Necesitamos más realismo. 
Esto incluye la pesca de especies alternativas, tal como se contempla expresamente en el nuevo protocolo así como una revisión anual y confirmación de las cuotas y el apoyo de proyectos Joint Venture que hasta ahora faltan. 
Necesitamos una política de pesca realista con Groenlandia. 
Por ello, estoy a favor de realizar un análisis de costes-beneficios antes de la renovación y de una comprobación una vez transcurrida la mitad del tiempo del acuerdo con la inclusión activa del Parlamento. 
Naturalmente, un tema va a ser también cómo se puede separar del importe total, que contiene también proyectos y objetivos de desarrollo, la compensación financiera por meras posibilidades de capturas. 
Pueden ver que tenemos aún mucho que hacer. 
Espero que las enmiendas que les hemos presentado sean aprobadas por el Parlamento. 
Pero si queremos que se establezca una relativa estabilidad, les ruego que rechacen esta enmienda. 
Estamos elaborando un compromiso para mostrar lo mucho que nos esforzamos por el tema de la pesca. 
Doy la bienvenida al Comisario. 
Nos hacemos cargo de las dificultades con que ha tropezado usted esta tarde, pero hemos estimado que sería apropiado- y el ponente estaba de acuerdo- que iniciásemos el debate, pues tenemos la seguridad de que sabrá hacerse cargo de la situación. 
Señor Presidente, no voy a extenderme en el cúmulo de irregularidades de este Protocolo. 
Basta ver el texto y compararlo con el mandato del Consejo para darse cuenta de los niveles de arbitrariedad a que ha llegado la Comisión. 
Si, además, el Protocolo se compara con cualquier otro de un acuerdo del sur, sobrecoge pensar hasta qué punto deben sentirse seguros de su impunidad algunos altos funcionarios de la Dirección General de Pesca. 
Este es el fondo de la cuestión. 
No que no haya 300 millones de euros para solventar la crisis de las flotas afectadas por el fracaso con Marruecos y que sí haya más del doble para pagar unas posibilidades de pesca en Groenlandia que no valen ni lo que se ha gastado en negociarlas, y mucho menos el coste en desprestigio y poca credibilidad de la Comisión. 
Tampoco es lo más importante que, al contrario de lo que se hace con los acuerdos del sur, no exista una cláusula que permita el acceso a nuevos Estados miembros, ni que sólo los armadores de los acuerdos del sur deban contribuir a la financiación de la política exterior pesquera, ni que sea imposible el control sobre el gasto de este nada despreciable dinero de los contribuyentes. 
Lo importante, señor Comisario, es que este Protocolo resume en pocas páginas hasta dónde la PCP puede ser arbitraria e injusta. 
Por otra parte, los intentos de explicación ante nuestra comisión del Director General de Pesca serían patéticos si la gravedad del asunto no los convirtiera en insultantes. 
Para él, nada más normal que tener una doble moral, según los acuerdos beneficien al norte o al sur. 
Y añadió por toda disculpa que el Consejo terminó por dar su aprobación a este Protocolo. 
Claro que sí, nosotros también vamos a darlo, porque conocemos muy bien las dificultades de quedarse sin un acuerdo de pesca. 
Tampoco tenemos grandes esperanzas de mejora en la revisión a medio plazo, ya que el Protocolo da claramente a entender que si una parte no desea abordar un asunto, éste quedará fuera de la revisión. 
Si no fuera así, si lo hemos interpretado mal, le rogamos, señor Comisario, que haga un gesto para devolver un mínimo de tranquilidad al sector pesquero y para que no se pueda seguir diciendo que hay una PCP que beneficia a unos siempre a costa de otros. 
Sólo me queda agradecer a la Sra. Langenhagen su labor realizada en la Comisión de Pesca. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la ponente, señora Langenhagen, por la calidad de su trabajo y por la rapidez y el cuidado con los que ha elaborado su informe, respondiendo así a la urgencia que tanto la Comisión como el Consejo nos habían impuesto. 
Pero yo quería decir aquí que este debate se centra en un acuerdo de pesca atípico por muchas razones. 
La primera, porque es el único acuerdo pesquero de la Comunidad que no es internacional, ya que la Comunidad lo negocia y lo firma con un Estado miembro, además de con las autoridades locales de Groenlandia. 
No es nada "internacional" este acuerdo internacional y casi no es pesquero, puesto que no distingue- pese a que así lo han reclamado tanto el Parlamento como el Consejo- entre el montante específico destinado a la cooperación al desarrollo y el montante correspondiente a las posibilidades de pesca. 
En el fondo, éste es un acuerdo de cooperación al desarrollo disfrazado de acuerdo pesquero. 
14 millones de euros se destinan a la cooperación al desarrollo, pero es que, además, la limitadísima ejecución de posibilidades de pesca hace que la mayor parte de los 28 millones restantes también vaya a las arcas de la hacienda de Groenlandia, sin contrapartidas para el sector pesquero comunitario. 
Otra singularidad de este acuerdo es que se trata del único en que los armadores no han de pagar canon alguno por realizar su actividad. 
Tenemos que lamentar que apenas se haya desarrollado la posibilidad de la creación de empresas mixtas y que las campañas exploratorias no se hayan desarrollado en absoluto. 
El sector afectado, señor Comisario, pone en duda las cifras que da la Comisión sobre el aprovechamiento real de las posibilidades de pesca. 
Según algunos informes, del pasado convenio únicamente se habría aprovechado el 12% de posibilidades de pesca, y el acuerdo negociado por la Comisión, que hoy propone a esta Cámara, impide que esas posibilidades, pagadas por los contribuyentes comunitarios, puedan ser aprovechadas por otras flotas comunitarias interesadas en faenar en esas aguas. 
Todo un despilfarro. 
Las flotas ibéricas- española y portuguesa -, que antes de su adhesión a la Comunidad faenaban en esas aguas, siguen viéndose excluidas, 15 años después de su adhesión a la Comunidad, del ámbito de aplicación de este convenio, debido a una interpretación abusiva del principio de estabilidad relativa. 
Dado su importante monto financiero, el segundo después del de Mauritania, es necesaria una evaluación real y no ficticia por parte de la Comunidad. 
El Parlamento debería, además, haber sido consultado durante su negociación. 
El Grupo socialista votará a favor de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Pesca y también de la presentada por la señora Figueiredo. 
Señor Presidente, he de comenzar dando las gracias a la Sra. Langenhagen, quien con este informe nuevamente ha efectuado un trabajo estupendo y sólido. 
El acuerdo con Groenlandia es importante para la Unión, sobre todo porque proporciona a la Comunidad la posibilidad de contraer otros acuerdos pesqueros muy importantes, por ejemplo, con Noruega e Islandia. 
Son cuatro países los que se benefician del acuerdo con Groenlandia, no obstante, hay muchos más países miembros que se benefician de los acuerdos con Noruega e Islandia. 
Los acuerdos con terceros países que la Unión mantiene con países septentrionales, meridionales y occidentales proporcionan en resumidas cuentas numerosas ventajas. 
Remitiéndonos al respeto al principio de estabilidad relativa, nos oponemos a la enmienda núm. 9 de la Sra. Figueiredo. 
Asimismo respaldo las ideas manifestadas por la Sra. Langenhagen durante su intervención. 
Me alegro de que las posibilidades de pesca compradas sean más realistas que las recogidas en el anterior acuerdo. 
Deseo, al igual que la Sra. Langenhagen, emplear el principio de "dinero por peces", es decir, diferenciar la retribución financiera de las posibilidades de pesca por un lado y los fondos de ayuda al desarrollo por otro lado. 
Me gustaría exhortar a la Comisión a que busque un modelo de solución que pueda aceptar el gobierno local groenlandés y que distinga entre el valor de los derechos de pesca y una financiación más orientada al desarrollada, como ya de hecho se tiene en cuenta en las partidas presupuestarias, lo que queda reflejado en sus títulos. En nombre del Grupo Liberal he presentado una enmienda destinada a que los pescadores que se benefician del acuerdo también contribuyan a financiar el acuerdo. 
Es una propuesta que siempre presentamos porque sentimos que los usuarios deben participar cada vez en mayor medida en la financiación. 
Pensamos que este principio debe ser aplicado en todos los acuerdos pesqueros de la UE. 
Señor Presidente, para los Verdes este acuerdo es muy diferente de los demás. 
Como hemos dicho en muchas ocasiones aquí, en principio nuestra posición no es una posición en contra de los acuerdos de pesca, sino más bien contra la forma en que se han negociado y contra las condiciones a que se ha llegado. 
Con demasiada frecuencia se tiene muy poco conocimiento científico- si hay algo- acerca de la situación de la población de peces. 
También hay poco control y escasa imposición de las normas legales en las actividades de pesca de la UE. 
Las negociaciones no se llevan a cabo en un contexto regional. 
Por eso hemos votado en general en contra de ellas. 
El acuerdo con Groenlandia es diferente. 
Cae en la zona geográfica de tres organizaciones de pesca internacionales: el Consejo internacional de prospección marítima, la Organización sobre pesquerías del Atlántico Noroeste, y la Comisión sobre pesquerías del Atlántico Nordeste. 
Esas tres organizaciones figuran entre los órganos regionales más científicos del mundo. 
Se trata, por lo tanto, de información científica sobre el estado de la población de peces que pescamos, y observamos con satisfacción que las cantidades globales que se pueden pescar han sido reducidas considerablemente y están más en consonancia con las oportunidades de pesca responsable. 
Tanto la Organización sobre pesquerías del Atlántico Noroeste como la Comisión sobre pesquerías del Atlántico Nordeste poseen programas de supervisión y vigilancia que figuran entre los programas mejores y más completos que existen. 
Esta vez apoyaremos el acuerdo. También apoyaremos la enmienda de los Liberales que preconiza que la Comisión recupere los gastos del acuerdo entre los armadores que se benefician de él. 
Éste es un principio importantísimo que debemos respetar. 
El anterior protocolo de Pesca entre la Unión Europea y Groenlandia servía sobre todo a Alemania, que recibía casi el 80% de la cuota, a pesar de que, por término medio, ha utilizado casi el 12%. 
El nuevo protocolo garantiza menores posibilidades de pesca con el argumento de que se aproxima a la realidad de las capturas efectivas. 
Ahora bien, queda por resolver la cuestión fundamental de garantizar posibilidades de pesca a flotas de otros Estados miembros con capacidad para aprovechar las posibilidades de captura previstas, impidiendo una mejor adecuación del costo del protocolo a su beneficio económico y social e incumpliendo las conclusiones del Consejo de Ministros de Pesca, de octubre de 1997, sobre los acuerdos de pesca y la subutilización de las cuotas. 
A eso se debe la propuesta de modificación que presentamos con el objetivo de garantizar que todos los Estados miembros puedan acceder a las posibilidades de pesca ofrecidas. 
La situación actual es sobre todo injusta para flotas como la portuguesa que, desde el decenio de 1930, ya pescaba en aquella zona, y se quedó fuera del protocolo en el momento de la adhesión de Portugal a la Unión Europea en 1986. 
La existencia de una pequeña cuota para Portugal podría reducir el déficit de explotación de 12.000 toneladas, lo que ayudaría a viabilizar lo que queda de su flota de pesca de altura. 
Nótese que de los 52 buques-fábrica existentes en 1990, sólo quedan 14. 
Señor Presidente, el acuerdo de pesca con Groenlandia sigue siendo polémico, y ello porque las posibilidades de pesca que se conceden a la Unión Europea no se utilizan en su totalidad ni se permite a otros Estados miembros que lo hagan. 
La Unión Europea paga así un precio muy alto. 
Hay que recordar que se trata del más costoso, junto con el de Mauritania al haber desaparecido el acuerdo de Marruecos, solamente por lo que se denomina "pescado de papel". 
Que las flotas de otros Estados miembros distintos de los tradicionalmente beneficiarios no puedan utilizar las posibilidades de pesca hacen que la polémica esté servida. 
Si añadimos, además, que en los llamados acuerdos del sur, los empresarios contribuyen cada vez más con sus cánones a la financiación de dichos acuerdos, mientras que en el de Groenlandia los armadores están exentos de estos pagos, tendremos otra razón de peso para criticar un acuerdo discriminatorio. 
Quiero también señalar, como presidente de la Comisión de Pesca, que el pago parcial adelantado por la Comisión Europea, antes de que el Parlamento se haya pronunciado, ha sido duramente criticado en nuestra comisión porque, si legalmente es posible, sin embargo políticamente no resulta presentable. 
Espero que la revisión de este acuerdo a medio plazo- y de la propia política pesquera común- sirva para sopesar y superar estas críticas que nada tienen que ver- quiero resaltarlo- con Groenlandia, que nos ofrece sus aguas. 
El acuerdo debe servir para fomentar realmente la cooperación pesquera, abriendo nuevas vías a nuevos Estados miembros para desarrollar conjuntamente las potencialidades pesqueras de Groenlandia en beneficio mutuo, es decir, de ellos y de la Unión Europea, de los que ahora pescan y de los demás Estados miembros que no lo hacen. 
Precisamente en unos momentos difíciles para los llamados acuerdos del sur, tras el fracaso de las negociaciones con Marruecos, aprovecho la ocasión una vez más, señor Comisario, para recordarle, por segunda vez ya en el curso de este debate, la prioridad política y la urgencia de la solidaridad europea, que debe plasmarse en un plan específico, económico y generoso para los afectados por este acuerdo, tal como se aprobó en la Cumbre de Niza. 
Señor Comisario, estamos ante el segundo mayor acuerdo de pesca entre la Unión Europea y una tercera entidad. 
En dicho acuerdo de pesca, que tiene, de hecho, dimensiones tan importantes, la primera cuestión que plantear es la de que hay una confusión- que no me parece admisible- entre lo que es un acuerdo de pesca y lo que es apoyo al desarrollo de una región que, por ser parte de un Estado miembro de la Unión Europea, decidió no formar parte de la Unión Europea. 
Nada tenemos contra ese apoyo al desarrollo, consideramos que se puede justificar perfectamente, pero no entendemos la razón por la cual se debe disfrazar ese acuerdo para el desarrollo como un acuerdo de pesca. 
Acuerdo de pesca en el que se refleja y se invoca el principio de estabilidad relativa basado en capturas históricas, pero, ¡en el que se pasa por alto la realidad histórica! 
Portugal va a celebrar dentro de poco tiempo los 500 años de pesca en Terranova. 
En Groenlandia la pesca es un poco más reciente, de hecho, no tiene 500 años. 
Por consiguiente, es difícil que haya una pesca más histórica que la de Portugal en los mares de Groenlandia. 
Y decir que Portugal nada tiene que ver con este acuerdo de pesca es algo que nosotros no podemos aceptar, es algo que resulta completamente contrario a la realidad, por lo que no podemos apoyar esta interpretación del principio de estabilidad relativa. 
Señorías, los que creemos en la Unión Europea y en la existencia de un territorio terrestre y marítimo europeo común no podemos aceptar ni aprobar discriminaciones y privilegios como los que figuran en este acuerdo de pesca con Groenlandia. 
No podemos comprender que se dé prelación a flotas de Alemania, Francia, Reino Unido y Dinamarca y menos aún cuando ni siquiera son capaces de alcanzar el nivel de capturas permitidas en el protocolo anterior ni utilizar la posibilidad de establecer empresas mixtas en beneficio mutuo. 
No aceptamos que se discrimine a flotas de otros Estados miembros, como el español y el portugués (y, dentro del español, a la flota gallega) , que pretenden faenar en las aguas de Groenlandia y tienen la capacidad necesaria para realizar acuerdos empresariales con agentes locales, como permite el acuerdo. 
Queremos- y no será necesario decirlo una vez más- un desarrollo sostenible y la conservación de recursos. 
Y queremos también que, por fin, la Unión Europea exista realmente en los mares comunitarios como existe en los mercados. 
Señor Comisario, la experiencia adquirida con el anterior acuerdo de pesca con Groenlandia es, como subraya la ponente, considerablemente decepcionante, con un porcentaje de capturas muy bajo en comparación con las cuotas inicialmente establecidas. 
A pesar de no haber pescado, la Unión Europea no dejó de pagar con retraso una media anual de 38 millones de euros durante ese período del acuerdo anterior. 
Lo más espantoso de este tercer acuerdo es que se reducen las posibilidades de pesca para el período de que se trata, pero aumenta la compensación financiera de la Unión Europea, que pasa a 43 millones de euros al año. 
O sea, que se paga más para pescar mucho menos. 
¿A qué se debe, entonces, esta decisión de la Unión Europea de firmar un acuerdo de pesca, pese a la negativa experiencia del último acuerdo? 
Nuestra ponente destaca sobre todo dos razones: la primera es la importancia que ese acuerdo tiene para la conclusión de otros acuerdos en la región, en particular con Noruega e Islandia y la segunda es la imprescindible para la flota de los países que allí pescan. 
Por esas razones, y a pesar de todas las incoherencias, la ponente propone que demos nuestro acuerdo. 
Y yo comprendo esas razones y por eso tampoco me opondré a la propuesta de la ponente, pese a que apruebo varias enmiendas de varios colegas. 
Pero convendría considerar que, de conformidad con los dos principales argumentos que la ponente ha invocado para que apoyemos este acuerdo, a éste deberán seguir otros acuerdos de pesca, cosa que no sucedió, como sabemos, con el de Marruecos, a pesar de ser imprescindible para la flota de dos Estados miembros que allí pescaban y de ser una señal fundamental para concluir también otros acuerdos de pesca en la región, como en el caso de Mauritania y otros países al sur de Mauritania. 
No hay duda de que estamos presenciando una incomprensible política de dos pesos y dos medidas y espero que los gobiernos de los Estados miembros afectados- Portugal y España- tengan debidamente en cuenta lo que ocurrió y está ocurriendo con este acuerdo de Groenlandia para hacer prevalecer en el Consejo un procedimiento semejante. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias a la Sra. Langenhagen por su labor sobre esta cuestión. 
Ha ido incluso más allá de lo que era su deber y se ha dedicado muy sinceramente a examinar los problemas de Groenlandia y los problemas de Europa. 
Dicho lo que antecede, quisiera insistir en que el acuerdo se base en criterios económicos. 
Tenemos que evaluar lo que estamos comprando, determinar el costo de las capturas y decidir si el juego vale lo que apostamos. 
Debemos evitar que se nos involucre en la cuestión de la prestación de ayuda y que al mismo tiempo compremos pescado. 
Nuestro Comisario de Pesca no tiene por qué ocuparse de la ayuda a Groenlandia. 
En primer lugar, Groenlandia era antes un Estado miembro de esta Unión. 
Un día decidió salir de la Unión. 
No le debemos ninguna ayuda económica. 
Si es pobre y está hambriento, que nuestra Comisión estudie qué problemas tienen que ver con ello. 
Aquí estamos tratando de pesca. 
Esto debe ser una actividad comercial. 
Lo que tenemos que hacer es comprar peces y cerciorarnos de que es una buena compra. 
Hemos de tener en cuenta también que tratamos con países que normalmente no son tan fuertes como nosotros. 
Tenemos que procurar no explotar a esos países y no permitir que nuestras flotas pesqueras dañen o exploten sus recursos pesqueros. 
No estoy de acuerdo en que debamos imponer una carga a los barcos que vayan específicamente a esa zona. 
Cuando compramos esos peces, pertenecen a la Unión Europea y se deben compartir entre los pescadores sobre la misma base que todos los demás peces que la Unión controla, a fin de establecer un equilibrio. 
No tiene por qué ser necesariamente absurdo que los pescadores portugueses no vayan a Groenlandia. 
En relación con los derechos históricos, hace 500 años los pescadores vascos iban a Terranova. 
Los pescadores de Bristol también iban a Terranova y solían pescar alrededor de Islandia. 
Hoy en día no pueden hacerlo porque los buques de esos países se lo impedirán. 
Los derechos históricos no son necesariamente un derecho. 
Hablando en términos generales, debemos enfocar los problemas de nuestros días con sentido común. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitarle a usted, señora Langenhagen, por su excelente informe sobre la conclusión del cuarto protocolo sobre el acuerdo de pesca entre la Comunidad y Groenlandia. 
Me alegra que como ponente recomiende la aceptación de la propuesta. 
Señorías, el cuarto protocolo que se articuló en Copenhague el 13 de septiembre del 2000 establece entre otras cosas también la base para una nueva valoración de las relaciones entre la Comunidad y Groenlandia. 
La medida más importante para esta nueva valoración se describe en el artículo 14 del protocolo. 
Un grupo de trabajo de la Comisión que incluye diversos servicios va a examinar medidas para crear una mayor transparencia y responsabilidad en las relaciones con Groenlandia. 
Este examen tendrá lugar a más tardar el 30 de junio del 2003. 
El objetivo de este balance intermedio es crear una nueva base para la futura cooperación entre la Comunidad y Groenlandia. 
El Parlamento será naturalmente incluido en el marco de las disposiciones existentes en la elaboración de un acuerdo de este tipo. 
¿Cuáles son los aspectos más importantes del cuarto protocolo? 
En primer lugar, respecto a las cuotas de capturas. 
Han sido recortadas en comparación con el tercer protocolo para considerar las posibilidades de capturas disponibles realmente. 
Esto es aplicable sobre todo al bacalao, que ha sido reducido de 31.000 toneladas a 2.000; la gallineta ha sido reducida de 52.000 a 31.000 y el granadero de 8.000 a 3.350 toneladas. 
Se ha incluido un nuevo artículo con el objetivo de intensificar la cooperación en el marco de las organizaciones regionales de pesca para la ejecución de normas de vigilancia y control así como en el campo de la investigación. 
La compensación financiera se ha determinado en 42,8 millones de euros, debiéndose indicar al respecto que se ha tenido en cuenta el deseo de ambas partes de unas relaciones estrechas y estables así como las necesidades de desarrollo de Groenlandia y la inflación. 
Señorías, quiero destacar que la Comisión apoya la mayoría de las consideraciones en que se basan las enmiendas y que va a trabajar constructivamente con el Parlamento en estas cuestiones. 
Sin embargo, por motivos formales la Comisión tiene que distanciarse de las enmiendas en su redacción actual. 
Respecto a las enmiendas nº 1 y 2: la Comisión apoya el deseo del Parlamento de ser informado del modo adecuado sobre cuestiones presupuestarias u otros aspectos relacionados con la ejecución del protocolo, además por adelantado. 
Sin embargo, la Comisión presenta ya actualmente los datos correspondientes de conformidad con los acuerdos interinstitucionales. 
Por ello, la Comisión considera la enmienda como innecesaria. 
Respecto a la enmienda nº 3: la Comisión es aquí también de la opinión de que esta enmienda está contemplada en los acuerdos interinstitucionales, en especial, en el acuerdo marco del 5 de julio del 2000. 
El mencionado análisis costes-beneficios es parte de la información que se va a poner a disposición del Parlamento antes de la renovación de un protocolo. 
Un análisis anual de costes-beneficios lo considera la Comisión como poco razonable. 
Por ello, la Comisión tampoco puede aceptar esta enmienda. 
La enmienda nº 4 la rechaza de plano la Comisión pues contradice la práctica usual de los protocolos sobre acuerdos de pesca y afecta a la competencia negociadora de la Comisión. 
Como el protocolo constituye un anexo al acuerdo marco, no es necesario para su renovación ningún nuevo mandato. 
Sin embargo, es evidente que la Comisión, como ente negociador, se ocupa de que se respeten las directrices negociadoras establecidas por el Consejo para las negociaciones. 
En el caso del cuarto protocolo con Groenlandia, la Comisión ha propuesto por ello unas directrices de negociación- que han sido aprobadas por el Consejo- porque quería introducir varias modificaciones importantes en comparación con el protocolo anterior, sobre todo la relativa a un balance intermedio. 
En lo que a éste se refiere, la Comisión se va a esforzar en informar del modo adecuado al Parlamento y sobre todo a la Comisión de Pesca. 
Por ello, las enmiendas nº 5, 6 y 7 no son aceptables para la Comisión pues se inmiscuyen en las competencias de la Comisión. 
La Comisión apoya el contenido de la enmienda nº 8 pero se adelantaría al balance intermedio y esto no nos parece adecuado. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas nº 9 y 10 ya que no concuerdan con algunos principios de la política de pesca común. 
En la enmienda nº 9 no se tiene en cuenta el principio de la estabilidad relativa que garantiza a determinados Estados miembros unas cuotas determinadas de capturas también en aguas groenlandesas. 
Quisiera añadir que la Comisión anima siempre a los Estados miembros para que hagan el uso más amplio posible de sus derechos de pesca llamando también la atención en este contexto sobre las posibilidades de intercambio de cuotas. 
La enmienda nº 10 supondría que los pescadores se hiciesen cargo del 100% de los costes del acuerdo, lo que no se ha hecho hasta ahora nunca en ningún acuerdo. 
Una propuesta de este tipo plantea además considerables problemas jurídicos y prácticos y creo que por ello no se puede aceptar. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Ampliación a los productos originarios de los países menos avanzados de la franquicia de derechos de aduana sin ninguna limitación cuantitativa 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0128/2001) del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) No. 2820/98 relativo a la aplicación de un plan plurianual de preferencias arancelarias generalizadas durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 31 de diciembre de 2001, con el fin de ampliar a los productos originarios de los países menos avanzados la franquicia de derechos de aduana sin ninguna limitación cuantitativa (COM (2000) 561- C5-0136/2001- 2000/0239 (COS) ). 
Señor Comisario, quiero comenzar felicitándome de la inscripción de este informe en la sesión de hoy, en el preciso momento en que en Bruselas, en las instalaciones del Parlamento Europeo, se celebra la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados. 
Se trata de una buena oportunidad para examinar esa medida específicamente dirigida a esos países, pero para reflexionar también, y una vez más, sobre los problemas que nos afectan y las formas de superarlos, aunque ya hubiéramos tenido ocasión de apreciar y aprobar una propuesta de carácter general sobre estos asuntos. 
Entretanto, y desde ahora mismo, no puedo dejar de lamentar, y profundamente, que el Consejo haya decidido no dejar participar al Parlamento Europeo en la formulación y apreciación de esa medida y también que no esté aquí hoy con nosotros. 
Se trata de una posición que consideramos intolerable y esperamos que no llegue a consolidarse como precedente. 
Por lo demás, y dado que se trata de una medida destinada a un conjunto de 49 países, la gran mayoría de los cuales son ACP, sería deseable que en su formulación hubiese habido también el cuidado de hacer una efectiva auscultación de esos socios nuestros, aunque los destinatarios principales de esas medidas de exención de derechos aduaneros para los productos originarios de los países menos adelantados sean esencialmente- o incluso por esa razón- quienes no forman parte del grupo ACP. 
Respecto de la medida en sí misma y en términos generales, he de decir que la consideramos de sentido positivo, aunque de alcance limitado. 
De alcance limitado porque, como todos sabemos, las exportaciones de esos países no representan más del 0,4 % del comercio mundial y el 1% de las importaciones de la Unión Europea. 
Y también porque más del 99% del comercio de las Comunidades con esos países goza ya de una exención total de derechos aduaneros. 
De sentido positivo, porque queremos entenderla como un primer paso, pero sólo un primer paso, en un movimiento más profundo y mundial que nos parece indispensable, posible y orientado a reaccionar ante las innumerables dificultades que afrontan los países más pobres de nuestro planeta. 
Y no sólo en el nivel comercial. 
Por lo demás, considero que sería extraordinariamente negativo que se tuviera la veleidad de considerar que los problemas de esos países se resolverán con medidas predominantemente orientadas a lo que se llama, de forma a veces simplista, "integración en el proceso de mundialización". 
Es necesario tener en cuenta que, más que una solución para los problemas de esos países, ese proceso de liberalización ha acabado transformándose en un verdadero problema para ellos, dadas las debilidades de sus economías y el foso que las separa de las de los países industrializados. 
Ahora bien, no se debe olvidar que tanto o más importante que el acceso al mercado por parte de esos países es su capacidad para alimentar a poblaciones que en muchos casos no tienen acceso a los más elementales medios de subsistencia alimentaria, lo que debe situar en la primera línea de preocupación su autosuficiencia, la seguridad alimentaria e incluso la subsistencia de sus agriculturas familiares. 
Además, convendría considerar- y también en la esfera de los intercambios comerciales- otros aspectos, además de la facilitación de las exportaciones prevista en esta medida: el caso de los productos que esos países normalmente exportan y que sufren sensibles y constantes degradaciones, el caso también de la no diversificación de las producciones y, por consiguiente, de la concentración de las exportaciones en torno a un número limitado de productos, no especializados, además, por no hablar, por ejemplo, de la delicada cuestión de las normas de origen. 
Substancialmente, la versión final de la medida, tal como la ha adoptado el Consejo, y además de la apreciación genérica que nos merece en los términos que he dicho, suscita, aun así, algunas consideraciones especializadas. 
La primera se refiere exactamente a los períodos de transición finalmente adoptados por lo que se refiere al azúcar, al arroz y al plátano, pero tenemos plena conciencia de las dificultades que suscita esa cuestión y por eso mismo no me parece que ese asunto deba ser motivo de controversias suplementarias; en segundo lugar, considero necesario asegurar el debido control de la aplicación de la medida para garantizar que los PMA y sus poblaciones sean efectivamente los beneficiarios finales y definitivos de ella, como también resulta necesario garantizar que la aplicación de la medida no irá en detrimento de los países ACP. 
En mi opinión, una contingentación, adecuada, amplia y no excluyente, de las exportaciones comprendidas podría facilitar la eficacia y la disciplina en su aplicación. 
Termino diciendo que, en cualquier caso, nos parece indispensable y esencial un seguimiento de las repercusiones efectivas resultantes de la aplicación de la medida. 
, ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario Lamy, Joaquim Miranda, muchas gracias por su excelente informe. 
Yo también me alegro a pesar de todas las críticas que tengo que plantear a esta iniciativa de la Comisión. 
Es para mí un primer paso en la dirección correcta que proporcionemos precisamente a los países más pobres un mayor acceso a nuestros mercados. 
Naturalmente, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural habríamos deseado de antemano una vinculación en el proceso decisorio para no decidir después sobre un documento que en realidad ya está decidido. 
Esperamos que en el futuro se regule de otro modo. 
La Comisión de Agricultura saluda también esta iniciativa a pesar de que ha formulado toda una serie de objeciones. 
Por ejemplo, existe el miedo justificado de que mediante operaciones triangulares puedan acceder a la Unión Europea más mercancías, por ejemplo azúcar, de las que esos países producen en absoluto. 
Pero se puede prevenir esto asignando a los diversos países un contingente sobre el azúcar que pueden suministrar. 
Esto es factible con los métodos actuales. 
También se ha expresado siempre el temor de que ahora lleguen mercancías al país que no correspondan a nuestras directrices higiénicas y sanitarias. 
A este respecto sólo puedo decir que tenemos ya unas directivas muy claras en la Unión Europea sobre los alimentos que pueden entrar en absoluto en la UE. 
En mi opinión- con lo que llego a una parte algo más personal- ha sido acertado aprobar este informe, opinión que comparte también la Comisión de Agricultura si bien la actitud de ésta es en muchos aspectos demasiado proteccionista. 
Veamos primero lo reducida que es la proporción del comercio con estos países para la Unión Europea. 
Estos países dependen de unos pocos productos que pueden exportar. 
Con razón se dice en este informe "todo menos armas". 
Esto es exactamente lo que vamos a suministrar a estos países y lo que menos vamos a importar de ellos ya que no producen con la calidad necesaria para nosotros. 
Tampoco creo que debamos tener miedo en el aspecto de que vayamos a ser inundados de mercancías. 
Habría deseado que la Comisión hubiese logrado imponer en el Consejo su propuesta de preservar los plazos transitorios de tres años. 
También es importante que apoyemos a los países a producir para sus mercados regionales. 
En este contexto, considero ligeramente cínica una enmienda de la Comisión de Agricultura. Allí se dice: hay que prestar atención para que en estos países en vías de desarrollo no se cultive ahora de modo exagerado para la exportación. 
Hasta ahora apenas nadie se ha ocupado realmente de ello. 
También he visto enmiendas en la Comisión de Agricultura por las que se quería tachar la frase de que saludamos esta iniciativa. 
Considero esta actitud realmente lamentable, precisamente si se piensa que la Unión Europea representa una comunidad solidaria con grandes transferencias de fondos. 
¿Porqué no debemos ofrecer entonces a los más pobres de este mundo también una cierta transferencia? 
Como ya he dicho, habría deseado de la Comisión de Agricultura una actitud mucho menos proteccionista. 
Señor Presidente, señor Comisario, también yo quiero resaltar la oportunidad de este debate en el marco de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, que se está celebrando ahora en Bruselas. 
Y precisamente por ello creo que es bueno enmarcar la discusión recordando que el mundo de los 49 países menos adelantados a los que va dirigida la medida que nos ocupa, es un mundo en el que la esperanza de vida apenas supera los 50 años, en el que el 10% de los niños muere antes de cumplir un año, donde el 50% de los menores de 5 años sufre malnutrición y en el que la riqueza media es de un poco más de 282 euros anuales por persona. 
Unos datos que no por sabidos dejan de golpearnos. 
En primer lugar, porque estos datos no son meras cifras abstractas, sino que son la voz de los sin voz, porque sabemos que cada cifra refleja realidades concretas que afectan a personas también concretas. 
Personas portadoras de los mismos derechos y de la misma dignidad que nosotros, que se ven abocadas a la pobreza y al subdesarrollo por el simple hecho de haber nacido donde han nacido. 
Y en segundo lugar, estos datos nos golpean porque, a pesar de las ayudas y las políticas de cooperación al desarrollo que llevan a cabo la Unión Europea y los Estados miembros para combatir la pobreza y el subdesarrollo en el mundo, no sólo no disminuyen las cifras sino que el abismo que separa los países ricos de los países pobres cada vez es más profundo. 
Ahora bien, cambiar la realidad que reflejan estos datos requiere no quedarse en el terreno de la renuncia, sino pasar al terreno de los hechos y de las actuaciones concretas. 
De ahí que en nombre de mi Grupo quiera felicitarle, señor Comisario, por la iniciativa "todo menos armas". 
Esta iniciativa constituye un buen paso en la buena dirección, si bien para optimizar los resultados que pueden derivar de la misma deberían adoptarse medidas complementarias en ámbitos también complementarios. 
Precisamente por ello, lamento que el Consejo, presionado por algunos Estados miembros que prefiero no mencionar, haya introducido periodos transitorios más amplios, como se ha denunciado ya, que pueden disminuir y, en todo caso, retrasar, el impacto de esta iniciativa sobre las economía de estos países. 
También lamento los puntos de la propuesta de resolución del informe que estamos discutiendo que ha puesto de relieve el representante de la Comisión de Agricultura, el señor Kreissl-Dörfler, que reflejan una voluntad, sea de proteger los intereses de los Estados miembros, sea de salvaguardar las ventajas de los países ACP. 
Tanto los primeros como las segundas pueden ser legítimos. Pero en ningún caso, al entender de los demócratacristianos, pueden prevalecer sobre el deber de la Unión Europea de favorecer el desarrollo económico y social duradero de los países en desarrollo y particularmente de los más desfavorecidos, según estipula el Tratado. 
Señor Presidente, la iniciativa del Comisario Lamy "todo menos armas", que deberá permitir a los países menos adelantados colocar sus productos en los mercados de la Unión Europea sin ninguna limitación ni de cantidades ni de aranceles, nos parece positiva. 
En esa valoración general coincidimos tanto con Joaquim Miranda y con su informe aprobado por nuestra Comisión de Cooperación y Desarrollo, como con las preocupaciones y críticas que hace el ponente a las modificaciones propuestas al Reglamento y que aquí discutimos. 
A nosotros también nos parece innecesario, mezquino y hasta patético que para productos como el azúcar, el arroz y los plátanos, la apertura propuesta no vaya a ser totalmente efectiva hasta el año 2009. 
No nos parecen justificadas las razones que han impulsado a esta medida de cautela. 
Hubieran podido articularse otros mecanismos para defender la producción comunitaria de los mismos géneros, sin disminuir con este gesto el valor de la iniciativa que estamos debatiendo. 
También nos parece pertinente la propuesta que hace el señor Miranda de que toda esta cuestión se discuta con nuestros interlocutores, los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) , en el contexto del Acuerdo de Cotonú. 
Este programa "todo menos armas" es fundamentalmente un gesto político, cuyo valor fundamental está en la manifestación de solidaridad de la Unión Europea respecto de quienes se encuentran más necesitados dentro del mundo en desarrollo. 
Como gesto es interesante e importante, pero no hay razón para exagerar sus consecuencias- que algunos han definido como amenaza para determinados sectores de la Unión Europea- ni exagerar tampoco sus efectos positivos, aunque ciertamente muy limitados, para la economía de los propios países afectados. 
Aunque sólo sea eso, lo destacable es que es un pasito en la buena dirección. 
Acaso lo más discutible sea la discriminación que establece dentro de los países en vías de desarrollo entre menos avanzados y algo más avanzados; se trata de una división arbitraria y por lo tanto portadora de injusticia, que a medio plazo deberíamos superar. 
Por último, menciono una precisión que nos parece indispensable y que ya se apunta en el reglamento al que se refiere esta iniciativa, y es la necesidad de establecer un control severo para evitar el fraude que supondría el que, transitando por países beneficiarios de estas medidas, llegaran a Europa producciones de otros, incluso bien desarrollados, para beneficiarse de las nuevas condiciones aquí establecidas. 
Eso sí que podría llegar a ser peligroso y supondría además una estafa para la intención generosa que está detrás de la medida, que, de verse defraudada, se volvería contra los intereses de aquellos a quienes hoy pretendemos ayudar. 
Señor Presidente, era una buena propuesta la presentada por la Comisión- en cualquier caso vista desde un punto de vista estratégico- y de todas formas es un paso en la dirección correcta. 
Después de haber estado en la exprimidora del Consejo, todo parece indudablemente menos impresionante. 
La industria ha presionado estupendamente en el sentido de que ha logrado convencer a ciertos Estados miembros de que el sistema de la UE se vendría abajo si se permitiera a los países en vías de desarrollo exportar un poquito más de azúcar o de arroz del que exportan hoy. 
Dejaré sin abordar el tema de los plátanos. 
Y esto a pesar de que a los países comunitarios les gusta hacer literatura hablando de ser los abogados del libre comercio, los defensores de los países en vías de desarrollo, una región con una responsabilidad en el mundo y con elevados ideales sociales, etc., etc., sin embargo, por lo visto es principalmente sólo en las ocasiones solemnes cuando puede hacerse literatura. 
De vez en cuando existe largo trecho entre el dicho y el hecho y si hay algo que los países en vías de desarrollo necesitan es precisamente hechos. 
Como han mencionado otros ponentes, es una situación en cierta forma tragicómica que precisamente ahora en Bruselas se discutan las posibilidades de los países más pobres y menos avanzados mientras nos hallamos inmersos en el mismo debate. 
Podemos temer que en ambos lugares se acabe con muchas palabras y muy pocos hechos en la realidad. 
Pero está bien, es un pequeño paso en la dirección correcta y ahora sólo cabe desear suerte a la Comisión con la nueva propuesta y la nueva comunicación sobre sostenibilidad, donde asimismo también se menciona la agricultura, y así hemos de esperar que la Comisión tenga la fuerza necesaria para aclarar su relación con las organizaciones agrarias de los diversos países. 
En todo caso es absolutamente necesario que abordemos los problemas vinculados a los países más pobres cuyo número ha aumentado en los últimos treinta años de 25 a 49- sólo un país ha desaparecido de la lista. 
Los países en vías de desarrollo necesitan el libre comercio, la condonación de la deuda y la ayuda al desarrollo, tanto técnica como económica y las tres cosas son urgentes. 
Señor Presidente, aunque algunas de las motivaciones en que se basa esta iniciativa son, evidentemente, muy buenas, el Grupo Verts/EFA tiene algunas preguntas que le gustaría hacer acerca de la iniciativa, tanto sobre sus detalles como sobre sus líneas generales. 
Por lo que se refiere a los detalles, como ya se ha dicho, aproximadamente el 99% de las exportaciones de países menos avanzados entran ya en los mercados de la UE en régimen de franquicia aduanera. 
El problema no estriba en el acceso sino en la cuestión de las limitaciones relativas al suministro, o sea de cuestiones relativas a la infraestructura, la enseñanza y la capacitación. 
La agricultura es la esfera fundamental a la que generalmente los países menos avanzados no suelen tener acceso, y es precisamente la esfera en la que vemos que hay retrasos en relación con el azúcar, el arroz y los plátanos. 
Otros han expuesto preocupaciones legítimas acerca de la seguridad alimentaria en los países más pobres. 
En vez de utilizar su territorio para exportar cada vez más productos agrícolas al Norte, hay importantes cuestiones que vale la pena de plantear acerca de la alimentación de sus propias poblaciones. 
Quisiera plantear la cuestión del principio general en que se basa esta iniciativa. 
Este año, cuando estaba en la reunión de países ACP en Gabón, el Comisario Nielson elogió la iniciativa, diciendo que era una gran señal de progreso el que a los países pobres se les enfrente entre sí. 
Para mí eso no es una señal de progreso, sino un signo de locura. 
Si los países más pobres compiten entre sí acerca de un pequeño volumen de productos, lo único que se conseguirá es que bajen los precios internacionales y los vencedores serán los del Norte, y no los del Sur. 
Es triste tener que reconocer que los mercados del Norte son infinitos. 
Ya estamos viendo cómo la ABE corre el riesgo de socavar el Acuerdo de Cotonou y de qué forma el acceso preferente que se ha garantizado ya a los países ACP está ahora amenazado. 
En algunos contextos se está acusando a la UE de que quita a los pobres para dar a los que son aún más pobres. 
Por último, me preocupa que los mercados abiertos y la integración mundial se estén convirtiendo en un sustituto de las políticas de desarrollo. 
Tenemos que reflexionar con mucha más imaginación sobre la forma de ayudar a los países más pobres en el marco de sus propias estrategias regionales de desarrollo. 
Señor Comisario Lamy, ha calificado usted la iniciativa "todo, menos armas" de exclusiva mundial. 
Si se concreta en un próximo futuro mediante la mejora cualitativa y efectiva de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, entonces sí será una exclusiva. 
Permítame con todo preguntarme en primer lugar sobre el calendario de esta iniciativa a unos meses del relanzamiento de negociaciones en la OMC. 
Sería lamentable que la utilización de esta propuesta sirviera ante todo para intentar reunir a todos los países en desarrollo con la posición europea en la OMC. 
Pero voy al fondo: Europa importa seis veces más productos agrícolas procedentes de los PMA que los Estados Unidos. 
Eso no representa sin embargo más que el 1% de todas las importaciones de la Unión. 
Es decir, la importancia del esfuerzo que los países ricos deben realizar para intentar reequilibrar este sistema comercial mundial les resulta más que favorable. 
Varios aspectos de esta iniciativa me preocupan sin embargo, en primer lugar la falta de consulta y del Parlamento y también de los países ACP que señalan, al igual que hicieron en la Asamblea Paritaria, que el régimen preferencial a favor del azúcar por ejemplo, y además, todos los protocolos comunitarios podrían verse comprometidos. 
Igualmente, la necesidad de agrupar los estudios de impacto para delimitar y tomar en consideración las preocupaciones legítimas que se manifiestan en cuanto a las posibles incidencias negativas. 
En segundo lugar, los productos con destino a países industrializados deberían disfrutar del acceso a precios mínimos garantizados, no sufrir las fluctuaciones de los tipos, cuando las economías de los PMA son con frecuencia dependientes del entorno internacional y tributarios de la exportación de uno o de dos productos básicos. 
Finalmente, la diversificación de las producciones debe estimularse de forma activa en la medida en que, según afirman los expertos de las Naciones Unidas, las capacidades de producción se han visto debilitadas en el último decenio y hay industrias que han sido eliminadas por la competencia de las importaciones. 
En Francia, el Alto Consejo de la cooperación internacional insiste por ejemplo en el reconocimiento del derecho de los PMA a proteger y a apoyar su sector frágil, en especial con respecto a su seguridad alimentaria. 
Ahora bien, para garantizar esta soberanía alimentaria, conseguir avances considerables en términos de satisfacción de necesidades prioritarias de las poblaciones y acceder a la tecnología, los PMA tienen una necesidad peligrosa y vital de financiación exterior de gran importancia, y ello en un espíritu de cooperación que desarrolla su capacidad de producción. 
Si la apertura de nuestros mercados a sus productos puede por tanto aportarles una ayuda, la liberalización del comercio no puede constituir una política de desarrollo. 
Cómo asumir las necesidades esenciales cuando la carga creciente de la deuda continúa consagrando al fracaso cualquier tentativa de estos países para invertir en futuro. 
La deuda, que en 1970 correspondía al 10% del PNB de los países en desarrollo, representa ahora más del 40% cuando el importe de la ayuda pública recibida es inferior al pagado por el servicio de la deuda. 
Francia, que se comprometió así en la segunda Conferencia sobre los PMA a asignar el 0,20 % de su PNB, no les ha dedicado en realidad más que el 0,8 % en 1999. 
Nunca se podrá expresar la gravedad de la realidad que muestran las cifras: un ser humano de cada dos sobrevive con menos de dos euros por día, uno de cada tres no tiene acceso a la electricidad, un niño de cada tres sufre de malnutrición. 
Ya ha llegado la hora de prestar oídos... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, el año pasado el informe publicado por la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión señalaba que la política comercial de la UE influye más en el desarrollo de los países que toda la política de ayudas. La iniciativa "Todo menos armas" de la Comisión es, por ello, una iniciativa loable. 
Sin embargo, en el caso de los países menos desarrollados, los llamados PMA, el acceso al mercado no basta. 
Carecen de la infraestructura necesaria para beneficiarse de ese acceso al mercado. 
Además, los períodos transitorios para el arroz, el azúcar y los plátanos son largos y, después, puede utilizarse arbitrariamente un instrumento de salvaguardia. 
Así mismo, las exigencias establecidas en la Unión Europea para los productos son elevadas. 
A fin de que la iniciativa tenga éxito, es importante ayudar a los PMA a materializar el acceso al mercado. La asistencia técnica es necesaria para poder cumplir las exigencias que el consumidor europeo impone a sus alimentos. 
Sólo entonces, la seguridad alimentaria puede constituir un punto de partida. 
En caso contrario, el mercado europeo conservará su carácter proteccionista. 
Respaldo sinceramente el alegato del ponente a fin de que se efectúe un estudio sobre las implicaciones reales de la iniciativa. 
Los pueblos autóctonos de los PMA no se han beneficiado a menudo en el pasado de la apertura de los mercados. La evaluación de los Convenios de Lomé realizada en los años 90 ha puesto claramente este hecho de manifiesto. 
Lamentablemente, encuentro que hay bastantes contradicciones en el informe Miranda. 
El texto de nuestra resolución tiene carácter de compromiso. 
Los agricultores europeos, el grupo ACP, los consumidores, todos parecen conseguir lo que desean. 
Aunque comprendo las posiciones de todas las partes dentro y fuera de la Unión Europea, considero que tenemos que hacer una elección. 
O elegimos mejorar la situación de 600 millones de personas de los PMA, o no lo hacemos. 
Por último, señor Presidente, quisiera urgir a la Comisión a que durante la conferencia de los PMA que se está celebrando en Bruselas, implique a EE.UU. y a Japón en la iniciativa "Everything but arms" ("Todo menos armas"). 
Señor Presidente, como ponente socialista "secreto" acerca de "todo menos las armas", estimo que este acuerdo es un importante paso adelante hacia la consecución de un acceso más equitativo a los mercados, que representará más desarrollo para los países más pobres del mundo. 
Al Comisario Lamy se le ha acusado de muchas cosas por haber planteado esta cuestión: tentativa cínica de comprar votos en la OMC; intento de seducir a los países en desarrollo para que acepten un comercio libre ilimitado; maniobra para romper la solidaridad de los países ACP; tentativa de robar a los pobres para pagar a los más pobres. 
Cada una de esas críticas tiene algo de cierta, y hemos de tenerlas presentes mientras nos ocupamos de esta cuestión, pero el Sr. Lamy merece que se le felicite por ayudarnos, después de años y años de inactividad, a dar un gran paso adelante contra el proteccionismo agrícola que- según las Naciones Unidas- priva a los países en desarrollo de unos cien mil millones de dólares al año, más del doble de la cantidad de las corrientes de ayuda internacional. 
Quisiera pedir al Comisario que en su respuesta aborde algunas cuestiones importantes. 
Cuando Ingo Feustal de la Dirección General de Comercio dijo a nuestra Comisión de Desarrollo y Cooperación el 6 de marzo que los procedimientos de consulta del Acuerdo Cotonou habían sido observados y que se facilitarían evaluaciones conjuntas de las repercusiones, el Comisario debería aceptar honradamente esta noche que la Declaración XXIII del Acuerdo de Cotonou, que requiere una recomendación ministerial conjunta de la comisión de comercio, no se observó, y que las mencionadas evaluaciones no se han formulado todavía. 
El Sr. Lamy debería forzar a la UE a proporcionar la ayuda requerida por los países menos avanzados para explotar las nuevas oportunidades y por otros países ACP para conseguir la transición. 
Debería reconocer que la UE está fracasando actualmente pues no cumple lo prometido a los países productores de ron. 
El Sr. Lamy debería garantizar que se instituyan arreglos administrativos que eviten que las normas de higiene se utilicen como forma disfrazada de proteccionismo y, al mismo tiempo, debería aplicar normas de origen que impidan el fraude pero permitan que los países menos avanzados incrementen el valor de sus materias primas. 
Por último, el Sr. Lamy y yo venimos de regiones que producen azúcar. 
Igual que él me resisto firmemente a los que quieren asustar a nuestros campesinos y a nuestra industria con afirmaciones totalmente engañosas acerca de las consecuencias de la propuesta. 
Todos sabemos que esas consecuencias no pueden compararse en la realidad con las repercusiones del protocolo sobre el azúcar en el marco de la política agrícola común. 
Señor Presidente, tras la caída del Muro de Berlín, debemos derribar los muros que rodean Europa. 
La sobreprotección de nuestros mercados se realiza a costa de los países pobres y, sobre todo, de los más pobres. 
De ahí que mi Grupo también aplauda la iniciativa "Todo menos armas". 
El libre acceso al mercado conducirá automáticamente, sin embargo, a una mayor exportación procedente de los países más pobres. 
Para ello, la oferta debe ser mejor, más variada y más competitiva. 
La exportación no debe efectuarse a costa del mercado local. 
La iniciativa actual no puede mejorar de forma esencial la situación económica de los países menos desarrollados. 
Al fin y al cabo, ¿qué supone el libre acceso sin los medios ni los conocimientos para lograr el nivel occidental? 
¿Qué supone esa bonita iniciativa si por el momento no se aplica al azúcar, los plátanos y el arroz? Precisamente los productos en los que muchos países si son competitivos. 
Europa debe ayudar a los países menos desarrollados a adecuarse a la mundialización. Para ello, hay que derribar todos los muros. 
Así abre la Unión Europea sus fronteras a los productos procedentes de los países menos avanzados salvo a las armas, como si Mali o Bangladesh exportaran armas a Europa. 
Todo salvo las armas, pero también los plátanos, el azúcar y el arroz, es decir, los sectores sensibles para los países europeos pero primordiales para los PMA. 
Por otra parte, cuarenta de los cuarenta y ocho PMA gozan de esas preferencias en el marco del sistema comercial de Lomé. 
Por tanto, esta medida no cambiará nada para ellos. 
Al contrario, será para los no PMA para los que la situación va a cambiar, con el final de las preferencias comerciales no recíprocas del acuerdo de Cotonou, y la constitución de zonas de libre cambio de ahora al 2008. 
Esta medida va a suscitar de hecho la competencia entre los PMA y los no PMA en el seno mismo del Grupo ACP, que ni siquiera ha sido consultado. 
Seguimos en esa lógica según la cuál sólo la liberalización y la competencia pueden conducir al desarrollo. 
A cambio, y ya se ha señalado, el Comisario Lamy espera sin duda el apoyo de los PMA en las negociaciones de Qatar y más ampliamente, en la adhesión de la OMC. 
Bajo el aspecto de primas aparentemente atractivas, estas propuestas corren el riesgo de reducir a los PMA al papel de exportadores de materias primas, en detrimento incluso de las necesidades alimentarias de sus propias poblaciones. 
Señor Presidente, deseo en primer lugar dar las gracias al ponente, Sr. Miranda, por el apoyo tan valioso que aporta a la iniciativa de la Comisión, que es ahora la de la Unión. 
Esta apertura de nuestros mercados a los países más pobres- apertura completa en este caso- ha sido en general bien acogida, pero es cierto y normal que esta propuesta ha suscitado algunas preocupaciones, algunas críticas tanto en esta Asamblea como en el Consejo. 
Voy a intentar contestar muy brevemente a los diferentes puntos que se han debatido, comenzando por el impacto de esta propuesta de la que se nos ha dicho en muchas ocasiones que iba a abrir las puertas a un flujo masivo de productos agrícolas procedentes de los PMA en el mercado comunitario; y este informe relativiza las concesiones que se han hecho en términos de volumen. 
Es cierto- como han recordado ustedes- que estos países no aseguran más que el 0,4 % del total de intercambios comerciales mundiales y el 1% de las importaciones de la Unión Europea. 
Estas cifras no pueden registrar un alza repentina y espectacular, sobre todo cuando se conocen las capacidades de exportación de estos países; tenemos interés, por cierto, en aumentar estas últimas, principalmente a través de normas sanitarias- como ha recordado el Sr. Kreissl-Dörfler -, pero también y más en general mediante la mejora de las infraestructuras. 
No se trata por tanto en nuestro ánimo, en el ánimo de la Comisión, ni en el de Poul Nielson o en el mío, de un sustituto de la ayuda, y respondo sobre este punto precisamente a la Sra. Lucas. 
Con respecto a los plazos, es cierto que la Comisión ha examinado su propuesta original a la luz de los debates que hemos mantenido sobre el impacto de esta propuesta. 
Es exacto que hemos ajustado el calendario para aplicar una apertura masiva pero completa a plazo en lo relativo al plátano, al azúcar y al arroz. 
Ha sido sobre esta base como el Consejo se ha pronunciado definitivamente. 
Algunos lamentan estas concesiones; personalmente, hubiera preferido probablemente obviarlo, pero nuestra norma común es la mayoría cualificada y debíamos reunir una mayoría cualificada. 
Con respecto a los acuerdos de Cotonou, recuerdo que los ministros ACP acogieron esta propuesta con satisfacción el pasado mes de diciembre, que recordaron la necesidad de respetar este acuerdo, algo que nosotros hemos hecho. 
La Comisión ha consultado con la Sra. Boudjenah y con el Sr. Rod así como con los Estados ACP sobre su propuesta, y está poniéndose de acuerdo en la actualidad con los Estados ACP a propósito de las disposiciones que se requieren para mantener la competitividad de estos países, de conformidad con esta declaración 23 que citó acertadamente el señor Howitt. 
Sobre el deseo de algunos de ustedes de llegar más lejos, el informe muestra bien que todo el mundo no está de acuerdo con respecto al calendario ni con respecto a los medios. 
Damos un paso en la dirección correcta. 
Nos esforzamos por armonizar nuestras declaraciones y nuestros actos. 
Hemos de comenzar por aplicar esta propuesta y alentar a otros socios comerciales como ha propuesto el Sr. Belder, a avanzar también en esta dirección. 
Con respecto a la consulta al Parlamento, la Comisión comparte el punto de vista del ponente. 
Se trata de una decisión que hubiera debido someterse al procedimiento de codecisión si las propuestas de la Comisión y del Parlamento en la Conferencia Intergubernamental en materia de reforma del artículo 133 hubieran sido aceptadas por los Estados miembros. 
Sabemos ahora que esto no fue así y que por tanto nos debemos a las reglas del Tratado que, sobre el punto de implicación del Parlamento Europeo, desafortunadamente no ha sido modificado. 
Por consiguiente, hemos trabajado, y yo personalmente, de acuerdo con los compromisos que adquirí cuando asumí mis funciones, directamente con las diferentes comisiones de esta Asamblea, con la Comisión de Desarrollo en enero, con la Comisión de Agricultura a final de enero, con la de Industria en febrero, y tengo toda la intención de continuar, desafortunadamente con unos textos del Tratado insuficientes, esta práctica que consiste en trabajar en todas las fases importantes de nuestra política comercial con esta Asamblea. 
Señoras y señores diputados, este informe es, según creo yo, una contribución valiosa a nuestros esfuerzos, para evitar la marginalización de los PMA en un sistema de intercambios que se globaliza. 
El debate de hoy es bienvenido- como ha recordado la Sra. Ferrer -, habida cuenta de la Conferencia que tiene lugar en este momento en Bruselas. 
Este informe creo que confirma el amplio grado de consenso entre nuestras dos instituciones en lo que se refiere a nuestros objetivos principales para la gestión del sistema comercial multilateral. 
Se trata- como ha dicho el Sr. Martínez Martínez- de un pequeño paso, pero de un paso que tiene sin embargo una importancia política, ni más ni menos. 
Nos falta sólo trabajar de forma decidida en concretarlo. 
Muchas gracias por su atención. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Seguridad marítima 
. 
(EN) Señor Presidente, empezaré por rendir homenaje al Consejo y a la Comisión por los esfuerzos que han desarrollado a fin de llegar a un acuerdo sobre un texto que, en mi opinión, mejorará considerablemente la seguridad marítima. 
Ahora bien, hay una cuestión que todavía no se ha resuelto satisfactoriamente: ¿por qué tuvo que hundirse el Erika como se hundió para que las flagrantes deficiencias de la seguridad marítima quedaran al descubierto? 
Bastaría con consultar las estadísticas preparadas por la organización MOU de París para comprobar en qué estado desastroso se hallan muchos de los barcos del mundo. 
Esas estadísticas estaban disponible mucho antes de la catástrofe del Erika y siguen indicando que los estándares continúan deteriorándose. 
Como ponente insisto en mi posición de que el caso del Erika ayudará a mejorar la seguridad marítima pero mucho me temo que no evitará que haya otros Erika. 
No lo digo con ligereza. 
Lo único que digo es que lo que acabo de mencionar no valdrá para nada, como enmienda de una directiva existente, si los Estados miembros interesados no se resuelven a llevar a la práctica el texto con eficacia. 
Si nos fijamos en los controles actuales, veremos que algunos Estados miembros dejan sencillamente de cumplir sus responsabilidades jurídicas. 
Me alegra mucho que el Comisario haya tomado medidas rápidas y decisivas para tratar de impedir que esta situación persista. 
Me satisface asimismo la determinación conjunta de las instituciones de reforzar esas medidas. 
En particular, recomiendo que apoyemos las propuestas encaminadas a concentrar nuestras verificaciones en los Estados del pabellón que figuran en la lista negra y a introducir una regla como la de "al tercer córner, penalty" según la cual un barco detenido por tercera vez dentro de un período concreto quedará proscrito de todos los puertos europeos. 
Lamento la falta de progresos sobre la cuestión del grabador de datos de viaje, las denominadas "cajas negras". 
Estimamos, en nuestra calidad de parlamentarios- y ya lo hemos dicho muchas veces en el pasado- que esas cajas son esenciales por razones medioambientales y de seguridad. 
Nos alegra que la Comisión sea partidaria, en principio, de que se instale una "caja negra" en cada barco. 
Nos alegra también que el Consejo haya instituido una obligación política a tal efecto, pero lo que necesitamos no es una obligación política sino una obligación jurídicamente vinculante que prescriba que esa medida debe aplicarse dentro de un plazo de cinco años a los buques nuevos y a los buques viejos. 
Muy a menudo se ha insistido en la necesidad de instalar "cajas negras". 
Incluso la OMI ha acordado en principio que se instalen. 
Los barcos que lleven grabadores de datos de viaje inculcan una mejor mentalización en materia de seguridad y tienen un mejor historial de seguridad. 
Dicho con otras palabras, esas "cajas negras" no son solamente útiles después de un accidente sino que contribuyen- en mi opinión- a un cambio de la cultura de seguridad si en cada barco se instala una "caja negra", o sea un grabador de datos de viaje. 
Según la Dependencia de investigación de accidentes marítimos del Reino Unido la reticencia a aceptar el valor de los grabadores de datos y a adoptar medidas positivas para instalarlos en buques mercantes es "un factor que contribuye al mal historial de seguridad de algunos de los barcos que navegan en nuestros días". 
Un barco que lleva instalada una "caja negra" es un barco más seguro. 
Sé que el Comisario y la Comisión han trabajado mucho por procurar llegar a un compromiso en esta esfera dificilísima y muy complicada. 
Me agradaría mucho que esta noche se nos informase acerca de los progresos realizados en los esfuerzos por llegar a un compromiso satisfactorio sobre la cuestión concreta de las "cajas negras". 
La opinión pública, sencillamente, no comprenderá por qué, después de tantos y tan trágicos acontecimientos en el mar- el Herald of Free Enterprise, el Scandinavian Star, el Estonia, el Erika y tantos otros- no podemos poner manos a la obra e instalar "cajas negras", o sea grabadores de datos de viaje, en los barcos. 
Por último, doy gracias a mis colegas del Parlamento por la asistencia que me han prestado estos últimos meses para la preparación de este informe. 
Lo dicho se refiere a todos los colegas de todos los partidos políticos, de todos los Estados miembros. 
Confío también en ellos para que sigan prestando apoyo durante el proceso de codecisión. 
Ésta será, en mi opinión, la primera vez que en la esfera de la seguridad marítima usemos, como institución, las nuevas facultades que nos confiere el Tratado de Amsterdam. 
Aprovechémoslas para que podamos mirar a los ojos a las familias que han perdido a alguien en el mar y para que podamos decirles que no admitimos compromisos en materia de seguridad. 
. Señor Presidente, señora Comisaria, hace ya año y medio que tuvo lugar el triste accidente del buque Erika, que provocó un verdadero desastre medioambiental en las costas francesas próximas al paso del Calais. 
Y, durante este tiempo, el Parlamento Europeo ha trabajado sobre una propuesta que nos hizo la Comisión, denominada paquete Erika I, que contenía dos o tres informes importantes. 
Uno de ellos fue aprobado; el segundo, del Sr. Watts, que él ha comentado; y el tercero se refería a las sociedades de clasificación, las organizaciones que se dedican a realizar las inspecciones de seguridad de los buques, que para nosotros tienen especial importancia, porque, si no logramos controlar debidamente que los buques que navegan bajo pabellón de los Estados miembros de la Unión- y ojalá que todos los buques lo hagan en unas condiciones de seguridad adecuadas- vamos a tener que padecer muchísimos accidentes como el del Erika. 
Tristemente, como decía al principio, ha transcurrido año y medio desde aquel accidente de diciembre de 1999 y todavía estamos hoy aquí debatiendo en segunda lectura la propuesta de la Comisión. 
Y me parece que vamos a tener que seguir debatiendo en el Parlamento. 
Creo que las instituciones europeas no estamos dando una respuesta adecuada a las demandas de los ciudadanos. 
Creo que éstos quieren respuestas más ágiles y más eficaces en los temas que afectan no sólo a las personas, sino que, como en este caso, también afectan al medio ambiente, a los animales y a las plantas. 
El 30 de noviembre del 2000, el Parlamento Europeo aprobó en primera lectura dieciocho enmiendas a la propuesta de la Comisión y, en su propuesta modificada de 12 de diciembre de 2000, la Comisión sólo aceptó en parte las enmiendas del Parlamento. 
Sobre la base del acuerdo político alcanzado en diciembre de 2000, el Consejo aprobó su posición común el 28 de febrero de 2001, en la que aceptaba catorce de las enmiendas que le proponía el Parlamento. 
Vuelto a tratar este asunto en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, se han vuelto a plantear determinadas cuestiones y en concreto citaría, por su importancia de menor a mayor grado, que, en primer lugar, las organizaciones reconocidas no deben ser autorizadas ni contratadas si las mismas o su personal tienen determinados vínculos con los propietarios o armadores de los buques. 
También la comisión ha aprobado que las consultas mutuas y periódicas entre organizaciones, reconocidas para mantener sus estándares de calidad sean una práctica habitual y, asimismo, que estas sociedades de clasificación se comprometan a facilitar a la Comisión informes periódicos y su disposición a cooperar con las administraciones de control en el Estado del puerto. 
Había una enmienda, que yo mismo retiré ante las demandas de la Comisión y del Consejo, relativa a los casos en que una sociedad de clasificación no tuviera su sede o establecimiento principal en la Comunidad Europea. 
Creo que este asunto también reviste importancia, porque vamos a controlar a las sociedades de clasificación que tienen su establecimiento en nuestros países, pero no a aquellas, posiblemente reconocidas, que tengan su sede fuera de nuestros países. 
Pero lo más importante, y es ahí donde se halla la mayor desavenencia, es la responsabilidad financiera de las sociedades de clasificación, cuando cometan alguna negligencia en su cometido de inspeccionar los buques. 
Frente a la propuesta de la Comisión de que tuviera un límite máximo esa responsabilidad financiera de las sociedades de clasificación, el Parlamento Europeo, tratando de encontrar una posición de equilibrio con la postura del Consejo, ha preferido abrir una horquilla para que no sea un límite fijo, sino para que pueda haber un intervalo y que cada Estado miembro pueda elegir cuál es su límite máximo más adaptable o más apropiado. 
El Consejo, sin embargo, rechaza esta postura y no quiere hablar de límites máximos. 
Creo que necesitamos profundizar en esto para alcanzar cuanto antes un acuerdo. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, estimadas y estimados colegas, quiero felicitar a los dos ponentes. 
Tanto el colega Mark Watts como el colega Ortuondo Larrea han logrado en un trabajo de meses obtener un consenso para ambos informes en la comisión. 
En la primera lectura mostramos una actitud unitaria y la mostraremos también mañana en la segunda. 
Por ello, no voy a decir mucho sobre el fondo del asunto que han expuesto ya ellos sino que voy a referirme en seguida al procedimiento. 
Lamento que haya sido rechazada de nuevo nuestra oferta al Consejo de llevar a cabo un procedimiento informal de conciliación para poder concluir en los próximos días el paquete ERIKA I en lo referente a ambas directivas. 
Nuestra oferta era buscar un compromiso antes de la segunda lectura oficial del Parlamento y concluir a continuación en los siguientes días el trabajo con la confirmación del Consejo. 
Es una lástima que no se pueda lograr. 
A este respecto hay dos observaciones: en primer lugar, quiero mencionar que he negociado duramente sobre el paquete de los ferrocarriles con el colega Gayssot, el ministro francés de transportes, pero siempre ha estado a disposición y hemos podido hablar. 
La Presidencia sueca nunca ha estado presente. 
Como Parlamento Europeo debemos acordar que los diálogos tripartitos inoficiales sólo serán aprobados si el ministro participa. 
Nosotros tampoco enviamos a nuestros Conseillers a un procedimiento informal de conciliación sino que arrojamos nuestro propio peso personal en el platillo de la balanza. 
El segundo punto se refiere a lo que el Consejo nos ha ofrecido dos veces como compromiso y que en realidad ha sido una ofensa a nuestra inteligencia pues no era ningún compromiso. 
Por ello, espero que el Consejo y también la Presidencia sueca mejoren su actitud. 
Estamos dispuestos a seguir negociando hasta finales de junio tras esta resolución y tras una resolución del Consejo para llegar rápidamente a un resultado en un procedimiento de conciliación. 
Tengo que dirigir un gran ruego a la Vicepresidenta: como Parlamento Europeo defendemos el deseo de la Comisión pues también ésta desea introducir un registrador de datos en los barcos. 
Sólo que como Parlamento nos tememos mucho, mejor dicho, estamos seguros de que el Consejo siempre nos frena y retrasa el asunto y que no podemos aplazarlo a ERIKA II. 
Si la Comisión está a favor del registrador de datos en los barcos, entonces nos debe apoyar en el informe Watts. 
Lo mismo es aplicable al informe Ortuondo Larrea. 
Estamos del lado de la Comisión, quien ha propuesto límites máximos. 
Si proponemos como compromiso ahora para la responsabilidad unos tipos máximos y mínimos para las sociedades de clasificación, entonces se trata de un compromiso honesto. 
Señor Presidente, espero que la Comisión no sólo tenga presente al Consejo sino que cumpla su promesa y tenga en cuenta que la Comisión y el Parlamento son aliados naturales. 
Señor Presidente, en alemán hay un refrán que dice: "Ante los tribunales y en alta mar se está en manos de Dios". 
Ante los tribunales probablemente siempre es así, pero en alta mar podemos ayudar un poco al buen Dios y creo que la Comisión lo hizo entonces con la presentación del paquete ERIKA I, si bien debemos recordar que se incluyeron el control del Estado del puerto, las sociedades de clasificación y también las propuestas para los petroleros de doble casco. 
Felicito muy encarecidamente a los colegas Ortuondo y Watts por su trabajo. 
El colega Ortuondo ha indicado antes que ya ha pasado un año y medio y creo que en alguna ocasión la población también dirá que cuánto tiempo necesitamos en Europa para regular algo cuando ocurre una catástrofe como la del Erika. 
Es de desear que el Consejo- tal como ya ha dicho el colega Jarzembowski- haga por fin algo. 
Pues la Comisión y el Parlamento están dispuestos. Sólo falta el Consejo para que lleguemos a una regulación adecuada. 
Creo que es evidente que- tal como ha dicho el colega Watts- solamente hay que discutir sobre la cuestión de los registradores de datos en los barcos. 
Para ello hay que encontrar una solución. 
No quiero ocultar que personalmente no estoy totalmente convencido en la cuestión de los límites superiores de responsabilidad de las sociedades de clasificación. 
Pero creo que si queremos permanecer unidos como Parlamento, tenemos que ir también unidos a un procedimiento de conciliación. 
Por ello, de vez en cuando hay que dejar de lado sus propias objeciones. 
Pero una abstención en la votación es también una posibilidad de cerrar filas en el Parlamento. 
Señora Comisaria, tengo que plantearle un pequeño ruego: con independencia de los dos documentos ¿no podría quizás realizar una valoración de lo que se acordó a finales de abril en la OMI en la cuestión de los petroleros de doble casco y cuál es la apreciación de la Comisión? 
Sería bueno pues entonces tendríamos el paquete en total y tendríamos que iniciar el procedimiento de conciliación con el Consejo. 
Pero quizás no dure tanto tiempo. 
Pues ya es hora- y el colega Jarzembowski tiene razón- de que lo concluyamos y podamos decir a la opinión pública que hemos actuado políticamente. 
La opinión pública lo espera y por eso tiene que hacerse. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados amigos, doy las gracias a los ponentes por la elaboración de estos acertados informes y por el buen trabajo realizado. Estos informes han prestado atención a los aspectos fundamentales para incrementar la seguridad marítima. 
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para mejorar la seguridad marítima. 
Además de establecer normas cada vez más rigurosas, debemos encargarnos de que las soluciones que adoptemos sean realistas y también viables. 
El Consejo ha acogido en su posición común la mayor parte de las enmiendas aprobadas por el Parlamento en la primera lectura. 
En lo que respecta a las sociedades de clasificación, el problema reside en la modificación del artículo de responsabilidad financiera de tal manera que, además de un límite mínimo, se establezca también un límite máximo. 
No obstante, muchos Estados miembros no están dispuestos a aceptar el establecimiento de un límite máximo. 
En cuanto a la Directiva de control del Estado del puerto, el problema estriba en las cajas negras, cuya instalación en los buques debe ser acelerada. 
Todos los buques deben tener instaladas cajas negras, pero, teniendo en cuenta las realidades económicas, hay que encontrar soluciones para que todos los buques de carga puedan ser dotados de cajas negras simplificadas técnicamente. 
En mi opinión, hay que ser más rigurosos en el control y autorización de las sociedades de clasificación. 
Hay que extender las inspecciones, sobre todo, a los buques de riesgo. 
En cuanto a los buques de alto riesgo registrados en la lista negra, los criterios para su admisión en los puertos deben ser aún más estrictos. 
Nuestro Grupo considera importante que encontremos soluciones a los problemas, que aprobemos rápidamente ambas propuestas y que avancemos en las cuestiones de seguridad. 
Sin embargo, quiero llamar la atención sobre el hecho de que no es suficiente con las soluciones que adoptemos a nivel de la Unión para mejorar la seguridad marítima. Por ejemplo, en lo que se refiere a las responsabilidades, hay que partir de soluciones a nivel mundial. 
Señor Presidente, en primer lugar agradezco sinceramente a los ponentes el enorme trabajo que han realizado. 
En segundo lugar, quisiera sumarme a lo que ha dicho el Sr. Jarzembowski. 
Creo que es muy cierto. 
En este momento se trata del procedimiento. 
Me exaspera mucho la forma en que cada vez nos hundimos paulatinamente en el proceso de codecisión. 
Quisiera que fuera más rápido y debería poder serlo. 
Todo el mundo está realmente convencido, ya sea la OMI o la Comisión, de que, por ejemplo, semejante registrador de datos de la travesía tiene sentido. 
Al final, tenemos procedimientos muy fatigosos, entre otros, con el Sr. Gayssot. 
Creo que, de una forma u otra, debería hacerse más rápidamente, no sólo ahora, sino también otras veces. 
Ésa es una cuestión. 
En segundo lugar, creo que reintroduciremos, con razón, el RDT mediante una enmienda y, en tercer lugar, es todavía más importante examinar la evaluación del control del estado del puerto, ya que es algo importante. 
Lo es, así mismo, la calidad del control del estado del puerto, no sólo el aspecto técnico de la cuestión, sino también en lo que al aspecto humanos se refiere. La forma en que trabaja la tripulación. 
Me inclino fuertemente a pedir que se preste de nuevo una atención especial a la tripulación: el número, la naturaleza, etcétera, con motivo del segundo paquete Erika. 
Creo que, francamente, debemos presentar una nueva propuesta al respecto, ya que tenemos un déficit en esa materia y el público tampoco lo entenderá. 
Señor Presidente, hubo un tiempo en el que las grandes empresas europeas controlaban el transporte marítimo en el mundo. 
Lo hacían con sus propios barcos que estaban registrados en el país en que estaba establecido el propietario y trabajaban, en gran parte, con tripulación de ese país. 
Las sustancias que transportaban eran menos perjudiciales que ahora y no tenían todavía muchos problemas con la competencia sumamente barata procedente, en su mayoría, del Tercer Mundo. 
Además, no podían permitirse ningún escándalo ante la opinión pública de su país. 
Precisamente, ante estas circunstancias, las condiciones laborales y la seguridad de los barcos distaba de ser ideal. 
No obstante, las administraciones nacionales y los sindicatos eran más capaces que ahora de controlar el desarrollo de los acontecimientos. 
Si los empresarios quieren escapar a la intervención de la Administración, tienen más éxito en la navegación que se sitúa en parte fuera de las aguas territoriales de los estados. En ellas, intentan navegar con barcos en mal estado y tripulaciones mal pagadas. 
Los barcos se registran en un país diferente del de los dueños y ésos son, preferiblemente, países en los que los impuestos son bajos y existe poco control. 
La tripulación se recluta allí donde el paro es elevado y los salarios, bajos. 
Muchos barcos son viejos y están descuidados, de manera que la probabilidad de que los residuos y la carga terminen en el mar es elevada. 
La seguridad del personal es generalmente escasa y los riesgo medioambientales, altos. 
Realmente, opino que no deberían ser unas organizaciones reconocidas privadas las que controlaran los barcos, sino que debería hacerlo la Administración colaborando con los sindicatos y las organizaciones ecologistas. 
En tanto no sea ése el caso, continuará siendo muy necesario vigilar que las organizaciones reconocidas no dependan de aquéllos a quienes deben controlar, ya que sin semejante garantía todo control es absurdo. 
Apoyo las propuestas que excluyan a los órganos competentes cuando tengan vínculos con el dueño del barco y que pretendan un mejor control periódico de esos órganos. 
Ése constituye un paso adelante, al igual que la prohibición de los depósitos de una sola pared y la denegación de la entrada a los barcos que naveguen bajo un llamado "pabellón barato". 
Señor Presidente, Señorías, acogemos con satisfacción la decisión del Consejo de incluir en la posición común los elementos esenciales de las enmiendas aprobadas por nuestro Pleno. 
Nosotros, los diputados del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, consideramos muy importante que, al igual que el Parlamento Europeo, también el Consejo haya avalado el principio de obligatoriedad en lugar del principio de discrecionalidad del régimen de inspección de determinados buques potencialmente peligrosos, una inspección exhaustiva y anual. 
¡Quién sabe cuántos desastres medioambientales habríamos evitado a nuestra fauna y flora marítimas, a nuestras costas, a nuestras flotas pesqueras y a nuestros operadores turísticos! 
¡Quién sabe cuántos naufragios de petroleros, cuantas víctimas, cuántas graves contaminaciones habríamos evitado en nuestro continente si se hubieran efectuado las debidas inspecciones! 
Dichas inspecciones, digámoslo claro, no deberían limitarse solamente a los aspectos técnicos del buque, sino también al respeto de las normas sociales en materia de condiciones de vida y de trabajo de las tripulaciones y de su nivel de formación. 
No que hay que olvidar que el 70-75% de los accidentes es debido al factor humano. 
Por último, nos satisface que también el Consejo haya reconocido la importancia de la presencia a bordo de los dispositivos que registran las informaciones sobre el desarrollo del viaje, conocidos como cajas negras. 
Consideramos que no solo se trata de una condición imprescindible para acceder a los puertos de la Unión Europea, sino también de un modo eficaz de aplicar uno de los principios de la política comunitaria en materia de medio ambiente: "quien contamina paga". 
Señor Presidente, la principal constatación que debo realizar, con ocasión de este debate, como representante de las regiones atlánticas que soy, es que dieciocho meses después del naufragio del Erika, las numerosas víctimas de esta terrible marea negra se encuentran enfrentadas a un sistema de indemnización muy lento, muy complejo y muy injusto. 
De las 1200 solicitudes de indemnización presentadas, sólo 200 las ha tratado el FIPOL. 
Los importes solicitados y justificados se ven reducidos de forma sistemática y arbitraria. 
La lentitud de los procedimientos pone en peligro el equilibrio financiero de muchas empresas costeras, principalmente dedicadas a la cría de moluscos, acuícolas, de pesca o de turismo. 
El FIPOL funciona como un mecanismo de autolimitación de la responsabilidad de las compañías petrolíferas, que se exoneran así de una parte importante de la cobertura de los daños que si embargo han causado. 
Se comprende mejor por qué los Estados Unidos se han mantenido alejados de este dispositivo; nunca se hubiera podido obtener a través de ellos el reglamento por la sociedad Exxon de todos los daños ocasionados por la catástrofe del Exxon Valdez, es decir 50 millardos de francos. 
Los daños causados por el Erika son sin duda más modestos. 
Actualmente están evaluados en 5 millardos de francos, pero el FIPOL limitará sus indemnizaciones a 1,2 millardos, ni un céntimo más, ya que la indemnización FIPOL corresponde a las cantidades que detenta el fondo, no al importe de los perjuicios sufridos por las víctimas. 
Estado y municipios se ven pues obligados a hacer aportaciones complementarias, lo cuál es lo mismo que hacer que el contribuyente soporte una parte de la responsabilidad que corresponde a los que han contaminado. 
Es esta grave anomalía la que debemos eliminar de forma imperativa. 
Iniciamos el camino con el paquete Erika I que examinamos esta noche en segunda lectura y aprobamos los refuerzos propuestos por los ponentes, de la responsabilidad de las sociedades de certificación de los buques. 
Pero, con ocasión del examen por parte de esta Asamblea del paquete Erika II, debemos velar para que se establezca también un verdadero régimen de responsabilidades claro, justo y disuasorio para la pareja esencial armador/fletador. 
Señor Presidente, cada día se nos plantea como algo evidente que tenemos que llegar rápidamente a resultados en el campo de la seguridad en los barcos. 
Esta misma semana, de nuevo un transporte de cemento ha quedado averiado en el llamado canal "de los cadetes" en el Báltico entre Alemania y Dinamarca. 
Los nombres de los barcos de agradables evocaciones, como Erika o Ievoli Sun, no deben ocultar el hecho de que en las aguas europeas navega demasiada chatarra no apta para la navegación. 
Como habitante de la costa alemana sólo puedo decir que ya está bien. 
La presente propuesta, de la que nos ocupamos hoy en segunda lectura, es parte del llamado paquete ERIKA 1, bautizado así en las primeras y competentes propuestas realizadas por la Comisión como reacción al accidente del petrolero Erika ante las costas bretonas. 
Cuando concluimos la primera lectura todos estábamos llenos de optimismo ya que la nueva forma de actuar decidida de la Comisión nos entusiasmó y creímos que nuestras enmiendas podrían encontrar- tendrían que encontrar- apoyo también en el Consejo pues debía tener lugar una rápida aplicación. 
Pero casi siempre las cosas salen de modo diferente a como uno piensa. 
Lamentablemente, hoy no hemos avanzado mucho más. 
Y eso que las recomendaciones del Parlamento eran muy útiles y se reflejaron también parcialmente en la posición común. 
Por desgracia, no nos fue posible en el marco del diálogo tripartito llegar antes de tiempo a un resultado positivo. 
¡Pero qué digo antes de tiempo! , me refiero naturalmente a un orden consecutivo lógico. 
Lo lamento mucho, pues evitar el procedimiento de conciliación habría acelerado la entrada en vigor de las disposiciones. 
¿Quién puede entender el bloqueo del Consejo? 
Necesitamos sin duda una solución practicable, justa y concorde con la competencia en la cuestión de la responsabilidad de las sociedades de clasificación. 
Necesitamos unos importes máximos asegurables para la responsabilidad. 
Saludo por ello las correspondientes propuestas. 
No debemos olvidar que la cuestión de la responsabilidad no es una cuestión de una asignación unilateral de culpas. 
Todos los actores deben tener su parte de responsabilidad que se pueda reclamar judicialmente. 
Esto se refleja naturalmente en una mayor obligación de diligencia- desde la constructora de buques hasta la naviera- que hasta ahora y precisamente también en unos importes monetarios concretos. 
Insto al Consejo para que apoye a la Comisión y a nosotros y para que realice su aportación activa y visiblemente en interés de la seguridad. 
Señor Presidente, estimada Comisaria, respaldo la opinión del ponente sobre la importancia de aprobar este paquete rápidamente. 
Al mismo tiempo, pienso en la significación del próximo paquete Erika 2 para acabar con la mayor amenaza medioambiental en el Golfo de Finlandia, es decir, la construcción del puerto en Primorsk. 
Estimados amigos, nos estamos acercando a una situación muy difícil en la que quizá los peores buques petroleros de Europa se usarán para transportar grandes cantidades de petróleo en el delicado Mar Báltico. 
Estimada Comisaria, le pido que en relación con la tramitación de este paquete se adopten rápidas medidas para que consigamos la "blackbox" a la que se refería el Sr. Watts y un sistema de informes para el Golfo de Finlandia. 
En este contexto hay que tener en consideración también la clasificación de los hielos. 
También hay que comprobar que aunque los accidentes llaman la atención, la principal fuente de contaminación son, desgraciadamente, los vertidos voluntarios. 
Los fiscales de la Unión Europea deberían empezar a cooperar mejor en el marco de Eurojust para atreverse a enfrentar este fenómeno. 
Desgraciadamente, los informes son numerosos, pero los fiscales pocas veces actúan. 
Señor Presidente, cuando el buque petrolero Erika se hundió, se desató una serie de actividades por parte de la Comisión. 
Eso ha sido provechoso. 
Sin embargo, habría sido mejor actuar antes del accidente que después de él. 
En este contexto hay dos cosas interesantes. 
La primera es que el Erika estaba registrado en Malta. 
Por eso, en las negociaciones de adhesión cabe pensar en la conveniencia de imponer exigencias a ese país en cuanto a la seguridad marítima y al medio ambiente. 
La segunda cosa es que el Erika había sido autorizado por una organización italiana de inspección y peritaje de buques. 
Los controles de esta organización han sido deficientes. 
Esto queda demostrado ya que la misma organización certificó la aptitud del Levoli Sun, que se hundió menos de un año después del Erika. 
Por esa razón, uno de los principales componentes de la propuesta que votaremos es la imposición de exigencias más rigurosas a las organizaciones de inspección y peritaje de buques. 
Esta organización, y seguramente otras también, habría despertado numerosas interrogantes si esas normas hubiesen existido. 
También se necesitan otras medidas. 
Es sustancial que las normas sobre doble casco tengan el mismo valor aquí que en EE.UU. Con todo, las reglas no son suficientes. 
El Levoli Sun tenía sólo once años de antigüedad y contaba con doble casco. 
Sin embargo, el buque estaba mal cuidado, su tripulación no tenía suficiente formación y había sido retenido tres veces en un puerto neerlandés antes del accidente. 
Por tanto, también es primordial endurecer los controles portuarios y subir el nivel de las naves y de las organizaciones de inspección y peritaje. 
La propuesta presentada por la Comisión es decisiva y un importante paso en la dirección en correcta. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, hay que reconocer que el naufragio del Erika provocó en su momento una ola de indignación en la opinión pública europea ante las deficientes medidas existentes y la incapacidad para evitar una catástrofe de esta importancia. 
Este accidente puso en evidencia los límites de un enfoque político que pretendía tratar la seguridad marítima exclusivamente en el ámbito de las organizaciones internacionales como la OMI. 
Por eso, hay que felicitar a la Comisión, y en particular a la Comisaria Sra. De Palacio, por el magnífico trabajo realizado durante este tiempo. 
En un año ha presentado seis propuestas encaminadas a la mejora de la seguridad marítima, lo que ha demostrado el gran interés que se concede a este tema, y también quisiera felicitar a los ponentes, Sres. 
De todas formas, un año más tarde de aquello, aunque parece que podríamos estar relativamente satisfechos de cómo hemos respondido a las expectativas de nuestros ciudadanos, pienso que ya deberíamos haber aprobado definitivamente estas medidas. 
Dada la urgencia con la que tanto este Parlamento como el Consejo trataron este paquete de medidas, se podría considerar que hemos sido capaces de reaccionar rápidamente. 
Pero lo cierto es que el debate sobre este tema ha durado bastante y si pasamos a conciliación aún tendremos que esperar varios meses para ver la adopción definitiva de estas medidas, lo que afectaría a la credibilidad de las instituciones que representamos. 
Y aunque un año puede parecer relativamente corto para los estándares comunitarios, hay que coincidir con la Comisión en que quizás estamos poniendo en peligro la eficacia del paquete Erika discutiendo temas de segundo nivel. 
La amplísima reglamentación internacional de seguridad por la que se regula hoy en día el transporte marítimo ha hecho posible una drástica reducción de los accidentes y de la contaminación, y con las medidas que ahora debatimos se demuestra el compromiso de nuestras instituciones para reforzar la seguridad de los buques y la protección del medio marino. 
Por último, quisiera seguir manteniendo este ritmo de urgencia en nuestro trabajo sin dormirnos en los laureles. 
Confío en la determinación de este Parlamento para hacer avanzar el paquete Erika II con las tres nuevas medidas que completan las que hoy debatimos y coincido en que también el Consejo tiene que darse prisa en apoyar al Parlamento. 
Señor Presidente, francamente, llegados a este punto, es difícil añadir más argumentos, también porque la situación es algo paradójica. 
Como han recordado otros diputados, estamos perfectamente de acuerdo con las propuestas de la Comisión, viajamos juntos, por decirlo así, para poder perseguir conjuntamente al verdadero interlocutor que huye de esta propuesta tal como ha sido articulada. 
Se trata de una propuesta muy razonable que no pretende alterar la primera posición alcanzada. 
En el fondo, se pide únicamente este instrumento tan importante- lo decía muy bien el ponente, Sr. Watts- más para la cultura de la seguridad que para la eficacia: esta caja negra puede modificar realmente los comportamientos, puede obligar a pensar que existe un problema de seguridad y que es necesario equiparse. 
En consecuencia, se trata de poner en marcha una nueva cultura de la seguridad y de definir una horquilla diferente en lo que respecta a los reembolsos financieros. 
Además, encuentro que en la propuesta del Parlamento se respeta mucho más el principio de subsidiariedad que deja a cada Estado miembro la posibilidad de elegir. 
Por lo tanto, en cuanto al fondo no existen grandes divergencias. 
Lo que resulta realmente incomprensible es por qué al Consejo se le escapa el peso y el significado político de una decisión tempestiva acerca de este tema. 
Ya se ha dicho que, en definitiva, no pueden ser cuestiones tan secundarias las que retrasen todavía más una iniciativa que tendría un gran significado político no solo porque zanjaría y arreglaría una situación que ha generado mucha alarma, sino sobre todo porque nos haría parecer por una vez más previsores. 
No quisiéramos que un día, antes de que se pueda aprobar esta medida, los accidentes de tantas pequeñas "Erikas" que, lamentablemente, continúan ocurriendo en nuestras aguas, causaran una nueva catástrofe. 
No queremos que esto suceda y esperamos que el Consejo sea razonable. 
Señor Presidente, del transporte marítimo y de su importancia se ha hablado en numerosas ocasiones en este hemiciclo. 
Por su mayor respeto al medio ambiente, se ha hablado también de la necesidad o de la conveniencia de un trasvase modal hacia el transporte marítimo de corta distancia que podría constituir un elemento de estrategia comunitaria para cumplir con las obligaciones de Kyoto; de que los estudios recientes indican que el transporte marítimo es responsable únicamente de un 12% del total de las descargas del mar o de que es el de mejor rendimiento energético y que, frente a las estructuras de transporte terrestres, fuertemente saturadas en los países desarrollados- y muy especialmente en Europa- el mar es una infraestructura libre, gratuita y todavía lejos de la saturación. 
De vez en cuando, los medios de comunicación se hacen eco de las tragedias que se producen, a veces con pérdidas de vidas humanas. 
Afortunadamente, tanto por la amplia reglamentación internacional de seguridad como por la mayor toma de razón y la mayor concienciación que regulan hoy en día el transporte marítimo, se han reducido mucho los accidentes y la contaminación. 
Y creo que, con las medidas que hoy se contemplan, se demuestra el compromiso de nuestras instituciones para asumir y para reforzar la seguridad en los buques y la protección del medio marino, y por ello hay que felicitar a la Comisión y a la señora Vicepresidenta, que han presentado seis propuesta legislativas en menos de un año. Se ha sabido reaccionar. 
Como miembro de la Comisión de Empleo, quiero referirme al buque no sólo como lugar de trabajo, sino también, como espacio donde se desarrollan las condiciones de vida de los profesionales del mar y, por lo tanto, considero necesario que, además del esfuerzo por la seguridad de la vida de los trabajadores del mar y de su integridad, se realice un esfuerzo orientado a conseguir que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de estos trabajadores durante su estancia en el buque. 
. Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a los ponentes el magnífico trabajo que han hecho a lo largo de este tiempo en estas dos propuestas tan importantes. 
Quiero recordar que el paquete Erika, como ya se ha dicho, se presentó justo después de una catástrofe realmente lamentable, que supuso problemas medioambientales para cuatrocientos kilómetros de costa europea; que actuamos con celeridad y acierto en las propuestas, pero, lamentablemente, no hemos sido capaces de conseguir en el trílogo informal un acuerdo entre las tres instituciones. 
Y lo que más lamenta la Comisión es que hemos estado a punto de conseguirlo, nos ha faltado algo mínimo. 
Al final han sido aspectos no esenciales los que nos han separado, pero me temo que estos aspectos nos van a obligar a pasar a la conciliación y vamos a tardar tres o cuatro meses más en lograr el acuerdo sobre las propuestas. 
Todo ello cuando podemos estar todos muy orgullosos- el Parlamento, la Comisión, y el Consejo- porque, gracias a nuestra firmeza, muy especialmente del Parlamento y de la Comisión, gracias a nuestro trabajo, de común acuerdo, hemos conseguido que la Organización Marítima Internacional adopte prácticamente en todos sus extremos nuestras demandas sobre la utilización del doble casco como un sistema mejor o equivalente para garantizar una mayor seguridad en los buques petroleros, estableciendo unos plazos máximos para mantener y permitir la arribada a nuestros puertos de buques petroleros monocasco. 
Hay que aceptar los hechos, pero, desde luego, la Comisión va a seguir trabajando para conseguir que en la conciliación, lo antes posible, consigamos este acuerdo entre las tres instituciones. Fundamentalmente, entre el Parlamento y el Consejo, aunque haremos nuestra labor de mediación, que es la que nos corresponde. 
Se han señalado durante el debate los aspectos relacionados con las tripulaciones. 
Coincido con sus Señorías- han sido varios los que lo han planteado- en que el problema de las tripulaciones es clave. 
Hemos presentado una comunicación sobre la marinería, sobre las tripulaciones, sobre la preparación y la formación; entendemos que, además, hay que aportar propuestas positivas y estamos analizando cómo extender los beneficios de propuestas como la actualmente vigente en Gran Bretaña, la tonnage tax, cómo impulsar que otros Estados de la Unión asuman este tipo de medidas, porque, desde luego, muchas veces, las catástrofes se producen, sencillamente, por fallos humanos. 
Es verdad que hay otras debidas a barcos substandard, como se ha dicho aquí, pero con demasiada frecuencia se trata de fallos humanos, de falta de preparación, incluso a veces de detalles tales como el hecho hablar distintas lenguas y no entenderse entre sí, y cosas por el estilo. 
Por lo tanto, aquí hay que insistir también porque hay aspectos de seguridad relacionados con ello. 
Y pasemos a las propuestas. 
En cuanto a la enmienda 1 a la Directiva de control del Estado del puerto, quiero decir- como he reiterado en otras ocasiones- que la Comisión comparte plenamente lo que plantea el ponente, Sr. Watts, sobre la necesidad de incorporar de manera obligatoria, progresivamente, en las flotas la instalación de cajas negras en aquellas flotas que tienen como destino los puertos de la Unión Europea. 
Pero insistimos en que no es éste el lugar, lo hemos planteado en el paquete Erika II, lo está discutiendo el Parlamento y entiendo que no es en esta directiva donde debiéramos plantearlo. 
Entendemos, además, que la propuesta de prohibición automática de un buque por falta de caja negra no es práctica. 
Es evidente que no puede prohibirse la navegación a un buque sin la inspección previa y, por cuestión de principios, la prohibición no puede usarse como la solución de cualquier problema en materia de seguridad a bordo de buques. 
En el sistema de control estatal de los puertos, la respuesta adecuada a dicha deficiencia es la inspección y posterior detención del buque. 
La enmienda propuesta, además, incluye a los buques de más de trescientas toneladas brutas, lo que supera con creces tanto el régimen internacional como la propuesta de la Comisión, que únicamente contempla aquellos que tienen más de tres mil toneladas brutas. 
Además, es muy probable que, a nivel internacional, se dote a los buques de un registrador de datos de la travesía simplificado, que tendrá un coste de incorporación mucho más barato y que, sin embargo, aportará los datos esenciales, tan importantes además de cara a facilitar las inspecciones por parte de las autoridades portuarias. 
La Comisión también estima que la enmienda propuesta no debe incluirse en el artículo 7, ya que se refiere a las sanciones contra el incumplimiento prolongado por parte de buques que no respeten las normas mínimas o que enarbolen pabellón de conveniencia, y aquí nos referimos a las sanciones en contra de una deficiencia específica en contra de un buque. 
Pero, sobre todo, lo que entendemos es que estas cuestiones se refieren más bien a la futura enmienda que habría que introducir en la otra propuesta que forma parte del paquete Erika II. 
Coincido pues, señor Watts- se lo he dicho reiteradamente -, en la necesidad, tiene toda la razón, de poner las cajas negras. 
El problema es dónde. 
Habría que considerar también el registrador de datos de la travesía. 
Hay que estudiar la posibilidad de una combinación o sencillamente pensar en un sistema u otro dependiendo del tipo de buques y del tipo de carga que transporta. 
En cuanto a la enmienda 2, relativa a la cláusula de revisión, la Comisión puede aceptarla, pero el proceso de revisión debería tener en cuenta un período de tres años después de la fecha de aplicación de la Directiva, y no después de la entrada en vigor de la misma, dado que es preciso evaluar la aplicación de la Directiva después de un período de tiempo significativo. 
Con esta modificación parcial no tenemos ningún problema en aceptarla. 
Por lo que se refiere al segundo elemento del paquete, la Directiva relativa a las sociedades de clasificación, deseo subrayar que estoy plenamente de acuerdo con su ponente, el Sr. Ortuondo Larrea, y también con el resto de los miembros del Parlamento, que creen que es muy fácil para los Estados miembros, sencillamente, poner toda la carga de la responsabilidad en las sociedades de clasificación, y así excluir sus propias responsabilidad en cuanto al auténtico control por parte de las autoridades del puerto. 
Por lo que se refiere al tema de la responsabilidad, que constituye la enmienda más controvertida, quiero destacar que la responsabilidad ilimitada ya es un principio en el caso de las faltas graves. 
Lamento que, al final, por el problema de las faltas leves, no hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo sobre esta iniciativa. 
En comparación con las importantes mejoras de la seguridad marítima que se consiguen aquí en el texto general, la verdad es que al final nos hemos enredado- insisto, me da un poco de pena- en un aspecto que resulta de menor importancia comparado con el conjunto. 
Pero, en fin, centrándonos en las enmiendas propuestas a la Directiva de las sociedades de clasificación, quiero señalar que la Comisión puede aceptar la 2, la 5, la 6, parcialmente la 7- siempre que se suprima la referencia a que es duplicación de la Resolución 847/20 de la OMI. 
Sin embargo, no podemos aceptar la enmienda 1. 
A este respecto, estamos de acuerdo con el Parlamento en que no debería haber ningún vínculo familiar o empresarial entre el armador y la sociedad de clasificación, y así se recoge ya en el texto. 
El problema es que la propuesta que hacen da un paso más allá, por lo que la aplicación resulta prácticamente inviable. 
Yo espero que puedan reconsiderar esta enmienda porque, de verdad, creo que sería conveniente para todos. 
Las enmiendas 3 y 4 tratan del tema crítico de la responsabilidad. 
El Parlamento desea establecer cuotas máximas de responsabilidad, y estoy de acuerdo en que se mantenga el principio de la responsabilidad. 
De hecho, la Comisión buscó el nivel superior de armonización mediante la propuesta de cifras máximas. 
Sin embargo, debo recordarles que en todos los demás temas hemos alcanzado un acuerdo. 
Dicho esto, hay que intentar sacar adelante lo antes posible la propuesta. 
Habrá que buscar acuerdos si no podemos llegar en una segunda lectura. 
La Comisión siempre estará ahí para proponer fórmulas y buscar mediaciones, pero, en cualquier caso, quiero reiterar una vez más el magnífico trabajo que han hecho los dos ponentes, tanto el Sr. Watts como el Sr. Ortuondo, y el conjunto de la Cámara, porque creo que ha sido, no sólo de gran utilidad para las posiciones de la Comisión, sino, en general, para que las propuestas mejoren en calidad. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Instauración de un certificado de conductor uniforme 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0151/2001) del Sr. van Dam, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) No. 881/92 del Consejo relativo al acceso al mercado de los transportes de mercancías por carretera en la Comunidad, que tengan como punto de partida o de destino el territorio de un Estado miembro o efectuados a través del territorio de uno o más Estados miembros, en lo que se refiere a un certificado de conductor uniforme (COM (2000) 751- C5­0638/2000- 2000/0297 (COD) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, el problema de la mano de obra barata procedente de otros países frente a la mano de obra más cara de los ciudadanos comunitarios se ha planteado con frecuencia en las últimas semanas en relación con la próxima ampliación, y no sin razón. 
Los costes laborales de los ciudadanos que no pertenecen a la UE son mucho más bajos que los de los trabajadores de la UE. Eso puede conducir a tensiones en el mercado laboral, según algunos miembros del Consejo. 
Este miedo no está muy injustificado. 
Al menos, cuando examinamos el sector del transporte. Determinadas empresas de transporte que operan internacionalmente emplean conductores de terceros países en el transporte transfronterizo en Europa. 
Éstos proceden principalmente de Europa del Este y de más allá, y suponen una presión mucho menor para los costes laborales de una empresa que sus colegas europeos. 
El hecho de que los conductores no comunitarios puedan actuar en el mercado de transportes europeo se debe a algunos motivos. 
En primer lugar, existen acuerdos internacionales como la CEMT y acuerdos bilaterales que permiten el acceso de las empresas de Europa del Este al mercado comunitario. 
Estos acuerdos permiten- con limitaciones o sin ellas- que empresas de fuera de la UE realicen transportes internacionales dentro de la UE. 
En segundo lugar, los conductores que no pertenecen a la UE no pueden conducir vehículos comunitarios a menos que dispongan de las licencias adecuadas. 
Esta última es principalmente la materia que se discute en este informe. 
En la práctica, resulta complicado verificar en toda la UE si los documentos de un conductor no perteneciente a la UE son correctos. 
Mejor dicho, si esta persona trabaja legalmente y si se cumplen todas las disposiciones sociales relevantes. 
Esta dificultad permite que se den todo tipo de prácticas por las que los conductores no pertenecientes a la UE trabajan de forma ilegal para empresas comunitarias- y en condiciones considerablemente peores que las de sus colegas de la UE. 
Eso provoca un falseamiento de la competencia entre las empresas de la UE y, lógicamente, origina protestas entre los conductores de la UE. 
De ahí que la Comisión haya elaborado una propuesta para que todos los conductores que conducen camiones comunitarios cuenten con un certificado único. 
Este certificado- equivalente a la licencia comunitaria para realizar transporte internacional dentro de la UE- constituye la prueba de que la empresa cumple la legislación vigente y las condiciones sociales en su país de establecimiento respecto de un determinado conductor. 
El certificado no dice nada en cuanto al contenido de esas condiciones, solamente se refiere a su aplicación. 
Conforme a la propuesta de la Comisión, ese certificado debería introducirse para todos los conductores que trabajan para empresas comunitarias. 
Eso supone que determinadas prácticas habituales, en particular, la inclusión durante un mismo trayecto de más conductores pertenecientes a distintos Estados miembros en un camión, se verían dificultadas. 
Además, la introducción generalizada del certificado supone una carga administrativa considerable, ya que debería expedirse una cantidad muy elevada de certificados en un período muy corto de tiempo. 
Si se tiene en cuenta que el objetivo último de esta disposición es terminar con el empleo de conductores no pertenecientes a la UE en los camiones que pertenecen a empresas comunitarias, parece que el alcance de esta propuesta va demasiado lejos. 
De ahí que la mayoría de la Comisión de Transportes considere que la norma debe limitarse en primera instancia a los conductores procedentes de terceros países. 
Se aborda, con ello, el problema central y las cargas administrativas, que podrían retrasar la propuesta, se limitan. 
Además, esta misma mayoría de la Comisión de Transportes opina que este certificado debe aplicarse a todos los conductores que conduzcan camiones pertenecientes a empresas comunitarias- esta vez sin evaluación -, transcurridos dos años de su introducción para los conductores procedentes de terceros países. 
Un argumento importante para ello son las presumibles irregularidades que también estarían presentes en sus condiciones laborales. 
Cuando el certificado también sea aplicable a los conductores de la UE, significará que existe una situación totalmente transparente en la que los documentos nacionales que prueban la existencia de una relación laboral pueden ser sustituidos por el certificado. 
Está claro que hay que evitar que la presión creciente sobre las condiciones laborales dé lugar a que los conductores terminen pagando indirectamente las consecuencias de la competencia en el sector. 
Señor Presidente, aceptar esta propuesta no supone terminar con todos los problemas de los conductores no pertenecientes a la UE. 
Los actuales acuerdos de la CEMT y los acuerdos bilaterales ofrecen todavía- también en el caso de las empresas europeas- un amplio margen para que los conductores procedentes de terceros países realicen transportes internacionales dentro de la UE. 
De ahí que quiera finalizar esta intervención haciendo un llamamiento a los Estados miembros a fin de que no olviden la idea básica de esta propuesta durante las negociaciones sobre estos sistemas de licencia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar deseo felicitar al ponente por su informe así como también a la Comisión por la propuesta que ha presentado en un plazo relativamente corto. 
No debemos olvidar que tres cuartas partes del transporte de mercancías en Europa sigue realizándose por carretera y que las condiciones de trabajo siguen constituyendo un importante problema ya que tienen unas repercusiones económicas directas pero también de seguridad. 
El mercado se ve distorsionado por el llamado dumping social. 
En la competencia no regulada- tal como lamentablemente la conocemos en la calle- entretanto sólo casi las grandes empresas de transporte tienen una oportunidad de sobrevivir. 
En cualquier caso, a las pequeñas empresas de transporte les es cada vez más difícil pues la lucha contra la competencia es muy intensa y repercute en parte negativamente a costa de la seguridad, de los horarios de conducción y de descanso y también de unas relaciones de trabajo correctas. 
Esto es de lo que trata en parte esta propuesta y también soluciona. 
La introducción del certificado del conductor es una primera respuesta, si bien es sólo una solución parcial. 
No olvidemos que muchas empresas de transporte de terceros países limítrofes se benefician de la situación así como de ciertas autorizaciones- ya sean licencias CEMT o permisos bilaterales de transporte -, para trabajar con unos estándares sociales y salariales menores. 
Al margen de este informe, debemos ocuparnos también de este tema si es que nos tomamos en serio el transporte, las condiciones laborales y, en especial, la seguridad en el transporte por carretera. 
El ponente ha propuesto limitar el ámbito de aplicación de este reglamento a los conductores de terceros países. 
La Comisión ha sido de la opinión de que esto se debía ampliar a todos los conductores, lo que me parece muy bien. 
Las enmiendas presentadas son un sano compromiso pues queremos tener en cuenta en una primera fase a los terceros países y en una segunda fase a todos los conductores, ya que consideramos esto como una medida general útil para todos los conductores. 
Esto permite también dividir el trabajo administrativo en dos niveles. 
Como habitante de un municipio fronterizo, personalmente sé que a nivel intraeuropeo hay que controlar también algunas cosas en este campo. 
Y próximamente, cuando tengamos el nuevo tacógrafo y la tarjeta, podremos introducir también un sistema de control integrado que pueda tener en cuenta tanto aspectos sociales como de seguridad. 
Por ello, proponemos trabajar en estas dos fases y también esperamos que los países comprendan, como en todas las reglamentaciones, que éstas sólo serán eficientes si lo son también los controles. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, el Sr. van Dam. 
Creo que ha presentado un informe muy bueno. 
Si se mira de nuevo la exposición de motivos, se constata que contiene una gran cantidad de argumentos y de material sobre lo que pasa en las carreteras de Europa. 
En las carreteras de Europa pasan cosas que hay que calificar como de delictivas o de guarradas o ambos calificativos juntos. 
El Sr. van Dam ya ha indicado y expuesto de modo muy exhaustivo en su informe que con este documento no vamos a solucionar todos los problemas. 
Pero creo que al menos tocamos a fondo un asunto importante poniendo coto al dumping social de algunas ovejas negras en el ramo del transporte de camiones. 
Siempre hay que constatar que la gran mayoría lo hace correctamente. 
Aquí se trata de algunos pocos pero cuyo comportamiento tiene unos efectos devastadores. 
Los horarios de conducción y de descanso son un aspecto, se tienen que respetar, esto queda fuera de toda duda. Y las condiciones sociales de los conductores son precisamente el otro aspecto. 
Todos los conductores tienen un derecho a ser contratados bajo las condiciones usuales en los Estados miembros. 
Hay que impedir el intento de respetar los horarios de conducción y de descanso con dos conductores de la Europa central y oriental pero al mismo tiempo lograr ventajas competitivas mediante el dumping salarial, pues si dos conductores juntos ganan menos que el conductor que es contratado en un Estado miembro bajo las condiciones usuales, esto no es sencillamente correcto. 
Esta es la guarrada que hay que denunciar. 
Por ello, es bueno que primero comencemos con los terceros Estados, tal como hemos propuesto. 
En un tiempo no demasiado largo deberíamos ampliarlo a la Unión, a los Estados miembros, para que esta regulación sea aplicable a todos. 
La ampliación hacia el Este está a la vuelta de la esquina y necesitamos en nuestras carreteras y en el ramo del transporte unas buenas condiciones sociales y también honestas competitivamente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ponente, les agradezco sinceramente su trabajo. 
Recuerdo que mis primeras preguntas parlamentarias se referían a esto, ya que no conocía demasiado bien el mecanismo relacionado con este tipo de cuestiones. 
Durante las vacaciones de Navidad del año pasado leí algo respecto de la utilización ilegal de conductores de Europa del Este, se denomina dumping social, etcétera. 
Pensé que, francamente, teníamos que hacer algo, y probablemente, lo mismo pensaron muchos otros. 
En cualquier caso, se ha reaccionado con bastante rapidez y lo agradezco. 
No fueron sólo los sindicatos quienes dieron la alarma, también los empresarios. 
Era una actividad común. 
Quiero dejar claro que somos grandes defensores de la libre circulación de trabajadores. 
Por supuesto, existe todo un debate, especialmente en Alemania y Austria, en relación con el tráfico fronterizo, y hay todo tipo de problemas; pero cuando el trabajo se realiza en la Unión Europea, ampliada o no, debe efectuarse conforme a las condiciones laborales y normas en cuanto al tiempo de trabajo aplicadas aquí. 
Así de simple. 
Eso significa que algunos países también han de reflexionar sobre la cuestión de si deben introducir paulatinamente salarios mínimos y condiciones mínimas, ya que, en caso contrario, es difícilmente controlable. 
Considero lamentable que no nos limitemos a los terceros países durante la primera fase. 
Ya se han expuesto aquí los argumentos. 
Quiero hacer hincapié, sobre todo, en la importancia de la evaluación, ya que no es sólo esta construcción, sino también la mudanza a Luxemburgo y hay todavía toda una serie de medidas que la motivan. 
Tenemos que tener cuidado de no llegar tarde cada vez. 
. Señor Presidente, ante todo quiero agradecer el trabajo que ha hecho el ponente. 
En mi opinión, ésta es una de las ocasiones en las que las instituciones demuestran felizmente su apoyo a una nueva medida destinada a acabar con las prácticas que podrían poner en peligro las condiciones de trabajo de los conductores profesionales y la seguridad en nuestras carreteras. 
El Parlamento, la Comisión y el Consejo coinciden en afirmar la auténtica necesidad de expedir un documento uniforme, el certificado del conductor, que facilite a las autoridades competentes de los Estados miembros aprobar si un conductor está contratado de manera regular en el Estado en que está establecido el transportista. 
Una medida tal puede contribuir, evidentemente, a garantizar el respeto de las condiciones de trabajo en la UE y, por ende, el nivel de seguridad vial exigido por los ciudadanos europeos- y no sólo la seguridad vial, sino también a terminar con la competencia desleal y, por lo tanto, garantizar que de verdad funciona adecuadamente el mercado interior. 
La diferencia básica de planteamiento entre nuestras tres instituciones se refiere al ámbito de aplicación de esta nueva medida. 
La Comisión propuso que todos los conductores que realizasen operaciones de transporte internacionales, con independencia de su nacionalidad, estuvieran sujetos a la obtención de este certificado, de modo que se preservase la igualdad de trato de todos los conductores y se evitase precisamente el dumping social. 
Por su parte, el Consejo, preocupado por la carga administrativa que supondría la expedición de este documento para las autoridades de los Estados, prefiere aplicar primero el Reglamento a los ciudadanos de los países terceros y dejar para su consideración posterior una ampliación del ámbito del Reglamento. 
Creo que la presente sesión plenaria hace una sugerencia muy constructiva al respecto- y quiero agradecérselo al ponente Sr. Van Dam y al resto de la comisión. 
Gracias a esa propuesta, creo que podremos quizá satisfacer la necesidad de unos resultados rápidos en cuanto a los conductores de los Estados terceros, atendiendo al mismo tiempo a las dificultades que tienen los Estados de la Unión, y que éstos puedan así comprometerse inmediatamente a asumir la considerable carga administrativa adicional que supondría la aplicación del Reglamento, también a aquellos provenientes de la propia Unión. 
La Comisión cree que un progreso rápido en este asunto aumentaría sustancialmente el valor de la propia medida. Por ello, la Comisión ha comunicado ya su acuerdo de principio con el punto de vista del Consejo, aunque se desvía un tanto de la propuesta inicial de la Comisión. 
De hecho, es interesante la posición del Parlamento en favor de aplicar el Reglamento tras un plazo transitorio también a los conductores de los Estados miembros de la Unión. 
Estoy convencida, sobre todo, de la importancia de que el Consejo y el Parlamento adopten esta legislación tan necesaria lo antes posible. 
De ahí- quiero dejarlo muy claro -, creo que la idea del Parlamento de introducir una fase transitoria podría aportar los elementos básicos de un compromiso en el Consejo, por lo que me gustaría aceptar el impulso fundamental que representa para llegar a una solución, y así puedo aceptar la enmienda 6, que creo que puede facilitar combinar los dos problemas. 
Respecto a las demás sugerencias formuladas por el Parlamento, deseo declarar mi acuerdo completo con la valiosa propuesta del Parlamento- formulada en su enmienda 7- en cuanto a introducir determinados datos adicionales del conductor en el certificado, puesto que, en mi opinión, esto redundará en la mayor claridad y precisión del propio certificado y evitará o reducirá al menos las posibilidades de abuso. 
Sin embargo, no puedo aceptar las enmiendas 1, 2, 3 y 4 por no tener ningún efecto en la realización del objetivo de este Reglamento. 
Asimismo, no puedo aceptar la enmienda 5 porque creo que podría inducir a confusión en vez de mejorar el texto del Reglamento. 
Quisiera darles las gracias a todos ustedes por su cooperación productiva en este asunto. 
Espero que puedan aceptar la posición que les estoy proponiendo ahora, donde acepto las enmiendas 6 y 7, y que sobre esta base podamos obtener en el próximo Consejo de Ministros de Transportes una posición que sería común ya en primera lectura, si es que el Parlamento aceptara la posición de la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 11.25 horas.) 
Señora Presidenta, usted estará al tanto de que la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo está celebrando actualmente una reunión en nuestro edificio de Bruselas. 
Pero puede que desconozca que dos representantes de la junta militar birmana están participando en esa conferencia. 
Como sabe, la Unión Europea adoptó la posición común, apoyada por esta Cámara, de no conceder visados a los miembros de la junta militar de Birmania. 
Entiendo que el Consejo ha dejado de aplicar esta prohibición a esta conferencia creyéndolo necesario a la vista de sus obligaciones con las Naciones Unidas. 
Si es así, quisiera rogarle, Señora Presidenta, que pida al Consejo o al Sr. Solana que emita una declaración dejando absolutamente claro que se ha tratado de una excepción y que la prohibición de visados y la posición común siguen en vigor. 
Gracias, señor Corbett. 
Plantearé, en efecto, esta cuestión al Sr. Solana. 
Por otro lado, supongo, naturalmente, que la Sra. Ministra lo ha escuchado con mucho interés y pienso que ha tomado nota de lo que usted ha manifestado. 
No sé si la Sra. Ministra desea responder... 
Bien, no desea hacerlo por el momento. Pero le hemos entendido bien, señor Corbett y, por mi parte, daré curso a este asunto. 
Señora Presidenta, una cuestión de orden. 
Quisiera llamar la atención sobre la visita de algunas personas que no son bienvenidas en nuestro recinto. 
Ayer hubo una vergonzosa manifestación comunista en el jardín de la Torre. 
Esto intimida mucho a los diputados; es una intromisión en nuestro recinto parlamentario. 
¿Podría estudiar las circunstancias de este hecho? ¿Dónde están los límites de este Parlamento y qué derechos tenemos a no admitir a esas personas en nuestro recinto? 
Concederé de inmediato la palabra a la Sra. Banotti, porque creo que desea responderle. Le doy las gracias, señora Banotti. 
Señora Presidenta, como usted sabrá, la pasada semana planteé en la Mesa el problema de una manifestación que intimidó y molestó mucho delante del Parlamento en Bruselas, por lo que me ha sorprendido ver ayer que ocurría de nuevo exactamente lo mismo. 
Al parecer, el jardín del Parlamento es un espacio público que está bajo el control de la gendarmería de Estrasburgo y parece ser que hubo algún fallo en las comunicaciones. 
No informaron al Parlamento de que esta manifestación iba a tener lugar ayer. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Van Orden. 
Todo el mundo tiene derecho a expresar democráticamente su opinión, pero la manifestación supuso, sin duda, una intimidación tanto para los diputados como para los invitados, que se agolpaban por centenares intentando entrar a la vez en el Parlamento. 
Espero, por consiguiente, que la administración de Estrasburgo garantice que no vamos a tener que pasar por esto de nuevo. 
No hago comentarios sobre la cuestión que se planteaba, pero esta es la segunda vez que los mismos manifestantes han impedido el acceso al Parlamento. 
Señora Presidenta, el lunes por la noche, al final de su comunicación sobre el asunto Berlusconi en España, le pedí que nos transmitiera la documentación que le habían enviado las autoridades políticas y judiciales españolas. 
Me respondió que, naturalmente, se iba a ocupar inmediatamente de ello. 
Hoy es miércoles y aún no he recibido dicha documentación. 
Es inadmisible, señor Caudron. 
Comprobaré de inmediato lo que ha ocurrido. 
Solicité en dos ocasiones dicha documentación a los servicios y se me confirmó que ésta se había transmitido a todos los colegas del Parlamento. 
Tenga la seguridad de que me ocuparé de este asunto. 
Señora Presidenta, quería hacer la misma observación que el Sr. Corbett. 
También nosotros nos hemos enterado de que han venido unos delegados oficiales de Birmania de alto nivel a Bruselas. 
Sin embargo, hay una política oficial de la Unión Europea de no recibir a ningún representante del gobierno de Birmania por el régimen tan pérfido que existe allí. Encima se atreven a mantener encarcelada a la Sra. Aung San Suu Kyi que recientemente recibió aquí el premio Sajarov. 
Me parece realmente escandaloso que estas personas estén aquí presentes y que puedan tomar la palabra en nuestro propio Parlamento. 
Por lo tanto, quiero sumarme enteramente a lo que ha dicho el Sr. Corbett y pedir que se haga algo al respecto inmediatamente. 
Señora Presidenta, quería volver al tema de Berlusconi. Primero les diré algo positivo. 
Les puedo comunicar, también al Sr. Caudron, que la documentación que usted nos había prometido sí fue enviada por los servicios. 
Aunque un poco tarde, la recibimos anoche después de las nueve por e-mail en todas las lenguas, por lo tanto creo que algunos Señorías todavía no han mirado hoy su correo electrónico. 
Pero ahora una segunda cuestión, Señora Presidenta. 
Delante de mí tengo el telegrama que usted ha enviado al Sr. Berlusconi, el presidente de Forza Italia. 
Le manda sus felicitaciones al Sr. Berlusconi, bien es verdad que lo hace a título personal, pero no obstante he de reconocer que me sorprende el tono cordial que usted emplea a la hora de desearle que Italia recupere el ímpetu con su programa electoral. 
Señora Presidenta, quiero recordarle, e insisto en ello, que la victoria electoral de Berlusconi no le pone por encima de las sospechas en materia de corrupción y abuso de poder. 
Quiero dejar bien claro aquí que sobre el origen de su riqueza hay muchísimas dudas. 
Además, su monopolio de los medios de comunicación constituye un peligro para la democracia italiana. 
Señora Presidenta, usted sabe que Berlusconi controla la mayor parte de la prensa italiana, lo cual es inaceptable. 
Espero que la Comisión investigue lo más pronto posible esta vulneración del derecho europeo de la libre competencia. 
Señora Presidenta, yo hubiera preferido que usted, a pesar de sus palabras tan cariñosas para con Berlusconi, hubiera tomado la iniciativa para dejar claro que lo que está pasando en Italia no tiene buena pinta. 
Señor Staes, le doy las gracias por haberme informado de que ha recibido la documentación ayer por la noche y pido al Sr. Caudron que mire su correo electrónico. 
Con respecto al telegrama que he remitido al Sr. Berlusconi, como usted habrá observado, señor Staes, he precisado que lo felicitaba a título personal. 
Evidentemente, no implicaba al Parlamento Europeo en este telegrama de felicitaciones, en el que he expresado a título personal aquello que consideraba oportuno. 
Señora Presidenta, al final también una persona sosegada y moderada como yo pierde la paciencia. 
Hemos asistido a una serie de ataques personales al presidente de una fuerza política, unos ataques basados en noticias de prensa, aún por demostrar. 
Somos una institución. Pues bien, una institución que se precie pretendería el respeto a todos sus miembros, algo que en los últimos dos meses me parece que no se ha guardado. 
El pueblo italiano ha hecho una elección precisa e incontrovertible: se trata de un jefe de Gobierno. 
Entonces, por favor, que cada uno se reserve su opinión- que es perfectamente lícita- pero, cuando estamos en el contexto institucional, ¡basta ya! 
Señora Presidenta, hace una horas sufrió un atentado un periodista vasco, el Sr. Landaburu, de reconocido prestigio tanto por su actividad profesional como también por su compromiso por la democracia y contra el franquismo. 
Felizmente ha conseguido salvar su vida, pero eso no deja de ser chocante solamente unos días después de unas elecciones en el País Vasco en las que, al margen de los resultados, hay que resaltar el hecho positivo de que haya participado el 80% de la ciudadanía vasca. 
Esta misma semana el Parlamento Europeo está debatiendo una resolución sobre la libertad de expresión y mi Grupo introducirá una enmienda, haciendo referencia a la situación de acoso en que viven los medios de comunicación libres e independientes en el País Vasco, que estoy seguro obtendrá el apoyo de toda la Cámara. 
Le rogaría que, en nombre de este Parlamento, le envíe al Sr. Landaburu nuestra expresión de solidaridad. 
Señor Galeote Quecedo, ayer a las 17 horas me referí en el hemiciclo a este nuevo atentado, condenándolo en unos términos similares a los suyos. 
Naturalmente, expresé de inmediato toda nuestra solidaridad a este periodista, en nombre del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, el lunes tuve la satisfacción de anunciarle a nuestro Parlamento la liberación del Sr. Tsiakourmas, que había sido raptado por secuestradores turcochipriotas y que fue posteriormente liberado tras la aprobación por el Parlamento Europeo de una resolución que pedía su liberación. 
Dije entonces que tenía la esperanza de que se tratara del principio de una conducta diferente, del principio del abandono de la violencia y las provocaciones por parte de Turquía y de los representantes de la comunidad turcochipriota, para poder avanzar así por un camino de reconciliación. 
Desgraciadamente los hechos se han encargado de desmentirme rápidamente, ya que se ha producido un nuevo secuestro- parece que siempre tiene que producirse un secuestro, de manera que cuando una persona sea liberada, haya otra privada de libertad- de una persona de 75 años, que paseaba en bicicleta en la franja de tierra de nadie y lo detuvieron porque estaba bebido. 
Es la primera vez que oigo que el drink driving constituye un delito, y además un delito que hay que castigar con violaciones de fronteras. 
Le rogaría, señora Presidenta, y le ruego a sus Señorías, que tomen nota del hecho y que repitan la posición que el Parlamento comunicó en el caso anterior a las autoridades turcas, porque de esta manera no hay forma posible de avanzar en la resolución pacífica de las cuestiones pendientes. 
Bienvenida 
Señorías, tengo el honor y el gusto de saludar en la tribuna a una delegación del Knesset, dirigida por su presidenta, la Sra. Dayan. 
Desearía expresar que el Parlamento Europeo recibe siempre con mucho gusto a las delegaciones del Knesset, con la que nos unen a la vez antiguos y estrechos lazos. 
Sobre todo tras la visita conjunta, en septiembre de 2000, del presidente de su Asamblea, el Sr. Avraham Burg, y del Sr. Abu Ala, presidente del Consejo Legislativo Palestino, visita que había hecho concebir tantas esperanzas... Todos saben que, desgraciadamente, el horizonte se ha ensombrecido trágicamente. 
Se trata de una situación que el Parlamento Europeo sigue con mucho interés, como lo testimoniará el debate que vamos a celebrar. 
Desearía simplemente expresar la viva esperanza de que su visita, y les deseo una muy calurosa bienvenida, contribuya a reanudar el diálogo. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Oriente Medio. 
Concedo de inmediato la palabra a la Sra. Lindh, Presidenta en ejercicio del Consejo. 
. (SV) Señora Presidenta, Señorías, la situación en Oriente Medio ha empeorado. 
La desconfianza entre las partes aumenta. 
La violencia cobra cada día nuevas víctimas. 
Los palestinos no han tenido una vida normal desde hace mucho tiempo y la situación es cada vez peor. 
La UE rechaza cada vez más los excesos violentos en Gaza y en Cisjordania: incursiones israelíes y fuego de tanques en los territorios controlados por Palestina, combates a lo largo de los caminos, asesinatos de determinadas personas. 
En esas acciones se ha segado la vida de civiles inocentes, muchos de ellos niños. 
La situación económica también es difícil. 
La Autoridad Palestina se encuentra en una profunda crisis financiera desde que cesaron las transferencias israelíes y se terminaron las actividades económicas normales en los territorios. 
Las autoridades viven en la práctica de las ayudas de donantes árabes y de la UE. 
Israel también está afectado por la depresión económica ocasionada por la crisis, aunque en menor medida que la sociedad palestina. 
La vida diaria de los israelíes también se hace cada vez más difícil. 
La violencia- fuego de granadas, coches-bomba y ataques suicidas- afecta cada vez más también a Israel. 
También mueren civiles y niños israelíes. 
El Primer Ministro Sr. Sharon fue elegido con la promesa de aumentar la seguridad. 
El enfrentamiento, en cambio, ha aumentado, aumentan las operaciones militares y se ha demostrado disposición a penetrar en territorios controlados por los palestinos y atacar objetivos sirios en el Líbano. 
La seguridad, lisa y llanamente, ha empeorado. 
No existe una solución militar a largo plazo. 
Los combates no se ganarán ni se perderán. 
La negociación es la única solución al conflicto. 
Por ese motivo debe continuar el proceso de paz. 
La Presidencia y la UE tienen estrechos contactos con las partes y les instamos a continuar con las negociaciones de paz partiendo de los resultados alcanzados en anteriores negociaciones, para conseguir una solución final, fundamentada en el derecho internacional, incluidas las resoluciones 242 y 338. 
Una dificultad fundamental es la gran desconfianza entre las partes. 
Ambas partes llegan a la falsa conclusión de que es la otra la que unilateralmente es responsable de la violencia y de que se haya detenido el proceso de paz. 
Nadie se atreve a dar muestras de reconciliación o de flexibilidad, ya que se teme que eso pueda ser entendido como una debilidad. 
Se necesitan iniciativas diplomáticas para cambiar la situación imperante. 
El Consejo Europeo en Estocolmo encargó al Alto Representante Javier Solana la misión, junto con la Comisión, de informar en la Cumbre de Goteburgo en junio sobre cómo la UE podría fomentar los esfuerzos por la paz. 
En la reunión de Gymnich, en Norrköping el 5 de mayo, informó Javier Solana sobre el desarrollo de esta misión. 
La UE celebra y respalda el informe y la propuesta de la comisión Mitchell, igual que la iniciativa de paz de Egipto y Jordania, que se fundamenta en acuerdos en los que ha participado Israel. 
Ambas propuestas instan a las partes a celebrar inmediatos acuerdos de tregua, a confirmar su intención de respetar los acuerdos firmados y a tener como objetivo la reanudación de las negociaciones. 
Las medidas para crear confianza son una condición para el éxito de las negociaciones. 
Una de las materias más complejas en el proceso de paz es la política israelí de asentamientos. 
Tanto la iniciativa egipcio-jordana como el informe Mitchell presuponen la completa terminación de toda clase de asentamientos. 
El informe Mitchell soslaya también que los israelíes deberían pensar en retirarse de los asentamientos especialmente controversiales. 
La UE opina que esas exigencias son justas. 
Creemos que la política de asentamientos se contrapone al derecho internacional y constituye un grave impedimento para la paz. 
La UE ha instado a Israel a empezar a retirarse de los asentamientos. 
Respaldamos, en consecuencia, la propuesta del informe Mitchell en el sentido de que los israelíes dejen de usar proyectiles de guerra contra los manifestantes. 
Como medida para promover la confianza, se propone también que Israel devuelva los impuestos recaudados y que pertenecen a la autoridad palestina. 
Una solución negociada, o una etapa en el camino hacia una solución de esta naturaleza, debe comprender el objetivo de establecer un estado palestino democrático, vital y pacífico. 
La UE definió su posición en esta materia en la declaración de Berlín de marzo de 1999 y en Nueva York, en la declaración del 12 de septiembre de 2000. 
Será tarea de la UE, junto con otros países interesados, ayudar a los palestinos en la construcción de un estado democrático y pacífico. 
No será posible una paz duradera en la región sin acuerdos de paz entre Israel y Siria y entre Israel y el Líbano. 
Se han hecho considerables avances en las negociaciones entre Israel y Siria. 
Ahora habrá que concluir esos acuerdos y encontrar soluciones que se asienten en principios de derecho internacional, como ya he señalado. 
La retirada israelí del sur del Líbano en mayo del año pasado fue una importante condición para un futuro acuerdo de paz. 
Hasta que se firmen esos acuerdos de paz es conveniente que las partes eviten incidentes y otras acciones que puedan significar un recrudecimiento de la violencia. 
La UE contribuirá activamente a la realización de las negociaciones de paz, en colaboración con otros estados, mediante la participación del Alto Representante, Javier Solana, del enviado especial, Miguel Moratinos, y de la Comisión. 
Oriente Medio es la cuna de los derechos humanos. 
Es una región de riqueza cultural y de significado religioso muy especial, que cada día se asocia más con el prolongado conflicto que la afecta. 
El cese del actual conflicto es un requisito para que la región pueda desarrollarse positivamente. 
La Presidencia sueca, junto con los socios de la UE, desea hacer cuanto sea posible para contribuir a este desarrollo. 
. (EN) Señora Presidenta, lamento mucho, evidentemente, la situación en Oriente Medio que, como bien ha dicho la Sra. Ministra, no ha mejorado desde mi última intervención en la Cámara acerca de este tema. 
La violencia continúa, no han disminuido las matanzas, incluidas las de niños, por ambas partes, se están destruyendo bienes, en particular tierra cultivable y alojamientos en los campos de refugiados y los asentamientos en Gaza y Cisjordania siguen aumentando. 
Se suele instar a la Unión Europea a que desempeñe un papel de mayor firmeza en Oriente Medio. 
Nuestra postura parte del principio fundamental de que la paz debe basarse en el derecho internacional, en las resoluciones de la ONU acerca de la cuestión, incluyendo las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU, y en la fórmula "tierra por paz". 
Nosotros, es decir, todas las instituciones de la Unión Europea, deberíamos reafirmar claramente estos principios en todos nuestros contactos con las partes de este amargo enfrentamiento. 
La Unión Europea sigue apoyando todos los esfuerzos tendentes a una solución pacífica del conflicto. 
Apoyamos, como ha dicho la Sra. Ministra, la iniciativa egipcio-jordana y las recomendaciones de la loable Comisión de Investigación Mitchell, entre ellas la de suspensión de los asentamientos y cese inmediato y definitivo de la violencia y del terrorismo. 
Se ha derramado demasiada sangre. 
La violencia debe acabar. 
Del lado israelí no hay justificación alguna para el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles y para la destrucción de bienes. 
Del lado palestino, la Autoridad Palestina debe hacer cuanto esté en su mano por detener los ataques contra civiles israelíes, que incluye impedir que se incite a esos ataques, y la Autoridad Palestina debe, naturalmente, controlar de modo eficaz a sus fuerzas de seguridad. 
No podemos condenar la violencia de una de las partes sin condenar la de la otra. 
La comisión Mitchell apuntaba, a mi juicio, una forma sensata, la única forma, de acabar con el juego de culpar al otro, de detener las muertes y mutilaciones y de volver a hablar. 
Las conversaciones han de reanudarse y las partes deben cumplir sus obligaciones internacionales. 
En el caso de Israel, estas obligaciones van desde el cumplimiento del derecho humanitario internacional, que contempla el respeto a los derechos humanos, según declararon la Unión Europea y la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, y también los asentamientos, pasando por las obligaciones bilaterales con la Autoridad Palestina, por ejemplo, la transferencia de la recaudación de impuestos, y por obligaciones derivadas del Acuerdo de Asociación CE-Israel. 
En el caso de la Autoridad Palestina, es precisa la puesta en marcha de reformas necesarias desde hace tiempo tanto de tipo económico como político, tales como la transparencia democrática, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del estado de derecho. 
Quisiera hacer referencia hoy a dos aspectos concretos y prácticos sobre los que el Parlamento suele preguntarme: el efecto del bloqueo económico sobre la Autoridad Palestina y la política de asentamientos. 
Se han producido últimamente algunas mejoras en la circulación de personas y mercancías dentro y fuera de Gaza; por ejemplo, varios empresarios han recibido permisos. 
Sin embargo, las actividades económicas en los territorios palestinos siguen estando muy restringidas. 
La Autoridad Palestina se enfrenta todavía a un colapso financiero e institucional. 
La reunión de donantes internacionales en Estocolmo el 11 de abril supuso un buen paso adelante para aportar una solución a la crisis presupuestaria de la Autoridad Palestina. Agradecemos, en particular, los compromisos de los países árabes. 
Tras la reunión de Estocolmo, la Comisión está estudiando con la Autoridad Palestina la base de nuestra futura ayuda que incluye medidas destinadas a mejorar la gestión financiera y a completar el proceso de reforma institucional. 
Algunas de estas medidas, en especial las referidas a la reforma institucional, confirman de manera clara los compromisos anunciados anteriormente por la Autoridad Palestina. 
Hemos tomado nota de los pasos que ha dado la Autoridad Palestina para adoptar un presupuesto austero. 
La Autoridad Palestina está trabajando también en otras esperadas reformas relativas a la gestión financiera, como la consolidación de los ingresos. 
El Fondo Monetario Internacional sigue de cerca este proceso y nosotros tenemos la intención, sobre la base de este presupuesto austero, de efectuar pagos mensuales por importe de 10 millones de euros durante los próximos seis meses, una vez que alcancemos el acuerdo que todos deseamos; pero repito lo que he dicho anteriormente y lo que ha dicho la Sra. Ministra: lo importante es acabar con el bloqueo y reanudar la transferencia de ingresos. 
Permítanme ahora que pase a la política de asentamientos de Israel. 
La posición de la Unión Europea acerca de los asentamientos es clara. 
Todas las actividades de asentamiento en Gaza, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y en los Altos del Golán son ilegales según el derecho internacional y constituye un obstáculo fundamental para la paz. 
Esto incluye el crecimiento natural de los asentamientos, una violación del derecho internacional que no puede permitirse que continúe. 
Se me pregunta con frecuencia, particularmente a la vista del fracaso de nuestros esfuerzos por resolver el problema, qué implica esto para el funcionamiento de nuestro Acuerdo de Asociación con Israel y, en concreto, para la cuestión de las normas de origen que se contemplan en el Acuerdo. 
De lo que he dicho se deduce que Cisjordania, Gaza y los Altos del Golán están fuera del ámbito territorial de aplicación del Acuerdo. 
No estoy diciendo nada nuevo, no se trata de un gesto político. 
Quiero que quede totalmente claro. 
Lo que digo ya se recogía en la comunicación de la Comisión de 1998 acerca de esta misma cuestión. 
La comunicación dejaba claro que el acceso preferente a los mercados europeos de las exportaciones procedentes de los asentamientos de Israel en Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén Este y los Altos del Golán, cito literalmente, "contraviene las normas de origen acordadas puesto que estos territorios no forman parte del estado de Israel con arreglo al derecho internacional público". 
Por tanto, indicaba la comunicación, y vuelvo a citar literalmente, "el acceso preferente a los mercados comunitarios de las exportaciones procedentes de Cisjordania y de la franja de Gaza como si procedieran de Israel, al amparo del Acuerdo Interino sobre Comercio CE-Israel, constituye una violación de tal Acuerdo, puesto que no es de aplicación a estos territorios." 
La Unión Europea debe defender el imperio de la ley. 
Así lo ha dicho recientemente con mucha firmeza el Tribunal de Primera Instancia en un caso similar afirmando que la existencia de tensiones políticas, cito literalmente, "no exonera a la Comisión, como guardiana del Tratado y de los acuerdos concluidos en virtud del mismo, de garantizar la correcta aplicación por terceros países de las obligaciones que hubieran contraído con arreglo a un acuerdo concluido con la Comunidad". 
Si, y subrayo la palabra si, Israel quiere declarar a mercancías procedentes de los asentamientos como de origen israelí, las autoridades aduaneras de la UE no podrían compartir esta interpretación. 
La competencia sobre aduanas corresponde a la Comunidad y la aplicación de esta política común se delega en los Estados miembros, pero incumbe a la Comisión garantizar la coherencia para evitar que haya interpretaciones divergentes en los distintos Estados miembros. 
Varios Estados miembros han solicitado certificados de origen israelíes durante los últimos meses y las autoridades aduaneras de los Estados miembros están recibiendo las respuestas. 
Nuestra responsabilidad en la Comisión hoy es evitar una acción no coordinada. 
Por eso he sugerido que las autoridades aduaneras estudien urgentemente las respuestas recibidas así como cualquier acto que estén contemplando en la próxima reunión del Comité del Código de Aduanas el 31 de mayo. 
¿Cuáles van a ser, pues, los pasos técnicos que se van a dar ahora? 
El tema se planteará en el Comité de Asociación UE-Israel el 21 de mayo. 
El punto figura en el orden del día acordado con Israel y, según acabo de mencionar, los expertos aduaneros de los Estados miembros discutirán a finales de mayo cómo interpretar las respuestas israelíes y cuál ha de ser la línea común de respuesta. 
A la luz de las conclusiones que se alcancen en esta reunión, el asunto será analizado en el Comité de Cooperación Aduanera entre la Unión Europea e Israel que deberá reunirse normalmente en julio. 
Quiero subrayar que nuestra decisión se basará totalmente en el derecho y en su aplicación técnica caso por caso. 
No podemos hacer más, pero no deberíamos hacer menos. 
Como exponía la sentencia del Tribunal que he citado, la Comisión es la guardiana del Tratado y de los acuerdos concluidos en virtud del mismo. 
No podemos, ni deberíamos pretender, relajar esta obligación. 
Vuelvo a donde empecé: igual que otros, nosotros deseamos el fin de la violencia. 
Queremos ver una vuelta a las negociaciones y estamos preparados para ayudar en el delicado y exigente trabajo de construir y hacer perdurar la paz. 
No hay otro camino. 
Doy las gracias al Sr. Comisario Patten. 
Señora Presidenta, como acaba de decir el señor Patten, empieza a ser habitual en las sesiones plenarias del Parlamento Europeo el debate sobre la crítica situación por la que atraviesa el Oriente Próximo, lo cual es tanto más chocante si lo comparamos con las discusiones de hace apenas unos meses, como usted ha recordado aquí, cuando analizábamos el contenido de diversas propuestas de planes que parecían que nos acercaban a una paz definitiva en la zona. 
Hoy parecen ser los más extremistas de uno y otro lado quienes nos marcan la agenda en una espiral permanente de violencia y, evitando menciones concretas y desde luego huyendo de agravios comparativos, lo cierto es que en Israel, justificadamente o no, la sensación de inseguridad es mayor que nunca, mientras que va cundiendo la idea de que la Autoridad Nacional Palestina no quiere o no puede afrontar seria y decididamente el final definitivo del conflicto. 
Mientras tanto, resulta realmente alarmante comprobar cómo se produce un acelerado deterioro de las condiciones de vida en los territorios palestinos, lo cual es caldo de cultivo adecuado para la expansión de los sectores más radicales. 
Frente a ello, la Autoridad Nacional Palestina da la impresión de ir perdiendo el control de la situación, a la par que crece el apoyo de la población a la Intifada, cuando no directamente al hostigamiento terrorista de Israel, que debiera ser denunciado y combatido con mayor decisión. 
Ayer mismo por la noche, en su alocución en la televisión, el Presidente Arafat desaprovechó la oportunidad de hacerlo. 
En general, entre los países árabes se extiende la desmoralización y el endurecimiento de las posiciones. 
En este contexto se reclama desde la zona a la comunidad internacional, y en particular a la Unión Europea, una mayor implicación en el proceso de paz, pero hay que preguntarse si las partes en conflicto están realmente interesadas en volver a la mesa de negociaciones o si alguien piensa que existe una solución militar al problema. 
Ante la delegación del Parlamento israelí que hoy nos honra con su presencia, yo quisiera decir, y ellos han podido comprobarlo de primera mano, que el compromiso de las instituciones de la Unión Europea, hoy más que nunca, es firme en prestar su contribución ecuánime, si las partes lo desean, para que se restablezca la confianza necesaria para reanudar el proceso de paz. 
Está fuera de discusión el notable esfuerzo económico de la Unión Europea, que responde a una visión política y global de la región. 
Y nuestra implicación política aumenta a medida que se van perfeccionando los instrumentos de la política exterior de la Unión, aunque sin duda nos queda un largo trecho por recorrer. 
Pero ni nuestra Comunidad ni nadie pueden sustituir la voluntad negociadora de las partes. 
Nosotros creemos firmemente que, si lo que se pretende alcanzar es un horizonte de seguridad real y bienestar en la zona, se ha de retornar a los planteamientos de paz y de negociación, dejando de lado la confrontación: todos deben volver a compartir la aspiración de una coexistencia pacífica y en cooperación. 
Ojalá, señora Presidenta, que esto se produzca cuanto antes. 
Señora Presidenta, no debería ocurrir que a los que critican a Israel se les ponga inmediatamente el sello de pro-palestinos y viceversa. 
Si Europa quiere contribuir de forma creíble a este debate, entonces no deberíamos elegir el campo de unos o de otros, sino que deberíamos andar siempre por la senda de la paz, la democracia y el respeto por los derechos humanos. 
Esto implica que hemos de elevar la voz cada vez que no se respeten estos valores, independientemente de quiénes sean los responsables en ese momento. 
En Europa se habla muchas veces de la posible influencia que podríamos tener en Oriente Medio. 
Desde nuestro punto de vista no dejan de ser palabras huecas, sobre todo si contemplamos la falta de iniciativas europeas y especialmente la falta de coherencia entre los Estados miembros. 
Por este motivo pedimos explícitamente a la Comisión, a la Presidencia y al Sr. Solana, cuya ausencia hoy me ha extrañado un poco, que hagan todo lo que esté a su alcance para que la Unión actúe de común acuerdo. 
Por lo que respecta a la posible vulneración por parte de Israel de las normas de origen del Acuerdo de Asociación, me gustaría expresar mi consideración por las palabras tan claras del Comisario Patten a quien quiero pedirle, como también al Consejo, que den sin demora una respuesta al Parlamento Europeo a estas cuatro preguntas: ¿para cuántos productos han pedido los Estados miembros verificación a las autoridades israelíes, qué respuestas se les han dado, qué medidas están considerando tomar y en qué plazo? 
Que quede claro el punto de vista de mi Grupo en esta cuestión. Si realmente existen dudas sobre los certificados que Israel expide y si ni los Estados miembros ni la Comisión actúan inmediatamente de forma contundente, entonces Europa está siendo cómplice de la política de asentamientos que todos aborrecemos tanto. 
Para terminar, me gustaría mostrar mi satisfacción de que nuestro texto relativo a la necesidad de que en toda la región haya una enseñanza enfocada a la tolerancia y la comprensión mutua, haya recibido el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios. 
Señora Presidenta, la fuerza del enfoque europeo sobre los problemas en Oriente Medio debería residir, y afortunadamente muchas veces lo hace, en un planteamiento equilibrado que parta de la premisa de que no hay un único culpable en la actual escalada de violencia. 
Habiendo dicho esto, para mi Grupo está más claro que el agua que el gobierno de Sharon tiene la mayor responsabilidad en esta escalada. 
Les voy a dar dos ejemplos: mi Grupo opina que la estrategia del aumento de ejecuciones de palestinos por parte de las fuerzas de seguridad israelíes es una auténtica vergüenza, no digno de un estado democrático y además una estrategia sin perspectivas porque sólo consigue aumentar la cólera y la frustración de los palestinos. 
Asimismo, el rechazo del informe Mitchell es una oportunidad perdida para el gobierno israelí. 
Poner fin a la ampliación de la política de nuevos asentamientos, ni siquiera se estaba hablando de los asentamientos mismos, debería haber sido el primer gesto hacia los palestinos como muestra de que los israelíes también quieren llegar a un acuerdo, pero, lamentablemente, el gobierno israelí no ha querido hacer ese gesto. 
Todo esto es un buen motivo para aumentar la presión de la Unión Europea al gobierno israelí. 
Por lo tanto, me gustaría hacer una pregunta muy concreta a la Comisión y al Consejo, con todo mi aprecio por las palabras que se han dicho sobre los productos procedentes de estos asentamientos: ¿qué va a decir exactamente la Comisión a la delegación israelí el 21 de mayo que tiene que tratar del comercio del mismo Israel? 
¿La Comisión considera los productos de Israel como "business as usual"? 
Mi Grupo no está de acuerdo. 
No sólo se debería abordar el tema de los productos procedentes de los asentamientos, sino también nos parece que se debería mirar con lupa el comercio normal y que la Comisión debería tomar iniciativas con respecto a la reunión del 21 de mayo. 
Habiendo dicho todo esto, no quiero sugerir que los palestinos van por el buen camino. 
Los palestinos están librando una guerra que no pueden ganar. 
Creo que la Comisión debería asumir su responsabilidad e indicar a la Autoridad Palestina que- por muy difícil que sea- debería intentar evitar que se produzcan ataques a ciudadanos y de que hay que escoger otro camino, porque la Autoridad Palestina tiene también su propia responsabilidad. 
Señora Presidenta, agradezco al Comisario Patten y a la Presidenta, Sra. Lindh, sus intervenciones. 
El sufrimiento y la tragedia continuarán marcando los días y las noches en Palestina si Israel y, en general, la comunidad internacional no intervendrá para restablecer los derechos internacionales y humanos. 
Ayer fue otro día de dolor: en los puestos de control se registraron más de 200 heridos, entre los cuales un periodista francés, pero los palestinos no habían disparado; por la noche otra víctima, una columna israelí; más de 500 muertos palestinos, 23.000 heridos, cientos de discapacitados permanentes; bombardeos, hogares humildes destruidos por las bombas; miles de árboles abatidos que son el medio de vida de los campesinos; carreteras bloqueadas, mujeres y hombres desesperados, prisioneros en sus aldeas, empiezan a tener hambre; ejecuciones de líderes palestinos considerados objetivos militares. 
Los pacifistas israelíes de Pisnau y yo misma lloramos el asesinato de nuestro viejo amigo Tabet Tabet; escuelas cerradas, tierras confiscadas para nuevos asentamientos y más sufrimiento: 80 israelíes han sido asesinados, y entre ellos niños y jóvenes. 
Debemos detener la espiral de violencia, puesto que cada muerte, ya sea palestina o israelí, menoscaba nuestra humanidad. 
Comprendo la desesperación, la rabia, la humillación, los castigos colectivos, las represalias, la necesidad de libertad de los palestinos obligados a vivir bajo la ocupación militar desde hace treinta y cuatro años; entiendo el miedo ancestral de la población israelí, las persecuciones sufridas, la unicidad de la Shoah, de la que nosotros, los europeos, somos responsables; comprendo el miedo de que una bomba pueda estallar en un autobús y de que un golpe de mortero pueda dañar una escuela, sin embargo, estos miedos no dan derecho a ocupar a otro pueblo y a violar los derechos humanos internacionales. 
Es nuestra la responsabilidad de no permitir ninguna expresión antisemita en Europa haciendo que los israelíes adquieran la certeza de que la seguridad de Israel nos interesa, del mismo modo que nos interesa la seguridad del pueblo palestino. 
Detener la espiral de violencia: lo venimos diciendo desde hace demasiado tiempo. 
Por lo tanto, ¿cuál es nuestra política? 
Insistir ante el Gobierno israelí para que reanude las negociaciones enseguida y ponga fin al cierre de los territorios y a los bombardeos. 
Hay que garantizar una protección internacional a los palestinos- junto con ellos lo han pedido más de 400 ciudadanos israelíes- pero ante todo debe cesar la expansión de los asentamientos y las carreteras, come dice la Comisión Mitchell. 
Ayer, en el periódico Ha ' aretz, Daniel Bensimon denunció lo falsa que es la motivación de Sharon respecto a la natural expansión demográfica de los asentamientos. 
Cita fuentes de la inteligencia norteamericana según las cuales son 20.000 las casas vacías y muchos colonos, incluso los más fanáticos, se están yendo. 
Escribe que si al Gobierno le importara defender realmente los intereses del país, debería congelar los asentamientos. 
Sería un mensaje positivo para los palestinos, los árabes y la comunidad internacional. 
Detener la espiral de violencia: la Autoridad Palestina debe hacer todo lo posible para impedir que se imponga el extremismo. 
No hay soluciones militares. 
La Unión Europea- el Parlamento lo ha reiterado- debe desempeñar un papel político: el Derecho internacional no solo se afirma en las declaraciones, sino que ha de existir en la realidad. 
En este sentido, los acuerdos que firma Israel se han de hacer cumplir, incluso el acuerdo firmado con la Unión Europea que prevé la prohibición de exportar a Europa mercancías producidas en los asentamientos. 
El Comisario Patten lo ha dicho muy claramente y lo ha reiterado también el Sr. Van der Laan. 
En la resolución que el Parlamento va a votar pedimos al Consejo y a la Comisión que consideren si los castigos colectivos y el uso desproporcionado de la fuerza no van en contra de los principios del Acuerdo de asociación y que extraigan las debidas consecuencias: ningún intento punitivo, sino respeto a las normas del Derecho. 
No hay tiempo que perder para la paz: es necesaria para los palestinos y para los israelíes, para la zona y también para nosotros. 
Señora Presidenta, estoy horrorizado por la reciente y peligrosa escalada de violencia en Oriente Medio, a la que hay que poner fin. 
La pregunta que realmente hay que responder es: ¿quién va a negociar el final de la violencia en Oriente Medio? 
Yo acojo ciertamente de modo favorable el papel activo que está desempeñando en Oriente Medio el Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común 
Creo que la Unión Europea puede desempeñar un papel constructivo primero en el fin de la violencia en Oriente Medio y después en el establecimiento de estructuras para que puedan reanudarse las conversaciones de paz entre las diversas facciones. 
Condeno sin reservas la violencia venga del lado que venga. 
No se trata sólo de intentar prevenir la violencia de las diferentes partes enfrentadas en Oriente Medio, se trata fundamentalmente de garantizar que las condiciones pueden mejorarse en la esperanza de que la violencia termine y de que puedan abrirse de nuevo las negociaciones. 
Es posible lograr una solución pacífica en Oriente Medio. 
Apenas el pasado verano el Gobierno israelí y el pueblo palestino estaban negociando sobre cuestiones de fondo. 
Aunque para mí suponga una decepción el que las conversaciones de paz del año pasado en Estados Unidos no culminaran en un acuerdo de paz definitivo, tampoco fueron un fracaso absoluto. 
Cuestiones como el estatuto de Jerusalén, las fronteras del Estado Palestino, el destino de los asentamientos judíos y el derecho a retornar de los refugiados palestinos se estaban, todos ellas, siendo objeto de las conversaciones entre las dos partes el año pasado. 
Si la violencia puede terminar en Oriente Medio y las condiciones para la reapertura de negociaciones pueden garantizarse, podemos una vez más llegar a una situación en la que puedan tratarse las cuestiones de fondo. 
La Unión Europea ha afirmado en diversas ocasiones la necesidad de que la seguridad de las poblaciones palestina e israelí, tanto colectiva como individualmente, esté en todo momento protegida. 
En el contexto general, garantizar la paz en Oriente Medio llevará tiempo. 
El primer paso en el actual proceso de paz se dio cuando Israel y Egipto concluyeron el tratado de paz en Camp David en 1979. 
Hicieron falta otros doce años antes de que se pusiera en marcha un proceso de paz pleno en la Conferencia de Madrid en octubre de 1999, que consagró el principio de paz por territorios. 
Las negociaciones sobre el estatuto permanente se reanudaron en septiembre de 1999. 
Yo apelaría a las partes clave implicadas para que hagan un esfuerzo de buena fe por poner fin a la violencia en Oriente Medio y por alcanzar un acuerdo negociado, basado en los principios de los acuerdos existentes. 
Señora Presidenta, cuando estaba la semana pasada en Washington como miembro de la misión del PE, la noticia sobre el asesinato extremadamente cruel y vil de dos estudiantes israelíes me sobresaltó enormemente. 
¿En qué pueden contribuir los Estados miembros de la Unión Europea? 
Con la noble intención de buscar respuestas a esas preguntas viajó el Ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, el Sr. Van Aartsen, a principios de este mes a la zona. 
Plasmó sus pesquisas profundas en un documento que me lleva a formular tres preguntas al Consejo aquí presente y a la Comisión. 
Durante su encuentro con el primer ministro israelí Sharon, el Ministro neerlandés topó con una crítica inequívoca a la política de Oriente Medio de la Unión Europea. 
El primer ministro añadió, por cierto, que ese calificativo no lo aplicaba a los Países Bajos. 
Me gustaría enterarme de cuál es la respuesta del Consejo y de la Comisión al respecto, porque esta crítica implica que hay diferentes enfoques por parte de los Estados miembros del conflicto entre israelíes y palestinos. 
Además, el Sr. Van Aartsen señala la peligrosa radicalización del bando palestino. 
¿Comparten el Consejo y la Comisión este análisis y qué posibilidades ven por parte europea para contrarrestar esta tendencia? 
En tercer lugar, el mandatario neerlandés aboga por "un esfuerzo internacional más eficaz para fomentar un sano desarrollo institucional y democrático de la administración palestina". 
En estos momentos hay peligro, según el Sr. Van Aartsen, de que la debilidad de la Autoridad Palestina merme su capacidad de gobernar tanto hacia su propia población y como también hacia, nada menos, el estado de Israel. 
Y entonces, ¿qué perspectivas políticas quedan para la convivencia palestino-israelí? 
¿Reconocen el Consejo y la Comisión, como donantes de la Autoridad Palestina, también esta laguna y cómo piensan solucionarlo concretamente? 
En todo caso, en estas cuestiones pueden contar con el apoyo del vice primer ministro israelí Nathan Sharansky. 
Este abogaba en The Wall Street Journal del lunes pasado por vincular directamente las concesiones a los palestinos a la apertura y una mayor transparencia de la sociedad palestina. 
"Dicha sociedad daría a los palestinos los derechos que se merecen, sin amenazar a Israel", como espera Sharansky. 
Ese sueño judío requiere también un esfuerzo europeo, ¿verdad? 
Señora Presidenta, Señorías, hace algunos meses, en este Pleno, en presencia de representantes israelíes y palestinos, debatimos la posibilidad de que el proceso de paz en Oriente Próximo estaba en vías de solución. 
Esta mañana, por el contrario, las noticias sobre Oriente Próximo de los informativos de las televisiones están llenas de sangre y de desesperación. 
Y eso que, desde hace décadas se repiten inútilmente las resoluciones de las Naciones Unidas y del Parlamento Europeo, así como las peticiones de intervención de todo el mundo. 
También en el debate de hoy en el Pleno todos estamos diciendo las mismas cosas. 
Ya no creo en las resoluciones que son papel mojado y que a menudo reposan en una esquina llena de polvo de los archivos de las comisiones parlamentarias. 
Señorías, el problema no radica en liquidar como extremistas a los palestinos que defienden el derecho de un pueblo a tener una patria. 
El verdadero problema es preguntarse por qué, a pesar de las resoluciones, las autonomías de un pueblo continúan sujetas al visto bueno israelí, por qué un aeropuerto construido recientemente no puede funcionar, por qué no se considera genocidio el de una población de 4 millones de personas que, desde la guerra del Yom Kippur en adelante, se ve diezmada en casi un 10% por una guerra sutil y reptante, pérfida y venenosa, cínica y cruel que no perdona ni a las mujeres ni a los niños. 
Señorías, me pregunto cómo es posible que una población que ha conocido el dolor puede inflingirlo con tanta vehemencia a los demás. 
Lamentablemente, es a partir de que cierta derecha, la de Sharon, ha vuelto a tomar las riendas de Israel que, en la lógica alucinante de esa política, el mundo ha perdido el control de la situación en su conjunto. 
Por lo tanto, hay que emprender una iniciativa que, más allá de los ejercicios lúdicos sobre el papel, iniciados desde hace demasiados años por los parlamentos mundiales, nos conduzca a una acción decidida, concreta y definitiva, dirigida a salvar con la paz las almas inocentes de mujeres, ancianos y niños. 
No es casualidad que Jesúscristo naciera en Palestina. 
Señora Presidenta, en la historia de las negociaciones de paz en Oriente Medio de los últimos años faltan lamentablemente los nombres de los políticos europeos. 
El canciller federal austríaco Bruno Kreisky fue uno de los primeros que instó a los políticos israelíes a que iniciaran conversaciones con Arafat. 
Lo que entonces parecía una propuesta utópica es actualmente una realidad política. 
Pero ¿dónde están los Kreiskys europeos de hoy? 
¿Dónde están las visiones, las ideas, la creatividad y el valor de hacer algo más que meros ejercicios burocráticos rutinarios? 
En estos últimos años, Europa ha intentado dejar que los Estados Unidos asuman el papel de mediación política en Oriente Medio, paralelamente a su actividad económica y política, para concentrarse exclusivamente en los temas económicos en esa zona. 
Puede que fuera una reacción contra la posición política caótica y descoordinada de Europa con respecto a las partes en conflicto. 
Uno de los grandes obstáculos que impiden que los representantes de la UE puedan asumir un papel activo en los esfuerzos para restablecer la paz son las acusaciones unilaterales y condenas altisonantes, en parte incomprensibles e intolerables. 
Por ejemplo, resulta incomprensible que, durante la Presidencia sueca, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia haga pública, tras una visita a Israel y los Territorios Autónomos, una condena unilateral y agresiva de las acciones violentas de Israel y renuncie así a la oportunidad de respaldar el papel mediador de la UE bajo dicha Presidencia. 
Nadie puede ignorar seriamente el deseo de paz de la parte israelí. 
El anterior Primer Ministro, Barak, llegó más lejos que ningún otro político israelí en sus propuestas. 
El resultado es la situación catastrófica actual. 
Responsabilizar de ésta ahora al nuevo Gobierno de Sharon, como se hizo en ese caso, sólo obstaculiza los esfuerzos de mediación de los representantes de la UE. 
Europa debe comprender al fin que para todos nosotros la situación en Oriente Medio no es sólo una cuestión de amigos y enemigos. 
La única oportunidad de que se tome en serio el papel mediador de Europa depende de que ésta hable con una sola voz en el ámbito de la política exterior, mantenga una posición neutral con respecto a las partes en conflictos, y elabore y transmita propuestas de paz viables. 
Una mera declaración de apoyo a las exigencias de una u otra de las partes en conflicto no es una política de paz ni mucho menos. 
Las partes en conflicto deben discutir directamente temas como el derecho de retorno de los palestinos, la partición de Jerusalén o del Monte del templo, el problema de la política de asentamientos y la proclamación del Estado palestino, así como la justificada exigencia de seguridad de la población israelí. 
Nuestras opiniones al respecto son secundarias si queremos que nos acepten seriamente como mediadores. 
Todo esto requiere personalidades convincentes, que representen a Europa y a las que se tomen en serio todas las partes implicadas en la situación en Oriente Medio. 
Ayer por la tarde volé directamente a Estrasburgo tras una visita a Israel. 
Es posible que en mis observaciones hayan influido un poco mis vínculos personales, pero yo les aseguro que ese pueblo desea la paz en ambos bandos. 
Nuestra tarea requiere que seamos capaces de hablar con ambas partes. Y no es imprescindible que lo hagan sólo los políticos actualmente en activo. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido seis propuestas de resolución. 
La votación tendrá lugar el jueves. 
Señora Presidenta, como han reconocido el Consejo y la Comisión, estamos asistiendo a una escalada de la violencia ciega y del odio indiscriminado en Oriente Próximo que ha tenido sus momentos más agudos en la lapidación de seres humanos y también en la muerte y asesinato de niños y de víctimas inocentes. 
Los llamamientos de la comunidad internacional al diálogo y a la paz han sido desoídos y relegados a un segundo plano. 
Urge por tanto, señora Presidenta, dar curso a las iniciativas que hay en este momento sobre la mesa, al plan jordano-egipcio y a las conclusiones de la Comisión Mitchel que piden el cese inmediato de la violencia y el reinicio del diálogo para una solución pacífica de este conflicto. 
Si estos llamamientos no prosperan, la comunidad internacional no puede permanecer impasible, ciega, muda y sorda ante esta ceremonia de la violencia, del odio permanente y de la cultura del "ojo por ojo y diente por diente". 
Creo, señora Presidenta, que si las dos iniciativas que tenemos sobre la mesa no prosperan, habría que estudiar una fórmula que nos permitiera salir de este estancamiento. 
El Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros- hablo de los ministros de Defensa, que se han reunido en reunión informal el lunes, antes de tener la reunión con los ministros de Asuntos Exteriores- ha reconocido que, para antes de fin de año, la Unión Europea tendrá capacidad para participar en misiones de gestión de crisis, caso por caso, aunque tenemos, efectivamente, una gran parte de nuestras capacidades comprometidas en este momento en los Balcanes. 
Creo que no podemos esperar hasta fin de año y que tendríamos que considerar, señora Presidenta, la posibilidad de otras alternativas si los planes que hay encima de la mesa no prosperan. Por ejemplo, una fuerza de interposición de Naciones Unidas, o utilizar, como decía muy bien el Sr. Patten, los instrumentos que la Unión Europea tiene al alcance de su mano, que son los acuerdos de asociación. 
Hay otras alternativas, que no deberíamos desconocer, como el Tribunal Internacional de La Haya o la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, pero preferiría, señora Presidenta, que no tuviéramos que recurrir a ellas, porque las partes, de verdad, quieren volver a la mesa de negociaciones y buscar una paz que tiene que fundamentarse en la justicia. 
Señora Presidenta, ya se han dicho muchas cosas, motivo por el cual en los tres minutos de que dispongo trataré de abundar un poco más en las propuestas, en lugar de hacerlo en las partes descriptivas, también porque las intervenciones de la Presidente Lindh y de muchos colegas han subrayado la gravedad y la enormidad de la situación en los territorios ocupados y en toda la región de Oriente Próximo que no necesita en absoluto nuevos adjetivos. 
Creo que también en este caso el papel del Parlamento va adquiriendo mayor importancia. 
Hemos tenido muchos debates pero pocas resoluciones, y este Parlamento se está dando cuenta de que las resoluciones y los pronunciamientos tienen que tener un sentido y un valor. 
Como usted decía, en este caso existe una resolución que espero que se aprobará por amplia mayoría, en la cual prácticamente todos los Grupos políticos toman la iniciativa respecto a la Comisión y al Consejo. 
Agradezco al Comisario Patten la claridad y la determinación con las que ha querido recordar el Derecho y la legalidad internacional también en lo que a las relaciones económicas con Israel se refiere. 
Creo que si no volvemos al Derecho y a la legalidad internacional será muy difícil salir del berenjenal de violencia y de retorsión en que se ha metido esa situación. 
Sin embargo, quisiera reiterar al Consejo que quizás no sea suficiente que el Sr. Solana informe en Goteburgo. 
Considero que el Tratado de Amsterdam nos ha facilitado unos instrumentos que en este caso no se han utilizado todavía. 
Es un tanto paradójico que la Unión Europea no se haya dotado de una estrategia común para Oriente Próximo. Es un tanto paradójico que los Quince se hayan presentado ante Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra con posiciones encontradas. 
Es una paradoja, es tremendo. 
Creo que la Unión Europea tiene el deber de reforzar el papel del Alto Representante y el papel del Sr. Moratinos a través de una estrategia común que muestre la dirección que se pretende seguir. 
Esto es lo que pedimos que se haga en Goteburgo. 
Soy sensible al discurso del Sr. Salafranca. 
La Comisión Mitchell ha dado unas indicaciones. El primer paso sería enviar unos observadores, sin embargo, esto quizás podría preludiar una idea de fuerza de interposición. 
Si no cesa la violencia, creo que debemos apoyar este proceso desde el exterior. 
Estimo que este debate es útil y, sobre todo, que la resolución debe ser tomada en cuenta por el Consejo. 
Señora Presidenta, estimados colegas, la última ola de violencia y terror en Oriente Medio ha de ser condenada sin paliativos. 
Es hora de que el conflicto palestino-israelí salga del atolladero en que se encuentra actualmente. 
Para empezar, ambas partes deben dejar de actuar unilateralmente dado que el conflicto puede enconarse aún más. 
Además, hemos de insistir en que se respeten mutuamente y que den muestras de buena voluntad. 
Con este trasfondo, quiero resaltar la, a mi juicio, importante declaración que hizo el Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Simon Peres, el domingo 13 de mayo, de que ya no se iban a construir más asentamientos. 
Por lo que respecta a la Unión Europea, es nuestra obligación reforzar nuestra posición en las conversaciones de paz, sobre todo teniendo en cuenta los intereses humanitarios y geoestratégicos en esta zona y nuestras importantes relaciones comerciales. 
Hemos de alentar también a la Comisión y a los Estados miembros para que apoyen los proyectos que puedan servir para aumentar la comprensión y el "partnership". 
Naturalmente, quedarán muchas cuestiones por solucionar y muchas preguntas sin respuesta. 
Todo el mundo sabe que el proceso de paz es un proceso muy largo y espinoso, pero sigo estando convencido de que con la confianza necesaria, la voluntad política imprescindible y con la perseverancia indispensable vamos a poder alcanzar nuestro objetivo común: la creación de un Oriente Medio pacífico y próspero. 
Señora Presidenta, lo más asombroso de nuestro debate es precisamente nuestro asombro, ya que la política expansionista de Israel es el resultado inevitable y previsible del desequilibrio creciente en la región, equilibrio respecto del cual tenemos una gran parte de la responsabilidad. 
Primero, porque la mayoría de nuestros Estados- con la notable excepción de Francia- no han cesado, desde 1967, de hacer creer al Estado de Israel- un Estado cada vez más seguro de sí mismo y dominador- que podía violar impunemente la ley internacional y las resoluciones de la ONU. 
En realidad, en este caso como en otros, hemos seguido a Washington y continuamos haciendo la vista gorda a la tendencia teocrática de este Estado religioso cuyos gobiernos dependen de partidos y de minorías fanáticas que no tienen nada que envidiar a los otros fanatismos religiosos de la región. 
Pero existe otro desequilibrio grave que atañe a nuestra responsabilidad, se trata del desequilibrio de fuerzas. 
Es preciso que consideremos la posibilidad- no dudo en decirlo- de dotar a la parte árabe de una fuerza suficiente, incluyendo una fuerza nuclear suficiente, para que Israel no crea que todo le está permitido. 
Era la política que había aplicado mi país en la década de los 70 al dotar a Iraq de armamento nuclear. 
Ahora bien, hemos destruido dicho armamento. 
Vamos, pues, a continuar con nuestra política de desequilibrio, y lo que hoy ocurre no es más que el resultado nefasto, pero inevitable, de nuestra ceguera y de nuestra cobardía colectiva. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, me habría gustado, o me gustaría, que muchos colegas, pero también la Comisión y el Consejo, demostraran la misma determinación bien con respecto a Chechenia, 100.000 muertos en menos de dos años, o bien con respecto al Tibet ocupado, 1.200.000 muertos en cuarenta años. 
Desgraciadamente, existe cierta capacidad de olvido de estas cuestiones tanto por parte del Consejo como de la Comisión y de nuestro Parlamento. 
Como reacción al debate de esta mañana, desearía comenzar por señalar que la Sra. Lindh hace un análisis más bien selectivo cuando nos habla de la retirada de Israel del Líbano, pero olvida que el Líbano sigue estando ocupado por Siria. 
Me sorprende que esto se olvide. 
La política que proponen la Sra. Lindh, los colegas y la Comisión es una política seductora. 
Significa olvidar que el Sr. Barak formuló propuestas que ningún israelí había formulado antes que él y que sus propuestas fueron rechazadas por los palestinos. 
Dudo que el hecho de poner a los israelíes entre la espada y la pared los lleve a firmar un plan de paz que, además, el Sr. Arafat no parece dispuesto a aceptar. 
Nos falta perspectiva y, además, deberíamos recordar los últimos cien años de nuestra Historia, deberíamos mostrarnos quizá más generosos con Israel y quizá también empezar a reflexionar seriamente en la posibilidad de integrar a Israel en la Unión Europea, a fin de responder no sólo a las preocupaciones fundamentales del pueblo israelí, que dejan intactas las frustraciones y las condiciones de vida extremadamente duras de los palestinos, sino también a la cuestión fundamental, cual es la preocupación profunda del pueblo palestino. 
Pienso que Europa debería demostrar generosidad y proponer a Israel la posibilidad de convertirse en miembro de la Unión Europea. 
Se trata de una perspectiva que permitiría a la Unión Europea hacer mayores concesiones, incluso desde el punto de vista territorial, y que permitiría que Palestina se desarrollase y que Israel pudiese vivir en un clima de seguridad en esta región del mundo. 
La presente propuesta ya ha sido firmada por treinta diputados europeos y cierto número de diputados de la Knesset. 
Pido a mis colegas que la firmen lo más rápidamente posible para que se inicie un gran debate sobre esta propuesta. 
Señora Presidenta, la Unión Europea despierta expectativas en Oriente Medio y ya está presente en esta zona, mucho más que en el pasado, gracias al compromiso de su Alto Representante. 
Ahora debe participar más activamente. 
Ha pasado la época en que podía contentarse con observar el escenario del drama, desde su palco mediterráneo. 
Una participación activa, ya que, como la Historia lo ha demostrado, en la política como en la guerra sólo la pasividad es deshonrosa. 
Para ser útil, nuestra acción debe inscribirse en la más total imparcialidad y esta es la primera dificultad del ejercicio, puesto que cada uno de los grupos enfrentados espera primero que el otro tome partido contra su adversario, de acuerdo con ese antiguo adagio según el cual el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero el amigo de mi enemigo es mi enemigo. 
Para ayudar a romper el círculo infernal de la sangre y la venganza, aquí como en otras partes, no podemos ser enemigos de nadie. 
¿Entonces, qué hacer? 
Creo muy sinceramente que nadie conseguirá la paz en Oriente Medio si las dos partes no están resueltas a ello y si las diferentes propuestas presentadas aquí mismo, en este momento, tanto por mis colegas como por el Consejo y la Comisión, no se toman en cuenta. 
Si, como debemos seguir esperando, la voluntad de paz existe, y sólo si ésta existe, debemos también apoyar la idea del despliegue de un cuerpo internacional de observadores, del cual Europa podría y debería formar parte. 
Insisto en este punto a mi amigo Salafranca y a nuestra colega, la Sra. Napoletano, a nuestros colegas de la Knesset, aquí presentes, ya que me consta que hoy Israel sigue siendo profundamente hostil a esta idea. 
Para aplacar las pasiones en relación con un drama tan grave como este, que no cesa de ensangrentar la Tierra Santa, será preciso la presencia in situ de observadores imparciales capaces de impedir por sus acciones y testimonios que los incidentes, que no dejarán de multiplicarse en el momento de la aplicación de un verdadero armisticio- que junto con mis colegas espero que, por fin, un día se produzca -, degeneren en un nuevo conflicto general. 
Señora Presidenta, Señorías, amigo de Israel, me dispongo hoy a votar a favor de una resolución, a pesar de que ésta sea exigente frente a Israel. 
En efecto, a pesar de que deploro que a menudo los europeos subestimen el drama de los frecuentes atentados terroristas que afectan a civiles inocentes en las ciudades israelíes, a pesar de que desapruebo a Yasser Arafat por no haber tenido el valor de coger la mano que valientemente le tendió Ehud Barak pocos días antes de las elecciones, habría bastado con decir "Sí, pero... " o "Sí, con la condición de que... "; pero optó por decir "No". Sin embargo, Israel es un Estado democrático, poderoso, bien armado y bien equipado, y por eso le corresponde no sólo evitar que la presión aumente, sino también tomar iniciativas de paz aceptables para el pueblo palestino. 
Añado que, si bien comprendo la preocupación del pueblo israelí por su seguridad, no puedo aceptar por parte de Ariel Sharon ni discursos ni actos que yo condenaría en todas partes. 
Finalmente, en nombre de mi amistad hacia Israel, digo a los israelíes que el uso de la fuerza no le garantizará a Israel la debida seguridad y que la colonización constituye una falta grave. 
Digo, además, que los palestinos tienen derecho a un Estado. 
Digo, por fin, que los israelíes y los palestinos necesitan que presentemos propuestas serias para solucionar el conflicto, que, como sabemos, supondrán sacrificios por ambos lados para lograr la paz. 
Europa puede y debe contribuir a ello y definir en este sentido una posición equilibrada y activa. 
He encontrado esta posición en las declaraciones del Consejo y de la Comisión. 
Espero también que nuestra resolución contribuya a ello y estoy seguro de que el informe Mitchell podría servir de base para nuevas negociaciones. 
Señora Presidenta, Israel y Palestina son dos naciones independientes, pero todavía no son dos estados independientes. 
Son dos pueblos que o coexisten como vecinos u ofrecen a sus nietos la perspectiva de un odio eterno. 
Es triste que la provocación proceda de personas que deberían mostrar liderazgo. 
La provocación conduce a la violencia, a la que se responde con violencia, que da lugar a la venganza y a un terreno resbaladizo que aleja de un modus vivendi justo y en paz. 
Gran parte de la solución está en manos de Israel, pero Palestina y los estados vecinos deben reaccionar. 
Comprendo, ciertamente, el nerviosismo de Israel a la hora de dar los primeros pasos. 
Líbano, por ejemplo, ha estado en una situación imposible durante años: ha sido objeto de bombardeos de Israel y de infiltraciones de Siria y ambos deben contribuir ahora a que ese país ofrezca estabilidad en su propia tierra. 
Los libaneses reaccionaron de un modo responsable a la retirada de Israel. 
Sin embargo, Israel todavía mantiene reductos de territorio libanés en el sur y sigue sin facilitar mapas con la ubicación de los campos de minas para que pueda procederse al desminado, de resultas de lo cual, nueve pastores han muerto desde la retirada. 
Aún no se ha liberado a los respectivos prisioneros de ambas partes y las granjas de Shebaa en la frontera del Golán, pertenecientes a Líbano, siguen controladas y ocupadas por Israel. 
La cuestión clave de la provocación ya ha sido tratada por la Sra. Ministra y por el Sr. Comisario, incluyendo la venta en la UE de productos etiquetados como israelíes pero procedentes de los asentamientos. 
Existen 145 asentamientos en Cisjordania, 16 en Gaza y 9 en Jerusalén Este; en ellos viven 400.000 personas. 
Sólo el 42% del territorio de Cisjordania está controlado por los palestinos, el 58% son campos militares o asentamientos y, con demasiada frecuencia, los campos militares dan lugar a asentamientos. 
La paz no va a venir de resoluciones adoptadas aquí- aunque podemos ayudar. 
La paz se alcanzará si, y sólo cuando, Israel, Palestina y los estados vecinos se den cuenta de que desean tanto la paz que están dispuestos a vivirla. 
Creo que ha quedado claro que lo sustancial ha sido comprobar que la Unión Europea puede influir y es activa. 
Para poder actuar tiene que haber unidad dentro de la Unión Europea sobre cómo queremos influir en el actual proceso. 
Es satisfactorio ver que hoy hay más unidad de criterios en el Consejo que nunca. 
En el contexto que nos ocupa me parece que también la hay. 
Aunque existen diferentes propuestas de resolución y diferentes criterios, hoy las diferencias entre nosotros son menores que antes. 
Creo que ésa es también la razón por la que nunca antes habíamos visto que la UE tuviese tanto interés en el conflicto de Oriente Medio. 
Pero, desgraciadamente, esto no es suficiente, sino que tal como señaló el Sr. Poos al comienzo, se necesita voluntad de negociación y, especialmente, que el gobierno israelí actualmente tiene la principal responsabilidad. 
Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo el Sr. Poos en relación con la descripción de la situación actual: la catastrófica situación económica y la ocupación ilegal. 
El problema es que esto nos lleva a lo que señaló el Sr. Galeote Quecedo, esto es, a que corremos el riego de que los extremistas sean los que fijen el orden del día. 
El riesgo es que la propaganda de odio por ambos lados y la pobreza palestina originen una escalada de violencia. 
El Sr. Lagendijk dijo que es inaceptable que los israelíes ejecuten a los que ejercen resistencia en el lado palestino. 
Esto contradice totalmente tanto el derecho internacional, las normas internacionales, como aquello que la mayoría de nosotros opina que constituye un parte evidente de los derechos humanos. 
En reiteradas ocasiones hemos tratado este asunto con las autoridades israelíes. 
Se nos han dado garantías de que esto terminará, pero, desgraciadamente, hasta ahora no se ha cumplido. 
En cuanto a la reunión del 21 de mayo, a la que se han referido numerosos diputados, el Consejo da su pleno respaldo a la Comisión para actuar en conformidad con el plan que ha descrito el Comisario Patten, que implica que hay que seguir las reglas y demostrar claramente que la UE no acepta que Israel continúe violando las normas. 
Muchos oradores se han ocupado de la repartición de las culpas, a quién vamos a culpar, y cómo puede ser el papel mediador de la UE. 
Quisiera decir al Sr. Salafranca Sánchez-Neyra y a todos los que se han ocupado de este tema, que aunque es obvio que la UE hará exigencias a ambas partes, hoy es evidente que éstas serán más rigurosas para el gobierno israelí y para el Sr. Sharon. 
El Sr. Sharon tiene actualmente la principal responsabilidad para cambiar el curso de los acontecimientos. 
Como muchos de ustedes habrán comprobado, la actual política aumenta el riesgo de que los grupos extremistas consigan ventajas. 
El Sr. Sharon debe asumir su responsabilidad política. 
El Consejo también impone exigencias a los palestinos: que tengan unos presupuestos más transparentes, que trabajen más de acuerdo con principios de apertura y de democracia y que hagan cuanto puedan para detener los atentados terroristas. 
¿Qué más puede hacer la UE? 
Como dijo el Sr. Napolitano, es conveniente que actuemos. 
Puedo darles garantías de que no estamos inactivos esperando el informe de Javier Solana al Consejo Europeo de Goteburgo. 
Nos dirigimos al gobierno israelí y le exigimos que detenga los excesos de violencia, que termine con los cercos a los territorios palestinos y que ponga término inmediatamente a la política de asentamientos, que es ilegal, es una ocupación ilegal. 
Como he señalado, exigimos a los palestinos que hagan lo que puedan para evitar los atentados terroristas y para disminuir la violencia. 
Respaldamos las propuestas contenidas en el informe Mitchell; me satisface comprobar que esta Asamblea también lo apoya. 
También damos nuestro apoyo a la iniciativa jordano-egipcia. 
Además, asumimos, como lo ha mencionado la Comisión, gran parte de la responsabilidad económica en los territorios palestinos y nos ocupamos de que la situación no se empeore aún más en esos territorios. 
Como dijo el General Morillon, hoy la UE es más activa que nunca. 
No obstante, creo que todos sentimos la necesidad de asumir no sólo la responsabilidad actual- no sólo la gran responsabilidad económica que hemos tomado hasta ahora- sino que también quisiéramos asumir una mayor responsabilidad política, proporcionada a nuestra responsabilidad económica en la región. 
A través de la misión de Javier Solana para diseñar un roadmap para la Cumbre de Goteburgo, creemos que la UE podrá hacer una nueva contribución substancial al proceso de paz y contar con una estrategia mejor y a largo plazo para su acción en Oriente Medio. 
Al final, serán las partes las que tendrán que reconciliarse, romper la espiral de violencia, abstenerse de usar violencia desmedida y volver al único camino posible para la paz: tregua, fin de los asentamientos y vuelta a la mesa de negociaciones. 
Quiero decir tanto a la parte israelí como a la palestina: este asunto no sólo concierne a ustedes. 
Es un conflicto que despierta mucho interés internacional. 
Es decisivo, para el futuro de todos, que las partes asuman su responsabilidad para el restablecimiento de la paz. 
Como dijo el Sr. Caudron, actualmente no se trata de ser simpatizante israelí o palestino, sino que lo primordial es que la UE tiene que hacer todo lo posible para coadyuvar en el proceso de paz. 
Doy las gracias al Comisario Patten por las respuestas que ha dado a sus Señorías. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves. 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el estado del diálogo transatlántico. 
. (SV) Señor Presidente, las relaciones entre la UE y EE.UU. son de vital importancia tanto para Europa y EE.UU. como para el resto del mundo. 
Las relaciones transatlánticas son buenas. 
Actualmente cooperamos estrechamente en numerosos campos y nuestro diálogo comprende prácticamente todas las materias. 
Tenemos una responsabilidad común para enfrentar los retos mundiales, para contribuir a un mundo más democrático y pacífico y para la creación de un sistema comercial multilateral dinámico. 
Tenemos también diferentes opiniones en muchos temas, pero dialogamos sobre ellos. 
Desde la formalización de nuestro diálogo en 1990, a raíz de la aprobación de la Declaración Transatlántica, éste se ha ampliado y profundizado. 
En 1995 aprobamos también la Nueva Agenda Transatlántica. 
El Consejo (Asuntos Generales) recibió con beneplácito en su reunión del lunes pasado la comunicación de la Comisión sobre profundización del diálogo transatlántico y encargó a la Presidencia y a la Comisión que, junto con EE.UU., estudie las formas para hacerlo más eficaz y orientado al comercio. 
El Consejo quiere que el diálogo, que implica cumbres periódicas, se centre en torno a una serie de temas estratégicos y que se dé prioridad a los asuntos que promuevan la continuidad. 
El Consejo ha requerido especialmente que "el medio ambiente" y "el clima" sean algunos de esos temas estratégicos. 
En la Cumbre de Goteburgo del 14 de junio, EE.UU. y la UE establecerán una estructura clara y una orientación para la colaboración futura. 
En esa cumbre se exteriorizarán, de una u otra manera, todas las materias que han tenido preferencia durante la Presidencia sueca. 
La UE y EE.UU. han coordinado sus esfuerzos para ayudar a Rusia a cumplir con sus compromisos de desarme y de no propagación de armas nucleares, especialmente en relación con la destrucción de armas químicas y de las denominadas MNEPR multilaterales. 
Hemos cooperado en el marco de la iniciativa de la UE denominado La Dimensión Nórdica. 
Hemos iniciado una colaboración a largo plazo sobre temas de seguridad y de interior, realizando consultas frecuentes con las futuras Presidencias belga y española, concentrándonos en la lucha contra el narcotráfico, contra la pornografía infantil en Internet, en la ayuda a Rusia en su lucha contra la delincuencia organizada y en la consolidación del estado de derecho. 
Hemos colaborado en torno a asuntos relacionados con la nueva economía. 
También lo hemos hecho en relación con la lucha contra el VIH, el SIDA y otras enfermedades contagiosas en África. 
En el terreno de la política comercial, la Presidencia sueca ha dado gran relevancia a la búsqueda de un acuerdo entre la UE y EE.UU. sobre una plataforma que permita el lanzamiento de las nuevas negociaciones de la OMC en el otoño. 
Por eso hemos subrayado la significación de que se hagan avances concretos para resolver los conflictos comerciales bilaterales que constituyen graves causas de irritación en las relaciones. 
Las soluciones de principios que hace poco se alcanzaron en relación con las disputas por los plátanos son un ejemplo de esto. 
Pero, como ya he dicho, también hay diferencias de opinión. 
La resistencia manifestada por la nueva administración respecto al Protocolo de Kioto es una fuente de gran decepción para nosotros. 
Nos preocupa mucho que EE.UU., que es responsable del 25 por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, opte por desconocer un acuerdo internacional que se negoció durante una década. 
La nueva administración ha justificado su resistencia arguyendo que a los países en vías de desarrollo no se les exigen las mismas condiciones lo que, en consecuencia, resulta perjudicial para la economía estadounidense. 
No aceptamos esas razones y, en especial, nos oponemos a que EE.UU., por esos motivos, desconozca el acuerdo. 
La reacción de la UE frente a la actitud de EE.UU. ha sido rápida y enérgica. 
El primer Ministro Persson y el Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, han criticado en una carta esta decisión. 
En la reunión informal de Ministros de Medio Ambiente en Suecia, comprobó su presidente, el Ministro de Medio Ambiente sueco Sr. Larsson, que ningún país tiene derecho a desconocer un acuerdo multilateral y expresó su esperanza de que EE.UU. vuelva a participar en la continuación del proceso de Kioto. 
La troica comunitaria, bajo la presidencia del Ministro de Medio Ambiente sueco Sr. Larsson, viajó a Washington para intentar la reanudación del diálogo con EE.UU. sobre el problema mundial que es el cambio climático. 
En esas conversaciones quedó claro que EE.UU. no cuestiona los problemas derivados del cambio climático. 
EE.UU. reconoce la importancia de que se encuentren soluciones globales al problema. 
La UE opina que la solución hay que buscarla en el marco del Protocolo de Kioto, en tanto que EE.UU. sostiene la necesidad de buscar soluciones diferentes. 
El objetivo comunitario es que el Protocolo pueda ser ratificado el próximo año, con o sin EE.UU. Un Protocolo sin la participación de EE.UU. queda, no obstante, muy debilitado. 
Por eso celebramos que EE.UU. participe en la reunión de Bonn sobre el medio ambiente en julio donde esperamos un diálogo constructivo y fructíferas conversaciones. 
Quiero subrayar que tanto la UE como EE.UU. tienen una gran responsabilidad a la hora de afrontar los problemas y retos mundiales, tales como el cambio climático. 
Jamás conseguiremos que los países del Tercer Mundo y los países en vías de desarrollo se involucren si la UE y EE.UU. no asumen su responsabilidad común. 
Finalmente algunas palabras sobre las materias en las que la UE y EE.UU. han logrado asumir sus responsabilidades comunes. 
Quisiera destacar nuestros esfuerzos comunes para promover la paz y la estabilidad en los Balcanes y nuestras consultaciones en torno a la situación en la Península de Corea y al proceso de paz en Oriente Medio. 
Las relaciones entre la UE y EE.UU. son de vital trascendencia en el mundo de hoy. 
Sólo a través de la colaboración y el diálogo podremos hacer frente a los retos globales y crear las condiciones para un mundo de paz, democracia y desarrollo económico. 
Por eso veo con gran satisfacción el hecho de que el Parlamento Europeo actúe para desarrollar y fortalecer el diálogo con el congreso estadounidense. 
Quiero puntualizar que un diálogo con sentido debe comprender temas en los que la UE y EE.UU. estén en desacuerdo. 
Un diálogo constructivo se fundamenta en la sinceridad y ésta implica que no hay que dudar a la hora de hacer críticas. 
Significa que en el futuro la UE seguirá criticando la aplicación de la pena de muerte en EE.UU.. 
Señor Presidente, ahora escucharé las opiniones de los diputados. 
. (EN) Señor Presidente, me complace disponer de esta oportunidad de analizar con el Parlamento Europeo las relaciones transatlánticas. 
Se habla mucho de la cooperación UE-EE.UU. Existen varias voces críticas en ese coro y con frecuencia leemos acerca de esta o aquella nube que ensombrece la relación. 
Pero en todo esto yo diría que no reconocemos la naturaleza única y la fortaleza única del vínculo transatlántico, por tanto, ésta es una excelente ocasión para hacer constar la realidad. 
Este debate también me ofrece la oportunidad de exponer en pocas palabras los motivos por los que la Comisión acaba de presentar una comunicación para reforzar la relación transatlántica y por los que esperamos que el Parlamento y el Consejo sigan esa iniciativa. 
En virtud de la nueva agenda transatlántica de 1995 se pasó de una relación basada en las consultas a otra basada en la acción conjunta. 
Desde entonces, la cooperación entre la UE y EE.UU. se ha ampliado enormemente y abarca ahora, y con razón, prácticamente todas las áreas de actividad de la UE. 
Es tanto lo que compartimos con EE.UU. en cuanto a visión, historia y valores que no existe nadie con quien tengamos un conjunto tan amplio de intereses comunes y una base económica tan fuerte de la que partir. 
No estamos de acuerdo, como explicaré después, en todo, pero el hecho de que estemos de acuerdo en tantas cosas hace que se dé siempre una importancia distorsionada a los pocos asuntos en los que no estamos completamente de acuerdo. 
No quiero realizar aquí un balance de la cooperación entre la UE y EE.UU. No es eso lo que pretendo, sino decir que en prácticamente todas las áreas de actividad de la Unión nos interesa establecer unas relaciones estrechas de cooperación con los Estados Unidos. 
No tengo la menor necesidad de definir mi cualidad de europeo a partir de mi actitud respecto de los Estados Unidos de América. 
Una actitud de este tipo revela una terrible falta de confianza propia en lo que significa ser europeo. 
En el área específica de responsabilidad que me corresponde, el valor añadido y los resultados positivos son evidentes en nuestra estrecha asociación en los Balcanes. 
La Sra. Ministra ha mencionado también, acertadamente, Oriente Medio y de Corea, y así podríamos seguir y señalar muchos otros lugares del mundo. 
La Unión Europea y EE.UU. son también socios principales a la hora de abordar nuevos asuntos transversales de la agenda internacional. 
Las enfermedades contagiosas, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y de personas, el lavado de dinero, todas estas manifestaciones de la cara oculta de la globalización, requieren una acción concertada y nosotros les prestamos una atención conjunta. 
El acceso a los medicamentos, por ejemplo, se ha situado a la cabeza de la agenda en las relaciones entre la UE y EE.UU. y en los foros multilaterales. 
Eso me lleva a otro punto importante de la asociación transatlántica. 
Sería triste, grave y una terrible paradoja que la aparición de Europa como actor global en un mundo multilateral coincidiera con un giro hacia el unilateralismo de algunos estadounidenses. 
Espero que eso no ocurra. Se invertiría la tendencia de los últimos 50 años. 
Me ha alentado mucho el compromiso de la nueva administración de mantener el papel vital de Estados Unidos en los asuntos mundiales. 
El Presidente Bush decidió hacer hincapié en este punto en su discurso inaugural, cuando manifestó, y cito literalmente: "Estados Unidos sigue comprometido con el mundo por historia y porque así lo elige". 
Evidentemente, estas esperanzas se vieron en cierto modo mermadas, como ha dicho la Sra. Ministra, por la posterior declaración de que la administración no tenía interés alguno en aplicar el Protocolo de Kyoto. 
Esto ha provocado consternación en Europa y en otros lugares, incluso en algunas partes de los Estados Unidos, pero, ciertamente, no debemos permitir que la decepción se convierta en una confrontación infructuosa. 
Es vital que convenzamos a Estados Unidos de que asuma y mantenga sus compromisos multilaterales y como mejor podemos contribuir a esto en la Unión Europea no es amonestando con el dedo ni moralizando, sino asumiendo nuestras responsabilidades y siguiendo adelante con nuestros propios compromisos a través de nuestra asistencia financiera y otros instrumentos políticos. 
Cuando Estados Unidos y la Unión Europea trabajamos conjuntamente, marcamos la agenda internacional. 
Si estamos divididos, la oportunidad del progreso internacional suele perderse. 
Seré breve porque sé que disponemos de un tiempo limitado, pero se podría hablar largo y tendido sobre la cooperación en seguridad y defensa como un elemento importante de nuestra asociación. 
Ha llegado el momento de que Europa asuma la parte que le corresponde de la carga de seguridad. 
Eso es todo lo que pretendemos: responder a las preocupaciones estadounidenses de que no estamos soportando nuestra carga. 
Como dijo de modo muy sucinto el Secretario General de la OTAN, Lord Robertson, el año pasado, no se trata de que Europa vaya sola sino de que Europa haga más. 
Una PESC eficaz y con los recursos apropiados permitirá a la Unión Europea hacer una mayor contribución a la seguridad transatlántica. 
Mi principal preocupación en este tema es que no cumplamos, no que el éxito europeo a la hora de cumplir contraríe a Estados Unidos. 
Permítanme que vuelva un momento a la comunicación relativa al refuerzo de la relación transatlántica, que se presentó antes de Semana Santa. 
En muchos aspectos, el método de trabajo conjunto que se diseñó en 1995 se adelantó a su tiempo, pero no nos dormimos en los laureles y quienes han añadido una dimensión parlamentaria tan importante a nuestra relación nos animarán, sin duda, a no hacerlo. 
Sería justo decir que a lo largo de los años la maquinaría de la cooperación se ha hecho mucho más compleja de lo que pretendíamos. 
Por tanto, es necesario que analicemos las estructuras y los procesos de cooperación, la arquitectura y la fontanería, si quieren, de nuestras relaciones, con el fin de que toda la maquinaría esté orientada tanto como sea posible a la acción y a la consecución de resultados. 
La arquitectura se define a partir de temas estratégicos que forman el núcleo de la agenda transatlántica. 
Es un núcleo grande porque la relación es muy amplia. 
Hemos identificado ocho temas estratégicos que van desde los desafíos que están surgiendo para la seguridad internacional, la globalización y el sistema multilateral de comercio hasta la economía digital y la lucha contra la delincuencia, pasando por cuestiones energéticas y relativas a protección del consumidor. 
Estos temas estratégicos no deberían verse como una selección de prioridades, sino como principios globales que seguirán siendo válidos durante varios años y constituirán un marco para abordar prioridades y asuntos específicos a más corto plazo. 
La parte de fontanería de la comunicación se refiere a las llamadas estructuras NTA y a la multitud de reuniones que se celebran dentro de ellas en el ámbito político y oficial. 
Nuestro mensaje es sencillo: menos reuniones, más sustancia y más liderazgo político. 
Las dos primeras ideas están ligadas a la última, pero queremos que los dirigentes políticos a ambos lados del Atlántico establezcan las prioridades y los retos que sus respectivas administraciones deberían abordar y que establecieran, así mismo, los plazos para alcanzar estos objetivos. 
Esto sólo se producirá cuando verdaderamente haya asuntos, lo cual sólo ocurrirá si hacemos que las reuniones se centren más en lo importante. 
Se trata de un objetivo ambicioso. 
El nuevo proceso de la agenda transatlántica es como un superpetrolero, o quizás sería mejor llamarlo un buque granelero de mercancías diversas: puede transportar una carga grande y variada todo a un mismo tiempo. 
Es necesario que su diseño sea eficiente, sencillo y robusto para garantizar una buena travesía y un mantenimiento mínimo. 
Como sus Señorías pueden comprobar, he pensado mucho en la industria de la construcción naval coreana últimamente y en sus repercusiones en el comercio global. 
El que está al timón no debería girarlo bruscamente de un lado a otro sino ajustar el rumbo con pequeños giros, bien medidos. 
Permítanme terminar por donde empecé. 
El vínculo transatlántico, en mi opinión, es nuestra relación más importante. 
Es importante para la Unión Europea y para los Estados Unidos y, de hecho, para el mundo. 
Evidentemente, no siempre estaremos de acuerdo en todo. 
No estoy pensando sólo en cuestiones comerciales, que deberían considerarse siempre desde la perspectiva más amplia de los colosales flujos comerciales, más de 1.000 millones de dólares EE.UU. al día, que benefician a ambas regiones, sino también en cuestiones más fundamentales como la protección medioambiental, de la que ha hablado la Sra. Ministra, y la pena capital. 
No hay respuestas fáciles, ni varitas mágicas que hagan desaparecer nuestras diferencias. 
Sin embargo, en esa amplia variedad de asuntos en la que Estados Unidos y la Unión Europea trabajamos conjuntamente fijamos entre nosotros la agenda internacional. 
Trabajando conjuntamente a ambos lados del Atlántico podemos promover nuestros intereses, los de nuestros países y sus ciudadanos, y contribuir, en un plano más general, a la seguridad global. 
Señor Presidente, éste es un debate importante en la coyuntura en que nos encontramos, tras los primeros meses de la administración de EE.UU., con la visita en junio del Presidente George Bush a Goteburgo y con las ideas iniciales de la Comisión acerca de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
¿Dónde estamos hoy? 
Tenemos ante nosotros una oportuna comunicación, que señala la amplitud y el desarrollo de la relación transatlántica desde la declaración de 1990 hasta la nueva agenda transatlántica de 1995. 
El conjunto de materias que contempla seguirá creciendo y probablemente asistiremos a una consolidación de ideas acerca del diálogo monetario y de otros aspectos. 
En segundo lugar, la comunicación recoge ideas sobre cómo hacer el proceso más eficaz. 
En tercer lugar, subraya la importancia de implicar a la sociedad civil y de crear enlaces parlamentarios. 
Pero creo que convendría que nos preguntáramos si estas perspectivas son realmente suficientes para los próximos años. 
Los intereses y preocupaciones económicos comunes tienen cada vez un carácter más global que bilateral, mientras la regionalización se ve cada vez más como una alternativa a la OMC y al multilateralismo. 
Los intereses en materia de seguridad de EE.UU. se están trasladando hacia el Pacífico, a pesar de que las ampliaciones de la UE y la OTAN vayan a exigir una dirección política transatlántica en los próximos meses. 
Es difícil definir conjuntamente intereses estratégicos comunes como, por ejemplo, Ucrania. 
A la vista de estos aspectos, mi Grupo considera la comunicación decepcionante. 
Se trata más de hacer un ejercicio de inventario que de fomentar una asociación transatlántica más amplia. 
En otras palabras, no está a la altura de las exigencias futuras de desarrollo de la asociación transatlántica. 
¿Por qué, por ejemplo, celebrar menos cumbres si va a ver más en lugar de menos cuestiones que tratar? 
¿Cómo se establecen prioridades en la agenda si ya se han fijado ocho temas estratégicos? 
¿Cómo se incluye al Congreso de EE.UU. y al Parlamento Europeo en este marco sin exponer ninguna idea para su inclusión? 
La comunicación menciona una Asamblea Interparlamentaria, pero no es eso, es una delegación que se ha convertido a sí misma en el Diálogo Transatlántico de Legisladores. 
Por tanto, para desarrollar la asociación transatlántica antes de 2004 necesitamos una mayor amplitud de miras. 
Es hora de alejarse de la mediocre idea del buque granelero; sospecho que en este momento haría falta algo más visionario. 
¿Por qué no podemos revitalizar el diálogo transatlántico en materia de negocios? 
Atraviesa dificultades. 
¿Por qué no pensar en una Cumbre Atlántica anual que reuniera a la UE, EE.UU. y la OTAN, dado que la política, la economía y la seguridad están cada vez más relacionadas entre sí? 
En segundo lugar, deberíamos seguir las ideas de la Declaración de Houston del Congreso de EE.UU. y del Parlamento Europeo para implicar a la comunidad parlamentaria en el proceso de la cumbre. 
Y, por último, y no por ello menos importante, deberíamos aprovechar la cumbre con George W. Bush para establecer una agenda para el período que va hasta 2004, para crear una asociación transatlántica más profunda y para conseguir los fines que tanto el Consejo como la Comisión han manifestado que desean lograr. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Vicepresidente de la Comisión, la relación trasatlántica ha jugado un papel fundamental y es un lazo básico para la paz y la estabilidad de nuestro continente y también en el mundo. 
Y eso ha ocurrido desde el final de la II Guerra Mundial hasta hoy. 
El Presidente Bush va a estar presente en la Cumbre de Goteburgo y yo espero, mi Grupo espera, que le comuniquen que nosotros, desde luego, creemos que el futuro de estas relaciones debe basarse en una relación entre iguales y nuestro diálogo tiene que ser franco y sincero. 
No digo brutal, pero debe expresar claramente nuestras preocupaciones que he visto reflejadas en ambos discursos. 
En un mundo cada vez más globalizado, el unilateralismo de que está haciendo gala la Administración Bush es un elemento preocupante. 
Su primera manifestación ha sido la negativa de los Estados Unidos a ratificar el Acuerdo de Kioto sobre el cambio climático. 
Pero ha habido otras iniciativas más recientes, por ejemplo la amenaza de retirarse de las acciones comunes de la OCDE en relación con los paraísos fiscales. 
Y entendemos que ese tipo de política choca frontalmente con la consecución de un orden internacional estable y seguro. 
En segundo lugar, creo también que debemos manifestar nuestra preocupación por el grado de unilateralismo que se está manifestando en relación con frentes que nos ocupan a ambos, como puede ser en este momento el proceso de paz en Oriente Próximo o, como es el enfriamiento por parte norteamericana del proceso de distensión de las dos Coreas. 
Quiero hacer referencia aquí a un proyecto, el de escudo antimisiles, que ha sido resucitado a partir de la antigua guerra de las galaxias y que es más preocupante porque puede afectar también a nuestra seguridad. 
Yo creo que tenemos que decir claramente a nuestros amigos estadounidenses que para conseguir más seguridad en el mundo, lo que hay que hacer es luchar contra la pobreza, luchar contra la inestabilidad en los países pobres y no construir nuevas murallas entre ricos y pobres; y lo único que se hace, desde luego, si se crean escudos antimisiles es tener más misiles, es decir, ir en contra de todos los esfuerzos realizados desde el Tratado ABM de reducción del armamento misilístico en el mundo. 
Otro punto que también creemos que debe mencionarse a nuestro aliados estadounidenses es que en relación con la ONU tenemos que actuar conjuntamente, pero no a través de medidas unilaterales. 
Y lo digo porque, concretamente en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, hay que partir de un hecho: que todos los países concurrimos a una elección y una veces es elegido uno y otras otro, y no se pueden plantear medidas de retorsión como la posible suspensión de una deuda ya vencida y que ha sido unilateralmente reducida. 
Por último, señor Presidente, hace dos semanas tuve la oportunidad de dirigir una visita de mi Grupo al Congreso en Washington. 
Creemos que, aparte de lo que nos digan, tenemos nosotros también que hablar directamente. 
La visita fue muy positiva: pude hablar ante la Subcomisión de Asuntos Europeos de la Cámara de Representantes, tuvimos un diálogo como debe ser: franco, directo y en algunos momentos duro, pero creemos que ese es un elemento también que debe formar parte de nuestro futuro. 
Y, en este sentido, señor Presidente, quiero concluir diciendo que mi Grupo lamenta que, en el último momento- y eso le afecta a usted como ponente de la Comisión Echelon- las autoridades americanas no hayan sido capaces de confirmar una cita que es importante también para mantener y generar la confianza entre nosotros. 
Señor Presidente, he escuchado con gran interés la larga y sostenida metáfora de los barcos del Sr. Comisario, que puede ahora declararse un experto en cuestiones marineras. 
Sea su buque granelero o la lancha motora que recomienda el Sr. Elles, yo creo que la idea del Sr. Comisario de profundizar en la relación y de darle un carácter más estratégico- a pesar de que se discuta sobre los detalles- ha de acogerse, en términos generales, de forma muy favorable. 
Mi Grupo respalda en general la resolución, por lo que no repasaré los temas. 
Estoy de acuerdo con las observaciones de algunos colegas que expresan sus temores a una tendencia hacia el unilateralismo, en determinados casos, con algunas de las cosas que se han dicho sobre el comercio bilateral frente al multilateral y sobre las cuestiones de Kyoto, el Comité Echelon, la pena de muerte, etcétera. 
Quisiera hablar un poco de cuál debería ser nuestro papel en tanto que parlamentarios. 
Hemos desarrollado tanto informal como formalmente un diálogo considerable con partes del legislativo estadounidense, pero, como proceso parlamentario, sigue estando por debajo de lo que sería óptimo. 
Tenemos que trabajar mucho más. 
Nuestra gran contribución como parlamentarios a la calidad de este diálogo residirá en mejorar la calidad de la relación, en especial con nuestros homólogos del Congreso de EE.UU. Me parece que nuestro cometido a este respecto, tanto en Washington DC como en Estrasburgo y Bruselas, es establecer el terreno de juego en el que puedan realmente jugar los Lamys y los Zellecks- u otros, dependiendo de si se trata de temas de seguridad y defensa o de lo que fuera. 
Porque está claro que el Congreso tiene, sin duda, una influencia fundamental en el papel del ejecutivo de EE.UU., y que aquí nuestra influencia en el ejecutivo es creciente, aunque sigamos lamentando el sistema de pilares que nos margina en aspectos como la política exterior o la lucha contra la delincuencia, entre otros. 
Pero tenemos un papel y es necesario que trabajemos más en él como contribución parlamentaria única al terreno de juego en el que los ejecutivos han de desarrollar sus funciones. 
En ese sentido, me gustaría comprometer mi tiempo y el de mi Grupo a trabajar por esto. 
La segunda cuestión que quisiera mencionar se refiere a la globalización: hemos constatado el efecto esclerótico de que el Congreso o nosotros legislemos primero y nos demos cuenta después de que los extremos no concuerdan. 
Es necesario, en el contexto global, insistir en una regulación apropiada, pero también intentar descubrir como parlamentarios de qué se trata. 
¿Es lex lata o lege ferenda? 
¿Autorregulación o co-regulación? 
Tenemos que buscar algún grado de creatividad legislativa, para que no se produzca esta disfunción esclerótica: querer hacer lo correcto y, sin embargo, por azar, llegar a otra controversia. 
Por último, deberíamos relativizar las controversias, como ha intentado hacer el Sr. Comisario. 
Incluso los plátanos, Boeing, la carne de vacuno, etc. no representan más de un 2% del flujo del comercio transatlántico. 
Son, desde luego, una prioridad pero no reflejan toda la situación y debemos centrarnos en toda la situación. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, parece que las relaciones transatlánticas han derivado hacia una situación difícil. 
Creo que se podría hablar incluso de una especie de crisis. 
En mi opinión, es muy plausible lo que dijo la Sra. Ministra Lind en cuanto a que nosotros podemos expresar nuestras críticas siempre que exista una causa para ello. 
En otras ocasiones, cuando sea el caso, seguro que podremos tomar ejemplo de los Estados Unidos, así que no se trata de una actitud antiamericana por principio, sino de un debate exhaustivo. 
A mí me parece que lo que más une a la Unión Europea y a los Estados Unidos es que juntos tenemos en gran medida la responsabilidad sobre el desarrollo a nivel mundial, puesto que ambos somos los mayores bloques comerciales del mundo. 
Creo que nuestras relaciones transatlánticas deberán encargarse en adelante de encontrar soluciones a los problemas derivados de la desigualdad social existente en el mundo y de buscar conjuntamente instrumentos para el desarrollo sostenible. 
En este sentido, debemos dar las gracias al Consejo y a la Comisión por la carta que el Primer Ministro, Sr. Persson, y el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, enviaron durante la Cumbre de Estocolmo al Presidente de los Estados Unidos, en la cual resaltaban la importancia del Protocolo de Kioto y señalaban de forma especial que la política medioambiental del Protocolo de Kioto es parte esencial- y no secundaria- de nuestra concepción de las relaciones transatlánticas. 
Ésta es mi libre interpretación de este asunto. 
Tras la excelente comparación del buque cisterna que hizo el Sr. Comisario, yo también quiero seguir en una línea similar. 
Se podría muy bien pensar que nuestro buque cisterna debiera contar con la técnica más ecológica del mundo y, como dijo el Sr. Cox, al menos con casco doble y con un motor de gran potencia alimentado por la energía más limpia: ¡preferiblemente energía solar, si es posible, señor Comisario! 
También quisiera decir que si Estados Unidos quiere convertirse en el último museo al aire libre de la técnica vieja, o sea, museo al aire libre de la "vieja" técnica, dado que se niega a desarrollar soluciones respetuosas con el clima, cosa contra la que no podemos hacer nada, la Unión Europea debe, a pesar de ello, convertirse en la zona pionera a nivel mundial en este aspecto, y podremos, no obstante, invitar a Estados Unidos a participar en esta política climática, que también se presta a hacer buenos negocios. 
Quisiera decir todavía un par de cosas sobre la política en materia de seguridad. 
Mi Grupo está muy preocupado por la intención de Estados Unidos de usar recursos mundiales para la construcción de un sistema de escudos antimisiles. 
Nosotros creemos que esto probablemente incrementará las amenazas a nivel mundial y que la Unión Europea debería abstenerse de participar en ello, convenciendo, en cambio, a Estados Unidos de que la seguridad mundial será fomentada mediante soluciones basadas en el impulso mundial del desarrollo sostenible tanto a nivel ecológico, como a nivel social. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, creo que nos encontramos en un momento decisivo de las relaciones transatlánticas. 
Existe, primero, la herencia de la era Clinton. 
Además de las serias desavenencias comerciales- el conflicto emblemático del plátano, el de las bueyes tratados con hormonas, el de los OMG y una decena de otras desavenencias que están siendo examinadas o que ya han sido examinadas en el marco de la OMC -, Washington había ido acumulando, estos últimos años, señales de una posición unilateralista y de un complejo de superpotencia. 
Oposición al tratado por el que se prohiben las minas antipersona, oposición a la Carta sobre los derechos del niño, oposición a la creación de un Tribunal Penal Internacional, que un día podría tener que juzgar a un ciudadano norteamericano, descaro político y chantaje financiero con respecto a las Naciones Unidas, bloqueos económicos y operaciones militares que violan el Derecho internacional, el caso Echelon, el plan Colombia, y me quedo corto. 
Además, no ha sido posible el diálogo con nuestros interlocutores del otro lado del Atlántico sobre opciones de civilización, repulsivas para los europeos, como la pena de muerte o el rechazo al acceso universal de los medicamentos contra el sida. 
Es preciso comprobar, no obstante, que las primeras decisiones de la administración Bush son aún más graves de lo que se había conocido hasta ahora. 
Ya resultaba bastante preocupante oír a la consejera del nuevo presidente sobre cuestiones de seguridad, la Sra. Condoleezza Rice, al dar una idea de su concepción de la nueva división del trabajo entre norteamericanos y europeos para mantener la paz en los Balcanes, subrayando con tanta perspicacia como elegancia, la cito: "no les toca a los norteamericanos llevar los niños a la guardería". 
Pero al poner en tela de juicio el Protocolo de Kioto y al apoyar el escudo antimisiles, hay que hablar francamente de irresponsabilidad, y no sólo frente a Europa, sino a toda la humanidad. 
Ante esta escalada, ¿estamos condenados a protestar para cumplir, y adaptarnos, finalmente, por razones de realismo? 
No lo creo. 
Una Europa abierta al diálogo, pero firme en los principios de una comunidad internacional civilizada y responsable, encontrará aliados en la opinión pública de los cinco continentes y hasta en el Congreso de los Estados Unidos, así como en muchos de los propios Estados. 
No se trata, naturalmente, señor Comisario, de desarrollar no sé qué tipo de antiamericanismo o de retórica agresiva contra un socio indispensable en el mundo actual, pero, por lo menos, debemos afirmar una voluntad política clara en un frente unido formado por los Quince respecto a objetivos capaces de responder a las expectativas no sólo de los europeos, sino de todos aquellos que, en todo el mundo, aspiran a liberarse del orden unipolar que los cerca cada vez más. 
Tenemos que abordar la cuestión de las relaciones transatlánticas entre la Unión Europea y los Estados Unidos en un marco de redefinición estratégica por parte de la administración norteamericana. 
Es normal: las elecciones en aquel país llevaron al poder a un nuevo presidente y una nueva administración y nuestra obligación es estar atentos a las señales que nos llegan del otro lado del Atlántico. 
El rasgo fundamental que, a nuestro juicio, diferencia el Gobierno actual del anterior, en materia de política exterior, se centra en un regreso a la prioridades de consolidación y desarrollo de sistemas de alianzas con todos aquellos que revelen voluntad de actuar en sintonía con los norteamericanos, substituyendo el modelo que consistía en actuar a partir de un multilateralismo basado en un proceso de negociación permanente, con vistas a crear y formular reglas, normas y valores multilaterales y universales inspirados, claro está, en las instituciones norteamericanas. 
Ahora no es oportuno aquí analizar las consecuencias prácticas en el plano militar, diplomático y económico que este regreso a las concepciones geopolíticas más tradicionales por parte de los Estados Unidos entrañan. 
Pero tengamos presente que la concepción de una administración democrática indujo a un activismo voluntarista que tuvo como consecuencia una responsabilización y una participación cada día más intensa en los detalles de la gestión casi cotidiana de las crisis en cualquier parte del mundo, concepción que se está- nos parece- abandonando. 
Ahora bien, la revisión de esa concepción intervencionista nos mueve a convenir con la Comisión y con el sentido estratégico de su documento "Un nuevo impulso a las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea". 
En efecto, ahora de lo que se trata para la Unión Europea es de aprovechar la llegada al poder de un nuevo Gobierno americano para revisar la forma como se gestionan las relaciones transatlánticas y fijar prioridades estrictas a fin de que el nuevo programa transatlántico sea más productivo y constructivo en cuanto a los resultados concretos. 
Como la Comisión, nosotros también pensamos que los dirigentes de la Unión deben entenderse sobre un número más conciso de dossiers estratégicos. 
Deben también garantizar un nivel elevado de compromiso político a fin de evitar que el proceso de relación se vuelva demasiado burocrático y pesado. 
Cuántas veces la mera celebración de reuniones y cumbres frecuentes, con programas de trabajo recargados, conduce simplemente a la dilución de los intereses y la falta de visión y objetivos claros. 
Apostemos, pues, por una cooperación transatlántica renovada, en la que la Unión Europea y los Estados Unidos puedan dedicarse eficazmente, en conjunto y con ventajas mutuas, a la tarea de afrontar los diversos imperativos mundiales en que, inevitablemente, están empeñados. 
Señor Presidente, una espesa tormenta se avecina en el Atlántico. 
No sólo pienso en la escalada de violencia de que se nutre la sociedad norteamericana, y cuyo ritmo de ejecuciones a la pena capital es sólo un síntoma más. 
En realidad, esta sociedad basada en un genocidio y cuyos valores retroceden ante la ley de la selva bautizada como "liberalismo", sólo puede vivir en medio de la violencia, y eso, finalmente, no es asunto nuestro. 
En cambio, lo que sí es asunto nuestro es la costumbre de la política norteamericana de hacer lo que quiera donde sea y de liberarse de todas las normas internacionales, incluyendo las que impone a los demás. 
Me refiero a los acuerdos de Kioto. 
Tampoco hay que olvidar la negativa de Washington a firmar el acuerdo sobre las pruebas nucleares, que para los Estados Unidos es válido para todos los Estados salvo para el suyo, y tantos otros acuerdos que demuestran que Washington quiere atar a los Estados de todo el planeta sin sentirse obligada a nada. 
Pensamos también en el escandaloso expediente Echelon, que demuestra que Big Brother, es decir, el Gran Hermano, ¿verdad? , quiere vigilar todo el planeta, pero no acepta el más mínimo derecho de fiscalización, como lo demuestra la insolente y escandalosa acogida que recientemente ha recibido nuestra comisión de investigación sobre esa red que ha llevado al límite su potencia imperial. 
Lo peor es que somos como un conejo fascinado por la boa o la serpiente que va a morderlo y que seguimos esta política imperial. 
Tengo la esperanza de que Francia resista a este servilismo general del universo. 
Señor Presidente, creo que hoy podemos decir que la historia se conjuga en presente y que en este presente histórico que nos ha tocado vivir, la Unión Europea y Estados Unidos se configuran como dos actores principales. 
Partiendo de que lo que nos une es mucho más de lo que nos separa, es evidente, y lo han reconocido tanto la Comisión como el Consejo, que hay una serie de puntos donde existe una discrepancia, y creo que para eso es para lo que tiene que servir precisamente el diálogo transatlántico. 
Tenemos que hablar del Protocolo de Kioto, del escudo antimisiles- que no sólo va a afectar a nuestra seguridad sino también a nuestros bolsillos -, del tema de la pena de muerte, del tema de la droga- en que creo que tenemos que actuar con pleno respeto del Derecho internacional y asumir este problema desde un régimen de responsabilidad compartida -, del tema de la globalización- siguiendo la terminología utilizada por el Sr. Comisario. 
Yo diría que Estados Unidos y Europa tienen una gran responsabilidad para que este barco produzca muchos menos náufragos que tripulantes. 
Y debemos poner el acento también en el desarrollo del comercio y saludar esta iniciativa de Estados Unidos de la Cumbre de Quebec de creación de una zona de libre comercio para "las Américas" y felicitarnos por el hecho de que hayan descubierto que esta iniciativa comercial debe tener un sustrato y una base democráticos, como nosotros hemos puesto de manifiesto a través de nuestros acuerdos de cooperación con terceros países que, como veíamos ayer, en la Comisión de Asuntos Exteriores con el Sr. Patten, incluyen una cláusula democrática y tienen ya una tradición de diez años. 
Quisiera solamente interesarme por un aspecto, señor Comisario, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, y es el de saber si la Administración Bush va a seguir la práctica que había venido siguiendo la Administración Clinton de exonerar a las empresas europeas de la aplicación del Título III de la ley Helms-Burton y si este asunto va a ser abordado en la Cumbre transatlántica. 
La Declaración de Bonn tuvo una acogida de lo más favorable porque comprometía a la Unión Europea y a los Estados Unidos en una asociación plena y en pie de igualdad, y, sin duda, la UE y EE.UU. son socios a la vez que competidores, especialmente en cuestiones comerciales. 
Es importante subrayar la importancia de la relación económica que supone en la actualidad 2.000 millones de dólares EE.UU. al día, pero donde hay competencia hay inevitablemente áreas de conflicto y fricción y parte de la naturaleza de la relación es intentar contener esa fricción. 
Me gustaría citar un documento de la Comisión sobre el modo de evitar o reducir nuevas disputas comerciales. 
Dice que deberíamos consultar antes de legislar, negociar antes de litigar, compensar antes de tomar represalias y cumplir en cualquier caso. 
Puede que sea un objetivo ambicioso pero al merece la pena aspirar. 
Quisiera comentar también la muy bien acogida declaración del Sr. Comisario Patten de que no ve ninguna conexión entre la condición de europeo y el anti-americanismo. 
Tiene toda la razón. 
Ser europeo significa también englobar generosamente nociones de otras personas muy distintas de las nuestras. 
Existen, sin duda, importantes disputas comerciales pendientes, en particular la referida al impuesto sobre ventas en el extranjero, y fue preocupante, por no decir más, que el último discurso del Presidente Clinton antes de dejar el cargo recogiera algunas amenazas apenas veladas sobre el futuro del negocio de Airbus y una posible disputa. 
Por último, quisiera elogiar la parte de la resolución que acoge favorablemente el Diálogo Legislativo Transatlántico al que este Parlamento ha concedido tanta importancia y espero de veras que deseemos que continúe y que se fortalezca como parte de un diálogo constructivo y amistoso. 
Señor Presidente, este debate se inició con el rechazo por EE.UU. del Protocolo de Kyoto. 
Por tanto, yo acojo favorablemente el firme tono de la resolución que hemos acordado sobre este punto. 
Pero necesitamos algo más que palabras. 
Queremos que la Comisión estudie posibles acciones de la UE en respuesta a una negativa continuada de EE.UU. a hacer frente al cambio climático, incluyendo medidas en el seno de la OMC, basadas en que, al no internalizar sus costes de energía externos, los productos de EE.UU. están recibiendo una ayuda estatal desleal que va contra las reglas del comercio mundial. 
Pero no se trata sólo de Kyoto. 
Fijémonos también en el intento de acabar con el Tratado de Misiles Antibalísticos. 
Este sistema, "hijo de la Guerra de las Galaxias", amenaza con una nueva carrera de armamentos. 
Pedir a EE.UU. que consulte antes de seguir adelante no es suficiente. 
Tenemos que dejar muy claro que la UE insta a EE.UU. a abandonar esta iniciativa y se compromete ella misma y sus Estados miembros a no tomar parte en este proyecto a ningún nivel. 
Si EE.UU. gastara sólo una parte de los recursos que actualmente destina a defensa con misiles a defenderse a sí mismo del cambio climático, el mundo sería un lugar mucho más seguro. 
Señor Presidente, Señorías, el representante americano en las negociaciones, Sr. Zoelleck, transmitió a esta Asamblea a través de las comisiones competentes, por intermedio del grupo de enlace, una oferta formulada con palabras claras, pero también positiva. A saber, que elaboremos conjuntamente una política comercial abierta con el fin de aumentar el bienestar en todo el mundo, incluidos los países en desarrollo. 
Yo creo que debemos aceptar esa oferta y considerar la política comercial como una oportunidad para ampliar el conjunto de las relaciones transatlánticas. 
Todos tenemos claro que la OTAN deberá seguir contribuyendo de manera muy importante a garantizar la defensa colectiva de Europa aún durante un largo tiempo. 
A partir de 1990 se ha perdido, además, por razones comprensibles, la conciencia de una seguridad común. 
Por esto tenemos que procurar fortalecer las relaciones entre los Estados Unidos de América y Europa en todos los demás ámbitos de la política. 
Debemos aceptar esa oferta del Gobierno de los Estados Unidos. 
A la vez también deberíamos seguir ampliando las oportunidades de contacto entre nuestra Asamblea y el Congreso americano, en la medida en que podamos contribuir a ello. 
Basta recordar las dificultades que hemos tenido en los últimos años en el ámbito de la protección de datos debido a la ausencia de unas normas concertadas conjuntamente para unos sectores económicos de alcance mundial, para comprender cuanto camino le queda aún por recorrer al diálogo transatlántico entre los legisladores, por ejemplo. 
Permítanme, finalmente, unas reflexiones sobre un último aspecto: los Estados Unidos son ahora la única superpotencia del mundo y abordan los problemas de política exterior justamente como tal potencia mundial. 
Definen su relación con Rusia desde la perspectiva de esta posición global, mientras que los europeos la contemplamos desde la perspectiva de nuestra posición regional y también en el contexto del proceso de ampliación. 
Esto no nos debe llevar a desperdiciar la oportunidad de impulsar enfoques estratégicos conjuntos en esa región. 
Yo tengo la impresión de que en las últimas semanas no hemos desarrollado una política común en relación con Ucrania. 
La destitución del gobierno prooccidental y su relevo por Chernomirdin en calidad de gobernador, bajo la denominación de embajador en Kiev, demuestran que cometimos algunos errores estratégicos que no debemos subestimar, pero que no se han debatido- y yo lo lamento- ni siquiera en el Consejo de Asuntos Generales de esta semana. 
Señor Presidente, volviendo a las palabras del presidente nuestro Grupo, el Sr. Barón Crespo, quisiera hacer algunas observaciones sobre los aspectos de seguridad internacional en el marco del diálogo transatlántico ecuánime. 
En primer lugar, quiero decir que nuestro Grupo Socialista se muestra preocupado y está en contra de los planes unilaterales del presidente Bush de invertir miles de trillones por medio del "missile defence system" en la industria de armamentos de alta tecnología porque de esta forma no sólo pone en peligro el Tratado ABM sino que además puede provocar una nueva carrera armamentista. 
Para nosotros es primordial que se evite una carrera armamentista y por eso abogamos por acuerdos y cooperación multilaterales, y apoyamos una ONU reformada. 
Queremos que Europa y los Estados Unidos colaboren en este campo. 
Las acciones unilaterales de Europa o de los Estados Unidos constituyen un anacronismo en una época en que tenemos que asumir nuestra responsabilidad compartida en nuestra "global village". 
Es justamente esa responsabilidad conjunta la que nos lleva en Europa a compartir y a asumir la responsabilidad en el marco de la OTAN, a través de la fuerza de intervención rápida y sufragando el 80% de los gastos de reconstrucción de los Balcanes. 
A cambio pedimos a los EEUU que colaboren en la prevención de conflictos, en la ayuda al desarrollo y que paguen su contribución a la ONU, ya que como socialdemócratas creemos que unos 100 conflictos en nuestra aldea global tienen su origen en la pobreza, el subdesarrollo y los problemas étnicos. 
El mejor escudo para obtener seguridad es la lucha contra la pobreza. 
Esa lucha es la mejor garantía contra el terror integrista de carácter étnico o religioso, contra los señores de la guerra y contra los estados terroristas. 
Estamos faltos de un nuevo pensamiento global en materia de seguridad y esperamos que la Comisión y el Consejo den prioridad a este pensamiento en un diálogo franco, abierto y ecuánime con el presidente Bush. 
Ese es el camino que nosotros quisiéramos que se escogiera. 
Señor Presidente, la relación transatlántica entre la UE y los EEUU es de una importancia crucial. 
Somos los mayores socios comerciales del mundo y si colaboramos podemos ser decisivos en las cuestiones comerciales internacionales. 
Ahora que Europa está en el camino de crear mayor unanimidad en sus relaciones con el exterior y en el ámbito de la seguridad, la necesidad de colaborar se hace aún mayor. 
Esta colaboración es también decisiva en ámbitos como la protección medioambiental y la limitación de las emisiones de dióxido de carbono. 
En los periódicos neerlandeses se publicó un llamamiento en forma de carta al presidente Bush del "segmento de la industria americana que genera beneficios", como lo llamaba el autor mismo, para que éste no sólo escuchara a las empresas ineficientes cuando se trata de tomar decisiones medioambientales. 
Las empresas se hacen más innovadoras cuando hay una legislación medioambiental rígida, empiezan a invertir más en tecnologías nuevas y se vuelven más eficientes. 
El Sr. Zoellic manifestó ayer durante el almuerzo Kangaroo que, en su opinión y en la de su gobierno, no hace falta que cada problema del sector privado sea solucionado por el gobierno. 
Combinando ambas cosas, quizá sea posible llegar a nuevos acuerdos con los EEUU. 
No importa si ese acuerdo lleve el nombre de Kioto o de Nueva York, pero lo que sí importa es que trabajemos juntos. 
Quisiera abordar una última cuestión, que es el tema de las relaciones parlamentarias. 
Desde hace algunos años nos alegramos de tener cada vez mejores relaciones bilaterales. 
Empezó a funcionar también el "Legislators Dialogue" que iba dando sus frutos. 
Sin embargo, desde que el nuevo Congreso se ha constituido con todos los cambios personales que eso conlleva, parece que hay problemas para establecer el contacto. 
Parece que se ha borrado la memoria colectiva por parte americana y tenemos que empezar partiendo de cero. 
Esto es aún más lamentable porque los conflictos comerciales se pueden evitar perfectamente a través del sistema "early warning" dentro del TABD y el "Legislators Dialogue". 
No obstante, todavía es prematuro mostrarnos preocupados. 
Quisiera que se viera mi observación dentro del sistema europeo de "early warning". 
Hay un piloto encendido aunque todavía no es de color rojo. 
Pero ¿qué va a pasar en un mundo en que la palabra y la firma de una superpotencia se convierte en papel mojado? 
Señor Presidente, me concentraré en un tema, en el medio ambiente. 
Cabe preocuparse por la cooperación entre la UE y EE.UU. en este campo. 
Aprecio la claridad demostrada en esta materia por la Presidencia sueca en la parte inicial de este debate. 
Los expertos están cada vez más de acuerdo sobre los problemas relativos al cambio climático y sus consecuencias. 
Además, está totalmente clara la responsabilidad del mundo rico para alcanzar acuerdos internacionales mediante la ratificación del Protocolo de Kioto. 
EE.UU. tiene una responsabilidad particularmente grande, puesto que es el mayor emisor del mundo. 
La pregunta es qué se puede hacer. 
¿Desembocará nuestra actitud en una posición claramente antianorteamericana? 
No ¡por supuesto que no! 
Sin embargo, debemos seguir siendo sinceros y claros cuando dialoguemos con EE.UU. sobre estos asuntos. 
El hecho de que EE.UU. no ratifique no debe impedirnos seguir avanzando. 
Tenemos que ponernos a la vanguardia mundial de las ratificaciones y continuar el diálogo con EE.UU. para que vuelva a participar en el futuro. 
Ésta debe ser nuestra postura. 
La Cumbre de Goteburgo es una estupenda ocasión para discutir estos temas. 
Además de la visita del Sr. Bush, el tema principal de la Cumbre es el desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, el diálogo transatlántico se debe ampliar también al ámbito de la política global de transportes, ya que tanto los Estados Unidos como también los europeos tenemos una responsabilidad especial en lo que se refiere al aumento de la seguridad aérea y marítima, una mejor protección del medio ambiente y el establecimiento de unas condiciones equitativas en materia de competencia y control de los monopolios. 
Nuestro primer objetivo ha de ser desarrollar un mercado transatlántico en el sector del transporte- tanto el aéreo como el marítimo -, mediante unas normas armonizadas y razonables, e intentar conseguir, además, unas normas globales basadas en disposiciones armonizadas elaboradas conjuntamente por los Estados Unidos y los europeos, en relación con el nivel de ruido de los aviones, por ejemplo. 
No debemos volver a tener un conflicto con los americanos a causa de los aviones equipados con sistemas de reducción del ruido (hushkitted airplanes) , sino que tenemos que procurar adelantarnos a adoptar activamente disposiciones conjuntas en materia de protección medioambiental y de seguridad. 
Esto no es sólo tarea de la Comisión y del Gobierno americano, sino que debemos intentar organizar conversaciones técnicas entre los expertos en transporte del Congreso americano y del Parlamento Europeo, en el marco del diálogo transatlántico interparlamentario, con objeto de evitar que intervengan presiones políticas entre las administraciones o del propio Gobierno, como resultado de la acción de los grupos de presión. 
Tenemos que luchar conjuntamente para mejorar la protección medioambiental y la seguridad. 
Esto beneficiará mucho a nuestra población, evitará conflictos entre los Estados Unidos y Europa, y puede servir de base para una solución común a escala mundial. 
Señor Presidente, nuestro debate sobre el estado del diálogo transatlántico me parece totalmente oportuno. 
No tengo necesidad de recordar lo crucial que resulta este diálogo en la perspectiva de una cooperación entre socios iguales, entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea. 
Dicho diálogo permite abordar nuestras desavenencias, solucionar algunas de nuestras antiguas querellas comerciales- pienso, en particular, en el caso del plátano, que, por fin, resolvimos hace algunas semanas-. 
Desearía insistir en la cuestión de la defensa europea, punto que me parece de mayor importancia en la medida, concretamente, en que debemos enfrentarnos a una nueva administración norteamericana, que ya ha mostrado sus proyectos en materia de defensa. 
Es evidente que la administración del Presidente Bush resulta mucho más desconfiada que la del Presidente Clinton con respecto a la PESD, pero esto no sorprende: la Unión ha necesitado varios años para explicar sus objetivos, concebir sus medios y convencer a su aliado norteamericano de que la defensa europea podía desarrollarse junto a la OTAN. 
Hoy debemos conservar a toda costa este logro del diálogo transatlántico. 
El concepto de aliado no debe ir sólo en un sentido. 
Creo que si bien la Unión ha demostrado una perfecta transparencia en su presentación de la PESC, y luego de la PESD, en los Estados Unidos, conviene, además, decir claramente que los Estados Unidos deben consultar a sus aliados sobre cualquier proyecto de envergadura, y el proyecto del escudo antimisiles es uno de éstos. 
En cuanto a la política europea de defensa propiamente dicha, debemos expresar con firmeza, como siempre lo hemos hecho, lo que queremos, y no relacionar sistemáticamente cualquier cuestión de defensa europea con la reacción de la OTAN. 
La Unión siempre ha hecho hincapié en la complementariedad de la acción europea con respecto a la Alianza, en particular en lo referente a las misiones de Petersberg. 
No se trata en este caso ni de competencia ni de liberación de un compromiso, sino de unión. 
. (SV) Señor Presidente, seré muy breve ya que me doy cuenta de que el Parlamento tiene otras cosas que hacer. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Barón Crespo en que la UE y EE.UU. tienen una responsabilidad global compartida en la lucha contra la pobreza y en pro de la distensión y el desarme. 
La discusión sobre la defensa estadounidense con misiles seguramente continuará. 
La Cumbre de Goteburgo será una excelente ocasión para demostrar en qué puntos estamos de acuerdo, por ejemplo en los Balcanes y en Oriente Medio, y en cuáles no, ya sea que se trate de las actuaciones unilaterales en la ONU, de las contribuciones a ese organismo, del Protocolo de Kioto o de asuntos medioambientales. 
Sin embargo, para intentar convencer a EE.UU. en los puntos en que no estamos de acuerdo, no basta con los contactos con la nueva administración. Se necesitarán también contactos con el congreso estadounidense. 
Le deseo éxito al Parlamento en sus contactos con el congreso de EE.UU. 
He recibido seis propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
VOTACIONES 
. (EN) Hay dos enmiendas que nos atañen en relación con el control del estado de los puertos. 
Podemos aceptar parcialmente ambas enmiendas 1 y 2 con las reservas que se establecieron en la sesión plenaria. 
El Sr. Watts ha pedido hacer uso de la palabra. 
Señor Presidente, agradezco al Sr. Comisario que haya señalado el apoyo de la Comisión, en principio, a las dos enmiendas presentadas en el pleno de hoy. 
Pero quisiera una aclaración acerca de la enmienda 1. 
Aunque, en principio, la Comisión dice que apoya nuestra demanda de instalación de registros de datos del viaje, o "cajas negras", en todos los barcos, ¿puede confirmarme que se refiere no sólo a los barcos nuevos sino también a los existentes y a los viejos? 
Es una aclaración importante. 
Agradecería que el Sr. Comisario se pronunciara sobre esta cuestión concreta. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación de las propuestas de la Conferencia de Presidentes sobre el calendario de períodos parciales de sesiones del Parlamento Europeo para 2002. 
Señora Presidenta, aprecio la táctica, pero ¿no sería más democrático si esperara usted a que todo el mundo entrara, se sentara y participara en esta votación? 
Es la última programada para hoy y no es una coincidencia que se haya realizado fuera de lugar. 
No, señora Doyle, ¡no es la última votación de esta mañana! 
Y lamento, en efecto, el hecho de que no todos nuestros colegas hayan considerado oportuno escuchar la excelente alocución del Sr. Schuster. 
Pero no importa, sean, de todos modos, bien recibidos. 
Antes de la votación del bloque 1 del Sr. Posselt, entre otros: 
Señora Presidenta, esta votación es muy importante, pues las minisesiones plenarias son ilegales tras la supresión las sesiones de los viernes. 
En efecto, si no es necesario celebrar las sesiones de los viernes, tampoco debe ser necesaria ninguna sesión suplementaria. 
Por lo tanto, es muy importante que la votación se realice por partes y que rechacemos cada minisesión plenaria por separado. 
Antes de la votación del bloque 2 del Grupo Técnico de Diputados Independientes: 
Señora Presidenta, siempre que se presentan enmiendas se menciona el nombre del autor. 
Tratándose de un grupo técnico, desearía que el Pleno supiese que estas dos enmiendas, estos dos bloques de enmiendas, han sido presentados por los siete diputados radicales del grupo. 
Gracias por esta precisión. 
Después de la votación: 
Señora Presidenta, ya que durante dos años seguidos se ha comprobado cómo la mayoría del Parlamento no desea que el viernes se incluya dentro del calendario de sesiones de Estrasburgo, quiero pedirle que el próximo año presente un plan de sesiones en el que el viernes no esté incluido. 
Me parece que tal cosa sería compatible con nuestra democracia en esta Asamblea. 
Gracias, señora Thorning-Schmidt. 
La Conferencia de Presidentes tomará la decisión que estime oportuna. 
Debo reunirme con el presidente eslovaco, pero las votaciones continúan. 
. (FR) La única razón por la cual hemos votado a favor de esta propuesta de reglamento es evitar que un rechazo de la misma favorezca a quienes se oponen incluso a esta ayuda mínima a los países pobres. 
Dicho esto, se trata de propuestas insuficientes, cínicas e hipócritas. 
El hecho de pretender, por ejemplo, que estas ayudas sirvan para "contribuir a la seguridad alimentaria mundial" y para "responder a las situaciones urgentes en materia alimentaria", cuando varios centenares de millones de personas del planeta se encuentran en situación de emergencia o incluso de extrema pobreza- debido esencialmente a los saqueos llevados a cabo en el pasado por las potencias europeas, representadas aquí en el Parlamento -, tiene como objetivo liberarse de toda culpa, sin hacer mayores esfuerzos. 
Recomendación Ludford (B5­340/2001) 
. (FR) Aunque esta propuesta sea una simple toma de posición que no establece la manera de imponer sus recomendaciones, hemos votado a favor puesto que el racismo, la xenofobia y el antisemitismo se cuentan entre las peores formas de barbarie que se extienden en la sociedad actual. 
Nuestro voto expresa, asimismo, nuestra solidaridad con todos aquellos que luchan in situ, así como con aquellos que son víctimas de esta plaga, en particular en el territorio de la Unión Europea, que tiene el triste privilegio de haber engendrado las formas más abyectas de la misma y que aún hoy sigue afectándola. 
Espacio de libertad, seguridad y justicia (B5-­339/2001) 
. (FR) La propuesta de recomendación sobre la posición de la Unión Europea en la Conferencia mundial contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia contiene varios puntos positivos. 
Pero en Europa "no hay margen para la autocomplacencia". 
En efecto, 50 años después del Holocausto, algunos países miembros participaron activamente en el genocidio de Rwanda... y de numerosas minorías europeas, del mismo modo que hoy se persigue a los cíngaros. 
Los siglos de esclavitud y de colonización pesan mucho en la historia de los países miembros. 
No obstante, continúa la explotación y la dependencia de muchos países y las políticas en materia de inmigración son preocupantes. 
Ya hemos tenido la ocasión de expresarnos al respecto. 
El hecho de convertir en criminales a los inmigrantes constituye un verdadero escándalo contra personas que huyen de la opresión política o económica. 
Si se quiere luchar activamente contra el racismo y la xenofobia, es necesario respetar el derecho de asilo, desarrollar una política de regularización de todas las personas que carecen de papeles en Europa, conceder el derecho de voto a los ciudadanos de los terceros países en todas las elecciones. 
Estas son algunas de las medidas para luchar eficazmente contra el racismo y la xenofobia. 
Con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, es importante, finalmente, que la Unión Europea decida anular la deuda e imponer el Impuesto Tobin. 
La celebración de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia podría y debería constituir una oportunidad singular para un análisis profundo de esos fenómenos preocupantes y para la aprobación de orientaciones adecuadas con vistas a ponerles término. 
Ahora bien, es indispensable no escamotear que muchas de las actitudes de intolerancia habidas en nuestras sociedades se deben a sentimientos de inseguridad resultantes de situaciones creadas por los despidos colectivos de millares de trabajadores, por el aumento de la precariedad del empleo y la pérdida de derechos. 
Entretanto, ante la reducción de los importes que la Unión Europea y los Estados miembros dedican a la cooperación con los países en vías de desarrollo y, en general, la falta de apoyo a su desarrollo efectivo, resulta fácil concluir que para muchos hombres y mujeres de esos países la única solución de supervivencia es la emigración a los países "ricos". 
Además de que, con la creación continua de obstáculos a la circulación de trabajadores inmigrantes en la Unión Europea (situación que ahora se podría modificar en cierta medida para atraer a los técnicos especializados de que carece) y la creación de dificultades sistemáticas al reagrupamiento familiar de esos mismos ciudadanos, difícilmente se podría creer que se está contribuyendo a su integración. 
Votaremos a favor de la presente resolución, pero pensamos que, más que expresar intenciones políticamente correctas, es necesario actuar. 
Y en ese sentido es en el que la Unión Europea debería dar ejemplo. 
. (EN) Me abstuve del derecho al voto debido a que no se hizo ninguna mención ni ninguna condena del reciente intento del parlamento francés de marcar y declarar ilegales a ciertos protestantes en Francia. 
Se debería haber mencionado y condenado la intolerancia del Estado y los Tribunales franceses hacia estos protestantes. 
El Parlamento Europeo muy a menudo cierra los ojos a la persecución de estos protestantes dentro de sus límites. 
. (FR) El Parlamento Europeo, en su resolución que acaba de aprobar sobre cuestiones que abarcan el ámbito policial, de justicia y de circulación de las personas pide una vez más una "comunitarización" completa de la política de inmigración y de todas aquellas que se le vinculan, como el asilo y la protección temporal. 
Debemos a repetir, también una vez más, que si bien es evidente que la coordinación europea es indispensable, corresponde a cada pueblo tomar de manera soberana la decisión final, para determinar qué personas pueden residir en su territorio. 
El Tratado de Amsterdam ya había transferido estas cuestiones a un marco comunitario, quitándoselas a los Parlamentos nacionales, pero con dos excepciones esenciales con respecto a los procedimientos habituales: la Comisión debe compartir la iniciativa de los textos con los Estados miembros durante un período transitorio limitado a cinco años después de la entrada en vigor de Amsterdam (o sea, hasta el 1 de mayo de 2004) ; el Consejo toma sus decisiones, no por mayoría cualificada, sino por unanimidad durante al menos cinco años, lo que permite a cada pueblo conservar provisoriamente un poder decisivo de soberanía. 
Son estas dos excepciones las que ataca vivamente la resolución del Parlamento Europeo aprobada hoy: cuestiona a los Estados miembros el derecho de proponer textos, con el pretexto de que ejercerían este poder de manera desordenada; la resolución desea que se pase de una manera más amplia (¿o totalmente? , este punto no está claro) a la mayoría cualificada, deseo que, en gran parte, el Tratado de Niza permitiría realizar, si éste se llegara a ratificar. 
Nuestra posición es la contraria: si se llegara a decidir por mayoría sobre las cuestiones de inmigración, se quitaría el poder a los pueblos y se entregaría a grupos de presión imposibles de controlar, a menos que fuese a un país miembro mejor situado que los demás en los procedimientos de decisión. 
Para el bien de Europa, conviene que estos poderes, tanto de propuesta como de decisión, sigan formando parte de las competencias soberanas de cada nación. 
Conviene, en particular, restituir un poder de decisión directo a los Parlamentos nacionales. 
. (FR) El propio proyecto de resolución reconoce que "los Estados miembros y el Consejo no han logrado poner en práctica una política común en materia de asilo y de inmigración". 
En cuanto a las políticas nacionales, en lugar de atenuarse, éstas son cada vez más restrictivas. 
En la Unión Europea, los capitales pueden circular libremente desde hace mucho tiempo, las mercancías también. Pero no las personas. 
Eso significa reconocer que esta Unión Europea no está hecha para las personas, sino para los capitales y para aquellos que los poseen. 
Evidentemente, hemos votado en contra de este proyecto de resolución. 
Y reiteramos que exigimos la libertad total de instalación y de circulación para todos aquellos que viven y trabajan en un país de la Unión Europea, y reivindicamos para ellos los mismos derechos políticos, jurídicos y sociales de que gozan los ciudadanos de la Comunidad. 
- (SV) He votado en contra de la propuesta de resolución. 
Esta iniciativa y su nombre son, en mi opinión, formas erróneas de tratar en el Parlamento Europeo asuntos constitucionales tan fundamentales como el mecanismo de decisión de la UE, incluida la propuesta sobre eliminación de la estructura de pilares en materia jurídica en favor del método comunitario que implica plena facultad de decisión para el Parlamento. 
La propuesta del Sr. Posselt no ha sido adecuadamente tratada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que constituye, obviamente, un error. 
Por ejemplo, la redacción del punto 33, sobre un asunto tan esencial como la creación en la Unión Europea de una unidad propia para la custodia de las fronteras, es bastante difusa y carente de fundamento. 
Informe González Álvarez (A5-0133/2001) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, usted me va a permitir que me dirija a la Sra. González Álvarez, ya que ayer por la noche me llamó el gran modisto italiano Valentino. 
"¿ Oiga, es el Sr. Fatuzzo ?" 
"Sí, soy yo" contesté. 
"Sr. Fatuzzo ," me dijo Valentino, "nosotros, los modistas italianos, franceses, europeos estamos muy preocupados." 
"¿ Por qué están preocupados ?" le pregunté. 
" Estamos preocupados por este informe sobre la seguridad de la Sra. Laura González Álvarez porque, mire, nuestros productos, nuestros vestidos son peligrosos. 
"De acuerdo" le dije, "pero, ¿por qué me llama a mí que soy el diputado de los pensionistas ?" 
"Porque" respondió Valentino " como usted sabe, a veces los pensionistas sufren del corazón y, por lo tanto, sus votos son mucho más peligrosos para ellos. 
¡Ayúdenos! " 
En consecuencia, he votado a favor para que no se apliquen a los vestidos los criterios de peligrosidad. 
. (FR) La supresión de las fronteras y la realización del mercado único el 1 de enero de 1993 pusieron de manifiesto la existencia de un mercado de más de 370 millones de consumidores, para el que había que establecer normas de acompañamiento tendentes a garantizarles cierto número de derechos. 
La Directiva 92/59/CEE, relativa a la seguridad general de los productos (DSGP) fue elaborada desde este punto de vista. 
Si bien el enfoque global de la directiva aprobada en 1992 ha resultado satisfactorio, no se han alcanzado todos los objetivos de este texto, debido a una falta de claridad o a lagunas en algunas de sus disposiciones. 
Si bien la propuesta es globalmente interesante, muchas enmiendas importantes que el Parlamento había aprobado en primera lectura no se han recogido, en particular en lo referente a la seguridad de los servicios, al principio de cautela, a la vigilancia de los productos y a la red europea de seguridad de los productos. 
La comisión parlamentaria competente ha decidido, pues, con razón, presentarlas de nuevo. 
En cambio, la posición común recoge las enmiendas del Parlamento relativas a los comercios de beneficencia en un considerando que establece que en el marco de las actividades caritativas puede resultar imposible facilitar informaciones sobre el origen de un producto y los posibles riesgos que presenta. 
El Consejo también ha introducido algunas innovaciones en relación con la propuesta inicial de la Comisión, en particular: 
Modificación de las definiciones de "producto" y de "producto seguro", con el fin de precisar mejor el ámbito de aplicación de la directiva, sobre todo en lo que se refiere a los servicios; 
Introducción, también en aras de la claridad, de nuevas definiciones sobre "riesgo grave" y "retirada"; 
Introducción de un procedimiento en tres etapas, con un comité de reglamentación encargado de elaborar las normas europeas; 
Nuevas disposiciones con el fin de promover una función más voluntarista de productores y distribuidores. 
La seguridad de los productos debe ser tomada en consideración respecto a la adopción de normas que rijan el mercado interior. 
Se trata de una condición esencial para recobrar la confianza de los consumidores, que se ha visto quebrantada por los escándalos de todo tipo que han surgido recientemente. 
Esto es algo esencial para el buen funcionamiento del mercado interior. 
¡La modificación de esta directiva es, pues, acertada! 
La posición común del Consejo, aprobada el día 12 de febrero de 2001, aceptó 21 de las 30 enmiendas del Parlamento Europeo. 
Con todo, dejó fuera cuestiones importantes que la ponente vuelve a introducir en la segunda lectura del Parlamento Europeo y sobre las que votamos a favor. 
Ante todo, la introducción del principio de precaución en el nivel de la comercialización de productos y en las medidas que adoptar en la gestión de los riesgos. 
Éste es un principio general utilizado por las administraciones públicas y debe referirse explícitamente al nivel de los poderes y las obligaciones de Estados miembros. 
Por otro lado, la posición común del Consejo abandona la idea de una prohibición total de la exportación en el caso de los productos que presenten graves riesgos, pese a aclarar el concepto de prohibición parcial o de no prohibición, sin por ello presentar criterio alguno de selección. 
Así, resulta necesario volver al texto original de la Comisión Europea. 
Por último, otra cuestión importante es la seguridad en el sector de los servicios. 
Como dice la ponente, conviene que la Comisión presente propuestas rápidas en materia de seguridad de servicios. 
La Comisión debe determinar las necesidades y las prioridades de la acción comunitaria al respecto, así como las responsabilidades de los proveedores de servicios, teniendo en cuenta las aclaraciones de la posición común respecto del ámbito de aplicación de la presente directiva. 
En esta cuestión los intereses empresariales siguen chocando con los de los consumidores y del medio ambiente. 
La mayoría de las empresas ya no se opone a la idea de que es deseable que haya una protección del consumidor contra los productos inseguros. 
Se muestran dispuestas a retirar los productos que dañen su fama en el mercado europeo interior. 
Sin embargo, si se trata de medidas concretas de la administración, manifiestan que se limita demasiado su libertad y hacen presión para que el Parlamento las rechace. 
La Comisión, con mucha razón, se reservó al principio el derecho de prohibir totalmente la exportación de productos peligrosos. 
Es un disparate que unas empresas establecidas en nuestros países intenten ganar dinero con productos que estimamos demasiado peligrosos para los consumidores europeos. 
El Consejo ha debilitado esta competencia de forma considerable, probablemente debido a la presión de empresas que estaban en contra y que presionaban a sus respectivos gobiernos nacionales para proteger, de esta manera, sus exportaciones. 
Apoyo el empeño de la ponente en mantener esa competencia y de que, además, se tomen medidas a favor de la seguridad antes de 2003. 
Me parece muy negativo que algunas buenas decisiones del Parlamento necesiten 314 votos en la segunda lectura y que por ello a veces no se puedan mantener por la oposición del Consejo. 
. (EN) Como británico, cuando se debatió por primera vez la directiva propuesta en la Comisión de Medio Ambiente sentí gran preocupación porque habría causado graves daños financieros y burocráticos al floreciente sector británico e irlandés de tiendas benéficas- ampliamente desconocido en el resto de la UE- que tanto dinero recauda para buenas causas y que es tremendamente respetuoso con el medio ambiente al reciclar y volver a utilizar grandes cantidades de artículos de segunda mano que pone después a continuación del consumidor a precios baratos en sus tiendas minoristas. 
Por ello, me complació que la posición común del Consejo remitida a esta Cámara para segunda lectura incorporara la exención a favor de las tiendas benéficas, inspirada en mi enmienda inicial, del requisito de llevar registros de la identidad de los compradores, en concreto, de bienes eléctricos y electrónicos de segunda mano, que constituye sólo una pequeña parte de todo su negocio. 
Ha sido un triunfo del sentido común que ha satisfecho al sector y a mis electores de Londres y agradezco al ponente y a la Comisión esta excepción. 
. (EN) Acojo favorablemente este informe sobre la seguridad general de los productos que da una prueba más del trabajo que se realiza Europa a favor de sus ciudadanos. 
La gente de toda Europa está cada vez más preocupada por la seguridad de productos de consumo, como los juguetes para niños. 
Nosotros, en el Parlamento Europeo, estamos respondiendo a esta preocupación de una manera sensata y con sentido común. 
Había temores de que la tradición británica de tiendas benéficas se viera amenazada por estas propuestas. 
Me complace que los parlamentarios laboristas trabajaran para impedir que esta directiva perjudicara a tales tiendas. 
Es ridículo pensar que una tienda benéfica normal, un rastrillo o un mercadillo callejero, pueda facilitar a las autoridades información sobre riesgos de los productos y sobre origen de los productos de segunda mano adquiridos del público en general. 
En su conjunto, esta directiva constituye un gran paso adelante para asegurar un nivel coherente y elevado de protección del consumidor. 
Así mismo, hace que el funcionamiento eficiente del mercado único beneficie a las personas y no sólo a las empresas. 
No debemos permitir que peligros ocultos para los consumidores pasen sigilosamente sin ser vistos por la puerta de atrás. 
Insto a esta cámara a que avance a partir de estas propuestas y examine la seguridad de los servicios y la responsabilidad de los prestatarios de servicios y a que adopte el principio de precaución. 
La confianza pública en la seguridad de los productos ha recibido un verdadero varapalo en los últimos años a raíz de diversos sustos, especialmente en juguetes para niños. 
Sólo adoptando una actitud en la que la seguridad sea lo primero- y mostrando que se tiene esta actitud de que la seguridad es lo primero- puede recobrarse la confianza pública. 
Informe Watts (A5-0140/2001) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, a propósito del informe del Sr. Watts sobre las condiciones de vida y de trabajo a bordo de los buques, me telefoneó un viejo amigo, el sobrecargo Augusto Fazio, que navegaba conmigo y sigue navegando entre Nueva York y las Bahamas. 
Se lamentó diciéndome: " Las condiciones de vida a bordo son duras, agotadoras. 
Tenemos que trabajar de día, de noche, y el sueldo es muy bajo. 
Quisiera que realmente Europa se ocupara más- ya lo está haciendo, pero no lo suficiente- de nuestros sueldos, así como de nuestras pensiones, porque estoy a punto de jubilarme ". 
Por esto, he acogido favorablemente el informe del Sr. Watts y he votado con gusto a favor. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de la mejora de las normas europeas sobre seguridad en el mar. 
Hemos votado a favor de ampliar el número de inspecciones, de que se les niegue el acceso a los puertos comunitarios a todos los buques que naveguen bajo pabellones incluidos en una lista negra y de que todos los nuevos buques dispongan de la llamada caja negra. 
Muchos accidentes contaminantes podrían haberse evitado con una mejor seguridad. 
Hemos asistido a demasiados accidentes en los últimos años. 
Tenemos el hundimiento del buque cisterna ERIKA ante las costas de Bretaña en diciembre del año 1999, que provocó una extensa marea negra, y el buque cisterna italiano hundido "Ievoli sun" que transportaba sustancias químicas. 
Últimamente hemos sufrido en el Mar Báltico una amplia marea negra. 
La marea negra en el Mar Báltico podría haberse evitado. 
Habría precisado mejores normas europeas. 
Los armadores piensan que la caja negra no está relacionada con la seguridad. 
Sin embargo, no es cierto. 
La caja negra resulta muy útil en el trabajo de esclarecimiento de lo sucedido cuando chocan dos buques, como fue por ejemplo el caso en el Mar Báltico. 
Si mejoráramos a la hora de hallar el origen de los accidentes, también seríamos mejores a la hora de prevenirlos. 
No podemos esperar normas internacionales de la OMI. 
La UE debe adelantarse a la OMI aprobando normas mejores. 
No podemos renunciar a nuestro compromiso con la seguridad. 
Debemos tener la seguridad de que los peces, los pájaros y el ser humano pueden estar en el mar sin verse manchado de petróleo y de productos químicos. 
. (FR) Aun cuando las propuestas de la Comisión pretenden reforzar el control del Estado del puerto mediante un mayor número de inspecciones y de procedimientos más rigurosos, nos preguntamos qué queda de la voluntad política de los gobiernos para acabar con las mareas negras, dieciséis meses después del naufragio del Erika. 
La legislación debe ser aplicada por todos los Estados miembros, incluidos Bélgica, Portugal, Francia, Irlanda y los Países Bajos. 
Al menos deben destinarse los recursos suficientes para los controles, lo que supone concretamente la contratación de nuevos inspectores, la ampliación de las competencias y de los ámbitos de control, en particular en cuanto al respeto de las normas sociales, de las condiciones de vida y de trabajo de las tripulaciones. 
Reforzar los equipos del mayor número de buques posible- petroleros, cargueros, pero también buques de pasajeros- con cajas negras (RDT) constituye un punto positivo, pero no debe eximir a los Estados de efectuar los controles necesarios. 
Además, habrá que establecer lo antes posible la necesidad de crear un cuerpo de inspectores y de guardacostas europeos que dispongan de recursos financieros, humanos y materiales suficientes. 
Por otro lado, las propuestas del Consejo sobre los pabellones de la "lista negra" resultan todavía demasiado débiles. 
Es preciso asumir compromisos mucho más enérgicos contra los pabellones de conveniencia, sobre todo los que dependen de los Estados miembros, como los de las islas Kerguelen, de Wallis y Fortuna. 
Debe exigirse que sean suprimidos, así como prohibir la navegación en aguas comunitarias de todos los buques que no respeten estas normas. 
. 
(FR) Votamos hoy en segunda lectura el informe Ortuondo Larrea sobre las sociedades de clasificación. 
Algunas enmiendas están bien encaminadas al proponer una prohibición estricta a la administración de contratar organizaciones reconocidas si poseen intereses económicos en la gestión o la propiedad de los buques, o incluso al insistir en la necesidad de una coherencia entre la norma europea y la OMI. 
Otras, orientadas a reducir las responsabilidades financieras, no nos parecen admisibles. Sólo tienden a hacer respetar las normas de competencia entre Estados, independientemente de la importancia de las consecuencias ocasionadas por errores o negligencias del organismo reconocido. 
La responsabilidad debe ser plena y completa, y el tribunal debe juzgar y decidir libremente en función de la realidad de cada catástrofe. 
Como ocurre a menudo, este informe propone mejoras respecto a la transparencia o a la armonización, pero limita el alcance real puesto que no permite aplicar suficientes sanciones financieras. 
. (DE) El presente paquete de medidas encaminadas a reforzar la seguridad marítima es una reacción ante la catástrofe provocada por el petrolero Erika el 12 de diciembre de 1999. 
Aun cuando se han incorporado un gran número de enmiendas del Parlamento Europeo- como, por ejemplo, la exclusión de las sociedades de clasificación que tengan cualquier tipo de vínculo profesional, personal o familiar con el propietario o armador del buque, el refuerzo de la transparencia al obligar a las sociedades de clasificación a asegurarse de que toda la información pertinente sobre sus actividades esté accesible a todos los interesados en su sitio Internet, y el control de las sociedades de clasificación cuyo índice de siniestralidad de buques clasificados sea demasiado elevado -, el Consejo y el Parlamento siguen discrepando en relación con dos puntos importantes. 
En consecuencia, una vez adoptadas las presentes recomendaciones, que nosotros apoyamos, parece imprescindible que se inicie un procedimiento de conciliación. 
En primer lugar, el Parlamento Europeo propuso una limitación de la cuantía máxima de la responsabilidad financiera de las sociedades de clasificación en caso de accidentes causados por negligencia u omisión de las mismas en el desempeño de su labor de inspección. 
El Consejo se pronuncia en favor de una reglamentación que deje a los Estados miembros en libertad para fijar el importe máximo que se deberá abonar. 
Los importes que proponen la Comisión y el Parlamento en este contexto son, sin embargo, umbrales mínimos y no límites máximos. 
En segundo lugar, el Consejo no aceptó la necesidad de consultas mutuas y periódicas entre las organizaciones reconocidas para mantener sus estándares de calidad conforme a las disposiciones de la Resolución 847 (20) de la OMI, a su obligación de facilitar a la Comisión informes periódicos sobre los progresos realizados en dichos estándares y de ofrecer su cooperación a las administraciones de control del Estado del puerto. 
Mi Grupo considera procedente el procedimiento de conciliación, dado nuestro convencimiento de que aún existen posibilidades de alcanzar una posición común en relación con los dos problemas todavía pendientes. 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, como ve, a veces el Partido de los Pensionistas consigue nuevas adhesiones, tan importantes como las presencias en el Parlamento Europeo, aunque sea para explicaciones de voto sobre las distintas medidas. 
He votado a favor de este informe que establece un reglamento para la seguridad de los transportes por carretera y de los conductores que conducen los TIR en Europa. 
En este informe se dice asimismo que es indispensable que los sueldos y las condiciones de trabajo de los conductores en Europa deben ser iguales para no distorsionar la competencia. 
Pero entonces, para no distorsionar la competencia, también deberían ser iguales las normas sobre las cotizaciones para las pensiones, así como las pensiones de los conductores. 
Por ello, ¿qué esperamos para facultar a la Unión Europea para tomar decisiones acerca de los sueldos y de las pensiones de todos los europeos? 
. 
(FR) Del informe que da origen a esta propuesta se deriva " que determinadas empresas de transporte de la Unión Europea recurren, mediante todo tipo de combinaciones, a material y personal baratos de terceros países. 
En dichos países los costes de material y personal son considerablemente inferiores al nivel de la Unión Europea ". 
Eso significa que muchos empresarios de transporte terrestre utilizan, para trayectos que están fuera de las fronteras de su Estado de establecimiento, conductores mal pagados, que trabajan en condiciones precarias. 
Pero lo que preocupa al autor del informe no es la situación de los conductores, sus salarios demasiado bajos o sus condiciones de trabajo inadmisibles, sino "las distorsiones de la competencia" que de ello se derivan. 
La solución propuesta consiste en imponer "un certificado de conductor uniforme", obligatorio en todos los países de la Unión Europea. 
Habría sido preferible obligar a los conductores propietarios a pagar el mismo salario a los conductores, sean o no originarios de la Unión. 
El hecho de imponer un salario mínimo ajustado al del país donde es más alto habría sido la mejor manera de combatir el "dumping social". 
Pero las autoridades europeas prefieren imponer un documento administrativo único a escala de la Unión Europea en lugar de imponer a los conductores propietarios salarios y condiciones de trabajo adecuadas para el conjunto de sus conductores, independientemente de su origen. 
Por consiguiente, la reforma propuesta no atañe a los trabajadores, y, en consecuencia, nos hemos abstenido. 
. 
(FR) El informe van Dam por el que se pretende, a la larga, la instauración de un certificado uniforme para los conductores de transportes de mercancías que circulan en el territorio europeo constituye un punto positivo. 
Pero nosotros no nos situamos en el ámbito del ponente, el de la "competencia leal" en este sector. 
El mercado único ha liberalizado el transporte de mercancías por carretera. 
Las compañías han usado y abusado, pues, de todas las combinaciones posibles para emplear material y personal barato procedente sobre todo de terceros países. 
En este ámbito se ha desarrollado un sistema de tolerancia, similar al que existe en el transporte marítimo. 
La carrera por el rendimiento a cualquier precio por parte de los empresarios del transporte acarrea un aprovechamiento excesivo de la mano de obra, lo que agrava considerablemente el factor riesgo de este modo de transporte. 
Insistimos en la necesidad de armonizar sobre la base de los logros más favorables para los asalariados el derecho del trabajo de los conductores que circulan en el territorio europeo, empezando por su formación, el tiempo y las condiciones de trabajo, la remuneración y las pensiones. 
Además, los Estados miembros deben imperativamente contratar un número suficiente de controladores e inspectores para hacer respetar la legislación actual. 
Por eso es por lo que principalmente votamos a favor de este informe. 
Calendario de períodos parciales de sesiones del Parlamento Europeo-2002 
. 
(FR) Puesto que no tenemos preferencias particulares en cuanto a la duración de los períodos parciales de sesiones, nos hemos abstenido respecto a la propuesta de calendario. 
Consideramos, no obstante, que más allá de la mayoría que resulte de la votación de los diputados, los empleados del Parlamento Europeo, tanto fijos como no, en modo alguno deben resultar afectados por esta decisión, en particular por una reducción de sus salarios. 
No existe razón alguna para sancionar al personal por una opción que sólo atañe a la manera de trabajar de los diputados y de sus comodidades personales. 
En nombre de la delegación neerlandesa me gustaría comunicarles que hemos votado a favor de no hacer más sesiones los viernes, manifestando a la vez que se impone la necesidad de reformar profundamente nuestro trabajo parlamentario, para poder dedicar más tiempo al trabajo legislativo. 
Esperamos que nuestra elección se considere como pragmática y no moral. 
Informe Stihler (A5- 150/2001) 
Señora Presidenta, éste era un informe tremendamente importante. 
En toda Europa, el abuso del alcohol por niños y adolescentes es un problema creciente. 
En Irlanda, el grado de abuso de alcohol por los jóvenes ha crecido sensiblemente a lo largo de los años. 
Una de las cosas que hemos de analizar es el conjunto de campañas publicitarias de la industria del alcohol. 
Esta industria presenta una imagen del alcohol como algo necesario para disfrutar de la vida. 
Presenta el abuso de alcohol como algo aceptable socialmente. 
Pero cuando se observa lo que ocurre en la sociedad- no sólo a los jóvenes sino también a los mayores- se aprecia que uno de nuestros principales problemas es el abuso del alcohol, que contribuye a la violencia en los hogares, a la violencia en las calles y a la delincuencia. 
Una de las mejores formas de abordarla es analizar el sector de la publicidad. 
Por ejemplo, existe una restricción a la publicidad de cigarrillos en televisión, pero no hay una restricción a la publicidad de alcohol en televisión. 
Es cierto, fumar daña la salud y produce graves problemas para el fumador y para los fumadores pasivos. 
Pero el alcohol produce graves problemas para toda la sociedad, desde problemas de salud hasta violencia y malos tratos a otras personas y a sí mismos. 
Tenemos que analizar si es aceptable que la industria del alcohol tenga carta blanca para anunciarse. 
Es completamente inaceptable. 
Tenemos que abordar esta cuestión. 
Necesitamos restricciones adecuadas sobre la publicidad del alcohol. 
Es una droga y debería aceptarse y reconocerse como tal. 
No debería promoverse como algo necesario para disfrutar de la vida, porque no lo es. 
Señor Presidente, estoy plena y totalmente a favor del informe sobre la recomendación respecto al consumo de alcohol por parte de niños y adolescentes. 
¿Quién no lo estaría? 
Lo importante es que no se dicten recomendaciones para reducir el consumo de alcohol por parte de las personas mayores que, como es sabido, cuando es moderado es bueno para la salud. 
. (EL) El informe, de manera convincente y detallada, demuestra en su introducción, entre otras cosas, que: a) las posibilidades de desarrollar la adicción (alcoholismo) entre los menores aumenta significativamente cuando el consumo ha empezado en la infancia o adolescencia., b) el consumo y el abuso del alcohol por parte de niños y adolescentes aumenta sin cesar en todos los países de la Unión Europea, c) en muchos países de la UE se producen "bebidas sintéticas", es decir, refrescos que contienen alcohol y se distribuyen sin control alguno entre niños y adolescentes, d) hay una inquietante relación directa entre conducta violenta y antisocial, así como accidentes de tráfico (muerte, invalidez) , y consumo de alcohol por niños y adolescentes. 
Con todo acierto plantea la ponente estas importantes cuestiones. 
En las conclusiones, sin embargo, y justamente donde uno esperaría propuestas para afrontar un problema tan serio, nos encontramos ante una serie de enmiendas que o bien "recomiendan", o bien "sugieren", o bien animan a "sensibilizarse" a los productores para que no produzcan "bebidas sintéticas", a los camareros y propietarios de bares para que eviten la venta de bebidas alcohólicas a niños y adolescentes y, en su lugar, ¡introduzcan bebidas no alcohólicas baratas en sus cartas! 
Que la publicidad se dirija sólo a los adultos, que los conductores inexpertos eviten concentraciones de alcohol en la sangre superiores al 0,2 %, que padres, entidades y deportistas, animen a niños y adolescentes a resistirse a la ofensiva total productores, pequeños comerciantes, propietarios de bares y discotecas, y publicistas. 
Al mismo tiempo, se confía en los sentimientos filantrópicos de los últimos para que no distribuyan ni anuncien alcohol entre los niños. 
Propuestas, en definitiva, insignificantes, anodinas, fragmentarias, que en el mejor de los casos son ingenuas, puesto que distan de hacer frente a un problema que se cobra la salud y la vida de millones de menores. 
No hemos visto en ninguna parte mención alguna a las causas que conducen al problema, ninguna propuesta orientada contra los enormes intereses económicos que producen, distribuyen y promocionan- con todos los medios, lícitos e ilícitos- el alcohol entre los niños y adolescentes. 
Está meridianamente claro que si no se hace frente a estas cuestiones cualquier propuesta tiene carácter de «aspirina» , no es más que un desideratum y no tiene otro resultado que la perpetuación y el agravamiento del problema. 
Finalmente, quisiéramos señalar que incluso a estas propuestas anodinas para los intereses económicos y especulativos- así se advierte en la introducción del informe- en ningún caso se les confiere carácter vinculante ni legal; no son sino simples recomendaciones a los estados miembros. 
. - (SV) Opinamos que la orientación de la política de alcoholes debe decidirse en el ámbito nacional. 
Asuntos tales como la fiscalidad, los monopolios de venta, la propaganda, las normas sobre cuotas de alcohol que se pueden introducir a los países y las edades mínimas deben decidirse en los países miembros. 
El informe Stihler trata una recomendación del Consejo en esta materia. 
Puesto que para los países miembros no son medidas legislativas, hemos votado a favor de informe, además de que compartimos su orientación política. 
Sabido es que el consumo de alcohol- con todas sus consecuencias nefastas, en particular cuando se trata de jóvenes- es elevado. 
Como ha revelado una reciente investigación entre adolescentes de 15-16 años, los índices más elevados de consumo excesivo de alcohol en la Unión Europea se registran en Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca. 
Pero son estos dos últimos y también Finlandia, Francia y Suecia los que presentan los porcentajes más elevados de jóvenes de 13 años o menos que ya se han embriagado. 
Según los estudios ya realizados, existe, en particular en los jóvenes, una fuerte relación entre el consumo de alcohol y un comportamiento antisocial, como la violencia, y su consumo inmoderado es la causa comprobada de situaciones de embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, delincuencia y accidentes de carretera. 
Por otro lado, los hábitos de consumo adquiridos en la juventud pueden afectar también a la salud y determinar las tendencias de consumo a largo plazo, por lo que es necesario no sólo apostar por políticas de fomento de la salud, educación e información, sino también adoptar medidas que limiten el consumo de alcohol por parte de niños y adolescentes y acciones estructurales en la esfera del tratamiento y la socialización. 
Ahora bien, la propuesta de la Comisión es muy superficial y parte del principio de que las entidades interesadas en la comercialización del alcohol colaborarán en la prevención del consumo efectivo entre los niños y los adolescentes, cosa bastante utópica, como es sabido, aunque la ponente va un poco más lejos en las propuestas que presenta, al procurar imponer algunas normas y señalar la necesidad de códigos de conducta más precisos. 
Pero es necesario que los Estados miembros presten mayor atención a este problema. 
. 
(FR) Como políticos responsables, nos corresponde preocuparnos por la salud de los europeos, y sobre todo de los más jóvenes. 
El recrudecimiento del consumo de alcohol entre los niños y los adolescentes requiere toda nuestra vigilancia. 
Por eso me he pronunciado en favor de esta recomendación del Parlamento Europeo por la que se incita a los Estados miembros a adoptar medidas de protección para con la juventud. 
Es deseable, asimismo, que se lleven a cabo en el seno de los países de la Comunidad Europea acciones de sensibilización ante los peligros de un consumo excesivo de alcohol para responsabilizar a los niños, los adolescentes, pero también a los padres. 
Los niños y los adolescentes son particularmente receptivos a los mensajes que se les transmiten, y una pedagogía adaptada puede conducir, pues, a resultados concretos. 
Recordemos que los jóvenes son las primeras víctimas de esos accidentes de carretera mortales causados por un consumo abusivo de alcohol. 
Por consiguiente, la difusión de mensajes pertinentes, responsabilizándolos desde una edad temprana frente a los peligros ligados al exceso de alcohol, podría, de este modo, evitar algunos dramas que conocemos. 
Por eso debemos diferenciar los alcoholes. 
Sabemos, por ejemplo, que el consumo moderado de vino puede tener efectos beneficiosos para la salud. 
Por esta razón no deseamos, de manera alguna, condenar a los productores. 
Nuestro objetivo consiste en contener el consumo excesivo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes. 
Los productores deben, no obstante, desempeñar una función. 
Por consiguiente, estos últimos no deberían considerar a los adolescentes como objetivo privilegiado de sus campañas comerciales y publicitarias. 
Conocemos los efectos que éstas pueden tener en los jóvenes, y la tentación debe estar regulada en beneficio de la prevención. 
Finalmente, debería llevarse a cabo una reflexión sobre las advertencias que deben figurar en los productos, a semejanza de la que existe en Francia en materia publicitaria, para pronunciarse sobre su posible eficacia. 
. 
(FR) El consumo de alcohol por los adolescentes y, desgraciadamente, cada vez más con mayor frecuencia por los niños, constituye una verdadera preocupación y debemos hacer todo lo posible para proteger a los jóvenes europeos contra el abuso, o, como dice la ponente, contra el consumo nocivo de alcohol. 
Por eso votaremos positivamente el informe de la Sra. Stihler, así como la mayoría de sus enmiendas. 
Deseo, no obstante, añadir que la protección de los niños y de los adolescentes contra algunas tendencias debe ser absoluta. 
Sí, es necesario proteger a la juventud de Europa contra el alcoholismo. 
Pero también es preciso protegerla contra las drogas, incluyendo aquellas que algunos se atreven a calificar de "blandas". 
También hay que protegerla contra las artimañas de personas depravadas, contra las prácticas sexuales que algunos izquierdistas pregonaban los en años 1970, para "escandalizar a los burgueses" y justificar su vergonzosa pedofilia. 
Por eso me sorprende que un informe como el de la Sra. Stihler pueda coexistir, en este recinto parlamentario, con los discursos de quienes militan por la despenalización del consumo de cannabis o contra la pena de muerte. 
No pueden existir dos raseros, dos medidas, cuando se trata de la salud, del equilibrio y del futuro de nuestros hijos. 
- (SV) La política sueca de bebidas alcohólicas difiere de la de otros países miembros en muchos aspectos. 
Las ventas restrictivas de alcohol, la prohibición de hacer propaganda y el alto límite de edad son valiosos instrumentos para limitar los efectos perniciosos del alcohol en adolescentes y adultos. 
Queremos mantener este sistema. 
El informe Stihler sobre el consumo de bebidas alcohólicas entre niños y jóvenes es muy detallado y constituye un ejemplo claro del deseo de entrometerse. 
Estamos convencidos de que no corresponde decidir en el ámbito europeo sobre estas normas tan detalladas como, por ejemplo, la forma de exhibir el alcohol en las tiendas. 
Los trabajos para disminuir los efectos nocivos del alcohol entre los jóvenes deben adecuarse a las normas sobre venta de productos alcohólicos vigentes en los Estados miembros. 
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(FR) A pesar de que comparto plenamente los objetivos y las medidas de esta propuesta legislativa tendentes a restringir el consumo de alcohol por los adolescentes y los jóvenes, no puedo apoyar las propuestas de la ponente, las cuales asimilan, directa o indirectamente, el alcohol al tabaco y a las drogas, así como tampoco puedo apoyar las propuestas que presentan un carácter represivo. 
La lucha contra el alcoholismo de los menores deberá estar basada en la educación para una vida sana, la información, la persuasión y la colaboración activa de los productores y vendedores de productos alcohólicos. 
El texto final de la Comisión respondía mejor a este objetivo que algunas enmiendas aprobadas. 
Informe Sturdy (A5-142/2001) 
Señor Presidente, siempre se reclama un modo de producción ecológico, que sea respetuoso con el medio ambiente, en el marco de una agricultura multifuncional. 
En Austria, éste ya cuenta con una larga tradición y hace ya mucho tiempo que los agricultores y los consumidores comenzaron a modificar su conducta en este ámbito, cosa que no ha ocurrido en muchos otros Estados de la UE. 
Los agricultores austríacos somos pioneros en este terreno. 
Por esto, yo estoy convencida de que este camino también es el adecuado para la agricultura europea y, en consecuencia, apoyo las propuestas de la Comisión, que se inscriben dentro del proyecto de un modelo para la agricultura europea. 
Por este motivo, he votado en contra de las enmiendas cuyo objetivo es rebasar el límite de 90 animales para tener derecho al pago de la prima- o sea, las enmiendas 1, 10, 2 y 12- y lamento mucho que hayan obtenido un respaldo mayoritario en la votación. 
Señor Presidente, Señorías, con la presente modificación de la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno se va a dar un paso urgentemente necesario en la dirección adecuada, concretamente, a favor de la ganadería extensiva. 
Yo apoyo que, a la vez que se reduce la producción, también se garantice de una renta mínima a los pequeños agricultores y se incrementen las primas por animal. 
Sin embargo, la Unión Europea también debe estar preparada para hacer frente a la irrupción de crisis inesperadas en el futuro. Todavía no está claro si las economías que permiten las reformas de la Agenda 2000 cubrirán la financiación del presente reglamento. 
Tanto un incremento ilimitado de las ayudas a la agricultura, como la transferencia arbitraria de fondos de la organización común de mercados al desarrollo rural, acaban echando por tierra a la larga cualquier planificación presupuestaria. 
La solución a este problema todavía sigue pendiente. 
Señor Presidente, hablamos de disposiciones consiguientes a la lucha contra la EEB. 
Pues bien, la vaca Carolina charla con la vaca Blanquita y le dice: " ¿Has oído? 
Por suerte ha habido la EEB. 
A lo mejor no acabaremos todas en bistecs. " 
"Tienes razón ," contesta la vaca Blanquita a la vaca Carolina, " pero verás que al final estos Gobiernos de la Unión Europea harán de todo y estudiarán tanto para decir: 'Estas vacas viven demasiado, tienen una pensión durante demasiado tiempo, y nosotros no tenemos bastante dinero !' 
"Verás que, al final, volveremos a convertirnos en bistecs como antes." 
"¡ Esperemos que no !" contesta la otra vaca. 
Y yo también digo lo mismo: ¡Ojalá! 
Por esto, he votado a favor. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra de la propuesta de la Comisión relativa a la organización común de mercado para la carne de vacuno. 
Hemos votado asimismo en contra del informe del Parlamento. 
Ambas propuestas van mal encaminadas. 
La crisis en el sector de la carne de vacuno debe ser utilizada para reformar la organización común de mercado, no para introducir aún más ayudas. 
Hemos votado por ello en contra de todas las enmiendas que tienen por objeto elevar las ayudas. 
La propuesta está demasiado orientada al corto plazo. 
No limita la producción de carne de vacuno. 
En lugar de ello, la propuesta aumentará aún más la burocracia e introducirá costosos regímenes de primas. 
En vez de esta solución, debería aprovecharse esta oportunidad para reformar la organización común de mercados. 
Esto significa principalmente bajar los precios. 
La crisis en el sector de la carne de vacuno es fruto tanto de desequilibrios estructurales en el mercado de la carne de vacuno como asimismo de una falta de confianza en la seguridad de los alimentos por parte de los consumidores. 
La crisis es por ello una coyuntura natural favorable para emprender una reforma a fondo de la política agraria. 
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(FR) Las instituciones europeas han favorecido a fuerza de subvenciones una agricultura y una ganadería intensivas que corresponden a los intereses de las industrias agroalimentarias. 
La ganadería intensiva y la utilización masiva de harinas animales desembocaron en la encefalopatía espongiforme bovina. 
Aunque estaba claramente establecido que las harinas animales eran las causantes de la propagación de esta enfermedad, las instituciones europeas contribuyeron a disimular la enfermedad y a distribuir subsidios para favorecer la producción y la comercialización. 
Ante las proporciones del desastre, las autoridades europeas han terminado, con bastante retraso, por cambiar de actitud. 
Con el pretexto de financiar la reparación de errores del período anterior, emprendieron una política "de compra para destrucción", que el presupuesto comunitario tiene dificultades para asumir. 
Y ahora, después de haber favorecido la agricultura intensiva, se busca "fomentar" la ganadería extensiva y "la agricultura biológica". 
Nos hemos abstenido con respecto a este informe, que, de hecho pide la aprobación de una "política agrícola" caótica, donde el único factor que sigue siendo constante es el desembolso de sumas considerables mediante subvenciones que sólo benefician parcialmente a los pequeños ganaderos, y, en mayor medida, al sector de la carne de vacuno y a las empresas capitalistas que prosperan en el sector de la alimentación del ganado, de la transformación y de la comercialización de la carne. 
El sector de la carne de bovino resultó fuertemente castigado en la última reforma de la PAC, al no ir la reducción de los precios íntegramente compensada por las ayudas directas, que sólo compensan entre el 30 y el 50% de la bajada de los precios en la producción. 
Por otro lado, la crisis de la EEB, a la que se ha unido la de la fiebre aftosa, ha reducido el consumo y ha provocado una bajada de precios en la producción. 
Sobre los productores portugueses pesa aún el embargo a la exportación de carne de bovino. 
En este marco de crisis, la Comisión presentó un plan de siete propuestas con el fin de resolver los desequilibrios del sector. 
Pero, en vez de una propuesta ponderada y coherente, la Comisión presenta una propuesta imprecisa y con el objetivo exclusivo de obtener economías presupuestarias. 
Ahora bien, el informe Sturdy, aunque no se salga de la lógica de la Comisión, presenta algunas ideas interesantes: por ejemplo, en el nivel del sacrificio de terneros y del aumento de las ayudas. 
Con todo, rechaza la propuesta de la Comisión de cumplimiento estricto del límite de 90 animales por explotación y la creación de un sistema futuro de derechos individuales, propuestas positivas que pueden contribuir no sólo a la lucha contra la intensificación, sino también al apoyo a la aplicación de un régimen de modulación de las ayudas. 
En cualquier caso, si se mantiene el régimen actual, es necesario garantizar que, en caso de superación de los derechos, la reducción proporcional de la prima no afectará a los productores con menos de 15 animales registrados. 
Por otro lado, la propuesta de la Comisión relativa a la disminución de la densidad pecuaria de 2.000 a 1.900 escudos por superficie forrajera entrañaría, en el caso portugués, una sanción anual de 300 millones de escudos (nueve mil primas) , lo que tendría reflejos sobre todo en las pequeñas y medianas explotaciones familiares. 
A ese respecto el ponente va aún más lejos que la Comisión al crear nuevas primas por disminuciones mayores de la densidad pecuaria. 
Por todo esto, no votamos a favor de este informe y optamos por la abstención. 
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(FR) La Comisión Europea no termina nunca de combatir la EEB. 
Por no haber querido tratar la enfermedad de raíz en 1990- lo que Jacques Delors y su equipo se negaron a hacer para no entorpecer la marcha gloriosa hacia el mercado único, primero, y hacia el euro, luego -, no se ha cesado desde entonces de aumentar los paliativos financieros y técnicos para remediar los efectos ilimitados de la catástrofe sanitaria, comercial y financiera, en particular. 
Esto es lo que ocurre con la nueva medida establecida por la OCM de la carne de vacuno, objeto del excelente informe de nuestro colega Sturdy. 
Para salvar el mercado que la Comisión ha llevado a la ruina, esta última recupera su malthusianismo ideológico. 
A las primas especiales por bovinos machos y por vaca nodriza se les aplicaría de nuevo un límite máximo de 90 cabezas o de 1,8 UGM por hectárea. 
De este modo, se limitaría la oferta de carne para adaptarse a la disminución de la demanda. 
Cada Estado fijará el límite máximo individual de cada uno de sus productores. 
Nuestro colega Sturdy propone una serie de enmiendas para mantener el ingreso de los productores, en particular si practican la producción extensiva. 
Por ejemplo, se propone la revalorización de la prima para los toros. 
También nos encontramos con la cantinela del fomento de la carne de vacuno mediante el aumento del presupuesto actual de 10 millones euros, ya que resulta insuficiente. 
Para colmar la medida se propone un régimen de compra especial de los animales de más de 30 meses para almacenarlos y volver a colocarlos en el mercado en una fecha desconocida, del mismo modo que se congela a un enfermo para resucitarlo el día en que la medicina esté más evolucionada. 
El hecho de que los excedentes públicos aumentan 50.000 toneladas mensuales, de que en abril de 2001 la Comisión ya había comprado 175.000 toneladas y de que en 2001 el sector de la carne de vacuno ha gastado 7 millardos de euros en créditos, demuestra las proporciones del desastre financiero que el equipo de Jacques Delors ha provocado al hacer deliberadamente la vista gorda cuando empezó el caso de la EEB. 
Puesto que las nuevas medidas propuestas por Bruselas- además, con total ineficacia- pretenden todavía aumentar la deuda en 1 millardo, ¡y no se acaba ahí! 
Votamos a favor de las enmiendas núms. 
1, 10, 2 y 12, no tanto por concordar con una política productivista en el ámbito de la PAC, que se deberá revisar en pro de los productores, los consumidores, la protección medioambiental y la calidad alimentaria, cuanto porque entendemos que restricciones imprecisas- en este caso del número de animales bovinos machos beneficiarios de la prima especial relativa a la carne de bovino- desligadas de una reforma global y articulada, carecen del menor sentido y crean situaciones de injusticia relativa cuando se las compara con las primas establecidas para otros tipos de producción agropecuaria, que se mantienen inalterables. 
- (SV) He votado en contra del informe Sturdy. 
El motivo es que las propuestas se fundamentan en el equivocado principio de coser y remendar en materia de Política Agrícola Común, en lugar de actuar de manera coordinada y decidida. 
Los problemas son llevados a otros sectores o no se resuelven nunca. 
Además, este informe implica mayores compromisos económicos para la UE y para los contribuyentes en el campo de la producción alimentaria, en este caso, para fomentar las ventas de carne de bovino. 
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(FR) La cumbre de Doha se acerca. 
Está prevista para noviembre de 2001. 
Tras el fracaso de Seattle, es necesario que Doha sea un éxito de la OMC. 
Para eso no hay que contar demasiado con los Estados Unidos. 
Nunca se vio que, en un imperio, Roma cediera ante las periferias residuales del espacio de su dominación. 
Por consiguiente, la hiperpotencia norteamericana no cede en absoluto a sus pretensiones. 
Sobre todo con el tejano Bush, genocida de los niños del Iraq. 
¿Quién puede ceder, por tanto, si no es Europa? 
Y eso es lo que ocurre. 
Primero, reformamos la PAC para adaptarnos a las exigencias de la Administración norteamericana en las negociaciones de la Ronda de Uruguay. 
Pero como en Doha se requerirá el consenso, no basta con haber cedido de antemano frente a los Estados Unidos y al grupo de Cairns, entregando a nuestros agricultores al mercado internacional ultraliberal y productivista. 
También es necesario contar con el acuerdo de los países africanos y asiáticos más pobres. Esos países que también se habían opuesto al consenso de Seattle. 
Este es el objeto del nuevo reglamento del Consejo por el que se renuncia a nuestros derechos de aduana sobre los plátanos, el azúcar y el arroz de los 48 países menos avanzados. 
De 2006 a 2009 la exoneración de los derechos de aduana será total. 
Mientras tanto, los derechos de aduana se reducirán un 20%, 50% y 80% de aquí hasta 2009. 
Por lo tanto, el Sudán podrá enviarnos su azúcar, sin barreras aduaneras, por ser un país pobre. 
Pero el Sudán encuentra los créditos necesarios para atacar sus localidades, a fin de construir la carretera hacia los pozos para buscar petróleo. 
El Sudán hambrea, además, a sus poblaciones del sur. 
El reglamento del Consejo, basado en el eslogan "todo menos armas", no puede ser, pues, más hipócrita, puesto que los ingresos adicionales que el Sudán, por ejemplo, obtendrá gracias a los incrementos de exportación que le acordamos, servirá para comprar más armas para luchar contra los cristianos del sur. 
Pero en eso consiste la generosidad de los socialistas y de los cristianos, sintetizada en la persona de nuestro comisario, Pascal Lamy. 
La Europa cristiana ofrece al Sudán integrista y emblemático los medios financieros para acrecentar el martirio de los cristianos del sur. 
Todo esto es especialmente deplorable si se considera que los 48 PMA servirán de canal para inundar Europa de plátanos, azúcar y arroz procedente de países distintos de aquellos que gozan de preferencias generalizadas. 
El precedente ya existe, por ejemplo, con el ajo de China, que afluye a Europa vía Malasia, Jordania u otros países que hacen las veces de caballos de Troya. 
Pero si entendemos que la propia construcción europea no es más que el caballo de Troya destinado a crear el imperio ideológico y comercial, cuyo centro está en los Estados Unidos y la periferia en todos los puntos del planeta, entonces nuestro colega Miranda elabora el informe de un leal servidor del esquema internacional. 
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(FR) El sector de la carne de vacuno está doblemente afectado: a la "vaca loca" (EEB) se ha venido a añadir la fiebre aftosa; al descenso del consumo doméstico debido a los temores exagerados de los consumidores ahora se añade, a su vez, la importante caída de nuestras exportaciones hacia los terceros países. 
Mientras que millones de animales se han convertido en humo, los mataderos funcionan a marcha lenta y los productores se ven afectados trágicamente a la vez con respecto a sus mercados, a los precios, y también moralmente, frente a esta crisis que trastroca su universo y suscita la injusta desconfianza de los consumidores. 
En el "plan de siete puntos" presentado por la Comisión para hacer frente a esta crisis, podemos observar dos tipos de medidas: 
Por una parte, medidas de urgencia de gestión de los mercados, destinadas a intentar reajustar la oferta a la demanda; se trata de la propuesta de establecer un régimen de compra especial y de la no aplicación del techo específico de compras en régimen de intervención. 
Nosotros aprobamos estas medidas y recomendamos evitar la compra en régimen de intervención con miras al almacenamiento, lo que no hace más que posponer el problema; vale más la ayuda alimentaria siempre que se pueda llevar a cabo sin desestabilizar los mercados de los países beneficiarios. 
Por otra parte, medidas a largo plazo que modifican bastante a fondo la OCM, o incluso que desnaturalizan la PAC; dichas medidas no son todas negativas, pero no deben ser decididas con urgencia; otras son francamente negativas, como la introducción de un sistema de derechos individuales respecto a la prima especial para los bovinos machos, que introduce, al parecer, un sistema de cuotas complejo y burocrático, o incluso la reducción del factor de densidad, que no estaría orientado, probablemente, hacia la extensificación buscada, sino hacia la disminución de los ingresos de los productores, que no es precisamente lo que necesitan. 
Apoyamos lo esencial de las enmiendas de nuestra Comisión de Agricultura, que afortunadamente ha rectificado esta lamentable propensión de la Comisión ejecutiva a introducir medidas de urgencia en relación con la perturbación que sufre el sector de la carne de vacuno y con la reforma subrepticia de la OCM, contraria al acuerdo de Berlín. 
No negamos la necesidad de una reforma, pero la misma no puede improvisarse de esta manera, deprisa y corriendo. 
Hemos votado en contra de la totalidad del informe Sturdy y de la mayoría de sus enmiendas, incluidas las del ELDR y del Grupo de los Verdes, porque se muestran favorables al aumento de las primas y fomentan de esta forma una ganadería intensiva con poco respeto para la vida del animal. 
El colapso del mercado de carne de vacuno no se debe a causas externas, sino que está íntimamente relacionado con la manera de producción y comercialización del sector ganadero y con la manera en que se lucha, con el beneplácito del sector, contra las crisis como la EEB y la fiebre aftosa. 
Por lo tanto, el sector sufre ahora las consecuencias de lo que nosotros llamamos el funcionamiento normal del mercado y no vemos ninguna necesidad de aumentar aún más las primas. 
La propuesta de Sturdy de quitar las presiones del mercado por medio de la modificación en las primas para que en vez de carne de vacuno se produzca más carne de ternera, o sea terneras en jaulas, nos parece el colmo del cinismo. 
Informe Langenhagen (A5-0129/2001) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, he sido el único que ha votado en contra de este informe Langenhagen que regula y aprueba el Acuerdo de pesca con Groenlandia. 
¿Por qué he votado en contra, señor Presidente? 
He votado en contra porque el Partido de los Pensionistas no ve favorablemente que los Estados de la Unión Europea vayan a pescar en las aguas de los demás. 
Dejemos que cada Estado pesque sus peces. 
No estoy de acuerdo con que paguemos y, a cambio de este pago, nos permitan ir a pescar en las aguas de los demás. 
Y esto no solo porque, como es sabido, estoy a favor de los peces y tengo una buena relación con los peces de todo el mundo, sino porque considero que la Unión Europea debe cambiar su política pesquera en los territorios y en los mares de los demás. 
Informe Miranda (A5-0128/2001) 
Fatuzzo (PPE-DE). 
(IT) Señor Presidente, como de costumbre, el Sr. Poettering ha entrado en el Pleno con una sonrisa en los labios. 
Por ello, ¿acaso es posible no hablar del arroz, del que se habla en este informe del Sr. Miranda? 
Estoy desconcertado por este informe sobre el arroz y he votado en contra del mismo. 
Estoy muy de acuerdo con que se abran los mercados europeos a los Estados subdesarrollados, pero no estoy de acuerdo con que estos mercados se abran para el producto del arroz. 
El arroz en Italia, especialmente en las provincias de Novara, Vercelli, Pavía y Milán, constituye la fuente principal de ingresos de muchos agricultores. 
Por esto, no estoy en absoluto de acuerdo con que los mercados del arroz se abran a todos los mercados del mundo. 
¡Y ahora buen provecho, señor Presidente, y espero, un buen arroz! 
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(FR) Nosotros no estamos en contra de la decisión de "proporcionar a todos los productos procedentes de los PMA, excepto armamento y munición, un acceso sin restricciones a los mercados comunitarios", ya que no existe razón alguna para imponer a los productos procedentes de los países más pobres derechos de aduana en las fronteras de la Unión Europea. 
Pero es evidente que esta medida que se presenta como si fuese favorable a los países más pobres beneficiará sobre todo a las multinacionales implantadas en estos países, las únicas, en general, que producen y venden en el mercado internacional. 
Resulta ilustrativo de la hipocresía y de los falsos pretextos en este ámbito el hecho de que los tres únicos productos respecto a los cuales se retrasará esta decisión sean el plátano, el azúcar y el arroz, es decir, tres productos cuya producción y comercialización están en manos de trusts poderosos que luchan unos contra otros para controlar el mercado internacional. 
Con mayor razón, las alusiones que dan a entender que esta medida puede contribuir al "desarrollo de su capacidad tecnológica (de los países más pobres) con el fin de poder llegar a exportar también productos acabados", es decir, que estos países tienen una oportunidad para desarrollarse, es una engañifa. 
Por eso nos hemos abstenido. 
El informe constata, con razón, que la distancia que separa a los 48 países más pobres de los demás "ha aumentado de nuevo". 
El desarrollo de estos países, donde una parte importante de la humanidad vive en condiciones indescriptibles, exigiría un reparto de las riquezas a escala mundial absolutamente incompatible con un orden económico internacional basado en la desigualdad, la explotación y el saqueo de los países pobres en provecho de la clase capitalista de los países ricos. 
Con esto queda cerrado el turno de votaciones. 
(La sesión, suspendida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación de los presos turcos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, la Comisión acoge con satisfacción el presente debate sobre la situación en las cárceles en Turquía. 
En las últimas semanas, representantes del Parlamento, al igual que la Presidencia y la Comisión, han hecho un esfuerzo para contribuir a la solución de este grave problema humanitario. 
La anunciada visita de una delegación del Parlamento Europeo a las propias cárceles será un nuevo acicate que contribuirá a impulsar la reforma del Derecho penal en Turquía. 
La Comisión lamenta profundamente que ya hayan fallecido 22 personas en el transcurso de la huelga de hambre en Turquía. 
Muchas otras están sufriendo horriblemente. Su estado se deteriora de manera progresiva. 
A muchos les espera la muerte si no se consigue encontrar una salida que permita poner fin a esta huelga de hambre. 
En opinión de la Comisión, la situación actual ofrece motivos de seria preocupación desde un punto de vista humanitario, completamente al margen de las ideas políticas que defiendan los organizadores de la huelga de hambre. 
La situación en las cárceles turcas fue uno de los temas centrales de la conversación que mantuve con el Ministro de Asuntos Exteriores turco ayer por la mañana en Bruselas. 
En el curso de la misma quedó claro que, en opinión del Gobierno turco, es necesario adoptar medidas para evitar nuevas muertes. 
En este contexto, la Comisión acoge con satisfacción que el Parlamento turco haya aprobado ya una modificación del artículo 16 de la Ley antiterrorista turca. 
Esta nueva disposición tiene sobre todo por objeto permitir la participación de los presos en actividades sociales durante el cumplimiento de la pena. 
Ahora debemos instar a Turquía a que procure que las nuevas disposiciones se apliquen lo más pronto posible, con el fin de que también mejoren efectivamente las condiciones de reclusión en las cárceles. 
El Ministro de Asuntos Exteriores turco me informó asimismo de que se están preparando otras dos leyes destinadas a garantizar que se respete legalidad durante el cumplimiento de la pena. 
Una de ellas prevé la creación de un órgano de vigilancia del cumplimiento de las penas, que estará integrado por representantes de las organizaciones no gubernamentales turcas. 
La segunda ley crea la figura de un juez de vigilancia penitenciaria. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento turco ya ha aprobado ambas leyes y el pleno de la Asamblea Nacional turca las examinará en breve. 
Yo quiero resaltar que la Comisión concede una gran importancia a la introducción de nuevas reformas en el Derecho penal y penitenciario. 
La Comisión apoya las recomendaciones de la Comisión para la prevención de la tortura del Consejo de Europa. 
Así lo expresamos también explícitamente en el Acuerdo para la adhesión. 
La Comisión ya consideraba importante el tema de la situación en las cárceles turcas antes de que estallaran los disturbios y del inicio de la huelga de hambre. 
La Comisión reitera su llamamiento al Gobierno turco del 21 de marzo de 2001, en el que le insta a que adopte todas las medidas oportunas para evitar nuevas muertes. 
Además, también es imprescindible que se garantice una atención médica adecuada. 
El Gobierno y el Parlamento turcos deben seguir colaborando para agilizar la reforma del Derecho penal en Turquía. 
Nosotros esperamos que, en un país que aspira a ser miembro de la Unión Europea, los derechos humanos se respeten en todas partes, incluidas las cárceles. 
A la vez, la Comisión también insta encarecidamente a los responsables de la organización de la huelga de hambre a que renuncien de inmediato a todas las acciones y exigencias que puedan provocar nuevas pérdidas de vidas humanas. 
Quienes dicen defender los intereses de los presos, deberían demostrarlo en primer lugar dejando de poner en peligro su vida y su bienestar. 
En cualquier situación es preciso evitar poner en peligro la vida y la salud de las personas por motivos políticos. 
La Comisión tiene la seguridad de que es posible evitar la pérdida de nuevas vidas humanas y mejorar las condiciones de detención en las cárceles turcas si todas las partes- incluidos los organizadores de la huelga de hambre- actúan con mesura y sentido de la responsabilidad. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo PPE desearía dar las gracias al Consejo y a la Comisión por haber aceptado hacer el balance sobre este delicado y doloroso asunto de las prisiones turcas. 
Se trata de una situación de crisis aguda que, como lo ha recordado el Presidente del Consejo, ya ha provocado veintidós víctimas y podría provocar muchas más. 
Por consiguiente, nuestro Parlamento no desea intervenir intempestivamente. 
Se han adoptado varias iniciativas, de orígenes diversos, para facilitar la búsqueda de una solución: el Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Presidencia del Consejo, la Comisión Europea, como lo ha recordado el Sr. Verheugen, y, a título personal, el presidente de nuestra delegación parlamentaria, que viajó a Ankara y mantuvo conversaciones con todos los protagonistas de este singular conflicto. 
Nuestro objetivo es acompañar las iniciativas, sin interferencias estériles, pero demostrando el interés permanente del Parlamento Europeo y su vigilancia con respecto a los Derechos Humanos y a todo aquello que afecta a nuestro socio turco. 
Desde principios de año, Turquía atraviesa momentos difíciles. 
Una grave crisis financiera ha comprometido los resultados del plan de recuperación que ya estaba aplicándose. 
La Unión Europea respalda y completa la acción del FMI para apoyar la aplicación del sólido dispositivo, creado con determinación por el ministro Kemal Dervi. 
Tendremos la ocasión, al final del verano, de hacer el balance de los resultados de esta política y de evaluar el programa nacional de adaptación del acervo comunitario recientemente adoptado por el Gobierno de Ankara. 
Pero, al mismo tiempo, las prisiones turcas han sido escenario de motines reprimidos de manera particularmente sangrienta y de huelgas de hambre que sus autores llevan a cabo hasta sus fatales consecuencias. 
Somos conscientes de la extrema dificultad que la situación plantea a las autoridades turcas. 
Los dirigentes del movimiento pertenecen a organizaciones extremistas fanatizadas que no dudan en jugar con la vida de sus militantes o incluso de sus familias por motivos de propaganda política. 
Es paradójico que el movimiento se haya iniciado cuando los interesados iban a ser trasladados de unas prisiones superpobladas, donde estaban hacinados en condiciones indignas, hacia establecimientos penitenciarios modernos, que responden a las recomendaciones del Consejo de Europa. 
En los años 70-80 nuestras propias democracias conocieron fenómenos de esta naturaleza, aunque en menor escala. 
No subestimamos, pues, las dificultades de todo ello, pero insistimos en la importancia de encontrar rápidamente una solución al aspecto humanitario de la crisis, de detener estas muertes que se producen día tras día, sin ceder al chantaje político, que, evidentemente, es inaceptable. 
Una delegación de nuestro Parlamento viajará a principios de junio a las prisiones turcas para tratar de evaluar la situación concreta, de manera objetiva, y para efectuar recomendaciones con miras a una política penitenciaria a más largo plazo. 
Es muy deseable que el problema humanitario actual se solucione antes de esta fecha. 
La aceleración de la modernización del Código Penal y del Código Penitenciario turcos, como lo ha manifestado el Sr. Verheugen, así como la adopción de medidas de apaciguamiento en el seno de las nuevas prisiones, podrían contribuir a este desenlace. 
Al mismo tiempo, estoy convencido de que dichas medidas serían consideradas como una expresión significativa de Turquía de su voluntad de acercarse al modelo europeo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, tal como han señalado el Comisario y el Presidente del Consejo, no estamos debatiendo sobre la situación en un país muy distante de Europa, sino en un país candidato. 
En este contexto se plantean una serie de problemas de considerable alcance. 
Existen grandes problemas económicos a los que se está intentando dar solución; ¡yo les deseo que la suerte les acompañe! 
Nosotros también apoyaremos las reformas desde la Unión Europea. El sistema político sigue demostrando una escasa capacidad y voluntad de reforma; el Presidente de la República y los militares así lo han señalado. 
Apenas se han registrado progresos en relación con el llamado problema kurdo, o sea, el problema de las minorías, y la situación en las cárceles es espantosa. 
Cabría esperar que un Gobierno que tiene tantos problemas al menos intentase resolver los más inmediatos y urgentes. 
Acabo de realizar una breve visita a Turquía con el colega Cohn-Bendit. 
Yo mismo estuve sólo poquísimo tiempo en Turquía, pero aun así pude constatar que, por el momento, nos encontramos ante un diálogo entre dos sordos o dos mudos. 
Para que la anunciada visita de la delegación del Parlamento Europeo tenga algún sentido, una oportunidad de éxito, sería necesario, de hecho, que ambas partes estén dispuestas a alcanzar un compromiso o que prevean al menos la posibilidad de interrumpir sus respectivas acciones. 
Es cierto que la situación en las cárceles turcas tiene que cambiar. 
Sin embargo, es necesario considerar el marco global de condiciones en el que se inscriben las diferentes propuestas, y esto también supone una crítica tácita contra la labor del Consejo de Europa y su Comisión contra la tortura. 
Turquía sigue siendo un país que, como resultado de sus disposiciones legales, genera a diario un gran número de presos políticos y este es el problema. 
Los presos políticos no son tan numerosos porque se cometan muchos atentados, sino porque la legislación turca determina que haya muchos presos, y ese es el primer aspecto en el que se puede empezar a actuar. 
En segundo lugar, incluso en aquellos lugares donde haya presos o presos políticos detenidos por actividades terroristas- hecho que yo no niego en absoluto, como tampoco es mi intención apoyar el terror- se debe suspender su incomunicación o reducirla al menos a un grado humanamente soportable. 
La Comisión ha anunciado una serie de medidas que Turquía se propone adoptar. 
En enero, yo ya mantuve una conversación con el Ministro de Justicia de Turquía y las medidas que he mencionado ya se estaban considerando entonces. 
Sin embargo, ocurre lo mismo que con el sistema de control, con el artículo 16 o con el juez de vigilancia penitenciaria. El gran interrogante en Turquía es: ¿cómo se aplicarán las medidas? 
Las mismas normas se pueden aplicar de manera humana, respetando los derechos humanos, o también de una forma que favorezca la incomunicación y la reclusión en celdas de aislamiento. 
Yo pido a Turquía que conceda al Parlamento Europeo y a Europa la oportunidad de ayudarla a superar esta difícil situación, pero para ello es necesario que quiera hacerlo. 
Quienes hemos estudiado la cuestión detenidamente, podemos, ciertamente, acoger de modo favorable los verdaderos progresos que, no obstante, está haciendo Turquía para reformar su sistema penitenciario. 
También compartimos parte del sufrimiento de los prisioneros políticos y de sus familias que han decidido dejarse morir de hambre. 
El sistema judicial y penal turco está en transición desde un régimen de castigo y opresión hacia un planteamiento más occidental, en el que a los presos se les impone penas pero no son atormentados. 
La Unión Europea debería contribuir a este proceso de reforma apoyando económica y también técnicamente determinadas medidas de creación de confianza cuidadosamente seleccionadas, sin las cuales el ayuno no cesará. 
Medidas tales como formar a los oficiales de la administración de justicia, a los funcionarios de prisiones y a los gendarmes, garantizar servicios médicos de primera clase, mejorar las condiciones de visitas a las prisiones y establecer una inspección independiente del sistema penitenciario y proteger a los abogados. 
El confinamiento en celdas aisladas debería ser la excepción y no la norma. 
Las normas penitenciarias deben aplicarse escrupulosamente y debe cesar el trato arbitrario de todos los presos. 
Señor Presidente, permítame que empiece por una consideración de principio. 
Las reformas en las cárceles son las más difíciles de aplicar, no sólo en Estados como Turquía, sino también aquí, en nuestros países. 
Es un hecho sabido. 
Las cárceles son siempre el eslabón más débil, los puntos débiles de una democracia. 
La situación en las cárceles también dista mucho de ser favorable y democrática en las democracias altamente avanzadas de la Unión Europea. 
Trasladado al caso de Turquía, esto significa que, en un país que todavía no ha entrado en la vía democrática en el aspecto cultural, la situación en las cárceles refleja esta evolución contradictoria. 
Por esto yo creo que es muy importante dejar clara una cosa. El Consejo o la Comisión, ahora no lo recuerdo, ha declarado antes que pide a Turquía que aplique las leyes con generosidad. 
Yo creo que es un enfoque equivocado desde el punto de vista jurídico. 
Frente a las leyes no se debe contraponer la generosidad sino otras leyes. 
Yo creo que la contradicción de la reforma que se está llevando a cabo en Turquía reside en el hecho de que, en el fondo, se está dejando en manos de las direcciones de las cárceles y, por lo tanto, se les está brindando la posibilidad de aplicarla como les parezca. 
En una situación como aquella, esto no contribuye a fomentar la confianza de los presos, que han tenido experiencias dolorosas con dicha Administración de prisiones y con los vigilantes de las cárceles. 
Este es el problema: ¿cómo se puede generar confianza? 
Por esto yo creo- y pudimos constatarlo durante nuestra visita- que es necesario encontrar rápidamente una solución, pues los presos han modificado su posición. Ya no plantean reivindicaciones descabelladamente difíciles de conseguir. 
La inmediata apertura de las celdas de aislamiento, la inmediata reorganización de las visitas de los familiares y abogados, asistencia médica prestada por médicos de su elección, son a grandes rasgos las medidas inmediatas que ahora piden para poner fin a la huelga de hambre. 
Por esto nosotros hacemos el siguiente llamamiento: en primer lugar, Turquía debe aplicar con generosidad las medidas que todavía son necesarias y abrir de inmediato, para empezar, las celdas y las puertas, con objeto de hacer posible la finalización de la huelga de hambre. 
En segundo lugar, se debe iniciar un diálogo con los presos para aclarar qué es lo que piden. 
Es importante identificar sus demandas. 
En tercer lugar- y esto me parece esencial -, Turquía debe manifestar claramente su voluntad de dialogar con esas personas reconociendo su condición de seres humanos. 
Por el otro lado, queremos decirles a las organizaciones que han organizado la huelga, que son los presos quienes deben decidir su conclusión y no la dirección de ningún partido. 
Exigimos que así sea, puesto que son ellos quienes están arriesgando su vida y no la dirección de Bruselas, que continúa comiendo y bebiendo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la huelga de hambre que mantienen los presos turcos y sus familiares desde hace meses ya ha costado la vida a muchas personas. 
La Unión Europea no puede seguir permaneciendo muda mientras se acumulan las muertes. 
El Parlamento Europeo tiene que mantener una posición unánime para que se acepte seriamente su papel como interlocutor en las negociaciones. 
No podemos permanecer indiferentes ante las violaciones masivas de los derechos humanos en las cárceles turcas. 
No podemos olvidar los valores humanos. 
La Unión Europea tiene que exigir que se respeten los derechos humanos. 
El Parlamento turco aprobó hace poco una ley que suaviza las condiciones de confinamiento en solitario. 
Según sus disposiciones, sólo los presos condenados en aplicación de la Ley antiterrorista podrán participar en actividades culturales y deportivas. 
Yo critico esta ley, puesto que no autoriza la participación de todos los presos en las actividades comunes. 
Todos los reclusos deben recibir el mismo trato. 
Yo no puedo aceptar en silencio que se torture y se maltrate a los presos recluidos en celdas de aislamiento, y que éstos estén expuestos a la arbitrariedad de los vigilantes en ausencia de testigos. 
Las personas en confinamiento solitario se encuentran totalmente aisladas del mundo exterior. 
Todo ser humano necesita, sin embargo, la proximidad y el contacto con otras personas. 
Es urgente encontrar una solución que evite nuevas muertes. 
Yo insto, por lo tanto, al Gobierno turco, en nombre del Grupo GUE/NGL y las organizaciones de los presos, a que se avenga a mantener un diálogo político. 
El diálogo permite alcanzar un consenso social, mientras que la violencia sólo genera violencia. 
Mi Grupo no puede resolver los problemas internos de Turquía. Sin embargo, todos querríamos contribuir a poner fin a esta situación. 
Turquía tiene que comprometerse a democratizar y humanizar el cumplimiento de las penas si desea ser admitida en la Unión Europea. 
Los derechos humanos se deben aplicar a todas las personas, incluidos los presos. 
Yo deseo que se llegue a un acuerdo, yo deseo la paz interior y que se acabe el odio, que reabre profundas heridas. 
Este objetivo merece que levantemos la voz. 
Señor Presidente, "Europa", y lo pongo entre comillas, es para nuestro Grupo muchas veces sinónimo de intromisión. 
Sin embargo, no me parece que este sea el caso en este punto del orden del día: la situación de los presos turcos. 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento la están estudiando con razón porque la República turca tiene, a fin de cuentas, el estatus de candidato a Estado miembro. 
Para poder ingresar realmente el candidato ha de cumplir los criterios de Copenhague. 
Un requisito europeo importante en este marco es funcionar como un estado de derecho. 
Tomando en cuenta las insistentes y graves acusaciones al sistema carcelario turco, esta espinosa cuestión nacional requiere la atención de Europa. 
La reciente introducción del nuevo tipo F de cárceles complica aún más la situación porque ha llevado a una auténtica avalancha de quejas e incluso a unas huelgas de hambre masivas. 
Basándome en la convicción religiosa cristiana rechazo de pleno el último recurso político de la muerte por inanición por voluntad propia. 
Sin embargo, esta convicción religiosa exige a la vez que se dé un trato humano a los encarcelados dentro del marco de un estado de derecho. 
Estas consideraciones son las que me llevado a estar totalmente de acuerdo con la formación de una delegación ad hoc del Parlamento para analizar el sistema carcelario turco. 
Como miembro de esta delegación confío plenamente en la colaboración de las autoridades turcas en nuestra visita de principios de junio, esperando que el Parlamento Europeo pueda contribuir algo, por medio del diálogo, a que termine la tragedia de los que se han declarado en huelga de hambre. 
Señor Presidente, mi aportación a este debate se centrará en los grupos de la población cristiana en Turquía que sufren castigos desproporcionadamente severos y que son encarcelados en cárceles turcas por razones étnicas o religiosas. 
En esas cárceles sufren todo tipo de dificultades porque se les trata muy mal, no sólo por parte de los funcionarios de prisiones sino también por los otros prisioneros, y no reciben apenas protección. 
Turquía cuenta con unos 62 millones de habitantes de los que el 99% es musulmán y menos del 0,5 % es cristiano. 
El mayor grupo de cristianos lo constituyen los ciudadanos que pertenecen a la iglesia armenia ortodoxa, la iglesia siria ortodoxa y la iglesia católica. 
Además, en Turquía occidental hay un grupo de griegos ortodoxos. 
Y a pesar de que la constitución turca respeta la libertad de religión, tanto las escuelas de las iglesias armenias y griegas ortodoxas, como las de la iglesia siria ortodoxa han sido cerradas en masa. 
Sobre todo la comunidad armenia cristiana es hostigada constantemente. 
No hace mucho el ejército atacó con armas de fuego una librería cristiana en Turquía oriental causando un muerto y 26 heridos. 
El delito cometido sólo consistía en vender biblias. 
Según un portavoz del patriarca armenio el estado turco ha confiscado en los últimos años 40 propiedades de tierra de la iglesia armenia cristiana. 
Quien protesta es detenido y encima recibe malos tratos en las cárceles por no ser musulmán. 
La iglesia siria ortodoxa recibe un trato todavía más brutal y como consecuencia de estas intimidaciones han emigrado ya más de 100.000 ciudadanos sirios ortodoxos del sur de Turquía a Europa Occidental, entre otros destinos. 
En la provincia de cuya responsabilidad política me encargo, viven 9.000 cristianos sirios ortodoxos que han perdido más de 800 pueblos en el sur de Turquía. 
Las personas que se han quedado sufren intimidaciones, malos tratos y a menudo son encarceladas. 
No estoy en contra del ingreso de Turquía en la Unión Europea, pero sí he de decir que si se sigue maltratando de esta manera a los cristianos en Turquía me voy a oponer al ingreso. 
Señor Presidente, yo quiero agradecer en primer lugar la información del Consejo y la Comisión, pues doy por sentado que están desarrollando muchas iniciativas allí, aunque los periódicos no informen demasiado al respecto. 
Hoy he hablado por teléfono con una corresponsal de un diario bávaro en Estambul. 
Lamentablemente, me ha hecho saber que no sólo el Gobierno turco se mantiene en parte indiferente ante las muertes que se están produciendo en las cárceles turcas, sino que la sociedad turca tampoco manifiesta ningún interés. 
Bajo estas condiciones, resulta naturalmente muy difícil hacer comprender a la población de Turquía por qué estamos debatiendo hoy esta problemática en el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, justamente la opinión pública turca debería saber que en ningún Estado de Derecho puede ser admisible que la gente muera en sus cárceles y nadie haga nada. 
Por esto, precisamente porque nos tomamos en serio a Turquía y por qué queremos que en el futuro tenga una oportunidad de acceder a la Unión Europea, deseamos que también actúe del mismo modo que esperaríamos que lo hicieran nuestros Estados de la UE. 
Bajo estas circunstancias resulta realmente muy triste y lamentable tener que constatar que... 
(Un grupo de manifestantes irrumpen en el hemiciclo y profieren consignas; protestas de numerosos diputados) 
Sr. Ceyhun, hay que decir que no suele crear usted tanto entusiasmo con sus intervenciones. 
Señor Presidente, no voy a aprovecharme de la situación para ocupar más tiempo del previsto. 
Entiendo que todavía dispongo de aproximadamente medio minuto y enseguida acabo mi intervención. 
No tengo objeciones contra ningún tipo de manifestaciones, pero el trabajo de esta Asamblea merece un especial respeto y no deberían obstaculizarlo justamente cuando estamos intentando poner fin a la situación de la manera más pacífica posible y evitar que mueran más personas. 
Es cuanto voy a decir al respecto. 
Sin embargo, volviendo al problema que nos ocupa, este suceso también nos indica, no obstante, cuán difícil es la situación. 
Yo sólo puedo dirigir un llamamiento a Turquía, como ya lo ha hecho mi colega Daniel Cohn-Bendit. 
Sería posible convencer a algunas personas para que pongan fin a sus acciones si Turquía demuestra una voluntad de compromiso en relación con los tres puntos que ya ha citado Daniel Cohn-Bendit. 
Yo espero que Turquía se tome por fin en serio estos esfuerzos y haga un pequeño gesto de aproximación, en vez de persistir en su obcecación, pues si no lo hace no encontrará en la opinión pública europea ninguna persona dispuesta a aceptar su actitud. 
Y esto es lo que más perjudica a la imagen de Turquía. 
Señor Presidente, yo le ruego encarecidamente que se ocupe de averiguar cómo pudieron introducirse esos tres señores en los edificios del Parlamento. 
El sistema de seguridad es tan riguroso que nosotros mismos tenemos dificultades para conseguir que puedan entrar los ciudadanos que acuden a visitarnos de buena fe. 
No es posible que esas personas hayan entrado sin que alguien les franqueara el paso. 
El hecho de que los comunistas se pusieran de pie al verles entrar indica su procedencia. 
Yo le ruego que se ocupe seriamente de averiguar quién ha firmado su ficha de admisión. 
Bien, sus Señorías han mantenido admirablemente la calma mientras tenía lugar la manifestación. 
No armemos ahora un escándalo. 
No sabemos cómo han entrado pero se investigará a fondo. 
La Presidenta será, por supuesto, informada y se llevará a cabo una investigación. 
Quiso la suerte que hubiera un debate en la Mesa el lunes sobre reforzar la seguridad. 
Desgraciadamente aún no se han adoptado medidas. 
Señor Presidente, con todos los respetos, me es imposible compartir su interpretación de los hechos. 
No voy a referirme al contenido político. 
Sin embargo, quiero señalar, en primer lugar, que cuando mi jefe de prensa ha intentado asomarse hoy a este hemiciclo, se lo han impedido en el acto. 
Es una actuación correcta, de acuerdo, pero no entiendo cómo luego han podido llegar sin dificultad hasta el hemiciclo tres o cuatro personas que no tienen absolutamente ninguna relación con el Parlamento. 
En segundo lugar, cuando recibimos al Ministro de Asuntos Exteriores Cem en la Comisión de Asuntos Exteriores, ya tuvimos un incidente parecido, en el que el Ministro estuvo a punto de ser agredido. 
Independientemente de cuál sea el país afectado, es un hecho desagradable para este Parlamento que la burocracia encargada de la seguridad de los edificios- y empleo deliberadamente la palabra burocracia- ponga toda clase de trabas a los parlamentarios, pero en cambio sea incapaz de evitar estos incidentes cuando se está celebrando un debate sobre Turquía, en el que es esperable que pueda ocurrir algo así, y cuando ya existe el precedente de un incidente anterior. 
¡Yo creo que esto es un escándalo! 
Yo le ruego que se tome más en serio este asunto, pues no se trata del contenido político, sino de las medidas que se puedan adoptar al respecto. 
La próxima vez tal vez se impida hablar o se agreda a un Presidente invitado a intervenir aquí. 
Ya me dirán lo que eso supondría para el prestigio del Parlamento Europeo. 
Debe de haberme entendido mal, Sr. Swoboda. 
Desde luego que considero el incidente de extrema gravedad, pero no creo que sirva de nada acalorarse en la Cámara. 
Se informará del problema a la Sra. Presidenta y se pedirá a las autoridades correspondientes que actúen. 
Como he dicho antes, tuvimos un debate sobre nuestro sistema de seguridad en la Mesa el lunes y el Secretario General está actualmente elaborando un informe al respecto. 
Resulta que soy miembro de la Comisión de Presupuestos, pero si me permiten usar este estrado para hacer propaganda, diré que la Comisión de Presupuestos está bloqueando la liberación de recursos para los servicios de seguridad. 
Tenemos bloqueados alrededor de 15 puestos. 
Así que, si quieren saber por qué estamos escasos de personal de seguridad, pregunten a la Comisión de Presupuestos. 
. 
(SV) Señor Presidente, quiero dar las gracias a los diputados que han participado en el debate esta fructífera discusión. 
En mi opinión, ésta demuestra un auténtico y constructivo interés por la situación en Turquía. 
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deben continuar haciendo esfuerzos mancomunadamente. 
Nuestro principal mensaje a las autoridades turcas debe ser extraordinariamente claro en este punto: se necesitan medidas inmediatas para evitar más muertes. 
En este contexto quiero aprovechar para manifestar mi sincero reconocimiento a los Sres. Cohn-Bendit y Swoboda por su visita a Turquía a finales del mes de abril. 
Creo que son justamente este tipo de acciones las que se necesitan para llamar la atención sobre la difícil situación actual: informar de manera clara y objetiva a la ciudadanía europea sobre lo que está sucediendo. 
En nombre del Consejo, les doy las gracias por este trabajo. 
Estoy de acuerdo con lo expresado por el Sr. Swoboda sobre la importancia de ver qué sistema político es capaz de producir un sistema carcelario como el de Turquía. 
Es obvio que hay que hacer frente a la situación concreta y concentrarse en la difícil situación carcelaria, pero también hay que prestar atención al panorama: el sistema político y la situación económica. 
Por ese motivo, como Presidente en ejercicio me he interesado por dar apoyo al FMI y al Banco Mundial en sus esfuerzos para ayudar al gobierno turco a conseguir la recuperación económica, ya que creo que ésta es necesaria para crear las condiciones necesarias tendentes, por ejemplo, a mejorar la situación en las cárceles del país. 
Por eso espero la continuación del diálogo con el Parlamento. 
La Presidencia sueca, y seguramente también las próximas Presidencias, van a ser muy claras en sus contactos con el Gobierno turco. 
Posiblemente pronto obtendremos resultados concretos en una materia tan trascendente para nosotros como es la inaceptable situación de las cárceles turcas. 
El debate queda cerrado. 
Situación en la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar las declaraciones del Consejo y la Comisión acerca de la situación en la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM). 
. 
(SV) Señor Presidente, Señorías, los extremistas albaneses tomaron a fines de febrero la ciudad de Tanusevci, en la frontera entre Kosovo y la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) , lo que dio origen a violentos combates entre los extremistas, el ejército de la ARYM y fuerzas policiales. 
A mediados de marzo se extendieron los disturbios a la ciudad de Tetovo, en el oeste de la ARYM, cuando uniformados ocuparon poblados situados al norte de la ciudad y desde allí la atacaron despiadadamente. 
El ejército de la ARYM inició una contraofensiva contra los poblados ocupados que terminó el 1 de abril. 
Más tarde, en el mismo mes, los extremistas reiniciaron los combates en los poblados situados al noroeste de la ciudad de Kumanovo, combates que todavía no han cesado. 
De este manera, resulta evidente que existe un gran riesgo de guerra civil y que la Unión Europea ha hecho grandes esfuerzos para impedir que esto ocurra. 
La Unión Europea reaccionó casi inmediatamente frente a los combates en Tanusevci y Tetovo haciendo declaraciones en las que condenaba los ataques violentos e instaba a todas las partes involucradas a poner fin inmediato a las acciones violentas. 
En Skopje se inició una intensa actividad diplomática para apoyar al gobierno de la ARYM, su soberanía nacional y su integridad territorial. 
La representación de la Presidencia de la UE en el plano local inició importantes contactos con los principales actores. 
Se insto al gobierno de la ARYM para que actuase con prudencia contra los extremistas y se pidió a los líderes de los principales partidos albaneses que demostrasen su repudio aislando a los extremistas. A los partidos de la oposición eslavo-macedonia se les pidió que no se aprovechasen de la situación para exaltar los sentimientos nacionalistas contra la minoría albanesa. 
Desde el comienzo se hicieron grandes esfuerzos para llegar a todos los rincones, a través de los medios de difusión, con el mensaje de la Unión sobre rechazo a los extremistas. 
Se inició entonces un intenso tráfico diplomático. 
El Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Kerim, fue invitado a discutir con el Presidente en ejercicio de la UE y con el Alto Representante Sr. Solana, en relación con la reunión del Consejo (asuntos generales) del 19 de marzo. 
Al día siguiente, viajó una troica de jefes políticos con el Sr. Solana a Skopje y al final de la misma semana viajó la troica de Ministros de Asuntos Exteriores con el Sr. Solana a Skopje y a Pristina para marcar su respaldo al gobierno y su rechazo a las acciones de los extremistas. 
Estas visitas dieron por resultado, entre otras cosas, que los líderes albaneses en la ARYM y en Kosovo suscribieron declaraciones en las que públicamente rechazaban los métodos violentos de los extremistas y les instaban a hacer valer sus exigencias en los foros políticos, en concordancia con las reglas del juego democrático. 
Como una señal más del apoyo de la UE a los líderes políticos de la ARYM se invitó al Presidente Trajkovski a la reunión del Consejo Europeo de Estocolmo el 23 de marzo. 
Allí tuvo ocasión de presentar su versión de la difícil situación de su país ante todo el Consejo Europeo. 
Para dar consistencia económica al respaldo político, se revisaron las ayudas al desarrollo de la ARYM para este año. 
Se hicieron grandes esfuerzos, tanto por parte de la Comisión como de los Estados miembros, para cubrir la financiación de la nueva universidad con enseñanza en albanés en Tetovo, para intentar adoptar rápidas medidas para la reconstrucción de las viviendas destruidas en los poblados situados al norte de Tetovo y para tratar de apoyar otros proyectos que pudiesen fortalecer la situación interétnica en el país. 
Como es sabido, el 9 de abril la ARYM, como primer país en el oeste de los Balcanes y después de un año de negociaciones, celebró un acuerdo de asociación con la Unión. 
Este acuerdo es un paso fundamental en el acercamiento de ese país a la UE y su firma fue también un valioso acto que simbolizó el respaldo de la UE. 
Actualmente la ARYM es considerada- igual que los otros países del oeste de los Balcanes- como un candidato potencial a la Unión. 
Sin embargo, los disturbios en la ARYM han evidenciado la necesidad de mejorar la situación y los derechos de los albaneses y de otras minorías en el país. 
En relación con la firma del acuerdo de estabilidad y asociación, el gobierno de la ARYM lanzó un plan de acción para la realización de reformas que aceleren el vasto abanico de adaptaciones que requiere este acuerdo, pero también destinadas a intensificar el diálogo interétnico y a fortalecer la situación de las minorías. 
Desgraciadamente, nos vemos forzados a comprobar que el trabajo concreto de reformas ha sido muy lento. 
Hasta ahora solamente se ha logrado evitar la declaración del estado de guerra, aplazar el censo general para octubre y fijar la fecha para las nuevas elecciones al Parlamento el 27 de enero de 2002. 
Pero, después de intensas negociaciones y presiones de la comunidad internacional, se logró formar un amplio gobierno de coalición que servirá como base política y plataforma para las difíciles y necesarias decisiones que deberán tomarse en el futuro. 
A juicio del Consejo, hay medidas que el gobierno debería y podría ejecutar inmediatamente. 
En primer lugar, crear un tercer canal de televisión estatal para las lenguas minoritarias, en segundo lugar, promulgar la esperada ley que fortalece la administración local y, en tercer lugar, ratificar el reglamento del Consejo Europeo sobre lenguas minoritarias. 
A mediano plazo, y ante la elección del próximo año, el gobierno tiene que modificar la Constitución con el fin de equiparar a la población eslavo-macedonia con las demás minorías existentes en el país y, además, tomar medidas para fortalecer la representación de las minorías en la administración. 
La troica de Ministros de Asuntos Exteriores visita nuevamente Skopje hoy para entregar este mensaje. 
La Sra. Lindh, Ministra de Asuntos Exteriores, viajó directamente de esta Asamblea a Skopje. 
En esta reunión se invitará al nuevo gobierno de coalición a la reunión del Consejo (asuntos generales) del 25 y 26 de junio para que informe sobre sus avances y sobre la continuación de su plan de acción. 
En otras palabras, la ARYM está inmersa en un difícil pero necesario proceso de reformas. 
No hay mucho tiempo para evitar una nueva guerra civil. 
Es importante puntualizar que la responsabilidad principal recae en el gobierno de la ARYM. 
La Unión tiene un trascendental papel como sostén y el Consejo- junto con el Alto Representante Sr. Solana y, especialmente, con la Presidencia, en el ámbito central y local- continuará dando su respaldo a este proceso. 
Creemos también que el Parlamento y sus Grupos de partidos pueden desempeñar un papel importante. 
Hasta finales de junio, el gobierno de coalición necesitará apoyo y aliento, pero también presiones, para lograr realizar las reformas necesarias y simultáneamente mantener la frágil coalición gubernamental. 
A juicio del Consejo, sería muy valioso que los Grupos parlamentarios pudiesen ponerse en contacto con sus partidos afines en la ARYM para apoyarlos durante este proceso, si es que ya no lo han hecho. 
Todavía es posible evitar una guerra civil en la ARYM. 
Hay que hacerlo. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, la Comisión acoge con satisfacción los esfuerzos de los dirigentes macedonios, que permitieron constituir el domingo una coalición gubernamental más amplia, y confía en que este nuevo Gobierno pueda alcanzar ahora resultados concretos en el marco del diálogo entre los partidos. 
Dicho diálogo se reanudó hace algunas semanas con la cooperación de la Unión Europea, como ustedes saben. 
Por nuestra parte seguiremos apoyando al nuevo Gobierno en sus esfuerzos para fomentar la tolerancia y la moderación, y dirimir las diferencias de opinión según el principio de "sustitución de la fuerza por el diálogo". 
Mi colega Chris Patten y la Presidencia transmitirán hoy este mensaje al Gobierno y el Presidente del país con ocasión de la visita a Skopje de la troica de ministros de la Unión Europea. 
El 9 de abril se firmó en Luxemburgo el Acuerdo de estabilización y asociación entre la Unión Europea y Macedonia. 
Con ello se dio un paso sumamente importante y sin duda histórico a favor de la estabilidad en toda la región de los Balcanes. 
Macedonia es el primer país de la región con el que se ha firmado un acuerdo de estas características. 
El segundo, con Croacia, se rubricó el lunes en Bruselas. 
Dicho Acuerdo simboliza las estrechas relaciones entre la Unión y Macedonia y sienta las bases para una rápida aproximación a la Unión Europea. 
Los elementos más destacados del Acuerdo son la creación de una zona de libre comercio entre la Comunidad y Macedonia en un plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, el establecimiento de un diálogo político, algunas disposiciones relativas a la cooperación regional, el compromiso de las autoridades macedonias de adaptar sus normas legales al Derecho comunitario- en particular a las normas relativas al mercado interior -, así como la cooperación en ámbitos como los de la justicia y los asuntos interiores. 
El Acuerdo deja muy claro que Macedonia tiene la perspectiva de un futuro europeo. 
Ahora es preciso hacerla realidad. 
El Acuerdo no representa, por lo tanto, el final de un proceso, sino el comienzo de un difícil camino para dicho país. 
Ahora le corresponde a la parte macedonia demostrar a la UE su voluntad de cumplir los criterios básicos y, sobre todo, es importante que el país demuestre que es capaz de resolver los conflictos entre los grupos de población mediante el recurso al diálogo político, en vez de recurrir al uso de la fuerza. 
La UE continuará brindándole un apoyo ilimitado en este sentido. 
La Comisión condena los nuevos actos de violencia terrorista en el norte de Macedonia e insta a todos los miembros de la minoría albanesa a que dejen que sean los dos partidos albaneses legítimos quienes debatan las reivindicaciones de dicha minoría en un foro democrático, ya sea con el nuevo Gobierno, ya sea con el Comité especial que dirige el Presidente Trajkovski. 
La Unión Europea ya está haciendo todo lo posible para facilitar este diálogo. 
Como los diputados del Parlamento Europeo ya saben, nos encontramos en una fase sumamente crítica de la historia de Macedonia. 
La Unión Europea continuará demostrando su vinculación con el país y su confianza en la población. 
Para nosotros es evidente que no es posible alcanzar el gran objetivo de la estabilidad en la región de los Balcanes si no se garantiza la integridad territorial y la soberanía nacional de Macedonia 
La propia población y sus dirigentes políticos deberán realizar, no obstante, los esfuerzos fundamentales. Ellos son los responsables del futuro de su país. 
Nosotros apoyaremos en cualquier caso la continuación del diálogo y la consecución de resultados más concretos. 
Tenemos el convencimiento de que sólo un proceso pacífico y democrático, en el que se contemplen las legítimas aspiraciones de las minorías, permitirá avanzar a Macedonia por el camino hacia Europa. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo agradezco en nombre de mi Grupo el apoyo activo al proceso de paz en Macedonia. 
De hecho, en este caso hemos asistido por primera vez, durante los últimos meses, a una actuación conjunta del Consejo y la Comisión en la antigua Yugoslavia y hemos constatado que ambos valoraban del mismo modo la situación y, por lo tanto, también han actuado conjuntamente. 
Sin embargo, no debemos olvidar que no podemos abandonar a dicho país cuando amainen los combates y por una vez no haya tiros. 
Al contrario, debemos seguir de manera continuada y de muy cerca, o sea sobre el terreno, el desarrollo de la situación. 
El Parlamento Europeo así lo ha hecho de manera consecuente desde 1993. 
Hemos debatido incansablemente sobre todos los problemas con los colegas macedonios y con el Gobierno. 
Les hemos instado reiteradamente a que no minusvalorasen el conflicto interétnico latente e hiciesen todo lo posible para evitar un estallido de esos conflictos. 
Durante largo años no se hizo gran cosa y esto es de lamentar. 
Es preciso reconocer que durante largos años se descuidó imperdonablemente dicha problemática. 
No obstante, hacía dos años y medio que el último Gobierno se había puesto manos a la obra y realmente había hecho mucho a favor de la población albanesa y había puesto en marcha algunas medidas. 
Y justamente cuando el Gobierno contaba con ministros destacados de origen albanés con carteras importantes, cuando se había alcanzado una verdadera solución para el tema de la enseñanza albanesa y también para el problema de la Universidad de Tetovo, en ese preciso momento estallaron las hostilidades. 
A la vista de ello, es inevitable pensar que éstas fueron importadas desde el exterior. 
Me extraña que ninguno de los oradores que me han precedido- ni el Consejo ni la Comisión- haya recordado que el conflicto fue importado desde el exterior. 
Por esto deberíamos examinar también qué está ocurriendo allí. 
El año pasado se celebraron elecciones en Kosovo. 
Si se hubiesen celebrado esta primavera seguramente habríamos podido evitar la discordia en el país vecino, aunque no es posible demostrarlo. 
Ahora nos encontramos ante una situación en la que el Sr. Hekkerup acaba de elaborar una constitución que no cuenta con el apoyo unánime de los serbios ni tampoco de los albaneses, sin decirle nada al Parlamento. Yo no sé si ha hablado con la Comisión, pero con nosotros no ha hablado nunca; nosotros pagamos la administración de la UNMIK, nuestra aportación es la más importante, pero nadie nos pregunta cómo se debe proceder allí. 
Posiblemente sea una buena constitución. 
Pero si ésta se proclama en mayo y las elecciones se convocan para noviembre, entremedio quedan siete meses durante los cuales los extremistas volverán a encontrar numerosos pretextos para la discordia. 
¡Esto no se puede hacer! 
¡Deberíamos aprender de los errores! 
Tal vez deberían haber consultado por una vez a los colegas del Parlamento Europeo. Nosotros se lo hubiésemos dicho. 
En resumen, yo creo que el error ya está hecho. ¡Ojalá aun sea posible adelantar tal vez las elecciones! 
Volviendo al tema de Macedonia, yo debo decirles lo siguiente a los señores de las tribunas: ahí arriba dice "Situation ARYM". En inglés diría "Situation FYROM". 
Ese país no es otro que Macedonia, a la cual el país vecino le niega su nombre. 
Es decir, la antigua República Yugoslava de Macedonia. 
FYROM y ARYM son, en realidad, muletillas, que de hecho deberían quedar relegadas muy pronto al desván de la historia. 
Nosotros nos felicitamos por la constitución del Gobierno de unidad y esperamos que consiga avanzar hacia la convivencia interétnica. 
Confiamos en que ninguno de los partidos persiga proyectos separatistas o nacionalistas. 
Por consiguiente, yo creo que vamos por el buen camino. 
Yo recojo la sugerencia del Consejo y vamos a intentar hacer una visita a Skopje con una delegación antes del verano. 
Señor Presidente, como han señalado el Presidente del Consejo y el Comisario, la situación en lo que respecta a Macedonia/ARYM sigue siendo muy delicada y difícil. 
Yo todavía no veo indicios de que por ambas partes exista la voluntad suficiente de alcanzar un compromiso y un entendimiento. 
Aun así, una cosa debe quedar clara: el ELK no debe determinar los acontecimientos, la evolución y el ritmo de las soluciones en Macedonia. 
Nada sería más satisfactorio para el ELK que poder indicarles y dictarles a los partidos albaneses qué deben reivindicar, y nada les daría tanta satisfacción como que esto generase una reacción exagerada por parte de los partidos eslavomacedonios. 
Con todos los respetos hacia lo que acaba de expresar la Sra. Pack- con quien, de hecho, casi siempre coincido -, yo no valoro del mismo modo la relación con los acontecimientos en Kosovo. 
En efecto, las elecciones que tan necesarias son en Kosovo son elecciones para los demócratas y no para organizaciones terroristas como el ELK. 
¿Qué se debe hacer ahora? 
En primer lugar, se está considerando la posibilidad de modificar la Constitución y hay muchos motivos que lo aconsejan. 
Yo sólo pienso que las consideraciones étnicas deberían tener el menor peso posible y el núcleo central lo deberían constituir los derechos ciudadanos para todos y todas. 
En segundo lugar, la minoría albanesa necesita contar, sin duda, con más jueces, más policías y más funcionarios públicos. No obstante, también en este caso debe prevalecer en primer lugar el principio de la cualificación y el principio étnico sólo debe intervenir en segundo término. 
En tercer lugar, seguramente todavía quedan cosas por hacer en el ámbito de la educación y la formación profesional. 
También es necesario partir de la base de que la Universidad de Tetovo, que se ha financiado en gran parte sobre todo con las aportaciones de la comunidad internacional- y casi ninguna de la diáspora albanesa, todo sea dicho- debe acabar siendo una universidad pública a medio o largo plazo. Yo creo que este es el paso que debemos dar. 
Finalmente, yo quisiera plantear una última consideración de fondo. Tanto el Presidente del Consejo como el Comisario se han referido al Acuerdo de estabilización y asociación. 
Un acuerdo análogo también se ha rubricado, de hecho, con Croacia. 
Sin embargo, debemos empezar a pensar en el paso siguiente. 
Yo creo que el conjunto de la región debe poder sentirse acogida en Europa y quiero plantear, como tema de reflexión, que se considere la posibilidad de examinar por principio, en cada caso, a los dos años de la firma de uno de estos Acuerdos de estabilización y asociación, si el país en cuestión está preparado para ser admitido como candidato a la adhesión a la Unión Europea o puede aspirar a ello. 
En efecto, si se considera el caso de Bulgaria y Rumania, por un lado, y luego, por el otro, el de Turquía, se observa que la región de los Balcanes está recibiendo un trato un poco reticente, yo casi diría que injusto. En Zagreb se rectificaron algunas cosas. 
Sin embargo, yo creo que deberíamos avanzar un paso más, con el fin de decirle de manera clara y comprensible a la región: si estáis dispuestos a resolver todos vuestros problemas económicos, sociales y políticos, también tendréis la oportunidad de ser admitidos como candidatos a la adhesión a la Unión Europea; la Unión Europea está dispuesta, por su parte, a examinar periódicamente esta posibilidad con los países con quienes ya hemos cerrado un Acuerdo. 
Sólo un camino hacia Europa, sólo la visión, la visión realista de que llegarán a formar parte de esta Europa, puede garantizar la estabilidad en dicha región. 
Esta posibilidad debe existir, no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo, y la visión, la utopía, debe ser muy concreta. 
Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras que acaba de pronunciar el Sr. Swoboda sobre Macedonia pero al mismo tiempo voy a hacerle algunas observaciones. 
Efectivamente, creo que hemos de considerar a Macedonia como un miembro potencial de la Unión Europea. 
Pero, naturalmente, no podemos decir que Macedonia es ya un país candidato por la simple razón de que no se respetan los criterios de Copenhague en Macedonia. 
O sea, en primer lugar tiene que cumplir con esos criterios políticos. 
Me parece que por ese motivo- y ahí quiero corregir ligeramente lo que el Sr. Swoboda ha dicho- sí podemos prometer que existen posibilidades para convertirse en candidato a país miembro, pero sólo si se quita de la constitución y de las leyes de Macedonia ese concepto tan horrible de nación constituyente. 
Es un impedimento enorme, como también lo es muchas veces en otros países, para llegar a un nivel de comprensión étnica entre los ciudadanos. 
Tenemos que poder convertir a Macedonia en un estado de ciudadanos corriente y hay suficientes indicios de que su presidente, con su experiencia americana, tiene conciencia de ello. 
En segundo lugar, desde la Unión Europea también podemos hacer algo. 
Me acuerdo todavía muy bien de que en la anterior legislatura el dimisionario Ministro de Asuntos Exteriores danés, Uffe Elleman-Jensen, exclamó al sorprendido Pleno que el Consejo estaba más que harto del jaleo que armaba Grecia con Macedonia. 
Esto causó un incidente. 
Pero creo que fue una frase extraordinariamente saludable porque dejó claro que el Consejo podía presionar un poco a su socio Grecia y decirle: termina esas negociaciones, procura que se llegue a un buen acuerdo y no sigas tomando medidas que son también muy humillantes para Macedonia. 
Desde fuera podemos intentar neutralizar los efectos desestabilizadores que están encima de la mesa de negociaciones. 
Señor Presidente, quisiera insistir en que el Consejo también haga un examen de conciencia y que pregunte a sus propios miembros: señores, ¿qué podemos hacer nosotros? 
Que no se sigan enredando con el tema del nombre, la bandera etc. Podemos pedir también a los macedonios que empleen el modelo europeo para la formación de su estado propio. 
De lo contrario en el futuro no podrían ser un miembro normal de la Unión Europea. 
Señor Presidente, no quisiera interrumpir el desarrollo del debate, pero el colega Oostlander debe haberme interpretado mal. 
Yo no considero que Macedonia pueda ser reconocida ya como candidata. 
Sólo propongo que se le conceda la oportunidad de acceder a este estatuto a través de un examen periódico. 
Tiene usted razón, señor representante del Consejo; nos encontramos ante una guerra civil, y tal vez, si los acontecimientos siguen fuera de control, ante una guerra balcánica generalizada. 
En cuanto al nombre y la responsabilidad de Grecia, que ha mencionado el Sr. Oostlander, lo único que tengo que decir una vez más, es que la antigua República Yugoslava de Macedonia existe sólo gracias al permanente apoyo moral y material que Grecia le brinda. 
Dejo a un lado el nombre. 
Si no hubiera habido ese apoyo, pueden estar seguros de que la Yugoslavia de Milosevic la habría destrozado hace tiempo. 
Por lo que respecta a la situación actual, en la antigua República Yugoslava de Macedonia se enfrentan dos filosofías políticas una es la filosofía política expuesta por el representante del Consejo, la filosofía de que vivan dos naciones diferentes en el interior de las mismas fronteras, cooperen y convivan fraternalmente. 
La otra filosofía sostiene que los derechos de la nación albanesa sólo pueden garantizarse mediante las armas y el derramamiento de sangre. 
Señor representante del Consejo, es una filosofía- permítame decírselo, ya que procedo yo también de aquellas tierras y he vivido la guerra civil- muy profundamente enraizada en la mentalidad de un pueblo que mantiene aún ciertas actitudes primitivas. 
Si queremos evitar la guerra civil, esta filosofía de las armas tendrá que ser refutada por alguien, y, claro está, no por el gobierno de la ARY de Macedonia, porque si es éste el que se ocupa de desarmar al UÇK, entonces llegaremos finalmente a la guerra civil. 
Responsabilidad nuestra es desarmar al UÇK, responsabilidad nuestra es prohibirle al UÇK el uso de la zona de seguridad, responsabilidad nuestra es decirle a los dirigentes de Kosovo que no instigue al UÇK a hacer esas cosas, puesto que, al fin y al cabo, tenemos su economía en nuestras manos- a propósito, lo mismo podrían ustedes decirle también a Turquía, que no pagamos si no hacen algo con la vergüenza de las cárceles -, y, finalmente, debemos impedir con medidas policiales que se recojan fondos en Europa Occidental para ser enviados al UÇK. 
Si no se hacen estas cosas, señor representante del Consejo, el procedimiento civilizado que ha expuesto usted- y que, por supuesto, deseamos- será papel mojado. 
No es sólo responsabilidad de los macedonios. 
Si no hacemos estas cosas, seremos también nosotros responsables de lo que ocurra. 
Muchas gracias, señor Katiforis. 
El debate queda cerrado. 
Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0167/2001) de la Sra. Schleicher, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de reglamento del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos (COM (2000) 898- C5-0081/2001- 2001/0011 (CNS)) 
Vamos a interrumpir la sesión durante cinco minutos porque no están presentes en el hemiciclo ni la ponente ni los oradores que deben intervenir sobre este punto del orden del día. 
(Se interrumpe la sesión durante cinco minutos) 
Gracias, señor Ribeiro e Castro. 
De conformidad con el artículo 141 del Reglamento, puede intervenir un orador a favor de su solicitud, un orador en contra y también puede tomar la palabra la ponente del informe. 
¿Hay algún orador que desee intervenir a favor de la moción del Sr. Ribeiro e Castro? 
Tiene la palabra el Sr. Dupuis. 
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con la moción presentada por mi colega. 
Creo que nuestro Parlamento ya se ha puesto muchas veces en situaciones difíciles y ridículas desde el punto de vista del respeto del derecho. 
Esta moción me parece totalmente oportuna. 
Pido a todos los colegas que permitan a nuestro Parlamento que replantee la cuestión y que la profundice, y, por tanto, que voten a favor de la moción. 
Señor Presidente, la solicitud que ahora se presenta tiene por objeto torpedear nuestro trabajo. 
Ya mantuvimos un debate exhaustivo en la comisión por intermedio de la ponente, Sra. Schleicher. 
Ahora queremos debatir el tema aquí en el Parlamento Europeo. 
Mi Grupo está celebrando una reunión extraordinaria en este momento. 
Tenemos que celebrar el debate ahora, con el fin de que la Presidencia sueca pueda cerrar este tema. 
Si no lo debatimos ahora, el estatuto de los partidos, el reglamento, no se podrá adoptar bajo la Presidencia sueca. 
Por esto, yo pido a todas y todos los colegas de buena voluntad que celebremos el debate hoy. De manera que podamos votar en consecuencia mañana, cuando de hecho corresponde celebrar, sin duda, la votación. 
Yo me opongo, por lo tanto, firmemente a la solicitud. 
También lamento mucho que mi colega y amigo Dupuis se haya expresado como lo ha hecho. 
Permítame que le ruegue con toda cordialidad, colega Dupuis, que reconsidere su opinión. 
Señor Presidente, esto ya se debatió y se examinó en la Comisión. 
El examen del fundamento jurídico indica que se puede admitir el artículo en el que se basa la Comisión. 
Que aceptemos seguir esta vía o no es una decisión política. 
Nuestra comisión decidió aceptar el fundamento de dicho artículo por una gran mayoría. 
Señor Presidente, yo solicitaría que se comprobara el quórum antes de proceder a la votación. 
Se ha solicitado la comprobación del quórum. 
Para pedir el quórum que ha solicitado el Sr. Barón Crespo necesitamos que 32 diputados apoyen esta solicitud. 
Señorías, no procede la comprobación de quórum, porque no es apoyada por el suficiente número de diputados. 
Por tanto, de acuerdo con el Reglamento, Señorías, hemos de proceder a la votación de la moción del Sr. Ribeiro e Castro. 
Tiene la palabra el Sr. Poettering. 
La verdad es que se ha formado una coalición muy interesante. 
Ojalá siempre se sientan cómodos en esa alianza. 
Sin embargo, en nombre de la inmensa mayoría de mi Grupo, yo quiero manifestar que el resultado de esta votación- que naturalmente es conforme al Reglamento- no nos va a desanimar. 
Yo voy a solicitar en nombre de mi Grupo, y así se lo comunicaré a la Presidenta- ya lo anuncio públicamente ahora -, que en la próxima minisesión de Bruselas se debata este tema, con la esperanza de que todavía pueda quedar cerrado durante la Presidencia sueca. 
Por otra parte, quisiera señalar que antes se nos había comunicado privadamente que el debate sobre este tema no comenzaría hasta las 16.45 horas. 
Espero que quienes han conseguido ahora una victoria fortuita, también sean tan buenos demócratas en el futuro. 
En nombre de mi Grupo, quiero asegurarles sin lugar a dudas que vamos a hacer todo lo posible para conseguir un estatuto de los partidos políticos, porque es conveniente y necesario para la unión de Europa y para la democracia en Europa. 
Creo que hay otra coalición interesante que debe señalarse, me refiero a la coalición formada por los partidos europeos que haciendo caso omiso de la voluntad de la población europea deciden hacerse de oro con ayuda de este proyecto. 
Señor Presidente, la Comisión y la Comisión de Asuntos Constitucionales analizaron la cuestión del fundamento jurídico muy detenidamente. 
Este reglamento se ha elaborado como medida provisional hasta que entre en vigor el Tratado de Niza y me parece absolutamente vergonzoso que los nacionalistas de este Parlamento intenten suprimir el crecimiento de partidos políticos transnacionales adecuados, creíbles y legítimos. 
Señor Presidente, en mi calidad de coordinadora de mi Grupo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, yo sólo quisiera señalar que en nuestro Grupo existe una diversidad de opiniones sobre este tema. 
Tenía previsto anunciarlo en mi intervención de hoy. 
Yo, personalmente, considero que, a la vista de las críticas del Tribunal de Cuentas, es conveniente encontrar una solución para el problema que tenemos pendiente y que este tema se tendría que haber negociado políticamente hoy partiendo de esta base. 
Señor Presidente, para una cuestión de orden estrictamente. 
No quiero entrar en el fondo de la cuestión ni en las barbaridades que he tenido que escuchar. 
Lo que le pido es que como Presidente y de conformidad con el artículo 111 del Reglamento, proponga al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día- no sé si será posible hoy- mañana, para reintroducir este punto. 
Señor Barón, como usted sabe, en este momento no es posible hacer eso, pero en cualquier caso la Presidencia recoge su sugerencia. 
Tiene la palabra el Sr. Dupuis para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, quizá habría que decir al presidente Barón Crespo que a menudo toma sus sueños por realidades. Pero desearía prevenir a mi amigo Duff contra el trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Como los colegas saben, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha efectuado a menudo, sobre los fundamentos legales de algunos de nuestros informes, estudios profundos que el Tribunal de Luxemburgo no consideró como tales. 
Pienso y temo que ocurra lo mismo en este caso. 
Señor Presidente, lamento que algunos Grupos Parlamentarios de este Parlamento prefieran que la financiación de los partidos políticos quede en la penumbra en la que ya se encontraba. 
Me parece que por el interés del ciudadano europeo hay que sacar este asunto lo más pronto posible de esa zona claroscura. 
Espero que el tiempo que nos queda se emplee para que se adopte esta propuesta con la más amplia mayoría posible y que se estudie qué enmiendas pueden aportar algo para mejorarla. 
Señor Presidente, intervengo por una cuestión de procedimiento. 
Desearía tachar de falso lo que acaba de manifestar el Sr. Poettering, quien ha anunciado de forma absolutamente prematura que este informe podría inscribirse en la próxima minisesión de Bruselas. 
Desearía recordar a mis colegas que lo que acaba de aprobarse es una devolución a comisión. 
Será necesario, pues, que la Comisión de Asuntos Constitucionales se reúna y discuta de nuevo al respecto. 
Señor Presidente, no tenemos más remedio que aceptar lo que ha pasado aquí, aunque se haya hecho con artimañas. 
Actuar de esa forma es también un derecho parlamentario que tienen los eurodiputados. 
Asimismo, creo que deberíamos apoyar con fuerza lo que el Sr. Poettering y la Sra. Maes acaban de decir. 
Como Parlamento no podemos seguir haciendo el ridículo gastando fondos de una manera, que sin lugar a dudas, no es la correcta. 
No deseamos seguir con estas prácticas y no debemos seguir siendo cómplices. 
Esta cuestión ha de ponerse lo más pronto posible en el orden del día y también como portavoz del Grupo Liberal apoyo sinceramente lo que el Sr. Poettering ha dicho al respecto. 
Con la mayor rapidez posible debemos debatir de nuevo esta cuestión y adoptarla después. 
Señor Presidente, deseo hacer presente que en la Comisión de Asuntos Constitucionales celebramos un debate muy exhaustivo sobre el fundamento jurídico del informe de la Sra. Schleicher. 
Como es obvio el Sr. Dupuis es libre de pensar que no fue un debate lo suficientemente meditado. Es su opinión personal y la de otros diputados que representan una pequeña minoría de la comisión. 
Cuando el propio Sr. Dupuis pidió el aplazamiento de la votación en comisión porque no estaban disponibles las traducciones de las enmiendas en todas las lenguas, nosotros acordamos dicho aplazamiento. 
Por consiguiente, actuamos de manera muy escrupulosa. 
Luego, el Sr. Dupuis se puede considerar también el ojo del Tribunal de Luxemburgo dentro de nuestra Comisión, en virtud de una extraña conmixtión de responsabilidades institucionales. 
En todo caso, a la vista del voto que se ha decidido por mayoría, y pese a la presencia de una pequeña minoría de miembros de este Pleno, pediré una reunión extraordinaria e inmediata de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para que luego en sesión plenaria se pueda proceder a una decisión que ya está muy preparada y madura. 
Señor Presidente, Señorías, limitaré mi intervención a una cuestión de orden. 
Creo que toda decisión formulada por un parlamento se interpreta en función de los motivos que se han facilitado. 
Algunos quizá no lo creerán, pero me he enterado de la moción promovida por nuestro colega al entrar en este hemiciclo. 
Nuestro colega ha presentado precisamente una cuestión de no ha lugar a deliberar por razón de inadmisibilidad basada en la falta de fundamento jurídico, mientras se espera la ratificación del Tratado de Niza. 
Me parece, pues, que está perfectamente claro que el Parlamento, a través de la votación emitida, ha decidido aplazar la discusión hasta que se efectúe la ratificación del tratado de Niza. 
Es el primer punto. 
El último, sobre el que seré mucho más breve: se trata de una cuestión de democracia; deseo decir que la democracia no consiste, para algunos partidos mayoritarios, en apropiarse de las ventajas materiales en detrimento de su oposición y en atribuirse igualmente el derecho de privar de ello a esta oposición por motivos ideológicos que ellos mismos deciden. 
Señor Presidente, no es aceptable dar a entender que los Grupos parlamentarios extremadamente minoritarios y los grupos menores de este Parlamento, que han tomado la iniciativa de proponer el rechazo de este informe sobre la financiación de los partidos políticos europeos, o que se consideran tales, lo hagan para discriminarlos. 
Para los grandes grupos de este Parlamento se trata simplemente de disimular una decisión del Tribunal de Justicia Europeo por la cual eran éstos los que se beneficiaban de los fondos para financiar "partidos políticos europeos", que no son "partidos", ya que no concurren al sufragio universal, que sólo son "políticos" de nombre, ya que no se trata más que de financiar una acción de Grupos parlamentarios, y, finalmente, sólo son "europeos" porque no son ni africanos ni asiáticos. 
Es una monstruosidad. 
Mientras no haya prueba en contrario, la financiación de partidos políticos europeos sólo se justifica, incluso después del tratado de Niza, desde el momento en que concurra a la expresión del sufragio universal, que es la única definición aceptable de un partido político. 
Señor Presidente, no juzgo ni el procedimiento mediante el que se ha adoptado la decisión, ni tampoco el resultado. 
Protesto, sin embargo, porque en el momento en el que tenía lugar la votación nosotros- bastantes colegas, por cierto- celebrábamos una reunión de la Comisión de Presupuestos. 
Totalmente por casualidad, he escuchado el timbre y he venido sin preparación alguna, y sin saber, sinceramente, de qué se trataba. 
¿Cómo es posible que se celebren votaciones cuando hay comisiones reunidas, de suerte que de hecho los presentes en el Pleno, es decir, quienes de hecho pueden votar determinen el resultado final? 
En este sentido, protesto, porque mis derechos democráticos han sido conculcados. 
Señor Presidente, creo que hay que poner a mal tiempo buena cara, ya que tenemos la suerte de tener un hemiciclo lleno, lo que resulta bastante raro un miércoles por la tarde. 
Constatemos, efectivamente, que la maniobra ha salido bien y quizá sea mejor así. 
De hecho, mi Grupo iba a votar a favor del informe Schleicher puesto que había sido sensiblemente mejorado con respecto al refrito que había salido de comisión, que, como hay que confesar, no era extraordinario. 
Se nos pide ahora un pequeño respiro para mejorarlo. 
Ciertamente, es mejorable, y pienso que debemos aprovechar la ocasión. 
Lamento sólo que el Sr. Pasqua no haya venido personalmente para exponernos la forma en que pensaba proceder en el futuro para que las financiaciones de los partidos políticos se efectúen en la más perfecta transparencia. 
Gracias, señor Presidente, por no pasarme por alto esta vez. 
Le estoy muy agradecido por ello. 
Es la octava vez que pido la palabra. 
En primer lugar, mi colega, el Sr. Duff, informó hace un momento que se había analizado a fondo la cuestión de la base jurídica en la comisión y en las comisiones. 
Resulta interesante constatar que no hay una sola reflexión sobre la cuestión fundamental, es decir, si puede utilizarse el artículo 308 para llevar a cabo una verdadera modificación del Tratado. 
Con el Tratado de Niza, que como es sabido no ha entrado todavía en vigor, se aporta por primera vez base jurídica para ello. 
Ésta es la cuestión y ahora que el Sr. Napolitano nos comunica que convocará inmediatamente a la comisión a una sesión extraordinaria quizá pueda pedírsele al Sr. Napolitano que procure que sean examinadas esta cuestión fundamental relativa a la legalidad y la base jurídica, de tal forma que al menos haya algunas alusiones a la cuestión jurídica. 
Puedo remitirme a una larga serie de fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que demuestran claramente que en este caso se trata realmente de modificar el Tratado. 
Y por último quiero unirme a las felicitaciones a la mayoría que impidió con arreglo al Reglamento que este asunto se sometiera a debate como asimismo permitirme llamar la atención del señor Presidente sobre el segundo apartado del artículo 143 que establece que el Parlamento, una vez haya sido aprobada una propuesta semejante, inmediatamente- repito "inmediatamente", señor Presidente- pasará al siguiente punto del orden del día. 
Señor Presidente, en una cuestión de orden se ha empleado el término nacionalistas pero eso no hace justicia a los argumentos de los se han opuesto. 
A mi juicio, se trata de otras cosas como la cuestión de si es legal que se repartan fondos públicos a los partidos y que la administración imponga unas regulaciones a los partidos que refuerzan el recelo de los ciudadanos a lo que ellos ven como una élite política. 
Esto es un gran problema. 
Los partidos deben ser organizaciones estructuradas desde abajo y no desde arriba. 
Los partidos no se forman porque las estructuras del estado tengan necesidad de organizar la competencia en la lucha electoral, sino porque hay gente que comparte ideas, intereses y actividades. 
Por eso es bastante artificial que se creen partidos a la fuerza desde arriba, desde el momento en que no existe una opinión pública europea. 
Por lo tanto, pido comprensión por los argumentos en contra que son otra cosa que el nacionalismo y creo que se trata sobre todo de la cuestión de si la Unión Europea está autorizada a hacer algo así o de si carece de autoridad para hacerlo, por eso el Sr. Krarup ha señalado ya que estamos moviéndonos por terrenos muy resbaladizos. 
Si alguna vez llegamos a regular este sistema, me parece que todos deberíamos tener la seguridad de que no va en contra de las anteriores directrices europeas. 
Señor Presidente, yo quiero apoyar la propuesta del presidente de la comisión, Sr. Napoletano, y solicitar que se convoque de inmediato y con urgencia una reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Lucha contra la exclusión social 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0155/2001) , en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miembros para luchar contra la exclusión social (13740/1/2000- C5-0046/2001- 2000/0157 (COD) ) (Ponente: Sra. Figueiredo) 
Señor Presidente, el programa para la lucha contra la exclusión social es un programa de gran importancia en la perspectiva de alcanzar los objetivos de Lisboa. 
Y adquiere aun mayor importancia, si tenemos en cuenta que hay países miembros sin tradición alguna en el tratamiento de la exclusión social con políticas globales basadas en investigaciones científicas y en datos estadísticos fiables, países que no acaban de comprender la importancia que la lucha contra la exclusión social reviste, no ya por consideraciones éticas, sino por razones de cohesión social y progreso económico. 
Y me refiero especialmente a mi país, a Grecia. 
En este sentido, le pedimos a la Comisión Europea que proceda a una evaluación sustantiva de los planes de acción nacionales que reciba, con indicadores cuantitativos y cualitativos, tal y como se ha decidido, y que no se dé por satisfecha con la articulación de tres o cuatro medidas políticas- sin coordinación ni coherencia global con otras políticas- que no podrán abordar el problema en su raíz. 
Pedimos, igualmente, pleno apoyo en su labor a las organizaciones que se ocupan del tratamiento de este fenómeno, no sólo a escala comunitaria, en Bruselas, sino también a escala nacional, cerca de los problemas, y en este sentido, nuestro Grupo defiende, con especial interés, la exploración y apoyo de los planes innovadores con plusvalía europea en el ámbito de la lucha contra la exclusión social, y, para hacer realidad ese pleno apoyo, defendemos la financiación del 90%. 
Pedimos también que se brinde al Parlamento Europeo, a los interlocutores sociales y a otros agentes de la sociedad civil la oportunidad de participar en la preparación de la conferencia anual sobre exclusión social. 
Mi Grupo político entiende que la Comisión Europea no debe recurrir a ningún soporte técnico extraordinario ni al concurso de expertos externos; igualmente, entiende que las propuestas que se financien deben ser seleccionadas tras haber cursado invitación a declarar interés en el programa. 
Señor Presidente, quisiera felicitar sinceramente a la Sra. Figueiredo por el buen trabajo que ha realizado con este informe. 
Asimismo, quiero mostrar mi satisfacción porque la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales haya presentado estas enmiendas. 
También estoy satisfecho con lo que la Comisión ha intentado hacer para tender un puente entre el Parlamento y el Consejo. 
Pero sí he de decir que el Consejo apenas nos ha hecho caso. 
Sólo se han incorporado unas cuestiones formales. 
El Consejo Social y la Presidencia sueca, casi diría la Presidencia socialista sueca, no se han dado cuenta de que existe algo como la codecisión, parece que todo lo quieren decidir ellos mismos. 
Seguramente habrán pensado que, como hay una coordinación abierta, vosotros como Parlamento tenéis que costear nuestros caprichos con cargo a la caja común. 
Me parece inaceptable. 
Señora Comisaria, esto causará sin duda alguna, no sólo en este caso sino también en muchos otros, grandes conflictos con el Consejo si el Consejo no llega a aclarar su posición. 
Se mantuvo una conversación con el Consejo en la que se le indicaron los caminos para alcanzar un compromiso entre este Parlamento y el Consejo. 
Me parece que la Sra. Figueiredo lo hizo extraordinariamente bien, pero el Consejo no nos escuchó en absoluto. Sólo ha hecho una especie de borrador, una especie de copia de lo que ya había pensado y que consiste en un modelo de "civil service circuit" para los funcionarios, por los funcionarios y de los funcionarios por expresarlo de alguna manera. 
Intentábamos cambiarlo un poco por medio de nuestras enmiendas. 
Creo realmente que deberíamos insistir en ello, porque sólo si todo el mundo participa de verdad se puede abordar la lucha contra la pobreza y contra la exclusión social a nivel europeo, y no cuando está en manos de unos funcionarios bien pagados que convocan de vez en cuando una reunión agradable en Bruselas. 
. 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar me gustaría asegurarle a la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou que todos los planes de acción nacionales sobre exclusión y pobreza presentados a la Comisión serán examinados con arreglo a los indicadores y objetivos concretos acordados en el Consejo de Estocolmo. 
Me gustaría felicitar a la Sra. Figueiredo por el excelente trabajo que ha realizado, que es útil y provechoso. 
Creo que, puesto que todos estamos de acuerdo en lo importante que es este programa, podemos ponernos de acuerdo lo antes posible para empezar a aplicarlo. 
Como recordarán, en su propuesta enmendada la Comisión aceptó total o parcialmente 31 de las 47 enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo. 
La posición común que hemos estado examinando incorpora 25 de estas enmiendas. 
En cuanto a las enmiendas que son hoy objeto de consideración, la Comisión puede aceptar seis en su totalidad o en parte. 
Me refiero a la enmienda 2, sobre la Carta Social; a la 4, sobre la compatibilidad del presupuesto que se propone con el marco financiero actual; a la 6, que refuerza la compatibilidad de los indicadores; a la 7, en lo que se refiere a la implicación del ámbito local y regional; a la 11, que refuerza el control de coherencia entre este programa y otras políticas; y, lo más importante, a la enmienda 14, que se refiere a al aumento de la financiación para ONGs hasta el 90% en circunstancias excepcionales. 
Las siguientes enmiendas no pueden aceptarse: la enmienda 1, que propone añadir la solidaridad entre los Estados miembros a la lista de competencias que corresponden a la Comunidad. 
La lucha contra la pobreza y la exclusión social en cada Estado miembro es un esfuerzo nacional y debería situarse en el contexto del fomento de planes de acción nacionales apuntalados por objetivos a escala comunitaria y cooperación orientada a las políticas. 
Por tanto, es evidente que se trata de acciones nacionales y de objetivos nacionales. 
La enmienda 5, por la que el Parlamento Europeo propone participar en la decisión sobre objetivos, no está en línea con las decisiones de los Consejos Europeos de Lisboa y de Niza. 
En cuanto a la comitología, a la que se refieren las enmiendas 3 y 10, a pesar de que nuestra propuesta mencionaba la creación de un comité asesor, creo que el comité mixto es una solución justa. 
Ésta es la opción que se aplica en otros dos programas: el de igualdad de oportunidades y el de lucha contra la discriminación. 
La Comisión está asistida por un comité de gestión para las cuestiones horizontales relativas a la aplicación y por un comité asesor cuando se trata de decisiones individuales sobre financiación. 
Las enmiendas 8 y 12 se refieren al papel del Parlamento Europeo en el método abierto de coordinación en materia de exclusión social. 
Estoy dispuesta a estudiar con ustedes todos los medios apropiados para que el Parlamento Europeo pueda desempeñar un papel pleno dentro de este marco en este ámbito. 
Por ejemplo, ya he aceptado la creación de una mesa redonda que reunirá a los actores relevantes. 
Las enmiendas 7 y 13 proponen abrir la financiación del programa a proyectos innovadores con un valor añadido europeo en la lucha contra la exclusión social. 
Como ya he subrayado, el fin del programa es fomentar una estrecha cooperación de la política nacional y un aprendizaje mutuo, y no financiar acciones sobre el terreno. 
Además, los proyectos innovadores sobre el terreno pueden financiarse a través del Fondo Social Europeo y de la nueva iniciativa EQUAL. 
Mi siguiente comentario se refiere a la propuesta que hacen sus Señorías en la enmienda 14 de que se facilite el nombre de los actores a los que se va a consultar en la preparación de la Conferencia en Mesa Redonda anual. 
Creo que una lista de este tipo corre el riesgo de ser más restringida, incompleta y menos flexible que la expresión más generalmente admitida "todos los actores implicados". 
En cuanto a la enmienda 9, como dije en la primera lectura, la Comisión ha examinado detenidamente todas las cuestiones relativas al presupuesto y opina que la propuesta inicial de 70 millones de euros es adecuada. 
No puedo aceptar en este momento un aumento del presupuesto. 
La enmienda 18, que pretende suprimir el Artículo 7, no es aceptable para la Comisión porque dificultaría mucho la ejecución del programa. 
La enmienda 15 intenta que la aplicación de medidas dentro del Capítulo 1 del programa se limite únicamente a licitadores, excluyendo, de hecho, la posibilidad de que los promotores de proyectos innovadores participen en las convocatorias de propuestas. 
Las enmiendas 16 y 17 pretenden reducir el papel de la Comisión impidiéndole utilizar expertos externos así como asistencia técnica y administrativa. 
Tengo un par de preguntas para la Sra. Comisaria. 
Si he entendido bien, rechaza cualquier mención al Parlamento Europeo en el programa. 
¿Es eso así? 
En segundo lugar, también rechaza aumentar el programa, a pesar de que la Comisión propone reducir en un 17,5 % el próximo año la cantidad destinada a otras acciones sociales. 
¿Es eso también así? 
. 
(EN) El papel del Parlamento Europeo es muy importante pero, evidentemente, este papel está definido por las decisiones del Consejo. 
De acuerdo con los Consejos de Lisboa y Niza, el Parlamento tiene un papel y está prevista la cooperación entre el Parlamento y la Comisión, pero nada más que eso- si se refiere a la cuestión de la comitología. 
Por supuesto, podemos encontrar otras formas de cooperación. 
Ya he dicho que podemos organizar una mesa redonda. 
Puede haber cooperación entre los Comisarios y el Comité de Protección Social de alto nivel, que aborda cuestiones de exclusión. 
Sin duda, al Parlamento Europeo corresponde desempeñar un papel muy importante en el informe conjunto sobre empleo, que evaluará todos los programas. 
En cuanto al presupuesto, insisto en la propuesta original de 70 millones de euros. 
Es muy difícil cambiarlo. 
Tenemos que ser realistas acerca de lo que el Consejo va a aceptar y acerca de cómo puede aplicarse este programa con los recursos humanos de que disponemos. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana miércoles a las 12.00 horas. 
Pensiones seguras y viables: perspectiva a largo plazo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0147/2001) del Sr. Cercas, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión "La evolución futura de la protección social desde una perspectiva a largo plazo: Pensiones seguras y viables" (COM (2000) 622- C5-0011/2001- 2001/2003 (COS)) 
. Señor Presidente, señora Comisaria, mañana nuestro Parlamento va a presentar su posición, sus ideas, sus esperanzas y también sus preocupaciones sobre el futuro de las pensiones a largo plazo en nuestro continente. 
La ocasión nos la ha ofrecido la comunicación de la Comisión sobre la evolución futura de la protección social, conforme al mandato conferido por el Consejo Europeo de Lisboa. 
Por ello quiero que mis primeras palabras sean para saludar esta comunicación, por la importancia que concede al problema, porque da la oportunidad de hablar al Parlamento y por la amplitud de perspectivas con que analiza el envejecimiento de Europa sin limitar el debate a meras consideraciones financieras. 
Es de justicia felicitar, y yo lo hago en este momento, a la Comisaria Diamantopoulou, por asociar a los representantes de los ciudadanos europeos, los diputados al Parlamento Europeo, a un debate que es crucial para el futuro de la Unión. 
También mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento sincero y no protocolario a mis colegas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y no sólo porque han tenido la generosidad de aprobar este informe por abrumadora mayoría, sino porque he recibido multitud de aportaciones en los intercambios de opinión y un conjunto muy amplio de enmiendas cuya mayoría he podido integrar en mi informe, pues aportaban valiosos puntos de vista. 
No quiero pecar de grandilocuente, pero creo interpretar que en la Comisión de Empleo se ha vuelto a reconstruir un amplio espacio de acuerdo que atraviesa transversalmente a todos los grupos de la Cámara. 
Y es obvio que ello ha sido posible porque en lugar de que cada uno de nosotros haya impuesto su programa máximo sobre la materia, hemos buscado el espacio del consenso en los puntos más relevantes. 
Todos somos conscientes también de que la responsabilidad última es de nuestros Estados, pero sabemos que en la Europa que queremos cabe un espacio para sentar criterios, objetivos, valores y principios comunes para todos los europeos, y que nosotros tenemos la obligación y el derecho de no callarnos en este gran problema. 
Quiero decir también, en la primera aproximación, que estoy absolutamente convencido de que este es un problema que exige un debate amplio y un consenso social y político. 
El modelo social europeo se construyó en su día bajo las premisas del gran acuerdo social y político, y la reforma del modelo social europeo no será posible desde nuevos despotismos ilustrados como los que pretenden que algunos grupos expertos, altos burócratas o ciertos ministros de finanzas gobiernen el mundo. 
El asunto de la modernización del modelo social europeo tiene tales consecuencias sociales y políticas que no puede ser dejado en las manos de quienes sólo tienen la perspectiva financiera y olvidan las dimensiones sociales del problema. 
Seríamos unos irresponsables si cerráramos los ojos ante los datos de los requerimientos económicos. Pero cometeríamos un error aún mayor si limitáramos nuestra perspectiva sólo a las repercusiones sobre la economía, olvidando las repercusiones sobre las personas. 
Europa envejece, y esto, salvo que se produzca un cambio radical de las tasas de fecundidad, va a acarrearnos consecuencias importantes, va a afectar a las capacidades financieras del sistema, al equilibrio de las cuentas públicas, y también a las personas. 
Corremos el riesgo, si no arreglamos el problema, o si lo arreglamos desde una perspectiva insolidaria, de que una ola de pobreza y de ruptura social se extienda por nuestro continente. 
Por eso, el primer mensaje que quiero transmitir, o que creo que debe transmitir el Parlamento, como ha hecho nuestra comisión, es que hay que tomar en consideración de forma equilibrada todos los retos originados por el envejecimiento, el reto a las finanzas públicas, y también el reto de la forma de construir Europa que hemos tenido en las anteriores generaciones. 
Nuestra comisión ha visto que la tasa de dependencia demográfica es un dato muy relevante, pero no es el único. 
Hay otro dato que es aún más relevante, que es la tasa de dependencia económica, que significa que nuestro principal problema no va a ser la tasa de pensionistas que tengamos, sino la tasa de empleo. 
El problema real es si Europa crecerá, generará empleo, generará empresas capaces de que esa tasa de dependencia económica no se deteriore. 
Europa tiene un largo camino que recorrer, porque no tenemos unas tasas de empleo suficientes, pero podemos tenerlas si hay crecimiento económico y si el crecimiento económico se ordena prioritariamente en generar el empleo que necesita nuestro continente y que es infinitamente inferior al de nuestros principales competidores, Estados Unidos y Japón. 
De hecho, si consiguiéramos los objetivos de la Cumbre de Lisboa, el objetivo podría ser observado con mucho menor dramatismo de lo que dicen los datos disponibles. Datos, por otra parte, que- sin perder la importancia que tienen- son proyecciones a largo plazo y, por tanto, modificables. 
No son una maldición bíblica que tenga que caer sobre nuestras espaldas. 
Podemos encontrarnos en el camino de su solución porque aún tenemos tiempo para cambiar determinadas informaciones que en este momento nos llenan de preocupación. 
Y habrá que hacer, sin duda, un seguimiento de esos datos, de una manera continuada, con criterios cada vez más rigurosos, para que no sea agua que llegue al molino de los que tratan de obtener ventajas. 
Una última idea, señor Presidente. Si queremos crear el empleo que Europa necesita, que el sistema de protección necesita, tenemos que pensar en las mujeres y en los trabajadores mayores. 
Ahí están las amplias bolsas que tenemos que poner en actividad. 
Tenemos que poner en marcha todas las capacidades de la Unión, económicas y sociales, y en la Comisión de Empleo creemos que esa es la mejor manera de abordar el problema del envejecimiento de nuestro continente. 
Señor Presidente, quiero comenzar agradeciendo al ponente este equilibrado trabajo. 
Lo mejor habría sido que la Comisión de Derechos de la Mujer no hubiese necesitado presentar sus puntos de vista sobre las pensiones desde la perspectiva del género, pero no vivimos en un mundo con igualdad de oportunidades. 
Las injusticias que sufren las mujeres durante toda su vida se hacen presentes también cuando se hacen mayores. 
Celebro que la Comisión de Empleo haya incorporado la mayoría de los puntos de vista de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Alguien ha dicho que "si los hombres hubiesen sido consecuentemente perjudicados por los sistemas de pensiones, hace mucho tiempo que se habrían modificado". 
La comisión, igual que el Sr. Cercas, recuerda los objetivos del proceso de Lisboa. 
El derecho de la mujer a tener un ingreso económico y, en consecuencia, independencia económica, es primordial. 
Actualmente la proporción de mujeres que tiene trabajo remunerado varía entre el 38 y el 71 por ciento en Europa. 
En general, un mayor número de mujeres debe tener acceso a un trabajo remunerado. 
Además, tanto las mujeres como los hombres deben poder elegir libremente entre el trabajo remunerado y hacer un alto en la vida profesional para hacerse cargo de miembros de su familia. 
El hecho de que muchas mujeres no puedan incorporarse al mercado laboral, o permanecer en él, puede explicarse mediante la tributación compartida de los ingresos que rige en muchos Estados miembros y por la escasez de guarderías y residencias para la tercera edad. 
Un principio primordial es que la atención a los niños y a los familiares debe compensarse en el sistema de pensiones. 
Una Europa con más igualdad de oportunidades será una Europa más justa; una Europa capaz de dar empleo y pensiones. 
Sólo puede alcanzarse una mayor igualdad de oportunidades a través de cambios en las actitudes y de la colaboración entre hombres y mujeres. 
Una distribución más justa de las tareas del hogar puede ser el fundamento de una vida laboral más justa y de un mercado de trabajo caracterizado por la igualdad de oportunidades y de remuneraciones para quienes realizan trabajos equivalentes. 
Esto, al final, redundará en un sistema de pensiones más justo. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo ya lleva años insistiendo en que se tomen iniciativas comunitarias con respeto a las pensiones y, por lo tanto, hemos acogido con mucha satisfacción los puntos de partida que han sido acordados en el Consejo y el trabajo preparatorio por parte de la Comisión. 
Ahora se trata de que los textos aquí presentados se utilicen para fomentar la convergencia entre los Estados miembros por las vías de la cooperación y la coordinación. 
Este tema tiene dos vertientes. 
Por una parte, hay una serie de retos comunes, el descenso del número de jóvenes y el envejecimiento de la población o la relación entre jóvenes y personas mayores, la modificación de la tasa de dependencia económica o la relación entre la población activa e inactiva, los límites de los recursos financieros, las posibilidades técnicas en cuanto a la atención sanitaria, etc. Por otra parte, también estamos presenciando unas implicaciones transfronterizas como la movilidad de las personas o la posibilidad de trabajar y disfrutar de la jubilación en otro Estado miembro, el flujo de capitales o la posibilidad de ahorrar y cobrar la pensión en otro Estado miembro, los fondos de pensiones complementarios que, al revés que con los sistemas de pensiones obligatorios, entusiasman a la gente en muchos Estados miembros e incluso en otros países. 
Por todos estos motivos, los sistemas se tienen que hacer estables para que podamos afrontar los retos comunes y las implicaciones transfronterizas. 
El informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales es un buen indicador de cómo el Parlamento Europeo y también el Partido Popular Europeo ven la convergencia de los sistemas de pensiones. 
No es tarea de la Unión Europea dictar a los Estados miembros cómo deberían organizar y financiar las pensiones. 
Los Estados miembros mismos han de elegir una adecuada relación entre el sistema obligatorio y las regulaciones complementarias, entre los fondos de pensiones individuales privados y los que están basados en la capitalización, entre cotizaciones y prestaciones o entre un sistema con el que se puede vivir dignamente o que garantiza el bienestar. 
Por un lado habrá que buscar soluciones para eliminar los obstáculos que impidan la movilidad de pensiones y jubilados y por el otro lado, habrá que esforzarse para garantizar la eficacia y la efectividad de los sistemas con recursos presupuestarios en función de los objetivos sociales y no al revés. 
Esta combinación de cooperación entre los Estados miembros y coordinación entre los diferentes sistemas es para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y también para el PPE el camino indicado para garantizar las pensiones y tranquilizar a los jubilados, y queremos que el Consejo Europeo de Goteburgo hable claro sobre este tema. 
Creo que la Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo de hace unos años, cuando se introdujo concretamente el método de la coordinación abierta, ha demostrado cuál es el camino, pero, naturalmente, habrá que establecer un nexo entre las pensiones y el empleo. 
Mientras Europa y los diferentes Estados miembros no consigan solucionar el problema de la falta de empleo para mayores de 55 años y mientras no se insista más en ello, no se creen más oportunidades y no se impongan más obligaciones, no se solucionará tampoco la cuestión de las pensiones. 
Es fundamental que ambas cuestiones se vinculen y me gustaría que esto se convierta en una de las directrices en el marco de la coordinación y de los indicadores que se van a redactar. 
Señor Presidente, permítame que felicite sinceramente, en nombre de mi Grupo, a la Comisaria Diamantopoulou por su buen trabajo en esta comunicación con la que nos ha brindado la oportunidad de discutir con otro enfoque sobre las pensiones, y quisiera también felicitar a nuestro colega Cercas Alonso por su excelente informe. 
Señor Presidente del Consejo, espero que nuestra recomendación, que se someterá mañana a votación, sea una fuente de inspiración para la Cumbre de Goteburgo y que sirva para que sobre todo el Consejo involucre en el futuro al Parlamento Europeo de forma más estructurada en el debate sobre el método abierto de coordinación de las pensiones. 
Por otra parte, doy las gracias a la Presidencia sueca por todo el trabajo que se ha realizado ya en este campo. 
Espero sinceramente que en Goteburgo se pueda dar un mandato claro a la presidencia belga para que redacte los objetivos sociales comunes en el marco de la cooperación europea sobre pensiones. 
Como acaba de decir nuestra colega Smet, son por supuesto los Estados miembros los que tienen que decidir qué sistema de pensiones quieren, cómo lo quieren organizar y cómo van a garantizar la seguridad financiera. 
Pero lo que es el objetivo de fondo, el mantenimiento y la mejora de la calidad de los sistemas de pensiones para todos los ciudadanos en Europa, es un objetivo que debemos compartir entre todos. 
Además, está claro que debido a la dinámica de la integración económica y monetaria la cuestión de las pensiones está ya en la agenda europea, aunque con un enfoque muy limitado, porque sólo se centra en la sostenibilidad del sistema de pensiones. 
Nos parece que en la discusión sobre los sistemas de pensiones nunca se puede perder de vista lo fundamental, que es la modernización de los sistemas de pensiones para poder garantizar a las actuales y futuras generaciones de jubilados una prestación decente y su participación en la vida social. 
Este debate también trata de la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. 
Para nosotros, hay algunos principios que son fundamentales. Me gustaría enumerar cuatro de ellos. 
En primer lugar, los sistemas de pensiones deben ser capaces de luchar de forma eficaz contra la pobreza. 
Es inaceptable que en la Unión Europea haya todavía pensiones, sobre todo las de las mujeres, que están por debajo del umbral de pobreza. 
Incluso me atrevería a invitar a la Comisión, basándome en las recomendaciones de 1992, a que vuelva a poner este informe sobre las pensiones mínimas sobre la mesa. 
En segundo lugar, unas pensiones decentes son algo más que un salario mínimo. Se trata de garantizar cierto nivel de vida. 
Por eso es importante que siga habiendo un vínculo entre el aumento del bienestar general y las pensiones. 
En tercer lugar, el segundo pilar de las pensiones no puede sustituir nunca el primero. Porque el primer pilar da la garantía de que todo el mundo pueda acceder a una pensión digna. 
Para mi Grupo ya no se trata de la cuestión de si se está a favor o en contra de este segundo pilar de pensiones, sino cómo podemos procurar que incluso en este segundo pilar se organice la solidaridad para que las pensiones complementarias no queden reducidas a un privilegio de un grupo pequeño. 
Señor Presidente, naturalmente podría extender la discusión sobre la necesidad de aumentar el nivel de la población activa, pero no lo voy a hacer. 
Sí me gustaría que una cosa quedara clara: para mi Grupo esto no significa que haya un aumento obligatorio general de la edad de jubilación, pero sí una puesta en marcha de medidas que estimulen a los ciudadanos para que se mantengan durante más tiempo en activo y que eviten que las empresas echen a los trabajadores mayores a la calle. 
Señor Presidente del Consejo, espero que estos principios se conviertan en Goteburgo en objetivos comunes. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Liberal debo dar también las gracias al señor ponente, Sr. Cercas, por su trabajo con la comunicación de la Comisión que me parece muy bueno y muy informativo. 
Mi Grupo considera importante que los países miembros adapten sus sistemas de pensiones para que éstos tengan en cuenta el aumento en el futuro del número de ancianos. 
Debe haber dinero suficiente para las pensiones sin que el grueso de éstas salga del Erario y sin que los impuestos asciendan hasta cotas estratosféricas. 
Los economistas hablan mucho de la carga que comportan los ancianos, lo que hace que muchas personas mayores se sientan menospreciadas. 
"¿ Por qué se nos muestra como una carga ?", dicen, "hemos contribuido a la construcción de la sociedad". 
Otros ven en este debate sobre los futuros sistemas de pensiones una tapadera al verdadero deseo de socavar la seguridad y la solidaridad, sin embargo, la intención es justamente la contraria, garantizar que también en el futuro haya buenas pensiones y lograr corregir las carencias y los disparates de los sistemas actuales. 
Por ello me parece bien que se haya ampliado el orden del día y no sólo hablemos de finanzas públicas saneadas, del mercado interior de pensiones complementarias y de mayor crecimiento y empleo y que el orden del día trate también la cuestión de la seguridad en la vejez, de la necesidad de combatir los problemas de pobreza entre nuestros mayores y de eliminar la discriminación de la que son objeto las mujeres, a menudo inherente a los sistemas de pensiones. 
Creo y espero que el orden del día ampliado facilitará el respaldo popular a las reformas del sistema de pensiones. 
Es positivo y conveniente que cada cual responda por su propia vejez. 
Esto no puede sorprender a nadie. 
Una ganancia colateral es que los planes de pensiones mediante su inversión activa pueden contribuir a asegurar el bienestar que es la base de las pensiones del futuro. 
Por último, quiero subrayar que los sistemas y problemas de nuestros países son muy diferentes entre sí y que las pensiones son- y deben ser- una competencia nacional. 
Por ello no deseamos que se fijen marcos más estrechos para la coordinación de las reformas de los países y así quedará reflejado en la explicación de voto del Grupo ELDR. 
Señor Presidente, si se observa el cuidado escrupuloso que ha puesto el Consejo Ecofin para prever las repercusiones a largo plazo de la financiación de las pensiones en las finanzas públicas, uno se imagina que se requerirá una preocupación equivalente de sostenibilidad para evitar los efectos deplorables, a largo plazo, por ejemplo, de la no armonización fiscal o de las inversiones en la industria nuclear. 
Pero no crean por eso que el Grupo Verts les propone confiar el futuro de las pensiones a los ministros de Hacienda. 
Apoyamos a aquellos que en la Comisión, en algunos Estados miembros y en el Parlamento consideran el futuro de las pensiones y de la protección social ante todo como cuestiones sociales, elementos clave de su modelo que es preciso profundizar y que no es reductible a su dimensión financiera. 
¡Si escuchamos a algunos, pronto tendríamos que preguntarnos si la perspectiva de vivir cada vez más tiempo y con buena salud no sería una catástrofe de capital importancia que amenaza al ciudadano del siglo XXI! 
El informe del Sr. Alejando Cercas Alonso tiene el mérito de no evitar el fondo del problema y del debate. 
Pero, subraya, con razón, que la evolución de la tasa de empleo constituye un factor decisivo. 
Preconiza, en este sentido, tomar en consideración los coeficientes de dependencia económica y no sólo la evolución demográfica. 
Esto nos aleja, en la perspectiva del pleno empleo, de los ratios alarmistas que, evidentemente, tienen la finalidad de legitimar nuevos modos de financiación individualizados y basados en la capitalización. 
El informe hace hincapié, asimismo, en el papel irremplazable de los regímenes de pensión seguros en el marco de la lucha contra la precariedad y la exclusión social de las personas de edad avanzada, y sobre todo de las mujeres y de los trabajadores que han padecido largos períodos de trabajo atípico y a quienes conviene garantizar un nivel de ingreso suficiente para vivir una vida decente. 
Finalmente, el informe advierte contra todo intento de debilitar los regímenes públicos basados en el reparto. 
Dichos regímenes garantizan, en efecto, una solidaridad entre las generaciones indispensable a la cohesión social y permiten ajustes de las cotizaciones en tiempo real, independientemente de las vicisitudes de las coyunturas bursátiles. 
Por eso nuestro Grupo recomienda la aprobación de este informe, sin poner en tela de juicio su equilibrio actual. 
Señor Presidente, pienso que hay muchas cosas provechosas en el informe de la Comisión y me gustaría felicitar al ponente por este excelente trabajo. 
Se habla mucho de solidaridad y de seguridad. 
Precisamente de eso hay que hablar cuando nos referimos a las pensiones. 
No obstante, hay gran inquietud en torno a esta discusión. 
Mis colegas han expresado su preocupación por ciertos puntos importantes. 
En Suecia, mi país, hemos empezado a adaptarnos a este tipo de cambios y una parte considerable de nuestro futuro sistema de pensiones estará constituido por una pensión complementaria basada en lo que suceda en el mercado de capitales. 
En Suecia, la mayoría de las personas ha empezado a comerciar con acciones. 
Durante los últimos años, muchas de ellas han podido experimentar los riesgos que implica la compra de acciones. 
Muchos han perdido sus ahorros y se preguntan si ocurrirá lo mismo cuando obtengan un sistema de pensiones tan dependiente del mercado de capitales. 
Hay inquietud, ya que el sistema puede ser injusto. 
Hay preocupación, especialmente porque puede ser un sistema inseguro. 
Nuestro Grupo ha presentado una enmienda para la votación de mañana, en la que pedimos que por lo menos se evalúen los efectos del nuevo sistema y se estudien las consecuencias para la solidaridad social. 
¿Qué pasará con la seguridad? 
¿Qué pasará con las mujeres? 
Numerosos oradores, entre otros las Sras. Jensen y van Lancker, se han referido a la vulnerabilidad de las mujeres y creo que en muchos países pueden quedar en situación desmejorada cuando se apliquen los nuevos sistemas. 
Quiero referirme también a la enmienda 13, en la que rechazamos una elevación generalizada de la edad de jubilación como una manera de resolver los futuros problemas de las pensiones. 
Es tentador intentar por este medio aumentar el grado de empleo y disminuir la presión en el sistema de pensiones. 
No obstante, esto presupone que la gente tenga fuerzas para trabajar hasta una avanzada edad. 
Quizá en algunos países funcione para ciertas personas, si tienen una edad de jubilación relativamente baja. 
Pero en mi país y en los demás países escandinavos, en los que ya hay una edad de jubilación relativamente alta, entre 65 y 70 años, se habla de una eventual elevación del límite hasta los 70 años. 
Creo que esto no se ajusta a la realidad. 
La mayoría de las personas están cansadas después de una larga vida laboral. 
En esa situación no tiene sentido y resulta inhumano intentar presionar a las personas para que permanezcan en el mercado laboral. 
Finalmente quisiera señalar que, a mi juicio, es lamentable que la Comisión y el informe que estamos debatiendo no mencionen a los países candidatos. 
Podría decirse que es un problema futuro, pero cuando hablamos de las pensiones estamos refiriéndonos precisamente al futuro. 
Es obvio que deberían discutirse las consecuencias que un sistema de estas características podría tener para los países candidatos pobres. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar dar las gracias a la Comisaria, Sra. Diamantopoulou, y felicitar muy sinceramente al ponente por su excelente trabajo. 
No cabe duda de que el envejecimiento de la población es de cara al futuro un elemento de alarma en el ámbito de las pensiones. 
Sin embargo, ante todo hay que poner de relieve que algunos Estados miembros, con la significativa colaboración de los interlocutores sociales, han acometido sin traumas las reformas de sus sistemas, unas reformas que en el transcurso del tiempo se reflejan positivamente en el equilibrio de las cuentas públicas. 
Por ello, el problema se debería escindir en dos: por un lado, los Estados que eventualmente tienen todavía desequilibrios en el gasto público pero en el ámbito de una economía estable y, por otro, aquellos Estados que tiene sistemas de seguridad social carentes con una economía en transición. 
Para el primer caso, la gradualidad es obligatoria. 
En efecto, la casi totalidad de los sistemas públicos de pensiones es en todo o en parte por reparto y, sin una transición gradual a un sistema contributivo pleno acompañado por sistemas armónicos de retención fiscal y por políticas eficaces para la familia, se daría lugar a graves repercusiones sociales. 
Para el segundo hipotético escenario y, en todo caso, en general, al igual que el ponente, confiamos en que a escala comunitaria se establezcan para las pensiones criterios de convergencia que aseguren un nivel de vida digno, al objeto de evitar la ampliación de los gaps sociales que los sistemas de pensiones complementarias, aun siendo útiles, no pueden reducir del todo. 
En el ínterin, la única vía practicable es, de hecho, el aumento de la base participativa, aunque hay que evidenciar que el actual incremento del empleo parece más caracterizado por la precarización. 
Lo que, en todo caso, hay que evitar, coincidiendo plenamente con el ponente, es prever, aun en aras de una solidaridad intergeneracional, en este punto paradójica, la reducción de los actuales niveles de protección pública. 
Señor Presidente, éste es un muy buen informe. 
Ha recibido una aprobación general en la comisión y espero que cuando se vote mañana recibirá igualmente el apoyo generalizado de la Cámara. 
La cuestión de las pensiones es una cuestión tremendamente importante, y lo digo no sólo porque yo tenga un interés personal en esta cuestión, acercándome como me acerco a la edad de jubilación, sino porque se trata de un tema de creciente importancia para la gente, por ejemplo, para quienes están sentados en la parte alta de la galería. 
Los jóvenes de hoy necesitarán una pensión en el futuro. 
Debemos recordar que estas generaciones merecen el mismo tipo de seguridad y sostenibilidad de las pensiones que estamos discutiendo para nosotros. 
Quisiera solamente decir un par de cosas: mañana se someterán a votación dos enmiendas que estuvieron a punto de aprobarse en comisión y que se rechazaron por poco; espero que cuando se vuelvan a presentar mañana en nombre del Grupo PPE-DE, toda la Cámara pueda respaldarlas. 
En estas enmiendas se reconoce que el mantenimiento de las expectativas de pensión de las personas no puede basarse exclusivamente en planes de pensiones "de reparto intergeneracional" y se exhorta también a los Estados miembros a ordenar sus políticas fiscales y de gasto. 
Está muy bien que todos nosotros deseemos que la gente tenga una pensión asegurada, pero para que esto sea así, las pensiones tienen que ser sostenibles y debe establecerse la financiación. 
Cualquier cosa inferior supondrá traicionar a las generaciones que vuelven la vista hacia nosotros en busca de apoyo y a las que no debemos defraudar. 
Señor Presidente, la cuestión de las pensiones divide el discurso político en todos los Estados miembros, mientras que, por el contrario, y esto es algo del mayor interés, une a las más amplias capas populares. 
El ponente Sr. Cercas se enfrentaba a presiones en el sentido de la liberalización y privatización del sistema de protección social, junto a otras posiciones igualmente maximalistas que pretenden minusvalorar toda una serie de nuevos datos de realidad. 
Ha conseguido, sin embargo, encontrar los puntos de encuentro y compromiso y brindarnos un informe que parece que será adoptado por la gran mayoría del Parlamento. 
Felicitaciones merece también, por supuesto, la Comisaria Sra. Diamantopoulou, que consiguió con valentía sacar adelante la iniciativa sobre las pensiones. 
Tres son los mensajes que pueden extraerse del informe. 
El primero es que seguimos creyendo en la prioridad del sistema público de pensiones, o, si lo prefieren, en la opción política de no desmantelarlo. 
El segundo resulta del hecho de que se ha impuesto finalmente la línea progresista según la cual el coste de financiación del sistema de pensiones no constituye en modo alguno un factor negativo para la economía, puesto que se acepta que la protección social contribuye al crecimiento económico sostenible y que resulta inevitable un cierto aumento del peso de los gastos de pensiones en el PIB. 
Pasamos así a una tercera constatación, y es que el problema de las pensiones no constituye un problema autónomo, aislado, sino que, en el marco de un enfoque horizontal, constituye una dimensión obligatoria en las políticas parciales, principalmente en las políticas fiscales, en las políticas de empleo, de crecimiento, de lucha contra la discriminación y contra la exclusión. 
Si todas estas consideraciones constituyen opciones políticas, y no declaraciones de carácter académico, deberemos aceptar que no será fácil en el futuro adoptar propuestas que, eventualmente, aumenten la desigualdad, reduzcan los ingresos de la tercera edad, afecten negativamente a la calidad de los servicios prestados por el sistema central de pensiones. 
Subrayo que parte del informe implica aceptar la necesidad de apoyo a la acogida familiar directa de enfermos y personas de edad avanzada con medidas de carácter fiscal, social y laboral, así como de asegurar una pensión que permita vivir dignamente y no una pensión cualquiera; la necesidad, igualmente, del paquete de propuestas para la adecuada estimación por la nueva legislación sobre pensiones de todas las particularidades propias del trabajo de la mujer. 
En pocas palabras, sin negar la dimensión financiera del problema, lo hemos desvinculado de una dependencia exclusiva de dicha dimensión. 
Los pueblos europeos deben estar seguros de que seremos consecuentes con nuestras opciones. 
Señor Presidente, el colega Cercas Alonso ha elaborado un excelente informe. 
Como hemos podido ver, éste trata de un tema muy urgente para todos: la seguridad futura de las pensiones, una cuestión candente, que no se enfría si se la deja reposar, sino que cada vez se caldea más. 
Por lo tanto, es preciso que los Estados miembros, pero también la Unión Europea, se decidan a actuar. 
Necesitamos un sistema de pensiones que dé abasto. 
Por esto, me parece particularmente importante la referencia a la Recomendación de 1992. 
Sin embargo, también se debe considerar la flexibilidad de los sistemas de pensiones desde la perspectiva de los cambios sociales y de su adecuación al mercado de trabajo. 
La idea de una vejez activa ya es en el fondo un hecho aceptado. 
En este contexto, cabe recordar las Directrices para las políticas de empleo en el año 2000, o sea, el mantenimiento de la capacidad laboral y la formación permanente durante toda la vida. 
También quiero resaltar las aportaciones de la Comisión de Derechos de la Mujer al informe. 
Ésta recuerda el incontable número de mujeres que perciben pensiones de viudedad y carecen de ingresos propios. 
Tenemos que contrarrestar la tendencia a la reducción progresiva de dichas pensiones de viudedad. 
Ésta es una petición muy importante del informe. 
En relación con el futuro, se debate el concepto de coordinación abierta, que se debe concretar pensando también en las pensiones. 
No nos podemos limitar a utilizarlo como una palabra mágica, sino que debemos comprender que no se pueden trasladar sencillamente a este ámbito, punto por punto, las directrices en materia de políticas de empleo. 
Al contrario, necesitamos nuevas formas de coordinación que todavía se tienen que diseñar. 
Yo me congratulo, por otra parte, de que no sólo se contemple el primer pilar, sino también el segundo y el tercero. 
En este contexto, quisiera hacer asimismo una observación en relación con de la capitalización por parte de los trabajadores. 
Se debe evitar que dicha capitalización y el seguro de vejez entren en contradicción, sino que por el contrario es preciso que operen de manera estrechamente concertada. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el tema de las pensiones tiene un componente políticosocial y también un componente relacionado con la política financiera, económica y de empleo. 
Para garantizar las pensiones a largo plazo es necesario contemplar conjuntamente todos estos ámbitos. 
Yo quisiera añadir, además, que en el ámbito de las políticas de empleo y de crecimiento contamos con las directrices de política económica y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
En cuanto al tema de la evolución demográfica como una de las causas del problema de las pensiones, en este contexto se plantean varios problemas. 
Uno es, lamentablemente, el descenso de las tasas de natalidad, otro son, en muchos países, las jubilaciones anticipadas, y el tercero es la mayor esperanza de vida, que naturalmente agradecemos. 
En lo que respecta a las tasas de natalidad, debemos contribuir a un mayor reconocimiento público de las aportaciones sociales y políticas de las madres y los padres, y a hacer posible la plena conciliación entre la vida familiar y profesional. 
En lo que respecta a las jubilaciones anticipadas, debemos procurar que la edad de inicio de la jubilación se aproxime en todos los países a la edad legal de jubilación. 
Para ello será preciso adoptar diversas medidas. 
El tema de la esperanza de vida influye, sin duda, en la edad efectiva de inicio de la jubilación, pero en algunos países también ha repercutido en la edad legal de jubilación. 
Yo les ruego que contribuyan a la consolidación en toda Europa del segundo y el tercer pilares junto con el primer pilar. 
Actualmente, tenemos países en los que un 80% de los asalariados están adscritos a un sistema profesional de pensiones. 
En mi país, sólo son un 9% y la media europea es del 25%. 
En el Parlamento estamos debatiendo en estos momentos una directiva y yo insto al Consejo a que levante por fin el bloqueo a la adopción de una normativa europea que regule los sistemas profesionales de pensiones. 
Pido asimismo a la Comisión que cree un Foro europeo sobre las pensiones, que se encargue de debatir asimismo las diferentes normativas tributarias, laborales y en el ámbito del Derecho social, con el fin de contribuir a una armonización a escala europea en este ámbito. 
. (EL) Quisiera, ante todo, felicitar al Sr. Cercas, que ha conseguido un extraordinario grado de colaboración con la Comisión de Asuntos Económicos y con la Comisión de Derechos de la Mujer, cuyo resultado ha sido el impresionante consenso alcanzado en el debate precedente. 
El asunto de las pensiones es un asunto de naturaleza política, económica y social de capital importancia que preocupa a todos los gobiernos. 
Algunas reformas se están aplicando ahora, otras están siendo objeto de debate, otras se llevaron a cabo hace tan solo uno o dos años. 
Es, pues, un problema europeo, y la viabilidad de las pensiones es la apuesta de la próxima generación. 
Hay un conjunto de políticas que, de aplicarse con éxito a escala europea, facilitarán y reforzarán la viabilidad de las pensiones. 
Estas políticas tienen como objetivo el aumento del ritmo de la tasa de crecimiento, el aumento del empleo; hay políticas encaminadas también a apoyar con eficacia a los padres y las madres, de suerte que puedan combinar el trabajo y la familia, y hay, igualmente, políticas de inmigración. 
Más allá, sin embargo, del conjunto de las políticas generales, hay en todos los países necesidad de reforma del sistema propiamente dicho; un sistema que corresponde a una época pasada, a una época de desarrollo industrial. 
Esta reforma tiene, sin duda, características sociales y económicas. 
Creo que es especialmente importante, como han señalado bastantes oradores, el hecho de que las pensiones hayan dejado de estar exclusivamente en la agenda del Ecofin y de la disciplina presupuestaria y se hayan convertido en asunto de los ministros, así como de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Las pensiones son en primer lugar un asunto social con dimensiones económicas de gran alcance. 
Naturalmente, de acuerdo con el Tratado, las reformas y la política en el régimen de pensiones son competencias nacionales. 
Pero no olvidemos que, de acuerdo con el Tratado, estamos obligados a garantizar un alto nivel de protección social- tenemos ese objetivo concreto -, así como un crecimiento económico viable y no inflacionario. 
Por ello, es importante el hecho de que, después de Lisboa, por primera vez los jefes de estado estén de acuerdo en la necesidad de colaboración en el asunto de las pensiones. 
Se trata de un giro de singular importancia en las políticas de Europa que pone de relieve la magnitud del problema. 
No cabe duda de que la colaboración entre todos los estados miembros hará más eficaces las reformas emprendidas en cada uno de los países. 
Después de Lisboa, se dio el mandato para una primera comunicación de la Comisión, que se hizo pública en su momento. 
El asunto de las pensiones se ha debatido en todos los Consejos, en Feira, en Niza, en Estocolmo, y ahora el recién creado Comité de Protección Social prepara el informe que se presentará en Goteburgo. 
En ese informe se analizarán todos los problemas por país miembro y se formularán propuestas sobre los principios fundamentales para sistemas viables. 
Debemos decir que una de las orientaciones básicas que se le han dado al Comité se refiere a la dimensión del sexo. 
Muchos diputados han mencionado que no puede ser neutral el enfoque del asunto de las pensiones, porque las mujeres se enfrentan a enormes problemas, y la pobreza en Europa guarda estrecha relación con el régimen de pensiones y con el lugar de la mujer en la economía y en la sociedad. 
Es significativo que después de Estocolmo se decidiera examinar el método de cooperación abierta en el asunto de las pensiones, tomando en consideración, claro está, el aspecto de la subsidiariedad y los problemas particulares de cada país. 
Ahora preparamos y presentaremos antes del verano una comunicación de la Comisión en la que intentaremos abordar de forma más detallada el asunto del método abierto de cooperación en las pensiones. 
Debo decir que esta resolución del Parlamento Europeo, en la medida en que mañana sea aprobada en la forma que hoy conocemos, supone un serio apoyo a este intento coordinado de reforma de las pensiones en la Unión Europea. 
Pienso que en este nuevo capítulo que se abre a escala europea, el capítulo de la cooperación en torno a las pensiones, podemos encontrar nuevas formas de colaboración entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. 
Y debo recordar que la Comisión ha defendido con entusiasmo la necesidad de colaboración del Parlamento Europeo con el Grupo de Alto Nivel en el asunto de las pensiones, y que esa colaboración está en marcha. 
Señorías, creo que haber abierto este capítulo y haber conferido dimensión europea al problema de las pensiones supondrá un apoyo y una ayuda importante para los gobiernos en todos los países miembros a la hora de concebir y aplicar reformas viables, que tomen en consideración la dimensión económica y, sobre todo, la dimensión social de las pensiones. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0169/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0323/01): 
Asunto: Organización común de mercados en el sector del azúcar El 30 de junio se prorrogará o modificará el régimen existente aplicable al azúcar. 
El año pasado, el precio de coste para la producción excedentaria en el sector azucarero ascendió a 800 millones de euros. Esto casi equivale al importe que se facilitó para la crisis de la EEB. 
Pese a las fuertes críticas del Tribunal de Cuentas y las repercusiones negativas sobre los consumidores y los productores del Tercer Mundo, el Consejo no es muy favorable a una modificación del régimen del azúcar, tal como propone la Comisión. 
Varios Estados miembros de la UE corren el peligro de ceder a los intereses cortos de miras de la industria azucarera. 
¿Respaldará el Consejo la propuesta de la Comisión, habida cuenta de las fuertes críticas del Tribunal de Cuentas con respecto al actual régimen del azúcar y sus repercusiones negativas sobre los consumidores y los productores del Tercer Mundo? 
En caso negativo, ¿por qué aboga el Consejo por el mantenimiento de un régimen azucarero que suscita fuertes críticas por parte del Tribunal de Cuentas y que repercute negativamente sobre los consumidores y los productores del Tercer Mundo? 
. (SV) La reforma de la organización del mercado azucarero se ha discutido en el Consejo desde octubre del año pasado. 
En esta discusión, el Consejo ha tomado nota de ciertas críticas formuladas por el Tribunal de Cuentas. 
Como le consta a esta Asamblea, el Parlamento Europeo emitió su informe sobre este asunto el 13 de marzo de 2001. 
Al observar este informe, puedo comprobar que, en general, no sigue la línea que propone su Señoría. 
Puedo comprobar también que la Comisión ha señalado que podría aprobar una prórroga de la situación actual para el azúcar después del 1 de julio de 2003, con la condición de que el Consejo apruebe las otras partes de la propuesta de reforma. 
Hago constar que en los Estados miembros no hay unidad de criterios frente a las reformas. 
El Consejo continuará tramitando este asunto durante su reunión de mayo y tomará en consideración toda la información relevante, incluidos los puntos de vista contenidos en esta pregunta que se ha formulado al Consejo. 
El 26 de febrero de 2001 el Consejo aprobó el Acuerdo "Todo salvo armas", everything but arms. 
Mediante este estatuto se extienden las exenciones aduaneras a todos los productos, sin limitaciones de cantidad, salvo armas y munición, provenientes de muchos de los países menos desarrollados. 
En cuanto al azúcar, su comercio se liberalizará completamente desde el 1 de julio de 2009. 
Entiendo la prudencia con la que el Consejo tiene que contestar dado que hay tan poco consenso entre los países de la Unión Europea, pero esta cuestión me sigue pareciendo escandalosa. 
En el fondo estamos subvencionando- el año pasado con más de 800 millones de euros- la industria azucarera, como si no hubiera bastante azúcar en el mundo y como si estuviéramos deseando mantener estas subvenciones a nuestros agricultores. 
Me parece que nuestra política hacia los países en vías de desarrollo es y sigue siendo realmente hipócrita. 
Una iniciativa tan loable como "todo excepto armas" se está viendo manchada por el simple hecho de que se mantenga nuestra postura hipócrita y porque preferimos seguir exportando productos que nos interesan aunque sea con el apoyo a los productores de azúcar que desde siempre han pertenecido a las castas de la élite industrial del siglo XIX. Constato que hemos vuelto a hacer una excepción. 
Espero que el Consejo siga intentando conseguir el consenso para las reformas. 
. (SV) Como país que ejerce la Presidencia haremos lo que podamos, es decir, intentaremos que este asunto esté permanentemente en el tapete. 
Existen diferentes criterios en los países miembros. 
Éste es un asunto delicado en muchos Estados miembros. 
Dentro de algunas semanas volveremos a ocuparnos de este asunto en la reunión de los Ministros de Agricultura y puedo garantizarles que seguiremos dando primacía a esta materia. 
Desgraciadamente, no es posible prever cómo podría ser un eventual acuerdo. 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0325/01): 
Asunto: Consejo del euro En varias ocasiones, el Consejo ha decidido que las reuniones preparatorias de los ministros de los 12 países de la zona del euro, que preceden a las reuniones del ECOFIN, serán de carácter puramente informal y tratarán únicamente cuestiones relacionadas con el euro. Sin embargo, cada vez existen más indicios de que estas reuniones se están convirtiendo en una especie de "Consejo del euro" y de que, en la práctica, está privando al ECOFIN de su poder real, ya que en él se adoptan decisiones preliminares en todo tipo de cuestiones que son competencia de este último. 
Bélgica, en particular, ha propuesto que se "desarrolle" este Consejo del euro, hasta ahora de carácter informal. 
¿Qué medidas va a adoptar la Presidencia del Consejo para frenar toda tentativa de formalizar, de manera contraria a los Tratados, una especie de "Consejo del euro" y de transferirle paulatinamente las competencias del ECOFIN? 
. (SV) El llamado grupo del euro es un órgano informal que se creó en 1998 fundamentándose en una resolución sobre coordinación de la política económica en la tercera etapa de la UEM. 
La resolución fue aprobaba por el Consejo Europeo de Luxemburgo el 13 de diciembre, día de Santa Lucía, en 1997. 
En esa resolución se señala que "los ministros de los estados que forman parte de la zona del euro podrán reunirse informalmente para discutir asuntos que tengan relación con la especial responsabilidad que comparten en relación con la moneda común". 
En la resolución se confirma también que "siempre que haya que adoptar una decisión, ésta deberá ser tomada por el Ecofin, en conformidad con los procedimientos estipulados en el Tratado". 
Compruebo que el Consejo Europeo de Niza, en diciembre del año pasado, acogió con satisfacción las mejoras relativas al funcionamiento y a la transparencia del grupo del euro. 
También alabó "la intención de ampliar el número de asuntos, especialmente los estructurales, que se discuten en ese foro, con la debida consideración a las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo". 
Esto quiere decir de manera informal y sin competencia para adoptar decisiones. 
Agradezco la respuesta. 
Es de algún modo positivo que se interprete que el grupo del euro no toma en la realidad ninguna decisión. 
Mi primera pregunta complementaria es: ¿es verdad que no se toman decisiones reales en el grupo del euro o es que las decisiones ya están tomadas cuando los asuntos llegan al Ecofin, que sólo tiene que ajustarse a lo que se ha decidido en el grupo del euro? 
Mi segunda pregunta se refiere al futuro. 
La Presidencia no ignora que se han presentado propuestas, especialmente desde Bruselas, para desarrollar el denominado Consejo Informal del Euro y darle más competencias. 
El Sr. Danielson confirmó que el grupo del euro está empezando a asumir nuevas funciones y a ocuparse de nuevas materias. 
Mi segunda pregunta es: ¿Podemos estar absolutamente seguros de que el grupo del euro en realidad no tendrá cada vez más poder en el futuro? 
Tiene mucha relevancia para los países que están fuera del euro permanecer realmente allí, sin perder influencia sobre lo que no tiene relación directa con el euro. 
. (SV) Puedo decirle al Sr. Gahrton que cuando la Presidencia sueca asumió sus funciones el 1 de enero estaba muy preocupada por la relación del grupo del euro con el Ecofin. 
Temíamos, tal como señala el Sr. Gahrton, que se produjesen situaciones en las que las decisiones fuesen adoptadas en un lugar al que no tuviésemos acceso. 
Después estaríamos frente a "fait accompli" que no podríamos sino ejecutar en el Ecofin. 
Sin embargo, haciendo un juicio muy sincero, tengo que decir que no ha sido así. 
Se ha demostrado gran respeto por los principios que están contenidos en la resolución de Luxemburgo que he mencionado, es decir, de lo aprobado por el Consejo Europeo en diciembre de 1997. 
Es obvio que existe la necesidad de cambiar opiniones en el círculo de Ministros de Finanzas que comparten la moneda común. 
Pero en ese círculo no se toman decisiones concretas. 
Se ha respetado la posición del Consejo de Ecofin y en este punto ha habido gran unidad de criterios. 
¿Podemos estar absolutamente seguros de que será así en el futuro? 
Es difícil predecir, y más aún el porvenir, como alguien dijo alguna vez. 
Creo que todo hace pensar que los miembros del Consejo seguirán siendo solidarios con los principios establecidos por el Consejo Europeo con anterioridad, es decir, que hay que mantener la posición del Ecofin. 
Si algún representante ha expresado una opinión personal en el sentido de que la posición del Consejo del Euro debería fortalecerse, es de su responsabilidad. 
Intentamos valorar la situación en la práctica y, sin titubear, podemos decir que se ha respetado la posición del Consejo de Ecofin. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0329/01): 
Asunto: El Sahara Occidental Las Naciones Unidas han decidido prolongar dos meses la presencia de la MINURSO en el Sahara Occidental sin que se haya llegado a la plena y total aplicación del plan de resolución del conflicto firmado entre Marruecos y el Frente Polisario. 
Al contrario, la amenaza de que vuelva a desencadenarse un conflicto armado entre ambas partes es ahora mayor que nunca. 
Diversos hechos atestiguan la voluntad de Marruecos de renovar su armamento, como por ejemplo la anunciada adquisición de aviones de caza norteamericanos o franceses gracias a la inversión de una parte de los fondos previstos en el reciente acuerdo concluido entre Vivendi y Maroc Telecom (3.500 millones de dólares). 
Por otra parte, la prensa británica anunció recientemente que Marruecos se pudo haber beneficiado de acuerdos comerciales con el Reino Unido que le permitieron adquirir nuevas armas y renovar su potencia militar: aviones Mirage y piezas individuales que ya le pueden haber permitido fabricar 56 cañones. 
Este armamento ya se encontraría estacionado en la frontera, a lo largo del "muro defensivo". 
Si estos hechos se confirman, esta transacción sería ilegal, ya que la legislación comunitaria- el código de conducta sobre la exportación de armamento- prohibe la venta de armas a países o zonas en situación de conflicto. 
¿Podría confirmar el Consejo esta información? 
¿Piensa intervenir ante el Estado miembro interesado? 
. (SV) El Consejo no ha discutido el asunto de que trata esta pregunta. 
Contrariamente a lo que se sugiere en la pregunta, no existe legislación comunitaria sobre la exportación de armas y, por ese motivo, no cabe preguntarse si una transacción en especial es o no ilegal en relación con el Derecho Comunitario. 
El código de conducta que se refiere su Señoría se aprobó el 8 de junio de 1998 y se fundamenta en los criterios comunitarios para la transferencia de armas convencionales. 
Según las normas sobre aplicación del código de conducta, los Estados miembros deben "estudiar por separado las solicitudes de licencias de exportación de material bélico que se les presenten, según lo establecido en el código de conducta". 
La decisión de otorgar licencia de exportación es adoptada, por tanto, por los Estados miembros y no corresponde al Consejo juzgar transacciones individuales. 
De acuerdo con el código, los Estados miembros deben intercambiar anualmente información sobre sus exportaciones de armas, lo que posibilita un juicio sobre el funcionamiento del código en su conjunto. 
Este juicio anual sobre funcionamiento del código se refleja cada año en un informe que debe presentarse en conformidad con la norma de aplicación número 8. 
La línea política general del Consejo en relación con el conflicto en el Sahara Occidental es la de respaldar plenamente a las Naciones Unidas y al representante personal de su Secretario General, James Baker, en sus esfuerzos para encontrar una solución al conflicto. 
El Consejo tiene el convencimiento de que el proceso de la ONU es el mejor marco para una solución rápida, duradera y pactada, que pueda llevar estabilidad a la región. 
Es evidente que las soluciones deben ser aceptadas por todas las partes y tienen que asentarse en el pleno respeto a los principios democráticos fundamentales y a los derechos humanos. 
En concordancia con estos objetivos políticos, el Consejo está dispuesto a contribuir al proceso y a trabajar en pro de la creación de un clima de confianza entre las partes. 
En este mismo sentido, a fines del año pasado la Unión propuso a las partes una serie de medidas tanto humanitarias como destinadas a la creación de confianza. 
La Unión está en estrecho contacto con James Baker y estudia la mejor manera de apoyar los esfuerzos de la ONU. 
Quisiera subrayar también que la Unión Europea es la principal donadora de ayuda humanitaria a los refugiados del Sahara, con un monto de 20 millones de euros durante los tres últimos años. 
Señor Presidente, doy las gracias al Presidente del Consejo. 
Desearía subrayar, a pesar de todo, que es lamentable que no se puedan hacer respetar los criterios particularmente importantes y estrictos de este código de conducta, sobre todo la idea de prohibir la venta de armas a países o a zonas en situación de conflicto. 
Este asunto es tan grave que actualmente en el Reino Unido los diputados han obtenido un derecho de fiscalización sobre las ventas de armas de su país en todo el mundo. 
Esta decisión ha sido polémica en dicho país, aun cuando no sea retroactiva, y, por tanto, los diputados británicos no pueden tomar medidas con respecto a este caso de ventas de armas al Sahara Occidental. 
Pero vuelvo a formular mi pregunta: ¿no piensa usted en la posibilidad de que la Unión Europea tome medidas de sanción en caso de violación de este código de conducta? 
Por otro lado, lo que más me preocupa es que creo que este asunto demuestra la voluntad de rearmarse por parte de Marruecos. 
También demuestra, y es deplorable, el apoyo que este país obtiene en territorio europeo, lo que no puede sino aumentar la tensa situación en dicha región. 
En este conflicto, que data de 25 años puesto que la situación está bloqueada sobre todo por el hecho de que Marruecos impide la validación de las listas electorales- a pesar de que han sido establecidas por la MINURSO -, el lenguaje de las armas puede reanudarse de la noche a la mañana. 
Desearía preguntar al Sr. Presidente del Consejo si está previsto que la Presidencia sueca efectúe una declaración antes de finales de junio. 
Pienso concretamente en la Presidencia alemana que había realizado una declaración específica respecto al Sahara Occidental. 
En este marco, ¿por qué la Unión Europea no reconoce oficialmente al Frente Polisario como interlocutor en el marco de este conflicto cuando las Naciones Unidas lo están haciendo desde hace 25 años? 
. (SV) El código de conducta sobre material bélico no tiene obligatoriedad jurídica. 
Entonces no puede hablarse sanciones, no tienen fundamento jurídico. 
En cambio, la meta de la Presidencia sueca en esta materia, igual que en la mayoría de los casos, es trabajar por una mayor apertura y transparencia. 
Me parece que hemos visto pasos positivos y constructivos hacia una mayor apertura en la aplicación del código de conducta en las exportaciones de armas. 
En el Consejo intentaremos seguir avanzando, junto con las demás fuerzas dispuestas a hacerlo, en el camino hacia una mayor transparencia en materia de exportación de armas. 
El conflicto del Sahara Occidental ha durado demasiado tiempo. 
Creo que todos sentimos una clara frustración por la falta de avances. 
No obstante, el Consejo está convencido de que la mejor manera de alcanzar una solución pacífica es seguir respaldando a la ONU y al Sr. Baker, enviado especial de su Secretario General. 
El Consejo seguirá impulsando esta línea. 
Muy adecuadamente la Presidencia responde a la Sra. Boudjenah, no sólo sobre el código de conducta de armas, sino también sobre el conflicto del Sahara, porque sabe muy bien el Presidente en ejercicio del Consejo que detrás de la pregunta de la Sra. Boudjenah está la preocupación por el conflicto de Marruecos con el Sahara. 
Y en su respuesta, muy clara, habla de apoyo a las Naciones Unidas y a James Baker, habla de la necesidad de conseguir un acuerdo aceptable para todos y afirma que, efectivamente, Europa es el mayor donante de ayuda humanitaria, con 20 millones de euros. 
La pregunta es que, puesto que somos los mayores donantes de ayuda humanitaria, ¿no deberíamos desempeñar un papel político fundamental en este conflicto, para evitar que los saharauis vuelvan a tomar las armas y que este conflicto vaya a más, y no limitarnos sólo a apoyar a James Baker y a las Naciones Unidas? 
El acuerdo aceptable, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ya se tomó en el año 1992 cuando los saharauis dejaron las armas para ir a un referéndum que tenía que haberse realizado en ese año 1992. 
¿No será ése el mejor acuerdo, realizar el referéndum con la contribución de Europa? 
. (SV) El conflicto del Sahara Occidental es muy difícil y sus orígenes son complicados. 
Creo que la Unión, que evidentemente debe tener un papel político activo en los importantes y difíciles conflictos internacionales, debe seguir apoyando los esfuerzos de la ONU. 
En el informe presentado por el Sr. Baker en abril de este año se da cuenta de avances en el desarrollo de diferentes propuestas para la autonomía del Sahara Occidental. 
Creo que en la actual situación sería poco prudente optar por un camino que no sea el respaldo constructivo al Sr. Baker. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, me gustaría que siguiera conmigo el siguiente razonamiento, que es muy simple. 
Nos dice usted que el Consejo ha abordado la situación del conflicto del Sahara Occidental y que se ha adoptado una serie de medidas para restablecer la confianza entre las partes. 
¿Usted cree que una medida de confianza entre las partes es que un Estado miembro, por cierto tan importante como el Reino Unido, venda armamento a una de ellas cuando existe un alto al fuego? 
En segundo lugar, y este razonamiento también es simple, ¿de qué código de conducta estamos hablando? 
Porque me da la impresión de que muchas personas, muchas organizaciones hablan entonces de un código de conducta distinto de aquel al que usted se ha referido. 
Porque usted se ha referido a un código que podría o no existir. 
En tercer lugar, me gustaría que abandonara una especie de postura metafísica según la cual ustedes apoyan los esfuerzos del Sr. Baker pero nunca dicen cómo los apoyan. 
. (SV) El Consejo no ha discutido las eventuales ventas de armas por parte de algún Estado miembro a esa región. 
Por eso no puedo hacer comentarios al respecto. 
Sin embargo, creo que he intentado subrayar con suficiente claridad la postura del Consejo sobre la mejor manera de conseguir avances en el conflicto. 
El Consejo lamenta, por ejemplo, que las posturas estén tan cerradas en relación con el plebiscito. 
Como éste ha sido un asunto tan difícil, el Secretario General de la ONU ha propuesto que las partes discutan diferentes soluciones al conflicto. 
Reitero que creo que sería muy lamentable que la Unión no apoyase con toda su energía los esfuerzos colectivos internacionales para resolver este difícil conflicto. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0330/01): 
Asunto: Muerte de cuatro emigrantes africanos en las playas de Tarifa, en las costas españolas de Andalucía El 21 de marzo pasado aparecieron muertas otras cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, una de ellas embarazada, ahogadas trágicamente, como tantas otras, cuando intentaban llegar a territorio europeo en busca de trabajo y de una nueva vida. 
¿Cuándo va a actuar la Unión Europea, directamente y ante las autoridades españolas, para poner fin a esta gravísima situación, que debe llenar de vergüenza a todas las instituciones europeas y a las del Estado español? 
. (SV) En numerosas ocasiones el Consejo ha respondido a preguntas similares de su Señoría. 
Por ese motivo, la postura del Consejo debería ser conocida. 
Quiero remitir a su Señoría a la respuesta que se le dio a su pregunta oral H-27/2001 del 14 de febrero de 2001. 
Permítanme, además, subrayar los esfuerzos que realizan el Consejo y la Comisión para ejecutar el plan de acción para Marruecos. 
Permítanme señalar que la lucha contra el comercio con personas es una materia prioritaria. 
Además, hago hincapié en que las autoridades españolas no tienen competencia en Marruecos y por eso no pueden controlar las embarcaciones de distintos tipos de salen de ese país. 
Señor ministro, desde que presenté de nuevo esta pregunta millares de personas emigrantes han seguido llegando en pequeñas barcas, y poniendo en peligro su vida, a las playas europeas de Andalucía. 
Mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, algunos han aparecido muertos, encontrados sin vida en las arenas y rocas de la trágica frontera entre África y Europa. 
Otros han sido detenidos, muchos han huido al interior en busca de un trabajo del que carecían en sus países. 
Ante esa inaceptable realidad, ¿cuándo van a comprender las instituciones europeas que ése es un problema propio que les afecta directamente? 
¿Cuándo van a reaccionar para evitarlo, para que esas personas, al llegar, gocen de las condiciones que se les deben como hermanos nuestros y seres humanos que son? 
Ya dije aquí en otra ocasión que la Unión Europea no puede apartar la cara para no ver una situación trágica que debe avergonzar a las instituciones europeas y a las españolas y que debe obligarlas a poner en práctica los medios indispensables para remediarlas. 
. (SV) El Consejo no da vuelta la cabeza. 
El Consejo sabe que éste problema es muy grande, que conlleva mucho sufrimiento. 
El Consejo, a través del diálogo con Marruecos, está muy interesado en intentar cambiar las condiciones y evitar así esos terribles ejemplos de sufrimiento humano a que se refiere su Señoría. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0335/01): 
Asunto: Exigencia de visados de entrada en la UE para los ciudadanos colombianos Un nutrido grupo de intelectuales colombianos encabezados por el premio Nobel Gabriel García Márquez han expresado su indignación por la decisión adoptada por el Consejo de exigir visado de entrada en la UE a los ciudadanos de Colombia. 
Incluso han afirmado que hasta que esta decisión no se modifique no viajarán a un país tan cercano cultural y lingüísticamente como España, cuyo Gobierno no se opuso a la decisión del Consejo. 
187 intelectuales españoles han manifestado su solidaridad con la postura de sus colegas colombianos. 
Teniendo en cuenta la alarma y rechazo suscitados por la decisión del Consejo, 
¿conoce el Consejo la opinión del grupo de intelectuales encabezado por García Márquez? ; ¿cree sinceramente el Consejo que la exigencia de visado en un medio útil contra el crimen procedente de nacionales de Colombia? ; ¿contactará el Consejo al premio Nobel García Márquez para conocer sus argumentos? ; ¿estará entonces el Consejo dispuesto a rectificar su equivocada decisión, como demandan amplios sectores de la opinión pública entre los que se encuentra este diputado? 
. (SV) Quiero recordarle a su Señoría que la decisión del Consejo a que hace referencia en su pregunta se fundamenta en una propuesta de la Comisión del 26 de enero de 2000, sobre un reglamento que comprende un listado de terceros países cuyos ciudadanos están obligados a tener visados cuando traspasan las fronteras externas, incluidos los ciudadanos colombianos, y un listado de terceros países cuyos ciudadanos están exceptuados de esta obligación. 
El Consejo quiere destacar que el Parlamento confirmó esta propuesta de la Comisión en dos ocasiones: en su informe del 5 de julio de 2000 y en un segundo informe del 1 de marzo de este año. 
En consecuencia, el Consejo aprobó este reglamento con mayoría calificada en 15 de marzo y entró en vigor el 10 de abril, es decir, hace poco más de un mes. 
Por ese motivo, el Consejo no comprende el criterio de su Señoría de que esta sería una decisión errónea. 
Este sistema se ha construido con plena observancia de las normas de apertura y transparencia, puesto que los Estados miembros deben comunicar a los otros Estados miembros y a la Comisión qué medidas adoptan en virtud de este reglamento. 
Por las mismas razones, esta información debe publicarse en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas. 
Reformulo la pregunta, porque es imprescindible que el Consejo me responda, no recordándome cuáles son los procedimientos en la Unión Europea para adoptar este tipo de decisiones- que creo que los conocemos -, sino en términos políticos. 
La decisión del Consejo de incluir a Colombia en la lista de países cuyos nacionales necesitan visados para entrar en los países de la Unión Europea, no solamente no sirve para combatir el crimen organizado que pueden protagonizar algunos ciudadanos colombianos, sino que hace pagar a los ciudadanos de "a pie" el peaje de tener que pasar por un visado. 
Asimismo, entorpece innecesariamente la comprensión entre la Unión Europea y Colombia, un país tan cercano, como han manifestado no el que habla, sino muchos intelectuales colombianos, encabezados nada más y nada menos que por el Sr. García Márquez. 
Creo saber que, por ejemplo, el Sr. García Márquez no ha viajado a España recientemente para participar en las actividades que conmemoraban el 25º aniversario del diario "El País", en cumplimiento del compromiso de los intelectuales que han manifestado que no vendrán a la Unión, por lo menos a España, hasta que esa norma no se revoque. 
Le pido que me responda, con la esperanza de que su respuesta sea afirmativa: ¿va a revisar el Consejo esta decisión en un futuro inmediato, previa consulta con la sociedad colombiana y con las autoridades de ese país? 
. (SV) El motivo por el que di a su Señoría una respuesta que él considera burocrática y de procedimiento es que en su pregunta se insinúa que la decisión ha sido errónea. 
A mi juicio es valioso señalar que se han seguido todas las normas, incluso se ha escuchado la opinión de esta Asamblea en dos ocasiones. 
Es obvio que su Señoría puede libremente simpatizar o no con el contenido de esta decisión, pero se ha adoptado hace poco tiempo y se han respetado todas las normas. 
Que yo sepa, no existen actualmente planes para modificarla. 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0338/01): 
Asunto: Informe "Comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid" de Christa Klaß, diputada al PE El 24 de octubre de 2000 se aprobó el informe "Comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid" en el Parlamento Europeo por amplia mayoría (A5-0195/2000, C5-0090/2000). 
¿En qué fase se encuentra el examen ulterior de dicho documento en el Consejo? 
¿Por qué no ha concluido todavía en el Consejo el examen de esta directiva? 
¿Cuándo se incluirá tal Directiva en el orden del día del Consejo para su adopción y su aplicación en los Estados miembros? 
La propuesta de la Comisión y el informe del Parlamento Europeo sobre la "Comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid" ofrecen a los interlocutores económicos afectados una mayor seguridad jurídica en estos ámbitos tan importantes para la viticultura de la UE. 
Unas disposiciones claras sobre la selección, autorización, registro y control deberían simplificar el comercio y enmarcarlo en un fundamento jurídico claro. 
Resulta incomprensible que el Consejo no haya adoptado todavía una decisión tras cinco meses. 
. (SV) Permítanme comenzar diciendo que estoy plenamente de acuerdo con su Señoría en relación con esta directiva. 
Permítanme también decir que el Consejo aprecia el trabajo realizado por la Sra. Klaß como ponente en esta importante materia. 
El Consejo ha tomado en consideración la opinión del Parlamento. 
Por eso es muy comprensible que éste se preocupe por la demora que se ha producido en torno a la decisión final del Consejo. 
La razón de esta demora es que algunos Estados miembros han pedido más tiempo para decidir sobre los organismos modificados genéticamente, a pesar de que esas normas no se diferencian de modo alguno de las del Derecho Comunitario y corresponden a las que recientemente fueron aprobadas en relación con la directiva de semillas y material de silvicultura. 
La aprobación de la directiva estuvo en la agenda del Consejo de Agricultura en noviembre del año pasado. 
Se aplazó para diciembre y después para enero de este año, puesto que no se llegó a acuerdos sobre las normas para regular los organismos modificados genéticamente. 
Sin embargo, el objetivo de la Presidencia sueca es lograr unidad de criterios para apoyar y aprobar la nueva legislación antes del término del período de Presidencia, es decir, a más tardar en junio de este año. 
A fin de cuentas, nosotros también hemos trabajado sobre el tema. 
Una lectura de la directiva indica que, en último término, el objetivo también es poder contar con unas disposiciones claras sobre la selección, autorización, registro y control, que ofrezcan una seguridad jurídica en este aspecto en el sector de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid en la Unión Europea. 
Este apartado también es muy importante para los agentes económicos y los interlocutores económicos de la UE. 
Por otra parte, según la información de que dispongo, se deseaba esperar la aprobación de la Directiva sobre la liberación de organismos modificados genéticamente, por la que se deroga la Directiva 90/220. 
Ésta ya ha superado entre tanto el procedimiento de conciliación y, por lo tanto, ha quedado aprobada. 
En consecuencia, en mi opinión, ya no existe ningún motivo para continuar retrasando este asunto. 
La presente directiva no menciona el tema de la autorización definitiva, que se debería decidir en el marco de la Directiva sobre la liberación de organismos modificados genéticamente. 
Por lo tanto, yo les ruego encarecidamente que no bloqueen el trabajo del Parlamento en el Consejo, sino que le den curso. 
. (SV) Comparto la opinión de la diputada. 
La intención de la Presidencia es llevar este asunto hasta el final. 
Como ya lo he dicho, tenemos hasta junio para lograrlo. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0340/01): 
Asunto: La excepción sueca en materia de divulgación de documentos de la Unión Europea En el folleto "EU-avtalet" (Acuerdo con la UE) , publicado en 1994 por el Departamento de Comercio del Ministerio de Asuntos Exteriores, con vistas a la celebración del referéndum sueco sobre la adhesión a la UE, se afirma que el principio de transparencia permanece inalterable y no es susceptible de negociación. 
Esta promesa fue hecha al pueblo sueco antes de la adhesión de Suecia a la UE. 
¿Significa esto que Suecia está eximida del cumplimiento de la normativa de la UE por la que puede limitarse la aplicación nacional del principio de transparencia? 
. (SV) Como Presidente en ejercicio del Consejo me corresponde ser muy breve. 
Quiero destacar que las legislaciones nacionales sobre el acceso de los ciudadanos a los documentos no están comprendidas en la armonización de la legislación comunitaria. 
Tampoco prevemos que en el futuro se realice una armonización de esas características. 
Agradezco su respuesta. 
Como seguramente sabe el Sr. Presidente en ejercicio, me refiero a los documentos comunitarios que llegan a los países. 
La UE ha aprobado un sistema de normas, un reglamento, basándose en el artículo 355, lo que le da mayor fundamento jurídico. 
En ese reglamento se habla de lealtad a las normas comunitarias. 
También se menciona que en casos dudosos se deben pedir consejos. 
Si con arreglo a estas disposiciones la Comisión y el Tribunal de las Comunidades Europeas opinan que un país no debe hacer públicos documentos comunitarios calificados como confidenciales en el ámbito europeo, la legislación comunitaria podría estar en contradicción con el principio sueco de publicidad. 
¿Opina el Presidente del Consejo que es imposible que esto se produzca? 
En ese caso, ¿por qué? 
. (SV) En mi opinión, una situación como la descrita por el Sr. Sjöstedt es imposible. 
En primer lugar, puedo comprobar que en los considerandos del acuerdo a que se ha llegado se dice expresamente que el reglamento no tiene por objeto ni por efecto modificar las legislaciones nacionales sobre publicidad de documentos. 
En segundo lugar, el Sr. Sjöstedt se remite al principio de la lealtad. 
Éste no es nuevo. 
El denominado principio de lealtad, que está consagrado en el artículo 10 del tratado de la CE, ha estado allí todo el tiempo. 
No ha sido modificado en relación con este acuerdo que aprobó el Parlamento a comienzos de este mes. 
Quiero subrayar que el procedimiento de consultas que se establece en el artículo 5 del nuevo reglamento sólo tiene el carácter de recomendación. 
Si hablamos de la situación sueca, no es nada nuevo que las autoridades suecas en relación con las normas del secreto internacional tengan que consultar a las instituciones para poder tomar decisiones adecuadas. 
Esto es algo conocido en la legislación sueca y nada cambia con la aprobación del nuevo reglamento. 
Agradezco a la Presidencia sueca y al Sr. Danielsson su respuesta. 
Obviamente quiero dar las gracias también por el trabajo que se ha realizado para dotar a la UE de una nueva posición en relación con el principio del acceso del público a los documentos comunitarios, un principio de publicidad. 
Con todo, quiero formular una pregunta. 
¿Es posible que en Suecia los representantes de las autoridades se impongan una autocensura cuando lleguen a conclusiones distintas a las de Bruselas y del ámbito europeo sobre la aplicación de las normas sobre confidencialidad? 
Este asunto de la autocensura y de la posibilidad de mantener los criterios nacionales frente a los de Bruselas es de gran relevancia. 
. (SV) Obviamente la pregunta formulada por el Sr. Sacrédeus es relevante. 
Posiblemente tenga mayor relevancia en el Parlamento sueco que en este ilustre Parlamento Europeo. 
Confío plenamente en la capacidad de las autoridades suecas para juzgar estos asuntos con independencia. 
Creo que el riesgo de autocensura es muy pequeño. 
Permítanme subrayar que las normas que este Parlamento ha aprobado y ha contribuido activamente a diseñar son, a juicio del Consejo, mejores que las hasta ahora vigentes en materia de publicidad de documentos. 
Ahora hay un reglamento que comprende todos los documentos y la denominada resolución Solana del año pasado ya no tiene vigencia. 
Existen registros obligatorios. 
Tenemos la obligación de estudiar con celeridad la posible entrega de un documento. 
Existen normas que definen claramente las normas de confidencialidad, etcétera. 
Por tanto, las normas que regulan la apertura y la transparencia en las instituciones de la UE serán mejores y más claras gracias, en una gran medida, al Parlamento. 
Sólo para demostrar que esta cuestión no interesa únicamente a los parlamentarios suecos de la Unión Europea sino también a los de otras nacionalidades, ¿funciona ya este nuevo procedimiento del Consejo? 
Si no es así, ¿cuándo estará en marcha? 
En otras palabras, ¿cuándo puedo conseguir el primer documento del Consejo? 
. (SV) No sé si su Señoría pide que el Presidente en ejercicio del Consejo emita un juicio sobre un asunto concreto, no creo que sea posible. 
Cuando este reglamento haya entrado en vigor, confío en que todas las instituciones aplicarán sus normas de manera adecuada, lo que significa que paulatinamente será posible para el Sr. Newton Dunn acceder a los documentos que no estén comprendidos en el examen de confidencialidad, que siempre deberá hacerse. 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0342/01): 
Asunto: Posición del Consejo ante las prácticas violentas de Turquía En su reciente visita a Skopie, capital de la Ex República Yugoslava de Macedonia (FYROM) , el Alto Representante de la PESC, Sr. Javier Solana, declaró que sería un error que el Gobierno de la FYROM mantuviera negociaciones con los terroristas (del ELK) , añadiendo que los dirigentes de la FYROM cuentan con el apoyo de la UE y que en la Unión no caben quienes utilizan la violencia. 
Tras este posicionamiento categórico, ¿podría indicar el Consejo por qué estos principios no son válidos también en el caso de Turquía, que en 1974, infringiendo el Derecho internacional y con medios violentos, ocupó el 40% del territorio de la República de Chipre y desde entonces lo mantiene bajo su ocupación pese a las resoluciones en contra aprobadas por las Naciones Unidas? 
¿Ignora el Consejo que dicho país, designado recientemente candidato a la adhesión a la UE, obstaculiza por medios violentos el ejercicio de los derechos individuales y políticos de la minoría kurda, trata a los presos con una violencia que supera todos los límites, encarcela a periodistas y ejerce en general el poder estatal haciendo uso de la violencia, vulnerando todas las cartas de derechos humanos, como ha constatado repetidamente incluso el Tribunal Internacional de Derechos Humanos? 
. (SV) La postura del Consejo en relación con Chipre y con los derechos humanos en Turquía, incluida la situación de los kurdos, es bien conocida. 
Quizá donde se aprecie con mayor nitidez es en la decisión del Consejo de Asociación de Turquía, aprobada el 8 de marzo de 2001. 
Numerosos objetivos y prioridades de este acuerdo tienen relación precisamente con los derechos humanos. 
En cuanto al tema chipriota, se reiteró en este documento lo expresado en el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999. 
Fundamentándonos en ese Acuerdo de Asociación y en los programas nacionales turcos para la aprobación de estas normas, la Unión se concentrará en que Turquía realmente cumpla con esas prioridades. 
El 26 de junio de 2001 se reunirá el Consejo de Asociación, donde se discutirá este asunto. 
La Comisión ha comunicado que en noviembre de este año se harán públicos los informes periódicos sobre Turquía y los demás países candidatos. 
Señor Presidente, le agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. La considero satisfactoria en principio, aunque se aleja del asunto. 
Yo había preguntado por qué en el caso de Turquía, país que ejerce violencia contra la República de Chipre, se mantiene diálogo- en tono amistoso, además-y ha sido aceptada como candidato a la adhesión a la UE, cuando en otros casos, dice el Sr. Solana que nosotros no dialogamos con países que practican la violencia. 
Quisiera también saber si el Consejo conoce las siguientes nuevas provocaciones procedentes de ese país; de Turquía, quiero decir. 
Primero, el supuestamente pacifista y europeísta Ministro de Exteriores, el Sr. Cem, ha amenazado con que si la República de Chipre es aceptada como miembro de pleno derecho de la Unión Europea, la reacción de su país no tendrá límites. 
Amenazan a todos, pues. 
Segundo, aviones militares turcos han repetido con mucha frecuencia la violación del espacio aéreo de Grecia, obligando a la aviación griega a peligrosas operaciones de interceptación. 
Tercero, el tribunal Internacional de Derechos Humanos, aquí en Estrasburgo, condenó hace una semana a Turquía por violación manifiesta de los derechos humanos de los turcochipriotas del territorio de la República de Chipre ocupado por tropas turcas. 
¿Cómo comenta estos extremos el Sr. Presidente en ejercicio? 
. (SV) Puedo comprobar, como lo he hecho anteriormente, que desde la celebración del Acuerdo de Asociación con Turquía la Unión ha podido seguir de cerca los acontecimientos políticos turcos. 
Esto nos permite también dialogar con las autoridades turcas, cuando el Consejo lo estima pertinente. 
El Consejo opta frecuentemente por el diálogo como método para enfrentar situaciones que se estiman inaceptables. 
Quisiera señalar que la próxima ocasión en que dialogaremos será justamente en la reunión del Consejo de Asociación con Turquía del 26 de junio de 2001. 
Señor Presidente, este hemiciclo fue tomado por asalto ilícitamente esta tarde durante el debate sobre Turquía. 
No es la primera vez que sufrimos presiones parecidas. 
Esto también afecta a la seguridad de las instituciones europeas. 
¿El Consejo tiene previsto reforzar las medidas de protección de las instituciones europeas? 
. (SV) Creo que no compete al Consejo comentar las normas de seguridad que se aplican en el Parlamento. 
Señor Rübig, yo le puedo informar de que el tema de la seguridad es una preocupación de este Parlamento, que la Mesa está tratando ahora mismo este tema, durante estos días, de cara al presupuesto, porque se han detectado insuficiencias en la organización de la seguridad y, naturalmente, hay que preservar los debates, sea quien sea el que proteste, por muchas razones legítimas que pueda tener en sus argumentaciones. 
No es el Consejo el que va a ser responsable de la seguridad en las instalaciones de nuestro Parlamento en las tres sedes. 
Y sepa usted que esto se está tratando con toda dedicación. 
La segunda pregunta complementaria la va a realizar el Sr. Fatuzzo. 
Tiene la palabra. 
He escuchado la respuesta de la Presidencia en ejercicio del Consejo al problema, tan bien ilustrado por el Sr. Marinos, de la relación entre Turquía y los griego-chipriotas y los kurdos. 
Quisiera preguntar al Consejo si, en este ámbito, controla, vigila, está al corriente y tiene en cuenta la situación de la población armenia que vive en Turquía y que tiene enormes problemas para manifestar su etnicidad. 
La semana pasada me reuní con un obispo de la Iglesia armenia que me reveló esta situación de extrema dificultad en la que versan las poblaciones armenias en Turquía. 
. (SV) Permítanme reiterar que una ventaja del acuerdo de asociación con Turquía es que nos permite seguir de cerca la situación en ese país. 
Esto no es válido sólo para la situación de la minoría kurda sino que, obviamente, también lo es para los armenios. 
Haremos un seguimiento de esta naturaleza. 
Las preguntas nº 9 y 10 decaen. 
A sus autores se les ha remitido una carta explicándoles que, según el Reglamento, los puntos que ya figuran en el orden del día no se tratan en el turno de preguntas, y como ustedes saben, ha habido declaraciones de la Comisión y del Consejo sobre el grave problema de los presos turcos en huelga de hambre. 
Es aplicación directa, clara y sin lugar a dudas, del Reglamento de este Parlamento. 
De todas formas, tiene la palabra el Sr. Alyssandrakis para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, claro que se han dado respuestas desde el Consejo y que ha habido declaraciones de la Comisión y del Consejo. 
No obstante, durante el turno de preguntas tenemos la posibilidad de formular una pregunta complementaria. 
Este derecho se nos conculca con la decisión de que no se produzca debate en este procedimiento. 
Según el Reglamento, estas preguntas no se admiten a trámite porque ya están incluidas en la declaración del Consejo y de la Comisión. 
Yo no creo que con el Reglamento en este caso conculquemos ningún derecho fundamental. 
Tiene usted muchas formas de expresión en el Parlamento. 
Pregunta nº 11 formulada por (H-0348/01): 
Asunto: Instalaciones para satélites de la UEO en Torrejón A raíz de las decisiones del Consejo Europeo de Niza, ¿cuáles son los planes y el calendario para la transferencia de esas instalaciones de la UEO a la UE? 
. (SV) La Unión Europea confirmó en la Cumbre de Niza su intención de asumir las funciones de la UEO en materia de manejo de las crisis. 
El Consejo tomó nota de las decisiones sobre integración de las misiones correspondientes de la Unión Europea Occidental en las tareas de Petersberg. 
Entre ellas se contaba la creación de un Centro de Satélites y de un instituto para estudios de la seguridad en el que se pudiesen incorporar algunas partes de las actuales estructuras paralelas de la UEO. 
Se encargó a la Presidencia que continuase trabajando en torno a este asunto en el Consejo (Asuntos Generales) , junto con el Secretario General del Consejo 
Actualmente se está tratando en el Consejo un borrador sobre medidas comunes para la creación de unas instalaciones para satélites de la Unión Europea. 
La Presidencia sueca calcula que el Consejo lo habrá aprobado en junio. 
Estas instalaciones son de la mayor importancia para fortalecer la capacidad de detección temprana y control de crisis en el marco de la política exterior y de seguridad común, especialmente la política europea de seguridad y defensa. 
Conviene contar con un reglamento y una estructura que permitan responder a las exigencias de la Unión y de sus Estados miembros de manera flexible y realizar sus tareas en estrecha colaboración con las actuales instituciones comunitarias del ámbito nacional e internacional. 
Al comienzo, el personal de estas instalaciones y su infraestructura deben proceder del Centro de Satélites de la UEO. 
Aún no se ha fijado con exactitud cómo se hará. 
Las recientemente creadas instalaciones para satélites que se ubicarán en Torrejón de Ardoz en España empezarán sus actividades el 1 de enero de 2001. 
Gracias por su exhaustiva respuesta, Señora Presidenta en ejercicio. 
Dado que el presupuesto estará operativo en la Unión Europea el 1 de enero, ¿formará parte el presupuesto para el Centro de Satélites del presupuesto de seguridad y defensa, que presenta el Consejo y que el Parlamento puede debatir y modificar, cuando procede? 
¿Se presupuestará según los procedimientos financieros normales de la UE? 
. (SV) El presupuesto del Centro de Satélites será financiado con aportes de los Estados miembros distribuidos según la denominada GNP key, es decir, que queda fuera del presupuesto tradicional. 
Las actividades de este Centro se financiarán según un reparto especial basado en el producto nacional bruto de los Estados miembros. 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0352/01): 
Asunto: Declaraciones del Presidente de los Estados Unidos sobre el Protocolo de Kioto El Presidente de los Estados Unidos ha hecho unas declaraciones en las que indica claramente que los Estados Unidos no van a respetar el Protocolo de Kioto, que les obliga a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, alegando que este Protocolo no se corresponde con los intereses económicos de los Estados Unidos. 
Las reacciones verbales de algunos dirigentes europeos ante estas declaraciones no constituyen una política. 
¿Qué medidas piensa tomar el Consejo en respuesta a este comportamiento cínico de los Estados Unidos, que sabotea de esta manera el Protocolo de Kioto? 
¿Se han previsto posibles sanciones económicas? 
. 
(SV) La postura y las medidas de la Unión en esta materia son bien conocidas, especialmente a través de la información de los medios de comunicación sobre los últimos comentarios y las amplias consultas bilaterales llevadas a cabo por el Consejo. 
El Consejo casi no necesita recordarle que la Unión Europea y sus Estados miembros han tenido, y seguirán teniendo, un papel muy activo en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. 
En sus conclusiones, el Consejo ha confirmado reiteradamente su compromiso de lograr un acuerdo en la sexta conferencia, velar por la integridad medioambiental del Protocolo de Kioto y crear las condiciones para su ratificación y entrada en vigor a más tardar en 2002. 
Seguramente no es necesario repetir que la política del Consejo sobre cambio climático y sus compromisos son inamovibles. 
En la reunión del Consejo Europeo de Estocolmo en marzo de 2001, se confirmó una vez más el gran interés en el Protocolo de Kioto como base para el trabajo internacional en pro de la disminución de las emisiones. 
El Consejo Europeo instó a todas las partes para que contribuyan constructivamente a la firma de un acuerdo sobre las condiciones para la aplicación del Protocolo de Kioto y facilitar la obtención de buenos resultados. 
El Consejo sigue creyendo firmemente en el Protocolo y en el proceso de Kioto. 
La troica ha realizado minuciosas consultaciones con otras partes, se ha reunido con Canadá, con Irán- que es el actual Presidente del Group of 77 -, con Rusia, con China y con Japón con el objeto de conseguir apoyo para el proceso de Kioto y para los esfuerzos que realiza el Sr. Pronk, Ministro de Medio Ambiente neerlandés y Presidente de la Conferencia. 
Obviamente tendrán lugar más negociaciones bilaterales sobre el mismo tema en relación con la segunda vuelta de la sexta Conferencia en el verano en Bonn. 
La Unión también ha comunicado su compromiso de continuar con los preparativos para la ratificación a más tardar en 2002, aunque EE.UU. decida no participar. 
La estrategia inmediata de la UE significa, por tanto, asegurar el apoyo necesario para el futuro éxito del proceso de Kioto, a pesar de la actual postura de EE.UU. 
Además, la Unión, por medio de numerosos representantes de alto nivel, entre ellos el Ministro de Medio Ambiente de Suecia, Kjell Larsson y la Comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, ha dejado en claro su posición frente a la administración de Washington. 
Ahora el objetivo primordial es hacer volver a EE.UU. al proceso de Kioto. 
La UE subraya que el cambio climático es un componente importante de las relaciones transatlánticas e insta a Estados Unidos para que contribuya constructivamente en este proceso. 
Gracias, señora Presidenta en ejercicio. 
Su respuesta me satisface y sólo espero que continúe intentando convencer a Estados Unidos de que se adhiera al Protocolo de Kyoto. 
. 
(SV) Quisiera solamente añadir que el Protocolo de Kioto obviamente será un tema importante durante las discusiones entre la Unión Europea y Estados Unidos que tendrán lugar el 14 de junio en Goteburgo, en la Cumbre del Consejo Europeo. 
Entonces el Presidente de la Comisión y el Presidente del Consejo Europeo podrán subrayar directamente frente al Presidente norteamericano la importancia que damos a esta materia. 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0353/01): 
Asunto: Recordar el Holocausto A raíz de la conferencia internacional de Estocolmo sobre el Holocausto, celebrada a iniciativa del primer ministro sueco Göran Persson en enero de 2000, el Parlamento Europeo aprobó el 7 de julio de 2000 una declaración sobre la conmemoración del Holocausto. 
En dicha declaración se insta al Parlamento, al Consejo y a la Comisión a incrementar sus esfuerzos en favor de la enseñanza, la rememoración y las investigaciones relativas al Holocausto, fomentar los estudios sobre el Holocausto en todas sus dimensiones, encontrar la manera adecuada de conmemorarlo, entre otras, instaurando un día europeo del Holocausto, y tomar todas las medidas necesarias para facilitar que se abran los archivos, de forma que todos los documentos relativos al Holocausto sean accesibles a los investigadores. 
¿De qué forma sigue el Consejo la exhortación del Parlamento Europeo? 
¿Existen proyectos para instaurar un día común europeo del Holocausto o establecer fechas nacionales para celebrar su conmemoración? 
. 
(SV) En cuanto a la enseñanza y a las medidas para acrecentar la conciencia sobre el Holocausto, sólo quiero recordarle a Lennart Sacrédeus la respuesta que se dio a una pregunta escrita de Joan Colom i Naval en marzo de 2000 y que sé que él ha podido leer. 
En relación con la instauración de un día europeo en conmemoración del Holocausto, el Consejo quiere señalar que no ha recibido ninguna propuesta concreta en este sentido. 
Los Estados miembros que están participando en el grupo de trabajo para el recuerdo, la enseñanza y la investigación en torno al Holocausto han seguido las recomendaciones del comité formado por representantes de los gobiernos y representantes de las organizaciones de voluntariado para que se fijen días nacionales para rememorar el Holocausto. 
Así se ha hecho, por ejemplo, en Alemania, en Suecia, en el Reino Unido y en Italia. 
A partir del próximo año Finlandia también tendrá un día de este tipo. 
El Consejo quiere subrayar que lo que podemos aprender de la historia, entre otras cosas del Holocausto, demuestra que es necesario combatir activamente el racismo y la xenofobia, aquí y ahora, en todas sus formas. 
En este contexto, el Centro Europeo para el Control del Racismo y la Xenofobia de Viena tendrá un importante papel, especialmente al tratarse de acciones transfronterizas. 
Cabe señalar también que el Consejo y los representantes de los gobiernos de los Estados miembros aprobarán el 28 de mayo una declaración en favor de la lucha contra el racismo y la xenofobia en Internet. 
Desgraciadamente, es un hecho lamentable que las nuevas tecnologías sean utilizadas por las fuerzas antidemocráticas. 
Como una continuación de los esfuerzos para informar sobre el Holocausto, de manera que se puedan sacar conclusiones sobre las formas cómo combatir la intolerancia en nuestros días, se celebró en enero una conferencia internacional en Estocolmo, precisamente sobre la lucha contra la intolerancia. 
Allí se reunieron representantes de todos los Estados miembros de la UE, de la Comisión, de la OSCE y el Secretario General de la ONU para discutir estrategias para combatir el racismo, el antisemitismo y la xenofobia. 
Para terminar, permítame decir que el Consejo valora sinceramente el interés del Parlamento Europeo en esta materia. 
Quiero agradecer especialmente a Lennart Sacrédeus su trabajo en torno a la importante decisión adoptada por el Parlamento sobre esta materia en julio del año pasado. 
Agradezco a la Presidencia sueca y a Lars Danielsson su exhaustiva respuesta y sus muy generosas palabras finales. 
La decisión del Parlamento Europeo en relación con la declaración escrita en recuerdo del Holocausto, una consecuencia directa de la iniciativa del Primer Ministro Göran Persson sobre la realización de una conferencia sobre este tema en Estocolmo en enero de 2000, indica que queremos que los Estados miembros fijen un día nacional, o aún mejor un día europeo, para recordar estos hechos. 
Quiero hacer hincapié en la ocasión única y en la autoridad especial que reviste el Primer Ministro Göran Persson como Presidente en ejercicio de la UE y como promotor de esta conferencia, para conseguir que aún más países que los mencionados por el Sr. Danielsson fijen un día nacional y, quizá, se pongan de acuerdo en un día común. 
Aplaudo los trabajos que se realizan para combatir el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. 
Mi pregunta complementaria concreta es: ¿está dispuesto el Primer Ministro, durante el tiempo que resta de la Presidencia sueca, a actualizar- al menos de manera informal- la posibilidad de que se fijen días para la conmemoración del Holocausto en los diferentes países? 
. 
(SV) Lennart Sacrédeus se refiere a un asunto muy interesante. 
En el Consejo también se ha discutido minuciosamente. 
Se llega a la conclusión, desgraciadamente, de que hay muchos acontecimientos históricos acaecidos en el siglo XX en que se cometieron atrocidades. 
Lamentablemente no sólo es el Holocausto del que hemos hablado, sino que ha habido también otros sucesos que se quiere recordar y usar como punto de partida para la lucha contra la intolerancia y la xenofobia. 
Por eso hemos pensado que posiblemente lo más adecuado sería dejar que el día nacional de conmemoración siga siendo precisamente un asunto de carácter nacional, que inspire a las autoridades nacionales para tomar más decisiones de la misma naturaleza. 
Tal vez convendría abstenerse de recomendar un día especial, por ejemplo que el 27 de enero fuese el día europeo de conmemoración. 
Hay tantas otras fechas. 
Tenemos, por ejemplo, la noche de los cristales, que es importante recordar en muchos países, y los días cercanos al fin de la guerra en 1945, que también son dignos de recordar. 
Por eso, creo que el mejor camino es inspirar para que se adopten decisiones nacionales en lugar de intentar forzar propuestas en el ámbito europeo. 
Pregunta nº 14 formulada por (H-0356/01): 
Asunto: Pesca de la merluza: discriminación de la flota que faena en el Golfo de Bizkaia El Consejo de Ministros de pesca de la UE fijó, en diciembre de 2000, los TAC y cuotas de merluza del norte para el año 2001, realizando un recorte de las capturas más pronunciado aún en la subárea VIII- Golfo de Bizkaia- (45%) frente a las subáreas más norteñas (58,9 %) , sin ninguna justificación basada en el consejo científico de gestión, ya que para propósitos de seguimiento y evaluación científica este recurso es considerado desde finales de la década de los 70 como un único stock y sin diferenciar componentes regionales. 
¿Qué criterio utilizó el Consejo para justificar esta diferencia? 
Al no existir ninguna evidencia científica que indique que existen distintos componentes del stock, sino que se trata de una sola población que ocupa grandes espacios marinos, ¿es consciente el Consejo de que los criterios políticos subjetivos utilizados han supuesto una fuerte discriminación contra alguna de las flotas comunitarias? 
¿No cree que deberá tener esto en cuenta y repararlo en la próxima fijación de TAC para 2002? 
. 
(SV) En primer lugar, quisiera remitirme a la respuesta a la pregunta número 280 que el Consejo dio a Su Señoría durante las sesiones de abril de este año y, además, a la siguiente explicación. 
A la luz de los informes científicos del ICES que recomiendan cuotas mínimas de captura y la realización de un plan de recuperación para esta especie, el Consejo ha fijado la cuota total de captura para la merluza del norte en 22 623 toneladas, comparadas con las 42 090 toneladas del año 2000. 
La Comisión había propuesto TAC de sólo 11 000 toneladas para el año 2001. 
La cuota total de captura para la merluza del norte está dividida en cuatro regiones. 
Según los informes científicos que obraban en poder de la Comisión, la situación en la región VII a, b, d y e era peor que en las tres más norteñas, por lo que se dispuso una disminución proporcional de TAC en esa región. 
Las medidas que se tomen para el año 2002 deberán contemplar la actual discusión sobre recuperación de la merluza del norte. 
No entiendo la respuesta que me ha dado porque, según la información que yo poseo, los estudios científicos sobre la merluza del norte la consideran como un stock único. 
Por tanto, no sé de dónde habrán sacado los datos para diferenciar la situación o la disminución del stock en una u otra parte: en el Golfo de Vizcaya o en el resto. 
Y en segundo lugar, yo quisiera decirle al Presidente en ejercicio del Consejo, que quizá el Consejo debería haber tenido en cuenta factores socioeconómicos y comerciales, salvaguardando en la medida de lo posible la viabilidad de la actividad pesquera dirigida a la merluza, exigiendo el cumplimiento radical de las medidas técnicas de gestión pesquera que la Política Común de Pesca no ha sido capaz de poner en práctica en los últimos años, a pesar de las advertencias continuas de los organismos que proveen el consejo científico de gestión. 
. (SV) La distribución de cuotas se fundamenta en antecedentes biológicos y científicos y no en consideraciones socioeconómicas. 
De acuerdo con los informes científicos, la grave situación en que se encuentra la merluza del norte requiere la aplicación de medidas drásticas. 
Puesto que existen claras pruebas de que la merluza del norte actualmente está disminuyendo, los expertos científicos han propuesto una serie de medidas. 
Estas medidas tienen obviamente consecuencias socioeconómicas a corto plazo, pero confiamos en que también tengan efectos beneficiosos a largo plazo para esa especie. 
Pregunta nº 15 formulada por (H-0357/01): 
Asunto: Presidente del Comité Militar En el organigrama del Consejo de la UE figura ahora el puesto de presidente del Comité Militar. 
¿Qué institución paga el salario del citado presidente y cómo se va a determinar? 
¿Está previsto pedir la aprobación del Parlamento Europeo por lo que respecta al puesto así como a su salario? 
. (SV) El Presidente del Comité Militar de la Unión Europea es parte de la delegación enviada por los Estados miembros, de la misma manera que un presidente de un comité o grupo de trabajo en el Consejo. 
Lo mismo vale para los cargos de presidente que no siguen a la Presidencia como, por ejemplo, el presidente del Comité Económico y Social o del Comité de Política Económica. 
Por esa razón, la fijación y el pago de la remuneración corresponde al país miembro que lo envía. 
El procedimiento para la designación del presidente del Comité Militar de la Unión Europea no exige la aprobación del Parlamento Europeo. 
Gracias por la respuesta. 
La cosa queda clara. 
Pero, ¿ha olvidado usted que prometió enviar información sobre los salarios de los denominados hombres sabios en el caso de Austria? 
Usted lo prometió la última vez. 
. (SV) Puedo asegurarle a su Señoría que he firmado esa respuesta. 
Espero que la información esté en camino. 
A veces las cosas tardan mucho tiempo entre Estocolmo y Estrasburgo, pero le aseguro que la respuesta está en camino. 
Esperamos que para la próxima sesión esté resuelto este problema y haya llegado la carta comunitaria. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nº 16 y nº 17 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 16 formulada por (H-0359/01): 
Asunto: Acuerdo de Asociación con Argelia y situación de las mujeres En relación con el próximo Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia, ¿incluirá éste algún compromiso de defensa de los derechos humanos de las mujeres (incluido el derecho a la educación en zonas rurales) y de mejora de su estatus familiar? 
¿Qué apoyo prestará la UE para posibilitar que el proceso democrático alcance a las mujeres? 
Pregunta nº 17 formulada por (H-0377/01): 
Asunto: Argelia Ahora se estima que el número de asesinatos cometidos en Argelia durante los pasados diez años asciende a 200.000, y que se siguen cometiendo a razón de unos 200 al mes. 
¿Puede comunicar la Presidencia sueca qué medidas ha iniciado en apoyo de una investigación internacional e independiente sobre tales asesinatos, y qué iniciativas piensa llevar a cabo en las NN.UU. para acabar con los crímenes y la aplicación generalizada de la tortura? 
. (SV) En primer lugar, permítanme decirles que el Acuerdo de Asociación entre la Unión y Argelia se desarrolla según los planes, pero falta todavía resolver numerosas cuestiones. 
Los negociadores se reúnen casi todos los meses con el objeto de concluir las negociaciones este año. 
Se han logrado muchas cosas. 
Argelia ha aprobado de forma preliminar el siguiente texto sobre derechos humanos: "el respeto por los principios democráticos y por los derechos humanos fundamentales que están establecidos en la Declaración de Derechos Humanos constituye una guía para la política de interior y exterior de la comunidad y de Argelia y un elemento importante de este Acuerdo". 
Esta amplia redacción comprende los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su sexo, y en todas los campos, civil, político y de derechos sociales, económicos y culturales. 
Otro punto del borrador da derecho a las partes firmantes para adoptar medidas pertinentes si se considera que la otra parte ha dejado de cumplir las obligaciones prescritas en el Acuerdo. 
En las actuales negociaciones se han logrado acuerdos en dos importantes materias relativas a la situación de las mujeres, esto es, hacer hincapié para dar a la parte femenina de la población acceso a la educación, incluso educación técnica, estudios superiores y formación profesional, y dar prioridad- en el marco del trabajo social y a través de la educación y los medios de comunicación- al fomento del papel de las mujeres en el proceso de desarrollo social y económico, en concordancia con la política argelina sobre esta materia. 
La suscripción del Acuerdo facilitará e institucionalizará el diálogo político con Argelia, por ejemplo, sobre temas relacionados con los derechos humanos. 
En cuanto a la pregunta del diputado Andrews, el Consejo comparte su preocupación por los asesinatos que han ocurrido en Argelia en los últimos diez años. 
La Presidencia, a través de la Ministra de Asuntos Exteriores sueca, trató este asunto en la reunión para diálogo político entre la Unión y Argelia que tuvo lugar en Argel el 24 de abril. 
Expresamos nuestra inquietud por las desapariciones, las detenciones arbitrarias y las torturas. 
Entregamos a las autoridades argelinas otra lista más con casos de atropellos y les pedimos que nos informaran. 
La Unión también expresó su preocupación en el mismo sentido en la reunión de este año de la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. 
En el marco de la ayuda técnica y financiera de Meda a Argelia, la UE apoya un proyecto para modernizar la policía. 
En ese programa se contempla, entre otras cosas, formación sobre respeto a los derechos humanos cuando se practican detenciones y se han destinado 8,2 millones de euros con este objeto. 
La Unión respalda también a determinadas instituciones para fortalecer la sociedad civil. 
Cuando se firme el Acuerdo de Asociación a que me he referido, se institucionalizará el diálogo con Argelia. 
Así tendremos entonces un marco en el que podremos manifestar nuestras preocupaciones y críticas. 
Agradezco la respuesta del Presidente en ejercicio del Consejo, pero sólo hace un poco de mensajero y él debe de saber como yo que, si no se introduce explícitamente en el acuerdo de asociación el reconocimiento de los derechos de las mujeres, se ignorarán. 
Estamos hablando de un país donde el 29 de abril pasado las cargas policiales produjeron una matanza de argelinos bereberes. 
Y estamos hablando de un acuerdo de asociación con ese país. 
Me parece que no es mucho pedir que se expliciten los derechos de las mujeres y también los de los bereberes, y que se incluya, asimismo, también en este acuerdo de asociación el respeto de los derechos lingüísticos, culturales y ciudadanos de los bereberes argelinos. 
¿Está dispuesto el Presidente en ejercicio del Consejo a transmitir esta petición? 
. (SV) Como señalé en mi respuesta, en el borrador de Acuerdo de Asociación que se está discutiendo se incluye un texto de carácter general sobre los derechos humanos. 
En la mención a los derechos humanos del Acuerdo, es relevante que se contemple no sólo a las mujeres, sino también a las minorías. 
Usted mencionó a los bereberes. 
Habría que mencionar a muchos otros grupos. 
Puedo asegurarle que fundamentándose en esta referencia amplia a los derechos humanos, la Ministra de Asuntos Exteriores sueca puntualizó claramente la necesidad de mejorar la situación de las mujeres en Argelia. 
Esto se repite constantemente en el diálogo con Argelia y lo reiteraremos con más fuerza aún cuando tengamos el Acuerdo de Asociación. Ese día tendremos un marco que posibilite discutir todos los problemas relativos a los derechos humanos. 
Creo que tenemos la misma idea en cuanto a la necesidad de mejorar la situación de las mujeres en Argelia. 
Creo también que nuestros criterios son los mismos en cuanto a que tenemos que velar por que Argelia respete no sólo los derechos de las mujeres sino todos los derechos humanos. 
Trabajemos, pues, mancomunadamente para alcanzar estos objetivos. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer a la Sra. Presidenta en ejercicio su respuesta tan exhaustiva y me parece que todo va a ser perfecto una vez que se concluya este Acuerdo de Asociación. 
Quisiera preguntarle: ¿Tiene el Consejo intención de aprobar este Acuerdo de Asociación si continúan las terribles violaciones de los derechos humanos en Argelia? 
Está muy bien firmar acuerdos sobre derechos humanos, pero la realidad es que, a pesar de los esfuerzos que durante años han realizado el Consejo y la Unión Europea, la situación, al igual que en Turquía, ha empeorado en lugar de mejorar. 
Quisiera preguntarle: ¿Tiene intención el Consejo de aceptar la declaración final del Acuerdo de Asociación cuando se planteé en octubre o noviembre? 
Mi opinión es que debería imponerse a Argelia toda sanción posible para garantizar que se respetan los derechos humanos de todos: hombres, mujeres y niños. 
. (SV) No quiero adelantarme a la decisión final del Consejo sobre este Acuerdo de Asociación, pero, en mi opinión, es importante formular la pregunta: ¿por qué tiene la Unión un Acuerdo de Asociación? 
En cualquier caso no es una especie de licencia para que el gobierno de un país haga lo que le plazca. 
Estos acuerdos son instrumentos que dan a la Unión un marco, un molde dentro del cual se puede desarrollar un diálogo político, incluso sobre cosas en las que no se está de acuerdo. 
Por eso queremos tener un Acuerdo de Asociación. 
El Consejo cree que éste es un instrumento más eficaz que dejar que las cosas sigan su curso. 
Los acuerdos de asociación son, como lo ha demostrado el caso de Turquía, eficaces instrumentos que permiten a la Unión observar y criticar las situaciones que no acepta. 
A veces las cosas van muy lentas y podemos sentirnos frustrados, pero el diálogo es siempre más eficaz que el aislamiento. 
. (SV) Su Señoría destaca un asunto importante. 
Por eso, a pesar de que es tarde, daré una respuesta relativamente extensa. 
A su Señoría le consta que el 26 de febrero el Consejo aprobó el Acuerdo "Todo salvo armas", en el que se extiende la liberación de aranceles aduaneros a todos los productos originarios de los 49 países menos desarrollados del mundo, salvo las armas y las municiones. 
Este acuerdo entró en vigor el 5 de mayo de 2001. 
Creemos que esta medida es una valiosa contribución al desarrollo económico de esos países y, además, una prueba fehaciente de la buena voluntad política de la Unión hacia los países en vías de desarrollo en relación con la próxima ronda de negociaciones de la OMC. 
Este Acuerdo ha sido el resultado de intensas discusiones en el Consejo, en las que se consideró el análisis de consecuencias preparado por la Comisión y la necesidad de los Estados miembros de contar con garantías acerca de las normas que regirán la aplicación del sistema propuesto. 
Esas garantías no contemplaban exclusivamente los intereses de los Estados miembros, sino que también las consecuencias de la propuesta para los estados APC que no pertenecen al grupo de países menos desarrollados y el deseo de asegurarse que serán los países menos desarrollados y no terceras partes los que obtengan ventajas del nuevo sistema. 
Las dudas concernían a tres productos especialmente delicados: plátanos, arroz y azúcar. 
En el texto final se tomaron en consideración estas dudas, en tanto que se mantuvo el principio general de que la UE debe adoptar medidas para mejorar la situación económica de los países menos desarrollados. 
Por ese motivo, en relación con los plátanos, el arroz y el azúcar se aplazó la ejecución, pero hubo unanimidad sobre el principio de liberalización de aranceles y de fijación de cuotas. 
En cuanto a los plátanos, se aplazó la liberalización hasta 2006. 
Durante este tiempo se implantarán rebajas arancelarias anuales de un 20 por ciento desde enero de 2002. 
Considerando los problemas de infraestructura que tienen actualmente los potenciales exportadores de plátanos de los países menos desarrollados, resulta difícil decir con seguridad cuál será el efecto inmediato de este Acuerdo en el mercado del plátano. 
Como se ha dicho anteriormente, se han realizado adaptaciones en el Acuerdo con el objeto de tomar en cuenta los temores de la Unión y de los países ACP productores de plátanos que no pertenecen al grupo de países menos desarrollados. 
Además, la Comisión se ha comprometido a controlar la aplicación de este Acuerdo para descubrir y resolver todas las dificultades tan pronto como sea posible. 
La Comisión investigará en qué medida los países menos desarrollados obtienen ventajas de este Acuerdo y si los instrumentos actuales son suficientes para solventar eventuales dificultades graves en los mercados comunitarios y en los mecanismos de regulación, especialmente del arroz, el azúcar y los plátanos. 
Fundamentándose en esta investigación, la Comisión redactará un informe en 2005 y, si es necesario, presentará propuestas. 
Como le consta a su Señoría, el Consejo es plenamente consciente de los problemas de sus socios de ACP en torno a la función del mercado del plátano y hace cuanto puede para tomar en consideración estas inquietudes en todas las iniciativas importantes. 
En relación con el Acuerdo Cotonou, la UE reconoció "la enorme significación económica" que tienen para los productores de plátanos de los países ACP las exportaciones a la UE y estableció que, si es necesario, habrá que adoptar medidas para asegurar los beneficios de las empresas exportadoras de plátanos de esos países y la futura colocación de sus productos en el mercado europeo. 
Cuando el Consejo intenta modificar la reglamentación de los plátanos para que se ajuste totalmente a las normas de la OMC, está también introduciendo garantías para impedir que los plátanos de los países ACP queden fuera del mercado. 
En este punto quiero mencionar el principio de acuerdo a que llegaron la Comisión y Estados Unidos, antes de la Semana Santa, sobre el prolongado litigio entre la UE y EE.UU. sobre el estatuto comercial del plátano. 
En general, las partes que se refieren a los productores de los países ACP tienen por objeto proteger su situación, asegurándoles condiciones más confiables y ventajosas para la entrada de sus productos al mercado de la Unión. 
En este contexto cobra especial relieve la propuesta de establecer cuotas, exclusivamente para los productores de los países APC, y un sistema histórico de licencias que beneficia a estos productores más que la propuesta anterior de "el que llega primero gana". 
También quisiera recordarle que en 2006, cuando la organización del mercado comunitario del plátano se transforme en un sistema sólo con aranceles, se establecerán unos aranceles preferentes para los países APC que les darán relativas ventajas. 
Según la propuesta de la Comisión, el Consejo debe dar sus puntos de vista sobre algunos detalles del principio de acuerdo con EE.UU. Evidentemente se discutirán con el Parlamento todas las eventuales modificaciones al estatuto de la organización comunitaria del mercado del plátano. 
Finalmente deseo recordarle la instauración, desde el 1 de enero de 1999, de un sistema especial de ayudas a los países APC que tradicionalmente han sido productores de plátanos. 
Este sistema ofrece ayuda técnica y económica a los productores de esos países para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y aumentar así su competitividad, fomentándose también métodos de producción y venta más ecológicos. 
La ayuda técnica y económica que se dio en virtud de este sistema alcanzó la suma de 45 millones de euros en el año 2000. 
Agradezco al Presidente en ejercicio del Consejo la amplia explicación, pero yo le voy a preguntar si, de conformidad con la nueva reglamentación del plátano, a partir del 1 de enero de 2006, la única protección que van a tener los productores comunitarios de plátano y los países ACP, que también se incluyen, es el arancel. 
La Comunidad acaba de renunciar al arancel. 
Por tanto, a partir de 1 de enero de 2006 no habrá este tipo de protección; mi pronóstico es que los beneficiarios de esta medida van a ser las grandes compañías multinacionales. 
Si yo fuera el ejecutivo de una empresa multinacional, trasladaría las plantaciones de América Central y de Ecuador- o de algún otro país- a uno de esos países menos desarrollados, porque a partir de 1 de enero de 2006 tendría la garantía de que no existiría ninguna limitación a la importación de plátanos como consecuencia de ese acuerdo. 
La pregunta que le hago al Presidente en ejercicio del Consejo es si ustedes han pensado en lo que esto supone, tanto para los productores comunitarios, algunos de los cuales viven en zonas muy subdesarrolladas de la Comunidad, como para los productores de otros países ACP que tampoco tienen un nivel de vida demasiado alto. 
. (SV) Como he señalado, la Comisión ha hecho un análisis de las consecuencias para la propia producción de plátanos de la Unión. 
La Comisión opina que las consecuencias a mediano plazo son mínimas. 
Su Señoría menciona, además, otras medidas que podrían adoptar las empresas multinacionales como consecuencia de la modificación de la normativa. 
Para poder hacer frente precisamente a esas medidas la Comisión redactará un informe, el año 2005. 
Supongo que a continuación habrá un control permanente por parte de la Comisión para evitar el abuso de la nueva reglamentación del plátano. 
Estoy convencido de que la Comisión velará, con su habitual firmeza y energía, para impedir que se abuse de esta nueva reglamentación, cuyo principal objetivo es favorecer a los países menos desarrollados. 
Muchas gracias, señor Danielsson, por su extraordinaria cooperación en esta tarde. 
Ahora vamos a aplicar el Reglamento. 
Las preguntas nº 19 y nº 20 han decaído porque ya se ha tratado el tema de Oriente Medio en la declaración de la Comisión y del Consejo de esta mañana. 
Las preguntas nº 21 y nº 22 se han retirado. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas nº 23 a 44 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.30 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Régimen de ayuda para el aceite de oliva 
. Señor Presidente, han transcurrido dos años desde la última reforma de la OCM del aceite de oliva. 
La Comisión, a la espera de contar con más y mejor información acerca de la situación real del sector, ha aplazado la reforma definitiva por dos años y ha formulado una propuesta que afecta a aspectos de la calidad y a acciones sobre el mercado. 
Aunque esta intención es loable, no se pueden obviar ciertas carencias de la propuesta que afectan a tres cuestiones: la situación del mercado, los controles y la comercialización de mezclas de aceite. 
En la reforma de 1998 y contra el parecer de este Parlamento, se eliminaron las compras públicas de intervención, a pesar de que su coste medio era el más reducido de todos los existentes. 
Los efectos de su eliminación han provocado un enorme descenso de los precios en el mercado y la consecuente reducción de las rentas de los productores. 
La mecánica del almacenamiento privado es muy lenta; por ello, la Comisión de Agricultura propone dotarla de automatismo, sin alterar las condiciones para su apertura. 
Esta cuestión no está contemplada en la propuesta de la Comisión, pero esto no justifica que cerremos los ojos ante las consecuencias de la última reforma. 
La Comisión, en sus respuestas al Tribunal de Cuentas, exponía que en esta propuesta introduciría elementos para reforzar los controles. 
Hay que constatar que, en general, no lo ha hecho y, por ello, en el informe se formulan propuestas para mejorar la eficacia de los controles mediante un incremento de la frecuencia de envío de la información por parte de las almazaras y de la introducción de obligaciones homólogas para la ayuda al aceite de orujo. 
Desde 1996, este Parlamento ha denunciado los problemas derivados de la comercialización de mezclas de aceite de oliva con otras grasas y ha reclamado una protección análoga a la que existe para la leche y la mantequilla, por ejemplo. 
Lamentablemente, estas demandas nunca se han visto correspondidas por la adopción de reglamentos. 
En esta ocasión, esta carencia en la propuesta es tanto más llamativa cuanto la propuesta de la Comisión está centrada sobre la estrategia de la calidad. 
Por esta razón, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo propone la prohibición de la comercialización de las mezclas de aceite de oliva con otras grasas, al igual que lo está ya en la mayoría de los países productores. 
En cuanto a los contenidos de la propuesta que hacen referencia a la calidad, se han modificado en algo las denominaciones propuestas por la Comisión. 
Por otra parte, en el informe se propone una serie de medidas sobre el etiquetado. 
Entre ellas, la más relevante intenta impedir que la denominación "aceite de oliva" sea utilizada como reclamo publicitario induciendo a confusión al consumidor. 
Es decir, en el caso de que el aceite de oliva no fuera la única grasa existente en cualquier producto alimenticio, la utilización de la denominación "aceite de oliva" quedaría limitada al ámbito de la descripción cuantitativa de los ingredientes. 
En cuanto al etiquetado, se propone la inclusión de otros dos aspectos: la expresión de origen del aceite, respondiendo al lugar de origen de las aceitunas, y en el caso del aceite común, la obligatoriedad de expresar que procede de aceites de oliva vírgenes y refinados. 
En todas estas cuestiones, espero de la Comisión una respuesta más positiva que en otras ocasiones. 
El pasado 25 de octubre, por ejemplo, la Comisión rechazó una treintena de nuestras enmiendas a la propuesta sobre la OCM de frutas y hortalizas, porque manifestó que las incluiría en un informe posterior. 
Dicho informe ha visto la luz y, sin embargo, los contenidos de nuestras enmiendas no fueron tenidos en cuenta. 
Por otra parte, en nuestro documento se añaden algunas enmiendas que tienden a dar mayor agilidad y precisión a la propuesta de la Comisión. 
La Comisión prevé su puesta en marcha para dentro de dos años, mediante el concurso de lo que ella denomina "organizaciones de agentes económicos". 
Dado que las acciones previstas se financiarían en parte recurriendo a un porcentaje retenido de la ayuda a la producción, es natural que los productores estén representados para su gestión. 
Para ello, ya hay figuras perfectamente definidas como las organizaciones de productores, sus uniones y las organizaciones interprofesionales. 
En estas condiciones no sería necesario un plazo de dos años para poner en marcha las acciones contempladas. 
Del mismo modo, para dar seguridad jurídica y acelerar y facilitar la elaboración de programas, se propugna la elaboración de una lista clara de acciones que no podrán incluirse en ellas. 
Y, finalmente, para terminar, quisiera agradecer sobre todo y especialmente la colaboración de todos los miembros de la Comisión de Agricultura que con sus enmiendas han enriquecido notablemente el informe, permitiendo que se ajuste a las demandas de los productores y consumidores de todos los Estados implicados, tal y como se pudo constatar en el encuentro que organizó recientemente el Ministerio de Agricultura italiano en Verona el pasado mes de abril. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, Sr. Jové, por el magnífico trabajo realizado y por la disponibilidad que en todo momento ha mostrado para colaborar con los miembros de la Comisión de Agricultura. 
Asimismo, quiero agradecer a la Comisión Europea su informe sobre la estrategia de calidad del aceite de oliva y la propuesta de reglamento, que, en líneas generales, son dos buenos documentos. 
Ahora bien, dicha propuesta ha sido altamente mejorada por el informe del Parlamento y me gustaría subrayar una serie de aspectos: en relación con el control, estamos plenamente de acuerdo con que éste debe realizarse básicamente a través de las almazaras, que es un sistema de control mucho más eficaz, dejando el sistema de información geográfico oleícola como un instrumento complementario del anterior. 
En segundo lugar, y respecto a las mezclas de aceite de oliva con otras materias grasas, somos partidarios de la prohibición total de su comercialización, haciéndonos eco de la petición de los países productores, ya que a través de estas mezclas es muy fácil defraudar al consumidor, perjudicando, asimismo, la imagen del aceite de oliva. 
Esto, además, no significa en modo alguno coartar la libertad del consumidor puesto que cualquier interesado en dicha mezcla podrá siempre realizarla para su propio consumo. 
En tercer lugar, la ayuda al almacenamiento privado se convirtió, después de la reforma de la OCM de 1998 y de la supresión del régimen de compras de intervención, en el único elemento regulador de precios del mercado. 
No obstante, esta medida no se ha aplicado correctamente, lo que ha tenido como consecuencia que los niveles de precios durante muchos meses hayan estado por debajo de los límites establecidos por el Consejo, sin que dichas medidas se hubieran autorizado. 
Por tanto, es muy positivo que el informe del Parlamento solicite la apertura automática del almacenamiento privado, lo que permitirá el adecuado sostenimiento de precios del aceite de oliva. 
Por último, en relación con la ayuda a la producción de aceite de orujo, cuyo objetivo es asegurar una buena gestión medioambiental de los subproductos de las almazaras, opinamos que dicha ayuda deberá calcularse en función del aceite de orujo efectivamente producido y no sobre la base de un tanto alzado, tal y como se está haciendo. 
Esta propuesta también favorecerá, sin lugar a dudas, la estrategia de calidad. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar dar las gracias a los ponentes sobre estas importantes cuestiones. 
Me voy a detener muy rápidamente en comentar la propuesta de reglamento del Consejo para la nueva OCM del aceite de oliva, agradeciendo ante todo al Sr. Jové Peres la competencia y la disponibilidad mostradas que nos permitieron alcanzar un importante acuerdo en nuestra comisión. 
Al no existir las condiciones para una reforma global, optamos por anticipar la introducción de algunas reglas importantes que permitirán a este sector hacer frente a los nuevos retos que nos plantearán la Organización Mundial de Comercio, la liberalización de los mercados y la reforma de la política agrícola común. 
Éste fue el hilo conductor que nos llevó a definir medidas en lugar de peticiones de nuevas ayudas de apoyo. 
En particular, para nosotros es importante expresar el origen del aceite con el lugar de recogida y no con el de producción. 
Tenemos la obligación de la transparencia y de la coherencia con los principios de rastreabilidad: se trata de una cuestión de respeto a los productores y a los consumidores. 
Confío en que el Consejo apruebe nuestro enfoque y confiera un mandato con el fin de revisar el Reglamento nº 2815. 
Asimismo y debido a la importancia que revisten hay que considerar la prohibición de las mezclas de aceite de oliva con otras materias grasas y los incentivos en favor de las organizaciones de productores para aumentar la capacidad de oferta en el mercado porque ésta es la paradoja que hay que superar: una demanda creciente del consumo de este bien valioso y un descenso de los precios. 
Con estas medidas pensamos apoyar a todo el sector y me satisface acabar mi intervención valorando muy especialmente el método que hemos utilizado, es decir, el intercambio de opiniones entre el Parlamento y todo el sector que ha llevado a estos puntos que confío en que hoy aprobaremos en el Pleno y que espero que orienten la decisión final del Consejo. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Jové Peres el trabajo realizado y muy especialmente la disponibilidad que ha mostrado a la hora de acoger nuestras propuestas y sugerencias. Asimismo quiero dar las gracias a la Comisión por haber realizado un trabajo tan minucioso, así como a la Comisión de Agricultura por haber aprobado por unanimidad las enmiendas presentadas. 
Esto permite prever que mañana el voto del Parlamento será unánime y permite esperar asimismo que al Consejo le llegará una propuesta fuerte, puesto que es la expresión de la voluntad unánime del Parlamento. 
Lo cierto es que el debate sobre la reforma de la política agrícola común, de la que se empieza a hablar, deja aflorar el convencimiento mayoritario de que las ayudas a la producción se irán eliminando gradualmente. 
Los productores no están asustados por esta perspectiva, siempre que sea posible vender en el mercado a un precio justo. 
Este objetivo se persigue fundamentalmente de dos maneras: organizando una acción de promoción, información y sensibilización de los consumidores, así como publicitando el producto que es la única manera de hacer valer la calidad en el mercado, o impidiendo y desalentando los fraudes y las adulteraciones. 
Este último es un problema que no se puede confiar única y exclusivamente a los Estados miembros, sino que toda la Unión debe afrontar sintiéndose responsable. 
Las enmiendas presentadas y aprobadas van en esta dirección. 
Y aquí planteo una pregunta formal a la Comisión. 
Con esta resolución vamos a modificar el Reglamento nº 1638/98. 
Sin embargo, hay una enmienda que prevé expresamente un compromiso respecto al Reglamento nº 2815 que prevé la posibilidad de comercializar aceite sin etiquetado, así como un origen del producto ligado al lugar de molturación y no de recogida. 
El Comisario Fischler había contraído conmigo y con el Sr. Lavarra el compromiso de que este Reglamento acabaría eliminándose de un modo u otro o, en todo caso, modificándose. 
El Reglamento expirará el 31 de octubre de 2001. 
La pregunta es la siguiente: ¿Qué intenciones tiene la Comisión? 
¿Pretende mantener este compromiso y aceptar esta enmienda aprobada y que seguramente será aprobada mañana por el Parlamento y, por lo tanto, no renovar este Reglamento a partir de noviembre de 2001, o bien modificarlo en la dirección de la mayor instancia democrática? 
Pedimos un compromiso explícito de la Comisión, ya que no quisiéramos que, mientras debatimos e intervenimos jurídicamente en el Reglamento nº 1638, el otro Reglamento siguiera otro camino distinto que no contempla la posibilidad de que se modifique jurídicamente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, permítanme, en primer lugar, que felicite a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por el informe realizado y al ponente, Sr. Jové Peres, por su excelente trabajo. 
Considero acertada la propuesta de la Comisión de prorrogar el actual régimen de ayudas por dos años, aunque me preocupa, como al sector, la opinión de la Comisión de que para controlar dicho régimen se basará en el futuro únicamente en un sistema de información geográfica oleícola operativo. 
Consideramos que puede ser una buena herramienta de trabajo de control, pero complementaria. 
Creemos que sería más útil y equitativo establecer no solamente un sistema de información geográfica, sino, además, controles adecuados en las almazaras, con el fin de lograr resultados más eficaces para evitar el fraude. 
No estamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión que presenta un nuevo concepto, el de agentes económicos, porque es absolutamente difuso. 
Cualquiera de nosotros se podría constituir mañana mismo como una organización de agentes económicos y detraer fondos importantes de los auténticos protagonistas de la promoción del consumo de aceite: las organizaciones de productores o las interprofesionales, reconocidas por los propios Estados miembros. 
A nuestro juicio, el eje central de la estrategia de promoción de la calidad es la prohibición definitiva de la comercialización de las mezclas de aceite de oliva con otras materias grasas, fundamental para perseguir las mezclas fraudulentas con aceite de semillas, y que dicha prohibición encuentre fundamento en la propia gestión del mercado del aceite de oliva, en aras de evitar abusos a los consumidores y encauzar una política clara de calidad y seguridad alimentaria. 
Compartimos el sentimiento general de la Comisión de Agricultura sobre las nuevas denominaciones, fruto de numerosas consultas al sector, así como el de la reducción de la acidez máxima para el aceite virgen extra. 
Señorías, no hay otro cultivo tan ligado a la cultura y a los pueblos mediterráneos y que haya dibujado el paisaje de la forma en que lo ha hecho durante miles de años. 
Estamos convencidos de la utilidad medioambiental del olivar como mantenedor de la biodiversidad y freno al avance de la desertización y lo sabemos, sobre todo, los que vivimos allí. 
La elaboración, pues, de programas tendentes a la mejora del impacto medioambiental del olivar debería considerar aspectos relativos a la reutilización de la poda del olivar para su uso industrial, tanto de la madera como de la hoja, maximizando al cien por cien los recursos del cultivo. 
Después de la última "reforma" de la organización común del mercado del sector del aceite y concluido el período de transición para que la Comisión optara por un cambio de régimen de apoyo, de una ayuda a la producción a una ayuda por árbol, la Comisión presenta su estrategia en pro de la calidad del aceite y prorroga el régimen actual de apoyo durante dos campañas más. 
Esa prórroga es positiva, pero la Comisión falla a la hora de dar solución a tres aspectos que han quedado sin respuesta en la reforma de 1998: la creación de una ayuda compensatoria para los pequeños productores, como propuso el Parlamento; la prohibición de la comercialización de las mezclas de aceite con otras grasas y un etiquetado que no sea engañoso para el consumidor y reserve la denominación de aceite para el producto de la aceituna. 
Por otro lado, la supresión de los mecanismos de intervención pública y su substitución por el almacenaje privado no ha conseguido evitar la bajada de los precios y sus consecuencias para la reducción de la renta de los agricultores. 
Ahora bien, el informe del Sr. Salvador Jové pretende corregir algunas de esas cuestiones esenciales, sobre todo en lo relativo a las mezclas, cosa que apoyamos. 
En cuanto al informe del Sr. Paulo Casaca, pone en entredicho las resoluciones del Parlamento Europeo, al utilizar una opinión sobre el informe del Tribunal de Cuentas para hacer propuestas de substitución del actual régimen de ayudas a la producción por ayudas directas a la explotación, que abren las puertas a la opción de la Comisión por la prima al árbol. 
La ayuda al árbol no sólo tendría consecuencias nefastas para la producción y para el empleo (con el abandono de la recogida de la aceituna) , sino que, además, se perdería un elemento fundamental de control de la producción de aceite y de su calidad, con lo que aumentarían las posibilidades de aplicación de métodos fraudulentos. 
Señor Presidente, a lo largo de este último y de manera repetida he formulado preguntas a la Comisión para tener noticias sobre las grandes partidas de aceite extracomunitario introducido en Italia por medio de operaciones triangulares. 
He pedido que se formara un banco de datos comunitario para el aceite y que se revisara el Reglamento nº 2568/91, al objeto de comprobar analíticamente la presencia de aceite de almendra en el aceite de oliva importado en Italia. 
Lamentablemente, las respuestas no han sido nunca tranquilizadoras, antes bien, algunas veces han sido alarmantes. 
Por lo tanto, son ciertas las observaciones contenidas en la exposición de motivos del informe Jové Peres que subrayan una vez más la exigencia de garantizar la renta de los agricultores, de respetar el espacio y la tipicidad del medio ambiente mediterráneo y la fuerte exigencia de evitar la ayuda al árbol y de primar la ayuda a la producción, así como la valorización de la calidad y de la autenticidad del producto para proteger a los consumidores. 
Es evidente que la posición del Parlamento no coincide todavía con la de la Comisión y espero que se aprueben, por lo menos, algunas enmiendas fundamentales al informe Jové Peres para explicar la utilidad del importante papel que cumplen las organizaciones de productores en el mercado, para valorizar la interprofesionalidad, para proteger al consumidor de posibles abusos evitando mezclas de aceites de oliva con otros aceites vegetales, para establecer como lugar de origen el de lugar de producción de las aceitunas y, por último, algo que afecta muy especialmente al sur de Italia y a la región de Apulia, para llegar a la marca genética de las cultivar evitando que sean consideradas como defectos de las características organolépticas y que, en cambio, son la expresión de tecnologías y tipicidades comprobables a la hora de regular la producción de los aceites de oliva DOP. 
Señor Presidente, dentro de tan sólo dos años tendremos ante nosotros una serie de citas importantes para la política agrícola comunitaria: de la revisión de la Agenda 2000 a la nueva regulación de las organizaciones comunes del mercado en el sector de los cultivos, del azúcar, de la leche y, a estas alturas, también del aceite de oliva. 
Casualmente, por un extraño azar, está presente en el Pleno el Comisario competente. 
Los recursos económicos y las ayudas que esperan los productores se convertirán en una especie de cuello de botella financiero que no podrá comprometer en absoluto la solidez de ninguno de estos dossiers. 
El aceite, en particular, se ha de proteger como sector, puesto que es el portavoz de los valores agrícolas europeos en todo el mundo. 
Se deberá trabajar intensamente a fin de que la calidad y la seguridad, así como la multifuncionalidad del producto sean las claves para el futuro de la oleicultura comunitaria. 
Sin embargo, para alcanzar este objetivo es necesario que, durante el período de tiempo que nos separa de estas importantes citas, se reexamine, revalorice y refuerce el papel de las organizaciones de productores. En efecto, la importancia de los operadores es esencial para llegar a una protección del consumidor basada en el etiquetado y en la rastreabilidad. 
Desde este punto de vista, la elaboración de una clasificación clara de los aceites es lo único que puede permitir un mayor acceso a las ventajas competitivas de una producción garantizada. 
Asimismo, los aspectos financieros de un sector como el del aceite deben llevar necesaria y complementariamente aparejada la revisión de la legislación comunitaria en materia de expresión de origen. 
En efecto, el principio europeo debe convertirse en el de identificar el origen del aceite con el lugar de producción de las aceitunas y no, como ha venido discutiblemente ocurriendo hasta la fecha, con el lugar de su molturación. 
En este sentido, las mezclas de aceite de oliva con otros aceites vegetales, a falta de un etiquetado que identifique cada ingrediente de la mezcla, se traduce en un perjuicio para la imagen del productor, del consumidor y del código alimentario. 
En efecto, sería deplorable enfrentarnos, además que a la ya existente y salvaje piratería musical e informática, a una competencia alimentaria desleal basada en equívocos de denominación y en etiquetas fraudulentas. 
Hay que reprimir las adulteraciones, en particular en el ámbito alimentario, porque están en juego los intereses de la seguridad de los consumidores y el derecho a la libertad de empresa de los productores. 
Todo el sector oleícola, apoyado por la institución política a cualquier nivel, deberá contraer el compromiso de desarrollar las actividades de gestión y de control del mercado, a través de la concentración y la comercialización del producto, en beneficio de la calidad, la certificación, la investigación, la promoción y el seguimiento. 
Agradeciendo al Sr. Jové Peres el resultado realmente excelente de su trabajo, quiero aprovechar esta ocasión, aunque mañana volveré a repetirlo, para decir que tenemos un problema en el texto italiano: nuestro país no puede aceptar la traducción de aceite "brut" por "greggio" y, por lo tanto, mañana pediré que en la versión italiana se emplee el término "naturale" o "vergine". 
Señor Presidente, señoras y señores, felicito a mi colega Casaca por su excelente informe. 
Demuestra que aún no se ha conseguido ajustar el régimen del aceite de oliva a las necesidades de una agricultura moderna. 
Se comprueba una vez más hasta qué punto resulta necesario reformar esta política agrícola. 
Les pondré dos ejemplos para ilustrar este punto de vista. 
En primer lugar, uno de los objetivos del régimen de ayuda a la producción consiste en otorgar a los productores unas rentas equitativas y garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda. 
No obstante, el Tribunal de Cuentas afirma con razón que "el objetivo de la ayuda a la producción relativo a los ingresos no se ha definido nunca". 
Ello significa que nadie sabe si dicho objetivo se ha alcanzado en algún momento, puesto que no es posible evaluar en qué medida se ha logrado. 
Con el equilibrio del mercado sucede exactamente igual. 
En 1998 la Comisión llegó a la conclusión de que existían 180 millones de olivos, lo cual fue toda una sorpresa porque Olistat había registrado menos árboles, en torno a unos 140 millones. 
Había, por tanto, una diferencia de 40 millones de árboles, o sea, una desviación del 31% aproximadamente. 
Imagínense la situación. Uno piensa que el mercado se halla en equilibrio, pero luego cae en la cuenta de que sobra un 30% de los árboles. 
De hecho, en los últimos dos años el aumento de las existencias ha producido un excedente. 
En segundo término, el régimen de ayuda al consumo suprimido a finales de 1998 presentaba los mismo puntos débiles. 
No era obligatorio llevar libros de cuentas o una contabilidad de deudores. Todo ello ha redundado en beneficio de las irregularidades y el fraude. 
Quedan por cobrar 429 millones de euros procedentes de pagos ilícitos efectuados entre 1985 y 1998. 
Solamente el 6% de los mismos ha sido devuelto. 
¡No nos olvidemos de la adaptación de los mecanismos de control financiero y de los procedimientos de cobro en el marco de la reforma de la Comisión! 
Desde este punto de vista queda realmente mucho por hacer. 
Por lo que a las restituciones a la exportación se refiere, tan sólo se ha recuperado el 13% de los fondos. 
Quien realmente esté preocupado por la protección de los contribuyentes de la Unión Europea no puede sino iniciar la reforma de la política agrícola. 
El informe del Sr. Casaca nos indica el camino. 
Señor Presidente, estimados diputados, en nombre de la Comisión quisiera comenzar dando las gracias al ponente por su excelente trabajo. 
El presente informe no sólo reviste una importancia especial para las regiones, sino también para el presupuesto europeo. 
No olvidemos que el presupuesto del año en curso prevé 2.400 millones de euros para el ámbito del aceite de oliva. 
Desde esta perspectiva, la cuestión que nos ocupa adquiere asimismo una gran relevancia en el marco de las auditorías llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas. 
El Sr. Casaca ha estudiado el informe especial del Tribunal de Cuentas. 
El Sr. Jové Peres ha moderado los debates sobre la iniciativa de la Comisión. 
Estrictamente hablando, ambos informes no están relacionados entre sí, puesto que el informe especial del Tribunal de Cuentas versa sobre las medidas y regímenes de apoyo aplicados antes de la decisión del Consejo de 1998 durante un período transitorio de tres años de duración, en tanto que la propuesta de la Comisión se refiere a las medidas que entrarán en vigor a partir de noviembre de 2001. 
Empezaré por el informe del Sr. Casaca. 
La Comisión aprueba en gran parte la propuesta de resolución del Sr. Casaca relativa al informe del Tribunal de Cuentas. 
Sin embargo, quisiéramos puntualizar dos cosas. 
A raíz del análisis del informe del Tribunal de Cuentas realizado a mediados del pasado año la Comisión aseguró que la mejora del sistema de control sería sin duda un objetivo prioritario de la próxima reforma de la organización común de mercados. 
Al adentrarnos en este tema llegamos a la conclusión de que dicha mejora requiere una reforma sustancial. 
En todo caso hace falta un Sistema de Información Geográfica. 
Dado que en el año 2001 aún no se darán todas las condiciones necesarias para llevar a cabo una reforma de estas características, a finales del pasado año la Comisión propuso que el plazo previsto para la reforma se prorrogara por dos años más, amparándose en el papel decisivo del Sistema de Información Geográfica. 
Además, las propuestas correspondientes del Tribunal de Cuentas aportaban más posibilidades de mejora. 
Tras un diálogo harto constructivo con los Estados miembros, a finales de marzo del año en curso las mejoras se incorporaron al Reglamento (CEE) nº648/2000 de la Comisión. 
En la presente propuesta de resolución la comisión competente manifiesta su sorpresa ante las dudas que alberga la Comisión acerca de la fiabilidad de los datos estadísticos del Consejo Oleícola Internacional. 
Sin embargo, nuestras objeciones no son nuevas. Las hemos formulado en todas las reuniones del Consejo celebradas entre 1995 y 1998. 
La Comisión ha verificado los datos controvertidos, al tiempo que, en más de una ocasión, ha discutido los detalles con los Estados miembros. 
Ha sido necesario proceder a una reelaboración de las estadísticas del Consejo Oleícola Internacional para el año 1999 por razones de armonización. De este modo, se detectó que entre uno y otro recuento mediaba una diferencia del 30%. 
Además, pudo comprobarse que la elaboración de los datos individuales de cada Estado miembro se basa en un margen de error de entre el 10 y el 12%. 
A continuación pasaré a comentar el texto del Sr. Jové Peres. Su informe sobre la propuesta de la Comisión relativa a la futura organización común de mercados en el sector del aceite de oliva se desglosa en dos partes temáticas: por un lado está la propuesta de aplazar dos años más la decisión acerca de la reforma del sector del aceite de oliva, hasta que dispongamos de datos más precisos y un sistema de control más fiable, y por otro, la introducción de una nueva normativa para la clasificación del aceite de oliva y la aplicación de una estrategia de calidad. 
Las enmiendas giran en torno a cuatro grandes cuestiones: el régimen de regulación del mercado y la reforma definitiva, el control del régimen actual, la clasificación y el etiquetado del aceite de oliva y el papel de las organizaciones de agentes económicos del sector. 
En lo que a los aspectos generales del mercado se refiere la Comisión defiende la enmienda 2. Dicha propuesta hace hincapié en la necesidad de evaluar los resultados de las medidas durante el período transitorio. 
Aunque la Comisión tome nota de las enmiendas 4, 5 y 9 no puede aceptarlas formalmente ya que se anticipan a la decisión acerca de la reforma definitiva, sobre la cual la Comisión no desea pronunciarse en este momento. 
Las enmiendas 3, 6 y 26, en las cuales se propone que la puesta en marcha del almacenamiento privado del aceite de oliva sea automática, incluso cuando la situación del mercado no lo requiera, son inaceptables. 
La Comisión tampoco puede aprobar las enmiendas 1 y 46 acerca de la ayuda a la producción de aceite de orujo efectivamente producido puesto que ello complicaría aún más los mecanismos de control. 
Lo mismo sucede con la enmienda 27 dado que, de acuerdo con esta propuesta, la restitución a la producción se extendería a productos que no están sujetos a la competencia internacional basada en un aceite de oliva barato. 
Con respecto a la enmienda 37, en la que se prohiben todas las plantaciones de olivar, la Comisión opina que la aplicación de la misma así como las consecuencias jurídicas para el cultivo de la tierra plantearían enormes problemas. 
A lo largo de los años se han formulado numerosas disposiciones relativas a las medidas de control. Los problemas pendientes de solución dependen de las estructuras comerciales. 
No se lograrán avances sustanciales mientras no se introduzca el Sistema de Información Geográfica. La Comisión exige que a partir del año 2003 la ayuda sólo se conceda a olivares que figuren en dicho sistema. 
En realidad, las enmiendas propuestas al respecto ya se recogen en gran parte en las disposiciones de la Comisión. 
Así, por ejemplo, las enmiendas 7, 11 y 14 insisten en una mayor implicación de la Comisión y un análisis más detenido. 
En cuanto a las medidas de control la Comisión ya colabora estrechamente con los Estados miembros, sin perder de vista que ellos poseen plenas facultades al respecto. 
En los ámbitos mencionados por usted se financian programas de investigación a raíz del procedimiento general. 
Las enmiendas 8, 10, 22, 23, 24 y 36 aspiran a un mejor control de las almazaras. En concreto, se trata de la utilización de un sistema informatizado para la transmisión de datos. 
Pues bien, esta prioridad ya queda consagrada jurídicamente en el Reglamento (CEE) nº 2366/98 de la Comisión. 
Dicho texto estipula, por ejemplo, que cada año un 30% de las almazaras, como mínimo, debe ser controlado sobre el terreno. 
Además, las almazaras tienen la obligación de presentar a final de mes los datos relativos a su contabilidad. Éstos se comparan luego con la información sobre la producción del aceite de oliva y su comercialización. 
Analizaremos la propuesta de establecer un sistema informatizado para efectuar controles diarios. 
En la medida en que ello resulte útil y viable la Comisión podrá dar luz verde para la elaboración de una normativa de estas características. 
No podemos, sin embargo, perder de vista que, por desgracia, los instrumentos informáticos previstos para los Estados miembros no son aún plenamente operativos. 
En lo que a la clasificación y el etiquetado y a las respectivas enmiendas 16, 18, 45 y 19 y 35 se refiere, hemos tomado nota de sus propuestas, más en concreto de su solicitud de considerar el lugar de producción como el lugar de origen. 
Ahora bien, dado que estas cuestiones son competencia de la Comisión ésta no puede aceptar que las disposiciones correspondientes se incorporen al reglamento de base del Consejo. 
Pasemos a las enmiendas 33 y 34. Con ellas se pretende prohibir que el aceite de oliva figure expresamente como ingrediente en las etiquetas de los productos alimenticios. 
Estas propuestas plantean problemas comerciales. 
Por ello, la Comisión se muestra partidaria de aplicar la Directiva (CEE) nº 2000/13 (EG) a la hora de adoptar decisiones acerca del etiquetado de los productos alimenticios. 
Obviamente, la Comisión es consciente de que el sector del aceite de oliva insiste en la necesidad de prohibir la comercialización de mezclas de aceite de oliva con otras materias grasas. 
Ahora bien, la Comisión no puede prohibir la comercialización de productos saludables debidamente etiquetados para los cuales existe un mercado por el mero hecho de proteger la venta de otro producto. 
Es por eso por lo que rechazamos las enmiendas 17, 20 y 32. 
Ello no obstante, la Comisión se encargará de establecer una normativa apropiada para el etiquetado. Es importante que un aceite de oliva que se venda bajo una de las cuatro denominaciones obligatorias continúe siendo un aceite de oliva puro y presente todas las características propias de este producto. 
En la enmienda 47 se formula la propuesta de sustituir la denominación "aceite de oliva crudo" por el concepto "aceite de oliva natural", en tanto que la enmienda 48 tiene por objeto ampliar la denominación "aceite de oliva estándar" con la expresión "o común". 
Por el momento la Comisión no puede aceptar estas propuestas puesto que prefiere buscar unas denominaciones que se ajusten mejor a las necesidades del sector en su conjunto. 
Pese a ello, la Comisión introducirá la propuesta del Parlamento en el próximo debate del Consejo. 
De acuerdo con la enmienda 21 la nueva clasificación debería entrar en vigor a partir del 1 de noviembre de 2002, es decir, un año antes del plazo previsto por la Comisión. 
Dado que en esa fecha aún no dispondremos de las disposiciones de aplicación necesarias y no se habrán llevado a cabo las adaptaciones del mercado ni se habrán concluido las negociaciones internacionales la Comisión no puede dar su visto bueno a esta propuesta. 
En lo que a las organizaciones de agentes económicos se refiere la Comisión aprueba la enmienda 12, que propone una formulación más general de las metas perseguidas, así como la enmienda 25 y la correspondiente propuesta de incluir las aceitunas de mesa en las disposiciones relativas a los programas destinados a mejorar la calidad, y la enmienda 30, bajo la condición de que se lleve a cabo un control jurídico y se añada la especificación "para organizaciones interprofesionales reconocidas". 
Al tratarse de una propuesta tan específica, la enmienda 13 puede tener interés para las medidas adoptadas en el marco de los programas medioambientales, pero no resulta demasiado pertinente para el reglamento de base del sector. 
Con respecto a las medidas para las cuales las organizaciones de agentes económicos pueden obtener una subvención la Comisión está dispuesta a examinar la inclusión de las aceitunas de mesa y la garantía de origen. 
Corresponde, sin embargo, a la Comisión determinar los detalles de las posibles acciones. 
Las diferentes formas de promoción de la venta han de inscribirse en el marco armonizado que se aplica a todos los productos agrícolas. Es por lo que nos vemos obligados a rechazar las enmiendas 39, 40 y 43. 
Para ser autorizadas las organizaciones de agentes económicos han de reunir ciertas condiciones que aún debe definir la Comisión. 
Dado que la reforma del sector del aceite de oliva no ha sido tan profunda como la de los demás sectores hacen falta nuevas discusiones y consideraciones. 
La Comisión toma nota de su deseo de dar preferencia a las organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales, de las cuales entran a formar parte los productores. 
Sin embargo, en este momento no parece tener mucho sentido que restrinjamos las medidas destinadas a mejorar la calidad y, por tanto, la comercialización del aceite de oliva. 
Son varias las enmiendas en las que se insiste en la necesidad de aplicar cuanto antes las nuevas disposiciones relativas a las organizaciones de agentes económicos. 
Si bien es cierto que se trata de un objetivo deseable, también es verdad que la elaboración de unas disposiciones pormenorizadas para el sector, la constitución de las organizaciones de agentes económicos y los programas correspondientes, su evaluación y su autorización por parte de los Estados miembros y el desarrollo de los necesarios instrumentos de control difícilmente podrán llevarse a cabo en menos de dos años. 
Si nos precipitamos corremos el riesgo de poner en juego el éxito de la estrategia de calidad. 
Por esta razón, la Comisión no puede adoptar las enmiendas 15, 28, 29, 31, 38, 41, 42 y 44. 
En resumen, la Comisión se muestra comprensiva con prácticamente la mitad de las enmiendas, aunque sean muy pocas las que puede aceptar directamente. 
En los demás casos se trata mayoritariamente de disposiciones que incumben a la Comisión. Nos comprometemos a reelaborar y modificar estas normas en los próximos meses teniendo en cuenta sus recomendaciones. 
Muchas gracias, Señora Comisaria, por su respuesta tan minuciosa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Proyecto de PRS 2/2001 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0138/2001) del Sr. Ferber, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario nº 2 de la Unión Europea al presupuesto de 2001 Sección II- Consejo (7460/2001- C5-0153/2001- 2001/2026 (BUD) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, una vez más el Consejo nos presenta un presupuesto suplementario para ampliar la política europea común exterior, de seguridad y de defensa. 
Hemos examinado detenidamente el proyecto de presupuesto suplementario original del Consejo y hemos llegado a la conclusión de que no podemos aceptarlo tal y como nos ha sido presentado. 
Expondré los motivos de nuestra decisión. En este importante ámbito político hemos de velar por la necesaria transparencia y el necesario control. 
La política exterior y de seguridad común de la Unión Europea constituye uno de los elementos clave de la evolución de la misma. 
Es inaceptable que a los parlamentos nacionales se les arrebate el control sobre este importante ámbito de acción sin traspasarlo al Parlamento Europeo. 
Este déficit democrático ha de colmarse. 
Además, quisiera dejar claro que por muy buenos y bonitos que sean los acuerdos interinstitucionales no son el instrumento apropiado para llevar a cabo un control eficaz. 
La Unión Europea Occidental y su asamblea parlamentaria tampoco son el mecanismo adecuado para garantizar un control efectivo. 
Por todo ello, tenemos muy claro que la transparencia y el control de esta importante política solamente pueden quedar garantizados a través del procedimiento presupuestario. 
En este contexto, doy las gracias a mis colegas por haber aguantado esta agotadora marcha que hemos realizado juntos, así como las arduas negociaciones con el Consejo. Gracias también por haber respaldado la línea que, como ponente, he venido defendiendo desde el principio. 
Quisiera manifestar asimismo mi gratitud hacia la Presidencia sueca. Gracias a ella hemos logrado una solución que preserva la capacidad de acción del Consejo en el ámbito de competencia que le confieren los Tratados, así como los derechos de control del Parlamento. 
Éste fue el cometido por el que nos hemos esforzado y sobre el cual hemos negociado. 
No nos hemos dejado llevar por la tentación- y se lo agradezco sinceramente a mis colegas- de hacer una distinción entre gastos administrativos y gastos de funcionamiento. 
¡Resulta imposible determinar puesto por puesto si alguien se dedica a la administración o se ocupa de actividades operativas! 
Dado que de ahora en adelante el presupuesto del Consejo contará con un título propio para las actividades realizadas en el marco de la política exterior y de seguridad común dicha separación y el control correspondiente quedarán plenamente garantizados. 
El presupuesto suplementario- por facilitarles también los números- asciende a un total de 9,846 millones de euros. 
Se destinará a crear 51 nuevos puestos en este ámbito y nos permitirá ampliar los recursos técnicos necesarios para acondicionar los edificios. 
Quisiera dejar claro que en el marco del procedimiento presupuestario correspondiente al año 2002 someteremos el presupuesto del Consejo, y especialmente este nuevo título, a un examen detenido. 
Es preciso evitar que el Consejo elabore una estructura paralela a partir de las competencias que la Unión Europea ya posee en el contexto del presupuesto de la Comisión, en concreto en el ámbito de la prevención de conflictos y la gestión de los aspectos civiles de las crisis. 
Ahora bien, mientras éste no sea el caso no veo razón alguna para recomendar al Parlamento que rechace el presupuesto rectificativo y suplementario del Consejo. 
Por otra parte, hemos de cerciorarnos de que, en el futuro, los gastos administrativos previstos permitan preservar la capacidad de acción de la Unión Europea en el terreno de la categoría V. Animo al Consejo a que incluya este importante ámbito de acción en el presupuesto normal en vez de relegarlo a los presupuestos suplementarios. 
Doy las gracias a los colegas que me han respaldado. 
Representan prácticamente a todos los Grupos políticos. Sin embargo, lamento expresamente que los Verdes hayan presentado una propuesta de rechazo del presupuesto suplementario. 
Mañana el presidente de la Comisión de Presupuestos dará a conocer nuestra opinión al respecto. 
Mientras no logremos demostrar- y para ello necesitamos otros argumentos- que existen duplicaciones no tiene sentido rechazar en su totalidad algo que ha de considerarse como un gran éxito del Parlamento Europeo y, por tanto, de los ciudadanos europeos a los que representa. 
, Señor Presidente, nosotros nos oponemos en principio al crecimiento acelerado de las estructuras militares de la Unión Europea fuera de la alianza de la OTAN, con todos los costes que comporta y con una intención que divide políticamente. 
Creemos que la duplicación de órganos encargados de la toma de decisiones y el desarrollo de un personal militar al margen de la OTAN agravarán las diferencias políticas entre los aliados, en detrimento de la relación transatlántica y de la seguridad a largo plazo de nuestros ciudadanos. 
La Unión Europea debería centrar sus esfuerzos en aportaciones económicas, administrativas y humanitarias a la gestión de crisis y en completar la capacidad militar, la cual debería ser responsabilidad de la OTAN. 
La Unión Europea todavía no ha aprendido a aplicar y gestionar eficientemente sus programas de ayuda externa ni a gastar de forma adecuada los recursos que se han asignado a estos fines. 
Ahora quiere más dinero para gastarlo en otro proyecto ambicioso y tremendamente equivocado. 
Se pide al Parlamento que apruebe una propuesta complementaria y que modifique el presupuesto de casi 10 millones de euros para financiar personal y equipos destinados a los órganos militares separados de la Unión Europea. 
Además de los aproximadamente 90 empleados trasladados desde otras funciones o enviados en comisión de servicios por los Estados miembros, se va a contratar ahora a otras 51 personas para ampliar las estructuras militares de la Unión Europea. 
¿Se nos puede garantizar que este total de 141 empleados no se superará? 
¿Cuánto tiempo pasará antes de que vuelva a haber un aumento de personal para las estructuras militares de la Unión Europea? 
El Sr. Blair les dice a los ciudadanos de su país que la política de defensa de la Unión Europea se basa en fortalecer la OTAN. 
El Sr. Hoon ha dicho, incluso, que no existe como tal un concepto de fuerza de reacción rápida europea. 
Por lo que oigo, todo el mundo que habla a este lado del Canal tiene una perspectiva totalmente distinta. 
El fin es crear una capacidad militar autónoma de la Unión Europea que apuntale a una política exterior propia de la Unión Europea en la que no participen los estadounidenses, y a su debido tiempo, un ejército europeo. 
Eso es una realidad. 
De eso es de lo que se trata. Es muy peligroso. 
Esta noche vamos a discutir sobre 10 millones de euros innecesarios. 
Me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que estemos debatiendo un presupuesto de defensa de 10.000 millones de euros o superior. 
El desarrollo de una capacidad militar autónoma de la UE, separada de la OTAN, ha surgido como resultado directo de iniciativas del gobierno laborista británico en 1998. 
Ahora su proyecto se les ha ido de las manos. 
Sabemos quién tiene la culpa y no podemos respaldar este presupuesto. 
Señor Presidente, debo reconocer que el último orador, nada menos que el portavoz oficial del Grupo del PPE, me ha dejado perplejo. 
No me lo había esperado. 
Pensaba que su postura se aproximaría a la nuestra habida cuenta de que el Grupo de los Verdes ha presentado una enmienda en la que rechaza el presente presupuesto rectificativo y suplementario. 
También es verdad que a estas alturas ya debería saber que en este Parlamento uno no debe extrañarse de nada, al menos en este ámbito. 
La política exterior y de seguridad común es una de las políticas de la Unión Europea que apenas se han desarrollado. 
En el pasado la Comisión ya se encontró con la situación de que varios Comisarios se vieron obligados a ponerse de acuerdo sobre quién atendía a qué parte del mundo y mantenía las relaciones pertinentes. 
Es un problema que no siempre se ha tomado en serio. 
Con respecto al contenido de la política resulta injustificable que la Unión Europea no hable con una sola voz y desempeñe en el mundo un papel insignificante a pesar de su relevante presencia económica en la escena internacional. 
En realidad y hablando con maldad, el representante de la política exterior y de seguridad común, el Secretario General, no es sino un general de opereta. 
Por todo ello, estamos convencidos de que si uno se preocupa por la política exterior y de seguridad común y realmente desea llevarla a la práctica, si uno pretende acabar con la ausencia de una política exterior europea tal y como se ha puesto de manifiesto en los últimos años no puede sino respaldar la política exterior y de seguridad común. Esta misma mañana el Sr. Brok ha dicho en el debate transatlántico que en Ucrania no hemos actuado en tanto que Unión Europea. 
En otros momentos se han registrado tendencias similares. 
Es por eso por lo que no sólo debemos tomar en serio la voluntad del Consejo de lograr serios avances en este ámbito sino que, además, hemos de respaldarla. 
Desde este punto de vista se puede contar con nuestro apoyo. 
Ahora bien, cuando se nos presentó el presupuesto rectificativo y suplementario- en eso el Sr. Ferber tiene toda la razón- no sólo no estábamos convencidos de ello, sino que nos irritamos y nos opusimos. 
Obviamente, es inaceptable que, en virtud del pacto entre caballeros entre el Parlamento y el Consejo, se intente esconder un ámbito de acción tan sumamente importante y prioritario para el futuro de la Unión Europea en un presupuesto que depende exclusivamente del Consejo. 
Era una clara señal de que se quería evitar todo control y colaboración por parte del Parlamento. 
Es algo que no podemos aceptar. 
Lo hemos advertido desde el primer momento y continuaremos diciéndolo en adelante. 
Nuestras propuestas y nuestros votos estarán siempre en consonancia con este convencimiento. 
Ahora bien, hemos iniciado las negociaciones y hemos logrado aclarar este punto concreto. 
Hemos conseguido que el presupuesto rectificativo y suplementario se modifique de tal forma que en el futuro podamos participar y hacer oír nuestra voz. 
Se creará un título separado en el marco del cual el Consejo desplegará la futura política exterior y de seguridad común con la ayuda y el control del Parlamento. 
Así las cosas, nuestro apoyo es imprescindible para que se pueda avanzar. 
En este caso no podemos quedarnos con los brazos cruzados, esperando a ver cómo evoluciona la situación. 
Ello no obstante, hay que dejar claro una cosa. 
Si a las preguntas formuladas por los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores o la Comisión de Presupuestos el Comisario competente contesta con un guiño que no existe solapamiento alguno- ésas son las noticias que tengo- no es de extrañar que algunas personas se informen y deseen saber qué es lo que sucede exactamente. 
Como miembro de la autoridad presupuestaria- no olvidemos que aquí hablamos antes que nada como autoridad presupuestaria- debo subrayar que no queremos duplicaciones. 
No se puede tolerar que en la Unión Europea dos personas diferentes desempeñen las mismas actividades en estructuras idénticas y con el mismo fin. 
Ello no puede ser. 
Por eso mismo es necesario que, de cara al futuro, se determine claramente en qué consiste la política exterior y de seguridad común y dónde se ubica. 
A este fin necesitamos conceptos inequívocos. 
El Consejo y la Comisión han de aclarar sus ideas al respecto. 
Nosotros, por nuestra parte, también expondremos unívocamente nuestro punto de vista en el debate común. 
Siempre que proceda emplearemos el poder que nos corresponde como autoridad presupuestaria para poner fin a posibles abusos. 
Ahora no es el momento de detenernos en fruslerías. 
A escala europea la política exterior y de seguridad común desempeña aún un papel menor. 
De momento no nos preocupemos por nimiedades. 
Ahora bien, vigilaremos muy de cerca cómo evolucionan las cosas, pondremos el dedo en la llaga y no tendremos ningún reparo en dar la voz de alarma si tenemos la sensación de que nos están engañando. 
Eso sería inaceptable. 
Daremos luz verde, pero que sepan que estaremos muy atentos, tanto en relación con la categoría V y la evolución de los gastos como en cuanto al desarrollo de la política exterior y de seguridad común. 
Obviamente, nosotros también contribuiremos al despliegue de esta política imprescindible para el futuro del mundo y de Europa. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero darle las gracias al Sr. Ferber por su excelente informe. 
Sé que su elaboración final ha sido el resultado de difíciles negociaciones, en las cuales el ponente y el resto de los miembros de la Comisión de Presupuestos han conseguido defender con éxito los derechos del Parlamento Europeo. 
En el presupuesto rectificativo y suplementario el Consejo tiene la intención de crear tres nuevas direcciones en la Secretaría General para llevar a cabo la política europea común de seguridad y defensa. Estas direcciones son: 1. 
Dirección de Asuntos Políticos, 2. Dirección de Operaciones y Ejercicios y 3. 
Dirección de Instrumentos de Acción Exterior. En esta organización trabajarían 140 empleados en total, de los cuales 51 serán nuevos funcionarios fijos. 
Estas prisas han llamado la atención. 
¿A qué se debe esta prisa por crear en seguida estos nuevos puestos, habida cuenta que el debate presupuestario ordinario se abrirá ya dentro de unos meses? 
Otro problema es la superposición de las acciones. 
La estructura de esta organización indica de forma amenazadora que se emprenderán las mismas acciones en la Comisión y en el Consejo tanto en la prevención como en la gestión de crisis. 
Debemos evitar por todos los medios estas superposiciones. 
Gracias a la presión del Parlamento, el Consejo está creando ahora un apartado especial en sus presupuestos para la política europea común de seguridad y defensa. 
Está claro que se trata de una nueva función del Consejo que, de hecho, no tiene nada que ver con los gastos administrativos. 
Por ello, el acuerdo entre caballeros entre el Parlamento y el Consejo, en el cual ambos se han comprometido a no intervenir en los presupuestos de la otra parte, no puede extenderse a estas nuevas funciones. 
Los gastos de la política europea común de seguridad y defensa entran dentro de las competencias del Parlamento. 
Por último, hay que observar que el margen que queda en la rúbrica 5, "Gastos administrativos", es solamente de 34 millones de euros. 
En los umbrales de la ampliación hacia los países del este, semejante margen es tan escaso que no permite ningún tipo de gastos adicionales en operaciones a expensas de los gastos administrativos. 
Señor Presidente, yo también debo reconocer que este debate es muy interesante. 
En comisión tuvimos una primera muestra de ello cuando el Sr. Laschet se mostró de repente ferviente partidario del rechazo a pesar de pertenecer al mismo Grupo político que el ponente. 
No rechazamos la propuesta porque no valoremos el trabajo del Sr. Ferber. 
Todo lo contrario, opinamos realmente que el ponente ha negociado duramente. 
Nos infunde mucho respeto. 
Ello no obstante, creemos necesario que este Parlamento lance otro aviso, puesto que las cosas están tomando un cariz que debería preocuparnos a todos. 
Coincido con el orador anterior en que el presente acuerdo no puede entrar a formar parte del pacto entre caballeros puesto que no estamos hablando de los gastos administrativos. 
Aquí están en juego importantes cuestiones políticas. 
Es algo que el Sr. Ferber ha puesto de manifiesto en su discurso. 
Se trata asimismo de la transparencia y del control de la política exterior y de seguridad común y de la política de defensa. 
Es otro punto con el que estamos plenamente de acuerdo. 
El Sr. Ferber cree, sin embargo, que la incorporación de un título especial ofrece suficientes garantías respecto al futuro control del Parlamento. 
Nosotros no estamos tan seguros de ello. 
Opinamos que este título especial no necesariamente afianza los derechos del Parlamento. 
Al contrario, dado que los servicios competentes dependen del Consejo escapan a nuestro ámbito de influencia y control. 
Me parece un punto decisivo, no sólo el solapamiento, sino también la pregunta de quién puede llevar a cabo el necesario control. 
En la práctica todo gira en torno al equilibrio de poder entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
El Consejo procura asumir cada vez más tareas y se decide sistemáticamente por las soluciones intergubernamentales en lugar de optar por el método comunitario, que consiste en reforzar el papel de la Comisión y, por tanto, las facultades de control del Parlamento. 
Lo que más tememos es que no tengamos ningún poder de control. 
Quisiera detenerme en otro punto importante. 
En nuestra opinión, el presente problema ha de solucionarse mediante el procedimiento de conciliación y no en el marco de unas conversaciones tripartitas. De este modo, dejaríamos bien claro que, a nuestro juicio, se trata de una cuestión fundamental y que el Parlamento se empeña en ejercer el debido control. 
A mi parecer, el Consejo ha de saber que el método del presupuesto suplementario encaminado a modificar las relaciones políticas y los equilibrios de poder entre las instituciones encuentra resistencia en el Parlamento. 
Señor Presidente, señoras y señores, tan sólo quisiera formular dos breves observaciones. Por una parte, les garantizo en nombre de la Comisión que pondremos todo nuestro empeño en evitar que haya duplicaciones, y les aseguro que no lo digo únicamente en mi calidad de Comisaria responsable del Presupuesto. 
En segundo lugar, quisiera felicitar al ponente y a la Comisión de Presupuestos por haber impulsado, gracias a su iniciativa y perseverancia, una remodelación del presupuesto que no se limita a la forma, sino que redunda en beneficio del control democrático y la transparencia. 
Muchas gracias, Señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Presentación por la Comisión del anteproyecto de presupuesto general- Año 2002 
De conformidad con el orden del día se procede a la presentación por la Comisión del anteproyecto de presupuesto general- Año 2002. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, a la hora de preparar el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2002 la Comisión se vio obligada a afrontar el reto de garantizar en el curso del próximo año la financiación de los compromisos adquiridos a largo plazo, las prioridades nuevas y específicas y los riesgos financieros y presupuestarios ocasionados por la crisis de las vacas locas y la fiebre aftosa, inscribiéndolo todo en la planificación financiera y dando muestras de disciplina presupuestaria. 
En mi opinión, el anteproyecto, tal y como lo aprobó la Comisión el 8 de mayo, nos permite concluir que hemos llevado a buen término nuestro cometido. 
Quisiera detenerme brevemente en los puntos clave del anteproyecto de presupuesto. 
El anteproyecto de presupuesto se cifra aproximadamente en 100,3 mil millones de euros. Es la primera vez que rebasa el límite de los 100 mil millones de euros. 
Ello significa que los créditos de compromiso han aumentado en un 3,5 % en comparación con el presupuesto del año actual, en tanto que los pagos se han incrementado en un 4,8 %, aun cuando en términos absolutos tan sólo asciendan a 97,8 mil millones de euros. 
En el caso de los créditos de compromiso existe un margen de 500 millones de euros respecto a las cantidades previstas en las perspectivas financieras, mientras que los créditos de pago quedan 2.500 millones por debajo del límite máximo. 
En mi opinión, estas cifras demuestran por sí solas que la disciplina presupuestaria practicada por la Comisión se ajusta al principio de disciplina presupuestaria. 
El incremento medio de los presupuestos presentados por los Estados miembros para el próximo ejercicio gira en torno al 3,8 %. 
Por tanto, la comparación entre el presupuesto de la Unión Europea y los presupuestos de los Estados miembros confirma asimismo que no nos salimos del marco general. 
El anteproyecto de presupuesto de la Comisión representa el 1,06 % del producto nacional bruto europeo. Es, por tanto, inferior al porcentaje que negociamos hace un año para el presente ejercicio. 
Ello se debe principalmente al hecho de que las tasas de crecimiento de los países de la Unión Europea son relativamente altas y satisfactorias. 
Ahora me detendré brevemente en los diferentes ámbitos de acción, empezando por el más importante: la política agrícola. 
Sin embargo, no pienso profundizar en el tema del sector del aceite de oliva puesto que ya he tenido la oportunidad de tratar este asunto hace un rato. 
La propuesta de la Comisión prevé un incremento del 5% para el presupuesto agrícola. Supone un crecimiento considerable, que requiere una explicación. 
El aumento se debe en parte a que éste es el tercer año en que se financian las reformas acordadas en el marco de la Agenda 2000. 
Dichas reformas dieron lugar a una subida de los gastos. 
Además, en cuanto a la categoría 1B, el fomento del desarrollo rural, la Comisión- y estoy convencida de que el Parlamento comparte nuestro punto de vista- se dispone a incorporar al presupuesto la cantidad íntegra prevista en las perspectivas financieras. 
Ahora bien, lo más difícil y complicado fue tener en cuenta las consecuencias imponderables de la crisis de las vacas locas y la fiebre aftosa. 
Para el año 2002 la propuesta de la Comisión prevé un suplemento de 1,145 mil millones de euros para la organización de mercados en el sector vacuno de cara a la gestión de la crisis de la EEB. 
Este importe se corresponde con el que es necesario para financiar el plan de siete puntos sugerido por la Comisión. 
En lo que a la fiebre aftosa se refiere la propuesta incluye 250 millones de euros para el presupuesto correspondiente al ejercicio 2002. 
Estos fondos se incorporan a la línea presupuestaria de las medidas veterinarias. 
Al mismo tiempo debo advertir que los medios previstos serán insuficientes. 
Obviamente, esta afirmación requiere una explicación. Es de esperar que este mismo año, dentro del plazo previsto, logremos cargar al presupuesto del ejercicio 2001 parte de las devoluciones a las que tienen derecho los Estados miembros como consecuencia de la fiebre aftosa. 
Es fundamental que el anteproyecto de presupuesto de la Comisión prevea para el año 2002 una reserva de mil millones de euros por si hace falta financiar otras medidas necesarias en el marco de la crisis de la EEB y la fiebre aftosa. 
Es importante que todos los riesgos estén cubiertos. 
El presupuesto agrícola cuenta con un margen de 365 millones de euros. 
A continuación quisiera detenerme brevemente en los fondos estructurales. Las estimaciones propuestas para el fondo estructural ascienden a un total de 33,6 mil millones de euros. 
Es mucho dinero, pero así lo ha acordado la autoridad presupuestaria en su nuevo presupuesto. 
También menciono esta cifra con objeto de dejar bien claro que se trata del instrumento más relevante, del instrumento financiero más importante, entre otras cosas con vistas a la lucha contra el desempleo. 
Con estos fondos la Unión Europea contribuye a la política regional, cuyo principal objetivo consiste precisamente en combatir el desempleo. 
Los Estados miembros suelen considerar esta contribución como algo obvio y ya no la valoran en su justa medida, es decir, como contribución de la Unión Europea. 
Para los créditos de compromiso relacionados con la política interior se prevé un incremento del 4,1 %. 
Queda un margen de 68 millones de euros hasta alcanzar los límites máximos fijados en Berlín y en el Acuerdo Interinstitucional. 
Enumeraré brevemente los puntos más importantes de esta categoría. Para investigación y desarrollo se han presupuestado más de 4 mil millones de euros. 
Para información y comunicación y las diversas campañas informativas se prevén 112 millones de euros. Queda garantizada la financiación de la nueva autoridad alimenticia así como la nueva creación de la agencia para la seguridad aérea y la agencia para la seguridad marítima. 
Los fondos destinados a financiar la política exterior han experimentado un recorte debido a que la Comisión no se dispone a emplear el instrumento de flexibilidad durante el próximo año. 
Pese a ello, la política de los Balcanes cuenta con una financiación muy similar a la del año pasado. 
Del mismo modo, los fondos previstos para el programa MEDA ascienden a nada menos que 863 millones de euros. 
A este respecto insisto una vez más en la conveniencia de incrementar considerablemente los créditos de pago para estos programas a fin de responder a las críticas justificadas, porque es cierto que en el ámbito de la política exterior se han adquirido muchos compromisos y se suele tardar demasiado en llevarlos a la práctica. Por eso, es fundamental que velemos por la aplicación de los programas. 
En este sentido, la Comisión propone reducir el retraso acumulado en el ámbito de la categoría 4 de la política exterior de 3,3 años a 2,8 años. Comento este asunto porque se planteó ayer en el debate con la Comisión de Presupuestos. 
Si me lo permiten, quisiera expresarlo de otra manera más clara. Si calculáramos cuántos años tardaríamos en recuperar los atrasos acumulados en el marco de los compromisos adquiridos el resultado sería 3,3 años a finales del año 2000. 
Me parecería un verdadero logro si consiguiéramos rebajar esta cifra hasta 2,8 años. 
No olvidemos, sin embargo, que ello requiere unos esfuerzos administrativos considerables, aparte de que es imprescindible que podamos disponer de los medios financieros necesarios a este fin. 
Quisiera mencionar de nuevo otro punto que ya tuve oportunidad de tratar ayer, a saber, los problemas ocasionados por la no renovación del Acuerdo de Pesca con Marruecos. 
La actual situación nos obliga a adoptar medidas destinadas a la reestructuración de las flotas pesqueras de España y Portugal, dos países afectados por el fracaso de las negociaciones. 
De conformidad con las perspectivas financieras el presupuesto prevé 3,3 mil millones de euros en concepto de ayudas de preadhesión. 
Al igual que en las demás políticas externas, se ha optado por un incremento de los fondos destinados a la aplicación de los programas sobre el terreno. 
Desde este punto de vista es necesario garantizar que las ayudas de preadhesión puedan emplearse íntegramente para llevar a cabo las reformas necesarias con vistas a la ampliación de la Unión Europea. 
Según la propuesta de la Comisión, el próximo año los gastos administrativos representarán el 5,1 % del presupuesto total. 
La Comisión instará a la autoridad presupuestaria a que le conceda el segundo tramo de 317 nuevos puestos habida cuenta de que las actividades de la Comisión justifican la creación de puestos adicionales. 
Amén de ello, la Comisión ha incorporado a su presupuesto algunas sugerencias importantes de cara a la ampliación, por ejemplo la creación de nuevos puestos para la codificación de los textos jurídicos. 
Me anticipo al debate sobre el informe BUITENWEG. La ponente insiste una vez más en la necesidad de extender la discusión a la rúbrica 5 con vistas a la ampliación. 
El año que viene tendremos que adoptar las primeras medidas. Hemos de pensar en cómo afectará la ampliación a la rúbrica 5. 
A estas alturas vuelvo a subrayar que en su conjunto dicha rúbrica dispone de un margen muy pequeño. 
Fijándome en las propuestas presentadas por las demás instituciones, por el Consejo y también por el Parlamento, llego a la conclusión de que probablemente acabaremos rebasando el límite máximo previsto para la rúbrica 5. 
Ello significa que hemos de colaborar estrechamente en este ámbito concreto si queremos preservar el límite máximo. 
A modo de conclusión advierto que, en mi opinión, las deliberaciones acerca del presupuesto correspondiente al ejercicio 2002 también plantearán problemas. 
Dicho de otro modo, hace falta una buena colaboración. 
Yo, por mi parte, les puedo asegurar que espero con ilusión el momento en el que iniciemos la preparación conjunta del presupuesto 2002. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, tomamos nota del presente anteproyecto de presupuesto de la Comisión y, como siempre, miraremos con lupa si las prioridades previamente establecidas por el Parlamento han merecido la debida atención. 
Con ello me refiero tanto a las nuevas prioridades como a las tradicionales. 
El discurso del ponente, el Sr. Costa Neves, girará sin duda en torno a este tema. 
Tenemos que verificar si los ingresos de la Unión se emplean de forma eficaz y eficiente, de acuerdo con el Derecho presupuestario, el Reglamento presupuestario y los compromisos adquiridos. 
Amén de eso, hemos de cerciorarnos de que las reformas exigidas y tan sólo en parte iniciadas vayan por buen camino. 
También deseamos que el procedimiento presupuestario se desarrolle con fluidez, sin roces innecesarios. 
Es importante que a este respecto el Consejo ponga más empeño que en los años anteriores. 
Además, habida cuenta de las discusiones y votaciones celebradas en la Comisión de Presupuestos durante esta semana, quisiera añadir que nos opondremos a cualquier pretensión de recortar o restringir las competencias presupuestarias del Parlamento Europeo, por ejemplo mediante una modificación del Reglamento presupuestario u otras vías milagrosas. 
Recomiendo asimismo a la Comisión que adopte una postura constructiva y más bien próxima al punto de vista del Parlamento en todas estas cuestiones. 
Ello redundará en beneficio de todos, tanto más cuanto que nos agrada sobremanera considerarnos como aliados en el proceso de integración europea. 
No podemos negarlo: compromisos por valor de 100 mil millones de euros, pagos por valor de 97,8 mil millones de euros, pagos que se quedan muy por debajo del límite máximo, el 1,06 % del producto nacional bruto, o dicho de otro modo, 265 euros per cápita, de los cuales 121 euros se destinan a productos alimenticios agrícolas, política y zonas rurales. 
Parece todo muy sólido. 
En términos generales, la propuesta está orientada a la estabilidad y ciertamente no exige demasiado de los Estados miembros, los contribuyentes o los consumidores, a diferencia de tantas propuestas impulsivas y enfoques unilaterales. 
Al mismo tiempo es el penúltimo presupuesto de la Unión de los Quince. 
A estas alturas conviene recordarlo una y otra vez. 
Destaco algunos puntos que juzgamos importantes. 
Es bueno que la Comisión se disponga a reducir drásticamente los atrasos en los compromisos pendientes de pago. 
La Comisaria Schreyer acaba de facilitarnos algunas cifras al respecto. 
Por otra parte, también hemos de garantizar que los pagos correspondientes a los nuevos compromisos se efectúen con celeridad para evitar que en el futuro vuelvan a acumularse los atrasos. 
Acogemos favorablemente la propuesta de crear una reserva específica para la política agrícola. 
La idea de crear una reserva para imprevistos- habida cuenta de los riesgos inherentes a estos mercados- salió del Parlamento Europeo. 
Debo añadir que en los últimos años el procedimiento ad hoc se ha consagrado como un procedimiento constructivo entre las instituciones. 
Dispondremos de las cifras concretas en otoño. 
Es positivo que la Comisión deje cierto margen de maniobra en la política interna. 
Ello no obstante, nos quedan algunas dudas acerca de los motivos de determinadas líneas presupuestarias, por ejemplo: un- 5,3 % en cultura y audiovisión, tasas inferiores a la media de +1,8 % en el ámbito de la dimensión social y el empleo y un- 14,5 % en el terreno del mercado laboral y la inovación tecnológica. 
Estos ejemplos son muestras de una falta de deliberación. 
En la política exterior- ya se ha señalado antes- nos preguntamos qué va a suceder con el control democrático y la discusión sobre los gastos de funcionamiento de la política exterior y de seguridad común. 
Uno de los problemas es que Asia registra un- 2,2 %, Latinoamérica un- 6% y la ayuda alimenticia un- 4,5 %. 
Queda por ver si se mantiene el necesario equilibrio entre prioridades tradicionales y tareas nuevas o si este planteamiento debe interpretarse como una focalización sobre Europa y sus vecinos. 
Una política exterior de estas características me parecería demasiado pobre. 
Nosotros hemos dicho que el segundo tramo de 317 puestos debe estar vinculado a la aplicación de la jubilación anticipada a fin de fomentar la neutralidad presupuestaria. Es importante que las instituciones se atengan a esta regla. 
No olvidemos tampoco que en la resolución adoptada en la primavera del pasado año dejamos bien claro que el segundo tramo está supeditado a reflexiones inequívocas y muy específicas acerca de cómo pueden adoptarse medidas adecuadas sin alterar la esencia del acervo comunitario a fin de salvaguardar la capacidad de acción de la Unión Europea en el marco del proceso de ampliación. 
Ello pone de manifiesto que estamos todos obligados a debatir y elaborar durante este mismo año una estrategia de preadhesión y adhesión realista, sin olvidarnos del ámbito de la administración. 
Es importante que dispongamos de tiempo suficiente para introducir los datos necesarios en la política presupuestaria. 
Al cabo de todas estas discusiones tengo la impresión de que la solución de estos problemas será más difícil y más complicada que la de muchos asuntos agrícolas y estructurales. 
Por tanto, plantearemos estas y otras cuestiones en el marco del procedimiento presupuestario. 
Señora Comisaria, Señorías, comienzo destacando el respeto del calendario mostrado por la Comisión en la presentación de su anteproyecto de presupuesto, así como que nos haya hecho llegar la información que necesitábamos. 
Se trata de una contribución, una más, a un buen clima en el debate de la propuesta de presupuesto para 2002. 
En cuanto al anteproyecto de presupuesto, una primera reacción: en una apreciación global, tomamos nota de la propuesta de aumentar las dotaciones para autorizaciones en un 3,4 % y para pagos en un 4,8 %. 
La diferencia entre unos y otros parece insuficiente, dada la necesidad de recuperar pagos atrasados. 
Hemos de recordar que una prioridad del Parlamento Europeo consiste exactamente en la eliminación en breve de la diferencia entre las autorizaciones concedidas y los pagos efectivamente asegurados. 
Al confirmarse nuestros temores, la reducción de los restos por liquidar será meramente aparente. 
En verdad, al pagar lo más atrasado, si el aumento de asignaciones para pagos fuera insuficiente, se retrasaría el pago de nuevas autorizaciones. 
Entonces sería como un recauchutado de los restos por liquidar y no la resolución del problema. 
La solución requiere que se liquiden los restos del pasado, en particular en las categorías 3 (políticas interiores) y 4 (acción exterior) y no engendrar nuevos restos por liquidar. 
A ese respecto, analizaremos cuidadosamente el informe sobre la marcha de los trabajos que se nos presentará al final de junio, como se acordó, y se seguirá haciendo todo lo posible para mejorar los niveles de ejecución del presupuesto, lo que equivale a decir que queremos contribuir a que haya una satisfacción más eficaz de los compromisos de la Unión Europea. 
Tomamos nota de que, pese al aumento de un 4,8 % propuesto para pagos, éstos permanecen en el nivel de 1,06 % del PIB de la Unión Europea, mientras que las Perspectivas Financieras permitirían llegar en 2002 al 1,10 %. 
Conviene destacar también que haremos una cuidadosa evaluación del nivel de consideración de la Comisión en cuanto a las prioridades establecidas por el Parlamento y que constan en las líneas de orientación aprobadas en abril. 
En la especialidad y la esfera de la agricultura- categoría 1 -, seguimos con atención las repercusiones de las crisis de la EEB y de la fiebre aftosa en el presupuesto. 
Bueno sería tener conocimiento lo antes posible de los valores exactos que entrañan. 
Entretanto, parece aceptable la existencia de la reserva de mil millones de euros propuesta por la Comisión, teniendo en cuenta el imponderable de las crisis. 
Ahora bien, reafirmamos que para nosotros una reserva es siempre un gasto no obligatorio, por lo que deseamos una intervención en la decisión sobre su utilización. 
Si no antes, en la Carta Rectificativa que se presentará después de la primera lectura esperamos conocer exactamente los costos resultantes de la EEB y de la fiebre aftosa. 
En ese marco, recuerdo que contamos con un documento de la Comisión relativo a la orientación que se debe seguir en la revisión a medio plazo de la última reforma de la Política Agraria Común, en la que se demostrará- esperamos- la consonancia de las opciones entretanto seguidas ante la crisis, con una orientación para el futuro. 
En las líneas de orientación se menciona la fecha de 15 de septiembre para la presentación de ese documento. 
La Carta Rectificativa es otra hipótesis por considerar para la presentación de ese documento. 
En la esfera de la pesca, y dado el comentado fracaso del acuerdo de pesca con Marruecos y la consiguiente necesidad de reestructuración de las flotas, hay que evaluar cuidadosamente su financiación. 
En las políticas interiores (categoría 3) , el margen existente es limitado y hay prioridades claras en ese ámbito en las líneas de orientación que queremos respetar. 
En la acción exterior (categoría 4) , persiste la dificultad a la hora de garantizar la estabilidad de la acción de la Unión Europea. 
Las reprogramaciones han sido la regla y afrontamos con reservas la posibilidad de que una vez más nos encontremos con reducciones de asignaciones en líneas a las que concedemos importancia: me refiero a América Latina, los derechos humanos o la lucha contra el sida, a título de ejemplo. 
Entretanto, en los Balcanes, donde la Unión Europea también ha aceptado compromisos claros, se da, me parece, una reducción de los medios presupuestados. 
Todo indica que aún no se ha tenido en cuenta el informe del Banco Mundial, que indicará con precisión las necesidades de reconstrucción. 
¿Qué ocurrirá entonces? 
Y, en cuanto a los costos operativos con la política de defensa y seguridad, ¿en qué quedamos? 
En la esfera de la administración (categoría 5) , ¿hasta qué punto las sumas propuestas son suficientes para afrontar acumulativamente la reforma de la Comisión, la ampliación, el lanzamiento de nuevas políticas, el aumento del presupuesto del Consejo en un 10%, las propuestas de las demás instituciones? 
Parece evidente la insuficiencia de los medios decididos en Berlín. 
¡Ya veremos! 
En materia de preadhesión (categoría 7) , subrayo que el Parlamento se manifestó a favor de una nueva presupuestación de sumas no utilizadas, a semejanza de lo que sucede en la categoría 2. 
De nuevo manifiesto que esperamos poder celebrar el debate ahora iniciado en un plano constructivo. 
El consenso con la Comisión y el Consejo es deseable y posible. 
Para ello, conviene estar atento a las nubes en el horizonte: he de decir concretamente que la Comisión de Presupuestos ha votado hoy su posición en cuanto al Reglamento Financiero. 
Subrayo que ese asunto figura en las líneas de orientación. 
En ellas se afirma que el Parlamento no vacilará en reflejar su posición a ese respecto en sus decisiones presupuestarias. 
Aún es posible garantizar la consideración real de nuestra posición en cuanto a la revisión del Reglamento Financiero. 
Les doy las gracias al ponente y a la Comisaria. 
Estado de previsiones del Parlamento Europeo (2002) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0166/2001) de la Sra. Buitenweg, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2002 (2001/2062 (BUD) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, también hoy, durante la sesión solemne con el Presidente de la República Eslovaca Schuster, hemos vuelto a hablar de la oportunidad histórica de superar definitivamente la partición de Europa. 
Una oportunidad que hemos de aprovechar, como ha dicho también nuestro colega Böge. 
En teoría, dentro de tres años podremos estar trabajando juntos en esta Asamblea en igualdad de condiciones con nuestros colegas de los países que ahora son candidatos a la adhesión. 
Por lo tanto, hemos de darnos prisa con las reformas institucionales para que la ampliación se haga sin sobresaltos. 
Dentro de poco se va a presentar el plan trienal sobre la preparación administrativa. Tal vez lleguemos a la conclusión de que sería prudente que se contratara ahora ya a funcionarios de los países candidatos que pueden ser de utilidad en los preparativos de la ampliación. 
Piensen por ejemplo en personas para organizar el servicio lingüístico. 
Por lo tanto, me parece muy imprudente que se rechace esa posibilidad en la resolución del Parlamento. 
No sólo hemos de preparar la ampliación a nivel administrativo, sino también con respecto al contenido. 
Para poder intercambiar experiencias es importante que se intensifiquen los contactos entre nosotros y los parlamentarios de los países candidatos. 
La Comisión de Presupuestos pide que se incorpore el modelo más adecuado para ello en el plan trienal. 
Yo creo que sería útil que se ofrecieran algunas facilidades a estos diputados y estados miembros futuros para que sus visitas fueran lo más efectivas y útiles posibles. 
Señor Presidente, la ampliación hará que el margen presupuestario sea objeto de una presión cada vez mayor. 
Por eso, es una buena política financiera que se amorticen anticipadamente los bienes inmuebles para crear una reserva de cara a los presupuestos futuros. 
No obstante, tengo el dudoso honor de ser la ponente que invierte un montón de dinero en el edificio del Parlamento Europeo aquí en Estrasburgo. 
Pero estarán de acuerdo conmigo en que, mientras el Parlamento esté condenado a funcionar como una especie de circo ambulante, no es aceptable que le obliguemos a pagar al contribuyente otra vez un monto de 210 millones de euros en concepto de intereses. 
Será cada vez menos, todo ese dinero se gasta en cuatro días en Estrasburgo. 
Esto me lleva a otra cuestión de la cual espero que se dé mayor importancia al contenido que a las buenas palabras y me refiero a la ecoauditoría. 
Presidente, esta Asamblea dedicó hace unos años unas hermosas palabras a la necesidad de poner en práctica una ecoauditoría. Entonces se constituyó incluso un grupo de trabajo interinstitucional. 
Pero como no se le dio prioridad política, vivió poco tiempo. 
Por lo tanto, hemos de volver a asumir nuestra responsabilidad, y ahora de forma más enérgica, y el Parlamento ha de comprometerse políticamente de forma inequívoca para participar en el sistema EMAS, el reglamento sobre un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. 
Asimismo, nuestra posición en contra de la discriminación ha de traducirse en esta Asamblea en una política activa de personal. 
La igualdad de oportunidades no es todavía una realidad. 
No me refiero solamente al incremento del número de mujeres en puestos de relevancia sino también a la igualdad de trato sin discriminación por razones de sexo, raza o religión. 
Por lo tanto, la Comisión de Presupuestos pide al secretario general que aclare qué medidas harán falta para hacer cumplir el artículo 13 del Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, en los últimos años hemos llegado a entender más las ventajas del Activity Based Budgetting y del Activity Based Management. 
Hay que hacer borrón y cuenta nueva con las antiguas estructuras de gestión y la antigua manera de presupuestar. En ese marco tiene cabida el nuevo reparto de tareas entre la Mesa y la Comisión de Presupuestos en el ámbito de contratación de personal tal como está especificada ahora en el procedimiento presupuestario. 
La Comisión de Presupuestos está estudiando ahora la situación financiera y las limitaciones de la misma y la Mesa se ocupa de la gestión concreta. 
Este sistema se tiene que complementar con las directrices del Pleno de la Cámara a la Mesa y un buen control de la gestión por parte del Secretario General. 
Si hubiera problemas en el futuro con la Mesa o la Administración, entonces estos tendrían que llevarnos a cambios a ese nivel y no a un traspaso de tareas de gestión a un Parlamento con 626 diputados políticos. 
Esta nueva manera de trabajar debe ir emparejada con un cambio de cultura para que la Administración sea democrática, controlada y dinámica. 
En último lugar, me gustaría tranquilizar a los diputados que se han preocupado mucho por el margen de la categoría 5 porque la votación de esta tarde sobre la agenda de reuniones para el próximo año ha salido muy favorable en cuanto a los aspectos financieros. 
Las estimaciones partían de una semana de cuatro días en Estrasburgo y por la decisión que se ha tomado ahora no habrá modificación alguna en los gastos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, quisiera manifestar mi más sincera gratitud hacia la ponente por el arduo trabajo que ha realizado previamente a la elaboración del presupuesto del Parlamento en beneficio de los diputados. 
Ello no obstante, aprovecho la ocasión para resaltar y puntualizar algunas cuestiones. 
Empecemos por la ampliación. 
Obviamente, requiere una serie de preparativos. 
Ahora bien, quien crea que todo se soluciona creando puestos nuevos no entiende dónde está el problema. 
Se pondrá a prueba todo cuanto hemos aprendido a valorar y amar en los últimos veinte años con respecto a la forma de trabajo del Parlamento Europeo. 
Nos espera el gran reto de no perder el control. 
En este momento no se trata de crear nuevos puestos y cubrirlos con funcionarios procedentes de los países candidatos a la adhesión. 
¿Por qué no se opta por otras soluciones sobre el terreno? 
En el ámbito de la traducción, por ejemplo, la Comisión tiene previsto colaborar con unidades satélite ubicadas en los países candidatos. 
Hemos de abrir agencias de información, puesto que se plantea un problema en lo que a la aprobación de la adhesión a la Unión Europea se refiere. 
Es la tarea que nos incumbe en tanto que representantes del pueblo. 
No se trata de que unos pocos se beneficien de los privilegios comunitarios en Estrasburgo, Bruselas o Luxemburgo. 
Lo importante es que acortemos las distancias entre la Unión Europea y el ciudadano de a pie. 
La mejor forma de conseguirlo consiste en trabajar sobre el terreno. 
Por ello, considero fundamental que nos preguntemos qué es lo que hay que hacer y cuáles son las actividades que deben desarrollarse en los países candidatos, entre otras cosas para reducir gastos. 
Me parece que a este respecto la Comisión va por buen camino. 
Por lo que a la política inmobiliaria se refiere coincido con la ponente en que, a la vista de las circunstancias- sobre todo aquí en Estrasburgo -, lo mejor es abonar cuanto antes los compromisos pendientes de pago. 
Sin embargo, ésta no es sino la segunda solución más favorable. 
Es algo que debemos tener muy claro. 
La mejor solución sería construir por nuestra cuenta. 
En tal caso podríamos decidir libremente sobre la distribución del espacio y las instalaciones y no nos veríamos obligados a concluir que alguien ha deseado lo mejor para nosotros y que, por tanto, no tenemos más remedio que conformarnos con el resultado. 
Nos ha pasado en Bruselas y nos ha pasado aquí. 
Tal vez deberíamos ser un poco más inteligentes. 
Sería la solución más barata. 
La otra opción no es sino la segunda más barata. 
También quiero que lo tengan presente. 
Ahora paso a la política de personal. 
Me sorprende la gestión. Por una parte, se insiste en la necesidad de crear un gran número de puestos nuevos, pero al mismo tiempo se hacen importantes concesiones en cuanto a la denominada tasa de no ocupación, que no deja de ir en aumento. 
Al final, dejan de ocuparse más puestos de los que se crean. 
Tendremos que intercambiar ideas para ver cómo se pueden compaginar estas dos cosas. 
Es decir, cabe la posibilidad de reestructurar los servicios del Parlamento Europeo sin que haga falta crear nuevos puestos. 
Les comunico en nombre del Grupo del PPE que nosotros estudiaremos detenidamente este asunto en otoño, cuando dispongamos de las cifras concretas. 
Me alegro de que la ponente también se preocupe por los medios de transporte. 
Espero que en Bruselas no nos veamos obligados a movernos en bicicleta. Me parece un tanto peligroso. 
Aplaudo la iniciativa de la ciudad de Estrasburgo y de su nuevo alcalde. 
Consideramos un avance importante que nos brinden la posibilidad de ir en tranvía. 
En Bruselas tal vez podamos tomar el metro. 
Sería otro logro más. 
Como ya he dicho, las bicicletas me parecen demasiado peligrosas. 
Espero que en este ámbito logremos una solución razonable. 
En otoño- cuando estén disponibles los datos- el Grupo del PPE revisará el presupuesto minuciosamente, línea por línea. 
Hablo muy claro: el que mañana votemos a favor del informe no significa que demos carta blanca. 
Nos tomaremos muy en serio la lectura de septiembre u octubre. 
Señora Presidenta, yo también quisiera felicitar a la ponente por su trabajo; respaldo la mayor parte de lo que ha dicho, en especial lo relativo a la reforma. 
Puede que conozcan las conclusiones de una reciente encuesta europea que mostraba que el Parlamento Europeo es una de las instituciones más apreciadas entre todas las de la UE. 
Por tanto, tenemos la responsabilidad de aumentar la confianza de todos los ciudadanos europeos en la UE en su conjunto. 
Por eso, necesitamos dar ejemplo e ir por delante en la mejora de la eficacia, la transparencia y la exigencia de responsabilidad, según ha señalado la ponente. 
Sin embargo, el proceso de reforma emprendido hasta ahora parece a veces un poco lento. 
Es necesario que aceleremos las cosas en el año que viene y que intentemos abrazar la reforma y modernizar nuestros métodos de trabajo y nuestros procesos de toma de decisiones. 
Todos estamos de acuerdo en que esto es esencial dados los retos que supone la ampliación. 
Hay un claro peligro de que la UE se desvíe de su trayectoria si el público no ve que se están llevando a cabo reformas concretas y rápidas a una escala significativa. 
Todos nosotros sabemos que la ampliación tendrá efectos de gran alcance sobre todos los aspectos de los servicios del Parlamento. 
El coste presupuestario adicional de la ampliación podría estar en torno a los 145 millones de euros al año, según un informe. 
Sólo en Bruselas podríamos necesitar alrededor de 459 nuevos despachos. 
Esto requerirá una considerable planificación y un análisis concienzudo de todas las repercusiones. 
Por tanto, el plan trianual del Parlamento es esencial para que la ampliación sea un éxito. 
Es crucial que este plan sea meditado y no apresurado. 
Me opongo firmemente a las enmiendas presentadas por el Grupo del PPE-DE que imponen un plazo antes del verano a este informe, porque si no contamos con un plan para la ampliación meditado y bien pensado, podría ser contraproducente. 
El Grupo del PPE-DE ha presentado otras enmiendas, que tampoco tienen sentido y que no mejorarán la situación del Parlamento Europeo en caso de ser aprobadas. 
Lo que me parece particularmente sorprendente es que, por un lado, estemos constantemente criticando que se creen nuevos puestos para el ejecutivo y, que, después, en la práctica, estemos dispuestos a aumentar los puestos para los partidos políticos, cuando conviene a las necesidades particulares, sin verdadera justificación. 
¿Dónde están los principios de rigor presupuestario y eficiencia de que tan a menudo habla el Grupo PPE-DE? 
Es importante que revisemos estas cuestiones, aunque no en este momento. 
Quisiera subrayar que debería tenerse en cuenta el plan trianual porque nos enfrentamos a muchos retos, pero que deberíamos- y debemos- ser más dinámicos en todas las áreas, en especial en cuanto a lenguas y edificios, porque es ahí donde residen los costes sustanciales. 
Espero que el plan, de algún modo, imagine lo inimaginable y revise radicalmente los servicios de lenguas, dado que dentro de dos o tres años podemos tener seis nuevas lenguas oficiales. 
Sólo para hacerles reflexionar: la Comisión es una institución muy distinta a la nuestra, pero se las arregla para trabajar en dos lenguas. 
Que quede claro que creo firmemente en la diversidad lingüística, pero no podemos añadir todas estas lenguas adicionales y seguir intentando ser una organización eficiente y eficaz. 
En relación con la política de edificios, debemos valorar detenidamente todas las opciones disponibles. 
Sé que hay una propuesta de comprar este edificio, y aunque, aquí y ahora, tiene sentido desde el punto de vista económico por el ahorro que nos supondría en el futuro inmediato, me preocupa la sostenibilidad a largo plazo del edificio: si ahora apenas satisface nuestras necesidades, ¿qué será dentro de seis años? 
Señor Presidente, voy a intentar respetar el horario. 
La Sra. Buitenweg ha elaborado un buen informe como base del presupuesto del Parlamento para el próximo ejercicio. 
Mi mejor agradecimiento por ello. 
Los retos centrales del presupuesto del Parlamento Europeo son la mejora de la gestión y el incremento de la eficacia. 
Esto viene exigido principalmente por la futura ampliación de la UE. 
En primer lugar, debemos empezar a prepararnos el próximo año para asimilar que el año 2004 el Parlamento verá incrementado el número de diputados en más de cien, los cuales traerán consigo alrededor de diez nuevas lenguas. 
Ello impondrá exigencias especiales en la organización y eficiencia de los servicios de traducción e interpretación. 
También se establecerán nuevas exigencias en el marco de la gestión general, por lo que será imprescindible ampliar también al Parlamento la ejecución del presupuesto por funciones específicas y la responsabilidad sobre la gestión. 
Otro problema es la política en materia de inmuebles. 
Tenemos que aspirar a racionalizar el funcionamiento del Parlamento, de modo que los gastos en inmuebles puedan reducirse. 
Sería conveniente adquirir en propiedad los inmuebles utilizados cuando ello suponga un ahorro de recursos. 
Por otra parte, hay que exigir que los Estados miembros en que se encuentran las sedes hagan todo lo que esté en su mano para finalizar rápidamente las aclaraciones que se están realizando sobre el uso de los inmuebles. 
No es ningún honor para los países anfitriones que el Parlamento Europeo tenga dificultades inconcebibles para llevar a cabo una política racional en materia de inmuebles. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.00 horas) 
Señorías, estoy especialmente satisfecha al poder saludar hoy entre nosotros, en este hemiciclo, al Presidente de la República Eslovaca, el Sr. Rudolf Schuster. 
Señor Presidente, desde la fundación de la República Eslovaca, el 1 de enero de 1993, y sobre todo después de que Eslovaquia presentó su candidatura de adhesión a la Unión Europea en 1995, las relaciones entre su país y el Parlamento Europeo se han desarrollado progresiva y fructíferamente, permitiendo el conocimiento recíproco y el establecimiento de lazos de confianza. 
El cambio de gobierno acaecido en 1998 y su posterior elección a la Presidencia de la República, con ocasión de las primeras elecciones presidenciales por sufragio directo en Eslovaquia, en mayo de 1999, fueron acontecimientos que han influido muy positivamente en la intensificación de los contactos y en la eficacia de nuestras relaciones. 
Desde que usted fue investido en Bratislava, después de haber servido a su país en diferentes funciones, entre otras como alcalde de la ciudad de Kosice de 1994 a 1998, el Gobierno eslovaco, dirigido por el Sr. Dzurinda, Primer Ministro, se orientó resueltamente hacia la perspectiva de la adhesión a la Unión Europea. 
Bajo su presidencia, Sr. Schuster, la democracia se ha impuesto y se ha consolidado en Eslovaquia. 
El Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999 había tomado la decisión de abrir negociaciones de adhesión, las cuales fueron iniciadas en el mes de marzo de 2000. 
La apertura y el avance de las negociaciones entre su país y las Unión Europea demuestran, y estoy especialmente satisfecha de comprobarlo, que el "principio de recuperación" ha sido bien controlado por Eslovaquia, ya que se estableció en el Consejo Europeo de Helsinki por iniciativa del Parlamento Europeo. 
En la actualidad Eslovaquia está decidida a situarse- usted acaba de decirlo, señor Presidente- a la vanguardia del proceso de adhesión. 
Su país debe saber que puede contar con el Parlamento Europeo. 
Puede contar con una actitud plenamente constructiva, a fin de que esta adhesión se efectúe lo antes posible. 
Señor Presidente, le pido ahora que se dirija a nuestra Asamblea. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, desearía ante todo darle las gracias por el homenaje que ha rendido a Louise Weiss, cuyo nombre lleva este edificio. 
Hemos sido muy sensibles a dicho homenaje. 
Usted ha recordado que su país formaba parte de la realidad viva de Europa, de su realidad no sólo histórica, geográfica, sino también y sobre todo cultural. 
Puedo decirle que en el Parlamento Europeo siempre hemos estado convencidos de ello. 
El Parlamento europeo, en efecto, acompañó con entusiasmo el proceso de reunificación. 
El tratado de Niza, que fue firmado en diciembre pasado, a pesar de haber sido objeto de opiniones diversas en algunos aspectos, ha tenido al menos el mérito de abrir la vía a la ampliación, a la reunificación de Europa, lo cual nos satisface a todos nosotros. 
Hemos advertido en usted una determinación muy fuerte, determinación para continuar las reformas económicas difíciles, determinación para adaptar la legislación de su país, determinación para solucionar el problema de las minorías- usted sabe que se trata de un problema, de una cuestión a la que nuestro Parlamento Europeo es muy sensible- y, finalmente, determinación para unírsenos lo antes posible. 
He constatado, hemos constatado, que compartíamos ampliamente nuestros grandes objetivos futuros, nuestra concepción de la Unión Europea. 
Ya se ha iniciado una reflexión, a la que usted ha aludido, y que debe finalizar normalmente en 2004. 
Puede estar seguro, señor Presidente, de que el deseo del Parlamento es, naturalmente, que los países candidatos estén estrechamente asociados a esta reflexión. 
Usted nos ha dicho que asumirá toda su responsabilidad, y ésta es muy grande. 
Hemos comprendido bien su mensaje y usted cuenta realmente con el total apoyo del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, esperamos oír muy pronto esa bella lengua eslovaca en el seno de nuestro Parlamento. 
Gracias de nuevo. 
(Vivos aplausos) (La sesión solemne se levanta a las 12.30 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, ayer se produjo aquí un pequeño incidente en relación con la declaración sobre la situación de los presos turcos. 
En este contexto, el Vicepresidente en ejercicio, entre otras personas, manifestó que la Comisión de Presupuestos ha bloqueado las plazas necesarias para constituir un servicio de seguridad. 
En mi condición de ponente sobre tal asunto, quiero hacer constar que las plazas solicitadas se encuentran en la reserva, de acuerdo con la Mesa del Parlamento, y que hasta hoy la Mesa no ha presentado ninguna solicitud para sacar estas plazas de la reserva. 
De modo que rechazo enérgicamente la acusación de que la Comisión de Presupuestos ha bloqueado plazas que serían necesarias para mejorar la seguridad en el Parlamento. 
Además, quiero señalar que se insta a la Mesa a solicitar una transferencia de recursos adecuada. 
Señor Ferber, su intervención no tiene demasiada relación con el Acta, por no decir ninguna. 
Dicho esto, plantea usted el problema del incidente que tuvo lugar ayer. 
Puedo decirle que hemos estudiado estos incidentes con toda la seriedad que se merecen. 
Nuestros cuestores ya se han reunido y ya han analizado este asunto. 
Subrayo por cierto que era un grupo que había sido introducido por uno de nuestros colegas, quien al parecer ya se había marchado, al igual que su asistente, por lo que este grupo era de alguna manera huérfano, nadie le acompañaba. 
Esto por un lado. 
En el ámbito de la Mesa, señor Ferber, le agradezco que lo recuerde, estamos actualmente adoptando medidas de seguridad muy rigurosas, medidas que, en mi opinión, mucho colegas desean en interés de nuestra institución, porque ayer tuvo lugar un incidente, pero podrían ocurrir muchos otros. 
Naturalmente, la Mesa desea la colaboración de la Comisión de Presupuestos. 
Esperamos poder concluir la tarea en el menor plazo posible. 
Señora Presidenta, el incidente de ayer no tiene nada que ver con el hecho de que no se hayan autorizado aún determinadas plazas. 
No hay relación alguna. 
Por un lado, se trata de un fallo en el control de entrada a la sala de Plenos. 
Ya contamos con gente suficiente. 
No necesitamos nuevas plazas. 
En segundo lugar, se trata de que fuera competente el servicio de control que hemos solicitado para la entrada. 
Pero este servicio tampoco tiene nada que ver con las plazas. 
Lo importante es que hagamos algo en lo relativo a la seguridad. 
En ello tiene razón el colega Ferber. 
Pero no hay ninguna relación directa con el incidente de ayer. 
(Aplausos) 
Exactamente, señor Schmid, es lo que yo misma acabo de decir: el incidente de ayer es un tema, el problema general de la seguridad es otro tema. 
Señora Presidenta, también yo deseo referirme al punto 23 del acta de ayer, a propósito de la seguridad. 
Todos estamos muy agradecidos por la explicación que nos ha dado sobre cómo ocurrieron ayer las cosas, y es muy importante que la Asamblea reconozca algo que ha dicho igualmente, y es que es un tema que la Mesa está también examinando en la actualidad. 
Se trata de algo sumamente serio y de vital importancia, porque la seguridad en esta Asamblea no es suficientemente buena. 
Lo que sucedió ayer, no obstante, es ligeramente diferente, ya que pone en entredicho la condición y la responsabilidad de diputados concretos en cuanto a quién invitan a este hemiciclo. 
Esta misma mañana hemos tenido un debate muy vivo en el seno de nuestro propio grupo político sobre este tema, y voy a pedirle, señora Presidenta, que convoque una reunión especial de la Mesa para que se puedan discutir todos estos temas. 
Reconozco que ya está en la agenda de la Mesa y que es una discusión en marcha, pero es tan importante que tengamos tiempo para reflexionar adecuadamente sobre la tema que creo que necesitamos una reunión especial de la Mesa y por ello le solicito que convoque la reunión. 
Gracias, señor Provan. 
Veremos si, mañana por la mañana, esto podría ser posible. 
Estoy bromeando. 
Dicho esto, el 30 de mayo estudiaremos la situación en su conjunto desde todos los puntos de vista. 
Creo que el Sr. Provan no ha entendido mi invitación. 
Señora Presidenta, en primer lugar, deseo agradecerle al Sr. Ferber y al Sr. Schmid el que no hayan abordado este incidente de forma polémica. 
Me he informado de inmediato sobre los medios que estas personas han podido emplear para penetrar en el hemiciclo. 
Resulta que, en este asunto, un diputado de mi Grupo ha sido engañado. 
Respondo personalmente de la lealtad de mi colega. Es evidente que en ningún momento deseó que este incidente se produjera. 
Lo que pasó fue que estas tres personas 
habían solicitado ser recibidas porque la madre de una de ellas forma parte del grupo de los que están en huelga de hambre en Turquía y se encuentra en estado crítico. 
Mi colega aceptó atenderles en su despacho, y cuando se estaba despidiendo de esta delegación, estas tres personas burlaron su vigilancia y pudieron infiltrarse en el hemiciclo. 
Debo decir que mi colega- al que avisé de inmediato- me ha enviado esta mañana una carta en la que explica lo sucedido. 
Manifiesta su consternación y presenta sus disculpas a la Asamblea. 
Quiero dejar patente que lamento aún más este incidente considerando que no le hace favor alguno a la causa de los hombres y mujeres que, hoy, en Turquía, mueren cada día, y creo que ahí está el verdadero drama. 
(Aplausos) 
Señor Wurtz, le agradezco infinitamente estas declaraciones. 
Señora Presidenta, mi intervención hace referencia al acta en cuanto que en la versión alemana consta correctamente que se encargó al Secretario General informar a la Mesa. 
No he podido examinar las actas en los once idiomas, pero, cuanto menos, en la versión española del acta consta que la Comisión de Presupuestos bloqueó plazas. 
Pido por ello que se rectifiquen las actas en el sentido del tenor de la versión alemana. 
¡Cuanto menos, la versión española es incorrecta! 
Señora Presidenta, quiero añadir algo más: lo dramático de esta situación fue que una de estas tres personas que montaron aquí el espectáculo era la misma persona que agredió al Ministro de Asuntos Exteriores turco en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Por otro lado, quiero pasar a abordar la cuestión de las actas. 
Ya se lo dije ayer a su sustituto. 
¡No puede ser que una persona que está identificada no tenga prohibido el acceso a este Parlamento! 
¿Porque no hay un ordenador que contenga una señal de alarma que salte para impedir el acceso a esta persona? 
¡No puede volver a ocurrir algo así! 
Ruego encarecidamente que se vele por que se aborden estas cuestiones. 
El Sr. Wurtz ha explicado claramente que su colega había sido engañado. Pero usted plantea otro problema- que yo también he detectado -, del que nos vamos a ocupar junto con los cuestores, para que esto no vuelva a suceder y para que se establezca un control. 
Señora Presidenta, me gustaría intervenir en relación al punto "estatuto y financiación de los partidos políticos europeos". 
Pienso que el Acta no refleja con exactitud la cuestión que planteó ayer el Sr. Ribeiro e Castro. 
Recurrió al artículo143 de nuestro Reglamento, que establece la cuestión prejudicial y pone en entredicho el fundamento jurídico en el que se basa el informe de la Sra. Schleicher. 
La mayoría de nuestro Parlamento ha secundado al Sr. Ribeiro e Castro en su interpretación, y al tratarse por tanto de una cuestión prejudicial, la de la falta de ratificación del Tratado de Niza, creo que nuestro Parlamento no puede bajo ningún concepto retomar esta cuestión hasta que el Tratado de Niza no sea ratificado. 
Por tanto, la cuestión no puede ser reintroducida en el orden del día de nuestro Parlamento. 
Me gustaría también darle las gracias al Presidente de sesión, el Sr. Vidal-Quadras Roca, por la forma en que condujo ayer el debate. 
Desearía asimismo mencionar una carta de la Sra. Palacio, que nos recuerda a cada uno de nosotros que las bases jurídicas sobre las que nuestro Parlamento debe pronunciarse no se deciden únicamente a golpe de mayoría, sino también con la ayuda de elementos y de evaluaciones jurídicas. 
Señor Dupuis, no creo que lo que usted acaba de decir nos lleve a modificar el Acta de la sesión de ayer. 
Señora Presidenta, en cuanto al punto 25 del Acta y a la excelente moción de inadmisibilidad de nuestro colega Ribeiro e Castro que se adoptó ayer, me gustaría subrayar que el Acta recuerda las intervenciones del Sr. Poettering, que ha solicitado que el informe se incluya en el orden del día del próximo periodo parcial de sesiones, del Sr. Barón Crespo, que ha pedido la inclusión de este informe en el orden del día de una próxima sesión, y del Sr. Berthu, que ha contestado, pero cuya postura no se menciona. 
Para que el Acta sea fiel a la realidad, me gustaría precisar que, de todos modos, esta moción de inadmisibilidad ha sido adoptada, que este texto no puede ser incluido de nuevo en el orden del día y que, si tuviera que serlo, no sería posible hacerlo sin una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
No sería decente proceder de otro modo. 
. 
Señor Berthu, ¿es lo que usted dijo ayer? 
Efectivamente, señora Presidenta, son las palabras que dije ayer, y no figuran en el Acta. 
Muy bien, modificaremos entonces el Acta para que sus palabras se vean correctamente reflejadas. 
Ya ha anticipado usted algo, pero seguimos en el Acta. 
En estas circunstancias, podemos ahorrarnos las intervenciones posteriores. 
Señora Presidenta, permítame decir lo siguiente para aclarar la situación: ayer se produjo una gran confusión en esta Asamblea, y no quiero abordar una vez más esta cuestión. 
Sin embargo, la razón de no estudiar el informe sobre el estatuto de los partidos políticos fue, de hecho, la afirmación de que no existe fundamento jurídico para ello. 
Pero, con todo, es cierto- como usted ha manifestado- que el artículo 143 de nuestro Reglamento constituye el fundamento jurídico. 
Por ello, cuando tanto algunos de mis colegas como yo dijimos que el informe debía ser devuelto, cometimos una equivocación en lo relativo al artículo 143, y equivocarse es humano. 
Por tanto, puede votarse ahora mismo si debatimos o no este informe. 
Señora Presidenta, entretanto he vuelto a leer lo que se dice exactamente en el Acta acerca del incidente de los manifestantes. 
Quisiera puntualizar una cosa. 
El texto dice: "durante la intervención tres manifestantes se introducen en el hemiciclo enarbolando pancartas". 
Debo precisar que estas tres personas entraron tranquilamente, colándose subrepticiamente, y que en ese momento aún no habían sacado sus pancartas. 
Las desplegaron una vez dentro y, por tanto, nuestro personal no podía verlas. 
Quería puntualizarlo porque si no uno podría concluir que, tal y como se formula aquí, los servicios del Parlamento deberían haberse dado cuenta de que estas personas llevaban pancartas. 
Y ése no es el caso. 
¿Hay alguna otra observación? 
Señora Presidenta, en relación con mi intervención sobre el debate acerca de la inadmisibilidad o pretendida inadmisibilidad del informe Schleicher sobre el estatuto de los partidos, yo solicité que se incluyera el punto en el orden del día de hoy, pero quiero añadir lo siguiente: lo solicité en aplicación del artículo 111 del Reglamento, que le confiere a la Presidenta la facultad de proponerlo, y me gustaría que se añadiera ese punto porque aquí no estamos discutiendo de una devolución a comisión, sino de si una acción de comando durante un pleno del Parlamento puede modificar el orden del día y sustraer un tema tan importante como éste al conocimiento de los miembros de la Cámara durante años, ad calendas graecas. 
Haremos esta modificación en el Acta. 
Señora Presidenta, yo pediría que las unidades del Parlamento escuchasen las cintas grabadas ayer antes de que se registre en el Acta la opinión del Sr. Barón Crespo, porque yo creo que su opinión de esta mañana no va en el mismo sentido de lo que él habló ayer. 
Estudiaremos todo esto, naturalmente. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden del día 
De conformidad con el artículo 111, párrafo 2, del Reglamento, y a petición de varios Grupos políticos, les propongo incluir en el orden del día de hoy, como primer punto, el informe de la Sra. Schleicher, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos. 
¿Quién desea intervenir a favor de esta propuesta? 
Señora Presidenta, no deseo repetir todo lo que ya he dicho. 
Está plenamente justificado presentar esta solicitud con arreglo al artículo 111. 
Nuestro Grupo, al igual que otros, si bien no todos- sólo los que tenemos un gran interés en el asunto, porque pensamos que fomenta la democracia en Europa- estima que no podemos perder terreno ante los enemigos de Europa para aplazar el debate sobre este informe, sino que debemos cumplir nuestra obligación en este Parlamento. 
Por ello, estoy a favor de que se incluya este punto en el orden del día y de que se decida sobre el mismo en el bloque de votaciones de las 12.00 horas, porque los ciudadanos y ciudadanas de Europa esperan que cumplamos con nuestra responsabilidad. 
(Vivos aplausos) 
Gracias, señor Poettering. 
Señor Dell ' Alba, desea usted intervenir en contra de esta propuesta. 
Señora, permítame decir que no entiendo a qué se refiere el Sr. Poettering. 
Efectivamente, no se ven afectados ni Europa, ni los ciudadanos como tales, sino únicamente las burocracias de los partidos políticos europeos. 
De acuerdo con el Reglamento, tiene usted ciertamente derecho, señora, a pedir esta inserción, pero me gustaría recordarle, antes de que confirme su petición, que justamente ayer por la tarde, el presidente de la Comisión Constitucional, el Sr. Napolitano, así como otros seis colegas, Gollnisch, Abitbol, Souladakis, Onesta, Krarup, Meijer y el propio ponente, secundaron la propuesta del presidente de la Comisión Constitucional de acudir a ella los antes posible, lo cual me parece un rasgo de sensatez. 
Por tanto, no entiendo esta prisa. 
En segundo lugar, aunque el artículo 111 le autoriza, en efecto, a pedir una propuesta de modificación, este artículo estipula también que el orden del día no puede ser modificado, salvo en aplicación de las disposiciones de los artículos 112, 143, etc. Hemos aplicado el artículo 143. 
No vamos a hacerlo dos veces durante la misma sesión y sobre el mismo asunto. 
Sería, verdaderamente, discutir por naderías. 
Seamos realistas, pronto habrá una mini-sesión. 
Creo que sus servicios podrán esperar un poquito. 
Hay un problema grave de base jurídica, ya lo ha dicho el presidente Napolitano, sometamos primero este problema a la Comisión Constitucional. 
Hemos escuchado a un orador que está a favor, y a un orador que está en contra. 
Considerando que ha mencionado usted una intervención del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Sr. Napolitano, y dado que él me pide la palabra, se la concedo con mucho gusto. 
Después, la Asamblea decidirá. 
Señor Dell ' Alba, como se puede comprobar en el Acta literal, en mi intervención de ayer no dije que existía un problema de fundamento jurídico. 
Dije todo lo contrario, es decir, que, en relación con los Tratados, sobre la cuestión del fundamento jurídico de esta propuesta de la Comisión, puesto que hablamos de una propuesta de la Comisión y, seguidamente, del informe de la Sra. Schleicher, habíamos discutido largo y tendido en la Comisión de Asuntos Constitucionales y habíamos recibido un dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que no constaba ninguna observación acerca del fundamento jurídico de la propuesta. 
Por lo que respecta a mi propuesta de reunir a la comisión, la misma fue fruto de la confusión a la que se ha referido el presidente Poettering. 
Lamentablemente, yo llegué al Pleno, y quiero pedir disculpas por ello, después de que se votara y recibí una información inexacta. 
El Sr. Berthu me dijo que había pensado en pedir él mismo la devolución a comisión, pero luego comprobé que se había votado de conformidad con el artículo 143 y no con el 144 del Reglamento. 
En consecuencia, mi intención de ponerme a disposición para una convocatoria urgente de la Comisión de Asuntos Constitucionales ya no tenía sentido, tras haber comprobado cuál había sido la base reglamentaria del voto del Pleno. 
Señor Dell ' Alba, me gustaría decirle que antes de aplicar el artículo 111 del Reglamento, he reflexionado mucho, como es natural. 
Me he reunido con el Sr. Napolitano, me he reunido con otros colegas y, por supuesto, he estudiado con detenimiento el dictamen de la Comisión Jurídica sobre este problema de admisibilidad. 
En mi opinión, se dan todas las condiciones- lo digo en conciencia, aunque puedo equivocarme- para que, en virtud del artículo 111 del Reglamento, les proponga esta inclusión en el orden del día. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Por tanto, este punto queda incluido en el orden del día como primer punto. 
Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0167/2001) de la Sra. Schleicher, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativa al estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos (COM (2000) 898- C5-0081/2001- 2001/0011 (CNS) ). 
Señora Presidenta, señoras y señores, lamento que se estén celebrando diversas sesiones de forma simultánea, a pesar de que el nuestro es un asunto que concierne a todo el Parlamento. 
Los partidos son el fundamento de la democracia. 
Sin los partidos, en cuya mejor versión luchan por la prosperidad del Estado y de la sociedad, la democracia es inimaginable. 
Los 15 Estados miembros de la Unión Europea están regidos actualmente por formaciones democráticas, es decir, por Gobiernos compuestos por una diversidad cambiante de partidos políticos. 
Por sobradas razones los ciudadanos de los Estados miembros, gobernados de forma democrática, atribuyen un gran valor a esta circunstancia, y por sobradas razones podemos estar orgullosos de ello, en nuestra condición de ciudadanos europeos. 
Muchos se preguntan si necesitamos un estatuto europeo de los partidos políticos. 
El Parlamento Europeo es la única Institución de la Unión Europea legitimada por elecciones libres y directas. 
El Parlamento Europeo ha servido también de cuna de los partidos europeos. 
La colaboración en el seno de los Grupos ha exigido un contacto cada vez más estrecho entre unos y otros y con los partidos nacionales. 
Así, poco a poco se han ido desarrollando nuevas estructuras internacionales de partido y partidos europeos. 
A este respecto, quiero señalar en este punto que el Partido Popular Europeo existe desde 1976, el Partido de los Socialistas Europeos desde 1992, el Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas desde 1993 y, por último, la Federación Europea de los Verdes también desde 1993. 
Si estoy bien informado, entretanto se han constituido dos nuevos partidos políticos, es decir, que actualmente contamos por lo menos con seis partidos políticos europeos. 
El panorama de los partidos políticos no es especialmente claro. 
El número de partidos representados en los Parlamentos nacionales de los Estados miembros es muy diverso. 
Los 626 diputados del Parlamento Europeo proceden de 130 partidos nacionales distintos. 
Italia es, con 23 partidos, el país representado en el Parlamento Europeo por más partidos. 
Estos diversos partidos nacionales se han reunido en ocho Grupos políticos en el seno del Parlamento Europeo, además de otros 14 no pertenecientes a Grupo alguno. 
A partir de estas diversas reflexiones, el Parlamento viene exigiendo desde los años 80 un fundamento jurídico para los partidos europeos. 
Hace 10 años, el Parlamento consiguió hacerse un hueco en el artículo 191 del Tratado de Maastricht, que fue adoptado por los Gobiernos de los Estados miembros por unanimidad. 
Dicho artículo dispone que " los partidos políticos a escala europea constituyen un importante factor para la integración en la Unión. 
Dichos partidos contribuyen a la formación de la conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión ". 
Con el Tratado de Niza, el artículo 191 pasa a constituir un fundamento jurídico por sí mismo. 
"El Consejo, de conformidad con el procedimiento previsto del artículo 251, establecerá el estatuto de los partidos políticos a escala europea y en particular las normas relativas a su financiación." 
Por tanto, los partidos prestan una valiosa contribución a la integración europea que no se debe minusvalorar. 
Este es un trabajo que no pueden hacer los partidos nacionales. 
Para continuar este trabajo, los partidos europeos necesitan oficinas y colaboradores, es decir, con otras palabras, dinero. 
Hasta ahora, los partidos políticos han sido financiados por sus Grupos en el Parlamento Europeo. 
Pero justamente esta financiación indirecta a través de los Grupos políticos ha sido criticada por el Tribunal de Cuentas por su falta de transparencia y por la utilización incorrecta de los fondos del Parlamento, y no está dispuesto a tolerarlo por más tiempo. 
El Presupuesto de la Unión Europea ya prevé para el ejercicio actual los recursos fijados en la línea B3-500, que ascienden a 7 millones de euros para la totalidad de los partidos. 
Esto no es ni mucho menos una cornucopia, como lo ven los envidiosos. 
La distribución de los recursos está igualmente fijada en el Reglamento interno. 
Es de agradecer que la Comisión presentase una propuesta de reglamento en febrero para establecer los requisitos que deben cumplirse para recibirlos. Entre éstos se cuenta la presentación de unos estatutos en los que se acredite que tal partido político europeo se compromete a observar los principios de la democracia, del respeto de los derechos fundamentales y de control de los ingresos y gastos, consagrados en el Tratado de la Unión Europea. 
Esto va más lejos de lo previsto hasta ahora en las leyes nacionales sobre partidos políticos. 
Además, los partidos europeos deben probar, entre otras cosas, que se han presentado con éxito en las elecciones convocadas en al menos cinco Estados miembros o que están representados en el Parlamento Europeo por diputados procedentes de al menos cinco Estados miembros. 
Además, se recogen disposiciones detalladas sobre la aplicación del reglamento y sobre las medidas de control. 
Está prohibido que los partidos políticos europeos financien a los partidos nacionales con sus fondos. 
Esta prohibición se aplica también a la financiación de las campañas electorales. 
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha añadido en sus debates algunas cuestiones, entre las que se cuentan una referencia a la Carta sobre Derechos Fundamentales, la definición de los partidos políticos como personas jurídicas para que tengan capacidad de obrar y prolijas propuestas relativas a las donaciones. 
En este punto debe también agradecerse a las Comisiones de Presupuestos y de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior la calidad de sus propuestas. 
A éstas se añaden ahora otras 40 enmiendas que voy a clasificar con arreglo a tres criterios: precisión del tenor del reglamento, disposiciones detalladas y enmiendas de rechazo de la propuesta. 
Ustedes comprenderán que, en mi calidad de ponente, no puedo apoyar el rechazo de la propuesta, dado que, al fin y al cabo, es el propio Parlamento el que desde hace tiempo viene exigiendo una normativa. 
Tampoco entiendo el rechazo por otra razón que no sea ésta: porque aviva la sospecha de que se quiere poner obstáculos a la transparencia en la financiación de los partidos a nivel europeo. 
Por ahora no puedo recomendar que las disposiciones sean detalladas. 
Este reglamento supone una solución transitoria, hasta que con la entrada en vigor del Tratado de Niza estemos en condiciones de elaborar con el Consejo una normativa más completa. 
Hoy damos este primer paso y, desgraciadamente, antes de la decisión unánime del Consejo sólo podemos emitir nuestra opinión. 
En beneficio del Parlamento Europeo, la crítica del Tribunal de Cuentas debe traducirse lo más rápidamente posible es una solución más cuidada. 
Quiero abordar una cuestión más: el Consejo asistió ayer a la sesión, y ayer recibí el discurso del Presidente del Consejo en nombre la Presidencia del Consejo. 
Es un placer para mí entregársela a la Presidenta del Parlamento. En dicho discurso el Consejo afirma estar interesado en que, en la medida de lo posible, lleguemos hoy a un acuerdo. 
El Consejo está dispuesto a hacer todo lo posible para que, incluso durante la Presidencia sueca, este asunto quede cerrado. 
Por ello quiero agradecer a la Presidencia sueca del Consejo que haya intentado con gran empeño fomentar el trabajo de los partidos políticos dándoles un estatuto jurídico y estableciendo una financiación transparente. 
Esta es una tarea muy difícil, que esperemos que, en interés de nuestra democracia, se vea coronada con el éxito. 
Hago entrega de este discurso a la Presidenta del Parlamento. (Aplausos) 
Señora Comisaria, Señorías, al distinguir la contribución que los partidos políticos europeos hacen a la afirmación de los valores de la democracia y al fortalecimiento de una conciencia europea, el Consejo Europeo de Niza aprobó una adición al artículo 191 relativo al estatuto de los partidos políticos en el nivel europeo y, en particular, a las normas relativas a su funcionamiento. 
Hasta la ratificación de la decisión de Niza es adecuado formular un conjunto de normas aplicables a la creación y la financiación de los partidos que garantice, desde ahora mismo, la eficacia y la transparencia inmediatas en esa esfera. 
Ésa es la orientación de la oportuna propuesta de la Comisión Europea, a la que se suman las que figuran en el informe de la Sra. Schleicher, a quien felicito por la calidad del trabajo realizado. 
La opinión de la Comisión de Presupuestos prevé el fortalecimiento de las garantías de transparencia en la financiación de los partidos mediante, en particular, la identificación expresa del origen y del destino de todas las financiaciones. 
Simultáneamente, se mantiene para la próxima legislativa la distinción clara entre Grupos políticos del Parlamento Europeo y partidos políticos europeos, en particular en cuanto a edificios y a su personal. 
Señor Presidente, a pesar de todo algo va avanzando Europa con este reglamento: sin lugar a dudas, porque consagra jurídicamente los partidos políticos europeos como instrumentos prioritarios para la formación de una opinión pública europea. 
Es decir, que nos aproximamos a los ciudadanos y fortalecemos la democracia. 
En segundo lugar, aclaramos la naturaleza de los recursos de dichos partidos reconociendo la transparencia de su financiación pública comunitaria, sujeta a los controles normales de las auditorías y del Tribunal de Cuentas, al tiempo que la separamos de cualquier promiscuidad con los partidos nacionales. 
Además, dignificamos el Parlamento al atribuirle la competencia del reconocimiento jurídico de los partidos europeos, así como el primer juicio político sobre la adecuación de cada uno de ellos a los valores democráticos comunes en que se basa la existencia de la Unión. 
Este reglamento, que sigue al informe Tsatsos y recoge lo esencial de sus principios, es la primera gran realización del arco institucional sobre el que descansa la democracia europea. 
Abre la puerta a la conclusión urgente del estatuto de los diputados y asistentes y también a la necesaria ley electoral uniforme para el Parlamento Europeo. 
Me parece que estamos dando los primeros pasos en los acuerdos de régimen estructuradores de la democracia comunitaria, basados en la ciudadanía europea. 
Como ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, he de expresar mi admiración sincera por el esfuerzo de la Sra. Schleicher, que ha llevado a cabo la labor del informe con gran apertura, al recibir las contribuciones de las otras comisiones, entre ellas la de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con espíritu abierto y con su actitud ha acabado fortaleciendo esta contribución del Parlamento Europeo, creando confianza en que, como ya hemos tenido pruebas de ello, el Consejo nos comprenderá y en breve tendremos un estatuto definitivo, al menos en el marco de este fundamento jurídico, de los partidos políticos europeos. 
Por tanto, agradezco mucho la labor de la Sra. Schleicher. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hoy es un día importante para la democracia europea, porque siempre hablamos de las instituciones de la arquitectura europea, pero nunca hablamos de los protagonistas. 
Y necesitamos protagonistas que ocupen la escena europea. Y esos son los partidos políticos. 
Me permitirá, señor Presidente, que después de las barbaridades que oí en este hemiciclo ayer, diga una cosa que se basa en mi propia experiencia, compartida con usted, en su país, y con el Sr. Poettering: y es que aquellos que están en contra de los partidos políticos, están en contra de la democracia. 
Los partidos tendrán sus defectos, pero no existe ninguna democracia pluralista en el mundo sin partidos políticos que formen la voluntad popular. 
Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer demagogia con esta cuestión tan importante. 
Tengo que decir que me siento especialmente orgulloso, porque hace diez años casi, día por día, con la participación y el apoyo del Presidente Martens, del Presidente De Clercq, que es todavía colega nuestro, y del Presidente Spitaels, como Presidente del Parlamento, yo hice la primera propuesta que se concretó en el artículo 138 del Tratado hoy- 191- en la cual, de acuerdo con el Presidente Lubbers, conseguimos que los partidos políticos entraran en los Tratados. 
Ahora lo que nos toca es no quedarnos solamente en la proclamación de principios. Lo que nos toca es desarrollar y dar personalidad a los partidos políticos europeos y que no sigan siendo una especie de anexo de nuestros propios Grupos. 
Esta es la razón por la que, aunque discutamos y estemos en desacuerdo en otras muchas cosas, en estos temas esenciales para la democracia estamos de acuerdo. 
En relación con el debate y la elaboración del informe de la Sra. Schleicher, cuyo trabajo saludo, le diría a mi colega, el Sr. Poettering, que estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero le pediría que no se enfade con el Sr. Kunhe, que en la Comisión de Control Presupuestario se planteó una demanda, que nos ha hecho el Tribunal de Cuentas, y le pediría que, hasta las doce, reconsidere su enfado y que apoye estas enmiendas que creo que pueden ser positivas para todos. 
Otro aspecto que nos parece esencial- y ahí también le pediría el apoyo de su Grupo- es que demos un paso adelante en una cuestión esencial para la democracia europea, que es la de la financiación de los partidos, en cuanto a aquellos que pueden aportar fondos. 
Es un debate abierto. 
En Estados Unidos acabamos de ver la iniciativa McCain sobre el soft money y el hard money. 
En muchos países europeos hemos tenido experiencias amargas en este terreno. 
Nosotros no hemos cortado por lo sano, hemos planteado sobre la base de experiencias que han ocurrido en varios países europeos... nosotros lo que decimos es que las personas jurídicas, fundamentalmente las empresas comerciales, no deben tener la posibilidad de dar dinero a los partidos. 
Y estamos por la prohibición en ese terreno, porque creemos que es bueno para la democracia y para la transparencia, porque no se trata de una actividad filantrópica, siempre se pide algo a cambio, y basta con ver lo que está proponiendo el Presidente Bush en el terreno de la energía. 
Y para acabar, señor Presidente, permítame subrayar la feliz coincidencia de que hoy, la mayor parte de esta Cámara y aquellos grupos que tienen una dimensión europea- no hay que olvidarlo, nosotros tenemos dimensión europea -, tengamos miembros de todos los países de la Unión. 
Nosotros queremos un orden, una regulación, transparencia y responsabilidad ante las ciudadanas y los ciudadanos y, por eso, pedimos que en este debate se respeten nuestras posiciones y, sobre todo, que haya una voluntad democrática compartida en un momento decisivo de la construcción europea. 
Señor Presidente, creo que, de conformidad con nuestro Reglamento, debo comenzar diciendo que este asunto me interesa doblemente porque también soy tesorero del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
Si bien es cierto que no se trata de un interés financiero, puesto que desempeño una función no retribuida, o mejor dicho, totalmente honorífica, pienso que en todo caso se plantea un conflicto de intereses políticos. 
Sin embargo, hablo en nombre del Grupo Liberal y no en nombre del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
Este debate debe partir del supuesto de que la situación tal y como la vivimos ahora es realmente inaceptable. En las circunstancias actuales son los Grupos los que mantienen a flote a los partidos. 
Hasta la fecha no había alternativa. 
Era el único método a nuestro alcance, aunque creo que intuitivamente todos comprendíamos que esta situación no podía mantenerse por más tiempo. 
El Tribunal de Cuentas ha confirmado nuestras sospechas, lo cual es positivo. 
Obviamente, no ha sucedido nada misterioso. 
Todo ha sido diáfano y todo el mundo se ha enterado de lo que sucedía, pero no podíamos continuar así. 
Ahora bien, nuestros partidos no pueden vivir del aire. Si no reciben ayudas con cargo a los fondos públicos ¿quién los financiará? 
¿Queremos que los partidos políticos europeos estén a merced de los grupos de presión, trátese de sindicatos o empresas, otras organizaciones no gubernamentales, personas adineradas o de quien sea? 
Es evidente que los partidos políticos deben poder mantener su independencia. 
De lo contrario, nos encontraremos con un panorama a la estadounidense. Con ello no me refiero únicamente al Presidente Bush, sino también a la práctica de que, en realidad, los candidatos sólo se preocupan por captar fondos en lugar de hacer política. 
Necesitamos partidos que funcionen bien. 
Ya lo han dicho con mucha elocuencia los señores Poettering y Barón Crespo. 
Así es como mejor funciona la democracia representativa, a nivel nacional y aún mucho más a escala europea. 
Nuestra democracia necesita estabilidad con vistas a la ampliación. 
En los países candidatos a la adhesión también se hace política. 
También albergan a partidos políticos que han de sentirse cómodos en las familias políticas europeas existentes. 
De cara al futuro es la única manera de reforzar la democracia en este Parlamento. 
Es algo harto importante. 
Además, dicha estabilidad debe contribuir al desarrollo democrático de la Unión Europea. 
Aunque no sabemos cómo evolucionará, no podemos descartar la posibilidad de que algún día dispongamos de uno u otro modo de listas electorales europeas para las elecciones. 
En tal caso alguien deberá nombrar a los candidatos. 
No podemos descartar que se acabe desarrollando un sistema en que uno pueda afiliarse a los partidos políticos europeos individualmente. 
Ello también requiere un mecanismo adecuado. 
Amén de ello, es necesario que los partidos mantengan su independencia. 
En realidad, es totalmente inconcebible que desde el punto de vista financiero los partidos políticos dependan de sus miembros electos. 
Debería ser al revés. 
Los miembros electos deberían ser controlados por su partido político. 
Así es como mejor funciona la democracia. Creo que incluso el presente sistema es mejorable a este respecto. 
Quedan por comentar más cosas. 
Como es natural, estamos plenamente de acuerdo con que la ayuda no puede ir dirigida a los partidos nacionales. 
También coincidimos en que el sistema no tiene por objeto financiar campañas en pro de Europa. 
En nuestra opinión, algunos puntos requieren un examen más detenido, por ejemplo la persona jurídica. 
Tenemos que seguir reflexionando. 
La ayuda a las campañas políticas, por ejemplo, merece un análisis pormenorizado. 
Podremos volver sobre estas cuestiones con motivo de la revisión que tendrá lugar en un futuro no lejano. En ese momento tendremos la oportunidad de perfeccionar el sistema. 
Señor Presidente, por falta de tiempo no tengo la oportunidad de insistir tanto como quisiera en la importancia de los partidos europeos. 
Ahora bien, quien sostenga que los partidos son necesarios también ha de ser consciente de que captan fondos financieros y que, hasta la fecha, esto se hacía de una manera poco ortodoxa. 
Estas prácticas rayaban en la ilegalidad. 
Hace falta una base seria e inamovible. 
Necesitamos transparencia y control. 
Por eso, nuestro Grupo se muestra por principio partidario de prohibir que los partidos políticos reciban donaciones de empresas a fin de salvaguardar la independencia del Parlamento como institución y de cada uno de sus diputados. 
Cada país ha tenido sus escándalos. Sabemos, por tanto, hasta qué punto es necesario ser estrictos y ejercer el control adecuado. 
En caso de que se reciban donaciones, debe quedar muy claro de dónde proceden y en qué se emplean. 
Consiste en poner como norma a cinco países. La idea es no disuadir a ninguna fuerza política siempre y cuando acate los valores democráticos. 
Por lo demás, es importante que los partidos reconocidos dispongan de los medios necesarios para funcionar como tales. 
Los gastos fijos- es posible determinarlos objetivamente- deben estar cubiertos antes de proceder al reparto proporcional de los fondos. 
Por último, hemos de ser muy conscientes de que los ciudadanos vigilarán el sistema de cerca. 
Nosotros hemos de garantizar que se respeten los derechos fundamentales democráticos porque no podemos subvencionar partidos que acaban con la democracia. 
Señor Presidente, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica no es el Grupo político de un partido de izquierdas europeo. 
Los partidos representados en nuestro Grupo mantienen posiciones distintas con respecto al proyecto político de partidos europeos. 
Algunos colegas plantean no sin razón la cuestión de en qué medida estos partidos pueden efectivamente representar a la opinión pública europea. 
El vínculo directo con las personas no se establece a través de Europa, sino a nivel nacional y regional. 
Ahí tienen su arraigo los partidos, ahí están sus militantes, sus electores y electoras. 
Quiero pedir a los Sres. Poettering y Barón Crespo que reflexionen una vez más sobre sus palabras. 
Barón Crespo acaba de decir que los que están contra los partidos están contra la democracia. 
Creo que esto no es cierto. 
En mi opinión, los partidos a veces tienen más bien tendencia a creerse muy importantes. 
Los ciudadanos no muestran por casualidad un acusado escepticismo- por ejemplo, en Alemania- ante la militancia en los partidos políticos. 
Creo que en la República Federal de Alemania son sólo un 3% los pertenecientes a partidos políticos, y no obstante todo son demócratas. 
Encauzan su compromiso social hacia otras organizaciones de la sociedad civil, tales como iniciativas ciudadanas y organizaciones no gubernamentales. 
Quiero decir que no deben negarse a los partidos políticos europeos razones para su existencia. 
Las fuerzas políticas que consideran que estas agrupaciones son adecuadas y necesarias deben poder constituirse en tales partidos. 
Además, yo estoy personalmente convencido de que, como se recoge en el artículo 191 del Tratado, los partidos políticos a escala europea constituyen efectivamente un importante factor para la integración. 
En consecuencia, doy mi apoyo al informe Schleicher y agradezco a la Comisión su iniciativa. 
Con respecto a las críticas formuladas por el Tribunal de Cuentas, considero necesario que se aclare la situación. 
La seguridad jurídica, la disciplina financiera y la transparencia son indispensables, y, a mi juicio, las propuestas relativas al estatuto, en particular las exigencias de plena transparencia de las finanzas y de todo tipo de donaciones, deben quedar recogidas en todo caso en el Reglamento. 
Señor Presidente, Señorías, hablando en nombre del Grupo, he de decir, naturalmente, que las posiciones que aquí expreso no representan la totalidad del Grupo, en el que hay dos sensibilidades a este respecto. 
Pero quiero abordar de nuevo cuestiones de principio que debemos tratar- me parece a mí- con rigor. 
Y comienzo lamentando que en las diversas etapas del debate que celebramos la mayoría, cuya fuerza nunca hemos puesto en duda, nunca se ha molestado en responder a las cuestiones de la legalidad. 
Nos gustaría saber cómo es que se aplica el articulo 308, cómo es que se adelanta al Tratado de Niza, cómo es que se salta de la igualdad de los partidos políticos en el nivel europeo a la creación de una entidad restrictiva: los partidos políticos europeos. 
Pero nunca ha habido una respuesta fundamentada en la razón. 
Quiero también aprovechar para responder con cortesía a los Sres. 
Poettering y Barón Crespo. 
Nosotros no estamos contra Europa, sino contra el atropello del derecho, sobre todo cuando de trata de derechos fundamentales en Europa. 
¡Y tampoco estamos contra los partidos políticos! 
Al contrario, pensamos que este reglamento va contra los partidos políticos con un fundamento perfectamente ilegítimo, porque no está previsto en los Tratados. 
Estamos contra la discriminación ilegítima de los partidos. 
Por lo demás, se dice que lo que interesa es responder a las preocupaciones de un tribunal: el Tribunal de Cuentas. 
En vista de las peripecias por las que ha pasado este reglamento, no me sorprendería que, la primera vez que tratara de este asunto, el propio Tribunal de Cuentas plantease las cuestiones de falta de fundamento jurídico aquí debatidas. 
Quisiera también señalar a la atención de sus Señorías el articulo 191. 
Lo que el Tratado dice es lo siguiente: los partidos políticos en el nivel europeo desempeñan un papel importante como factor de integración en la Unión. 
No autoriza ninguna discriminación entre ellos. 
La única discriminación que puede existir en este Parlamento Europeo se debe a la fuerza de los electores, al voto democrático y no a otro tipo de instrumentos que favorecen a unos en detrimento de otros. 
Señor Presidente, SOS Democracia y el Grupo EDD rechazan unánimemente la propuesta de utilizar el párrafo de goma del Tratado, el artículo 308, para financiar los partidos supranacionales a escala europea. 
El Tratado de Niza introduce un fundamento jurídico especial para las ayudas a partidos políticos y demuestra de esta forma que en el Tratado de Amsterdam no hay base para ello. 
El Tribunal de Justicia ha establecido que el artículo 308 no puede sustituir a las modificaciones del Tratado. 
El fundamento de la propuesta es por ello aparentemente ilegal hasta que el Tratado de Niza haya sido aprobado en todos los Estados miembros. 
El contenido desgraciadamente será también ilegal después del Tratado de Niza pues éste no toca la cuestión de los partidos políticos europeos supranacionales. 
Habla de partidos políticos a escala europea y excluye en una declaración especial la discriminación. 
El informe Schleicher dará a algunos una ayuda especial que otros no podrán obtener. 
Tal cosa choca con el principio de igualdad. 
En una democracia son sólo los electores quienes deciden la composición del Parlamento y la competencia entre los partidos debe ser leal. 
No se puede beneficiar a algunos partidos específicos bien porque se organicen localmente bien supranacionalmente. 
No le compete a la mayoría en este Parlamento corregir los resultados electorales forzando a todos los electores a contribuir a la financiación de cinco partidos comunitarios supranacionales y resulta increíble que la Comisión como guardiana de la legalidad imperante presente una propuesta tan claramente ilegal y resulta inconcebible que hoy el Parlamento vaya a aprobar una propuesta que puede ser declarada ilegal en virtud de la jurisprudencia actual por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Exhorto a los Grupos a que debatan esta cuestión con los propios servicios jurídicos del Parlamento y a que al menos posterguen la votación hasta la próxima sesión. 
Señor Presidente, considero que el episodio de ayer y de hoy es un nuevo episodio negro de nuestro Parlamento. 
Verdaderamente, el que se ha pronunciado esta mañana es un Parlamento de charlatanes. 
Creo que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo encontrará aquí materia 
(El Presidente le retira la palabra al orador) 
Señor Dupuis, también usted forma parte de este Parlamento. 
Trate de medir sus palabras. 
Señor Presidente, en mi opinión, nuestro Parlamento se ha comportado como un bufón. 
Les advierto que estamos trabajando para acudir a Luxemburgo. 
Las razones esgrimidas por el Sr. Ribeiro y por otros diputados sobre la falta de fundamento jurídico son, a mi modo de ver, algo evidente que nuestro Parlamento no ha querido ver. 
También la cuestión de las discriminaciones es evidente. 
Además hay otros aspectos: en este informe se habla de partidos "destinados a durar". 
Señorías, quisiera que ustedes me dijeran qué significa "un partido destinado a durar". 
Existe una justicia política ínsita en este informe: la Mesa de nuestro Parlamento tendrá que decidir si un partido es merecedor o no de recibir financiación. 
Es justicia política. 
He escuchado con interés a los diputados sin demasiadas sorpresas. 
El Sr. Jules Maaten nos dice muchas cosas bonitas, de dónde tendría que proceder la financiación de los partido. 
Pero, ¿qué son los partidos políticos? 
Son la expresión, deben ser la expresión de la sociedad civil y, por lo tanto, o la sociedad civil, los ciudadanos- nadie ha hablado de los ciudadanos- dan dinero a los partidos y, en consecuencia, los partidos viven porque son la expresión de la sociedad civil, o bien están condenados a morir y deben morir si no representan a nadie. 
De esto nadie quiere hablar. 
¡Es increíble! 
Es la burocratización no solo de Europa, sino de nuestras sociedades. 
Son partidos que viven al margen de la sociedad: ejemplo de ello es- lean ustedes el Eurobarómetro del último mes- el distanciamiento cada vez mayor entre ustedes, sus burocracias y los ciudadanos. 
Ustedes han inventado un nuevo impuesto para los ciudadanos que les obliga a financiar sus burocracias. 
Esto es intolerable, es una medida que va en contra de los ciudadanos, y nosotros actuaremos con determinación y acudiremos a Luxemburgo, porque todas estas cosas van en contra de Europa. 
¡Y el Sr. Barón piensa que alguien de aquí está en contra de los partidos! 
Nosotros estamos a favor de los partidos que viven, que son la expresión de la sociedad y no la expresión de la burocracia. 
Señor Presidente, el Sr. Poettering afirmó ayer que, en su condición de demócrata, toma nota de la decisión adoptada conforme al artículo 143, apartado 1. 
Él deseaba que la mayoría de ayer acreditase su carácter democrático si la suerte fuera de signo contrario. 
Puedo asegurarle que nos comportamos como demócratas. 
Justamente para los demócratas es especialmente importante que se cumpla el Reglamento. 
Si, de conformidad con el artículo 143 del Reglamento, se rechaza el debate sobre un punto del orden del día el tratamiento o si el examen del objeto de las deliberaciones es rechazado por razón de inadmisibilidad, a mi juicio no habrá posibilidad alguna de introducirlo de nuevo por arte de magia en el orden del día en virtud del artículo 111, apartado 2, del Reglamento. 
El artículo 111, apartado 2, dispone que el orden del día no podrá ser modificado, salvo que se apliquen, entre otras, las disposiciones del artículo 143, o a propuesta del Presidente. 
Esta es una disposición de carácter excepcional. 
Después de que, en nuestro caso, se ha planteado el caso del artículo 143, el segundo caso no es aplicable. 
Esto significa, con otras palabras, que, en mi opinión, el debate de hoy no se celebra con la debida observancia del Reglamento, razón por la que no voy a seguir hablando sobre este asunto. 
Un último apunte sobre la cuestión del fundamento jurídico: la Comisión propuso en el documento COM 2000/444 añadir el artículo 191 como fundamento jurídico del estatuto. 
Esto ocurrió en julio de 2000. 
No comprendo que ello no haya podido ser objeto de estudio en la comisión. 
Señora Presidenta, en primer lugar, me referiré a la intervención del Sr. Dupuis. Éste ha afirmado que son los ciudadanos y la sociedad civil los que deben decidir si un partido existe o desaparece. 
Y me ha preocupado oír esto del Sr. Dupuis, porque, evidentemente, es un tema que él conoce bien, ya que su partido acaba de desaparecer del mapa político italiano. 
Volviendo a las cosas y a las intervenciones serias, yo soy secretario general de un partido político europeo y, lo subrayo, de un partido que, además, no reside en el Parlamento Europeo. 
Es el único partido que cuenta con una sede propia, una pequeña casa en Bruselas, independiente del Parlamento Europeo y una financiación que en su mayor parte (más del 70%) no depende del Grupo parlamentario sino de los propios partidos miembros de nuestra familia política. 
Creo que hoy es un gran día para la construcción europea, pero iría aún más lejos: hoy se da un gran paso en la construcción de una Europa política. 
Porque los que creemos en una Europa política, y en mi Grupo desde luego creemos en ella, sabemos que los partidos son una parte fundamental de una unión política. 
Los espacios políticos, como los Estados miembros, cuentan con partidos que dan cohesión: Francia, España, Italia, Alemania... tienen partidos nacionales. 
Europa necesita partidos que se ocupen y que trabajen en toda la Unión, y eso será lo que dé cohesión y coherencia a la Unión Europea. 
Por tanto, yo considero que este reglamento es bueno y positivo, por dos motivos: el primero porque, evidentemente, aporta unas reglas y una transparencia para el funcionamiento y para la financiación de estos importantísimos elementos para el futuro político de la Unión Europea. Y, el segundo, por el papel que jugarán estos partidos en el futuro. 
Porque, señora Presidenta, Señorías, una unión política, una Europa de 23, de 25, de 27 o de más Estados va a ser cada vez más difícil de manejar, va a ser cada vez más difícil avanzar y va a ser cada vez más difícil contar con criterios comunes. 
Los partidos europeos son un nuevo instrumento que puede dar coherencia, que puede hacer de columna vertebral de esa unión política que queremos, para encontrar consensos que de otra forma serán difíciles de alcanzar. 
Yo me puedo imaginar, previamente a las reuniones de los Consejos Europeos con 27 primeros ministros, a las distintas familias políticas europeas reuniéndose y alcanzando consensos que son los que servirán para que la Unión Europea pueda avanzar con paso firme hacia el futuro. 
Yo creo, señora Presidenta, Señorías, que no nos damos cuenta de lo importantísimo que es el paso que hoy estamos dando. 
Señora Presidenta, esta propuesta probablemente saldrá adelante como medida transitoria para regularizar lo que actualmente es un sistema defectuoso de financiar nuestros jóvenes partidos políticos. 
Pero estoy de acuerdo con algunos detractores que afirman que la propuesta que debatimos no proporcionará un estatuto definitivo para el desarrollo de los partidos políticos en campaña, los cuales son un factor esencial en caso de que prospere nuestra activa democracia parlamentaria europea transnacional. 
Proponemos una enmienda que mejorará la propuesta, que es la de dotar a los partidos políticos de personalidad jurídica en el marco del Derecho de la Unión Europea. 
Dejar las cosas tal y como están ahora, con quince jurisdicciones nacionales en competencia, será causa de confusión y de problemas futuros. 
Tendríamos que resolverlo ahora y abordar los otros temas pendientes más seriamente y con más éxito una vez entre en vigor el Tratado de Niza. 
También acogemos con satisfacción la enmienda de compromiso, que rebaja el umbral para el registro de partidos políticos de una tercera a una cuarta parte, lo cual beneficia tanto a la justicia como al pluralismo. 
Mi Grupo está ligeramente preocupado al ver que batallas de picapleitos podrían darle un vuelco a este texto que, para nosotros, es importante. 
Esperamos que el hecho de que haya habido una especie de aceptación forzada esta mañana no hipoteque el futuro de este texto porque para nosotros, es imperativo que exista una financiación transparente de estos partidos políticos europeos. 
Porque está muy claro lo que esperan aquellos que rechazan este mecanismo de financiación. Siguen prefiriendo un sistema dónde circulan bajo cuerda maletas con billetes dentro. 
Digámoslo claramente: la copia que ha salido de la Comisión de Asuntos Constitucionales, tal como está, todavía es inaceptable. 
No garantiza de verdad la transparencia. 
El umbral democrático para tener acceso a esta financiación es ciertamente demasiado elevado. 
En cuanto a la naturaleza de la financiación, estamos tremendamente preocupados por el hecho de que, en este marco, las empresas privadas puedan financiar a los partidos. 
También sabemos perfectamente lo que esto significa: cuando una empresa financia a un partido, espera ventajas a cambio. 
Esto se llama corrupción organizada. 
En consecuencia esperamos, ya que ahora hay excelentes enmiendas de transacción encima de la mesa, que esta transparencia sea reforzada, que el umbral democrático, como ha dicho mi amigo Andrew Duff, sea efectivamente rebajado, cinco de inmediato, y una cuarta parte de los Estados miembros después de Niza y, sobre todo, que la financiación privada quede totalmente prohibida, porque nosotros, el Grupo de los Verdes/ALE, no tenemos vocación de organizadores de la corrupción, ni siquiera con transparencia. 
Anuncio aquí que nuestro Grupo no votará a favor de este informe si las empresas privadas pueden, con su dinero, comprarse partidos políticos a escala europea. 
El que haya o no partidos europeos debe ser decidido por los ciudadanos europeos y en una sociedad democrática esto es algo en lo que no se inmiscuye un Parlamento o una Comisión. 
No se habla de crear partidos europeos. 
Se habla de dotar con fondos a los partidos europeos y éste es un tema completamente distinto. 
El problema, tal como lo entiendo, radica en que actualmente existe una zona gris y que algunos escogen la corrupción y otros métodos extraños para conseguir fondos para sus actividades, sin embargo, hemos de exigir que se ponga fin a ello. 
Hemos de exigir transparencia y hemos de exigir que los partidos europeos existentes cumplan al pie de la letra las normas y leyes en lugar de burlarlas. 
Se establece ahora un reglamento en el que se permite a los propios partidos servirse de la caja. 
La afiliación ciudadana a partidos políticos está descendiendo, un 3% en Alemania, lo que seguramente se corresponde perfectamente con la situación existente en mi país de origen, sin ninguna afiliación a los partidos europeos, y en esta situación algunos optan por hacerse de oro. 
Agrandamos enormemente el abismo existente entre la población y nosotros. 
Será difícil enfrentarse cara a cara a nuestros electores en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
Acabamos de vivir un preludio de lo que nos espera si se lleva a la práctica el reglamento que hoy debatimos. 
Hemos visto que el Parlamento hace caso omiso de los Grupos minoritarios en contra de claros principios jurídicos. 
Es obvio que no se puede emplear el artículo 111 del reglamento como hizo la mayoría. 
Es vergonzoso que no haya una sola impugnación legal con motivo de que el Parlamento aprobara ayer rechazar este asunto y hoy diga que tal cosa no significa nada. 
La mayoría decide, la mayoría siempre tiene razón, ésta es la postura. 
Sin embargo, después, una vez que este reglamento haya entrado en vigor, los grandes partidos políticos se enfrentarán a problemas gravísimos. 
Tendrán problemas porque resulta obvio que este reglamento no puede llevarse a la práctica con base al artículo 308. 
Esto está absolutamente claro tras el fallo del Tribunal de Justicia de 28 de marzo de 1996. 
No se puede utilizar el artículo 308 para modificar el Tratado, sin embargo, esto es lo que en realidad se hace, puesto que el Tratado de Niza que incluye al fundamento jurídico necesaria para ello no ha entrado en vigor. 
Ésta es la situación concreta y les aseguro a todos los representantes de los partidos mayoritarios, de los partidos que hoy deciden en esta Asamblea, que haremos todo lo posible por nuestra parte para impugnar este fundamento jurídico. 
Daremos los pasos necesarios para llevar este tema ante el Tribunal de Luxemburgo y les prometo que estallará una tormenta política ante el abuso de poder del que es testimonio este reglamento. 
Señora Presidenta, la propuesta de Reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos no solamente es inoportuna por todos los motivos que expondré en mi explicación de voto, sino que además carece de base jurídica. 
Efectivamente, se fundamenta en el artículo 308 del Tratado que instituye la Comunidad, pero éste sólo puede ser aplicado cuando existe previamente una competencia comunitaria para la que no se haya previsto un poder de actuación. 
El Tribunal de Justicia lo estableció claramente en su dictamen del 28 de marzo de 1996 relativo a una eventual adhesión de la Comunidad al Convenio Europeo de los Derechos Humanos, sobre la bese del artículo 308. 
Declaró que, en un caso como ese, la aplicación del artículo 308 era imposible, porque no existía con anterioridad una competencia general de la Comunidad para definir y para modificar los derechos fundamentales. 
En consecuencia, el Tribunal concluye, en el párrafo 30 de su decisión- que citaré integralmente -: " Al ser una parte integrante de un orden institucional basado en el principio de las competencias de atribución, esta disposición (el artículo 308) no puede ser un fundamento para ampliar el ámbito de las competencias de la Comunidad. 
No puede en ningún caso ser fundamento para la adopción de disposiciones que, en esencia, culminarían en cuanto a sus consecuencias en una modificación del Tratado que quedaría fuera del procedimiento que éste establece al efecto ". 
Hoy, nos encontramos exactamente en este supuesto con los partidos políticos europeos. 
El artículo 191 del Tratado los menciona, pero su valor es meramente declarativo, porque no le confía a la Comunidad ninguna misión al respecto. 
Por tanto, este artículo no puede, en ningún caso, servir de punto de partida para una aplicación del artículo 308. 
No hay competencia comunitaria, y por tanto no se aplica el artículo 308, está claro. 
Para concluir, añadiría finalmente que la reforma contemplada por el Tratado de Niza, que tiende a crear la base jurídica que falta, todavía no ha sido ratificada, y espero que nunca lo sea, porque es contraria tanto a la Constitución francesa como a los principios generales de una sociedad de libertad, en virtud de los cuales los partidos políticos deben ser libres. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señoras y señores, el estatuto de los partidos políticos europeos, sobre el que hoy debatimos, supone un paso hace ya tiempo necesario. 
Por ello quiero agradecer a la Comisión su contribución a que en esta legislatura del Parlamento colmemos esta laguna en la normativa europea junto a los partidos europeos y Grupos políticos. 
Aquí cobra cuerpo lo que en todos los Estados miembros ya es desde hace tiempo ley nacional aplicable a los partidos nacionales, a pesar las diferencias entre las diversas normativas. 
Debo decir que todos los que hablan aquí sobre los partidos políticos, es decir, cada uno de nosotros está aquí porque ha sido candidato de un partido político a nivel nacional. 
Actualmente vivimos en un régimen democrático de partidos. 
Los partidos no son una finalidad en sí mismos. 
Son un medio fundamental para el buen funcionamiento de la democracia y el vínculo entre los ciudadanos, los Grupos políticos y la opinión pública en el proceso de formación y adopción de decisiones. 
Con el reglamento sobre el que hoy debatimos contribuimos al fortalecimiento de la democracia europea, a intensificar el proceso de formación de opinión y de debate dentro de Europa y a la europeización de los partidos nacionales. 
El reglamento contribuye a una mayor transparencia en la financiación de las actividades políticas, a una mayor claridad y a la delimitación de las tareas de los Grupos y partidos políticos, una delimitación que el Partido Popular Europeo- mi amigo Alejandro Agag ya ha comentado este punto- viene impulsando desde hace tiempo con más decisión que otros. 
Asimismo, contribuye a garantizar los derechos de control sobre los partidos políticos por parte del Tribunal de Cuentas. 
Pero el presente reglamento constituye igualmente un requisito básico para el debate que debe celebrarse sobre un Derecho electoral común, sobre un régimen común de incompatibilidades para los diputados de los diversos países, y es también el requisito para el debate sobre la posibilidad de candidaturas de partidos políticos europeos en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Contribuye a la democracia del proceso después de Niza. 
Nosotros, el Partido Popular Europeo / Demócratas Europeos, queremos una mayor transparencia y el fortalecimiento de la Europa de los ciudadanos y no más puertas cerradas- entiéndase Consejo- y secretarías. 
Estamos a favor de la vía legal, de la consagración de la Carta de Derechos Fundamentales como requisito cualitativo para los partidos, de la personalidad jurídica de los partidos europeos y del final de la financiación cruzada. 
Señora Presidenta, henos aquí ante una de las innovaciones de este Parlamento al que, decididamente, no le falta ni imaginación ni brutalidad a la hora de confirmar, de asegurar, de proteger el sistema de circuito cerrado que ha bautizado con el nombre de "democracia". 
Señora ponente, para los autores buenos, su texto es una teratología, es decir, una creación de monstruos, disciplina en la que antes que usted alcanzó la gloria el buen Doctor Frankenstein. 
Así, se nos propone crear ex nihilo partidos políticos europeos, antífrasis excepcional, ya que no se trata de partidos- no serán reflejo de la expresión del sufragio universal, cuyo ámbito sigue siendo nacional -, ya que tampoco se trata de política, dado que el único objetivo de este texto es permitir a los grandes Grupos del Parlamento eludir una decisión del Tribunal de Cuentas Europeo, y dado que todo esto no tiene de europeo más que el hecho de no ser ni africano, ni asiático. 
En realidad, señora ponente, tras la pomposa denominación de partido político europeo se esconde un apaño tan viejo como la humanidad, la gran tómbola a beneficio de los organizadores de la tómbola, o si usted prefiere, una pensión decente concedida a los Grupos parlamentarios más dóciles frente a las instituciones que sin embargo este Parlamento tiene el deber ya sea de controlar- como la Comisión -, ya sea de compartir la decisión- es decir, el Consejo -, una pensión que ha sido acordada por estas mismas instituciones. 
Hablando con propiedad, esto se denominaría colusión. 
Señora Presidenta, me siento como el gran Blondin, justo antes de que comenzara su paseo por la cuerda floja sobre las Cataratas del Niágara. 
Tengo que decir que mi grupo y mi delegación se oponen, en principio, a la regulación o la financiación de los partidos políticos a nivel europeo. 
A nosotros, como a otros diputados de esta Asamblea, nos preocupa profundamente que la financiación propuesta para los partidos políticos europeos carezca de fundamento jurídico. 
De esto se desprende que no podemos mostrarnos a favor de un acto jurídico para que haya una financiación pública de los partidos políticos a nivel europeo. 
Una financiación pública de los partidos políticos europeos es bastante diferente, por tanto, de una financiación pública de los grupos políticos del Parlamento Europeo. 
En el Reino Unido se da short money, como se le denomina, para apoyar a los líderes de los partidos de la oposición en sus actividades parlamentarias. 
Opinamos también que el informe Schleicher no se ajusta a los principios de la Declaración de Niza. 
En el artículo 191 de la declaración se afirma: "Las disposiciones relativas a la financiación de los partidos políticos se aplicarán, sobre una misma base, a todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Europeo". 
El informe Schleicher hace una discriminación bastante clara contra algunos de los partidos y grupos más pequeños. 
Por último, tal como ha dicho el Comisario Patten, "este reglamento es erróneo en principio, no factible en la práctica y discriminatorio en sus efectos". 
Quiero, en cualquier caso, dar las gracias a todos los colegas que comprenden que, como Europa, nuestro grupo y nuestra delegación prosperan gracias a sus diferencias. 
No obstante, por las razones ya señaladas, ese el motivo de que tanto mis colegas británicos como yo nos opongamos a este informe prematuro. 
Para concluir, mi abuelo ya fallecido, Harold Macmillan, sostuvo siempre la opinión de que a los diputados no se les debía pagar, porque cuando se les pagaba se atraía a los tipos equivocados. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, estamos plenamente convencidos de que el artículo 191 del Tratado recoge un principio importante. 
Leo: " Los partidos políticos a escala europea constituyen un importante factor para la integración en la Unión. 
Dichos partidos contribuyen a la formación de la conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión. " 
Si esto es así, si los partidos políticos europeos deben desempeñar el papel que se les ha atribuido, debe, entonces, asignárseles de una forma más abierta y transparente un fundamento sólido y legítimo y los medios necesarios para llevar a cabo su tarea. 
Este es, de forma resumida, el fundamento de la propuesta de reglamento sobre la financiación de los partidos políticos europeos que hoy debatimos. 
En primer lugar, quiero agradecer de todo corazón a la Sra. Schleicher el magnífico trabajo realizado. 
Además, en nombre de la Comisión quiero dar las gracias a los participantes de otras comisiones por las enmiendas presentadas, en particular al Sr. Marinho, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y al Sr. Costa Neves, de la Comisión de Presupuestos. 
En este punto quiero abordar brevemente una vez más la cuestión del fundamento jurídico de la propuesta de reglamento y, a la vista del debate de ayer, resaltar de nuevo que la Comisión, naturalmente, en su condición de guardiana de los Tratados, ha examinado con minuciosidad de qué fundamento jurídico se trata y puede tratarse. 
El artículo 191, en su versión del Tratado de Maastricht, sólo tiene carácter declarativo y no contiene ninguna disposición concreta que permita la adopción de la normativa necesaria. 
Entendimos el urgente llamamiento que se nos dirigió el año pasado tras el informe del Tribunal de Cuentas- que recogía las críticas a las prácticas observadas hasta entonces -, en el sentido de encontrar recursos y medios para un fundamento jurídico sólido. 
Como se sabe, nos decidimos por un proceso de dos vías. 
La primer vía, que nos condujo al éxito de Niza, consistía en añadir al artículo 191 una disposición concreta para poder adoptar en el futuro un acto jurídico por mayoría cualificada mediante el procedimiento de codecisión. 
Al mismo tiempo, sobre la base del artículo 308, hemos propuesto una normativa transitoria. 
Este es un fundamento jurídico sólido para la propuesta. 
En este contexto, nuestra posición se vio reforzada por la señal política dada en Niza desde las más altas instancias. 
Nos complace que la Comisión de Asuntos Jurídicos de este Parlamento preste también su apoyo a la idea de la normativa transitoria sobre la base del artículo 308. 
En su propuesta, la Comisión ha intentado atenerse a dos principios. 
En primer lugar, en la definición de los partidos políticos europeos hemos querido dejar abierto un margen de actuación y posibilidades de desarrollo. 
Pero, al mismo tiempo, también se trataba de fijar estándares democráticos y exigencias mínimas a las posibilidades de representación europea y de garantizar un máximo de transparencia en la financiación. 
Con respecto a la definición de los partidos europeos, permítanme que les diga sin rodeos que los partidos europeos no están obligados en modo alguno a seguir una orientación política europea determinada, pero deben observar los valores democráticos y del estado de Derecho y respetar los derechos fundamentales. 
Como las enmiendas presentadas originalmente ante la Comisión de Asuntos Constitucionales pusieron de manifiesto, hay una gran divergencia entre las opiniones acerca de cómo hacer efectivos los principios relativos a la financiación. 
Quiero pasar a comentar las enmiendas más importantes presentadas ante el Parlamento. 
Compartimos el criterio de que debe haber una referencia a la Carta de Derechos Fundamentales. 
Compartimos también la opinión de que los partidos políticos europeos deben tener personalidad jurídica. 
Asimismo, acogemos con satisfacción una mayor transparencia y una alta transparencia en las donaciones privadas a los partidos, es decir, la revelación pública de dichas donaciones. 
De igual modo, creemos que pueden ser objeto de debate las enmiendas que permitirían poner a disposición de los partidos los servicios del Parlamento, cuyo importe se deduciría posteriormente. 
Además, debe asegurarse que no se produzca de nuevo una financiación oculta de los partidos. 
A tal efecto deberán adoptarse las disposiciones adecuadas. 
Sobre la cuestión de la representatividad, es decir, la cuestión relativa a en cuántos Estados miembros deben contar los partidos con representantes en los parlamentos o a si deben haber obtenido un determinado resultado electoral, estimamos que nuestra propuesta sobre los requisitos a este respecto es equilibrada, y como tal la defendemos. 
Permítanme señalar que la Comisión, tras un largo debate, ha optado de forma expresa por una cantidad absoluta y no relativa, es decir, no un tercio o un cuarto, porque, a la vista del proceso de ampliación, se plantearía lógicamente la cuestión de qué pasaría si en el curso del proceso de ampliación se establecen cantidades diferentes en una misma legislatura. 
¿Qué significa un cuarto con relación a un número de 21 o 23 Estados miembros? 
Esto significa que debería adoptarse de forma constante una normativa específica. 
Por esta razón proponemos de forma expresa la cantidad de cinco Estados miembros. 
Antes sosteníamos que un arreglo extraparlamentario de los litigios relativos al cumplimiento del requisito previsto en el artículo 1, es decir, el cumplimiento de las condiciones para la constitución de partidos políticos europeos, era el procedimiento más adecuado. 
Sin embargo, esta es una cuestión de apreciación política, en la que asumimos la posición del Parlamento, es decir, aceptamos la enmienda 13. 
No podemos aceptar la enmienda 22, relativa a la expiración del Reglamento. 
Por otro lado, dos enmiendas nos plantean considerables dificultades de orden jurídico y constitucional. 
En primer lugar, la enmienda 16, que prohibiría las donaciones de las empresas pertenecientes al sector público. 
Si hacemos abstracción de las dificultades de delimitación, consideramos difícil, a la luz del artículo 295, fundamentar jurídicamente tal prohibición a nivel europeo. 
En segundo lugar, la Comisión encuentra bastantes dificultades en la enmienda 21, relativa a las sanciones. 
Podemos aceptar el apartado 2: "Deberán reembolsarse los fondos obtenidos indebidamente." 
No obstante, ha de señalarse que se trata simplemente de una repetición de las normas presupuestarias ordinarias. 
Naturalmente, no hay nada que oponer a los principios mencionados en el apartado 1, pero el procedimiento es inadecuado. 
Los fondos son concedidos por la Comisión con arreglo a la normativa ordinaria. 
El artículo 274 no ofrece ni al Consejo ni al Parlamento la posibilidad de intervenir en la ejecución del presupuesto. 
La expresión "sanciones financieras adecuadas", recogida en la propuesta de enmienda, es demasiado indeterminada y plantearía problemas jurídicos. 
En lo que respecta a las enmiendas adoptadas en comisión, la Comisión puede aceptar las siguientes: 1, 2, 3, enmienda 5 (el apartado 1) , 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 (parcialmente) , 18, 19, 20 y 21 (parcialmente). 
En lo que concierne a las enmiendas presentadas directamente en el Pleno, la Comisión podría aceptar las enmiendas 23, 31, 32, 34, 37, 56, 58 y 62. 
Las enmiendas 33, 46 y 57, que se refieren al mismo asunto son- como ya he indicado- susceptibles de ser discutidas. 
No obstante, debo poner de relieve una vez más los riesgos asociados a las mismas. 
Quiero hacer un breve comentario sobre el tema de la expiración. 
La Comisión ha propuesto que esta normativa sea derogada una vez transcurrido el segundo ejercicio presupuestario. 
¿Por qué este carácter provisional? 
Debo señalar una vez más que se trata de tener en cuenta en la normativa siguiente la experiencia que hayamos acumulado en los dos años. 
La cuestión de la financiación de los partidos políticos es un punto políticamente muy sensible. 
Por ello, es importante que se discuta con total transparencia y franqueza y que las disposiciones sean transparentes. 
La Comisión espera que, en interés de la democracia, contemos muy pronto con una normativa transparente. 
Así ha de ser en interés de la democracia, en interés de la democracia y de la Comunidad. 
Señora Comisaria, gracias por las indicaciones tan completas que ha tenido a bien ofrecernos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12 horas. 
EUROJUST 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0153/2001) de la Sra. Gebhardt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Portuguesa, de la República Francesa, del Reino de Suecia y del Reino de Bélgica para la adopción de una decisión del Consejo que instituye Eurojust con el fin de reforzar la lucha contra las formas graves de criminalidad organizada (10357/2000- C5-0396/2000- 2000/0817 (CNS) ). 
Señora Presidenta, señor Comisario, queridos colegas, cuando, en nuestra condición de diputados, pensamos en el Consejo de la Unión Europea, no siempre nos embarga un profundo sentimiento de satisfacción. 
No sólo falta la buena voluntad, sino que las dificultades que depara la materia y las diferentes prioridades hacen que la cooperación sea a veces ardua. 
Por ello, tanto más me alegra hoy, en mi cualidad de ponente, que con EUROJUST haya funcionado bien. 
Hemos tirado de la misma cuerda y hemos conseguido avanzar de forma notable en la lucha contra la delincuencia grave transfronteriza. 
Quiero por ello dar las gracias a título personal y en nombre del Parlamento, pero sobre todo en nombre de las personas que viven en la Unión Europea. 
Cuando EUROJUST inicie sus actividades a principios de 2002 y ocupe el lugar de la Unidad provisional para la lucha contra la delincuencia grave organizada transfronteriza, las ciudadanas y ciudadanos tendrán un motivo de alegría, porque entonces Europa habrá dado un gran paso en el camino hacia el espacio de libertad, seguridad y de derecho. 
Así lo esperan de nosotros las ciudadanas y ciudadanos, y estoy convencida de que incluso tienen derecho a ello. 
Por ello agradezco sinceramente a los y a las colegas de la comisión que han contribuido a concretar y mejorar la iniciativa del Consejo. 
Creemos crear de este modo una unidad de coordinación judicial lo más eficaz posible que colabore estrechamente con interlocutores institucionales como Europol y la Red Judicial Europea. 
Pido a este Pleno que apruebe las modificaciones y adiciones a la propuesta del Consejo necesarias a este objeto. 
Permítanme citar sólo unos cuantos ejemplos que permiten reconocer la impronta del Parlamento Europeo en la configuración de EUROJUST. 
En primer lugar, el catálogo de competencias de EUROJUST, ampliado y claramente perfilado es importante. 
Asume los rasgos fundamentales de mi ideal de un ministerio público europeo y va manifiestamente más allá del concepto restringido a veces defendido, según el cual basta con proteger los intereses financieros de la Unión Europea. 
Desde la perspectiva de los ciudadanos y ciudadanas, con este concepto restringido habríamos avanzado muy poco. 
Debemos combatir de forma enérgica todas las formas de delincuencia que suscitan todavía un temor sin duda fundado en la población europea. 
La lucha debe dirigirse contra el fraude transfronterizo, la corrupción y los delitos que afecten a los intereses financieros de la Comunidad Europea, al igual que contra la delincuencia informática. 
Los que se dedican al blanqueo de dinero deben sentirse tan poco seguros como los que dañan el medio ambiente. 
Naturalmente, el ámbito general de competencias de EUROJUST debe comprender también las demás formas de delincuencia incluidas en las competencias policiales de Europol, entre las que se cuentan crímenes tan abyectos como la trata de seres humanos o los actos terroristas que leemos a diario en la prensa. 
En segundo lugar, hemos incluido la protección de datos en los considerandos. 
Esto era, a mi juicio, algo absolutamente necesario, puesto que la lucha contra la delincuencia internacional y organizada no deroga nuestro ordenamiento propio de un Estado de Derecho. 
Esto significa que, en sus actividades de investigación, EUROJUST debe quedar sujeta a estrictas disposiciones en materia de protección de datos. 
En la recogida, tratamiento y utilización de los datos personales se aplicarán en cualquier caso y en la misma medida el Convenio del Consejo de Europa y las disposiciones legales de los distintos Estados miembros. 
En el intercambio de datos personales deberá observarse la protección de datos sin reserva alguna. 
En tercer lugar, queremos lograr que EUROJUST pueda trabajar de la forma más flexible posible. 
Este es un requisito fundamental de su éxito. 
Particularmente importante es el contacto directo y sencillo de las personas involucradas. 
Por ello hemos eliminado de la propuesta a los corresponsales nacionales y todo lo que pudiera fomentar los obstáculos burocráticos en su crecimiento. 
Permítanme por último señalar que el Gobierno belga ha anunciado que quiere concluir los trabajos preparatorios de la unidad definitiva EUROJUST durante su Presidencia del Consejo. 
Con esta anuncio y con la aprobación de este informe por el Pleno, aprobación que ruego encarecidamente, Europa asesta un duro golpe a la delincuencia internacional. 
Señora Presidenta, queridos colegas, desde el acuerdo del Consejo de constituir EUROJUST como una Unidad europea de coordinación de autoridades judiciales y de fiscales, adoptado en la Cumbre de Tampere, ha transcurrido año y medio. 
Esto es un período relativamente corto, si se compara con la evolución en otros sectores de la política europea. 
Este Parlamento, ha acogido y acompañado con gran satisfacción el rápido avance de la situación. 
Después de Europol, la creación de EUROJUST constituye un nuevo e importante paso hacia la lucha efectiva contra la delincuencia organizada transfronteriza en Europa. 
La primera medida en el ámbito judicial, la creación de la Red Judicial Europea, ya fue todo un éxito. 
Así, por ejemplo, con la ayuda de esta Red la fiscalía de la ciudad alemana de Celle pudo organizar en pocas horas la intervención en secreto de un inspector de aduanas en Bélgica, y llevar a cabo una vigilancia en pocas horas junto a fiscales de otro país. 
Algunas peticiones de cooperación judicial, supuestamente olvidadas, han podido prosperar en última instancia. 
Sin embargo, han quedado problemas por resolver, como los relativos a la interpretación de convenios sobre cooperación judicial, de derechos en materia penal y procesal y en el ámbito del reparto de competencias judiciales. 
Los problemas de entendimiento como consecuencia de las lógicas barreras lingüísticas han venido a agravar la situación. 
Con EUROJUST deben superarse estos obstáculos. 
Así, en primer lugar, EUROJUST asume una función de clearing (información). 
Los funcionarios deben elaborar estudios comparados de sistemas jurídicos, resolver litigios bilaterales sobre la aplicación e interpretación de convenios de cooperación judicial y seguir de cerca las medidas de actuación judicial de carácter transfronterizo. 
En el futuro, EUROJUST deberá poder elaborar y transmitir listas de procedimientos de investigación transfronterizos, actuar como registro de información sobre antecedentes penales graves y hacerse cargo de la planificación, coordinación y ejecución de medidas de formación y de formación continuada. 
A través de la creación de EUROJUST se ofrece a las autoridades judiciales la posibilidad de obtener información jurídica fiable, a la vez que se superan los obstáculos lingüísticos, y de resolver litigios transnacionales 
Quiero agradecer sinceramente a la ponente, la Sra. Gebhardt, la elaboración del informe sometido ahora al voto del Parlamento y su positiva colaboración. 
Además de las enmiendas que ella ha introducido, me interesa especialmente una en particular. 
La Red Judicial era hasta ahora un cuerpo sin cabeza. 
Si creamos ahora EUROJUST para ocupar ese espacio vacío, estamos obligados a crear un sistema nervioso común, sin el que la cabeza y el cuerpo no funcionan. 
EUROJUST y la Red Judicial Europea no pueden funcionar por separado o mantener sólo contactos ocasionales, sino que deben conformar una unidad. 
Esto puede conseguirse empleando las unidades de contacto ya existentes de la Red Judicial Europea, en lugar de crear los previstos corresponsales nacionales. 
Sólo así podrá evitarse de forma duradera una superflua dualidad de sistemas en el mismo ámbito. 
Este es el contenido de nuestras propuestas. 
Pido al Consejo que las tenga en cuenta en sus consideraciones. 
De este modo, EUROJUST será todo un éxito y contribuirá a una mayor seguridad de la población europea. 
Señora Presidenta, constantemente, aunque más lentamente de lo que algunos de nosotros querríamos, la construcción de la Unión Europea como espacio de libertad, seguridad y justicia, avanza y crece día a día. 
Hoy estamos debatiendo dos importantes segmentos de la cooperación judicial en materia penal. 
El más importante es justamente la creación de Eurojust que ya se ha puesto en marcha con la constitución de la Unidad provisional que ha preparado el terreno para la definitiva. 
El Parlamento Europeo aprobará, espero, el excelente informe de la Sra. Gebhardt y, por consiguiente, las propuestas de enmienda tendentes a reforzar el papel y la eficacia de Eurojust. 
Dichas enmiendas señalan los cometidos y el ámbito de las competencias de forma suficientemente amplia para evitar dificultades y dudas en las actuaciones y garantizar mejor la seguridad de los ciudadanos, así como establecen mejor las garantías de respeto a los derechos fundamentales, en particular en los referente a los derechos a la defensa y a la confidencialidad de los datos personales y, no por ser menos importante, garantizan la autonomía y la independencia del organismo, como corresponde a su naturaleza de órgano judicial. 
Una cooperación judicial más eficaz en materia penal es un elemento crucial del espacio de libertad, seguridad y justicia para hacer frente al reto de la delincuencia organizada en un espacio de libre circulación. 
Sin embargo, con el fin de poner en marcha concretamente esta cooperación, la complejidad de los procedimientos me obliga a volver a hacer votos por que en el próximo Tratado de la Unión también esta materia se convierta por fin en materia comunitaria, al igual que la cooperación judicial en materia civil, a través de la comunitarización del tercer pilar. 
Señora Presidenta, la historia demostrará que la decisión de crear redes es más importante que muchas otras decisiones que adoptamos. 
Me refiero, por ejemplo, a la red de defensores de los consumidores. 
Es primordial que se respeten las reglas sobre protección a las personas, cosa que ya han mencionado otros oradores. 
Sin embargo, quiero destacar una idea que ha presentado el Sr. Watson: para que todos tengan un tratamiento similar, debe existir también una organización para la asistencia a los acusados, para los que necesitan defensa. 
Desgraciadamente, es sabido que muchos vertidos voluntarios de petróleo constituyen una fuente de contaminación más importante que los accidentes. 
Los fiscales se preocupan poco de esos delitos. Por eso se necesita Eurojust, para colaborar, por ejemplo, en relación con el para mí tan querido Mar Báltico. 
Nuestro Grupo ha presentado la enmienda 28, ya que hay que respetar las diferentes formas de realizar investigaciones. 
En algunos países, como en el mío, las investigaciones están parcialmente separadas de la fiscalía. 
Esto hay que respetarlo, como se hizo también en las conclusiones de Tampere, que sirven de fundamento a esta decisión y a este debate. 
Señora Presidenta, queridos colegas, frente al aumento creciente de la delincuencia organizada, la Unión Europea ha multiplicado las iniciativas tendentes a reforzar la lucha contra las organizaciones criminales y a mejorar la cooperación entre las autoridades responsables de la investigación y la represión. 
La Cumbre de Tampere ha aportado nuevas perspectivas para esta cooperación policial y judicial, considerada durante largo tiempo como el pariente pobre de la unificación europea. 
Es Eurojust, formada por fiscales, magistrados y policías de enlace, que ha sido el centro de atención. 
Pero, ¿cómo programar el funcionamiento adecuado de una unidad cuya vocación es la de ser el futuro fiscal europeo en ausencia de una armonización previa de las legislaciones de los Estados miembros, y de un mínimo acercamiento de sus procedimientos? 
¿El objetivo para los Estados miembros no es alcanzar el estándar más alto posible, que asegure simultáneamente unas garantías procedimentales suficientes y una justicia eficaz para todos los ciudadanos, respetando en todo caso los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la defensa? 
Sin embargo, no nos queda más remedio que constatar que nos encontramos hay ante un órgano que no está sometido a control alguno por parte del Parlamento Europeo. 
Más grave aún es la ausencia de cualquier control jurisdiccional por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, según el artículo 35 del Tratado. 
Otro punto que no debemos olvidar es el tratamiento de la información que la unidad es responsable de asegurar. 
En efecto, será igualmente tarea de Eurojust recopilar datos sobre los registros de antecedentes penales, los informes policiales, los registros de los Estados miembros, dentro de una red. 
Se plantean algunas cuestiones. 
¿Qué protección se otorgará al tratamiento de estos datos? 
¿Quién podrá acceder a ellos? ¿Y quién podrá utilizarlos? 
¿Cuál será el derecho de respuesta y de defensa, e incluso el de rectificación de los datos incorrectos o prescritos? 
El sentido de mis enmiendas es el que condicionará nuestro apoyo a este informe. 
Sí, la Unión Europea necesita una estructura judicial supranacional para coordinar y para reforzar la acción del ministerio público sobre el territorio de la UE en su conjunto. 
El reto es de capital importancia. 
Presupone la voluntad de establecer una política penal común que supondrá una mínima renuncia a la soberanía nacional, lo quieran o no lo quieran los Estados. 
Con Eurojust, se trata de darle un verdadero colaborador judicial a la Europol. 
Toda la eficacia de Eurojust dependerá de la complementariedad y de la plusvalía que la unidad sea capaz de aportar a los demás actores del universo judicial y policial. 
Porque, ¿para qué vamos a crear estructuras supranacionales? ¿Para qué vamos a poner en marcha coordinaciones complejas entre distintos países destinadas a centralizar una investigación, si el magistrado responsable del expediente no dispone de los medios necesarios para culminar con éxito su investigación ni para garantizar la condena de las personas encausadas? 
Para concluir, en lugar de divagar y divagar sobre las posibles competencias de un verdadero partido político europeo, ¿no sería más conveniente establecer de verdad una estructura que se caracterizase por su celeridad, su eficacia, su disponibilidad frente a los ciudadanos de Europa, ofreciéndoles todas las garantías? 
Señor Presidente, plusvalía se considera, de acuerdo con el informe, la creación de ese montaje hipercentralizado y autoritario llamado Eurojust. 
Se trata de una institución formada por jueces y fiscales de los estados miembros con competencias muy amplias- fuera de todo control- en la investigación e instrucción de casos relacionados con la llamada, y nunca descrita, «delincuencia grave transfronteriza». 
Se trata de una institución que podrá reaccionar directamente, al margen de las autoridades nacionales; que podrá incluso apartar a un país miembro de la investigación de un caso, y encomendárselo- ¿con qué criterios? -a otro. 
El brazo derecho de Eurojust lo constituirán el sistema Schengen y Europol, que adquiere así condición de socio institucional. 
Se prevé el mantenimiento de la Red Judicial Europea, en tanto que Eurojust creará su propio banco de datos; es decir, que esta fortaleza autoritaria llamada Unión Europea contará con cuatro procedimientos de control de los datos de los ciudadanos y de los transeúntes. 
La famosa independencia funcional de la justicia, de la que tanto se enorgullecía la democracia burguesa, es condenada al ostracismo. 
Con Eurojust y el subsecuente ministerio público europeo se completa una estructura fuera de todo control y centralista hasta la asfixia, una verdadera pesadilla para cualquier ciudadano individualmente considerado y, sobre todo, para el movimiento popular. 
Observando el rumbo de la construcción europea, constatamos, por una parte, la tendencia hacia la plena liberalización del mercado, es decir, absoluta impunidad para los monopolios en la persecución de beneficios, y, por otra parte, el centralismo autoritario en las instituciones, la militarización de la Unión Europea y la represión. 
Este rumbo lo tienen que invertir los pueblos de la Unión Europea. Lo tienen que invertir, y lo invertirán. 
Esto es lo que muestra la experiencia de mi país, donde el movimiento popular y amplísimas fuerzas democráticas han unido sus esfuerzos y se oponen resueltamente a la nueva autoritaria y antidemocrática ley sobre manifestaciones que estos días el Gobierno pretende que sea votada por el Parlamento griego. 
Señora Presidenta, durante demasiado tiempo ha tenido la Unión Europea sus manos atadas en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia organizada. 
Aprobando la creación de Eurojust, estoy convencido de que añadiríamos una nueva arma para enfrentarnos a las organizaciones delictivas de Europa. 
La delincuencia organizada en Europa nos ha llevado al menos diez pasos de delantera, aprovechando la debilidad de nuestros sistemas jurídicos y económicos. 
Estos delincuentes son expertos en usar las disposiciones jurídicas y las jurisdicciones y han aprovechado al máximo nuestro libre mercado. 
La Unión Europea tiene que dejar de ser incauta ante la delincuencia de gran calibre. 
Las medidas tradicionales de ejecución de la ley ya no son suficientes. 
Las medidas de prevención nacionales se deben completar, cuando sea necesario, con medidas adecuadas de ámbito comunitario. 
La iniciativa especifica que debe incluir el tráfico de seres humanos, y yo deseo insistir en que aquí hay que incluir además el contrabando de inmigrantes ilegales, las redes de prostitución y la explotación sexual de menores. 
Asimismo, estamos hablando de la competencia para castigar los actos de terrorismo, de la protección del euro, de los delitos informáticos y de la protección de los intereses financieros de la UE. 
Abarca también el blanqueo del producto del delito. 
Hoy, en Bruselas, celebra su primera reunión el Foro de la UE sobre el crimen organizado. 
La Comisión debe mantenernos informados tanto a nosotros como al público en general de los resultados de estas reuniones. 
Convirtamos en norma general que todas las políticas conexas de la UE incorporen un elemento de prevención de la delincuencia. 
Hagamos saber que el programa de la UE contra la exclusión social puede ser igualado por la estrategia de prevención de la delincuencia. 
Hagamos saber que el Fondo Regional puede contribuir a los programas nacionales, financiando iniciativas para luchar contra la delincuencia y prevenirla. 
Hagamos saber que las políticas y los programas de cooperación y ayuda de la Comunidad ya incorporan extensamente la lucha contra la delincuencia. 
Asegurémosnos de que toda la nueva legislación sea "a prueba de delincuencia" y de que se evalúe la legislación ya existente. 
Nuestro grupo apoyará este informe. 
Señora Presidenta, en primer lugar, me gustaría felicitarla por su puesto y asegurarle que, como siempre, hablaré en nombre de los diputados radicales del Grupo TDI. 
Mis amigos y yo hemos estudiado a fondo esta cuestión del Eurojust, la cual, francamente, debería llamarse más bien "Euro San Justo", por la forma en que este asunto nos acaba de ser presentado. 
Además, según me han dicho, San Justo era un buen jurista. 
Eurojust plantea muchas interrogantes. 
Por tanto, me alegro de que el Comisario Vitorino esté presente. 
Niza ha rechazado claramente el principio del fiscal independiente. 
Los países no lo quieren, por todo tipo de razones. 
No se puede crear un sistema de represión sin desarrollar al mismo tiempo un sistema de defensa, un sistema de protección de datos, un sistema de garantía legal. 
Van a crear ustedes un organismo burocrático que intentará solicitar a los Estados la posibilidad de iniciar la vía penal, cuando la vía penal está reservada a la magistratura. 
En este punto, las reglas varían de un país a otro. 
En nuestro país, la vía penal es obligatoria, pero no es el caso en otros países. 
Se trata de materias complejas que, en mi opinión, no van a experimentar una mejora con este "Euro San Justo", -el cual, a mi modo de ver, parece derivar de la inquisición a escala europea- si no implantamos un sistema paralelo de control y de legalidad. 
Además, señor Comisario, cuando pienso en las condiciones en las que algunos países han nombrado a sus representantes, por ejemplo, en mi país, que ha nombrado al Sr. Caselli violando las reglas establecidas por la propia magistratura, me hago múltiples preguntas. 
Cuando mi país le envía al fiscal de Palermo, que ha inculpado a los Sres. Andreotti, Muzotto y Contrada, que ha entablado cinco procesos basándose en las confesiones de arrepentidos, y que ha perdido cinco procesos de un total de cinco- las personas a las que había acusado han sido absueltas por la magistratura -, me hago múltiples preguntas. 
Me pregunto hacia dónde vamos si estos métodos se exportan a Europa. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, la delincuencia internacional organizada representa un 10% del volumen de comercio mundial, y una buena parte de ella corresponde a la Unión Europea. 
Si las estadísticas son correctas, la evolución de la delincuencia cobra un cariz de lo más amenazador, pues en la Unión Europea se atribuyen ya un 30% de estos delitos a la delincuencia internacional organizada. 
A la vista de este estado de cosas, debemos preguntarnos si esta Unión Europea sin fronteras ha agotado efectivamente todas sus posibilidades para actuar contra esta delincuencia organizada. 
En relación con la cooperación policial podemos decir que se han hecho grandes avances. 
Ya contamos con Europol, y Europol trabaja con gran éxito en la lucha contra la delincuencia. 
En el sector de la cooperación judicial, sin embargo, lamentamos constatar que esta cooperación no ha hecho más que comenzar. 
Con EUROJUST tenemos un instrumento nuevo que iniciará sus actividades en 2002 y supondrá un avance decisivo en la cooperación entre las autoridades judiciales. 
EUROJUST funciona en principio como Europol. 
Coordina a las autoridades judiciales en la lucha contra la delincuencia organizada. 
Lo que debemos esperar es que funcione la cooperación con las unidades existentes, con la Red de Justicia y con Europol, y que se eviten las investigaciones paralelas. 
Felicito a la ponente por su trabajo. 
Sólo hay un punto en el que no comparto su opinión: ha propuesto Luxemburgo como sede futura. 
Como austríaco consciente de que la ampliación de la Unión Europea se aproxima y sabedor de que Viena se resituará en el centro de la Unión Europea, hago una contrapropuesta a la Sra. Gebhardt: proponer y reclamar no para Luxemburgo, sino para Viena la sede de esta institución. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una primera palabra para felicitar a la Sra. Gebhardt por su excelente labor y también al Sr. von Boettcher, que ha sido el ponente en la sombra del PPE. 
Tenemos presentes las enormes proporciones que la delincuencia organizada y transfronteriza ha ido adquiriendo y que obligan a actuar rápida, común y concertadamente, en particular en la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas, la pornografía pedofílica, el tráfico de personas, la falsificación del euro, los delitos informáticos y el blanqueo de capitales. 
En segundo lugar, estamos dando un paso más con vistas a la creación del Espacio de Libertad, Seguridad y justicia. 
Las decisiones de Tampere están progresando, haciendo su camino, paso a paso estamos construyendo la Europa de los ciudadanos, con un scoreboard de la Comisión, respetando el papel de este Parlamento y con una iniciativa compartida entre la Comisión y los Estados miembros, si bien el Comisario António Vitórino sabe perfectamente que a veces nos gustaba más su iniciativa que la de los Estados miembros, en nombre de la coherencia y la visión de conjunto. 
En tercer lugar, estamos honrando nuestros valores de civilización, los principios del Estado de derecho, según la feliz expresión del Sr. António Vitorino, Eurojust es la contrapartida judicial de Europol. 
Eurojust debe funcionar con el estimable estatuto de independencia, su informe anual no se puede presentar sólo ante el Consejo, sino que también se debe presentar ante la Comisión y el Parlamento. 
En cuarto y último lugar, la protección de datos. 
El Parlamento ya ha señalado esta cuestión: Eurojust deberá cooperar con Europol, con la Red Judicial Europea, con la OLAF, con el sistema de información de Schengen, además de gozar de la información de carácter penal facilitada por los Estados miembros. 
Particularmente importante es encontrar una solución equilibrada entre la garantía y la salvaguardia de los derechos y libertades de los ciudadanos, por un lado, y, por otro, los instrumentos necesarios para luchar contra el delito. 
Y, hablando de las instituciones comunitarias, nunca está de más subrayar que debemos hacer todo lo posible para evitar la duplicación de funciones y el conflicto de competencias. 
Señora Presidenta, Señorías, seré extraordinariamente breve, entre otras cosas para no retrasar el "turno de votaciones". 
La Comisión comparte la visión general que la Sra. Gebhardt presenta en el informe sobre Eurojust y quisiera felicitarla por la excelente labor que ha llevado a cabo. 
Subrayamos sobre todo la importancia de que se encuentren soluciones adecuadas para la articulación entre Eurojust y la Red Judicial Europea, que ha hecho una contribución muy importante al desarrollo de la cooperación judicial en el nivel europeo, así como para formular las condiciones de participación de la propia Comisión y de Europol en la labor de Eurojust. 
En esta fase, la unidad Eurojust no tiene poderes para adoptar decisiones operativas ni para promover en cuanto tal las investigaciones o la presentación a juicio de casos. 
Pero, evidentemente, la evolución natural de Eurojust es la de llegar a esa fase superior de cooperación judicial. 
A eso se debe la importancia, que la Comisión comparte, de las consideraciones presentadas por la Sra. Gebhardt en lo relativo a las garantías de defensa de los imputados, a las normas sobre la protección de datos y a las cuestiones globales de la salvaguardia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Consideramos que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es una importante guía de orientación para la adopción de esas soluciones. 
Compartimos las propuestas de su Señoría, sólo hay un aspecto respecto del cual me gustaría emitir una reserva. Es necesario tener cuidado cuando se formula la competencia de Eurojust en lo relativo al delito que afecta a la protección de los intereses financieros de las Comunidades. 
Nos parece preferible que se hable sobre la competencia en materia de delincuencia económica y financiera. 
Una de las cuestiones más delicadas es la articulación entre Eurojust y la OLAF. 
La OLAF tiene competencias en la esfera del primer pilar; Eurojust surge en el marco concreto intergubernamental en el ámbito del tercer pilar; por eso, habría que evitar, a nuestro juicio, dar la idea de que Eurojust deba participar siempre en los casos en los que la OLAF tome la iniciativa de salvaguardar la protección de los intereses financieros de la Comunidad. 
A ese respecto la especificación de los diferentes ámbitos de aplicación nos parece muy importante. 
Por último, señora Presidenta, en relación con la imaginativa y creativa figura presentada por el Sr. Dell ' Alba, que ha llamado a Eurojust "Eurosanjust". Por mi parte, debo decir que estoy convencido de que Eurojust no es un instrumento de la justicia de los santos. 
Es un instrumento de la justicia de los hombres y con conciencia de las dificultades e incluso de algunos riesgos, como toda obra humana y perfeccionable. 
No es un Santo Oficio, sino que es, al contrario, un primer paso con vistas a garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales y luchar contra la delincuencia en el nivel europeo. 
Perfeccionable, pero un primer paso indispensable. 
Por eso, espero que la Asamblea apoye el informe de la Sra. Gebhardt. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar dentro de un momento. 
Como usted sabe, ayer ocupaba yo la Presidencia cuando irrumpieron en el hemiciclo los manifestantes turcos. 
No es en absoluto mi intención retrasar la votación o reabrir el debate que tuvimos esta mañana, pero considero apropiado que conste en acta mi agradecimiento a los ujieres por su manejo rápido y eficacísimo de la situación. 
Creo que su profesionalidad durante la situación merece ser reconocida. 
Gracias, señor Martin, por esta declaración, de la que tomamos nota con mucho gusto. 
Pido permiso para ocupar un minuto del tiempo de este Parlamento recordando que siete ciudadanos portugueses siguen secuestrados en el enclave de Cabinda, territorio situado al norte de Angola e integrado en ese país africano. 
Son ciudadanos que trabajaban en Cabinda al servicio de empresas portuguesas y, por tanto, totalmente ajenos al conflicto independentista que allí se desarrolla desde hace decenios. 
Señora Presidenta, dos de dichos rehenes están detenidos hace prácticamente un año- repito: ¡un año de detención! -y los cinco restantes, ¡hace más de dos meses! 
Las pocas noticias que nos llegan indican que las autoridades angoleñas ejercen en este momento una enorme presión militar sobre el territorio y, paralelamente, ordenaron recientemente la expulsión de todos los periodistas extranjeros. 
Por tanto, no sabemos lo que allí ocurre y hay una total ausencia de testimonios imparciales en el terreno y, naturalmente, tememos por la seguridad, si no por la propia vida de los rehenes. 
La gravedad del problema propició incluso que solicitáramos, recientemente, la intervención del Sr. Javier Solana en una comunicación que dirigí al Consejo. 
Desde luego, él tendría la posibilidad de propiciar las condiciones adecuadas para la liberación de nuestros compatriotas, objetivo prioritario de esta intervención mía. 
A semejanza de lo que hice, señora Presidenta, por carta, le solicito que promueva, en el ámbito de sus competencias, todos las medidas y presión diplomática sobre los elementos secuestradores y sobre las autoridades angoleñas para que se creen las condiciones que permitan la liberación de los siete rehenes. 
Señor Queiró, hemos comprendido muy bien su mensaje. 
Por mi parte, voy a ver lo que puedo hacer para aclarar esta situación que es, en efecto, absolutamente dramática. 
Pero son las 12 y 20, tenemos muchas votaciones.....Dicho esto, hemos entendido bien su mensaje. 
VOTACIONES 
Señora Presidenta, hace un rato me di cuenta de que esta cuestión, que había sido desechada ayer por la votación de la Asamblea, en los términos del artículo 143, excluida del orden del día por una moción de inadmisibilidad, había sido reintroducida en virtud del artículo111, párrafo 2. 
Sin embargo, este artículo 111, párrafo 2, contempla explícitamente que el orden del día pueda ser modificado por aplicación del artículo 143, lo cual había sido el caso, o a propuesta de la Presidenta, es decir, de usted, señora, pero el término "o" significa claramente, en derecho, una alternativa. 
Dicho de otro modo, si el orden del día ha sido modificado por aplicación del artículo 143, ya no puede serlo, de toda evidencia, por una propuesta de la Presidenta. 
Es el motivo por el cual pongo seriamente en duda la legalidad de la votación que va a sobrevenir, y que ha impedido a numerosos diputados intervenir en el debate. 
Creo que el Tribunal de Justicia deberá zanjar este asunto y no dudo de que una vez más, señora, desaprobará, por desgracia, el concepto un tanto atrevido que tiene usted de sus responsabilidades. 
Antes de la votación sobre la enmienda 12: 
Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 130, apartado 3, del Reglamento, solicito que de las tres enmiendas presentadas, se vote en primer lugar la enmienda de la comisión, cuyo carácter exige una votación separada, y solicito que se tenga en cuenta esta circunstancia. 
Permita, por favor, que se vote en primer lugar la enmienda 12 y luego las restantes. 
Después de la votación sobre la enmienda 54: 
Señora Presidenta, le pido que disponga que se vote en primer lugar la enmienda 63. 
Se trata de una enmienda de transacción de los Grupos del PSE, los Liberales y los Verdes. 
Se ha originado una nueva situación, pues ahora se exige la presencia de los partidos solamente en una cuarta parte de los Estados. 
Sería más lógico, que se votase en primer lugar esta enmienda y luego la propuesta de la Comisión. 
Antes de la votación sobre la enmienda 46: 
Señora Presidenta, permítame que le sugiera que la enmienda 46, que ha sido adoptada, no anule la enmienda 47, que, en opinión de mi Grupo, supone un complemento absolutamente útil y en nada se opone a la redacción del artículo 46. 
Señora Presidenta, he examinado una vez más la documentación y he constatado que con la enmienda 7 ya hemos votado sobre este asunto, que se aborda en la enmienda 28. 
Por esta razón, esta enmienda carece de objeto. 
Considero que este problema tan especial podemos debatirlo de nuevo con el Consejo en un momento posterior. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Propuesta de resolución común sobre la situación en Oriente Medio 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución común sobre las relaciones transatlánticas 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución común sobre el estado del diálogo transatlántico 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0147/2001) del Sr. Cercas, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión "La evolución futura de la protección social en una perspectiva a largo plazo: pensiones seguras y viables" (COM (2000) 622- C5-0011/2001- 2001/2003 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0114/2001) del Sr. Casaca, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe Especial 11/2000 del Tribunal de Cuentas relativo al régimen de ayudas en el sector del aceite de oliva, acompañado de las respuestas de la Comisión (C5-0009/2001- 2001/2001 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0166/2001) del Sr. Buitenweg, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el estado preventivo de los ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2002 (2001/2062 (BUD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Gracias, señora Presidenta, de acuerdo con los usos de esta Casa y con las recomendaciones de los cuestores, quería simplemente decir que, en la línea de la posición expresada hace un rato, ni mis colegas ni yo participaríamos en la votación final del informe Schleicher. 
Ya está, ha sido muy fácil, ha sido poca cosa, y añadiré únicamente un breve comentario, señora Presidenta: no nos tenga miedo, no tema concedernos la palabra, sólo la tomamos para remitirnos al Reglamento y para adecuarnos a los usos de esta Casa. 
Somos, después de todo, mucho menos malvados de lo que nos pintan habitualmente. 
Señor Gollnisch, constato que, en el fondo, se trata al mismo tiempo de una explicación de voto. 
Por consiguiente, tiene usted todo el derecho a presentarla ahora. 
Gracias, señora Presidenta, por concederme el uso de la palabra tras haberle sugerido al público presente que abandone el hemiciclo. 
Me gustaría hacer una observación y al mismo tiempo recordar el Reglamento con relación a la forma en que usted ejerce la Presidencia personalmente, desde hace dos días, ya sea en el informe Schleicher, ya sea en la votación sobre Estrasburgo de ayer, en la que, como sabe perfectamente, nos cogió desprevenidos, ya sea en la forma en que distribuye el uso de la palabra, rechazándosela por ejemplo hace un rato a mi excelente colega Gollnisch. 
Pongo en entredicho la manera que tiene usted de ejercer su función de Presidenta y le informo de que algunos de mis colegas y yo mismo vamos a dirigirle una carta abierta sobre este tema, y nos ocuparemos de que sea ampliamente difundida en la prensa francesa. 
Bueno, creo que no debo responder a esta intervención. 
Me alegro mucho de que tengan ustedes en proyecto esta carta, y será para mí un deber y un placer contestarla con rigor, señor Coûteaux, particularmente el punto según el cual les habría cogido desprevenidos en la votación de ayer. 
Creo que todo el mundo puede dar fe de que esa votación se desarrolló dentro de una perfecta objetividad. 
No es culpa mía que no estuvieran ustedes en el Pleno en el momento de la votación. 
¡Lo siento mucho! 
La Sra. Doyle presentó una cuestión de orden, y estuvimos esperando.... Entiendo que esté molesto, señor Coûteaux. 
¡Verdaderamente, todo esto es bastante tonto! 
Como es natural, comprendo su malestar en calidad de francés, pero no es asunto mío. 
Entiendo perfectamente su malestar, créame, señor Coûteaux. 
EXPLICACIONES DE VOTO- Informe Figueiredo (A5-0155/2001) 
Señora Presidenta, el texto de la Sra. Figueiredo es muy importante. 
Luchar y vencer la pobreza en Europa es, sin duda, una meta que hasta ahora nadie ha conseguido alcanzar. 
¿Lo conseguirá Europa? 
Espero sinceramente que sí, para todos los pobres de Europa, entre los cuales, lamentablemente, hay muchos pensionistas. 
Si lo logramos querrá decir que en Europa hay tres hadas para los ciudadanos más pobres: la Presidenta del Parlamento, Nicole Fontaine, que nos representa a todos, la Comisaria Anna Diamantopoulou que ha propuesto este programa, y la Sra. Ilda Figueiredo que lo ha llevado a cabo. 
El informe de la Sra. Ilda Figueiredo sobre el programa de lucha contra la exclusión social merece nuestro apoyo. 
En verdad, hay que estimular una cooperación que permita a la Unión Europea y a los Estados miembros luchar contra la exclusión social y por la erradicación de la pobreza- realidades aún muy sentidas, por desgracia, en algunos Estados miembros, como en mi país, Portugal -, de conformidad con metas cualitativas y cuantitativas que deben acordar el Consejo y este Parlamento. 
La Comisión deberá facilitar informaciones al Parlamento y al Consejo, anualmente, sobre los avances logrados en el ámbito de este programa. 
Estimular el diálogo con los interlocutores en ese sector y en el nivel europeo, nacional y regional, a fin de luchar con más eficacia contra la pobreza y la exclusión social, así como dar el mayor apoyo financiero a proyectos innovadores con valor añadido en el nivel europeo, son factores determinantes para su éxito. 
Con el fin de permitir una plena materialización de este programa, manteniendo traslados al terreno, permitiendo la participación de las personas en situación de exclusión social y de pobreza y financiando las acciones a cargo de las ONG, resulta imperativo aumentar el importe de referencia a 100 millones de euros, incluidos los gastos técnicos y administrativos. 
También se debe examinar la financiación básica de las principales redes europeas que participan en estas acciones. 
La preparación de una Mesa Redonda Anual de la UE sobre la exclusión social, organizada en estrecha colaboración con la Presidencia del Consejo de la Unión y en consulta con todos los interesados es otra iniciativa de la que no se puede prescindir. 
Por último, quisiera alertar sobre la insuficiencia de los mecanismos de control financiero de las ONG, que requieren una mayor fiscalización, para garantizar una aplicación juiciosa y rigurosa de unos fondos que son públicos. 
. 
(FR) Les recuerdo que la propuesta de la Comisión Europea, que es objeto del informe que hemos debatido hoy, pretende establecer un programa de actuación comunitaria 2001-2005 para apoyar y fomentar la cooperación encaminada a combatir la exclusión social. 
El objetivo de este programa es incitar a los Estados miembros a unir sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Europa, en el marco de un método abierto de coordinación. 
Para obtener una mayor eficacia, esta coordinación debe basarse en planes nacionales de actuación para la lucha contra la exclusión, con líneas directrices fijadas a escala europea. 
Efectivamente, se ha observado que el método funciona bien en materia de empleo. 
El Parlamento Europeo examinó este texto en primera lectura en noviembre del año pasado, bajo la Presidencia francesa, que había apoyado numerosas iniciativas en materia social y que tuvo empeño en hacer de la lucha contra la pobreza una prioridad en la Agenda Social europea. 
En la posición común, el Consejo ha retomado, en todo o en parte, 25 de las 47 enmiendas que el Parlamento había adoptado durante la sesión del 16 de noviembre de 2000, mientras que la Comisión había hecho suyas 31 enmiendas. 
Lamento mucho que el Consejo haya rechazado enmiendas de la mayor importancia. 
Así, ha descartado remitirse a la Carta Social revisada del Consejo de Europa (1996, a la que hay que añadir ahora la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). 
No ha querido adoptar una financiación que alcanza el 90 % de las actividades llevadas a cabo por las ONG en el ámbito del programa de lucha contra la pobreza y la exclusión social, habiendo sido ya aprobado ese mismo porcentaje de financiación para el programa de lucha contra la discriminación. 
La financiación del programa supone también un escollo. 
Considerando que es necesario dotarse de los medios adecuados a los fines perseguidos, el Parlamento Europeo ha querido aumentar la dotación presupuestaria de 70 millones de euros a 100 millones de euros, pero ha sido en vano. 
Igualmente discutible es la negativa a mencionar de forma explícita la participación del Parlamento Europeo a continuación del programa. 
Por descontado, he votado a favor de las enmiendas destinadas a restablecer las disposiciones que no han obtenido el aval del Consejo y/o de la Comisión. 
Considero, efectivamente, que este programa debe ser lo más voluntarista posible. 
Debe ser un instrumento al servicio del fomento de la igualdad de oportunidades entre todos/as los ciudadanos/as, y un gesto político importante por parte de la Unión Europea. 
En efecto, las estadísticas globalmente satisfactorias en términos de crecimiento y de empleo no deben hacernos olvidar que un número demasiado alto de personas permanece al margen de nuestra sociedad. 
El principal centro de interés de este informe es el apoyo a una mayor cooperación entre los quince Estados miembros de la Unión Europea para combatir la exclusión social. 
Creo que es muy importante que trabajemos todos unidos con un espíritu de cooperación para conseguir resolver los problemas de exclusión social en nuestra comunidad. 
A este respecto, acojo con plena satisfacción la creación del nuevo Comité de Protección Social que se incluye como uno de los cambios del Tratado de Niza. 
Se debe dar todo el apoyo necesario a un programa de acción comunitario para combatir la exclusión social. 
La Unión Europea es económicamente fuerte, pero sigue habiendo problemas sociales básicos en muchas áreas rurales y urbanas. 
Lo cierto es que el desempleo de larga duración y el desempleo juvenil están muy concentrados en áreas concretas de la Unión Europea. 
Están concentrados de hecho en muchos puntos negros concretos. 
El establecimiento de iniciativas para solucionar la exclusión social y dar oportunidades a los desfavorecidos en nuestra sociedad debe ser una política esencial de cualquier gobierno de la UE. 
El principio que sustenta este nuevo programa de acción comunitario consiste en crear un método abierto de coordinación entre los Estados miembros para ayudar a erradicar la pobreza y la exclusión social. 
Esto se logrará definiendo unos objetivos específicos que se integren en los planes de acción nacionales, para introducir políticas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades. 
La ejecución del Programa de acción sobre la política social 2000-2005 publicado por la Comisión también ayudará en la lucha contra la exclusión social. 
Se hará especial hincapié en el establecimiento de planes para ayudar a los desempleados de larga duración, así como a los jóvenes que abandonan prematuramente los estudios. 
También habrá un apoyo nacional permanente a los programas locales de creación de empleo de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Asimismo, se intensificará la coordinación de los programas de actuación en el área de la Sociedad de la Información, los modernos servicios de las telecomunicaciones y las actividades relacionadas con Internet. 
No queremos construir una Europa de dos categorías, o una Europa de los que tienen y los que no tienen. 
Es muy importante que se den oportunidades de educación y de formación a los que carecen de cualificación. 
Es igualmente importante dar la oportunidad de reciclarse a aquéllos que ya trabajan. 
La colaboración es la clave siempre y las consultas entre todas las partes interesadas son muy importantes si se desea resolver el problema de la exclusión social más pronto que tarde. 
Mi Grupo se alegra de apoyar el informe Figueiredo, y felicita a la ponente por su comprometido enfoque del tema. 
Pensamos que el incremento propuesto de la financiación es esencial si queremos poder trabajar en serio en la lucha contra la exclusión social y la pobreza. 
Es evidente que el actual sistema económico no está proporcionando un nivel de vida adecuado a mucha gente de la UE y, antes de que arrastremos a los países candidatos en la misma dirección tenemos que saber qué podemos hacer que sea más eficaz para atender a las necesidades de las personas. 
Es evidente que tenemos un número considerable de trabajadores pobres y de personas que no podrán trabajar en absoluto, o trabajar a tiempo completo, y debemos ver qué se puede hacer para que tengan unos ingresos suficientes y otras oportunidades que les permitan participar en la sociedad. 
No podemos asumir que el trabajo es la única actividad que le convierte a uno en un ciudadano de bien. 
Los jóvenes, los integrantes de minorías étnicas, las personas mayores, los discapacitados, los sin techo, los enfermos mentales y muchos otros se ven excluidos en nuestras sociedades de muy diversas maneras. 
Por lo tanto, apoyamos el punto de vista de la ponente de que es necesario un órgano más amplio que evalúe el funcionamiento del programa de acción. 
Rechazamos la opinión de que sólo los gobiernos de los Estados miembros deben evaluar sus propias decisiones en cuanto a investigación y otras actividades. 
Ellos no son los pobres y los socialmente excluidos; por lo tanto, hay un hueco para que la sociedad civil intervenga en la evaluación para ayudar a garantizar que la Comisión y los Estados miembros vayan por el buen camino en sus planteamientos y para aumentar la transparencia. 
Los diputados del Parlamento Europeo representamos a muchos de los pobres y de los socialmente excluidos y también contamos con una valiosa experiencia que podemos aportar a cualquier evaluación. 
Es esencial que se nos dé la oportunidad. 
Informe Ferber (A5-0138/2001) 
Señora Presidenta, se trata de un proyecto de presupuesto rectificativo para los sistemas y la organización administrativa de la política europea de seguridad y defensa. 
El general inglés White de la futura fuerza europea de intervención se encuentra con el capitán italiano Rossi. 
Ambos son mayores y jubilados de la futura fuerza europea. 
"¿ Cómo estás ?" pregunta el capitán. 
"Bien, ¿y tú ?" responde el general. 
"No tanto" contesta el italiano. 
"¿ Por qué ?" 
"Porque mi pensión es baja" dice el capitán italiano. 
"No es posible ," continua el inglés, "mi pensión, en cambio, es muy alta." 
" ¿A cuánto sube? 
¡Ah, es el triple de la mía! 
Pero, ¿cómo es posible que las pensiones de los generales que han servido en la fuerza de intervención europea sean tan diferentes? 
Nos tenemos que acordar de decirle al Sr. Fatuzzo que haga presente que sería oportuno que los sueldos y las pensiones del futuro ejército europeo sean iguales para todos ". 
El proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario (PRS) nº 2/2001 presentado por el Consejo pretende a continuar y acelerar el desarrollo de la Política Europea de Seguridad Común y Defensa (PESCD) mediante la constitución de tres nuevas direcciones en la Secretaría General del Consejo, la contratación de 51 funcionarios, el pago de ayudas de gastos destinadas a expertos militares y la adquisición de equipos de telecomunicaciones y protección de datos. 
Se crean, así, las estructuras de gestión de la PESCD, con lo que se contribuye a acelerar el proceso de militarización de la Unión Europea, proceso que rechazamos y que por sí solo justifica el rechazo del presente PRS y del informe Ferber. 
Por lo demás, el Sr. Ferber no sólo no pone en entredicho ese proceso, sino que, además, "acoge favorablemente la decisión del Consejo de lanzar mediante este PRS una nueva política europea de defensa" y lamenta, además, que ésta no esté más integrada en el primer pilar. 
Con todo, existen también cuestiones institucionales y técnicas que observar. 
Por un lado, al incluirse esos gastos operativos como gastos administrativos del Consejo, se está, por un lado, confundiendo la naturaleza de los gastos y, por otro, eliminando la posibilidad del control democrático de dichos gastos, en particular por parte del Parlamento, que, en la práctica, abdica, así, de su poder presupuestario. 
Pero, además de las cuestiones de democracia y transparencia, se aumenta la presión sobre el límite de gasto de la categoría 5- gastos administrativos- en un momento en que se prepara la ampliación de la Unión Europea. 
La presente propuesta de rechazo, presentada por el Grupo de los Verdes, sólo aborda estas dos últimas cuestiones y acepta en lo esencial la posición del informe Ferber, al no exponer consideraciones sobre las cuestiones de fondo de la PESCD. 
Por eso, no podemos votar a favor de este rechazo. 
Informe Schleicher (A5-0167/2001) 
Señora Presidenta, el Partido de los Pensionistas, que represento en este Pleno, ha votado a favor del estatuto y de la financiación de los partidos políticos europeos. 
Estoy convencido de que, como decía el Sr. Maaten en el informe que ha ilustrado cuando intervino en nombre del Grupo Liberal, Europa se construye también y sobre todo con los partidos políticos europeos. 
A mi modo de ver, sería oportuno que los partidos políticos europeos participasen en las elecciones nacionales, en lugar de que los partidos políticos nacionales participen en las elecciones europeas. 
Europa se construye empezando a construir unas sedes europeas para hacer política. 
Mientras tengamos partidos nacionales, no conseguiremos nunca una Europa. 
Por lo tanto, confío en que se elabore cuanto antes una lista para las elecciones europeas con, al menos, del 10% de nosotros, los electos a nivel europeo. 
Señora Presidenta, el Tratado de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales reconocen la importancia y necesidad de los partidos políticos a escala europea para favorecer la integración. 
Sin embargo, considero que el requisito de disponer de representación en al menos cinco Estados miembros, es decir, en un 33% de los mismos, para poder obtener financiación, es exageradamente restrictivo y da la sensación de que se quieren cerrar las puertas a nuevas ideas y a nuevas formas de entender la política. 
¿Qué pasaría si, dentro de un Estado, se exigiera obtener representaciones parlamentarias en el 33% de las circunscripciones para poder ser considerado como un partido implantado y con derecho a presencia y a medios y financiación públicos? 
Lo primero, que muchos de los partidos de Estados federados y regiones no podrían acceder a los Parlamentos estatales y, con ello, tendríamos menos democracia, menos integración y menos Europa. 
Lo mismo ocurre con los partidos europeos. 
Si queremos favorecer la integración y la formación de la más amplia conciencia y voluntad políticas, debemos disminuir esa limitación y permitir, ya desde ahora, que sea suficiente la representación en tres Estados miembros para ser considerado un partido europeo. 
Además, los pequeños de hoy pueden ser los grandes de mañana. 
No debemos cerrar las puertas al futuro. 
Con este voto los partidos grandes han pretendido arrear con el dinero de los contribuyentes para financiarse. 
En principio, no estamos en contra de una financiación pública de los partidos; sin embargo, somos contrarios a esta forma de discriminación basada en dos factores: los números y el territorio. 
De hecho, esta propuesta excluye los partidos que defienden las identidades territoriales, aunque sean consistentes. 
Un partido podría representar incluso el 80% en su país pero, si no tiene conexiones europeas, acaba por ser excluido. 
Esto significa que en Italia, por ejemplo, no deberían tener derecho a la financiación pública el Südtiroler Volkspartei o la Union Valdôtaine. 
Se trata de una propuesta profundamente injusta, y es por esto que hemos votado en contra. 
Señora Presidenta, le doy las gracias por la forma tan hábil y justa en que usted preside las sesiones. 
Intervengo para hablar del informe de la Sra. Schleicher relativo a la financiación de los partidos políticos europeos. 
La financiación propia propuesta en el informe es sólo del 25 por ciento y, por tanto, la subvención asciende al 75 por ciento, razón por la cual no he considerado necesarias las aportaciones de las empresas. 
¡Y es que algo debe conseguirse también mediante la actividad propia, sin hablar de que también se recibe financiación de los afiliados! 
Por ello, yo voté en contra de las donaciones de las empresas. 
En todo caso, creo que el derroche de cantidades desproporcionadas ha empezado a distorsionar las elecciones, de lo que son un buen ejemplo las elecciones de Italia. 
Es posible que sigan distorsionándose otras elecciones también en el futuro y, por consiguiente, hay que encontrar un techo para el dinero usado en las campañas electorales. 
Señora Presidenta, con este informe Schleicher, entramos en la vía no ya de la corrupción, sino de la corrupción organizada. 
Los grandes partidos, los partidos salientes, los partidos de la institución, van a reservarse el oligopolio, e incluso el monopolio de la financiación de sus campañas electorales y de su propaganda. 
Naturalmente, privarán de ello a los que no alcanzan el tamaño suficiente. 
Pero algo que pocos oradores han puesto de relieve es que no bastará con ser un partido de base europea- lo cual ya es discutible, como ha indicado mi colega Speroni -; habrá que ser no solamente europeo, sino europeísta. 
Como dice la enmienda 2 sobre el considerando 2, habrá que respetar los derechos fundamentales de acuerdo con las disposiciones del Tratado y con las de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
¿Qué ocurriría con los que no estuviesen de acuerdo con los Tratados? 
¿Qué ocurrirá con los que discrepen con la Carta de los Derechos Fundamentales? 
Esos serán los parias, los despreciables, los sarnosos. 
No tendrán financiación. 
Serán perseguidos. 
Como en Bélgica, se les pondrá bajo vigilancia policial. 
Serán llevados a los tribunales. 
Entramos en un sistema totalitario que hoy en día ya no existe más que detrás del telón de acero. 
. 
(FR) La propuesta de la Comisión encaminada a crear un estatuto y una financiación de los partidos políticos europeos, así como el informe Schleicher que la sustenta, carecen de cualquier fundamento legal, como ya expuse en el debate principal. 
La obstinación de los principales Grupos federalistas en continuar, a pesar de todo, con el proceso de adopción, da una idea real del respeto que se profesa a la ley en la Europa que están construyendo. 
Por otra parte, lo mismo cabría decir del gobierno francés, quien, en su nota del 9 de mayo, no ve ningún inconveniente en la aplicación del artículo 308 a un supuesto como ese. 
En cuanto al fondo, el texto propuesto invierte el progreso lógico de una sociedad libre. 
A escala nacional, los partidos políticos son creados por los ciudadanos, irrigados por su participación, y sólo en una segunda fase, la ley puede eventualmente concederles una financiación pública. 
Con el nuevo texto, a escala europea, sucedería lo contrario: la financiación pública a través del presupuesto comunitario estaría orientada a hacer "emerger" partidos políticos europeos, actualmente inexistentes, o bien carentes de una consistencia real. 
Pero la perversión no acaba aquí. 
En el futuro, estas creaciones artificiales serán invocadas para justificar la existencia de una supuesta "escena política europea", que habrá sido a su vez creada como prueba del buen funcionamiento de una "democracia europea". 
Y esta "democracia europea" inventada prácticamente en su totalidad servirá, por su parte, para justificar las sustracciones de competencias a las democracias nacionales, que son las únicas verdaderamente reales. 
Esta máquina antidemocrática de saqueo a los pueblos funciona a pleno rendimiento, activada en este caso por el afán de enriquecimiento, dado que los ectoplasmas que hoy se denominan "partidos políticos europeos", sostenidos por sus amigos del Parlamento Europeo, esperan con impaciencia el momento en que podrán alimentarse con fondos públicos. 
A estas razones de fondo que motivan nuestra oposición vienen a sumarse muchos otros argumentos vinculados a la irregularidad del texto presentado, porque otorga un "estatuto" a partidos políticos que deberían permanecer libres, porque ha dado un sesgo a favor de los partidarios de la supranacionalidad, porque instituye una verdadera justicia política, porque impone discriminaciones indefendibles en detrimento de los partidos nacionales que actúan directamente a escala europea. 
Con textos como éste, se ve cuán inexistente es, en Francia, el control de la constitucionalidad de los actos de derecho comunitario derivado. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor del informe de Ursula Schleicher sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos. 
El Tratado contiene disposiciones sobre los partidos políticos. 
El objetivo más importante de este estatuto es crear transparencia sobre la financiación de los partidos políticos europeos. 
Las enmiendas del Parlamento Europeo suponen un endurecimiento considerable de la propuesta de la Comisión que respaldamos completamente. 
Un punto importante lo constituyen las exigencias planteadas en materia de representividad a los partidos europeos. 
Somos de la opinión de que las exigencias no deben ser tan duras que sólo sean los grandes partidos quienes cumplan las normas. 
Es importante reconocer que los partidos más pequeños, sobre todo a raíz de la ampliación, contribuyen también decisivamente a la democracia europea. 
Hemos votado en contra del informe por dos razones fundamentales: 
La primera razón atañe al contenido del informe. 
Favorecer a las agrupaciones políticas más grandes con respecto a las agrupaciones más pequeñas choca con los principios democráticos. 
La idea claramente es beneficiar económicamente a los grupos políticos más grandes del Parlamento Europeo sin que quede demostrado de ningún modo si éstos representan a la población de nuestros países mejor que los grupos más pequeños. 
La segunda razón atañe a la incertidumbre jurídica y a la falta de fundamento en los Tratados y al hecho absolutamente inaceptable de la nueva presentación de la propuesta por parte de la señora Presidenta aunque se aprobara rechazar su debate en virtud del artículo 143 del Reglamento. 
- (PT) Sabido es que somos contrarios a la creación de "partidos políticos europeos" o de otras formas de organización con características supranacionales, dado que avanzar por este camino significa claramente un paso más hacia el fortalecimiento de la orientación federalista de la Unión Europea y anticipa previsibles medidas en ese sentido. 
Aunque esta iniciativa de los partidos europeos sea presentado como forma de superar la crítica del Tribunal de Cuentas a la financiación de Grupos políticos del Parlamento Europeo viene impuesta por las fuerzas dominantes en la Unión Europea sin que exista un apoyo real para la creación de tales "partidos europeos", dado que el Tratado de Niza ni siquiera ha sido ratificado por ninguno de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. 
Por último, conviene mencionar también el desacuerdo de principio con innumerables aspectos incluidos en la actual propuesta, en particular en cuanto a los criterios para su formación y posibilidad de financiación. 
Por toda Europa, la financiación de los partidos políticos está empañada por una sordidez que es negativa para los partidos democráticos. 
Por ello creo que la financiación europea de la actividad política de ámbito europeo, esté a favor o en contra de la Unión Europea, debe contemplarse seriamente, siempre que dicha actividad se mantenga dentro de los parámetros aceptados de los valores occidentales. 
No obstante, tengo serias reservas sobre algunas de las propuestas pormenorizadas del informe, aparte de considerar que no cuenta con una base jurídica adecuada. 
. (EL) Cuando el Tratado de Niza, que prevé las modalidades de financiación de los partidos políticos europeos, no ha sido aún ratificado por los Estados miembros, y, por consiguiente, no ha entrado aún en vigor, el Consejo y la comisión parlamentaria correspondiente traen al Pleno, con no poca precipitación, un informe sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos. 
Pretexto para la precipitación es la supuesta preocupación de la UE por la creciente abstención en las elecciones. 
Este argumento no tiene sombra de verdad; cosa que, por otra parte, ponen de relieve tanto la gran participación en las recientes elecciones italianas, como todas las investigaciones al respecto, que hablan de decepción e indiferencia de los electores (a causa de la inconsecuencia entre palabras y hechos de los partidos burgueses) por las componendas de Bruselas y Estrasburgo. 
Esta distancia se hará aún mayor con la fundación de partidos europeos que mantendrá vínculos aún más relajados con sus votantes. 
Con el atractivo de incentivos económicos especiales, se legislan normas, vinculantes en lo fundamental, para la fundación y funcionamiento de los Partidos Europeos. 
Estas rígidas normas se refieren, por una parte, a su estatuto, y, por otra, a la fuerza electoral que debe reunir un partido para ser considerado "europeo" y hacerse así acreedor a la financiación correspondiente. 
De tal suerte que "tiene que estar claro que el partido en cuestión se ocupa de temas europeos. No obstante, no puede obligarse naturalmente a un partido a defender una posición favorable a la integración". 
Ese "defender" es bastante sospechoso. 
¿Será admitido un partido que, como en el caso del Partido Comunista de Grecia, no es que no defienda una posición favorable, sino que "defiende" una concepción claramente contraria a la construcción europea? 
Más adelante se afirma que no puede ser considerado europeo un partido político que propugne la «intolerancia». 
O sea, ¿que la intolerancia propugnada frente al fascismo, y mucho más frente al enemigo de clase y frente a la explotación de la clase obrera, es condición excluyente?. 
Por lo que respecta a la fuerza electoral, se proponeque un partido disponga de representantes electos europeos, regionales o nacionales en al menos cinco Estados miembros (o en un tercio de los estados miembros, o en un cuarto, de acuerdo con la votación de hoy) , o haya obtenido en las últimas elecciones al Parlamento Europeo como mínimo un 5% de los votos en cinco Estados miembros de la Comunidad (o en un tercio, o en un cuarto). 
Se trata de una intervención directa en los sistemas electorales de cada uno de los países, con la introducción de porcentajes electorales muy altos, que en la práctica excluirán a las voces que se alzan en contra del llamado «ideal europeo» , es decir, en contra de la naturaleza imperialista de la UE. 
Finalmente, en nombre de la transparencia, se prevé la publicación de las fuentes de financiación. 
Y como, por otra parte, no se fija ningún límite, se puede suponer que se registrarán incluso los nombres de los afiliados y simpatizantes que cotizan a partido. 
El informe considera un logro en el ámbito de la transparencia la prohibición de donaciones de empresas públicas a un partido. 
¡Estaría bueno que dijera lo contrario! 
El problema, sin embargo, lo constituyen las donaciones procedentes del poderoso sector privado, sobre el que se guarda el más absoluto silencio. 
La proyectada creación obligatoria de partidos europeos constituye una descarada intervención en el sistema político de cada uno de los países. 
Se propone debilitar el papel de los partidos nacionales, y particularmente el de aquellos que se oponen a la Unión Europea. 
Los partidos son entidades que deben expresar la libre voluntad de sus miembros, tanto en lo que respecta a sus programas, como en lo que atañe a sus normas de funcionamiento. 
Con la creación, desde arriba, de los partidos políticos europeos se pretende que los pueblos acaben considerando irreversible, derrotero fatal e ineludible, la construcción imperialista de la Unión Europea; se pretende aislar y, si fuera posible, excluir del Parlamento Europeo a las voces contrarias; y se pretende, igualmente, alejar, aún más, a los trabajadores de los centros de poder en los que se adoptan decisiones que les afectan directamente. 
- (NL) Los partidos deben crearse desde abajo, no desde arriba. 
Los partidos auténticos no nacen porque las estructuras estatales necesiten organizar una lucha entre rivales con motivo de las elecciones, sino porque existe un grupo de personas con ideas, intereses y actividades comunes. 
Ahora bien, los defensores de un Estado europeo de las naciones han descubierto que no hay opinión pública europea. Para colmar esta laguna pretenden introducir artificialmente, desde arriba, dirigentes y estructuras que deben intentar crear tal opinión. 
De momento, cuatro agrupaciones de partidos más o menos correligionarios de diferentes Estados miembros se han organizado como partido europeo. Dicho partido se financia en parte con dinero procedente de los grupos políticos comunes del Parlamento Europeo. 
A mi juicio, la propuesta es sobre todo un instrumento para legalizar este abuso. 
El hecho de que los partidos se beneficien del dinero del contribuyente y hayan de atenerse a una normativa impuesta por las autoridades refuerza la desconfianza de los ciudadanos hacia lo que ellos consideran una élite política. 
La creación de un partido europeo centralista puede poner en peligro, dentro de un marco político común, la participación de sus miembros, la democracia de partido y las prioridades de los diferentes Estados miembros. 
Aunque me congratule de que la presente propuesta no discrimine a los partidos por razón de su ideología y sus dimensiones y aunque prohiba las donaciones de empresas, voto en contra. 
El Partido Socialista del Parlamento Europeo apoya la propuesta de establecer unas directrices claras y transparentes para el funcionamiento de los partidos políticos europeos y para regular sus finanzas. 
Los partidos políticos europeos ya existen y obtienen fondos públicos a través de sus grupos políticos en el Parlamento Europeo. 
Por lo tanto, es importante que regulemos esta cuestión. 
Las nuevas reglas harían que el sistema fuera más visible, más abierto, más transparente y, sobre todo, más justo. 
La democracia exige que los partidos den posibilidades de elección al electorado y articulen las opiniones de los votantes. 
A nivel europeo, nos recuerdan que, en casi todos los ámbitos de actuación, nuestras diferencias de opinión no son entre Estados miembros, sino entre distintas filosofías y puntos de vista políticos que existen en todos los Estados miembros. 
. (SV) He votado en contra del informe por las siguientes razones: falta un fundamento jurídico en el artículo 308 del Tratado que dé derecho al Parlamento Europeo para tramitar este asunto en este momento. 
Al exigir altas cifras para calificar a un partido como europeo, las normas tienen un efecto excluyente y discriminatorio desde un punto de vista democrático y financiero. 
En consecuencia, no promueven la justicia ni protegen a las minorías. 
Reconocer a las empresas el derecho a respaldar las finanzas de los partidos calificados como europeos, como en la política estadounidense, entraña riesgos evidentes. 
Los parlamentos y los gobiernos de los 15 países miembros no ratificarán el Tratado de Niza antes de que termine el año 2001. 
Sólo entonces podrá tratarse en el Parlamento Europeo el tema de la financiación de los partidos políticos europeos. 
Resulta precipitado decidirlo hoy. 
El Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas discernirá si es posible invocar el artículo 308 como fundamento jurídico. 
Estoy convencido de que la decisión de hoy será declarada contraria al Tratado y, en consecuencia, anulada. 
El artículo 308 dispone: "Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes". 
El Parlamento Europeo opina que para que una asociación de partidos tengan derecho a subvenciones de ámbito europeo que se financien con dinero de los contribuyentes, deberán contar al menos con el 5 por ciento de los votos en al menos una tercera parte de los Estados miembros o estar representados en el Parlamento Europeo y en algún parlamento nacional o regional en un tercio de los Estados miembros. 
La Comisión no quiere cifras relativas, sino que un número fijo de Estados miembros (cinco, independientemente del tamaño de la UE). 
El umbral democrático del Parlamento Europeo se hace demasiado alto. 
Grandes grupos de ciudadanos, representados hoy en el Parlamento Europeo, pueden quedar excluidos de esta financiación que podrían recibir los partidos políticos del ámbito europeo. 
La redacción del artículo 3 sobre el concepto de organizaciones políticas europeas y partidos nacionales denota de una visión del futuro que no comparto: "El partido o sus secciones en el ámbito nacional". 
De esta manera, el Parlamento Europeo ha relegado a los partidos políticos nacionales a ser futuras "secciones en el ámbito nacional", un tipo de organizaciones periféricas de lo que se denominará partidos políticos europeos y que los contribuyentes de toda Europa tendrán que contribuir a financiar. 
El Partido Cristianodemócrata de Suecia, presidido por Birger Ekstedt desde su fundación en 1964 y por Alf Svensson desde 1973, fundado por pioneros con gran espíritu de sacrificio, tenacidad y fe en el ideario humanista cristiano y en el esencial significado de la ética y de la familia para la sociedad, es algo más sustancial e importante para la democracia que lo que se describe como "una sección en el ámbito nacional". 
. 
(FR) Los debates que ha generado el examen del informe Schleicher a lo largo de la presente sesión plenaria revelan desviaciones antidemocráticas particularmente preocupantes en el seno de las instituciones comunitarias, y muy en concreto en el seno de este Parlamento. 
La democracia es, ante todo, respeto a la ley. 
Sin embargo, todo el mundo, incluso los que pretenden lo contrario, sabe perfectamente que este proyecto de financiación de partidos políticos europeos carece de base jurídica. 
El artículo 191, como ha puesto de relieve el Sr. Berthu, no puede fundamentar la puesta en práctica del artículo 308. 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia es sobre este punto de una claridad meridiana. 
No hay competencia comunitaria. 
Pero la mayoría de esta Asamblea, al igual que la Comisión, finge ignorarlo, porque el asunto es vital para los partidos y para la ideología federalistas. 
En realidad, lo que está en entredicho es efectivamente, por una parte, la alimentación financiera de un cierto número de grandes partidos en los que las cuotas de los afiliados ya no bastan para mantener vivas las burocracias, y que se ven muy estrechamente limitados por rigurosas disposiciones nacionales anti-corrupción, y, por otra parte, la creación de un nuevo instrumento de federalización forzosa que viene a limitar la libertad de elección de los pueblos. 
La democracia es, además, transparencia. 
Sin embargo, es de temer que el sistema de financiación para partidos europeos supranacionales propuesto por la Comisión y el informe Schleicher constituyan un canal privilegiado de corrupción, y en particular de blanqueo de dinero negro, a partir del momento en que las donaciones de personas jurídicas son posibles sin limitación y las donaciones de personas físicas son aceptadas en un marco especialmente permisivo. 
Así, la financiación europea permitiría esquivar y contrarrestar los esfuerzos nacionales encaminados a moralizar y a dar transparencia a la financiación de los partidos políticos mediante una regulación muy estricta. 
La democracia es igualmente respeto a la minoría. 
Sin embrago, la forma en que el debate sobre el informe Schleicher, tras haber sido declarado inadmisible por nuestra Asamblea, ha sido reinscrito a la fuerza esta mañana por una mayoría arrogante y escasamente preocupada por el respeto a la ley, así como las inquietantes palabras del Sr. Barón Crespo, calificando a la minoría de nuestro Parlamento de "comando", son preocupantes hasta el extremo. 
Más le valdría a la mayoría de una Asamblea que se jacta de dar al mundo entero lecciones en materia de respeto al derecho de las minorías, empezar por respetar la que existe en su propio seno. 
Es importante que en una Europa democrática haya partidos europeos. 
De este modo, los ciudadanos pueden votar directamente por un partido. 
Las elecciones, así como las listas y cabezas de lista europeas, deben sentar las bases para la composición de la Comisión Europea. 
La creación de partidos europeos serios requiere un fundamento jurídico adecuado. 
A este fin es fundamental que dispongamos de unos criterios de financiación transparentes, aparte de que debe estar garantizada la independencia de los políticos y de los partidos políticos. 
No nos vendemos. 
Es inconcebible que se acepten donaciones de empresas públicas o del mundo empresarial, por insignificantes que sean. 
Estamos al servicio del ciudadano que nos ha elegido. 
Las empresas consideran Bruselas como un lugar atractivo para ejercer presión. 
Aunque los grupos de presión nos facilitan a menudo información útil, el conflicto de intereses entre el Parlamento Europeo y sectores como la industria farmacéutica- pensemos en los precios de los medicamentos destinados a combatir el sida- y la industria automovilística- el problema de la normativa en materia de medio ambiente- nos impide aceptar dinero suyo. 
Dado que nos hallamos en la fase inicial de la construcción de los partidos europeos es conveniente que lo hagamos bien desde el principio, creando una única norma europea. 
Hago un llamamiento a los Verdes, los Liberales y los Demócrata-Cristianos para que respalden esta norma. 
Informe Jové Peres (A5-0137/2001) 
Ya es casi hora de comer, señora Presidenta. 
¿No nota el perfume del aceite de oliva en la mozzarella napolitana, en el tomate del sur de Italia, con un trocito de parmesano y una buena copa de vino tinto o de cerveza? 
Es la dieta mediterránea que hace que los italianos vivan más y sean pensionistas durante muchos años, pese al dolor de las finanzas y de los ministros de Finanzas de los distintos Gobiernos. 
Señora Presidenta, ante esta imagen, ¿acaso podía votar en contra de una propuesta para incrementar la producción de aceite y regularla con el fin de que el aceite de oliva no falte nunca en Europa? 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra del informe del Parlamento relativo a la organización común de mercado del aceite de oliva. 
El informe no reconoce que ha existido un amplio fraude con el régimen de ayudas al olivo y se muestra contrario a la propuesta de la Comisión de introducir modificaciones en las ayudas. 
Actualmente la UE concede ayudas por tonelada de aceite de oliva. 
Esta forma de ayudas exige controlar la producción real. 
Este control no ha funcionado satisfactoriamente. 
Los Estados miembros han cumplido mal con su labor de control. 
La Comisión propone a largo plazo introducir ayudas por olivo en lugar de tonelada de aceite de oliva. 
Esta forma de ayudas exige la introducción del llamado sistema de información geográfica que permite el control de las declaraciones de cultivo de los productores con la ayuda de fotografías aéreas. 
La Comisión propone prorrogar el sistema actual durante dos años hasta que esté listo este sistema. 
Respaldamos la propuesta de la Comisión y esperamos la reforma de todo el sector junto al resto de la política agraria bajo la Presidencia danesa dentro de dos años. 
. (EL) Las enmiendas propuestas por el ponente de la Comisión de Agricultura mejoran, sin duda, la propuesta de la Comisión; no consiguen, no obstante, liberarse de la lógica del reglamento, y no abordan las cuestiones fundamentales que preocupan hoy a los productores de aceite y al mercado del aceite de oliva; cuestiones como la supresión del mecanismo de intervención pública, la impunidad y la acción especulativa de los grupos industriales y comerciales y de las multinacionales, las bajas cuotas y las severas multas de corresponsabilidad, es decir, las desastrosas consecuencias del reglamento 1638/98, que condujeron al hundimiento del mercado del aceite de oliva, a que sus precios quedaran por los suelos y a que se volatilizaran los ingresos de los productores de aceite, que son en su conjunto pequeños y medianos campesinos de territorios áridos e insulares. 
La Comisión hace la vista gorda a todos estos efectos consciente e interesadamente y ni siquiera se plantea como posibilidad el restablecimiento del mecanismo de intervención pública, de suerte que se garanticen unos ingresos mínimos a los productores; no tiene tampoco ninguna propuesta de aumento de las cuotas, de manera que pudiera cubrirse al menos la producción real. La Comisión, por el contrario, centra supuestamente su atención en la calidad del aceite, como si hasta hoy el producto más saludable, el mejor para la salud de los consumidores, fuera completamente inadecuado. 
El supuesto interés de la Comisión por la calidad del aceite de oliva es hipócrita y desorientador; puesto que mientras que parece interesarse por la calidad, permite la mezcla y comercialización del aceite con diferentes aceites de semillas; y es que con esta mezcla se venden grandes cantidades de aceites de semillas que no tienen punto de comparación desde el punto de vista dietético con el aceite de oliva. 
La razón muy sencilla: con esta mezcla los grupos industriales y comerciales y las multinacionales obtienen muchos más beneficios. Ilustrativo para todos de las inconfesables intenciones y de la hipocresía de la Comisión es también el planteamiento de la aplicación de medidas como el apoyo por árbol, con total indiferencia por las dramáticas consecuencias que esto tendrá tanto para los propios olivares como para la calidad del producto, e igualmente para el empleo y para la renta de los productores. 
Y todo esto al mismo tiempo que la Comisión regula la legalización de la mezcla, es decir, de la adulteración del aceite de oliva; al mismo tiempo que la Comisión se propone prohibir la comercialización del aceite de oliva en envases de más de cinco litros, con el pretexto de evitar la adulteración; como si la adulteración no fuera posible en envases de menos de cinco litros. 
Está claro que esta medida no se dirige a la mejora de la calidad, sino a favorecer la monopolización del comercio y de la circulación del aceite de oliva por los grupos industriales y comerciales y las multinacionales. 
Para terminar con la situación actual, tan desastrosa para los productores de aceite, se necesitan cambios en el estatuto de la OCM del aceite, y no unas pocas intervenciones parciales en aspectos secundarios. 
Desgraciadamente, la Comisión cuenta en sus inadmisibles actuaciones con la cobertura que le brinda la actitud cómplice del gobierno griego. 
Informe Gebhardt (A5-0153/2001) 
Señora Presidenta, algo deplorable en el documento al que responde el informe de la Sra. Gebhardt es que, como dije en la explicación de motivos, el Parlamento comentó en detalle la protección de los derechos individuales, que no aparecían en absoluto en el texto del Consejo. 
Me parece que cada paso que demos, justificadamente, en esta dirección, debe ser, al mismo tiempo, un paso que reconozca en grado máximo la protección de los derechos a una defensa y de los derechos de las personas acusadas de delitos en todas partes de la Unión. 
Esto no debe convertirse en una forma de alcanzar el menor factor común de protección. 
Lo que debe ocurrir es que siempre que haya personas implicadas en procesos penales éstas consigan el mayor grado de respeto de sus derechos de defensa. 
Quiero comentar que la disposición sobre los representantes nacionales permite que haya sustitutos. 
Espero que el Reino Unido, al designar personas, tome nota de que hay dos sistemas distintos de justicia penal en el Reino Unido. 
Señora Presidenta, ayer por la noche, en la fiesta del espárrago- en la que participé y por la que he dar las gracias al alcalde de Estrasburgo por habernos invitado y a usted, señora Presidenta por haber permitido y coordinado este importante acto de amistad anual- cené al lado de con un juez jubilado. 
Naturalmente, entre espárrago y espárrago, estuvimos charlando y no desaproveché la ocasión para pedirle su opinión sobre el significado de este informe de la Sra. Gebhardt, es decir, si era justo tener EUROJUST. 
Su respuesta fue inequívoca: " Es un texto importante. 
Europa ha de promover una justicia europea, una cooperación europea, a la espera del código europeo ". 
He hecho caso de su sugerencia y, por tanto, he votado a favor. 
. 
(FR) La unidad de coordinación judicial Eurojust, tal y como es presentada hoy, fruto de una iniciativa de distintos Estados miembros, pretende asegurar una conexión eficaz entre las autoridades nacionales responsables de las diligencias penales en los asuntos de delincuencia transnacional. 
Esta coordinación excluye cualquier acto de autoridad frente a los Estados miembros y cualquier voluntad de integración de los sistemas judiciales nacionales. 
Se plantea como objetivo el mejor funcionamiento conjunto de los diferentes actores judiciales, y se inscribe en un marco claramente intergubernamental. 
Aprobamos esta iniciativa, porque es la más realista: no sueña con una fusión general de los sistemas jurídicos nacionales- sueño imposible, que no hace más que retrasar las soluciones concretas -, sino que, por el contrario, se dedica a trabajar sobre la base de los sistemas judiciales existentes, eliminando los obstáculos técnicos susceptibles de entorpecer la fluidez de sus relaciones. 
Por una vez, el informe del Parlamento parece secundar este realismo: no rechaza a priori esta iniciativa, como ha tenido tendencia a hacer en estos últimos tiempos, con el pretexto de que procede de los Estados, y no de la Comisión; no lanza sus habituales llamamientos a la creación de un fiscal europeo supranacional, de un "corpus juris" unificado, e incluso de tribunales penales federales; por tanto, parece que, por una vez, acepta la iniciativa intergubernamental por ser la más viable, y no podemos dejar de felicitarnos por ello. 
En primer lugar, las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo tienden a reforzar la centralización en torno a la unidad Eurojust, en concreto a través de la solicitud de supresión de los corresponsales nacionales, renegando así subrepticiamente de la idea de una "red" sobre la cual debería basarse el sistema. 
Y, sobre todo, estas enmiendas echan completamente por tierra el espíritu intergubernamental, al transformar las solicitudes de investigación o de diligencias expresadas por Eurojust en decisiones obligatorias para los Estados miembros, y al suprimir para éstos últimos cualquier margen de maniobra en la aplicación de los actos judiciales llevada a cabo en su territorio. 
Esta transformación subrepticia del texto original es, desde nuestro punto de vista, absolutamente inaceptable. 
Evidentemente, debemos subscribir una política de fortalecimiento de la lucha contra todas las formas de corrupción, tanto nacional como europea. 
Por lo demás, no cesamos de decirlo, con tanta mayor razón cuanto que los acuerdos de Schengen suprimieron los controles en las fronteras de los Estados miembros. 
Todas esas graves cuestiones, que afectan al ejercicio mismo de la justicia, las libertades públicas, el orden público, han de corresponder por fuerza a la competencia de los Estados. 
Hay que recordar que la justicia es un derecho real, es decir, un derecho organizado por el poder público nacional. 
No obstante, frente a la expansión de todas las formas de delincuencia organizada y transfronteriza, frente a la inseguridad y la violencia en aumento, una cooperación interestatal de las policías y los servicios judiciales de los Estados miembros es deseable. 
Sólo, que, claro, so capa de esa cooperación, Europa intenta imponernos una comunitarización de nuestro sistema judicial y de nuestro orden público interno, en particular mediante la creación de un ministerio público europeo. 
El Consejo de Niza de diciembre de 2000, por considerar esta última medida peligrosa para el respeto de los derechos de las personas y de la democracia, rechazo- y con razón- la creación de un fiscal supranacional. 
El Parlamento Europeo desprecia una vez más los sentimientos profundos de los Estados miembros. 
En efecto, siguiendo una vieja costumbre, consistente en volver a meter disfrazado por la ventana lo que ha salido por la puerta, intenta, con la ayuda de la Sra. Guigou, entonces ministra francesa de Justicia, hacer de Eurojust un embrión de ministerio público europeo. 
Así, un único ministerio fiscal, independiente de los Estados miembros, podría, a su arbitrio, decidir detener, procesar o extraditar a justiciables, sin recurso posible ante las autoridades judiciales de los Estados interesados. 
¿Un avance en la seguridad común? 
No, más bien un nuevo paso hacia la confusión de las competencias. 
Señora Presidenta, éste es un asunto muy serio e importante. 
Como usted sabe, el Partido de los Pensionistas, al igual que todos los partidos, está a favor de la paz y se da cuenta de las dificultades para conseguir esta paz en Oriente Próximo. 
Sabe que en todo el mundo hay divisiones entre grupos de personas por su raza, su etnia, su origen, así como por el lugar donde viven hace muchos años. 
El Partido de los Pensionistas considera que estos no deben ser los motivos que nos llevan a actuar. 
En esta vida debemos luchar para estar todos- todos los ciudadanos del mundo- mejor que lo que estamos ahora: debemos dividirnos respecto a cómo conseguir este resultado, pero no respecto a las divisiones étnicas que pueden existir pero que no deben llevar a las guerras. 
por escrito. (EL) Los dramáticos acontecimientos de los últimos meses en Palestina, la heroica Intifada del pueblo palestino, la bárbara represión israelí han obligado al Parlamento Europeo a adoptar una resolución en la que se pone de relieve la responsabilidad del Estado de Israel. 
La resolución común, tal y como finalmente ha quedado redactada, reconoce la insoportable situación a la que se ha conducido en los territorios ocupados a la población palestina, que es víctima de un inadmisible e injusto castigo colectivo. 
Condena las ilegales incursiones del ejército israelí, las ejecuciones sumarias, el completo bloqueo de los territorios ocupados y la expansión de los asentamientos. 
Menciona especialmente la práctica israelí de presentar productos elaborados en los asentamientos de colonos en los territorios ocupados como productos de Israel, de modo que obtengan todos los beneficios comunitarios, y pide que se tomen medidas al respecto. 
Considera que el desproporcionado uso de la violencia por el ejército israelí y el castigo colectivo no se compadecen con los principios del Acuerdo de Asociación UE-Israel. 
Pide la congelación de toda expansión de los asentamientos, incluido el crecimiento vegetativo de la población de colonos, insta a los Estados miembros a proponer al Consejo de Seguridad de la ONU el envío de observadores, y manifiesta su posición a favor de la creación de un estado palestino 
No obstante, la resolución incluye considerables elementos de la política de la equidistancia, que iguala a víctimas y verdugos, habla de atentados terroristas palestinos, dirige un llamamiento urgente a todas las partes implicadas a poner fin a la violencia e insta a la Autoridad palestina a hacer todos los esfuerzos para luchar contra el terrorismo, poner coto a las prácticas violentas y controlar a los terroristas. 
A pesar de estos aspectos negativos, los diputados del Partido Comunista de Grecia- junto con el 57% de los diputados presentes- hemos mostrado nuestro apoyo a la resolución porque, por primera vez en una resolución del Parlamento Europeo, se ponen de relieve las responsabilidades y se condenan las prácticas de Israel. 
Palestina vive una situación gravísima debida a la ocupación de su patria por Israel y a la brutal represión del ejército israelí sobre su pueblo. 
Tan sólo desde el 29 de septiembre de 2000, fecha de la provocación de Ariel Sharon en la Explanada de las Mezquitas, el ejército de ocupación israelí ha hecho centenares de muertos, en su mayoría niños y adolescentes, ha herido a decenas de miles y ha detenido a centenares de palestinos que luchan por la materialización del derecho a tener un Estado. 
En esa escalada de agresión, Israel destruye viviendas palestinas, continúa con su política de ocupación y construcción ilegal de colonias, limita la libre circulación de las poblaciones palestinas, bombardea, impone bloqueos, no cumple compromisos financieros ni acuerdos firmados, asesina selectivamente, realza incursiones en los territorios bajo administración de la Autoridad Palestina y ataca a fuerzas sirias en el Líbano, lo que merece la más viva condena. 
Desde 1967 ocupa Gaza y Cisjordania y obliga a millones de palestinos a vivir fuera de su patria, situación condenada por las Naciones Unidas y que sólo se mantiene con el apoyo de los EE.UU. y, al menos, con la connivencia de la UE. 
La paz sólo será posible con la plena aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas y el fin de la agresión israelí, lo que requiere que se apoyen todas las iniciativas serias para que el pueblo palestino conquiste su Estado independiente y soberano. 
. 
(SV) ¡Ha llegado la hora de sancionar a Israel, Anna Lindh! 
En la edición de hoy del periódico francés Libèration (16 de mayo de 2001) afirma una de las personas más pacifistas de Israel, el escritor David Gossman, que si no se cree en los milagros y quieren evitarse las catástrofes hay sólo una manera de cambiar la situación en Oriente Medio, esto es, mediante "presiones internacionales". 
Señala también que Israel, el ocupante, es el principal responsable y, en consecuencia, el que más necesita las presiones externas. 
Puesto que EE.UU. nunca hace nada que no guste a Israel, nos encontramos frente a un importante papel internacional que busca a alguien que lo represente. 
La UE desde hace mucho tiempo respalda a la Autoridad Palestina y ha sido el principal donante de ayudas económicas y administrativas. 
Algunos políticos europeos se han quejado porque la Unión no desempeña un papel político de igual entidad. 
¿Por qué no aceptar el desafío y hacer lo que EE.UU. no quiere hacer, lo que los palestinos y los pacifistas israelíes están pidiendo, es decir, presionar a Israel? 
Existen fundamentos jurídicos para imponer sanciones a Israel, habida cuenta de los incumplimientos del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, demostrados por la Comisión con productos provenientes de asentamientos ilegales israelíes en territorios ocupados, que se venden en la UE, y en los que se señala que el país de origen es "Israel". 
Si es verdad que la nueva fuerza de intervención de la UE no tiene por objeto proteger los intereses de la UE como superpotencia sino que, como acostumbra a decir Anna Lindh, solamente "amañar la paz" en el mundo, ¿por qué no se propone que se le destine a Oriente Medio, a la única frontera legal entre Israel y Palestina, es decir, la de 1967? 
Desgraciadamente, nada de esto dijo Anna Lindh hoy cuando presentó la política de la UE para Oriente Medio ante el Parlamento Europeo. 
Dijo muchas palabras, pero nada concreto, nada que pueda poner fin a las matanzas ni a la ocupación ilegal de Palestina por parte de Israel. 
Esto es mucho más trágico al haberse silenciado la voz de Suecia en favor de Palestina. 
Anna Lindh no continúa la labor de Sten Andersson, ex Ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, sino que lo hace Mogens Lycketoft, su colega danés, quien actualmente habla con claridad sobre los atropellos de Israel a los derechos humanos y al derecho internacional. 
Parece que Anna Lindh, en su calidad de Presidenta en ejercicio de la UE y de Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, ha capitulado ante las fuerzas que no se atreven a enfrentarse a Israel y a EE.UU. Es lamentable. 
. (IT) Es la violencia extremista y terrorista que detiene el proceso de paz. 
Son los atentados que provocan reacciones por parte del Estado de Israel que en algunas ocasiones responde con actos que quizás sean desproporcionados a los ataques y a los atentados a traición. 
Sin embargo, donde impera la violencia es difícil clasificarla según una escala de valores y condenar sólo a quien la utiliza para defenderse. 
Me molesta aprobar la resolución llamada de compromiso. 
Encuentro demasiadas condenas para Israel. 
No es una resolución que expresa imparcialidad respecto a las partes en conflicto. 
Se trata de un texto que apoya las razones de una sola de las partes y que olvida la buena voluntad mostrada en más de una ocasión por los dirigentes israelíes. 
Por otra parte, es fácil comprobar que cada vez que se ha reanudado el proceso de paz, los ultras del terrorismo han actuado. 
Y nunca Europa se ha manifestado en dichas ocasiones. 
El "principio de reciprocidad" que fue objeto de acuerdo en Oslo en 1993 se ha de salvaguardar. 
El diálogo, la comprensión mutua, la condena de la violencia son los elementos que caracterizan una acción que favorezca la reanudación del proceso. 
Europa, y nuestra Institución en primer lugar, no debe cumplir la función de juez, sino de interlocutor creíble y autorizado si quiere contribuir al proceso de paz eficazmente. 
La confianza y el respeto a las legítimas aspiraciones de cada parte en conflicto debería mostrarse de manera equilibrada en el texto que nos ocupa, sin embargo, en él no encuentro el equilibrio que deseo. 
Estado del diálogo transatlántico (B5-0342/2001) 
Señora Presidenta, al igual que muchos diputados europeos, estimo que los ciudadanos de la otra orilla del Atlántico, de América, a los ciudadanos de todas las Américas, son nuestros amigos y mis amigos. 
Yo mismo, como usted sabe, he pisado muchas veces el suelo de Estados Unidos, aunque sólo los sábados, cuando bajaba del crucero Oceanic, en el que estaba embarcado como miembro de la tripulación. 
He podido comprobar la cordialidad, el entusiasmo, el ingenio, la inteligencia de los ciudadanos norteamericanos. 
Por lo tanto, espero que esta cooperación continúe y que continúe también entre los pensionistas norteamericanos y los pensionistas europeos para encontrar la manera de vivir mejor. 
El programa transatlántico revela el interés especial que existe en una concertación de fondo entre los EE.UU. y la Unión Europea respecto de las grandes cuestiones económicas mundiales, como resulta particularmente evidente en relación con las políticas monetaristas y neoliberales, de centralización y concentración de la riqueza y la explotación de los trabajadores y los pueblos, con lo que se preocupan más de las cuestiones que interesan a los grupos económicos y a las multinacionales y dejan de lado las cuestiones sociales, incluidos el medio ambiente, la salud y la educación, el desarrollo y la diversidad cultural. 
Idéntica situación se da en relación con las llamadas cuestiones de seguridad y defensa y la política de injerencia en los asuntos internos de los pueblos, de la que la cooperación en la OTAN y la adopción de la nueva concepción estratégica son ejemplo, como, por lo demás, resultó bastante evidente en la guerra contra Yugoslavia. 
Ahora bien, actualmente las pretensiones del imperialismo norteamericano de hegemonía y dominio mundial, de construcción de un "nuevo orden" a la medida de los intereses de los EE.UU., desmantelando el orden jurídico e institucional resultante de la segunda guerra mundial, enfrentándose a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional y rechazando protocolos como el de Kyoto, adoptando un carácter más agresivo con la nueva administración Bush, agrava la situación en el plano mundial. 
Así, pues, en ese marco apoyamos la resolución que nuestra Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica subscribió sobre el estado del diálogo transatlántico y nos oponemos a lo demás. 
Informe Cercas (A5-0147/2001) 
Señora Presidenta, respecto a este texto sobre las pensiones seguras y viables, no podía dejar de formular una explicación de voto. 
He votado a favor; no obstante, quisiera llamar la atención de todas sus Señorías sobre el hecho de que el Partido de los Pensionistas pide la pensión europea. 
El problema de las pensiones podrá resolverse sólo cuando la Unión Europea será competente para tomar decisiones sobre las pensiones. 
El Partido de los Pensionistas pide que la seguridad social que se financia con una parte de nuestro sueldo, con una parte de las cotizaciones de los trabajadores, sea voluntaria y no obligatoria. 
Los Estados miembros han demostrado que no saben administrar nuestro dinero. En consecuencia, debemos poder administrar nuestros sueldos para tener derecho a nuestra pensión, con total libertad y sin tener que entregar dinero a los Estados. 
- (NL) El informe Cercas no ha merecido nuestro apoyo por las siguientes razones. En primer lugar, el informe convierte la seguridad social en un asunto comunitario desde el punto de vista del desarrollo y aplicación de las medidas de acción. 
En este contexto el informe impone una visión muy concreta: la búsqueda de convergencia social. 
El resultado es que los Estados miembros no disponen del suficiente margen de maniobra para elaborar su propia solución. 
La diversidad de sistemas requiere, no obstante, que cada Estado miembro maneje un enfoque hecho a su medida. 
Muchos Estados miembros grandes aún deben reestructurar su régimen de pensiones de cara al progresivo envejecimiento de la población. 
Los aspectos supranacionales están relacionados con condiciones tan esenciales como las consecuencias presupuestarias o la exigencia de que el hecho de contribuir para una pensión en un Estado miembro determinado no sea impedimento para moverse a otro Estado miembro. Con esto tenemos bastante. 
Si las reformas deben ir acompañadas de esfuerzos de coordinación a fin de crear una seguridad social europea plantearán numerosos problemas. Ello impedirá que lleguemos a una solución eficaz. 
A esto se añade que la ampliación absorbe una parte considerable de los de por sí escasos recursos. 
Por todo lo anterior, debo concluir que el informe no es realista. 
De este modo, las pensiones se vuelven inseguras, inviables y prohibitivas. 
Obviamente, nadie está dispuesto a dar marcha atrás, de forma que el sistema dotado del mayor número de facilidades acabaría tomándose como punto de partida. 
El documento de la Comisión Europea, al contrario, ofrece un claro análisis de los problemas. Parte de un planteamiento mucho más eficaz. 
Por tanto, el informe no supone ninguna mejora con respecto al documento de la Comisión. 
Por eso, nos hemos decidido a no respaldar el presente informe, ya que redunda en perjuicio del loable enfoque de la comunicación de la Comisión. 
. 
(DE) Consideramos con toda seriedad los problemas presentes y futuros de la política de pensiones y los cambios sociales. 
La comunicación de la Comisión y el informe del colega Cercas recogen, indudablemente, algunos puntos importantes y positivos. 
Se refieren, en mi opinión, a las demandas de seguridad social para las mujeres. 
Sin embargo, con respecto al problema básico de la defensa y renovación de un sistema de seguridad social solidario, se percibe una discordancia fundamental con las posiciones de nuestro Grupo. 
En consecuencia, no podemos aprobar el informe. 
El acento general en una orientación solidaria se ve desvirtuado de forma manifiesta por las propuestas concretas. 
La mayoría del Parlamento Europeo apoya plenamente el abandono de un seguro de pensiones obligatorio y solidario y el paso al modelo de tres pilares del sistema de pensiones. 
El informe no desarrolla alternativa alguna al marco antisocial de la "reforma de las pensiones" que los acuerdos adoptados en las cumbres de Lisboa y Estocolmo han perfilado. 
En particular, me parece trágico que la socialdemocracia europea rompa de forma drástica con toda su tradición histórica al aceptar la privatización parcial del seguro de jubilación, expresión de solidaridad. 
Durante más de 100 años la socialdemocracia ha luchado por el proyecto de un estado social redistributivo y solidario, y ahora está en primera línea dispuesta a echarlo abajo. 
Los argumentos de carácter demográfico empleados en este punto, relativos al envejecimiento excesivo de las sociedades europeas, no son convincentes. 
Ni siquiera se examinan, por ejemplo, la viabilidad de la inclusión de todo tipo de ingresos para la financiación del sistema de pensiones, tal como se hace en el sistema de pensiones suizo. 
"Trabaja más años, ahorra más, vive más modestamente" es el lema de la "reforma del sistema de pensiones"; la Comisión y el Grupo de Alto Nivel "Protección Social" exigen una nueva normativa, para retrasar la edad de jubilación. 
En el futuro, el seguro de jubilación obligatorio ya no tendrá que asegurar durante la jubilación el nivel de vida alcanzado, sino simplemente permitir una "pensión básica". 
Es posible mantener un sistema de pensiones solidario en las condiciones actuales y futuras si el criterio orientativo de la política es la justicia social y no el interés exclusivo de los bancos, los fondos de inversión y las compañías de seguros. 
Por ello, no vemos ninguna razón por la que apoyar el cambio estratégico pretendido. 
Muchos de los niños que nacen hoy en día vivirán hasta los ciento veinte años de edad o más. 
Esto es consecuencia de las averiguaciones que han transmitido las comunidades científicas, tanto en América como en la Unión Europea. Es un hecho incuestionable: la gente vive más. 
Lleva una vida más saludable. Sabe qué alimentos debe comer en un esfuerzo por favorecer una vida saludable y, en resumidas cuentas, vive durante más tiempo. 
Muchas personas se jubilan a los cincuenta y cinco y el hecho es que los gobiernos de la UE deberán tener estructuras establecidas para garantizar que se puedan pagar las futuras pensiones a los funcionarios públicos. 
Igualmente, los que trabajan en el sector privado tendrán que considerar más cuidadosamente sus planes de pensiones. 
He recibido con agrado un estudio reciente realizado por Merril Lynch, un banco líder de EEUU, en el que se afirma que Irlanda encabeza la liga europea para salvaguardar el pago de las futuras pensiones. 
En la actualidad, el uno por ciento de nuestro PIB se reserva anualmente en lo que se conoce como "Fondo Nacional de Reserva para las Pensiones", a fin de que éstas se puedan pagar a nuestros funcionarios públicos después del año 2025. 
Ahora estamos ingresando anualmente a este fondo entre 600 y 700 millones de libras. 
También creo que es importante que no sólo promovamos buenos programas de ahorro en nuestro país, sino que también procuremos que la gente se haga un plan de pensiones cuando es joven. 
Soy consciente de que los líderes de la UE debatieron este asunto cuando se reunieron recientemente en Estocolmo. 
A todos los gobiernos de la Unión Europea les incumbe promover legislación que, en primer lugar, pueda garantizar el pago de las pensiones a los funcionarios públicos en el futuro, y en segundo lugar, fomente buenos programas de pensiones para el sector privado. 
Si ello supone ofrecer más exenciones fiscales a los particulares para animarles a que suscriban planes de pensiones en el sector privado, adelante. 
Este informe aborda un problema de la mayor importancia para el bienestar futuro de los trabajadores de la Unión Europea, a quienes se debe garantizar regímenes de pensiones seguros y sostenibles a largo plazo. 
Ahora bien, como es sabido, no han faltado las visiones catastrofistas sobre el futuro de la protección social, basadas en el envejecimiento de la población y la prolongación de la esperanza de vida. 
Y, aunque el informe no se distancia suficientemente de las posiciones más negativas de la Comisión, en particular cuando se refiere a la necesidad de una mayor flexibilidad de los regímenes de pensiones, destaca la importancia del aumento del empleo y de los sistemas públicos basados en la solidaridad entre generaciones y el justo equilibrio entre la proporcionalidad de las cotizaciones y las prestaciones, por un lado, y, por otro, el principio de solidaridad, en el sentido de evitar la pobreza y la exclusión social. 
Asimismo, recoge la recomendación de 1992 relativa a la renta mínima garantizada que deben asegurar los regímenes de protección social para defender iniciativas que propicien su materialización. 
Ahora bien, el informe se queda muy acá de lo que es necesario poner en práctica en materia de políticas económico-sociales que garanticen efectivamente regímenes públicos convenientemente sólidos y pensiones dignas. 
A eso se debe nuestra abstención. 
Así, pues, ¡ya estamos! 
Pese a las tomas de posición hipócritas, el mantenimiento de nuestros sistemas de jubilación por reparto es la menor de las preocupaciones de sus Señorías. 
Si bien estamos de acuerdo en que el desafío demográfico vital que afronta hoy Europa en conjunto es un asunto de importancia vital para nuestras naciones, lo menos que podemos decir es que desaprobamos las seudosoluciones que sus Señorías proponen y el informe en el que figuran. 
El ponente ha logrado ahogar al pez mediante 31 párrafos alambicados. 
En ningún momento se habla de fomentar la natalidad en Europa, de promover políticas auténticas en favor de la familia. 
Sólo se habla de gestionar del mejor modo posible el desplome demográfico y el envejecimiento de nuestros países, haciendo de paso un favor a las finanzas mundiales al autorizar los fondos de pensiones. 
Después de sus Señorías, el diluvio, con tal de que en el período que nos separa de la substitución de los europeos por poblaciones inmigradas se mantenga un mínimo de "solidaridad" (¡sic! ) intergeneracional haciendo trabajar a las mujeres y a los jubilados, fomentando la fractura social mediante el desarrollo de los seguros privados, promoviendo una uniformización (en la novlengua del ponente, una cooperación abierta) en materia de jubilaciones. 
A excepción de algunos párrafos, todo en este informe requiere una reacción que oscila entre la cólera por la sumisión de sus Señorías ante lo que consideran una fatalidad y la repugnancia ante las soluciones financieras y mercantiles que sus Señorías propugnan para resolver semejante desafío. 
Pero así demuestran sus Señorías de forma patente que la nación es sin lugar a dudas el único marco viable y fiable para organizar la solidaridad y la protección social. 
. 
(DE) Agradezco profundamente que el Parlamento Europeo, en su resolución sobre pensiones seguras y viables, haya incorporado una serie de reflexiones y exigencias que afectan en particular a las mujeres y por las que abogo desde hace bastantes años aquí y en Luxemburgo. 
No cabe duda de que en los debates celebrados desde 1975 sobre la igualdad de trato de hombres y mujeres en la Seguridad Social se ha puesto de manifiesto cuán útil y decisivo ha sido el apoyo prestado por la Unión Europea en el marco de su política de igualdad de trato y de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, con el objeto de acabar con la discriminación de las mujeres en el seguro de jubilación. 
Espero que nuestras propuestas sean estudiadas a fondo por los Gobiernos, que se hallan ante el desafío de garantizar pensiones que aseguren un nivel de vida digno, y que propicien la colaboración a nivel europeo en materia de pensiones. 
Uno de los objetivos del Proceso de Lisboa es aumentar la tasa de actividad profesional retribuida de las mujeres residentes. 
Cuando se lamenta la baja tasa de actividad retribuida de las mujeres- también en mi país -, muchos olvidan que hay millones de trabajadoras invisibles en los 15 países de la UE, en particular las esposas que colaboran en las empresas familiares y no aparecen en las estadísticas de población activa. 
En este Parlamento venimos exigiendo desde hace bastantes años una normativa marco europea para los cónyuges que colaboran en las empresas familiares, con el objetivo en particular de garantizar la afiliación obligatoria de las mismas a los regímenes de pensiónes. 
Quiero resaltar aquí una vez más nuestra exigencia de que se garanticen los derechos de las mujeres a una pensión de viudedad, en particular de las pertenecientes a generaciones que no accedieron al empleo y que trabajaron exclusivamente para la familia. 
A mi juicio, las mujeres deben poder obtener en una mayor medida sus propios derechos individuales a una pensión complementaria. 
No obstante, ello implica que a los cónyuges que deciden interrumpir o poner fin su actividad profesional remunerada con el objeto de cuidar a miembros de la familia se les garantice la continuidad en sus derechos de pensión, en particular en los años siguientes al nacimiento y de educación de los hijos, mediante el derecho a seguir abonando sus cotizaciones. 
- (NL) Después de haber dejado de ser productivas las personas continúan viviendo durante mucho tiempo dependiendo de la salud y los cuidados sanitarios, el alojamiento, la alimentación, las condiciones laborales y los medios de subsistencia. 
Ahora que el trabajo amenaza con convertirse en una especie de deporte de élite la gente acaba agotada a una edad más temprana y necesita cada vez más que la edad de jubilación se adelante. 
A esto se añade que como consecuencia del predominio de las familias poco numerosas los representantes de las generaciones mayores superan a los de las generaciones más jóvenes, de modo que en el futuro habrá menos personas en activo por cada jubilado. 
En las últimas décadas la mayoría de los gobiernos y empresarios ha dado una respuesta errónea a este problema. Pretendían reducir el número de personas con derecho a pensión suprimiendo las pensiones de viudedad y concediendo la pensión de vejez a partir de una edad más avanzada. 
Con ello esperaban contribuir a la disminución de los impuestos y las primas de pensión. Entretanto ha quedado de manifiesto que el recorte de los derechos a pensión produce pobreza en el futuro. 
La única forma de prevenir esta pobreza consiste en un aumento rápido y repentino de los gastos públicos. 
La verdadera solución está, por tanto, en empezar a ahorrar con tiempo para que todo el mundo tenga derecho a una pensión a los 60 años y mejorar las pensiones de invalidez laboral a partir de una edad menos avanzada. 
Aunque el presente informe continúe siendo insuficiente va por buen camino. 
. (EL) Sólo a modo eufemismo se le podría poner al informe que examinamos el título "pensiones seguras y viables", puesto que tanto por el espíritu como por la letra queda patente su preocupación por las empresas y los patronos; queda claro que impulsa, de la manera más consecuente para los intereses del capital, el drástico desmantelamiento de los sistemas de protección social y de pensiones. 
En nombre del "desafío demográfico que supone el envejecimiento de la población", que "prolonga el período de jubilación, lo que constituye un factor negativo en la actividad económica" se impulsa paso a paso la materialización de los acuerdos de la Cumbre de Estocolmo de intervención radical en los sistemas de protección social y de pensiones. 
Empleo parcial, supresión de la jubilación anticipada, prestaciones proporcionales a las contribuciones, duros recortes de las prestaciones, prolongación del período de vida profesional o de los años de contribución exigidos para la jubilación completa, progresiva desaparición de las obligaciones del estado con respecto a la protección social, estímulo de las opciones privadas en el ámbito de la asistencia y la previsión. 
El catálogo de duras medidas antipopulares es interminable y puede no convencernos a propósito de lo de «pensiones seguras y viables» , pero corresponde perfectamente a la otra sección del título del informe: «Evolución futura de la protección social desde una perspectiva a largo plazo». 
Desangramiento de la fuerza de trabajo, inseguridad, costosa asistencia privada, comercialización del sistema de pensiones, pobreza y exclusión social. 
Todo esto es lo que se proyecta para los trabajadores, y es que los sistemas de protección social se sacrifican en el altar de la competitividad del capital, al que se le reserva mayor pujanza, total impunidad y enormes ganancias. 
La disolución del sistema de protección, combinado con las modificaciones del tiempo de trabajo, a criterio de los intereses patronales, es decir con el empleo a tiempo parcial y con las regulaciones laborales "flexibilizadoras", constituye la espeluznante materialización de lo que en Estocolmo, con total cinismo se denominó "reducción de los signos de colapso del mercado de trabajo", es decir la creación de un ejército de personas empleables, sin derechos, sin exigencias, adaptado a la lógica ganancial y competitiva del capital y sus intereses. 
La reacción unitaria de los trabajadores griegos y del pueblo griego en su conjunto contra el desmantelamiento del sistema de protección social, las combativas y masivas movilizaciones que se producen, incluso ahora, en este momento en que estamos hablando, constituyen la respuesta más sonora y categórica a las clases dominantes: ¡están haciendo sus sucias cuentas sin contar con los huéspedes! 
Los trabajadores griegos dicen el primer «no» , un no atronador y sin vacilaciones, a la pobreza y la inseguridad que se reserva para ellos. 
Estamos seguros de que la respuesta de todos los trabajadores europeos será la misma. Nos tendrán a su lado. 
Siembran ustedes vientos contra el pueblo, y recogerán tempestades obreras y populares. 
Lo que se traen entre manos, en cualquier caso, ¡no pasará! Pueden estar seguros. 
Informe Buitenweg (A5-0166/2001) 
Situación en Argelia 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la llamarada de violencia que ha sacudido la región de Kabilia era, por desgracia, previsible, por no decir inevitable. 
La cuestión no era la de si esa explosión social era posible, sino la de prever el momento. 
En efecto, la región de Kabilia representa una concentración de los males que afectan a esta Argelia, mal nacida de la época colonial, una cohesión nacional, nunca realizada plenamente, sobre instituciones democráticas, jurídicas y de Estado de derecho nunca fundamentadas de forma creíble. 
¿Y puede el Gobierno argelino comprometerse con otra política que la de la implantación de un verdadero Estado de derecho, que hoy debe manifestarse en primer lugar mediante comisiones de investigación? 
¿Debería, además, el Gobierno cerrar los ojos? 
Derechos humanos 
Estamos hablando de Etiopía, un país que ocupa un lugar importante en el África Oriental. Ha sufrido mucho bajo Mengistu y tras una violenta guerra civil por fin ha conseguido la paz. 
Etiopía es gobernada por personas procedentes de la resistencia que en cierto sentido siguen manifestando una mentalidad de maquis. Es como si les resultase difícil compartir el poder con otra gente. 
El Gobierno toma parte en una serie de iniciativas destinadas a fomentar la paz, pero al mismo tiempo le cuesta mucho establecer relaciones satisfactorias dentro de Etiopía, con Eritrea y dentro de Eritrea. El objetivo es que dentro de los diferentes países se cree una autonomía regional vinculada a cierta etnicidad, garantizando los derechos de las minorías. 
Señor Presidente, es difícil que un Gobierno que encarcela a sus periodistas sea democrático hasta el extremo de garantizar un juicio justo con arreglo a las normas internacionales, motivo por el cual yo confiaría más en el seguimiento y control. 
Entonces los periodistas se preguntaron: ¿Quién nos dará el dinero para publicar los periódicos? 
La cuestión no se ha resuelto aún. Menciono este problema, dado que nuestra propuesta de resolución constata la degradación impuesta a la prensa en Rusia y deplora asimismo los atentados contra la diversidad y la libertad. 
Quisiera añadir que el problema de la prensa forma parte de la lucha por el poder. 
En Rusia la prensa subvencionada por los multimillonarios llevó a Yeltsin a la presidencia, pero la línea política de entonces no gusta a los dirigentes de hoy y los mismos multimillonarios se sientan ahora en el banquillo de los acusados o se encuentran en el extranjero. 
Lo cierto es que la libertad de prensa forma parte de lo acontecido que, sin embargo, es ante todo una etapa de la lucha por el poder. 
Quisiera añadir asimismo que la ciencia mediática señala cada vez más, entre los elementos que perturban la libertad de prensa, la llamada rutina de la redacción. 
Los periodistas aceptan el trabajo donde lo encuentran y se adaptan al clima y a las ideas que prevalecen en la redacción, incluso cuando van en contra de sus propias ideas. Convertir a los conformistas en santos es, en todo caso, una empresa que no se puede regular con resoluciones. 
Y aquí, obviamente, quisiera recordar el apartado 10 de la propuesta de resolución que se refiere al conflicto de intereses, una cuestión de la que- como sabemos- se ha hablado mucho en estos días, con motivo de las elecciones en Italia. 
Se afirma que los Gobiernos deberían vigilar escrupulosamente el conflicto de intereses y las relaciones ambiguas entre las redacciones y el propietario. 
Comités de empresa y despidos 
VOTACIONES 
Informe (A5-0145/2001) del Sr. Di Lello Finuoli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el reconocimiento mutuo de resoluciones firmes en materia penal (COM (2000) 495- C5-0631/2000- 2000/2295 (COS)) 
"Cristina, ¡soy europeísta !" le contesté. 
"Y por lo tanto, votaré a favor, aunque sé que tu eres muy perezosa a la hora de examinarte y emplearás seis años más para licenciarte en Derecho." 
"No te preocupes" le contesté, "tú estudia muy rápido durante los próximos tres años y, en cuanto obtengas el título, se lo diré a todos para que te aplaudan." 
Con ello concluye la votación. 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 7 de mayo de 2001. 
Comunicación de la Presidenta 
Señorías, el pasado 24 de mayo, Santiago Oleaga, director financiero de El Diario Vasco fue asesinado de siete tiros por la espalda en San Sebastián. 
Ya el día anterior, los terroristas habían intentado asesinar a un agente de seguridad de la Universidad del País Vasco colocando una bomba en los bajos de su vehículo que, afortunadamente, no explotó. 
En el momento del anuncio del asesinato de Santiago Oleaga manifesté, en nombre propio y en el del Parlamento Europeo, mi sincero pésame y nuestra solidaridad a su familia y a sus compañeros. 
De nuevo ETA ha revelado su verdadero rostro, el de un terrorismo ciego que rechaza la democracia y se mofa de las libertades, incluida una de las más fundamentales, la libertad de expresión. 
Les invito a observar un minuto de silencio. 
(La Asamblea, de pie, observa un minuto de silencio) 
Orden del día 
Señora Presidenta, en estos días se ha alcanzado un acuerdo sobre un proyecto de normativa europea para la lucha contra la pederastia. 
Quisiera recordar que dicho acuerdo es un tanto extemporáneo respecto a las miles de firmas que tuvimos el honor de presentar a la vista de este problema, así como respecto al aumento del fenómeno que, como durante estas últimas semanas en Italia, ha afectado a muchos cientos de niños. 
Queremos una justicia más rápida y leyes más duras. En efecto, en muchos casos detrás de este sucio crimen que marca para siempre la vida de miles de niños, hay intereses económicos y con frecuencia connivencias políticas. 
Queremos que este Parlamento intervenga ante la Comisión y el Consejo de Ministros para crear una gran cultura contra la pederastia que imponga normas incluso para el uso de Internet, medio utilizado por los pederastas en demasiados casos. 
Los niños de todo el mundo y en este caso de Europa en particular piden a este Parlamento que haga oír su voz. 
No podemos confiar única y exclusivamente en documentos extemporáneos o limitativos: hay que empezar a actuar con eficacia. 
Señora Presidenta, quería hacer referencia a la importante reunión que celebraron ayer los Ministros de Justicia y de Asuntos Interiores, en la que se adoptaron decisiones relacionadas con la intimidad de las personas y su derecho a la intimidad, sus derechos fundamentales en materia de acceso a las telecomunicaciones. 
Se trata del denominado Infopol 29. Nunca ha sido debatido en este Parlamento. 
En el marco de Infopol 98 se trató sobre la posibilidad de volver a redactar los requisitos internacionales para los usuarios, pero esto es muy diferente. 
Se están interpretando los requisitos en vigor y cómo serán utilizados en la UE. 
Es del todo inaceptable que el Consejo de Ministros de Justicia y de Asuntos Interiores haya adoptado decisiones de gran alcance sin que el Parlamento haya debatido sobre el tema. 
Estas decisiones nos afectarán a todos nosotros y afectarán a todos los que no pertenecen a este Parlamento: el derecho de las personas a la intimidad no estará garantizado y éste es un asunto que debería ser debatido por todos sin excepción. 
Es un tema relacionado con los derechos fundamentales. 
(Aplausos del Grupo Verts/ALE) 
Señora Presidenta, yo quiero hablar sobre el mismo tema. 
Lo malo en la renovación de estos planes ENFOPOL es que van mucho más allá de lo que estaba proyectado hace tres años. 
No se quieren supervisar ya sólo traffic data y content data, es decir, el header de un E-mail y el contenido, sino muchos más detalles, hasta detalles de tarjetas de crédito, IP-ports, con lo que se pretende controlar el ordenador totalmente. 
Es decir, en la comunicación no queda ya nada que no se vigile. 
El Consejo ni siquiera disponía de esto como una documento auténtico. 
No tenemos en absoluto ninguna posibilidad de acceder a las informaciones. 
La misma decisión aún no se ha adoptado aún, tal como parece, debido a un error de forma. 
Pero se puede adoptar en cualquier momento. Para ello no es necesario ningún encuentro adicional. 
Voy a repetir la exigencia: necesitamos un debate al respecto. 
Hemos tenido un comité de investigación Echelon y nos enfadamos de que NSA y otros servicios secretos violen los derechos fundamentales. 
Lo que ha pasado es que dentro de la UE se proyecta algo mucho peor, es decir, que se pueda controlar realmente todo. 
(Aplausos del Grupo de los Verts/Ale) 
Cada vez que la Sra. Presidenta habla sobre el País Vasco, presenta ante esta Asamblea una imagen de tristeza y dolor, lo cual es muy lamentable. 
Es el motivo por el que, sistemáticamente, me uno al dolor de la Asamblea por las víctimas- todas las víctimas- de nuestro conflicto que dura ya más de un siglo. 
Deberíamos comprender que no es fácil encontrar una salida de uno de los túneles políticos más oscuros de Europa, especialmente si seguimos por el mismo camino. 
Debemos intentar sin falta algo nuevo y en Euskal Herritarrok estamos deseosos de prestar toda la ayuda que podamos. 
Señora Presidenta, con su permiso voy a leer un párrafo del editorial que publicó el Diario Vasco, del que era director de su área financiera, Santiago Oleaga, asesinado por ETA. 
Este párrafo dice: " No cabe duda alguna respecto al propósito de los asesinos de Santiago. 
Lo mataron con un sadismo indescriptible para, a través de su muerte, llevar la desazón y el miedo a cuantos profesionales desarrollan su labor en los distintos medios de comunicación que ETA ha señalado con su diana. 
Pero los terroristas no podían haber elegido otra víctima más idónea para demostrar cuál es la intención última de su acción: acallar la palabra que esos medios de comunicación transmiten para enmudecer así a toda una sociedad hasta someterla a su abominable tiranía ". 
Señora Presidenta, creo que el mejor homenaje que podemos hacer hoy a Santiago Oleaga es expresar nuestro firme rechazo a quienes quieren imponernos esa abominable tiranía y expresar también nuestro desprecio más absoluto a sus portavoces. 
Programa específico de investigación y desarrollo tecnológico 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre el Programa específico de investigación y desarrollo tecnológico. 
Tengo el placer de dar la palabra al señor Comisario Busquin. 
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, la Comisión ha aprobado hoy sus propuestas para los programas específicos del programa marco de investigación 2002-2006. 
Paralelamente, ha adoptado una comunicación sobre el posible recurso al artículo 169 del Tratado para la aplicación del programa marco. 
Los programas específicos son instrumentos de aplicación. 
Las propuestas de la Comisión en este sentido no contienen por tanto nada más que la propuesta del programa marco que debe ser adoptada en codecisión. 
Pero éstas proporcionan una serie de precisiones en este sentido. 
Como ustedes saben, la Comisión aprobó el programa marco el pasado 21 de febrero, y este nuevo programa marco está especialmente pensado para ayudar a realizar el espacio europeo de la investigación. 
Les recuerdo los grandes principios. 
En este ámbito, hemos presentado el programa marco con la voluntad, por una parte, de concentrar esfuerzos en un número limitado de prioridades en las que la acción de la Comunidad presenta el mayor valor añadido. 
Velamos también por intentar crear un efecto estructurante en la investigación que se realiza en Europa, mediante una realización más fuerte entre las actividades nacionales con vistas a crear un espacio europeo de investigación más coherente. 
Pensamos también que es preciso aligerar y simplificar la gestión de nuestros programas marco mediante las formas de intervención utilizadas. 
Para la puesta en marcha de este programa marco, proponemos una estructura en cinco programas específicos. 
Ésta refleja finalmente la del programa marco, de la que convierte el proyecto político operativo en realidad. 
Esta estructura es la siguiente: un programa titulado "Integrar y reforzar el espacio europeo de la investigación" que reúna la totalidad de las actividades de investigación y de coordinación de las políticas de investigación en Europa, un programa "Estructurar el espacio europeo de la investigación" que incluye las actividades en los ámbitos de las relaciones entre la investigación y la innovación en el ámbito de la movilidad de los investigadores y de las infraestructuras y de las cuestiones de la ciencia y de la sociedad, y de los vínculos de ésta con los ciudadanos, cuestiones que se imponen cada vez más en la sociedad europea. Tenemos así un programa para las actividades de investigación en el ámbito Euratom. 
El contenido de las propuestas pretende aportar precisiones relativas al contenido científico y tecnológico presentado de manera mucho más detallada que en el programa marco. 
Pero éstas llevan también en los nuevos instrumentos de aplicación que están en el centro de la filosofía del programa marco 2002-2006 la constitución de redes de excelencia y de proyectos integrados. 
Las precisiones suplementarias sobre el funcionamiento se proporcionarán en las reglas de participación y de difusión del programa marco adoptado en codecisión para las cuáles la Comisión presentará posteriormente sus propuestas. 
Les decía también que en la comunicación sobre la aplicación del artículo 169 del Tratado, que nunca se ha aplicado realmente, hemos preparado una serie de sugerencias sobre la forma concreta como podría funcionar la fórmula de la participación de la Comunidad en programas nacionales ejecutados conjuntamente. 
Ése es el sentido de este artículo 169. 
Nuestro objetivo es por tanto el de impulsar un debate político sobre esta cuestión. 
Sobre la base de estos primeros resultados, la Comisión considera la posibilidad de presentar posteriormente una propuesta de decisión-marco que fije las condiciones generales del apoyo de la Comunidad en el marco del artículo 169 y los ámbitos posibles de utilización de esta fórmula. 
Pienso, señora Presidenta, que puedo decir así que por primera vez la Comisión presenta sus propuestas de programas específicos con rapidez, tras haber presentado la propuesta de programa marco. 
Así, pensamos que coincidimos con un deseo del Parlamento en el objetivo de facilitar el debate político proporcionando esta serie de informaciones suplementarias. 
También hay elementos de precisión y de clarificación, ya que los nuevos instrumentos los solicitan, y nosotros hemos previsto por otra parte una sesión de información con los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, el próximo 5 de junio. 
Creo que habremos hecho todo lo posible para adoptar en los plazos previstos a nivel del Parlamento y con el Consejo el nuevo programa marco que es una herramienta para este espacio europeo de la investigación que, pienso, está ampliamente apoyado por la Unión Europea. 
Muchas gracias, señor Comisario Busquin por esta comunicación. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer sinceramente al Comisario su explicación y, sobre todo, el hecho de que se haya ceñido a los términos acordados. 
También quisiera pedirle que contestara cuanto antes las preguntas que la Comisión de Industria le ha formulado. En ese caso, también nosotros nos ceñiríamos a los términos acordados, y eso me parece muy importante. 
Señora Presidenta, tengo dos preguntas concretas para el Comisario. 
En primer lugar: en el programa específico se reserva la investigación más importante, y con ella, por tanto, el dinero, para el genoma humano y la biotecnología. 
Es, en efecto, un ámbito clave de la investigación, pero los resultados no se conocerán hasta dentro de diez o quince años. 
Señora Presidenta, todavía fallecen, por desgracia, muchos ciudadanos en la Unión Europea como consecuencia de los tres males conocidos: el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y procesos de envejecimiento degenerativo como el Alzheimer. 
En la Comisión de Industria aumenta cada vez más el deseo de contar con un programa de ciencia de la vida en el marco del genoma humano y de la biotecnología. 
La pregunta que dirijo al Comisario es si está dispuesto a reflexionar con nosotros sobre el eventual desarrollo de semejante programa. 
La segunda pregunta que formulo al Comisario es de carácter técnico: el Comisario ha ampliado el artículo 169 del Tratado ¿Por qué no aplica el 168? 
Es mucho más práctico. 
Señora Presidenta, quisiera decirle al Sr. van Velzen que las preguntas que se nos han remitido lo han sido de forma oficial este lunes 28 de mayo y que estamos haciendo todo lo posible para contestar antes del final de esta semana. 
Tendrá usted por tanto las respuestas al principio de la próxima semana, me comprometo a ello, y podremos continuar el diálogo sobre este tipo de cuestiones. 
Por lo que respecta a los dos puntos más precisos, el Sr. van Velzen ha señalado con toda razón los problemas de salud, tanto para las enfermedades degenerativas neurológicas como para los problemas del cáncer, y verá que, en la adopción de los programas específicos, en el marco del genoma y de la salud, se han abierto perspectivas para hacer trabajos de valor añadido europeo en esta cuestión. 
Por ejemplo, en los ensayos clínicos en el ámbito del cáncer y en las enfermedades degenerativas, hay, en el programa específico, posibilidades que se incluyen en la nueva perspectiva del genoma. 
Pero ello no impide que se pueda hacer desde ahora, a partir del momento que hay un innegable valor añadido europeo. 
En lo que respecta al artículo 169, como decía, hemos hecho un documento que abre el debate. Y, por tanto, lo hacemos en este espíritu y explicamos por qué el artículo 168 no se utiliza de la misma manera. 
En las respuestas a las preguntas, el Sr. van Velzen tendrá una respuesta muy explícita. 
Señora Presidenta, yo también quiero felicitar al Comisario y a la Comisión por esta propuesta. 
Pero si le he entendido correctamente, con el sexto programa marco de investigación tenemos muchos menos programas específicos que en el quinto y me gustaría preguntarle porqué. 
¿Cuáles son los motivos? 
Tenemos menos programas específicos para los temas sectoriales. 
Para la biotecnología hasta ahora teníamos uno, así como para la energía, el medio ambiente, etc. En el futuro todo esto se va a unificar. 
¿No teme usted que como consecuencia de ello sea menor la claridad del programa marco de investigación? 
¿No hay que temer también que las asociaciones de intereses de los diversos grupos profesionales, de los sectores, participen menos en el sexto programa marco ya que no saben exactamente a qué sector corresponde? 
Mi pregunta es la siguiente: ¿puede indicarnos los motivos porqué en esta ocasión tiene menos programas específicos que en la última ocasión? 
Señora Presidenta, agradezco al Comisario su exposición. 
Me permito, sin embargo, la libertad de no estar de acuerdo con su última repuesta, y coincidir con mi colega Linkohr: un programa o abarca veinte materias distintas o es un programa específico; cada programa debe ser evaluado por sus propios méritos y debe tener su propio lugar y su propio presupuesto. Y me parece que resultaría más claro para los que deben suscribirse a los programas que éstos fueran más independientes. 
No obstante, ésa no era mi pregunta. 
Al igual que mi colega Wim van Velzen, quiero preguntar cuándo se nos contestarán las preguntas escritas que hemos formulado: usted sabe como nadie cuán a menudo he preguntado a la Comisión en qué se basan determinadas prioridades del programa marco y cuáles son los criterios que se han seguido para ello. 
Nunca he recibido una respuesta a esa pregunta, al igual que todos los que han formulado cuestiones semejantes. 
Espero que ahora sí pueda recibir una contestación. 
La movilidad es muy importante para crear realmente una dimensión europea de la investigación. 
Como digo con frecuencia, es más difícil para un investigador reconocido en Europa ir a otro país europeo que ir, por ejemplo, a Estados Unidos. 
Por tanto, se producen en este caso obstáculos que es necesario localizar y superar. 
Por tanto hay en el programa, y lo verán, propuestas muy concretas sobre las cuestiones de movilidad. 
Finalmente, el último punto, es decir los problemas de concreción de elementos del desarrollo sostenible, se inscribe creo yo en la política que el Parlamento, la Comisión y el Consejo de Gotemburgo discuten sobre el desarrollo sostenible. 
Y en esos ámbitos, creo que hay investigación que hacer para apoyar las políticas de desarrollo sostenible. Investigación también en ejemplos concretos. 
Y ha defendido usted, Sr. Piétrasanta, ideas, por ejemplo de ECOCIT bien definidas en un ámbito preciso; es, creo yo, un hermoso ejemplo de un elemento de aplicación de desarrollo sostenible a escala local y creo que hay una red de ECOCIT que podríamos pensar en Europa. 
Señora Presidenta, espero que no excluya mi intervención como no pertinente, pero quiero dirigir una pregunta muy específica al Sr. Comisario sobre investigación. 
Estoy bastante de acuerdo con aquellos colegas que piensan que el modo en que se organizarán los nuevos programas dificultará la tarea de ver qué ocurre realmente. 
Mi pregunta específica es la siguiente: una de las cosas sobre las que se necesita investigación con carácter de urgencia es la eficacia de la vacunación en la lucha contra los brotes de fiebre aftosa. 
No sé- aunque he investigado algo al respecto- qué ocurre, respecto a dicha investigación, en el programa marco, tanto en el actual, como en el que está previsto. 
Sería de gran utilidad para muchas personas de Europa conocer qué está ocurriendo. 
En base a la experiencia en el Reino Unido, mucho me temo que la fiebre aftosa no desaparecerá y que es posible que debamos ocuparnos de ella durante mucho tiempo. 
Por consiguiente, la investigación europea es absolutamente urgente. 
, Comisión. (FR) Señora Presidenta, en el tema de los problemas de la investigación sobre la fiebre aftosa en el nuevo programa marco, la cuestión de la seguridad alimentaria se ha convertido en una prioridad, así como la calidad de la nutrición. 
Prevemos por otra parte 600 millones de euros en esta parte del programa. 
Por consiguiente, habrá en ese momento, creo yo, una mayor disponibilidad también para adaptar los programas con relación a nuevos problemas. 
Creo que es éste un punto en el cual insistimos: poder conservar un margen de maniobra, de adaptabilidad, para situaciones de crisis, de tal forma que no estemos encerrados hoy con la adopción del nuevo programa marco hasta 2005 sin prever lo que puede pasar en ese momento. 
Por tanto, en el dispositivo de los programas específicos señalamos cómo pensamos que se debe reservar anualmente la potencialidad de acometer programas urgentes y precisos. 
En lo que respecta a las investigaciones realizadas sobre la fiebre aftosa en el pasado y en el programa marco, me permitiré comunicarle las que tenemos a nuestra disposición a nivel de la Comisión, y pediré a mis servicios que se lo remitan lo más rápidamente posible. 
Señor Comisario, quisiera dar las gracias al Comisario al mismo tiempo por esta disponibilidad y por el respeto por los plazos que nos fijamos mutuamente cuando nos formulamos preguntas. 
Deseo también confirmarle nuestro acuerdo sobre la arquitectura general de su proyecto. 
Sin embargo habiéndolo oído a propósito del enunciado de los cinco programas específicos, deseo recordarle que el Parlamento está preocupado por el hecho de que este número es demasiado reducido y quisiera preguntarle sobre lo que propone en cuanto a los medios para controlar esos programas específicos tanto a nivel parlamentario como a nivel del Consejo de Ministros. 
La segunda cuestión es sobre los instrumentos. 
Deseo oírle sobre la necesaria flexibilidad que nos parece indispensable entre los nuevos instrumentos que propone y el mantenimiento, al menos temporalmente, de algunos instrumentos antiguos. 
Finalmente, tercera pregunta: ¿Qué garantía tiene hoy de que el Consejo mantendrá la suma de 17,5 millardos de euros que propone? 
Una pregunta más: ¿Es partidario personalmente del mantenimiento en muy buenas condiciones de funcionamiento del CCR? 
Gracias, señor Caudron. 
Por supuesto, todas estas cuestiones merecerían largos desarrollos pero quisiera, en el estilo telegráfico que se nos da hoy, intentar aportarle ya algunos elementos de respuesta. 
Por lo que respecta al programa de los controles de las prioridades, tanto para el Consejo como para el Parlamento, ya que se trata de codecisión en el programa marco, es evidente que la ventaja de tener un programa específico que recoja todas las prioridades hace un comité único, pero un comité único que puede subdividirse, si se puede decir, en función de los polos de interés. 
Creo que en el debate el problema no es necesariamente el número, sino la posibilidad de mantener un debate en profundidad sobre una serie de prioridades. 
En las modalidades de trabajo y aplicación creo por tanto que podríamos discutirlo, ver de qué forma encontrar esta objeción. 
En lo que respecta al problema de los nuevos instrumentos y de los antiguos- en ese caso es necesario ser claro- consideramos que el nuevo programa marco debe jugar un papel de instrumento para estructurar el espacio europeo de Bruselas. 
Las evaluaciones anteriores de los programas precedentes muestran que tienen su utilidad, porque crean contactos a nivel europeo, pero no tienen un efecto suficientemente estructurante. 
Esto es totalmente claro. 
Por ello son necesarios nuevos instrumentos. 
Comprendo el recelo en cada ocasión en la que se habla de "nuevo". 
Porque habrá uno nuevo. Por tanto, se trata de un mecanismo totalmente comprensible y entiendo que existan algunos recelos, de ahí la necesidad de explicarlo bien. 
Quisiera sin embargo decir que siguen de actualidad concursos de propuestas en lo que se llama la octava prioridad que recoge los apoyos a las políticas y las políticas emergentes. 
Así pues, en ese caso hay más de 1,6 millardos de euros disponibles para estos concursos de propuestas en el marco clásico del término. 
Por tanto, la propuesta se ha oído. 
En lo que respecta al presupuesto general, creo que sí parece tener un poco el sentimiento del Consejo, y he creído comprender que la propuesta de la Presidencia sueca era celebrar durante el consejo de investigación del 26 de junio un primer debate informal sobre el presupuesto. 
Espero que recoja nuestra propuesta. 
Se trata de una propuesta mesurada que se inscribe por otra parte en las perspectivas financieras establecidas en Berlín sobre las diferentes políticas de la Comisión. 
Por tanto, me parece que habrá una posibilidad. 
Finalmente, en lo que respecta al centro común de investigación. Como saben ustedes, hemos hecho el esfuerzo de focalizar el centro común de investigación en las misiones para las que está mejor adaptado- es decir, misiones de control comunes de tests comunes e inspección científica en los problemas del medio ambiente, de salud, de la energía nuclear en algunos aspectos, y de seguridad con respecto a la sociedad de la información. 
Existen instrumentos, tenemos, claro está, un programa a nivel del centro común de investigación que en términos presupuestarios no está ciertamente creciendo pero que concentra mejor la función del centro común de investigación, y por tanto creo que este centro común de investigación tiene siempre un futuro a condición de que se le den misiones útiles para toda la Unión Europea. 
Señora Presidenta, quiero volver sobre los problemas que han surgido en el sector de los productos animales en los últimos meses y años. 
Tenemos dos problemas: la EEB, para la que se pueden desarrollar mejores tests; y la fiebre aftosa, para la que puede desarrollarse una vacuna marcador. 
Quisiera que el Comisario me explicara qué medidas concretas de urgencia piensa adoptar en este ámbito. 
Creo que la opinión pública no puede aceptar por más tiempo que se realicen sacrificios masivos de animales sanos. 
Desde Europa, debemos hacer algo al respecto cuanto antes, y quisiera que el Comisario respondiera claramente a la cuestión de cuándo va a contribuir Europa al progreso en este ámbito. 
Señora Presidenta, aquí hablamos sobre enfermedades de los animales. No obstante, también las personas padecen todavía enfermedades muy dramáticas, señor Comisario. 
Así, la propagación de enfermedades aparentemente inexplicables entre las personas tiene causas explicables, tales como el uranio empobrecido, o no, y enfermedades del sistema inmunitario que podrían tener su origen en sustancias que se encuentran en el ambiente ¿Podemos tener la seguridad de que usted prestará la atención necesaria a la investigación en este terreno? 
Más en general, quisiera preguntarle si se pondrá fin al retraso de Europa respecto de Estados Unidos. 
Europa está retrasada, entre otras cosas, en cuanto a los medios ¿Puede asegurarnos el Comisario que habrá más medios tanto por parte de la Comunidad como por parte de los Estados miembros? 
El Comisario nos ha dicho siempre que es menos relevante mencionar la diferencia entre la investigación fundamental y la investigación aplicada ¿Podemos contar, a pesar de ello, con que la investigación fundamental no se quede retrasada con respecto a Estados Unidos? 
Señora Presidenta, señor Comisario Busquin, usted exige por un lado una mayor interconexión de las actividades de investigación en el nivel europeo, por un lado, y, por otro, de los niveles nacionales, regionales e internacionales. 
Hay un ejemplo muy típico en mi región. Me refiero a la cooperación entre el centro alemán de investigación sobre el cáncer en Heidelberg y el Instituto "Transuran" en Karlsruhe. 
La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿no deberíamos en el futuro introducir una semana europea de la interconexión en la que aporten buenos ejemplos y estas interconexión no hará también necesaria una ayuda financiera de la Unión Europea con la que se puedan promover empresas de investigación comunes que tengan un éxito especial? 
Señora Presidenta, saludo la declaración del Sr. Comisario de que está en la modalidad de escucha. 
Me pregunto si escuchará, en particular, a las personas que trabajan en el ámbito de la salud pública y sus preocupaciones por lo que parece la desaparición de un programa sobre la asistencia sanitaria pública, el fomento de la salud y la prevención de enfermedades. 
A mi modo de ver, dentro de las primeras siete categorías de programas de investigación, cuando llega el turno de la salud, ésta se ve reducida a programas de investigación sobre biomedicina de alto nivel científico. 
Cuando las personas preguntan qué ocurre con la investigación sobre la asistencia sanitaria pública, reciben la respuesta de que ha pasado a formar parte de la polivalente Categoría 8, que parece más bien el programa de un mercadillo de beneficencia con una asignación financiera muy pequeña. 
Reciben la respuesta de que las Direcciones Generales de la Comisión ya han sido invitadas a presentar ofertas, por tanto, tendremos a Agricultura que presentará ofertas en detrimento de Medio Ambiente, que a su vez presentará ofertas en detrimento de Salud, etcétera. 
Y este ámbito de la salud pública parece haber sido excluido, precisamente cuando el Tratado de Amsterdam lo sitúa entre las prioridades de la Unión Europea. 
¿Examinará este asunto, señor Comisario? Porque si queremos un programa de investigación acertado, debemos investigar dicho programa de investigación y escuchar a las personas del ramo. 
Creo que es ése el sentido del debate que vamos a mantener. 
En primer lugar, el contenido de las prioridades. 
En el marco de la investigación del genoma, está claro que hay también políticas de salud, ya contesté al Sr. van Velzen a propósito del problema del cáncer y de la enfermedad de Alzheimer que seguirán aplicándose. 
He asistido últimamente a una reunión de los mejores especialistas europeos del cáncer. 
Saben todos que la investigación del genoma es una de las soluciones potenciales del cáncer, ya que iremos progresivamente hacia tratamientos cada vez más individualizados, teniendo en cuenta estos elementos de estudio del genoma. 
Y no se trata de teorizar sobre el genoma a diez o a quince años, sino de los elementos de aplicación que se pueden poner en evidencia. 
Constituir esta red de los mejores investigadores del cáncer forma parte por tanto de nuestros objetivos. 
No hay contradicción en absoluto. 
Dicho esto, tiene usted razón al poner en evidencia que habrán de realizarse estudios de salud pública que parecen de menor dimensión científica como tal, y que están más bien centrados en la epidemiología. 
Es cierto que esto no está previsto en la prioridad ocho. 
Está previsto también en otro sector que quizá no se ha puesto suficientemente en evidencia, la cooperación de los programas nacionales. 
Por consiguiente se podría poner "cooperar", por ejemplo, en la totalidad de los datos epidemiológicos. Eso está previsto. 
Hay 400 millones de euros previstos para reforzar el espacio europeo de investigación. 
Hay muchos ángulos de ataque. 
Tiene usted toda la razón cuando dice que todo lo que contribuye a crear una dimensión europea al problema no debemos dejarlo de lado. 
Se deben tomar siempre en consideración esos aspectos. 
Señora Presidenta, querría, ante todo, destacar la excelente colaboración que existe entre el Comisario Busquin y el Parlamento Europeo, a través de la Comisión que presido, en temas de investigación. 
Querría también aprovechar este momento para trasladarle una doble preocupación de la comunidad científica, que es prácticamente unánime, en torno a dos cuestiones. 
La primera es que la comunidad científica apoya, sin reservas, la idea del espacio común de investigación. 
Pero, por otra parte, tiene serias dudas de que el efecto de sinergia y de valor añadido a nivel europeo se pueda perder a través de una concentración de los distintos proyectos de investigación; es decir, que cuanto menor sea el núcleo, cuanto más se concentren esos proyectos, más difícil resulte que esas sinergias se produzcan a nivel europeo. 
La segunda cuestión es la referente a los instrumentos. 
Hay tres instrumentos previstos: las redes de excelencia, por una parte, los proyectos integrados y el recurso al artículo 169. 
La comunidad científica está preocupada por el hecho de que estos tres instrumentos sean nuevos y sean los únicos que se utilicen. 
Teme que se pierdan otros, que se venían utilizando y a los que la comunidad científica ya se había habituado. 
Teme también que toda una serie de equipos de investigación que se habían formado pueda perderse, repentinamente, por la aplicación exclusiva de esos tres instrumentos. 
Por lo tanto, me gustaría que el Sr. Comisario respondiera a esa doble preocupación. 
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias al señor Comisario pues pienso que éste es uno de los ámbitos más importantes que hoy tratamos aquí. 
Atañe a la formación de los valores que deben asegurar el bienestar de Europa durante muchos años. 
Lamentablemente, la responsabilidad en materia de investigación recae ante todo sobre los gobiernos y éstos en todos los países europeos casi sin excepción han recortado los fondos y tampoco estoy seguro de que nuestros hermanos suecos hagan nada para incentivar de alguna forma las subvenciones de los programas de investigación básica nacionales que generan los nuevos saberes. 
Si queremos conseguir en el sexto programa marco que las pequeñas empresas innovadoras puedan tener acceso a él sin que éstas pierdan sus derechos intelectuales, hemos de articular mecanismos que posibiliten que una empresa desde fuera acceda a los grandes programas de investigación y que se cierren contratos sin la innecesaria burocracia posterior. 
De ahí que una pregunta fundamental sea: ¿Se ha ocupado por fin el Consejo de dar a la unidad de investigación un mandato que le permita cerrar los contratos sin que sea necesaria la presencia de veinte firmas en ellos? 
Si no lo ha hecho, su capacidad de acción, señor Comisario, está muy limitada. 
Resulta frustrante tener que esperar veinte firmas cuando se es una pequeña empresa o un departamento universitario porque el Consejo les ha dictado que deben hacerlo y ¿hemos considerado a raíz de la reestructuración de los procedimientos de la Comisión esta importante cuestión? 
Me alegra que por una vez el Consejo esté presente y aguardo la respuesta de la Comisión. 
Comparto totalmente esta intervención. 
Los nuevos instrumentos pretenden dar más responsabilidades y más flexibilidad. 
Por consiguiente, las reglas de participación deben estar más de lo que lo están hoy al servicio de las pequeñas y medianas empresas, al servicio de la comunidad científica. 
Esto es totalmente claro. 
En ese sentido, los proyectos integrados darán más flexibilidad y evitarán reglas de tal nivel de restricción que eliminen a las pequeñas y medianas empresas. 
Señora Presidenta, quisiera aprovechar mi intervención para agradecer al Comisario Busquin la extraordinaria oportunidad que nos brinda al mantener un contacto continuo con el Parlamento Europeo. 
Lo cierto es que, en nuestra opinión, el programa funciona bien en su conjunto, sin embargo, se ha de mejorar. 
Ésta es la tarea que debemos realizar conjuntamente. 
Esta mejora afecta, por ejemplo, al enfoque que sigue siendo demasiado burocrático: sus elementos deben aclararse mejor, al igual que, a mi modo de ver, hay que aclarar mejor la redistribución de la estructura financiera. 
En efecto, considero que son prioritarios esos problemas extraordinariamente urgentes, graves, de emergencia que afectan a la salud del ser humano. 
Asimismo, cuando hablamos de redes y de centros de excelencia, creo que el Comisario advertirá la exigencia, la necesidad de un diálogo con el Parlamento. 
Por lo que se refiere a nuestra comisión parlamentaria, tenemos una idea acerca de toda una serie de centros de excelencia que deben funcionar en Europa. 
En definitiva, pienso que, gracias a esta colaboración continua, se puede mejorar todo el programa y que se pueda encontrar una respuesta a las cuestiones urgentes como las planteadas, por ejemplo, por el Sres. Jackson o Bowis. 
En otras palabras, no debemos trabajar en compartimentos estancos: hemos hecho un programa europeo de salud pública que, sin duda, podrá ser especialmente útil al Sr. Comisario y que estoy seguro que él ya ha tenido muy en cuenta. 
Permítame hacer una sugerencia de cara al futuro. 
Al inicio de la sesión hice señal con la mano repetidamente durante mucho tiempo. yo podría estar en la lista o no, pero no tenía ni idea de si lo estaba. 
Sería posible que uno de sus asistentes responda con una señal a nuestras peticiones del uso de la palabra para que podamos bajar la mano y saber si estamos en la lista o no. 
Muy bien, Sr. Purvis. 
Tratado de Niza y futuro de la Unión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0168/2001) de los Sres. Méndez de Vigo y Seguro, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el Tratado de Niza y el futuro de la Unión Europea. 
. Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, hace cuatro años, cuando tuve el honor de presentar ante este Parlamento el dictamen sobre el Tratado de Amsterdam con mi amigo Dimitri Tsatsos, concluí aquella intervención recordando las palabras de Miguel de Cervantes quien, ya viejo y cansado, hastiado de la vida, decía que había ocasiones en los que se tenía que optar entre ser camino o ser posada, entre seguir adelante o quedarse parado, y yo decía: "hay que ser camino, hay que seguir adelante". 
Amsterdam es un paso más en esta dirección. 
Y recuerdo al Comisario, nuestro buen amigo Marcelino Oreja, quien me respondió también con palabras de Miguel de Cervantes, cuando decía aquello de los encantadores, que podrán privarnos de todo, pero de la esperanza nunca. 
¿Es entonces el Tratado de Niza la esperanza en la que confiaba el Parlamento Europeo? 
La respuesta es clara: no, no es lo que pedía el Parlamento Europeo. 
Porque el Parlamento Europeo quería una reforma profunda de las instituciones; porque el Parlamento Europeo quería preparar la Unión Europea para la ampliación; porque el Parlamento Europeo quería tratar problemas que preocupasen a los ciudadanos. 
Pero la verdad es que los Gobiernos, que son los que dominan el orden del día de una Conferencia Intergubernamental, tomaron una decisión distinta y, por tanto, el orden del día es el que fue y no el que quería el Parlamento Europeo. 
El Tratado de Niza no ha resuelto muchas de estas cuestiones. 
Sólo ha resuelto algunas de ellas, en algunos casos satisfactoriamente, y en otros de forma insuficiente. 
Y yo creo que el mérito- si es que tienen alguno- de esta resolución y de este informe que presentamos Antonio Seguro y yo es el de ser un documento equilibrado, que es lo que caracteriza a un Parlamento que ha dejado de ser meramente impulsor para ser codecisor. 
Y un Parlamento codecisor significa un Parlamento responsable y, por lo tanto, un Parlamento que tiene que hacer las cosas de forma equilibrada. 
Quiero rendir homenaje en este momento a todos los componentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales que han hecho una labor de consenso inmensa, empezando por su presidente, Giorgio Napoletano, y también a mi buen amigo, Antonio Seguro, que ha sido un componente no solamente sólido e inteligente, sino también leal. 
Estamos hablando por tanto de un documento equilibrado, donde ponemos de manifiesto aquello que no nos gusta y aquello que queremos ver modificado en el futuro, porque los acuerdos, y el Tratado de Niza es un acuerdo, no duran siempre- siempre no es más que un adverbio de tiempo- y son susceptibles de reformas. 
Y el propio Tratado de Niza tiene en sí el germen de dicha reforma. 
Yo creo que esta resolución mira hacia el futuro, mira hacia esa Declaración nº 23 que es la que establece los raíles de la reforma. 
Y hemos querido en ese espíritu constructivo ayudar a la Presidencia sueca, con la que hemos tenido muchos contactos a lo largo de estos últimos meses, para que precisamente en ese Consejo Europeo de Gotemburgo pueda verse cuál es el futuro de la Unión Europea en sus respuestas institucionales. 
Apostamos, señora Presidenta, por que se constituyan en todos los Estados miembros comités nacionales para que la gente debata de verdad, no de mentira, para que sepamos de este modo qué es lo que quieren los ciudadanos sobre la Europa del futuro. 
Este Parlamento apuesta también por un método democrático para preparar la Conferencia Intergubernamental. 
Creemos que ese método democrático es el modelo de la Convención que elaboró la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Y hoy que vemos tantas propuestas de unos y de otros, todas sobre la Convención- lo cual ya es un hecho positivo -, quisiera decir que lo que el Parlamento Europeo quiere es una Convención basada en el modelo de la que elaboró la Carta de los Derechos Fundamentales: en ése y no en otro; porque ése demostró ser un modelo exitoso y unió diversas legitimidades para lograr el resultado apetecido. 
Sobre la base del modelo de la Convención, queremos que el resultado de la misma sea también el papel que estudien los Gobiernos en la Conferencia Intergubernamental. 
Vamos a hacer propuestas constitucionales, y no hay que tener miedo al término constitucional porque, cuando se habla de competencias o de arquitectura institucional, estamos hablando de temas constitucionales. 
El resultado que perseguimos es que haya una Constitución Europea, y lo quiero decir con toda claridad, que haya una Constitución Europea, donde quede bien claro cuáles son las competencias de unos y de otros y, sobre todo, qué es lo que hacen unas y otras instituciones en la arquitectura institucional. 
Queremos que esté lista antes del 2004, antes de las elecciones al Parlamento Europeo, para que los Grupos políticos de esta Cámara podamos ir a esas elecciones defendiendo nuestras opciones. 
Señora Presidenta, yo creo- y retomo las palabras del inicio de mi intervención- que éste es un camino de esperanza. 
Estamos ante la Europa del euro, estamos ante la Europa de la ampliación, y el que sea un camino de esperanza o sea un camino que nos lleve a una situación de bloqueo en la Unión Europea ­que nadie quiere- depende de nosotros. 
Por lo tanto, yo quiero que esta resolución sea una aportación constructiva a que ese camino de esperanza sea cada vez más ancho y que gracias a ella vayamos siendo cada vez más europeos. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario Michel Barnier, no constituirá ninguna sorpresa que comience mi intervención reafirmando nuestro desencanto ante los resultados de dicha Conferencia de Niza, las opciones seguidas y la timidez con que dicha Conferencia trabajó en Niza. 
Para nosotros, dicha Conferencia fue una segunda parte de la de Amsterdam y en ese sentido constituyó una oportunidad perdida para que Europa diera un paso adelante, sólido y amplio, en su profundización política y social. 
El Parlamento Europeo laboró en pro de que se integrara la Carta de Derechos Fundamentales en los Tratados, la Conferencia la aprobó, pero no la integró en los Tratados. 
El Parlamento Europeo quería que pasaran a decidirse más asuntos no por unanimidad, sino por mayoría cualificada, porque, si la situación es ya difícil con 15, mucho más lo será con 27, y la Conferencia hizo lo contrario precisamente. 
El Parlamento Europeo quería que la regla de la mayoría cualificada para las decisiones en el Consejo fuese de codecisión con este Parlamento, y la Conferencia no hizo lo que nosotros considerábamos correcto. 
Dicha Conferencia tuvo el orden del día más corto de toda la historia de las conferencias intergubernamentales y, aun así, dio el paso más tímido de todas las reformas de los Tratados. 
En contrapartida, de Niza salió la impresión de una Europa "de los intereses", en vez de una Europa como "comunidad de valores", la impresión de una Europa en la que parece que cada uno de los Estados estaba tratando más sus asuntos que los de Europa. 
Europa no consiste en que cada cual trate de sus asuntos, sino en que todos traten de los asuntos de todos, en homenaje a los fundadores de ese proyecto europeo. 
Pero el Consejo tuvo conciencia de ello cuando aprobó su "Declaración 23", al decir y reconocer que el resultado obtenido en Niza era escaso. 
Y, en cierto modo, reconoció que el método de preparación de esa Conferencia estaba completamente agotado. 
Ahora bien, creemos que la Conferencia de Niza permitió, entre otros aspectos positivos, que se prosiguiera por la vía de la ampliación. 
Y precisamente en ese triángulo y en ese equilibrio de que hablaba mi colega Íñigo Méndez de Vigo es en el que se sitúa el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta los resultados de Niza, que nos desencantaron, la posibilidad de proseguir con la ampliación y también que se inicia un debate y un nuevo método de preparación y revisión de los Tratados gracias al cual se puede pensar Europa de forma más global, más seria, más coherente y sobre todo más profunda. 
No diciendo, como en Maastricht, "sí" al Tratado de Niza, no diciendo, como en Amsterdam, "sí" al Tratado de Amsterdam, sino dejando de contribuir a que el proceso de ampliación quede parado y colaborando, así, de forma positiva para que pueda materializarse la ampliación. 
Dicho de otra manera: este Parlamento Europeo no quiere ser parte del problema, sino de la solución. 
Y, por eso, también aquí reafirmamos que en nuestro informe no subordinaremos la evaluación del Tratado de Niza a las conclusiones del Consejo de Laeken, sino que tendremos en cuenta las conclusiones de Gotemburgo y del Consejo de Laeken, cuando este Parlamento Europeo tenga que emitir un dictamen sobre la convocación de la próxima conferencia intergubernamental. 
¿Por qué? 
Porque queremos soluciones serias y profundas. 
Por eso, proponemos en primer lugar un nuevo método de preparación de la revisión de los Tratados. 
Queremos una convención. 
Por lo demás, no entendemos: si el método intergubernamental falló en Niza y si la Convención tuvo éxito con la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales que el Consejo subscribió, ¿por qué razón no se va a buscar el buen ejemplo de la Convención para elaborar la reforma de los Tratados? 
Por lo demás, no entendemos por qué motivo no deben participar en esa Convención los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. 
No entendemos el temor del Consejo, porque lo que queremos no es substituir a los gobiernos, lo que queremos es participar en pie de igualdad con los gobiernos en el debate y en las propuestas positivas sobre el futuro de la Unión Europea. 
En segundo lugar, queremos un debate amplio, y no sólo circunscrito a los cuatro asuntos que figuran en la "Declaración 23". 
Pero con rostro humano: no nos basta un site, queremos que haya comités que dinamicen ese debate, que haya actas que reproduzcan propuestas que converjan en la Convención y que de ésta salga una propuesta constitucional que sea la base de la futura reforma de los Tratados, que no queremos que sea una Convención. 
Señora Presidenta, termino expresando agradecimientos: en primer lugar, a mi colega Íñigo Méndez de Vigo, por su experiencia, por su competencia, por su inteligencia, pero también por la honradez y el rigor con que ha participado en este trabajo. 
Además, a todos los colegas de la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la forma ejemplar como el presidente Giorgio Napolitano ha dirigido siempre los trabajos. 
También a la forma como todos han contribuido, teniendo a veces posiciones muy diferentes, para que fuera posible llegar a una posición fuerte y firme del Parlamento Europeo, con propuestas concretas. 
Por último, a la secretaría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ha hecho posible que se dispusiera en tiempo útil de las enmiendas y las propuestas en todas las lenguas. 
Nuestro objetivo, señora Presidenta, es el de trabajar modestamente para que el Parlamento Europeo contribuya a una Europa más próxima a los ciudadanos, una Europa que fortalezca más a la Comisión y al Parlamento y menos al Consejo, una Europa que tenga fundaciones e instituciones que traten más del bien de todos los ciudadanos que viven en este espacio y no de los egoísmos de los Estados. 
Tras reiterar todo mi respeto, toda mi estima y toda mi admiración a la Presidenta del Consejo, estoy seguro de que aceptará un recuerdo de su presencia en este debate y que nos da mucha satisfacción por su significado político: se trata de una pequeña pegatina que dice: "¡ Sí a la Convención !" 
Que tenga presente esta pegatina cuando presente sus propuestas y cuando las vote junto a sus interlocutores y a los otros miembros de los Gobiernos de la Unión. 
(El orador se dirige a la Presidenta en ejercicio del Consejo, a quien ofrece la citada pegatina) 
Gracias, señor Seguro. 
Este autoadhesivo ha salido del taller de la señora Ministra. 
Eso es una buena señal. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, le cedo la palabra a continuación. 
, Consejo. (SV) Señora Presidenta, Señorías, el futuro de Europa se está formando en estos momentos en que la Unión Europea se reúne para la ampliación. 
Es una tarea histórica unir a Europa y dar a los países candidatos la bienvenida a su vuelta a la familia europea. 
La Unión hace cuanto puede para evitar una nueva guerra- una nueva Srebrenica o una nueva limpieza étnica- en el oeste de los Balcanes. 
Hasta ahora hemos podido contribuir a evitar los conflictos en gran escala, tanto en la ex República Yugoslava de Macedonia como en el sur de Serbia. 
El futuro de la Unión está en coordinar la política internacional de manera que podamos evitar los conflictos armados. 
La Unión está desarrollando también una colaboración con África. 
Una troica comunitaria está visitando en estos momentos el oeste africano. 
La responsabilidad de la UE y su futuro comprenden también una responsabilidad de carácter mundial. 
La colaboración europea se está estrechando en una serie de campos. 
Europa debe ser algo más que un mercado. 
Los objetivos de la Unión del futuro deben ser el pleno empleo, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y el equilibrio económico y social. 
Los métodos de trabajo de la Unión se están perfeccionando a través de las normas sobre acceso a los documentos y a las reformas que se llevan a cabo en las instituciones. 
En el futuro la UE deberá ser una Unión abierta y democrática. 
Asimismo, sabemos que falta mucho por hacer, tanto para alcanzar un comercio justo y libre como en relación con los derechos humanos y los temas medioambientales. 
El debate sobre el futuro se centra en lo que hay que hacer y en las instituciones que es necesario crear para alcanzar las metas. 
Mediante el Tratado de Niza preparamos la Unión para la incorporación de nuevos miembros y, simultáneamente, dejamos en claro el deseo de continuar avanzando. 
Logramos pasar de la unanimidad a las decisiones por mayoría respecto a unas treinta y cinco nuevas disposiciones. 
Sin embargo, fuimos muchos los que hubiésemos querido llegar aún más lejos en los asuntos de carácter social y en el tercer pilar. 
También pudimos extender el procedimiento de codecisión a nuevos campos, en los que el Parlamento Europeo, junto con los gobiernos nacionales, podrá garantizar el arraigo democrático de los procesos de decisión. 
Estas decisiones son importantes y pudimos abarcar más de los tres temas que se señalaron en el Tratado de Amsterdam. 
Del mismo modo, estoy convencida de que hoy veremos más ejemplos, la mayoría está de acuerdo en que la próxima Conferencia Intergubernamental tendrá que llegar más lejos que Niza y que por esa razón es necesario ampliar el debate sobre el futuro europeo. 
Una meta importante debe ser conseguir una mayor participación de los ciudadanos en el proyecto europeo. 
La Presidencia sueca, que junto con la próxima Presidencia belga recibió la misión de iniciar este debate, lo ha hecho con gran seriedad. 
A comienzos de marzo se inauguró la página común en Internet administrada por la Comisión. 
En ella ya hay contribuciones de muchos Jefes de Estado y de Gobierno y muchos comentarios de los ciudadanos europeos. 
Esta página va a ampliarse a las once lenguas comunitarias y espero que esté presente en el debate en torno a la Conferencia Intergubernamental. 
También las instituciones están planificando una serie de seminarios y conferencias. 
A esto hay que añadir todas las iniciativas que se han tomado, tanto en los países miembros como en los países candidatos. 
Por primera vez nos dirigimos directamente a los ciudadanos europeos en relación con los preparativos de una Conferencia Intergubernamental. 
Seguramente sus expectativas y deseos irán más allá de los temas institucionales que se fijaron en Niza. 
Me parece bien. 
En mi opinión, en primer lugar el debate sobre el futuro debe concentrarse en aspectos políticos y, en segundo lugar, en las instituciones. 
Antes de definir nuestras herramientas tenemos que saber qué herramientas se necesitan. 
Asimismo, es obvio que hay que discutir la esencia y el carácter de la Unión. 
Por eso, en mi calidad de Presidenta del Consejo, celebro los anhelos a más largo plazo que se están empezando a ver en este debate. 
Puede ser tentador simplificar el debate concentrándose en los conceptos y olvidando lo que éstos significan. 
Por ejemplo, vemos que muchos quieren trazar una clara línea divisoria entre los "federalistas" radicales y los que tienen anhelos más modestos en relación con los temas institucionales. 
No obstante, cada país tiene su historia y sus marcos de referencia que determinan cómo se entienden los conceptos. 
En algunos países el propio concepto de "federalismo" se interpreta positivamente como sinónimo de descentralización y, en otros, puede ser como poner una banderilla, asociándosele con la centralización. 
Lo mismo ocurre con la "constitución". 
Como han señalado algunos oradores, los tratados vigentes constituyen una especie de constitución. 
En ellos se contienen normas sobre nuestras tareas, sobre el reparto de las responsabilidades entre las distintas instituciones y sobre los procedimientos. 
Lo interesante es el contenido de esas reglas esenciales y no el nombre que les demos. 
De manera similar se presenta a menudo la contradicción entre los que opinan que la legitimidad democrática emana de los representantes populares en cada país y los que piensan que hay que buscarla en un nuevo modelo político de la colaboración europea. 
Creo que hay que intentar buscar diferentes maneras de fortalecer la relación entre la política europea y la de carácter nacional. 
La democracia no es un juego en el que siempre ganan todos. 
Estoy convencida de que se puede hacer mucho para fortalecer la democracia europea sin volver a construir la Unión desde el comienzo. 
Si se desarrollan las relaciones entre el ámbito europeo y el nacional se beneficiará la democracia y se fortalecerá el poder de los ciudadanos. 
Hay que abandonar la artificial división entre lo europeo y lo nacional. 
Los parlamentarios nacionales y los europeos tienen un mandato popular directo. 
¿Qué impide a los parlamentarios nacionales actuar más regularmente en el Parlamento Europeo y a los eurodiputados hacer lo mismo en los parlamentos nacionales? 
Las demandas de más arraigo popular y la apretada agenda implicarán exigencias especiales ante los preparativos de la próxima Conferencia Intergubernamental y muchas personas han dicho que se necesitarán métodos más abiertos. 
Algunos piensan que un pequeño grupo de los denominados hombres sabios debería presentar propuestas. 
Un grupo con estas características podría trabajar con rapidez, pero significaría también que no podrían estar representados todos los países. 
Muchas personas, incluso en este Parlamento, han propuesto que se haga uso de un foro abierto, parecido a la Convención que redactó la Carta de derechos Fundamentales el año pasado. 
Sin embargo, muchos países han hecho hincapié en que un foro abierto, una convención, no debe reducir ni limitar el debate con los ciudadanos. 
Después de que un foro abierto haya concluido su trabajo, habrá que debatir, comentar y buscar arraigo para los resultados. 
Si se me permite un momento hablar como representante de la Presidencia sueca y como Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia y no solamente como Presidenta del Consejo, quisiera decir que me gustaría que se crease un foro abierto a comienzos de 2002. 
Un foro de esta naturaleza podría trabajar durante aproximadamente un año en la tarea de presentar recomendaciones sobre los asuntos que se deberán inscribir en el orden del día de la Conferencia Intergubernamental y de analizar las respuestas y comentarios sobre esos asuntos. 
Asimismo es importante que continúe el debate amplio y que tomemos en consideración los asuntos que se discuten en el ámbito nacional. 
Una forma de conseguirlo puede ser sintetizar estos debates y presentarlos ante el Consejo Europeo cada seis meses. 
Seguramente también se necesitarán estudios técnicos, puesto que los temas que se tocaron en Niza son bastante complejos. 
En síntesis, y fundamentándome en mis conversaciones con los países miembros y con los países candidatos, creo que será difícil encontrar un método de preparación que se adecue a todos los asuntos. 
Se necesitará una combinación. 
Creo que necesitamos una Convención, preparativos técnicos y mayor conocimiento de los debates nacionales. 
La Presidencia sueca continuará dialogando con el Parlamento Europeo, paralelamente con las discusiones que tengan lugar en el Consejo. 
La resolución que ustedes toman hoy- agradezco muy sinceramente a los Sres. Méndez de Vigo y Seguro- será un elemento muy importante de los debates. 
Servirá también como fundamento para el informe que la Presidencia sueca presentará en Gotemburgo. 
Se dará gran relevancia a estos asuntos y esperamos contribuir a que el debate continúe con nuevos impulsos. 
¡Espero sus puntos de vista! 
. Señora Presidenta, la opinión de la Comisión de Presupuestos, en cierto modo, está sintetizada en los apartados 2, 3 y 40 de la propuesta de resolución; pero comprenderán que no cederé a la tentación de acabar aquí mi exposición. 
Me permitiré, por tanto, ilustrarla y matizarla un poco. 
Nosotros compartimos totalmente la frase del apartado 2 donde se dice que "lamenta profundamente que el Tratado de Niza sólo haya dado una respuesta tímida". 
Es una de las grandes frustraciones de la Comisión de Presupuestos: que no hayamos sido capaces, en este momento, de abordar y resolver los temas presupuestarios antes de entrar en el proceso efectivo de la ampliación. 
En el apartado 3 de la propuesta de nuestros colegas de la Comisión de Asuntos Constitucionales se dice que la Conferencia hace "más confuso y menos transparente el proceso decisorio dentro la Unión". 
A este respecto, y desde el punto de vista del presupuesto, sólo les diría que si miran los saldos presupuestarios y los comparan con los votos de los Estados miembros en el Consejo quizá no sea tan confuso el procedimiento de voto. 
Ya entrando en algunos aspectos presupuestarios nosotros, como les decía, esperábamos de los Estados más ambición, esperábamos que ahora abordarán francamente el tema del procedimiento presupuestario y que optaran incluso, si ustedes quieren, por un modelo como el que ofrece la Constitución alemana, que tiene una apartado que es la "Constitución financiera", donde se prevé una compensación financiera (Finanzausgleich) entre los Estados miembros, los lander de la Federación alemana. 
Este era el momento propicio para ello sin esperar a más tarde. 
Sigue existiendo una absoluta ambigüedad en cuanto al sentido del Acuerdo Interinstitucional, hasta el punto de que hay 5 artículos del Acuerdo Interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria que prevén mayorías no previstas en el Tratado. 
Este problema jurídico no ha sido resuelto en Niza. Eso causa francamente frustración en el Parlamento. 
Nosotros hubiéramos preferido que se fijaran y definieran las Perspectivas financieras, sabiendo que ello no iba a aportar ninguna ventaja particular al Parlamento pero sí a la Unión Europea. 
Las Perspectivas financieras se mencionan, esta vez sí, en el Tratado pero no se definen, con lo cual no avanzamos gran cosa. 
Se proponen nuevos gastos, nuevas actividades, se presupone que el Parlamento Europeo estará de acuerdo, pero no se prevén los medios financieros para ello. 
Por lo tanto, dado el apremio de tiempo, Señorías, yo quisiera dirigirme a la Presidenta del Consejo porque ha recordado nuestras diferentes culturas, políticas y tradiciones, pero hay una cosa que nos une a todos: los Parlamentos nacieron en Europa como representación de los ciudadanos para controlar el gasto público y aprobar los gastos del soberano. 
El presupuesto está en el núcleo duro de la democracia representativa y si queremos una democracia representativa en Europa hemos de avanzar mucho más en el procedimiento presupuestario. 
. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, es suficiente un único punto para mostrarles claramente la decepción de mi comisión. 
Yo represento el sector de la política de pesca que es uno de los pocos sectores europeos que son competencia exclusiva de la Comunidad. 
Esto tiene como consecuencia que todas las normas jurídicas de Bruselas en este campo afectan directamente a los ciudadanos de la Unión. 
Y todos los afectados se quejan con razón de modo evidente por el déficit democrático existente. 
Se nos sigue negando al Parlamento, como única institución legitimada por el voto popular, una participación real en la actividad legislativa. 
Me refiero al procedimiento de codecisión que aún no ha sido abierto para la política de pesca, en contra de nuestras exigencias. 
El futuro de la pesca europea a partir del 2003 se va a escribir de nuevo. 
Por ello, es para mí de especial importancia repetir y subrayar hoy nuestra posición anterior a Niza en la fase posterior a Niza. 
No es suficiente con una sencilla consulta del Parlamento. 
Queremos participar realmente en la definición de los temas más importantes. 
Insistimos por ello en que se incluyan las normas de la codecisión en los artículos 32 hasta 38 del Tratado de la CE y les rogamos su apoyo. 
He comprobado asimismo otro déficit en la participación del Parlamento en la conclusión de tratados internacionales relacionados con la pesca. 
Exigimos que se establezca la obligación de aprobación del PE a los acuerdos internacionales de importancia presupuestaria negociados por la Comisión. 
Para finalizar, queremos un Título propio en el Tratado de la CE y todo esto, estimado Elmar, adicionalmente a la política agraria. 
Esto es sólo consecuente. 
Sólo de este modo haremos justicia a la gran obra reguladora de esta política europea, entretanto muy desarrollada. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales lamenta que el Tratado de Niza introdujera muchas menos modificaciones concretas en el ámbito del empleo y la política social de las que deseaba la comisión. La comisión espera que estos temas sean abordados en el segundo informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y por la próxima CIG. 
Respecto a los asuntos institucionales más generales, que actualmente son objeto de debate, acogemos favorablemente el llamamiento del informe en favor de una Convención con vistas a preparar la próxima CIG y en favor de un debate que incluya la participación activa de la ciudadanía europea en su conjunto. 
Quisiéramos pedir que la Convención entable, en el transcurso de sus negociaciones, relaciones estrechas con los interlocutores sociales y con la sociedad civil. 
En particular, deseamos que se lleve a cabo una consulta, tanto dentro de los Estados miembros como de los países candidatos, sobre el tema de la provisión de un fundamento jurídico para la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones de la Unión Europea. 
Asimismo nos gustaría que se animara a los Estados miembros a crear foros en los que los ciudadanos puedan relacionarse con sus respectivos Parlamentos para tratar sobre el futuro de Europa. 
Creemos también que hasta y después de la celebración de la próxima CIG tendría sentido organizar reuniones anuales mixtas de las delegaciones de las Comisiones de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, de los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
Esperamos que se encuentre la fórmula de apoyar dichas reuniones. 
Por último, confiamos en que la Carta de los Derechos Fundamentales sea incorporada a los Tratados con carácter vinculante y abrigamos la esperanza de que en el futuro sea posible una participación amplia y activa en el debate sobre el futuro de la Unión. 
. Señor Presidente, creo que el proyecto de resolución que vamos a votar sobre el futuro de la Unión Europea y la valoración de Niza es un texto positivo, equilibrado y que mantiene el protagonismo del Parlamento Europeo en el proceso de construcción de Europa. 
Por lo tanto, merece un pleno apoyo por parte de esta Cámara, que espero sea mayoritario. 
Como presidente de la Comisión de Industria, he presentado una opinión que resumiría en cuatro puntos. 
El primero se refiere al apartado 3 del artículo 157 sobre medidas de apoyo a la industria. 
El segundo son las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA en 2002. 
El tercero, sobre el artículo 181 A sobre las relaciones con terceros países, sobre todo en materia de cooperación financiera y técnica. 
Y, finalmente, el cuarto aspecto son las insatisfactorias modificaciones del artículo 133 referente a la política comercial común. 
Todos ellos tienen un mismo defecto, y es que no resuelven el déficit democrático manifiesto que existe en estas materias y donde el papel del Parlamento Europeo, en unos casos, está totalmente ausente y, en otros, se limita a una mera consulta cuando debería haber ido más lejos. 
Confío en que esta opinión que se adjunta al proyecto de resolución se incluya próximamente en un nuevo documento del Parlamento Europeo, y confío también en que estos temas figuren también en la agenda de la próxima Convención que desembocará en una Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, Señorías quiero, ante todo, anunciar en nombre del Grupo Socialista que nosotros apoyamos y vamos a votar a favor del informe hecho al alimón entre los Sres. Méndez de Vigo y Seguro, que lo han hecho con seriedad, con elegancia y con un espíritu de cooperación no sólo ibérico sino europeo. 
Ese espíritu de cooperación creo que se puede extender a otros campos porque estoy viendo que, en este debate "post­Niza" que hemos iniciado ya, se están criticando, por parte de ilustres líderes del PPE, las propuestas hechas por los líderes de mi familia política: el Sr. Jospin (Primer Ministro de Francia) y el Sr. Schröder. 
Sólo puedo decir una cosa: esperamos con impaciencia las aportaciones de los Sres. Aznar y Berlusconi. 
Todos guardamos en la memoria (protestas y aplausos) las aportaciones que nuestro colega, el Sr. Berlusconi, ha hecho a favor de Europa en esta Cámara. 
Y dicho esto, señor Presidente, no voy a entrar en el análisis crítico del Tratado, que es el trabajo que han hecho estos dos colegas. 
Me voy a dirigir a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo, porque ha dicho cosas importantes. 
Primero, ha dicho que ha lanzado un foro virtual. 
De acuerdo, ese foro está ya en Internet; ese es un foro y le agradezco además, a la Sra. Presidenta ejercicio del Consejo, que por fin haya entrado el Parlamento Europeo en el foro, en la última edición. 
Incluso podemos buscar algunas fórmulas para poder ir "clicando" o conectando con nuestros propios debates. 
El foro existe ya. 
Honra a la Presidencia sueca el que ese foro sea abierto y democrático en la mejor tradición sueca. 
Ha apuntado que quizá fuera conveniente constituir un comité de sabios. 
Estoy a favor de que los líderes políticos experimentados no vayan al desempleo. 
Pero, en cualquier caso, no hay un foro que sustituya a la Convención, porque ésta ­y quiero recordar que es un invento del Consejo, no del Parlamento, en Colonia- es un método en virtud del cual no hacemos recomendaciones sino que debatimos las cuestiones y formulamos propuestas para la Conferencia Intergubernamental. 
Creo que, en este sentido, hay que ser claros: no es sólo una petición del Parlamento Europeo en este momento. 
Si entiendo bien, después de un debate bastante vivo en Estocolmo, la semana pasada la COSAC se ha pronunciado a favor de la Convención. Esto quiere decir, como es lógico, que los representantes de los pueblos europeos, elegidos por las dos vías, estamos de acuerdo en que tiene que haber esa Convención, precisamente, para que haya algo que estimamos que es fundamental y que no es otra cosa que, señor Presidente- y con ello concluyo -, un debate abierto, público y transparente, con luz y taquígrafos, que nos permita hacer unos tratados que sean constitucionales y, sobre todo, que sean comprensibles para nuestras conciudadanas y nuestros conciudadanos. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, mi Grupo apoyará el trabajo de los ponentes, a quienes felicito por el elegante equilibrio del mismo. 
Es muy adecuado que el Parlamento Europeo no exprese a estas alturas un punto de vista definitivo sobre las cualidades del Tratado de Niza, porque reconocemos- al igual que el propio Tratado- que aún queda mucho por hacer. 
Queremos participar activamente en la tarea de persuadir e influir para que se siga mejorando, de aquí nuestro compromiso con la idea de la Convención. 
Y es para mí un gran placer oír las observaciones positivas de la Presidenta en ejercicio del Consejo en este sentido. 
Señora Presidenta, usted ha hablado también de descomponer en factores la dimensión nacional y el debate público más amplio. 
Espero que no nos esté hablando de crear una Convención que sea una especie de pub sin cerveza. 
En realidad nos gustaría que se incorporaran estos aspectos de manera para dar firmeza y representación a una opinión más amplia. 
En mi país, la República de Irlanda, se celebrará dentro de ocho días un referéndum sobre el Tratado de Niza, único en los 15 Estados miembros. 
De cara a dicho referéndum se ha llevado a cabo una campaña muy activa en contra de tres temas generales: en contra de que sea necesario para la ampliación decir "sí" al Tratado de Niza; en contra porque las reformas relativas a la mayoría cualificada y al papel de los países más pequeños va demasiado lejos; y en contra de lo que ha dado en denominarse la militarización de la UE. 
Normalmente no intervengo en política nacional, pero hoy, por motivos europeos, quiero declarar de manera inequívoca para que conste en el Acta del Parlamento que votar "sí" al Tratado de Niza en Irlanda significa votar en favor de la desaparición del último obstáculo a una importante ampliación. 
Y, en conciencia, pido a la población que vote "sí" y personalmente, en conciencia, votaré "sí". 
Es necesario el "sí" para garantizar que reunimos las condiciones políticas acordadas en Helsinki para que la UE esté preparada, a más tardar a finales de 2002, para este viaje histórico hacia la ampliación. 
El "sí" es el voto en favor de la reunificación de Europa. 
Insto a mis conciudadanos de Irlanda a que lo tengan en cuenta. 
El Tratado de Niza es susceptible de numerosas críticas en lo que se refiere a la mayoría cualificada y al papel de los países más pequeños, pero en el caso de las personas bien intencionadas y racionales, las críticas no deberían incluir aquélla de que ha ido demasiado lejos. 
El problema con el Tratado de Niza es cuánto queda aún por hacer. 
Cualquiera que sostenga lo contrario le estará haciendo el juego a la galería del populismo, en vez de ocuparse de la esencia y de los hechos. 
Por último, sobre el argumento de la militarización: en mi calidad de irlandés, me entran ganas de vomitar cuando escucho las lecciones del Sr. Adams y de otras personas del Sinn Féin que aún hoy siguen manteniendo un alto el fuego armado en Irlanda del Norte, que se niegan a entregar las armas y que, antes de su entrada en el proceso de paz, mancillaron el nombre de los irlandeses con una campaña de asesinatos y de terror durante tres décadas. 
Es una farsa que estas personas describan el gran movimiento pacífico de Europa, como es el proceso de integración europea, como el camino hacia la militarización. 
Esas personas no son del todo demócratas. 
No debemos aceptar lecciones de ellos sobre este asunto. 
El General Morillon, que esta tarde se encuentra presente, sirvió en Srebrenica, entre otros lugares, con dignidad, a pesar de haber recibido un mandato muy difícil y de hecho imposible, de las Naciones Unidas. 
Sabemos que la OTAN y los Estados Unidos no intervendrán y no intervinieron. 
Nosotros, en la UE, no podíamos intervenir. 
De no haber sido por la OTAN, no habría habido nada. 
Tenemos el deber moral y ético de garantizar que estamos preparados para este tipo de misiones en el futuro con dispositivos como la Fuerza de Reacción Rápida. 
Esto representa la responsabilidad y la madurez de Europa, y no la militarización. 
Una vez más, la población de Irlanda no debería prestar oídos a los que predican sobre militarismo, porque es una falsa premisa. 
He sido muy generoso con el tiempo de uso de la palabra en el caso de los tres dirigentes de los Grupos políticos. 
A partir de ahora no seré tan tolerante, aunque estoy seguro de que cuenta con un fuerte apoyo de la Asamblea, Pat Cox. 
Señor Presidente, ¿qué tipo de generosidad sería si solamente se limitase a los grandes Grupos políticos? 
Se trataría de una generosidad para el poder, algo que no pretendo imputárselo a usted. 
Señorías, si queremos solucionar la crisis de la integración europea es hora de hablar abiertamente. 
Somos testigos y afectados de una lucha por el poder en Europa. 
No se trata de Estado Federal contra Federación de Estados ni de superestado contra subsidiariedad. 
Se trata de democracia contra las apetencias de poder de los Ejecutivos nacionales, contra una Europa de cooperación intergubernamental clandestina y de legislación gubernamental en la práctica. 
Se trata de la transformación del proyecto Europa para que un asunto que manejan las élites administrativas pase a ser una res publica. 
La Conferencia Intergubernamental de Niza ha fracasado. 
La UE no es ni más democrática, ni tiene una mayor capacidad de actuación ni está apta para la ampliación. 
La Conferencia Intergubernamental ha demostrado ser un instrumento ineficaz. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno convierten a Europa en un mercadillo de intereses nacionales. 
Por la noche, hacia eso de las tres y media cambian entre calvados y ante la chimenea cuotas de pesca por derechos fundamentales o su voto afirmativo a la ampliación por subvenciones agrícolas. 
Después de Niza no se han hecho jalear por lo que han hecho por Europa sino por lo que no han hecho. 
En lugar de cumplir su mandato contractual de impulsar Europa han actuado como abogados de la identidad nacional y se sorprenden luego sobre los Haiders y Berlusconis. 
Los que han fracasado en Niza no sólo quieren ser Gobiernos, legisladores y señores de los Tratados sino además los que elaboren la Constitución de Europa. 
Señorías, ya es hora de que los Parlamentos de Europa recuerden su tarea más primordial que no es otra que sólo ellos y exclusivamente ellos son los que pueden elaborar Constituciones. 
Ya es hora de oponer a esta Europa de principados otra Europa, una democracia Europea y un espacio social. 
Es la hora de los Parlamentos. 
Esta es la tarea de los Parlamentos y me alegra que este Parlamento se encargue de establecer una alianza de los Parlamentos para forjar una democracia europea. 
Señorías, el debate sobre el Estado Federal o la Federación de Estados me aburre solemnemente. 
Podemos dejárselo sin problemas a la próxima generación pero no la cuestión de la democracia europea. 
Este es el desafío para que un día podamos decir: Vive la République d ' Europe! 
¡Viva la República Europea! 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario Barnier, muchas y muchos colegas de esta Asamblea contemplan del Tratado de Niza críticamente. 
También yo y mi Grupo político estamos profundamente preocupados sobre el futuro de la Unión Europea pues muchas de las cuestiones que preocupan a las personas siguen sin solucionarse o solamente se atacan a medias. 
Niza ha debilitado a la Comunidad. 
Niza ha supuesto un retroceso en la integración. 
Ni rastro de más democracia, transparencia o de capacidad de actuación o decisión. 
Como se dice en el informe, el Tratado ha superado a lo máximo de modo formal los obstáculos para la ampliación. 
Por ello, quiero expresar mis felicitaciones a mis dos colegas, el Sr. Méndez de Vigo y el Sr. Seguro, por su comprometido trabajo como ponentes pues su informe refleja la visión fundamentalmente crítica de esta Asamblea sobre el Tratado. 
El Consejo de Niza a evidenciado que los Gobiernos a la postre sólo luchan por preservar sus derechos nacionales de veto. 
La Unión se encuentra ante el mayor desafío de su historia, pero en lugar de enfrentarse enérgicamente a los urgentes problemas, los Gobiernos malgastan el tiempo tras puertas cerradas. 
Por ello, creo que hay que aprovechar el período posterior a Niza para salvar a la Unión de Niza. 
Me voy a referir aquí a algunos puntos que me parecen importantes. 
Es absolutamente necesario corregir inmediatamente el número de escaños para la República Checa y Hungría en el Parlamento Europeo. 
No se debe discriminar a estos dos países en su representación parlamentaria en esta Asamblea. 
El proceso posterior a Niza tiene que enfrentarse a una reforma ambiciosa y realmente profunda, una reforma que debe tener dos objetivos: por un lado, no se deben anular los pasos de integración logrados y quiero subrayar en este lugar que no comparto las ideas del Gobierno federal alemán para la renacionalización de la política agrícola y, en especial, de los fondos estructurales, porque tal actitud cuestiona uno de los principales pilares de la Unión, el principio de la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros. 
Por otro lado, es necesaria una reforma que haga realmente viable a la Unión para el futuro. 
Por ello, hay que poner en marcha un proceso constituyente o similar cuyo resultado sea una Europa unida por la voluntad de sus ciudadanas y ciudadanos. 
Aquí se incluye naturalmente un debate a nivel europeo, abierto y amplio. Esto es absolutamente necesario, pero también quiero destacar que Niza a evidenciado que el método de las Conferencias Intergubernamentales está ya obsoleto. 
Ya no es la vía adecuada para hacer avanzar sustancialmente a Europa. 
Necesitamos un método, concretamente el de la convención, al que ya se han referido aquí muchos. 
Con todo lo importantes e irrenunciables que sean las decisiones sobre la futura estructura institucional de Europa, no se debe olvidar preguntarse cuáles son los contenidos de la política europea. 
El futuro de Europa no debe quedarse limitado al mercado y a la moneda común. 
Saludo que el Jefe de Gobierno francés Jospin haya colocado en su última intervención en el punto central los objetivos de la política de la Unión y no se haya limitado como el Canciller Federal Schröder y el Ministro de asuntos exteriores Fischer sobre todo a cuestiones de la reforma institucional de la UE. 
De hecho, actualmente el debate sobre el contenido de la política de la Unión Europea es más urgente que el debate sobre su configuración institucional. Señora Presidenta del Consejo, me alegra que hoy se haya referido a ello. 
Justicia, solidaridad y política social tienen que ser los valores centrales y las tareas de la Comunidad. 
Por ello, son de la máxima actualidad las propuestas de Jospin para una coordinación más estrecha de las políticas económicas y para la formación de un Gobierno económico de la UE así como para la creación de un fondo coyuntural para apoyar a Estados miembros de la UE en tiempos de crisis. 
El dumping social no puede ser durante más tiempo la práctica cotidiana en la Unión Europea. Es urgente una armonización de la imposición fiscal a las empresas. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, los dirigentes de la Unión Europea, cuando se reunieron en Niza el pasado diciembre para revisar los Tratados en vigor, tenían en mente un único objetivo: intentar modificar los procedimientos internos de toma de decisiones en el seno de las instituciones de la Unión para garantizar la viabilidad de la ampliación de la Unión Europea. 
Creo que el Tratado de Niza es un acuerdo equilibrado que da luz verde al proceso de ampliación, al tiempo que protege y fomenta la participación de los Estados miembros más pequeños. 
El Tratado de Niza no crea una Unión Europea a dos velocidades en la que los Estados miembros más grandes dicten el ritmo del cambio en el seno de la Unión a expensas de los Estados más pequeños. 
No se producirá un cambio fundamental en el equilibrio de poderes dentro de la Unión como consecuencia de la entrada en vigor de las disposiciones del Tratado. 
La Unión Europea seguirá siendo una Unión de pueblos y Estados. 
Todos los Estados miembros de la Unión conservarán el derecho a designar a un miembro de la Comisión hasta que el número de países miembros de pleno derecho de la Unión llegue a 27, e incluso entonces se distribuirán los cargos de la Comisión entre todos los miembros con arreglo a un sistema rotativo. 
Las decisiones relativas a los asuntos nacionales fundamentales seguirán siendo competencia exclusiva de los distintos gobiernos de los Estados miembros, y cada país tomará sus propias decisiones respecto a su régimen fiscal o en materia de Seguridad Social. 
El requisito de unanimidad para modificaciones en materia tributaria sigue estando a la orden del día en la Unión. 
Esto es muy importante, porque creo que las cuestiones tributarias son competencia de los parlamentos nacionales y que la Unión Europea no debe adoptar medidas a nivel central en este ámbito. 
La ampliación de la Unión potenciará y consolidará las estructuras democráticas en la Europa Central y Oriental. Ayudará a reforzar las nuevas economías de libre mercado de dichos países y contribuirá a que estos países sean más competitivos. 
El proceso de ampliación constituye la base para una auténtica reconciliación histórica de un continente que ha estado dividido durante el pasado siglo por guerras e ideologías. 
Nos corresponde a todos nosotros aprovechar las oportunidades que se nos presentan de construir un continente europeo más estable en paz consigo mismo. 
Todos en esta Asamblea sabemos que en Irlanda se celebrará la semana próxima un referéndum constitucional sobre el Tratado de Niza. 
El Tratado es sin duda un buen acuerdo para los países de la Europa Central y Oriental, pero también lo es para los actuales Estados miembros de la Unión. 
No hay ninguna duda de que el funcionamiento del mercado interior ha sido un éxito, en particular, durante los últimos diez años, y desde una perspectiva irlandesa, el éxito económico en nuestro país sencillamente no habría sido posible si no fuéramos miembro de la Unión. 
Señor Presidente, el Tratado de Niza significa en esencia, de tener que sintetizarlo en pocas palabras, más Unión y menos democracia. 
El Tratado de Niza aumenta la distancia entre las élites comunitarias y la población de los países comunitarios. 
Se toma a ésta como rehén en una, si así podemos calificarla, concepción de la democracia por decir lo menos retorcida, que también se refleja en esta Asamblea. 
¿Cuál era verdaderamente la base del Tratado de Niza? 
Efectivamente, atender a la ampliación y a la reunificación del continente europeo. 
Sólo hay dos comentarios que hacer al respecto. 
En primer lugar, que aquello que era necesario para asegurar la ampliación no forma parte del Tratado y que aquello que está dentro del Tratado no es necesario de cara a la ampliación. 
El elemento determinante de este Tratado y de la lírica que sirve de base a este informe lo encontramos en la ambición puesta de manifiesto en el punto F y en adelante. 
Se habla de desarrollar las instituciones de la UE y en particular de este Parlamento como sustitutivo de los parlamentos nacionales. 
La mayor parte de nuestro Grupo respalda la opinión minoritaria redactada por el Sr. Ribeiro e Castro. 
Se habla de una concepción retorcida de la democracia. 
Así podemos verlo en la extraña resolución que da a entender que las élites comunitarias vigilarán las democracias. 
¿Qué disparate es éste? 
¿No es el pueblo quien vigila las democracias? 
Así podemos verlo en la extraña resolución presentada en la última sesión, una anticipación del nuevo artículo 191, "Partidos políticos europeos", que serán financiados por la Unión Europea porque estos partidos no pueden obtener fondos de otro modo, entre otras razones, porque no tienen afiliados. 
¿Qué clase de concepción de la democracia es ésta? 
Y por último: ¿Se preguntará a la población sobre este Tratado? 
El pueblo danés no será preguntado. 
El único pueblo cuya opinión se pedirá es el pueblo irlandés y espero verdaderamente que el pueblo irlandés en nombre de todos los pueblos europeos le diga a estas élites que su concepción de la democracia es errónea y voten no el 7 de junio. 
Señor Presidente, lo aprecio a usted especialmente, pero, puesto que se trata de un asunto relacionado con las instituciones y la democracia, si tiene usted que ser estricto, sea estricto con todos los grupos. 
Si tiene que ser flexible, sea flexible con todos los grupos; al menos en el primer turno. 
Creo que esto sería lo mejor para todos. 
Señor Alavanos, intentaré respetar el horario porque si el Parlamento se retrasa, surgirán muchas complicaciones para los que deben intervenir más tarde, y no sólo para las personas que están delante. 
En lo que respecta al portavoz de su Grupo, debo decirle que ha dispuesto de exactamente el mismo tiempo que Hans-Gert Poettering, por ejemplo, y que el Sr. Barón Crespo. 
El Sr. Cox se excedió un poco, pero estaba realizando una de las intervenciones más apasionadas de cuantas se han pronunciado en este Parlamento desde hace mucho tiempo y creo que la Asamblea disfrutó de ella. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a los ponentes porque no han cedido a la tentación o quizás incluso a la presión de un gran número de diputados que demonizan de un modo automático el resultado de Niza sino que se han esforzado por realizar una crítica objetiva. 
Se ha dicho ya casi todo sobre Niza. 
Sin embargo, me voy a referir a un tema que ha tocado el Sr. Poettering como de paso pero que no ha destacado realmente. 
Considero errónea la exigencia de adelantar al 2003 la Conferencia Intergubernamental prevista en Niza para el 2004. 
Los argumentos aducidos no convencen. 
Por un lado, en Europa tenemos en el 2003 unas elecciones importantes. 
En segundo lugar, la siguiente Conferencia Intergubernamental va a ser de corta duración, sobre lo que existe un amplio consenso independientemente de las diversas ideas. 
Se puede así pues colocar cómodamente tras las elecciones al Parlamento Europeo. 
Pero, sobre todo, el mejor modo de tener en cuenta el deseo de un debate sobre el futuro de la Unión sobre la base más amplia posible es si constituyese un tema de la campaña electoral. 
El adelantamiento huele a huida ante los electores y va a ser también entendido así por los mismos. 
Señor Presidente, yo también voy a felicitar a los queridos colegas, Sres. Méndez de Vigo y Seguro, y quisiera señalar que la contribución de la cooperación ibérica para el futuro de Europa es, más allá y por encima de todo, producto del diálogo y de compromisos políticos adecuados. 
Es evidente que la Cumbre de Niza, y el Tratado consiguiente, contienen muchas contradicciones y muchos vacíos, muy especialmente en lo que respecta al papel del Parlamento Europeo en el futuro de Europa y dentro del marco institucional en el que se moverá Europa a partir de ahora. 
Es también evidente, sin embargo, que los Sres. Méndez de Vigo y Seguro recalcan en su informe de manera muy precisa las cuestiones sobre las que debemos reflexionar y debatir a partir de ahora: cuestiones importantes, como son, por ejemplo, la distinción de competencias, el papel de los parlamentos europeos, la constitucionalización de los Tratados, el futuro de la Política Exterior Común, asuntos que han de ocuparnos desde ahora y hasta la Cumbre de Laeken y después, asuntos que conectan así las cumbres europeas a partir de ahora con los resultados de Niza. 
He escuchado con mucha atención a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo y tengo que decir que a mí no me molestan ni los foros ni Internet. 
Todo esto es útil. 
Lo que me molesta es que no digamos «sí» desde ahora a la necesidad de una Convención en la que se expresen oficial y ordenadamente todas las fuerzas políticas que existen y actúan en Europa, y en la que oficial y ordenadamente lleven a cabo el diálogo sobre su futuro. 
Señor Presidente, espero que el Parlamento apruebe por amplia mayoría la resolución que ha sido fruto de un largo y serio debate en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y que ha contado con la determinante aportación de los Sres. Méndez de Vigo y Seguro. 
Se trata de una resolución que combina eficazmente una crítica severa del Tratado de Niza y una gran preocupación por los riesgos que derivan con una intervención inmediata en la nueva fase de la construcción europea abierta en su día. 
La resolución contiene indicaciones precisas sobre la manera de preparar respuestas adecuadas, de valor constitucional a los interrogantes de fondo acerca del futuro de la Unión. 
Estamos muy atentos- quiero hacer especial hincapié en este punto- al papel de los parlamentos nacionales y a nuestra colaboración con ellos en todas sus formas. 
No hemos pretendido dar indicaciones a los parlamentos nacionales sobre lo que deben hacer en materia de ratificación del Tratado de Niza. 
Lo que esperamos es una convergencia sobre la propuesta de la Convención: Convención, señora Presidenta del Consejo, no entendida como foro de debate del que surgen como mucho unas amables recomendaciones, sino como un órgano de trabajo, un working body, capaz de elaborar textos para someterlos al final a la Conferencia Intergubernamental. 
Y cuando decimos "Convención" no sólo reivindicamos un papel para el Parlamento Europeo, sino un papel común de los parlamentos, es decir, de las instituciones que representan directamente a los ciudadanos a nivel nacional y a nivel de la Unión, que es la única manera de garantizar apertura, transparencia y democratismo- como usted, señora ministra Lindh, decía- en la preparación de la futura Conferencia. 
Los Gobiernos- todos los Gobiernos, de cualquier tendencia- no tendrían que vacilar ante la opción de la Convención. 
En el fondo, ellos también deberían tener interés en no volverse a encontrar atrapados en el callejón sin salida, en la jaula, en la pesadilla de la última noche de Niza. 
Mi Grupo está decidido a que se reconozca en la Convención la legitimidad específica del Parlamento Europeo para tomar parte en el desarrollo constitucional de la Unión. 
El Parlamento aportará sabiduría y compromiso al proceso y enfocará soluciones comunes europeas. 
Y también exigimos que los Estados miembros desempeñen íntegramente la parte que les corresponde en la Convención, pero actualmente existen señales que apuntan a que algunos primeros ministros se están preparando para conceder el mando de la Convención al Parlamento y luego retirar a sus propios representantes de la misma. 
Eso socavaría las bases de la Convención y sería un insulto a este Parlamento. 
Asimismo daría al traste con la tentativa del Consejo Europeo de fingir que respeta el papel de los parlamentos nacionales. 
Si los gobiernos se ausentan nos quedaríamos con una tertulia grandiosa, sería insufrible para este Parlamento ser engatusado de ese modo. 
Quisiera pedir a la Comisión y al Consejo que prometan que la Convención estará compuesta de cuatro partes, y que la CIG hará uso del trabajo de la Convención como base para sus deliberaciones. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, es un gran placer en estos momentos- en los que me temo que en el Reino Unido se ha adoptado un tono bastante negativo sobre Europa- poder decir lo mucho que me alegra esta evolución de una constitucionalización de Europa en unas circunstancias de democracia ampliada y extendida que acoge a los países de la Europa Central y Oriental. 
Como ha dicho la Presidenta en ejercicio, resulta extraño que la Unión Europea no disponga ya de una constitución. 
Naturalmente que sí dispone de una. 
Tiene una implícita y no muy inteligible, y ahora se trata de hacerla explícita e inteligible y adoptarla debidamente. 
Esto no supone necesariamente una federación propiamente dicha según las líneas del Sr. Schroeder. 
Aquellos de nosotros que creemos en una Europa confederada, creemos en la misma proporción que ésta deberá estar marcada por el respeto de los derechos humanos, por la claridad del principio democrático y por la interrelación de constituciones pluralistas, en vez de por un modelo estrictamente jerárquico. 
Con demasiada frecuencia escuchamos en esta Asamblea el término de "nación" utilizado como si fuera meramente coextenso del término "Estado miembro". 
Es un hecho bien conocido por aquellos que reflexionan sobre ello, que en Europa existen más naciones que Estados. 
Una de las características interesantes de nuestro tiempo, en parte bajo la orientación del crecimiento de la democracia en Europa, es el resurgimiento de democracias internas en pequeñas antiguas naciones de Europa como Cataluña, el País Vasco, Escocia, Galicia y Flandes. 
En la Alianza Libre Europea tenemos la esperanza de que el proceso que hoy iniciamos se vea marcado por el respeto de la subsidiariedad en un sentido generoso y amplio: las enmiendas 5 y 18 presentadas por los Liberales y la enmienda 28 presentada por mi Grupo constituyen para nosotros piedras angulares de este proceso. 
Sin ninguna duda, esta Unión deberá reconocer la subsidiaria en un sentido generoso y amplio, deberá reconocer la diversidad política y nacional de la Unión Europea y el debate sobre el futuro deberá tener plenamente en cuenta los poderes de las unidades políticas internas de los Estados miembros y no sólo de los propios Estados miembros. 
En el marco de las presentes elecciones, en Escocia se está debatiendo sobre si el Parlamento escocés debería tener autonomía fiscal plena: la autonomía está creciendo en todos estos pequeños países y es de vital importancia que así se reconozca. 
Me ha producido gran satisfacción que la reciente declaración de la Comisión sobre armonización fiscal haya dejado perfectamente claro que puede existir una amplia subsidiaria en estos asuntos. 
Señor MacCormick, lamento no haberme dado cuenta de que ayer fue uno de sus cumpleaños especiales. 
Felicidades. 
Señor Presidente, se suele intentar vender al Tratado de Niza como un documento para la ampliación. 
En mi opinión, esto no es correcto. 
Los asuntos institucionales relacionados con la ampliación no han sido resueltos por el Tratado de Niza. 
Además, la mayor parte de lo que se decidió en Niza no tenía relación con la ampliación. 
Como se señala en el informe, hay que cambiar la distribución de escaños en el Parlamento Europeo ya que existe una discriminación manifiesta de Hungría y de la República Checa. 
Estos cambios pueden hacerse en los tratados de adhesión, de igual manera que los demás asuntos que se regulan de manera general en esos tratados y tal como se hizo con Suecia, Austria y Finlandia cuando se incorporaron a la Unión Europea. 
El Tratado de Niza es, en realidad, algo muy diferente. 
Todos los países candidatos salvo Polonia salen perdiendo, puesto que son países pequeños. 
El proceso de decisión en el Consejo de Ministros se hace más complicado en lugar de simplificarse. 
Otras características de este Tratado son que crece el superestado y desaparece el derecho a veto en muchos campos. 
También hay aspectos netamente federalistas como, por ejemplo, en relación con las ayudas a los partidos políticos del ámbito europeo y el nuevo proceso para designar a la Comisión Europea, lo que le asemeja cada vez más a un gobierno con un Primer Ministro. 
El verdadero contenido del Tratado de Niza es, por tanto, que una Unión más amplia sea dominada por los mismos Estados miembros que la dominan hoy y que continúe la marcha para hacer de la Unión un estado federalista, aunque no sea a la velocidad que quisieran algunas personas que están en esta Asamblea. 
Por eso no es difícil para mi partido ni para mí votar en contra del Tratado de Niza y del informe que se votará mañana. 
No obstante, es importante señalar que también hay aspectos provechosos en el informe. 
Entre otras cosas, se exige que las reuniones del Consejo de Ministros sean abiertas. 
Habría sido razonable que en Niza se hubiese adoptado alguna resolución en este sentido, es decir, dar transparencia al órgano legislativo. 
Además, se exige que la distribución de escaños en el Parlamento Europeo se modifique, lo que constituye una exigencia de carácter democrático. 
Por el contrario, no creemos en el método de las Convenciones. 
No vemos cómo este método puede ser provechoso para preparar la próxima modificación del Tratado. 
Si a pesar de todo se organiza una Convención, opinamos que deberá ser para los que deciden sobre el Tratado, es decir, para los parlamentos nacionales. 
Confiamos en que la Presidencia sueca y el gobierno de este país no se aparten ni un sólo milímetro de la idea de que los parlamentos nacionales son los que tienen derecho a decidir sobre los tratados y que, además, les corresponde determinar las condiciones en que éstos se redactan. 
¿Qué se debió hacer en Niza? 
Nos habría gustado que se democratizase la Unión, que se hubiese disminuido el poder de los funcionarios y de la Comisión, que se hubiese aumentado el poder de los parlamentos nacionales, que se hubiese dado más transparencia y apertura al Consejo de Ministros, que se hubiese cambiado la supremacía del mercado sobre las consideraciones medioambientales y sociales y que se hubiese revisado el monetarismo dogmático en que se fundamenta la Unión Monetaria. 
Lo que vemos, por el contrario, es cómo en la UE los gobiernos socialdemócratas han comenzado a caer. 
En realidad, nada ha sucedido en los fundamentos de la Unión durante el tiempo en que ha dominado una mayoría "roja y verde". 
Se nos está pasando la oportunidad y los fundamentos de la UE no han sido cambiados en dirección "verde" ni "roja", cosa que lamentamos. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, Señorías, deseo dejar aquí nueve mensajes breves. 
Este informe no versa sobre el Tratado de Niza, sino sobre el proceso posterior a Niza, el inicio del cerco político a la Cumbre de Laeken, que se celebrará al final del año. 
Aún no tenemos el de Niza y ya han salido al galope. 
La llamada crisis de la Unión Europea es resultado de esa obsesión federalista. 
Podríamos centrarnos en reformar las instituciones para que funcionen mejor. 
Podríamos comenzar aquí, en el Parlamento, donde la representación democrática es tan deficiente y mediocre en su autenticidad. 
Pero, ¡no! 
En vez de eso, quieren reformar todo lo demás. 
Pasan la vida discutiendo sobre la modificación del equilibrio entre las instituciones. 
Y a eso se debe la lucha por el poder que después tanto critican: lucha entre los Estados, lucha entre las instituciones. 
Se ha iniciado la lucha por el poder. 
Los federalistas gustan de invocar a los padres fundadores, pero estaría bien que los leyeran. 
Robert Schuman, en la célebre declaración de mayo de 1950, dijo: " Europa no se hará de una sola vez, ni en una construcción de conjunto. 
Se hará mediante realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho ". 
Eso basta para apartar este informe, que viene lleno de golpes y de construcciones y pasa por alto enteramente las realizaciones concretas para una larga solidaridad de hecho. 
¿Dónde está la cohesión real? 
En la misma línea, hay que agradecer al Canciller Gerhard Schroeder que haya desmontado de una vez por todas uno de los mitos del federalismo, la idea falsa de que sirve a los más pequeños y a los más débiles. 
Es una propuesta de centralización de poder, de extinción de los Estados miembros, de destrucción de la cohesión económica y social. 
Exactamente lo contrario. 
No nos adherimos a unos Estados Unidos de Europa, sino a una Comunidad. 
No queremos una federación de Estados-nación, sino la Unión de Estados-nación que somos. 
Ni más ni menos. 
¿Quién está abandonando? 
¿Quién está destruyendo, al final, la Europa que se hizo con éxito? 
La elaboración de una constitución europea es otra fantasía perversa. 
Si no hay un pueblo europeo, no hay poder constituyente europeo legítimo alguno. 
Y, si no hay poder constituyente europeo, no puede haber constitución europea. 
La reforma de los Tratados es para que se haga mediante Tratados. 
Hay un proverbio árabe que dice así: "La palabra es una invención del Hombre para ocultar lo que piensa"... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, francamente, Niza no fue un éxito. 
En contadas ocasiones, una cumbre europea ha dejado secuelas tan virulentas, originadas tras procesos muy complicados en la mayoría de los casos. 
Varios Presidentes, un Canciller federal, Presidentes de Gobierno y Ministros de Asuntos Exteriores andan dando tumbos con artículos publicados en periódicos importantes, con discursos pronunciados en prestigiosos institutos y con declaraciones sobre cómo tenía que haber sido realmente Niza y cuál debería ser en realidad el futuro de Europa. 
Hubiera sido mucho mejor, señor Presidente, que ese trabajo se hubiera realizado antes de Niza y no después. 
Tal vez hubiera podido evitar esta debacle. 
Se han cometido muchos errores en Niza, pero los principales son la complicada toma de decisiones que se ha establecido, todavía más compleja y más incomprensible de lo que ya era; y el hecho de que en algunas materias se ha decidido establecer la regla de la mayoría cualificada sin la participación del Parlamento. 
Si algo así sucediera en un país en desarrollo, diríamos que era el momento de establecer un programa para el good governance. 
Por tanto, lo mejor es no darle más vueltas y ver cómo se puede mejorar Niza. 
A este respecto, está muy bien que el Canciller federal Schröder haya retomado las ideas del PPE de los años 70 y 80 y les haya dado una nueva apariencia. 
El colega Barón Crespo se pregunta de dónde salen las propuestas de los Presidentes y Presidentes de Gobierno del PPE: refuerzo de la Comisión Europea, un Parlamento Europeo con competencias adecuadas, un Consejo que se debe reunir públicamente en la forma de un Senado o de un Consejo federal. 
Estas son defendidas por el partido y el Grupo del PPE ya desde los años 70 y 80. 
La cuestión ahora es cómo lograr que esas cosas sucedan de verdad. 
No pensamos tanto en un Comité de Sabios- ya hemos tenido 20 de estos comités desde 1979- o en un foro que uno siempre puede organizar. 
Francamente, debe celebrarse una convención de los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo; así, cuando los Ministros nacionales se reúnan en la cumbre europea contarán, al menos, con el respaldo de los parlamentos nacionales. 
Le deseo mucha suerte en Gotemburgo, y espero que se celebre una convención. Me parece que es la mejor solución. 
Señor Presidente, cuando el ponente comenzó a trabajar en el presente informe, existía el peligro real de que este Parlamento terminara por rechazar el Tratado de Niza a través de una alianza nefasta de aquellos que pensaban que el Tratado iba demasiado lejos y de aquellos otros que creían que no llegaba hasta donde debía llegar, por consiguiente es un tributo a la labor de los ponentes que han sabido conducir al Parlamento hacia un análisis muy sensato del Tratado y hacia una estrategia para seguir avanzando desde aquí. 
Es más, algunos, como hemos podido oír en el debate hace un momento, aún parecen tener la descabellada idea de que el presente Tratado creará un 'Superestado' centralizado: me parece sorprendente que realmente crean eso después de leer el Tratado de Niza. 
También fuera de esta Asamblea, el Partido Conservador británico está diciendo en su campaña electoral del Reino Unido que si llega al poder no ratificará el Tratado de Niza. 
No es ése el caso de sus diputados a este Parlamento o, al menos, no el de todos- he observado que dos diputados Conservadores británicos votaron en comisión a favor del informe Méndez de Vigo/Seguro, y les rindo homenaje por haberlo hecho. 
Pero a los Conservadores de nuestro país se les ha ocurrido la idea de que este Tratado creará un 'Superestado'. 
Eso es realmente una tontería y parece que no les está beneficiando demasiado en las encuestas de opinión. 
La sociedad no se cree esa idea extravagante en particular. 
Si mirara detrás de usted, vería que en el ramillete de banderas se ha colocado la bandera irlandesa en el lugar que suele ocupar la bandera comunitaria, en el centro del ramillete, presumiblemente porque Irlanda es el único Estado miembro que celebra un referéndum sobre el Tratado de Niza. 
¿Por qué es Irlanda el único país que celebra un referéndum? 
¿Por qué Dinamarca y otros Estados no lo celebran? 
Precisamente, porque en este Tratado de Niza no se produce ninguna nueva transferencia de competencia a la Unión Europea. 
No es un Tratado centralizador y los críticos, naturalmente, lo saben. 
Hay quien se siente decepcionado con el Tratado de Niza porque no llega lo suficientemente lejos y porque contiene algunos compromisos cuestionables, como el sistema de votación en el Consejo y los escaños adicionales en el Parlamento Europeo. 
Pero a medida que avanzaban los trabajos en nuestra comisión, nos dimos cuenta de que el Tratado de Niza contiene también muchos puntos positivos. 
En cualquier caso, si alguien piensa que tiene carencias, el mejor modo de mejorarlo es utilizar el proceso de 2004. 
Rechazar el Tratado de Niza ocasionaría retrasos y confusión. 
2004 nos brinda la posibilidad de mejorar aquello a lo que nuestra Presidenta en ejercicio del Consejo se ha referido como la actual constitución europea, los Tratados. 
Sí, deben ser mejorados, pero también debe ser mejorado nuestro método de trabajar en él. 
Y esa mejora debe comenzar con nuestra preparación para la CIG: no el habitual grupo de funcionarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores, con todo el debido respeto al Sr. Gunnar Lund, sino con un cuerpo representativo más amplio. 
De aquí la solicitud del Parlamento de una Convención del Consejo, y no sólo un foro. 
El foro es el amplio debate que está teniendo lugar en la sociedad civil. 
Necesitamos algo que canalice ese debate en un conjunto de conclusiones sobre las que pueda trabajar la CIG. 
Eso es lo que necesitamos, la CIG, a fin de cuentas, sigue siendo algo que puede destilar el debate... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, el Tratado de Niza acepta interpretaciones. 
Es provechoso que se hayan eliminado las barreras para la ampliación y que la Unión esté constitucionalmente preparada para su importante tarea de unificar Europa. 
Confiamos en que habrá un calendario más claro y, ojalá, una fecha, que se podrá fijar en la Cumbre de Gotemburgo dentro de un par de semanas. 
Pero, ciertamente, hay grandes problemas relacionados con el Tratado. El proceso de toma de decisiones no se hace más sencillo ni más eficaz; tampoco más comprensible para los ciudadanos. 
Desde un punto de vista democrático, deja mucho que desear. 
Demasiadas decisiones se seguirán tomando a puertas cerradas en el Consejo, sin control democrático ni participación del Parlamento. 
El método de las Conferencias Intergubernamentales se parece a los cónclaves vaticanos. 
Los delegados se encierran durante algunos días para negociar mientras la ciudadanía espera impacientemente el humo blanco, una señal de que se ha alcanzado un acuerdo. 
Por mientras, nadie sabe lo que pasa. 
Sin embargo, el próximo tratado se preparará de manera diferente, con los ciudadanos. 
Es importante que ahora, cuando se están urdiendo los planes para Laeken, recordemos estos discursos solemnes. 
Quizá, a pesar de todo, se organiza una Convención. 
No es ningún misterio que la mayoría de esta Asamblea lo prefiere. 
Es la manera más abierta y democrática de preparar las propuestas. 
Sin embargo, se rumorea que puede ser una Convención sin representantes de los gobiernos. 
¿Qué será entonces? 
¿Un club para discutir, una coartada para que los Ministros hagan lo que quieran como de costumbre? 
¡No es una buena solución! 
También ha llegado la hora de dar la espalda a Niza y mirar hacia delante. 
Es lo que hacemos en el Parlamento Europeo, quizás no mucho hoy, pero sí en el futuro. 
También lo hacen algunos Jefes de Gobierno. 
Espero que más Jefes de Gobierno y más Ministros participen en el debate sobre el futuro de Europa. 
La Ministra de Asuntos exteriores hablaba del "concepto de federalismo" y de los distintos sentimientos que despierta. 
Es verdad, y el contenido es obviamente más importante que su nombre. 
El federalismo, con sus diferentes interpretaciones, es, sin embargo, una visión a futuro de una Europa más democrática. Esta clase de visiones es necesaria en el debate europeo, para que los ciudadanos sepan sobre qué asuntos tendrán que decidir en el futuro. 
Señor Presidente, esta resolución, que vamos a apoyar, confirma el pleno derecho del Parlamento Europeo a participar en las decisiones sobre el futuro de la Unión que muchos gobernantes continúan creyendo que es una prerrogativa exclusiva de los que gobiernan. 
Para lograrlo apelamos a la Comisión, a los parlamentos nacionales y a aquellos Gobiernos que saben que una verdadera democracia a escala europea va en el mismo sentido de los intereses de sus ciudadanos- quizás no en interés de sus administraciones, sino en aras de los intereses de sus ciudadanos -, a esos Gobiernos que ya no creen en la patraña de la omnipotencia mística del Estado soberano y que en Niza se sintieron molestos por los regateos que allí se hicieron. 
Queremos que se alíen con nosotros para conseguir dos cosas: Constitución y Convención. 
Nosotros esperaremos a que se avengan a estas dos cosas. 
Señor Presidente, el Tratado de Niza fue una usurpación del poder por parte de los países grandes. 
Su número de votos se vio aumentado a expensas de los países pequeños. 
Asimismo, los países grandes adquirieron un nuevo derecho de veto proporcional al número de habitantes. 
El Tratado de Niza fue justificado en base a las necesidades que implica la ampliación. 
Los mandatarios de los países pequeños aceptaron el principio de que el número de votos de los países grandes se verá aumentado incluso en caso de no darse la ampliación de la UE. 
Este error de cálculo de los mandatarios de los países pequeños es por sí solo un argumento de peso para rechazar el Tratado de Niza. 
La Declaración número 23 aprobada en Niza intensifica las presiones federalistas encaminadas a aprobar una Constitución transnacional para la UE y a servirse del método llamado de Convención para llevar a cabo los trabajos preparativos de la misma. 
Se trata de un método antiparlamentario y antidemocrático. 
El Tratado de Niza aboga por el modelo alemán de Estado federal, y no reconoce la Confederación de Estados soberanos de Europa exigida por el Primer Ministro francés. 
Este informe apoya el desarrollo de un Estado federal y debe ser rechazado, al igual que habría que rechazar el Tratado de Niza en los Parlamentos nacionales. 
Les deseo buena fortuna a los demócratas irlandeses, quienes han contado con la posibilidad de rechazar el Tratado en referéndum, haciendo uso directo de la democracia. 
El resto de los países no se atreven a consultar a sus ciudadanos, que son los únicos sujetos de la democracia. 
Señor Presidente, me cuento entre aquellos que en este Parlamento expresan una opinión muy negativa sobre la Conferencia de Niza y he firmado una resolución escrita que espero que consiga el mayor número de firmas posible y que dice textualmente: "Considera el Tratado de Niza un paso atrás para las Instituciones europeas". 
Sin embargo, ésta es la realidad y en este punto hay que mirar hacia delante e intentar que el Parlamento y las Instituciones europeas avancen hacia la meta de la Constitución que no descienda desde arriba, sino que parta desde abajo- creo en ello y creo también que es una gran meta- que no anula a los Estados nacionales, sino que une a los pueblos europeos, o a aquellos que van a participar en un sueño más grande. 
Éste parecía el camino que estaba ante nosotros; sin embargo, es inútil que nos escondamos a la vista de estos nuevos hechos: las declaraciones de estos últimos días del primer ministro francés Jospin van en sentido contrario; las declaraciones del Gobierno francés no hablan, no piensan en ir hacia la Constitución europea pasando a través de la Convención europea. 
Si he entendido bien, estas declaraciones- pero así se han interpretado- hablan un lenguaje exactamente contrario. 
Y éste es un nuevo hecho político de enormes dimensiones que no se puede dejar de tener en cuenta. 
Sin embargo, si mañana se aprueba esta resolución Seguro- que, por otra parte, me habría gustado que fuese más dura- deberemos darnos cuenta de que se trata de una propuesta que va en sentido contrario a las actuales declaraciones del primer ministro Jospin y del Gobierno francés. 
Por lo tanto, confío en que el Parlamento y la Comisión cumplan lo que mañana se votará en este Pleno. 
Señor Presidente, como reflejo, un breve esbozo histórico: los Países Bajos estaban constituidos en el siglo XVII por siete provincias independientes y soberanas. 
Sólo determinados asuntos eran regulados por una autoridad común. 
¿Cómo se regulaba la toma de decisiones en esa época? 
Cada provincia contaba con un derecho de veto en todas las decisiones. 
Además, los representantes no tenían competencia para vincular a su provincia. 
La obligatoriedad de la decisión solamente se establecía una vez que la provincia la había aceptado. 
Pueden imaginarse que eso ocasionaba muchos retrasos en una época de carruajes, barcos sirgados y palomas mensajeras. 
Sin embargo, los Países Bajos eran en ese momento una potencia mundial floreciente, y el país disfrutaba de relativamente mucha libertad. 
Por lo visto, el complicado sistema de estado no constituía un obstáculo para ello. 
Muchos miembros de este Parlamento ven un futuro sombrío para la Unión Europea. 
La única forma de que la Unión Europea no se estanque es mediante la centralización y la profundización. 
Me atrevo a ponerlo en duda. 
La toma de decisiones dependerá sobre todo del consenso entre los Gobiernos. 
El pasado demuestra que esto también puede lograrse mediante la unanimidad. 
Más importante resulta, sin embargo, la futura estabilidad de la Unión Europea. 
Ésta depende en su mayor parte de la medida en que sus decisiones sean consideradas legítimas. 
La legitimidad de la Unión Europea es un problema mucho más grave que el de su construcción estatal compleja. 
El aumento de la legitimidad de la toma de decisiones no se logrará, sin embargo, mediante la centralización. 
Echo terriblemente en falta ese punto en el informe Méndez de Vigo/Seguro. 
Por ello, votaré en contra del mismo. 
Señor Presidente, quiero felicitar el ponente por este informe objetivo e interesante. 
El éxito de Niza es quizás el hecho de que existe el presente documento y que depende ahora de los responsables impulsar el posterior desarrollo en base a dicho documento. 
Para nosotros son importantes los siguientes campos: la distribución de competencias entre la UE y los Estados miembros que podría encontrarse al principio de un proceso constituyente, la simplificación de los Tratados para que la población y los afectados los puedan entender, la vinculación de los Parlamentos nacionales a una futura Europa unida con el objetivo de vincular a las ciudadanas y ciudadanos y entusiasmarles también más por una Europa unida y, naturalmente, la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Mi colega Voggenhuber ha hablado con gran consternación sobre el comportamiento de los electores en Italia y en Austria. Quizás haya que recordarle que la democracia europea tan ensalzada por él significa sobre todo respeto a la voluntad de los electores. 
Señor Presidente, Señorías, los dos ponentes, Iñigo Méndez de Vigo y Antonio José Seguro se han hecho cargo de la difícil tarea de evaluar los resultados de la Cumbre de Niza celebrada en diciembre del 2000 sin hacer daño a nadie, pero al mismo tiempo marcando jalones para el futuro y expresando los deseos y exigencias del Parlamento Europeo. 
Mis felicitaciones por ello. 
La cercanía política al Gobierno en los países de origen desempeña evidentemente en la valoración de los resultados de Niza un cierto papel. 
En el futuro se debería examinar cuidadosamente si la práctica de nombrar ponentes de Grupos políticos diferentes es adecuada para el Parlamento Europeo. 
Como Vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales habría deseado un lenguaje más claro. 
En este contexto sé que está detrás de mí gran parte del Grupo del PPE y no sólo colegas alemanes. 
En nuestra opinión, los resultados de Niza no son suficientes para crear las condiciones previas institucionales para la ampliación. 
Lo lamentamos precisamente porque queremos que la ampliación tenga lugar lo más rápidamente posible. 
Nuestras reservas afectan sobre todo al complicado procedimiento de votación en el Consejo de Ministros, al número de diputados y a la composición del Parlamento Europeo, que con una regulación sólo para el 2009 es totalmente insuficiente, plantea problemas jurídicos, genera injusticias para algunos países candidatos y además cimenta el déficit democrático existente por la ausencia de una vinculación del procedimiento de codecisión a la votación mayoritaria en el Consejo de Ministros. 
Para la nueva Conferencia Intergubernamental, Niza ha marcado cuatro temas, de los cuales la delimitación de competencias es para nosotros de la mayor importancia y deben ser regulados antes de las primeras adhesiones. 
El documento habla lamentablemente siempre de Constitución. 
Estoy a favor del claro concepto jurídico de Tratado Constituyente. 
Para finalizar, lo más importante de todo: la próxima Conferencia Intergubernamental no sólo se debe preparar con mayor cuidado sino que tiene que acabar a finales del 2003. 
Para ello, a más tardar en el Consejo Europeo de Laaken que se celebrará a finales del 2001 se deberá establecer de forma vinculante la dirección a seguir en forma de Convención, calendario y contenido. 
Señor Presidente, la realidad política subestatal no aparece en este informe. 
Por eso hemos presentado enmiendas: porque no aparece en este informe y porque es importante que el ámbito subestatal, que las regiones constitucionales participen en este debate previo y participen en la Convención. 
Éste es el deseo de mucha gente en Europa. 
Por eso, no sólo presentamos estas enmiendas, sino que los más altos representantes de importantes regiones europeas- Cataluña, Baviera, Escocia, Renania del Norte-Westfalia, Salzburgo, Valonia y Flandes- se reunieron el lunes con el Primer Ministro belga, Sr. Verhofstadt, para plantearle exactamente lo mismo. 
Si se aprueban estas enmiendas, tendremos un positivo reconocimiento de la realidad y un adecuado funcionamiento del principio de subsidiariedad. 
Señor Méndez de Vigo, este informe nos da esperanza a mucha gente. 
Esperamos que sea camino y no posada. 
Le felicito a usted y al Sr. Seguro por el trabajo realizado. 
Señor Presidente, el Tratado de Niza ha sido objeto de críticas muy duras, no sólo aquí en esta Asamblea, sino en toda Europa. 
La clase de acuerdo alcanzado a altas horas de la madrugada y en salas llenas de humo con que se ultimó el Tratado fue la cara inadmisible de la UE y es indigna de una Unión de 350 millones de personas. 
Debía haberse enfocado hacia la transparencia y la democracia, pero el Tratado de Niza fue un caos con el resultado de que en Irlanda perdíamos nuestro derecho automático a un Comisario. 
Creo que Irlanda votará "no" el 7 de junio a pesar de las expresiones desdeñosas de algunas elites de aquí y allá, y ese resultado tendrá una acogida favorable en toda Europa. 
Han secuestrado las instituciones de la UE y eso significará que algunos Estados se convertirán en miembros de segunda clase, incluidos los nuevos países candidatos. 
Necesitamos una Europa que rinda cuenta a sus ciudadanos y que convierta los derechos humanos en su valor central, que traiga el progreso también en cuanto respecta a los derechos sociales y medioambientales. 
La UE, que aunó a antiguos enemigos y los condujo a una cooperación pacífica, ahora está siendo militarizada. 
El Tratado de Niza podría tener como consecuencia que varios Estados miembros decidan seguir adelante con una fuerza armada nuclear, a pesar de que otros Estados no están de acuerdo. 
Eso debería ser impensable. 
Señor Presidente, discrepo de este informe por tres razones fundamentales. 
La primera tiene que ver con la apreciación que hace del contenido del Tratado de Niza al aceptar, con posición maximalista, críticas a las decisiones adoptadas, considerándolas tímidas e insuficientes, cuando lo que debería hacer es criticar los avances federalistas que ponen en entredicho intereses fundamentales de algunos Estados miembros actuales y futuros, ya que los países de la adhesión no pudieron participar en un proceso de decisión sobre modificaciones que van a afectarlos. 
Incluso respecto del Parlamento Europeo es inaceptable que critique la posición adoptada en Niza de aumentar el número de diputados para permitir una composición más pluralista después de la ampliación, pese a que después procure hacer alguna justicia en cuanto al número de representantes de Hungría y de la República Checa. 
¡Es lo mínimo! 
La segunda discordancia se refiere a la aceleración del proceso de preparación del nuevo Tratado en un momento en que el Tratado de Niza ni siquiera ha sido ratificado por los parlamentos nacionales de los Estados miembros. 
Insistir en una propuesta que pretende avanzar rápidamente en la preparación de la revisión del Tratado para concluirlo de aquí al final de 2003, sin siquiera garantizar la participación en pie de igualdad de los países de la adhesión, es inadmisible. 
La tercera discordancia se refiere al método previsto de seguir la propuesta de elaboración de la Carta. 
Ese método excluye la participación de partidos con sensibilidades diferentes, por lo que pone en entredicho el pluralismo y la auténtica participación independiente y democrática de los parlamentos nacionales. 
Señor Presidente, advertimos con interés que los Gobiernos comienzan a dialogar sobre el futuro de la Unión. 
Tras las propuestas del ministro Fischer y las del canciller Schröder, es de esta semana la toma de postura del primer ministro Jospin que augura un futuro europeo basado en los Estados nacionales. 
He acogido la noticia favorablemente tanto porque pertenezco al Grupo Unión por la Europa de las Naciones como porque desde que fui elegida en este Pleno hace doce años, sostengo la conveniencia de culminar la unión política sin prescindir de la realidad de los Estados nacionales. 
Una confederación de Estados, en el respeto del principio de subsidiariedad y de las diferencias, sería un valor añadido para la Europa unida y para sus pueblos. 
No comparto el énfasis que se pone en el modelo de la Convención como órgano para la preparación de la futura y enésima Conferencia Intergubernamental, porque un Parlamento que no puede cambiar ni una coma del texto elaborado por la Convención se convierte en una ficción democrática. 
Ya hemos sufrido esta situación. 
No quisiéramos que también el proyecto relativo al futuro de la Unión nos fuera sometido a través de dictamen conforme, lo que vendría a ser lo mismo que decir: debatan todo lo que quieran, pero no podrán enmendar el texto. 
El futuro de Europa no se puede confiar única y exclusivamente a una Convención, aunque sea iluminada y elitista, sino que debe seguir siendo una prerrogativa de los representantes de las Instituciones y de los que han sido elegidos por el pueblo. 
Nos desconcierta asimismo el hecho de que se hable del papel que hay que hacer cumplir a los parlamentos nacionales antes de que a nuestro Parlamento se le reconozcan por fin las prerrogativas propias de una Institución elegida por sufragio universal directo. 
Empecemos a eliminar el déficit democrático del que hablamos desde los tiempos de Altiero Spinelli, un déficit democrático que continuamos padeciendo y que no conseguimos eliminar porque hablamos mucho y actuamos poco. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Méndez de Vigo y al Sr. Seguro por su informe conjunto y por los esfuerzos que han dedicado a su elaboración, y a la Comisión Constitucional y demás comisiones que han contribuido a este debate. 
Tras los trabajos realizados en comisión, ahora debemos tomar una decisión en el Pleno. 
Los diputados Conservadores se opondrán al presente informe, no como un veredicto sobre el Tratado de Niza, sino más bien para iniciar una modificación del procedimiento preliminar de la próxima CIG y para plantear el tema de impulsar la sensibilización y la participación del público en el debate post-Niza. 
El distintivo del informe es su propuesta de crear una Convención que prepare la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Dicha Convención estará formada por representantes de la Comisión, de los gobiernos nacionales, del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, y se encargará de elaborar el orden del día y las propuestas para la próxima CIG. 
No estamos convencidos de que éste sea el rumbo más adecuado. 
Asimismo, el presente informe contiene varias cláusulas que los Conservadores no podemos respaldar, como la inclusión en el Tratado de la Carta de los Derechos Fundamentales o la ampliación de la votación por mayoría cualificada para que cubra la tributación. 
No obstante, a pesar de la connotaciones en torno al tema principal del presente informe, no hemos dado un "sí" o un "no" explícito al Tratado de Niza. 
Si bien es cierto que plantea las importantes cuestiones de incrementar la democracia y la transparencia en la próxima CIG. 
Creemos que la próxima CIG debería celebrarse en breve. 
Estoy de acuerdo con la parte del informe que pide precisamente eso, porque ello emplazaría las decisiones principales ante el público europeo, que para entonces espero que incluya a algunos países aspirantes a la ampliación, de manera que puedan tomar sus decisiones con vistas a las próximas elecciones europeas. 
Espero con interés que llegue el momento de celebrar dicho debate. 
Señor Presidente, el Tratado de Niza representa a la vez un fracaso y una oportunidad. 
Fracaso, porque no contiene las reformas necesarias para que la Unión afronte adecuadamente todos los retos presentes y futuros. 
No incluye, por ejemplo, ni la codecisión como norma ni la Carta de Derechos Fundamentales. 
Pero Niza es también una oportunidad, porque la convocatoria de una próxima CIG deja abierta la puerta a un nuevo ciclo en la construcción europea cuyos objetivos sean responder a las demandas ciudadanas, acabar con el déficit democrático, desarrollar el modelo social europeo, intervenir con ideas propias en la globalización para regularla y culminar la ampliación sin convertir la UE en una mera zona de libre cambio. 
Hoy más que nunca urge apostar por más y mejor Europa, por más Europa política con más políticas europeas, por una Unión política federal ampliada con más democracia y más eficacia. 
Porque el futuro no pasa por debilitar lo existente, renacionalizando políticas como la de cohesión, sino al contrario, por sumar al euro un gobierno económico de la Unión, construir la Europa social y dotar un presupuesto suficiente y progresivo a la altura de la realidad. 
La clave de ese nuevo ciclo debe ser adoptar una Constitución europea a través de un proceso radicalmente democrático que supere con amplitud Niza y cuyo protagonismo sea para una Convención, formada en pie de igualdad por Consejo, Comisión, Parlamento Europeo- cuya composición definitiva habría que fijar en ese marco- y Parlamentos nacionales, que elabore una propuesta constitucional que deberá adoptar formalmente una CIG antes de las elecciones europeas. 
Mañana, al votar mayoritariamente el magnífico informe de los Sres. Méndez de Vigo y Seguro- a quienes felicito por su trabajo -, el Parlamento demandará a los Gobiernos, como deseamos que hagan también los legislativos nacionales, que asuman esa apuesta en la que- esperemos -, ahora sí, esos Gobiernos entiendan el mensaje: Constitución y Convención- ni más Tratados ni más deriva intergubernamental- y no respondan de nuevo con timidez a los desvergonzados desafíos que tenemos por delante. 
Señor Presidente, un proceso poco edificante y un resultado aún peor, dicen muchos de los presentes en este Parlamento con argumentos diferentes. 
Sí, quizá, sin embargo, la democracia es ahora obra humana y sólo obra humana. 
No obstante, una cosa es absolutamente segura. 
Aquellos que votan en contra de Niza, votan en contra de solucionar la tarea más importante a la que se enfrenta ahora mismo la UE, a saber, la ampliación. 
Así de simple, sea como sea como se fundamente el voto en contra. 
Aquellos que fijan las reglas de juego han definido el Tratado de Niza como el punto de inflexión para la ampliación y así es, a pesar de que otros quieran fijar otras reglas de juego. 
Podríamos intentar encontrar nuevas reglas de juego para el futuro, pero que no sólo nos afecten a nosotros, sino que por encima de todo impliquen a los ciudadanos. 
Y en este punto debo hacer un llamamiento para que los medios de comunicación colaboren en este proceso y para que quizá, también podríamos añadir, se tomaran por una vez en serio su labor de servicio público. 
. (SV) Señor Presidente, me alegra que el número de participantes haya hecho necesario exceder el tiempo previsto para este debate. 
Sin embargo, lamento verme obligada a abandonar la Sala para no perder el último avión a Suecia. 
Si volvemos a las intervenciones que se hicieron al comienzo de este debate, no sé si podré prometer al Sr. Cox un bar irlandés con cerveza o al Sr. Voggenhubber un bazar europeo, pero como mencioné en mi intervención anterior, como Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia creo en un foro genuinamente abierto, en una Convención. 
Coincido con lo que han dicho los Sres. Poettering, Barón Crespo y la Sra. Kaufmann, esto es, que una Convención es una parte importante de los preparativos. 
Con todo, hay que estar abierto también para otra clase de preparativos, comités nacionales y debates en relación con grupos de preparación técnica y cosas similares. 
Quisiera retomar la comparación con el bar irlandés del Sr. Cox, en la que la cerveza era la Convención. 
He visitado bares irlandeses y coincido en que la cerveza desempeña el papel más importante, pero también existe la posibilidad de beber agua mineral, zumo de frutas o vino, de modo que creo que podemos demostrar la misma generosidad cuando se trata de los preparativos para la Conferencia Intergubernamental. 
La decisión de organizar o no una Convención se tomará en Laeken, pero confío en que en Gotemburgo fijemos el rumbo correcto. 
También quisiera referirme a las críticas que se han hecho al Tratado de Niza. 
Creo que es precipitado decir, como lo han hecho algunos oradores, que este Tratado deteriora la capacidad de decisión. 
Es sabido que los actuales problemas se producen cuando hay que adoptar decisiones por unanimidad. 
Ahora hemos decidido que basta con la mayoría calificada en muchos campos. 
Asimismo, cuando en la práctica tenemos derecho a decidir por mayoría calificada, ejercemos presión para que se alcancen acuerdos y es muy raro que lleguemos a votaciones formales. 
Cuando evaluemos el Tratado de Niza creo que veremos que la capacidad de decisión en realidad se ha mejorado. 
Además, coincido con el orador que dijo que Niza fue decisivo para continuar con la ampliación y que, por esa razón, desempeña un importante papel para que el asunto más relevante para Europa en este momento, esto es, la ampliación, siga teniendo este carácter. 
Como Presidenta en ejercicio del Consejo me satisface poder comunicarles que hemos alcanzado un acuerdo sobre libre circulación de mano de obra que nos permitirá avanzar aún más en las negociaciones de ampliación. 
Para finalizar, doy las gracias por este debate. 
Señor Presidente, por alguna razón que desconozco no he podido hablar en el turno de los ponentes de opinión de las distintas comisiones, pero voy a manifestar cuál es la opinión de la Comisión de Agricultura. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural considera que la no introducción de la codecisión es una de las principales asignaturas pendientes de Niza. Se mantiene de esta forma un trato discriminatorio para la agricultura respecto a ámbitos conexos a la misma como la salud pública, la protección de los consumidores o el mercado interior. 
Pensamos que la Cumbre de Niza ha dejado en la opinión pública la imagen de unos Estados preocupados excesivamente por el reparto de poder interno en el seno de las instituciones y ha sembrado serias dudas sobre la capacidad y la voluntad política del Consejo para alcanzar los acuerdos necesarios que necesita la política agrícola. Estas reformas tienen que responder a las crecientes exigencias de la ciudadanía europea, a los retos planteados por la ampliación así como a nuestros compromisos en la Organización Mundial del Comercio. 
Por otra parte, pensamos que después de Niza el complejo proceso de toma de decisiones se hace aún más complicado si cabe, y esto puede paralizar las próximas reformas de la PAC. 
No queremos que esta situación ponga en peligro la salvaguardia del modelo europeo de agricultura que- no podemos olvidar- es un elemento fundamental del modelo social de Europa. 
Por todo ello, solicitamos que en la próxima Conferencia Intergubernamental se tenga en cuenta la adaptación de los capítulos agrícolas de los Tratados para introducir la codecisión. 
Pensamos sinceramente que la nueva política agrícola, basada en los principios de multifuncionalidad y sostenibilidad, precisa y exige la codecisión para lograr una mayor legitimidad democrática, una mayor transparencia y también- cómo no- una mayor coherencia en la política agrícola que está demandando la sociedad europea. 
Señor Presidente, filosofía fundamental del Tratado de Niza es reforzar la integración política de la Unión para mejor servir al capital monopolista europeo. 
Esta trayectoria ha encontrado y encuentra dificultades incluso en los círculos de sus propios inspiradores en torno a quien llevará la voz cantante en Europa después de la ampliación. 
Lo pone de manifiesto el indigno regateo al que insistimos en Niza- y que estuvo a punto de hacer saltar la Cumbre por los aires -, por el reparto de los votos, y es pura hipocresía que algunos hablen de familia europea. 
El informe que hoy se debate da por buenas las disposiciones más antidemocráticas y reaccionarias del Tratado de Niza y ejerce presión en demanda de regulaciones aún más antidemocráticas, como la supresión del veto en un mayor número de casos, la incorporación de la Política Exterior y de la Política de Defensa y Seguridad, incorporación del carácter antipopular de la formulación de determinados derechos fundamentales al Tratado, y marginación de los parlamentos nacionales mediante la creación de una convención especial que ha de concluir en una propuesta constitucional. 
Se trata de una propuesta inaceptable contra cuya esencia los pueblos de Europa ya están luchando y contra la que seguirán luchando. 
Señor Presidente, me muestro conforme con el informe Méndez de Vigo-Seguro que es una excelente síntesis de los trabajos de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
La reunificación de Europa es, sin duda, un giro histórico, sin embargo, este giro exige una profunda reforma de las Instituciones de la Unión. 
Con la Cumbre de Niza se ha agotado un método intergubernamental que obliga a una agotadora mediación entre los intereses nacionales. 
Ahora es necesaria una Convención constituyente que, antes de las elecciones europeas, conciba un modelo capaz de garantizar la democracia y la eficacia de la acción de la Unión. 
El informe ha evitado avivar la polémica sobre el Tratado de Niza, pero ha denunciado con claridad sus límites. 
Sin embargo, no podemos permanecer en silencio a la espera de Laeken, mientras algunos autorizados exponentes de los Gobiernos nacionales abordan en estos días los temas fundamentales para el futuro de la Unión. 
El canciller Schröder ha hablado de federación europea, el primer ministro Jospin de la Europa de las naciones. Desconozco qué dirán Aznar y Berlusconi, pero sé que los problemas concretos de la Comunidad y la reforma de las Instituciones son las dos caras de la misma moneda y sé que Europa debe convertirse en un espacio político con un alma democrática. 
Y el Parlamento no puede permanecer al margen de este debate. 
No es posible confiar el futuro de Europa única y exclusivamente a las fuerzas del mercado ni al diálogo entre los Gobiernos nacionales. 
Este Parlamento debe promover un debate que vaya más allá del pragmatismo que ata de pies y manos a los Gobiernos nacionales. 
Por lo que hemos escuchado, también este debate nos deja entender que si queremos ser realistas, hemos de tener más valor y ver más allá. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a los colegas Méndez de Vigo y Seguro por este excelente informe que refleja la opinión de la amplia mayoría del Parlamento Europeo. 
Estoy seguro de que lo comprobaremos mañana en la votación. 
Pero también quiero constatar que el Parlamento Europeo por primera vez no ha dicho claramente sí a un Tratado Europeo. 
Esto es nuevo y una diferencia respecto a Maastricht y a Amsterdam. 
Creo que debería ser una señal de alarma para los Gobiernos que han negociado este Tratado. 
No decimos claramente sí pues estamos insatisfechos con los resultados y porque creemos que no se garantizan ni la capacidad de actuación ni, naturalmente, el control democrático de una Unión que se va a ampliar ahora hasta a 20 ó 25 Estados. 
Formalmente, los obstáculos se han eliminado pero en la práctica siguen existiendo los problemas de la eficiencia y de la transparencia. 
Esto nos preocupa. 
Por ello, no podemos decir claramente sí. 
Exigimos consecuencias por lo que ha pasado en Niza. 
Apoyo plenamente que tenga lugar una convención para preparar el próximo Tratado Europeo. 
Tiene que existir un mandato claro de elaborar un Tratado que los ciudadanos puedan también leer y entender. 
Tiene que ser un mandato para un Tratado Constituyente, un documento que cree la base para esta Unión ampliada. 
Me voy a limitar a un tema central para esa convención, a saber, la eliminación del déficit democrático en la Unión. 
Todos hablamos al respecto pero seguimos teniendo ideas diferentes sobre cómo debe hacerse. 
Creo que la institución más importante para los ciudadanos es el Parlamento Europeo y no el Consejo de Ministros. 
Por ello hay que fortalecer a este Parlamento. 
Unimos personas y no Estados. 
Por ello necesitamos la Europa de los ciudadanos y no una Europa de los Gobiernos. 
El primero: "sí" a la Convención constituyente, pero hay que dar representatividad al plano regional. 
Segundo: una Constitución federalista basada en la subsidiariedad Unión-Estados- Comunidades regionales. 
Tercer argumento, el más difícil: se necesita una Constitución de los ciudadanos europeos que haga las veces de pirámide. 
La cima es nuestra patria, los poderes y las instituciones de la Unión; lo segundo es la lógica de los Estados, de los que quedan, mientras que las Constituciones regionales deben ocupar el espacio más importante. 
Cuarto argumento: el Tratado de Niza, por consiguiente, sólo puede asimilarse si ya existe esta vía constituyente. 
Finalmente, la Constitución debe representar una garantía internacional para los pueblos minoritarios de Europa. 
Señor Presidente, quiero decir que en gran medida me siento ya representado en la posición inicial expresada por la Sra. Kaufmann y el resto de compañeros en nombre de mi Grupo. 
Quisiera de manera absolutamente telegráfica decir que Niza se celebró en medio de la indiferencia de los ciudadanos europeos, a pesar de que sus consecuencias serán importantes para ellos, y también con total indiferencia de los gobiernos por los ciudadanos europeos. 
Y esto resulta patente si consideramos el contenido y el destino posterior de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Hemos vuelto a asistir a un crudo regateo; cosa que entra, además, en contradicción con las grandes declaraciones que escuchamos de labios del canciller alemán, del primer ministro francés, etcétera. 
La pregunta que surge es ¿dónde estaban estas orientaciones, estos sueños del Sr. Schröder, del Sr. Fischler, dónde estaban durante las negociaciones de Niza? 
En todo caso, nos encontramos en el después de Niza, y creo que el Parlamento Europeo puede señalar nuevos caminos; la superación del enorme déficit de democracia y participación en el proceso constituyente puede ser un paso; otro, la orientación de determinadas políticas en favor de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, es la primera vez en cinco años- si volvemos la mirada a estos cincuenta años de historia europea- que los responsables europeos tienen que juzgar un Tratado que supone una regresión en el plano europeo. 
Hasta ahora todos los Tratados, uno tras otro, en menor o mayor grado, habían sido Tratados que representaban un progreso para Europa. 
Se trata del primer Tratado que supone una regresión europea. 
En realidad, hace mucho tiempo que existían dos retos, dos retos históricos: el primer reto es construir una potencia europea y el segundo reto es legitimar democráticamente a aquellos que dirigirán esta potencia europea. 
La potencia por un lado, la democracia por otro. 
Y bien, el Tratado de Niza confirma la impotencia europea por largo tiempo, genera la impotencia en el corazón de las instituciones europeas, genera opacidad, que es lo opuesto a la democracia europea. 
Estos son los dos retos, y son dos retos fallidos. 
Por eso la Europa de Niza no cuajará. 
En realidad, los países a los que invitamos a que se nos unan, y que, en muchos casos, se nos unen con entusiasmo, son víctimas de un timo. 
Entran en una casa que estará marcada por la impotencia y la opacidad europeas. 
Por eso entiendo todo lo que se dice sobre el post-Niza, pero temo que el post-Niza no responda a las esperanzas que algunos depositan en él. 
En Niza hemos cogido un billete sin regreso, y por eso la resolución de los Sres. Méndez de Vigo y Seguro es una resolución crítica. 
Pero desearía que fuese aún más crítica. Por eso me abstendré. 
Gracias, señor Presidente, quiero sumarme a los elogios que muchos diputados han expresado a los Sres. Seguro y De Vigo. 
Comparto la opinión del Sr. Corbett de que si los ponentes no hubiesen realizado un trabajo tan bueno, probablemente el Parlamento habría recomendado decir que no a Niza. 
A pesar de que comparto las críticas, creo que un no es mucho peor que un sí. 
La razón es que se retrasaría el importante proceso de ampliación y esto es algo que no queremos que ocurra. 
Comparto una buena parte de las críticas. 
Las más importantes son que el Tratado es más difícil de entender después de Niza, lo que limita la participación de los ciudadanos en el debate europeo. 
Es un Tratado complejo, de difícil comprensión. 
Además, se corre el riego de ser ineficaz, ya que resulta más difícil adoptar decisiones por mayoría calificada. 
Es verdad que ahora hay más campos en los que se aplica la mayoría calificada, pero no son los campos más relevantes. 
Los asuntos verdaderamente importantes no quedaron comprendidos por esta norma, lo que resulta lamentable ahora que la Unión se está ampliando. 
Esto es algo que tenemos que cambiar. 
Se necesitan más campos en los que se adopten decisiones por mayoría calificada y en los que el Parlamento tenga poder de codecisión. 
Otro tipo de críticas se refiere a la apertura y a la manera en que se negoció el Tratado. 
He escuchado comparaciones con las elecciones de los Papas, donde los que deciden se encierran en un cuarto y después salen con un acuerdo. 
Ningún extraño puede participar en el proceso. 
No volvamos a hacerlo. 
Organicemos una Convención y dejemos que ésta sea el punto de partida para la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Esto no significa que no participemos en debates nacionales con organizaciones y otros interesados. 
No debemos dar protagonismo al debate institucional, hay que concentrarse en los temas concretos. 
Hay que empezar por discutir temas concretos. 
Señor Presidente, la cuestión central sigue siendo si Niza ha preparado a la Unión Europea para la próxima ampliación histórica hacia Europa Central y Oriental. La respuesta es un claro no. 
Niza constituye un limitado paso adelante. 
No obstante, no debemos desaprovecharlo. 
El nuevo Tratado contiene también puntos positivos, y supondría un grave error político eliminar de la mesa sin más este nuevo Tratado. 
Ahora es el momento de mirar hacia el futuro, hacia un debate más amplio y, a la vez, más profundo sobre el mañana de la Unión Europea. 
Todo parece centrarse en la Presidencia belga y en la declaración de Laken. 
Sin embargo, no debemos suscitar falsas esperanzas: Laken no conlleva un nuevo Tratado, no ofrece una solución a las deficiencias mantenidas por Niza. 
Laken sí debe diseñar un roadmap, la agenda, el método, el calendario para celebrar una nueva conferencia intergubernamental que debe corregir Niza. 
Ojalá que tanto los Estados miembros actuales como los estados candidatos estén preparados para una profundización intensa del proceso de integración europea. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, la Conferencia Intergubernamental de Niza posibilitará la ampliación de la UE. 
Éste fue su objetivo primordial. 
Los quince parlamentos nacionales ratificarán en 2001 este Tratado, sin importar la insatisfacción y descontento de la mayoría del Parlamento Europeo. 
Por ese motivo, los cristianodemócratas suecos opinamos que el punto 42 de la aprobación del Parlamento Europeo a los tratados de adhesión de los países candidatos podría redactarse de manera mucho más positiva. 
¿Cómo tomarán Estonia, Polonia y Chipre el punto 42? 
Mi partido tampoco puede respaldar el punto 25, que posibilita la instauración de una escala fiscal europea. Además, se fundamenta en las normas de la mayoría calificada. 
La experiencia histórica demuestra que la fijación de nuevos niveles tributarios y de nuevos niveles de decisión para su determinación conlleva impuestos más altos y menos dinero en los bolsillos de los contribuyentes. 
Otro asunto primordial que debe interesar a los parlamentos nacionales y a los gobiernos es el concerniente a la política de defensa. 
El Partido Cristianodemócrata de Suecia no da su respaldo al punto 34, en el que se pretende que la política de defensa forme parte de la llamada cooperación reforzada. 
Asimismo, mi partido se congratula por las dos mejoras históricas que se introducen en el informe. 
En primer lugar, es hora de mejorar la transparencia de los trabajos del Consejo, haciendo públicas sus reuniones cuando este organismo actúa como legislador. 
Para poder hablar en la UE de democracia y no sólo de diplomacia hay que contar con esta apertura, es decir, damos nuestra aprobación al punto 11 y a la enmienda 68. 
Para finalizar, es necesario precisar el principio de subsidiariedad, por lo que respaldamos la enmienda 77 del EPP sobre limitación de los poderes de la UE. 
Señor Presidente, el proceso de ampliación es el puente que une la antigua Europa con la nueva. 
El debate que hoy celebramos y el informe que nos ocupa es un primer paso en dicho proceso. 
Es importante, sin embargo, que no permitamos que nos convirtamos en prisioneros de viejas ideas. 
A pesar de nuestros recelos por un aspecto u otro del presente informe, deberíamos tener el valor suficiente de ofrecer el liderazgo que la población de Europa espera de este Parlamento, en nuestra calidad de sus representantes elegidos. 
El presente informe no excluye ninguna opción. 
No intenta ofrecer un punto de vista sobre la ratificación del Tratado de Niza. 
Eso se deja en manos de los Estados miembros que tienen esa responsabilidad. 
En Irlanda estoy haciendo campaña en favor del "sí", aunque es un "sí" crítico. 
Tengo mis críticas respecto al Tratado de Niza, pero es importante que seamos lo suficientemente valientes para decir, "naturalmente que tenemos problemas, pero es importante que el proceso de ampliación siga adelante". 
Lo más importante del debate sobre el futuro de Europa es el tipo de Europa que queremos: ¿queremos una Europa con capacidad de participación democrática, queremos una Europa que sea socialmente incluyente? 
Si no la deseamos, esa Europa no surgirá accidentalmente. 
Debemos participar en el debate, debemos persuadir a los aquí presentes y a la población de nuestros Estados miembros. 
Debemos proporcionar no sólo un foro a nivel europeo a través de la Convención, sino también garantizar que se crean foros en cada Estado miembro, de manera que la población de cada Estado miembro pueda hablar y debatir entre sí y con otras poblaciones de Europa. 
Señor Presidente, el referéndum irlandés sobre el Tratado de Niza tiene lugar en un momento determinante de nuestras relaciones con la Unión Europea. 
Antes de que finalice esta década, pasaremos de ser uno de los principales beneficiarios de los fondos de la UE a convertirnos en contribuyente neto al presupuesto comunitario. 
Afortunadamente, eso no está teniendo repercusiones significativas sobre la actitud de los electores irlandeses en lo que respecta al Tratado de Niza. 
A diferencia de los Gobiernos español e italiano, los ciudadanos irlandeses no están siendo egoístas en cuanto a las consecuencias de la ampliación sobre la parte de los fondos estructurales y de cohesión que nos corresponderá en el futuro. 
Por el contrario, existe el reconocimiento positivo de que tenemos el deber de ayudar a las jóvenes democracias de los antiguos países comunistas. 
No obstante, la población irlandesa siente temores reales por algunos aspectos del Tratado. 
Le preocupa, en particular, que el proceso de toma de decisiones tradicional y consensual de la UE se abandone en favor de un sistema en el que los Estados más grandes ejercerán su poder en detrimento de los más pequeños. 
También le preocupa que la cooperación reforzada pueda dar lugar a una ciudadanía de primera y de segunda clase en el seno de la UE. 
Por otra parte, la creación de la Fuerza de Reacción Rápida en virtud del Tratado de Amsterdam ha despertado en algunas personas el temor de que ponga fin a la neutralidad militar de Irlanda. 
No comparto estas preocupaciones, pero los ciudadanos irlandeses deben recibir garantías respecto a estas cuestiones, no sólo en el contexto del presente debate, sino también con respecto a los intereses irlandeses a largo plazo en el seno de la UE. 
Si quieren mantener la influencia irlandesa en Europa y especialmente la respetada reputación que se han ganado concienzudamente con el paso de los años, el mejor modo de lograrlo es ratificando el Tratado de Niza: rechazarlo equivale a rechazar la ampliación y a deshacer el proceso. 
No obstante, nadie puede permitirse ser complaciente respecto al resultado del referéndum irlandés. 
Si tenemos en cuenta que los electores acudirán a las urnas en Gran Bretaña e Irlanda el próximo jueves, resultaría bastante irónico, e incluso trágico, que asistiéramos a un rechazo masivo del euroescepticismo en Gran Bretaña y, al mismo tiempo, a un avance significativo del mismo en Irlanda. 
Para terminar, quisiera rendir homenaje a los ponentes, Sr. Méndez de Vigo y Sr. Seguro, por su excelente informe. 
Señor Presidente, doy las gracias a los colegas Méndez de Vigo y Seguro. 
Niza supuso un fracaso desde muchas perspectivas y, en mi opinión, el método de la CIG está muerto. 
Sin embargo, vamos a votar a favor de la resolución, ya que Niza ha establecido las condiciones mínimas para la ampliación. 
Aquéllos que han vivido demasiado tiempo bajo la dictadura, no deben ser las víctimas de nuestra incapacidad para acometer suficientes reformas internas. 
Así mismo, debemos votar a favor porque lo que hace medio año era impensable, también en esta Casa, parece ser cada vez más posible en Laken, es decir, una verdadera convención del Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, los Gobiernos, la Comisión Europea, junto con organizaciones sociales y ciudadanos. 
La contribución de los ciudadanos resulta esencial para que no se convierta en un debate técnico entre expertos, y resulte incomprensible para el ciudadano. 
Esa convención, señor Presidente, no debe convertirse en una ronda de conversaciones carente de compromiso: deben concretarse compromisos prácticos que solamente tengan que ser completados formalmente en la última etapa de la CIG. 
Tenemos que presentar nuestras ideas concretas sobre el futuro de Europa en tanto Parlamento Europeo- y eso se recoge adecuadamente en la resolución- antes de que se celebre la convención este otoño. 
Quiero lo siguiente: un Gobierno europeo en el que el Presidente sea elegido directamente, con un mandato sobre todos los asuntos que podemos tratar mejor conjuntamente en el ámbito europeo, por ejemplo, la agricultura. 
Por tanto, una mayor integración política, una nueva federación europea. 
No obstante, también deseo que haya más subsidiariedad, ya que eso significa que podemos actuar mejor que hasta ahora en el ámbito local y regional. 
Ante todo, quiero más democracia. 
Un Parlamento Europeo adulto, poderoso, democrático, elegido por los ciudadanos europeos, con codecisión en todos los terrenos políticos, con una constitución europea en la que la Carta de Derechos Fundamentales constituya la base. 
Señor Presidente, tenemos un futuro espléndido, y creo que hemos realizado un buen trabajo en esta resolución. 
Espero que mañana obtengamos una buena mayoría para lograr un mejor enfoque. 
Señor Presidente, señor Comisario Barnier, señor Presidente en ejercicio del Consejo, el Tratado de Niza no sólo se ha quedado a medio camino en el sector institucional sino también en algunos temas importantes. 
Tomemos el ejemplo muy actual de la política común comercial europea. 
Descansa sobre unos principios comunes por los que se adoptan por principio decisiones mayoritarias. 
La actual pequeña ampliación del artículo 133 "Servicios y propiedad intelectual" se ve contrarrestada por seis excepciones previstas y tres propuestas al mismo Consejo para que no sobrepase los campos que le están asignados. 
Al mismo tiempo, se elimina la audiencia prevista hasta ahora del Parlamento Europeo, de modo que hoy en amplios sectores de la política comercial no existe formalmente, al contrario de lo que ocurre en los EE.UU, ninguna posibilidad de participación parlamentaria en Europa, ni a nivel nacional ni europeo. 
Por ello, exigimos, tal como se formula claramente en el punto 27 del informe Méndez de Vigo/Seguro, que se incluya plenamente al Parlamento Europeo en la política comercial y económica exterior común, tanto en la fase de orientación como en la de negociación y de conclusión- y aquí con capacidad de codecisión- pues si las competencias de los Parlamentos nacionales ya no existen en la política comercial común, es urgentemente necesario como elemento del control democrático de coparticipación que el Parlamento Europeo ocupe su lugar y que se prevea esto por fin también formalmente. 
De lo contrario, en las negociaciones con la Organización Mundial de Comercio, como Parlamento Europeo tendremos enfrente a un Congreso norteamericano plenamente capaz de actuar y que puede orientar del modo correspondiente a su administración, mientras que el Parlamento Europeo formalmente no dispone aún de potestades en este contexto. 
Ruego por ello a la Presidencia sueca que marque ya el camino a seguir, para que la Presidencia belga, al corregir el Tratado de Niza, pueda acordar una nueva redacción eficiente del artículo 133 en el Consejo de Laaken. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Misión del Consejo y de la Comisión en Corea 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre los resultados de la visita de la delegación del Consejo y la Comisión a Corea. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo ha pedido al Consejo que le informe sobre la visita que realizó el Primer Ministro Göran Persson a la Península de Corea, entre el 2 y el 4 de mayo, en su calidad de Presidente en ejercicio de la UE. 
En Pyongyang se conversó con Kim Jong Il, líder de Corea del Norte, con el número dos de la jerarquía norcoreana Kim Jong Nam y en Seúl con el Presidente Kim Dae-jung. 
Participaron también el Alto representante Javier Solana y el Comisario Chris Patten. 
La iniciativa de este viaje se tomó en diciembre del año pasado, cuando el Presidente Kim Dae-jung visitó Estocolmo, en relación con la recepción del Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado en Oslo, para conversar con el primer Ministro Sr. Persson. 
El presidente Kim Dae-jung hizo hincapié en que los antiguos contactos de Suecia con los países de la península coreana podrían tener una gran relevancia durante la Presidencia sueca. 
Se decidió realizar este viaje en la Cumbre de Estocolmo del 23 y 24 de marzo de 2001, después de discutir con los Estados miembros de la UE y con representantes de Corea del Norte y del Sur. 
Las conclusiones y directrices del Consejo de octubre y noviembre de 2000 sirvieron de fundamento a esta visita. 
Durante la visita a Pyongyang, la delegación de la UE sostuvo largas conversaciones, plenas de interesante contenido, con Kim Jong Il y, posteriormente fueron trasladadas estas ideas al Presidente Kim Dae-jung en Corea del Sur. 
En síntesis, se obtuvieron buenos resultados. 
En primer lugar, Corea del Norte aseguró que reafirma la declaración conjunta de la Cumbre de Pyongyang de junio de 2000. 
Se aseguró también que Kim Jong Il desea una nueva Cumbre, pero que conviene esperar un tiempo para su realización. 
Kim Jong Il subrayó, en tercer lugar, la importancia de que se desarrollen paralelamente las relaciones entre EE.UU. y Corea del Norte y las relaciones intercoreanas. 
También confirmó que Corea del Norte mantiene el acuerdo marco de 1994 entre ese país y EE.UU. y la moratoria de misiles hasta el año 2003. 
Sin embargo, destacó que la exportación de misiles no terminaría sin que se dieran garantías de compensación por eventuales ingresos no percibidos por concepto de exportación. 
Esta exportación es considerada un asunto netamente comercial. 
En cuarto lugar, Corea del Norte reconoció también la necesidad de efectuar reformas económicas y aceptó enviar una delegación a Europa para aprender más sobre la economía de mercado. 
En quinto lugar, Kim Jong Il confirmó que Corea del Norte está dispuesta a discutir temas de derechos humanos con la UE. 
La Unión subrayó que este tema era primordial para la política comunitaria. 
Espero que se realice una primera reunión durante la Presidencia sueca. 
En sexto lugar, se discutió la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y la transparencia en los proyectos de ayudas para el desarrollo patrocinados por la ONU y de ONG de ese país. 
Finalmente quisiera decir que Corea del Sur manifestó gran satisfacción por los resultados de la reunión, especialmente por las garantías para la celebración de una segunda Cumbre y por los misiles de defensa. 
La visita de la UE fue fructífera. 
Sin embargo, los resultados de nuestros trabajos no podrán ser evaluados antes de un par de años. 
En el proceso futuro EE.UU. tiene un papel destacado, pero los esfuerzos de la UE no son despreciables. 
. (EN) Señor Presidente, la Unión Europea respalda firmemente la política "Sunshine" del Presidente Kim Dae-jung y sobre esa base se llevó a cabo la misión encabezada por Göran Persson, en la que participó mi colega Chris Patten. 
El papel de la Unión en la República Democrática Popular de Corea es complementaria de aquélla de sus tres principales interlocutores: Corea del Sur, los Estados Unidos de América y Japón. 
En contra de algunas especulaciones aparecidas en la prensa, esta misión no perseguía el objetivo de intentar suplantar el papel estadounidense: los Estados Unidos fueron notificados de antemano y respaldaron plenamente la iniciativa. 
Por consiguiente, los rumores de la prensa en el sentido de que la UE lanzaba un reto diplomático a los Estados Unidos carecían de fundamento. 
Y el momento elegido estuvo influenciado por nuestro deseo de ayudar a mantener el impulso del proceso de reconciliación en la península coreana, mientras que los Estados Unidos finalizan su revisión política. 
Como ya hemos oído, la visita obtuvo importantes resultados y el equipo de la Unión Europea mantuvo una interesante conversación durante cinco horas aproximadamente con el Presidente Kim Chung-il, en el transcurso de la cual tuvo ocasión de exponer ampliamente sus preocupaciones. 
Ahora estamos realizando un seguimiento en cinco ámbitos: primero, se mantiene la asistencia actual. 
Se ha previsto una asignación máxima por valor de 7 millones de euros para asistencia humanitaria y de 20 millones de euros para ayuda alimentaria y seguridad alimentaria con cargo al presupuesto 2001. 
Durante las próximas semanas estudiaremos con Corea del Norte cuáles son los proyectos más adecuados que deben ser apoyados y qué condiciones deben aplicarse. 
En segundo lugar, los preparativos para lanzamiento de nuestra asistencia técnica siguen su curso y esperamos enviar en breve una misión de identificación de proyectos a Corea del Norte de cara a concertar con las autoridades norcoreanas el diseño de dos proyectos piloto: el coste de cada uno de estos proyectos será cercano a 1 millón de euros y estarán enfocados, en particular, a la formación de funcionarios en los ministerios principales y la creación de instituciones básicas. 
Tercero, avanzan los preparativos para celebrar conversaciones con Corea del Norte sobre los derechos humanos en Bruselas el 13 de junio. 
En cuarto lugar, estamos explorando el modo de desarrollar un diálogo con Corea del Norte sobre reforma económica mediante la organización de visitas de estudio a la Unión. 
Quinto y último, estamos estudiando posibilidades sobre las disposiciones en materia de acreditación diplomática con Corea del Norte a raíz de la decisión de 14 de mayo de establecer relaciones diplomáticas. 
Habida cuenta de que deberán celebrarse negociaciones, no deseo especular en estos momentos sobre los pormenores. 
Mientras tanto, esperamos con interés que finalice la revisión de las políticas estadounidenses sobre Corea del Norte y espero que éstas favorezcan el avance del proceso de reconciliación entre las dos Coreas. 
Señor Presidente, el Grupo Socialista acoge muy favorablemente la visita oficial del Consejo, de la Comisión y del Alto Representante de la PESC a Corea del Norte y a Seúl. 
El Comisario Patten, cuando ayer informó a la Comisión de Asuntos Exteriores, dijo que la visita se llevó a cabo con objetivos modestos, pero que dichos objetivos modestos se alcanzaron, lo que acogemos con satisfacción. 
Como diputado, estoy bastante decepcionado de que la delegación incluyera a 75 periodistas, pero a ningún diputado, con el pretexto de que la delegación era pequeña. 
Espero que en futuras ocasiones, la Comisión y el Consejo se planteen la posibilidad de llevar a algunos diputados, en particular, a la luz del hecho de que el Parlamento Europeo fue el primero en promover las relaciones entre Corea del Norte y la Unión Europea, hace más de dos años, cuando enviamos nuestra primera delegación oficial. 
Acojo con satisfacción el hecho de que se celebraran conversaciones fructíferas con Kim Chong-il. 
No hay ninguna duda de que Corea del Norte es un Estado que preocupa. 
Saludamos el hecho de que dicho país mantenga su moratoria sobre los ensayos con misiles hasta 2004. 
Reconozco que en estos momentos sus opciones son escasas, aparte de exportar equipos militares. 
Ese país no produce prácticamente nada que alguien pueda querer comprar, aparte de armamento. 
Por ello no es muy sorprendente que Irán, Siria y Pakistán hayan comprado las armas No-dong I y No-dong II, que tienen un alcance de 1.300 kilómetros, ni que los coreanos proporcionen ayuda militar al Congo, Irán, Etiopía y Siria. 
El problema será si deciden seguir adelante con los ensayos de Taepodong, que tendrán un alcance de entre 4.000 y 6.000 kilómetros. 
Evidentemente, saludamos la moratoria. 
Acogemos favorablemente la ayuda adicional que se concederá en la forma de ayuda alimentaria. 
Necesitamos un mejor acceso de los supervisores de la Unión Europea con vistas a garantizar que la ayuda se distribuye adecuadamente. 
Acogemos favorablemente el incremento de la asistencia en el sector agrícola, en particular, a la luz de lo que nos han contado sobre que actualmente existe un cierto reconocimiento de que la reforma ha tenido lugar. 
Es importante impartir a los norcoreanos conocimientos industriales y administrativos modernos y debemos proporcionar ayuda en el sector de la energía no nuclear, así como elevar las cuotas textiles. 
Es importante que mantengamos un diálogo sobre los derechos humanos y saludo el hecho de que el 13 de junio tendrá lugar dicho diálogo. 
Nadie ha mencionado KEDO; la Unión Europea participa en el programa KEDO para la construcción de dos centrales nucleares en Corea del Norte. 
Lamentablemente, en esta ocasión hemos recortado el presupuesto con relación a la vez pasada, y si nos proponemos seriamente ayudar a Kim Dae-jung en su política "Sunshine", este recorte emite exactamente las señales equivocadas. 
Estamos muy interesados en el establecimiento de relaciones diplomáticas, e insto a la Comisión y al Consejo a que estudien la posibilidad de abrir una oficina en Pyongyang, en vez de confiar a la Oficina de Pekín la competencia sobre Corea del Norte. 
En ese caso no podrá existir un contacto diario. 
Actualmente existe una distinción entre la UE y los Estados Unidos, y esperamos que podamos avanzar unidos, pero si eso no es posible, deberemos avanzar por separado, porque el rumbo que nosotros nos hemos marcado es el acertado. 
Señor Presidente, es difícil, incluso para quien, como algunos de nosotros, ha tenido la suerte de haber estado en más de una ocasión en Corea del Norte, llegar a comprender qué pretende ese régimen y en qué dirección se mueve. 
Después del arrebato de optimismo del año pasado, el supuesto proceso de apertura de Corea del Norte hacia el exterior y el desarrollo de las relaciones entre este país y sus vecinos del Sur está viviendo momentos de estancamiento, de calma. Hay quienes hablan incluso de marcha atrás. 
Por ello, y a título personal, pregunto si la visita de la delegación europea del mes pasado no fue algo prematura. 
El Comisario Patten nos dijo ayer, y hoy se ha repetido en el Pleno, que durante las conversaciones se habló también de los derechos humanos que se violan automáticamente en esta última dictadura comunista. 
Sin embargo, no nos dijo cuáles fueron los resultados, lo cual me hace pensar que no fueron demasiados. 
Por lo tanto, ¿no hubiera sido mejor obtener antes algunas concesiones en este delicado ámbito y luego conceder el premio de una visita a Pyongyang? 
Tenemos en nuestras manos cartas para inducir al régimen norcoreano a que trate a sus ciudadanos civilizadamente y estamos moralmente obligados a utilizarlas. 
El otro aspecto que me preocupa de esta visita es la relación con los Estados Unidos que gozan de una posición de prevalencia y de responsabilidad muy superior a la de Europa en esta región. 
También en este caso el Comisario Patten nos ha dicho que se llevaron a cabo consultas con Washington sobre la visita. 
No obstante, y como ha recordado la Comisión, algunos autorizados comentaristas americanos, entre los cuales el ex secretario de Estado Kissinger, se han mostrado muy sorprendidos por esta misión que da la impresión de querer llenar, de querer aprovechar un vacío temporal dejado por los Estados Unidos donde, como es sabido, se está llevando a cabo un replanteamiento de la política respecto a Corea del Norte. 
Por lo tanto, quisiera que la Comisión y el Consejo dieran algunas garantías en cuanto a estos dos aspectos. 
. (EN) Señor Presidente, he pensado que podía hacer algunos comentarios y responder a algunas de las preguntas. 
Señor Santer, estamos de acuerdo con todo lo que ha dicho y yo también comprendo que las condiciones en que operan las ONG ha sido una de las cuestiones planteadas durante la visita: la delegación entendió que la situación ha mejorado en el pasado año, aunque probablemente aún queda mucho más por hacer. 
Señor Ford, puede que a veces seamos estrictos a la hora de formar nuestras delegaciones. 
Ésta era una formación de la troica y los periodistas siempre vienen. 
Ellos no formaban parte de la delegación, pero vinieron. 
A veces, naturalmente, se podría invitar a diputados al PE, pero entiendo que sobre este asunto existe una buena cooperación entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, y espero que continúe. 
No tengo derecho a afirmar que en el futuro deberían participar diputados al PE, pero hemos tomado nota de sus comentarios al respecto. 
En lo que se refiere a las modalidades para el establecimiento de relaciones diplomáticas, en breve lo discutiremos con los norcoreanos y, por lo que a mí me consta, aún no se ha adoptado ninguna decisión sobre la apertura de una delegación, cuál sería su sede y cómo debemos proceder. 
Espero haber cubierto los temas más importantes que se han planteado. 
Gracias por sus intervenciones. 
-Gracias por esta atención adicional. 
Para concluir este debate, de conformidad con el artículo 37, apartado 2 del Reglamento, he recibido seis proyectos de resolución sobre Corea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes. 
(A5-0172/2001) del Sr. Blokland, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo " Conjugar nuestras necesidades y nuestras responsabilidades: Integración de las cuestiones medioambientales en la política económica (COM (2000) 576- C5-0012/2001- 2001/2004 (COS)) 
(A5-0171/2001) de la Sra. Hulthén, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la política de medio ambiente y desarrollo sostenible: preparación del Consejo Europeo de Gotemburgo (2000/2322 (INI)) 
Señor Presidente, quiero iniciar este debate con la lectura de un poema: 
en la tierra, en el agua, 
que no destrocemos, 
que no estropeemos? 
No existe fuerza física 
no existe habilidad, 
menos, incluso, la astucia o la trampa 
de nuestra fuerza destructiva. 
No existe una roca tan dura, 
no existe una montaña tan digna y magnífica, 
no existe un árbol tan solemne y maduro: 
podemos romper todo en pedazos. 
en un paraje aislado; 
lo dominamos, 
lo matamos. 
Este poema manifiesta una profunda sensibilidad hacia la creación. 
Quien piense que ha sido escrito por un activista ecológico del siglo XXI, se equivoca, ya que fue publicado en 1536 por Martin Bucer, un predicador de la Iglesia de Santo Tomás de Estrasburgo. 
La preocupación por y para el medio humano no es, por tanto, propia solamente de los últimos tiempos. 
Podemos afirmar con todo derecho que hoy discutimos una comunicación de la Comisión y un informe del Parlamento en los que no se anuncian novedades espectaculares. 
La opinión general de la Comisión de Medio Ambiente es que la comunicación de la Comisión Europea muestra demasiadas similitudes con el documento publicado hace seis años. 
El desarrollo de la política en este período es, en nuestra opinión, muy escaso. 
El planteamiento prudente elegido por la Comisión es comprensible en sí mismo, pero no debe dar lugar a que la garantía del crecimiento económico constituya la mayor prioridad política a corto plazo. 
Entonces, otros objetivos sociales y del Tratado tendrán dificultades. 
Uno de esos objetivos es la incorporación de la ecología al desarrollo económico. 
La Comisión debería hacer más hincapié a los Gobiernos de los Estados miembros en que se han comprometido a ello y que de ahí deben derivar consecuencias. 
Los efectos externos de las actuaciones económicas pueden internalizarse en los precios de bienes y servicios mediante la introducción de instrumentos de mercado. 
Así, la dimensión del medio ambiente, que hasta ahora no ha sido incorporada al precio de los productos, puede ser valorada en su justa medida. 
Los fabricantes y los consumidores reciben "estímulos automáticos" que les conducen en la dirección de un trabajo y un modo de vida duraderos. 
No obstante, resulta sorprendente que la Comisión no preste atención a las deficiencias y aspectos negativos del funcionamiento del mercado. 
Un aire limpio y un agua potable y pura tienen que ser accesibles a todos. 
Este principio de justicia e igualdad social también debe estar implicado en las observaciones. 
El dictamen del Comité Económico y Monetario alude a ello explícitamente. 
El problema de la degradación del medio ambiente no es, por otra parte, un hecho aislado. La pobreza, el desempleo, los problemas energéticos y medioambientales se influyen y refuerzan entre sí, por lo que existe la amenaza de una espiral negativa. 
Esta interacción no sólo tiene lugar en los países en desarrollo, sino también en los países prósperos. 
Debe prestársele más atención. 
En cuanto a los indicadores para la integración de la economía y el medio ambiente, la Comisión aboga, con razón, por sumarse a los indicadores estructurales solicitados por el Consejo de Lisboa. 
Lamentablemente, la Comisión no subraya la gran importancia que tiene un enfoque sistemático en el que las cuentas medioambientales se unan a las Cuentas Nacionales. 
El Parlamento ya señaló esto en las resoluciones de 1995 y 1998. 
Con un enfoque sistemático, la atención se centra objetivamente en la interacción entre los sectores económicos, el medio ambiente y otros ámbitos. 
Los indicadores aislados ocasionan mucha más presión en las investigaciones ¿Puede prometer la Comisaria Wallström que este planteamiento sistemático se seguirá conforme a las propuestas que figuran en la actual resolución? 
La intención de la Comisión de abordar en el futuro las ayudas que perjudican el medio ambiente y las medidas impositivas, ha atraído bastante atención de la prensa. 
La sugerencia de establecer indicadores al respecto no me parece tan positiva. 
Es mucho mejor efectuar una investigación crítica con la ayuda de un estudio cualitativo en el que se examinen la eficacia de tanto las medidas que perjudican el medio ambiente como los impuestos que protegen ese medio ambiente y las ayudas de fomento. 
En la comunicación no se presta atención a las consecuencias que derivan de las nuevas medidas políticas anunciadas para los estados candidatos ¿Cómo se van a ver afectadas las instancias gubernamentales y políticas de estos países por las consecuencias de esta comunicación? 
La concienciación pública de la importancia de un desarrollo económico sostenible, en general, no da la talla. 
La práctica económica actual está únicamente encaminada a lograr una mayor expansión. 
No se puede decir que deje un margen para preservar la creación y respetar los derechos de los otros, entre ellos, los de las generaciones futuras. 
Las desiguales relaciones mundiales actuales no crean tantos derechos, sino sobre todo, responsabilidades y obligaciones para los habitantes de los países ricos e industrializados. 
Por eso, hay que lamentar que el debate de hoy haya sido anunciado bajo el epígrafe de "medio ambiente". 
Es demasiado limitado. 
Se trata de nuestro futuro y de si estamos dispuestos a participar en el proceso de cambio que tan prometedoramente comenzó en Río, o si lo dejamos pasar. 
Se trata, por tanto, de si asumimos nuestra responsabilidad, de si realmente queremos ser los administradores de esta tierra. 
Señorías, una palabra en cuanto al orden. 
Señor Blokland, ha utilizado su tiempo de forma holgada. 
Se lo concedo con sumo agrado, y también a la siguiente ponente, pero quiero señalar que ya llevamos mucho retraso sobre el horario previsto. 
Tienen que circunscribirse al tiempo de uso de la palabra e intentaré que así lo hagan. 
. (SV) Señor Presidente, puedo entender que el orador que me antecedió se extendiera tanto en este tema. 
Cinco minutos para discutir el desarrollo sostenible en una perspectiva de 25 años no es mucho, y es un arte poder ajustarse estrictamente a los márgenes de tiempo. 
El asunto es ¿qué queremos decir cuando hablamos de una estrategia sostenible? 
¿Es una nueva patraña política que estamos inventando aquí en el Parlamento? 
No, no lo es. 
Es una herencia que se remonta a tiempos muy lejanos. 
Tenemos una misión desde que en Río se decidió, hace más de diez años, que cada país, cada nación debería preparar una estrategia sostenible. 
¿Qué es entonces la sostenibilidad? 
¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la sostenibilidad? 
Pues bien, nos referimos al porvenir de las próximas generaciones. 
Discutimos qué desarrollo, qué vida queremos que tengan las generaciones venideras, en otras palabras, cómo van a gestionar sus asuntos sociales, el desarrollo ecológico y la economía. 
No obstante, conviene recordar que para nosotros que vivimos en una parte pequeña y rica del mundo, es fácil decir que queremos dejar como herencia una situación tan buena como la que hemos podido disfrutar nosotros mismos. 
Para la gran mayoría de los habitantes del planeta el anhelo debe ser que sus hijos tengan una vida mejor que la que les ha tocado vivir a ellos. 
El proceso para producir este documento en el Parlamento, que será como una base, un fundamento, para la Cumbre de Gotemburgo, no ha sido satisfactorio. 
El parlamento ha tenido que correr una especie de carrera paralela con la Comisión para tener simplemente una posibilidad de manifestar sus puntos de vista sobre el fondo de la discusión. 
Esto no ha sido satisfactorio. 
Es posible que la Comisión haya tenido mucho tiempo, pero, en cualquier caso, se debe dar al Parlamento una verdadera oportunidad para discutir estos problemas, no solamente desde una perspectiva ecológica. 
Esto debería interesar a todo el Parlamento, a las comisiones que trabajan con asuntos sociales y económicos y a las demás comisiones. 
En caso contrario, reducimos este asunto a una perspectiva puramente ecológica, cosa que sabemos que no es así. 
En un documento de esta naturaleza sería conveniente tratar distintos campos de la política, especialmente sabiendo la orientación que se quiere dar a este tema en Gotemburgo, pero creo que fundamentalmente tenemos que partir de la perspectiva ecológica. 
Las perspectivas social y económica son también importantes y nos consta que tienen gran influencia en nuestras vidas. 
Si el planeta no funciona bien desde una perspectiva ecológica será mucho más difícil discutir asuntos sociales y económicos. 
La condición es que hay que contar con una ecología equilibrada. 
El texto de la Comisión, que a nuestro juicio tiene su punto de partida en el actual sistema económico, quizás no sea totalmente satisfactorio. 
Es como si no hubieran entendido plenamente la belleza que puede encerrar el canto de un cuervo. 
Hay que utilizar la economía existente. 
Hay que intentar poner las restricciones que se precisan en el mercado. 
Hay que encontrar los medios de gestión que sean utilizables en nuestros presupuestos y en nuestras contrataciones públicas. 
Si se quiere crear una estrategia de sostenibilidad en la Unión Europea habrá que concentrarse obviamente en los problemas que hay en la Unión, pero resulta absolutamente imposible aislar a la Unión del resto del mundo. 
Tenemos que vernos como una parte del planeta, en un contexto mundial. 
Lo que hacemos en la Unión tiene repercusiones en otros países y no podemos exportar aquello que nosotros rechazamos. 
Tenemos que analizar nuestras relaciones comerciales y nuestra política agrícola y sus efectos negativos para el desarrollo de otras naciones. 
Tenemos responsabilidades en las relaciones comerciales internacionales. 
Tampoco conseguiremos una estrategia de sostenibilidad sin la perspectiva local. 
Lo mejor de los trabajos relacionados con la Agenda 21 fue que hicieron posible que las organizaciones de voluntariado, los actores en la escena local, los ayuntamientos y los ciudadanos, pudiesen participar en el proceso y entender de qué se trataba. 
Al fin, se trata de la responsabilidad de los individuos y de que se necesita un cambio de conducta en todos los campos. 
La Comisión, y obviamente también el Consejo, deben reflexionar sobre la forma de estimular a la gente para que se interesen y que todo esto no sea un mensaje que les llega desde arriba. 
Para finalizar, quisiera mencionar el liderato político. 
Es necesario que el mensaje que se dé en Gotemburgo sea claro. 
No puede ser un manifiesto sin contenido. 
Debe haber pruebas de que la Comisión y el Consejo realmente quieren pasar de las palabras a la acción. 
. (SV) Señor Presidente, Señorías, me es muy grato poder participar en el debate de hoy. 
El tema es la estrategia para un desarrollo sostenible, la integración de todos los aspectos medioambientales en la política económica. 
Todos estos asuntos tienen preferencia en el orden del día y son una expresión de la voluntad política de cambio y renovación. 
Cuando se incorporó el desarrollo sostenible en el Tratado de Amsterdam fuimos criticados porque no era suficiente y no obligaba a emprender acciones. 
Se expresó desconfianza respecto a nuestra política común y a las posibilidades de la Unión Europea. 
Hoy no se nos puede hacer la misma crítica. 
Ahora hay que decidir en torno a propuestas concretas, objetivos y medios, que se fundamentan en propuestas de la Comisión para el desarrollo sostenible y en los informes que han presentado la Sra. Hulthén y el Sr. Blokland. 
Una política eficaz en favor del desarrollo sostenible conlleva una clara y honrada crítica social. 
La biodiversidad está amenazada, continúa la acidificación, se extiende la sobrenutrición de los suelos, las sustancias químicas se acumulan en nuestros cuerpos, la contaminación mata, el cambio climático se acelera, y todo esto ocurre en este preciso instante. 
Simultáneamente, no podemos ignorar las grandes posibilidades que se nos ofrecen. La investigación aumenta, cada vez hay más interés por los estudios y por la formación continua, los conocimientos aumentan, se desarrollan nuevas técnicas, se popularizan las soluciones que ahorran energía, los problemas de la agricultura y del sector pesquero dan origen a nuevas ideas y a nuevas soluciones y crece la voluntad política. 
Ahora hay que tener una perspectiva global en la que concurran diferentes sectores políticos. 
Las perspectivas económica, social y ecológica deben integrarse y alcanzar una posición igualitaria en todos los campos de la política. 
Tenemos que proponer medidas concretas, nuevos principios y objetivos claros. 
Ahora podemos formular el futuro. 
El objetivo de Europa es llegar a ser la economía más competitiva, dinámica y rica en conocimientos del mundo. 
Este objetivo debe ser complementado en Gotemburgo con una dimensión ecológica, para que lleguemos a ser la región que asume las mayores responsabilidades en favor de la naturaleza y del medio ambiente. 
También es importante que la política tenga arraigo en la vida diaria de los ciudadanos. 
La investigación, la formación, la democracia y la participación son condiciones para la asunción de responsabilidades comunes. 
En el futuro, los trabajos en torno a la estrategia de sostenibilidad deberán contemplar una profundización del diálogo con la sociedad civil y entre las instituciones. 
El anhelo de la Presidencia ante la reunión del Consejo en Gotemburgo es que se pueda aprobar una estrategia que aúne el proceso de Lisboa con la estrategia del desarrollo sostenible, que incorpore la dimensión ecológica mediante la fijación de objetivos claros, alcanzables, que posibiliten cambiar las tendencias negativas existentes. 
Esto implica que todas las futuras decisiones que se adopten en la Unión deberán contemplar la perspectiva de sostenibilidad. 
Esto demostrará nítidamente el anhelo europeo de disminuir el cambio climático, de participar activamente y de impulsar la colaboración mundial. 
Esto implicará que se eliminen todas las subvenciones que son insostenibles. 
Nos llevará a que se minimicen las consecuencias negativas de las sustancias químicas para la salud y el medio ambiente y que continuamente se discuta el desarrollo sostenible al más alto nivel político. 
Para lograr el desarrollo sostenible conviene subrayar especialmente la importancia de contar con el coraje suficiente para fijar objetivos concretos, sujetos a plazos,. 
Desde esta perspectiva, resulta satisfactorio que el informe de la Sra. Hulthén que tratará hoy el Parlamento exprese los mismos criterios. 
Quiero destacar especialmente las exigencias contenidas en el informe sobre el programa de cambio climático y los objetivos para las energías renovables, sobre la modificación de la política de transportes, sobre la nueva política de sustancias químicas basada en el principio de cautela, sobre el análisis de sostenibilidad de todas las decisiones y sobre el fortalecimiento de la perspectiva de sostenibilidad en los trabajos que realiza la Unión en el ámbito mundial. 
Como se dice en el informe, es conveniente que el Parlamento continúe impulsando y analizando críticamente la nueva legislación comunitaria. 
En cuanto a la responsabilidad global, quisiera subrayar especialmente lo que señala la Sra. Hulthén en su informe. 
Un desarrollo sostenible no es posible sin la perspectiva global. 
Por eso es una tarea importante para nosotros. 
La Unión Europea debe asumir el papel de líder en los trabajos en pro del desarrollo sostenible mundial. 
Tenemos que hacer esfuerzos para que la World Summit for Sustainable Development del próximo año en Sudáfrica alcance los resultados esperados. 
Como parte de los preparativos, tanto para la Cumbre de Gotemburgo como para la de Johanesburgo, invité la semana pasada a 250 jóvenes de entre 20 y 25 años provenientes de 110 países diferentes. 
Esa reunión no tenía límites entre los países ni entre las personas. 
¿Qué tienen esos jóvenes? 
Interés y entusiasmo. 
¿Qué les falta? 
Paciencia y miedo para enfrentarse a problemas difíciles y complicados. 
¿Qué obligaciones tenemos con ellos? 
Creo que puedo decir que debemos actuar con claridad, para que puedan fundamentar su confianza en el futuro, adoptando medidas concretas de carácter político, demostrándoles que tenemos la valentía y la voluntad política necesarias para enfrentar las tendencias negativas que hay en el mundo. 
¿Qué exigen de la UE, especialmente después de la actuación estadounidense en la política climática? 
Exigen que la UE asuma un liderato nítido en el trabajo global en favor del desarrollo sostenible y contra la pobreza y la destrucción medioambiental existente. 
En resumen: sostenibilidad en un continente no es sostenibilidad sostenible. 
Como señaló la Sra. Hulthén, jamás podremos contar con que una parte del planeta viva de manera sostenible mientras el resto se debata en la miseria y en la destrucción medioambiental. 
El Sr. Blokland ha destacado en su informe la relación existente entre la destrucción de los recursos naturales, la injerencia en la naturaleza y la política económica. 
La conclusión es que la ausencia de un precio de los recursos limitados y de las injerencias en la naturaleza conduce a una deficiente integración de las consideraciones medioambientales en la política económica. 
Me parece muy lógico que una parte importante de la futura política de sostenibilidad deberá ser la mejor integración de los costes medioambientales en los costes de las mercancías y servicios en la economía. 
Las propuestas que se presentan en el informe son valiosos instrumentos para el futuro desarrollo de una estrategia de desarrollo sostenible y de integración sectorial. 
La Presidencia opina que es importante que la integración medioambiental forme parte de las directrices generales de la política económica, en la Broad Economic Policy Guidelines. 
Para dar valor a los recursos agotables y evaluar las consecuencias medioambientales de las subvenciones y de las excepciones fiscales, deberán usarse en mayor medida los medios de gestión económica basados en el mercado. 
El desarrollo de la estrategia de integración medioambiental debe incluir objetivos, calendarios y mecanismos de seguimiento en BEPG. 
Quiero terminar refiriéndome a una conclusión del informe Blokland. 
Hay que tomar medidas hoy para evitar tener que tomar otras más caras en el futuro. 
Puedo completar esto con un informe de Suecia, de la Oficina de Protección a la Naturaleza, que demuestra que, como regla general, la naturaleza tarda más tiempo en recuperarse de los daños medioambientales que el que hemos ocupado en producirlos, y que seguimos produciendo. 
Creo que esta conclusión complementa la del Sr. Blokland. 
En otras palabras, no podemos esperar. 
Tenemos que actuar, y los informes que hoy tenemos ante nosotros constituyen un paso importante hacia la Cumbre de Gotemburgo, y la de Johanesburgo el próximo año. 
. (EN) Señor Presidente, acojo con satisfacción la oportunidad de contribuir a este debate en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a pesar de la edición de última hora que, en mi opinión, ilustra en buena medida lo que actualmente no funciona respecto a nuestro modo de enfocar la sostenibilidad en esta institución. 
No estamos integrando nuestras políticas social, económica y de medio ambiente. 
Todas ellas deberían avanzar en la misma dirección, pero por el momento está claro que no lo hacen. 
Otra prueba que ilustra esta teoría es el hecho de que esta noche esté con nosotros la Comisaria de Medio Ambiente, a quien doy la bienvenida al Parlamento, pero en el futuro, cuando debatamos sobre sostenibilidad, me gustaría mucho que contáramos con la asistencia de los Comisarios relacionados con mi comisión y también, al menos, con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y desarrollar una economía auténticamente ecológica, debemos ocuparnos de fomentar empresas que respeten el medio ambiente y hagan un uso eficiente de los recursos, y esto incluye el modo en que utilizamos a nuestra población activa. 
De ahí el llamamiento de mi comisión en favor de que avancemos sin pérdida de tiempo en la tarea de hacer posible que las personas trabajen eficientemente, mediante una consulta y participación efectivas, porque la democracia también forma parte de la sostenibilidad, del mismo modo que la reducción de las horas de trabajo y el trabajo de buena calidad en condiciones laborales seguras y con el respaldo de un sistema eficaz de seguridad social. 
Si exigimos que las empresas realicen auditorías en el ámbito social y medioambiental, como acertadamente exigimos, necesitamos contables y demás profesionales que puedan realizar esa tarea. 
Si queremos constructores que construyan edificios energéticamente eficientes, debemos enseñarles. 
De ahí el llamamiento de mi comisión en favor de que todas las iniciativas de la Unión Europea en materia de formación tengan plenamente en cuenta la dimensión medioambiental, si realmente queremos preparar a las personas para el futuro. 
La inclusión social, como ya se ha dicho, es un componente fundamental de una sociedad sostenible, por ello es necesario garantizar unos ingresos mínimos que cubran las necesidades básicas. 
Debemos luchar contra la discriminación y la pobreza. 
Actualmente, los desposeídos piensan que no tienen ninguna participación en el futuro, y eso, según la lógica de cualquiera, es un triste despilfarro. 
El desarrollo sostenible consiste en crear un mundo en el que no existan perdedores. 
No podremos alcanzar ese objetivo si nos aferramos a políticas que avanzan en direcciones diferentes e incluso que se debilitan entre sí. 
Nuestro futuro común depende de que encontremos un modo eficaz de garantizar la integración y la sostenibilidad. 
Señor Presidente, la conciliación de la ecología y la economía es un tema que desde hace muchos años incita a filosofar. 
El problema está en que, si bien en teoría no existe ninguna contradicción interna entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente, en la práctica, hasta ahora, el crecimiento económico por lo general ha influido de manera negativa sobre la calidad del medio ambiente. 
No obstante, por otra parte, la recesión económica, asociada al aumento del desempleo y la pobreza, también tiene como consecuencia un deterioro de la calidad del medio ambiente. 
Se trata, por lo tanto, de un tema muy complejo y difícil de abordar, sobre todo porque seguimos careciendo de indicadores universalmente válidos que permitan una valoración monetaria de los bienes medioambientales. 
Necesitamos medidas válidas a escala de la UE y sólo podemos definirlas para este ámbito. 
La Comisión debe fundamentar su Comunicación sobre unas bases estadísticas sólidas si no queremos seguir discutiendo tan sólo sobre castillos en el aire. 
Aun en el supuesto hipotético de que se contase con dichos fundamentos sólidos, todavía habría que preguntarse qué consecuencias se deben extraer de ellos. 
Se han propuesto muchas ideas: subvenciones, derechos de emisión negociables o los llamados impuestos ecológicos, es decir, impuestos o tasas vinculados a la protección del medio ambiente. 
Los modelos ya existen. 
Sin embargo, lo importante es que dichos modelos se apliquen del mismo modo y simultáneamente en todos los Estados miembros de la UE, con el fin de ofrecer oportunidades equitativas a todas las partes implicadas. 
Sólo una competencia equitativa puede garantizar la aceptación de las medidas orientadas a la protección del medio ambiente, del tipo que sean. 
Es preciso verificar la eficacia de las subvenciones y modificarlas o reemplazarlas por otras medidas en caso necesario. 
El comercio con bienes medioambientales debe ser justo. 
Los impuestos y las tasas sólo tendrán sentido y serán eficaces si están vinculados al nivel de emisiones y son fiscalmente neutros para los ciudadanos. 
En ningún caso se deben aplicar a otros fines y otros ámbitos que no sean los del medio ambiente. 
Sólo así será posible satisfacer realmente la justificada aspiración de nuestros ciudadanos y ciudadanas y de las personas que residen fuera de la UE a un medio ambiente saludable 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el desarrollo sostenible constituye el mayor desafío de los próximos veinte años. 
El desarrollo sostenible es un concepto bonito, que expresa el convencimiento de que el crecimiento económico puede ir parejo a la mejora del medio ambiente. 
Hasta ahora éste no ha sido el caso en la mayoría de las ocasiones, y el crecimiento económico ha tenido lugar a costa del medio ambiente. 
Ahora tenemos la tarea de mejorar nuestros métodos de producción, de forma que cada vez se tenga más en cuenta, o se valore todavía más, el medio ambiente; que cambiemos nuestras ideas y acciones; que los costes medioambientales cuenten, de manera que la protección del medio ambiente resulte rentable. 
El Consejo Europeo de Gotemburgo debe dar un gran impulso para lograrlo. 
Aprovecho la oportunidad para felicitar al Sr. Blokland por su informe. 
Su planteamiento realista proporciona, en cualquier caso, algunos vínculos concretos de referencia para una elaboración posterior. 
Así mismo, quiero agradecer a la Sra. Hulthén el convencimiento y la tenacidad con que ha planteado su idea del desarrollo sostenible. 
El concepto del desarrollo sostenible debe materializarse en propuestas concretas y en decisiones. 
Quiero referirme especialmente a tres cuestiones: las normas de los productos, la biodiversidad y el cumplimiento de la legislación. 
El desarrollo sostenible debe concretizarse. 
Queremos trabajar en el desarrollo de normas de los productos, normas que limiten el uso de la energía, normas que limiten el uso de sustancias peligrosas o que las prohiban en la medida de lo posible, reglas que permitan que los costes medioambientales repercutan en el precio del producto. 
Tales normas son importantes en el sector alimentario, de los materiales de construcción, textil, de la pintura y, por supuesto, de los embalajes. 
Ahí se pueden obtener, en mi opinión, muchas ventajas medioambientales. 
Las normas también deben estar dirigidas a evitar la generación de basura: menos bolsas desechables, menos desgaste, más durabilidad y calidad de más larga duración. 
Cuando los productos llegan a su fin, la reutilización y el reciclado deben darse por descontado. 
El gran desafío consiste, entonces, en crear mercados para todos los desechos de productos y todos los residuos. 
Además, tales mercados crean nuevas oportunidades de empleo. 
La repercusión de los costes medioambientales es importante, pero no todo se expresa en dinero. 
La protección de la naturaleza y de la biodiversidad también supone un valor en sí misma, sin que se traduzca directamente en un valor económico. 
La protección de la biodiversidad es una cuestión que debe volver a aparecer en muchos ámbitos políticos. 
Por supuesto, debemos cumplir también las directivas sobre aves silvestres y hábitats. 
Con ello llegamos al tercer punto: el cumplimiento de la legislación. 
Existe mucha legislación europea buena. 
Se trata, por tanto de cumplir estas leyes. 
Sin embargo, eso constituye a menudo un problema. 
No todos los Estados miembros tienen una buena reputación en lo que a esto respecta. 
Mis colegas, Hulthén y Bowe, han preguntado en Estrasburgo cómo piensa actuar la Comisión ante esto. 
Las respuestas que el Presidente de la Comisión, Prodi, dio fueron, cuando menos, decepcionantes. 
Por tanto, quiero preguntar una vez más a la Comisión cómo va a actuar con los Estados miembros que no cumplan plenamente las reglas europeas. 
Así mismo, quiero hacer hincapié en que el Parlamento puede estar mucho más implicado en el cumplimiento de la legislación. 
Quisiera que se realizara un informe semestral sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, estimado Ministro, señor Comisario, el desarrollo sostenible comprende muchos factores. 
Es muy fácil escribir sobre hermosos sueños y emplear palabras rimbombantes. 
Quisiera que en la reunión del Consejo en Gotemburgo nos atreviésemos a mirar hacia delante. 
Quisiera también que se diese un paso decidido para que nos fijásemos en las propias cuentas de la UE, en el sistema de subvenciones. 
En el punto 5 del informe del Sr. Blokland, y en el punto 33 del de la Sra. Hulthén, se dice que hay que revisar las subvenciones agrícolas. 
Por suerte la comunicación de la Comisión es aún más valiente. 
En ella se expresa que "Cuando se revise la política agrícola común en 2002 deberá atenderse más a la calidad que a la cantidad". 
La agricultura es todavía la actividad principal de Europa, en la medida en que la agricultura y la silvicultura son parte de nuestra herencia cultural, de nuestra recreación y de ellas depende la biodiversidad. 
Se trata de las sustancias químicas y de los abonos en el agua. 
Se trata del aire y de la salud pública. 
Entonces cabe preguntarse: ¿Cuál es la sostenibilidad del propio sistema de subvenciones agrícolas de la UE? 
¿No es hora de usar parte de ese dinero para el desarrollo sostenible, para el desarrollo de las zonas rurales, para la protección de la diversidad biológica, para eliminar sustancias químicas, para conseguir alimentos que podamos comer con alegría y seguridad? 
Imaginemos que el Consejo Europeo se atreviese a tomar una iniciativa de este tipo e indicando con la mano dijese: "Vamos en esta dirección". 
Señor Presidente, quisiera decir algunas palabras sobre la propuesta de desarrollo sostenible de la Comisión. 
Es evidente que podría haber comprendido otros campos, pero tengo que decir que es mejor que lo que nos habíamos esperado y que contiene numerosas propuestas que, si se aplican, van a marcar realmente una diferencia con la actual política medioambiental. 
Quisiera destacar especialmente las exigencias de limitar los transportes por carretera, de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, de eliminar subsidios nocivos, de cambiar las normas sobre contrataciones públicas haciéndolas más ecológicas y de modificar la política agrícola. 
Si se hace todo esto, se habrán dado importantes pasos para las reformas. 
La pregunta es si estas propuestas concretas sobrevivirán la reunión del Consejo en Gotemburgo. 
Es mi deseo, y que estas propuestas no sean excluidas del documento final, que permanezcan, y que, en cambio, se reduzcan las consideraciones generales. 
Creo que puede llegar a ser una verdadera contribución para la reforma de esta política. 
Le deseo suerte a la Presidencia sueca en esta tarea. 
Sin embargo, la propuesta es insuficiente en un aspecto, esto es, respecto a la colaboración internacional y a las relaciones con la Organización Mundial del Comercio y a las normas medioambientales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo quiero agradecer a la Sra. Hulthén la presentación de su informe sobre el desarrollo sostenible, que ha elaborado con una gran premura de tiempo y bajo unas condiciones difíciles. 
El Grupo del PPE va a apoyar el informe. 
Éste marca prioridades importantes en materia de política medioambiental. 
Aun así, en realidad no estamos de acuerdo con sus planteamientos en todos los aspectos. 
Justamente en el contexto de los considerandos sobre la política económica y social habría sido conveniente, si hubiésemos dispuesto de más tiempo, debatir estos aspectos también con las Comisiones de Empleo y Asuntos Sociales y de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Por ejemplo, cuando en el punto 32 se reivindican unos ingresos mínimos y se hace referencia a los servicios elementales; se trata de cuestiones que no se deberían concretar en un informe sobre el medio ambiente en el que en realidad sólo ha trabajado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores, sino sólo después haberlos debatido a fondo con las Comisiones de Asuntos Sociales y de Asuntos Económicos.. 
Yo lamento asimismo- seguramente el motivo también es, de nuevo, la premura de tiempo- que sólo se haya incluido un punto sobre los aspectos del desarrollo sostenible relacionados con la política de desarrollo, pues quien haya seguido el tema del desarrollo sostenible y del proceso de Río, sabe que éste es un aspecto central para todo el problema de la política de desarrollo. 
Yo creo que se podría haber dicho algo más al respecto. 
Lo cual no es, sin embargo, un reproche, pues para el Parlamento sencillamente era fácil contemplar debidamente todos los aspectos en tan poco tiempo. 
En Alemania ha causado un gran revuelo un aspecto del informe y de las declaraciones del Presidente de la Comisión Prodi sobre el desarrollo sostenible. 
Éste se recoge ahora en los puntos 21 y 22. 
Se trata de la supresión de las subvenciones en favor de actividades perjudiciales para el medio ambiente, en particular del carbón. 
Personalmente, yo creo que la supresión de las subvenciones en favor de actividades perjudiciales para el medio ambiente debe ser ciertamente un objetivo a largo plazo. 
No obstante, también pienso que tenemos que proceder con cautela antes de señalar ya una fecha muy próxima. 
Si el Grupo del PSE solicita en el siguiente informe sobre el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente que dichas subvenciones se supriman antes de 2005, esto provocará despidos masivos y de ese modo seguro que no se podrá alcanzar el objetivo de manera sostenible. 
Por esto, yo creo que deberíamos expresar claramente el objetivo, en este aspecto no existe ninguna discrepancia, pero también deberíamos preocuparnos de ofrecer alternativas... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente del Consejo, quisiera comenzar dando las gracias a los dos ponentes por sus excelentes informes. 
Es muy importante que el desarrollo sostenible esté tan alto en la agenda política. 
Se trata en parte de la solidaridad, es decir, de la solidaridad con las generaciones futuras, solidaridad en la UE con las regiones y las personas más pobres, pero también se trata de asumir una responsabilidad global, de ver cómo actúa la UE en la política comercial y de desarrollo frente a otros países. 
El desarrollo sostenible atañe a todos los campos de la política. 
Es sabido que atañe a la política de transportes, a la política agrícola, a la política energética, pero también incumbe a la política social. 
En este punto, no comparto los criterios del orador que me precedió. 
La política social constituye obviamente una parte del desarrollo sostenible. 
Es fundamental que existan una buena política social y una política económica justa. 
El desarrollo sostenible comprende también numerosos métodos. 
Los métodos actuales, que consisten en legislar, no son malos. 
Hay que seguir legislando. 
La legislación comunitaria debe aplicarse mejor. 
Hay que usar instrumentos fiscales, cosa que este Parlamento ha expresado a menudo. 
Lo nuevo es que se integrarán los aspectos ecológicos en la denominada estrategia de Lisboa. 
La próxima vez que se reúna el Consejo, en la primavera en Barcelona, no se tratarán sólo asuntos económicos, sociales, de formación continua, de política de inversiones y de política industrial, sino que el Consejo será un "Consejo de Sostenibilidad", en el que se integrarán los aspectos ecológicos en la política. 
Lo importante es que una nueva estrategia está tomando forma y que le damos todos nuestro respaldo desde el Parlamento. 
Señor Presidente, quiero felicitar a los dos ponentes, la Sra. Hulthén y el Sr. Blokland, por estos dos informes, trascendentales no sólo para los que estamos aquí hoy sino que también para las futuras generaciones. 
Ambos demuestran la necesidad de integrar la política medioambiental, la política social y la política económica para conseguir un verdadero desarrollo sostenible. 
No obstante, hay que hacerlo ahora, no puede ser un objetivo a largo plazo. 
El proceso de Cardiff es provechoso, pero avanza muy lentamente. 
Es obvio que tiene que haber un cambio radical, para decirlo de manera suave. 
Como dijo Kjell Larsson, Ministro de Asuntos Medioambientales de Suecia, se necesita valentía política en todas las instituciones y en todas las situaciones. 
La Comisión propone en su documento sobre la integración de la política medioambiental en la política económica que no hay contradicción entre el crecimiento económico y la protección medioambiental. 
Pero, ¿cómo es posible entonces que la mayor producción y el mayor consumo hayan "engullido" todos los esfuerzos medioambientales que hemos realizado y los que se están realizando? 
Éste no es un criterio moderno. 
Por eso, el desarrollo económico debe adecuarse a las exigencias medioambientales; en caso contrario no hay desarrollo sostenible. 
Esto hay que tenerlo claro. 
En una propuesta "verde" del Grupo de los Verdes/ALE que se aprobó en la comisión, se dice que hay que revisar los efectos medioambientales negativos que conllevan algunas subvenciones comunitarias, especialmente en materias de política energética y agrícola. 
Éstas deben ser eliminadas. 
No podemos mantenerlas. 
La Sra. Hulthén se ocupa también de lo que han mencionado otros oradores, esto es, de que una estrategia no sólo debe ser para la UE sino que debe tener carácter global. 
Diez años después de Río conviene ocuparse de esto... 
(El Presidente interrumpe a la oradora.) 
Señor Presidente, ¿cómo preservar nuestros recursos, ganar en salud ambiental y en bienestar social de forma equilibrada, sin que se resienta ninguno de los tres pilares del desarrollo sostenible? 
La Cumbre de Gotemburgo intentará dar respuesta a estos interrogantes y pondrá de manifiesto la madurez y capacidad política de nuestros Gobiernos para abordar el reto de un nuevo orden de paz y prosperidad para el siglo XXI. 
El primer paso consiste en lograr un desacoplamiento entre el crecimiento económico y la intensidad en el uso de los recursos, y en la producción de efectos indeseados como la contaminación. 
En este contexto, creo que hay que dar la bienvenida a los informes de la Sra. Hulthén y el Sr. Blokland. 
Hacer de la economía europea la más competitiva y dinámica, basada en el conocimiento y no en el uso intensivo de los recursos, requerirá una mejor y mayor utilización de los instrumentos de mercado en aras de lograr los máximos niveles de eficiencia para nuestros procesos y productos, pero también requerirá que se den otros factores de forma simultánea. 
Si queremos eliminar para siempre el fantasma de la pérdida de competitividad o la amenaza de la conflictividad laboral en Europa, necesitamos más que nunca, y de forma urgente, hacer el camino de manera uniforme y coherente entre todos los Estados miembros. 
Más aún, necesitamos hacerlo desde una visión planetaria, contando con acuerdos internacionales que permitan resolver las dificultades legales y prácticas con que se enfrentan muchos de nuestros actos legislativos. 
Necesitamos también establecer calendarios realistas, que permitan a las empresas y a la sociedad en general adaptarse a las nuevas condiciones del mercado e introducir las reformas necesarias, reduciendo así las posibilidades de que se produzcan efectos indeseados si se abordan con un margen de maniobra demasiado estrecho. 
Por último, creo imprescindible, para culminar con éxito el proceso de cambio emprendido, contar con un amplio consenso social que incluya compromisos con los agentes sociales y la sustitución- cómo no- progresiva pero firme de valores sociales pertenecientes al viejo orden- basado en la posesión y acumulación de bienes- por otros valores propios de una sociedad ética y cívicamente más avanzada, basados en el disfrute de los aspectos más inmateriales de la vida. 
Señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no se trata y nunca podrá tratarse de tener que elegir entre el empleo y el medio ambiente. 
La riqueza, el crecimiento, la empresa y el desarrollo no necesitan ni agotan el medio ambiente en las sociedades maduras. 
Por el contrario, se puede observar que existe una clara relación entre la calidad del medio ambiente y la riqueza de una nación. 
En toda la UE y Norteamérica hemos asistido durante los últimos años a una dramática inversión de la contaminación del aire y del agua como consecuencia de las mejoras tecnológicas impulsadas por la legislación y las expectativas de la sociedad. 
Durante el mismo período se ha producido un fuerte incremento de la extensión y la cantidad de hábitats y recursos naturales reconocidos y protegidos oficialmente. 
La infraestructura, la organización y la tecnología necesarias para un medio ambiente más limpio pueden alcanzarse todas ellas gracias a la riqueza y a los superávits de las economías locales. 
Los elevados niveles de contaminación del aire y del agua y la explotación no sostenible de los recursos naturales han caracterizado las fases iniciales del desarrollo de las economías industrializadas, como nos ocurrió a nosotros. 
La protección del medio ambiente exige superávits, formación y visión, junto con madurez institucional y estabilidad. 
Un grupo de interés fuerte en favor de la protección del medio ambiente constituye una parte beneficiosa y necesaria de cualquier sociedad democrática madura. 
Debemos comprometernos a garantizar la mayor variedad posible de opiniones y valores, y que éstos sean fomentados, expresados y tenidos en cuenta, porque el debate sólo puede incrementar el conocimiento y mejorar la calidad de las decisiones. 
Asimismo, la ortodoxia medioambiental debe ser objeto de un examen constante y de una nueva evaluación con vistas a garantizar que la protección necesaria es proporcional y eficaz. 
Los alarmistas medioambientales obstaculizan el debate abierto cuando exageran un posible riesgo, como por ejemplo, la presencia de una toxina, de tal modo que se convierte en una amenaza carente de fundamento, por ejemplo, porque no reconocen que la cantidad de toxina está muy por debajo del nivel de riesgo. 
Creo que hace falta gran sensibilidad, tolerancia y compasión cada vez que se proponga aplicar normas medioambientales de una economía desarrollada a la economía y al medio ambiente de las economías emergentes. 
La historia de la UE demuestra que una sobrecarga localizada de lo que puede soportar el medio ambiente puede ser una fase temporal de una economía emergente. 
Debemos reconocer... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
. (SV) Señor Presidente, agradezco todas las intervenciones constructivas que hemos podido escuchar. 
Evidentemente quiero sumarme a las felicitaciones a la Sra. Hulthén y al Sr. Blokland por estos informes. 
Es conveniente discutir ambos informes simultáneamente, ya que están muy estrechamente relacionados. 
Es extraño que el concepto de "desarrollo sostenible", que ha existido durante 15 años, se haya mantenido vivo a pesar de que muchos lo han criticado por ser demasiado difuso y de difícil aplicación, por la dificultad para percibir sus resultados concretos, etcétera. 
Pero, aún así, nos permite aunar la política económica, la política medioambiental y la política social y, además, nos ayuda a ver no sólo los problemas sino que también las posibilidades que encierra este concepto. 
Por eso, tal como se dijo en el debate, es conveniente desarrollar indicadores y que podamos hacer un seguimiento racional de todo esto. 
Creo que estamos empezando a conseguir indicadores realmente eficaces y buenos que, a largo plazo, implicarán la consecución de nuevos conceptos económicos generales, es decir, una nueva definición, una nueva definición económica. 
Pero obviamente habrá que seguir trabajando para conseguir indicadores y controles eficaces. 
Da la impresión de que ha faltado tiempo, pero me gustaría decir que hemos recibido más de cien comentarios por escrito, incluso dentro de los plazos. 
Casi todas las organizaciones medioambientales y sociales, y también las organizaciones de business, han formulado y enviado sus propuestas a la Comisión. 
También prestamos especial atención a la propuesta de informe de la Sra. Hulthén. 
En nuestra propuesta hemos dicho que nos gustaría que ésta tuviese como propietarios a muchos diferentes grupos de la sociedad y que sea posible consultar a esos grupos en el futuro. 
En este contexto el Parlamento tendrá obviamente un papel muy activo. 
Se puede decir que la propuesta de la Comisión para una estrategia de desarrollo sostenible no ha sido modificada durante su tramitación. 
Las prioridades que nos fijamos desde el comienzo siguen estando allí y ha sido posible identificarlas durante todo el procedimiento. 
Quisiera comentar también lo que se ha dicho sobre la perspectiva internacional. 
La Comisión ha dicho que más adelante presentará una nueva propuesta para concretar aún más y para hacer un seguimiento de nuestra posición en cuanto a la forma de proceder en el campo internacional. 
Entonces es conveniente que atendamos a nuestros propios asuntos antes de empezar a hablar acerca de cómo debería actuar el resto del mundo. 
Es obvio que la perspectiva mundial debe estar siempre presente. 
Asimismo se hace hincapié en nuestra estrategia de desarrollo sostenible, tal como lo señaló Marit Paulsen, que hay que intentar desprenderse de todo aquello que es políticamente inconsecuente y de eliminar las subvenciones que no favorecen el medio ambiente ni el desarrollo sostenible. 
Creo que esto queda claro en el programa. 
Lo que falta ahora es tratar esto en la reunión del Consejo en Gotemburgo. 
Una importante tarea es intentar conseguir que esto no se desvirtúe durante la reunión, que podamos mantener esta plataforma tan ambiciosa que es la estrategia de la Comisión y que todos los países miembros trabajen para que se cumpla. 
Creo que ha sido provechoso que la Presidencia belga se haya fijado como objetivo hacer un seguimiento de esto, tal como lo señaló el Sr. Jonckheer durante el debate. 
Además, como ya se ha dicho, opino que es conveniente que estudiemos cómo el Parlamento Europeo y nuestras propias instituciones deberán reformarse para que podamos cumplir con las ideas del desarrollo sostenible, creando nexos entre los asuntos económicos y sociales y los temas de carácter medioambiental. 
Tenemos que revisar nuestros métodos de trabajo, en el Parlamento, en la Comisión y probablemente también en el Consejo, para ganar en eficacia y poder ocuparnos así de asuntos de carácter transfronterizo y no sólo de aquellos que nos atañen muy directamente. 
Será interesante ver los resultados de las revisiones de las políticas agrícola, pesquera, de transportes y de nivelación. 
Será la hora de la verdad para nosotros y para la Unión en su conjunto. 
Éstos han sido los comentarios más importantes, además del asunto que señaló la Sra. Corbey, es decir, la forma de ejecución. 
Desde el comienzo he afirmado que contamos con una legislación adecuada, una legislación sólida, lo que también ha sido corroborado por el Quinto Programa de Acción Medioambiental. 
Asimismo, hay que hacer que se aplique esta legislación. 
Por eso es conveniente que se cree algún sistema de control en este campo. 
Seguramente es posible crear nuevas medidas para fortalecer el seguimiento, pero debe fortalecerse lo que ya se está haciendo para conseguir que los países miembros cumplan con las leyes. 
Además, seremos más explícitos para decir a los ciudadanos cómo se cumplen las normas en los distintos países miembros. 
Creo que esto ayudará a presionar a los países. 
Por último quiero comentar nuestra definición de desarrollo sostenible, ya que esto aparece en el informe Blokland. 
Fíjense que la estrategia de desarrollo sostenible de la Comisión comienza con una cita del informe de la Comisión Brundtland en la que se contiene la definición de desarrollo sostenible. 
También hay en este párrafo de la definición unos criterios sobre la forma de combatir la pobreza. 
Esto es primordial. 
Subrayo una vez más el significado de la perspectiva global, pero, si leemos minuciosamente el informe de la Comisión Brundtland, nuestra definición es la adecuada. 
Creo que es muy importante que nos atengamos a esta definición. 
Es la mejor, ya que da relieve a nuestra responsabilidad ante las futuras generaciones, y de eso se trata. 
Trabajemos para que estas ideas se hagan realidad. 
. (SV) Señor Presidente, quisiera comentar algunas cosas que se han dicho durante el debate. 
Muchos oradores se han referido al crecimiento económico y sus consecuencias medioambientales. 
Existe el concepto algo anticuado de que el crecimiento económico siempre implica empeorar el entorno. 
Sin embargo, es sabido que el insuficiente desarrollo económico conlleva grandes riesgos medioambientales. 
El concepto inglés de decoupling, es decir, mantener separadas las curvas de desarrollo económico y las de efectos medioambientales, se hace cada vez más importante en las discusiones sobre temas medioambientales. 
En realidad, esto no es nada nuevo. 
Durante muchos años hemos estado trabajando con esto, quizá sin usar justamente ese concepto. 
Visto desde una perspectiva de diez años, me atrevería a decir que el crecimiento europeo ha sido de alrededor de un 30 por ciento. 
En ese mismo período, las emisiones de gases de efecto invernadero han disminuido en un 4 por ciento. 
Esto significa que por cada millón de euros en la producción, la emisión de gases de efecto invernadero es aproximadamente un 30 por ciento más baja. 
Así puede expresarse el decoupling que ya se está realizando. 
Simultáneamente, tenemos que intentar conseguir una disminución aún mayor de estas emisiones. 
En los próximos decenios se va a exigir una disminución drástica. 
Actualmente las emisiones de NOx en Suecia por cada millón de euros son de alrededor de un 60 por ciento menos. 
La cifra correspondiente para las emisiones de SOx es de aproximadamente un 80 por ciento. 
Estos son dos ejemplos más de decoupling. 
Ahora habrá que aumentar los esfuerzos para hacerlo también en otros sectores, en los que hoy no ha sido posible comprobar una disminución de las consecuencias medioambientales y en los que el crecimiento económico ha sido un factor que ha contribuido a ellas. 
Muchos oradores se han referido también a las subvenciones y a la incorporación de los costes medioambientales. 
Como señalé en mi anterior intervención, considero que este asunto es relevante, actualmente y por mucho tiempo más, desde la perspectiva medioambiental. 
En el ámbito mundial, resulta sorprendente que existan subvenciones a la energía no sostenible, es decir, a los combustibles fósiles, que, según algunos cálculos, ascienden a doscientos mil millones de dólares. 
Es una cantidad exorbitante que demuestra que en lugar de incorporar los costes medioambientales se les separa y pasan a recargar otras cuentas. 
Tiene que haber una línea directriz, tanto en la UE como en el ámbito mundial, para eliminar este tipo de subvenciones y apostar, en cambio, por una verdadera incorporación de los costes medioambientales en los precios. 
También se ha mencionado la diversidad biológica, que es uno de los temas que más me apasionan. 
Me gustaría destacar que hay grandes problemas, incluso en Europa, para mantener la biodiversidad, algo de lo que muchas personas no son plenamente conscientes. 
Sólo para dar dos ejemplos, diré que aproximadamente el 35 por ciento de todas las especies de aves están amenazadas y no menos de un 45 por ciento de las especies de mariposas. 
No conseguiremos esos objetivos sólo mediante la instauración de los sectores Natura 2000, aunque estos serán un elemento importante en la política de protección de la naturaleza. 
Lo que se necesita es una integración de los criterios medioambientales en la política agrícola. 
Muchas de las especies amenazadas dependen de parajes agrícolas en los que hay pequeñas explotaciones que están desapareciendo. 
Se trata de impedir que ocurra lo mismo en los nuevos países miembros de la UE. 
Sin embargo, no se trata sólo de integrar estos criterios en la política agrícola, sino también en la política pesquera. 
La situación de la biodiversidad marina es mucho peor que la de la terrestre. 
En realidad, el ecosistema marino en nuestras costas está en crisis. 
Si los ciudadanos de la Unión hubiesen podido ver lo que estamos haciendo con los fondos marinos y con las aguas de los mares y sus efectos en la biodiversidad, posiblemente se produciría una revolución medioambiental en la UE. 
Es primordial incorporar criterios ecológicos en la política pesquera y entender el ecosistema marino como una parte importante de la biodiversidad que tenemos que preservar. 
El Sr. Jonckheer ha señalado también que la sectorización se opone a la política medioambiental de la Unión. 
Esto es precisamente lo que intentaremos resolver mediante la integración sectorial. 
Coincido con la Sra. Schörling en que se avanza muy lentamente. 
Espero que la Cumbre de Gotemburgo, fundamentándose en el informe de la Presidencia, fije directrices claras para los futuros trabajos de integración sectorial. 
Creo, señor Presidente, que me conformo con estos comentarios. 
El debate queda cerrado. 
La votación sobre ambos informes tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión interrumpida a las 20.25 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Programa de acción comunitario en materia de Medio Ambiente (2001-2010) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0175/2001) de la Sra. Myller, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente para 2001-2010 (COM (2001) 31- C5-0032/2001- 2001/0029 (COD) ). 
. 
(FI) Señor Presidente, distinguida Comisaria, señora Wallström, señores representantes de la Presidencia sueca, en primer lugar, quiero dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente. 
Es gracias a vuestra flexibilidad que nos encontramos ahora a punto de aprobar la posición del Parlamento sobre el Sexto Programa de acción comunitario en materia de Medio Ambiente. 
Se ha criticado con razón que, dada la importancia y el alcance de este asunto, el debate del programa en el Parlamento se ha llevado a cabo en un calendario demasiado rápido. 
La causa de ello es, como saben, la dilación del asunto en manos de la Comisión. 
Como queríamos, sin embargo, llevar nuestra aportación a la Cumbre de Gotemburgo, primera cumbre consagrada a las cuestiones medioambientales, no pudimos eludir las prisas, y tuvimos que proceder ya de noche a la votación en la comisión. 
Gracias por la organización de esta votación al presidente de la comisión parlamentaria, a los secretariados de la comisión y de los Grupos y a los ayudantes de los miembros de la comisión. 
También quiero dar las gracias a la Presidencia sueca por su excelente colaboración, y gracias también a la Comisión. 
Hemos logrado entablar una colaboración fructífera con la Comisión durante la elaboración del informe, si bien las apreciaciones sobre el carácter del programa no han sido siempre coincidentes en todos los puntos. 
Durante la elaboración del programa de acción medioambiental ha habido gran unanimidad en cuanto a que las prioridades del programa propuestas por la Comisión son las acertadas. 
En lo que concierne al medio ambiente, las mayores preocupaciones son causadas por el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, las amenazas para la salud provocadas por los problemas medioambientales, la suficiencia de los recursos naturales y el tratamiento sostenible de los residuos. 
Ha habido discrepancias en torno a la forma en que el programa plantea los problemas que exigen una solución. 
La Comisión ha querido un programa más descriptivo, y yo, en mi calidad de ponente de la comisión parlamentaria, he adoptado una línea que ha buscado, siempre que ha sido posible, objetivos concretos en cantidad y en calidad para las prioridades establecidas, así como calendarios claros para la consecución de dichos objetivos. 
Aunque el programa de acción medioambiental ha sido diseñado para un período de diez años, también he presentado objetivos para períodos más largos. 
Por ejemplo, la lucha contra con el cambio climático requiere una perspectiva temporal de varias décadas. 
Debemos marcarnos objetivos intermedios lo suficientemente ambiciosos, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos de largo plazo. 
Al entregar a la Comisión, en marzo del año pasado, sus recomendaciones para la elaboración del programa, el Consejo de Medio Ambiente también exigía el establecimiento de objetivos concretos y de calendarios para su cumplimiento. 
Queda por ver hasta dónde llegan los Ministros de Medio Ambiente al adoptar, dentro de una semana, su posición común. 
Les deseo suerte. 
Se trataría de un mensaje de gran firmeza dirigido a los ciudadanos de Europa sobre la voluntad medioambiental de la UE si el Parlamento y el Consejo llevasen una posición común ambiciosa a la Cumbre de Gotemburgo. 
En mi opinión, es imprescindible que el programa medioambiental de la UE contenga objetivos claros y calendarios definidos para la consecución de los objetivos, ya que solamente un programa de estas características puede prestarse a ser evaluado con la suficiente claridad en lo que se refiere a su aplicación práctica. 
La evaluación que se llevará a cabo a mitad del programa debe basarse en un desarrollo verificable del mismo, y a partir de ahí deberemos ser capaces de hacer las rectificaciones necesarias de cara a alcanzar los objetivos. 
La consecución de los objetivos medioambientales implica la existencia de colaboración. 
Las cuestiones medioambientales deben ser integradas en todas las políticas y decisiones comunitarias. 
No podremos combatir el cambio climático ni facilitar a nuestros ciudadanos aire saludable si no reducimos las emisiones del transporte, de la industria y de la producción de energía. 
En cualquier caso, las decisiones sobre las políticas a practicar en las diferentes materias y sobre cómo hacer posible la vinculación de las cuestiones medioambientales con los principios de acción serán adoptadas en el seno de los sectores antes mencionados. 
Por ello, hay que proveer a estos sectores de más información sobre las cuestiones medioambientales. 
Las decisiones económicas también deben incluir una evaluación medioambiental. 
La Comisión y el Consejo deberán cambiar sus métodos de trabajo a fin de integrar las cuestiones medioambientales en todos los procesos de toma de decisiones de la Comunidad. 
La Comisión ha propuesto la interesante idea de crear estrategias temáticas nuevas, programas temáticos sobre los problemas que causan mayor preocupación. 
Sin embargo, el Parlamento y el Consejo deberán participar en la adopción de decisiones a través del procedimiento de codecisión ordinario. 
La ampliación es, a un tiempo, reto y posibilidad para el medio ambiente europeo. 
El programa tiene que proponer medidas a través de las cuales la ampliación se convierta en una gran posibilidad para mejorar el estado de nuestro medio ambiente. 
También debemos asumir con audacia el liderazgo en la política medioambiental a nivel internacional, así como en la política económica y en la política de ayuda al desarrollo. 
Asimismo, debemos garantizar un alto grado de participación ciudadana. Ello requiere que exista una información clara y visible sobre los asuntos medioambientales. 
Señor Presidente, como ponente de opinión de la Comisión de Agricultura, felicito a la Sra. Riitta Myller por la labor que ha llevado a cabo, incluida la atención que ha prestado a varias de las propuestas que aprobamos, aunque, evidentemente, se podía haber avanzado un poco más. 
Destaco como particularmente importante que haya acogido las propuestas que defendemos en cuanto a la necesidad de reformular la Política Agraria Común partiendo del principio de que es necesario fomentar y apoyar el desarrollo y la aplicación de estrategias de integración de las cuestiones medioambientales en las políticas sectoriales pertinentes y de que también es necesario proteger la producción agrícola que tenga en cuenta la seguridad alimentaria, el principio cautelar y la soberanía alimentaria, fomentando las especificidades regionales y los métodos de cultivo ligados a la naturaleza. 
Por otro lado, como es sabido, la importancia de las materias primas renovables aumentará con las medidas encaminadas a la realización de un sistema económico más sostenible y cobrarán particular importancia los bosques y las tierras de cultivo. 
Pero, para permitir un desarrollo sostenible y la cohesión económica y social, es esencial que las modalidades de apoyo interno tengan consideración especial para con la situación de los agricultores y de la agricultura familiar, así como la legitimidad de un apoyo específico a los bienes y servicios de interés público en el marco de la agricultura multifuncional. 
Y que también tengan en cuenta, evidentemente, los diferentes grados de desarrollo de la agricultura en los diversos Estados miembros de la Unión Europea y en los países candidatos a la adhesión. 
. Señor Presidente, nosotros compartimos con la ponente y con la Comisión los objetivos prioritarios de este programa, que es muy importante y que va a marcar, en los próximos diez años, cuál va a ser la política medioambiental de la Unión Europea. 
Esos objetivos prioritarios están hoy en el candelero todos los días, y a ellos se refiere la prensa a diario: cambio climático, fomento y preservación de la biodiversidad, gestión sostenible de los recursos y defensa de la salud y del medio natural. 
Esos son los objetivos prioritarios y por ello es imprescindible tomar medidas de manera más enérgica de lo que hasta ahora se ha hecho. 
En primer lugar, es necesaria la aplicación de la legislación. 
Integración, como decía la ponente, de las políticas medioambientales en el resto de políticas: agricultura, transporte, energía. No se ha hecho todavía debidamente. 
Y unos modelos de producción y consumo que sean más sostenibles. 
Creo que hay que cambiar el modelo de producción y consumo; si no, no conseguiremos los objetivos que se han marcado tanto la propia Comisión como la ponente. 
El interés de este programa es evidente. La prueba es que estuvimos votando durante horas más de 350 enmiendas y que aún hoy, a pesar de que se han recogido muchas de las enmiendas, presentadas por los diferentes ponentes de opinión, se van a someter al Pleno casi 300 enmiendas para su aprobación. 
Creo que, desde el punto de vista de la Comisión de Peticiones- y me refiero ya a la experiencia concreta en esta comisión -, las cuestiones fundamentales son dos, que la ponente ha recogido. 
La primera es la aplicación del Derecho comunitario. 
Los Estados miembros no lo aplican y la prueba de ello es que la Comisión Europea ha tenido que llevar a varios Estados miembros a los tribunales por diversas razones (por ejemplo, contaminación por nitratos). 
España concretamente está encausada en este momento por la existencia de más de siete vertederos ilegales. 
Primera cuestión fundamental, por lo tanto, cumplimiento de la legislación medioambiental. 
La segunda es el fomento de la participación de los ciudadanos. 
En la Comisión de Peticiones constatamos que de las 1100 ó 1200 peticiones que se registran al año en esta comisión, el 40% se refiere a la defensa del medio natural. Esto demuestra que no sólo los grupos de ecologistas, sino también las plataformas de ciudadanos de a pie tienen un interés enorme en preservar el medio en el que viven y son los que denuncian. 
Se preocupan de estudiar el Derecho comunitario, presentan denuncias aquí y tienen la santa paciencia de esperar el resultado de procesos que son a veces demasiado largos. 
Ése es otro de los problemas: cuando se presenta una queja o una petición, se producen dilaciones en las respuestas de los Gobiernos y los procesos se hacen tan largos que, a veces, el daño ya está hecho, es irreversible y, en otras ocasiones, los ciudadanos que denuncian estas irregularidades pierden la paciencia. 
Desde el punto de vista de la Comisión de Peticiones esto es lo fundamental: participación de los ciudadanos, aligerar los procesos y, sobre todo, cumplimiento del Derecho comunitario. 
En la Comisión de Medio Ambiente mantuvimos hace unos meses un debate sobre el hecho de que si bien existe una extraordinaria legislación medioambiental en la Unión Europea, ésta no se cumple. 
Hemos de encontrar el método para cumplirla. 
Proponemos aquí algunas enmiendas encaminadas a penalizar a aquellos que no utilicen los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión en proyectos que preserven el medio ambiente. 
Desgraciadamente, esto es lo único que entienden los Gobiernos. 
También hay que encontrar otros mecanismos para agilizar los procesos de manera que los ciudadanos no pierdan la paciencia. 
Espero que mañana se apruebe la mayoría de las enmiendas presentadas por la ponente y por algunos de los Grupos y creo que lo que hay que conseguir es que el programa se lleve a la práctica debidamente en los próximos diez años. 
Señor Presidente, lamentamos el poco tiempo del que hemos dispuesto porque este proyecto no ha podido dar lugar a un debate democrático y abierto, como nos hubiera gustado, y que hubiera contribuido también a difundir entre la población y hacer más consciente a la sociedad civil de lo que estamos tratando en el Parlamento. 
Nosotros siempre hemos apoyado como Grupo a la Comisión porque hemos creído que se trataba de un gran proyecto. 
Se le ha criticado por ser excesivamente ligero, pero creo que no todo el mundo ha entendido que la propuesta de la Comisión consistía en trasladar las políticas concretas a las estrategias temáticas; y ello debido a que las estrategias temáticas son una nueva modalidad de trabajo, más científica, donde se van a estudiar, en mayor profundidad, los detalles: los niveles técnicos y las soluciones técnicas, la viabilidad de los proyectos, la situación de los países y el tipo de normativa que sería la adecuada. 
Por tanto, hemos apoyado en gran medida el proyecto en su configuración tal y como lo ha elaborado la Comisión. 
Hemos entendido que nuestro margen para presentar enmiendas tenía que ser reducido y estrecho, para no cambiar completamente el sistema del proyecto. 
Queríamos en efecto que se respetara ese carácter académico tan equilibrado que tenía el proyecto de la Comisión. 
Y además, creemos firmemente en que una de las mejores políticas europeas, de la historia de Europa, es la política medioambiental: cuenta con unos equipos fantásticos de funcionarios y, al mismo tiempo, de expertos que les asesoran, y nos parecía que no era cuestión de hacer otro proyecto paralelo. 
Ahora bien, con este nuevo vuelco de la situación hacia numerosas enmiendas, hemos introducido unas prioridades para completar el proyecto, no para corregirlo, porque hay ya muchas directivas aprobadas y nos parecía que no era cuestión de mirar atrás. 
Hemos introducido pues iniciativas, por ejemplo, sobre el medio ambiente urbano, sobre el paisaje, sobre una cultura sostenible, sobre el tema de la alimentación animal y el control de la cadena alimentaria, un tema sobre el que habríamos insistido mucho más de haberse elaborado el documento por estas fechas. 
Por tanto, lo que hemos querido ha sido fortalecerlo y ensancharlo, demostrando así que el Grupo está muy interesado en esta política. 
Sin embargo, he de decir que se han introducido algunas enmiendas, que, si son aprobadas, nos obligarán a rechazar el proyecto general. Porque no podemos permitir que en un proyecto de este tipo se hable, por ejemplo de la responsabilidad civil indiscriminada de todas las personas que tienen empresas o iniciativas. 
La enmienda 68, por ejemplo, si se aplicara directamente, obligaría a cualquier agricultor de las montañas, que tuviera ganado que produjera problemas en el medio ambiente, a hacer un seguro de responsabilidad civil. 
Algunas de las enmiendas son excesivamente duras y van a recaer sobre el ciudadano. 
Lo mismo hay que decir de una tasa indiscriminada sobre hidrocarburos o sobre energía que puede penalizar, precisamente, a las poblaciones más débiles que necesitan dos horas para ir al trabajo porque viven en las afueras de las ciudades. 
Resumiendo, hemos creído en el proyecto y lo estamos apoyando. 
Apoyamos a la Comisión. 
Apoyamos la idea en su conjunto y la mayor parte de las ideas. 
Pero creemos que esto no es un árbol de Navidad, como dice un diputado, del que se pueda colgar cualquier cosa. 
Y tampoco es un proyecto para Gotemburgo, es un proyecto para Johannesburgo, que queremos presentar con todo orgullo en el año 2002 apoyando a la Comisión y a la política europea. 
Señor Presidente, es muy significativo que hoy este Pleno dedique una parte importante de su orden del día a un debate sobre el futuro de la Unión con tres informes- Hulthén, Blokland y Myller- que abordan tres aspectos complementarios de la misma estrategia: con el informe Hulthén se ha tratado de definir un escenario más concreto para el desarrollo sostenible, con el informe Blokland, de explorar más en profundidad las relaciones entre la política económica y los temas medioambientales y, por último, con el informe Myller, de dotarse de una serie de objetivos y de instrumentos coherentes y eficaces para perseguir estos objetivos en materia de política medioambiental. 
El voto de mañana sobre el Sexto programa es sólo una etapa de este importante proyecto que hemos emprendido, pero no por esto menos importante; antes bien, la intención de la Comisión de Medio Ambiente de reforzar y convertir en más vinculante el texto es la prueba más fehaciente de nuestra voluntad de avanzar para preservar y mejorar las condiciones del medio ambiente que nos envuelve, dados los escasos resultados alcanzados con el Quinto programa de acción. 
En este contexto, quisiera dar mis más sinceras gracias a la señora ponente y detenerme muy brevemente en dos puntos que me parecen especialmente importantes. El primero se refiere a la necesidad de reforzar la participación de las autoridades locales en el programa de acción. 
En efecto, aunque es importante fijar objetivos a escala continental, no debemos olvidar que sólo una acción constante, comprometida en el territorio podrá cambiar en profundidad los hábitos y las costumbres e instilar una nueva cultura de la programación ecocompatible en todas las instancias de nuestras instituciones locales. 
En este sentido, me permito llamar su atención sobre las enmiendas 52 y 53 ya aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente. 
Debemos lograr que todos los instrumentos previstos en el plan- legislativos, fiscales, financieros, científicos, culturales e informativos- lleguen a ser realmente utilizables. 
Por esto- y paso al segundo punto- es de capital importancia reforzar la formación en materia de política medioambiental de los agentes que actúan en el territorio. 
Y no hablo solo de los administradores, sino también de los agentes económicos y sociales, así como de los ciudadanos de a pie que hemos de lograr que participen en este esfuerzo colectivo para conseguir dar un salto de calidad en la protección de nuestro medio ambiente y ejercer de este modo una presión más fuerte para alcanzar objetivos ambiciosos a escala planetaria. 
Señor Presidente, recuerdo que en una etapa muy anterior, antes de que el plan de acción estuviera sobre la mesa, mantuvimos una conversación con la Comisaria, en la que planteamos que el sexto programa de acción en materia de medio ambiente debía ser un documento breve, en forma de folleto, con unas prioridades y objetivos muy claros. 
Recuerdo que la Comisaria también estuvo de acuerdo con ello en ese momento. 
En nombre del grupo liberal, debo decir que, lamentablemente, estamos decepcionados con lo que finalmente se ha hecho. 
Es un documento que ofrece un análisis magnífico, pero es demasiado amplio, en él no se establecen prioridades terminantes y tampoco se sigue una dirección política concluyente; sólo queremos que la situación del medio ambiente mejore. 
Además, no se saca mucho en claro. 
Por otra parte, eso no es un reproche a la Comisaria: por lo demás, estamos muy satisfechos con lo está haciendo. 
Sin embargo, la Comisión ha formulado aquí algo que realmente no deseábamos. 
Por consiguiente, le toca mover ficha a la Comisión de Medio Ambiente. 
Valoramos mucho el trabajo efectuado por la ponente en la nueva redacción, en cierto sentido, del documento. 
No obstante, tampoco el resultado final de la Comisión de Medio ambiente es realmente el que deseábamos. 
Cada vez se parece más a un árbol de Navidad: cada uno hace un llamamiento y propuestas, con lo que finalmente se llega a una especie de lista de sueños. 
No puedo evitar tener la sensación de que si alguien hubiera propuesto en un momento dado limpiar la luna, la comisión también lo habría aceptado. 
De esta forma, no llegamos, por supuesto, a ninguna parte. 
Introducimos un montón de buenas palabras y tenemos la impresión de haber hecho algo, pero realmente no es así. 
La cuestión tal vez sea si necesitamos un programa de una duración de diez años hoy en día. 
Una charla sin fin que, por otra parte, encaja excelentemente bien en la cultura política de mi país, los Países Bajos, también nosotros hablamos sin fin sobre todo tipo de asuntos- el famoso modelo pólder- pero se tarda un montón de tiempo en hacer algo. 
Quizá necesitemos un planteamiento muy diferente, según el cual establezcamos a corto plazo, por ejemplo, un programa de temas muy claro, además del programa legislativo habitual del que la Comisión se ocupa actualmente de manera excelente. 
Permítanme también decir algo constructivo y señalar cuáles deberían ser, en nuestra opinión, nuestras prioridades: en cualquier caso, el cambio climático, la energía, los residuos y la biodiversidad. 
Queríamos que se hubiera hecho hincapié en ello, en lugar de elaborar un documento en el que se indica cuán maravilloso debería ser el mundo en todos los ámbitos. 
Tenemos problemas con muchas enmiendas, ya que son demasiado detalladas. 
No nos oponemos en sí a los detalles propuestos en la legislación, pero consideramos que no es necesario que incluyamos ahora esto en el plan de acción y regulemos esas cuestiones desde Bruselas o Estrasburgo, y que sería mucho mejor hacerlo en el ámbito nacional o, incluso, regional o local. 
Señor Presidente, la claridad y los detalles no son, ciertamente, lo mismo en nuestra opinión. 
Votaremos, por tanto, en contra de un gran número de enmiendas a las que, de hecho, apenas nos oponemos, pero en cualquier caso, opinamos que no debemos fijar ahora, en tanto Parlamento Europeo, esos puntos. 
Por tanto, nuestro respaldo a este proceso es vacilante. 
Por último, quiero proponer lo siguiente: la próxima vez que se elabore un documente semejante, tenemos que pedir a los funcionarios de la Comisión que utilicen máquinas de escribir en lugar de procesadores de texto. Tal vez consigan ser más breves, ya que no se copiaran cosas de los documentos ya existentes en el nuevo documento. 
También es cierto que los documentos breves ahorran árboles. 
Por lo tanto, no puedo sino apoyarlo, Señoría. 
Señor Presidente, el Sexto Programa de Acción Medioambiental es, quizás, el documento más importante sobre el que tendremos que decidir durante esta legislatura, ya que va a orientar la legislación y la política medioambiental comunitaria durante largo tiempo. 
Constituye también una pilar fundamental de la estrategia de desarrollo sostenible. 
Quisiera felicitar a Riita Myller por el excelente trabajo realizado junto con los demás ponentes. 
Ella nos ha involucrado desde el comienzo, permitiéndonos presentar propuestas que después ella ha tomado en consideración. 
Me parece que hemos subido el nivel de nuestras ambiciones en relación con el documento de la Comisión, especialmente respecto a su amplitud, a los objetivos y a los plazos. 
Las críticas vinieron de todos los sectores, incluso de dos instituciones: el Consejo y el Parlamento. 
Con todo, me gustaría dar las gracias a Margot Wallström por este Sexto Programa de Acción Medioambiental. 
La Sra. Wallström prometió este Sexto Programa en relación con la ronda de preguntas en la Comisión de Medio Ambiente, cuando era candidata al puesto de Comisaria. 
Estoy convencida de que para cumplir esta promesa no sólo se ha necesitado coraje político, sino que también una buena dosis de obstinación y fuerza, cosa que conviene n olvidar. 
Hay muchos puntos importantes que no alcanzaré a comentar, pero, no obstante, quisiera destacar que la comisión ha realizado un buen trabajo al determinar que las estrategias temáticas y los objetivos, los medios y los calendarios, constituyan una directiva marco, de manera que estos asuntos sean tratados democráticamente en el Parlamento y en el Consejo y que podamos participar en el proceso de decisión. 
También me parece que es provechoso que se contemplen las contrataciones públicas, la diversidad biológica, el principio de cautela y el principio de compensación en relación con la estrategia de sustancias químicas. 
Señor Presidente, tras el fracaso del quinto Programa de Acción Medioambiental, tras la quiebra en la conciencia de los ciudadanos de términos como desarrollo sostenible, reducción de residuos, limitación de los gases causantes del efecto invernadero, y tras la quiebra del crédito ecologista de famosos grupos internacionales, la Unión Europea, con el sexto programa de acción, no oculta ya el giro hacia el sector privado para la gestión de la crisis medioambiental, giro que implica instrumentos y prácticas- como, por ejemplo, el tráfico de contaminantes atmosféricos causantes del efecto invernadero- perversos tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista medioambiental. 
Dos vías fundamentales de entre las cinco vías de acción estratégica se refieren, primero, a la búsqueda de nuevas formas de colaboración más estrecha con el mercado a través de las empresas y los consumidores, y, segundo, al tratamiento de las personas como particulares. 
Sencillamente así, cruda y cínicamente, se enfrenta al agudo problema medioambiental la Unión Europea, que con los bombardeos contra Yugoslavia y las bombas de uranio empobrecido contribuyó, entre otras desgracias, a una incalculable destrucción de preciosos recursos naturales. 
Y, para concluir, algo revelador. 
En Grecia, en los campos de Tesalia no hay agua. La consecuencia es la sed de un millón de personas y la desertización del campo, que se convierte en el desierto del Sahara. 
La desviación del curso superior del Aqueloo, que es principalmente una obra medioambiental, con implicaciones para la política hidrológica, y la política energética, y, en parte también para el riego, sigue pendiente porque los marcos comunitarios de apoyo, los célebres paquetes, no financian semejantes obras. 
La Unión Europea, que se desvive supuestamente por el medio ambiente, ¿no debería revisar su posición con respecto a estas obras y financiarlas? 
Señor Presidente, en la evaluación del quinto programa de acción en materia de medio ambiente, hace casi dos años, se efectuaron constataciones claras y opuestas en relación con diferentes cuestiones medioambientales. 
Como consecuencia del aumento de la actividad en los ámbitos del transporte, la energía y la agricultura, el medio ambiente se ve afectado a pesar de toda la nueva legislación al respecto. 
Esto se debe, entre otras cosas, a que muchos Estados miembros no aplican la legislación en esta materia. 
La conclusión de la evaluación apuntaba a que los objetivos del quinto programa no se habían logrado. 
La prioridad más absolutamente importante tiene que ser, por tanto, la transposición y el cumplimiento de la legislación actual de la UE, incluyendo las inspecciones y los controles necesarios. 
Además, la parte no ejecutada del programa actual debe ejecutarse. 
Hay que efectuar esfuerzos supremos en el marco de la ampliación a fin de lograr esto también en el menor plazo posible. 
La solución de los problemas medioambientales en estos países cuenta con una prioridad muy alta. 
Además, aquí pueden alcanzarse las mejores ventajas medioambientales. 
Por último, señor Presidente, -y este no es un reproche a la Comisaria Wallström o a la ponente, la Sra. Myller- el peligro de la actual propuesta, a la que se han presentado muchas enmiendas, es que no tenga más fuerza que un tigre de papel. 
Puedo respaldar muchos objetivos, pero éstos sólo se perseguirán después de que se logren los objetivos del quinto programa. 
De ahí que la determinación del sexto programa en una fase posterior no constituya un problema. 
Entre tanto, puede trabajarse duramente en la ejecución de la legislación actual que recoge el quinto programa, y el Consejo tiene tiempo de evaluar las muchas, muchísimas enmiendas del Parlamento. 
Señor Presidente, elaborar un informe sobre un programa decenal de política medioambiental de la UE de muy amplio alcance y no siempre formulado con concreción ya es de por sí una tarea difícil. 
La forma que le ha dado la ponente, la complica todavía más. 
Yo considero que el texto que nos remitió la Comisión constituía un excelente punto de partida. 
En realidad, quiero expresar mis condolencias a los funcionarios de la Comisión, que presentaron un muy buen informe, por la manera en que se ha modificado su buen trabajo. 
No me es posible felicitar a la ponente. 
En el debate sobre la evaluación del Quinto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente con vistas a la elaboración del sexto programa, se formularon repetidamente, en líneas generales, tres aspiraciones fundamentales, que yo creo que también merece la pena considerar ahora, a saber: la simplificación de la legislación de la UE, un enfoque basado- siempre que sea posible- en la voluntariedad y el fomento de una mayor participación de los consumidores, sobre cuyo comportamiento de hecho deseamos influir. 
En efecto, el primer plano de la política medioambiental actual no lo ocupa ya su contenido- en este aspecto todos coincidimos, incluida la industria -, sino que lo que se discute es el camino para alcanzar dicho objetivo. 
A mi parecer, la UE sigue a menudo un camino ambiguo, contradictorio, difícil de trasponer y que conlleva una burocracia y unos costes que rebasan los objetivos ecológicos. 
Estos errores de planteamiento se multiplican luego por quince en el momento de la aplicación. 
Si dentro de muy poco tiene lugar una ampliación- que yo deseo muchísimo -, los problemas se duplicarán, pues estos errores siempre acaban afectando sobre todo al último eslabón de la cadena. 
Y éste no es la industria, sino los consumidores. 
Lo razonable es la transposición del acervo actual de la UE, a la cual se refiere el Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y que la Comisaria Wallström siempre reclama con razón. Lo cual también está en la línea de la simplificación de la legislación, que nosotros hemos reclamado repetidamente. 
Yo echo en falta muchas cosas en el programa medioambiental. 
Seguramente hubiésemos podido incorporarlas. 
Pero lo que ha hecho la ponente, no ha contribuido a mejorar la situación. 
Yo lo lamento por los funcionarios de la Comisión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, cuando leí la propuesta de la Comisión, en un primer momento me alegré. 
Fue al leer la Comunicación. 
Pero luego examiné los artículos y constaté que algo había ocurrido entre la Comunicación y la redacción de los artículos. 
En todos ellos falta algo. 
Si se examinan con atención, también se puede reconstruir exactamente el proceso. 
En la Comunicación se exponen muy bien los objetivos estratégicos, vinculados a las medidas. 
En los artículos éstos sólo se indican vagamente. 
En algunos casos, han desaparecido por completo ciertos aspectos, como por ejemplo en lo que se refiere al ruido, que a mi modo de ver es un factor medioambiental fundamental para la salud de las personas. 
En la Comunicación se describe la carga y se enumeran las medidas. 
Cuando se pasa a los artículos, en el artículo 2 todavía se menciona el objetivo de reducción de los niveles de ruido, sobre todo cuando sean duraderos. 
A continuación, en el artículo 6, relativo a las medidas, uno puede pasar hojas y hojas, señora Comisaria, pero yo no he encontrado ninguna medida concreta relativa al ruido. 
En consecuencia, me parece acertado que recuperemos en los artículos y, por lo tanto, en la parte vinculante para la Comisión, el Parlamento y el Consejo todo lo que usted enumeró inicialmente, con gran acierto y de manera muy adecuada, en la Comunicación. 
Podrían citar otros ejemplos. 
Si nos decidimos a adoptar un instrumento de estas características, éste también requiere una cierta orientación estratégica. 
Por ejemplo, en relación con el agua, se plantea la "eliminación gradual de la emisión de sustancias peligrosas a las aguas". 
Yo no creo que nadie desee verter más sustancias peligrosas a las aguas en la Unión Europea. 
Sin embargo, es preciso responder con mayor precisión a las preguntas sobre qué se va a hacer y cuándo, y qué se entiende por sustancias peligrosas. 
Estos aspectos no se mencionan en absoluto. 
En el guión siguiente se habla de una "revisión de la Directiva sobre las aguas de baño". 
¿Qué significa "revisión"? 
¿Significa que se van a endurecer los requisitos? 
¿Significa que se van a aplicar los mismos criterios que en la Directiva sobre el agua potable o significa que se va a proteger la salud de las personas? 
En resumen, es preciso mejorar la claridad. 
Ahora me dirijo al PPE: reconozco que el contenido de algunas de las enmiendas presentadas es discutible y tenemos que discutirlo, pero debemos hacerlo en la segunda lectura, cuando retoquemos el texto. 
Yo quiero instarles encarecidamente a que den luz verde a un mandato de negociación en la primera lectura y apoyen al informe. 
Señor Presidente, me gustaría empezar agradeciendo a la ponente Myller su excelente informe. 
Existen programas de acción en materia de medio ambiente desde 1972: uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hace un par de años importantes funcionarios de la DG de Medio Ambiente dijeron que realmente habían hecho bastante, que no tenían ninguna necesidad de un sexto programa de acción en materia de medio ambiente. 
Si los Estados miembros ejecutan ahora lo que está decidido, entonces, todo estará bien en lo que al medio ambiente se refiere. 
Protestamos en tanto Grupo de los Verdes, y durante el proceso de investidura de los nuevos Comisarios ante el Parlamento, pedimos a la entonces candidata a Comisaria, la Sra. Walström, un sexto programa de acción en materia de medio ambiente. 
Lo ha elaborado. 
Ha cumplido su promesa. 
Tenemos que decir que el aspecto legislativo, tal como el Sr. Lange ya ha señalado, es mínimo. 
La amplia explicación que le acompañaba era mucho mejor. 
Por ello queremos, en tanto mayoría del Parlamento, que esa explicación se recoja en el texto legislativo. 
Ése es también el origen de las numerosas enmiendas. 
Mientras tanto, también hemos recibido el documento Prodi para la Cumbre de Gotemburgo. 
Hay que decir que ese documento contiene algunas ideas atractivas de un amplio alcance, tal como la supresión de las ayudas para los combustibles fósiles hasta el año 2010 y del 7% de los biocombustibles para automóviles y camiones, también en el año 2010. 
Hemos presentado este tipo de enmiendas en tanto Grupo de los Verdes. 
Esperamos que los socialistas y los liberales las apoyen, de manera que se recojan en el texto legislativo. 
El Parlamento estará respaldando entonces, un programa ambicioso de cara a los próximos diez años. 
El clima, los residuos y la biodiversidad; que son, según los liberales, ámbitos que deberían estar incluidos. 
Toda la biodiversidad caería en el olvido sin el sexto programa de acción en materia de medio ambiente. Ésta ha dejado de tener prioridad en la política actual. 
De ahí que esté muy satisfecho con este nuevo impulso. 
Señor Presidente, éste es uno de los documentos más importantes de cuantos debatiremos en el ámbito de medio ambiente en la presente legislatura. 
Habida cuenta de su estatuto jurídico, el presente documento tendrá mayor significado que cualquiera de los otros programas de acción en materia de medio ambiente que he visto pasar por el Parlamento durante los últimos diez años aproximadamente. 
Por ello me preocupa la velocidad con la que lo ha examinado el Parlamento, que, al menos en parte, ha sido consecuencia de una Presidencia ambiciosa que mañana ya no estará. 
La Sra. Myller no debe ser criticada en absoluto por su afán de acelerar las negociaciones sobre la esencia del presente debate, lo que no ha impedido que algunos de sus colegas hayan presentado a última hora una larga lista de peticiones que se proyectan hacia un futuro remoto. 
Pero no debemos desesperar. 
Las propuestas siguen ocupando la parte central del documento en las enmiendas. 
La Comisión podrá aún rescatarlas en la segunda lectura. 
La ponente tendrá ocasión de reunir un núcleo de enmiendas sensatas en la segunda lectura que recibirán el apoyo de la clara mayoría de los diputados a este Parlamento. 
Al igual que muchos otros, mañana votaré en favor del presente informe y de la mayoría de las enmiendas, porque sé que avanzando hacia la segunda lectura, estaremos recorriendo el largo proceso de desarrollar una política de medio ambiente para la Unión Europea que sobrevivirá a todas las Presidencias y a todos los ministros que pasarán por este Parlamento, y probablemente sobrevivirá también a la mayoría de los diputados de la Asamblea. 
En este sentido, todos debemos reconocer el papel tan pequeño que representamos en el amplio proceso general. 
Señor Presidente, el programa de ación en materia de medio ambiente ha provocado gran actividad en el Parlamento. 
Ha desatado reacciones contradictorias, reacciones de decepción y satisfacción. 
Yo misma me encuentro entre aquéllos que sí están realmente satisfechos: los temas han sido muy bien elegidos y estoy satisfecha con todo el hincapié que se hace en el clima, la salud, la biodiversidad y los residuos. 
No obstante, en mi opinión, debería ser mucho más concreto, más to the point y algo más preciso. 
Rita Myller ha elaborado, en tanto ponente, un buen informe que respaldo plenamente. 
Su informe contribuye a que el programa de acción en materia de medio ambiente sea mejor y más concreto. 
Este sexto programa debe convertirse en el pilar de la estrategia europea para un desarrollo sostenible. 
También respaldo eso plenamente. 
Hay dos cosas muy importantes para mí. En primer lugar: el cumplimiento de la legislación. 
Me satisface que la Comisaria haya hecho tanto hincapié en el buen cumplimiento de la legislación. Ya lo confirmó en el debate anterior. 
Mi tesis es que el Parlamento puede desempeñar un papel mucho mayor en el cumplimiento de la legislación. 
Una de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente establece que el Parlamento debe recibir información semestral sobre la situación, una visión general del estado del cumplimiento de la legislación por los Estados miembros y de los incentivos de la Comisión y, en la medida de los posible, de la efectividad de las materias reguladas. 
Semejante visión de conjunto puede ser servir de apoyo a los parlamentos nacionales: éstos son los primeros en interpelar a los Gobiernos por el incumplimiento de las obligaciones europeas. 
De esta manera, pueden colaborar más frentes para que el sexto programa en materia de medio ambiente resulte un éxito. 
Señora Comisaria, quisiera escuchar su opinión respecto de la posibilidad de elaborar esos informes semestrales. 
Mi segunda cuestión se refiere a la colaboración internacional. 
El desarrollo sostenible no puede quedar limitado a Europa. 
De ahí que la Comisión de Medio Ambiente abogue por la protección de los hotspots en las zonas tropicales. 
Los acuerdos internacionales son importantes. 
Lamentablemente, el Parlamento tiene ahí pocas competencias y las negociaciones internacionales no son públicas. 
Una de las enmiendas pide a la Comisión que solicite la opinión del Parlamento antes y después de que éstas tengan lugar. 
Eso ya sucede, pero ¿ocurre también, por ejemplo, en el caso de las conferencias de las organizaciones internacionales de aviación civil? 
Esa consulta sería muy bienvenida en lo que a mí respecta. 
Quiero sumarme a aquéllos que tienen la esperanza de que este informe logre un amplio apoyo mañana durante la votación. 
. (FI) Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los colegas que han participado en este debate. 
Quizás quedo algo decepcionada por las posiciones del Grupo PPE-DE. 
Los objetivos del programa puestos de manifiesto en este informe provienen, en su mayor parte, del apartado en cuestión de la Comunicación de la Comisión, pero muchos de los objetivos que ahí rezan son los mismos que expuso el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, con ocasión de la presentación del programa de desarrollo sostenible en el último Pleno de Estrasburgo. 
Doy las gracias a todos los ponentes de opinión: creo que hemos trabajado muy en serio. 
También doy las gracias por todas las observaciones que se han hecho; en lo que a mí respecta, al menos siempre he intentado abrir el debate lo antes posible y estar en contacto con todas las partes durante los trabajos de elaboración. 
También espero que el Grupo PPE-DE pueda apoyar este informe, puesto que he tenido ampliamente en cuenta sus propuestas en los trabajos de la comisión parlamentaria. 
Quizás ésta es la razón por la que esta propuesta definitiva para la primera lectura se ha convertido en una especie de cofre de los deseos, pero los Sres. Bernd Lange y David Bowe han señalado con mucho acierto el modo de seguir perfeccionando el documento de este programa. 
¡Gracias de nuevo! 
. (EN) Señor Presidente, Señorías, gracias por sus intervenciones y, naturalmente, quisiera en primer lugar alabar a la ponente, Sra. Myller, por su excelente trabajo en la elaboración del informe en un plazo de tiempo tan corto. 
Una vez que en la audición decidí decir "sí" a la pregunta sobre si quería presentar un sexto programa de acción en materia de medio ambiente, tuve que elegir entre dos opciones: la posibilidad de ser criticada por ser demasiado ambiciosa y, por consiguiente, poco realista, o ser demasiado minuciosa y, por consiguiente, no lo suficientemente visionaria. 
He pasado muchas noches en blanco pensando en si había sido acertado decir "sí" a la elaboración de un sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente, puesto que éste ha sido objeto de duras críticas. 
Por otro lado, no me cogió desprevenida, porque existía una valoración general del quinto programa y ¿qué nos enseñaba dicha valoración? 
De dicho programa hemos podido saber que su aplicación no fue lo suficientemente buena. 
Tenemos una base sólida de más de 200 actos jurídicos en materia de medio ambiente. 
Ya hemos fijado objetivos ambiciosos y plazos en los programas, pero no todos ellos se han cumplido. 
Existe una falta de entendimiento por parte de las distintas instituciones y de los Estados miembros a la hora de realizar los trabajos necesarios en favor del medio ambiente. 
Ésa ha sido la lección que hemos aprendido. 
Yo quería elaborar un programa corto: debería haber sido más corto, pero ¿adivinen qué habría sucedido entonces? 
Habría habido añadidos, y el Parlamento y el Consejo habrían añadido una serie de pormenores y habrían incluido aún más temas en el programa de medio ambiente. 
Ése es siempre el riesgo que corremos cuando queremos hacerlo corto. 
Mi colaborador dijo que no era posible incluir todos los temas importantes y hacer el programa más corto. 
Existe el riesgo de convertirlo en una lista de requisitos y yo quería evitar eso. 
Quería convertirlo en un programa de acción. 
Quería señalar qué es necesario para movilizar, a una escala muy amplia, a todas las partes implicadas de la sociedad y mencionar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en el presente programa y demostrar que este tipo de acciones serán necesarias durante un período de diez años. 
Ni que decir tiene que no estoy en contra de fijar objetivos, calendarios o plazos. 
Los necesitamos, pero éstos deben tener una base científica, deben estar basados en los datos más recientes en estos diferentes sectores y en los ámbitos de las políticas. 
Reconozco que gozamos de un amplio apoyo en lo que se refiere a las prioridades y a la estructura del presente programa. 
Tenemos el problema de que éste es un procedimiento de codecisión, por tanto existe una diferencia entre la primera y la segunda parte, y no sé cómo resolver eso. 
Es una pena que sea así, porque es necesario leer el texto completo para entender qué pensamos sobre estas cuestiones: esto explica en parte los problemas a los que nos enfrentamos. 
Pero debe seguir el orden correcto: los objetivos y los plazos, naturalmente, deben integrarse en las estrategias automáticas, en el seguimiento. 
No obstante, yo quería que el programa describiera las prioridades y que las respetara, y no que elaborara una lista de requisitos, ni que añadiera todo lo relativo a la calidad del agua de baño o al problema de los ruidos, etc., en vez de limitarse a dichas prioridades. 
Tenemos muchas buenas enmiendas que realmente mejoran este programa y acogemos con satisfacción las enmiendas que dan mayor claridad al texto y añaden precisión a las acciones propuestas: incluyo en esta categoría la enmienda 77 relativa a permitir que los criterios medioambientales sean tenidos en cuenta en las adquisiciones públicas. 
Estamos trabajando en ello en estos momentos. 
Agradezco la referencia a que se dé prioridad a los jóvenes en la provisión de información, resaltada en la enmienda 88. 
No hemos podido decir "sí" a todas las excelentes enmiendas sobre información y educación destinadas a los jóvenes. 
No tenemos competencia ni disponemos de los recursos necesarios- deben ser los Estados miembros los que lleven esto a cabo- pero es un tema muy importante y quiero hacer hincapié en ello. 
La fijación de objetivos debe ser vista como parte del proceso, obtener resultados mediante la participación de las partes interesadas, porque no tenemos muchas propuestas específicas para dichos objetivos y calendarios. 
Ocurrió otro tanto en el Consejo cuando le preguntamos qué tipo de objetivos tenía en mente. 
Le pedimos que nos diera algunos ejemplos- obtuve dos; uno de los cuales era muy general y el otro ya lo conocíamos. 
Naturalmente, podríamos haber utilizado conceptos tales como 'huella ecológica' o 'factor 4' o 'factor 10', pero entonces el programa habría sido ligeramente diferente. 
El programa debe estar basado en datos científicos y en hechos y debe ser factible y viable. 
Quisiera decir unas palabras sobre las estrategias temáticas. 
Hemos propuesto la utilización de estrategias temáticas para definir el conjunto de medidas que serán necesarias para atajar seis problemas complejos y multidimensionales. 
La Comisión comprende plenamente y apoya firmemente el deseo del Parlamento de participar de lleno y de ser consultado sobre el contenido de las estrategias temáticas. 
Ése ha sido nuestro objetivo en todo momento. 
Acojo con satisfacción la inclusión de un artículo que define las estrategias temáticas y puedo apoyar el espíritu, aunque no la letra, de la enmienda 66, porque una estrategia temática puede ser una directiva marco, pero podría ser también una combinación de una directiva y otras acciones. 
No debemos especificar que en todos los casos deba existir una directiva marco. 
Debemos dejarlo abierto, optar por una estrategia que incluya la posibilidad de proponer una directiva marco. 
Está además la cuestión de los calendarios y, una vez más, debemos recordar que éste es un programa estratégico que establece las prioridades para los próximos 10 años, no un programa de trabajo exhaustivo. 
No se ha establecido ninguna relación entre las nuevas acciones propuestas y los recursos disponibles para llevarlas a cabo. 
La Comisión elaborará las propuestas necesarias, pero éstas deben ser de buena calidad y también es importante hacer hincapié en esto. 
No podemos aceptar las enmiendas encaminadas a obligar a la Comisión a presentar propuestas en fechas determinadas, por ejemplo, las enmiendas 49, 76, 85, 123, 189 y 198. 
Siempre ha sido intención de la Comisión utilizar la evaluación intermedia del programa como el momento oportuno para preparar las medidas de ejecución del programa. 
Existen informes anuales sobre aplicación, pero hasta ahora no hemos prestado demasiada atención a dichos informes, a pesar de que hemos comenzado a celebrar estos seminarios de "name, fame and shame" para contribuir en mayor medida a hacerlo público, y acogemos muy favorablemente la intención del Parlamento de tomar parte y de saber más: estamos dispuestos a hacer todo lo posible para contribuir en esto. 
No comentaré todas las enmiendas, porque ya hemos dejado una nota con nuestros comentarios, pero es necesario hacer más hincapié en las zonas urbanas y acogemos favorablemente la enmienda 207. 
De las 297 enmiendas presentadas, la Comisión puede apoyar más de la mitad en su totalidad, en parte o en principio, pero no podemos aceptar las 145 restantes. 
Por último, saludamos la presente opinión. 
Pensamos que será una contribución inestimable a la creación de un 6º Programa de acción comunitario en materia de medio ambiente que sea operativo, dinámico y, en última instancia, exitoso. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0177/2001) de la Sra. Schörling, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (C5-0118/01- 1996/0304 (COD) ). 
. (SV) Señor Presidente, ha sido muy interesante haber podido participar en todo el proceso, hasta la decisión que tomaremos sobre la evaluación estratégica de los efectos medioambientales. 
La idea de evaluar los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente es antigua. 
El primer borrador de directiva se redactó en los años 70. 
En esa ocasión comprendía sectores políticos, planes, programas y proyectos. 
Sin embargo, la Comisión cambió de parecer y decidió que presentaría una propuesta que comprendiese solamente la evaluación de los efectos medioambientales de los proyectos. 
El paso siguiente se dio en 1991, cuando la Comisión presentó una propuesta de directiva sobre evaluación de los efectos medioambientales de las diferentes políticas y de los planes y programas. 
Con todo, la propuesta apareció en un momento en que había una intenso debate sobre el equilibrio de poder en la Comunidad Europea y esta propuesta fue tan controvertida que fue retirada en 1992. 
La Comisión no se rindió, manifestando en el Quinto Programa de Acción Medioambiental que la evaluación de los efectos medioambientales de los distintos sectores políticos, planes y programas era necesaria para alcanzar un desarrollo sostenible. He creído conveniente referirme a esto habida cuenta del debate de hoy. 
Al mismo tiempo, se instó a los países miembros a ampliar la directiva sobre evaluación de los efectos medioambientales a los proyectos, para que así también se aplicase a los planes y programas. 
En 1997 la Comisión presentó una nueva propuesta, modificada, en la que los sectores políticos ya no se contemplaban. 
Fue lamentable, ya que es obvio que deben incluirse. 
Intenté volver a incluirlos, pero esa enmienda no fue respaldada en la segunda lectura. 
Espero que se les incluya en el futuro. 
El objetivo de la directiva es que se evalúen los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y que los resultados de esas evaluaciones sean tenidos en consideración durante el tiempo de preparación de esos. 
El hecho de contar con esos resultados al comienzo del proceso de planificación de los planes y programas- de modo que se puedan ajustar, cambiar o reemplazar por otros- es un elemento muy valioso para todos los que deben adoptar decisiones. 
Es obvio que la directiva debe entenderse como un complemento de la evaluación de los efectos medioambientales de los proyectos, pero, como ya he dicho, esta última aparece más tarde en el proceso de decisión. 
La conciliación empezó en octubre de 2000 y terminó en Estrasburgo el 14 de marzo de 2001. 
Aunque las negociaciones han sido intensas, estoy satisfecha con los resultados que se pueden resumir de la manera siguiente. 
El Parlamento ha conseguido que se apruebe la exigencia de controlar los efectos medioambientales, que no estaba en la postura común del Consejo. 
Esto implica que se asegura que se tomen medidas correctivas si en los controles se comprobase que las medidas no han sido suficientes. 
También podrán identificarse los efectos nocivos y, como ya he dicho, ojalá se tomen medidas correctivas en la etapa inicial. 
También se libró una dura batalla en torno a la inclusión en la directiva de diferentes Fondos: estructurales, agrícolas y para los países candidatos. 
Finalmente conseguimos una postura política que contempla la inclusión de estos Fondos y que señala que la excepción que existe hoy sólo valdrá para el período que termina en 2006/2007. 
Esta solución no me satisface. 
Por eso se ha añadido una nota de información, redactada por funcionarios de la Comisión, en la que se confirma que esto regirá para los propios planes y programas de la UE. 
Otro importante punto que ha sido formulado satisfactoriamente es el de las consultas, transfronterizas y a la ciudadanía. 
Quisiera agradecer a todos los que han participado en estos trabajos: a la Presidencia sueca, por sus intensas negociaciones; a la Comisión, por todos sus conocimientos; a los colegas, por su participación en el trabajo de la comisión y de la delegación y a todos los demás que han participado en la delegación. 
¡Muchas gracias a todos! 
Señor Presidente, estamos esencialmente satisfechos por el acuerdo alcanzado en el Comité de Conciliación. 
Todas las principales peticiones formuladas por nuestro Pleno a lo largo de las dos lecturas anteriores han sido acogidas por el Consejo. 
De hecho, la obligación de estudiar el impacto medioambiental en una etapa extremadamente precoz de la planificación territorial permite integrar totalmente las problemáticas medioambientales desde el mismo momento en que se conciben los planes y los programas de gestión territorial. 
La Unión ha entendido por fin que no hay que limitarse a reparar a posteriori los daños provocados por una planificación miope. 
En este sentido, la extensión del ámbito de aplicación de la directiva a toda una serie de planes y programas cofinanciados por la Unión supone un gran avance. 
En particular en las regiones atrasadas representan, de hecho, la totalidad de los programas realizados. 
Sin querer llegar a una pormenorización, el texto aprobado reconoce claramente en su artículo 3 el principio de que todos los planes y programas susceptibles de tener efectos significativos en el medio ambiente están sujetos a una evaluación medioambiental. 
Gracias al clima de colaboración creado dentro del Comité, al que ha contribuido de manera determinante la labor de la ponente, se han alcanzado también otros resultados importantes como la definición más precisa de qué se entiende por "consulta pública" y la jerarquización más precisa de los distintos procedimientos, al objeto de evitar el riesgo de sobrecargar a las administraciones locales inútilmente. 
En conjunto, se trata de un instrumento normativo de gran utilidad que podrá evitar la tentación, siempre presente en los Estados miembros, como lo demuestran las recientes declaraciones de los futuros ministros del próximo Gobierno italiano, de acelerar la aprobación de drásticas medidas infraestructurales haciendo caso omiso, al menos en parte, de los procedimientos previstos en la legislación comunitaria. 
Señor Presidente, Señorías, la sesión de hoy demuestra de nuevo que la política de la Unión Europea en materia de medio ambiente se ha convertido en uno de los puntos focales de la política europea. 
La adopción de medidas de amplio alcance a favor de la protección del medio ambiente y la salud humana, así como un uso prudente y racional de los recursos naturales, son sin duda necesarios e importantes. 
El compromiso alcanzado en el Comité de Conciliación con respecto a la evaluación de determinados programas susceptibles de tener unos efectos considerables también representa, en consecuencia, un elemento importante para la concreción de la política medioambiental de la Unión Europea. 
Es muy satisfactorio que se hayan eliminado de la directiva innumerables imprecisiones y elementos imponderables incorporados en la primera y la segunda lectura. 
En particular, es de agradecer que un gran número de conceptos- y sólo quiero volver a recordar el concepto de las consultas públicas- se definan ahora de manera clara y comprensible. 
La ampliación del ámbito de la directiva a las ayudas cofinanciadas por la UE, o sea, también a las ayudas con cargo a los Fondos estructurales, se debe valorar sin duda como en enfoque positivo. 
No obstante, es preciso señalar que también están empezando a aparecer cuellos de botella temporales en el contexto de la solicitud de ayudas con cargo a los Fondos estructurales, debido a los obstáculos burocráticos, así como, a mi modo de ver, a causa de que las peticiones son en parte muy exageradas. 
Por lo tanto, si se desean obtener nuevas prestaciones en el marco de los Fondos estructurales es preciso dar también el segundo paso necesario, que es reducir los gastos burocráticos en estos ámbitos. 
Yo quiero resaltar firmemente que no se debería crear la impresión de que la introducción de las evaluaciones medioambientales puede hacer peligrar las ayudas. 
Permítanme que señale también otro punto débil. Es dudoso que la evaluación medioambiental con arreglo al presente texto se aplique de manera comparable en todos los Estados miembros. 
Demasiado a menudo se deja la aplicación y transposición de normativas importantes al albur de la interpretación de los Estados miembros. 
Esto sin duda complace a los regionalistas de la Unión Europea, pero ayuda muy poco a alcanzar situaciones sean comparables en el conjunto de la Unión. 
También existe el temor de que se puedan llegar a producir distorsiones de la competencia. Este es, a mi modo de ver, el punto débil decisivo del compromiso alcanzado en el Comité de Conciliación. 
Si en un país las evaluaciones medioambientales sólo sirven para señalar los posibles riesgos, mientras que en otro país los mismos resultados en las evaluaciones medioambientales puedan ser motivo de suspensión de las medidas cuestionables, la normativa difícilmente se puede considerar significativa para el conjunto del mercado interior. 
Debemos observar cómo evoluciona la situación en los próximos años, evaluarla críticamente e intervenir en consecuencia. 
. (EN) Señor Presidente, señoras y señores, me alegra mucho que esta directiva entre ya en su fase final de adopción. 
En realidad es un nuevo instrumento importante que reforzará la integración de las consideraciones medioambientales en la toma de decisiones y acojo con especial satisfacción el acuerdo del Comité Consultivo sobre el texto conjunto, confirmado el 21 de marzo. 
Se han realizado mejoras significativas desde la posición común hasta la directiva final, algunas se han incorporado en la directiva, como la introducción de la vigilancia o el fortalecimiento de las disposiciones sobre la calidad del informe sobre medio ambiente. 
Esto ha sido posible gracias a la calidad de las propuestas del Parlamento y a la conformidad del Consejo de incluirlas en el marco del procedimiento de codecisión. 
Quisiera felicitar, en particular, a la ponente, Sra. Schörling, así como a todos los miembros del Comité de Conciliación. 
La importancia internacional de esta directiva queda demostrada también por el hecho de que ya ha servido de ejemplo para un protocolo SEA (evaluación estratégica medioambiental) que está elaborando actualmente la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. 
Es una prueba de la contribución a la mejora del medio ambiente que la Comunidad Europea puede y debe seguir haciendo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Neumáticos de los vehículos de motor y de sus remolques 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0178/2001) del Sr. de Roo, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/23/CEE del Consejo sobre los neumáticos de los vehículos de motor y de sus remolques así como de su montaje (C5-0130/2001- 1997/0348 (COD) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el ruido constituye uno de los problemas medioambientales más serios. 
Es uno de los pocos problemas medioambientales que padecen muchos ciudadanos y que constituye una realidad para ellos. 
Esto se constataba ya en el quinto programa de acción en materia de medio ambiente, y la Comisión prometía efectuar propuestas, pero ya han transcurrido casi diez años sin que se haya realizado mucho trabajo al respecto. 
De todas las fuentes de ruido, el más importante es el causado por automóviles y camiones. 
El ruido causado por los automóviles que circulan a más de 40 ó 50 Km. por hora no proviene tanto del motor como de los neumáticos y se debe, especialmente, al contacto de los neumáticos con la superficie de apoyo. 
El aspecto del ruido se encuentra enormemente abandonado por el Consejo de Ministros de Mercado Interior. 
Apenas se examina la cuestión del medio ambiente. 
De ahí que el Parlamento Europeo haya decidido en segunda lectura intentar reducir el ruido de los neumáticos en dos decibelios. 
Dos decibelios no parecen mucho, pero tres decibelios supone ya casi la mitad del ruido. 
La posición común era tan débil que el 70% de los automóviles cumplen ya ahora las nuevas normas en materia de ruido. 
En todo caso, es cierto en el norte de Europa. 
La seriedad de las negociaciones no ha afectado profundamente al Consejo de Ministros. 
Incluso el compromiso por parte del Parlamento para situar la reducción pedida de dos decibelios en la mitad, solamente uno, no tenía perdón en opinión de los Ministros. 
No obstante, hemos alcanzado finalmente un compromiso. 
En ese compromiso hemos devuelto la pelota a la Comisión. Ahora se ve presionada a fin de preparar en el futuro propuestas más ambiciosas en materia de ruido causado por los neumáticos. 
Los neumáticos silenciosos ya se venden en el mercado. 
En el futuro, deben convertirse en la norma, y la industria de la CE debe decantarse por ese tipo de neumáticos y no estar del lado de los que se quedan rezagados. 
Así mismo, la revisión de la legislación relativa a la resistencia de rodadura de los neumáticos es importante. 
Aquí puede avanzarse en relación con el problema del CO2, el problema del efecto invernadero. 
Como mínimo, es posible una disminución del cinco al diez por ciento. 
Aquí también el compromiso consiste en que le toca actuar de nuevo a la Comisión Europea. 
El comité de conciliación ha sabido alcanzar finalmente un compromiso razonable, y de ahí que conmine a todo el Parlamento Europeo a respaldar el resultado alcanzado. 
Una pequeña ojeada al futuro. 
No solamente puede lograrse una gran reducción del ruido al convertir los neumáticos silenciosos en norma europea, sino también al utilizar un asfalto silencioso. 
Entonces, es posible una reducción del ruido de cinco decibelios causado por el tráfico. 
En mi propio país, los Países Bajos, donde el 40 por ciento de la población se queja de este problema, se está desarrollando incluso un proyecto piloto con un asfalto silencioso que hace posible una reducción del ruido de hasta diez decibelios. 
Espero que la Comisión Europea no sólo examine en sus nuevas propuestas los neumáticos silenciosos, sino que también preste atención a ese tipo de asfalto, ya que el estruendo causado por el tráfico es una molestia para cada vez más gente. 
Señor Presidente, my favorite Commissioner, cuando cambié los neumáticos de mi coche hace medio año, me decidí por unos con un umbral de ruido de 71 decibelios. 
Es decir, tres decibelios menos que el valor límite que vamos a adoptar mañana para 2005. 
Señor Comisario, la verdad es que no consigo hacerle comprender a nadie que en el mercado ya existen neumáticos con un umbral de ruido tres decibelios inferior a la norma que nos proponemos aprobar para 2005. 
Algunos dicen que es posible que dichos neumáticos sean más silenciosos, pero también son inseguros y, además, consumen más combustible. 
¡Esto no es cierto! 
Los neumáticos que compré tienen una resistencia de rodadura considerablemente inferior a la media, además de unos niveles de adherencia y aquaplaning bastante superiores a la media. 
Es decir que son unos neumáticos silenciosos, con un bajo nivel de consumo y a la vez también seguros. 
Además, llevan inscrita- lo cual también me parece bien- la leyenda publicitaria: reducing co2 (reducimos el CO2). 
Por lo tanto, se puede hacer más de lo que ahora se propone. 
Ustedes y la Comisión deberían acercarse a comprobar que se ofrece en el mercado y presentar luego, lo más pronto posible, una nueva propuesta que reduzca todavía más los umbrales de ruido, sin dejar de mantener los criterios de seguridad. 
Yo creo que si así lo hacen, el Parlamento también les apoyará encantado. 
Muchas gracias, señor Lange. 
Creo que en nombre de muchos de mis colegas, nos gustaría conocer la marca de los neumáticos que acaba de describir. 
. (EN) Quisiera felicitar al Parlamento Europeo, a la delegación presidida por el Sr. Provan y al ponente, Sr. de Roo, por haber sabido alcanzar un acuerdo con el Consejo sobre la presente Directiva. 
Quisiera hacer hincapié en que con la presente Directiva, la Comunidad Europea marcará el ritmo que deberá seguir la industria en la producción de neumáticos "más silenciosos" en beneficio de todos los ciudadanos europeos. 
La presente Directiva es sólo un primer paso, aunque muy importante, en el avance considerable hacia un mejor control del ruido que produce el transporte por carretera. 
Seguirán otras medidas para mejorar aún la protección del medio ambiente y los aspectos de los neumáticos relacionados con la seguridad vial. 
Esto situará a la industria europea de neumáticos en la vanguardia de la tecnología mundial. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la CE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0176/2001) del Sr. Dell ' Alba, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de Reglamento (CE, CECA, Euratom) del Consejo relativo al Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (COM (2000) 462- C5-0627/2000- 2000/0203 (CNS) ). 
Señor Presidente, intervengo en nombre de la Comisión de Control Presupuestario y también en nombre del Grupo Socialista. 
Afortunadamente, ambas posiciones sobre el presente informe coinciden. 
Quisiera comenzar expresando mi agradecimiento al Sr. Dell ' Alba por la excelente cooperación que ha existido respecto al Reglamento Financiero, y a todos los colegas de los diferentes grupos que han colaborado con nosotros. 
La mayoría de los grupos han demostrado una gran disposición para alcanzar compromisos. 
Quisiera agradecer, en particular, a los Grupos de los Liberales, los Verdes y EDD su apoyo activo en la elaboración de un paquete de enmiendas que ha sido aprobado por mayoría en la Comisión de Control Presupuestario. 
Me sorprendió, al igual que a mi colega Sr. Dell ' Alba, que la mayoría de las enmiendas al presente informe fueran presentadas por la presidencia de la Comisión de Control Presupuestario. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Dell ' Alba en que, naturalmente, todos los diputados tienen derecho a presentar enmiendas a un informe, además de en nombre de su grupo. 
Pero en el caso de la presidencia de una comisión, cabe preguntarse si no está confundiendo los papeles en detrimento del prestigio de su comisión. 
Estas propuestas que hoy nos ocupan representan los cambios más radicales al Reglamento Financiero de la Comunidad en 21 años. 
En opinión de la Comisión de Control Presupuestario, la reforma del control financiero es el aspecto clave de la presente propuesta. 
Según la propuesta de la Comisión, el visado ex ante emitido por un Interventor Central será abolido y, en su lugar, las Direcciones Generales asumirán toda la responsabilidad durante el ciclo de vida del gasto de los programas desarrollados bajo su autoridad. 
Ésta es una de las reformas fundamentales que solicitó el Comité de Expertos Independientes en 1999, año en que publicó sus informes. 
El CEI llegó entonces a la conclusión de que la mayoría de las irregularidades que había podido constatar el Comité tenían su origen en decisiones que contaban con un visado favorable del Control financiero- el Comité declaró asimismo que la supuesta garantía de calidad facilitada por el visado es un mito. 
El Comité esgrimió dos argumentos sólidos en defensa de una modificación del sistema, primero, el control interno ex ante, tanto si es universal como sobre la base de un muestreo, tiene escasas probabilidades de ser un proceso rentable. 
Los esfuerzos necesario para controlar todas las transacciones son sin duda desproporcionados, mientras que el muestreo tiene escasas probabilidades de surtir el efecto disuasivo necesario. 
El segundo principio, que es fundamental, es que cualquier mantenimiento del control interno ex ante va en contra de la objeción crucial de que, de facto si no de jure, desplaza la responsabilidad de las irregularidades financieras de la persona que realmente gestiona el gasto hacia la persona que lo aprueba. 
Este desplazamiento de la responsabilidad significa, en efecto, que en última instancia nadie es responsable. 
El Tribunal de Cuentas también trata sobre las modificaciones al régimen de control financiero en su Opinión nº 4 de 1997. 
Con respecto a la abolición del visado ex ante, el Tribunal llega a la conclusión de que en lo que respecta a la abolición completa del requisito de aprobación previa, ya no sería aceptable a menos que éste fuera sustituido por otros procedimientos que garanticen, cuando menos, medidas de salvaguarda equivalentes, para lo que podría ser necesaria la participación de responsables financieros aparte del Interventor. 
En términos generales, sí, al menos según la Opinión nº 2 del Tribunal del presente año, en la que comentaba la propuesta de la Comisión en los términos siguientes: las disposiciones por las que se rigen los agentes financieros y, por consiguiente, la estructura del sistema de control interno comunitario, representan un importante paso adelante en el cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal. 
Los argumentos a favor de la reforma son abrumadores, de eso no hay duda, pero hasta cierto punto es también un salto al vacío, y la reforma sólo podrá funcionar si se dan una serie de condiciones: primero, los ordenadores deberán responder plenamente de sus actos; todo incumplimiento debe ser reconocido y resuelto, y no encubierto. 
(El Presidente insta al orador a hablar más despacio para facilitar la labor de los intérpretes) 
Los mismos intérpretes que se niegan a traducir al neerlandés cuando intervengo en inglés, pero accedo gustoso. 
Segundo, el procedimiento disciplinario debe ser reforzado. 
Las medidas en este sentido han sido escasas en el pasado. 
Un Comité de irregularidades financieras reforzaría el procedimiento, al igual que harían otras enmiendas que hemos presentado. 
Tercero, la independencia de los auditores internos deberá estar garantizada, así como la independencia profesional de los responsables de realizar la auditoría interna en el seno de las Direcciones Generales. 
Por último, deberán respetarse unas normas mínimas de controles financieros. 
La enmienda 72 expone esta premisa. 
Para que la presente disposición sea eficaz, debe existir un agente central, que estará bajo la responsabilidad de la DG de Presupuesto, que establezca las normas mínimas sin socavar la responsabilidad de las DG que efectúen el gasto. 
Deberemos negociar con el Consejo sobre esta propuesta. 
La única posibilidad de hacerlo de manera eficaz es aplazar la votación sobre la resolución legislativa en virtud de nuestro Reglamento. 
El debate sobre el artículo 24 puso de manifiesto que el Consejo no presta la más mínima atención a las opiniones del Parlamento, a pesar de que el presidente de la Comisión de Presupuestos se encuentra hoy presente, lo cual es especialmente sorprendente tratándose de la Presidencia sueca. 
Durante las últimas semanas se han dirigido a mí varios gobiernos nacionales para pedirnos que sigamos adelante sin pérdida de tiempo con nuestra votación. 
Lo triste de la disposición institucional actual es que si el Parlamento quiere hacer oír su voz, debe recurrir a tácticas inusuales. 
Estoy a favor de una reforma rápida, pero en un asunto tan importante como éste- un Reglamento Financiero que nos podría acompañar durante los próximos 21 años- debemos rechazar que un Consejo arrogante ignore las expectativas legítimas de negociar del Parlamento. 
Puede usted estar tranquilo, se le ha traducido perfectamente en neerlandés. 
Señor Presidente, señoras y señores, es para mí un placer intervenir después del Sr. Dell ' Alba y, en particular, del Sr. van Hulten; a pesar de que no comparto sus aspiraciones políticas, reconozco su capacidad como persona joven que probablemente un día dirigirá a la Unión Europea hacia grandes logros. 
También reconozco que la disciplina presupuestaria está basada en determinados principios: unidad, anualidad, equilibrio, unidad contable, universalidad y especificación. 
No obstante, el presupuesto para la ayuda exterior también exige transparencia, porque está expuesto constantemente a la corrupción. 
Existen numerosos problemas de orden práctico que debemos examinar en el presupuesto para la ayuda exterior. 
Primero, la cooperación al desarrollo está mejor atendida por los programa plurianuales que por los programas anuales, pero en la UE no se hace así. 
Tenemos un programa anual que no funciona coherentemente en términos de alcanzar los objetivos establecidos. 
Segundo, los objetivos en materia de resultados no se miden en términos de los presupuestos para la ayuda exterior de manera que al final no sepamos qué hemos hecho con el dinero de los contribuyentes. 
Nunca podremos volver al Parlamento e informar sobre lo que ha ocurrido con el dinero de los contribuyentes. 
Tercero, el presupuesto para la ayuda exterior es constantemente infrautilizado, mientras que los necesitados padecen los efectos de la pobreza, la desnutrición, el hambre, las enfermedades, el subdesarrollo y la pérdida de oportunidades de educación y de mejorar su calidad de vida. 
Y sin embargo, en vez de devolver los fondos que al inicio del presupuesto se prevé que no serán utilizados- en cuyo caso podrían ser devueltos a los Estados miembros que podrían utilizarlos de una manera más eficaz- conservamos esos fondos durante más de tres años para luego salirnos del presupuesto. 
Quiero sentirme orgulloso de lo que hacemos. 
Quiero que el mundo reconozca que estamos haciendo una contribución importante. 
Quiero que nuestro programa de asistencia al desarrollo sea el mejor del mundo. 
Pero nos queda un largo camino por recorrer hasta alcanzarlo. 
Señor Presidente, yo quiero agradecerle explícitamente que haya recordado que el ponente no puede aprovechar su tiempo de uso de la palabra para exponer opiniones personales y encima en ese tono bronco, casi rayano con la difamación. 
Quiero protestar contra el intento de restringir mi libertad de expresión en mi calidad de diputada, que también lo soy- luego intervendré en nombre de mi Grupo -, por unas manifestaciones y una opinión sobre el tema que jamás he ocultado. 
Yo también tengo derecho a firmar en nombre de mi Grupo las enmiendas que éste apoya. 
Les ruego asimismo que tengan presente que un ponente debe mantener también una cierta neutralidad y representar la opinión de la comisión. 
Hablo ahora en mi calidad de diputada y no de presidenta de la comisión, y tampoco he firmado nada como tal. 
El clima de trabajo en nuestra comisión es, de hecho, muy bueno. 
La verdad es que estoy un poco dolida por la manera en que se está actuando esta tarde. 
Señor Presidente, intentaré cambiar un poco el ambiente creado y ser un poco más positivo. 
Quisiera en primer lugar felicitar a todos cuantos han participado en la elaboración de este importante informe. 
Informe tenaz, laborioso y difícil, a causa de sus dimensiones y de los muchos temas especializados. 
El panorama que resulta de las enmiendas que votaremos mañana constituye, en mi opinión, una equilibrada combinación de muchos puntos de vista, y creo que mejora notablemente la propuesta inicial. 
Por una parte, incluye las prioridades fundamentales reiteradas por el Parlamento Europeo, y, por otra parte, incluye muchas de las observaciones y de las propuestas del Tribunal de Cuentas. 
Comparte, además, al mismo tiempo la necesidad de flexibilidad de la Comisión Europea en lo que respecta a la aplicación del Presupuesto, especialmente con vistas a la nueva presentación basada en las actividades. 
Se proponen mejoras relacionadas con los compromisos de gastos, aportaciones útiles y necesarias, así como simplificaciones al servicio de la precisión y la transparencia de las disposiciones del nuevo reglamento, y, finalmente, refuerza la responsabilidad de los agentes financieros sin menoscabo de su independencia y autonomía. 
En mi opinión, las aportaciones propuestas se sitúan en la dirección adecuada y sin duda contribuyen a aumentar la eficacia de la regulación financiera, sin que quiera esto decir que no se sean necesarias otras mejoras. 
Señor Presidente, no quiero extenderme más; quisiera, sin embargo, también yo, antes de concluir mi intervención, poner de relieve una inconsecuencia que desgraciadamente es innegable. 
Me refiero al hecho de que, mientras que el Parlamento Europeo es uno de los dos ejes institucionales del presupuesto, en la cuestión del Reglamento Financiero, desgraciadamente, sus competencias no son las correspondientes y, sustancialmente se limitan a las consultas con el Consejo. 
Considero obligación nuestra insistir, usando los medios de que disponemos, al objeto de ser realmente escuchados, y de que se entable un diálogo sincero, de búsqueda de consenso, entre iguales, en el marco del proceso de entendimiento y acuerdo con la Comisión y con el Consejo. 
Por esta razón, entiendo también yo que mañana el Parlamento debe votar solamente las enmiendas. 
Señor Presidente, la reformulación del Reglamento Financiero es un proceso necesariamente pesado. 
Este Reglamento no versa sólo sobre la determinación de un presupuesto, sino también sobre la prestación y fiscalización de cuentas y sobre los deberes y las responsabilidades de los principales agentes presupuestarios. 
Se trata de asuntos abordados, todos ellos, en el mismo artículo del Tratado, que requiere para ellos los mismos procedimientos, pero eso no entraña que sean tratados necesariamente en los mismo textos reglamentarios. 
El hecho de que su aprobación requiera la unanimidad del Consejo dificulta aún más su modificación. 
Tal vez por esas razones, se arrastra este proceso ya desde que, en julio de 1996, la Comisión presentó su primera propuesta de reformulación. 
Y todo indica que va a conocer otra nueva etapa. 
El interés por volver a dar coherencia a un texto que se ha vuelto una maraña de normas y dispositivos dispersos parece, así, el más importante, naturalmente, en la presente operación de reformulación. 
En dicha operación de ajuste presupuestario no es posible ni deseable olvidar la reglamentación sectorial pertinente, en particular la relativa al gasto agrario, a los Fondos estructurales, a la investigación y la innovación y a las acciones exteriores, ni tampoco el contenido del importante acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria. 
A ese respecto, al no ser política ni legalmente aceptable atropellar reglamentaciones y acuerdos vigentes, mediante la aprobación de disposiciones que les sean contrarias en el Reglamento Financiero, es necesario reducir al mínimo indispensable las normas específicas en la reglamentación sectorial, por lo que es necesario, además, que éstas estén perfectamente articuladas con las del Reglamento Financiero. 
Asimismo es necesario compatibilizar y establecer el acuerdo interinstitucional con el Reglamento Financiero y considerar la necesidad de englobarlo en cualquier revisión futura de dicho acuerdo. 
La segunda gran cuestión es la relativa al sistema presupuestario comunitario organizado en autorizaciones y en pagos, así como a los plazos necesarios para su ejecución. 
El sistema actual presenta debilidades y problemas conocidos, pero dista de ser seguro que las innovaciones que propone la Comisión (y menos aún las formuladas por otras instituciones) contribuyan a mejorar la situación. 
Es un aspecto en que es esencial una reflexión más profunda, basada en una apreciación completa y rigurosa del funcionamiento del sistema actual. 
Esperamos que la Comisión le preste la necesaria atención en sus propuestas futuras. 
Otro aspecto de gran importancia es el relativo a los atrasos en los pagos. 
Las instituciones europeas aprobaron recientemente, a propuesta de la Comisión, una directiva que impone, tanto a las autoridades públicas como a las privadas, severas penas financieras por no respetar un plazo máximo de pago de treinta días. 
¿Cómo es posible entonces que las instituciones europeas pretendan eximirse de las normas que aprobaron para todas las demás instituciones, privadas o públicas, de la Unión? 
A ese respecto, queremos señalar que la comunicación de la Comisión sobre este asunto no es satisfactoria. 
Sólo el compromiso por parte de la Comisión de aplicarse a sí misma de forma ejemplar las normas que propone a otros es aceptable. 
Asimismo, para nosotros, los socialistas, es un punto de honra hacer que los Grupos políticos de este Parlamento cumplan sin restricción alguna los procedimientos que aquí mismo vamos a aprobar para el gasto comunitario de las demás instituciones. 
Estaremos muy atentos a la forma como cada cual aborde este asunto mañana en la votación. 
Por último, hemos de tomar nota de la ausencia de respuesta del Consejo a nuestras insistentes peticiones para que debatamos las enmiendas por introducir en el Reglamento Financiero. 
Sería absurdo e inaceptable que el Parlamento Europeo, de quien depende en última instancia la aprobación presupuestaria, se viera despojado de poder alguno de intervención en las normas que rigen ese mismo reglamento. 
En estas circunstancias, no nos queda otra vía que la de aplazar una toma de posición final del Parlamento. 
Quiero terminar felicitando a nuestros ponentes, Gianfranco Dell ' Alba y Michiel van Hulten, que han hecho un trabajo excelente, y deseando la continuación de dicho trabajo con el mismo clima de cooperación en que se ha desarrollado hasta ahora. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias al ponente, Sr. Gianfranco Dell ' Alba, por su brillante informe. 
Su elaboración, el análisis de las enmiendas propuestas y la presentación de compromisos han supuesto un ingente trabajo. 
En este sentido, este informe y su elaboración merecen el calificativo de excepcionales. 
Del mismo modo, quiero dar las gracias al Sr. Michiel van Hulten por su excelente colaboración. 
La modificación del Reglamento financiero es un paso importante en la modernización de la Comisión y de toda la administración de la UE. 
Su objetivo más importante es mejorar la eficiencia de la gestión, aclarar las cuestiones de responsabilidad personal y agilizar los movimientos de dinero. 
La reputación de la UE como pagadora de facturas es deplorable, ya que los pagos se demoran muchísimo más tiempo del admisible en las actividades comerciales y en las transferencias de pago entre los Estados miembros. 
En todo caso, la causa más importante de la modificación es la responsabilidad personal y la clarificación de la obligación de rendir cuentas. 
Esto podrá llevarse a cabo sólo si la responsabilidad de la gestión y la responsabilidad económica recaen sobre las mismas personas, tal y como se está empezando a hacer ahora. 
La modificación del Reglamento financiero es imprescindible para la eficiencia de la gestión. 
Abre la posibilidad de desarrollar una gestión responsable y una presupuestación por actividades. 
De este modo, el funcionamiento de las oficinas y de los órganos podrá orientarse cada vez más hacia los objetivos y hacia los resultados, y no tanto en base al control y a regulaciones específicas. 
La burocracia se simplificará y, al mismo tiempo, se ofrecerá a las oficinas la posibilidad de mejorar por sí mismas sus métodos de trabajo. 
Paralelamente, aumentará la responsabilidad sobre su propio trabajo. 
En cualquier caso, la ejecución de esta modificación conllevará la reforma del Estatuto de los funcionarios, lo cual implica, a su vez, la existencia de una buena colaboración, por ejemplo, con los sindicatos de los trabajadores. 
De todos modos, el cambio es totalmente indispensable. 
Por último, quiero exponer algunos detalles importantes para mi Grupo. 
Hay que establecer un techo de tres años para la utilización de los fondos ya concedidos, tras lo cual se cancelarán las asignaciones no utilizadas. 
El traspaso de fondos al ejercicio siguiente es un instrumento importante para la práctica de una política presupuestaria flexible. 
Nuestro punto de partida es que apoyamos las propuestas del ponente. 
Señor Presidente, el Reglamento Financiero actual ha quedado desfasado y ya no responde a las exigencias de una gestión financiera moderna. 
La Comisión ha presentado una propuesta de un nuevo reglamento financiero, basada en los principios de descentralización de las responsabilidades y transparencia. 
Los ponentes, Sres. Dell ' Alba y van Hulten, examinaron dicha propuesta en las Comisiones de Presupuestos y de Control Presupuestario y propusieron algunas enmiendas. 
Por ello, merecen nuestra felicitación y reconocimiento. 
No obstante, en opinión de mi Grupo, todavía quedan algunos temas pendientes. 
En primer lugar, el último informe de la Comisión sobre la lucha contra el fraude en 2000 constataba que los casos de fraude e irregularidades se habían disparado con respecto al año anterior. 
Se perdieron alrededor de 2.000 millones de euros. 
La experiencia nos demuestra que en el mejor de los casos se consiguen recuperar entre un 15% y un 20% de las cantidades perdidas. 
A la vista de ello, ¿es razonable suprimir los controles preventivos previos realizados por un interventor independiente? 
No queremos volver a los controles previos esquemáticos centralizados, que descargaban de responsabilidades y generaban una falsa impresión de seguridad. 
Al contrario, deberíamos contribuir a evitar- mediante análisis de riesgo eficaces y el examen descentralizado de muestras aleatorias por contables independientes- que se desembolse indebidamente por anticipado el dinero de los contribuyentes. 
En segundo lugar, con la ampliación de sus competencias en todos los ámbitos, en el futuro se debería establecer también la responsabilidad de los agentes por el incumplimiento negligente o doloso de las normas financieras. 
El objetivo de nuestra enmienda es que se establezca un procedimiento equitativo para todas las instituciones aplicado por un órgano independiente. 
En relación con la palabra clave "independencia", constatamos con asombro que la Comisión ha suprimido sin más explicaciones el derecho de ejercer acciones, tal como se encuentra enraizado en el Reglamento Financiero actual. 
Nosotros deseamos restablecerlo por medio de una enmienda. 
El último punto se refiere a la Comisión Consultiva de Compras y Contratos. 
Ésta es el órgano consultivo que debe intervenir antes de que se otorgue un contrato. 
El Parlamento aprobó una modificación de dicho procedimiento en su sesión anterior en Estrasburgo. 
Yo creo que perderemos credibilidad si al cabo de dos semanas pedimos la supresión de dicho órgano. 
Señor Presidente, también yo he tenido conocimiento del informe recientemente publicado por la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude. 
En el año 2000 han desaparecido dos mil millones de euros del dinero procedente de los impuestos como consecuencia del fraude y las irregularidades. 
Es un fenómeno perturbador. 
Europa ya cuenta con una mala reputación en este terreno y todos los esfuerzos deben estar encaminados a luchar contra este fenómeno. 
Aquí hablamos esta tarde de la revisión del reglamento financiero. 
No les sorprenderá que yo también defienda un control eficaz y moderno. 
La Comisión y los ponentes quieren poner totalmente fin al control a priori, independiente y centralizado. De ahí que en su lugar deba introducirse un control descentralizado a posteriori. 
Ya hemos debatido esto en alguna otra oportunidad. 
Señalé entonces que la introducción de una auditoría externa a posteriori es algo positivo, pero no puede hacerse a costa de que no exista un control independiente a priori. 
Si vamos a introducirla para todas las líneas, me temo que el bello sueño se transformará en una pesadilla. 
Sí estoy a favor de un sistema en el que la regla sea una auditoría externa a posteriori. 
La posibilidad de realizar un control independiente a priori debe continuar existiendo. 
Sí hay situaciones en las que es necesario un control sistemático o aleatorio ex ante frente a las irregularidades. 
Si eliminamos ahora esa posibilidad del reglamento financiero, nos desprendemos de un arma importante en la lucha contra el fraude, y eso sería irresponsable en un momento en el que todavía no hay ninguna experiencia en cuanto a un control descentralizado a posteriori. 
Hago, entonces, un llamamiento urgente a sus Señorías para que respalden nuestras enmiendas al respecto a fin de evitar la supresión del control ex ante. 
Gracias, señor Presidente, por sus reflejos y su perspicacia a la hora de detectar que estaba presente en el Pleno. 
Quisiera recordar al ilustre ponente, Sr. Dell ' Alba, que por encima de las diferencias de opinión, siempre legítimas, están la cortesía parlamentaria y el derecho individual de los diputados a realizar su trabajo, que incluye la presentación de enmiendas si así lo creen necesario. 
En todo caso, Señorías, señora Comisaria, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, creo que debemos felicitarnos, en primer lugar, porque estamos delante de la primera propuesta de gran alcance normativo sobre la regulación financiera de la Unión que corre pareja a la reforma administrativa de procedimientos de gestión y de recursos humanos y que deben ser objetivos políticos irrenunciables del Parlamento y de la Comisión. 
Se renunció- a mi juicio con acierto- a corregir los defectos del cuadro normativo empleado hasta la fecha para, en su lugar, implantar una nueva cultura administrativa sobre el control y la eficacia del gasto en busca del objetivo común de un mejor y más transparente manejo del dinero público. 
Pero las reglas de decisión sobre esta materia ponen de manifiesto la existencia de una mínima lógica política. 
Por eso debemos felicitarnos, por la estrategia que el ponente nos sugiere: votar las enmiendas que reflejan un buen trabajo y un buen punto de partida para la discusión de los aspectos más delicados de la propuesta, y forzar al Consejo a tener en cuenta la opinión del Parlamento Europeo cuando la Comisión presente su propuesta modificada. 
Tenemos que intentar negociar de cara al deseable y posible diálogo interinstitucional un Reglamento financiero con vocación de permanencia, que recoja de forma sustancial las reiteradas prioridades de este Parlamento en esta materia. 
Y en aras de esa vocación de permanencia, aspectos muy polémicos, como son la supresión del control ex ante, puede que nos distraigan de otras deficiencias con repercusiones de largo alcance. 
Me refiero a la regulación de los mercados públicos y a las subvenciones. 
La situación actual no sólo es mala, sino caótica. 
En todos estos últimos años, no se ha conseguido armonizar la variopinta situación a la que se puede acoger la contratación pública. 
En cuanto a la información que el Parlamento debe tener para los fines de la aprobación- y ruego benevolencia, señor Presidente- de la gestión, estimo coherente la posición de la Comisión al respetar recoger elementos básicos del Acuerdo marco interinstitucional sobre la aplicación del artículo 206 del Tratado. 
Creo que sobre esta materia puede y debe llegarse a un texto consensuado en el futuro, salvaguardando los principios irrenunciables para este Parlamento como son los derechos humanos, libertades fundamentales y no injerencia en procedimientos sub iudice. 
Señor Presidente, para una organización con un volumen de gasto que supera los 92.000 millones de euros, el Reglamento Financiero es prácticamente el fundamento jurídico más importante para garantizar una gestión meticulosa de los fondos europeos y evitar en la medida de lo posible su uso indebido. 
Es más necesario que nunca recalcar este punto cuando la propia Comisión nos comunicó hace dos semanas que las cantidades perdidas en el año 2000 como resultado de los fraudes e irregularidades se eleva a la impresionante suma de 2.028 millones de euros. 
¡Ningún Estado de Europa se permite de hecho algo así! 
Por lo tanto, es absolutamente necesario actuar. 
El único problema es cómo se propone mejorar este estado de cosas la Comisión. 
Como parte del programa de reformas, ésta se propone suprimir la figura del interventor independiente, o sea, la institución que ha tenido más éxito en la lucha contra el fraude según demuestran todas las experiencias; sólo quiero recordar el caso Fléchard. 
Esto viene a ser como si en una zona residencial se duplicase el número de robos y la policía ordenase la retirada de todos los perros guardianes. 
El Parlamento ha insistido en que se mantenga el control financiero independiente descentralizado y así lo ha aprobado, por otra parte, en varias ocasiones; la última, el 4 de abril de 2001, en el informe previo con vistas a la aprobación de la gestión de 1998. 
La figura del interventor está inscrita, además, en el Tratado. 
Un "auditor interno" no es un interventor con un nuevo ropaje, sino una figura engañosa que mi Grupo, por lo menos, considera inaceptable. 
Un complemento indispensable de un control financiero independiente es la atribución clara de responsabilidades y de la responsabilidad financiera en el caso de una actuación dolosa o negligente de los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes, tal como existe, por lo demás, en todos los ordenamientos jurídicos nacionales de los Quince. 
A mi parecer, los esfuerzos reformadores de la Comisión en este contexto parecen conducir más bien a un continuo traspaso de la responsabilidad, que recuerda el trasiego de una estación de enlace, hasta que al final ya nadie sabe dónde localizarla. 
El Reglamento financiero debería regirse por los principios de claridad, transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del presupuesto. 
Sólo así podremos lograr la aceptación de los ciudadanos. 
Señor Presidente, habida cuenta de que el Consejo se encuentra hoy presente, me pregunto si usted podría pedir al Presidente en ejercicio del Consejo que comente las observaciones realizadas por los diputados. 
Muchas gracias, señora Comisaria, por haber creado para nosotros el cuatrílogo. 
El apartado 5 del artículo 121 del Reglamento establece que el Consejo puede intervenir si lo desea. 
Tiene usted la palabra. 
. (SV) Es para mí un inesperado honor dirigirme a ustedes esta tarde. 
He escuchado con mucha atención lo que se ha dicho. 
Temo decepcionarles, pero no me es posible comentar los puntos de vista que se han presentado. 
La razón es que el Consejo aún no ha adoptado una posición al respecto. 
Se hará en la reunión del Consejo de Ecofin la próxima semana. 
No me cabe duda de que en cuanto el Parlamento haya adoptado su decisión, el Consejo la estudiará en detalle. 
A pesar de que no puedo comentar el contendido, me atrevo, sin embargo, a remitirme a lo manifestado con anterioridad por el Consejo, esto es, que estamos muy interesados en que se adopte una decisión sobre el nuevo Reglamento Financiero tan pronto como sea posible. 
Posiblemente el Parlamento adopte mañana esa decisión, de manera que la Comisión pueda seguir trabajando con la propuesta modificada. 
Nosotros la podríamos recibir en septiembre y, probablemente, obtener una resolución final en breve plazo. 
Obviamente he tomado nota de lo que Michaele Schreyer dijo que llevaría al Congreso de Ecofin y espero participar en ese debate. 
Damos las gracias al Consejo. 
El Sr. Dell ' Alba desea hacer uso de la palabra. 
En esta fase del debate sólo puede intervenir para plantear una cuestión de orden. 
Señor Presidente, a menudo se le pide al Consejo que intervenga durante los debates en el Parlamento. 
Rara vez lo hace y quisiera expresar mi agradecimiento al Consejo por haber intervenido en esta ocasión. 
Retiro mi comentario sobre la arrogancia del Consejo y espero que éste sea el comienzo de unas fructíferas negociaciones. 
Le doy las gracias, Señoría. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Uso obligatorio del cinturón de seguridad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0141/2001) de la Sra. Hedkvist Petersen, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio del cinturón de seguridad en vehículos de menos 3,5 toneladas (COM (2000) 815- C5-0684/2000- 2000/0315 (COD) ). 
. (SV) Señor Presidente, a esta hora tan avanzada de la noche me corresponde como ponente decir algunas palabras sobre este informe. 
En primer lugar, deseo agradecer a todos los colegas su colaboración con la comisión. 
También quisiera dar las gracias a la Comisión por su propuesta de directiva sobre uso obligatorio de cinturones de seguridad y de sistemas de retención para niños en los vehículos. 
Éste es un asunto importante. 
Quiero reiterar una vez más que son muchas las personas que mueren en accidentes de tráfico en la UE. 
Se trata de aproximadamente 42 000 personas por año. 
Jamás aceptaríamos estas cifras tan altas en relación con otros medios de transporte. 
Una de ellas es la propuesta de la Comisión. 
Hay que recordar también que los niños sufren graves daños en las carreteras. 
La principal causa de muerte de los niños y jóvenes son los accidentes de tráfico. 
Cabe preguntarse: ¿Corresponde a la UE legislar sobre el uso de cinturones de seguridad y sobre la seguridad de los niños en los vehículos? 
Mi respuesta es sí. 
Creo que es muy conveniente. 
En primer lugar, hay un fundamento jurídico en el Tratado. 
En segundo lugar, existen desde hace tiempo unas normas, una directiva, que ahora es necesario endurecer. 
Es sabido que los cinturones de seguridad salvan vidas. 
Esto es aún más evidente tratándose de niños. 
La investigación sobre este tema demuestra que el riesgo de lesiones graves de los niños que no usan sistemas de retención es siete veces mayor que el de aquellos que los usan. 
Por eso son necesarios. 
Además, el tráfico actual en Europa es, en gran medida, transfronterizo. 
La gente se desplaza en vehículos privados, pero también lo hace en vehículos de transporte profesional. 
Ambos tipos de transportes aumentan en las fronteras. 
Lo hemos leído en un informe que se presentó hoy. 
También aumentan las corrientes de turistas, lo que hace necesarias normas comunes respecto a la seguridad mínima en las carreteras. 
Es fundamental contar con un alto nivel de seguridad en las carreteras de la UE, con normas conocidas por todos, por los conductores privados y profesionales y por los fabricantes de vehículos. 
Estos productores deben tener normas de seguridad comunes para que no se produzcan dudas. 
Al mismo tiempo, es importante para los consumidores que los artículos de seguridad sean más baratos, lo que se consigue con normas de seguridad comunes. 
La propuesta de la Comisión es un endurecimiento de la anterior directiva, que implica que todos los pasajeros de un vehículo que esté dotado de cinturones de seguridad tendrán que usarlos, que todos los niños deberán viajar bien sujetos en asientos especiales homologados- desaparecen las excepciones -, que todos los niños menores de tres años no pueden viajar en vehículos sin un sistema de retención adecuado, exceptuando los taxis, y que se prohibe el uso de asientos para niños para montaje en el asiento delantero si el airbag no ha sido desactivado. 
La comisión ha acordado que ésta sea la propuesta del Parlamento. 
En síntesis, la primera enmienda implica que la Comisión, los Estados miembros y las organizaciones que velan por la seguridad vial deben fomentar una campaña de información. 
En la segunda, proponemos que sea la altura del niño la que determine el uso del cinturón de seguridad de adultos. 
Mediante la enmienda 4 pretendemos que los fabricantes especifiquen a qué modelos de coches se adecuan los sistemas de retención para niños. 
Proponemos también que los autocares de largo recorrido que circulan en las ciudades- suele ocurrir, aunque no es frecuente- no estarán sujetos a la obligación de uso de cinturón de seguridad. 
Además, queremos que la Comisión, en colaboración con la industria automotriz, desarrolle airbags más seguros y fáciles de usar. 
Se deberá dar cuenta de estos trabajos junto con el informe sobre aplicación de esta directiva a más tardar el 1 de agosto de 2004. 
El Consejo tramitará la propuesta de la Comisión en la reunión de Ministros de Transporte a fines de junio. 
Espero que podamos adoptar una decisión común en la UE y que se puedan materializar estas medidas de seguridad vial que son esenciales en la Unión. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, muchas personas mueren cada año en nuestras carreteras en Europa. 
En nuestra calidad de diputados europeos, sobre nosotros recae, por lo tanto, una gran responsabilidad de velar por una mejora de la seguridad del tráfico por carretera. 
Sin embargo, también sabemos que éste se incrementa de año en año y esto también aumento en parte los riesgos. 
El uso obligatorio de cinturones de seguridad cumple, a mi parecer, un papel decisivo en este contexto. 
En conjunto, yo estoy muy de acuerdo con la propuesta de la Comisión encaminada a mejorar la seguridad de los conductores y pasajeros. 
También estoy de acuerdo en principio con que se establezca la obligación de hacer uso de los cinturones de seguridad en todo momento y en todos los asientos provistos de ellos, así como con la propuesta de que se utilicen asientos provistos de cinturones de seguridad o sistemas de retención para niños. 
Suscribo asimismo la obligación de utilizar sistemas de retención para los niños menores de doce años. 
Sin embargo, también quiero manifestar que es necesario conceder a los Estados miembros un cierto margen para la transposición de algunos puntos de la directiva a escala nacional. 
Pienso, por ejemplo, en el uso de sistemas de retención para niños muy pequeños. 
También pienso en las razones médicas y en situaciones muy concretas, como los requisitos que deben cumplir los minibuses y los autobuses turísticos, por ejemplo, tal como ya ha comentado también la ponente. 
Sería demasiado largo entrar ahora en más detalles. 
La armonización de la legislación a escala europea fomentará la transparencia y la claridad y permitirá mejorar las diferentes normativas nacionales. 
En resumen, yo quisiera felicitar sinceramente a la ponente por su informe, que también es muy equilibrado, a mi parecer, y ya puedo adelantarles que mi Grupo lo votará afirmativamente. 
No obstante, también quisiera recordar que la transposición detallada de la directiva a largo plazo deben llevarla cabo los Estados miembros y que éstos son, en última instancia, los responsables de la seguridad en las carreteras europeas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, los resultados de los estudios más recientes sobre siniestralidad demuestran que un 50 % de los usuarios de vehículos que sufren accidentes mortales no llevaban abrochado el cinturón de seguridad. 
Los progresos en el ámbito de la seguridad vial han sido muy rápidos. 
Yo procedo de una zona de un Estado donde hace diez años todavía no existían los asientos ni los sistemas de retención para niños y los cinturones de seguridad empezaban a formar parte del equipamiento de los automóviles de lujo. 
Luego, en 1991, tuve ocasión de participar en la elaboración de la directiva sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad. 
El tema que hoy nos ocupa es la adaptación necesaria de dicha directiva a los progresos científico-técnicos. 
Los resultados de amplios estudios sobre siniestralidad, así como los modernos sistemas de seguridad y retención desarrollados por la industria, hacen insostenible la situación actual. 
Por ejemplo, es una irresponsabilidad que se permita transportar a menores de tres años en los asientos traseros de los automóviles sin ningún sistema de retención o en asientos especiales para niños instalados en el asiento contiguo al del conductor sin haber desactivado el airbag. 
Tampoco puede seguir siendo admisible el uso de cinturones de seguridad para adultos para asegurar a los niños de más edad. 
Las exenciones de la obligación general de uso del cinturón de seguridad, como por ejemplo en el caso de los conductores de vehículos pesados, deben quedar relegadas al pasado. 
Con la propuesta de modificación de la correspondiente directiva, que las seis enmiendas del Parlamento Europeo contribuyen a concretar, conseguiremos introducir, entre otras cosas, soluciones técnicamente más seguras pero también más asequibles para el consumidor. 
Este último aspecto aumentará a su vez la probabilidad de que se utilicen los sistemas de retención existentes. 
Más del 50% de los niños todavía viajan sin ningún sistema de protección, incluso cuando el vehículo cuenta con los correspondientes dispositivos. 
Los padres, al parecer, no son conscientes de que esto multiplica por siete el riesgo de que sus hijos sufran lesiones graves o incluso mortales como resultado de un accidente, si viajan sin ningún sistema de protección. 
Los progresos todavía no han tocado techo. 
Ahora se están evaluando los sistemas actuales de retención para niños sobre la base de los datos sobre choques frontales y casi todos los resultados son buenos. 
Aun así, un 70% de todos los accidentes de vehículos de pasajeros con víctimas mortales infantiles corresponden a choques laterales. En este caso fallan los sistemas. 
Yo les pido que apoyen las presentes enmiendas a la modificación de la directiva. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la Sra. Hedkvist Petersen muy sinceramente por el informe presentado. En él demuestra su sensibilidad personal, y también la de toda la comisión, ante un asunto de tanta importancia, como es el de la seguridad viaria, en un intento por reducir esa cifra inaceptable para nosotros de 42000 muertos al año, que es el número de fallecidos como consecuencia de accidentes de tráfico en la Unión Europea y que, como bien dice en el mismo, son demasiados muertos. 
En diciembre de 2000, la Comisión adoptó una propuesta para que se obligara a todos los usuarios de vehículos automóviles a utilizar los cinturones de seguridad provistos a tal efecto y, en el caso de los niños pequeños, a utilizar sistemas de retención para niños en turismos y en sus derivados. 
Tengo que decir, Señorías, que si visitan ustedes cualquier comercio comprobarán que prácticamente todos los sistemas de retención para niños existentes en el mercado se ajustan ya hoy a la reglamentación actual. 
Por tanto, la directiva propuesta elimina las excepciones que figuraban en la directiva original, ya que aquellas estaban pensadas en otro contexto y permitían utilizar los cinturones de seguridad para adultos si no se disponía de un sistema de retención para niños. 
Hoy entendemos que eso ya no es necesario. 
La directiva propuesta, además de proteger a los niños en los automóviles, ayudará, también, a reducir el número de fallecimientos y de lesiones graves como consecuencia de los accidentes de autocar, microbús y camión, al hacer obligatorio el uso de los cinturones de seguridad para los conductores y los pasajeros cuando se disponga de ellos. 
El uso correcto de cinturones de seguridad y sistemas de retención para niños es una de las medidas más importantes que está proponiendo la Comisión en materia de seguridad vial. 
Tanto ustedes, el Parlamento, como el Consejo han respaldado esta proposición al apoyar resueltamente el programa de trabajo de la Comisión sobre prioridades de la seguridad vial en la Unión, informe, situación y clasificación de las adopciones, que sitúa, precisamente, el uso de cinturones de seguridad y sistema de retención para niños entre las prioridades básicas de seguridad vial. 
Señorías, paso a referirme a las enmiendas concretas. 
Tan sólo una, la número 4, no puede ser aceptada por la Comisión. La razón para no aceptarla es que ésta requeriría que los fabricantes de vehículos indicaran qué sistemas de retención para niños resultan adecuados para sus vehículos y pueden instalar fácilmente en los mismos. 
Aunque la Comisión reconoce que ha habido problemas para instalar algunos sistemas en determinados vehículos, lo cierto es que la enmienda contravendría las normas sobre mercado interior y establecimiento así como la directiva propuesta en la última norma internacional sobre sistemas de retención para niños. 
Sin embargo, se están tomando medidas no legislativas, especialmente a través del programa Euro NCAP, al cual están asociados ­como saben- los fabricantes de coches, para persuadir a estos últimos de que indiquen los sistemas de retención adecuados para sus vehículos. 
Supongo que este esfuerzo ­ añadido al hecho de que los sistemas de retención del Reglamento 44/03 son más fáciles de instalar y más seguros que los sistemas antes disponibles- reducirá el problema. 
Finalmente, dos enmiendas que obligarían a la Comisión a adoptar medidas que ya ha previsto emprender. 
Se trata de la enmienda 1, que obligará a la Comisión a lanzar una campaña de concienciación paralela a la aplicación de la directiva. 
Y el segundo párrafo de la enmienda 6, según el cual la Comisión debería estudiar conjuntamente con la industria automovilística las posibilidades de utilizar colchones de aire menos agresivos, especialmente cuando se utilicen sistemas de retención orientados hacia atrás. 
La Comisión sugeriría que estas dos enmiendas no figurasen en el texto legislativo, sino que se introdujeran como considerandos, ya que entendemos que tienen su interés y su importancia de cara al futuro. 
Señor Presidente, Señorías, he resumido la postura de la Comisión respecto al informe. 
Insisto en que, salvo la enmienda número 4, que tenemos que rechazar, aceptamos todas las demás con las observaciones que he efectuado sobre la enmienda número 1 y el segundo párrafo de la enmienda número 6, que en vez de ser introducidas en el articulado figurarían sencillamente como considerandos en el texto final. 
Muchas gracias, sólo me queda felicitar de nuevo a la ponente, Sra. Hedkvist Petersen, y también a la Sra. Schierhuber, por su intervención, y poner de manifiesto mi coincidencia con ella. 
Ahora habrá que ver cómo aplican los distintos Estados miembros la legislación que aquí aprobamos. 
Precisamente por ello, y no ya sólo por este asunto en concreto, sino teniendo en cuenta todas las exigencias de seguridad vial, vamos a hacer una propuesta en la que estamos trabajando con el Comisario Vitorino para intentar armonizar lo que es la aplicación real por parte de los distintos Estados miembros de los controles y también de las sanciones en este terreno. 
El Parlamento da las gracias a la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Igualdad de trato entre hombres y mujeres 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0173/2001) de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (COM (2000) 334- C5-0369/2000- 2000/0142 (COD)) 
. (FI) Señor Presidente, la Unión Europea cuenta ya con una tradición de un cuarto de siglo en cuanto a la existencia de una legislación que obliga a tomar en serio la igualdad de trato entre hombres y mujeres en la vida laboral. 
La Directiva que estamos debatiendo hoy recibió ya su forma original en el año 1976. 
Podemos constatar que nuestras sociedades se han desarrollado considerablemente en muchos aspectos durante este cuarto de siglo largo, y ya es hora de revisar nuestras concepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral para adaptarlas a las exigencias del presente. 
El Tratado de Amsterdam nos obliga también a ello, pues estipula, entre otras cosas, que la igualdad entre hombres y mujeres debe ser tenida en cuenta ampliamente en todas las acciones comunitarias. 
Tenemos retos totalmente nuevos, que deben ser afrontados por vía legislativa. 
En esta Directiva, la Unión Europea propone por primera vez medidas vinculantes para los Estados miembros encaminadas a combatir el acoso sexual, práctica muy generalizada en los lugares de trabajo. 
Puedo reseñar que, según los estudios al respecto, en la Unión Europea una de cada dos mujeres ha sido víctima de acoso sexual en su lugar de trabajo. 
Claro está que, de vez en cuando, el acoso puede afectar a los hombres, los hombres también pueden ser víctimas del acoso sexual, pero, sin embargo, en la actualidad la mayoría de las víctimas siguen siendo mujeres por regla general. 
En este sentido, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades propone que vayamos algo más lejos de lo que la Comisión se había propuesto en un principio. 
La comisión parlamentaria quiere que los Estados miembros empiecen a adoptar medidas preventivas para combatir el acoso sexual y que los empleadores sean obligados a crear unas condiciones de trabajo que reduzcan al mínimo la aparición del acoso sexual. 
También he resaltado que esto puede mejorar la situación de los empleadores, ya que si éstos pueden demostrar que ya han emprendido estas medidas preventivas, seguro que estarán en una situación más favorable en los casos conflictivos. 
La protección a la maternidad también requiere un impulso complementario. 
Yo misma soy de Finlandia, y se suele pensar que Finlandia es, por excelencia, un país modelo en lo que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Sin embargo, puedo contarles que, por ejemplo, también en nuestro país se dan más abortos de lo estrictamente necesario en mujeres de alrededor de los veinte años. 
Al estudiarse las causas de este fenómeno, se ha llegado a la conclusión de que puede deberse a la gran competencia existente por acceder a un puesto de trabajo: los empleadores discriminan a las mujeres en edades proclives a tener hijos. 
Se trata de una discriminación en función del sexo, cosa que está prohibida. 
Esta Directiva también otorga mejores medios de protección jurídica a las víctimas de discriminación sexual y exige, además, que las víctimas de discriminación sexual puedan emprender acciones judiciales aun cuando ya haya acabado la relación laboral. Para este fin, las víctimas podrán recibir ayuda de una autoridad independiente que habrá que crear en virtud de esta Directiva. 
Seguramente, esta autoridad independiente encargada de velar por la igualdad ya existe en muchos Estados miembros, pero quiero subrayar la importancia de esta cuestión al considerar la situación de los países aspirantes a la adhesión. 
En cierta ocasión, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades prestó mucha atención al hecho de que las cuestiones en materia de igualdad entre hombres y mujeres en los países aspirantes no se han tenido lo suficientemente en cuenta durante las negociaciones para la adhesión. 
Podremos impulsar esta cuestión creando las instituciones necesarias, cuya función sea, en virtud de la ley, velar por la aplicación del principio de la igualdad de trato, e incluso fomentarla. 
Quisiera resaltar que el desarrollo de la sociedad ha traído consigo nuevas cuestiones en materia de igualdad. 
En nuestra comisión parlamentaria se dio un animado debate sobre si sería necesario proporcionar más protección también a hombres y padres jóvenes para evitar la discriminación sexual. 
Creo que hemos encontrado un buen compromiso, que permite también la incorporación en esta Directiva de los padres y de sus derechos. 
Creo que esto se adecúa bastante a la actualidad, teniendo en cuenta que el debate sobre la igualdad ha pasado a centrarse, en gran medida, en las formas para conseguir que los hombres puedan compartir las obligaciones familiares. 
Es así como podremos avanzar hacia una verdadera igualdad. 
Señor Presidente, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales consideró que, a pesar de los avances legislativos logrados, subsisten las discriminaciones salariales y la segmentación del mercado laboral, con lo que se perpetúan salarios bajos en los sectores tradicionales con tendencia a persistir en los servicios y en la llamada "nueva economía". 
El 40% del aumento del empleo de las mujeres es con jornada parcial e independiente, basada en salarios mínimos, lo que, aun siendo una opción substitutiva del desempleo y una posible conciliación con la vida familiar, no deja de configurar una nueva discriminación indirecta subvalorada en las estadísticas. 
Como también la contratación de personas con aptitudes superiores para funciones de menor valor. 
Los Fondos estructurales deben desempeñar un papel de incentivo en los interlocutores sociales para adoptar pactos de igualdad. 
Las decisiones del Consejo de Lisboa, las orientaciones para el empleo 2001, el programa social y las nuevas formulaciones del Tratado revelan la importancia de que se aumente el empleo de las mujeres, cuantitativa y cualitativamente, no sólo para hacer efectivo un derecho, sino también y sobre todo para el equilibrio económico y la sostenibilidad de las pensiones. 
Lo importante es escribir derecho aun con líneas torcidas. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales propone en sus textos nuevas fórmulas para los conceptos de acción positiva, discriminación indirecta de que sean víctimas una o más personas y acoso como fenómeno de sujeción y humillación, con o sin abuso sexual directo. 
Digámoslo así: optamos por una conceptualización que consideramos más amplia y adecuada. 
Los diputados de esta comisión fueron unánimes en la ampliación de la protección de la maternidad, la paternidad, la adopción y las embarazadas, y de nuevo recomendamos, como ya hizo este Parlamento, la revisión de la Directiva 92/85/CE. 
El derecho de regreso al puesto de trabajo previsto en la Directiva 76/207/CEE- y en esto discrepamos del informe de la Sra. Hautala- debe permitir, para defensa del empleo después de la maternidad, que la mujer ocupe un puesto de trabajo equivalente en caso de caducidad o cambio del anterior... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la ponente, Sra. Hautala, por el riguroso trabajo realizado y por la disponibilidad que ha mostrado a la hora de tener cuenta todas las aportaciones y sugerencias que todos los Grupos políticos han hecho en una materia tan sumamente delicada como ésta. 
La intervención anterior ha puesto de manifiesto lo muy intenso que fue el debate en la Comisión de Derechos de la Mujer, ya que si bien es cierto que la Directiva de 1976 ha cumplido una función extraordinaria, no es menos cierto que han transcurrido veinticinco años y que los comportamientos sociales y el papel de la mujer han sufrido cambios. 
A nuestras espaldas tenemos muchas sentencias del Tribunal de Justicia y sobre todo el Tratado de Amsterdam que, desde el punto de vista jurídico, nos brinda la oportunidad de consolidar y de convertir en más eficaces los instrumentos jurídicos que, lo sabemos perfectamente, son instrumentos, pero instrumentos indispensables para llevar a cabo unas políticas activas y para convertir en concreto y exigible el principio de igualdad de trato, también en lo que al acceso al trabajo se refiere. 
La tentación de querer afrontar con esta modificación de la directiva muchos de los problemas que padecen las mujeres ha sido fuerte y, en este sentido, tiene razón la Sra. Lulling; sin embargo, desde el punto de vista jurídico, creo que el resultado de nuestro trabajo es absolutamente coherente con las propuestas y los objetivos de la propuesta de modificación que la Comisión nos ha presentado. 
Las definiciones de "discriminación directa" y de discriminación indirecta " que, tomando como base la propuesta de la Comisión, hemos perfeccionado, considero que, en el plano jurídico, clarifican la utilización de este instrumento. 
La inclusión del acoso y del acoso sexual como elemento de discriminación es, sin ninguna duda, igual de clara, del mismo modo que lo es la precisión de que el derecho a la maternidad, así como el derecho a la paternidad no se pueden utilizar como instrumento para llevar a cabo discriminaciones. 
La posibilidad de poner en práctica acciones positivas y, por otra parte, la posibilidad que nos ofrece el apartado 4 del artículo 141 del Tratado creo que es un instrumento igual de claro para que la directiva, que espero que llegue a estar operativa para finales de este año y que llegue a ser un instrumento a disposición de todos los Estados miembros, de todas las mujeres, de todas las organizaciones, se convierta realmente en un instrumento a añadir a los que la Unión Europea ha puesto a disposición de muchos Estados miembros a lo largo de todos estos años. 
Alguien ha planteado el problema de una posible injerencia demasiado fuerte de la Unión Europea respecto al principio de subsidiariedad. 
Pues bien, creo que tampoco este elemento se puede utilizar como excusa por parte de quien sea, porque aquí se establecen los instrumentos jurídicos que se pueden adoptar, respecto a los cuales existen en algunos casos trabas y en otros oportunidades, según los ordenamientos de los Estados miembros. 
No obstante, creo y espero que hoy el Pleno apruebe por amplia mayoría la propuesta de la ponente, Sra. Hautala, que cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de la Comisión de Derechos de la Mujer, ya que estimo que también éste será un paso adelante en la aplicación de uno de los principios básicos de nuestra Comunidad, es decir, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
Señor Presidente, me gustaría sumarme a las felicitaciones dirigidas a mi colega Heidi Hautala: siempre se ha esforzado en buscar el consenso y también ha incorporado algunas cuestiones que nos preocupaban. 
Por lo tanto, espero que sus esfuerzos se vean compensados ahora a las once, porque un informe que ha sido elaborado con tanta dedicación y sobre el cual debería haber un gran consenso, ha de ser respaldado por una gran mayoría de este Parlamento. 
En todo caso, puede contar con el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario. 
Si la gente me pregunta cuál es el valor añadido de Europa lo más fácil es dar algunos ejemplos de lo que ha hecho Europa por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
Han cambiado ya muchísimas cosas, también en mi propio país, los Países Bajos. 
A veces nos creemos que somos la vanguardia pero eso no es, ni mucho menos, verdad y quedan multitud de cosas por cambiar. 
A este respecto, me parece que esta modificación es muy importante y estoy contenta de que se progrese en este tema en Europa. 
Señor Presidente, el acoso sexual en el trabajo tiene que acabarse. 
Es sumamente complicado tomar medidas contra esas prácticas y las víctimas tienen la sensación de estar solas. 
Es realmente un paso importante hacia adelante que se considere esto como discriminación, porque así se podrá luchar mejor contra este problema. 
Pero, naturalmente, aquí también prima el lema de "más vale prevenir que curar". 
Y si se obliga ahora a las empresas a que tomen medidas preventivas al respecto, esto significa que se va a acabar con este problema, si todo va bien. 
Por otra parte, la maternidad quedará mejor protegida por esta legislación, porque hoy en día la posibilidad de "perder" a la mujer por una baja de maternidad durante una época sigue sopesando en las decisiones sobre ascenso o contrataciones, porque así lo ven todavía muchos empresarios. 
La única manera para que no se sopese esa posibilidad y para que desaparezca esta discriminación, es intentar promover un reparto mejor de las tareas domésticas entre hombres y mujeres. 
Por esa razón, a nuestro Grupo Parlamentario le parece importante que los hombres también puedan pedir una baja por paternidad y si esto no es posible, que sea considerado como un trato discriminatorio. 
He aquí el motivo por el cual presentamos nuestra enmienda. 
Debo decir que me sorprendió que los demócrata-cristianos en la Comisión de Derechos de la Mujer hayan intentado eliminarla aunque he entendido que se ha llegado ahora a un consenso al respecto. 
Espero que sea así y que a las once podamos dar entre todos una señal inequívoca de que los padres también han de poder pedir esta baja. 
Para terminar, Señor Presidente, quiero decir algunas palabras sobre el papel que pueden desempeñar las instituciones europeas para dar ejemplo. 
Y me refiero a la modificación del estatuto de los trabajadores de instituciones tales como este Parlamento, y también la Comisión. 
Si contemplamos las posibilidades de pedir una baja por maternidad en las instituciones europeas, y sobre todo las posibilidades de pedir una baja por paternidad, entonces vemos que la situación es lamentable. 
Espero que la Comisaria pueda explicar a sus colegas que las instituciones europeas tienen realmente una función muy importante para demostrar que nuestras instituciones funcionan de esta manera y dar de esta forma una clara señal al resto de Europa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el undécimo informe anual sobre los Fondos Estructurales, en el que, por primera, vez se examinan las medidas comunitarias en favor de la igualdad de hombres y mujeres, señala que si bien la participación activa de la mujer en el mercado laboral ha venido aumentando de forma continuada en las últimas tres décadas todavía subsisten importantes diferencias entre ambos sexos. 
En casi todos los Estados miembros, las tasas de desempleo son más altas para la mujer que para el hombre. 
La diferencia en las tasas de empleo entre ambos sexos alcanza en los Estados miembros una media próxima al 20%. 
El empleo de las mujeres se reduce en función del número de hijos. 
Las mujeres asumen la mayor parte del trabajo no remunerado realizado en los hogares, incluido el cuidado de los hijos y de otras personas dependientes. 
Incluso en los países que cuentan con unas altas tasas de empleo, las mujeres están sobrerepresentadas en los puestos de trabajo a tiempo parcial, en muchos casos de forma involuntaria. 
Y, además, las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres siguen siendo considerables: un 28% por término medio a nivel comunitario. 
En definitiva, que en esta Europa, paladín de los derechos humanos, las mujeres no gozan en la práctica de los mismos derechos que los hombres; persiste su menor presencia representativa en las instituciones públicas y también en los puestos de decisión de las entidades privadas; y siguen siendo ellas las primeras víctimas de malos tratos en el seno de la pareja y de la violencia sexual. 
Estoy convencido de que la mujer no podrá ser verdaderamente libre, igual al hombre, en tanto no tenga las mismas oportunidades de encontrar un puesto de trabajo, no cuente con igual remuneración y no consiga una independencia económica real. 
Y el día en que logre estos objetivos, el resto de las desigualdades también habrá desaparecido. 
Es bien cierto que el Consejo Europeo de Lisboa ya señaló un objetivo para incrementar el índice de empleo femenino medio comunitario del 51% actual hasta superar el 60% en 2010. 
Pero cuando pienso que, por ejemplo, en el Estado español ese índice de mujeres con empleo apenas alcanza ahora el 35%, me parece que no ya en 10 sino ni siquiera en 20 años vamos a poder hablar de una verdadera igualdad entre ambos sexos, máxime si se siguen manteniendo importantes cotas de falta de puestos de trabajo en general. 
Quizá vaya siendo hora de que nos tomemos más en serio, por ejemplo, las propuestas de Orio Giarini y Patrick Liedtke, en su informe al Club de Roma, titulado "El dilema del empleo: el futuro del trabajo" -donde abogan por el reparto de la jornada laboral- o también las propuestas de Peter Hall que orientan la fiscalidad hacia los consumos empresariales y liberan de cargas y gravámenes el factor costo de mano de obra. 
El reto de la igualdad es sobre todo el reto del empleo. 
Por ello, felicito la iniciativa de modificar la Directiva 76/207/CEE, de hace 25 años, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
Felicito también a la diputada Heidi Anneli Hautala, presidenta del Grupo Verdes/ALE por su magnífico informe. 
Señor Presidente, quisiera sumarme a los elogios a la Sra. Hautala, quien ha trabajado arduamente en la elaboración de este informe. 
Me imagino que no ha sido fácil para la ponente aunar todos los criterios, aunque ha habido mayoría femenina en los trabajos. 
Quisiera destacar que la realidad a menudo sobrepasa a las legislaciones. 
También quisiera recordarles que no basta con la existencia de normas, éstas deben complementarse. 
Por eso me gustaría aprovechar la ocasión para hacer presente la necesidad de planes para la igualdad de trato entre hombres y mujeres y la responsabilidad de los empleadores en una sociedad moderna. 
La Sra. Ghilardotti dijo que el papel de las mujeres ha cambiado en los últimos 25 años, pero también el de los hombres y, consiguientemente, la vida laboral. 
Creo que el último bastión que queda son justamente los patronos y sus organizaciones. 
Se ha hablado mucho del acoso sexual. 
Es un concepto difícil de precisar, pero hay juristas suecos que están intentando definir esta conducta no deseada en un centro de trabajo. 
Es interesante definir fenómenos que, aunque son antiguos, sólo ahora han adquirido relevancia. 
Me gustaría dejar en claro que la paternidad no es algo que se elige. 
Se es padre sólo cuando se tienen hijos. 
Los patronos quieren saber cuando dan empleo a una persona si ésta va a ser padre o si tiene planes para serlo. 
La vida laboral es una parte de la vida y no toda la vida. 
Lo mismo vale para hombres y mujeres, y también para los niños. 
Espero que una gran mayoría respalde las propuestas de la Sra. Hautala. 
Señor Presidente, en nombre de los diputados radicales italianos de la Lista Bonino, anuncio que no vamos a apoyar el informe de la Sra. Hautala, y no porque estemos en contra de los principios expuestos y de los objetivos que se desean alcanzar, sino porque creemos que en las Instituciones europeas se emplean cada vez más medios equivocados para alcanzar fines y objetivos justos y aceptables. 
Con frecuencia se hace de manera burocrática jugando siempre la carta de una ley, de una directiva, de una nueva imposición. 
La Directiva de 1976 ha cumplido una función fundamental, y no quiero extenderme sobre esto, pero el intento que hoy se hace con este informe, con esta Directiva de profundizar a través de estos instrumentos jurídicos la aplicación de la igualdad de trato, creo que nos puede llevar a tomar un camino equivocado, en que los beneficios corren el riesgo de no compensar los perjuicios. 
La inversión de la carga de la prueba, por ejemplo, altera los principios liberales del Estado de Derecho, en nombre de la causa a lograr. 
La legitimación de las acciones positivas, por ejemplo, se ha de correlacionar con la evaluación de su duración y de su proporcionalidad. 
La creación de organismos nacionales independientes- esto vale en este caso pero, desde mi punto de vista, vale en todos los demás casos- que desarrollen funciones pre o parajudiciales, sería un calco incomprensible del recurso jurisdiccional tradicional. 
En lo que se refiere al acceso al mercado de trabajo, estimo que ante todo hay que tomar en consideración- esto vale para el caso italiano- algunas medidas totalmente tradicionales como la flexibilidad del mercado laboral y la revisión del gasto social, absorbido completamente, por ejemplo, por el gasto de protección social, unas medidas que facilitarían y que en parte ya están facilitando la igualdad de trato en el mercado de trabajo, sin necesidad de nuevas leyes y de nuevas burocracias. 
Señor Presidente, señora ponente, nadie puede oponerse a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Aun cuando sería preciso saber de qué se está hablando, ya que es muy difícil hacerse una opinión clara sobre su informe, habida cuenta de las fórmulas vagas, contradictorias, incluso absurdas que encierra, tales como la enmienda 69 donde hubiera sido mejor hablar de "permiso parental" para el padre o la madre. 
¿Cómo osar hablar de igualdad, si se toleran excepciones tales como la enmienda 10 o la enmienda 24? 
Hablar de igualdad, es reconocer la igual dignidad de toda persona humana, hombre o mujer. 
Hablar de igualdad, es reconocer la especificidad del hombre y de la mujer en la organización de nuestras sociedades. 
Especificidad que conduce más a una complementariedad que a una rivalidad entre hombres y mujeres. 
No puedo sino sorprenderme de que este informe haya sido votado en comisión únicamente por mujeres. 
¡Bravo por la igualdad! 
Por otra parte, quisiera saludar a mis compañeros que tuvieron el valor de tomar la palabra esta mañana. 
Me sorprende también que la enmienda 40 dé a las asociaciones el derecho de promover una acción en justicia sin obligación del consentimiento de la víctima en caso de discriminación. 
¿De qué asociaciones se trata? 
¿No corresponde más bien a nuestros Estados hacer aplicar la ley y comprobar que no exista ninguna excepción a la ley? 
Entonces, ¿qué perspectivas podemos considerar? 
Es preciso salir de esta dialéctica que promete la liberación de las mujeres proponiendo una competición con nuestros compañeros masculinos para convertirnos en supermujeres. 
No somos un clon del hombre, no somos un engranaje del sistema de producción. 
No pueden separarse los derechos de la mujer del reconocimiento de su especificidad. 
Nuestra sociedad aspira a un nuevo feminismo. 
Somos mujeres, esposas y madres. 
En tanto que mujeres, queremos evolucionar según nuestro propio modelo, nuestra sensibilidad, nuestra intuición y nuestra inteligencia. 
El hombre no podrá jamás ser la referencia única del desarrollo del ser humano. 
En tanto que esposas, la complementariedad entre hombres y mujeres implica una cooperación necesaria en la vida profesional, la vida social y la vida familiar. 
En tanto que madres, llevamos en nosotras el porvenir de la humanidad y, Sra. Hautala, tiene usted razón en subrayar que nada debe impedir a una mujer dar la vida. 
Entonces, "sí" a la igualdad entre hombres y mujeres, pero respetando la especificidad y la dignidad de cada uno. 
Señor Presidente, señora Comisaria tenemos hoy aquí la propuesta de modificación de la Directiva relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo. 
Las modificaciones se presentan teniendo en cuenta el Tratado de Amsterdam y las sentencias del Tribunal de Justicia de los últimos años. 
Se trata fundamentalmente de adecuar la Directiva a la realidad social y de recoger las demandas de las mujeres para solucionar los problemas de diferente trato en el ámbito laboral. 
Se considera, por primera vez, que el acoso sexual en el lugar del trabajo es una discriminación en función del sexo. 
Solicitamos medidas preventivas y medidas que ayuden a las mujeres que, por culpa del acoso sexual, ven perjudicada su vida laboral y su carrera profesional. 
Hay que resaltar el apoyo que las modificaciones introducidas dan a la mujer en lo que se refiere al embarazo y a la maternidad, garantizando la vuelta al puesto de trabajo y beneficiándose de las posibles mejoras que pudieran haberse producido en el mismo durante su ausencia. 
Las medidas de acción positiva para equilibrar la representación en los diferentes sectores laborales serán también una ayuda eficaz. 
Las mujeres, especialmente las más jóvenes, tienen hoy una alta cualificación profesional, que no se ve correspondida con el desarrollo de su vida laboral, ocupando, generalmente, puestos de cualificación inferior que no les permiten alcanzar plenamente sus expectativas profesionales. 
La Directiva facilitará la solución de estos problemas, pero son los Estados miembros en su legislación nacional los que finalmente deben conseguir que la mujer pueda trabajar plenamente sin que por ello su vida personal y familiar se llene de problemas. 
Los que pensamos que se debe apoyar a la familia sabemos que es imprescindible empezar por apoyar a las mujeres para facilitar la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional como un principio de la legislación comunitaria. 
Tengo que decir que, realmente, ha sido difícil trabajar en esta propuesta, pero hemos hecho un esfuerzo por resaltar los puntos de acuerdo y los objetivos que persigue la Directiva por encima de las diferencias lógicas entre grupos políticos distintos. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Socialista, yo acojo con satisfacción la reforma de la Directiva de 1996 sobre la igualdad de trato y felicito a la Sra. Hautala por el esfuerzo realmente inmenso que ha realizado para alcanzar un consenso en el Parlamento. 
A mi modo de ver, con ella también hacemos una contribución importante en el marco de la estrategia general a favor de la integración de la dimensión de igualdad en las políticas. 
Las enmiendas al texto de la Comisión, que nosotros apoyamos, amplían y concretan el campo de aplicación de la directiva. 
En ellas proponemos definiciones concretas de la discriminación directa e indirecta en el lugar de trabajo. 
Por primera vez se reconoce el acoso sexual en el trabajo como una discriminación por razón de sexo y nuestras enmiendas ofrecen a las trabajadoras diversas vías para defenderse y solicitar el apoyo de un servicio independiente. 
También introducimos el derecho de reincorporación a un puesto de trabajo adecuado tras el período de permiso de maternidad. 
Hemos introducido asimismo una enmienda que protege también a los padres que soliciten el permiso de paternidad. 
Que en cualquier caso son muy pocos. 
Alrededor de un 2 % de los padres hacen uso de este derecho en toda Europa y no debemos excluir a estos padres progresistas de nuestros esfuerzos. 
Yo confío en que esta enmienda reciba un amplio apoyo y creo que también constituye una aportación importante a la integración de la dimensión de igualdad. 
Los socialistas queremos dejar atrás las antiguas estructuras obsoletas y no seguir reproduciendo los estereotipos. 
La directiva obliga a los Estados miembros a combatir activamente la discriminación y deja atrás el tiempo de las normas no vinculantes. 
Yo tengo la impresión de que el debate sobre estas cuestiones se está animando justamente ahora en Alemania. 
Se pide que la directiva sobre la igualdad de trato se aplique también en la empresa privada. 
Después de los casos que hemos vivido, yo espero que finalmente podamos conseguir conjuntamente algunos progresos para las mujeres. 
Señor Presidente, fiel a la tradición nórdica, no acostumbro a elogiar innecesariamente, pero en esta ocasión me satisface leer un informe con los elementos que mencionó la Sra. Gröner, esto es, por ejemplo, los derechos de los hombres y mujeres jóvenes a volver a sus puestos de trabajo después de una licencia para el cuidado de sus hijos pequeños. 
Esto me parece bien. 
Uno de los asuntos primordiales son las nuevas reglas contra la discriminación de las mujeres, es decir, el derecho a volver al puesto de trabajo después de las licencias para atender a los hijos pequeños. 
Según la propuesta, después de una licencia un empleado o trabajador tiene derecho a volver a su trabajo o a otro equivalente en condiciones que no sean desventajosas. 
Asimismo, se prohiben, y constituyen una discriminación, los tratos que impliquen desventajas para las mujeres y que estén relacionados, directa o indirectamente, con el embarazo, con la maternidad o con los intentos para armonizar la vida familiar y la actividad laboral. 
Conozco un caso en Oravis, donde paso los veranos, en que un empleado fijo fue obligado a dimitir para poder despedir a quien lo sustituía. 
¿No está esto prohibido por tratarse de una clara discriminación y por ser un atropello al derecho a volver al puesto de trabajo? 
Los procedimientos de este ayuntamiento están en abierta contradicción con las futuras normas. 
Este ejemplo demuestra que se necesitan nuevas directivas. 
Es conveniente que existan normas que impidan conductas discriminatorias hacia las mujeres en puestos de dirección, tanto en el sector privado como en el público. 
A mi juicio esto es esencial, habida consideración de que muchas mujeres están empleadas como interinas. 
Estas normas les darían protección. 
Espero que sigamos reflexionando sobre un punto. Se trata de las organizaciones profesionales. 
Creo que convendría reflexionar sobre dos derechos esenciales que están consagrados en las constituciones de muchos países, esto es, la libertad de asociación y el derecho a no ser discriminado, el derecho a un trato igualitario. 
Pienso, por ejemplo, en las asociaciones de mujeres juristas, de las que me siento muy cercana, y que hay que intentar conservar. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera destacar hasta qué punto, finalmente, el día de hoy no estamos todos de acuerdo aquí, en este recinto, lo que es un aspecto totalmente positivo. 
Para responder a mi compañero del Grupo Técnico de Diputados Independientes, es en todo caso sumamente lamentable que pueda pensar que la igualdad de sexos escaparía a la legislación. 
¿Cómo hacer para que la igualdad tenga lugar sin leyes? 
Yo nunca he visto, en la historia de la humanidad, que eso se produzca. 
No veo por qué las mujeres deberían ser un caso aparte de la legislación relativa a la igualdad. 
Por tanto, se precisa la ley, y agradezco profundamente a la Sra. Hautala por el trabajo que ha hecho por sí misma y con nosotros, de manera constante, durante varias semanas, incluso varios meses. 
Debo decir que ha dado resultados importantes. 
Porque esta directiva es la más conocida de las directivas relativas a la igualdad de sexos en la historia de Europa. 
Es la más conocida en cada uno de nuestros países miembros. 
Por tanto, es sumamente importante, y creo que la revisión llevada a cabo ha estado a altura de esta importancia. 
Esa es la razón por la que hubiera deseado votar en favor de la enmienda 42 propuesta por la Sra. Hautala, que pide a la Comisión aceptar prever un aparato global legislativo relativo a las mujeres. 
Ya es hora de reunir las diferentes directivas, reestructurarlas conjuntamente. 
Por lo demás, se ha hablado mucho del Tratado de Amsterdam, asimismo se podría hablar de la Carta de Derechos Fundamentales que estipula, en el artículo 23, la igualdad de los sexos en todos los ámbitos, lo que representa un gran paso adelante en relación con la igualdad únicamente profesional y económica. 
Sin embargo, volvamos a nuestro tema. 
Por mi parte, quise que se introdujera en este enfoque global la referencia a la igualdad de remuneración- Directiva de 1975- y me alegre que esté aquí presente, ya que me parece de suma importancia recordarla en materia de igualdad de trato. 
¿Por qué es importante esta directiva? 
Es importante también en relación con los países candidatos a la ampliación. 
Sabemos que las condiciones de empleo de las mujeres, desde la caída del muro de Berlín, más bien han disminuido en algunos países candidatos. 
Quisiera, de ser posible, que la revisión que estamos haciendo pueda servir para las conversaciones con los países candidatos y de cara a la ampliación. 
Sin embargo, no solamente vamos a llevar allí la buena nueva, también podemos llevarla a nuestros Estados miembros. 
Acabamos de votar en Francia una ley en favor de la igualdad profesional muy por debajo de la que hoy proponemos. 
Quisiera que nuestros Estados miembros estén también a la altura de nuestra propuesta de hoy. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la propuesta de la Comisión aporta algunas mejoras. 
Refuerza la protección de las asalariadas que presenten quejas contra la discriminación. 
Define por primera vez el acoso sexual en el lugar de trabajo como una discriminación por razón de sexo y reconoce una protección especial a las mujeres atendiendo a su condición biológica. 
En la aplicación del principio de igualdad de trato se debe poder contemplar la oferta existente, como por ejemplo los agentes para la igualdad o los comités de empresa. 
Éstos deben poder intervenir en el sentido que establece la directiva modificada y evitar así la necesidad de crear nuevos servicios de mediación, con el elevado coste de personal y financiero que esto supone. 
Los controles y el seguimiento de los resultados alcanzados son importantes, pero en este contexto también se podrían ampliar para cubrir los fines de la directiva algunos registros nacionales que funcionan bien, con objeto de que la Comisión pueda elaborar estadísticas europeas. 
La exigencia de informes anuales sobre la igualdad de trato representa un coste desproporcionado para las pequeñas y medianas empresas. 
Las mujeres que traen niños al mundo merecen una protección jurídica especial. 
En los Estados miembros de la Unión Europea se ha conseguido mucho en este aspecto a lo largo de los años. 
La directiva sobre la protección de la maternidad ofrece unas indicaciones claras en este sentido. 
Yo no me opongo a que se incluya a los padres, al contrario, pero sí me opongo a que no se afine y se equipare la protección de la maternidad con la protección de la paternidad. 
Entre una y otra existe una sutil distinción. 
Quien trae los niños al mundo es la madre, no el padre. 
Por lo tanto, es preciso que se pueda establecer una distinción que viene dictada por la naturaleza. 
Queremos conseguir la igualdad de trato, la igualdad social en relación con el trabajo y el empleo, este es nuestro objetivo declarado, pero tenemos que cuidar mucho el equilibrio, para que el empleo de mujeres continúe resultando atractivo en el futuro. 
Señor Presidente, la Directiva de 1976 ha demostrado ser un arma poderosa en la lucha contra la discriminación de las mujeres en el mercado laboral de Europa. 
Lo que estamos debatiendo hoy es la modificación necesaria de esta Directiva. 
Como se ha dicho ya, todo esto ha sido una operación complicada cuyo final no se ve todavía y, en ese sentido, no todo lo que se ha puesto sobre el tapete merece el premio de la elegancia, pero a pesar de todo tengo esperanzas de que el final sea feliz. 
A mi juicio, estos son los puntos de partida que nos deberían guiar en el futuro y quiero hacerle tres preguntas al respecto a la Comisaria. 
En primer lugar: la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que ahora está repartida en ocho directivas, debería tener una mayor claridad jurídica y coherencia y tendría que ser más comprensible para los ciudadanos. 
La cuestión es si este proyecto de modificación va a contribuir a ello. 
Por eso quiero preguntarle a la Comisaria qué piensa de una codificación de las actuales leyes europeas en materia de igualdad de trato para hombres y mujeres. 
En segundo lugar: la legislación europea en materia de igualdad de trato debería ofrecer el mismo nivel de protección para todo tipo de discriminaciones, con definiciones de formas de discriminación lo más parecidas entre si, excepciones, sanciones, etcétera. Esto no se haría sólo en aras del principio de igualdad mismo, sino sobre todo con vistas a la creación de una jurisprudencia coherente. 
Las diferencias en la aplicación de este principio deberían estar basadas en el fundamento de la cuestión misma, como por ejemplo en relación con el embarazo o con las disposiciones del Tratado, como en el caso de las acciones positivas. 
En el proceso tan complicado de promulgar leyes, este principio se ve a veces abocado a un segundo plano, pero supongo que la Comisaria comparte este punto de vista. 
Por lo tanto, me gustaría que me dijera qué es lo que puede y quiere hacer al respecto. 
¿Puede pedir, por ejemplo, a su red de expertos jurídicos que haga un estudio comparativo de las legislaciones relativo a las diferentes formas de discriminación? 
Mi tercera pregunta a la Comisaria está relacionada con el ámbito de aplicación de la legislación de igualdad de trato porque también en esta materia debería haber mayor igualdad. 
¿Cuándo va presentar la Comisaria la legislación ya muchas veces anunciada en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres fuera del mercado laboral, y cuándo vamos a ver propuestas legislativas que atañen a otras formas de discriminación? 
De vez en cuando sorprende que en el año 2001 todavía nos veamos obligados a discutir la igualdad de derechos, pues ¿quién es contrario realmente a la igualdad de derechos? 
Al escuchar ahora a ciertos oradores, una se da cuenta de que este debate sigue siendo sumamente necesario. 
Es posible que no haya nadie que se oponga a la palabra igualdad de derechos, sin embargo, la verdad es que sí hay muchos que se oponen a llevar a la práctica la igualdad de derechos, lo que intentamos hacer con esta legislación. 
Me gustaría dar las gracias a la Sra. Hautala por el enorme trabajo que ha dedicado a esta legislación, pues es un ejemplo de cuán necesario resulta disponer de una legislación a la que poder aferrarnos para poner en práctica la igualdad de derechos. 
Así lo han demostrado todo tipo de sentencias. 
Me parece estupendo que la Sra. Hautala haya podido elaborar un informe progresista y que al mismo tiempo haya logrado para éste un amplio respaldo. 
Tal cosa es necesaria pues hacen falta 314 votos para conseguir la aprobación del informe. 
La igualdad de derechos es uno de los ámbitos en los que la UE en general marcha a la cabeza. 
Éste es un punto en el que las mujeres quizá debemos insistir algo más en el debate público, cuando discutamos la UE y en cualquier caso en aquellos contextos en los que nos enfrentamos a opositores muy firmes que piensan que la UE no hace nada en absoluto por los ciudadanos. 
Lo anterior ejemplifica perfectamente cómo la UE sí hace algo por los ciudadanos y va muy por delante, de hecho también con respecto a los países escandinavos. 
Podemos decir que se trata realmente de un efecto colateral muy positivo entre los Estados miembros y la Comisión. 
La propuesta trata diversos aspectos, por ejemplo, el acoso sexual y las condiciones con respecto al parto, pero también las posibilidades para los padres. 
Me parece fantástico que hayamos sacado a la luz la cuestión de los padres, pues si queremos disfrutar realmente de la igualdad de derechos, resulta absolutamente necesario que también se implique al género masculino en mayor medida. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la equiparación real entre las mujeres y los hombres es una de las tareas más importantes en el ámbito de la política social. 
Las mujeres todavía están discriminadas en el mercado laboral. 
Las mujeres continúan ganando menos que los hombres. 
Las mujeres están subrepresentadas en los puestos directivos. 
El paro femenino sigue siendo más alto que el paro entre la población masculina en toda Europa. 
El informe Hautala constituye una aportación importante a la igualdad de trato. 
Aun así, yo creo que la directiva debería incluir otros varios aspectos de la vida laboral femenina. 
La reforma propuesta se queda corta. 
Por ejemplo, faltan disposiciones que regulen el derecho a la igualdad en las condiciones de contratación. 
¡Las mujeres deben recibir el mismo salario por un trabajo de igual valor! 
Necesitamos normas con objetivos bien definidos que regulen la reincorporación al puesto de trabajo tras los períodos de interrupción de la actividad laboral. 
Yo reivindico la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de la vida social e insto al Consejo y a la Comisión a que adopten medidas para alcanzar estos objetivos. 
Señor Presidente, la Directiva que se ha presentado ahora tiene como objetivo adaptar la de 1976 a las evoluciones que ha experimentado nuestra sociedad en los últimos años. 
Quiero felicitar a la Comisión por esta iniciativa de adaptar a nivel europeo la regulación en este ámbito conforme a estas evoluciones y de querer darle un nuevo impulso. 
La directiva constituye un conjunto formado por la recomendación sobre atención a la infancia, con la directiva sobre bajas por maternidad y paternidad, con la directiva que establece las condiciones mínimas para la mejora de la seguridad y la salud de mujeres embarazadas en el trabajo, como también con la directiva que fue sometida a debate el año pasado basándonos en el artículo 13 y cuyo informe adoptamos finalmente. 
Señor Presidente, en muchos países y en muchas situaciones la mujer sigue recibiendo todavía un trato desfavorable y discriminatorio. 
La combinación del trabajo y el cuidado de la familia sigue causando problemas en muchos casos, no sólo para las mujeres, sino también para los hombres que lo quieren combinar. 
Por otra parte, aún hay pocos hombres que soliciten la baja por paternidad: según los últimos datos esa baja la solicitan siete hombres por cada cien mujeres en Dinamarca, uno por cada cien en Francia y dos por cada cien en Alemania. 
Celebro sinceramente que las enmiendas que velan por la protección del embarazo y de la maternidad hayan sido completadas con medidas relacionadas con la paternidad. Señora Van der Laan, lo celebro como lo celebran también muchas otras mujeres del Grupo Parlamentario demócrata-cristiano. 
Otra cuestión, señor Presidente, es la del acoso sexual. 
Por lo visto, esto es más frecuente de lo que pensamos. 
El informe presenta una serie de propuestas para luchar contra este acoso y prevenirlo. 
El año pasado fui ponente de opinión en relación con la directiva del artículo 13. Me parece que hay muchos puntos en común con la directiva que estamos debatiendo ahora. 
Subrayé entonces el importante papel que puede desempeñar un consejero confidencial. 
No tiene porqué ser una persona dedicada exclusivamente a estas tareas- eso sería inviable en las organizaciones más pequeñas- pero sí tendría que ser alguien que merece la confianza de muchos y que puede hacer el papel de mediador. 
También abogué entonces por la puesta en marcha de un organismo independiente que atienda las quejas. 
Por lo tanto, doy mi apoyo a las enmiendas introducidas con dicho fin. 
Está claro que el informe va a tener también mucho impacto en los empresarios, por ejemplo por la publicación de informes y la readmisión en el mismo puesto. 
Creo que podemos dar un buen impulso a la vez que podemos establecer unos requisitos aceptables para los empresarios. 
Señor Presidente, en mi breve intervención me centraré en una novedad importante en la Directiva y en el excelente informe de nuestra colega Hautala, que es el acoso por razones de sexo. 
Las diferentes investigaciones han demostrado que cientos de miles de trabajadores, en su gran mayoría mujeres, lo han sufrido con todas sus nefastas consecuencias para su salud y su carrera profesional. 
Quisiera recordarles que por eso el EVV ya era partidario hace tres años de iniciar unas negociaciones colectivas para atajar este problema, pero lamentablemente las organizaciones patronales se negaban. 
Por este motivo, es necesario y útil que actúe ahora el legislador. 
Por lo tanto, Señora Comisaria, estoy satisfecha de que en la propuesta se considere el acoso sexual como una forma de discriminación por razones de sexo. 
Me parece que el enfoque de la Comisión Europea de imponer sanciones es acertado, pero quizás insuficiente. 
Por eso sería bueno que el Parlamento Europeo se encargara de diseñar una política de prevención, como por otra parte ya estaba previsto en el código de conducta de la recomendación de 1991 en materia de la protección de la dignidad de hombres y mujeres en el trabajo. 
Somos de la opinión de que los empresarios también han de asumir su responsabilidad para procurar que no se produzca acoso sexual en el entorno laboral. 
El Ministro Onkelinx presentó hace poco en Bélgica una propuesta legislativa con el fin de que cada empresa elabore un plan preventivo y que nombre también un asesor de prevención. 
Me parece un enfoque muy bueno que puede servir de ejemplo para el resto de Europa. 
Por lo tanto, espero que esta Directiva, tal como se ha presentado ahora con las modificaciones que nuestra Comisión ha introducido, pueda ser adoptada durante la Presidencia belga. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar a la Sra. Hautala por su informe. 
Europa cuenta con una larga tradición en la lucha por conseguir la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. 
Se ha luchado sobre todo por la posición de la mujer: el mismo salario por el mismo trabajo, la igualdad de trato en el sistema de la seguridad social, unos derechos individuales de jubilación y de protección social y algunas regulaciones con respecto a la combinación del trabajo y el cuidado de la familia. 
La legislación que hoy se debate constituye un hito. 
La propuesta da un nuevo sentido al principio de discriminación tal como emana del Tratado de Amsterdam, pero seguramente también procede de las sentencias del Tribunal de Justicia, que siempre ha sido un compañero en la lucha por los derechos de la mujer. 
Por primera vez se da sentido a nivel europeo al concepto de acoso sexual. 
El acoso sexual es una violación del principio de igualdad entre hombres y mujeres y va también en contra de la dignidad de hombres y mujeres. 
Este problema se va a poder abordar mucho mejor a partir de ahora. 
Con respecto al contenido que se da al principio de discriminación, quiero dar las gracias a la ponente por haber incorporado directamente mi enmienda que tenía por objeto ampliar el concepto mencionando, además del lugar de trabajo, tanto el acceso al empleo, como también a la formación y la promoción profesionales que finalmente pueden resultar en un puesto de trabajo. 
Asimismo, quisiera expresar mi malestar por los aspavientos que ha hecho la Sra. Van der Laan. 
Ha empleado una parte de su intervención para decirnos: he sido yo, la Sra. Van der Laan, la que ha lanzado la idea de que también había que abordar el tema de la paternidad. 
Señora Van der Laan, si hubiera prestado más atención, se habría enterado de que también esa idea hubiera obtenido en todo caso una mayoría por parte de nuestro Grupo Parlamentario. 
Por lo tanto, me parece que el comportamiento de voto al respecto no dejará traslucir muchos enfrentamientos. 
Como punto final me gustaría decir que la discriminación muchas veces tiene que ver con el sexo. 
Sólo me queda un problema, que es el de los padres adoptivos, para el cual no existe un fundamento jurídico real. Me pregunto si no deberíamos abordar esta cuestión al mismo tiempo. 
Señor Presidente, señora Comisaria estamos hoy ensanchando las fronteras de la igualdad de trato y extendiéndola a todos los aspectos ligados a la vida profesional de las mujeres; entendiendo por ello, no sólo el empleo, sino también todo el circuito formativo y profesional así como las condiciones de trabajo. 
En la medida en que la igualdad entre los hombres y las mujeres es un objetivo y también una misión de la Unión Europea, es necesario ir adaptando, actualizando y, también, imaginando nuevas estrategias, nuevos textos legislativos que nos permitan cubrir con eficacia esta tarea. 
Es de destacar el articulado referido al acoso sexual, y no me extenderé sobre este punto porque ya ha sido suficientemente destacado. 
Asimismo, es importante ­desde mi punto de vista- que se definan las discriminaciones directas e indirectas y que se establezca la acción positiva como una herramienta de equilibrio de las desigualdades, herramienta transitoria hasta alcanzar la igualdad. 
Desde su inicio, la Comunidad Europea ha pretendido erradicar la desigualdad de trato; pero, desgraciadamente, hoy persisten desigualdades flagrantes en este aspecto sobre las que tampoco me extenderé. 
Alguna organización internacional ha reconocido que, al ritmo al que van las cosas, podríamos alcanzar la igualdad en unos cuatro o cinco siglos y creo que ninguno de los presentes estamos dispuestos a esperar tanto tiempo. 
Es necesario intervenir con medidas positivas como ésta para ir modificando un orden de cosas que es profundamente injusto y contrario al desarrollo de nuestras sociedades. 
Desde la Comisión de Derechos de la Mujeres e Igualdad de oportunidades se ha hecho un trabajo riguroso y exhaustivo que mejora sustancialmente la propuesta de la Comisión. 
Nos felicito a todas por ello y, especialmente, a la Sra. Hautala. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Comisión y a la ponente y como estoy de acuerdo con lo que la mayoría de mis colegas han dicho, voy a limitar mi intervención a algunas cuestiones. 
Si miro a mi propio país- ya que creo que todo el mundo estudia cuál va a ser el efecto de la Directiva para su propio país- veo tres puntos cruciales. 
En primer lugar, en esta Directiva se pide que las empresas elaboren un informe anual sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
Yo misma lo he introducido en mi propio país. 
Esto se ha topado con muchas resistencias y nunca se ha llevado a cabo, aunque se trata de una obligación. 
En segundo lugar, la cuestión de las acciones positivas. 
Esta cuestión es también peliaguda, incluso entre las mujeres. 
La tercera cuestión es la de igualdad de remuneración. 
Lo que quiero decir con estos tres ejemplos es que, si queremos que se pongan en marcha las medidas que recoge esta Directiva, que me parece por cierto una buena Directiva, hemos de iniciar unas conversaciones con los interlocutores sociales quizá en una fase anterior de la prevista. 
Sólo cuando ellos muestren su apoyo a los temas en este ámbito y quieran colaborar con su puesta en marcha, las cosas cambiarán en este terreno. 
Veamos el ejemplo de la igualdad de sueldos. En un periodo de recesión se dirá: no vamos a poder dar el mismo sueldo porque estamos inmersos en un periodo de recesión, supone demasiados gastos. 
Sin embargo, en un periodo de una coyuntura favorable tampoco lo hacen. 
Me parece que hay que presionarles más, sobre todo porque todos aceptamos que ellos son los principales responsables del mercado laboral. 
Por otra parte, me gustaría decir muy brevemente algo sobre el acoso sexual. 
Hace unos quince años inicié una campaña en Bélgica al respecto con el lema "Sekscollega, ex-collega". 
Desde entonces se ha elaborado una legislación, se han nombrado consejeros confidenciales, se ha organizado una red de consejeros confidenciales, se ha formado a estos mismos consejeros y he de decir que todo esto funciona bastante bien y que cuenta con el respaldo de los interlocutores sociales. 
Señor Presidente, señora ponente, señora Comisaria, siento gran alegría por el hecho de que tantos diputados se hayan referido a las enmiendas relacionadas con la situación de los padres- especialmente de los padres jóvenes-. 
La maternidad, el embarazo y la paternidad no deben ser razones que impidan la promoción profesional. 
Considero que la enmienda 25 en particular es excelente y está muy justificada. 
Aquí ya se ha dicho que en los ciclos de crecimiento económico se suele postergar el tener hijos, y esto es algo muy preocupante desde el punto de vista de las mujeres jóvenes. 
También considero acertada la enmienda 42 relativa al problema de la igualdad de remuneración, el cual sigue siendo, a mi juicio, el peor problema de las mujeres en materia de igualdad en Europa. 
Es totalmente inadmisible que en muchos sectores, incluso en el sector público, los ingresos medios de las mujeres sean inferiores, aún hoy en día, a los de los hombres que cuentan con igual formación y experiencia profesional. 
Nuestra sociedad y nuestra economía no pueden permitirse el lujo de no aprovechar plenamente las capacidades de toda su población. 
Nuestra sociedad debe ofrecer a todos sus miembros posibilidades iguales e ilimitadas para desarrollarse personalmente en el camino que cada cual haya elegido. 
La existencia de estructuras anticuadas y artificiales no deben ser obstáculo para el desarrollo profesional, cultural y personal, o para la promoción profesional, sin distinción de sexos. 
El acoso sexual es un fenómeno repugnante. 
Quiero destacar que la intrínseca dignidad humana y la integridad del individuo son derechos básicos inviolables, sobre todo para nosotros los conservadores. 
Hay que combatir de forma eficaz el acoso sexual, ese tema tabú durante tanto tiempo. 
Sin embargo, no conviene proceder a intervenir a nivel de la Unión Europea hasta que constatemos que no somos capaces de establecer una legislación de cobertura suficiente a nivel nacional. 
Yo creo que, en esta cuestión, el mejor medio de impedir el acoso sexual es la existencia de unas estructuras sociales íntegras y la creación de una legislación nacional eficaz. 
La legislación de la Comunidad Europea debe cumplir también los principios jurídicos generales que rigen la propia legislación. 
Uno de ellos es la redacción clara, precisa y concisa de los textos legales. 
A la hora de hacer valer sus derechos en los procesos judiciales, la persona debe poder fundar sus pretensiones jurídicas en un texto legal claro. 
En este sentido, coincido con la postura de la Sra. Lulling, que considera que este informe no reviste la necesaria precisión jurídica en todos sus apartados. 
Quisiera añadir que rechazo de plano la enmienda 40 relativa a la adopción de la de demanda colectiva en este ámbito. 
No es que piense que se trate de algo negativo en este campo concreto, pero me opongo en general a la introducción del procedimiento de demanda colectiva en el sistema jurídico europeo. 
. (EN) Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Hautala y a todos los miembros de la comisión que han participado en esta operación tan complicada. 
Primero, la Unión Europea ha propuesto una combinación de herramientas políticas para añadir valor conforme a la política de igualdad de oportunidades, como su legislación, el Quinto Programa, la estrategia en favor del empleo, las orientaciones, las políticas de "mainstreaming", los fondos sociales, etcétera. 
La legislación es una de las herramientas políticas más importantes y eficaces y no existe ninguna necesidad de proponer continuamente nueva legislación. 
Debemos modernizar la legislación en vigor y adaptarla y ajustarla a un mundo en transformación. 
Eso es lo que hemos intentado hacer, teniendo en cuenta nuevos modelos de producción, la familia y la sociedad. 
Hemos tenido en cuenta el nuevo Tratado y el nuevo fundamento jurídico y, naturalmente, hemos tenido en cuenta la casuística del Tribunal de Justicia. 
Quisiera responder brevemente a algunas de las preguntas planteadas. 
Primero, sobre codificación: sí, vamos a presentar nuestro trabajo sobre codificación de la legislación en base al mismo fundamento jurídico. 
Segundo, existe un grupo de expertos que se reúne tres veces al año y que examina los problemas de compatibilidad entre la legislación europea y las legislaciones nacionales. 
En tercer lugar, me han preguntado si pensamos continuar presentado nuevas Directivas que van más allá del ámbito del empleo. 
Nos hemos comprometido a hacerlo y el año próximo presentaremos propuestas. 
En lo que respecta al acoso sexual, hemos aceptado todas las propuestas posibles. 
La cooperación entre la Comisión de Derechos de la Mujer y la Comisión ha sido excelente y creo realmente que se podrá alcanzar un acuerdo sobre la presente propuesta en el Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de 11 de junio. 
Es muy importante alcanzar dicho acuerdo en este Consejo para que podamos pasar a la adopción final durante la Presidencia belga. 
Estoy obligada a hacer referencia a cada una de las enmiendas y explicar por qué la rechazamos o aceptamos, por ello permítanme leerles cuál es exactamente la posición de la Comisión. 
Es muy importante que diga que la Comisión puede aceptar 49 de las 60 enmiendas presentadas, aunque preferiríamos una formulación distinta para 17 de ellas y sólo puedo aceptarlas en parte. 
Apoyo las enmiendas 7 y 21, que aportan definiciones de discriminación directa, discriminación indirecta, acoso y acoso sexual en un artículo. 
La Comisión puede aceptar también, en principio, parte de las enmiendas 39 y 68, que amplían las competencias de los organismos independientes para cubrir todas las directivas en el ámbito de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 
No obstante, la Comisión no puede aceptar la parte de la enmienda 39 en la que se pide financiación y recursos humanos para dichos organismos. 
Asimismo, la Comisión no puede aceptar que dichos organismos examinen y den curso a las quejas de grupos de personas o de organizaciones sin previo consentimiento de los mismos. 
Las enmiendas 15 y 40, en parte, permitirían que organizaciones y asociaciones jurídicas defiendan casos en nombre de un demandante. 
La Comisión sólo puede aceptar esto en aquellos casos en que se cuente con la aprobación o el consentimiento del demandante. 
El espíritu de la enmienda 10 y parte de las enmiendas 25, 46 y 69 hacen hincapié en la importancia de la conciliación de la vida familiar y de la profesional y pide una acción complementaria sobre el permiso parental. 
Podemos aceptar las enmiendas 12 y 38 sobre la protección de las víctimas de la discriminación, incluidos los trabajadores y los delegados sindicales contra cualquier trato adverso. 
La enmienda 33 aclara que la aplicación del principio de igualdad de trato en lo que respecta a la afiliación y la participación en una organización no debe prohibir las organizaciones de un solo género. 
La Comisión nunca tuvo intención de imponer semejante prohibición. 
También aceptamos: las enmiendas 14 y 42 en las que se instan a los Estados miembros a alentar a los empresarios a preparar informes anuales relativos a la igualdad con vistas a fomentar la igualdad de trato; la enmienda 41, sobre el fomento del diálogo con las organizaciones no gubernamentales que tengan un interés en el fomento de la igualdad de oportunidades. 
La Comisión no puede aceptar parte de las enmiendas 11, 27 ni la enmienda 55 porque introducen una definición de las acciones positivas en el texto de la propia Directiva. 
Esta definición de acciones positivas ya está contenida en el texto del Tratado y, por consiguiente, no debe formar parte de la Directiva. 
No obstante, la Comisión podría aceptar que en los considerandos y en el texto de la Directiva se haga una referencia a la Declaración 28 del Tratado, que prevé la posibilidad de dar prioridad a las mujeres en medidas de acción positiva. 
La Comisión puede aceptar parte del resto de las enmiendas 11 y 27, la elaboración de informes sobre acciones positivas cada dos años, pero no informes anuales ni que estén relacionados con el proceso de empleo. 
Eso sería poco realista y demasiado complicado. 
No puedo aceptar la enmienda 1 ni partes de varias otras enmiendas, que sustituyen la "igualdad de trato entre hombres y mujeres" por "igualdad entre mujeres y hombres". 
Eso sería incompatible con el texto del Tratado. 
Es un tema de gran importancia; no es cuestión de diferencias políticas ni de un problema de ideologías. 
Debemos utilizar el texto del Tratado y el texto del Tratado es "igualdad de trato entre hombres y mujeres". 
La Comisión puede aceptar esta última formulación. 
La Comisión también rechaza parte de las enmiendas 9 y 59 por cuestión de principio, porque hacen referencia a la necesidad de modificar otra directiva comunitaria sobre la igualdad de trato en relación con la maternidad. 
Una directiva no puede prever futuras modificaciones de otra directiva relativa a la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. 
Tampoco puede aceptar la enmienda 4, que hace referencia a la necesidad de que la Comisión presente propuestas sobre la base del artículo 13 para cubrir ámbitos que sobrepasan aquél del empleo y de la formación profesional. 
Una disposición semejante no puede estar contenida en una directiva que no va más allá de estos ámbitos. 
Pero como ya he dicho, pensamos proponer medidas en 2002. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 36 y 61 que amplían la protección judicial a todos los casos en los que la discriminación se produce después de concluida la relación laboral. 
Esto sobrepasa el ámbito de la Directiva. 
La enmienda 44, que prevé el cumplimiento del contrato con respecto a la igualdad de trato, en particular, en el contexto de los contratos públicos, sobrepasa el ámbito de la Directiva, pero ya hemos tratado anteriormente sobre ello con la comisión y le he explicado que existe cooperación entre el Sr. Bolkestein y yo. 
Presentaremos una comunicación y apoyamos y alentamos a los Estados miembros a que tengan esto en cuenta. 
Por último, como pueden ver, la Comisión puede aceptar la mayoría de las enmiendas del Parlamento. 
Quisiera resaltar nuestra aceptación de las enmiendas 7 y 21, las definiciones de la discriminación directa e indirecta, acoso y acoso sexual, y la enmienda 39, en parte, el alcance de las competencias de dichos organismos independientes. 
Acepto, en espíritu, las enmiendas 2, 3, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 51 y 60 y, en parte, las enmiendas 5 y 9, primera parte, en espíritu, la enmienda 11, primera parte, las enmiendas 12, 17, 19, 23, 25, 27, 30, 39, 40, 43 (segunda parte) , 46 (segunda parte) , 50 (segunda parte) y 69 (segunda parte). 
Hemos podido aceptar muchas enmiendas en su totalidad, tales como las enmiendas 13, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 41, 42, 45, 47, 60, 66 y 68. 
No obstante, rechazo las enmiendas 1, 4, 36, 43 (primera parte) y las enmiendas 44, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65 y 67. 
Ésta ha sido la primera vez que la Comisión de Derechos de la Mujer ha participado en el procedimiento de codecisión. 
Ha sido una primera experiencia muy fructífera, porque una labor tan complicada como ésta ha dado resultados excelentes. 
Quisiera felicitarles. 
También quisiera expresarles mi agradecimiento por su cooperación que nos permitirá disponer cuanto antes de la presente Directiva. 
Muchas gracias, señora Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Mercado europeo integrado del empleo 1998-1999 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0169/2001) del Sr. Ribeiro e Castro, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión (COM (2000) 607- C5-0104/2001- 2001/2053 (COS) ) concerniente a las actividades EURES 1998-1999 "Hacia un mercado europeo integrado del empleo: la contribución de EURES". 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, pocos conocen aún la existencia del EURES, creado en 1993 y heredero del antiguo SEDOC. 
Pocos saben lo que hace el EURES, lo que tiene ya a disposición de quien busca trabajo en otro país de la Unión o de quien, siendo empleador, admite candidatos de otro país. 
Pocos son los que saben también lo que EURES puede representar en el futuro. 
Por eso, nuestra primera recomendación va orientada en la más intensa divulgación de EURES y de su base de datos, cosa que debe reflejarse en su presupuesto, en el plan de actividades y en la ejecución presupuestaria, así como en los diferentes Estados miembros, en los que debe ser continuado por sus servicios públicos de empleo, que ya hoy están articulados entre sí mediante EURES. 
EURES es una red de redes constituida por cerca de 500 euroconsejeros, por los organismos e interlocutores públicos y asociativos y ofrece una valiosa posibilidad de consulta directa por mediación de la red Internet en red abierta. 
Va encaminado a fomentar la transparencia del mercado laboral europeo con funciones de información, asesoramiento y ayuda a la colocación. 
Abarca no sólo la Unión, sino también el Espacio Económico Europeo, por lo que comprende actualmente 17 países. 
En una palabra, va encaminado a facilitar el ejercicio efectivo del derecho a la libre circulación de trabajadores y a favorecer la movilidad, que, por nuestra parte, entendemos no como un fin político en sí mismo, sino como una necesidad de responder a solicitudes voluntarias y espontáneas de las personas. 
Pero poco sentido tiene todo eso, si, en la base, las personas no conocen su existencia. 
Por tanto, la primera prioridad es la de fomentar y divulgar. 
Por lo demás, gracias al recurso cada vez mayor a la red Internet la eficacia de EURES dependerá cada vez más del conocimiento generalizado por el público en general y mucho menos de simples mejoras en el funcionamiento burocrático de servicios y organismos. 
Unas palabras especiales merece un sector concreto de EURES, el encaminado a la cooperación transfronteriza en la esfera del empleo y de la movilidad laboral y que presenta claramente un nivel de respuesta más acentuado: el EURES transfronterizo. 
Hoy existen ya veinte estructuras específicas en ese ámbito, pero aún falta mucho por hacer al respecto. 
He de recordar, en particular, el caso de la frontera de mi país con España, que está en gran medida desatendida y tengo también presentes los nuevos imperativos y oportunidades que la próxima ampliación suscitará en esa esfera. 
Ahora bien, gracias a las importantes virtualidades que esas estructuras del EURES transfronterizo ofrecen en cuanto a desarrollo local, de diálogo social descentralizado, de desarrollo específico de la movilidad transfronteriza, otra prioridad para el futuro consiste claramente en poder trabajar en otro país sin cambiar de residencia. 
Pasando propiamente al período 1998-1999, sobre el que versa el informe de la Comisión, revela datos positivos que señalamos. 
Y también aspectos negativos que conviene empezar a corregir de inmediato: la ya citada falta muy grande de conocimiento público, la poca participación en términos relativos de las organizaciones patronales, el muy acentuado desequilibrio nacional entre la presencia de los diferentes Estados miembros, dato preocupante e imposible de aceptar, algunas insuficiencias advertidas en el web site, en particular en cuanto a su naturaleza efectivamente multilingüe, en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos europeos, y la falta de mención alguna de las regiones ultraperiféricas, por lo que pedimos también, para el futuro, una atención especial a sus problemas específicos en esa esfera. 
El propio informe de la Comisión contiene, a nuestro juicio, algunas deficiencias que señalamos. 
En particular, una ausencia de diagnóstico, así como la falta de una evaluación de la situación desde el punto de vista de la evolución del servicio en sí, del estado efectivo de la movilidad laboral en los marcos de la Unión y del Espacio Económico Europeo. 
Los futuros informes de EURES serán mucho más útiles y de mucho mejor comprensión política, si presentan su visión crítica sobre los éxitos y los fracasos habidos, si incluyen más información relevante, estadística o cualitativa, si nos permiten apreciar mejor la corrección de la fijación de las prioridades, con el deseo de metas y estrategias futuras, y si nos permiten también hacer una buena verificación parlamentaria de los fundamentos de las opciones seguidas. 
Por lo demás, la necesidad de esa reformulación de los futuros informes bienales de EURES y de su contenido se desprende en particular de las conclusiones de la última Cumbre de primavera, en Estocolmo, en particular de las aprobadas a raíz de la comunicación de la Comisión al Consejo titulada "Nuevos mercados laborales europeos, abiertos a todos, con acceso a todos", que compartimos y acogemos con satisfacción y cuya articulación recomendamos vivamente en este marco. 
Proponemos también un programa orientado a la ampliación, un programa de acciones preparatorias que deseamos accesible y necesario. 
Y, dado que se anuncia un nuevo fundamento jurídico para la organización de EURES, probablemente en 2002, la palabra de este Parlamento es muy sencilla: el Parlamento desea participar en esa reformulación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la libre circulación de los trabajadores- un componente originario de los Tratados de Roma y la más importante de las cuatro libertades fundamentales de nuestro mercado interior- sólo puede hacerse efectiva si la contratación también traspasa las fronteras nacionales. 
Velar por que así sea es la tarea del EURES, un servicio encargado de ofrecer información y asesoramiento y de facilitar la búsqueda/oferta de empleo fuera de las fronteras nacionales. 
El informe del colega Ribeiro e Castro cuenta con nuestra aprobación en todos los aspectos esenciales. 
Yo quiero agradecer de nuevo desde aquí el competente trabajo que ha realizado el ponente. 
Compartimos muy especialmente las observaciones críticas que formula en el punto A de la exposición de motivos- y que ahora mismo acaba de repetir oralmente -, donde pide a la Comisión que en futuros informes exponga de manera clara sus fundamentos objetivos y los datos estadísticos en que se basa. 
Esto también facilitaría mucho nuestra tarea. 
No obstante, también en este informe, como en tantos otros, se ha caído en la tentación de añadir a las exigencias ya planteadas por la Comisión con vistas a una futura mejora toda una serie de otras peticiones. 
La repetición de lo obvio y los esfuerzos de nuestra Asamblea, a veces rayanos con el perfeccionismo, de enumerar todas las exigencias de algún modo concebibles no contribuyen, a mi parecer, a la eficacia del informe ni a la credibilidad de nuestro objetivo común. 
Yo veo con reparo- como me ocurre a menudo- el modo de proceder que exige que el Parlamento añada, por ejemplo, otras cinco peticiones a las cinco que ya formula la Comisión. 
En efecto, lo importante no es, de hecho, el número de exigencias, sino que éstas se traspongan en la práctica. 
En este sentido, me parece francamente exagerada, por ejemplo, la petición de que se diseñen y apliquen sistemas de información permanente al público, en particular con las organizaciones de jóvenes y las Universidades, tal como se pide en el punto 15 del informe. 
En mi opinión, esto se debería dejar a la discreción de los servicios locales de EURES, conforme al principio de subsidiariedad. 
También mantengo muchas reservas con respecto a la creación de nuevos órganos, como los núcleos operativos que se mencionan en el punto 16, porque son poco concretos y a menudo se utilizan como una hoja de parra para disimular el eventual fracaso de los órganos ya existentes. 
Es necesario resaltar claramente- como ya se hace también en el informe- la creciente importancia de EURES en el contexto de la ampliación al Este, pues un asesoramiento laboral y un servicio de búsqueda/oferta de empleo cualificados pueden contribuir sin duda alguna a canalizar el posible incremento del afán migratorio. 
Aun así, no se debe relegar a un segundo plano el objetivo de una mayor integración del mercado laboral en el ámbito de los Quince. 
Es absolutamente indispensable revisar las bases de financiación y el fundamento jurídico, tal como se pide en el artículo 27 del informe. 
Los problemas sobre el terreno y las preguntas que recibimos al respecto en nuestra calidad de parlamentarios así lo indican. 
El Parlamento en su calidad de representante directo de los ciudadanos debe tener una participación decisiva en esta tarea. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar sinceramente a nuestro colega Ribeiro e Castro por su excelente informe y darle las gracias por la gran colaboración que hemos tenido dentro de la Comisión. 
En contra de lo que piensa nuestra colega Stauner, sí estoy convencida de que ha realizado un trabajo muy creativo con el informe de la Comisión Europea. 
Señorías, la Unión Europea quiere esforzarse por conseguir un mercado laboral integrado y eso es positivo. 
Pero hemos de saber que la gente que quiere aprovechar esta oportunidad no siempre recibe un trato con guantes de seda. 
No es nada sencillo tener movilidad transfronteriza en el mercado de trabajo europeo. 
Pero si queremos crear un mercado laboral europeo de verdad, entonces tenemos que esforzarnos por eliminar los obstáculos, y en ese sentido la red EURES ha demostrado ser muy eficaz. 
Los 450 Euroconsejeros que día tras día están en contacto con trabajadores con una gran movilidad pueden darnos el testimonio de sus dificultades. 
Pero incluso dentro de sus propias organizaciones, bien sean oficinas de empleo o bien sindicatos, estos trabajadores no reciben la atención que merecen. 
Me parece que la política debería aprovechar más sus conocimientos y experiencia. 
Por lo tanto, me siento extraordinariamente satisfecha de que la Comisión haya adoptado mi propuesta de organizar una audiencia con los Euroconsejeros y espero sinceramente, Señora Comisaria, que la Comisión pueda utilizar los resultados de esta audiencia en la preparación del nuevo programa. 
La Comisión presentó una serie de propuestas y el ponente las ha completado de forma útil. 
Creo por ejemplo que es muy positivo emplear la red EURES mejor en el marco de la estrategia de empleo y para eso necesitamos, efectivamente, que se modifique el fundamento jurídico de EURES. 
Asimismo, me parece importante que haya mejor coordinación con las otras iniciativas comunitarias. 
Pero me gustaría resaltar ahora dos detalles en particular. 
En primer lugar, creo que es necesario seguir ampliando las actividades de las asociaciones EURES-T en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta la ampliación de la UE a los nuevos Estados miembros candidatos. 
En segundo lugar, el que habla de ampliación y evaluación de EURES también tiene que atreverse a hablar de los recursos financieros adicionales y a ser posible, Señora Comisaria, en el marco de una planificación plurianual ya que el "saucissonnage" anual es difícilmente viable para EURES. 
Me gustaría aprovechar este debate para traer a colación dos temas complementarios relacionados con la movilidad transfronteriza, temas que la gente de las regiones fronterizas nos recuerdan muchas veces. 
Señora Comisaria, se trata en primer lugar de la petición del Parlamento ya planteada desde hace años de introducir un test europeo, una especie de control transfronterizo de las posibles consecuencias que pueda tener la legislación social y fiscal de otros países. 
Los Países Bajos se sometieron hace poco de forma voluntaria a este test en el marco de un acuerdo fiscal bilateral y en la agenda social hemos vuelto a pedir que se creen las condiciones para aplicar este test a nivel europeo. 
Quisiera pedirle nuevamente que lo estudie en serio. 
En segundo lugar, sería importante que se diseñara una simplificación y modificación de la coordinación de los derechos en materia de la seguridad social de los trabajadores transfronterizos, una cuestión que ya lleva años encima de la mesa y que la Presidencia belga va a querer abordar para intentar forzar un acuerdo político. 
Eso no será fácil mientras haya que tomar cualquier decisión sobre esta cuestión por unanimidad. 
Por lo tanto, quisiera expresar la esperanza de que los Estados miembros que ahora están todavía con reticencias, empiecen a prestar mayor atención a los problemas de la movilidad transfronteriza y que, por lo tanto, cedan también un poco en su actitud para poder llevar a cabo esta regulación. 
La Comisión Europea nos ha prometido que a finales del año, durante la Presidencia belga, se organizará una conferencia sobre el trabajo transfronterizo. 
Señora Comisaria, esperamos sinceramente que esta conferencia no sólo contribuya a que haya mayor comprensión para los problemas de las regiones fronterizas, sino sobre todo a que desaparezcan los obstáculos para la movilidad transfronteriza en el mercado de trabajo europeo. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar al ponente por haber adoptado un enfoque tan serio y minucioso en el presente trabajo y apoyaré muchas de sus observaciones preliminares y también muchas de las que ha realizado mi colega, la Sra. Van Lancker. 
No hay ninguna duda de que trabajar en el extranjero se está volviendo cada vez más popular entre los jóvenes, en particular, y también las empresas intentan ampliar su ámbito de contratación, pero para que esto sea posible, las personas deben tener la sensación de que pueden disponer de información exacta y actualizada sobre las consecuencias que conlleva trabajar en un Estado miembro que no es el propio, porque dicha información les proporciona una auténtica elección sobre si se deciden a trabajar en un país extranjero o no. 
En la actualidad existe un conjunto muy confuso de normativas y reglamentos diferentes, y de las quejas que recibimos muchos de nosotros y la Comisión de Peticiones del Parlamento resulta evidente que las autoridades competentes no siempre ofrecen información clara, ni siquiera en los propios Estados miembros. 
Las aparentes anomalías no han contribuido en nada a la coordinación de la seguridad social ni de los derechos, ni siquiera de las diferentes definiciones sobre lo que constituye el trabajo autónomo. 
La red EURES proporciona un recurso muy valioso para los posibles trabajadores móviles. 
Asimismo, proporciona un valioso, aunque poco utilizado, recurso para los empleadores. 
Muchas pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad ni experiencia para llevar a cabo su contratación más allá de las fronteras. 
EURES tiene un papel importante para ellas y es una verdadera lástima que las organizaciones de trabajadores y la patronal no participen más en el desarrollo de estos servicios. 
Hasta ahora, dicha contratación ha sido especialmente relevante en las regiones fronterizas, pero EURES sigue sin cubrir dichas zonas, lo cual es lamentable. 
Es evidente, como han dicho otros, que EURES necesita recursos adecuados, que debe ser ampliada y fomentada para que pueda alcanzar todo su potencial y responder a las necesidades de las personas. 
También debemos reconocer que la ampliación traerá consigo demandas adicionales y muy legítimas en términos de información. 
Apoyamos la petición de que se proporcione información más detallada y estamos de acuerdo en que la financiación plurianual es fundamental para el buen desarrollo de estos servicios. 
No obstante, su función sería mucho más fácil si los Estados miembros adoptaran un enfoque más decidido y coherente para que la libre circulación se haga realidad, en vez de ser un ideal en el que siguen tropezando, pero que parecen incapaces de garantizar. 
Debe existir acción positiva por parte de los gobiernos en favor de permitir a las personas la experiencia de trabajar en un país que no es el propio: la Sra. Van Lancker ya se ha referido a la coordinación de los sistemas de seguridad social en este contexto. 
Además está la cuestión de los problemas tributarios de los trabajadores fronterizos que necesita una solución. 
Aún tenemos enormes problemas respecto al reconocimiento adecuado de las cualificaciones, en particular, las de formación profesional. 
Los Estados miembros deben reconocer que la libre circulación no es una amenaza para ellos, no es una molestia, sino un modo valioso de incrementar el conocimiento y de desarrollar la cooperación en el seno de la Unión. 
Señor Presidente, agradezco al Sr. Ribeiro e Castro su magnífico informe. 
Coincido con gran parte de lo que se ha dicho durante el debate, especialmente por lo que han manifestado los últimos oradores. 
Voy a hacer dos comentarios. 
En primer lugar, quiero recalcar que me alegra que en el informe se indique con tanta precisión que la libre circulación que queremos en Europa debe fundamentarse en el principio de la voluntariedad. 
Subrayo esto puesto que en mi país, y en otros países comunitarios, se usan a menudo las oficinas de empleo como instrumentos para forzar, mediante el uso de herramientas económicas, el desplazamiento de las personas a distintas regiones. 
Espero que esto nunca llegue a ocurrir en el ámbito europeo. 
También quisiera hacer hincapié en que me sorprende que nadie haya destacado en el debate que, mientras discutimos los impedimentos técnicos y prácticos para el libre desplazamiento, los Estados miembros grandes levantan enormes barreras prácticas y políticas para la circulación entre los países candidatos y los mercados laborales de los actuales países miembros. 
Esto indica que cuando hablamos de la libre circulación en Europa estamos refiriéndonos a un problema de carácter político, no sólo práctico. 
Señor Presidente, el informe que hoy nos presenta mi colega, el Sr. Ribeiro e Castro, es exhaustivo en su análisis de las actividades EURES durante el período 1998-1999 y constructivo respecto a la propuesta que hace sobre futuras iniciativas de esta red. 
Le alabo por el gran esfuerzo que ha dedicado a la preparación y finalización del presente informe y comparto su opinión de que debemos hacer hincapié en el importante papel de EURES, como medio para aplicar la estrategia europea en favor del empleo. 
La oferta de empleo de EURES pasó de 43.000 a comienzos de 1998 a 166.000 a comienzos de 2000. 
El número de colocaciones obtenidas a través de EURES pasó de 26.449 en 1998 a 44.460 en 1999: esto representa un incremento del 68% en un año y su potencial de nuevas colocaciones es mucho mayor. 
Es sólo uno más de los muchos ejemplos cualitativos de cómo funciona la UE para los ciudadanos. 
La incorporación a la Unión Europea ha traído consigo enormes beneficios para Irlanda. 
El hecho de que nos hayamos acercado al pleno empleo es un ejemplo práctico de lo que puede alcanzarse. 
Tengo la seguridad de que nuestra población reconocerá de manera real este hecho cuando la semana próxima acuda a votar sobre el Tratado de Niza. 
Queremos compartir las ventajas de pertenecer a la UE con nuestros países vecinos de la Europa Central y Oriental: actuar de otro modo significaría rechazar el concepto y el espíritu del Tratado de Roma. 
No olvidemos su coraje y sacrificio para proteger la libertad y la democracia. 
Este objetivo compensa sin duda otras objeciones de menor importancia o artificiosas respecto al Tratado de Niza. 
Una de las funciones clave de EURES es facilitar información sobre los puestos de trabajo vacantes que existen en los Estados miembros. 
Anoche visité el sitio web y descubrí que la lista abarca 7.197 puestos vacantes. 
Al examinar las primeras 200 vacantes, comprobé que la gama de puestos de trabajo es muy amplia. 
En Irlanda, por ejemplo, incluye: ayudantes de contabilidad, administradores de edificios y ventas y reservas. 
Por tanto, por todas estas razones, es perfectamente evidente que este programa EURES tiene un enorme potencial. 
Una vez más, felicito y le doy la enhorabuena a mi colega, Sr. Ribeiro e Castro, por su enfoque tan amplio y constructivo de este importante informe. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Ribeiro e Castro nos ofrece una visión clara y profunda del documento de la Comisión y de las lagunas que tiene. 
El ponente pide en primer lugar que se den más datos sobre los resultados de la red EURES. 
Esa petición la apoyo sinceramente porque, efectivamente, no ha quedado claro cuál es relación entre los resultados de EURES y la situación en el mercado laboral europeo. 
En segundo lugar, el documento de la Comisión pone claramente de manifiesto que los Estados miembros podrían aprovechar en mayor medida el potencial de la red EURES, viendo las diferencias entre los Estados miembros del número de vacantes en la red. 
Sin embargo, la obligación de publicar todos las vacantes me parece un poco exagerada. No para todas las vacantes tiene sentido que se hagan campañas internacionales. 
Asimismo, el llamamiento para que en todas las regiones fronterizas se creen asociaciones de EURES-T no está basado en la necesidad de apoyo comunitario solicitado por las regiones mismas. 
Los principales obstáculos no se encuentran en las regiones fronterizas, sino que atañen a la movilidad a larga distancia, o sea se trata de obstáculos transnacionales en vez de "cross-border". 
La ampliación de la Unión Europea implica lógicamente que se dé más importancia a la movilidad transnacional que a la transfronteriza. 
En tercer lugar, me gustaría abordar el tema de la subsidiariedad. 
Tanto la Comisión como el ponente ponen de manifiesto que el conocimiento local de la red deja mucho que desear. 
No obstante, la información local es una tarea de los órganos administrativos locales. 
Por lo tanto, no es deseable que se destine una parte considerable del presupuesto para la promoción y divulgación, como se propone en el informe. 
Sin embargo, el llamamiento para que haya una mayor descentralización de los servicios sí lo suscribo. 
Por otra parte, el marco presupuestario es otro punto de discusión. 
La Comisión aboga por un presupuesto plurianual porque redundaría en una mejor planificación. 
No tengo ningún problema con la plurianualidad en si, pero tengo mis reservas con la envergadura y el carácter de las tareas y misiones comunitarias propuestas por la Comisión. 
Esto me lleva a optar por el establecimiento de un presupuesto anual. 
Para terminar quiero decir que la atención que ha prestado el ponente a la ampliación cuenta con mi apoyo. 
Después de que se haya tomado la decisión política sobre el libre tránsito de trabajadores procedentes de Estados miembros candidatos, la movilidad laboral ya no podrá verse obstaculizada debido a una colaboración deficiente en el ámbito de servicios laborales. 
Señor Presidente, Señorías, el sumamente útil informe del Sr. Ribeiro e Castro menciona de manera especial la exigencia de transparencia y la importancia de estadísticas fiables en materia de empleo. 
Es verdad que mi país, Francia, a base de manipulación de cifras y la costosa creación de puestos de trabajo públicos desvalorizados desprovistos de utilidad real, el gobierno puede anunciar una pretendida baja espectacular del paro cuando en realidad está estancado, e incluso aumenta. 
Desde principios del año, los planes de despido se suceden unos a otros: el traslado de Marks& Spencer, la racionalización de Danone y otros más, mientras se hace una guerra sin cuartel a las empresas que despiden cuando están haciendo beneficios. 
Sin embargo, los gobiernos tienen su parte de responsabilidad, ya que se substituyó al proyecto europeo inicial de libre circulación y competencia entre países de nivel de vida y protección social comparables, la apertura indiscriminada de capitales y productos fabricados fuera de Europa en condiciones próximas a la esclavitud. 
Para las empresas sometidas a las leyes impuestas por los parlamentos y los Estados, el mercado del empleo no es solamente europeo, es mundial. 
Para los trabajadores es otra cosa, y observo que, con toda razón, el considerando C del informe del Sr. Ribeiro e Castro declara "que un alto grado de movilidad geográfica en el mercado de trabajo no es un fin en sí mismo". 
Doscientos mil franceses, exasperados por el peso de los impuestos y la infinita complejidad de la administración en su país, no han esperado a EURES para partir a trabajar por fin y vivir mejor, al menos eso esperan, al Reino Unido. 
Por tanto, contar con una red que permita a los que lo desean encontrar un empleo en otro país de la Unión Europea es sin duda alguna algo útil. 
Sin embargo, debe seguir siendo nuestra prioridad permitir a las empresas crear puestos de trabajo para los nacionales en su propio país. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el derecho y la oportunidad de vivir y trabajar en diferentes Estados miembros de la Unión Europea constituye una importante aspiración política de los ciudadanos europeos. 
La red EURES se basa en la existencia de ese derecho legal de libre circulación de los trabajadores en el territorio de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo y en el hecho indeseable de que subsistan obstáculos a la movilidad laboral. 
Esta red, centrada en un intercambio de informaciones y de experiencias en materia de asesoramiento y apoyo a la colocación de los profesionales, está apoyada por consejeros EURES en diálogo y articulación con los servicios públicos de empleo de los Estados miembros, así como por un servicio de acceso a la red Internet, que en el futuro se deberá divulgar más facilitando la consulta y la búsqueda para el usuario común. 
EURES contribuye a una mayor flexibilidad del mercado europeo del empleo y a una movilidad en aumento y proporciona una serie de posibilidades de formación profesional en las regiones transfronterizas. 
Son también características positivas de esta red que se deberán fortalecer, como muy bien señala el ponente, Sr. Ribeiro e Castro, al que felicito, la facilidad en el acceso y el intercambio de informaciones sobre las posibilidades de empleo en ese amplio espacio, el contenido multilingüe del sistema, cuya pronta y rigurosa actualización exigimos, así como la asistencia jurídica a los ciudadanos, sobre todo en cuanto a los regímenes fiscales y de seguridad social. 
Ahora bien, conviene no valorar excesivamente EURES. 
Esta red, aun siendo muy positiva, es un mero instrumento de ejecución de la estrategia europea para el empleo. 
En verdad, existen directivas específicas en la esfera del empleo encaminadas a la eliminación de los obstáculos sociales, culturales y lingüísticos que perjudican a la movilidad en la Unión Europea. 
Señora Comisaria, señor Presidente, ante todo quisiera dirigirme al ponente para agradecerle la calidad del análisis del informe de la Comisión. 
El análisis llevado a cabo es muy fino y nos permite efectivamente interrogarnos de manera adecuada sobre la pertinencia, la eficacia de este servicio europeo del empleo tanto en su estrategia y sus objetivos como en relación con los medios utilizados para cumplir plenamente esta misión de ayuda a la movilidad de los trabajadores y de acceso al mercado del trabajo europeo. 
Creo que, como los oradores anteriores, deseo subrayar el interés del informe de actividades. 
Destacar asimismo, con todo, sus puntos débiles sobre la falta de evaluación crítica, pero el texto presentado por nuestro ponente acaba de completar este informe en relación con este aspecto. 
Este informe es oportuno en la medida en que destaca el papel que EURES puede y debe desempeñar en el marco más global de la estrategia europea en favor del empleo, especialmente si se revisa la formalización solicitada de su base jurídica en los Tratados. 
EURES debe integrarse perfectamente en la estrategia establecida en Lisboa y reforzada en Estocolmo relativa a la supresión de obstáculos a la movilidad en el mercado de trabajo. 
Es preciso destacar, a mi juicio, tres puntos. 
La cuestión de la movilidad, que ya se mencionó. 
Todo el mundo pondera los méritos. 
Creo que no debe entenderse como un fin en sí mismo, ni como una apuesta arriesgada sobre el porvenir y todavía menos como una elección por defecto porque no existe en su país ninguna otra posibilidad de empleo. 
Debe poder tratarse de una elección positiva y; por tanto, en ese caso la movilidad no debe encontrarse con todo tipo de trabas relativas a la coherencia de los regímenes de seguridad social, fiscalidad, doble imposición, reconocimiento de diplomas, etc. 
En segundo lugar, destaquemos la importancia de la información sobre la existencia del servicio europeo de empleo, especialmente en las regiones fronterizas. 
Ha de reforzarse la comunicación, dirigirse de manera privilegiada hacia las organizaciones profesionales, los centros de formación, las universidades. 
La visibilidad de la plusvalía europea no salta necesariamente a la vista. 
Sin embargo, esta estrategia comunitaria en favor del empleo que se traduce muy concretamente por la apertura en el mercado de trabajo a escala europea es un excelente ejemplo de ello. 
Por último, termino mi intervención mencionando la cuestión de la ampliación. 
Ante los temores expresados aquí y allá en el seno de algunos Estados miembros de la Unión en cuanto a la perspectiva de una llegada masiva e incontrolada de trabajadores de los países candidatos, pienso que EURES debería desempeñar un papel permitiendo anticipar estas dificultades reales o supuestas, especialmente favoreciendo un diálogo, desarrollando las capacidades de trabajo entre los servicios de empleo en los países interesados y los diferentes interlocutores sociales implicados en esta cuestión capital que es la movilidad profesional en la Unión de hoy y en la Unión ampliada de mañana. 
. (EL) Señor Presidente, el informe del Sr. Ribeiro e Castro ha propiciado una debate sustantivo sobre un asunto que constituye uno de los mayores desafíos de la política europea, y que no es otro que el mercado europeo del empleo. 
Hasta hoy la estrategia para el empleo, las directrices, las recomendaciones han tenido un marcado carácter nacional. 
Los planes nacionales de acción se refieren a los mercados nacionales del empleo. 
Es, sin embargo, evidente que en todos los puntos de Europa está surgiendo lo que hemos dado en llamar mercado europeo del empleo. 
Es decir, nuevas exigencias, exigencias que atañen a la calidad de los méritos para encontrar un puesto de trabajo, y que son similares en cualquier punto de Europa. 
La movilidad de los trabajadores entre los países europeos es considerablemente limitada. 
Alcanza tan sólo el 0,4 %. 
Un enfoque simplista atribuye con frecuencia los problemas de movilidad a las diferencias culturales. 
La cuestión de la lengua y la cultura y la cuestión de los sistemas educativos nacionales. 
Está claro, sin embargo, que no es solamente todo esto. 
Están todas los problemas relacionados con las pensiones y los sistemas de seguridad social, está la necesidad de un funcionamiento aún mejor y más rápido de los reglamentos para el desplazamiento de los trabajadores y de los problemas relacionados con sus pensiones, como ya se ha mencionado. 
Está la importantísima cuestión de la información, a la que se han referido numerosos oradores; información que debe ofrecerse a quien busca un puesto de trabajo, y que ha de referirse a sus derechos, a las condiciones del mercado del empleo, a los asuntos relacionados con la vivienda, con la educación de los hijos, con los derechos de jubilación y con la posibilidad de trasladar esos derechos al volver a su país. 
Estos asuntos tienen aspectos nacionales y aspectos europeos y hay que decir que es una de las cuestiones que preocupan al Consejo de Empleo y Asuntos Sociales, pero es una cuestión sobre la que aún hay grandes diferencias. 
EURES es un importante instrumento en la perspectiva de la creación de ese mercado europeo del empleo. 
El Parlamento, desde 1993 hasta hoy ha apoyado a la Comisión en el esfuerzo que viene realizando en este sentido y prueba de ello es el presupuesto de este año que es del orden de 13 millones. 
EURES ha adquirido ya una experiencia de funcionamiento. 
Observamos un aumento de la exigencia de información, un aumento de los movimientos correspondientes a escala interestatal. Un aumento que en los últimos años ha alcanzado el 40%, lo que demuestra la necesidad de EURES, la necesidad de su existencia y la necesidad de su ampliación. 
Quisiera referirme a determinadas opciones de la Comisión encaminadas a impulsar y reforzar este instrumento. 
En primer lugar, hay más cooperación entre los responsables de los servicios públicos, y son cada vez más los que deciden incluir EURES en sus bases de datos, de modo que se van ofreciendo así cada vez más servicios comunes a sus clientes. 
Se está estudiando la ampliación de la gama de servicios prestados, no solo a quienes buscan trabajo, sino también a los empleadores. 
La Comisión se dispone a presentar en junio un nuevo servicio mediante el cual EURES, a través de Internet, brindará a quienes buscan trabajo en determinados ramos en los que hay escasez la oportunidad de entregar su curriculum, y al mismo tiempo los empleadores podrán registrarse para hacer uso de este servicio. 
Tras ocho años de funcionamiento, hemos pedido a los países miembros que incluyan en sus formularios los asuntos y los nuevos servicios que se le podrían solicitar a EURES, y el informe que elaboremos sobre la base de estos formularios será sometido a la consideración del Parlamento. 
He de señalar, finalmente, que con la ampliación será verdaderamente necesario un nuevo enfoque de este instrumento; por el momento, sin embargo, tendremos que desarrollarlo cuanto sea posible entre los actuales países miembros. 
Por último, creo que no carece de significado referirse a la necesidad de revisar los fundamentos legales de EURES, de suerte que pueda adaptarse y mejorar para responder adecuadamente a las futuras necesidades de estos servicios. 
Muchas gracias, señora Diamantopoulou. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
(Se suspende la sesión por algunos minutos, en espera del turno de votaciones) 
VOTACIONES 
Gracias, señor Corbett, vamos a ganar un tiempo muy valioso. 
Enmienda 75 
Señora Presidenta, tengo ante mí el texto inglés. 
La enmienda oral consiste, ahí donde el texto inglés dice: "la mayoría cualificada es impracticable", en la sustitución del término "impracticable" por los términos "difícil de poner en práctica". 
Gracias, señor Dimitrakopoulos. 
¿Hay objeciones respecto a esta enmienda oral? 
(El Parlamento acepta la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0175/2001) de la Sra. Myller, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente para 2001-2010 (COM (2001) 31- C5-0032/2001- 2001/0029 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, sólo quisiera decir que después de esta votación, espero que todos estén convencidos de la necesidad de reforma del Reglamento. 
Señor Presidente, no pretendo de ninguna manera criticar a la Comisión de Medio Ambiente ni a la ponente, pero al igual que el Sr. Corbett, deseo resaltar que debe existir un mejor modo que éste de dirigir la votación. 
Necesitamos algunos cambios constitucionales que permitan a las comisiones realizar debidamente su trabajo, en vez de que toda la Asamblea actúe como una comisión. 
Informe (A5-0141/2001) de la Sra. Hedkvist Petersen, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas (COM (2000) 815- C5-0684/2000- 2000/0315 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0173/2001) de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (COM (2000) 334- C5-0369/2000- 2000/0142 (COD)) 
Enmienda 70 
Debo pedir el asentimiento de la Asamblea antes de proceder a la votación de la enmienda 70. 
Señor Presidente, también puedo pedir a mi Grupo que no vote para poner esta enmienda en... 
Señoría, ¿discute usted que se proceda a la votación de esta enmienda o no? 
Lulling. 
(FR) En estas condiciones, sí. 
Bien, conoce usted el Reglamento. 
Voy a preguntar a la Asamblea si desea que se considere esta enmienda de compromiso. 
(El Parlamento está de acuerdo) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0176/2001) del Sr. Dell ' Alba, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de Reglamento (CE, CECA, Euratom) del Consejo relativo al Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (COM (2000) 461- C5-0627/2000- 2000/0203 (CNS)) 
Enmienda 71 
Señor Presidente, se trata de un pequeño olvido que podemos corregir, con la aprobación de mi coponente, Sr. M. van Hulten: en el último párrafo de la enmienda 71, dice: "Paralelamente, el Ordenador delegado transmitirá este informe al Auditor interno", y nosotros queremos añadir oralmente, si el Pleno está de acuerdo: "y al Contable". 
Olvidamos el "contable", y es mejor corregirlo, ya que también tiene derecho a esta información. 
¿Hay alguna objeción a que se considere esta enmienda oral? 
(El Parlamento está de acuerdo) 
Después de la votación sobre la propuesta de la Comisión 
¿Está de acuerdo la Asamblea con la propuesta del ponente de aplicar el apartado 2 del artículo 69? 
(El Parlamento aprueba la petición) 
(El Parlamento decide aplazar la votación sobre el proyecto de resolución legislativa) 
Señor Presidente, ayer fui a Roma para conocer al nuevo parlamento electo en Italia. 
Entre otros, fue elegido diputado de la Cámara de Diputados el Sr. Fatuzzo. 
Usted pensará que soy yo, señor Presidente, pero no es así. 
Usted sabe que Julio César pertenecía a la "gens" Julia y, en consecuencia, el Sr. Fabio Fatuzzo que ha resultado elegido diputado del Parlamento italiano, pertenece a la familia Fatuzzo. 
Por esto, fui a verle para felicitarle por su elección, junto con el chófer Ugo Gustinetti, pensionista, que me dijo: " Como pensionista, estoy muy a favor de este informe sobre el programa en materia de medio ambiente, porque debemos respirar aire limpio. 
Por lo tanto, vota a favor ". 
Y así lo he hecho siguiendo el consejo del chófer del Partido de los Pensionistas, Ugo Gustinetti. 
Quien pretende conseguir a toda costa un crecimiento económico, lo paga más tarde por los daños infligidos a la naturaleza y al medio ambiente. 
El ejemplo más claro en ese sentido es la política actual del gobierno del presidente americano Bush, que da mayor prioridad a la explotación petrolera que al respeto del Protocolo de Kioto. 
Después de que se haya gastado mucho dinero público dentro de la UE a una destrucción no intencionada del medio ambiente, estamos viendo ahora que la necesidad de proteger el medio ambiente se hace cada vez más evidente. 
Espero que esto nos lleve a tomar decisiones más clarividentes que otras decisiones europeas que, por una parte, desaniman a fumar y que, por otra parte, subvencionan el cultivo del tabaco. 
En los Estados miembros candidatos estamos presenciando una paradoja similar. 
Reclaman dinero para la construcción de autopistas a través de zonas naturales, para construir presas que destruyen riberas y corrientes fluviales y para una reestructuración del campo. 
El que no se atreva a elegir entre la tentación de la prosperidad económica y la protección del medio ambiente, se verá enzarzado en muchas decisiones paradójicas. 
Por eso es positivo que el consenso en tercera lectura obligue a los Estados miembros a que informen a la opinión pública y a las organizaciones involucradas para darles la oportunidad de pronunciarse sobre los proyectos. 
La financiación de dichos proyectos con cargo a los fondos europeos ya no puede ser una excusa para seguir destruyendo el medio ambiente. 
Informe de Roo (A5-0178/2001) 
Señor Presidente, el Sr. De Roo ha presentado la directiva relativa a la regulación de los neumáticos. 
Hablé con mi hija Cristina, muy conocida en este Parlamento, que me ha dijo: "¡ Ahora entiendo porque el Sr. De Roo se ocupa de los neumáticos !" 
"¿ De verdad ?" le contesté. 
"Pero ¿cómo te has dado cuenta ?" 
" Bueno, el Sr. De Roo tiene un apellido muy claro: se llama R-o-o. 
¿No lo ves? 
Su apellido suena a neumáticos, a ruedas. 
Nadie podía hablar de este informe tan bien como él ". 
Estoy seguro que el Sr. De Roo me va a perdonar, ya que es muy simpático. 
Por esto, estoy muy contento de votar a favor de su informe porque en Europa nadie más que el Sr. De Roo podía darnos neumáticos más silenciosos y seguros. 
Informe Méndez de Vigo/Seguro (A5-0168/2001) 
Señor Presidente, el juicio que nos merece el informe de los Sres. António José Seguro e Iñigo Méndez de Vigo es ambivalente. 
Reconocemos que, después de las enmiendas introducidas, figura en él un compromiso claro a favor de que se convoque una convención para la prevista reforma de los Tratados y en el informe se acepta el lanzamiento de un proceso constitucional. 
Pero debemos decir también que el informe no es tan crítico como sería necesario con los resultados de la Conferencia Intergubernamental de Niza. 
Con este informe el Parlamento se distancia, lamentablemente, de la sensación de fracaso dominante en una sociedad europea que advirtió la incapacidad de los Jefes de Estado o de Gobierno para ponerse de acuerdo en cuanto a la vía que recorrer para construir la Europa política, ahora más que nunca exigida por la ampliación a los Estados del Este y del Mediterráneo. 
Una vez más los diputados y diputadas de la mayoría de este Parlamento han pasado por alto su plena condición de representantes de los ciudadanos europeos, han subordinado sus posiciones a los Gobiernos de sus Estados y, paradójicamente, se han dejado en última instancia superar en última instancia por los dirigentes políticos estatales. 
Así, ahora, cuando ya han hablado el Presidente Johannes Rau, el Canciller Gerhard Schroeder y el Primer Ministro Lionel Jospin, tengo la convicción y la sensación apenada de que, si los diputados de la mayoría hubieran conocido previamente las posiciones de esos relevantes dirigentes estatales, el informe que se acaba de aprobar habría sido muy diferente. 
En particular, para vergüenza nuestra, en la propia consideración del Parlamento Europeo como lugar e institución central de la Unión Política Europea. 
Tengo la esperanza de que en el futuro proceso constitucional este Parlamento mantenga una posición de amor propio, más responsable, en particular respecto de los intereses y aspiraciones de nuestros ciudadanos. 
Espero, por último, que aprendamos esta lección y que seamos conscientes del papel que nos corresponde en la Europa política. 
Señor Presidente, he votado en contra del presente informe sobre el Tratado de Niza, pero me parece irónico que mis colegas pertenecientes a las principales instituciones políticas de Irlanda, que en Irlanda han criticado la campaña en favor del "no" y afirman que no tenemos ningún motivo de crítica, hayan respaldado hoy un informe que critica duramente el Tratado de Niza. 
En nuestro país dicen una cosa y aquí dicen algo muy diferente. 
También encuentro bastante alarmante que este Tratado respalde básicamente todo el concepto de una constitución europea, algo que no ha sido debatido en los parlamentos nacionales. 
De hecho, en Irlanda, cuando sacamos este asunto durante el proceso del referéndum, nos dicen que eso no ocurrirá. 
Hoy ha quedado bastante claro que eso ocurrirá y es necesario que seamos algo más de honestos con las personas. 
Resulta bastante inquietante que ayer hayamos recibido aquí la visita del Primer Ministro sueco pidiendo el voto del "sí". 
Se está intentando presionar a Irlanda con la afirmación de que si no vota "sí", frenaremos la ampliación, a pesar de que eso no es cierto. 
El tipo de Europa que propone el Tratado de Niza va mucho más en detrimento de los países de la Europa Oriental, porque divide Europa. 
Deberíamos aspirar a una Europa que no esté dividida en países de primera y de segunda categoría. 
Señor Presidente, creo que el Tratado de Niza pasará a la historia como ejemplo claro de una oportunidad perdida, debido al particularismo de los irreductibles defensores del poder de los Estados. 
Los Estados son unas estructuras políticas que tuvieron su origen en la mayor capacidad de producción y movilidad, habida con ocasión del descubrimiento de la máquina de vapor, la segunda gran revolución tecnológica de la humanidad, según el pensador norteamericano Alvin Tofler; lo cual dejó pequeño e inservible el marco político de los viejos reinos, condados, ducados y señoríos que, hasta entonces, habían estructurado las sociedades. 
Pero desde que Marshall McLuhan nos hablara del mundo como aldea global y que el mismo Tofler señalara, como tercera revolución humana la de las tecnologías de la información, la globalización de las relaciones políticas del comercio, de la economía, de la defensa, del ocio y de tantas cosas más han hecho que los Estados se queden igualmente pequeños e insuficientes y no sirvan ya para dar respuesta a las necesidades actuales de los ciudadanos. 
Por ello, el camino del futuro para la Unión Europea no se resuelve con las medidas adoptadas en Niza: lo que se necesita es menos competencias de los Estados miembros y más de las instituciones europeas. 
Se precisa una Constitución, un Parlamento, un Gobierno europeo y un Presidente elegido por los ciudadanos. 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe sobre el Tratado de Niza que he leído desde el punto de vista de secretario de un partido. 
Usted sabe que soy secretario de un partido que no es un partido y que se llama Partido de los Pensionistas. 
Estoy convencido de que en el Tratado de Niza hay un punto importante que debemos desarrollar, o sea, el punto que augura la creación, el mantenimiento y el desarrollo de los partidos políticos europeos. 
El poder, señor Presidente- puede que usted esté de acuerdo conmigo- suele estar en manos de los partidos. 
Si queremos una Europa también hemos de tener partidos europeos. 
Señor Presidente, he votado en contra de la presente resolución del Sr. Méndez de Vigo y Sr. Seguro por numerosos motivos, pero en particular, por lo que ocurrió esta mañana, a saber, el rechazo de la enmienda 28. 
Dicha enmienda proponía, muy modestamente, que en todos los debates sobre el futuro de Europa se reconocieran las competencias políticas y legislativas de los actuales 15 Estados. 
El problema es que dicha resolución es muy hipócrita, porque llega a decir incluso que reconoce su compromiso con el mantenimiento de los derechos y las libertades establecidos en la Carta; dichas libertades, como las que recoge el artículo 4 de la Carta, no son defendidas en el seno de la Unión Europea, como puede comprobarse en el caso de torturas en España. 
El Consejo Europeo de Niza celebrado del 8 al 11 de diciembre de 2000 permitió a la Conferencia Intergubernamental algunos avances reales. 
Se observará, en especial: 
la declaración 23 sobre el porvenir de la Unión y el inicio de un "amplio y profundo debate"; 
la revisión del artículo 7 del TUE sobre el respeto de los derechos fundamentales en los Estados miembros; 
la flexibilidad de los procedimientos que permiten iniciar una cooperación reforzada; 
el incremento de los poderes del Presidente de la Comisión y su nombramiento por mayoría cualificada del Consejo que, conjuntamente con las recientes propuestas del Primer Ministro francés Lionel Jospin sobre la elección de este último, permiten reforzar considerablemente su legitimidad y, por tanto, su autoridad. 
La presente resolución debe alentar a los jefes de Estado y de gobierno a ir todavía más lejos, especialmente pronunciándose en favor de la convocación de una convención a la imagen de la que se encargó de elaborar la Carta de los Derechos Fundamentales, y cuya participación en la próxima revisión de los tratados es indispensable. 
Esta convención no podrá contentarse con ser un mero foro: queremos verla participar de manera activa y normativa en el debate y en la redacción del próximo tratado en una forma constitucional. 
Es indispensable que los parlamentos nacionales ratifiquen el Tratado de Niza: la teoría de la crisis reestructurante que justificaría un llamamiento a no ratificarlo es una quimera, que pone en riesgo la ampliación y pone coto al necesario debate que se inicia. 
Ayer tuvimos ocasión de ver, en este hemiciclo, un buen ejemplo de los métodos utilizados habitualmente en los asuntos europeos para ocultar los problemas, y para evitar exponerlos ante la opinión pública. 
En el debate sobre el Tratado de Niza, apenas se habló de otra cosa que del "post-Niza". 
Todos los oradores federalistas saltaron a la palestra uno tras otro para reclamar la implantación, durante el próximo Consejo de Laeken, bajo la Presidencia belga (precisamente una presidencia favorable al ultrafederalismo) , de una "convención" que abra un "proceso constitucional", que debería producir una "Constitución federal de la Unión Europea" que la Conferencia Intergubernamental de 2004 se vería conminada a aprobar. 
Así, la ratificación de Niza se tiene por adquirida. 
Ni siquiera se discute sobre ello. 
El debate sobre 2004 suprime el debate sobre Niza, antes de que, no cabe duda alguna, el debate sobre 2010 sirva a ocultar el debate sobre el futuro proyecto sometido a ratificación en 2004. 
El resultado, en lo inmediato, es que prácticamente nadie ha hablado de Niza, y que las opiniones públicas siguen estando tan ignorantes- salvo en Irlanda en donde se realiza un referéndum- del contenido de un Tratado muy importante que va a someterse a hurtadillas a la ratificación de sus parlamentos nacionales. 
Hemos publicado nuestro contrainforme sobre el Tratado de Niza para intentar que el debate francés escape a este escamoteo. 
En especial, es absolutamente necesario destacar que el Tratado de Niza, en su conjunto, se opone fundamentalmente al espíritu y a la letra de la Constitución francesa, espíritu que es el de la soberanía nacional. 
Ciertas disposiciones la contradicen incluso abiertamente. 
Puede mencionarse especialmente: la introducción de un objetivo de integración para la Unión y la Comunidad (artículo 43 TUE) , la uniformación del estatuto de los diputados europeos (artículo 190-5 TCE) , la creación de un estatuto de los partidos políticos a nivel europeo (artículo 191 TCE) , la designación de la Comisión por mayoría cualificada (artículo 214-2 TCE) , la aprobación por mayoría cualificada de determinados acuerdos internacionales de la PESC (artículo 24 TUE) , las nuevas medidas tomadas por mayoría para la introducción del euro (artículos 111 y 123-4 TCE) , la comunitarización de las negociaciones comerciales internacionales relativas a los servicios y a la propiedad intelectual (artículo 133 TCE) , la inscripción de una competencia comunitaria "modernización de la seguridad social" (artículo 137 TCE) , o el establecimiento, de manera vaga, de una fuerza militar de acción rápida (artículo 17 TUE). 
Es extravagante, en estas condiciones, que el Gobierno francés, a estas alturas, ni siquiera se plantee presentarlo al Consejo Constitucional. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe sobre el Tratado de Niza y el futuro de la Unión Europea. 
El Tratado de Niza merece, a pesar de sus carencias, un claro respaldo, puesto que prepara la UE para la ampliación. 
Esta cualidad no debe ser infravalorada. 
Hasta la Conferencia Intergubernamental éramos partidarios del llamado orden del día reducido y entonces votamos también en contra de los muy amplios deseos del Parlamento Europeo. 
Esta postura queda reflejada en nuestra explicación de voto sobre los elementos de este informe en contra de los que hemos votado, como por ejemplo, el apartado relativo a la cooperación reforzada. 
La Conferencia Intergubernamental que concluyó en Niza demostró la existencia de grandes carencias en el modo en que la UE modifica en la actualidad los tratados. 
Vemos al igual que el resto del Parlamento con buenos ojos la Declaración nº 23 relativa al futuro de la Unión Europea. 
No obstante, estamos en contra de grandes campañas de información dirigidas de forma centralizada. 
En cambio, nos preocupa que en todos los países y en la UE se abra un debate general sobre el futuro de la Unión para que la próxima Conferencia Intergubernamental pueda prepararse mucho mejor que la que concluyó en Niza, con muchísima mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones y en base a ideas visionarias sobre el futuro de la Unión. 
La puesta en marcha de una Convención al estilo del que elaboró la Carta de derechos fundamentales el pasado año puede tener un efecto positivo en este sentido. 
. (EN) He estado presente, pero no he participado en esta votación. 
Quiero hacer constar en Acta mi apoyo al Tratado de Niza. 
No obstante, habida cuenta del referéndum que se celebrará en Irlanda la semana próxima, considero que no sería adecuado participar en esta votación, porque su alcance sobrepasa el texto del propio Tratado. 
Espero con interés la ratificación del Tratado, tras lo cual deberíamos ocuparnos de los otros temas que se plantean. 
Estoy a favor de la ampliación de la UE, y la aprobación del presente Tratado eliminaría el obstáculo final para que ese acontecimiento se produzca. 
. (EN) Nosotros, diputados pertenecientes a diferentes partidos dentro del Grupo GUE/NGL, no hemos votado a favor del informe post-Niza. 
Nos oponemos que la Unión Europea se convierta en un Estado con poderes superiores a aquéllos de los Estados miembros en todos los aspectos de la política, como en la práctica defiende el informe. 
En vez de transformar la UE en un Estado, somos de la opinión de que la Unión debe ser democratizada. 
La democratización de la Unión Europea debe alcanzarse a través de una disminución del poder de la Comisión y la introducción de apertura y transparencia en las prácticas legislativas del Consejo. 
El futuro debate sobre la Unión Europea deberá tratar también sobre el papel de los parlamentos nacionales en el futuro de Europa. 
Hoy, el debate político en Europa se centra en las elecciones a los parlamentos nacionales (con la excepción de las elecciones presidenciales en algunos Estados) y esto queda patente también en la participación en los diferentes comicios. 
Debe reforzarse el papel de los parlamentos en los procedimientos de toma de decisiones en Europa. 
Asimismo protestamos contra la militarización de la UE. 
Insistimos en que la UE debe seguir siendo una organización civil y en que se respete la situación especial de los países no alineados. 
Somos de la opinión de que la futura Conferencia Intergubernamental deberá volver a examinar la construcción de la UEM, volver a examinar la falta de democracia de la Unión respecto de la moneda y sus políticas de tendencia derechista. 
Exigimos que vuelva a examinarse el Pacto de estabilidad y que se redacte de nuevo el artículo 56 del Tratado con vistas a someter al BCE al control democrático. 
. Mi voto afirmativo al informe Méndez de Vigo-Seguro se basa más en la propuesta para superar las limitaciones que, con respecto a la Unión, aún se mantienen tras el Tratado de Niza que de conformidad con el mismo. 
Coincido con la visión crítica en relación al Tratado actual, al haber faltado ambición y decisión política para dotar de más contenido político y mejorar la capacidad de decisión y participación de las instituciones comunitarias, especialmente del Parlamento y de la Comisión, para poder superar un funcionamiento, cada vez más acentuado, basado en la intergobernabilidad. 
Es muy negativo que, incluso en los nuevos ámbitos respecto a los cuales en Niza se acordó que las decisiones se tomarían por mayoría cualificada, no se haya incorporado en todos ellos el procedimiento de codecisión. 
Aun reconociendo que Niza ha tenido como aportación positiva el posibilitar el proceso de ampliación, creo que no es suficiente. 
De hecho, los Estados miembros reconocieron las limitaciones de Niza, autoconvocándose para una nueva CIG que revisara el Tratado de Niza en 2004, con unos objetivos determinados que deberán fijarse definitivamente en la reunión de Laeken, bajo Presidencia belga, a finales de este año. 
Estoy de acuerdo con las prioridades que, a este respecto, ha anunciado la Presidencia belga y, muy especialmente, incorporar a las regiones constitucionales en el proceso del debate sobre los contenidos del próximo Tratado. 
Como es lógico, defiendo la Declaración de Bruselas firmada el lunes de esta semana por siete regiones constitucionales, de las que Cataluña forma parte, ya que hay que asegurar que las regiones europeas con competencia legislativa tengan una muy destacada participación no tan sólo en el debate preparatorio, primero de Laeken y después en la CIG del 2004, sino también en los procesos decisorios de las políticas de la Unión. 
Para el partido y coalición que representa Convengència i Unió, este aspecto es de fundamental importancia para asegurar una mayor participación de los ciudadanos de la Unión en la misma, y es obvio que las regiones constitucionales constituyen ya un elemento de representación, responsabilidad y contribución a escala europea del que la Unión no puede prescindir. 
Deseo reiterar mi apoyo a la propuesta para que el debate post-Niza se convierta en un proceso constitucionalista como la mejor opción para clarificar y fijar los contenidos políticos de la Unión del siglo XXI. 
. La necesidad de dar a la UE instrumentos capaces de hacer frente al reto de la ampliación explica la importancia de la reforma institucional a que debía procederse en Niza, y también la decepción ante los resultados obtenidos y, sobre todo, ante la falta de ambición y de voluntad política demostrada por los Jefes de Estado y de Gobierno, más preocupados por ver cómo bloquear las decisiones que por encontrar fórmulas que permitieran avanzar juntos hacia un futuro compartido. 
Es cierto que se han producido algunos avances, pero Niza está muy lejos de lo que se esperaba y se necesitaba de ella, ya que la reforma acordada no sirve para hacer una UE más eficaz y democrática en la perspectiva de la ampliación, como demuestra, por otro lado, el anexo sobre el post-Niza que acompaña el Acta final del Tratado. 
Por ello, el informe Méndez de Vigo-Seguro debía haber sido más contundente, porque era importante que el Parlamento pusiera en evidencia las insuficiencias de Niza y diera una señal clara en este sentido, motivo por el cual lamento también que no hayan prosperado algunas de las enmiendas presentadas que iban en esa dirección. 
Pero hechas estas salvedades, el informe contiene algunos aspectos, sobre todo en relación con la necesidad de seguir un método similar al de la Convención que redactó la Carta de los Derechos Fundamentales y también con la necesidad de iniciar un proceso constitucional que culmine con la adopción de la Constitución de la Unión Europea, que me han inclinado a votarlo favorablemente, a pesar de mi convicción de que Niza ha sido una oportunidad perdida. 
. (EN) El estado de agitación constitucional permanente que caracteriza la UE contemporánea se debe a una importante deficiencia de nuestros acuerdos constitucionales. 
Con el Tratado de Niza, que ha llegado tan rápidamente tras del Tratado de Amsterdam y que irá seguido de otra CIG en 2004, vivimos en una era de revolución permanente. 
Algunos indicios apuntan a que esta CIG que tomará el relevo puede alcanzar un nivel de acuerdo constitucional que sería muy favorable, y para alcanzarlo es necesario pasar por el Tratado de Niza, a pesar de sus evidentes deficiencias. 
Los resultados de la Conferencia Intergubernamental de Niza no han respondido a las expectativas de las poblaciones ni los pueblos europeos. 
Ante todo, debía haberse dado prioridad al contenido de la Unión, en primer lugar sobre la satisfacción de las necesidades y los derechos de cada ciudadano. 
Habría sido preciso debatir una verdadera carta de derechos sociales y libertades y no ratificar una carta de derechos fundamentales desvalorizada. 
Una vez planteada la cuestión del contenido, habría sido preciso abordar la cuestión de una financiación justa de las políticas europeas, especialmente revisar la fiscalidad y exigir mecanismos de gestión democráticos para satisfacer estas necesidades. 
Gravar los capitales (tipo impuesto Tobin) y sancionar las empresas que despiden y hacen beneficios habría sido un primer paso. 
A continuación, se plantea la definición del continente. 
Es preciso que Europa se dé los medios para conseguir una democracia real que abarque todos los aspectos de sociedad importantes que se encuentran en juego respetando la diversidad de los pueblos europeos, al mismo tiempo que permite el surgimiento de una ciudadanía europea. 
Es preciso dar a los trabajadores y a los ciudadanos los medios para debatir e influir sobre las cuestiones relativas al derecho de trabajo y las opciones económicas, controlar a los ejecutivos y al Banco Central. 
El Tratado de Niza, al igual que las orientaciones propuestas por este informe, se encuentran en las antípodas de este proceso. 
Esa es la razón por la que no emití un voto positivo. 
. (DE) Yo habría votado gustosamente a favor de la propuesta de resolución sobre el Tratado de Niza y el futuro de la Unión Europea, con las enmiendas de nuestro Grupo, si hubiese tenido la oportunidad de poner de manifiesto, mediante una votación nominal, aquellos aspectos que no puedo suscribir de ningún modo. 
Yo no creo- en lo cual coincido, por otra parte, con el ex­Presidente de la Comisión, Jacques Delors- que debamos adoptar una Constitución Europea mientras sigan existiendo los Estados nacionales con sus propias constituciones, a la vez que tampoco existe un pueblo europeo. 
Tampoco me incluyo entre quienes lamentan que en Niza no se ampliase la aplicación de la mayoría cualificada a los asuntos fiscales. 
Todavía no hemos llegado al extremo de que una mayoría accidental en esta Asamblea puede contribuir a decidir, pasando por encima de los parlamentos nacionales, qué impuestos deben recaudar los Estados miembros y su cuantía. 
Por esto, habría deseado poder votar nominalmente contra esta cláusula. 
Yo siempre he defendido aquí que los asuntos fundamentales y constitucionales se deben decidir por unanimidad. 
Por esto también habría deseado poder votar nominalmente en contra del párrafo que pretende hacer creer, erróneamente por lo demás, que esto impide profundizar en los aspectos políticos y sociales de la Unión. 
Con objeto de poder dejar muy clara mi posición sobre estos puntos, no me ha sido posible votar globalmente a favor de la resolución. 
La Cumbre de Niza estaba enfocada en la ampliación de la UE, pero no formaba parte de los objetivos que se llegara a una toma de decisiones más democrática y transparente dentro de la UE. 
En vez de dar los pasos definitivos para suscribir el Tratado Europeo de los Derechos Humanos se proclamó una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuyo estatus no ha quedado nada claro. 
Aunque el Consejo ya perdió hace mucho el derecho de ser el guardián de los intereses nacionales, y su papel ha quedado reducido a garantizar el secreto y el caos, las votaciones de ese órgano resultaron ser más importantes que el poder de decisión del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales. 
La Cumbre de Niza no ha creado más luz en el laberinto europeo. 
Dentro de poco contaremos tal vez con más de 30 Estados miembros y entonces se va atascar esta toma de decisiones complicada y turbia de la UE. 
Por lo tanto, abogo por otro modelo, sin Consejo pero con más influencia directa de los electores. 
Según este modelo la Comisión Europea presentaría propuestas, a continuación el Parlamento Europeo tomaría la decisión final y los parlamentos nacionales decidirían finalmente si su Estado miembro ratifica esa decisión. 
No se trata de un modelo supranacional ni intergubernamental, sino de un modelo interparlamentario basado en el reconocimiento de la democracia y la diversidad en vez de en un estado multiétnico que deje las decisiones en manos de las grandes multinacionales y la OTAN. 
Lamentablemente, el ponente no ofrece esta alternativa. 
Por eso voto en contra como una gran parte de mi Grupo Parlamentario. 
. (EN) Los diputados Laboristas del Grupo Socialista acogemos favorablemente el Tratado de Niza que allana el camino de la ampliación de la Unión Europea, un objetivo que todos los Estados miembros de la Unión han perseguido, al igual que los sucesivos Gobiernos británicos. 
La idea de que el Tratado de Niza convierte la Unión Europea en un Superestado centralizado carece de sentido y fue acertadamente descartada, por ridícula, en el debate de ayer. 
La presente resolución reconoce que los últimos obstáculos que quedaban para la ampliación han sido eliminados, lo cual acogemos con satisfacción. 
Al final persigue también una mayor reforma, aspecto con el que el Laborismo está comprometido para que la Unión Europea sea más eficaz, más transparente y más democrática. 
No obstante, la resolución contiene algunas críticas al Tratado de Niza que carecen de fundamento y contiene asimismo algunas propuestas de cara al futuro que se adelantan al debate sobre el futuro de Europa, que debería celebrarse durante los próximos años. 
Algunas de estas propuestas son prematuras y otras probablemente jamás lleguen a ser deseables; por este motivo, los diputados Laboristas hemos decidido abstenernos sobre dicho documento. 
. (SV) La Conferencia Intergubernamental de Niza tuvo como objetivo primordial la ampliación de la UE. 
Los 15 parlamentos nacionales van a ratificar el Tratado de Niza en el curso de 2001, independientemente del hecho de que la mayoría del Parlamento Europeo parece no estar satisfecha. 
Por eso, los cristianodemócratas suecos opinamos que el punto 42 del informe, entre otras cosas sobre la aprobación en el Parlamento Europeo de los tratados de adhesión, debe redactarse de manera más positiva y generosa. 
¿Cómo se interpretará este punto, por ejemplo, en Estonia, en Polonia y en Chipre? 
Mi partido no respalda el punto 25 del informe, que posibilita la instauración de una escala fiscal europea, además, con normas que se fundamentan en la mayoría calificada. 
Todas las experiencias demuestran que la fijación de nuevos niveles fiscales conduce a una mayor carga impositiva y, consecuentemente, a que nuestros mandatarios, los ciudadanos, tengan menos dinero en el bolsillo. 
Otro asunto primordial que debe interesar a los parlamentos nacionales y a los gobiernos es el concerniente a la política de defensa. 
El Partido Cristianodemócrata de Suecia no da su respaldo al punto 31, en el que se pretende que la política de defensa forme parte de la llamada "cooperación reforzada" o la "integración flexible". 
Los cristianodemócratas suecos nos congratulamos por las dos mejoras históricas que se introducen en el informe. 
En primer lugar, es hora de mejorar la transparencia de los trabajos del Consejo, haciendo públicas sus reuniones cuando este organismo actúa como legislador. 
Éste es un asunto que he impulsado constantemente, y con éxito creciente, en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Para poder hablar de democracia y no sólo de diplomacia en la UE hay que contar con esta apertura, es decir, damos nuestra aprobación al punto 11 y a la enmienda 68. 
En segundo lugar, es necesario precisar y aplicar el principio de subsidiariedad. 
No hay un pueblo europeo, sino muchos. 
No hay una lengua materna europea, sino muchas. 
No hay una nación europea común, sino muchas. 
No hay una cultura europea común, sino muchas. 
Habida cuenta de estas circunstancias, además de los valores fundamentales como los derechos humanos, la democracia, la apertura, la claridad en las responsabilidades políticas y la igualdad cultural y lingüística en el ámbito comunitario, los cristianodemócratas suecos respaldamos la enmienda 77 sobre limitación de los poderes de la UE. 
Esto coincide con el deseo de los ciudadanos de no aumentar la distancia respecto a los que tomamos las decisiones ni el creciente centralismo político europeo. 
Como siempre, la construcción europea procede por pruebas y necesidades sucesivas. 
La prueba esencial que se ha impuesto para los próximos años, que es también un imperativo histórico, es naturalmente la opción de reconciliar la geografía del continente con su historia y proceder a la ampliación que dé pauta hoy día a la democratización y a las reformas económicas considerables de los países de Europa central y oriental. 
El Tratado de Niza, que el informe Méndez de Vigo/Seguro aborda y comenta con mucha honestidad y rigor, es ante todo la opción política considerable de una Europa por fin reunificada bajo sus valores fundadores de democracia, libertad, solidaridad y cultura. 
A esta ambición política considerable para nuestro porvenir, que justifica, por sí sola, su ratificación, el Tratado de Niza no aportó, es verdad, las reformas institucionales adaptadas a un ejercicio democrático y coherente de un poder político europeo asumido por 27 países y más. 
La dificultad de ponerse de acuerdo entre 15, en Niza, sobre las futuras instituciones de la Unión, demuestra, si era preciso hacerlo, los límites del ejercicio intergubernamental, en un conjunto todavía más numeroso de Estados miembros. 
Esta es la razón por la que me felicito de que nuestro ponente proponga la creación de una Convención, sobre el modelo de la que elaboró la Carta Europa de Derechos Fundamentales, con la finalidad de prefigurar y proponer en la futura Conferencia Intergubernamental una Constitución de la Europa futura. 
Esta etapa, no nos lo ocultemos, constituirá un momento histórico de la construcción europea, que tiene vocación para unir a nuestros pueblos y nuestro futuro, de manera irreversible. 
Esta es la razón por la que debe preceder a esta etapa preconstitucional un debate democrático y público, un debate abierto a cada uno de nuestros pueblos con el fin de erradicar toda ambigüedad sobre la Europa que deseamos construir juntos: ¿una Europa política o una Europa mercantil? 
¿Una Europa poderosa o un club de países paralizados por la regla del consenso? 
El debate público decidido en Niza, como el método de la convención, que acabamos de afirmar aquí, son las condiciones de esta democratización imperativa del debate y de los principios europeos que se encuentran en juego. 
(EN) A pesar del respeto que me merece el ponente, Sr. Méndez de Vigo, hoy en votado "no" a su informe sobre el Tratado de Niza; no obstante, eso no significa que haya votado "no" a Europa. 
A la población irlandesa no se le ha permitido celebrar un debate adecuado sobre las repercusiones que los cambios propuestos en el Tratado de Niza tendrán sobre la soberanía y la Independencia de Irlanda. 
Hasta 2001 no habrá que tomar una decisión sobre este Tratado y, sin embargo, el Gobierno irlandés está presionando a la población irlandesa para que lo apruebe, a pesar de que la sociedad sólo ha dispuesto de aproximadamente tres semanas para digerir el mínimo de información que se le ha facilitado. 
El electorado irlandés tiene derecho a conocer cuáles serán las consecuencias del Tratado para la población de Irlanda y de Europa en su conjunto, los países candidatos inclusive. 
En una reciente encuesta de ámbito nacional, nueve de cada diez irlandeses declararon que no entendían el Tratado de Niza, y la apatía de los electores es altísima. 
No tengo ninguna duda de que esta situación repercute en otros Estados miembros y me parece a mí que éste no es el modo de ganarse a los ciudadanos para que se comprometan políticamente a nivel local, nacional y europeo. 
El Tratado de Niza contiene muchos aspectos que preocupan a una nación pequeña, algunos de los cuales son: que Irlanda no puede participar en una cooperación reforzada de sus políticas empresarial y de impuestos sobre el consumo energético; la futura pérdida de veto, el único modo seguro de que dispone un país pequeño para poder influir sobre decisiones y proteger sus intereses; el debilitamiento de la neutralidad de Irlanda en una Europa cada vez más militarizada, en la que el Tratado de Niza introduce por vez primera en la UE un ejército, denominado Fuerza de Reacción Rápida, asociado con la OTAN y con una estructura de mando militar. 
Otro motivo de profunda preocupación es la Carta de los Derechos Fundamentales, que tiene la clara finalidad de ser legalmente vinculante en 2004, como constitución o Tratado-constitución, que a través de las decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas podría sentar precedente sobre nuestra Constitución irlandesa y nuestros tribunales. 
Nuestra Constitución es un documento minuciosamente elaborado que consagra los valores y creencias que han sustentado al pueblo de Irlanda a través de las mejores y de las peores épocas. 
Consagra, entre otras cosas, la protección constitucional de la vida, del matrimonio y de la familia, y no debería ser vulnerable a decisiones adoptadas sin el consentimiento pleno y con conocimiento de causa de la población irlandesa. 
Lamentablemente, los cimientos y la herencia cristianos de la Unión Europea brillan por su ausencia en la Carta. 
Me parece que una Europa que pugna por convertirse en una potencia continental, orgullosa de su progreso económico y de su capital intelectual no debería temer reconocer su dimensión espiritual, una dimensión que nos dará fuerzas en nuestro afán de avanzar hacia la paz y la seguridad. 
Decidí votar contra el informe Méndez de Vigo/Seguro a pesar de ser un europeo convencido y preocupado por el porvenir de la Unión Europea. 
Sin embargo, no pienso que el preámbulo brinde una garantía real para las condiciones de ampliación equitativa para todos los países. 
Además, el hecho de que la Carta de los Derechos Fundamentales no sea vinculante no permite dar un soporte a una Europa donde los derechos de los más desfavorecidos siguen siendo una prioridad: la protección de los asalariados de cara a la arrogancia de algunos empresarios, por ejemplo. 
Por último, la ausencia de una afirmación clara de la igualdad de los derechos sociales, económicos y políticos entre extranjeros y emigrantes y los nacionales europeos inquieta enormemente, en el momento en que la llamarada del voto xenófobo populista abraza el corazón de Europa, de Austria a Lombardía, Italia, Suiza, la enorme violencia de los movimientos de extrema derecha y de ultraderecha en Alemania o de los hooligans en Gran Bretaña, la suerte de miles de personas que viven en nuestros países, residiendo en ellos y sin documentos, y que se encuentran en las manos de mercaderes de sueños y traficantes de toda calaña, son tantas faltas graves. 
La ausencia de demandas judiciales contra las violencias "de El Ejido" (España) calificado de "pogrom" por los comentadores, no es digno de Europa. 
Por último, la dimensión de una Europa que dirige la mirada hacia los países del Sur, especialmente Africa, que se hunde en una miseria económica, sanitaria, ecológica, no constituye realmente una prioridad y no se ha previsto nada para una supresión llana y simple de la deuda de los países del Tercer Mundo y un aumento de las ayudas, pero también la ausencia de reflexión sobre un nuevo equilibrio del franco CFA de cara al dólar, al yen y a nuestro euro van a reforzar un desequilibrio creciente. 
El mea culpa del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial habría merecido que se hiciera del desarrollo de Africa una prioridad habida cuenta de nuestra historia colonial. 
Todo esto no resta nada al trabajo serio de los ponentes y a las recientes declaraciones del Primer Ministro francés Sr. Lionel Jospin, que van en el sentido de una Europa más fraternal, solidaria y justa, pero parecen en contradicción con las posiciones del Sr. Shröder y el Sr. Blair. 
Nuestra Europa merece que el Tratado de Niza sea a la imagen de las recientes declaraciones o, por lo menos, más próximo a las declaraciones de los dos dirigentes del ejecutivo francés. 
El Tratado de Niza confirmó la ausencia de un proyecto político, democrático y abierto para la construcción europea. 
En lo relativo a la ampliación, la única opción propuesta es quitarle al Sur para darle al Este- al mismo tiempo que se hace un esfuerzo por reducir los fondos de la política agrícola común. 
Si se quiere que la ampliación no sea únicamente la extensión de un mercado y de la zona euro, es preciso que Europa haga un esfuerzo en relación con los Fondos estructurales a fin de reducir las diferencias de desarrollo ayudando a las regiones menos desarrolladas de la Unión. 
Los fondos actuales son insuficientes habida cuenta de las necesidades de las nuevas poblaciones que van, de hecho, a integrar la UE, pero también porque todavía perduran en la Unión de hoy día intolerables desigualdades. 
Todo nuevo proyecto europeo debe acompañarse de una transformación radical de la lógica de la PAC. 
Es preciso que los campesinos de Europa del Este puedan inscribirse en esta nueva definición de la PAC (empleo, ordenación territorial, ecología, solidaridad con los campesinos del Tercer Mundo, productivismo, política de subvenciones que estimule las exportaciones). 
Por último, no puede hacerse una ampliación lograda si Europa no sitúa en el corazón del proceso las cuestiones sociales, especialmente la de las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones. 
Este informe aborda la cuestión de la ampliación casi exclusivamente bajo el ángulo de las instituciones de la Unión Europea, sin plantear como requisito previo el asentimiento y la adhesión de los pueblos y las poblaciones. 
Informe Myller (A5-175/2001) 
Quiero justificar el voto negativo del Grupo del PPE al informe Myller diciendo que nosotros apoyamos plenamente el proyecto y el programa de acción medioambiental de la Comisión. 
La Comisión elaboró un programa espléndido, muy equilibrado, científico, con un gran sentido de futuro y que pretendía ser un documento que llegara a Johannesburgo con toda la dignidad de Europa, proclamando una política medioambiental viable, factible, accesible a los ciudadanos y capaz de aplicarse y de trasladarse a la realidad. 
Sin embargo, aquí en el Parlamento se le han introducido numerosas enmiendas. 
Nosotros, como Grupo, no podemos admitir algunas de ellas. 
Nosotros, como Grupo, para demostrar incluso nuestra voluntad, hemos ampliado el horizonte habitual del medio ambiente, hemos añadido un apoyo clarísimo al medio ambiente urbano, que con anterioridad no existía, hemos incrementado el interés por el paisaje y el medio rural, hemos apoyado también la participación municipal, que no figuraba en la propuesta, y hemos apoyado a su vez también, con gran entusiasmo, la salud pública. 
Sin embargo, nos encontramos con que se han introducido unas medidas imposibles de cumplir para los ciudadanos. 
Se ha subido la cota tan alto que es imposible incluso que los países de la ampliación puedan acceder a ella. 
Y creemos que hay que gobernar la cabeza y con espíritu de solidaridad hacia los ciudadanos. 
No podemos imponer cosas para salir en la foto nosotros, los diputados, y presumir de pertenecer al grupo más "verde" de todos, aunque con ello se cree un gran problema a los ciudadanos. 
Por ejemplo, en lo que se refiere al etiquetado, el cumplimiento de la norma exigiría, que todas las empresas, incluso las más pequeñas, dispusieran de una gran burocracia dedicada a rellenar etiquetas y, además, las pequeñas empresas tendrían que hacer unos seguros de responsabilidad civil. 
Sería una locura lo que tendrían que hacer los ciudadanos si tuvieran que aplicar estas medidas. 
En cuanto a las tasas, una tasa generalizada europea recaería sobre los más pobres, sobre los que viven fuera de las ciudades, etc. Por todas estas razones, hemos votado negativamente porque defendemos a los ciudadanos y un modelo viable y de sentido común. 
Señor Presidente, el informe Myller aquí presentado es un informe sin planes de acción concretos. 
Con la ambigüedad que se desprende de este informe se corre el riesgo de que sólo se aborden algunos "eyecatchers" como la introducción de una tasa sobre el CO2 y los objetivos del Protocolo de Kioto. 
Por lo tanto, este informe se desentiende de la esencia de la cuestión que es cómo se puede mejorar en el futuro la protección del medio ambiente. 
Hasta ahora sólo ha habido interés en aumentar de los gastos en lugar de ofrecer unos "incentives" concretos para vivir con mayor respeto por el medio ambiente. 
Además, se pasa por alto la necesidad imperiosa de llevar a cabo una armonización a nivel internacional, porque mientras no seamos capaces de llegar a esa armonización, aumentarán los efectos negativos sobre todo para Europa e impedirá el libre comercio. 
Por todas estas razones me he abstenido en la votación. 
Señor Presidente, yo también he votado en contra el informe Myller, pero no por los motivos que acaba de exponer tan bien la Sra. Cristina Gutiérrez. 
Suelo hablar a menudo con personas mayores y pensionistas y, por lo tanto, también he hablado del medio ambiente que tanto regulamos aquí, en este bonito salón de Bruselas y en el aún más bonito y más grande salón de Estrasburgo. 
Hablando con ellos, me han expresado una duda, un problema. 
Me han dicho: " ¿Acaso con vuestros informes, con vuestros programas medioambientales, tratáis de que se respire aire sano y limpio, intentáis que el paisaje sea bonito y que los jóvenes, la gente de mediana edad y las personas mayores se sientan bien? 
Considero que en estos planes falta el objetivo de un medio ambiente limpio para la gente mayor que es la que más lo necesita. 
Si hay un medio ambiente limpio y cercano a la gente mayor, también lo habrá para quien es joven como usted, señor Presidente. 
La delegación socialista francesa siempre ha defendido y alentado el fortalecimiento de las relaciones positivas existentes entre la agricultura y el medio ambiente. 
Es la razón por la que apoyamos los objetivos generales del informe Myller. 
No obstante, no podemos aceptar que so pretexto de una enmienda (150) , se intente volver a poner en tela de juicio los propios fundamentos de la política agrícola común. 
No podemos avalar la substitución de las ayudas a la producción. 
La PAC de hoy día ya no tiene nada que ver con la de hace cuarenta años, se ha reformado profundamente. 
Queremos continuar ese trabajo, pero no de manera insidiosa. 
A partir de ahora ya es posible y deseable dar nuevas orientaciones. Las apoyamos. 
Pero no podemos aprobar esta enmienda que conduciría a volver a poner en tela de juicio toda una parte de la PAC sin integrarla en una reorientación global. 
. (EN) En mi calidad de miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, espero que el Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea alcancen un acuerdo idóneo que garantice una reducción continua de los niveles de gases de efecto invernadero. 
La verdad es que mientras mayor sea la producción de gases de efecto invernadero, mayores serán sus efectos sobre el cambio climático que, a su vez, tendrá repercusiones devastadoras sobre las comunidades costeras y las comunidades insulares no sólo de Europa, sino del mundo entero. 
Me consta que la Unión Europea se está preparando para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, que se celebrará en Sudáfrica en el año 2002. 
Apoyo las cuatro líneas de acción que ha elaborado la Comisión Europea en el marco de los preparativos para dicha Cumbre Mundial. 
La Unión Europea intentará proteger los recursos naturales que son el origen del desarrollo económico, luchará por el fomento de la eficiencia ecológica, promoverá el consumo sostenible del agua, el suelo y la energía, además de intentar garantizar que se rompe el círculo vicioso de pobreza y degradación del medio ambiente. 
Asimismo acojo favorablemente el hecho de que la Comisión Europea reconozca que el mejor enfoque que puede adoptarse para garantizar el cumplimiento efectivo de estas medidas de acción pasa por un acuerdo en el marco de las Naciones Unidas. 
Diez años después de la Cumbre de Río de Janeiro, que tuvo una importancia crucial, las expectativas no se han cumplido. 
Se han agravado las presiones sobre el medio ambiente y la pobreza continúa ganando terreno en el mundo. 
Todos debemos redoblar nuestros esfuerzos para poder estar seguros de que la Cumbre Mundial del año próximo estará a la altura del reto que supone garantizar que el desarrollo tiene lugar de una manera sostenible y también de forma que proteja a las comunidades actuales. 
El Quinto Programa de acción comunitario en materia de medio ambiente de la Comunidad protege a las personas de las consecuencias adversas de la contaminación del aire. 
Habida cuenta de que es evidente que el objetivo a largo plazo que establece el Quinto Programa de acción comunitario en materia de medio ambiente no podrá alcanzarse fácilmente, la Comisión ha decidido, acertadamente, adoptar un enfoque gradual, según el cual se han fijado los denominados objetivos medioambientales provisionales hasta el año 2010. 
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo seguirá desempeñando un importante papel de coordinación en este sentido. 
. (EN) Como diputado al Parlamento Europeo, espero que el Gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea alcancen un acuerdo idóneo que garantice una reducción continua de los niveles de gases de efecto invernadero. 
La verdad es que mientras mayor sea la producción de gases de efecto invernadero, mayores serán sus efectos sobre el cambio climático que, a su vez, tendrá repercusiones devastadoras sobre las comunidades costeras y las comunidades insulares no sólo de Europa, sino del mundo entero. 
Me consta que la Unión Europea se está preparando para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, que se celebrará en Sudáfrica en el año 2002. 
Apoyo las cuatro líneas de acción que ha elaborado la Comisión Europea en el marco de los preparativos para dicha Cumbre Mundial. 
La Unión Europea intentará proteger los recursos naturales que son el origen del desarrollo económico, luchará por el fomento de la eficiencia ecológica, promoverá el consumo sostenible del agua, el suelo y la energía, además de intentar garantizar que se rompe el círculo vicioso de pobreza y degradación del medio ambiente. 
Asimismo acojo favorablemente el hecho de que la Comisión Europea reconozca que el mejor enfoque que puede adoptarse para garantizar el cumplimiento efectivo de estas medidas de acción pasa por un acuerdo en el marco de las Naciones Unidas. 
Diez años después de la Cumbre de Río de Janeiro, que tuvo una importancia crucial, las expectativas no se han cumplido. 
Se han agravado las presiones sobre el medio ambiente y la pobreza continúa ganando terreno en el mundo. 
Todos debemos redoblar nuestros esfuerzos para poder estar seguros de que la Cumbre Mundial del año próximo estará a la altura del reto que supone garantizar que el desarrollo tiene lugar de una manera sostenible y también de forma que proteja a las comunidades actuales. 
El Quinto Programa de acción comunitario en materia de medio ambiente de la Comunidad protege a las personas de las consecuencias adversas de la contaminación del aire. 
Habida cuenta de que es evidente que el objetivo a largo plazo que establece el Quinto Programa de acción comunitario en materia de medio ambiente no podrá alcanzarse fácilmente, la Comisión ha decidido, acertadamente, adoptar un enfoque gradual, según el cual se han fijado los denominados objetivos medioambientales provisionales hasta el año 2010. 
Hemos votado en favor del informe Myller porque consideramos que va en la dirección correcta y da una impresión global de las políticas que han de aplicarse en el marco de la protección del medio ambiente. 
Es importante que se tome en cuenta, a todos los niveles de decisión y en todos los sectores, la noción de desarrollo sostenible. 
Asimismo, se interpela el poder público (europeo, nacional, municipal, local) para que se una a estas consideraciones. 
Las empresas tienen gran parte de responsabilidad en los problemas actuales. 
No obstante, no hay que olvidar que los ciudadanos tienen un poder enorme a través de la demanda y de este modo pueden orientar las consideraciones medioambientales en materia de inversiones de las empresas. 
Una de las prioridades debe seguir siendo la sensibilización del público en general. 
Además, e incluso si el medio ambiente no conoce fronteras, es importante que el legislador europeo respete el principio de subsidiariedad, es decir que no imponga demasiadas normativas a nivel europeo, dejando que las autoridades nacionales se encarguen de definir localmente el desarrollo sostenible, noción que engloba no solamente la protección del medio ambiente, sino también el contexto económico y social necesario a los seres humanos. 
Esta es la razón por la que no pudimos votar en favor de algunas enmiendas que nos parecieron sobrepasar este marco. 
Votaremos en favor del informe de la Sra. Ritta Myller especialmente porque clarifica el problema de fondo que plantean las propuestas del Consejo sobre el Sexto Programa de acción comunitaria para el medio ambiente. 
Las intenciones, las ambiciones y las prioridades anunciadas a menudo son loables, sin embargo, la clarificación de los objetivos (¿qué es el desarrollo sostenible? ) como la definición de las políticas, de los medios y los plazos siguen siendo especialmente vagos. 
Cuando se trata de imponer reformas económicas liberales y defender los intereses particulares de las poderosas instituciones financieras privadas, el Consejo decreta reglamentaciones restrictivas. 
Cuando se trata de hacer frente a la crisis ecológica y defender con ello los intereses colectivos de la población, se contenta con hacer una profesión de fe muy general. El contraste es impresionante. 
Se comprende fácilmente. 
La crisis ecológica, hoy día de origen humano, está alimentada por la dinámica depredadora de ese capitalismo liberal que promueve el Consejo. 
La aplicación de una política de desarrollo sostenible exige un cambio de rumbo radical en el ámbito económico. 
Un cambio de rumbo que los Tratados de Maastricht y de Amsterdam quieren evitar en nombre de la competencia comercial, del derecho patronal y de la libertad de la inversión privada. 
Es preciso elegir entre la defensa de los grandes accionistas y las exigencias ecológicas (así como las necesidades sociales de la mayoría). 
La destrucción del medio ambiente es trabajo de los hombres. 
En vez de repartir con mayor justicia los rendimientos de nuestras fuentes naturales, nos hemos esforzado en aumentar esos rendimientos para hacernos menos pobres o más ricos aún. 
La contaminación del aire, del agua y de la tierra, junto con la erosión del suelo, las inundaciones y los terremotos, constituyen un problema transfronterizo que también tendríamos que solucionar entre todos aunque no existiera la Unión Europea. 
El primer paso es marcar unos objetivos y medios para alcanzarlos en un programa de acción. 
También aunque se trate de unos medios dolorosos, como la enmienda 121, que pone fin a las subvenciones para el uso del carbón. 
El siguiente paso es romper las resistencias de los que piensan que la protección del medio ambiente perjudica sus propios intereses. 
Algunos estados y grandes empresas siguen creyendo que los beneficios y el crecimiento son mucho más importantes. 
El gobierno de los Estados Unidos y las grandes empresas petroleras que han ayudado para que este gobierno llegara al poder, piensan que no les incumbe que el cambio climático conduzca a un aumento de la superficie de mares y desiertos, por lo que una parte de la tierra se convierta en inhabitable. 
Me parece que el sexto Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente, y sobre todo la redefinición más estricta de los objetivos y medios que el ponente y los tres ponentes de opinión proponen, es una señal de que los pueblos europeos no quieren resignarse en la impotencia que los EEUU nos intentan imponer. 
Señor Presidente, a propósito de este informe sobre los cinturones de seguridad, se me ha ocurrido una cosa. 
Usted, señor Presidente, ¿se tiraría desde un puente con una cinta elástica atada en el pie, como lo hacen muchos jóvenes ahora? 
Pienso que no. 
Yo seguro que no. 
No obstante, señor Presidente, piense que en el Parlamento italiano ha sido elegida y ayer participó en la primera reunión de la Cámara de Diputados una guapa, simpática y famosa presentadora de la televisión italiana, Gabriella Carlucci- que ahora es su Señoría Gabriella Carlucci- que se tiró desde una grúa con una cinta elástica atada en un pie. 
Pues bien, creo que no debemos dar ejemplos de temeridad y de vida insegura, si luego elaboramos unas directivas para estar todos más seguros atados al coche. 
El informe que hemos votado hoy en primera lectura se refiere a una propuesta legislativa destinada a mejorar la Directiva 91/671/CEE. 
Este texto, es preciso admitirlo, ha contribuido a la seguridad vial en la Unión Europea. 
En efecto, ha impuesto que se respete el uso del cinturón de seguridad y la utilización de dispositivos de sujeción para los niños. 
Estas disposiciones son esenciales en la medida en que permiten atenuar la gravedad de las lesiones en caso de accidente. 
Las investigaciones en materia de accidentes han demostrado que, para los niños que no están sujetos por un dispositivo adaptado, el riesgo de resultar gravemente lesionados es siete vez más elevado que en los demás. 
Por tanto, la revisión de este texto que data de 10 años parece indispensable. 
Así, en virtud de la legislación actual, los niños menores de 3 años pueden utilizar un cinturón ordinario del asiento trasero. 
En tanto que padre de niños pequeños, estoy bien situado para denunciar este estado de hecho que pone en peligro su salud y su vida. 
¡Los dispositivos de sujeción disponibles en el mercado son en nuestra época suficientemente perfeccionados para que se imponga su utilización! 
Por tanto, es preciso armonizar más todavía y hacer más segura la utilización de dispositivos de sujeción para niños. 
La propuesta de la Comisión amplió igualmente el campo de aplicación de la directiva incluyendo en ella llevar el cinturón de seguridad, para el conductor y los pasajeros que ocupan los asientos, en todos los vehículos de motor que están equipados con ellos. 
Esta propuesta, aunque satisfactoria, no es bastante precisa. 
Es por ello que la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ha deseado aportar precisiones suplementarias. 
Entre estas, se trata de iniciar una campaña de información sobre el peligro que representan las bolsas de aire para los niños que se transportan en la parte delantera en asientos adaptados y fijados de espaldas a la carretera. 
En lo relativo a las condiciones de seguridad de los niños menores de 12 años, considero, al igual que el ponente, que es más lógico tener en cuenta su talla más que su peso, puesto que no necesitan dispositivo particular si miden por lo menos 150 cm. 
Concierne a la responsabilidad colectiva garantizar la seguridad de nuestros niños, por tanto, ¡voté a favor de todas las enmiendas que van en este sentido! 
. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Hedkvist Petersen, por su gran trabajo y expresar, al mismo tiempo, mi apoyo al informe sobre la modificación de la Directiva 91/671/CEE. 
De esta forma quedará regulado el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas. 
Asimismo, se prohibe que los asientos para niños orientados hacia atrás se utilicen, a no ser que el airbag correspondiente se haya anulado o desconectado y los viajeros deben utilizar el cinturón de seguridad en cada vehículo que esté equipado con él. 
Mi Grupo Parlamentario se muestra satisfecho de que sus enmiendas hayan sido adoptadas. 
Por esta razón, las sillas para niños se deben utilizar no sólo para niños menores de 12 años, sino también para niños de una estatura inferior a 150 cm. También se pide una "campaña de información sobre el airbag" para avisar del peligro de transportar a niños en los asientos especiales cuando el airbag está activado. 
La instalación de airbags "inteligentes" podría ser una solución. 
Y en último lugar, el fabricante debería informar mejor al consumidor para explicar qué asientos de seguridad son los adecuados para su vehículo. 
El objetivo más importante de la Directiva es el de reducir las incongruencias que son causadas por las diferentes aplicaciones en los Estados miembros de la Directiva actual. 
De esta forma, la regulación se hará más transparente y más firme y los problemas en el tráfico intracomunitario quedarán resueltos porque la legislación ya será inequívoca en todos los Estados miembros. 
En el Grupo Parlamentario Liberal hubo alguna discusión sobre hasta qué punto esta Directiva es una competencia comunitaria o una competencia de los Estados miembros. 
Después de haber examinado detenidamente esta cuestión de subsidiariedad, soy de la opinión de que se debe imponer aquí la legislación europea para que aumente la transparencia relativa al uso obligatorio del cinturón. 
Se trata de una competencia compartida basada en el artículo 251 del Tratado. 
Ahora se puede enfocar la legislación fragmentaria de los Estados miembros con la entrada en vigor de una Directiva simplificada a nivel comunitario. 
Informe Hautala (A5-173/2001) 
Después de los debates que concluyeron con este informe, mi Grupo, mediante enmiendas jurídicamente sólidas, progresistas, que concuerdan con el espíritu del Tratado de Amsterdam, que coinciden con la directiva y que, sobre todo, no resultan en cargas burocráticas exageradas para los empresarios, contribuyó a mejorar la propuesta de la Comisión. 
Lamentablemente, a pesar de los compromisos con los que estábamos ampliamente de acuerdo, el ponente y otros Grupos introdujeron, sin consultarnos, nuevas enmiendas para poner de nuevo en tela de juicio los compromisos y para introducir en último lugar una supuesta enmienda de compromiso 70. 
A este respecto, quiero precisar que, sin dejar de estar de acuerdo con la idea de que no es preciso tampoco discriminar la paternidad, los miembros de mi Grupo no han podido votar esta enmienda porque siempre se mantendrá una diferencia entre "maternidad" y "paternidad". 
Por lo menos, hasta prueba de lo contrario, los hombres no pueden quedar embarazados y, por tanto, no pueden parir. 
Además, hay una mezcolanza tal en esta enmienda, que la gente que gusta de textos jurídicos sólidos no puede estar de acuerdo con ella. 
En lo relativo a la votación final, muchos de nosotros no pudimos estar a favor del informe, porque, en contra de nuestra opinión, se votaron enmiendas tales como la 4, 36, 44. 
Como lo dijo la señora Comisaria, son inaceptables porque ignoran los procedimientos más elementales y particularmente las disposiciones del Tratado. 
Si este Parlamento es colegislador, no debe confundir un texto legislativo con una resolución en la que pueden exponerse todas las "buenas intenciones". 
Un texto legislativo debe ser aplicable. 
Tampoco olvidemos que queriendo hacer de las mujeres que trabajan las más protegidas a toda costa, corremos el riesgo de perjudicar y poner en peligro su acceso al empleo y su promoción. 
Y, por favor, cesemos de comportarnos como excitados en materia de acoso sexual, y para terminar, sobre todo en este ámbito como en otros, no ignoremos el principio de subsidiariedad. 
Estas son las razones que han hecho que muchos de los miembros de mi Grupo no hayan podido votar a favor de este informe. 
Espero la segunda lectura y confío en la sabiduría del Consejo en lo relativo a las extravagantes propuestas que hemos aprobado. 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe, ya que estoy a favor de todas las medidas que implican la igualdad de trato entre hombre y mujeres. 
A propósito de hombres y mujeres, quisiera decir algo respecto a la presencia de las mujeres en los parlamentos nacionales. 
En el recién elegido parlamento italiano, el número de mujeres ha bajado y por tanto hemos dado un paso atrás. 
Y ahora quiero dirigir un llamamiento al Sr. Berlusconi que se convertirá en jefe del Gobierno italiano. 
Señor Berlusconi, ¿es cierto que no habrá ninguna ministra en el nuevo Gobierno italiano? 
¡Espero que no! 
En el caso de que haya una ministra, querrá decir que el Sr. Berlusconi ha escuchado mi explicación de voto, cosa que me alegraría mucho. 
Señor Presidente, me alegra tener esta oportunidad de felicitar la excelente labor realizada por la Sra. Hautala. 
La Sra. Hautala ha dado el primer paso, pero después de haber escuchado a la Comisaria Diamantopoulou, podemos esperar nuevas medidas importantes con vistas a mejorar la actual legislación de la UE en este ámbito. 
Creo que la mayor parte de la población de Europa considerará la votación de hoy sobre este tema como uno de los pasos más importantes hacia un incremento de la credibilidad de esta Asamblea. 
Probablemente, hoy hemos hecho más por el fomento del Parlamento Europeo que todos los euros que se destinan a la propaganda oficial de esta institución. 
Señor Presidente, no sé si el Sr. Berlusconi me va a escuchar y atenderá la petición que le acabo de hacer en mi anterior explicación de voto; sin embargo, debo decir que el Sr. Prodi, Presidente de la Comisión Europea, ha escuchado a mi hermana Anna Maria Fatuzzo en lo que se refiere a este texto. 
¿Por qué? , me preguntará usted, señor Presidente. 
Ayer en Roma estaba hablando del presupuesto de la Comunidad Europea con mi hermana Anna Maria y ella me dijo " En mi opinión, vuestro presupuesto debería contar con más dinero. 
Europa debería tener más dinero ". 
Usted, señor Presidente, no se lo va a creer, pero al día siguiente en todos los periódicos italianos, y pienso también de toda Europa, se ha publicado la declaración del Presidente Prodi que pide una tasa, que tendrán que pagar los ciudadanos, llamada "tasa para Europa": no una tasa más- yo no estaría de acuerdo- sino que los fondos europeos se financien con un porcentaje de los impuestos pagados por los ciudadanos europeos. 
Tal vez sería mejor que hiciera venir aquí a mi hermana Anna Maria a la que quizás por ser mujer se le escucharía más que a mí. 
Está muy claro, señor Fatuzzo. 
¡Cualquiera no vota en esas condiciones! 
Este informe permite ahondar las propuestas iniciales de la revisión de la Directiva 76/207/CEE relativa a la materialización de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo referente al acceso al empleo, a la formación y promoción profesionales y a las condiciones laborales, ampliando su ámbito a la igualdad en todos los aspectos vinculados con la vida profesional de las mujeres, procurando contribuir positivamente a la modificación de las innumerables discriminaciones que se mantienen en el mundo laboral. 
Durante el debate preparatorio aportamos nuestras contribuciones, en particular mediante la presentación de propuestas resultantes de reuniones de trabajo, en Portugal, con activistas sindicales de sectores de actividad en los que predominan las mujeres, en particular del comercio y los servicios, de las industrias textiles, de las prendas de vestir, del calzado y del material eléctrico y electrónico. 
No se han aprobado todas nuestras propuestas, pero algo de su espíritu está implícito en el informe, en particular en lo relativo a la necesidad de impedir cualquier discriminación de las mujeres trabajadoras por motivo de embarazo y maternidad, a la defensa de la necesidad de adoptar las medidas necesarias para conciliar la vida familiar y la vida profesional, así como al aumento de las restricciones a la posibilidad de cualquier discriminación en el acceso al empleo. 
También tomamos nota de todo un conjunto de enmiendas positivas en la esfera de la lucha contra el acoso sexual en el lugar de trabajo y la defensa de medidas de prevención y de acciones positivas en la defensa de la igualdad mientras persista la discriminación. 
A eso se debe nuestro voto favorable al informe. 
Me abstuve en la votación, ya que numerosas enmiendas tienen poca relación con la vocación inicial de este texto. 
El Parlamento Europeo ya tuvo ocasión de decidirse sobre tener en cuenta la igualdad de oportunidades, la especificidad femenina en el medio social y profesional, y me felicito por ello. 
Sin embargo, al hacer demagogia permanente corremos el riesgo de obtener el efecto inverso al deseado y crear una verdadera discriminación contra la mujer. 
¿Cuál será la actitud de los directivos de las PYME de cara a textos cada vez más restrictivos? 
¿No preferirán contratar mejor hombres que mujeres? 
¿Es eso lo que queremos? 
Proteger a la mujer, no es imponer normas siempre más estrictas, más restrictivas, sino ante todo inscribir principios fuertes, al mismo tiempo que se autoriza la flexibilidad necesaria a las exigencias laborales. 
Las propuestas de enmienda del informe Hautala a la antigua directiva en materia de igualdad de trato entre mujeres y hombres en lo relativo al acceso al empleo, la formación profesional y las condiciones de trabajo son sumamente progresistas. 
La integración de acciones positivas en favor de las mujeres, las distinciones entre discriminaciones directas e indirectas, la definición del acoso sexual, la reivindicación para que las mujeres, al terminar su permiso de maternidad, o después de la adopción o la acogida de un niño, tengan el derecho de retomar su propio trabajo, así como los padres que hayan beneficiado de un permiso están encaminadas a luchar contra las discriminaciones y a instaurar una mayor igualdad entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo. 
De ahora en adelante sería importante dedicarse a la formación inicial que, por el intermediario de la escuela, reproduce, desde la más temprana edad, las divisiones de sexo en las tareas y, por tanto, desigualdades que se encuentran en el mundo del trabajo y contra las que tratan de luchar las enmiendas. 
Del mismo modo, sería preciso igualmente instaurar e integrar medidas restrictivas encaminadas a respetar plenamente las leyes o directivas aprobadas. 
Así, en Francia, a pesar de la igualdad de derechos inscrita en la ley, las diferencias de salario, por ejemplo, entre mujeres y hombres sigue siendo del 27% como media. 
Hemos apoyado el informe Hautala como una referencia a una igualdad real. 
Informe Dell ' Alba (A5-0176/2001) 
. (EN) He apoyado las enmiendas 14 y 179 del informe de más arriba. 
A pesar de que el informe no es relativo al derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones, el texto de la Comisión parece introducir una nueva y mal definida excepción al acceso a los documentos, a saber, los "intereses de la Unión", que podría repercutir negativamente sobre el derecho de acceso del Parlamento a los documentos. 
Creo que la propuesta de la Comisión, en las ámbitos que las enmiendas 14 y 179 intentan modificar, está en pugna con el Reglamento aprobado recientemente en base al artículo 255 del Tratado (Acceso del público a los documentos). 
Dicho Reglamento establece que "Todas las normas relativas al acceso a los documentos de las instituciones deben ser conformes al presente Reglamento." (Considerando 12). 
Durante más de 30 años, las finanzas de las Comunidades Europeas y de la Unión han vivido al ritmo de un Reglamento Financiero sin cambiar, si se exceptúan las medidas de aplicación y han transcurrido unos 17 años antes de llegar a un proyecto de reforma de este reglamento. 
La propuesta de reforma del reglamento aplicado al presupuesto de la Unión que la Comisión Europea presenta al Consejo de Ministros es sin duda alguna uno de los textos más importantes de esta legislatura, texto que regirá durante mucho tiempo las finanzas de Europa. 
Ya es decir la importancia que reviste para el porvenir de la Unión Europea este texto renovado, que ocupa hoy a nuestra Asamblea. 
Esta propuesta de reforma sin precedentes abarca seis ámbitos vitales: la reafirmación de los principios de los derechos presupuestarios, la ejecución del presupuesto, los mercados y subvenciones, la contabilidad y la reedición de cuentas, las acciones exteriores de la Unión Europea, así como otros aspectos importantes tales como la aprobación de la gestión, el FEOGA-Garantía, los Fondos estructurales, la Investigación y el Desarrollo, el OLAF y los créditos administrativos. 
El 16 de mayo, la Comisión de Presupuestos, al adoptar el proyecto de informe del Sr. Dell ' Alba, recordaba con toda razón que la primacía del Reglamento Financiero sobre cualquier otra normativa financiera debería precisarse en su dispositivo. 
Asimismo, pedía, lo que nos parece ir en el buen sentido, que las líneas presupuestarias a las que se afecten los ingresos, se precisen con mayor claridad, así como la finalidad de los créditos. 
Se expresa igualmente en favor de una integración en el presupuesto comunitario del conjunto de las Agencias europeas, incluidas las futuras agencias; ahora bien, integrar estas agencias en la votación anual de la autoridad presupuestaria tendría como efecto hacerles perder toda autonomía, cuando fueron precisamente creadas para ser autónomas, el Parlamento Europeo ha votado ya su subvención anual y su aprobación de la gestión. 
En lo relativo todavía a las agencias, no es inútil recordar, más allá del hecho de que deben mantenerse independientes, que OLAF depende de la Comisión, mientras que Europol y Eurojust están financiadas por presupuestos nacionales. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del Reglamento) 
Informe Blokland (A5-172/2001) 
Señor Presidente, el Sr. Blokland ha presentado un informe sobre el medio ambiente y sobre la economía, sobre las necesidades del medio ambiente y sobre la política económica. 
Ayer estaba pensando en esto, durante mi viaje en avión de Roma a Bruselas. 
Lamentablemente, el tiempo era malo- nubarrones, lluvia, rayos, tormenta- y el avión empezó a tambalearse. 
Recuerdo- estaba leyendo precisamente este informe- que me dije: "¿ Logrará el Sr. Blokland" -que vi que estaba pilotando el avión- "vencer las tormentas, los vendavales, los nubarrones que por desgracia nos trae el medio ambiente ?" 
Lo pensé, lo deseé e inmediatamente el avión volvió a recobrar la calma, la quietud, y aterricé en Bruselas. 
¡Viva el Sr. Blokland! 
Y naturalmente he votado a favor. 
Señor Fatuzzo, esta Presidencia está maravillada de la cantidad de cosas que usted pudo hacer ayer en Roma y en su desplazamiento a Bruselas. 
Francamente, tiene usted una agenda con una elasticidad de la que este Presidente no disfruta. 
Informe Hulthén (A5-171/2001) 
Señor Presidente, en la página 15 del informe Hulthén se dice: "El desarrollo sostenible de los recursos de la tierra es una conditio sine qua non para la existencia de la humanidad en el futuro". 
Leí esta parte del informe Hulthén a mi madre que vive en Roma y que siempre voy a visitar, como lo hice ayer. 
Y ella me dijo: " ¿Acaso crees que me importa la existencia de la humanidad en el futuro? 
Tengo 88 años: mi futuro es hoy. 
Trata de pedir "- y por esto lo pido ahora -" que la Sra. Hulthén y el Parlamento Europeo se ocupen de la existencia de la humanidad en el futuro "- y me parece bien y por esto he votado a favor -" pero también de la existencia de la humanidad en este momento que con frecuencia no nos satisface mucho y que, no obstante, creo que es muy importante para nosotros, presentes en este momento. 
Informe Myller (A5-0175/2001) , Blokland (A5-0172/2001) , Hulthén (A5­0171/2001) 
Los tres informes sobre el medio ambiente y el desarrollo sometidos a votación del Pleno el 31 de mayo de 2001 dan la pauta del Parlamento Europeo para la preparación de la Cumbre de los Quince en Gotemburgo. 
Diez años después de que el concepto de desarrollo sostenible haya sido reconocido como el sistema de desarrollo que puede conciliar economía y ecología, a pesar de un ejército de normas y reglamentos, de manera global, el medio ambiente ha sufrido más del desarrollo que los beneficios que ha obtenido de éste. 
Si el concepto de desarrollo sostenible parece ser comprendido por la Comisión y algunos Estados miembros, puede apostarse que no es el caso en general entre los Quince. 
Algunos miembros de la Comisión incluso continúan pensando en el desarrollo económico en el marco de su duración y lo ajustan con una pizca de medio ambiente. 
Sin embargo, la Unión Europea gusta de recurrir a los términos de desarrollo sostenible cuando sus políticas en materia agrícola, económica, transportes, energía, política exterior y desarrollo demuestran, obstinadamente, lo contrario. 
El medio ambiente sigue siendo siempre el último aspecto del que ocuparse. 
Esta realidad queda perfectamente implícita en los informes presentados al Parlamento Europeo. 
Las resoluciones han sabido integrar concretamente nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones de cara a la degradación permanente del planeta, de su calentamiento, a la desaparición de la biodiversidad, y recuerdan que sólo una reorientación de las políticas podría intentar invertir estas tendencias. 
En este sentido, la supresión de subvenciones que tienen un impacto nefasto sobre el medio ambiente, los ecoimpuestos, la responsabilidad medioambiental, la subordinación de la reforma de la OMC al aspecto medioambiental, la evolución anual de los avances de las políticas con ayuda de criterios verosímiles van en el buen sentido. 
¿Tendrán el Consejo y la Comisión el coraje de retomar por su cuenta la posición del Parlamento Europeo? 
Cabe ponerlo en duda. 
A pesar de la gran lucidez de las políticas de cara a los desafíos del calentamiento del planeta y los compromisos orales o confirmados en los tratados, directivas y otros acuerdos internacionales, la concreción de estos votos piadosos sigue siendo muy modesta- como recordatorio, será preciso reducir de un 80 a un 90 % las emisiones de gases con efecto invernadero en 50 años para frenar el proceso de calentamiento, se ha consentido un 8%. 
Los Quince están al tanto de todo lo que se encuentra en juego. 
¿Tendrán el corazón y el coraje de cambiar de rumbo osando abordar la reorientación de la PAC, los transportes contaminantes y la energía en Gotemburgo? 
De lo contrario, será en conocimiento de causa que deberán asumir las consecuencias económicas, sociales, medioambientales y financieras de su inconsecuencia política. 
Informe Ribeiro e Castro (A5-168/2001) 
Señor Presidente, permítame felicitarle por su excelente francés de hace unos momentos, que le he oído hablar con mucha soltura, tanto es así que pensé que usted era un francés que a veces habla castellano. 
En cambio ahora he visto, como pensé enseguida, que es un español que habla bien francés. 
He votado a favor del informe sobre la red EURES que dice que hay que informar a los ciudadanos de sus derechos a una pensión. 
Señor Presidente, todas las semanas acudo como invitado a las televisiones privadas e informo a los ciudadanos italianos de las disposiciones en materia de pensiones. 
Entonces, yo también soy un EURES-Fatuzzo o un Fatuzz-EURES, y por lo tanto respaldo este informe. 
Como acabo de decir, he votado a favor y espero que se haga todo lo posible y más en aras de la información de todos los ciudadanos y en particular de los pensionistas. 
. Esta propuesta pretende ampliar la red EURES actual para convertirla en un servicio europeo de mediación laboral. 
El ponente parte acertadamente de la premisa del principio de la movilidad voluntaria de las personas que van a trabajar a otro Estado miembro o Suiza. 
¿Pero qué quiere decir voluntad propia? 
Los que vinieron en masa desde los países mediterráneos en los años 60 a Francia, Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, ¿lo hicieron por voluntad propia o forzados por la pobreza, el desempleo y la dictadura? 
En los Estados Unidos existe todavía más migración laboral que en Europa. 
El que se queda sin empleo allí, tiene que aceptar un trabajo a miles de kilómetros del anterior, muchas veces con unas condiciones bastante peores. 
Como allí ese desplazamiento no se ha de considerar como una emigración a otro país y como uno se queda en la misma área lingüística, a la administración le parece normal que estas personas se separen de sus amigos y familiares. 
Los europeos estarán protegidos contra este tipo de obligación mientras nadie les pueda forzar a buscar un empleo en el extranjero o en otra área lingüística. 
Es mucho mejor que se acerque el trabajo a las personas en vez de llevar las personas al trabajo. 
Pero ahí está el fallo de la economía liberal, que concentra todas las actividades laborales en las regiones estratégicamente situadas. 
Justamente por estas circunstancias el mercado de trabajo europeo no va a ser beneficioso para los trabajadores ni para el conjunto de la sociedad. 
El Parlamento ha agotado su orden del día. 
El Acta de esta sesión será sometida a la aprobación del Parlamento al comienzo del próximo período parcial de sesiones. 
Queda interrumpida la sesión del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 13.50 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 31 de mayo de 2001. 
El Acta de la sesión del jueves 31 de mayo de 2001 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, estimados colegas, quiero hacer una puntualización sobre el Acta. 
En el anexo al Acta, en textos aprobados, en relación con el informe Méndes de Vigo- estoy buscando mis papeles y, naturalmente, ahora no encuentro nada- figura en un punto que se elaborará una constitución europea. 
Esto se debe a una enmienda de nuestro colega, el Sr. Brok. 
En una conversación con el Sr. Brok, éste me ha confirmado que en su enmienda no eligió esta formulación. 
Por consiguiente, quisiera solicitar que a la luz de las enmiendas se compruebe una vez más si este tema ha sido recogido ahora correctamente en el documento final Méndes de Vigo pues, naturalmente, en este punto queremos evitar interpretaciones erróneas. 
Muy bien, Señor Ferber, con mucho gusto vamos a hacer esta comprobación. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden de los trabajos 
Señora Presidenta, nos ha resultado difícil, muy difícil, hacer esta propuesta, precisamente porque, también queremos mantener una buena colaboración con la Sra. Hautala en el marco de lo políticamente posible. 
Pero hemos querido tener suficiente tiempo para el debate sobre Gotemburgo y, por esta razón, hemos propuesto que se aplace el informe Wuori a la minisesión. 
Por consiguiente no se trata de una objeción sustantiva sino que se trata de disponer de más tiempo para la preparación de la importante cumbre de Gotemburgo. 
Señora Presidenta, quisiera apelar a nuestro colega, el Sr. Poettering, y también a todos los demás diputados que han planeado el aplazamiento del debate sobre el informe del Sr. Wuori relativo a los derechos humanos. 
Y es que siempre que el Parlamento va a adoptar una posición sobre los derechos humanos, ello ocurre a un nivel muy teórico. 
Pero cuando se podría hacer algo de verdad, entonces queremos aplazar las cuestiones. 
Yo pediría que el Sr. Poettering se aviniera a considerar la no supresión del orden del día del informe de nuestro colega, el Sr. Wuori, y que, en cualquier caso, añadamos al debate relativo a la Cumbre de Gotemburgo otro breve debate sobre el referéndum de Irlanda. 
Sería una verdadera lástima que este informe del Sr. Wuori- que es, sin duda, el gran punto culminante de esta semana- fuese ahora suprimido de repente. 
Ninguno de ustedes deseaba esto la semana pasada. 
Claro está que se hubiera podido pensar que el referéndum de Irlanda daría pie a un debate, pero, no obstante, ninguno de nosotros llegó a pensarlo. 
Señora Presidenta, mi Grupo está dispuesto a apoyar el aplazamiento del debate sobre derechos humanos con la condición de que el mismo se celebre en la sesión de julio, es decir, si no se produce un aplazamiento sine die. 
Y ello porque consideramos muy importante el debate de ese informe, pero también pensamos que hay otros acontecimientos, como el de Irlanda, que merecen nuestra atención en vísperas de la Cumbre de Gotemburgo. 
Y añado una información: si mis datos son correctos, el Primer ministro de Bélgica, Sr. Verhofstadt, comparecerá ante el Parlamento en el próximo período parcial de sesiones. 
El Sr. Verhosfstadt, como senador del Reino de Bélgica, fue el ponente de la comisión que examinó las responsabilidades de Bélgica en el caso de Rwanda. 
En este momento se está celebrando en Bruselas un juicio histórico, en el que se define la dimensión universal del genocidio, que honra, yo creo, a Bélgica y a la Unión Europea. 
Creo que es muy interesante que escuchemos al Primer ministro de Bélgica en relación con un tema tan crucial. 
Gracias, Señor Barón Crespo. 
Me ha parecido que el Sr. Poettering estaba de acuerdo en que el informe se incluya en el período de sesiones de julio. 
El Sr. Poettering ha presentado su petición y la Sra. Hautala está en contra. 
Ahora, vamos a escuchar a un orador que está a favor, puesto que el Sr. Poettering es el autor. 
El Sr. Barón Crespo está más bien a favor, a condición de que se aplace hasta julio. 
Por tanto, se puede considerar que ha habido también otro orador a favor del aplazamiento. 
Señora Presidenta, permítame hacer una propuesta alternativa. 
Yo propongo que se mantenga en el orden del día el informe relativo a los derechos humanos de nuestro colega, el Sr. Wuori, y que, además, pidamos al Consejo y a la Comisión que emitan una declaración sobre el referéndum de Irlanda con ocasión del debate relativo a la Cumbre de Gotemburgo. 
Tenemos toda la mañana para mantener estos dos debates. 
Vamos a escuchar a otro orador a favor, el Sr. Gollnisch. 
Someto a votación la petición del Grupo del PPE de aplazar al período de sesiones de julio el informe del Sr. Wuori. 
(El Parlamento aprueba la petición) 
Señora Presidenta, Señorías, si no tenemos capacidad para modificar el vocabulario de las Naciones Unidas, me parece que sí tenemos capacidad para autodisciplinarnos. 
Ahora bien, en Niza, usted, en nuestro nombre, proclamó una Carta que ha dado lugar a importantes debates sobre la oportunidad de sustituir la expresión "derechos humanos" por "derechos de la persona". 
Me parece que, en nuestros trabajos internos, ésta es la terminología que deberíamos adoptar. 
Señora Presidenta, tengo otra pregunta en relación con el miércoles. 
Como consecuencia de nuestra equivocada decisión de eliminar el viernes, de la que usted no es responsable, hemos de comenzar ya el miércoles a las 8.30. 
Vamos camino del miércoles de cinco días. 
Probablemente podamos seguir trabajando desde el martes a media noche hasta las 8.30. 
Pero, en realidad, he pedido la palabra en relación con el turno de preguntas. 
Se ha recortado una vez más el turno de preguntas a la Comisión. 
Nosotros nos preparamos siempre de manera precisa de suerte que planteemos determinadas cuestiones a determinados Comisarios. 
Esto lo impuso hace años nuestra Asamblea en una reforma del turno de preguntas. 
Por consiguiente, hemos planteado preguntas a determinados Comisarios y veo que excepto una única pregunta al Sr. Kinnock, todo lo demás se ha echado en una enorme olla. 
La presencia de todos los demás Comisarios en este turno de preguntas, que se ha planteado medio año antes, se ha suprimido sin otra solución alternativa. 
Quisiera preguntar por qué esto es así. 
Para el jueves no se han presentado peticiones de modificación. 
El orden de los trabajos queda así fijado. 
Intervenciones sobre el procedimiento 
Distinguida señora Presidenta, permítame que por vez primera haga uso de la palabra sobre una cuestión relativa al Reglamento. 
Quisiera solicitar que aceptásemos como punto propio del orden del día un debate acerca de las consecuencias del referéndum celebrado en Irlanda. 
Creo que la decisión popular en Irlanda ofrece a nuestra Asamblea la ocasión única de que actuemos en la profundización de la democracia y de que nos impliquemos ahora en el debate actual en vez de andarnos siempre con paliativos. 
Niza ha aportado una cantidad demasiado pequeña de democracia y ningún fundamento sólido para la ampliación hacia el este, ahora necesitamos más y podemos volver a abrir este debate con la ayuda del pueblo irlandés. 
Por esta razón presentamos esta solicitud de modificación del orden del día: solicitamos tratar como punto propio las consecuencias de Niza, nuestras posiciones como diputados en pro de una mayor democracia en Europa, en pro de los objetivos finales de Europa; los ciudadanos europeos no entenderían que nos arredrásemos ahora ante este tema. 
Señor Hans-Peter Martin, me parece que su petición acaba de ser ampliamente satisfecha con la votación que la Asamblea acaba de realizar. 
Es muy evidente que si la Asamblea ha decidido aplazar al período de sesiones de julio el informe del Sr. Wuori, como el Sr. Poettering había explicado muy bien, no era, lógicamente, porque él estuviera en contra del informe Wuori, sino justamente porque había un lapso de tiempo suficiente para que este debate pudiera enfocarse desde todos los ángulos. 
Creo, por tanto, que ha queda totalmente complacido. 
Señora Presidenta, me gustaría respaldar la propuesta del Sr. Martin, pues la situación es muy acuciante. 
Los Ministros de Asuntos Exteriores se reúnen hoy y mañana en Luxemburgo y es de esperar que decidan seguir adelante con las ratificaciones como si no se hubiera celebrado un referéndum y el Tratado ahora está organizado de tal forma que cualquier modificación precisa quince firmas. 
Por ello debemos tomar la iniciativa de que al menos haya un momento para reflexionar, de que no sólo se pase por alto el referéndum irlandés. 
El referéndum irlandés debería darnos a todos material de reflexión si pensamos cuántos recursos fueron dedicados a los partidarios del sí y cuán pocos lo fueron a los partidarios del no. 
Señor Bonde, bajo cualquier hipótesis, le recuerdo el Reglamento. 
Usted sabe que las peticiones de este tipo deben presentarse una hora antes del inicio de la sesión y esto no ha ocurrido así, estoy absolutamente segura de ello. 
Señora Presidenta, mi cuestión de orden quizá haya sido, en cierta medida, anticipada por la discusión precedente, pero tras el referéndum irlandés quisiera preguntarle si usted, en su calidad de Presidenta del Parlamento, va a escribir al Presidente de Irlanda felicitándole esa sabia y clarividente decisión, que constituye un golpe a favor de la libertad, la independencia, la autodeterminación y el Estado nación. 
Quisiera saber también si se va unir a mí al felicitar a nuestra colega Dana Rosemary Scallon, por el maravilloso papel que ha desempeñado en Irlanda, contribuyendo a que el voto en el referéndum fuese no. 
Señor Helmer, como usted sabe, he redactado un comunicado, ciertamente no en el sentido que usted dice, sino en el sentido que, creo, era el de la mayoría de la Asamblea. 
Señora Presidenta, quisiera decir que se trata de una decisión expresada por el pueblo irlandés, tanto si nos gusta como si no, y a mí no me complace particularmente. 
Quiero decirles a los euroescépticos de esta Asamblea y de toda Europa que, tanto si les gusta como si no, ha sido una decisión adoptada de buena fe. 
Al mismo tiempo disuade a todos esos antieuropeos de bailare sobre la tumba de las naciones del este de Europa, que están tan ansiosas por unirse a nosotros en esta Asamblea. 
El pueblo irlandés es un pueblo generoso. 
Hemos aceptado mucha ayuda de la Unión Europea desde nuestra adhesión y estamos preparados para devolver gran parte de lo recibido. 
Pero se ha generado una gran confusión por parte de los fundamentalistas de izquierda, por parte de los fundamentalistas de la derecha y por parte de los extravagantes del centro, y la verdad no ha sido vendida adecuadamente. 
Permítanme decirle a la Comisión y a los demás que en el futuro hemos de elaborar estos Tratados de forma simple y comprensible para el pueblo europeo, pero no censuren al pueblo irlandés por adoptar una decisión verdaderamente democrática. 
Ahora debemos reflexionar sobre esa decisión, cada uno de nosotros en esta Asamblea y en toda la Unión Europea. 
Ha sido una decisión adoptada de buena fe. 
Señora Presidenta, hice campaña y voté a favor en el referéndum irlandés sobre Niza y me decepcionó el resultado, pero, me apresuro a decir que acepto completamente la decisión democrática expresada por el electorado de mi país. 
La voluntad del pueblo irlandés debe ser respetada. 
No deberíamos adentrarnos precipitadamente en un debate. 
Este es un momento para la reflexión y el análisis. 
A estas alturas un debate sólo favorecería a los muchos diputados de esta Cámara que se oponen a dar a los ciudadanos del este y del centro de Europa la oportunidad de compartir el crecimiento económico que estamos disfrutando en la Unión Europea. 
Indudablemente es necesario aclarar las cosas. 
No permitamos ninguna ambigüedad: el pueblo irlandés es un pueblo generoso. Tienen conciencia social y están a favor de la ampliación. 
Esta cuestión se resolverá de forma interna en Irlanda, no necesitamos ninguna interferencia del exterior, de diputados de esta Asamblea, tanto si están a favor como si están en contra. 
El pueblo irlandés resolverá sus propios problemas. 
Cualquier debate que hubiera de celebrarse en el futuro aquí debería ser posterior al debate a celebrar en nuestro propio país. 
Señora Presidenta, mi intervención también se refiere al referéndum irlandés. 
Otros diputados más experimentados que yo han intervenido de forma elocuente al respecto, por lo que con el fin de no detener a la Asamblea, me retiro. 
Señor Presidente, siguiendo los comentarios del Sr. Helmer sobre el referéndum irlandés, quizá recuerden otro acontecimiento acaecido la semana pasada en el Reino Unido. 
El partido del Sr. Helmer hizo campaña sobre el principio de mantener la libra frente al euro. 
Ahora todos sabemos que el pueblo británico ha rechazado contundentemente a su partido por esa política. 
¿Se unirá a mi ahora y votará a favor de sumarnos al euro? 
Señora Presidenta, una de las cosas que llena mi corazón de alegría es escuchar que el último Tory del siglo XVII sin reconvertir por fin reconoce que la libertad es algo positivo para Irlanda. 
(Risas y aplausos) Le tiendo la mano de la amistad a Roger. 
Saludo su conversión. 
Quisiera decirle- porque no tiene una gran comprensión de la historia- que históricamente "Tory" significa alguien que es perseguido: "tóraidhe", el perseguido. 
Empiezo a pensar que Roger y los de su partido político se sienten un poco de ese modo desde el pasado fin de semana. 
Los tóraidhe eran angloirlandeses que fueron expulsados de sus tierras a causa de su religión. 
Se negaron a marcharse y permanecieron leales al rey. 
Espero que ahora Roger se haya ilustrado. 
Confío ciertamente en que ahora hayamos podido salvar la fosa existente entre nosotros. 
Edmund Burke, un gran parlamentario británico dijo: "todo lo que el mal necesita para triunfar es que las buenas personas no hagan nada". 
El mal triunfó la semana pasada, no en la forma de aquellas personas que votaron erróneamente a favor del lado equivocado, pero sí en la de aquellas que les mintieron y engañaron. 
Se trata de gente que mendigó dinero en el exterior con el fin de quebrar la solidaridad del pueblo europeo y lo gastaron para mentir al pueblo irlandés, mientras el gobierno de Irlanda- y, lamentablemente, la oposición- estaba tan complacido que pensábamos que todos iban a confiar en nosotros. 
Quiero que todo el mundo en esta Asamblea sepa que la totalidad de los principales periódicos del país apoyaron el "sí" a la Europa del Este. 
Quiero que esta Asamblea sepa que gran parte de la gente que ha votado "no" creía que no les estaban causando daño alguno a los intereses de los países del este de Europa. 
No estoy de acuerdo con mis colegas los Sres. Andrews y Gallagher acerca de la generosidad y los especiales méritos del pueblo de Irlanda. 
Creo que somos diferentes. 
Tenemos una cultura algo diferente y una historia muy diferente. 
Sin embargo, somos igual que el resto del mundo. 
Tenemos buena y mala gente. No obstante, aceptamos la democracia, como no podía ser de otro modo. 
Como dijeron los jacobitas después de la Batalla de Boyne, "Cambiad a los reyes y volveremos a combatiros", y creo que la próxima vez venceremos. 
Gracias, señor McCartin. 
Considero que el Sr. Helmer tiene derecho de réplica a la primera parte de su moción de procedimiento. Entonces, le vuelvo a conceder la palabra. 
Señora Presidenta, quiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a mi amigo y colega el Sr. McCartin por su lección de historia. 
Pero en primer lugar quisiera responder al Sr. Miller quien ha hecho referencia a las elecciones británicas y al euro. 
Como sabe perfectamente, pero aparentemente quiere ocultar, la posición del Partido Conservador respecto del euro fue apoyada por un 65 o 70% del pueblo británico. 
Fue el único asunto clave en el que el público estuvo clara y definitivamente de nuestro lado. 
Quisiera recordarle al Sr. Miller que su Primer Ministro acaba de despedir al Ministro de Asuntos Exteriores pro-euro, Robin Cook, y lo ha sustituido por alguien mucho menos proclive al euro, de hecho algunos le han llamado euroescéptico, el Sr. Jack Straw. 
¡De modo que empiece por digerir eso! 
Señora Presidenta, intervengo por una cuestión de orden relativa a mi amigo Roger Helmer. 
Compartimos el honor de ser representantes de los East Midlands- doy esta información a la Asamblea con más vergüenza que rabia. 
El Sr. McCartin ha destacado acertadamente que el Sr. Helmer carecía de comprensión histórica. 
En aras de la precisión: el Sr. Helmer no conoce la política, ni las estadísticas, ni la literatura, ni la cortesía hacia otro Estado amigo, miembro de la Unión Europea- y podría extenderme así durante largo tiempo. 
(Risas y aplausos) 
Señora Presidenta, permítame un comentario final respecto de Irlanda. 
¿No resulta extraño que aquellos diputados que más hablan sobre la independencia nacional sean los mismos que lideran la ingente intervención exterior en las elecciones de otros países? 
Deseo que llegue el miércoles para preguntarles qué es lo que quieren. 
¿Pretenden debilitar a Irlanda como hicieron hace diez años con Dinamarca? 
Quisiera advertirles de ese hecho. 
Señora Presidenta, continuando con el último comentario, es evidente que los irlandeses adoptaron su decisión de manera muy democrática, como hiciera, lamentablemente, el pueblo británico, porque votaron a favor de este maravilloso gobierno laborista. 
Pero mientras intentamos cambiar lo expresado por los irlandeses en el referéndum, quizá pudiéramos echar un vistazo al voto de los británicos. 
Con seguridad esta Asamblea hubiese querido ver el regreso de un gobierno de los conservadores, y sobre la base de una política realista y de hechos, la gente hubiera votado a los conservadores el pasado jueves. 
Mi colega danés, el Sr. Haarder, escogió hablar en otra lengua distinta a la suya propia. 
Yo tengo pensado hablar en nuestra lengua común. 
Me parece muy importante que en este Parlamento tratemos de mantener un debate respetando la decisión adoptada en Irlanda. 
Aunque el porcentaje de participación fue bajo, me parece que merece la pena recordar que no fue más bajo que el registrado en muchos lugares en las elecciones al Parlamento Europeo en las que fuimos elegidos. 
El porcentaje de participación en Irlanda cuadra perfectamente con el porcentaje de participación en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Quiero decirle a la población irlandesa que a ellos naturalmente corresponde descubrir cómo seguimos adelante. 
No obstante, no quiero dejar de recomendar el modelo danés. 
Contrariamente a mi buen colega, Bertel Haarder, me gustaría recomendar el modelo danés. 
Me parece que el camino a seguir para esta cooperación pasa por que dispongamos de más flexibilidad y algo más de amplitud dentro de ésta. 
Una amplitud que también albergue la diversidad que será un elemento de la realidad de todos nosotros cuando la ampliación sea un éxito, lo que es de esperar que suceda muy pronto. 
Señora Presidenta, me gustaría decir que no estoy totalmente de acuerdo con mi colega danés, Bertel Haarder, en su ataque a Jens-Peter Bonde, quien ha sido jefe de campaña en Irlanda. 
De hecho, quiero decir que somos muchísimos los daneses que nos alegramos cuánto más lejos esté de Dinamarca, pues así no causa ningún daño allí. 
Y puesto que ahora el Sr. Bonde es tan partidario de la transparencia, nos gustaría saber si las 100.000 coronas que consiguió para la campaña procedían de opositores o de sus ex camaradas en el Comité Central o en la Alemania Oriental. 
Señora Presidenta, puesto que le han pedido a usted, dentro del debate sobre lo que ha ocurrido en Irlanda, que escriba a las autoridades irlandesas, me pregunto si no habría también que pedirle a usted que escribiera al Presidente del Partido Conservador británico para expresarle nuestras condolencias a la vista del resultado de las elecciones que se debe, con mucho, a un euroescepticismo visceral y de mal augurio. 
Señora Presidenta, intervengo en virtud del Artículo 174, que contempla el derecho a presentar una petición al Parlamento Europeo. 
Seguro que está usted al corriente de una serie de peticiones concernientes a la Lloyd's de Londres, así como de ciertas quejas presentadas ante la Comisión. 
Uno de los peticionarios acerca de Lloyd's de Londres recibió una carta de Lloyd's criticándole por atreverse a exponer esta cuestión con la Comisión y otra carta, más bien amenazadora, que expresaba que ello constituía una quiebra de los términos de un acuerdo. 
Por tanto Lloyd's exigía una confirmación escrita antes de siete días de que el ciudadano en cuestión desistiría de emprender ulteriores acciones que violasen el acuerdo de resolución. 
He escrito al Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, diciéndole que esto no sólo tenía que ver con las quejas sino también con el derecho a la petición al Parlamento. 
El Presidente está estudiando la cuestión de las quejas dirigidas a la Comisión, pero ha manifestado claramente que este es un asunto que quizá el Parlamento querría tratar personalmente. 
Más adelante les daré todos los detalles, pero se trata de una cuestión tan importante que he pensado que no debía dejar de plantearla ahora ante la Asamblea. 
Gracias, señor Perry. 
Con mucho gusto tomo nota de esta declaración. 
Nos hemos desviado insensiblemente hacia las mociones de procedimiento, aunque habíamos terminado la fijación del orden del día. 
Señora Presidenta, Joaquín José Martínez ha sido declarado inocente por un jurado en Tampa de dos asesinatos por los cuales fue condenado a muerte con anterioridad. 
Todos los presentes en el Parlamento Europeo hemos participado en numerosas ocasiones de forma intensiva en el debate en torno a la pena de muerte. 
En dicho debate, pusimos de manifiesto nuestro sistema de valores y nuestra opinión, además de entablar frecuentes discusiones con nuestros amigos norteamericanos. 
Asimismo, hemos llevado a cabo todo tipo de actuaciones en el Senado y en el Congreso. Creo que podemos sentirnos muy satisfechos por la labor realizada y espero que así lo pongan de manifiesto esta semana en nombre de nuestro Parlamento cuando acudan al Consejo de Gotemburgo. 
En cualquier caso, hemos logrado que, por una vez, haya prevalecido la postura europea en contra de la pena de muerte frente a la de otro sistema de valores. 
Espero que la profundización en el debate entre Europa y Estados Unidos logre que por parte estadounidense se caiga en la cuenta de que si se desea juzgar a alguien con el fin de proteger los valores propios, lo que no se puede hacer es renunciar a dichos valores, sino defenderlos. 
Por este motivo, nuestra oposición a la pena de muerte es esencial. 
Espero que así lo pongan de manifiesto esta semana de nuevo en nombre de nuestro Parlamento ante el Consejo de Gotemburgo, especialmente coincidiendo con el viaje del presidente Bush a Europa. 
En efecto, Señor van den Berg, tenía intención de abordar este asunto en el sentido que usted ha indicado en mi intervención en Gotemburgo. 
Le recuerdo, por otra parte, que la Mesa de este Parlamento, ha decidido que aceptemos ser coorganizadores de un coloquio muy importante que va a celebrarse los próximos días 21 y 22 de junio sobre la abolición universal de la pena de muerte. 
Ya tenemos asegurada la participación de una treintena de Presidentes de Parlamentos nacionales, de todos los continentes, que han aceptado asistir a este coloquio. 
Señora Presidenta, discúlpeme, pero parece que la traducción no ha funcionado bien del todo. 
He planteado una pregunta muy precisa. 
En efecto, quería saber por qué en el turno de preguntas a la Comisión se han eliminado dos de los tres Comisarios previstos y todas las preguntas que iban especialmente dirigidas a estos Comisarios, por ejemplo, a la Sra. Schreyer, han sido arrojadas al punto de "asuntos generales", en donde no tienen ninguna posibilidad de ser respondidas. 
Esto es lo que quería preguntar. 
Sí, Señor Posselt, se me ha hecho saber que el Turno de preguntas se había reducido por la falta de preguntas a los comisarios designados. 
Así es. Doy fe de ello. 
Señora Presidenta, quiero volver a un tema un poco menos excitante que la discusión que hemos escuchado en los últimos cinco minutos. 
Quisiera preguntarle si desde la última sesión plenaria se han producido novedades en la tramitación del suplicatorio de levantamiento de la inmunidad del Sr. Dell ' Utri. 
Desde las 8.30 de la mañana de hoy el otro tema ha ido mal, con gran disgusto de nuestros colegas del PPE, según he oído. 
Quisiera preguntarle lo siguiente: ¿Ha recibido usted desde la última sesión plenaria documentos procedentes de las autoridades españolas acerca del suplicatorio de levantamiento de la inmunidad de Dell ' Utri? 
En caso afirmativo ¿ha remitido ya estos documentos a la comisión competente? 
En caso negativo, y una vez que desde mayo hasta hoy ha transcurrido un mes más ¿piensa usted adoptar iniciativas para pedir a las autoridades españolas que no sigan bloqueando por más tiempo el procedimiento que está siguiendo la Justicia española? 
No ha habido nada nuevo, Señor Schulz. 
El Tribunal Supremo todavía no nos remitido su suplicatorio por vía normal, es decir a través de la autoridad gubernamental española competente. 
No creo que corresponda a la Presidenta del Parlamento Europeo incitarle a que lo haga o a que no lo haga. 
Me parece que el Presidente del Tribunal Supremo es- diría- mayor de edad e inmune y puede decidir por sí mismo lo que tiene que hacer. 
Señora Presidenta, no he entendido bien la respuesta que ha dado a mi compañero Martin Schulz, dado que según su propia respuesta a mi carta del 15 de mayo, usted reconoce que ha recibido documentos del Tribunal Supremo español relativos al suplicatorio de suspensión de la inmunidad de los Sres. Berlusconi y Dell ' Utri, y eso no se corresponde con la respuesta que le ha dado a Martin Schulz. 
En absoluto. 
El Tribunal Supremo ha remitido algunos documentos para completar su primer envío, y siempre por el procedimiento directo. 
Ni siquiera entiendo que haya necesidad de volver sobre este asunto; las cosas están totalmente claras. 
El Ministro español de Asuntos Exteriores me ha escrito para comunicarme el dictamen del Consejo de Estado español, a saber que corresponde a la autoridad gubernamental remitir los suplicatorios de suspensión de la inmunidad. 
Está claro. 
Realmente, no veo la necesidad de insistir, esto me parece de una claridad absolutamente evidente. 
Así pues, en tanto no reciba este suplicatorio remitido a través de las autoridades gubernamentales españolas, no lo tomaré en consideración. 
Por otra parte, le recuerdo, para completar la respuesta que he dado al Sr. Schulz, que, como usted sabe, se han tomado algunas iniciativas. 
Hemos redactado y elaborado un documento muy esencial sobre todos los suplicatorios de suspensión de la inmunidad parlamentaria a colegas nuestros desde la elección del Parlamento por sufragio universal, a petición además del Sr. Barón Crespo. 
Este documento ha revelado de forma que no puede ser más clara que, a excepción de Portugal, todos los suplicatorios nos habían llegado siempre a través de las autoridades gubernamentales, una vez más a excepción de Portugal y de un caso, de un solo caso dudoso español, del que el Diario Oficial indicaba que el suplicatorio procedía del Ministerio de Justicia español. 
Otra iniciativa: la Conferencia de Presidentes deseaba que la Comisión de Asuntos Constitucionales se encargara de elaborar un informe sobre el problema general de estos suplicatorios de suspensión de la inmunidad y, contempla la posibilidad, si hubiera lugar, de modificar el Reglamento. 
Creo saber que nuestro colega, el Sr. Duff, ha sido nombrado ponente; esperamos con mucho interés el informe que el Sr. Duff va a presentarnos en la Conferencia de Presidentes. 
Señora Presidenta, quiero darle las gracias por haberme concedido una vez más el uso de la palabra. 
Lamento sobremanera tener en el marco del Reglamento la oportunidad de plantearle una pregunta sobre el caso Dell ' Utri solamente al comienzo del Pleno. 
Como simple diputado no se tiene otras posibilidades en un asunto semejante. 
En esta Asamblea he tenido que escuchar repetidas veces reproches en el sentido de que yo haya tenido interés en este asunto exclusivamente por razones de las elecciones italianas. 
Ahora han pasado ya las elecciones y, por consiguiente, quiero volver sobre el caso Dell ' Utri como un caso de ejemplar importancia para cada uno de los miembros de esta Asamblea. 
Mañana se puede presentar en esta Asamblea un suplicatorio de levantamiento de la inmunidad contra cualquier miembro de esta Asamblea- contra mí, contra el Sr. Poettering, contra el Sr. Haarder, contra la Sra. Frahm, contra cualquier otro miembro- y después el diputado o la diputada que esté afectado o afectada por el suplicatorio, para evitar especulaciones de la opinión pública, debe tener la oportunidad de poder manifestar directamente su posición frente a las acusaciones. 
Desde hace 9 meses se está impidiendo al Sr. Dell ' Utri manifestar su opinión acerca de las acusaciones que se han formulado contra él. 
En consecuencia, quizá sea muy importante decir a las autoridades españolas que también es una cuestión de dignidad en la relación con el Parlamento Europeo la manera en que están siendo tratados por el Gobierno español los suplicatorios de levantamiento de inmunidad dirigidos a este Parlamento. 
Una cosa más, señora Presidenta: en Europa es cosa evidente que en un régimen de división de poderes el poder judicial pueda dirigirse directamente al ejecutivo. 
Solamente existe un parlamento en el que se afirma que en ese caso debe haber una reserva del ejecutivo, y ése es este Parlamento. 
Y, en mi opinión, usted, señora Fontaine, es la responsable exclusiva de esta absurda situación. 
Señor Schultz, estoy segura que el Sr. Dell ' Utri será muy sensible a su solicitud. 
Señora Presidenta, Señorías, la situación en la antigua República Yugoslava de Macedonia empeora a diario. 
Los rebeldes albaneses se han aproximado peligrosamente a la capital, las autoridades del norte de Grecia se preparan para recibir refugiados, y los vuelos de Olympic Airways a Skopje se han interrumpido. 
Todo el mundo sabe que los terroristas proceden de Kosovo, territorio que se encuentra bajo control de la OTAN, que tiene absoluta responsabilidad de todo lo que ocurre en la ARYM. 
Entre tanto, la OTAN y la Unión Europea impiden al gobierno de la antigua República Yugoslava de Macedonia medidas sustanciales de protección del país y del pueblo, y promueven a los terroristas a la condición de interlocutores del gobierno, en pie de igualdad y con todos los derechos. 
Al mismo tiempo, el gobierno griego propone un plan que no prevé el desarme de los terroristas, sino su retirada segura, impone la injerencia directa de la Unión Europea y de los Estados Unidos en las negociaciones y prepara el terreno para la intervención militar. 
Es imperiosa la necesidad de que se intensifique la lucha de los pueblos para poner fin a la intervención extranjera y para que se vayan las tropas de la OTAN, de manera que los pueblos puedan resolver pacíficamente sus eventuales diferencias al margen de la influencia de los intereses extranjeros. 
Gracias, señor Alyssandrakis. 
Le recuerdo que, como usted sabe, el miércoles por la mañana recibimos al Presidente de la República de Macedonia, que viene a expresarse ante este Parlamento. 
Lógicamente, el tema se abordará en Gotemburgo y yo también hablaré de ello en mi intervención, como puede usted imaginar. 
Quisiera intervenir en relación con dos puntos. 
En primer lugar, sobre la pena de muerte. 
La pena de muerte es un asesinato; incluso si es a un asesino al que se le aplica la pena de muerte, se trata siempre de un asesinato. 
Estamos en contra de la ejecución de Timothy McVeigh, aunque sea un asesino. 
Esto merece ser dicho. 
No hay una buena o una mala pena de muerte. 
Ni siquiera los crápulas deben ser ejecutados de esta manera. 
Y quisiera que el Parlamento Europeo se mantuviera en esta postura. 
Después, a propósito del debate sobre Irlanda, espero que se organice de forma diferente, que no se haga únicamente para los responsables de los Grupos. 
Hemos visto, en efecto, hace un momento, que una organización un poco más espontánea celebraba debates mucho más interesantes que cuando eran organizados a nivel de responsables y de jefes de Grupo. 
Espero que nos sirva de lección lo que ha ocurrido hace cinco minutos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
Informe (A5-0206/2001) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (COM (2000) 854- C5-0043/2001- 2001/0025 (CNS)) 
Informe (A5-0183/2001) de la Sra. Klamt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión marco relativa a la lucha contra la trata de seres humanos (COM (2000) 854- C5-0042/2001- 2001/0024 (CNS) ). 
. (EL) Señora Presidenta, Señorías, quisiera ante todo felicitar personalmente al Comisario Vitorino por haber asumido una iniciativa legislativa tan importante, así como a la Presidencia sueca por el apoyo prestado al objeto de que el Consejo adoptara lo antes posible la decisión correspondiente. 
La explotación sexual de la infancia y la pornografía infantil constituyen, sin duda, motivo de vergüenza de nuestra civilización contemporánea, y es inadmisible que las redes criminales y los usuarios permanezcan impunes o eviten la persecución penal, beneficiándose de la deficiente cooperación entre los países y de los vacíos de la legislación penal. 
Ya es hora de hacer frente a casos espantosos. Como el caso Dutroux en Bélgica, donde el insuficiente marco legislativo no ha permitido hasta ahora la documentación del crimen y la celebración del juicio, que sigue pendiente desde hace cuatro años. 
Por ello reviste especial importancia el hecho de que la Unión asuma la iniciativa para la erradicación de un delito tan odioso y para la creación de un marco común de referencia que refuerce la cooperación judicial y policial de los Estados miembros y que haga caer sobre la criminalidad organizada todo el peso de la ley. 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, tras trabajar a fondo sobre la propuesta marco de la Comisión, adoptó una serie de propuestas y enmiendas que enriquecen y refuerza el texto legislativo inicial, como la definición de pornografía infantil, que ha quedado significativamente enriquecida, de modo que las diferentes formas que puede adoptar el delito de pornografía infantil se incluyan en la definición y que no haya formas que puedan evitar la persecución penal, tomando, por supuesto, en consideración los avances contemporáneos en el espacio de la tecnología. 
Respecto a la explotación sexual de los niños, dada la compleja naturaleza del delito, y sus ramificaciones internacionales, hemos incluido también conductas criminales parciales más allá de lo propuesto por la Comisión, como facilitación, compra, venta, tráfico de niños dentro o fuera de las fronteras nacionales. 
Otro importante factor que incorporamos atañe a la atribución de responsabilidades tanto a las personas físicas que tienen la tutela del niño, como padres, educadores, etcétera, cuanto a las personas jurídicas, incluidas las empresas de distribución y prestación de servicios en la Red, los cuales tienen la obligación de crear mecanismos de protección, al objeto de impedir el uso de las nuevas tecnologías como medio para facilitar la explotación de los niños. 
Con respecto a los delitos relacionados con la pornografía infantil, proponemos, más allá de la producción, distribución y difusión de material, la penalización de la importación, exportación, comercialización y promoción, a través de la publicidad, de material de pornografía infantil. 
Particular importancia reviste la penalización de la posesión de material pornográfico infantil, con la aplicación, claro está, de mecanismos de seguridad, de suerte que no sean perseguidas personas que, sin saberlo, puedan haber adquirido semejante material, a través, por ejemplo, del correo, electrónico o convencional. 
En cuanto a las penas, la Comisión de Libertades aceptó la propuesta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Oportunidades de establecer un marco penal más estricto para delitos que afectan a niños de menos de 16 años- y no, como propone la Comisión, de menos de 10- y que la pena más severa no sea inferior a 10 años- en lugar de los 8 que propone la Comisión. 
Proponemos, igualmente, como medida complementaria de la condena, la investigación, incautación y confiscación de toda propiedad mueble o inmueble procedente de la perpetración de delitos penales, así como que las penas sean acompañadas del tratamiento psiquiátrico adecuado. 
Esta es otra de las innovaciones que proponemos. 
Es también considerable nuestra contribución, como Comisión de Libertades, a los asuntos procedimentales, como la extradición de delincuentes, al objeto de erradicar el fenómeno del turismo sexual, o a la modificación de la legislación respecto a la doble penalización, al objeto de que los autores de los delitos no puedan buscar amparo en estados en que la penalización de los delitos contra la infancia es más indulgente. 
Proponemos también la indemnización de la víctima y una serie de medidas para la protección de las víctimas durante la instrucción y la vista oral, y, por supuesto, a continuación, especialmente cuando se trata de niños con minusvalías. 
Finalmente, proponemos la creación de un registro de las personas que han perpetrado estos delitos, mediante la colaboración de Europol, Interpol y las autoridades policiales nacionales, así como la participación de los países candidatos a la adhesión en la acción y la lucha contra la explotación sexual de los niños y de la pornografía infantil. 
Por supuesto, Señorías, no se me escapa que el impulso de regulaciones legislativas no es la única solución. 
Es imprescindible prestar toda la atención a las causas que coadyuvan a los malos tratos psíquicos y físicos y a la explotación de los niños, como son la pobreza, la falta de estructuras de protección sustancial de la infancia, la insuficiencia de los mecanismos de control y prevención, la relajación de los vínculos familiares y, por supuesto, la existencia del mercado correspondiente, un mercado con gran oferta y demanda que funciona desgraciadamente en el seno de la Unión Europea y ensombrece nuestra civilización europea. 
Señora Presidenta, señoras y señores, según estimaciones internacionales los traficantes de seres humanos mueven anualmente unas 700.000 mujeres y niños. 
Sólo desde los estados del centro y del este de Europa se desplaza anualmente a 120.000 mujeres y niños hacia la Unión Europea. 
Estas son las cifras de las que parte la Comisión. 
No sólo las biografías individuales que se conocen por los medios de comunicación, sino también las cifras pertinentes, ponen de manifiesto la urgencia de que se proceda por la vía de una cooperación coordinada contra la trata de seres humanos. 
La lucha contra el tráfico de seres humanos es difícil en sí misma. 
Pero se ve dificultada aún más por la gran heterogeneidad de las disposiciones penales nacionales. 
Las calificaciones y sanciones divergen fuertemente y en algunos Estados miembros no existe siquiera el delito de "trata de seres humanos" en el Derecho Penal. 
Por esta razón la Unión Europea se esfuerza desde hace algunos años por desarrollar una concepción completa encaminada a la lucha contra la trata de seres humanos. 
En el Protocolo de Palermo, que se ha firmado a finales del año 2000 se han logrado por vez primera definiciones concretas comunes. 
La propuesta de la Comisión va encaminada a establecer por la vía de un acuerdo marco disposiciones mínimas sobre las características de los hechos así como las sanciones penales mínimas. 
El establecimiento de una pena mínima de 6 a 10 años en circunstancias agravantes debería ser suficiente para incluir el trafico de seres humanos en la cooperación policial y judicial de la Unión en la lucha contra la delincuencia organizada. 
Soy de la opinión de que hay que valorar positivamente la propuesta de la Comisión. 
Celebro, en especial, que no sólo se considere la figura penal de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, sino también la figura penal del tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral. 
Por lo demás, la Comisión distingue claramente entre las figuras jurídicas del tráfico de emigrantes y de la trata de seres humanos. 
Mientras que el contrabando con seres humanos es considerado como un proceder dirigido contra el estado, la trata de seres humanos es vista como una forma de delincuencia dirigida contra las personas. 
Con el proyecto de la Comisión y con las diferentes enmiendas de las comisiones participantes podemos llegar a un resultado que defina de manera unitaria en toda Europa la trata de seres humanos, establezca las sanciones penales mínimas y junto al castigo de los delincuentes otorgue también a la protección de las víctimas la importancia adecuada. 
Quisiera dar expresamente las gracias aquí a todos los miembros de las comisiones que han participado por su buena cooperación, cooperación que ha conducido a este resultado. 
Finalmente, quisiera referirme a la petición de devolver mi informe a la Comisión de Asuntos Interiores. 
Al comienzo del debate se impuso ya al Parlamento Europeo mediante el plan de fechas del Consejo un margen temporal tan estrecho que no era posible, sino con un enorme esfuerzo de energía, realizar un trabajo más profundo y extenso del contenido del proyecto de acuerdo marco. 
Los diputados encargados de esta tarea se declararon dispuestos a hacerlo y aportaron un excelente trabajo, por todo lo cual les doy expresamente las gracias a todos. 
Pero, entretanto, el Consejo, sin escuchar la opinión de los representantes electos del pueblo, ha avanzado tanto en sus negociaciones, que la sanción de los acuerdos políticos no es más que un asunto meramente formal. 
Evidentemente, el Consejo no está interesado en el acuerdo adoptado por el único órgano de la Unión Europea que está democráticamente legitimado de forma directa. 
Se ha presentado ya un proyecto corregido del acuerdo marco, con graves modificaciones por parte del Consejo, pero no al Parlamento Europeo. 
Por consiguiente, soy de la opinión de que es necesaria urgentemente una devolución a la comisión, para enfrentarse a esta nueva versión y, también, para enfrentarse al inaceptable proceder del Consejo. 
Por esta razón, quisiera pedirles a todos ustedes que en la votación de mañana por la mañana voten a favor de la devolución a la Comisión de Asuntos Interiores. 
En la segunda parte de mi intervención quisiera referirme al informe de la Sra. Karamanou sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil en los Estados miembros, lucha que reclama una actuación coordinada en toda la Unión. 
La delincuencia organizada- y aquí se trata preponderantemente de delincuencia organizada- no se limita a determinadas regiones o estados. 
Desde hace tiempo existe una cooperación transfronteriza en lo criminal y, especialmente, en el ámbito de la explotación sexual de los niños. 
Por esta razón, la Unión Europea necesita urgentemente medidas para perseguir también de forma trasfronteriza estos delitos abominables. 
Celebro que por encima de todas las fronteras de los Grupos se haya podido lograr unanimidad sobre este acuerdo marco que mediante la aproximación de las figuras penales, la armonización del marco penal y el mejoramiento de la posición de las víctimas muestra el camino correcto. 
Esto incluye también la consideración de los nuevos medios a la hora de hacer una definición de la pornografía infantil y de plantear una discusión acerca de la jurisdicción extraterritorial. 
En mi opinión, la protección de las víctimas reviste una especial importancia. 
Los delitos perpetrados a los niños en su forma mas abominable, la explotación sexual, no deberían ser tratados únicamente desde el punto de vista del castigo de los culpables. 
Los niños afectados recordarán durante toda su vida lo que los adultos les hicieron. 
Por esta razón, deberíamos prestarles una especial atención y el máximo apoyo. 
En un proceso penal ellos son, jurídicamente y en primer término, los testigos, pero, en definitiva, y sobre todo, son las víctimas. 
Con la voluntad del Parlamento todos estos puntos tienen que encontrar entrada en el presente proyecto. 
Estoy seguro de que el informe de nuestra colega, la Sra. Karamanou, a la que en este momento quiero dar expresamente las gracias por su buena colaboración, encontrará una amplia mayoría de suerte que demos otro paso importante más en el camino de la lucha contra la explotación sexual de los niños y contra la pornografía infantil. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la Sra. Karamanou por este informe. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Cultura también quisiera decir unas palabras de agradecimiento por la cooperación que ha habido entre los partidos y que he recibido en la comisión para este importantísimo asunto. 
Tenemos que atajar la explotación sexual de menores y la pornografía infantil en toda la UE. 
Independientemente de lo que cada uno piense de la subsidiariedad, para algo tan importante como esto hemos de asegurarnos que disponemos de unas normas comunes, en especial a causa de Internet y de la libre circulación en los países de la UE. 
Me consta que hay varias personas dedicadas a la pornografía infantil que han establecido sus negocios en un país de la UE porque saben que si son detenidos recibirán una sentencia más benigna en ese país. 
Hemos de cerciorarnos de que vamos a eliminar esa posibilidad. 
Me complace mucho que gran parte de la opinión que he elaborado haya sido aceptada por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Interiores, en especial la sección sobre las penas y la garantía de que en toda la UE aplicamos las mismas penas. 
Consideré que la Comisión se equivocaba al introducir penas más duras para la explotación de niños menores de 10 años. 
He trabajado muy duramente en mi comisión para asegurarme de que también establezcamos penas más duras para aquellos que cometen delitos contra niños menores de 16 años. 
También quise añadir a los niños con dificultades de aprendizaje. 
He conversado mucho con algunas organizaciones que trabajan en este campo y expresaron que los niños minusválidos tienen el doble de posibilidades de sufrir abusos en comparación con otros niños. 
Es importante que protejamos a los niños con dificultades para el aprendizaje, cuya edad mental es a menudo mucho menor que su edad física. 
La cuestión de las definiciones será, desde luego, ardua y vamos a tener que trabajar en ella. 
Hemos tenido muchas dificultades en la Comisión de Cultura, al igual que las tuvimos en el panel. 
Pero hemos de asegurarnos que las fotografías de niños desnudos sean capturadas en esa red. 
Hemos visto lo que pasó con el Club Wonderland, en el que la gente tenía que proporcionar 10.000 fotografías de niños desnudos para ingresar en ese Club Wonderland. 
Quisiera decir muy brevemente que hemos de poner fin al turismo sexual y asegurarnos que los nacionales de los Estados miembros puedan ser procesados si cometen delitos en terceros países. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que hoy estamos hablando aquí de uno de los temas más sensibles: la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, temas ambos que van en aumento. 
Por consiguiente, es necesario también que cooperemos más intensamente de manera transfronteriza, que trabajemos más intensamente de manera preventiva mediante la información y la toma de conciencia y que intentemos implicar también en mayor grado a la sociedad en este proceso. 
También es importante, naturalmente, que se reforme el Derecho Penal y que funcione de manera transfronteriza ya que el tráfico y el abuso, así como la pornografía infantil, se producen de forma transfronteriza. 
A este propósito son necesarias algunas medidas- como creemos- y, en concreto, la magnitud de la pena, es decir, las penas privativas de libertad, debería ser elevada de ocho años, como mínimo, a al menos 10 años e, igualmente, la edad de la víctima en la que el delincuente debe contar con una ejecución más dura de la pena debe ser elevada hasta los 16 años, pues realmente no puedo entender qué significa que los niños sean objeto de abuso "de manera especialmente desconsiderada". El abuso de los niños, en cualquiera de sus formas, es desconsiderado. 
No existe el abuso leve de los niños. 
Todo lo que acontezca en este contexto es desconsiderado. Por esta razón, creo que el límite de edad debe elevarse hasta los 16 años, pues el daño que experimentan los niños es igualmente grave en niños menores de 10 años que en niños de 11, 12 y 13 años de edad. 
Por esta razón soy partidaria de que se eleve la edad a los 16 años. 
De igual manera, es preciso asegurar la protección de estos niños, en tanto víctimas, no sólo de los niños, sino también de las familias y de los testigos. 
La asistencia jurídica y el asesoramiento psicológico son de mucha importancia. 
Del mismo modo, habría que proporcionar también a los niños la posibilidad de prestar su testimonio mediante vídeo, algo que, lamentablemente, tampoco se lleva a cabo en todos los países. 
Lamentablemente, no hay más tiempo para seguir hablando, pero quiero dar las gracias a todos los que presten aquí su apoyo. 
. (SV) Señor Presidente, cuando la Comisión presentó su propuesta se dijo que la intención era ir más allá del Protocolo de Palermo. 
Estoy muy decepcionada, ya que lo que se ha hecho, en cambio, es debilitar el Protocolo de Palermo. 
Creo que es muy conveniente mantener separados los conceptos de refugiado, que no tiene justamente relación con esto, de explotación de mano de obra y de explotación sexual. 
Es sabido que alrededor del 90 por ciento de las personas que son objeto de este comercio son mujeres a las que se pretende explotar sexualmente. 
Entiendo que la Comisión y el Consejo, y nosotros aquí en el Parlamento, tengamos dificultades para colaborar en torno a estos temas, habida cuenta de la enorme similitud de nuestras legislaciones nacionales. 
Desde hace un año y medio contamos en Suecia con una legislación que pretende eliminar la compra de servicios sexuales, es decir, se penaliza a los clientes. 
Esto hay que verlo en un contexto en el que otros países miembros legalizan los burdeles y, consiguientemente, el proxenetismo. 
De esta manera se consolida la imagen estereotipada de la sexualidad masculina y femenina y de las necesidades sexuales. 
En cuanto al informe Karamanou, quisiera comunicar que si son aprobadas las enmiendas 3, 5, 6 y 13, mi Grupo no votará a favor del informe. 
La definición de pornografía infantil que aprobamos en la Comisión de Derechos de la Mujer es mucho mejor. 
En el informe Karamanou las definiciones son tan amplias que en el futuro se corre el riesgo de tener que cubrir a la estatua de Maneken Pis. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en muchos países de la Unión y en particular en el mío, Portugal, se advierten hoy fenómenos de explotación de seres humanos procedentes de la Europa oriental que, en busca de mejores niveles de vida, son víctimas de redes organizadas que explotan su sufrimiento. 
La explotación de seres humanos, hombres, mujeres y niños, es un fenómenos repugnante, sea para lo que sea: trabajo clandestino, sexual o de otra índole. 
Así, pues, tenemos la responsabilidad de luchar contra ese flagelo y establecer los instrumentos normativos necesarios. 
En ese sentido hemos trabajado para procurar obtener una definición común de los elementos de esos tipos de delito y establecer umbrales inferiores para las penas máximas por aplicar y procurando formular normas de competencia y cooperación judicial y policial. 
Quiero felicitar a las Sras. Ewa Klamt y Anna Karamanou y al Comisario António Vitorino por su compromiso con estos asuntos. 
En efecto, las cuestiones relacionadas con el tráfico de seres humanos y la explotación sexual de los niños deben constituir una prioridad en el programa político de la Unión Europea. 
Tenemos que fortalecer la lucha contra la explotación sexual de niños y la pornografía infantil mejorando las disposiciones de la acción común de febrero de 1997 y garantizando que no puedan existir refugios seguros para los autores de delitos sexuales contra niños, cuando se sospeche que hayan cometido un delito en un país que no sea el suyo. 
Y se trata también de complementar las medidas adoptadas hasta este momento por la Unión y por la comunidad internacional y debemos destacar que en diciembre de 2000 se aprobó el Protocolo de las Naciones Unidas relativo al tráfico de seres humanos en el ámbito del Convenio contra la delincuencia organizada transnacional, que subscribieron 81 Estados. 
La aprobación de estas propuestas en este Pleno deberá ser una demostración clara de nuestra voluntad de emprender una lucha eficaz contra esas violaciones inaceptables de la dignidad y los derechos humanos. 
Me congratulo de que el Consejo haya llegado a un acuerdo en relación con los elementos básicos de la propuesta de decisión-marco relativa a la lucha contra el tráfico de seres humanos, pero lamento que no haya logrado un consenso en lo relativo al nivel de sanciones penales. 
Señor Presidente, en primer lugar, permítame felicitar a las dos ponentes, la Sra. Karamanou y la Sra. Klamt, y felicitar también, muy especialmente, a la Comisión por su propuesta. 
Hace años que este Parlamento pretende una legislación clara y común para luchar contra el tráfico y la explotación de personas, que es una forma odiosa de criminalidad de grandes dimensiones. 
No queremos ser conscientes de ello, pero sólo hace falta ver qué está pasando con la prostitución en nuestros países para darse cuenta de ello. 
La propuesta de la Comisión Europea para tipificar el delito de una forma común y armonizar las sanciones es realmente un paso adelante en el sentido propuesto por Naciones Unidas en su protocolo de Palermo, y lo acojo con satisfacción. 
Pero, tras haber debatido ya en esta Cámara las propuestas de la Sra. Gradin, un esfuerzo que, por cierto, ha sido muy útil a otros, como a Estados Unidos, que ya tienen legislación federal para luchar contra el tráfico de personas, debo expresar aquí una gran preocupación por la actitud del Consejo en su última reunión. 
No ha habido acuerdo sobre esta propuesta, mientras hemos visto cómo salen adelante retales de legislación propuestos por Francia sobre la entrada de personas indocumentadas, cuando es evidente que el tráfico y la explotación de seres humanos es una de las formas más graves de criminalidad, mucho más que la que han abordado. 
Yo no lo entiendo, y no lo entiende nadie, porque no lo explican. 
Yo quisiera preguntar aquí, señor Presidente, si mañana a la hora del voto va a venir el Consejo a explicarnos cuál es su posición, qué piensa hacer, y si piensa introducir algunas modificaciones, cuáles, o, si por el contrario, hemos llegado a un nivel tal de armonía entre las instituciones de esta Unión, que, sin que yo me haya dado cuenta, hay un solo ejecutivo, que es la Comisión y un solo legislativo, que es este Parlamento y el Consejo no tiene nada que decir. 
Señor Presidente, el único modo de atrapar a los criminales internacionales y organizados es que nuestra policía, nuestros fiscales y nuestros jueces cooperen. 
Cualquiera que se oponga a tales movimientos debe estar preparado a justificar que los traficantes y pedófilos salgan indemnes. 
Felicito a la Sra. Klamt y la Sra. Karamanou, aunque respecto de algunos puntos mi Grupo no está enteramente satisfecho. 
El primer problema, en ambos informes, es la tendencia a ser demasiado prescriptivos e ingerentes en el detalle de los sistemas judiciales penales de los Estados miembros. 
El primer ejemplo lo constituyen las penas. 
Es muy acertado armonizar al máximo las sentencias, de modo que cuando un criminal escape se exponga a la misma pena y no tenga lugar para ocultarse. 
Pero no es adecuado tanto estipular que la pena asociada al tráfico tenga que ser una sentencia de privación de libertad como establecer unas penas mínimas. 
No coincido siempre con el Consejo, pero coincido con su opinión de que la aproximación entre los derechos penales de los Estados miembros pueda ser necesaria para el caso de ciertos delitos específicos, pero al aproximar el derecho penal la especificidad de los sistemas nacionales ha de ser tenida en cuenta. 
Ambos informes son también demasiado prescriptivos sobre el tratamiento de las víctimas y los testigos, y no tienen en cuenta las diferentes configuraciones nacionales. 
Volviendo a la definición de la pornografía infantil en el informe Karamanou, mi Grupo tiene problemas con la definición que incluye la creación de la impresión de que la persona representada es un niño. 
Esto va a dar origen a discusiones interminables y no constituye una base jurídica sólida para una definición legal. 
Es mejor centrarse en la pornografía que explota a verdaderos niños, y no a los que simulan serlo. 
También quisiera llamar la atención sobre la enmienda nº 38 del ELDR, que convertiría el acceso a los registros de delincuentes sexuales objeto de las leyes de protección de datos. 
Por último, mi Grupo coincide con la devolución a comisión del informe de la Sra. Klamt, por la razón que ella misma ha expresado. 
Señor Presidente, colegas, el Consejo nos ha cogido por sorpresa. 
Lo que el Consejo considera importante, a nosotros nos parece insuficiente y tendencioso. 
Sin embargo, un aspecto positivo, a mi entender, del informe del Consejo es la obligación con respecto a los Estados Miembros. 
Constituye un avance, aunque aún se presta escasa atención a la acogida y a la protección de las víctimas; en este aspecto, se deben ofrecer mayores garantías. 
Por este motivo, y especialmente desde el punto de vista humanitario, se debe tender hacia un permiso de trabajo permanente en lugar de uno provisional. 
¿Cuáles son los puntos conflictivos? 
Las bandas mafiosas han sido las primeras en aprovechar las ventajas de la globalización de la economía. 
Un segundo punto conflictivo se encuentra en la brecha que separa a las regiones ricas de las pobres. 
Sin olvidar la pobreza. 
Por consiguiente, no solo hay que llevar a cabo campañas contra el tráfico de seres humanos en todos los países de origen, sino que también se debe combatir la pobreza. 
Asimismo, deberíamos desarrollar la política de inmigración, abrir un poco más las fronteras, incluso aunque esto vaya en contra de los países implicados. 
Sin embargo, la mayoría de los países europeos siguen optando por la vía de la represión, centrándose en primer lugar en las propias víctimas. 
Las piezas claves del tráfico de seres humanos, los empresarios que trafican con personas y sus accionistas quedan, por lo general, fuera del alcance de la justicia y la actual política en contra del tráfico de seres humanos no presenta prácticamente ninguna dimensión humanitaria. 
¿Y qué lugar ocupa la cooperación al desarrollo en este ámbito? 
El enfoque que se adopte debe tener carácter internacional pero las mafias disponen de redes internacionales muy eficientes con los mejores expertos en temas fiscales y financieros, en telecomunicaciones e informática. 
Quienes tratan de combatirles se deben conformar con un número relativamente pequeño de personas con escasa experiencia y medios, lagunas legislativas y una flagrante falta de cooperación internacional efectiva, a pesar de Europol, etc. Por consiguiente, se requiere un enfoque estructural, tanto en términos penales como en términos de una política internacional en materia de migración. 
Sólo me queda añadir lo siguiente: no nos olvidemos de la corrupción. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera volver sobre la firma, por la Unión Europea, del protocolo adicional de Palermo, que se denominaba, en efecto, "Protocolo adicional relativo a la lucha contra la trata de seres humanos, en particular de las mujeres y de los niños". 
"En particular de las mujeres y de los niños", esto es lo importante, por supuesto, y hoy tenemos la enmienda 1 al informe de la Sra. Klamt, a la que doy las gracias, que dice expresamente que queremos luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. 
Hablar sólo de trata de seres humanos no me parece suficiente. 
Fue en Palermo donde se propuso la puntualización "mujeres y niños". 
Que esta enmienda proponga que los fines de la explotación sexual se formulen antes que los de la explotación laboral me parece sumamente justo pues sabemos muy bien- no seamos hipócritas- que la trata afecta en primer lugar y ante todo a las mujeres y a los niños. 
Anteponiendo la explotación laboral a la explotación sexual, sabemos muy bien que faltamos a la realidad. 
He aquí por qué esta enmienda 1 me parece importante y espero que la Comisión sea sensible a la misma. 
Lo que también me parece importante es que la trata de seres humanos se considere un crimen y no un delito. 
Todo lo que se relaciona con la explotación sexual son actos criminales y no sólo delictivos; debemos saberlo, subrayarlo, ser conscientes de ello y no jugar con estas imprecisiones. 
Agradezco a las diferentes comisiones y ponentes haber insistido en esto. 
Quisiera añadir que, en el conjunto de enmiendas, algunas inclusiones en relación con la situación de las víctimas me parecen muy importantes. 
Se refieren al menos a tres puntos. 
En primer lugar, está el hecho de que se pueda hablar de la incitación, que puede ser una de las causas punibles. 
La incitación y no sólo el fraude. 
Vemos claramente que el límite entre estos dos conceptos es mínimo. 
Después, está la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por encima de las presiones que podríamos identificar fácilmente, la vulnerabilidad de las víctimas también me parece importante. 
Y, por último, es el Consejo de Europa, en su recomendación de mayo de 2000, el que insistió sobre el punto de "la no validez del argumento del consentimiento". 
He aquí también una cosa importante. 
El consentimiento o el no consentimiento de la víctima no siempre es válido; está incluso lejos de ser válido. 
Creo que, en este aspecto, debemos estar alertas y saber reconocer que el consentimiento no es un argumento para considerar inocentes a los que se dedican a la trata de seres humanos. 
He aquí por qué estos informes me parecen importantes. 
Doy las gracias a las dos ponentes. 
Quisiera decir, al contrario que otros, que desearía que hubiera, evidentemente, más cooperación entre los Estados miembros. 
¿Cómo podremos luchar contra la trata si no hay cooperación entre los Estados miembros? 
¿Prevé esta propuesta suficiente cooperación? 
No es seguro y, personalmente, deseo más. Todo ello para que se pueda identificar a todas las víctimas, hombres y mujeres, pues, naturalmente, los hombres también pueden ser víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación sexual. 
Los hombres y las mujeres, pero especialmente las mujeres y los niños. 
Les recuerdo que una de las enmiendas propone que reconozcamos que la edad adulta comienza a los 18 años y que por debajo de los 18 años, las personas deben considerarse niños. 
Señor Presidente, este es un informe muy importante y un significativo paso adelante. 
Como el resto de la Asamblea quisiera felicitar a la ponente por su informe. 
Sólo a través de la cooperación en el ámbito de la UE y en el internacional podemos hacer algo importante para los niños, quienes deben ser protegidos de estos delitos. 
Apoyo completamente la propuesta de que la representación de personas menores de 18 años participando en actos sexuales explícitos constituye explotación sexual de menores. 
En mi opinión esto es compatible con la Convención de los Derechos del Niño. 
La explotación sexual de los niños en cualquiera de sus formas, incluyendo la pornografía infantil en Internet, es abominable. 
Como destaca la Comisión, con el fin de explotarlos, se trafica cada año con decenas de miles de seres humanos- especialmente mujeres y niños. 
Ninguno de nuestros países puede decir que está libre de esa amenaza. 
Ninguno de nuestros países puede detener esos hechos por sí solos. 
Ninguno de nuestros países debería dudar en inscribirse en una más estrecha cooperación para combatir estos delitos. 
La Unión Europea no ha ignorado este preocupante fenómeno. 
En el Parlamento hemos hablado en muchas ocasiones sobre ello: en 1997 la acción conjunta del Consejo para combatir el tráfico de seres humanos y la explotación sexual infantil allanó el camino para que los Estados miembros revisasen el derecho penal pertinente, de suerte que se pueda garantizar la penalización de ciertos comportamientos y se estimulase la cooperación judicial. 
La nueva propuesta nos lleva un paso más allá, al asegurar, así lo esperamos, que cada Estado miembro adopte las medidas necesarias para garantizar que facilitar o beneficiarse en cualquier modo de la prostitución o de la pornografía infantil sea penalizado, incluyendo la privación de libertad por no menos de cuatro años. 
Además, instamos a cada Estado miembro a asegurar que las encarcelaciones que se produzcan a causa de estos delitos sean sometidas a un seguimiento, un rastreo y la confiscación de todos los activos muebles e inmuebles que hayan aparecido en la instrucción de esos delitos. 
Por último, apoyo completamente el acuerdo de compromiso alcanzado por nuestra comisión respecto del Artículo 5 (4). 
La pena máxima de no menos de ocho años debería aplicarse en cualquier caso de pornografía infantil o de facilitación o estímulo de tales delitos, incluyendo la explotación infantil cuando involucra a menores de 16 años. 
Señor Presidente, es terrible que nos debamos ocupar de nuevo de la lacra que supone el tráfico de seres humanos. 
Las organizaciones criminales internacionales actúan de forma extremadamente eficiente y no descuidan ningún detalle. Por este motivo, resulta absolutamente imprescindible que los Estados Miembros de la Unión Europea y los Estados Miembros candidatos cooperen entre sí para combatir estos graves delitos contra la humanidad con todos los medios legales disponibles. 
Los ponentes, la Sra. Karamanou y la Sra. Klamt, han logrado realizar un sólido alegato y han presentado enmiendas muy positivas. 
Espero, de todo corazón, que sus simpáticas propuestas puedan pasar las pruebas jurídicas. 
Aunque lo dudo, al igual que la Sra. Ludlorf. 
Estoy seguro de que el Comisario Vitorino no tendrá inconveniente en tratar esta cuestión. 
La delincuencia dura sólo puede combatirse con medidas igualmente duras por parte de las autoridades. Por ello, se debe luchar con decisión contra cualquier indecisión o relajación de la política. 
Es, sin duda, en este aspecto, donde la administración pública tiene la obligación de ir por delante. 
Tal y como nos recordaba la Sra. Klamt hace un momento, el hecho de que sólo de Europa Central y Oriental entren 120.000 mujeres y niños al año en la Unión Europea debería hacer que se nos cayera la cara de vergüenza. 
Nunca debimos dejar que se llegara tan lejos. 
Además del enjuiciamiento de los traficantes de personas, se requieren mejores sistemas de control para liberar a esas 120.000 víctimas anuales de su esclavitud. 
Por otra parte, debemos preocuparnos por la pérdida de valores y normas fundamentales en los extremos de nuestra sociedad. 
Por este motivo, agradezco que desde el Parlamento Europeo combatamos esta lacra con tanta unanimidad. 
Señor Presidente, Señorías, con motivo de este informe podemos preguntarnos sobre un fenómeno cuyos ejemplos, al menos la opinión pública teme que así sea, existirían, se dice, incluso al más alto nivel de algunos Estados miembros. 
La expansión de la pornografía infantil tiene causas y es sobre estas causas sobre las que primeramente tenemos que preguntarnos. 
Veré dos de ellas. 
La primera, es la expansión de la pornografía por sí misma y la segunda, el aumento, lamentablemente, del desprecio a los niños y a la infancia. 
La expansión de la pornografía por sí misma se debe a la desaparición de referentes morales, al dominio de este espíritu de disfrute del que vemos los frutos amargos. 
Hoy comprobamos los resultados del eslogan "Disfrutar sin límites", que fue incluso el de algunos miembros de este Parlamento en los años sesenta. 
Conduce irremediablemente a la búsqueda de sensaciones extremas, a la búsqueda igualmente de la violencia, del sadismo, y es el fruto de la banalización de la que se hace alarde en los periódicos, en el cine y en la televisión. 
Este es el primer factor. 
El segundo es el desprecio a la infancia. 
Hay que decir que empieza sumamente pronto puesto que, mientras se discute aquí el maltrato que sufren algunos niños, nos enorgullecemos de presentar como un derecho, como un progreso de la civilización, el hecho de facilitar la eliminación de niños que van a nacer en nuestros hospitales públicos. 
No hay que extrañarse de que nuestra civilización esté a la cabeza en este campo. 
El "derecho al niño" fuera del núcleo familiar, fuera de unas relaciones sexuales normales, el "derecho a la adopción", por ejemplo, por homosexuales, son reivindicaciones que van abriéndose camino, incluso en la prensa conservadora, y todo esto no deja de tener repercusiones. 
No obstante, estas reflexiones no nos llevan a condenar las excelentes disposiciones del informe que se nos somete. 
Quisiera decir algo, sin embargo, sobre los instrumento jurídicos del Consejo: ¿Por qué una decisión marco mejor que una directiva, cuando se trata de modificar en varios puntos, muy importantes, varias disposiciones del Código Penal en cada uno de los Estados miembros? 
Una puntualización también sobre el método que se ha utilizado en el informe. 
El proyecto de la Comisión estaba redactado en términos bastante generales como para englobar toda clase de responsabilidades penales. 
Se deseaba completarlas. 
¿No se ha sobrecargado demasiado la redacción en algunos aspectos? 
En cambio, aprobamos la definición de circunstancias agravantes como son la utilización de niños menores de 16 años, o de niños con discapacidad física o psíquica. 
Un punto especial es el planteado por la enmienda 26 que modifica el artículo 8, párrafo 3, del proyecto. 
Esta enmienda está prevista en el caso de que un Estado, se nos dice, aplique el principio de "doble responsabilidad penal" en relación con sus ciudadanos que fueran declarados culpables de pornografía infantil. 
En tal caso, éste, sin embargo, debe tomar medidas. 
¿Se trata del principio que los juristas conocen con la expresión latina de principio non bis in idem? 
Entonces, se trataría más bien del principio de non doble responsabilidad penal, es decir de rechazo a acusar a un ciudadano cuando ya es perseguido en otro Estado miembro. 
Creo que hay que revisar la redacción de este punto. 
La definición de pornografía es más completa en el informe de lo que lo era en el proyecto inicial, como la de material que puede servir para la pornografía infantil o como la de la responsabilidad de las personas que están a cargo de niños. 
Les pongo en guardia, en cambio, Señorías, frente a Internet. 
Es difícil pedir lo imposible. 
Internet por sí mismo no es más responsable de lo que Correos lo es con respecto a actos criminales que puedan prepararse por correo. 
Exigir que los servidores de acceso ejerzan un control, que sólo puede ser eficaz si es general, conduciría a los mismos efectos perversos, así me parece, que si se pidiera a Correos que comprobara el contenido del correo que distribuye. 
Con estas reservas, estamos a favor en lo esencial de este informe, así como, con la inclusión de Interpol junto con Europol. 
Esperamos que así este informe contribuya a erradicar un fenómeno execrable. 
Señor Presidente, debemos felicitar a las autoras de estos dos informes pues son importantes y honran el trabajo de nuestro Parlamento. 
Las medidas propuestas, que apoyaremos, tratan de preservar la integridad de los que más nos necesitan, es decir los niños. 
Son el futuro del mundo, son también los más vulnerables y, lamentablemente, ya en su vida uterina prenatal tienen que sufrir el egoísmo de los adultos, sin conmover a nadie, puesto que carecen de voz y de verdadero rostro. 
Apoyaremos estos dos informes votando las enmiendas que van más lejos que la propuesta del Consejo. 
En especial, tenemos que afirmar que se trata de actos criminales para los que no debe haber complacencia, y que estas medidas deben aplicarse cuando los niños afectados sean menores de 16 años, como hemos votado en comisión. 
Paralelamente a estas disposiciones, habría que luchar contra las causas reales y profundas de estos males, entre otras, el laxismo frente a la pornografía en el que se complacen la mayoría de los países europeos. 
Con el pretexto de la libertad de prensa o de la libertad individual, se deja que una minoría de individuos difunda a través de películas, libros, revistas, minitel, y ahora cada vez más abundantemente por Internet, toda una literatura pornográfica que se mofa de la dignidad del ser humano y que estimula de forma anárquica el instinto sexual sin recato, sin pudor y sin respeto. 
Actuar por delante para impedir estos actos criminales consiste, entre otras cosas, en una política familiar que favorezca la correcta integración del niño en la sociedad. 
Todos nosotros sabemos por experiencia que un niño convenientemente integrado en una familia está mejor protegido contra los males de nuestro tiempo, ya se trate de drogas, de tráfico de seres humanos o de pornografía. 
Por otra parte, es capaz de resistirse a estos males si tiene que enfrentarse a ellos. 
Señor Presidente, yo estaba en el Parlamento cuando en verano de 1995 se sacaron a la luz los abominables crímenes del Sr. Dutroux. 
Como resultado directo de la expresión de horror proferida por este Parlamento ante esos tétricos crímenes iniciamos el camino por el que hoy discurrimos, avanzando hacia la mejora de la legislación de protección de los menores. 
Quisiera felicitar a nuestros dos colegas por sus excelentes informes. 
Quisiera también expresar mi pesar por que seis años después de que se expusieran aquellos perversos crímenes, ese hombre aun no haya sido llevado ante la justicia. 
Ello quizá demuestre que el alcance de aquellos crímenes era inconcebible para nosotros en aquél momento y que la ley no era adecuada para conocer de los mismos. 
No obstante es una absoluta desgracia que este hombre no haya sido aun llevado ante la justicia. 
Quisiera hacer algunas observaciones técnicas respecto del informe. 
La marcada dimensión internacional del problema exige que se establezcan unos elevados estándares de normas comunitarias relativas a la explotación sexual infantil, estándares que también habrían de aplicarse a los países CEEC en los que los problemas son aun más graves que en el seno de la Unión. 
La edad de consentimiento varía según los países: 13 años en España y Holanda, 17 en Irlanda del Norte y en la República de Irlanda. 
De modo que un abusador de menores puede moverse fácilmente entre los países en los que la ley contempla una menor edad de consentimiento. 
Pueden hacerlo simplemente con el fin de evitar sanciones penales. 
Esto también constituye un considerable obstáculo al desarrollo de estándares comunes y la protección de datos comparativa. 
El Artículo 5 (1) del texto de la Comisión propone que las penas por abusos de niños de menos de 10 años sean más severas. 
Rechazamos esto por cuanto cualquier abuso infantil constituye un delito. 
Por último, la adquisición y posesión de pornografía infantil con el objeto de entregarla a las autoridades policiales debería ser penalizada. 
Poseer esa pornografía es un delito y muy a menudo la gente que la utiliza simula estar recopilándola para la policía. 
No me parece que podamos creer eso. 
Señor Presidente, el tráfico de seres humanos constituye una variante grave de las violaciones de los derechos humanos comparable a la esclavitud, una forma de esclavitud que afecta, sin embargo, con especial virulencia a las mujeres. 
Me adhiero a lo dicho por la Sra. Fraisse. 
No sólo se trata de obligar a realizar un trabajo, sino sobre todo a la prestación de servicios sexuales y matrimonios obligados. 
Por este motivo, resulta digno de elogio que la resolución marco de la Unión Europea en cumplimiento del Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas contenga una definición conjunta del tráfico de mujeres lo más amplia posible para que recoja todas las modalidades de tráfico de seres humanos. 
Sin embargo, una definición conjunta por escrito no servirá para nada si en la práctica no se adoptan medidas reales para localizar a los delincuentes y a los cómplices y para proporcionar la protección necesaria a las víctimas. 
¿Cuáles son esas medias? 
En primer lugar, es necesario que las víctimas del tráfico de personas no corran el riesgo de ser deportadas de forma inoportuna por encontrarse en situación irregular cuando denuncien estos hechos. 
Sólo se les puede prestar una protección jurídica y una asistencia personal si se les concede un permiso de residencia temporal para poder colaborar en el procedimiento. 
En segundo lugar, es necesario que se establezcan penas específicas para castigar la complicidad de funcionarios en activo, como policías y funcionarios de aduanas, considerando que desempeñan un papel clave a la hora de hacer la vista gorda o de combatir el tráfico de personas de forma efectiva. 
La resolución marco para la lucha contra el tráfico de personas demuestra, en resumidas cuentas, una voluntad política por parte de los Estados Miembros a la hora de hacer frente al tráfico de seres humanos, aunque dudo que, en la práctica, se otorgue una prioridad suficiente a esta cuestión en las agendas de las cooperación europea en materia de justicia y policial. 
Por consiguiente, quisiera abogar por la presentación de informes periódicos, tanto por parte del Consejo como de la Comisión, a este Parlamento de forma que podamos seguir el pulso de la cuestión y detectar a tiempo la necesidad de intensificar de dicha política. 
Por último, quisiera añadir algo acerca del informe de la Sra. Karamanou relativo a la pornografía infantil. 
Mantengo mis dudas acerca de la formulación de la definición debido a que resulta insuficiente en lo que respecta a su precisión desde el punto de vista jurídico estableciendo un margen tan amplio que abre las puertas de una caza de brujas. 
Por este motivo, me estoy planteando seriamente abstenerme en la votación. 
Señor Presidente, la pornografía infantil se debe atajar con dureza porque requiere el abuso de menores y debemos trabajar para lograr el rechazo judicial y penal. 
Sin embargo, esto precisa una definición escrupulosa de la pornografía infantil que no desestime la gravedad del abuso que sufren los menores y que respete los derechos europeos de las víctimas y de los sospechosos. 
La amplitud de la definición de la Sra. Karamanou es, por ello, motivo de preocupación para mi Grupo. 
Consideramos que resulta excesivo censurar la imaginación. 
La pornografía infantil virtual, los textos pornográficos y las imágenes engañosas son ciertamente productos de mentes retorcidas pero no pueden equipararse con el abuso real de un menor. 
Personalmente, no considero que las historias del Marqués de Sade sean edificantes, pero tampoco es mi intención prohibirlas a través de este informe. 
Asimismo, la violencia que aparece en libros y películas me produce rechazo pero no hay que pasar a la acción penal hasta que la imaginación no se convierte en realidad. 
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Sra. Klamt y a la Sra. Karamanou por sus buenos informes. 
La explotación sexual de los niños, la pornografía infantil y la trata de seres humanos son delitos abominables que están tomando dimensiones aterradoras. 
Su difusión se ve favorecida por la globalización y por la técnica moderna de las telecomunicaciones. 
Ya no cabe solucionar estos problemas mediante medidas de los estados individuales. 
La Unión Europea y los Estados miembros deben proceder contra ellos conjuntamente y en cooperación con los terceros estados afectados. 
En la trata de seres humanos es preciso distinguir claramente dos ámbitos. El abuso sexual y la explotación de los trabajadores. 
En los inicios del siglo XXI existen en el mundo más esclavas y esclavos que los que pudieron ser trasladados desde Africa en los siglos pasados. 
Las Naciones Unidas dan por sentado que en todo el mundo son explotados como esclavos unos 200 millones de personas. 
La trata de seres humanos se realiza a través de redes criminales, bien organizadas y, en parte, internacionales. 
El acuerdo marco es un paso importante en el camino hacia una mejor cooperación de los Estados miembros. 
Mediante la aproximación de las disposiciones legales de los Estados miembros se establece la base de una mejor cooperación de las autoridades judiciales, con el fin de facilitar la lucha europea contra la trata de seres humanos. 
Lo mismo ha de decirse también respecto del acuerdo marco para la lucha de la pornografía infantil y de la explotación sexual de los niños. 
Es preciso seguir estableciendo más posibilidades de prevención. 
Para poder actuar contra estas redes criminales necesitamos una formación específica de los funcionarios. 
Estos ámbitos de problemas deben ser tomados en consideración en las negociaciones de adhesión con los estados del centro y del este de Europa. 
Entretanto, respecto de la trata de seres humanos, por ejemplo, algunos países candidatos a la adhesión se han convertido en países de procedencia, de tránsito y también de destino. 
En el espacio limítrofe con la Unión Europea la prostitución, el turismo sexual y la explotación sexual de los niños se han convertido en una triste realidad. 
Por esta razón es preciso adoptar rápidamente en estos países medidas encaminadas a la lucha contra la criminalidad en estos ámbitos y reforzar la cooperación con la Unión Europea. 
Señor Presidente, hace 140 años se abolió la esclavitud en EE.UU. y en Rusia. 
Ahora se ha instaurado en Europa. 
Según el IOM, órgano de la ONU, cada año medio millón de mujeres en Europa son obligadas, o engañadas, a vivir una vida como esclavas sexuales. 
Este creciente comercio es más lucrativo que el de los narcóticos y es manejado por mafias organizadas. 
Al mismo tiempo, cada año más de un millón de niños son obligados a la prostitución y a participar en la creciente industria de la pornografía infantil. 
Cada vez son más turistas y hombres de negocios, en su mayoría de Europa, que abusan de esos niños. 
A pesar de esta cruda realidad, las penas por abusos sexuales con menores, tenencia de pornografía infantil y trata de mujeres son muy suaves comparadas con las que se asignan a delitos relacionados con las drogas. 
Puede tratarse de penas de dos años de cárcel, cuando por los delitos de narcotráfico son de 10 ó 15 años. 
Pocos delincuentes son juzgados y aún menos son condenados. 
Hoy discutimos un intento de transformar la retórica y las palabras hermosas, que hemos cultivado durante muchos años, en acciones concretas. 
Nuestros cuatro ponentes han realizado un excelente trabajo y en una serie de puntos van más allá de lo propuesto por la Comisión, a la que, de paso, le dedico un elogio. 
Es absolutamente necesario armonizar las legislaciones y endurecer las penas. 
En cuanto a la explotación sexual de los menores, nuestra principal exigencia es que la legislación comprenda a todos los menores de 16 años, lo que coincide con la definición de menor que se usa en la mayoría de las convenciones internacionales. 
Poner el límite en los diez años puede, incluso, empeorar la situación de los menores que ya han cumplido esa edad, puesto que la demanda va a aumentar drásticamente. 
Las deficiencias legislativas no sólo se refieren a las medidas contra la delincuencia, sino también a la ausencia de leyes que protejan a las víctimas. 
Ya somos muchos los que exigimos que se ponga fin a los abusos sexuales contra las mujeres y los menores, pero deberíamos ser más. 
Se necesitan más hombres y más gobiernos y, sobre todo, más acciones concretas. 
Señor Presidente, después de felicitar a la Sra. Karamanou y a la Sra. Klamt por el excelente trabajo realizado, quisiera hacer dos consideraciones: una de carácter general y otra de carácter institucional. 
En lo que se refiere a la reflexión de carácter institucional, me parece que la colaboración entre el Parlamento y la Comisión en un tema tan delicado como éste prosigue de manera significativa y excelente; por el contrario, y aquí estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Terrón i Cusí, no se puede decir lo mismo en lo que respecta al Consejo. 
Estamos abordando un asunto extraordinariamente delicado, un asunto fundamental para nuestra sociedad. 
Sería importante que se mantuviera una relación interinstitucional que concretara las indicaciones que tan bien se especifican en los dos informes que nos ocupan. 
Por primera vez desde que en Niza se aprobó la Carta de Derechos Fundamentales, se nos brinda la posibilidad de transponer un documento político a un acto jurídico, en cumplimiento del artículo 24. 
En cambio, la consideración de carácter general es que en un tema tan delicado que se ha abordado tan bien, nos encontramos frente a una sociedad en la que vemos que se va enraizando cada vez más una creencia parecida a una suerte de nihilismo. 
Se ha tergiversado toda una serie de relaciones personales e interpersonales. 
Pensamos que a través de los beneficios del consumismo, dando todo lo que nuestros hijos nos piden- lo digo como padre- logramos una especie de felicidad para ellos. 
Debemos reflexionar atentamente sobre las decisiones que tomamos como Parlamento Europeo. 
El Parlamento Europeo sintetiza las tensiones existentes en la sociedad. 
El asunto que estamos debatiendo en este momento, la explotación de menores, que afecta tanto a las sociedades más desarrolladas como a las menos desarrolladas, se ha de abordar no solo jurídicamente, como ahora, sino también en términos de sociología general y de desarrollo de la sociedad. 
Señor Presidente, señoras y señores, celebro expresamente lo que se nos ha presentado en estos dos informes y quiero dar también las gracias a la Comisión por sus iniciativas relacionadas con estos dramáticos delitos del abuso sexual de los niños y de la pornografía infantil. 
Es acertado que reflexionemos acerca de la definición de la pornografía infantil y del abuso sexual como también acerca de la cuestión de en qué medida y dónde fijamos los límites de edad. 
También es acertado que hablemos sobre las penas máximas. 
Comparto las propuestas de los informes. 
Sin embargo, quisiera llamar la atención de ustedes sobre otro punto de vista- y agradezco que haya sido recogido en los informes- en concreto, sobre el problema de las penas mínimas y no sólo de las penas máximas más bajas. 
El rechazo de un delito por parte de la sociedad se muestra esencialmente en las penas mínimas que se aplican. 
Hoy sucede todavía que en muchos casos en el delito de la pornografía infantil, debido a la insuficiencia de penas mínimas, se impone a los delitos una condena condicional. 
Sin embargo, la pornografía infantil no es, en ningún caso, un delito que al que se pueda imponer una condena condicional. 
De ahí mi llamamiento relativo a que a través de la cooperación en el establecimiento de penas mínimas suficientes creemos las condiciones previas para que estos delitos sean también de hecho en la conciencia de nuestra sociedad los peores que se puedan cometer contra los niños. Con estas iniciativas deberíamos poner de manera conjunta en la Unión Europea los cimientos de esta conciencia. 
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(EN) Señor Presidente, señoras y señores, en nombre de la Comisión felicito a la Sra. Karamanou y a la Sra. Klamt por sus excelentes informes y les doy las gracias a todos aquellos de ustedes que durante muchos años han estado planteando este importantísimo asunto. 
Quisiera comenzar por el informe de la Sra. Klamt. 
Las propuestas de la Comisión deben ser contempladas en el contexto de una política más amplia que incluye una más estrecha cooperación policial y judicial en la lucha contra el crimen organizado, las contribuciones que importantes programas comunitarios como STOP y DAPHNE han realizado a este asunto, y, sin olvidar el Forum sobre la Prevención del Crimen Organizado, lanzado recientemente por la Comisión, que incluye un grupo de trabajo sobre el tráfico de seres humanos. 
Sin embargo, la prevención sólo es una cara de la moneda. 
Quisiera recordarles que en marzo el Consejo adoptó una decisión marco sobre la presencia de las víctimas en los procesos penales. 
Además, quisiera reiterar que la Comisión va presentar una propuesta sobre los permisos de residencia temporal para aquellas víctimas del tráfico de personas dispuestas a cooperar en las investigaciones contra sus explotadores. 
Una iniciativa de esa naturaleza debe ser autónoma y debe proporcionar una base para una asistencia y protección más estructuradas, aclarando el estatus de las víctimas en cuanto a su residencia. 
Teniendo en cuenta estas circunstancias y la naturaleza específica de los instrumentos legales que se están debatiendo, la Comisión comparte los objetivos subyacentes a algunas de las enmiendas presentadas por el Parlamento. 
Pero no vamos a poder aceptar aquellas que recaigan en el ámbito de otras decisiones marco- la decisión marco sobre la presencia de víctimas en procesos penales, por ejemplo- o aquellas cuya detallada naturaleza sea incompatible con un instrumento específico como, por ejemplo, una decisión marco. 
Lamento tener que decir, a pesar de que apoyo completamente la idea de crear un fondo para proteger a las víctimas, que tal fondo sería contrario al principio de subsidiariedad, que hemos de respetar en instrumentos específicos tales como las decisiones marco. 
Dicho esto, la Comisión acepta la mayoría de las enmiendas a la redacción, incluyendo las que introducen referencias a la Carta de Derechos Fundamentales y quisiera destacar el trabajo llevado a cabo por el Parlamento a lo largo de estos años. 
La Comisión también comparte totalmente los fines de las enmiendas relativas al abuso de los vulnerables, relativas a la vulnerabilidad y las servidumbres por deudas y relativas a la vulnerabilidad, las discapacidades físicas y mentales y la residencia ilegal. 
También apoya las enmiendas que consideran el transporte en condiciones inhumanas como una circunstancia agravante. 
En lo que concierne al informe Klamt quisiera resaltar que los ingentes esfuerzos y el compromiso de la Presidencia sueca han culminado en un acuerdo básico sobre varias disposiciones, pero lamentablemente, no se ha alcanzado un consenso sobre la severidad de las penas. 
Por ello, la Comisión no ha remitido una propuesta revisada. 
Aguardaremos a la opinión del Parlamento y entonces las incorporaremos a nuestra propia posición. 
Permítanme ahora tratar el informe de la Sra. Karamanou. 
Quisiera alabar su enfoque y añadir que, ciertamente, la acción siempre debe adoptar forma práctica al igual que forma jurídica. 
Para que esas acciones tengan éxito será vital armonizar el derecho penal y las normas penales relativas tanto a las sanciones como a las definiciones de pornografía infantil, y en especial las de pornografía infantil en Internet. 
También en este punto compartimos los objetivos de algunas de las enmiendas que han sido presentadas, pero sinceramente tenemos la impresión de que quedan cubiertos por las disposiciones de otros instrumentos legales tales como la decisión marco sobre la presencia de víctimas en procesos penales. 
Respecto de las enmiendas relativas a la definición de pornografía infantil y del delito de pornografía infantil pensamos que las definiciones concertadas por la Unión deben estar lo más alineadas posible con las definiciones adoptadas por el proyecto de Convención sobre los Ciberdelitos elaborada por el Consejo de Europa. 
La coherencia entre estos dos instrumentos, en mi opinión, es extremadamente importante. 
La Comisión desea destacar su posición respecto de dos grupos de enmiendas que presentan una especial dificultad desde el punto de vista político. 
En primer lugar me ocupo de las enmiendas que sugieren que la explotación sexual de personas menores de 16 años debe constituir un delito agravado. 
Esto implica elementos de orden jurídico muy complicados, también los relativos a la relación entre el derecho nacional y el derecho europeo- la subsidiariedad. 
Según el derecho penal de muchos Estados miembros la explotación sexual constituye un delito cuando involucra a una persona menor de la edad establecida para el consentimiento sexual y en cuanto tiene lugar el acto sexual. 
Esto significa, por el contrario, que las enmiendas que establecen el límite de edad que implicaría un delito agravado a los 16 años interferirán no sólo en las estrategias sistemáticas de los Estados miembros, sino también con las consideraciones nacionales respecto de la edad de consentimiento. 
No disponemos de ningún fundamento jurídico para armonizar la cuestión de la edad de consentimiento de las relaciones sexuales. 
Por tanto la Comisión no puede estar de acuerdo con las correspondientes enmiendas pero estaría dispuesta a considerar un límite de edad más alto que el previsto en la propuesta original, por ejemplo un aumento de la edad límite de 10 a 12 años. 
En segundo lugar, en lo que atañe a las enmiendas relativas a la jurisdicción y extradición, hay que tener en cuenta que los artículos de la propuesta han sido moldeados según las disposiciones que reflejan el estado de la cuestión en relación con los instrumentos específicos de este campo. 
Por ello, la Comisión no puede aceptar las enmiendas propuestas. Al mismo tiempo, estamos en disposición de considerar estos asuntos en un contexto más amplio. 
No obstante, en lo que concierne a la extensión del artículo sobre jurisdicción a los residentes habituales, la Comisión estaría dispuesta a aceptar esa enmienda, al igual que el resto de enmiendas a la redacción de la propuesta. 
Para terminar, espero sinceramente que se pueda alcanzar un acuerdo político en el Consejo en lo que se refiere a las penas. 
Comparto la opinión de aquellos que piensan que en realidad la aplicación del derecho penal es diferente en nuestros 15 Estados miembros. 
Eso es cierto. 
Pero no debemos dar un mensaje equivocado a aquellos que trafican con seres humanos careciendo de unas penas comunes a escala europea. 
Si no somos capaces de acordar unas penas comunes respecto del tráfico de seres humanos nuestro objetivo común quedaría seriamente derrotado. 
Ya hemos alcanzado un acuerdo respecto de la falsificación del euro, del blanqueo de dinero o sobre la responsabilidad de los contrabandistas y transportistas. 
No alcanzo a ver ningún motivo por el que no podamos llegar a un acuerdo político sobre las penas comunes para el tráfico de seres humanos con el propósito de explotarlos económica y sexualmente. 
Bienestar de los animales 
De conformidad con el orden del día, el Consejo y la Comisión proceden a formular declaraciones sobre el bienestar de los animales. 
(SV) Señor Presidente, Señorías, el debate de hoy demuestra que el Parlamento Europeo, la Comisión y la Presidencia sueca tienen un interés común en la protección de los animales y los aspectos éticos correspondientes. Esto nos permite intercambiar opiniones sobre estos importantes temas. 
En la sociedad actual se discute con creciente frecuencia la relación de los hombres con los animales. 
Durante el tiempo que he participado en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE ha sido evidente que el tema del bienestar de los animales ha estado cada vez más presente en el orden del día y que se le ha dedicado mucho tiempo. 
En este orden de cosas, el año 1995 no se parece en nada al 2001. 
Sin embargo, en el último tiempo, cuando se discute el bienestar de los animales, se habla mucho de animales enfermos y de fenómenos en la agricultura que han tenido consecuencias catastróficas. 
Los asuntos relacionados con la protección de los animales que se tratan en el Consejo son en su mayoría normas técnicas, pero creo que ha llegado la hora de discutir también los principios que deben regir las relaciones del hombre con los animales y la forma como éstos deben ser tratados. 
Los aspectos éticos de la zootecnia deben tener mayor peso en las decisiones de política agrícola. 
La ética no consiste sólo en poner etiquetas a lo que es bueno y malo, sino que es un instrumento que nos ayuda a adoptar una postura en situaciones complicadas. 
Tenemos que atrevernos a cuestionar que a veces a los animales se les considere como productos y que se les trate mal. 
Cuando se denuncian los abusos tendemos a reaccionar exigiendo normas más severas, pero no se pueden combatir los malos tratos solamente con leyes o con controles. 
El trato a los animales está relacionado con las actitudes y valores de las personas. 
En el Consejo de Ministros de mayo tomé la iniciativa de realizar un debate en torno a los aspectos éticos de la zootecnia. 
El objetivo de este debate era dar relieve a esta materia en un plano doctrinario, fundamentándonos en la idea de que en el futuro seguiremos teniendo una sociedad con animales al servicio del hombre. 
Todos los Estados miembros coincidieron en que los aspectos éticos de la zootecnia eran esenciales. 
Éstos deben integrarse mejor en las futuras decisiones sobre esta materia. 
Los países miembros destacaron que los animales son seres sensibles que merecen un buen trato. 
Numerosos países indicaron que es decisivo que las personas que trabajan diariamente con animales deben tener conocimientos sobre éstos y sus necesidades. 
Mis conclusiones de este debate fueron, entre otras cosas, que los animales son seres sensibles, con integridad. 
Tienen que ser tratados con respeto y consideración a su salud y su bienestar. 
Manifesté que las declaraciones que se habían hecho no deberían quedarse en hermosas palabras sino que eran un compromiso para actuar en favor de la protección de los animales. 
En concordancia con la línea de la Presidencia sueca de acentuar la visión de conjunto en la cadena alimentaria, se organizó la conferencia científica Food Chain 2001. 
Una de las conclusiones de la conferencia es, a mi juicio, especialmente interesante. 
La protección animal que asegura la salud de los animales implica a menudo considerables beneficios económicos. 
En la reunión informal de Ministros de Agricultura, en Östersund en abril, se discutieron las futuras políticas agrícola y de alimentos de la UE. 
Muchos de mis colegas destacaron la crisis en que actualmente se encuentra la agricultura. 
La enfermedad de las vacas locas, la fiebre aftosa y los inaceptables transportes de animales son sólo algunos de los motivos que justifican una reforma. 
Otra conferencia que se realizó durante la Presidencia fue Ethics and Animal Welfare 2001, a la que también fue invitado el Parlamento. 
El objetivo de esta conferencia era reunir a representantes de las organizaciones industriales y de protección animal y a las autoridades para discutir temas relacionados con la protección animal y la ética. 
Los asistentes estuvieron de acuerdo en que el intercambio de experiencias y el diálogo- abierto y continuo- eran condiciones indispensables para conseguir mejoras en el campo de la protección animal. 
Por ejemplo, es importante que se apliquen las normas que se aprueben. 
Estoy satisfecha con las discusiones sobre protección animal y ética que se han desarrollado en muchos sitios, pero para obtener mejoras se necesitan también normas más severas en muchos campos. 
Durante la Presidencia sueca, el Consejo ha tramitado muchas propuestas en esta materia. 
Una de ellas es el informe de la Comisión sobre protección de los animales durante los transportes. 
Este informe fue presentado y discutido en el Consejo de Ministros de enero. 
Una de las conclusiones de este informe es que cada país miembro tiene que destinar más recursos para la aplicación de las normas vigentes. 
También es importante que la Comisión presente nuevas propuestas para mejorar la legislación al respecto. 
La Presidencia trabaja también para que en la reunión de junio del Consejo de Ministros, la próxima semana, se apruebe una resolución sobre los transportes de animales. 
El objetivo es pedir a la Comisión que proponga mejores normas sobre esta materia. 
La Presidencia necesita mucho respaldo para que se pueda adoptar una decisión al respecto. 
A mi juicio, lo más urgente es que realmente se apliquen las normas vigentes, cosa que actualmente no ocurre. 
Esto se puede ver especialmente en películas y vídeos filmados en diferentes países, a menudo en secreto. 
Éstos demuestran claramente el incumplimiento de las normas y despiertan la indignación de los ciudadanos. 
Es primordial que en todos los países se apliquen las resoluciones comunes. 
Asimismo, conviene que se acorten los transportes y que se eliminen las subvenciones a la exportación de animales vivos. 
Felizmente, la Comisión presentó hace poco una propuesta en este sentido. 
Se trata de dotar de mejor ventilación a los vehículos destinados a los transportes que duran más de ocho horas. 
La Presidencia ha iniciado el tratamiento de esta propuesta en el grupo de trabajo del Consejo. 
La Presidencia ha trabajado intensamente en torno a la propuesta de la Comisión sobre una nueva directiva para la protección de los cerdos. 
Esta propuesta implica, como ustedes ya saben, mejoras para los cerdos. 
En este contexto, valoramos especialmente el trabajo del ponente, el Sr. Busk. 
En mi opinión, es conveniente que el Consejo adopte decisiones sobre los cerdos tan pronto como sea posible. 
Esto presupone una opinión del Parlamento Europeo. 
Por eso espero que ustedes comprendan nuestro deseo de que se proceda con celeridad. 
Esto sería una clara señal de que el Parlamento Europeo y el Consejo dan prioridad a la protección animal. 
Se necesitan normas detalladas, pero éstas deben fundamentarse en una postura sobre nuestra responsabilidad ante los animales. 
En la UE hemos decidido que tomaremos en consideración las necesidades de los animales. 
Esto se deduce del Tratado de Amsterdam, en el que se dispone que los animales son seres sensibles y que hay que velar por su bienestar en el diseño y aplicación de la política comunitaria. 
Obviamente continuaremos protegiendo a los animales, ya que nuestra legislación así lo dispone. 
Además, estoy convencida de que la dignidad humana nos obliga a asumir responsabilidades frente a los animales. 
Los hombres tenemos una situación privilegiada y, por consiguiente, la responsabilidad moral de proteger a los animales. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Presidencia sueca por tener la iniciativa de solicitar este debate. 
Ello nos da idea de la importancia concedida al bienestar de los animales por la Presidencia, y por la ministra Winberg en particular. 
En los últimos meses ha crecido notablemente el interés por los temas relacionados con el bienestar de los animales a escala comunitaria. 
Ha habido varios debates al respecto en el Consejo de Agricultura y también se organizó una importante conferencia en Estocolmo a finales del mes pasado, tal como la Sra. Winberg les acaba de contar. 
Tuve el placer de representar a la Comisión en todos esos debates y discusiones. 
Por supuesto, esta Presidencia no ha terminado todavía y habrá nuevas oportunidades de abordar los temas relativos al bienestar de los animales. 
Este miércoles hablaré ante el intergrupo del Parlamento dedicado a estos temas por segunda vez en este año. 
Dentro de algo más de una semana habrá un nuevo debate en el Consejo de Agricultura, cuyo fin es llegar a una resolución que ayude a establecer el futuro programa de trabajo en la materia. 
Un cínico podría alegar que todos estos debates no son más que palabrería y que camuflan la ausencia de progreso real. Yo estoy convencido de que no es así. 
Es importante desarrollar un sólido consenso sobre la necesidad de actuar más en el ámbito del bienestar de los animales. 
No debemos olvidar que, hasta hace muy poco, era un tema descuidado en el programa de trabajo de la Comunidad. 
Es algo que está cambiando a gran velocidad. Además, estoy convencido de que será aún más importante en el futuro. 
La razón de la mayor resonancia del tema no es difícil de entender. 
A la gente le preocupa mucho el trato que se inflige a los animales. 
Cada vez tolera menos los malos tratos e insiste en que nuestros sistemas de producción agraria garanticen un trato mejor. 
Estos sentimientos están también penetrando en el mercado. 
Los consumidores exigen mucha más información acerca las condiciones en que se crían los animales. 
El público exige más y mejor información sobre los productos y los alimentos: cómo y cuándo son producidos, en qué condiciones y con qué ingredientes. 
Es sensato desde el punto de vista comercial responder a estas exigencias. 
Recientemente recibí en mi despacho los resultados de una encuesta de toda confianza acerca de la actitud de los consumidores hacia las cuestiones fundamentales de bienestar de los animales. 
Entre los resultados de la encuesta figura la interesante información de que la cifra de consumidores que están dispuestos a pagar más por los alimentos producidos con arreglo a los criterios más estrictos de bienestar llega al 85%. 
Aunque estos resultados no se vean totalmente reflejados en el comportamiento de los consumidores a la hora de comprar, existe un claro potencial para que el mercado dé mayor prominencia a unos criterios más estrictos como herramienta de competitividad. 
Estas tendencias seguirán aumentando y no hay motivos para no poder adaptarse a ellas. 
Disponemos ya en la Unión Europea de un sistema de identificación y rastreo de cada cabeza de ganado vacuno. 
Hay posibilidades claras de utilizar este sistema para obtener información sobre otros factores importantes, como son la raza del animal en cuestión y las condiciones en que se ha criado. 
Este argumento se debe contemplar asimismo en relación con la dimensión mundial del comercio de animales y de productos de origen animal. 
Es esencial compartir nuestros conocimientos sobre el bienestar de los animales con países no pertenecientes a la Unión Europea y crear un planteamiento coherente hacia el tema. 
En este contexto, me agradó enterarme de que la Oficina Internacional de las Epizootias (la OIE) aprobó la semana pasada en su sesión general un programa de trabajo quinquenal que incluye cuestiones relativas al bienestar de los animales. 
Es la primera vez que un foro internacional tan amplio como la OIE decide abordar esta cuestión. 
La Comisión apoya resueltamente esta iniciativa y se propone participar de forma activa en su futuro desarrollo. 
Esta Asamblea, por supuesto, es muy consciente de estas preocupaciones. 
Cada vez se reciben más cartas de ciudadanos de a pie y de diputados del Parlamento acerca de cuestiones relativas al bienestar de los animales. 
También trata de ellas un número desproporcionado de preguntas escritas y orales a la Comisión. 
Es nuestro deber y nuestra responsabilidad reflexionar sobre estas preocupaciones. 
Quiero, sin embargo, dirigir unas palabras de prudencia en varios frentes. 
Cada vez son más los llamamientos para que la Comunidad actúe más en el ámbito del bienestar de los animales, pero debemos tener cuidado de que esto no desvíe la atención de la responsabilidad de todas las partes de fomentar unos criterios más estrictos. 
Recientemente hablé largo y tendido sobre ello en Estocolmo. 
La Comisión, al fin y al cabo, sólo puede desempeñar en relación con el bienestar de los animales un papel subsidiario. 
Indudablemente, dentro de nuestra esfera de competencia, debemos tomarnos nuestras responsabilidades muy en serio. 
Sin embargo, los Estados miembros siguen teniendo el papel más importante, ya que las obligaciones en materia de bienestar de los animales se adoptan como criterios mínimos en la legislación europea. 
Por otra parte, los Estados miembros son los responsables de hacer cumplir día a día la legislación comunitaria en este ámbito. 
También disponen de los recursos humanos para desempeñar esta tarea, lo que claramente no ocurre con la Comisión. 
Una segunda puntualización tiene que ver con el papel de los ganaderos y el sector ganadero en general. 
Existe el peligro de estigmatizar a las numerosísimas personas que trabajan en la ganadería asociándolas a imágenes de malos tratos a los animales. 
Esto es injusto, falso y contraproducente. 
Al fin y al cabo, los ganaderos son los que están más en contacto con los animales y los más conscientes de sus necesidades y de su comportamiento. 
Una gran mayoría trata claramente a sus animales de forma correcta y humana. 
Podemos elegir entre trabajar junto con la comunidad de ganaderos en estos temas o arriesgarnos a su enfrentamiento. 
Sé cuál es mi posición a este respecto: trabajar junto con los ganaderos. 
Volviendo a cuestiones más generales, querría señalar algunas orientaciones claras de la Comisión. 
En primer lugar, hay que integrar de forma más completa las cuestiones de bienestar de los animales en la política alimentaria. 
Rechazo el argumento de que el bienestar de los animales no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria. Insisto en que es un tema que se debe incluir en el programa de trabajo de la Oficina Alimentaria Europea. 
Esto es aplicable en particular al asesoramiento y la información de tipo científico, que la Oficina debiera proporcionar a la Comisión en todos los temas que influyen directa o indirectamente en la salud y la seguridad de los consumidores. 
En segundo lugar, son necesarias nuevas medidas de la Comunidad. 
Ya se han sometido varias iniciativas importantes al Consejo y al Parlamento, por ejemplo, la propuesta de mejorar las condiciones de bienestar de los cerdos criados en sistemas de explotación intensiva. 
Esta propuesta incluye disposiciones para suprimir las plazas individuales para las cerdas gestantes, lo cual constituye una exigencia importante y legítima de los defensores del bienestar de los animales. 
La Presidencia está deseando llegar a un acuerdo definitivo sobre esta propuesta. 
Para ello, sin embargo, es necesario un dictamen del Parlamento y espero que ustedes estén en situación de responder favorablemente a la petición de aprobación urgente del dictamen esta semana. 
Ello daría una indicación muy positiva del compromiso del propio Parlamento con el bienestar de los animales. 
Está también la propuesta de mejorar los sistemas de humedad y ventilación en los camiones que transportan animales. 
La Comisión está esperando asimismo el dictamen, previsto para octubre, del Comité científico de la salud y bienestar de los animales acerca de las densidades y de las horas de viaje. 
Este dictamen ayudará a configurar nuestra futura política sobre el transporte de animales, que se debatirá en profundidad en el Consejo de Agricultura de este mes. 
En tercer lugar, me propongo seguir dedicando atención a la dimensión mundial del tema del bienestar de los animales y de los productos de origen animal, lo que incluye a la Organización Mundial del Comercio. 
Hay una falsa idea muy extendida de que este es un programa de trabajo proteccionista. 
Es injusto. Europa está implantando progresivamente unos criterios cada vez más estrictos. 
Tenemos el deber y la responsabilidad de hacer presión para que se reconozcan estos criterios tanto por motivos puramente éticos, en reconocimiento de la necesidad de que los animales reciban un trato humano, y en reconocimiento de los mayores costes que conllevan estos criterios para los productores y los consumidores de la Unión Europea. 
Son cuestiones legítimas que merecen ser discutidas en el escenario internacional. 
Por último, la Comisión seguirá haciendo presión para que mejore el respeto de la legislación comunitaria vigente. 
Vuelvo a reiterar mi frustración por los continuos informes recibidos de mis funcionarios acerca de la continua falta de respeto de las disposiciones comunitarias sobre el bienestar de los animales. 
Igualmente, la medida aislada más importante, inmediata y práctica de fomentar dicho bienestar sería la aplicación estricta de la legislación vigente. 
Ésta es sólo una somera descripción general de un tema muy complejo y sensible. 
Les agradezco su atención y espero escuchar sus opiniones sobre el tema. 
Señor Presidente, señora Ministra, señor Comisario, distinguidos colegas, en el tema del "bienestar de los animales" nadie en Europa piensa en los gatos que están en la jaula en el aeropuerto, nadie piensa en los transportes de caballos hacia la olimpiada que está al otro lado del mundo y nadie piensa en el pájaro que está en la jaula en el quinto piso sobre el alféizar de la ventana. 
En su mayor parte son los transportes de animales, que circulan por Europa y por ultramar, los que en todos estos años tienen preocupados con razón a los ciudadanos. 
Son difíciles de comprender por parte de los usuarios y de los defensores de los animales. 
En mi opinión, no se trata tanto de la cuestión del por qué, sino que se trata, con razón, de la cuestión del cómo. 
¿Cómo se transporta? 
Tras muchos años de discusión a escala europea constato que est tema no es nuevo. 
Señor Comisario Byrne, desde hace12 años soy miembro del Parlamento y desde hace 12 años discutimos sobre este tema. 
Es decir, en realidad hemos producido ya suficientes documentos y resoluciones. 
Y se plantea la pregunta: ¿por qué avanzamos tan mal? 
Frente a la pura orientación hacia los costes y hacia la competencia la protección de los animales pasa ahora más claramente a primer término. 
En contraste con las discusiones pasadas sobre la protección de los animales, en el orden del día figuran en relación con este tema no sólo criterios técnicos sino también, en mayor medida, cuestiones éticas. 
Por utilizar una imagen: somos relativamente unánimes acerca del objetivo del viaje, pero el camino en este viaje es, ciertamente, muy pedregoso. 
Quiero decirles que con su conducta de compra el consumidor podía haber contribuido también de manera sustantiva en el pasado a poner los fundamentos. 
En el pasado los precios eran totalmente decisivos en esto y yo afirmo que los precios finales de los productos serán también decisivos en el futuro. 
La Comisión ha destacado en su informe que desea mejorar las posibilidades de control. Celebro expresamente esto. 
El certificado para los transportistas, los planes de transporte, los informes de control de los Estados miembros, todo esto debe ser ajustado entre sí con más precisión y estoy también absolutamente de acuerdo en que las condiciones de la Comunidad se introduzcan también en los países terceros. 
Una definición de la transportabilidad de los animales o también las exigencias a los vehículos, la densidad de la carga, los intervalos de circulación y de descanso, todo esto debería estar más en consonancia con los nuevos conocimientos científicos. 
Soy partidaria de la protección de los animales y les digo que los agricultores también lo son. 
Lo son ya desde hace decenios, en el cuidado, en la cría, en el transporte. 
Señor Byrne, quiero darle expresamente las gracias por la afirmación de hoy. 
Pero estoy en contra de una cosa- permítame decirlo para terminar -, contra la definición de cómo han de sentirse bien los animales. 
Con la cantidad de directivas que tenemos, esto va a ser diferente en los países miembros. 
Las gallinas en Alemania tendrán que sentirse bien de manera diferente a los cerdos en Holanda o a los terneros en Dinamarca y esto no puede ser. 
Esto conduce hacia distorsiones de la competencia y a esto me opondré expresamente, también en interés de los agricultores. 
Señor Presidente, celebramos sobremanera que el tema de la protección de los animales sea tratado hoy por el Consejo y por la Comisión en el Parlamento Europeo. 
El compromiso de la Comunidad de responder plenamente en el marco de la política agrícola a las exigencias de la protección de los animales figura ya en el Tratado de Amsterdam. 
Sin embargo ahora se plantea la pregunta de si esto es suficiente para la Comunidad o si en el futuro no debería haber una legislación marco europea sobre la protección de los animales. 
Lamentablemente, por protección de los animales no se entiende lo mismo en todas partes. 
Las leyes son una cara, el trato real y la actitud hacia los animales constituyen la otra. 
La responsabilidad por los seres animales corresponde exclusivamente al hombre. 
Por esta razón nunca es suficientemente pronto para practicar con los niños el contacto responsable con los animales. 
Quien más tarde tenga contacto profesional con los animales, cuidándolos o transportándolos, debe demostrar su capacidad mediante un certificado. 
Pero la protección de los animales tiene también efectos sobre la competitividad de las explotaciones. 
En el caso de la cría de animales para su aprovechamiento económico deben existir también restricciones en el futuro. 
Las exigencias óptimas, que con frecuencia se suelen plantear de manera emocional, no son siempre realizables en la práctica. 
Hay que sondear las soluciones factibles. 
La división en animales de trabajo, animales de cría y animales de compañía no es casual. 
Las consideraciones económicas y la competencia global conducen, en definitiva, hacia condiciones específicas de la cría de animales y, en consecuencia, conducen también hacia limitaciones en pro de una tenencia absolutamente adecuada de los animales. 
Sin embargo, estas condiciones de tenencia deben estar configuradas de tal manera que garanticen a los animales un máximo de formas naturales de comportamiento. 
En materia de protección de los animales es posible adoptar hoy sobre una amplia base científica decisiones políticas relativas a las diversas especies animales. 
La ampliación y mejora de las leyes relativas a la protección de los animales deberían hacerse solamente con la incorporación de los afectados. 
En un tratamiento completo de la protección de los animales deberían estar en consonancia la conducta y exigencias naturales de los animales con los objetivos de la protección del medio ambiente y de los consumidores y, también, con las expectativas de ganancia. 
En las altas exigencias de nuestra sociedad a la higiene tampoco deben hacerse reducciones. 
Una mayor protección de los consumidores conduce también, en último término, hacia condiciones mucho mejores en la protección de los animales. 
Señor Presidente, el trato a los animales es una cuestión de civilización. 
Se mima a los animales domésticos pero, en muchos casos, se sigue tratando de forma salvaje al ganado en la agricultura. 
La ganadería intensiva ha convertido la tortura a los animales en un sistema. 
Esta política sólo tiene por objetivo la producción económica. 
Los animales se han convertido en conjunto en cosas que se comen o con las que se gana dinero en lugar de seres vivos con un valor intrínseco. 
Ha llegado la hora de dejar de adaptar a los animales al entorno y pasar a adaptar el entorno a los animales. 
Se deben mejorar de forma rigurosa los lugares donde son alojados. 
Por ejemplo, los cerdos deben estar en grupos y disponer de paja. 
En los cerdos, se debe prohibir la castración, la amputación de los rabos y la extracción de los dientes. 
Las gallinas ponedoras deben alojarse exclusivamente en amplios corrales y jaulas. Se debe detener el engorde rápido artificial de pollos y pavos. 
Las vacas deben regresar periódicamente a los pastos y se les debe ahorrar el sufrimiento necesario para que dispongamos de su sabroso hígado. 
Es de locos que los cerdos sean transportados por toda Europa para que sus jamones lleven la denominación de "Parma". 
Se deben eliminar los transportes de ganado de largo recorrido. 
Considero que el máximo se debe establecer en 4 horas o 250 km. Se deben intensificar los controles sobre los transportes de ganado. 
El comercio internacional debe limitarse a la carne y no a los animales vivos. Se deben instalar mataderos adecuados en todas partes para limitar el transporte. 
Se deben eliminar los mercados de ganado. 
Las catástrofes recientes pueden suponer la salvación de los futuros animales. Sin embargo, para ello debemos de ser conscientes de que los animales son algo más que meros factores de producción. 
Hasta entonces, los animales sufrirán, y las personas padecerán una falta de civilización. 
Señor Presidente, celebro las declaraciones del Consejo y de la Comisión y todas las declaraciones relacionadas con la protección de los animales y su bienestar. 
Doy las gracias a la Presidencia sueca que por primera vez ha logrado conseguir un debate público sobre ética animal en el Consejo de Ministros. 
Esto es un avance. 
La ética es algo más que unas reglas. 
Son actitudes y conocimientos sobre los animales y su bienestar. 
No obstante, es muy importante que se cumplan las normas de la UE y de los Estados miembros. 
El 8 de marzo los Verdes organizaron aquí en el Parlamento una conferencia sobre protección animal, que contó con la participación de Margareta Winberg. 
En esta conferencia quedó claro que no existe control de la directiva comunitaria sobre transporte de animales ni sobre su cumplimiento. 
Todos los días se transportan animales a través de Europa en condiciones horribles sin que nadie intervenga. 
Las normas sobre transporte de animales son conocidas, por ejemplo, en relación con la duración de los viajes y la exigencia de certificados de salud. 
Sin embargo, no existen aparatos de control. 
La Comisión ha dado respuesta a una pregunta que formulé. 
El Consejo también ha declarado que hay que poner fin a los transportes de animales vivos... 
(El Presidente interrumpe a la oradora.) 
Señor Presidente, es un dicho conocido que el bienestar es mucho más que la mera prosperidad. 
Quizás sea un hecho que no todo el mundo tenga claro, aunque se trata de algo evidente en el caso de los animales. 
La prosperidad de las personas puede afectar hasta al bienestar de los animales, especialmente si nos centramos en la búsqueda del beneficio. 
Y lo que es más importante para nosotros: Los animales también merecen que se les respeten sus valores como criaturas de Dios. 
Sin llegar a equipararlos a los seres humanos, esto significa que debemos actuar como buenos administradores. 
Lamentablemente, son especialmente las especies destinadas a la ganadería las que, seamos honestos, se han convertido en medios productivos y el consumidor no rechista ante la bajada de los precios que esta circunstancia ha implicado. 
La legislación relativa al bienestar animal suele ser muy detallada en determinados aspectos aunque adolece de una visión de conjunto. 
El cumplimiento de la legislación constituye, asimismo, un aspecto muy preocupante y suele limitarse a normas escritas. 
Por otra parte, resulta significativo que en un régimen totalitario como el chino, no aparezca la palabra bienestar animal en su idioma. 
Apoyamos toda iniciativa que suponga una limitación estricta del transporte de ganado vivo. 
Sin embargo, no se comprende el motivo por el que el ganado no puede pasar por el matadero antes del transporte en lugar de después. 
En este sentido, considero que las paradas de descanso constituyen un parche. 
La duración máxima del transporte de ganado vivo debería hacerlas innecesarias. 
Señor Presidente, si de veras deseamos tener en consideración el bienestar de los animales, deberemos asumir que la política agrícola no puede basarse exclusivamente sobre criterios económicos. 
Señor Presidente, en el marco de la crisis de la fiebre aftosa se han sacrificado millones de animales en la UE, entre los cuales se encontraban cientos de miles de animales vacunados, frente a la oposición de los ganaderos, los ciudadanos y de otros grupos. 
Esto se debe a las directivas europeas que, en principio, establecen una política de sacrificio sin vacunación. 
Las vacunaciones se permiten en casos excepcionales pero sus consecuencias son tan radicales para la exportación de los países implicados que, en la práctica, desemboca en el sacrificio. 
Recientemente, la Comisión Europea ha optado por permitir las importaciones de carne procedentes de Uruguay sin que se ofrezcan garantías de que la carne proviene de animales vacunados contra la fiebre aftosa. 
El hecho de que se permita la entrada de carne de animales vacunados contra la fiebre aftosa procedente de fuera de la UE en el mercado interno y no se permita lo mismo dentro de la UE constituye una variante extrema de nuestra burocracia. 
Éste también es el momento en que el Consejo debe modificar drásticamente la normativa en torno a la lucha contra la fiebre aftosa, teniendo en cuenta el sufrimiento innecesario de los animales. 
El argumento del mercado para no vacunar contra la fiebre aftosa ha quedado definitivamente anulado con la importación de carne desde Uruguay. 
Si el Consejo no toma a los ganaderos y ciudadanos europeos tan en serio como a los ganaderos de Sudamérica, es que ha llegado el momento de hacer algo realmente importante. 
Diría lo siguiente al comisario y al Consejo: renuncien a la política de no-vacunación. 
Quisiera poner de manifiesto un segundo aspecto referido a la gran diferencia existente en el ámbito del bienestar animal entre los diferentes Estados Miembros. 
Me adhiero a la observación hecha por mi colega, el señor Keppelhoff, en torno a esta cuestión. 
El bienestar animal aún constituye, en demasiadas ocasiones, un elemento de falseamiento de la competencia. 
Lo que también llama la atención es que la ambición de la Comisión y del Consejo no es lo suficientemente grande. Por este motivo, este Parlamento endurecerá probablemente esta semana la directiva relativa al bienestar del ganado porcino y vendrá en septiembre con una propuesta de iniciativa relativa al transporte de animales. 
En este sentido, cabe fijarse en el papel de los consumidores y en la posibilidad de introducir un sistema de ecotasas. 
Señor Presidente, es un verdadero placer escuchar a la Sra. Winberg y al Comisario hablar al unísono sobre un tema que debe preocuparnos a todos. 
Me parece que esto marca un punto de inflexión en cómo debate el Parlamentos estos temas, ya que define un marco ético coherente por el que se los deberá juzgar a todos en lo sucesivo. 
Los animales no son meros productos, ni son simples mercancías. 
Una de las cosas más tremendas que he escuchado en mi propio país fue en boca de un tratante de ganado en relación con la propagación de la fiebre aftosa: " Son mercancías que llevo de un lado a otro. 
Comercio con ellas aquí o comercio con ellas allá. " 
No son acciones ni obligaciones. 
No son metales especulativos. 
Son criaturas que sienten. 
Por ello estoy convencido, como el Comisario, de que la forma en que se crían los animales nos incumbe moralmente, pero también desde un punto de vista práctico, en el sentido de que las malas condiciones de los animales afectan a la salud y la seguridad de los seres humanos. 
La Oficina de Seguridad Alimentaria tendrá que ocuparse de este tema. 
El comisario tiene razón al decir que los consumidores estarían dispuestos a pagar más por unos "alimentos éticos". 
Otra cosa que desean- pero no obtienen- es una continuación en áreas en las que se promete el bienestar de los animales, pero no siempre se lleva a la práctica. 
Como el resto de esta Asamblea, espero que la propuesta sobre las plazas individuales para cerdas gestantes sea aprobada el jueves y supongo que así será. 
Desde luego contará con nuestro apoyo. 
Quiero pensar que, al mismo tiempo, estamos considerando otros temas a los que, por ser muy mimados en algunos Estados miembros o en algunos grupos o comunidades particulares de la Unión Europea, se les resta importancia. 
He visto recientemente que los italianos han abordado el tema de cómo se produce el foie-gras. 
Otros han empezado a plantear la cuestión de las crueldades relacionadas con la cría de animales para el comercio de pieles. 
Ahora estamos llegando al punto en que, en la experimentación de productos químicos, quizá debiéramos tener la absoluta seguridad (y sé que el comisario Byrne ya ha avanzado algo en este sentido) de que minimizaremos- y uso esta palabra deliberadamente- el número de animales sacrificados para la validación de pruebas sobre productos químicos. 
Con este telón de fondo, podemos empezar a convencer a la OMC de que estos temas son humanitarios, no proteccionistas. 
En ese caso, quizá, podamos configurar los medios de llegar a un sistema alimentario en el que importen las personas, pero también importen los animales. 
Señor Presidente, estimado representante del Consejo, quisiera limitarme a una cuestión a pesar de lo mucho que me siento identificado con el resto de lo que se ha dicho aquí. 
Quisiera centrarme de forma específica en el transporte de animales vivos. Le he planteado una pregunta al respecto. 
Para mí, se trata de algo claro: los animales destinados al matadero no deberían considerarse meros productos. 
La carne puede transportarse todo lo lejos que se desee y los animales no. 
Esta es mi regla de oro. 
Usted afirma que deben controlar el transporte de larga distancia en los Estados Miembros. 
Pues bien, no dispone de suficientes medios para ello. 
Me ha respondido que tan sólo cuenta con cuatro inspectores, los cuales han llevado a cabo doce inspecciones, de las cuales seis se han centrado en el bienestar de los animales durante el transporte. 
Esto significa lo siguiente: apenas el cinco por ciento de los encargos de inspección. 
Como comprenderá, no nos sentimos satisfechos con este dato. 
No obstante, se han logrado resultados, ya que se han incoado dos expedientes de infracción contra Estados Miembros y en tres de los casos se trataba de infracciones graves relativas al bienestar de los animales durante el transporte. 
Creo que estos datos demuestran de forma suficiente la necesidad de realizar más inspecciones, de modificar la reglamentación y, sobre todo, de que se incrementen los controles y de que se cumplan los reglamentos de modo que podamos tener la garantía de que se va a dejar de torturar a los animales durante el transporte. 
Señor Presidente, señoras y señores, me alegro sobremanera de que el Consejo y la Comisión celebren hoy este debate. 
Creo que en el pasado se han hecho ya algunas cosas. 
En efecto, desde hace tiempo venimos discutiendo ya sobre esta problemática, hemos mencionado ya con mucha frecuencia problemas en la tenencia de animales, en la cría y protección de los mismos. 
Si tenemos en cuenta el proceso relativo a las instalaciones de jaulas para gallinas, hemos hecho ya un progreso sustancial como Parlamento y como Unión Europea. 
Cuando después de los debates de los últimos años observo la conducta de los consumidores, puedo ver ya un cambio en este punto. 
Pero me gustaría prevenirles de tomar en serio la afirmación del Comisario de que el 85% de los consumidores desea pagar más para la protección de los animales. 
Esta cifra no es cierta. 
Si preguntase en la calle a un ciudadano: "¿ Harías algo más en favor de la protección de los animales ?", éste respondería: "Naturalmente, lo haría." 
Pero cuando compra su filete en el mostrador de la carnicería, la cosa tiene otro aspecto. 
La calidad y el precio son decisivos entonces y todo lo demás no importa. 
No obstante, debemos poner en buena relación el animal, como medio de producción- y aquí no acertamos plenamente, esto es así- y las cuestiones de la protección de los animales. 
En este terreno no sirve de nada acudir a los productores de productos alimentarios y decir que ellos son los malos, en esto sólo es útil, en realidad, hacer constantemente los que también ha dicho el Consejo- lo considero muy importante- es decir, trabajar en la toma de conciencia de los ciudadanos para desarrollar más la sensibilidad en pro de la protección de los animales. 
Éste es un punto importante. 
Aquí llegamos a los temas de la formación y de la educación en la familia. 
Por consiguiente, es un campo muy amplio el que debe ser introducido aquí. 
En el caso de la salud de los animales- también se ha hablado aquí de este tema- estoy un poco confuso; un animal sano no tiene por qué haber sido tratado siempre bien respetando la protección de los animales, esto ocurre también sin ésta, lo sabemos por la práctica. 
Deseo que tengamos mucho éxito en los próximos días, incluso en la nueva directiva que figura en el orden del día. 
Espero que de esta suerte avancemos un paso más hacia una mejor protección de los animales en Europa. 
. (SV) Señor Presidente, quisiera comentar algunas cosas que se han dicho en este debate. 
La Sra. Keppelhoff-Wiechert formuló una pregunta muy interesante: cómo, y no por qué. 
Quiero decir que tenemos que hacer las dos preguntas: no sólo por qué, sino que también cómo. 
¿Por qué, por ejemplo, mandamos animales a terceros países? 
¿Por qué mandamos terneros de Suecia a Holanda? 
Es evidente que esas preguntas tienen una respuesta. 
La respuesta a la primera pregunta es que se hace porque es lucrativo, ya que se obtienen subvenciones de exportación cuando se envían animales de la UE a terceros países. 
Los terneros se envían, por ejemplo, de Suecia a Holanda porque es más lucrativo. 
En Holanda los métodos de crianza son distintos a los de Suecia. 
Cabe preguntarse también si esos transportes son necesarios. 
Afortunadamente son cada vez más las personas que se hacen esta pregunta y, por suerte, cada vez más contestan que no. 
Muchos oradores se han referido a los precios. 
Cabe comprobar que si lo que se busca es una protección animal en que la calidad predomine sobre la cantidad en la producción y en la política agrícola, habrá que asumir unos costes. 
No es posible tener la comida más barata del mundo y al mismo tiempo la mejor protección animal y el mejor medio ambiente. 
Alguien tendrá que pagar. La pregunta es ¿quién? 
Esto es algo en lo que habrá que pensar cuando más adelante se diseñe una nueva política agrícola. 
¿Quién va a pagar la protección animal? 
¿Quién va a pagar para que los campos estén limpios? 
¿Quién va a pagar las marismas, la biodiversidad, etcétera? 
El Sr. Kinderman se refería a la responsabilidad de cada uno. 
Comparto esta idea. 
Tenemos una responsabilidad especial en esta materia por el hecho de ser justamente seres humanos. 
Tenemos una situación privilegiada frente a los animales y nadie más que nosotros puede asumir esta responsabilidad. 
La intervención del Sr. Van den Bos fue la más extensa. 
Ciertamente es fácil hacer todas esas exigencias, pero debe recordar que todo esto cuesta dinero. 
Esto no se hace solo. 
Si, por ejemplo, se exige que en el comercio internacional no se pueda comerciar con animales vivos sino que con carne, habrá que recordar que hay una relación entre el sistema económico y la política agrícola. 
Lo que correspondería entonces sería eliminar toda clase de subvenciones a la exportación de esos animales. 
La Sra. Schörling y otros diputados mencionaron los controles. 
Permítanme decirles que no se puede exigir a la Comisión y al Consejo que mejoren los controles. 
La responsabilidad en esta materia la tienen los Estados miembros. 
La Comisión sólo puede actuar cuando un país no realiza esos controles como es debido. 
La Comisión tiene la responsabilidad de cuidar que los controles en los diferentes países funcionen satisfactoriamente. 
Esto se hace a través de la oficina en Dublín. 
El Sr. Van Dam se refirió a las restricciones respecto a los animales vivos y yo comparto su opinión. 
Desgraciadamente, en el Tratado se define a los animales como mercancías. 
Sobre esto se pueden tener muchas opiniones y, a mi juicio, deberíamos tener otro punto de partida. 
El Sr. Maat habló de vacunas y de exportación. 
Permítanme decirles que nuestra non-vaccination policy no sólo se debe a la exportación. 
La causa primordial es que no existe un sólo tipo de vacuna contra la fiebre aftosa. 
El día que se descubra una vacuna marcador podremos empezar a vacunar como medida preventiva. 
Todavía no hemos llegado hasta allí, pero la investigación sigue haciendo avances. 
Durante la Presidencia belga se organizará una conferencia, cuando haya pasado la crisis, para sacar conclusiones de la política en esta materia. 
No sólo se discutirán las vacunas, sino que también cómo otros factores pueden haber estimulado la transmisión de la fiebre aftosa. 
El Sr. Whitehead dijo que los animales no sólo son productos y mercancías. 
En esto me remito a mi respuesta anterior: los animales son seres sensibles. 
Se refirió también a la política de sustancias químicas. 
En este contexto quisiera remitirme al Libro Blanco de la Comisión, en el que, entre otras cosas, se dice que se pretende desarrollar métodos de prueba que minimicen el número de pruebas con animales. 
Creo que es un anhelo muy encomiable. 
La Sra. Maes mencionó los viajes de inspección. 
En este tema, me remito a mi respuesta sobre los controles. 
Esta responsabilidad la tienen en primer lugar los países miembros y después la Comisión controla a éstos. 
El Sr. Schnellhardt se refirió, entre otras cosas, al ejemplo de las gallinas y dijo que se ha hecho bastante. 
Ciertamente hemos hecho mucho, pero queda muchísimo por hacer. 
Él no cree que la gente esté dispuesta a pagar. 
No, quizás no estén dispuestos a pagar un precio más alto. 
Volvemos entonces a la relación entre protección animal y costes. 
Si queremos tener buena protección animal y un buen medio ambiente nos costará dinero. 
Entonces habrá que crear un sistema económico que permita ganar dinero a los que producen respetando la protección animal y el medio ambiente, quizás de otra manera que con precios más altos. 
Permítanme reiterar una vez más la importancia de que el Parlamento Europeo emita su opinión en relación con la directiva sobre la crianza de cerdos y me alegra mucho el respaldo del Sr. Whitehead en esta materia. 
Es importante que podamos tomar una decisión la próxima semana ya que hemos trabajado largo tiempo en este asunto. Aunque comprendo la inquietud por las consecuencias económicas, espero que la protección animal llegue a ser un buen negocio y confío en el respaldo del Parlamento en este proceso. 
Finalmente quiero dar las gracias por este debate. 
Es fundamental que se mantenga activo, para que podamos desarrollar las relaciones entre los hombres y los animales. 
Tenemos una responsabilidad moral de dar buen trato a los animales. 
La crueldad con los animales no nos dignifica. 
Señor Presidente, señora Winberg, señoras y señores, les doy las gracias a todos por su contribución a este debate. 
He tomado muy buena nota de las opiniones expresadas y las tendré en cuenta en la formulación de la política y en la presentación de legislación a su debido momento. 
Permítanme tratar varias de las cuestiones concretas que han planteado muchos de ustedes. 
En primer lugar, está la del transporte de los animales. 
Es un tema que recibirá más atención de la Comisión en cuanto esté listo el informe del Comité científico en octubre, momento en el que se reflexionará sobre los importantes temas de la densidad y la duración del tiempo de transporte. 
Debo dirigir unas palabras de prudencia a aquellos ustedes que tienen un gran deseo de que se elimine el transporte de animales vivos o suponen que se va a eliminar. 
Algunas personas han señalado que se debería sustituir por el transporte de canales. 
Hay un comercio muy amplio de animales destinados a la cría y parece que un porcentaje muy elevado de animales se transporta para la cría y no para el consumo. 
He pedido más datos a este respecto, pero me dicen que esa es la situación. 
La cuestión se estudiará a la luz del asesoramiento que nos dé el Comité científico. 
Otro tema que causa una considerable preocupación es la carga y descarga de animales. 
Supongo que los científicos que nos asesoran también dedicarán atención a este tema, considerándolo quizá incluso más importante que el tiempo de transporte de un animal, siempre que las condiciones en que se le transporte sean humanas. 
Les recuerdo que ya se está tramitando legislación sobre la mejora de los vehículos utilizados para el transporte de animales. 
Después, el Sr. Maat me preguntó sobre las consecuencias para el comercio derivadas de la política de vacunación en el tema de la fiebre aftosa. 
Repito lo que ha dicho la Sra. Winberg: que habrá una conferencia al respecto durante la Presidencia belga. 
Es un tema de especial complejidad. 
Nos aconsejaron muy claramente que la forma más eficaz de evitar una mayor propagación, desde luego en mitad de la crisis, es eliminar a los animales afectados y no recurrir a la vacunación. 
Por otra parte, hay como mínimo siete variedades de la fiebre aftosa, todas las cuales requieren una vacunación específica independiente. 
La vacuna administrada es eficaz sólo durante seis a nueve meses. 
Si fuéramos a vacunar a todos los animales de la Unión Europea susceptibles de contraer la fiebre aftosa, supondría la administración de vacunas a 300 millones de animales cada seis meses contra siete variedades diferentes. 
Sólo será posible una política de vacunación realmente eficaz cuando la ciencia haya desarrollado alguna forma que vacuna que deje rastro. 
Esto significa que, cuando se haya administrado una vacuna de este tipo, una prueba posterior podrá determinar si un animal está vacunado y no infectado. 
En la actualidad no se puede hacer la distinción una vez administrada la vacuna. 
En esas circunstancias, a los otros bloques comerciales del mundo les preocupa comerciar con animales que estén vacunados pero puedan también estar infectados, lo que incrementaría el riesgo de propagación de la infección en sus propios países. 
No es un temor poco razonable. 
Esperamos que la ciencia desarrolle para nosotros esa vacuna que deje rastro y que entonces estemos en situación de seguir avanzando en este tema. 
Pero es algo que se debatirá y estudiará en el contexto de la conferencia antes de finales de año, junto con otros temas. 
La importación de animales vacunados y la exportación de carne de animales vacunados está regulada por las normas de la OIE. Éstas son aplicables por igual a la exportación desde la Unión Europea y a la importación a la Unión Europea. 
Es bastante incorrecto decir que se aplican diferentes principios o que existe algún tipo de discriminación contra los comerciantes de dentro de la Unión Europea. 
La Sra. Maes se refirió a los recursos disponibles y es exacto que hay cuatro inspectores dedicados a este trabajo. 
Elaboran informes que, por supuesto, se publican y me son remitidos para estudiar si se deben iniciar o no procedimientos de infracción. 
La situación actual es que se han iniciado procedimientos de infracción contra Grecia y Bélgica en relación con la aplicación de la Directiva 91/628. 
También se está contemplando iniciar procedimientos de infracción contra Italia. Por otro lado, se están estudiando procedimientos de infracción para los siguientes Estados miembros que incumplieron el artículo 8 de la directiva, en lo referente a la transmisión a la Comisión de su informe de inspección anual del año 1999: Austria, Países Bajos y Portugal. 
He dado instrucciones a mi personal de que preste gran atención a este tema. 
Si se observa un incumplimiento claro y persistente de la legislación sobre el bienestar de los animales, se iniciarán procedimientos de infracción contra el Estado miembro en cuestión. 
En cuanto a la cuestión del precio y los criterios, y teniendo en cuenta la preocupación de los consumidores por el bienestar de los animales, me alegra decirles que el Comisario Fishler y yo hemos iniciado un debate a nivel de la Unión Europea, y con todos Estados miembros, sobre la cuestión de la calidad de los alimentos y el papel que desempeña el bienestar de los animales en ese contexto. 
El grupo se propone visitar todos los Estados miembros para hablar de estos temas. 
Hemos visitado ya Suecia, Irlanda y Alemania y tenemos programado visitar próximamente Francia, Bélgica, el Reino Unido y Austria. 
Mantuvimos el pasado martes una charla por Internet en la que se nos formularon más de 2.600 preguntas a lo largo de dos horas. 
Por cualquier cómputo, constituye una respuesta extraordinaria que refleja el enorme interés de la gente por los temas relacionados con la calidad alimentaria y el bienestar de los animales. 
Muchas de las preguntas que se plantearon en esa charla por Internet se dedicaban al tema del bienestar de los animales. 
Por todo lo anterior pueden ver que la Comisión se está tomando el tema muy en serio; éste se encuentra constantemente en la agenda de la Comisión y yo estoy deseando volver a este Parlamento en su momento con nuevas propuestas al respecto. 
Querría terminar citando lo que ha dicho el Sr. Whitehead en su intervención, pidiendo un sistema alimentario en el que "importen las personas, pero también importen los animales". 
Estoy plenamente de acuerdo. 
Tecnologías de la información y de la comunicación y los países en desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0191/2001) de la Sra. Dybkjær, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y los países en desarrollo (2000/2327 (INI) ). 
. (DA) El pasado mes de mayo, la UE y la ONU celebraron en Estrasburgo la tercera Conferencia sobre los países menos desarrollados. 
Fue una buen conferencia en el sentido en que se pronunciaron las palabras adecuadas, sin embargo también hay motivo para una cierta desesperación cuando se observan las realidades. 
Éstas son que el número de los países menos desarrollados desde 1971, cuando las Naciones Unidas reconocieron el término "menos desarrollados", ha aumentado de los en aquel entonces 25 países menos desarrollados hasta los 49 actuales. 
El abismo entre los ricos y los pobres del mundo ha crecido. 
En 1960 el 20% de la población mundial de los países más ricos tenía ingresos treinta veces superiores al 20% más pobre. 
En 1997 éstos eran 74 veces superiores y esta cifra hoy sigue indudablemente aumentando. 
Hay muchos motivos de que los países menos desarrollados se hallen en tan mala situación. 
Un crecimiento demográfico en aumento, el analfabetismo, una deuda insostenible, daños medioambientales, desastres naturales y enfermedades como el hiv/sida, la malaria y la tuberculosis. 
A esto hay que sumar que la inestable situación política y el número creciente de conflictos armados hacen difícil elaborar planes de desarrollo a largo plazo. 
Sin embargo, tampoco sirve negar que a pesar de las numerosas decisiones aprobadas relativas a que la ayuda al desarrollo debe ascender hasta el 0,7 %, la realidad muestra que la ayuda al desarrollo supone el 0,23 % del Producto Nacional Bruto. 
Esta cifra mejora un poco en el caso de la UE situándose en un 0,34 %. 
La eliminación de las barreras aduanera para los países en vías de desarrollo, que ayudará a estos países, va despacio. 
Esto quedó claro por última vez con motivo de la propuesta del Sr. Lamy encaminada a lograr para los países miembros un aplazamiento de la Organización común de mercado del azúcar sobre todo merced a los productores azucareros europeos. 
Con respecto a la transferencia de tecnología, las empresas privadas se mostraron intrasigentes en la lucha contra el sida, en la que sólo tras fuertes presiones las empresas privadas contrajeron un compromiso con Sudáfrica y ahora observamos exactamente lo mismo con respecto a la malaria, es decir, cómo las empresas no tienen ningún aliciente a la hora de fabricar vacunas contra la malaria y en consecuencia no se fabrica ninguna, a no ser que intervengamos y hagamos algo extraordinario. 
Además, están las TIC. 
Es un desarrollo que crea un fuerte crecimiento económico en los países industrializados, pero que también amenaza con marginar aún más a los países en vías de desarrollo debido tanto a la falta de acceso a los conocimientos creados en virtud de este desarrollo como a la falta de acceso a la tecnología en sí. 
Las posibilidades que brinda esta tecnología así como el riesgo de una marginación mayor son el fondo de este informe de propia iniciativa. 
El punto fundamental, el argumento sustentador del informe, es que las TIC son una oportunidad de dar un salto cuantitativo en los países en vías de desarrollo. 
He mencionado en el informe una serie de sectores en los que el uso de las TIC puede resultar beneficioso, algo de lo que otros organismos como el PNUD y el Banco Mundial y algunos Estados miembros ya tienen buenas experiencias. 
Creo que el Parlamento en este punto se encuentra en línea con el Consejo, el cual ya en 1997 solicitó a la Comisión la elaboración de un informe sobre las experiencias con las TIC en el trabajo de ayuda al desarrollo y en noviembre del año 2000 exhortó a la Comisión a que presentara una comunicación sobre "The digital divide" (la divisoria digital). 
El informe de las experiencias fue presentado aquí esta primavera pasada y es de esperar que la comunicación sea presentada antes de la reunión del Consejo de desarrollo en noviembre del año 2001. 
La Comisión piensa que el trabajo con las TIC debe llevarse a cabo a través del mainstreaming. 
Es decir, empleando las TIC en cada proyecto. 
Ésta es una condición necesaria, pero no suficiente. 
Si este desarrollo no debe ayudar sólo a los que de antemano son fuertes, resulta absolutamente necesario que el mainstreaming sea completado con un esfuerzo centralizado, para que haya un lugar desde el que puedan partir iniciativas, recabarse buenos consejos y acumularse experiencias y no tenga que empezarse de nuevo todo el tiempo, pero sobre todo para que se garantice el equilibrio social adecuado en el desarrollo. 
Por ello, también el Parlamento Europeo en un informe anterior, me refiero al informe Gemelli, exhortó en marzo de este año a la Comisión a que diera mayor prioridad a este ámbito, eventualmente como parte de la prioridad de transporte. 
La Comisión ha mantenido su línea hasta la fecha, pero no puedo insistir suficientemente en que esto no es suficiente. 
Este informe contiene por ello la propuesta de una unidad de desarrollo electrónico. 
Sin tal unidad, será imposible garantizar que haya conocimientos que aseguren que las TIC son tenidas en cuenta de la forma adecuada en el trabajo de la Comisión. 
Sin embargo, naturalmente las TIC no deben emplearse sólo en nuestra ayuda al desarrollo. 
También hacen falta empresas privadas. 
El ejemplo más claro desde otros ámbitos es el GrameenBank de Bangladesh que comenzó los microcréditos a mujeres, en primer lugar del sector agrario, pero que posteriormente amplió asimismo a otros ámbitos. 
Un compromiso similar con respecto a las TIC es sumamente necesario. 
Hay algunos en marcha, y deben promoverse más. 
Sería estupendo ver un compromiso social global por parte de las empresas, pudiendo combinarse tal cosa con una ganancia normal, y para acabar, señor Presidente: siempre se subraya a las TIC como la tecnología que puede liberar al individuo. 
Sería estupendo que esto también fuera válido en el caso de las personas de los países en vías de desarrollo. 
Teniendo en cuenta las experiencias con la industria petrolífera y farmacéutica, encima les es fácil a las empresas convertirse en el ejemplo más claro. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente por su magnífico informe sobre un tema que realmente creo que tiene una importancia extraordinaria porque, desde este Parlamento, hemos hecho muchas declaraciones, hemos adoptado incluso muchas medidas en favor de los países menos desarrollados, conscientes de la importancia de rebajar las barreras que separan los países ricos de los países pobres, pero, como nos recordaba la ponente, estas fronteras, estas barreras no sólo no disminuyen, sino que van aumentando. 
Y si tenemos en cuenta, de cara al futuro, el gran potencial que suponen las tecnologías de la información para el desarrollo de nuestra sociedad, esta brecha no hay duda de que va a aumentar. 
Con ello impediremos que los países en desarrollo puedan superar el umbral de la pobreza en que viven, y que puedan beneficiarse de las múltiples posibilidades que ofrece la sociedad de la información no sólo para el desarrollo económico, sino también en el campo de la sanidad, en el campo de la formación y en tantos otros campos. 
No olvidemos que, según las previsiones del momento, a finales del año 2000 había 700 millones de personas que estaban "on-line" en el mundo y en cambio 2 billones de personas nunca habían hablado por teléfono. 
De ahí la necesidad de lograr que también los países en desarrollo puedan acceder a la sociedad de la información, puedan beneficiarse de estos proyectos de futuro que representa la sociedad de la información. 
Y de ahí, por tanto, la importancia de este informe y, sobre todo, la importancia de que la Unión Europea adopte una iniciativa enérgica para que los países en desarrollo puedan realmente incorporarse a la sociedad de la riqueza. 
Señor Presidente, señoras y señores, Europa goes online. 
Los términos de e-Europe, e-learning, e-commerce, e-business están en boca de todos y determinan cada vez más el orden del día de la política. 
Sin embargo ¿dónde está el e-development? 
A fin de cuentas está fuera de duda que la utilización concentrada de las modernas tecnologías electrónicas de la información y de la comunicación puede abrir precisamente a los países en vías de desarrollo perspectivas enteramente nuevas. 
Sin duda sería erróneo suscitar falsas expectativas declarando las tecnologías de la información y de la comunicación como la panacea universal. 
Sin embargo, es indiscutible que en muchos países del sur existen el potencial y la voluntad de superar las barreras digitales. 
Éste es también el interés urgente de los países en vías de desarrollo y no puedo menos de decir que la resonancia que alcanzó mi informe general, que se dedicaba a este tema en la Asamblea ACP, fue extraordinariamente grande. 
Se trata de integrar a los países en vías de desarrollo en la red en el camino hacia la sociedad del conocimiento y de la información. 
Para ello se necesita una estrategia específica. 
Nosotros nos preguntamos: ¿Dónde está la dot-force europea- en analogía con el acuerdo de la cumbre del G8- que fomente el acceso de los países en vías de desarrollo a la comunicación global? 
Que la Comisión Europea apoye este o aquel proyecto- aunque más bien con titubeos- no puede ocultar el hecho de que hasta ahora se carece de una estrategia específica para conducir a los países en vías de desarrollo por el camino de la sociedad del conocimiento y de la información. 
El presente informe de iniciativa se ha propuesto como objetivo generar ayuda. 
Espero que sobre este punto podamos entrar en un productivo diálogo con la Comisión. 
Permítanme destacar los siguientes puntos: Las tecnologías de la información y de la comunicación deben desempeñar también un papel clave en la cooperación al desarrollo. 
Por esta razón hemos propuesto a la Comisión la creación de una development unit con una dotación adecuada de personal que desarrolle en este campo un trabajo continuado. 
Es de la responsabilidad de la Comisión velar por una dotación de personal cualificado a fin de que estemos armados para los retos futuros. 
Nuestro objetivo debe ser propiciar a los países en vías de desarrollo participar plenamente en las posibilidades de la sociedad de la información y aprovechar para ello todas las posibilidades técnicas disponibles. 
Esto se ha hecho hoy más cercano, pues los lugares remotos de Africa, por ejemplo, se hacen accesibles gracias a la transmisión móvil. 
Las cabinas telefónicas de energía solar en las plazas de las aldeas, así como el acceso a Internet, ya no dependen necesariamente de la existencia de una red de cable ni de la energía tradicional. 
Las nuevas técnicas de la información pueden acercar a la población a las estructuras estatales, pueden ayudar a mejorar la sanidad, la formación, la cultura, la educación, el medio ambiente y proporcionar una sólida información sobre estos sectores. 
Sin embargo, esto requiere normas; quiero terminar dejando claro esto. 
También en este punto se nos insta a que en conjunción con los países en vías de desarrollo velemos por la existencia de normas que posibiliten la utilidad social y no estén orientadas solamente al intercambio comercial. 
Señor Presidente, ¿se debe conceder prioridad a la introducción de las tecnologías de la comunicación en los países en vías de desarrollo? 
A primera vista, parece que la respuesta es negativa. 
Lo que se debe primar es la lucha contra la pobreza. 
Quienes luchan por conseguir su pan de cada día no se plantean enviar un e-mail. 
Sin embargo, el desarrollo requiere crecimiento económico y competitividad, por lo que los países en vías de desarrollo perderán la batalla de la competitividad si la brecha digital con los países ricos se amplía en lugar de reducirse. 
Esto no puede ocurrir. 
Asimismo, se corre el riesgo de que la distancia entre la elite informatizada y la población se amplíe en los países pobres, provocando una mayor desigualdad que la existente en la actualidad. 
Si existe algo útil a la hora de difundir el conocimiento y el poder de la de información, es decir, la democratización, ese algo es la revolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
Por ello, se debe desarrollar una estrategia europea. La Sra. Dybkjær ha realizado un excelente informe al respecto. 
En este proceso, resultan imprescindibles tanto el sector público como el sector privado. 
La administración pública es imprescindible para garantizar una reglamentación, asesoramiento y promoción adecuados. 
Las tecnologías de la información y de las comunicaciones se deben incluir en los programas sectoriales estableciéndose una selección estratégica de los grupos objetivos. 
Se trata, sobre todo, de las principales instituciones de la administración pública, aunque la educación y la asistencia sanitaria también puede ver incrementada su efectividad gracias a las nuevas tecnologías. 
De este modo, las tecnologías de la información y de las comunicaciones también pueden contribuir a una mejor gestión del medio ambiente y a un ahorro energético. 
Todo esto no resultará sencillo y llevará su tiempo, pero finalmente quedará demostrado que las nuevas tecnologías pueden resultar claves a la hora de combatir la pobreza y facilitar el desarrollo. 
Señor Presidente, me pregunto si esto sería una prioridad si se le plantea a un estudiante peruano. 
Me ha escrito lo siguiente: Cuando leo que el desarrollo tecnológico y la sociedad de la información deben fomentarse me entran ganas de sonreír. 
En primer lugar, debido a que esto sólo beneficiará a una minoría y a una elite cada vez más rica. 
Por otra parte, resulta absurdo hablar de desarrollo tecnológico y de la sociedad de la información en países donde no se dispone ni de la más mínima infraestructura educativa, especialmente fuera de las capitales. 
Sin embargo, afirma, es necesario si los países desean ser competitivos. 
En otras palabras: La estrategia que propone la Sra. Dybkjær consistente en aplicar simultáneamente una estrategia de bottom up y de bottom down me parece útil. 
Pero no olvidemos que las personas que no han recibido educación, incluso con la mejor de las infraestructuras, seguirán padeciendo siempre un retraso sin esperanzas. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a nuestra colega, la Sra. Dybkjær, por su excelente informe sobre un asunto tan importante para todos. 
El Grupo de los 8 adoptó una posición en la Cumbre de Okinawa, celebrada en julio del pasado año, según la cual el reto más importante del mundo en la actualidad es la enorme diferencia entre el norte y el sur en lo que se refiere a capacidad y aptitudes tecnológicas, o sea, el fenómeno llamado digital divide. 
Existen regiones en el mundo en las que han quedado completamente aisladas un total de 2000 millones de personas. 
Si no se cierra esta brecha en cuanto a las aptitudes tecnológicas, la globalización se verá ya frustrada en su punto de partida. 
La ponente señala con gran sensatez que el desarrollo del conocimiento en el mundo digital no debe quedar exclusivamente en manos del sector privado, sino que la UE y el resto de los financiadores deben comprometerse con el sector público. 
Éste es un punto de partida realista. 
Ya no se trata sólo de un problema técnico, sino de la interrelación entre exclusión geográfica, pobreza y enfermedades. 
Por ello, el éxito de la globalización pasa por la incorporación al resto del mundo de estas regiones aisladas, pero también es necesario un verdadero esfuerzo en el fomento de la educación y de la sanidad. 
Si dejamos que la situación evolucione solamente bajo las condiciones impuestas por las fuerzas del mercado, existe el peligro de que la brecha digital se ensanche irreversiblemente. 
A pesar de que la ayuda al desarrollo ha seguido, en términos generales, una línea acertada durante las últimas décadas, en los medios de comunicación han tenido más eco, configurando la opinión pública, algunos tristes ejemplos de tractores abandonados en los campos, o sea, casos de regalos donados bajo las condiciones del mundo empresarial, sin que existiera, por parte de los destinatarios, la necesaria comprensión de la situación, ni una preocupación por adquirir los conocimientos requeridos. 
Exactamente el mismo escenario escalofriante puede darse ahora si no nos encargamos de que existan unos cimientos sólidos sobre los que pueda erigirse la sociedad de la información de los países en desarrollo. 
Estos cimientos son el derecho de acceso a la educación básica y el derecho a una vida humana digna, ambos garantizados para todos. 
El Grupo PPE-DE desea que la Unión Europea proceda de tal manera que todos los países del mundo pasen a participar en la adopción de las tecnologías de la información y puedan desarrollar sus sociedades por este medio. 
Si el sector de las tecnologías de la información y la comunicación es capaz de adoptar esta línea de integración e implementación, tendremos esperanzas de que las tecnologías de la información lleguen a promover el compañerismo e incluso imprimir más eficacia al resto de las modalidades de ayuda al desarrollo que se llevan a cabo en estos países. 
Esta línea se refleja también de forma muy acertada en el informe que ahora estamos debatiendo. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando a la Sra. Dybkjær por su informe sobre las tecnologías de la información y de la comunicación en los países en desarrollo. 
Es un informe refrescante y estimulante que muestra una gran percepción y contiene muchas propuestas. 
Valoré en particular los esfuerzos de inscribir las nuevas tecnologías en el contexto de la reducción de la pobreza y de la necesidad de garantizar que los pobres se beneficien de ellas. 
Para la Comisión, este es un punto fundamental. 
De hecho, la división digital- es decir, el acceso desigual a las tecnologías de información y la comunicación entre y dentro de los países- es reflejo de las actuales desigualdades sociales y económicas tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. 
Las TIC no crean desigualdades, pero sí pueden alimentarlas a menos que seamos conscientes de sus repercusiones. 
En cambio, si se aplican con realismo pragmático, pueden ser una herramienta útil para el desarrollo económico y, posiblemente, afianzar incluso la evolución positiva de la democracia. 
El informe de la Sra. Dybkjaer llega en un momento muy oportuno. 
Como todos sabemos, los líderes del G8 se reunirán en julio en Génova para estudiar, entre otras cosas, los informes y propuestas del Grupo especial de trabajo DO (Oportunidad Digital). 
Los diputados al Parlamento Europeo tendrán una segunda oportunidad de hablar sobre las TIC y los temas de desarrollo en la sesión de octubre de la Asamblea Paritaria UE-ACP, basándose en un informe de la Sra. Junker. 
La Comisión, por su parte, está elaborando una comunicación que se presentará en un momento posterior de este año. 
En el informe y la propuesta de resolución se formulan varias propuestas sobre el papel de la cooperación comunitaria al desarrollo con respecto a las TIC. 
Acogemos favorablemente la propuesta de que trabajemos en estrecha cooperación con las agencias de ayuda de los Estados miembros y definamos una división del trabajo en el ámbito de las TIC. 
En efecto, es importante distinguir entre lo que se debe hacer y lo que tiene que hacer la Comisión. 
Las tareas y responsabilidades se pueden compartir con los Estados miembros; este es un trabajo en el que la Comisión participará, tanto dentro del G8 como en colaboración con los Estados miembros, pero en el que no llevará las riendas. 
De igual manera, acogemos favorablemente la idea de incluir las TIC en los documentos relativos a la estrategia de cada país. Así se conseguirá que estas tecnologías se utilicen en el contexto de una política de desarrollo global del país y que la elección de los sectores prioritarios siga estando determinada por los países y no por los donantes. 
Pero nos plantea algunas dificultades la propuesta de ampliar los ámbitos prioritarios para el desarrollo. 
No fue sino en noviembre pasado cuando se aprobó la declaración común del Consejo y de la Comisión sobre las políticas prioritarias de desarrollo de la Comunidad Europea. Esta propuesta sería contraria a la misma. 
La Comisión tiene que centrar sus actividades si desea obtener resultados en su programa de ayuda. 
En los párrafos 20 y 22 se pide a la Comisión que desempeñe una mayor función en las TIC y el desarrollo, lo que parece razonable y realista en el momento actual. 
Lo que es más esencial, la Comisión está haciendo un gran esfuerzo por mejorar la gestión de su ayuda e incrementar su concentración en la pobreza. 
Los cambios tardarán algunos años en surtir efecto. 
Pero si no hacemos un serio esfuerzo por centrar la atención en un número reducido de áreas prioritarias, sólo conseguiremos perpetuar los actuales problemas. 
La Comisión está dispuesta a contemplar el uso de las TIC en los actuales ámbitos prioritarios y temas transversales- siempre y cuando se mantenga una buena relación coste-eficacia- para conseguir los objetivos definidos y, desde luego, es algo que se está haciendo de forma creciente. 
La adopción de una buena gobernanza, el desarrollo de capacidades, la integración regional y la reforma administrativa como focos de interés acelerará, en muchos casos, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como importante herramienta. 
Sin embargo, incluir disposiciones específicas para las tecnologías de la información y la comunicación dentro de líneas presupuestarias temáticas no sería coherente con nuestro enfoque de utilizarlas como parte indisociable de nuestro trabajo en las áreas prioritarias. 
La Comisión tiene reservas sobre la propuesta de que se cree una unidad de desarrollo electrónico en la Oficina de Cooperación Europe-Aid y ha creado una unidad para la innovación teniendo en mente un mandato similar para los temas transversales de varias direcciones geográficas, y opina que esto satisface suficientemente sus necesidades. 
Por último, en el párrafo 32, en el proyecto de resolución se pide un informe para el 2003. 
La Comisión ha prometido presentar un informe anual sobre la política comunitaria de desarrollo y por lo tanto se propone abarcar las tecnologías de la información y la comunicación, según convenga, en ese informe anual. 
La Comisión está deseando seguir contribuyendo a los debates sobre las tecnologías de la información y la comunicación cuando presente su comunicación este año. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Exportación y restitución de bienes culturales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0122/2001) del Sr. Aparicio Sánchez, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación del Reglamento (CEE) nº 3911/92 del Consejo, relativo a la exportación de bienes culturales, y de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro (COM (2000) 325- C5-0509/2000- 2000/2246 (COS) ). 
. Señor Presidente, estamos ante uno de los pocos pero graves problemas originados por la supresión de nuestras fronteras internas. 
Desde el mismo comienzo del mercado único, quedó establecido que la libre circulación de mercancías debía ser compatible con la protección del patrimonio artístico y cultural de cada uno de los Estados miembros. 
Era y sigue siendo competencia de cada Estado la definición de su patrimonio nacional y su protección. 
Pero desde el 1 de enero de 1993 fueron necesarias medidas, como la homologación de los requisitos, para la venta o la uniformidad del procedimiento de control, para la exportación extracomunitaria. 
Para ello, en 1992 y 1993 se promulgaron el Reglamento y la Directiva sobre los que hoy hablamos. 
La filosofía del Reglamento puede resumirse así: cada Estado queda obligado a controlar la exportación no sólo de su propio patrimonio, sino también del que, perteneciendo a otro de los catorce Estados restantes, se encuentre en su territorio. 
Nueve años después, salvo alguna modificación de carácter menor, siguen vigentes el texto y el enfoque que se dio a la situación en 1992. 
Y hay que decir que el problema del tráfico ilícito de los bienes culturales y la impunidad en que se desarrolla son más graves que nunca. 
Las previsiones son aún más pesimistas si la incorporación al mercado único del riquísimo patrimonio de los países candidatos, cuando llegue el momento, encuentra la misma legislación comunitaria que ahora rige y que se ha demostrado insuficiente. 
En 1993, la Comisión se comprometió a dar cuenta cada tres años de la marcha de las cosas y del grado de eficacia de las dos normas aplicadas, así como a proponer las correcciones que se vieran necesarias. 
Lo intentó en 1996, pero la información que solicitó a los Estados no fue contestada por la mayoría de éstos. 
En algunos casos fue escandalosa la tardanza en incorporar el Reglamento a la legislación de cada Estado; concretamente en cuatro de éstos el Reglamento no entró en vigor hasta 1998. 
Por fin, en 1998, la Comisión obtuvo algunos datos, opiniones y experiencias y con ellos ha elaborado el informe sobre el que hoy nos pronunciamos. 
Se trata de una comunicación exclusivamente informativa, es decir, sin propuestas para adoptar nuevas medidas o modificar las actuales. 
Es un informe voluntarista que carece de datos suficientes que permitan objetivar las mediciones y que carece también, a mi juicio, de criterios propios para proponer alguna mejora del procedimiento vigente. 
Pueden deducirse, sin embargo, algunas conclusiones. 
Unas, las menos, positivas, como el hecho de que la simple existencia de las dos normas ha bastado para aumentar la toma de conciencia de las administraciones y de la opinión pública y para forzar soluciones extrajudiciales. 
Otras, las más, negativas, pueden resumirse en una: la práctica general continúa siendo que el Estado que da la autorización de salida para el bien cultural no indaga ante el Estado de procedencia el origen legal o ilegal de la mercancía. 
En la mayoría de las ocasiones, las administraciones de los Estados miembros no han colaborado bien entre sí, me refiero especialmente a los departamentos policiales y aduaneros, es decir, a unidades pertenecientes a los ministerios del interior. 
En ello identifico uno de los núcleos del problema; por una parte, estas unidades de la Administración tienen otras prioridades fronterizas relacionadas con la delincuencia organizada. 
Y por otra parte, se trata de una cooperación perteneciente al tercer pilar tan difícil de conseguir, como bien saben sus Señorías. 
Así pues, la situación es grave en dos vertientes, el aumento del comercio clandestino intracomunitario de bienes histórico-culturales, y también el aumento de su salida por nuestras fronteras exteriores. 
La irrupción en el negocio de redes organizadas, la proliferación sin límite de anticuarios sin profesionalidad ni control suficientes y la impunidad casi habitual de los responsables, bien por la precoz prescripción del delito- solamente un año -, bien porque la simple alegación de la buena fe del comprador es causa del sobreseimiento son algunos de los motivos de esta grave situación. 
Por todo ello, en nuestro informe consideramos urgente una mejora de la normativa y un cambio cualitativo en el tratamiento comunitario. 
Se trata, a nuestro parecer, de un tema de dimensión cultural que el Consejo debe abordar a través de los responsables de cultura de cada Estado miembro; se trata de unos delitos o faltas que deben ser detectados por unidades operativas comunitarias especializadas en patrimonio artístico e histórico; la Sra. Comisaria de Cultura, mejor que ninguno de sus colegas, debe hacer un diagnóstico y proponer un tratamiento de la situación. 
Todo ello sin perjuicio de la integración en los diferentes equipos de los responsables de comercio, de policía o de aduanas, pero, repito, bajo un punto de vista predominantemente cultural. 
En el informe identificamos también algunas dificultades, como la existencia de un patrimonio desconocido en poder de instituciones como la iglesia. 
Proponemos algunas medidas puntuales consideradas muy urgentes- como el uso de Internet para poner a disposición pública las imágenes y formularios de los objetos robados- o solicitamos de la Comisión que bajo la dirección de la Comisaria de Cultura elabore un Libro Verde que describa la situación actual, valore los efectos producidos por el Reglamento y la Directiva, haga un estudio comparado de la definición del patrimonio en cada Estado miembro y, sobre todo, proponga medidas concretas para mejorar la situación. 
La Sra. Comisaria de Cultura, a quien admiro desde hace años, lleva tiempo mostrándose tan animosa y decidida para los trabajos futuros como cautelosa e indecisa para los presentes. 
Tiene capacidad y equipo suficientes para que ello no sea así. 
Con este informe el Parlamento pretende dar una señal angustiada de alarma ante la situación actual que, a pesar de ser consecuencia de la supresión de fronteras internas, tan beneficiosa por otra parte en todo lo demás, no está siendo suficientemente atendida por los responsables comunitarios. 
Señor Presidente, como se observa en la exposición de motivos que fundamenta este oportuno informe del Sr. Aparicio Sánchez, no se dispone de datos suficientes para conocer objetivamente la eficacia de la Directiva y del Reglamento relativos a la exportación de bienes culturales y a su restitución cuando hayan salido ilícitamente del territorio de un Estado a otro. 
Esa imposibilidad se debe en gran parte a la tardía transposición de esos instrumentos legislativos a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros. 
Todo hace pensar que, entretanto, se ha intensificado el tráfico ilícito de bienes culturales, en particular de los que pasan a circular por el mercado del arte. 
Todo recomienda que los Estados miembros acaten el principio del respeto estricto a la integridad de los patrimonios culturales nacionales y todo recomienda que se vuelvan más eficaces las medidas preventivas de ese tráfico. 
Pero hay más problemas. 
Aquí mismo, en las instalaciones de este Parlamento, no hace mucho que todos pudimos ver una exposición sobre las graves dilapidaciones del patrimonio cultural de Chipre perpetradas ante la vista complaciente de las autoridades de un país que es también- da la casualidad- candidato a la ampliación de la Unión. 
Así, las medidas ahora propuestas podrán contribuir pertinentemente al perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos disponibles y del sistema en su conjunto. 
Cada patrimonio cultural tiene una importancia ineludible para la identidad nacional y para la identidad europea. 
Se debe intensificar la cooperación judicial y policial entre los Estados miembros a este respecto. 
Se debe dificultar la circulación de bienes culturales hurtados o ilícitamente apropiados. 
A este respecto, la cooperación y la coordinación de acciones entre los Comisarios encargados de cultura, Mercado Interior, justicia y asuntos de interior nos parecen una necesidad elemental. 
La Comisión debería preparar una comunicación sobre el tráfico y el comercio ilegales de esos bienes y hacer balance del estado actual de la cuestión, enumerando y determinando los bienes que siguen recuperando y estudiando las consecuencias de la aplicación del Reglamento de 1992 y de la Directiva de 1993, evaluando los efectos previsibles de la adhesión de los países candidatos, preparando un formulario multilingüe con las indicaciones sobre los bienes ilícitamente substraídos y desencadenando una campaña de sensibilización e información de las opiniones publicas, ofreciendo en la red Internet toda la información necesaria. 
Por todo esto, señor Presidente, considero que debemos votar a favor de este informe y una vez más felicito al Sr. Aparicio Sánchez por haber tomado la iniciativa de él. 
Señor Presidente, comisario Bolkenstein, colegas, desde tiempos inmemoriales, el hombre ha viajado para mejorar sus conocimientos acerca de otros pueblos y entrar en contacto con otras culturas. 
Y, desde tiempos inmemoriales, el viajero se ha traído un recuerdo de estas otras culturas, ya sea de forma legal o ilegal. 
No tenemos más que pensar en Lord Elgin o en Napoleón, ya que ambos tenían la idea de que se podían apropiar de lo que se encontraban y llevárselo a sus propios países. 
Queda claro el daño que se hizo al patrimonio cultural del país que se visitaba. 
Resulta positivo que, desde Europa, se ponga freno a esta actividad. 
No se puede infravalorar el destacado papel que desempeña el comercio en este sentido. 
Si somos conscientes de que los expolios y robos de museos e iglesias suelen efectuarse por encargo de comerciantes, debemos prestar atención a esta cuestión. 
Aunque considero que se trata, sobre todo, de un asunto que atañe a los propios Estados Miembros, la coordinación a escala europea en todos los ámbitos es esencial, concretamente en el campo de la cooperación policial y aduanera, tal y como ha puesto de manifiesto el Sr. Aparicio Sánchez. 
La catalogación y descripción detallada, acompañada si procede de una fotografía de las obras de arte en poder de las instituciones públicas y privadas constituye un primer paso para combatir los robos. 
Sin embargo, la exigencia de dotar a los bienes culturales que se exportan de un certificado de procedencia también tiene efectos preventivos. 
Es obvio que una red digital a escala europea y accesible a todo el mundo sería de incalculable valor. 
Por ello, quisiera manifestar mi esperanza de que este proyecto se ponga en marcha lo antes posible, especialmente en lo que respecta a las obras de arte que fueron robadas y que aún no han sido recuperadas. 
En este sentido, no debemos limitarnos exclusivamente a Europa- es una de las ventajas de Internet- sino implicar finalmente a todo el mundo a través de las Naciones Unidas. 
Pero debemos comenzar en Europa. 
Quisiera, por consiguiente, hacer un llamamiento a los Estados Miembros para que protejan sus propios patrimonios culturales nacionales y los de otros países. 
Me complace que los Países Bajos hayan dado un paso en la dirección correcta. 
Espero que le sigan otros países de modo que se pueda poner fin al comercio ilegal de bienes culturales. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Pedro Aparicio Sánchez merece un juicio positivo y un consenso incondicional, pues por vez primera afronta en términos críticos y constructivos uno de los problemas más graves y dramáticos de la Unión Europea como es la protección de un patrimonio cultural común, único en la historia de la humanidad, objeto desde hace muchos años de depredaciones y de devastaciones, con frecuencia ante la culpable indiferencia de las autoridades europeas encargadas de su conservación. 
El debate en la Comisión de Cultura sobre la aplicación del reglamento en materia de exportaciones y sobre la directiva relativa a la restitución de los bienes culturales sustraídos ilegalmente a un Estado miembro fue amplio y exhaustivo, aun lamentando la falta de una aportación directa y personal de la Comisaria de Cultura, Sra. Viviane Reding, así como las lagunas e incongruencias de la Dirección General de Cultura. 
La amarga realidad es que la defensa de este inmenso patrimonio cultural y artístico se ha confiado a cada una de las autoridades nacionales- en mi país a un valiente oficial de los carabineros, el general Conforti- sin que a escala comunitaria se pusiera en marcha una coordinación incisiva, realmente operativa que como mínimo aplicara los principios generales de la Convención de la UNESCO. 
Todo ello ante una masiva ofensiva de la delincuencia organizada, de los tráficos más turbios como el blanqueo de dinero y la evasión fiscal. 
Todo ello en perjuicio del anticuariado serio y honrado, víctima de la desenfrenada competencia de los especuladores y de los grandes fraudes mercantiles. 
Sólo para poner un ejemplo, en Italia, mi país, se han robado obras de inmenso valor y se han exportado ilegalmente o han desaparecido sin más: la Natividad de Michelangelo Merisi de Caravaggio, La Virgen de la Huerta de Giovanni Bellini, el Ecce Homo de Antonello Da Messina, dos obras maestras de Cima da Conegliano, mientras que el robo del patrimonio arqueológico sigue avanzando a un ritmo cada vez más acelerado. 
Basta visitar en estos días el barrio de Sablon en Bruselas para ver descaradamente expuestas en los escaparates docenas de espléndidas ánforas oleíferas del siglo II, bajorrelieves de mármol recuperados el año pasado, mejor dicho, el pasado mes de septiembre de los fondos marinos por presuntas expediciones científicas, casi siempre estadounidenses. 
Por estos y por otros apremiantes motivos, el informe del Sr. Aparicio supone un giro histórico en las orientaciones y en la política cultural de la Unión: un primer acto importante al que cabe esperar que seguirán otros, con un reconocimiento, si bien tardío, de la responsabilidad por parte del Consejo y de la Comisión. 
Señor Presidente, tanto la comunicación de la Comisión como el informe de la Comisión de Cultura ponen al descubierto la escasa disposición de algunos Estados miembros a aplicar el reglamento sobre exportación de bienes culturales y la directiva sobre devolución de bienes culturales ilegalmente adquiridos. 
Causa fundamental, en mi opinión, es la comercialización de la cultura impuesta por el sistema capitalista, así como, en consecuencia, los enormes intereses, ilegales o aparentemente legales, implicados en el tráfico de bienes culturales robados. 
La cultura es una creación colectiva de la sociedad y nadie tiene derecho a apropiarse una obra de arte y privar de ella al conjunto social; nadie tiene derecho a alejar una obra de arte del medio en que fue creada. 
No se trata sólo del tráfico ilícito, también están implicadas célebres casas de subastas, e incluso muchos respetables museos que deben su riqueza a piezas ilegalmente adquiridas. 
Mi país se cuenta entre aquellos cuyo patrimonio cultural ha sido sometido un saqueo de las mayores dimensiones, de suerte que una gran cantidad de sus obras se encuentra actualmente en museos ingleses, franceses, alemanes o de otros países, así como en colecciones privadas. 
Quisiera, a propósito, preguntar al Comisario si, como simple muestra de la seriedad de las intenciones de la Comisión, está prevista alguna acción en el sentido de facilitar la devolución de los mármoles del Partenón. 
El informe del Sr. Aparicio Sánchez incluye numerosas indicaciones positivas e interesantes propuestas, y quisiera felicitarlo por ello. 
Quisiera igualmente dar las gracias al Sr. Graça Moura por la mención al problema del saqueo del patrimonio cultural del territorio ocupado de la República de Chipre. 
Me temo, sin embargo, que, a causa precisamente de la comercialización a la que me he referido, el tratamiento sustancial del problema es imposible. 
Señor Presidente, la Comisión comparte la preocupación del Parlamento acerca de la protección del patrimonio cultural de los Estados miembros. 
Está dedicando una especial atención a este tema en las negociaciones para la ampliación. 
Observo que la propuesta de resolución pide que la Comisión examine el problema del comercio ilegal de objetos culturales. 
Deseo señalar que esto rebasa el alcance de los informes de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento nº 3911/92 y de la Directiva 93/7. 
Destacaré, sin embargo, el carácter multidisciplinar e inter-pilar de este problema, tal como pone de relieve la comisión parlamentaria de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior. 
En vista de los poderes conferidos a las Comunidad por los Tratados, existe el peligro de que centrar la atención en los aspectos de política cultural del problema del comercio ilegal de objetos culturales reduzca la eficacia de toda posible actuación comunitaria en este ámbito. 
Aseguro a los diputados que la Comisión ha tomado ya medidas destinadas a mejorar la cooperación administrativa entre los Estados miembros con miras a proteger su patrimonio cultural. 
Dichas medidas han sido redactadas por el Comité consultivo de bienes culturales y por el Foro sobre la prevención del crimen organizado. 
La Comisión quiere pedir al Parlamento que dé su respaldo a estas iniciativas. 
Como órgano colegiado, la Comisión seguirá examinando el problema del comercio ilegal de objetos culturales y le otorgará la prioridad que merece. 
Por último, en respuesta a la pregunta del Sr. Alyssandrakis de hace un rato, la Comisión ha puesto en marcha continuamente iniciativas destinadas a contribuir a la lucha contra el comercio ilegal de objetos culturales. 
Quizá pueda dar algunos ejemplos de iniciativas lanzadas por la Comisión: primero, la financiación de un proyecto de página de Internet para dar información sobre objetos culturales que se van a intercambiar; segundo, la puesta en marcha de un estudio sobre la rastreabilidad de objetos culturales; tercero, la creación de un grupo de trabajo dentro del Comité consultivo de bienes culturales cuya tarea consiste en formular unas directrices para la cooperación administrativa; en cuarto y último lugar, el examen del problema de los objetos culturales dentro del Foro sobre la prevención del crimen organizado. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.55 horas) 
Para comenzar tengo que hacerles una molesta comunicación. 
Habrán comprobado que en la entrada de la sala aún no se han expuesto las listas de presentes. 
Hay problemas técnicos con el ordenador con la que se imprimen y les tengo que rogar que se anoten algo más tarde, por ejemplo, en la votación de este mediodía. 
Por desgracia, no es posible de otro modo. 
(Exclamación del Sr. Ferber: ¡de todo esto tiene la culpa el Vicepresidente!) 
Estimado colega Ferber, la culpa en tales casos la tiene automáticamente el funcionario Rømer que se encuentra aquí a mi lado. 
Se ha distribuido el acta de la sesión de ayer. 
¿Existen objeciones? 
Señor Presidente, quisiera comunicar que ayer estuve presente. 
Llegué al Parlamento a las 6 de la tarde, pero, desgraciadamente, no escribí mi nombre en la lista de asistencia porque estuve ocupado. 
Señor Sacrédeus, nuestros servicios aclararán cómo hay que proceder. 
Señor Presidente, ayer hablé, en nombre de nuestro Grupo, sobre la pena de muerte y también dije entonces que existe, en nuestra opinión, un enfrentamiento entre el sistema de valores de Europa y el sistema de valores vigente en este momento en América. 
Señalé, así mismo, que esto es muy importante, especialmente, en relación con el viaje que efectúa el Sr. Bush esta semana a Europa. 
Estos dos elementos, el enfrentamiento entre los dos sistemas de valores y la posición del Presidente Bush, y el viaje que realiza esta semana a Europa, no se recogen en el Acta. Me gustaría que figuraran en ella. 
También hemos tomado nota de esto. 
Señor Presidente, ayer saqué a colación el tema del turno de preguntas. 
La Presidenta- esto figura en el Acta- me respondió que se habían presentado muy pocas preguntas para dos Comisarios por lo que se la había suprimido de la lista de oradores del turno de preguntas. 
Lo he comprobado. 
Al Sr. Kinnock se le ha planteado una sola pregunta. 
Sigue figurando. 
Yo le he planteado una pregunta a la Sra. Schreyer y no figura a pesar de que otros colegas han planteado asimismo preguntas dirigidas a la Sra. Schreyer, por ejemplo, el colega Trakatellis. 
Es decir, hay algo que no encaja en todo este asunto. 
Le ruego que lo compruebe y que mañana me dé una información clara de por qué se ha acortado el turno de preguntas. 
Estimado colega Posselt, esto se va a comprobar. 
(El Parlamento aprueba el acta) 
Votaciones de las solicitudes de urgencia 
, ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. (DE) Señor Presidente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural aprobó ayer por la tarde mayoritariamente la urgencia. 
Al aprobar ayer por la tarde la resolución hemos creado las condiciones previas para que- si el Pleno da también su asentimiento a la solicitud de urgencia- se pueda votar al respecto esta semana. 
(El Parlamento aprueba la urgencia) 
Propuesta de resolución del Consejo (COM (2001) 81- C5-0138/2001- 2001/0045 (CNS) ) sobre una ayuda financiera especial para Kosovo. 
Señor Presidente, la Comisión y el Consejo han solicitado la urgencia. Esto es un asunto urgente para que se puedan proporcionar allí con rapidez las correspondientes ayudas. 
La comisión votó ya ayer sobre el informe, por lo que podemos recomendar la urgencia. 
(El Parlamento aprueba la urgencia) 
Propuesta de resolución del Consejo (COM (2001) 277- C5-0231/2001- 2001/0112 (CNS) ) sobre una ayuda financiera para la República Federal de Yugoslavia. 
Señor Presidente, en la Comisión de Asuntos Exteriores- y creo que también en concordancia con las Comisiones de Presupuestos y de Industria, competentes para emitir una opinión- deseamos recomendar el rechazo. 
Esto no se ha comunicado a tiempo. 
Los textos están a disposición solamente desde el viernes. 
Se trata de una autorización única y no está totalmente claro de qué otros sectores deben tomarse en parte estos fondos. 
Por este motivo, esto precisa de la correspondiente ponderación política. 
Pero al mismo tiempo, queremos aclarar que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que en julio podamos llegar a una decisión en el Pleno y vamos a adoptar los correspondientes preparativos para lograrlo. 
Recomendamos el rechazo en este sentido. 
(El Parlamento rechaza la urgencia) 
Autoridad Alimentaria Europea 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0198/2001) del Sr. Whitehead, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 716- C5-0655/2000- 2000/0286 (COD) ) para la determinación de los principios generales y de las exigencias del derecho alimentario para la creación de la Autoridad Alimentaria Europea y para la determinación del procedimiento para la seguridad en los alimentos. 
Señor Presidente, éste es un momento de cierta importancia para la protección del consumidor en la Unión Europea. 
Las instituciones de la Unión se han reunido para formular los principios de la legislación alimentaria en forma de una nueva Autoridad que pueda salvaguardar los alimentos que comemos y la forma como se producen. No se puede tener una cosa sin la otra. 
A quienes dicen que hemos ido demasiado lejos y que la Comisión o el Consejo están instándonos a avanzar demasiado deprisa durante esta Presidencia, quisiera decirles simplemente que estamos reparando el abandono de decenios en los que la propia variedad de nuestros productos alimenticios y el autoabastecimiento ocultaron grandes desastres: desde la EEB hasta algunos de los azotes del momento actual, pasando por las dioxinas. 
La tarea particular de este Parlamento consiste en perfeccionar y concretar la propuesta de la Comisión, es decir, recordar a los ciudadanos y a los interesados directos exactamente lo que nos proponemos hacer para salvaguardar todas las partes de la cadena alimentaria, en cualquier punto de ella en que nos encontremos, desde los productores primarios hasta los consumidores finales. 
A todos nos incumbe el tipo de alimentos que circulan por Europa, cómo se producen, cómo se preparan y, en última instancia, como se inspeccionan. 
Esa Autoridad se ocupa primordialmente de la seguridad alimentaria. 
Ésa es la razón por la que nuestra comisión apoyó firmemente el cambio de título. 
Creemos que es necesario, porque dicha Autoridad debe tener ambiciones claras, pero también limitadas y específicas. 
Deben estar relacionadas con lo que pueda hacer en función de sus competencias y también de su presupuesto y no en función de todas las demás ambiciones que podrían acumular sobre él quienes desean que desempeñe una diversidad de funciones. 
Quisiera decir a algunos de mis colegas de la comisión que presentaron una diversidad de enmiendas encaminadas a modificar de nuevo el título de esta Autoridad: las prioridades están fijadas en el informe en su forma enmendada. 
Si se desea una referencia apropiada a la higiene o la nutrición o la calidad o a nuestro aprecio de los alimentos tradicionales, como se ha propuesto en algunas de las enmiendas, mi respuesta sería la siguiente: examínese el informe. Todas ellas están en él en la medida debida. 
Pero no figuran en el título. No son en sí la función primordial de esta nueva Autoridad. 
Debo mucho a mis colegas de todos los sectores de la comisión. 
El informe fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente por 40 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 
El gran número de enmiendas que vamos a presentar hoy en bloques refleja el grado de consenso que hemos logrado nosotros. 
A este respecto estoy también en deuda con la Comisión por su ayuda, con la Presidencia sueca, que ha sacado este asunto adelante con encomiable sentido de la urgencia y, muy en particular, a mi propia asistenta parlamentaria, Michele Smyth, que ha trabajado considerablemente en todo esto. 
Quisiera plantear algunos de los puntos destacados sobre los cuales seguiría habiendo discrepancias y en los que se han basado algunas de las enmiendas. 
¿Se debe nombrar a la nueva Autoridad en función de la capacidad y del mérito, mediante un proceso pleno de examen o se debe hacer por la antigua vía del nombramiento en sordina? 
En todos los casos somos partidarios del mérito. Somos partidarios de la transparencia. 
Los Estados miembros desempeñarán un papel pleno mediante el continuum del foro consultivo. No tienen por qué estar en una posición en la que, proporcionalmente, planten sus banderas en torno a cada una de las sillas a la mesa de la nueva Autoridad. 
No creemos que esa Autoridad deba encargarse del sistema de alerta rápida. Creemos que en última instancia debe encargarse de él la Comisión. 
Esa Autoridad debe ser financiada enteramente con cargo al presupuesto y este Parlamento puede compartir las decisiones al respecto. 
Los 44 millones de euros previstos es una suma bastante pequeña, en comparación con otras agencias europeas. 
Es tan sólo una tercera parte del presupuesto que la Agencia de Reglamentación Sanitaria británica tenía en su comienzo. 
Hay enmiendas- incluidas algunas de la Comisión de Presupuestos, que apoyo- que proponen que nos hagamos cargo nosotros de la financiación concreta de esta agencia. 
Mi observación final se refiere a la sede de la nueva Autoridad. 
Hay quienes quisieran que se determinara mediante codecisión, con participación de este Parlamento. 
Hay quienes creen que debe decidirlo en última instancia el Consejo a propuesta de la Comisión y con el dictamen conforme de este Parlamento. 
Mi opinión es la de que debemos celebrar una votación libre al respecto, porque me parece que quienes en esta Asamblea desean seguir la vía de la codecisión tienen derecho a votar a favor de ello. 
Yo sigo siendo escéptico. 
Creo que debemos seguir la vía tradicional, al menos sobre esta cuestión. 
Recomiendo este informe a la Asamblea. 
Se trata de una idea que, más que llegarle su momento, nos ha llegado precisamente en el momento oportuno. 
Espero que la Asamblea lo apoye en la votación. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Autoridad Alimentaria Europea es de importancia esencial para las personas en nuestra Comunidad. 
Esto lo vemos repetidamente confirmado desde hace muchos meses y queremos añadir que tras los numerosos escándalos del pasado, las ciudadanas y ciudadanos tienen que poder recuperar por fin la confianza en su pan cotidiano, con independencia de quién se lo ponga sobre la mesa. 
Cada día que esta nueva autoridad no trabaje al servicio de la seguridad en los alimentos es un día perdido para la salud de las personas en la Unión Europea. 
Por ello, tenemos que darnos prisa con los preparativos. 
Tenemos que lograr que la Autoridad Alimentaria Europea sea capaz de actuar a comienzos del próximo año. 
Pero esta premura no debe conducir a que padezca la calidad del trabajo legislativo. 
La Autoridad Alimentaria Europea necesita unos cimientos que sean sólidos en sentido jurídico y que ya en la fase de su creación no se convierta en juguete de cualesquiera intereses. 
Por ello, estimadas y estimados colegas, les ruego que en la votación sigan a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y que dejen la totalidad del reglamento al procedimiento de codecisión. 
La propuesta de escuchar solamente al Parlamento Europeo precisamente en lo que se refiere a la sede de la Autoridad es sencillamente mala. 
Además, es prueba de las intenciones de lucha por repartirse el botín entre intereses muy diversos que solamente puede dañar a nuestra Autoridad Alimentaria. 
Desbaraten pues los planes del Presidente de la Comisión Prodi, quien ya nos ha hecho llegar a través de la prensa que quiere asignar a Luxemburgo esta Autoridad Alimentaria como compensación por otras oficinas europeas. 
Por favor, voten a favor de la enmienda nº 215 que prevé un fundamento jurídico unitario y el rechazo de apetencias ajenas a su esencia. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, mi Grupo político ha presentado en el Pleno una enmienda en la que se constata que la creación de la Autoridad es una tarea no prevista. 
No se puede financiar sin una revisión de las previsiones financieras o una reducción de otras tareas en la Categoría 3. 
La enmienda tiene su origen en la Comisión de Presupuestos. 
Es importante que indiquemos claramente que lo que hacemos tiene también que ser financiable. 
Lamentablemente, la Comisión de Medio Ambiente no ha tenido en cuenta varias de las enmiendas de la Comisión de Presupuestos. Por un lado, la relativa a la inclusión de un considerando en el que se indique claramente que debe respetarse en especial la transparencia y el control así como la validez del procedimiento presupuestario. 
Esta enmienda ha sido presentada en repetidas ocasiones por la Comisión de Presupuestos. En algunas agencias aquí hay ciertas cosas que están muy descuidadas. 
Además, la Comisión de Medio Ambiente ha acordado que la Autoridad debe financiarse exclusivamente con el presupuesto general. 
Se quiere que la Autoridad sea independiente. 
Puede que la argumentación sea loable pero es ajena a la realidad. 
Pues tenemos agencias, como la Agencia de los Medicamentos y la Agencia de Normalización que se financian con aportaciones y no se puede decir de ellas que se hayan visto socavadas. 
Sin embargo, en la Comisión de Presupuestos nos ha parecido muy razonable la propuesta de comprobar al cabo de tres años si las tasas son posibles y aconsejables. 
Con ello no se ha acordado la introducción de tasas. 
Aquí no se ha logrado que las aportaciones a las pensiones de los empleados se coloquen en el lado del Debe del presupuesto de la Comisión 
Tampoco se ha recogido la enmienda que establece como condición previa una aportación financiera del Estado miembro o una participación en los terrenos. 
Y la Autoridad debe presentar todos los años un presupuesto. 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar mi más sincera felicitación al ponente, Sr. Whitehead, por este informe que no era nada fácil, y al Sr. Bowis, que ha desempeñado una importante labor en el trabajo previo sobre el informe del Libro Blanco. 
El informe no era fácil porque, además del enorme número de enmiendas presentadas, la propuesta de la Comisión, aunque es un buen documento de partida y está llena de buenas intenciones, adolece, a mi entender, de algún planteamiento equivocado y de bastantes ambigüedades. 
Por ejemplo, en el artículo 5 deberían definirse claramente los objetivos de la legislación alimentaria y limitarlos a la protección de la salud pública y de los consumidores y a la seguridad de los alimentos en toda la cadena alimentaria, sin menoscabar la libre circulación de los productos agroalimentarios en la Comunidad, además de procurar la competitividad de la industria agroalimentaria europea en los mercados internacionales. 
Los demás objetivos, como son la protección del medio ambiente, la protección y el bienestar de los animales y las plantas, son todos ellos muy loables, señor Comisario, pero si no afectan a la seguridad alimentaria ya hay otras legislaciones que se ocupan o pueden ocuparse de ello. 
Acabamos de votar, por ejemplo, la urgencia sobre el bienestar de los cerdos sin otro objetivo que el de aumentar las iniciativas legislativas de la Presidencia sueca. 
En cuanto a la misión de la Autoridad, debe centrarse en la evaluación del riesgo y en el asesoramiento científico que, desde luego, no es poca tarea. 
Señor Comisario, usted ha dicho en repetidas ocasiones que la nueva red de alerta es una parte de la gestión de la crisis, y que sería responsabilidad de la Comisión. 
Sin embargo, en su propuesta, la Comisión propugna esta responsabilidad para la Autoridad en el considerando 35, en el apartado 2 del artículo 21, en la letra h) del artículo 22, en el artículo 34 y en el artículo 49. 
En cuanto a la evaluación del riesgo, debe tener carácter científico e independiente. 
Esta es la verdadera tarea de la futura Autoridad Alimentaria y celebro que la enmienda 123 otorgue prioridad a sus dictámenes científicos. 
En cuanto a la comunicación del riesgo, es algo que deben hacer los expertos, porque una comunicación inadecuada para la opinión pública puede crear una alarma social, como ya ha ocurrido, y ocasionar importantes pérdidas y desastres económicos para los sectores agroalimentarios de toda la Unión Europea. 
Por último, espero que la futura decisión sobre la sede de la autoridad alimentaria vaya precedida de un debate serio entre nuestras instituciones y que finalmente se haga por codecisión. 
Señor Comisario, señor Presidente, señoras y señores, con el debate sobre la propuesta de reglamento de la Comisión se nos da la oportunidad de mencionar que, en unos pocos años, vamos a ser testigos por tercera vez de una gran explosión en los cimientos del mercado interior. 
Hemos visto desvanecerse tres veces la confianza de los consumidores en la seguridad de los alimentos, y el debate que estamos celebrando es totalmente oportuno, así como oportuna es la decisión de avanzar inmediatamente en la creación de la Autoridad Alimentaria Europea. 
No hemos presenciado sólo la pérdida de la confianza de los consumidores por los tres incidentes, tan serios y sucesivos, sino también la reestructuración de las costumbres de consumo de todos los consumidores, la ruina de muchas empresas que se han encontrado fuera del mercado sin que jamás lo hubiesen imaginado y la pérdida de miles de puestos de trabajo, del que muchas personas se han visto privadas, personas que no tenían ninguna culpa. 
Consiguientemente no se trata sólo del desastre económico que han sufrido los presupuestos, teniendo que hacer frente a pérdidas terribles en productos y en animales, es también el coste social, al que debemos afrontar con mucha rapidez y seriedad. 
En esta ocasión debo decir que, en la legislación sobre los alimentos, es imprescindible tomar en cuenta el carácter especial de los productos tradicionales, que podemos encontrar en determinados lugares y regiones de Europa, y que constituyen parte de nuestra cultura. 
Finalmente debe quedar claramente reconocido, y ya de forma oficial, el papel de las pequeñas y medianas empresas en este ámbito, dado que éstas son las que producen bienes de alta calidad y crean puestos de trabajo. 
Señor Presidente, señor Comisario, la legislación que nos ocupa relativa a la seguridad alimentaria es una cuestión de extrema importancia para el sector agropecuario. 
Dicha legislación determinará durante mucho tiempo las condiciones de la actividad empresarial en el sector y sentará así las bases para todas las actividades agrícolas. 
En nombre de nuestra comisión, doy fervientemente las gracias al Sr. Whitehead por haber dirigido debidamente el proceso de elaboración, de modo que los demás ponentes también pudimos participar en el mismo. 
Y gracias a usted, especialmente, por haber tenido en cuenta las enmiendas presentadas por la Comisión de Agricultura, podría decir que en toda su amplitud y con gran conocimiento del tema, e incluso mejorando la redacción de una parte de las enmiendas. 
Ha realizado usted una gran labor. 
Sin embargo, quisiera aún llamar la atención sobre un asunto en particular. 
Usted propone que la Junta Directiva de la futura Autoridad Alimentaria esté compuesta por doce representantes, de los cuales dos serían representantes de la industria agroalimentaria. 
Yo quiero proponer, según el deseo de nuestra comisión, una pequeña corrección a esa formulación, de forma que uno de esos dos representantes provenga de la producción primaria. 
Esto afecta a la enmienda 208. 
Sin extenderme más sobre los numerosos aspectos específicos, quizás de carácter más bien técnico, presentados por nuestra comisión, le doy a usted las gracias, señor Whitehead. 
También espero que esta proposición de ley sea tramitada con celeridad y entre rápidamente en vigor. 
Una parte de la misma es la entrada en funciones de la Agencia de Seguridad Alimentaria. 
Ya no podemos posponer más este asunto, sino que la cumbre de Gotemburgo, también por razones de credibilidad ante los ciudadanos, debe llegar a un acuerdo sobre la rápida creación de dicha Agencia. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Pesca, acojo con la mayor beneplácito la propuesta. Al mismo tiempo, subrayo la necesidad imperativa de que se tengan en cuenta las características específicas de los sectores pesquero y agropecuario. 
Dichos sectores plantean cuestiones muy diferentes de las categorías de la industria alimentaria general y los imperativos planteados por los problemas recientes en la pesca, incluida la anemia infecciosa del salmón, el síndrome amnésico por intoxicación causada por el marisco y las dioxinas, requieren medidas por parte de la industria específica. 
Además, se debe tener en cuenta adecuadamente las necesidades especiales de las comunidades periféricas, tales como las de Escocia y otras naciones pesqueras que viven de la pesca. 
Ésa es la razón por la que la Comisión de Pesca apoyó mi enmienda con la introducción de un nuevo considerando sobre la rastreabilidad. 
La propia naturaleza de la pesca tiene consecuencias para la rastreabilidad. 
Hay numerosas dificultades posibles y la Comisión debe velar por que se tengan presentes, teniendo en cuenta los diferentes métodos de captura, dónde se captura el pescado, dónde se desembarca y también los problemas asociados con el pescado clandestino. 
Además, me ha parecido esencial que la composición de la Junta Directiva de gestión garantice una representación equilibrada de los expertos que abarque todos los sectores pertinentes que participan en la producción y distribución de alimentos y de piensos para los animales e incluida, en particular, la pesca. 
Es lamentable que el comité encargado no tuviese en cuenta ninguna de esas prioridades. Quisiera instar al Comisario a que las tenga en cuenta. 
Obsérvese, por favor, que no propongo que se aumente la composición ni que se cambie el método de nombramiento de la Junta Directiva, sino sólo que se incluya a los expertos pertinentes. 
Sin embargo, acojo con beneplácito las enmiendas que recogen lo esencial de mi opinión, al dar nuevas definiciones de los alimentos no aptos para el consumo humano y de los alimentos contaminados en las enmiendas núms. 43 y 44, pues están más en consonancia con la política que la Comisión ha aplicado después del estallido de la anemia infecciosa del salmón. 
Por último, la Comisión de Pesca hizo suyas las enmiendas núms. 35 y 51, que tienen en cuenta las diferentes necesidades de los sectores de la acuicultura y, en particular, las enmiendas que abordan las preocupaciones expresadas por la creación de peces genéticamente modificados para impedir que entren en la cadena alimentaria por la puerta trasera de las importaciones procedentes de terceros países. 
Así, pues, quisiera instar a la Asamblea a que apoye estas enmiendas. 
Señor Presidente, hay dos razones principales para la adopción de medidas en esta esfera. 
En primer lugar, dependemos unos de otros para la inocuidad de nuestros alimentos y bebidas. 
El de los alimentos es un mercado único y la seguridad alimentaria es un asunto de salud pública. 
Cada uno de los países no puede enviar sus inspectores alimentarios y agrarios a tomar muestras del maíz, probar la carne y controlar las viñas, en cada uno de los demás países. 
Confiamos en las normas comunes confirmadas por niveles coherentes de inspección, evaluación e imposición de la observancia. 
En segundo lugar, el público ha perdido la confianza en los antiguos sistemas nacionales y europeos de seguridad alimentaria; después de los escándalos y sustos en relación con el aceite de oliva, el vino, el agua mineral, la carne de bovino, los huevos, las aves de corral, la leche, las e-coli, la listeria, la salmonella, las dioxinas, las hormonas y los alimentos genéticamente modificados... y la lista sigue aumentando. 
El público quiere recibir garantías de que el largo camino desde la semilla o el establo hasta el mercado, el supermercado, las instalaciones de elaboración, el horno, el frigorífico y la mesa es tan seguro como es de esperar razonablemente. 
Quiere una evaluación de la seguridad que ni se haga a puerta cerrada en la Comisión ni esté contaminada con los intereses de los grupos de presión. 
De modo que, como cuando en mi informe, en la fase de Libro Blanco, se pidió un sistema basado en los datos científicos y centrado en la seguridad, volvemos a decir a toda esta Asamblea: manténgase la Autoridad de Seguridad Alimentaria ligera, transparente, independiente y dedicada a la evaluación de los riesgos que amenacen a la seguridad alimentaria y a las recomendaciones sobre las medidas que se deben adoptar, en caso de que se deba adoptar alguna. 
No nos metamos por los carriles de la alimentación sana o de las dietas comparativas, por importante que sean esas vías para la labor de fomento de la salud. 
Manténgase la palabra "seguridad" en el título de esa Autoridad para indicar claramente su finalidad y metodología. 
Séase- y que se vea- independiente de cualquier Estado miembro y de la Comisión, por lo que no debe tener una junta que permita a cada uno de los países tener un puesto en ella. 
Manténgase el número de 12 miembros. 
No se ubique la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en ningún edificio o territorio que tenga conexiones estrechas con las instituciones de la Unión Europea. 
Nómbrese al Director de la Junta Directiva después de celebrar un concurso abierto y una audición parlamentaria. Que rinda cuentas anualmente ante el Parlamento de su gestión. 
Que publique sin demora la conclusiones y cualesquiera conclusiones minoritarias de la Junta Directiva sobre cualquier riesgo evaluado y celebre reuniones públicas de dicha Junta. 
Vincúlense los órganos encargados de la seguridad alimentaria de los Estados miembros con la Autoridad Europea mediante un comité consultivo compuesto por los directores nacionales de dichos órganos. 
Recomiendo este informe y felicito al ponente por un trabajo bien hecho, entre otras cosas por la cooperación y los debates entre partidos y entre países a lo largo de todo su proceso de preparación. 
Gracias a ello, se pueden apoyar casi todas las enmiendas presentadas en comisión, que en su momento quedará comprendida en una combinación. 
A la Comisión y al Consejo podría decir: noten la fuerza de la unidad en este Parlamento sobre estas cuestiones decisivas; cooperen con nosotros y los beneficiarios serán los consumidores europeos de todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Whitehead por su excelente trabajo. 
Es sabido que las crisis alimentarias en la UE han hecho que la gente sienta preocupación cuando come. 
Al mismo tiempo, esto ha hecho que se preste mayor atención a la política agrícola y de alimentos. 
Ahora habrá que echar a andar rápidamente este nuevo sistema, es de vital importancia. 
Si queremos tener fronteras abiertas, como lo son dentro de la Unión, y un libre flujo de mercancías, es trascendental que los alimentos también puedan circular libremente. 
Sin embargo, esto no significa que las enfermedades y la insalubridad también puedan hacerlo. 
Un sistema común no debería significar trabas para los productos producidos en una región. 
Si atendemos a toda la cadena de medidas, se necesitará, entre otras cosas, asesoría científica, evaluación de riesgos, manejo de riesgos y control, incluido el control a los controladores en los países miembros. 
En el futuro quizá sean necesarias sanciones. 
La nueva autoridad va a poder hacer todo esto, pero, sobre todo, dará más fuerza al comienzo de la cadena, en forma de asesoría científica y evaluación de los riesgos. 
Ya contamos con la Food and Veterinary Office de Dublín, que tiene un importante papel en relación con el manejo de los riesgos y el control. 
Ahora hay que hacer que colaboren ambas autoridades. 
Al final, no creo que la Unión Europea pueda evitar la instauración de un sistema de sanciones en el ámbito comunitario. 
Sin embargo, esto es algo que sólo la Comisión puede decidir. 
Es importante que continuemos con estos trabajos para que lleguemos a ser aún más eficaces. 
Pronto daremos un paso trascendental para la obtención de alimentos más seguros. 
No obstante, no podemos olvidar que hay que seguir avanzando y mejorar aún más el sistema en el futuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este informe supone una fase muy importante en el proceso legislativo que debe ofrecer respuesta a las numerosas crisis que los consumidores han tenido que afrontar en los últimos decenios. 
Phillip Whitehead ha conseguido recoger de forma equilibrada y magistral en un solo informe las numerosas opiniones que existen en nuestro Parlamento en cuanto a la creación de una Autoridad Alimentaria. 
Le doy las gracias por ello, le agradezco su disposición para escuchar y su actitud constructiva. 
El informe se estructura alrededor de una serie de palabras claves. 
En primer lugar, seguridad. 
El nombre subraya más ese aspecto, pasando de ser una Autoridad Alimentaria Europea a una Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea. Con ello se indica cuál es la tarea central de esta nueva institución. 
En segundo lugar, calidad. 
Se hace hincapié en la necesidad de una producción alimentaria de mayor calidad. 
No la cantidad, sino la calidad adquiere a partir de ahora preponderancia. 
En tercer lugar, el mantenimiento de la diversidad cultural alimentaria en la Unión Europea. 
La producción regional y tradicional no puede ser víctima de la legislación europea. 
En cuarto lugar, la trazabilidad, la transparencia de los productos y la responsabilidad creciente de los productores. 
En quinto lugar, la independencia. 
Eso significa que la financiación de la Autoridad Europea solamente puede tener lugar mediante el empleo de recursos comunitarios. 
En sexto lugar, el principio de cautela debe ser aplicable a todo riesgo perceptible. 
Señorías, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea no se convertirá en un mastodonte, sino que ojalá nos aporte recomendaciones científicas serias y seguras. 
En cuanto a la Junta directiva, mi Grupo insiste, sin embargo, en sea posible una pequeña ampliación y se pase de 12 a 16 miembros. 
Al fin y al cabo, consideramos que los productores primarios, agricultores y pescadores, deben estar mejor representados en la misma. 
Por último, mi Grupo respalda también la idea de que la responsabilidad final del sistema de alerta rápida recaiga en la Comisión. 
Después de todo, nunca deben declinarse las responsabilidades políticas, algo que ha sucedido demasiado a menudo en los últimos años, tanto en la UE como en los Estados miembros. 
Señor Presidente, hay que saludar que en los últimos tiempos en el debate público sobre la EEB y la fiebre aftosa se informe mayoritariamente desde la perspectiva de resultados y datos científicos. 
Precisamente el caso de la EEB muestra claramente lo importante que es apoyarse en una investigación independiente sobre los recursos orientada a obtener conocimientos a largo plazo. 
A pesar de toda la complejidad de la propuesta sobre la creación de una Autoridad Alimentaria, no se han derrochado precisamente aquí ideas creadoras. 
Estoy convencido de que la elección entre las numerosas propuestas acertadas relativas a las tareas de la Autoridad solamente se podrá adoptar en consonancia con los resultados actuales de investigación de las instituciones nacionales. 
El actual derecho alimentario es ya complicado y sin duda no va a mejorar si solamente es retocado por juristas. 
Por ello, estoy a favor de que se destinen los créditos necesarios en el presupuesto sobre la base de una planificación científica de las tareas a realizar. 
Tenemos una buena base de partida para la propuesta de crear una Autoridad pues entre los agricultores y sus representantes del ramo alimentario existe aceptación. 
Aprueban la creación de la Autoridad, lo que sin duda puede ser un buen inicio. 
Aquellos que tienen que ver con animales domésticos y los alimentos derivados de ellos necesitan un "lobby" que pueda presentar con éxito la producción en el marco de la posterior globalización de los mercados de los alimentos y que, sobre todo, les proteja frente a los abusos. 
Por ello, el cumplimiento de estas elevadas esperanzas sociales es un elemento decisivo para el éxito o su ausencia. 
El consumo de carne y de productos cárnicos aumenta lentamente y sus precios evolucionan en consonancia con los costes. 
Los consumidores exigen una amplia información sobre el tratamiento y el valor sanitario de la carne y de los productos cárnicos. 
Yo también veo aquí una gran necesidad de actuación ya que muchos se han quedado de nuevo en una mera política de dinero-mercancía en el mostrador de la tienda. 
La carne va a desempeñar en el futuro un gran papel. 
Me parece también muy bien. 
La planificación tradicional en la cocina con la cesta de alimentos de frutas, verduras y carne contiene unos elementos componentes sanitarios en grandes cantidades respecto a los alimentos elaborados funcionalmente. 
¿Pero cuánto pueden costar los alimentos sanos? 
Hipócrates exigió hace 2000 años: la alimentación debe ser vuestra medicina y la medicina debe ser vuestra alimentación. 
Creo que sigue teniendo razón hoy día y con ello respondo a la cuestión de la exigencia precio-calidad. 
En la elaboración de alimentos, cada vez desempeñan un mayor papel cuestiones ecológicas y éticas que deberán aclararse exactamente en el marco de la ejecución de las tareas de la Autoridad Alimentaria. 
Señor Presidente, en relación con la EEB, las dioxinas y la preocupación por la seguridad de los alimentos genéticamente modificados, esta Asamblea ha estado vigilante y ha respondido a las preocupaciones de los consumidores. 
A ese respecto, felicito al Comisario Byrne- encargado de este sector concreto- y al Comisario Fischler. 
Hago también extensiva mi felicitación al Sr. Whitehead por el rigor de su informe. 
La publicación del Libro Blanco de la Comisión sobre seguridad alimentaria y la propuesta creación de una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señala una nueva era en materia de producción de alimentos. 
A partir de ahora cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria pasará a ser parte integrante del proceso de producción. 
El resultado final debe disipar cualquier duda sobre la calidad y la inocuidad de todos los productos alimenticios y brindar las garantías a que han aspirado los consumidores y a las que tienen derecho. 
Europa tiene un sector alimentario en rápido crecimiento. 
El proceso de adición de valor a los productos agropecuarios básicos está aportando a los consumidores una gran diversidad de alimentos de calidad. Las nuevas investigaciones en esa esfera contribuirán en gran medida a su futuro desarrollo. 
A medida que aumenta el empleo en el sector de elaboración, ese desarrollo digno de beneplácito contrasta claramente con la grave decadencia de las explotaciones familiares y la renuencia de los jóvenes a adoptar la profesión de agricultor. 
Puede que Sus Señorías digan que ese aspecto no es pertinente para este debate, pero he de decir a la Asamblea que, si no podemos garantizar la conformidad, la viabilidad y la rentabilidad de la base productiva del sector alimentario de Europa, no es probable que alcancemos los niveles a los que aspiramos. 
A ese respecto el papel excepcional de los agricultores como garantes de la inocuidad y la calidad de los alimentos se da por sentada con demasiada frecuencia. 
Las propuestas de la Comisión sobre el desarrollo de la legislación alimentaria y la inocuidad de los alimentos son positivas. 
Para garantizar la seguridad alimentaria, toda la cadena alimentaria debe ser perfecta y su supervisión exhaustiva. 
Estoy totalmente de acuerdo con que los alimentos deben ser rastreables a lo largo de todas las fases de la cadena alimentaria, desde las explotaciones hasta las mesas. 
En conclusión, con nuestro deseo de salvaguardar los intereses de los consumidores- nuestro objetivo principal- debemos velar por que se permita a la agricultura beneficiarse de los avances en la tecnología moderna. 
Señor Presidente, los alimentos de la Unión Europea se encuentran entre los más seguros del mundo. 
Las crisis alimentarias recientes han conducido, sin embargo, a que el consumidor europeo pierda su confianza en los alimentos. 
La creación de la Autoridad Alimentaria Europea está dirigida, sobre todo, a recuperar la confianza. 
En los Países Bajos se consume en este momento casi la misma cantidad de carne que antes de las crisis mencionadas, mientras que Alemania y Francia se enfrentan todavía a un consumo mucho más bajo. 
Por una parte, queda claro con ello que no existe un consumidor europeo. 
Por otra, podemos concluir que la confianza del consumidor depende más del carácter nacional que de la creación de una Autoridad Alimentaria Europea. 
La lucha por su emplazamiento, que varios Estados miembros quieran lograr, me hace suponer que se trata sobre todo de prestigio. 
No me queda claro en todo ello qué significado tendrá el criterio de "tradición en seguridad alimentaria". 
No es irreal el peligro de que la Autoridad Alimentaria se convierta en algo para tapar la boca de los consumidores, y que no suponga una plusvalía científica respecto de las instancias alimentarias nacionales. 
De ahí que sea esencial que se establezca una relación entre la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. 
El problema reside en la producción alimentaria, por tanto, ahí debemos buscar una solución. 
La consecuencia es que hay que desarmar la política agrícola. 
Debe adoptarse una política agrícola en la que el alimento de los animales se cultive cerca del ganado, de manera que el alimento animal y los animales no tengan que transportarse en largas distancias. Al mismo tiempo, con ello se reduce el riesgo de contagio. 
Semejante política está de acuerdo con el principio de cautela y el principio de proximidad. 
Además, favorece la integración, puesto que esta política favorece la situación del medio ambiente y el bienestar de los animales, entre otras cosas. 
Un problema afín que merece nuestra atención es la exportación de alimentos de acuerdo con normas menos estrictas que las que se aplican en la Unión Europea. 
En la práctica, uno a menudo no puede permitirse el lujo de aspirar al alimento más seguro en países fuera de la Unión Europea. 
Desde luego, no tenemos que exportar alegremente los alimentos que no cumplan nuestras normas de seguridad a esos países. 
En el caso de que las exportaciones aumenten la seguridad alimentaria de esos países, éstas sí deben ser permitidas. 
Lo mejor es, por supuesto, que el abastecimiento en alimentos tenga lugar en su propio territorio, tanto en la Unión Europea como en terceros países. 
Solamente, cuando no resulte posible, puede existir un comercio complementario. 
En una política así diseñada no tendrán que ser destruidas grandes partidas, dado que si no existe transporte internacional, el riesgo de contagio es mucho menor. 
En este marco, puede permitirse el uso del propio alimento de la empresa para los animales. Una prohibición supondría la destrucción de mucho alimento utilizable, mientras que no implicaría, o apenas implicaría, una disminución del riesgo. 
Estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente en cuanto a que la evaluación del riesgo es tarea de la Autoridad Alimentaria. 
La traducción política de la gestión del riesgo corresponde a las instituciones europeas. 
Los Estados miembros tienen que ocuparse de que el rapid-alert-system funcione bien y de que la Comisión Europea sea informada a tiempo. 
En estas condiciones, tampoco es necesario que todos los Estados miembros tengan una plaza en la Junta directiva de la Autoridad Alimentaria. 
No sólo se crea una Autoridad Alimentaria, sino que también se establecen medidas drásticas en la legislación. 
En mi opinión, la elaboración de una nueva legislación no constituye una buena reacción ante el incumplimiento de la legislación existente. 
La creación de servicios de inspección independientes en los Estados miembros, que controlen el cumplimiento de la ley in situ, debe tener prioridad. 
Si logramos una Administración fiable, todos los consumidores podrán confiar en los alimentos europeos. 
Señor Presidente, aunque felicito al ponente por el trabajo realizado, me permito expresar algunas dudas sobre el método según el cual, cada vez que surge un problema, se responde con la creación de una agencia, de un organismo encargado de afrontarlo o de solucionarlo. 
Lamentablemente, ésta es la regla de oro para crear y multiplicar las burocracias. 
Confiamos en que éste no sea el caso de esta Agencia de Seguridad Alimentaria; sin embargo, todos hemos de tomar las medidas y cautelas oportunas, dado que éste es exactamente el mecanismo al que se suele acudir dentro de la Unión Europea. 
Por lo respecta a la seguridad alimentaria, sabemos que en la Unión existen problemas políticos enormes, unos problemas que hemos visto sobre todo y no sólo durante la crisis alimentaria provocada por las vacas locas, unos problemas políticos que exigen respuestas políticas acerca de la posibilidad de intervenir y de la relación de poderes entre la Unión y los Estados miembros, y estas respuestas políticas no se pueden obviar a través de la creación de una agencia encargada de facilitarlas. 
Por lo tanto, y dicho esto, con la decisión que vamos a tomar hay que tratar de que la Agencia pueda trabajar correctamente, y para que pueda hacerlo- ya lo han dicho otros oradores- creo que su objetivo debe ser muy concreto y definido: la seguridad alimentaria. 
Me parece poco prudente- y aquí me refiero a las intervenciones de algunos de mis colegas- pensar en ampliar el objetivo, el ámbito de la Agencia incluyendo las cuestiones medioambientales y las cuestiones relativas a las costumbres alimentarias, pues éstas son cuestiones que deben ser respetadas por el mercado, por los Estados miembros. 
Opino que esta Agencia se ha de ocupar ante todo de la cuestión de la seguridad alimentaria, de las opiniones científicas, no, como figura en el texto, para evitar opiniones científicas encontradas, sino todo lo contrario, esto es, para sacar a la luz todas las distintas opiniones científicas y permitir, tal vez también a las asambleas democráticas, considerar, parangonar y debatir los resultados que propone la ciencia. 
En consecuencia, sería oportuno reforzar, a partir de los miembros del consejo de administración y de las mismas decisiones relativas a la Agencia, las posibilidades de influir e intervenir de este Parlamento, ahora e incluso después, durante la misma vida de la Agencia. 
Y ahora, una observación respecto de una enmienda que figura en el informe y que reza: "para alentar el cumplimiento de la legislación europea", se deberá procurar que la Agencia se instale en un Estado que se sitúe en la primera mitad de la clasificación de los Estados miembros, basada en el menor número de causas pendientes ante el Tribunal de Justicia por presuntas violaciones del Derecho de la Unión Europea ". 
Creo que es una verdadera barbaridad, un error sustancial en la interpretación de los Tratados. 
Existen unas normas establecidas para sancionar y controlar el cumplimiento de la legislación europea en los Estados miembros. Por ello, considero que utilizar la designación de la sede de las agencias como mercancía de trueque entre uno y otro Estado, concediendo más a los Estados "buenos" y menos a los Estados "malos" que tienen causas pendientes ante el Tribunal de Justicia, es realmente un uso impropio de los Tratados y de la legislación europea. 
La sede de la Agencia debería establecerse en virtud de criterios relacionados con su actividad- o sea, hasta qué punto la sede es el resultado de la expresión de una cultura agrícola y alimentaria arraigada en ese territorio -, así como con sus competencias científicas en materia de alimentos y de productos alimenticios. 
Atribuir las sedes de las agencias, en general, como premio a conceder a un Estado miembro u otro es un mecanismo peligroso que vincula la agencia a los Estados miembros, reduce su independencia y, además, es una manera deformada de utilizar la legislación europea. 
Señor Presidente, el proyecto de creación de una Autoridad alimentaria europea procede directamente de las carencias especialmente graves aparecidas en el tratamiento por parte de la Comisión del expediente de las vacas locas. 
Fue el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria el que propuso la creación de la instancia que estamos debatiendo hoy. 
El informe Whitehead tiene el mérito de señalar una serie de ambigüedades que contiene el proyecto de reglamento pero sin proponer medios para solucionarlas. 
El ponente señala con toda razón la necesidad de trazar fronteras muy precisas entre el papel del Consejo y de opinión de la Autoridad Europea y el papel de gestión del riesgo que depende de los Estados miembros y de la Comisión. 
Por tanto no se debe situar el sistema de alerta rápida bajo el control de la Autoridad. 
Y, por qué se ha sustituido vocablo de agencia por el de Autoridad, que implica confusión y parece significar que este órgano juega un papel ejecutivo, algo que no debe ser el caso. 
El informe señala también con toda razón la necesidad de un trabajo en red entre la Autoridad Europea y las agencias de los Estados miembros, pero sobre las modalidades de aplicación de esta estrecha cooperación no dice nada. 
¿De qué forma funcionará el foro consultivo que debe ser en principio el instrumento? 
Sobre este punto esencial no se ha elaborado nada en particular. 
En efecto, disponemos de competencias científicas notables en materia de seguridad alimentaria a nivel nacional, ya sea, por ejemplo, en la FSA británica o en la FSA francesa. 
Es preciso evitar a cualquier precio construir una estructura europea que compita o que sea redundante con respecto a estos órganos nacionales que deben continuar proporcionando los elementos de apreciación que permitan a la Agencia europea representar su papel de coordinación, al no estar esta última en ningún modo investida de una autoridad superior con respecto a las agencias nacionales. 
Finalmente, sobre la necesidad de trabajar activamente en conseguir una coherencia entre normas europeas elevadas, como se ha propuesto, y las normas internacionales existentes, problema que se ha abordado furtivamente en el informe, lamento también que el Parlamento no haya profundizado realmente en este punto esencial para que nuestras iniciativas no vengan a penalizar a los productores europeos. 
Señor Presidente, las propuestas de la Comisión Europea relativas a la creación de una Autoridad Alimentaria Europea constituyen una reacción directa y largamente esperada ante las crisis alimentarias a las que Europa se ha enfrentado en los últimos años. 
Debe quedar claro que este debate es muy importante para el ciudadano europeo. 
Al fin y al cabo, hay que recuperar la confianza de los consumidores europeos en la seguridad de los alimentos, y la creación de una Autoridad Alimentaria Europea supone un primer gran paso en esa dirección. 
Señor Presidente, he dicho que las propuestas han sido "largamente esperadas". 
Después de todo, ya han transcurrido casi dos años desde que el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, anunciara, cuando asumió el cargo, que iba a conceder una gran prioridad a la recuperación de la confianza del consumidor en la seguridad alimentaria. 
Tan sólo ahora, en junio de 2001, tenemos la oportunidad, en tanto Parlamento, de pronunciarnos sobre los planes. 
No obstante, espero que la Autoridad Alimentaria pueda empezar sus actividades a principios del año que viene. 
Por otra parte, hay que decidir todavía el emplazamiento de la misma. 
Espero que el PE reconfirme mis enmiendas en este punto. 
No se debe a nuestro ponente de hoy, el Sr. Whitehead, ni al ponente de entonces, el Sr. Bowis, que haya transcurrido tanto tiempo entre la presentación de las propuestas y su tramitación legislativa. Ambos han realizado de forma excelente su tarea. 
Un par de observaciones en cuanto al contenido. 
En primer lugar, las competencias de la Autoridad: debe existir una separación clara entre las labores de asesoramiento y las legislativas. 
La Autoridad tiene el deber de analizar y evaluar los riesgos de forma científica. 
Eso significa, por tanto, que el funcionamiento final del sistema de alerta rápida debe depender de la Comisión Europea. 
Señor Presidente, la legislación y el paquete de tareas que están ahora ante nosotros, constituyen sólo un primer paso. 
Abogo por su ampliación en el futuro. 
Señor Presidente, con el voto de hoy y gracias al trabajo realmente excepcional de nuestro ponente, estamos dando un paso fundamental para responder a las expectativas y quizás a las angustias de la opinión pública europea. 
Para muchos ciudadanos comer no sólo significa alimentarse, sino que es mucho más: es una elección consciente, relacionada con la calidad de vida, un acto que encuentra sus raíces más profundas en las costumbres culturales y culinarias regionales. 
No cabe duda de que el deber prioritario y absoluto de la Unión es garantizar la máxima seguridad de los alimentos a lo largo de los distintos eslabones de la cadena de producción y de distribución; sin embargo, entre sus cometidos también está la protección y la valorización de las producciones regionales típicas, así como una correcta información sobre los alimentos existentes en el mercado para que el consumidor pueda hacer su elección con pleno conocimiento y sentido crítico. 
Desde este punto de vista, me parece importante resaltar que las enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente aportan significativas mejoras a la propuesta de la Comisión y esto vale tanto para la parte que se refiere a los principios generales de la legislación como para la que se consagra a la puesta en funcionamiento de la Autoridad europea destacando aún más, si cabe, el papel que las pequeñas y medianas empresas deben poder desempeñar en la valorización de una producción de calidad. 
En conclusión, me voy a detener en la elección de la sede de la futura Autoridad. 
Cada uno de nosotros tiene su sede ideal y desde luego no será la definición de una serie de criterios más o menos vinculantes la que nos ayude a solucionar el problema y mucho menos el que fija el puesto en la clasificación de buenas prácticas medioambientales. Una vez garantizadas la independencia y la accesibilidad logística de la Autoridad, considero importante que la sede se elija sobre la base de una consulta reforzada siguiendo el ejemplo de lo ocurrido para la capital europea de la cultura. 
Por lo tanto, al votar la enmienda 215, pedimos el procedimiento de codecisión. 
Señor Presidente, Señorías, con esta elección Europa responde a las preocupaciones de sus ciudadanos por la seguridad alimentaria, en su acepción más amplia, para proteger ante todo la salud de las enfermedades, las intoxicaciones, los fraudes, los escándalos, las nuevas fronteras de la ciencia. 
Sin embargo, la creación de la Autoridad debe tomar dos medidas: la primera, evitar la burocratización, las tentaciones centralistas y en cuanto a la segunda, Europa ya ha sido acusada de pretender la desaparición de los productos típicos, tradicionales aplicando normas higiénicas y sanitarias, de elaboración y conservación, incluso en el momento del consumo, inadecuadas, rígidas y excesivas, válidas para productos estandarizados, estériles, de la gran industria, no aptas para productos de calidad ligados al territorio como los de mi Valle de Aosta y del resto de los Alpes tales como quesos, embutidos y demás. 
Pensar que en la montaña se pueda imitar la fábrica de quesos o el matadero de la llanura, de grandes dimensiones, aumenta la incomprensión hacia Europa. 
¡Qué esta advertencia sea recordada por la Autoridad! 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe Whitehead sobre la instauración de una Autoridad alimentaria europea para la seguridad alimentaria nos parece que va en la buena dirección, tanto en lo que respecta a su análisis de la situación, que ha llevado a la propuesta de creación de esta Autoridad, como por las misiones que le sean confiadas y como por el método propuesto para facilitar un funcionamiento óptimo. 
Es necesario recordar que esta iniciativa resulta desafortunadamente de una serie de escándalos repetidos, vinculados al productivismo agrícola, por una parte, y al monopolio de la gran distribución, por otra, los cuáles han conducido a una agricultura industrial higienista, pero no han impedido el desarrollo de derivas escandalosas, como los pollos con dioxinas, el tráfico de productos veterinarios de todo tipo, y sobre todo la crisis de fondo de la EEB. 
Poner remedio a todo esto es uno de los objetivos principales de esta agencia para garantizar la salud y la seguridad del consumidor desde la "horca al tenedor". 
Ésta debe tener un doble papel: garantizar la seguridad a lo largo de la cadena alimentaria y también la calidad de cualquier producto destinado al consumidor. 
Para ello, trabajará por encima de las instituciones, ya que cualquier ciudadano debe tener derecho a una alimentación sana y sin riesgos. 
Sólo falta que, como el profesional, sea consciente de las reglas que ello implica y del coste que representa. 
Para aplicar los principios de transparencia y de seguimiento con toda independencia, la Autoridad alimentaria deberá ya desde el inicio del año próximo proponer principios que desarrolle correctamente ese documento. 
Debe poder proporcionar los elementos de análisis sobre cualquier producto, incluidos los organismos genéticamente modificados, las vacunas y los pesticidas que pueden, en cualquier momento, entrar en la cadena alimentaria. 
El fracaso del higienismo como único criterio de referencia ha quedado probado con el escándalo de las harinas de origen animal. 
Una agencia así debe poder dar una lista de buenas prácticas, de marcas a productos que tengan características específicas locales, cualidades de granja, en lugar de hacerlo sólo a normas industriales que no impiden ni la salmonela ni las epidemias dramáticas. 
Su principal misión es sobre todo un papel de coordinación de las agencias nacionales para que todas reconozcan las mismas referencias y su papel de evaluación científica y de prevención de riesgos goce de una publicidad suficiente ante la población. 
Queda entendido que ésta debe exigir los mismos controles y reglas de rastreabilidad para todos los países de la Unión, tanto para sus exportaciones como para sus importaciones o su consumo. 
En cuanto al lugar, tiene poca importancia a partir del momento en que todos respeten la transparencia y la rastreabilidad. 
Señor Presidente, el Sr. ponente ha realizado una labor increíble y quiero darle mi enhorabuena y la de mi Grupo. 
Sin embargo, quiero hacer algunos comentarios. 
No creo que hayamos apreciado con la seriedad debida la complejidad de los acontecimientos provocados por los escándalos que hoy nos hacen debatir sobre esta nueva legislación. 
No hemos apreciado correctamente la postura que han mantenido frente a los hechos y a los cambios, miembros políticos, técnicos y tecnócratas de los Estado miembros y servicios de alto nivel con su silencio, encubriendo los hechos, con falsas interpretaciones, con falta de acción, con el recurso en interés propio a la libertad de mercado. 
¿Se nos ha olvidado todo esto? 
Todo esto lo hemos constatado también en los informes del Parlamento. 
Ante esto necesitamos intervenciones políticas fuertes, con objetivos comunes, criterios comunes, medidas comunes para tener una política común. 
Sin embargo, con lo que están ustedes debatiendo hoy dan algunos pasos hacia adelante, adoptamos ciertos principios y algún servicio. 
El servicio no es una autoridad (authority) , es más o menos un servicio consultivo intergubernamental. 
Frente a una "Interpol" que queríamos para los alimentos, sólo tendremos consejeros. 
No es que sea malo, sino insuficiente, señor Presidente. 
De cualquier forma se corresponde con el carácter intergubernamental de la Unión. 
Señor Presidente, no está nada claro lo que estamos debatiendo sobre el mercado internacional y la libertad de mercado en concreto. 
No se trata sólo de lo que exportamos, sino también de lo que importamos para la seguridad alimentaria. 
Aún no hemos aprobado el tratado sobre la bioseguridad como para poder apelar legalmente al principio de la prevención frente a los "predicadores" de la libertad del mercado. 
Siempre estaremos bajo la amenaza del recurso a la OMC. 
Además, si no me equivoco, hace poco hemos empezado a hablar sobre la carne con hormonas de América. 
Así pues, todo esto limita el papel del servicio sobre el que estamos discutiendo. 
Con todo, es un servicio valioso. 
Debemos garantizar que tenga opinión, opinión propia, y que, incluso cuando no se le pida, pueda informar y publicarla, especialmente cuando esté en desacuerdo con quienes tienen la responsabilidad de gestionar los peligros. 
Esto puede traer una corriente de debate y de información mejor y me imagino que causará ciertas reservas entre aquellos a los que les interesaría que se repitiera todo lo sucedido con los escándalos. 
Sin embargo, señor Presidente, todavía tengo una reserva. 
¿Qué es lo que va a poder hacer este servicio en relación con los servicios nacionales correspondientes y en relación con los programas de acción, frente a cualquier crisis, la próxima crisis, que espero que no veamos nunca. 
Señor Presidente, señor Comisario, encefalopatía espongiforme bovina, dioxinas, fiebre aftosa, son las lacras que azotan Europa, y ello con un encadenamiento que provoca el pánico entre los consumidores de los Estados miembros. 
La incuria de algunos Estados ha favorecido, por no decir agravado, el impacto de estas calamidades. 
¿Cómo oponerse a la creación de una agencia alimentaria europea ante la inquietud creciente de los consumidores, inquietud exacerbada por un tratamiento mediático que ha rozado el sensacionalismo? 
Sin embargo, este proyecto de agencia habla ya de Autoridad alimentaria y es ahí donde comienzan mis temores. 
¿Será un escalón tecnocrático europeo suplementario, uno más? 
¿Va a prevalecer esta autoridad sobre las agencias de seguridad alimentaria nacionales, con las derivas tentaculares que se producen en la mayor parte de los casos, o esta Autoridad actuará sencillamente en el ámbito de la coordinación, algo que yo deseo, dejando a los Estados miembros el poder para gestionar ellos mismos la seguridad alimentaria? 
En este sentido, es demasiado fácil despreciar el voto irlandés, porque es significativo de la aspiración de los pueblos europeos, y Europa, no lo olvidemos, si pretende perdurar, sólo puede construirse con la aquiescencia de los pueblos. 
Señor Presidente, señor Comisario, una Autoridad fuerte que pueda valerse de todas las experiencias, capacidades y profesionalidades que abundan en Europa: si éste es el principio aceptado y compartido en materia de Agencia Alimentaria Europea, el principio de separación entre evaluación y gestión de los riesgos está, a mi modo de ver, destinado a no resistir mucho sea como tiempo sea como finalidad. 
En esta lógica, la creación de la Agencia Alimentaria Europea supone un resultado de alto nivel, un primer paso hacia una regimentación de la protección y de las exigencias, así como de los temores que abrigan los consumidores. 
Para concretar esto, la operatividad, el objetivo de la Agencia Alimentaria Europea se debe extender a un conocimiento profundo y real de todos los factores diseminados en la Unión Europea. 
Por lo tanto, la relación estrecha y positiva con las estructuras apropiadas dentro de los Estados de la Unión parece indisoluble y fundamental. 
Asimismo, se convierte en difícil pensar que la salud de los animales se aparta o se separa de la salud pública de carácter general. En consecuencia, salud de los animales, pero también salud del mundo vegetal, organismos modificados genéticamente y, no por ser menos importante, etiquetado. 
Precisamente a través de la acción de la Agencia Alimentaria Europea se debe concretar, en mi opinión, el concepto europeo de trazabilidad: un hilo que se desanuda a través de todas los procesos de producción, transformación industrial y comercialización. 
Si no logramos imponer esta trazabilidad al servicio del ciudadano, desaprovecharemos inevitablemente una gran oportunidad de transparencia y una acción política para demostrar lo muy cerca que estamos de las necesidades de nuestros conciudadanos europeos. 
Señor Presidente, al igual que todo el mundo, quiero dar mi más sincero apoyo al Sr. Whitehead por el extraordinario trabajo que ha realizado. 
También quiero apoyar al Sr. Whitehead en su propuesta de que el Consejo decida sobre la sede tras escuchar a la Comisión y al Parlamento. 
Esta decisión debería adoptarse ya en la cumbre de Gotemburgo, sin más dilación. 
Aquí se han presentado algunos deseos en el sentido de que la futura Agencia debería empezar a funcionar ya a principios del próximo año. 
Si queremos que se trate de una agencia que verdaderamente se centre en las tareas que de ella se esperan, también hay que sacrificar tiempo para los preparativos de su creación. 
Claro que la sede no es el aspecto más importante de esta Agencia, pero simpatizo mucho con las ideas expuestas por la comisión parlamentaria en cuanto a que habría que prestar especial atención al lugar que se elija como sede de esta Agencia en particular. 
Tampoco es desdeñable el criterio de que la sede sea emplazada en el país que tenga menos causas pendientes en materia de seguridad alimentaria ante el Tribunal de Justicia de la UE. 
Éstas son cuestiones que interesan a los ciudadanos. 
Debemos encargarnos de que la Agencia cuente con los recursos necesarios, además de económicos, también científicos y de capacitación del personal. 
La Autoridad debe ser independiente y debe tener contactos fluidos con la comunidad científica. 
Son indispensables la transparencia y una política de nombramientos basada en los méritos. 
Debe tratarse de una agencia de expertos en la que podamos confiar aquí en el Parlamento, que cuente con la confianza de los ciudadanos y que dé cuenta tanto de las amenazas y riesgos existentes, como de los progresos que se hagan en el ámbito de la seguridad alimentaria. 
Señor Presidente, Señorías, establezcamos cuanto antes esta Autoridad, tal como figura en el excelente informe del colega Whitehead. 
Entonces existirá, espero, una buena colaboración entre la Unión y los Estados miembros. 
En cuanto al análisis de riesgos, lo que es seguro y lo que no lo es, contamos con una mejor base científica para establecer soluciones. 
En lo que al control respecta, éste puede efectuarse desde la agencia de Dublín. 
Lo que resta es la política, algo que hemos reservado para nosotros, la gestión del riesgo, ámbito en el que la Comisión Europea y el Parlamento deben colaborar, aunque todavía estamos demasiado lejos de ello. 
Debemos tener normas europeas claras y métodos europeos de medición. 
Los Estados miembros y la Unión deben tener un sistema conjunto que funcione. 
Las crisis nos han demostrado que éste no es el caso, que la Comisión tiene muy poco poder en este ámbito. 
Supongo que tenemos que poner marcha la Autoridad durante la Presidencia belga, pero durante esa misma Presidencia también tenemos que dar un paso muy importante adelante en la dirección de una verdadera política comunitaria conjunta europea en materia de seguridad alimentaria. 
Señor Presidente, Señorías, quiero elogiar al ponente y al ponente en la sombra. 
Han presentado con seriedad y precisión un excelente trabajo. 
Creo que con ello hemos dado el pistoletazo de salida para lograr una mayor seguridad en los alimentos en la Unión Europea. 
Como ponente para las disposiciones higiénicas específicas, solamente puedo trabajar sobre unas ideas claras y unívocas y aquí se incluye también que el Parlamento nunca ha cuestionado el fundamento jurídico de un reglamento. 
Subrayo esto en especial pues en el Consejo existen también otras ideas. 
Por ello, quiero subrayar de nuevo que para estas regulaciones y para las otras cinco regulaciones solamente puede aplicarse el Reglamento sobre Fundamentos Jurídicos. 
No podríamos aceptar otra cosa. 
Naturalmente, los reglamentos exigen unas modificaciones de gran calado en la legislación alimentaria de los países pero creo que sólo así se podrán superar las contradicciones y lagunas. 
Sin duda, el enfoque del reglamento de involucrar más intensamente a los productores de alimentos en la seguridad y calidad de su producto es acertado, pero del mismo modo se deben intensificar las tareas estatales en las actividades de control. 
Esto afecta al volumen y cantidad de los controles y también a la calidad. 
Se deben aumentar los conocimientos específicos y materiales de los controladores. 
No es adecuado aquí el personal auxiliar y los recortes realizados en los últimos tiempos en los créditos financieros deben anularse. 
Respecto a la Autoridad Alimentaria quiero dar especial importancia a que se deben delimitar con claridad las tareas de esta autoridad. 
La seguridad en los alimentos debe ser el punto central, limitado al sector del análisis de riesgos. 
Por lo que no debemos incluir aquí todos los sectores que van más allá, como la calidad, valor nutritivo, etc. 
Se discute mucho sobre el emplazamiento de la Autoridad. 
El Parlamento- tanto si participa en la codecisión o no- ha marcado unos claros criterios que deben respetarse y quisiera indicar que no podemos permitir de nuevo un dilema como en Dublín, es decir, que la Autoridad no pueda trabajar porque las condiciones marco no son las correctas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera en primer lugar dirigirme a nuestro ponente para darle las gracias y felicitarlo por la importancia y la calidad del trabajo que ha realizado. 
Este reglamento, por el que se instituye la Autoridad alimentaria europea contribuirá, espero, a devolver la confianza a los consumidores europeos. 
Me parece también de la mayor importancia que esta Autoridad, que debe constituir la llave maestra de la estrategia de la Unión en materia de seguridad alimentaria, pueda ser operativa lo más rápidamente posible, y en cualquier caso a principios del año próximo. 
El ponente tiene toda la razón al señalar la necesidad de distinguir en las tareas y las responsabilidades que dependen de la futura autoridad de las que incumben a la Comisión. 
Así, debe quedar totalmente claro que si la Autoridad asegura el funcionamiento diario del sistema de alerta rápida, de esa herramienta esencial en materia de valoración de los riesgos, es la Comisión, es decir, quien tiene la capacidad de decisión política, la que debe conservar la responsabilidad de la gestión de los riesgos, es decir, el control de las medidas que hayan de adoptarse. 
En el mismo sentido, es preciso afirmar que si la Autoridad debe ilustrarse mediante la competencia y la independencia científica de sus expertos, no dispone sin embargo de ninguna legitimidad política propia. 
En este sentido, se permite lamentar el abandono de la denominación de agencia, más aún, directamente calificar esta estructura cuyas competencias deben seguir siendo de orden técnico o científico, y en ningún caso de orden reglamentario o ejecutivo. 
Por ello, me parece pertinente tal como propone la Comisión situar a esta Autoridad bajo la triple tutela de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo. 
Finalmente, quisiera señalar, como han hecho otros colegas antes que yo, que sin una reorientación de nuestras decisiones y de nuestras políticas comunes en materia agrícola, ninguna autoridad, aunque sea la más eficaz, podrá poner una barrera a crisis profundas como las que hemos vivido recientemente. 
Señor Comisario, Señorías, en primer lugar, quiero felicitar al Sr. Whitehead por su buen trabajo y sus aportaciones al Reglamento. 
Quisiera referirme a dos de los temas controvertidos del Reglamento: el procedimiento de elección de la sede y los criterios. 
La propuesta de reglamento no designa ninguna sede ni nombra candidatos; en el artículo 63 se fijan los criterios que debería cumplir cualquier nominación y además se establece el procedimiento de elección. 
Creo que es acertada la propuesta del ponente de que la decisión sobre la sede de la autoridad la decida el Consejo, previa consulta a la Comisión y al Parlamento Europeo. 
Sin embargo, me parece inadecuado que a los criterios de independencia e integridad, criterio científico, infraestructuras adecuadas y acceso fácil, respecto a la comunicación, se añada el criterio de que sea condición indispensable para la elección de la sede el número de causas pendientes del Estado miembro ante el Tribunal de Justicia. 
Yo quisiera saber, señor Comisario, qué piensa de este nuevo criterio, que a mi entender es discriminatorio. 
Quedarían descartadas de antemano las candidaturas de Francia, de Italia y la de Barcelona. 
Creo que este nuevo criterio no tiene sentido y que no se ajusta al objetivo de la futura Autoridad Alimentaria que es, sobre todo, la protección del consumidor y de la salud. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero sumarme a las felicitaciones dirigidas al Sr. Whitehead por el buen trabajo realizado. 
Él se ha mantenido en la inteligente línea adoptada ya por el Sr. John Bowis en su propio informe. 
El Parlamento Europeo ha asumido, por medio de sus respectivas ponencias, la parte de responsabilidad que le corresponde en la tarea de recobrar la confianza de los consumidores europeos y de garantizar la seguridad alimentaria. 
La parte más significativa de la propuesta de reglamento que nos ocupa es la creación de la Autoridad Alimentaria. 
Estoy muy satisfecha por el hecho de que la comisión parlamentaria decidiera, a propuesta del Sr. Whitehead, introducir de nuevo los criterios que, a partir de una iniciativa mía, fueron ya aprobados en el debate sobre el informe Bowis en octubre del año pasado. 
La sede debe tener buena reputación en el ámbito de la seguridad alimentaria, con el fin de que la Autoridad despierte confianza en los más de 300 millones de consumidores europeos. 
La sede no debe poner en peligro la independencia e integridad de la Autoridad y debe contar con buenas infraestructuras a nivel científico y con las instalaciones necesarias en el ámbito de la seguridad alimentaria. 
Debe ubicarse en un lugar de fácil acceso, tanto en lo que se refiere al transporte como a las telecomunicaciones. 
La sede tiene un peso especial, pues el mismo Grupo Socialista se oponía todavía en octubre al establecimiento de estos criterios. 
Ahora parece que, bajo la dirección del Sr. Whitehead, también ellos comprenden lo importante que es concretar las cosas que esperamos de la futura Agencia de Seguridad Alimentaria, así como establecer los criterios de elección de la sede. 
Cabe esperar, en interés de los ciudadanos de toda la UE, que estos criterios también se cumplan cuando el Consejo adopte la decisión al respecto. 
Según el acuerdo alcanzado previamente en el Parlamento, no se apoyarán aquellas propuestas que se inclinen de forma expresa por algún lugar en concreto. 
Debemos mantener esta línea. 
Señor Presidente, quiero concluir lamentando profundamente que el Consejo no sea capaz de adoptar una decisión con la suficiente rapidez, al menos eso parece. 
Así las cosas, existe el peligro de que haya que aplazar la fecha prevista para la creación de la Autoridad. 
La creación de la Autoridad Alimentaria no debe ser una cuestión que haga tambalearse aún más la confianza de los ciudadanos, bien lanzando paquetes políticos sobre soluciones dispares, o- aún peor- creando la impresión de que en el seno del Consejo se llevan a cabo componendas políticas, cosa que debería pertenecer claramente a la política del pasado. 
Señor Presidente, antes de nada mis sinceras felicitaciones a Phillip Whitehead. 
Los alimentos deber tener calidad, pero, en primer lugar, deben ser seguros. 
Los consumidores deben poder confiar en que los controles son los adecuados. 
Actualmente, la confianza cada vez tiene más carácter nacional, y eso constituye, en mi opinión, un paso atrás. 
El mercado interior implica un gran beneficio, pero solamente puede funcionar conforme a normas y reglas comunitarias, y hoy introducimos una buena base para ello. 
La trazabilidad, la responsabilidad civil, el compromiso, la previsión, son principios esenciales. 
Los productores deben ser responsables de una calidad óptima en cada fase de la cadena alimentaria. 
No obstante, esa responsabilidad también debe ser clara. 
El rapid-alert-system debe continuar teniendo carácter político. 
Tenemos que garantizar que los alimentos importados de terceros países sean tan seguros como los alimentos producidos aquí, pero la seguridad alimentaria no puede constituir un pretexto para el proteccionismo. 
Requiere controles buenos y justos, pero también un planteamiento comunitario y mundial. 
En materia alimentaria, a veces se ven involucrados los sentimientos. 
La política no puede ni debe negarlos, pero sí debe tener en cuenta los hechos que los provocan. 
La Autoridad Europea debe constituir un paradigma de objetividad. 
La Autoridad Europea debe colaborar con las autoridades nacionales, eso es, por supuesto, algo obvio. 
No obstante, no debemos cortar las alas de antemano a la Autoridad Europea. 
No queremos que exista un impasse entre las autoridades nacionales y la europea. 
La Autoridad Europea debe emitir un dictamen único basado en razonamientos científicos cuando surjan diferencias de opinión con una o más autoridades nacionales. 
Al fijar los principios generales de la legislación alimentaria, sentamos las bases para que haya calidad, y durante los próximos años trabajaremos más en ese sentido. 
El bienestar de los animales debe contar y la calidad de nuestros métodos de producción debe mejorar. 
Tenemos que atrevernos a acometer una reforma real de nuestra política agrícola. La calidad y la seguridad de los alimentos deben constituir la parte central de la misma. 
Señor Presidente, hoy hablamos sobre el reglamento marco que establece por primera una definición de alimento, que fija los principios de la política alimentaria y que contempla en el mismo documento la creación de la Autoridad Alimentaria que debe encargarse de dar un fundamento científico serio a esta política. 
Este informe fue aceptado por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente, por lo que felicito al ponente, ya que ello demuestra que ha sabido distinguir convincentemente entre cuestiones principales y secundarias. 
Así mismo, mis felicitaciones a la Comisión, ya que ello también significa que esta institución nos ha presentado una propuesta seria de forma adecuada. La apuesta es grande. 
Se trata de garantizar al máximo la seguridad alimentaria, del funcionamiento adecuado del mercado interior, de las importaciones y exportaciones, y de la confianza del consumidor en todos los productos ofertados en el mercado interior- tal como muy bien ha subrayado la oradora anterior-. 
El consumidor ha perdido una gran parte de su confianza. 
Tenemos que dar razones objetivas a la población para que recupere esta confianza. 
Un factor importante será el prestigio que adquiera la Autoridad Alimentaria Europea, ya que podemos llamarla Autoridad, pero finalmente será ella misma la que tenga que ocuparse de infundir realmente autoridad a los consumidores, productores y también las autoridades nacionales. 
La estructura de esta institución, la forma de trabajar, la calidad de sus colaboradores, la independencia, pero también su habilidad para formar redes deben tener cabida aquí. 
Espero que este proyecto tenga éxito. 
Espero que la Presidencia belga consiga terminarlo, o que casi lo termine, y espero que en el Parlamento también tendremos el valor de someter nuestras enmiendas al control científico de esta Autoridad Alimentaria. 
Señor Presidente, Señorías, la Autoridad de Control Alimentario no se encuentra solamente hoy en el punto de mira de la opinión pública sino que en el futuro próximo deberá hacer justicia a las elevadas metas que se le han marcado. 
No va a ser competente para las actuaciones criminales, negligencias u ovejas negras. 
En el debate a veces tengo la sensación de cómo si se hubiese inventado de nuevo la rueda sobre la seguridad en los alimentos. 
No es así, creo por el contrario que en nuestros países miembros jamás habíamos podido elegir entre una oferta tan rica y segura. 
La seguridad en los alimentos no se puede controlar. 
Hay que producirla. 
Por ello estoy a favor de medidas claras y estrictas. 
Desde el productor hasta el consumidor, desde el establo hasta el mostrador de la tienda y si así quieren desde la horquilla del estercolero hasta el tenedor de la mesa, todos los aspectos de la cadena de producción de alimentos, empezando en las prestaciones agrícolas previas, siguiendo por el procesamiento en la industria alimentaria, la venta al consumidor final así como la oferta en restaurantes, cantinas, etc., deben quedar sometidos a un control aún mucho más estricto. 
Se debe garantizar poder seguir hacia atrás los alimentos hasta su origen siguiendo toda su cadena de producción. 
Esta mañana- y quizás también en el futuro- mantenemos un debate sobre este tema de la Autoridad de Control Alimentario. 
Nos preguntamos si debe tratarse de Agencia o de Autoridad, discutimos sobre su emplazamiento y sobre cómo debe ser la delimitación de competencias respecto a las autoridades nacionales o cómo se va a entrelazar el trabajo. 
Last, not least, también se trata de las potestades de esta Autoridad. 
Mis electores me van a preguntar si esto no va a ser un nuevo tigre de papel y si se va a lograr preservar la diversidad de los alimentos condicionada culturalmente respetando realmente las normas de seguridad y de higiene. 
Deseo mucho éxito a esta nueva institución y que dentro de muy poco tiempo, en el próximo escándalo, nos encontremos de nuevo con las manos vacías. 
Señor Presidente, señor Comisario, en tiempos no muy lejanos, lo que los europeos más temían era el hambre. 
El hambre constituía, junto con la guerra y la peste, uno de los tres miedos apocalípticos que recorrieron la historia de Europa desde la Edad Media. 
Los tiempos cambiaron radicalmente en lo relativo al hambre, no para todo el mundo, por desgracia, sino para la Europa de los Quince. 
Una alimentación abundante es una de las conquistas de la época moderna en Europa, así como una alimentación de una calidad higiénica muy superior a la que prevalecía hasta hace poco tiempo. 
A pesar de eso, la seguridad y la calidad de los alimentos se han convertido súbitamente en uno de los principales motivos de inquietud, miedo e incertidumbre entre los exquisitos consumidores europeos. 
De hecho, enfermedades brutales e implacables ante las cuales la medicina se revela impotente, como la encefalopatía espongiforme bovina, son consecuencia de la industrialización ciega y antinatural de la producción alimentaria. 
Es necesario acabar con situaciones como ésta, en particular mediante la modificación urgente y profunda de la Política Agraria Común europea. 
La legislación y la estrategia que adoptar en la esfera de la seguridad alimentaria son decisivos para la Unión Europea y para su credibilidad. 
Deben constituir una de sus mayores prioridades políticas y legislativas. 
La propuesta de reglamento en examen representa el pilar principal de un edificio legislativo destinado a garantizar un elevado nivel de protección de la salud y a devolver la confianza a los consumidores. 
La pieza capital de esa legislación consiste en la creación de una autoridad alimentaria europea funcional dotada de grandes capacidades científicas y de una gran independencia y autonomía. 
Para garantizar la seguridad alimentaria es, de hecho, indispensable que no haya faltas en toda la cadena alimentaria y que se descubran los riesgos precozmente. 
Es indispensable que haya un control riguroso desde la explotación agropecuaria hasta la mesa del consumidor. 
A eso se debe la necesidad de una autoridad alimentaria prestigiada y reputada. 
Las propuestas de la Comisión están bien formuladas, hay que reconocerlo. 
Son buenas, útiles y bien estructuradas, requieren tan sólo algunas aclaraciones, como se ha dicho. 
No tiene sentido ni nos dignifica que nos dividamos, por ejemplo, sobre la composición del Consejo de Administración, sobre la designación de la Autoridad o sobre su sede. 
El informe del Sr. Phillip Whitehead es equilibrado y sensato, por lo que merece mi apoyo. 
Señor Presidente, en su elocuente introducción el ponente se ha referido a la importancia de que se centre la atención bien y ha reafirmado la importancia de que la palabra "seguridad" figure en el título de esta Autoridad, cosa que apoyo totalmente. 
Quisiera subrayar una palabra diferente del título, que es "autoridad", porque reviste importancia decisiva que sea un órgano al que el resto de la UE podamos respetar. 
Ésa es la razón por la que presenté una enmienda en comisión sobre la ubicación de esa nueva Autoridad, en la que se dice que "para incentivar el cumplimiento de la legislación de la UE, la sede deberá fijarse exclusivamente en uno de los seis primeros Estados miembros por lo que se refiere al menor número de casos pendientes ante el TJE por presuntas infracciones de la legislación de la UE". 
Dicha enmienda fue aprobada en comisión sin oposición y me sorprende y defrauda un poco que a algunos de Sus Señorías les disguste hoy dicha enmienda. 
El caso es que ciertos países votan a favor de la legislación de la UE y después pura y simplemente la pasan por alto. 
Esa hipocresía tiene que acabar. 
Votando esa enmienda ahora como parte de la enmienda nº 188, el Parlamento expresaría con claridad la opinión de que esos Estados miembros no pueden aspirar a los beneficios que entraña la condición de anfitrión de las nuevas agencias, si no están dispuestos a cumplir con sus obligaciones. 
No es una propuesta malintencionada. 
Es una propuesta basada en los principios. 
Las agencias europeas existen para ser defensoras de la legislación de la UE y dar ejemplo a los demás, imponer respeto e inspirar confianza. 
Esa función resultaría menoscabada, si no se ve a los Estados miembros como los adalides de la legislación de la UE que deben defender. 
Tenemos una posibilidad hoy y en la votación de mañana para dar una señal muy clara. 
¿Qué señal queremos dar? 
¿Queremos decir que la defensa de la legislación de la UE no importa o queremos decir que importa en realidad mucho? 
Insto a la Asamblea a que dé una señal muy clara, una señal muy positiva, a que vote "sí" a esta enmienda y que sea un voto claro y sin ambigüedades. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al ponente, Sr. Philip Whitehead y a los demás ponentes, Sres. Pesälä, Folias, Hudghton, Kuckelkorn, Pomés Ruiz, y a la Sra. Gebhardt y a sus comisiones su informe sobre la propuesta de una legislación general relativa a los alimentos y la creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 
Agradezco la excelente labor que se ha hecho y quisiera agradecer también a los participantes, incluido mi personal, la rapidez con que se ha tramitado esta compleja propuesta. 
También quisiera agradecer a los diputados aquí presentes esta mañana sus generosas observaciones en relación con la labor llevada a cabo por la Comisión. 
Esta propuesta es la piedra angular de la estrategia europea en materia de seguridad alimentaria, que establece los principios, requisitos, procedimientos y estructuras organizativas para la futura formulación de la legislación alimentaria y, en particular, la seguridad alimentaria. 
Como habrán visto Sus Señorías en la propuesta, la Comisión tuvo en cuenta cuidadosamente el informe Bowis del Parlamento acerca del Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria. 
El proyecto de informe Whitehead apoya la propuesta de la Comisión en general, pese al gran número de enmiendas presentadas. 
Gran parte de ellas son de redacción y no cambian su significado global. 
Sin embargo, en relación con algunas cuestiones importantes el informe no apoya el objetivo de la Comisión; son las siguientes: el ámbito de competencias de la Autoridad; la composición de la Junta Directiva; el sistema de alerta rápida; los procedimientos en caso de discrepancia en las opiniones científicas; las enmiendas que podrían menoscabar la capacidad de la Comunidad para negociar en los foros internacionales; y algunas enmiendas que se apartan del carácter horizontal de esta propuesta. 
Como hay gran número de enmiendas, voy a abordarlas sin demora. 
De las 189 enmiendas que figuran en el informe de la Comisión de Medio Ambiente y las 26 presentadas en Pleno, la Comisión puede aceptar totalmente o en principio más de la mitad. 
Sería poco práctico que ofreciera a Sus Señorías un análisis detallado de cada una de ellas, por lo que voy a centrarme en las cuestiones más importantes, en particular aquellas en relación con las cuales la Comisión no puede aceptar la enmienda propuesta. 
El artículo 95 como fundamento jurídico de esta propuesta, que permite la participación plena del Parlamento en el procedimiento de codecisión, contó con un respaldo muy firme durante los debates aquí celebrados y ha recibido pleno apoyo de la Comisión y de los servicios jurídicos del Consejo. 
Así, pues, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms 4 o 209, que cambian o amplían el fundamento jurídico. 
Varias enmiendas se refieren a la higiene de los alimentos. 
No podemos aceptarlas en este amplio marco horizontal, que abarca no sólo la higiene, sino también los contaminantes, los aditivos, los materiales en contacto con los alimentos y muchas cosas más. 
Asimismo, las enmiendas núms. 59 y 72 son demasiado detalladas para un texto horizontal. 
No podemos aceptar las enmiendas núms 11 y 202 sobre concesiones para las PYME, pues los consumidores deben gozar de la misma protección en lo relativo a los alimentos producidos por PYME. 
Tampoco podemos aceptar las enmiendas núms. 26, 40, 50 y 193, que amplían el ámbito de aplicación de la reglamentación a la calidad de los alimentos. 
No es ése el instrumento jurídico adecuado, pues se está trabajando aparte a ese respecto. 
El ámbito de aplicación de la reglamentación abarca los métodos engañosos, pero no el fraude financiero entre comerciantes. 
Así, pues, sólo podemos aceptar parcialmente la enmienda nº 49. 
Hemos mantenido los requisitos en materia de seguridad alimentaria aparte de otros intereses de los consumidores. 
Así, pues, podemos aceptar en principio la enmienda nº 57: no en el artículo 8, relativo a los intereses de los consumidores, sino en el artículo 12, que abarca los requisitos en materia de seguridad alimentaria. 
No podemos aceptar la enmienda nº 214 al artículo 12, que exige que el valor calórico y la composición de un alimento entre a formar parte de una evaluación de la inocuidad. 
No aceptamos una serie de enmiendas sobre las definiciones. O bien se compromete el carácter horizontal del texto, el cambio propuesto es redundante o inexacto en relación con la utilización del término en el texto o figura ya en otra definición. 
Podemos aceptar la parte de la enmienda nº 38 que introduce la distribución, pero no la parte sobre la puesta en circulación. 
De la enmienda nº 45 podemos aceptar el cambio de la definición de producción primaria, sujeto a examen de la redacción. 
Hay varias enmiendas que podrían menoscabar la capacidad de la Comisión para negociar en el Codex Alimentarius o no se ajustan a los acuerdos internacionales que ya ha subscrito la Comunidad. 
Así es, en particular, en el caso de las enmiendas que intentan reformular definiciones internacionalmente aceptadas por cuya aceptación nos hemos esforzado o en las que los cambios no están en consonancia con la comunicación de la Comisión sobre el principio cautelar, aprobada por el Consejo y el Parlamento. 
Por ejemplo, en la enmienda nº 53 se intenta reformular lo que figura en los acuerdos de la OMC sobre los casos en que está justificado un análisis de riesgos. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda nº 54, que nos obligaría a aceptar otros factores internacionales legítimos. 
No existen tales factores en este momento. 
La enmienda nº 52 es también inaceptable por sus repercusiones para nuestras obligaciones internacionales; es contraria a los derechos y obligaciones en el marco de la OMC. 
Aunque podemos aceptar el concepto de la enmienda nº 84, debe figurar en el artículo 5. 
Problemas similares plantean las enmiendas núms. 55 y 56 sobre el principio cautelar. 
No podemos aceptar la enmienda nº 55, pues es apropiado conservar cierta discrecionalidad sin un requisito vinculante para actuar y tal vez no adoptar medidas como acciones satisfactorias en materia de gestión de riesgos. 
Era algo que formaba parte de la comunicación de la Comisión, aprobada por el Parlamento y el Consejo, por lo que contradice posiciones aprobadas anteriormente por esta Asamblea. 
Aunque muchos de los aspectos de la enmienda nº 56 reflejan dichas posiciones, el texto es demasiado detallado y nuestra opinión jurídica es la de que causaría problemas en un reglamento legalmente vinculante. 
No podemos aceptar la enmienda nº 63, que obliga a que la labor de control y la vigilancia de los alimentos sean confidenciales. 
Toda confidencialidad necesaria figurará en el texto de control horizontal que se propondrá en un próximo futuro. 
Hay otras enmiendas relativas a la legislación general sobre los alimentos que podemos aceptar en principio y, una vez examinadas, ajustar a los principios y la orientación generales del texto. 
Sólo podemos aceptar la primera parte de la enmienda nº 61, que precisa mejor las responsabilidades legales de las empresas que producen piensos. 
En la enmienda nº 69 sólo podemos aceptar la referencia al transporte. 
Podemos aceptar la idea que figura en la enmienda nº 80 de que no se deben exportar los alimentos y piensos peligrosos, pero tendré que examinar la posible redacción al respecto. 
Dicha idea figura también en la enmienda nº 82, pero no podemos aceptar la parte de dicha enmienda que se refiere a la aceptación por el proveedor de la devolución de los productos, pues ello entraña una confusión de los significados jurídicos de importación y exportación. 
Las enmiendas núms. 70 y 75 sobre las denuncias de actuaciones ilegales son aceptables en principio, pero examinaremos la posibilidad de redactar un texto más apropiado. 
No podemos aceptar las enmiendas núms. 48 y 189, que son inapropiadas para la fecha de aplicación de las diferentes partes del texto. 
Por lo que se refiere a la enmienda nº 185, no sería posible disponer de un informe sobre la aplicación de los principios de la legislación alimentaria, porque las repercusiones de éstos tardarán bastante tiempo en notarse. 
Podemos aceptar, en principio, la enmienda nº 47 ampliando la definición de la clase de producción y distribución abarcada por el Capítulo II del Reglamento. 
Podemos aceptar, en principio, las enmiendas núms. 85 y 207 sobre la transparencia, siempre que quede garantizado que el texto se ajusta plenamente al protocolo del Tratado de Amsterdam sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad. 
En relación con el ámbito de competencias de la Autoridad de Seguridad Alimentaria, la enmienda nº 87 y las enmiendas núms. 88 y 187 conexas no son aceptables, porque reducen sus competencias a sectores que, como sabemos, tienen repercusiones en la seguridad alimentaria. 
Es necesario un amplio ámbito de competencias para no repetir el fallo cometido al no determinar la EEB como un riesgo para los seres humanos en la primera fase. 
Sin embargo, la enmienda nº 86, en la que se dice con claridad que la misión primordial de la agencia es la seguridad alimentaria, es aceptable. 
Quisiera subrayar aquí que se distribuyó para la declaración financiera la amplitud de la labor de la agencia que no está vinculada directa o indirectamente con la seguridad alimentaria y, de hecho, representa menos del 5%. Con esto paso a la enmienda nº 1. 
En este momento, no estamos en condiciones de aceptar la enmienda propuesta para incluir la palabra "seguridad". 
Sin embargo, dada la firmeza de las opiniones expresadas esta mañana en el Parlamento, es algo sobre lo que estamos dispuestos a reflexionar, reconsiderar y tal vez aceptar. 
No podemos aceptar la enmienda nº 91 por razones operativas. 
La enmienda nº 195 es aceptable en principio, sujeta a cambios para incluir las cuestiones relativas a los asuntos fitosanitarios en relación con los organismos perjudiciales en el panel científico sobre los productos fitoprotectores. 
La Comisión considera ahora que debe seguir encargándose del funcionamiento del sistema de alerta rápida y la agencia actuará como miembro de la red, por lo que no podemos aceptar las enmiendas núms. 15, 89, 94, 158, 159, 161, 162, 163 y 169. 
Podemos aceptar las enmiendas núms. 160, 164 y 166, sujetas a un examen de su redacción. 
La Comisión mantiene su propuesta original sobre la composición de la Junta Directiva de la agencia, que establecía un cuidadoso equilibrio entre la participación de representantes de las instituciones europeas: cuatro de la Comisión, cuatro nombrados por el Parlamento, cuatro del Consejo y cuatro representantes de los consumidores y la industria. 
Nuestro objetivo principal era- y es- el de que sea una Junta pequeña, funcional, que, mediante el equilibrio de su composición, pueda ser reconocida como independiente y, aun así, responsable ante las instituciones comunitarias. 
Por esa razón, no podemos aceptar las enmiendas núms. 
17, 18, 101, 194, 208 y 213. Tampoco podemos aceptar la enmienda nº 102, que elimina la posibilidad de miembros alternos de la Junta, o la enmienda nº 143, que insiste en que la Junta Directiva se reúna sólo en público, pues eso debe quedar al arbitrio de la propia Junta. 
Podemos aceptar las enmiendas núms. 103 y 105 sobre la Junta. 
También podemos aceptar la enmienda 106, que permite a la presidencia del Comité Científico participar en las reuniones de la Junta Directiva, siempre y cuando el texto diga "puede participar" para permitir flexibilidad en la administración de la Autoridad de Seguridad Alimentaria. 
Las enmiendas núms. 219, 221 y 222, relativas a la renovación de los mandatos del presidente de la Junta Directiva y de los miembros del Comité Científico, no son aceptables, porque son innecesariamente restrictivas. 
Las enmiendas núms. 107 y 220 sobre el nombramiento transparente del Director Ejecutivo por la Junta Directiva, tras una audición en el Parlamento, es aceptable en principio. 
Debo subrayar la necesidad de ser prácticos y velar por que el proceso parlamentario no cause demoras. 
Además, podemos aceptar varias enmiendas en principio, sujetas al examen de su redacción y a su ajuste con otros artículos. 
También podemos aceptar la parte de la enmienda nº 134 que hace pública la lista de los órganos científicos competentes para ayudar a la Agencia de Seguridad Alimentaria en su labor, aunque sin la supresión propuesta que obliga a los Estados miembros a designar dichos órganos. 
El resto de la enmienda nº 134, que versa sobre los países EEE/ALCE, es aceptable en principio, pero debe figurar en el artículo 48, relativo a la participación de terceros países. 
Podemos aceptar la enmienda nº 113 en parte, pero el Foro Consultivo no debe estar obligado a reunirse seis veces al año. 
La enmienda nº 118 no es aceptable, pues elimina la posibilidad de que la agencia rechace o modifique solicitudes de dictámenes científicos. 
Esa flexibilidad es un requisito operativo decisivo de la agencia. 
La enmienda nº 13 es inaceptable, ya que una solicitud de un dictamen científico durante el proceso legislativo debe estar limitada a casos justificados- nueva información científica, por ejemplo- para evitar la repetición de solicitudes sobre el mismo asunto. 
Los gestores de riesgos deben estar claramente encargados de adoptar decisiones y los evaluadores de riesgos de evaluar riesgos. 
Por esas razones, las enmiendas núms 21 y 212 no son aceptables. 
Sin embargo, la enmienda nº 92 es aceptable, si se la modifica para que garantice que la agencia puede hacer recomendaciones sobre las opciones en materia de gestión a solicitud de los gestores de riesgos. 
La enmienda nº 93 sería aceptable con la supresión de "sobre las medidas necesarias que se han de adoptar". 
La enmienda nº 98 es aceptable, pues expone con claridad que la agencia puede expresar "independientemente" sus conclusiones y orientaciones. 
El resto de la enmienda nº 98 queda abarcado por la enmienda nº 92. 
Por último, la enmienda nº 97 no es aceptable, ya que entrañaría la participación de la agencia en la gestión de riesgos. 
Las enmiendas núms. 23, 153 y 157 no son aceptables, porque eliminan la posibilidad de que la agencia reciba tasas. 
La Comisión quiere examinarlo, una vez transcurridos tres años de su funcionamiento, aun cuando convenimos en que en el momento actual es inapropiado que la agencia cobre tasas. 
121, 122 y 123 no son aceptables. Eliminan el procedimiento aplicado en caso de divergencia entre los dictámenes científicos de la agencia y los de un órgano científico nacional, con lo que la agencia sería el árbitro final en materia científica. 
Se trata de una imposibilidad jurídica. En cualquier caso, el procedimiento del artículo 29 va encaminado a lograr un resultado mediante transparencia y la decisión corresponde al gestor de riesgos. 
El incumplimiento posterior por parte de los Estados miembros de cualquier medida decidida por el gestor de riesgos o la autoridad legislativa dará lugar a procedimientos de infracción. 
Así se da, a mi juicio, el grado de claridad y certidumbre que el Parlamento pide. 
Podemos aceptar las enmiendas núms 135 a 142, 144 y 206, que mejorarán la transparencia de la agencia; sin embargo, no podemos aceptar la enmienda nº 145 por razones jurídicas. 
No podemos aceptar la enmienda nº 125, que elimina la capacidad de la agencia para recoger los datos sobre el consumo de alimentos. 
Se trata de un requisito básico que permite a los científicos evaluar la exposición de los consumidores a las substancias mediante su dieta. 
La enmienda nº 126 es aceptable en principio, si se modifica para que queden abarcados todos los riesgos biológicos que puedan tener repercusiones directas o indirectas en la cadena de producción de alimentos. 
La enmienda nº 174 no es aceptable, ya que la unidad de crisis no será una estructura permanente. 
La enmienda nº 24, relativa al procedimiento de emergencias, no es aceptable, pues un "riesgo grave" es la condición previa para la adopción de medidas de emergencia en toda la legislación comunitaria vigente. 
Sin embargo, la enmienda nº 178 es aceptable en principio, en el sentido de que tiene en cuenta que la ayuda alimentaria ya va incluida en el término "alimentos". 
Otras enmiendas no son aceptables, porque son incompatibles con procedimientos comunitarios vigentes o importantes aspectos jurídicos o porque van incluidas en otras disposiciones legales de este texto o de otros textos comunitarios. 
Por esas razones, sólo los párrafos 6a) y 6b) de la enmienda nº 154 son aceptables. 
La enmienda nº 155 es aceptable en relación con "la recomendación del Consejo", pero no en relación con la aprobación concedida por la Junta Directiva. 
La enmienda nº 19 y la parte de la enmienda nº 20 en la que figura la palabra "autorizadas" no son aceptables. 
Las enmiendas núms. 172 y 173 proponen la participación del Parlamento en la gestión práctica de las crisis. 
A mi juicio, no es compatible con su función institucional de control y supervisión. 
Las enmiendas núms. 175, 179, 180, 181 y 182 no son compatibles con el procedimiento de comitología, por lo que no son aceptables. 
Tampoco podemos aceptar totalmente las enmiendas núms. 
183 y 184. La evaluación encargada por la agencia no puede abordar todo el reglamento, pues sólo puede ser pertinente para la agencia. 
La enmienda nº 205 no es aceptable, pues ya está claro que la agencia tiene derecho a cambiar su propia normativa interna. 
No puedo aceptar la enmienda nº 191, pues la demora que puede causar sería poco práctica y podría tener consecuencias perjudiciales en la fecha para su entrada en funcionamiento. 
No puedo aceptar la enmienda nº 192, pues la Agencia Alimentaria no afectará al límite máximo correspondiente a la partida 3 de las Perspectivas Financieras y señalo a la atención de Sus Señorías el anteproyecto de presupuesto para 2002- referencia APP 2002- que actualmente está en examen en el Parlamento y el Consejo. 
Por último, quisiera abordar la cuestión de la ubicación de la agencia. 
Las enmiendas núms. 188, 190, 216, 217, 218 y 223 son aceptables en parte. 
La Comisión puede aceptar que la ubicación deba basarse en los siguientes criterios operativos: acceso físico razonablemente rápido y cómodo; contactos eficaces entre la agencia y los servicios de la Comisión, en particular durante las crisis en materia de seguridad alimentaria; eficacia en función de los costos; y la necesaria infraestructura social para el personal. 
Los otros criterios no son aceptables. Tampoco lo es la parte de dichas enmiendas relativa a los procedimientos para elegir la ubicación aceptable. 
La enmienda nº 215 no es aceptable. 
Antes de concluir, quisiera decir algo muy brevemente sobre las referencias hechas por varios de Sus Señorías a los alimentos tradicionales. 
Se trata de una cuestión que considero particularmente importante. Es algo que significa mucho para mí como para Sus Señorías y se aborda en el próximo reglamento relativo a la higiene, en el que se hace una referencia concreta al trato especial relativo a los alimentos tradicionales. 
Conque, para concluir, deseo agradecer una vez más al Sr. Whitehead su excelente informe y, de hecho, su apoyo. 
En resumen, la Comisión no puede aceptar 100 enmiendas, que son las siguientes: 1, 4, 11 a 13, 15, 17 a 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 32 a 34, 36, 37, 39 a 41, 43, 44, 46, 48, 50 a 56, 59, 63, 68, 72, 74, 77, 78, 81, 87 a 89, 91, 94, 95, 97, 99, 101, 102, 117, 118, 121 a 123, 125, 133, 143, 145 a 148, 153, 157 a 159, 161 a 163, 169, 172 a 175, 179 a 182, 185, 187, 189, 191 a 194, 202, 205, 208 a 215, 219, 221 y 222. 
Por otra parte, la Comisión puede aceptar totalmente las siguientes 44 enmiendas; 3, 6 a 8, 14, 22, 25, 30, 31, 58, 64 a 66, 71, 79, 86, 90, 103 a 105, 109 a 111, 116, 119, 124, 127 a 130, 131, 135 a 142, 152, 164, 176, 186 y 206. 
La Comisión puede aceptar en parte o en principio o en ambos sentidos 64 enmiendas, que son las siguientes: 2, 5, 10, 16, 20, 27, 35, 38, 42, 45, 47, 49, 57, 60 a 62, 67, 69, 70, 73, 75, 76, 80, 82 a 85, 92, 93, 96, 98, 106, 107, 108, 112 a 115, 120, 126, 132, 134, 144, 149, 150, 154 a 156, 160, 161, 170, 177, 178, 183, 184, 188, 190, 195, 207, 216, 217, 218, 220 y 223. 
Subproductos animales 
Señor Presidente, si hubiésemos tenido este reglamento ya hace diez o quince años y hubiésemos procedido según el mismo y si los Estados miembros lo hubiesen aplicado, no se habría producido la EEB. 
Nos habríamos ahorrado sumas de miles de millones y padecimientos de animales y personas. 
Tras esta observación previa quiero realizar también unas cuantas felicitaciones. 
En primer lugar a la Sra. Paulsen. 
En mis largos años de trabajo parlamentario raramente he sido testigo de una cooperación política tan buena y colegial. 
Ha sido siempre un gran placer para mí participar en los debates sobre estas enmiendas y propuestas de mejora. 
También quiero felicitar al Comisario Byrne. 
Aunque la Comisión en su totalidad ha actuado con cierto retraso, sin embargo, usted personalmente ha trabajado con gran dedicación y ha presentado una buena propuesta. 
También quiero felicitar al Parlamento Europeo por haber sido muy consecuente en esta cuestión; me refiero al trabajo realizado en el Comité de Investigación, a las resoluciones que hemos adoptado aquí y, no en último lugar, al trabajo consecuente realizado al haber obtenido en esta cuestión la codecisión. 
Tengo la sensación- y esto no pretende aminorar sus méritos, señor Byrne- que allí donde se aplica el procedimiento de codecisión las propuestas de la Comisión son más concretas, correctas y están más adaptadas a la voluntad y al trabajo del Parlamento Europeo lo que sirve de ejemplo al trabajo que debemos realizar aquí en general. 
Quiero aún indicar que la Comisión de Agricultura va a prestar una especial atención a que los materiales importados o exportados a terceros países queden sometidos a estas estrictas normas de seguridad. También necesitamos un reglamento financiero que garantice un trato igual a todas las explotaciones agrícolas dentro de la Unión Europea en la eliminación del material de riesgo. 
Señor Presidente, en los últimos años ha habido dos desastres en el sector agropecuario británico. Son la EEB y la glosopeda, que aún está muy activa en mi región. 
Las dos han tenido efectos devastadores en las explotaciones agropecuarias particulares y en el sector en conjunto. 
Se ha destruido la confianza pública. 
Se han desestabilizado nuestros mercados y los contribuyentes han tenido que aflojar miles de millones para compensar a los ganaderos por los animales infectados y sospechosos. 
Muchos han visto el trabajo de generaciones deshacerse en humo, literalmente, en las piras funerarias, que siguen ardiendo. 
Lo más inquietante de todo es que a causa de la EEB ha habido personas que han muerto, no los grandes números que pronosticaban algunos científicos, pero incluso la muerte de un joven es demasiado para una familia. 
Seguimos sin saber el número final de víctimas de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 
Esas dos epidemias tienen una cosa en común: se puede vincular directamente las dos con la alimentación de animales con restos animales. 
Se debate cómo se inició la epidemia de EEB. 
La teoría más reciente es la de que procede de los ciervos, pero podría haber sido una mutación o podría hacer años que existe. 
El caso es que fue multiplicada por el reciclado de desechos para la fabricación de harina de carne y huesos. 
Nuestra reacción inicial en el Reino Unido fue la de introducir la prohibición de alimentar rumiantes con harina de carne y huesos. 
No dio resultado, por la intercontaminación. 
El pienso resultó contaminado en los molinos, en el sistema de transporte o en las explotaciones que tenían diferentes clases de ganado. 
De modo que en el Reino Unido optamos por una prohibición completa. 
La Sra. Paulsen quiere reformar la prohibición parcial para incluir la reintroducción no canibalística de la harina de carne y huesos procedentes del material de la categoría 3, es decir, material apto para el consumo humano. Quiere alimentar las gallinas con cerdos y los cerdos con gallinas. 
Sé que las gallinas son omnívoras, pero estoy seguro de que no se alimentan naturalmente con carne de cerdo. 
Si se cumplieran las normas, no tendríamos problemas. 
Lo que me preocupa es la intercontaminación. 
Ya se ha encontrado material de riesgo especificado en canales de bovino importadas en el Reino Unido en 15 ocasiones desde enero: carne de bovino procedente de los Países Bajos, España, Irlanda, Italia... y Alemania, a la que correspondieron siete de esos casos. 
Si no conseguimos que funcione perfectamente en el caso de la carne de bovino para el consumo humano, si no conseguimos que funcione correctamente en Alemania, que tiene una de las mejores ejecutorias de la UE, ¿cómo podemos esperar que se separen correctamente en Grecia, Italia o España? 
Así, pues, debemos atenernos a la prohibición de la harina de carne y huesos. 
La enmienda nº 100 facilita la prórroga de la prohibición. 
Lo mismo es aplicable a la glosopeda. 
En 1967 tuvimos una epidemia en el Reino Unido relacionada con la alimentación de cerdos con desechos de comida. 
Introdujimos controles estrictos. 
No se han aplicado correctamente dichos controles estrictos en todas las explotaciones; de lo contrario, no tendríamos la epidemia en masa que tenemos en este momento. 
Es importante que se incluyan en estas propuestas los desechos de los servicios de comidas. 
Quisiera rendir un homenaje a la Sra. Paulsen por la forma no excluyente como ha tratado a los demás Grupos respecto de estas cuestiones y en particular las mejoras prácticas propuestas. 
Entre ellas figuran las relativas a la incineración de los desechos, a la concesión del permiso para que sigan funcionando los incineradores de las pequeñas explotaciones; a la concesión del permiso para el enterramiento en las explotaciones de zonas remotas; a la exención del estiércol producido en las granjas; a los usos de la harina de carne y huesos como fertilizantes, dado que existen salvaguardias; también a las opciones substitutivas de la utilización de restos animales como la hidrólisis alcalina. 
No podemos bajar la guardia, porque con el reciclado de productos derivados de los animales como pienso corremos el riesgo de reciclar también los elementos patógenos que causan la EEB, la glosopeda y otras enfermedades. 
Las ventajas económicas que entraña resultan insignificantes en comparación con la devastación que ha sido consecuencia directa de ese procedimiento arriesgado. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Paulsen por la forma como ha elaborado este complejo asunto y, como ha dicho el Sr. Goodwill, ha logrado una vez más un consenso en la comisión. 
Mi Grupo elogia su planteamiento y apoyará la mayor parte de las enmiendas que se han presentado en la Comisión de Medio Ambiente. 
Quisiera formular una o dos observaciones sobre la naturaleza de los azotes que afrontamos. 
El Sr. Goodwill ha dicho que hemos tenido estos dos grandes desastres, pero hay un tercer desastre que los provocó. 
Fue la indiferencia- y a veces la codicia- de quienes se quedaron cruzados de brazos mientras los métodos de extracción de restos animales y su utilización como alimento para animales se difundieron cada vez más y, por lo tanto, el posible desastre resultó aún mayor. 
Conque no es éste un momento en el que podamos contemplar complacidos el reciclado de proteínas animales entre las especies o, de hecho, cualquier cosa que aumente el grado de riesgo en nuestro sistema agropecuario. 
Seguimos aprendiendo la lección de la epidemia de glosopeda en el Reino Unido. 
Respecto de la eliminación de desechos animales, hemos descubierto que un intento de evitar el riesgo nos ha hecho afrontar otro riesgo. 
Cuando examinamos la incineración, cuando examinamos el enterramiento y los peligros creados por el 1% de las explotaciones que han seguido utilizando los desechos como alimento para cerdos, vemos otros riesgos en cada lado. 
Ésa es la razón por la que yo también apoyo la idea de buscar opciones substitutivas que reduzcan al mínimo los riesgos. 
La hidrólisis alcalina es uno de esos métodos. 
El problema en el pasado fue el de que éramos como países preparándose para la última guerra y no la próxima. 
Estamos luchando constantemente contra el elemento del riesgo desconocido. 
Las propuestas de la Sra. Paulsen han representado un gran avance con vistas a mejorar lo que la Comisión ha intentado hacer en relación con la eliminación de encefalopatías espongiformes transmisibles. 
Señor Presidente, señor Comisario, nos ocupa el debate sobre la propuesta de directiva relativa a los subproductos animales. 
Yo enfoco este asunto considerando, por un lado, la situación de los propios productores y, por el otro, las condiciones de los países en los que se dan pequeños volúmenes de producción y existen largas distancias. 
En primer lugar, quiero señalar que la Sra. Paulsen ha realizado un excelente y exhaustivo trabajo. 
Le doy las gracias de forma especial por haber tenido en cuenta los problemas de las regiones poco habitadas, a las que yo represento, en la enmienda 69, la cual permite la eliminación local si las condiciones son excepcionales. 
Mi problema al posicionarme ante esta propuesta es que no me explico por qué las medidas preventivas deben ser iguales para toda la UE, habida cuenta que los riesgos son inexistentes en determinadas regiones. 
De este modo, las regiones en cuestión sufren gastos innecesarios. 
Ya de por sí, los productores de las regiones nórdicas, por ejemplo, tienen mayores gastos debido a las condiciones naturales. 
Pido, en lugar de principios y, a un tiempo, en consideración a los mismos, un poco de sentido común. 
La única planta de eliminación de desechos animales de nuestro país es capaz aún de clasificar los desechos por categorías, pero la clasificación de los mismos atendiendo a las diferentes especies animales se me antoja de una dificultad extrema, tan pequeño es el volumen en cuestión. 
Por ello, hay que plantearse el objetivo, en sí acertado, de acabar con el canibalismo animal de una forma orientativa y buscando soluciones razonables. 
Y es que en el reino animal se dan casos del llamado canibalismo natural. 
¿Cómo tratar a estos animales en el futuro? 
Las directivas no deben impedir el canibalismo natural. 
Aunque ahora aprobemos la posición del Parlamento sobre la propuesta de directiva, debemos seguir reflexionando sobre estas cuestiones. 
No estoy defendiendo aquí la agricultura extensiva, sólo quiero que se tengan mejor en cuenta las diferentes condiciones de las distintas regiones. 
Señor Presidente, si la crisis de la dioxina belga, la crisis de la EEB y la epidemia de fiebre aftosa nos han dejado algo claro es que es necesario una normativa estricta en cuanto al comercio, el almacenamiento y el tratamiento de los desechos animales. 
Anualmente deben eliminarse 16 millones de toneladas de desechos animales. 
Desde el 4 de diciembre de 2000 existe una prohibición absoluta de alimentar con proteínas animales a los animales de las explotaciones. 
La propuesta de reglamento que discutimos hoy describe qué debe hacerse de ahora en adelante con los desechos animales y cómo evitar que los productos no deseados vayan a parar a la cadena alimentaria. 
Pone orden en el sector, en el que se establecen claramente desechos separados, que no pueden mezclarse bajo ningún concepto. 
Marit Paulsen ha enumerado en su introducción muy claramente todos los puntos clave. 
Este reglamento tiene una importancia extraordinaria. 
Si la subdivisión en tres categorías, la separación obligatoria de desechos y la prevención del canibalismo en el sector no funcionaran, o no funcionaran de forma suficiente; y el fraude fuera demasiado elevado, entonces, podríamos partir de que no se han cumplido las condiciones políticas límites para permitir el empleo de carne y harinas de origen animal en la alimentación de cerdos y pollos. 
Entonces, estará justificado el mantenimiento de la prohibición absoluta. 
De ahí, Señorías, que les pida un apoyo masivo de la enmienda 64 al artículo 26, que establece que la prohibición temporal de alimentación basada en todo tipo de subproductos animales no debe prorrogarse hasta el momento en que el reglamento que examinamos entre en vigor, tal como quiere la Comisión, sino hasta el momento en que este reglamento se aplique plenamente en los Estados miembros. 
Queremos, por tanto, un informe de los Estados miembros antes del 1 de febrero de 2003 sobre la aplicación uniforme de este reglamento y, nada más recibir este informe, puede iniciarse el debate sobre la retirada de la prohibición absoluta. 
Tenemos que estar seguros de que el reglamento funciona, de que no existe casi fraude, de que el sector ha aprendido la lección necesaria tras crisis. 
Creo, Señorías, que este reglamento ofrece oportunidades al sector, una oportunidad sincera. 
Ojalá el sector la aproveche. 
Señor Presidente, al igual que en el debate sobre el asunto anterior que figura en el orden del día relativo a la seguridad alimentaria, quiero hacer hincapié en este debate en que una política agrícola nueva resulta esencial. Una política agrícola en la que los animales sean alimentados de forma responsable. 
Tenemos que abandonar el canibalismo tanto por motivos éticos como científicos. 
Además, quiero subrayar que los rumiantes no han sido creados para comer proteínas animales, sino proteínas vegetales. 
Es positivo que la gran mayoría esté a favor en este momento de medidas más estrictas, pero también deberemos continuar atentos durante la fase de ejecución. 
Si queremos ver el efecto de estas medidas, debemos vigilar seriamente el cumplimiento de las mismas por parte de los Estados miembros. 
Por último, constato con agrado que ha desaparecido una laguna legislativa en relación con las plantas de combustión. 
Desgraciadamente, con motivo de la reciente crisis de fiebre aftosa en Inglaterra hemos tenido que presenciar las grandes hogueras de animales muertos. 
Semejante destrucción no constituye ciertamente una garantía frente al contagio, ni favorece la calidad del aire. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nuestros esfuerzos por lograr claridad y transparencia en los alimentos para los animales nos acercamos paulatinamente al meollo central de todo este asunto, es decir, a la cuestión de qué puede haber a la postre en estos alimentos y qué es lo que se debe prohibir. 
Señor Comisario Byrne, en relación con la crisis de la EEB usted ha realizado la nítida declaración de que el material animal que no es adecuado para el consumo humano tampoco debe permitirse para la producción de forrajes animales. 
Esta es la consecuencia lógica si nos preocupamos por la circulación de la cadena alimentaria. 
Felicito a la Comisión por su decidida propuesta que divide los subproductos animales en tres categorías. 
Habría sido mucho más sencillo prohibirlas todas. 
Esta es la vía que ha elegido, por ejemplo, el Gobierno Federal alemán. 
Sin embargo, creo que la UE ha elegido aquí la vía más razonable aunque sabemos que es más difícil. 
Los materiales de las tres categorías se tienen que registrar, almacenar, tratar y comercializar por separado. 
Según nuestras experiencias, una tarea de este tipo presupone también controles. 
La ponente introduce de nuevo aquí la formulación de la directiva sobre los controles de alimentos para animales en la Unión Europea, que no debemos dejar de cumplir exactamente bajo ningún concepto; me refiero a que expertos de la Comisión junto con las autoridades de los Estados miembros puedan ejercer controles in situ. El resultado justifica el esfuerzo. 
El resultado consiste en que unos valiosos componentes alimenticios no se destruyan sencillamente sino que se empleen adecuadamente- lo que es también aplicable a los desperdicios de las cocinas -, y que por otro lado se rechace y destruya lo que no pertenece a la cadena alimenticia. 
Una cosa está clara: debemos garantizar que los alimentos sean adecuados a los animales, es decir, que estamos contra el canibalismo. 
Esto se debe impedir también con controles. 
Muchas gracias a la Sra. Paulsen por su informe que concretiza aún más la propuesta de la Comisión en cuestiones importantes y espero también un apoyo claro de las y los colegas. 
Señor Presidente, los subproductos animales que en principio son adecuados para la alimentación humana tienen que poder seguir siendo utilizados como forrajes tras el correspondiente tratamiento. 
Es para mí incomprensible querer prohibir de modo permanente esta valiosa fuente de proteínas. 
Sin embargo, apoyo la actual prohibición provisional de alimentar a los animales con harinas animales. 
Se debe garantizar la aplicación estricta de las reglas y controles en vigor. 
Si se garantiza esto, debería de nuevo ser posible el empleo de harinas animales. 
Otro punto específico es la utilización de restos de comidas, es decir, desperdicios de comidas de grandes restaurantes y cantinas. 
Desde hace decenios se emplean para preparar alimentos de alta calidad para cerdos. 
Esto debe seguir siendo posible también en el futuro. 
Apoyo por ello la enmienda nº 102 de los Verdes. 
Para finalizar, voy a decir algunas palabras sobre la evitación del canibalismo en los animales. En mi opinión es difícilmente realizable la separación por especies de animales del material destinado a convertirse en harinas animales. 
Los cerdos, pollos, peces, etc., devoran sin escrúpulos a sus congéneres de la misma especie. 
Me sorprende mucho porqué se exigen también de los animales unos estándares éticos humanos. 
Espero que seamos realistas; aunque- tal como se ha propuesto- se realice una separación obligatoria de los subproductos animales por especies de animales, no podremos impedir el canibalismo entre ellos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante la EEB y la fiebre aftosa, hay que ver también el presente informe Paulsen sobre determinados subproductos animales no destinados al consumo humano bajo el amplio e importante aspecto de la seguridad de los alimentos y también de la salud de los animales. 
Entre estos subproductos se piensa sobre todo en las harinas animales. 
Con su propuesta, la Comisión ha establecido una prohibición condicionada, es decir, gradual para las harinas animales en la alimentación animal y en el abonado de los campos. 
La Sra. Paulsen ha proseguido muy bien esta tarea. 
Se debe saludar la división en tres niveles así como que la Comisión autorice solamente el nivel 1, harinas para forrajes, después de que se hayan esterilizado durante 20 minutos a 133º C y 3 bares de presión. 
En la versión modificada por la comisión la propuesta de la Comisión cumple con la exigencia del comité de investigación de la EEB de una separación estricta de los residuos animales en la categoría "residuos adecuados en si para el consumo humano" y aquellos que provienen de animales fallecidos y enfermos. 
Los residuos de las matanzas aptos como alimentos son valiosos proveedores de proteínas a los que no debemos renunciar. 
Los omnívoros son realmente omnívoros. 
No debemos reeducarles. 
Pero, naturalmente, las harinas animales son un tabú para los rumiantes. 
Necesitamos una técnica en la producción y procesamiento de harinas animales que se aplique responsablemente y se controle y necesitamos aún más investigación. 
Si procedemos según este reglamento y lo aplicamos además en los Estados miembros, será una buena base para garantizar la confianza en nuestros alimentos y suministrar a nuestros consumidores buenos alimentos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo debo felicitar a la Sra. Paulsen por la calidad de los dos informes que nos ha presentado. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido de los Socialistas europeos da su acuerdo a los términos y a las conclusiones de esos informes, así como a las propuestas tal como se han enmendado. 
Todos tenemos en la mente la crisis de las dioxinas que, en 1999, azotó a mi país, Bélgica. 
Esta contaminación por dioxinas de alimentos de origen animal ha interpelado a los responsables de la salud pública y ha quebrado de forma importante la confianza de los consumidores en el sistema de control de los alimentos para el ganado. 
Por otra parte, ha arrojado dudas sobre la calidad de la carne que se produce. 
En esa época, las grasas y los aceites estaban en el centro de la polémica. 
Era necesario por tanto reaccionar de forma enérgica para proteger la salud pública y también- y no es éste un asunto menor- restablecer la confianza. 
La prohibición provisional de cualquier alimento derivado de productos animales para los animales destinados al consumo humano, decretada por el Consejo en diciembre de 2000, se imponía, pero la problemática de los subproductos de origen animal no podía permanecer sin respuesta. 
La propuesta de reglamento, tal como ha quedado enmendada, con vistas a reforzar la seguridad alimentaria, pretende alcanzar este objetivo de salud pública. 
Hemos permanecido muy atentos al dictamen manifestado por el comité científico director, según el cuál los productos derivados de animales reconocidos, posteriores a una inspección sanitaria, impropios para el consumo humano, no deben entrar en la cadena alimentaria. 
Nos adherimos por tanto plenamente a los principios definidos en apoyo al reglamento, en virtud del cuál sólo los subproductos de canales autorizados para el consumo humano pueden utilizarse como materia prima para la alimentación animal o humana. 
El tratamiento distinto de los subproductos, de las grasas y de los residuos domésticos puede consolidar el objetivo de seguridad que se busca. 
La clasificación de los subproductos, la separación de las categorías y el marcado de las materias de las categorías 1 y 2 constituyen medidas llamadas a consolidar los objetivos buscados. 
Por otra parte, la rastreabilidad de los productos, el almacenaje de tránsito, los controles de la industria de transformación y los sistemas de excepción, son otras tantas disposiciones que contribuyen también a estos objetivos. 
Finalmente, las soluciones de sustitución, de utilización y de eliminación avanzada contribuyen también a la clarificación que espera el sector. 
En síntesis y en conclusión, señor Presidente, la actuación voluntarista adoptada con el reglamento propuesto va en el sentido que espera nuestra población. 
. (EN) Señor Presidente, señoras y señores, me alegra presentar nuestra propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo sobre productos animales no destinados al consumo humano. 
Esta propuesta es el segundo componente principal de nuestras barreras de defensa contra la EEB. 
El otro es, naturalmente, el reglamento sobre la EET, que entra en vigor el 1 de julio. 
No puedo insistir suficientemente en la importancia de esta propuesta. 
Nos encontramos ante un verdadero dilema. 
Cada año se producen en la Unión Europea más de 16 millones de toneladas de subproductos animales no destinados al consumo humano. 
Esos 16 millones de toneladas no desaparecen como si fueran humo: hay que evacuarlas y hay que procesarlas. 
Estas operaciones se pueden llevar a cabo de una forma segura, económica y eficaz para la salud y para el medio ambiente, o bien se pueden llevar a cabo sin cuidado alguno, poniendo el peligro la salud pública y el medio ambiente. 
Todas las instituciones de la Unión serían responsables colectivamente si no insistiéramos en que se siga el primer método de eliminación. 
Eso es exactamente lo que la Comisión propuso en octubre de 2000: un marco que permita el tratamiento seguro y eficaz de esos 16 millones de toneladas. 
La propuesta está vinculada muy estrechamente con la cuestión de la EEB. 
El motivo es evidente: una parte considerable de los subproductos animales de que estamos hablando están considerados como materiales de riesgo. 
Es esencial que esos productos, en particular, sean recogidos, tratados y destruidos eficazmente. 
Con la propuesta conseguiríamos ese objetivo. 
Me ha animado sobremanera el enfoque sumamente constructivo del Parlamento respecto de la propuesta. 
Ha habido un debate muy intenso que se ha centrado en la mejora del texto. 
Me alegra que el texto resultante conceda la prioridad suprema a la necesidad de proteger la salud pública y el medio ambiente, y que lo haga de una forma que sea viable. 
Cuando este reglamento entre en vigor, tendremos un sistema absolutamente moderno. 
Me gustaría destacar el papel que ha desempeñado nuestra ponente, la Sra. Paulsen, que tanto se ha esforzado por conseguir que esta propuesta llegase con rapidez a su fase actual. 
Gracias a su esfuerzo individual y al esfuerzo colectivo del Parlamento, estoy hoy en condiciones de convenir con el espíritu y los principios de la gran mayoría de las enmiendas del Parlamento, con algunos cambios editoriales. 
Me gustaría también mencionar brevemente la propuesta de directiva por la que se modifican las Directivas 90/425 y 92/118. 
Es evidente que el tiempo de que dispongo no me permite exponer con detalle la posición de la Comisión sobre todas las enmiendas, así que me concentraré en las cuestiones fundamentales. 
Antes que nada, podemos aceptar las enmiendas de los considerandos que están en consonancia con las disposiciones del texto y las que ponen de relieve los antecedentes históricos, incluidas resoluciones anteriores del Parlamento sobre la seguridad de los materiales para piensos. 
Estoy de acuerdo en que se suprima la referencia al aumento de la productividad en un considerando, pero debe mantenerse la referencia original al Tratado. 
Ahora bien, tenemos que rechazar las enmiendas que introducen considerandos que no corresponden a disposiciones del texto, o que suprimen considerandos que mencionan el texto, pues eso es contrario a la buena práctica jurídica. 
No puedo aceptar que se introduzcan cuestiones genéticas en el ámbito de la propuesta, aunque he de aclarar que la propuesta solamente abarca la evacuación de material genético cuando no se necesita ya para fines reproductivos. 
Puedo apoyar las enmiendas encaminadas a extender la prohibición del reciclado dentro de una especie a especies animales diferentes de los rumiantes; pues para esas especies el canibalismo está prohibido desde 1994. 
Como nos ha enseñado el desarrollo de la epidemia de EEB, la práctica del reciclado dentro de una especie puede aumentar el riesgo de reciclar la infectividad potencial, debido a la ausencia de una barrera para cada especie. 
Acepto que se introduzcan requisitos adicionales para mejorar la rastreabilidad de los productos, pero los requisitos propuestos en favor de marcar el material de Categoría 1 no tratado sólo se pueden aceptar en el caso de materiales de riesgo especificados. 
La propuesta de marcar el material de Categoría 2 no tratado, incluido el estiércol, no se puede aceptar por las mismas razones. 
Además, el marcado olfativo y desnaturalizador sólo se puede aceptar en principio, pues hasta ahora no hemos identificado todavía un marcador apropiado y seguro que posea esas cualidades. 
Me permitiré añadir que el hecho de añadir un marcador olfativo al estiércol quizás sea, para no calificarlo de otra forma, un poco superfluo. 
Ahora bien, nos hacemos cargo de la preocupación general y tendremos en cuenta la cuestión en el futuro. 
La Comisión no dudará en establecer normas adicionales de marcado, si resultara necesario. 
Aceptamos la necesidad de introducir requisitos adicionales y más rigurosos para evitar la contaminación cruzada. 
La propuesta de la Comisión establece ya una separación completa durante la recogida y el transporte de restos animales y una total separación de las plantas dedicadas a la producción de piensos. 
Podemos aceptar una derogación en el caso de la incineración y la inhumación de cadáveres y de materiales de riesgo especificados en zonas remotas y en caso de aparición de enfermedades transmisibles graves, debido al peligro de propagar riesgos para la salud o por falta de capacidad de eliminación. 
Acogemos con particular satisfacción las condiciones sugeridas para evitar el uso indebido de esta derogación. 
Se han propuesto dos definiciones diferentes de las zonas remotas. 
Podemos aceptar una combinación de las dos. 
Estamos de acuerdo en establecer requisitos de salud pública para los incineradores que no están abarcados por la Directiva 2000/76 sobre la incineración de residuos. 
Podemos aceptar la introducción de la posibilidad jurídica de revisar el método autorizado de eliminación si es para tener en cuenta un asesoramiento científico de nuevo cuño. 
No podemos aceptar que se añada una tecnología específica nueva, pues esto sería innecesario, y, en mi opinión, prematuro. 
Aceptamos que se incluyan los residuos de cocina en el ámbito del reglamento, pero hemos de dejar bien sentado que esos residuos únicamente quedarán abarcados por la propuesta cuando estén destinados a fines concretos, para evitar toda duplicación con la legislación ambiental. 
Podemos aceptar una definición de residuos de cocina, a condición de que abarquen los de las cocinas domésticas, a fin de que haya coherencia con la próxima legislación sobre la fiebre clásica del ganado porcino. 
Podemos aceptar que se clasifique a los residuos de cocina como material de Categoría 3, a condición de que los provenientes de medios internacionales de transporte queden incluidas en la Categoría 1, que es la de mayor riesgo, y sean sometidos a destrucción según requiere la legislación vigente de la Unión. 
No podemos aceptar la propuesta de permitir que se siga alimentando al ganado porcino con residuos de cocina. 
En primer lugar, esta práctica no es compatible con la prohibición del reciclado dentro de la especie ni con la demanda de que se puedan rastrear los ingredientes de piensos, que son dos demandas que ha formulado el Parlamento. 
En segundo lugar, la reciente crisis de la dioxina y los estallidos actuales de fiebre aftosa del ganado ilustran adecuadamente por qué la continuación de esta práctica de alimentación no es apropiada. 
No podemos aceptar que se excluya del ámbito de la propuesta al estiércol producido en las explotaciones agrícolas, pues con ello disminuiría la protección de la salud. 
No podemos limitar la circulación de estiércol solamente en casos en los que se sospeche que transmite una enfermedad de la Lista A de la OIE, pues algunos Estados miembros han instituido medidas adicionales de erradicación para enfermedades no incluidas en esa Lista, como la salmonella. 
Podemos aceptar que se aclare que la comisión a que corresponda presente un certificado sanitario normalizado para el comercio de estiércol. 
La petición de que ese certificado vaya anexo al reglamento es superflua y, por lo tanto, inaceptable. 
Aceptamos la propuesta de que se especifique la posibilidad de autorizar tratamientos equivalentes para el estiércol si se recibe un asesoramiento científico en ese sentido, cosa que por lo demás no está descartada por la propuesta de la Comisión. 
Ahora bien, es prematuro, y por lo tanto no es aceptable, hacer referencia a un cuadro de concordancia antes de que el Comité director científico haya hecho una evaluación. 
No podemos aceptar la propuesta de incluir subproductos animales adicionales en la Categoría 1. 
Sería exagerada, innecesaria y crearía confusión con la legislación vigente, en particular con el reglamento sobre las EET, sin con ello mejorar realmente la seguridad. 
Los ensayos para determinar la existencia de la EEB son, muy lógicamente, competencia del reglamento sobre las EET, y estimo que con ello se trata debidamente de esta cuestión. 
Además, no es práctico someter a chequeos a todos los animales para ver si padecen alguna de las enfermedades que conocemos. 
Eso es absurdo. 
Además, los animales que sucumben en una explotación agrícola quedan excluidos de todos modos de la cadena alimentaria y de piensos. 
El resultado neto de esas enmiendas sería prohibir la utilización de un volumen importante de subproductos animales para la fabricación de biogás y de compostaje. 
Se propone que se exija la utilización de normas para cocinar con ollas a presión en el caso de los subproductos animales, aunque se incinere el material resultante. 
Por motivos de coherencia con el reglamento sobre las EET, podemos aceptar que se utilice ese proceso antes de la incineración, si así lo pide la autoridad nacional competente. 
Esto permitiría que los Estados miembros pudieran pedir el empleo de ese proceso cuando, por ejemplo, se necesite un largo período de almacenamiento antes de la incineración. 
Advertimos que otras muchas enmiendas del Parlamento mantienen esa flexibilidad. 
No podemos aceptar que se prohiba la utilización de grasas extraídas de material de la Categoría 2 para la producción de derivados de grasas para la industria cosmética y farmacéutica. 
No podemos aceptar restricciones sobre reimportación de productos de rumiantes a causa del riesgo de EET, pues esas restricciones están impuestas ya por el reglamento sobre las EET. 
Además, el Comité director científico está examinando actualmente la seguridad de las grasas de rumiantes. 
Podemos aceptar que la fecha de entrada en vigor del reglamento se adelante y nos satisface la propuesta de que los Estados miembros presenten un informe a la Comisión sobre el cumplimiento del reglamento. 
No puedo aceptar que las cabras y ovejas muertas queden excluidas de la definición de materiales de riesgo especificados, pues eso no estaría en consonancia con el reglamento sobre las EET. 
Tampoco puedo aceptar que se excluya al compostaje y al estiércol en forma sólida de la prohibición de esparcir material sobre tierras de pastos, porque el estiércol, en cualquiera de sus formas, está ya excluido por esta prohibición y no hay razón alguna para excluir al compostaje de una política general sobre la diseminación de material en las tierras de pasto. 
Podemos aceptar el principio de que se prohiba la exportación de material de la Categoría 1 y la Categoría 2. 
Podemos aceptar el principio de que se refrigere el material no tratado de la Categoría 3. 
Podemos aceptar que se añadan productos que no han pasado las verificaciones de importación al material de la Categoría 3. 
Ahora bien, por motivos de coherencia con el anexo y la legislación vigente de la Unión, dejaríamos bien sentado que esto se aplicará a menos que los productos hayan sido reexpedidos o que su importación se haya aceptado con restricciones estipuladas en la legislación comunitaria. 
No podemos aceptar la introducción de una prohibición permanente sobre la carne y harina de huesos en los piensos, pues la prohibición sobre los piensos corresponde a la competencia del reglamento sobre las EET recientemente adoptado. 
En realidad, hasta que se adopte y ponga en práctica esta propuesta, voy a proponer que se prorrogue la actual prohibición total de los piensos con arreglo a las disposiciones jurídicas del reglamento sobre las EET. 
Me parece, además, que las proteínas animales producidas de conformidad con la presente propuesta se pueden utilizar sin riesgo para alimentar a animales no rumiantes. 
La prohibición permanente sobre la administración de proteínas animales a animales no rumiantes no está justificada científicamente. 
Podría ser impugnada en la OMC y esto tendría consecuencias enormes desde el punto de vista ambiental y económico. 
No podemos aceptar una prohibición de determinadas prácticas locales de administración de piensos pues eso transtornaría gravemente los actuales planes nacionales para la protección de especies en vías de desaparición. 
Las condiciones establecidas por la propuesta para fiscalizar esas prácticas son más rigurosas que las actuales y están en consonancia con la recomendación de los inspectores de la Comisión. 
Para acabar, la Comisión acoge con satisfacción el informe y las numerosas enmiendas útiles y constructivas que contiene. 
Señor Presidente, de conformidad con lo que ha sugerido usted antes, quisiera proponer que se distribuyan las enmiendas en forma resumida. 
Señor Presidente, deseo felicitar al Comisario Byrne por haberlo logrado en un tiempo tan breve si bien no nos hemos enterado de mucho pues las y los intérpretes no han podido seguir el ritmo que usted ha impuesto. 
Debemos encontrar una regulación para que lo que expone la Comisión también nos llegue- bien acortándolo o concediendo más tiempo. 
En cualquier caso no debemos seguir aceptando de modo permanente esta costumbre. 
No es aceptable para el Comisario ni para nosotros que tenemos que escuchar aquí. 
Señor Graefe zu Baringdorf, lo que usted dice está en la misma línea de la sugerencia que acabo de hacer, esto es, que, cuando existe un número tan elevado de enmiendas sobre el cual se ha de expresar el Comisario, sería oportuno que los servicios de la Comisión preparasen un texto escrito al efecto de distribuirlo. 
De este modo al Comisario se le daría la posibilidad de llevar a cabo una intervención más sobre el fondo y menos descriptiva de la posición de la Comisión respecto a todas las enmiendas. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0187/2001) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (13114/1/2000- C5-0090/2001- 1999/0068 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al ozono en el aire ambiente (Ponente: Sr. Davies). 
. (EN) Señor Presidente, un amigo que solía trabajar para una importante organización no gubernamental que se ocupaba de la defensa de la naturaleza me contaba lo deprimente que era leer cada mañana el correo electrónico que recibía, que detallaba las pérdidas de hábitat y las nuevas amenazas para la supervivencia de especies en todo el mundo. 
Por eso es un placer comprobar que no todos los problemas medioambientales carecen de solución y que, al menos en algunos casos, somos capaces de luchar contra la corriente. 
Eso es lo que está sucediendo con la contaminación del aire. 
Hay pruebas de que en la actualidad, al menos en algunas ciudades y poblaciones de Europa, el aire que respiramos es quizá más puro que en cualquier otro momento desde el principio de la Revolución Industrial. 
Se dice que la contaminación del aire sigue contribuyendo más al número de fallecimientos prematuros que los accidentes de la circulación, pero lo cierto es que estamos progresando. 
El ozono atmosférico es un contaminante que sigue afectando gravemente la salud de muchos de nuestros ciudadanos. 
Contribuye a los problemas de asma entre los niños- se dice ahora que afecta a uno de cada 10 niños en el Reino Unido- y a las dificultades de respiración entre las personas de edad. 
En circunstancias graves los afectados pueden fallecer. 
Los estudios realizados por el Gobierno en mi país indican que el ozono puede ser causa de la muerte prematura de 12.500 personas cada año. 
Sabemos muy bien los problemas que tienen otras ciudades de Europa, como por ejemplo Atenas, en las que el problema se ve agravado por condiciones climáticas particulares. 
La contaminación tiene también otras consecuencias económicas, pues reduce el rendimiento de los cultivos y daña a los árboles. 
La legislación europea desempeña un papel cada vez mayor en la determinación de normas más rigurosas y en la lucha contra la contaminación. 
No hay mejor ejemplo de lo que digo que la necesidad de desarrollar una acción concertada en el caso del ozono. 
El ozono está creado por una reacción química entre la luz solar y óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles derivados en su mayor parte de las emisiones de los vehículos y de la distribución del petróleo. 
A menudo se forma a kilómetros de distancia de la fuente del problema, o sea que es un contaminante transfronterizo típico que exige una acción transfronteriza en el plano europeo. 
La directiva sobre los valores límite de las emisiones en los países brindará el marco para efectuar reducciones de los principales contaminantes del aire. 
Esta directiva trata de las medidas que los Estados miembros deberían adoptar en el plano local para abordar el problema particular del ozono. 
En primera lectura manifesté mi satisfacción por las propuestas de la Comisión en favor de fijar un valor límite para animar a los Estados miembros a no tolerar que el ozono rebasara las directrices de la Organización Mundial de la Salud en más de 20 días al año; alertar al público si los riesgos locales para la salud son elevados, y comparar la situación en diversos países, pero también dije que las propuestas no eran suficientemente exigentes. 
El Parlamento ha hecho bastantes cambios y de las 19 enmiendas que habíamos acordado, el Consejo ha aceptado 10 de las menos importantes y otras cuatro en parte. 
El Consejo ha decidido también que el número máximo de días en que se pueden rebasar las mencionadas directrices sea 25 en vez de 20. 
No me parece que eso sea un mal compromiso. 
Quizá sea yo demasiado cínico si insinúo que para los ministros es demasiado fácil aceptar límites que no son jurídicamente vinculantes. 
El Parlamento debería adoptar medidas ahora para conseguir que el texto final de la legislación imponga a los Estados miembros la obligación firme de conseguir los objetivos que dicen que quieren alcanzar. 
Me gustaría que se exigiera a los Estados miembros que cumplieran la cifra fijada, salvo en los casos en que les resultara materialmente imposible. 
Me gustaría que se esforzaran por fijar una fecha para la cual haya que alcanzar el objetivo a largo plazo de que los niveles de ozono no rebasen nunca las directrices de la OMS. 
Me gustaría que pusieran rápidamente en vigor planes de acción a corto plazo si el nivel de ozono duplica las recomendaciones de la OMS, y me gustaría que proporcionaran información a la Comisión presentada de forma que se pudieran hacer comparaciones entre la situación en diferentes Estados miembros, para que la población pudiera determinar qué países estaban desplegando realmente esfuerzos y qué países no los estaban desplegando. 
Al decir lo que digo reconozco la necesidad de tener en cuenta el hecho de que un país quizás no sea responsable de la contaminación que sufre. 
También me hago cargo de que varían las condiciones meteorológicas. 
El noroeste de Inglaterra, por ejemplo, puede generar más emisiones de vehículos que muchos otros lugares de Europa, pero como no tenemos la suerte de poder disfrutar mucho del sol, el ozono no es para nosotros un problema tan grave como puede serlo en España. 
No es que quiera imponer una carga demasiado pesada a los países mediterráneos, pero el Parlamento tiene que adoptar ahora una posición firme para que el acuerdo final a que lleguemos con el Consejo refleje la necesidad de que los Estados miembros adopten medidas verdaderamente apropiadas. 
Doy gracias a los colegas de otros partidos que han colaborado conmigo para intentar conseguir que la posición del Parlamento movilizara una gran mayoría. 
Doy gracias al personal del Parlamento y, en particular, a mi auxiliar, Vikki Phillips, que ha aportado una considerabilísima contribución a este proceso durante el año pasado. 
Tenemos una oportunidad de contribuir al proceso de reducción de la contaminación y a la limpieza del aire que respiramos. 
Confío en que el Parlamento dé su apoyo a las propuestas de este informe y a los compromisos convenidos entre los partidos políticos, y que desempeñemos nuestro papel en la consecución de lo que puede ser otro desenlace positivo para el medio ambiente de Europa. 
Señora Comisaria, las concentraciones de ozono en la atmósfera constituyen un grave problema, no sólo ambiental, sino de salud pública, ya que repercuten en la salud de los ciudadanos, con especial incidencia en la población de riesgo como niños y ancianos, causando alergias y dificultades cardio-respiratorias, entre otras manifestaciones. 
Las concentraciones de ozono inciden de modo muy desigual en los Estados miembros. 
Y, debido a su carácter transfronterizo, afectan a lugares muchas veces alejados de la fuente de producción. 
Hasta la fecha los Estados miembros no han estudiado ni tratado suficientemente este fenómeno, ni lo han evaluado de forma sistemática y coordinada. De ello ha resultado una ausencia de datos fiables y comparables, así como una insuficiencia de planes de acción a corto y a largo plazo. 
Considero, pues, muy necesaria la adopción de la presente Directiva y valoro de forma muy positiva el trabajo del Sr. Davies, sobre todo su enfoque del problema, al subrayar los aspectos de estudio y control y su disposición a integrar las sugerencias de otros grupos, lo que ha hecho posible que se presente a votación en el Pleno una propuesta con importantes enmiendas de compromiso, que enriquecen la propuesta de la Comisión y mantienen el sentido de la realidad y de la viabilidad de las medidas propuestas. 
El primer resultado importante de esta Directiva es que va a impulsar, por fin, que los países miembros presten más atención al problema del ozono troposférico, reforzando el estudio y los controles del mismo; en segundo lugar, se establece la obligatoriedad de elaborar planes de acción a corto y largo plazo y de mejorar los sistemas de alerta rápida y de información al público. 
En este sentido, me parece muy importante que estos planes refuercen, en cada caso, el estudio de las condiciones locales en las que se producen las concentraciones, para, así, poder combatirlas con mayor eficacia. 
Asimismo, creo necesario el establecimiento de fechas objetivo como elemento que estimule el avance en el control del problema. 
Sin embargo, no podemos ignorar las dificultades actuales para garantizar un control completo de las concentraciones de ozono troposférico y, por lo tanto, el estricto cumplimiento en todo momento de los valores y plazos establecidos. 
Por ello, nuestro Grupo ha insistido en buscar fórmulas que, endureciendo las obligaciones de los Estados miembros, planteen objetivos y plazos realistas, que permitan cierta flexibilidad en aquellos casos en que haya sido físicamente imposible alcanzar los objetivos y que tengan en cuenta, en los informes comparativos, las circunstancias meteorológicas y locales de los puntos en los que se han superado los valores objetivo. 
Lógicamente, nos hemos mantenido contrarios a las enmiendas que no se ajustan a las posibilidades científicas de controlar el problema. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias al Sr. Davies por el gran y muy cualificado trabajo con este informe. 
Junto al informe de la Sra. Myller sobre los techos de emisiones nacionales, actualmente en el Comité de Conciliación, este informe será una contribución importante a la hora de asegurar una mejor calidad del aire, especialmente en las grandes ciudades de Europa. 
Será una contribución importante a la prevención y reducción de los efectos nocivos del ozono sobre el medio ambiente y la salud humana. 
Me gustaría indicar los puntos más importantes del informe del Sr. Davies. 
En primer lugar, es importante que nos aferremos a los objetivos sanitarios de la OMS en este ámbito, y que las violaciones de estos objetivos, aceptadas durante años, sean limitadas lo máximo posible, en este caso hasta los veinte días por año. 
Así rechazaremos con este informe asimismo el deseo del Consejo de disponer de posibilidades de violación de los objetivos más largas. 
El segundo punto que quiero señalar son los objetivos a largo plazo para la concentración de ozono en el aire ambiente. 
Hemos establecido ahora un plazo de tiempo para cuándo deben haberse alcanzado los objetivos a largo plazo, es decir, antes del año 2020, sólo con la reserva de aquellos casos que pueda haber en los que sea físicamente imposible alcanzar los objetivos. 
Será una tarea importante tanto para la Comisión como para el Parlamento garantizar que el compromiso alcanzado sobre la imposibilidad física no se convierta en realidad en un colchón, que no haya demasiada flexibilidad en el compromiso. 
También quiero señalar la importancia de informar tanto a la población general como también en especial a los grupos de población especialmente sensibles, niños y ancianos. 
También habrá exigencias de que se informe y se elaboren planes de acción para que puede intervenirse rápidamente cuando la concentración de ozono sea demasiado alta. 
Permítaseme señalar por último otros dos campos que el Sr. Davies ha recogido en su informe. 
El primero es la relación con los países solicitantes. 
Me parece acertado que intentemos involucrar a los países solicitantes en este proceso lo antes posible, tal como hemos recomendado también desde la Comisión de Medio Ambiente. 
La contaminación por ozono tiene un claro carácter transfronterizo que justifica que contemos con el mayor número posible de países vecinos desde el comienzo. 
Por último, es importante la información, como asimismo mencionó el Sr. Davies en su intervención de hoy, para que podamos comparar, no sólo las iniciativas adoptadas en los países miembros, sino también las violaciones que se produzcan en los países miembros. 
Pienso que con la aprobación de este informe damos un importante paso adelante y que obtenemos una buena base para las futuras negociaciones con la Comisión y el Consejo en el Comité de Conciliación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el colega Davies ha elaborado un excelente informe sobre el ozono en el aire ambiente. 
Mi Grupo puede apoyar todas las enmiendas. 
Gracias también al colega García-Orcoyen Tormo por el respaldo de las enmiendas de compromiso. 
El Consejo de Ministros de Medio Ambiente solamente quiere solucionar a medias el problema del ozono en el aire ambiente en 2010. 
No quieren ir más allá. 
Nosotros sí queremos. 
Mi Grupo y la Comisión de Medio Ambiente proponen que el ozono en el aire ambiente pase a formar parte del pasado en 2020. Eso puede lograrse si eliminamos completamente las sustancias contaminantes NOx. 
Para ello, hay que empezar por que la segunda generación de catalizadores sea obligatoria para los coches nuevos en 2005 y en 2007 para los camiones nuevos. 
A continuación, hay que introducir pilas de combustible para edificios, viviendas y vehículos 
Por último, repito mi pregunta a la Comisaria ¿Dónde está la propuesta de directiva relativa a sustancias orgánicas volátiles para pinturas? 
También hay que disminuir la concentración de estas sustancias a fin de que desaparezca definitivamente del mundo el ozono en el aire ambiente. 
Se interrumpe el debate en este punto para dar paso al turno de votaciones. Se reanudará a las 15.00 horas. 
Señor von Wogau, tomaremos buena nota de sus observaciones. 
Sin embargo, en el estado actual de mi información, que voy a verificar, el Comité de conflicto de competencias- que es el órgano al que usted se refiere, compuesto por tres Vicepresidentes- adoptó una propuesta de decisión que fue ratificada por la Conferencia de Presidentes de Grupos Políticos en su reunión del jueves pasado. 
Éste es el procedimiento de nuestro Reglamento. 
Sin entrar en la argumentación sobre si esa propuesta de decisión es la más deseable o no, es la que nos ha permitido resolverla de acuerdo con el Reglamento. 
Pero verificaremos si la información que se me ha facilitado está al día. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, está claro por qué nuestro Grupo va a votar el informe Klamt y no va a apoyar su retirada. 
Ayer en esta sala viví un sueño: en la Unión Europea había un solo ejecutivo, que era la Comisión, y un solo legislativo, que era el Parlamento, y de este sueño me despertó el Sr. Vitorino en su última intervención, recordándome que la parte ausente existía. 
Y no sólo existía, sino que había adoptado ya la mayor parte de lo que nosotros estábamos discutiendo. 
Como no quiero que tengan la excusa de decir que no han recibido la opinión del Parlamento, vamos a votar el informe Klamt, pero rogaría al Consejo que, por lo menos, tuviese un mínimo de lealtad. 
Gracias, señora Terrón i Cusí. 
Sobre la ausencia del Consejo, ya saben ustedes- no sé si es casualidad el hecho de que suceda bajo mi Presidencia- que el Consejo sufre una profunda alergia a los debates y votaciones sobre los temas de libertades. 
Es una enfermedad que se manifiesta rítmicamente. 
En cuanto al comentario del Sr. Pirker, creo que está absolutamente fundada su protesta y la Presidencia la transmitirá en la debida forma y por el conducto previsto al Consejo. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0191/2001) de la Sra. Dybkjær, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre las tecnologías de la información y comunicaciones (ICT) y los países en desarrollo (2000/2327 (INI) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0122/2001) del Sr. Aparicio Sánchez, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación del Reglamento (CEE) nº 3911/92 del Consejo relativo a la exportación de bienes culturales y de la Directiva 93/7/CEE del Consejo relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro (COM (2000) 325- C5-0509/2000- 2000/2246 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIONES DE VOTO- Informe Whitehead (A5-0198/2001) 
Señor Presidente, permítame saludar entre el público a mi madre, a mi hermana y a mi esposa que por fin han venido a visitarme a Estrasburgo y me han inspirado esta primera explicación de voto diciéndome: " Mira, es hora de comer. 
Olemos el perfume de los platos italianos, el perfume del parmesamo, el perfume de jamón de Parma, de los espaguetis calientes. 
Se está hablando de Autoridad Alimentaria Europea: ¿dónde mejor que en Parma se puede instalar la sede de la Autoridad Alimentaria Europea? " 
Por esto, he votado con gusto a favor. 
Señor Presidente, quiero expresar mi pesar porque esta Asamblea no se ha pronunciado a favor de tener en cuenta las necesidades de las pequeñas empresas de la producción primaria, procesadoras y comercializadoras en los principios generales básicos y necesidades en el sector alimentario. 
El seguimiento hacia atrás de la producción primaria, es decir, del procesamiento y comercialización, es extraordinariamente importante para los consumidores y los agricultores. 
Solamente puedo subrayar continuamente esto. 
Quiero en cualquier caso indicar que es absolutamente necesario tener en cuenta las grandes empresas y que las pequeñas no deben ser tratadas como los consorcios alimentarios que operan en todo el mundo. 
Además, me parece lamentable, señor Presidente, que no existan regulaciones de excepción de estas disposiciones para aquellas explotaciones que emplean forrajes de producción propia para sus animales. 
Saludo en gran medida la ampliación de la aplicación del principio de prevención en el sentido de la protección del consumidor para alimentos y forrajes procedentes de terceros países. 
Señor Presidente, estimados colegas, la creación de una Autoridad Alimentaria es una señal necesaria para los consumidores cuya confianza en los alimentos se ha visto enormemente dañada en los últimos tiempos. 
No sólo la Comisión sino también cualquier Estado miembro debe tener la posibilidad legal de requerir individualmente los servicios de esta Autoridad. 
Me parece razonable. 
La Autoridad Alimentaria Europea debe trabajar con independencia frente a la Comisión para poder actuar lo más rápidamente posible en caso de crisis. 
Depositamos grandes esperanzas en esta Autoridad y queremos expertos independientes que ofrezcan a la política unos fundamentos científicos para poder adoptar las decisiones correctas y restablecer plenamente la confianza de los consumidores. 
La propuesta de la Comisión sobre la Autoridad Alimentaria Europea tiene como objetivo oficial el de prevenir mejor crisis como las de las vacas locas. 
Pero en realidad se ve cómo se aplica un sistema perfectamente estudiado, destinado a poner obstáculos a los Estados miembros que querrían hacer uso de sus poderes de salvaguarda nacionales en casos de crisis de salud pública (como hizo Francia manteniendo, a finales de 1999, con grave riesgo de la Comisión, un embargo unilateral a la carne de bovino británico) y a preservar así al máximo la sacrosanta libertad de circulación de productos. 
En efecto, aunque el nuevo organismo europeo no tenga otro objetivo que el de remitir dictámenes científicos a las instituciones de la Comunidad y a los Estados miembros, es claro que está destinado a sortear o neutralizar los dictámenes de agencias nacionales de seguridad alimentaria, como la AFSSA en Francia, para evitar que los Gobiernos tengan alguna legitimidad para apoyarse en ellos. 
El nuevo organismo está dirigido por un Consejo de administración de dieciséis miembros, de los cuáles cuatro son designados por el Parlamento Europeo, cuatro por el Consejo cuatro por la Comisión, los cuatro últimos son representantes de los consumidores y de la industria designados por... la Comisión (artículo 24). 
La mitad de los miembros es por tanto designada por la Comisión, y la totalidad por las instituciones europeas. 
No hay ninguno designado por las agencias nacionales de la seguridad alimentaria, algo que hubiera sido necesario para hacer trabajar al conjunto en red. 
Pero con toda evidencia, ése no es el objetivo. 
Para atarlo todo mejor, el director ejecutivo lo nombra el Consejo de administración a propuesta... de la Comisión (artículo 25) , y los miembros de los grupos científicos son nombrados por este mismo Consejo a propuesta... del director ejecutivo (artículo 27). 
¿Quién puede creer que un montaje así no apoyará las posiciones de la Comisión? 
El artículo 22 precisa que el nuevo sistema realizará "Los mejores dictámenes científicos posibles", de manera que se esté bien seguro de desvalorizar a todos los demás. 
El órgano central se denomina "Autoridad Alimentaria Europea" (abreviado "la Autoridad", con "A" mayúscula). 
El nombre debería haber sido "Agencia", ya que en teoría este organismo sólo emite dictámenes, pero la Comisión se mantiene absolutamente en "Autoridad", y se adivina por qué. 
Se trata por una parte de una "Autoridad limentaria", y no de una "Autoridad de la seguridad alimentaria", con el fin de ampliar su campo de acción a importantes ámbitos enumerados en el artículo 21. 
Entre éstos, se descubre por otra parte, modestamente situados a la cola de la lista, a los organismos genéticamente modificados. 
¿Quién puede dudar de que uno de los primeros "dictámenes" de "la Autoridad" va a consistir en aconsejar que se retome la concesión de autorizaciones para los OGM? 
Estamos consternados una vez más al ver que los Estados nacionales caen en trampas tan groseras que los llevarán en el futuro a no proteger a sus ciudadanos. 
Pero después de todo, quizá es eso lo que quieren. 
. (SV) Hemos votado a favor de este informe que en muchos aspectos mejora la propuesta de la Comisión y endurece las normas. 
No obstante, nos hubiese gustado ver una actitud más restrictiva hacia la incorporación de harinas de huesos y carne en los piensos. 
Por eso votamos a favor de la enmienda 100, que, desgraciadamente, fue rechazada. 
En esta enmienda se exige a los Estados miembros que aseguren que las harinas de huesos y carne, con excepción de la harina de pescado, no se vendan en los mercados de piensos. 
Por principio, no soy favorable a la creación de una agencia. 
En estos últimos tiempos constatamos una multiplicación de estas nuevas entidades: Agencia para la seguridad marítima, Agencia Europea de la seguridad aérea, etc. Se está perfilando una nueva burocracia comunitaria. 
Lo lamento. 
Sin embargo, algunas circunstancias pueden llevarnos a reflexionar sobre la oportunidad de la creación de una autoridad especial. 
Éste es el caso. 
La existencia de este informe se desprende de una triste constatación: la Comisión no estaba en condiciones de reaccionar de forma eficaz a las diferentes crisis alimentarias. 
También, para paliar las carencias de la Comisión, para responder a las expectativas de los consumidores y de los agricultores, y para darles motivos para recuperar la confianza, la constitución de una autoridad específica para la seguridad alimentaria puede ser una alternativa eficaz. 
Dos ejes esenciales deben guiar la acción de la Autoridad alimentaria: es preciso confiarle una visión clara y establecer una separación entre lo que depende, por una parte, de la responsabilidad científica y, por otra, de la responsabilidad política. 
La Autoridad debe concentrarse en la identificación y en la evaluación de los riesgos, coordinar sus actividades con las de las agencias nacionales y proporcionar todas las informaciones necesarias. 
En ningún caso la Autoridad alimentaria debe tener por vocación la de gestionar el sistema de alerta rápida. 
Éste es un instrumento al servicio del consumidor y la decisión sobre las medidas a adoptar debe depender íntegra y exclusivamente del sector político. 
Finalmente, con respecto a la localización de esta Autoridad, he votado a favor de la totalidad de la enmienda 188. 
Francia es un gran país fundador de la Unión. 
Debe mostrar a sus socios su adhesión a Europa transponiendo, en los plazos más breves posibles, las directivas europeas. 
Ahora bien, hasta este momento, mi país sigue entre los peores alumnos. 
Con esta votación, deseo simplemente enviar una señal importante a los responsables políticos de Francia para que esta situación se invierta. 
Francia recuperará de este modo su prestigio y tendrá un mayor peso en próximas negociaciones. 
. (IT) La Autoridad Alimentaria Europea fue anunciada en septiembre de 1999. 
El Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria es de enero de 2000. 
Estamos a mitades del año 2001 y aún no podemos decir cuándo esta Autoridad podrá empezar a funcionar. 
Los problemas a resolver son muchos, pero las propuestas han llegado con retraso y las medidas tendentes a evitar el estallido y la propagación de contaminaciones no sabemos cuándo serán ejecutivas. 
Lamento este irresponsable retraso, pues me niego a hacer correr a los consumidores y a los productores los riesgos y los perjuicios reales que se han registrado, por ejemplo, con la propagación de la enfermedad de las vacas locas. 
A la espera de que los procedimientos sigan su curso y de que los Gobiernos y la Comisión alcancen un acuerdo sobre las propuestas del Parlamento en lo que se refiere a las competencias en materia de evaluación y notificación del riesgo y de su gestión- debiendo ser esta última de competencia exclusiva de la Comisión- volvemos a proponer la sugerencia de crear una comisión provisional que pueda garantizar a los ciudadanos europeos la calidad de los alimentos que encuentran en el mercado. 
Por lo que respecta a la sede de la Autoridad, recalco una vez más la conveniencia de que la misma se ubique en una zona agrícola de grandes tradiciones y de que constituya un punto de encuentro entre la región mediterránea y la continental, una zona que goce de una gran y consolidada tradición agroalimentaria y sea sede universitaria y de centros de investigación especializados en el sector agroalimentario. 
Por el contrario, consideramos fuera de lugar que la sede de la Autoridad se convierta en objeto de canje entre la Comisión y algún Gobierno, en perjuicio de los ciudadanos y del sentido común. 
Segura de que, a pesar de los retrasos, el camino a seguir es el que se indica en el informe, voto a favor de la resolución. 
. (EN) Aplaudo sinceramente todo lo que hecho mi colega laborista, Sr. Whitehead, para presentar medidas encaminadas a establecer una Autoridad Alimentaria Europea que se ocupe de la seguridad alimentaria y de las preocupaciones e inquietudes de los consumidores. 
Con tan gran número de informes inquietantes sobre la seguridad de los alimentos, es imperativo que protejamos a las poblaciones de Europa y a nuestras propias normas alimentarias. 
Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, apoyo la propuesta del Sr. Whitehead de que se inserte la palabra "seguridad" en el título del órgano para que diga Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 
La seguridad es lo principal, y tenemos que velar por que en la cadena alimentaria no entren sustancias nocivas por la puerta de servicio. 
Además, debería ampliarse el mandato de la Autoridad para que incluyera la salud y el bienestar de los animales, la salud de las plantas, los OGM y el etiquetado de los alimentos. 
Huelga decir que la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos revisten la máxima importancia. 
Queremos que haya una Autoridad que posea un mandato claro y bien enfocado para examinar las cuestiones de la seguridad alimentaria y cuya labor se base en los principios de la transparencia y el mérito. 
Los diputados laboristas del Parlamento Europeo han estado en la vanguardia de la protección de los consumidores en toda Europa. 
Una y otra vez hemos respaldado las propuestas encaminada a conseguir que la seguridad alimentaria estuviera rigurosamente controlada en la Unión Europea. 
El informe del Sr. Whitehead es una prueba más de que Europa está poniendo orden en su casa y coloca al frente de la lista la seguridad de nuestros ciudadanos. 
Únicamente si se apoya en principios claros y tiene una misión concreta, conseguirá la AESA ganarse la confianza de los consumidores de la Unión Europea y de toda la industria alimentaria de la Unión. 
Informes Paulsen (A5-0185/2001 y A5-0200/2001) 
Señor Presidente, de acuerdo con todos los pensionistas de mi Partido, he votado a favor de estas normas sanitarias tan magníficamente propuestas por la Sra. Paulsen. 
También le he de decir que mi hija Cristina- una de las pocas personas de mi familia que hoy no están conmigo en este Pleno- la semana pasada, al pasar delante de un local donde se vendían perritos calientes y hamburguesas, trató de hacerme entrar diciendo: " ¡Qué perfume! 
Tengo apetito. 
Ven, vamos a comer estos deliciosos perritos calientes ". 
Pero he de decir que en la entrada me encontré con la Sra. Paulsen que con su mole impedía el paso y, por tanto, me vi obligado a escucharla. 
Me dijo: " Cuando entren, comprueben si los perritos calientes llevan etiqueta. 
Miren bien cómo se fabricaron, según qué normas sanitarias y qué comieron estos animales que nos parecen tan apetitosos ". 
Naturalmente insistí en entrar- yo digo siempre que sí cuando mi hija Cristina me pide algo- no obstante, una vez dentro, me acordé de comprobar que se habían aplicado todas las normas sanitarias de la Unión Europea y que se habían colocado todas las etiquetas. 
Debo decir que esto se hizo antes de que se aprobaran estas directivas. 
¡Y comí unos perritos calientes excelentes! 
. (IT) Cuando, hace cinco años, pregunté a la Comisión si conocía la enfermedad de Jakob que se había manifestado en Alemania y si no temía que sin unos controles adecuados la enfermedad podía afectar al ganado vacuno, se me contestó que la Institución estaba al corriente de lo que yo denunciaba, pero que todo estaba bajo control y que no había nada que temer. 
Todos conocemos lo ocurrido. 
La EEB se ha propagado en Gran Bretaña y se ha manifestado, aunque a pequeña escala, también en otros Estados europeos causando víctimas humanas y provocando el sacrificio de un gran número, todavía sin determinar, de vacunos con perjuicios enormes para los ganaderos y para la economía zootécnica de regiones enteras. 
En opinión general, los piensos derivados de harinas animales han favorecido la propagación de las epidemias en el ganado. 
La propuesta de la Comisión relativa a las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales va en la dirección correcta, pero concuerdo con la ponente que tiende a reforzar el reglamento pidiendo una clara distinción y, en consecuencia, la visibilidad en la cadena alimentaria, entre las tres categorías de materiales: los que entrañan una peligrosidad extrema como en los casos de contaminación por dioxinas o encefalitis espongiforme transmisible (EET) , los materiales de riesgo por enfermedades distintas de la EET y los que son productos de animales sanos. 
Los subproductos de la primera y segunda categoría se deberían localizar por medio de sustancias colorantes u odoríferas y se tendrían que prohibir. 
Sólo los de la tercera categoría podrían entrar en la composición de alimentos para animales. 
Cuanto más rígidos sean los controles, mejor será para la salud de los consumidores. 
A pesar de las encomiables enmiendas presentadas por la ponente, cuyos esfuerzos para reforzar las propuestas de la Comisión valoramos positivamente, quedan muchos puntos sin resolver en cuanto a las medidas urgentes que se deberán tomar en caso de crisis. 
Por esta razón me pronuncio en favor de la abstención. 
Informe Karamanou (A5-0206/2001) 
Condenamos enérgicamente la pornografía infantil. 
Opinamos que es un delito muy grave. 
Por ese motivo, creemos que la propuesta de la Comisión es mejor que el informe de la Comisión de Justicia. 
Es importante que en la ley se defina claramente la pornografía infantil. 
No es aceptable que la amplitud de la definición dificulte el trabajo de la policía y de las autoridades. 
Si los tutores infantiles reconocen haber cometido abusos contra menores, deberán ser tratados como delincuentes y no merecen recibir un tratamiento especial. 
Si en algún Estado miembro no existe la obligación de denunciar esta clase delitos, confiamos en que la Comisión instará a ese país a que legisle sobre la materia. 
Sin embargo, no nos interesa alentar el denominado pánico moral, incitando a los ciudadanos a denunciar a alguien sin que existan sospechas fundadas. 
Finalmente, rechazamos la propuesta de la Comisión y de la comisión respecto a los límites de edad. 
Según la Convención sobre la Infancia de la ONU, una persona es considerada niño hasta que haya cumplido los 18 años. 
Cualquiera que sea la edad de la víctima, tienen que ser decisivos a la hora de aplicar penas la edad, la situación personal y el tipo y el grado de abuso que se haya cometido,. 
Señor Presidente, he votado a favor de este informe mediante el cual la Unión Europea se dispone a luchar contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. 
Debo decir que, en mi condición de secretario nacional del Partido de los Pensionistas italiano, son muchas las personas mayores que frecuento y, entre ellas, está mi madre que, aunque es muy joven de aspecto y a la hora de andar, ha superado desde hace algún tiempo los 65 años. Pues bien ella me ha dicho: " Dispongo de mucho tiempo, estoy libre. 
Podría acompañar al colegio a mis nietos y también a mis bisnietos si los tuviera ". 
Y lo mismo me dijeron muchas personas mayores que estarían dispuestas a acompañar a los niños dondequiera que fuesen. 
Por lo tanto, espero que en los próximos informes la Sra. Karamanou y nuestro Parlamento propongan que se facilite la utilización de las personas mayores para cuidar a los niños. 
. (IT) El Grupo de Alianza Nacional ha votado a favor del informe, puesto que por fin las Instituciones europeas se han comprometido muy seriamente a luchar contra fenómenos, como la pornografía infantil y la explotación sexual de los niños, que se agravan y extienden cada vez más y cuyas víctimas son los ciudadanos más débiles e indefensos de la Unión Europea, o sea, nuestros niños. 
Se trata de un primer y encomiable paso adelante que reclama la responsabilidad de los Estados miembros en aras de una regulación legislativa más adecuada para que este odioso delito sea tipificado como tal. 
El grupo de Alianza Nacional ha denunciado en muchas ocasiones la necesidad y la urgencia de intervenir y de imponer normas de control y de prohibición más estrictas en Internet que es uno de los principales canales de comunicación y de difusión de material pornográfico infantil audiovisual, llegando a atribuir a los proveedores de servicios la responsabilidad penal de los servicios que suministran. 
Por último, hemos valorado muy positivamente la propuesta de embargar los beneficios derivados de estas actividades de explotación sexual para destinarlos a las víctimas y a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la defensa de los derechos de la infancia. 
En consecuencia, el papel de la Unión Europea será decisivo a la hora de luchar contra un fenómeno que no conoce fronteras, ya que con frecuencia está gestionado por grandes organizaciones delictivas a escala internacional. 
. (SV) La delegación conservadora del Grupo PPE-DE opina que los artículos sobre penalización contenidos en el informe sobre medidas para combatir la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil son algo débiles, lo que dificulta percibir el ámbito punible. 
Hemos votado a favor del informe, ya que suponemos que no se necesitarán modificaciones constitucionales. 
Nuestra abstención en este texto no significa en ningún modo desinterés ni neutralidad con respecto al problema de la pedofilia, que condenamos firmemente. 
Significa solamente que el texto es insuficiente en algunos puntos y ambiguo en otros. 
. (SV) Señor Presidente, el Grupo GUE/NGL no respalda el informe Karamanou sobre pornografía infantil. 
Condenamos enérgicamente la pornografía infantil. 
Opinamos que es un delito muy grave. 
Por ese motivo, creemos que la propuesta de la Comisión es mejor que el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Es importante que en la ley se defina claramente la pornografía infantil. 
No es aceptable que la amplitud de la definición dificulte el trabajo de la policía y de las autoridades. 
Si los tutores infantiles reconocen haber cometido abusos contra menores, deberán ser tratados como delincuentes y no merecen recibir un tratamiento especial. 
Si en algún Estado miembro no existe la obligación de denunciar esta clase delitos, confiamos en que la Comisión instará a ese país a que legisle sobre la materia. 
Sin embargo, no nos interesa alentar el denominado pánico moral, incitando a los ciudadanos a denunciar a alguien sin que existan sospechas fundadas. 
Finalmente, rechazamos la propuesta de la Comisión y de la comisión respecto a los límites de edad. 
Según la Convención sobre la Infancia de la ONU, una persona es considerada niño hasta que haya cumplido los 18 años. 
Cualquiera que sea la edad de la víctima, tienen que ser decisivos a la hora de aplicar penas la edad, la situación personal y el tipo y el grado de abuso que se haya cometido. 
Como reconoce el informe, hay ya importantes documentos en el nivel internacional que protegen a los niños, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y el Convenio del Consejo de Europa sobre el delito cibernético. 
Corresponde a la Unión Europea completar y profundizar esos trabajos teniendo en cuenta la gravedad de la situación que se sigue viviendo en esa esfera. 
Pero no basta con establecer disposiciones legales. 
Es necesario también adoptar medidas políticas de fondo en lo relativo a las causas. 
Ahora bien, la propuesta de la Comisión Europea es bastante deficiente respecto del análisis de las causas de la explotación sexual de los niños, así como sus consecuencias, y muy atrasada en cuanto a las medidas propuestas y a la propia definición de pornografía infantil. 
Durante el debate de la propuesta en la Comisión de Derechos de la Mujer presentamos varia propuestas de enmienda, con lo que hicimos una contribución positiva para mejorar las posiciones iniciales. 
No todas fueron aprobadas, pero el informe mejora en gran medida la propuesta de la Comisión en varios aspectos, aunque no llegue a ser lo que sería deseable en esa esfera, en particular en lo relativo al concepto de pornografía infantil y a las penas aplicables. 
Somos favorables a la actuación que afirma la necesidad de una decisión marco que defienda la necesidad de una acción fuerte y concertada para luchar contra la explotación sexual de los niños y la pedopornografía; al experimentar esta última un desarrollo especial con Internet y las nuevas tecnologías. 
Esta lucha debe llevarse a cabo en todos los sentidos, ya que las consecuencias para los niños son desastrosas y, desde este punto de vista, apoyamos el hecho de que la aprensión de material pedopornográfico constituya en sí misma un delito. 
El principal problema es evitar que esta necesaria lucha contra la explotación sexual de los niños y la pedopornografía se utilice por los partidarios de una moral retrógrada y conduzca a excesos liberticidas, principalmente con respecto a algunos materiales de información sexual o a algunas ficciones. 
Así, no se puede afirmar que cualquier representación de niños que contenga "comportamientos sexuales" sea reprensible. 
Es la ambigüedad de una serie de enmiendas que tratan sobre las producciones virtuales. 
Posiblemente hay una preocupación justa, pero el riesgo de equivocación es real. 
Estamos, pues, a favor de una lucha sin concesiones contra la explotación sexual de los niños y la pedopornografía. 
Pero una serie de enmiendas presentan un riesgo real de utilización de esta justa lucha para fines reaccionarios. 
Por eso nos abstenemos. 
Los crímenes de Marc Dutroux cometidos en Bélgica y semejantes atrocidades acontecidas en otras partes del mundo llevan ya años pidiendo una respuesta. 
La gente que considera más importante obtener placer personal o ganar dinero con el disfrute de otros que proteger a los niños constituye un peligro para la sociedad en su conjunto. 
La sociedad debe protegerse frente a las personas que obligan a los niños a tratos sexuales y que, incluso, son capaces de asesinarlos cuando ya no están disponibles para ese objetivo. 
Puedo respaldar plenamente esa parte de las enmiendas del informe Karamanou. 
Lamentablemente, percibo un matiz victoriano decimonónico ante otras enmiendas y en el debate de las mismas. 
Tengo la impresión de que algunos defensores de las medidas duras realmente también querrían prohibir el matrimonio entre homosexuales, el nudismo, las imágenes y los textos pornográficos, el sexo fuera del matrimonio y el Manneke Pis. Así mismo, pretenden criminalizar a los padres si alguien considera que sus hijos no han sido educados de forma suficientemente mojigata. 
Entonces, ya se comete una infracción si das información sexual a tus hijos, si alguien puede verlos desnudos o si los hijos pueden ver desnudos a los padres. 
Con ello no se coge a los irresponsables, a los que se aprovechan y a los criminales, sino que se elimina la nueva libertad adquirida de personas normales de buena voluntad. 
No apoyaré esa parte de su lucha. 
. (IT) Desde hace más de siete años, Alianza Nacional, miembro del Grupo del Partido Popular Europeo- Demócratas Europeos, viene solicitando, con intervenciones en el Pleno, preguntas, propuestas de resolución, conferencias de prensa, mesas redondas y congresos, medidas para luchar contra el deleznable delito de la pedofilia y de la explotación sexual de los niños a través de la pornografía infantil. 
Hemos recurrido incluso a una petición popular para tratar de llamar la atención de la Comisión, de los Gobiernos y de las fuerzas políticas en aras de la defensa de los miles y miles de niños, víctimas del delito por partida doble: primero, por las violencias sufridas y, segundo, por la lentitud de los procesos y por la indiferencia de las instituciones. 
Por fin el Consejo y el Parlamento promueven nuevas iniciativas que, sin embargo, no son determinantes si no se promueve en todo el mundo, y en especial en Occidente, una cultura respetuosa con los niños y una legislación dura y rápida contra sus verdugos. 
Un Occidente que permite la difusión de la pornografía infantil a través de Internet y que consiente la difusión de imágenes y de propaganda pedófila, relacionada con los negocios más turbios, no puede ser eficaz de cara a la protección de los menores. 
La Comisión debe hacerse cargo de esta inconcebible situación y negociar con los organismos internacionales y los Gobiernos para impedir el uso de Internet con fines ilícitos. 
. (EN) Felicito a mi colega socialista, la Sra. Karamanou, por su informe sobre la lucha contra la explotación sexual de la infancia. 
Europa tiene que introducir medidas más rigurosas para abordar este tema tan desagradable y para conseguir que los culpables sean sancionados de forma análoga en toda la Unión Europea. 
Todos hemos oído hablar de casos horribles y trágicos de pornografía infantil y de explotación infantil en toda Europa. 
Tenemos que conseguir que esa historia no se repita. 
Nuestros niños y niñas no tienen que sufrir nunca más aflicciones tan terribles y nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para lograrlo. 
Debemos aumentar la cooperación entre Estados miembros de la Unión Europea mediante la institución de penas comunes para los culpables y de servicios policiales que desempeñen sus tareas en todos los Estados miembros. 
Hay que imponer penas más fuertes a los que participan en la explotación sexual de niñas y niños y no hay que tolerar que los culpables escapen impunemente. 
Hay que adoptar firmes medidas contra los que sean culpables de explotar a niños, así como contra los que han obtenido beneficios financieros o forman parte de una organización criminal. 
Hay que considerar también como delincuentes criminales a los progenitores que han aceptado que un niño se dedique a la prostitución o a la pornografía. 
Estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Karamanou en que hay que dar mejor protección y asistencia a las víctimas y a los testigos. 
Es importante que haya indemnización financiera para la rehabilitación, pero no olvidemos que la inocencia perdida no se puede recuperar a ningún precio. 
Nuestros niños son nuestros ciudadanos más vulnerables y tenemos que hacer todo lo que podamos por protegerlos. 
Solamente quiero preguntar si sería posible tratar primero las explicaciones de voto por escrito. 
Tengo entendido que hay que quedarse en la Sala cuando se realizan las explicaciones de voto por escrito. 
¿O se han cambiado las reglas nuevamente? 
Ahora, mi delegación se ha quedado aquí, ya que queremos presentar una explicación de voto por escrito. 
No queremos irnos antes de que se registre. 
Por eso sería más sencillo si tratásemos en primer lugar las explicaciones de voto por escrito. 
Quiero que se me aclare una cosa: ¿Hay que estar presente o no en la Sala si se quiere registrar una explicación de voto por escrito? 
No estoy seguro de haberla entendido bien, señora Carlsson, pero la práctica desde hace muchos años es que a cualquiera que haya tomado parte en la votación le basta depositar la explicación de voto por escrito ante la Mesa o comunicar que la entregará en un plazo de dos horas, y no tiene que esperar a que la llamen. 
Si usted ha tomado parte en la votación y no quiere esperar y quiere hacer la explicación de voto por escrito, basta con que lo indique y antes de las tres de la tarde nos entregue su texto por escrito. 
¿Está claro? 
Señor Presidente, no sé por qué razón, pero quizás sea porque se avecina la hora de comer que encuentro la ocasión para describirle en mis explicaciones de voto las situaciones con que me encuentro cuando voy al restaurante. 
Para explicar mi voto favorable a este texto sobre la lucha contra la trata de seres humanos, debo decir que en el año 2010 fui a un restaurante chino. 
No se asombre, señor Presidente, pero a mi me puede ocurrir que el futuro se convierta en presente. 
Pues bien, en el año 2010 estuve en un restaurante chino y comí de maravilla. 
Comí tan bien que luego hice amistad con el propietario y le pregunté por su vida. 
Y él me dijo: " ¿Pero usted fue diputado europeo? 
Hizo bien en votar a favor del informe contra la trata de seres humanos, porque, mire, yo tenía que haber trabajado sin cotizar, sin sueldo, sin pensión, ya que entré ilegalmente aquí en Estrasburgo. 
En cambio, de esta forma, pude trabajar con un buen sueldo, tuve una pensión y ahora me dedico a este restaurante. 
Por lo tanto, el mérito es del Parlamento Europeo y de su personal por haber votado a favor de este informe hace diez años ". 
Y me dijo: "¡ Gracias !" 
La Comisión nos propone hoy reglamentaciones contra el tráfico de seres humanos y la explotación sexual que no podemos más que aprobar, señalando sin embargo que ambos ocultan una maniobra menos loable sobre las cuestiones de inmigración clandestina. 
Efectivamente, la Comisión, con frecuencia acusada de utilizar los nuevos poderes de iniciativa que detenta por el Tratado de Amsterdam en un sentido demasiado favorable a la inmigración (propuestas sobre el reagrupamiento familiar y sobre la protección temporal principalmente) , intenta enmendarse incluyendo en el tráfico de seres humanos el tráfico de personas con fines de explotación de su trabajo. 
Pretende contribuir así a luchar contra la inmigración clandestina. 
Pero en realidad se trata de una coartada. 
Viendo el texto más de cerca, se puede percibir que el planteamiento elegido tiende más a vaciar las medidas represivas. 
La infracción de "tráfico de seres humanos para explotar su trabajo", tal como figura descrita en el artículo 1, no exige el paso ilegal de una frontera, lo que constituye sin embargo el primer criterio de la inmigración clandestina. 
Resultado: esta infracción queda definida de forma vaga, susceptible de incluir casos muy diversos, y no solamente la inmigración clandestina. 
Con el pretexto de esta amplia definición, la persona objeto del tráfico se presenta en la exposición de motivos de la Comisión como una "víctima". 
Es necesario, para que se produzca una infracción, que esta víctima haya sufrido una limitación, lo que no corresponde al caso de inmigrantes clandestinos que en general vienen voluntariamente. 
En estas condiciones, estas supuestas disposiciones contra la inmigración clandestina, ahogadas en la lucha contra todo tipo de explotación, incluida la pedopornografía, no pueden ser eficaces. 
No sirven más que para proporcionar una contrapartida engañosa a otros textos sobre la inmigración que son muy laxos. 
Afortunadamente, los Estados miembros, y principalmente Francia, han utilizado el derecho de iniciativa que poseen aún hasta el 1 de mayo de 2004 para hacer otras propuestas, más precisas, más adaptadas, y por tanto más eficaces: un proyecto de decisión marco orientado a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada y a la estancia irregulares; un proyecto de directiva destinado a definir mejor la ayuda en el momento de la entrada, en la circulación y en la estancia regulares; un proyecto de directiva sobre la responsabilidad de los transportistas de inmigrantes ilegales. 
Si los Estados miembros no hubieran adoptado estas iniciativas de reequilibrio, los actuales textos de la Comisión apenas hubieran tenido sentido, al menos en lo que respecta a la inmigración clandestina. 
. (DA) Mostramos reservas sobre la base legal de los dos informes. 
Tanto el tráfico de seres humanos como la emigración supuestamente voluntaria, pero en realidad bajo la imposición de la miseria, tienen en común que las dos crecen en el mantillo de la pobreza de la mayor parte del planeta. 
Sin un cambio social profundo que ponga fin a un sistema que, para acumular la riqueza en las manos de la clase privilegiada de los países ricos, empobrece a las clases trabajadoras del planeta, no se pondrá fin ni a la llamada emigración voluntaria ni al tráfico de seres humanos. 
Hemos votado el texto para manifestar nuestra condena a aquellos que obtienen beneficio de este tipo de tráfico o del comercio sexual. 
Es necesario sin embargo constatar que esta resolución veleidosa no va ni siquiera hasta el final de su planteamiento, aunque no fuera más que a concediendo a las víctimas de este tráfico no un permiso temporal de residencia sino el derecho pleno de quedarse, si lo desean, en los países de la Unión Europea. 
. (EN) Me alegro de que se hayan adoptado los dos informes que preconizan una cooperación más estrecha entre Estados miembros en lo que se refiere a dos flagelos interrelacionados: la explotación sexual de la infancia, y la trata de seres humanos. 
Los informes Klamt y Karamanou tienen en común que persiguen definiciones armonizadas de la explotación sexual. 
Piden que haya una definición común y que se impongan penas por pornografía en momentos en que Internet brinda a la explotación sexual la posibilidad de cruzar todas las fronteras. 
Es horroroso que haya casos de esclavitud y de explotación en un continente europeo cuyos habitantes quisieran considerarse como socialmente esclarecidos. 
Es imperativo que las propuestas en favor de imponer penas graves a los convictos de explotación sexual y trata reciban el apoyo de todos. 
Insto al Gobierno irlandés a que indique claramente qué posición va a adoptar acerca de estas cuestiones antes de que llegue el momento de que el Consejo se pronuncie sobre ellas. 
Los considerandos del proyecto que afirman la necesidad de adoptar medidas firmes para oponerse al tráfico de seres humanos así como las referencias a los textos de la ONU nos parecen globalmente correctos. 
Por supuesto, la noción de explotación en el trabajo podría ampliarse (las referencias son las de la Carta de derechos fundamentales, demasiado restrictivas). 
El principal peligro reside en la asimilación o en la confusión entre el tráfico de seres humanos y la inmigración. 
Por ello hemos apoyado las enmiendas que recuerdan que la lucha contra el tráfico de seres humanos no debe servir para reprimir a los sin papeles, o que se refieren al derecho de residencia para todas las víctimas. 
Hemos votado también las enmiendas que pretenden calificar como delito lo que se denomina inicialmente infracción, a la vista de lo que significa el tráfico de seres humanos en términos de explotación, de humillación y de violencia física y psíquica. 
Finalmente, deseamos claramente afirmar que nuestro voto positivo a esta propuesta de decisión marco no significa para nosotros de ninguna manera una aceptación cualquiera o legitimación de los diferentes sistemas europeos de cooperación policial y judicial en funcionamiento. 
La pobreza y la riqueza cada vez están más desigualmente repartidas entre los países o entre grupos dentro de un mismo país. 
Existe un grupo creciente en los países ricos en el que resulta más prestigioso ganar el máximo dinero posible que contribuir a la riqueza de los conciudadanos y a la protección del medio humano. 
Eso saca a la luz lo peor de las personas. 
La esclavitud colonial fue abolida hace 140 años, pero ahora surgen a buen ritmo nuevas formas de esclavitud. 
Muchas mujeres y niños de Europa del Este y del Tercer Mundo caen en manos de nuevos negreros al emigrar a países más ricos en busca de una existencia mejor. Quieren ganar dinero obligando a otros a prestar servicios sexuales no deseados. 
Se necesitan medidas duras, no para castigar a las víctimas, sino para impedir a esas personas que se aprovechan, que cometan actividades criminales. 
Es positivo que la propuesta distinga entre la ayuda humanitaria prestada a las personas que carecen de los documentos exigidos y la trata de personas, que se cree un fondo de compensación para las víctimas financiado por los beneficios ilegales incautados y que las víctimas y los testigos sean protegidos. 
Puedo, por ello, respaldar las líneas generales del informe Klamt, aunque al igual que la Sra. Sörensen, me temo que los verdaderos mafiosos también con esto continúen siendo demasiado inalcanzables. 
. (SV) Los cristianodemócratas suecos aplaudimos la iniciativa para combatir la trata de seres humanos. 
Creemos que hay que distinguir entre los conceptos de trata de seres humanos y contrabando de seres humanos. 
En consecuencia, sería conveniente que ambos fenómenos fuesen contemplados por dos instrumentos jurídicos separados, opinión ésta que se refleja en nuestro voto. 
Además, opinamos que puesto que la decisión marco se ocupa de la lucha contra la trata de seres humanos y de las penas a quienes cometan estos delitos, los asuntos relativos a las víctimas de este comercio no deberían contemplarse en el mismo instrumento. 
Por eso hemos optado por votar en blanco respecto a esos puntos. 
. Apoyo este informe contra la trata de seres humanos. 
Europa tiene que acabar con el comercio y la trata de seres humanos. 
La trata de seres humanos involucra el uso de la fuerza, violencia, engaño y abuso de sus víctimas, y es totalmente inaceptable. 
Más de 120.000 mujeres y niños son secuestrados cada año en Europa oriental para someterlos a explotación en la Unión Europea. 
Ese tipo de actividad no solamente es punible sino que debería ser tipificada como delito criminal. 
Tengo la firme convicción de que debería haber normas comunes en materia de penas, y de que los culpables deberían recibir una pena mínima de prisión de seis años que podría llegar hasta 10 años en los casos más graves. 
Todos los que participan en la trata organizada de seres humanos deberían exponerse a penas rigurosas, tanto si se trata de agentes de policía como si se trata de agentes de aduanas o de oficiales de la administración pública. 
Al tratar de esta cuestión no podemos olvidar las necesidades de las víctimas y sus sufrimientos. 
Necesitan que se les preste más apoyo, incluida una indemnización financiera con cargo a las ganancias confiscadas a la delincuencia. 
El mercado único de Europa permite que se atraviesen las fronteras, pero tenemos que hacer todo lo que podamos para evitar que se exploten nuestras fronteras. 
Si realmente somos la Europa de los pueblos, tenemos que dar la máxima prioridad a los pueblos y protegerlos contra abusos como el de la trata. 
Informes Karamanou (A5-0256/2001) y Klamt (A5-0183/2001) 
Informe Dybkjær (A5-0191/2001) 
Señor Presidente, anoche, al volver al hotel en compañía de mi mujer, Graziella, que está por fin en Estrasburgo, le leí una parte de este informe Dybkjær en el cual se dice que 2 millardos de personas en el mundo, en los países en desarrollo, no han hecho nunca una llamada de teléfono, no han visto nunca la televisión, no han ido nunca al cine, ni en avión ni en coche. 
"¡ Ah !" exclamó, "entonces son personas afortunadas, que están bien, sin teléfono, sin televisión, sin coches !" 
"No" le expliqué. 
" No puedo votar en contra de este informe, como a ti te gustaría. 
Debo votar a favor porque han de progresar, ellos también deben tener televisión, cine, teléfono ". 
Y por eso he votado a favor. 
Sin embargo, señor Presidente, ella se alteró tanto que non peleamos y por segunda vez pasé la noche en blanco. 
No obstante, he votado a favor de este informe y estoy muy contento de haberlo hecho. 
Sólo podemos votar en contra de este montón de pamplinas que desde su primer considerando plantea que los países pobres tienen "la posibilidad de mejorar su situación económica, reducir la pobreza... ", a poco que sepan utilizar esta "revolución que constituyen las tecnologías de la información y de las comunicaciones". 
En muchos países pobres, la mayoría de la población no solamente no dispone de electricidad sino que no está ni siquiera convenientemente alimentada. 
Es más fácil elaborar y votar resoluciones de este tipo, incluso conceder algunos subsidios que permitan a constructores de ordenadores deshacerse de existencias invendibles, que alimentar a la población de esos países, o mejor, darles la posibilidad de alimentarse por sí mismos en lugar de saquearlos y obligarlos a abandonar incluso los cultivos de los que se abastecen para producir para los mercados occidentales. 
Hace falta mucha inconsciencia o un alto grado de cinismo para afirmar que las "tecnologías de la información y de las comunicaciones permiten aportar una contribución significativa a la democracia directa... ". 
La población de una serie de países pobres, principalmente en África, se conformaría, en materia de "contribución" a la democracia por parte de las grandes potencias de Europa, con ver a éstas dejar de apoyar, de financiar y armar a sus dictadores. 
Pero pedir a los Gobiernos de Europa que abandonen las dictaduras autóctonas que protegen los intereses de sus grupos de empresas sería pedir demasiado. 
¿Piden los pueblos democracia? 
Que se conformen pues con Internet. 
Informe Aparicio Sánchez (A5-0122/2001) 
Señor Presidente, deseo buen provecho tanto a usted como a todos los intérpretes y funcionarios que han tenido la paciencia de quedarse conmigo en el Pleno. 
He votado a favor de este informe y fue mi hermana que me sugirió esta explicación de voto. 
Me dijo: " Pero oye ¿cuándo vamos a ver por fin en Italia la Gioconda? 
¿Cuándo veremos en Estrasburgo el Moisés de Miguel Ángel? 
Y ¿cuándo veremos en España los Van Gogh y los Renoir que nunca han sido expuestos en nuestros museos? " 
Le contesté: "Muy pronto, porque seguramente la Unión Europea, además de regular los robos de obras de arte, hará todo lo posible para que estas obras puedan circular libre y fácilmente por toda Europa". 
Y por hoy he terminado mis declaraciones de voto. 
Hemos votado en contra de este informe para denunciar la hipocresía de un texto que pretende oponerse al recrudecimiento de los robos de objetos de arte en la Unión Europea y a su comercio ilícito. 
El redactor de este texto olvida precisar que no solamente los museos nacionales de los países de Europa, sino también las colecciones privadas, están llenos de objetos de arte producto del pillaje en el transcurso de los siglos en los países del Mediterráneo, en Oriente Medio, en Asia, en América latina o en África. 
Mientras que el British Museum, el Louvre o el museo Pergamon de Berlín están repletos de maravillas del arte antiguo, en Grecia ya no quedan nada más que copias en estuco. 
En los museos, estos objetos de arte están al menos expuestos al público. 
No ocurre lo mismo con las colecciones privadas. 
Y ya que el texto pretende prevenir el comercio ilícito, debería en primer lugar definir como ilícitos todos aquellos actos de compra que permiten a individuos riquísimos apropiarse y conservar para su uso privado bienes culturales que deberían ser patrimonio de toda la humanidad y accesibles a todos. 
Señor Fatuzzo, antes de suspender la sesión, le informaré de un detalle que seguro que le apasionará: cada segundo de intervención, cuesta al contribuyente europeo 9,65 euros. 
Se cierra el turno de votaciones. 
(Se suspende la sesión a las 13.20 horas y se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden el día, se procede a la continuación del debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0187/2001) del Sr. Davies, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común del Consejo (13114/1/2000- C5-0090/2001- 1999/0068 (COD) ) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono en el aire ambiente. 
Señor Presidente, en mi opinión, en el fondo el informe Davies trata de la credibilidad de la política medioambiental de la UE y de si realmente queremos intentar alcanzar los objetivos que se ha propuesto la Unión. 
El ozono en el aire ambiente es una grave forma de contaminación que crea considerables problemas medioambientales y de salud pública. 
Por eso no conviene tener una legislación que sólo hable de objetivos que deben cumplirse en la mayor medida posible, como lo expresa el Consejo de Ministros. 
En este contexto, respaldamos las enmiendas 5 y 23 que señalan que los objetivos deberán ser alcanzados a más tardar el año 2020 y que no se podrá exceder en más de 20 días por año hasta 2010. 
La legislación es ineficaz sin esas modificaciones. 
Otra parte interesante del informe Davies son las exigencias más rigurosas de información a la ciudadanía. 
Este tipo de contaminación tiene considerables efectos en la salud pública. 
Por eso es esencial que los ciudadanos y las organizaciones de voluntariado tengan acceso a toda la información. 
La política medioambiental de la Unión debe ser la misma en los diferentes sectores. 
Existen antiguos objetivos para la calidad del aire y ahora, en una conciliación, se están negociando con el Consejo las normas sobre los techos nacionales de emisión y sobre las grandes instalaciones de incineración. 
Para que esta política pueda ser homogénea se necesitan normas obligatorias en relación con las emisiones de ozono. 
Con estas palabras quiero dar las gracias al ponente este excelente trabajo, que votaremos favorablemente en todas sus partes. 
Señor Presidente, esta directiva tiende principalmente a fijar objetivos para los niveles de ozono que se permitirán en el aire ambiente de la Unión Europea. 
La directiva forma parte de un conjunto general de normas que está ejecutando en estos momentos la Unión Europea para cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo de Kyoto. 
Todos sabemos que el Acuerdo de Kyoto estableció un calendario para la reducción del nivel de utilización de gases de efecto invernadero. 
El Presidente de los Estados Unidos, Sr. Bush, ha declarado ya que quiere volver a negociar el Acuerdo de Kyoto. 
Esto es sumamente lamentable porque muchos consideran que los objetivos fijados por el Acuerdo de Kyoto no alcanzarán siquiera la meta consistente en reducir sustancialmente la utilización de gases de efecto invernadero. 
La clara evidencia científica es que el cambio climático es algo real, que está sucediendo, y que empeorará. 
Las emisiones en el mundo desarrollado son el motivo principal del recalentamiento mundial. 
Los países desarrollados tienen que adoptar las primeras medidas positivas para reducir las emisiones. 
La Unión Europea está resuelta a desempeñar su papel a fin de alcanzar nuestra reducción prevista del 8% en emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los niveles de 1990 a lo largo del presente decenio. 
Todos sabemos que el Presidente Bush va a reunirse con los dirigentes de la Unión Europea en Gotemburgo esta semana. 
Espero que el Presidente de los Estados Unidos llegue con una propuesta firme que exponga de qué manera su Gobierno tiene la intención de reducir el nivel de gases de efecto invernadero en el futuro inmediato. 
Hay pruebas científicas inequívocas de los daños que han sufrido muchas comunidades a medida que se agotaba la capa de ozono. 
La amplia producción de gases de efecto invernadero está dando por resultado el agotamiento de la capa de ozono que, a su vez, es causa de que suba el nivel del mar, haya una mayor erosión costera, mayores inundaciones y la eliminación de muchas de nuestras comunidades insulares. 
Tenemos la obligación moral de velar, no solamente por que se proteja la calidad de la vida de las comunidades actuales, sino por que se proteja también la calidad de la vida de las comunidades futuras. 
Por eso es tan importante que garanticemos todos que reduciremos el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en Europa, en los Estados Unidos de América y en todos los lugares a fin de alcanzar nuestro objetivo a ese respecto. 
Felicito al Sr. Davies por su excelente informe. 
Señor Presidente, desde esta mañana estamos hablando precisamente del ozono, y de sus graves efectos para la salud humana, pero también sobre los ecosistemas y el medio ambiente en su conjunto. 
Yo misma presido en mi departamento en Francia una red de vigilancia de la calidad del aire, y en cada ocasión en la que hace muy buen tiempo, con mucho sol y sin viento, temo las consecuencias de la circulación de automóviles. 
Sé que en ese momento habrá inevitablemente una superación de los niveles mínimos, lo que se llama habitualmente un pico de ozono. 
¿Qué hacer en esas condiciones? 
¿Qué hacer para respetar el protocolo de Kyoto, y poner remedio al problema del cambio climático? 
Sabemos que es la actividad humana, industrial, la circulación de automóviles, la que está en el origen de la superación de los niveles mínimos de ozono en el medio urbano, pero este ozono se expande con el viento y según los relieves a regiones que deberían estar preservadas. 
Resulta fundamental por tanto fijarse objetivos precisos, tener verdaderas redes válidas de vigilancia de la calidad del aire. 
Las señales de alerta rápida en caso de superación de los niveles mínimos de ozono susceptibles de dañar la salud de las personas frágiles como los niños, las personas mayores, las personas con deficiencias cardiacas o respiratorias, han de ser eficaces. 
El territorio europeo debe formar una red de tal manera que todo el mundo esté debidamente informado. 
Pero hemos de ser conscientes de que es difícil reducir los límites en España, en Grecia, en Italia, que en los países del sur de Europa resulta mucho más difícil que en los países del Norte. 
Los responsables locales deben adoptar las medidas más adecuadas en materia de urbanismo, en el marco de un desarrollo duradero, sin dañar sin embargo la competitividad de nuestras empresas. 
Será necesario sensibilizar ante todo a aquellos que pueden modificar su comportamiento, pero principalmente, para tener éxito, conseguir que todos los Estados se sientan responsables y que nuestras decisiones no sean solamente europeas sino también internacionales. 
El Presidente Bush ha llegado a Europa; ojalá podamos hacer que tome conciencia de la responsabilidad que Estados Unidos tiene también en este ámbito. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Davies por la labor que ha consagrado a este informe. 
Nos ofrece algo que sin duda alguna brindará algunas cuestiones interesantes que podremos examinar y debatir y luego resolver en régimen de consulta. 
Este informe demuestra de forma excelente por qué hay que desarrollar en el plano europeo una política de medio ambiente. 
El ozono es un problema europeo, y es el mejor ejemplo que se me ocurre de un problema que ha de abordarse en el plano europeo 
Dentro del Reino Unido, país en el que desde muchos puntos de vista las circunstancias están entre las más favorables de la Unión Europea, el 50% del ozono se debe a emisiones provenientes de fuera del Reino Unido. 
Así sucede poco más o menos en el resto de Europa. 
En realidad, en muchas partes de Europa gran número de los problemas relacionados con el ozono no son necesariamente una consecuencia de las actividades del Estado miembro de que se trate. 
El ozono es un problema colectivo que hay que abordar colectivamente. 
Hay un aspecto que me preocupa, y es que estamos tratando de fijar valores demasiado rigurosos. 
Estamos estableciendo valores límite que, por su mera naturaleza, serán casi imposibles de cumplir para muchos Estados miembros en determinadas circunstancias a lo largo del año. 
Esos Estados miembros van a encontrarse, sin tener la culpa, en infracción de la legislación europea. 
No es lógico que creemos una norma legislativa que coloca en semejante posición a los Estados miembros. 
Hay muchos Estados miembros, particularmente en Europa meridional y en Europa central y oriental, que se van a encontrar constantemente en infracción de esta legislación, hagan lo que hagan. 
Algunas de las cosas que van a tener que hacer, cuando les sea materialmente posible, según indican las enmiendas de compromiso, será cerrar fábricas, quizá clausurar partes enteras de la industria, y crear zonas sin vehículos dentro de sus ciudades. 
Aún así, no resolverán el problema del ozono. 
Aún así, seguirán comprobando que infringen el reglamento que estamos creando. 
Cuando vayamos al procedimiento de conciliación- y espero que vayamos, porque tendremos votos para muchas de estas enmiendas en el Parlamento- tendremos que reflexionar muy minuciosamente para decidir si seguimos adoptando este tipo de enfoque y este tipo de legislación. 
. (EN) Señor Presidente, la propuesta que estamos examinando hoy, junto con las directivas sobre grandes plantas de combustión y valores límites nacionales para las emisiones, forma parte importante de los esfuerzos en curso de la Comunidad para limpiar el aire de Europa. 
Antes que nada, quisiera dar gracias al ponente, Sr. Davies, por lo mucho que ha trabajado en esta importante y compleja cuestión y por el tiempo que le ha dedicado. 
La propuesta fija valores límites y objetivos a largo plazo para el ozono del aire ambiente. 
Mientras que los objetivos a largo plazo se basan en el último asesoramiento recibido de la Organización Mundial de la Salud, los valores límite se han fijado teniendo en cuenta la mejor calidad de aire que se puede alcanzar. 
También se han tenido en cuenta el carácter transfronterizo del ozono y los aspectos de eficacia en función del costo. 
Como ya he dicho antes, esta propuesta se halla estrechamente relacionada con la propuesta de directiva sobre valores límite nacionales para las emisiones, respecto de la cual están actualmente en curso negociaciones en el marco del proceso de conciliación y respecto de la cual hemos de reconocer la dificultad de encontrar una solución para problemas conexos, como por ejemplo los valores límite para el ozono, a falta de un resultado definitivo. 
En la primera lectura, en marzo del año pasado, el Parlamento presentó un informe bien concebido que incluía 18 enmiendas. 
La posición común del Consejo adoptada en marzo de 2001 tiene debidamente en cuenta la mayor parte de los intereses del Parlamento. 
Ahora se han presentado 32 enmiendas del texto de la posición común. 
Las enmiendas 4, 15 y la primera parte de la enmienda 23 procuran convertir los valores límite en valores límite vinculantes. 
En vista de los insuficientes conocimientos científicos acerca de la formación del ozono, la Comisión no puede aceptar ninguna de esas enmiendas. 
Por otra parte, podemos aceptar en principio las enmiendas 30 y 31, que requieren la institución de valores límite vinculantes salvo cuando sea materialmente imposible fijarlos. 
Ahora bien, hemos de tener en cuenta también que los valores límite no se alcanzarán cuando no sea eficiente desde un punto de vista económico. 
Por lo que se refiere a los valores límite, la Comisión no puede aceptar que se mantenga el lapso de 20 días como valor límite para la protección de la salud humana. 
La Comisión convino con la posición común del Consejo acerca de los valores límites nacionales para las emisiones, con el resultado de que se considera que 25 días es un lapso factible. 
Por lo tanto la Comisión no puede aceptar la segunda parte de la enmienda 23. 
Además, la enmienda 23 establecería el año 2020 como meta anual vinculante para alcanzar los objetivos a largo plazo. 
Las enmiendas 3, 5 y 15 tienen la misma intención. 
Como todavía no hay pruebas científicas de que esa finalidad sea factible, la Comisión no puede aceptar esas enmiendas. 
Sin embargo, la Comisión coincide con la finalidad general, que es colmar totalmente la diferencia entre objetivos a largo plazo y niveles actuales del ozono, y puede aceptar las enmiendas 2 y 6. 
Las enmiendas 26 y 31 requerirían que se alcanzasen los objetivos a largo plazo, salvo cuando sea materialmente imposible. 
También en este caso habría que complementarlas para que tuvieran en cuenta la eficiencia económica. 
Por consiguiente, esas enmiendas sólo se pueden aceptar en principio. 
Varias enmiendas estipulan la obligación de los Estados miembros de informar al público y a la Comisión. 
La Comisión acoge con satisfacción esas enmiendas si los requisitos se consideran factibles y útiles. 
Por lo tanto, la Comisión puede aceptar la enmienda 8, la segunda parte de la enmienda 10 y la enmienda 16. 
La enmienda 11 sería aceptable en parte. La enmienda 17, en principio. 
La enmienda 32 complementaría a la enmienda 17 de una forma que se considera aceptable. 
La primera parte de la enmienda 10 y las enmiendas 18 a 20 y 25 no son aceptables. 
Las enmiendas 12 y 14 aclaran las responsabilidades en la determinación de planes de acción a corto plazo y son aceptables en parte y en principio. 
La última parte de la enmienda 12 y la enmienda 13 son aceptables porque recalcan el papel de orientación en relación con ejemplos de acciones a corto plazo. 
La Comisión acepta la enmienda 24, que apoya un valor inicial más efectivo para poner en marcha acciones a corto plazo. 
Hay cuatro enmiendas sobre otras cuestiones. 
Entre las que la Comisión no puede aceptar figura la enmienda 1, pues está dirigida a los países candidatos, lo que no es apropiado para una directiva de la UE. 
Podemos aceptar la enmienda 7 que da más rigor a los requisitos para mantener la calidad del aire. 
La enmienda 21 requeriría una comparación directa entre la actuación de los Estados miembros en el mejoramiento de la calidad del aire y la Comisión no puede aceptar la enmienda porque la comparación propuesta no puede considerarse apropiada, en particular por lo que se refiere a la naturaleza transfronteriza del ozono. 
Como la enmienda 33 incorpora esos aspectos, se puede aceptar en principio. 
Ahora bien, no debe establecerse ninguna comparación directa entre Estados miembros. 
Por último, la enmienda 22 requiere especial atención a los efectos del ozono sobre la salud humana y el medio ambiente, y la Comisión la acepta. 
Estimo que es esencial que instauremos pronto esta legislación, a fin de que pueda comenzar ya una vigilancia apropiada. 
Los Estados miembros tienen que estar en condiciones de identificar las zonas problemáticas, para que puedan asegurar que la salud pública está protegida debidamente en el futuro en toda la Unión. 
Ojalá se pueda llegar pronto a un compromiso válido, habida cuenta del resultado de las negociaciones de conciliación sobre la directiva relativa a los valores límite nacionales para las emisiones. 
Muchas gracias, señora Comisaria Margot Wallström. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 11.30 horas. 
Grupo especial de la OMC/Sección 211 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0326/2001) del Sr. Westendorp y Cabeza, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, al Consejo, sobre el Grupo especial de la OMC/Sección 211. 
Señor Presidente, voy a decir algunas palabras introductorias y a continuación me voy a referir al tema de nuestra pregunta oral. 
En nombre de la Comisión hemos presentado una pregunta oral. 
Se trata en lo esencial de que en la comisión hemos criticado cómo el Consejo ha decidido en el marco del procedimiento según el artículo 133 al exigir la constitución de un Panel para analizar si la Sección 211 de la Ley de etiquetado de mercancías de los EE.UU está en contradicción con el Convenio TRIPS. 
No hemos entrado tanto en el fondo- a este respecto en la comisión se han producido realmente contradicciones y considerables discusiones -, sino que nos hemos centrado principalmente en decir que en el futuro deseamos ser plenamente informados y participar en las estructuras decisorias del Consejo según el artículo 133. 
Esto nos parece especialmente necesario en el sector de la política comercial. 
Estimadas y estimados colegas, señor Comisario y también el representante del Consejo, todos saben que cuando se trata de cuestiones comerciales se nos incluye como Parlamento solamente hasta cierto punto. 
A este respecto, desde hace muchos años tenemos nuestros enfrentamientos, en lo esencial, con el Consejo y menos con la Comisión. 
En este caso se trataba de que mediante un procedimiento se comprobase si en un caso de litigio entre Pernod/Ricard y Bacardi, un holding primordialmente europeo-cubano y una empresa primordialmente americano-europea, podríamos proporcionar el correspondiente apoyo. 
El Consejo ha expuesto a este respecto claramente su posición que ha obtenido además el apoyo por parte de la Comisión, en concreto, a favor de Pernod/Ricard. 
En la comisión no hemos adoptado a este respecto ninguna posición. 
Solamente hemos dicho que habríamos deseado ser informados del modo correspondiente antes del procedimiento y de la constitución del panel, de modo que el Parlamento pudiese adoptar una posición fundamentada respecto a la resolución del Consejo y de la Comisión. 
Quiero añadir que la Comisión, en especial el Comisario Lamy, nos ha informado regularmente. 
En este aspecto, por nuestra parte no se ha producido ninguna crítica a la Comisión. 
El punto principal es quizás- por lo que es para nosotros tan importante- que la Sección 211 es un caso que se refiere al enfrentamiento que tenemos ya desde hace mucho tiempo con los norteamericanos con motivo de la Ley Helms-Burton. 
Se trata de la aplicación de una ley extraterritorial. 
Aquí existe por nuestra parte el correspondiente apoyo político por el modo de proceder de la Comisión y del Consejo, si bien- tal como ya he indicado- no en lo que se refiere a la insuficiente información del Parlamento y de la comisión. 
¿Porqué es esto tan importante? 
Pueden ver que en ambos lados, tanto en el lado norteamericano como en el europeo, los responsables políticos se ven obligados de modo creciente a apoyar las decisiones de los Gobiernos. 
Es para nosotros muy pero que muy importante mostrar claramente que si el Consejo desea el apoyo del Parlamento y de la correspondiente comisión, solamente podrá asegurarse dicho apoyo en el futuro si les informa plenamente. 
Lo necesario que es esto lo puede ver en la carta que muchos de nuestros colegas- creo que han sido más de 100- han escrito y dirigido tanto al Gobierno norteamericano como al Consejo. 
En ella no sólo se critica el modo de proceder del Consejo sino el mismo contenido. 
Por ello, dirijo al Consejo el ruego perentorio de que en el futuro haga todo lo que esté en su mano para informar siempre ampliamente al Parlamento y que amplíe esta obligación de información para que cuando presente un procedimiento venga a la comisión o al Parlamento y les informe para que así exista una transparencia general. 
. 
(SV) Señor Presidente, en nombre del Consejo quisiera hacer presente que, de acuerdo con el artículo 133 del Tratado, el Consejo decide sobre la política comercial común fundamentándose en las propuestas de la Comisión. 
El Consejo es consciente de los deseos expresados reiteradamente por el Parlamento de poder participar en los procedimientos de decisión en materia de política de comercio común. 
Esos anhelos han sido estudiados minuciosamente. 
Como es sabido, también se ha discutido este tema en la Conferencia Intergubernamental que concluyó su trabajo en Niza entre el 7 y el 9 de diciembre de 2000. 
Las modificaciones al Tratado que se acordaron en esta Conferencia Intergubernamental no contemplan este aspecto del artículo 133. 
Cabe mencionar que la gran mayoría de Estados miembros no consideró necesario modificar el artículo en este sentido. 
Además de las obligaciones que impone el Tratado, el Consejo propone apertura. 
Especialmente en las reuniones con el Presidente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, el Consejo informa regularmente al Parlamento sobre los asuntos que revisten importancia para la política comercial comunitaria y, de acuerdo con el Procedimiento Westerp de 1973, el Consejo informa al Parlamento sobre las negociaciones de acuerdos comerciales con terceros países, antes de que comiencen, mientras se están realizando y cuando éstas han finalizado. 
Quisiera recalcar también que Leif Pagrotsky, Ministro sueco de Comercio, participará en dos reuniones con la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía durante la Presidencia sueca. 
Además, se ha invitado a representantes del Parlamento Europeo a la reunión ministerial sobre la región Europa-Mediterráneo del 29 de mayo de 2001. 
Por otra parte, el presidente del comité del artículo 133 invitó a todos los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía a una reunión informal el 31 de mayo de 2001. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, señor representante del Consejo, el procedimiento de la OMC sobre el caso Habana-Club, es decir, sobre la Sección 211, muestra la necesidad de información y participación de nuestro Parlamento en el Consejo en fases importantes de la política comercial común. 
Al contrario que la Comisión, el Consejo no ha adoptado las medidas necesarias para proporcionar al Parlamento la debida e inmediata información exhaustiva sobre la determinación de una posición común. 
En otros casos aplicaría de modo análogo los apartados 2 y 3 del artículo 300 y nos informaría sobre tales importantes preguntas. 
El Consejo, al aferrarse a su actual práctica, no cumple con su obligación de rendir cuentas frente a los Estados miembros ni frente a nosotros mismos. 
Esta es una situación inaceptable a la larga y exigimos que cambie. 
En el presente caso- a lo que ya se ha referido Erika Mann- la ausencia de información por parte del Consejo ha provocado numerosas declaraciones individuales en el Parlamento Europeo que, tal como me parece, no han estado conformes con la opinión predominante de la Comisión de Asuntos Económicos Exteriores y que han contribuido en general a una fuerte inseguridad sobre la posición del Consejo en el Parlamento Europeo. 
Así pues, el Consejo no ha informado, ha generado inseguridad y ha concedido al interlocutor, en este caso los EE.UU, una oportunidad para, no quiero decir debilitar la posición de la Comisión, pero sí para que no pueda mostrarla con toda la claridad que tiene. 
Creo que a la larga no podemos evitar llevar a cabo una modificación razonable del procedimiento. 
Sólo reclamamos la función de control del Parlamento. 
Somos competentes para el control parlamentario y la ejecución de la política comercial común y en el futuro deberíamos poder ejercitar también mejor este control. 
No es suficiente con que la Comisión nos informe permanentemente tal como ha hecho, por ejemplo, el Ministro sueco de Comercio al venir a nosotros y debatir de modo general, sino que debemos participar también en las conversaciones informales de los Ministros de Comercio. 
Por ejemplo, bajo la Presidencia portuguesa hemos tenido la oportunidad de ser invitados. 
Creo que el Presidente sueco del Consejo debería cumplir aún un compromiso. 
Como portavoz del Grupo del PPE quiero subrayar de nuevo que apoyamos el modo de proceder de la Comisión en lo que se refiere a las informaciones y también a la defensa de los intereses de la Unión Europea frente a los EE.UU en el procedimiento de superación de conflictos, tal como se ha mostrado ahora. 
Pero, como ya he dicho, el Consejo, al contrario de lo anunciado por el Sr. Pagrotsky, no nos ha informado sobre esta posición común. 
Creo que en la práctica deberíamos extraer la siguiente conclusión: el Consejo debe aceptar al Parlamento no sólo con palabras sino con hechos como interlocutor con igualdad de derechos en las cuestiones de política comercial común, en especial aplicando el fundamento jurídico correcto en todas las medidas de ejecución de dicha política, es decir, el artículo 133 en relación con el artículo 3 y la nueva redacción de los apartados 2 y 3 del artículo 300, que se puede aplicar también análogamente lo que se puede hacer con una cierta voluntad de cooperación. 
En segundo lugar, el Consejo debe permitir a la Comisión que solicite al Parlamento un dictamen consultivo antes de aprobar un mandato de negociación, tal como ocurre aquí, por ejemplo, con el caso Habana-Club. 
Entonces podríamos comenzar el diálogo y llevarlo satisfactoriamente a término. 
También creemos que es urgentemente necesario el correspondiente Acuerdo Interinstitucional, tal como el que hemos adoptado con la Comisión, hasta que se modifique finalmente el Tratado. 
Para terminar, quiero indicar que en la siguiente mejora del Tratado de Niza- espero que sea ya en Laeken- el artículo 133 se formule de tal modo que se incluya al Parlamento Europeo en la fase de orientación, ejecución y conclusión de decisiones comerciales importantes. 
Esta propuesta se encuentra también en el artículo 28 del informe de Méndez Vigo Seguro sobre las conclusiones derivadas del Tratado de Niza y vamos a insistir para que se aplique también lo antes posible en el Tratado. 
Señor Presidente, voy a sacar a colación un punto al que se ha referido el colega Konrad Schwaiger. 
Yo también creo- y hablo en nombre de mi Grupo político- que es necesario definir de nuevo la obligación de rendir cuentas por parte del Consejo. 
Todos sabemos que formalmente el Consejo ha actuado correctamente- y así ha argumentado usted- ya que el Consejo formalmente no tiene que consultar al Parlamento en este punto. 
Creo que aquí no estamos hablando sobre procedimientos formales sino sobre una cooperación política razonable. 
Creo que en lo que se refiere a una cooperación razonable, el Consejo tiene que hacer aún algunas cosas respecto al Parlamento. 
Desearía que en el futuro el Consejo no se retraiga siempre a la posición formal sino que encuentre un procedimiento interinstitucional sobre cómo podemos cooperar en el futuro de un modo digno en el sector de la política comercial. 
Lo que ha visto usted en esta ocasión lo va a ver en el futuro con más frecuencia. 
Pero no se haga ilusiones: la política comercial abarca cada vez más, muchas cosas van más allá de la política comercial y se convierten en política internacional. 
Estos numerosos litigios comerciales con los Estados Unidos son un buen ejemplo de ello. 
Si desea tener al Parlamento de su lado- y la Comisión tiene al Parlamento de su lado en lo que se refiere al fondo, tal como ya ha dicho el colega Konrad Schwaiger -, entonces deberá adoptar las medidas necesarias para que podamos cooperar de un modo digno. 
Debe vernos como un interlocutor mayor de edad aunque el Tratado no lo reconozca aún así en esta forma. 
Creo que en el pasado siempre hemos encontrado formas de cooperar interinstitucionalmente. 
Desearía que el Consejo dé este paso y encuentre un nuevo procedimiento. 
Puede ser que en cada ocasión llevemos a cabo un asesoramiento o una información tras el encuentro del Comité 133. 
O si usted inicia un procedimiento oficial, venga a la comisión e infórmela al respecto. 
Creo que serían posibilidades de cooperación y quitaría mucho hierro que tenemos en estos momentos en el debate y que considero como totalmente superfluo. 
En cuanto al contenido, somos fundamentalmente de la misma opinión. 
Espero que muchos de los colegas que han firmado la carta vean entretanto que no tenían razón. 
Por ello, instamos realmente al Consejo para que quizás ya hoy dé un paso y se pronuncie a favor de una nueva forma de cooperación. 
Señor Presidente, durante los debates oficiales y oficiosos que han tenido lugar sobre esta cuestión en los últimos meses y semanas, tanto la Comisión como el Consejo han indicado que no es de la incumbencia del Parlamento Europeo el ocuparse del fondo de los casos relativos a la OMC. 
Estoy de acuerdo con ello. 
El Consejo y la Comisión han indicado también que en su opinión el Parlamento Europeo no tiene por qué formular declaraciones absurdas sobre cuestiones que básicamente están sub judice. 
En circunstancias normales también estaría de acuerdo, pero me gustaría preguntar al Consejo y a la Comisión qué es lo que tenemos que hacer cuando una y otra vez les pedimos en la comisión parlamentaria que nos expliquen cómo y por qué se tomó la decisión de plantear un caso tan delicado y no recibimos más que una sucinta respuesta tecnocrática. 
¿Qué creen que debemos hacer cuando se nos dice que la decisión se adoptó en un almuerzo, y no en un almuerzo de ministros, sino en un almuerzo de un oscuro grupo de trabajo del Consejo sin actas que justifiquen al público o, aún peor, a políticos como somos nosotros, por qué la UE está planteando de nuevo otra controversia comercial políticamente delicada? 
Lo que me sorprende es la ingenuidad con que la Comisión y el Consejo están abordando una cuestión sumamente política como si no fuera más que una decisión técnica. 
Es sencillamente inconcebible que el Gobierno de los Estados Unidos en Washington vaya a precipitarse en otra controversia comercial más con la UE, sin antes asegurarse de que se cuenta con un mínimo de respaldo político en el Congreso. 
Me parece sumamente sorprendente que ni la Comisión ni el Consejo lo hayan hecho en esta ocasión. 
Se ha sugerido que los que han firmado esta declaración de texto tan agresivo se han conducido de forma irresponsable. 
Algunos diputados de este Parlamento estiman que es irresponsable. 
Seguramente es mucho más irresponsable iniciar una controversia comercial política y comercialmente delicada sin ni siquiera hacer un guiño de complicidad a los principios normales de transparencia y probidad política. 
No se trata de modificar el artículo 133: se trata sencillamente de dar por supuesto que la Comisión y el Consejo se ocupan de la política comercial, particularmente cuando se trata de cuestiones políticamente delicadas, de forma más transparente y con mayor inteligencia política. 
Señor Presidente, otros se han referido ya concretamente a la cuestión de la solución de la controversia. 
Yo quisiera tratar en términos generales de la cuestión más amplia de la democracia y la rendición de cuentas. 
Este caso concreto demuestra precisamente la falta de rendición de cuentas democrática en la política comercial de la UE. 
Es una firme acusación en contra del bloque comercial más grande del mundo que se enorgullece de defender precisamente esos valores. 
El Tratado de Niza podía habernos brindado la oportunidad de comenzar a mejorar la democracia y la transparencia de la política comercial de la UE pero la realidad es que el Tratado ha empeorado aún la situación a ese respecto, pues ha aumentado las facultades de la Comisión sin equilibrar el aumento con otro aumento de las facultades del Parlamento por conducto del procedimiento de codecisión. 
Mientras tanto, en el plano del Consejo, el Comité 133 se reúne a puerta cerrada. 
Como parlamentarios no se nos permite siquiera que asistamos como observadores, y mucho menos como participantes. 
No recibimos las actas de esas reuniones. 
No hay diálogo oficial entre nosotros. 
Agradecemos las recepciones oficiosas a que nos invitan; es un gesto muy amable pero no reemplaza en absoluto al diálogo oficial. 
Además, a pesar de toda la retórica acerca de que la política comercial apoya al desarrollo sostenible, si uno se fija en la asistencia a las reuniones del Comité 133 ve que, por lo general, sólo está formada por representantes de los ministerios de comercio y de finanzas. 
Ahora bien, si hablamos con seriedad cuando preconizamos la integración del comercio internacional con el desarrollo sostenible entonces lo menos que podemos hacer es velar por que representantes de los ministerios de asuntos sociales, de medio ambiente y de desarrollo puedan exponer sus puntos de vista también en las reuniones del Comité 133. 
Si la sostenibilidad es verdaderamente una cuestión fundamental para la UE y si la Presidencia sueca es realmente sincera cuando habla de apertura, quizá la Presidencia pudiera decirnos si, en primer lugar, prevé un diálogo oficial entre el Parlamento y el Comité 133, y, en segundo lugar, si está dispuesta a proponer revisiones de la composición de ese Comité. 
Por último, a fin de que sea más probable que la política comercial cuente con el apoyo de parlamentarios y del público en general, el Parlamento debería, a la larga, tener facultades de codecisión, no solamente en lo que se refiere al destino final de cualquier nuevo acuerdo comercial, sino también, lo que reviste importancia crucial, cuando se discuta el mandato de la Comisión para llevar a cabo negociaciones. 
La UE dice que está resuelta a reformar la Organización Mundial del Comercio pero lo primero que debería hacer es reformar el mecanismo decisorio de la propia UE. 
Señor Presidente, Señorías, en Seatle hemos aprendido que el mundo cambia. 
Creo que tenemos que aceptar que ciertas decisiones del pasado precisan de una revisión. 
El Parlamento Europeo es competente para la supervisión de la política comercial común. 
Tenemos la codecisión en el mercado interior pero en cuestiones importantes que afectan al comercio internacional, la transparencia democrática no es tan ejemplar. 
Creo que precisamente Suecia, un ejemplo de transparencia en el marco de su actual Presidencia, sería la llamada para dar aquí un paso hacia delante. 
Es sencillamente necesario garantizar un procedimiento abierto y transparente basado en el artículo 133. 
Sabemos que en la Unión Europea, con la ampliación y el euro que va a venir próximamente, va a ser en este mundo con claridad el número uno en el comercio. 
En Norteamérica se ve que la cooperación entre el Gobierno, el Presidente y el Congreso funciona muy bien y que las informaciones fluyen sin trabas. 
La actual cooperación entre el Consejo y la Comisión es muy buena; hay que hacer un cumplido al Sr. Lamy. 
Desearía que también el Consejo adoptase iniciativas a nivel internacional junto con el Parlamento Europeo pues estas cuestiones son de la máxima importancia para nuestro futuro. 
Si queremos construir un mercado global nos veremos a la postre todos afectados. 
Es decir, que tenemos que luchar por nuestros éxitos como interlocutores del mismo nivel. 
. 
(SV) Señor Presidente, permítame decir que el Consejo valora esta posibilidad de poder discutir con sus Señorías el diseño eficaz y transparente de una política comercial comunitaria. 
Escuchando la discusión aquí en el Parlamento, me parece que hay dos tendencias. 
Una de ellas- representada, entre otros, por el Sr. Schwaiger- implica que habría que modificar el procedimiento. 
Supongo que el Sr. Schwaiger opina que hay que cambiar las reglas. 
El Sr. Clegg, que representa a la otra tendencia, dice, por el contrario, que en primer lugar no se trata del artículo 133, sino que de la voluntad de transparencia del Consejo en general. 
Con todo, no veo otra forma de proceder en este caso que remitirme al artículo 133 del Tratado. 
Puesto que vivimos en un estado de derecho, no podemos hacer otra cosa que remitirnos a lo que dice el Tratado. 
Evidentemente se puede pensar que éste debería haberse modificado. 
Por esa razón me referí brevemente a las discusiones en torno a la modificación del Tratado que tuvieron lugar en Niza, y seguramente volveremos sobre este asunto. 
Estamos ante una Conferencia Intergubernamental que tendrá lugar en 2004. 
El Sr. Schwaiger espera que las modificaciones se hagan en Laeken. 
Tal vez sea demasiado optimista, pero, como ya he dicho, tendremos una Conferencia Intergubernamental en 2004. 
En esa ocasión discutiremos este tema. 
¿Qué posibilidades tenemos entonces si no conseguimos nada por el camino formal? 
¿Ha hecho el Consejo lo suficiente para avanzar por caminos informales, esto es, mantener al día al Parlamento y posibilitar su participación en la discusión? 
Obviamente siempre será posible mejorar la apertura y las consultas, pero quisiera hacer notar que, lamentablemente, en dos ocasiones en que durante la Presidencia sueca hemos invitado a un diálogo sobre los asuntos que mencioné en mi intervención anterior, no ha aparecido ningún representante del Parlamento. 
Hay una expresión inglesa que dice "It takes two to tango", que es aplicable en este caso. 
El Consejo ha demostrado que está interesado en el diálogo. 
Desgraciadamente, al Parlamento, a los representantes de las comisiones, no le ha parecido suficientemente interesante la participación en un diálogo de esta naturaleza. 
Lo lamento. 
Habrá que seguir esforzándose para establecer un diálogo que nos proporcione un procedimiento de consulta que respete lo que estipula el Tratado. 
Por lo demás, buscamos caminos informales que permitan el arraigo democrático que deseamos en estas importantes materias de política comercial. 
Señor Presidente, hubiera dejado gustosamente que el debate se desarrollara entre esta Asamblea y el Consejo sin intervención de la Comisión en este asunto en el cuál la Comisión tiene la conciencia totalmente tranquila, pero la intervención del Sr. Clegg y el aspecto un poco corrosivo que dio a sus palabras me obligan a aportar algunas precisiones. 
Recuerdo que, en materia de procedimiento, la decisión de lanzar un procedimiento de este tipo a la OMC forma parte de la competencia ejecutiva de la Comisión. 
Adoptamos esta decisión respetando plenamente las reglas del Tratado, que son lo que son, mientras no se cambien. 
Saben ustedes que la Comisión deseaba cambiarlas, el Consejo decidió en otro sentido, y hasta el momento, en lo que respecta a las modificaciones del Tratado, son los Gobiernos de los Estados miembros quienes deciden. 
Hemos respetado por tanto perfectamente los procedimientos. 
El Comité 133, órgano consultivo del Consejo, dio su apoyo al lanzamiento de este procedimiento, en marzo, y en junio de 2000 confirmó su posición. 
Como han dicho la Sra. Mann y el Sr. Swchaiger, se han producido muchos intercambios de puntos de vista entre la Comisión y sus servicios y la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, con ocasión de este caso en la OMC. 
Yo mismo he respondido a las preguntas orales y escritas que se plantearon por parte de los miembros de esta Asamblea. 
Igualmente, me he reunido personalmente con algunos diputados con el fin de mencionar este tema con ellos. 
Para ser totalmente claro y dar mi propia opinión en este debate, recuerdo, como necesidad, que no se trataba de tomar partido por tal o cual empresa, por tal o cual interés particular, cualquiera que fuera por otra parte la legitimidad, sino de apreciar desde el punto de vista de los intereses de la Unión en general la conformidad del derecho americano en lo que respecta a las marcas con el código de la OMC. 
Por ello, he considerado, y lo he dicho además ante la Comisión de Industria en su momento, que la intervención paralela de diputados en un procedimiento en la OMC me parecía extraña, incluso inoportuna, y lo he señalado, en su momento, y vuelvo a decirlo ante ustedes en el día de hoy, que considero que un intercambio correcto de informaciones entre nosotros debería tener como efecto el de evitar que este tipo de incidentes se reprodujeran en el futuro. 
Señor Presidente, como el Sr. Danielsson se ha referido a mí directamente, voy a responder a dos puntos. 
Primero: quiero felicitar expresamente a la Presidencia sueca porque su embajador en Bruselas nos ha invitado a una conversación informal con el Comité 133. 
Sin embargo, ha sido un aperitivo pero no una reunión y yo he indicado, también a los Presidentes y al embajador, que quizás esto no es muy adecuado hacerlo un jueves por la tarde cuando los diputados vuelven a sus circunscripciones electorales tras una sesión plenaria. 
Pero esto puede mejorar y próximamente se encuentre otro día de la semana. 
Este es el primer punto. 
Es decir, mis felicitaciones expresas por la iniciativa de sus diplomáticos. 
Segundo: usted dice que las cosas tienen que cambiar pero no ahora sino en el 2004. 
Señor Danielsson, piense que en Katar se va a celebrar ahora una ronda de comercio mundial, que tenemos una Conferencia de ministros y que el Congreso norteamericano va a estar representado. 
El Congreso norteamericano no ha aprobado aún el Fast Track. 
Es decir, el Congreso norteamericano tiene por el momento una posibilidad directa de influir en Katar. 
En el Parlamento Europeo no somos informados suficientemente por usted. 
Compare su actitud, la de la Presidencia sueca, con la que muestran los norteamericanos, quienes hablan prácticamente a diario y semanalmente con los diputados de su Congreso. 
No tienen ya un control nacional, no tienen un control europeo... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, le agradezco mucho que podamos mantener este debate si bien tengo que llamar la atención sobre dos puntos. 
Me pasa lo mismo que a mis colegas: solamente se me ha informado sobre un encuentro al que usted ha invitado- de lo que, naturalmente, nos hemos alegrado. 
Pero realmente, el jueves por la tarde lo que tuvo lugar fue un aperitivo con las correspondientes dificultades. 
Cuando acudí la puerta ya estaba cerrada. 
Tuve que mantener antes una conversación y no pude estar al principio allí. 
Sería excelente que en la próxima ocasión realizase una propuesta para encontrar un procedimiento mejor y que podamos estar todos realmente presentes. 
Respecto al segundo encuentro que ha mencionado, le estaría agradecido si indicase de nuevo de qué encuentro se ha tratado. 
No tengo ninguna información al respecto. 
Mi colega Konrad Schwaiger tampoco se ha referido al mismo por lo que supongo que él tampoco tiene noticia del mismo. 
Quizás nos pueda decir amablemente de qué encuentro se ha tratado, al que fue invitada nuestra comisión. 
Por lo demás, me pasa exactamente igual que a mis colegas- sé que no se trata ya de ninguna cuestión más sino que es un breve comentario. Desearía que considere al Parlamento como un auténtico peso pesado y que lo trate también del modo correspondiente. 
Comprendemos perfectamente que formalmente aún no tenemos la posibilidad ni el derecho, pero políticamente creo que nos puede considerar como un interlocutor del mismo peso. 
. 
(SV) Señor Presidente, en mi primera intervención señalé de qué dos reuniones se trata. 
Una de ellas se realizó el 29 de mayo y la otra el 31 de mayo. 
Lamento que una de ellas se haya realizado en un día poco propicio. 
También puedo comprobar que tratándose de la presencia del Consejo en este Pleno nunca se nos pregunta qué día es el que más nos conviene, sino que se supone que el Consejo tiene que estar en su lugar todo el tiempo, independientemente de la fecha. 
Es obvio que al Consejo le interesa que exista un diálogo informal con el Parlamento en torno a estos temas. 
He intentado describir algunas de las medidas que ha tomado la Presidencia sueca. 
Estoy convencido de que la próxima Presidencia va a trabajar con el mismo espíritu. 
Muchas gracias, señor Danielsson. 
El debate queda cerrado. 
Proceso ASEM 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0207/2001) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el documento de trabajo de la Comisión "Perspectivas y prioridades del proceso ASEM (Conferencia Asia-Europa) en la nueva década" (COM (2000) 241- C5-0505/2000- 2000/2243 (COS) ). 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en primer lugar me voy a adherir a las filas de los políticos comerciales y después seré al menos invitado a un aperitivo. 
Pero por lo demás puedo seguir con el nexo de este debate pues precisamente en el sector sobre el que tenemos que debatir, es decir, ASEM, deseamos tener una mayor participación parlamentaria. 
Por ello, proponemos en nuestro informe que antes del encuentro ASEM IV debe celebrarse una segunda conferencia ASEP. Los poderes ejecutivos perspicaces emplean siempre a los Parlamentos en este juego cuando se trata de cuestiones de política exterior o comercial. 
Por ello, en este informe pedimos- y este es uno de nuestros deseos esenciales- que el Consejo y en especial también la Comisión informen permanentemente al Parlamento Europeo sobre la evolución de los asuntos. 
En especial, deben informar sobre la aplicación de las resoluciones de los correspondientes encuentros para que mediante un proceso de control parlamentario, que debe lograrse mediante tales informaciones, se pueda acelerar la marcha de los acontecimientos. 
Creo que esto radica en interés común, pues precisamente este campo de ASEM es de una importancia extraordinariamente grande. 
Si los dos grupos estables, la Unión Europea en Europa y ASEAN en Asia, cooperan con otros Estados en Asia y llegan en sectores tan importantes, como los tres pilares allí definidos, política, economía y cultura, a una estrecha cooperación, puede ser de una importancia insospechada para la estabilidad en estas regiones y en todo el mundo. 
Por ello, pienso que debemos tomarnos lo más seriamente posible este proceso ASEAN y concederle un elevado peso y una prioridad superior. 
Permítanme que mencione algunos ejemplos al respecto. 
Si en el encuentro ASEM III, sobre el que aquí hablamos, y después también en los preparativos de ASEM IV, se logra plantear en el terreno político algunas propuestas- por ejemplo, en el campo de la prevención- entonces creo que se pueden obtener unos logros considerables. 
Piensen solamente en los temas República Popular de China y Taiwan o en Corea del Norte y de Sur. 
Creo que en un proceso multilateral de este tipo podemos realizar conjuntamente una importante aportación para que se produzcan desarrollos y se adopten decisiones pacíficas que beneficien a las personas de la correspondiente región pero también al desarrollo pacífico del mundo en total. 
Aquí solamente quiero recordar el tema de la proliferación de armas; pues existen contactos políticos y relaciones con algunos que otros Estados miembros de ASEM, o dependencias recíprocas, lo que permite ejercer una considerable influencia para que no tenga lugar esta peligrosa proliferación de armas de destrucción masiva y contribuir de este modo a una evolución pacífica en el mundo. 
Si logramos llevar este proceso político también hacia el interior y aplicar allí los compromisos en el sentido de Estado de derecho, democracia y derechos humanos, tendrá una gran importancia, no sólo en el sentido mencionado, sino también para la estabilización de toda la región. 
También en el sector económico, estas dos agrupaciones que cooperan en Asia deben ocuparse de poner su peso en el platillo de la balanza para promover un buen desarrollo económico preparando conjuntamente las negociaciones para la OMC V cooperando para ello en los foros internacionales y en la ONU. 
Deben proporcionar estabilidad en el sector de las prestaciones financieras y también en los acuerdos comerciales deben prestar atención para que se vayan elevando paulatinamente los estándares sociales en total para contribuir de este modo también a una mayor justicia en este mundo. 
Si logramos actuar también en el tercer pilar, en el sector de las relaciones culturales incluyendo a las personas, a los grupos, a la inteligencia, para unir de este modo allí a las personas ya que las relaciones culturales conducen a establecer vínculos, entonces éste puede ser otro importante punto de enfoque para realizar nuestra aportación decisiva en el aspecto de la estabilización de nuestro mundo. 
Instamos a la Comisión para que presente en su documento de trabajo para la planificación del desarrollo de diez años en relación con ASEM propuestas concretas para la próxima Conferencia ASEM y debatir ésta junto con nosotros. 
Señor Comisario Patten, estoy seguro de que lo haremos en un diálogo común apoyándonos en su experiencia en esta región para que podamos realizar nuestra aportación de vivir en un mundo mejor. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, coincido plenamente con lo que acaba de exponer el presidente de la comisión: el proceso ASEM es un importante medio para el diálogo de los Estados de la UE con los Estados del área asiática. 
Pero dicho sinceramente, también debemos reconocer que los resultados de la cumbre ASEM 3 en Seúl el último año no ha sido tan enormemente importantes. 
Muchas formulaciones fueron muy vagas y si se ve qué es lo que se ha llevado a la práctica tenemos que hacer aún un montón de cosas. 
Por ello, comparto plenamente la opinión del presidente de la comisión. 
Señor Comisario, creo que seríamos aliados cuando le rogamos que nos presente un informe sobre los preparativos de ASEM 4 para que ambos, la Comisión y el Parlamento, tal como decimos en Hamburgo, pongamos un poco de mantequilla en el pescado, es decir, aportemos sustancia a los preparativos de ASEM 4 en Copenhague el próximo año. 
Le rogamos nos presente lo más rápidamente posible un informe muy sustancial para que podamos debatir con usted y también con el Consejo sobre lo que se debe seguir tratando realmente. 
Permítanme aún una observación. 
Voy a referirme de nuevo a lo que el colega Brok ha dicho sobre la evitación de conflictos, su prevención o solución. 
Estamos ayudándonos recíprocamente. 
Sólo quiero recordar que los japoneses están dedicando una gran cantidad de ayuda al desarrollo en el sudeste de Europa- es decir, entre nosotros -, para expresar de este modo también su identificación en el campo de la política de seguridad por lo que no deberíamos dudar en participar y ayudar en la solución de conflictos, tanto en China, Taiwan, Corea del Norte o del Sur. 
Señor Comisario, quiero realizar aún una observación que la tengo en la punta de la lengua: vea que se trata de diez Estados asiáticos y de quince europeos. 
En el lado europeo vamos a ser pronto dieciocho o veinte Estados. 
Debemos ver el equilibrio. 
Por ello, me parece importante que recapacitemos hasta qué punto la parte asiática puede acoger nuevos miembros. 
Por ejemplo, creo que un país como la India podría ser un buen socio por su importancia, por un lado, por su gran población y, por otro, por su estructura democrática y experiencia. 
Quizás pueda debatir esto un poco con sus colegas asiáticos ya en la fase previa a ASEM 4 para que cubramos los dos espacios geográficos con un equilibrio de peso. 
Creo que aquí estamos de acuerdo: debemos llevar al debate político que las relaciones de Asia con Europa son de importancia decisiva, por lo que deberíamos ayudarnos recíprocamente. 
Para finalizar, quiero indicar de nuevo lo que el Sr. Brok ha dicho al principio. 
Las relaciones entre Estados son negociadas naturalmente formalmente entre los Gobiernos. 
Pero yo digo a los Jefes de Gobierno: los funcionarios y ministros necesitan el apoyo de los diputados. 
Por ello, esta idea de la comisión... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, permítame empezar felicitando sinceramente al colega Brok por su excelente informe. 
Asia debería constituir el tercer pilar de la política exterior de la UE junto con la concentración justificada en Europa y sus alrededores, y el diálogo trasatlántico. 
No debemos dejar Asia a los americanos, aunque militarmente estén allí mucho más presentes. 
Sin embargo, todavía no hemos llegado a ese extremo. 
Dejando aparte la distancia geográfica y las diferencias culturales existen importantes puntos políticos de discusión. Afortunadamente, éstos ocupan un lugar importante en el proceso ASEM. 
La UE hace bien en continuar insistiendo en la cuestión de los derechos humanos, también en lo que a los abusos sociales se refiere. 
No creemos en la universalidad de los "Asian values" y en la propia región caen cada vez más en desuso como resultado de la irrupción de la democracia durante los decenios pasados. 
Al mismo tiempo, los motivos de conflicto tales como la pobreza y los conflictos étnicos y religiosos no han desaparecido. 
Véase Indonesia, pero véase también la necesidad de preocupación creciente ante la cuestión de Corea. 
Celebramos que la Unión Europea se comprometa. 
Europa, al lado de los EE.UU., debe reclamar más un papel mundial. 
Al mismo tiempo, no debemos querer demasiado, ya que sólo nos quedaríamos en palabras bonitas. 
Asia es grande y los asiáticos deberán solucionar, sobre todo por sí mismos, sus problemas. 
El proceso ASEM, ampliado preferiblemente a un país como India, debe constituir algo más que un foro de diálogo. 
Debemos reforzar los intereses recíprocos sobre una base de igualdad. Asia y Europa se acercarán. 
Esos intereses se centran, en primer lugar, en el plano económico. 
Ahí, Europa puede significar más y existen muchas posibilidades dada la interdependencia de la economía mundial. 
Abogamos, así mismo, por un intercambio cultural más intenso a fin de evitar que el proceso ASEM continúe siendo un asunto elitista. 
Si estrechamos más los lazos, Europa podrá realizar mejor sus esperanzas mediante un diálogo político permanente. En él se hace hincapié en la democracia y en los derechos humanos. 
Sin embargo, no debemos descuidar los aspectos relativos a la seguridad. 
Me refiero, por ejemplo, a la no-proliferación, la no-diseminación de armas nucleares. 
El proceso ASEM no constituye, no obstante, una alternativa a las buenas relaciones bilaterales con los países asiáticos más importantes. 
Asia no puede ser comparada con la Unión Europea. 
No está claro quién terminará asumiendo el liderato en la región. 
China se desarrolla rápidamente, pero no es una democracia. 
La India es grande, pero vulnerable; y el motor japonés falla. 
Europa puede ayudar a mejorar las perspectivas regionales, pero eso no puede efectuarse a costa de la implicación directa de los países de la región. 
La crítica directa ante situaciones particulares no puede diluirse en declaraciones multilaterales. 
Un silencio organizado no sirve para la región. 
Señor Presidente, ya el año pasado hablamos sobre la cumbre del ASEM celebrada en Seúl y, en nombre de mi Grupo, manifesté mi decepción sobre los resultados, no sobre el ASEM en cuanto tal y, ciertamente, tampoco sobre la actitud de la Comisión, de nuestro Comisario, que demostró tener un proyecto, y fue muy inteligente. 
Sí decepción sobre la actitud de nuestro Consejo: los Ministros de la UE, a los que hubo que arrastrar contra su voluntad y con todas las fuerzas para que acudieran a esa cumbre. 
Ante tanto disgusto, casi se podría pensar que se trataba de una reunión del Parlamento. 
No se consiguió ningún compromiso con su presencia. Creo que el acuerdo fue, por ello, un poco más inconsistente de lo que hubiera sido de haber mostrado otra actitud. 
Por supuesto, es comprensible. 
Los Ministros celebran actualmente tantas cumbres: cada dos semanas tienen una. 
No obstante, si empezaran a dejar en manos de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo los asuntos relativos a la Unión Europea, liberarían mucho tiempo de su agenda y, tal vez, eso condujera a soluciones que la población apoyaría más. 
Sin embargo, ésa es otra cuestión. 
La resolución que examinamos tampoco es muy apasionante, con la excepción, tal vez, del punto relativo al refuerzo de los visados para las autoridades de Taiwan. Consideramos que es un punto importante. 
Que un Presidente como Chen, que ha sido elegido democráticamente, no pueda venir a la Unión Europea incluso ni a título personal, resulta, dicho lo más suavemente posible, extraño. 
Los Estados Unidos ya le reciben desde hace mucho tiempo. 
Sí consideramos apasionante el informe originario de Dupuis. Este informe es realmente radical al abogar por una estrategia coherente encaminada a conseguir más democracia y mayor desarrollo del Estado democrático de Derecho, algo que también es importante para el desarrollo de la economía. 
Tenemos que dejar de orientar esta política especialmente a China. 
Toda la región es importante para nosotros y la ampliación con, por ejemplo, un país como India sería importante. 
Para concluir, el proceso ASEM tiene gran importancia para nosotros. 
Nos gustaría que los parlamentarios se implicaran más. 
Esperamos con ilusión la discusión sobre el ASEM IV. Esperamos y confiamos en que la Comisión Europea nos implique estrechamente en ella. 
Señor Presidente, este informe tiene una historia algo turbulenta. 
Al comienzo fue un informe que en la comisión califiqué como una diplomática declaración de guerra contra la República Popular China, pero su intención, obviamente, no era esa. 
Gracias a que se aunaron fuerzas en la comisión, este informe fue radicalmente modificado y actualmente trata más que nada de lo que se pensaba que debía ser su contenido según el título. 
En general, el Grupo de los Verdes cree que puede aprobarlo, pero todavía quedan algunos problemas. 
Uno de ellos es el punto 21, en el que se ataca la política demográfica china, que evidentemente no es del todo fácil. 
Sin embargo, el hecho es que esta política está cambiando radicalmente. 
Hace sólo algún mes aparecía en el New York Times- nada menos que en ese periódico- un reportaje que describía muy positivamente los cambios profundos en la política de un solo hijo. 
En estas circunstancias, opino que es innecesario que nos dediquemos en el Parlamento Europeo a criticar la política demográfica china como se hace tan unilateralmente en el punto 21. 
El otro problema es el visado para los más altos líderes de Taiwan. 
Tengo que reconocer que esto es complicado. 
En los debates suecos he criticado que no se les otorgue visado. 
Por otro lado, entiendo que la República Popular China crea que estamos cambiando nuestra postura y que, más o menos indirectamente, hemos empezado a reconocer al estado de Taiwan, cosa que a nadie se le ha ocurrido hacer. 
Esto es problemático. 
Por mi parte, me abstendré de votar en relación con este punto. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera señalar que en la Comisión de Asuntos Exteriores hemos hecho un esfuerzo extraordinario para poder presentar un informe coherente y acorde con los objetivos que la Unión Europea persigue en la perspectiva del proceso ASEM. Por una parte, transformando un borrador inicial desafortunado y agresivo, y, por otra, asumiendo que los acuerdos de la Tercera Conferencia ASEM de Seúl han superado las iniciales propuestas que contenía el documento original de la Comisión Europea. 
No se puede soslayar, aunque sea evidente, la gran trascendencia que para el mundo, globalmente, y para la Unión Europea en concreto, tiene la mejora de las relaciones entre ambas regiones del mundo- la Unión Europea y Asia-. Y ello, en todas sus dimensiones: económicas, sociales, culturales, científicas y políticas. 
A pesar de los conflictos y problemas existentes, Asia se configura como la región del mundo con más dinamismo. 
En su seno hay tres gigantes: Japón, China e India, que van a pesar cada vez más en el panorama internacional. 
Por esa razón, la relación de la Unión Europea con esta región ha de ser especialmente prudente, positiva y a la vez, facilitando una solución dialogada y pacífica de los problemas que se arrastran de un inmediato pasado procedente de la guerra fría y también del pasado colonial. 
El objetivo debería ser contribuir a que el mundo sea una situación multipolar en la que vaya teniendo más importancia la legalidad internacional, la paz, el desarrollo económico y social- justo y equilibrado -, el florecimiento de los derechos humanos, sindicales, sociales y la democracia, como realidad cotidiana. 
El acceso de China a la Organización Mundial de Comercio ha sido importante y por ello la Unión Europea ha de mantener una especial relación con China en esa dirección. 
Por ello pensamos que, en la Cuarta cumbre de Copenhague, los parlamentos, tanto europeos como de Asia, han de desempeñar un papel cada vez más significativo en cuanto representantes de la soberanía popular. 
Señor Presidente, el proceso ASEM tiene un aspecto político doblemente funcional. Ofrece a los líderes de Gobierno asiáticos y europeos la oportunidad de celebrar consultas cada dos años sobre cuestiones realmente estratégicas. 
Precisamente esto, un foro que se reúne regularmente, puede servir de freno ante las actitudes unilaterales agresivas de alguno de los participantes en el ASEM. 
Entramos con ello en los temores reales de varios estados asiáticos que participan en ese proceso, ante la ambición china de ejercer una hegemonía regional que incluye exigencias territoriales. 
Piénsese, por ejemplo, en la larga controversia sobre la reivindicación de Pekín respecto de la soberanía en el Mar de China Meridional. 
Los países asiáticos señalados esperan ampliar las actuales relaciones bilaterales con China y, sobre todo, estabilizarlas a través de foros multilaterales como el ASEM. 
No es sorprendente, por tanto, que los estados asiáticos más pequeños defiendan un compromiso mayor de los 15 Estados miembros de la Unión Europea en el proceso ASEM. 
Quiero hacer dos observaciones en cuanto a la resolución que debatimos. 
La primera, en cuanto al considerando K. En él figura que el democrático Japón tiene el dudoso honor de ser acusado de estar en una situación delicada y de encontrarse en una crisis sin precedentes desde el final de la guerra, además, se hace un juicio duro sobre su sistema político. 
Semejante juicio occidental, bastante arrogante, supone una bofetada para el sentido del honor asiático- por tanto, no sólo del japonés-. 
Desde esta óptica el Parlamento Europeo, no contribuye de ninguna manera de forma constructiva al proceso ASEM. 
Resulta, además, que varios miembros asiáticos del ASEM se enfrentan hoy día a problemas internos probablemente más serios. 
Piénsese en la proverbial Insulindia, el archipiélago indonesio cada vez más desgarrado. 
Con todo y con ello, el considerando K es totalmente inadecuado por su desequilibrio político y su lenguaje carente de diplomacia. 
Por último, soy positivo respecto de los párrafos 16 y 17 del proyecto de resolución. En ellos se insiste en que tanto el Consejo Europeo y la Comisión como los restantes miembros del ASEM lleven a cabo una ampliación de este proceso, paralela a la próxima ampliación europea, es decir, la próxima integración de los estados candidatos en la Unión. 
Se mencionan a este respecto, los nombre de tres países: India, Australia y Nueva Zelanda. 
Aquí chocan, no obstante, las honorables intenciones europeas con las realidades asiáticas, es decir, con las sensibilidades nacionales. 
Desde la perspectiva asiática, Australia y Nueva Zelanda se consideran, por el momento, como Fremdkörper. 
En resumidas cuentas, su pertenencia al ASEM exigirá tiempo y, tal vez, el poder de persuasión de Europa. 
En lo que India respecta, la República Popular China no se muestra muy a favor. 
Quedan, así, por derrumbar las barreras nacionales. 
No sólo- tal como parece tan claramente ahora- en el proceso de ampliación de la Unión Europea, sino también con el ASEM. 
Sin embargo, cuando las buenas intenciones van acompañadas de hechos políticos equivalentes, avanzamos notablemente en Europa y Asia, incluso de forma conjunta. 
Señor Presidente, Comisario, en octubre de 2000, en Seúl, los dirigentes de ASEM se comprometieron a prestar apoyo a los derechos humanos, a la democracia y al imperio de la ley, como piedra angular de la futura cooperación Asia/Europa. 
Sin embargo, nuestras propias acciones raramente corresponden a nuestras promesas. 
En el pasado un número demasiado grande de Estados miembros han aprobado la idea de dientes para fuera, pero cuando hay un dilema entre comercio y defensa de los derechos humanos, los intereses económicos egoístas han recibido siempre la precedencia. 
Además, cuando se trata de un pequeño país hemos sabido criticar con rapidez, pero cuando el culpable es un gran país, como por ejemplo China, nuestra respuesta ha sido mucho más moderada y por eso aprecio sobremanera las recientes observaciones del Comisario Patten a ese respecto. 
Por consiguiente, apoyo la propuesta que figura en el párrafo 10 del informe, que pide que se excluya de las actividades de ASEM a cualquier Estado que deje claramente de respetar los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley. 
Acojo también con satisfacción la propuesta en favor de que el pilar político de ASEM estimule el diálogo político en diversas esferas, incluido el diálogo político entre China y Taiwán. 
Si queremos desempeñar un papel en esta cuestión y queremos que se nos considere como intermediarios probos, entonces todos los Estados miembros deberían seguir la recomendación de este informe y conceder visados al Presidente de Taiwán y a miembros de su Gobierno para que efectúen visitas de carácter privado a la UE. 
Aprecio la referencia que se hace a la solución del conflicto en Sri Lanka, en vista de mi reciente misión a esa zona como jefe de la misión de observación electoral de la UE. 
Más de 70.000 habitantes de Sri Lanka han perecido en este conflicto desde 1973 y toda iniciativa encaminada a prevenir más pérdidas de vidas es digna de éxito. 
Para concluir estas breves observaciones, recomiendo el informe Brok al Parlamento. 
Señor Presidente, este informe proporciona al Parlamento Europeo la posibilidad de debatir sobre el proceso ASEM y comentar sus resultados. 
Esta nueva cooperación entre Europa y Asia proporciona a ambas partes la gran oportunidad de profundizar y fortalecer sus relaciones no sólo en un aspecto económico sino también político, social y cultural. 
Ya en el tercer encuentro cumbre de ASEM celebrado en Seúl se logró que aspectos políticos, como derechos humanos, democracia y Estado de derecho, no sólo se hayan convertido en objeto de un diálogo fructífero entre los interlocutores del proceso ASEM sino que además hayan conducido a los correspondientes compromisos por parte de políticos de primer rango de ASEM. 
Nadie se sorprenderá de que nuestro Parlamento, que ha colocado desde hace años estos valores en el punto central de su trabajo, conceda un valor muy especial a que precisamente estos valores sean respetados por el Consejo y la Comisión y que ambas instituciones hagan todo lo posible para que estos valores sean objeto de un diálogo político permanente con nuestros interlocutores asiáticos en el marco del proceso ASEM. 
En un momento en el que la Unión Europea habla casi solamente de la ampliación creo que es muy oportuno decir que este proceso ASEM y el círculo de los interlocutores dentro del proceso ASEM debe ampliarse a Estados como, por ejemplo, la India, que se han hecho acreedores a ser incluidos en este diálogo. 
Me voy a referir a dos puntos que, como opino, se han convertido injustamente en objeto de negociaciones y de protestas ocasionales de la Embajada china. 
Pues si exigimos visados a los políticos de Taiwan para las visitas personales que realizan en Europa, esto no significa un reconocimiento de la República de Taiwan ni nada similar sino una actitud consecuente que Europa mantiene en la cuestión de la libertad de movimientos de los ciudadanos, en especial si en el futuro después de China Taiwan se convierte en miembro de la Organización Mundial de Comercio. 
Para finalizar, señor Comisario, quiero llamar la atención sobre una antigua exigencia del Parlamento Europeo: siempre hemos dicho que en una región como Taiwan, con la que Europa mantiene unas relaciones comerciales muy intensas, debe establecerse allí también una representación, es decir, una oficina de información. 
Señor Presidente, acercamiento y cooperación solamente tendrán éxito si se persigue el respeto recíproco y un espíritu de colaboración en el proceso asiático. 
Sabemos los esfuerzos que ha pasado el Parlamento para llegar a este informe. 
Primero: la historia del siglo XX ha dejado en Asia unas profundas heridas que hasta hoy no se han curado. 
A la sangrienta represión de la sublevación de los boxer en China, la ocupación de Manchuria, la guerra de Corea y la agresión contra Vietnam van unidos nombres de Estados que pertenecen al club exclusivo de los grandes de esta tierra: EE.UU, Alemania y Japón. 
Es un extraño modo de proceder con el papel y la responsabilidad de Estados cuando con esta historia, por ejemplo la UE desea asignar al Japón una especie de papel de orden en Asia. 
Igualmente extraño es que la UE no se distancie con más decisión del rumbo de confrontación que los EE.UU mantienen por ejemplo con sus vuelos de espionaje contra China. 
Otra cuestión: en Asia el futuro depende en gran medida de una relación armónica y de un equilibrio de los intereses entre China, la India y también Rusia. 
Los intentos de enfrentar a estos países me parece que son muy peligrosos también y precisamente para Europa. 
Una política asiática de futuro debe orientarse a la cooperación y a un diálogo constructivo, incluyendo también a la República Popular China. 
Quien se base ahora en obtener intereses a corto plazo y rápidas ventajas no podrá desempeñar a largo plazo ningún papel político decisivo para la paz y la cooperación entre Europa y Asia. 
Señor Presidente, a principios de la década que ha pasado hemos visto derrumbarse la bipolarización al caer un polo. 
A principios de la nueva década surge poco a poco- y lo tenemos delante- el nuevo mundo multipolar que para nosotros, como Unión Europea, debe constituir una opción estratégica. 
En este sentido, esta propuesta sobre la década próxima tiene un claro contenido político, con características estratégicas. 
El mundo unipolar llega a una fase siguiente, en la que es reemplazado por un mundo multipolar. 
Precisamente en esta época, nosotros, como Unión Europea debemos reforzar todas aquellas iniciativas regionales que conduzcan al Estado de Derecho, al desarrollo económico, a la justicia social, a la solución de cualquier diferencia pacíficamente y sin enfrentamientos. 
Asia, sobre la que estamos discutiendo ahora, es una zona de conflictos en muchas regiones: Paquistán, India, Indonesia y en más lugares. 
Dichos conflictos tienen muchas características en su base. 
Pero nosotros, que no sólo debemos enviar mensajes a los pueblos europeos que adolecen de mensajes ideológicos y políticos, sino a todo el mundo, debemos funcionar como una potencia pacificadora, como una potencia de colaboración, como potencia del progreso, como potencia de la democracia fomentando los procesos que humanicen aquellas regiones de la tierra sin crear conflictos y sin que haya razón para que, con vistas a obtener resultados democráticos, antes debamos ver enfrentamientos bélicos o confrontaciones. 
En este sentido, el informe de la Comisión que presenta nuestro colega, el Sr. Brok, es un texto muy importante; sin embargo, mucho más importante es la propuesta de la Comisión, que creo que va a seguirse fielmente, en la medida de lo posible, para que alcancemos los efectos políticos esperados 
Señor Presidente, nadie puede tener objeciones ante el desarrollo de las relaciones en términos de igualdad entre todos los países. 
Pero no se trata de esto. 
A pesar de las enmiendas que ha sufrido el inicial informe Dupuis, el espíritu que rige el informe Brok sigue siendo el de la cruda intervención en los asuntos internos de los países que forman parte del proceso ASEM, en nombre del llamado Estado de derecho, de los derechos humanos, etc., etc. 
De verdad, ¿de qué derechos humanos puede hablar quien antepone, por ejemplo, el respeto del orden comercial mundial? 
La cruda intervención en asuntos claramente internos de los países de la región llega al punto de denunciar la política demográfica de la República Democrática de China, de un país que se encuentra claramente en el punto de mira de la Unión Europea. 
Es llamativa la ausencia de toda referencia a los peligros que corre la paz en la región en una época en que se está agudizando la agresividad americana contra China como expresa la NDM, el nuevo dogma de defensa de los Estados Unidos, los vuelos de espionaje, las visitas del Dalai Lama y del Presidente de Taiwán. 
Con todo, no falta la exhortación, y además dos veces, a que se expidan visados al Gobierno de Taiwán, algo que es una imitación de la táctica americana en este tema. 
Sobra añadir que los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia vamos a votar en contra del informe. 
Señor Presidente, las dos regiones mundiales, la Unión Europea o Europa y Asia han recorrido caminos para acercarse. 
Al carácter de sensación que supuso el primer encuentro ASEM han seguido unas relaciones muy normales en muchos campos. Precisamente cuando pienso en las relaciones culturales y en la muy fructífera actividad de la Fundación Europa-Asia en Singapur, a veces constato que se producen más encuentros en el ámbito de las escuelas, los estudiantes, la ciencia o también de los gerentes de empresas que en el ámbito de la política. 
Por ello, quiero recordar aquí de nuevo que este Parlamento Europeo exigió en una ocasión y logró también que así como existen cumbres entre los gobernantes también deben celebrarse también cumbres entre los Parlamentos. 
Me parece absolutamente necesario que se intensifiquen los contactos entre los Parlamentos en Europa y en el área asiática y que a más tardar antes de la próxima cumbre ASEM en Copenhague lleguemos aquí realmente a un acompañamiento exacto de estos importantes enfoques políticos comunes aunque en parte tengan una base contrapuesta. 
Lo considero realmente esencial, pues ambas regiones desempeñan un importante papel en la reforma de la Naciones Unidas y también en la reforma de la Organización Mundial de Comercio. 
Ambas regiones tienen un gran interés en que también se logren progresos en el campo de la seguridad para la población y para los pueblos. 
Estoy pensando tanto en la seguridad de los alimentos como en la lucha contra el crimen organizado. 
Aquí las formas de cooperación ya no conocen realmente fronteras, por lo que Europa tiene que realizar también más avances. 
Afortunadamente, hemos logrado que se recapacite más intensamente sobre cuestiones relacionadas con la seguridad tanto en el marco de la ASEAN como en la totalidad de espacio asiático. 
Para mí es también importante contribuir a la lucha contra la trata de personas. 
Nos encontramos entretanto con millones de personas arrancadas de sus hogares. Y no se trata ya solamente de mujeres y niños sino también de hombres. 
Creo que ambas regiones deben tomar sobre sus hombros la responsabilidad para acabar en este mundo con esta forma de circulación de personas. 
Señor Presidente, Señorías, al final de este debate permítanme indicar que el comercio de la Unión Europea en esta importante región de la Tierra va acompañado de considerables esperanzas. 
No es cierto que podamos decidir libremente sin sufrir perjuicios si nos debemos comprometer allí o no, sino que más bien los Estados de esta parte de Asia alimentan unas esperanzas muy concretas y fundamentadas de que los europeos se comprometan en esta parte de la Tierra. 
Estas esperanzas existen porque allí se encuentra establecido el poder económico y de seguridad de los Estados Unidos de América y porque al lado está China que aumenta de modo creciente su influencia. 
En este juego de fuerzas, las esperanzas de muchos Estados del Sudeste de Asia apuntan a que también los europeos recapaciten sobre el establecimiento de una cooperación estratégica, tal como la califican los asiáticos, naturalmente con el objetivo de lograr una estabilización, un equilibrio entre los grandes poderes que allí existen y en interés de los Estados asiáticos. 
Estos han tenido sus primeras experiencias con un progreso económico impresionante que ha sido frenado luego por la crisis y ahora ven la oportunidad de superarla. 
Al mismo tiempo, ven qué gran necesidad existe de andar conjuntamente este camino para salir de la crisis, no en último lugar, con la Unión Europea. 
Por ello, como he dicho, no se trata solamente de una cuestión de nuestros propios intereses sobre cómo y con qué exigencias nos presentamos allí sino que se están depositando esperanzas en nosotros. 
Por ello, no tenemos la libertad de decir que no lo hacemos o que lo dejamos sino que estamos obligados a comprometernos en esta parte de la Tierra. 
Y esto esconde grandes posibilidades. 
Si nos presentamos allí, no como los colonizadores del pasado sino como socios que están dispuestos a aportar sus propias experiencias a otro continente, entonces se nos escuchará. 
Los europeos no deben dejar pasar de largo esta oportunidad bajo ningún concepto. 
. 
(EN) Antes que nada quiero dar gracias al Parlamento por la atención que los diputados están prestando, no solamente a las relaciones entre la Unión Europea y Asia, sino también al proceso ASEM en particular. 
El considerable interés que este informe ha suscitado demuestra también lo importante que es Asia para nuestra Unión, aspecto que han puesto de relieve diversos oradores. 
Estoy seguro de que el Parlamento sabe que éste es un tema respecto del cual tengo mis propias opiniones. 
La Comisión comparte en muy gran parte la evaluación y las preocupaciones expresadas en el informe, en particular las relativas a la importancia de reforzar más nuestro diálogo con los asociados de Asia-ASEM sobre cuestiones políticas, y también sobre cuestiones económicas y sociales. 
Estimamos también que ASEM debe concentrarse en cuestiones de ámbito mundial. 
Una cuestión a la que siempre acabamos volviendo en nuestros debates es la importancia que concedemos a los tres pilares: político, económico y socio-cultural, y a que se desarrollen al mismo ritmo. 
Algunos de nuestros interlocutores asiáticos están más interesados en que el diálogo sea predominantemente económico, postergando el diálogo político. 
Los asociados asiáticos temen que haya injerencia en sus asuntos internos y estiman que los diferentes niveles de desarrollo constituyen un obstáculo a la tan voceada asociación entre iguales. 
La Comisión no comparte esta opinión y tampoco la comparten otros asociados europeos. 
La cooperación para el desarrollo propiamente dicha se examina, naturalmente, en otros foros, pero ASEM es y debe seguir siendo un foro para el diálogo entre asociados iguales. 
Hace unas cuantas semanas asistí a la tercera reunión de ministros de asuntos exteriores de ASEM, en Beijing. 
Examinamos una multitud de temas. 
No estuvimos de acuerdo en todos ellos, pero no valdría la pena de sostener un diálogo si todos viéramos todo de igual manera. 
Al mismo tiempo, la necesidad de mejorar la gestión del proceso ASEM es clarísima. 
Programas tan extensos- en la reunión de ministros de asuntos exteriores había 19 temas en nuestro programa- conducen a una falta de concentración en cada uno de ellos. 
Por eso hemos propuesto que las actividades se organicen en grupos afines. 
Por eso hemos sugerido que haya reuniones oficiosas, como una especie de ejercicios espirituales para los participantes de nivel supremo, a fin de que puedan concentrarse en unas cuantas cuestiones fundamentales. 
Esas cuestiones deberían tener un determinado valor agregado para ASEM; dicho con otras palabras, seguramente sería acertado ocuparse de ellas en un plano birregional. 
Parece haber un alto grado de consenso acerca de la necesidad de reforma. 
Hemos convenido en esa necesidad para poder eliminar nuestros discursos preparados de antemano y las declaraciones ya preparadas y generalmente hiperesterilizadas de los presidentes, que nadie lee nunca. 
He llegado a sospechar profundamente del valor agregado que puedan tener reuniones en las que la mayor parte del verdadero diálogo tiene lugar de antemano en debates sobre la declaración conjunta que se va a publicar, y en la cual no hay más asistentes que en un partido de fútbol de categoría regional en mi propio país. 
Necesitamos precisar más, dialogar más, y concentrarnos más en los principales participantes y en menos temas. 
Debería haber más margen para sostener debates libres y reuniones bilaterales. 
Por ejemplo, he tenido un primer intercambio de opiniones sumamente útil con el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia y hemos tenido también reuniones de troika en la Unión Europea con Indonesia y con China. 
Otro paso adelante positivo es que nuestros asociados asiáticos parecen estar más inclinados a aumentar la participación de la sociedad civil. 
También hemos examinado la importancia de involucrar a los parlamentarios en el proceso. 
Parlamentarios jóvenes se han reunido bajo los auspicios de ASEF, que es la fundación Asia-Europa. 
Quizá haya llegado la hora de seguir adelante y reanudar los intercambios entre parlamentarios de los países de ASEM, y por eso acojo calurosamente la intención de convocar una segunda reunión parlamentaria Asia-Europa antes de la cumbre de Copenhague en 2002. 
Me han alegrado mucho las intervenciones en favor de una mayor participación del Parlamento en el proceso ASEM. 
Ésta es la tercera vez que he tenido la oportunidad de hablar de ASEM en el Parlamento. 
La primera ocasión fue una ocasión muy íntima, pues aquella tarde no había conmigo más que otros dos diputados del Parlamento. 
Luego tuvimos una especie de cena a la luz de las candelas. 
En la segunda ocasión que hablamos de ASEM había conmigo en la sala otros tres diputados del Parlamento. 
Lo de hoy ha sido algo así como un incremento exponencial del interés en ASEM y espero que antes de mis cinco años de mandato, que expiran el 22 de enero del año 2005, la sala esté llena hasta los topes cuando hablemos de la relación con ASEM y con Asia en su conjunto. 
He oído que se ha pedido un nuevo documento de trabajo con anterioridad a la reunión ASEM de Copenhague y espero que estemos en condiciones de decir algo más en términos generales acerca de las relaciones entre la UE y Asia. 
Espero también regresar brevemente al Parlamento para examinar una nueva comunicación destinada a actualizar la estrategia de 1994 para Asia. 
Se prevé que la comunicación sea adoptada por la Comisión en julio, y que nos brinde la oportunidad de sostener un debate más amplio acerca de las relaciones UE-Asia. 
Tendrá que abarcar algunas cuestiones suscitadas por diferentes diputados en este debate, incluidas las que han planteado el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y el Sr. Marset Campos. 
Nuestra reciente visita a la península de Corea demostró que la Unión Europea tiene considerables intereses mucho más allá del arco de inestabilidad que rodea a la Unión desde Kaliningrado al norte hasta el Cáucaso meridional al sur. 
Mi propia reciente visita a China demostró la importancia de la Unión Europea también en aquel país. 
No está de más recordar que hoy en día China tiene un superávit comercial de 45.000 millones de euros con la Unión Europea. 
Cuando estuve en China tuve el gran placer de reunirme con diputados del Parlamento chino que, como yo, se asombraron de la evidencia continua del desarrollo económico chino. 
Ahora bien, como ha dicho el Sr. Cushnahan, tenemos que hablar de otras cosas también, como por ejemplo el comercio y las relaciones comerciales. 
No podemos sostener un diálogo político sincero con China sin tener un intercambio igualmente sincero acerca de los derechos humanos. 
Esto no quiere decir que nos consideremos superiores ni que afirmemos tampoco que Europa posee un monopolio de sensatez en materia de derechos humanos, pero nuestro punto de vista inconmovible es que los derechos humanos tienen validez universal y que un diálogo sobre derechos humanos es apropiado en toda clase de relaciones. 
He tomado nota de lo que ha dicho su Señoría acerca del desarrollo de nuestros servicios exteriores en Asia. 
Ésta es una cuestión que espero podamos tratar más abiertamente dentro de unas cuantas semanas en la comunicación que estamos a punto de examinar. 
Podría haberme referido también a Japón, y a Asia sudoriental. 
Hay una serie de temas que necesitamos discutir más detalladamente. 
Hay muchos motivos para alegar, como ha alegado su Señoría hace unos momentos, que la relación que tenemos con Asia es una parte excepcionalmente importante de nuestras relaciones exteriores en general. 
Espero muy sinceramente que en las próximas semanas y en los próximos meses tengamos muchas más oportunidades de hablar de esta cuestión en este Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Evolución del servicio exterior 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (doc.A5-0199/2001) del Sr. Galeote Quecedo, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión relativa a la Evolución del Servicio Exterior (COM (2000) 456- C5-0629/2000- 2000/2292 (COS) ). 
. Señor Presidente, a pesar de los avatares, o acaso precisamente a causa de ellos, es necesario que las instituciones comunitarias reafirmemos nuestro compromiso político de profundizar en nuestra integración. 
Y el Parlamento Europeo ha reiterado en muchas ocasiones la necesidad de que la Unión Europea asuma un papel sólido en la escena internacional y sea capaz de hablar en ese contexto de manera coherente. 
Con ese fin, la reforma de Maastricht diseñó la PESC y con el mismo propósito se plantean en la actualidad diversas propuestas con la mirada puesta en el 2004. 
Sin embargo, para que la Unión Europea consolide su papel en el exterior, es necesario, en primer lugar, ordenar y fortalecer los instrumentos de política exterior de los que ya dispone la Unión y, muy especialmente, su Servicio Exterior. 
Es preciso admitir que el Servicio Exterior, que tan importantes funciones asume en la actualidad, adolece de numerosas deficiencias que no se han superado, a pesar de las reformas que la propia Comisión Europea ha impulsado y, por ello, este Parlamento aprobó en septiembre del año pasado el informe de propia iniciativa "Diplomacia común europea", con el fin de ofrecer una mayor eficacia en el ejercicio de la política exterior de la Unión. 
Propusimos entonces avanzar con decisión en tres ámbitos: primero, mejorar la formación de los funcionarios comunitarios destinados a ocuparse del ejercicio de la actividad exterior a través de la creación, en último término, de una escuela diplomática comunitaria y de la vinculación de los cuerpos diplomáticos nacionales con un sistema de pasarelas que se crearía al efecto; en segundo lugar, propusimos clarificar y desarrollar el status jurídico de las delegaciones, su papel y su relación con las instituciones; y, por último, propusimos mejorar la coordinación entre las delegaciones y los servicios exteriores de los Estados miembros, para lo cual sugerimos, entre otras cosas, fomentar la agrupación de las misiones de los Estados miembros que lo deseen con la delegación de la Comisión donde, cuando y como fuera posible. 
El Comisario Patten manifestó entonces ante este Pleno que la Comisión consideraría muy cuidadosamente esas recomendaciones y prepararía una comunicación sobre sus servicios exteriores durante la primera mitad del año 2001, que nosotros estamos esperando con el máximo interés. 
Pero, a la espera de iniciativas más ambiciosas, el Parlamento debe pronunciarse ahora sobre la última comunicación de la Comisión relativa a la evolución del Servicio Exterior, que, claro está, tiene un objetivo mucho más limitado, ya que se centra básicamente en la red de delegaciones y su personal. 
No obstante, es una comunicación bienvenida, pues permite abrir un debate sobre esa importante cuestión. 
La Comisión confirma en esa comunicación su voluntad de avanzar en la descentralización y en la desconcentración de la ayuda exterior. Esto no puede sino considerarse positivo aunque exija mayores recursos humanos y, por lo tanto, un aumento de los costes, que, creo, debemos contribuir a asumir. 
Señalamos, no obstante, que todas las dificultades en el funcionamiento de las delegaciones y en la gestión de la ayuda exterior no provienen de la falta de recursos. 
Es preciso, también, que la Comisión adopte medidas complementarias, como políticas de contratación, planes de formación o revisión de procedimientos. 
En lo referente a la red de delegaciones, la propuesta de la Comisión de avanzar en la regionalización parece apropiada, a pesar de lo cual es preciso considerar la apertura de nuevas delegaciones en algunos países de Asia Sudoriental, del área del Golfo y de América Latina, así como en Suiza. 
En este contexto, es preciso manifestar la inquietud que ha despertado el reciente rumor de que la Comisión considera la posibilidad de cerrar su delegación en Costa Rica. 
El ponente valora, por lo tanto, esta comunicación de la Comisión de manera positiva, creo que va por el buen camino, pero evidentemente no aborda globalmente la cuestión. 
Nosotros esperamos que en las próximas semanas la Comisión apruebe una nueva comunicación, más ambiciosa, que tenga en cuenta las opiniones de este Parlamento y permita, por fin, racionalizar, ordenar y mejorar el Servicio Exterior, para que éste sea un instrumento eficaz de una sólida política exterior de la Unión Europea. 
Señor Presidente, diré con toda claridad que somos favorables al mismo tiempo a la orientación general de la política propuesta por la Comisión y a las orientaciones del informe que acaba de recordar el Sr. Galeote. 
Al decir "nosotros", me refiero, claro está, a la Comisión de Presupuestos. 
La Comisión de Presupuestos desea simplemente llamar la atención de cada uno de los protagonistas en torno a problemas esenciales. 
En primer lugar, la rapidez del movimiento. 
Consideramos que la reforma debe hacerse de forma rápida y ambiciosa. 
Reforma quiere decir desarrollo de la desconcentración agrupando una serie de delegaciones menos numerosas pero mejor tejidas desde el punto de vista administrativo, y prolongadas por antenas de representación mínima. 
En segundo lugar, reforma quiere decir un despliegue vertical activo de las personas de Bruselas en dirección al terreno. 
Sabemos perfectamente que hay resistencias en el seno de los servicios de la Comisión, resistencias humanas, sociales, que comprendemos, con respecto a este despliegue. 
Es necesario romperlas. 
En tercer lugar, un despliegue horizontal. 
Hay delegaciones que están demasiado cargadas y puestos que no están suficientemente cargados. 
Y nosotros no sentimos siempre criterios objetivos en el reparto del personal. 
En cuarto lugar, un mejor equilibrio, un equilibrio más homogéneo entre el personal titular procedente de la Comisión y agentes locales menos costosos pero que no disponen por así decir de la "memoria central" de la institución. 
Son necesarios unos y otros y es necesario que el equilibrio entre ambos sea organizado de forma racional. 
Por tanto, esperamos, señor Comisario, que vaya usted más rápido y más lejos en esta dirección, que sabemos también que es la suya. 
Le apoyaremos en este movimiento. 
Le combatiremos si por casualidad, algo que no puedo creer, manifiesta inercia. 
El segundo aspecto que quisiera desarrollar con rapidez es el aspecto presupuestario. 
La Comisión de Presupuestos está a favor de una reforma cualitativa que incluya costes más importantes, ya que el despliegue se paga, pero la Comisión de Presupuestos es hostil a un desarrollo cuantitativo del personal de los servicios exteriores. 
Costes en aumento, sí; personal en aumento, no, ya que si aumentáramos el personal, sería un freno añadido a las medidas de despliegue. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. ponente. 
Éste ha elaborado un estupendo informe y naturalmente también celebro que haya aceptado mi plan de acción íntegro. 
En general me parecen muy positivos los planes de la Comisión de dotar de más recursos, más trabadores y más competencias a sus delegaciones, sin embargo, con demasiada frecuencia hemos visto ejemplos de delegaciones de champán, que han empleado más tiempo en clubs de diplomáticos que el dedicado a aquello que realmente era su trabajo. 
En su disculpa, puede decirse que ni tenían competencias ni tenían recursos en el viejo sistema. 
Muchos problemas de los proyectos de ayuda al desarrollo tienen su origen en que su administración está centralizada en Bruselas. 
En el futuro el trabajo deberá hacerse por tanto sobre el terreno. 
El nuevo sistema aún no está listo, sin embargo, 24 delegaciones han conseguido por el momento responsabilidad financiera directa. 
Espero que muy pronto podamos trasmitir las buenas experiencias, por ejemplo, de Bosnia hasta el resto de las delegaciones. 
La idea de dar a las delegaciones más obligaciones y más responsabilidades funciona de hecho en la práctica, sin embargo, en estos últimos tiempos hemos observado casos de fraude e irregularidades en las delegaciones de los países solicitantes. 
Pienso especialmente en Eslovaquia y en la República Checa. 
La Comisión debe presentar informes de control sobre las delegaciones al Parlamento, sin embargo, yo no solicito los propios informes, pues soy consciente de que contienen informaciones sensibles sobre individuos, aunque sí me gustaría disponer de un resumen de los aspectos financieros. 
Éste ya me lo prometió la Comisión con motivo de la aprobación de la gestión de 1999 y ahora espero que la Comisión me lo entregue. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, desde el punto de vista de la Comisión de Desarrollo y Cooperación hay que recordar que las delegaciones de la Unión Europea surgieron originariamente de los controladores encargados de aplicar el contenido de los Tratados de Yaoundé y de Lomé, es decir, que al principio tenían un mandato condicionado por la política de desarrollo. 
En el curso de los años se han ampliado esencialmente las tareas y el ámbito geográfico de influencia. Sin embargo, la asignación de contenidos no ha mantenido este ritmo. 
Entretanto nos encontramos ante la necesidad de realizar una reforma a fondo que, a pesar de todas las exigencias planteadas desde hace años por el Parlamento Europeo, no se ve satisfecha con la presente comunicación de la Comisión. 
La política de desarrollo ya no es la única tarea del servicio exterior de la UE pero sigue teniendo una destacada importancia. 
La disolución de los bloques y los procesos políticos en transformación también en los países en vías de desarrollo han aumentado considerablemente la dimensión política así como la comercial y la económica. 
Esto es en especial aplicable a la cooperación para el desarrollo con los países ACP, para los que el Tratado de Cotonou ha marcado unas nuevas prioridades. 
Pero precisamente en este aspecto el personal de las delegaciones adolece de una formación cualificada y faltan los necesarios conceptos para un empleo flexible del personal, incluyendo empleados locales con formación universitaria o expertos externos, en su caso también con contratos temporales para una determinada tarea. 
En la práctica, las delegaciones en los países ACP han estado o están sin embargo amenazadas de bajar de categoría o incluso de cierre. 
Muchos puestos quedan sin ocupar durante largos períodos de tiempo sin que se recurra a empleados locales adecuados al menos temporalmente. 
Esto lo ha criticado incluso el Tribunal de Cuentas. 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación ve por ello el peligro de que la aparición de nuevos temas regionales de carácter central y el favorecimiento de las oficinas regionales- para lo que puede haber muy buenos motivos- en la práctica podría conducir a un debilitamiento de las estructuras de las delegaciones en los países en vías de desarrollo. 
Que las oficinas regionales tienen unos costes más favorables que varias oficinas aisladas es algo evidente. 
Pero lo que no se demuestra es que sean también más efectivas. 
También aquí se revela la debilidad del concepto de la comunicación de la Comisión. 
En lo referente al contenido, la Comisión tiene aún que aportar algo. 
El informe del colega Galeote y las resoluciones de las comisiones competentes para emitir una opinión ofrecen para ello una excelente base. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor ponente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo quiero expresar en primer lugar mis felicitaciones a nuestro ponente. Ha presentado de nuevo un informe excelente sobre el servicio exterior. 
Señor Comisario, espero que me escuche a mí así como al colega Galeote Quecedo y que extraiga de su informe la maravillosa consecuencia de dar unas respuestas claras. 
Creo que estamos de acuerdo en que tenemos que alejarnos de la historia. 
Tenemos que acercarnos a las funciones actuales de la delegación que se basan en las funciones de la Unión. 
Hemos tenido Maastricht con el segundo pilar de la Política Exterior y de Seguridad Común y tenemos una mayor responsabilidad en el sector de la política comercial mundial. 
Por ello, tenemos que abrir delegaciones en todos los Estados interlocutores de importancia política y económica. 
Señor Comisario, vuelvo al debate de hace unos pocos minutos. 
Creo que precisamente en la zona asiática necesitamos más delegaciones. 
El informe del colega Galeote propone Singapur y Taipeh como lugares donde deberíamos abrir lo antes posible delegaciones. 
Refiriéndome a lo dicho por el colega Sakellariou sobre Taipeh: Taiwan es el 14º socio comercial más importante de la UE y un ejemplo de cómo una sociedad en Asia por propio esfuerzo se puede transformar de un régimen autoritario en una democracia parlamentara llena de vida. 
Este es un ejemplo excelente de que los principios de la democracia, del Estado de derecho y del respeto de los derechos humanos en Asia funcionan e incluso son queridos por los países. 
Por ello, es ya hora de que abramos también en Taiwan una oficina. 
Así pues, delegaciones en Singapur y Taiwan y el colega Galeote ha mencionado además otras regiones del mundo. 
Para mí lo importante es que cuando usted nos envíe el próximo documento mencione con toda claridad los países, años y meses en los que en su opinión se deben abrir delegaciones. 
Si no hay dinero entonces diga que nos hace falta. 
Entonces hablaremos aquí sobre si comenzamos un debate entre hermanos con el colega Bourlanges y le convencemos. 
Pero necesitamos un informe donde se diga claramente en qué países, en qué año y en qué mes y entonces lo seguiremos y construiremos un servicio exterior razonable para la Unión. 
Señor Presidente, Señorías, el asunto que hoy estamos debatiendo se enmarca en una problemática muy vasta y que abarca no sólo la representación exterior de la Comunidad, sino también, en última instancia, la propia PESC. 
La situación de la representación exterior de la Unión ha sido objeto en los últimos años de diversas críticas y se deberá someter aún a un gran esfuerzo conjunto de transformación. 
La interpenetración de los diferentes vectores- el vector comercial, el de la ayuda al desarrollo, el económico, el político y el diplomático- es cada vez más evidente en el mundo actual y debe aceptarse claramente no tanto como algo inevitable cuanto principalmente como una oportunidad. 
Una oportunidad para que la Unión Europea fortalezca su papel en el sistema internacional, defendiendo los principios de la democracia y de los derechos humanos que legitiman ese mismo objetivo. 
Reconocemos que la idea de esa realidad está subyacente a las preocupaciones de la Comisión en el sentido de mejorar el servicio exterior y que se ha plasmado en la aprobación de varias comunicaciones desde 1996. 
Pero el conjunto carece de coherencia y aún es necesario mucho trabajo. 
Confieso que estamos esperando con gran expectación la comunicación de la Comisión sobre el servicio exterior que en septiembre del año pasado el Comisario Patten prometió enviar al Parlamento y que deberá constituir- creo yo- un marco estratégico para ulteriores e importantes desarrollos. 
Si bien no conviene perder de vista que el asunto hoy abordado está realmente muy circunscrito, el fortalecimiento y la adaptación de la red de delegaciones, sus consecuencias son extraordinariamente concretas y, como ya he subrayado, atañen también a la esfera política y diplomática. 
Así, merece nuestro apoyo lo que en general se refiere a la desconcentración y a la descentralización de la ayuda exterior y a su racionalización, con las consiguientes necesidades de recursos y medios técnicos. 
Ahora bien, quisiera subrayar que discrepo- podríamos decir- de la faceta casi hiperrealista que sigue existiendo en ciertas concepciones en cuanto al papel internacional de la Unión en la ayuda al desarrollo. 
En consecuencia, me permito señalar tres aspectos: uno, el de la importancia de la cooperación regional, pero que se deberá incrementar teniendo en cuenta equilibrios políticos, procesos de transición a la democracia y de consolidación de ésta y la relación de los diferentes Estados entre sí. 
Otro aspecto vinculado con éste es la necesidad de coherencia en cuanto a las orientaciones de fondo, y de que no queden vinculados y dependientes, a veces casi exclusivamente, de constricciones de medios cuya urgencia hay que verificar, por lo demás. 
Y otro más, la importancia de que se adopten algunos criterios políticos, en particular reconociendo el papel de los diferentes Estados en cuanto a los procesos de democratización y defensa de los derechos humanos en su zona regional. 
Hacemos un llamamiento para que se suspenda el proyecto de cierre de delegaciones en esos países, sin por ello dejar de ser conscientes de que el costo de su mantenimiento es irrelevante en el conjunto. 
El ponente, Sr. Galeote Quecedo, que ha hecho un trabajo excelente, ha recogido este y otros aspectos, por lo que apoyamos su propuestas de resolución y esperamos que la Comisión y el Consejo las tengan en cuenta.. 
Señor Presidente, al pensar en lo sucedido bajo la anterior Comisión, podemos decirse que no hay mucho que perder con esta propuesta de descentralización, siendo en cualquier caso absolutamente preciso que algo suceda. 
Sin embargo, si la descentralización no se ve acompañada de la necesaria competencia, entonces podemos contar con un arma de doble filo. 
Y debemos hablar tanto de la competencia en las delegaciones como también de un tipo de competencia en la misma sede principal que adopta la forma tanto de conocimiento como de talento para la coordinación y esta relación me parece un poco difícil de ver en el momento actual. 
Visto de esta manera, no estoy tan preocupada por las escuelas diplomáticas y lo que ahora se denominan las diversas funciones en esta dirección. 
De hecho estoy más preocupada por temas más concretos y objetivos, por ejemplo, la cuestión de la mujer y la cuestión de las TIC y me gustaría ilustrar mi opinión sobre los problemas a la luz de estos dos temas. 
No disponemos de ninguna garantía de que en las delegaciones haya algún conocimiento especial sobre la cuestión de la mujer, y ninguna conocimiento especial sobre la cuestión de la mujer con respecto a los países en vías de desarrollo. 
Puede decirse que quizá tampoco lo hubiera antes en la Comisión, pero entonces sí teníamos en cualquier caso una posibilidad de mantener un control más estrecho desde el Parlamento Europeo, y esta función de control desaparece un poco cuando se sale a los diversos países. 
No existe tampoco ninguna garantía de que se disponga de algún conocimiento especial sobre las tecnologías de la información. 
Seguramente se sepa cómo enviar un correo electrónico, pero las tecnologías de la información y de la comunicación son indudablemente mucho más que meramente enviar un correo electrónico y cuando desde la Comisión se dice al mismo tiempo que no es necesario disponer de una unidad en la Comisión que disponga de conocimiento específico en este ámbito y que sólo se trata de mainstreaming y de conocimiento general, cabe temer cómo se alcanzará esta competencia, también en las delegaciones. 
Y por ello espero que la Comisión con motivo de la iniciativa que la Comisión debe presentar ilustre, por ejemplo, con la ayuda de dos ejemplos- mujeres y TIC- cómo imagina que se llevará a cabo la estructuración. 
Señor Presidente, estamos de acuerdo en que es necesario fortalecer el servicio exterior de la Comisión y apoyamos la evaluación hecha por el Sr. Galeote acerca de la comunicación de la Comisión. 
Este informe está en consonancia con la prioridad que comparten la mayoría de mi Grupo y del Parlamento: mejorar la presencia de la Unión Europea en la escena internacional. 
Consideramos que el desarrollo de un servicio exterior es un instrumento encaminado a reforzar la política exterior de la UE, aunque, evidentemente, aún tengamos que educar a nuestros servicios nacionales sobre diversos aspectos de la cuestión. 
Entre las experiencias más molestas que he tenido como parlamentario de la Unión Europea en mis viajes fuera de la Unión Europea figuran las curiosas reuniones con embajadores de Estados miembros en las que el delegado de la Unión está considerado todavía como un elemento externo o, en el mejor de los casos, como una especie de agregado comercial o económico. 
Nos satisface que el informe Galeote incluya nuestra enmienda en la que se pide que el Presidente en ejercicio asuma cierta responsabilidad respecto de la verificación de la buena disposición de las embajadas de Estados miembros a cooperar con las delegaciones de la UE y a realzar su papel tendiente a crear una verdadera voz común de la Unión Europea. 
Un servicio exterior mejorado de la Comisión aportará muchos y muy grandes beneficios si conseguimos establecer una verdadera política común y un verdadero servicio político en el plano europeo. 
El primer paso en esa dirección consiste en hacer miembro de la Comisión al Sr. PESC: esto es indispensable si queremos hablar al mundo con una voz común. 
Señor Presidente, señor Comisario, estamos de acuerdo en nuestro Grupo con el buen informe hecho por el Sr. Galeote, excepto en un pequeño matiz que luego comentaré. 
La experiencia más chocante, cuando uno sale fuera de la Unión Europea, es la paradoja que supone la imagen fuerte que ofrece la Unión Europea fuera y la imagen casi inexistente en el interior. Dentro de la Unión Europea no hay la coordinación necesaria. 
Por ello, es imprescindible poderle dar a los servicios exteriores y a la coordinación todo su peso. 
Y en ese sentido hay que aceptar que, con un presupuesto raquítico, no se puede conseguir la imagen, la coordinación adecuada, la presencia unívoca en la ONU, o en otros organismos internacionales, y por ello habría que revisar las perspectivas financieras en esa dirección. 
También habría que hacer hincapié en darle mayor coordinación a la información recibida para que no veamos espectáculos tan tristes como que los Estados miembros den opiniones diferentes. 
Por eso sería importante ir en la dirección que el Sr. Galeote indica. 
Señor Presidente, señor Comisario, el Sr. Galeote Quecedo señala en su exposición de motivos un punto esencial que se ha dejado totalmente de lado en la comunicación de la Comisión dedicada al desarrollo del servicio exterior, que es el de la falta de articulación funcional efectiva entre las embajadas de los Estados miembros y las delegaciones de la Comunidad. 
La Comisión, señala con toda justicia nuestro ponente, "no parece darse cuenta de la insuficiencia absoluta de la colaboración con los servicios diplomáticos de los Estados miembros". 
Señala también que el programa de asociación creado para que diplomáticos y funcionarios de los Estados miembros puedan estar asignados a las delegaciones no ha dado hasta el momento más que resultados extremadamente pobres: siete diplomáticos nacionales solamente han sido nombrados en este marco en el seno de las delegaciones de la Comunidad. 
En lugar de orientarse hacia el desarrollo de un servicio exterior comunitario totalmente independiente del de los Estados miembros, que sería generador de importantes excesos de costes principalmente en materia de formación, de inútiles redundancias y de inevitables conflictos de competencia, la prudencia aconsejaría valorar al contrario en el plano comunitario la experiencia adquirida en un marco bilateral principalmente en el servicio de ayuda y cooperación, la competencia y la experiencia disponibles en el seno de los servicios exteriores nacionales y la costumbre de las prácticas diplomáticas de sus miembros. 
Así saldríamos de los equívocos y de los riesgos de deriva vinculados a la noción de desarrollo de un servicio diplomático comunitario compuesto ex nihilo por funcionarios totalmente exteriores a los servicios diplomáticos nacionales y que algunos, al situarse en una lógica de sustitución y no de complementariedad, pretenderían desarrollarse en paralelo, de forma estanca. 
La eficacia y la subsidiariedad mandan, al contrario, más allá del programa de asociación y de su fracaso actual y de dar prueba de iniciativa y de imaginación para que se instaure una verdadera ósmosis en el ámbito de los recursos humanos entre embajadas de los Estados miembros y delegaciones comunitarias, de forma que se favorezca el desarrollo en una armoniosa complementariedad de relaciones lo más densas posibles con nuestros socios exteriores. 
Señor Presidente, me parece que tenemos que distinguir entre dos aspiraciones que se exponen en el informe Galeote y que hasta cierto punto van en direcciones diferentes. 
Me refiero por una parte a la necesidad de mejorar la eficiencia de la Comisión en el cumplimiento de sus funciones prioritarias y por otra parte a la ambición de crear una especie de servicio diplomático de la UE. 
Lo importante es conseguir la primera de esas aspiraciones, y así se refleja con mucha claridad en el párrafo 1 del informe Galeote, que dice lo siguiente: "Insiste en que la prioridad absoluta del servicio exterior de la Comisión debe ser la entrega y la gestión eficientes de los programas de asistencia exterior de la UE". 
En momentos en que la ampliación de la Unión es un tema prioritario- y para prestar asistencia a ese proceso tenemos programas de ayuda preingreso en gran escala- es esencial que tengamos el debido número de personal con las debidas cualificaciones, encargado de prestar esa asistencia y de supervisar su prestación. 
La Comisión reconoce evidentemente la prioridad de la reforma de la gestión de la asistencia exterior, como hemos podido ver durante el año pasado, pero según algunas estimaciones, hay un déficit de algo así como 1.254 puestos en los servicios que se ocupan de zonas de política prioritarias. 
La Comisión no necesita más diplomáticos ni empleados de cualificaciones generales en su delegación, lo que necesita es administradores competentes, en particular con conocimientos especializados en materia de licitaciones, contratos y, sobre todo, ejecución de proyectos; quizá lo que necesitamos sea personal con experiencia empresarial. 
Me pregunto si los procedimientos de contratación y separación del servicio de la Comisión reflejan esa prioridad. 
El proyecto de reglamento del Consejo sobre la jubilación anticipada de unos 600 funcionarios está siendo objeto de estudio en estos momentos. 
Me gustaría saber qué medidas va a adoptar la Comisión para contratar el tipo adecuado de funcionarios para sustituir a los que van a ser objeto de jubilación anticipada. 
Señor Presidente, con este informe del Sr. Galeote se identifican insuficiencias que ya reconoce la propia Comisión en su comunicación con respecto a la necesaria reforma para mejorar el servicio exterior comunitario y además, se aportan unas cuantas propuestas con vistas a lograr un óptimo funcionamiento de dicho servicio exterior. 
La importancia de su labor viene acentuada por dos factores que se han dado simultáneamente en los últimos tiempos. 
Por una parte, incide el papel, cada vez más reconocido y asumido por la Unión, que nos toca jugar en el escenario internacional globalizado y por otra parte, la función solidaria que en pos del reequilibrio Norte-Sur nos corresponde impulsar y que encuentra su proyección más destacada en el marco del nuevo acuerdo de Cotonou. 
Como miembro de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, quiero apoyar lo expresado por Karin Junker en su opinión, destacando como algo esencial el que nuestro servicio exterior contribuya al éxito de los países que buscan, a través del desarrollo, su libertad y su prosperidad. 
Con las enmiendas aprobadas por la Comisión de Desarrollo y Cooperación pedimos que la racionalización del servicio exterior no implique el cierre de delegaciones en los países en desarrollo. 
La reforma debe acometerse pensando en la eficacia de la acción más que en criterios exclusivamente contables. Para ello, es necesaria la presencia de la Comisión sobre el terreno, el contacto directo de los funcionarios con la realidad del subdesarrollo, con los agentes de desarrollo y las autoridades locales, apoyando y apoyándose mucho más en las ONG, tanto locales como europeas. 
La creación de delegaciones de alcance regional no es una alternativa aceptable al cierre de delegaciones en países como Cabo Verde o Costa Rica. 
Pedimos también que los programas plurianuales para las delegaciones, anunciados por la Comisión, tengan en cuenta los objetivos del desarrollo, que se contrate personal local, que los funcionarios tengan una formación específica y que se procure una mayor coordinación entre las delegaciones de la Comisión y las representaciones de los Estados miembros. 
Creo que sería muy positivo abrir una delegación en un país como Cuba, precandidato a la firma del Acuerdo de Cotonou y que ya ha sido aceptado como socio por nuestros asociados de la comunidad ACP. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo debe apoyar el proceso de descentralización de los servicios de la Comisión con el fin de aproximar la Unión Europea a sus socios. 
Nosotros somos por tanto favorables al aumento del número de delegaciones y al refuerzo de sus efectivos, frente a sus competencias crecientes. 
Pero la cooperación para el desarrollo debe seguir siendo la prioridad de las delegaciones en los países en desarrollo, principalmente para la planificación de los programas de ayuda. 
Es importante que los representantes que negocian por parte de la Comisión estén, sobre el terreno, en contacto directo con las realidades. 
Deben desarrollar, en este sentido, relaciones con las ONG locales y con la sociedad civil en general, con el fin de conocer e integrar las necesidades prioritarias de las poblaciones, y no solamente las de los Gobiernos en estos programas indicativos. 
Por encima de la consulta, es necesario reforzar el número de agentes locales en las delegaciones. 
Efectivamente, resulta primordial que el personal de las delegaciones tenga un excelente conocimiento de las condiciones locales y domine las lenguas regionales, con el fin de mantener un vínculo permanente con las diferentes capas de la población. 
Por otra parte, las delegaciones deben proponer programas de formación específicos con destino a expertos locales, con el fin de favorecer su contratación. 
Finalmente, es urgente contratar personal cualificado en materia social y medioambiental, que han sido hasta momento los parientes pobres de los programas de ayuda y desarrollo elaborados en Bruselas. 
Señor Presidente, señor Comisario, ante todo quisiera dar mi enhorabuena al ponente, Sr. Galeote, por su informe, que cuenta con una cantidad de datos excepcional y es muy elaborado. 
Creo que no hay duda de que el tema es especialmente importante, puesto que toca un aspecto fundamental de las actividades de la Unión Europea, es decir, la Política Exterior Común y la Política de Seguridad, y consiguientemente la presencia activa y eficaz de la Unión en la escena internacional y su posibilidad de desempeñar un papel fundamental en esta cuestión, coherentemente y con coordinación, y sobre todo, independientemente de otros factores extraeuropeos. 
Pero para lograr este objetivo debe existir de antemano una herramienta adecuada y funcional. 
Y esta herramienta no es otra que un servicio diplomático organizado exterior, con responsables formados en profundidad, que provea de personal las representaciones o las embajadas de la Unión, de manera que éstas, funcionando en un marco regulador institucionalizado de sus relaciones con el Parlamento Europeo y con el Consejo, lleguen a ser un representante real de la política y de los intereses de la Unión, así como del conjunto de los intereses de los Estados miembros. 
Para esto último va a hacer una falta especial coordinar los servicios diplomáticos de las representaciones de la Unión y de los Estados miembros, algo que prevé el informe en debate con sus previsiones sobre el desarrollo de un sistema de colaboración y de unión entre dichos servicios. 
Por supuesto, para todo esto hacen falta fondos y recursos significativos, de los que deberá disponerse, ciertamente con transparencia y cuidadosa ponderación no sólo de las necesidades sino también de la conveniencia y utilidad de cada gasto, e incluso con un deseo sincero de reforzar el Servicio Exterior a fin de garantizar las medidas útiles para el cumplimiento de su misión. 
Finalmente, una importancia especial deberá tener, tal como señala el informe, las normalizaciones de las relaciones del Servicio Exterior y las relaciones de las representaciones con el Parlamento Europeo, tanto en lo relativo a la sistematización de los contactos, ayudándonos de informes y de comparecencias de los responsables de las representaciones ante el Parlamento y sus comisiones competentes, como en lo que respecta a la obligación de las representaciones de apoyar las visitas y a las delegaciones de los diputados del Parlamento Europeo en países terceros. 
Señor Presidente, el informe Galeote me satisface. 
Es muy apropiado que reformemos las delegaciones exteriores de la Comisión y que examinemos de qué forma pueden actuar con mucha mayor eficiencia, probablemente en el contexto de una política exterior y de seguridad común mucho más coherente. 
En este contexto quisiera plantear algunas breves cuestiones. 
En primer lugar, por lo que se refiere a mi propia experiencia con las oficinas de delegación de la Comisión cuando estaba yo en Sri Lanka, diré que es excelente poder contar con su ayuda. 
Su presencia ha sido utilísima para desempeñar nuestras tareas y para coordinar a los diversos embajadores de la UE en esa zona. 
En otras experiencias que he tenido con las oficinas exteriores de la Comisión he tenido a veces la impresión de que se sentían muy próximas a la administración política local y eran algo reticentes a la adopción de una posición firme en materia normativa y de política. 
Creo que debe quedar absolutamente claro que nuestras oficinas de delegación no están en los países sencillamente para mantener una relación agradable con la administración local sino para representar la política de la Unión Europea en su acepción más extensa. 
La tercera cuestión que deseo plantear, y estoy seguro de que ya la ha planteado mi colega Georg Jarzembowski, es la de saber si la Comisión responde positivamente a nuestras repetidas peticiones de que se establezca una oficina de delegación en Taiwán. 
Hace ya demasiado tiempo que estamos toqueteando miedosamente esta cuestión. 
Deberíamos ser valientes en nuestras convicciones y espero que el Comisario responda positivamente a la propuesta de que haya una oficina en Taiwán, cuanto antes, mejor. 
. 
(EN) Quisiera en primer lugar rendir un caluroso homenaje al trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y, en particular, por el ponente, el Sr. Galeote Quecedo, quien ha hecho una vez más un excelente trabajo. 
No deberíamos olvidar la importante aportación de la Comisión de Presupuestos, con el siempre sensato Sr. Bourlanges como ponente, ni la opinión de la Comisión de Control Presupuestario- he disfrutado debatiendo estas cuestiones con el Sr. Blak- ni tampoco la opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación redactada por la Sra. Junker. 
Todos estos documentos son, así mismo, oportunos puesto que la Comisión está en este momento terminando su comunicación al Parlamento sobre evolución del servicio exterior que sigue a la presentada el pasado mes de julio. 
Puedo asegurarle al Parlamento que las recomendaciones efectuadas en el informe son tremendamente importantes para la Comisión. 
Las considero, además, un alentador indicio de que el Parlamento comparte nuestra aspiración de convertir el servicio exterior en un instrumento aun más eficaz de nuestra política exterior. 
Seguiremos, por supuesto, informando al Parlamento periódicamente de los avances que realicemos. 
Permítanme una serie de observaciones. 
En primer lugar, el Parlamento subraya su deseo de clarificar sus relaciones con las delegaciones en el exterior. 
La Asamblea recordará que esta cuestión ya se planteó cuando debatimos el informe del Sr. Galeote Quecedo sobre una diplomacia común europea el pasado mes de septiembre. 
Yo aseguré a esta Asamblea que, aunque las delegaciones fueran formalmente delegaciones de la Comisión, habíamos dejado absolutamente claro que deberían verse a sí mismas al servicio del Parlamento, del Alto Representante y también del resto de las instituciones comunitarias. 
En respuesta a algunas de las posturas planteadas en el transcurso del debate, cabe decir que es cierto, sin duda, que nuestras delegaciones y las embajadas de los Estados miembros tienen que coordinar sus actividades de un modo mucho más satisfactorio. 
Esto ya lo hemos tratado en el Consejo. 
Las delegaciones deberían, en efecto, disponer de programas de visitas de delegaciones y comisiones parlamentarias. 
Estoy también de acuerdo en que sería útil que los jefes de la delegaciones comparecieran de vez en cuando ante la Comisión de Asuntos Exteriores y otras comisiones parlamentarias cuando acudan a Bruselas a informar de lo que ocurre en los países en los que estén destinados y del desarrollo de los programas y de la política de la Unión Europea en los mismos. 
Una segunda gran preocupación de este Parlamento es la llamada desconcentración de nuestras actividades operativas. 
Con esta jerga, como la Asamblea sabe, se quiere decir transferir la autoridad y la responsabilidad a donde corresponde, a las personas sobre el terreno. 
El Parlamento recordará que este avance hacia una mayor desconcentración fue un compromiso explícito de la Comisión en su comunicación de mayo del pasado año sobre la reforma de la ayuda externa, reiterado en la comunicación de julio sobre el servicio exterior. 
Nos encontramos ahora en medio de la primera ola del proceso de desconcentración. 
Se ha establecido el concepto de desconcentración en cada uno de los programas principales. 
Se han evaluado los requisitos de personal de cada delegación. 
Está en curso la selección y la formación de funcionarios. 
Y, por último, y no por ello menos importante, se está creando una conexión entre los sistemas de gestión y contabilidad de la sede central y los de las delegaciones en cuestión. 
Este año se reforzarán más de 20 delegaciones, el año que viene otras 30 aproximadamente y las restantes en 2003 y 2004. 
Por supuesto, informaré al Parlamento con mayor detalle sobre la desconcentración a lo largo de este año; pero, en general, el trabajo se está llevando a cabo según lo previsto. 
Hay una cuestión en la que quisiera hacer mucho hincapié. 
No puede hablarse de desconcentración si se sigue teniendo un conjunto de madres políticas en Bruselas. 
Desconcentrar significa que la gestión de los programas se realice en el terreno. 
No significa que mucha gente en Bruselas cuestione a posteriori a las personas que están sobre el terreno. 
Mi postura acerca del problema de double emploi, del problema de si vamos realmente a desconcentrar, es firme. 
En lo que a mí respecta, y en lo que respecta al comité de EuropeAid, es imprescindible que uno de nuestros indicadores de rendimiento mida los avances logrados en la transferencia de la dirección de los proyectos a las delegaciones, que es donde debería estar. 
Hemos asistido, como ya se ha señalado durante el debate, al éxito de la desconcentración en Sarajevo y yo deseo que ese éxito se repita en todas partes; pero la desconcentración no es sólo una cuestión de números y procedimientos. 
Para que tenga éxito exige un verdadero cambio de cultura administrativa en los servicios exteriores de la Comisión, en las sedes centrales y en las delegaciones. 
En este sentido, es muy oportuna la insistencia del oponente en la necesidad de mejorar y desarrollar nuestros programas de formación. 
Aunque soy el primero en admitir que este aspecto todavía puede mejorarse más, se han realizado y continuarán realizándose importantes esfuerzos. 
Tuve la oportunidad de examinar el programa de formación de nuestro personal en el exterior y me impresionó mucho. 
No sólo contempla aspectos de las políticas, como el comercio y la PESC, sino también temas prácticos del día a día y técnicas de gestión modernas. 
Es necesario, desde luego, que incluya todas las cuestiones que designa, en general, la expresión "mainstreaming de género", a las que se refirió su Señoría durante el debate. 
En paralelo, la Oficina de Cooperación EuropeAid ha establecido un programa de formación muy ambicioso específicamente dirigido al proceso de desconcentración. 
Al Parlamento le interesará saber que la primera sesión piloto del Programa Diplomático Europeo, que es un programa común de formación para los diplomáticos europeos patrocinado conjuntamente por los Estados miembros y la Comisión, ha sido evaluada recientemente y ha sido considerada satisfactoria. 
Esta iniciativa puede que no se base exactamente en el modelo de escuela diplomática europea, que exponía en su informe el Sr. Galeote, pero es un acertado paso adelante. 
Me consta también que la Asamblea espera ser plenamente informada por la Comisión de la redistribución de los recursos humanos, de la regionalización de la red y de la apertura o el cierre de delegaciones, una cuestión ésta a la que volveré al final de mi intervención. 
Dado que el colegio de comisarios todavía tiene que tomar una decisión sobre estos asuntos, diré únicamente a la Asamblea que las recomendaciones recogidas en los informes que estamos estudiando serán objeto de un examen y un análisis cuidadosos. 
Por último, permítanme que comente el plan de acción propuesto. 
Algunos de sus puntos, como la propuesta de que, a partir de junio de este año, cada uno de los jefes de delegación firme una declaración anual haciendo constar que se han establecido controles internos adecuados, se estudiarán en el seguimiento de la reciente resolución de aprobación de la gestión. 
La Asamblea debería saber que los jefes de delegación ya tienen que firmar la nueva carta de habilitación de funcionarios en la que se recogen las funciones que tienen encomendadas, sus obligaciones y sus responsabilidades. 
Otras cuestiones que plantea la Asamblea relativas, por ejemplo, a declaraciones de misión, redistribución, nuevas delegaciones, seguimiento y evaluación se abordarán en la comunicación sobre evolución del servicio exterior que se presentará en breve. 
Espero que el mensaje quede claro. 
Nos tomamos muy en serio la reforma y el evolución del servicio exterior. 
Desde que ocupé mi cargo llevo diciendo que quiero ver surgir un servicio moderno, eficaz y racionalizado, que funcione como parte integral de las estructuras de relaciones exteriores de la Comisión y al servicio de todas las instituciones de la Unión. 
Éste sigue siendo mi objetivo, un objetivo que comparten tanto mis colegas como los principales responsables de los servicios de relaciones exteriores de la Comisión. 
Pero se trata de un camino largo. 
Debe basarse en la confianza y motivación del personal, un personal que trabaja en muchos casos en condiciones difíciles lejos de sus colegas y de sus sedes centrales. 
Exige una cuidadosa planificación, formación, y, también, financiación. 
Confío en que podamos contar con el apoyo y la comprensión del Parlamento en el trabajo que todavía tenemos por delante. 
Varios parlamentarios nos han pedido que no carezcamos de ambición, que seamos más ambiciosos en lo que hacemos. 
Solo quisiera decir al Parlamento algo muy obvio, que puede ser un poco prosaico. 
La ambición depende de dos cosas. 
En primer lugar, depende de que se disponga del dinero para hacer realidad nuestras ambiciones. 
En segundo lugar, depende de que se esté preparado para adoptar decisiones políticas difíciles que hagan posible esas ambiciones. 
Una de mis aspiraciones, y algunos pueden considerarla una excentricidad, es que las ambiciones en el área de que soy responsable se vean correspondidas por los fondos que realmente tenemos para gastar en ellas. 
También quisiera que estuviéramos preparados para tomar las difíciles decisiones políticas necesarias para modernizar nuestro servicio exterior. 
Pero, dicho sea con todo respeto a la Asamblea, de nada sirve que por un lado la Asamblea me diga que no podemos nunca cerrar una delegación y que por otro lado la gente nos diga que deberíamos abrir nuevas delegaciones y el conjunto de la Asamblea acuerde que debería haber un límite en el número de delegaciones posibles. 
En el pasado el Parlamento ya ha reiterado que debería haber un techo en el número de delegaciones. 
Yo no me opongo siempre que cuando tengamos que cerrar algunas delegaciones para abrir otras, contemos con la comprensión y el apoyo de la Asamblea. 
Pero si vamos a ser ambiciosos, y me gustaría que lo fuéramos, tiene que haber un entendimiento entre la Comisión y el Parlamento a la vez que entre la Comisión y el Consejo. 
Hemos de estar absolutamente abiertos a cualquier decisión difícil que tengamos que adoptar. 
Y después, todos nosotros conjuntamente hemos de compartir la responsabilidad política de esas decisiones. 
No caigamos en una situación en la que todo el mundo quiere ser ambicioso pero nadie está realmente preparado para gastar el dinero en esas ambiciones ni para tomar las decisiones políticas necesarias. 
Estoy deseando que se celebre este debate y quisiera contar con el apoyo del Parlamento en nuestro intento conjunto de crear la clase de servicio exterior que la Unión Europea merece. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Propuesta de reglamento del Consejo por la que se establece un sistema de preferencias generalizadas para el período 2002-2004 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen de la propuesta de reglamento del Consejo por la que se establece un sistema de preferencias generalizadas para el período 2002-2004. 
Señor Presidente, hace unos instantes- y cuando digo, "hace unos instantes", quiero decir hace apenas 10 minutos- la Comisión acaba de aprobar la propuesta de esquema de preferencias generalizadas para el período 2002-2004; ha decidido también someterlo al Parlamento. 
Es por tanto para mí un placer poder comentarla brevemente ante ustedes y situarla en la doble perspectiva de la política comercial común, por un lado, y de la estrategia de la Unión Europea en materia de desarrollo duradero y de lucha contra la pobreza, por otro. 
El sistema de preferencias generalizadas (SPG) comunitario se sitúa en la intersección de estas dos grandes políticas de la Unión. 
Aquellos de ustedes que conocen esta cuestión saben que se trata de un instrumento exclusivamente arancelario que nació hace unos treinta años por iniciativa de la Comunidad Europea de la época en el seno de la CNUCED que tenía como designio bajar los derechos aduaneros para las exportaciones industriales de los países en vías de desarrollo, ya que su razón de ser primera era la industrialización del tercer mundo. 
En aquellos momentos, las tarifas elevadas constituían el principal obstáculo a los intercambios comerciales- es cierto que las cosas han cambiado en parte desde entonces, ya que el nivel medio de las tarifas ha bajado. 
Por el contrario, son más bien los obstáculos no arancelarios los que han ganado en importancia relativa e intentamos tratar esta cuestión en el ámbito de medidas no arancelarias dando a una serie de países medios financieros para facilitarles la mejora de su capacidad institucional y realizando con ellos acuerdos técnicos ad hoc, como los acuerdos de reconocimiento mutuo, o acuerdos en materia veterinaria o fitosanitaria. 
Pero no debemos olvidar que algunos obstáculos arancelarios siguen siendo hoy significativos. 
Daré algunos ejemplos. 
En los sectores textil y agrícola los países en vías de desarrollo tienen con frecuencia ventajas comparativas elevadas, y nosotros mantenemos protecciones arancelarias. 
En el sector de la primera transformación, persiste la combinación de derechos cero sobre las materias primas importadas y derechos significativos sobre productos acabados, que corresponden a la utilización de estas materias primas; es lo que se llama la escalada arancelaria, con toda razón por otra parte, porque esta forma de compatibilización de nuestras tarifas ejerce un efecto disuasorio para la transformación en el terreno en los países de origen. 
Y además, nosotros también tenemos algunos picos arancelarios que, a pesar de las nivelaciones a las que hemos procedido- más por otra parte que los Estados Unidos por ejemplo -, siguen siendo en algunos casos significativos. 
Lo que la Comisión propone por tanto hoy es una actualización del SPG destinada a responder a tres preocupaciones. 
En primer lugar la de compensar la erosión de los márgenes arancelarios preferenciales que implica la bajada de los niveles medios de tarifa. 
En segundo lugar, la de simplificar el régimen de la modulación de las tarifas en función del nivel de sensibilidad de los productos. 
Hemos suprimido categorías. 
Anteriormente había cuatro; en la actualidad quedan sólo dos. 
Es más simple, menos complejo; ello facilitará el trabajo de los operadores y de los aduaneros y permitirá así señalar el nivel efectivo de utilización del SPG. 
Y, tercera preocupación: la que consiste en proceder a la graduación, es decir a tratar los casos en los cuáles nosotros retiramos el beneficio del SPG a países con un PIB elevado para productos para los cuáles su competitividad está demostrada por el nivel relativo de su parte de mercado. 
Consideramos que en estas circunstancias esos países pueden arreglárselas sin el SPG para estos productos, en cuyo caso la graduación ofrece perspectivas nuevas a las exportaciones de los demás países en vías de desarrollo, menos competitivos, y les da por tanto una ventaja potencial en materia de desarrollo y de lucha contra la pobreza. 
Hemos hecho este aggiornamento del SPG para intentar encontrar un equilibrio entre, por una parte, la necesidad de dar una nueva señal positiva a los países en vías de desarrollo, para demostrarles nuestra determinación a responder a sus expectativas en materia de acceso al mercado- esto tras la iniciativa "Todo excepto las armas", de ahí la idea de reconstituir los márgenes preferenciales- y, por otra, la preocupación táctica de conservar para la negociación multilateral de la ronda posibilidades de acceso suplementarias al mercado. 
Hemos de convenir juntos que los países en vías de desarrollo reconocen, generalmente y con razón, el valor particular de una concesión que se ha hecho en un marco multilateral con respecto una preferencia unilateral. 
La primera es segura y estable, la segunda sigue siendo precaria. 
Si pasamos rápidamente revista a nuestros diferentes regímenes SPG, contamos con cuatro: el régimen general, que se aplica a los países de Asia y América latina, únicos continentes que no disfrutan de ventajas preferenciales bilaterales como las que se les ha reservado a los países ACP y a los países mediterráneos. 
En este ámbito, respetamos la economía general, restablecemos los márgenes preferenciales, simplificamos la modulación y aplicamos la graduación normal. 
Segundo régimen: el de los países menos avanzados que se ha visto radicalmente mejorado por "Todo excepto las armas" y que no está afectado por esta propuesta. 
Tercer régimen: el llamado "estimulante social y medioambiental", consiste en atribuir bajadas arancelarias adicionales a los países que ponen efectivamente en práctica los convenios marco de la Organización Internacional del Trabajo y que se comprometen a asegurar una gestión duradera de la selva tropical. 
Estas bajadas arancelarias adicionales se ven reforzadas en la propuesta de la Comisión, para poner remedio a su debilidad actual, en cuyo caso duplicamos en nuestra propuesta el margen de preferencia de conformidad con los compromisos sociales y medioambientales. 
Cuarto y último régimen: el régimen "drogas" para los países del pacto andino y los países de América central. 
Mantenemos este régimen tal como está y lo prorrogamos por un período significativo de tres años, hasta 2004. 
Este régimen merece por su parte una atención particular, por un lado, porque se incluye en la gran ambición de la Unión con respecto a América latina y de la alianza, de alguna forma privilegiada, que nos une a este continente; por otro lado, porque constituye la contribución principal de la Unión a la lucha contra la droga de la que estos países son al mismo tiempo teatro y protagonistas. 
A mi juicio, hemos de ver este fenómeno de las drogas en estos países más como el síntoma que como la causa del mal desarrollo endémico de esta región. 
Este régimen "drogas" es muy generoso, muy cercano al régimen "Todo excepto las armas", ya que llega a conceder el acceso al mercado comunitario a derecho "cero" para los productos industriales y los agrícolas más significativos de estos países de renta media. 
Cuando digo renta media, entiendo que el PIB per cápita en dólar es de aproximadamente 1.100 dólares para Bolivia, 4.600 para Venezuela, y por tanto muy por encima de los 700 dólares per cápita de los países menos avanzados. 
Este régimen "drogas" tiene como primer objetivo no sustituir directamente los cultivos ilícitos de coca, sino promover el desarrollo por sí mismo, la creación de empleo, la diversificación de las actividades industriales y agrícolas en las cuáles estos países acusan un retraso preocupante que constituye, a nuestro juicio, un factor propicio para la expansión de la producción y del tráfico de drogas. 
Promover la inversión directa extranjera, principalmente europea, erradicar la corrupción y luchar por la justicia social son para estos países, a nuestro juicio, respuestas coherentes con la apertura privilegiada del mercado europeo que nosotros les garantizamos. 
Efectivamente, deseamos que estos países hagan un uso más significativo de nuestro SPG, poniendo en práctica estrategias de desarrollo duradero más efectivas, de forma que puedan enfrentarse a las causas profundas de los problemas económicos, de la droga y de la violencia. 
Éste es el concepto de desarrollo duradero, aplicado en este caso, en lo que remite al crecimiento creador de empleos, al progreso social, que pasa por la aplicación efectiva de los convenios marco de la OIT, y a la protección del medio ambiente, cuya gestión duradera de la selva tropical es un aspecto decisivo en esta región. 
Nosotros proponemos por tanto a nuestros socios andinos un seguimiento muy cercano de sus esfuerzos en materia de diversificación de sus exportaciones, de lucha contra la droga y de promoción de estos aspectos sociales y medioambientales. 
Algunos se han preocupado ya por este paralelismo que establece la Comisión entre la generosidad del régimen "drogas" y la preocupación por la evaluación de los resultados económicos, sociales y medioambientales de los países socios. 
Es necesario saber que nosotros difícilmente podríamos justificar de otra forma la especificidad del régimen particular a América latina, a quien nos une una colaboración política y económica muy ambiciosa con respecto a otros países del mundo y principalmente los países asiáticos, cuyo nivel de desarrollo es comparable y que están enfrentados de forma parecida a la lucha contra la droga y no disfrutan de este régimen "drogas". 
De qué manera justificar esta diferencia, sino acompañando estas preferencias arancelarias extraordinarias de normas de aplicación, las cuáles únicamente los países que comparten hasta ese punto nuestros valores europeos en materia de desarrollo sostenible están dispuestos a suscribir. 
Además de estos méritos propios, de incitación a las buenas políticas, el "monitoring" operado por la Comisión y el diálogo con cada país al cual debe conducir son para nosotros la contrapartida que permite al régimen "drogas" escapar a un cuestionamiento, incluso a un panel de la OMC, por una discriminación injustificada entre países beneficiarios del SPG comunitario. 
No se trata por tanto de una injerencia abusiva u ofensiva en los asuntos internos de estos países. 
Este "monitoring" nos parece al contrario una especie de pararrayos protector contra la presentación de denuncias por otros países en desarrollo ante la OMC. 
Contamos claramente con que en Doha nuestros socios latinoamericanos trabajarán con nosotros en estrecha colaboración para hacer que progrese esta causa de la liberalización y de la normalización bilateral que deberán consolidar y no amenazar este régimen "drogas" tan particular para el Pacto andino y América central. 
Señor Presidente, señoras, señores, después de la iniciativa "Todo excepto las armas", esta propuesta sobre el nuevo SPG comunitario que hacemos en vísperas de Doha confirma la prioridad que la Unión desea dar mediante la nueva ronda a la integración de los países en vías de desarrollo en la economía mundial, con vistas a un desarrollo más equitativo y duradero, y la Comisión necesita del apoyo de ustedes para llevar a buen puerto esta ambiciosa empresa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar quiero felicitar encarecidamente al Comisario Lamy por esta iniciativa. 
Creo que es una iniciativa que muestra de nuevo una gran amplitud de miras y que intenta solucionar ya de antemano los problemas que vemos venir hacia nosotros. 
Todos sabemos que en el comercio mundial solamente podremos tener éxito si ofrecemos productos y prestaciones que realmente también se compren. 
De ahí mi pregunta: en el comercio a través de Internet hemos alcanzado un elevado nivel de actividad en el campo de los pequeños envíos. 
En Europa tenemos 18 millones de empresas con menos de 250 empleados. 
¿Podría usted imaginarse que también para los pequeños envíos individuales hasta un determinado valor de xx euros apliquemos las correspondientes medidas para que a este pequeño nivel el comercio se pueda desarrollar también con total libertad sin barreras y sin demasiada burocracia? 
Contestaré brevemente al Sr. Rübig en dos terrenos. 
El primero se refiere a la naturaleza de los obstáculos que persisten a la importación. 
A grosso modo hay dos categorías de obstáculos, las barreras aduaneras, ya sean arancelarias o cuantitativas, y barreras más técnicas. 
Por lo que respecta a las barreras arancelarias o cuantitativas, con "Todo excepto las armas" y con el refuerzo del SPG que ponemos sobre la mesa, considero que el acceso de los países en vías de desarrollo a nuestro mercado, principalmente a través de los medios electrónicos modernos, es satisfactorio. 
Por otra parte, está la cuestión de los procedimientos aduaneros, y principalmente la puesta en marcha de controles que tengan relación con las reglas de origen. 
En la medida en que damos ventajas aduaneras específicas con respecto a una cláusula de nación más favorecida, hemos de tomar en consideración la existencia de reglas de origen y por tanto de certificados que obligan a procedimientos aduaneros. 
Por consiguiente, por un lado, tratamos las tarifas. Por otro, porque tratamos las tarifas, necesitamos reglas de origen y por tanto de procedimientos aduaneros, y por consiguiente quedarán procedimientos aduaneros. 
Así las cosas, aclaro que estos procedimientos aduaneros se aplican con franquicias en términos de valor de envíos de tal modo que una parte de lo que se transfiere electrónicamente no se atrapa. 
Dicho de otro modo, desde el momento en que se está por debajo de una serie de franquicias, la exportación electrónica puede hacerse sin ningún procedimiento aduanero. 
Además, creo que es necesario por el momento mantener una serie de formalidades, salvo si se encuentran problemas serios y peligrosos con respecto a las reglas de origen. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Sr. Lamy por su intervención. 
Tengo una cuantas preguntas. 
Me han alegrado mucho sus palabras acerca de la escalada arancelaria. 
¿Podría hablarnos un poco más de las medidas específicas que se adoptarán dentro de este nuevo sistema de preferencias generalizadas (SPG) y de los márgenes específicos que podrían preverse en este tema concreto? 
En segundo lugar, en relación con la ampliación del SPG que esperamos suponga un incentivo para una mejor actuación en materia social y medioambiental, ¿podría decirnos hasta qué punto ha tenido éxito el actual sistema, y si piensa usted que doblarlo será suficiente? 
El doble suena muy bien, pero partimos de una base muy baja. Siempre se puede decir que nunca es suficiente, pero ¿cree usted seriamente contar con algún indicio de que esto vaya a atraer a más gente que antes al sistema? 
Tengo también una pregunta relativa al largo plazo. 
Dado que, como usted dice, el valor del SPG se ve continuamente menoscabado por la disminución general de aranceles, ¿qué otros mecanismos prevé usted para intentar mejorar la actuación social y medioambiental de los diferentes países en desarrollo? 
El SPG, o su valor, no van a ser eternos, puesto que los aranceles se van reduciendo en todas partes. 
Por último, ¿podría decir algo más sobre las violaciones de derechos humanos en su conjunto? 
El SPG ampliado funciona evidentemente como un sistema de incentivos. 
¿Ha pensado en que podría ser necesario reformar el SPG de tal forma que los que cometan violaciones de los derechos humanos, Colombia en concreto, sean excluidos del sistema sin excepciones? 
Contesto a la Sra. Lucas sobre los diferentes puntos que ha señalado. 
Con respecto a los problemas de escalada arancelaria, en la medida en que aumentamos el margen de preferencia, reducimos otro tanto la diferencia debida a la escalada arancelaria pero, y en ese caso soy totalmente claro, no cambiamos profundamente el sistema de la escalada arancelaria. 
Seguirá siendo el derecho cero para algunos productos. 
La escalada arancelaria interviene, pero su impacto está disminuido por el margen de preferencia que ofrecemos. 
Con respecto al sistema de preferencias generalizadas y, digamos, su lado de incitación en el ámbito social y en el ámbito medioambiental, si la Comisión ha considerado útil llegar más lejos, es decir, duplicar la preferencia que concedía, es porque comparte creo yo el sentido implícito de su pregunta, es decir, que el sistema no da lugar por el momento a muchas acciones concretas. 
En materia social, estamos innovando en la propuesta que se ha presentado en la medida en que nos referimos ahora a la Organización Internacional del Trabajo por lo que respecta, de alguna manera, a la certificación de las ventajas que damos. 
Es ésta una innovación que señalo a la atención de ustedes y que tiene el doble efecto, por una parte de hacer más objetivo, si se puede decir así, el diagnóstico que se ha hecho y, por otra, dar a la Organización Internacional del Trabajo un perfil mayor en esta gobernación social internacional, lo cual es, como saben ustedes, uno de nuestros objetivos. 
En materia de drogas también estamos innovando, ya que prevemos en los países beneficiarios del sistema de preferencias un "monitoring" de "droga específica" en el ámbito de las condiciones sociales y en el ámbito de las condiciones medioambientales: en el de las condiciones sociales, por referencia a los convenios marco de la OIT; en el ámbito de las condiciones medioambientales, en el marco de la gestión de la selva tropical que ocurre que coincide poco más son menos con la región en cuestión. 
Por consiguiente, desde este punto de vista, se aumenta la condicionalidad por "monitoring" y creo que he intentado en esta propuesta pensar, como ustedes por otra parte, en algunos casos concretos en los que lo que ocurría sobre el terreno en el ámbito de los derechos sociales no estaba necesariamente de acuerdo con el espíritu de los acuerdos entre la Unión y esos países. 
Último punto en materia de preferencias, o de resultados sociales o medioambientales: ¿Tenemos otros medios? 
Como saben ustedes, hemos adoptado la decisión de principio de no bascular, con respecto a la toma en consideración de estas cuestiones sociales y medioambientales, del lado de las sanciones y seguir en el lado del impulso. 
Por tanto aumentamos este estímulo, lo clasificamos, lo objetivamos con referencia a una serie de normas, pero no basculamos del lado de las sanciones. 
Lo que tenemos unilateral y bilateralmente, allí donde disponemos de márgenes de maniobra mayores, debe encontrar su traducción, sin duda bajo una forma un poco más amortiguada, en el marco de la negociación multilateral que se está preparando para Doha y, sobre este punto, conocen ustedes el mandato de la Unión. 
Habida cuenta de que la OMC es una institución multilateral, estamos obligados a llegar en este sentido a compromisos en el seno de la OMC que no hemos de realizar forzosamente en una negociación bilateral y que no hemos de realizar en absoluto desde el momento en que se trata de medidas unilaterales. 
Finalmente, en lo que respecta a los problemas de violación de los derechos humanos, los tratamos sobre la base de los convenios OIT específicos, y principalmente el convenio sobre los trabajos forzados y la esclavitud. 
Esta propuesta incluye la retirada temporal en caso de esclavitud o de trabajos forzados. 
Ya ocurría igual en la propuesta precedente. 
Añadimos la violación de las normas sociales fundamentales que son objeto de los cinco convenios de base de la OIT. 
Por tanto, sobre este punto, hemos hecho de algún modo añadidos a lo que existía hasta el momento y que, como saben ustedes, fue aplicado en el caso de Birmania. 
Señor Presidente, señor Comisario Lamy, también le quiero expresar mi agradecimiento por sus explicaciones. 
Casi ha respondido ya a una parte de mi pregunta que le voy a plantear ahora. 
Quiero volver al modelo del SPG, el sistema de preferencias generalizadas, que se ha ampliado al sector de "asuntos sociales y medio ambiente". 
Según mis informaciones, este programa, que yo considero muy adecuado, no ha encontrado aún en los países referidos el eco deseado. 
¿Hay ya explicaciones de porqué a pesar de que no va acompañado de sanciones negativas, ha encontrado tan poco eco? 
La segunda pregunta es la siguiente: ¿Existe una valoración de hasta qué punto la gran zona de librecomercio desde Alaska hasta Tierra de Fuego que proyectan los Estados Unidos y en la que los aranceles se reducirán a cero- si es que se lleva a cabo- dañará o beneficiará al comercio con nosotros precisamente en el sistema de preferencias generalizadas? 
¿Se ha pensado ya al respecto en la Comisión? 
Quiero plantear aún una pregunta muy breve sobre la OMC: en los últimos tiempos se ha escrito que es para estar satisfechos que en Katar se llegue en absoluto a una resolución para iniciar una nueva ronda de negociaciones en diversos campos. 
¿Puede decir usted algo al respecto? 
Voy a contestar a las tres preguntas del Sr. Kreissl-Dörfler. 
Primera pregunta, la utilización, hoy, de las cláusulas de estímulo social o medioambiental. 
Tenemos, en el análisis de la situación actualmente, cuatro solicitudes con respecto a la cláusula de estímulo social: Moldavia, Ucrania, Georgia y Rusia. 
De estas cuatro solicitudes hay una- que debe ser Moldavia, si la memoria no me falla- que ha sido aceptada. 
Las demás están bajo instrucción. 
Esta lista no es muy larga, incluso es corta si se consideran los países que podrían estar interesados teóricamente. 
¿Por qué no es más larga? 
A mi juicio por dos razones: la primera se debe a una cuestión de principio: una serie de países en vías de desarrollo no desean, por principio, establecer un vínculo entre una ventaja comercial y el respeto de normas sociales. 
Esta posición no es unánime. 
No es tan firme en todos los países. 
El espectro es relativamente amplio, no impide que ello plantee problemas en ocasiones. 
Nosotros lo sabemos, es su derecho, su concepción, son soberanos. 
Consideramos simplemente que, al aumentar el margen y el interés que puede haber para ellas en disputar estos criterios, podemos quizá desplazar a una serie de países que dudan y que están repartidos entre intereses económicos e intereses de principios, ir a lo que nosotros consideramos la buena dirección. 
Segunda pregunta, la zona de libre cambio norteamericana. Se trata por el momento de negociaciones entre los 34 países miembros del continente americano. 
Duran desde hace cerca de cinco años y se hicieron para durar probablemente todavía otros cinco. 
A corto plazo, esto no es un problema y no afecta a la ventaja relativa que damos a los países de la región con respecto al régimen "drogas", ya sea América central o la América andina y los países del Pacto andino. 
En cierto modo cada uno de nosotros damos nuestra contribución, los Estados Unidos de América en formas diversas, principalmente créditos u operaciones, nosotros lo hacemos en forma comercial. 
Cada cual tiene su forma de hacer y creo que, desde este punto de vista, la negociación de la zona de libre cambio Norte-Sur América no cambiará gran cosa a corto plazo. 
A medio o largo plazo, todo dependerá del nivel de preferencia arancelaria al que lleguen y esto es todavía desconocido. 
Última pregunta, las perspectivas de Qatar. 
Como sin duda sabe usted, ya que es uno de los especialistas en esta cuestión, trabajamos sin interrupción con una serie de países en vías de desarrollo, para mejorar la percepción de su interés en iniciar un ciclo de negociaciones multilaterales en Qatar. Esto se hace progresivamente en relativamente buenas condiciones. 
De creer en los resultados por ejemplo, sobre este punto, de la reunión de ministros de comercio de la APEC, que reunió a los países ribereños del Pacífico la pasada semana, podemos constatar progresos en este tema. 
Por otra parte, trabajamos en este mismo momento con la nueva administración de los Estados Unidos de América, también en ese caso de un tirón para intentar trabajar de forma que la cumbre entre los Estados Unidos y la Unión Europea que tendrá lugar el próximo jueves por la mañana en Gotemburgo, antes del Consejo europeo, pueda dar en este punto una señal que contribuya a mostrar que el movimiento ya se ha iniciado. 
Gracias, señor Comisario. 
Todos nosotros reconocemos que tiene usted una cartera de asuntos extremadamente importante a los que atender en nombre de la Comunidad en este momento. 
Se da por concluido este punto del orden del día. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0171/2001). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0437/01) 
Asunto: Irregularidades en los proyectos SENSUS y EUROPOLIS Desde 1996, la Comisión subvenciona el proyecto AVENTINUS y su sucesor SENSUS. 
Ambos proyectos tienen el objetivo de desarrollar un programa de intercambio de información para la policía y los servicios de información europeos. 
La coordinación está en manos de Stephan Bodenkamp/Christoph Klonowski, del Servicio Federal de Información alemán. 
El 25 de mayo de 1999 se modificó la Decisión E/1791/97 originaria, de 3 de septiembre de 1997, para que Europol pudiera adherirse al proyecto (E/696/99). 
En noviembre de 1999, Europol acudió efectivamente a los grupos de SENSUSpartners Gesellschaft für Multilingual Systeme mbH y a la empresa italiana Datamat. 
A pesar de la condena del coordinador Stephan Bodenkamp/Christoph Klonowski por falsificación de documento y de la confusa estructura SENSUS- Servicio Federal de Información- Lernout& Hauspie- Sail Labs, Europol anunció a principios de 2001 un nuevo contrato por un importe de 20 millones de euros. 
¿Encargará el Consejo una auditoría externa de los proyectos AVENTINUS, SENSUS y EUROPOLIS para eliminar las irregularidades y llegar a un proyecto transparente? 
En caso negativo, ¿por qué se niega el Consejo a efectuar una auditoría de estas características? 
. 
Seré muy breve. Informo a su Señoría que los proyectos a los que se refiere su pregunta son de competencia exclusiva de la Comisión Europea. 
Señor Presidente, está claro que no hacía falta que se diera prisa, ya que la respuesta del Consejo es realmente muy breve. 
Me asombra que esta pregunta fuera competencia exclusiva de la Comisión y que haya sido declarada admisible para este turno de preguntas al Consejo. 
La respuesta muestra, Señorías, que es urgente que exista un control democrático de la Europol. 
Conozco, en efecto, el artículo 30 del Tratado de la Unión Europea, pero los hechos se recogen en este expediente. 
Tal vez la Europol utilice tecnologías de la información robadas y lo haga en detrimento de una compañía alemana, que ha estado por ello al borde de la bancarrota. 
El servicio alemán de inteligencia está implicado en este expediente, y se trata de muchas decenas de millones de dinero perteneciente a la Administración europea. 
Un empleado de la Europol se encuentra detenido en este momento y, tal vez, se avecinen más detenciones. 
Quisiera preguntar al Consejo si está dispuesto o no a que se proceda a una investigación profunda de la Europol. 
Si no lo está, ¿por qué se niega y por qué está a favor de que la cooperación policial comience con tan mal pie? 
. (SV) Permítanme subrayar que comparto la inquietud del Sr. Staes sobre las deficiencias en Europol. 
En los periódicos de hoy podemos leer sobre incidentes y encarcelamientos en relación con esas irregularidades. 
Los problemas que destaca el Sr. Staes son reales. 
Sin embargo, una vez más quisiera subrayar que este tipo de asuntos es de competencia de la Comisión. 
Estoy convencido de que la Europol, que depende del Consejo (asuntos jurídicos y de interior) tiene normas sobre auditorías, contabilidad, etcétera, que permiten descubrir rápidamente esta clase de errores e irregularidades que menciona el Sr. Staes. 
Agradezco que haya formulado esta pregunta y lamento no poder darle más detalles como Presidente del Consejo, ya que esto queda fuera de la competencia del Consejo. 
Sin embargo, espero que en el futuro no tengamos que oír hablar de este tipo de incidentes. 
Señor Presidente en ejercicio, la mayoría de nosotros admiramos la táctica y las funciones que Europol va a desempeñar en el futuro como organización. 
Todos sabemos que se trata de una organización muy necesaria. 
Usted ha hablado de una nueva estructura de Europol en el futuro. 
¿Existe algún plan para someter a Europol a un control democrático? 
. La opinión del Consejo es que Europol ya está bajo control democrático. 
No soy consciente de que existan propuestas para modificar el sistema de control de este organismo. 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0439/01) 
Asunto: Reunión de diálogo político con Turquía En la respuesta a la pregunta escrita P-0054/01, el Consejo señala que Turquía anulará "toda disposición jurídica que prohiba a los ciudadanos turcos el uso de su lengua materna en emisiones de televisión o radio (corto plazo )". 
Asimismo, Turquía elaborará "una estrategia global para reducir las disparidades regionales y, en particular, para mejorar la situación del sudeste del país, con el fin de proporcionar mayores oportunidades económicas, sociales y culturales a todos los ciudadanos (corto plazo )". 
¿Cuál es la situación actual en relación con la realización de estos objetivos a corto plazo? 
¿Ha iniciado Turquía la realización de los mismos? 
¿Ha comenzado Turquía a pensar en dichos objetivos a largo plazo ("Garantizar la diversidad y derechos culturales de todos los ciudadanos")? 
¿Instará el Consejo a las autoridades turcas a que pongan en práctica realmente la reforma política anunciada en relación con el Cáucaso y abran las fronteras con Armenia? 
. (SV) En la sesión de febrero, en una respuesta a la Sra. Frahm, tuve la ocasión de mencionar las normas del Acuerdo de colaboración para la asociación con Turquía que tienen relación con la materia que señala la Sra. Maes en su pregunta. 
Como es sabido, el Consejo aprobó el Acuerdo de colaboración para la asociación el 8 de marzo de 2001. 
La respuesta de Turquía llegó en forma de un programa legislativo nacional, que el Gobierno turco aprobó el 19 de marzo. 
La Comisión está estudiando este programa. 
Se está estudiando, entre otras cosas, si se ajusta al Acuerdo en los puntos que la Sra. Maes señala en su pregunta. 
La Comisión hará una evaluación en el marco del informe sobre avances que presentará al Consejo en el otoño. 
El Consejo ha tomado nota que en el análisis preliminar de la Comisión se propone que, en relación con los criterios políticos, se tendrán que exigir esfuerzos aún mayores en materias de abolición de la pena de muerte y de derechos culturales para todos los ciudadanos, independientemente de su origen. 
En este contexto conviene recordar el hecho de que no basta con que algo se haya incluido en el programa legislativo nacional o que se hayan aprobado leyes para que nos quedemos tranquilos. 
Las exigencias de la Unión son aún mayores. 
Lo importante es la aplicación, y todos sabemos que Turquía tiene que responsabilizarse de que se cumpla aquello que esté escrito en el programa nacional. 
Por eso es importante que los distintos órganos de control del Acuerdo de asociación verifiquen realmente el cumplimiento de los compromisos que el Gobierno turco ha asumido en el programa nacional legislativo. 
El Consejo continuará alentando e instando activamente a Turquía para que haga las reformas en las materias que señala la Sra. Maes, puesto que hay muchas cosas que mejorar. 
Estas materias seguirán teniendo preferencia en el orden del día del diálogo político 
En cuanto a la política turca en el sur del Cáucaso y especialmente a sus relaciones con Armenia, el Consejo insta a Turquía a participar activamente y a hacer contribuciones para el fortalecimiento de la paz y el bienestar en la zona. 
La troica de la UE, presidida por la Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, visitó la región en febrero. 
Después de esa visita, el Consejo (Asuntos Generales) aprobó unas conclusiones. 
Como consecuencia de esto, en las reuniones de alto nivel con Turquía se incluirá regularmente un diálogo sobre el sur del Cáucaso. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, por supuesto, no estoy del todo satisfecha con su respuesta. 
Difícilmente puede ser así. 
Comprendo el problema del tiempo. 
También es importante que los asuntos sean bien examinados, pero estoy totalmente de acuerdo con usted en que el papel no basta. 
En mi lengua se dice "el papel lo aguanta todo", y creo que se dice lo mismo en otros idiomas. 
La ejecución es lo más importante y los órganos de control deberían testimoniar, por tanto, una gran independencia a fin de controlar esta ejecución de forma efectiva. 
A menudo constatamos que los estados candidatos no escatiman esfuerzos para que parezca que todo está en orden. 
Turquía ni tan siquiera puede hacer eso en este momento, debido a las dramáticas situaciones que se dan en las prisiones turcas y a que pone a la gente diariamente en peligro de muerte o la obliga a ello- no quiero discutir esto ahora- por no entablar un diálogo. 
Me parece que esto está en contra de las medidas positivas destinadas a las minorías. 
Espero que la troika sea severa y justa en sus conclusiones. 
. (SV) Permítanme decir finalmente que el Consejo comparte la preocupación de la Sra. Maes por la situación que se vive en las cárceles turcas. 
Si mal no recuerdo, las huelgas de hambre en las cárceles turcas han costado 23 vidas. 
Estos acontecimientos, que el Consejo sigue de cerca, son muy inquietantes. 
Ahora se está juzgando al Partido Fasilet. 
Como aún no se ha dictado sentencia, no podemos decir mucho sobre las consecuencias. 
Sin embargo, en general puede decirse que prohibir los partidos políticos no es la solución para los problemas políticos y económicos de Turquía. 
Valoro que en esta ocasión, así como en otras anteriores, se me haya dado la oportunidad para llamar la atención, junto con la Sra. Maes, sobre un asunto extraordinariamente importante, esto es, el desarrollo de los derechos humanos en Turquía. 
Tendremos que ocuparnos mancomunadamente de este asunto en el futuro. 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0444/01) 
Asunto: Bilingüismo en Istria El 9 de abril, el Consejo Regional Istriano aprobó el Estatuto de la Región que prevé la paridad entre el italiano y el croata en todas las instituciones regionales y en todos los procedimientos de los órganos administrativos. 
Lamentablemente, el 23 de abril el Ministerio croata de Justicia suspendió estas normas aduciendo una verificación de la constitucionalidad de las mismas, a pesar de que, como se puede observar, estas normas son conformes con el espíritu y la letra de la Constitución croata (Carta Fundamental). 
La sorpresa y la preocupación son grandes ante la grave situación que se podría crear para la población de lengua italiana, dado que Italia es país amigo y fundador de la Unión Europea, garante de un perfecto bilingüismo (italiano/croata) en su territorio de frontera. 
¿Puede decir el Consejo cómo y ante qué órganos piensa intervenir con el fin de que: 
las autoridades croatas tomen en consideración el restablecimiento inmediato de las normas suspendidas y confirmen cuanto antes su constitucionalidad; 
se evite el "punto muerto político" que se podría crear en el proceso de aproximación de Croacia a la Unión Europea si la vocación europea de Zagreb quedara anulada por esta decisión del Gobierno croata; 
se reiteren los principios en que se basan la Unión Europea y su acervo y, en consecuencia, no se bloquee o se declare inconstitucional el derecho de la minoría de lengua italiana al reconocimiento de su identidad cultural? 
. (SV) Permítame su Señoría asegurarle que el respeto y protección a las minorías son muy importantes para el Consejo en general y para la Presidencia sueca en particular. 
El respeto y la protección a las minorías son una condición que está inscrita en la política de la Unión hacia los países comprendidos por el proceso de estabilización y asociación en el sudoeste de Europa. 
Croacia es, como todos sabemos, uno de esos países. 
El proceso de estabilización y asociación, que esperamos acercará a esos países a la integración europea, es seguido y controlado minuciosamente por el Consejo. 
Su Señoría puede estar seguro de que los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías también son objeto de un cuidadoso seguimiento. 
Permítanme mencionar que el Consejo (Asuntos Generales) del 11 de junio aprobó un informe sobre el proceso de estabilización y asociación que incluye un análisis de la situación croata. 
En este análisis, el Consejo celebra los avances que ha realizado el gobierno croata desde que se inició el proceso. 
Se han obtenido considerables resultados en muchos campos, pero hemos hecho notar algunos puntos en los que se necesitan más medidas. 
Uno de ellos es precisamente la aprobación de una nueva ley sobre protección de las minorías. 
Ya existe un borrador y estoy convencido de que Croacia aprobará y pondrá en vigencia esta ley de manera adecuada. 
Por tanto, el Consejo está siguiendo este asunto de cerca. 
La pregunta concreta sobre el bilingüismo en Istria, donde hay una minoría italiana bastante numerosa, y la situación del estatuto para esta región recientemente aprobado por el gobierno regional de Istria, son materias que están siendo tratadas por el tribunal administrativo de Croacia. 
Esperamos el fallo de este tribunal y continuaremos siguiendo de cerca esta materia en nuestras relaciones con Croacia. 
Señor Danielsson, estoy contento de haberle escuchado y de oír lo que el Consejo ha establecido al respecto. 
Sin embargo, permítame recordar que en el espíritu fundamental de la Unión se encuentra el respeto a las minorías, así como el respeto a las diversidades culturales de las que el plurilingüismo constituye, sin duda, un aspecto inmediato. 
Lo grave es que el Estatuto regional que el Consejo Regional de Istria aprobó el 9 de abril, se haya suspendido y, en consecuencia, se haya concedido al Tribunal Constitucional un plazo de más de un año para controlar una posible inconstitucionalidad. 
Ahora bien, considerando que éste ha sido uno de los principales motivos de la dimisión del ministro croata de Integración, me pregunto si lo que está en juego es una lucha interna en perjuicio de la minoría de lengua italiana o si, por el contrario, realmente- y esto sería lo grave- la Constitución croata no protege a las minorías ni las especificidades culturales. 
Me pregunto asimismo cómo el Gobierno croata puede pensar en avanzar hacia el acercamiento a la Unión Europa con estas posturas. 
. (SV) Permítanme subrayar el valor del proceso de estabilización y asociación en el seguimiento de este tipo de asuntos. 
Es sabido que en muchos sitios en Europa la protección a las minorías y a sus derechos es un asunto complicado. 
Creo que la Unión hace un importante aporte cuando mediante este proceso y esos acuerdos, incluso con países que aún no son candidatos a la adhesión, sigue el desarrollo de los acontecimientos y llama la atención cuando las cosas no van en la dirección correcta. 
El informe que aprobó el Consejo ayer permite un cierto margen de optimismo. 
Ahora estamos esperando el fallo del tribunal administrativo y continuaremos observando cuidadosamente lo que pase. 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0446/01) 
Asunto: Pesca: cambios de esfuerzo, aumento de volantas que inciden en el stock reproductor El esfuerzo sobre la merluza ha sufrido un cambio fundamental en la segunda mitad de los años 90, principalmente debido a la irrupción de una importante flota de volanteros que pasó de constituir el 4% de las descargas en 1994 a sobrepasar el 20% en el año 1999. 
Teniendo en cuenta que el esfuerzo de estas artes se mide en la longitud de las redes y el número de veces que éstas se calan en la mar, el cambio de actividad hacia estas artes ha supuesto un aumento muy importante de esfuerzo efectivo, dirigido además hacia un stock reproductor que se encuentra por debajo del nivel de precaución a lo largo de los años 90. 
¿Qué hizo el Consejo para tratar de limitar este esfuerzo incontrolado y limitar a su vez su efecto negativo en el stock reproductor? 
¿Se limitó el número y longitud de redes que se pueden utilizar en cada marea? 
. (SV) El Consejo es consciente de la crítica situación que afecta a la merluza del norte en las aguas comunitarias y de los efectos del creciente uso de las redes de arrastre para esta especie. 
Sin embargo, hay reglas técnicas especiales que regulan el uso de las redes de arrastre en la pesca de la merluza del norte, o cuyo objetivo es controlar los efectos de este tipo de redes, por ejemplo, las que limitan el número de redes, el largo de éstas o el tiempo que se les puede tener en el agua. 
Su Señoría seguramente es consciente de que corresponde a la Comisión controlar el cumplimiento de las reglas de la política pesquera común y, en caso necesario, le corresponde adoptar las medidas pertinentes y proponer nuevas leyes. 
En este contexto, quisiera dirigir la atención de su Señoría a las medidas de urgencia para la recuperación de la merluza del norte que está preparando la Comisión en estrecha colaboración con los Estados miembros. 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0453/01) 
Asunto: El debate sobre la reforma de los Tratados ¿Qué razones pueden justificar en opinión del Consejo el hecho de que la Presidencia sueca guarde silencio y carezca de iniciativas de importancia con respecto a la reforma de los Tratados y a la posible elaboración de una Constitución de la Unión Europea? 
. (SV) Como sabe el diputado, la Conferencia Intergubernamental de Niza aprobó una declaración que se anexó al documento final, en la que se fijan las medidas que deben adoptar las Presidencias sueca y belga. 
En este contexto, la Presidencia sueca, la próxima Presidencia belga, el Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente de la Comisión hicieron el 7 de marzo de 2001 una declaración conjunta que dio comienzo formal al debate sobre el futuro de la Unión Europea. 
El anhelo es que este debate sea más amplio que antes y que numerosos centros de actividades y contribuciones de muchas clases sirvan para fortalecerlo. 
El debate se deberá concentrar en los retos fundamentales a que se enfrentará la Unión en los próximos decenios y tendrá que servir de estímulo para la presentación de propuestas sobre la mejor manera de enfrentar esos retos en materia política y en relación con las instituciones y los métodos de trabajo. 
Para poder crear un "Foro de los Ciudadanos" -un lugar de fácil acceso en el que se reúnan todos los aportes- se abrió el mismo día una página web llamada Future of Europe. 
Con el objeto de inspirar a otros a seguir el ejemplo, los primeros aportes al debate los hicieron Göran Persson, Primer Ministro de Suecia, Guy Verhofstadt, Primer ministro de Bélgica y Romano Prodi, Presidente de la Comisión. 
El mismo día escribió el Primer Ministro sueco a sus colegas de los Estados miembros y de los países candidatos invitándolos a participar, por ejemplo, con contribuciones a la página web. 
Con el mismo propósito, el Primer Ministro envió también cartas al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al Tribunal de Cuentas, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social, a la COSAC y a las partes del mercado laboral. 
Como consecuencia de haber iniciado el debate de esta manera, se han tomado una serie de iniciativas en los países miembros, en los países candidatos, en las instituciones comunitarias y en diferentes foros de debate. 
Hasta ahora todos han demostrado interés por un debate realmente abierto y amplio sobre el futuro de la Unión, en concordancia con el Tratado de Niza. 
Estoy plenamente convencido de que el debate se fortalecerá mucho en los próximos meses, cuando se vayan recibiendo más aportes. 
Además, la Presidencia sueca ha presentado un informe a la reunión de Gotemburgo del Consejo Europeo en el que se da cuenta de las iniciativas adoptadas, en el ámbito nacional y europeo, para fomentar discusiones amplias con todas las partes, es decir, con representantes de los parlamentos nacionales, de círculos políticos, económicos y académicos, de la sociedad civil, etcétera. 
En cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la declaración sobre el futuro de la Unión, corresponde a la Presidencia belga reflexionar y adoptar las medidas necesarias para la continuación del proceso. 
Los planes son que en la reunión del Consejo Europeo en Laeken en diciembre, se apruebe una declaración en torno a esta materia. 
Por eso, el silencio y la ausencia de iniciativas relevantes a que se ha referido el diputado, no me parece que sean afirmaciones correctas. 
Por el contrario, la Presidencia, en concordancia con la declaración de Niza, ha intentado estimular activamente este importante debate sobre el futuro de la Unión. 
He formulado esta pregunta cuando ya está acabando el semestre de Presidencia sueca, consciente de que la Presidencia de su país no ha hecho lo suficiente para dar respuesta a lo planteado en la Resolución sobre el Tratado de Niza, que ha citado, y a las ansias que aparecen en la sociedad europea. 
Creo que en la sociedad europea existe un sentimiento de fracaso total respecto a Niza e incluso creo que hay que atribuir a ese fracaso, entre otros motivos, el hecho de que en Irlanda haya triunfado el no en el referéndum sobre el Tratado de Niza, ante la desidia del Gobierno irlandés y también, aunque en este caso en términos positivos, el hecho de que los Sres. Jospin, Primer ministro de Francia, y Schröder, Canciller de Alemania, hayan propuesto una cosa que hace siete u ocho meses ellos mismos no se hubieran atrevido a proponer, es decir, la existencia futura de una Constitución Europea. 
Yo creo que la Presidencia sueca no ha estado a la altura de las circunstancias en este debate fundamental, y que quien debería haber tenido la iniciativa era el Primer ministro sueco y no los Presidentes de Francia y de Alemania. 
Asimismo, tampoco ha estado a la altura de las circunstancias en el debate tan fundamental, que tanto afecta a mi país, sobre los fondos estructurales. 
. (SV) Lamento que su Señoría no haya consultado la página web a la que me referí en mi intervención. 
Si lo hubiese hecho, habría podido leer una colaboración del Primer Ministro sueco en la que reflexiona precisamente sobre las preguntas que ha formulado. 
Las conclusiones del Primer Ministro no son exactamente las mismas que las de los Sres. Jospin y Schröder, pero supongo que su Señoría no quiere uniformidad, sino diversidad, en el debate. 
Esa diversidad existe en la página de Internet. 
Además, allí se puede leer lo que opina el Presidente del Consejo. 
Quiero formular una pregunta complementaria al estimado representante del Consejo. 
Usted se remite al Tratado de Niza, pero, ¿no se dice en el Tratado que deberá ser aprobado por todos los países, de acuerdo con la constitución de cada uno de ellos? 
Irlanda acaba de decir que no al Tratado de Niza. 
Si la UE sigue sus propias reglas, entonces ¿tendrá que reconocer la Unión que el Tratado ha dejado de tener vigencia y que ya no se le puede seguir? 
. (SV) Su Señoría destaca otro aspecto. 
No creo que me haya referido al Tratado de Niza de la manera que afirma el Sr. Sjöstedt. 
Yo me he remitido a la declaración que se hizo sobre el debate del futuro en la cumbre de Niza. 
Lo que menciona el Sr. Sjöstedt, y que ha ocurrido en Irlanda, es otro asunto importante que sé que se podrá discutir mañana cuando la Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia informe sobre los planes para la cumbre de Estocolmo, donde esos hechos obviamente serán un componente importante. 
Permítanme decir que el proceso de ratificación del Tratado de Niza en los países miembros se prolongará durante muchos meses, quizá hasta un año. 
He tomado nota de las declaraciones del gobierno irlandés sobre la continuación del proceso en ese país. 
Por eso, creo que tendremos que volver a discutir sobre este asunto. 
Me parece demasiado precipitado decir, como el Sr. Sjöstedt, que el Tratado de Niza "ha perdido su vigencia". 
Señor Nogueira Román, me imagino que conoce el Reglamento y que, por tanto, sólo podría solicitar el uso de la palabra para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para manifestar mi profunda sorpresa por que, para conocer lo que sucede en Europa, ¡tenga que consultar una página Web concreta! 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0456/01) 
Asunto: Actuación de la policía durante la cumbre de Gotemburgo Las reuniones cumbre de la UE suelen dar lugar a manifestaciones que, a su vez, provocan intervenciones represivas de la policía. 
Así fue en Malmö el 21 de abril, con ocasión de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, y se espera que vuelva a ser así en junio, durante la cumbre de Gotemburgo, en la que participará el presidente Bush. 
Se ha informado de que el Sr. Bush traerá una nutrida dotación de personal de seguridad. 
Debe suponerse que ha habido consulta, coordinación y cooperación al respecto entre los servicios de seguridad de los Estados Unidos y de Suecia, como parte de los preparativos de la cumbre de Gotemburgo. 
¿Se planeó y ejecutó la intervención de la policía en Malmö como ejercicio de preparación para Gotemburgo? 
¿Presenció personal estadounidense la operación policial de Malmö o intervino de algún modo en ella? 
¿Quién ejerce el mando y asume la responsabilidad en lo relativo a la seguridad de los participantes en la cumbre? 
¿Se trata del Gobierno sueco, sin intervención ajena, o ejercen los servicios de los Estados Unidos algún tipo de autoridad autónoma en lo relativo a la seguridad del presidente Bush y de su séquito? 
. Las acciones policiales durante la cumbre de Gotemburgo no son de competencia del Consejo. 
A esto de le puede llamar una respuesta breve. 
Me parece, por el contrario, que la cumbre de la Unión era de incumbencia de la Presidencia. 
Por eso me sorprende que ésta haya estado prácticamente muda frente a mi pregunta. 
Si las cosas salen tan bien como esperamos- y también como espera la policía de Gotemburgo, que se ha preparado para una cumbre pacífica- quizás el tema pierda actualidad. 
Pero si no es así, resulta extraño que el Presidente del Consejo, que también forma parte del Gobierno sueco, no tenga interés ni pueda dar una respuesta. 
Esto es sorprendente. 
Me pregunto de quién es realmente la responsabilidad. 
. (SV) Puesto que supongo que el Sr. Herman Schmid no necesita que le traduzca lo que he dicho, se lo repito. 
He dicho "Las acciones policiales durante la cumbre de Gotemburgo no son de competencia del Consejo". 
La cumbre en sí, incumbe al Consejo. 
Espero que el Sr. Herman Schmid coincida conmigo en que las acciones policiales deben seguir siendo de carácter nacional. 
Permítanme aprovechar la oportunidad para decirles que la Presidencia ha planificado muchas actividades en relación con la cumbre de Gotemburgo, todas ellas encaminadas a establecer un diálogo con los que quieran discutir acerca de la Unión. 
Una gran parte del Gobierno sueco va a ofrecerse para participar y reunirse con diferentes grupos que tengan opiniones sobre la Unión en general y sobre la cumbre en particular. 
La Presidencia va a hacer lo que le corresponde, es decir, intentar que la cumbre de Gotemburgo tenga éxitos sustanciales y que sea una manera de demostrar que las discusiones de una cumbre pueden ser más abiertas y amplias que antes. 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0483/01) 
Asunto: Inclusión de ciudadanos en el registro del SIS con ocasión de las manifestaciones de Malmö Con ocasión del Consejo ECOFIN celebrado en abril en Malmö se produjeron manifestaciones contra la UE y la UEM. 
Una manifestación contraria a la UE fue atacada por la policía, que arrestó a más de 250 personas y maltrató a muchas de ellas. 
Según datos proporcionados por la radio sueca, la Policía de Seguridad del Estado de Suecia está registrando a los detractores de la UE con vistas a la cumbre de Gotemburgo. 
Según las disposiciones del Acuerdo de Schengen, se puede incluir en el registro del SIS a las personas que se considera pueden constituir una amenaza para la seguridad del Estado. 
¿Han registrado las autoridades suecas en el registro del SIS a algunas personas debido a su participación en la manifestación de Malmö o por el hecho de ser detractores de la UE? 
. (SV) La pregunta del Sr. Sjöstedt se remite a un hipotético registro de datos en el denominado registro SIS. 
Permítanme precisar que, en conformidad con el artículo 105 de la convención sobre aplicación del Acuerdo de Schengen, la responsabilidad por la veracidad, actualidad y legalidad de los informes que se introducen en el sistema de información de Schengen descansa exclusivamente en las partes firmantes. 
En conformidad con el artículo 104, se aplicará en el informe la ley nacional del país firmante. 
Sin embargo, cabe recordar que en Suecia, y en todos los Estados miembros que participan en Schengen, hay una autoridad que tiene la responsabilidad de que se hagan controles imparciales de los registros Schengen nacionales. 
Cualquier persona tiene derecho a pedir que esa autoridad controle los registros que se hayan hecho en el sistema de información de Schengen sobre su persona y sobre el uso que se les da. 
Este control debe hacerse en conformidad con la ley sueca. 
Permítanme por un momento hablar como sueco y no en mi calidad de Presidente del Consejo y decirle al Sr. Sjöstedt que, para estar bien seguro, he buscado la respuesta exacta a su pregunta sobre si las autoridades suecas han registrado a personas en SIS por haber participado en las manifestaciones de Malmö o por ser contrarias a la UE. 
Después de hacer los correspondientes controles, mi respuesta a ambas preguntas es un categórico no. 
Agradezco al estimado representante del Consejo esta respuesta extraordinariamente clara. 
No obstante, quisiera preguntarle- quizás como sueco- por qué la policía de seguridad sueca sistemáticamente filma vídeos en las manifestaciones pacíficas de los contrarios a la UE, en las que no ocurre ningún incidente. 
¿Es esto compatible con la normal libertad para expresar y manifestar las ideas? 
. 
(SV) Como Presidente del Consejo carezco completamente de atribuciones para responder a esta pregunta. 
Tampoco como representante del Gobierno sueco puedo responder preguntas acerca de la actuación de las autoridades. 
Puesto que se ha visto que usted puede hablar como sueco y como Presidente del Consejo, quisiera formularle una pregunta. 
La prensa ha informado profusamente, entre otros el Gotemburgo Posten, de que miembros del servicio de inteligencia norteamericano han colaborado muy activamente en los preparativos de la cumbre. 
Se dice que han permanecido en Suecia durante muchas semanas. 
No sé si estos datos están equivocados, pero han sido atribuidos a policías de Gotemburgo y no he visto que se hayan desmentido. 
Por eso sería interesante saber si los acontecimientos de Malmö fueron una parte de los preparativos con el servicio de inteligencia norteamericano. 
¿Se nos puede informar acerca de esto? 
En caso contrario, se deja el campo libre a las especulaciones, cosa que difícilmente beneficiará al Gobierno sueco. 
. 
(SV) Al Gobierno sueco no le interesa contribuir a las especulaciones, pero tampoco le interesa opinar en materias de responsabilidad de las autoridades suecas independientes. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 8 no se formula. 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0462/01) 
Asunto: Cierres de Danone y de Marks& Spencer Los anuncios brutales y cínicos de los cierres de las empresas Danone y Marks& Spencer demuestran, a quienes aún lo dudaran, que la época de la "economía mixta" y del "modelo social europeo" está pereciendo. 
Se podría comprender que una empresa llevara a cabo reestructuraciones a consecuencia de problemas económicos reales; sin embargo, no se pueden aceptar las reestructuraciones de empresas saludables y prósperas, que no tienen más objetivo que aumentar los beneficios de quienes detentan el capital. 
Si las crisis agrícolas consiguen movilizar a nuestros dirigentes, las acciones voluntarias de "desmantelamiento" que, en aras del dinero, destruyen a familias enteras deben movilizar igualmente a los dirigentes europeos, sobre todo si se tiene en cuenta que, si no se reacciona, esta tendencia se intensificará en el futuro. 
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo a este respecto? 
. 
(SV) El Consejo recuerda a su Señoría que el Consejo no tiene atribuciones para controlar el cumplimiento de las leyes y por eso tampoco puede comentar acontecimientos o sucesos en empresas determinadas. 
La legislación comunitaria aplicable en este campo es la siguiente: la directiva sobre coordinación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de despidos colectivos, la directiva del Consejo sobre creación de un consejo empresarial europeo o un procedimiento en las empresas comunitarias y grupos de estas empresas para información y consulta con los empleadores y la directiva del Consejo que amplía directivas anteriores sobre creación de un consejo empresarial europeo o un procedimiento, etcétera, aplicable en el Reino Unido. 
En cuanto a las críticas que se han hecho a la legislación comunitaria, incluida aquella de que no se ha prohibido a las direcciones de las empresas decidir sobre el cierre de partes no rentables de empresas en situaciones en que esas empresas en su conjunto han sido rentables o que los empleadores que no han cumplido con la obligación de consultar e informar no han sido castigados suficientemente, el Consejo se remite a que sólo puede actuar mediante una propuesta de la Comisión. 
Si la Comisión presentase una propuesta de esta naturaleza, cosa que por cierto no ha ocurrido, el Consejo estaría dispuesto a actuar con celeridad. 
Quisiera subrayar que el Consejo decidió ayer sobre la propuesta de directiva de la Comisión sobre creación de un marco amplio para la información y consultas con los empleadores en las empresas que operan en el ámbito de los Estados miembros. 
Esta directiva se considera aplicable, entre otras cosas, en situaciones, estructuras y en el posible desarrollo de los empleos en las empresas y en las decisiones planificadas por la dirección que se presume que puedan implicar cambios considerables en la organización del trabajo o en las relaciones contractuales. 
En la revisión que se está haciendo, el Consejo dedicará gran atención a los sucesos recientemente acaecidos que menciona su Señoría. 
Señor Presidente, señor Ministro, he oído bien la respuesta que ha dado usted y me felicito yo también por la decisión de ayer del Consejo de Ministros de Asuntos Sociales. 
He oído bien también que ha aplicado a la Comisión la responsabilidad de una buena parte de los dramas que conocemos actualmente, porque no presentó al examen de ustedes, según ha dicho usted, medidas para hacer frente a la situación tan grave que padecemos. 
He solicitado dos precisiones: una primera sobre las sanciones efectivas, en caso de no respeto de las normas, se trata del acuerdo de ayer. 
Quisiera también obtener una precisión sobre la situación de los trabajadores no británicos en los establecimientos que figuran en el resto de Europa entre 2004 y 2009. 
Finalmente una última pregunta, señor Presidente, ¿Qué es lo que yo, como diputado, como representante, puedo contestar a los trabajadores que son despedidos por sus empresas que tienen beneficios, cuando saben que esos despidos se producen únicamente para aumentar esos beneficios. 
¿Puedo conformarme con contestarle que el Consejo no puede hacer nada porque la Comisión no ha hecho una propuesta? 
Sé que no es eso lo que piensa, ni como persona ni como representante, y quisiera un compromiso algo más firme por su parte. 
. (SV) Opino que la respuesta de ayer es precisamente la respuesta que usted busca a las justificadas preguntas que le formulan los trabajadores que han perdido sus empleos de manera injusta. 
El Consejo confía en que la Directiva sobre informes y consultas se convierta en un valioso instrumento que posibilite procesos justos en estas situaciones. 
Es una directiva en la que hemos trabajado intensamente durante toda la Presidencia sueca. 
Por eso consideramos que es un gran éxito que ayer se haya logrado un acuerdo, cosa que debo reconocer que no me parecía posible. 
Le pido que me permita responder en otra oportunidad a los detalles sobre los que usted pregunta. 
Ayer continuó la discusión en el Consejo hasta el final. 
Algunas reformas se hicieron muy tarde y aún no he podido obtener un informe completo de mi colega la Sra. Sahlin, la Ministra responsable. 
Por eso le pido que me permita responder más adelante y con mayor precisión a sus detalladas preguntas. 
Señor Presidente del Consejo, me felicito como usted por la decisión que se aprobó ayer en el Consejo "Asuntos Sociales y Empleo" de adoptar por fin este proyecto de directiva sobre información y consulta. 
Se trata de un buen resultado de la Presidencia sueca. 
Sin embargo, persiste un problema importante que según creo yo no es un detalle, y que es el de las sanciones. 
Ahora bien, ocurre que el Consejo no ha seguido la propuesta que hizo la Comisión, la Sra. Diamantopoulou, de prever en el ámbito de las sanciones la anulación de las decisiones de despido colectivo que pudieran resultar de la infracción al procedimiento de información y consulta y por tanto, a partir de ahí, de prever la posibilidad de recuperar los contratos de trabajo de los trabajadores que hubiesen sido despedidos infringiendo la directiva europea. 
¿Están ustedes dispuestos, el Consejo estaría dispuesto a recuperar esta redacción en el texto si el Parlamento, en segunda lectura, adopta de nuevo la propuesta adelantada por la Comisión? 
Por qué una directiva que no estuviese acompañada de verdaderas sanciones disuasorias sería totalmente inoperante y no protegería a los trabajadores. 
. (SV) Como seguramente su Señoría comprende, es muy difícil, por no decir imposible, responder a esta pregunta hipotética. 
Compruebo que el acuerdo alcanzado ayer fue bastante difícil de conseguir. 
Como ya he dicho, hemos trabajado largo tiempo con esto en el Consejo y hemos tenido muchas complejas discusiones al respecto. 
Simplemente no puedo entender qué postura debería tener el Consejo en la hipotética discusión que usted describe. 
Obviamente son avances que pueden mejorarse, pero creo que constituyen un importante paso para los trabajadores europeos. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 10 no se formula. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las siguientes preguntas se contestarán simultáneamente: 
Pregunta nº 11 formulada por (H-0469/01/rev. 1) 
Asunto: Posición de la Presidencia sueca ante la creación de una tasa sobre las transacciones financieras internacionales En su respuesta a las preguntas que se le hicieron el pasado mes, el Consejo afirma que no ha incluido la cuestión del impuesto Tobin en el orden del día del Consejo ECOFIN, y ello aun cuando el pasado 23 de marzo la Sra. Lena Hjelm-Wallén, Viceprimera Ministra sueca, declaró estar de acuerdo con dicha tasa. 
En fechas recientes, algunos Estados miembros, como Finlandia, se han pronunciado a favor de este tipo de impuesto; asimismo, un grupo de parlamentarios a nivel internacional (europeos, canadienses, estadounidenses) ha hecho un llamamiento a favor del impuesto Tobin. 
A la vista de estos nuevos elementos, ¿ha decidido el Consejo incluir este asunto en el orden del día de la reunión del Consejo ECOFIN de 19 de junio, para allí proponer que una parte de las cantidades que resulten de la aplicación del impuesto Tobin pueda destinarse a satisfacer las necesidades de base de los países en vías de desarrollo (acceso a agua potable, cuidados básicos, vacunas) , que ascienden, según estimaciones del PNUD, a 40.000 millones de dólares anuales? 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0486/01) 
Asunto: Posición de la Presidencia sueca en relación con el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales Aunque que la Presidencia sueca no prevé adoptar una iniciativa sobre el examen del impuesto Tobin, tal como recuerda en la respuesta a las preguntas que se le formularon durante el último periodo parcial de sesiones del Parlamento Europeo, ¿puede indicar la Presidencia sueca cuáles son las razones que han llevado a la Sra. Lena Hjelm-Wallén, Viceprimera Ministra de Suecia, a declarar el 23 de marzo de 2001 que estaba de acuerdo con el impuesto Tobin? 
¿Se debe, principalmente, a la función reguladora que dicho impuesto sobre las transacciones financieras internacionales podría desempeñar en las divisas, frenando la especulación y reduciendo la volatilidad del mercado de cambios? 
¿O, se debe, para la Viceprimera Ministra, al posible interés de un impuesto que, según los cálculos, podría aportar una cantidad anual que oscilaría entre 50 000 y 250 000 millones de dólares por año que se podría destinar a programas de ayuda al desarrollo en los países más pobres? 
. (SV) La opinión de la Presidencia y del Consejo en este asunto es todavía la misma que la de la respuesta que se dio el 19 de abril a preguntas relacionadas con este tema. 
Repetiré sucintamente lo que se dijo en esa ocasión. 
No es nuestra intención llevar esta materia al orden del día de la próxima reunión del Consejo de Ecofin. 
Hasta ahora no se ha expresado ningún deseo al respecto. 
La Comisión tampoco ha presentado al Consejo propuesta o iniciativa alguna sobre esta materia. 
Gracias por su respuesta. 
Esperaba que me respondiera de la misma manera que por escrito. 
Quisiera a pesar de todo señalarle que el número de apoyos a un impuesto del tipo Tobin está aumentando: procede de asociaciones, por supuesto, de economistas, pero también de instituciones políticas a través de algunas tomas de posición en los parlamentos finlandés, canadiense o también en Argentina y, recientemente, en Gran Bretaña incluso, o aquí, en el Parlamento Europeo. 
Se dice que un impuesto así no podría ser eficaz más que si lo decidieran y lo aplicaran varios países o zonas en el mundo. 
Es ése con frecuencia el argumento que se nos opone. 
Sin duda es cierto, pero es necesario un primer paso para frenar la especulación financiera que azota el planeta, cuando son urgentes nuevos recursos para las inversiones humanas, principalmente en los países en desarrollo. 
Es preciso saber, y usted lo sabe, que los 1500 millardos de dólares que transitan diariamente por los mercados de cambio están asociados a transacciones de las cuáles la mitad tiene lugar en plazas bursátiles europeas. 
Nadie duda por tanto de que si la Unión Europea se comprometiera en una vía de ese tipo el impacto sería considerable. 
¿No piensa usted entonces que al menos se podría considerar la realización de un estudio de viabilidad por parte de la Comisión? 
Me ha desilusionado la respuesta aportada por el Consejo, porque la Sra. Hjelm-Wallén, viceprimera ministra de Suecia, se manifestó públicamente, a pesar de las objeciones habituales, a favor del impuesto Tobin el pasado 23 de marzo en Estocolmo. 
Creo que las razones que ha recordado la Sra. Boudjenah son extremadamente importantes. 
Cómo se puede rechazar el hecho de someter a examen un impuesto que tendría un nivel extremadamente bajo y que no afectaría por tanto a los intercambios de mercancías y a las inversiones, ya que sería del orden del 0,1 % pero que, por el contrario, permitiría generar recursos entre 50 y 250 millardos de dólares según estimaciones, lo que ayudaría considerablemente a los países en desarrollo a hacer frente a sus desafíos. 
Saben ustedes que la Conferencia de los PMA, que tuvo lugar en el Parlamento Europeo en Bruselas recientemente, mostró que el 43% de los habitantes de estos países no tienen acceso al agua potable, el 50% de la población es analfabeta, un niño de cada seis no superará la edad de cinco años, y la deuda de los PMA, a pesar de la iniciativa de Colonia, ha aumentado desde 1990, de 121 a 150 millardos de dólares. 
Por consiguiente, creo que el Consejo, principalmente en la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la financiación del desarrollo, que tendrá lugar en marzo del 2002 en México, debería someter a estudio la posibilidad de instaurar un impuesto como ése. 
. (SV) Esta mañana hablé con la Viceprimer Ministra de Suecia, la Sra. Hjelm-Wallén, a quien se menciona en la pregunta. 
Ella está muy orgullosa de haberse convertido en un arma en el debate sobre el impuesto Tobin, pero me ha pedido que les aclare que la descripción que hace su Señoría de su declaración del 23 de marzo no es del todo completa. 
En esa ocasión ella dijo lo que creo que el Consejo ha dicho anteriormente, es decir, que es fácil compartir muchos de los valores esenciales de la propuesta de impuesto Tobin, pero que es necesario ver las dificultades prácticas a la hora de aplicar la propuesta. 
He podido comprobar que muchas instituciones independientes ya han sido realizados los estudios de aplicabilidad que se piden. 
Por esa razón, estoy convencido de que será posible seguir discutiendo este asunto de manera objetiva. 
En cuanto a las formalidades en el seno de la Unión, me remito a mi respuesta anterior. 
Señor Presidente, me ha defraudado, al igual que a mis colegas, la respuesta. 
A la propia Presidencia sueca pudo siempre haber incluido el asunto en la agenda. 
Me parece un ejemplo más de políticos que han perdido el contacto con la gente de la calle, que son muy conscientes del enorme apoyo a este impuesto. 
Aunque quizás no sea viable, cuenta con un enorme apoyo por lo que la resistencia del Consejo y de la Comisión a debatir este impuesto me parece asombrosa. 
De poder aplicarse, el impuesto pondría fin a los males de la especulación global que destruye tantos trabajos, comunidades y familias, y fomentaría, a la vez, un bien en forma de grandes cantidades de ayuda y asistencia para el Tercer Mundo. 
Quizás el Sr. Presidente en ejercicio podría responder a mi preocupación y decirme ¿por qué el Consejo tiene tanto miedo de encargar él mismo un estudio o de instar a la Comisión a que lo haga? 
Al menos dispondríamos de una respuesta si contásemos con un estudio independiente que diga que no funcionaría. 
Sospecho que no llegaría a esa conclusión pero, de todos modos, ¿puedo pedirle que estudie la posibilidad de encargar un estudio o de animar a la propia Comisión a estudiar los impuestos de tipo Tobin, para ver si son viables y en qué condiciones podrían funcionar? 
. (SV) Me parece que posiblemente ya he contestado a esta pregunta, pero repetiré mi respuesta gustosamente. 
El Consejo sabe que ya hay una serie de estudios independientes sobre distintos aspectos del impuesto Tobin. 
Por esa razón, no parece que se justifiquen nuevos estudios. 
Como he dicho, en la Comisión no hay ninguna propuesta para discutir este asunto. 
La Presidencia no piensa hacerlo y, hasta donde yo sé, tampoco hay ninguna propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿ha considerado el Consejo otros medios para alcanzar los mismos objetivos? 
Creo que sí estamos todos de acuerdo en cuanto a los objetivos. 
Éstos son imprescindibles y necesarios, es decir, que tienen gran incidencia en la economía global y en la de todos los estados, a la vez que funcionan como reguladores y controladores de las transacciones de recursos desde el norte hacia el sur. 
Así pues, aunque el impuesto Tobin no nos sirva ahora como medio para este fin, ¿puede usted contarnos qué otras cosas se han hecho? 
. (SV) Quisiera recordarle a su Señoría que a mediados de mayo de este año- creo que fue del 14 al 19 de mayo- se realizó una conferencia en Bruselas en la que se discutió especialmente la situación de los países menos desarrollados. 
La Unión y el Consejo tuvieron allí un papel protagonista. 
En esta conferencia se discutieron numerosas iniciativas para alcanzar los objetivos que describe su Señoría. 
Le propongo que se informe de las discusiones que tuvieron lugar en esa conferencia. 
En ellas encontrará ejemplos de propuestas que posiblemente permitirán alcanzar esos objetivos muy deseables más rápidamente que a través del denominado impuesto Tobin. 
Señor Presidente del Consejo, yo también me he sentido enormemente decepcionada por su respuesta. 
Escuchándole, efectivamente, no hay ninguna posibilidad de innovar en materia financiera, a pesar de los aspectos volátiles de los mercados, a pesar de las malas respuestas a las crisis que se han producido recientemente, incluida la crisis asiática. 
Y, ¿cómo hacer frente a un desarrollo sostenible que usted estimula, como Presidente en ejercicio del Consejo, cuando se sabe lo que eso cuesta ya a la Unión Europea? 
¿Cuánto va a costar eso y cómo se va a financiar el desarrollo sostenible para los países en desarrollo? 
¿De qué forma se van a financiar las energías renovables, como se va a financiar el acceso al agua potable para todo el mundo, cómo se va a financiar, finalmente, la eliminación de los residuos peligrosos? 
¿Con qué medios vamos a actuar, ya que aparentemente el hecho de plantear simplemente la cuestión de gestionar los flujos financieros diferentes tiene el aspecto de ser insalvable a su juicio? 
. (SV) En septiembre de 2002 se realizará una conferencia muy importante en Johanesburgo, Sudáfrica, la World Conference on Sustainable Development. 
Esperamos que en ella se discutan, minuciosa y constructivamente, precisamente estas materias que destaca su Señoría. 
En la reunión del Consejo en Gotemburgo a fines de la próxima semana, la Presidencia sueca destacará la necesidad de discutir estos asuntos activamente en la Unión, con el objeto de tener un fundamento concreto que posibilite una acción enérgica de la Unión en esta importante materia. 
Estoy plenamente convencido de que habrá muchas oportunidades, entre otras en la conferencia que mencioné, para demostrar la voluntad de la Unión a contribuir a un desarrollo sostenible en esos campos. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 13 y 14 no se contestan. 
Pregunta nº 15 formulada por (H-0479/01) 
Asunto: Derechos humanos y libertades democráticas de la mujer en Turquía Considerando el importante retraso registrado en la reforma del Código civil turco y en la supresión de las discriminaciones institucionalizadas de la mujer, así como el alto índice de desempleo, el analfabetismo, la violencia doméstica y, por otra parte, la actitud antidemocrática adoptada en relación con la diputada Sema Piskinsut y con su hijo durante el congreso del partido del Sr. Bülent Ecevit, celebrado el 29 de abril de 2001, con objeto de llevarla a retirar su candidatura a la presidencia de dicho partido y, por ende, alejarla de la presidencia de la comisión parlamentaria de derechos humanos, ¿qué acciones piensa tomar el Consejo, en el marco del procedimiento de preadhesión, para que Turquía se vea obligada a ajustarse al acervo comunitario y a respetar los derechos humanos y las libertades democráticas de la mujer? 
. (SV) El Consejo es consciente de los problemas que señala su Señoría y comprueba que la Comisión, en su informe del 8 de noviembre de 2000, estableció una serie de asuntos relacionados con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que debe afrontar Turquía. 
Como ya lo ha confirmado el Consejo en numerosas oportunidades anteriores, los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, son un elemento importante del Acuerdo de colaboración para la asociación de Turquía, en el que se da prioridad a ciertos sectores en los que deben concentrarse los preparativos para la adhesión, tomando en consideración criterios políticos y económicos y las obligaciones de un Estado miembro. 
Entre las prioridades a mediano plazo, la Unión ha considerado especialmente que en el Acuerdo "se eliminen todas las formas de discriminación a las mujeres y todas las formas de discriminación por motivos de género, de raza, de pertenencia a una etnia, a una religión o credo y por disfunciones, edad o preferencias sexuales". 
Agradezco mucho al Consejo su respuesta. 
Por supuesto, no dudo de que conoce la situación de los derechos de las mujeres en Turquía, y que en general hay problemas con los derechos humanos, sin embargo esperaría que el Consejo contestase más concretamente a los problemas a los que hacen frente hoy en día las mujeres en Turquía, especialmente las discriminaciones institucionalizadas que sufren las mujeres, las discriminaciones jurídicas que hay en detrimento suyo. 
Es un hecho que la modificación del código civil no avanza y sabemos que la Comisión que ha intentado debatir la modificación del código civil ha sufrido numerosos episodios. 
Igualmente, quisiera preguntar al Consejo qué postura toma frente a la negativa o la obstrucción de Turquía de consolidar en su Constitución la igualdad de los dos sexos. 
Las mujeres turcas esperan que la Unión Europea emprenda una acción más eficaz para anular las discriminaciones y las desigualdades que sufren en nuestros días en Turquía. 
. (SV) El Consejo no acepta el tipo de fenómenos que usted señala. 
Como dije en mi primera intervención, en la política de diálogo con Turquía destacamos permanente la ocurrencia de hechos como los que usted ha mencionado. 
Tenemos una reunión con el Consejo de asociación de Turquía el 26 de junio. 
Pregunta nº 16 formulada por (H-0481/01) 
Asunto: Apoyo a las mujeres de Afganistán ¿Está el Consejo dispuesto a propiciarde forma urgente acciones que contribuyan a mejorar la situación infrahumana que sufren más de 11 millones de mujeres en Afganistán? 
. (SV) El Consejo comparte plenamente la preocupación de la diputada por la horrible situación humanitaria de gran parte de la población afgana, especialmente la de las mujeres. 
La Unión Europea, la Comisión- por medio de ECHO y de EuropeAid- y los Estados miembros continuarán dando ayuda humanitaria urgente a la población afgana y a los refugiados en el extranjero, tan pronto como la situación en la región lo permita. 
Sin embargo, la postura talibán respecto a las mujeres y los numerosos impedimentos que se han puesto a las organizaciones no estatales que trabajan en el país dificultan esta misión de manera considerable. 
Esto vale especialmente para las actividades destinadas a mejorar la educación y la salud de las mujeres afganas. 
A pesar de las dificultades, algunas organizaciones humanitarias pueden apoyar y crear escuelas para chicas. 
Desgraciadamente, a pesar de los continuos esfuerzos de la Unión y de otras organizaciones internacionales, la triste realidad afgana demuestra que el régimen talibán todavía no es receptivo a los argumentos y a las presiones del exterior. 
Los combates entre las tropas talibán y la alianza nórdica continúan, a pesar de la prolongada falta de resultados militares. 
El régimen talibán continúa rechazando los esfuerzos de mediación de la ONU y de otras organizaciones. 
Existe la imperiosa necesidad de mejorar la precaria situación humanitaria y de derechos humanos, pero en las condiciones que he descrito, las posibilidades de mejorías son, desgraciadamente, poco probables. 
El Consejo confía en que las sanciones, que se fundamentan en la resolución del Consejo de Seguridad UNSCR 1333 y que el Consejo ha aplicado mediante una postura equivalente y normas comunitarias, contribuirán a disminuir la injerencia extranjera y a promover una solución negociada del conflicto afgano. 
Quisiera remitirme también a las respuestas a las preguntas sobre Afganistán que anteriormente he dado aquí en esta Asamblea. 
Muchas gracias por su respuesta. 
Quisiera saber si, con su experiencia en la Presidencia del Consejo, puede pensar que cabría la posibilidad de crear una comisión internacional de paz integrada por las partes implicadas hoy en el conflicto de Afganistán. 
Usted me ha contestado en el terreno de los hechos, con políticas de cooperación y de atención a los derechos humanos. 
Yo quisiera que orientara al Parlamento en lo que se refiere a medidas políticas, no tanto de Naciones Unidas, como de la Unión Europea. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿qué cabría hacer? 
¿Qué medida política, de una manera realista, podría servir para que la Unión Europea aportara al menos su grano de arena en una mejora de lo que hoy es el conflicto de Afganistán? 
¿Piensa que el Consejo podría ser favorable a impulsar, al menos, una comisión internacional de paz integrada por las partes implicadas? 
. (SV) El Consejo no ha podido discutir concretamente ninguna propuesta sobre una comisión internacional de paz. 
Por eso, en esta ocasión no puedo contestar su pregunta en nombre del Consejo. 
Sin embargo, permítame subrayar que creo que se necesitan ideas innovadoras para romper la situación de bloqueo que he intentado describir en mi respuesta. 
Como dije, el Consejo no ha decidido si una comisión internacional de paz podría ser una solución de esta naturaleza, pero puedo asegurarle que trasladaré la idea al Consejo para su discusión. 
Quiero hacer hincapié en que hasta ahora ha existido plena unanimidad en el Consejo en que la mejor manera en que la Unión puede contribuir a mejorar la situación en Afganistán es apoyando irrestrictamente los esfuerzos de la ONU. 
El camino de la Unión debe ser contribuir a una coordinación internacional. 
En muchos casos la Unión pueda actuar sola, y debe hacerlo, pero en una situación como la de Afganistán se requiere coordinación y, en este contexto, la ONU constituye el mejor marco. 
Por eso creo que debemos concentrarnos en acciones en este sentido. 
Pregunta nº 17 formulada por (H-0482/01) 
Asunto: Elecciones en Italia y UE como comunidad de valores Tras las elecciones italianas del 13 de mayo, uno de los mayores Estados de la UE estará dirigido por un Gobierno que incluirá a representantes de partidos como Alleanza Nazionale, heredero del fascismo italiano, y Lega Nord, separatista y xenófobo. 
Estos partidos ya habían estado en el Gobierno con anterioridad, aunque nunca desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
El año pasado, catorce Gobiernos de la UE declararon boicoteos políticos bilaterales a Austria a raíz de la entrada en el nuevo Gobierno del xenófobo FPÖ. 
Estas medidas se basaban en los artículos 6 y 7 del Tratado de Amsterdam sobre los valores fundamentales comunes de la Unión. 
En septiembre se levantaron las sanciones, después de que un grupo de expertos realizase un estudio sobre la actuación de Austria. 
A juicio del Consejo, ¿en qué se distingue la situación en Italia del caso austríaco? ¿Qué consecuencias y precedentes se desprenden de ello en lo que se refiere a la aplicación de los artículos 6 y 7 del Tratado de Amsterdam? 
. (SV) Mi respuesta será bastante corta: el Consejo no ha discutido ni tiene una postura respecto a lo que señala el Sr. Sacrédeus en su pregunta y, por esa razón, no puede contestarla. 
Sin embargo, creo que tenemos que pensar, a pesar de que el Parlamento está poco concurrido, que en Europa existe una ciudadanía que se hace estas preguntas después del resultado de las elecciones italianas. 
La UE es, después del Tratado de Amsterdam, una Unión de valores comunes; los artículos 6 y 7 así lo consagran. 
Si la Presidencia sueca no pone sobre el tapete la formación del nuevo gobierno en Italia y las conclusiones que se pueden sacar de las acciones recientes contra Austria, creo que a largo plazo vendrá una petición popular, de distintas maneras, para que se estudie lo que ha sucedido en Italia y los partidos y los valores allí representados. 
Permítanme decir lo siguiente: ¡ojalá que esto no sea así porque Italia es un país grande y Austria un país pequeño! 
. (SV) Sólo quiero aclarar lo que el Sr. Sacrédeus seguramente sabe muy bien. 
No fue el Consejo el que participó en la adopción de medidas contra Austria, sino que fueron los 14 Jefes de Estado y de Gobierno que lo hicieron por un procedimiento ad-hoc. 
Esa resolución regía sólo para el intercambio bilateral, por lo que la cooperación en el seno de la UE no se vio afectada. 
Permítanme destacar que en el artículo 7 del Tratado de Niza- que todos sabemos que aún no ha sido ratificado- hay una propuesta de normas, que no existían antes, destinadas a aplicarse en situaciones como la de Austria. 
Si alguien se refiere a una situación como la que describe el Sr. Sacrédeus, supongo que se usarán los mecanismos del artículo 7. 
El Tratado aún no ha sido ratificado, pero tal vez existirían posibilidades de invocar este artículo si alguien lo propusiese. 
La Presidencia no ha recibido ninguna petición en este sentido todavía. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, en primer lugar quiero expresarle mi agradecimiento por la aclaración de que las sanciones contra Austria no han sido seguidas por el Consejo ni tampoco por ninguna institución europea. 
Creo que esto es muy importante, pues, naturalmente, esta decisión de los Jefes de Gobierno se ha realizado sin fundamento jurídico y sin escuchar a la parte afectada. 
Ha sido pues un comportamiento erróneo como aún no se había producido en la Unión Europea. 
Por ello, me interesaría saber lo siguiente: ¿cree usted como Presidente del Consejo que esta decisión sobre Austria ha ocasionado también el voto negativo de los irlandeses la última semana? 
. (SV) El Consejo no ha discutido la pregunta hipotética que formula su Señoría. 
Por esa razón, no puedo contestarla en nombre del Consejo. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 18 no se contesta. 
Pregunta nº 19 formulada por (H-0487/01) 
¿Tiene el Consejo, finalmente, la intención de reconsiderar este asunto? 
. (SV) Confiamos en que, ante la instauración del euro, el Consejo demuestre su anhelo de proteger eficazmente los billetes y las monedas contra las falsificaciones. 
Quiero hacer presente que en el Reglamento del Consejo (CE) nº 974/98 se declara que el euro empezará a circular desde el 1 de enero de 2002 y que los Estados miembros que lo instauren serán responsables de que se apliquen penas adecuadas en caso de falsificación de billetes y de monedas. 
Después, el 29 de mayo de 2000, el Consejo aprobó una decisión marco sobre fortalecimiento de la protección contra las falsificaciones en relación con la instauración del euro, mediante la implantación de penas y de otras sanciones. 
Para complementar y fortalecer lo anterior, especialmente para perseguir la falsificación de euros mediante una colaboración estrecha con las autoridades de los Estados miembros, el Banco Central Europeo, los bancos centrales nacionales, la Europol y en el futuro también Eurojust, el gobierno francés presentó el 22 de diciembre de 2000 un borrador de resolución sobre protección contra las falsificaciones del euro. 
Como su Señoría sabe, el Parlamento emitió su opinión sobre este borrador el 3 de mayo de 2001. 
El borrador, que aún no ha sido aprobado, está relacionado con el borrador de Reglamento del Consejo sobre aplicación de medidas de protección contra la falsificación del euro y con el borrador del Reglamento del Consejo sobre ampliación del campo de aplicación de este reglamento. 
El Parlamento emitió su opinión sobre todos estos reglamentos el 3 de mayo de 2001. 
En la reunión del 29 de mayo de 2001, el Consejo acordó separar los borradores que se habían presentado el año anterior, quedando un borrador de directiva del Consejo y uno de directiva marco. 
El Parlamento tendrá que dar su opinión sobre ambos borradores. 
En la misma oportunidad, el Consejo aprobó también las conclusiones sobre el papel de la Europol en la protección del euro, que dará a los Estados miembros, entre otras cosas, la ayuda necesaria para que puedan cumplir con su tarea de impedir y combatir las falsificaciones del euro. 
En relación con el blanqueo de dinero, en una anterior respuesta al Parlamento el Consejo ha explicado minuciosamente su postura respecto a los riesgos de blanqueo de dinero cuando se instaure la nueva moneda y a las medidas del Consejo para disminuir esos riesgos. 
Esas medidas, igual que las de las autoridades nacionales y la mayor cautela de los institutos financieros, son decisivas para disminuir los riesgos de blanqueo de dinero en relación con la instauración del euro. 
Señor Presidente, tenemos un largo catálogo de medidas del Consejo y la Comisión para hacer frente al problema de la falsificación del euro. 
Según un informe del Financial Times del 22 de mayo, al parecer Europol cree que estas medidas siguen siendo inadecuadas. 
Una de las preocupaciones concretas es el elevadísimo valor del billete de 500 euros que corre el riesgo de hacer del euro la moneda elegida por quienes se dedican a la falsificación y al blanqueo de dinero, porque es notablemente superior en valor a cualquier otro billete de curso legal en Estados Unidos, Japón o Reino Unido. 
¿No ha considerado el Consejo la posibilidad de retrasar la emisión de los billetes de 500 euros porque, con la introducción del euro, los falsificadores dispondrán de una oportunidad especialmente peligrosa de hacer su agosto, puesto que millones de personas de todo el mundo nunca habrán visto antes estos billetes. 
Un nivel de falsificación considerable implicaría el grave riesgo de dañar globalmente a la propia credibilidad del euro y a la confianza en el mismo. 
. (SV) El Consejo no ha discutido el aplazamiento ni la tardanza de la emisión de los billetes de 500 euros. 
El Consejo opina que ya se han tomado todas las medidas posibles. 
He hecho un recuento de todas las medidas que ha adoptado el Consejo. 
Subrayo también que las autoridades nacionales deben impedir las falsificaciones de manera adecuada. 
Por tanto, no se ha discutido el aplazamiento de la emisión de billetes de 500 euros. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 20 no se contesta. 
Pregunta nº 21 formulada por (H-0490/01) 
Asunto: Seguimiento de la Segunda Conferencia Interinstitucional sobre Política en materia de Drogas en Europa Los días 28 y 29 de febrero de 2000 se celebró la Segunda Conferencia Interinstitucional sobre Política en materia de Drogas en Europa. 
Considera el Consejo que puede responder ahora afirmativamente a las críticas formuladas en la Conferencia por el experto de Europol que declaró que la cooperación aún no es eficaz debido a una serie de problemas políticos, legislativos y judiciales? 
¿Cuáles son ahora las opiniones del Consejo sobre la insistencia en la necesidad de mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales competentes y la industria química con objeto de asegurar un suministro regular y estructurado de información sobre transacciones sospechosas de precursores químicos? 
Por último, ¿está satisfecho el Consejo con el nivel de cooperación con terceros países en materia de tráfico de drogas ilícitas? 
. (SV) El plan de acción en materia de drogas para el período 2000-2004 ha sido preparado teniendo como base los debates de la Segunda Conferencia Internacional sobre política de drogas, que tuvo lugar en Bruselas en febrero de 2000, y en la estrategia de la UE en materia de drogas que el Consejo Europeo respaldó en su reunión de Helsinki en diciembre de 1999. 
Este plan de acción recibió el apoyo del Consejo Europeo en su reunión de Feira, en Portugal, en junio de 2000. En el plan de acción que se está aplicando se insta a la Comisión a establecer, junto con los Estados miembros, un procedimiento para el control voluntario de los denominados precursores químicos de drogas sintéticas no registrados, en colaboración con la industria química. 
Además, se insta a la Comisión a informar regularmente al Consejo sobre el control de los precursores químicos ilegales y sobre las medidas que hayan sido adoptadas durante el año anterior y las que se proponen para el año siguiente. 
Con la propuesta de la Comisión como fundamento, el Consejo aprobó recientemente, el 5 de junio de 2001, un reglamento, que modifica uno anterior, sobre medidas para dificultar la obtención de ciertas sustancias que se usan para la elaboración de narcóticos y de sustancias psicotrópicas, con el objeto de ampliar la definición de sustancias registradas a productos naturales que las contienen, de profundizar la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros y la industria química- de manera que dicha cooperación comprenda también a las sustancias no registradas- y de dar a la Comisión la responsabilidad de fijar directrices que ayuden a la industria química a alcanzar los objetivos de la mencionada cooperación. 
Esas directrices deberán contener un registro actualizado de las sustancias no registradas que se usan comúnmente en la fabricación ilegal de narcóticos y de sustancias psicotrópicas, de manera que la industria pueda controlar voluntariamente el comercio con esas sustancias. 
Para combatir el mercado ilegal de drogas, la Unión Europea está desarrollando sus tareas especialmente en colaboración con importantes países de origen o de tránsito de drogas. 
En cuanto a América Latina y el Caribe, se ha iniciado recientemente en Cochabamba, Bolivia, la tercera reunión de alto nivel en el marco del denominado mecanismo de colaboración y coordinación. 
En las próximas semanas se aprobará un plan de acción UE/Asia Central. 
La lucha contra las drogas tiene gran importancia en la colaboración con EE.UU., en el marco del diálogo transatlántico, y con Rusia, en el marco del Acuerdo de Colaboración y Cooperación. 
En los preparativos para la adhesión de los países candidatos, la parte del Programa Phare concerniente a las drogas es de gran relevancia para combatir el comercio con drogas. 
Además, Europol ha iniciado negociaciones con 23 países para celebrar acuerdos de colaboración. 
En la mayoría de los sistemas de colaboración, las medidas se concentran en el comercio ilegal por vía marítima, en el control de las drogas sintéticas y en una mayor cooperación con las autoridades policiales y aduaneras. 
Señor Presidente, quisiera dejar constancia de mi agradecimiento al Sr. Ministro por acudir a cada uno de los Turnos de Preguntas del Parlamento y por su respuesta parcial a mi pregunta. 
Como siempre ocurre con estas preguntas, la verdadera sustancia está oculta en otro lugar de la pregunta. 
En concreto, me gustaría conocer su opinión acerca de las reflexiones del experto de Europol que afirmó que no había una cooperación o una coordinación eficaz a causa de una serie de problemas políticos, legislativos y judiciales. 
Le agradezco su respuesta sobre la industria química y también sobre los acuerdos establecidos en Centroamérica, el Caribe y América Latina y el próximo acuerdo con Asia. 
Pero, internamente, dentro de las fronteras de la Unión Europea, sigue habiendo dificultades en cuanto a la cooperación y la coordinación. 
Me gustaría que me respondiera a esto. 
Quisiera asumir en su nombre las preguntas del Sr. Andrews, del Sr. Hyland y del Sr. Fitzsimons que se encuentran en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se está celebrando en estos momentos. 
Señor Crowley, de conformidad con el Reglamento, no puedo, lamentablemente, autorizar que formule las preguntas de diputados que no están presentes. 
. (SV) Es difícil dar una respuesta exacta a la pregunta más precisa del Sr. Crowley. 
En mi primera respuesta intenté señalar que la Unión y el Consejo, desde la Conferencia en la que el experto que usted menciona expresó sus críticas, han intentado, de diferentes maneras, adoptar medidas tendentes a hacer más eficaz la colaboración en este campo. 
También he intentado describir cómo se hace. 
No me atrevo a pronunciarme sobre la relación causa- efecto. 
Sin embargo, creo que las críticas del experto de Europol a que usted se refiere, igual que muchas otras críticas y comentarios, han hecho que en la Unión tengamos hoy una colaboración más eficaz. 
Creo que estamos de acuerdo en que hay que dar otros pasos, en el terreno político y en materias de legislación y cooperación judicial. 
Falta mucho por hacer, pero creo que la Unión puede comprobar que en los últimos años se han hecho avances considerables en la lucha contra las drogas. 
Una reflexión final de la Presidencia sueca es que hay mucho por hacer en el campo de la colaboración judicial y de interior. 
En la reunión del Consejo Europeo en Gotemburgo, el viernes y sábado, propondremos que el Consejo Europeo inste a vigorizar la colaboración en materia judicial y de interior. 
Esto vale especialmente para la colaboración en torno a las drogas, ya que es necesario avanzar con más rapidez. 
Nuestro anhelo es que los trabajos de la Presidencia sueca en materia de colaboración judicial y de interior se conviertan en decisiones concretas durante la Presidencia belga. 
Quisiera formular una pregunta complementaria en relación con lo que dijo el Presidente del Consejo sobre la cooperación judicial. 
Bélgica sucederá a Suecia en la Presidencia. 
Bélgica está preparando una legislación de drogas similar a la de los Países Bajos. 
Mi pregunta es: ¿cuáles son las posibilidades reales de colaborar contra las drogas y de combatir su uso y comercio, si los Países Bajos, visto desde la perspectiva sueca, tienen un concepto muy pasivo y superficialmente liberal del abuso de las drogas, que atrae a gente de toda Europa? 
Bélgica quiere hacer suya esta política. 
¿Existen posibilidades reales de obtener resultados cuando dos países se diferencian tanto entre sí? 
. (SV) Como Presidente en ejercicio del Consejo, no puedo ni debo emitir juicios sobre la política de países determinados en esta materia. 
Permítanme solamente decir que coincido con el Sr. Sacrédeus en torno a las dificultades para alcanzar una colaboración eficaz en esta materia y a los anhelos de hacer avances. 
Los 15 países miembros tienen distintas tradiciones jurídicas en esta materia. 
Durante nuestra Presidencia, entre otras cosas en una reunión informal de los Ministros de Justicia y de Interior, hemos intentado contribuir a un proceso de acercamiento de nuestros criterios en esta materia. 
Me cabe comprobar con cierta desilusión que hay mucho por hacer. 
Estoy convencido de que nuestros amigos belgas seguirán trabajando de manera adecuada en esta materia. 
Creo que algunas Presidencias posteriores a la belga también tendrá que ocuparse de este tema. 
Con todo, creo que es absolutamente necesario que avancemos mucho más en el campo judicial y de interior. 
Por haber llegado a su término el tiempo previsto para el turno de preguntas, las preguntas núms. 22 a 31 serán contestadas por escrito. 
Antes de interrumpir nuestros trabajos hasta las 21.00 horas, no quisiera dejar de manifestar, en nombre de la Presidencia, el mucho aprecio y estima por la labor que aquí ha llevado a cabo durante la Presidencia sueca el Presidente en ejercicio Lars Danielsson, por la forma simpática, sencilla, activa y objetiva como ha sabido interpretar las vicisitudes de este turno de preguntas y otras en el diálogo con el Parlamento Europeo. 
Le deseamos las mayores felicidades personales y para la cumbre de Gotemburgo. 
(La sesión, interrumpida a las 19.35, se reanuda a las 21.00 horas) 
Protección de los bosques en la Comunidad 
. Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, estamos en la segunda lectura del Reglamento (CEE) nº 2158/92 sobre protección de bosques contra incendios y del Reglamento (CEE) nº 3582/86 sobre la protección de los bosques contra la contaminación atmosférica. 
En este último Reglamento, que instauró un marco para la observación, evaluación y seguimiento de los daños que sufren los bosques europeos, se estableció una red de puntos de observación, realizando un inventario periódico de daños y publicando un informe anual, así como una red complementaria para el seguimiento y control de los proyectos piloto de demostración. 
La tendencia general observada es el aumento del deterioro de las especies frondosas como el haya y el roble, una defoliación intensa debida a la gravedad de la contaminación atmosférica, fundamentalmente en Europa Central, y que también provoca la acidificación del suelo. 
Los depósitos atmosféricos provocan graves concentraciones de nitratos en el suelo y aumentan el riesgo de contaminación del agua potable, amenazando por tanto la función de filtro de los recursos hídricos que tienen los suelos forestales. 
El presupuesto de este Reglamento en la propuesta de la Comisión se ve reducido de 40 millones de euros para el primer quinquenio a 34 millones para el segundo quinquenio, de 1997 a 2001. 
La Comisión de Medio Ambiente vuelve a proponer el aumento de la dotación presupuestaria a 44 millones de euros, de acuerdo con el aumento de la superficie arbolada y del coste de la vida. 
La utilidad del programa y sus redes de vigilancia no admiten lugar a dudas, y su refuerzo supondría un aumento exponencial del servicio que prestan los bosques al conjunto de la sociedad europea. 
Respecto al Reglamento (CEE) nº 2158 sobre la protección de los bosques contra los incendios, se estableció un marco de acción para la reducción del número de incendios y de la superficie afectada por los mismos, permitiendo la cofinanciación de acciones fundamentalmente de prevención, entre las que destacan la creación de infraestructuras de protección- cortafuegos, pistas forestales, puntos de agua, etc.-, así como también la mejora de los sistemas de vigilancia e identificación de las causas de los incendios. 
Este Reglamento prevé en su artículo 10 una dotación de 70 millones de euros para el período 1992-1995, mientras que la propuesta que se nos puso encima de la mesa para 1997-2001 estima que con 50 millones de euros es suficiente. 
O sea, 10 millones de euros por año. 
Además de ir en contra de las recomendaciones del Consejo a la Comisión en los puntos 5 y 6 de la estrategia forestal para la Unión Europea, posibilidad de mejorar las medidas comunitarias de protección de bosques, esta reducción va en contra del sentido común, ya que a partir de 1995, fecha de la última ampliación, la superficie arbolada pasó de ser del 21% al 36% del total del territorio comunitario, y la equivalencia entre más bosque a proteger y menos dinero para protegerlo se me escapa. 
Por lo tanto, en las enmiendas se propone un aumento del presupuesto hasta 77 millones de euros, creo que debidamente justificado, y al cual no debemos renunciar de ninguna manera, puesto que está en juego la protección del paisaje, de la naturaleza, de la biodiversidad, de las culturas tradicionales y de actividades multifuncionales y, en fin, de lo que vemos todos nosotros cuando cerramos los ojos y pensamos en el bosque. 
En Europa hay 60 millones de hectáreas declaradas con riesgo de incendio. 
La propuesta de la Comisión es de 0,16 euros por hectárea. 
La petición del Parlamento es de 0,23 euros por hectárea. 
La diferencia es 0,07 euros por hectáreas. 
Señores, casi estamos hablando del chocolate del loro en cuanto a la protección de nuestros bosques, y esto se nos niega. 
Hay una mención especial en el informe, que no quiero omitir, para el monte mediterráneo que se ve mucho más afectado por los incendios debido a su propia localización en zonas calurosas, con grandes períodos de sequía, y también muy afectado por la desertización. 
En este tema hay que tener una especial dedicación para ponderar adecuadamente las diferentes tareas de actuación en el medio forestal: de prevención, mejora, conservación y restauración de las zonas incendiadas y la forestación. 
Por tanto, yo pido a la Comisión una declaración de aceptación de estos argumentos que se vea plasmada en las próximas propuestas a fin de que los miembros de este Parlamento puedan aceptar este informe en esta segunda lectura. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el Grupo socialista va a votar favorablemente y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho la Sra. Redondo. 
Pero quiero decirles que considero un fracaso que se rebaje la dotación financiera del Reglamento sobre la protección de los bosques comunitarios contra los incendios, pasando de 70 millones a 49,4 millones de euros, y que se rebaje el Reglamento sobre la contaminación atmosférica de 40 millones de euros a 35,4 millones de euros. 
Es una importante disminución y yo no creo que sea una gran contrapartida que nos haya aceptado la enmienda que hace alusión al bosque mediterráneo, por su importancia en los países del Sur y, en particular, en las regiones afectadas por procesos de desertificación. 
Si no existe una verdadera voluntad política de aumentar, y no disminuir, la dotación presupuestaria, esto solamente son palabras. 
Expertos de Francia, Italia, Grecia, España, Marruecos y Túnez estuvieron la semana pasada en una jornada en la Universidad de Valencia, y en sus conclusiones destacan que el 40% -casi la mitad del territorio del arco mediterráneo- está amenazado por la desertificación, que, además, puede verse agravada por los incendios, la erosión, las plagas y el cambio climático; que la media de terrenos quemados aumenta cada año en tres mil hectáreas, y que para combatir este problema elevarán- decían ellos, ilusos- estas conclusiones a la FAO y a la Unión Europea, ya que son necesarias, decían, políticas de prevención. 
Es decir, inversiones. 
La contaminación atmosférica, con otro tipo de problemas, también necesita inversiones para su solución. 
Ahí tenemos el problema de la cumbre de Kioto. 
Yo espero que, como mínimo, acepten la propuesta de la Sra. Redondo y que, desde luego, en los sucesivos reglamentos rectifiquen esta mala política de rebajas de algo que se considera políticamente correcto y que después no tiene la inversión adecuada. 
Señora Presidenta, Señorías, sobre estos proyectos de reglamento para la protección de los bosques en la Comunidad frente a la contaminación atmosférica y los incendios, se mantienen desde hace casi dos años negociaciones y debates dentro de nuestras instituciones. 
El objetivo originario de estos proyectos consistía solamente en modificar el fundamento jurídico de los reglamentos ya existentes en este campo como consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. 
Por lo demás, las dos medidas expiran a finales de este año. 
La Comisión apoya la posición común del Consejo del 26 de febrero que en su mayor parte corresponde a sus propias propuestas modificadas en este asunto. 
Espero por ello que el Parlamento siga la recomendación de la ponente a quien, aprovechando la ocasión, quiero felicitar por su trabajo y que dé asimismo su voto favorable a esta posición común. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Simplificación, modernización y armonización de las condiciones impuestas a la facturación en relación con el IVA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0149/2001) de la Sra. Torres Marques, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (2000) 650- C5-008/2001- 2000/0289 (CNS) ) por la que se modifica la Directiva 77/388 / CEE con objeto de simplificar, modernizar y armonizar las condiciones impuestas a la facturación en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, por no haber sido posible desde 1992 una mayor armonización del impuesto sobre el valor añadido, la Comisión decidió- y atinadamente- optar por otra solución: la de armonizar y simplificar los procedimientos administrativos del IVA a raíz del trabajo realizado por el Grupo SLIM. 
La dificultad de esta propuesta es encontrar una situación de equilibrio óptimo que, facilitando el trabajo de las empresas, sobre todo de las PYME, ya que esta directiva se aplicará a todas las empresas de la Unión Europea, no provoque pérdidas de ingresos ni dificultades de control a las administraciones fiscales. 
Conviene tener presente que el ingreso por IVA es no sólo una fuente muy importante de ingresos para los presupuestos nacionales, sino también uno de los recursos propios de financiación del presupuesto de la Unión Europea. 
Por eso, propongo que se apruebe, en lo esencial, la propuesta de la Comisión, dado que responde a tres importantes objetivos políticos. 
En primer lugar, la armonización propuesta de las menciones obligatorias en las facturas entraña una reducción considerable de las formalidades administrativas para las empresas que ejercen su actividad en toda la Unión Europea. 
Actualmente, éstas afrontan en la Unión Europea quince reglamentaciones diferentes y, en total, veinticinco menciones obligatorias diferentes. 
Por consiguiente, hay que acoger con satisfacción la propuesta de substituir esa amalgama de normas por una lista única de menciones obligatorias, lo que en la práctica significa que una empresa europea sólo tendrá que cumplir una única reglamentación para todas las facturas emitidas a clientes de la Unión Europea. 
En segundo lugar, la introducción de una disposición común para la facturación electrónica aliviará las formalidades administrativas de las empresas y volverá simultáneamente más eficaces las auditorías relativas al IVA. 
Además, la facturación electrónica, se plasmará en economías para las empresas, dado que el costo del envío, la tramitación de una factura electrónica es muy inferior al de una factura en papel. 
En tercer lugar, la introducción de una reglamentación común para la facturación electrónica estimulará igualmente el desarrollo del comercio electrónico en Europa, en particular en lo relativo a los servicios prestados por esa vía. 
Por tanto, convengo en que las enmiendas que nosotros- mis colegas o yo- introdujimos en comisión mejoraron el proyecto de directiva. 
Ahora bien, hay dos aspectos resultantes de la votación que se celebró en comisión de los que discrepo. 
Uno se refiere a una enmienda presentada por mi colega José Manuel García-Margallo y Marfil sobre la numeración de las facturas. 
La Comisión propone un número único y yo propongo que ese número único sea secuencial, con una o más series. 
Es decir, que podemos adoptar series diferentes, por países o por tipos de productos, pero siempre con una base secuencial. 
Creo que ésa debe de haber sido la intención de mi colega José Manuel García-Margallo y Marfil, pero la versión aprobada dice exactamente lo contrario. 
El otro aspecto se refiere a la firma electrónica. 
Convengo con la propuesta de la Comisión según la cual se deben garantizar la autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura mediante la utilización de una firma electrónica avanzada, en la acepción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco legal comunitario para las firmas electrónicas. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios votó contra esta propuesta o, mejor dicho, introdujo una enmienda para suprimir esta propuesta. 
Creo que debemos volver a introducirla, es decir, que debemos mantener el texto de la Comisión. 
¿Y por qué? 
Es que, si las firmas electrónicas entrañan costos, éstos son relativamente insignificantes en comparación con las economías potenciales. 
El nivel de seguridad elegido por la Comisión se puede adquirir en el mercado belga, por ejemplo, por 15 euros al año. 
El Parlamento y el Consejo aprobaron una directiva para que apareciera esa firma electrónica simplificada. 
Aquí tenemos la oportunidad de utilizarla y dar garantías a las administraciones fiscales. 
Creo que se debe mantener este principio propuesto por la Comisión. 
Lo que quiero decir es que ésta es una buena propuesta, que las enmiendas que propone el Parlamento van todas- exceptuados estos dos casos- bien orientadas: con este proyecto se facilitará la vida de las empresas y de las administraciones fiscales. 
Señora Presidenta, poco tengo que añadir a lo que ha dicho la Sra. Torres Marques. 
Sí quiero subrayar que me parece buena la propuesta de la Comisión. 
Lo ha subrayado bien la ponente, mi buena amiga la Sra. Torres Marques. 
Creo que cumple cuatro de los objetivos fundamentales en materia de simplificación de obligaciones administrativas. 
Como ella ha dicho, la armonización de los requisitos de información que deben constar en la factura permitirá a los comerciantes que operen en el mercado interior sujetarse a una sola legislación, mientras que hasta ahora tenían que conocer, sujetarse y aplicar quince legislaciones diferentes. 
En segundo lugar- lo ha subrayado también la ponente -, esta simplificación supondrá un ahorro importante para las empresas. 
Es cierto- comparto la tesis de la ponente y de la Comisión- que la expedición de una factura tradicional es tres veces más cara que la expedición de una factura electrónica. 
Bienvenida, por tanto, esta innovación. 
En tercer lugar, coincido también en que esta propuesta servirá para desarrollar, fortalecer e impulsar la prestación de servicios por vía electrónica, que es uno de los grandes objetivos que se fijó la Unión Europea en Lisboa y que se discutirá mañana en Gotemburgo. 
En cuarto lugar, creo que esta propuesta, consiguiendo estos objetivos desde el punto de vista de la simplificación de las obligaciones formales, ahorro de la carga financiera de las empresas y fortalecimiento de los servicios electrónicos, se hace sin detrimento alguno del control administrativo necesario para la aplicación del impuesto. 
No me referiré ahora a alguna de las enmiendas que la Sra. Torres Marques ha planteado, como la de la firma digital electrónica, porque la autora de la enmienda es mi compañera, la Sra. Kauppi, que lo explicará mucho mejor que yo. 
Sí quiero decir que la enmienda que nosotros presentamos en relación con la secuencia no ha sido a mi juicio bien comprendida por la ponente. 
La Comisión proponía que la factura tuviese un número único. 
Lo que nosotros decimos es que no sea necesariamente secuencial, pudiendo haber secuencias o colecciones distintas por cliente o por país, para favorecer la identificación desde el punto de vista de la empresa y, probablemente, también desde el punto de vista de la administración. 
También me uno al lamento de la ponente, que este Parlamento hace patente cada vez que se discute sobre el impuesto sobre el valor añadido: la falta de audacia de la Comisión en avanzar hacia un sistema definitivo de impuesto sobre el valor añadido, que lo simplificaría enormemente y que, en momentos de tantas tribulaciones en materia de la construcción europea, supondría un espaldarazo claro y firme y una señal uniforme de que estamos dispuestos a convertir el impuesto sobre el valor añadido en aquello que su fundador, Maurice Lauré, llamaba el primer impuesto europeo. 
Este paso es modesto, pues se refiere sólo a las obligaciones administrativas, a las obligaciones formales, en definitiva a aspectos secundarios del impuesto, pero me parece un paso en la buena dirección. 
Mi Grupo lo va a apoyar. 
Termino diciendo que el informe de la Sra. Torres Marques es un buen informe. 
El informe previo también lo era. 
Y ese informe ha mejorado notablemente tras su paso por la comisión gracias a la generosidad de la ponente, que ha aceptado buena parte de nuestras enmiendas. 
El procedimiento en el que estamos ahora es un procedimiento de consulta, es modesto, pero esta comisión- a la vista está el número de enmiendas que ha presentado- ha trabajado muy seriamente en la elaboración de este informe. 
Espero que la Comisión responda con generosidad a la seriedad de la comisión del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, no todas las iniciativas del Consejo dirigidas a la armonización de las normas fiscales son positivas para el ciudadano. 
Con mucha frecuencia se anuncia que se quieren simplificar las normas fiscales pero en la práctica las medidas lo que pretenden es frenar la competencia fiscal dentro de la Unión. 
Esto es aplicable sobre todo a todas las medidas destinadas a unificar los tipos fiscales. 
Es casi imposible lograr ponerse de acuerdo sobre el nivel de aquellos países que tienen unos tipos fiscales más reducidos. 
En la mayoría de los casos, sólo es posible el camino contrario. 
En consecuencia, Estados con una administración más ahorrativa y unos tipos fiscales más reducidos se ven obligados a imponer impuestos que no necesitan en absoluto. 
Muy diferente es la actual propuesta del Consejo para modificar la Directiva 77/388, ya que con las medidas propuestas se persiguen realmente facilidades para los sujetos fiscales en toda Europa. 
Las enmiendas prevén que sobre todo se reduzcan los costes administrativos de las empresas fortaleciendo de este modo la competitividad. 
Por este motivo, podemos apoyar estas enmiendas que contribuyen a simplificar realmente nuestras leyes fiscales. 
Señora Presidenta, distinguido Comisario, Sr. Bolkenstein, hay que reducir al mínimo las obligaciones administrativas de los comerciantes que operan en la UE. 
La propuesta de la Comisión y el excelente informe de la Sra. Torres Marques impulsan este desarrollo. 
Las obligaciones fiscales castigan, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, las cuales se ven obligadas a gastar proporcionalmente más energías que las grandes empresas en cumplir con las disposiciones. 
Nuestra Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios propone ya en la primera enmienda presentada a la propuesta de la Comisión que las autoridades nacionales competentes tengan siempre la obligación de asegurarse de que la aplicación de esta Directiva no traiga consigo obligaciones administrativas adicionales e innecesarias para las PYME. 
La simplificación de la legislación comunitaria siempre debe tener como resultado la reducción de las obligaciones administrativas de las PYME. 
Desde este punto de vista, también es muy importante que votemos mañana a favor de la inclusión en la posición final del Parlamento de la enmienda 18 de la comisión presentada por mí. 
Estimados colegas, la legislación relativa a la modificación y modernización de las condiciones impuestas a la facturación debe tener constantemente presentes las posibilidades ofrecidas por el creciente comercio electrónico, así como las nuevas exigencias que éste trae consigo. 
Un estudio de reciente publicación realizado en los países nórdicos señala que, en el año 2005, alrededor del 80 por ciento de las facturas de las empresas se expedirán por vía electrónica. 
Actualmente, la proporción es de un 10 por ciento. 
Se estima que, gracias a la facturación electrónica, los gastos de expedición de facturas se reducirán a la mitad en los países nórdicos. 
Así pues, la incidencia no es insignificante. 
La firma digital electrónica, planteada en la enmienda 18, puede ser una fórmula de garantizar la autenticidad de las facturas y la imposibilidad de manipular su contenido, pero, en todo caso, no se trata del único método. 
Las experiencias obtenidas en los Estados miembros que han autorizado la facturación electrónica demuestran que la ausencia de la firma digital no ha causado problemas a los interventores de cuentas ni al resto de las instancias implicadas en la contabilidad. 
El uso extendido de la firma digital no debe ser obligatorio. 
Ello sería un paso atrás para los Estados miembros que ya llevan tiempo autorizando la facturación electrónica sin la exigencia de utilizar la firma digital. 
La cuestión de la seguridad de las operaciones en la red no debe mezclarse con las exigencias jurídicas relativas al impuesto sobre el valor añadido. 
Espero que la Sra. Torres Marques reconsidere aún esta posición suya antes de la votación de mañana. 
. (EN) Señora Presidenta, es para mí un gran placer debatir hoy en el Parlamento la propuesta de la Comisión sobre facturación. 
Esta propuesta parte del trabajo realizado por el grupo SLIM, en el que los propios comerciantes afirmaron que la divergencia en las normas sobre facturación que existen actualmente en Europa suponen un obstáculo fundamental para el buen funcionamiento del mercado interior y para el desarrollo del comercio electrónico. 
Se trata de un elemento importante de la nueva estrategia en materia de IVA adoptada por la Comisión el pasado mes de junio que se centra, a corto plazo, en simplificar y modernizar el actual sistema del IVA. 
Se han destacado dos problemas. 
En primer lugar, existen 15 conjuntos de normas distintos sobre facturación de IVA, lo cual impone una enorme carga administrativa a los negocios. 
Varios oradores así lo han indicado ya esta noche. 
El conjunto de requisitos obligatorios es, en efecto, diferente en cada uno de los Estados miembros. 
Esto supone que cuando un comerciante hace suministros sujetos a tributación a varios Estados miembros tiene que respetar obligaciones distintas a la hora de emitir las facturas para cada uno de estos países. 
El segundo problema es que el actual marco legal de facturación electrónica también difiere de unos países europeos a otros. 
En la mayoría de los casos, es muy restrictivo. 
A veces, la facturación electrónica ni siquiera es posible. 
Cuando se permite, está sometida a diversos requisitos técnicos o a una autorización previa de la administración tributaria. 
Por tanto, es tremendamente difícil utilizarla en el comercio transfronterizo. 
De ahí la necesidad de establecer un marco legal común, tanto para la facturación en papel como para la electrónica. 
Así, la presente propuesta tiene como objetivos los siguientes: en primer lugar, crear un conjunto común de 12 requisitos en materia de IVA obligatorios en las facturas de toda la Unión Europea; en segundo lugar, establecer un marco común para la transmisión y el almacenamiento electrónico de facturas. 
Al crear un conjunto único de normas, este nuevo marco permitirá que las empresas se ahorren gastos administrativos. 
Quisiera subrayar, además, que esta propuesta permitirá también a las administraciones tributarias realizar auditorías fiscales de modo más eficiente. 
Me complace decir que el Parlamento Europeo comparte esta opinión- así lo prueba el informe elaborado por la ponente, a quien doy las gracias en nombre de la Comisión. 
La Comisión quisiera, en particular, agradecer la positiva contribución de la ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Sra. Torres Marques, así como las valiosas ideas expuestas por la Sra. Plooij-van Gorsel, en su opinión en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. 
Dado que el Consejo está actualmente estudiando esta propuesta, y, a la vista del firme deseo de la Comisión de abordar este asunto de modo oportuno, creo que lo más apropiado en este momento sería que la Comisión no aceptara formalmente las enmiendas propuestas por el Parlamento, sino que se comprometiera a asumirlas en la medida de lo posible durante las negociaciones con el Consejo. 
En cambio, no será posible, me temo, tener en cuenta algunas enmiendas, en concreto las relativas a la firma electrónica avanzada, que la ponente propone que sea opcional en lugar de obligatoria. 
Quisiera subrayar que la propuesta de la Comisión ya constituye un equilibrio entre la legislación más flexible y la más restrictiva. 
Pero quisiera recalcar también que la firma electrónica es una herramienta importante para garantizar la autenticidad y la integridad de lo que es, después de todo, un documento comercial valioso que otorga el derecho a deducciones de IVA. 
Comparto el argumento de que es necesario aplazar la fecha de entrada en vigor con el fin de permitir que las empresas se adapten a estas nuevas reglas. 
Pero esa fecha sólo podría decidirse una vez que el Consejo haya llegado a un acuerdo sobre el contenido de la propuesta. 
Yo personalmente tengo confianza en que tal acuerdo se alcanzará rápidamente. 
El Consejo ya ha empezado a debatir la propuesta en detalle y hará todo lo posible por alcanzar un acuerdo antes de final de año, según se pidió en la cumbre de Estocolmo. 
Quisiera ahora hacer dos observaciones al Sr. García-Margallo y Marfil y a la Sra. Kauppi. 
El Sr. García-Margallo y Marfil ha reprochado a la Comisión que no apoyara la estrategia conducente a un único sistema de IVA. 
La aspiración de la Comisión sigue siendo un único sistema de IVA en origen. 
Pero las quejas y reproches que el Sr. García-Margallo y Marfil dirige a la Comisión deberían dirigirse a los Estados miembros, puesto que el problema reside en ellos. 
La Sr. Kauppi ha hecho un comentario acerca del coste de las firmas electrónicas, en particular para las pequeñas y medianas empresas. 
Le recuerdo que los costes no pueden ser un verdadero obstáculo, puesto que estas firmas no son caras. 
Las más baratas se pueden comprar por 20 ó 30 euros. 
El ahorro en costes administrativos supera con mucho el desembolso inicial. 
En conclusión, el apoyo del Parlamento a esta propuesta es importante para lograr un buen resultado. 
Se lo agradezco mucho al Parlamento y a la ponente. 
Gracias, señor Comisario. 
En contra de la costumbre, voy a dar la palabra a una oradora que estaba inscrita pero que equivocó un poco los horarios. 
Voy a dar pues la palabra a la Sra. Arlette Laguiller. 
Señora Presidenta, le pido que me disculpe por intervenir después del señor Comisario, pero he sido un poco víctima de la informática puesto que había visto en la pantalla los horarios y pensaba intervenir hacia las seis menos cuarto. 
Gracias por darme la palabra. 
La situación actual en los quince países de la Unión, donde existen 15 reglamentaciones y 25 tipos diferentes de menciones obligatorias sobre la facturación del IVA, es, en efecto, una situación aberrante, pero lo injusto es la existencia misma del IVA, y no la manera de facturarlo. 
Y si tenemos la intención de votar en contra de este informe no es para oponernos a la armonización, sino para manifestar nuestra oposición a la existencia misma del impuesto sobre el valor añadido, y más en especial de cualquier impuesto indirecto sobre el consumo. 
Se trata de un impuesto especialmente injusto porque se impone a todos, incluidos los que tienen sólo un salario modesto, incluso aquellos que viven del subsidio de desempleo. 
Por el simple hecho de comprar un artículo de consumo, aunque sea un trozo de pan, el consumidor se convierte en contribuyente. 
Peor aún, este impuesto del IVA no es proporcional a la renta del contribuyente. 
El millonario paga su impuesto exactamente al mismo nivel que el trabajador peor pagado. 
En un país como Francia, el IVA representa cerca de tres cuartas partes de los ingresos del Estado, es decir, dos veces más que el impuesto sobre la renta. 
Eso significa que es la mayoría trabajadora de la población con bajos ingresos la que soporta la mayor parte de la carga fiscal. 
Esto es injusto en sí mismo; y lo es en la medida en que por lo que se refiere a los gastos del Estado, por el contrario, la tendencia es al incremento de esos gastos en favor de la patronal y de la clase pudiente, en detrimento del servicio público. 
Cuando la fiscalidad debería servir para reducir la separación entre los más ricos y los más pobres, no hace sino incrementarla. 
Estamos a favor de la supresión de cualquier impuesto indirecto en toda Europa y de su sustitución por un incremento consiguiente de los impuestos sobre los beneficios de las empresas así como por un impuesto sobre la renta fuertemente progresivo en especial sobre los altos ingresos del capital. 
De forma accesoria, esto tendría como ventaja resolver el problema de la armonización de la facturación que preocupa al Consejo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Cese definitivo de funciones de funcionarios de la Comisión de las CE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0194/2001) del Sr. Miller, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre: 
I. la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2001) 0050- C5-0057/2001- 2001/0027 (CNS) ) por el que se establecen medidas específicas relativas al cese definitivo de funcionarios de la Comisión de las Comunidades Europeas con motivo de la reforma de la Comisión; 
II. la propuesta de reglamento del Consejo (COM (2001) 0050- C5-0058/2001- 2001/0028 (CNS) ) que modifica el Reglamento (EURATOM, CECA, CEE) nº 549/69 que determina las categorías de los funcionarios y agentes de las Comunidades Europeas a las que se aplicarán las disposiciones del artículo 12, del párrafo segundo del artículo 13 y del artículo 14 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades. 
. 
(EN) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Sr. Comisario por la ayuda que me han prestado tanto él como su personal. 
También me gustaría dar las gracias a los ponentes alternativos, especialmente al Sr. Harbour, con quien he tenido de nuevo el privilegio de trabajar; trabajamos bien juntos. 
Como muchas de sus Señorías saben, ésta es la segunda fase de la reforma de la Comisión, una reforma que el conjunto de esta Asamblea ya ha refrendado previamente. 
Si creemos en el proceso de reforma, hemos de respaldar esta segunda fase relativa a la introducción, con carácter excepcional, del plan de jubilación anticipada para funcionarios de la Comisión. 
En una fecha posterior será de aplicación un plan de jubilación apropiado, pero éste, en concreto, es excepcional. 
Si creemos que con la ampliación debe darse cabida a funcionarios de los países de la adhesión, debemos reducir el actual número de funcionarios y debemos hacerlo dentro del presupuesto existente. 
Asimismo, si creemos en una Comisión moderna, con capacidad de respuesta y con competencia técnica, hemos de intentar traer savia nueva que reemplace a algunos de esos funcionarios que no se han adaptado a las nuevas tecnologías o que no las han asumido. 
Todo esto se traduce en que algunas personas se jubilaran anticipadamente y se permitirá la entrada de gente nueva y de savia nueva. 
Pero también supone que algunos de nosotros en esta Asamblea debamos tomar decisiones que no eran de nuestro agrado antes. 
Tenemos, sin embargo, que vivir en el mundo real y, por tanto, hemos de adoptar esas decisiones. 
Pasando ahora a las enmiendas, yo voy a apoyar todas las enmiendas excepto las dos presentadas por el Sr. Ferber. 
En un principio, me resistía a suscribir algunas de esas enmiendas, porque me preocupaba que la inclusión del resto de las instituciones pudiera retrasar la aplicación del plan de jubilación anticipada. 
Sin embargo, mis temores han resultado infundados y espero que este plan se aplique en la segunda mitad de este año. 
Permitirá también que las demás instituciones avancen en la aplicación de su propio plan. 
En cuanto a las dos enmiendas presentadas por el Sr. Ferber, en primer lugar han llegado bastante tarde en el día de hoy. 
En segundo lugar, nunca se plantearon ni se debatieron en comisión. 
Aparte de esto, considero que estas enmiendas las presenta un individuo mezquino e intolerante que quiere fastidiarlo todo. 
Es el único modo en que puedo describirlo. 
No puedo aceptar un intento tan ruin de estropear todo este proceso y espero que el Parlamento no acepte este ruin intento de estropear el proceso de reforma de la Comisión. 
Por consiguiente, quisiera pedirle a la Asamblea que dé su respaldo a este informe en su estado actual. 
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a Bill Miller por un trabajo muy exhaustivo y profundo. 
Es un placer intercambiar nuestros papeles puesto que él fue mi ponente alternativo cuando se trató la estrategia global de las reformas en materia de recursos humanos que esta Asamblea aprobó a finales del año pasado. 
Juntos hemos adquirido experiencia sobre cuáles son los temas absolutamente cruciales, tanto para el futuro de la Comisión como, en realidad, para el futuro de la Unión Europea en su conjunto. 
Es bueno, desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que continuemos con la labor de efectuar las reformas cruciales en los Reglamentos de Personal necesarias para aplicar estas reformas. 
Esperamos llevarlas a cabo a fondo y rápidamente, cuando el Sr. Comisario Kinnock nos las presente. 
Me hago eco de lo que ha dicho Bill Miller sobre la importancia de esta medida como paquete excepcional. 
Tiene que verse como tal. 
Es alentador que la Comisión se dé cuenta de que este paso crucial hacia una política de recursos humanos totalmente nueva supone crear toda una nueva cultura en la que el personal ascienda por méritos, en la que tengamos una estructura de clasificación lineal, en la que no haya un techo artificial para el ascenso, en la que exista mucha más responsabilidad delegada. 
Esto forma parte de esa fase de transición y es alentador que la Comisión quiera abordarlo seriamente. 
La pregunta que nos hemos planteado en nuestra comisión, y que también han analizado la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Presupuestos, es si se trata del paquete correcto. 
Es, sin duda, un paquete muy generoso, pero a la vez tiene que ser un paquete fuerte porque, de otro modo, no funcionará. 
Lo peor que podríamos hacer sería presentar una oferta que nadie aceptara. 
Eso frustraría los intentos de la Comisión. 
En ese sentido, puedo decirle al Sr. Miller que yo no voy a apoyar las dos enmiendas tardías. 
No estarán en la lista de voto del PPE. 
Tenemos un consenso al respecto. 
Por tanto, creemos que se trata del paquete adecuado, y alabo la forma en que Bill Miller ha intentado hacer más estrictos algunos aspectos, en particular, los relativos a que funcionarios de la Comisión puedan aceptar el paquete de jubilación y ocupar después otros trabajos. 
Evidentemente, no es razonable que se les recompense de hecho dos veces a costa de los contribuyentes europeos. 
Espero que la Comisión acepte las sensatas propuestas que Bill Miller ha recogido en el informe. 
Por último, quisiera dar de nuevo mi respaldo a las enmiendas que amplían la aplicación de este plan tanto al Parlamento Europeo como a los Grupos políticos. 
Eso es un reconocimiento de nuestro doble papel. 
No debemos hacer sólo a la Comisión responsable del progreso de estas reformas, sino mirar también a las propias normas de gestión en nuestra institución. 
Está bastante claro que tenemos que hacer frente exactamente a los mismos problemas. 
Éste es un paquete excepcional que no establece un precedente para la futura reforma de la política de pensiones. 
Recordarán que en mi informe le di una gran importancia a la necesidad de reformar la política de pensiones vigente para introducir un plan permanente de jubilación anticipada. Pero este plan está al margen, y lo está acertadamente. 
Se trata de un paso muy importante en la reforma de la Comisión y me complace darle, en nombre de mi Grupo, todo nuestro apoyo. 
Señora Presidenta, tras haber escuchado al Sr. Harbour, me parece que no vamos a tener mucho debate esta noche, porque fundamentalmente el Grupo del Partido Popular Europeo y el Grupo Socialista estamos de acuerdo en apoyar el informe Miller y las propuestas que en estos momentos nos presenta la Comisión de las Comunidades Europeas. 
Creo que el Comisario Kinnock demuestra su gran experiencia parlamentaria al tramitar este expediente algo complejo de una manera muy eficaz y simplemente me limitaré a hacer alguna observación a lo que podríamos llamar obiter dictas del Sr. Harbour. 
Desde el punto de vista del Grupo Socialista, es fundamental que se reconozcan los derechos de los funcionarios, incluyendo los derechos adquiridos, así como la existencia de una carrera administrativa, y que se reconozca que los funcionarios de las instituciones europeas tienen un alto nivel y han realizado una labor muy eficaz. 
Por tanto, no debe perseguirse a los funcionarios, como parece que pretenden estas enmiendas de última hora, sino que debe facilitarse una rápida transformación de esta administración comunitaria sin abandonar los principios esenciales del reconocimiento de una función pública independiente y del reconocimiento de una carrera administrativa. 
Desde luego, estamos de acuerdo con las propuestas del informe Miller sobre la extensión de las facilidades de que gozan los funcionarios de la Comisión a los funcionarios de las demás instituciones, incluyendo el Parlamento Europeo, que creo que podrá acoger favorablemente las enmiendas que presentamos, que, en definitiva, suponen el reconocimiento de la buena labor realizada por la Comisión. 
Por tanto, en este momento, no me queda sino felicitar al Sr. Miller por su informe y al Sr. Kinnock por la forma hábil, capaz y progresista en la que ha planteado esta primera reforma administrativa. 
Señora Presidenta, el Grupo ELDR está a favor de la reforma que usted ha presentado en el Libro Blanco y que hemos tenido el privilegio de discutir con usted. 
En la Comisión de Presupuestos y en las otras comisiones estamos esperando propuestas concretas. 
Tal como señaló el orador anterior, aceptamos esta propuesta como una medida excepcional, como una medida necesaria para realizar las reformas. 
A nuestro juicio, es neutral desde el punto de vista de los costes. 
Nos alegramos también de que la Comisión haya entendido que las otras instituciones también deben tener derechos similares, que esto se incluirá en el calendario y que se aceptará. 
Respecto a las comparaciones entre las instituciones, quisiera llamar la atención del Comisario en un punto, esto es, en la aceptación del sistema de ascensos existente en el Parlamento Europeo. 
He escuchado que la Comisión está interesada en este sistema, pero, desgraciadamente, me han llegado señales de que los conocimientos reales de los funcionarios no son adecuadamente evaluados, puesto que dichas evaluaciones son un "juego donde nadie gana ni pierde". 
Esto es algo que habrá que tener en cuenta en el futuro. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar al Sr. ponente por el cuidado con que ha preparado su informe. 
Sin duda, los ponentes alternativos tendrán también su parte en ello. 
Mis felicitaciones no se ven tampoco disminuidas porque el ponente haya calificado a un grupo de 32 diputados, al que yo pertenezco, como narrow minded individuals. 
No obstante, permítame que rechace naturalmente esta calificación. 
En nombre de una minoría de nuestro Grupo político quiero exponer aquí algunas objeciones contra la propuesta. 
Se propone que en el caso extremo, un funcionario que ha trabajado diez años en la Comisión y de 50 años de edad sea enviado a la jubilación anticipada percibiendo el 65% de su sueldo. 
Creemos que no se puede justificar frente al contribuyente europeo una pensión anticipada tan lucrativa y generosa. 
Cuando hoy hemos hablado durante todo el día en los pasillos sobre el referéndum irlandés, cuando aquí se habla continuamente sobre la proximidad al ciudadano, entonces quiero preguntar quién puede explicar a un pensionista que ha pagado durante 40 años a su seguro de pensiones cómo se puede justificar que se pueda ir a pasear un funcionario A 3 de 50 años y 5500 euros al mes. 
Nadie me puede tampoco explicar por qué la Comisión, con sus 18.000 puestos, no está en situación de dar un trabajo adecuado a 600 funcionarios que, por lo visto, ya no rinden. 
Nadie me puede explicar tampoco por qué esto debe ser ahora una parte esencial de esta reforma de la Comisión. 
Pues me temo que haya funcionarios astutos y listos que sepan aprovecharse de esta atractiva oferta. 
Al final se irán los buenos y se quedarán los malos, se gastarán 1,6 millones de euros y todos quedaremos mal parados. 
Señora Presidenta, desde el principio de la actual legislatura, todos estuvimos y seguimos estando de acuerdo en que es necesario reformar tanto la Comisión como las demás Instituciones en algunos ámbitos. 
Dentro de la Comisión se ha puesto de manifiesto que para llegar a conseguir los objetivos estratégicos fundamentales, faltan por cubrir más de 1.200 puestos. 
Según la Comisión, una parte de dicho déficit se puede paliar racionalizando y reasignando los recursos humanos actualmente disponibles. 
Sin embargo, esta vía, aun siendo aceptable, prevé que algunas unidades no reúnen las características para adaptarse a las nuevas tareas. De ahí que para resolver el problema sea preciso alentar a dicho personal a que opte por una prejubilación pactada y favorable, una propuesta que, entre otras cosas, se deberá considerar como un hecho único e irrepetible. 
Esta hipótesis reconoce a los interesados el mérito de lo que se ha hecho hasta la fecha y la posibilidad, a su elección, de una nueva colocación en otro lugar. 
La Unión no sufre una carga económica y la aceptación de la propuesta no es obligatoria. 
En definitiva, el juicio es positivo. 
Por el contrario, no se pueden aceptar las enmiendas Ferber. Por otra parte, una reforma es un hecho excepcional y, por consiguiente, se ha de considerar como tal. 
Agradezco mucho al ponente su notable y determinante labor y aprecio las propuestas de los jefes de delegación que extienden dicha solución a todas las Instituciones de la Unión. 
Por último, es preciso expresar nuestro mayor aprecio a todos los funcionarios de la Unión tanto a los que optarán por la prejubilación como a los que se quedarán, porque es también gracias a su trabajo realizado con entusiasmo que Europa continúa avanzando rápidamente hacia el futuro. 
. 
(EN) Quisiera empezar agradeciendo a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y expresamente al ponente, el Sr. Miller, este informe tan constructivo sobre la propuesta de la Comisión relativa a un plan de jubilación anticipada limitado en el tiempo y en el número de beneficiarios. 
Sé que la rapidez en la redacción y análisis del informe se debe en gran medida al entusiasmo y al esfuerzo del Sr. Miller, y de su ponente alternativo, el Sr. Harbour. 
A la vez que expreso mi gratitud a ambos quisiera también dar las gracias a la Asamblea por haber aceptado adelantar el examen de este informe en el pleno. 
Como saben varios de sus Señorías, este hecho ayuda a la Comisión en sus esfuerzos por avanzar en la reforma y modernización que le ha pedido el Parlamento y por hacerlo a tiempo, de tal modo que si todo lo demás va bien pueda poner en marcha al menos la primera parte del plan a finales de este año. 
Como recordará la Asamblea, en nuestro Libro Blanco de estrategia de reforma de marzo del año pasado anunciábamos nuestra intención de llevar a cabo una redistribución de los recursos humanos entre departamentos con el fin específico de concentrar de forma más adecuada las actividades en objetivos claves de las políticas y lograr un mejor equilibrio entre las funciones asignadas a la Comisión y los recursos de que dispone. 
Creamos entonces un grupo de comisarios dirigidos por el Presidente Prodi encargado de realizar un análisis exhaustivo. 
Ese estudio mostró que a pesar de los esfuerzos de racionalización llevados a cabo en 1999 y 2000 existía una carencia de 1254 puestos de personal de la Comisión destinado a actividades prioritarias. 
Para contribuir de manera significativa a acabar con ese déficit detallamos el modo en que una mayor racionalización de actividades, incentivos de productividad y redistribución interna nos permitirían cubrir dos tercios de esas necesidades desde el interior de la Comisión. 
Además de medidas que permitían que el personal redistribuido realizara otras actividades prioritarias, propusimos también que existieran planes explícitos de cese definitivo de funciones de tal forma que durante un período de dos años la Comisión pudiera ofrecer unas condiciones de jubilación razonables a 600 funcionarios cuyas habilidades no pudieran adaptarse fácilmente a las necesidades cambiantes y a las funciones de la institución. 
La finalidad del reglamento propuesto que está siendo objeto de análisis por la Asamblea es, por tanto, autorizar ese plan de cese definitivo de funciones para 300 funcionarios de la Comisión a lo largo de este año y para otros 300 el próximo año. 
La propuesta se basa en el mismo mecanismo que se ha utilizado en reglamentos previos de cese definitivo de funciones relacionados, por ejemplo, con las sucesivas ampliaciones de la Unión o con la renovación de responsabilidades en la dirección general de investigación. 
La solicitud de participación en el plan es, por consiguiente, voluntaria pero el nuevo plan difiere de los anteriores en concreto en los siguientes puntos principales: 
En primer lugar, los candidatos a jubilación anticipada se seleccionarán únicamente atendiendo a los intereses de los servicios. 
En segundo lugar, las condiciones económicas se fijan a un nivel inferior- 65% del último salario en lugar del 70% -al acostumbrado en todos los acuerdos anteriores de cese definitivo de funciones. 
En tercer lugar, esta propuesta de jubilación anticipada tiene una repercusión presupuestaria neutral. 
La diferencia entre el coste de la remuneración total de los 600 funcionarios antes del cese en sus funciones y el coste de la pensión que recibirán a partir de tal cese financiará la contratación de 258 nuevos funcionarios. 
Los 342 puestos restantes se reintegrarán a la autoridad presupuestaria. 
Estos elementos del nuevo plan contribuirán a la consecución del objetivo general de obtener una mejor concordancia entre las funciones de la Comisión y los recursos disponibles. 
Permitirá también que se respete plenamente el techo del apartado 5 de las perspectivas financieras. 
En respuesta a las enmiendas propuestas por el Sr. Miller, la Comisión no puede aceptar la enmienda 9 que pide que el gasto para el plan de jubilación anticipada siga siendo no obligatorio. 
No podemos aceptar esa enmienda debido sencillamente a una realidad normativa, cual es que las pensiones para funcionarios que han cesado en sus funciones se definen legalmente como gasto obligatorio. 
Dicho esto, paso a la postura más positiva y más compleja de la Comisión sobre las demás enmiendas propuestas por el Sr. Miller en el informe. 
Después pasaré a las enmiendas presentadas por el Sr. Ferber. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 8, 10, 11, 17, 18 y 19 que tienen como fin garantizar que lo dispuesto en el plan se aplica adecuadamente y que las medidas objeto de análisis no impiden la adopción de un nuevo plan de jubilación anticipada permanente para todas las instituciones. 
Como ha dicho en su intervención el Sr. Miller, estos planes deberían ser elaborados y aprobados lo antes posible. 
Las enmiendas que acabo de enumerar pretenden también que en el futuro sean innecesarias medidas únicas de este tipo y que, por lo tanto, se descarten. 
Todas las enmiendas presentadas por el ponente están en línea con las intenciones de la Comisión en cuanto a la aplicación del plan e introducen mejoras y ajustes en la propuesta que presentamos inicialmente. 
Por tanto, las acogemos muy favorablemente. 
Dado que la Comisión propondrá en breve la introducción en los Reglamentos de Personal de un plan de jubilación flexible y permanente, es improbable que sean necesarias en el futuro otras medidas únicas de este tipo. 
La Asamblea sabrá que los puntos políticos más importantes en los debates sobre este plan de jubilación anticipada que han tenido lugar hasta la fecha en el Consejo y en el Parlamento tienen que ver con el hecho de que el plan propuesto sólo afecta a la Comisión, que se ha comprometido a aplicarlo de un modo presupuestariamente neutral. 
En este sentido, me refiero a las enmiendas 1- 6, 12, 13 y 16, todas las cuales pretenden ampliar el ámbito de aplicación del reglamento propuesto y requieren la participación de todas las instituciones europeas y del personal temporal del Parlamento en el plan de jubilación anticipada. 
Entiendo el interés que el Parlamento y el Consejo, en tanto que instituciones contratantes, tienen en este asunto, y, como sabrán algunos parlamentarios, no me desagradan sus objetivos. 
Sin embargo, quisiera enfatizar que para que puedan hacerse avances que gusten a todo el mundo, debe observarse la neutralidad presupuestaria en todas las instituciones que apliquen un plan de este tipo. 
Hay tres motivos para ello. 
El primero, obviamente, es la clara necesidad de aceptación y comprensión pública que, en sí misma, requiere que cualquier evolución en este ámbito sea neutral para el presupuesto. 
El segundo motivo es que si sólo la Comisión garantizara la neutralidad presupuestaria, la aprobación del plan por el Consejo sería muy improbable. 
En tercer lugar, el apartado 5 de las perspectivas financieras prevé medios presupuestarios para todas las instituciones. 
Los márgenes para los próximos años, que la Comisión se ha comprometido a respetar, se reducirían aún más de no ser la neutralidad presupuestaria común a todas las instituciones. 
Teniendo en cuenta estas realidades, es evidente que el éxito y la aceptación del plan de jubilación anticipada en su conjunto puede depender de que todas las instituciones acepten la neutralidad presupuestaria. 
Por ello, al aprobar el informe del Sr. Miller esta Asamblea tendría que confirmar que su participación en un plan de jubilación anticipada se someterá a las mismas condiciones que aplican el Consejo y la Comisión. 
Estoy seguro de que esta Asamblea comprende bien y apoya ese requisito 
Por último, antes de responder a las dos enmiendas presentadas por el Sr. Ferber, debo decir que he oído los comentarios del Sr. Miller acerca de las enmiendas del Sr. Ferber y que creo que, sea cual sea el futuro glorioso que el destino depare a mi buen amigo el Sr. Miller, puedo asegurar que no se le nombrará jefe del servicio diplomático. 
En respuesta a las enmiendas del Sr. Ferber, la Comisión opina que la enmienda 21 reduciría notablemente el alcance eficaz del plan al restringir el número de candidatos con derecho a jubilación anticipada. 
De hecho, esa restricción sería tan significativa que tendría verdaderas repercusiones sobre el equilibrio geográfico del plan. 
Eso sería, sin duda, inaceptable para la Comisión y para la gran mayoría de esta Asamblea. 
La enmienda 22 del Sr. Ferber introduciría nuevas condiciones, en especial un impuesto del 50%, tan negativas y complejas que reducirían notablemente la eficacia de las propuestas de la Comisión. 
Por tanto, tampoco podemos aceptar esa enmienda y espero que, reflexionando, su Señoría el Sr. Ferber, a quien conozco muy bien y tengo todos los motivos para respetar, entienda y acepte la postura de la Comisión. 
Estoy muy agradecido por la postura constructiva adoptada en este informe y por las mejoras efectuadas en la propuesta original ya que ha recibido una atención cuidadosa y entusiasta de los parlamentarios. 
Estoy seguro de que esa actitud constructiva seguirá caracterizando nuestros debates sobre la reforma, puesto que como sus Señorías saben, yo considero que son absolutamente fundamentales la comprensión y el apoyo de esta Asamblea a todas nuestras propuestas de reforma. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Servicio universal y derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0202/2001) del Sr. Harbour, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 392- C5-0429/2000- 2000/0183 (COD) ) relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. 
. 
(EN) Señora Presidenta, es para mí un gran placer poder presentar a la Asamblea esta noche mi informe en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre el servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las comunicaciones electrónicas. 
Se trata de un elemento más de un paquete legislativo de mayor importancia que el Parlamento está estudiando en la actualidad con el fin de crear un marco reglamentario único para las comunicaciones electrónicas. 
Es muy importante para el futuro de la economía europea en su conjunto que acertemos con este paquete legislativo. 
Para mí ha sido un privilegio trabajar por primera vez en mi carrera parlamentaria en esta Asamblea en un texto importante de codecisión como el que nos ocupa. 
Éste es un texto complejo y el procedimiento de revisión también ha sido complejo. 
Me gustaría, en particular, dar las gracias a los ponentes de las tres comisiones que me han facilitado opiniones, el Sr. Papayannakis, el Sr. Aparicio Sánchez y en especial el Sr. Caudron; hemos trabajado juntos con arreglo al procedimiento Hughes y las enmiendas aprobadas por la Comisión de Industria fueron recibidas por mi comisión. 
No sometimos ninguna de ellas a votación, fueron aceptadas en nuestro informe. 
Me gustaría también dar las gracias por haberme prestado tanto apoyo a los ponentes en la sombra de las diversas comisiones con las que he trabajado. 
De hecho, el texto final que tenemos entre nosotros es el resultado de una gran cantidad de trabajo de muchas personas. 
No propongo que se acepte ninguna otra enmienda al texto aunque en el día de hoy han llegado algunas bastante tarde procedentes del Grupo Socialista. 
Creo que hemos alcanzado un buen acuerdo sobre el texto y no propongo que se apoye ninguna otra enmienda en la votación de mañana. 
Me gustaría decir algunas cosas acerca del propio texto. 
Se trata de un texto muy completo porque recoge cuatro medidas distintas. 
Están las disposiciones relativas al propio servicio universal, cómo debería prestarse, cómo debería financiarse de un modo abierto y transparente que no distorsione el mercado, y una serie de medidas sobre los derechos de los usuarios, incluyendo algunas importantes nuevas medidas que tienen en cuenta las nuevas tecnologías que están de camino. 
Hay una serie de medidas fundamentales en relación con la intervención en el mercado y la capacidad de los Estados miembros de intervenir muy directamente en el mercado y, por ejemplo, fijar precios de venta minorista. 
Por último, hay también algunas medidas relacionadas con la televisión digital, en particular, un conjunto de disposiciones sobre la obligación de prestación de servicio para las cadenas públicas. 
No tengo tiempo de entrar esta tarde con detalle en todas esas medidas pero me gustaría decir que en el texto he pedido expresamente a la Comisión que tengamos una segunda lectura para destacar de forma más clara esos cuatro aspectos del texto. 
En este momento es bastante complejo, especialmente las medidas de intervención en el mercado que la Comisión considera medidas transitorias, una opinión que yo comparto. 
Tales medidas existirán mientras el mercado siga regulado directamente, pero en el conjunto de este paquete se prevé que llegue un momento en que todo el mercado funcione según las pautas normales de la competencia. 
Esas medidas transitorias deberían identificarse claramente porque es de esperar que no sean necesarias dentro de unos pocos años. 
Mi postura al valorar este texto ha sido apoyar firmemente la estrategia que subyace a la directiva. 
La Comisión no ha buscado ampliar notablemente el alcance del servicio universal y acierta totalmente. 
En mi trabajo, yo he intentado clarificar el texto, mejorarlo en algunos aspectos, pero ser muy selectivo en cuanto a nuevas disposiciones. 
En la cuestión de los derechos de los usuarios ha sido importante lograr un adecuado equilibrio entre un texto que se vaya a acordar a escala europea y el trabajo detallado que deberían realizar los Estados miembros. 
Créanme, Señorías, que no ha faltado gente que deseara complicar este texto, que deseara añadir disposiciones adicionales. 
Creo que he conseguido el equilibrio adecuado, especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que estas disposiciones serán de aplicación a los países candidatos, que parten de una base tecnológica muy inferior que la prevista en este momento. 
Confío en que las propuestas que les presento esta noche sean equilibradas y superen la prueba del tiempo. 
Anticipan el desarrollo tecnológico. 
Serán buenas para los consumidores porque mantienen y desarrollan la competencia. 
Prevén derechos esenciales para los consumidores pero permitirán que un sector que está cambiando muy deprisa prospere y se desarrolle en el futuro sin interferencias complejas e innecesarias. 
. Señora Presidenta, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte ha valorado positivamente el proyecto de directiva de la Comisión y el acertado informe del Sr. Harbour, al cual felicito. 
Algunas de las enmiendas aportadas por nuestra opinión han sido incorporadas al texto, como él ha dicho. 
Otras, sin embargo, no han sido aceptadas, pero han sido asumidas para su voto en la sesión plenaria por el Sr. Medina Ortega. 
Con ellas se intenta mejorar el texto desde la consideración de las comunicaciones electrónicas como servicios de interés general. 
El modelo de sociedad desarrollado por los Tratados ha consagrado los principios de la competencia y el mercado como predominantes, pero lo que nos enorgullece de Europa, lo que hace único en el planeta nuestro modelo social, es la compatibilidad de estos principios con dos valores o circunstancias irrenunciables: nuestro alto grado de protección social y la fortaleza y amplitud de nuestros servicios de interés general. 
Quien opera en el mercado con una red o un servicio de comunicación, no está operando con un producto cualquiera, sino con servicios dotados de un alto valor añadido desde el punto de vista social y cultural. 
En la facilidad y universalidad para acceder a ellos, se contienen principios que afectan a la democracia y a la dignidad humana. 
Las enmiendas de la Comisión de Cultura tienen varios objetivos: desarrollar más la obligación de transmitir a las redes de comunicaciones electrónicas, imponer obligaciones de información y transparencia a las empresas prestadoras de estos servicios, aumentar la protección de los discapacitados, especialmente de los auditivos y visuales, como usuarios de dichas comunicaciones y, finalmente, separar en el sector audiovisual, desde el punto de vista legislativo, las infraestructuras y el contenido. 
Espero de la generosidad del ponente y de la de su Grupo político la aceptación de estas enmiendas. 
Señora Presidenta, nosotros estamos de acuerdo con la descripción que ha hecho el Sr. ponente del problema, y le damos las gracias. 
Sin embargo, creo que no debemos ser demasiado optimistas sobre la competencia. 
La competencia empuja, y empuja lógicamente, hacia la reducción del coste, hacia la elección de los clientes, hacia la discriminación según el nivel del cliente. 
Ya tenemos experiencia del mercado. 
Por esta razón, sin entrar en teorías generales, señor ponente y señora Presidenta, quiero decir que nosotros hemos elaborado una serie de enmiendas, cuyo objetivo principal es proteger al consumidor, no frente a quien le amenace, sino frente a las propias condiciones de la competencia. 
Es decir, necesitamos un servicio universal, accesible para todos, pero en las mismas condiciones de calidad. 
Por ejemplo, que todos puedan entrar en Internet, con la misma velocidad, en todo momento y desde cualquier región. 
No que haya discriminación entre los clientes según la región. 
No que haya discriminación según la forma de pago de su suscripción. 
Hemos visto cosas de este tipo. 
También hemos solicitado que trabajen de forma concertada con las asociaciones de consumidores cuando se reconsideren las condiciones en las que se ha prestado el servicio. 
Igualmente queremos que las condiciones del contrato sean simples, conocidas, comprensibles y comparables y esto debe ser obligatorio, para que el cliente realmente pueda cambiar de proveedor. 
Ya nos encontramos en condiciones de competencia. 
Para que pueda cambiar debe ser informado de antemano sobre si va a haber cambios en los precios por ejemplo, de modo que pueda dejar su suscripción a tiempo, que pueda conservar el mismo número de teléfono, una propuesta muy correcta de la Comisión, y que pueda cambiar de compañía sin ningún recargo. 
También debemos tener en cuenta la necesidad de avisar al cliente, incluso de los peligros, por ejemplo, de los teléfonos móviles. 
En alguna parte deben estar claramente escritos sus derechos de suerte que los pueda leer y hacer uso de ellos. 
Todo esto, señora Presidenta, no lo decimos para complicarle la vida a la Comisión, ni tampoco pensamos que se deba dejar que cada Estado por separado busque sus soluciones. 
Deben ser principios generales concretos para proteger al consumidor y así avanzará mejor este tema. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, quisiera comenzar mi intervención saludando la calidad, la riqueza y la importancia del proyecto de directiva de la Comisión. 
Debo lamentar por el contrario que este texto, que sin embargo forma parte integrante del paquete "telecom", se haya retirado de las competencias de la Comisión de Industria en lo que respecta al fondo, en beneficio de la Comisión de Asuntos Jurídicos, algo que considero se convierte en una muy mala costumbre. 
Para mí, Señorías, incluso figurando en la misma directiva, el servicio universal y la defensa del consumidor son dos ámbitos sin duda vinculados e importantes, pero diferentes. 
La defensa del consumidor exige garantías, claridad, sencillez, y sobre todo, transparencia. 
Las enmiendas votadas en comisión van en este sentido. 
Otras hubieran podido ir más lejos aún si una mayoría de la comisión lo hubiera deseado. 
El servicio universal es una noción mucho más amplia y sus objetivos más múltiples, si no más complejos. 
El servicio universal exige una definición en un momento dado, pero también las modalidades y los mecanismos que garanticen su evolución en el tiempo. 
Supone, por supuesto, que su financiación esté prevista. 
Finalmente, es independiente de la naturaleza jurídica de la empresa que lo hace. 
He saludado el texto de la Comisión, pero sigo convencido de la necesidad de una directiva marco para todos los servicios universales europeos. 
Quisiera concluir, a título personal, reafirmando que el servicio universal no puede ni debe ser lo que podríamos llamar un residuo de la liberalización. 
Es para mí y para mis amigos un valor y un objetivo en sí, que forma parte de las condiciones de la cohesión social que han fundado esta Europa. 
Debe ser por tanto deseado, definido, afirmado y decidido como tal. 
Señora Presienta, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, doy las gracias al colega Harbour por su excelente informe, pero también dirijo unas palabras de reconocimiento al colega Caudron por su muy buena contribución, en nombre de la Comisión de Industria. 
Señora Presidenta, es un informe extraordinariamente importante, ya que regula los derechos de los ciudadanos en relación con las obligaciones de las empresas. 
Resulta especialmente importante contar con semejante informe en un momento en el que tiene lugar una evolución tan rápida. 
En primer lugar, es esencial que se logre un level playing field. 
De ahí que el artículo 13 sea, por supuesto, muy importante, ya que en él se hace mucho hincapié en cómo puede tener lugar la financiación de la prestación universal de servicio cuando eso supone una carga adicional para los operadores. 
Creo que es fundamental, especialmente, dada la crítica situación financiera en que se encuentran ahora muchos operadores. 
En segundo lugar, el artículo 16 es importante y en ese punto estoy stupéfait por decirlo en buen neerlandés, de que el grupo socialista salga con una enmienda a fin de limitar a la red fija toda la cuestión de la portabilidad del número. 
Si algo ha favorecido la competencia entre los operadores y debe favorecerla es, por supuesto, la posibilidad de la portabilidad del número, y hago también un llamamiento urgente a sus Señorías para que no acepten en absoluto esta enmienda. Me parece un error. 
Estoy sinceramente de acuerdo en que la intervención en el mercado o en la estructura de los precios, tal y como hemos hecho, por ejemplo, en la international roaming, debe constituir una excepción. 
No obstante, si usted como ciudadano tiene que pagar demasiado y no comprende los precios de la international roaming para pagar de un país a otro, tan sólo cabe la posibilidad de la legislación. 
Y, precisamente, porque hemos amenazado con legislar, los operadores están ahora dispuestos a rebajar los precios y eso es, creo yo, de lo que se trata finalmente. 
Un tercer punto fundamental es la información relativa a la ubicación cuando se trata del 112, nuestro número europeo de emergencia. 
Es importante, pero permitamos que esa información relativa a la ubicación se utilice sobre todo para los casos en que se determina. 
La protección de la privacidad es muy importante, y me satisface que se recoja en el artículo 22. 
Desde la perspectiva de la cultura política- y les asombrará que alguien de la Comisión de Industria lo señale- el artículo 26 que contiene las obligaciones must carry es muy importante. 
No obstante, me asombra de nuevo que nuestro Grupo socialista quiera ampliar esta obligación must carry de manera que pueda ser aplicada a las emisoras comerciales y las televisiones. 
Me parece totalmente erróneo, y realmente espero que retiren esta enmienda, ya que debemos reservar la obligación must carry para las emisoras públicas. 
Por último, señora Presidenta, a usted y a mí nos gustaría ver todas las emisiones posibles, también con set top boxes, y si usted se convierte en víctima de, digamos, un gran consorcio, entonces, no es posible. Las set top boxes deben poder comunicarse entre sí. 
Eso se llama interface común. 
Señora Presidenta, la verdad, y acabamos de tener una prueba de ello, es que con frecuencia, desde posiciones políticas conservadoras, se dice que los socialistas nos oponemos al proceso de liberalización. 
Nada más lejos de la realidad. 
Asumimos plenamente un proceso que presenta un buen número de perspectivas progresistas. 
Una de ellas es que, cuando se liberaliza un sector en la medida en que el mercado se reparte entre un mayor de empresas, se está poniendo coto a la concentración de poder económico y ello constituye un objetivo progresista que es plenamente asumido desde estas filas. 
No podemos mostrarnos de acuerdo con los monopolios que ofrecen bienes y servicios de menor calidad y a mayor precio que si fueran ofrecidos en régimen de competencia. 
Pero si los monopolios públicos son insatisfactorios, los privados resultan totalmente inaceptables e insoportables. 
Creemos por ello, que los servicios deben ser prestados en régimen de competencia, pero ese régimen debe ser sometido a correcciones para evitar que solamente tengan acceso a los servicios aquellos que, por su nivel de renta o su lugar de residencia, le resulten rentables a los prestadores de tales servicios, dejando fuera a quienes no pueden pagar el precio de ellos por muy básicos que resulten los servicios, o bien a quienes vivan en zonas no rentables para las empresas. 
Surge, por ello, la necesidad de imponer obligaciones de servicio universal, pero naturalmente, la discusión sobre el tamaño y las condiciones del servicio universal, son discusiones de fuerte contenido ideológico. 
Desde la derecha, y en defensa siempre del beneficio de las empresas, se insiste en que esas obligaciones del servicio universal sean lo más pequeñas posible. 
Desde las posiciones progresistas ha de insistirse en que el mayor número de servicios llegue a la totalidad de los ciudadanos a precios asequibles. 
Y estas aplicaciones tienen reflejo en este informe. 
Su ponente, el Sr. Harbour, ha hecho un magnífico trabajo, pero no puedo olvidar que es miembro de una formación política cuyas posiciones parecen ir más orientadas a defender los intereses de las empresas que al funcionamiento del mercado. 
Es decir, por seguir la terminología americana, de una formación más pro-business que pro-market. 
Es cierto que el informe tiene aspectos positivos, y esos aspectos positivos los vamos a apoyar sin ninguna duda, pero en otros aspectos, tiene propuestas que para nosotros resultan inaceptables. 
Quitar la mención, como se hace en la enmienda número 2 del informe, de la preocupación que la posición de dominio que los antiguos monopolios mantienen en procesos de liberalización, no nos parece que sea de recibo; suprimir la frase de la Comisión, que impone que los servicios deben ser prestados a un precio asequible, no parece que sea aceptable. 
De la misma forma que nos parece también inaceptable que se vote en contra, como se hizo en comisión y se anuncia que se va a hacer ahora, de algunas enmiendas que, por ejemplo, proponen que el cambio de operador telefónico no implique el cambio de número del abonado y que, si se realiza, se haga sin coste para el usuario o a un coste más que asequible. 
Parece como si en esos aspectos se quisiera dificultar la competencia, la entrada de nuevos operadores económicos, en definitiva, como si se quisieran defender los intereses del monopolista y, en eso, no podemos estar de acuerdo. 
Señora Presidenta, Señorías, estimadas y estimados colegas, yo también quiero expresar mis felicitaciones al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, el Sr. Harbour. 
Ha resultado un excelente informe y el Sr. Harbour, mediante propuestas constructivas e intensas negociaciones con los colegas, ha sabido elaborar realmente un buen compromiso que ha encontrado un amplio apoyo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior y que estoy seguro lo encontrará también mañana en el Pleno. 
Respecto al contenido de la directiva ya se ha dicho mucho y yo voy a centrarme sólo en algunos puntos importantes desde mi punto de vista. 
En primer lugar, el tema "alcance de la obligación del servicio universal". 
Hay que saludar que el servicio universal vaya a abarcar conexiones de Internet sencillas y no de banda ancha. 
En algunas partes de la Comunidad no se podrá establecer o equipar técnicamente la necesaria infraestructura en los próximos años. 
Además, aún no hay la suficiente demanda para tales conexiones. 
En consecuencia, se debería dejar próximamente a las fuerzas del mercado el ofrecer tales conexiones también sin obligación de regulación. 
Mediante el reglamento sobre el desagrupamiento de las conexiones de los abonados se ha hecho posible la competencia en el sector de las redes locales y, en consecuencia, de las conexiones a Internet. 
Ahora es importante aplicar esta directiva lo más rápidamente posible de un modo consecuente para que se pueda poner a disposición con rapidez y a unos precios favorables un número satisfactorio de conexiones de banda ancha. 
La enmienda nº 9 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior al artículo 4 a) apunta lamentablemente en la dirección errónea pues pretende incluir en la obligación del servicio universal a los accesos rápidos a Internet. 
Determina que los Estados miembros deben prescribir determinadas tasas de transmisión de datos orientadas al nivel más avanzado de la técnica. 
Por los motivos descritos, considero que esta enmienda va demasiado lejos. 
Saludo en la directiva que en el futuro exista el prefijo europeo regional 3883. 
Creo que este es un elemento positivo para impulsar también en este campo nuestro mercado interior. 
Saludo también la transferibilidad de los números en el sector de la telefonía móvil. 
El Sr. Velzen se ha referido también a esto. 
Sólo puedo esperar que mañana el informe del Sr. Harbour encuentre un amplio apoyo. En su conjunto es un trabajo realmente bueno. 
. 
(EN) Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias al ponente, el Sr. Harbour, y a toda la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior por el excelente informe y quisiera dar las gracias también a las demás comisiones su aportación constructiva a este trabajo. 
Todos sabemos la importancia que tiene el conjunto del paquete de telecomunicaciones para la futura competitividad de Europa. 
Este informe demuestra comprender muy bien estos mercados en rápido movimiento, sus tecnologías y cómo y dónde se están desarrollando. 
Además de este probado conocimiento técnico y comercial, el Sr. Harbour ha incluido una serie de enmiendas en nombre de un grupo de usuarios que con frecuencia se pasa por alto: las personas con discapacidad. 
Me complace mucho ver las enmiendas presentadas en relación con las personas con discapacidad, que la Comisión acoge muy favorablemente. 
La Comisión comparte la opinión de que el servicio universal no significa sólo una cobertura geográfica adecuada. 
Supone también garantizar la cobertura para todos los grupos de nuestra sociedad, incluyendo las personas con discapacidades y necesidades especiales. 
Estamos trabajando en la actualidad en una recomendación sobre orientaciones para accesibilidad a la red, que contribuirá a que las personas con discapacidad utilicen los servicios de Internet. 
Debido a las limitaciones de tiempo, intentaré centrarme hoy en unos pocos asuntos de especial importancia. 
En primer lugar, el alcance del servicio universal: la Comisión respalda el alcance del servicio universal propuesto en el informe Harbour. 
Los aspectos fundamentales del mismo, por ejemplo, un análisis periódico del alcance del servicio universal y la financiación de costes de red mediante mecanismos transparentes y que no afecten a la competencia, coinciden con la postura de la Comisión acerca de estos principios claves. 
Las enmiendas 4, 6, 8, 10 y 15 constituyen verdaderas mejoras. 
Sin embargo, la Comisión no puede estar de acuerdo con añadir "efectivo" al "acceso a internet", tal y como propone la enmienda 9, porque las diversas interpretaciones podrían dar lugar a distorsiones del mercado. 
La Comisión acoge favorablemente las enmiendas del capítulo relativo a la regulación de los operadores con peso significativo en el mercado (SMP) , pero no puede respaldar disposiciones como que "impuestas al menos anualmente a las autoridades reguladoras nacionales" de la enmienda 24. 
El marco debe seguir siendo flexible y las autoridades reguladoras nacionales deben estar en condiciones de reaccionar a las situaciones del mercado según vayan surgiendo. 
A la Comisión le parecen convincentes las innovaciones que se sugieren en la enmienda 26 en el sentido de que puede hacerse frente a un fallo persistente del mercado a la hora de satisfacer necesidades de usuarios y consumidores mediante medidas sobre la venta minorista en caso de que los remedios sobre los mayoristas sean ineficaces. 
Sin embargo, la Comisión vincularía cualquier intervención a los objetivos generales del paquete en lugar de a quejas bien fundadas. 
En cuanto al capítulo relativo a los intereses y derechos de los usuarios, la Comisión acoge favorablemente el apoyo a las disposiciones de la directiva y suscribe la enmienda 31 que exige a los operadores que incluyan las tarifas imperantes en los contratos con los abonados. 
Respecto de la puesta en marcha de un espacio europeo de numeración telefónica, la Comisión ya ha realizado un estudio. 
En él se concluía que un código regional europeo permitiría a las empresas que realicen negocios en Europa utilizar un único número de teléfono. 
Esto introduciría la competencia entre los operadores a la vez que crearía servicios y mercados pan-europeos. 
Por tanto, la Comisión no puede respaldar la enmienda 31 que somete la puesta en marcha del espacio europeo de numeración telefónica a la realización de otro estudio. 
Las propuestas del informe del Sr. Harbour en relación con un servicio obligatorio reflejan la importancia y sensibilidad de esta cuestión. 
Su sugerencia de que se remunere a los operadores de red supone un equilibrio acertado entre los intereses en juego. 
Sin embargo, la Comisión cree que las demás enmiendas a este artículo repiten otras disposiciones del paquete y, por consiguiente, no son necesarias. 
Las enmiendas 45 y 46 son aceptadas en principio. 
En conclusión, por tanto, en cuanto a las enmiendas del informe, la Comisión puede aceptar en su totalidad las enmiendas, 6, 8, 10, 15 a 20, 22, 27, 29, 36, 38, 39, 46, 49, 53, 57, 58 y 60. 
La Comisión puede aceptar en parte o en principio las enmiendas 2, 5, 7, 9, 11 a 14, 18, 21, 23 a 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 44 a 47, 50, 52 y 54. 
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 3, 34, 40, 43, 48, 51, 55, 56, 69, 61 y 62. 
En definitiva, el hecho de que la Comisión acepte 50 de las 62 enmiendas en su totalidad, en parte o en principio, indica un paralelismo de pensamiento de lo más agradable entre el Parlamento y la Comisión, que se refleja en las conversaciones que se están celebrando en el seno del Consejo. 
Esta convergencia entre las tres instituciones deriva de una sensación de visión compartida y compromiso a la que el Parlamento Europeo tiene la oportunidad de contribuir de manera importante en su votación de mañana. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Estadísticas estructurales de las empresas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0181/2001) de la Sra. Lulling, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2001) 38- C5-0031/2001- 2001/0023 (COD) ) por el que se modifica el Reglamento (CE, Euratom) nº 58/97 relativo a las estadísticas estructurales de las empresas. 
Señora Presidenta, desde hace cinco años, de acuerdo con un reglamento de 1996, Eurostat redacta estadísticas estructurales sobre las empresas en los sectores de la industria, de la construcción y del comercio. 
Desde 1998, estas estadísticas incluyen también el ámbito de los servicios de las aseguradoras. 
La propuesta que se nos ha sometido pretende obtener también estadísticas estructurales en los ámbitos de las entidades de crédito, de los fondos de pensiones, de las demás intermediaciones financieras de las que dependen las sociedades de inversión, los arrendamientos con opción a compra, los créditos hipotecarios, los créditos al consumo, y finalmente los auxiliares financieros, como los corredores, los gestores de carteras, y no sigo. 
Esta enumeración les permite medir la importancia de esta extensión de las estadísticas estructurales que debe permitir la evaluación del desarrollo del mercado interior de los servicios financieros, pero también la incidencia de la introducción de la moneda única en el desarrollo del mercado interior así como la competitividad y la internacionalización del sector. 
Todos los años que hemos pasado debatiendo aquí sobre el mercado único de los fondos de pensiones, todos los meses que nos hemos puesto a examinar la primera propuesta de directiva relativa a las instituciones de jubilación profesional me dispensan de convencerles de la necesidad para nosotros, así como para los demás responsables políticos de la Unión Europea, de disponer de informaciones fiables en este ámbito también, entre otros en lo que respecta al número de regímenes de pensión, el número de empresas que cuentan con miembros en otros países de la Unión Europea, incluso en el espacio económico europeo, pero también el número de miembros, por sexo, de esos fondos o instituciones de jubilación complementaria del segundo pilar. 
He presentado enmiendas que han recibido la aceptación unánime de nuestra Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, para garantizar que todos esos desgloses no serán optativos como había propuesto la Comisión, sino obligatorios, y que los datos relativos al empleo se ventilarán también por sexo, porque soy miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, e intento desde siempre hacer mainstreaming en mis informes a propósito de estos problemas. 
Todo esto para actuar de forma que no seamos responsables políticos mal informados a la hora de decidir. 
Como saben ustedes, los responsables políticos mal informados juzgan mal y deciden mal. 
La propuesta de la Comisión incluye un segundo apartado que tiene como objetivo añadir dos variables suplementarias relativas a los gastos vinculados a la protección del medio ambiente, a las estadísticas estructurales relativas a la industria, a la construcción y al comercio. 
Informaciones fiables sobre las inversiones, operadas en equipos e instalaciones propias y los gastos corrientes dedicados a la protección del medio ambiente serán ventiladas por ámbito: la protección del aire y del clima, la gestión de las aguas residuales, la gestión de los residuos y las demás actividades que dependan de la protección del medio ambiente. 
Para las inversiones, se ha previsto una transmisión anual; para el total de los gastos corrientes se plantea una transmisión cada tres años. 
Debo señalar que se ha previsto un largo periodo transitorio por otra parte y que las pequeñas empresas pueden en general ser excluidas de las investigaciones porque su impacto en los gastos vinculados a la protección del medio ambiente es muy bajo. 
Quisiera añadir también que estos datos recogidos por Eurostat son utilizados también para los indicadores de desarrollo sostenible. 
Por lo que respecta al sector financiero, no se deben temer costes excesivamente altos porque muchos de los datos ya están recogidos en el marco del control prudencial de esos sectores. 
Para otros sectores se ha previsto una introducción muy flexible. 
En efecto, el primer año de referencia obligatoria y el plazo de transmisión se fijarán posteriormente según el procedimiento de la comitología que apenas nos gusta pero que, en este caso, se presenta como el más razonable y por tanto perfectamente aceptable. 
En general, se trata, señora Presidenta, de una propuesta útil, incluso indispensable, razonable en lo que respecta a la recogida de datos, bien preparada por estudios piloto- quisiera felicitar a Eurostat por toda esta preparación- y creo por tanto, señora Presidenta, que este Parlamento podrá aprobar mi informe con la satisfacción de haber trabajado rápido y bien. 
. Señora Presidenta, en primer lugar querría dar las gracias a la Sra. Lulling su trabajo. 
Creo que en un tema difícil, técnico, ha hecho una labor excelente y ha permitido que se presenten unas enmiendas que, como bien ha dicho, afectan a todos los elementos básicos de la propuesta de la Comisión e introducen una serie de criterios que nosotros compartimos. 
Ha insistido en la necesidad de introducir las referencias al mercado interior, y no sólo a la globalización, cuando hablamos de este objetivo; ha comentado también la necesidad de destacar algunos problemas específicos y, en ese sentido, también la distinción por sexos, que, en su opinión, es un tema de mainstreaming. 
Yo creo que es algo más, es también una información fundamental para analizar el mercado de trabajo y tener datos que puedan sernos útiles para el futuro. 
En definitiva, ha mejorado el texto de la Comisión. 
También se ha referido la Sra. Lulling a los temas de medio ambiente. 
Dice, con razón, que es verdad que las estadísticas adicionales pueden tener sobrecostes limitados. 
No siempre es así en la medida en que se exige nueva información, pero es cierto que los plazos que se han planteado para esa introducción son razonablemente aceptables. 
Por esta razón, la Comisión considera que las propuestas presentadas, y que espera que el Parlamento apruebe, son útiles y, en ese sentido, vamos a apoyarlas ante el Consejo, a quien corresponderá la decisión final, y esperemos que las recoja en sus partes fundamentales. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0186/2001) de la Sra. Fourtou, en nombre de la Comisión de Peticiones sobre las peticiones admitidas a trámite relativas a los implantes de silicona (peticiones nº 470/1998 y 771/1998). 
Señora Presidenta, como ha dicho, en 1998 la Comisión de Peticiones recibió dos peticiones importantes. 
Una, presentada por una ciudadana belga, en nombre del grupo de autoasistencia de las mujeres víctimas de la silicona, acompañada de aproximadamente mil firmas; la otra, presentada por un ciudadano británico, solicitando la prohibición de los implantes mamarios de silicona. 
A principios de 1999, tras su estudio, la Comisión dio una respuesta a estas peticiones que puede resumirse así: los resultados de los estudios científicos actualmente disponibles no parecen justificar una prohibición de los implantes de silicona. 
En un anexo seguía la posición de países terceros y de países miembros de la Unión sobre el tema. 
En marzo de 2000, la Dirección general de estudios del Parlamento Europeo remitió a la Comisión de Peticiones un documento de trabajo sobre los implantes mamarios de silicona. 
Esta nota informativa sobre el estado de las investigaciones, acompañada de referencias internacionales de institutos de medicina, de asociaciones científicas, de universidades, de la prensa médica... etc., llega a una conclusión que puede resumirse así: en la actualidad, no hay una respuesta definitiva para saber si las siliconas están en el origen de reacciones inflamatorias que estimulan indirectamente respuestas autoinmunes. 
Es decir, que no hay actualmente pruebas científicas de que las mujeres a las que se haya realizado un implante mamario estén más expuestas que las demás a enfermedades graves, enfermedades de los tejidos conjuntivos, y que tengan una respuesta linfoide especial. 
Ante la complejidad del problema y sin resignarse a cerrar la instrucción de tan dolorosas peticiones, el Parlamento solicitó un estudio científico independiente al STOA y, en mayo de 2000, el doctor Moreno presentó sus conclusiones en forma de tres opciones. 
Primera opción: statu quo, no prohibición. 
Segunda opción: prohibición pura y simple de los implantes mamarios de silicona. 
Tercera opción: no-prohibición total, sino adopción y aplicación de medidas específicas esenciales con vistas a mejorar la situación con respecto a la información de los pacientes, del seguimiento y de la vigilancia, del control y de la seguridad de la calidad así como de la investigación fundamental. 
La Comisión, la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Derechos de la Mujer, a quienes se había pedido opinión, optaron por esta tercera posibilidad. 
El Comisario Liikanen confirmó en marzo de 2001 que la Comisión estaba preparando una comunicación sobre los implantes de silicona, orientada principalmente a reforzar las normas europeas, la vigilancia, a introducir un sistema de aceptación del paciente, a proseguir la investigación y el desarrollo. 
Finalmente, el 29 de mayo de 2001, la Comisión de Peticiones, tras haber tomado en consideración las denuncias de los solicitantes, las opiniones de las comisiones consultadas, a quienes agradezco por cierto su trabajo profundo y su ayuda, aprobó por unanimidad, sobre la base de la opción tres del STOA, una resolución que se votará mañana en el Pleno. 
Sus principales recomendaciones son las siguientes: acceso e información gratuitos para todas las pacientes, una advertencia en materia de salud para cualquier publicidad relativa a los implantes mamarios, una dirección muy rigurosa del acto quirúrgico, la institución de una base de datos sobre los implantes, la continuación de las investigaciones y del desarrollo, y la prohibición de los implantes con fines estéticos entre los pacientes de menos de 18 años. 
Es la primera vez, señora Presidenta, que la Comisión de Peticiones presenta en el Pleno una resolución que resulta directamente de reivindicaciones de ciudadanos de la Unión. 
La Comisión de Peticiones se felicita por haber podido asumir de este modo plenamente su función de escucha activa ante los ciudadanos. 
Señora Presidenta, es muy tarde, quedamos aquí muy pocos y supongo que todos nos encontramos bastante cansados esta noche, pero verdaderamente estamos rompiendo una lanza en este debate a favor de una Europa de los ciudadanos. 
En el informe de la Sra. Fourtou, a quien quisiera felicitar, la Comisión de Peticiones presenta por primera vez una petición específica ante el Parlamento Europeo. 
Felicito también al Sr. Miller que ha prestado un gran apoyo a los peticionarios en este asunto concreto. 
Hemos demostrado que ejerciendo el derecho de petición los ciudadanos pueden conseguir que una cuestión se debata en el pleno del Parlamento Europeo y que la Comisión acuda al Parlamento, como, de hecho, acudió a la Comisión de Peticiones. 
Doy las gracias al Sr. Comisario Liikanen por las iniciativas que ha presentado. 
Se ha puesto en marcha un estudio científico al amparo de STOA, el grupo de evaluación del Parlamento. 
Todo esto se ha conseguido gracias a la libre oportunidad que tienen todos los ciudadanos europeos de plantear sus preocupaciones a este Parlamento Europeo. 
El informe ha dado lugar a un buen equilibrio que espero obtenga mañana el apoyo general de la Asamblea. 
Dicho esto, es importante recordar que aunque algunos ciudadanos acuden a este Parlamento para plantear sus problemas específicos, habrá muchos otros que quizás tengan un punto de vista diferente. 
Hace poco una famosa presentadora de televisión del Reino Unido me decía: "acuérdese siempre de que hay gente que necesita implantes de mamas". 
A esta misma señora hubo de practicársele una mastectomía para prevenir el cáncer y el implante que le hicieron ha tenido mucho éxito. 
Por eso ella dice: "no los prohiban; pero asegúrense de que si tiene que haber implantes que sean seguros". 
En las propuestas de la Comisión de Derechos de la Mujer, de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión, existe un equilibrio con el que estoy seguro de que podemos trabajar y que será bueno para Europa y para los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, hace más de siete años una mujer entró en mi despacho de Glasgow. 
Diversas autoridades- parlamentarios y autoridades sanitarias- la habían rechazado. 
Nadie la escuchaba. 
La trataban como a una especie de excéntrica. 
Me senté con ella y durante alrededor de tres horas y media me convenció de que existía un problema en todo el asunto de la silicona y los implantes de silicona. 
El resultado de esa conversación, que tuvo lugar hace más de siete años, es que esta noche estoy aquí hablando de ello, no en nombre del Sr. Miller, sino en nombre de esa mujer y de los cientos de miles de mujeres que desde entonces se han unido en una extensa red, no sólo en Europa sino en todo el mundo, para elevar una petición contra el uso de implantes de silicona inseguros. 
Constituye para los ciudadanos europeos un testimonio de que pueden elevar una petición a este Parlamento y ser escuchados. 
Es la primera vez que yo recuerde que un ciudadano corriente plantea un asunto que ha llegado a esta sala del Parlamento. 
Felicito al Parlamento y a la Comisión de Peticiones. 
Como decía, esto no se debe sólo al Sr. Miller, aunque he perseverado por ello en el Parlamento. 
Se debe a las propias mujeres que han luchado valientemente contra el menosprecio y las burlas de origen diverso y que han seguido luchando en su campaña contra los implantes de silicona. 
Esa campaña lleva años en marcha y ellas siguen luchando. 
Muchas de ellas creen que debería haber una prohibición total. 
Sin embargo, la mayoría reconoce que en la actualidad no existen suficientes pruebas para prohibir los implantes de silicona por lo que se contentan, de momento, con unas normas más estrictas que regulen todo este asunto. 
En cuanto a algunos puntos del informe, me complace ver un llamamiento a favor de la prohibición de implantes con fines cosméticos a menores de 18 años. 
Cuando hablamos de la calidad de los implantes tenemos que hablar también de la seguridad de los implantes. 
Toda la importancia que se le dé a esto es poca. 
Estamos hablando de la información a potenciales clientes que vayan a someterse a esta operación. 
Es necesario que pueda accederse a esa información a través de fuentes independientes. 
No basta con que esa información proceda del cirujano que practica la operación. 
También hablamos del registro. 
Hemos de saber el número de operaciones que se efectúan. 
Tenemos que conocer las clínicas que admiten a estas personas. 
Tenemos que saber qué cirujanos están realizando la operación. 
Hasta que no lo hagamos no comprenderemos plenamente la magnitud de este problema. 
Esto es un homenaje al Parlamento, pero, además, es un homenaje a las miles de mujeres que llevan años luchando. 
Señora Presidenta, estimados amigos, éste es un asunto importante y conviene que definamos la competencia de la Unión. 
Me alegra que hayamos llegado a conclusiones en torno a la seguridad de los implantes de silicona. 
Al mismo tiempo, nos interesa velar por el principio de subsidiariedad y por aquello que es de competencia de los Estados miembros. 
No obstante, la propuesta no respeta en todas sus partes el principio de subsidiariedad, por ejemplo, en el punto 3, sobre la asistencia sanitaria. 
Quisiera también hacer un llamado de advertencia acerca del sistema de registros de pacientes. 
Si tomo como ejemplo el país que mejor conozco, puedo decir que allí ha habido una discusión, porque muchos pacientes se han sorprendido por el registro y posterior uso abusivo de información médica de carácter delicado. 
Por esa razón, tampoco respaldamos lo concerniente a los registros comunitarios. 
Esto es algo que cada Estado miembro debe decidir después de estudios muy cuidadosos. 
En relación con los límites de edad, convendría evitar que esto se convirtiese en un fruto prohibido. 
Creo que si se fija una edad mínima, lo haremos aún más atractivo. 
Hay que usar otros métodos. 
Me parece que la mayoría de nosotros piensa que estos implantes son bastante ridículos y peligrosos, pero hay que llevarlo a un ámbito europeo. 
Ha sido muy interesante leer los informes solicitados por el Parlamento y la Comisión. 
Se puede comprobar que en la práctica es muy difícil aplicar el principio de la cautela. 
A mi juicio, esto queda claramente demostrado por los informes. 
Por ejemplo, se deduce que se ha pisado terreno algo inseguro cuando se ha intentado proponer una prohibición total. 
Señora Presidenta, quisiera expresar mi agradecimiento a usted, a la ponente y a mi colega escocés, Bill Miller, por plantear la cuestión ante la Comisión de Peticiones. 
El asunto de los implantes de mama de silicona es una cuestión delicada y este debate, como muchos han dicho esta tarde, hace tiempo que debería haber tenido lugar. 
Por eso nosotros en la Comisión de Medio Ambiente deseábamos que todos los pacientes tuvieran acceso a una información exhaustiva y gratuita elaborada por expertos independientes, a advertencias sanitarias claras y visibles en la publicidad y a que terminaran las fotos de antes y después que con frecuencia aparecen en las revistas de mujeres. 
Nosotros en la Comisión de Medio Ambiente creemos que todas las operaciones de implante de mamas en la UE deberían estar registradas y que los fabricantes deberían suministrar únicamente a aquellos cirujanos que utilicen tal registro. 
El coste de los implantes de mamas debería incluir asistencia previa, asesoramiento independiente, alternativas, un período de reflexión y asistencia posterior. 
Por último, deberían existir listas nacionales completas de clínicas privadas registradas y de cirujanos plásticos con la formación pertinente. 
Me complace ver que la ponente ha asumido gran parte de la opinión de la Comisión de Medio Ambiente y se lo agradezco. 
. 
(EN) Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría felicitar al Parlamento Europeo por el modo en que ha seguido la cuestión de los implantes de mamas de silicona, que se presentó ante la Comisión de Peticiones, y en particular a la ponente, la Sra. Fourtou. 
Quisiera decir que fue para mí un privilegio participar en este proceso y que agradezco mucho el modo respetuoso y profesional en que la comisión trató el asunto. 
Dio una oportunidad a los ciudadanos de plantear sus graves problemas y preocupaciones. 
La comisión deseaba escuchar la opinión sobre este tema de los científicos, de los expertos, para después extraer sus conclusiones. 
Éste es un nuevo punto de partida para nuestras instituciones y espero que allane el camino para la eliminación de la brecha entre los ciudadanos y las instituciones europeas, un problema al que nos enfrentamos todos. 
La propuesta de resolución encuentra una firme base científica independiente en el informe elaborado por el Profesor Moreno a solicitud del Parlamento. 
La propuesta distingue acertadamente entre las medidas que han de adoptarse en la esfera comunitaria y las que deberían adoptarse principalmente a escala nacional dentro de la política de sanidad y consumo. 
La propuesta de resolución refleja el consenso entre nuestras instituciones y los Estados miembros, con los que hemos tratado el asunto en el curso de los últimos meses y los cuales comparten nuestra preocupación por mejorar la situación que de modo tan impresionante resaltaron las peticionarias. 
La Comisión aprobará una comunicación sobre los implantes de mamas en las próximas semanas antes de finales de julio. 
Ahora mismo está siendo objeto de los procedimientos de consulta internos de la Comisión. 
Nuestra comunicación pretende reforzar la aplicación de la directiva en materia de aparatos médicos en aspectos como la evaluación de conformidad, la normalización, el seguimiento, los datos clínicos, etc. Dirige también recomendaciones a los Estados miembros en el ámbito de la política sanitaria, en especial sobre la muy importante cuestión del consentimiento informado de la paciente. 
Las mujeres tienen derecho a recibir la información más completa posible sobre los riesgos y ventajas de los implantes de mama antes de la operación de tal forma que puedan tomar una decisión consciente y bien informada. 
Los servicios de la Comisión celebraron una reunión con los representantes de las peticionarias acerca, en concreto, del consentimiento informado de la paciente y recibimos varias sugerencias útiles. 
La comunicación de la Comisión se enviará al Parlamento en cuanto sea adoptada. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana por la mañana, a las 12.00. 
(Se levanta la sesión a las 23.10 horas). 
Señora Presidenta, quiero poner en su conocimiento y en el de esta Cámara que dos ciudadanos de mi país, de mi región- Castilla y León -, permanecen secuestrados en Georgia desde el 30 de noviembre del año pasado. 
D. José Antonio Tremiño Gómez y D. Francisco Jesús Rodríguez Cabal, que viajaron hace seis meses a ese país, permanecen retenidos en paradero desconocido desde esa fecha, sin que nada ni nadie en ese país haya dado ninguna información. 
Yo le ruego, señora Presidenta, que tome nota de este grave problema, que afecta a estos dos ciudadanos europeos y a sus familias, a fin de que pueda interceder ante las autoridades de Georgia para que procedan a la localización y liberación inmediatas de estos dos españoles, a los que se está privando del primer derecho fundamental, la libertad. 
Naturalmente, señora Redondo Jiménez. 
Primero examinaremos cuidadosamente la situación y luego decidiremos sobre la manera de ayudar a sus compatriotas. 
Preparación del Consejo Europeo (Gotemburgo, 15/16 de junio de 2001) 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo de Gotemburgo de 15/16 de junio. 
Tiene la palabra la señora Presidenta en ejercicio del Consejo, la Sra. Lindh. 
. (SV) Señora Presidenta, Señorías, hace casi seis meses hablé por primera vez en el Parlamento sobre los objetivos de la Presidencia sueca. 
Desde entonces, hemos tenido un debate regular y constructivo acerca del futuro de Europa, sobre las tres "Ees", esto es, Enlargement, Employment, Environment, sobre la apertura y los trabajos de reformas, sobre el manejo de las crisis y la prevención de conflictos, sobre el debate del futuro, sobre la democracia y el desarrollo y sobre los derechos humanos. 
Lamento que, desgraciadamente, el Parlamento haya suspendido el debate que debía tener lugar hoy sobre derechos humanos, asunto prioritario para la Presidencia sueca. 
Evidentemente los temas sobre el futuro de Europa van a estar presentes en la Cumbre de Gotemburgo. 
En primer lugar diré algunas palabras sobre la ampliación, un compromiso europeo histórico y el asunto más importante del futuro. 
Del cumplimiento de nuestro programa de trabajo, que hace seis meses se consideraba muy ambicioso y que algunos incluso dijeron que era poco realista, depende la credibilidad de toda la Unión. 
Se han fijado posturas comunes en los nueve capítulos que contenía el roadmap presentado por la Presidencia sueca, incluso respecto a asuntos difíciles como, por ejemplo, la libre circulación de personas, la adquisición de inmuebles y, especialmente, en el campo medioambiental. 
Hemos podido concluir el capítulo sobre la circulación de las personas con dos países candidatos y sobre la circulación de capitales con siete de ellos. 
El capítulo medioambiental ha concluido con cuatro de esos países. 
Por eso podemos hablar de verdaderos avances en las negociaciones. 
Todo lo relacionado con el mercado interior ya está listo. 
Las cuatro libertades, fundamentales en la Unión, son posibles en un par de países. 
También hemos sentado unas bases firmes en torno a temas tales como la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria y los transportes terrestres, además de cerrar algunos capítulos que, según nuestro roadmap, deberían haberse tratado en el otoño. 
Abriremos negociaciones en todas las materias con algunos de los países que empezaron a negociar el año pasado. 
Así podremos confirmar el principio de diferenciación. 
Cada país candidato es evaluado por sus propios méritos y fija el ritmo de las negociaciones. 
El lunes y martes pasados tuvo lugar una reunión ministerial con todos los países candidatos. 
En general estaban muy contentos por los avances logrados en las negociaciones. 
Asimismo, pudimos ver que muchos ministros estaban visiblemente preocupados por el plebiscito en Irlanda. 
Obviamente somos muchos los que estamos decepcionados por el resultado de este plebiscito, pero esto hace aún más importantes los trabajos para la ratificación del Tratado de Niza, que constituye el fundamento de la ampliación. 
También cobra especial importancia que se sigan impulsando con la misma energía las negociaciones con los países candidatos. 
La inseguridad que pueda haber significado el plebiscito en los países candidatos debe compensarse con una claridad aún mayor en torno a la continuación de la ampliación. 
Los avances conseguidos durante las negociaciones con los países candidatos no habrían sido posibles si estos países no hubiesen realizado reformas y esfuerzos tan grandes para cumplir con nuestras exigencias. 
Esto hace especialmente vulnerables a los gobiernos proclives a la UE frente a los ataques de quienes piensan que la ampliación debería detenerse. 
En primer lugar, la reunión de Gotemburgo debe dar claras señales de que la ampliación sigue su curso. 
En segundo lugar, todos tenemos la responsabilidad de decir claramente que el Tratado de Niza se va a cumplir y que la ratificación va a continuar en otros países. 
En tercer lugar, tenemos que dar mayor arraigo a la UE en la ciudadanía. 
En relación con este ultimo punto, podemos usar el debate sobre el futuro para llevar a cabo un amplio debate sobre Europa, y en esto tenemos todos responsabilidad. 
El 30 de mayo discutimos aquí en el Parlamento los temas del futuro. 
Sólo quisiera añadir que el informe a la Cumbre de Gotemburgo contiene todas las iniciativas de los países miembros, de los países candidatos, de las instituciones y, especialmente, la resolución del Parlamento del 31 de mayo. 
En cuanto a la continuación del proceso, comprobamos que en la fase preparatoria hay muchas opiniones favorables a una Convención. 
Muchos opinan también que una Convención debería poder combinarse con otras medidas. 
Ésta es también la postura sueca y quisiéramos marcar este rumbo en Gotemburgo. 
Sin embargo, la forma exacta deberá fijarse en Laeken. 
En Gotemburgo vamos a tratar también la tercera "E" de la Presidencia sueca: Environment. 
Daremos algunos pasos importantes para adecuar la política de la UE a un desarrollo ecológico y sostenible a largo plazo, mediante la fijación de objetivos concretos, de medidas concretas y de un proceso eficaz de seguimiento. 
En relación con esto, continuaremos desarrollando el informe de la Comisión que, entre otras cosas, propone medidas para combatir el cambio climático y los riesgos para la salud, un manejo responsable de los recursos naturales y mejoras en sistema de transportes. 
La UE es el único poder global que es capaz de impulsar materias medioambientales y el desarrollo sostenible mundial. 
Por eso resulta evidente que en la Cumbre de Gotemburgo se traten los temas medioambientales del Protocolo de Kioto con el presidente estadounidense, cosa que haremos. 
Al mismo tiempo, sabemos que para tener un papel protagonista en el concierto mundial tenemos que hacer un buen trabajo en casa. 
Lo mismo vale para otros asuntos internacionales en los que la Unión, para poder influir, desarrolla sus herramientas y es cada vez más consecuente en sus actuaciones. 
La política de seguridad y defensa es uno de nuestros principales procesos. 
La prevención de conflictos y el manejo civil y militar de las crisis constituyen una unidad. 
Estamos completando el desarrollo positivo en el terreno militar incorporando a la policía, al sector judicial y a la administración civil al manejo civil de las crisis. 
También hemos desarrollado los trabajos para prevenir conflictos armados. 
La Cumbre de Gotemburgo contará con un informe sobre los avances en la política de seguridad y defensa y con un programa europeo para la prevención de conflictos. 
La ONU es nuestro principal socio en estos trabajos. 
En mayo, en un almuerzo de trabajo con el Secretario General de esta organización, identificamos numerosos puntos a los que se debe dar prioridad en la colaboración para la prevención de conflictos y el manejo de las crisis, en los que nuestras crecientes fuerzas civiles y militares serán un verdadero refuerzo para la ONU. 
Fortalecemos la cooperación en el terreno a través de misiones fact finding comunes y de la colaboración entre representantes especiales. 
Los Balcanes, Oriente Medio y África son nuestras prioridades. 
Es obvio que también desarrollaremos la colaboración con la OTAN, lo que ya se ha podido ver especialmente en las actuales crisis en Macedonia y en el sur de Serbia. 
En Gotemburgo discutiremos también importantes temas de política internacional, por ejemplo Oriente Medio, donde la UE ha tenido un papel muy activo. 
El Primer Ministro Göran Persson ha estado en Oriente Medio, el Alto Representante Javier Solana ha viajado allí en numerosas ocasiones para realizar consultas y se espera que presente en Gotemburgo un roadmap para los futuros trabajos de la UE en esa región. 
Vamos a discutir el oeste de los Balcanes, donde todavía nos preocupa el desarrollo de los acontecimientos en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, ARYM. 
La Presidencia y el Sr. Javier Solana han trabajado conjuntamente para sostener al gobierno de coalición, para aislar a los extremistas, para que no cese el proceso de reformas encaminado a mejorar la situación y los derechos de las minorías y para continuar el acercamiento a la UE. 
Pero, como es sabido, la situación sigue siendo crítica. 
En el sur de Serbia las cosas son más positivas. 
Esto también es un ejemplo de que podemos manejar los conflictos cuando la UE y la OTAN colaboran estrechamente. 
Señora Presidenta, nos acercamos al final de nuestra Presidencia, hay muchas cosas por hacer y espero que en la Cumbre de Gotemburgo se den muchos pasos decisivos en favor de la ampliación, del empleo, del medio ambiente y del papel mundial de la Unión. 
Trabajaremos enérgicamente y sabemos que en todas las materias necesitaremos el respaldo del Parlamento. 
(Aplausos) 
. (IT) Señora Presidenta del Parlamento, señora ministra de Asuntos Exteriores, Señorías, señoras y señores, mañana se reúne en Gotemburgo el Consejo Europeo. 
En el orden del día figuran muchos puntos. 
Es mi intención centrarme sólo en dos de ellos. 
No obstante, en Gotemburgo se debatirá otro tema muy importante, es decir, el resultado del referendo sobre la ratificación del Tratado de Niza celebrado en la República de Irlanda. 
Hace dos días en el Consejo de "Asuntos Generales" tuvimos un intercambio de ideas al respecto y los catorce Estados miembros adoptaron una declaración. 
Quisiera hacer algunas breves reflexiones sobre este punto. 
Aunque no quiero interferir en absoluto en las decisiones soberanas del pueblo irlandés, el resultado del referendo es para mí fuente de profunda tristeza. 
Sin embargo, el proceso de ampliación no deberá sufrir ningún retraso. 
Como reiteraré dentro de unos momentos, dicho proceso es histórica y políticamente necesario. 
En consecuencia, la Comisión continuará haciendo su deber hasta el fondo para alcanzar este objetivo. 
En cualquier caso, hay que extraer una lección política. 
Todo referendo tiene su historia. 
Sin embargo, a pesar de que la baja afluencia de votantes a las urnas convierte en compleja la lectura del resultado, es indudable que la libre expresión de la voluntad del pueblo irlandés nos confirma una vez más la realidad de un método de reforma de los Tratados, el utilizado en Niza, que nuestros ciudadanos no comprenden y ya no quieren. 
Nos lo hacen saber a través de la expresión suprema de la democracia, o sea, por medio del voto, así como con la abstención, fruto de la indiferencia y de la falta de claridad. 
No basta repetir por enésima vez que debemos comunicarnos más y mejor con los ciudadanos y que con frecuencia las verdaderas cuestiones se tergiversan o no se entienden. 
¡Ésta no es la cuestión! 
Es preciso aprender ya desde ahora la lección que nos han dado. 
Por lo tanto, mes es grato constatar la intención manifestada por la ministra Lindh de ir a Gotemburgo evitando proponer la repetición de círculos cerrados de consejeros y de conferencias gubernativas que actúan a puerta cerrada. 
Éste es un capítulo que debe acabar una vez por todas. 
(Aplausos) 
Por lo tanto, indíquese en Laeken sin más titubeos la única vía aceptable para nuestros ciudadanos, la vía de una estructura representativa de los Estados y de los electos, nacionales y europeos: una Convención que trabaje en la revisión de los Tratados a la luz del sol aprovechando el gran debate que se está llevando a cabo en todos los Estados miembros. 
Hace ya seis meses que por fortuna se vuelve a hablar de Europa: ¡hagámoslo hasta el fondo!. 
La Comisión está dispuesta a dar su activa contribución a esta estructura. 
Vuelvo ahora a las dos cuestiones que he mencionado al principio: el desarrollo sostenible y la ampliación. 
Me interesa ilustrarles los resultados que espero que se puedan obtener de esta Cumbre en estos dos campos. 
En primer lugar, el desarrollo sostenible. 
En Gotemburgo, los jefes de Estado y de Gobierno debatirán una nueva línea política basada en la propuesta de la Comisión que representa un cambio de rumbo radical en nuestra manera de pensar. 
En efecto, la misma retoma la estrategia de Lisboa, para dar vida a un proceso ambicioso y más realista hacia el desarrollo sostenible. 
Este resultado se obtiene partiendo de la tesis de que el desarrollo sostenible no solo afecta al medio ambiente, sino que está orientado a garantizar el crecimiento económico, la cohesión social, la protección del medio ambiente, de modo que estos tres objetivos avancen conjuntamente. 
Lejos de estar en contradicción, los objetivos económicos, sociales y medioambientales son, de hecho, complementarios entre sí. 
Éste es el eje del modelo de sociedad europeo que queremos construir y entregar a las futuras generaciones europeas: si no lo hacemos resulta difícil poder construir Europa. 
Nuestra propuesta reúne estos objetivos en una única estrategia integrada cuyo fin es resolver los problemas concretos de nuestros conciudadanos a largo plazo. 
Sólo pondré algunos ejemplos de los resultados que queremos conseguir en Gotemburgo. 
En lo que respecta a la política social, la estrategia propuesta incorpora todos los objetivos fijados en los anteriores Consejos Europeos de Lisboa y de Estocolmo, unos objetivos dirigidos a modernizar el sistema de seguridad social, a luchar contra la pobreza y la exclusión y a afrontar el problema del envejecimiento de la sociedad. 
En lo que se refiere al cambio climático, no solo tratamos de aplicar el Tratado de Kyoto, sino también de pensar en el futuro. 
Se trata de un proceso a largo plazo que no se puede decidir una vez por todas; sin embargo, la línea debe ser clara y coherente ya desde ahora. 
En materia di política agrícola, reiteramos sin medias tintas los objetivos más recientes de la Unión Europea no concentrándonos en la cantidad, sino en una producción alimentaria sana y de calidad. 
Nuestro objetivo debe ser el de satisfacer a los consumidores valorizando al mismo tiempo la actividad agrícola. 
En lo que respecta a los transportes, nuestro propósito es romper la relación entre el crecimiento económico y el crecimiento indiscriminado del transporte por carretera. 
La ampliación convierte en aún más urgente intervenir en todos estos frentes y cada ciudadanos se ha de implicar en el esfuerzo de cambio. 
En este sentido, los miembros de este Pleno pueden desempeñar un papel fundamental. Señorías, ustedes están radicados en el territorio y mantienen una estrecha relación con las autoridades regionales y locales, a las que les corresponderá la responsabilidad prioritaria de poner en práctica la política de desarrollo sostenible en el territorio. 
Por lo tanto, Señorías, ustedes se encuentran en la posición ideal y fundamental para explicar, debatir y apoyar estas iniciativas. 
Si queremos lograr una sociedad equilibrada y justa en Europa esta estrategia es indispensable para el desarrollo sostenible. 
Nosotros, los europeos, repito, estamos justamente orgullosos de nuestro modelo social, a pesar de que en los últimos años quizás hayamos perdido el hilo conductor, hayamos dejado de sentirnos orgullosos de él, pero a lo mejor tenemos que modernizarlo para que pueda funcionar de cara a las futuras generaciones. 
Además, el futuro de nuestro planeta depende de un desarrollo sostenible global, y la mejor manera en que la Unión Europea puede promoverlo es llevando a cabo todo lo que nos hemos propuesto con el fin de llegar a ser una guía y un ejemplo para todos. 
Nos miran desde los demás continentes, aun cuando no lo parezca. 
Quisiera pasar ahora al segundo tema: la ampliación. 
No he dejado nunca de repetir que la ampliación es nuestra misión histórica: de mi Comisión, ciertamente, pero creo también de este Parlamento. 
Se ha de realizar ahora porque los tiempos están maduros. 
El mercado único, la llegada del euro, los ya tangibles resultados del saneamiento de las finanzas públicas, los progresos en materia de reformas económicas y sociales concurren todos a la hora de convertir este momento en un momento especialmente favorable a la ampliación. 
Por lo tanto, no debemos escatimar esfuerzo alguno para llevar a buen puerto este proceso rápidamente. 
La Comisión está llevando adelante con seriedad y rigor las negociaciones para la adhesión, en cumplimiento del mandato recibido por el Consejo. 
Su papel institucional imparcial garantiza que consideraciones políticas a corto plazo no contaminen el proceso. 
Nos atenemos a los principios de la diferenciación y de los progresos basados en los méritos, en cuya virtud los países que iniciaron las negociaciones en el 2000 podrán alcanzar incluso a los que las comenzaron antes. 
Estamos cumpliendo escrupulosamente el plan de trabajo establecido el año pasado y aprobado en Niza y me satisface declarar que se han hechos grandes progresos. 
Asimismo estoy muy y sinceramente agradecido a la Presidencia sueca por el impulso y la contribución que ha dado a estas negociaciones. 
El planteamiento de plan de trabajo, por lo tanto, es el correcto y hay que mantenerlo. 
En consecuencia, tengo motivos para creer que conseguiremos cerrar a finales del 2002 las negociaciones con los socios más preparados, al objeto de poder completar los procesos de ratificación a tiempo para las elecciones europeas del año 2004. 
El Consejo de Gotemburgo, por consiguiente, debe tomar nota de los progresos realizados y formular las orientaciones necesarias para llevar a término las negociaciones. 
Actualmente, siguen estando pendientes los capítulos más delicados que son fundamentalmente cuatro: el medio ambiente, la libre circulación de personas, capitales y servicios, los Fondos estructurales y la agricultura. 
Los he puesto en orden de dificultad creciente. 
No cabe duda de que se trata de ámbitos complejos, pero está claro que en algunos casos las soluciones las facilitará la adopción de períodos transitorios. 
Por lo tanto, la Comisión está dispuesta a proponer las soluciones técnicas y los compromisos políticos necesarios. 
Hace falta flexibilidad por parte de todos los negociadores y un firme compromiso político para llevar a cabo las negociaciones también en estos sectores tan delicados. 
Hoy por hoy, la flexibilidad y el sentido común parecen las virtudes más importantes, más valiosas tanto de los Estados miembros como de los países candidatos. 
Señorías, la necesidad de contar con el apoyo de la opinión pública es evidente. 
Con la ampliación la Unión verá aumentada su población en un 30%. 
Asimismo, tendremos una Unión más diversificada en muchos aspectos, que tendrá largas fronteras en común con grandes países como Rusia y Ucrania. 
Muchos de nuestros conciudadanos miran con preocupación las consecuencias de esta nueva ordenación territorial en su vida cotidiana en términos de empleo, medio ambiente, inmigración y orden público. 
Los miembros de este Parlamento tienen la fundamental tarea de tranquilizar a los ciudadanos a través de una explicación objetiva y serena de los problemas, pero también de las grandes ventajas que les reportará el proyecto de unificación de Europa. 
La ampliación va a constituir el impulso de nuestra economía y del mercado de trabajo de cara a toda la próxima generación. 
La misma será también el único instrumento apto para controlar los fenómenos patológicos que ignoran las fronteras nacionales como la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, de armas y de seres humanos. 
Juntos podremos hacer más y mejor. 
La Europa ampliada será un protagonista más fuerte y más respetado en el contexto mundial. 
Señoras y señores, la ampliación no termina en un proceso técnico. 
No debemos permitir jamás que la atención por el detalle nos haga perder de vista el contexto general. 
La visión de la Europa que nuestros hijos y nuestros nietos podrán heredar es un futuro común en una Unión que irá del Océano Atlántico al mar Negro, del círculo polar ártico al Mediterráneo. 
Pero esto no es todo: quisiera que pensásemos en una Comunidad de naciones pacíficas a escala continental que abarque a la Unión Europa ampliada y a todos sus nuevos vecinos, unidos por valores y objetivos que se van convirtiendo en cada vez más comunes. 
No es un sueño: es un proceso que ya hemos iniciado, precisamente gracias a la contribución de la Presidencia sueca. 
El mes pasado en Moscú los máximos representantes de la Federación Rusa y de la Unión Europea acordaron empezar a trabajar en aras de la creación de un espacio económico europeo común y comenzaron a examinar la posibilidad concreta de adoptar en el futuro el euro para sus transacciones comerciales y financieras. 
Al mismo tiempo, es nuestra intención llevar a cabo una estrategia parecida con respecto a Ucrania. 
Partiendo de estas bases la Unión Europea ampliada y sus vecinos podrán encontrar soluciones comunes para dar una respuesta a los problemas comunes en sectores como los transportes, la energía y el medio ambiente, la investigación, el desarrollo, la inmigración y la lucha contra la delincuencia organizada. 
Sólo una Comunidad ampliada, como la que estamos construyendo, podrá gozar de una paz, prosperidad y estabilidad duraderas. 
Señoras y señores, Señorías, la ampliación y la sostenibilidad son, por lo tanto, las dos claves del futuro de Europa. 
Estoy seguro de que ustedes comparten mi visión y también estoy seguro de que Gotemburgo nos permitirá dar unos pasos muy significativos hacia adelante para pasar de la visión a la realidad. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, ante todo quiero agradecer a la señora Presidenta del Consejo su balance de la Presidencia sueca. 
Suecia ya ha pasado el examen de la mayoría de edad y su Presidencia ha sido exitosa en muchos campos. 
Usted ha actuado con transparencia, con garbo y con una actitud amistosa con el Parlamento, que quiero subrayar. 
Con usted hemos podido empezar a actualizar nuestras relaciones con el Consejo, que estaban todavía al nivel del Acta Única- me refiero a la codecisión y de la presencia del Consejo en el Pleno -, y creo que eso hay que saludarlo como un paso positivo en nuestras relaciones. 
Como usted, lamento que no se haya podido celebrar hoy, por falta de tiempo, el debate sobre derechos humanos, pero, en cualquier caso, los derechos humanos son un elemento permanente de nuestro compromiso político. 
Destaco especialmente los avances realizados respecto al desarrollo sostenible y en el terreno social, uno de los cuales, muy importante, ha sido conseguir que, después de veinte años, se desbloquee una directiva sobre información y participación de los trabajadores. 
En relación con la Cumbre de Gotemburgo, todos estamos bajo el efecto del aldabonazo del referéndum irlandés, que es una llamada de atención muy importante. 
La Asamblea Nacional francesa ratificó ayer el Tratado de Niza. 
Francia siempre ha sido un país muy frondoso y bastante polémico y, sin embargo, eso no nos ha llamado la atención. 
Pero en el caso de Irlanda, creo que se plantean dos cuestiones que tenemos que examinar. 
Los actuales miembros de la Unión y los de la Unión ampliada, porque estamos ya dentro de esa lógica, debemos reafirmar en qué términos se plantea nuestro destino común. 
Y eso supone, desde el principio del proceso de la Unión Europea, que tenemos que encontrar un equilibrio entre nuestros intereses- si se puede decir, nuestro egoísmo- y la solidaridad entre todos. 
Pienso que es eso lo que está en causa y lo que nos tiene que interpelar de una manera muy directa a todos los europeos. 
Por eso, en nombre de mi Grupo, he solicitado al Presidente de la Comisión que haya una declaración de la Comisión sobre la cohesión económica y social y la ampliación. 
Porque no se trata solamente de hablar de si los Fondos estructurales se mantienen para unos y no para otros, se trata de ver, en primer lugar, cómo contribuimos todos, y el Presidente de la Comisión ha hablado recientemente de la conveniencia de que hubiera un impuesto europeo. 
La gente paga, no sabe qué paga y sería conveniente, desde el punto de vista democrático, relacionar financiación y ciudadanía. 
Y luego tendríamos que ver cómo conseguimos reforzar, a partir de los principios que están en los Tratados, la cohesión y la solidaridad entre todos nosotros. 
Creo que eso exige que la Comisión participe, haciendo ejercicio de su responsabilidad y de su derecho de iniciativa. 
En segundo lugar, me referiré a las conclusiones que ustedes han presentado al Consejo. 
En mi experiencia política, relativamente larga en la Unión Europea, es la primera vez que veo que hay una propuesta de conclusiones al Consejo que un ciudadano normal puede leer, porque en general se escriben en lo que los franceses denominan la langue de bois, en un estilo absolutamente críptico. 
Y la propuesta de la Presidencia sueca hace honor a lo que ha dicho el Parlamento Europeo, a lo que ha dicho la COSAC y hay un explícito apoyo al método de la convención- ustedes han sido prudentes y hablan de un foro. 
Pero, en cualquier caso, quiero decir que si ustedes consiguen que se avance por ese camino, creo que podemos conseguir que se acabe definitivamente con la negociación a puerta cerrada y pasemos al método democrático con el que se hacen las constituciones en todos los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, con luz y taquígrafos, que, a la altura de la historia en que estamos, es con Internet y con televisión. 
Así se hacen las cosas. 
Por lo tanto, señora Presidenta, espero que ustedes consigan que en la Cumbre de Gotemburgo haya un planteamiento, que se puede concretar en Laeken, en el que los parlamentarios europeos, los de los Estados miembros, los Gobiernos y la Comisión podamos trabajar conjuntamente. 
De esta manera podremos interesar a todos nuestros pueblos. 
Una última observación, señora Presidenta, sobre la visita del Presidente Bush. 
La relación transatlántica es una relación constitucional fundamental para ambos, Estados Unidos y Europa, y para el mundo. 
Ahora bien, no debemos ocultar las profundas diferencias que tenemos en este momento y que se refieren no sólo al valor de los compromisos internacionales a nivel mundial, sino a la lucha contra un elemento tan importante como es el cambio climático. 
Se pueden hacer apelaciones a la solidaridad, pero le pido al señor Poettering que trabaje con los gobiernos actuales o futuros de su familia, porque no son los que están apoyando una postura unida europea. 
Y en relación con el escudo antimisiles, fabricar nuevos misiles sólo puede conducir a que volvamos a la carrera de armamentos. 
Y ahí también le pido al señor Poettering que hable con sus amigos políticos en los gobiernos para conseguir un proceso de distensión que es fundamental para el futuro de la humanidad. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores, en nombre del Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, quisiera comenzar expresando mi reconocimiento y felicitación a la Sra. Ministra por el considerable número de resultados reales que ya ha alcanzado la Presidencia sueca, antes incluso de que haya concluido oficialmente su misión. 
Usted merece ser felicitada, en particular, por el esfuerzo y el entusiasmo que ha dedicado al tema de la ampliación. 
Su enfoque ha sido un soplo de aire fresco y tranquilizará, espero, a los países candidatos respecto a la seriedad con que realmente nos tomamos este asunto, como ha quedado demostrado durante la Presidencia sueca. 
Asimismo, reconozco y saludo la defensa que, junto con la Comisión Europea, ha montado de la cuestión del cambio climático. 
Es importante que en el diálogo transatlántico continuemos abogando por los valores y por el deseo de sostenibilidad que todos compartimos y en los que todos creemos. 
Sus esfuerzos personales y la labor que ha desarrollado junto con el Alto Representante y el Comisario Patten, entre otros, especialmente en Macedonia, donde la situación sigue siendo muy explosiva y difícil, demuestran un compromiso impresionante respecto a seguir impulsando una política exterior y de seguridad común. 
Todos estos ámbitos y, naturalmente, la labor que usted ha desarrollado con el Parlamento Europeo en favor del fomento de la transparencia, deben ser reconocidos como cuestiones importantes y esenciales. 
Reconozco, naturalmente, como usted ha manifestado, la enorme ansiedad que han sentido los representantes de los países candidatos a raíz del "no" irlandés al Tratado de Niza. 
Es muy importante que yo declare aquí hoy, especialmente en mi calidad de europeo irlandés, que cualquiera que sea el complejo conjunto de motivos y razones que se esconden detrás del "no", éste no significa un "no" a la ampliación. 
Ni la campaña en favor del "sí" ni la campaña a favor del "no" han cuestionado la ampliación. 
De hecho, sería de utilidad que antes de la Cumbre de Gotemburgo- si no lo ha hecho ya- la campaña irlandesa en favor del "no" en su conjunto emita una declaración conjunta única reafirmando que su campaña en favor del "no" no pretendía decir "no" a la ampliación. 
Quisiera animar a la Sra. Ministra a que en la Cumbre de Gotemburgo prosiga sus esfuerzos en favor de un calendario tranquilizador. 
Quizá el impacto del resultado irlandés motive a aquellos que hace un par de semanas se preguntaban si esto sería necesario. 
Ahora se ha vuelto más necesario que nunca tranquilizar, actuar y cumplir la agenda de la ampliación. 
Respecto al resultado irlandés, quisiera puntualizar algunos pormenores. 
Puede que a los diputados les interese saber que la proporción del electorado irlandés que ha votado "no" al Tratado de Niza ha sido de 50.000 personas menos que la que votó "no" al Tratado de Amsterdam. 
El número de electores irlandeses del "no" no ha crecido. 
La cuestión decisiva en Irlanda es la siguiente: ¿por qué se quedaron en casa aquellos que normalmente habrían votado "sí"? 
Es una cuestión muy seria. 
Sin embargo, el número de votos del "no" ha sido menor que en la ocasión anterior, y no mayor, y por lo tanto, no debemos perder el sentido de la proporción. 
Saludo el hecho de que el Gobierno irlandés se dispone a crear un foro sobre Europa para animar a toda la población a reflexionar sensatamente sobre el reto, el mensaje y cómo puede la población volver a conectar con la visión europea. 
Más adelante volverá a celebrarse un segundo referéndum. 
Es importante que dispongamos de este período de reflexión profunda. 
Tomo nota de lo que ha dicho el Consejo de Asuntos Generales, a saber, que el Consejo seguirá adelante con el proceso de ratificación. 
De hecho, paradójicamente, el instrumento de ratificación danés del Tratado de Niza será presentado hoy en Roma; los franceses, como hemos oído, también han ratificado el Tratado. 
Espero que en Gotemburgo el Consejo encuentre la sabiduría de la que ha adolecido en la declaración del Consejo de Asuntos Generales e incluya a la Comisión en la búsqueda de una fórmula para seguir avanzando. 
En Irlanda la Comisión está considerada como un mediador honrado- alguien siempre dispuesto a ayudar cuando hay que estudiar cuestiones de formulación delicada y problemas políticos importantes. 
Para terminar, el mensaje real que debe surgir de Gotemburgo antes que ningún otro- el primero entre iguales de los mensajes- debería ir claramente dirigido a los países candidatos y decir: estamos dispuestos a entrar en materia. 
Quisiera pedir a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo que siga defendiendo esta cuestión y que insista sistemáticamente en Gotemburgo, especialmente con vistas a que los irlandeses digan allí "sí" a la ampliación. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, en primer lugar, quisiera centrarme en la constatación de la Ministra y Presidenta en ejercicio del Consejo, Sra. Lindh, de que ha sido una lástima que hoy no podamos hablar aquí de los derechos humanos. 
También es loable la pequeña muestra de arrepentimiento expresada por el presidente de Grupo, Sr. Barón Crespo, al decir que lamentaba que no pudiéramos mantener hoy este debate. 
Es verdaderamente una gran lástima, porque sé que Suecia es un país muy consagrado a la política en materia de derechos humanos, y ahora se nos ha escapado esta posibilidad de dialogar con la Presidencia sueca. 
Señora Presidenta, para mi Grupo, Gotemburgo es, ante todo, la Cumbre del desarrollo sostenible. 
Esto es lo que venimos esperando desde hace mucho tiempo, y no queremos que ahora se desperdicie esta oportunidad. 
El tema del desarrollo sostenible no debe quedar a la sombra de un invitado de honor, sino que ahora debe ser tomado en serio. 
A propósito de esto, debo hacer una confesión personal. 
Yo me sentía algo impaciente porque parecía que la Comisión no acababa de concluir su propuesta sobre el desarrollo sostenible, y con ocasión de la Cumbre de Estocolmo afirmé que el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, era un profano en materia ecológica. 
Ahora tengo que retractarme de lo dicho porque me he familiarizado con las ideas del Presidente de la Comisión sobre el desarrollo sostenible, y las tengo en mucha estima. 
Él propone objetivos vinculantes y está dispuesto a adoptar medidas también vinculantes, con el fin, entre otras cosas, de romper la conexión entre el crecimiento económico y el crecimiento del transporte. 
Pero, lamentablemente, es de temer que la Cumbre no sea capaz de estar a la misma altura, o sea, de establecer objetivos bien definidos. 
En este punto, quizás quedo algo defraudada ante los esfuerzos realizados por la Presidencia sueca, que hubieran podido tener mucho más alcance. 
El Protocolo de Kioto es, sin lugar a dudas, la cuestión central de Gotemburgo. 
Saludo la intención del Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, de situar el debate en la época posterior al cumplimiento de los objetivos de Kioto. 
Estoy en completo desacuerdo con el presidente de Grupo, Sr. Poettering, cuando dice que la energía nuclear debe figurar en la gama de elecciones. 
No existe técnica más antigua que ésa, y quiero advertir que, bajo la excusa del cambio climático, la energía nuclear prepara, en efecto, su nuevo regreso. 
Mi Grupo dice un no rotundo a esta dinámica. 
Nosotros queremos centrarnos en las alternativas. 
La ampliación también está sobre la mesa en Gotemburgo, y mi Grupo quiere hacer verdadero hincapié en que el proceso de ampliación debe seguir adelante, a pesar del resultado del referéndum de Irlanda. 
El pueblo irlandés no ha querido, en ningún caso, rechazar la ampliación, y ello debemos constatarlo con claridad y transmitirlo como señal a los países candidatos. 
Sin embargo, creo que no podemos ignorar completamente el resultado del referéndum irlandés pensando que podemos continuar como si nada hubiera ocurrido, sino que debemos recibir este resultado como un mensaje claro sobre la necesidad de democratizar la Unión Europea, permitiendo que los ciudadanos participen en la elaboración de las cuestiones constitucionales. 
Estas cuestiones ya no podrán ser tratadas a puerta cerrada. 
Por ello, debemos darnos prisa en adoptar el método de Convención, incluso en un calendario que nos permita servirnos del mismo para adoptar decisiones antes de Laeken. 
Esto significa que los países aspirantes también deben tener la oportunidad de participar de lleno en este proceso. 
Necesitamos más democracia, más plebiscitos y más participación, y no al contrario. 
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente de la Comisión, es demasiado pronto para efectuar un análisis exhaustivo del "no" irlandés al Tratado de Niza. 
En cambio, podemos desde ahora y sin demasiado temor a equivocarnos hacer algunas observaciones al respecto. 
La primera observación se refiere a las reacciones oficiales ante este estallido que ha cogido desprevenidos a todos los responsables europeos. 
Al parecer, este lunes, en Luxemburgo, los ministros han dedicado una media hora escasa al acontecimiento, que uno de ellos calificó de "incidente de recorrido". 
A esto llamaría yo esconder la cabeza, como el avestruz. 
¿Acaso no se da cuenta de que esta desautorización constituye un nuevo y grave síntoma de la crisis que afecta profundamente a la construcción europea? 
Cerca de las tres cuartas partes de los irlandeses habían dicho "sí", en 1972, a la entrada de su país en la Comunidad; ahora este mismo porcentaje rechaza el "sí" al Tratado de la Unión, ¡y los dirigentes nacionales y europeos no lo vieron venir! 
Nos enfrentamos con un problema que supera con mucho a Niza e Irlanda. 
Mi segunda observación es que el "no" irlandés, entre otras voces de alerta- la principal de las cuales es el abstencionismo creciente en las elecciones europeas -, refleja que Europa se está construyendo a espaldas y lejos de los ciudadanos. 
¿Dónde se han realizado grandes debates públicos y pluralistas, poniendo las cartas boca arriba, sobre los retos que debemos aceptar, sobre las dificultades que debemos superar, los valores que han de defenderse y, finalmente, sobre las opciones políticas que hay que llevar a cabo con total trasparencia, democráticamente? 
Un ejemplo que atañe directamente al caso irlandés: con una velocidad vertiginosa, los Estados elaboraron en la Cumbre, en opinión de todos, una Europa de la defensa con una misión imprecisa y una independencia dudosa. 
A menudo se han vanagloriado de este nuevo logro con un tono que los países neutrales, en particular- aunque no exclusivamente -, han percibido como militarista. 
¿Cómo vamos a sorprendernos de esta reacción imprevista? 
Y esto es válido en otros ámbitos, principalmente en el ámbito económico y social. 
¿Y qué podemos decir de esos dirigentes de los países más ricos que difunden el síndrome del contribuyente neto y esgrimen el espectro de la renacionalización de los subsidios agrícolas y de los Fondos estructurales, favoreciendo de este modo la tendencia perjudicial del "cada uno en su casa". 
La escalada federalista del debate institucional actual, por otra parte, ha suscitado algunos temores en los países preocupados por defender su lugar, su papel y su identidad en un gran conjunto futuro, cuyos límites y naturaleza no pueden percibir. 
Si a esto añadimos el espectáculo poco atrayente que los Quince ofrecieron en Niza, no nos sorprenderá el clima de desencanto, si no de un resurgimiento de la tendencia populista y de repliegue. 
De ahí mi tercera y última observación sobre la pregunta que todos se formulan: ¿qué debemos hacer ahora? 
Primero, en mi opinión, es necesario respetar las reglas del juego democrático. 
El Tratado no ha sido ratificado por unanimidad; nos guste o no, hay que volver a ponerlo en el telar. 
Luego será mejor profundizar esta vez el debate con los ciudadanos de todos nuestros países sobre el sentido de la Europa que vamos a construir y sobre las consecuencias políticas, institucionales y financieras de nuestras decisiones. 
Finalmente, debemos evitar que los adversarios, que temen la ampliación, se valgan de esta crisis como pretexto para lograr que se aplace sine die este gran proyecto paneuropeo, cuya complejidad y coste son, sin embargo, evidentes. 
También en este caso se requiere un debate responsable para evaluar públicamente la condición necesaria del éxito de todos, puesto que no hay ambición sin esfuerzo ni proyecto europeo sin solidaridad. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, es para mí un gran placer presentar mis felicitaciones a la Presidencia sueca por los enormes logros que ha alcanzado en nombre de todos nosotros. 
Los dirigentes europeos abordarán en Gotemburgo dos temas principales, a saber, la ampliación de la Unión Europea y cuál es el mejor modo de resolver muchos de nuestros problemas medioambientales. 
Respecto a la ampliación, es de la máxima importancia que la Unión Europea y los países candidatos comiencen a negociar los capítulos más difíciles, que hasta el momento han permanecido cerrados. 
Es necesario, en interés de todas las partes contratantes, que se debatan, resuelvan y concluyan los temas fundamentales que aún siguen pendientes. 
Quisiera hacer algunos comentarios relativos al resultado del referéndum irlandés celebrado recientemente sobre el Tratado de Niza. 
Me siento muy decepcionado por el resultado de dicho referéndum en Irlanda, pero respeto absolutamente el resultado de este proceso democrático. 
Acojo con satisfacción las conclusiones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de esta semana; también ellos han declarado que la voluntad de la población irlandesa debe ser respetada. 
Creo firmemente que la amplia mayoría de la población irlandesa se siente comprometida con el proceso de ampliación y no quiero que, como consecuencia directa de la decisión de la población irlandesa de la semana pasada, se aplace el calendario de la ampliación de la Unión Europea para integrar a países de la Europa Central y Oriental. 
En Irlanda ahora necesitamos tiempo para reflexionar sobre este resultado de una manera tranquila y razonada. 
El tema de las futuras relaciones de Irlanda con la Unión Europea tiene una importancia decisiva. 
Necesitaremos tiempo para deliberar si queremos resolver los complejos asuntos y las preocupaciones que han surgido durante el debate del referéndum. 
Este referéndum subraya, sin ninguna duda, la necesidad de que todos nos esforcemos más en explicar las políticas de la Unión Europea a nuestros ciudadanos e involucremos en mayor medida a los ciudadanos de la UE en el debate sobre el papel de la Unión y su rumbo de cara al futuro. 
Son lecciones que todos debemos aprender de los resultados del referéndum sobre el Tratado de Niza. 
La Comisión y también los 15 Gobiernos de la Unión tienen el deber de reflexionar sobre este resultado. 
Debemos construir una Unión Europea que cuente con la buena voluntad, el apoyo y el entusiasmo de los 370 millones de ciudadanos que componen la afiliación de la Unión. 
Acojo con gran satisfacción la decisión del Gobierno irlandés, que la pasada noche creó un foro nacional sobre Europa. 
Este foro pondrá en marcha el proceso de consulta y diálogo con el público irlandés sobre la política de la UE y en el se abordarán las cuestiones que le afectan. 
Este foro se inscribe también en el debate sobre el futuro general de Europa que se lleva a cabo en los 15 Estados miembros de la Unión Europea de cara a la próxima Conferencia Intergubernamental de 2004. 
Todos los partidos políticos, los interlocutores sociales y demás partes interesadas estarán representados en este foro, que esperamos que entre en funcionamiento en breve. 
Otra cuestión muy importante es que el Sr. Bush, Presidente de los Estados Unidos, estará en Gotemburgo esta misma semana para reunirse con los dirigentes de la UE. 
Es muy oportuno, por consiguiente, que esta Cumbre aborde asuntos medioambientales fundamentales que necesitan solución, tanto dentro de la Unión, como en un contexto más global. 
Me decepcionó mucho que el Presidente Bush declarara este mismo año que quería volver a negociar el Acuerdo de Kioto. 
La verdad es que debemos reducir los niveles de gases de efecto invernadero que se producen en Europa y en los Estados Unidos. 
Es muy importante que lo hagamos si queremos frenar la disminución de la capa de ozono. 
Señora Presidenta, la publicación danesa seria "Carta semanal del lunes por la mañana" incluye un editorial que lleva por título: "¡ Gracias, Irlanda !" 
En el editorial se lee lo siguiente: " Intentar conseguir que los irlandeses cambien de opinión irá en contra de todas las promesas comunitarias relativas a la necesidad de un debate público y de un arraigo más amplios. 
Los países comunitarios han decidido en común y por unanimidad las normas del juego que dicen claramente que un tratado no entrará en vigor hasta que haya sido ratificado por todos los países miembros. 
Después del no irlandés, Irlanda no puede ni debe ratificar el Tratado de Niza ". 
¿Cómo pueden proseguir los Ministros de Asuntos Exteriores con las ratificaciones? 
El Tratado de Niza ha caído. 
Es anticonstitucional pasar por alto el resultado de un referéndum vinculante y choca con el artículo 6 del Tratado de la UE relativo al principio del Estado de derecho. 
Exhortamos a todos los países a que al menos detengan por un momento el proceso de ratificación y reflexionen sobre las causas del no. 
No fue un no irlandés concretamente. 
También podríamos obtener una mayoría contraria en otros países si se atrevieran a convocar un referéndum. 
El núcleo de Niza no es la ampliación, sino el traspaso de poder de los electores y de los cargos electos a los funcionarios y ministros. 
¿Por qué deberían votar los electores sí a una menor influencia? 
El Parlamento Europeo tampoco ha dado su visto bueno a Niza. 
El primer fallo de los electores es: ¡Otra vez! 
La próxima vez las negociaciones deben comenzar de abajo arriba y no de arriba abajo. 
El no irlandés es presentado en la prensa como un no a la ampliación. 
Aunque también los partidarios del no habían dicho que las negociaciones para la ampliación continuarán. 
Cinco países pueden incorporarse según el Tratado de Amsterdam, los siguientes según los números de votos y escaños que figuran en la Declaración de la cumbre. 
El Tratado de Niza no es relevante hasta el país nº 27, entonces perderemos el derecho a un comisario, no aparece nada más sobre la ampliación en el Tratado. 
La Declaración es una posición común y no forma parte del Tratado y por tanto tampoco ha sido rechazada en la votación. 
Mejor que sometamos a la UE a una cura de adelgazamiento y creemos una cooperación abierta, cercana y democrática. 
Felicito al pueblo irlandés por su valiente no y exhorto a la Cumbre de Gotemburgo a que respete la elección de los electores en lugar de rechazar el referéndum. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente de la Comisión, me limitaré a desarrollar tres puntos. 
En primer lugar, la cuestión del medio ambiente. Desde hace más de quince años el Partido Radical viene planteando la cuestión del efecto invernadero, del agujero de ozono y del peligro que el mismo representa. 
Atribuimos una gran importancia a este punto para que se aborde, como la Presidencia sueca se propone hacerlo, con firmeza y seriedad en Gotemburgo, incluso en presencia del Presidente Bush. 
El Parlamento se pronunciará después y veremos las fuerzas políticas que se adherirán a la defensa del Protocolo de Kyoto. 
Consideramos que, en su caso, se pueden estudiar todavía las mejoras, los ajustes de la orientación a seguir, de los objetivos a alcanzar para no romper con los aliados americanos que, en todo caso, son los principales contaminadores del planeta; sin embargo no nos abandonamos a esas sirenas según las cuales es preciso seguir estudiando. 
Ya no hay nada más que estudiar: los estudios existen y demuestran que el planeta está en peligro y que, por lo tanto, es necesario actuar, y actuar enseguida. 
En consecuencia, también los Estados europeos deberían concienciarse y actuar no solo de palabra, sino también de obra. 
Señora Presidenta, quisiera hablar también de la transparencia. 
Ustedes han dado una gran importancia a la transparencia, y entonces, señor Presidente, me pregunto dos cosas. 
El referéndum irlandés demuestra que el sistema no es el apropiado. 
No se puede negociar Gotemburgo o Niza como se negoció Westfalia cuando las tropas suecas y de otros países participaban en la guerra de los Treinta Años. 
Las diplomacias ya están superadas: una Unión Europea se negocia entre los ciudadanos, entre los diputados, entre los actores de la vida interna de nuestra Unión. 
La Presidencia sueca podría lanzar una señal. 
Por último, Presidente, permítame tan solo una palabra respecto a las agencias. 
El Presidente Persson corre el riesgo de organizar un lío un tanto meridional al querer distribuir todos los casilleros en Gotemburgo asignando quizás la Agencia Alimentaria a Helsinki, a un país que se me antoja el menos apropiado de todos para recibir esa Agencia. 
Arrojen luz también sobre esto y, si falta tiempo, aplácenlo para la próxima Cumbre con un debate más público, más abierto sobre las sedes de estas importantes agencias europeas. 
Señor Presidente, los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión, que el lunes decidieron seguir con la ratificación del Tratado de Niza, como si los irlandeses no hubiesen dicho "no" por referéndum, han elegido la peor solución. 
En efecto, esta solución puede servir para confirmar a muchos que las instituciones europeas que se están construyendo no escuchan las demandas de los ciudadanos y que, finalmente, una vez despojadas de su disfraz ideológico, sólo se proponen confiscar los poderes de los pueblos. 
El "no" al referéndum irlandés, después del "no" al referéndum danés de septiembre último, constituyen dos advertencias. 
Los pueblos se alejan de una Europa en la que no se ven reflejados. 
En estas condiciones, el hecho de acelerar el federalismo nos conduciría a la ruina. 
Quizá el Consejo de Gotemburgo tenga aún una oportunidad para corregir el rumbo. 
¿Qué debería decidir? 
Primero, debería suspender la ratificación de Niza, anulando las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del lunes. 
En segundo lugar, enviar una señal firme a los países candidatos, permitiéndoles que entren inmediatamente en la Unión, sin Tratado adicional, participando en la parte intergubernamental de los Tratados actuales, así como anunciar que las disposiciones complementarias sobre la ampliación se incluirán en los Tratados de adhesión. 
Finalmente, debería iniciar otra Conferencia Intergubernamental destinada esta vez a crear una Europa respetuosa de sus naciones. 
Dicha CIG habría de apoyarse ante todo en los Parlamentos nacionales y no en la nueva estructura confiscatoria que se está inventando. 
Esto es lo que proponemos, señor Presidente, en nuestro contrainforme sobre el Tratado de Niza. 
Señor Presidente, estimada Ministra de Asuntos Exteriores, me preocupa el resultado de Irlanda. 
Es una victoria para los que dicen no y quieren detener el proceso. 
En lugar de estimular la toma de responsabilidades a largo plazo, los plebiscitos estimulan los conceptos egoístas y a corto plazo. 
Cuando Europa está en el umbral de una época muy promisoria, hay confusión entre los ciudadanos. 
La ampliación nos proporcionará mayor libertad y seguridad y mayores posibilidades, nos permitirá mostrar nuestra solidaridad a las personas que han sufrido la opresión comunista y los desmanes de la economía planificada. 
Pero la reunificación también es importante para nosotros mismos, ya que la ampliación no sólo es una responsabilidad histórica sino que una inyección necesaria y una situación win-win. 
Por eso los Jefes de Estado y de Gobierno tiene que fijar en Gotemburgo una fecha final para la ampliación y conseguir la confirmación política de su roadmap. 
Creo que se necesita una respuesta clara. 
Pero también tenemos que tener autocrítica. 
No sólo en Irlanda los ciudadanos cuestionan a la UE. 
No somos buenos para explicar la esencia ni los avances de la colaboración europea. 
Hay muchas personas que quieren cargar a la UE con tareas que pueden ser realizadas en casa. 
Así, se desatienden las tareas esenciales de la UE, tales como el fortalecimiento de las libertades, el aseguramiento de la paz, la apertura de los mercados y la eliminación de las barreras comerciales. 
La apertura y profundización de la Unión necesita concentración, consecuencia y trabajo de todos los que queremos una Europa con éxito. 
Ahora se realizará una nueva Cumbre con EE.UU. que es un acontecimiento importante para Suecia y para la UE. 
Los líderes tienen que concentrarse en lo que nos une. 
El interés norteamericano en la reunificación europea y la capacidad de manejo de las crisis pueden reforzarse mediante la comprensión de los intereses estadounidenses. 
La colaboración con EE.UU. para asegurar la paz y aumentar la libertad de comercio debe ser la tarea principal. 
George W. Bush es necesario para EE.UU. y para Europa y le damos una cordial bienvenida a nuestro continente. 
Espero que ambas Cumbres den resultados concretos y les deseo suerte. 
Además, quisiera felicitar a la Ministra de Asuntos Exteriores por este semestre de Presidencia, que empezó "oscuro y triste" y que parece que va a terminar en un tono más alegre. 
Señor Presidente, la Cumbre de Gotemburgo pondrá fin a la Presidencia sueca que, como se ha dicho anteriormente, tenía un ambicioso programa. 
Quiero poner al gobierno sueco la más alta nota por esta tarea. 
Quisiera referirme a algo que realmente no está en el programa de Gotemburgo, esto es, una de las denominadas Ees- Employment -, los puestos de trabajo, que fue tratada en la reunión de Estocolmo en marzo, pero que esta semana ha sido complementada a última hora con un hat trick en materia social. 
Podría decirse que ha sido una de las reuniones más exitosas del Consejo en materia social, ya que se resolvieron tres asuntos: el de los ruidos, el del trato igualitario y, especialmente, el de la información y consulta a los trabajadores. 
Se realizó un excelente trabajo, lo que es importante para las futuras acciones comunitarias en materia social. 
Me gustaría referirme también al desarrollo sostenible y relacionarlo con los temas sociales; gran parte del debate se ha concentrado en el desarrollo sostenible y en los asuntos ecológicos. 
Esto está bien, pero existe también una dimensión social. 
Tenemos, por ejemplo, la cohesión social entre las personas, la creación de una política que atenúe las diferencias en Europa, que disminuya las diferencias generacionales. 
También está el sistema de pensiones y su diseño futuro, además de la disminución de las diferencias regionales. 
Todo esto es necesario en un desarrollo sostenible. 
Se necesita una política económica que no sólo apunte al crecimiento a corto plazo. 
Por eso, los aspectos ecológicos deben estar presentes en todos los campos. 
A la hora de formular un desarrollo sostenible a largo plazo deberán contemplarse estos aspectos, tanto en la política de transportes como en la política energética y en la política agrícola. 
Los aspectos ecológicos deben estar presentes también en el ámbito mundial. 
En la UE podremos seguir usando los mismos métodos, pero complementándolos con el proceso de Lisboa, incorporando los aspectos ecológicos en el proceso social y económico. 
Pero también tenemos que actuar en el ámbito global. 
Podremos hacerlo en la Cumbre de Gotemburgo y en la reunión con el Sr. Bush, en la que la UE debe tener una postura firme en relación con el Protocolo de Kioto. 
Ciertamente queremos tener a EE.UU. en el mismo barco, pero la UE tiene que demostrar liderazgo. 
Aunque EE.UU. no quiera, la UE debe asumir el liderato mundial en este asunto. 
También habrá que ocuparse de los acuerdos económicos en el seno de la OMC, introduciendo aspectos sociales y ecológicos en la formulación del comercio mundial. 
Por último, quisiera decir algo sobre la más importante de las tres Ees, la ampliación. 
Esta es una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. 
Por eso coincido con lo que han expresado otros oradores anteriormente, es decir, que después de lo que ha sucedido en Irlanda tenemos que ser aún más claros con los países candidatos. 
El proceso de ampliación continuará y hay que fijar una fecha final, siendo nuestro objetivo que puedan participar en la elección al Parlamento Europeo de 2004. 
Esto hay que decirlo muy claramente para que los primeros países puedan participar. 
Cada país deberá incorporarse por sus propios méritos, concediéndose un mínimo de excepciones y de períodos transitorios, en un mínimo de materias. 
Suecia ha tenido éxito durante su Presidencia. 
Ahora hay que seguir avanzando y ser cuidadoso con esta herencia. 
Finalmente quisiera mencionar la política de asuntos exteriores y de defensa, en la que la Presidencia sueca ha realizado un buen trabajo y Suecia ha recibido un gran reconocimiento. 
Especialmente Anna Lindh ha logrado hacer de Suecia una nación que lidera este proceso, mediante la incorporación de las medidas de prevención. 
El hecho de que hoy tengamos un papel protagonista en la política mundial, en Oriente Medio, en Corea, etcétera, es, en gran medida, gracias a Anna Lindh, a quien doy las gracias. 
También me parece adecuado que se haya sido tan claro en relación con la Convención. 
Suecia, que está a favor de la apertura, debe estar también a favor de una Convención, pero no como método único, sino que como un método para preparar la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente de la Comisión, quiero empezar con algo muy personal y agradecer a la Presidenta del Consejo el trabajo que ha realizado en Macedonia, junto con Javier Solana y con el Comisario Sr. Patten. 
Como he vivido las consecuencias de una guerra, soy muy consciente de que "en la paz no hay marchas triunfales" y de que la paz, el duro trabajo cotidiano, no da origen a grandes titulares de prensa. 
En la sociedad de la información, la guerra es mejor. 
Con todo, les agradezco su trabajo. 
El tema principal en Gotemburgo será el desarrollo sostenible y, en ese contexto, se discutirá sobre el Protocolo de Kioto. 
El Presidente Bush irá a Gotemburgo. 
¿No deberíamos los dirigentes de la UE, entre los que me incluyo, antes que nada "barrer frente a nuestra propia puerta"? 
En la UE subvencionamos los sistemas energéticos que producen más dióxido de carbono. 
¿No deberíamos antes que nada, o quizás simultáneamente, hacer algo respecto a esto? 
Es más fácil negociar cuando se ha "barrido frente a la propia puerta". 
El otro gran problema medioambiental en Europa es el tráfico. 
Otro proyecto de la UE es crear infraestructuras muy buenas y ecológicas. 
El tercero, y quizás uno de nuestros mayores problemas medioambientales, es la política agrícola comunitaria. 
Destinamos más de 40 mil millones de euros a este sector. 
Aproximadamente 5 mil millones se destinan a la conservación de la herencia cultural y la diversidad biológica, el resto es muy desventajoso desde el punto de vista ecológico, de manera que "barramos frente a nuestra propia puerta" antes de seguir adelante. 
Señor Presidente, Señora Presidenta del Consejo, señor Presidente de la Comisión, hay muchos temas en la agenda de la Cumbre: la ampliación, Oriente Medio, una eventual nueva ronda de la OMC, etcétera. 
Recordemos que esta Cumbre ha sido presentada como la primera Cumbre "verde". 
Treinta años después de la reunión sobre el medio ambiente de la ONU en Estocolmo y diez años después de la reunión de Río, los jefes de Estado y de Gobierno tienen la oportunidad histórica, el compromiso y la obligación de aprobar una estrategia comunitaria para el desarrollo sostenible que goce de credibilidad. 
Pero esta estrategia debe servir también para asumir una responsabilidad medioambiental más vasta y para cumplir los compromisos de la reunión Río +10 en Sudáfrica. 
La propuesta de la Comisión es un importante primer paso, podríamos decir un paso mínimo. 
Para lograr verdaderos avances hacia un desarrollo sostenible se necesita mucho, mucho más. 
Hay que reformar profundamente la política económica, la política de transportes, la política energética, la política de productos químicos, la política agrícola y la política pesquera. 
Cuando la confianza en la UE se ve amenazada, lo que está indicando el rechazo al Tratado de Niza en Irlanda, se necesita un debate profundo sobre el futuro de la Unión, un debate abierto en el que pueda participar la sociedad civil. 
La Cumbre debe mostrar un camino en esta dirección. 
Sería una nueva derrota si la Cumbre no diese resultados en pro del desarrollo sostenible. 
¡Hay que obtener buenos resultados! 
No sólo nosotros tenemos interés en ello, también incumbe a las generaciones futuras. 
¡Mis mejores deseos para esta Cumbre "verde"! 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando al pueblo irlandés por el resultado del plebiscito sobre el Tratado de Niza. 
Sólo un pueblo ha votado sobre el Tratado de Niza y ha dicho que no. 
Si hubiesen podido votar más pueblos, seguramente también habrían dicho lo mismo; especialmente en Suecia, la Cumbre de Gotemburgo tiene que dejar en claro que hay que respetar el no irlandés. 
Esto significa que el Tratado de Niza ha perdido su valor. 
La UE tiene que respetar sus propias reglas del juego. 
El derecho de los Estados miembros a decir no a las modificaciones de los tratados es esencial en la construcción comunitaria. 
Sin él, las democracias nacionales pierden el control sobre la Unión. 
Por eso resulta tan increíble que el gobierno sueco diga que el Tratado de Niza sigue teniendo valor. 
Así no se respetan las reglas democráticas. 
¿Si el parlamento sueco hubiese votado en contra de la modificación al Tratado no nos gustaría que esa decisión fuese respetada por los otros países comunitarios? 
Me gustaría que la Ministra de Asuntos Exteriores contestara a esta pregunta. 
Irlanda votó en contra del Tratado de Niza. 
Es un rechazo al superestado, a dar más poder a los grandes países comunitarios. 
Un rechazo a dar nuevos pasos hacia la formación de un estado y a la militarización de la Unión. 
También ha sido una voz a favor de una Europa mejor y más democrática. 
No obstante, el no de Irlanda no fue un no a la ampliación. 
Es perfectamente posible ampliar la Unión con el Tratado de Amsterdam como fundamento. 
La injerencia de los nuevos miembros en las instituciones puede regularse en los tratados de asociación, tal como se hizo en la última ampliación. 
Un modelo de este tipo permitiría corregir la discriminación a que se ha sometido a ciertos países candidatos en Niza. 
Si no se respeta el plebiscito de Irlanda, se habrá enviado un mensaje muy claro, esto es, que la voluntad de los países pequeños no tiene importancia y que los plebiscitos sólo se respetan si los resultados convienen a la elite del poder. 
Esto sería grave. 
También quiero decir algunas palabras sobre la estrategia de desarrollo sostenible que se discutirá en Gotemburgo. 
La propuesta de la Comisión era sorprendentemente clara y concreta, especialmente en relación con el débil programa de acción medioambiental que presentó este año. 
En la propuesta hay muchos objetivos claros, tales como continuar disminuyendo los gases de efecto invernadero, medidas para conservar la biodiversidad, exigencias para detener el aumento del tráfico y la eliminación de subvenciones perniciosas como, por ejemplo, al cultivo del tabaco. 
Hay un riesgo evidente de que las partes concretas de la estrategia desaparezcan durante las negociaciones, manteniéndose la retórica que no obliga a nadie. 
Ya está circulando una propuesta de acuerdo en torno a las conclusiones, un non-paper del gobierno sueco, que es precisamente eso. 
Espero que el gobierno sueco logre mantener el contenido concreto de la estrategia. 
Señor Presidente, el 28 de septiembre último, los daneses decían claramente "no" al euro. 
El jueves pasado, los irlandeses rechazaron inequívocamente el Tratado de Niza. 
Así, los dos únicos pueblos que han sido consultados directamente han expresado, con la misma fuerza, el descontento creciente que existe entre los ciudadanos europeos frente a una Europa que cada vez más trata a las naciones que la componen como si fuesen lejanas colonias. 
Por desgracia, como ocurrió tras el referéndum danés, la Unión piensa ignorar olímpicamente el mensaje de los pueblos europeos. 
¿Cree usted, señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, que pueden seguir construyendo Europa basándose en el desprecio de los pueblos, a los que tratan peor que si fuesen niños? 
La Cumbre de Gotemburgo, señora Presidenta, que se celebra apenas seis meses después de la de Niza, debe tomar nota de la votación de los irlandeses y del hecho de que un pueblo ha utilizado el derecho de veto soberano que los gobiernos no se atrevieron a utilizar en Niza, y declarar, por consiguiente, nulo y sin valor el Tratado; de lo contrario, los pueblos considerarán la Europa de ustedes como una empresa que les es ajena y que pronto les será hostil. 
El referéndum irlandés y, antes, el danés han demostrado cierta hostilidad hacia Europa por parte de los ciudadanos europeos, al menos por parte de aquellos que pudieron votar. 
Confío en que esto no refleje la no aceptación de la idea de Europa, sino que sólo refleje la no aceptación de cierto tipo de Europa, esta Europa que se está construyendo de manera vertical, una Europa que seguramente no deberá convertirse en la Unión Soviética Europea, una Europa que no deberá ser solo la Europa de los Gobiernos, sino también la Europa de los pueblos, una Europa que no ha de ser la Europa de los burócratas, sino la de los ciudadanos. 
A este propósito, espero que en nuestras Cumbres, en los próximos Tratados, se dé más importancia, más espacio, más competencias, más poder al único y verdadero órgano que representa a los pueblos y a los ciudadanos de Europa: el Parlamento, hoy menospreciado por los Tratados y los procedimientos. 
Señor Presidente, Señorías, el verdadero valor del Tratado de Niza reside en que inaugura una auténtica fase de reforma de la Unión. 
Esta reforma es indispensable para la capacidad de ampliación la Comunidad. 
Yo me congratularé si en Gotemburgo se establece un calendario más preciso para la ampliación; a la vista de los capítulos en los que todavía siguen abiertas las negociaciones y del resultado de la votación en Irlanda, no sería serio designar a unos candidatos concretos. 
El voto de los irlandeses, aunque sólo haya participado un 33% de la población, requiere una reacción y un análisis cuidadosos. 
Yo no lo considero una minucia democrática. 
Sería erróneo interpretar el resultado del referéndum como un voto de los irlandeses en contra de la ampliación. 
Sólo votaron en contra del Tratado de Niza. 
En la historia de la Unión ha habido innumerables momentos de irritación: el no de los daneses a Maastricht, la política de Gran Bretaña durante la primera crisis de la EEB, la dimisión de la Comisión y las sanciones injustas contra Austria. 
Tenemos que analizar por separado los motivos del voto irlandés y preguntarnos al mismo tiempo qué es lo que falla en el proyecto de Europa. 
No sólo es necesario impulsar un debate público sobre la reforma de la Unión, sino que también es preciso incrementar la democracia y la transparencia en el marco de un proceso de integración cada vez más complejo. 
La participación de los parlamentos nacionales, en su calidad de pilares de la democracia europea, es un tema fundamental en este contexto. 
Señor Presidente, para comenzar, permítame felicitar a Suecia por su eficaz Presidencia. 
Me perdonarán que me centre en la situación irlandesa. 
El pueblo irlandés ha hablado. 
La respuesta es "no". 
Permítanme suplicar a la Comisión, al Consejo y también a la Cumbre que se aseguren de que se respeta dicha decisión en lo que dice y en las señales que envía. 
Deben analizarla y no tratarla como algo irrelevante, enviando el mensaje de que seguirán adelante con o sin Irlanda. 
Si eso ocurriera, no sería necesaria la ratificación de los 15 Estados miembros. 
Si no es así, no pueden tratar la decisión como algo irrelevante. 
Les digo esto en mi calidad de ferviente defensora del "sí", porque con las señales del referéndum post-Niza que están enviando están ocasionando más daño que con todas las señales anteriores al referéndum que enviaron en Irlanda. 
La complejidad y la falta de claridad del Tratado de Niza han propiciado que durante el referéndum irlandés se añadiera al debate numerosas cuestiones, relevantes e irrelevantes para el Tratado de Niza, que han despertado una gran preocupación y el temor entre la población, que han tenido como consecuencia una enorme abstención, con una mísera participación del 34%, de la que el 54% ha votado "no". 
En otras palabras, el 19% de las personas con derecho a voto ha votado "no" y ha manifestado que no está dispuesto a seguir adelante con la ampliación, porque eso es lo que se pretendía con el Tratado de Niza. 
Por favor, créanme cuando digo que no creo que la población irlandesa desee negar a los países candidatos las oportunidades y el apoyo que nosotros, como país pequeño y subdesarrollado, hemos experimentado y de los que hemos sabido sacar gran provecho durante las pasadas tres décadas. 
Una decisión del Tribunal Supremo obligaba a nuestro Gobierno a destinar la misma cantidad de fondos a comunicar a la sociedad las razones para votar que no y para votar que sí. 
Los medios de comunicación también estaban obligados a dar la misma cobertura a la campaña en favor del "no" que a la campaña en favor del "sí", sin desafiar las irrelevancias, a pesar de que todos los principales partidos políticos, las organizaciones de agricultores, los sindicatos, las editoriales de prensa e incluso la Conferencia Episcopal pedían el "sí". 
Se suponía que el resultado era un fait accompli. 
Quizá eso explique por qué nuestro Gobierno se esforzó tan poco, se confió en el electorado y se contentó con explotar el voto de los euroescépticos de cara a las próximas elecciones generales, permitiendo que varios ministros enviaran señales muy ambivalentes durante los últimos meses. 
La reprimenda del Comisario Solbes Mira enojó a la mitad de Irlanda y despertó el temor de que Europa interferiría en nuestros asuntos tributarios. 
Las declaraciones del Sr. Jospin y del Comisario Prodi durante la campaña tampoco facilitaron las cosas, pero la responsabilidad de invertir tiempo y energía en la campaña recaía en primer lugar sobre nuestro Gobierno, y éste fracasó. 
Los partidarios del "no", que en un inicio eran minoría y no tenían nada que perder, y sin que nadie corrigiera las irrelevancias y, lo que es peor, su alarmismo, poco a poco consiguieron su objetivo. 
He votado "sí" y me molesta la suposición de que, por haberlo hecho, yo esté a favor del aborto, en contra de la neutralidad, a favor de la OTAN, de la energía nuclear, de la eutanasia. 
La lista no tiene fin- elijan lo que quieran. 
Todos ellos son temas dignos de un debate, pero nada tienen que ver con el Tratado de Niza. 
Necesitamos tiempo para reflexionar, para analizar el resultado, para sacar las consecuencias, para responder a los temores y a las preocupaciones legítimos y, sobre todo, para intentar comprender por qué el 65% del electorado se quedó en casa. 
¿Ha sido ésta una dura crítica al proyecto europeo o una llamada de alerta a medio plazo a nuestras instituciones políticas? 
El jurado se ha retirado. 
Tras el anuncio de anoche de nuestro Gobierno acerca de un nuevo foro nacional en el que participarán todos los partidos políticos para explicar y discutir el proyecto europeo en general y el Tratado de Niza en particular, espero que un electorado irlandés mejor informado y más tranquilo permita a nuestro Gobierno ratificar el Tratado de Niza en los próximos doce meses aproximadamente. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, espero de todo corazón que Gotemburgo brinde a la Presidencia sueca la oportunidad de presentar un palmarés considerable. 
Espero que en esta recta final la Cumbre de Gotemburgo, tras la Cumbre de Estocolmo en la que el pleno empleo volvió a consagrarse como una de las prioridades europeas, contribuya de manera muy significativa a la estrategia para el desarrollo sostenible. 
Sin embargo, nadie podrá negar que el rechazo de Niza por parte de la población irlandesa amenaza con echar un jarro de agua fría sobre el éxito de Gotemburgo si la Cumbre opta por la táctica del avestruz o se aferra al orden del día habitual haciendo, como si no hubiera pasado nada. 
Quisiera decir lo siguiente al Sr. Poettering: nosotros, los socialistas, no esperamos únicamente que desde Gotemburgo se transmita que la ampliación constituye uno de los objetivos prioritarios, sino que, además, ha de quedar de manifiesto que hemos de avanzar en la profundización del concepto de Europa, que esta profundización debe llevarse a cabo implicando plena y democráticamente a la población y que estos dos asuntos no son contradictorios. 
Obviamente, es importante que a los irlandeses se les brinde la oportunidad de buscar ellos mismos una solución para el problema que se plantea en este momento, pero al mismo tiempo hemos de ser conscientes de que el elevado grado de abstención en el referéndum y los resultados negativos correspondientes no afectan exclusivamente a los irlandeses. 
Demuestran que se está abriendo una peligrosa brecha entre la política europea y la población en todos los Estados miembros, no sólo en Irlanda. Dicha brecha es la consecuencia de una falta de democracia, de una falta de transparencia, de una falta de diálogo. 
Señor Prodi, me alegro de que haya dejado claro que Europa no puede construirse mediante reuniones de diplomáticos celebradas a puerta cerrada. Del mismo modo, me felicito por el compromiso adquirido por la Presidenta del Consejo, ya que se ha pronunciado a favor de la fórmula de la convención. 
Le ruego, por tanto, que haga todo lo posible por evitar que se aplique una versión descafeinada. 
Por otra parte, es importante que anime a los Estados miembros a acelerar el debate público, tanto sobre el futuro de Europa como sobre la ampliación. 
Es deseable que vayamos un poco más allá de lo que se contempla en el informe de los Estados miembros. 
Además, señora Presidenta del Consejo, aún albergo la esperanza de que, en lugar de ser una cumbre verde, el Consejo de Gotemburgo se convierta en una cumbre rojiverde. 
El Sr. Andersson ya se ha referido al avance político logrado en la reunión del Consejo de Asuntos Sociales del lunes pasado en el ámbito del derecho a información y consulta, la seguridad y la salud en el trabajo y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Todas estas cuestiones están relacionadas con la calidad del empleo, un punto al que Suecia ha venido concediendo especial importancia. 
Espero asimismo, señora Presidenta, que de Gotemburgo salga un mandato inequívoco para el desarrollo de una estrategia europea contra la pobreza y la exclusión social y a favor de unas pensiones decentes y aceptables. 
Estoy convencida de que si el Consejo de Gotemburgo consigue estar a la altura de las circunstancias, podrá demostrar a los ciudadanos que merece la pena luchar por el proyecto europeo. 
Señor Presidente, se habla de una solución danesa para Irlanda. 
Quizá sea la única salida, pero es una solución trágica que conduce a la marginación y al estatus de colonia. 
Uno queda imposibilitado para influir en las decisiones, pero aún así las acata. 
Se pone una mordaza en la boca y se pega un tiro en el pie. 
Éste es el fruto de la campaña antieuropea llevada a cabo por nacionalistas y románticos de izquierdas con el apoyo de conservadores británicos y ex comunistas daneses, que siempre han luchado en contra de la cooperación europea. 
Jens-Peter Bonde ha votado en contra de cualquier atisbo de cooperación europea. 
Se comporta como el apóstol de la democracia y de la transparencia, sin embargo, hasta hace diez años apoyaba el sistema más opaco del que este mundo ha sido testigo y enseñaba en las escuelas del partido en la dictadura alemana oriental. 
¡No le escuchéis! 
En su lugar, movilicemos a la gran mayoría de los ciudadanos de Europa a quienes les gustaría cooperar, pero que se muestran insatisfechos con alguna cosa y que no ven lo que hacemos porque los Tratados resultan ilegibles y poco claros y porque también en este Parlamento nos metemos en todos los temas posibles, por lo que los ciudadanos no pueden verle un fin. 
Señor Presidente, el Tratado de Niza está muerto y no debemos darle respiración artificial. 
Hacerlo significaría demostrar desprecio por la voz del pueblo, no sólo de Irlanda, sino de toda Europa. 
El rechazo al Tratado de Niza por parte de la población irlandesa no es un rechazo a la ampliación. 
Nadie hizo campaña en contra de la ampliación entre los partidarios del "no". 
Queremos demostrar solidaridad con la población de la Europa Oriental y ofrecerle Fondos de cohesión y fondos agrícolas, como los que hemos recibido nosotros. 
Lo que debía decidirse en Niza eran nuevas formas de dirigir la UE, que son inaceptables. 
Quisiera hacer una llamada a la cautela y aconsejar a los ministros de la UE que en Gotemburgo analicen detenidamente las consecuencias que tendría una segunda derrota rotunda para las propuestas de Niza. 
Deberían meditar detenidamente sobre los efectos en sus propios electorados que observan con creciente distanciamiento la distante y torpe superestructura europea. 
El método intergubernamental de negociar los Tratados de la UE, según el cual los dirigentes trapichean a puerta cerrada sobre cuestiones de importancia para todos nuestros ciudadanos, ha llegado a su fin y ahora además está muerto. 
Debemos encontrar un nuevo método que permita alcanzar resultados que todos nosotros comprendamos y aceptemos, en el que participen los parlamentos nacionales y regionales e, incluso, la sociedad civil. 
El resultado sobre el Tratado de Niza no es un arrebato de euroescepticismo. 
Es indicio de un serio replanteamiento sobre Europa en todo el continente. 
Una mañana al despertar descubrí que se estaban enviando soldados irlandeses a la Fuerza de Reacción Rápida. 
No sabía cómo se había tomado esa decisión. 
Ninguno de nuestros ciudadanos sabía cómo se había tomado esa decisión. 
Hemos votado "no" por este tipo de problemas. 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, el Tratado de Niza tampoco es tan malo. 
Se trata de un Tratado equilibrado, sobre todo en lo que al equilibrio del poder en Europa se refiere. 
Si esto es así, ¿por qué la población de Irlanda parece opinar lo contrario? 
Independientemente de las consideraciones propias de los irlandeses tengo la impresión de que el "no" irlandés refleja un fenómeno europeo generalizado. 
La población de los diferentes Estados miembros se muestra escéptica o incluso totalmente indiferente ante el funcionamiento de la UE. 
Ello se paga en momentos cruciales. 
El viernes no ha sido la primera vez. 
Se trata de una evolución francamente preocupante. 
Sería un gran error cargar ahora con el mochuelo a los irlandeses, ya que quedaría por ver si el Tratado de Niza hubiera sobrevivido a un referéndum en otros Estados miembros. 
Para superar esta crisis europea no basta con aumentar la transparencia. 
Aquí está en juego nada menos que el sentido político conferido a la Unión Europea. Es, por tanto, fundamental que nuestros jefes de Gobierno entablen un diálogo sobre este tema con sus oponentes. 
La Cumbre de Gotemburgo dar el primer paso en este sentido. 
Dispongo sólo de un minuto para felicitar al pueblo irlandés por su lucidez y su valentía y para darle las gracias por haber dicho "no" al Tratado de Niza. Debo constatar asimismo que, por consiguiente, este último queda derogado. 
Algunos fingen creer que sólo se trata de un incidente sin importancia. 
Ahora bien, el mismo resulta de un referéndum popular que debería ser obligatorio en este ámbito. 
En efecto, no se puede seguir ensalzando a los pueblos de Europa y la democracia y, al mismo tiempo, impedir que éstos se expresen democráticamente. 
Los irlandeses, al elegir claramente la independencia, la libertad y la identidad nacional, han hecho fracasar el super-Estado federal con el que algunos sueñan. 
No se sorprenderán si me felicito por ello. 
Señor Presidente, los países candidatos que se reunirán en Gotemburgo a finales de esta semana ya saben, a pesar de los maliciosos análisis que han ofrecido los medios de comunicación, que la población irlandesa acoge favorablemente la ampliación de la UE, como han dicho el Sr. Cox, la Sra. Ahern y la Sra. Doyle, entre otros oradores,. 
Al rechazar el Tratado de Niza, la población irlandesa ha disuelto la cortina de humo que esconde los problemas reales, por ejemplo, que Irlanda está alejándose de su neutralidad y acercándose a una cooperación gradual en la OTAN, una tendencia que erosiona la neutralidad irlandesa y que significaría la participación en la industria armamentista y en la Fuerza de Reacción Rápida. 
El Tratado de Niza no sólo perjudica los intereses del pueblo irlandés, sino también de todas las naciones pequeñas de Europa, incluidos los países candidatos. 
La lección irlandesa es buena. 
Ha dicho "no" a que se retire el control democrático de las manos del pueblo. 
Gracias, Irlanda. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente de la Comisión, las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del lunes pasado me llenaron de asombro. 
La señal que se emitió fue algo así como: no ha pasado nada, sigamos adelante, demos una segunda oportunidad a Irlanda. 
A la Sra. Van Lancker le digo que fue la mayoría socialista en el Consejo de Asuntos Generales la que decidió no intervenir. 
No hace falta recordarnos que la profundización constituye un punto fundamental, junto con la ampliación. Es algo que hemos propugnado siempre. 
Espero que usted enseñe a sus amigos socialistas que no es posible hacer como si no hubiera sucedido nada. 
Sin embargo, en mi opinión, Gotemburgo debería servir en primer lugar para reflexionar acerca de lo ocurrido. Deberíamos preguntarnos cómo las consecuencias de este acontecimiento pueden ayudarnos a reforzar la implicación de los ciudadanos en el proyecto europeo. 
Hemos de evitar que, después de Niza, nuestros jefes de Gobierno vayan proclamando visiones antagónicas inconexas que no hacen otra cosa que incrementar la confusión de la población. 
Pensemos en lo que tenemos en común y en lo que deseamos conseguir entre todos. 
Ojalá Gotemburgo se convierta en la cumbre del nuevo método de trabajo, de la convención, como usted ha sugerido acertadamente. 
Pero que Gotemburgo sea asimismo la cumbre de la reflexión acerca de la aceleración del proceso de integración y la implicación de los ciudadanos en los acontecimientos europeos. 
Éste es, en mi opinión, el provecho que podemos sacar de la señal emitida por nuestros amigos irlandeses. 
Señora Presidenta, usted se ha referido a la elaboración de un guión para Oriente Medio. 
A decir verdad, espero que Europa no vuelva a incurrir en el error de fomentar proyectos que nunca acaban por llevarse a la práctica. Es preferible que empleemos todo nuestro talento diplomático en ayudar a solucionar el enorme conflicto entre Israel y los palestinos. 
En mi opinión, ésta ha de ser nuestra apuesta. Hagamos asimismo todo cuanto esté a nuestro alcance por encontrar una solución para Macedonia. 
El Sr. Poettering ha insistido en ello con razón: ésta es una verdadera prueba de fuego para Europa. 
Señor Presidente, ayer por la tarde tuvo lugar una reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales para debatir el grave y nuevo asunto del referéndum celebrado en Irlanda. 
Al final de un debate muy amplio y exhaustivo y sobre la base de una convergencia política, se aprobó una declaración, cuyo texto en francés voy a leer a continuación: 
El resultado de este referéndum vuelve a poner en entredicho, imprevista y dramáticamente, el método aplicado el año pasado por la Conferencia Intergubernamental. 
Dicho resultado refleja la existencia de una incomprensión seria en las opiniones públicas de los Estados miembros debido a la falta de transparencia de las negociaciones, al carácter tortuoso de los acuerdos celebrados, a la complejidad de las cuestiones relativas a la ampliación de la Unión y al proceso de integración, ya que no hubo una verdadera confrontación y clarificación de los mismos frente a los ciudadanos. 
En ningún caso hay que poner en tela de juicio los compromisos adquiridos con los países candidatos. 
El examen posterior del Tratado de Niza por los Parlamentos nacionales que deben ratificarlo no puede, por otra parte, hacer caso omiso del problema que plantea la votación irlandesa. 
No obstante, independientemente de la búsqueda de soluciones a la situación creada y con la contribución esencial del Gobierno irlandés, la Comisión de Asuntos Constitucionales reafirma ante todo, con una convicción aún mayor, las posiciones sobre el método que ha de aplicarse de aquí al año 2003, posiciones que están contenidas en la resolución aprobada en el Pleno del 31 de mayo. 
La votación irlandesa confirma no sólo la necesidad de un debate más amplio sobre las cuestiones relativas al futuro de la Unión, sino también la necesidad de un mandato para la elaboración de textos con valor constitucional, el cual debe ser confiado a una convención capaz de garantizar, gracias a la participación de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo, esa transparencia y esa plena legitimidad que hasta ahora han faltado. 
Gracias. 
Señor Presidente, el no irlandés debe ser respetado, sin embargo, cuando los partidarios del no afirman que el Tratado de Niza ha caído, no es verdad. 
El Tratado de Niza no habrá caído hasta el instante en el que el gobierno irlandés comunique formalmente al resto de países que no podrá ratificar el Tratado de Niza. 
Y el gobierno irlandés no lo ha hecho por ahora, luego disponemos en realidad, políticamente en cualquier caso, del período comprendido hasta finales del año 2002 para ver si podemos obtener una ratificación del Tratado de Niza. 
Si esto no sucede durante el año 2002, tenemos un serio problema. 
Dinamarca ya ha ratificado el Tratado. 
Esto se debe a que existe una amplia mayoría política a favor de la ampliación y no hemos querido cuestionar la ampliación. 
El instrumento de ratificación es depositado a estas horas en Roma. 
Sin embargo, también es importante que abramos un debate sobre el arraigo popular, lo que constituía el tercer punto de la Presidencia sueca. 
Queda así en nuestras manos la seria tarea de poner en marcha esta debate con respecto tanto al antes como al después de Laeken. 
Señor Presidente, no culpo a los Gobiernos europeos de hacer caso omiso de la decisión de la población irlandesa. 
El propio Gobierno irlandés ha hecho caso omiso del claro mandato que recibió del pueblo. 
Como acaba de decir la Sra. Dybkjær, lo que ha hecho el Gobierno irlandés ha sido decir a los demás Gobiernos de la UE que sigan adelante, como de costumbre; que más adelante volverá a dirigirse al pueblo irlandés y les hará volver a votar hasta que consiga lo que quiere. 
El Gobierno pedirá a la población irlandesa que vuelva a votar sobre el mismo Tratado tras haber incluido declaraciones que no son legalmente vinculantes. 
Eso es completamente inaceptable para un proceso democrático, y nuestro Gobierno es culpable de traición por su enfoque del voto irlandés. 
La ampliación puede seguir adelante, pero queremos que ésta sea justa y equitativa. 
Deseamos que los nuevos Estados miembros se incorporen en las mismas condiciones que las que se ofrecieron a Irlanda. 
En cambio, las puertas se han cerrado herméticamente para mantener fuera a dichos países hasta que se modifiquen las normas para satisfacer a los países grandes y ricos de Europa. 
Eso no es aceptable. 
Los dirigentes de la UE que sostienen que el "no" de Irlanda ha sido un "no" a la ampliación están engañando a los países de la Europa Oriental. 
Eso no es cierto. 
Como ha dicho el Sr. Cox, hemos hecho campaña en favor de la ampliación, pero en contra del Tratado de Niza, porque éste no beneficia a los países que se integran, ni tampoco beneficia a los actuales Estados miembros. 
Sirve únicamente a los intereses de los más poderosos, y ésa no es la Europa que queremos ver surgir en el futuro. 
, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. (DE) Señor Presidente, yo también quiero expresar mi agradecimiento a la Presidencia sueca del Consejo y muy especialmente a usted, señora Presidenta del Consejo, sobre todo por su cooperación. 
El voto irlandés indica que los ciudadanos desean Europa, pero una Europa que ellos comprendan, que sea transparente, capaz de actuar y democrática. 
¿Cuál es, sin embargo, la verdadera situación? 
Tenemos un Tratado del que nadie habla bien, pero aun así se afirma que es preciso ratificarlo, pues de lo contrario peligraría la ampliación. 
Pero ¿qué vamos a hacer si catorce parlamentos nacionales ratifican el Tratado- con lo cual ya no será posible modificar ni una coma- y éste es rechazado por segunda vez en Irlanda en otoño de 2002? 
¿No es una apuesta demasiado arriesgada? 
¿No deberíamos preparar tal vez también otras alternativas, como puede ser la posibilidad de que las condiciones formales para la ampliación, como el número de escaños y de votos, y otros asuntos por el estilo, se negocien directamente en el marco de los tratados de adhesión, como se hizo en las anteriores ampliaciones? 
Yo creo que por lo menos deberíamos tener preparada una alternativa de este tipo para evitar que se pueda producir un retraso en la ampliación y con el fin de no emitir un mensaje erróneo y generar incertidumbre en los países candidatos hasta noviembre de 2002. 
Tenemos que procurar agilizar el proceso post-Niza mediante un debate público y una convención, y que éste quede cerrado a finales de 2003, como se indica en el informe Méndez de Vigo/Seguro. 
Yo insto, por otra parte, a los Gobiernos de los Estados miembros a que se lean dicho informe, pues contiene varias otras recomendaciones que permitirían superar esta crisis. 
Ya no sirven los trucos, los protocolos, las cláusulas de exclusión o cualquier otro recurso, sino que es preciso elaborar un Tratado que transmita a los ciudadanos con claridad el mensaje de que ellos también pueden contribuir a configurar esta Europa. 
Y después de los discursos visionarios con los que se han lucido los Schröder, Fischer, Jospin y Blair en los últimos meses, yo ahora les pediría que trasladen una parte de la fantasía de sus discursos a la política práctica y que esta Europa socialdemócrata no pase a la historia como una Europa incapaz de resolver los problemas del presente y del futuro. 
Señor Presidente, como ya se ha dicho varias veces, el "no" irlandés no ha sido un "no" a la ampliación. 
Ninguno de los partidos políticos de Irlanda ha hecho campaña en contra de la ampliación; ni los partidarios del "no" ni los partidarios del "sí" rechazaban la ampliación: sólo lo hizo una organización- una organización que no pertenecía a ningún partido hizo campaña en contra de la ampliación. 
La población irlandesa ha hablado sobre el Tratado de Niza y su decisión será respetada. 
La población de los catorce Estados miembros restantes también tiene derecho a opinar sobre el Tratado de conformidad con sus constituciones. 
En su caso, será expresada a través de los parlamentos elegidos democráticamente. 
No se les debe negar este derecho. 
Es irónico que los mismos que en esta Asamblea argumentaban en contra del Tratado de Niza, porque éste suponía demasiada Europa, ahora digan que Europa debería dar instrucciones a sus Estados miembros para que no ratifiquen el Tratado de Niza. 
Cuesta creer que los Verdes irlandeses, entre otros, adopten aquí esa actitud tan poco democrática. 
Permítanme que se lo explique de una manera sencilla, porque parece que les cuesta mucho entender: ¿acaso sostienen que la Copa del Mundo debería suspenderse porque el primer equipo participante debe perder si no marca el primer gol o creen que debería jugarse todo el campeonato hasta el final y permitir que participen todos los equipos que se han clasificado? 
Hay tiempo para la ratificación, aunque haya que recurrir al tiempo complementario. ¡Tomémonos ese tiempo! 
Como democracia, en la que el pueblo es soberano, la población irlandesa tiene derecho a decidir replantearse su decisión y a confirmarla o invertirla. 
Ahora debemos celebrar un debate continuo sobre el Tratado de Niza. 
Los partidos que apoyaron el Tratado deberían intentar obtener un mandato en las próximas elecciones generales, que se celebrarán en junio de 2002, para presentar a la población una nueva propuesta sobre el Tratado de Niza antes de diciembre de 2002. 
John Cushnahan y yo hemos publicado una iniciativa de siete puntos sobre medidas que podrían contribuir a despejar los problemas y disipar los temores en Irlanda. 
Me complace poder informar que el Gobierno irlandés ha adoptado una de estas iniciativas, a saber, el establecimiento de un foro en Irlanda para tratar sobre el futuro de Europa. 
Se trata de una propuesta que presenté en diciembre de 2000, a raíz del Tratado de Niza. 
Agradezco a la Sra. Ministra sueca, que esta mañana se encuentra presente, su confirmación de que habrá una Convención. 
No es fácil distinguir entre el sinfín de motivos de preocupación, algunos nacionales y otros europeos, que han provocado que en Irlanda saliera el "no". 
Existe un motivo de preocupación primordial y general; la población tiene la sensación de que está perdiendo el control sobre su Gobierno y sus vidas. 
La gente sabe que el proyecto europeo es necesario e importante, pero no tiene idea de cómo encaja ella en los planes. 
El resultado es que si queremos que la población de cada país de Europa inicie un nuevo experimento, que consiste en compartir su democracia, su soberanía y las ventajas de sus libertades, nosotros, como sus representantes elegidos, debemos marcar el rumbo con valentía y explicar con todo lujo de detalles cómo funcionará. 
Para terminar, los derechos de cada Estado miembro y de cada persona que reside en Europa deben estar garantizados. 
La mejor forma de conseguirlo es a través de un nuevo federalismo que esté basado en una constitución europea. 
Hasta ahora sólo tenemos una noción muy vaga de lo que esto podría representar. 
Estamos ante una montaña que debemos escalar, pero tengo la seguridad de que la población de Irlanda y del resto de Europa se crecerá ante el desafío en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo. 
Señor Presidente, la última vez que nuestros jefes de Gobierno se ocuparon del desarrollo sostenible en una de sus cumbres fue hace diez años. 
Es una auténtica vergüenza que hayan tardado tanto en volver a poner sobre el tapete este tema. 
La Comisión ha presentado un buen documento, pero me pregunto por qué la Presidencia sueca ha retirado del borrador de conclusiones la propuesta de la Comisión de suprimir la subvención de combustibles fósiles. Y esto, antes incluso de que los jefes de Gobierno hayan llegado a Gotemburgo. 
¿Por qué tanta aprensión? 
¿Por qué suprime Suecia el desarrollo sostenible aun antes de que comience la Cumbre? 
Una mayoría del 95% del Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de la ratificación del Protocolo de Kioto por parte de Europa, independientemente de lo que hagan los Estados Unidos. 
Jefes de Gobierno, háganle ver al Presidente Bush que todo país que se niega a acatar el Protocolo de Kioto da muestras de una enorme falta de responsabilidad. 
También es grave que los Estados Unidos continúen aplicando la pena de muerte, como hemos podido comprobar una vez más esta semana, pero al fin y al cabo éste no es nuestro problema, sino el del pueblo americano. 
Sin embargo, el plan energético de Bush para más petróleo, más carbón, más gas y más centrales nucleares acabará destruyendo el clima de todo nuestro planeta. 
Se trata de una iniciativa irresponsable que requiere una respuesta enérgica y una actuación inequívoca por parte de nuestros jefes de Gobierno en Gotemburgo. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, yo creo que se llevará usted una alegría después de esta reunión porque le estamos diciendo que va usted bien preparada al examen final de Gotemburgo. 
Yo creo que hoy este Parlamento ha reconocido los esfuerzos de la Presidencia sueca, y suyos en particular, para realizar un trabajo exitoso. 
Y yo también quiero reconocérselo. 
Creo que han actuado ustedes con cintura política. 
Por ejemplo, creo que en el arreglo en torno al memorándum sobre los fondos de cohesión han actuado ustedes con rapidez, y eso es positivo, porque Europa no es la Europa de los mercaderes, sino la de la cohesión y la de los principios y valores comunes que todos compartimos. 
Y creo también, que en esa misma línea ha habido un cambio en la Presidencia sueca en los últimos documentos preparatorios sobre un tema que nos preocupa mucho en este Parlamento, la convención. 
Yo creo que desde el principio hasta hoy hay un cambio, y es que ustedes han comprendido que es necesario preparar la próxima Conferencia Intergubernamental para que no ocurra lo mismo que ha sucedido con el Tratado de Niza, y creo que el modelo de la convención se va abriendo camino: se trata de un modelo participativo, abierto y transparente, características en las que usted está particularmente interesada. 
Yo quería pedirle en este momento que tuviera un poco más de audacia- como diría un revolucionario francés, de l 'audace, encore de l' audace, toujours de l ' audace-. 
Ya ve usted que estoy al lado de François Bayrou y que me ha imbuido esas ideas revolucionarias. 
Sean más audaces, apuesten ustedes por la convención porque yo creo que ésa es la lección que debemos sacar del referéndum irlandés. 
Necesitamos contar con la gente, escucharla, oírla, y la convención es un método útil para eso. 
Por tanto, le animo a que siga usted en esa línea, que ha defendido el presidente de mi Grupo, Sr. Poettering, y que nos vuelva de Gotemburgo con la buena noticia de que Gotemburgo ha lanzado ya esa convención para evaluar el futuro de Europa. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente de la Comisión, yo voy a concentrarme en los aspectos relativos a la política exterior y de seguridad que el Parlamento Europeo desea recomendar que se consideren en el Consejo Europeo de Gotemburgo. 
En primer lugar, quiero agradecer las iniciativas de la Presidencia sueca en el ámbito de la prevención de conflictos y la gestión civil de las crisis. 
Éstas rinden honor a la tradición de su país en este ámbito y son favorables e importantes para la Unión Europea. 
Yo quisiera alentarla, señora Presidenta del Consejo, a que en Gotemburgo culmine con éxito el proyecto que han iniciado, con la adopción de un programa concreto y sólido que se pueda trasponer de inmediato. 
Una de las tareas más difíciles, no sólo para la Presidencia del Consejo, sino para todo el Consejo Europeo de Gotemburgo, será exponer claramente al Presidente norteamericano nuestras preocupaciones y nuestros temores en relación con la nueva política emprendida por los Estados Unidos de América. 
Además de nuestra gran preocupación ante el proyecto de un sistema de defensa antimisiles, el rechazo del Acuerdo de Kioto y la actitud de los Estados Unidos con respecto al Tribunal Penal Internacional, el distanciamiento de los Estados Unidos de su tradicional cooperación con la Unión Europea constituye, sobre todo, una señal inquietante para cuantos consideran que dicha cooperación es absolutamente primordial para resolver los enormes problemas existentes a escala mundial. 
Señora Presidenta del Consejo, para acabar, quiero referirme a la situación sumamente triste y dramática que se nos plantea en la Ex República Yugoslava de Macedonia. 
Dentro de menos de una hora teníamos previsto recibir aquí al Presidente de la Ex República Yugoslava de Macedonia, Sr. Trajkovski. 
Supongo que debido a la difícil situación en su país. 
Nosotros somos responsables en parte del terrorismo del UCK- que no hemos disuelto a pesar de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad- que ahora asuela dicho país y pone en peligro su existencia. 
La Unión Europea debe hacer cuanto esté en su mano, señora Presidenta del Consejo, para conseguir que cese el terrorismo y ayudar a dicho país. 
Señor Presidente, el Presidente Lincoln dijo que a algunas personas se les puede engañar siempre; a todas, alguna vez, pero no se puede engañar siempre a todas las personas. 
Lo que está ocurriendo actualmente a raíz del referéndum irlandés sobre el Tratado de Niza es inaceptable desde cualquier punto de vista de la democracia occidental. 
Un Estado miembro, en virtud de las disposiciones del Tratado, ha sondeado la opinión de su población sobre las modificaciones adoptadas del Tratado. 
La población ha rechazado dichas modificaciones por una serie de motivos. 
No se puede hacer caso omiso de este resultado alegando que la participación fue más baja de lo habitual- ¿para qué sirve la legitimidad? -o porque algunos crean que el resultado de un referéndum sólo es bueno cuando es positivo. 
Cuando la UE avanza hacia la ampliación, no debemos dar la impresión a los países que esperan a la puerta de la Unión Europea de que es posible desechar sencillamente la democracia y el Estado de derecho y alentar tácitamente al Gobierno irlandés a celebrar otro referéndum más adelante. 
Ningún chanchullo con protocolos adicionales convencerá a los escépticos de que voten a favor de unas modificaciones del Tratado de difícil explicación y que nada aportan en ventajas reales que mejoren el funcionamiento efectivo de la Unión Europea. 
Sólo existe un modo de tranquilizar a la opinión pública y mantener el objetivo esencial de la ampliación de la UE. 
El Tratado de Niza deberá desaparecer en su momento. 
En semejantes circunstancias, ningún tratado es mejor que un mal tratado. 
En cambio, ahora debemos celebrar urgentemente un debate auténtico y sustancial sobre el futuro de la Unión Europea. 
La idea de una Convención no vinculante, a la que se han referido otros oradores, es una idea a la que le ha llegado la hora. 
No obstante, este proceso sólo podrá prosperar si todos los ciudadanos europeos participan y son consultados sobre estas cuestiones fundamentales. 
A más tardar a finales de 2003, los parlamentos nacionales deberían estar en condiciones de ratificar las disposiciones pertinentes del Tratado de Niza o aquéllas de la Convención. 
Si el Consejo Europeo no sigue este curso y da la impresión de estar pisoteando los procedimientos democráticos en los Estados miembros pequeños, sólo conseguirá alienar aún más a la sociedad europea, que verdaderamente solicita más información. 
Europa y sus instituciones sólo podrán construirse con el permanente apoyo de sus pueblos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la Presidencia sueca por su competente liderazgo de las negociaciones para la ampliación y por la buena preparación de la Cumbre de Gotemburgo. 
Me gustaría retomar dos cuestiones, de modo que no todo quede ahogado por el referéndum celebrado en Irlanda. 
Ante todo sostenibilidad. 
Pienso que será una aportación muy positiva al desarrollo europeo la aprobación de esta estrategia global de sostenibilidad. 
Necesitamos introducir un régimen obligatorio para la integración de consideraciones de tipo ambiental en todos los ámbitos de la cooperación europea, lo que tendrá lugar con el sexto programa de acción ambiental como pilar ambiental de la estrategia en los próximos años. 
Como hemos mencionado en la resolución del Parlamento, la sostenibilidad debe ser vista en un contexto global. 
En la actualidad no existen otras partes del mundo poderosas más allá de la UE que estén en condiciones de asumir este papel y por ello espero que la presencia del Sr. Bush, quien quizá sea el menos sostenible de todos, refuerce en cambio la unidad de la UE en este tema. 
Y ahora un par de palabras sobre la ampliación. 
Debemos vigilar la retórica. 
Creo que debemos mostrar respeto hacia la decisión del referéndum irlandés. 
Sin embargo, también escucho a los políticos irlandeses, tanto a los partidarios del sí como a los del no, decir que el problema en Irlanda no era la ampliación como tal y por ello me parece muy importante que el referéndum celebrado en Irlanda signifique que se aprueba claramente que las negociaciones para la ampliación pueden proseguir sin modificar el ritmo hasta que se halle una solución con respecto a Irlanda. 
Sería una equivocación histórica que la ampliación se viniera abajo o fuera retrasada a causa de este referéndum, cuando éste no era el problema para la población irlandesa. 
Por ello me gustaría hacer un llamamiento para que el Consejo Europeo con su Presidencia al frente muestren flexibilidad, brinden la máxima ayuda y den tiempo a que se encuentre una solución que resulte satisfactoria para la población irlandesa. 
Señor Presidente, señora ministra de Asuntos Exteriores, señor Presidente de la Comisión, la ampliación no solo es una cuestión económica, sino un gran acontecimiento político que encuentra su fundamento en la historia de los pueblos europeos, en su cultura común: el Derecho romano, el cristianismo, las universidades y la Ilustración Hoy tenemos el deber de redescubrir esta unidad cultural destinada a reforzar una elección necesaria, y yo diría, obligatoria e irreversible, como es la ampliación. 
La Comisión, el Consejo y el Parlamento tienen, como ha recalcado el Presidente Prodi, la tarea de hacer participar a los ciudadanos en este proceso. 
Ciertamente el voto irlandés exige que reflexionemos: no debemos dramatizar, pero no cabe duda de que tenemos el deber de implicar a los pueblos europeos en los grandes temas que afectan a Europa. 
Para alcanzar el objetivo de la ampliación, la Comisión contará con el pleno y convencido apoyo de mi formación política y del nuevo Gobierno italiano que, como hoy han recalcado y reconocido el Sr. Solana y el Sr. Giscard d ' Estaing, se han comprometido en una fuerte y renovada acción europeísta. 
Pero precisamente porque tenemos el deber de implicar a los pueblos europeos, creo que, también en lo que se refiere al proceso de reforma, hay que prever una fase previa en la cual el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, los Gobiernos y la Comisión se unan para preparar la futura Conferencia Intergubernamental del año 2003. 
Comparto, señor Presidente Prodi, su idea de no circunscribir el debate a una élite. Por consiguiente, menos elitismo y más parlamentarismo en los procesos de reforma. 
En lo que respecta al otro tema, el de las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea, soy de la opinión que hay que potenciar el diálogo transatlántico y, por lo tanto, bienvenida sea la visita del Presidente Bush. 
Por último, un compromiso con el proceso paz en Oriente Próximo in Medio Oriente. 
Creo que la Unión Europea debe hacer todo lo posible y, con vistas al futuro, una vez eliminada la etapa más difícil y evitado el recurso al terrorismo, debería intervenir, a mi juicio, también en aras del crecimiento económico de los territorios que están alrededor de Israel para que la tensión étnica y política no tenga que añadirse a la tensión económica. 
Creo que en este ámbito Europa podrá desempeñar un papel importante. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, los quince jefes de Estado y de gobierno se reunirán esta semana con ocasión de un Consejo Europeo que cerrará una Presidencia sueca de la Unión que todos coinciden en calificar de positiva, sobre todo en materia de transparencia y de acceso de los ciudadanos a la información. 
Esta Cumbre deberá asimismo evaluar los resultados inesperados del referéndum irlandés sobre la ratificación de Niza. 
Lamentamos el "no" del pueblo irlandés con respecto a este Tratado, que, si bien dista mucho de ser perfecto, ha resuelto, sin embargo, las cuestiones que estaban pendientes desde Amsterdam y ha abierto sobre todo la vía a la ampliación de la Unión europea a otros países. 
En efecto, ¿cuál es el mensaje de los irlandeses y de su alta abstención? 
Que los ciudadanos consideran a menudo Europa como una nebulosa abstracta, alejada de las preocupaciones cotidianas de estos últimos. 
La lección que, en todo caso, ha de sacarse de dicha votación consiste en la urgencia de un verdadero debate popular sobre el terreno respecto a estas cuestiones. 
Confío en la capacidad de la Unión para aceptar este reto. 
Deseamos que el Tratado de Niza entre en vigor antes que acabe el año 2002 para que la Unión esté en condiciones de acoger, como se ha comprometido a ello, a los nuevos Estados miembros a partir de 2004. 
Todos los Estados miembros deben procurar ratificar este Tratado lo antes posible y me congratulo de que Francia haya sido, tras su votación de ayer en la Asamblea Nacional, uno de los primeros países en hacerlo. 
Nuestra prioridad- y el Consejo Europeo de Gotemburgo debe reafirmarlo formalmente- sigue siendo la preparación a la ampliación. 
Emplearemos toda nuestra energía para que el post-Niza responda a las expectativas de los ciudadanos europeos sobre la finalidad de la Unión, sobre su proyecto político y sobre su déficit democrático. 
Decimos "sí" al post-Niza, preparado por una convención que asocie a los Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo, a los gobiernos de los Quince, a la Comisión y a la sociedad civil. "Sí" a una Constitución europea que afiance los valores comunes, el respeto de los derechos humanos, la diversidad cultural y el modelo social y que determine las competencias respectivas de los Estados miembros y de la Unión. 
También decimos "sí" a una federación de Estados-naciones en la que cada uno conservará su especificidad y sus competencias. 
. (SV) Señor Presidente, la ampliación ha tenido el papel protagonista en este debate, cosa que me parece natural. 
Me alegra el amplio respaldo que la ampliación tiene aquí en el Parlamento. 
El papel del Parlamento hasta ahora ha sido decisivo, entre otras cosas, mediante su exigencia de que los países candidatos puedan participar en la elección de 2004. 
En el futuro, ustedes también tendrán un papel muy importante como impulsores de la ampliación. 
He tomado nota de los deseos del Parlamento de que en Gotemburgo se den señales claras, incluso de que se fije un calendario más preciso. 
También he tomado nota de que la gran mayoría está a favor de continuar con la ratificación del Tratado de Niza. 
Quiero decir que valoro especialmente las expresiones en este sentido de los Sres. Poettering, Barón Crespo, Cox, Collins y de otros jefes de Grupo. 
Obviamente hay que tomar en serio el plebiscito irlandés. 
Tenemos que dar mayor arraigo al proyecto y a los temas europeos. 
Tenemos que tomar en serio el resultado del plebiscito. 
Es una responsabilidad común y una lección para todos. 
Es evidente que queremos ayudar a Irlanda, de la forma en que Irlanda y su gobierno decidan. 
No obstante, para no dañar aún más el proyecto europeo y para no lesionar la credibilidad de la Unión, tenemos que continuar con la ratificación del Tratado de Niza y con la ampliación. 
Por suerte los jefes de Grupo Sres. Wurtz y Bonde carecen de mayoría en este Parlamento y en los parlamentos nacionales cuando abogan en contra de la ratificación del Tratado de Niza. 
Esto es precisamente lo que produce inquietud en los países candidatos. 
El Tratado de Niza es un requisito para la ampliación. 
Rechazar el Tratado de Niza es decir no a la ampliación, y con este tipo de amigos los candidatos no necesitan enemigos. 
También es importante para la ampliación que continúe el proceso en torno a temas específicos. 
El Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, y otras personas han subrayado hoy la importancia de que nos ocupemos de los asuntos verdaderamente importantes como, por ejemplo, los asuntos medioambientales y la libre circulación de personas y de capitales. 
Considero importante decir en esta Asamblea que después de las negociaciones que tuvieron lugar a comienzos de esta semana, no sólo hemos creado posturas comunes en relación con estas complejas materias, sino que también hemos empezado negociaciones con los países candidatos y, con algunos de ellos, incluso las hemos terminado. 
Hemos terminado las negociaciones sobre temas medioambientales con cuatro países candidatos. 
Estamos listos con la libre circulación de personas con un par de países candidatos. 
Asimismo, estamos listos con la libre circulación de capitales con dos de esos países. 
Permítanme comentar especialmente la libre circulación de personas, puesto que ésta ha sido una materia muy delicada. 
Hemos buscado una solución flexible que implica que permitimos un período transitorio a los países que lo necesiten de manera absoluta, mientras que somos más flexibles con los otros. 
Los gobiernos sueco y neerlandés han declarado hace poco que quieren abrir las puertas a trabajadores de los nuevos países miembros desde una etapa inicial, de modo que esas personas puedan trabajar en las mismas condiciones que los trabajadores de los antiguos países miembros. 
Espero que muchos países hagan declaraciones similares, tan pronto como sea posible. 
Creo que en esta materia ustedes, como parlamentarios europeos, pueden influir en los gobiernos nacionales. 
Muchos oradores se han referido también al desarrollo sostenible y a los asuntos medioambientales. 
Puedo asegurarles que seguimos siendo fieles al Protocolo de Kioto. 
En la Cumbre vamos a impulsar los temas medioambientales y los discutiremos con el Presidente Bush. 
En Gotemburgo haremos cuanto podamos para dar pasos importantes en esta materia. 
Simultáneamente, creo que no hay que olvidar los asuntos sociales, tal como lo han señalado el Sr. Barón Crespo y otros oradores, y que hemos hecho avances en ese sentido y en torno a la situación de los trabajadores. 
En cuanto a la política exterior, queremos continuar nuestro trabajo en el oeste de los Balcanes y en Oriente Medio. 
Hemos visto que la UE puede tener un papel importante. 
Estos trabajos, evidentemente, deben continuar. 
Lamento que hoy no podamos estar con el Presidente Trajkovski en el Parlamento Europeo, pero creo que él ha hecho una acertada elección al negociar durante estos difíciles días con la Antigua República Yugoslava de Macedonia y facilitar así un desarrollo pacífico. 
Creo que la Unión cuenta con buenos instrumentos, y vamos a tener otros, para los futuros trabajos del programa de prevención de conflictos, asunto que destacó el Sr. Sakellariou. 
Suecia desea continuar con estos trabajos, incluso después de la Presidencia. 
Finalmente quiero agradecer todos los elogios a la Presidencia sueca. 
Desgraciadamente, ésta es la última vez que haré uso de la palabra desde este lugar, pero espero continuar colaborando con el Parlamento como Ministra de Asuntos Exteriores. 
(Aplausos) 
. (IT) Señor Presidente, una breve réplica a algunos puntos que han aflorado en el debate. 
En primer lugar, me es grato comprobar que este Parlamento ha tomado muy en serio la voluntad expresada por el pueblo irlandés no solo porque representa- aunque el voto no ha sido muy numeroso- a todo un pueblo, sino también porque representa a un país entero y sobre todo porque nos empujará a todos a adoptar nuevos métodos en el gobierno de Europa. 
Es una lección y me satisface que se haya expresado una voluntad común- en el Parlamento, en la Comisión y en la Presidencia, así como en la declaración de la Comisión de Asuntos Constitucionales que el Sr. Napolitano nos ha leído- de pasar página en la manera de gestionar las Cumbres, de legislar en Europa. 
Ésta es la verdadera lección que hay que aprender y, por consiguiente, la gran y transparente Convención hacia la que nos estamos orientando debe ser el nuevo mensaje, el mensaje sobre el cual los pueblos europeos se podrán pronunciar con conocimiento de causa, con tranquilidad, sabiendo qué se debate. 
La Sra. Doyle ha hecho una breve digresión sobre la declaración del Sr. Solbes, mi declaración y la del Sr. Jospin respecto a su influencia en el referéndum irlandés. 
Quisiera responder de las declaraciones de la Comisión. 
El juicio expresado sobre la economía irlandesa, sobre algunos problemas que habían aflorado, ha sido un juicio basado en los muchos criterios a los que debemos atenernos. 
La Comisión está obligada a ceñirse a estos criterios- establecidos, por otra parte, por los Quince y, entre ellos, por Irlanda- de manera rigurosa. 
Nuestro deber es no hacer excepciones en favor de nadie: nuestro deber será aplicar las normas de la misma manera para los Estados grandes y pequeños, porque el deber de la Comisión es ser el guardián de los intereses de todos los pueblos y de todos los Estados europeos. 
Lo hemos hecho hasta ahora y continuaremos haciéndolo en el futuro. 
Aprovecho esta breve réplica para hacer otras dos observaciones. 
En primer lugar, no debemos olvidar, y vuelvo a dar las gracias a la Presidencia sueca, el gran paso dado para desbloquear las directivas sociales. 
Estaban bloqueadas hacía mucho tiempo, eran un problema: ahora se ha dado otro paso adelante. 
A este respecto, quiero dar las gracias también a la Sra. Diamantopoulou por el trabajo realizado. 
Por último, se ha hecho una referencia al discurso que pronuncié hace unos días sobre el tema de la necesidad de un impuesto europeo. 
Quisiera reiterar este concepto, despejar cualquier duda e iniciar con ustedes, el Parlamento, una reflexión sobre este asunto tan delicado. 
La Comisión está trabajando, está llevando a cabo un trabajo técnico en lo que se refiere a la viabilidad y posibilidades de este impuesto que deberá sustituir los impuestos existentes y que no representará en absoluto una nueva carga para los ciudadanos europeos. 
Respecto a esto, hemos sido claros desde el primer momento en que hemos empezado a hablar del mismo y debemos serlo ahora. 
No obstante, también hemos de aclarar que esta actitud responde a una solicitud expresa del Consejo y del Parlamento. 
Debemos reflexionar sobre estos temas, ya que las Instituciones deben vivir en un contexto democrático también desde el punto de vista fiscal y, por consiguiente, el objetivo de este hipotético y posible impuesto es sustituir el actual sistema- que es complicado, opaco, no transparente- de las contribuciones nacionales y reforzar la percepción de una forma democrática de acumular los recursos y de una forma transparente de gastar los recursos acumulados. 
Éste es nuestro deber, también para rechazar lo más posible la actitud que con frecuencia es general en nuestros Estados miembros y que se resume en la frase "I want my money back", "quiero que me devuelvan mi dinero", o sea, una especie de contabilidad reservada que es la contabilidad de los Estados nacionales, de los cuales las Instituciones europeas son un objeto pasivo. 
Esto, en mi opinión, se ha de cambiar y, repito, es un paso obligado de todas las instituciones democráticas: contar con recursos transparentes- que, evidentemente, pueden ser transferencias de impuestos nacionales a impuestos europeos, pero que deben ser transparentes y dedicarse específicamente a las Instituciones europeas- y responder con la misma transparencia a los ciudadanos europeos. 
Creo que estos son los métodos que debemos emplear en todo momento. 
Si utilizamos estos métodos la actitud de los pueblos europeos será una actitud mucho más positiva, mucho más comprensiva, porque entenderán qué hacemos con su confianza y con su dinero. 
Por último, también recordamos esta lección del referéndum irlandés y de las reflexiones posteriores. 
Los pueblos europeos deben y quieren pronunciarse sobre un proyecto fuerte, sobre un proyecto audaz. 
Quieren pronunciarse sobre un proyecto comprensible, quieren saber cuál es la parte de su destino que quieren poner junto con los demás Estados europeos. 
No tienen ninguna aversión preconcebida, ninguna nueva cerrazón; están en su derecho de entender, de conocer cada paso que tienen ante sí, cada paso que guiará su vida. 
Y la Convención- tal como se planteará- es el primer paso delicado de esta nueva etapa de las Instituciones europeas. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido seis propuestas de resolución como conclusión de este debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a la preparación del Consejo Europeo de Gotemburgo. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Los debates de la mañana han concluido. 
Interrumpo la sesión a la espera del turno de votaciones de las 12.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 11.33 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
Señora Presidenta, mi moción de orden se refiere a una cuestión que he planteado otras veces en este Parlamento y es que continuamente están muriendo personas africanas en las costas españolas. 
Recientemente, al ser abordadas por la Guardia Civil española, murieron quince personas africanas ante las costas de las islas Canarias y esta semana ha muerto otra persona. 
Creo que nosotros nos preocupamos mucho cuando mueren mexicanos en el desierto de Arizona, pero en cambio nos es absolutamente indiferente que mueran ante nuestras costas continuamente personas que buscan trabajo en Europa. 
Creo que ya es hora de que desde este Parlamento y desde las instituciones europeas se tomen medidas para combatir este gravísimo problema que nos afecta a todos. 
Tomamos nota de su comunicación, señor Nogueira. 
VOTACIONES 
Señora Presidenta, intervengo simplemente para que se adapte este apartado al que aprobamos la semana pasada y, por lo tanto, reitero la propuesta de sustituir la expresión "Conferencia Intergubernamental" por "reforma". 
(La Asamblea no se opone a tener en cuenta la enmienda oral) -Enmiendas orales relativas al apartado 40 
Señora Presidenta, presento una enmienda oral a fin de endurecer un poco el texto del apartado 40, más en concreto el encabezamiento. 
Se refiere al UCK. 
La enmienda oral reza como sigue: "procedentes del denominado UCK y los grupos armados afines". 
Espero que quede claro que con ello pretendo endurecer el texto. 
Señora Presidenta, hemos debatido largamente este asunto y lo hemos tratado personalmente con el Sr. Oostlander. 
Esta enmienda oral no cuenta con nuestra aprobación. 
Lamentablemente se trata del UCK, no del denominado UCK, y de grupos armados, no de grupos aliados. 
Por lo tanto, nos oponemos a que se tome en consideración dicha enmienda oral. 
(Más de doce diputados se oponen a que se tengan en cuenta las enmiendas orales) -Sobre la enmienda 41 
Señora Presidenta, hemos comunicado un cambio en el punto 41, en el que Macedonia debe ser reemplazado por Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Espero que se tome nota antes de la votación final. 
Naturalmente, se trata de una rectificación lingüística importante debidamente consignada en las listas. 
Por consiguiente, no es necesario votar. 
Señora Presidenta, en el texto dice "Gobierno macedonio". 
Se trata de una enmienda oral y, por lo tanto, también habría que preguntar si alguien se opone a ella. 
Señora Presidenta, este es un tema de alto contenido político y, por lo tanto, yo le ruego que lo consulte con la comisión competente. 
Cuando se usa esa expresión se está adoptando una posición política. 
De ser así, las enmiendas que se han incorporado antes también serían correcciones lingüísticas. 
Sí, señor Posselt, le aseguro que se ha comprobado: no se trata de una toma de posición política, sino de una armonización. 
Se había cometido un error lingüístico que se ha rectificado de esta manera. 
Señora Presidenta, pienso que el Sr. Posselt tiene toda la razón. 
Es una toma de posición política de nuestro Parlamento para dejar de utilizar el término "ARYM" o "FYROM", que no tiene ningún significado, y para decidir llamar a un país por su nombre, es decir: "Macedonia". 
Señora Presidenta, no me gusta el resultado de esta votación. 
¿Podríamos repetirla y, quizá, crear un foro para tratar sobre ella antes de votar? 
Esto es lo que estamos pidiendo al pueblo irlandés respecto a esta cuestión. 
Esta rectificación tiende a conferir coherencia al texto. 
Es evidente que en un texto no es posible utilizar una denominación y luego cambiarla. 
Dicho esto, si en otra ocasión el Parlamento Europeo desea actuar de otra manera, entonces será una decisión política. 
Pero no es posible tomar una decisión de esta naturaleza para cambiar un término del texto. 
Asumo, pues, la responsabilidad de la votación que acaba de efectuarse. 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0187/2001) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono en el aire ambiente (13114/1/2000- C5-0090/2001- 1999/0068 (COD) ) (Ponente: Sr. Davies) 
(La Presidenta declara aprobada la posición común modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0179/2001) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a las posiciones comunes del Consejo con vistas a la aprobación de los reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo que modifican: 
I. el reglamento (CEE) nº 3528/86 relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica (14644/1/2000 REV 1- C5-0072/2001- 1999/0159 (COD)) 
II. el reglamento (CEE) nº 2158/92 relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios (14645/1/2000 REV 1- C5-0073/2001- 1999/0160 (COD) ) (Ponente: Sra. Redondo Jiménez) 
(La Presidenta declara aprobadas las dos posiciones comunes) 
Informe (A5-0202/2001) del Sr. Harbour, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (COM (2000) 392- C5-0429/2000- 2000/0183 (COD)) 
Señora Presidenta, la versión finesa de las enmiendas presentadas a este informe no ha llegado al Pleno sino esta mañana, es decir, que las 14 últimas enmiendas preparadas para el Pleno han estado disponibles en mi lengua materna sólo esta mañana. 
Yo creo que esto está fuera de lugar. 
No obstante, no voy a exigir por ello el aplazamiento de la votación de este informe, pero quisiera simplemente poner en conocimiento del Parlamento que no es aceptable que estas enmiendas lleguen traducidas a mi lengua materna con tanto retraso. 
Le doy las gracias, señora Kauppi, estoy de acuerdo con usted en que es inaceptable. 
Le doy las gracias por su comprensión y procuraré que esta situación no se vuelva a repetir. 
Antes de la votación de las enmiendas 47, 48 y 49 
. (EN) Señora Presidenta, antes de que votemos sobre el artículo 26, algunos colegas me han indicado que el texto de mi enmienda 47, que espero que la Asamblea la apruebe, no está del todo claro en otras versiones lingüísticas. 
Por consiguiente, me gustaría leer en voz alta la versión inglesa, que hace referencia a las emisiones de radio y televisión. 
El texto inglés, para que quede claro, dice: "... in pursuit of a public service broadcasting remit " (... en cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito del servicio público de radiodifusión). 
Hago hincapié en el término "ámbito" porque tiene la finalidad de incluir los servicios de radiodifusión públicos, así como a los emisores del sector privado que operan en el ámbito del servicio público. 
Creo que eso no queda claro en todas las versiones lingüísticas. 
Le ruego, señora Presidenta, que se asegure de que la traducción definitiva a otras lenguas- en el supuesto de que se acepte mi enmienda- cubre este punto. 
Desde luego, señor Harbour. 
En ese caso, haremos las comprobaciones necesarias. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Bienvenida 
Señorías, tengo el gusto de dar la bienvenida al Sr. Olivio Dutra, Gobernador del Estado de Río Grande del Sur, en Brasil, que se encuentra en la tribuna. 
(Vivos aplausos) 
Informe (A5-0181/2001) de la Sra. Lulling, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE, Euratom) nº 58/97 relativo a las estadísticas estructurales de las empresas (COM (2001) 38- C5-0031/2001- 2001/0023 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0149/2001) de la Sra. Torres Marques, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE con objeto de simplificar, modernizar y armonizar las condiciones impuestas a la facturación en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (COM (2000) 650- C5-0008/2001- 2000/0289 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0194/2001) del Sr. Miller, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre las propuestas de reglamento del Consejo: 
I. por el que se establecen medidas específicas relativas al cese definitivo de funcionarios de la Comisión de las Comunidades Europeas con motivo de la reforma de la Comisión (COM (2001) 50- C5-0057/2001- 2001/0027 (CNS)) 
II. que modifica el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) nº 549/69 que determina las categorías de los funcionarios y agentes de las Comunidades Europeas a las que se aplicarán las disposiciones del artículo 12, del párrafo segundo del artículo 13 y del artículo 14 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades (COM (2001) 50- C5-0058/2001- 2001/0028 (CNS)) 
(Por votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas) 
Informe (A5-0207/2001) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el documento de trabajo de la Comisión: Perspectivas y prioridades del proceso ASEM (Cooperación Asia-Europa) en la nueva década (COM (2000) 241- C5-0505/2000- 2000/2243 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0186/2001) de la Sra. Fourtou, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre las peticiones declaradas admisibles relativas a los implantes de silicona (peticiones 0470/1998 y 0771/1998) (2001/2068 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, una pregunta en relación con el apartado 21 del informe del colega Brok. 
Éste se ha votado y a mi me parecía que lo habíamos rechazado. 
Sin embargo, usted acaba de anunciar que se ha aprobado. 
¿Podría confirmar de nuevo qué ha ocurrido en realidad? 
Así es, el texto original ha sido aprobado por empate de votos, puesto que la enmienda había sido rechazada. 
Señora Presidenta, no me refiero a la enmienda, sino a la votación sobre el apartado 21. 
He votado en contra de la segunda parte del apartado 23 de la propuesta común de resolución sobre el Consejo de Gotemburgo por las siguientes razones: 
Primero, porque no hay una propuesta oficial de la Comisión de anular gradualmente las financiaciones al tabaco, sino sólo una referencia del Sr. Presidente de la Comisión Europea, Sr. Romano Prodi, en el debate sobre el desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, la formulación del apartado 23 es inexacta. 
Segundo, porque la lógica de anular las financiaciones al tabaco con vistas a combatir el tabaquismo es una hipocresía. 
Y es una hipocresía porque con medidas de este tipo, en una Unión Europea deficitaria en tabaco, se consiguen dos objetivos: por una parte el castigo a los productores de tabaco del sur europeo, y por otra, el fomento a otros productores de tabaco de países terceros, de los cuales se importará el tabaco para cubrir el déficit producido, algo que va a repercutir negativamente en el equilibrio comercial de la Unión Económica. 
Tercero, porque hay regiones de Europa, como por ejemplo la provincia de Xanthi en Grecia del norte, donde hay monocultivo del tipo poco común de tabaco Basmás, muy antiguo, y al que se dedican en exclusiva más de 20.000 agricultores en campos montañosos, de difícil acceso, campos de 30 a 300 metros cuadrados, en donde no se puede cultivar nada más y que van a llegar en la miseria más absoluta si dichas medidas se aplican. 
Señora Presidenta, he votado a favor de esta resolución sobre el próximo Consejo de Gotemburgo, puesto que contiene un punto importante que se refiere al compromiso de tener en nuestra Europa unas pensiones, según se dice, sostenibles y que permitan a quien ha trabajado vivir con dignidad. 
Creo que Europa debe estar cerca de los ciudadanos no solo en la economía, sino también cuando, después de haber trabajado, tienen derecho a percibir una pensión que les permita vivir bien también cuando ya no tienen la edad para seguir trabajando. 
Señora Presidenta, he votado en contra de la presente resolución. 
Contenía cosas buenas, sobre la ampliación y la sostenibilidad, pero en lo que respecta a la política de defensa, sencillamente no podía aceptar la idea de dar mi aprobación a la Fuerza de Reacción Rápida ni a que ésta esté operativa a más tardar a finales de 2001. 
No apoyo la militarización de Europa. La presente resolución contiene varios aspectos relacionados asimismo con los presupuestos de defensa, que promueven la militarización de Europa. 
Hay un punto sobre el que he votado en contra en la votación nominal, que está relacionado con el sistema de Defensa Nacional de Misiles estadounidense. 
Creo que el argumento no se ha expuesto con la firmeza necesaria. 
Da la impresión de que acepta el sistema de Defensa Nacional de Misiles. 
No basta con que nos limitemos a pedir que nos mantengan informados. 
No deberíamos secundar el sistema de Defensa Nacional de Misiles estadounidense. 
Deberíamos rechazarlo en cada oportunidad que se nos presente, en vez de decir: manténganos informados. 
En general, creo que la presente resolución apunta en la dirección equivocada. 
Respalda la militarización de Europa- algo que no apoyo. 
Quizá, si me la vuelve a proponer, bajo una fuerte presión, cambie de opinión, del mismo modo que el Gobierno irlandés espera que la población irlandesa cambie de parecer respecto al Tratado de Niza. 
Señora Presidenta, los jóvenes europeos consideran esta cita de Gotemburgo una cita muy importante, ya que el Tratado de Niza y el rechazo irlandés pueden llegar a comprometer el futuro de muchos de ellos. 
Por eso, nos hemos pronunciado sobre la cita de Gotemburgo pidiendo al Consejo- y es un llamamiento que, con esta explicación de voto, le hago también a usted, señora Presidenta, que irá a Gotemburgo y que, sin duda, podrá transmitirlo con gran firmeza, ya que me parece que procede de este Parlamento- para que se cambie de orientación, para que se tenga en cuenta que no se puede hacer la política europea y el concierto europeo como lo hacían los diplomáticos en los siglos XVII y XVIII. Europa es otra cosa, y debemos conseguir que la construyan los electos, un órgano ad hoc atento a los ciudadanos y a los jóvenes, en particular. 
Señora Presidenta, he votado en contra de la propuesta de resolución sobre la preparación del Consejo de Gotemburgo porque en su apartado 8, sobre el futuro de la Unión, se pide el establecimiento de una Convención para preparar la futura CIG a finales de 2003 o 2004. 
En su formulación actual, la posición común excluye a todas las "naciones apátridas" que existen en la Unión Europea. 
Los vascos, los corsos, los sardos, etc. En total, más de 50 millones de personas no tendrán ninguna oportunidad de participar en este debate. 
Eso es muy poco democrático y muy lamentable. 
Por ello digo claramente que es un grave error excluir a todos esos pueblos. 
La semana pasada se excluyó una enmienda similar al informe del Sr. Méndez de Vigo y Sr. Seguro. 
Es lamentable que hoy hayamos cometido el mismo error. 
Una vez más los líderes de la Unión Europea se van a reunir, sin la presencia de los pueblos, para decidir sobre el futuro. 
Entre los temas del orden del día están "la gestión estratégica y política de las crisis", el fuego que ha prendido en los Balcanes y la desestabilización intensificada en la región, la ampliación de la Unión Europea. 
Incluso van a recibir al Presidente de los Estados Unidos para negociar la repartición del mundo y para ponerse de acuerdo con él sobre la nueva Guerra de las Galaxias. 
Sin embargo, objetivamente la Cumbre se va a desarrollar bajo la sombra del reciente referendum en Irlanda, cuyo pueblo ha rechazado el tratado de Niza. 
Por mucho que los líderes de la Unión Europea intenten restar importancia a los resultados del referendum irlandés, éste no deja de constituir una condena de la política bárbara e inhumana que los intereses del gran capital imponen en nuestro continente. 
Sus reacciones muestran claramente los límites de la democracia burguesa. 
Declaran insolentemente que se va a mantener el calendario para ratificar el Tratado a pesar del resultado del referendum, confirmando que su democracia es la dictadura del capital. 
La situación de la economía europea, la caída del euro y otras cuestiones económicas van a afrontarse con medidas más duras y antipopulares a costa de los trabajadores, acelerando las reestructuraciones capitalistas y asestando golpes a los sistemas de seguridad social, para garantizar la competitividad y la madurez económica del capital europeo, creando una pobreza mayor, desempleo e inseguridad en los pueblos de Europa. 
Esta es la Europa soñada, que no es en ningún caso la Europa de los trabajadores. 
La referencia al medio ambiente y al eufemismo sobre el desarrollo sostenible es una cortina de humo para ocultar el ataque de la política liberalista también al sector del bien social que se llama medio ambiente. 
La resolución del Parlamento Europeo no sólo acepta estas directrices, sino que también se excede. 
Distorsiona la realidad en un intento desesperado por convencer a los pueblos de que todo esto se lleva a cabo por su bien. 
Claramente aplaude la militarización de la Unión Europea y expresa su esperanza en que las primeras muestras de la capacidad operativa de la Unidad de Reacción Rápida lleguen en el 2001. 
También exige de los Estados miembros que desembolsen cantidades tremendas en gastos militares y que el Consejo europeo apruebe un "programa efectivo y vigoroso" para prevenir los enfrentamientos. 
Con hipocresía condena las acciones terroristas del UÇK, mientras que alaba las presiones del Gobierno de la Antigua República Democrática de Macedonia por medio de Solana y de Patten. 
Y como muestra de su cometido, ¡el Parlamento Europeo ha considerado oportuno aplaudir la propuesta de la Comisión sobre una anulación gradual de las financiaciones al tabaco! 
Por todas estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votamos en contra de la resolución. 
. 
(FR) Al día siguiente del referéndum por el que Irlanda ha dicho "no" al tratado de Niza, hemos oído toda una serie de tergiversaciones que demuestran la tendencia antidemocrática de los federalistas. 
Para continuar el proceso de ratificación como si nada ocurriese, algunos han puesto en entredicho la "pertinencia del referéndum", basándose en que la participación habría sido escasa. 
¿Quizá piensen que sólo las decisiones tomadas por los eurócratas son más democráticas? 
En todo caso, la escasa participación irlandesa se debe principalmente a la desmovilización de los partidarios del "sí", y esto también hay que añadirlo, evidentemente, al saldo desfavorable del Tratado de Niza. 
Segunda interpretación viciada: el "no" es atribuible a causas específicamente irlandesas, la preocupación de proteger la neutralidad en materia de defensa, el deseo de no convertirse en un país contribuyente desde el punto de vista financiero, la voluntad de proteger una legislación restrictiva en materia de aborto... 
Pero estas explicaciones circunstanciales no bastan. El "no" sólo tiene una causa, explícita o subyacente: el deseo del pueblo irlandés de conservar su libertad de decisión frente a una Europa invasora, que el tratado de Niza reforzará aún más. 
Tercera interpretación: se nos dice que al rechazar Niza, los irlandeses han rechazado el método intergubernamental de negociación de los Tratados, por ser demasiado opaco. 
Quizá sea verdad, pero de ningún modo se debe sacar la conclusión de que en el futuro habrá que desposeer a los gobiernos en beneficio de mecanismos de preparación o de revisión más supranacionales. 
Por el contrario, hay que reforzar el poder de cada pueblo. 
Finalmente, los peores son quizá aquellos que, al interpretar el referéndum irlandés como una reacción contra una Europa indiferente a los ciudadanos, alegan que la única solución consistiría en elaborar, lo antes posible, una Constitución europea. 
Naturalmente, esta solución no haría más que agravar el mal, puesto que refuerza la supranacionalidad. 
Interpretemos, pues, los resultados de este referéndum con sentido común y simplicidad: es un rechazo a la Europa federal. 
. (DA) Nos abstenemos en la votación del punto 5: "celebra que recientemente se haya alcanzado un acuerdo sobre una postura comunitaria común con respecto a las negociaciones con los países solicitantes", puesto que no respaldamos la postura comunitaria común (Tratado de Niza) , pero sí estamos a favor de la ampliación. 
. 
(FR) Hemos votado en contra de esta propuesta porque presenta una Europa que no es la nuestra, no es la Europa del mundo del trabajo. 
Es la Europa de los mercaderes, de los banqueros y de los grandes grupos industriales, una coalición de sus respectivos Estados. 
Creada con dificultades desde hace medio siglo por las burguesías de los países europeos condenadas a extenderse, a pesar de rivalizar entre ellas, para no desaparecer del escenario económico internacional, esta Europa está construida exclusivamente en función de sus intereses. 
Los obstáculos para su ampliación hacia los países del Este europeo no hacen más que reflejar su naturaleza fundamental. 
El futuro es, ciertamente, la unificación de Europa, de toda Europa, sobre la base de una completa igualdad de sus pueblos, y la supresión de las fronteras. 
Pero no puede surgir de un acuerdo entre grupos capitalistas preocupados exclusivamente por sus beneficios y no por el interés de los pueblos. 
La emergencia de una Europa verdaderamente unificada sometida al control democrático de su población está ligada a transformaciones sociales profundas, que deben acabar con el predominio de los grupos financieros privados sobre la economía y la sociedad. 
. (EN) El "no" irlandés no ha sido un "no" a la ampliación. 
Ningún partido político ha hecho campaña en contra de la ampliación. 
Sólo la hizo una organización que no pertenece a ningún partido político. 
La población irlandesa ha hablado sobre el Tratado de Niza y su decisión será respetada. 
La población de los catorce Estados miembros restantes también tiene derecho a opinar sobre el Tratado de conformidad con sus constituciones. 
En su caso, será expresada a través de los parlamentos elegidos democráticamente. 
No se les debe negar este derecho. 
Como democracia, en la que el pueblo es soberano, la población irlandesa tiene derecho a decidir replantearse su decisión y a confirmarla o invertirla. 
Soy de la opinión de que ahora debemos celebrar un debate sobre el Tratado de Niza y que aquellos partidos que apoyaron el Tratado deben intentar obtener un mandato en las próximas elecciones generales, que se celebrarán en junio de 2002, para presentar a la población una nueva propuesta sobre el Tratado de Niza antes de diciembre de 2002. 
Mi colega John Cushnahan y yo hemos publicado una iniciativa de siete puntos sobre medidas que, creemos, podrían contribuir a despejar los problemas y a disipar los temores en Irlanda. 
Me complace poder informar que el Gobierno irlandés ha adoptado una de estas iniciativas, a saber, el establecimiento en Irlanda de un foro sobre el futuro de Europa. 
En mi opinión, este foro debería actuar en paralelo y obrar recíprocamente con la Convención europea propuesta por el Grupo Socialista y que esta mañana ha obtenido el respaldo de la Ministra Lindh para ser presentada en Gotemburgo. 
No es fácil distinguir entre el sinfín de motivos de preocupación, algunos nacionales y otros europeos, que han provocado este resultado del "no". 
Existe, sin embargo, un motivo de preocupación primordial y general: la sensación de que la población está perdiendo el control sobre su Gobierno y sus vidas. 
La gente sabe que el proyecto europeo es necesario e importante, pero no tiene idea de cómo encaja ella en los planes. 
El resultado es que si queremos que la población de cada país de Europa inicie un nuevo experimento, que consiste en compartir su democracia, su soberanía y las ventajas de sus libertades, nosotros, como sus representantes elegidos, debemos marcar el rumbo con valentía y explicar con todo lujo de detalles cuál será su funcionamiento. 
Los derechos de cada Estado miembro y de cada persona que reside en Europa deben estar garantizados. 
Creo que la mejor forma de conseguirlo es a través de un nuevo federalismo que esté basado en una constitución europea. 
Hasta ahora sólo tenemos una noción muy vaga de lo que esto podría representar. 
Estamos ante una montaña que debemos escalar, pero tengo la seguridad de que la población de Irlanda y del resto de Europa se crecerá ante el desafío en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo. 
. (EN) He votado a favor de la resolución común porque creo que cuestiones como el desarrollo sostenible y el cambio climático son tan importantes en el contexto de la Cumbre de Gotemburgo que el Parlamento Europeo debe hacer una declaración inequívoca 
Existen, sin embargo, elementos en la resolución con los que no estoy de acuerdo. 
Respecto a los apartados 35 y 36, no creo que una alianza militar, que está basada en la posesión de armas nucleares y en la amenaza de hacer uso de ellas, pueda ser una fuerza para la "seguridad y la estabilidad". 
En segundo lugar, estoy completamente en contra a las propuestas del sistema de Defensa Nacional de Misiles estadounidense- un sistema que estaría prohibido en virtud del Tratado ABM de 1972 y que incrementará la tensión internacional. 
No estoy de acuerdo con que siga adelante, independientemente de si los socios europeos han sido consultados o no. 
En cambio, existe la necesidad de un firme liderazgo político del desarrollo sostenible, y espero que los esfuerzos para animar al Consejo a asumir este papel permitan avanzar a nivel internacional. 
Asimismo, la decisión de examinar los métodos de trabajo del Parlamento y de celebrar un debate anual sobre el desarrollo sostenible representan avances importantes. 
En el momento en que hablamos del Consejo Europeo de Gotemburgo, algunos días después del NO al referéndum de Irlanda sobre el Tratado de Niza, es fundamental que los dirigentes políticos de la Unión Europea, incluidos los Gobiernos de los diversos Estados miembros, extraigan todas las consecuencias políticas de esa importante decisión. 
En democracia, los resultados de un acto como ése deben ser respetados. 
Luego, es necesario revisar el contenido de las modificaciones del Tratado, aprobadas en Niza, y no insistir, como recientemente sucedió con la votación del informe firmado también por el diputado socialista António José Seguro, en la aceleración del proceso de integración federalista de la Unión Europea, que pone en entredicho aspectos fundamentales de la soberanía nacional y los intereses de los países pequeños. 
Es lamentable que en Gotemburgo no se aproveche esta Cumbre para reflexionar sobre la necesidad de revisar el actual proceso de integración neoliberal, federalista y militarista, incluidas las metodologías poco democráticas que se han utilizado. 
Es importante que se insista en un nuevo rumbo cimentado con el respeto de la cooperación entre Estados soberanos e iguales, con el fomento de la paz y con la atención de las necesidades efectivas de los pueblos, por lo que resulta fundamental que en Gotemburgo haya avances respecto del apoyo a la paz en el Oriente Medio, del respeto de los derechos del pueblo de Palestina, de la defensa del medio ambiente y de un desarrollo sostenible. 
Igualmente importante es que haya una posición clara ante George Bush y contra sus posiciones más agresivas, en particular en lo relativo al proyecto americano de defensa antimisiles y de la pena de muerte y exigir el respeto de los compromisos de Kyoto. 
El Grupo de los diputados al Parlamento Europeo del Movimiento Socialista Panhelénico ha votado en contra del apartado 23, segunda parte, en la resolución sobre la Cumbre de Gotemburgo, porque considera que anular el cultivo del tabaco en Europa, a lo que esta disposición aspira, no va a tener la más mínima repercusión en la cantidad global que utiliza la industria del tabaco europea, ya que la parte europea de la oferta (aproximadamente un 30% del total) va a ser inmediatamente sustituida por importaciones de países no comunitarios, a costa de los productores europeos. 
Los diputados al Parlamento Europeo del Movimiento Socialista Panhelénico consideran que la lucha contra las consecuencias patogénicas del tabaquismo no se fomenta con medidas infructuosas cuyo carácter es un gesto vacío y que sólo satisfacen la hipocresía de quienes han concentrado la atención a la salud de los ciudadanos europeos en un sólo punto de dudosa efectividad. 
. 
(FR) Mucho apostaría que en la próxima Cumbre europea de Gotemburgo los Quince declararán una vez más su impotencia para construir una Europa democrática y social. 
Hundida en su incapacidad para apoyar una paz justa y duradera en Oriente Medio, Europa continuará asistiendo a la agresión israelí contra el pueblo palestino sin ser capaz de hacer que se apliquen las Resoluciones 242 y 338 de la ONU ni de exigir el desmantelamiento de las colonias de asentamiento. 
A pocos meses de la aplicación del euro, Europa será también incapaz de intervenir contra la dictadura de los mercados, dejando que los monopolios transnacionales como Marks& Spencer o Danone despidan a miles de asalariados, cuando sus beneficios se elevan a varios millones de euros. 
Se necesita una ley europea para prohibir los despidos en la Bolsa, así como un impuesto sobre los movimientos de capitales y la supresión de los paraísos fiscales. 
Pero, además, tras el fracaso del Tratado de Niza los Quince seguirán promoviendo una Europa totalmente fiel al liberalismo a través de la prosecución de las privatizaciones de los servicios públicos y el cuestionamiento de los sistemas de protección social. 
El reciente rechazo de este Tratado por Irlanda demuestra de nuevo que Europa no puede construirse sin el consentimiento de los pueblos. 
Hay que organizar referendos sobre la transformación de Europa, así como revisar y corregir la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Hay que reducir urgentemente el déficit democrático entre los ciudadanos y sus representantes. 
En Gotemburgo, el futuro de Europa no se decidirá en los grandes hoteles convertidos en búnkers, sino en la calle, con las fuerzas progresistas. 
- (NL) Existe una gran diferencia entre la Europa de los dirigentes y la Europa de los ciudadanos. 
Los dirigentes reclaman centralización, uniformización, liberalización, recortes y una ostentosa demostración de poder. Los ciudadanos reclaman democracia, pequeñas dimensiones, protección, servicios y el derecho a la diversidad. 
Cada vez que los habitantes de uno de los Estados miembros de la Unión Europea son llamados a expresar su opinión acerca del avance de la integración europea en un referéndum aproximadamente la mitad de los electores rechaza dicha evolución. 
Ello sucedió con anterioridad en Francia y Dinamarca y ahora ha ocurrido en Irlanda. 
Es de esperar que en los años venideros esta misma tendencia vuelva a producirse en Suecia y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
La semana pasada el 54% de los electores irlandeses rechazó las propuestas formuladas en la Cumbre de Niza a finales del año 2000, no porque no soporten a los europeos del Este, sino entre otras razones porque no les agrada- y con razón- la idea de ser arrastrados en las aventuras militares de la OTAN. 
Está plenamente justificado que parte de las propuestas de resolución presentadas con vistas a la inminente Cumbre de Gotemburgo reclamen una política medioambiental más enérgica, una Europa social y el respeto de los derechos de los albaneses en Macedonia. 
Sin embargo, lamentamos que, por regla general, continúen representando a la Europa errónea, la que se construye desde arriba. 
El desarrollo sostenible ocupa uno de los primeros puestos del programa internacional. 
Esta semana la Unión Europea le dedica las honras de un Consejo: el de Gotemburgo. 
El próximo año, la comunidad internacional se reunirá, en Joanesburgo, en la Cumbre "Río + 10", precisamente para actualizar su estrategia en pro del desarrollo sostenible. 
Pero no nos hagamos ilusiones. 
Este frenesí internacional en torno a ese concepto fundamental- la sostenibilidad (que es lo mismo que decir la solidaridad entre generaciones venideras y solidaridad entre pueblos) -se desprende más del cumplimiento de un calendario previsto hace muchos años que del cumplimiento de una estrategia. 
Diez años después de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, la que instituyó precisamente el compromiso mundial en torno a un desarrollo capaz de congregar no sólo la dimensión económica y social, sino también la dimensión medioambiental, las señales de sostenibilidad se mantienen: de la agravación del calentamiento mundial a la disminución de la capa de ozono; de la inseguridad alimentaria a la resistencia, cada vez mayor, a los antibióticos; de la proliferación de los productos químicos, en particular los orgánicamente persistentes, al empobrecimiento de la biodiversidad; de la acumulación de residuos industriales a la congestión de la vida en las ciudades. 
Sin olvidar, evidentemente, esa horrorosa señal de insostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento que es la pobreza y la exclusión social. 
Ante este marco, el Consejo de Gotemburgo tiene una importancia muy especial. 
Habrá de aprobar las nuevas políticas de desarrollo sostenible para la Unión Europea y, simultáneamente, poner las bases para la estrategia mundial que aprobar en Joanesburgo. 
Antes de formular mis votos políticos para Gotemburgo, permítaseme que aborde brevemente la cuestión institucional. 
El hecho de que el Gobierno sueco haya decidido concluir su Presidencia de la Unión Europea con un Consejo dedicado al desarrollo sostenible merece el mayor aplauso: digamos, por lo demás, que desde el punto de vista del programa político, esta Presidencia ha sido verdaderamente refrescante. 
También merece aplauso el documento preparado por la Comisión Europea como base para los debates de dicho Consejo ("A Sustainable Europe for a Better World"). 
Pero es inaceptable que la muy tardía presentación de este documento, por parte de la Comisión Europea, haya impedido al Parlamento Europeo contribuir adecuadamente a esa reflexión. 
Volviendo a las cuestiones políticas, formulo tres votos para Gotemburgo. 
1) Del Consejo de Gotemburgo debe salir una estrategia global para el desarrollo sostenible 
La Unión Europea tiene la obligación de encabezar el debate mundial sobre un nuevo modelo de crecimiento, basado en nuevos métodos de producción y consumo; un modelo que no haga depender de la utilización intensiva de recursos el crecimiento económico y el bienestar social. 
Gotemburgo es el escenario apropiado para iniciar ese debate mundial. 
Además de ser absolutamente ridículo que, a pocos meses de una Cumbre Mundial organizada con el objeto de establecer como objetivo ese modelo de desarrollo global, los 15 Jefes de Estado se dedicaran en Gotemburgo a mirar el ombligo de la Unión Europea sería igualmente inútil. 
Es que en esta época de mundialización necesitamos políticas y metas europeas de desarrollo sostenible que tengan el objetivo de contribuir a reforzar las políticas y metas mundiales en materia de desarrollo sostenible. 
En Gotemburgo esperamos que la vista esté puesta en Joanesburgo... 
2) El Consejo de Gotemburgo debe fijar un compromiso político- con metas y acciones precisas- de corrección de la insostenibilidad en la Unión Europea 
La Cumbre de Gotemburgo debe estar orientada a la acción, con metas y calendarios precisos. 
En ese sentido, espero que el Consejo apruebe las siguientes metas: 
reducción de las emisiones europeas de gases con efecto de invernadero en un 30% hasta 2020 respecto de los niveles de 1990; 
eliminación de las subvenciones de la producción y consumo de combustibles fósiles hasta 2010; 
los combustibles substitutivos deberán representar, en 2010, más del 7% de todos los combustibles utilizados en los transportes ferroviarios y, en 2020, esa proporción deberá ser superior a 20%; 
ampliar, hasta 2004, la nueva política comunitaria a los productos químicos y asegurar, hasta 2020, la erradicación total de todos los productos químicos perjudiciales para el medio ambiente y para la salud humana; 
aprobación, ya en 2001, de un plan (con incidencia en las políticas agrarias y de salud) de mitigación de la resistencia humana a los antibióticos; 
frenar completamente el empobrecimiento de la biodiversidad de aquí a 2010; 
aprobación de la legislación sobre la responsabilización medioambiental de aquí a 2003; 
fomento de los transportes públicos por carretera y de los transportes ferroviarios y marítimos para que, en 2010, la utilización de los transportes por carretera sea inferior a los niveles de 1998; 
alentar la utilización de las fuentes de energía renovables, con el objetivo de alcanzar metas de 12% de energía a partir de fuentes renovables de aquí a 2010 y de 50% de aquí a 2040. 
3) El Consejo de Gotemburgo debe poner las bases para el greening de las políticas comunes de la Unión Europea 
De poco sirve la fijación de metas más ecológicas, si las políticas, en particular las comunes, que son el vehículo del cumplimiento de dichas metas, son inadecuadas. 
Por eso, es fundamental que el Consejo indique "cuándo y cómo" se reformarán las políticas comunes de la Unión Europea que adolecen de insostenibilidad. 
Comenzando, naturalmente, por la Política Agraria Común, pero pasando también por las políticas de pesca, transportes y energía, así como por las normas de atribución de los Fondos estructurales y de los Fondos de cohesión. 
. (IT) Tras años de estancamiento exasperante, desde hace algunos meses la Unión Europea está sometida a una aceleración frenética e incomprensible para los ciudadanos. 
En efecto, para ellos es difícil seguir todos los pasos que han caracterizado la vida de la Unión Europa en estos últimos tiempos: la firma del Tratado de Niza, entre el descontento general y la guerrilla urbana desencadenada por los movimientos antiglobalización, la "convención" que redacta la Carta de Derechos Fundamentales, los "fundamentalistas" que la quieren incorporar a una Constitución europea, las propuestas que ahora nos ocupan que querrían repetir el método de la "convención" para la preparación de la reforma institucional, etcétera. 
Todos son pasos difíciles para que los entiendan los ciudadanos que no se explican por qué se va tan de prisa sólo en algunas cuestiones, mientras que en los problemas que les afectan directamente se emplea una lentitud enervante. En realidad, la falta de un proyecto económico europeo, el persistente desempleo, la amenaza de la debilidad del euro, la inseguridad alimentaria, son algunos de los muchos problemas que causan preocupación y perplejidad a los ciudadanos. 
Quisiéramos lograr lo que ya pertenece al acervo comunitario y desearíamos un debate más amplio con los ciudadanos de la Unión para despejar dudas y quitar temores, antes de pasar a las nuevas etapas institucionales. 
Por estos motivos, nos abstenemos de votar. 
. (FI) Además de señalar que voté a favor de la Declaración relativa al Consejo Europeo de Gotemburgo, quiero poner de manifiesto, como explicación de voto, lo siguiente: 
Las cuestiones medioambientales son, por primera vez, el asunto central del Consejo Europeo, que se celebra esta semana en Gotemburgo. 
La estrategia sobre el desarrollo sostenible confiere un contenido auténtico a la política de la Unión y vincula de forma expresa la economía, el empleo y el medio ambiente. 
Se trata de un paso importante en el desarrollo de la Unión como actor responsable también en la Comunidad internacional, de lo cual es un buen ejemplo la clara defensa que hace del Protocolo de Kioto. 
Debemos encargarnos de que la estrategia sobre el desarrollo sostenible no quede a la sombra de las demás cuestiones de la Cumbre. 
En Gotemburgo, los dirigentes de la UE también deberán hacer todo lo que esté en su mano para que EEUU cambie su decisión negativa respecto a Kioto. 
Teniendo en cuenta que en la Academia de la Ciencia de Estados Unidos existe unanimidad sobre la necesidad de este convenio, la Administración Bush no debería tener grandes problemas para volver a formar parte de la casta de los estados responsables. 
La decisión de los irlandeses de votar en contra de la ratificación del Tratado de Niza debe ser objeto de un análisis serio. 
Hay que reconsiderar los métodos de trabajo de la Unión y hay que afianzar la transparencia. 
Considerando que, según los expertos en el tema, ni siquiera los Jefes de Estado y de Gobierno que lo negociaron tienen total conocimiento sobre las consecuencias del Tratado de Niza, cabe preguntarse si es posible adoptar de forma sensata alguna posición al respecto. 
Ahora debemos prestar todo nuestro apoyo al modelo transparente de elaboración de las cuestiones en el contexto de la puesta en marcha de la futura reforma de la Unión. 
Hay que permitir que los ciudadanos estén al día de lo que ocurre en la Unión, y la reforma de las Instituciones no debe abstraerse de este principio. 
. (FR) La reacción ante el resultado del referéndum irlandés de muchos responsables europeos directamente relacionados con la elaboración del Tratado de Niza, o que hoy lo alaban, evidencia que el modelo de Europa perfilado por dicho Tratado se basa en una total falta de respeto hacia los pueblos que la componen. 
El hecho de afirmar categóricamente en Liubliana- como se atrevió a hacerlo el comisario Verheugen, incluso antes que se conocieran los resultados definitivos del referéndum por el que se expresaba el pueblo irlandés- que de ningún modo un "veto irlandés" impedirá la ampliación de la Unión Europea tal como lo establece el Tratado de Niza, demuestra una falta total del sentido de la dignidad de los pueblos. 
Para seguir con los comisarios, la erudita explicación del 11 de junio del Sr. Barnier a los lectores de Le Figaro, expresándose descaradamente en nombre del pueblo irlandés sobre las tres razones de su "no", que, si se le cree, no guardan ninguna relación con el Tratado de Niza, demuestra la misma falta total del sentido de la soberanía de las naciones. 
Los irlandeses representan el solo y único pueblo europeo que ha tenido el privilegio, por su escrupuloso respeto a su Constitución, de pronunciarse sobre Niza de la manera más democráticamente posible, es decir, por referéndum, y, por consiguiente, de haber sacado provecho de un verdadero debate nacional sobre el contenido y los retos del Tratado. 
A pesar de eso, el Sr. Barnier declara que "en el referéndum irlandés no se pone en entredicho el Tratado de Niza... ". 
El Sr. Vedrine, cogido en la espiral a pesar de haber luchado en contra del proyecto de Tratado, hoy lo defiende con una actitud patética y acusa a los irlandeses de haber cedido a una "reacción de repliegue". 
El Sr. Moscovici amplía el debate felicitándose por la ausencia de referéndum en Francia: ese procedimiento eminentemente democrático por el que el pueblo soberano se pronuncia queda reducido a un "pretexto que ofrece la ocasión a la coalición que apoya el" no "para expresarse contra Europa". 
Por su parte, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores ha descartado, a partir del 11 de junio, toda posibilidad de volver a negociar el Tratado de Niza a fin de tomar en consideración la voluntad claramente manifestada por el pueblo irlandés. 
Estas tomas de posición dan la imagen de una Europa que desprecia a sus propios pueblos y se porta como un firme adversario de la democracia; una Europa que se construye con la ayuda de un hermetismo calculado para escapar a la voluntad y al control de los pueblos. 
El hecho de pretender que hoy el "no" irlandés a Niza impide la ampliación carece de sentido. 
Es el Tratado de Niza lo que la hace problemática. 
Por el contrario, gracias al referéndum de Irlanda ahora es posible, como lo acaba de proponer Philippe de Villiers, proceder a la ampliación sin confiscar las soberanías nacionales, abandonando, por una parte, el ámbito supranacional del Tratado e incluyendo sus disposiciones anexas relativas a la ampliación en los futuros Tratados de adhesión, y, por otra, ofreciendo a los países candidatos la posibilidad de entrar inmediatamente en la Unión Europea, sin necesidad de un Tratado adicional, y proponiéndoles que se adhieran a la parte intergubernamental del Tratado. 
. 
(SV) He votado en contra de los puntos 30 y 31 de la resolución sobre la Cumbre de Gotemburgo. 
Como lo he señalado muchas veces, estoy en contra de una defensa europea común y del aumento de los gastos militares. 
En cambio, el punto 32 coincide con mi criterio. 
. (EN) Señora Presidenta, espero con enorme interés los resultados del Consejo Europeo de Gotemburgo. 
Es el colofón de una Presidencia impresionante del Gobierno sueco y felicito a mis colegas suecos. 
La reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno en Gotemburgo tratará principalmente sobre la ampliación. 
El principal objetivo de esta Cumbre es lograr un avance significativo en las negociaciones de ampliación. 
El reto al que se enfrentaba Europa en los años ochenta era construir el mercado único. 
El reto en los noventa era crear una moneda única. 
El reto a comienzos de este milenio es ampliar la UE de manera que traiga estabilidad, paz y prosperidad para todos. 
La ampliación es crucial para incrementar el comercio, el empleo y la prosperidad para todos, para contribuir a mejorar la situación del medio ambiente y reducir la contaminación transfronteriza, para fomentar la cooperación eficaz en la lucha contra la delincuencia y las drogas, para mejorar los derechos de las minorías y para potenciar la paz, la democracia y la estabilidad en Europa. 
Es un mensaje importante que debemos transmitir a nuestros ciudadanos de la Unión Europea, que deberían ser conscientes de las ventajas y consecuencias de la ampliación. 
Tengo grandes esperanzas de que esta Cumbre nos permita avanzar con decisión en materia de medio ambiente. 
Las cuestiones medioambientales son una prioridad de primer orden para nuestros ciudadanos de toda la Unión Europea. 
Debemos centrarnos en limitar los cambios climáticos y asumir un liderazgo claro en la cooperación mundial. 
También debemos alcanzar un acuerdo sobre cómo encauzar los esfuerzos hacia objetivos concretos en lo que respecta a la utilización de fuentes de energía no contaminantes, un sistema de transporte sostenible, atajar las amenazas a la salud pública y mejorar nuestro consumo de recursos naturales. 
Para convertir Europa en una auténtica Europa de los pueblos, debemos incluir el factor ecológico en nuestros actos y considerar detenidamente una estrategia innovadora que permita un desarrollo sostenible. 
Asimismo, debemos informar a la población sobre el mayor reto al que actualmente se enfrentan la Unión Europea y sus ciudadanos, a saber, la ampliación. 
Durante demasiado tiempo no nos hemos preocupado de contarle esta historia y ya va siendo hora de dársela a conocer. 
Al fin y al cabo, se trata de una buena historia. 
Señora Presidenta, he votado con mucho gusto a favor de esta directiva sobre el ozono. 
Como sabemos, el ozono es, de por sí, un enriquecimiento del oxígeno y es algo saludable. 
Lamentablemente, lo que no es saludable es la destrucción de una parte de la capa de ozono que se encuentra en el aire ambiente, cuyos efectos son una mayor irradiación del sol y el cambio climático que todos tememos. 
Como todos sabemos, si esto ocurre, los perjudicados serían, como ya lo son, todos los ciudadanos, pero en particular, al tratarse del aire que respiramos, las personas mayores, muchas de las cuales padecen enfermedades del aparato respiratorio. 
Por lo tanto, espero realmente que la Unión Europea continué esta labor contra la contaminación del aire ambiente. 
Señora Presidenta, el Sr. Fatuzzo se refiere, con razón, a los peligros que presenta el ozono para las personas de edad avanzada, pero yo desearía hablarles de los jóvenes. 
Porque los jóvenes, señor Fatuzzo, son las principales víctimas. 
En realidad, señora- usted lo sabe muy bien -, si no se actúa sobre el efecto invernadero y el agujero en la capa de ozono, son los jóvenes, las nuevas generaciones, las que más sufrirán los peligros de esta situación. 
Yo también me congratulo, pues, por esta directiva, y espero que los jóvenes europeos saquen realmente provecho de la misma. 
Esto es lo que, en cualquier caso, esperamos y lo que hemos querido testimoniar con nuestro voto. 
Señora Presidenta, la Sra. Redondo ha presentado un texto con el cual pretende proteger los bosques de la Unión Europea contra los incendios y la contaminación. 
Muchas personas mayores y muchos pensionistas, afiliados al Partido de los Pensionistas que me es grato representar en este Parlamento, me dicen que disponen de tiempo libre, que desearían ser útiles a la sociedad, hacer algo. 
Por eso, propongo a este Parlamento que, para las próximas directivas sobre este tema, utilice a los voluntarios mayores que están dispuestos a ir a los bosques para llevar a cabo una vigilancia visual, de modo que no se desaten incendios, especialmente esos incendios provocados que son una plaga para toda nuestra Europa verde. 
Señora Presidenta, nuestros jóvenes son los que más que nadie acuden a los bosques en campings, cursos de verano, grupos de scouts. De toda nuestra población, son ellos los que más en contacto están con los bosques europeos. 
Y no sólo esto, nuestros voluntarios del servicio civil están trabajando en operaciones forestales para reconstruir un tejido que corre el riesgo de perderse o que, en todo caso, está en peligro. 
Hablo en nombre de muchos jóvenes que se han afiliado y votan al Partido Radical y les digo que ésta es una perspectiva importante para Europa y, en interés de los jóvenes, valoro esta directiva, este informe de la Sra. Redondo Jiménez. 
Informe Harbour (A5-0202/2001) 
Señora Presidenta, es difícil negar que las personas que más tiempo permanecen delante de la televisión- uno de los objetivos del informe del Sr. Harbour- son las personas mayores. 
Por eso, aplaudo el hecho de que con esta directiva la Unión Europea comience a darse cuenta de que también hay que intervenir en los programas que se transmiten por televisión. 
Creo que es oportuno que, sin ejercer la censura que nadie desea, se realicen programas culturales que contribuyan a la educación de los que los ven y que sirvan a toda la colectividad para no encontrarnos viendo sólo películas violentas y espectáculos que no hacen más que destruir los valores que tienen las personas mayores y que, lamentablemente, muchos jóvenes ya no tienen. 
Señora Presidenta, quizás el problema afecte también a las personas mayores, pero afecta mucho a los jóvenes y sobre todo a los niños. 
Todos sabemos la cantidad de niños que ven la televisión y lo mucho que los niños la ven solos, sin el control de los padres y, por lo tanto, sin contar con ese filtro que la familia les puede ofrecer o tal vez no la familia, dado que las estadísticas nos demuestran que muchos niños nacen fuera del matrimonio. 
Desde este punto de vista, por lo tanto, el informe Harbour es importante, y lo digo precisamente para los jóvenes de nuestro continente, para las muchas personas que nos abordan y nos dicen que estemos atentos a las transmisiones- y no hablemos de los conflictos de intereses y de los monopolios de los que tanto se habla en estos días- y añado que precisamente para los jóvenes y para los niños es importante que haya pronunciamientos de la Unión Europea en esta materia. 
Informe Lulling (A5-0181/2001) 
Señora Presidenta, en la página 11 de la exposición de motivos de este informe de la Sra. Lulling, consta que, entre la información que se pide a las empresas que elaboran estas estadísticas, hay una sobre el sector de los planes de pensiones suscritos por los trabajadores de dichas empresas. 
Lamentablemente, sin embargo, en el formulario que se acompaña y que he leído, no se formula a estas empresas la pregunta más importante, útil e interesante. 
¿Qué pregunta hay que formular en relación con los planes de pensiones de estas empresas? 
Ésta, naturalmente, señora Presidenta: ¿Están los pensionistas de estos planes de pensiones satisfechos de sus pensiones? 
Porque, de lo contrario, habría algo que cambiar. 
Señora Presidenta, ¿quién se ocupa de las estadísticas de las empresas? 
Generalmente, jóvenes licenciados contratados por estas empresas, que han salido de las facultades que enseñan precisamente estadística. 
Por lo tanto, es importante la dimensión juvenil en el informe de la Sra. Lulling. 
Quiero subrayarlo con fuerza y decir que hemos votado a favor de este texto. 
Informe Torres Marques (A5-0149/2001) 
Señora Presidenta, en este informe hemos abordado el problema de la simplificación de la forma de las facturas. 
Por fin también se habla de una mejor regulación de la firma electrónica en las facturas. 
Apruebo que se vaya hacia la firma electrónica, pero creo que deberíamos esforzarnos para que la firma electrónica se utilice también en las votaciones en las que se exige la firma. 
Usted sabe que hay referendos nacionales, proposiciones de ley nacionales, firmados por los ciudadanos. 
Deben llevar la firma de cierto número de personas, por ejemplo, de 500.000 ciudadanos. 
Estos últimos podrían firmar estas solicitudes de democracia directa, o sea, de referendos y de proposiciones de ley, también con la firma electrónica. 
Sería una señal de una mayor democracia en las naciones de Europa. 
Señora Presidenta, concuerdo totalmente con lo que acaba de decir el Sr. Fatuzzo. 
También nosotros, los Radicales, estamos luchando en Italia para que se extienda la utilización de la firma electrónica y se permita su empleo, vistos los desastrosos resultados de las últimas elecciones nacionales, en las cuales en algunos colegios electorales se votó hasta las 5 de la madrugada, aunque el cierre de los mismos era a las 22.00 horas. 
Quisiera subrayar que son precisamente estos jóvenes investigadores que en estos últimos años han invadido el mundo con las nuevas tecnologías- basta comprobar la media de edad de los creadores de Java, del mismo Microsoft y de todas estas nuevas tecnologías- que hacen que este mundo juvenil sea el primer interesado en el desarrollo de la informática y de las tecnologías aplicadas. 
Desde este punto de vista, no puedo sino felicitarme de este informe, pues muchos jóvenes que votan al Partido Radical están muy atentos a este fenómeno. 
Informe Miller (A5-0194/2001) 
. (EN) Apoyo incondicionalmente este informe de mi colega Socialista Helena Torres Marques, que tiene el objetivo de facilitar la carga administrativa que deben soportar las empresas comerciales de todos los países. 
Sustituye 15 reglamentos nacionales diferentes, por los que se rige la facturación del IVA, por un solo código. 
Esto demuestra una vez más el compromiso de Europa de crear un entorno favorable que permita prosperar a los empresarios y las empresas de toda la UE. 
La disparidad entre las disposiciones sobre la facturación del IVA de los Estados miembros de la UE entorpece a menudo el funcionamiento de las empresas, en particular, las pequeñas y medianas empresas. 
Esta propuesta no sólo sustituye los reglamentos nacionales sobre la facturación del IVA por un código, sino que además abarca la facturación electrónica y prevé la utilización de la firma electrónica avanzada. 
Con la introducción de medidas uniformes en las transacciones comerciales en toda Europa, las pequeñas empresas verán crecer su confianza en el comercio, no sólo dentro de Gran Bretaña, sino en todo el territorio del mercado único europeo. 
El mercado único es fundamental para la creación de puestos de trabajo en el Noroeste de Gran Bretaña. 
Cerca del 40% de las pequeñas y medianas empresas de la región mantienen relaciones comerciales con otros Estados miembros de la UE. 
Por pertenecer al mercado único europeo, tienen acceso a más de 370 millones de clientes potenciales- un número más de 6 veces mayor que el de Gran Bretaña. 
Mis colegas Laboristas y yo estamos decididos a que el mercado único funcione para las empresas británicas. 
Si infundimos a todas las empresas situadas desde Bury hasta Blackburn la confianza necesaria para extenderse hacia estos mercados, la presente medida contribuirá a alcanzar este objetivo e incrementará el comercio, el crecimiento y el empleo en toda la zona nororiental. 
Señora Presidenta, me he abstenido en la votación de este informe. 
Es una abstención que implica el deseo de que se convierta en realidad lo que para muchos trabajadores europeos es un sueño. 
Con este texto, señora Presidenta, se reconoce a quien lo desee- y esto es positivo- y por ser funcionario de la Comisión Europea, el derecho a percibir, a los 50 años y con diez años de cotización, una pensión igual al 60% de la remuneración mínima. 
Evidentemente, me alegro por ellos; sin embargo, y por esto me he abstenido, quisiera que pudiéramos decir lo mismo a todos los trabajadores de Europa a los cuales en todos nuestros Estados se les dice: "Tendrás que trabajar hasta los 65 o 70 años, tendrás que trabajar por lo menos 30, 35, 40 años y como mucho tendrás derecho al 40 o al 50% de la pensión". 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Miller es importante sobre todo en lo que se refiere al primer empleo de muchos jóvenes que, recién salidos del mundo del estudio, se acercan al mundo del trabajo y entran a formar parte de la función pública europea en la Comunidad. 
Por lo tanto, es a estos jóvenes funcionarios que dedico mi atención, ya que este camino hacia esa futura pensión de la que habla el Sr. Fatuzzo está ligado a una carrera que empieza desde la edad más temprana posible a la que se puede entrar a formar parte del personal de la Unión. 
Y es en estos jóvenes funcionarios que he pensado a la hora de votar a favor del informe Miller para, en el contexto de la reforma Kinnock, mejorar también el estatuto de los funcionarios y de los agentes de la Unión Europea. 
. 
(FR) Somos favorables, naturalmente, a la idea de permitir que los funcionarios y los agentes temporales de los grupos políticos accedan a la prejubilación, si lo desean, en las condiciones establecidas por la propuesta. 
Pero no podemos aprobar, sin embargo, la motivación de estas medidas consistente en crear 1.254 puestos suplementarios sin incurrir en gastos adicionales. 
No confiamos en la manera en que se dotarán estos puestos, puesto que más que de contrataciones se trata de "reasignación" y de "racionalización". 
Y el hecho de que las 600 prejubilaciones previstas sólo se compensarán con 258 contrataciones supone que los autores de la propuesta planean una sobrecarga de trabajo para los que quedan. 
Por eso nos hemos abstenido con respecto a este informe. 
Informe Brok (A5-0207/2001) 
Señora Presidenta, me satisfacen los avances en el diálogo y la cooperación entre la Unión Europea y los países del ASEM, o sea, Brunei, China, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, en los que están muy interesados también otros grupos de países de la región, o sea, India, Paquistán, Australia y Nueva Zelanda. 
He votado a favor de esta cooperación confiando, no obstante, y me satisface decirlo en mi explicación de voto, en que en estos acuerdos, contactos y reuniones, los representantes de la Unión Europea y de estos países se consulten sobre la mejor manera de abordar y solucionar el problema de la gente mayor de Europa y de Extremo Oriente. 
Señora Presidenta, por desgracia este informe fue elaborado inicialmente por el Sr. Dupuis, el cual debió abandonarlo porque su línea- que era una línea que, a mi juicio, se ajustaba a las indicaciones del Parlamento y que justamente ponía de relieve las graves violaciones de los derechos humanos en esas regiones y en particular en algunos países- no fue seguida por la comisión competente. 
En consecuencia, nosotros, los Radicales, nos hemos abstenido en la votación sobre un texto con el que estabamos parcialmente en desacuerdo, puesto que inicialmente procedía de una propuesta del Sr. Dupuis. 
Dicho esto, señora Presidenta, si existe un mundo, un contexto en el cual la dimensión juvenil es fundamental, éste es el de las nuevas generaciones de Asia. En efecto, son ellas las que tal vez sean el relevo de la vieja generación de los mandarines, de esos muchos mayores que, lamentablemente, ocupan los puestos de mando en esos países sometidos con frecuencia a un régimen dictatorial. 
Me dirijo con confianza a esos jóvenes y espero que la Unión Europea haga lo mismo. 
¡Paso a los jóvenes de esos países! 
Informe Fourtou (A5-0186/2001) 
. 
(FR) La resolución presentada sobre las relaciones entre los Estados de la Unión Europea y de Asia Oriental (el "proceso ASEM") contiene un capítulo positivo. 
Afirma que la importancia formalmente acordada a los derechos humanos y democráticos no debe ser papel mojado, que los progresos realizados (o no) en este ámbito deben ser evaluados regularmente y que se deben sacar consecuencias políticas de dicho balance. 
La misma exige asimismo reforzar el proceso interparlamentario, para no dejar sólo en manos de los gobiernos y de los empresarios el monopolio del "diálogo" Europa-Asia y responsabilizar a las instituciones representativas, lo que podría ayudarnos a reforzar los efectos de la intervención independiente y solidaria de los movimientos sociales y ciudadanos de Europa y Asia. 
Pero la resolución contiene, además, un capítulo muy negativo. 
Se ha suprimido el apartado 26- que exigía que se respetasen los acuerdos de la OIT sobre los derechos sindicales y los derechos de los trabajadores-. 
Los "flujos migratorios" se vuelven a asociar, en una misma frase, a la "delincuencia transnacional" o al "terrorismo". 
La resolución pretende asimismo imponer- como "prioridad" -que se respete el "orden comercial mundial", es decir, la sumisión a la dictadura de la OMC y a los dogmas neoliberales. 
Dentro de este espíritu, la resolución hace hincapié en el "papel central" que debe atribuirse al Foro Comercial Europa-Asia. 
Por consiguiente, me abstengo respecto a esta resolución. 
Señora Presidenta, naturalmente estoy a favor de la reducción del uso de la silicona en los implantes mamarios. 
Señora Presidenta, la semana pasada, y perdone que se lo cuente, hablé de este texto con mi hija Cristina que, entre otras cosas, participó en el concurso de Miss Italia, y le dije: " Estoy totalmente en contra del uso de implantes de silicona, especialmente para las mujeres. 
¿Acaso tú los llevas? " 
" Yo jamás me haría un implante de silicona, porque no lo necesito. 
¿Es que tendré que ir a Estrasburgo para que todos los diputados, a los que les contarás nuestra conservación, sepan que estoy bien tal como estoy, natural, sin ninguna operación? ". 
Por eso no la he llevado a Estrasburgo, mientras sí he llevado a mi madre, a mi hermana y a mi mujer. 
Señora Presidenta, si me lo permite, es una ausencia que se hace notar, porque la hija del Sr. Fatuzzo, además de ser muy guapa, es muy simpática y, por lo tanto, su ausencia perjudica a nuestro Pleno, en fin, a nuestro Parlamento. 
Para terminar, Señora Presidenta, además de darle las gracias por haberse prestado a esta pequeña broma, quisiera decir que, en lo que se refiere a los implantes de silicona, si hay un colectivo respecto al cual debemos intervenir con medidas de prevención por los riesgos que se pueden derivar de estos implantes, cuyas consecuencias, con frecuencia negativas para la salud, no se conocen todavía, éste es el de las jóvenes que a los 15 o 16 años, al ver los modelos de referencia en las distintas televisiones, piensan en mejorar su aspecto y se someten, incluso a esa edad, a una operación para que se les coloque un implante de silicona. 
Desde este punto de vista, por lo tanto, los principales afectados son los jóvenes y es a ellos que pienso que se ha de dirigir el texto que hoy hemos votado. 
. (EN) El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea acoge favorablemente el presente informe de la Sra. Fourtou sobre los implantes de silicona, como un paso adelante en el intento de mejorar la disponibilidad de información a las personas que se plantean recurrir a dichos implantes y hacer un seguimiento de las posibles consecuencias para su salud. 
El presente informe es también valioso en la medida de que es consecuencia directa de la acción de los ciudadanos que han llevado este asunto a la Comisión de Peticiones del Parlamento- una oportunidad abierta a todos aquellos que en la UE sientan preocupación por la legislación comunitaria y su cumplimiento o por la falta de dicha legislación. 
Los peticionarios eran personas preocupadas, en muchos casos personalmente, por las consecuencias nocivas de los implantes de silicona sobre su salud. 
Tras su emotiva intervención ante la comisión, se encargó una investigación a través del STOA y el presente informe refleja el resultado. 
Mi Grupo acoge favorablemente la recomendación de que se siga investigando de una manera más específica. 
Asimismo, acogemos favorablemente la recomendación de que se exija una edad mínima para someterse a este tipo de intervención quirúrgica. 
Es motivo de gran preocupación para todos nosotros que muchas mujeres jóvenes sientan la necesidad de recurrir a la cirugía estética en busca de un cuerpo perfecto para tener la sensación de que encajan en la sociedad, en vez de que la sociedad esté dispuesta a aceptar de buen grado a las personas, cualquiera que sea su tamaño y forma. 
En varios Estados miembros existe la necesidad de regular eficazmente la cirugía estética, en particular, la que ofrecen centros privados, así como el requisito de informar exhaustivamente a todos los pacientes. 
El registro de pacientes es una propuesta importante porque ayudará en futuras investigaciones, pero además para localizar a las mujeres que se considere que pueden correr algún riesgo en el caso de futuros problemas con un implante en particular. 
Confío en que la comunicación de la Comisión incluya las recomendaciones de esta Asamblea. 
- (NL) Los fabricantes han descubierto un nuevo mercado en las mujeres que, como consecuencia de un cáncer de mama, han sufrido una amputación de los senos. 
Los implantes de silicona permiten reconstruir la estética corporal. 
El problema es que al cabo de cinco años la mitad de estas prótesis mamarias comienzan a perder fluido. Tras veinte años esta deficiencia afecta incluso a más del 95% de los implantes. 
Ello facilita la entrada de sustancias tóxicas en el cuerpo de la mujer. Dichas sustancias pueden ocasionar infecciones, trastornos autoinmunitarios y enfermedades del tejido conjuntivo. 
Así las cosas, es preferible que los implantes de silicona susceptibles de causar estas dolencias dejen de utilizarse. Más vale que centremos nuestra atención en el desarrollo de soluciones alternativas. 
En la actualidad el uso de implantes queda tajantemente prohibido en Francia, en tanto que los demás Estados miembros aplican una política vacilante y voluble. 
Coincido con los peticionarios en que el uso de implantes mamarios de silicona debe suspenderse mientras no haya quedado demostrada su inocuidad. 
La ponente propone mejorar los procedimientos de información y registro. Aunque esta solución pueda contribuir a reducir el número de víctimas y signifique, por tanto, un pequeño paso adelante, resulta insuficiente puesto que no impide que haya nuevas víctimas en el futuro. 
Aún hacen falta medidas que protejan a las mujeres contra los fabricantes e impidan que sacrifiquen su salud a la estética. 
. (SV) He votado en contra del informe. 
Una vez más, el Parlamento Europeo no ha sido capaz de distinguir entre lo que son las tareas de la UE y las áreas de competencia de los Estados miembros. 
La UE debe concentrarse en sus tareas fundamentales. 
Esta idea debe ser aún más obvia después de que el 7 de junio el pueblo irlandés rechazó en un plebiscito el Tratado de Niza. 
El presente informe sobre implantes de silicona contiene normas, reglamentos, una edad mínima de 18 años para los implantes mamarios por razones estéticas y, además, la creación de un registro europeo de pacientes. 
Debería ser obvio que este asunto no es de carácter europeo y que no tiene relación con el objetivo principal del proyecto de colaboración europeo, es decir, fomentar la paz en el continente. 
Si no hay más intervenciones, se interrumpe la sesión. 
(La sesión, interrumpida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Ordenación del tiempo de trabajo en el sector del transporte por carretera 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0196/2001) del Sr. Hughes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan con carácter profesional actividades móviles de transporte por carretera (5919/1/2001- C5-0134/2001- 1998/0319 (COD) ). 
Señor Presidente, nuestro actual trabajo sobre el tiempo de trabajo se remonta a la Directiva de 1993, que excluía aproximadamente a seis millones de trabajadores en total, de los que unos cinco millones trabajan en los distintos sectores de transporte. 
La revisión de la Directiva, el pasado año, incorporó en su ámbito a todos los trabajadores del sector ferroviario, a los trabajadores no móviles de los otros sectores de transporte, a las personas que trabajan en el mar y a los médicos en prácticas. 
Asimismo, se han alcanzado acuerdos separados en los sectores marítimo y de la aviación. 
La presente propuesta sobre el transporte por carretera intenta, por consiguiente, cerrar uno de los vacíos restantes, pero aun así no cubrirá a todos los conductores. 
En su situación actual, sólo será aplicable a los trabajadores cubiertos por el Reglamento nº 3820/85 y, por consiguiente, dejará fuera varias categorías de trabajadores, incluidos aquellos que conducen vehículos de menos de 3,5 toneladas, los conductores del transporte urbano regular, los taxistas y los conductores de vehículos que transporten nueve pasajeros como máximo. 
La enmienda 5, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, pide que se revise cuanto antes el Reglamento con vistas a incluir a dichos trabajadores. 
No obstante, aún es más grave la posibilidad que deja abierta la posición común, a saber, que los conductores autónomos pueden quedar excluidos de forma permanente de la presente Directiva. 
La Directiva original de 1993 es aplicable a los trabajadores asalariados, pero la presente propuesta tiene dos fundamentos jurídicos: el artículo 137, que cubre la salud y la seguridad en el trabajo, mientras que el artículo 71 cubre la seguridad en los transportes. 
Por lo tanto, es aplicable también a los conductores autónomos, lo cual es acertado. 
No podemos excluir a los conductores autónomos. 
Si es peligroso para la salud y la seguridad del conductor, y para la seguridad vial en general, que un conductor asalariado trabaje durante largas horas, ¿acaso no es igual de peligroso cuando el trabajador es autónomo? 
La respuesta a esta pregunta, naturalmente, es que forzosamente lo es. 
Cuando un camión aparece en el retrovisor de nuestro coche, ¿nos preguntaremos si su conductor es asalariado y estará descansado o si es autónomo y podría estar cansado y ser peligroso? 
Por lo tanto, la inclusión de todos los conductores es importante, tanto por motivos de salud y seguridad en el trabajo como por motivos de seguridad en los transportes. 
Pero existe además un tercer elemento importante: el de garantizar una competencia justa entre los distintos medios de transporte. 
El sector ferroviario está cubierto actualmente por la Directiva de 1993, pero el transporte por carretera no está cubierto ni por asomo por un régimen similar. 
Si nos proponemos seriamente fomentar el traspaso del tráfico de mercancías de la carretera al ferrocarril, con todas las ventajas para el medio ambiente que ello puede aportar, también ésta es una consideración muy importante. 
El compromiso que propongo sobre este punto es el mismo que el de la opinión revisada de la Comisión tras nuestra primera lectura. 
En la enmienda 4, propongo un período de transición adicional de tres años para los conductores autónomos y, a continuación, su inclusión automática. 
Pero incluso esta propuesta encuentra dificultades. 
Incluso la exclusión temporal podría abrir la posibilidad de nuevas formas imaginativas de falsos autónomos y del desmantelamiento de acuerdos colectivos por parte de empleadores sin escrúpulos. 
Éste es el motivo por el que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales propone también, en la enmienda 10, una definición más estricta de lo que se entiende realmente por conductor autónomo. 
Las personas que no reúnan estos criterios estarán sometidas a los mismos derechos y obligaciones que la presente Directiva fija para los asalariados. 
Éstos son algunos de los puntos importantes de la propuesta, pero hay otros que incluyen las definiciones del tiempo de trabajo y del tiempo de disponibilidad en el trabajo. 
La posición común es tan vaga sobre estos temas que realmente no tiene mucho sentido intentar limitar el tiempo de trabajo sobre dicha base. 
Por consiguiente, en la enmienda 6 proponemos volver a la definición contenida en la opinión revisada de la Comisión. 
En la enmienda 15 proponemos que el período de referencia para calcular el promedio de 48 horas semanales se limite a los acuerdos establecidos localmente como resultado de convenios colectivos. 
He propuesto a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que un conductor debe ser avisado con una antelación de 24 horas antes del comienzo del tiempo de disponibilidad en el trabajo. 
Esta propuesta no ha obtenido el respaldo en comisión que yo hubiera deseado, y por consiguiente quisiera recomendar a la Asamblea que respalde la propuesta de compromiso presentada por al Sra. Lynne en la enmienda 24, relativa a avisar con una antelación de 12 horas. 
En la enmienda 14 propongo que el trabajo nocturno no exceda de 8 horas, con una posible ampliación temporal hasta 10 horas, siempre que se alcance una media de 8 horas durante el período de referencia que se determinará previa consulta a los interlocutores sociales. 
El ser humano no es un animal nocturno y las investigaciones demuestran que el riesgo de accidentes para la salud y la seguridad alcanza su nivel más alto como consecuencia del trabajo nocturno. 
Por consiguiente, también éste es un punto importante. 
Para terminar, el elemento clave es la inclusión de los conductores autónomos. 
Espero que podamos persuadir a los Ministros de Transportes para que den su aprobación, de lo contrario todo este paquete podría ser rechazado. 
Si eso ocurriera la culpa recaería sobre ellos, y espero que colaboremos para asegurarnos de que colocamos en su sitio esta última pieza del rompecabezas lo antes posible. 
Señor Presidente, nosotros somos partidarios de la presente directiva, aunque no pretendo ocultar que se hayan desatado numerosas discusiones sobre cuestiones muy concretas. 
Para nuestro Grupo la referencia a la inclusión de los trabajadores autónomos constituye el principal punto conflictivo del informe. 
La mayoría de mis correligionarios suscriben este punto de vista, pero ello no obstante, el actual intercambio de opiniones resulta más arduo que las discusiones celebradas durante la primera lectura, cuando la postura de la Comisión coincidía con la del Parlamento y ambas instituciones se pronunciaban a favor de la incorporación de los autónomos. 
Reitero, sin embargo, que la mayoría de nuestro Grupo aboga por la inclusión de los trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué? 
La primera razón está en que los profesionales autónomos también tienen derecho a unas condiciones laborales que respeten su seguridad y salud, del mismo modo que cualquier otra persona. 
El segundo motivo está relacionado con el problema de la competencia. 
No se puede aceptar que las empresas, independientemente de que se trate de trabajadores por cuenta propia o cuenta ajena, compitan entre ellas en lo que al tiempo de trabajo se refiere, a diferencia de lo que hace entender la posición común del Consejo y de la Comisión. En tercer lugar cabe mencionar un argumento que, con razón, adquiere mucho peso en la opinión pública. 
Me refiero al gran número de accidentes. En numerosas ocasiones son debidos a un horario de trabajo excesivo y una falta de control, aparte de que el uso fraudulento de los tacógrafos dificulta aún más las labores de vigilancia. 
El ciudadano de a pie sufre las consecuencias de esta situación. Pensemos por ejemplo en los turistas que viajan hacia el sur o los automovilistas que acaban en la cuneta por culpa de un camionero somnoliento. 
A mi juicio tenemos la obligación de establecer una normativa europea al respecto, aunque no por ello deja de ser un asunto polémico. 
Hay dos puntos que no contarán con el apoyo del PPE. 
En primer lugar, el texto de la Comisión determina que el trabajador deberá conocer el comienzo y la duración del tiempo de disponibilidad al menos con doce horas o un número determinado de horas de antelación, y antes de que haya concluido el turno anterior. 
No respaldaremos este requisito puesto que, en nuestra opinión, resulta poco viable debido a la volubilidad de los flujos de tráfico. 
El segundo punto se refiere a la enmienda 8. Según esta propuesta el patrono ha de registrar como tiempo de trabajo el tiempo durante el cual un trabajador permanece sentado al lado del conductor durante la circulación del vehículo. 
A este respecto compartimos el punto de vista de la Comisión, en el sentido de que este tiempo ha de seguir considerándose tiempo de disponibilidad en lugar de registrarlo como tiempo de trabajo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, empezaré por decir que nuestro Grupo apoya muy calurosamente todos los argumentos y todas las enmiendas que el ponente, Sr. Hughes, ha hecho para esta segunda lectura. 
Voy a ocupar mi tiempo en subrayar el problema de los trabajadores independientes, porque estimo que los buenos propósitos sobre la salud y la seguridad de los trabajadores móviles de que hacen gala la Comisión y el Consejo pueden tener efectos funestos si se siguen poniendo dificultades a la inclusión de los trabajadores independientes en la Directiva. 
Porque es un dato, señores diputados, y no una opinión, que los tres principios básicos esgrimidos para justificar la necesidad de la Directiva, (seguridad y salud de los trabajadores, seguridad vial y competencia leal) , se convierten en mera retórica si excluimos a los trabajadores independientes. 
Bien podría decirse que la seguridad y la salud de la mayoría de los trabajadores en países como el mío, que son autónomos, no nos preocupan lo más mínimo si les excluimos de esta Directiva. 
El Consejo tiene la oportunidad de no responsabilizarse con situaciones como las que se dan en mi país, donde más de 400 conductores pierden la vida cada año, sin distinguir entre trabajadores autónomos y asalariados. 
Esta cifra se incrementa en un 20% cada año. 
¿Por qué sólo se va a tener en cuenta el riesgo que afecta a una minoría de estos conductores? 
¿Es que los autónomos no son personas? , como decía la Sra. Smet. 
¿Por qué olvidarnos de la mayoría? 
¿No sufren idénticos riesgos esos conductores y los ciudadanos que circulan por las carreteras? 
Seamos serios. 
Si queremos realmente la seguridad vial, la seguridad y la salud de los trabajadores, poco importa que sean asalariados o autónomos. 
Los independientes no son de otra raza. 
Tienen incluso más trabajo que hacer que los asalariados. 
Tienen que cuidar de sus camiones, de su negocio, tienen que proceder a cargas y descargas, sumando estas tareas a sus horarios máximos, mientras que los trabajadores asalariados todo eso lo descuentan de sus horarios máximos. 
Si no fuera suficiente este argumento, señorías, y se quiere usar el argumento de la libre competencia, de una competencia leal, piénsese que los conductores asalariados van a conducir menos horas, los camiones conducidos por ellos harán recorridos diarios más cortos y llegarán más tarde a sus destinos. 
¿Cómo esas empresas del sector van a poder mantener la competencia frente a quienes van a tener unas condiciones mucho más duras y mucho menos gravosas económicamente? 
Así pues, nuestra conclusión es que excluir a los trabajadores autónomos va a tener consecuencias nefastas para estos trabajadores, pero también para el sector. 
Por todo ello, apelamos al Consejo para que culmine el esfuerzo que ya ha hecho e incluya a los trabajadores independientes, si es que verdaderamente- y no es retórica- quiere velar por la seguridad y la salud de todos los conductores, quiere velar por la seguridad vial, quiere fomentar una competencia leal a nivel comunitario y que no se rompa el sector. 
Si quiere que se mantengan los puestos de trabajo y las empresas, si quiere, en definitiva, la Directiva que nos merecemos en el siglo XXI. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el Grupo Liberal no se siente demasiado satisfecho con las propuestas del ponente. 
En primer lugar porque propugnan una normativa que difícilmente puede ser llevada a la práctica, aparte de que daña la competitividad de los conductores autónomos. 
En segundo término porque las normas no pueden ser sometidas a ningún tipo de control y, por tanto, no puede quedar garantizada su aplicación. 
Dicho de otro modo, se trata de una normativa innecesaria y eso es algo a lo que se opone sistemáticamente el Grupo Liberal. 
En tercer lugar disponemos de una legislación nacional satisfactoria, tal y como se señala en la posición común. 
Si realmente hace falta una normativa mi Grupo se conforma con lo dispuesto en la posición común. 
El sector del transporte cuenta con algunas grandes empresas cuyos trabajadores tienen derecho a unas condiciones laborales debidamente reguladas. En este sentido el mercado interior se beneficiaría sin duda de la existencia de un marco europeo. 
Sin embargo, el sector del transporte también alberga a toda una serie de pequeños transportistas que trabajan por cuenta propia. 
Se trata de empresarios autónomos con uno o dos camiones que atienden a un importante segmento del mercado. Es imprescindible que puedan seguir haciendo su trabajo. 
Su empresa ha de ser rentable y sus servicios competitivos. Por tanto, no hay que imponerles trámites burocráticos inútiles y normativas innecesarias. 
No debe extrañar, pues, que una de nuestras principales objeciones se refiera a la propuesta de extender esta legislación a los conductores autónomos al cabo de tres años. 
Haríamos mejor en analizar primero el resultado de las propuestas antes de decidir si los conductores por cuenta propia han de someterse a esta misma normativa o a una normativa específica. 
En lo que al trabajo nocturno se refiere suscribimos los períodos contemplados en la legislación nacional, puesto que ofrecen un margen suficiente. 
El tiempo de disponibilidad también nos plantea problemas. 
A este respecto también optamos por una visión pragmática. Los conductores sufren atascos imprevistos, lo cual les obliga a parar más a menudo, por ejemplo para comer. 
Hay otras razones por las que se ven obligados a esperar durante mucho tiempo. 
Si todo ello es considerado tiempo de trabajo el conductor alcanzará rápidamente el límite máximo prescrito. Esta situación dará lugar a una innecesaria disminución de la productividad, y esto tiene poco que ver con la seguridad y la salud. 
Por último quisiera señalar que la definición del tiempo de trabajo nos parece demasiado detallada. 
También a este respecto el Grupo Liberal se inclina por la posición común. 
Habrán podido deducir de mi discurso que rechazamos algún otro punto más. 
No puedo justificar estas normas ante los electores. 
Por todo lo anterior, el Grupo Liberal votará en contra de las enmiendas señaladas y a favor de la posición común. 
Señor Presidente, señor ponente, señora Comisaria, en mi opinión la presente Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de los conductores reviste una importancia estratégica. 
Más de uno se olvida de que el sector del transporte por carretera sufre una sustancial fragmentación como consecuencia de la presión ejercida por los transitarios. Existen numerosos pequeños empresarios y unas pocas grandes empresas. 
Éstas contratan a trabajadores, aquéllas no. 
La liberalización y el cabotaje en carretera constituyen el telón de fondo de este problema de alcance internacional que requiere soluciones internacionales. 
Estamos asistiendo a una gigantesca guerra de precios, no sólo en el sector del transporte por carretera sino también entre los diferentes modos de transporte. 
Es algo que ya se ha señalado. Ello fomenta la contratación externa de ruedas, o sea, camiones, y de conductores. 
Acaban ofreciéndose precios ridículos, si me permiten la expresión. 
Podría argumentarse- no es la primera vez que lo digo- que hasta cierto punto el sector está enfermo. 
Todo ello da lugar a una competencia feroz, en perjuicio de los logros sociales. Las obligaciones sociales no se cumplen, los tiempos de trabajo y las condiciones laborales no se respetan y los salarios sufren recortes. 
Cada día se inventa una trampa nueva. 
Ésta no es la única. 
Lo peor es la simulación de la condición de autónomo. 
Esta evolución tiene consecuencias negativas para el sector, para el medio ambiente- puesto que el transporte barato genera más transporte -, para la seguridad y desde el punto de vista social. 
Es por eso por lo que opinamos que esta laguna ha de colmarse. 
El artificio Willy Betz, que estaba pensado para los conductores procedentes de la Europa Oriental, ya ha sido neutralizado mediante la concesión de licencias. 
En este caso la solución pasa por aplicar la normativa sobre los tiempos de conducción a todos los autónomos, no sólo a los que fingen serlo. 
En otras palabras, nos llena de satisfacción que todos los conductores, tanto los que trabajan por cuenta ajena como los que conducen por cuenta propia, estén obligados a respetar el límite de 48 horas. 
Por lo demás, considero que la definición de la simulación de la condición de autónomo reviste una gran importancia estratégica. Quisiera elogiar al ponente por este planteamiento tan acertado. 
El procedimiento de codecisión exige que nosotros, el Parlamento, cerremos filas antes de iniciar las negociaciones. 
Señor Presidente, mi Grupo comparte los criterios de la mayoría de los Grupos, es decir, que éste es un buen informe y que es hora de contar con un reglamento de la jornada de trabajo en el sector del transporte por carretera. 
Ha tardado bastante. 
Cuando discutimos la situación de grupos similares- esa vez se trataba de los médicos y de otros grupos- todavía no se incluía a las personas que realizan con carácter profesional actividades móviles de transporte por carretera. 
Es muy provechoso que ahora se les haya incluido. 
Nuestro Grupo opina que es obvio dar el mismo tratamiento a los empleados y a los transportistas autónomos. 
En caso contrario, estamos seguros de que podrían organizarse empresas de transportes que utilizarían formalmente a transportistas autónomos pero que, en realidad, serían una especie de empleados. 
Queremos evitar este tipo de engaños en el sector. 
Nuestro Grupo ha presentado dos enmiendas. 
Respaldaremos la propuesta Hughes, pero en un punto queremos avanzar más deprisa. 
Pensamos que el periodo de transición de tres años es innecesario. 
En primer lugar, el sector sabe, desde hace tiempo, que se harían reformas, de modo que ha habido tiempo para adaptarse. 
En segundo lugar, hay un aspecto que no ha sido destacado suficientemente que es la consideración a las otras personas que circulan por las carreteras. 
Podría decirse que el período de transición es una manera de demostrar consideración al sector, pero no implica ninguna consideración al resto de las personas. 
El Sr. Hughes reconoció que las nuevas reglas pueden significar considerables problemas, aunque exista un periodo de transición. 
Por eso opinamos que lo mejor es que las normas entren en vigor sin periodo de transición. 
Esto cobra especial importancia en relación con la ordenación del tiempo de trabajo nocturno y de otras actividades que puedan implicar riesgos en el tráfico. 
Respaldamos el informe con las enmiendas 25 y 26 que están al final y que eliminan el periodo transitorio. 
Señor Presidente, en líneas generales, consideramos que el buen trabajo del ponente enfoca correctamente la cuestión. 
De todos modos, quisiéramos hacer algunas consideraciones acerca de la propuesta relativa a la prevista inclusión de los trabajadores autónomos. 
La prevista inclusión de los trabajadores autónomos en la nueva Directiva nos parece oportuna. 
Evidentemente, se puede comprender la prudencia del Consejo al respecto, sin embargo, creemos que atribuir a la Comisión una evaluación posterior e indeterminada de los efectos de su posible actual exclusión, sólo sirve para aplazar la constatación de que existe una necesidad. 
En efecto, no es solo el problema de los trabajadores por cuenta ajena que ha de enfocarse convenientemente- por otra parte, considerado desde el punto de vista contractual nacional- sino sobre todo el de los trabajadores autónomos y, entre ellos, de los que son propietarios de un único medio de transporte o que, en todo caso, conducen de manera continuada uno de los medios que poseen. 
Con frecuencia la adquisición del medio por parte de un trabajador autónomo está vinculada a pagos aplazados bastante onerosos, a los que éste tiene que hacer frente incrementando el ritmo de su trabajo. 
Otra concausa es el método del just in time que las empresas, al haber reducido en general sus estructuras de almacenamiento, adoptan en aras de la continuidad de la producción, un método que obliga a establecer un continuo y rápido suministro de materias primas. 
Con frecuencia la coexistencia de esta dos causas lleva al trabajador autónomo a no prestar atención a su salud, a no respetar los períodos de descanso suficientes para garantizar su propia seguridad y, en consecuencia, a provocar potencialidades negativas para su propia seguridad y para la de los demás. 
Además, una ordenación del tiempo de trabajo de los trabajadores autónomos, en una perspectiva cierta, es seguramente un modo de reforzar, desde el punto de vista de la competencia, las condiciones de igualdad de todo el sector en el territorio comunitario y, al mismo tiempo, de incrementar las necesarias medidas de seguridad. 
Señor Presidente, la Sra. Smet se ha referido al hecho de que en el Grupo PPE-DE, la mayoría está a favor de incluir a los autónomos. 
Estoy seguro de que es así, pero estoy seguro de que la Sra. Smet también reconocerá que existe una minoría significativa que tiene una posición completamente contraria. 
Esta mañana he presidido una rueda de prensa aquí sobre el tema de las cargas que deben soportar las empresas. 
En el estrado me acompañaron colegas de Austria, Finlandia y Suecia- de haber podido, habrían venido diputados de otros países que comparten las opiniones que ahora me dispongo a exponer a la Asamblea. 
Desde la publicación del informe Hughes, me han llovido quejas del Reino Unido procedentes de la Asociación de compañías de mudanzas, la Confederación de transportistas de pasajeros, la Asociación de transportistas por carretera, la Asociación de transportistas de mercancías y del Sindicato Internacional de Transporte por Carretera, así como de pequeñas empresas de transporte locales y de conductores de camiones autónomos. 
Todos ellos comparten el horror por unas enmiendas que tendrán como consecuencia la quiebra de los operadores del Reino Unido y el asombro de que dichas propuestas provengan de un diputado británico. 
No existe ninguna prueba que demuestre que los conductores de camiones autónomos, que dependen de su propia salud y de la seguridad de sus vehículos para mantener día a día su negocio, necesiten más legislación comunitaria para hacerlos más seguros. 
No existe ninguna prueba que demuestre que los Estados miembros, cuando aprobaron la posición común, hicieran caso omiso de la salud y de las responsabilidades en materia de seguridad de este colectivo. 
No existe ningún requisito que obligue al Parlamento a endurecer ahora esta legislación. 
Las enmiendas del ponente tendrán como consecuencia un recorte de los ingresos de los conductores profesionales, un incremento de la congestión del tráfico y de la contaminación y una subida de los costes de transporte. 
Teniendo en cuenta que los transportistas del Reino Unido soportan ya unos impuestos sobre carburantes que son los más elevados del mundo, estas propuestas darán la puntilla al sector del transporte por carretera del Reino Unido. 
Asimismo, las enmiendas no muestran ninguna consideración con las necesidades del sector ni con las de sus empleados. 
Estas últimas tres frases no son palabras mías; son de la Asociación de transportistas por carretera del Reino Unido. 
Los diputados Conservadores británicos rechazaremos todas las enmiendas Hughes. No seremos los únicos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la regulación del tiempo de trabajo también mejora la protección laboral. 
Casi en ningún sector es esto tan cierto como en el del transporte. 
Yo quisiera volver a recordar el objetivo de la presente directiva. 
Como indica el artículo 1, el objeto de la directiva es elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores móviles, mejorar la seguridad vial y promover una mayor armonización de las condiciones de competencia. 
Yo creo que la posición común no cumple este objetivo y en parte contiene incluso contradicciones internas. 
Nuestro ponente ha formulado propuestas que, más allá de este objetivo, también constituye una aportación razonable a la política de transporte y a la política medioambiental. 
El más importante, como ya se ha señalado, es la inclusión de los trabajadores autónomos; no es cierto, señor Bushill-Matthews, que todos los trabajadores autónomos y todas las empresas expedidoras se opongan a la propuesta de Stephen Hughes. 
Una serie de empresas han reconocido claramente que la exclusión de los trabajadores autónomos supone una competencia ruinosa. 
Yo quisiera volver a recordar las consecuencias. Si no se incluye a la tercera parte de los 3,5 millones de conductores de vehículos pesados que son trabajadores autónomos, miles de trabajadores pasarán de la noche a la mañana a la denominada "autonomía simulada", a una autonomía no deseada. 
No puede ser cierto que acepten esa condición. 
El segundo punto en el que discrepamos es el del trabajo nocturno. 
También deberíamos recordar que los accidentes graves en las carreteras europeas no se deben a defectos técnicos de los vehículos pesados, sino en primer lugar a la fatiga de los conductores. 
Por esto, nosotros pensamos que una jornada de ocho horas es suficiente para esta actividad. 
El tercer punto es el tiempo de disponibilidad en el trabajo y la hora hasta la cual deben estar disponibles los conductores de vehículos pesados. 
Nosotros consideramos que la flexibilidad del tiempo de trabajo debe beneficiar a ambas partes, a los empleadores, a los expedidores y también a los trabajadores. 
Por esto, pensamos que la notificación previa con un día de antelación es una solución razonable. 
Sin embargo, requiere soluciones logísticas inteligentes, señora Smet. 
Es sencillamente inadmisible que se siga actuando como hasta ahora, que se mantenga la costumbre actualmente habitual de transferir el almacenaje a la carretera a expensas de la disponibilidad de los conductores de vehículos pesados. 
Necesitamos una nueva solución razonable que sea viable y yo creo que Stephen Hughes la indica en su informe. 
Señor Presidente, felicito a Stephen Hughes por su informe. 
Creo que debe existir igualdad de condiciones para todos los transportistas por carreteras de la UE, porque cruzan las fronteras constantemente. 
Nos preocupa enormemente que algunos transportistas podrán ofrecer mejores precios que sus homólogos de otros Estados miembros si no aprobamos la presente Directiva. 
Por consiguiente, también es importante que incluyamos a los trabajadores autónomos. 
Sé que mi colega ha dicho que el Grupo ELDR está en contra de la inclusión de los trabajadores autónomos, pero lo cierto es que estamos bastante divididos sobre este punto, y una minoría considerable de nosotros cree realmente que los trabajadores autónomos deben ser incluidos. 
Y creo que deben ser incluidos por varias razones, pero la más importante de todas es, una vez más, que éstos pueden ofrecer precios más bajos que otros transportistas, lo que tendría graves consecuencias sobre la salud y la seguridad. 
También temo que los empleadores con menos escrúpulos conviertan a estos conductores en autónomos sólo para eludir esta legislación. 
Eso ocasionaría no sólo más muertes en la carretera, sino además problemas de salud para los propios conductores. 
Quisiera llamar la atención también sobre la necesidad a la que se ha referido Stephen Hughes de conceder a los conductores tiempo suficiente antes de recibir un cargamento. 
Sé que el Sr. Hughes hablaba de un plazo de 24 horas. 
Yo presenté la enmienda de compromiso para que se avise con 12 horas de antelación la entrega de un cargamento, y me alegra mucho que el ponente haya aceptado la enmienda. 
No es más que justo que los transportistas puedan disponer de tiempo para dormir, sobre todo, antes de emprender viajes largos. 
Sinceramente espero que votemos a favor de esta Directiva y que incluyamos a los trabajadores autónomos. 
Es un paso en la dirección acertada en pos de garantizar la salud y la seguridad no sólo de los transportistas, sino también de todos los otros usuarios de las carreteras. 
Señor Presidente, los objetivos del presente informe de mejorar la seguridad vial y garantizar unos niveles mínimos de salud y seguridad para todos los conductores del transporte por carretera evidentemente merecen la pena, aunque debemos relacionar dichos objetivos con la realidad, por ejemplo, sus repercusiones en zonas periféricas y apartadas como las Highlands y las Islas de Escocia. 
He recibido numerosas cartas que expresaban cierta alarma por las posibles consecuencias de la presente propuesta. 
Por ejemplo, una empresa de transportes de Arran, que no es la isla más apartada de Escocia, señalaba que pasan muchas horas en los transbordadores entre las islas y la isla principal. 
Es un tema que puede tener consecuencias adversas también sobre el turismo hacia y desde regiones como Escocia. 
Una empresa de autocares de Glasgow es de la opinión de que si se aplicaran en su totalidad las propuestas Hughes, los operadores de autocares del continente europeo podrían considerar Escocia como un punto de destino demasiado apartado. 
En el caso del Oeste de Escocia y de las Islas del Norte, pueden ser necesarias dos o tres travesías en transbordadores hasta llegar al centro de Escocia, y estos transbordadores suelen desembarcar en zonas muy alejadas del punto de destino final. 
El informe también hace referencia en su conclusión al deseo de alcanzar igualdad de condiciones con otros sectores del transporte que ya están sujetos a reglamentos similares. 
La realidad, sin embargo, en buena parte de la Escocia rural e insular, es que no existe ninguna alternativa al transporte por carretera. 
De hecho, un antiguo diputado de las Islas Shetland se jactaba de que la estación de la red principal de ferrocarril más próxima a Shetland es en realidad Bergen. 
El sector del transporte por carretera escocés ya está siendo penalizado económicamente por el Gobierno del Reino Unido a través de la tributación punitiva sobre los carburantes. 
Algunos aspectos de esta propuesta sobre el tiempo de trabajo podrían representar una amenaza a la ya frágil viabilidad del transporte por carretera. 
Por consiguiente, no puedo apoyar en su totalidad las propuestas más restrictivas del presente informe. 
Señor Presidente, quisiera unirme a mis colegas en su agradecimiento a Stephen Hughes por los esfuerzos que ha dedicado a la elaboración del presente informe. 
Ha sido una tarea muy difícil y, perdonen el juego de palabras, un camino que no le ha resultado fácil de recorrer. 
El objetivo general del informe es que exista una mayor conciencia con respecto a la salud y a la seguridad e impedir la competencia desleal. 
En su informe, Stephen ha mencionado sus preocupaciones por la posición común; comparto algunas de esas preocupaciones. 
Algunos ámbitos son susceptibles de mejora. 
No obstante, también he expresado mi preocupación con respecto a algunas de las enmiendas aprobadas en comisión y con algunas de las posturas adoptadas en la comisión. 
Como ya han mencionado algunos de mis colegas y, en particular, mi colega escocés, las zonas periféricas de Europa se verán afectadas más adversamente que otras por estas restricciones. 
Por ejemplo, en Irlanda, el 98% de todo lo que se fabrica es transportado por carretera. 
Tenemos una economía que crece rápidamente y que depende de un sector de transportes flexible e innovador. 
En 1993 se estableció el principio de que las directivas deben evitar imponer restricciones administrativas, financieras y jurídicas que afecten a este tipo de empresas. 
Debemos intentar reducir el número de vehículos que circulan por nuestras carreteras, pero no existe ninguna garantía de que la presente directiva logre este objetivo. 
De hecho, según la información obtenida por estudios realizados por la Asociación de transportistas irlandeses, esta directiva incrementará el número de vehículos en la carretera y no reducirá la congestión ni disminuirá el daño medioambiental. 
La directiva sobre el tiempo de trabajo propuesta por el Consejo podría encarecer los costes que soportan las empresas. 
Algunas de las enmiendas presentadas por el ponente, como la enmienda 6, son demasiado descriptivas, mientras que otras, como la enmienda 14, son demasiado restrictivas. 
La enmienda 17 impondrá obligaciones adicionales a los Estados miembros de difícil aplicación. 
En la enmienda 19 se hace un llamamiento en favor de un régimen de sanciones común. 
Es algo con lo que no deberíamos estar de acuerdo. 
Eso debe dejarse en manos de los Estados miembros, porque de lo contrario, como ya se ha visto, existirán diferencias en la aplicación de las sanciones. 
Por último, según el considerando 14, algunas condiciones relacionadas con la duración media de la semana laboral no se están cumpliendo. 
Lo que pedimos son menos cargas administrativas, una propuesta más equilibrada e imparcialidad para todos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero comenzar agradeciendo al ponente el buen trabajo y los esfuerzos realizados para llegar a una recomendación para la segunda lectura equilibrada, flexible y que pueda conducir al éxito de una conciliación que probablemente no será fácil. 
Como tampoco es fácil lograr el objetivo general de la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan profesionalmente actividades móviles de transporte por carretera, porque es preciso tener presentes la salud y seguridad del trabajador conductor, así como la seguridad vial y, por lo tanto, la seguridad colectiva. 
Y porque otro objetivo debe ser evitar la competencia desleal. 
Creo que la Directiva debe incluir a los trabajadores autónomos. 
"Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad", dice el artículo 31 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Y el autónomo es un trabajador, por definición, por concepto y por contenido. 
Y "todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima de trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas", dice el punto segundo de este mismo artículo. 
Creo que el texto, previendo la inclusión en los términos en que lo hace, pretende lograr, a la vez, que se elimine la competencia desleal y que se conceda un plazo de tiempo prudente al autónomo para adaptarse a la nueva situación y que se asegure su protección. 
Al mismo tiempo, la prudencia del plazo no va a animar a que se desestructuren las empresas y acudan a las figuras de los falsos autónomos. 
En resumen, creo que la recomendación debe conducirnos y contribuir a crear una sociedad más justa y transparente, donde tenga difícil asiento la competencia desleal, y donde se preste la atención debida a la salud, la seguridad y la dignidad del trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena. 
Señor Presidente, acojo favorablemente el informe Hughes y el equilibrio razonable que ha sabido encontrar. 
Hace honor a su habilidad política. 
Aparte del alcohol, creo que la fatiga es probablemente la principal causa de muerte en nuestras carreteras, y tampoco falto a la verdad cuando afirmo que si yo fuera un conductor de camión asalariado, no querría ver peligrar mi puesto de trabajo porque un conductor autónomo esté dispuesto a trabajar 18 horas diarias. 
Si yo fuera un conductor autónomo y quisiera compaginar de manera equilibrada mi vida laboral con mi vida privada, tampoco querría que alguien ponga en peligro mi situación porque pueda trabajar 18 horas diarias. 
No tiene sentido sostener que un conductor autónomo podría estar menos cansado que un conductor empleado. 
Según mi experiencia personal, ocurre todo lo contrario. 
Un conductor autónomo debe realizar muchas más tareas y es más probable que ya esté cansado cuando se sienta al volante, con independencia de si trabaja 10 o 12 horas diarias, por lo tanto, quisiera apoyar firmemente el presente informe y acojo favorablemente los compromisos alcanzados por Stephen Hughes. 
También es importante definir con mayor precisión lo que debe entenderse por "autónomo". 
Hemos visto demasiados abusos de esta definición ambigua de "autónomo" en otros ámbitos de trabajo. 
Tenemos la responsabilidad de encontrar un equilibrio entre las necesidades de los conductores empleados y autónomos y aquéllas de la comunidad en general, con vistas a garantizar que esta última pueda desempeñar sus funciones de una manera segura. 
Todos confían en que les proporcionemos y garanticemos seguridad y en que nos aseguremos de que la ley protege a los conductores empleados y autónomos para evitar que el exceso de trabajo les arruine la salud e, incluso, pueda ocasionarles una muerte prematura. 
Señor Presidente, la ordenación del tiempo de trabajo de los profesionales del transporte por carretera incide en las condiciones de trabajo de los empleados y también en el funcionamiento de los servicios logísticos. 
El campo de aplicación de la Directiva es la cuestión fundamental de todo el asunto. 
El compromiso alcanzado en el Consejo excluye de la Directiva a los conductores autónomos. 
En mi opinión, el Parlamento también debe aprobar este compromiso. 
Los conductores autónomos no deben verse afectados por disposiciones artificiales que limiten su tiempo máximo de trabajo. 
Ello conduciría a un incremento de la burocracia y dificultaría el ejercicio de la actividad de las pequeñas empresas. 
También significaría intervenir en el uso del tiempo libre de los autónomos de un modo imposible de controlar. 
Desde el punto de vista de la seguridad vial, este aspecto no tiene ninguna importancia, dado que el tiempo de conducción de los trabajadores autónomos del sector está ya regulado en otras estipulaciones. 
Como segunda cuestión, quiero mencionar la limitación adicional del tiempo de trabajo en lo que se refiere a la conducción nocturna. 
Esto aumentaría los atascos, mermaría la seguridad vial e incrementaría los costes. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al Sr. Hughes por la forma en la que ha llevado a cabo esta ardua tarea. 
Creo poder afirmar que, por regla general, sus enmiendas se remontan a las propuestas de la Comisión y que, por tanto, coinciden con ellas, con excepción de las dos sugerencias que acaba de mencionar la Sra. Smet. 
Quisiera manifestar asimismo mi gratitud hacia la Comisaria por haber tenido el valor de elaborar esta posición común. No fue nada fácil. 
Encontró mucha resistencia entre los gobiernos. Estamos aquí gracias a su perseverancia. 
Está claro que ha conseguido un mejor resultado que su antecesor. 
Es algo que también hemos de tener presente en el marco de otros expedientes. 
También doy las gracias a la Sra. Sanders-ten Holte. Ha pronunciado un discurso decimonónico realmente brillante, digno de una militante liberal. 
Podría unirse como anexo al relato de Dickens sobre Scrootch. Si no me equivoco gira en torno a la pregunta de si hay que trabajar el día de Navidad. 
Los problemas que se plantean aquí se enmarcan en esta misma línea. 
Considero importante que se haya logrado una posición común. 
Estimo igual de importante que sigamos negociando algunos puntos insatisfactorios de dicha posición común, en concreto el problema de los autónomos. 
Dudo que encontremos la solución definitiva, pero al menos estamos negociando. 
Quienes nos instan a suscribir sin más la posición común arrebatan al Parlamento este poder. 
Deberían comprenderlo. 
Quienes sostienen que la normativa actual es suficiente habrían de interesarse por los accidentes, especialmente por los accidentes sufridos por autobuses. 
Cuando vuelva a producirse un accidente de estas características, todo el que se oponga a estas enmiendas debería ser consciente de los estragos causados por la afirmación de que no hace falta ninguna medida. 
Es inaceptable que este sector relativamente peligroso sea el único que no entre a formar parte de la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo. 
Ante esta situación, mi Grupo ésta convencido de la necesidad de adoptar al menos una serie de buenas enmiendas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, permítanme que empiece con un cita del protoromántico alemán Novalis. 
Este autor, tal vez el primer visionario que imaginó una Europa liberal y pacífica tal como ahora la concebimos, acuñó hace unos 200 años, en su reputado ensayo "La cristiandad o Europa", la frase: "Todo va bien, pero no siempre, no en todas partes y no para todos." 
Casi a diario podemos constatarlo en los procesos de decisión europeos. 
La directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan con carácter profesional actividades móviles de transporte por carretera que hoy se debate, completada con la inclusión de los conductores autónomos, constituye un ejemplo muy característico. 
La directiva, con sus valores límite para la duración media máxima, exactamente definida, del tiempo de trabajo, las pausas y los períodos de descanso mínimos, así como disposiciones sobre el tiempo de trabajo nocturno, constituye desde el punto de vista de los pequeños y medianos empresarios, y sobre todo de los conductores autónomos, una injerencia inadmisible y superflua de la política en la organización de su tiempo de trabajo, que es de su exclusiva responsabilidad. 
Desde su punto de vista, incluso representa un obstáculo impuesto y un dirigismo contrario a los principios de la economía de mercado y que, por lo tanto, se debería rechazar. 
Desde el punto de vista de los responsables de las políticas sociales y en materia de competencia, así como de los expertos en seguridad vial, la situación se ve de otro modo. 
Hace tiempo que se debería haber aprobado la directiva, sobre todo a la vista de las noticias alarmantes cada vez más frecuentes del tipo: "Debido a la fatiga del conductor, un camión no alcanzó a frenar y arrolló a un turismo correctamente detenido por problemas técnicos", pero también con objeto de evitar la autonomía ficticia y prevenir la competencia desleal asociada a ella. 
Tampoco debemos olvidar, además, el mayor nivel de protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo de las personas empleadas en el sector del transporte por carretera. 
Por lo tanto, en mi calidad de defensor consecuente de la economía social de mercado, yo creo que lo primero son las personas y luego sigue la economía. 
En consecuencia, en interés de la seguridad de todos, incluidos quienes participan en la circulación vial en calidad de peatones, yo les insto a que voten a favor del endurecimiento de la posición común. 
Señor Presidente, hoy es un gran día para los transportistas. 
Como han dicho todos los oradores, se tiende a que su actividad sea más tranquila, más humana y esto gracias al Sr. Hughes. 
Pero ¿por qué no utilizamos el "procedimiento Hughes" en el informe Hughes? 
Dicho esto, vayamos al grano. 
Bahía de Hudson, hace cuarenta años, frío, niebla. El buque Andrea Doria se acerca a Nueva York. 
Lamentablemente, el timonel, el primer oficial, quizás algo dormidos por las demasiadas horas trabajadas, causan el desastre del hundimiento del Andrea Doria. 
Tal vez si hubiesen trabajado menos horas, no habría ocurrido. 
Y nosotros no queremos que nuestros camiones, nuestros vehículos acaben como el Andrea Doria. 
Y ahora, tras haber recordado a un gran italiano, Andrea Doria, genovés, nacido en Génova como yo, recordemos a otro gran italiano, Galileo Galilei. 
¿Por qué? 
Porque pondremos en órbita el satélite GALILEO, que deberá ser capaz de seguir, controlar y vigilar el tiempo de conducción de los transportistas europeos. 
Muchas gracias, señor Fatuzzo, por habernos hecho partícipes de su enorme experiencia en este terreno. Ya que usted se ha referido a Galileo Galilei y otros temas afines yo quisiera, si me lo permite, llamar su atención sobre los problemas de transporte del Holandés Errante. 
No tiene derecho a réplica. 
Señora De Palacio, tiene usted la palabra. 
. Señor Presidente, ante todo quiero expresar mi agradecimiento al ponente, Sr. Hughes, y a todos los miembros de la Comisión para el Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento, así como a los de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo por el trabajo que han hecho. 
Como ustedes saben, esta Directiva tiene un sentido especial para mí. 
En efecto, a finales de 1998 la Comisión presentó su primera propuesta destinada a introducir normas comunes aplicables a todos los conductores profesionales y, desde entonces, ha sido un camino complicado y tortuoso el que ha seguido esta Directiva, que ha estado bloqueada en el Consejo durante todos estos años transcurridos. 
En el año 2000, se adoptó una modificación de la Directiva general sobre la ordenación de algunos aspectos del tiempo de trabajo, la Directiva 93/104/CE, para incorporar a los trabajadores móviles y no móviles del sector del transporte. 
Sin embargo, cabe constatar que a pesar de esta modificación los trabajadores móviles sólo disfrutan de una cobertura que se limita a una serie de materias, en particular la duración media semanal de las 48 horas de trabajo, las vacaciones anuales, los controles de la salud de los trabajadores nocturnos y la garantía de un tiempo de descanso suficiente. 
Por esta razón, mantener y defender la propuesta de Directiva que ahora nos ocupa sigue teniendo todo su sentido. 
Después de constatar hasta qué punto era difícil hacer progresar los trabajos en el Consejo y con la preocupación de dar un paso adelante, aunque no fuera el óptimo, presenté a finales del año 2000 una propuesta modificada de Directiva que como a ustedes les consta preveía la inclusión automática a largo plazo, concretamente al cabo de tres años, de los conductores independientes. 
Comparto plenamente lo que aquí se ha dicho, pues la Dirección General de Energía y Transportes se ocupa de regular el tiempo de actividad de los conductores más allá del tiempo de conducción, por razones de seguridad. 
Porque el cansancio de un conductor no depende de que éste sea autónomo o asalariado. 
No tengan ninguna duda de que ésa es mi posición. 
Por eso, conociendo las dificultades, propuse al Consejo y al Parlamento un texto donde se modificaba ese aspecto, con tres años de tiempo de carencia para la incorporación de los conductores autónomos, pero esa incorporación se producía de manera automática. 
No hace falta que les recuerde las largas discusiones en el Consejo, que concluyeron en una posición común sobre un compromiso que asumieron todos los Estados, todas las delegaciones presentes y que, desde luego, yo, en nombre de la Comisión asumo. 
En ese sentido, quiero decir a sus Señorías que considero que, sin ser perfecto, es un paso adelante. 
Cabe señalar que en los argumentos de las delegaciones de los distintos países de la Unión Europea, de los ministros, hay un dato que es cierto y es la dificultad, importante, del control real respecto a los conductores autónomos. 
Y, aunque se excluya a los conductores autónomos, es un paso adelante. 
Es un compromiso que he asumido, aunque no me gusta, y lo digo muy claro. 
Señorías, tienen que entender que soy siempre fiel a mis compromisos y por ello lo mantendré, y no podré respaldar una serie de enmiendas que proponen y que me gustaría poder aceptar, porque comparto plenamente su contenido, pero tengo un compromiso con el Consejo. 
Eso no impide que, cuando se produzca, como pienso que ocurrirá, la conciliación- porque dudo que el Consejo logre un compromiso que suponga la inclusión de los trabajadores autónomos de manera automática, como yo entiendo que habría que hacer -, desplegaré todas mis capacidades para intentar buscar una solución para desbloquear la situación que, indudablemente, se va a producir en ese momento. 
Me refiero a una serie de enmiendas, que mañana se enumerarán concretamente, que no puedo aceptar en este momento, aunque comparta su contenido. 
Sí puedo aceptar las enmiendas 7, la 11, la 14 y la 16, que recogen las nociones que ya figuraban en la propuesta modificada de la Directiva y que no forman parte exactamente del compromiso cerrado con el Consejo y que creo que mejoran el contenido global de la Directiva. 
Asimismo, hemos podido comprobar que las enmiendas 9 y 21 aportan mayor claridad a los textos y que las 18 y 22, ofrecen, en principio, una mejor protección, donde quizá haya que considerar un ajuste en cuanto a la redacción concreta, pero en cuanto a su contenido, no las podremos aceptar. 
Lo mismo digo en cuanto a las enmiendas 3, 5, 8, 12, 15, 17 y 19, que no pueden ser aceptadas porque, o bien tienen el riesgo de entrar en conflicto con reglas existentes en el Reglamento nº 3820/85 o nº 3821/85, o incluso la Directiva 88/599, o bien pueden tener el riesgo de enfrentarse con dificultades de aplicación. 
Quisiera recordarles que los conceptos de tiempo de trabajo y tiempo de conducción son dos nociones diferentes, reguladas por dos instrumentos jurídicos distintos. 
Y en ese sentido, hay una enmienda, la 23, que supone una carga administrativa desproporcionada y que no puedo aceptar. 
Lo esencial como han dicho el Sr. Hughes al principio de su intervención, y varios de los oradores, es la inclusión de los trabajadores autónomos, que, en la propuesta que formulé en su día, se producía de una manera automática. 
Creo que desde el punto de vista de la lógica interna del Reglamento, se basa en que el cansancio es un riesgo para la seguridad, y por ello, como responsable de la Dirección General de Energía y Transportes presenté una propuesta de estas características, porque si no sería sólo cuestión de la Comisaria responsable de Asuntos Sociales y no mía. 
Lo hago por razones de seguridad; aunque participo plenamente de esta preocupación, tengo un compromiso con el Consejo que debo mantener, pero sus Señorías saben que cuentan conmigo para intentar buscar soluciones en el momento de los debates de conciliación, cuyo resultado final espero que sea tan positivo como todos deseamos. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
(A5-0208/2001) del Sr. Sterckx, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo (COM (2000) 802- C5-0700/2000- 2000/0325 (COD) ); 
(A5-0205/2001) del Sr. Mastorakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se instituye una Agencia Europea de Seguridad Marítima (COM (2000) 802- C5-0702/2000- 2000/0327 (COD) ); 
(A5-0201/2001) del Sr. Esclopé, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la constitución de un fondo de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos en aguas europeas y medidas complementarias (COM (2000) 802- C5-0701/2000- 2000/0326 (COD) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, este problema tiene dos vertientes. 
No podemos de ninguna manera desalentar el transporte marítimo, ya que se trata de un modo de transporte respetuoso con el medio ambiente e imprescindible desde el punto de vista económico. 
Sin embargo, al mismo tiempo hemos de mantener bajo control los riesgos correspondientes. 
Hemos de regular mejor el tráfico, por así decirlo, puesto que los accidentes marítimos no afectan únicamente a quienes están directamente implicados en ellos, es decir, las persones que se encuentran en el buque, sino a todo el que reside en las inmediaciones del mar y vive de él. 
Después del naufragio del Erika hemos trabajado deprisa. 
Sin embargo, desde entonces se han producido nuevos incidentes que nos instan a adoptar nuevas medidas. 
Quisiera dar las gracias a la Comisión por la fructífera colaboración, así como a los miembros de la Comisión de Transportes. Gracias a ellos podemos presentar una propuesta aprobada por unanimidad. 
En primer lugar hace falta un mejor seguimiento del tráfico marítimo. A este fin conviene ampliar las competencias del Estado costero y del Estado del puerto y restringir, aunque sea mínimamente, el derecho a la libre navegación. 
No olvidemos que el Erika naufragó a 70 kilómetros de la costa de Bretaña, o sea, muy lejos de las aguas territoriales. 
En segundo término hemos de introducir un sistema automático de identificación mediante transpondedores. 
A este respecto he profundizado un poco más en la propuesta de la Comisión. 
Considero necesario que los datos recogidos automáticamente puedan intercambiarse automáticamente entre los diferentes Estados miembros. 
En la actualidad éste no es siempre el caso. 
En este momento el alcance del transpondedor es de 30 millas marinas. Debería ampliarse lo antes posible, pasando a lo que en inglés se denomina long range. 
El tercer punto concierne a la caja negra. 
Es un asunto complejo. Ya ha sido tratado en el informe del Sr. Watts, que, en cierto modo, no ha logrado salir de este atolladero. 
En mi opinión, el Parlamento debe seguir ejerciendo presión sobre la OMI, sin renunciar al calendario previsto. 
En cuarto lugar quisiera referirme a la prohibición de hacerse a la mar en caso de haber malas condiciones meteorológicas, tal y como propone la Comisión. 
Reconozco que el mal tiempo desempeñó un papel importante en los naufragios que nos ocupan, pero pese a ello la Comisión de Transportes no es partidaria de la medida general elaborada por la Comisión. 
En determinados casos los buques están más seguros en mar abierto que en el interior del puerto cuando se producen condiciones meteorológicas adversas. 
Ello depende de los rasgos específicos del puerto y de la embarcación. 
No olvidemos tampoco que en última instancia el buque está bajo el mando del capitán, lo cual hemos de respetar. 
Es por eso por lo que hemos puntualizado, o mejor dicho modificado ligeramente, la recomendación para una prohibición de hacerse a la mar, sustituyéndola por una recomendación que requiere una respuesta motivada por parte del capitán. 
Por si las condiciones meteorológicas empeoran es necesario disponer de remolcadores estacionados que estén preparados para intervenir inmediatamente en caso de emergencia, de tal forma que no se pierda tiempo alguno en caso de que se produzca un incidente. 
En Francia y los Países Bajos se encuentran ejemplos de este servicio. 
Los riesgos medioambientales no pueden ser el único motivo de intervención. Coincido con los oradores anteriores en que también hay que poner coto al peligro que corren las personas, entre ellas la tripulación y los pasajeros. 
En este sentido he añadido la carga de combustible en el mar, puesto que se trata de una maniobra arriesgada. 
Es peligroso. Así por ejemplo, el pasado mes de abril se produjo frente a la costa belga una colisión entre un buque tipo búnker que iba a repostar y una embarcación que estaba siendo repostada. 
Como consecuencia de ello se vertió al mar una cantidad relativamente pequeña de petróleo, unos 10.000 litros, que contaminó la zona costera de Middelkerke, Nieuwpoort, etcétera, ocasionando serios daños. 
De las estadísticas se desprende que el número de accidentes ocurridos durante la carga de combustible en el mar crece rápidamente y de forma considerable. 
Por tanto, tenemos la obligación de adoptar medidas. 
Una de las posibilidades consiste en restringir las operaciones de carga de combustible en el mar, prohibiéndolas en caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas. 
En quinto término quisiera detenerme en el tema de los puertos de refugio. 
Es un problema que afectó al Erika: buscó un puerto de refugio, pero no lo encontró. 
A principios de año el petrolero "Castor", que tenía una avería, estuvo navegando por el mar Mediterráneo durante seis semanas porque ningún puerto estaba dispuesto a permitirle la entrada. 
Esta actitud es comprensible, puesto que el puerto corre el riesgo de sufrir daños sin estar seguro de que los costes serán indemnizados. 
Por todo ello, hace falta un verdadero sistema de puertos de refugio y puertos de fondeo seguros en los que resulte posible minimizar los daños. Nos parece una propuesta adecuada, aunque la hemos endurecido un poco. 
Mirándolo bien, señora Comisaria, creo que estamos ante una propuesta loable. Saldrá una buena directiva. 
Hemos de aprobarla cuanto antes. 
Dado que contiene una serie de puntos que pueden evolucionar rápidamente hemos añadido un artículo relativo a la evaluación. 
Ahora la propuesta pasa al Consejo. 
Espero que la Presidencia sueca logre zanjar la cuestión antes de que finalice el mes. 
Temo, no obstante, que irá a parar a la Presidencia belga. 
En tal caso, dicha Presidencia ha de conferirle carácter prioritario, de modo que este tema se resuelva a más tardar a final de año. 
Quedan, sin embargo, algunas cuestiones pendientes, aun cuando aprobemos todas las directivas Erika. 
Estimo, por ejemplo, fundamental que se adopten medidas complementarias para mejorar los sistemas de ruta, por ejemplo en el Mar Báltico. 
Es importante que ampliemos dicho sistema y que invirtamos en recursos humanos, en personal de a bordo y de tierra, en controladores y en tripulación. 
Con objeto de poner de manifiesto esta exigencia la hemos incorporado a la directiva, puesto que la ley por sí sola no basta. 
Las verdaderas operaciones de seguridad se llevan a cabo en el mar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, yo me voy a ocupar de la propuesta del paquete Erika II que aspira a la creación de una Agencia Europea de Seguridad Marítima, que apoye la acción de la Comisión en la aplicación y el control de la aplicación de medidas, así como en la apreciación de su efectividad. 
Tal como sostiene la Comisión Europea- con cuyo punto de vista estamos de acuerdo- no es posible fundar, al menos en la fase actual, un organismo operativo único, una especie de guardacostas o policía portuaria europea que sustituya la acción de las autoridades marítimas nacionales. 
Dicho organismo deberá, por el contrario, respaldar la acción de la Comisión; nosotros decimos que no sólo de la Comisión, sino también de los Estados miembros sin que la Comisión intervenga, y algunas de nuestras enmiendas tienen este objetivo. 
Por supuesto, la propuesta de la Comisión plantea determinados interrogantes. 
¿Es verdaderamente necesario para "controlar a los controladores" crear una nueva estructura burocrática comunitaria, o sería posible conseguir el objetivo deseado reforzando la colaboración de las autoridades nacionales competentes entre sí y con la Comisión Europea, así como los servicios competentes de la Comisión? 
Para empezar, plantea problemas la relación de dependencia de la Agencia con respecto a la Comisión, puesto que, a pesar de que en la exposición de motivos se le da el carácter de independiente, al estudiar los artículos relativos a las atribuciones del Consejo de Administración y del Director ejecutivo y a la composición del Consejo de Administración, se constata que esta independencia es relativamente limitada. 
Es ilustrativo al respecto que el Director ejecutivo presente el programa de trabajo al Consejo de Administración previa aprobación de la Comisión, y a continuación el Consejo de Administración adopta el programa. 
También es un dato indicativo de su dependencia que el Director ejecutivo sea nombrado y cesado por el Consejo de Administración, previa propuesta de la Comisión. 
Es decir, detectamos una predisposición hacia la desconfianza de la Comisión para con la Agencia, cuya creación ella misma propone, que se manifiesta en una tendencia a ejercer su tutela sobre ella y a limitar sus garantías de independencia, lo que no se observa en el caso de otras agencias comunitarias equivalentes. 
Una comparación con el régimen de otros organismos como la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos lleva a la conclusión de que estos organismos tienen un ámbito de iniciativas y de competencias más amplio. 
Por ejemplo, no se prevé la aprobación por la Comisión del programa de trabajo de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, mientras que disposiciones similares son aplicables a la Agencia Europea de Medio Ambiente. 
Tampoco se prevé competencia alguna de la Comisión en el caso de cesar al Director Ejecutivo de estas agencias. 
Así pues, de lo que hemos mencionado indicativamente surge un interrogante: Desea la Comisión realmente una Agencia independiente? 
Es verdad que en las sesiones de nuestra comisión, de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, el portavoz de la Comisión Europea realmente mostró un gran acuerdo con estas opiniones nuestras, que todo el abanico de diputados apoyó, y mostró que hay posibilidades de acercamiento para que podamos tener rápidamente definido el reglamento en debate. 
De forma adicional, expreso el punto de vista de que los representantes de los sectores relacionados que participen en el Consejo de Administración de la Agencia deben ser elegidos por sus colegas y no por la Comisión, de que la participación en el Consejo de Administración de representantes de nuestro Parlamento en la Agencia será provechosa, por supuesto no la de diputados, y de que la sede de la Agencia debe hallarse en un país o ciudad que tenga una tradición naval y estructura marítima desarrollada para que pueda encontrarse cerca de la mayor cantidad posible de actividades relativas; por supuesto con la condición de que esta ciudad cumpla el resto de condiciones de funcionamiento de la Agencia y de que tenga muy buena conexión con los centros europeos. 
Y si mis señores colegas ven tras mis palabras el Pireo, yo no tengo la culpa; perdónenme, pero la culpa la tiene el Pireo, con sus impresionantes características para este caso en concreto. 
Para terminar, quiero agradecer a la Comisión su activación, así como a todos mis señores colegas que, con sus observaciones e iniciativas, han ayudado significativamente a la mejora del informe y, finalmente, del reglamento. 
Señor Presidente, en el último momento he tomado el puesto de mi colega, la Sra. Vachetta, con la que estoy de acuerdo en el análisis que les voy a presentar. 
Estamos hablando del transporte marítimo y evidentemente su papel es excepcionalmente importante, tal como lo han subrayado nuestros ponentes. 
Sin embargo, su funcionamiento por sí mismo, señor Presidente, encierra peligros importantes por muchas razones. 
Peligros para la economía y, claro, para las vidas humanas, para las condiciones de los trabajadores en este sector, y con toda seguridad, también grandes peligros para el medio ambiente. 
La gran libertad que predomina en la organización del sector, la tremenda competencia, que por supuesto crea un dinamismo excepcional pero que también lleva a buscar el menor coste posible "a cualquier precio", coste en maquinaria, en materiales, y también en personas. 
La propia mundialización de este ramo, que es antiquísima- es el ramo más mundializado desde siempre- da el derecho a sus propietarios a ir de acá para allá y a crear condiciones de asilo, todo esto tiene unos resultados terribles que hemos visto frecuentemente, no sólo con el trágico suceso del Erika, sino en otras muchas ocasiones, en el Mediterráneo por ejemplo, y en más lugares; tanto en el transporte de materiales como en el de seres humanos. 
Señor Presidente y señora Comisaria, este segundo paquete sobre el que estamos debatiendo hoy no responde a todas las cuestiones, a todos los problemas que creo que, según va avanzando la mundialización, se agudizan cada vez más. 
Voy a ponerles un ejemplo sobre el que no podemos decir nada: el ridículo ejemplo de los registros y la forma en la que funcionan, se reconozcan o no. 
Recientemente hemos lamentado implicaciones trágicas por ejemplo en Italia, la cual a algunos barcos griegos privados, pero sin pabellón griego, les prohibía la entrada a Italia, y a otros les permitía entrar... 
Cosas absurdas que creo que se basan en que no tenemos una legislación comunitaria clara, buena, eficaz sobre los registros. 
Pero me voy a concentrar en los tres informes sobre los que estamos debatiendo. 
Para empezar, quiero dar las gracias a nuestros ponentes, que han sido excelentes en su trabajo. 
Segundo, debemos decir que la directiva y los reglamentos que estamos analizando cuentan con muchos elementos positivos y también tienen, muchas faltas. 
Por esta razón vamos a votar en general a favor; pero también vamos a apoyar algunas enmiendas, que en nuestra opinión son importantes, que completan y mejoran los textos. 
El sistema de seguimiento por ejemplo, la certificación y aviso del transporte de materiales peligrosos, las cajas negras- ¡por fin! -el seguimiento de los buques, la posibilidad de los Estados miembros de intervenir en lo relacionado con hacerse a la mar etc. cuando hay peligro, son cuestiones importantes que nosotros apoyamos. 
Pero es absurdo, señora Comisaria, resistirse a lo siguiente: admitimos que debemos supervisar, controlar las máquinas, los materiales, el equipamiento, pero no aceptamos controlar y supervisar el funcionamiento del factor más importante para la navegación, que son las propias personas, los que trabajan en ella. 
Y no sólo su salud, sino también su tiempo de descanso, su disposición para trabajar en unas condiciones adecuadas. 
La mayoría de los accidentes que hemos conocido hasta ahora se deben a personas que básicamente no tenían culpa, pero que estaban cansadas y desengañadas. 
Así pues tenemos enmiendas relativas. 
Segundo, sobre la Agencia de Seguridad Marítima. Todas las instituciones implicadas en la navegación lo estaban pidiendo. 
Nosotros también estamos de acuerdo. 
Personalmente yo diría que ojalá que tuviésemos un cuerpo portuario europeo que no fuera sólo coordinador. 
Considero que podemos ayudar a que esta agencia vaya en esta dirección. 
Sin embargo, no estamos de acuerdo con la composición de su administración. 
Solicitamos la participación de miembros electos del ámbito local y nacional. 
¿Y por qué no la de organizaciones no gubernamentales cuya utilidad y efectividad está demostrada de alguna forma? 
E igualmente solicitamos que esta agencia rinda cuentas, que informe con regularidad y públicamente sobre su acción. 
Creemos que es obvio. 
Finalmente, sobre el fondo de indemnización por la contaminación causada por el petróleo. 
Se ha hecho correctamente. 
Realmente, y creo que el Sr. ponente lo ha subrayado muy bien, se han demostrado los límites del FIPOL. 
Pero ¿por qué deben financiar esta agencia sólo quienes compran una cantidad de 150.000 toneladas de petróleo en adelante? 
¿Por que no lo financian todos los implicados en la economía del transporte de combustible? 
También pensamos que el límite de mil millones es bajo, no se corresponde con las sumas reales del ramo y de la facturación. 
Por eso proponemos que llegue a los dos mil millones. 
Y, naturalmente, pensamos que es limitada, muy limitada si lo desean, su actividad y que deberíamos verla sobre una base más amplia. 
Señor Presidente, con esto es con lo que vamos a votar y esperamos que con estos datos y con estas críticas tengamos en breve un paquete III, un Erika III, que sea muy útil para completar la política que se nos está proponiendo y que se encuentra, reconocidamente, en la dirección correcta. 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente permanente de la Comisión de Presupuestos para las agencias, yo puedo manifestar que la Comisión de Presupuestos está conforme con el documento presentado. 
La Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo hizo suyas las enmiendas de la Comisión de Presupuestos en relación con la creación de una agencia europea para la seguridad en el mar. 
Para empezar, quisiera esbozar el marco en el que se inscriben las enmiendas que siguen. 
La estructura de las agencias hace difícil establecer una línea única para su financiación. 
Aun así, los principios del Parlamento Europeo nos obligan a velar por que las autoridades se caractericen por su eficacia, transparencia y control de los costes. 
Justamente en las agencias de nueva creación también nos corresponde velar por que su gestión presupuestaria se rija desde el principio por unas orientaciones claras. 
Paso a exponer ahora las enmiendas. La primera propone la inclusión de un nuevo considerando cuyo objeto es sobre todo a la transparencia y el control. 
La autoridad debería cumplir las normas presupuestarias básicas, puesto que se encargará de aplicar la política de la UE, empleará personal y dependerá total o parcialmente de las subvenciones con cargo al presupuesto comunitario. 
La enmienda 2 tiene por objeto dejar claro que esperamos también una contribución financiera del Estado miembro que obtenga la sede de la Agencia. 
La tercera enmienda se refiere a las disposiciones por las que se aprobará el presupuesto de la Agencia. 
El control del Parlamento se realizará a través de la Comisión de Presupuestos y de la financiación. 
En este contexto, es necesario procurar que autonomía de las agencias no sea excesiva. 
En mi calidad de ponente permanente para las agencias, yo puedo asegurarles que una autonomía excesiva conduciría a que éstas se independizasen y comenzasen a rebasar ampliamente su objetivo, sus verdaderas tareas. 
Señor Presidente, en primer lugar, debo pedir disculpas por mi ausencia de la comisión cuando se debatieron mis enmiendas al informe Esclopé. 
Estaba participando en las elecciones generales de Gran Bretaña y también en la investidura de mi esposa como alcaldesa, que es lo que me ha impedido poder asistir. 
Limitaré mis observaciones al informe Esclopé. 
Es un asunto muy preocupante, provocado por el Erika y agravado por el desastre del Ivoli Sun frente a las Islas del Canal de la Mancha. 
En 1969 me vi afectado por las consecuencias que el desastre del Torrey Canyon tuvo en las playas y los medios de vida de la población del sudoeste de Inglaterra, por eso conozco y comparto dicha preocupación desde hace muchos años. 
Las propuestas de la Comisión eran aceptables en cuanto a sus propósitos, pero adolecen de varias deficiencias. 
La primera es que podría tener consecuencias potencialmente perjudiciales en los fondos internacionales actualmente vigentes CLC, es decir, el Convenio sobre responsabilidad civil, y el IOPC, el Fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos. 
En segundo lugar, no se presta atención a los vertidos de combustibles de tipo búnker ni a las sustancias nocivas y peligrosas. 
Existen dos convenios relativos a estos problemas: el Convenio Bunker 2001 y el Convenio sobre responsabilidad e indemnización relativas al transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, de 1996. 
Es poco probable que alguno de estos convenios sea ratificado en un futuro próximo, y es el motivo por el que deben ser abordados en el presente informe. 
En tercer lugar, existe una injusticia en términos de la responsabilidad de correr con los gastos. 
Tengo reservas sobre la enmienda 22 y las repercusiones para las petroleras de la contaminación causada por sustancias químicas o nocivas. 
Es algo sobre lo que podemos tratar en la segunda lectura. 
Pero lo que hemos intentado hacer, fundamentalmente, es corregir dicha injusticia. 
El Sr. Esclopé ha intentado modificar el informe para tener en cuenta las preocupaciones de la población local y también para limitar lo que, en mi opinión, es una implicación innecesaria de la Comisión en el día a día del funcionamiento del Fondo COPE. 
La sugerencia del ponente relativa a crear un comité tripartito es bien intencionada, pero inadecuada. 
Debemos ocuparnos de la participación excesiva y burocrática de la Comisión y deberíamos reconocer las disposiciones internacionales de probado prestigio que se aplican en los fondos CLC y IOPC. 
Por último, está la consulta a nivel local, que es necesaria, pero que no debería ser obligatoria ni servir de excusa para retrasar el procedimiento. 
Est reglamento tiene el potencial de convertirse en una ley europea de gran alcance y radical y, en consulta con otros Estados no miembros de la UE, puede hacer una gran contribución al esfuerzo por resolver los problemas de la contaminación marítima causada por el petróleo y las sustancias nocivas y peligrosas. 
Deberíamos sentirnos orgullosos de este logro y darle nuestro apoyo. 
Yo quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a los ponentes. 
A mi parecer, sería conveniente continuemos avanzando bastante más en lo que respecta al sistema de vigilancia y control, así como a la creación de una agencia independiente y de un fondo de indemnización en caso de accidentes. 
En este contexto- me remito también al informe Esclopé -, la Comisión propuso la creación de un fondo para los accidentes asociados al vertido de petróleo, concretamente para los accidentes de los petroleros. 
No obstante, según indica la experiencia de los últimos años, no sólo sufrimos accidentes de petroleros, sino que otros buques también transportan sustancias peligrosas, sustancias nocivas, y a menudo provocan vertidos de los denominados combustibles de tipo búnker, que contaminan el medio ambiente. 
Por esto parece razonable adoptar un enfoque más amplio. 
Por una vez, me habría gustado escuchar en boca de la Comisión el comentario del anuncio de una importante marca de automóviles en nuestro país: "Para nosotros no existen los imposibles". 
Por lo tanto, señora Comisaria, yo le pido que cuando exponga su posición al respecto, no diga "no es posible", sino "¿ Cómo voy a responder o cómo puedo responder a la voluntad del Parlamento ?", y luego hágalo jurídica y técnicamente posible. 
También me parece razonable que la comisión competente proponga un mayor reparto del riesgo, concretamente, que no sólo lo asuman las empresas petroleras, sino también los armadores y los receptores, mediante un reparto equitativo de las responsabilidades y la participación en dichas comisiones de los representantes regionales de las regiones afectadas, con el fin de que puedan defender sus intereses. 
Esto no significa que puedan decidir directamente al respecto, sino que podrán estar presentes y ser escuchados en cada caso cuando corresponda. 
Por esto- ya lo dije la última vez -, deberíamos avanzar un poco, con un poco de brío, pues las personas... ¡Cielo santo! , ya han transcurrido dos años largos desde el accidente del Erika y hasta ahora no hemos ultimado ninguna medida jurídica, sino que todo continúa aún pendiente. 
Por esto yo les pido a los colegas y también a la Comisión que avancen con un cierto brío. 
Me parece razonable asimismo la creación de una agencia como primer paso para promover la seguridad del transporte marítimo. 
Estimado colega Emmanouil Mastorakis, yo comprendo que El Pireo es una buena localización, pero simplemente quiero señalar que Lübeck, en mi región, también sería, a mi parecer, una sede muy idónea para dicha agencia. 
(Exclamación: ¡O Greifswald, o Rostock!) 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero también dar las gracias a los ponentes por la elaboración de estos informes tan logrados. 
Todos ellos han prestado atención a cuestiones cruciales para mejorar la seguridad marítima, y aún queda mucho por hacer en este ámbito. 
Con el fin de reducir al mínimo el número de accidentes, hay que mejorar los métodos de identificación de los barcos, ampliar la obligación de aviso y simplificar los procedimientos para la comunicación y uso de datos sobre mercancías peligrosas o contaminantes, así como tomar siempre en consideración las diferentes condiciones de navegación. 
En cuanto a los criterios de indemnización, hay que observar los principios del régimen internacional, de los cuales parte la propia propuesta de la Comisión. 
No debería ampliarse el ámbito de daños indemnizables, ni tampoco el de las personas damnificadas con derecho a indemnización. 
No obstante, los perjudicados a causa de contaminaciones accidentales de petróleo deben percibir indemnizaciones que cubran todas las pérdidas. 
La creación de un fondo europeo de indemnización no es el único medio para solucionar el problema. 
En primer lugar, habría que intentar encontrar soluciones a nivel internacional, y la industria petrolera también debería participar en la financiación del fondo. 
La futura Agencia de Seguridad Marítima debe asesorar a los Estados miembros y a la Comisión en la aplicación de la legislación comunitaria. 
El abanico de funciones concebido para la Agencia es muy amplio, de manera que es importante que exista una buena colaboración con los Estados miembros. 
Sin embargo, no es imprescindible que haya representantes de todos los órganos en el Consejo de Administración, pues los puntos de vista de cada uno de ellos serán tenidos en consideración por otras vías. 
Además de imprimir más rigor a la normativa, debemos encargarnos de que las soluciones que se adopten sean realistas y viables. 
Para mi Grupo es importante que se aprueben rápidamente estas propuestas y podamos avanzar en materia de seguridad. 
Quiero aún resaltar que las soluciones que se adopten en el ámbito exclusivo de la Unión no serán suficientes para mejorar la seguridad marítima. Por ejemplo, las cuestiones de responsabilidad deben negociarse a nivel mundial. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados ponentes, en uno de los discursos anteriores hemos escuchado a nuestro fantástico fantasioso, el Sr. Fatuzzo. Relató las peripecias del naufragio del Andrea Doria haciendo hincapié en el cansancio del patrón. 
En este caso nos estamos refiriendo al Erika y todo cuanto sucedió antes y después del incidente. 
En mi opinión, sería sensato añadir algunos elementos importantes al paquete Erika 2. 
Ahora bien, el Sr. Piecyk tiene razón. Es fundamental que el procedimiento se acelere un poco, porque realmente se está tardando demasiado. 
No descarto que esta demora se deba en parte a nuestra propia actitud. 
Por eso, no me convence demasiado la propuesta de ampliar el fondo de indemnización de daños causados por la contaminación de petróleo hacia otras sustancias. 
Sin embargo, nos empeñamos en ello y en este sentido creo que la contribución del Sr. Atkins puede contribuir al retraso mencionado. 
Permítanme que aproveche esta ocasión para felicitar al Sr. Atkins por el resultado electoral obtenido por su mujer y decirle que le acompaño en el sentimiento con motivo de la derrota sufrida por el partido conservador. 
Me inclino a suscribir la sugerencia del ponente Esclopé de separar ambas actividades si, en efecto, se produce tal demora hallándonos en la fase de negociación complementaria. 
Obviamente, tanto en este como en otros casos somos partidarios de que dichos fondos se amplíen lo antes posible. 
Pretendemos que algunas enmiendas vuelvan a presentarse porque en nuestra comisión ha habido algún naufragio, ya sea por falta de un voto o por empate. 
Ello tiene que ver, entre otros factores, con el gran número de partes implicadas en la constitución de los fondos. 
Opinamos que la aplicación del principio "quien contamina paga" exige que todos los armadores, propietarios de buques, transitarios, etcétera, participen en la constitución de los mismos. 
Sin embargo, en lo que a la gestión del fondo se refiere, abogamos por una fuerte intervención de la Comisión, en colaboración con los movimientos ecologistas y las autoridades locales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como resalta el colega Sterckx en su excelente informe, los desastres marítimos del Erika, el Ievoli Sun y el Baltic Carrier han puesto de manifiesto las insuficiencias y lagunas de la normativa comunitaria. 
Ya es hora de que se establezcan un control y una vigilancia rigurosos de los buques que entran en los puertos de la Unión Europea o que utilizan las concurridas vías navegables que bordean las costas comunitarias. 
Para demostrar la gravedad de la situación en el ámbito de la seguridad marítima, basta recordar que un 90% de los intercambios comerciales entre la UE y terceros países se desarrollan por vía marítima. 
En contra de la opinión del apreciado ponente y de su enmienda 11 al artículo 8, yo pienso que la UE cuenta ciertamente con suficiente peso e influencia internacionales para establecer sus propias regulaciones y normas si no resultase posible desarrollarlas pronto en el marco de la IMO. 
En consecuencia, yo comparto el enfoque de la Comisión en cuanto a la instalación de "cajas negras" también a bordo de los buques más viejos y que no se prevean excepciones técnicas para los mismos. 
¿Acaso no proceden justamente de los buques más viejos los riesgos para el tráfico marítimo y para el medio ambiente marítimo y costero? 
Un segundo punto que quiero comentar es el relativo a las medidas destinadas a garantizar el cumplimiento a escala nacional y europea de las medidas de ámbito nacional o europeo que se adopten. 
La Comisión propone la creación de una nueva agencia europea para la seguridad en el mar. Nuestro colega Mastorakis ha elaborado el informe al respecto. 
A pesar del consenso general en lo que se refiere a las tareas y las responsabilidades de este nuevo organismo europeo, yo me pregunto si los problemas decisivos para una mejora de la seguridad del tráfico marítimo no se podrían resolver en los Estados miembros. 
¿No convendría determinar primero exactamente qué deben hacer los Estados miembros para enraizar en su normativa nacional las orientaciones europeas armonizadas y aplicarlas en la práctica? 
Pienso, por ejemplo, en propuestas concretas con vistas a la constitución de las bases de datos nacionales que se deben crear o sobre las competencias de las autoridades nacionales para realizar controles más rigurosos de los buques de riesgo, o en una definición exacta de las competencias de las autoridades costeras para retener a los buques en puertos protegidos, o en los criterios para determinar el número de puertos de refugio que se deberán acreditar y los dispositivos especiales de seguridad con los que es necesario que estén equipados los puertos. 
Sobre todo es necesario abordar en primer lugar la formación y dotación de los recursos humanos necesarios. 
Hasta ahora no se ha comentado nada al respecto ni se ha ofrecido una orientación europea armonizada. 
Es imprescindible que la Comisión tenga en cuenta este aspecto en sus futuras actuaciones y se ponga manos a la obra. 
Señor Presidente, me alegra mucho tener la oportunidad de intervenir sobre este tema tan importante, que es de la máxima incumbencia en mi circunscripción de Connaught, Ulster, que abarca prácticamente todo el litoral del norte y el oeste de Irlanda. 
Muchos de mis electores dependen del sector marítimo para sus medios de vida, y una política coherente sobre la seguridad de todos los medios de transporte marítimo es una necesidad urgente. 
Alabo a los tres ponentes por su trabajo sobre este importante asunto. 
También deseo expresar mi agradecimiento por la labor realizada por la Comisión, que ha respondido con tanta celeridad a la resolución del Parlamento, en la que pedíamos medidas más estrictas en materia de seguridad marítima. 
La Comisión ha presentado dos amplios paquetes de medidas en un plazo relativamente corto y ha demostrado, sin lugar a dudas, que reconoce debidamente la urgencia de este asunto. 
Las medidas que hoy nos ocupan tienen el objetivo de garantizar una protección eficaz de las aguas europeas contra el riesgo de accidentes en el mar y la contaminación marítima. 
Quisiera referirme en particular a la institución de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. 
Esta Agencia tendrá un importante papel en lo que se refiere a proporcionar a la Comisión y a los Estados miembros apoyo en la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad marítima y para hacer una evaluación de su eficacia. 
No basta con acordar una serie de normas. 
Debemos garantizar también la aplicación estricta y adecuada de todos los aspectos del reglamento sobre la seguridad marítima para garantizar la máxima protección a todos los que trabajan en el sector, así como para proteger debidamente a los habitantes de las zonas costeras y el medio ambiente del litoral. 
Acojo favorablemente la propuesta de que el Consejo de Administración incluya a cuatro representantes designados por el Parlamento. 
Respecto a la propuesta de incluir en dicho Consejo de Administración a cuatro representantes de los sectores profesionales, sería de utilidad que la Comisión aclarara que estarán representados todos los sectores que operan en el mar. 
Es absolutamente necesario que la industria pesquera esté representada en dicho Consejo de Administración. 
Para terminar, es fundamental que, cualquiera que sea el reglamento que aprobemos, éste persiga el objetivo de alcanzar un nivel ejemplar de seguridad en el transporte marítimo y en la prevención de la contaminación de nuestros mares. 
Como originario de una región marítima de la Unión, soy plenamente consciente de nuestros recursos marítimos y de la necesidad de que las actividades sean sostenibles, lo que garantizará estos recursos para generaciones venideras. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ya estamos debatiendo el segundo paquete de medidas elaboradas como consecuencia del naufragio del petrolero maltés Erika, ¡pero el Consejo y el Parlamento Europeo aún no han alcanzado acuerdo alguno acerca del primer paquete! 
Es una auténtica vergüenza que año y medio después del incidente todavía no nos hayamos puesto de acuerdo. 
Insto al Consejo a que vuelva a estudiar con detenimiento la aportación constructiva del Parlamento. 
Volvamos al presente. Las propuestas formuladas por la Comisión en este segundo paquete también son muy valiosas. 
Contribuyen a la constitución de un marco adecuado para la seguridad marítima y la protección del medio ambiente. Suscribo, por tanto, la mayoría de las sugerencias. 
El sistema de navegación constituye un elemento importante. 
La tensa relación entre las competencias del capitán y de las autoridades portuarias, por una parte, y entre el intercambio y el tratamiento de los datos recogidos, por otra, ocupa un lugar primordial en la presente propuesta. 
El ponente ha encontrado una solución bien meditada para el primer punto. 
La práctica- a veces más rebelde de lo que uno podría esperarse- dirá hasta qué punto surten el efecto deseado las disposiciones relativas al intercambio de información. 
La tercera parte importante de la propuesta tiene por objeto remediar uno de los problemas sufridos por el Erika, garantizando la existencia de refugios seguros por si el buque y el medio ambiente resultan dañados. 
En mi opinión, las disposiciones propuestas ofrecen garantías para una adecuada recogida de embarcaciones en peligro siempre y cuando sean aplicadas íntegramente por los Estados miembros. 
Si a pesar de estas medidas preventivas llega a producirse un accidente los daños han de indemnizarse en debida forma y a la mayor brevedad posible. 
El actual sistema de indemnización internacional presenta algunas deficiencias, especialmente en lo que a la rapidez de las respuestas se refiere. 
La incorporación de una contribución europea al fondo actual solamente se justifica si las disposiciones correspondientes no pueden introducirse en el sistema internacional. 
En este momento aún no se ha adoptado una decisión definitiva al respecto, pero no es muy probable que el sistema se adapte por completo a la normativa comunitaria. 
A fin de evitar que los transitarios y destinatarios europeos salgan demasiado perjudicados la contribución suplementaria ha de reducirse al mínimo. 
Considero que la ampliación hacia sustancias distintas al petróleo no es sino una innecesaria complicación, ya que, a mi modo de ver, constituye un serio obstáculo para alcanzar un acuerdo a escala internacional. 
Por eso no me inclino por la ampliación. 
Por último, señor Presidente, debo señalar que la constitución de una Agencia en apoyo a la Comisión redunda en beneficio de las acciones emprendidas por la Unión Europea en el ámbito de la seguridad marítima. 
La legislación relativa al tráfico marítimo, tanto a escala internacional como europea, comienza a adquirir tales dimensiones que la Comisión ya no puede prescindir de asistencia técnica especializada de alto nivel. 
Por ello, es fundamental que la Agencia contrate a personas altamente cualificadas de los Estados miembros. 
Mientras se cumpla esta condición me da igual dónde se establecen las oficinas de la misma. 
Señor Presidente, Señorías, hace dieciocho meses el petrolero Erika se partía en dos frente a las costas bretonas, provocando una de las grandes mareas negras de la historia. 
Por desgracia, no era la primera ni probablemente la última vez que el litoral de uno de nuestros Estados miembros resultaba contaminado. 
La ministra francesa de Medio Ambiente, por su parte, no creyó necesario suspender sus vacaciones en La Reunión. 
¿Subestimó las proporciones de la catástrofe? 
¿O bien consideró que su presencia era innecesaria? 
Es cierto que la Sra. Voynet y sus amigos Verdes tienen otras preocupaciones, además de la ecología: el número de escaños que les dejarán los socialistas en las próximas elecciones legislativas, la legalización de la droga, el matrimonio entre homosexuales, el aborto, la regulación de los inmigrantes clandestinos en Francia, la protección de la vida de los asesinos en los Estados Unidos, son otros tantos asuntos que casi no dejan sitio al medio ambiente. 
En cambio, hubo dirigentes franceses se excitaron mucho. 
El Sr. Jospin visitó incluso una de las playas, ayudado por sus amigos que querían evitar que se ensuciara los zapatos. 
Todos juraron, aunque algo tarde, que eso no volvería a ocurrir. 
Se iban a tomar todas las medidas necesarias: doble casco, desguace de los restos flotantes, etc. A algunos hasta se les ocurrió lanzar una campaña de boicot a Total, que es actualmente la única sociedad petrolera francesa. 
Un año y medio después, este revuelo apenas ha mejorado la situación. 
La indemnización a las víctimas es casi nula. 
Sólo se ha desembolsado el 6% de las sumas de dinero disponibles. 
El FIPOL, el Fondo de indemnización creado por las compañías de petróleo, parece tener por principal misión desembolsar la menor cantidad posible de dinero a las víctimas. 
Considero que sus procedimientos, sus contrainvestigaciones y sus estudios de expertos buscan desanimar a los más perseverantes, que retroceden frente a la avalancha de trámites a que se les somete. 
Nuestras costas, en cambio, siguen siendo contaminadas por miles de "buques basura". 
El convenio de 1996 sobre la indemnización de los daños causados por el transporte marítimo de sustancias nocivas y peligrosas, así como el de 2001- denominado "convenio búnker" -sobre la responsabilidad civil por los daños causados por la contaminación a consecuencia del transporte de hidrocarburos, no han sido aplicados ni ratificados. 
¿Qué soluciones nos proponen los tres informes que hoy se nos someten? 
¿Indemnizar a las víctimas? 
En su informe, nuestro colega, el Sr. Esclopé, tiene razón al constatar que el FIPOL es apenas eficaz. 
Pero podemos preguntarnos si la solución consiste en crear un nuevo organismo de indemnización. 
¿La seguridad marítima de nuestros países? 
Las propuestas contenidas en el informe del Sr. Sterckx sobre la identificación de los buques, sobre su cargamento y su acceso a los puertos están totalmente justificadas, pero sólo atañen a un aspecto del problema. 
En cuanto a la creación de una Agencia Europea de Seguridad Marítima, exigida en el tercer informe, el Sr. Mastorakis tiene razón al interrogarse sobre la utilidad de crear- cito el informe -: "una nueva estructura burocrática comunitaria". 
La Europa de Bruselas parece restringir otra vez, por medio de una nueva administración, las libertades de los Estados miembros. 
Pero libertad no es sinónimo de licencia, y en este sentido deberíamos ser perfectamente claros. 
El hecho de atribuir a un buque su pabellón constituye una prerrogativa natural del Estado, como lo reconoció el Tribunal de La Haya con los famosos casos de los "butres de Mascate" o del buque Lotus. 
Por consiguiente, no podemos oponernos a que Liberia o Panamá, por ejemplo, utilicen este atributo de su soberanía. 
Pero eso no puede desembocar en una imposición a nuestros Estados en el sentido de permitir que se acerquen a sus costas buques deteriorados guiados por tripulaciones incompetentes, y que presentan graves peligros para el medio ambiente. 
Se debe ejercer un derecho de revisión y, en su caso, de denegación del acceso o de desvío con respecto a cualquier navío que penetre en la zona que el Convenio de Montego Bay define como zona económica exclusiva, es decir, la zona de las 200 millas marítimas. 
Todas estas medidas, incluso las más prudentes, no están a la altura de las amenazas que pesan sobre las costas de nuestras naciones- amenazas ecológicas, naturalmente -, y para poder dar una respuesta al respecto, quizás habría que formular algunas preguntas molestas. 
¿Por qué una sociedad francesa, por ejemplo, se ve obligada a recurrir a un armador extranjero, con un pabellón dudoso, cuya tripulación constituye una verdadera "Babel" flotante? 
El sindicato comunista CGT, que ha arruinado los astilleros navales franceses, los gobiernos, que en 25 años han aumentado en 15 puntos la tasa de las exacciones reguladoras obligatorias, tienen probablemente la respuesta. 
¿Por qué la mayor parte del petróleo que importamos no se transporta a través de oleoductos, que son mucho más seguros que cualquier petrolero? 
Ahora bien, las amenazas no son sólo de naturaleza ecológica. 
La llegada a la Costa Azul francesa, el mes de febrero último, de un barco turco con mil kurdos procedentes de Siria, a quienes se presentó falsamente como refugiados iraníes, reveló a los franceses que en la Europa de Schengen y de Amsterdam sus fronteras marítimas son apenas controladas, al igual que sus fronteras terrestres, y ello muy cerca de un gran puerto militar. 
Así pues, cualquier barco puede entrar en nuestras aguas territoriales. 
Actualmente estos buques contienen petróleo, sustancias peligrosas o incluso inmigrantes clandestinos. 
Mañana también podrían transportar armas o grupos terroristas. 
Estos peligros son consecuencia de la supresión de las fronteras y de la decadencia de nuestras marinas nacionales, que hoy se encuentran sin medios para cumplir sus misiones, entre las que figura ante todo la protección de las costas. 
El restablecimiento de la seguridad marítima de nuestros países, como en muchos otros ámbitos, no necesita tanto una nueva reglamentación europea, sino sobre todo gobiernos que basen su política en principios simples: independencia energética, mantenimiento de una verdadera marina nacional, disminución de las cargas y protección de las fronteras, incluyendo las fronteras marítimas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, todos nosotros conocemos la importancia del paquete "Erika II" que trata de mejorar la seguridad y de evitar que se repitan catástrofes medioambientales en el mar y a lo largo de las costas de la Comunidad Europea. 
Fue necesario esperar que ocurriese la catástrofe del Erika en diciembre de 1999 para adoptar una serie de medidas en materia de seguridad del tráfico marítimo. 
Sin embargo, he de constatar con gran satisfacción que el debate sobre las medidas del paquete avanza rápida y coordinadamente evidenciando una clara convergencia de objetivos en el seno las Instituciones europeas. 
Me felicito del trabajo realizado por el Parlamento Europeo que ha procedido de manera decidida y rápida al examen de las propuestas. 
Por lo que se refiere a la seguridad del transporte marítimo de mercancías peligrosas y contaminantes, está claro que la legislación en vigor es insuficiente. 
En efecto, la Directiva 93/75 CEE prevé un sistema de notificación para estas últimas, pero no establece reglas en cuanto a la recogida de información. 
A este propósito el informe del Sr. Sterckx llama nuestra atención sobre la necesidad de incrementar la seguridad del transporte marítimo a través de la utilización de las nuevas tecnologías y de los instrumentos puestos a disposición por el Derecho internacional para la aplicación en la Comunidad de un sistema de seguimiento, control e información. 
Debemos garantizar un control más rígido de los buques que conllevan riesgos especialmente elevados para la seguridad marítima y medioambiental. 
Coincido con el ponente cuando pide que se refuercen los poderes de intervención de los Estados miembros en cuanto Estados costeros, en el caso de riesgo de accidentes o de contaminaciones. 
Asimismo, todos nosotros estamos convencidos de la utilidad de la instalación de una caja negra a bordo de los buques y esperamos que los viejos buques puedan adaptarse en el período transitorio a las nuevas normas, aunque sea a través de la instalación de una versión simplificada de la caja negra o VDR. 
Y termino llamando su atención sobre el hecho de que el VDR y el traspondedor no son de por sí suficientes para evitar accidentes, aunque otros elementos como el nivel de formación y la competencia del personal de a bordo son igualmente importantes. 
Señor Presidente, en mi calidad de diputado británico, quisiera decir que en esta ocasión es injusto culpar a los franceses del retraso en la ejecución del paquete Erika I. El Consejo en su totalidad debe compartir la responsabilidad por la falta de progreso. 
Lamentablemente, no se trata únicamente del Erika, sino de los mil buques que han naufragado durante los últimos diez años, lo que realmente pone de relieve la necesidad imperiosa de avanzar en los ámbitos que esta tarde nos ocupan. 
Se han perdido muchas vidas, se han dañado miles de kilómetros de nuestro litoral, quizá para siempre. 
Es el motivo por el que yo, como portavoz del PSE esta tarde, intervengo para apoyar la propuesta de la Comisión y el informe Sterckx sobre la necesidad de establecer un sistema de seguimiento del tráfico marítimo. 
Agradezco al ponente todo el trabajo que ha realizado, pero me gustaría centrarme en un punto sobre el que no puedo compartir del todo sus opiniones, a saber, la enmienda 11 al artículo 8. 
Quizá el ponente pueda explicar la enmienda más tarde, pero me temo que con ella se intenta debilitar la obligación contenida en la propuesta de la Comisión de instalar registradores de datos de viaje de alta calidad- cajas negras- en todos los buques, antiguos y nuevos, antes de 2007. 
En mi opinión, y en la de muchas personas del sector marítimo, la renuencia a reconocer el valor de los registradores de datos de viaje y a adoptar medidas positivas sobre su instalación en buques mercantes es un factor que hace menos satisfactoria la seguridad en el sector marítimo. 
Según los investigadores de los accidentes marítimos, un registrador de datos de viaje no sólo registra lo que ha sucedido, sino que además elimina polémicas y garantiza la posibilidad de adoptar las medidas correctivas apropiadas. 
En su opinión, es una de las herramientas más valiosas de cuantas disponemos actualmente para la prevención de accidentes, y no sólo para aprender de los errores cometidos. 
Los sistemas electrónicos han puesto de manifiesto las limitaciones de la capacidad humana para recordar con exactitud lo ocurrido. 
En ocasiones, han demostrado que los relatos de testigos oculares no son en absoluto fidedignos. 
Es absolutamente necesario que se instalen estas cajas negras cuanto antes. 
En una palabra, un buque equipado con una caja negra es un buque más seguro. 
Primero, podemos aprender de la experiencia y podemos aprender con exactitud. 
Y en segundo lugar, provocará un cambio significativo en la cultura de la seguridad de un buque en general. 
Por consiguiente, el registrador de datos de viaje es, ante todo, una herramienta preventiva. 
Por este motivo apoyaremos la propuesta de la Comisión. 
La ruta que sigue la OMI puede que sea mejor, pero no estamos preparados para un estudio que no se publicaría hasta 2004- ¿quién sabe? 
Queremos medidas y las queremos ya. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, aún cuando quede sin resolver una serie de puntos, deseo manifestar de entrada mi acuerdo con los tres informes que se nos presentan con respecto al paquete "Erika II", y subrayo el carácter urgente de su aprobación y, a fortiori, de su aplicación. 
Todavía se necesitan mejoras, y espero que las mismas sean posibles; este es el sentido de las enmiendas presentadas por mi Grupo. 
Mis observaciones se limitarán a dos puntos que me parecen esenciales. 
Primer punto: la necesidad de desarrollar el aspecto democrático, posibilitando que los diferentes actores de este sector puedan intervenir en los procesos de decisión. 
Segundo: la necesidad de ir más lejos con respecto a las indemnizaciones. 
En cuanto al primer punto, la intervención de todos los afectados debe ser prioritaria. 
Se trata de una exigencia democrática a la que la Unión alude regularmente como uno de sus principales valores, pero también se trata de una cuestión de eficacia. 
La mejora de la seguridad marítima requiere la movilización de todos los ciudadanos afectados y, en particular, de las asociaciones de protección de la naturaleza, de las organizaciones sindicales y, en general, del personal que participa en el transporte marítimo. 
Necesitaremos este enfoque con miras a la indemnización. 
Debemos escuchar a las víctimas, a los cargos representativos, a las asociaciones locales afectadas. 
Se les debe asociar a la evaluación concreta de las consecuencias de los daños, así como a las decisiones relacionadas con la indemnización; tienen una función que cumplir en la gestión de los Fondos COPE. 
Debería exigirse lo mismo en relación con la Agencia de Seguridad, que debería estar abierta a los representantes de los asalariados del sector, a los representantes de las asociaciones, ya que poseen una experiencia indispensable para realizar una buena evaluación. 
En general, pienso que la Agencia debería procurar asociarlos regularmente a sus iniciativas. 
En cuanto al segundo punto, es inaceptable que muchos de los daños causados por las catástrofes marítimas recaigan sobre las poblaciones que son víctimas de éstos. 
Este es el sentido de la creación del fondo COPE y la razón por la que apoyamos esta iniciativa. 
Deseo repetir que me parecería atinado responsabilizar penal y financieramente a los propietarios de los buques, armadores y fletadores. 
Es asimismo necesario vincular la nacionalidad del propietario con el pabellón de los buques. 
Finalmente, el límite máximo del Fondo de indemnización COPE, de un millardo de euros, corresponde, según las estimaciones de algunos, a la catástrofe del Erika. 
El hecho de aceptar este límite máximo sería admitir la idea de que con respecto a otras catástrofes, que, desgraciadamente, hoy no pueden quedar excluidas, la indemnización no será completa y, por lo tanto, que las poblaciones deberán sufragar costes importantes. 
Habríamos preferido que no se fijara un límite máximo, para que la indemnización se adaptase lo más posible a la realidad, y, mientras tanto, considero que debemos plantearnos un aumento del límite máximo. 
Señor Presidente, no podemos quejarnos. 
Por esta vez la Comisión se muestra sensible a la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. 
Veintiún años después del Amoco Cádiz, por fin ha reaccionado y propone indemnizar mejor y antes a las víctimas. 
Este es el objetivo de la creación del Fondo COPE, objetivo que apruebo sin reserva, máxime, siendo diputado por Loira Atlántico, el departamento francés más afectado por el naufragio del Erika y en el que el turismo ocupa un lugar muy importante. 
Esta catástrofe económica y ecológica ha ocasionado dificultades a muchas empresas, ha generado paro y contaminado nuestro medio ambiente. 
Y- ¡oh, paradoja! -es la Comisión de Transportes la que más resistencias opone. 
Aun cuando las enmiendas que la misma ha aprobado- tanto la derecha como la izquierda- a propósito de la ampliación del Fondo COPE a las sustancias distintas de los hidrocarburos son loables, retrasarán inexorablemente- lo siento, pero es así- su creación y, por tanto, la correcta indemnización a las víctimas. 
Dicha estrategia es muy discutible ya que se remite a convenios que todavía no se han ratificado, y podría incluso hacer fracasar esta medida tan esperada. 
Dichas enmiendas están, pues, viciadas y son aberrantes. 
Se trata de una opción que un día habrá que explicar a los damnificados que están al borde de la quiebra y a los municipios que han realizado grandes esfuerzos para limpiar el litoral y que esperan una legítima indemnización. 
Considero que este discurso demagógico, que bloquea las indemnizaciones complementarias, es irresponsable. 
Lo más sensato es procurar que dicho expediente avance rápidamente. 
Por esta razón votaremos en contra de estas enmiendas, para restituir la propuesta inicial, la única capaz de permitir indemnizar completamente a los damnificados. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, el naufragio del Erika provocó una ola de indignación en la opinión pública europea ante las deficientes medidas existentes y la incapacidad para evitar una catástrofe de tal importancia. 
Este accidente puso en evidencia los límites de un enfoque político que pretendía tratar la seguridad marítima exclusivamente en el ámbito de las organizaciones internacionales como la OMI. 
La amplísima reglamentación internacional de seguridad que regula hoy en día el transporte marítimo, ha hecho posible una drástica reducción de los accidentes y de la contaminación. 
Con las medidas que hoy tratamos y las que hemos discutido hace tan sólo un mes, el Erika I, se demuestra el compromiso de nuestras instituciones para reforzar la seguridad de los buques y la protección del medio marítimo. 
No obstante, como en todas las actividades humanas, resulta prácticamente imposible garantizar una seguridad plena. 
Por ello, resulta inevitable que esporádicamente se produzcan algunos accidentes marítimos o incidentes de contaminación y que, por su espectacularidad, reciban una amplia cobertura de los medios de comunicación. Ello no debe empañar el hecho de que la inmensa mayoría de los viajes se efectúan con seguridad y eficacia y de un modo respetuoso con el medio ambiente. 
Felicito a los ponentes, Sres. Sterckx, Esclopé y Mastorakis, por su excelente trabajo sobre la seguridad del tráfico marítimo, la indemnización por contaminación de hidrocarburos y la creación de una Agencia de Seguridad Marítima. 
Aprovecho también para felicitar a la Comisión y, en particular, a la Vicepresidenta, Sra. de Palacio, por el magnífico trabajo realizado, ya que en un año ha presentado seis propuestas encaminadas a la mejora de la seguridad marítima. 
Como ponente alternativo, mis palabras se centrarán en la tercera propuesta, del ponente Sr. Mastorakis, sobre la creación de la Agencia de Seguridad Marítima. 
Personalmente, opino que la creación de esta Agencia demostrará a la opinión pública el gran interés de nuestras instituciones en prevenir futuros accidentes y contaminaciones, así como la necesidad de elevar los niveles de seguridad en nuestros mares. 
Tanto el ponente, Sr. Mastorakis, como los demás hemos presentado una serie de enmiendas destinadas a mejorar la organización de la Agencia. 
Quisiera mencionar una, la que se refiere a la composición del Consejo de Administración de la Agencia, en la que proponemos que se elimine al Parlamento dentro de dichos componentes. 
La razón es evidente: entendemos que el Parlamento es un órgano de control de la gestión, nunca de participación en la gestión. 
Para eso están la Comisión, el Consejo y toda una serie de organizaciones. 
Por lo tanto, simplemente deseo agradecer a la Comisaria el trabajo realizado, pedirle que incida en él, que nos presente dentro de poco el paquete Erika III y que podamos seguir trabajando en la seguridad marítima. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera ante todo saludar con satisfacción la introducción de este segundo paquete de medidas, elaboradas con sumo interés por la Comisión y debatidas muy atentamente por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento. 
Como se ha dicho, el objetivo de fondo es prevenir las demasiadas catástrofes que se han producido cuando a las causas naturales e imprevistas o imprevisibles se ha sumado el error humano. 
Me centraré en la propuesta, del ponente Sr. Mastorakis, sobre la creación de la Agencia de Seguridad Marítima: un instrumento que, para desempeñar plenamente sus funciones, necesita ser totalmente autónomo, independiente y muy cualificado. 
Los requisitos en que el Grupo Socialista se ha repetidamente detenido y ha insistido con las enmiendas presentados en sesión plenaria e inopinadamente rechazadas en la comisión son la autonomía y la independencia y la composición del Consejo de Administración que excluiría sin un motivo razonable la representación, aunque indirecta, del Parlamento, la capacidad de tomar decisiones de la Agencia, en definitiva su papel y su utilidad para los fines que, sin duda, todos comparten. 
Señorías, insistimos en estos puntos y esperamos que sea acogida nuestra indicación que resulta en otra enmienda que se refiere a los requisitos exigidos para aspirar a acoger la sede de la Agencia. 
Aquí no se trata de empezar una aburrida carrera de carácter nacionalista, sino de prever y fijar los criterios y los parámetros que una ciudad o un Estado deben cumplir para proponer su candidatura. 
En efecto, no cabe duda de que el interés de todos no está en adoptar estructuras formales, inútiles oropeles, momentos de yuxtaposición, sino en adoptar instrumentos adecuados para no volver a llorar sucesos luctuosos que unas elecciones valientes y previsoras pueden conjurar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hoy he defendido mi posición y la de mi Grupo, como han hecho mis compañeros en los debates en comisión, mostrando una opinión totalmente favorable a la creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. 
Todos tenemos presente la catástrofe del Erika y otros graves accidentes con petroleros y con el buque que derramó productos químicos en las costas de Galicia, que causaron inmensos daños y muertes irreparables y motivaron esta decisión. 
Ahora, en el poco tiempo de que dispongo, quiero recordar que dentro de los seis próximos meses, tal vez ya en Gotemburgo, el Consejo debe decidir respecto de la sede de la Agencia. 
Espero que se elija un país con tradición y vocación marítimas y que, de entre los que cumplen esa condición, la opción recaiga en el finis terrae galaico, por donde pasa la mayor parte del tráfico marítimo que une Europa con los otros continentes y donde se da el mayor número de accidentes, entre ellos los gravísimos que acabo de citar. 
Si se aceptara mi propuesta, la decisión contaría con el apoyo y el calor de toda la sociedad gallega. 
Señor Presidente, con respecto al informe Esclopé, nosotros no nos oponemos a un Fondo europeo de indemnización, sobre todo para garantizar, cito: "una equitativa indemnización para los daños causados por contaminación en aguas de la Unión Europea como consecuencia del transporte de hidrocarburos por mar". 
Pero estamos en contra de que este Fondo, en último término, esté alimentado por los contribuyentes. 
Corresponde a quienes contaminan pagar íntegramente los daños, directos e indirectos, que han causado, independientemente de las sanciones financieras en que incurran por no haber evitado la contaminación. 
Esto no fue así en el caso del naufragio del Erika a pesar de que el ordenante era ELF, es decir, uno de los monopolios petroleros más ricos de la Unión Europea. 
Además, incluso con la ayuda de diversos fondos de indemnización, las víctimas de la marea negra aún no han sido indemnizadas correctamente, y algunas de ellas no han recibido ningún tipo de indemnización. 
Al particular responsable de un daño se le ha de advertir que será perseguido judicialmente, o que podrá ser encarcelado, para obligarlo a hacer frente a sus responsabilidades. 
Con el fin de obligar a pagar de inmediato a los monopolios petroleros culpables de estos hechos, es preciso embargar todos sus bienes situados en la Unión Europea. 
Es evidente que no hay ninguna propuesta en tal sentido. 
Por eso, a pesar de que aprobamos algunas enmiendas nos abstendremos en la votación de este informe. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, permítanme que exprese de nuevo, en nombre de mi Grupo, nuestro sincero agradecimiento a los tres ponentes. 
Aun cuando el debate ha evidenciado que algún Grupo tal vez no está del todo satisfecho con los resultados en relación con uno u otro punto, no obstante es preciso tener presente que los tres informes se adoptaron por unanimidad o por una gran mayoría en comisión y deberíamos mantener este apoyo mayoritario en la votación de mañana. 
En efecto, el Parlamento ha conseguido concretar un conjunto de medidas muy adecuado en su dictamen sobre el "paquete Erika II" y deberíamos mantenerlo. 
Yo también creo- si me permiten que responda a algunas observaciones en relación con el fondo de indemnización, en primer lugar a la de la colega que acaba de intervenir y luego también a la del colega que ha intervenido antes- que no estamos retrasando nada. 
Sólo decimos que no es admisible que los Estados miembros siempre declaren de cara afuera que van a apoyar una regulación de las indemnizaciones, pero luego ratifiquen normas de indemnización absolutamente esenciales. 
Ahora manifestamos en el informe Esclopé que queremos que las indemnizaciones no se limiten a los vertidos de petróleo, sino que también se establezcan normas para los vertidos de sustancias peligrosas y nocivas. 
El Consejo es muy libre de comunicarnos en la segunda lectura que está dispuesto a seguir adelante con la ratificación y a buscar otra solución. 
Pero no es admisible que se diga: estáis retrasando la normativa sobre las indemnizaciones, cuando en realidad no quieren responder por los daños causados por los vertidos de sustancias peligrosas y nocivas. 
Por consiguiente, tenemos que presionar y declarar que queremos una normativa general, pues la contaminación de los mares es muy grande, pero no sólo por los vertidos de petróleo, sino también de productos químicos y otras sustancias. 
Si el Consejo conoce una vía más adecuada, estamos dispuestos a seguirle. 
Lo mismo le digo, señora Vicepresidenta, si conoce una vía más adecuada, estamos abiertos a considerarla en la segunda lectura. 
También estamos abiertos a aceptar unas normas internacionales. Si el IMO está dispuesto a resolver el problema a escala mundial dentro del próximo semestre y efectivamente lo hace, retiraremos gustosos la presente propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, yo sólo puedo recordar que hasta ahora siempre hemos tenido que presionar primero mediante la adopción de nuestra propia legislación antes de que se llegara a adoptar una normativa a escala mundial y, por lo tanto, también ahora tenemos que seguir adelante por esta vía. 
Mi última observación se refiere al informe Mastorakis: no se puede afirmar, por un lado, que la agencia debe ser independiente y añadir a continuación que el Parlamento debe tener voz en el consejo de administración. 
Deseamos una autoridad independiente, pero en una democracia todo órgano ejecutivo, aunque se trata de una autoridad subordinada, debe responder ante el Parlamento. 
Esto sólo se puede conseguir si la agencia no es totalmente independiente de la Comisión: el Parlamento llamará la atención a la Comisión si la agencia comete algún error. 
Llegado el caso, tampoco nos conformaremos con la cabeza del director de la agencia. 
Si algo va mal en la agencia, pediremos su cabeza, gentil señor Vicepresidenta. 
Así funciona el parlamentarismo y por esto la agencia debe ser independiente, pero sin dejar de estar bajo la responsabilidad de la Comisión, y las competencias de control debemos ejercerlas nosotros, no unos expertos que participen en el consejo de administración. 
Los interlocutores somos nosotros, señora Comisaria, y nos entendemos bien. 
Señor Presidente, señora Comisaria, desearía hacer tres observaciones sobre este importante informe. 
La primera es que hay que procurar que el legislador europeo deje de autoflagelarse con respecto a este expediente. 
En efecto, hace dieciocho meses que el Erika se hundió, en medio del sobresalto y la inquietud que conocemos y de las polémicas que ha desatado. 
Es más fácil recriminar y polemizar que legislar, y creo que el plazo al cabo del cual hoy se proponen seis textos, es decir, seis importantes contribuciones para la creación de un fundamento jurídico de seguridad marítima europea que hasta ahora no existía, es un plazo normal. Considero que el Parlamento y la Comisión deben felicitarse del trabajo que han realizado: la Comisión, por habernos propuesto seis textos; el Parlamento, por haberlos examinado, gracias a sus ponentes, en un tiempo récord. 
Creo que lo contrario habría sido engañar a la opinión pública, es decir, hacerle creer que se podía avanzar más deprisa. 
En segundo lugar, con respecto al fondo, creo que con los paquetes Erika I y Erika II disponemos hoy, o estamos a punto de disponer, de un fundamento jurídico relativamente sustancial, y hemos creado ex nihilo, en dieciocho meses, un espacio marítimo europeo, o el comienzo de un espacio marítimo europeo, con las limitaciones que ustedes conocen: en particular las de nuestros acuerdos en el marco de la OMI. 
Con respecto concretamente a la prevención de riesgos, es decir, a la seguridad, así como a la eficacia de los controles y a la responsabilidad jurídica y pecuniaria, hemos avanzado mucho y soy de los que piensan que la Unión debe legislar para ser más potente en el seno de la Organización Marítima Internacional. 
Con miras al futuro, y desearía mencionar dos expedientes, creo que hay dos aspectos importantes de la seguridad que no han sido tratados. 
El primero guarda relación con la desgasificación. 
Considero absolutamente esencial que Europa legisle severamente sobre las prácticas de desgasificación, que, como ustedes saben, en materia de medio ambiente son aún más agresivas que los accidentes que hemos vivido. 
Existe una laguna en la legislación que habrá que paliar. 
En segundo lugar, soy de los que se sorprenden de que no exista una seguridad fluvial. 
Una gran parte del tráfico actual, sobre todo en Europa del Norte, es fluvial. 
Éste expone a las poblaciones residentes a ciertos riesgos, y no habría que esperar a que ocurra una catástrofe para adoptar disposiciones legislativas sobre el tráfico en los puertos interiores. 
Señor Presidente, hemos escuchado intervenciones interesantes; puedo subrayar las de mis compatriotas los Sres. 
Mastorakis y Papayannakis. La Unión Europea se mueve, vamos progresando en la legislación; pero sigue habiendo nerviosismo e interrogantes. 
Lo que puedo mencionar telegráficamente es, primero: el tema del primer paquete Erika, que no es sólo su retraso, sino también cómo se ha formado regateando salvajemente y sin que los temas de seguridad estén entre los primeros, sino que entraban después de los temas de competencia y de intereses y que crea muchas cuestiones, especialmente en lo relacionado con buques cisterna de casco único. 
El segundo punto de nerviosismo es que, aunque se supone que la Comisión desea un nivel uniforme de seguridad en todos los mares de la Unión Europea, esto no sucede. 
Hay unas condiciones para una serie de barcos, como por ejemplo los transbordadores en los mares del norte, y otras para el mar Mediterráneo. ¿cómo se va a solucionar esto? 
El tercer tema es el tema del control. 
Esta agencia y este intento de formar esta agencia; pero hoy en día todo es incontrolable. 
Hace unos pocos meses se hundió el buque Samina en el mar Egeo. 
Ni el Gobierno griego ni la Comisión han podido responder sobre qué legislación aplica Grecia, qué directivas, y si estas directivas las aplica para que lo vea la gente- como sucede en la educación- o si las aplica en la práctica. 
¡Ninguno de ellos! 
Y tanto el Gobierno griego como la Comisión aún deben dar respuestas. 
Finalmente, señor Presidente, mencionar dos puntos sobre los que tengo reservas. 
Se me plantean interrogantes sobre las enmiendas de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo en el tema del tiempo. 
Creo que estropean la propuesta de la Comisión. 
Segundo, el coste para el fondo de indemnización no debe repercutir en los ciudadanos, y menos siendo el petróleo uno de los factores que agudizan la inflación, la carestía etc. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, pienso que con las tres directivas sobre las que estamos hablando hoy se dan pasos hacia adelante en la seguridad en la navegación y creo que todo iría todavía mejor si el Consejo fuera más rápido y efectivo en sus decisiones y si no tuviéramos que debatir sobre el paquete Erika II hoy que aún no hemos completado el paquete Erika I. 
En fin, creo que en el informe del Sr. Sterckx debemos destacar dos puntos. 
Uno es que con sus propuestas tenemos medidas más elementales y más positivas en cuanto a los puertos de refugio en caso de peligro, es decir, los barcos pueden refugiarse en estos puntos, y creo que con sus propuestas, las medidas se concretizan más y son más esenciales. El segundo punto es que en los casos en que los barcos se hagan a la mar, muy correctamente consideramos que la responsabilidad principal deberá tenerla el capitán, y sólo en casos excepcionales las autoridades portuarias. 
Porque realmente sabe más el capitán que dichas autoridades sobre esta cuestión en concreto. 
Sobre el informe del Sr. Esclopé quiero decir que ojalá haya una regulación internacional sobre el tema concreto. 
Porque se trata de un problema internacional que necesita una solución internacional. 
Por supuesto, la propuesta con que contamos creo que puede y que debe funcionar como un catalizador con vistas a que también los organismos responsables respondan a este problema en concreto con rapidez. 
Ahora, en cuanto al informe del Sr. Mastorakis, de mi compatriota, a quien deseo dar mi enhorabuena por su informe, es evidente que necesitamos una agencia flexible y eficaz y pienso que las propuestas del Parlamento sobre la Agencia para la Seguridad Marítima, tal como son, refuerzan el esfuerzo que se está realizando y creo, y también lo cree él mismo, que si la agencia se encontrase en el Pireo, dicho esfuerzo se fomentaría todavía más. 
En este momento es evidente que debemos avanzar y dar más pasos, especialmente en la aplicación de la legislación comunitaria y poner énfasis en el factor humano, en el número de los controladores y de los inspectores para la aplicación de la legislación, la formación de los controladores, la formación del personal, de las tripulaciones etc. Pero pienso que la Comisión en el futuro pensará algo sobre esto y nos tendrá informados. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Comisión por este segundo plan legislativo, que, sin partir de cero, pues los Estados miembros tienen ya capacidades técnicas- sus astilleros, sus armadores, su comunidad científica, sus empresas -, da hoy al ciudadano europeo el comienzo de la garantía legislativa y de gestión de la seguridad de su zona económica exclusiva. 
Creemos que es de destacar el esfuerzo y la persistencia que la Comisaria ha mantenido respecto de este expediente. 
Subrayo también las contribuciones de nuestros tres ponentes. 
Respecto del Fondo COPE es, como ya se ha dicho aquí, complementario. 
Va encaminado a satisfacer las necesidades y la cobertura del riesgo de las situaciones de mayor gravedad, como aquellas que se han citado ampliamente aquí. 
Han quedado aún fuera muchos riesgos. 
Naturalmente, el transporte marítimo, sujeto a condiciones de competencia, debe también ser objeto de un refuerzo de sus normas en el marco de la OMI a fin de permitir que su explotación económica siga siendo rentable sin sacrificio de la seguridad, no sólo en Europa y en los Estados Unidos, sino también en todas las aguas y en todos los océanos. 
También se han debatido ya aquí la oportunidad y los objetivos de la agencia. 
Considero que el ponente señala atinadamente algunas lagunas, pero también considero que no compete al Parlamento Europeo gestionar la agencia, sino fiscalizar las normas administrativas y los procedimientos idóneos, de ésta como de otras agencias congéneres. 
Lo que debe orientar la agencia es la absoluta equidad y la cooperación igual entre los Estados miembros y también observar la participación de los ciudadanos, de los profesionales y de los demás intereses económicos y sociales interesados. 
Así, pues, la independencia de la agencia debe ser un paradigma, un factor esencial para que sea respetada, para que satisfaga los anhelos de la opinión pública y cree e impulse capacidades de acción y cooperación en el nivel europeo. 
Eso es sin lugar a dudas lo que falta. 
Y, como ya han dicho aquí muchos oradores, la sede de la agencia puede estar en muchos lugares, hay muchos candidatos y todos igualmente competentes y preparados. 
Yo creo que Lisboa es sin duda el más adecuado. 
Señor Presidente, cuando Chipre y Malta se adhieran a la Unión- no si se adhieren, sino cuando esto suceda -, ésta contará con la mayor flota comercial del mundo. 
Esto guarda poca relación con el hecho de que ambos países sean grandes potencias marítimas. Ambos Estados han resultado convenient para algunos armadores, si me permiten el uso deliberado del término inglés. 
Es indiscutible que contar con una gran flota constituye una ventaja. No obstante, también conlleva una gran responsabilidad. 
Tenemos que velar, por consiguiente, por que nuestra flota sea segura; la seguridad frente a nuestras propias costas es prioritaria, pero la bandera europea también debe ser o llegar ser un distintivo de calidad en otros lugares. 
En mi calidad de ponente del informe del Parlamento sobre el tema de "la ampliación y el comercio", mantuve en su momento muchas conversaciones con responsables de los países candidatos. 
Todos accedieron muy pronto a incorporar el correspondiente acervo comunitario a su legislación. 
Ya entonces les advertí, no obstante, que había otras normas en camino, en particular el "paquete Erika II" que hoy se debate. 
Esto no dejó de inquietarles un poco. 
Nuestras conversaciones sobre el tema de la transposición del derecho comunitario empezaron a resultar francamente difíciles. 
En un caso incluso se me indicó que el inspector encargado de la supervisión se encontraba justamente de vacaciones en aquel momento. 
Vamos a necesitar mucho más que un inspector si queremos evitar nuevos desastres frente a nuestras u otras costas mediante un control serio, puntual y sin fisuras. 
Vamos a necesitar un número suficiente de inspectores suficientemente preparados y vamos a necesitarlos muy pronto. 
Los actuales Estados miembros pueden contribuir mucho a este objetivo. 
El hermanamiento, la cesión temporal de profesionales bien cualificados de las estructuras de gestión y control existentes, ha demostrado ser un instrumento muy eficaz, no en último lugar en el caso de la reintegración de los Estados federales alemanes. 
¡Utilicemos también ahora este modelo! 
Con la adopción de medidas que ofrezcan la garantía de que los problemas previsibles se resolverán a tiempo mediante mecanismos de adhesión seriamente organizados, podríamos contribuir al éxito del proceso de ampliación y, sobre todo, convencer a nuestros ciudadanos. 
Ya existen sobrados temores e inquietudes en relación con el tema de la ampliación. 
Debemos responder a estos temores y estas inquietudes. 
Tenemos que afrontar las grandes preocupaciones exactamente del mismo modo que afrontamos los aspectos concretos especializados, como los que estamos debatiendo ahora. 
Casi iba a decir: hay muchos irlandeses. 
La inclusión de parlamentarios en el consejo de administración no es, a mi parecer, un modo de participación razonable del Parlamento. 
La Comisión debe hacerse cargo de la supervisión y nosotros la supervisaremos a ella. 
En mi calidad de austríaco, lamento no poder ofrecer ningún puerto marítimo. 
Hace un siglo que perdimos nuestra última batalla naval. 
No obstante, tengo la seguridad de que también podríamos ofrecer sedes muy atractivas si lo desean. 
Señor Presidente, estimados colegas, ya es hora de que despertemos para darnos cuenta de los riesgos ecológicos y de seguridad relacionados con el tráfico marítimo y, sobre todo, con los buques cisterna. 
Las catástrofes provocadas por los vertidos de petróleo han demostrado de forma concreta que la sociedad paga un alto precio por confiar en la buena suerte. 
Lamentablemente, las decisiones difíciles sólo suelen progresar cuando una catástrofe y la subsiguiente reacción de los votantes obligan a los políticos a actuar. 
El paquete Erika II que estamos debatiendo merece todos los apoyos posibles. 
Quiero felicitar a los tres ponentes por la elaboración de estos detallados informes. 
El paquete Erika II contiene muchísimas propuestas positivas, entre las cuales quiero mencionar la creación de puertos de refugio y el seguimiento automático de los buques. 
La creación de la Agencia de Seguridad Marítima también mejorará la coordinación en materia de seguridad. 
Aunque los europeos no podamos influir completamente en el estado de nuestro medio ambiente marino, nunca debemos dejar de recordar que no estamos solos en el mundo, ni siquiera después de la ampliación. 
En las proximidades de las costas europeas navegan gran número de embarcaciones registradas fuera de la UE. 
Por ello, debemos encargarnos de que las medidas adoptadas a nivel europeo no dificulten el nacimiento de acuerdos internacionales. 
Tomo como ejemplo el Fondo Europeo COPE para indemnización de vertidos accidentales de petróleo. 
La creación de fondos no debe dar pie a que se pierda el interés en la búsqueda decidida de una solución más amplia en el seno de la OMI. 
El petróleo contamina por igual y son iguales los costes de depuración, bien se trate de un buque con pabellón de la UE o, pongamos por caso, de Liberia. 
Distinguidos colegas, ya no debemos vacilar ni un instante a la hora de garantizar la conservación en buen estado de nuestros mares y, sobre todo, de nuestras costas. 
Ya es hora de actuar con determinación para acabar de una vez con los problemas más acuciantes. 
De este modo, tendremos la seguridad de no necesitar en el futuro semejantes paquetes, ya se llamen Mónica, Verónica o Angélica. 
Señor Presidente, Señorías, quiero ante todo, dar las gracias y felicitar a los tres ponentes, Sres. Sterckx, Mastorakis y Esclopé, por los magníficos informes sobre seguridad del tráfico marítimo, creación de una Agencia Europea de Seguridad Marítima e indemnización por contaminación de hidrocarburos. 
Y además, por haber presentado y preparado estos informes en un plazo tan corto de tiempo y por la atención que han prestado al problema de la seguridad marítima. 
Sin embargo, como muchos de los intervinientes, debo lamentar que estemos discutiendo el paquete Erika II sin haber adoptado todavía el Erika I, aunque espero que en conciliación, lo antes posible, consigamos un resultado positivo. 
No obstante, quiero decir también que los paquetes Erika I y II ya están teniendo efectos concretos en la organización marítima internacional, donde hemos conseguido que se muevan las cosas respecto a la obligatoriedad de los barcos de doble casco o asimilado en el transporte de petróleo, respecto, también, a la discusión que hay en este momento sobre el aumento de las cifras para cubrir responsabilidades, donde se van a superar muy posiblemente los 300 millones de dólares- hoy son 180 millones -, y también respecto a países como Chipre y Malta que están haciendo, y se lo digo al Sr. Rack, un esfuerzo enorme por mejorar las características de su propia flota en el marco de su incorporación a la Unión Europea, aceptando las exigencias del paquete Erika I y Erika II antes de que entren en vigor. 
Antes de fin de año, presentaré una propuesta sobre seguridad en los ferrys aunque ya se sabe lo que pasó con el Samina Express: estaban viendo el fútbol. 
La Justicia griega está actuando. 
Creo que hay que acotar los terrenos. 
En el ámbito penal son los Estados de la Unión los que tienen todas las responsabilidades. 
Me referiré a la propuesta de Directiva del tráfico marítimo, que es la que está más avanzada en cuanto a su preparación y creo que lo que señala ese avance es el consenso que existe en torno a ella. 
Nosotros respaldamos en general todas las enmiendas, con ligeras modificaciones de redacción en aquellas que están encaminadas a mejorar o precisar el alcance del texto, también, en parte, aunque con algunas modificaciones, las enmiendas 6 y 18, importantísimas, sobre la zona de refugio; con modificaciones, las enmiendas que tienden a mejorar la evaluación de la aplicación de la Directiva sobre el terreno, concretamente la 7, la 20 y la 21. 
No podemos aceptar en su redacción actual la enmienda 11 sobre las cajas negras- aunque comprendo los objetivos del ponente, la formulación utilizada hace depender esta obligación de una decisión previa de la OMI-. 
No estamos dispuestos a aceptar esto. 
Si la OMI no es capaz de avanzar, tendremos que avanzar nosotros; pero sabemos que se está trabajando y bien dentro de la Organización Marítima Internacional y lo que queremos es presionar más, lo mismo que hemos hecho con los dobles cascos. 
Respecto a lo que es la propuesta de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, deseo agradecer el enfoque positivo que el Parlamento ha hecho a nuestra propuesta y el apoyo que presta. 
Quiero decir que no es una medida meramente administrativa, sino que la Agencia hará más visible a los ojos del público el compromiso de la Unión Europea de elevar al máximo el nivel de seguridad marítima y la prevención de la contaminación causada por los buques. 
Y quiero decir a aquellos que se han inquietado por la posibilidad de que la Agencia sea un nuevo organismo burocrático comunitario, que en la Agencia precisamente hacemos posible la incorporación y la participación de los Estados en una materia que, lo sabemos todos, comporta responsabilidades y competencias nacionales y comunitarias y donde, precisamente, lo que hay que buscar es una integración para coordinar mejor esas acciones. 
Y la Agencia permite a la Comisión y a los Estados trabajar juntos en un organismo independiente y ésa es una de sus ventajas. 
Las enmiendas del Parlamento no alteran el espíritu de la propuesta de la Comisión y se centran principalmente en la estructura administrativa. 
Las enmiendas 1, 2, 7, 15, 16, 21 y 22 las respalda la Comisión; podemos aceptar también la enmienda número 4 que posibilita que, sin una petición específica de la Comisión, la Agencia preste asistencia técnica a países candidatos a la adhesión y lo mismo digo de la 14 y la 10, que clarifican el mandato de los principales responsables de este organismo. 
Sobre las enmiendas 9, 20, 27 y 28, relativas al Consejo de Administración, tengo que decir que aceptamos las enmiendas 9 y 27, donde lo que se hace es suprimir la presencia del Parlamento, y en función de la incorporación de esas enmiendas habrá que hacer los ajustes convenientes. 
En cuanto a la ubicación de la Agencia, la enmienda 19 me parece más lógica que la 29. 
Se precisan criterios objetivos para la selección. 
La comparto plenamente y creo que se puede incorporar. 
Aceptamos que la evaluación externa de la Agencia esté sujeta a condiciones fijadas por el Consejo de Administración, tal como pide en parte la enmienda número 17, aunque nos parece innecesario repetir la evaluación cada 5 años, como se sugiere en la misma. 
Respecto a las visitas que los funcionarios de las agencias deberán efectuar a los Estados, la Comisión desea que las administraciones nacionales participen activamente en ellas y las faciliten. 
Por lo tanto, no podemos aceptar ni la enmienda 6 ni la 5 que van en contra de este objetivo. 
Entiendo la justificación de la enmienda 18, pero por razones de seguridad jurídica no puedo aceptarla, ya que el término "independiente" no añade nada a un organismo con personalidad jurídica propia. 
Tampoco las enmiendas 8 y 12, que implican que no es necesaria la aprobación de la Comisión del programa de la Agencia, ni las enmienda 13 y 25 que supeditan la decisión de efectuar visitas a los Estados a un dictamen de la Comisión, en vez de al acuerdo de la misma. 
Supervisar la aplicación del acervo comunitario seguirá siendo responsabilidad de la Comisión y la Agencia no puede sustituirnos en esta tarea. 
Por último, la Comisión no puede estar de acuerdo con las enmiendas 11 y 24 que afectan a la imparcialidad del Director ejecutivo. 
En cuanto a la tercera propuesta sobre responsabilidad y las indemnizaciones por vertidos de hidrocarburos, quiero felicitar al Sr. Esclopé por su trabajo, y al Parlamento, en un asunto tan complejo como éste. 
Quiero dejar claro que los problemas no se refieren a los objetivos subyacentes, sino sólo a los medios para alcanzar estos objetivos y deberíamos intentar solucionar todos los problema mediante una propuesta concebida para abordar un asunto concreto: la inexistencia de indemnizaciones adecuadas en el caso de vertidos graves por hidrocarburos. 
Y me sumo a lo que ha dicho el Sr. Esclopé. 
Si ahora metemos en esta propuesta los problemas ligados a otro tipo de vertidos, a contaminación con vertidos químicos o con la limpieza de sentinas, lo que vamos a hacer, al final, es paralizar y bloquear la iniciativa. 
Ese tipo de propuestas están concretamente relacionadas a Convenciones que están pendientes de ratificación y que deben ser ratificadas en los próximos años. 
Yo estoy dispuesta, si es que vemos que no hay ratificación de unas Convenciones que ya existen por parte de suficientes Estados participantes en la OMI, a que hagamos incluso unas propuestas regionales. 
Pero existiendo como existe ya una propuesta internacional, creo que no podemos precipitarnos. 
Lo perfecto es enemigo de lo bueno. 
Concentrémonos en los vertidos por hidrocarburos, donde tenemos unos datos y unos elementos que nos permiten avanzar rápidamente. 
Podemos aceptar tres grupos de enmiendas que, en conjunto, suponen más o menos la mitad de las mismas. 
El primero, las diecinueve enmiendas con que se procura ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento para cubrir otras sustancias distintas de los hidrocarburos, como sustancias químicas y combustibles, como he señalado, no podemos respaldarlo. 
El segundo grupo de enmiendas que se refiere al papel de los armadores en el Fondo COPE, las enmiendas 22 a 25 y la 50, que tienen por objeto introducir contribuciones obligatorias para los armadores, plantean problemas de compatibilidad con el Derecho internacional, ya que el régimen internacional vigente no permite presentar demandas de indemnización adicional contra los armadores, a menos que se haya causado el accidente por actuación dolosa. 
Éste es uno de los problemas detectados por la Comisión en el sistema internacional vigente que debe rectificarse a nivel internacional y nos comprometemos a trabajar en ello. 
Sin embargo, dada la situación actual, requerir que los armadores participen en las indemnizaciones por daños estaría en contradicción con las normas internacionales actuales y, por lo tanto, no podemos aceptarlo. 
Pero tengo que decir que también las enmiendas 29, 31, 34 a 42, 52 y 57 plantean problemas para la Comisión porque su objetivo es reforzar la participación de los representantes locales de la región contaminada en los procedimientos del comité del Fondo COPE. 
Recuerdo a sus Señorías que este comité está cubierto por la Decisión sobre comitología y el Derecho comunitario no permite cambiar su composición. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda 19 que propone suprimir el apartado que establece la posibilidad de rechazar la indemnización a los demandantes involucrados en el accidente, es decir, armadores, fletadores, directivos. 
Tampoco tendría sentido indemnizar a los culpables de la contaminación. 
Por ello, prefiero guardar este párrafo que permite rechazar los pagos a las partes más involucradas en la contaminación. 
Tenemos dificultades con la enmienda 28 que propone acortar el período de recogida de contribuciones, y por último, con las enmiendas 51, 52, 54 y 55 que crean dificultades en la práctica porque están fuera del ámbito de la propuesta. 
Por lo tanto, todas las demás, en su totalidad o en parte, se pueden aceptar. 
Son las 2, 4, 5, 6, 8, 9 10, 11, 20, 30, 32, 33, y de la 43 a la 49. 
Concluyo manifestando de nuevo mi agradecimiento a los ponentes por la rapidez y la calidad de su trabajo, así como a toda la comisión y al Parlamento en general por el respaldo a todo lo que ha sido el paquete Erika I y el Erika II. Deseo que los trámites ulteriores, en uno y otro, se cumplan manteniendo la mayor calidad en cuanto a los textos y a las propuestas y con la mayor rapidez, y anuncio que sobre la cuestión de la seguridad en el tráfico de personas, de pasajeros, antes de final de año presentaremos propuestas. 
Nos hubiera gustado haber conseguido ya todo, pero hay que saber que, a veces, no se consigue lo que a todos nos gustaría, pero hemos dado pasos hacia adelante muy importantes que ya- insisto- tienen sus consecuencias en la realidad aumentando la seguridad en nuestros mares. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Notificación de sucesos en la aviación civil 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0203/2001) del Sr. Collins, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 847- C5-0764/2000- 2000/0343 (COD) ) relativa a la notificación de sucesos en la aviación civil. 
Señor Presidente, el aumento incesante del tráfico aéreo, que según las previsiones se doblará en la próxima década, está sometiendo la seguridad de los viajes en avión a una presión sin precedente. 
Es un hecho bien documentado que el transporte aéreo es un medio de transporte muy seguro, y debe seguir siéndolo. 
No obstante, todos debemos esforzarnos para garantizar que los accidentes aéreos se reducen al mínimo. 
El continente europeo suma en torno al 10% de todos los accidentes que se producen en el mundo, a pesar de que los cielos europeos soportan la tercera parte de todo el tráfico aéreo. 
Es evidente que gran parte de las medidas necesarias para mejorar la seguridad aérea debe estar más orientada a la prevención de accidentes que a la reacción cuando éstos se producen. 
Un suceso ocurrido en un Estado miembro puede pasar desapercibido en otro Estado miembro y si se producen circunstancias similares, esto puede llevar a otro accidente mortal. 
Es el motivo por el que acojo favorablemente la propuesta de la Comisión Europea. 
Como consecuencia de esta nueva iniciativa, todos los Estados miembros de la Unión Europea establecerán sistemas de comunicación formal de sucesos para facilitar la recogida de información sobre fallos de seguridad, en potencia o reales, en los aviones de Europa. 
La creación de un sistema que permita a las autoridades responsables de la seguridad de la aviación civil compartir la información proporcionada por los diferentes sistemas de notificación permitirá a todas las partes implicadas aprender de sus errores, proporcionando así un sistema más seguro para todos los futuros usuarios del transporte aéreo. 
El Tratado de Maastricht introduce en su artículo 75 un fundamento jurídico para la introducción de medidas comunitarias que mejoren el nivel de seguridad del transporte en Europa, creando así una competencia comunitaria en este ámbito. 
La adopción de una Directiva sobre accidentes y su investigación, en noviembre de 1994, fue la primera respuesta de la UE a la utilización de esta nueva competencia. 
No obstante, las limitaciones de la Directiva de 1994 fueron que, puesto que el número de accidentes es afortunadamente muy bajo, las oportunidades de aprender de ellos son muy limitadas y las lecciones se extraen únicamente después de que se haya producido un accidente. 
Se propone ahora complementar esta primera iniciativa con una nueva directiva que abordará tanto la comunicación obligatoria como la confidencial de sucesos, defectos o mal funcionamiento que pueden constituir un peligro para las operaciones de la aviación civil, los denominados "incidentes". 
El objetivo de esta nueva directiva es contribuir a la mejora de la seguridad aérea garantizando para ello que la información fundamental de seguridad se comunica y se recoge, se almacena, se protege y se difunde a fin de facilitar su análisis y control efectivos. 
Una red de sistemas nacionales de comunicación obligatoria de incidentes tendrá su base en un sistema desarrollado por el Centro de Investigación Conjunta de Ispra, en Italia. 
Estos sistemas de comunicación estarán además complementados por la creación de sistemas de comunicación confidencial que se crearán en todo el territorio de la Unión Europea. 
La futura Agencia de Seguridad de la Aviación Europea necesitará este tipo de información para realizar su trabajo con eficacia. 
Para terminar, todos los legisladores de la Unión Europea tienen el deber de asegurarse de que no se escatiman esfuerzos para garantizar la total seguridad de las personas cuando viajan en avión. 
La propuesta específica forma parte de una serie de medidas que en estos momentos está elaborando la Comisión de Transportes de este Parlamento para mejorar los niveles de calidad y de seguridad del transporte aéreo para todos los usuarios. 
Señor Presidente, la creación de sistemas de información formal es un claro requisito del Anexo VI al Convenio de Chicago sobre aviación civil internacional. 
El Reino Unido cuenta desde hace mucho tiempo con un plan de notificación obligatoria, el MORS, actualmente en vigor en virtud del artículo 117 de la "Air Navigation Order" que cuya administración es competencia de la CAA. 
Existen varios sistemas establecidos para el intercambio de datos sobre seguridad y su análisis, como JAA, EUROCONTROL, etcétera, además de los requisitos legales establecidos por la OACI. 
Quisiera sugerir que cualquier iniciativa de la UE debe ser compatible con los sistemas de probada eficacia que están en vigor. 
Mis preocupaciones iniciales son las siguientes: primero, aunque la propuesta insiste en el carácter confidencial y en la no identificación de la información notificada, que es un asunto puramente jurídico, no aborda satisfactoriamente el problema del abuso de la información, sobre todo teniendo en cuenta que los datos podrían ser puestos a disposición de terceros a través de numerosos canales diferentes, incluidas las denominadas y mal definidas "instituciones de investigación", etcétera. 
La aviación es siempre objeto de la estrecha vigilancia de los medios de comunicación e inevitablemente se abusará de estas oportunidades adicionales de notificación. 
Por ello es necesario que todas las partes que utilicen y proporcionen información puedan confiar realmente en el sistema. 
Mi segunda preocupación es relativa al artículo 2 y a los Anexos I y II. Es una opinión generalizada entre los expertos en seguridad que lo que importa no es la cantidad de datos, sino la calidad de la información y los análisis. 
Es posible que debamos abordar el tema de las listas de casos de incidentes que deben ser notificados. 
Tal y como está, la propuesta podría ser una regulación excesiva, difícil de gestionar y no aportar ninguna ventaja adicional a la seguridad. 
Mi tercera observación es relativa al artículo 4. 
Creo que es fundamental que los pilotos y el resto de la tripulación presenten los informes a su propia compañía. 
Si eluden el organigrama de su propia compañía, debilitarán los procesos de notificación interna que se han ido estableciendo con el paso de los años. 
Mi última observación es relativa al artículo 8, que parece ir demasiado lejos al establecer un sistema de notificación en el que no se entablará ningún procedimiento. 
Esto debería ser modificado porque en algunas circunstancias podrían darse casos de negligencia grave. 
Mi propia experiencia acumulada durante varios años me ha demostrado que la notificación confidencial da muy buenos resultados. 
No obstante, en un sector tan sensible en el tema de la seguridad, es importante que todos los empleados respeten estrictamente las normas, los reglamentos y las prácticas establecidos. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Collins por haber elaborado un informe exhaustivo. 
Ha sido un gran placer trabajar con él. 
Creo que ahora hemos llegado a una conclusión sensata y espero que las enmiendas aprobadas en comisión, que tratan sobre estos motivos de preocupación, sean apoyadas en la votación del Pleno. 
Señorías, no tengo ninguna duda de que todos los aquí presentes acogemos favorablemente las iniciativas para mejorar la seguridad, pero éstas deben ser bien sopesadas y beneficiosas para todo el sector de la aviación y para el público en general. 
Se interrumpe el debate. 
Las intervenciones sobre este punto del orden día se reanudarán a las 21.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B5-0171/2001) dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 32 de la Sra. (H-0455/01): 
Asunto: Cooperación con Afganistán En su posición común sobre Afganistán adoptada el 24 de enero de 2000, la Unión Europea condenó las violaciones de los derechos humanos en ese país, en especial la discriminación contra las mujeres. 
¿Qué información y garantías puede facilitar la Comisión acerca del acceso de las mujeres afganas a las ayudas europeas y a los programas de cooperación patrocinados por la ECHO? 
. - (EN) La Comisión desea hacer hincapié en su preocupación por el sufrimiento de toda la población civil de Afganistán, como consecuencia directa del conflicto en curso y de la actual sequía. 
En este sentido, ECHO ya ha destinado este año 15,5 millones de euros a Afganistán en ayuda humanitaria. 
ECHO está centrando su atención especialmente en los grupos vulnerables: los desplazados internos (de los que hay más de medio millón) , los discapacitados, las mujeres- en particular, viudas- y los niños. 
Las necesidades de las mujeres y los niños son atendidas específicamente en programas sanitarios para las madres y sus hijos. 
Los proyectos los llevan a cabo Médecins Sans Frontires de Bélgica; Médecins Sans Frontières de los Países Bajos; y de Francia, Action contre la Faim, Aid Médicale Internationale y Médecins du Monde. 
Todos intentan combatir la desnutrición entre los menores de cinco años, así como supervisar el estado de salud de las mujeres, en particular, de las madres lactantes y las mujeres embarazadas. 
Generalmente, las ONG también proporcionan a sus pacientes femeninas educación sobre higiene elemental. 
Estos proyectos se llevan a cabo en las zonas en que se han establecido las personas desplazadas internas. 
En estos momentos existen proyectos médicos en el Valle del Panjsher, Herat, Kandahar, Kabul, Mazar-e-Sharif y Hazarajad. 
Las ONG tienen acceso a todos los beneficiarios, incluidas las mujeres, y pueden emplear a mujeres como personal local de la ONG en programas médicos, a pesar de que la separación entre ambos sexos debe respetarse estrictamente. 
Por ejemplo, entre el 55 y el 65 por ciento de las personas que ACF emplea en sus programas médicos son mujeres. 
Las ONG médicas desempeñan un papel importante en la formación profesional de mujeres. 
Organizan sesiones de formación médica para pequeños grupos de mujeres en cooperación con el Ministerio de Salud talibán. 
También desarrollamos proyectos de alimentos por trabajo. 
Las actividades remuneradas para las mujeres, que fomentan la independencia, reciben cada vez más apoyo de ECHO. 
Desde 1999, ECHO ha financiado proyectos de alimentos por trabajo en Kabul para hombres y mujeres a través de la Agro Action alemana y MEDAIR de Suiza. 
Mientras los hombres se encargan de trabajos de recuperación del suelo y limpieza del alcantarillado de la ciudad, a las mujeres se les entrega materia prima, cobertores y jerseys para que los distribuyan a otros beneficiarios. 
Este tipo de programa conlleva la participación de mujeres de distintas clases socioeconómicas, desde mujeres cultas hasta analfabetas, cada una de las cuales utiliza sus conocimientos y/o sus habilidades manuales. 
Se les paga una remuneración fija en trigo cada dos semanas. 
Este proyecto piloto de Kabul ha sido objeto de una evaluación independiente que ha demostrado que es muy positivo. 
MEDAIR se dispone a emprender una segunda fase. ECHO financia actualmente operaciones similares en Mazar, Kandahar, Herat, Kabul y Faizabad a través de Habitát de las Naciones Unidas y de varias ONG. 
Respecto a otros tipos de proyecto, puedo informarles que algunas ONG, con ayuda de ECHO, intentan en la medida de lo posible integrar a las mujeres en cada uno de estos proyectos. Las mujeres participan incluso en los programas de refugio. 
Las inspectoras de salud van de casa en casa visitando a mujeres para proporcionarles información básica sobre higiene, atención primaria de salud y conservación del agua y alimentos. 
Los socios de operaciones, como las ONG, organizaciones internacionales, la Cruz Roja, agencias de ayuda a la familia y de las Naciones Unidas, supervisan todas las operaciones a través de expatriados y personal local del campo. 
Todos los socios de ECHO están unidos por un acuerdo marco de cooperación, que les obliga a estar presentes y, en relación con nosotros, a presentar regularmente informes financieros y operativos de sus actividades. 
Asimismo, ECHO cuenta con expertos de campo, que también siguen muy de cerca los proyectos en curso para garantizar el suministro correcto de la ayuda. 
Recientemente, a raíz de las sanciones de las Naciones Unidas y de las reuniones en Europa con el General Massud, comandante de la Alianza Norte, los partidarios de la línea dura del movimiento talibán parecen estar ganando la partida, según se deduce del endurecimiento de su posición contra el trabajo de las mujeres. 
Lamentablemente, la situación general se está agravando, como podemos leer ahora en la prensa. 
No obstante, para terminar, podemos decir que a pesar de las dificultades, las ONG, en colaboración con nosotros, hacen todo lo que pueden en Afganistán para aliviar el sufrimiento de las mujeres de aquel país. 
ECHO no está llevando a cabo la cooperación al desarrollo como tal, pero está suministrando ayuda humanitaria. 
Evidentemente, para muchos afganos- mujeres y hombres, cultos y analfabetos- las actividades que apoyamos son valiosas y, prácticamente, la única forma de asistencia. 
Es crucial que se mantenga el acceso a esta ayuda humanitaria y nosotros seguiremos con nuestro trabajo, aunque las circunstancias son difíciles y parecen estar recrudeciéndose en estos momentos. 
Tengo previsto visitar Afganistán en septiembre con vistas a intensificar este esfuerzo. 
Gracias, señor Comisario, por su detallada respuesta, en particular con respecto a las mujeres afganas. 
Como ustedes saben, la Presidenta del Parlamento y otros diputados han recibido a grupos de mujeres afganas. 
Deseamos mucho apoyarlas y estar a su lado. 
A pesar de su detallada respuesta, me veo obligada a pedirle otra información. 
Desde hace unos días, en Francia, Médicos del Mundo se moviliza para dar la alarma frente a la hambruna y la sequía en Afganistán. 
Ayer se habían reunido frente al Parlamento. 
Sabemos que la sequía es terrible, y, al parecer, la más importante en los últimos treinta años. 
Sabemos que frente a eso no existe ningún sistema de irrigación. 
Hace veinte años que no se hace nada; no hay represas, por ejemplo. 
La situación es terrible y se supone que actualmente las cosechas han caído un 65%, que la sequía y el hambre afectan directamente a la cuarta parte de la población y que un millón de personas ha abandonado la zona. 
La vida en el campo parece ser cada vez más precaria y la distribución de alimentos, según Médicos del Mundo, es muy irregular. 
Ante eso, necesito dar una respuesta, señor Comisario, ya que Médicos del Mundo denuncia, en el documento que sus miembros están distribuyendo, el hecho de que la contribución de la Unión Europea habría pasado de 50 millones en 1991 a 36 millones en 2000. 
Estamos reduciendo, pues, la ayuda y la asistencia en favor de Afganistán. 
Desearía que me respondiera sobre esta cuestión y que me dijera, además, si ante esta situación- política, sequía, todos los problemas que usted ha mencionado- no sería más urgente, por el contrario, aumentar nuestra ayuda alimentaria y aplicar una verdadera política global de ayuda humanitaria. 
Aunque ésta exista- usted se refirió, en efecto, a la misma -, ¿no sería mejor coordinarla? 
. (EN) El problema es que la solución al desastre de la sequía en Afganistán sería una cooperación al desarrollo sistemática, normal y sobre una base más amplia. 
Pero la situación en aquel país no permite organizar ni ejecutar un programa normal de cooperación al desarrollo. 
Lo que estamos haciendo es realizar un esfuerzo relativamente a gran escala en términos de ayuda humanitaria. 
Este año, ECHO ha identificado a Afganistán como uno de los "conflictos olvidados", para dirigir la atención y crear una mayor conciencia de la necesidad de que la sociedad internacional intervenga. 
También es evidente que el problema de acceso es real, en parte debido a la política de Afganistán. 
El principal reto al que nos enfrentamos es insistir y explicar la necesidad de que las dos partes implicadas en el conflicto acepten el libre acceso al país de las organizaciones humanitarias. 
Centraré mis esfuerzos en este objetivo cuando visite el país en septiembre. 
. (EN) La respuesta directa a la pregunta de si la Comisión contribuirá económicamente a este fondo es que en estos momentos no tenemos la respuesta. 
Intentaré explicarlo. 
Hemos realizado una declaración conjunta del Consejo y de la Comisión sobre la propuesta de un fondo mundial de la salud en la reunión del Consejo de Desarrollo de 31 de mayo. 
En la primera parte de dicha declaración se dice que el Consejo y la Comisión observan con preocupación las devastadoras consecuencias del VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles sobre el sufrimiento humano y el desarrollo económico y social y, por consiguiente, también sobre los esfuerzos para reducir la pobreza. 
La propuesta del Secretario General de la ONU de establecer un fondo mundial de la salud y de lucha contra el VIH/SIDA debe, por consiguiente, ser acogido muy favorablemente. 
La Comisión y los Estados miembros estudiarán el mejor modo de llevara adelante esta iniciativa. 
La Comisión participa activamente en las negociaciones sobre las modalidades y todos los aspectos relacionados con este fondo. 
Hay algunos puntos que consideramos importantes. 
Los repasaré y citaré lo que ya dije el 16 de mayo en una intervención sobre este tema en el marco de la Conferencia sobre los países menos desarrollados. 
Primero, nos gustaría que se cumplieran una serie de principios o condiciones. 
Sólo me referiré a algunos. 
Uno, los donantes deben aportar nuevos recursos adicionales durante un largo período de tiempo. 
La Comisión no tiene acceso a recursos adicionales. 
Tenemos un presupuesto específico. 
La Comisión no está en condiciones de gravar directamente, como todos ustedes saben. 
Por ello, los responsables de la toma de decisiones políticas, que deciden sobre tributación, son los que pueden proporcionar recursos adicionales. La Comisión no puede hacerlo. 
Dos, los países de la OCDE deben adoptar medidas con vistas a asumir una parte equitativa de la carga financiera global necesaria para reducir la pobreza y las enfermedades. 
Tres, no apoyamos fondos monotemáticos y abogamos por un enfoque amplio que aborde las tres principales enfermedades transmisibles- malaria, tuberculosis y VIH/SIDA. 
Cuatro, seguiremos planteando la necesidad de que el país asuma la propiedad del proyecto, la necesidad de su integración con estrategias nacionales de desarrollo y con el desarrollo de sistemas sanitarios; la necesidad de una coordinación eficaz sobre el terreno y de mantener la prioridad de los esfuerzos de prevención. 
Esto es crucial. 
Si el fondo no respalda todo esto, el fondo no servirá de nada. 
Por lo tanto, ¿mejorará el fondo la prestación? 
Ya ha habido suficientes manifestaciones vacías para atraer a donantes. 
Si la respuesta a la pregunta sobre la prestación no es un claro "sí", la creación de un fondo será como cruzar un arroyo únicamente para mojarse los pies. 
Cinco, el fondo debe estar abierto a las contribuciones de todas las partes interesadas, tanto públicas como privadas, y debe apoyar medidas que sobrepasen el sector público. 
Seis, la gestión de los fondos debe ser ágil y transparente. 
Los políticas sanitarias básicas de la OMS que se aprueben a nivel multilateral, deben contar con una gestión segura. 
Siete, el fondo debe estar orientado hacia los resultados y no hacia la recaudación de ingresos. 
Ocho, una de las prioridades de los países debe ser reducir los costes de transacción. 
Por último, deseo decir que un fondo mundial no puede prosperar y no obtendrá nuestro apoyo si la industria farmacéutica no se compromete con un sistema global de precios escalonado. 
Estas condiciones pueden parecer muy difíciles pero, en realidad, representan la corriente principal de la política internacional compartida en este ámbito. 
Es algo en lo que ya estamos más o menos de acuerdo. 
Aunque no fue éste el caso cuando se iniciaron las negociaciones sobre el fondo. 
Hasta ahora, buena parte de las negociaciones ha sido coherente, pero les ruego que no olviden que en lo que respecta a movilizar recursos, al día de hoy no estamos autorizados ni siquiera a proporcionar la financiación básica de las organizaciones de las Naciones Unidas. 
Incluso según el nuevo Reglamento financiero, que esperamos tener aunque aún no lo tenemos, no estaremos autorizados a desarrollar una financiación básica normal, aunque esperamos estar autorizados a proporcionar financiación basada en el programa de las organizaciones de las Naciones Unidas. 
Este fondo, sin embargo, no será una organización de las Naciones Unidas. 
Lo que aquí está en juego es garantizar la financiación básica de este fondo. 
Nada de esto es tan fácil como lo presenta la prensa, pero, en lo esencial, somos un interlocutor muy activo en lo que respecta a contribuir a que el fondo sea coherente y se convierta en una entidad bien organizada. 
Creo que estamos de acuerdo en que ésta es una de las peores epidemias y una de las catástrofes humanitarias y económicas más graves que han azotado a la humanidad. 
Hace poco más de diez años, los expertos- fundamentándose en los modelos de contagio de la época, en las costumbres sexuales y en la vasta pobreza reinante en muchos países africanos- podían hacer pronósticos que indicaban que la enfermedad se extendería aproximadamente hasta los límites actuales y cuyas consecuencias son muy trágicas. 
Hoy, desgraciadamente, podemos hacer pronósticos en otros continentes hasta donde ha llegado más tarde el contagio y el panorama es muy parecido. 
Lo único que se puede hacer es prevenir, con una mezcla de acciones de apoyo para quienes están contagiados y de acciones preventivas, información y educación, pero también esfuerzos para producir una vacuna. 
Coincido con el Comisario en que no se resuelve ningún problema con la sola creación de un fondo. 
También estoy de acuerdo con muchas de las exigencias sobre el mecanismo que describe el Sr. Nielson. 
Sin embargo, mi experiencia en UNAIDS, de cuya dirección formé parte, es que siempre faltaba el dinero y que las acciones resultaban demasiado ambiciosas. 
Durante los primeros años no había dinero para apoyar los esfuerzos nacionales en los países más duramente azotados. 
Al mismo tiempo, como también lo señala el Sr. Nielson, los presupuestos normales de los órganos de Naciones Unidas han disminuido, lo que hace que tengamos muchos aprietos económicos. 
Estoy plenamente convencido de que se necesita dinero para lograr avances en materia de investigación y para realizar acciones de carácter nacional. 
Por eso creo que la iniciativa de Kofi Annan es provechosa, siempre que se pueda instaurar este mecanismo de manera adecuada y sin burocracia. 
Entiendo que la Comisión no puede conseguir dinero por arte de magia. 
Sin embargo, en el presupuesto comunitario del año pasado hay un gran superávit que recientemente ha sido devuelto a los países miembros. 
El Consejo, en una situación tan extraordinaria como ésta, debería poder aprobar ayudas especiales. 
Sería bastante extraño que no se pudiese, habida cuenta del gran interés de la Comisión durante el último año y de la iniciativa que, con la participación del Sr. Nielson, ésta adoptó en septiembre-octubre de 2000. 
Por tanto, me gustaría saber un poco más sobre cómo piensa el Sr. Nielson. 
En el supuesto de que los sondeos para la reunión de Nueva York dentro de un mes sean adecuados y de que este mecanismo pueda instaurarse de manera provechosa, ¿qué planes hay para que los Estados miembros y la UE puedan contribuir con una suma considerable para dar más vigor a los trabajos de prevención? 
. (EN) Es muy cierto que ésta es no sólo una tragedia humana, sino también un desastre económico, cuyos cálculos son sencillamente paralizantes. 
Esto es también cierto en los casos en que los países optan por el tratamiento. 
Las personas seropositivas que reciben tratamiento pueden, en muchos casos, seguir adelante con sus vidas, como profesores de colegio o cualquier otra cosa. 
Pero el tratamiento es un proceso ininterrumpido año tras año, y las consecuencias sobre los presupuestos nacionales para la salud, incluso si reciben gratuitamente estos fármacos antirretrovíricos, son increíbles. 
El auténtico cuello de botella en la aplicación de tratamientos médicos complejos avanzados no es necesariamente acceder a los fármacos, sino organizar su suministro. 
Son pocos los que se dan cuenta de que estamos hablando de entre 18 y 20 píldoras o medicamentos diferentes que deben tomarse cada dos horas aproximadamente todos los días; que es necesario cambiar su composición cada pocas semanas y que todo esto debe ser organizado de una manera muy estricta y organizada. 
Además de todo esto, todas estas personas necesitan agua potable segura y como mínimo dos comidas buenas y variadas al día. 
En un país en desarrollo, eso es pedir mucho. 
La realidad no es tan fácil. 
Hemos sido informados de que Merck y la Fundación Gates han creado conjuntamente un fondo que asciende a 100 millones de dólares USA para Lesoto. 
Además de esto, Merck ha proporcionado medicamentos gratis para solucionar los problemas de suministro in situ. 
Lleva trabajando en ello desde hace un año sin demasiado éxito, lo que demuestra que cuando hacemos hincapié en la prevención, no se trata sencillamente de una propuesta evasiva. 
Hemos comprobado que en el caso de Uganda funciona, y también en otros lugares asistimos al descenso incipiente de la curva del SIDA. 
Agradezco la respuesta del Sr. Wijkman. 
Es cierto que estas organizaciones necesitan recursos. 
Trataremos sobre este punto en la pregunta siguiente. 
Aunque la Comisión nunca tendrá el papel de convertirse en el proveedor principal de la financiación general de las organizaciones de las NU. 
La liberalización de fondos adicionales para estos fines corresponde a los donantes principales, es decir, los gobiernos, que tienen competencia para gravar a sus ciudadanos. 
Así es cómo movilizamos recursos adicionales. 
También podrían movilizarse nuevos recursos privados. 
Espero que este fondo marque un hito en la consecución sistemática de este objetivo. 
Respecto a nuestros propios fondos no utilizados, no es cierto que tengamos fondos dispersos por ahí, que luego devolvemos a los Estados miembros. 
En el caso del Fondo Europeo de Desarrollo, la organización administrativa del sistema consiste en solicitar trimestralmente fondos con cargo a los tesoros públicos de los Estados miembros sobre una base regular. 
Tenemos compromisos reales que no se han traducido en acciones en términos de utilización de fondos. 
Pero como ya he dicho al Parlamento en numerosas ocasiones, estamos revisando toda la cartera, reduciendo y eliminando los compromisos que no son aplicables y acelerando el flujo de los planes. 
La mayor parte de los fondos, en principio, está comprometida; el reto radica realmente en la ejecución. 
Como ya se ha informado al Parlamento, el nivel de compromiso a partir de ahora para actividades relacionadas con el SIDA será en torno a 800 millones de euros anuales, lo que demuestra que en términos de contribución, somos uno de los principales interlocutores y estamos realizando un gran esfuerzo en estos países. 
Aún queda una pregunta pendiente de respuesta: ¿tendremos autorización para hacerlo legalmente y garantizará realmente este fondo una mejora de la capacidad de suministro sobre el terreno? 
Deberemos volver sobre estas preguntas. 
Como usted sabrá, señor Comisario, este Parlamento apoyó la modificación del Reglamento financiero que, al menos en parte, debería allanarle su camino. 
Quisiera hacerle dos preguntas complementarias. 
Primera, como usted ha dicho en su respuesta, hay muchas negociaciones en curso. 
Acogemos con gran satisfacción la cumbre convocada por Kofi Annan. 
Acogimos muy favorablemente su mesa redonda celebrada el año pasado que permitió realizar avances sustanciales a nivel europeo. 
Me consta que existe una propuesta sobre la celebración conjunta de otra mesa redonda como la anterior para tratar sobre los intereses de la Unión Europea y de los Estados Unidos. 
¿Podría comentar, señor Comisario, si considera oportuna esta propuesta y si estaría interesado en tomar parte en la misma? 
En segundo lugar, a raíz del caso de Sudáfrica, su colega, Sr. Lamy, se comprometió a ofrecer asistencia técnica de la Unión Europea a los países en desarrollo que padecen la pandemia del VIH/SIDA, a utilizar la cláusula de emergencia nacional de la OMC para examinar la utilización de medicamentos genéricos y la importación paralela que garantice fármacos accesibles. 
¿Podría comentar, señor Comisario, si la Comisión Europea ya ha identificado a los países en desarrollo en los que hará dicha utilización de los recursos y qué nuevas medidas se propone adoptar para alcanzar este objetivo? 
. (EN) Señor Presidente, durante la Conferencia sobre los países menos desarrollados, me reuní con el nuevo administrador de US Aid, y puedo decirle, señor Howitt, que los temas que él estaba examinando reflejaban ampliamente aquéllos a los que hoy he hecho referencia, a saber, la prevención del VIH/SIDA- cuyo principal problema es el suministro- etcétera. 
El encuentro fue más prometedor que muchas de las otras cosas que oímos de su Gobierno. 
Queda por ver si la contribución a este fondo, anunciada por él, del Gobierno de los Estados Unidos por valor de 200 millones de dólares USA recibe la aprobación del Congreso, y si ciertamente se tratará de recursos adicionales, pero eso no forma parte de las deliberaciones más restrictivas que aquí nos ocupan. 
Es de utilidad que mantengamos el diálogo con los Estados Unidos sobre estos temas, especialmente, sobre aquellos puntos en los que previsiblemente podríamos llegar a un acuerdo sobre el enfoque práctico que debemos adoptar, por lo que continuaré trabajando en este sentido. 
Respecto a la segunda pregunta sobre la utilización de la cláusula de emergencias nacionales como fundamento para la apertura de algunos elementos del Acuerdo TRIP, he enviado una señal inequívoca a nuestros socios del mundo en desarrollo en el sentido de que la Comisión está interesada en apoyar sus esfuerzos para encontrar y utilizar la interpretación más flexible del Acuerdo, y hemos declarado asimismo- como ya hiciéramos en una reunión conjunta con los directores generales de las principales empresas farmacéuticas a las que asistimos Pascal Lamy y yo- que consideramos necesario revisar el acuerdo en vigor, con vistas a garantizar que la interpretación es suficientemente buena para facilitar un mejor uso de estas posibilidades en los países en desarrollo. 
No obstante, no hemos señalado ningún caso específico en el que podamos centrarnos y actuar de un modo concreto. 
Dicho esto, hemos expresado el firme deseo de hacerlo. 
Lo que hemos hecho ha sido presionar anunciando la liberalización total en lo que respecta a todos estos fármacos necesarios para tratar estas enfermedades transmisibles. 
La apertura no sólo a nivel regional, sino también mundial, debería dificultar la diferenciación de precios. 
Asimismo debería suponer un cambio de la posición de los oferentes de todo el mundo y de los productores de medicamentos genéricos. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario por sus respuestas de hoy. 
Nadie de esta Asamblea que haya escuchado al Comisario durante los últimos años podría dudar de su compromiso de lucha por la erradicación de la pobreza y la enfermedad en el mundo con la máxima eficacia y eficiencia posibles a través de los recursos de la UE. 
Quería dirigirle una pregunta sobre la tercera enfermedad que se menciona en el presente informe, y sugerirle que quizá deberíamos concentrarnos en esta enfermedad que es la menos llamativa de las tres, porque la tuberculosis podría ser erradicada. 
Lamentablemente, como usted dice, es probable que el VIH permanezca con nosotros durante mucho tiempo, y por el momento nos dedicamos sobre todo al tratamiento paliativo en lo relativo al VIH/SIDA. 
Un programa mundial concertado durante un período relativamente corto permitiría eliminar la tuberculosis en todo el mundo. 
Tengo un interés especial en esto, porque el tratamiento pionero de esta enfermedad surgió en mi ciudad, Edimburgo, hace setenta años. 
Creíamos que la habíamos erradicado en Europa occidental, pero ahora vuelve a aparecer. 
Si podemos erradicarla en las naciones desarrolladas, también podemos hacerlo en todo el mundo de forma permanente. 
Es la compensación- la erradicación definitiva, algo que lamentablemente no podemos hacer en el caso de las otras dos enfermedades. 
Aunque retrase la puesta en marcha del fondo mundial sobre las otras enfermedades, quizá debamos sugerir a Kofi Annan y a las Naciones Unidas que disponemos de un proyecto piloto concentrado específicamente en la tuberculosis, que podría servir de inspiración a las naciones para que contribuyan en los otros ámbitos una vez que comprobemos el éxito en éste. 
Es una de las razones por las que siempre hemos insistido- tarea no siempre fácil, porque la atención del público se centra casi exclusivamente en el VIH/SIDA- en que la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA deben ser examinados del mismo modo. 
Los mejores datos económicos de que disponemos para ilustrar las ventajas de hacer estas cosas con eficacia son aquéllos sobre la erradicación de la polio. 
Se ha demostrado que el mundo podrá economizar 1.500 millones de dólares USA cada año de los costes actuales si conseguimos movilizar los 400 o 450 millones de dólares USA necesarios para lanzar una ofensiva final que duraría entre 2 y 3 años para erradicar los restantes focos de polio en Nigeria y el norte de la India. 
Es absolutamente factible y es una inversión increíblemente rentable. 
En lo que respecta a la tuberculosis, los cálculos son similares, aunque es más difícil de erradicar. 
En el caso de la tuberculosis y la malaria, el aspecto económico de la cura es muy diferente. 
De hecho, no puede compararse con el VIH/SIDA, para el que no existe cura, sólo tratamiento de la tasa de mortalidad de las personas seropositivas del mundo. 
Si hiciéramos lo que deberíamos hacer en el caso de la malaria y la tuberculosis, obtendríamos unos resultados tan positivos como los que pueden alcanzarse con los antirretrovíricos. 
Ése es realmente el problema. 
Existen buenas razones para prestar más atención a la tuberculosis y a la malaria. 
Ésta ha sido la principal contribución de nuestro programa de acción. 
Además recibió el respaldo de la mesa redonda el pasado septiembre. 
Precisamente por ese motivo soy algo terco respecto a la creación de dicho fondo, cuando no estamos seguros de las modalidades y la política de dicho fondo. 
Por consiguiente, acojo favorablemente la contribución relativa a la tuberculosis. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 34 del Sr. Niall Andrews (H-0492/01) no se formula. 
Pregunta nº 35 del Sr. (H-0461/01): 
Asunto: Cultivos de proteínas vegetales en la Unión La prohibición de las harinas de carne y hueso habría podido servir para desarrollar los cultivos de proteínas vegetales en la Unión, pero la Comisión decidió, sin concertación previa, descartar cualquier plan en este sentido, so pretexto de unos costes excesivos. 
Sin embargo, fomentar el cultivo de proteaginosas permitiría reequilibrar las producciones europeas, evitando la práctica del monocultivo de cereales, que hace necesario emplear elevados volúmenes de fungicidas. 
Además, la decisión aludida tendrá como consecuencia, sin duda alguna, importaciones cada vez más cuantiosas de soja modificada genéticamente procedente de los Estados Unidos. 
¿En qué elementos se basa la Comisión para concluir que los costes financieros que supondría un plan de fomento de la producción de proteínas vegetales prevalecen sobre la necesidad de luchar contra el empobrecimiento de las tierras, contra una fuerte dependencia en el ámbito alimentario y contra el desarrollo en Europa de los organismos modificados genéticamente? 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, la Comisión ha estudiado detalladamente la oferta y la demanda de plantas oleaginosas y proteaginosas, a instancias del Consejo Europeo de Niza y del Consejo de Ministros de Agricultura, en el contexto de las nuevas restricciones del uso de harinas animales en los piensos como resultado de la crisis de la EEB. 
El Consejo Europeo señaló, además, explícitamente en sus conclusiones que las posibles medidas propuestas deberían atenerse estrictamente al marco de las Perspectivas Financieras. 
El resultado de nuestro análisis se expone en la Comunicación de la Comisión al Consejo de 16 de marzo de este año sobre las opciones para el fomento del cultivo de proteínas vegetales en la Unión Europea. 
Según las simulaciones desarrolladas en los servicios de la Comisión, un claro incremento de las ayudas por hectárea para el cultivo de proteaginosas sólo tendría efectos muy limitados sobre las superficies cultivadas en la Comunidad. 
El escaso incremento pronosticado se explica sobre todo por el atractivo del cultivo de cereales y por el hecho de que la evolución prevista de los precios de los cereales en los mercados mundiales es más favorables que en el caso de las proteaginosas. 
Con el fin de fomentar la agricultura ecológica, la Comunidad ha autorizado el uso de legumbres forrajeras en las explotaciones agrarias que respeten rigurosamente las normas de la agricultura ecológica. 
La posibilidad de un futuro incremento de los cultivos de productos que contengan OGM dependerá de su autorización y de su aceptación entre los consumidores comunitarios. 
La respuesta del mercado será, evidentemente, decisiva en último término. 
La decisión de favorecer el cultivo de leguminosas forrajeras en cultivos biológicos únicamente no ha tranquilizado a los actores del sector. 
Las importaciones de soja han aumentado, al igual que los precios. 
¿Puede usted asegurarnos que no habrá realmente especulación? 
¿Cómo podrán resistir los agricultores? 
Las crisis sanitarias los han hundido en una crisis económica. 
La única alternativa que hoy se les propone se basa en las importaciones de soja, mientras que ni siquiera se les puede garantizar que esta soja no está modificada genéticamente. 
Señoría, yo puedo ofrecerle gustosamente dicha garantía, pues debe tener usted presente que antes ya tampoco se podía utilizar como pienso la totalidad de las harinas animales producidas. 
Cada año se exportaban medio millón de toneladas de harinas animales, otro medio millón se tenían que destinar a la producción de alimentos para perros y para gatos, y sólo el resto se incorporaba a los piensos. 
Si, además, se considera que en los últimos tiempos se utilizaba más soja de la necesaria desde el punto de vista alimentario, como resultado del cálculo de intereses de los fabricantes de piensos, verá que el contenido de proteínas de los piensos se ha modificado muy poco. 
La modificación de la prohibición de utilizar harinas cárnicas y animales en la alimentación de los cerdos y aves se traduce en una variación inferior al 3% en el régimen de importaciones. 
Este porcentaje inferior al 3 % sencillamente no puede desencadenar una fuerte especulación ni generar ningún tipo de presión en la Comunidad. 
Pregunta nº 36 de la Sra. (H-0470/01): 
Asunto: Consecuencias del no-acuerdo de pesca con Marruecos De los fondos que se habían previsto para renovar el acuerdo de pesca con Marruecos, ¿a cuánto asciende la cantidad que la Comisión propondrá destinar a la reestructuración del sector? 
¿Con qué Fondos se costeará el nuevo Plan de Reestructuración? 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, yo quiero recordar que la política estructural debe respetar el principio de subsidiariedad. 
Esto también significa, no obstante, que cuando se programan planes de reestructuración, el responsable principal de los planes y de su elaboración es el correspondiente Estado miembro, que luego debe presentarlos a la Comisión. 
Ésta mantiene, evidentemente, una colaboración muy estrecha con las correspondientes autoridades nacionales. 
En principio se pueden aplicar diversos fondos a la solución de los problemas derivados de la no conclusión del Acuerdo pesquero con Marruecos. 
En primer lugar, evidentemente, el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca, que permite solicitar ayudas comunitarias para las flotas y los pescadores y armadores afectados. 
Además, también se pueden obtener ayudas en el marco del Fondo Regional Europeo, del Fondo Social Europeo y también del Fondo de Orientación de la Agricultura para la diversificación de las actividades en las zonas costeras afectadas. 
En cualquier caso, primero se deben fijar las medidas, con objeto de poder determinar luego la financiación necesaria. 
Además, a la vista de las conclusiones del Consejo Europeo de Niza, la Comisión también está examinando en estos momentos la disponibilidad de recursos adicionales para la reestructuración de las flotas afectadas en el marco de las Perspectivas Financieras vigentes. 
Señor Comisario, no ha contestado usted a mi pregunta. 
Es necesario que despeje dudas sobre la financiación y que precise usted, por favor, si la totalidad de la financiación que estaba previsto destinar al acuerdo de pesca con Marruecos, 125 millones de euros anuales, será invertida ahora en los afectados o si, por el contrario, se desviarán cantidades fuera del ámbito del acuerdo de pesca con Marruecos. 
Ha sido un fracaso, pero ello no debe significar ni un ahorro ni una desviación de las previsiones financieras que estaban ya aprobadas. 
Usted contesta de un modo teórico e impersonal. 
Por favor, conteste concretamente a lo que se le pregunta. 
Yo le he preguntado a usted: ¿qué cantidad va a destinar? 
En Andalucía hay una enorme inquietud con esta materia. 
Es usted un experto en no contestar nada, pero el Comisario responsable debe contestar con lealtad a nuestras preguntas. 
Es muy fácil escurrirse, pero usted tiene la responsabilidad y debe contestar a lo que se le pregunta y no del modo teórico e impersonal en que lo ha hecho. 
Señor Presidente, Señoría, yo creo que mi respuesta ha sido muy concreta. 
Es posible que no fuese la que usted deseaba escuchar. 
Sin embargo, quiero dejar clara una cosa. 
¿Qué es lo que se debate en este contexto? No puede ser que se fije una aportación financiera y en España se decida luego cómo se va a gastar el dinero recibido. 
Es obligado proceder exactamente a la inversa y así lo prevén los fundamentos jurídicos. 
En primer lugar se deben definir las medidas que es necesario adoptar como resultado de la no conclusión del acuerdo con Marruecos. 
A continuación habrá que determinar qué parte se debe financiar con cargo al Fondo Regional disponible, qué parte con cargo al Fondo Social disponible y qué parte con cargo al fondo de Orientación disponible. 
Si esta financiación resultase insuficiente, habría que pensar cómo se pueden obtener los recursos adicionales y la Comisión también está dispuesta a discutirlo. 
Sin embargo, la Comisión no puede señalar una cantidad mientras no se haya concretado qué medidas se deberán adoptar. 
Esto es un hecho indiscutible. 
Debo recordarle asimismo que el anterior Acuerdo con Marruecos ya incluía una reducción progresiva del volumen de la flota y que si se hubiese concluido un nuevo acuerdo, lógicamente también habría sido necesario continuar dicha reducción y ésta se habría tenido que financiar con los recursos actualmente previstos en el Fondo. 
Su afirmación de que España ahora tiene derecho a recibir 250 millones de euros anuales porque esta era la cantidad prevista en el Acuerdo anterior no es correcta, sino que a lo que tiene derecho España es a que se resuelva el problema existente. 
En ese caso, es preciso preguntarse cuánto dinero y de qué tipo se necesita para ello. 
Esta es la forma correcta de proceder y no existe otra alternativa. 
Señor Comisario, es cierto que los 125 millones de euros que había para el capítulo IV, evidentemente destinados a Marruecos, no se van a utilizar, como estaba previsto. 
Pero si ese acuerdo iba a ser por tres años, serían 375 millones de euros que, evidentemente, los afectados están esperando de la solidaridad de la Unión Europea. 
Esto lo sabemos todos y esperamos que la Comisión atienda generosamente las peticiones de los Gobiernos de España y Portugal. 
Seguiremos trabajando en esta línea desde el Parlamento. 
Pero mi pregunta va en otra dirección. 
Quería preguntarle al Comisario si conoce las informaciones que se están publicando en Marruecos en la prensa estos días, concretamente el semanario Demain y la revista Economy and Enterprise, donde se denuncia y acusa a los altos militares, políticos y diplomáticos marroquíes de haber bloqueado este acuerdo en defensa de sus propios intereses personales. 
Se está denunciando estos días en la prensa marroquí que estos señores solamente declaran el 60% de las capturas que obtienen y se benefician en sus propios bolsillos. 
Esta es la verdadera causa, parece ser, según lo que se denuncia en Marruecos en estos momentos. 
No eran los recursos pesqueros, como nos decían, ni el sector pesquero marroquí, ni siquiera el pueblo marroquí lo que les preocupaba, sino otras cosas. 
¿Conoce la Comisión estas informaciones que se están publicando? 
Se publican con nombres y apellidos. 
Y en este caso, ¿está al corriente de lo que está sucediendo y se van a replantear las relaciones políticas, económicas, financieras y comerciales con Marruecos en virtud de lo que está ocurriendo, que no es sino lo que nosotros sospechábamos, y que ha sido la causa auténtica de la no cooperación con la Unión Europea? 
Señor Presidente, debo reconocer que en la traducción no me ha quedado del todo claro quién se supone, de hecho, que se ha beneficiado en sus propios bolsillos. 
No obstante, supongo que lo que se pretende decir es que algunos poderes marroquíes han estado trabajando en beneficio propio. 
¿Es así, señor Varela? 
Debo decirles que no conozco en detalle estas acusaciones que se están formulando o se han formulado. 
No obstante, yo puedo asegurarles que uno de los motivos principales por los que manifestamos que era necesario alcanzar un nuevo acuerdo con una nueva base financiera y un nuevo modo de financiación fue que se debe excluir de antemano incluso la posibilidad de dar pie a semejante sospecha. 
Por esto también insistimos en que en el marco del nuevo acuerdo no podía seguir ocurriendo, como en los acuerdos anteriores, que los créditos de pusiesen a disposición sin estar vinculados a ningún objetivo. 
Y, entre otras cosas, las negociaciones también incluían la exigencia de que se concretase exactamente el fin al que se destinarían dichos recursos. 
Evidentemente, la parte marroquí también hubiese tenido que acreditar luego el uso de dichos recursos. 
Yo creo que este debe ser el modelo general en el futuro. 
Francamente no podemos permitir que se pongan a disposición unos recursos, cuando es del dominio público que una parte de esos recursos o prácticamente la totalidad del dinero aportado se va a destinar al desarrollo del propio sector, sin que se rindan cuentas sobre cómo se han empleado dichos recursos. 
Pregunta nº> 37 del Sr. (H-0445/01): 
Asunto: Bilingüismo en Istria El 9 de abril, el Consejo Regional Istriano aprobó el Estatuto de la Región que prevé la paridad entre el italiano y el croata en todas las instituciones regionales y en todos los procedimientos de los órganos administrativos. 
Lamentablemente, el 23 de abril el Ministerio croata de Justicia suspendió estas normas aduciendo una verificación de la constitucionalidad de las mismas a pesar de que, como se puede observar, estas normas son conformes con el espíritu y la letra de la Constitución croata (Carta Fundamental). 
La sorpresa y la preocupación son grandes ante la grave situación que se podría crear para la población de lengua italiana, dado que Italia es país amigo y fundador de la Unión Europea, garante de un perfecto bilingüismo (italiano/croata) en su territorio de frontera. 
¿Puede decir la Comisión cómo se concilian las negociaciones para el acuerdo de asociación y estabilización que la Unión Europea propone a Croacia en su proceso de aproximación a la Unión Europea, y esta decisión del Gobierno croata que, con toda evidencia, es contraria a los principios en que se basan la Unión Europea y su acervo y constituye una clara violación de los derechos de las minorías culturales? 
. (EN) Como su Señoría puede suponer, la Comisión ha seguido con gran interés los recientes acontecimientos sobre el régimen bilingüe de Istria, aunque, acertadamente, el Gobierno italiano lo ha tratado como un asunto bilateral. 
La protección de las minorías a través de medidas de salvaguarda contra la discriminación, el acceso a la educación en lenguas minoritarias y la conservación de las culturas minoritarias han sido siempre un condicionante importante de la UE en nuestras relaciones con Croacia. 
Nuestro compromiso con dichas medidas de salvaguarda fue reiterado y formalizado en el Acuerdo de estabilidad y asociación con Croacia, suscrito por la Comisión el 14 de mayo. 
Croacia ha renovado su compromiso de respetar a su población y sus culturas minoritarias, y la adopción de una legislación nacional que apoya la utilización de las lenguas minoritarias fue uno de los primeros logros del nuevo Gobierno croata el año pasado. 
Desde entonces, el nuevo proyecto de ley constitucional integral sobre la protección de las minorías ha obtenido un dictamen favorable de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y prosiguen los trabajos sobre esta cuestión. 
La Comisión tiene todos los motivos para creer que Croacia aplicará seriamente esta legislación. 
Mientras tanto, esperamos con interés obtener la opinión del Tribunal Constitucional croata acerca del estatuto istrio. 
Tenemos la confianza de que Croacia e Italia encontrarán una solución satisfactoria a los problemas específicos a los que su Señoría hace referencia en su pregunta. 
Muchas gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Comprendo que se trata básicamente de un asunto bilateral; sin embargo, agradeceríamos que el Consejo tratara de intervenir de algún modo ante las instancias competentes para que, una vez que el Tribunal Constitucional croata concluya el procedimiento de control constitucional de los artículos que nos ocupan, se restablezca y entre en vigor por fin el Estatuto Regional de Istria, tal como se había dictado. 
Señor Presidente, señor Comisario, el bilingüismo y el plurilingüismo no sólo no constituyen un problema en los países candidatos a la adhesión, sino que también representan una oportunidad en el ámbito de los Quince. 
¿Se dispone, de hecho, de un modelo de mejores prácticas o de alguna comparación entre países, sobre la base de algún tipo de modelo de referencia, que permita averiguar dónde se están resolviendo mejor los problemas y qué modelo ha dado mejores resultados hasta ahora? 
. (EN) El Sr. Rübig tiene razón cuando llama la atención sobre la feliz coincidencia de lenguas dentro de las comunidades y países de los actuales 15 Estados miembros. 
Mi país, Gales, es un ejemplo que viene al caso. 
Me complace afirmar que la lengua galesa está experimentando un creciente auge junto con la predominante lengua inglesa, con la consiguiente ventaja para las personas que tienen como primera lengua inglés o galés. 
Otro tanto ocurre sin duda en otras partes de la actual Unión. 
Sólo espero que aquellos que intentan crear divisiones en la Unión sobre la base de orígenes culturales y lingüísticos diferentes sean aplastados por la mayoría que disfruta de la diversidad y valora mucho la coexistencia de culturas dentro de la misma comunidad. 
Todos reconocemos, señor Presidente, lo difícil que le resulta ejercer su discreción en estas ocasiones. 
Pero debo decir, en un día en el que sólo hemos dispuesto de una hora para el turno de preguntas, que resulta un poco duro que haya permitido que se sobrepase el tiempo de uso de la palabra en algunas preguntas complementarias. 
Resulta una farsa que nuestros esfuerzos por pedir cuenta a la Comisión tengan como resultado una reducción de la duración del turno de preguntas y que sólo puedan formularse y contestarse cinco preguntas. 
Señor MacCormick, según mi planteamiento con respecto al turno de preguntas, primero se debe ofrecer a los diputados la oportunidad de formular preguntas complementarias. 
En mis 22 años como diputado, jamás había visto nada parecido. 
Yo también lamento que no se puedan formular todas las preguntas, pero esta es la situación y yo ya tampoco puedo hacer nada para remediarla. 
Espero señor Presidente, por entender su respuesta como la entiendo, tener la buena suerte de aparecer en un lugar más arriba de la lista la próxima vez que usted presida el turno de preguntas. 
¡Yo también espero que ojalá sea así! 
También voy a tomarme en serio su consejo, Señoría, y la próxima vez mantendré el rigor al que les tengo acostumbrados. 
Dado que se ha agotado el tiempo previsto para las preguntas dirigidas a la Comisión, las preguntas nº 38-77 se responderán por escrito. 
Queda cerrado el turno de preguntas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Notificación de sucesos en la aviación civil (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A5-0203/2001) del Sr. Collins, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 847- C5-0764/2000- 2000/0343 (COD) ) relativa a la notificación de sucesos en la aviación civil. 
Señor Presidente, ésta es la continuación del debate acerca del informe del Sr. Collins sobre los sucesos en la aviación civil y la notificación de los mismos. 
Los sucesos pueden prevenir los accidentes. Por eso, el deber de notificación contribuye a aumentar el nivel de seguridad de la aviación civil. 
La recogida de material estadístico sobre la naturaleza y la frecuencia de determinados sucesos ayuda a mejorar la normativa vigente en materia de seguridad y permite introducir disposiciones nuevas. 
Cuanto más información se almacene en una base de datos de amplias miras tanto más fiables serán los análisis. 
La medida propuesta reviste carácter eminentemente preventivo. 
Por eso mismo, es totalmente lógico que se cree un marco jurídico correspondiente a escala europea. 
Ello redundará asimismo en beneficio de la futura Agencia de Seguridad Europea. 
El éxito del sistema propuesto dependerá de su grado de confidencialidad. 
Las informaciones pormenorizadas sólo pueden ser manejadas por los usuarios relevantes. 
Las personas que notifican los sucesos tienen que estar seguras de que los datos facilitados se utilizan exclusivamente para fines estadísticos, ya que no se trata de determinar la culpabilidad o responsabilidad. 
La notificación de deficiencias técnicas plantea menos problemas que la notificación de fallos humanos, aunque esta segunda categoría desempeña un papel fundamental en lo que a los sucesos y, por tanto, a la seguridad, se refiere. 
Los pilotos, por ejemplo, se mostrarán reacios a notificar voluntariamente los fallos cometidos a no ser que queden plenamente garantizados la confidencialidad y el anonimato. 
Las enmiendas del Parlamento Europeo están, entre otros objetivos, destinadas a reforzar este aspecto. 
El éxito de la nueva normativa depende de la colaboración de quienes están directamente implicados en el tema, tal y como se resaltó en los debates celebrados aquí y en la comisión competente. 
La aplicación de la normativa debe someterse periódicamente a evaluación a fin de averiguar si los sistemas de notificación funcionan. Los resultados de estas evaluaciones han de plasmarse en un informe. 
Para ello conviene contar con el apoyo de las personas que trabajan sobre el terreno. Éste es el espíritu de la enmienda 12. 
Por eso volvemos a presentarla. Las evaluaciones servirán asimismo para poner al día las listas de sucesos cuya notificación es obligatoria. 
Sin embargo, no queremos conocer únicamente la frecuencia y la forma en la que se llevan a cabo las operaciones de notificación, sino que, además, deseamos saber cuáles son los sucesos más frecuentes a fin de sacar las conclusiones oportunas en materia de seguridad. 
Es lo que persigue la enmienda 11. 
En mi opinión, los ciudadanos tienen derecho a recibir esta información. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, a grandes rasgos el Grupo Liberal respalda las propuestas del ponente. 
Cuántas veces no leo en el periódico que se ha producido un incidente. 
No son siempre graves, pero eso no justifica nada. 
Por razones de seguridad es fundamental que se cree un sistema adecuado y transparente de alcance internacional para la notificación de sucesos. De este modo, dispondremos de una visión de conjunto y podremos ir aprendiendo basándonos en los datos recogidos. 
Ahora bien, nuestro Grupo concede especial importancia al tema de la posterior propagación de la información notificada. 
Es fundamental que exista transparencia, pero, por otra parte, debe garantizarse que la información llegue únicamente a aquellas personas que la necesiten. 
En segundo lugar consideramos imprescindible que se proteja el anonimato de quienes notifiquen los sucesos. 
Obviamente, éste me parece un punto positivo, pero, por otra parte, también es importante que puedan ser procesados en caso de grave negligencia. 
No podemos aceptar que baste con notificar los hechos para no tener que responder de ellos. 
Por todo ello, nos felicitamos por el apoyo que han recibido nuestras enmiendas al respecto en la comisión competente. 
Albergamos, al contrario, algunas dudas respecto a otra serie de enmiendas, entre ellas los números 5, 6 y 7. En realidad las rechazamos por las mismas razones por las que hemos presentado nuestras enmiendas y por las que hemos recibido el apoyo antes mencionado. 
Sobre todo la enmienda 5 no redunda en beneficio de la claridad. 
Ello no obstante, quisiera manifestar mi gratitud hacia el ponente y, como ya he dicho al comienzo de mi discurso, el Grupo Liberal respalda las líneas generales de la propuesta. 
Señor Presidente, nos abstendremos en la votación de este informe. 
No tenemos nada contra el hecho de que los Estados miembros se informen recíprocamente sobre los incidentes aéreos ocurridos en sus respectivos espacios aéreos, sino todo lo contrario. 
Sin embargo, la exposición de motivos, al afirmar que la mayoría de los accidentes de aviación se deben a factores humanos, hace un enfoque unilateral del problema. 
Nada dice, en efecto, sobre el hecho de que, tanto en los aeropuertos como en las compañías aéreas, entre las causas principales de los incidentes y accidentes hay que contar la generalización del trabajo precario y la disminución de la plantilla. 
A pesar de ello el número de pasajeros y de vuelos crece constantemente y cada vez más deprisa. 
El ahorro de plantilla es escandaloso sobre todo teniendo en cuenta que las grandes compañías aéreas obtienen enormes beneficios. 
El grupo Air France, por ejemplo, acaba de anunciar un superávit de explotación bruto de 10 millardos de francos, o sea, alrededor de 200.000 francos por asalariado del grupo, y, a pesar de la subida importante del precio del queroseno, este año la compañía acaba de aumentar los dividendos de sus accionistas en un 57%. 
Para reducir el número de incidentes o accidentes aéreos, habría que empezar por efectuar contrataciones masivas en los aeropuertos y las compañías aéreas, y suprimir el trabajo precario. 
En cualquier caso, la seguridad de los pasajeros y del personal debería ser lo prioritario, y no el beneficio de los accionistas. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción las propuestas presentadas porque creo que no sólo mejorarán la seguridad de la aviación en general, sino que además esta propuesta de directiva reforzará los procedimientos de cooperación, así como las estrategias de prevención. 
Lo importante es que el presente informe ofrecerá además un nivel adecuado de confidencialidad a las personas estrechamente involucradas que conocen más a fondo cómo funciona el sector de la aviación: me refiero a la tripulación de vuelo, los controladores aéreos y el personal de mantenimiento. 
También es importante que hagamos hincapié en la mejor práctica, en particular, en el ámbito de la investigación y el desarrollo. 
En este sentido, acogemos favorablemente la creación del Centro Europeo de Coordinación del Sistema de Comunicación de Incidentes de Aviación. 
Es el motivo por el que apoyamos al ponente que, como siempre, se ha cuidado mucho de garantizar la coherencia entre la legislación de la UE y el marco internacional que ofrece la OACI. 
Ésta es además la razón por la que no podemos aceptar las restricciones excesivas que implican algunas enmiendas aprobadas en comisión, especialmente aquéllas que intentan ocultar las responsabilidades de los operadores. 
Las empresas no se volverán más seguras y más competitivas si ocultamos estas responsabilidades. 
Creemos que los clientes tienen el derecho de ser plenamente informados. 
Por motivos similares, no podemos aceptar las enmiendas que deliberadamente intentan debilitar la posición de las personas del sector que tienen el deber de notificar fielmente los incidentes. 
Para disponer de un sistema fiable de notificación de incidentes en la aviación civil debemos garantizar la confidencialidad de las personas que los notifican. 
Las propuestas de la Comisión son acertadas, aun en el caso de que puedan tener repercusiones legales. 
El único riesgo para la seguridad que vemos, proviene de un intento de atenuar las propuestas en favor de las compañías aéreas. 
Agradezco al Sr. Collins su excelente informe y espero que el Parlamento apruebe su enfoque sensato. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, yo también quiero dar las gracias al Sr. Collins por su logrado informe. 
El continuo crecimiento del tráfico aéreo pone a prueba la seguridad en este ámbito. 
Es imprescindible la existencia de medidas preventivas encaminadas a mejorar la seguridad. 
Aunque el avión ha sido un medio de transporte relativamente seguro, la congestión del espacio aéreo y de los aeropuertos ha incrementado el riesgo de accidentes. 
La mayor parte de los accidentes son debidos a fallos humanos. 
La aeronáutica se apoya cada vez más en la tecnología y en la capacidad de la organización terrestre de producir servicios de seguridad aérea. 
Por eso, es importante obtener información sobre el funcionamiento de estos servicios. 
A la hora de desarrollar el nivel de seguridad de la aviación civil, es crucial la capacidad de recabar y almacenar datos relevantes en las situaciones excepcionales, así como la fluidez en las comunicaciones. 
Es importante que en las situaciones de emergencia y en los accidentes la notificación de sucesos funcione óptimamente tanto a nivel interno, como entre los diferentes Estados miembros. 
Los Estados miembros deben intercambiar datos y experiencias, con el fin de evitar el mayor número posible de incidentes. 
A la hora ir desarrollando las pautas de seguridad relativas a la notificación de sucesos, siempre debemos garantizar el derecho de privacidad de las personas y el secreto empresarial, tal y como propone el Sr. Collins en su informe, 
Los Estados miembros deberán publicar un informe anual sobre los niveles de seguridad de la aviación civil. 
Si la situación de emergencia o el accidente se deben a una negligencia grave, el Estado miembro afectado debe tener derecho a abrir un recurso judicial. 
En mi opinión, la colaboración entre los Estados miembros de cara a mejorar la seguridad de la aviación civil se presenta como una medida preventiva importante debido al crecimiento del tráfico aéreo. 
La seguridad del espacio aéreo europeo está en el interés común de todos. 
. Señor Presidente, Señorías, tengo el máximo respeto por esta Cámara y desde luego, por lo que se recoge en el acuerdo sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión y por ello he de manifestar mi sorpresa ante el hecho de que el autor de este informe no esté presente para escuchar el debate acerca del mismo. 
La verdad, es algo que no puedo comprender. 
Dicho esto, quiero agradecer a sus Señorías su presencia y sus intervenciones y señalarles que espero que se apruebe rápidamente esta Directiva, y que aceptamos todas las enmiendas propuestas por su comisión, salvo una, la 11, ya que los propios Estados miembros deberán publicar un informe anual sobre su sistema de informes de incidentes. 
Respecto a la enmienda 2, aunque la aceptamos, su formulación deberá ser modificada, para evitar que el sistema registre varios informes sobre un mismo incidente, lo cual podría falsear el análisis correspondiente. 
De las nuevas enmiendas, la 12 y la 13, la 12 no es aceptable, mientras que aceptamos la 13, ya que creemos que mejora el texto de la propia Comisión. 
Les aseguro que la Comisión, al igual que sus Señorías, seguirá trabajando para mejorar e incrementar la calidad de la seguridad aérea en Europa, que es una preocupación de todos. 
Muchas gracias, señora Comisaria Loyola de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Equipos de trabajo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0156/2001) , en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (5766/2/2001- C5-0135/2001- 1998/0327 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (2ª Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (Ponente: Sr. Skinner). 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo creo que podemos afirmar que a ninguno de nosotros nos gustaría seguir escuchando que cada año se registran en la Unión Europea unas 500 000 caídas desde altura, de las que unas 300 000 tienen como resultado bajas laborales de más de 3 días, 4 000 suponen lesiones graves y unas 1 000 tienen consecuencias fatales. 
Tampoco quisiéramos tener que repetir que estos accidentes se producen fundamentalmente en trabajos realizados en andamios, plataformas y lugares elevados. 
Yo no quiero referirme a cuestiones que le correspondería tratar al Sr. ponente, al que en todo caso, ausente aquí, yo debo felicitar, no sólo por su trabajo, sino también por la sensibilidad que ha demostrado en estas cuestiones que afectan a los trabajadores, muchas veces carentes de formación y de preparación. 
No podemos olvidar que la construcción es un sector puente, que posibilita el salto desde el sector agrario al sector terciario o al industrial. 
Creo que la sensibilidad del Sr. ponente ha servido para enriquecer el debate al aceptar muchas de las enmiendas propuestas, que tuvieron siempre el propósito y la finalidad de enriquecer el debate y de contribuir a adoptar medidas que hagan el empleo más seguro. 
Sabemos que el riesgo cero no existe, la vida es riesgo y el trabajo, que es vida activa por excelencia, supone riesgos. 
Tenemos un texto genérico en nuestra Carta de los Derechos Fundamentales, publicada, no incorporada a los tratados, en cuyo Capítulo IV, dentro del título Solidaridad, se dispone que "todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad". 
Y me gustaría decir que el respeto de la salud, de la seguridad y de la dignidad representa un compromiso de todos, en primer lugar, de los propios trabajadores, también de los empresarios, quizá no cabe establecer una jerarquía, aunque evidentemente antes pondríamos a los empresarios, pero los propios trabajadores han de tener siempre la conciencia y la formación necesaria para asumir el riesgo, aceptar el riesgo y saberlo respetar. 
Las administraciones de todo tipo no deben ser ajenas a este compromiso. 
Finalmente, quiero referirme a este compromiso de todos en el sentido de que, como dijo Bertrand Russell, para conseguir la felicidad hacen falta tres cosas: el coraje de aceptar la cosas que no se pueden cambiar, la obstinación suficiente para cambiar aquellas que uno puede cambiar y la inteligencia indispensable para no confundir las primeras con las segundas. 
Yo creo que, en este sentido, la lucha contra los accidentes de trabajo tiene que ser una obstinación permanente, un coraje permanente y de todos. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero pedir disculpas en nombre del Grupo Socialista por no hallarse presente Peter Skinner en esta Asamblea. 
Se ha visto retenido por un asunto muy importante, pues todos conocemos el gran compromiso de Peter Skinner por poner orden en este asunto. 
Las normas comunitarias son a menudo criticadas por ser demasiado pormenorizadas. 
Las normas sobre seguridad y salud de los trabajadores no son ninguna excepción. 
Sin embargo, la directiva que hoy debemos ayudar a aprobar muestra por qué resulta verdaderamente necesario este grado de detalle. 
Ya contamos con normas generales que deben proteger a los trabajadores, también de las caídas desde alturas, y aún así las caídas desde alturas suponen el 10% de todos los accidentes laborales de la UE. 
Esto obedece, entre otros motivos, a que no se cumplen las normas en los centros de trabajo, pero quizá también a que faltan instrucciones más precisas sobre cómo evitar estos accidentes. 
Todos los que han pisado un andamio saben que en esta situación se piensa si las estructuras que tienen un aspecto tan ligero están bien montadas. 
Requiere un cierto conocimiento montar un andamio de forma segura y creo que los requisitos exigidos a la formación en materia de montaje, modificación y desmontaje de andamios pueden ayudar a aumentar la seguridad. 
Me gustaría felicitar al ponente, no sólo en nombre del Parlamento, sino también en nombre de todas las personas que trabajan en andamios, pues se ha alcanzado de hecho un buen resultado. 
No obstante, es evidente que no hemos resuelto todos los problemas con esta directiva y veo, por ejemplo, cuatro puntos en los que debemos seguir trabajando. 
En primer lugar, respaldo lo que aparece en la posición común sobre la necesidad de hallar una solución en lo concerniente a los empresarios y autónomos. 
Me hubiera gustado que hubieran quedado incluidos en general dentro de las normas sobre medio laboral, tanto en atención a la competencia como porque sus acciones pueden colaborar a influir en la seguridad en el lugar de trabajo. 
El segundo punto es que hemos de observar los requisitos de los productos que deben incorporar los andamios. 
Es un grave problema para las personas que montan andamios que los elementos sean a menudo muy pesados. 
Esto no sólo hace que sean muy difíciles de manejar con el riesgo de que se pierdan sino que además pueden ayudar a provocar la fatiga de las personas que trabajan con estos materiales. 
Un tercer punto es la formación. 
En esta directiva hemos encontrado una solución satisfactoria, sin embargo, creo que la formación es uno de los puntos a los que debemos estar muy atentos en el futuro. 
Y con tiempo creo que será absolutamente natural plantear exigencias más duras en materia de contenidos a la formación. 
Pero veamos cómo abordan esta tarea los países miembros. 
Y por último está la cuarta postura en materia de seguridad y salud. 
La legislación sola no puede acabar con estos accidentes. 
Es preciso, además de ésta, que las autoridades dispongan de las debidas posibilidades para vigilar el cumplimiento de la legislación, pero también que cada persona tome en serio las nuevas normas en materia de seguridad. 
No puede ser que los trabajadores de andamios jueguen a Tarzán en sus centros de trabajo. 
Con esta directiva se han dado ahora algunas instrucciones claras y si se emplean correctamente, creo que podemos poner remedio al número demasiado elevado de accidentes producidos por caídas desde alturas. 
Muchas gracias, señora Thorning-Schmidt. 
A propósito de su información inicial, quisiera decirle que es evidente que los ponentes son los primeros interesados en estar presentes en los debates, como es natural y como es de suponer. 
La ausencia de los ponentes en los momentos de los debates es, de hecho, algo que se debe señalar. 
Y que se debe por lo menos comunicar a la Mesa con la debida antelación por razones de sentido común y de funcionamiento correcto de esta Asamblea. 
He de decir, Señorías, que el Sr. Collins comunicó a la Mesa que, dado que este debate se aplazaría para después de las 21.00 horas, él no podría estar aquí a esta hora. 
Por tanto, la Mesa estaba al corriente de ello. 
En relación con el caso del Sr. Skinner, lamentablemente no ha llegado a la Mesa información ni explicación algunas. 
Creo que en el futuro la Mesa tendrá que informar a los ponentes de que, cuando no puedan por alguna circunstancia estar presentes, deben actuar conforme a las normas mínimas de convivencia y respeto de la Asamblea. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que creo que el Sr. Skinner ha realizado un trabajo muy serio. 
Creo que también debe decirse esta noche. 
Como ponente del Grupo ELDR, he respaldado la conciliación alcanzada por la que se modifica la directiva sobre andamios. 
Ésta da normas más precisas en materia de seguridad y salud con respecto al uso de escalas y otros equipos de trabajo en andamios y quiero felicitar al Sr. Skinner por su trabajo. 
Se trata asimismo de una revisión de las normas existentes y tal cosa tiene naturalmente significado práctico, por ejemplo, para los requisitos relativos a la formación y a la cuestión de la inclusión de los trabajadores autónomos dentro de las normas. 
No he sentido- como cada uno de los demás diputados presentes en la Asamblea- durante el debate de la propuesta la necesidad de plantear la pregunta de si necesitamos este tipo de directivas. 
Tal cosa me parece que no figuraba en el orden del día en esta ronda, sin embargo, ahora en el último momento me gustaría decir algo al respecto. 
Pues en estos tiempos se habla mucho del catálogo de competencias y de nuevas formas de gobierno. 
¿De qué debe hacerse cargo la UE, qué tareas deben resolver los Estados miembros y cómo se deben resolver? 
Abogo de lleno por la existencia de normas comunitarias comunes que garanticen que la libre competencia en el mercado interior no se convierta en competencia en un mal medio laboral. 
Sin embargo, ¿es la seguridad en materia de andamios realmente un asunto comunitario? 
¿No es quizá mejor adoptar las decisiones sobre la seguridad en los andamios más cerca del lugar de construcción? 
Me puse a pensar un poco al respecto a mitad de este proceso durante las muy amenas y pormenorizadas discusiones que tuvimos, entre otros temas, sobre el uso de escalas en andamios en las casas antiguas de Amsterdam. 
Otra cosa es cómo garantizar que las normas se pongan en práctica y que reduzcamos los accidentes por caídas desde alturas. 
Sí, mientras hemos tramitado esta directiva, he prestado más atención a los andamios de Bruselas, y honestamente creo que tenemos un grave problema de implementación con esta directiva. 
El debate que asimismo mantenemos en otros contextos sobre nuevas formas de gobierno, también debe tratar la cuestión de cuál es el modo más eficaz de regular el medio laboral. 
¿Debemos seguir elaborando normas y leyes pormenorizadas o debemos prestar más atención a su funcionamiento real? 
¿Podemos obligar de otra forma a los interlocutores sociales y a los gobiernos nacionales a que garanticen un buen medio laboral? 
Creo que necesitamos nuevos planteamientos. 
Señor Presidente, estimado ponente, señora Comisaria, es para mí un gran placer poder hablar de este asunto. 
Esta mañana un periódico holandés decía: "Europa salva a los limpiacristales". 
Se refería al temor de que quedaría prohibido trabajar subido a una escalera. 
Al final, la presente directiva aporta una solución al respecto. 
Concluye que se pueden efectuar trabajos sobre una escalera a condición de que finalicen en poco tiempo y no entrañen grandes riesgos. 
Pues bien, ahí está el problema. 
En los Países Bajos la gente está contenta, o al menos los limpiacristales y toda una categoría de profesionales autónomos que recorren los Países Bajos y Europa con su escalera, especialistas en mantenimiento, pintores, etcétera. 
En realidad, se conforman con poco. 
Tal vez su felicidad no tenga una larga vida. 
Es probable que en un momento dado la medida se interprete de tal forma en el medio rural que "poco tiempo" no se corresponda ni siquiera con una jornada laboral completa. Ello significaría que resulta imposible llevar a cabo el trabajo. 
No hemos zanjado la cuestión. 
Plantea problemas de viabilidad. 
Si en este Parlamento decidimos ocuparnos de las condiciones laborales hemos de hacerlo bien, refiriéndonos a la categoría de que se trate: trabajadores por cuenta ajena, trabajadores autónomos sin personal, trabajadores autónomos con personal, etcétera. 
Éste es un punto que requiere mayor claridad. 
Señor Presidente, en el debate anterior, en septiembre del año pasado, reafirmé que la salud y la seguridad son cuestiones importantes, y alabé al ponente por la reflexión que había dedicado a su trabajo. 
Estoy encantado de comprobar que el ponente ha llegado por fin aquí y que puede oírme decírselo una vez más. 
Mi queja entonces, y aún hoy, es que asuntos de este tipo convendría dejarlos en manos de los Estados miembros o incluso de las autoridades locales- un argumento que ha defendido con gran elocuencia mi colega, Sr. Jensen, hace un momento. 
Cuando la Comisión publicó la propuesta original sobre este tema, ésta decía que no deben subestimarse las dificultades que encuentran las PYME para poner en práctica las disposiciones. 
A pesar de este comentario, el ponente presentó enmiendas aún más detalladas y luego declaró alegremente en el debate de septiembre que esta legislación favorecía a empresas de tamaño pequeño y mediano. 
Al examinar este informe, que sigue inmediatamente después del informe del Sr. Hughes de hoy, que proponía varias enmiendas a la propuesta de ampliación de la directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo para incluir a los trabajadores del sector del transporte por carretera, hay una cosa que resulta evidente. 
Los que creen que la UE debe legislar hasta el más pequeño detalle, los que incrementan la carga que soportan las empresas, sin ni siquiera saber lo que hacen, no son burócratas de Bruselas que no han sido elegidos en referéndum, sino los propios diputados Laboristas británicos al PE. 
Ahora comprendo a que se refiere Tony Blair cuando dice que el Laborismo está a la cabeza de Europa. 
Cuando se trata de aumentar los trámites burocráticos, los Laboristas británicos son los primeros. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la propuesta legislativa en debate, cuyo contenido acogemos con beneplácito, aborda la necesidad de luchar contra el fenómeno de los accidentes laborales causados por caídas desde las alturas de escaleras y andamios, demasiado frecuente, por desgracia, en todo el espacio de la Unión Europea. 
Nunca está de más recordar el tremendo número de accidentes: según las informaciones facilitadas por la Comisión, todos los años se producen 500.000 caídas desde las alturas, 300.000 de las cuales son motivo para ausencias superiores a tres días de trabajo. 
Por otro lado, de ese valor total hay que registrar casi 40.000 accidentes de gravedad, así como casi mil muertes. 
En la mayor parte de los casos, esos accidentes se deben a una utilización incorrecta de los andamios y las escaleras. 
Ahora bien, en esta como en otras materias de la esfera social, conviene incentivar la creación de disposiciones y legislación común a fin de potenciar la creación de pautas y de una nivelación superior que sea una plusvalía para todos los Estados miembros. 
Estoy segura de que en mi país, donde esa clase de accidentes laborales alcanza cifras alarmantes, esta directiva será una contribución preciosa para evitarlos, pues moverá a las autoridades nacionales competentes a formular normas más estrictas y rigurosas en cuanto al uso de esos equipos de trabajo. 
Por último, quiero subrayar la actuación positiva que ha tenido el Consejo en estrecha articulación y cooperación con el Parlamento a este respecto. 
Como a veces se suele criticar la posición de aquella institución, es justo elogiarla cuando se debe. 
. (EN) Señor Presidente, me siento muy satisfecho con las generosas observaciones que me han dirigido y pido disculpas por no haber llegado a tiempo. 
Podemos agradecérselo al servicio de transporte del Parlamento. 
Tan maravilloso como es trayéndonos todos los días hasta aquí, al parecer se olvidó de mí y acudió con media hora de retraso sobre la hora que le pedí que me recogiera. 
Aparte de esta queja, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los servicios que han participado en este informe tan fructífero. 
Veo a Simon Duffin, por ejemplo, de nuestra Secretaría del Parlamento, que ha tenido un papel decisivo para alcanzar muchos de los compromisos, acuerdos y consensos en nuestra comisión. 
Debemos ser generosos en nuestras alabanzas a personas como Simon y otras personas de la Comisión que han trabajado incansablemente en la elaboración del presente informe. 
Es una primicia. 
El informe, que ha seguido un procedimiento informal beneficia a los empresarios- lo que puede parecerle increíble al Sr. Bushill-Matthews, aunque para comenzar, le agradezco su alabanza inicial. 
No hay nada de cierto en que esto haya surgido del procedimiento sobre salud y seguridad. 
Puede que esto le deje perplejo, pero es así. 
Y es así por varias razones. 
Quizá debamos comenzar recordando la razón que nos llevó a elaborar el presente informe. 
El informe se perdió como una directiva sobre andamios o trabajos en altura, que era un anexo al informe original. 
El motivo por el que se perdió fue que, en un inicio, fue bloqueado por razones en las que ahora no quiero entrar. 
Pero se impuso la sensatez y ahora lo tenemos de vuelta. 
Cada año caen quinientas mil personas desde una altura. 
Es una cifra asombrosa que afecta cada año a toda la Unión Europea. 
De ellas, cuarenta mil- como probablemente ya habrán escuchado- sufren heridas graves; lo suficientemente graves como para darse de baja durante tres o más días. 
Mil de estas personas, lo que es muy lamentable, mueren cada año, con las consiguientes consecuencias para la administración y la carga para las empresas, que deben encontrar sustitutos, formarlos y correr con los gastos de indemnización a las familias. 
Esto supone una pesada carga para las empresas. 
En toda la Unión Europea, los costes se estiman en torno a los 28.000 millones de euros cada año. 
Importe suficiente para construir una gran cantidad de hospitales, colegios, carreteras o lo que queramos, en toda la Unión Europea. 
Y sin embargo, seguimos permitiendo que se produzcan estos accidentes en el lugar de trabajo. 
Perdonen que lo exponga con tanta vehemencia, pero si podemos poner fin a los accidentes en el lugar de trabajo, afirmo que estaremos haciendo un favor a los empleados de la empresa y a las propias empresas. 
Deberíamos intentar hacerlo de la forma más razonable y viable posible. 
Aquellos que me conocen saben que soy una persona práctica y no alguien que está en las nubes deseando que descienda más ideología sobre las empresas, sino alguien que ve las ventajas reales para la persona en el lugar de trabajo. 
He trabajado en altura. 
He intentado acarrear cosas demasiado grandes para que las acarreen personas. 
Lo he visto. 
Permítanme decirles que no se trata de sueños efímeros de alguien del Parlamento. 
Si soy un diputado Laborista que ha presentado legislación, me enorgullezco de ello porque es posible que gracias a dicha legislación se reduzcan los accidentes en el lugar de trabajo. 
No sólo eso, es una legislación que favorece a los empresarios, porque establece la igualdad de condiciones. 
Ya no tendremos la base competitiva de la que se sirven algunas empresas para competir; personas que prefieren saltarse todas estas normas y reglamentos para reducir al máximo los costes, el mínimo denominador en el lugar de trabajo. 
Esta práctica pone en peligro las vidas y los medios de vida de las personas más vulnerables- aquellas que trabajan para dichas empresas. 
El Parlamento ha obtenido un increíble éxito en este proceso. 
Ha salido airoso por numerosas razones. 
En parte, su éxito se debe a que ha conseguido incluir cosas que la Comisión y el Consejo no estaban dispuestos a plantearse en un inicio. 
No se trata de cargas. 
No creo que incluir a los autónomos en esta legislación en particular represente una carga. 
Si contemplamos el sector de la contratación- tomemos a los electricistas, por ejemplo- veremos que la gran mayoría son autónomos. 
El informe no sólo contempla a las empresas de contratación en el sector de la construcción, sino que ha analizado a todo el amplio espectro de personas que trabajan en altura. 
No todas las personas que caen de los edificios y de los andamios trabajan en la construcción, sino que pertenecen a toda una serie de profesiones diferentes. 
Es sorprendente que esto haya podido ser tan tergiversado. 
El Parlamento ha apostado asimismo por el mantenimiento de un equilibrio sensato entre demasiados detalles y aquello que debe ser regulado. 
Necesitamos regulación si queremos conseguir los niveles que desea una Unión Europea civilizada. 
Esta medida se vio resaltada por el hecho de que el Parlamento ha adoptado un interés muy maduro en algunos de estos detalles y ha ayudado efectivamente a las personas, por ejemplo, a las que deben acarrear enormes pesos por escaleras de mano, a que se mediten muy seriamente los problemas que ello podría acarrearles y las gravísimas lesiones que podrían sufrir. 
Los Socialistas no han sido los únicos que han presentado enmiendas. 
No es cierto que seamos una especie de camarilla taimada que se dedica a destruir empresas. 
También el otro ala de la Asamblea ha presentado enmiendas. 
No lo olvidemos. 
Usted está criticando también a sus propios colegas. 
La elaboración de esta legislación representa todo un éxito. 
Es el fruto del consenso y de la buena voluntad que han reinado en nuestra comisión. 
Agradezco a todas las personas que han participado. 
Espero que podamos disfrutar del éxito durante muchos años venideros. 
. Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar mi satisfacción por representar a mi colega, la Sra. Diamantopoulou, en el procedimiento legislativo de esta propuesta de Directiva sobre caídas desde una altura que, previsiblemente, adoptarán definitivamente mañana sus Señorías. 
Quiero señalar que gracias a la tenacidad del Sr. Skinner, su ponente, se ha conseguido un acuerdo con el Consejo y, por lo tanto, al final, hay una posición común que permitirá desbloquear y salir adelante con esto. 
Queda pendiente la cuestión de los trabajadores autónomos, como se ha señalado, y el Consejo y la Comisión tienen previsto emitir una declaración conjunta que exprese su voluntad de hallar una solución válida para todas las personas implicadas en la preparación, realización y terminación de trabajos temporales de altura. 
Quiero felicitar a todos por su labor, al ponente, muy especialmente, y a todos los oradores, y decir que cuando hablamos de la salud y de la seguridad en el trabajo no consideramos si se trata de trabajadores asalariados o de trabajadores autónomos. 
Lo que nos importa es la salud de los trabajadores, cualquiera que sea su modo de contratación o de trabajo. 
Muchas gracias, señora Comisaria Loyola de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Aprovisionamiento de petróleo de la Unión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0163/2001) del Sr. Linkohr, en nombre de la Comisión e Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la comunicación de la Comisión "El abastecimiento de petróleo de la Unión Europea" (COM (2000) 631- C5-0739/2000- 2000/2335 (COS) ). 
Señor Presidente, permítame que pierda algo de tiempo, pero es que nos habían informado de que el informe Linkohr se trataría a las 22.00 horas. 
Evidentemente, usted ha avanzado a través de los trabajos a una velocidad extraordinaria y el Sr. Linkohr ha debido creer por error que su presencia no sería requerida hasta las 22.00 horas. 
En lo que a mí respecta, acabo de llegar y soy ponente suplente. 
¿Podríamos quizá esperar un poco más? 
Es evidente, señor Purvis, que se pueden invocar todas las razones, pero el Sr. Linkohr es un hombre muy conocido en esta Asamblea y de la mayor responsabilidad. 
Yo quería referirme más a la coincidencia que a su propia responsabilidad. 
Creo que habrá alguna razón relevante que le impida estar aquí en este momento, pero también debo decir que, en cuanto a la programación de las intervenciones, la Mesa hace previsiones relativamente seguras. 
Por tanto, los diputados también tienen que prestar alguna atención a lo que está sucediendo en las pantallas de control y ver más o menos cuándo se aproxima su hora de intervención. 
Y, por tanto, en ese equilibrio es en el que- sin criticar en modo alguno a los tres ponentes que hoy, por un conjunto de circunstancias, no están aquí- el Parlamento tiene que funcionar y trabajar. 
Pero estoy seguro de que el Sr. Linkohr está al llegar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, la forma de vida moderna depende de tal manera del petróleo como fuente de energía que si de repente dejase de existir, casi todo quedaría paralizado. 
¿Se pueden ustedes imaginar nuestra vida sin los transportes aéreos y sin coches? 
La comunicación de la Comisión, excepcionalmente significativa en el contenido y audaz en sus constataciones, sobre el abastecimiento de petróleo de la Comisión Europea, el informe del Sr. Linkohr sobre esta, las opiniones de las Comisiones de Transportes, de Medio Ambiente, así como la de Política Económica y Monetaria, que me ha hecho el honor de encargarme la opinión, son claras y, todas convergen, o mucho o poco, en algunas constataciones oportunas. 
Primero, el consumo mundial de petróleo, de 77 millones de barriles diarios en el año 2000, va a llegar, si sigue al ritmo actual, a 115 millones de barriles, es decir, casi se va a doblar. 
Segundo, los especialistas prevén que la máxima capacidad de producción diaria no va a poder superar los 90 millones de barriles y los descubrimientos de nuevos yacimientos ya llevan una marcha en picado. 
Tercero, la dependencia europea de las importaciones de petróleo es total. 
En la actualidad llega al 75% y en el año 2020 está previsto que supere el 85%. 
Cuarto, se prevé que el precio del petróleo bruto permanezca alto, por lo menos entre 22 y 28 dólares el barril, y la tendencia más posible es que siga subiendo. 
Si a esto unimos el elevado precio del dólar, entonces es inevitable el aumento del coste y, por consiguiente, la competitividad más baja de los productos europeos, que se debe también a la fiscalidad de los productos petrolíferos en la Unión Europea. 
Naturalmente, esto va a intensificar también la presión en la inflación. 
Quinto, es enorme el número de muertos en accidentes de tráfico que ya puede competir con el de muertos en guerras grandes. 
Sexto, la contaminación atmosférica en nuestro planeta se debe en un 70%, atención, se debe a los transportes y sólo en un 7% a la industria, y aunque la crítica se limita vagamente a la contaminación causada por la industria, cuando los coches y los aviones son los principales contaminadores de nuestro planeta. 
Y ya que tenemos tiempo, tal como han dicho, si fuera posible desearía completar mi postura, además creo que el tema es importante, señor Presidente. 
El petróleo es valioso también por otros usos importantes como, por ejemplo, para producir medicamentos. 
Por consiguiente, siendo una fuente no renovable no debe derrocharse. 
Si lo mencionado anteriormente es verdad, y esto es lo que el informe de la Comisión nos dice, entonces lo que debemos hacer es evidente; pero también es excepcionalmente difícil. 
Debemos dirigirnos a largo plazo, y especialmente la Unión Europea, hacia otras fuentes de energía, como el gas natural, el hidrógeno, que además es abundante en nuestro planeta, la energía nuclear, poniendo énfasis en la fusión del átomo- y naturalmente en todas las fuentes sostenibles, entre las que la energía solar ocupa un lugar privilegiado. 
A corto plazo, y termino señor Presidente, la Unión Europea deberá buscar petróleo y gas natural en más fuentes geográficas, especialmente en la región del Cáucaso. 
También debe intentar llegar a un acuerdo con la OPEP sobre la estabilización de los precios y de pagos en euros en lugar de en dólares aumentando al mismo tiempo las reservas de seguridad. 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
, ponente. (DE) Señor Presidente. si hubiésemos celebrado este debate sobre el aprovisionamiento de petróleo de la Unión Europea hace medio año, probablemente habría suscitado mucha más atención y seguro que muchos periodistas habrían informado al día siguiente al respecto. 
Yo dudo que hoy suceda lo mismo, pues entretanto han vuelto a calmarse las aguas. 
Sorprendentemente, entonces- cuando los precios de los carburantes no eran tan espectacularmente altos, si bien estaban en alza- las calles estaban llenas de manifestantes y si en aquel momento se hubiesen celebrado elecciones en algún país, el Gobierno seguramente habría tenido considerables dificultades para lograr la reelección, a pesar de que nada podía hacer para remediar la situación. 
Pero la psicología pesó mucho. 
La gente estaba desconcertada y muchas personas salieron a la calle y estaban indignadas. 
¿Qué quiero decir con esto? 
Quiero decir que la política en relación con el petróleo puede tener repercusiones extraordinarias sobre la opinión pública de nuestros países y que debemos ser prudentes cuando hablamos del petróleo. 
Al parecer, la gente se habitúa a los precios altos. 
Ahora el precio del crudo es de 30 dólares el barril y no ha habido una sublevación; entonces incluso existía este riesgo. 
Con todo esto quiero indicar que no se trata de un tema irrelevante y, por lo tanto, tenemos que procurar contribuir a una estabilización de los precios, aun a sabiendas de que en los próximos años éstos tenderán naturalmente al alza más que a la baja- debido a la mayor escasez de petróleo y por razones ecológicas -, pero las oscilaciones bruscas son arriesgadas. 
La Comisión publicó entonces una Comunicación, por la que yo ahora quiero felicitarla retrospectivamente. 
Yo la encuentro extraordinariamente útil e inteligentemente elaborada y creo que su mensaje más importante- que también deseo transmitir en mi informe- es que necesitamos establecer una relación ordenada con la OPEP. 
Necesitamos mantener un diálogo con la OPEP y la Unión Europea debe hablar, sobre todo, con una sola voz en este marco. 
No con quince voces, sino con una sola. 
Me complace hacerle una deferencia, señora Comisaria, pero lo hubiese dicho en cualquier caso: ¡Ha de ser la Comisaria quien hable en nombre de la Unión Europea! 
Me parece perfectamente concebible que podamos mantenernos dentro de la franja de unos 22-28 dólares el barril, que también aspira a establecer la OPEP. 
Yo creo que hasta 30 dólares el barril tampoco serían una catástrofe, aunque 25 dólares serían preferibles que 30, a causa de la inflación. 
¿Cuáles son los puntos conflictivos, también en esta Asamblea? 
Por un lado, el tema de la armonización fiscal, de la armonización de los impuestos sobre los combustibles minerales. 
Yo quiero pronunciarme fervientemente a favor de dicha armonización, aun cuando sé que una serie de colegas opinan de otro modo y consideran que la política fiscal debe ser competitiva. 
No obstante, en interés de los conductores de vehículos pesados y de las empresas de transportes que están inmersos en la competencia mutua, me parece absolutamente necesaria y también justa la armonización de las condiciones de competencia. 
El segundo tema que nos separa y con el que tenemos dificultades es el de la aplicación de las reservas, de los stocks. 
Ahora bien, yo también sé que dichas reservas, las cantidades que hemos almacenado durante estos 90 días son, naturalmente, incomparablemente reducidas en relación con el petróleo depositado en el subsuelo y que la liberación de dichas reservas también influye poco sobre el precio de la energía. No soy tan ingenuo como para pasarlo por alto. 
No obstante, aun así yo creo que puede ser psicológicamente favorable liberarlas en caso de crisis, si bien reconozco que esto puede ser discutible. 
El tercer tema que deberíamos tratar- y yo soy muy prudente en este aspecto- es el de la aplicación de instrumentos fiscales en caso de crisis. 
Tal vez alguien me replique que esto es muy aventurado, pero yo quisiera recordar que el Gobierno francés defendió en aquel momento la reducción de las tasas, en contra de las directivas europeas, y la ha mantenido hasta ahora. 
Es decir, que nos enfrentamos con situaciones reales, que no podemos eludir. 
Lo que me da que pensar es que la OPEP se haya alineado con Estados Unidos en la política relativa al clima. 
Esto significa que estamos tratando con un aliado de los Estados Unidos, que podría llegar a ser peligroso en el contexto de la política relativa al clima. 
Yo sería muy partidario de que también pudiésemos hablar con la OPEP sobre esta política. 
Yo tengo el absoluto convencimiento de que podríamos alcanzar un compromiso. 
, ponente de opinión de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. (DE) Señor Presidente, yo quiero felicitar al colega Linkohr por su informe, aun cuando- pero esto es consecuencia del resultado de las votaciones- en mi calidad de ponente de la Comisión de Transportes no me satisface demasiado la escasa atención que recibe un factor esencial justamente para el sector del transporte, como son los usos del petróleo. 
El colega Linkohr ha recordado la situación que se produjo ante las oscilaciones bruscas y en parte erráticas del precio del petróleo, así como el hecho de que una serie de países adoptaron medidas que, por un lado, no son conformes con las normas y principios de la Unión Europea, pero, por el otro lado, tampoco responden a lo que estamos debatiendo hoy, justamente desde el punto de vista del desarrollo sostenible. 
En efecto, no podemos olvidar que lo que se debate no es sólo el presente informe, sino también la gran tarea de la Presidencia sueca y de la Cumbre de Gotemburgo en relación con el desarrollo sostenible. 
Aunque el tema de Irlanda haya pasado a ocupar un lugar más destacado, debido a su actualidad, no debemos olvidar esta orientación de fondo. 
Yo me congratulo muy especialmente de que el Presidente de la Comisión haya manifestado hoy con toda claridad que el desarrollo sostenible es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la Unión Europea y esto incluye también una política de transportes orientada en ese sentido. 
También incluye asimismo una política de precios que evite oscilaciones erráticas, tal como ha señalado el colega Linkohr, pero que no suscriba por razones populistas la posición de que cuanto más bajos sean los precios en el sector del transporte, mejor. 
No, también es absolutamente necesario que el sistema y la estructura de los precios en el sector del transporte, sobre todo en las actividades que utilizan petróleo, responda a los objetivos en materia de política de transportes. 
Y dichos objetivos, que también defiende la Comisaria, son transferir progresivamente el transporte de la carretera al ferrocarril siempre que ello sea posible y razonable. 
La adopción del paquete relativo a los ferrocarriles, la propuesta de nuevas medidas por parte de la Comisaria, que estamos esperando, todo ello también tiene por objeto conseguir dicha transferencia, sobre todo en el ámbito del transporte de mercancías y del transporte de pasajeros y de cercanías, como una contribución esencial al desarrollo sostenible. 
El último punto que quisiera comentar es el de la estructura urbanística. 
Sabemos que no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, pero yo creo que debemos presionar en los distintos Estados miembros- el informe Linkohr también lo menciona- para que como parte de su ulterior desarrollo urbanístico siempre tengan presente que dondequiera que se construya, donde se construyan viviendas, empresas, etc., también debe haber medios de transporte público lo más eficaces y respetuosos con el medio ambiente posible. 
También esto es importante si no queremos que la sostenibilidad sea sólo un título, sino dotarla también de contenido. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Linkohr merece ser acogido muy favorablemente. 
Es un informe equilibrado con sugerencias viables sobre cómo mejorar la situación intermitentemente precaria del aprovisionamiento de petróleo. 
Su precariedad quedó patente el pasado otoño cuando se dispararon los precios o como ocurre ahora con la decisión de Iraq de poner fin a las exportaciones de petróleo. 
Es precaria porque dependemos para el aprovisionamiento de petróleo de zonas del mundo inestables. 
Es intermitente porque estas crisis duran períodos relativamente cortos porque las fuerzas del mercado ejercen su influencia y rectifican la situación. 
De hecho, la volatilidad de los precios del petróleo, que en los últimos 18 meses han pasado de 10 a 34 dólares USA el barril, representa un problema igual de grave para los proveedores como para los consumidores. 
Esto nos brinda una oportunidad porque la estabilidad de los precios nos interesa tanto a nosotros en Europa como a los países proveedores de petróleo. 
Deberíamos realizar un esfuerzo mucho más coherente para desarrollar un diálogo con los países exportadores de petróleo, con Oriente Próximo, con Rusia, con los países del Caspio y del Cáucaso y con África Occidental. 
No debemos perseguir este diálogo sólo cuando hay escasez o cuando existe un mercado del vendedor o cuando nos interesa a nosotros. 
Debemos perseguirlo también cuando se invierte la situación, cuando existe un exceso de la oferta y un mercado del comprador. 
Como ejemplo práctico, Europa debería alentar y facilitar la construcción de oleoductos y gasoductos desde dichos lugares hasta el corazón de Europa. 
Tampoco deberíamos pasar por alto el potencial de nuestros propios yacimientos petrolíferos, en particular los de mi circunscripción escocesa. 
La investigación y el desarrollo y técnicas mejoradas de recuperación ya han prolongado la vida y la productividad de los yacimientos del Mar del Norte y de la plataforma continental. 
Pero se puede hacer aún más. 
Debemos buscar también oportunidades de ahorrar energía, sobre todo en el sector del transporte. 
Sí, debemos esforzarnos en el fomento de las energías renovables y alternativas. 
Pero no podemos compartir el entusiasmo del Sr. Linkohr por la armonización de los tipos impositivos y utilizar la armonización fiscal, aplicada a nivel europeo, y la manipulación de reservas de petróleo estratégicas para regular los precios del crudo. 
Los tipos impositivos deben fijarlos los Estados miembros y no hay ninguna duda de que éstos no desean adoptar la directiva aplazada durante tanto tiempo sobre el régimen fiscal de los productos energéticos. 
Los impuestos sobre la energía deben fijarse en el contexto de un mercado europeo abierto y competitivo, lo que por sí solo garantizará que los costes de los combustibles no son demasiado dispares entre los distintos países. 
No podemos permitirnos perjudicar nuestras economías, nuestras industrias ni a aquellos que viven y trabajan en nuestras zonas rurales y más apartadas. 
Sí, el aprovisionamiento de petróleo es una cuestión que debe preocuparnos a todos. 
La comunicación de la Comisión y el informe del Sr. Linkohr son contribuciones valiosas para comprender el problema y definir posibles soluciones. 
Si logramos modificar los pocos aspectos inaceptables que he detallado, este Grupo apoyará encantado el informe del Sr. Linkohr. 
Señor Presidente, señor Ponente, querido Rolf, queridos colegas, el problema de la seguridad de los suministros de energía no es nuevo en el seno de la Unión Europea. 
Hace poco más de un año, como lo recordaba el ponente, cuando los precios del petróleo se dispararon, se pudo comprobar hasta qué punto Europa podía desestabilizarse por las maniobras especulativas de los principales exportadores de petróleo. 
Ahora, otra vez tributaria de su fuerte dependencia, Europa no ha sabido reaccionar de manera coordinada. 
Actualmente es, pues, primordial adoptar una estrategia coherente que permita a la Unión Europea garantizar dicha seguridad. 
En efecto, en el año 2000 Europa importó el 75% de su consumo total de productos petroleros y de aquí a 2020 esta cifra alcanzará el 85%. 
Por lo tanto, debemos tomar medidas para reducir nuestra dependencia. 
Estas medidas suponen ante todo diversificar nuestras fuentes de abastecimiento, y debemos elaborar estrategias a largo plazo con respecto a las regiones del Golfo Pérsico, del Mar Caspio y del Cáucaso, aunque más no sea para limitar la influencia de la OPEP. 
En el mismo orden de ideas, debemos felicitarnos por las iniciativas que la Comisión ha adoptado en el plano energético en el contexto de la cooperación euromediterránea. 
La Unión Europea tiene todo para ganar intensificando un diálogo a través del Foro euromediterráneo de la energía. 
La reducción de nuestra dependencia en relación con los países exportadores de petróleo supone igualmente una diversificación de las fuentes de energía. 
Me refiero, naturalmente, a las fuentes de energía renovables y a los biocarburantes. 
Pero también a la energía nuclear a pesar de que sé que quienes se oponen a dicha energía son muy numerosos en esta Asamblea. 
Tenemos que hacer hincapié, evidentemente, en la necesidad de realizar investigaciones para limitar al máximo la producción de residuos y los riesgos para la seguridad. 
El gas puede constituir también una fuente alternativa, y apoyo la propuesta tendente a realizar un estudio de viabilidad sobre la construcción de nuevos oleoductos y gasoductos entre Oriente Medio, África Occidental y Europa. 
Otro plan de nuestra estrategia debe concentrarse en la racionalización del ahorro energético, y saludo la propuesta de la Comisión tendente a someter al Consejo de Gotemburgo un plan de ahorro energético y de diversificación de las fuentes de energía con miras a una utilización más eficaz de la misma. 
El transporte constituye, finalmente, un sector que merece toda nuestra atención. 
Según las previsiones, en 2020 representará el 71% de la demanda de petróleo, y como ponente tomo nota con interés de la petición del ponente Rolf Linkohr de llevar a cabo investigaciones en el marco del sexto PMID. 
Para finalizar, creo asimismo que la armonización del impuesto debe desempeñar un papel importante en la estrategia que acabo de mencionar, y en ese sentido suscribo las propuestas presentadas por mi colega Rolf Linkohr. 
Concluyo mi intervención felicitándolo por su trabajo y su competencia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo también quiero dar las gracias al ponente, Sr. Linkohr, por su excelente informe. 
Nuestro Grupo apoya las líneas generales del informe. 
La dependencia de la importación de petróleo por parte de la Unión está aumentando de forma preocupante, a la vez que se dificulta el abastecimiento de petróleo y van subiendo los precios. 
El objetivo de la estrategia global de la Unión debe aspirar a reducir el grado de dependencia de Europa de la importación de energía. 
Al mismo tiempo, necesitamos un diálogo fluido con las asociaciones de los países productores, tal y como se señala en el informe. 
En este contexto, quiero referirme a la cooperación con Rusia. 
Los recursos en gas y petróleo de la región de Barents, entre otras, representan una importante reserva también desde el punto de vista del aprovisionamiento de energía por parte de Europa. 
La Unión también debe esforzarse con más ahínco en reemplazar el petróleo por otras fuentes de energía alternativas. 
Especialmente, las fuentes de energía renovables y los biocarburos pueden contribuir a sustituir una parte del consumo de petróleo e impulsar, al mismo tiempo, los objetivos de Kioto. 
Esto implica una asignación de recursos por parte de la Unión a la investigación de las energías renovables y al fomento de su utilización. 
Y tampoco hay que menospreciar los combustibles renovables locales, cuya regeneración es demostrable científicamente, como ocurre, por ejemplo, con la turba en algunas regiones, o con los residuos de corcho o los huesos de aceituna en otras. 
Otro medio importante de reducir la dependencia del petróleo es el ahorro energético. 
Un ejemplo es la creciente atención que se presta al aspecto energético en la construcción y en el transporte. 
La forma más simple de ahorrar energía es mejorar la eficiencia energética de los edificios, armonizando en esa dirección la normativa relativa a las construcciones. 
Del mismo modo, las materias primas que contengan petróleo pueden ser sustituidas por materiales renovables, como, por ejemplo, la madera. 
El consumo de petróleo puede reducirse en el transporte mediante una mejor planificación, nuevas tecnologías y transportes menos contaminantes, así como fomentando la investigación de carburantes alternativos a la gasolina. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Sr. Linkohr que haya elaborado un informe tan imparcial. 
Estoy de acuerdo respecto a la importancia de las políticas con visión de futuro. 
Cuando los precios del petróleo suben, ahorramos energía, pero cuando caen no lo hacemos. 
Ésa es una visión muy miope, como estoy segura de que reconocerá la Sra. Comisaria. 
El ahorro de energía y su utilización racional deben formar parte de nuestra estrategia para garantizar el aprovisionamiento. 
El ponente señala acertadamente que es posible ahorrar grandes cantidades de petróleo si aplicamos la tecnología de que disponemos actualmente. 
El petróleo es una fuente de energía costosa y no renovable, y su consumo no debería ser derrochador. 
Por consiguiente, apoyo la propuesta de la Comisión de presentar al Consejo de Gotemburgo un plan de ahorro energético y de diversificación de las fuentes de energía con vistas a un consumo energético más eficiente. 
Y aún más importante es el sector del transporte. 
Debemos acoger con la máxima satisfacción que se haga hincapié en la utilización de biocarburante y energías renovables en este sector. 
Debemos desarrollar una nueva generación de vehículos. 
El consumo energético en el sector del transporte es nuestro mayor problema. 
El informe presenta propuestas muy satisfactorias en este sentido. 
No obstante, el Grupo de los Verdes no puede estar de acuerdo con que la energía nuclear es segura ni con que sea un sucedáneo aceptable del petróleo. 
En vez de eso, deberíamos realizar el misma tipo de investigación en energía renovable que la que hemos presenciado en energía nuclear durante los últimos 40 años. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, el problema del abastecimiento de petróleo es real. 
Sin embargo, en mi opinión, el informe que estamos analizando no intenta solucionarlo teniendo como norma los intereses de los pueblos de Europa. 
Sus ejes básicos tienen como objetivo la mejora del imperialismo comunitario en el marco de la competencia con los Estados Unidos de América. 
Determinados objetivos, como limitar la fuerza de la OPEP, trazar una estrategia a largo plazo para las regiones del Golfo Pérsico, del Mar Caspio y del Cáucaso, ponen de relieve una política de intervención imperialista multiforme. 
Igualmente, el ponente reconoce que la crisis del 2000 no ha sido una crisis real de abastecimiento. 
En realidad, los hechos han demostrado que la culpa de los elevados precios, la tienen la acción especulativa de los grupos monopolísticos y la grave fiscalidad estatal en los países de la Unión Europea. 
A pesar de todo, el informe ataca la reducción de la fiscalidad y propone la armonización de los impuestos a niveles más altos, cubriendo esta opción antipopular con el manto de la sensibilidad ambiental. 
Naturalmente nadie va a estar en desacuerdo con la necesidad de desarrollar la tecnología para ahorrar energía, ni con la de fomentar las energías renovables. 
Pero el problema del abastecimiento no se puede solucionar en el ámbito de la economía liberal, en donde el mayor consumo rinde el mayor beneficio. 
Creo que sólo una fuente de energía exclusivamente estatal puede predominar en cada país y explotar las fuentes de energía ya existentes, calculando tanto el coste económico como la protección del medio ambiente, y que tenga como norma el interés popular. 
Se trata de un tema profundamente político que está conectado con la posibilidad de trazar una planificación central nacional en el marco de una economía con medios de producción socializados en los sectores cuya importancia es estratégica. 
Señor Presidente, según la Comisión el término diversificación es la palabra clave del abastecimiento energético de la Unión Europea, entre otras razones para evitar una mayor dependencia del petróleo importado. 
En primer lugar, el diálogo con los países productores de petróleo permite diversificar la cartera de proveedores. 
Esta diversificación del riesgo es recomendable para impedir que algunos países concretos lleguen a ocupar una posición hegemónica en lo que al aprovisionamiento de petróleo en Europa se refiere. 
Además, la Comisión y el ponente utilizan el diálogo como instrumento para estabilizar la evolución de los precios. 
Se trata, no obstante, de un problema difícil de solucionar. 
A esto se añade que ni el mantenimiento de reservas estratégicas ni las medidas fiscales son lo suficientemente convincentes como para controlar los precios. 
Existe el peligro de que por causa de estos instrumentos el ajuste de la oferta y la demanda se haga esperar porque el mercado no registra correctamente los estímulos. 
La contención de los precios no es la única solución posible. 
También puede averiguarse si un aumento de la capacidad de las refinerías resuelve el problema. 
El incremento de la capacidad puede absorber el crecimiento de la demanda sin ocasionar una inmediata subida de los precios. 
En tercer lugar, se impone una diversificación según la naturaleza de la fuente de energía, tal y como sugieren la Comisión y el ponente. 
Desde esta perspectiva, el petróleo debe ser sustituido por fuentes de energía alternativas en aquellos sectores en que ello resulta posible. 
De este modo, el gas natural y las fuentes de energía renovables pueden contribuir a la diversificación de la oferta. 
Ello no obstante, el desarrollo sostenible no consiste únicamente en fomentar el uso de las fuentes de energía renovables. 
Las estrategias nacionales en materia de sostenibilidad dotan al mercado de medidas complementarias diversas. 
A escala europea es preciso evitar que esta diversificación según la fuente de energía y la procedencia geográfica endurezca la competencia, en detrimento del medio ambiente y las condiciones laborales. 
La elaboración de un sistema de certificación que tenga en cuenta la naturaleza y la procedencia de la energía supone un primer paso en esta dirección. 
En este marco pueden adoptarse medidas nacionales específicas para cada fuente de energía. 
De cara al proceso de ampliación, este planteamiento aporta la necesaria flexibilidad, tanto para los Estados miembros como para los países candidatos. 
A modo de conclusión quisiera subrayar que como consecuencia de la ferviente búsqueda del mejor precio el mercado acabará en manos de los países que logren el precio de costo más bajo. 
Por eso mismo, la contención de los precios no puede ser la única apuesta del diálogo. 
Al contrario, hemos de apostar por las condiciones básicas de un abastecimiento energético fiable y sostenible. 
Señor Presidente, felicito a mi colega Sr. Linkohr por su informe. 
Es una contribución satisfactoria al debate más amplio sobre la seguridad de aprovisionamiento de energía en Europa, ámbito en el que trabajo actualmente. 
Quisiera referirme a cuatro puntos. 
Respecto al apartado 1, en el que se pide que es establezcan diálogos efectivos con los países proveedores, esta misma tarde he asistido a una reunión en la que se ha hablado sobre la Carta de la energía y la importancia de crear dicho marco, en particular, para nuestras relaciones comerciales e inversionistas con Rusia, como una de las principales fuentes de petróleo y gas. 
Quisiera hacer hincapié en la importancia de esta iniciativa. 
A continuación, el apartado 7 pide que la UE haga mayores esfuerzos para sustituir el petróleo en la medida más amplia posible. 
Apoyo ese apartado. 
Existe un gran potencial y esperamos con interés poder conocer este mismo año las propuestas de la Comisión encaminadas a fomentar los biocombustibles y otras fuentes de energías alternativas como suplemento- y quizás como complemento- del petróleo que consumimos actualmente. 
En tercer lugar, el apartado 27, en un enfoque diferente, insta a la Comisión a que fomente el aumento de la producción de petróleo en Europa mediante técnicas mejoradas de extracción. 
Ésta es sin ninguna duda una política sensata de cara a hacer un mejor uso de nuestros recursos. 
En cuarto lugar, el apartado 30 insta a los Estados miembros a que trabajen en los ámbitos de alojamiento y transporte, en los que podemos mejorar de manera significativa nuestra eficiencia energética y nuestra conservación de la energía. 
En estos dos casos es necesario un enfoque sensato. 
Por último, me parece que quizás lo más importante que debemos hacer- un reto al que deberemos enfrentarnos- es influenciar y cambiar la opinión pública sobre la necesidad de conservación y eficiencia. 
Señor Presidente, estimados colegas, doy las gracias al Sr. Linkohr por su documentado informe. 
Sin embargo, yo creo que no dependemos del petróleo, sino que dependemos del coche y del transporte. 
De ellos dependemos sin más, pues pronto representarán el 70 por ciento del consumo de petróleo. 
Aquí están, rodeando este edificio y todos los Parlamentos nacionales de Europa, y todas las oficinas, los mismos que se tragan nuestro petróleo. 
¿Quién ha oído hablar de una oficina sin coches? 
No existen. 
Bueno, podremos modificar la técnica de los motores y desarrollar los carburantes, pero la solución eficaz por excelencia es reducir el tráfico o reordernarlo dando preferencia al transporte sobre raíles, como ya ha sido propuesto. 
El ponente propone ventanas más herméticas. 
Esto supone un ahorro importante, se ahorraría el 20 por ciento de petróleo. 
Nosotros hicimos lo propio en mi país hace ya 25 años: ventanas triples. 
¿Y ahora qué? 
El transporte de la propia energía es un problema. 
Abogo por las energías locales. 
Por ejemplo, en Finlandia el 30 por ciento de la superficie es pantanosa. 
Aprovechamos menos del uno por ciento de la misma, y esa energía no debe ser transportada a ningún sitio. 
Se trata de una solución acertada. 
Por ello, creemos que es razonable utilizar la turba en la medida en que se regenera anualmente. 
Pero está claro que no conseguiremos materializar estos ahorros. 
La adopción de las energías renovables no ocurrirá con la rapidez necesaria. 
Así pues, hay que hacer algo diferente, y yo creo que debe ser la energía nuclear o el gas natural. 
Tomemos el gas natural, que se encuentra en la región nórdica de Barents, como indicó el Sr. Pohjamo. 
Allí existe en inmensas cantidades, de mayor volumen que el mar Caspio. 
Podría incluso tratarse del vértice estratégico de la dimensión nórdica. 
Doy las gracias a la Sra. Comisaria por el diálogo energético con Rusia, pero éste debe ser impulsado. 
Mi propuesta es que constituyamos una compañía mixta entre la Unión y Rusia que sirva de atajo. 
Los socios de Rusia son grandes y están acostumbrados a los atajos. 
A través de ellos, ganaremos en rapidez y, de camino, desarrollaremos la legislación. 
Además, hay guerra en el Cáucaso, pero reina la paz en el norte. 
Allí sólo hay osos polares y escandinavos poco habladores. 
La colaboración funcionaría y nos aseguraríamos el aprovisionamiento de energía. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ¿qué tiene de gracioso la subida? 
Un debate parlamentario a la hora de los fantasmas o poco antes de esa hora. 
Yo les ruego que disculpen mi retraso, como el de otros colegas, pero este hecho también tiene un significado especial. 
Miramos a nuestro alrededor y observamos que casi no hay nadie, y los pocos que están presentes o lo estaban y ya han intervenido se apresuran a marcharse, como fantasmas, que aparecen por un instante y luego vuelven a desaparecer. 
Si sólo se tratase de un debate sobre fantasmas, no sería demasiado grave. 
Pero estamos hablando del dinero de los contribuyentes, de transparencia, de democracia, de la sustancia de la economía y la movilidad modernas. 
Por fortuna, tenemos a un Harry Potter entre nosotros, que esta noche es Rolf Linkohr, que se preocupa de que también avancemos un poco en relación con estos temas y que tiene una mirada atenta e infalible, capaz de captar un fundamento del que muchos de nosotros ni siquiera tenemos conciencia, un fundamento de nuestra sociedad actual. 
Cuando constatamos que sólo quedan once diputados, queda al descubierto la fuerza y también la impotencia del Parlamento. 
No obstante, a pesar de todo se trata de un debate central. 
En efecto, ¿qué es lo que se discute? 
Yo creo que tres problemas. 
En primer lugar, el tema sigue siendo la democracia, la justicia social y la ecología en Europa. 
Aunque consigamos los progresos necesarios en el ámbito de la democracia y logremos mantener la justicia distributiva tendencialmente existente en la estructura social, sigue quedando pendiente la cuestión ecológica. 
De ésta trata el presente informe. 
Un punto del informe merece nuestra atención, a mi parecer, pues es verdaderamente importante. 
Me refiero a la enmienda 6 que- si el Pleno la aprueba y yo deseo encarecidamente que así sea- marcaría el cambio de una sugerencia general al Consejo a una exigencia clara de que por fin se avance en la armonización fiscal. 
La armonización fiscal, también justamente en el ámbito de la energía, es un elemento imprescindible para que los ciudadanos comprendan que nos estamos aproximando no sólo en el aspecto social, sino también desde el punto de vista democrático. 
Tienen que desaparecer los desequilibrios en este ámbito; por ejemplo que un transportista de mi país, Austria, se enfrente con unas condiciones de competencia totalmente distintas a las que encuentra otro algunos kilómetros más allá, en Alemania o en Francia. 
La Comisión debe actuar ante esta situación y, sobre todo, debe actuar el Consejo. 
Yo espero que por intermedio del vehículo del informe sobre la energía logremos avanzar un poco en este ámbito. 
Sin transparencia no es posible la democracia, tampoco en Europa. 
Por esto yo abogo firmemente por que, además de adoptar el informe, también avancemos en el ámbito de la armonización fiscal. 
. Señor Presidente, Señorías, antes que nada quiero agradecer al Sr. Linkohr su excelente informe, que va en la línea de la Comunicación sobre el abastecimiento de petróleo que la Comisión adoptó en octubre del año 2000, que, a su vez, continuaba una primera nota que se había suministrado con anterioridad en el mes de septiembre al Consejo. 
Deseo señalar, además, que entre tanto la Comisión ha adoptado el Libro Verde sobre seguridad en el abastecimiento energético que está tan íntimamente ligado con este documento y, desde luego, con el informe del Sr. Linkohr. 
Quiero decir que hoy, aunque no estamos en una situación tan tensa como la que vivíamos en el otoño pasado, la realidad es que los precios del brent rozan los 30 dólares por barril y que, tras las conclusiones de la reunión de la OPEP de la semana pasada, la situación de los precios sigue siendo un elemento de preocupación. 
La causa de la volatilidad se puede determinar en gran medida y, fundamentalmente, en este momento se debe al bajo nivel de reservas imperante, que es un nivel históricamente bajo, desde el invierno de 1999 al 2000, pero, indudablemente también a algo complementario como es la falta de transparencia en los mercados del petróleo. 
En ese sentido, como muy bien señala el Sr. Linkohr y lo pone como punto número uno en la propuesta de resolución que presenta al Parlamento, el diálogo con los países productores, miembros de la OPEP o ajenos a ella, es un paso obligado para resolver el problema de la inestabilidad de los precios del petróleo. 
En ese sentido, hay que ser capaces de hacer una apuesta en común que nos permita llevar a cabo un análisis de los mercados con esos países e instaurar un diálogo permanente. 
Como decía el Sr. Purvis, no se trata sólo de hablar cuando hay carencia de petróleo y están los precios muy altos, sino también cuando están los precios bajos. 
Mantener, por lo tanto, una conexión que nos permita ofrecer transparencia del mercado y mantener una mayor estabilidad de precios, que interesa por igual a países productores y a países consumidores. 
En ese contexto, la cuestión clave es que Europa pueda hablar con una sola voz y que no nos encontremos, como sucede a veces, lamentablemente, en el ámbito de la energía, con posiciones de algún país que se sale incluso de lo acordado el día anterior- y nos ha sucedido hace bien poco. 
En ese contexto, facilitar el desarrollo de la producción dentro de la Unión Europea, como se ha señalado aquí y se defiende en su propuesta de resolución, pero también en países fuera de la OPEP y ajenos a la Unión Europea, redundaría en beneficio de la propia Unión. 
En este contexto, se encuadran cuestiones como la cooperación Unión Europea-Rusia en materia energética, mediante el diálogo lanzado por el Presidente Prodi en la Cumbre Unión Europea-Rusia el 30 de octubre pasado en París. 
Pero podemos afirmar, en cualquier caso, que nuestras opciones de política energética deberán concentrarse en el control de la demanda, tanto por lo que se refiere al petróleo como a las restantes fuentes de energía. 
Por un lado, nuestras fuentes de energía son limitadas; por otro, no podemos tampoco olvidar nuestros compromisos en el terreno del medio ambiente- y me refiero, especialmente, a nuestros compromisos de Kioto -, donde es indudable que tenemos una posición distinta de la de Estados Unidos. 
Pero volviendo a nuestra Comunicación, aparte del diálogo al que al principio nos referíamos, insiste sobre el aumento de la coherencia de las políticas nacionales entre los distintos países de la Unión. 
Debemos, por lo tanto, consolidar los planteamientos comunes, tanto en lo que se refiere a las reservas estratégicas como a la fiscalidad. 
Se trata de reforzar los dispositivos de reservas estratégicas de petróleo mediante una puesta en común de las mismas y, en segundo lugar, en lo que respecta a la fiscalidad, como bien señala el informe del Sr. Linkohr, conviene disuadir de la tentación de amortiguar el alza de los precios del petróleo a través de una reducción de la fiscalidad de los productos petrolíferos. 
Tal planteamiento resultaría contrario a nuestros objetivos en materia de medio ambiente, en particular los que se desprenden del Protocolo de Kioto y supondría transferir los recursos fiscales hacia los países productores. 
Por consiguiente, habría que pensar más bien en aproximar los impuestos especiales entre los distintos Estados miembros y, en ese sentido, creo que habría que ir hacia una horquilla, como opción más ajustada, donde se pudiera combinar un cierto margen para los países de la Unión pero, a la vez, con una mayor coherencia y unas menores distorsiones. 
Quiero referirme a la reducción de la incidencia del petróleo en la economía europea y, consiguientemente, al control de la demanda y recordarles, en primer lugar, que aunque se dice en el apartado 23 de su propuesta de resolución que vamos a presentar en Gotemburgo un plan de ahorro, Señorías, no lo vamos a presentar. 
Lo que planteamos es, en el ámbito del Libro Verde que está discutiéndose en el Parlamento, una serie de medidas de ahorro energético. 
Y lo que haremos en Gotemburgo es presentar ya de forma articulada alguna de las propuestas. 
Por ejemplo, una relativa a la mejora de los rendimientos energéticos de los edificios, sector en el cual, como ha señalado alguno de los intervinientes, existe un gran potencial de ahorro. 
Por último, y visto el peso que adquiere el sector del transporte en la demanda de petróleo, es preciso reequilibrar la importancia relativa de los modos de transporte y ése va a ser uno de los ejes, por no decir el eje principal, del Libro Blanco que espero que en las próximas semanas sea aprobado por parte de la Comisión. 
Finalmente, la Comisión también pretende potenciar el respaldo de la nueva generación de vehículos y de carburantes de sustitución y presentaremos próximamente una comunicación sobre los carburantes alternativos- se ha hablado de ello aquí- y una directiva donde plantearemos una propuesta sobre el índice mínimo de utilización de biocarburantes y otra sobre medidas de desgravación que inciten a la utilización de los biocarburantes. 
Señorías, señor Presidente, la crisis del petróleo ha llamado la atención de la opinión pública, la ha sacudido, sobre el problema de la energía. 
Sin embargo, esta crisis se plantea de manera simultánea con otros grandes retos. 
Estoy pensando en cuestiones como nuestra mayor dependencia exterior o el problema del calentamiento climático. Todo ello nos ha llevado a plantear un debate, una reflexión global, sistemática y exhaustiva a través de las propuestas que planteamos en nuestro Libro Verde. 
Entiendo que con este debate y con la propuesta de resolución del informe del Sr. Linkohr estamos sentando las bases de lo que deben ser las conclusiones del futuro Libro Verde y, en ese sentido, quiero felicitar, una vez más, al ponente por la magnífica labor realizada y agradecer todas las contribuciones de sus Señorías. 
Protección de cerdos 
. (DA) Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría comenzar dando las gracias a Albert Jan Maat del Grupo PPE y a Heinz Kindermann del Grupo PSE por su fructífera y excepcionalmente positiva colaboración en la comisión. 
Ha habido un interés abrumador hacia este informe. 
Un interés tan enorme que se presentaron nada menos que 135 enmiendas. 
Hemos convertido éstas en conjunto en 10 enmiendas de compromiso que fueron aprobadas por una muy amplia mayoría en la Comisión de Agricultura. 
Asimismo me gustaría dar las gracias a la Comisión y a la Presidencia sueca por su muy buena colaboración. 
La propuesta de la Comisión, que sirve de base, tiene muchos elementos positivos, sin embargo, pienso que la propuesta no va lo suficientemente lejos. 
Echo en falta normas comunitarias para los agricultores europeos que compiten en un mercado interior comunitario. 
El bienestar de los animales y las necesidades de los cerdos son lo mismo, ya se trate de cerdos en el norte o en el sur. 
Naturalmente existen diferencias de temperatura, sin embargo, tal cosa aumenta sólo la necesidad de normas armonizadas en materia de ventilación y dispositivos de lavado por aspersión y de que todos los agricultores de la UE estén muy bien formados. 
Además, pienso que nuestra obligación es aprobar normas comunitarias para los agricultores europeos y que no sólo debemos hablar siempre de normas de mínimos. 
Esto es también lo que ha propuesto la Comisión. 
Resulta evidente para cualquiera que los países miembros no valoran igual el bienestar de los animales, y por ello es necesario que en este Parlamento junto a la Comisión decidamos que estas tareas deben abordarse en común. 
De lo contrario, podremos ser acusados con razón de que no cumplimos nuestras propias decisiones. 
Que en Europa dispongamos de elevados requisitos en materia de bienestar de los animales coloca a nuestros productores de cerdo europeos en una peor posición a la hora de competir con respecto a los productores de fuera de la UE. 
Para hacer frente a este problema y garantizar a los consumidores una información clara y nítida sobre los productos que respetan un alto estándar en materia de bienestar de los animales, la Comisión de Agricultura solicita a la Comisión que adopte la iniciativa de unas normas comunitarias de etiquetado de la carne de cerdo que cumpla estos altos estándares. 
Tengo mucha simpatía hacia las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente encaminadas a prohibir la importación de productos de terceros países que no cumplan los estándares que exigimos, sin embargo, esto equivale a abogar o a proponer abrir una guerra comercial y pienso que no debemos hacerlo. 
De ahí que sea una tarea que la Comisión debe solucionar bajo los auspicios de la OMC. 
La Comisión de Agricultura solicita asimismo a la Comisión que elabore un informe sobre la situación de la implementación de las directivas existentes de 1991. 
Pues se trata no sólo de competir limpiamente en el mercado mundial, sino también en gran medida de competir limpiamente en el mercado interior. 
Los países miembros envían los datos sobre la directiva a la Comisión, sin embargo, en este Parlamento no recibimos estos datos. 
La Comisión debe ahora reunir y presentarlos en un informe que explique cómo se ha producido la implementación de la directiva y esta tarde escuchamos al Comisario Byrne dar clara cuenta de cómo se lleva a cabo el transporte de animales. 
Podría ser que la Comisión reconociera la necesidad de normas comunitarias, igual que en el ámbito del transporte. 
Aguardo la propuesta de la Comisión al respecto, que esperamos tener en octubre de este año. 
Ahora por tanto es tarea de la Comisión velar por los intereses de los agricultores europeos en las próximas negociaciones de la OMC. 
La Comisión de Agricultura propone, como se ha mencionado, una solución parcial mediante la introducción de un régimen de marca comunitaria de bienestar de los animales. 
Resulta naturalmente evidente que cada vez que los productores de cerdo europeos repercuten un coste que nuestros competidores no tienen, corremos el riesgo de perder cuota de mercado. 
La Comisión de Agricultura desea asimismo que la Comisión proponga normas para la cría de cerdos al aire libre, ahora que la normas para los cerdos de explotación intensiva pronto estarán listas. 
Nuestro deber también es aprobar normas fijas para el resto de cerdos. 
Cada vez más cerdos son mantenidos en el exterior y resulta por ello necesario garantizar normas comunes sobre las charcas de barro y las zonas de sombra y cualquier otra condición cuando hablamos de cerdos criados al aire libre. 
Asimismo hemos endurecido las normas sobre formación. 
Sencillamente debe ser una condición indispensable que el agricultor disponga de una información práctica y teórica para poder cuidar de los animales de forma responsable. 
Este endurecimiento proporciona, junto a la introducción de dispositivos de lavado por aspersión, a los animales más bienestar y estas cosas son muy, muy importantes. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Busk por su excelente informe. 
Ha sabido incorporar la mayor parte de la legislación que se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente, lo cual es importante. 
También es importante que saquemos adelante esta legislación de manera que los consumidores sepan que disponen de un producto completamente seguro, producido de una manera ecológica y que pueden consumir con total seguridad, a sabiendas de que el animal ha tenido una vida excelente. 
Ahora corresponde a los agricultores cumplir la legislación. 
El Sr. Busk ha tocado dos o tres temas importantes. Los reiteraré rápidamente. 
Uno de ellos es el transporte de animales. 
Todos conocemos su importancia y me consta que el Comisario Sr. Byrne también es consciente de ello. 
Es de vital importancia incorporar esta legislación en las negociaciones de la OMC, al igual que un etiquetado inequívoco. 
Permítanme añadir, hablando no sólo desde el punto de vista de la Comisión de Medio Ambiente, sino también como agricultor, que lo que no podemos hacer en la Unión Europea- y a este respecto dirijo mi súplica al Sr. Comisario, conociendo sus opiniones sobre el modo en que importamos y exportamos nuestros productos- es terminar implantando una legislación que expulse a las mismas industrias sobre las que ahora legislamos en la UE. 
Si lo hacemos, sencillamente terminaremos exportando el bienestar de los animales fuera de la Unión Europea donde no tenemos ningún control. 
Debe existir igualdad, no sólo dentro de la Unión Europea, sino también con respecto a los productos que entran en la Unión Europea. 
Le ruego al Sr. Comisario que se asegure de que se establece este tipo de legislación, de manera que en la Unión Europea no entren productos que no presentan los mismos niveles que establecemos para los nuestros. 
Sé que a algunos les cuesta mucho entender esto, pero espero que el Sr. Comisario siga adelante y mantenga en vigor dicha legislación. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera manifestar mi más sincera gratitud hacia el Sr. Busk por su excelente colaboración. 
También doy las gracias a mi colega, el Sr. Kindermann, por haberme ayudado a buscar una salida para algunas enmiendas de transacción. 
Mi segunda observación se dirige a la Comisión. Agradezco al Sr. Byrne que al menos haya formulado una propuesta. 
Al mismo tiempo, echo en falta la presencia del Consejo, puesto que, tras comparar las legislaciones nacionales respecto a este tema, es decir, las normativas nacionales sobre el bienestar de los cerdos, he llegado a la conclusión de que las diferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea adquieren unas dimensiones injustificadas, hasta tal punto de que amenazan con distorsionar nuestro libre mercado interior. 
En nuestra Europa realmente no podemos aceptar que como consecuencia de ello los productores de cerdos europeos tengan que hacer frente a unas diferencias del 30 al 35% en lo que al precio de costo se refiere. 
Esta situación denuncia asimismo la actitud del Consejo, instándole a adoptar una normativa general. 
En realidad- por eso me alegro de que esta noche esté presente el Sr. Byrne- este asunto también afecta a los consumidores. Estamos debatiendo de nuevo una directiva que tiene serias consecuencias para los agricultores, pero ¿cuáles son las consecuencias para los consumidores? 
En nombre de mi Grupo quiero subrayar que éste es el punto que más nos preocupa, puesto que a fin de cuentas la presente propuesta obliga a los productores de cerdos a invertir más sin que exista garantía alguna de que se produzca un rendimiento superior. 
Dicha preocupación ha de reflejarse en cualquier planteamiento, ya sea a través de una política europea basada en primas o por ejemplo mediante la introducción de una tasa, también para los consumidores. 
Es importante que el bienestar de los animales deje de distorsionar la competencia y que la factura no se pase únicamente a los agricultores europeos. 
Es algo que deseo dejar muy claro. 
No pretendo detenerme demasiado en el contenido del informe. Ya lo ha hecho muy acertadamente el Sr. Busk. 
El Sr. Sturdy ha explicado magníficamente cuáles son las consecuencias para las negociaciones celebradas en el marco de la OMC. 
Todos sabemos que en este contexto el bienestar de los animales plantea serios problemas. 
Ahora bien, si la sociedad europea afirma que el bienestar de los animales le importa tiene la sagrada obligación de incluir este tema explícitamente en el orden del día de las conversaciones mantenidas en el seno de la OMC y de tenerlo en cuenta en la política general. 
Se trata de un tema del que podríamos hablar largo y tendido. 
Hemos sido sondeados por organizaciones de muy diversa procedencia: organizaciones de consumidores, sociedades protectoras de animales y organizaciones de agricultores. 
Se nota cada vez más que la idea de aunar las fuerzas goza de bastante apoyo. Ahora bien, si queremos que se forme una alianza va siendo hora de que elaboremos un boceto financiero, aparte de implicar más a los consumidores. 
Aunque en principio mi Grupo se alegra de que se haya alcanzado un acuerdo está muy preocupado por las consecuencias que puede tener esta iniciativa para los agricultores. 
Además, creemos que ha llegado el momento de determinar claramente cuáles deben ser las consecuencias para los consumidores. 
Señor Presidente, después de intensas negociaciones y del excelente trabajo que ha realizado el Sr. Busk, hoy podemos debatir su informe en el Parlamento. 
En nombre de mi Grupo, yo quiero manifestarle, al igual que al Sr. Maat, nuestro agradecimiento por su trabajo. 
Yo creo que las enmiendas de compromiso presentadas permiten dar un nuevo paso para mejorar las condiciones de la cría de cerdos. 
Sólo se trata de un compromiso y no dejará de serlo. 
Las exigencias óptimas, aunque a menudo se expongan de manera emotiva, son evidentes, pero no se pueden trasladar directamente a la práctica. 
Cada nuevo marco jurídico tiene, a fin de cuentas, enormes repercusiones para los afectados. 
En este caso, es importante que los plazos de transición sean flexibles. 
La adaptación a nuevos sistemas distintos de cría de animales requiere su tiempo y, sobre todo, tampoco es barata. 
Las condiciones de la competencia son particularmente duras en la producción de cerdos. 
También quisiera comentar brevemente dos aspectos: en primer lugar, la ampliación a los cerdos de engorde del espacio disponible previsto en el informe y, en segundo lugar, la castración. 
Ambos aspectos no se contemplan en el informe de la Comisión, pero yo creo que el Parlamento Europeo tendría que establecer criterios de protección de los animales más exigentes en este contexto. 
El informe del Comité Científico Veterinario de 1997 sobre el bienestar de los cerdos constituye el punto de partida, sobre todo en lo que respecta al espacio que requieren los cerdos de engorde. 
Yo creo que en Alemania los consumidores no aceptarían una prohibición general de la castración de los cerdos, como piden algunos. 
En el futuro ya se verá en qué medida se sustituye la castración quirúrgica por la doble inoculación. 
Este sería, no obstante, el camino adecuado a mi parecer. 
En cuanto al calendario, yo creo que hemos conseguido alcanzar un compromiso viable. 
Las empresas dispondrán de un plazo más largo para readaptar su producción. 
Finalmente, yo quiero pedirles a las y los colegas que voten afirmativamente el informe en su versión actual. 
Señor Presidente, señor Comisario Byrne, cuando recibimos el proyecto de la Comisión, en nuestra comisión dudamos sobre la conveniencia de examinarlo ya que, con todos los respetos, era un proyecto de muy poco calado. 
La propuesta que se nos remitió no era de una gran calidad y tampoco era suficiente. En consecuencia, nos planteamos si no debíamos devolverla al remitente y decirles: preséntennos una propuesta razonable para la protección de los cerdos. 
No obstante, debemos felicitar sinceramente al Sr. Busk por su trabajo. 
También quiero recordar a los Sres. Maat y Kindermann, que colaboraron luego en la elaboración de las enmiendas de compromiso. 
También es bueno que aprobemos ahora este texto, pues si no lo hubiésemos examinado y, por el contrario, hubiésemos devuelto la propuesta, los defensores de los animales habrían echado en cara una vez más a los "agrarios" un intento de atrincherarse y dar prioridad a los intereses comerciales. 
Esta no es, sin embargo, nuestra intención, sino que deseamos promover la protección de los animales, vinculada, naturalmente, a los intereses comerciales de los ganaderos. 
El Sr. Sturdy ya ha señalado que, evidentemente, es necesario que los criterios que establecemos aquí también se apliquen a los productos que entran en la Unión Europea. 
En este sentido, tendremos que procurar establecer una protección exterior razonable que recoja de manera adecuada lo que nosotros describimos como la vía agraria europea y que ahora volvemos a concretar de manera detallada en el presente contexto. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes de pasar a referirme a la directiva sobre la protección de cerdos, permítanme que haga dos observaciones de fondo. 
En efecto, personalmente, yo creo que ya va siendo hora de que el debate sobre la protección de los animales vuelva a discurrir por cauces normales. 
En los últimos tiempos, como consecuencia de la EEB y la fiebre aftosa, se han planteado en el marco de este debate exigencias muy exageradas con respecto a la calidad de los alimentos, que no guardan relación alguna con la realidad. 
De hecho, muy raras veces he tenido oportunidad de escuchar un debate serio con expertos competentes. 
Con demasiada frecuencia ha prevalecido la histeria y ha ocupado los titulares de los medios de comunicación. 
Permítanme que lo diga con toda franqueza: ¡los animales son animales y las personas son personas! 
Criamos animales para utilizarlos y cuando nos proponemos fomentar unos métodos de crianza compatibles con las exigencias del bienestar de los animales, éstos deben ser justamente adecuados a las características de los animales. 
Esto significa, que no estamos empleando métodos compatibles con las exigencias del bienestar de los animales cuando intentamos aplicar a los pollos, cerdos o peces, por ejemplo, nuestros criterios éticos humanos. 
Yo sé muy bien que la agricultura es un sector difícil, sobre todo por las obligaciones y problemas que comporta y sobre todo, también, para las personas a quienes no les concierne directamente. 
Por esto es todavía más importante que adoptemos un conjunto de criterios expertos y que también los examinemos a fondo, de manera que cuanto decidamos aquí también se pueda trasponer y aplicar en la práctica. 
No podemos hacer política para la torre de marfil; no cumpliremos nuestra misión si no somos capaces de recuperar una política cuya transposición favorezca a las personas. 
Pasando ahora al informe, yo puedo suscribir sin reservas los compromisos alcanzados, pues las normas mínimas que se establecen no plantean ningún problema para la agricultura austríaca con sus explotaciones campesinas. 
En el debate se deben tener en cuenta las consideraciones económicas y ecológicas. 
La localización geográfica de la explotación también tiene un papel, así como los requisitos que deben cumplir las construcciones. 
Las subvenciones se deben concentrar en el sector, ya que las posibilidades de inversión son muy amplias. 
Finalmente, para acabar, permítanme que señale que me parece urgentemente necesaria la formación de los criadores de cerdos, así como de todas las demás personas que se ocupen de ellos. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión propone unas normas mínimas para la protección de cerdos, con el fin de mejorar el bienestar de los animales. 
En realidad, yo lamento que en lugar de las directivas para la protección de los animales no se adopten reglamentos. 
Lo digo con pleno convencimiento, pues soy una gran partidaria de los reglamentos, ya que la transposición de las directivas por regla general siempre suele introducir nuevas distorsiones en la competencia, por lo menos en mi país. 
No voy a referirme de manera detallada a las distintas enmiendas de compromiso, ya que buena parte de lo que en ellas se expresa es, a mi modo de ver, evidente. Sólo voy a citar un ejemplo. 
Se reclama una formación adecuada impartida por organismos competentes. 
En Alemania hace ya mucho tiempo que ningún joven agricultor se aventura a intentar sobrevivir en medio de esta competencia despiadada sin una formación adecuada impartida por organismos competentes. 
Yo lamento mucho que el Comisario no disponga de demasiado tiempo para escucharnos, pero quiero referirme de nuevo a los polémicos intereses de las organizaciones de consumidores, a las que en estos momentos se cita en todos los debates, en los que continuamente se repite que el consumidor reclama que se mejore la protección de los animales. 
Justamente ayer me vino como anillo al dedo la nota de prensa del Comisario Fischler, que en una entrevista con un importante diario alemán manifiesta que en este momento, una vez pasada la crisis la EEB, se vuelve a observar la conducta contraria entre los consumidores. 
Según el Comisario Fischler, una vez pasada la crisis de la EEB, la gente vuelve a buscar más asiduamente las ofertas baratas. 
Mi experiencia de largos años me confirma, de hecho, exactamente lo mismo. 
Las personas tienen que cuidar obviamente su presupuesto, por razones bien conocidas, y deberíamos estar en verdad muy atentos a ello y no tensar demasiado la cuerda. 
La economía tiene, en efecto, una influencia muy decisiva sobre todos nuestros actos. 
En muchas enmiendas se habla de la sección parcial. 
Con ello asumimos casi el papel de expertos. Yo creo que hay otras personas que pueden juzgar mucho mejor sobre estas cuestiones. 
Señor Presidente, yo creo que en Baviera dominan ustedes el tema de la producción de cerdos. 
Allí saben lo que significa que desde aquí hablemos de la sección parcial de la cola, la castración, la sección parcial de los dientes y todas estas cuestiones tan importantes. 
Finalmente, yo quiero señalar que debemos encontrar un equilibrio entre la protección de los animales, la salud y los aspectos medioambientales. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debo felicitar en primer lugar al Sr. Busk porque su trabajo ha sido intenso, pero debo mostrar mi desacuerdo con el contenido de las enmiendas que vamos a votar mañana. 
Probablemente soy la única oradora de un país del sur que, además, es el mayor productor de cerdos de la Unión Europea. 
Al igual que el ponente, deseo que todas las normas sean lo más uniformes posible en toda la Unión Europea, pero hay que armonizar normas que puedan ser asumidas desde Laponia hasta Andalucía y, a partir de ahí, cada país o cada región podrá poner los listones todo lo alto que quiera. 
Lo que no es justo ni contribuye a la construcción europea es pretender imponer rígidamente normas, costumbres o tradiciones de un país al resto, ni pretender igualar por arriba, porque eso hace pensar, cuanto menos, en trabas comerciales. 
Las circunstancias que rodean las actividades ganaderas y agrícolas son muy diferentes del norte al sur de la Unión Europea, porque son diferentes las temperaturas, las horas de insolación, las razas que se crían, la situación tecnológica de los sectores, etc. Y, como dice textualmente la enmienda 7, "el fundamento científico para implantar nuevas condiciones se basa en las situaciones de los países del norte". 
En efecto, no se ha tenido en cuenta que la abundancia de materiales como la paja en los países cálidos no es adecuada, porque fermenta con el calor y produce infecciones, ni que el emparrillado de las instalaciones en los países del sur actúa como regulador. 
Se pide que se instalen sistemas de riego para regular la temperatura corporal de los cerdos, pero no se dice nada en cambio sobre instalar calefacción en zonas frías. 
Y, sin embargo, está comprobado que en los países del norte mueren muchos más lechones que en los países cálidos, sencillamente porque hace frío y los lechones se arriman a las madres y las madres los aplastan. 
Tampoco se habla en absoluto del aspecto sanitario de los animales. 
Y, en cuanto a los responsables y trabajadores de las explotaciones, puedo asegurarles que, al menos en mi país, son unos perfectos profesionales y se ocupan de formarse, porque en ello les va el futuro de su explotación. 
Creo que resulta ridículo exigirles en una Directiva unos estudios y un diploma para poder ejercer su trabajo. 
Déjeme terminar, señor Presidente, para decir que España muchas reservas respecto a la propuesta de la Presidencia sueca sobre el sistema de mantenimiento de las cerdas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la presente directiva concede un lugar central al bienestar de los animales. 
Yo acojo con satisfacción que se mejore la protección de los animales a escala europea. 
Evidentemente, para garantizar la igualdad de las condiciones de competencia a escala intracomunitaria sería preferible adoptar reglamentos- que son inmediatamente válidos y aplicables en los Estados miembros -, en lugar de directivas. 
El bienestar de los animales debe formar parte de nuestra concepción ética de fondo. 
Pero ésta no debe detenerse en las fronteras de la UE. 
Las correspondientes exigencias se deben plantear también en las próximas negociaciones en el marco de la OMC y este tema recorre como un hilo conductor todo el debate de hoy, señor Comisario. 
Es preciso tener presente que las exigentes normas de protección de los animales de la UE generan unos costes de producción más altos. 
Nuestros criadores de cerdos se ven obligados a competir luego con importaciones de terceros países, que no cumplen estas normas de protección y, por lo tanto, se pueden ofrecer a precios significativamente más bajos. 
Esta es la realidad. 
Las nuevas normas en materia de protección de los animales también obligan a modificar los sistemas de estabulación. 
Se debe conceder un plazo transitorio para la adaptación de las instalaciones construidas recientemente con arreglo a las correspondientes normas legales. 
Por lo que respecta a las nuevas inversiones en las empresas, yo puedo suscribir la propuesta de que las nuevas normas se traspongan antes de 2003. 
Los criadores de cerdos y el mercado se pueden preparar perfectamente, a mi parecer, para las transformaciones derivadas de la prohibición transfronteriza obligatoria de la castración de cerdos. 
Sin embargo, nosotros pedimos ahora a la Comisión que complete antes de 2002 el apéndice de la directiva, con objeto de que sólo puedan castrar a los verracos personas técnicamente competentes y cualificadas para ello. Una castración inadecuada provoca dolores persistentes. 
Se deben tener en cuenta los detalles específicos con respecto a la estabulación, como el tamaño de las celdas o la estabulación de cerdas gestantes. 
Además, también se deben tener en cuenta los hábitos naturales de los cerdos, de manera que en todo momento tengan acceso al pienso y otros alimentos suplementarios. 
En cualquier caso, lo cierto es que el éxito de todos nuestros esfuerzos para mejorar las condiciones de estabulación lo confirmarán, no en último lugar, los consumidores con su comportamiento de compra. 
. (EN) Quisiera, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al Parlamento por haber dado prioridad a este tema. 
Hace sólo dos días, la Comisión, junto con la Presidencia del Consejo, tuvo la ocasión de exponer sus puntos de vista y compromisos en relación con el bienestar de los animales. 
He acogido con gran satisfacción el amplio apoyo expresado por el Parlamento. 
También quisiera agradecer al Sr. Busk, a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor que hayan apoyado este tema específico del bienestar de los cerdos. 
La intensificación de la cría de cerdos en Europa durante los últimos diez años ha propiciado prácticas que causan un sufrimiento innecesario y que son contraproducentes, como demuestran las pruebas cada vez más abundantes. 
Me he tomado muy en serio el consejo del Comité Científico de la Salud y Bienestar de los Animales a la hora de preparar la propuesta de la Comisión en un afán de armonizar la legislación vigente con las pruebas científicas. 
La propuesta de la Comisión prohibe el confinamiento de cerdas durante la mayor parte de su período de gestación en celdas individuales en las que no puedan girarse fácilmente. 
Queda terminantemente prohibido el uso de ataduras para cerdas y cerdas jóvenes. 
Asimismo, la propuesta establece normas sobre la mejora del medio en que viven los cerdos y cochinillos en general, y establece requisitos sobre los espacios mínimos, las superficies del suelo y sistemas adecuados de alimentación. 
Puedo aceptar la enmienda 13 porque mejora la propuesta de la Comisión. 
Consciente de las repercusiones que el tipo de explotación tiene sobre el bienestar de los cerdos, la Comisión introduce en su propuesta nuevos requisitos para las personas que se encargan del cuidado de los animales. 
Las enmiendas 28 y 30 profundizan en este aspecto y piden que el personal que cuida de los animales deberá recibir un curso de formación aprobado por las autoridades competentes y, por consiguiente, podemos aceptarlas. 
Aunque comparto el objetivo de las enmiendas 1 y 26, éstas no son aceptables porque exigen iniciativas ya adoptadas por la Comisión. 
Quisiera referirme específicamente al hecho de que la Comisión ya ha elaborado propuestas en el marco de una directiva de la Comisión, que se encuentra en el procedimiento de comitología, relativas a la sección parcial de la cola, la sección parcial de los dientes, la castración, los requisitos en materia de luz y el empaste de los dientes. 
Todo esto será estudiado por el procedimiento de comitología. 
Quisiera aprovechar la oportunidad para llamar la atención del Sr. Graefe zu Baringdorf sobre este hecho en particular, porque sé que le gusta que la legislación que se presenta a la Asamblea adopte una visión general. 
El Comité Veterinario Permanente ha debatido durante estos últimos meses una segunda propuesta de directiva de la Comisión por la que se modifican los anexos técnicos a la Directiva 91/630. 
Estas modificaciones técnicas regulan los niveles de ruido y el fácil acceso de los animales a los alimentos y materiales para hozar, la edad mínima para el destete de los cochinillos y las superficies del suelo; también prohiben las mutilaciones rutinarias más cruentas. 
Las enmiendas 8, 27 y 33 no pueden ser aceptadas porque reducen la posibilidad de que la Comisión adopte medidas con carácter de urgencia que mejoren las técnicas para el bienestar de los animales. 
No puedo aceptar la enmienda 38 porque la definición de materiales manipulables ya está prevista en el anexo y será debatida más a fondo en el Comité Veterinario Permanente. 
Las enmiendas 2, 10 y 31 añaden nuevos aspectos a la propuesta de la Comisión e introducen nuevas iniciativas. 
Éstas deben ser acogidas favorablemente, como la enmienda 5, que fija una fecha para que la Comisión informe sobre nuevas cuestiones relacionadas con el bienestar de los cerdos. 
También son necesarios nuevos elementos científicos para establecer nuevas normas respecto a las superficies en que se concentran los animales para su engorde. 
Por esta razón no puedo aceptar la enmienda 11. 
La Comisión ya se ha comprometido a seguir analizando el tema desde un punto de vista científico y económico y a adoptar las medidas pertinentes. 
Todos sabemos que el bienestar de los animales tiene un precio y que las medidas presentadas en esta propuesta no son ninguna excepción. 
En un sector tan competitivo como el de la producción de carne de porcino, en el que los márgenes son muy ajustados, incluso pequeñas diferencias de precio pueden repercutir considerablemente sobre la competencia. 
La Comisión no ignora dichas repercusiones. 
La propuesta está basada en amplias consultas a expertos de dentro y fuera de la Comisión, que le han permitido llegar a la conclusión de que los costes adicionales constituyen un precio que vale la pena pagar. 
Las enmiendas 36 y 37 no son aceptables porque el plazo propuesto para la aplicación de los nuevos requisitos a todas las explotaciones es demasiado estricto y encarecería considerablemente los costes de conversión. 
Los datos de que dispone la Comisión demuestran que los costes experimentarían un incremento y pasarían de 0,006 euros el kilo de restos del animal a 0,02 euros si la conversión se lleva a cabo en un plazo inferior a diez meses. 
La enmienda 35 es inaceptable por motivos jurídicos y porque hemos evaluado los costes. 
Las enmiendas 3, 4, 31 y 34 sugieren que la UE no adopte iniciativas sobre el bienestar de los animales hasta haber examinado la dimensión mundial del comercio agrícola. 
Estas enmiendas no pueden ser aceptadas. 
Debo recordarles que la Comisión ya está estudiando la dimensión mundial del comercio de animales y de productos animales, también en relación con la Organización Mundial del Comercio, a la que han hecho referencia varias Señorías. 
Existe la idea errónea generalizada de que la propuesta de temas relativos al bienestar de los animales en este contexto obedece a un plan proteccionista. 
La Comisión considera que tenemos el deber y la responsabilidad de fomentar el reconocimiento de estas condiciones por motivos puramente éticos en reconocimiento de la necesidad de que los animales reciban un trato humano, así como en reconocimiento del encarecimiento de los costes que entrañan estas condiciones para los productores y consumidores de la UE. 
Son cuestiones legítimas que merecen ser debatidas en la escena internacional. 
Es fundamental compartir nuestros conocimientos sobre el bienestar de los animales con países que no pertenecen a la Unión Europea y crear un enfoque armonizado respecto a esta cuestión. 
Agradezco el enfoque constructivo del Parlamento Europeo respecto a este dossier. 
En resumen, la Comisión puede aceptar las enmiendas 2, 5, 10, 25, 28 y 30 en su totalidad, y las enmiendas 13 y 31 en parte. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Ayuda financiera excepcional a Kosovo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0209/2001) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (2001) 81- C5-0138/2001- 2001/0045 (CNS) ) relativa a la concesión de una nueva ayuda financiera excepcional a Kosovo. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimado colega Brok, yo suscribo plenamente el contenido del informe del colega Brok y también los términos en los que lo expresa. 
Debemos y queremos aportar dinero, y queremos hacerlo pronto. 
Estamos bien dispuestos a que así sea, pero evidentemente debe cumplirse un cierto marco de condiciones. 
Un elemento indiscutible es que exigimos a la mayoría actual de Kosovo que trate a la actual minoría, o sea, a los serbios, a los gitanos, a los bosnios, etc., de manera que también tengan posibilidades reales de desarrollarse y llevar su vida allí. 
Esta será una cuestión decisiva, sobre todo en el contexto de las elecciones que se van a celebrar en otoño. 
¿Hasta qué punto serán representativas dichas elecciones? 
Yo acojo con satisfacción la celebración de elecciones, pero ¿cuán representativas serán éstas si en ellas no pueden participar todas las personas del país, ni las que tuvieron que huir luego? 
En segundo lugar, un aspecto muy decisivo- el colega Brok también lo ha apuntado- es que esperamos que la mayoría albanesa de Kosovo establezca una frontera clara, una línea de separación clara con todos los grupúsculos- no con los albaneses de Macedonia, sino con los grupúsculos, con el UCK u otras organizaciones afines al UCK- que están desarrollando en Macedonia unas acciones que son absolutamente innecesarias, dado que allí existe una democracia, a diferencia de lo que ocurría en la antigua Yugoslavia, donde yo puedo comprender hasta cierto punto que tal vez se recurriese también a las armas para defenderse del terror y la opresión. 
Pero en Macedonia existe una democracia, existen posibilidades democráticas y, sobre todo, la Unión Europea también va a apoyar el desarrollo de la minoría albanesa, que es una minoría importante en Macedonia. 
Sin embargo, también esperamos de la mayoría albanesa de Kosovo que establezca una línea de separación clara con el terrorismo, pese a todas sus simpatías por las justas reivindicaciones de sus hermanos y hermanas de Macedonia,. 
En tercer lugar, por lo que se refiere a los aspectos económicos, yo creo que es importante que Kosovo desarrolle con el tiempo sus propios recursos económicos. 
También quiero recordar en particular sobre las minas de Trebca. 
Ya sé que en la actualidad las minas no figuran necesariamente entre los elementos que contribuyen al desarrollo de una economía moderna, pero yo creo que es preciso aprovechar todas las oportunidades de desarrollar los recursos propios, aunque la situación con respecto a la propiedad no se haya aclarado aún de manera definitiva. 
En este contexto se plantea un problema y yo me alegro de que el Comisario Solbes Mira se encuentre aquí, pues querría hacerle una pregunta muy concreta. 
En efecto, se nos plantea el problema de la transición al euro. 
¿Qué ocurrirá con la moneda de facto en Kosovo y en algunas otras zonas de los Balcanes, pero sobre todo en Kosovo? ¿Qué ocurrirá con los marcos alemanes? 
Hace poco volví a leer en un informe que esto va a ocasionar grandes dificultades y yo quisiera preguntarle, señor Comisario: ¿la Comisión ha examinado esta cuestión? 
¿Qué informes existen al respecto? 
¿La Comisión tiene previsto ocuparse de este asunto y, en caso afirmativo, cuándo se propone hacerlo con objeto resolver en cierta medida esta cuestión decisiva para el desarrollo de Kosovo? 
Señor Presidente, mi colega, el Sr. Broke tiene razón al decir que somos más sabios en cuanto a cómo se corta la cola de los cerdos. 
A pesar todos los esfuerzos realizados, todavía no sabemos cómo vamos a cortar el nudo Gordiano que anda rodando por Kosovo. 
Señores colegas, si algún observador neutral viniese aquí, a cada sesión del Parlamento, constataría que somos monotemáticos. 
FYROM, Kosovo, antigua Yugoslavia. 
Esta insistencia en el tema esencialmente descubre el callejón sin salida al que hemos llegado. 
Y debemos encontrar la forma de escaparnos de él. 
Cumbres sobre cumbres, de jefes de estado, de ministros, de representantes, visitas y ningún resultado. 
Hoy debemos aprobar una nueva financiación a Kosovo y debemos aprobarla para ayudar a quienes están actuando allí para resolver los problemas. 
Pero miren ustedes, desde Kosovo surgen todas las irregularidades en la región más amplia. 
¿No será que estamos proporcionando un lugar protegido en el que se organizan con seguridad distintos grupos terroristas que a continuación aterrorizan a la región? 
Hemos vivido el final de la época de Milosevic y esto ha sido un hecho positivo. 
Y justo después hemos visto un cambio en el sur de Serbia, un intento a medias de desestabilizar Montenegro, al que afortunadamente, con las intervenciones correctas hemos podido poner freno. 
Pero vean que el sur de Serbia ha estado amenazado de sufrir la reaparición del ejército yugoslavo en las fronteras. 
¿Acaso debemos decir ahora que vamos a dar la posibilidad, tal como prevén las Naciones Unidas, de que el ejército yugoslavo baje a los límites de Kosovo, por si esta amenaza hace entrar en razón a algunas personas? 
Porque para mí es realmente extraño que tanto ejército en Kosovo no pueda cerrar las fronteras, que no pueda cerrar herméticamente las fronteras y que no impida la desestabilización en FYROM y en la región más amplia. 
Es muy extraño. 
Si los soldado se sentasen a una distancia de 5 metros uno de otro, formarían una barrera continua en las fronteras. 
Así pues, en este sentido, es bueno que los esfuerzos políticos que todas las partes realicen estén acompañados de una férrea decisión. 
Porque miren ustedes, toda continuación de esta falta de estabilidad en la región, no lleva a ninguna parte. 
Si alguien considera que esta tragedia puede llevar a la creación de nuevos estados nacionales, que sepa que es imposible. 
La región está tan fragmentada por minorías, que en unos lugares son mayorías y en otros minorías, que al final deberemos llegar a algunas confederaciones de pueblos, de ciudades para poder decir que hay cierta coherencia. 
Es decir, va a parecer que aquellas regiones- si es posible tener estas fantasías sobre las regiones étnicamente limpias- son como aquellos diagramas del DNA que vemos en los diversos análisis y mapas. 
En este sentido, creo que, aparte de la financiación, hace falta presionar, presión y unidad política para estabilizar la región, para desarrollar la región; pero también para llegar a soluciones políticas en las fronteras actuales. 
Y esto es lo que debemos garantizar. 
. En primer lugar, querría expresar mi agradecimiento al Sr. Brok por su informe y al Parlamento por su rápida reacción ante la petición de la Comisión y por la aceleración de los procedimientos que nos permitirán- espero- llegar a un acuerdo favorable sobre este tema. 
Considero fundamental señalar que no estamos hablando hoy aquí de una parte de la acción que utiliza los programas CART y, por lo tanto, no estamos hablando de proyectos de asistencia a Kosovo en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción. 
Estamos hablando de ayuda macrofinanciera a Kosovo, que es una actuación y una acción de distinto tipo. 
Estamos hablando simplemente de una ayuda al presupuesto para la administración de las Naciones Unidas en la zona. 
En consecuencia, algunos problemas que ustedes han planteado en sus propuestas, como veremos posteriormente, deberían ser, en nuestra opinión, reinterpretados de otra forma. 
La Comunidad ya hizo un esfuerzo de este tipo en el año 2000, por un valor de 35 millones de euros, y la propuesta que hemos adoptado en marzo de este año se refiere a 30 millones de euros, que se asignarán al presupuesto de Kosovo en dos tramos, para poner en marcha o, mejor dicho, mantener el funcionamiento de un MIC en la zona. 
Por supuesto, somos responsables del cuarto pilar y eso supone también prestar especial atención a algunas de las modificaciones esenciales del sistema económico que actualmente se está aplicando. 
No estamos hablando de nuestra ayuda, sino de elementos vinculados a la introducción de economía de mercado. 
Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en el establecimiento de un sistema bancario y de pagos, en el desarrollo del sector privado y en los aspectos fiscales, incluyendo evidentemente todos aquellos que se refieren al gasto público. 
Estamos hablando de una ayuda de naturaleza excepcional, que no se dedica a proyectos específicos y que no está ligada a ningún otro tipo de compromiso. 
En ese sentido, es radicalmente diferente de las ayudas CART, por lo que necesita un fundamento jurídico diferente, como planteamos en nuestra propuesta. 
Con esta ayuda, como en el pasado, vamos a financiar los gastos corrientes del presupuesto de Kosovo, y estamos hablando de salarios para jueces, para maestros, para médicos, de la venta o, mejor dicho, el apoyo de las utilidades públicas y, en definitiva, de los elementos básicos de funcionamiento. 
Es verdad que hay algún gasto de inversión vinculado a empresas públicas, pero fundamentalmente nos referimos al gasto corriente. 
Por supuesto, contestando a algunas de las preguntas del Sr. Brok, en primer lugar debería ponerse en marcha un sistema que permitiese que, progresivamente, Kosovo se fuera haciendo cargo de sus propios costes financieros. 
Estamos de acuerdo con esa idea y nuestro objetivo a medio plazo es que el presupuesto de Kosovo se pueda autofinanciar. 
El pasado año, la financiación fue de 50-50. 
Lo que pretendemos es que se siga avanzando y esperamos que se cubra en el año 2001con fondos propios el 75% del total del presupuesto. 
Otra de sus preocupaciones ha sido saber qué sucede con los restantes donantes. 
Hay un burden sharing razonable entre unos y otros. 
Para el presupuesto de 2001 hay otros donantes que van a participar. 
Concretamente, el Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Turquía, Canadá y el Banco Mundial, por un total de 43 millones de euros. 
De estos 43 millones de euros, 31 se han desembolsado ya, lo cual es claramente positivo y nos permite estar razonablemente tranquilos en cuanto al problema de la distribución equitativa de la carga. 
Por supuesto, nosotros no estamos planteando una atribución presupuestaria adicional. 
Existen recursos para llevar a cabo esta financiación con la parte de la ayuda macroeconómica incluida en la línea B7-548 referida a los Balcanes. 
También me gustaría destacar que, cuando ponemos en marcha esta ayuda, no sólo insistimos en establecer un marco económico estable, sino también en la definición de políticas orientadas hacia la estabilidad económica. 
Seguimos con los restantes donantes los compromisos necesarios para desembolsar estas cuantías, dado que las autoridades de Kosovo, tienen que cumplir las obligaciones y los compromisos definidos. 
En cuanto a las enmiendas que se nos han planteado, querría hacer algunos comentarios que podrían facilitar el debate. 
En primer lugar, podemos aceptar sin ninguna dificultad algunas de las enmiendas. 
Me refiero a las enmiendas 1, 3, 6 y 9. 
Consideramos que hay otras enmiendas que no están justificadas, no porque estemos en desacuerdo en cuanto al fondo, sino porque no son necesarias: por ejemplo, las enmiendas 4 y 5, que se refieren a la distribución de la carga. 
Está claramente recogida en el considerando 9, cuando se dice que "la provisión de apoyo presupuestario externo será repartido de forma correcta entre los donantes y es fundamental (... ) para cubrir las necesidades financieras". 
Tampoco nos parece necesaria la enmienda 10 en la medida en que se dice que se debe definir la ayuda enfocada claramente en el presupuesto. 
La ayuda es simplemente presupuestaria; por lo tanto no es necesario insistir en un punto que, por otra parte, nos parece fundamental. 
Hay una serie de enmiendas que, en mi opinión, entienden de forma equivocada la naturaleza de la ayuda macrofinanciera: son las enmiendas 2, 8 y 13, que se refieren a la vinculación entre este tipo de ayuda macrofinanciera con el programa CART y, por lo tanto, demandan las mismas condiciones que para los proyectos CART. 
Pero no estamos hablando de CART, sino de algo totalmente diferente. 
No se trata de una responsabilidad de mi colega Chris Patten, sino de una responsabilidad directa mía en la ayuda macrofinanciera, única y exclusivamente para el tema presupuestario. 
Por lo tanto, creemos que estas enmiendas no deberían incluirse, porque plantearían alguna confusión. 
Hay una serie de enmiendas referidas a los plazos, procedimientos y control, especialmente las enmiendas 7, 11 y 14. 
Querría hacer un comentario sobre cada una de ellas. 
Un problema que preocupa especialmente al Sr. Brok es el de la de información. 
Evidentemente, estamos dispuestos a dar toda la información necesaria. 
El problema es si esta información tiene que ser elaborada en el contexto de otras ayudas, de acuerdo con el avance de la reforma. 
Nosotros en estos momentos estamos informando ya sobre las ayudas macroeconómicas y estamos dispuestos a hacerlo e incluir estas ayudas con el resto de las ayudas macroeconómicas, dando toda la información necesaria para que el Parlamento pueda ejercer eficazmente su actividad de control. 
En la enmienda 11, se plantea la posibilidad de crear un grupo en el Consejo, de naturaleza política, que lleve a cabo unas consultas en cuanto a la aplicación de esta ayuda. 
Vuelvo a insistir en el tema: estamos hablando de una ayuda de naturaleza distinta, y pensamos que hay que aplicar los sistemas ya existentes para la ayuda macrofinanciera y no para otro tipo de actuaciones. 
Y en cuanto al problema señalado en la enmienda 14- la necesidad de que se cumplan las condicionalidades de la política económica y que se establezca un vínculo con la enmienda 4 y que los fondos se destinen a este tipo de ayuda -, creemos que no se corresponde con la naturaleza de esta acción. 
Aquí de lo que estamos hablando es de una ayuda, como decía, para un MIC para su presupuesto, con objetivos muy definidos. 
Es verdad que estos objetivos deben servirnos también para mejorar la situación económica y la economía de mercado en Kosovo, pero no hay una condicionalidad como en otro tipo de ayudas. 
Querría hacer un comentario sobre otras dos enmiendas que me parecen de interés: en la enmienda 12 se nos plantean dos demandas. 
En primer lugar, que se ponga en marcha la ayuda en un período máximo de seis semanas. 
Podemos comprometernos a ponerla en marcha tan pronto como sea posible. 
Pretender que las ayudas se desembolsen en pleno mes de agosto, cuando todos conocemos las dificultades de los procedimientos presupuestarios, nos parece una idea, como mínimo, arriesgada. 
Por esa razón no nos parece correcta esta petición. 
En cuanto a la posibilidad de transmitir el memorándum de understanding que se lleve a cabo entre un MIC y la Comisión, debo señalar que este memorándum incluye una serie de informaciones sensibles y, por lo tanto, pensamos que un sistema más eficiente es que esta información se dé a los presidentes de las distintas comisiones, pero en ningún caso que se produzca el envío del memorándum de understanding. 
Por último, la Comisión podría aceptar la enmienda 14 si se redacta de otra forma. 
Es decir, que el informe se presentase en septiembre del año anterior, pues estos informes se preparan para el mes de junio y podemos dar esta información antes de septiembre, pero no en otro momento anterior. 
La Comisión acepta el espíritu de la solicitud, pero creemos que la redacción debe mejorarse para evitar problemas prácticos. 
Último comentario a la pregunta del Sr. Swoboda sobre la utilización del euro en la zona de Kosovo. 
Le recuerdo que, como usted sabe, ésta fue una decisión unilateral de las autoridades de Kosovo. 
Es verdad que de esta información o de esta situación tiene perfecto conocimiento el Banco Central alemán, y es verdad que en estos momentos hay contactos entre la autoridad bancaria y de pagos de Kosovo, el Banco Central alemán y el Banco Central de Austria para buscar una solución al problema. 
Por lo tanto, le puedo informar de que estas conversaciones ya están en marcha y espero que logren un resultado favorable para que el cambio plantee los mínimos problemas posibles. 
La Comisión sigue con el máximo interés este asunto, aunque es una responsabilidad más directa del Banco Central Europeo y de los Bancos Centrales nacionales que de la propia Comisión. 
Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.30 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, querría volver a un asunto que, según me consta, se suscitó en el Acta de ayer. 
El turno de preguntas a la Comisión de ayer se limitó a una sola hora, durante la cual únicamente se contestó a cinco cuestiones. 
Uno de los aspectos más importantes de la estructura de la Unión es la efectiva rendición de cuentas de los Comisarios ante este Parlamento, que debe referirse a cuestiones de relativo detalle que pueden plantearse en el turno de preguntas, y no a asuntos de política general. 
Será desastroso para la Unión si mantenemos esta práctica de truncar el turno de preguntas y sólo se tratan adecuadamente unas pocas cuestiones. 
Se me ocurre que podríamos al menos considerar la posibilidad de celebrar un turno de preguntas semanal en Bruselas, así como en Estrasburgo, con el objeto de plantear cuestiones de fondo a la Comisión sobre asuntos que nuestros electores quieren que debatamos con ella. 
Me alegra ver hoy aquí al Sr. Provan, porque este tipo de pregunta está comprendido en su ámbito de competencias como miembro de la Mesa del Parlamento. 
He de decir a los diputados que es fundamental que podamos plantear preguntas a la Comisión de forma eficaz. 
Y por ahora no lo estamos haciendo. 
Tomamos nota de su observación y será debidamente considerada. 
Tiene la palabra el Sr. Andrews para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, quiero referirme a un cambio de orden administrativo que se ha realizado en el Parlamento, del que me he enterado por la prensa. 
Según parece, se ha firmado un contrato con una nueva agencia de viajes para sustituir a Wagonlit. 
Desde que llegué a este Parlamento en 1984, Wagonlit ha ofrecido un excelente servicio. 
Ahora tenemos una nueva agencia de viajes que viene a ocupar su lugar, posiblemente para ahorrar a la Comunidad unas pocas libras. 
Para los diputados de este Parlamento, viajar ya es suficientemente difícil sin contratar nuevas agencias, sin consultar a los diputados. 
Algunos de los mejores agentes de viajes que han prestado sus servicios a los diputados van a irse. 
Debería haber una mayor consulta cuando van a introducirse cambios administrativos de este tipo. 
No creo que sea una decisión que incumba al Parlamento, sino a la Comisión. 
Con ello se socavan de nuevo los servicios a que tienen derecho los diputados. 
Espero que el Presidente nos informe de las razones de la asignación de estos contratos y del ahorro conseguido. 
No tengo ningún otro interés que la comodidad de los diputados. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Tomamos nota de su inquietud y la Mesa del Parlamento considerará el asunto. 
Tiene la palabra el Sr. Fitzsimons para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, quiero referirme a otra cuestión de orden relativa a las actas. 
Buena parte del debate de ayer se centró en la decisión del pueblo irlandés sobre el Tratado de Niza. 
Sobre esta cuestión de orden quiero decir simplemente que el pueblo irlandés ha tomado una decisión que todos nosotros aceptamos. 
El pueblo irlandés cree en la Unión Europea y en la ampliación, y tratará estos asuntos en su momento y en el modo que estime oportuno. 
La verdadera cuestión de orden es ésta: lamento profundamente el hecho de que, mientras el Sr. Le Pen intervenía en esta Cámara, el Frente Nacional Francés enarbolaba la bandera irlandesa a su lado. 
Puedo asegurar a los diputados de este Parlamento que, al actuar así, el Frente Nacional Francés estaba ultrajando la bandera irlandesa y de todo lo que ella representa. 
Señor Presidente, quiero referirme a una cuestión de orden. 
Al igual que el Sr. Andrews, me causa una gran preocupación el modo en que se ha llevado este asunto de la agencia de viajes. 
No estoy seguro de que los servicios administrativos lo hayan tratado con los Cuestores, que sería el órgano adecuado al que someter el asunto. 
Es a ellos a quienes efectivamente incumbe salvaguardar los intereses de los diputados. 
Por lo que se refiere al Sr. MacCormick, me alegra ver sentado aquí al Sr. Corbett, porque es la Comisión de Asuntos Constitucionales la que está estudiando ahora este tema, después de que la Mesa decidiera remitírselo. 
Creo que lleva este asunto de forma adecuada. 
Señor Presidente, intervengo para dos cosas distintas. 
En primer lugar, en cuanto a la cuestión muy legítima de la falta de tiempo relativo al turno de preguntas, me gustaría hacer notar que no se puede pretender acortar la duración de las sesiones de Estrasburgo, y simultáneamente preocuparse después por la escasez de tiempo suficiente para tratar los problemas, y proponer ampliarlo reforzando el orden del día de Bruselas. 
En términos del Tratado, está muy claro que las sesiones de Bruselas tienen un carácter complementario con respecto a las de Estrasburgo, y por tanto no se pueden reforzar, a partir del momento en que no utilizamos plenamente el lapso de tiempo que está a nuestra disposición en el marco de los períodos parciales de sesiones. 
Esto hay que recordarlo, porque si no iremos verdaderamente hacia la incoherencia total en la organización de las sesiones. 
En segundo lugar, una pequeña observación, Señor Presidente, que no tiene nada que ver con la anterior. 
Se refiere al Acta que ha aprobado usted con su acostumbrada diligencia y su habitual talento; simplemente, quería decir- y pienso que esto puede añadirse, porque ya había hecho la observación con anterioridad- que en cuanto a la resolución sobre Gotemburgo, me había abstenido, no había votado a favor. 
Gracias, señor Bourlanges. 
Se hará la corrección que usted nos acaba de recordar. 
Tiene la palabra la Sra. Klamt para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, me tomo la libertad de concitar su atención sobre la grave situación del transporte en la ciudad de Estrasburgo. 
La administración del Parlamento ha previsto en la contratación del servicio que sólo puedan ser usados vehículos no reconocidos como taxis, lo que sería contrario a la reglamentación francesa en la materia. 
El Ministerio del Interior francés, no obstante, ha aclarado ya en un documento de 1998 que existe una reglamentación especial para Estrasburgo. 
Desde hace casi dos meses, los conductores del Parlamento están siendo, durante la semana de plenos, continuamente inspeccionados por la policía, como este lunes pasado en el aeropuerto de Estrasburgo y con parlamentarios dentro del vehículo. 
Si se les pide otro vehículo para la semana de plenos- estamos hablando de sólo cuatro días -, me parece que ya nos pasamos de la raya y entramos en la corruptela. 
Por lo tanto, señor Presidente, quisiera pedirle que, con urgencia, presione al Ministerio del Interior de Francia para que haga una reglamentación duradera y aplicable para los conductores. 
Si a las malas combinaciones aéreas de entrada y salida de Estrasburgo se unen además los inconvenientes que el servicio de transporte tiene para los parlamentarios, Estrasburgo como enclave se verá afectada negativamente. 
Muy bien, señora Klamt. 
Nos ocuparemos del asunto. 
Tiene la palabra el Sr. Corbett para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, lo que el Sr. Bourlanges acaba de decir sobre la falta de tiempo en Estrasburgo es en cierto modo exagerado. 
Si consulta el Acta de ayer, verá que en el punto 5 se dice que "la sesión, interrumpida a las 11.30 horas a la espera del momento de la votación, se reanuda a las 12.00 horas". 
De modo que dispusimos de media hora. 
Ese tiempo podría haberse aprovechado mejor en esta sesión plenaria. 
Por tanto, es de todo punto incorrecto afirmar que el problema del turno de preguntas a la Comisión se debiera a la falta de tiempo suficiente, porque desde hace tiempos no celebramos sesiones los viernes. 
Muchas gracias, señor Corbett. 
Acciones estructurales 
. Señor Presidente, los dos informes que presento afectan a siete reglamentos cuya reforma debatimos y que se refieren a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, a saber: Guadalupe, Martinica, La Reunión y Guyana, de Francia; las Azores y Madeira, de Portugal; y las islas Canarias, de España. 
Razones de alejamiento, de dispersión interna y climatológicas han constituido obstáculos importantes para su desarrollo. 
La distancia y los costes de transporte para importaciones y exportaciones, así como el tamaño reducido de estos territorios, han impedido atraer y rentabilizar inversiones significativas. 
Proclamando su deber de solidaridad comunitaria para responder a las necesidades de estas regiones ultraperiféricas, la Comunidad Europea adoptó entre 1989 y 1991 otros tantos programas de actuación por razones de la lejanía e insularidad, los llamados POSEI. El objetivo fue promover el desarrollo sostenible y potenciar los sectores productivos y generadores de empleo. 
Eso se hizo a base de utilizar los Fondos estructurales y de modular de forma especialmente favorable políticas comunes y, en particular, la PAC. 
Así se establecieron ayudas especiales para determinadas producciones locales y se mejoró el aprovisionamiento de materias primas mediante regímenes específicos de abastecimiento incluidos en los respectivos POSEI. 
Las medidas de favor, establecidas por la Comunidad, se han combinado con esfuerzos muy notables por parte de los Estados directamente concernidos, Francia, Portugal y España, y por parte de administraciones regionales y locales. 
De ahí que puedan contabilizarse progresos destacables, pero, a pesar de ello, subsisten insuficiencias, por lo que es preciso mantener las actuaciones incluso perfeccionando los mecanismos en busca de resultados todavía más positivos. 
En todo caso, para seguir progresando en la integración de estas regiones en el espacio europeo y para hacer frente a fenómenos aparecidos en los últimos tiempos con el creciente proceso de globalización, se hace necesario dotarse de un fundamento jurídico más firme y reforzar los reglamentos con los que se ha funcionado hasta ahora. 
En ello hemos estado trabajando desde hace meses, contando además con que los Tratados, desde Amsterdam, introdujeron en su artículo 299 el reconocimiento de la especificidad de las regiones ultraperiféricas y el compromiso de apoyarlas para superar sus dificultades. 
Por ejemplo, no proponía la indispensable modificación del fundamento jurídico para hacer referencia al nuevo texto de los Tratados, al que acabo de referirme, pero fue, ciertamente, una buena base de partida para la labor de nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que contó con la mejor cooperación de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, ésta última, precisamente, para propiciar el cambio del fundamento jurídico. 
Procedimos, además, a escuchar a las autoridades y sectores sociales de los territorios de que aquí nos ocupamos y así llegamos a una serie de enmiendas que fueron debatidas y aprobadas en el trámite de comisión. 
Además de la referida a la actualización del fundamento jurídico, hay enmiendas que responden a reivindicaciones comunes de las diferentes regiones y otras que son específicas a cada una de ellas. 
Entre las comunes, cabe citar la posibilidad de que esas regiones puedan exportar, con derecho a restitución, los productos fabricados con materias primas introducidas en las islas al amparo del REA, la necesidad de incrementar el apoyo al sector ganadero y la conveniencia de reforzar a las PYME agroalimentarias. 
Las enmiendas relativas a productos sensibles específicos de cada región afectan al tomate de Canarias, a la ganadería, los productos lácteos y la industria azucarera de las Azores y a la industria del mimbre de Madeira, y el apoyo al arroz en algunos de los territorios franceses. 
Con estas enmiendas, manifestamos nuestra voluntad de superar de una vez los problemas de nuestras regiones ultraperiféricas. 
No se trata de subsidiar el retraso económico y social de esos territorios, sino de actuar decididamente para superar esos retrasos de forma irreversible y ofrecer así, a los que allí viven, condiciones de vida y perspectivas de futuro homologables con las de los demás ciudadanos de la Unión Europea. 
Los costos de las mejoras que proponemos son, por lo demás, ciertamente insignificantes dentro de las magnitudes presupuestarias en que se mueve la Unión. 
Terminaré agradeciendo la dedicación y profesionalidad de los funcionarios de nuestra Comisión de Agricultura y manifestando también mi agradecimiento a la Comisión y al Consejo que nos han acompañado demostrando interés y comprensión. 
Si, como espero, el Pleno aprueba lo que la Comisión de Agricultura somete a su juicio, será el Consejo de la Unión el que tendrá la responsabilidad de no defraudar nuestras expectativas que son, en definitiva, las de los paisanos de las islas Canarias, Madeira, las Azores, Martinica, Guadalupe, La Reunión y Guyana. 
Téngase en cuenta que es en actuaciones como ésta en las que está en juego la confianza de los ciudadanos en la acción de la Unión Europea y, en definitiva, la credibilidad de nuestro proyecto. 
. 
(FR) Señor Presidente, mi informe también se refiere a la aplicación, en el ámbito de la pesca, del artículo 299, párrafo 2, del Tratado de Amsterdam relativo a las regiones ultraperiféricas. 
Este Tratado ha reconocido lo específico de dichas regiones, y además las ha definido simultáneamente por sus handicaps y por las dificultades que padecen, fruto de la lejanía, de la insularidad, a menudo de relieves y de climas hostiles, incluso a veces de una dependencia económica. 
Tras su firma, ha permitido adaptar legítimamente las políticas afectadas, sin que por ello se haya puesto en entredicho la coherencia del ordenamiento jurídico comunitario. 
En el ámbito de la pesca, hay siete regiones y tres Estados afectados. 
Los Estados son España, Portugal y Francia. 
En cuanto a las regiones, se trata de las Azores, Madeira, las islas Canarias, Guadalupe, Guyana, Martinica y La Reunión. 
Pues bien, se autorizan distintas medidas derogatorias relativas tanto a la pesca como a la política regional, es decir, a nuestros Fondos Estructurales. 
Este informe que presento aprueba, por descontado, esta adaptación, pero, al mismo tiempo, se han presentado algunas enmiendas, que me gustaría describirles brevemente. 
En concreto, presento una que ha sido adoptada por la Comisión de Pesca. 
Se trata de la enmienda 5 que se refiere (lo cual es de gran importancia para los interesados) a los trabajadores del mar, a los coeficientes de intervención financiera del IFOP, el instrumento financiero, en estas regiones ultraperiféricas. 
La Comisión propone que para estas regiones se incremente el porcentaje de participación de la Comunidad hasta un máximo del 85 %, lo cual es positivo, salvo para la renovación de la flota y para la modernización de los barcos de pesca y los proyectos-piloto, que mantienen coeficientes idénticos a los del reglamento anterior, y que por tanto no han sido modificados. 
Pues bien, mi enmienda y la enmienda de la Comisión de Pesca se refieren a este "salvo". 
Basándose en la situación actual de los recursos y en su necesaria protección, así como en la obligación de conservar una capacidad de flota equivalente, en el caso de la modernización y de la renovación de esta flota, la Comisión propone que ni se eleve el coeficiente de intervención de la Comunidad, ni se reduzca el coeficiente de autofinanciación privada para esta renovación y esta modernización. 
Pensamos que esta postura no está bien encaminada, y que no responde a los objetivos del Tratado destinados precisamente a garantizar la recuperación económica de estas regiones. 
Por tanto, sería conveniente modificar estos coeficientes en el Grupo nº 2, y esto es lo que se les propone a ustedes. 
Tendría efectos positivos en el desarrollo de la pesca de bajura, así como en la mejora del tratamiento de las capturas, y respondería a las expectativas de los profesionales de esta actividad. 
Por otra parte, aunque existe un exceso de capacidad en la metrópoli, no es el caso de todas las regiones ultraperiféricas, o de cualquier modo, es mucho menos seguro que esto se produzca. 
Finalmente, al Parlamento ha hecho hincapié en una necesaria mejora de la seguridad a bordo de los barcos, y la renovación y la modernización de los buques en estas regiones suponen por consiguiente un elemento importante a la hora de garantizar unas condiciones laborales adecuadas para nuestros pescadores. 
Pues bien, en esta enmienda se propone fijar el coeficiente A o la parte de la Unión en un 50 %, y el coeficiente C o la parte de las otras contribuciones nacionales o regionales en un 40 %. 
Esto, en cuanto a la enmienda a este informe, esencial a mi modo de ver. 
Hay una segunda enmienda, que es la nº 6 de la Sra. McKenna, que, por su parte, no plantea ningún problema. 
Consiste en indicar en el informe que estas adaptaciones, estas evoluciones no deben ser explotadas para alimentar el sistema de los pabellones de conveniencia; por tanto, hay que introducir en este informe una frase que haga las veces de una especie de principio de precaución jurídica en la materia. 
Finalmente, tenemos las enmiendas 7 y 8, que plantean la cuestión de la no-retroactividad. 
Esta cuestión se planteó en la reunión de la Comisión de Pesca. 
Por cierto, que la Comisión no fue muy clara. 
Se mostró incluso dubitativa, por no decir que no dio respuesta alguna con su contestación. 
La enmienda sigue en el orden del día, puesto que ha sido presentada de nuevo. 
La opinión de la Comisión Regional es favorable, la de la Comisión de Agricultura también. 
De entrada, la Comisión de Pesca no ha tenido una opinión favorable, al menos no totalmente, al considerar que este principio de no-retroactividad es un principio fundamental de nuestra legislación comunitaria. 
Pero como las otras dos comisiones han manifestado su opinión favorable, y como la Comisión Europea no ha sido muy clara, les propongo que demos una opinión positiva. 
Si esto resultase ser jurídicamente imposible, la ley resolvería la situación. 
Si fuese posible, tendremos que hacerlo, y, en ese caso, habremos tomado una decisión a favor de una muy buena causa. 
. Señor Presidente, como creo que todos ustedes ya sabrán, las negociaciones para renovar el acuerdo de pesca con Marruecos han llegado a su término sin que dicha renovación se haya producido. 
Sabrán también que se ha negociado durante un plazo extraordinariamente largo- 15 meses -, lo que ha colocado a la flota comunitaria en una situación realmente sin precedentes, con una paralización de la actividad durante un plazo que no había previsto la legislación comunitaria. 
El artículo 16 del Reglamento IFOP, en la letra b) de su apartado 1, permite financiar la paralización temporal de los buques en caso de no renovación de un acuerdo de pesca durante 6 meses, prorrogables por otros 6, tras la presentación de un plan de reconversión. 
Ese plazo y su prórroga finalizaron el pasado el 31 de diciembre, mientras estábamos aún en pleno proceso negociador con Marruecos. 
La Comisión entendió entonces que no se podía dejar desprotegidos a armadores y tripulantes mientras proseguían dichas negociaciones, por lo que presentó la propuesta de Reglamento que hoy se somete a votación con el fin de cambiar el fundamento jurídico del Reglamento IFOP con dos objetivos: por un lado, permitir que dichas ayudas pudiesen prolongarse 6 meses más, hasta el próximo 30 de junio y, por otro, autorizar a los Estados miembros afectados a sobrepasar el umbral del 4% del presupuesto IFOP que pueden destinar a las ayudas por la paralización de la flota, plazo que, como resulta evidente por lo extraordinario de la situación, había sido ya ampliamente sobrepasado. 
Era, pues, una propuesta totalmente razonable. 
Sin embargo, cuando el informe que debatimos estaba prácticamente terminado, el Consejo de ministros de abril, dio las negociaciones por concluidas, y en mayo, la Comisión todavía no había presentado su propuesta de las medidas que contemplaría el plan de reconversión. 
Sabemos que la Comisión tenía intención de presentar una propuesta de Reglamento en este sentido en el próximo Consejo de ministros de pesca del día 18 de junio, pero por razones técnicas no podrá ser aprobado antes del 3 de julio, con lo que el calendario sufrirá un importante retraso, dado que además está prevista la consulta al Parlamento Europeo. 
Asimismo, los armadores deberán poder estudiar detenidamente las opciones que se les ofrecen, en función del tipo de barco que poseen, ya que elegir entre el desguace, la ubicación del buque en otro caladero o la constitución de una empresa mixta con un socio extranjero, son decisiones empresariales que no pueden tomarse a la ligera. 
Por otro lado, los trabajadores afectados probablemente deberán esperar más aún, ya que dependerán de la decisión de sus empresas para saber, por ejemplo, si abandonarán un caladero para faenar en otro o si, simplemente, se quedarán en el paro, en caso de que la fórmula escogida sea el desguace. 
Resulta evidente que estas decisiones no podrán tomarse antes del 30 de junio, cuando aún hoy no se conocen las fórmulas que finalmente se les ofrecerán. 
Por ello, ante la votación de este informe en comisión, introduje una enmienda para cambiar las fechas de la propuesta de la Comisión y retrasarlas del 30 de junio al 31 de diciembre. 
La Comisión de Pesca entendió perfectamente la situación que se planteaba y, teniendo en cuenta además que la ampliación del plazo no conlleva consecuencias financieras para el presupuesto comunitario- ya que las ayudas seguirán corriendo a cargo del IFOP de los Estados miembros afectados -, decidió apoyar por unanimidad el contenido modificado del informe. 
Por tanto, espero que a la vista de las razones que he expuesto y tras el apoyo indiscutible de la Comisión de Pesca, este Pleno pueda aprobar también el texto que hoy se somete a votación. 
En otro orden de cosas, no me gustaría terminar sin poder felicitar a los dos ponentes y especialmente, por lo que a mí respecta, por la Comisión de Pesca, al Sr. Poignant, y le aseguro que nuestro Grupo apoyará su informe y quiero hacer hincapié en la enmienda 5 del mismo, porque creo que se adecua mucho mejor al artículo 29, apartado 4 del Reglamento (CE) nº 1260/1999, que permite una contribución máxima del 50% a las PYME de las regiones ultraperiféricas. 
No debemos olvidar que las medidas de modernización de los buques suelen ser las que marcan la diferencia entre una empresa competitiva y una empresa con dificultades, además de asegurar un empleo más digno a sus trabajadores. 
Justamente por ello, deberían ser las últimas inversiones públicas en desaparecer o en dejar de estar bien dotadas económicamente. 
. Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y también en nombre del Grupo Liberal, quisiera destacar que la consulta que se le ha formulado al Parlamento Europeo, en cuanto a la aplicación singular en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea de las disposiciones comunitarias en diversos ámbitos- como las medidas agrícolas de los POSEI y las medidas estructurales en materia agrícola y pesquera -, responde al procedimiento previsto en el fundamento jurídico que se contempla en el recordado artículo 299, apartado 2, del Tratado constitutivo, modificado en la cumbre de Amsterdam. 
En segundo lugar, quisiera recordar, una vez más, que la mayoría de las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentra el archipiélago de donde procedo- las Islas Canarias -, se caracterizan por la insularidad y la lejanía del espacio comunitario y de las fuentes de abastecimiento de los mercados internacionales en productos esenciales para el consumo y la transformación. 
Por otra parte, quiero señalar también que, desde el punto de vista político, estas propuestas, pese a ser tardías, llegan en un momento interesante, por el nuevo escenario en que nos encontramos dentro de la globalización, de la ampliación y de nuevos acuerdos agrícolas con países terceros. 
En ellas se reconocen aspectos interesantes, como la diversidad regional y las singularidades socioeconómicas y geográficas de las regiones ultraperiféricas. 
Intentan cumplir con el objetivo de la cohesión económica y social, son equilibradas para todas y cada una de las regiones afectadas y reconocen implícitamente los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea dentro de la neutralidad financiera recomendada por la Comisión ejecutiva. 
En algunos casos, hemos incorporado modificaciones significativas, como la inclusión de los tomates canarios en las ayudas del programa POSEICAN agrícola, y la revisión de algunos productos incluidos inicialmente en el REA (Régimen Específico de Abastecimiento) , así como las mejoras de ayudas al sector agrícola y ganadero de los Departamentos Franceses de Ultramar, de Madeira y de Azores. 
Todo ello, en la filosofía de aumentar la competitividad de las regiones ultraperiféricas, de sus empresas y el empleo, así como el respeto al medio ambiente y el reconocimiento del carácter estratégico del sector agrario. 
Y lo más importante, la integración europea, hasta el punto de que, a partir de ahora, podremos hablar de la dimensión ultraperiférica de la Unión Europea. 
Por estas consideraciones, felicitamos a los ponentes por sus trabajos, particularmente al Sr. Martínez Martínez por su receptividad y pedimos a los diputados y a todos los grupos parlamentarios que apoyen estos informes. 
Sin duda alguna, ello permitirá una mayor conciencia integradora europea de los ciudadanos afectados, y, en nuestro caso, cuando regresemos a las Islas podremos decirles "misión cumplida". 
Por último, he de dar las gracias a las autoridades de los Gobiernos regionales y de los Estados afectados: Francia, España y Portugal, así como a la Comisión y a la Presidencia sueca, su interés en sacar adelante este paquete de Reglamentos que afectan a las regiones ultraperiféricas, que son un ejemplo de solidaridad entre los pueblos de la Unión Europea. 
Y quiero dejar constancia a nivel personal de que no votaré en los Reglamentos a los que se refiere el informe del Sr. Martínez Martínez que afecten a Canarias, pues tengo intereses agrarios en las Islas. 
Señor Presidente, señor Comisario, apoyo los informes del Sr. Miguel Ángel Martínez Martínez y considero esencial que el Consejo acoja las propuestas en ellos formuladas. 
Recuerdo algunos aspectos de la opinión aprobada en la Comisión de Presupuestos: 
1º- La revisión de los POSEI deberá respetar los compromisos de la Comunidad, en el sentido de aumentar las ayudas a las regiones ultraperiféricas; 
2º- Las propuestas de la Comisión, al basarse en el principio de la neutralidad presupuestaria, reducen el componente financiero de los programas respecto del comienzo del decenio de 1990, cuando fueron lanzados, cosas inadmisible; 
3º- La revisión en curso no puede poner en riesgo la actividad de los agricultores abarcados por la reglamentación vigente. 
Se deben reforzar las ayudas comunitarias y no reducirlas; 
4º- Se deben lanzar nuevas medidas de naturaleza agroambiental y de desarrollo y adaptación de las zonas rurales y, por último, la Comisión debe presentar nuevas propuestas en caso de que algunas de las medidas resulten insuficientes o expiren antes de 2006. 
Señor Presidente, quiero referirme al informe Poignant. 
En la comisión presentamos una enmienda sobre el creciente problema de los barcos pesqueros que llevan banderas de conveniencia, que fue rechazada por un margen muy estrecho. 
Una cantidad cada vez mayor de armadores sin escrúpulos está transfiriendo sus buques a países como Belice, Honduras, San Vicente y las Islas Granadinas. 
Saben perfectamente que estos países pasarán por alto lo que esos barcos hagan: cómo pesquen y cómo realicen las capturas. 
El Comisario Fischler se ha referido con razón a este problema como el "azote de los océanos". 
En la actualidad, no hay modo de impedir que un armador europeo exporte su buque a uno de estos países, que además recibirá una considerable ayuda de 1 millón de EUR o más y podrá conservar su barco. 
Presentamos una enmienda para colmar esta enorme laguna jurídica, empleando para ello los criterios adoptados por organizaciones internacionales de gestión de los recursos pesqueros. 
Me alegra oír que el ponente apoya nuestra enmienda, porque es escandaloso que esta laguna legal siga existiendo. 
No entiendo cómo alguien en este Parlamento puede estar a favor del uso de fondos de la UE- es decir, de dinero de los contribuyentes de la UE- para permitir a los armadores que escapen de los controles y luego compitan con armadores que cumplen las leyes. 
Insto a todos los hoy aquí presentes a apoyar esta enmienda. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, son conocidas las dificultades específicas de las regiones ultraperiféricas: distancia, dispersión y mercados pequeños, lo que agrava los costos, en particular de los transportes, y dificulta su desarrollo. 
Ahora bien, conforme al apartado 2 del articulo 299 del Tratado de Amsterdam, que reconoce la especificidad de esas regiones y la necesidad de que se adopten medidas comunitarias apropiadas, es posible adoptar medidas encaminadas a promover el desarrollo sostenible y potenciar los sectores productivos creadores de empleo, por lo que es importante utilizar este fundamento jurídico, independientemente de la referencia a los artículos de la PAC, de los Fondos estructurales o de otras políticas comunitarias. 
En este marco es en el que conviene analizar las propuestas de la Comisión que, pese a ser positivas, no son suficientes ni mucho menos para atender las necesidades de esas regiones ultraperiféricas, como pude comprobar directamente en entidades de Madeira y de las Azores. 
A eso se debe la importancia del trabajo llevado a cabo por el ponente, Sr. Martínez Martínez, a quien felicito por el informe que ha elaborado. 
De modo general, el informe da respuesta a las cuestiones que la Comisión no abordó debidamente y que son importantes para aquellas regiones. 
Respecto del primer conjunto de propuestas, encaminado a la revisión con vistas a aumentar los porcentajes de la intervención con cargo a los Fondos estructurales, es importante que se haga un mayor esfuerzo aumentando ligeramente los porcentajes de cofinanciación comunitaria, en particular en lo relativo a las medidas agroambientales y a las ayudas públicas al sector productivo, dado que esas regiones se encuentran entre las más pobres de la Unión Europea, y es necesario fortalecer sus estructuras de producción, transformación y comercialización. 
Respecto del segundo conjunto de propuestas, encaminado a revisar los mecanismos de ayuda a las producciones agrícolas de estas regiones a fin de que los apoyos a la agricultura repercutan positivamente en los ingresos de los agricultores y en la bajada de los precios al consumidor, son importantes las casi cien propuestas que figuran en el informe y conviene destacar en especial, por la importancia que tiene para las regiones ultraperiféricas portuguesas de las Azores y Madeira, la necesidad de fortalecer el apoyo concreto a la reestructuración de la vid y su cultivo, la producción y la comercialización de la batata, al sector pecuario, y no se debe olvidar la cuestión de las cuotas de la leche y las medidas que garanticen la viabilidad de la refinería de azúcar en las Azores, o incluso el refuerzo del apoyo al té, así como las modificaciones específicas para los vinos de Madeira y el apoyo a las producciones de vides. 
Así, pues, espero que la Comisión y el Consejo acepten las propuestas que figuran en los informes objeto de debate conjunto, incluida también la pesca. 
Señor Presidente, las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea se encuentran en una situación delicada. 
Debido al fracaso de las negociaciones con Marruecos, que ha dado muestras de un comportamiento inexplicable, parece que se tiene que sanear una parte de la flota pesquera. 
La Comisión anunció en su Libro Verde que alrededor del 40% de la flota pesquera europea tiene que ir al desguace si dentro de 10 ó 20 años queremos capturar todavía algún pescado en los caladeros europeos. 
El ponente Poignant se resiste a la idea de que también las regiones ultraperiféricas deban reducir su flota. 
Aunque entiendo perfectamente su preocupación por la población activa, me parece que esa preocupación carece de visión de futuro. 
Las capturas por debajo de las expectativas no se pueden seguir compensando con medios procedentes de los Fondos estructurales. 
De una u otra forma habrá que hacer una reforma de la flota pesquera. Con respecto a la reducción de la flota quiero proporcionar a mi colega Poignat una idea: el establecimiento de días marítimos que le voy explicar. 
La flota neerlandesa tiene nominalmente demasiada capacidad para los caladeros que le han sido asignados. 
Mediante la limitación de los días que pueden salir a faenar, se reduce la influencia que tiene la capacidad de la flota en los bancos de pesca. 
De esta forma la capacidad por día de la flota que faena se queda dentro de las normas establecidas. 
Con dicha regulación es posible modernizar la flota y hacerla más segura. 
Si no estamos dispuestos a reducir las cuotas de captura de nuestra flota, implacablemente la naturaleza nos las reducirá. 
También en las regiones ultraperiféricas hemos de actuar de forma responsable con las riquezas que nos ha otorgado el mar. 
Señor Presidente, el Informe sobre los productos agrícolas de los departamentos de Ultramar parece en ocasiones no tener en cuenta los mecanismos de globalización y de librecambio preconizados, por lo demás, por la Unión Europea. 
Más allá de propuestas positivas, como la intensificación de la ayuda pública para las inversiones en explotaciones agrícolas, este informe se enfrenta a obstáculos considerables. 
En primer lugar, la OMC y la voluntad de que ha hecho gala de reducir las subvenciones y las ayudas directas a la agricultura. 
Así, se sacrifica la banana antillana y ACP para satisfacer a las multinacionales americanas, con un sistema exclusivamente arancelario en 2006; en segundo término, la ampliación de la Unión Europea, que privará a los departamentos de Ultramar de una parte de los Fondos Estructurales; en tercer lugar, los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que socavan el principio de la preferencia comunitaria; en cuarto lugar, la armonización fiscal que hace peligrar la tasa de muelle y las ventajas derivadas de la lejanía. 
No obstante, existen medios, no mencionados en el informe, para salvar las producciones agrícolas de los departamentos de Ultramar: volver a la preferencia comunitaria, aplicar estrictamente las cláusulas de salvaguardia, dar prioridad a las producciones de calidad con denominación de origen, garantizar las ventajas fiscales derivadas de la insularidad y de la lejanía, aplicar las restituciones a la exportación para los productos transformados, controlar las importaciones para evitar los fraudes y las desviaciones. 
No podremos defender nuestros productos tropicales tradicionales más que a este precio y en estas condiciones. 
Señor Presidente, es muy satisfactorio ver que la Comisión responde positivamente a la voluntad de los Estados miembros de aportar flexibilidad a la gestión de los Fondos Estructurales de los que pueden disfrutar las RUP para compensar su handicap específico. 
Por tanto, el incremento de los techos existentes para la participación en ciertos fondos comunitarios es una medida positiva. 
Por el contrario, ciertas restricciones introducidas por la Comisión deben ser eliminadas. 
Así, el aumento del coeficiente del IFOP debe aplicarse imperativamente a las construcciones de buques que son indispensables. 
Del mismo modo, en materia de cofinanciación, sería importante no imponer a las RUP las mismas reglas rígidas que al territorio continental de la Unión. 
Estas disposiciones penalizan mucho, particularmente a las colectividades de los DU, debido a sus dificultades presupuestarias recurrentes. 
Aunque el principio de la cofinanciación pueda conservarse, debe ser ciertamente ajustado. 
Estas flexibilizaciones son aún más necesarias considerando que las amenazas a la economía de las RUP, y en particular de los DU, se multiplican. 
Algunas ayudas pueden ser puestas en tela de juicio de la noche a la mañana, tal y como hemos visto en el conflicto "bananas" con los Estados Unidos. 
Con la integración regional del Caribe en la zona de librecambio de las Américas en 2005, los DU van a tener que hacer frente a una competencia asimétrica de sus vecinos. 
La iniciativa Lamy "Todo, menos las armas" va a desestabilizar las producciones de arroz, de azúcar y de banana. 
Como esta disposición no es recíproca, será fuente de injusticias. 
Así, los DU tendrán que importar, sin derechos arancelarios, mercancías de los PMA vecinos, mientras que a la inversa no será posible. 
Por su parte, los países ACP de la zona del Caribe podrán prohibir las exportaciones europeas de los DU por la vía del sistema de la lista negativa. 
En consecuencia, es indispensable- aunque, naturalmente, no será suficiente -, que la ayuda estructural concedida a las RUP contemple modalidades específicas para que estos territorios europeos puedan compensar, al menos de forma parcial, no solamente su handicap estructural, sino también las amenazas que van a sufrir durante los próximos años. 
Señor Presidente, Sr. Comisario, queridos colegas, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Pesca de este Parlamento, quiero intervenir brevemente en este debate para resaltar la gran importancia de la política estructural en el sector pesquero y la necesidad de su flexibilidad para adaptarla a situaciones concretas, lo que se pone hoy de manifiesto en el presente debate. 
Quiero iniciar esta intervención felicitando a todos los ponentes, también a los que no son de la Comisión de Pesca, como el Sr. Martínez Martínez, a quien extiendo la felicitación, pero quiero concentrarme, como es lógico, en los que pertenecen a mi comisión, el Sr. Poignant y la Sra. Fraga, por el gran acierto del trabajo que han presentado a esta sesión plenaria y por el gran respaldo que han alcanzado en nuestra Comisión de Pesca. 
En el caso del informe del colega Poignant, tenemos que felicitarnos por la inclusión del artículo 299, punto 2, del Tratado como fundamento jurídico y como punto de partida fundamental para una nueva concepción de la verdadera dimensión del concepto de ultraperificidad así como de la modulación de los techos de ayuda. 
Nuestra Comisión ha visitado recientemente la isla de la Reunión a iniciativa de nuestra colega Margie Sudre y creo que todos hemos vuelto convencidos de la necesidad de ayudar con generosa solidaridad a resolver, o cuando menos a paliar, los problemas específicos y difíciles que tienen estos territorios europeos tan lejanos. 
En el caso del informe de nuestra colega Fraga, es de agradecer también la solidaridad unánime de nuestra comisión para apoyar la iniciativa de prorrogar hasta el 31 de diciembre del presente año unas ayudas a un sector específico tan afectado por la no renovación del acuerdo de pesca con Marruecos. 
Los plazos para que la Unión Europea apruebe el plan específico para los afectados por este desacuerdo hacen necesaria dicha prórroga como margen necesario para poder llevar a cabo dicho plan sin menoscabar el ya de por sí profundo impacto ocasionado. 
Sólo me cabe esperar que tanto la Comisión como el Consejo tomen buena nota de la posición unánime del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, el sector pesquero europeo está, queridos colegas, atravesando momentos de convulsión. 
Corren, efectivamente, malos tiempos para la pesca y hoy, como prueba de ello, debatimos aquí la prórroga de ayudas IFOP a la flota que faenaba en el banco canario-sahariano, en tanto no se ponga en marcha un plan de reconversión, tal y como nos ha explicado la ponente de este informe, la Sra. Fraga Estévez. 
Los medios de comunicación europeos avanzan ya que la Comisión tiene previsto destinar 142 millones de euros, con cargo al instrumento de flexibilidad, a dicho plan, pero yo, como el propio sector, tengo demasiadas dudas acerca del mismo, dudas que quisiera que el Sr. Fischler me aclarase. 
¿La utilización del instrumento de flexibilidad no limita las ayudas a un único ejercicio presupuestario, mientras que la propuesta del Gobierno español, que comportaba una plurianualidad, sería mucho más acertada para darle un tratamiento a estas personas que han quedado fuera del caladero donde tradicionalmente pescaban? 
El Gobierno español justificaba su plan y lo cuantificaba en 540 millones de euros, 240 con cargo al IFOP y 300 de financiación adicional. 
¿Puede explicarme el señor Comisario por qué no se satisfacen estas pretensiones? 
Usted, señor Comisario, que estuvo en el Consejo de Niza, ¿podría decirme si lo acordado allí respecto al plan de reconversión de esta flota, incluía ayudas para la regeneración económica de las comarcas afectadas o si simplemente se limitaba a destinar ayudas para el desguace, ayudas a armadores y pescadores? 
El sector afectado, que es mucho sector, tiene más preguntas que respuestas sobre su futuro. 
¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con el Reglamento del IFOP, que establece que las ayudas que los armadores perciben por paralización temporal de la actividad son incompatibles con los subsidios por desguace y que, por lo tanto, si quieren los subsidios para desguace, van a tener que devolver las ayudas para la paralización que ya han percibido? 
El sector quiere saber si se va a debatir este plan de reconversión para la flota en el Consejo de Ministros de 18 de junio, si se van a prorrogar las ayudas por igual, como propone este informe, a armadores y trabajadores, o si solamente van a ser para estos últimos, si ya ha recibido usted los planes de reconversión de los gobiernos afectados, español y portugués, y cuándo nos va a presentar, señor Comisario, su propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo. 
Y, por último, en el plan de la Comisión, si se van a incluir fondos para la diversificación económica de las comarcas, porque, para mí, una simple redistribución y reorientación de los fondos IFOP ya atribuidos a los Estados miembros, señor Comisario, es desvestir a un santo para vestir a otro. 
Señor Presidente, señor Comisario, mis queridos colegas, las nueve propuestas de reglamento que nos son expuestas hoy representan la primera oleada de medidas adoptadas en favor de las regiones ultraperiféricas tras la entrada en vigor del artículo 299, párrafo 2, del Tratado de Amsterdam. 
Aunque el conjunto de las demandas formuladas por los Estados miembros afectados no haya sido todavía estudiado por la Comisión, estas nuevas propuestas son particularmente importantes y abren la vía a adaptaciones de gran calado. 
Con relación a las medidas estructurales, podemos alegrarnos de que la Comisión proponga un incremento de los coeficientes de intervención de los Fondos Estructurales y de los coeficientes-tope de ayudas públicas para las RUP, aunque el objetivo sea en realidad permitir que estas regiones recuperen porcentajes de financiación similares a los que estuvieron en vigor durante el período de programación anterior. 
Sin embargo, lamento que el incremento de estos coeficientes afecte únicamente a categorías de inversiones que son limitativas. La consecuencia de ello es limitar de manera importante su alcance y, a fin de cuentas, no permitir que las regiones ultraperiféricas recuperen la situación que tenían durante el período 1994-1999. 
En cuanto a la revisión de los capítulos agrícolas presentados, hay que subrayar que se enmarca en un contexto presupuestario extremadamente restringido, que condiciona de manera importante el contenido de las medidas y su alcance. 
Deseo recordar que la dotación financiera de los POSEIDON se ha reducido un 25 %, pasando de 46 a 35 millones de euros en el presupuesto 2001, mientras que las estimaciones realizadas para la financiación de la reforma arrojaban unas necesidades financieras de 55 millones de euros para 2001. 
Sin entrar en el detalle de las propuestas, que, globalmente, están bien enfocadas, es indispensable que el artículo 299, párrafo 2, sea adoptado como base jurídica de este texto y que la continuidad de estas disposiciones quede garantizada, para paliar el retraso acumulado por la Comisión durante su elaboración y evitar cualquier interrupción en las financiaciones. 
Finalmente, en cuanto a la propuesta de reglamento relativa al IFOP, es importante que los coeficientes derogatorios vinculados a las medidas de modernización y de renovación de la flota puedan aplicarse a los buques que miden hasta 16 metros. 
Se trata de un asunto crucial para la pesca de La Reunión. 
Les pido que apoyen estas propuestas, así como las dos enmiendas que he presentado de nuevo. 
Señor Presidente, felicito a los ponentes Miguel Ángel Martínez Martínez y Bernard Poignant por el excelente trabajo realizado. 
Con la aprobación de este plan reglamentario de adaptación de las tasas de coparticipación comunitarias en los Fondos estructurales y la revisión de los POSEI concluye un ciclo en la esfera de la legislación agraria y estructural para las regiones ultraperiféricas. 
Desde el punto de vista de las Azores, este corpus reglamentario me parece positivo y permitirá la continuación de la aproximación de esa región a los niveles europeos de desarrollo. 
Felicito también a la ponente Carmen Fraga Estévez por su informe. 
Es necesario ampliar y desarrollar el apoyo a los pescadores y a la actividad pesquera afectada por la no renovación del acuerdo con Marruecos. 
En este marco, quiero plantear de nuevo el que es hoy el problema más dramático que afronta la economía de las Azores y que afecta también a la economía de Madeira: la brutal reducción de las cantidades de atún que migran de las aguas ecuatoriales del Atlántico a estos archipiélagos de la Macaronesia. 
Se trata de una consecuencia directa del aumento del esfuerzo de pesca, en particular por las docenas de buques cercadores cuya actividad incentiva la Comisión Europea en las aguas del África occidental, donde el atún inicia su migración a las aguas de la Macaronesia. 
La Comisión Europea debe evaluar inmediatamente los efectos de su política, tanto en las aguas del África occidental, donde se aplica directamente, como en las comunidades pesqueras de las Azores y Madeira y en la elaboración de conservas de atún de las Azores, donde sus consecuencias se dejan sentir, invirtiendo su política de apoyo a la pesca excesiva y a las métodos industriales y predatorios de pesca para la defensa de la pesca sostenible y de las comunidades pesqueras. 
Señor Presidente, los programas POSEI fueron propuestos hace más de 10 años como instrumentos de ayuda al desarrollo de lo que hoy conocemos como regiones ultraperiféricas. 
En sus tres versiones para las regiones y departamentos de Francia, España y Portugal, los POSEI fueron concebidos, y puestos en práctica como expresión de la voluntad política del Consejo y de la Comisión, para estimular el desarrollo de estas regiones entre las más desfavorecidas de la Unión por su lejanía y por su insularidad. 
Con la inclusión del nuevo artículo 299.2 del Tratado, las regiones ultraperiféricas cuentan ahora con una sólida base jurídica que ha permitido a la Comisión proponer estos nuevos POSEI. 
En el contexto presupuestario definido por el acuerdo de estabilidad alcanzado para hacer posible la Unión Económica y Monetaria, la ficha financiera propuesta por la Comisión se ajusta estrictamente a los criterios de neutralidad presupuestaria. 
Y debo decir que la práctica totalidad del gasto adicional resulta compensada por los ahorros derivados de la reforma de la Agenda 2000. 
Con todo, las propuestas de la Comisión responden a su voluntad de cumplir con los compromisos que ha venido adquiriendo sucesivamente a lo largo de los últimos años, como es el caso del bovino y de las producciones lácteas en Azores o de la inclusión de las producciones de tomates en las Islas Canarias, por citar sólo dos ejemplos. 
Quedan, naturalmente, algunos aspectos por resolver: como sería el caso de algunos productos, especialmente de la industria de transformación agroalimentaria, dentro del régimen específico de abastecimiento de Canarias, que deberán ser resueltos en el ámbito de las decisiones a tomar en el Comité de Gestión competente, dado que, de mantenerse en los términos previstos en este mismo momento, el resultado sería insatisfactorio. 
Señor Presidente, como el Comisario Sr. Fischler va a tener que intervenir inmediatamente, quizás pueda pedirle que me preste atención para que pueda preparar su intervención. 
Querría felicitarle, dar las gracias por el interés de la Comisión por las regiones ultraperiféricas y manifestar la satisfacción general de los miembros de este Parlamento. 
También quiero dar las gracias y felicitar al Sr. Martínez Martínez por su labor. 
Pero, sobre todo, quiero indicar al Sr. Fischler tres o cuatro enmiendas que revisten una importancia especial. 
Me refiero al Reglamento (CEE) nº 1601/92, relativo a medidas específicas en favor de las islas Canarias, y, concretamente, a las enmiendas 29 y 34, dirigidas a incluir ayudas a bosques públicos no municipales, así como a la enmienda 158, relativa también a las ayudas a bosques públicos no municipales. 
Creo que las autoridades españolas cometieron un error al no solicitar estas ayudas en su momento y ahora deben hacerlo. 
Me refiero igualmente a las enmiendas 126 y 127, que prevén la protección de la industria local en Canarias y, por último, a las enmiendas dirigidas a proteger el tomate canario, que se puede encontrar con graves dificultades en la nueva fase de elaboración de una política comunitaria aplicable en los países mediterráneos, y también a las medidas propuestas de ayuda al vino y de supresión, en cambio, de las ayudas a la importación en Canarias de productos de vino de mesa y leche líquida, que pueden entrar en competencia con productos canarios. 
En definitiva, creo que tenemos una buena propuesta de la Comisión y unos buenos informes del Sr. Martínez Martínez. 
El Parlamento Europeo debería aprobar estas propuestas que, por cierto, no han recibido en el Pleno ninguna enmienda, ya que creo que la mayor parte de los parlamentarios consideran que el texto adoptado por la Comisión de Agricultura es muy positivo. 
Espero que la Comisión pueda tomar en cuenta por lo menos algunas de las enmiendas principales, como las que acabo de señalar. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera felicitar por este magnífico informe al ponente, el Sr. Martínez Martínez, a los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, es decir, a todos los que se han dedicado de manera constructiva y profunda al complejo tema de las regiones ultraperiféricas. 
Déjenme que les muestre algunas cifras de las desventajas asociadas a esas regiones. 
Seis de las siete regiones ultraperiféricas tienen una renta media per cápita que oscila entre el 40% y el 55% de la media europea, y, por tanto, son de las más bajas de la Unión. 
Las tasas de desempleo en cinco de esas regiones son, con cifras que van del 21 al 37% de la población activa, de las más altas de la Unión Europea. 
La primera propuesta se refiere a la cuantía de las ayudas procedentes de los fondos estructurales. 
La más alta- y esto es nuevo- para todas las regiones ultraperiféricas fue fijada en el 85% de los gastos totales subvencionables. 
Para inversiones dirigidas a la pequeña y mediana empresa, la cuantía ascendió del 35 al 50%. 
La segunda propuesta se refiere al Reglamento sobre Desarrollo Rural del segundo pilar de la Política Agraria Común. 
El nivel superior de participación del FEOGA en los costes de inversión subvencionables, para inversiones en empresas agrícolas, asciende del 50 al 75%, y del 50 al 65% en el sector de la manufactura y comercialización. 
En un futuro próximo se garantizarán, además, las ayudas a bosques y superficies que pertenezcan a instituciones públicas nacionales, regionales o locales. 
La propuesta prevé además un aumento de determinadas participaciones financieras del fondo para el sector pesquero. 
Todos los costes añadidos que se originen por ello podrán ser financiados con los recursos presupuestarios habilitados para el periodo de planificación 2000-2006. 
Por ejemplo, respecto de la elevación del techo de las ayudas para toda la industria alimenticia hasta el 65% y para las PYMEs hasta el 75%, en la medida en que las inversiones se dirijan a sectores y empresas con determinados fines. Éstos deberán ser fijados posteriormente. 
También podría aprobarse el aumento de medidas agroambientales y de las otras tres medidas de acompañamiento hasta el 85%, así como la duplicación de las cuantías máximas de las medidas agroambientales en tanto afecten a zonas sensibles de Azores y Madeira. 
Estoy de acuerdo con que las medidas entren en vigor retroactivamente a partir del 1.1.2000. 
Sin embargo, la Comisión se mantiene firme en su postura respecto del fundamento jurídico. 
Al artículo 299, punto 2 se debería recurrir sólo para fundamentar excepciones a los Tratados o a principios legales generales. 
Sobre la parte económica del Programa POSEI tengo que decir que la valoración del régimen de ayudas de programas anteriores ha destacado que las medidas empleadas hasta ahora, en general, han dado resultados positivos, aunque siempre surgen críticas sobre algunos puntos concretos. 
Las propuestas de la Comisión responden tanto a la valoración positiva como a esas críticas. 
¿Cuáles son las reflexiones más importantes que hemos hecho? 
En primer lugar, que hay que simplificar, consolidar y mejorar el marco actual sobre el Régimen Específico de Abastecimiento así como las medidas específicas dirigidas a la producción agraria local. 
En segundo lugar, hay que fortalecer los Regímenes Específicos de Abastos, pues su finalidad de aproximar los costes de producción de las regiones ultraperiféricas a los que existen en el resto de la Comunidad sigue estando justificado. 
En tercer lugar, se ha actualizado el registro de productos, y algunos piensos se han introducido en él. 
En cuarto lugar, queremos que haya más competencia entre las fuentes de suministro. 
Por ello hemos introducido el principio de que las ayudas deben reflejar los costos de transporte desde la Europa continental. 
Y en quinto y último lugar, para armonizar los tres programas POSEI, debe modificarse la organización común de mercados de la carne de vacuno y de tercera y del mercado lácteo. 
La Comisión se basa en el principio de neutralidad presupuestaria en su postura respecto de las enmiendas. Ese principio ha de ser respetado en cualquier caso. 
Los gastos para los tres programas POSEI podrán, no obstante, ascender hasta el 2005 a 204 millones de euros con la misma distribución. 
La propuesta contempla ahorros. 
Por tanto, la Comisión puede aprobar modificaciones con efecto en el presupuesto si se compensan con elevados ahorros. 
Déjenme finalizar haciendo mención a los puntos que puedo aprobar. 
Puedo aprobar la apertura del Régimen Específico de Abastos de las regiones francesas para productos procedentes de terceros países, esto es, no sólo de países en desarrollo y de otras regiones ultramarinas; puedo aprobar fechas fijas para la entrada en vigor de determinados artículos de POSEIDOM sobre la garantía de facilitar un mercado fluido entre Azores y Madeira para productos que entren dentro del Régimen de Abastos. 
Bajo determinadas condiciones debe continuarse con la transformación de cultivos vitivinícolas de variedades híbridas de cepas en Azores y en Madeira. 
La subvención de la introducción de terneras de engorde podría incluirse en un programa general de subvenciones a la cría de animales dirigido a las Islas Canarias. 
Por último, los regímenes de transición deben ser fortalecidos para garantizar la continuidad. 
No puedo aprobar la utilización en este contexto del artículo 292, punto 2. 
Y ahora vayamos brevemente a los informes sobre pesca. Me voy a centrar sólo en las enmiendas, que ustedes, ya que vamos a votar ahora, deben conocer ya. 
Las dos primeras se refieren al fundamento jurídico. 
Como todo el paquete de medidas ha de sustentarse en el mismo fundamento jurídico, la Comisión se mantiene en su propuesta de aplicar el artículo 37. 
Sólo se debería recurrir al artículo 299 cuando se trate de excepciones al Tratado. Pero éste no es el caso. 
No puedo aceptar la tercera enmienda. 
Las enmiendas 4 y 6 se refieren a problemas con la pesca y las banderas de terceros países. 
Ya nos referimos a ello en el debate. 
Estamos totalmente de acuerdo. 
Quisiera incluso congratularme de que el Parlamento tenga una clara postura el respecto. 
Pero queremos resolver ese problema englobándolo en la modificación del Reglamento 27/92 que ya está en marcha. 
En los próximos días haremos llegar al Parlamento y al Consejo una respuesta al respecto. 
Sobre la quinta enmienda quisiera señalar que en el Consejo se está perfilando una amplia mayoría en favor de una solución pactada a esta cuestión. 
Este pacto sería realizable desde la perspectiva de la Comisión porque el segmento de la flota afectado entra dentro de la categoría "Flota Costera" y se evitan posteriores repercusiones. 
La pesca costera artesanal no representa ningún peligro para los recursos. 
En la quinta enmienda ustedes proponen que se extienda el ámbito de aplicación a la renovación y modernización de la flota mencionada y que se eleven las tasas de intervención nacional y comunitaria a toda la flota. 
Sin embargo, no podemos aprobar la enmienda 5 porque opinamos que no debemos seguir subvencionando una sobrecapitalización de la flota de la UE. 
No puedo aprobar las enmiendas 7 y 8. 
Ello me da pie para hacer una breve mención al informe de la Sra. Fraga Estévez. 
La propuesta discutida trata de la primera parte de las medidas que el Consejo Europeo de Niza encargó preparar. 
La propuesta de hoy cumple una de las condiciones de Niza, a saber: ampliar el vigente régimen de ayudas hasta el 30 de junio. 
La segunda parte de lo acordado en Niza lo aprobaremos en la Comisión en junio. 
En ese Proyecto de Reglamento del Consejo propondremos una serie de medidas específicas y una serie de excepciones a las disposiciones del IFOP para las que serán previstas recursos adicionales. 
Como esta propuesta no pasará por el Consejo antes del próximo otoño, podemos aprobar la enmienda de que en el contexto del marco de la propuesta de hoy se prolonguen las ayudas para los pescadores afectados así como para los armadores hasta fin de año. 
Me parece justificado por razones sociales. 
Espero que a pesar del ruido que ha habido, aquellos a los que haya interesado hayan podido escuchar mi informe y mi postura. 
Les agradezco su atención. 
Señor Presidente, tengo entendido que al principio de la sesión de hoy se ha suscitado una cuestión sobre la agencia de viajes y sobre el hecho de que el personal actual deberá dejar su puesto para el de una nueva empresa. 
Quiero aclarar que este cambio no ha sido consultado a los Cuestores. 
Deberían haberlo sido, y existía el compromiso de que así se haría antes de que se adjudicase el concurso, pero no fueron consultados. 
Hasta ahora sólo he conseguido hablar con Mary Banotti, pero puedo asegurarles que abordaremos este asunto. 
Señor Presidente, quiero decir unas palabras sobre el asunto que usted ha planteado tras la intervención del Comisario Fischler. 
Creo que el ruido en esta Cámara es una vergüenza absoluta. 
Sé que todos los Presidentes intentan desesperadamente acabar con él. 
Sugiero a la Presidencia que considere la posibilidad de una pausa de cinco minutos entre el final de la intervención del Comisario y la votación. 
No podemos seguir permitiendo que los Comisarios sean tratados de esta manera. 
Estoy completamente de acuerdo. 
Hay que hacer algo al respecto. 
Es un ejemplo vergonzoso. 
No sé que pensarán de este Parlamento las personas sentadas en la tribuna. 
VOTACIONES 
Gracias, su intervención ha sido clara y útil. 
(El Parlamento adopta la resolución) 
Informe (A5-0163/2001) del Sr. Linkohr, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación e Industria, sobre la comunicación de la Comisión "El abastecimiento de petróleo de la Unión Europea" (COM (2000) 631- C5-0739/2000- 2000/2335 (COS)) 
(El Parlamento adopta la resolución) El Presidente. 
De este modo concluye la votación. 
EXPLICACIONES DE VOTO 
Informe Hugues (A5-0196/2001) 
Muchas gracias, y déle recuerdos a su madre de mi parte. 
Señor Presidente, quiero hacer uso de la explicación de voto sobre mi conducta en las votaciones del informe Hughes. 
Voté en contra de todas las enmiendas de la comisión parlamentaria. 
En mi opinión, dichas enmiendas no tienen nada que ver con la seguridad laboral, ni con la seguridad vial ni con los aspectos de salud, sino que a través de ellas sólo se hace más difícil la situación de los pequeños y medianos empresarios del sector del transporte. 
Actualmente, contamos con el Reglamento 3820/85 relativo a los tiempos de conducción y descanso, el cual regula también los horarios de conducción y descanso de los conductores autónomos. 
Esta Directiva se refiere al tiempo total de trabajo, y creo que es descabellado que el Parlamento Europeo tenga la intención de regular el tiempo de trabajo que dedican los autónomos a gestionar sus pequeñas empresas, así que he votado en contra de todas las enmiendas. 
Señor Presidente, en el debate de ayer diversos oradores de todas las partes de Europa llamaron ayer la atención sobre los efectos potencialmente graves que esta nueva normativa ocasionaría en los lugares alejados. 
El Sr. Hudghton, por ejemplo, llamó la atención sobre los problemas de los conductores procedentes de las Hébridas que llegan a tierra firme escocesa y luego siguen su camino. 
La Sra. Kauppi, por lo que recuerdo, hizo observaciones similares sobre Finlandia, mientras que otros colegas se refirieron a Portugal. 
Durante el debate se nos dijo que el objetivo consiste en provocar una conciliación y conseguir una posición de compromiso entre la Comisión y el Parlamento por vía de la conciliación. 
Voté en el sentido en que lo hice en la esperanza y el deseo de que la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación tome en cuenta adecuadamente todos los graves problemas que afectan a las regiones alejadas de la Unión en relación con esta normativa. 
. 
(FR) Hemos votado a favor de la limitación de la jornada laboral y del tiempo de conducción de los conductores llamados independientes, categoría cuya existencia representaba hasta hoy una de las vías para eludir la ley en esta materia. 
Por otra parte, denunciamos el hecho de que los tiempos de descanso quedan excluidos de la jornada laboral, cuando el conductor no está en disposición de emplear ese tiempo a su conveniencia. 
Igualmente, es inaceptable que, tras haber afirmado que "si se realiza trabajo nocturno, la jornada laboral diaria no superará las 8 horas por cada período de 24 horas", se añada de inmediato que esta jornada puede ampliarse hasta 10 horas, siempre que la media de 8 horas sea respetada en un período de referencia más largo. 
No es de recibo calcular el tiempo de trabajo "de media", porque el cansancio acumulado en un día concreto por encima de las 8 horas no se suaviza con la media mensual o anual, con los riesgos que esto conlleva para la seguridad tanto del conductor como de los demás usuarios de la carretera. 
. (EN) La delegación de los conservadores del Reino Unido ha votado en contra de las enmiendas contenidas en el informe Hughes por las razones que he expuesto en mi intervención en el debate. 
Sin embargo, hemos votado a favor de mi enmienda 23, por la que se reclama la elaboración de un pormenorizado estudio del impacto económico que se publique dentro de los tres años siguientes a la adopción de esta directiva. 
Así lo hicimos a pesar del todo punto indignante comentario de la Comisario Palacio al final del debate, en el sentido de que, "naturalmente", no podía aceptar esta enmienda, ¡pues supondría un obstáculo administrativo poco razonable! 
Las enmiendas previstas en el informe Hughes, de ser adoptadas por el Consejo, supondrían nuevos obstáculos para los autónomos y para las PYME. 
Es, por tanto, muy importante que se identifique claramente y evalúe con rigor la incidencia en tales actividades en un primer estadio, de modo que pueda considerarse la posibilidad de una nueva revisión de la directiva. 
La propuesta de la Comisión Europea es inaceptable, al excluir a los conductores independientes, dado que pone en entredicho importantes objetivos de la Política Común de Transportes. 
Con el régimen que propone se crean condiciones de distorsión de la competencia, con lo que se menoscaba el objetivo de seguridad en la carretera y no se contribuye al fomento de la calidad de los servicios. 
Así, reviste la mayor importancia la posición adoptada en el informe Hughes, a favor del cual votamos, a pesar de que no se han integrado completamente las propuestas que presentamos durante el debate. 
Es fundamental que, como defendemos, se incluya a los conductores independientes en el ámbito de aplicación inmediata de la directiva que se adopte o que, por lo menos, así sea lo antes posible. 
Sólo así será posible garantizar el fomento de la seguridad en la carretera y evitar la distorsión de las condiciones de competencia. 
. 
(FR) Este informe es un primer paso, ciertamente tímido, pero un primer paso muy necesario para regular el sector del transporte por carretera, dónde impera una explotación al máximo de los conductores asalariados e independientes y dónde, al igual que en el transporte marítimo, se consolida un verdadero sistema de conveniencia: sedes de empresas fuera de la Unión Europea, flotas de camiones y tripulaciones al margen de todas las normas y convenios del derecho laboral. 
Europa debe ir hacia una mejora de las legislaciones existentes, concretamente con la revisión del Reglamento 3820/85, así como hacia una equiparación con las condiciones más favorables de los asalariados de la Unión en cuanto a la duración de la jornada laboral y al trabajo nocturno. 
Ningún país y ninguna empresa deben quedar excluidos de la directiva, no debe aceptarse ninguna derogación. 
Para que la legislación se aplique, la Unión Europea debe dotarse de los medios humanos y financieros necesarios, en particular contratando a inspectores y controladores laborales cualificados en número suficiente. 
Actualmente, la jornada laboral de un conductor puede alcanzar entre 60 y 70 horas, de las cuales al menos 50 son de permanencia al volante. 
En efecto, por jornada laboral, no hay que entender únicamente tiempo de conducción, sino también todas las demás operaciones. 
El trabajo nocturno debe ser radicalmente limitado- un tiempo de conducción de 8 horas es demasiado elevado -, con las compensaciones que corresponda, y debe quedar restringido a ciertas mercancías transportadas. 
Finalmente, los transportistas independientes tienen que quedar sometidos a la reglamentación, al igual que todos los demás asalariados. 
Por estos avances, hemos emitido un voto favorable a este informe. 
. (DE) Los objetivos fundamentales de la presente Recomendación son mejorar la seguridad vial, garantizar uno nivel mínimo de salud y seguridad a los conductores del transporte por carretera así como evitar la competencia desleal de otros sectores del transporte. 
La Posición común adoptada por el Consejo no da cuenta de ello suficientemente, especialmente en relación a: 
la inclusión de los conductores autónomos 
la no consideración del personal de las empresas de transporte que tienen su sede fuera de la UE 
las definiciones de los conceptos de tiempo de trabajo y de tiempo de disponibilidad en el trabajo 
la definición de trabajo nocturno 
Aún sabiendo que con la aprobación de la Recomendación nos esperan difíciles negociaciones con el Consejo, mi grupo, no obstante, votará favorablemente porque: 
1. la incorporación de los conductores independientes se producirá dentro de 2 años con la aplicación de la Directiva para solucionar el problema de la transferencia de conductores a la condición de autónomos para saltarse las limitaciones al tiempo de trabajo 
2. el tiempo de trabajo de los conductores autónomos no debe incluir sólo el tiempo de los viajes, sino también el de los controles del vehículo, el que dedican a tareas administrativas y empresariales, etc., porque de otro modo las pausas son demasiado pequeñas y esto representa una amenaza para la salud de los conductores y una disminución de la seguridad vial, ya que una gran cantidad de accidentes graves ocurren como consecuencia del exceso de cansancio. 
3. con la definición de los conceptos de tiempo de disponibilidad en el trabajo, horario nocturno y trabajo nocturno se están considerando aspectos sociales del problema 
4. hay que documentar los tiempos de viaje de todos los conductores, independientemente de si son empleados o independientes. 
El trabajo sigue siendo una mercancía. 
A los empresarios lo que les interesa es hacer trabajar a sus asalariados en los momentos que produzcan menores gastos. 
Lo que más les gustaría en el transporte por carretera es que sus camioneros estuvieran siempre disponibles, a cualquier hora del día o de la noche a lo largo de toda la semana. O sea, que trabajen a veces veinte horas seguidas, y en otros momentos cinco veces al día un par de horitas. 
Con esta práctica evitan que haya que contratar a más personal para repartir las tareas pero la consecuencia es que los camioneros se sienten más estresados y agotados, por lo cual provocan más accidentes y apenas llegan a tener vida privada. 
Sólo con un buen entendimiento entre la administración y los sindicatos se puede poner fin a este abuso. 
Ahora que el transporte por carretera empieza a tener un carácter cada vez más internacional y empresas baratas de la Europa Oriental con condiciones laborales lamentables intentan hacerse con un segmento del mercado en la Unión Europea, se impone la necesidad de tomar medidas. 
Justamente en el ámbito de los problemas transfronterizos es muy necesario que se tomen medidas a nivel europeo, pero el Consejo ya lleva dos años saboteando estas medidas y ahora otra vez está dispuesto a adoptar solamente una versión debilitada de las mismas. 
Me parece muy positivo que el ponente insista en las líneas principales y que esté a favor de que se tomen medidas para evitar que las grandes empresas de transporte eludan su responsabilidad cargando los riesgos laborales a sus propios camioneros desprotegidos. 
. (SV) Como representante de los cristianodemócratas suecos apoyo la segunda lectura de la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan con carácter profesional actividades móviles de transporte por carretera, puesto que esto es importante, especialmente, desde el punto de vista de la seguridad. 
Sin embargo, he optado por votar en contra de los siguientes puntos: la propuesta de que el trabajador debe ser informado al menos con un día de anticipación, la propuesta de que el tiempo en que se está al lado del chofer deba ser computado como tiempo de trabajo y la propuesta de un máximo de 8 horas diarias de trabajo si se trabaja de noche. 
Mi voto se fundamenta en la idea de que hay que encontrar un equilibrio entre la seguridad vial y unas condiciones razonables para los empresarios. 
Informe Skinner (A5-0156/2001) 
Señor Presidente, como usted sabe, soy el secretario nacional del Partido de los Pensionistas en Italia y, por consiguiente, represento a los pensionistas. 
Lamentablemente, muchos pensionistas, incluso jóvenes, lo son porque han sufrido accidentes de trabajo. 
Por lo tanto, aplaudo este informe cuyo objetivo es reducir lo más posible los accidentes de trabajo producidos por caídas desde una altura. 
Se trata de una plaga que afecta a todo el mundo y especialmente a Europa, y en Europa a los Estados donde se trabaja más. En consecuencia, creo que éste es un ejemplo de lo muy importante que es que Europa intervenga con una legislación comunitaria para estas actividades que causan tantos perjuicios y tantos lutos en nuestra Europa. 
. (SV) Tal como hicimos en la primera lectura, nos abstenemos en la votación del informe Skinner sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
La UE no debe tener tanta injerencia en este campo. 
Nuestra actitud en general hacia la UE es positiva. 
La integración europea es una posibilidad de alcanzar soluciones a problemas transfronterizos tales como el medio ambiente, el comercio, la libre circulación, los derechos humanos y el manejo de las crisis. 
Creemos también en el principio de subsidiariedad, esto es, que las decisiones deben ser tomadas tan cerca como sea posible de las personas a quienes afecten. 
Por esa razón, impulsamos enérgicamente la creación de una constitución de la Unión Europea, en la que se señale nítidamente las competencias de cada uno. 
Tiene que estar absolutamente claro para todos los ciudadanos que la Unión solamente se ocupará de lo que sabe hacer mejor, esto es, de los asuntos transfronterizos. 
Estamos convencidos de que la UE no es el ámbito más adecuado para legislar, por ejemplo, sobre cómo hay que usar las escaleras en los trabajos que se realizan en planos elevados del suelo. 
Las condiciones nacionales deben ser decisivas para el uso de andamios y para la realización de trabajos. 
Para nosotros es relevante que la UE se concentre, en cambio, en unas pocas materias en las que realmente pueda hacer algo provechoso. 
Ésta no es una de esas materias. 
. 
(SV) Las regulaciones detalladas no son el camino correcto. 
En consecuencia, no puede ser tarea del UE ni del Parlamento Europeo fijar normas sobre la inclinación de las escalas, cómo hay que ubicarlas en relación con los edificios o que no puedan descansar en superficies resbaladizas. 
Por muy plausible y correcto que sea todo esto, es algo que debe estar fuera de la esfera de competencia política europea. 
El Parlamento Europeo debe ser capaz de marcar este límite, demostrando prudencia a la hora de elegir lo que es interesante y de solicitar competencias. 
La solución razonable habría sido una directiva que obligase a los Estados miembros a adoptar medidas pertinentes y suficientes para asegurar un cierto nivel de seguridad en los centros de trabajo. 
El mercado común debe contar con ciertas normas mínimas y con objetivos comunes para mejorar la salud y la seguridad en los lugares de trabajo. 
Por el contrario, es deplorable que se regule detalladamente en el ámbito europeo sobre las maneras de alcanzar esos objetivos. 
Los cristianodemócratas suecos creemos que es muy importante trabajar para lograr un reparto de competencias más nítido entre la UE y los Estados miembros. 
La legislación comunitaria debe estar libre de este tipo de detalladas regulaciones y, además, debe tener en cuenta el principio de subsidiariedad. 
Las directivas comunitarias tienen que fijar metas, no regular detalles ni describir los caminos que hay que seguir para alcanzar esas metas. 
Hay que dejar que los Estados miembros decidan qué reglas se necesitan para alcanzar de la mejor manera posible los objetivos de la directiva en relación con la salud y la seguridad de los trabajadores. 
Se supone que los eurodiputados, igual que los políticos nacionales, deben dominar una serie de materias y un amplio espectro de asuntos políticos, pero no precisamente la forma de afianzar las escaleras ni los sistemas de apoyo de éstas. 
. (EN) Este informe, que ha culminado en la posición común, promueve la salud y la seguridad de todos los trabajadores de la UE que tienen que trabajar en alturas con equipo en emplazamientos temporales. 
Es una normativa que favorece al empresario, y al mismo tiempo que llama la atención de forma eficaz sobre la "cultura de la seguridad" y las medidas necesarias para salvar vidas y reducir los daños físicos. 
El Grupo laborista ha buscado en todo momento reducir cualquier obstáculo innecesario a la actividad empresarial, y al mismo tiempo promover las soluciones más eficaces y viables que puedan aplicarse por vía normativa. 
Informe Sterckx (A5-0208/2001) 
Señor Presidente, es importante que hoy hayamos podido aprobar en el Parlamento Europeo, y en primera lectura, el denominado paquete Erika II, nombre que nos recuerda el triste caso del buque que se partió a finales de 1999, hace año y medio, provocando una gran marea e importantes secuelas en las costas de noroeste francés y su entorno marino. 
Con este segundo paquete, la Comisión Europea ha planteado sendas regulaciones para el establecimiento de una Agencia Marítima Europea y un fondo para la compensación de los daños ocasionados en las aguas europeas por contaminaciones petroleras, así como la creación de un sistema comunitario de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo. 
Para lograr esto último, se obligará a los buques bajo pabellón comunitario y a los restantes que hagan escala en puertos de la Unión a estar equipados tanto con sistemas de identificación automáticos- transpondedores -, para que los centros costeros de seguimiento puedan identificarlos automáticamente, como con registradores de datos de viaje- cajas negras- que almacenen de forma segura la información sobre la posición, el movimiento, el estado físico, el mando y el control. 
Todo ello es fundamental para el esclarecimiento de accidentes y, sobre todo, para la prevención de los mismos, si se utiliza con un seguimiento adecuado. 
Por su parte, los Estados miembros estarán obligados a desarrollar puertos de refugio y zonas de fondeo seguras, para los buques que naveguen con riesgo, y también centros costeros de seguimiento, a los cuales los buques tendrán también la obligación de notificar el informe actualizado sobre el estado de seguridad, elaborado por la sociedad de clasificación responsable de inspeccionarlo, todo ello tras haberse aceptado la enmienda presentada por mí, en nombre del Grupo Verdes Alianza Libre Europea. 
Deseo, señor Presidente, que este segundo paquete de seguridad marítima tenga mejor suerte que el primero y pueda ser aceptado por el Consejo de ministros de transportes, para su rápida entrada en vigor y para que, por su mediación, se protejan mejor las vidas humanas y el medio ambiente. 
. (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de la mejora de la seguridad en el mar. 
Hemos votado a favor del sistema comunitario de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo, a favor de un fondo para las indemnizaciones por las mareas negras y a favor de la creación de una Agencia Europea de Seguridad Marítima. 
Muchos accidentes ecológicos podrían haber sido evitados si la seguridad hubiera sido mejor. 
Hemos sido testigos de demasiados accidentes en el último par de años. 
Se produjo el hundimiento del buque cisterna Erika ante las costas de Bretaña en diciembre de 1999, que causó una amplia marea negra, y hemos tenido el caso del buque cisterna italiano hundido y cargado con productos químicos, Le Voli Sun. 
Últimamente, hemos sufrido una extensa marea negra en el Mar Báltico que podría haber sido evitada si hubiéramos dispuesto de mejores normas europeas. 
Los armadores piensan que la caja negra no tiene nada que ver con la seguridad. 
Sin embargo, tal cosa no es cierta. 
Una caja negra es muy útil en el trabajo de investigación en el caso de colisión entre dos buques, tal como fue el caso, por ejemplo, en el Mar Báltico. 
Si somos mejores a la hora de hallar la causa de los accidentes, entonces seremos también mejores a la hora de prevenirlos. 
No podemos esperar a normas internacionales de la OMI. 
La UE debe adelantarse a la OMI aprobando normas mejores. 
No podemos hacer concesiones con la seguridad. 
Debemos tener la seguridad de que los peces, los pájaros y los seres humanos podemos estar en el mar sin vernos bañados en petróleo y productos químicos. 
. 
(FR) Aunque nos abstengamos sobre el informe Mastorakis, que instituye una Agencia Europea para la Seguridad Marítima, votaremos a favor del informe Sterckx, porque contempla medidas concretas para limitar los riesgos de contaminación, así como los factores que hacen peligrar la vida de la tripulación. 
Sin embargo, hay que resaltar que han hecho falta catástrofes, en concreto las provocadas por el petrolero Erika, y más tarde por el naufragio del buque para el transporte de productos químicos Ievoli Sun, para que finalmente se hayan propuesto medidas. 
Falta la aplicación de estas medidas. 
No se propone de forma concreta nada coercitivo para que estas medidas sean obligaciones ineludibles tanto para los propietarios de los buques como para aquellos que tienen capacidad de mando. 
Lo mínimo en este punto sería hacer que unos y otros respondieran con el resto de sus bienes de cualquier infracción a estas directivas. 
Informe Mastorakis (A5-0205/2001) 
Señor Presidente, tenía entre once y catorce años y todas las mañanas asistía, ya que vivía en la zona alta de Génova, mi ciudad natal, a un espectáculo maravilloso: el puerto de Génova visto desde arriba, barcos que entraban, barcos que salían, cantidad de barcos de todo tipo en la rada a la espera de poder entrar debido a la intensidad del tráfico. 
De ahí nació mi amor por el mar y mi fascinación por los buques. 
Por consiguiente, creo que ninguna ciudad en Europa representaría mejor que Génova los problemas de la navegación marítima y sobre todo de la seguridad marítima. 
Por lo tanto, como genovés, como marino, espero que la sede de la Agencia de Seguridad Marítima corresponda a la ciudad de Génova. 
. 
(FR) Este proyecto de reglamento, si se adopta, permitirá la creación de una Agencia Europea de Seguridad Marítima. 
Tratándose de seguridad marítima, parece efectivamente pertinente analizar la cuestión a escala europea. 
Esta Agencia servirá para dar coherencia a acciones de formación, a una ayuda científica y técnica a los Estados miembros para la aplicación de la normativa, a la recogida de datos sobre las contaminaciones marítimas, al control y a eventuales propuestas de evolución de las legislaciones en vigor. 
Es un instrumento que no interfiere en las decisiones políticas de los Estados, y que facilita les decisiones y el control. 
Además, la práctica totalidad de los implicados en el medio marino están a favor de esta Agencia. 
Sin embargo, el papel de la Comisión en la nominación del presidente y de los miembros del consejo de administración y en la gestión de la Agencia es tan importante, que los ciudadanos que han reclamado la creación de esta Agencia corren el riesgo de quedar al margen. 
Por ello, proponemos varias enmiendas encaminadas a corregir la propuesta inicial. 
Es totalmente legítimo que parlamentarios, representantes locales, asociaciones de defensa de los derechos de los marinos profesionales y de protección del medio ambiente formen parte del consejo de administración de la Agencia. 
Es igualmente legítimo que ésta rinda regularmente cuentas de los resultados de su actividad. 
Informe Esclopé (A5-0201/2001) 
. 
(FR) Este reglamento permitirá crear un fondo para la indemnización de los perjuicios derivados de la contaminación por hidrocarburos en las aguas europeas. 
En efecto, la marea negra de diciembre de 1999 puso de relieve una vez más lo insuficiente de las compensaciones: la mayoría de las víctimas sigue sin recibir su indemnización. 
La propuesta supone sin duda una mejora. 
No obstante, es insuficiente, porque no llega hasta el final en la lógica de la asunción de responsabilidad en el dúo fletador-armador. 
Supone una mejora, porque la financiación del fondo quedará garantizada por las empresas europeas, lo cual permitirá que la indemnización sea rápida e importante. Tiene graves deficiencias, porque este reglamento establece la responsabilidad ilimitada de los contaminadores y no deduce el pago de la totalidad de los daños causados. 
Por ello, presentamos enmiendas. 
Algunas de ellas pretender fijar una responsabilidad ilimitada, restableciendo claramente el vínculo entre propietario del buque y Estado del pabellón, y obligando a los fletadores y a los armadores a suscribir un seguro con garantía ilimitada. 
Otras pretenden aportar una mayor transparencia a la gestión del Fondo COPE a través de la composición de su comité. 
Votaremos a favor de este texto, pero seguiremos trabajando para que la totalidad de los daños sea financiada con los colosales beneficios de los contaminadores. 
. 
(FR) Me gustaría centra mi intervención en la cuestión de la indemnización a las víctimas de la contaminación por hidrocarburos, que nuestra Asamblea ha propuesto precisamente ampliar a la contaminación por sustancias peligrosos. 
El actual sistema de limitación de la responsabilidad de los armadores (que es verdaderamente escandaloso) y de auto-limitación de la responsabilidad de los fletadores petroleros (en el marco de un FIPOL cuyos recursos son limitados y carecen de relación con el coste real de las contaminaciones provocadas) conduce a una cobertura de los daños causados a las víctimas trágicamente insuficiente. 
Ahora bien, no podemos aceptar que las víctimas, o más en general los contribuyentes, se vean abocados a sustituir financieramente a los responsables del acto contaminante. 
En consecuencia, la Comisión propone la creación de un fondo específicamente europeo (COPE) que funcione en base al principio de subrogación de los Estados miembros en las partes implicadas en acciones contaminantes por hidrocarburos. 
Pero la responsabilidad de cada implicado, y evidentemente, en primer lugar, la del armador y la del fletador, debe poder ser claramente identificada y claramente evidenciada por las víctimas. 
Estamos de acuerdo en cuanto a los objetivos planteados: que las víctimas sean indemnizadas en función de la totalidad del perjuicio sufrido y que los mecanismos indemnizatorios funcionen de forma rápida y eficaz. 
En cambio, estamos preocupados por las modalidades que se proponen para el funcionamiento del Fondo COPE, y en particular con la equiparación de los procedimientos COPE con los procedimientos FIPOL. 
En estas condiciones, las víctimas corren el riesgo de tener que enfrentarse a las mismas dificultades que, por ejemplo, las víctimas del Erika, es decir, a los problemas de prueba de la contaminación y de negativa a pagar por parte de las empresas. 
Por ello, al igual que el ponente, pedimos que se diseñen procedimientos específicos para la puesta en práctica del Fondo COPE, con el fin de que pueda cumplir plenamente sus objetivos en beneficio de las víctimas. 
Informe Collins (A5-0203/2001) 
Y del mar, señor Presidente, subimos al cielo; de la seguridad marítima pasamos a la seguridad en la navegación aérea. 
Aplaudo a los pilotos de avión, a los técnicos de aviación, a todo el personal, a los controladores aéreos, etcétera, que han convertido la navegación aérea en la más segura de todos los medios de transporte. 
Y esto me tranquiliza porque, desde que soy diputado europeo, vivo continuamente en el cielo, en los aviones. 
El objetivo de esta directiva del ponente Sr. Collins es mejorar aún más, si cabe, esta seguridad y, en consecuencia, bienvenida sea. 
Gracias a la Comisión por haber presentado esta propuesta y a nosotros, los diputados, por haberla aprobado. 
- (DE) Mi grupo se felicita porque la Comisión Europea ha accedido a considerar las peticiones del Parlamento surgidas en el debate sobre la seguridad aérea y los sistemas de notificación del año 1997, y porque ha presentado una propuesta independiente de Directiva sobre notificación de sucesos en la aviación civil. 
La mejora constante de la seguridad aérea es un deseo que compartimos todos los implicados, esto es, los pasajeros, las tripulaciones, los servicios técnicos y las fuerzas políticas responsables tales como nosotros, los dipitados del Parlamento Europeo. Y más aún si consideramos que en los próximos años el transporte aéreo va a crecer exponencialmente. 
Está demostrado que la mayoría de los accidentes aéreos son debidos a causas humanas. 
Por ello, un sistema armónico instalado en todos los Estados miembros de la Comunidad destinado a la generación, registro, comunicación e intercambio de información sobre sucesos peligrosos o potencialmente peligrosos será de gran utilidad para proceder a una evaluación sistemática de los distintos tipos de accidentes y para, a partir de ahí, poder extraer las conclusiones pertinentes así como para diseñar las medidas preventivas necesarias. 
La evaluación de decisiones y comportamientos humanos insuficientes será de una gran importancia especialmente para la formación del personal. 
La representación de determinadas situaciones y la simulación de decisiones de decisión ayudará al personal a estar mejor preparado y avisado para reaccionar ante irregularidades y situaciones extremas. 
Más allá de ello, todos los problemas técnicos, averías o defectos que se presenten pueden reducir sus riesgos sobre la seguridad si se incorporan a una concepción sistemática, se almacenan en un banco de datos accesible a las autoridades competentes en la materia, son evaluados y se comunican las conclusiones. 
Por estas razones no sólo nos felicitamos por el proyecto de Directiva de la Comisión, sino que aprobamos el informe del Sr. Collins y las pocas enmiendas presentadas. 
Informe Busk (A5-0210/2001) 
Aunque sea importante garantizar buenas condiciones para los animales, es necesario tener en cuenta la realidad de cada uno de los Estados miembros. 
Ahora bien, en Portugal, donde predominan las pequeñas explotaciones de cría de cerdos, no es correcto introducir, de inmediato, todo un conjunto de enmiendas profundas en las explotaciones, que las vuelven inviables desde el punto de vista económico. 
Las medidas maximalistas que el Parlamento aprobó no tienen en cuenta la realidad de un pequeño país como Portugal. 
Su aplicación, a corto plazo, propiciaría una concentración de la producción y la destrucción de la mayoría de las pequeñas y medianas explotaciones y agravaría la situación de la agricultura familiar. 
Son medidas importantes, desde luego, para los países del Norte, pero inadecuadas para la realidad del Sur. 
Así, aunque continuemos defendiendo la mejora de las condiciones y del trato de los animales, hemos votado contra este informe. 
. (DE) El bienestar de los animales constituye uno de los elementos de nuestro acervo ético. 
Sin embargo, no hay que olvidar que altos estándares de protección animal producen en la UE elevados costos. 
Por eso hay que evitar exponer a nuestros criadores de cerdos a la competencia de exportaciones que no cumplan los mismos requisitos de protección animal y que, por tanto, se vendan a precios más bajos. 
Hay que paralizar la importación de carne de cerdo de terceros países que no cumplen con los mismos requisitos legales respecto a la protección y salud animal. 
Por eso, el tema del bienestar animal debe ser tratado también en las próximas negociaciones de la OMC. 
Deberíamos tener en cuenta también que nuevas exigencias relativas a la protección animal nos llevan a sistemas distintos de estabulación. 
Si los criadores de cerdos han estado construyendo casi hasta ahora pocilgas adaptadas a las normas actuales, cuando estas normas se modifiquen, es decir, se fortalezca la protección animal, habrá que garantizar a esos criadores periodos razonables de adaptación para que puedan amortizar las inversiones ya hechas y adecuarse a las nuevas reglas de estabulación. 
Las nuevas reglamentaciones van a contener detalles muy específicos acerca de la estabulación de los cerdos, tales como el tamaño de las pocilgas, su ampliación y también la estabulación de animales en gestación. 
Aún con todos los cuidados que se pongan al introducir cambios en la política agraria, hay que pensar que quien quiera elevados estándares de protección animal debe asumir como consumidor las consecuencias de ello, es decir, debe estar dispuesto a pagar más por la carne de cerdo producida en mejores condiciones de estabulación. 
En Luxemburgo tenemos una marca de calidad para carnes de esta categoría, que cada vez es más conocida, lo que demuestra que el consumidor puede entender muy bien que los productos agrarios de calidad han de ser más caros. 
Más tarde, en otro punto del orden del día sobre la peste porcina, se verá de nuevo que los intereses que mueven la ganadería siguen siendo una mayor producción de carne, una producción más barata y cumplir con las exigencias del comercio mundial. 
No sólo las personas y su entorno medioambiental se sacrifican para que funcione el libre mercado, sino que también se llega a sacrificar el bienestar del animal. 
Los enormes intereses económicos y la liberalización europea marginan las regulaciones protectoras nacionales. 
Cuanto más avance la liberalización, mayores beneficios obtendrá el que produce con menores costes. 
Evidentemente, no cuenta que se utilice una mala práctica laboral para producir más barato. 
Los cerdos y gallinas se hacinan en pocos metros en circunstancias muy antinaturales donde no tienen ni para moverse. 
Así se ahorra espacio y, por lo tanto, dinero. 
Hay personas y organizaciones que, con mucha razón, llevan ya años insistiendo en que se preste atención a esto. 
Por eso, es muy positivo que por fin haya surgido mayor interés político por la situación penosa de los animales causada por la ganadería intensiva. 
Cualquier medida que suponga una mejoría para el bienestar del animal recibe mi apoyo, aunque no estoy nada convencido de que se haya puesto fin al maltrato de los animales con la adopción de esta propuesta. 
Informe Brok (A5-0209/2001) 
. 
(FR) Con el pretexto de ayudar a Kosovo, este informe propone apoyar la privatización de la economía en ese país, lo cual significa, según los ejemplos citados en el propio texto, someterlo a los bancos occidentales. 
Nuestro voto en contra refleja nuestra indignación ante la política global seguida por las potencias occidentales, en concreto ante la de la Unión Europea. 
Tras haber infestado de bombas tanto Kosovo como Serbia, esta política consiste en convertir la ruina misma de estos países en una salida adicional para los capitales occidentales. 
Lo mínimo sería que las potencias occidentales repararan lo que han destruido. 
Bastaría solamente una fracción del dinero invertido en la guerra, una parte de los medios y de las técnicas desplegadas, para reestablecer las infraestructuras, para recuperar las carreteras, las redes ferroviarias y telefónicas, y para reconstruir los edificios y las empresas destruidos. 
Esto debería hacerse a costa de las potencias occidentales, más concretamente a costa de sus presupuestos militares, y sin que ello generara beneficios privados en Occidente. 
Por el momento, a pesar de las auto-felicitaciones, el balance económico de la intervención de la Unión Europea se reduce al desmantelamiento de lo que queda de la economía de Kosovo, y a su subordinación a los bancos occidentales y al reino de las mafias. 
Informes Martínez Martínez (A5-0197/2001) y (A5-0195/2001) , y Poignant (A5-0189/2001) 
Señor Presidente, ésta una de las propuestas más útiles entre las que votamos en el Parlamento Europeo. 
Es extraordinariamente positivo diferenciar y especificar las ayudas a través de los Fondos estructurales que llegan a las regiones y a las islas ultraperiféricas de Europa, a saber: las Azores, Madeira, las Canarias, Guadalupe, Guyana, Martinica y La Reunión. 
Me alegro por mi amigo y compañero de escaño, Fernando Fernández, gobernador de Canarias que, que de este modo podrá recorrer más orgullosamente las islas Canarias, consciente de que Europa está cerca de las regiones y de las islas más periféricas del territorio europeo. 
Esperemos que se siga el mismo ejemplo cada vez que haya que tomar decisiones sobre las regiones ultraperiféricas de Europa. 
. 
(FR) Estamos plenamente a favor de una ayuda a los países de ultramar, que siglos de colonización y de explotación por parte de los países europeos han mantenido en una situación económica subdesarrollada. 
Deseamos, sin embargo, manifestar nuestra reserva en cuanto a la forma en que la Unión Europea concibe su ayuda a estas regiones que denomina "ultraperiféricas", en la medida en que no va destinada únicamente a la población humilde, trabajadores y pequeños agricultores, sino que pretende también respaldar intereses, autóctonos o no, que no la necesitan para nada, promoviendo además "el espíritu empresarial". 
Somos partidarias de una ayuda, aunque en otras condiciones. 
Por ello, nos hemos abstenido, pero hemos votado a favor de las enmiendas susceptibles de responder a los intereses de las clases trabajadoras de la población. 
Las propuestas de la Comisión Europea de revisión de POSEIMA distan de corresponder a las esperanzas abrigadas. 
Teniendo en cuenta los buenos resultados alcanzados desde su lanzamiento, el profundo cambio cualitativo entretanto ocurrido con la introducción de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de la Unión Europea y las sucesivas declaraciones de intenciones de varios Consejos Europeos, sería de esperar más. 
Por eso, el presente dictamen del Parlamento cobra aún mayor importancia, por lo que resulta esencial que el Consejo lo acoja en la mayor medida. 
Destaco las propuestas hechas por el ponente Martínez Martínez, por iniciativa suya y por la contribución de varios diputados, entre ellos yo, mediante la presentación de 20 propuestas de enmiendas al texto de la Comisión, que me congratulo de ver incluidas en la posición del Parlamento, aprobada por tan expresiva mayoría. 
Aun así, al votar a favor de la posición del Parlamento, conviene salvaguardar lo siguiente: 
No acepto que POSEIMA siga limitado al sector de la agricultura y, residualmente, al de la pesca; 
Tampoco acepto el "principio de la neutralidad presupuestaria", en virtud del cual el plan financiero propuesto para el futuro es inferior al del lanzamiento del programa, al principio del decenio de 1990 (aún sin articulo en el Tratado de la Unión Europea); 
Tampoco acepto la naturaleza de la medida propuesta para salvaguardar la principal producción de las Azores: la leche. 
Considero insuficientes las 70.000 toneladas complementarias atribuidas a los agricultores azorenses y discrepo del carácter transitorio de la medida, en vigor sólo hasta 2003, en evidente contradicción con lo dispuesto en el nº 2 del articulo 299 del Tratado de la Unión Europea. 
Espero que, entretanto, se haya limitado la posibilidad de reducción de algunas medidas, como se desprendía del texto de la propuesta de la Comisión. 
En este ámbito, destaco la opinión aprobada por la Comisión de Presupuestos, aneja al informe Martínez Martínez, que estableció todas esas medidas. 
El Tratado de Amsterdam consagró un fundamento jurídico (apartado 2 del articulo 299) al reconocer la necesidad de un trato diferente de la UE para con la ultraperiferia, en correspondencia con la realidad única y específica de ésta. 
Se trató de un reconocimiento de naturaleza "jurídico-constitucional", y no ya, como hasta Amsterdam, de un reconocimiento "de facto" mediante las declaraciones anejas a los Tratados o instrumentos como POSEIMA, sintomáticamente denominado Programa de Opciones Específicas para afrontar el alejamiento y la insularidad de Madeira y las Azores. 
Por eso, doy mi apoyo total al dictamen conforme del PE a un conjunto de medidas que acabamos de debatir presentado por la Comisión Europea y encaminado a materializar el principio de la ultraperiferia. 
Realce especial, por último, merece la propuesta de revisión de POSEIMA, programa que se ha revelado de grande importancia en la medida en que garantiza la aplicación de vertientes importantes de la Política Agraria Común a Madeira y las Azores, de una forma adaptada a las especificidades de la agricultura de esas regiones. 
POSEIMA ha hecho, así, una contribución importante al mantenimiento de nuestra agricultura. 
Por otro lado, POSEIMA ha sido decisivo, por incluir medidas específicas destinadas a disminuir los costos suplementarios de abastecimiento, en particular en cuanto a transporte, bienes destinados al consumo o transformación industrial. 
La propuesta de revisión de POSEIMA, con las enmiendas recomendadas por el PE, es bastante positiva. 
Se introducen nuevos instrumentos y se modifican los actuales a la luz de la experiencia adquirida. 
Espero que la Comisión acepte las enmiendas propuestas por el PE. 
. (EN) La delegación conservadora británica del Grupo del PPD-DE ha votado en contra del informe Martínez Martínez sobre medidas específicas en favor de diversos países con respecto a determinados productos agrarios. 
Mis colegas y yo comprendemos las necesidades específicas de las regiones más alejadas de la UE, dado su aislamiento y los problemas que ello entraña. 
Sin embargo, a nuestro juicio, la Comisión ha elaborado una propuesta razonable, y rebasarla, en la medida en que lo propone el ponente, no es justificable desde un punto de vista político y presupuestario. 
El sector agrícola afronta graves dificultades en toda Europa, y ampliar su presupuesto no parece viable en este estadio. 
Una idea similar ha guiado la decisión de mi delegación de votar en contra del otro informe del Sr. Martínez Martínez sobre medidas estructurales. 
Informe Fraga Estévez (A5-0185/2001) 
Después de la expiración del Acuerdo de Pesca con Marruecos, a 30 de noviembre de 1999 la flota comunitaria quedó inactiva. 
Ante esa situación, la Comisión propuso una enmienda del reglamento de las acciones estructurales con dos objetivos: prorrogar el período de concesión de indemnizaciones, por cese de las actividades, hasta el día 30 de junio de 2001 y permitir la superación del límite del 4% de las ayudas del IFOP para ese tipo de ayudas, por el número de pescadores y armadores afectados por esa paralización, en Portugal y España. 
En este informe, la diputada Fraga Estévez propone una prórroga de las ayudas hasta el final del año 2001, lo que nos parece adecuado, dada la indefinición que aún subsiste en cuanto a la remota posibilidad de renovación del Acuerdo de Pesca, y a los retrasos en la asignación de los medios necesarios para afrontar los elevados costos de la reestructuración de la flota comunitaria, en caso de que no haya renovación, que resulta, a su vez, cada vez más difícil, dado el bloqueo negociador y las conclusiones del último Consejo de Ministros de Pesca. 
Para Portugal la situación es muy complicada, dado que casi 30 embarcaciones y 600 pescadores viven esa constante indefinición, por lo que la prórroga de las ayudas, aunque tardía, podría mitigar las consecuencias de la paralización e incluso de una reestructuración más profunda. 
Por eso, votamos a favor del informe. 
Informe Galeote Quecedo (A5-0199/2001) 
(PPE-DE) , por escrito. 
(SV) Los cristianodemócratas suecos queremos hacer hincapié en que es importante que la eventual creación de una escuela diplomática, como se propone en el artículo 9, no implique una sustitución de las escuelas diplomáticas nacionales existentes en los Estados miembros. 
Es importante que el servicio diplomático de cada país cuente con una escuela propia para poder servir a los ciudadanos de la mejor manera posible, especialmente en su lengua materna. 
Informe Linkohz (A5-0163/2001) 
Cielo azul, golondrinas que llegan de todas partes, mar en calma, luz del sol increíble. 
¡No! 
Estamos en Suecia, en la maravillosa isla de Gotland. 
Usted pensará, ¿qué tiene que ver con el aprovisionamiento de petróleo de la Unión Europea? 
Sí que tiene que ver, porque el sábado y el domingo pasados asistí a un congreso sobre energías renovables precisamente en esta maravillosa isla de Gotland, en Suecia, donde el 50% de energía se obtiene de fuentes renovables, por tanto, del viento, del sol, de la biomasa, etcétera. 
Por eso, espero que se fomente la utilización de las energías renovables en Europa. 
. (DA) Hemos votado juntos a favor del informe puesto que nos parece importante hallar fuentes de energía alternativas al aceite mineral. 
Hemos votado en cambio en contra del punto 8 del informe, pues somos contrarios en general al uso de la energía nuclear. 
. 
(FR) En sus considerandos, el informe destaca que "los elevados precios del petróleo y las fluctuaciones afectan esencialmente a las capas más vulnerables de la población". 
La Exposición de Motivos constata también que los incrementos se deben básicamente a la especulación. 
Pero todo el resto refleja la voluntaria impotencia de las instituciones europeas, al igual que la de los Estados nacionales, por cierto, a la hora de intervenir. 
Cada incremento especulativo de los precios supone una gigantesca exacción de algunos grupos petrolíferos y de intermediarios capitalistas sobre la población, incluyendo a las capas más pobres, que pagan directa o indirectamente. 
En cuanto a los Estados, no solamente no intervienen para frenar estos incrementos, sino que se aprovechan de ellos por la vía de los tributos sobre el petróleo, un impuesto indirecto tan injusto además como el IVA, porque grava por igual a los más ricos y a los más pobres. 
No es verdad que los poderes públicos no pueden prohibir los incrementos de precio. 
No es cierto que no pueden eliminar el impuesto sobre los productos petrolíferos de consumo personal. 
Incapaz de adoptar las medidas necesarias, la Comisión se contenta con un discurso vacío. 
. 
(FR) Es importante que los Estados miembros se planteen seriamente reducir su dependencia en cuanto al aprovisionamiento energético exterior a la Unión Europea. 
Por un lado, por razones estratégicas, que se irán acentuando a medida que el petróleo vaya siendo cada vez más escaso, más caro, y esté más localizado en una sola región del mundo, no necesariamente de las más democráticas. 
Por otra parte, el problema del cambio climático vinculado al efecto invernadero nos ha obligado a respetar compromisos internacionales. 
Este es el motivo por el cual los Estados miembros deben hacer todo lo posible para reducir su consumo de hidrocarburos fósiles. 
Para ello, una de las opciones disponibles es el desarrollo de los bio-carburantes. 
Ha sido insuficientemente tenida en cuenta en las propuestas de la Comisión Europea: tenemos, en efecto, la posibilidad de producir en grandes cantidades cultivos oleaginosos, remolacha azucarera, cereales que pueden generar millones de hectolitros de carburantes que sustituyen a los carburantes fósiles. 
Los fabricantes de automóviles y las compañías petrolíferas más ilustradas respaldan esta estrategia. 
Consideramos pues que los Estados miembros y la Comisión deben hacer todo lo que esté en su mano para facilitar la investigación, el desarrollo y las inversiones productivas en favor de los bio-carburantes, particularmente a través de medidas fiscalmente adaptadas: urge que los Estados miembros comprendan que los bio-carburantes no deben quedar sometidos a los impuestos que gravan los productos petrolíferos fósiles. 
Aquí concluyen las explicaciones de voto. 
Regímenes de ayuda directa en el marco de la PAC 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0184/2001) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Agrario, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1259/1999 por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común (COM (2000) 841- C5-0762/2000- 2000/0335 (CNS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, el informe que ahora debatimos trata de simplificar, al menos en nuestro ámbito, las ayudas directas que se introdujeron en 1992 y luego se adaptaron a la Agenda 2000. 
La propuesta de la Comisión prevé una ayuda total de hasta 1000 euros y reducir la tramitación de solicutes por parte de las pequeñas explotaciones agrarias. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural apoya esta propuesta. 
Somos de la opinión de que 1000 euros son poco y hemos propuesto que la cantidad se eleve a 1500. 
De este modo, más o menos un tercio de todas las pequeñas explotaciones europeas podrían aspirar a las ayudas. 
Creo que el Sr. Cuhna hablará de ello, pues en Portugal el porcentaje es muy superior. 
Queremos mencionar también que queremos aplicar en este ámbito la disposición de que hay que respetar los requisitos ambientales contenida en los artículos 3 y 4 del Reglamento 1229/99. 
Con lo que no estamos de acuerdo es con el hecho de que con este Reglamento global se espera ahorrar gastos. 
Si una empresa se acoge a este pago único global, entonces es excluida de los aumentos de los pagos futuros que resultan de las decisiones de la Agenda 2000, dado que la base de los pagos únicos globales son los pagos reales de los años anteriores. 
Podría decirse que ese 20% estaría justificado porque de este modo se adaptan los pagos directa e inmediatamente a los aumentos. 
Somos de la opinión de que esto es complicado, pero no queremos que las pequeñas explotaciones se vean perjudicadas por el Reglamento. 
Ustedes conocen las discusiones que hay respecto de las primas a las grandes y racionalizadas empresas europeas, sean de donde sean, que reciben una gran cantidad de dinero en concepto de ayuda según el número de empleados. 
Si se piensa que estas pequeñas explotaciones, que también necesitan empleados, reciben una cantidad tan pequeña, me parece que la Comisión no debería ahorrar en estos empleos y en estas pequeñas explotaciones. 
Señor Comisario Fischler, usted ha propuesto o dejado caer que en un futuro estas pequeñas explotaciones recibirán hasta 5000 euros del segundo pilar, porque esas explotaciones contribuyen con su actividad económica, siempre que cumplan determinados requisitos ambientales, a la configuración del espacio rural en un sentido social y ecológico. 
No se debería, pues, mediante esta regulación ahorrar en estas pequeñas explotaciones agrarias y excluirlas de los aumentos. 
Pues de otro modo habría que recomendar a las explotaciones que no acepten esas ayudas simplificadas globales, pues tienen derecho al pago completo- la simplicación no anula la ley existente- si no quieren acogerse a las ayudas simplificadas. 
Se podría dar la situación de que esta medida que tan sensata nos parece no sea aceptada por las pequeñas explotaciones, porque digan, pues no, a mí que me den toda la ayuda aunque se trate de muchas pequeñas cantidades. 
Pero dado de que se trata precisamente de pequeñas cantidades porque se trata de pequeñas explotaciones agrarias que realizan una positiva actividad en el medio rural, deberían ustedes reflexionar otra vez sobre ello. 
Señor Presidente, comienzo acogiendo con satisfacción esta propuesta de la Comisión Europea, encaminada a simplificar los procesos de candidatura de los pequeños agricultores a las ayudas directas de la PAC, por su oportunidad y sentido. 
En verdad, la experiencia que tenemos hoy de la aplicación de la PAC es la de que margina en la práctica a los pequeños agricultores, definidos en esta propuesta como aquellos que en la media de los tres últimos años recibieron menos de mil euros anuales. 
En primer lugar, porque las ayudas por hectárea o por cabeza de ganado tienen una expresión mínima en la renta de dichos agricultores, que en muchos casos no disponen de más de cinco o diez hectáreas de tierras para cultivos herbáceos ni de más de media docena de cabezas de ganado. 
En segundo lugar, porque a los pequeños agricultores se les exige, por regla general, el mismo papeleo que a quienes reciben importes de ayuda de 10, 50 o incluso cien veces mayor, y tienen que rellenar a veces una docena de formularios diferentes, todos los años, para recibir un importe de ayuda a veces irrisorio. 
Es decir, que el pequeño importe de la ayuda a estos agricultores, combinado con el papeleo que se les exige, hace que una gran mayoría de los pequeños agricultores no se sientan mínimamente motivados para recurrir a las ayudas a que tienen derecho. 
Además de esta evaluación positiva de principio sobre la propuesta ahora en debate, quisiera hacer tres observaciones: la primera es que me parece razonable la enmienda aprobada por la Comisión de Agricultura de elevar el límite de mil a mil quinientos euros, lo que permite abarcar potencialmente una tercera parte de los agricultores de la Unión Europea y en algunos países, como el mío, de dos tercios. 
Es un comienzo prudente pero realista que me parece razonable e importante. 
Además, la enmienda también aprobada aquí para aumentar en 20% el nivel de las ayudas de los tres últimos años me parece importante, entre otras cosas porque ese nivel no está aún estabilizado después de la reforma de la Agenda 2000 y, por otro lado, es también un incentivo más para que los pequeños agricultores recurran a las ayudas. 
Pero quedan aún fuera algunas ayudas, como las correspondientes al aceite, al plátano, al tabaco, a la fécula de batata, etc., que espero que en el futuro se incluyan también. 
En segundo lugar, quiero decir que el principio de desligar las ayudas de las opciones productivas de los agricultores tiene algunas posibilidades, pero no puede hacer que se prescinda de la exigencia de que un agricultor tenga determinada producción efectiva. 
Al contrario, podríamos fomentar el absentismo. 
Tercera observación: en el futuro será necesario pensar en otra escala de ayudas para los pequeños agricultores, que deberían recibir un importe unitario de ayuda relativamente mayor que las explotaciones grandes o medias, so pena de que dicha ayuda sea ineficaz. 
Eso es fundamental. 
Las ayudas para las pequeñas explotaciones no se pueden calcular con la misma base unitaria que las otras. 
También será necesario establecer nuevas bases de atribución de ayudas, ya que basarlas en un importe medio recibido en los tres últimos años excluye a los pequeños agricultores que cultivan producciones sin derecho a ayuda, pero que con la óptica de la multifuncionalidad también tendrán derecho a recibirlas, igual que los otros. 
Señor Presidente, el Grupo Socialista acoge con satisfacción esta propuesta porque constituye un paso más en la simplificación de la política agrícola y favorece a los pequeños agricultores. 
La propuesta reconoce que en muchas ocasiones los costes administrativos de gestión y tramitación de las ayudas no se corresponden con la cantidad de ayuda que reciben estos pequeños agricultores. 
De los propios datos que ofrece la Comisión, el 23,2 % de las explotaciones reciben pagos directos inferiores a los 1.000 euros, cantidad ésta que fija la Comisión como importe máximo para acogerse al régimen simplificado. 
Sin embargo, existe un 48% de explotaciones que perciben menos de 2.000 euros y, como ya se ha significado, hay una gran variación dentro de los Estados miembros. 
Este hecho nos indica que si este régimen simplificado pretende ser eficaz, deberá incrementarse la cantidad máxima a 1.500 euros, tal y como ha aprobado la Comisión de Agricultura. 
Por otra parte, nos parece inadmisible que cualquier modificación del sistema de gestión y pago pueda perjudicar económicamente a aquellos agricultores con menos capacidad de renta y que reciben un menor porcentaje de ayudas. 
Por lo tanto, apoyamos la propuesta del ponente, en el sentido de que los pagos únicos globales, que se calculan sobre la base de los pagos reales de los años anteriores, se incrementen en un 20% para compensar de esta forma el aumento que sí tendrán los pagos futuros ajenos al régimen simplificado. 
De esta forma se evitaría una discriminación y los posibles efectos económicos negativos que esta propuesta pudiera tener para los pequeños agricultores. 
Deseo a esta iniciativa, que parece tener carácter experimental, todo el éxito en su puesta en marcha y espero y deseo que la Comisión nos siga presentando propuestas que avancen en el sentido de simplificar el régimen y la gestión de la política agrícola, elemento esencial para lograr una mayor transparencia, acercamiento y comprensión de la política comunitaria por parte de la ciudadanía europea. 
Señor Presidente, pocas veces nos hemos encontrado ante una propuesta más breve y con mayor alcance potencial. 
Una simplificación de los regímenes de ayuda de la PAC era necesaria. 
No obstante las simplificaciones, conviene prevenir los riesgos de desvirtuación o de pérdidas de eficacia. En este sentido, sorprende en la propuesta de la Comisión la falta de precisión del ámbito de aplicación de la medida y el hecho de que la Comisión se base en la red contable para evaluarla. 
Para ello, es de reconocer el mérito del informe del Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Yo quisiera recordar que preparé un informe y más tarde la Sra. Redondo otro, que proponía el tratamiento estadístico de los pagos del FEOGA garantía, para disponer de un conocimiento exacto de la aplicación de la PAC. 
La Comisión, en principio no lo aceptó, luego se comprometió a avanzar en este camino. 
Yo creo que si hubiéramos hecho esto, hoy tendríamos un conocimiento mucho más preciso en relación a los temas que nos ocupan. 
Pero volviendo al tema fundamental, algunas matizaciones que creo que hay que tener en cuenta, y siempre me refiero a la propuesta inicial de la Comisión: la concesión de ayudas sin condicionarlas al mantenimiento de la actividad, crean el riesgo de deteriorar el tejido económico, crear un sistema de clientelismo en el sector, que en los últimos 10 años ha visto desaparecer el 30% de las explotaciones y más del 25% del empleo. 
Este sistema también puede tener problemas en relación a la posibilidad de discriminar las ayudas entre las pequeñas explotaciones y la agricultura a tiempo parcial. 
En estas condiciones, a mí me parece que lo que ha hecho el Sr. Graefe zu Baringdorf tiene un enorme valor, que apoya mi Grupo político y simplemente quiero decir que nosotros hubiéramos querido apoyar todavía más la propuesta inicial del Sr. Graefe zu Baringdorf en todos sus términos y no como quedó al final, como resultado de la votación en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
En todo caso, vamos a apoyar su informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, en nombre del Grupo de los Liberales, doy las gracias a la Comisión y al ponente por este buen trabajo, el cual no sólo aspira a la simplificación de la administración, sino que también persigue esta vez un buen objetivo desde el punto de vista del agricultor: la simplificación de los procedimientos para la solicitud de las ayudas. 
En este sentido, se trata de una iniciativa bien asentada en los principios. 
Cuando uno va por cualquier parte del territorio de la UE y habla con los agricultores, el primer y único asunto con el que siempre se topa uno es que la burocracia, ese incabable ejercicio de rellenar impresos, sumando las dificultades que ello implica, causa una impresión muy negativa entre los agricultores. 
En lo que se refiere a los pequeños agricultores en particular, este asunto reviste especial importancia. 
En el largo plazo, este régimen debería ser desarrollado incorporando en el mismo las medidas encaminadas al desarrollo rural. 
Asimismo, habría que incluir en este régimen los pagos únicos globales, incluso ya en sus inicios. 
Me extraña mucho que la Comisión adopte una línea que, en lo que se refiere a los acogidos a este régimen, congela el nivel de ingresos, sin que exista revisión por aumento del índice. 
El ponente, tal y como le corresponde, ha tomado cartas en el asunto y ha observado que fuera del ámbito de este régimen, mediante las soluciones que ofrece la Agenda 2000, existe la posibilidad de acogerse a subvenciones con aumentos progresivos. 
Creo que se trata de un punto muy importante. 
Considerando que el propósito es que este régimen sea también atractivo para las explotaciones que aspiran a desarrollar sus actividades, la propuesta de nuestra comisión relativa al aumento de los niveles de ayuda está bien justificada. 
El nivel en cuestión es negociable, pero lo verdaderamente importante en este asunto es precisamente la cuestión de principios. 
Por ello mismo, esta prueba, que, en efecto, es de carácter experimental y transitorio, es muy digna de apoyo. 
Señor presidente, la propuesta de la Comisión se limita a un asunto administrativo irrelevante- lo que resulta a todas luces desorientador -, y al mismo tiempo ignora conscientemente la cuestión del sistema de gestión y pago de las ayudas comunitarias directas a las explotaciones agrícolas y el empeoramiento de la situación de las pequeñas explotaciones agrícolas. 
De acuerdo con los escasos datos del informe de la ponencia, y de acuerdo con la red contable de datos de explotaciones agrícolas, el 23,2 % de las explotaciones incluidas en la red recibe ayudas directas de menos de 1.000 euros al año. 
Este porcentaje es en realidad mucho mayor, si se consideran también las explotaciones agrícolas no incluidas en la red, que son por lo general pequeñas explotaciones agrícolas. El resultado es que un porcentaje que sobrepasa ampliamente el 23,2 % del conjunto de las explotaciones agrícolas comunitarias recibe tan sólo el 1,4 % del conjunto de las ayudas directas. 
Este dato, que tan conscientemente pretende ignorar la Comisión, pone de manifiesto la alta dosis de hipocresía de sus máximos responsables cuando afirman que el supuesto objetivo del presupuesto comunitario y de las ayudas directas es la reducción de las desigualdades entre las regiones agrícolas ricas y las regiones agrícolas pobres de la Unión Europea, así como la reducción de las diferencias entre las explotaciones agrícolas grandes y las explotaciones agrícolas pequeñas. 
El resultado es que el 20% de las explotaciones agrícolas de la Unión Europea- es decir, las grandes explotaciones- recibe el 80% de las subvenciones comunitarias, como ya señaló con asombro en su momento el Comisario Sr. MacSharry; y el hecho es que la situación empeora sin cesar. 
Como quiera que el sistema de gestión y pago de las ayudas directas favorece de forma provocadora a las grandes explotaciones agrícolas en perjuicio de las pequeñas, con el consiguiente aumento progresivo de las diferencias de renta entre las regiones agrícolas ricas y las pobres, así como entre las grandes empresas agrícolas de carácter capitalista y las pequeñas explotaciones de carácter familiar; como quiera que el sistema de gestión y pago de las ayudas comunitarias directas funciona como un instrumento para la ruina de las pequeñas explotaciones agrícolas; y como quiera que la propuesta de la Comisión no aborda en absoluto el corazón del problema, los diputados del Partido Comunista de Grecia votaremos en contra de la propuesta de la Comisión y del informe del parlamento. 
Señor Presidente, la política de la PAC, además de sus costos, dificulta la atribución de ayudas a los pequeños agricultores para países como Portugal, en que el 75% de las explotaciones son de pequeñas dimensiones. 
La simplificación del régimen de apoyos directos resulta indispensable, por lo que es importante avanzar en esa esfera, aun cuando sea a título experimental. 
El informe del Parlamento mejora la propuesta de la Comisión ampliando la inclusión del régimen simplificado para los agricultores que reciben hasta 1.500 euros anuales y aumentando las ayudas también en un 20%. 
Con todo, dadas las características del sector agrario en Portugal, habríamos preferido que el umbral del régimen hubiera quedado en los 2.500 euros, como había propuesto el Sr. Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, lo que garantizaba la entrada en el régimen a muchos más agricultores portugueses. 
Por tanto, lamento la propuesta del Sr. Arlindo Cunha, encaminada a reducir ese umbral a los 1.500 euros. 
Ahora bien, es preciso procurar que la Comisión no use ese régimen simplificado para alcanzar otros objetivos, en particular en el ámbito de una reforma de la PAC, pues se deben determinar en colaboración con los gobiernos nacionales condiciones claras de acceso al régimen simplificado con vistas a garantizar el mantenimiento de la actividad agraria. 
En cualquier caso, apoyamos el informe que presenta el Parlamento. 
Señor Presidente, señor Graefe zu Baringdorf, quisiera felicitarles por el profundo tratamiento que han dado esta propuesta. 
Señorías, el Tribunal de Cuentas ha llamado la atención en su postura relativa a las reformas de la Agenda 2000 sobre el hecho de que la autoridad competente respectiva de los Estados miembros está pagando con un gran despliegue de medios administrativos a una relativamente grande cantidad de agricultores sumas relativamente modestas. 
Algunos Estados miembros se han pronunciado de forma similar en las sesiones de los grupos de trabajo celebradas bajo la presidencia de la Dirección General de Política Agraria. 
La propuesta actual es la respuesta de la Comisión a esas peticiones. 
No va dirigida sólo a facilitar la vida de las autoridades nacionales, sino la de los agricultores que en un futuro podrán acogerse a este sistema simplificado. 
La principal ventaja para los agricultores está en que tendrán que rellenar menos formularios y que los presupuestos para garantizar las ayudas son mucho más simples. 
Las autoridades nacionales verán reducido tanto el trabajo de tramitar las solicitudes como el de los controles. 
Yo confío plenamente en lograr simplicar la Política Agraria Común. 
Esta propuesta es un paso en esta dirección, es algo nuevo, y después de habernos dedicado a simplificar normativas existentes que han demostrado ser en la práctica difíciles, complicadas o muy caras, la propuesta representa un nuevo camino. 
Pero seguiremos con los trabajos relativos a la simplicación de normativas existentes. 
Como muchos aspectos del Reglamento sobre pequeñas explotaciones no han sido probados todavía, hemos de tener en cuenta que se trata de un intento que en principio debe ser llevado a cabo antes del 2005. 
Por la misma razón, la Comisión ha limitado conscientemente el ámbito de aplicación del Reglamento a una selección de ayudas directas y ha establecido una cuantía máxima relativamente pequeña para evitar riesgos y no exponerse a las amonestaciones de Tribunal de Cuentas Europeo. 
El Reglamento deberá ser sometido a una evaluación al final de la fase de prueba, y espero que esa evaluación pueda ser la base de una solución duradera, generosa y completa. 
Y ahora sobre las enmiendas. 
Los requisitos ambientales del Reglamento 1259/99 siguen vigentes porque ya están recogidos en el Reglamento. 
Por ello, la enmienda 1 no es necesaria. 
La propuesta de las enmiendas 2 y 3 de aumentar los pagos en un 20%, me parece muy problemática. 
Primero porque el Reglamento no sería presupuestariamente neutro, sino que significaría costes adicionales de unos 100 millones de euros anuales. 
En segundo lugar, el sentido y el objetivo de la propuesta radica en hacer llegar las ayudas a los agricultores de una forma más sencilla. 
Por lo demás, quisiera llamarles la atención sobre el hecho de que los agricultores seguirán teniendo la opción de aplicar la media de los tres últimos años como base o sólo el último año. 
Es cierto que nos encontramos en una importante fase de transición. 
Pero por lo que concierne a las primas por superficie, la fase terminó. 
Por lo que respecta a las primas a la ternera, todavía habrá para el año que viene. 
Es cierto. 
Si un agricultor realmente cree que va a perder dinero, entonces tiene derecho a hacer una tramitación normal correspondiente a ese año y esperar al siguiente para incorporarse al régimen de ayudas globales. 
No es intención de la Comisión perjudicar a los agricultores. 
La Comisión puede aceptar la idea de la enmienda 4 de elevar el techo de la cuantía por encima de los 1000 euros. 
Pero la Comisión debe rechazar la enmienda 5. 
La decisión sobre la aplicación de ese sistema corresponde en esta fase de prueba al ámbito nacional, si bien a los Estados miembros se les ofrece la posibilidad de transferir la aplicación del Reglamento sobre pequeñas explotaciones al ámbito regional. 
Señor Presidente, permítame hacerle al final una pregunta al Sr. Comisario. 
Según los cálculos que usted mismo ha presentado en su propuesta, los pagos a que nos referimos- si no recuerdo mal- hacen el 1,6 % de los pagos totales. 
Son, pues, vertiginosamente pequeños. 
Como dijo el señor Pesälä, no se trata de un aumento de las primas, sino que no queremos complicar la cosa. 
Si la Comisión nos asegura que los incrementos en las primas será contabilizado para las explotaciones en régimen simplicado, nos damos por satisfechos. 
No debe producirse ningún incremento subrepticio de las primas, aunque estas explotaciones necesitasen de algo semejante. 
Pero esto es otro tema. 
Pero ahorrar a su costa no nos parece correcto. 
Si usted ha calculado tan rápido los 100 millones o ha mandado que se calculen, entonces estaríamos muy interesados en saber cuánto se ahorraría si ese incremento de las primas no se produjese. Pues entonces iría ese ahorro y la atribución de primas en perjuicio de esas pequeñas explotaciones, y esto, creo, deberíamos evitarlo. 
Señor Presidente, la Comisión también es de la opinión de que ahorrar no es de lo que se trata, pero tampoco de una ampliación de las primas. 
Hemos entendido la propuesta recibida en el sentido de que se pide un aumento global del 20%, y esto significa que surgirán una notable cantidad de costos adicionales. 
Ya les he dicho que todos los incrementos de las primas han de salir de la Agenda 2000, salvo el último, destinado al sector vacuno y previsto para el 1 de junio del año próximo. 
Todos los demás están ya incluidos. 
El incremento para el sector vacuno del año próximo no será del 20%, sino que oscilará en torno al 10%. 
El ganadero que piense que es mejor esperar un año para incorporarse a las ayudas simplificadas, pues que lo haga, ya que está prevista esta opción, y luego podrá incorporarse al año que viene sin problemas. 
De este modo no se perjudica en modo alguno al sector agrario y ganadero. 
Nuestro objetivo no es el de ahorrar, de modo que, por favor, no se nos atribuya, sino el de, sencillamente, simplificar la vida de la gente garantizando a la vez la neutralidad presupuestaria. Por lo demás, como ya he mencionado, este primer paso es un experimento. 
Dentro de tres años, incluso antes, ya que tendremos que hacer algún tipo de midterm review, o sea que, en prinicipio, en cosa de un año, podremos evaluar la práctica y ver si la cosa funciona o no. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 18.30 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 13.05 horas, se reanuda a las 15.00 horas.) 
DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad, urgencia y especial importancia. 
Convenio sobre las armas biológicas y tóxicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0434/2001 de la Sra. McKenna y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el Protocolo de Cumplimiento del Convenio sobre Armas Biológicas y Tóxicas; 
B5-0436/2001 del Sr. Marset Campos y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el Protocolo de Cumplimiento del Convenio sobre Armas Biológicas y Tóxicas; 
B5-0446/2001 del Sr. Newton-Dunn, en nombre del Grupo ELDR, sobre el Protocolo de Cumplimiento del Convenio sobre Armas Biológicas y Tóxicas; 
B5-0454/2001 de los Sres. Walls Cushnahan y Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre el Protocolo de Cumplimiento del Convenio sobre Armas Biológicas y Tóxicas; 
B5-0462/2001 del Sr. Wiersma y la Sra. Van den Berg, en nombre del Grupo del PSE, sobre el Protocolo de Cumplimiento del Convenio sobre Armas Biológicas y Tóxicas. 
Señor Presidente, como todo el mundo sabe, los líderes de la UE y el Presidente de los Estados Unidos se reúnen hoy en Gotemburgo. 
Obviamente, uno de los asuntos que tratarán serán sus diferencias sobre el Protocolo de Kyoto sobre el recalentamiento medioambiental y de la Tierra, así como sobre el Tratado de Misiles Antibalísticos, que tiene que actualizarse. 
Pero hay otro asunto importante al que apenas se ha dado publicidad y en el que este debate va a centrar su atención. 
Se trata de seis años negociación que están punto de acabar para actualizar el Convenio de 1972 sobre Armas Biológicas y Tóxicas. 
El problema con el Convenio de 1972 estriba en que, si bien prohibió la producción de armas biológicas, no preveía medio alguno de verificar si se estaban fabricando clandestinamente. 
A pesar de los seis años de negociaciones, ahora parece que la Administración estadounidense retrocede y que no está dispuesta a atenerse a las condiciones negociadas hasta ahora, incluso por sus propios predecesores. 
Es una opinión generalizada en este Parlamento que las elecciones presidenciales de noviembre pasado no pusieron de manifiesto que el pueblo estadounidense quisiera un cambio radical en la política gubernamental, sino que estaba a favor de una continuación de la política anterior. 
No obstante, ahora se están registrando señales inquietantes, en el sentido de que es posible que los norteamericanos no respalden el trabajo hecho hasta ahora. 
Si esto llega a ocurrir, y si no se llega a un acuerdo definitivo sobre la limitación de armas biológicas y tóxicas, ¿qué tipo de mensaje se mandará a los que el Presidente Bush llama los estados "delincuentes" del mundo? 
Nosotros no podemos participar en las negociaciones, pero lo más importante que podemos hacer- y espero que el Parlamento esté de acuerdo- es prestar todo nuestro apoyo al equipo negociador de la UE y decir a los norteamericanos: "venga, firmen, necesitamos este acuerdo". 
Señor presidente, el siglo XX que dejamos atrás empezó con la utilización masiva de gas venenoso en la I Guerra Mundial, es decir, con la utilización de armas químicas. 
En la II Guerra Mundial se introdujo el uso de armas nuclares, y en el último tercio del siglo XX, empezando con la guerra del Vietnam, se introdujo el desarrollo especial de las armas biológicas. 
Debemos ver con claridad que nuestro tiempo, precisamente por las posibilidades que se abren con la tecnología genética, hace posible horribles formas de destrucción. 
La capacidad destructiva del hombre crece cada vez más, las formas de destrucción son ya irreversibles, mientras que, al otro lado de la medalla, por desgracia, el orden jurídico internacional no encuentra un desarrollo parecido, e incluso mucho de lo que sería necesario para fundamentar el orden jurídico mundial, escalas de valores comunes, especialmente, actitudes éticas comunes, también, se debilitan en lugar de fortalecerse. Así pues, los fundamentos éticos se reducen mientras crecen las posibilidades de destrucción. 
Esto nos pone de manifiesto cuál es nuestra gran responsabilidad. Apremia la necesidad de, en este caso, atenerse al derecho internacional, fortalecerlo y actuar multilateralmente en estos temas. 
Los EEUU tienen una gran responsabilidad, pero también la UE. Muy a menudo asumimos el papel del que protesta contra los americanos, en este caso con razón, pero no está en situación ni dispuesto a actuar con contundencia e independencia en el juego de fuerzas internacional. 
Criticamos con demasiada facilidad el liderazgo estadounidense, que, de hecho, es demasiado grande. 
Pero no por culpa de los EEUU, sino de las debilidades en el terreno de la política y, especialmente, de la política de seguridad de la UE. 
Apelo a la Cumbre de Goteburgo para que se fijen de una vez las prioridades apropiadas y para que se sitúen la política exterior y la de seguridad en el centro de la misma, con el objeto de que la UE llegue a ser por fin un socio de los EEUU en igualdad de condiciones. 
Entonces se resolverán también esos problemas. 
Señor Presidente, la visita del presidente Bush a Europa viene marcada, entre otras cosas, por sus planes de construir un escudo nacional antimisiles. 
Este tendría la misión de proteger a los Estados Unidos de los ataques de los denominados "rogue states". 
Expresándonos de forma suave, no sentimos mucho entusiasmo por estos planes y queremos que haya un enfoque multilateral de esta amenaza que atemoriza a los Estados Unidos. 
Por otra parte, este escudo antimisiles no protegerá a los norteamericanos de la amenaza de las armas biológicas, por ejemplo, que también se pueden difundir de muchas maneras. 
Parece irónico pero también trágico que los Estados Unidos no se muestren dispuestos a colaborar con el reforzamiento del Convenio sobre armas biológicas. 
Las armas biológicas se producen y proliferan con mayor facilidad que las nucleares y sólo se puede conjurar eficazmente el peligro de estas armas mediante unos acuerdos multilaterales que dispongan de un mecanismo de control adecuado para poder perseguir a los infractores. 
Hace falta que este mecanismo se constituya rápidamente. 
Si llegáramos a un acuerdo al respecto se conseguiría por fin otro pequeño éxito en la lucha contra las armas de destrucción masiva. 
Y la conclusión política de este acuerdo sería que sí hay alternativas para la actuación unilateral en el ámbito de la seguridad. 
Señor Presidente, la proliferación de armas de destrucción masiva constituye una gran amenaza para el mundo. 
El uso inadecuado de la biotecnología para fines hostiles debe ser abordado de forma inmediata. 
Ha de afrontarse el uso de armas tóxicas. 
Es una vergüenza que hoy en día no exista mecanismo alguno en funcionamiento de verificación del cumplimiento del Convenio sobre Armas Biológicas y Tóxicas. 
Un protocolo jurídicamente vinculante para fortalecer el cumplimiento del CABT es una cuestión de urgencia absoluta. 
Instamos a los Estados parte a mostrar la máxima flexibilidad y disposición al compromiso, de modo que pueda fijarse un plazo breve y adoptarse un protocolo antes de la Quinta Conferencia de Revisión, que se celebrará en noviembre-diciembre de este año. 
Asimismo, nos gustaría que los estados establecieran un sistema de verificación lo más estricto posible, con el objeto de poner freno al uso inadecuado y hostil de las tecnologías. 
Ello significa mantener, por lo menos, la medida esbozada en el borrador del presidente. 
Recomendamos que la versión definitiva del protocolo de respeto establezca un sistema de verificación moderno y abierto capaz de adaptarse a unas capacidades tecnológicas y a un clima político cambiantes. 
. (EN) Señor Presidente, la Comisión respalda plenamente las resoluciones presentadas por los diversos Grupos del Parlamento Europeo. 
Ciertamente, en la actualidad es fundamental que la comunidad internacional avance de forma efectiva en el ámbito de la no proliferación de armas y del desarme. 
Por cuanto respecta al caso específico del CABT firmado en 1972, la falta de un protocolo de verificación ha sido un gran error en lo relativo a la no proliferación en la comunidad internacional. 
El Grupo Ad Hoc fue creado para resolver esta cuestión. 
Después de cinco años de difíciles negociaciones en la Conferencia sobre Desarme en Ginebra, ha llegado el momento de cerrar dicho protocolo. 
La UE alaba el empeño del embajador Tóth, presidente del Grupo Ad Hoc, en la obtención de progresos efectivos en la adopción del protocolo de verificación durante la Conferencia del CABT que se celebrará a finales de este año. 
La Comisión espera que todos los estados parte acepten el documento de compromiso como un buen punto de partida que permita que se ponga fin a la tarea de redactar y aprobar el protocolo a tiempo para la Conferencia del CABT. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Situación en la República Centroafricana 
Señor Presidente, es una tragedia la que aquí tratamos. 
Un país rico que casi ha caído en bancarrota, funcionarios que no reciben su salario, violaciones de derechos ciudadanos, intentos de golpe y represión, lucha armada y cientos de muertos. 
Condenamos la violencia contra el gobierno legítimamente elegido, exigimos la instauración del estado de derecho y un diálogo pacífico, y pedimos a la Comisión y al Consejo que ayuden al país con ayuda humanitaria y contribuyan al diálogo si tal cosa es posible. 
Creo que todos estamos de acuerdo al respecto en este Parlamento. 
Sin embargo, señor Presidente, sus dificultades iniciales para encontrar un orador de este punto que estuviera presente se ven subrayadas por el hecho de que sólo seamos aproximadamente diez diputados los presentes y me temo que no seremos cientos cuando votemos estas resoluciones dentro de un par de horas. 
Y espero que usted, señor Presidente, saque este tema en la Presidencia para que podamos mantener un debate decente de estos importantísimos temas. 
Un debate que tenga lugar en un momento en el que también el Consejo esté presente y en el que también haya presentes más diputados. 
Pues no podemos obrar de este modo. 
Señor Presidente, la situación en la República Centroafricana acaba de degradarse gravemente, de nuevo, y se han producido varios centenares de víctimas tras la tentativa de golpe de Estado y la subsiguiente represión. 
Una vez más, esta crisis castiga a una población víctima de luchas tribales en un país que padece desde hace décadas una grave crisis económica, como acaba de recordar nuestro colega Haarder. 
Es aún más preocupante si tenemos en cuenta que ha provocado la intervención de fuerzas armadas y de milicias extranjeras al país, al igual que ocurrió con la República Democrática del Congo. 
Corre el peligro de sumir a la República Centroafricana en un caos comparable, generador de una miseria cada día mayor. 
La Unión Europea no puede hacer la vista gorda frente a este drama. 
No se trata de volver a una política de ingerencia. 
Se trata de no dejarse llevar por la tentación de la indiferencia. 
La resolución que se someterá seguidamente a votación en esta Asamblea pone de manifiesto nuestra compasión y condena el resurgimiento de la violencia. 
La Unión Europea tiene la obligación de hacer algo más, reforzando por supuesto la ayuda humanitaria, pero sobre todo uniéndose estrechamente a los esfuerzos de las Naciones Unidas para crear un clima de reconciliación. A mi modo de ver, estos esfuerzos serían menos arduos si se desplegara en el país un cuerpo de soldados de paz, similar al que jugó un papel beneficioso entre 1998 y el pasado febrero. 
Nos referimos a ello en nuestra propuesta de resolución, a la que el Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos prestará su apoyo sin reservas. 
Señor Presidente, secundamos los fragmentos de esta resolución que denuncian la represión ejercida por el ejército centroafricano tras la tentativa de golpe de Estado del 28 de mayo, así como el carácter étnico de esta represión. 
Sin embargo, ya desde su primer Considerando, la resolución muestra su preocupación por la falta de pago de la deuda que con el Banco Mundial tiene uno de los países más pobres del planeta, y por una población que se muere de hambre. 
La resolución denuncia la presencia de fuerzas armadas extranjeras, en este caso libias. 
¿Pero cómo dejar de recordar que la fuerza armada extranjera que ha estado presente en este país durante más tiempo, que ha marcado su destino para mal, es el ejército francés? 
El ejército francés es el que ha protegido la dominación colonial, y el ejército francés es el que eligió a uno de sus oficiales subalternos, Bokassa, como Jefe del Estado Centroafricano ya independizado, sin consultar a la población. 
¿Cómo olvidar la protección que durante años se dio al dictador Bokassa y a sus extravagancias, la presencia de ministros franceses y del propio Presidente en la mascarada de la auto-coronación de Bokassa como emperador? 
Por ello, sin dejar de denunciar a los dirigentes de la República Centroafricana y a su ejército, queremos recordar la responsabilidad infinitamente mayor del Estado francés, y nos abstendremos en la resolución. 
Señor Presidente, la democracia todavía no es una conquista generalizada en África. 
Esto se ha vuelto a poner de manifiesto en la intentona golpista en la República Centroafricana, que es, por otra parte, una historia conocida. 
Un líder se niega a aceptar el resultado de los comicios y hace todo lo posible por reconquistar el poder con el apoyo de los soldados de su propio grupo étnico, y a continuación viene un periodo de represión y depuraciones. 
Pero esta vez la diferencia ha estribado en que las tropas de otros países africanos han intervenido inmediatamente para apoyar al líder democráticamente electo. 
Con el trasfondo de la indiferencia de la comunidad internacional parece que los países africanos están aprendiendo poco a poco a solucionar sus propios problemas. 
El hecho de que un país como Libia empiece a tener más poder e influencia en ese continente por este motivo es lamentable y constituye, por lo visto, un efecto colateral inevitable. 
Pero hay más. 
Los acontecimientos en la República Centroafricana son también una prolongación de la guerra en el Congo. 
Los golpistas están respaldados por las tropas afines a Kabila, que intentaron atacar a los rebeldes congoleños por la retaguardia y cortar así sus líneas de aprovisionamiento. 
La guerra en Congo y la guerra en África Central se están extendiendo como una mancha de aceite sobre el continente pero, lamentablemente, Europa lo contempla con pasividad e indecisión. 
La falta de interés pero sobre todo la división dentro de la Unión Europea conducen a una actuación poco dinámica y coherente con respecto a los países que violan los acuerdos de paz de Lusaka. 
Desde aquí me gustaría romper de nuevo una lanza por que no nos olvidemos de África, por nuestros mutuos intereses. 
Porque si queremos evitar que dentro de poco haya cientos de miles de africanos emigrando a Europa, tenemos que esforzarnos en la prevención de conflictos y el control de los mismos y procurar que estas personas tengan también en sus propios países oportunidades para sobrevivir. 
Señor Presidente, la Comisión manifiesta su preocupación por el reciente intento de golpe de estado en la República Centroafricana y por la creciente inestabilidad política y social del país. 
En este contexto, la Comisión, junto a la República Centroafricana, ha acordado recientemente una estrategia de apoyo a este país dirigida a promover la gobernabilidad y un entorno social e institucional más estable como requisitos previos de un desarrollo sostenible. 
La cooperación de la Comunidad debe concentrarse en los sectores del transporte y sanitario. 
Es posible que esta estrategia tenga que ser revisada a la luz de los recientes acontecimientos. 
Debe resaltarse que la crisis no se tornó en ningún momento en una sublevación generalizada y permaneció básicamente limitada a operaciones militares. 
La crisis humanitaria desencadenada parece estar bien identificada y ser controlable. 
Desde el comienzo de la crisis, la Oficina de ayuda humanitaria de la Comisión (ECHO) ha mantenido contactos regulares con la delegación y con ONG internacionales en coordinación con las NU sobre el terreno en Bangui. 
Tras consultar con estos socios y en respuesta a la crisis, la Comisión aportará hasta 1 millón de EUR para una operación de dos meses. 
Ello comprende ayuda alimentaria de emergencia para 35.000 niños y otros grupos particularmente vulnerables, como las mujeres embarazadas y los ancianos; asistencia médica en forma de fármacos, equipamiento médico y rehabilitación a pequeña escala que permita a los centros de salud saqueados abrir de nuevo sus puertas inmediatamente, y ayuda para el realojamiento en forma de artículos básicos de hogar y, posiblemente, de reacondicionamiento de las casas seriamente dañadas. 
Señor Presidente, no tengo gran cosa que añadir, porque el Sr. Comisario ha contestado a las preguntas que deseaba hacer. 
Dicho esto, simplemente, quizás sea importante insistir de nuevo por última vez en el hecho de que todos los motivos de lo que actualmente ocurre en un país como Centroáfrica están con todo y con eso vinculados a estas célebres políticas, llamadas de ajuste estructural, que imponen a ciertos países el FMI, el Banco Mundial, y que llevan a poblaciones enteras a vivir en la miseria y a no poder oponerse eficazmente a los dictadores a lo largo y ancho del planeta. 
Señor Comisario, Señor Presidente, tengo verdadero interés en que la Unión Europea siga redoblando sus esfuerzos para ayudar a la población civil, a la democracia, luchando contra estas políticas de desistimiento estructural, porque son injustas. 
Contribuyen a reforzar a los dictadores, y no a los demócratas. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Derechos humanos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Guatemala- B5-0430/2001 de la Sra. Frassoni y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala; 
B5-0438/2001 del Sr. Di Lello Finuoli y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala; 
B5-0448/2001 del Sr. Gasòliba I Böhm, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala; 
B5-0456/2001 del Sr. Salafranca Sánchez y otros, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre Guatemala; 
B5-0464/2001 de la Sra. Van den Berg y otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre Guatemala. 
Fraude electoral en el Chad- B5-0439/2001 de la Sra. Sylla y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el fraude electoral en el Chad; 
B5-0449/2001 del Sr. van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre las elecciones presidenciales en el Chad; 
B5-0457/2001 de los Sres. Bowis y Morillon, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre la actual situación en el Chad tras las elecciones presidenciales; 
B5-0465/2001 de la Sra. Carlotti y otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre las elecciones presidenciales en el Chad; 
B5-0472/2001 de la Sra. Maes y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en el Chad. 
Egipto- B5-0422/2001 del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación en Egipto; 
B5-0425/2001 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo TDI, sobre los casos de la Sra. Nawal Saadawi y del Sr. Saad Eddin Ibrahim en Egipto; 
B5-0440/2001 de la Sra. Boudjenah y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación de los derechos humanos en Egipto; 
B5-0450/2001 del Sr. van den Bos y otros, en nombre del Grupo ELDR, sobre los casos de la Sra. Nawal Saadawi y del Sr. Saad Eddin Ibrahim en Egipto; 
B5-0466/2001 de la Sra. Van den Berg, en nombre del Grupo del PSE, sobre los casos de la Sra. Nawal Saadawi y del Sr. Saad Eddin Ibrahim en Egipto; 
B5-0471/2001 del Sr. Cohn-Bendit y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre los casos de la Sra. Nawal Saadawi y del Sr. Saad Eddin Ibrahim en Egipto. 
Malasia- B5-0433/2001 de la Sra. McKenna, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la detención sin juicio en virtud de la Ley de Seguridad Interna (LSI) en Malasia; 
B5-0441/2001 del Sr. Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la detención sin juicio en virtud de la Ley de Seguridad Interna (LSI) en Malasia; 
B5-0451/2001 del Sr. Maaten, en nombre del Grupo del ELDR, sobre la situación en Malasia; 
B5-0458/2001 de los Sres. Cushnahan y Posselt, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre la detención sin juicio en virtud de la Ley de Seguridad Interna (LSI) en Malasia; 
B5-0467/2001 de la Sra. Ford, en nombre del Grupo del PSE, sobre la detención sin juicio en virtud de la Ley de Seguridad Interna (LSI) en Malasia. 
Afganistán- B5-0423/2001 del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la persistente violación de los derechos humanos en el régimen talibán en el Afganistán; 
B5-0424/2001 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo TDI, sobre la situación en Afganistán; 
B5-0427/2001 de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en Afganistán; 
B5-0429/2001 de la Sra. Evans y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Afganistán; 
B5-0442/2001 de la Sra. Fraisse y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la persistente violación de los derechos humanos en Afganistán; 
B5-0452/2001 de las Sras. Malmström y Thors, en nombre del Grupo ELDR, sobre la persistente violación de los derechos humanos en el régimen talibán en el Afganistán; 
B5-0459/2001 de los Sres. Mann y Tannock, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre Afganistán; 
B5-0468/2001 de la Sra. Van den Berg y el Sr. Vattimo, en nombre del Grupo del PSE: la situación en Afganistán. 
Guatemala 
Señor Presidente, también mi Grupo apoya las recomendaciones de la Comisión para que se esclarezcan los hechos ocurridos en el pasado y para que se procese a los que han participado en la violación de los derechos humanos en Guatemala. 
Es positivo y muy justificado que el Parlamento Europeo y la Unión Europea en su conjunto den su apoyo a los que están encargados de la difícil tarea de perseguir y procesar a los culpables. 
Naturalmente, me refiero a los defensores de los derechos humanos, abogados y jueces. 
Estas personas han carecido en el pasado muchas veces del apoyo de las autoridades guatemaltecas. 
Por lo tanto, espero sinceramente que este apoyo aumente después de haber adoptado esta resolución, precisamente, por haberla adoptado. 
Pero, -y ahora me dirijo a nuestros colegas del PPE, a los pocos que están presentes- sí hemos de actuar con justicia y no poner a nadie por encima de la ley. 
Y eso es justo el peligro que estamos corriendo. 
Sabrán seguramente a quien me refiero, se trata del Sr. Ríos Mont, el actual presidente del parlamento. 
También él, sobre todo él, tendrá que rendir cuentas sobre su pasado como dictador militar y espero, por lo tanto, que este Parlamento esté dispuesto a mencionar explícitamente en la resolución su responsabilidad y la de otros en los hechos ocurridos en los años ochenta. 
Señor Presidente, hace un año pedimos aquí que se acabara con la impunidad que permitía que no se hubiera condenado aún a los culpables del asesinato de Monseñor Gerardi. 
Afortunadamente, hoy sabemos que tres oficiales del ejército y un sacerdote- es terrible que haya participado un sacerdote- están condenados por este crimen. 
Creemos que es necesario poner en marcha una serie de procesos contra todos aquellos que están implicados en el asesinato de Monseñor Gerardi, según se refleja en el informe sobre el caso, realizado con mucho equilibrio, que se llama "Guatemala, nunca más". 
De lo contrario, la impunidad se convertiría en un grave problema para el futuro de Guatemala. 
Y, para ello, creemos que la Unión Europea debe contribuir a que en Guatemala sean protegidos todos los testigos, jueces y defensores de los derechos humanos, que están trabajando en esta dirección. 
Estoy convencida de que, desde la Unión Europea, podemos hacerlo así. 
Debemos exigir que sean protegidas todas las personas que están trabajando contra la impunidad y para que se esclarezcan los aspectos a que hace referencia ese informe. 
Señor Presidente, afortunadamente vivimos en una época en la que la gente y los grupos de población sometidos tienen derechos y en la que verdugos y tiranos ven expuestos sus actos y condenados. 
Lo fundamental no siempre es el castigo. 
Lo fundamental es que la verdad salga a la luz. 
Hay que acudir a los tribunales y pleitear porque la verdad debe salir a la luz para que la población quede vacunada contra nuevos engaños. 
Guatemala ha ratificado la Convención de Ginebra y el Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio. 
La Comisión de la Verdad ha solicitado que las autoridades enjuicien ahora a aquellos que han cometido genocidio o lo han respaldado. 
El Presidente ha respaldado esta petición, sin embargo, vemos que tanto jueces como otras personas vinculadas a las autoridades judiciales son perseguidas y asesinadas, y es en este punto en el que también desde este Parlamento hemos de observar muy de cerca la situación y mantener la máxima presión para que estos procesos pueden llevarse hasta el final con transparencia y así la verdad salga a la luz y los cadáveres del armario. 
Señor Presidente, este Parlamento ha mantenido siempre su compromiso en el proceso de pacificación de Guatemala, desde la firma de los acuerdos de paz, en el año 1996, en la que este Parlamento estuvo presente, al igual que repetidamente hemos reiterado nuestra intención y nuestro deseo de reconciliación nacional en Guatemala, sin que esto supusiera el imperio de la impunidad. 
La resolución común que presentamos, que ha sido fruto del acuerdo unánime de todos los grupos políticos de este Parlamento, subraya la postura homogénea y constante de esta Cámara, tanto tiempo comprometida con los derechos humanos en general y con el pueblo guatemalteco en esta situación de búsqueda de la paz, en particular. 
Las sentencias judiciales recientes, como la que se ha mencionado sobre el asesinato de Monseñor Gerardi, han puesto de manifiesto la importancia de que la justicia y el Estado de Derecho sigan su curso ordinario y funcionen normalmente, como en cualquier sistema democrático, pero no hay que olvidar ni obviar las alteraciones y presiones que se han producido en este proceso. 
Debemos manifestar nuestra preocupación por la situación de violencia, ataques a personas, a autoridades judiciales, que se ha vivido y que, lógicamente, ha producido convulsiones. 
La lógica de las heridas abiertas durante mucho tiempo es, en todo caso, injustificable, y cuanto antes se ponga coto a la misma, antes Guatemala podrá caminar hacia la democracia, el respeto del Estado de Derecho, el desarrollo, la paz y la mejora social que conduzca al logro de la prosperidad y establezca el clima de convivencia y respeto que tanto deseamos para Centroamérica y para Guatemala. 
No somos partidarios de apoyar la enmienda, de la Sra. Frassoni, de emprender acciones concretas contra mandos militares. 
Entendemos que el carácter indiscriminado de esta enmienda no es bueno. 
Además, ocuparíamos el papel que corresponde a los tribunales, a los que queremos apoyar en su importantísima tarea de pacificación y de restablecimiento del Estado de Derecho. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Parlamentario socialdemócrata quisiera decir de nuevo que este maravilloso país y este pueblo tan especial acaban de salir de un periodo muy oscuro de su historia, durante el cual los indígenas, que constituyen la gran mayoría de la población de Guatemala, fueron dominados y controlados de forma racista por una minoría blanca. 
Toda la historia de los latifundios, de los capituleros, se remonta a un periodo mucho más largo. 
Esto explica también porqué las autoridades de este país, que ha tenido una historia institucional tan endeble, tienen tantas dificultades, a pesar de los acuerdos de paz, de asumir los valores y normas democráticos para saldar cuentas de verdad con su pasado considerando los acuerdos de paz como un nuevo punto de partida. 
Rigoberta Menchú es una persona con mucha transcendencia para la población indígena. 
Sigue siendo esta población la que vive atemorizada y la que nota la enorme resistencia que hay para esclarecer el pasado, pero creo que el presidente Portillo actúa con sinceridad intentando abrir nuevos caminos. 
Esta es la razón por la cual difiero de la opinión expresada por mi colega del PPE, porque yo sí creo que la enmienda tiene mucho sentido. Esta enmienda deja bien claro que los círculos que se han sentido y considerado como intocables y por encima de la ley y en parte se siguen sintiendo así, también deben someterse, sin excepciones, al peso de la ley. 
Una persona como Ríos Mont con toda su red de familiares y amigos también forma parte de esos círculos. 
Espero por lo tanto que la Comisión se imponga en este tema. 
No podrá hacerlo sin el suficiente apoyo internacional y por eso es de gran importancia y valor lo que hacemos aquí en el Parlamento Europeo. 
En la resolución aquí presentada se reconoce la nueva fase en la que se encuentra Guatemala, como también se reconoce plenamente la legitimidad del nuevo gobierno. 
Espero que esta resolución vaya también en honor de Rigoberta Menchú. 
Señor Presidente, señor Comisario, creo que las elecciones de Chad son un ejemplo perfecto para los que, en todo el mundo, quieren tener un manual de instrucciones para montar mascaradas electorales. 
Está en primer lugar, el clima reinante de persecución contra los opositores, los sindicalistas han sido detenidos, el número de votos se ha incrementado falsamente hasta un millón más. 
Pero, para todos aquellos que todavía dudan de lo que puede ser una política de neocolonialismo, creo que lo que ha ocurrido en Chad queda bajo responsabilidad de la comunidad internacional, y particularmente de mi país, Francia. 
Francia sigue presente militarmente en este país desde su independencia. 
Los militares son los que han impreso los billetes. 
Son ellos los que han fabricado las urnas. 
Los militares son los que han transportado el material a las provincias más alejadas del inmenso país desértico. 
Considero por tanto que Francia tiene aquí una responsabilidad directa, que hay colusión con Francia en el fraude. 
En todo caso, ha contribuido a él directa o indirectamente. 
Y por ende, el silencio de la comunidad internacional se debe al hecho de que se acaba de descubrir un enorme yacimiento de petróleo en ese país. 
A partir de ahora, señor Comisario, la Comisión y la Unión Europea deben denunciar la responsabilidad de estas compañías petroleras internacionales, que no sólo no se preocupan del medio ambiente, sino que además les importan un rábano los intereses de la población, y menos aún de la democracia. 
Creo por tanto que estamos ante un verdadero supuesto de manual de lo que todavía puede calificarse- y perdónenme, queridos colegas- como política neocolonialista en África. 
Señor Presidente, el presidente Deby que acaba de ser elegido ha hecho unas promesas preciosas a su población, a la Unión Europea y al Banco Mundial. 
Anunció que iba a luchar contra la corrupción tan extendida y que respetaría los derechos humanos. Asimismo, ha prometido sacar a su país de la pobreza con la ayuda de los petrodólares. 
¿Pero el presidente Deby se da realmente cuenta de que tiene que cumplir con lo acordado? 
El Banco Mundial no ha invertido en vano casi cuatro millardos de florines en el proyecto de explotación petrolífera. 
Tampoco son incondicionales los fondos europeos de Cotonou. 
Esta ayuda implica una serie de obligaciones pero todo indica que el presidente intenta escabullirse de ellas. 
El anticipo de los millones destinado al consorcio petrolero lo ha utilizado Deby en parte para la compra de armas. 
Con ello no ha cumplido con la promesa que hizo al Banco Mundial de destinar estos fondos para la lucha contra la pobreza. 
Además, las elecciones parecen haber sido totalmente manipuladas. 
Las limitaciones de la libertad de expresión y las detenciones arbitrarias de miembros de la oposición vuelven a subrayar la falta de democracia. 
Europa debe dejar claro a Deby que no puede romper su palabra impunemente. 
Señor Presidente, el año pasado la Sra. Maes, la Sra. Carlotti y yo estuvimos en el Chad para estudiar el proyecto de oleoducto y su impacto en al población y comunidades locales y en el medio ambiente. 
Asimismo, analizamos la situación de los derechos humanos en este país. 
Los tres hemos presentado hoy esta propuesta porque nuestra preocupación de entonces por los derechos humanos ha aumentado con las acusaciones derivadas de las elecciones presidenciales. 
Es cierto que no debemos llegar a conclusiones precipitadas. 
Es cierto que debemos tomar nota de los observadores de la OUA, que afirman que las elecciones han sido básicamente justas. 
Pero es igualmente cierto que debemos tomar nota de la opinión de otros observadores y grupos de derechos humanos que sostienen que no lo fueron. 
El Gobierno de Chad debe tranquilizar a la opinión pública de su país y de todo el mundo llevando a cabo una investigación independiente y pública de las acusaciones vertidas. 
La Unión Europea debe insistir en este punto. 
Somos los principales inversores en Chad y deberíamos plantearnos enviar observadores de este Parlamento a este país para las elecciones parlamentarias del año que viene. 
Las que siguen son cuestiones para las que exigimos respuestas. 
Primero: si hay 4 millones de electores registrados en Chad y otro medio millón en el extranjero, ¿cómo pueden haber votado 5,6 millones de personas? 
¿Es cierto que se vio a niños con papeletas? 
Segundo: ¿por qué no se permitió la estancia de observadores de la OUA y otros observadores internacionales en el norte del país? 
Tercero: ¿por qué se sustituyó a mediodía a los presidentes de los colegios electorales por militares y otro personal civil? 
Cuarto: ¿si el total de votos emitidos en el sur fue en su inmensa mayoría para los candidatos de la oposición, cómo puede haberse calculado el número total de votos como lo ha sido? 
Quinto: ¿es cierto- y creo que lo es- que una delegación de mujeres que quería presentar una petición al embajador francés fue tiroteada y dispersada por personal militar? 
Sexto: ¿es cierto que los seis candidatos de la oposición fueron arrestados después de las elecciones y que uno de ellos, el Sr. Yorongar, fue golpeado y herido? 
Me reuní con él en Chad y lo he vuelto a hacer esta tarde, y me ha mostrado pruebas del tratamiento que ha estado recibiendo en un hospital de París. 
Señor Presidente, también nuestro Grupo Parlamentario Socialista se muestra muy preocupado con la situación de intranquilidad que ha surgido en Chad después de la reelección de Idriss Deby. 
El fraude electoral del que se le acusa, las detenciones y torturas de miembros de la oposición, las manifestaciones que se disuelven empleando la violencia, todas estas violaciones de los derechos fundamentales las condenamos enérgicamente. 
Quisiera hacer otra pregunta- aparte de las preguntas, que suscribo sinceramente, que acaba de hacer mi colega del PPE. 
¿Se va a convertir Idriss Deby en un nuevo dictador del petróleo? 
Evidentemente, no suena muy bien si se expresa de esta forma, pero parece que el dinero que se gana con la explotación petrolífera se emplea para mantenerse en el poder. 
Por lo tanto, ¿Chad va a seguir el camino de países como Nigeria, Angola y Sierra Leona? 
Sabemos muy bien cuál es, y sigue siendo, el impacto que tiene la explotación de riquezas naturales como el petróleo y los diamantes en estos países. 
El proyecto de construcción de un oleoducto de Chad a Camerún cuenta con la ayuda del Banco Mundial y del Banco Europeo de Inversiones. 
El Parlamento expresó ya en enero de 2000 sus preocupaciones por el proyecto de oleoducto. 
Lamentablemente, las últimas evoluciones en Chad parecen darnos la razón. 
La planificación especial del proyecto tiene que garantizar que los rendimientos se empleen para llevar a cabo programas de desarrollo económico y social en beneficio de los más pobres, pero por la situación de inestabilidad de Chad se corre el peligro de que estas buenas intenciones queden relegadas, lo cual sería inaceptable. 
Tanto el Banco Mundial como nosotros aquí en Europa debemos presionar más a Chad para que mejore la situación de los derechos humanos. 
Esto puede significar también, por lo que respecta a mí, que se ponga fin a la ayuda financiera. 
Además, me parece que las empresas internacionales involucradas han de asumir al mismo tiempo su responsabilidad. 
Vuelvo a abogar- ya lo he hecho con respecto a otros países africanos- por el establecimiento de un código de conducta entre las instituciones internacionales y las multinacionales petroleras, en el que las empresas involucradas se comprometan con las condiciones de una práctica empresarial socialmente correcta. 
La firma de este código de conducta- que podría ser una iniciativa de la Unión Europea o de la Comisión- debería constituir el requisito mínimo para las multinacionales que les permitiera participar en proyectos en países en vías de desarrollo donde se trabaje con dinero público. 
Señor Presidente, mis colegas ya han indicado detalladamente de qué manera se falsificaron los resultados electorales en Chad. 
Vemos de nuevo que unas elecciones democráticas, o unas elecciones que pretendían ser democráticas, no han transcurrido de forma democrática. 
Se ha dado un auténtico "hold up" electoral en Chad. 
Se trata de una farsa democrática que en el fondo es simplemente un golpe de estado y ni nosotros ni la opinión pública extranjera debemos caer en esa trampa. 
Ya se han mantenido conversaciones con los representantes de Chad. Nuestro colega Bowis ya lo ha mencionado. 
Los ciudadanos de Chad no tienen confianza en sus instituciones democráticas y resulta que tienen toda la razón. 
A nosotros nos intentan convencer con la presentación de textos legales que tendrían que garantizar que los rendimientos del petróleo se entreguen debidamente a la población y que, de esta forma, se fomente tanto el desarrollo del norte como el del sur. 
En realidad, la situación es bien distinta. Nos avisaron ya de que el presidente Idriss Deby, que ha vuelto a ser elegido antidemocráticamente, no hará otra cosa que utilizar el dinero del petróleo para reforzar su poder militar, y finalmente el poder militar sustituirá al poder democrático. 
Fíjense en estos datos: de los seis millones de habitantes habrían votado nada menos que cuatro millones y medio. 
Las papeletas se repartieron, se vendieron, el número de habitantes del norte se infló y el número de habitantes del sur se disminuyó artificialmente. 
Para evitar que el número de votos superara finalmente el número de habitantes, no se contaron los votos del extranjero, papeletas que habían depositado ciudadanos de Chad que viven en el extranjero. 
En resumidas cuentas, esta farsa no la podemos aceptar. 
Parece que todas las reclamaciones que se hicieron han sido rechazadas ya por las más altas instancias y que el resultado electoral ya ha sido calificado como definitivo. 
Me parece que esto es inaceptable. Aceptándolo nos pondríamos en una situación sin credibilidad alguna de cara a nuestros ciudadanos y nuestras propias instituciones. 
Asimismo, quisiera instar enérgicamente al gobierno francés para que no eluda su responsabilidad. 
Siempre cuando estamos en los países de África Occidental se puede comprobar cuán grande sigue siendo la influencia francesa. 
Esa influencia muchas veces sirve sólo para mantener los intereses neocoloniales ¡y eso no lo respaldamos! 
Para terminar, quisiera decir que el Sr. Yorongar, que fue torturado, está hoy entre nosotros. 
Desde aquí le rindo un homenaje. 
Señor Presidente, ayer mismo la comisión electoral del Chad confirmó la reelección del Presidente Idriss Deby y el resultado del 67% de los votos obtenido a su favor en las elecciones del pasado 20 de mayo. 
Semejante porcentaje no debería permitir ninguna duda sobre la legitimidad de su elección, si no fuera por las denuncias de irregularidades provenientes de los demás candidatos y del organismo nacional independiente de observación electoral. 
El propio presidente Deby ha declarado a medios de comunicación muy prestigiosos que las irregularidades son habituales en las elecciones y democracias africanas, pero no vale escudarse en el mal general para justificar desafueros internos. 
En este caso, no hablamos de problemas técnicos que pueden aparecer incluso en las democracias más consolidadas. Hablamos de coacciones a los candidatos opositores, de limitaciones de las libertades más elementales que han de ponerse en acción en un proceso electoral y hablamos, en definitiva, una vez más, del funcionamiento del Estado de Derecho que, aun en sus niveles más elementales, aparece cuestionado en esta ocasión. 
Como tantas veces, le corresponde al Parlamento Europeo hacer un llamamiento para que las instancias de la Unión Europea responsables de las relaciones exteriores evalúen, tras la confirmación del resultado electoral, si la democracia chadiana avanza o no. 
Si nos atenemos al contenido de algunas denuncias, los hechos que se nos presentan se califican con una gravedad absolutamente inadmisible a la altura del siglo XXI. 
Una vez más, debemos reiterar la conveniencia de utilizar todos los medios a nuestro alcance, sobre todo los previstos en el Acuerdo de Cotonou, y de nuestra cooperación con la comunidad de países ACP y, en concreto, con los países africanos, para evitar y corregir actuaciones más que dudosas como la que se acaba de producir en el Chad. 
Entre todos debemos asegurar el éxito de quienes están procurando con rigor alcanzar niveles dignos de democracia, libertad y progreso en esos países, como condición necesaria para que se hagan realidad la estabilidad y la prosperidad en sus sociedades. 
El Grupo de los Socialistas Europeos pide que se apoye su resolución y ruega, asimismo, a la Comisión que se base en su pronunciamiento, para que el Gobierno del Chad conozca nuestra preocupación y que los sectores de la sociedad chadiana que se han visto desplazados del proceso electoral sepan que cuentan con nuestra solidaridad. 
Quedan nuevas oportunidades y, en particular, las elecciones legislativas anunciadas para marzo de 2002, que no se deben frustrar, para crear un marco real de convivencia democrática en el Chad. 
Egipto 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, el caso de la Sra. Saadawi y del Sr. Ibrahim se refiere a un país del que se habla poco. 
Nuestro Parlamento prefiere olvidar un poco este país y a los que, como él, pertenecen al grupo "bullabesa" de Barcelona de los Acuerdos Euromediterráneos. 
Sin embargo, en ese país, en Egipto, están pasando cosas bastante extrañas. 
El caso de la Sra. Saadawi es emblemático. 
Se le acusa de apostasía, se le amenaza con un divorcio forzoso. 
Es una costumbre sobre la que espero que los colegas tengan a bien investigar un poco más. 
La Sra. Saadawi corre el riesgo de ser condenada a una pena de privación de libertad. 
Les doy las gracias a los cien colegas que han aceptado, junto con numerosas personalidades internacionales, firmar un escrito. 
Durante los próximos días, la Sra. Bonino y otros colegas estarán presentes en El Cairo para defenderla, para estar con ella durante el proceso. 
Creo que es deber de nuestro Parlamento reaccionar muy enérgicamente. 
El procedimiento que inspira esta condena se llama hisba. 
Es un procedimiento que no puede ser entablado más que por hombres, y siempre que sean de confesión musulmana. 
Es un procedimiento que está en total contradicción con la Constitución egipcia, en concreto con su artículo 40. 
Por tanto, invito a todos los colegas a secundar esta lucha que, en mi opinión, no terminará hoy, e igualmente invito a la Comisión a apoyar al Sr. Ibrahim. 
El Sr. Ibrahim ha gestionado los fondos de la Comisión, y ha sido acusado de fraude, cuando la Comisión procede habitualmente a realizar estrictos controles. 
En consecuencia, sería más que oportuno que la Comisión lo defendiera con la mayor de las energías. 
Señor Presidente, estimados colegas, se podría decir simplemente, quizás, que la caza de brujas se ha abierto de nuevo en Egipto, ya que un cierto número de escritores o de personalidades están siendo censurados y amenazados en cuanto a sus derechos elementales. 
El derecho elemental para una persona podría ser, por ejemplo, el que contempla el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales sobre la que acabamos de votar, y que protege la vida privada. 
Si la Sra. Saadawi es acusada de apostasía, saben ustedes que debe divorciarse, es decir, que aquí se produce una intromisión en su intimidad. 
Podríamos profundizar en esta línea, pero antes, deberíamos hablar de ella, porque, en 1972, esta mujer tuvo la valentía de denunciar la ablación. 
Fue hace treinta años, fue en un momento en el que no era fácil denunciar la ablación, y menos aún perteneciendo a esos países. 
Desde entonces, no ha abandonado su lucha feminista, a través de periódicos, de artículos, de libros y de una importante presencia pública. Sabemos pues quién es esta mujer. 
Cuando se la trata como se la está tratando actualmente, no se respetan en absoluto todos los compromisos que se han adquirido. 
Quizás deberíamos ahora centrarnos en el hecho de que el fiscal recomienda actualmente retirar los cargos que se presentan contra ella. 
Lo acaba de decir el Sr. Dupuis: su juicio se celebra la semana que viene, pero puede que, bajo la presión internacional, -y le agradezco a la Sra. Bonino el que haya hecho este llamamiento, que yo también he firmado -, Egipto sepa, como esperamos, reconsiderar su decisión. 
Con todo, les recuerdo que el divorcio.... 
(El Presidente le retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, Egipto es un país crucial para mantener la estabilidad en el Oriente Medio y tiene importantes relaciones con los Estados Unidos y Europa. 
Lamentablemente, Egipto carece de estabilidad interna como pone de manifiesto que en 1967 se decretó el estado de emergencia que nunca ha sido revocado después. 
Tampoco se puede decir que Egipto sea un estado democrático. 
Faltan las más elementales libertades políticas y se violan los derechos humanos. 
El gobierno limita las actividades de los partidos políticos, de las organizaciones para la defensa de los derechos humanos, de las organizaciones profesionales y de la prensa. 
La gente es encarcelada y torturada de forma arbitraria. 
Se siguen celebrando juicios que son una farsa como se ha vuelto a poner tristemente de manifiesto por la condena reciente del sociólogo americano Ibrahim. Esto demuestra que los juicios están dominados por intereses políticos y que se dictan sentencias injustas. 
El proceso de Barcelona no se pondrá nunca en marcha si la democratización queda estancada en resistencias autocráticas. 
Está claro que la estabilidad es otra cosa que la injusticia. 
La situación de los derechos humanos en Egipto es cada vez más preocupante. 
Como les han dicho nuestros colegas, el calvario que está padeciendo la Sra. Nawal Saadawi es edificante, y hoy, se ha dicho también que pronto deberá comparecer ante un tribunal penal, corriendo el riesgo de ir a la cárcel y de tener que soportar un divorcio impuesto. 
Y algunos otros defensores de los derechos humanos viven también este hostigamiento legislativo y judicial. 
El Estado de Emergencia, la Ley de Asociaciones, el sistema judicial están instrumentalizados para reprimir todas las manifestaciones, lo cual pone de relieve la pérdida de rumbo del gobierno en el respeto a los derechos humanos, materializada en la tortura y los malos tratos. 
En cuanto a los torturadores, siguen actuando con total impunidad. 
El gobierno no respeta ni las obligaciones del derecho internacional, ni los compromisos internacionales adquiridos durante estos últimos años, entre los que se encuentra el artículo 2 del Acuerdo de Asociación previsto con la Unión Europea. 
Por tanto, urge que las autoridades egipcias condenen todas estas violaciones, velen por la protección de los ciudadanos llevando a la práctica medidas reales, en concreto para las mujeres, los menores y los detenidos, garanticen una justicia independiente, con investigaciones e inspecciones, renuncien a cualquier legislación restrictiva de la libertad de expresión y de asociación, y dejen de recurrir al Estado de Emergencia para restringir las libertades democráticas y las actividades de todos estos militantes de los derechos humanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, mis queridos colegas, en calidad de ponente del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la República Árabe de Egipto, deseo recordarles la importancia que reviste este Acuerdo para la construcción de un partenariado global, es decir, no solamente comercial, sino también político y cultural, con este interlocutor esencial en Oriente Próximo. 
Nadie se equivocará al pensar que puede tratarse de un Acuerdo de corazón con este país amigo. 
Tras la conclusión de las negociaciones, en junio de 1999, el Acuerdo de Asociación debería suscribirse muy pronto, y seremos invitados a pronunciarnos sobre este texto. 
Marcará, como es mi deseo, el inicio de un nuevo impulso a nuestras relaciones con Egipto, el reforzamiento de nuestros intercambios y de nuestro mutuo entendimiento, porque este es ciertamente uno de los objetivos esenciales de este Acuerdo de Asociación. 
En mi opinión, no se trata de calcar nuestros modelos, nuestros planteamientos, de condenar sin paliativos ciertas actitudes, sino de analizar, de comprender, de acompañar, sin tolerar por ello lo que sería inaceptable. 
Es, desde mi punto de vista, la justificación de esta resolución de transacción, y deseo dar las gracias a aquellos de mis colegas que han participado en su elaboración y en su respaldo, en particular al Sr. Purvis y al Sr. Dary. 
El objetivo de esta resolución es demostrar la vigilancia exhaustiva de mi Grupo y de nuestro Parlamento en el ámbito del respeto a los derechos humanos en el mundo, y concretamente con relación a nuestros socios mediterráneos. 
Tenemos el deber de ser intransigentes en estas cuestiones y de alentar a los que eligen el camino adecuado. 
Uno de los mensajes que deseo lanzar hoy es el indispensable entendimiento mutuo, y las resoluciones de urgencia o de actualidad no deben hacernos olvidarlo, sino que, por el contrario, deben convertirse en un instrumento privilegiado al servicio de esta idea. 
Tras haber hablado de ello largo y tendido con las autoridades egipcias, me consta que, por su parte, lo han entendido, y que están dispuestas a respetarlo. 
Por tanto, eso es lo esencial. 
Señor Presidente, queridos colegas, la rúbrica de un acuerdo de partenariado entre Egipto y la Unión Europea, que está próxima, debe permitir, sobre todo en cuanto al capítulo de los derechos humanos, allanar todas las dificultades que en la práctica se dan para las distintas asociaciones representativas de estos derechos. 
Sin embargo, no debemos dejarnos vencer sistemáticamente por la urgencia, y creo que, dentro de las relaciones institucionales de confianza claramente establecidas entre la Unión y Egipto, habría sido preferible consolidar previamente nuestra propia opinión, nuestra propia reflexión sobre las gestiones que un cierto número de parlamentarios ya ha llevado a cabo en esta Asamblea. 
Es el motivo por el cual, en nombre propio, y expresando mi libre opinión como diputado, y no necesariamente la de mi Grupo, considero que esta resolución es prematura, y que las circunstancias eran las indicadas para aclarar la situación de los derechos humanos, en la perspectiva de una mejora de las condiciones de estos derechos en Egipto dentro del Acuerdo de Asociación. 
Los diputados de la "lucha obrera" votarán a favor de esta resolución para protestar contra un atentado inadmisible contra la libertad de expresión. 
Aprovechamos la oportunidad para denunciar las torturas practicadas en las Comisarías de Policía egipcias. 
Los hechos dados a conocer por Amnistía Internacional, que nos ha alertado de la existencia de estas prácticas, se refieren a una serie de casos de hombres, de mujeres e incluso de niños torturados, algunas veces hasta la muerte. 
La policía egipcia no puede adoptar esta conducta infame más que con la tácita autorización del gobierno egipcio, e incluso bajo sus órdenes, y hay que pensar que, por su parte, los dirigentes del régimen saben que las grandes potencias harán la vista gorda. 
Sin embargo, las grandes potencias, en concreto las de la Unión Europea, pueden aplicar medidas de presión considerables sobre el régimen egipcio, que disfruta de importantes apoyos por parte de Occidente. 
El Parlamento Europeo en su conjunto debería tomar partido en contra de los bárbaros procedimientos del régimen egipcio. 
A falta de esta toma de partido, nos prestamos muy gustosamente a ser los intérpretes del deseo de Amnistía Internacional, que diputados europeos se movilicen contra la tortura estatal, aunque sólo sea enviando cartas personales de protesta a las autoridades. 
Aunque no se pudiera poner fin a las prácticas policiales, esto serviría tal vez para arrancar de las garras de los torturadores a las víctimas que actualmente están en su poder. 
Señor Presidente, quisiera dar un ejemplo de la libertad de expresión en Egipto en el anno Domini 2001: la sociedad general de autores da de baja a uno de sus miembros, al escritor Ali Selim. 
¿Cuál es el motivo de esta decisión? 
Selim se esfuerza por una normalización de las relaciones entre su país y el estado vecino de Israel. 
Por eso añado especialmente su nombre a la lista de la resolución que se presenta hoy. 
Por otra parte, esta exclusión de Selim no ha sido inesperada. 
Ya desde hace cuatro años la actitud de este autor egipcio, tan valiente e indepiendente, es como una piedra en el zapato para los demás autores. 
Se entiende la razón, porque la sociedad egipcia de autores prohibe a sus miembros que mantengan contactos directos con Israel. 
A pesar de todo, Selim ha visitado Israel hasta ahora siete veces. 
Además ha publicado, de acuerdo con su vocación, sus relatos sobre estos viajes. 
Estos no fueron acogidos de buen grado por la sociedad general de autores: el comentario fue que los relatos eran demasiado positivos sobre Israel. 
No obstante, el escritor Selim dio un paso más: se pronunció a favor de que se pusiera fin a la actual Intifada palestina. 
Por lo visto, esto fue la gota que colmó el vaso de la sociedad egipcia de autores porque ésta apoya precisamente la denominada " Aksa-Intifada. 
En resumidas cuentas, la exclusión de Selim no tenía vuelta atrás. 
En este periodo, otros once autores recibieron un aviso por tener la misma postura que Ali Selim. 
Mientras tanto, un miembro destacado de la sociedad general de autores egipcia, el premio Nobel de literatura Naguib Mahfuz, ha protestado enérgicamente contra estas medidas de censura. 
Señorías, quisiera que la Comisión tomara cartas en este asunto. 
A fin de cuentas, el control sobre las ideas en combinación con la propaganda de pensamientos antisemitas están diametralmente opuestos a los valores y normas que los Estados miembros de la Unión Europea dicen defender. 
Además, la UE contribuiría de esta forma a los intentos de reanimación del moribundo proceso de paz en el Oriente Medio. 
Este proceso de paz no cuenta de todas formas con el beneplácito de la línea política que destila la prensa egipcia oficial. 
Esta vocifera a diestro y siniestro las opiniones y acusaciones más antisemitas y antioccidentales que uno se puede imaginar. 
Por ejemplo, en sus páginas podemos leer lo siguiente sobre la visita de Colin Powell a "sus amos en Tel Aviv": " El ministro de Asuntos Exteriores no tuvo reparos en humillarse cuando estaba en Israel. 
Allí estaba, tan servicial, con una kipa judía en la cabeza, delante del monumento al holocausto (fíjense) ficticio de los judíos de la Segunda Guerra Mundial ". 
No es extraño, por lo tanto, que el invitado de honor de la Feria del libro del Cairo, el equivalente árabe de la Feria de libro de Frankfurt, fuera este año Roger Garaudy. Un hombre que es conocido en la prensa europea como "el famoso revisionista perseguido por la justicia por la negación del holocausto". 
En resumidas cuentas, la interpretación egipcia de la libertad de expresión está muy influenciada por la política. 
La Comisión debería, también en esta cuestión, poner cartas en el asunto y protestar ante las autoridades del Cairo. 
Señor Presidente, este es un debate de urgencia innecesario y no deseado, como ha dicho el Sr. Dary. 
Ha sido iniciado por los radicales de Bonino y basado en acusaciones erróneas y tendenciosas contra el sistema judicial egipcio. 
En el proceso de discusión entre los Grupos destapamos los hechos, que ellos mismos tuvieron que reconocer. 
El resultado es que la resolución de compromiso propuesta no dice prácticamente nada más de lo que pueda exigirse a cualquiera de nuestros propios Estados miembros, esto es, que la libertad y los derechos humanos son un aspecto fundamental de la democracia. 
A pesar de ello, los autores de esta resolución han lanzado acusaciones vergonzosas e infundadas en sus intervenciones. 
No obstante, señor Comisario, quiero hacerle una pregunta y deseo que me dé una respuesta sin ambigüedades, si es posible. 
El apartado 4 de esta resolución expresa nuestro apoyo al Centro Khaldoun para la Democracia e insta a la Comisión a seguir prestando apoyo financiero a esta organización y a sus actividades. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿está la Comisión plenamente satisfecha con el modo en que el Centro Khaldoun para la Democracia ha gestionado y rendido cuentas de la utilización de sus recursos, en particular de los que recibe de la Unión Europea? 
Este es uno de los puntos de este asunto. 
Si la respuesta es "sí", apoyaré gustosamente el apartado 4. 
Si la respuesta es "no" o "quizás no", creo que debemos votar en contra del apartado 4 hasta que estemos satisfechos e, igualmente, votar contra la resolución en su totalidad si todavía comprende el apartado 4. 
Una respuesta, señor Comisario, por favor. 
Malasia 
Señor Presidente, he seguido el desarrollo de los acontecimientos en Malasia desde hace algunos años por medio de visitas al país y de conocidos allí. 
Resulta deprimente ver cómo el Primer Ministro Mahatir viola de manera creciente principios democráticos absolutamente elementales y el decoro general para acabar con sus rivales políticos. 
Se usa y se abusa de este Internal Security Act, ISA, para acabar con los enemigos personales y políticos del Primer Ministro al igual que en una dictadura. 
Esto mismo es válido en el caso del párrafo de la constitución malaya que tenía como objeto garantizar la paz en el país y entre los grupos étnicos y que ahora se utiliza para los propios objetivos del gobierno. 
El anterior Primer Ministro, Tunku Abdul Rahman, ya dijo hace catorce años que parecía que Mahati iba encaminado hacia un gobierno autoritario. 
Podemos decirse tranquilamente que ha seguido igual desde entonces. 
Es algo sumamente deplorable y es positivo que el Parlamento hoy abra un debate al respecto, que obtengamos una declaración clara del gobierno. 
Malasia debe conocer la verdad cuando nos reunámos con los malayos en los diversos foros internacionales en las próximas semanas y meses. 
Señor Presidente, no puede hablarse de Malaisia sin tener presente a Tunku Abdul Rahman, el sabio fundador del Estado de los años 50 del pasado siglo, que consiguió integrar compensadamente con gran habilidad a pueblos y religiones sobre los que hizo reinar la justicia. 
Recuerda a una figura de la historia europea, a Carlomagno, un luxemburgués como Astrid Lulling, que consiguió integrar a alemanes y checos, franceses e italianos en el centro de Europa y creó con la Bula Dorada la más apropiada y compensada constitución que ha conocido la Edad Media. 
El papel que jugó Carlomagno en Europa lo ha jugado en Malaisia en el siglo XX, como ya he dicho, Tunku Abdul Rahman, pues él consiguió un equilibrio político entre hindúes, musulmanes y budistas, entre malayos, tamiles y chinos, y todo ello, además, en un sistema federal con nueve familias distintas de sultanes en la cúspide de ese Estado plurinacional, las cuales se alternaban en la presidencia del mismo a un ritmo sabiamente establecido. 
Una formación tan frágil se basa en el respeto a la cultura del otro. En el respeto al derecho. 
Naturalmente, también en el respeto al Estado de derecho. 
Por ello es muy problemático que, desde hace algunos años, ese frágil equilibrio esté siendo puesto en peligro cada vez con más fuerza por el centralismo del Primer Ministro Mahathir, que perdió primero el respeto de los Estados federados, luego, por ofensas contra la religión islámica fue perdiendo también de manera creciente el respeto de las otras religiones y ahora está desestabilizando el equilibrio entre las nacionalidades. 
En este contexto hay que situar que con la llamada Acción para la Seguridad Interna se esté silenciando también a rivales políticos internos y Malaisia retroceda como Estado de derecho. 
Esto es extremadamente preocupante, pues Malaisia está en una situación geopolítica importante. 
Económicamente es también un país importante. 
Sobre todo es un miembro de peso de la ASEAN, nuestro socio comercial en la región del sudeste asiático. 
Por ello tenemos que poner todo de nuestra parte para que Malaisia vuelva al espíritu de Abdul Rahman o al de los luxemburgueses, que en Europa juegan un tan grande papel integrador. 
Creo que el tiempo del Sr. Mahathir ya ha pasado y que es necesario que en ese país entren nuevas fuerzas democráticas en juego para restaurar el Estado de derecho, si no queremos que ese complicado equilibrio de pueblos y religiones se vea abocado, por un exceso de centralismo y de autoritarismo, a un baño de sangre. 
Señor Presidente, ¿puedo, desde fuera de la lista de oradores, hacer una pregunta al Sr. Posselt? 
He escuchado atentamente su intervención sobre la historia malaya, y me ha sosprendido la crítica que dirige al Sr. Mahathir porque el profesor Rinsche nos ha contado siempre que el Sr. Mahathir es el hombre de Estado más grande de Asia. 
¿Es que los cristianodemócratas alemanes lo ven ahora de otro modo? 
Usted ha dicho, señor Posselt, que Carlomagno era un luxemburgués como la Sra. Lulling. 
Hasta ahora pensaba yo que la Sra. Lulling era una luxemburguesa. 
Si lo he entendido mal, pido que se me aclare. 
Afganistán 
Señor Presidente, no consideraré mi respuesta al Sr. Purvis como algo personal. 
Creo que es muy libre de ver los hechos que han ocurrido y que siguen ocurriendo en Egipto de esa forma tan selectiva. 
Por desgracia, el futuro, como el pasado por cierto, no le dará en absoluto la razón. 
En cuanto a Afganistán, sigo pensando que podemos sentirnos sinceramente decepcionados por la política seguida por la Unión, y en concreto por la que han mantenido la Comisión y el Consejo con respecto a Pakistán, que, como es sabido, es determinante para el futuro de Afganistán. 
Mientras no haya una política muy firme para Pakistán, los Talibán seguirán en la misma línea que vienen manteniendo desde hace años. 
La noticia es aún muy reciente: los Talibán han retomado una ciudad del centro de Afganistán. 
Lo primero que han creído oportuno hacer es bombardear y destruir el hospital, bombardear y destruir el centro de ayuda humanitaria. 
Este es el Afganistán de cada día, el Afganistán que continuaremos apoyando indirectamente mientras no adoptemos una política frente a todos esos Estados que siguen respaldándolo, empezando evidentemente por Pakistán, pero sin olvidar a Arabia Saudí y a algunos otros Estados. 
Le pediría por tanto a la Comisión que pudiera darnos un cierto número de elementos claros y concretos sobre las políticas que prevé aplicar frente a los Estados que ayudan a este país renegado a mantenerse en pie. 
Los desastres ya los conocemos, hemos hablado muy a menudo de ellos, empezando por la situación de la mujer, pero lamentablemente, van mucho más allá. 
Suponen también la exclusión de la juventud de Afganistán en su conjunto de cualquier forma de educación digna de ese nombre. 
Sabemos perfectamente que las escuelas coránicas, en su versión afgana, no tienen nada que ver con la educación. 
En consecuencia, ya es hora de que obtengamos de la Comisión y del Consejo, nuevamente ausente, respuestas concretas. 
Señor Presidente, Señorías, después de la tristes situación por la que tienen que pasar las mujeres afganas y la suerte de las estatuas de Buda, los talibán dan un paso más en su fanatismo religioso sin parangón. 
Han obligado a las minorías sij e hindú a que lleven en su ropa un distintivo amarillo. 
El Human Rights Watch ha comunicado hoy la atrocidad más reciente de esta "never ending story": han encarcelado a 60 ciudadanos y han destruido sus edificios oficiales, residenciales y comerciales. 
Cuando este régimen llegó al poder en Kabul, su reconocimiento internacional dependía del respeto de tres criterios: poner fin al negocio de las drogas, la lucha contra el terrorismo y el respeto de los derechos humanos. 
Los talibán sólo han tenido éxito en la disminución de la producción de opio. 
Por lo tanto, están convencidos de que nunca se les reconocerá internacionalmente y optan sin más por la represión masiva, mejor dicho, la exterminación de su propio pueblo. 
La primera consecuencia de esta política de aislamiento es que todas las negociaciones se han hecho inviables y que las sanciones impuestas sólo hostigan aún más a una población desesperada, cuya única esperanza es huir a un campo de refugiados e intentar llegar desde allí a Europa. 
Por consiguiente, la cuestión ya no es si los talibán violan los derechos humanos sino qué conclusiones hemos de sacar de estas prácticas. 
Nuestro Grupo Parlamentario quiere presentar hoy dos enmiendas adicionales. 
Si los talibán llegan a conquistar también el Panchi se sentirán como los grandes vencedores en la lucha contra occidente y los rusos, por lo cual van a querer negociar aún menos con la comunidad internacional para llegar a algún acuerdo. 
Podría tener como consecuencia que echaran del país a las ONG, que ahora mismo son nuestra única fuente de información. 
Europa podría proponer que se levanten las sanciones y que aumentara, a la vez, la presión diplomática a Pakistán. 
Esto podría ralentizar el avance de los talibán y forzarles a sentarse nuevamente en la mesa de negociaciones. 
Sin embargo, sólo se conseguirá esto cuando se apoye a las ONG que están sobre el terreno y que están intentando mejorar la situación de mujeres, niños y hombres. 
Señor Presidente, hace dos días, "Médicos del Mundo" nos ha alertado en las ciudades francesas, al igual que nosotros intentamos, aquí en el Parlamento, alertar a la opinión general sobre la situación en Afganistán. 
"Médicos del Mundo" añadiría que el presupuesto de la Comunidad Europea que se destina a las ONG de allí está disminuyendo, está claramente reduciéndose. 
Me pregunto cómo podemos recibir a representantes de la resistencia afgana, cuando podemos apoyar a las mujeres afganas- lo cual me parece muy bien- sin ir más allá y sin tener tampoco recursos para evitar nuestra indignación. 
Hoy, en mi opinión, este es el sentido de esta resolución; la considero mucho mejor que la que redactamos hace dos meses, que me parecía muy floja, sobre todo en lo relativo a la discriminación de la mujer. 
Ya veo que hoy se habla de los crímenes, de las violaciones, del apartheid, de todas esas cosas que caracterizan a la situación actual de la mujer. 
Por consiguiente, la situación actual es difícil. Quizás sea incluso peor, porque apoyamos al Comandante Massoud, a las mujeres afganas y a muchas otras, así como a toda la población afgana que se está muriendo de hambre. 
Pero si a partir de ahora, nuestro apoyo puede quizás traducirse en un endurecimiento de las sanciones, y se les puede prohibir a las mujeres conducir para las ONG que trabajan en favor de la mujer, o bien se cierran las panaderías que permitían que las mujeres trabajaran y al mismo tiempo se alimentaran y alimentaran a otros, debemos hacer algo más. 
Y hacer algo más, como ya se ha dicho, es llamar a capítulo a los países que apoyan a los Talibán. 
Creo que la Comunidad Europea, la Unión Europea, no sólo debe aportar más dinero, sino también saber llamar a capítulo a los que sostienen este régimen, permitiendo que sobreviva. 
Está en la lógica de nuestra indignación, está en la lógica de nuestro respaldo y es responsabilidad nuestra. 
Me gustaría que dejáramos de limitarnos a resoluciones que, a pesar de ir mejorando cada vez más, siguen siendo demasiado tímidas frente a lo que debemos hacer en favor de esta población que está sufriendo. 
Señor Presidente, el orador anterior ha dicho que hemos condenado en reiteradas ocasiones la violencia y los atropellos a los derechos humanos que tienen lugar a diario en Afganistán. 
Pero, ¿qué podemos hacer cuando se empeora la situación de las mujeres y de los hazara, como se dijo ayer? 
En enero fueron ajusticiadas 170 personas y, como dijeron el Sr. Dupuis y otros oradores, Yakaolang ha sido atacada. 
¿Qué podemos hacer? 
Por otro lado, sabemos que la UE, después de la cumbre de Tampere, aprobó una recomendación de un grupo de trabajo de alto nivel sobre la manera de afrentar la situación afgana. 
Creo que esa estrategia debe ser evaluada seriamente. 
Hay que revisarla. 
¿Cómo reciben nuestras embajadas en Paquistán a las personas que solicitan venir a nuestros países? 
He escuchado que se les trata como a criminales. 
Me alegra que se quiera abrir una oficina de ECHO en Afganistán, cosa que debe reiterarse. 
También tenemos que dar nuestro respaldo a las organizaciones cristianas que trabajan en ese país. 
Hay organizaciones cristianas que tienen un perfil bastante bajo y que hacen mucho en beneficio del pueblo afgano. 
Esas organizaciones también necesitan ayuda. 
Muchos colegas han dicho también que tenemos que actuar para que entre en vigor el embargo de armas y para que la ONU tenga acceso al país para estudiar, entre otras cosas, las crueldades que se han cometido contra los hazara. 
Éstas son algunas de las medidas que se necesitan. 
No podemos avanzar más sólo con reiteradas condenas. 
Uno se siente realmente impotente. 
Se necesita una política más inteligente. Creo que las experiencias en territorios de nuestra vecindad han demostrado que la presencia en el país también puede dar buenos resultados y se justifica desde un punto de vista humanitario. 
Señor Comisario, el triste record mundial en la conculcación de los derechos humanos lo ostenta el régimen talibán de Afganistán. 
Hace pocas semanas, ya se han referido a ello sus Señorías, fueron destruidas las estatuas de Buda de Bamiyan. El radicalismo continúa extendiéndose. 
Minorías religiosas, los hindúes primero y ahora los no afganos, están siendo forzadas a llevar en lugar visible un trozo de tela amarilla para poder ser reconocidos. Semejanzas fatales con el nazismo de mi país que ahora resurgen en otra parte. 
Desde la toma del poder por parte de los talibán, la situación de la población civil ha empeorado dramáticamente. Las mujeres y las niñas son reprimidas sistemáticamente, son forzadas a llevar velo, se les niega el acceso a la enseñanza y la separación matrimonial se castiga con pena de muerte. 
Las mujeres no pueden participar ni siquiera en la distribución de pan del Programa de Alimentación Mundial de la ONU. 
No pueden conducir, cada vez hay más obstáculos al trabajo femenino en organizaciones internacionales. 
Los hombres deben cubrirse con el fez y dejarse crecer la barba, los ladrones son víctimas de maltratos como cortarles las manos en público para que sirva de excarmiento. 
El líder espiritual musulmán de Egipto y de muchos otros musulmanes, Farid Wasil, ha desautorizado a su homólogo talibán respecto del conocimiento de los verdaderos valores y de las ideas del Corán. Declara que su interpretación de los testimonios religiosos, las fatwas, no es válida. 
Señor Comisario, pedimos al gobierno paquistaní que se distancie de todo apoyo a ese régimen, tanto financiero como moral. 
De sus compromisos anteriores de destruir campos de adormidera o de opiáceos, no ha cumplido prácticamente ninguno. 
El pasado miércoles se decomisaron en la aduana alemana seis kilos de heroína procedentes de Afganistán y 64 kilos de hachís, valorados en dos millones de euros. 
La venta de drogas sirve para la financiación de los ataques del fanatismo religioso y del terrorismo internacional. 
Se sigue protegiendo allí a Bin Laden, que no es extraditado, sino tratado con todos los honores. 
Las sanciones de la ONU, señor Comisario, deben continuar vigentes hasta que Afganistán haya pasado la Edad Media decretada por el Mullah Omar y llegue a la modernidad, y con ella, a la democracia y al Estado de derecho. 
Señor Presidente, no quiero repetir lo que han dicho los demás oradores a lo largo del debate que me parece elocuente, a pesar de que de vez en cuando volvemos a debatir este tema de la actitud de Europa y de la comunidad internacional respecto a Afganistán porque parece que cada vez se ha superado el récord anterior en la violación de los derechos humanos. 
Últimamente- esto me afecta como italiano- un hospital italiano de Kabul, uno de los pocos que funcionaba decente y modernamente, se tuvo que cerrar porque el personal estaba amenazado de represalias, ya que el régimen no admitía que las mujeres trabajasen en él en estrecho contacto con médicos y enfermeros. 
Ya se ha dicho que en los últimos tiempos el régimen ha impuesto a las minorías llevar por la calle vestidos marcados especialmente, lo que recuerda tristemente una costumbre nazi que esperábamos que había desaparecido para siempre. 
Todo esto hace que no creamos más en las meras condenas verbales y que nos planteemos el problema de cuáles pueden ser las medidas de presión eficaces de la Unión Europea respecto a Afganistán. 
Ahora, se trata- como se ha dicho y la resolución común lo subraya- de ejercer presiones sobre los países que reconocen Afganistán a nivel diplomático y lo apoyan incluso económicamente- Paquistán, Arabia Saudita, etcétera- y de organizar eficazmente formas de asistencia autónoma de la Unión europea para suministrar y distribuir la ayuda humanitaria tanto dentro del país como fuera de él, en las fronteras, donde hay campos de personas desplazadas y de refugiados, como en India y Paquistán. 
Todo esto es extraordinariamente urgente y no solo para participar en la afirmación de los derechos humanos en este país, sino también para evitar que los talibanes contribuían a la difusión de una imagen fanática, sanguinaria del Islam en Occidente que se sumaría a la que cultivan nuestros fundamentalistas y racistas. 
Señor Presidente, el martes pasado Mohamed al- ' Owhali fue condenado a cadena perpetua en Nueva York por la bomba que hizo explotar en la embajada estadounidense en Nairobi, mientras que su jefe, Osama bin Laden, disfruta del asilo concedido por los talibán como a un héroe islámico de Afganistán. 
Este país es ahora tan extremista y medieval que las bolsas de papel que llevan textos impresos del Corán están prohibidas y las mujeres llevan velo, viven segregadas de los hombres y tienen terminantemente prohibido trabajar. 
Incluso se ha prohibido jugar al ajedrez y volar cometas por no ser islámico, aunque hay muchos alumnos islámicos que refutarían tales interpretaciones del Corán. 
En efecto, las leyes impuestas por los talibán parecen derivarse menos del Corán que de costumbres tribales basadas en la idea de que las funciones de las mujeres son básicamente de procreación y de carácter económico. 
Hasta hace poco tiempo la idea motriz consistía en garantizar que los musulmanes actúen de acuerdo con el Islam. 
Sin embargo, en marzo, a raíz de que una facción vinculada a bin Laden tomase el poder talibán, la extraordinaria belleza de las estatuas budistas del siglo V de Bamiyan fue destruida con dinamita. 
Se perciben ahora los ecos de la Alemania nazi en la obligación impuesta a los hindúes- yo represento a la comunidad hindú de Londres, compuesta por decenas de miles de personas- de identificarse visiblemente en público con un distintivo amarillo sobre su ropa. 
No estoy sugiriendo que sea adecuada o viable una intervención directa en el país que derrotó al Ejército Rojo. 
Además, la intervención de terceros en los asuntos internos de otros estados puede a veces agudizar y prolongar un conflicto, como posiblemente ocurrió en los Balcanes. 
Quizá tengamos simplemente que esperar a que la situación se apague por sí misma. 
Ni debe olvidarse que hay una cierta paz en la mayor parte de Afganistán. 
No obstante, los talibán no deben tener duda alguna de que, si quieren nuestra ayuda, tendrán que escuchar las preocupaciones de gente de todo el mundo, espantada y horrorizada por la brutalidad de su régimen medieval. 
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar pasaré a abordar el debate sobre la situación en Guatemala. 
La Comisión está haciendo un seguimiento estrecho de la situación en este país. 
En el seno de la UE y en la comunidad internacional se detecta una creciente preocupación por el considerable deterioro en dicho país del estado de áreas clave como la protección de los derechos humanos, la justicia y la gobernabilidad. 
Las principales prioridades de la Comisión en sus relaciones con Guatemala consisten en respaldar la aplicación de los acuerdos de paz de 1996, que deberían propiciar un mayor respecto de los derechos humanos; promover la modernización del estado, y reforzar la gobernabilidad. 
La UE ha brindado todo su apoyo al proceso de paz de Guatemala, tanto político como financiero. 
El programa de cooperación con Guatemala está dirigido a respaldar adecuadamente el proceso de paz. 
La Comisión ha ayudado a la sociedad civil y a las organizaciones estatales, con el objetivo de contribuir al proceso de reconciliación del país. 
Al mismo tiempo, la Comisión está preparando un programa de mejora del sistema judicial. 
Además, un memorando de entendimiento, firmado conjuntamente por la Comisión Europea y el Gobierno guatemalteco el 26 de marzo de 2001, confirma nuestro compromiso con el proceso de paz, y supone nuevos fondos por importe de 93 millones de EUR para el período 2001-2006. 
Por otro lado, la Comisión y los Estados miembros han empleado el diálogo político regular con Guatemala para reiterar la importancia del respeto de los derechos humanos. 
Las acciones más recientes de la UE que ponen de relieve la preocupación por Guatemala han sido el Comunicado Conjunto de la XVII Conferencia de San José, de marzo pasado, y la reciente Declaración de la Presidencia Sueca con motivo del tercer aniversario del asesinato del obispo Gerardi. 
A este respecto, la Comisión acoge con satisfacción la reciente sentencia dictada en el procedimiento seguido por el asesinato de Gerardi como una alentadora prueba del compromiso de los órganos jurisdiccionales guatemaltecos en la mejora de la situación de los derechos humanos. 
Además, durante una visita a Centroamérica a finales de marzo de 2001, mi colega el Comisario Patten instó al Gobierno del Presidente Portillo a actuar urgentemente para evitar una negativa espiral de acontecimientos en Guatemala e impulsar la estancada aplicación de los acuerdos de paz. 
La Comisión también está siguiendo de cerca la situación en el Chad, tras el anuncio por la Comisión Nacional Independiente Electoral del resultado de las elecciones presidenciales de 20 de mayo. 
La tranquilidad de la población en la jornada electoral y la elevada participación han puesto de manifiesto el compromiso de la ciudadanía, lo cual merece todos los elogios. 
Según algunos observadores internacionales, el procedimiento de votación se ajustó a la legislación, pero se registraron deficiencias de organización. 
En una comunicado de la misión de observación se afirma que los candidatos de la oposición elaboraron una lista de irregularidades y de fraudes que, en su opinión, ha alterado el resultado de las elecciones. 
El 12 de junio, el Consejo Constitucional hizo públicos los resultados electorales oficiales, confirmando que Idriss Déby había sido reelegido para un segundo mandato con el 63% de los votos. 
Según se informa, el Consejo rechazó los votos depositados en varios colegios electorales. 
Los jefes de la misión de la UE están siguiendo de cerca la situación sobre el terreno. 
En el espíritu del artículo 8 del Acuerdo de Cotonou, la Comisión mantendrá su diálogo político en curso con el Chad. 
En los últimos diez años, el Chad se ha comprometido en un proceso democrático. 
Este esfuerzo está propiciando una mayor protección de los derechos humanos y civiles. 
Sin embargo, ha de reconocerse que no todos los actores respetan suficientemente estos derechos y libertades. 
Será fundamental afrontar estas cuestiones para garantizar una paz sostenible en el país. 
La novena estrategia de apoyo a los países del FDE, que se encuentra en su fase final de preparación, contiene un importante programa de apoyo a la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos. 
La reciente condena dictada contra el conocido activista de los derechos humanos y de la democracia, el Profesor Saad Ibrahim, y contra sus colegas ha suscitado un gran interés en la comunidad internacional. 
El proceso seguido contra el Profesor Ibrahim y los otros 28 acusados de los Centros Ibn Khaldoun y HODA ha sido objeto de un estrecho seguimiento por parte de la Comisión y de los Estados miembros. 
Cuando, en un primer momento, estuvieron detenidos el año pasado sin mediar acusación alguna, la UE expresó claramente su inquietud al más alto nivel, no sólo con respecto al encarcelamiento sin cargos, sino también a la intensa y perjudicial campaña informativa contra los acusados. 
Una vez se conoció el contenido de las imputaciones y se puso de manifiesto que éstas incluían la acusación de haber aceptado sin autorización fondos extranjeros (esto es, de la UE) , la delegación de la Comisión Europea en El Cairo recordó a las autoridades competentes que las ayudas a las organizaciones de la sociedad civil eran perfectamente válidas y estaban comprendidas en el Convenio marco UE-Egipto sobre cooperación financiera y técnica. 
El apoyo a la sociedad civil es también un elemento integrante del proceso de Barcelona y es un objetivo manifiesto del Acuerdo de Barcelona de 1995, del que Egipto es también signatario. 
Las imputaciones comprenden también el uso indebido de fondos asignados a los programas Ibn Khaldoun y HODA por la democracia. 
La declaración de la Comisión Europea hecha pública en Bruselas el pasado 13 de diciembre puso de manifiesto que los proyectos controvertidos eran objeto de los procedimientos de seguimiento habituales, incluida una auditoría externa a medio plazo. 
En respuesta a la pregunta del Sr. Purvis en particular, debo subrayar que en 1999 la Comisión recibió informes satisfactorios sobre la evolución de los dos proyectos, fruto de una satisfactoria auditoría financiera independiente. 
Las autoridades no han aportado hasta ahora prueba ni información alguna que sostenga sus imputaciones relativas a los proyectos financiados por la UE. 
Observadores de la UE han estado presentes durante todo el desarrollo del juicio y la UE siempre ha puesto de manifiesto su confianza en que la legalidad procesal y la justicia prevalecerán. 
Ha evitado escrupulosamente toda actuación que pudiera frustrar tal confianza. 
Sin embargo, el momento en que se dictó sentencia, un mes antes de lo previsto y, aparentemente, sin tener en cuenta las alegaciones de la defensa presentadas el último día de la vista, así como la severidad de la condena- siete años para Ibrahim y menos para los demás acusados, aunque igualmente dura- fueron totalmente inesperados y provocaron una profunda consternación. 
La condena dio lugar a una comunicación oral de la Comisión el 23 de mayo y a una declaración de la Presidencia el 25 de mayo, en los que se expresa la profunda preocupación. 
La UE aprovechó la oportunidad para subrayar la importancia que atribuye al desarrollo de la sociedad civil y reiteró que los programas dirigidos a este objetivo son un elemento integrante de los programas bilaterales con Egipto. 
La Comisión mantiene un estrecho seguimiento del asunto. 
El tribunal debe dar a conocer los fundamentos de su sentencia dentro del mes siguiente a la fecha en que hizo público el fallo, fundamentos que se leerán con interés. 
Además, las posibilidades de interponer recurso son limitadas. 
El proceso legal no ha finalizado aún, y se espera que el resultado definitivo refleje las mejores tradiciones del sistema legal egipcio. 
Las autoridades egipcias son perfectamente conscientes del interés de la comunidad internacional en este proceso y de las consecuencias de un resultado final que se perciba como injusto. 
Nawal el Saadawi, la conocida escritora feminista, fue acusada de apostasía, pero el fiscal general retiró los cargos el 23 de mayo. 
No obstante, esto no parece ser el final del asunto, pues pueden formularse acusaciones ante otro tribunal. 
La Comisión está siguiendo de cerca la situación. 
Los asuntos Ibrahim y Saadawi han suscitado auténtica preocupación, si bien las siguientes medidas legales y las posibilidades de una salida razonable están aún abiertas. 
La situación en su conjunto es compleja y no del todo clara. 
También se aprecian signos de optimismo en ciertos ámbitos, como por ejemplo, los derechos de las mujeres, el control jurisdiccional de las elecciones, la legislación en materia social, etc. Un creciente sector de la sociedad egipcia se adhiere plenamente a la opinión de que Egipto debe adoptar los estándares más altos y dirige sus esfuerzos hacia tal objetivo. 
Con respecto a Malasia, la Comisión ha seguido de cerca los acontecimientos que han rodeado a la detención por la policía malasia, en virtud de la Ley de Seguridad Interior (LSI) , de diez activistas que apoyan la reforma pocos días después del segundo aniversario, el 14 de abril, de la condena del antiguo Viceprimer Ministro, Anwar Ibrahim. 
Lamenta profundamente que el 2 de junio, el Ministro de Interior haya firmado la orden de reclusión durante dos años de cuatro de los diez activistas de la oposición y que tres de los otros seis detenidos en virtud de la LSI siguen bajo vigilancia policial. 
La Comisión está profundamente preocupada por estos acontecimientos, que considera contrarios a las prácticas democráticas establecidas. 
Refuerzan las preocupaciones ya manifestadas en el pasado con respecto a la situación de los derechos humanos en Malasia. 
A este respecto, la Comisión acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión Nacional Malasia de Derechos Humanos haya cuestionado las razones de las detenciones y que representantes del Gobierno hayan declarado que la LSI debe ser derogada o cuanto menos radicalmente modificada. 
Asimismo, saluda el hecho de que el Tribunal Supremo de Malasia, al poner en libertad el 30 de mayo a dos de los detenidos en aplicación de la LSI en virtud de un recurso de habeas corpus, haya instado al Parlamento malasio a revisar la LSI en profundidad. 
La Comisión está dispuesta a apoyar la acción de la UE para insistir en la situación de los derechos humanos en general, y de la LSI en particular, ante el gobierno de Malasia en todas las ocasiones propicias. 
La Comisión, al igual que el Parlamento, observa con profunda consternación el persistente empeoramiento de la situación humanitaria y política en Afganistán. 
En el frente humanitario, la Comisión, junto a sus socios, sigue prestando ayuda a los grupos e individuos más vulnerables dentro de Afganistán y a los refugiados en los países vecinos. 
Esta asistencia se presta en todo el país en las zonas de mayores necesidades, cuando las condiciones de acceso y la seguridad lo permiten. 
Esto es coherente con la posición común de la UE sobre Afganistán, que establece el objetivo de ofrecer ayuda humanitaria efectiva con arreglo a una evaluación imparcial de las necesidades. 
Los representantes de la Comisión participan regularmente en exámenes sobre el terreno y en misiones de evaluación en el interior de Afganistán con el objeto de tener un conocimiento de primera mano de la situación y de asegurarse que la ayuda puede llevarse directamente hacia las zonas de mayores necesidades. 
En el frente político, los representantes de la Comisión, actuando como miembros de la troika de la UE, han intentado persuadir a los dos bandos del actual conflicto para que busquen una solución pacífica. 
La troika comunitaria, compuesta por sus representantes diplomáticos radicados en Islamabad, visitó recientemente Kandahar y Faizabad para explicar la posición común de la UE sobre el bando talibán. 
Percibieron un rechazo a considerar nuevas iniciativas de paz. 
La UE, junto a otros socios, estudia en la actualidad el mejor modo posible de promover un proceso de compromiso. 
Dos cosas están claras en lo relativo al funcionamiento de Afganistán. 
Primero, la implicación de extraños en el conflicto de Afganistán sólo sirve para prolongar la lucha. 
Esto vale para el apoyo prestado a cada una de las partes por terceros países que persiguen sus propios objetivos e intereses nacionales. 
Segundo, no es posible una solución militar para la enrevesada situación afgana. 
La historia del país pone de manifiesto que ninguna facción puede nunca imponerse ni imponer su filosofía política y cultural a todo el país. 
Quiero subrayar este punto, en particular en respuesta a las afirmaciones del Sr. Dupuis, dirigiendo la atención sobre el hecho de que la Comisión no ofrece ayuda a ninguno de los bandos. 
La ayuda es entregada a los grupos e individuos vulnerables de acuerdo con sus necesidades y si las condiciones de acceso y seguridad lo permiten. 
Dado que los talibán controlan el 90% del territorio afgano, es obvio que una buena parte de la ayuda de la CE se envía a las zonas controladas por aquéllos. 
Por estas razones, la UE mantiene el embargo de armamento, que comprende la totalidad del territorio afgano, y sigue instando a que cesen las injerencias de terceros países. 
Al mismo tiempo, la UE apoya los esfuerzos en aras de la paz de las Naciones Unidas y subraya la necesidad de un gobierno de amplia base en el país. 
Por último, en respuesta a la intervención de la Sra. Fraisse, los combates entre los talibán y las fuerzas de la Alianza del Norte se han recrudecido tras el paréntesis del invierno, y es de prever que los talibán intenten expulsar a las fuerzas de la Alianza del Norte del aproximadamente 10% del territorio afgano que actualmente ocupan, mientras que el comandante Massud, de la Alianza del Norte, y sus aliados intentarán extender el conflicto a las áreas aún bajo control talibán. 
Entretanto, los efectos de la peor sequía que ha sufrido el país en los últimos treinta años siguen afectando a los afganos de las regiones del sur, central u occidental del país en particular. 
Un gran número de afganos se ha visto forzados por el miedo a la hambruna y al conflicto a abandonar sus hogares y ahora viven en campamentos IDP (campamentos de desplazados dentro de su propio territorio) en el interior de Afganistán o han cruzado las fronteras con Irán y Pakistán. 
En 2000 y 2001, otras 500.000 personas o refugiados desplazados dentro del país han huido de los combates y de la hambruna, y el país depende en una gran medida de la ayuda alimentaria, buena parte de la cual es suministrada por EE.UU. 
Señor Presidente, dadas las noticias falsas y las mentiras deliberadas que el Comisario Byrne acaba de pronunciar ante los diputados aquí presentes, quería preguntarle al Sr. Purvis si iba a presentar una moción de censura contra la Comisión. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Nepal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0426/2001 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo TDI, sobre la situación en Nepal; 
B5-0428/2001 del Sr. Collins, en nombre del Grupo UEN, sobre las consecuencias de la masacre de la familia real de Nepal; 
B5-0435/2001 del Sr. Messner y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Nepal; 
B5-0443/2001 del Sr. Vinci, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Nepal; 
B5-0460/2001 de los Sres. Mann y Tannock, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre Nepal; 
B5-0469/2001 de los Sres. Fruteau y Sánchez Aparicio, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en Nepal. 
Señor Presidente, en lo relativo al Nepal, aunque todos somos conscientes de que se trata de una tragedia digna de Shakespeare, creo que el principal problema y nuestro problema como Parlamento Europeo es afrontar el futuro. 
Invito a todos los colegas a respaldar la enmienda presentada por nuestro compañero Messner, que solicita que nuestra Presidenta autorice a una delegación de nuestro Parlamento a viajar a Nepal lo antes posible. 
Creo que el papel de esta delegación es fundamental. 
Hoy, las fuerzas desestabilizadoras que están actuando en Nepal son muy fuertes, y creo que no sería en absoluto recomendable subestimarlas. 
La situación es extremadamente delicada, y estoy seguro de que un gesto como la presencia de tres parlamentarios europeos en Nepal podría influir positivamente en el desarrollo de los acontecimientos. 
Nadie ignora el deletéreo papel que juega un gran país que, en circunstancias normales, no debería ser fronterizo con Nepal, pero que, por su política de ocupación del Tíbet, es hay prácticamente vecino de Nepal; todo el mundo conoce el apoyo logístico que este país- la República Popular China- presta a la guerrilla maoísta, una guerrilla comparable al Sendero luminoso peruano- y con eso lo digo todo, creo -, y es urgente que también presionemos a este país para que deje de apoyar a esta guerrilla desestabilizadora, que puede sumir en el caos a esta pequeña y maravillosa nación del Himalaya; finalmente, urge que adoptemos una política distinta para esta región. 
Por último, en cuanto a la Comisión, hace años que nuestro Parlamento solicita la apertura de una delegación de pleno derecho en el Nepal. 
Por desgracia, creo que los últimos acontecimientos justifican todavía más la apertura de esta delegación. 
Señor Presidente, tras la tragedia de Nepal, que acabó con casi toda la familia real, la amenaza que se cierne ahora sobre ese pequeño país del Himalaya es la guerra civil. 
Hay que considerar también que el país está incrustado entre el Tíbet, que ahora pertenece a China, y la India, los dos países más grandes de la tierra que amenazan con asfixiarlo. 
Vayamos a los hechos del Nepal de hoy. Nepal es tan grande como Austria y Suiza juntas. 
Tiene 22 millones de habitantes, los cuales, considerando que la mayoría de la geografía del país es alta montaña, no disponen de mucho sitio. 
Las llanuras están superexplotadas para pastos, los bosques para la producción maderera, por lo que es de temer un colapso ecológico. 
Es uno de los países más pobres de la tierra que sólo tiene en el turismo una fuente de divisas. 
Por si fuera poco están además esos grupos maoistas críticos con la monarquía, que ya controlan una parte del oeste del país y que se muestran aún más escépticos con el nuevo rey, el hermano del asesinado, que con el anterior. 
Lo que ese país necesita ahora es ilustración. 
También, naturalmente, de nuestra solidaridad, sobre todo la gente, que necesita propuestas y necesita esperanza. 
El turismo no debe bloquearse, lo que ocurriría lógicamente tras una guerra civil. 
Creo que Europa debería jugar aquí un papel pacificador. 
Por eso he propuesto que se envíe una pequeña delegación de la UE a Nepal para intentar tomar medidas preventivas antes de que sea demasiado tarde. 
Debemos llevar nuestros valores, la transparencia, la democratización, la esperanza en el futuro a ese país. 
No debemos permitir que ese país que tantos amigos tiene en Europa se quede solo. 
Señor Presidente, la muerte de la familia real nepalí nos ha conmovido a todos. 
Queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo nepalí. 
El rey Birendra, con quien he coincidido en alguna ocasión como vicepresidente de la Delegación de la SAARC, disfrutaba de una gran popularidad y simpatía. 
Sus convicciones a favor de la democracia y del sistema de partidos dieron al país una gran esperanza, a un país, y aquí Reinhold tiene toda la razón, que es tan terriblemente pobre pero tan rico culturalmente. 
La tragedia ocurrida en el Palacio Real de Katmandú, de la que fueron víctimas el rey Birendra, su esposa Aishwarya y muchos parientes, ha dejada un gran vacío. 
La prohibición de abandonar el país y de celebrar asambleas tranquiliza un poco las cosas, pero se dieron varios asaltos violentos. 
Un primer signo positivo lo dio el nuevo rey Gyanendra, que afirmó que acataría la Constitución de Nepal, la de su hermano, para proseguir la democratización que comenzó la familia real. 
También fue importante la creación de una comisión de investigación, pues fue una señal importante para reducir el escepticismo del pueblo frente a los nuevos miembros llegados al poder y generar así confianza. 
La comisión está presidida por el Presidente del Tribunal Supremo, que es una figura suficientemente neutral, pero, además, gana en credibilidad porque en ella no sólo están miembros del Gobierno, sino también de la oposición y, naturalmente, observadores internacionales. 
Por consiguiente, si debe estar presente una delegación, ésa debe ser la Delegación de la SAARC del Parlamento Europeo. 
Los rebeldes maoístas han intentado aprovechar la oportunidad para desestabilizar aún más al país. 
El Gobierno y la oposición deben aprender de una vez a contar el uno con el otro, a desarrollar consensos. 
Deben limpiar el espacio político de terrorismo y golpismo, lo cual no necesita de improvisaciones personales, sino de un plan común. 
El Grupo del PPE apela al rey y a los políticos responsables para que hagan todo lo que esté en su mano para hacer disminuir la preocupación y la angustia que la población siente. 
La UE, señor Comisario, debe también emitir señales en este sentido. 
Nuevamente pido a la Comisión Europea que abra una oficina en Katmandú, la sede de la Secretaría General de la SAARC. 
Desde allí podremos llevar a la práctica el excelente Acuerdo de Cooperación que la UE tiene con Nepal. 
Es una base magnífica. 
Hace pocos años, aquí, en la Parlamento, estuvimos alabando ese Acuerdo. 
Señor Presidente, queridos colegas, desearía en primer lugar sumarme al dolor del pueblo nepalí, que está viviendo actualmente uno de los momentos más difíciles de su historia. 
Como Vicepresidente de la Delegación del Sur de Asia, tuve la ocasión de conocer al rey Birendra, hombre de gran trascendencia, que supo poner fin a tradiciones políticas seculares instaurando una monarquía constitucional. 
Verdadero factor de estabilidad, representaba la esperanza de que el pueblo nepalí saliese de la miseria absoluta y de que el Estado de derecho y la democracia perduraran en el tiempo. 
La trágica muerte del que el pueblo nepalí consideraba al mismo tiempo el símbolo y la base de la unidad nacional suscita numerosas inquietudes y plantea múltiples interrogantes. 
Efectivamente, detrás del drama, hay un proceso político que se ha replanteado de forma brutal. 
Hay un vínculo de confianza entre la clase política y su pueblo que ha quedado roto. 
Hay también un cambio de escenario importante en una región en la que impera una fuerte inestabilidad. 
La Unión Europea está muy comprometida con el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos. 
Por tanto, debemos condenar enérgicamente la represión y las detenciones que se han producido tras la muerte del rey. 
Tampoco podemos permanecer en silencio ante el doloroso problema de los campos de refugiados de Bután- problema con el que estoy particularmente sensibilizado, por haberlos visitado el año pasado en el ámbito de la delegación -, y desear que las gestiones que se habían iniciado satisfactoriamente para resolver este problema sigan su curso con la misma voluntad. 
Para terminar, hago por mi parte un llamamiento a la Comisión para que instale en Katmandú una delegación con plenos poderes cuya misión sea la de intentar ayudar a este pueblo traumatizado a curar sus heridas. 
. (EN) La Comisión está consternada por los dramáticos acontecimientos que convulsionan al Nepal. 
Comprende el estado de conmoción de la población nepalí ante las muertes de un monarca querido, símbolo de la unidad y de la continuidad, y de muchos miembros de la familia real. 
Hasta la fecha la situación sigue siendo incierta. 
Es aún demasiado pronto para valorar la incidencia de los asesinatos de palacio en la estabilidad del país y para predecir si los acontecimientos cobrarán un cariz desastroso o pondrán en peligro la democracia. 
Estos acontecimientos han tenido lugar en un contexto ya enrarecido en el Nepal en los últimos meses, como consecuencia de la paralización política y de la permanente amenaza de los insurgentes maoístas. 
Por ello, los mensajes europeos de condolencia subrayan en particular la necesidad de preservar la democracia, una democracia que ha sido un notable éxito del Reino de Nepal y del difunto Rey Birendra. 
La Comisión seguirá el desarrollo de los acontecimientos con la máxima atención para asegurarse de que todas las partes actúen respetando los principios democráticos y los derechos humanos, de conformidad con las disposiciones básicas del artículo 1 del Acuerdo de Cooperación CE-Nepal. 
En este contexto, la Comisión deplora el arresto de tres redactores nepaleses del periódico Kantipur. 
Como ustedes saben, la Comisión ha prestado un apoyo constante al Nepal en su búsqueda del desarrollo social y económico. 
La CE ha concedido 160 millones de EUR en ayuda a la cooperación desde 1977, y la media actual es de aproximadamente 50 millones de EUR al año. 
Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso. 
Asimismo, estamos dispuestos a llevar nuestra cooperación a una nueva dimensión, teniendo en cuenta aspectos específicos de gobierno. 
Sin embargo, en las actuales circunstancias consideramos necesario esperar a que pase la tormenta antes de iniciar cualquier nueva acción en concreto. 
En respuesta al asunto planteado por diversos diputados, en el sentido de si la Comisión establecerá una delegación en Katmandú, me satisface poder decirles que la Comisión está preparando una comunicación sobre el servicio externo, que comprenderá la situación de las nuevas delegaciones y tratará este asunto en particular. 
Su publicación está prevista para antes de las vacaciones de verano. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0432/2001 de la Sra. Maes y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Angola; 
B5-0444/2001 del Sr. Miranda y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Angola; 
B5-0445/2001 del Sr. Ribeiro e Castro, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en Angola- la sociedad civil construye la paz; 
B5-0453/2001 del Sr. van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Angola; 
B5-0461/2001 de los Sres. Coelho y Cunha, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre la situación en Angola; 
B5-0470/2001 del Sr. Soares y otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación en Angola. 
Señor Presidente, es la enésima vez que hablamos de la situación en Angola. 
Este país ya lleva veinticinco años en guerra. 
Y vamos a votar otra vez sobre una resolución. 
Sin embargo, lo que hemos de preguntarnos es si se hace lo suficiente para conseguir la paz. 
Celebro sinceramente que la Presidencia sueca haya examinado esta cuestión y que se haya encargado de presentar una declaración. 
No obstante, me pregunto si ambas partes- y me refiero tanto al gobierno del Sr. dos Santos como a UNITA- no están esforzándose para que perdure la guerra. 
Se trata de una guerra financiada con el contrabando de diamantes y con el petróleo: así se consiguen los fondos suficientes para comprar enormes cantidades de armas y para tener secuestrada constantemente a la población. 
En mi opinión, esta guerra es una vergüenza para nuestra civilización. 
Por lo tanto, quisiera pedir que tanto la Comisión como el Consejo cumplan las recomendaciones que se vuelven a poner en esta resolución para que se controle si la voluntad de llegar a la paz aumenta de verdad. 
Celebramos, naturalmente, que tanto el presidente dos Santos como los líderes de UNITA hayan hecho declaraciones afirmando que van a iniciar un diálogo. 
No obstante, hemos de constatar que la población civil sigue siendo vejada. 
Ahora ha habido secuestros por un movimiento nuevo, que se ha autoproclamado ser también un movimiento de rebeldes. 
Luego, resulta que hay nuevos campos de minas, sigue habiendo ataques a las ciudades y la población civil sigue siendo víctima de unos incesantes ataques. 
Y el que vive cerca de allí sabe perfectamente que en los bares de las fronteras los soldados tienen un negocio entre ellos. 
Señor Presidente, la compleja situación vivida en Angola merece uan atención permanente y detenida, por lo que se nos presenta como justificada la inscripción del asunto una vez más en el orden del día de nuestro Parlamento, pues es cierto que la búsqueda de la paz y el incentivo a todos cuantos la buscan efectivamente debe constituir un objetivo central de nuestra institución. 
Pero ésta- entre otras cosas por la coherencia que se le exige- no puede hacer tabla rasa de anteriores resoluciones suyas y tampoco de las posiciones más o menos recientes de las restantes instituciones comunitarias e instancias internacionales, en particular del Consejo, que tienen competencias particulares a este respecto. 
Como tampoco puede ni debe pasar por alto ni escamotear aspectos relevantes recientes y que indican la evolución de la situación en el país y aclaran, si fuera necesario, las intenciones reales de algunas fuerzas que actúan en el territorio, en particular de la UNITA del Sr. Jonas Savimbi. 
Ahora bien, he de subrayar también y desde ahora mismo que considero positivo que, tal como se nos presenta, la propuesta de resolución de transacción haya puesto fin en lo esencial a las intenciones de mistificación de la realidad angolana y de blanqueo de la UNITA subyacentes a la propuesta inicial de la UEN... 
Ahora bien, igualmente cierto es que, incluso después de las enmiendas positivas que, a propuesta nuestra, se añadieron a esa transacción, en particular la afirmación de la concordancia con la posición adoptada por la Presidencia sueca en nombre de la Unión, sigue adoleciendo de posiciones inaceptables y lagunas graves. 
Es lo que sucede con el evidente intento de colocar en el mismo nivel las responsabilidades del Gobierno legítimo de Angola y las de la UNITA, en clara contradicción con las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas que- sintomáticamente y por eso mismo- ahora se olvidan y así sucede igualmente con la inadmisible omisión del reciente y condenable ataque de la UNITA a Cachito, a consecuencia del cual resultaron muertas un número importante de personas indefensas e inocentes y hubo raptos incalificables de decenas de niños y adolescentes. 
Por eso mismo, considero de la mayor importancia y oportunidad que la Comisión reafirme las posiciones adoptadas por esa institución y por el Consejo en nombre de la Unión Europea. 
En efecto, a nuestro entender, nada puede justificar que subsistan las citadas posiciones y omisiones en una resolución de este Parlamento, que, por lo demás, son la razón fundamental por la cual no subscribimos la transacción. 
Por lo demás, nos sorprende el frontal abismo entre lo aprobado y reiterado recientemente por el Consejo y lo ahora propuesto, tanto más cuanto que algunos de los principales subscriptores de la transacción actual son originarios de la misma fuerza política que da cuerpo a un Gobierno que tan recientemente formuló y adoptó la posición por aquella adoptada. 
También por eso presentamos algunas propuestas de enmienda con vistas a permitir una realineación de nuestro Parlamento con las posiciones del Consejo y de la comunidad internacional y a garantizar una línea de continuidad y coherencia con lo que aquí siempre aprobamos. 
Del sentido de la votación dependerá nuestro voto final. 
Señor Presidente, Señorías, acabamos de oír el discurso de la guerra, el discurso que ha conducido a la guerra, el discurso que ha conducido al fracaso sucesivo de la mediación internacional. 
Y no era ésa nuestra intención. 
Nuestra intención es la de contribuir a la paz, porque al fin se están perfilando señales consistentes en Angola de que algo puede cambiar duraderamente en ese país. 
Ésa es la gran novedad de los últimos meses. 
Entre las noticias de la terrible guerra que continúa, son esas señales de paz los que despuntan firmemente de la sociedad civil angolana e infunden urgencia a nuestra votación de hoy. 
A esas señales nos dirigimos para indicarlas, abrazarlas y alentarlas. 
No queríamos sólo llorar más muertos ni lamentar más destrucción. 
Queremos felicitar a quienes con valor, generosidad e independencia, a partir de las iglesias y de múltiples sectores de la sociedad angolana, abren una nueva vía que puede conducir a la reconciliación nacional y a la paz duradera. 
Oigamos a los angolanos. 
Ellos saben más y mejor que nosotros. 
El AMC, amplio movimiento de los ciudadanos, plataforma cívica recientemente presentada en Luanda, nos habla de reconciliación nacional no excluyente, en el sentido de que no excluye a nadie, pues es el espíritu venenoso de la exclusión el que siembra la guerra, la miseria y la ruina por toda Angola. 
No excluyente, porque el espíritu de incluir a todos es la condición para la reconciliación y porque sin reconciliación verdadera que restablezca la confianza no habrá paz. 
Los angolanos quieren la paz. 
Oigamos a los angolanos, confiemos en que la mediación interna y la energía de los movimientos civiles puedan conseguir aquello en lo que ha fracasado la mediación internacional. 
Sigamos la voz de los angolanos, gente de bien, no sólo las del AMC, sino también de tantos movimientos que pululan en una red de paz esperanzada; el Comité Intereclesial para la paz en Angola, el Grupo Angolano de Reflexión para la Paz, las Mujeres "Paz y Desarrollo", que hoy mismo celebran una conferencia internacional en Luanda, la Asociación Martin Luther King, los movimientos Justicia y Paz y Democracia, Antesala de la Paz, los Mensajeros de la Paz, el Mosaico, y otros más, como hace meses el Foro sobre las múltiples consecuencias de la guerra, del que resultó un llamamiento al cese del fuego inmediato. 
Ésas son las voces que debemos oír. 
Tenemos que conocer esas caras, aprender esos nombres, divulgar esos rostros, estrechar esas manos. 
Porque la trágica historia reciente de Angola nos enseña una cosa: sólo debemos confiar en aquellos que nos hablan de paz sin armas en la mano, con gestos y con instrumentos de paz. 
Es necesario acabar con el monopolio de la polarización de la guerra. 
Por eso, pido que sus Señorías se sumen a una invitación que ya he pedido a la Presidenta que se haga para que podamos oír la visión de Angola y del futuro de paz al que aspiran hombres como D. Zacarias Kamuenho, Vieira Lopes, Rafael Marques, Justino Pinto de Andrade, William Tonnet, Chivukuvuku, Marcolino Moco, Cesinanda Xavier y otros más, que se suman a esa ola civil por la paz. 
Ésos son los que pueden enseñarnos mucho. 
Angola sigue sufriendo, pero no tiene que ser así. 
Esa Angola de paz espera que seamos capaces de lanzar señales nuevas y diferentes de las señales nuevas con las que se nos desafía. 
Señor Presidente, toda la gente, al menos en Finlandia, ha jugado un juego que se llama La estrella de África. 
Cada vez que discutimos Sierra Leona o Angola pienso con espanto en ese juego que era justamente eso, un juego, pero que de una manera sangrienta- en Angola o en Sierra Leona- demostraba que lo que podía ser la bendición de un país también podía ser su maldición. 
Estimados amigos, creo que estamos empezando a ver señales de una política más inteligente para el control de los recursos. 
Hemos visto muchas propuestas de paz- el Protocolo de Lusaka, la propuesta de paz para Sierra Leona, etc. pero no avanzaremos mucho en tanto la guerra sea más rentable que la paz. 
Por eso respaldo enérgicamente lo que señaló la Sra. Maes, esto es, que tenemos que seguir por este camino. 
Creo que Canadá, que ha empezado a aplicar sanciones, también merece nuestro respaldo y debe ser un punto de referencia en materia de sanciones y de los trabajos contra las minas antipersonales y los niños soldados. Hay que iniciar trabajos igualmente ambiciosos. 
Es interesante comprobar que hoy muchos se manifiestan en favor de Angola. 
Creo también que muchos sienten remordimientos por lo que hemos dicho sobre Angola anteriormente. 
Todos hemos contribuido de alguna manera a esta tragedia. 
Ahora hay que tratar de detenerla, junto a los que se mencionan en el informe de la ONU- y también en los informes que han encargado los parlamentos de los Estados miembros- y a los presidentes, los que tienen el poder en Togo y en Burkina Faso, que a su manera han contribuido con la compra de diamantes o de petróleo. 
En cuanto al Banco Mundial, creo que puede ser un actor muy importante en África, por ejemplo, mediante el control de los ingresos que recibe Angola por el petróleo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en Angola persiste la guerra, la destrucción y el desperdicio inútil y chocante de vidas humanas. 
Angola tiene todas las condiciones para ser un gran país, desarrollado y factor de estabilidad y progreso en el sudoeste africano, pero ha venido desperdiciando sus recursos y sus energías en un conflicto que parece eternizarse. 
Condenamos el recurso a la guerra. 
Y condenamos muy en particular los ataques inhumanos a civiles indefensos, a mujeres y a niños, ataques que nada puede justificar. 
Ya en diversas ocasiones, a lo largo de los años, este Parlamento se pronunció sobre Angola y criticó actitudes y comportamientos. 
Recordamos esas deliberaciones, que subscribimos y apoyamos, y que la resolución de transacción subscribe, recuerda y apoya. 
Como también tenemos presentes las deliberaciones de las Naciones Unidas sobre el conflicto y no ignoramos que hay responsabilidades diferentes de las diversas partes. 
Pero, a nuestro entender, en este preciso momento en que se entreabre una pequeña ventana de esperanza con declaraciones de los principales responsables e iniciativas en la sociedad civil a favor de la paz, nuestro papel es el de alentar ese movimiento. 
Tenemos que decir al pueblo de Angola y a los dirigentes políticos que la comunidad internacional está disponible para colaborar en la búsqueda de la paz. 
No hay solución militar para este conflicto. 
El Consejo de Asuntos Generales lo dijo en su reunión del pasado 11 de junio, en Luxemburgo. 
Hoy es el turno del Parlamento Europeo de afirmarlo en nombre de los pueblos de Europa. 
Nos congratulamos del texto de transacción que ha sido posible elaborar y votaremos contra las propuestas que pueden desfigurarlo, no porque discrepemos del contenido de varias de ellas, sino porque lo que hoy se espera de nosotros son palabras de incentivo y no de recriminación. 
Señor Presidente, Señorías, señores representantes de la Comisión, yo también apruebo la propuesta de resolución sobre Angola, resultante de una transacción que es, a mi juicio, una propuesta moderada y bastante equilibrada. 
En el fondo, se trata de un llamamiento a la paz que en este momento, como ha subrayado el Sr. José Ribeiro e Castro y ahora el Sr. Carlos Coelho, debe ser apoyado por la comunidad internacional y en particular por nuestro Parlamento. 
La situación en Angola es una situación trágica. 
Angola es un país devastado, que vive desde hace veintiséis largos años ininterrumpidos en guerra civil. 
Es decir, que desde la independencia el 11 de noviembre de 1975, existe una guerra civil en Angola que se prolonga. 
Esa guerra civil, como ya se ha subrayado aquí, no tiene solución militar. 
Y la teoría de que es posible llegar a una solución aplastando al enemigo, aun cuando ocurriera el asesinato o la muerte de Savimbi, no es la solución, porque la guerra continuaría. 
La guerra sólo puede terminar mediante una negociación entre quienes la hacen y por presión de la sociedad civil angolana, que por fin está surgiendo. 
Y hay voces independientes de la sociedad civil que reclaman la paz, sobre todo apoyadas por la iglesia católica angolana, que ha desempeñado en esto un papel extraordinariamente importante y por todas las otras iglesias, que están haciendo gran presión a favor de la paz, es decir, de una negociación para la paz. 
Esa presión es la que nosotros debemos apoyar, tanto la Unión Europea como este órgano suyo que es el Parlamento Europeo. 
Se habló de una propuesta de algunos de nuestros amigos de la izquierda- de los Verdes y del Partido Comunista -, que querían que se hiciera una condena especial en relación con la matanza de Cachito. 
Nosotros no estamos de acuerdo y propusimos una enmienda oral que podría ser de transacción. 
Esa enmienda oral condenaba todas las matanzas, vengan de donde vinieren, porque hoy no hay sólo la matanza de Cachito, hay también las matanzas que han ocurrido recientemente: por ejemplo, en Cabinda. 
Por tanto, si nosotros sólo hablamos de una clase de matanzas estamos mirando con ojos ciegos una realidad que, como se ha dicho, es una realidad compleja y, por tanto, aunque se trata de un acto aparentemente humanitario, es esencialmente político y nosotros no podemos estar de acuerdo con él. 
Por esa razón, vamos a votar esta propuesta de resolución tal como está redactada y no las enmiendas propuestas. 
Al hacerlo, creemos que podemos contribuir a la paz en Angola y yo quiero secundar una propuesta de mi colega José Ribeiro e Castro en el sentido de que el Parlamento Europeo pueda oír voces independientes de Angola que hoy se baten con mucho valor por la paz, como, por ejemplo, el periodista Rafael Marques, como, por ejemplo, el arzobispo Zacarias Kamuenho, como, por ejemplo, el antiguo primer ministro de Angola Marcolino Moco y muchos otros angolanos que son capaces y tienen valor para venir a este Parlamento y decir con verdad que es necesario acabar con los señores de la guerra. 
Porque, si bien es verdad que hay señores de la guerra en un lado y en el otro y que ambos son condenables, tanto en el lado del MPLA como en el de la UNITA (y debemos condenarlos todos) , la verdad es que hay intereses que ganan con la guerra y son los intereses del petróleo y de los diamantes y lo que es necesario es hacer que surja la sociedad civil y las iglesias para que aquel pueblo tan martirizado pueda alcanzar la paz por fin. 
. (EN) Señor Presidente, Señorías, la Comisión está muy preocupada por la prolongación de la guerra en Angola, particularmente a la vista del reciente recrudecimiento de los ataques a civiles, así como del permanente sufrimiento de 3-4 millones de ciudadanos afectados por la reanudación de la guerra desde 1998. 
Como se afirma en la resolución común adoptada el 11-12 de junio de 2001, la Comisión mantiene su compromiso de apoyar iniciativas que contribuyan a una solución política del conflicto angoleño. 
La Comisión desea fomentar el reforzamiento de las instituciones democráticas y la mejora de la situación de los derechos humanos, el imperio de la ley y la justicia, así como una gestión más transparente de las finanzas públicas. 
La Comisión anima a mantener el diálogo político en las condiciones previstas en el Protocolo de Lusaka como forma de superación del conflicto y manifiesta su esperanza en que las recientes declaraciones del Presidente Dos Santos, en las que ha invitado al Sr. Savimbi a fijar una fecha para actuar en pos de la finalización de la guerra, se traduzcan en un diálogo por la paz y la reconciliación nacional. 
La Comisión manifiesta su profunda preocupación por las condiciones de inseguridad en que las organizaciones de ayuda prestan auxilio a las personas necesitadas. 
La estrategia de ayuda de la Comisión consiste en el envío de un paquete flexible de emergencia y de ayuda a la rehabilitación conforme a unas necesidades cambiantes, así como en la creación de las condiciones que permitan la realización de acciones de desarrollo estructural. 
He de informar al Parlamento de que se prevé que el nivel de intervenciones económicas en 2001 llegue al alcanzado en 2000, lo que de hecho supone 52 millones de euros. 
El debate conjunto queda cerrado y pone fin al debate sobre cuestiones de actualidad, urgencia y especial importancia. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Protección civil en situaciones de emergencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0180/2001) de la Sra. González Álvarez, en nombre de Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se establece un mecanismo de coordinación de intervenciones de protección civil en situaciones de emergencia (COM (2000) 593- C5-0543/2000- 2000/0248 (CNS) ). 
. Señor Presidente, ya en 1985 comenzó una cooperación comunitaria en el ámbito de la protección civil, con dos programas: uno que duró 2 años- 1998-1999- y otro que está en vigor hasta el 2004. 
En los últimos años las catástrofes, en muchos casos mal llamadas naturales, han producido graves consecuencias para las personas, el medio ambiente, el patrimonio natural y el patrimonio cultural. 
Apoyar a los Estados miembros en la prevención de riesgos, incrementar la formación de los que intervienen en caso de catástrofe, contribuir a la educación y sensibilización de los ciudadanos para su autoprotección, son algunos de los objetivos de esos programas, pero hoy debatimos la propuesta del Consejo para la puesta en marcha de un mecanismo de coordinación, de intervenciones, de protección civil en situaciones de emergencia. 
Creo que conviene recordar que, según el panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, es ya una evidencia que, si no se corrigen las tendencias actuales de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, esas catástrofes; -inundaciones, sequías, tormentas y demás- serán cada vez más habituales. 
Por ello, este mecanismo ha de ser muy bienvenido. 
Determinar los recursos disponibles de intervención, la formación de equipos de evaluación y coordinación que intervengan en casos de emergencia y un sistema común de comunicación inmediata, son aspectos en los que se basa esta propuesta para cumplir con los objetivos de protección de los ciudadanos, del medio ambiente, de los recursos naturales y de los recursos culturales. 
Las cuatro prioridades que definen la actuación de este mecanismo son: prevención de accidentes, capacidad de reacción inmediata, respuesta en situaciones de emergencia y medidas de recuperación en caso de catástrofe. 
Y para lograr estos objetivos, los elementos más importantes son: la creación de un centro operativo de gestión, coordinación e información; la identificación de recursos disponibles en los Estados miembros; los programas de formación para equipos de intervención, expertos de evaluación de necesidades y coordinación de transporte, de recursos y de equipos; establecimiento de un sistema común de comunicación de emergencia, que ponga en contacto a todos los equipos de protección civil disponibles. 
Es evidente que hay diferentes realidades en cada uno de los Estados miembros, en Alemania y España están muy bien delimitadas las Comunidades Autónomas, las regiones, que tienen su propio mecanismo de protección civil, también en las alcaldías y en los Ayuntamientos. 
En el resto de los países el servicio de protección civil está más centralizado. 
En todo caso, a nosotros nos parece evidente que va a ser muy útil este mecanismo que puede coordinar y poner en funcionamiento eficazmente todos los recursos de que disponemos en Europa para casos de emergencia claros, como se dieron en los últimos años, -yo recuerdo muy bien lo que ocurrió en el Parque Nacional de Doñana, cuando se produjo la rotura de una balsa de residuos tóxicos, que inundó un río y una vega enorme, en la que perdieron el trabajo más de 5 000 agricultores-. 
Y por lo tanto, es importantísimo un mecanismo de estas características que sea rápido y eficaz. 
También, quizá, además de esta necesidad de comunicación y coordinación rápida la formación y educación de los ciudadanos para su autoprotección. 
Hay en Europa- y yo me quedé sorprendida del número- cerca de 5 millones de personas que son voluntarias, que sin ninguna remuneración acuden en un momento determinado cuando hay una catástrofe. 
La necesidad de una mínima formación de estas personas ayudaría mucho a afrontar esas catástrofes. 
Creo que hay que recordar lo que pasó con el Erika, en las costas francesas y otras catástrofes de esas características. 
Creo que las propuestas que hace el Parlamento son aceptables, que mejoran este mecanismo y que en el futuro será muy importante que haya un mecanismo claro y concreto, con un centro de coordinación de comunicaciones y recursos para el ámbito de la protección civil. 
, Comisión. (DE) Señor Presidente, Señorías, quisiera felicitar antes de nada a este Pleno y especialmente a la ponente, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por el trabajo constructivo realizado y cuyo resultado es este excelente Dossier. 
Creo que no es necesario recordar las catástrofes ecológicas, tecnológicas y naturales de los últimos años. 
Señora Diputada, usted se acaba de referir a una de ellas que ha causado daños muy graves en varios Estados miembros y países vecinos. 
Los ciudadanos europeos han expresado claramente su preocupación y han dado además a entender que están esperando medidas concretas de la Comunidad para que en casos extremos se garantice un sistema eficiente de protección civil. 
También este Pleno le ha pedido a la Comisión mediante una serie de Decisiones sobre Iniciativas que actúe en este sentido. 
La propuesta de la Comisión del 27 de septiembre del año pasado prevé que se instaure un procedimiento para intervenciones del servicio de protección civil dentro y fuera de la UE en casos de catástrofes ecológicas, tecnológicas y naturales. 
El objetivo es mejorar y coordinar las medidas específicas de cada uno de los Estados miembros en casos de catástrofes de este tipo, a las que se añadirían las nucleares, así como ofrecer la posibilidad de un servicio asistencial de intervención rápida cuando se vea desbordado el sistema de protección civil del país afectado. 
Déjenme que, en primer lugar, sobre el resultado del trabajo parlamentario les diga que muchas de las enmiendas han sido aceptadas porque mejoran de manera importante la propuesta de la Comisión. 
Las más importantes son éstas: la creación de un Centro de Información y Vigilancia que sirva de instrumento operativo de ejecución; la creación de un banco de datos sobre las existencias en los Estados miembros de sueros, vacunas y otros recursos médicos vitales; acentuar la importancia de las medidas de auxilio para las regiones aisladas y periféricas de la Unión y la utilización de nuevas tecnologías como sistemas de aviso y comunicación así como sistemas de intercambio de información y satélites para detectar correctamente y proceder a la protección de la herencia cultural. 
Por esta razón, de las 46 enmiendas presentadas, podemos aprobar 35 en todo o en parte. 
Por lo que atañe a las demás, por nuestra parte quedan aún algunas cuestiones pendientes que se refieren en lo esencial a los siguientes aspectos: en primer lugar, la referencia al componente de la ayuda humanitaria que aparece en la enmienda 12. 
Esta enmienda nos podría conducir a un cierto solapamiento con el programa ECHO. 
La Comisión quiere evitar esto y rechaza por ello esta propuesta. 
Y ahora el tema de la necesidad de una reacción rápida de la Comunidad en caso de contaminación intencionada. 
Son las enmiendas 1 y 13. 
El concepto de "contaminación intencionada" no es, creo yo, el más correcto y apropiado en este caso. 
Porque la contaminación del mar no la para ninguna intervención rápida, sino que más bien, la rapidez o no de la actuación depende del tipo de contaminación o del tipo de catástrofe. 
Lo que se refiere a la definición exacta del papel y de la tarea a desempeñar por el Centro Operativo de Vigilancia e Información es tratado en las enmiendas 5, 14 y 16. 
La Comisión rechaza la enmienda 17. 
Las referencias al Centro de Vigilancia e Información son constructivas. 
No obstante, algunas formulaciones son confusas y deben elaborarse más o eliminarse. 
El Centro debe ser una herramienta de la Comisión y de los Estados miembros, no un actor. 
Por tanto, resumiendo: la Comisión apoya las enmiendas 3, 6, 9, 11, 15, 18, 23, 25, 27, 31, 35, 36, 38-41. 
Apoya en lo fundamental once enmiendas que necesitan de algunos ajustes en la redacción. 
Son las enmiendas 4, 7, 19, 22, 24, 26, 30, 32-34 y 37. 
Parcialmente apoya las enmiendas 5, 8, 13, 14, 16, 21 y 45. 
Y rechaza la 1, 2, 12, 17, 20, 28, 29, 42-44 y 46. 
Para concluir quisiera subrayar que nuestra propuesta ha ganado en calidad gracias al apoyo y la contribución del Parlamento. 
Estoy seguro de que las mejores contribuirán a salvar a personas en el futuro y a reducir los daños de las catástrofes tecnológicas y naturales, ecológicas y nucleares. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Medidas comunitarias de lucha contra la peste porcina clásica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0143/2001) de la Sra. Redondo Jiménez, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a medidas comunitarias de lucha contra la peste porcina clásica (COM (2000) 462- C5-0493/2000- 2000/0214 (CNS) ). 
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe aprobado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural el 25 de abril, por unanimidad, sobre las medidas comunitarias de lucha contra la peste porcina clásica propone un sistema de diagnóstico precoz y mantenimiento del método comunitario de lucha contra la enfermedad y el sacrificio, dado que los avances en las vacunas marcadoras no son todavía suficientes. 
La razón de que se aplique una política de no vacunación se basa en el hecho de que, en caso de infección, los cerdos vacunados pueden convertirse en portadores de los virus, especialmente las hembras gestantes que, sin mostrar signos de la enfermedad, pueden transmitirla horizontalmente al resto de la explotación y verticalmente a su descendencia, pudiendo ocasionarse la aparición, en estas descendencias, de lechones persistentemente infectados. 
Además, respecto a la diferenciación de animales que han sido vacunados o que han padecido la enfermedad y que han generado anticuerpos, esta diferenciación entre animales vacunados e infectados no es fiable todavía. 
Habrá que seguir las investigaciones en este sentido hasta que estas vacunas marcadoras lo sean efectivamente y seamos capaces de tener métodos diferenciales que nos indiquen si los animales han sido vacunados o han padecido la enfermedad. 
Esta normativa mejora ciertas normas profilácticas, aclara definiciones y propone incluir, como anejo a la Directiva, el "Manual de Diagnóstico". 
Además, las enmiendas introducidas se refieren a normas sobre el bienestar animal en la explotación y durante el transporte, y se proponen soluciones de emergencia en casos de graves crisis sanitarias que inmovilizan a los animales durante largos períodos, como son las compras en régimen de intervención que, por cierto, la Comisión jamás ha realizado. 
Se propone también que esta normativa sanitaria se extienda a los países PECO y su inclusión en los planes de lucha contra la peste porcina clásica. 
A este documento han sido presentadas varias enmiendas que la ponente estima que debe comentar de alguna manera. 
Hay una enmienda, la 34, presentada por el Sr. Mulder, en nombre del Grupo ELDR, que pretende ser lógica, pero en el momento en que las autoridades sanitarias de control son nacionales, tratar de dividir la Unión Europea en regiones que pertenezcan a distintas naciones y que no coinciden con las fronteras nacionales, parece irrealizable. 
Le preguntaría al Sr. Mulder, que está en la sala, si los holandeses van a ser capaces de controlar las explotaciones alemanas o si los alemanes van a controlar las explotaciones holandesas. 
Me parece que ni los unos ni los otros van a estar de acuerdo. 
La enmienda 35, presentada por el Sr. Mulder, va en contra tanto del espíritu de la ponente como del informe. 
Si no se suprime el animal, la vacunación supresora no es tal y la comercialización de la carne de animales vacunados en la Unión Europea supondría menor seguridad para nuestros consumidores que para los de los países terceros. 
En principio no podríamos exportar y, además, esta noticia en la prensa hundiría el sector. 
La carne fresca de animales vacunados porta virus, y podría contagiar a animales sanos que se alimentaran con desperdicios de estos mismos. 
Por lo tanto, no puedo aceptar la enmienda 35. 
En cuanto a la enmienda 36, también presentada por el Sr. Mulder, volvemos a topar con el tema de la cofinanciación y la ponente también es contraria a ella. 
Hay otras dos enmiendas, la 33, presentada por el Sr. Böge, en nombre del Grupo del PPE, y la enmienda 37, presentada por el Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre del Grupo Verts/ALE. 
Estas dos enmiendas van un poco más lejos de lo que el espíritu de la ponente podría tener en cuenta, puesto que en mi país la utilización de desperdicios está prohibida hace más de veinte años. 
Sin embargo, en esta misma Cámara, en el informe de la Sra. Paulsen se ha aprobado la enmienda 102 revisada en este mismo Pleno y no quiero ir en contra del espíritu de esta Cámara. 
Por lo tanto, entiendo que tanto la enmienda 33 como la enmienda 37 son aceptables porque pueden llevarnos a solucionar de una forma más real el control de la alimentación animal. 
Señor Presidente, este es un informe exhaustivo, y felicito a la Sra. Redondo por la gran cantidad de trabajo que ha puesto en él. 
Es posible que este Parlamento tenga interés en saber que la Sra. Redondo aceptó muy amablemente mi invitación para ir a Londres durante la elaboración de su informe para recoger el testimonio de representantes del sector porcino, dirigentes del National Farmers Union (Sindicato Nacional de Ganaderos) y altos cargos del Ministerio de Agricultura. 
Coincidimos en una de esas reuniones el martes 20 de febrero de este año, justamente el día en que se dio a conocer el primer brote de fiebre aftosa en el Reino Unido. 
Como podrán imaginar, este anunció interrumpió abruptamente nuestra reunión. 
En efecto, se debe en parte a la fiebre aftosa el hecho de que centre mis observaciones en el asunto de alimentar a los cerdos con despojos de hostelería o con desperdicios. 
Sé que mis colegas de Alemania y Austria mantienen serias reservas ante la prohibición en toda la UE de alimentar a los cerdos con ese material. 
Como la Sra. Redondo acaba de decir, la enmienda 33 está dirigida a permitir una alimentación con residuos alimenticios, sujeta a acuerdos estrictamente excepcionales, si puede garantizarse que los patógenos que causan las epizootias han sido eliminados con el tratamiento. 
La enmienda 37 pretende alcanzar un objetivo similar. 
Solicito al Parlamento que rechace esta tarde estas dos enmiendas. 
En el Reino Unido hemos puesto en funcionamiento estrictos controles de alimentación con residuos alimenticios. 
Garantizamos que los ganaderos sólo empleasen el equipo más adecuado y moderno para hervir los desperdicios de hostelería a la temperatura debida para eliminar todos los patógenos, y garantizamos que se efectuasen inspecciones regulares de las explotaciones en que se usaban dicho equipamiento. 
Pero, lógicamente, no se puede legislar para el comportamiento humano. 
Está prácticamente probado que se enviaron desperdicios de hostelería infectados a una explotación del nordeste de Inglaterra, desperdicios que, por las razones que fuera, no fueron tratados adecuadamente, o quizá no fueron tratados en absoluto. 
Este simple error, sea deliberado o sólo una equivocación, ha provocado la destrucción de más de seis millones de animales en el Reino Unido y de decenas de miles en Irlanda, Países Bajos y Francia. 
Ahora hemos prohibido por completo en el Reino Unido la alimentación con residuos alimenticios. 
Insto al Parlamento a hacer lo mismo en el resto de la UE. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista quisiera felicitar por su trabajo a la ponente, la Sra. Redondo, porque nos ofrece una inesperada referencia actual con el brote reciente de fiebre aftosa. 
El paralelismo entre peste porcina y fiebre aftosa es evidente. En ambos casos, la Comunidad se decidió a seguir una política de no vacunación. 
Pero el dramatismo de los acontecimientos relacionados con la fiebre aftosa nos ha enseñado que la no vacunación a toda costa debe ser revisada. 
Quiero decir con ello que en un futuro deberemos realizar vacunaciones por zonas geográficas. 
El sacrificio de los animales infectados, el llamado stamping out, debe seguir siendo el pilar fundamental de la estrategia de erradicación del problema. 
La vacunación, no obstante, debería estar más presente. 
Pero en mi opinión no nos deberíamos quedar en el tema de la vacunación, sino que debemos desarrollar un completo sistema profiláctico contra enfermedades infecciosas, aplicable especialmente en tiempos en que no haya infecciones. 
Por ejemplo, un sistema de controles más rígidos de las importaciones procedentes de terceros países, controles en los aeropuertos y medidas de cuarentena para la entrada de animales. 
Otro punto importante es el principio de regionalización. 
La Comisión debe actuar ahí con rapidez y negociar con los socios comerciales de la UE para imponer ese principio. 
No puede ser que todos los países de la UE sufran a la vez de limitaciones a la importación por parte de terceros países cuando en uno o varios de ellos aparezca una infección animal. 
La Unión Europea está aplicando ya este principio a las importaciones de terceros países. 
Por tanto, estos países han de garantizarnos a nosotros las mismas condiciones. 
En este contexto corresponde una gran importancia a las vacunas marcadoras. 
En estas vacunas así como en el desarrollo de diagnósticos diferenciales hay que seguir investigando para que en un futuro podamos distinguir entre animales vacunados y animales enfermos y posibilitar así la utilización económica de los primeros. 
Quisiera referirme a un tema específico con mayor detalle, el de la utilización de restos de comida, es decir, restos de comidas de las cocinas de grandes restaurantes, etc. Se llevan utilizando desde hace décadas para alimentación animal y así debe seguir siendo. 
Igual que para el caso de las harinas animales, apoyo una prohibición condicionada como la que ha sido redactada por el Grupo de Los Verdes, es decir, la utilización de esos restos de comida ha de cumplir la condición de que se utilicen procedimientos de esterilización apropiados. 
Creo, como se ha visto en el pasado en muchos Estados miembros, que si se procede a controles rigurosos es posible seguir utilizando esta valiosa fuente de proteínas para la alimentación animal. 
Esta enmienda de Los Verdes merece nuestro apoyo porque permite su utilización pero bajo estrictos controles. 
Señor Presidente, quisiera darle las gracias a la ponente porque de su informe he aprendido algo, lo que siempre se agradece. 
Además, en el informe se señala que es necesario que se modifiquen las directivas. 
Está claro que debemos llegar a controlar la peste porcina clásica pero la opinión pública ya no acepta unos métodos de erradicación que suponen sacrificios masivos. 
Esto constituye un problema. 
Yo misma soy de Flandes. Es una región muy densamente poblada pero, curiosamente, allí hay más cerdos que personas. 
Eso quiere decir que este problema nos afecta sobremanera. 
Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con que la lucha contra la peste porcina clásica es importante pero al mismo tiempo me gustaría señalar que esta enfermedad animal, en contraste con otras enfermedades animales, no supone ningún peligro para el ser humano. 
Está claro que la matanza debida a la enfermedad es un problema, pero es difícil desligarla de la matanza por causas económicas, por ejemplo, porque los establos están superpoblados o porque engordan demasiado a los animales para poder venderlos. 
De ahí que me parezca un poco hipócrita que se baraje el método de los sacrificios masivos, ya que no queda muy claro si se realizan estos sacrificios para evitar enfermedades o por motivos económicos. 
He de reconocer sinceramente que en este aspecto no me fío del todo del sector. 
El informe me ha convencido de que sí ha habido una evolución llamativa de la vacuna marcadora. 
En mi opinión, esta vacuna podría prepararse fácilmente para que se utilice a mucha mayor escala que solamente en casos de emergencia. 
Si es completamente fiable, por ejemplo porque puede haber una infección transplacentaria, entonces me parece lógico que no se emplee para las hembras gestantes, pero sí en los otros casos. 
Si resulta, como se recoge en el informe, que el método de diagnóstico todavía no es fiable, creo que hemos de esforzarnos para desarrollar unos buenos métodos de diagnóstico para que sí se puedan diferenciar los animales vacunados de los animales portadores de anticuerpos porque hayan contraido esta enfermedad o porque hayan estado en contacto con la enfermedad por otras vías. 
Por este motivo, me parece que hay que descartar el método de los sacrificios como método de erradicación de esta enfermedad animal y que nos hemos de concentrar no solamente en el desarrollo de una buena vacuna marcadora, porque ya la hay, sino también en unos buenos métodos de diagnóstico, así como en un perfeccionamiento de la vacuna para que sea también aplicable a las hembras. 
En todo caso, las directivas tienen que estar provistas de unas disposiciones para que los sacrificios masivos sean innecesarios. 
Para terminar, quiero decir que estoy de acuerdo con una de las conclusiones de la Comisión, que dice que estos sacrificios masivos pueden redundar en un descrédito de la política agrícola y de la política de salud pública que nosotros como Comunidad Europea queremos llevar a cabo. 
Lamentablemente, este interés termina en un anticlímax con el debate del informe Redondo Jiménez. 
El ministro sueco habló el lunes sobre el bienestar de los animales, y señaló entre otras cosas la necesidad de hacer una redacción más estricta de las disposiciones de bienestar en materia de transporte animal. 
Esta mañana hemos votado sobre el informe Busk, por medio del cual intentamos mejorar sustancialmente las circunstancias de vida de los cerdos. 
Pero todo esto es agua pasada ya. 
Ahora se ha presentado un informe que nos pide sin más que consintamos el sacrificio de miles de cerdos sanos cuando se detecte algún brote de la peste porcina clásica. 
¡Me parece que este Parlamento habla con dos bocas! 
Una dirigida al consumidor y a su preocupación por el bienestar animal y la otra está dirigida a la economía y al comercio, que no queremos que sufran las consecuencias negativas de la propagación de una enfermedad. 
He pedido una votación nominal de este informe y de la enmienda de nuestro colega Mulder, de modo que el público pueda ver del voto de los diputados que hay dos voces en este Parlamento con respecto al bienestar animal. 
Es sorprendente que la Sra. Redondo Jiménez no haya aprendido la lección de la lucha contra la fiebre aftosa que se ha ido gestando en los últimos meses sobre todo en el Reino Unido y los Países Bajos. 
Como preparación de este informe me hubiera gustado que la Sra. Redondo hubiera dado una vuelta por la región de Oene, el triángulo afectado por la fiebre aftosa en los Países Bajos. Le hubiera llamado la atención que en casi todo los prados hay carteles puestos con "Europa, ¡vacuna ya !" 
En este Parlamento he defendido más de una vez que los animales son algo más que meras unidades de producción. 
Son seres vivos que Dios creó y de los que nosotros somos responsables. 
Las normas y los valores no rigen sólamente en la iglesia o en la calle, sino también dentro de los establos. 
La vacunación era algo corriente en la Unión Europea hasta 1980 y sirvió para evitar que se propagaran grandes epidemias de peste. 
Para echar una mano al comercio se impuso la política de la no-vacunación. 
Cuando se detectó en 1997 en los Países Bajos la peste porcina clásica, hubo que sacrificar miles de cerdos sanos y entonces ya hubo un clamor a favor de la vacunación. 
¿Cuándo empezará a escuchar este Parlamento a los ciudadanos? 
Disponemos de un tipo de vacuna que hace posible que se diferencie la vacuna de la infección. 
En las vacunas quedan todavía muchos problemas por solucionar, pero ¿no se puede decir lo mismo con respecto a los sacrificios masivos de los animales? 
Fíjense que hasta la Oficina Internacional para el control de Epizootias (Office international des épizooties) recomienda a los países que antes no vacunaban que, cuando se detecten brotes serios de peste porcina, tomen en consideración el empleo de una vacunación de emergencia utilizando la vacuna marcadora. 
Las enfermedades contagiosas animales, como la peste porcina clásica, demuestran la debilidad de nuestra política agrícola. 
No me parece justo que se presente ahora la agricultura biológica y la ganadería extensiva como la panacea. 
Estas formas de agricultura no son menos sensibles a las enfermedades animales, son justo lo contrario. 
La ganadería intensiva es la que es menos sensible a las infecciones por el carácter tan cerrado de sus empresas. 
Con ello no quiero decir que la agricultura biológica no tenga unos aspectos muy loables- su tamaño tiene justamente muchas ventajas. 
Me parece que la combinación del pequeño tamaño de la agricultura biológica y el carácter cerrado de la ganadería intensiva son la clave para el futuro. 
Para asegurar la producción tenemos que eliminar la movilidad y cambiar a una explotación más cerrada, sustituyendo los circuitos internacionales por los regionales. 
Señor Presidente, me adhiero a las felicitaciones a la ponente por su informe, que ha sido muy bien acogido. 
La peste porcina, al igual que la fiebre aftosa, rebrota de cuando en cuando en diversos Estados miembros de la Unión Europea. 
Desgraciadamente, el único modo de controlarla, por el momento, es un sacrificio a gran escala de animales, muchos de los cuales no están enfermos. 
Hasta la fecha, no hemos sabido, como ya se ha señalado, desarrollar una vacuna marcadora capaz de controlar la enfermedad. 
Me parece muy difícil en estos días y tiempos modernos comprender por qué no hemos hecho mayores progresos. 
No tienen más que mirar todo lo que tenemos a nuestra disposición y los costes originados por este absurdo sacrificio de miles de animales inocentes. 
Esta semana hemos oído que en el Reino Unido, por cada caso probado de fiebre aftosa, se han sacrificado los animales de las cinco o seis explotaciones más cercanas a aquélla en que se ha registrado el caso. 
Tanto el coste para el erario público y para la Unión Europea, como para el coste real de la pérdida de esos animales, es enorme. 
El sector agrícola no necesita, ciertamente, más publicidad negativa, y me adhiero a la posición adoptada por el Sr. Stevenson con respecto a las enmiendas presentadas por el Sr. Mulder. 
Hablar de controles estrictos está muy bien, pero no es posible protegerse del error humano. 
No puede impedirse que una única persona cometa un error y, con que una única persona no se atenga a esos controles, la alimentación con residuos creará un verdadero problema, como parece haber sido el caso en el Reino Unido con la fiebre aftosa. 
Comprendo que será muy difícil y llevará su tiempo lograr un acuerdo entre todas las partes afectadas (nuestros socios comerciales y todos los demás). 
Pero debemos comenzar a actuar y dar con una vacuna marcadora ya. 
No debemos pasar nunca más por los acontecimientos a que hemos asistido, sea con la peste porcina o con la fiebre aftosa. 
Debe haber un modo mejor de actuación. 
Los ciudadanos de la UE así lo exigen. 
Muchos ganaderos exigen que se implante un método de control mejor. 
Y a nosotros nos incumbe encontrar un modo mejor de actuar que ser testigos del absurdo sacrificio que se ha realizado recientemente. 
Nadie puede convencerme de que en este momento estemos actuando correctamente. 
No creo que sea así. 
Hemos cometido errores y debemos reconocerlos y rectificarlos mejor hoy que mañana. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Acuerdo de pesca CEE/República Federal Islámica de las Comoras 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0192/2001) del Sr. Pérez Royo, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativa a la conclusión del protocolo que determina las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas por el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Federal Islámica de las Comoras relativo a la pesca de altura de las Comoras para el período 28 de febrero 2001- 27 febrero 2004 (COM (2001) 173- C5-0144/2001- 2001/0088 (CNS) ). 
. Señor Presidente, el Protocolo que hoy se propone para nuestra aprobación, entre la Unión Europea y la República Federal Islámica de las Comoras, tiene su origen en el acuerdo inicial de 1988 y se refiere al quinto período de ese acuerdo, es decir, es la cuarta vez que se renueva el acuerdo inicial. 
El acuerdo que hoy vamos a votar, mantiene una línea de continuidad con el anterior y al mismo tiempo una línea de semejanza en cuanto a su filosofía con la mayor parte de los acuerdos de este estilo que viene firmando la Unión Europea. 
En el presente acuerdo que, como digo, mantiene una línea de continuidad con el anterior, se introducen únicamente ligeras modificaciones cuantitativas en cuanto al número de barcos autorizados a faenar y en cuanto al volumen de capturas y con modificaciones también ligeras en cuanto a la cuantía, pero apreciables en cuanto a la estructura de la contribución financiera por parte de la Unión y de las empresas que se beneficiarán del acuerdo. 
El volumen de capturas autorizadas se fija en 4 600 toneladas, ligeramente por encima del anterior acuerdo que eran 4 500 toneladas, pero bastante por debajo de los niveles históricos de 1988 a 1994, que fueron de 6 000 toneladas. 
En cuanto al número de buques autorizados a faenar se fija en 65: 40 atuneros y 25 palangreros de superficie. 
De éstos, los atuneros corresponden a los siguientes países: Francia, 21; España, 18; 
Italia, 1. En cuanto a los palangreros de superficie son la mayor parte de España, con algunos de Portugal. 
Hay que advertir que, aunque se ha incrementado el número de barcos, ha descendido el número de atuneros, que son los que producen mayor volumen de capturas- pasan de 44 a 40- y se ha incrementado el de palangreros- pasan de 16 a 25-. 
Estas cifras reflejan, precisamente, el índice de utilización efectivamente alcanzado durante la vigencia del anterior acuerdo, que fue del 75 al 80% para el caso de los atuneros y superior al 90% para los palangreros, que son precisamente los que ahora se incrementan en cuanto al número. 
Pasando a la contribución financiera, hay que indicar que ésta se fija en una cantidad algo por encima del millón de euros: en concreto, 1 050 750 euros, es decir, el equivalente a 350 000 euros por cada uno de los años de la duración del acuerdo. 
La modificación principal en este apartado concierne a la estructura de esta contribución financiera. 
Mientras que en el acuerdo anterior ésta se dividía al 50% para cada uno de los tramos entre los fondos asignados en concepto de compensación y los destinados a medidas específicas targeted measures, es decir, medidas de ayuda al desarrollo del sector pesquero local, a programas técnicos, etc. En el nuevo acuerdo, sin embargo, los fondos asignados a estas medidas específicas o targeted measures, suponen el 60% de la contribución financiera. 
Es decir, hay un mayor empeño, por así decir, en la contribución al desarrollo en detrimento de los aspectos puramente comerciales. 
También se modifica la distribución del coste del acuerdo. 
La aportación del presupuesto comunitario disminuye en un 2,7 % y en cambio se incrementan las contribuciones de los armadores en un 35%. En concreto, se pasa de una cuota de 20 a 25 euros por cada tonelada capturada. 
Se trata de un acuerdo justo y equilibrado que conjuga los diferentes intereses y los diferentes elementos que resultan inevitablemente afectados en este tipo de acuerdos. Es decir, los intereses, en primer lugar, de la República Federal Islámica de las Comoras, los intereses de la Unión Europea, los intereses de las empresas que van a beneficiarse del acuerdo y, por último, pero no naturalmente en último lugar de importancia, el aspecto de conservación de los recursos. 
Se trata, como digo, de un acuerdo justo y equilibrado que ha sido votado por una mayoría muy amplia en la Comisión y para el cual yo pido el voto del Pleno en este momento. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Pérez Royo por su informe y por la eficaz dirección de los trabajos en el seno de la comisión. 
Ha contado con todo nuestro apoyo. Pero también formulamos nuestras reservas. 
En esta política de compras de pescado de terceros países en beneficio de las flotas de la Comunidad, a veces me pregunto si no sería mejor gastar el dinero de otra forma, salvaguardando los intereses de las regiones a las que nos proponemos ayudar. 
No pongo reparo alguno a la necesidad de desarrollar los puertos pesqueros que se ven, en muy diversas formas, en apuros como consecuencia de la reestructuración y del agotamiento de los recursos pesqueros. 
No pongo reparo alguno a la decisión política inicial de la Unión Europea de prestar ayuda a las regiones, en particular las españolas y portuguesas, que dependen de la pesca en una mayor o menor medida. 
Pero sí tengo reparos cuando se trata de negociar con países como las Comoras, que tiene una población de medio millón de habitantes y un PIB per cápita de 700 USD. 
No me creo que esta gente tenga capacidad alguna para patrullar sus aguas y aún menos para gestionar sus recursos. 
Evidentemente, estamos enviando- como ha señalado el ponente- cerca de 65 buques (en su mayor parte españoles y franceses) a estos caladeros. 
Estos buques capturan 40.000 toneladas de pescado. 
¿Cómo puede tenerse control de algún tipo sobre lo que hacen o se llevan? 
Me inclino a pensar, dicho claramente, que esto es una licencia para esquilmar caladeros. 
En primer lugar, desearía que hubiera una evaluación, como el Sr. Pérez Royo ha exigido, una evaluación económica de costes y beneficios en beneficio de la Unión. 
Me gustaría llevarlo más lejos y que hubiera una evaluación desde un punto de vista social del dinero que gastamos, con el objeto de averiguar si contribuimos o no a la mejora de la situación económica y social de diversas regiones de España o Francia, a donde se supone que este dinero va, o si en verdad estamos dando una licencia a un pequeño número de personas, que controla una buena cantidad de capital, para explotar los caladeros de un país que no está en condiciones de controlar sus propios recursos. 
Esta es mi preocupación. 
Preferiría coger este dinero y gastarlo en las regiones afectadas, en España, Portugal o Francia, y gastarlo de forma tal que tengamos un control directo sobre el desarrollo que promovemos y podamos estar seguros de que tal desarrollo es sostenible- para piscifactorías o industrias alternativas, por ejemplo-. 
No obstante, doy mi apoyo al informe. 
El Sr. Pérez Royo representa la opinión de la comisión en esta materia. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Considerando que nuestro orden del día ha sido agotado, suspendo la sesión durante un cuarto de hora, a la espera de celebrar las votaciones. 
(La sesión, interrumpida a las 18.15 horas, se reanuda a las 18.30 horas) 
Con relación a la comunicación del Presidente relativa a la composición de las Comisiones 
Señor Presidente, estoy seguro de que ahora podrá confirmar con gran alivio que una gran cantidad de asuntos pendientes ante la Comisión de Asuntos Jurídicos relativos a la inmunidad de los diputados prescribirá. 
Le dejo a usted mismo juzgar su observación, querido colega. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, quisiera comunicarle que es necesario que se hagan unas modificaciones mínimas debido a la diferente situación de Chad y decirle que hay que añadir algo con lo que todos los Grupos Parlamentarios están de acuerdo y que también es muy sencillo y breve. 
En la letra i) habrá que cambiar las palabras "must endorse" por "did endorse", o sea, empleando el pasado. 
En el punto 3 de la parte dispositiva hay que poner en el primer renglón: "notes that the election of President Idriss Deby on 20th May 2001 was confirmed by the Canadian Constitutional Court on the 13th of June". 
Esto es porque la situación ha cambiado, ya ha ocurrido, y ya no podemos hacer nada al respecto. 
A continuación queda el acuerdo sobre añadir un punto 10 bis: "calls on the Commission to examine the possibility of using the consultation procedure under the terms of Article 96 of the Cotonou Convention". 
Gracias. Por tanto, sus dos precisiones son modificaciones técnicas que se basan en hechos probados. 
Señor Presidente, no intervengo para oponerme, sino únicamente para decir que creía que las modificaciones propuestas por la Sra. Maes eran de sentido común, pero que al mismo tiempo se da la circunstancia de que el debate que hemos mantenido no es del todo conforme con el texto sobre el que debemos votar. 
En tal caso, personalmente, no participaré en esta votación, porque considero que la dimensión de la responsabilidad de los países occidentales, y en particular de Francia, en el marco concreto de Chad, no ha quedado suficientemente reflejada en el texto. 
Acepto las modificaciones de la Sra. Maes pero, personalmente, no participo en la votación sobre el Chad porque creo que no va suficientemente lejos. 
Tiene usted todo el derecho del mundo, Señor Sylla. 
Por tanto, las dos primeras modificaciones técnicas de Maes quedan integradas. 
En cuanto a la frase que ha leído, es una enmienda oral. 
¿Hay algún colega que se oponga a la consideración de esta enmienda oral? 
No hay ninguno, por lo que queda igualmente integrada. 
Durante la votación sobre Afganistán: 
Señor Presidente, pensábamos que todavía teníamos que votar sobre una parte del punto 6, es decir, sobre la última parte. 
No, señora Maes, hemos aislado la frase, hemos votado en dos partes, y ambas han sido aprobadas por el Pleno. 
Señor Presidente, no es propiamente una enmienda oral, es más bien una precisión factual y que, si no hubiera oposición, yo pediría que se corrigiera en el texto de la resolución común. 
En el párrafo sexto se menciona la existencia de tres millones de personas desplazadas como consecuencia de la guerra en Angola. 
Las últimas estadísticas e informaciones recogidas de las organizaciones internacionales y de las ONG señalan cuatro millones. 
Por tanto, quisiera pedir que, si no hubiese oposición, se corrigiera la cifra: cuatro millones de personas y no tres millones. 
De todos modos, no empezamos la votación por la resolución común. 
Antes tenemos dos resoluciones de Grupos que no afectan al texto en su conjunto. 
Propongo que los colegas reflexionen sobre la propuesta del Sr. Ribeiro mientras votamos sobre las demás propuestas. 
Veremos si el Pleno acepta la modificación técnica propuesta por nuestro colega. 
Con relación a la votación sobre Angola: 
Señor Presidente, para obtener aquí un consenso y la aprobación más amplia posible, propondría que hiciéramos un apéndice oral que sustituya las enmiendas 2, 3 y 4 reuniéndolas en una nueva, la 5 a, que quedaría así- espero que me disculpen mi mal francés, no sabía que precisamente un Presidente francoparlante estuviese aquí -... 
"Condena todas las masacres perpetradas contra la población civil por las fuerzas militares presentes". 
Si se aprueba, esto podría sustituir a las enmiendas 2, 3 y 4. 
En primer lugar, su francés es perfecto, señor Swoboda; en segundo lugar, voy a aplicar nuestro reglamento. 
¿Hay algún colega que se oponga a la consideración de esta enmienda oral? 
No hay ninguno. 
Informe (A5-0184/2001) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) 1259/1999 que establece normas comunes para los regímenes de ayuda directa en el marco de la Política Agrícola Común (COM (2000) 841- C5-0762/2000- 2000/0335 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0180/2001) del Sr. González Álvarez, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo que establece un mecanismo comunitario de coordinación de las intervenciones de protección civil en caso de emergencia (COM (2000) 593- C5-0543/2000- 2000/0248 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0143/2001) de la Sra. Redondo Jiménez, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a medidas comunitarias de lucha contra la peste porcina clásica (COM (2000) 462- C5-0493/2000- 2000/0214 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0192/2001) del Sr. Pérez Royo, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativa a la conclusión del Protocolo que establece las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera contempladas por el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Federal Islámica de las Comoras con relación a la pesca de altura de las Comoras para el período 28 de febrero 2001- 27 de febrero 2004 (COM (2001) 173- C5-0144/2001- 2001/0088 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) EXPLICACIONES DE VOTO 
Informe Gonzalez Alvarez (A5-180/2001) 
. (IT) La serie de calamidades naturales y de catástrofes tecnológicas y medioambientales que periódicamente afectan a regiones enteras del globo reclama desde siempre medidas urgentes aptas para convertir en más eficaces las intervenciones de protección civil a escala comunitaria, cosa que se ha hecho a través de esta propuesta de decisión que merece mi apoyo. 
En mi condición de ponente para opinión de la Comisión de Presupuestos, respecto a esta propuesta, quiero subrayar que este mecanismo comunitario de coordinación de las intervenciones en materia de protección civil se establece con carácter permanente para responder a situaciones de emergencia específicas. 
En efecto, se trata de crear una estructura en el seno de la Comisión, susceptible de coordinar las acciones en los Estados miembros. 
El coste del mecanismo será de 1,5 millones de euros anuales, con cargo a la línea presupuestaria B4-3300 "Cooperación comunitaria en materia de protección civil y situaciones de emergencia medioambiental", para la cual existe otro fundamento jurídico que autoriza un programa plurianual (2000-2004) cuya dotación es de 7,5 millones de Euros. 
De conformidad con la declaración común de 20 de julio de 2000, me he dado cuenta de que actualmente este gasto suplementario es compatible con la rúbrica 3 de las Perspectivas financieras sin reducciones para las políticas existentes. 
Por otra parte, me causan perplejidad dos puntos que ya en mi informe pedí a la Comisión que aclarara: en primer lugar, la distinción entre los gastos coyunturales y de carácter propiamente operativo como los equipos de intervención y los equipos de evaluación y de coordinación, y los gastos estructurales de carácter más administrativo; en segundo lugar, los riesgos de duplicación existentes en virtud de las acciones financiadas en concepto de cooperación en materia de protección civil que prevé asimismo ejercicios, intercambio de expertos y la movilización de competencias específicas. 
En todo caso, considero que se ha de respaldar esta propuesta de decisión y, en este sentido, expreso el voto favorable de mi Grupo. 
Informe Redondo Jimenez (A5-0143/2001) 
La peste porcina clásica es una de las plagas animales que frecuentan Europa. 
La infección vírica de los animales, inofensiva para las personas, puede presentarse en cualquier momento, porque debido a piaras de cerdos salvajes infectados en algunas regiones de la UE, el virus sigue estando ahí. 
Parece sensato desarrollar estrategias de lucha contra el virus en épocas de tranquilidad mejor que en las de crisis, con lo que las medidas preventivas pasan a primer plano para evitar que un estallido de la infección conlleve el sacrificio masivo de animales. 
La política de vacunaciones de la UE lleva estando en candelero como muy tarde a partir de la infección de fiebre aftosa. 
La introducción de vacunas tradicionales va unida al aislamiento completo durante largos periodos del ganado de las regiones afectadas. 
La situación sería distinta si se introdujesen las vacunas marcadoras, en cuya investigación y mejora se está trabajando en la actualidad. 
Los animales vacunados deben poder ser distinguidos de los infectados. 
La Sra. Redondo ha presentado un informe bueno y ponderado sobre la problemática de la peste porcina. 
Apoyo la petición de incrementar la investigación y el desarrollo en el campo de las vacunas. 
Con la introducción de vacunas marcadoras tendríamos un instrumento adicional muy útil para la lucha contra la infección en zonas de alta densidad porcina, pudiéndose evitar el sacrificio masivo de animales. 
En relación con las infecciones, la higiene juega un gran papel. 
La preparación de piensos animales debe ser sometida a estrictas regulaciones, que puedan ser controladas y que lo sean de hecho. 
Rechazo una prohibición total de la alimentación con restos de comida. 
Se destruiría un importante material alimenticio sólo porque no nos sentimos capaces de prepararlo, es decir, de someterlo a un proceso de ignición que lo higienice. 
Desde hace años se ha visto un aumento de la producción de carne porcina. 
Algunos productos vegetales, con los que la gente se alimentaba antes, servían como alimento para los cerdos y, a continuación, la gente se comía esos cerdos. 
La apuesta era producir más carne por menos dinero. 
Apenas se prestaba atención a las enfermedades de los animales, al bienestar animal ni a la salud pública. 
Cuando se crían en circunstancias artificiales una gran cantidad de animales de matanza, todos hacinados en una pequeña superficie, hay más posibilidad de que se propaguen las enfermedades. 
Justamente por la alta densidad en los establos y por los múltiples transportes impuestos por el comercio, la única forma de limitar la propagación de enfermedades es la vacunación preventiva. 
Sin embargo, esta medida de seguridad tan evidente no se aplica. 
El comercio internacional exige carne de animales sin vacunar. 
Es poco inteligente que la Comisión Europea siga cooperando con esta política de no-vacunación en primera instancia, para tener que sacrificar después de forma masiva a animales sanos y que la ponente esté de acuerdo. 
Este enfoque de la peste porcina santifica el comercio y declara a los animales fuera de la ley. 
Esto no augura nada bueno para la reflexión sobre la política de vacunación que se nos ha prometido una vez que haya sido erradicada la epidemia de fiebre aftosa. 
Como partidario de la vacunación preventiva y como enemigo declarado de los sacrificios innecesarios no puedo dar mi aprobación a la propuesta de la ponente. 
Señor Presidente, debo explicar por qué ya no puedo formular explicaciones de voto. 
Mi madre que tiene 86 años ha venido a visitar el Parlamento Europeo, ha asistido a toda la sesión y ha dicho: " ¡Muy bien, Fatuzzo! 
¡Bonito el Parlamento! 
Pero hablas demasiado. 
Tienes que hacer menos explicaciones de voto ". 
¡Las madres son siempre las madres! 
Por eso, he pensado en complacerla dejando de formular declaraciones de voto, al menos por hoy. 
(Aplausos y risas) 
Creo que los aplausos, señor Fatuzzo, muestran en qué medida ha quedado el Pleno boquiabierto ante la sabiduría de su madre. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 19 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 14 de junio de 2001. 
Les informo que a partir del día de hoy, lunes 2 de julio, el Sr. Michael Holmes ha dejado de pertenecer al Grupo Europa de las Democracias y las Diferencias y que, a partir de este momento, forma parte de los diputados no inscritos. 
Asimismo, les informo que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior procedió a la verificación de las credenciales de la Sra. Olga Zrihen Zaari y del Sr. M. Miguel Mayol i Raynal. 
Por tanto, les propongo validar estos mandatos. 
Quisiera señalar que el Sr. Holmes es el líder del Partido por la Independencia del Reino Unido. 
Me pregunto si ello significa que el Partido por la Independencia del Reino Unido se está trasladando íntegramente o que por lo menos lo hacen los dos diputados que están aquí presentes. 
Mi información sólo concierne al Sr. Holmes. 
Orden de los trabajos 
De conformidad con el orden del día se procede a examinar el proyecto definitivo del orden del día establecido por la Conferencia de Presidentes el jueves, 28 de junio de 2001. 
Miércoles 4 de julio 
Señora Presidenta, lamento tener que decir una y otra vez lo mismo acerca del miércoles, pero sigue produciéndose la misma enojosa situación. 
Tal como veo, el turno de preguntas ha vuelto a ser aplazado y recortado. 
Cada vez que protesto se me responde que es una excepción. 
Pero, entretanto, la excepción está comenzando a convertirse poco a poco en regla, puesto que debido a la absurda supresión del viernes hemos sobrecargado el miércoles. 
Por consiguiente, le ruego que con independencia del problema del viernes, que no vamos a poder solucionar ahora, procure que el miércoles recupere su pleno sentido. 
Esto significa que se prevea una hora y media completa para el turno de preguntas, pues el derecho de pregunta es un derecho elemental de todo diputado. 
Señor Posselt, le prometo que ésta será la última excepción. 
Salvo si los presidentes de Grupo opinan lo contrario. 
(El orden de los trabajos queda así establecido) 
(Intervenciones por concepto de procedimiento) 
Señora Presidenta, quisiera señalar una vez más a su atención las dificultades con las que nos encontramos a la hora de viajar desde nuestros países hasta Estrasburgo. 
Esta mañana, por ejemplo, desde el aeropuerto de Milán-Malpensa estaba programado un avión de 18 plazas y debido al overbooking la Sra. Morgantini, junto con otros colegas, no ha podido embarcar para llegar aquí a tiempo para el comienzo de la sesión, a pesar de haber salido de Roma a la 7.30 horas de esta mañana. 
Por eso, señalo esta gravísima dificultad. 
Entiendo que las compañías tienen unos límites, pero, señora Presidenta, Air France podría prever un avión más grande que uno de 18 plazas para el primer día del período parcial de sesiones. 
Éste es un obstáculo para los trabajos de nuestro Pleno. 
Como usted sabe, hacemos todo lo posible por mejorar la situación. 
Creo que en todo caso ha habido algunas mejoras. 
Espero que algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de comprobarlo, pero tengo muy presente que queda mucho por hacer y, por tanto, tomo debidamente nota de sus comentarios. 
Señora Presidenta, hoy por la mañana no ha salido ningún avión desde Ámsterdam hacia Estrasburgo. 
El vuelo había sido, de nuevo, cancelado. 
He solicitado su atención a este respecto en varias ocasiones. 
El número de vuelos, que en un principio era de tres al día, se ha reducido a dos. 
Entonces pensamos que estos vuelos sí que se mantendrían, aunque, de nuevo, Air France decidió dejar el avión en tierra. 
Quisiera solicitar su atención para esta cuestión. 
Hoy no nos ha quedado más remedio que viajar a través de París, Bruselas o Frankfurt, por lo que hemos llagado tardísimo a pesar de que estábamos en el aeropuerto desde antes de las ocho. 
Gracias, señora Plooij-van Gorsel, lamentablemente siento mucho tener que coincidir con sus comentarios. 
En efecto, usted ha intervenido a menudo en este sentido y créame que voy a tratar de dar el mejor curso posible a esta cuestión. 
Señora Presidenta, independientemente de la opinión que a cada cual le merezcan los acontecimientos que vienen sucediendo en Yugoslavia desde hace diez años- bombardeos, compra de gobiernos tras los bombardeos, intentos de demonización y humillación de todo un pueblo y de sus dirigentes, que se opusieron a esta política de la OTAN -; independientemente de la opinión que a cada cual le merezca el gobierno del país por el repetida y democráticamente elegido Presidente Milosevic y sus colaboradores; creo que convendrán conmigo en que su secuestro, y el incalificable modo en que se produjo, con la terminante oposición de las dos cámaras del Parlamento, así como del Tribunal Constitucional, para ser entregado a un tribunal que ha demostrado que debe su creación al dictado de los Estados Unidos y al objeto de servir intereses políticos y aterrorizar a cuantos se opongan al nuevo orden, constituyen- si se juzga con benevolencia- procedimientos intolerables; algunos preferimos hablar de gangsterismo; y hay que condenar el gangsterismo sin reserva alguna. 
La insto, pues, a intervenir al objeto de poner fin a esta lamentable situación, al objeto de que el Presidente Milosevic y sus colaboradores regresen a su país; desde la convicción de que las únicas instancias competentes para juzgarlos son el pueblo y la justicia de su país. 
El silencio ante semejantes prácticas de terrorismo internacional significa en realidad complicidad y quebrantamiento de toda noción de derecho internacional y soberanía nacional, y abre el camino a la penalización de la vida política internacional. 
Gracias por las muestras de aprobación de los colegas, pero es tiempo de que cada cual asuma sus responsabilidades; si es que se quiere hablar de legalidad internacional y respeto a las instituciones. 
Señora Presidenta, tuve la oportunidad de expresar en este mismo lugar, hace tres meses, mi convicción en lo relativo al Sr. Milosevic. 
A mi juicio, y pienso que a juicio de la gran mayoría de mi Grupo, Milosevic es el principal responsable de una de las peores tragedias que ha padecido el pueblo serbio y los demás pueblos de la antigua Yugoslavia. 
Tarde que temprano debía responder por sus crímenes, incluso ante la justicia internacional. 
Es verdad que las condiciones en las que acaba de tener lugar su transferencia ante el Tribunal Penal Internacional enturbian el avance histórico que podría representar esta medida. 
Desde este punto de vista, experimento una frustración, no tanto debido al hecho de la violación de una decisión del Tribunal Constitucional de Belgrado- cuya legitimidad es dudosa- sino más bien debido a la violación de la dignidad de las fuerzas democráticas serbias y yugoslavas llevadas a dividirse gravemente, de cara a las presiones financieras de una gran potencia que, después de todo, niega por su parte el principio de un Tribunal Penal Internacional. 
Por lo tanto, la exigencia de ver al Sr. Milosevic responder por sus crímenes permanece, en lo que a nosotros concierne, intacta y estoy consternado al escuchar a un diputado de mi Grupo defenderlo y, por otra parte, hacer en la prensa declaraciones que, a mi juicio, son inaceptables. 
(Aplausos) 
A nuestro juicio, los hombres y las mujeres injustamente presos se llamaban ayer Nelson Mandela y, hoy día, Leïla Zana. Los valores por los que combaten van en un sentido totalmente opuesto al de los objetivos perseguidos por el antiguo hombre fuerte de Belgrado. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, seré breve. 
Simplemente quiero recordar al Sr. Wurtz que el Sr. Milosevic pertenecía originalmente a su familia política. 
Por tanto, yo lo combatí, así como todo mi Grupo, y especialmente con éste, en el curso del conflicto serbocroata. 
Sin embargo, no puedo dejar de experimentar un cierto hastío al ver la danza de buitres alrededor de este cadáver. Y este remedo de justicia que se dirige siempre a los vencidos y no pone jamás en tela de juicio los actos de los vencedores. 
Hoy día, trátese de Nuremberg, Tokio, La Haya, ya nadie cree que los vencedores no deban responder, en la realidad, de sus actos, por lo menos ante la historia, si no lo hacen ante la justicia, demasiado débil, de los hombres. 
Señora Presidenta, Señorías, no quiero hacer de abogado defensor de un colega del Grupo Socialista, pero creo que, en lo que respecta al fondo, la intervención que hemos escuchado sobre Milosevic no se refiere tanto al hecho de que este último haya cometido o no determinados crímenes, sino al problema siguiente que es muy serio: ¿cuál es la capacidad de un pueblo de tener límites de autonomía a la hora de procesar a una persona. 
¿Quién ha dado a los Estados Unidos el permiso que hoy reivindican de procesar a todos aquellos que presuntamente han cometido crímenes de guerra, cuando ellos mismos con frecuencia son sospechosos de cometer crímenes en tiempos de guerra? 
Por lo tanto, el problema de un Parlamento Europeo que se respete es analizar el dato, puesto que el hecho de que Milosevic sea un criminal lo decidirá un tribunal ad hoc. 
Lo que nosotros debemos decidir es que la autonomía de los pueblos es sagrada e inviolable. 
Señora Presidenta, ya que- a propósito de mi intervención- se han producido la intervención del presidente del Grupo y las de otros colegas, quisiera aclarar que he hablado exclusivamente en mi nombre y en el de los diputados de mi partido; segundo, que he señalado que, independientemente de la opinión que a cada cual pueda merecerle el modo en que gobernaron su país Milosevic y sus colaboradores, no podemos tolerar semejantes prácticas; mucho menos cuando las dos cámaras del parlamento de ese país se negaron a votar la ley correspondiente, y cuando el país en cuestión no ha ratificado la fundación del tribunal Internacional para los crímenes en Yugoslavia. 
Considero que se imponen el respeto a las instituciones y a la soberanía de cada país. 
De lo contrario, no sé que clase de Parlamento Europeo somos nosotros. 
Señora Presidenta, pienso que debe saludarse el discurso de conversión del Sr. Wurtz. 
Pienso también que debe recordarse a nuestros amigos griegos que el pueblo macedonio sufre una humillación, en buena parte a causa de la actitud de su país que sigue obligando, no solamente a su país sino a todo el conjunto de los países de la Unión Europea, a denominar a un país mediante un acrónimo, es decir: "ARYM". 
Esa es la verdadera humillación, y quizás nuestros amigos griegos tuvieran la buena idea de empezar a luchar en su país para cambiar esta situación. 
Señora Presidenta, intervengo respecto de una cuestión de orden. 
Simplemente quisiera decirle al Sr. Dupuis que el asunto del nombre al que se ha referido se está negociando, se han hecho progresos y confío en que sea resuelto pronto. 
Por lo demás, repito lo que ya he dicho una vez en esta Cámara: nuestro estado vecino ha podido existir hasta ahora únicamente por el continuo apoyo moral y económico de Grecia. 
De lo contrario Milosevic y compañía lo hubieran desmembrado hace mucho tiempo. 
Deberíamos concentrarnos ahora en apoyarlo y ayudarlo a sobrevivir en esta dificilísima situación actual en lugar de tergiversar el asunto con cuestiones que son secundarias. 
Señora Presidenta, quisiera apoyar los comentarios del Sr. Dupuis relativos a dejar de denominar a Macedonia "FYROM" y recomendar a la totalidad del Parlamento que lleve a cabo sus trabajos conforme al texto holandés sobre la agenda de esta semana, el cual incluye las declaraciones del Consejo y de la Comisión en la mañana del miércoles expresando que son relativas a "Macedonia", mientras que el texto inglés indica "FYROM". 
El Sr. Dupuis está en lo cierto. 
¿Cómo podemos esperar que un país tenga identidad cuando es denominado por un acrónimo? 
Pongamos fin de una vez a este sin sentido. 
Señora Presidenta, le ruego que me disculpe, pero quisiera recordar algo a los colegas. 
Con respecto al recurrente asunto del nombre de la ARYM, hay acuerdo por parte de la propia ARYM. 
Señorías, no sustituyan ustedes a ese estado, no hablen en su nombre. 
Ellos mismos han acordado en la Organización de Naciones Unidas cuál será su futuro nombre. 
No se preocupen, la solución se encontrará; no es ese el problema. 
Ayuden a la ARYM- o Macedonia- en la difícil situación en que se encuentra. 
Esa es la tarea del Parlamento. 
Señora Presidenta, voy a hablar de pensionistas y de personas mayores sin recursos e incapacitados. 
El jueves 28 de junio el Tribunal Supremo alemán admitió el recurso de una residencia privada alemana para personas mayores sin recursos, adherida a una asociación de residencias privadas europeas para personas mayores denominada ECHO, estableciendo la ilegalidad de la ley alemana que atribuye dinero y subvenciones a las residencias públicas para personas mayores y no reconoce el mismo derecho a las privadas. 
Deseo que todas las personas mayores necesitadas encuentren una residencia que les atienda, sea pública o privada, en posición de libre competencia. 
Espero que usted hará todo lo posible para que esto sea así. 
Derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0235/2001) del Sr. Zimmerling, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (C5-0220/2001- 1996/0085 (COD) ). 
En ella tenemos el ejemplo modelo del trabajo europeo. 
Primero el Parlamento hizo una sugerencia orientadora en cuyo caso el Consejo necesitó cuatro años para concretar una posición común de los 15 Estados miembros que estaba impregnada exclusivamente de intereses nacionales. 
Luego el Parlamento, en la segunda lectura, mostró al Consejo las dimensiones europeas, planteando para los artistas y para las empresas de subastas las exigencias óptimas. 
Finalmente, en una lucha encarnizada se encontró una solución que ha resultado aceptable y satisfactoria para todos los participantes. 
Hemos vuelto a implantar legítimamente la competencia en el mercado del arte en la medida que se establece la igualdad de oportunidades para las casas de subastas y para las galerías en la UE. 
A este respecto me parece especialmente importante que la cuestión de si, y desde cuándo, el mercado europeo del arte, no sólo el nacional, va a resultar realmente afectado, sea analizada con regularidad por la Comisión y que se realicen las adaptaciones correspondientes. 
Hemos mejorado la seguridad social para los artistas y para sus herederos en la medida que se asegura también desde ahora de manera unitaria una participación financiera a su favor en los aumentos de valor de sus obras. 
Por consiguiente, creo que aquí hemos dado un primer paso importante hacia una mayor competencia y una mayor seguridad en el ámbito artístico en Europa. 
Me permito solicitar a esta Alta Asamblea su apoyo al resultado de la negociación. 
Señora Presidenta, de los quince Estados de la Unión, doce han instaurado un derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, pero uno de estos doce no lo aplica, mientras que tres Estados todavía no han recurrido, hasta la fecha, a esta técnica. 
Como las legislaciones existentes difieren en gran medida, no solamente sobre su objeto preciso, sino también sobre las tasas aplicables y las personas beneficiarias, esta situación constituye una laguna en el mercado interior. 
El compromiso al que llegaron el Parlamento, el Consejo y la Comisión está destinado a paliar esta laguna y a acabar con la distorsión de competencia que padece actualmente la Comunidad. 
Por otra parte, el derecho de participación constituye una justa reciprocidad para los artistas o sus herederos, en la medida en que compensa el hecho de que las leyes del mercado del arte hacen que una obra suela adquirir valor únicamente con el tiempo, cuando un artista no puede esperar el crepúsculo de su vida para poder vivir de su arte. 
Por último, el derecho de participación constituye una forma de impuesto sobre la especulación financiera en el ámbito del arte. 
Un impuesto que el mercado del arte puede apoyar sin dificultad, como lo demuestra la instauración, mediante la Directiva 94/5, de un régimen particular del IVA sobre los objetos de arte, régimen particular que no ha impedido, antes al contrario, el incremento de las ventas, incluidos los Estados que no practican el régimen del IVA. 
El ponente dijo lo que era preciso decir acerca del compromiso al que yo he suscrito personalmente. 
En este compromiso, el Parlamento Europeo obtuvo dos aspectos esenciales: 
por una parte, la disminución del umbral de aplicación del derecho de participación a 3000 euros, que es todavía mucho, pero que podría disminuirse si la Comisión lo considera necesario, y se hace más aceptable en la medida en que se mantiene la posibilidad del derecho de participación estatal por debajo del umbral europeo; 
por otra parte, la negativo del extravagante plazo (15 años) retenido por el Consejo de Ministros en el texto aprobado por éste después de la primera lectura y que actualmente se ha reducido a 6 años como máximo. 
Este precedente hubiera sido establecido en un momento especialmente poco oportuno, en el momento mismo en que la Comunidad prepara su ampliación para acoger a nuevos miembros. 
Por otra parte, el mercado exterior del arte no se equivocó respecto a la importancia del texto conjunto que hoy se presenta a votación en el Parlamento, por tanto, no existe una razón válida para rechazar este texto, por lo que nuestro Grupo votará en su favor. 
Señora Presidenta, colegas, señor Comisario, tras haber comenzado en abril de 1997, nos encontramos ahora en la tercera lectura de la Directiva relativa al Derecho de Participación. 
Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a los miembros del comité de conciliación y al señor Zimmerling por sus esfuerzos. 
Pero, lamentablemente, debo reiterarme en mi postura anterior. 
Mi Grupo sigue sin mostrarse mayoritariamente de acuerdo con la propuesta. 
Se trata de la diferencia entre el término inglés copyright y el término neerlandés "auteursrecht" (derecho de autor). 
Nos estamos refiriendo a la venta de obras de arte. 
¿Acaso el heredero de un artista debe tener la posibilidad de seguir ejerciendo sus derechos al respecto transcurridos setenta años? 
Opino que no debe ser así. 
La venta implica la renuncia a todos los derechos y obligaciones, por lo que se percibe una compensación económica. 
La propuesta de incrementar el precio mínimo a 3.000 euros supone una mejora. 
Un precio inferior supondría una desventaja significativa para los artistas incipientes. 
Esto nos lleva al siguiente objetivo de nuestra crítica. Nuestra principal objeción contra la propuesta consiste es que niega categóricamente el principio de subsidiariedad. 
La Comisión no ha sido capaz de demostrar que la existencia de diferencias en las legislaciones de los Estados miembros produzca a la larga efectos negativos sobre el mercado interior. 
Por otra parte, no es impensable que el mercado europeo del arte moderno y contemporáneo, que resulta especialmente importante para Londres, se trasladara a Suiza- lo que ya se vio en la Basel Art Fair hace algunas semanas- o incluso fuera de Europa, a lugares en los que existiera este derecho. 
Este no puede ser el objetivo. 
La propuesta demuestra que este aspecto también constituye un problema. 
Se introduce una serie de excepciones innecesarias. 
De modo que se da al traste con la armonización. 
¿No resulta paradójico que mientras que tratamos de que el derecho de participación se introduzca simultáneamente en todo el mundo, permitamos a los Estados miembros toda clase de recovecos legales con los que establecer los precios mínimos según sus intereses? 
Y pasamos a la aplicación. 
Además del papeleo administrativo que supone la actualización del historial de ventas de una obra de arte, las excepciones complican la situación aún más. 
Esto no es exactamente lo que desean los artistas. 
Si la venta se realiza entre particulares, se está exento del derecho de participación. 
¿No creen que el comercio de obras de arte entre particulares aumentará a pasos agigantados? 
Se podrían citar varios ejemplos en este sentido. 
Por último, la directiva no establece un tratamiento igualitario para todos los artistas, sino sólo para los que efectúan la venta a través de galerías y casas de subastas. 
Resulta poco clara y susceptible de ser utilizada de modo fraudulento. Es innecesaria porque no existe ningún tipo de alteración del mercado interior. 
Mi Grupo no desea que se aprueben instrumentos legales de este tipo. 
El ciudadano considera que este tipo de medidas constituye una injerencia desde Bruselas. 
Mi Grupo ha votado en dos ocasiones en contra y considera que esta propuesta no se ha modificado ni mejorado de forma suficiente, por lo que votará una tercera ven en contra. 
Señora Presidenta, estimados colegas, como continuación de lo que ha dicho la Sra. Sanders-ten, se observa que toda medalla tiene dos caras. 
Ahora bien en el caso de las asociaciones y de las agrupaciones sindicales de los artistas plásticos con las que he hablado en los últimos años existe el deseo mayoritario de tener un derecho de sucesión europeo. 
También entre los actores del mercado del arte existe también el deseo mayoritario de tener un derecho de participación común. 
Desde hace años la política está intentando negociar un compromiso que sea aceptable para todos. 
Bien es cierto que el Consejo no ha intentado realmente una armonización, sino que ha construido más bien un andamiaje con algunas inteligentes soluciones de urgencia. 
Es cierto también que el Consejo no ha sido especialmente flexible y no ha tomado muy en cuenta las propuestas del Parlamento Europeo, pero, aún así, es un compromiso aceptable. 
No puedo hablar en nombre de la Comisión, pero algunas cosas indican que la Comisión tampoco estaba satisfecha ni conforme con todas las propuestas del Consejo, sobre todo, con los plazos de transición. 
Sin embargo, la discusión ha colaborado también en este juego, que ha sido menos un juego de discusión y más una política de veto, para hacer posible este derecho de participación. 
Ahora tenemos este documento, un documento del que digo lo siguiente: a duras penas deberíamos decir sí, pero deberíamos decir sí pues, en definitiva, constituye una victoria. 
Tenemos este documento que es susceptible de ser mejorado, pero precisamente porque lo tenemos ahora, podemos mejorarlo. 
Los adversarios deberían ser un poco más cuidadosos con su crítica, pues con ella están metiendo en el mismo saco a todos los que son críticos. 
Por un lado, están los que en principio rechazan un derecho de participación y, por otro, están quienes quisieran aportar puntos de crítica sustanciales que quizá son de vital importancia, para ellos o para algunos actores, por ejemplo, para las pequeñas galerías de arte que son las que crean realmente el banco de talentos. 
Éstas asumen el mayor riesgo. 
Tienen muchos problemas con las diferencias fiscales, con la Administración, con los contratos de seguro. 
Apenas les está permitido aceptar en comisión obras de los artistas plásticos; en la mayoría de los casos tienen que adquirirlas. 
Si estas pequeñas galerías han de comprar y a los tres años- como se prevé en esta propuesta- no pueden vender, si además después de los tres años tienen que vender por debajo del precio de compra, entonces tienen un riesgo y una doble pérdida, en concreto, en el precio y, también, por el derecho de participación. 
No obstante, mi Grupo va a prestar su conformidad a esta propuesta. 
Hay que mejorar algunas cosas en el derecho de participación y en los aspectos del entorno que se relacionan con el mismo. 
Finalmente, no quisiera borrar un argumento- no puedo hacerlo- pero sí quisiera restarle fuerza: el denominado desplazamiento del mercado es solamente un argumento de un determinado lobby, pues existen la oferta y la demanda, y existen determinadas cosas que se buscan en Europa y que se han buscado siempre en Europa y no en los EE.UU., y al contrario. 
Es importante que esta decisión europea, que ojalá adoptemos mañana positivamente por mayoría, ejerza una enorme presión a favor de los representantes que luchan por este derecho de participación en Suiza e incluso en los EE.UU. Están esperando nuestra respuesta afirmativa y espero que la reciban mañana. 
Señora Presidenta, este informe está relacionado con el texto común aprobado por el Comité de Conciliación, y por tanto es demasiado tarde para influir en el curso de esta directiva- en cualquier caso ningún diputado ni grupo de diputados podría haberlo hecho. 
No obstante, quisiera aprovechar esta ocasión para dejar constancia en Acta de la oposición de mi Grupo a esta medida. 
Al hacerlo tengo que destacar algunas verdades propias de esta Asamblea, incluso a pesar de que no contribuyan a la popularidad de la institución, que prefiere vivir en su propio mundo completamente desligada de la realidad. 
En primer lugar, a pesar de que esta medida persigue la eliminación de distorsiones en el mercado interior es justo decir que no existe nada parecido a un mercado comunitario de la reventa de obras de artistas. 
De hecho, existe un mercado principal en el Reino Unido- fundamentalmente en Londres- y muy poca cosa en el resto de Europa. 
Por ello, el efecto principal no va a consistir en una distorsión sino más bien en un desbaratamiento del mercado británico. 
En segundo lugar, por el modo en el que se recauda el dinero, éste irá a parar irremediablemente a la gente equivocada. 
El setenta por ciento de los fondos 'droit de suite' recaudados en Francia en 1996 no fueron a parar a los artistas sino a los descendientes de siete artistas, incluyendo a los familiares de Matisse y Picasso. 
Esto no se corresponde con el concepto de ayuda al esforzado artista. 
En tercer lugar, la propia norma es pesada y contribuirá a que suban los costes de los mercados de obras de arte añadiendo un plus correspondiente a la burocracia y los gastos. 
Muchas empresas pequeñas serán apartadas de las ventas de valor reducido, limitándose las posibilidades de comercialización de las obras de los nuevos artistas y aspirantes a artistas. 
En lugar de ayudar a los artistas esto va a coartarles, y habrá menos empresas pequeñas en el negocio. 
¿Quién comprará entonces las obras de artistas desconocidos? 
En su conjunto esta es una norma mal concebida, irracional y, en ultima instancia, innecesaria. 
En primer lugar, la propia legislación constituirá un instrumento que propiciará distorsiones en un mercado que, por lo demás, funciona satisfactoriamente. 
Como a menudo es el caso, el Parlamento y la Unión Europea deberían abstenerse de cambiar las cosas. 
Señora Presidenta, estimados colegas, señor Comisario, sin duda alguna mi Grupo- y digo esto también porque el Sr. Graça Moura no puede estar aquí por el momento- va a prestar una mayoritariamente su conformidad al resultado del comité de conciliación. 
No obstante, existe un gran número de miembros en mi Grupo y también en mi propio país, Austria, que actualmente no tiene, en absoluto, ningún derecho de participación ni ha visto la necesidad de introducir semejante derecho, y que siguen teniendo reservas. 
También he prometido a nuestra colega francesa, la Sra. Fourtou, volver a exponer hoy algunas de estas reservas aunque soy un partidario convencido de la competencia leal en el mercado interior y apoyo siempre las regulaciones europeas cuando el mercado interior y nuestra política de integración común las consideran acertadas. 
Por esta razón, el 31 de diciembre del pasado año informé al Pleno sobre las preocupaciones de la plataforma de artistas contra el derecho de participación, así como de las del senado del arte y de los galeristas, sobre todo de artistas jóvenes, y también de las casas de subastas de mi país y de mi Grupo. 
Entonces afirmé, en definitiva, que el actual fundamento del acuerdo es insatisfactorio. 
Creo, plenamente, que en el comité de conciliación se han practicado algunos cambios en la dirección de las reservas. 
A este respecto, es preciso felicitar también al ponente. 
Pero las reservas no han podido eliminarse para muchos, cosa que- aunque sólo de manera simbólica- se refleja muy claramente en las formulaciones sobre las regulaciones transitorias. 
En la traducción alemana leo a este respecto lo siguiente: " El plazo para la transposición de la directiva será de cuatro años. 
Los Estados miembros, que no apliquen el derecho de participación en el momento de la entrada en vigor de la directiva, no estarán obligados durante un período que concluirá a más tardar el 1 de enero de 2010, a aplicar el derecho de participación en beneficio de los beneficiarios del derecho tras la muerte de un artista ". 
A título complementario se menciona otro plazo. 
Esta formulación muestra cuán sensible es el tema y cuán diferentes compromisos hubo que realizar. 
Pero quisiera decir también que el objetivo de la introducción de un derecho de participación es el de hacer participar a los artistas plásticos en éxito económico posterior de sus obras. 
Tenemos que preguntarnos: ¿Se ha logrado este objetivo? 
En este punto hay muchos que después de los estudios científicos y también del resultado del comité de conciliación opinan que el derecho de participación representa una redistribución de artistas jóvenes, con frecuencia pobres, a artistas más viejos y exitosos y, sobre todo, a sus herederos. 
En un estudio que obra en mi poder, están sintetizadas en cinco puntos las reservas. Me voy a referir a ellas pues no todos están hoy eufóricos por esto: 
En primer lugar: puesto que el comercio de arte y de subastas sólo puede soportar una pequeña parte de la cuota del derecho de participación y puesto que no es posible trasladar toda la carga a los compradores de las obras de arte- gracias a Dios, digo yo- el derecho de participación podría tener como consecuencia que se redujeran los precios de compra de las obras de artistas jóvenes. 
Segundo problema: para los artistas que posteriormente tienen éxito- éstos sólo pueden ser unos pocos de todo el conjunto- el derecho de participación podría constituir una redistribución forzada hacia etapas posteriores de la vida. 
En tercer lugar: esto no es lo que se desea pues de esta manera el artista joven resulta limitado en sus posibilidades de consumo. 
Cuarto punto: la cuota podría ocasionar una modificación de la situación de competencia en el mercado del arte. 
Si la ocasiona podría persistir el peligro de la emigración. 
Quinto punto: la primera venta contempla que en una venta posterior la cuota del derecho de participación debe abonarse al artista, lo cual podría influir en la determinación del precio. 
Estas reservas son compartidas por muchos en mi país y en mi Grupo. 
Esto no merma el resultado, pero les ruego que comprendan que no todos estén sonriendo hoy. 
Señora Presidenta, razones de equidad elemental han impuesto la creación de un derecho similar a los derechos de autor, o a otros derechos de propiedad intelectual, en el caso de las obras de creación susceptibles de ser reproducidas sin limitación. 
Su naturaleza es la de un derecho de propiedad, puesto que concede derechos y beneficios económicos al creador. 
Se trata, sin embargo, de un derecho de propiedad muy peculiar, puesto que a través de él se reconoce la primacía de los valores estéticos y, al mismo tiempo, se rinde una suerte de homenaje a los creadores de obras de arte. 
Es un hecho que los productos culturales no pueden circular sin la contribución de los comerciantes de arte. 
A diferencia, sin embargo, del comercio de los bienes de consumo o de otros productos capitalistas, su comercio no constituye un fin en sí mismo. 
En el comercio de obras de arte prima la difusión de valores estéticos y de mensajes estéticos. 
Y esto no es posible sin la participación de los creadores. 
Pero, siendo su contribución insustituible, el valor de mercado de los bienes producidos se configura gradualmente. 
Es, por lo tanto, absolutamente injustificable, que de ese valor se beneficie total y exclusivamente el comerciante, que no es sino un mero intermediario. 
Resulta, además, que el estímulo de la productividad de los creadores redunda en su beneficio. 
Por todas estas razones, constituye un error el hecho de que los creadores de ciertos países no reconozcan este derecho. 
Debemos, pues, reparar el error del Convenio de Berna que estableció que el derecho de participación sólo será exigible si la legislación nacional del autor lo admite. 
La insistencia de determinados países en prolongados períodos transitorios, o en el aplazamiento del período de transposición no dice mucho en favor de sus partidarios. 
Europa, como lugar por excelencia de la creación y la cultura, debe mostrar a los terceros países el camino correcto. 
Señor Presidente, a nosotros los diputados británicos conservadores no nos complace esta propuesta. Estimamos que no es necesaria para completar el mercado único. 
En la práctica no creemos que vaya a ayudar financieramente a aquellos que más lo necesitan. 
Ciertamente, existen algunas pruebas de que realmente puede empeorar su situación económica, como ha destacado mi colega el Sr. Karas. 
Va a propiciar que una parte importante del mercado de arte contemporáneo se desplace fuera de la UE hacia Ginebra y Nueva York y esto va a tener un coste de empleos en el propio comercio y también en las actividades conexas. 
Esos puestos de trabajo son nuestros puestos de trabajo- los puestos de trabajo de Europa- y nuestras empresas. 
Haciendo balance pensamos que más bien va a dañar en lugar de potenciar la economía europea al igual que la posición de sus artistas en activo. 
Además, hará más improbable la posibilidad de alcanzar un acuerdo global sobre el 'droit de suite' porque no hay ningún incentivo para que los beneficiarios de ese acuerdo- Nueva York y Ginebra- quieran rematar el acuerdo con la Unión Europea. 
En resumen creemos que este es un proyecto mal concebido que va, en general, en contra del mejor interés de Europa y, en particular, del mercado único. 
. 
(EN) Quisiera comenzar expresando el agradecimiento de la Comisión al ponente, el Sr. Zimmerling, por su informe. 
En especial, a la Comisión le complace saber que finalmente se haya alcanzado un acuerdo. 
Voy a ser breve en mis comentarios, ya se han dicho muchas cosas sobre este asunto y no sólo hoy, también en el pasado, de modo que me voy a ceñir a lo estrictamente necesario. 
El derecho a la reventa va a incorporarse al derecho comunitario. Esto permitirá que los artistas se beneficien de ese derecho sin importar dónde se vendan sus obras en la Unión Europea. 
Lo que significa que progresivamente se va a poner fin a las distorsiones de la competencia que afectaban al mercado interior en este sector. 
La directiva va a proporcionar a la Comisión una base sobre la cual poder actuar con el fin de promover el reconocimiento de los derechos de reventa a escala internacional. 
La Comisión ya se ha comprometido a emprender las acciones apropiadas a tal efecto. 
Pero la Comisión sigue estando preocupada por los largos retrasos en la aplicación que pueden provocar una demora de hasta 10 años antes de que la directiva despliegue todos sus efectos armonizadores. 
Por esta razón, la Comisión ha emitido una declaración, que debe ser publicada en el Diario Oficial junto con la directiva, en la que destaca que tales retrasos han de ser considerados como excepcionales y deben permanecer así con el fin de conservar la eficacia de las acciones comunitarias en el mercado interior. 
Muchas gracias, Sr. Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Mejora de la protección jurídica de las víctimas de accidentes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0174/2001) del Sr. Rothley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la mejora de la protección jurídica de las víctimas de accidentes con recomendaciones a la Comisión sobre una Quinta Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, para mejorar la protección jurídica de las víctimas de los accidentes de tráfico. 
Señor Presidente, señor Comisario, lamentablemente el ponente, Sr. Rothley, no puede estar presente por estar asistiendo a una importante reunión en Luxemburgo y me ha pedido que le represente hoy, que le preste prácticamente mi voz, cosa que hago con sumo gusto. 
Con el proyecto de una quinta directiva sobre vehículos automóviles queremos seguir mejorando la protección de las víctimas y responder, al mismo tiempo, a las exigencias del mercado interior. 
¿Qué es lo que proponemos? 
En primer lugar: todo daño derivado de un accidente de tráfico en la Unión Europea- de índole transfronteriza o de índole intraestatal- deberá regularse en el futuro en un plazo adecuado, o se impondrán sanciones financieras. 
En segundo lugar: en el futuro la suma de cobertura ha de ascender como mínimo a 2 millones de euros, con independencia del número de las víctimas y de la naturaleza de los daños. 
No obstante, tengo dudas acerca de si esta suma será suficiente. 
En diciembre de 1998 un juez británico dictó sentencia en el caso de un estudiante holandés que había sufrido fractura de nuca en un accidente y que desde entonces se encuentra imposibilitado desde el cuello hasta la punta de los dedos de los pies. 
El tribunal otorgó a la víctima del accidente un derecho de compensación de daños por valor de casi 9 millones de libras, de los cuales alrededor de 8 millones eran en concepto de puro daño al patrimonio. 
En tercer lugar: sigue habiendo dudas acerca de quién ha de responder por un accidente que haya sido ocasionado por un vehículo sin matrícula o con una matrícula falsa o robada. 
En este punto necesitamos una regulación clara y que sea favorable a la víctima del accidente. 
En el futuro debe entrar en juego el fondo de garantía del país en el que se haya producido el accidente. 
Un conductor holandés en fuga ocasiona un accidente en Italia con un vehículo robado en Polonia que lleva matrícula alemana falsificada. 
¿Quién responde? 
En el futuro responderá exclusivamente el fondo de garantía italiano, el cual, naturalmente, se esforzará en trasladar la responsabilidad. 
En cuarto lugar: la protección para un tomador de un seguro que trabaje de manera transitoria en otro Estado miembro debe ampliarse en el futuro a doce meses. 
Durante ese período no tiene por qué rematricular el vehículo ni concertar una nueva póliza de seguro. 
Esto es sólo una parte de las propuestas. 
Se trata más bien de trabajos de limpieza. 
En un momento posterior habremos de ocuparnos de los auténticos problemas del futuro, por ejemplo, la reforma de la compensación de los daños inmateriales en la Unión Europea. 
Sobre esto discutimos el año pasado en Trier en la Academia Jurídica Europea. 
Esto significa protección de los participantes débiles del tráfico, peatones, ciclistas. 
Éste ha sido el tema este año en Trier en el segundo Día Europeo del Derecho sobre el Tráfico. 
Esto significa, reclamación directa de la víctima del accidente contra su propio seguro. 
Creo que esta es una concepción moderna. 
En consecuencia, la Comisión debe ponerse a trabajar. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Rothley, por el sufrido trabajo que continúa llevando a cabo en nombre de los ciudadanos y conductores de toda Europa, llenando las lagunas existentes en la cobertura de sus seguros. 
Los seguros tienen que ser los más completos posible porque eso es lo que el consumidor espera. 
Muchos de nosotros hemos tratado en nuestras circunscripciones casos derivados de problemas o lagunas en la cobertura de los seguros. 
Saludo esta propuesta del Sr. Rothley en nombre de nuestro Grupo, y le doy las gracias especialmente porque ha aceptado una serie de sugerencias relativas a este campo que le he transmitido y que ha añadido a este informe. 
Esta noche quisiera hacer mención de forma específica a dos áreas. 
La primera la constituye una disposición que no sólo beneficia a los ciudadanos sino que además estimula de forma práctica el desarrollo del mercado único. 
Actualmente, si los ciudadanos europeos desean comprar un automóvil nuevo en otro país deben obtener un seguro especial para el periodo de tiempo que transcurre entre la recogida del coche en el concesionario o la fábrica y el regreso a su país de origen. 
Su asegurador no está autorizado a proporcionar ese seguro. 
Con las propuestas del Sr. Rothley podrán hacerlo de forma simple y fácil. 
La cobertura puede ser prolongada 30 días para estimular a los ciudadanos a ejercer sus derechos en el mercado único y hacer adquisiciones transfronterizas. 
Esto es algo que a la Comisión, en especial al Comisario para el mercado interior, el Sr. Bolkenstein, le complacerá apoyar. 
La segunda cuestión, mencionada brevemente por la Sra. Gebhardt, concierne a la cobertura proporcionada a ciudadanos que residen temporalmente en otros Estados miembros de la UE tales como estudiantes que van a otra universidad y desean llevar sus coches consigo, trabajadores que se trasladan temporalmente o miembros familiares que se desplazan por un periodo limitado a otro país. 
Podrán llevarse sus coches y su cobertura de seguro por un periodo de 12 meses sin problema alguno. 
Esto es importante. 
Nos consta por las quejas recibidas de ciudadanos del reino Unido, y desde luego por mi caso, que a las compañías de seguros no les ha sido fácil proporcionar ese tipo de cobertura. 
De nuevo, este es un beneficio práctico que permite a los ciudadanos ejercer sus derechos en el mercado interior. 
Por último, quisiera decirle al Sr. Bolkenstein que espero acepte esta propuesta del Sr. Rothley en nombre del Parlamento y avance lo más rápidamente posible para llevar a efecto estas modificaciones en la forma de nuevas revisiones de la Directiva de seguros de automóviles. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dejar absolutamente claro que guardo simpatía con lo que nuestro ponente desea alcanzar con la presentación de esta propuesta. 
Como ya hemos señalado a menudo en el pasado, lamentablemente, los accidentes de automóviles afectan a las vidas de demasiados ciudadanos a medida que crece la movilidad en Europa. 
La cuarta directiva dio grandes pasos en el tratamiento de estos problemas. 
No obstante, quisiera concentrarme en el hecho de que la propuesta "requiere" que los Estados miembros desarrollen en su derecho nacional las disposiciones relativas a un procedimiento de compensación mejorado. 
En esencia hemos creado un sistema preferencial para reclamaciones europeas de accidentes automovilísticos y, por tanto, lógicamente, tiene sentido que concedamos las mismas ventajas a aquellos que sufren un accidente en un contexto puramente nacional. 
Lógicamente, si, pero ¿respeta esa vía la subsidiariedad? 
Me temo que no y esta es una cuestión importante. 
Por consiguiente he vuelto a presentar una enmienda para que ello no sea más que una recomendación a los Estados miembros. 
La cuestión es que los asuntos aquí planteados incumben al derecho civil privado nacional. 
Implicarían, por ejemplo, cambios sustanciales en el derecho delictual de Inglaterra y Gales. 
Estaríamos colocando a las víctimas de los accidentes automovilísticos en una clase aparte. 
¿Qué pasa con las víctimas de la negligencia médica, de los accidentes laborales o que reclamen cualquier otro supuesto ante las aseguradoras? 
Actualmente nuestra comisión se está ocupando cuidadosamente de la armonización del derecho civil. 
Al respecto hemos criticado justamente el enfoque gradual, que no ha sido apropiadamente investigado. 
Hoy sólo queremos señalar que esta propuesta no sólo debería, sino que necesariamente tendría que ser objeto de un debate mucho más amplio, con enormes implicaciones para nuestros respectivos sistemas de derecho civil. 
La propuesta merece un tratamiento pertinente y transparente. 
Señor Presidente, el informe a iniciativa propia del Sr. Rothley es ciertamente bienvenido en este punto de la evolución del mercado único. 
No cabe duda que la cuarta Directiva del seguro de automóviles necesita una puesta al día después de 15 años en vigor. 
Este periodo nos ha otorgado la posibilidad de evaluar la eficacia de la directiva coadyuvando a la formación de un verdadero mercado único del seguro del automóvil. 
Es evidente que aun quedan algunas lagunas y que el asegurado y el reclamante continúan enfrentándose a ciertas dificultades que han de ser resueltas. 
Le doy las gracias al Sr. Rothley por la investigación realizada en este campo y por identificar las áreas en las que la protección a las víctimas de los accidentes puede ser mejorada. 
Mientras haya espacio para mejorar nos incumbe a nosotros, en nuestra calidad de legisladores europeos, presentar y llevar adelante medidas que impliquen mejores condiciones. 
Si bien se han realizado progresos, es evidente que aun no existe un mercado único del seguro. Esto priva a los consumidores de optar por la mejor oferta de las compañías de toda Europa, en términos de elección, en términos de flexibilidad y, desde luego, precio. 
El seguro automovilístico es un negocio de miles de millones de euros y hay que estimular una mayor competencia en beneficio de los consumidores. 
Una importante incoherencia del campo del seguro del automóvil es la que afecta a la residencia temporal. 
Las normas actuales dejan a menudo a los consumidores a merced de las compañías aseguradoras. 
Esto tiene que acabar. 
Apoyo totalmente el concepto de que aquellos ciudadanos que deseen residir temporalmente fuera de su país de origen estén autorizados a conservar su seguro de automóvil sin incurrir en obstáculos financieros ni administrativos. 
La libertad para vivir, trabajar o estudiar en el extranjero debe significar únicamente eso- libertad- y no implicar barreras ocultas. 
Tener que volver a asegurarse y registrarse puede constituir tal barrera. 
Actualmente, en mi propio país, está establecido el periodo más corto para volver a registrarse, concediéndose para ello únicamente un día. 
Con frecuencia, para los residentes temporales es difícil obtener un seguro local a un precio razonable. 
Un periodo de gracia de un año durante el cual el asegurador del país de origen esté obligado a seguir proveyendo cobertura es perfectamente razonable. 
Esto supondría un dolor de cabeza menos para los ciudadanos que estuvieran considerando residir temporalmente en otro Estado miembro. 
A menudo escuchamos en esta Asamblea que los ciudadanos europeos se sienten muy lejos de las decisiones adoptadas en el nivel europeo, que los asuntos tratados no son los que tienen efecto sobre sus vidas cotidianas. 
Por ello, nos complace aun más saludar que este Parlamento tome la iniciativa en asuntos tales como este, con el que podemos hacer una contribución real y tangible a los derechos y la protección legal de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Comisario, el número de accidentes en las carreteras de la Unión Europea resulta inaceptable. 
Sobre todo para las decenas de miles de personas que pierden la vida sobre el asfalto todos los años y para los cientos de miles de heridos en accidente de tráfico. 
Especialmente en estos casos, aunque también cuando sólo existan daños materiales, no se debe agravar el sufrimiento con un interminable tira y afloja con las entidades aseguradoras. 
A medida que se incrementa el transporte transfronterizo tanto de carga como de pasajeros, aumenta el número de puntos conflictivos en el sector de los seguros automovilísticos. Mi colega Rothley los ha expuesto en su informe con lo que se demuestra que se debe adoptar alguna medida. 
A pesar de que a estas alturas todas las matrículas incorporan la bandera europea y el símbolo del Estado Miembro, estas no significan absolutamente nada en muchos casos. 
Los vehículos importados desde otro Estado Miembro mantienen su matrícula antigua durante demasiado tiempo, mientras que en otros Estados Miembros se dificulta innecesariamente el mantenimiento provisional de la matrícula antigua. 
En lo que respecta a la cobertura mínima de responsabilidad civil, comparto la opinión del ponente en el sentido de que ésta se debe incrementar. 
Dos millones de euros es la cantidad que, lamentablemente, se requiere en casi todos los casos para cubrir los daños. 
Por este motivo, respaldo el llamamiento que se hace en la propuesta de resolución a la Comisión para que el próximo otoño remita una propuesta al Parlamento. 
El plazo es corto pero el ponente ya nos ha presentado un anteproyecto en su informe. 
. 
(EN) Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que la Comisión lamenta la ausencia esta tarde del Sr. Rothley. 
Esta no es la primera vez que tengo un intercambio de opiniones con el Sr. Rothley y sus colegas sobre asuntos relacionados con el seguro del automóvil. Recuerdo vivamente los debates que mantuvimos a propósito de la Cuarta Directiva sobre el Seguro de Automóvil: esa directiva está ahora aprobada. 
Por tanto me consta que el Parlamento tiene una especial preocupación por la efectividad de la cobertura de seguro que protege a millones de ciudadanos europeos que pueden verse envueltos en accidentes automovilísticos. 
De hecho, el más reciente desarrollo del marco del seguro automovilístico de la UE- la Cuarta Directiva sobre el Seguro de Automóvil a la que acabo de hacer referencia- fue el resultado de una petición específica del Parlamento. 
La legislación fue aprobada el año pasado. A partir de finales de 2002 contribuirá a mejorar la situación de los automovilistas en viaje, fundamentalmente de aquellos desafortunados ciudadanos europeos que sean víctimas de accidentes de tráfico que acaezcan mientras están fuera de su país de origen. 
Esa directiva también constituyó una evolución sobresaliente por cuanto fue la primera vez que el Parlamento hizo uso de sus nuevas competencias contempladas en el Artículo 192 del Tratado. 
El Parlamento insta ahora a la Comisión, en mi persona, a que emprenda más acciones en este campo. 
En esta ocasión el objeto de las peticiones del Parlamento no es cubrir una laguna de las normas existentes sino modernizar y reforzar el mercado único del seguro en este campo. 
Permítanme decir al respecto que la Comisión es perfectamente consciente de la necesidad de modernizar las directivas sobre seguros del automóvil- después de todo, la primera de esas directivas fue adoptada hace 30 años. 
Por esta razón y habiendo consultado a los Estados miembros, a la industria y a los grupos de asistencia a las víctimas, en 1998 la Comisión inició un amplio ejercicio de revisión de nuestras directivas sobre seguros. 
Ese ejercicio se encuentra ahora en estado muy avanzado pero aun no ha sido terminado. 
Por tanto quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Parlamento en general, y al Sr. Rothley en particular por su iniciativa, que se alinea y da un nuevo ímpetu al trabajo de la Comisión en este campo. 
Permítanme también decir que algunos de los aspectos de las acciones propuestas en la resolución, tales como la armonización de la fecha tope para el registro de los vehículos importados de otros Estados miembros, puede que excedan del ámbito de las directivas sobre el seguro. 
Esto ya ha sido resaltado durante los debates en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, cuando también se expresó que si vamos a avanzar en esa dirección necesitaremos una base jurídica distinta de la empleada para los asuntos relacionados con el seguro. 
Además, otras acciones, tales como la obligación del asegurador de proporcionar una declaración de reclamaciones deberían ser materializadas de forma que no contraviniesen el principio de libertad de tarifas que inspira la legislación comunitaria sobre seguros. 
Para terminar, quisiera asegurarle al Parlamento que incluso a pesar de que no estamos en disposición de presentar una propuesta dentro del tiempo requerido en la resolución, la Comisión hará todo lo que pueda para garantizar la rápida adopción de una amplia propuesta cuyo fin sea la modernización del marco legal del seguro automovilístico. 
Muchas gracias, Sr. Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0134/2001) de la Sra. Wallis, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el documento de trabajo de la Comisión sobre la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo. 
. 
(EN) Señor Presidente, hoy me ha impactado un artículo aparecido en The Wall Street Journal cuyo subtítulo rezaba así: "¿ Por qué difieren los Estados Unidos y Europa sobre la importancia de los intereses de los consumidores ?" 
En el mismo se decía, desde una perspectiva estadounidense que "cuando se trata de colocar al consumidor en el centro de su modelo económico, Europa sigue mostrándose empecinadamente anticuada". 
El comercio electrónico de todo tipo sigue rezagado en Europa. 
En 2005 el 11% de las ventas al por menor de los EE.UU. se producirán online, en Europa occidental únicamente el 6%. 
Nuestra esperanza es que esta iniciativa de la Comisión de establecer una red europea extrajudicial contribuya a generar confianza en el comercio electrónico entre los consumidores y aumenten esos porcentajes europeos. 
Estos fueron los problemas con los que luchamos durante la aprobación del reglamento de Bruselas: cómo facilitar a los consumidores europeos el acceso a la justicia transfronteriza sin sobrecargar el comercio y, al mismo tiempo, exponer éste a las necesarias fuerzas competitivas. 
Hemos de dejar claro que esto es un intento de tratar un gran número de conflictos transfronterizos de menor cuantía que afectan a los consumidores fuera del sistema legal normal. 
Se van a introducir unos mecanismos alternativos que prácticamente van a sustituir a las instancias más bajas de nuestros sistemas judiciales tradicionales. 
Este es un proyecto muy ambicioso y un ejercicio de este tipo requiere ser ejecutado muy seriamente y ser dotado de los fondos apropiados. 
Una de mis mayores preocupaciones respecto de esta iniciativa es su financiación, tanto en términos sustanciales como en términos de publicidad. 
Nuestros ciudadanos saben dónde se encuentran sus tribunales locales, pero ¿conocerán el modo y el lugar para acceder a la Red EJE? 
Por lo que he podido ver no soy demasiado optimista. 
En segundo lugar, ¿es coherente y eficiente el sistema? 
Por el momento los progresos son muy distintos según el Estado miembro. 
La Comisión debe ser rigurosa en este aspecto, de ahí nuestra propuesta de un acuerdo a nivel de los servicios con cada uno de los centros de intercambio de información. 
Únicamente un acuerdo de este tipo garantizará que nuestros ciudadanos reciben el servicio que realmente se merecen. 
Esto me conduce a las enmiendas. 
Podemos aceptar gratamente las enmiendas números 2 y 3, pero tenemos serias dudas sobre la enmienda número 1. 
Impedir que los centros de intercambio de información den asesoramiento legal choca contra la cruda realidad. 
Algunos de los centros que ya operan como euroventanillas han dado formación a los abogados que se encontraban entre su personal. 
No podrían funcionar de otra forma. 
No podemos dar a nuestros ciudadanos un servicio de segunda categoría. 
Un buen asesoramiento legal, o la información, es esencial al comienzo de una reclamación es esencial, a riesgo de que discurra por la vía equivocada, causando mayores perjuicios, decepción y negación de la justicia. 
Por último, ocupémonos del método legislativo, la RAL y la Red EJE son ejemplos soft law o corregulación. 
Si esta es la vía del futuro es importante que el Parlamento esté completamente involucrado de principio a fin. 
Por ejemplo, la mayoría de nosotros aplaudiría la otra iniciativa sectorial en este campo, la Red FIN que se ocupa de los servicios financieros, pero ¿cuándo ha sido remitida esta iniciativa al Parlamento? 
Si estamos sustituyendo o mejorando nuestro sistema legal y el acceso a la justicia, estamos hablando de asuntos esenciales para la sociedad civil, que no deben ni pueden ser resueltos sin las aportaciones de los representantes elegidos democráticamente. 
Señor Presidente, damos la bienvenida a este informe tan hábilmente llevado ante el Parlamento por la Sra. Wallis porque en el mundo feliz del comercio electrónico va a existir la misma proporción de delincuentes y charlatanes que en el medio no digital. 
Por esa razón son tan importantes los asuntos relacionados con la protección al consumidor. Ésta se presenta en dos formas. 
La primera proporciona protección legal y, en segundo lugar, proporciona un medio de ejecutar esa protección. 
Y claramente, de forma especial, en lo que concierne a las reclamaciones de menor cuantía que tienen una naturaleza transfronteriza- en otras palabras, entre sistemas jurídicos distintos- en los que los sistemas judiciales convencionales no constituirán, en términos reales, más que una limitada ayuda, como acaba de destacar la Sra. Wallis. 
De ahí que saludemos esta iniciativa de crear una red extrajudicial europea de fácil acceso para el usuario. 
De hecho, pensamos que debería exceder los límites físicos de la Unión, ya que la Red no respeta las fronteras nacionales. 
Como tan frecuentemente es el caso, la trampa reside en el detalle. 
Deseamos poder entrar en esos detalles y deseamos una feliz evolución de este asunto. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Wallis constituye una importante contribución al debate de la política comunitaria sobre la resolución extrajudicial de conflictos en materia de consumo. 
También apoyo ante este Parlamento sus recomendaciones y comparto sus preocupaciones. 
Todos conocemos por propia experiencia que los largos y costosos litigios ante los tribunales están perdiendo su atractivo como medio de resolución de conflictos. 
La noción de que la mayoría de la gente quiere jueces y elegantes abogados en una gran sala de juicios como escenario para la resolución de sus disputas ya no es correcto. 
La gente con problemas, al igual que la gente que tiene dolencias, persigue el alivio y lo desean tan rápidamente y tan barato como sea posible. 
El éxito de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos está empezando a crear un alejamiento cultural de la litigación tradicional. 
En un caso reciente en el Reino Unido un juicio de once meses con costas de millones de libras fue sustituido y resuelto en cuestión de días a través de una mediación. 
Hay ejemplos de ello en toda Europa. 
Pero si el mercado único ha de crecer es necesario que facilitemos que los consumidores hagan compras transfronterizas con mayor grado de confianza. 
Esto solo ocurrirá si los consumidores pueden adquirir bienes y servicios teniendo la confianza y la seguridad de que si surgen problemas estos podrán ser resueltos fácilmente. No en primera instancia en los tribunales, en los que el coste medio de un caso transfronterizo asciende a 2.500 euros y lleva entre 23 y 29 meses resolverlo. 
En realidad, sabemos que no se estimula a los consumidores a comprar en Internet fuera de su propio Estado miembro y que las organizaciones nacionales de consumidores- incluyendo a mi propio Estado miembro- no aconsejan a los consumidores a explotar esa vía porque está plagada de dificultades. 
Mi propia experiencia personal con las compras por Internet no me ha inspirado confianza en el comercio electrónico. 
Después de comprar CDs en un notorio establecimiento recibí un envío incompleto con la promesa de una próxima entrega. 
Los lugares de compra con mayor reputación garantizan que no se cobra ningún dinero de las cuentas. 
Dos meses después sigo sin recibir esos excelentes productos y el importe total ha sido cargado en mi tarjeta visa. 
Sin embargo el valor de esos productos es pequeño y el recurso a los tribunales sería costosos y carecería de sentido. 
Los consumidores también tienen cada vez con más frecuencia la tentación de comprar productos más caros más allá de sus fronteras, tales como lavadoras, neveras, servicios financieros o coches. 
El ARD es un valioso medio de acceder a la justicia y proporciona servicios y soluciones que guardan relación con el coste del producto. 
Pero no es la panacea para todas los conflictos en materia de consumo. 
El consumidor debe seguir teniendo el derecho de acudir a los tribunales como último recurso. 
En ausencia de un acuerdo directo con el vendedor o con el lugar de Internet de venta, el consumidor debería ser animado a considerar los beneficios de los ARD. 
Es fundamental, como ha dicho la Sra. Wallis, que el consumidor sea consciente y esté informado de esta posibilidad. 
En mi propio país las oficinas de información al ciudadano están operando como oficinas de intercambio de información. 
Por consiguiente, los consumidores que tienen reclamaciones disponen de un centro local de información. 
Esto es esencial. 
Para los consumidores del Reino Unido, del estímulo de la confianza en las compras transfronterizas por Internet, incluso puede derivarse, como subproducto, un beneficio aun mayor. 
Podremos comprar en un mercado más grande y a menudo comprar productos hasta un tercio más baratos. 
Esto ha de ser un beneficio para la que llamamos "la Gran Bretaña sacacuartos", produciéndose un descenso en los altos precios de nuestro propio sobrevaluado mercado interno. 
Señor Presidente, desde hace muchos años soy un ferviente partidario de los sistemas de resolución de litigios alternativos y extrajudiciales. No sólo constituye un medio para hacer frente a la creciente presión sobre las instituciones judiciales ordinarias, sino que también ofrece a los ciudadanos la posibilidad de lograr satisfacción de forma rápida y económica en caso de reclamación. 
Por otra parte, durante la tramitación de diversos expedientes de consumidores a lo largo de los últimos años, como por ejemplo los referidos a la venta a distancia, he hecho hincapié una y otra vez en que se deben tener en cuenta sistemas alternativos de conciliación en caso de litigio para garantizar el funcionamiento adecuado del mercado interior. 
En varias directivas se recogen los sistemas alternativos de conciliación en caso de litigios de forma explícita. 
El mercado interior ha supuesto una nueva amplitud de miras para el consumidor gracias a que ya no se encuentra limitado por la oferta del mercado nacional. 
Es sobre todo ahora, cuando los sistemas modernos de comunicación han supuesto el incremento de las compraventas transfronterizas, cuando comienzan a verse los frutos del mercado europeo. 
Sin embargo, el consumidor también puede sentirse insatisfecho, al igual que podría ocurrir en su propio Estado Miembro. 
En el caso de compras transfronterizas, el camino para la tramitación de reclamaciones es más largo y, sobre todo, más tortuoso. 
Muchos consumidores se asustan tanto tras comprobar la complejidad de los procedimientos, además de que deben realizarse en un idioma que no es el suyo, que desisten de su reclamación. Esta situación es absolutamente lamentable. 
En este sentido, me satisface enormemente la propuesta de la Comisión. 
Mi enhorabuena asimismo a la señora Wallis, quien ha puesto en su informe el dedo en algunas llagas que yo también considero importantes. 
Sin embargo, permítanme añadir algunos conceptos de cara a los mostradores de información que se creen. 
Los procedimientos deben ser sencillos, el umbral debe ser bajo para el consumidor que busque justicia y se debe establecer una normativa adecuada que permita el uso del idioma propio. 
En relación con este último aspecto, la Comisión debe plantearse seriamente la aplicación práctica que desea para sus planes. 
Asimismo, quisiera saber en qué momento se pondrán en marcha los mostradores de información los diversos Estados Miembros. 
En los Países Bajos se pretende iniciar este servicio en el 2001. 
Los mostradores de información deberían, en mi opinión, centrarse en su función como guías para el consumidor. 
En este sentido, estoy de acuerdo con la señora Wallis. 
El verdadero asesoramiento jurídico debe correr a cargo de personas cualificadas a tal efecto. 
Asimismo, considero que el mostrador de información no debe actuar como abogado, ya que su función se limita a la prestación de asesoramiento. 
Creo que el mostrador de información debe convertirse en un servicio y en una guía que, por ejemplo, abra el camino de los sistemas alternativos de conciliación en caso de litigios. 
Por consiguiente, considero que se debe analizar de nuevo mi enmienda, también por parte del ponente. 
Si les concedemos funciones de carácter jurídico, corremos demasiados riesgos. 
Hablo desde mi experiencia como presidente de la fundación de comités de litigios. 
Señor Presidente, es muy importante que en el seno de la Unión Europea se desarrolle un marco para garantizar que los derechos de los consumidores están protegidos permanentemente. 
Esto implica el establecimiento de sistemas que permitan a los 370 millones de consumidores de la Unión Europea acceder rápidamente a la justicia y asegurarse una reparación cuando los derechos de los consumidores hayan sido infringidos. 
El retraso en la justicia constituye una negación de la misma. 
Esta es la razón por la que saludo esta comunicación que persigue la instauración de procedimientos que gestionen la solución extrajudicial de disputas en materia de consumo. 
La ejecución de las disposiciones de esta recomendación depende de los 15 Estados miembros de la Unión Europea. 
Cada uno de los Estados miembros deberá establecer procedimientos para la solución extrajudicial de los conflictos en materia de consumo. 
Fundamentalmente, estas nuevas estructuras contribuirán a la resolución de los conflictos transfronterizos de los consumidores agraviados en la Unión Europea. 
Cada uno de los Estados miembros también tendrá que establecer unos servicios centrales de contacto que deberán proporcionar a los consumidores la información necesaria respecto de los órganos extrajudiciales de resolución de conflictos que se encuentren en su partido jurisdiccional. 
Tales servicios centrales de contacto deberán indicar a los consumidores a quién pueden dirigir sus reclamaciones y pedir la reparación pertinente. 
Los servicios centrales de contacto proporcionarán información y ayuda acerca de la resolución de disputas transfronterizas en el seno de la Unión Europea. 
Quisiera instar a la Comisión Europea a que asigne unos fondos sustanciales con el fin de garantizar que esta nueva estructura sea objeto en toda Europa de una amplia campaña de publicidad. 
Si queremos que estas nuevas estructuras sean un éxito hay que efectuar una extensa publicidad. 
Además, estos nuevos procedimientos van a tener que ser objeto de un seguimiento estructurado para garantizar que cualquier discrepancia que surja en el funcionamiento de estos nuevos sistemas entre los Estados miembros sea resuelta. 
En resumen, señor Presidente, esta propuesta sólo constituye una parte de la serie de medidas llevadas a cabo por la Unión Europea para proteger los derechos de los consumidores. 
Los consumidores necesitan ser protegidos, tanto en el mundo off-line como en el cada vez más importante ámbito on-line en el que los consumidores adquieren numerosos bienes y servicios a través de Internet. 
Una nueva era de la tecnología de la información ha llegado. Hemos de garantizar que los derechos de los consumidores quedan protegidos a medida que estas tecnologías avanzan. 
Felicito a la ponente por este excelente informe. 
Señor Presidente, mucho nos gustaría tener ante nosotros un documento de trabajo de la Comisión perfecto y acabado sobre la superación de litigios de consumo, en particular de aquellos que entrañan soluciones transfronterizas. 
Ahora bien, como muy bien subraya la Sra. Wallis, la ponente, por ser el optimismo que llega tarde muchas veces enemigo de lo bueno, que entretanto aparece, hemos de congratularnos de la iniciativa limitada de la Comisión, que traza una vía posible para la solución rápida y económica de los litigios de consumo de valor generalmente bajo. 
Se trata, como se sabe, de poner en práctica una red extrajudicial europea apta para resolver dichos conflictos basándose en la credibilidad, la honradez, la transparencia y el conocimiento técnico de organizaciones resultantes de la libre asociación de los consumidores, que puedan formar una malla de control protectora de los derechos de los consumidores y de la calidad de la vida media de los ciudadanos europeos. 
De esta forma avanzamos hacia la regulación de la protección de los derechos económicos de los particulares, desburocratizando su tutela de la pesada máquina judicial tradicional. 
Al contrario que la mano invisible, el mercado interior del consumo organiza en este caso su autorregulación, coordinada y apoyada por las instituciones europeas, con lo que se contribuye a la credibilidad de la propia Unión y su proximidad a los ciudadanos. 
Señor Presidente, el camino está expedito, la Sra. Wallis nos ha dicho cómo debemos continuar, por lo que mi Grupo dará su voto positivo al informe ahora en debate. 
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(EN) Señor Presidente, no sólo soy un defensor de los beneficios del Arbitraje sino que soy un defensor convencido. 
En gran medida ello proviene de mi experiencia en la práctica jurídica, tanto en el área del derecho interno en mi propio Estado miembro, como en el área del arbitraje comercial internacional. 
Tuve el honor de ser miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio durante siete años, y redacté la última norma sobre arbitraje comercial internacional de mi propio Estado miembro, de modo que soy un defensor convencido de los beneficios del arbitraje como alternativa a los procedimientos judiciales. 
Por consiguiente, creo que el establecimiento de la Red EJE constituye un paso esencial para garantizar que los consumidores dispongan de un acceso real a un medio sencillo, de bajo coste y efectivo para la resolución de disputas transfronterizas. 
Se trata de la consecuencia natural de la comunicación de 1998 de la Comisión sobre el acceso a la justicia y de la notificación por parte de los Estados miembros de la aplicación de los principios de la Recomendación 98/257 en sus órganos extrajudiciales. 
Además, este es un paso importante para el cumplimiento de las conclusiones del Consejo de Tampere, ya que se facilita un mejor acceso a la justicia. 
La continua expansión de la actividad económica en el mercado interior implica que cada vez más actividades de consumo dejen de estar confinadas a su propio país. 
El continuo crecimiento del comercio electrónico, junto con la introducción del euro, subraya la urgencia de la necesidad de promover activamente la confianza de los consumidores con el fin de garantizar un mercado interior verdaderamente competitivo y eficiente. 
La participación y la contribución de todas las instituciones comunitarias, incluyendo al Parlamento Europeo, son esenciales para elevar el perfil de esta iniciativa y para asegurar su efectiva promulgación y su posible éxito. 
Los Estados miembros, en estrecha colaboración con la Comisión, ya han hecho significativos progresos desde la propuesta de esta iniciativa en marzo del año pasado. 
Todos, a excepción de Alemania, han informado ya a la Comisión del órgano que va realizar todas las funciones de su centro nacional de intercambio de datos, y el proceso de establecimiento de estos órganos ya está en marcha. 
La Comisión está otorgando ayuda financiera para los gastos iniciales y estudiará la mejor forma de proporcionar una ayuda para infraestructuras y objetivos determinados. 
Además, tanto Noruega como Islandia han expresado su deseo de participar y han celebrado encuentros con los expertos de los Estados miembros y con la Comisión. 
También estamos estudiando la mejor forma de incorporar a la red a los países candidatos a la ampliación. 
Ya se ha avanzado mucho trabajo con los expertos de los Estados miembros y con otros interesados para convertir la red en una realidad de funcionamiento exitoso. 
En especial, uno de los resultados de ese trabajo ha sido un Memorandum of Understanding que establece las funciones mínimas y las directrices de funcionamiento para los centros de intercambio de datos, que actualmente se encuentra cercano a su finalización. 
Este documento supone un paso importante para asegurar una coherente cooperación en toda la red. 
Incluye los requisitos para la provisión de información práctica y el asesoramiento que se debe otorgar a los consumidores, un sistema general para la gestión de las reclamaciones, basado el Foro Europeo de Reclamaciones, su traducción y su seguimiento para garantizar que la red opera eficientemente, la exigencia, bien para el centro de intercambio de información bien para la autoridad nacional, de alcanzar acuerdos prácticos con los ARDs nacionales para asegurar una buena cooperación y la necesidad de evaluar el cumplimiento de los principios contenidos en la recomendación de la Comisión. 
La cooperación en la red está prevista a través de reuniones periódicas, el desarrollo de estrategias y la continua revisión de la red para asegurar una mejora constante. 
También forman parte del plan unos métodos para la recopilación de datos sobre el rendimiento de la red, para que sean evaluados y se identifiquen problemas específicos en materia de consumo. 
El grupo de expertos de los Estados miembros se reúne mañana para ultimar los detalles. 
También se ha acordado de forma provisional que la red debiera ser operativa el 16 de octubre de este año. Esto coincide con el lanzamiento en Bélgica de la Euroventanilla, que hará las funciones del centro de intercambio de información, y con la Asamblea General anual de las Asociaciones de Consumidores que se celebrará el 18 y 19 de octubre. 
Considero que la Red EJE es una prioridad. 
Es un elemento esencial de una serie de iniciativas que se está siendo actualmente desarrollada por la Comisión con el fin de generar la confianza que permita a los consumidores participar activamente y beneficiarse plenamente del mercado interior. 
También será importante para las empresas al facilitarse un mayor comercio transfronterizo, en especial, desde luego, para las PYMEs. 
Establecerá el marco real que permitirá que el potencial de las ARDs para solucionar disputas transfronterizas sea plenamente explotado. 
La naturaleza orgánica de este marco permitirá que sea suficientemente flexible y adaptable a los nuevos retos y sea sometido a una constante revisión para garantizar la provisión de un mecanismo eficaz para todos los ciudadanos y para el eficiente funcionamiento del mercado interior. 
Señor Presidente, quisiera oír los comentarios del Comisario en relación con las enmiendas. 
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(EN) Señor Presidente, estas son unas enmiendas al excelente texto presentado por la ponente. 
Tal y como están, no tengo objeción a las mismas, en especial a la primera de ellas que identifica la necesidad de tener acceso a personal con cualificación jurídica. Esto es deseable y se incluye en nuestra propuesta. 
Las demás me parecen perfectamente razonables. 
Por ejemplo, la enmienda nº 3 hace referencia a la participación de los países de la AEE. 
Algunos de ellos ya están involucrados y deseamos que se añadan más países, incluyendo a los países candidatos. 
Por consiguiente, la Comisión concede todo su apoyo a esta cuestión. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Organización común de los mercados en el sector de las frutas y de las verduras 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la Organización común de los mercados en el sector de las frutas y de las verduras. 
Tiene la palabra el Sr. Byrne, en nombre de la Comisión. 
. 
(EN) Señor Presidente, la Comisión quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo por la resolución presentada acerca del informe de la Comisión sobre el funcionamiento de la organización común de mercados en el sector de la fruta y las verduras. 
Esta resolución contiene una serie de comentarios muy inteligentes y la Comisión ha tomado cuidadosamente nota de los mismos. 
Como ustedes saben, la intención de este informe ha sido servir de plataforma para un amplio debate entre los Estados miembros, el Parlamento Europeo y el sector. 
Desde enero el informe ha estado incluido en la agenda de los grupos de trabajo del Consejo y de las reuniones de la CEC y ha sido debatido durante el último Consejo. 
La Comisión está tomando buena nota de todas las opiniones y posiciones y actualmente está estudiando y evaluando de forma activa los aspectos relacionados con el informe y con el futuro del sector y su OCM. 
En este contexto, la Comisión saluda las reflexiones planteadas en la resolución del Parlamento. 
En especial apoya los objetivos de aumentar la concentración de la oferta a través de las organizaciones de productores, que reducen los problemas vinculados a los programas operativos y mejoran la regulación general del mercado. 
La Comisión quiere asegurar al Parlamento que es plenamente consciente de la necesidad de continuar trabajando urgentemente en varios aspectos de este informe y de su actual resolución. 
Cuando se haya completado este proceso de evaluación, la Comisión tiene la intención de presentar propuestas para mejorar la OCM allí donde sea pertinente. 
En resumen, la Comisión agradece, de nuevo, al Parlamento esta resolución. 
Estamos en disposición de mantener todos los contactos necesarios entre nuestros servicios y el Parlamento y deseamos debatir y cooperar plenamente por el futuro de la OCM en el sector de la fruta y las verduras. 
Quiero, en primer lugar, agradecerle a la Comisión esta breve declaración que ha hecho. 
Siento que no esté aquí el Comisario responsable, pero le agradezco mucho, señor Byrne, su presencia hoy entre nosotros. 
Pero tengo que lamentar que se haya limitado a hacer una mera declaración de buenas intenciones y a dar las gracias al Parlamento, sin haber llegado a describir los problemas ni a proponernos unas posibles soluciones. 
Hace un año que el Consejo pidió a la Comisión que realizara un análisis específico de la situación del sector de frutas y hortalizas- que en este momento es el que tiene más problemas- en el marco del informe sobre el funcionamiento de la OCM de frutas y hortalizas. 
Para evitar la ruptura de los apoyos al mismo se aprobó, además, una prórroga de los planes de mejora que vencían el año 2000. Actualmente nos encontramos con que en el año 2001 finaliza esta prórroga y la situación está creando una gran incertidumbre en el sector, con el peligro de abandono de las plantaciones, a pesar de los logros que se han obtenido con los planes de mejora. 
Este problema necesita una decisión, que sea de aplicación inmediata, con la puesta en marcha de unos mecanismos de apoyo que sustituyan a los actuales planes de mejora a medida que vayan finalizando. 
El sector de frutos de cáscara tiene una gran importancia desde el punto de vista social y medioambiental en la Unión Europea, en los países meridionales (España, Italia, Grecia, Portugal y Francia) , porque existen muchas pequeñas plantaciones que crean gran cantidad de puestos de trabajo y que, además, tienen un papel medioambiental importante e inmediato. 
El Parlamento se ha pronunciado a favor de la búsqueda de una solución definitiva para este sector, dentro del marco de la OCM de frutas y hortalizas. 
Es necesario ahora, señor Comisario, que por parte de la Presidencia y de la Comisión se aceleren los trabajos para buscar una solución definitiva para el sector de los frutos de cáscara en la Unión Europea dentro del marco de la OCM de frutas y hortalizas y, hasta entonces, que se prorroguen los planes de mejora. 
Respecto al resto de los problemas que tiene esta OCM y a los que hace referencia el informe que ha habido, creo que es necesario apoyar a las organizaciones de productores y potenciar los instrumentos que la OCM pone en sus manos, y muy especialmente los fondos operativos. 
También es deseable estimular las asociaciones y las fusiones de las organizaciones de productores y que los fondos operativos constituidos por las organizaciones de productores fusionadas- o las acciones que realicen en común varias organizaciones- se financien al 70% en lugar de al 50% como se hace actualmente. 
Así se les daría el mismo tratamiento que la actual normativa concede a las acciones emprendidas dentro de la cadena interprofesional o entre organizaciones transaccionales. 
Considero también que es necesario revisar la normativa establecida, de manera que puedan compatibilizarse las posibilidades de financiación con fondos operativos o por el desarrollo rural, con la única limitación de que se establezcan los mecanismos de control adecuados para garantizar que no se produzca una doble financiación. Esto está creando distorsiones dentro de la financiación del sector. 
Finalmente, también habría que analizar con mayor profundidad otros aspectos, como la regulación de cítricos, las medidas para productos específicos afectados por la competencia internacional y la regularización de los intercambios con terceros países. 
En grandes líneas, estas son las preocupaciones que, desde el punto de vista del Grupo del Partido Popular Europeo y desde el punto de vista de un país del Sur, tenemos respecto a la OCM. 
Muchas gracias, señor Comisario, por estar con nosotros. 
Señor Comisario, una vez más el informe presentado por la Comisión Europea que hace referencia al funcionamiento de la organización común del mercado de frutas y hortalizas, con vistas a una futura reforma, defrauda. 
Y no solamente defrauda al Parlamento, pues no recoge casi ninguna de las recomendaciones de las peticiones expresadas en la Resolución de 26 de octubre de 2000, sino a todo el sector productor. 
No recoge el trabajo y las sugerencias de la Comisión de Agricultura y del propio Parlamento, a pesar de que el Sr. Comisario Franz Fischler declaró, en su día, que se tendrían en cuenta. 
Es incompleto: no presenta soluciones concretas ni hace un análisis exhaustivo de la situación; no se le ha dedicado tiempo ni esfuerzo y, una vez más, genera decepción. 
No hay soluciones sobre la mesa para un sector que en algunos territorios de la Unión Europea produce el 25 % del producto final agrario y genera más empleo que ningún otro. 
¿Sabe usted, Sr. Comisario, que de cada 6 euros que percibe un productor de frutas y hortalizas en el sur de Europa, sólo 0,012 proceden de la Unión Europea? 
¿Cree usted que esto se puede catalogar como una verdadera organización común de mercado, como un auténtico régimen de ayuda? 
¿Conoce la Comisión la capacidad de absorber empleo que tiene este sector, fundamentalmente de mano de obra procedente del Magreb, y sabe que, por otro lado, este sector se ve más afectado que ningún otro por la liberalización de los intercambios con los países de donde proceden estos trabajadores? 
¿No cree usted que si absorbe mucha mano de obra (en territorios objetivo 1) , deberíamos tenerlo en cuenta y apoyarlo decididamente, en lugar de seguir dejando todo el peso sobre los hombros de los agricultores? 
Señor Comisario, realicen las reformas necesarias que consigan apoyar definitivamente y sin ambigüedades a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Presten un apoyo real que no ha existido hasta ahora y que les permita incrementar, no la producción, sino los ya altos niveles de calidad y seguridad alimentarias, así como solventar los problemas medioambientales que sufre. 
Faciliten con la propuesta de reforma la concentración de la oferta frente a los monopolios de la distribución, operadores que dominan el mercado imponiendo precios y condiciones. 
Propongan soluciones que pongan fin a los problemas vinculados a los programas y fondos operativos, el exceso de burocracia y los problemas negativos que generan acuerdos comerciales con terceros países. 
Señor Comisario, ¿cuántas veces vamos a tener que repetir desde el Parlamento que el sector de frutos secos necesita una solución definitiva y pedir que, hasta que se plasme la reforma de la organización común de mercado en forma de ayuda a la hectárea, se prorroguen los planes de mejora en el sector de frutos de cáscara, fundamentales para mantener la vida rural en territorios muy desfavorecidos que no tienen alternativas reales? 
Señor Comisario, no le facilitemos tanto las cosas a Estados Unidos o a Turquía o a China. 
Protejamos a nuestros agricultores y a sus frutos secos, al menos como éstos hacen con los suyos. 
Durante meses la incertidumbre se ha instalado en el sector productor. 
En Andalucía se han coreado eslóganes, como "No cambiaremos peces por tomates", en alusión a las concesiones agrarias a los productores del Magreb durante la negociación pesquera. 
La Comisión ya ha conseguido que no tengamos peces y ahora va en camino de que tampoco tengamos tomates. 
Señor Presidente, en la conferencia de prensa tras el último Consejo de Ministros de Agricultura, el Comisario, Sr. Fischler, manifestó que no formularía propuestas sobre el sector de frutos secos porque estaba esperando la opinión del Parlamento sobre su informe acerca del funcionamiento de la OCM de frutas y hortalizas. 
Dejando de lado el hecho de que la cuestión de los frutos secos ha figurado en tres resoluciones de este Parlamento a lo largo del último año y de que el informe de la Comisión se dirigía al Consejo y no a este Parlamento, es conveniente detenerse en los antecedentes sobre la cuestión de las frutas y hortalizas. 
Hace más de cinco años que se realizó una reforma radical de la OCM de frutas y hortalizas. 
Lamentablemente, el tiempo ha puesto de manifiesto que no se ha alcanzado el nivel de agrupación de la oferta que se esperaba y algunas otras cuestiones que limitan seriamente la eficacia de las medidas que se pusieron en marcha en dicha reforma. 
En el mes de octubre del año pasado este Parlamento adoptó un informe en el que se ponía de manifiesto que sólo un 40% de la producción se comercializa a través de organizaciones de productores. 
Dado que los principales instrumentos de la OCM de frutas y hortalizas se basan en las organizaciones de productores, cabe concluir- y así lo hizo esta Asamblea- que nos encontramos ante una semi-OCM. 
En consecuencia, en aquel entonces presentamos una serie de enmiendas destinadas a mejorar la eficacia de la OCM y, entre ellas, enmiendas para resolver los problemas de los frutos secos. 
En aquel debate el Comisario, Sr. Fischler, manifestó que, aunque veía con simpatía un buen número de enmiendas, éstas excedían el ámbito de la propuesta formulada por la Comisión. 
También manifestó que, dado que debía presentar un informe unos meses más tarde, la Comisión formularía propuestas en este sentido. 
La Comisión presentó en enero un informe sobre el funcionamiento de la OCM de frutas y hortalizas pero, lamentablemente, no lo ha acompañado de propuestas. 
El informe en cuestión es esencialmente descriptivo. En él se aportan algunas informaciones muy interesantes que, en general, coinciden con las que se enunciaban en nuestro informe de octubre pasado. 
La diferencia entre ambos informes reside en que el informe de la Comisión se queda en lo descriptivo, mientras que el del Parlamento Europeo formulaba valoraciones y propuestas. 
Se plantean, pues, dos problemas. 
El primero es el procedimiento que debe seguirse tras la presentación del informe de la Comisión, y el segundo, el método para resolver con la mayor rapidez posible los problemas que afectan al sector. 
En cuanto al procedimiento, el problema reside en la ausencia de análisis y valoraciones en el informe de la Comisión. 
La Comisión expone que sólo el 40% de la producción se comercializa a través de organizaciones de productores, pero no valora si esto es mucho o poco, no analiza los efectos de este hecho sobre la eficacia de la OCM, ni valora la conveniencia de formular propuestas. 
No tiene sentido que el Parlamento presente un informe sobre datos estadísticos que se suponen bien fundados. 
Cabría hacer un informe para discutir valoraciones y propuestas, pero el informe de la Comisión no lo permite y, además, el Parlamento Europeo ya las había formulado en octubre pasado. 
El sector de las frutas y hortalizas, desde hace tiempo, está aquejado de una serie de problemas que es necesario resolver con la mayor rapidez: La OCM de frutas y hortalizas tiene un presupuesto muy inferior a su importancia como actividad económica; la reglamentación impide utilizar eficazmente los créditos a disposición de la OCM de frutas y hortalizas; las rentas de los productores están sufriendo los efectos de las perturbaciones de mercado creadas por el progresivo deterioro de la preferencia comunitaria y el incesante aumento de los costes de producción. 
Por ello, es necesario evaluar y compensar el impacto de la conclusión de acuerdos comerciales con terceros países. 
Es necesario estimular la agrupación de la oferta de las agrupaciones de productores. 
Todas estas cuestiones y alguna más- como las relativas a los problemas ligados a los fondos y programas de operaciones- ya figuran en el informe que aprobamos en el Parlamento en octubre pasado, y la urgencia de la resolución de estos problemas exige que la Comisión presente propuestas en el sentido definido por el informe que adoptamos. 
En este momento, para dar una respuesta a las legítimas preocupaciones de los productores comunitarios de frutas y hortalizas, el Parlamento debe reclamar a la Comisión la presentación de propuestas sobre las que nos pronunciaremos en su momento. 
No quiero finalizar sin hacer una breve mención de los frutos secos, porque mis compañeros han insistido básicamente en este problema. 
Si hay alguna urgencia, dentro de las urgencias de la OCM de frutas y hortalizas, ésta es la resolución del problema de los frutos secos. 
El Parlamento en octubre también formuló propuestas definitivas en este sentido para resolver los problemas. 
Me resulta, por lo tanto, inconcebible que el Sr. Comisario hiciera referencia a su desconocimiento de las propuestas que reiteradamente viene realizando el Parlamento a tal respecto. 
Es prioritario dar una solución definitiva a este sector y, hasta el momento en que la Comisión presente unas propuestas que sí ha presentado el Parlamento, se deben prorrogar las medidas que están en vigor actualmente. 
Señor Presidente, quisiera decirle a la Comisión que, de nuevo, nos encontramos con un problema que se refiere a la agricultura mediterránea; un problema agrícola- frutas y hortalizas- en el que está directamente implicada la producción del Mediterráneo, especialmente. 
Y yo quisiera señalar a la atención de la Comisión que esto sucede con demasiada frecuencia. 
Se lo digo al Comisario presente, pero de manera especial para que lo transmita al Sr. Fischler. 
Continuamente tenemos dificultades con producciones del sur de Europa, con producciones mediterráneas, y esto no es por casualidad, y merece una llamada de atención del Parlamento porque, comparativamente, se tratan mucho peor estos problemas que los de la agricultura del norte. 
Asimismo, la Comisión debe comprender que para el Parlamento Europeo es enojoso tener que insistir en asuntos que, según las palabras de la propia Comisión, ya tendrían que estar resueltos. 
Así consta en los vistos que encabezan la propuesta de resolución que presentamos con motivo de esta pregunta oral. 
En el considerando A, se aprecia que el Parlamento Europeo afirma que existe una gran coincidencia por parte de la Comisión y del Consejo pero, sin embargo, después, creemos que los hechos no responden a ello. 
Igualmente, existía un compromiso de la Comisión para resolver esta serie de problemas derivados de la última reforma de frutas y hortalizas. 
Tampoco eso ha tenido eco. 
En el considerando C, por ejemplo, se afirma que, una y otra vez, la Comisión nos dice que es consciente de esos problemas pero, sin embargo, la Comisión no es consecuente, porque no traduce en hechos sus proyectos y aún no ha presentado la propuesta legislativa correspondiente. 
Por tanto, esta propuesta de resolución pide que la Comisión presente propuestas para mejorar el funcionamiento de la organización común de mercados en esta materia, frutas y hortalizas, y sobre todo en lo que se refiere a la reorganización de las organizaciones de productores y en lo que se refiere a los frutos secos. 
Señor Comisario, tiene usted que ser consciente de que las únicas ayudas a las que la Agenda 2000 no ha dado continuidad han sido las destinadas a los frutos secos. 
Señor Presidente, usted sabe como yo que las carreteras de España han estado bloqueadas, y la Comisión no puede ser ajena a este problema, porque es un sector que está pagando las consecuencias de una violación del principio de preferencia comunitaria y una política de comercialización nefasta. 
Ruego que se dé respuesta a las necesidades de este sector. 
Señor Presidente, señores Comisarios, en primer lugar quisiera saludar a los Comisarios presentes y recordar a la Comisión aquí representada que lo que ha sucedido con el sector de las frutas y hortalizas es verdaderamente inadmisible. 
Hoy día, tenemos en Europa como dos tipos de agricultura: el primero, sumamente subvencionado, depende de los apoyos de la PAC y el otro depende del mercado y de los riesgos que los agricultores tienen que correr en dicho mercado. 
Por desgracia, el sector de las frutas y hortalizas y muy en particular de los frutos secos están incluidos en este segundo grupo de productos, que son como los hijastros de la PAC que deben vivir del mercado, deben correr riesgos en el mercado, con todas las incertidumbres que acompañan la agricultura. 
La Política Agraria Común no ha dado respuestas adecuadas a esa problemática. 
Y los frutos secos, como sabe el Comisario, son una producción de las zonas del sur de Europa, de zonas muy áridas y semiáridas en las que a veces hay pocas opciones substitutivas, muchas veces en agricultura de secano. 
Y ni siquiera se puede recurrir al argumento de que es una agricultura intensiva y enemiga del medio ambiente, sino al contrario. 
Lo que hemos comprobado es que ese sector ha estado en el más completo abandono durante todos estos años y ahora corremos el riesgo de entrar en el vacío legislativo, porque la Comisión- sin que sepamos por qué- ha decidido no presentar propuestas. 
Resulta verdaderamente lamentable que así haya sido, por lo que esta propuesta de resolución que hoy presentamos aquí en el Parlamento va destinada a hacer que la Comisión tome conciencia de esa laguna, de ese vacío, y presente propuestas adecuadas para el sector de las frutas y hortalizas. 
En ese marco, hay tres situaciones que me parece fundamental considerar: la primera es la necesidad de dar respuestas, de legislar sobre los fondos operativos para las organizaciones de productores. 
Y es evidente, como han dicho aquí mi colega Ayuso González y otros, es fundamental, que la cofinanciación pase a ser del 70%. 
Es fundamental que los apoyos al funcionamiento de los fondos operativos sean eficaces. 
En segundo lugar, es necesario tener conciencia de que no basta con instituir los fondos operativos como instrumento principal de política agraria para el sector, porque hay muchas regiones, como España y Portugal, en las que casi no existen organizaciones de productores, en las que ni siquiera el 10% de la producción está incluida en ellas. 
Tenemos que pensar en medidas que den respuesta a los productores de esas zonas y sería injusto e inaceptable marginarlos porque no haya organizaciones de productores. 
En tercer lugar, señor Comisario, va siendo hora de que establezcamos medidas de apoyo permanente a los productores de frutos secos. 
¿Por qué no pensar en ayudas directas? 
Si casi todos los sectores las tienen, ¿por qué no ha de tener apoyos este sector, tan pobre y tan marginal en Europa? 
Espero que la Comisión presente rápidamente las propuestas que ahora pedimos. 
Señor Presidente, la propuesta de resolución relativa a la Organización Común del Mercado de frutas y hortalizas, muy especialmente en lo que atañe a los frutos secos y a los frutos de cáscara, llega en el momento más oportuno y la apoyamos con todas nuestras fuerzas. 
La coyuntura es tal que el frágil equilibrio de la competencia se ha alterado peligrosamente para los productores comunitarios del sector; de suerte que, si no queremos vernos abocados al desastre, se hace necesaria la reacción inmediata de la Comisión. 
A nadie aquí se le escapa la importancia del sector; los colegas que me han precedido la han descrito con tintes dramáticos. 
La realidad, la coyuntura, señor Presidente, a la que me he referido, es la siguiente, en lo que se refiere a nuestros productos: 
La devaluación de la moneda turca, como es sabido, por una parte, y la singularmente agresiva política de otros países productores, como los Estados Unidos, por otra, han colocado la producción comunitaria en una situación extremadamente difícil. 
¿Qué proponemos para ayudar a la Comisión? 
Mantener los programas y las ayudas que expiran y brindar apoyo urgente y eficaz a los productores comunitarios; encontrar formas de apoyo a los productores, especialmente en esta coyuntura. 
Quiero igualmente señalar, como han hecho ya otros colegas, que los productores de estos productos, y especialmente los de frutos secos y frutos de cáscara, son pequeños productores pobres, y, fundamentalmente, productores de países mediterráneos. 
Sus organizaciones no son satisfactorias en cuanto a la concentración del producto y a las posibilidades de competir con sus propios medios en un mercado, como ya he mencionado, tan difícil. 
Deseamos, pues, que, junto con todo lo demás, se preste particular atención al asunto de las organizaciones de productores y se encuentren formas de ayuda, al objeto de que ellos mismos se organicen eficazmente para abordar el problema. 
Insisto, pues, yo también. Votamos a favor de esta propuesta de resolución y esperamos que la Comisión de respuesta a la angustia que sentimos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, sabida es la importancia económica, social y estratégica del sector de las frutas y hortalizas, sobre todo para los países del Sur, incluido Portugal, por lo que es fundamental que la Comisión prepare una reforma de la Organización Común del Mercado en ese sector, dado que la última data de 1996. 
Es esencial que la Comisión corrija los aspectos más negativos, incluido lo relativo a los frutos secos, su pariente pobre, y aumente los límites de la ayuda a los fondos operativos para las organizaciones de productores. 
No es justo que un sector como el de las frutas y hortalizas, que representa casi el 16% de la producción agrícola final, siga recibiendo sólo el 4% de la ayuda comunitaria, cuando es uno de los sectores que más empleo crea en la Unión Europea. 
Así, pues, es necesario que la Comisión tenga en cuenta las propuestas presentadas el año pasado en el informe Jové Peres y aprobadas por este Parlamento, en particular en cuanto al aumento de los umbrales de producción y de los apoyos respectivos, de una mayor cofinanciación del fondo operativo de las organizaciones de productores y del mantenimiento del precio mínimo para garantizar el mantenimiento de ese importante sector agrícola, que sufre también la presión de las importaciones resultantes de los acuerdos bilaterales, en que, en diversas ocasiones, ha sido utilizado como moneda de cambio sin que se tuvieran en cuenta los intereses de los países del Sur ni la importancia que tiene para el empleo y el desarrollo de sus países. 
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(EN) Señor Presidente, varios diputados han planteado la cuestión de por qué la Comisión no ha presentado alguna propuesta relativa al informe. 
La Comisión continúa en el proceso de recopilar opiniones y comentarios. 
No obstante, como he mencionado anteriormente, los servicios de la Comisión ya han empezado hace algún tiempo el proceso de evaluación de esas opiniones. 
Los comentarios del Parlamento, desde luego, están incluidos en esa evaluación. 
Es demasiado pronto para decir cuándo van a poder presentarse las posibles propuestas y soluciones. 
La Comisión no puede anticipar el calendario de los pasos que vayan a darse en el futuro. 
Hay muchos factores implicados, incluyendo aspectos presupuestarios y la necesidad de armonizar las futuras políticas entre los sectores del mercado. 
Sin embargo, les puedo asegurar de nuevo que los servicios de la Comisión consideran este asunto como prioritario. 
Confiamos en poder avanzar tan pronto como sea posible hasta una situación en la que puedan mantenerse unos debates en profundidad con todas las partes interesadas en el sector de la fruta y las verduras. 
En relación con la cuestión de si la Comisión va a proponer una solución a largo plazo para los frutos secos, la Comisión es consciente de la situación del sector de los frutos secos y de las opiniones de todas las partes interesadas. 
En este contexto, la Comisión se encuentra en el proceso de evaluar si se va a poder disponer de más ayuda y en qué medida. 
Este proceso de evaluación está teniendo lugar en el más amplio contexto del informe. 
En cualquier caso, cualquier ayuda futura solo sería prevista si estuviese vinculada a la reconversión. 
No obstante, la política de extender el parón de un año de los planes de mejora para los frutos secos no le parece a la Comisión un modo apropiado de tratar este tema. 
Los ajustes más necesarios a la reforma de 1996 se aseguraron, de hecho, con la aprobación el pasado año del Reglamento 2699/2000. 
Con este reglamento simplificamos y mejoramos los sistemas de financiación de los fondos operativos, para tomates procesados, melocotones, peras y cítricos y también abordamos la cuestión de las restituciones a la exportación. 
Por último, una serie de diputados ha realizado algunas preguntas técnicas relacionadas con los diferentes mecanismos de la organización común de mercados de la fruta y las verduras, y confío en que comprendan que, desde luego, esto no entra en mis obligaciones diarias. 
Preferiría dejar estas cuestiones a mi colega Franz Fischler. 
Al Comisario Fischler no le ha sido posible estar aquí esta noche, pero me ha informado de que estará encantado de discutir estos asuntos con ustedes en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural a la primera oportunidad. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
He recibido una propuesta de resolución común, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) : Transporte aéreo y medio ambiente 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) : Transporte aéreo y medio ambiente. 
Tiene la palabra la Sra. de Palacio, en nombre de la Comisión. 
. Señor Presidente, Señorías, la Comunicación de la Comisión del pasado mes de diciembre, relativa a los objetivos comunitarios para la 33ª Asamblea de OACI constituye- como no podía ser menos- el marco de referencia para preparar y evaluar los resultados que se obtengan en dicha 33ª Asamblea, tanto en lo que se refiere a la reducción del ruido, de la emisión sonora por parte de los aviones, como en cuanto a la reducción de emisiones de gases. 
Quiero decir que el Consejo de Transportes del mes de abril pasado tuvo a bien apoyar esta estrategia propuesta por la Comisión. 
Esta comunicación es muy explícita en lo que se refiere a la consecución de acuerdos en el ámbito de la OACI, tanto en lo relativo a la reducción de ruido de los aviones como en las medidas de reducción de gases que propician el efecto invernadero, así como la limitación de operaciones de aviones que sólo respondan marginalmente a las normas acústicas del capítulo 3, y que son los que contribuyen de manera más importante al ruido en los aeropuertos. 
La conclusión de un acuerdo con motivo de esta asamblea, con una resolución que permita a los países contratantes cumplir de una manera más fácil o más cómoda sus obligaciones en materia de reducción de gases de efecto invernadero es también parte de nuestros objetivos. 
Señorías, hay un aspecto que ya podemos decir que, previsiblemente, va a tener un buen resultado en la Asamblea OACI. 
Estoy hablando, evidentemente, de un acuerdo sobre la constitución del nuevo capítulo 4, con una reducción de 10 decibelios respecto a las emisiones máximas autorizadas en los capítulos anteriores. 
En ese sentido, además, el Consejo de la OACI ha adoptado reglas que garanticen un rigor en cuanto a la recertificación de aviones y, por lo tanto, para evitar la situación actual en los aviones recertificados o reclasificados, que han pasado del capítulo 2 al capítulo 3 y que están en el origen de toda nuestra controversia con Estados Unidos. 
Además, las preparaciones por parte de la Asamblea OACI pretenden asegurar que los países contratantes tengan la flexibilidad necesaria para poner en marcha aquellos instrumentos que permitan- según el lenguaje de la OACI- una respuesta equilibrada a la gestión de los ruidos. 
Esta gestión equilibrada se basa en cuatro elementos: En primer lugar, medidas en cuanto a la reducción de ruidos en el origen. 
En segundo lugar, reglas en cuanto a la ocupación del terreno. 
En tercer lugar, procedimientos llamados de menor ruido, que permiten a los pilotos limitar el ruido en los momentos de despegue y aterrizaje. 
Y, por último, medidas que pretenden limitar las operaciones de los aviones del capítulo 3 que resulten más ruidosas. 
Es, sobre todo, este último punto, el que- como sus Señorías saben- plantea más dificultades en nuestras discusiones con Estados Unidos. 
Para facilitar un acuerdo en el ámbito de la OACI sobre este punto, estamos desarrollando paralelamente discusiones con Estados Unidos y con los países en vías de desarrollo. 
Hay que señalar que ni la OACI ni, desde luego, los Estados Unidos pueden ignorar el problema que plantea para muchos aeropuertos en regiones de alta densidad de población el ruido emitido por los aviones. 
En este contexto, constatamos que en algunos grandes aeropuertos, ese tipo de perturbaciones sonoras están alcanzando límites realmente críticos y que, por lo tanto, es absolutamente urgente introducir medidas que pongan remedio a esta situación y que permitan seguir manteniendo operativos estos aeropuertos. 
Para otros, sin embargo, el problema de los ruidos es mucho menos importante. 
Por ello, habría que considerar unas decisiones- en ello estamos trabajando- en las que haya un cierto margen de apreciación aeropuerto por aeropuerto. 
Cuestión que, además, es un elemento que nos va a facilitar llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. 
Sin embargo, existe un cierto riesgo respecto a unos planteamientos diferentes en cuanto a la limitación de la operatividad de aviones del capítulo 3- más ruidosos- que pueden provocar distorsiones de la competencia entre distintos aeropuertos. 
En ese sentido, y para evitar una explosión de la situación comunitaria, la intención es negociar con Estados Unidos y, desde luego, en el ámbito de la OACI, que se pueda encuadrar esa decisión individual de cada aeropuerto en un marco general que establezca distintos niveles de restricciones operativas en función de especiales sensibilidades. 
En cualquier caso, me comprometo una vez más, junto a los servicios de la Comisión, a mantener un diálogo abierto durante todos estos meses con sus Señorías y espero que al final obtengamos un acuerdo en el ámbito de la OACI que nos permita garantizar la solución de esta cuestión de los aeropuertos y los aviones más ruidosos y, a la vez, evitar cualquier tipo de confrontación con Estados Unidos, que no beneficiaría a nadie. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, quisiera ante todo felicitar a la Vicepresidenta Sra. de Palacio por la iniciativa de asistir a la sesión plenaria del parlamento al objeto de exponernos la estrategia de la Comisión y, naturalmente, la situación propiamente dicha en lo que respecta a la 33ª Asamblea de la OACI, que se celebrará en septiembre. 
Se trata de un asunto que ya nos ocupó la semana pasada, en la reunión de nuestra comisión; un asunto que viene siendo objeto de atención del Parlamento Europeo desde hace mucho tiempo, y nuestra comisión tenía intención, precisamente, de dirigir una pregunta oral a la Comisaria. 
Por esta razón, nos alegramos de que haya sido de la propia Comisaria la iniciativa de venir a hablar al Parlamento para aclarar los puntos de vista de la Comisión. 
Este asunto es de vital importancia para los electores que nos han enviado aquí. 
Por el medio ambiente, por nuestra calidad de vida, tenemos que reducir los ruidos que emiten los aviones; mucho más cuando el tráfico aéreo no deja de aumentar y la situación empeora año tras año. 
Hay algunos avances a los que se ha referido la Comisaria, y sobre los que no quisiera volver. 
Quisiera decir que, personalmente, albergo la esperanza contenida de que estos avances puedan conducirnos a un resultado positivo. 
Debemos, sin embargo, acudir con resolución, y mostrar que Europa es un igual, un interlocutor en pie de igualdad con los Estados Unidos. 
Somos amigos y queremos seguir siendo amigos, pero también ellos han de comprender que tienen enfrente a un igual, a un interlocutor que quiere resolver el problema del mejor modo posible y acordar normas que empiecen a aplicarse lo antes posible. 
Y, en este sentido, espero que los Estados Unidos hablen con una sola voz, y no con varias, como ocurría hasta ahora. 
Y hay algo más que debemos aclarar. 
Estamos aquí, pues, para debatir. 
Espero que ellos compartan esta concepción; de lo contrario, estamos, de hecho, condenados a avanzar unilateralmente, como Parlamento Europeo, en la adopción de las medidas que ya ha adoptado el Parlamento Europeo. 
La 33ª Asamblea de OACI es una oportunidad que debemos aprovechar; una oportunidad que no debemos desperdiciar. 
Por nuestra parte, quisiera decir que el Parlamento Europeo- y creo que expreso el sentir de la gran mayoría de sus miembros en estos momentos- confía en la Comisaria Sra. de Palacio como negociadora por parte de la Unión Europea; y espero y deseo que en la Conferencia de septiembre alcancemos por fin resultados que conduzcan a una solución estable y definitiva de la cuestión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en cualquier caso quisiera agradecerle la exposición realizada en la sesión plenaria, aunque creo que había más gente en la Comisión de Transporte que en esta sesión plenaria pero también cuenta la intención. 
En realidad tengo algunas preguntas. 
El capítulo 4 es adecuado, menos 10 db: formidable. 
Al parecer, la recertificación o la reclasificación de los aviones está regulada. 
Si la he entendido bien, no será posible que en el futuro nos encontremos de nuevo con un caso como el acontecido, con un cambio del capítulo 2 al 3. 
Si lo he entendido bien, esta situación queda descartada. Esto es positivo. 
En cualquier caso, lo que se debe lograr es que la situación no empeore en ningún lugar. 
La situación no debe empeorar en ningún aeropuerto con respecto a la situación actual. 
Por lo tanto, se debe mejorar rápidamente la situación de una serie de aeropuertos en el menor plazo posible- y usted misma ha afirmado que se van a analizar los puntos conflictivos de cada aeropuerto. 
Sin embargo, mi pregunta consiste en si los acuerdos a los que se ha llegado en torno a la clasificación de aeropuertos tienen carácter mundial. 
¿Quién establece las normas? 
¿Tenemos alguna influencia en este sentido como Unión Europea? 
¿Podemos aplicar una normativa más estricta? 
¿Cómo se va a llevar a cabo? 
¿Qué pasará con la competencia entre aeropuertos? 
En su momento, cuando debatimos el informe de la señora Lucas, dijimos que éste era uno de los puntos importantes. 
No se puede plantear la competencia entre aeropuertos a espaldas de los vecinos y del medio ambiente. 
¿Sabe ya cómo lo vamos a solucionar en la Unión? 
¿Cuál va a ser el papel de las autoridades locales? 
Usted ha afirmado que se hará a través de la ocupación del terreno pero se trata de una competencia típicamente local. 
¿Cómo piensa regularlo? 
Estas son algunas de las preguntas que me planteo. 
El siguiente punto es el referido a la supresión progresiva. 
Si lo he entendido bien, aún no hemos solucionado esta cuestión. Y la clasificación de los aeropuertos debe servir para solucionar este problema en parte. 
Si no se va a producir ninguna supresión progresiva y si los aviones del capítulo 3 va a continuar volando hasta que sean retirados del servicio, si me permite expresarlo de este modo, ¿no nos vamos demasiado lejos en el tiempo? 
¿No deberíamos demostrar un poco más de ambición y acelerar la salida al mercado de los aviones más modernos? 
¿Cuál es la situación actual en torno a un método de medición uniforme para el ruido? 
Es urgente que tanto los americanos como nosotros efectuemos las mediciones del mismo modo y que la huella sonora se determine de forma similar en todas partes. 
También tendría una pregunta en torno a la contaminación ambiental. Apenas se ha referido a este aspecto. 
¿Qué se dice en el informe en relación con la contaminación ambiental? 
Y por último: ¿Qué pasa con la directiva relativa a los hushkits? 
¿Va a desaparecer? 
¿Va a proponer su supresión? 
¿La vamos a mantener como tal? 
¿Han dicho algo los americanos al respecto? 
¿Forma parte del paquete o no? 
Aún tengo algunas preguntas pero creo que estamos en el camino adecuado. 
Espero, en cualquier caso, que podamos llegar a una solución en septiembre. 
Señor Presidente, saludo la declaración de la Comisaria. 
Creo que todos estaremos de acuerdo en que la próxima reunión de la asamblea general de la OACI va a ser fundamental en lo que concierne a la aviación y al medio ambiente. 
Como ha dicho el Sr. Sterckx, el pasado año yo fui el ponente de la respuesta del Parlamento a las propuestas de la Comisión sobre el transporte aéreo y el medio ambiente. 
Ustedes recordarán que el Parlamento puso gran énfasis en la necesidad de que esta reunión de la OACI arrojase un resultado positivo. 
Manifestamos, críticamente, que si la OACI no concede lo que requerimos, entonces la Unión Europea se vería abocada a considerar seriamente la adopción de unas medidas complementarias propias que garantizasen que las cuestiones medioambientales sean más adecuadamente integradas en la industria de la aviación. 
Recordemos dos puntos fundamentales en el contexto de aquellos debates. 
En primer lugar, el transporte aéreo está creciendo a una tasa descomunal, con una cifra global de pasajeros que va a doblarse en un periodo de tiempo menor de 20 años. 
En segundo lugar, la actual política marco subvenciona artificialmente la aviación y por tanto estimula aun más su crecimiento. 
Al combustible para la aviación no se le imponen impuestos, no está sujeto al IVA y no está cubierto por el Protocolo de Kyoto. 
De modo que ¿qué es lo que el Parlamento espera de esta reunión de la OACI? 
En cuanto a la reducción de ruidos: en las reuniones del grupo de trabajo de Cape, celebradas durante las últimas semanas y meses, la UE ha propuesto la retirada progresiva de los aviones del Capítulo 3 y la mejora del Capítulo 4. 
Esta es una exigencia mínima: intentar alcanzar el objetivo de una reducción del ruido, en el mejor de los casos, de- 14 dBA y, como mínimo una reducción de- 10 dBA en la fuente de origen. 
Si la OACI no es capaz de hacer esto, tendremos que recurrir a la diferenciación, como ha dicho la Comisaria, introduciendo restricciones operativas en el Capítulo 3 en varios aeropuertos con problemas de ruido. 
Pero la UE quizá también considere la introducción de una directiva de limitación del ruido para los aviones, con el fin de conseguir esa reducción mínima de- 10 dBA, reconociendo los especiales problemas de una región tan densamente poblada como la UE. 
En cuanto a las emisiones, necesitamos unas medidas concretas y eficaces para reducir las emisiones de las aeronaves, incluyendo no sólo las medidas voluntarias sino también normas obligatorias relativas a las mismas. 
Los aviones deben cumplir unos objetivos de reducción de las emisiones ambiciosos pero viables. 
Si la OACI no actúa entonces la UE tendrá que desarrollar sus propios límites de emisión. 
Lamento mucho que no podamos emitir una resolución sobre este asunto. 
Creo que un sólido mensaje de este Parlamento hubiera podido fortalecer el brazo negociador del Consejo y de la Comisión en la OACI. 
Espero que el Consejo y la Comisión puedan oír la intensidad del sentimiento compartido por todos los grupos del Parlamento Europeo respecto de este asunto y persigan la consecución, en septiembre, del mejor acuerdo posible. 
Pero si no se puede alcanzar ese acuerdo, deben regresar al Parlamento para que podamos trabajar juntos con el fin de asegurar que los propios compromisos y obligaciones de la UE, contenidos en los Tratados, acerca de la integración del medio ambiente en todas las áreas políticas, surtan el efecto apropiado en el campo de la aviación. 
Señor Presidente, necesitamos efectivamente un avance internacional en el ámbito de la OACI. 
Si logramos este avance, seré el primero en felicitar a la señora de Palacio. 
Creo que es de extraordinaria importancia que adoptemos rápidamente medidas drásticas, considerando que desde 1977 no se han adaptado las normas relativas a la certificación en materia de ruido y que el transporte aéreo ha experimentado un crecimiento tan espectacular. Se trata de introducir aviones modernos y silenciosos con normas sobre ruido más estrictas y de suprimir gradualmente los aviones más ruidosos. 
En este sentido, considero que no existe espacio para los aviones supersónicos que vuelan a gran velocidad pero consumen una cantidad enorme de energía en comparación con los aviones actuales, lo que supone mayores emisiones de gases de efecto invernadero. 
Creo que es fundamental que sigamos por el camino marcado en la resolución sobre aviones con sistemas de atenuación de ruido, tal y como se adoptó en marzo de 2000. Le deseo a la comisaria de Palacio mucha suerte en las negociaciones. 
Las seguiremos muy de cerca. Y es que, si no se llega a un acuerdo, nos veremos obligados a aplicar normas a escala europea, lo que no me parece deseable. 
Señor Presidente, he valorado muy positivamente la declaración de la Sra. Comisaria que ha demostrado tener las ideas muy claras, así como cierta garra, cierta determinación en un tema tan delicado. 
Habida cuenta de que me es imposible examinar toda la cuestión en los tres minutos de que dispongo, me detendré en algunos puntos. 
Primero: mejorar los aviones. 
Obviamente, aviones menos ruidosos significa aviones más modernos, aviones más confortables, pero sobre todo aviones más seguros y no sólo en lo que se refiere a los motores. En efecto, por ejemplo, en la maniobra de aterrizaje la mayor parte del ruido la produce el tren de aterrizaje y no los motores. 
En lo que respecta a la cuestión de la competencia entre aeropuertos, no cabe duda de que es necesario responsabilizar también a las entidades locales. 
Es obvio que las autoridades aeroportuarias, con tal de aumentar el volumen del tráfico, pueden verse obligadas a derogaciones, a excepciones; sin embargo, si existe una toma de posición con poder decisorio por parte de las entidades locales, entonces serán las poblaciones afectadas, y no sólo los gestores de los aeropuertos, las que tomen la decisión de intercambiar dinero-comercio-beneficios por ruido. 
A propósito de aeropuertos, las normas tienen que tener cierta flexibilidad, porque está claro que un aeropuerto como el de Malpensa, situado cerca de donde vivo, que cuenta con setenta movimientos cada hora es muy diferente de algunos aeropuertos que tienen cuatro o cinco movimientos al día. 
Está claro que si hay pocos movimientos al día, se podría aceptar incluso un ligero aumento del nivel de ruido debido a la cantidad casi irrisoria de aviones. 
En cuanto a las subvenciones, debo decir que el transporte aéreo, a pesar de estar en cierta medida subvencionado, recibe muchas menos subvenciones que el transporte urbano, el transporte ferroviario, el transporte marítimo y que otros tipos de transporte. 
Por lo tanto, lamentarse de las subvenciones para la industria del transporte aéreo se me antoja fuera de lugar. 
Por último, espero que en el marco de la OACI la Unión Europea pueda alcanzar los objetivos y los resultados que se fija la Sra. Comisaria, independientemente de las resoluciones de este Parlamento. 
Señora Comisaria, en primer lugar, permítanme comenzar casi por el final: le deseo toda la suerte del mundo en la próxima asamblea de la OACI. 
Sepa que goza del apoyo y que cuenta con el respaldo del Parlamento, y que esperamos que se alcancen los objetivos perseguidos por la Unión Europea espera en este tema. 
La Unión Europea debe ser vanguardia en la adopción de una serie de medidas que no solamente tengan relación con el tema de esta declaración de transporte aéreo y medio ambiente, sino respecto a su repercusión en la calidad de vida en los ciudadanos de la Unión Europea. 
Debemos obtener unos objetivos concretos y cuantificables. Y debemos obtener también un calendario que sea real y exigible. 
Porque de lo contrario no alcanzaremos ninguno de los objetivos que hemos discutido tantas veces en la comisión, relacionados con el nivel de los ruidos de los aviones, la situación- como muy bien ha expresado la Sra. Lucas- de aumento de la demanda del transporte aéreo, la situación de determinados aeropuertos que no están en condiciones de asumir el tráfico aéreo que en estos momentos están recibiendo, las medidas propuestas por usted- por la Comisión -, como las tasas relacionadas con el ruido, las restricciones a que algunos tipos de aviones puedan operar dentro del ámbito de la Unión Europea, o políticas claras en materia de uso de suelo en temas de transporte aéreo. 
Un segundo problema que yo creo que preocupa es el de las emisiones de gas. 
Se habla mucho del efecto invernadero, originado por el CO2, cuando el transporte aéreo puede llegar a reducir un efecto invernadero mucho más potente entre dos y cuatro veces; creo que ello es suficientemente significativo para que nuestra postura al respecto sea clara y determinante. 
Pero, a la vez, tampoco podemos olvidar lo que ha representado el transporte aéreo en el desarrollo de las comunidades, en el desarrollo económico de los Estados, como, asimismo, en la calidad de vida de los ciudadanos, en la rapidez, en la posibilidad de conocer y llegar a otros lugares. 
Creo que se requieren medidas sensatas, concretas y absolutamente eficaces, que mejoren de verdad el medio ambiente y la calidad de vida. 
Señor Presidente, distinguida Sra. Comisaria, en mi calidad de miembro de la Comisión de Investigación y Comercio Exterior quisiera darle las gracias porque en las negociaciones que usted lleva a cabo piensa también en la competitividad de la industria aeronáutica europea. 
Precisamente el desastre de Sabena nos muestra que miles de puestos de trabajo pueden verse afectados en un breve período de tiempo. 
En definitiva, la situación de los costes de las empresas de transporte aéreo constituye también un factor decisivo para los precios de los billetes. 
Por razones sociales- pero no sólo por razones sociales- los precios de los billetes son muy importantes. 
El problema decisivo en la producción de ruido son las congestiones. 
Cuando tomamos el avión en Bruselas, vemos con frecuencia que en la pista de despegue hay una fila de cinco, diez, quince aeronaves que esperan la autorización para despegar. 
Creo que la lucha contra las congestiones en el tráfico en general, pero en especial en el tráfico aéreo, debe tener prioridad y que nos debemos ocupar de sistemas más eficaces para que se puedan eliminar pertinentemente los embotellamientos. 
Pero igualmente decisivos son la formación y el reciclaje del personal, no sólo de la torre de control, sino también de las aeronaves. 
Si se piensa acerca de cursos especiales relacionados con los aspectos del ruido y del medio ambiente, se podría conseguir mucho en este ámbito. 
Por último, se trata también de la infraestructura. 
Todos conocemos los problemas con Eurocontrol e igualmente son conocidas las dificultades relativas a la eficaz distribución del espacio aéreo entre las aeronaves militares y civiles. 
Creo que la Comisión debería presionar más decididamente para que alcancemos soluciones con más rapidez a fin de poder acabar con las congestiones y garantizar, a la vez, una mayor seguridad y confort a los pasajeros. 
Ultimo punto: se está elaborando actualmente el sexto programa marco de investigación y desarrollo. 
Considero importante que se insista intensamente en que se dé al sector del transporte, en especial, una solución. 
En este punto necesitamos nuevos planteamientos en el sexto programa marco de investigación. 
Sabemos que el embotellamiento va a ser uno de los temas principales de los próximos años. 
Creo que necesitamos soluciones inteligentes, que nos ayuden a garantizar la movilidad de la población y, al mismo tiempo, a tomar las riendas de los problemas. 
Por esta razón deberíamos incluir en mayor medida programas de investigación propios sobre tráfico aéreo en el sexto programa marco a fin de poder ofrecer a la población soluciones convincentes en este punto. 
Señor Presidente, quisiera pedir disculpas por llegar tarde, este debate se ha desarrollado con celeridad pero he tenido la oportunidad de escuchar en otro lugar lo manifestado por la Comisaria. 
Lo que ha dicho no ha parecido en absoluto ni claro ni preciso, ateniéndonos al estado actual de la cuestión. 
Eso me parece decepcionante. 
Esperamos que sea fiel a esas instrucciones o que vuelva aquí y nos cuente algo diferente. 
Necesitamos conocer que progresos ha realizado con esas instrucciones. 
Necesitamos saber que está usted haciendo al respecto. 
Necesitamos saber que progresos se han hecho en cuanto a las emisiones de ruido, a las emisiones de gases y, ciertamente, respecto de la economía de los carburantes. 
Una negociación exitosa requiere preparación y trabajar duramente. 
Necesitamos saber que eso se está haciendo y necesitamos oír de usted que se está haciendo. 
Necesitamos que salga a la palestra y le diga a los americanos que las emisiones de ruido y gases de los aviones constituyen un serio problema en Europa, un problema más serio que en los EE.UU. porque tenemos un territorio más pequeño y una infraestructura diferente. 
El crecimiento previsto de las demandas de tráfico aéreo constituye claramente un asunto que exige que se actúe ya. 
Necesitamos que respete su mandato. Vamos a vigilarla muy de cerca. 
Pero fundamentalmente lo que necesitamos es que nuestra Comisaria defienda a Europa, a Europa y su industria, a Europa y su medio ambiente y que defienda a Europa y a sus ciudadanos. 
Confiemos en que al final del debate pueda decir algo más que pueda reconfortarme. 
Señor Presidente, si me permiten hacerme eco de lo dicho por otros colegas de todos los partidos y también de todos los grupos nacionales, el tiempo para hablar es ahora peligrosamente corto. 
Comisaria, si bien todos saludamos la forma en la que ha mantenido su posición negociadora, esperamos de usted que nos diga que ésta no va a prolongarse indefinidamente, al igual que tampoco su paciencia. 
Usted tiene un mandato de todos los partidos y grupos de esta Asamblea para atajar el problema de la creciente polución del cielo y del daño que sufren aquellos que viven en las inmediaciones de los aeropuertos, que es resultado de la situación actual. 
Existe la creencia de que la incesante expansión del tráfico aéreo constituye un bien inmaculado del que todo el mundo se beneficia. 
No es así. 
Existen límites sociales al crecimiento y a la medida en que podemos disfrutar algo, incluso si es tan enriquecedor y provechoso para nuestras vidas como viajar. 
El año pasado escuchamos muchas amenazas e incluso bravatas por parte de los Estados Unidos cuando parecía que los aviones con kits silenciadores y aquellos del capítulo 3 iban a abandonar nuestros cielos, posiblemente en 2002. 
Pero toda Europa padece estos problemas, especialmente aquellos que viven en las inmediaciones de los aeropuertos, que no solo sufren los problemas de la contaminación sonora sino también la polución las emisiones de los aviones, con consecuencias para el medio ambiente. 
Tenemos que empezar a vislumbrar el cambio. 
En los East Midlands del Reino Unido, donde resido, se están estableciendo varios nuevos pequeños aeropuertos. 
Muchos de ellos están desesperados por competir mediante el tráfico nocturno. 
Eso también implica el uso de aviones más viejos, que continuarán traqueteando algunos años más, si ello se les permite, habiendo pocos controles de su funcionamiento. 
Evidentemente, esto es algo respecto de lo cual pueden actuar los Estados miembros. 
A no ser que exista un marco bajo el cual sacar del servicio a los aviones más antiguos nunca tendremos los niveles de control que necesitamos. 
Me adhiero a lo dicho por otros colegas en sus intervenciones. 
La Sra. Lucas nos lo ha explicado de forma muy lúcida- al decir que si no se llega a un acuerdo en septiembre no deberíamos dejar el tema sin más y manifestar que aunque hayamos fracasado por lo menos lo hemos intentado. 
Esta Asamblea no desea que la Comisaria fracase, queremos que tenga éxito. 
Si se lo expresamos tan contundentemente, en verdad lo hacemos con espíritu amistoso. 
. Señor Presidente, Señorías, vamos a ponernos de acuerdo sobre una primera cosa: los aeropuertos son fuente de riqueza y desarrollo. 
Y si no, les pregunto cómo han llegado ustedes aquí, si no ha sido volando. 
Las cosas están claras: necesitamos la existencia de aeropuertos. 
A partir de ahí, lo que hay que hacer, indudablemente, es crear los menores problemas a la población circundante, pero también hay que recordar que muchas veces esa población se instala alrededor del aeropuerto por la actividad del mismo, por el desarrollo económico que genera y las infraestructuras que conlleva. 
Las cosas hay que ponerlas en su justo medio. 
La segunda cuestión es la de las responsabilidades de las autoridades locales. 
Señorías, es cuestión de subsidiariedad. 
Cada país tiene sus propias normas y yo no voy a decirles a los países lo que tienen que hacer sobre este punto. 
Tercer asunto: la norma hushkits, que introdujo y aprobó este Parlamento en 1998 junto con el Consejo, todos por unanimidad. 
Señorías, si en algún momento yo les presento o les propongo una modificación de esta norma, será precisamente para sustituirla por algo que sea todavía mejor para las poblaciones circundantes de los aeropuertos, para mejorar. Y, además, hacerlo de una manera que no nos lleve a una controversia y a un pleito internacional como es el caso con la norma actual. 
Por cierto, la Comisión, la Comunidad como tal, no es parte de la Organización de la Aviación Civil Internacional, sino que son los Estados miembros los que son titulares. 
Nosotros tenemos una especie de posición secundaria en una esquina. 
Ésa es la situación actual. 
La norma actual ha sido denunciada por Estados Unidos conforme al artículo 84 y, Señorías, hemos conseguido posponer la toma de una decisión en la última reunión del Consejo de la OACI, hace una semana, y dejar para noviembre, es decir, para después de la asamblea, la toma de una decisión en cuanto al fondo respecto a la queja planteada por Estados Unidos a nuestra norma hushkits. 
Habrá que ver cuál es el resultado. 
A mí me gustaría, con los Estados Unidos, con los países en vías de desarrollo y con el resto de los países que forman parte de la OACI, acordar normas que mejoren las prestaciones de los aviones y que provoquen lo antes posible una modernización de las flotas de los distintos países. 
Hay otra cuestión, suscitada por el Sr. Sterckx, por la Sra. Lucas y también por otros, como el Sr. Blokland y el Sr. Hatzidakis: la renovación de las flotas. 
Aquí hay dos aspectos distintos. 
Primero, gracias a nuestra regulación hemos conseguido que las cosas se muevan en la OACI. 
Por eso decía antes que ya hemos conseguido resultados positivos, al día de hoy. 
Va a haber un capítulo 4 con- 10 decibelios. 
Lo que no va a haber es un acuerdo sobre el phasing-out, porque hasta que no entre en vigor el capítulo 4 no podrá haberlo, como sucedió antes con los capítulos 2 y 3. 
Es decir, que será en la asamblea de 2004, seguramente, cuando podamos acordar unas fechas para el abandono de los aviones del capítulo 3. 
Hemos acordado que las metodologías y los sistemas de evaluación para una reclasificación de aviones son una cuestión clave. 
Hay que salir de la situación actual, con aviones del capítulo 2, reclasificados como capítulo 3, que satisfacen los criterios de este último capítulo sólo bajo unas ciertas normas de vuelo y, además, de una manera muy limitada, lo cual hace que, en otras circunstancias, sobrepasen ampliamente esos ruidos y no cumplan las normas del capítulo 3. 
Ése es el origen de nuestro pleito con los hushkits. 
Señorías, lo que estamos es buscando unos puntos de acuerdo con Estados Unidos y con otra serie de países y yo creo que lo mejor es que consigamos un acuerdo entre todos. 
Por supuesto que voy a defender las posiciones de los 15 países de la Unión Europea. 
Pero yo les quiero recordar la situación de hace un año, cuando la presión- que ahora es menor, entre otras cosas porque estamos negociando y parece ser que estamos consiguiendo puntos de acuerdo- de Estados Unidos era mucho más fuerte y había unas amenazas de represalias comerciales contra una serie de países. 
Esta presión se me hacía llegar por parte de distintos países, delegaciones de países, y también distintos representantes en esta Asamblea. 
No quiero volverme a encontrar una situación semejante, porque en aquel momento quien aguantaba el tipo y quien decía que no era yo. 
Lo que quiero es llegar a un acuerdo con Estados Unidos que permita alcanzar el objetivo que tenemos todos, que es reducir la emisión de ruidos en torno a nuestros aeropuertos. 
Y en eso es en lo que estoy trabajando, pero buscando acuerdos con los otros países, porque en la OACI no sólo están los 15 países de la Unión, sino que están los Estados Unidos y otra serie de países de otros puntos del planeta que tienen intereses algo distintos de los nuestros, y con los cuales hay que conseguir acuerdos. 
Se han referido también a dos asuntos: la cuestión de la competencia entre aeropuertos, los más ruidosos y los menos ruidosos. 
Precisamente por eso, lo que planteamos es que haya una decisión aeropuerto por aeropuerto, con un marco global en que se reduzcan a dos, tres o cuatro, como máximo los distintos niveles de limitación de operaciones o de ruidos, en función de situaciones específicas de sensibilidad por población circundante. 
Hay unas condiciones geográficas- por ejemplo, estoy pensando en el aeropuerto de Salzburgo, donde hay un problema de encajonamiento entre montañas y se producen unos fenómenos de eco que agravan el problema de los ruidos- y otras cuestiones que justifican unas adaptaciones y unas medidas específicas de protección a esas zonas. 
Lo que planteamos es que la decisión se tome individualmente, que es lo que piden los Estados Unidos, o que se realice una aproximación general geográfica regional, como nosotros pedimos. 
La solución intermedia que estamos negociando con ellos es un marco geográfico con un máximo de 3 ó 4 niveles de sensibilidad. 
Una situación sin limitaciones especiales y otros dos o tres niveles con limitaciones operativas concretas. 
Por último, y con esto termino, Señor Presidente, quiero agradecer a todos sus intervenciones y agradecerles su apoyo, con la esperanza de que fuera posible que una delegación de este Parlamento pudiera participar en la OACI, estar con nosotros y acompañarnos. 
Creo que puede haber un interés común en una incorporación de una delegación parlamentaria a los debates, y hay que ver cómo podríamos articularla, como se hace en otro tipo de negociaciones. 
Ha señalado uno de los intervinientes que el transporte aéreo tiene un límite. 
Señorías, todo tiene un límite. 
Todos sabemos que el espacio aéreo es limitado, las capacidades son limitadas, pero yo creo que en este momento no estamos todavía ahí. 
Lo que hay que hacer es lograr la mejor gestión de todos los recursos. 
Precisamente en relación con esos límites del transporte, no sólo aéreo, sino del transporte en general, con las posibilidades de crecimiento dentro de un desarrollo duradero, espero que, si las cosas van bien y superamos las discusiones internas en el ámbito de la Comisión, en las próximas semanas podremos ponernos ya a discutir el Libro Blanco sobre el transporte donde, entre otras cosas, planteamos el tren de alta velocidad como una alternativa al transporte aéreo para las distancias menores de 800 ó 900 Km. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
(Se levanta la sesión a las 19.59 horas) 
Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2001- Balance de la Presidencia sueca 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto: 
del informe del Consejo Europeo y la declaración de la Comisión relativa a la reunión del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2001 en Gotemburgo, y 
de la declaración de la Presidencia en ejercicio del Consejo relativa al balance de la Presidencia sueca. 
Tengo el placer de dar la palabra a continuación al señor Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Persson. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, Señorías, ante todo quiero agradecer al Primer Ministro de Suecia, Sr. Göran Persson, su presencia una vez más en el Parlamento y decirle que, en opinión de mi Grupo, ha pasado la prueba de madurez que supone la primera Presidencia con la seriedad y entrega que son propias del Gobierno sueco. 
Quiero señalar que apreciamos mucho la voluntad de su Gobierno de actualizar nuestras relaciones en cuestiones tan importantes como la codecisión y la presencia del Consejo ante el Parlamento. 
Creo que se pueden señalar como hitos importantes el acuerdo sobre el acceso a los documentos- se podría mejorar pero es una primicia histórica- y el acuerdo sobre información y consulta de los trabajadores, que llevaba muchos años pendiente. 
Evidentemente, espero también que esta experiencia haya contribuido a que el pueblo sueco sienta un mayor afecto hacia la causa europea. 
Un punto esencial de la Presidencia ha sido la formulación del desarrollo sostenible, que no solamente se ha planteado como una estrategia de futuro, sino también mediante la defensa clara y firme de la ratificación de los acuerdos de Kioto, que no son un tema solamente euroamericano, sino un tema que afecta a toda la humanidad, como hemos tenido ocasión de comprobarlo el Primer Ministro de Suecia y yo mismo en el Consejo de la Internacional Socialista la semana pasada en Lisboa. 
Otra cuestión esencial, como es la ampliación, también ha sido objeto de la actividad de la Presidencia sueca. 
Quiero agradecerle al Sr. Poettering que haya expresado su apoyo a una propuesta que formuló en primer lugar mi colega, el vicepresidente de nuestro Grupo, Sr. Hänsch. La propuesta no era monopolio exclusivo del Grupo del PPE-DE; podemos decir que ha sido de todo el Parlamento. 
En política internacional, Suecia ha seguido con su línea internacionalista. 
Creo que en el caso de Oriente Medio no solamente ha habido una mayoría de europeos en la propuesta del informe Mitchell sino que, además, por primera vez no sólo estamos pagando sino que estamos actuando con protagonismo, como ha señalado el Primer Ministro. 
Su presencia con Javier Solana en Oriente Medio ha sido un paso importante que debemos apoyar, porque hay que avanzar en el informe Mitchell, no quedarse en el principio. 
En Macedonia también estamos actuando con un reparto de la carga con los norteamericanos- que yo creo que ellos comienzan a apreciar- y con un protagonismo serio. 
La visita que ha hecho también el Presidente del Consejo a Corea del Norte- que al principio resultó un poco sorprendente- también ha aumentado nuestro nivel de relación y de responsabilidad con nuestros socios americanos y con el resto del mundo. 
También quiero señalar el trabajo importante que ha hecho Suecia en las Naciones Unidas con un viejo compañero nuestro, Pierre Schorri- al que echamos mucho de menos -, que ha trabajado también seriamente por Europa en este semestre. 
Quiero rendir un especial homenaje a la Ministra de Asuntos Exteriores, Anna Lindh, que creo que ha actuado con decisión, con garbo y con el encanto que le es muy propio en el desarrollo de toda la labor de la Presidencia. 
Un último punto ha ensombrecido en cierto modo la Cumbre de Gotemburgo: las manifestaciones violentas que hemos podido vivir de cerca los que hemos estado allí y contemplar por televisión. 
Hay que decir, en primer lugar, que respetamos absolutamente el derecho de los ciudadanos a manifestarse; es un derecho esencial de los ciudadanos. 
Ha habido muchos manifestantes que lo han hecho pacíficamente en Niza y en Gotemburgo. Eso, desde luego, hay que saludarlo y hay que apreciarlo porque significa que las ciudadanas y los ciudadanos europeos empiezan a interesarse por lo que hacemos. 
Nos estamos quejando todo el día de que no nos hacen caso y, realmente, que empiece a haber unas manifestaciones activas en relación con lo que hacemos es positivo. 
Ahora bien, hay que diferenciar eso de la actuación violenta de pequeñas minorías que en forma de comandos pretenden, con una actitud nihilista y violenta, asumir una labor de destrucción de aquellas cosas por las que estamos trabajando. 
Quiero señalarle a mi colega, Sr. Poettering, que el problema no está en si llevan signos fascistas o antifascistas. 
La línea divisoria es entre demócratas y antidemócratas, y hay que recordar que los extremos, en política también, se tocan. 
Por lo tanto, no se trata de discutir si puede haber o no manifestaciones de tipo fascista. 
Lo que hay clarísimamente es gente que actúa con violencia y con desprecio hacia las instituciones y hacia la libertad. 
Creo que frente a eso todos los demócratas tenemos que estar unidos. 
No se trata de que unos se sientan más afectados que otros cuando se plantean las cosas; ahí hay que tener una actitud muy firme. 
Mi última observación, señora Presidenta, se refiere al debate sobre el futuro de Europa. 
No han conseguido insertar la convención, pero espero que continúen trabajando para que lo consigamos bajo la Presidencia belga. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio, quisiera comenzar felicitando al Primer Ministro y sus colegas por una Presidencia lograda. 
Ha sido la primera Presidencia de Suecia y creo que tanto su Gobierno como su Estado pueden sentir un justificado orgullo por una labor bien hecha. 
De toda la labor bien hecha, el aspecto que mi Grupo aplaude con más entusiasmo es el clarividente y decidido compromiso que ha aportado a la cuestión de la ampliación desde el primer día de su Presidencia. 
Ha brillado en toda la Presidencia y no sólo desde la Cumbre de Gotemburgo, sino como un deseo de conseguir logros desde el principio mismo. 
Dicha determinación ha recibido una recompensa espléndida. 
Pero tal vez la conmoción provocada por el referéndum irlandés contribuyera a la política de aclaración, que acojo con satisfacción. 
Es un mensaje muy importante para los Estados candidatos el de decir que queremos resolver esa cuestión lo antes posible. 
El compromiso de intentar velar por que los adherentes de la primera ola puedan participar en las próximas elecciones europeas como Estados miembros es una aclaración importante y un logro muy substancial de su Presidencia. Los felicito por ello. 
También es muy importante reconocer los avances logrados durante su Presidencia para la segunda ola de Estados candidatos, los Estados de Helsinki: otro tributo maravilloso a su concentración y determinación. 
Quisiera instar a la Presidencia belga y a las siguientes a que mantengan ese ritmo, concentración y compromiso. 
Está usted en lo cierto, señor Primer Ministro, al decir que ahora tenemos que hacer parte de nuestros deberes también. 
No todas las cuestiones transicionales son sólo para los candidatos, en particular en materia de política agraria, regional y de cohesión. 
Ahora tenemos que hacer de tripas corazón; tenemos que empezar a centrarnos en las cuestiones pendientes. 
Espero que el referéndum irlandés no obstaculice ese proceso. 
Tenemos hasta el final de 2002 para la ratificación del Tratado de Niza. 
Corresponde al Gobierno irlandés decidir cómo actuar. Pero entretanto no se debe utilizar como una razón para levantar el pie del acelerador sobre esa cuestión importante. 
Respecto de una cuestión que ha inspirado diversas observaciones, mi Grupo apoya, reconoce y celebra plenamente los derechos de los ciudadanos a manifestarse en una sociedad libre. 
Pero es evidente que en Gotemburgo hubo grupos anárquicos cuyo objetivo esencial y primordial era el de socavar la propia democracia. 
Usted, señor Primer Ministro, más que ninguno de sus predecesores en cualquiera de esas reuniones internacionales, se tomó toda clase de molestias para reunirse con las personas, para conciliar, para proporcionar sitios donde acomodar a las personas que lo necesitaban. 
Para la gran mayoría, se trataba de una manifestación pacífica y correcta. 
Mi Grupo quisiera hacer extensiva su comprensión a los ciudadanos de Gotemburgo por el difícil momento vivido por una maravillosa ciudad anfitriona. 
He de formular una o dos breves observaciones más. 
Sobre Macedonia, la Presidencia, junto con el Comisario Patten, la Sra. Lindh y Javier Solana, ha demostrado el valor del desarrollo de una embrionaria política exterior y de seguridad común. 
La paz sigue siendo delicada. 
Existe un difícil equilibrio entre la paz y la guerra civil, pero la intensidad y la unidad de la actuación europea contrastan marcadamente con la desunión de hace diez años. 
No se trata de un simple avance europeo, sino también de una prueba de los importantes avances logrados en el terreno. 
Por último, sobre el derecho de sociedades en materia de ofertas públicas de adquisición o traspaso la Presidencia ha hecho una labor maravillosa al componer una difícil transacción. 
Quisiera hacer un llamamiento a los diputados a esta Asamblea para que no anulen una importante medida de reforma económica. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar dando las gracias a la Presidencia sueca por su respeto y por su deseo de dialogar con el Parlamento Europeo. 
La presencia de la Presidencia, tanto aquí en la Sala como en las comisiones, ha sido frecuente y muy bien valorada. 
Diálogo, apertura y participación son condiciones para que funcione la democracia. 
En Gotemburgo hubo un intento de diálogo entre políticos, diversas organizaciones y manifestantes. 
Desgraciadamente, no fue más que un intento bienintencionado. 
En realidad, los Jefes de Estado y de Gobierno estaban tras las barreras y la sociedad civil no pudo seguir las discusiones sobre el futuro que nos afecta a todos. 
En los cerrados espacios tradicionales de las cumbres germina la frustración e impotencia expresada por manifestantes, muchos de ellos pacíficos, que intentaban dar su mensaje a los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Desgraciadamente, un pequeño grupo de provocadores ocasionó daños y violencia. 
Las piedras lanzadas por esos provocadores no sólo estaban dirigidas contra la policía, sino que contra la sociedad democrática en su conjunto y contra todos los que realmente intentamos decir algo. 
Es algo que realmente nos apena. 
También es inaceptable que la policía haya usado munición de guerra contra los provocadores. 
Se ha designado una comisión para que investigue cómo pudo ser posible esto en la Suecia de hoy. 
Me ha desilusionado también la actitud demostrada por los líderes comunitarios frente a la frustración ocasionada por el desarrollo de la UE. 
No se ha tomado en cuenta para nada el resultado del plebiscito en Irlanda. 
Por el contrario, se le intenta presentar como un problema irlandés, cuando en realidad es un problema de toda la UE. 
La mayoría del Parlamento Europeo parece que comete el mismo error, ya que ha rechazado la propuesta del Consejo para crear un foro abierto y piensa recomendar una Convención para la próxima Conferencia Intergubernamental. 
No comprendo esta resistencia a abrir la UE, a dialogar con la sociedad civil y con los ciudadanos. 
¿Qué piensa hacer en el futuro la Presidencia sueca para que sus colegas entiendan que esto es absolutamente necesario? 
De las tres Es, solamente Enlargement, la ampliación, despertó afán de lucha y produjo algún resultado. 
Me alegra mucho, muchísimo, que exista un calendario para el procedimiento de adhesión. 
En cambio, no sé cuánta energía se empleó en el desarrollo sostenible. 
En cualquier caso, los resultados han sido escasos comparados con lo que se esperaba. 
La Comisión había presentado una buena propuesta. 
No sé si se debe a una extremada aversión de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE por entender lo que realmente significa el desarrollo sostenible. 
¿Alcanzaremos a afianzar un plan y un proceso político para la Conferencia de Rio+10 en Sudáfrica si no hemos presentado los compromisos concretos respecto a los objetivos climáticos después de 2010 ni hemos dicho cómo pensamos detener la pesca indiscriminada y tampoco cómo pensamos cambiar la desastrosa política agrícola actual? 
Los líderes de la Unión también deben asumir una responsabilidad mundial. 
Creo que esto es una exigencia del resto del mundo y de los ciudadanos comunitarios. 
Señora Presidenta, a veces se describe a Suecia como un país bien organizado pero no especialmente interesante. 
Esta imagen podría aplicarse al semestre de Presidencia sueca. 
La organización de la Presidencia ha sido buena. 
Los diplomáticos suecos han trabajado arduamente para poner en su lugar todos los compromisos. 
En lo político, no ha sobresalido. 
Ha hecho todo lo posible para demostrar que Suecia es un miembro leal al sistema comunitario y a los grandes países que dominan la Unión. 
Esto se reveló claramente cuando los irlandeses votaron en contra del Tratado de Niza. 
Göran Persson aclaró inmediatamente que el pueblo irlandés no debía usar su voto para detener el centralismo y el superestado en la UE. 
El Tratado de Niza permanecería inamovible. 
Esto es en la práctica un atropello al derecho de los países pequeños a impedir las modificaciones al Tratado. 
A veces se han firmado compromisos a cualquier precio. 
Las nuevas reglas sobre acceso a los documentos son tan débiles que las organizaciones europeas de periodistas opinan que las actuales normas son mejores. 
La Presidencia ha dado prioridad a la ampliación, al empleo y al medio ambiente. 
La Presidencia ha trabajado intensamente en la ampliación. 
Las negociaciones sobre adaptación de los países candidatos a las normas comunitarias se han realizado a buen ritmo. 
A menudo se presenta la política comunitaria para aumentar el empleo como un "proyecto de izquierdas" que contrapesa la política derechista de la UEM. 
En la Cumbre de Estocolmo se discutió este tema, pero la única decisión concreta que se recuerda es sobre la liberalización del mercado financiero. 
Esto no es precisamente política de izquierdas. 
La Presidencia ha tenido mala suerte en materia medioambiental. 
Los trabajos relacionados con el principal problema medioambiental, el cambio climático, han sido saboteados eficazmente por el nuevo presidente norteamericano. 
En la Cumbre de Gotemburgo se habría podido aprobar una buena estrategia para el desarrollo sostenible, pero, a la hora de decidir, se habían eliminado del texto la mayoría de las exigencias medioambientales sustanciales. 
La Presidencia ha tenido éxito en algunos campos. 
Además de las negociaciones de ampliación, un claro avance ha sido la decisión de eliminar los aranceles para los países más pobres. 
También merecen destacarse los trabajos de la Presidencia para combatir la trata de mujeres, trafficking, y en favor de la paz en los Balcanes. 
Suecia ha trabajado lealmente en pro de la militarización de la Unión y, consiguientemente, en favor de la abolición de la neutralidad sueca. 
Durante su Presidencia, Suecia y los demás países nórdicos se incorporaron al Tratado de Schengen, que es una de las principales herramientas para levantar nuevas y altas fronteras frente a quienes viven fuera de la Unión. 
Esto constituye una vergüenza para la Presidencia sueca. 
Suecia votó a favor de la propuesta de multar a los transportistas, propuesta que implica una especie de privatización de la política de asilo, que a su vez significa que se castiga a las empresas de aviación y a otros transportistas que embarquen a refugiados que no tienen sus papeles en regla cuando viajan a la UE. 
Cuando se inició la Presidencia, Göran Persson habló en esta Asamblea de una política de asilo solidaria. 
Lamentamos que en la práctica el gobierno haya actuado al revés. 
Por último, algunas palabras sobre Gotemburgo: pequeños grupos de activistas aprovecharon la oportunidad para atacar a la policía y causar considerables destrozos. 
Independientemente de lo que esos grupos digan representar, su conducta jamás podrá justificarse. 
Lanzar piedras y causar desmanes no es hacer política, es cometer delitos. 
Sin embargo, no debemos olvidar que en Gotemburgo había decenas de miles de personas que se manifestaron pacífica y dignamente en favor de una Europa mejor que la actual, donde existen la UEM y Schengen. 
¡Lo que hacen 50.000 personas es más importante que los desmanes provocados por 300 violentos! 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señoras y señores, en Gotemburgo se ha hablado mucho de "desarrollo sostenible", concepto nebuloso donde los haya, pero de moda. 
No es dudoso que haya que felicitarse por la voluntad de los Estados miembros de incorporar preocupaciones de salud pública y de medio ambiente a todas las políticas que impone Bruselas. 
Después de las vacas locas y de la fiebre aftosa, reconozcamos que ya era hora. 
El empeño en presentar el protocolo de Kioto y el futuro pacto planetario como la panacea es, por el contrario, una bufonada. 
Es un mercado de mentiras en el que Europa es el único cliente, una especie de nuevo sollozo del hombre blanco que se deja acusar de que degrada él solo todo el planeta. 
Ni China ni India participarán porque priorizan desarrollo, crecimiento e industrialización. 
Es un poco el mismo planteamiento por parte americana, en un momento en el que el crecimiento se ralentiza en un contexto de competencia internacional exacerbado. 
En segundo lugar, no encuentra usted palabras suficientemente duras para condenar las manifestaciones violentas que se han sucedido durante la cumbre. 
Es una pena que ese tono de indignación se olvide cuando se trata de condenar la violencia y la inseguridad cotidianas de las que son víctimas millones de nuestros conciudadanos. 
Los gobiernos europeos- el francés en particular- no son ni siquiera capaces de asegurar la protección de su propia población. 
Su política de inmigración, la cultura de la excusa, la defensa de los derechos de los granujas en nombre de los derechos humanos, la abolición de la pena de muerte, son otros tantos factores criminógenos. 
En lugar de señalar con el dedo a un puñado de izquierdistas, bautizados por cierto curiosamente por el Sr. Crespo como de fascistas- a menos que el señor Crespo haya querido reconocer que el fascismo encontró sus orígenes en el socialismo, al haber sido todos sus jefes dirigentes socialistas antes de convertirse en jefes fascistas. 
Finalmente, resulta escandaloso que nadie se ofenda por la deriva totalitaria de las instituciones europeas. 
Sólo aquí se pretende forzar sistemáticamente a los pueblos a ir a las urnas cuando el resultado de un escrutinio no gusta. 
Ante esa amenaza, Dinamarca cedió en 1992; Austria se negó a hacerlo con razón. 
Los irlandeses deben resistir: su "no" de hecho y de derecho toca a muerto por el Tratado de Niza. 
Todos los pueblos que no han sido consultados- y que no lo serán por miedo a una respuesta negativa- son solidarios con ellos. 
Señora Presidenta, señor Primer Ministro, hay que alabar al Sr. Göran Persson y a Suecia por su competente Presidencia. 
Con vuestra página web habéis fijado un nuevo estándar en materia de transparencia, sin embargo, la firma sueca en el reglamento de transparencia permitió que sea ahora la UE quien decida qué podéis entregar en Estocolmo. 
Solicité las actas de las reuniones sobre transparencia. 
Ni una sola vez os habéis atrevido a entregarlas. 
Pues éstas mostrarán que Francia, Alemania y España están en contra de la transparencia y si esto sale a la luz, los tres gobiernos se verán presionados por sus cargos electos y electores para aprobar la transparencia que Suecia tenía como objetivo. 
En este punto Suecia ha cometido un fallo histórico. 
Suecia ha violado asimismo el Tratado introduciendo la mayoría cualificada como método de decisión en futuras modificaciones de las normas en materia de confidencialidad. 
Antes de la aprobación ilegal el 19 de marzo, los avances podían ser aprobados por ocho de los quince países. 
Esto solo ya era bastante difícil. 
Ahora cualquier avance puede ser bloqueado por Francia, Alemania y España, aunque convezcamos a los doce países restantes de que se trata de un avance. 
El Parlamento lleva ahora un proceso contra el Consejo. 
Es vergonzoso que una Presidencia sueca sea acusada de violación del Tratado en materia de transparencia. 
Quiero asimismo criticar la actuación policial en Gotemburgo. 
Manifestantes encapuchados arrojaron adoquines contra la policía y rompieron escaparates sin ser detenidos. 
En su lugar, se detuvo a manifestantes pacíficos cuando llegaron al puerto de transbordadores. 
No se les permitió participar en las manifestaciones pacíficas. 
Hemos de aprender algo de esto. 
Entablemos diálogo con los manifestantes pacíficos que emplean argumentos. 
Expliquemos a los violentos que una piedra lanzada contra el cristal de otro puede ser un intento de asesinato. 
Nosotros, que queremos manifestarnos pacíficamente, hemos de aprender asimismo de las batallas. 
La gente con capuchas debe ser expulsada de las manifestaciones. 
Los manifestantes pacíficos nunca han de poder ser confundidos con delincuentes. 
No existe disculpa alguna para la violencia, sin embargo sí hay motivo para la meditación y para la reflexión. 
¿Por qué tantos jóvenes han abandonado la esperanza de poder influir en las decisiones con argumentos? 
¿Por qué los medios de comunicación destacan más a la gente armada con adoquines que a la gente provista de argumentos? 
¿Por qué en general ningún medio europeo ha cubierto los numerosos y serios debates vinculados a la cumbre de Gotemburgo? 
Señora Presidenta, señor Primer Ministro, Suecia ha ejercido por primera vez la Presidencia de la Unión. 
No es una tarea sencilla. 
En mi calidad de austríaco, yo lo sé. 
Los objetivos eran ambiciosos. 
La Presidencia del Consejo se ha concentrado en unas cuantas prioridades siguiendo el lema "menos es más". 
Se realizaron algunos progresos importantes, sobre todo en el camino hacia la ampliación de la Unión. 
Se consiguió alcanzar un acuerdo en los aspectos relativos a la libre circulación de personas y de servicios. 
Sin embargo, hay un aspecto en el que no coincido con los comentaristas de los diarios. 
Me parece poco serio que se presente como un gran éxito que se hayan fijado unas fechas concretas para la adhesión. 
Quedan numerosas cuestiones pendientes que siguen sin resolver. 
El proceso de ratificación del Tratado de Niza se ha vuelto incierto después del referéndum irlandés. 
Se ha discutido si el Tratado de Niza es una condición sine qua non para la ampliación. 
La población irlandesa emitió, no obstante, una señal clara, una señal de que los debates sobre el futuro de la Unión ya no se pueden seguir desarrollando a puertas cerradas sin tener en cuenta a los ciudadanos, sino que se deben mantener directamente con la gente. 
Uno de los objetivos de la Cumbre de Gotemburgo era elaborar una estrategia para un desarrollo sostenible. 
El reconocimiento por parte del Consejo de su voluntad de transferir el transporte al ferrocarril y promover la plena "internalización" de los costes externos constituye una aclaración importante a mi parecer. 
La Comunidad tendrá muy pronto la oportunidad de traducir esas palabras en hechos. 
Las negociaciones que se deberán desarrollar cuando expire el acuerdo con Austria sobre el tránsito de mercancías pueden ser una buena ocasión para ello. 
Señora Presidenta, es lamentable que el debate de hoy sobre la Presidencia sueca- ha sido la primera vez para nuestro país, con todo lo que esto conlleva- empiece con la comprobación de que tal vez se la recuerde por unos anarquistas que intentaron interrumpir la Cumbre lanzando piedras y destrozando despiadadamente la agradable calle principal de Gotemburgo y numerosas buenas intenciones. 
La colaboración y sus beneficios y ventajas para los ciudadanos quedaron en segundo plano, en tanto que la violencia y los gamberros dominaron las noticias sobre la reunión. 
Me consta que la mayoría de los presentes comparte mi tristeza, pero habría sido mejor para el futuro de la democracia si estuviésemos totalmente de acuerdo. 
Por el contrario, la Presidencia sueca deberá ser recordada por sus esfuerzos respecto a la ampliación. 
La tarea primordial de la colaboración europea es asegurar la libertad y la democracia en Europa y extenderlas a la Europa Central y del Este, anteriormente ocupada por los comunistas. 
Simultáneamente, cobra fuerza un debate en el que se discuten los grandes temas en torno al futuro de la colaboración europea. 
A veces se habla más sobre cómo organizar el proceso de decisión que sobre cuáles asuntos deberán incluirse en la colaboración y sobre aquello en lo que la UE no debe inmiscuirse. 
Creo que hablamos con demasiada frecuencia sin que nos escuchen los ciudadanos y sobre temas que están muy lejos de sus preocupaciones cotidianas. 
La negativa de Irlanda al Tratado de Niza ha sido una lección para todos y un problema no sólo para el gobierno irlandés. 
El debate sobre el futuro de la Unión debe desarrollarse en términos más centrados en los principios y en los fundamentos. 
Por eso, más importante que lo que digamos o hagamos aquí es lo que discutamos con nuestros electores. 
En mi país, si se me permite ponerlo como ejemplo, es importante aprovechar el interés que ha despertado la Presidencia. 
Ahora es posible llevar a cabo un debate sobre el futuro de Europa que interese a los ciudadanos, tal como lo señaló el Sr. Primer Ministro. 
Esto significa que ahora Suecia tiene que hacer frente al euro. 
La moneda común es tan fundamental en la colaboración europea que el partido socialdemócrata y el Gobierno sueco tienen que asumir su responsabilidad de llevar a Suecia a la UEM. 
En otros países habrá que concentrarse en otras materias. 
Creo que es importante que los interesados en la idea europea cierren filas en torno a la libertad de los mercados y en favor de una Europa más abierta hacia el resto del mundo. 
En algunos países miembros, los amigos de Europa deben asumir una mayor responsabilidad para que se materialice la ampliación. 
Puesto que la Presidencia sueca anhelaba ser una Presidencia para toda la Unión, es importante que haya conseguido éxitos en las negociaciones de ampliación. 
No es culpa de la Presidencia sueca que no se haya hecho con mayor entusiasmo ni con mayor valentía. 
Fueron otros los que aplicaron los frenos. 
Espero que los resultados obtenidos en las negociaciones hayan fortalecido la ampliación y que los importantes asuntos que quedan- la agricultura y la política regional- no afecten las fechas decididas en Gotemburgo. 
¡Hagamos que estos resultados concretos borren las piedras y las gamberradas de los extremistas de izquierdas! 
¡Trabajemos mancomunadamente para vencer al parlamento de la calle! 
Señora Presidenta, cuando volaba a Suecia la semana pasada cayó en mis manos un periódico empresarial sueco, Dagens Industri, que no acostumbra a elogiar al gobierno sueco. 
Yo opino lo mismo. 
La Presidencia sueca tenía tres anhelos primordiales. 
Se ha hablado mucho de la ampliación. 
No cabe duda de que esta materia fue muy bien manejada. 
En el futuro, es importante para nosotros en el Parlamento, para Suecia y para otros países en el Consejo, mantener el ritmo para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. 
La verdad es que los resultados en materias de empleo no fueron muy imponentes. 
Los de las liberalizaciones definitivamente no lo fueron; muchas personas de derechas quedaron desilusionadas por estos insuficientes resultados. 
Había que entregar el testigo en el importante proceso del empleo y el crecimiento. 
Se fijaron nuevas metas. 
Entre otras cosas, se discutió la política familiar y la situación de los mayores. 
Actualmente hay muy pocos mayores en el mercado de trabajo, cosa que será necesario enmendar en el futuro. 
En cuanto al desarrollo sostenible, hay dos perspectivas. 
Una de ellas es una comparación con el documento de la Comisión, y está claro que en esta perspectiva no se llegó hasta el final. 
La otra es en relación con la situación actual. 
Aquí se han hecho mejoras claras, nítidas, y lo más importante es que se integran los aspectos medioambientales en el proceso de Lisboa. 
¿Qué pasa actualmente con los temas medioambientales? 
Están al margen, quedan siempre para el final. 
Desde ahora se les incluirá todos los años en la política social y económica, en un proceso continuo. 
Esto sí que es un avance. 
Quisiera mencionar también la responsabilidad mundial. 
Se señalaba la política de transportes, la política agrícola y la política pesquera. 
Además, quiero referirme a la apertura, a la información, a las consultas y, especialmente, a la política exterior y de seguridad. 
En relación con esta última, es provechoso que Suecia haya asumido tantas responsabilidades y que el pueblo sueco haya comprendido que no se trata de una militarización, sino que, por el contrario, es para crear paz y estabilidad en la Europa del futuro y en sus regiones vecinas. 
Si damos crédito a las encuestas de opinión suecas, hay una fuerte corriente de opinión en este sentido. 
¿Convención? 
Sí, pero no basta. 
Habrá que ampliar el debate más allá de la Convención para que participe la sociedad civil. 
Si queremos que participe la sociedad civil habrá que hacer como señaló el Primer Ministro Persson. 
No podemos empezar con las materias institucionales, sino que, por el contrario, habrá que empezar con lo que queremos que la Unión haga dentro de cinco, diez o quince años y en qué forma. 
De esta manera, los temas institucionales quedan para el final. 
Irlanda. 
Hay que respetar a Irlanda, pero también hay que respetar a los demás Estados miembros. 
¡Hay quienes dicen que deberíamos claudicar! 
¿No se puede discutir el Tratado de Niza en el Parlamento sueco y en los parlamentos de otros países miembros? 
¿Qué clase de democracia es la que indica que hay que claudicar inmediatamente porque el pueblo irlandés ha dicho que no? 
¿No tienen también derecho los otros pueblos a discutir el asunto en sus parlamentos o de la manera que quieran? 
Después habrá que ver en 2002 cómo son los resultados y corresponderá al pueblo irlandés apreciar la situación en ese momento. 
Por último, algo sobre los desórdenes callejeros. Coincido plenamente con lo dicho por Enrique Barón Crespo. 
Hay que distinguir entre los que lanzan piedras, que son unos pocos, y los que quieren manifestar una opinión sobre el futuro de la Unión. 
Hay que estimular el debate con la sociedad civil, pero tenemos que ser inflexibles contra los que tienen la piedra en la mano como único argumento. 
Señora Presidenta, yo también me sumo a las felicitaciones a la Presidencia sueca por como ha desarrollado el proyecto institucional de la Unión y sobre todo por su contribución a la ampliación. 
Creo que por primera vez muchos europeos son conscientes de que tan sólo dentro de tres años nos podremos reunir en este Parlamento representando a 25 Estados europeos. 
Sin embargo, sabemos cuáles son los problemas que se plantean no sólo a raíz del compás de espera del referéndum irlandés, sino también por una creciente dificultad de hacer participar a los ciudadanos europeos en el proyecto de una futura Europa. 
Mi opinión es elemental: debemos dar un nuevo comienzo a la alianza entre el Parlamento y la Comisión y considero que la Comisión debe- y aquí renuevo mi plena confianza al Presidente Prodi y a los Comisarios- demostrar ser capaz de gestionar sus dossiers y orientar una visión compartida. 
El Parlamento debe sentirse más orgulloso de ser el representante de una realidad democrática que está a punto de incorporar a 500 millones de personas precisamente en el momento en que la inmensa mayoría de la opinión pública mundial se interroga críticamente sobre la globalización. 
Somos el primer ejemplo de poder supranacional que continúa creciendo y esto, señora Presidenta, es algo que tenemos que reafirmar: ésta es la aportación de Europa en favor del futuro gobierno mundial. 
Quisiera asimismo reconocer a la Presidencia sueca la determinación con la que ha mantenido firme la posición europea en materia de medio ambiente y ha relanzado el contenido de los Acuerdos de Kioto que no solo son importantes por las normas, sino por el impulso inicial en favor de la investigación científica, la innovación tecnológica, la competencia industrial, leyéndola- como ha recordado el Comisario Wallström- en el marco de la estrategia europea para el desarrollo sostenible. 
Por último, quiero expresar con un día de anticipación mis mejores deseos y mi confianza a la Presidencia belga, a la Presidencia de un país fundador de Europa. 
Señora Presidenta, en los próximos seis meses, gracias al Gobierno belga, podremos ayudar con renovado vigor y valentía a llevar adelante ese proceso que nos permitirá lograr una Europa de 25 Estados dentro de tan sólo tres años, así como una Europa más democrática y más próxima al principio de subsidiariedad. 
Muchos europeos, incluso aquellos que han votado en contra en el referéndum irlandés, nos piden que reduzcamos el exceso de reglamentación. 
En el fondo, lo que piden a Europa es que haga frente mejor a las prioridades estratégicas y que por fin haga menos cosas de menor importancia. 
Señora Presidenta, como han dicho muchos otros colegas, uno de los aspectos más preocupantes de la violencia en Gotemburgo es la de que empañó la actuación de muchas personas que estaban allí para manifestarse pacíficamente y dar a conocer sus legítimas preocupaciones a los dirigentes gubernamentales. 
La violencia ensombreció el mensaje real procedente de los manifestantes auténticos fuera de la Cumbre, que era el de que los ciudadanos quieren participar más en ese proceso de construcción de la Europa del futuro. Quiere participar en un debate público auténtico. 
El proceso posterior a Niza y la Convención son decisivos para velar por que se pueda lograr una reforma democrática auténtica y los ciudadanos europeos puedan desempeñar un papel en ella. 
Acogemos con beneplácito el compromiso contraído en Gotemburgo a fin de avanzar en las negociaciones sobre la adhesión para que los Estados miembros más recientes puedan participar en las elecciones de 2004. 
También acogemos con satisfacción la formulación de una estrategia europea de desarrollo sostenible, si bien se trata de una versión muy suavizada de la presentada originalmente por la Comisión, en la que figuraban metas ambiciosas y medidas concretas. 
El desarrollo sostenible redunda en beneficio de los ciudadanos; sus necesidades económicas y sociales y la conservación medioambiental. 
Su puesta en práctica tiene repercusiones enormes. 
No podemos seguir saqueando nuestros recursos naturales y después recurrir a la ciencia y la tecnología para intentar remediar los daños. 
Necesitamos otro planteamiento. 
El Sr. Persson se ha referido a la importancia del establecimiento de los procesos. 
La Cumbre europea de Cardiff, celebrada en 1998, aprobó el llamado "proceso de Cardiff", que integra las consideraciones medioambientales en todos los sectores de la política de la UE como primer paso hacia el desarrollo sostenible. 
La Cumbre de Gotemburgo no constituyó el siguiente paso importante en sentido práctico, después del proceso de Cardiff, pero existe una importante conexión y en ella se puede basar la estrategia. 
Es de esperar que así sea y se logren avances en las cumbres de primavera a partir de ahora. Eso es esencial para que la UE haga una importante contribución a la Conferencia Río + 10, que se celebrará en 2002. 
Otra decisión digna de beneplácito adoptada en Gotemburgo fue el plan para la ratificación del Protocolo de Kyoto, aun sin los EE.UU., antes de la Conferencia Río + 10. Así se enviará un mensaje muy claro, no sólo a los Estados Unidos, sino también al resto del mundo, sobre nuestro compromiso con ese objetivo y nuestra determinación de luchar contra el cambio climático. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, las imágenes de Gotemburgo eran aterradoras. 
Vandalismo, ciego afán de destrucción, violencia criminal, todo esto debe ser condenado y mi Grupo lo condena con toda firmeza. 
¡No deben volver a repetirse semejantes hechos! 
Las personas que deseen expresar su opinión, ejercer su derecho de manifestación o protestar contra determinadas decisiones políticas también deben poder seguir haciéndolo pacíficamente sin restricciones en el futuro, tal como lo hicieron los cerca de 20.000 manifestantes pacíficos en Gotemburgo. 
Los ciudadanos y ciudadanas interesados continuarán considerando en el futuro las Cumbres europeas como una oportunidad política para expresar sus planteamientos y expectativas, y es bueno que así sea, pues en la construcción democrática se deben tener más en cuenta las aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas. 
La Presidencia sueca del Consejo ha hecho muchos esfuerzos justamente en este sentido. 
Ha procurado abordar como un problema el déficit democrático en Europa y es preciso reconocerlo. 
Sin embargo, los resultados han sido francamente pobres. 
En cualquier caso, esto no es responsabilidad exclusiva del Gobierno sueco, sino que todos los Gobiernos deben responder por ello. 
Lo que se requiere con vistas al debate público sobre el futuro de Europa es un debate amplio. 
Éste se debe centrar en los objetivos y debe estar orientado hacia los resultados, y ustedes ya saben, señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, que esta Asamblea desea que una convención se encargue de preparar la siguiente Conferencia Intergubernamental. 
Ustedes han realizado un trabajo previo con este objeto y a la Presidencia belga le corresponderá dar un impulso a dicha convención antes del Consejo de Laeken. 
Yo me congratulo de que ya se haya propuesto la ampliación del orden del día y de que se incorporen nuevos temas al debate sobre el futuro de Europa. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, es una paradoja de la historia que justamente en Gotemburgo se haya alcanzado el punto culminante de la nueva contestación, un nuevo fenómeno en la Cumbres europeas. 
Digo "paradoja" porque tradicionalmente Suecia con sus varios Gobiernos había hecho de la transparencia uno de los pilares de su política europea y se ha encontrado gestionando al órgano menos transparente, es decir, aquel en el que convergen todas las decisiones, incluso las más nimias, por una falsa concepción de la primacía de la intergobernabilidad sobre la cual, señor Presidente, espero que su país y ustedes mediten. 
Cuando el Parlamento reclama más poderes, lo hace en nombre de la representatividad que, sin duda, este órgano tiene y que los Gobiernos en esa formación- no en general, sino en esa formación- no tienen. 
Por lo tanto, desde este punto de vista, Gotemburgo puede ser una valiosa lección para aquellos Gobiernos que hoy se siguen mostrando reticentes ante una visión de Europa algo diferente, una visión que muchos colegas comparten en este Pleno. 
Quiero felicitarme muy especialmente con la Presidencia sueca de un punto, o sea, del compromiso que asumió y que nadie ha resaltado porque se ha llevado a cabo algo sigilosamente, en favor del Tribunal Penal Internacional. 
La Presidencia sueca ha conseguido que los Quince adoptaran un documento, una posición común muy importante, una fuerte posición no solo en favor de la ratificación, sino de la campaña para la ratificación del Tribunal Penal Internacional y, hace tres días, ha ratificado asimismo el estatuto del Tribunal. 
Se trata de un compromiso que merece mi elogio porque, actuando así, Suecia contribuye a la creación de algo que, con la detención de Milosevic, es cada vez más una realidad. 
Por último, una cosa que celebro es que no hayan logrado la distribución- perfecta, a la italiana- de las agencias quitando la posibilidad de asignar tal vez a Parma la Agencia Alimentaria para dársela a Helsinki, un procedimiento equivocado que por fortuna no ha llegado a buen puerto. 
En todo caso, "¡ bravo !" a la Presidencia sueca por lo que ha hecho tanto en lo referente al clima como al Tribunal. 
Señora Presidenta, señor Presidente, lo que quedará de la Presidencia sueca será, desgraciadamente, que por primera vez desde el nacimiento de las Comunidades Europeas unos policías, europeos en este caso, han disparado con fuego real sobre manifestantes europeos. 
Lo que quedará de la Presidencia sueca es esta violencia, y el desprecio. El desprecio con el cual los dirigentes europeos han tratado el resultado del referéndum en Irlanda. 
La Cumbre de Gotemburgo ha demostrado que la Unión Europea se estaba convirtiendo en una especie de "Ciudad prohibida", tan extraña para los pueblos europeos, y tan despreciativa con ellos, como la dinastía Manchú con respecto a la más lejana de las aldeas mongoles. 
Totalmente indiferente a la expresión soberana de los pueblos- recuerden ustedes el "no" de los daneses el pasado 28 de septiembre, que fue tratado con idéntico desprecio- me parece que la Unión Europea, y sé que esto va a sorprender posiblemente, está reproduciendo un modo de funcionamiento de naturaleza colonial con respecto a las naciones que la componen, poco más o menos con la diferencia de que la potencia colonial procede en este caso de la colonización en lugar de precederla, como ha ocurrido a lo largo de la historia. 
Por ello, la reacción de los irlandeses, un pueblo escarmentado por la historia, me parece que anuncia un levantamiento general de los pueblos europeos: hacer frente a la emergencia de este neocolonialismo de nuevo cuño, endógeno de alguna manera, que desde Maastricht, Amsterdam y ahora Niza, pretende regirlos y aportarles nolens volens los beneficios de una empresa esencialmente saludable, Europa. 
Señor Presidente, el Consejo de Gotemburgo fue en la buena dirección cuando confirmó que el proceso de ampliación es irreversible y fijó el objetivo de que los primeros países candidatos se adhieran a tiempo para que puedan participar en las elecciones europeas de 2004. 
Pero al mismo tiempo, este Consejo cometió una grave falta cuando, en el párrafo cuarto de sus conclusiones, pareció vincular la suerte de la ampliación a la del Tratado de Niza. 
Se trata de una falta de tipo jurídico, político y moral. 
Falta jurídica, ya que, como declaró el 21 de junio el Presidente de la Comisión- y quizá por ello, Sr. Poettering, es por lo que el Presidente de la Comisión no se encuentra aquí hoy -: "legalmente, la ratificación del Tratado de Niza no es necesaria para la ampliación". 
No volveré sobre ello ya que en todo caso, desde el punto de vista jurídico, el Sr. Prodi no ha sido desmentido por nadie. 
Falta de tipo político también, ya que el Tratado de Niza sólo es políticamente indispensable para la ampliación para aquéllos que quieren construir un superestado europeo. 
Así pretenden vincular superestado, ampliación Europea y Tratado de Niza, con el riesgo de que perezcan todos juntos. 
Falta de tipo moral finalmente, ya que al confirmar la declaración del Consejo "Asuntos generales" del 11 de junio, el Consejo de Gotemburgo ha dado prueba, frente a la expresión democrática de un pueblo, de un desprecio profundo que arroja una luz extraña sobre la Europa que quiere construir. 
Por nuestra parte, queremos acoger a los países del Este en una Europa democrática y libre, y por ello, señor Presidente, damos nuestra aprobación a la decisión lúcida y valiente de los irlandeses. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señora Comisaria, en primer lugar, quisiera recalcar que la Presidencia sueca sí ha constituido un éxito serio y considerable, aunque no, desgraciadamente, con todos los expedientes, pero eso es imposible. 
El balance global es muy positivo. 
Me satisface, así mismo, que se continúe ofreciendo apoyo a la Presidencia belga. 
Tal vez debería centrar su atención en un par de cuestiones. 
En primer lugar, la ampliación. 
Vemos que los países de Europa Central y Oriental realizan enormes esfuerzos en esa dirección. 
No obstante, la pregunta que cada vez surge con más fuerza es si, por supuesto, también la Unión Europea está preparada para la ampliación. 
Por ejemplo, cuando veo cuánto tiempo se ha necesitado para llegar a una posición común en el ámbito de la libre circulación de personas, me aterra pensar en expedientes todavía más complicados tales como la agricultura y la financiación de la Unión Europea. 
Por tanto, es muy importante, creo yo, fomentar que la Unión Europea esté lista a tiempo. Así mismo, lo es concienciar a nuestra propia opinión pública de lo que sucede. 
Eso es algo necesario no sólo en Europa Central y Oriental, sino también en la Unión Europea, tal como hemos visto con el referendo irlandés. 
Está muy bien que tengamos a Milosevic en La Haya, pero espero que el dinero que se ha prometido se entregue con celeridad a la población de la antigua Yugoslavia. Ante todo, debemos ofrecerles perspectivas de futuro. 
Debemos ocuparnos, así mismo, de que se emprendan acciones en Macedonia desde la Unión Europea a fin de fomentar que los dos grupos de población puedan convivir en paz y que los Balcanes dejen de ser fuente de conflicto en esta cuestión. 
Señor Presidente, creo que en lo que a Rusia se refiere, no sólo tenemos que ser amables con el Sr. Puttin, sino que tenemos que criticarle, especialmente, por el incumplimiento de los derechos humanos y también por la inobservancia de la libertad de pensa. 
Tenemos que enviar un mensaje claro al Sr. Puttin en lo que a esos puntos respecta. 
Por último, la política energética constituye un pequeño fracaso de la Presidencia sueca. 
Resulta extraordinariamente lamentable que el eje francoalemán haya impedido que avance la liberalización del mercado energético en Europa. 
Me parece que es una labor importante para la Presidencia belga. 
Señor Presidente, las piedras no son ni de izquierdas ni de derechas, son antidemocráticas. 
Y la mejor respuesta a los piedras y a la antidemocracia es defender nuestra propia democracia europea, explicar el porqué de Europa a nuestros ciudadanos, debatir con ellos y mostrar resultados concretos. 
Mi Presidente de Grupo ya ha dado las gracias, y yo quiero hacerlo de nuevo, a Göran Persson, Lars Danielsson y Anna Lindh, quienes han colaborado de forma muy concreta con nosotros durante este período para perfilar algunas cuestiones. 
Quisiera decir algo sobre el porqué de Europa, sobre una cosa que nuestros ciudadanos comprenden muy bien, a saber, la política exterior. 
Los ciudadanos saben que Europa en sí misma tal vez ha constituido el proyecto encaminado a la prevención de conflictos que más éxito ha tenido en el siglo pasado, y los ciudadanos también saben que Europa puede contribuir a la paz y a la estabilidad. 
En este período, durante la Presidencia sueca y en colaboración con los colegas de la Comisión (Patten) , y Solana, hemos visto cómo se planteaba la presencia de una Europa común más fuerte ante algunos expedientes difíciles. 
Eso ha sucedido en el ámbito de "everything but arms", en tanto avance hacia una Europa más abierta en el terreno comercial a fin de lograr que se celebre una ronda comercial mundial centrada en el desarrollo. 
Eso ha sucedido al oponernos a la iniciativa americana de un "missile defense system" y nuestra creencia de que debemos invertir mejor y de manera más justa en la prevención de conflictos. 
Eso ha sucedido en un momento en el que casi se ha llegado a una situación de guerra en Oriente Medio, pero hemos intentado, sin embargo, sentar a ambas partes a la mesa, de manera que la presencia europea se ha visto considerablemente reforzada en este período. 
Y eso ha sucedido en el problema, tal vez, más sensible y complicado para Europa: FYROM/Macedonia. 
Quisiera decir algo sobre la prevención de conflictos, ya que he entendido muy bien que la Presidencia sueca haya presionado mucho en una dirección que nos agrada en sobremanera. 
Por supuesto, podemos invertir mucho en tecnología y creer que eso nos proporciona una seguridad semejante a la de un escudo. 
No niego que necesitamos nuevos progresos, pero la iniciativa americana no constituye el camino adecuado. 
Necesitamos invertir en diplomacia, en la prevención de conflictos, en las redes civiles, en la relación que existe entre todas estas conexiones con el ámbito de la ayuda al desarrollo y el comercio que, juntos, crean estabilidad en el mundo. 
Así, podemos evitar que los cien conflictos existentes en el planeta sigan proliferando. 
Esta idea de política exterior supone un nuevo concepto de seguridad. 
Creo que los suecos han contribuido a perfilar un nuevo concepto en esta materia. 
Se trata de un valor europeo que, creo, nos queda y va muy bien. Les doy las gracias por ello. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Primer Ministro, la Presidencia sueca merece un elogio, incluso de sus adustos opositores en Suecia. 
Reconozco que durante este semestre he sentido a menudo alegría y orgullo. 
No obstante, tengo una importante objeción: la decisión sobre responsabilidad de los transportistas que impone severas multas a los que no sigan las normas comunitarias. 
En la práctica, esto significa que la responsabilidad por los refugiados que quieran viajar a la Unión se traslada de las autoridades a los empleados de las aerolíneas. 
Esto es y seguirá siendo inaceptable. 
Usted, señor Primer Ministro, habló aquí en el Parlamento en enero sobre una actitud generosa de la UE y del anhelo de contar con una política de asilo humanitaria, que vaya más allá de la Convención de Ginebra. 
La responsabilidad de los transportistas en la UE no es humana ni generosa, sino que todo lo contrario. 
Empleando sus palabras, la UE, como una región rica en una comunidad mundial, debería ser generosa y humanitaria. 
Señor Primer Ministro, usted ha tenido la perspicacia de dar a Raoul Wallenberg el lugar que le corresponde en la historia. 
Nunca traicionemos su recuerdo. 
Señor Presidente, permítame detenerme en las conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo y, en particular, en la situación en Oriente Medio. 
Creo que la atención está justificada. 
Basta con echar un vistazo al titular de hoy del Neue Zürcher Zeitung: "Gewalt statt Waffenruhe im Nahen Osten"; violencia en lugar de un alto el fuego en Oriente Medio. 
Por el momento, no se contempla el final de la Intifada palestina. 
Al mismo tiempo, la tensión entre Israel y Siria aumenta de forma peligrosa. 
No existe, por consiguiente, una reanudación del llamado proceso de paz en Oriente Medio, a pesar de todos los esfuerzos diplomáticos recientes por parte americana y europea. 
¿Cuáles son las opciones que todavía tienen los mencionados mediadores? 
Las conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo no entran en esta cuestión cardinal. 
Sus deseos son encomiables. 
Términos positivos como "un periodo de apaciguamiento" y "la aplicación de otras medidas de confianza" deben terminar con una violencia profundamente enraizada. 
¿Tienen los Estados Unidos y Europa que abandonar a su suerte a Israel y a la Autoridad Palestina? 
Se trata de que ambos mediadores sean conscientes de su potencia diplomática y militar. 
El Alto Representante, el Sr. Solana, aborda esta división esencial de papeles. 
En su informe relativo a Oriente Medio, presentado a la Cumbre de Gotemburgo, reconoce sin rodeos la posición esencial de los Estados Unidos en la anhelada reanudación del proceso de paz. 
Esta constatación real conduce al Alto Representante a insistir en una constante consulta recíproca de manera que "nuestros esfuerzos sean complementarios". 
Precisamente, este esfuerzo exige una actuación europea equilibrada en la región. 
Por tanto, pregunto al Consejo y a la Comisión qué requisitos les unen en el considerable apoyo que prestan a la Autoridad Palestina. 
En este momento, el primer requisito debe ser la contención decisiva de la violencia. 
Precisamente, eso puede acabar con la actual situación de estancamiento en Oriente Medio. 
Señor Presidente, para muchos observadores, en la cumbre de Gotemburgo ha sido mucho más importante lo que ha sucedido fuera que lo que ha pasado dentro. 
Me refiero, naturalmente, al ejercicio de la violencia por parte de los manifestantes y a las relaciones con los Estados Unidos. 
En relación con este último aspecto, si bien es verdad que subsisten puntos de diferencia, como es el caso de la pena capital, el protocolo de Kioto y el escudo antimisiles, es claro que ha habido avances considerables en lo que se refiere, Señor Presidente, al tema de la declaración común sobre Oriente Medio y al tema del enfoque común sobre los Balcanes. 
En el tema de la violencia, creo que hay que distinguir claramente el ejercicio de acciones violentas- y la violencia tiene que ser erradicada, porque en democracia no se pueden defender las ideas por la fuerza- del mensaje que se ha transmitido en el curso de las protestas. 
En interés de todos, Señor Presidente, la globalización ha de ser un barco en el que haya menos náufragos que tripulantes. 
En lo que se refiere a las cuestiones internas, hay que distinguir claramente entre las promesas y las realidades. 
Creo que es una realidad el deseo reiterado de mantener el calendario de las negociaciones de ampliación, pero creo también, Señor Presidente, que es importante el hecho de que no sepamos cómo se va a financiar ese proceso de adhesión y quiénes serán los candidatos que van a formar parte de en la primera ola de adhesiones. 
Me parece importantísimo, Señor Presidente, que tengamos presente que nuestro proyecto de integración no se legitima sólo cada cinco años cuando hay elecciones al Parlamento Europeo, sino que tiene que ser legitimado todos y cada uno de los días de nuestro proyecto de integración. 
En ese sentido, no basta solamente con que haya una mejor y mayor coordinación policial, ni con que la Comisión marque un rumbo a nuestro proyecto de integración, sino que es absolutamente necesario que nos pongamos de acuerdo sobre una visión común de la Europa que queremos. 
Ese acuerdo, hoy por hoy, no existe y, sin embargo, es fundamental, Señor Presidente, para que nuestro proyecto de integración no sea lo que ha sido hasta ahora: mucho más fruto de la ilusión y del entusiasmo de nuestros ciudadanos que de la voluntad de nuestros gobernantes. 
Distinguido Primer Ministro, señor Persson, distinguido Comisario, señor Wallström, señora Presidenta, quiero dar especialmente las gracias a la Presidencia sueca por haber intentado con tenacidad impulsar cuestiones de gran importancia medioambiental y por haber conferido precisamente al medio ambiente el protagonismo político, junto con las cuestiones económicas y sociales, durante el medio año de su Presidencia. 
Lamentablemente, la totalidad del Consejo no ha sido capaz de actuar con el grado de progresismo ecológico que la Presidencia sueca se hubiera merecido gracias a sus propios esfuerzos. 
Es verdad que se llevaron a cabo las últimas conciliaciones, aunque quizás no con la ambición deseada por el Parlamento, pero lo que no se puede poner en tela de juicio bajo ningún concepto es el hecho de que la Presidencia sueca ha intentado verdaderamente obtener resultados. 
El desarrollo sostenible es un paso importante para tener en cuenta el medio ambiente en la política europea. 
La consolidación del pilar ecológico en el marco del desarrollo sostenible es también imprescindible dado que, con motivo de las evaluaciones anuales sobre los avances en materia de desarrollo sostenible, debemos ser capaces de fijar objetivos claros para el pilar ecológico a fin de hacer posible su seguimiento. 
Debemos contar con objetivos medibles, con objetivos de carácter cualitativo y cuantitativo, así como con las suficientes perspectivas sobre los modos de evaluar el estado del medio ambiente, con el fin de que también podamos afrontar adecuadamente las amenazas que tenemos por delante. 
En mi opinión, la Presidencia sueca se ha desarrollado muy bien en todos los demás aspectos, pero habría sido muy grato que la decisión sobre la Agencia de Seguridad Alimentaria se hubiese adoptado en la Cumbre de Gotemburgo, ya que los trabajos deberían iniciarse inmediatamente. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Presidencia sueca por su éxito y también expresar mi pesar por que el resultado del referéndum irlandés ensombreciera muchos de sus logros, en particular en la esfera de la ampliación. 
El Consejo Europeo de Gotemburgo fue generoso como respuesta a nuestro apuro, por lo que acojo con satisfacción su disposición para ayudar al Gobierno irlandés a encontrar una vía por la que avanzar. 
Lamento que no vaya a ser fácil. 
Con un poco más de esfuerzo de la clase política de Irlanda, se podría haber obtenido fácilmente una votación a favor del "sí", pero ahora que ya se ha celebrado el referéndum muchos, incluidos los partidarios del Tratado de Niza, se sentirán reacios a invalidarlo. 
También conviene decir que las recientes observaciones del Sr. Prodi en los medios irlandeses de comunicación, en el sentido de que la ampliación puede proseguir, aun cuando no se ratifique el Tratado de Niza, contribuyen, lamentablemente, a la confusión. 
Sin embargo, mi mayor preocupación se debe a la existencia de un fuerte núcleo euroescéptico dentro del Gobierno irlandés. 
Mientras el Taoiseach hablaba a nuestros socios europeos dentro del Consejo para intentar reparar los daños causados a nuestra reputación, su Ministro de Hacienda, Charlie McCreevy, estaba fuera calificando el rechazo irlandés del Tratado de Niza de acontecimiento notable y provechoso. 
Quiero aprovechar la oportunidad para advertir al Consejo y a la Comisión que tengan cuidado, pues el continuo planteamiento euroescéptico del Sr. McCreevy podría ser perfectamente un indicio de su intención de provocar otra pelea con la UE a propósito de la política presupuestaria de Irlanda de aquí a unas posibles elecciones generales irlandesas en otoño. 
Espero que se logre la ratificación del Tratado de Niza y que, cuando volvamos a abordar esa cuestión en Irlanda, logremos un resultado diferente. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a la Presidencia sueca por una primera Presidencia muy lograda de la Unión. 
Pese a que un puñado de manifestantes extremistas intentaron echarla a perder en Gotemburgo, al final recordaremos los sólidos logros de su Presidencia del Consejo. 
Digo bien "Presidencia del Consejo", porque no es, naturalmente, la Presidencia de la Unión. 
Cada una de las instituciones tiene su propio presidente. 
Nosotros tenemos a la Sra. Fontaine, la Comisión tiene al Sr. Prodi, el Consejo tiene el Gobierno de un Estado miembro por rotación. 
En realidad, no existe una presidencia de la Unión, pese a lo cual todas las Presidencias se presentan con frecuencia como Presidencia de la Unión, lo que contribuye a una sensación en la opinión pública que hace recaer demasiado peso sobre la Presidencia. 
Se conciben demasiadas esperanzas. Pero, cuando se ocupa la Presidencia, no se ocupa un cargo ejecutivo, se ocupa la Presidencia de una de las instituciones con un programa heredado para un período muy breve y la gente espera demasiado de ella. 
Ésa es la razón por la que a veces hay decepciones al final de la Presidencia. 
Esta vez menos- porque ustedes lo han hecho tan bien -, pero quisiera aconsejar a las Presidencias futuras que no se arroguen algo que no son y que se dediquen a la sólida labor necesaria para lo que ese cargo significa en realidad. 
El mayor éxito de ustedes ha sido la aceleración de las negociaciones sobre la ampliación y ahora parece que todos los países candidatos, excepto Rumania y Bulgaria, podrían haber ingresado perfectamente cuando se celebren las elecciones europeas. 
Eso significa que este Parlamento tendrá por lo menos 732 miembros, posiblemente más. 
Serán muchos más, si hay alguna baja en ese calendario, porque los diputados de cualquier país que no hayan suscrito su tratado de adhesión al comienzo de 2004, sino que ingrese durante la próxima legislatura, se sumarán a los 732. 
Eso va a causar grandes problemas administrativos y financieros a este Parlamento. 
Haremos todo lo que podamos para abordarlo, pero sospecho que, si hay problemas, se nos reprochará en la opinión pública las consecuencias de una decisión adoptada por los Gobiernos. 
Naturalmente, nada de esto es culpa de la Presidencia sueca. 
Al contrario, la aceleración de las negociaciones de adhesión debe ayudar a ese respecto. 
Pero es algo que todos los Estados miembros, y todos nosotros, deben tener presente, al avanzar hacia la Convención para preparar la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Espero que sea una Convención propiamente dicha y que la preparación de la próxima Conferencia Intergubernamental no corra a cargo del habitual grupito de asesores en materia de política exterior, sino que sea un más amplio órgano representativo. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando a la Presidencia sueca por su gran éxito. 
Me complace en particular que la Presidencia lograra incluir el desarrollo sostenible en el núcleo de la política europea. 
Es extraordinariamente importante que nuestros ciudadanos vean la Unión Europea más que como una operación económica y un mercado libre, porque, si no, se sentirán sin lugar a dudas más alejados aún del concepto de integración europea. 
Es importante tener presente que la integración económica y una correcta orientación de la economía europea es importante. 
Igualmente importante es tener presente que no puede haber desarrollo económico en una economía moderna sin una fuerte dimensión social. 
Quisiera afirmar que el desarrollo sostenible y el empleo son parte integrante de la dimensión social de la Unión Europea. 
También deseo felicitar a la Presidencia sueca por haber incluido en el programa el concepto de prevención de conflictos con mayor insistencia que hasta ahora. 
Dadas las tradiciones del pueblo sueco, se trata, evidentemente, de algo muy apreciado por él. 
Es muy apreciado también por el pueblo de Irlanda, que, lamentablemente, hace poco rechazó el Tratado de Niza, precisamente porque hasta cierto punto no entendió bien la naturaleza de la Unión Europea y lo que estamos intentando hacer en relación con la Fuerza de Reacción Rápida. 
Me complace que la Presidencia haya tenido éxito y que se hayan incluido esas cuestiones en el programa. 
Ahora nos corresponde a nosotros, en este Parlamento, y a las Presidencias futuras desarrollarlas aún más. 
Señor Presidente, no puedo sino compartir las conclusiones del documento final de Gotemburgo. 
Entre otras cosas, quisiera subrayar algunos puntos que me parecen extraordinariamente importantes para el desarrollo de Europa: las pensiones y el plan de sostenibilidad financiera, el nuevo ciclo de las negociaciones para la reforma del comercio internacional, los temas ligados a la salud pública y a la utilización de los recursos naturales estrechamente relacionada con el crecimiento económico. 
En lo que respecta a este punto, por ejemplo, en algunos dossiers hubiéramos deseado más coraje, también porque en este momento el miedo es ver sacrificadas en aras de los temas de la ampliación algunas situaciones consolidadas dentro de la Unión Europea, precisamente en lo referente al sector agrícola. 
También en el tema de la seguridad alimentaria respecto de la ampliación, en nuestra opinión, en algunos momentos la tendencia es de silenciar más que de buscar una línea operativa que ofrezca garantías al consumidor. 
Tenemos el tema de la seguridad alimentaria demasiado, permítanme el adjetivo, fresco- dioxinas, vacas locas, las crisis que hemos sufrido en los últimos años- como para no considerarlo prioritario en las decisiones políticas de los próximos años. 
Y ahora, un apunte de carácter político. 
Consideramos que en algunos dossiers no ha existido la relación que habríamos deseado con el Parlamento Europeo y en temas políticos extraordinariamente relevantes- pensamos, por ejemplo, en la relación con Rusia y el escudo antimisiles- hemos tenido unas huidas hacia delante. 
Sin un adecuado debate en Estrasburgo, se corre el riesgo de crear una serie de puntos sin retorno que podrían producir profundas fracturas, especialmente en un período tan políticamente delicado como éste, en el cual algunos Estados tienen realidades de Gobierno consolidadas- pienso en Italia, en España y en el Reino Unido- mientras que en otros Estados, como Francia y Alemania, hay situaciones supeditadas a citas electorales. 
En consecuencia, algunas posiciones podrían sufrir presiones debidas a posiciones electorales más que a posiciones globales europeas. 
El Parlamento Europeo, a nuestro modo de ver, se ha de utilizar como instancia de compensación extraordinariamente importante. 
Señor Presidente, en Gotemburgo, el Consejo Europeo adoptó dos decisiones contradictorias. 
Por una parte, confirmó el calendario de la ampliación tal como deseaba el Parlamento Europeo, adelantando el objetivo del final de las negociaciones a finales del año 2002. 
Muy bien. 
Por otra parte y al mismo tiempo los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron ignorar las consecuencias del "no" irlandés en el último referéndum. 
Ahora bien, este "no" crea una incertidumbre máxima con respecto al calendario de la ratificación, y quizá también sobre su resultado. 
Efectivamente, para que la ratificación de Niza llegue a buen puerto, es necesario esperar a que se celebren las elecciones nacionales irlandesas, que estas elecciones concluyan con la victoria en Dublín de una mayoría más unida que la actual sobre el tema, y una mayoría dispuesta a comprometer su credibilidad en este terreno, ahora mismo minado. 
Y es necesario que los nuevos dirigentes encuentren argumentos que convenzan al pueblo irlandés para cambiar de opinión. 
Los que nos dicen ahora que todo esto será una simple formalidad son los mismos que dormían a pierna suelta antes del reciente referéndum. 
Eso quiere decir que, para los países candidatos, el Tratado de Niza ya no es el sésamo ante la puerta de la Unión, sino un cerrojo, un cerrojo cerrado a cal y canto por los irlandeses y del que nadie garantiza que se abra. 
Por ello, la única garantía de que se mantenga el calendario prometido en Gotemburgo es iniciar la negociación de adhesión sobre la base de los actuales tratados, es decir, del Tratado de Amsterdam. 
Eso es lo que el Sr. Prodi ha intentado decir y se le ha hecho callar. 
Pero la política del avestruz no es buena consejera. 
Con o sin Niza, la reforma institucional sigue estando totalmente sin hacer. 
Para el Parlamento Europeo, ésta sólo puede depender actualmente de un planteamiento constitucional. 
Pero mientras tanto, la verdad nos obliga a decir a los países candidatos que no tienen otras garantías para mantener el calendario propuesto que comenzar a negociar sobre la base de Amsterdam. 
Y si, en el otoño de 2002, el Tratado de Niza está finalmente ratificado, siempre habrá tiempo de adherirse a él. 
En el caso contrario, la ampliación se salvará. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a Göran Persson por el excelente ejercicio de la Presidencia. 
Se pueden decir muchas cosas provechosas, por ejemplo, sobre la apertura, la ampliación hacia el Este y los esfuerzos para alcanzar la paz en los Balcanes. 
Dispongo de muy poco tiempo, por lo que les pido que me permitan ocuparme de dos materias en las que los resultados son, a mi juicio, relativamente escasos. 
Se debió avanzar más en la estrategia de la Unión para el desarrollo sostenible. 
El resultado de Gotemburgo fue, en términos generales, una decisión marco con muy escaso contenido. 
Espero que el Primer Ministro, aún después de la Presidencia sueca, continúe impulsando estos asuntos para conseguir contenidos más concretos, objetivos más claros y calendarios a largo plazo para algunas materias. 
Compruebo con satisfacción que el Primer Ministro mencionó especialmente las relaciones con el Tercer Mundo. 
Éste es un elemento muy importante del desarrollo sostenible. 
El desarrollo sostenible no es posible sin una perspectiva mundial desde el comienzo. 
No obstante, opino que los resultados más pobres se han conseguido en el debate sobre el futuro. 
Creo que Suecia, como país que ejerce la Presidencia, no ha aprovechado la ocasión para discutir con detenimiento no sólo el contenido y la orientación del futuro de la Unión, sino también su organización. 
En mi opinión, Suecia ha perdido por walk over. 
Bélgica, antes de asumir la Presidencia, se ha pronunciado más sobre este tema que Suecia. 
Esto es grave, puesto que es necesario debatir estos asuntos, especialmente en relación con la apertura, la democratización y el arraigo popular. 
Es importante para Europa, pero, ante todo, lo es para Suecia. 
En nuestro país todavía se discute si decir sí o no a la Unión, sin considerar los contenidos o la futura organización. 
Espero que en los próximos meses el Primer Ministro participe activamente, como una parte del trabajo de la troica, cuando, con toda seguridad, Bélgica promueva estos asuntos. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señora Comisaria, yo también tengo que echar un poco de agua al vino, pues la Presidencia fracasó, a mi parecer, en dos ocasiones, cuando no consiguió zanjar la disputa entre dos Estados miembros sobre Gibraltar y poner fin con ello al bloque de la política europea en el ámbito del transporte aéreo. 
Para los ciudadanos resulta incomprensible que proyectos legislativos importantes, como el relativo al incremento de las indemnizaciones en el caso de exceso de reservas en el transporte aéreo, no se aprueben aunque ya se hayan negociado en el Consejo. 
Como también resulta incomprensible que iniciativas legislativas importantes, como la creación de un espacio aéreo único europeo, se encuentren bloqueadas ya en la Comisión. 
Este sería un buen ejemplo, señor Presidente del Consejo, de un caso en el que el Consejo habría podido hacer cuanto estuviera en su mano, pues todo el mundo sabe que una disputa como la de Gibraltar no se puede resolver a escala ministerial entre los ministros de Transportes. 
Es un tema de jefes de Estado y de Gobierno. 
Pero éstos fracasaron en dos ocasiones en este contexto. 
Yo espero que, por lo menos, el Protocolo de Gotemburgo acierte en cuanto al contenido de fondo. 
En efecto, allí se dice que el Consejo espera que esta disputa sobre Gibraltar pueda quedar zanjada en las próximas semanas. 
Por lo tanto, quedamos a la espera de que, dos semanas después de finalizada, la Presidencia sueca dé al menos algún fruto. 
No obstante, señora Comisaria, también quiero dirigir un ruego, un llamamiento urgente, de hecho, a la Comisión. Es imprescindible que ésta adopte la iniciativa legislativa con vistas a la creación de un espacio aéreo único europeo antes de la pausa del verano y la remita al Consejo y al Parlamento. 
Señora Comisaria, usted sabe tan bien como nosotros que los numerosos retrasos y las esperas en el aire no sólo constituyen una molestia para los ciudadanos, que ven retrasado el comienzo de sus vacaciones, sino que también suponen un incumplimiento de las condiciones del contrato y cuestan caros. 
Usted sabe tan bien como nosotros que el consumo absurdo de queroseno en el aire es inadmisible desde un punto de vista medioambiental. 
Por esto necesitamos una normativa europea razonable que acabe con estos retrasos. 
Esperamos recibir todavía este verano su propuesta con este objeto. 
(PPE-DE). (EN) Señor Presidente, como el Sr. Jarzembowski, deseo referirme a la cuestión del transporte. 
He leído con preocupación en las conclusiones de la Cumbre de Gotemburgo en particular que la Comisión va a continuar con su intención de proponer un marco para velar por que "en 2004 el precio de la utilización de los diferentes modos de transporte refleje mejor los costos para la sociedad", lo que revela claramente el principio del cobro de las infraestructuras fomentado por la Comisión desde la publicación en julio de 1998 de su Libro Blanco sobre una fijación de precios justa y eficiente en el sector del transporte, posteriormente aprobado en el informe Costa Neves, que el Parlamento aprobó en enero. 
Esas propuestas son cualquier cosa menos justas y eficientes, en particular por lo que se refiere al transporte por carretera. 
Las propias investigaciones de la Comisión muestran, por ejemplo, que con el cobro de las infraestructuras el costo por kilómetro de un automóvil en el Reino Unido aumentaría un 97% en 2005. 
No cabe duda de que hemos obtenido algunas enseñanzas de las protestas por el precio de los combustibles que provocaron una paralización en muchos Estados miembros el pasado otoño. 
Los usuarios de la carretera ya se ven obligados a pagar un ojo de la cara para subvencionar otras formas de transporte, en particular en el Reino Unido, y las propuestas de la Comisión no harán sino agravar esa situación. 
Pese a varios años de estudio y consulta, incluso los llamados "expertos" en esa esfera reconocen los fundamentos científicos del denominado cálculo de costos sociales y marginales- proceso mediante el cual se fijan esas cargas- no está verificado y no es seguro. 
La fijación de cargas que forzará la salida de las carreteras de algunos no fomentará un cambio de los hábitos viajeros del público en general, sino que simplemente provocará disensión e irritación generalizadas. 
El usuario de la carretera no debe ser objeto de una caza de brujas. 
Los Estados miembros deben tener libertad para establecer sus propios regímenes fiscales y decidir sus propias prioridades para la fijación de cargas sobre las infraestructuras y sus mejoras. 
Insto a todos los diputados a este Parlamento a que reconozcan las horrendas repercusiones que esta propuesta tendrá y los animo a que se me sumen en la oposición a semejantes propuestas en cada una de las fases de su recorrido. 
Señor Presidente, la Cumbre de Gotemburgo ha sido la primera en la historia de la Unión Europea en la que se ha planteado como prioridad absoluta garantizar la sostenibilidad y la viabilidad del modelo socioeconómico de desarrollo. 
Si juzgamos los resultados de la Cumbre basándonos también en el apoyo a las estrategias, el logro más significativo es la institucionalización de un proceso de seguimiento de la política medioambiental, paso a paso, mediante el control anual que se introducirá en la Cumbre de la primavera del Consejo Europeo. 
Igualmente, la obligación de trazar estrategias nacionales y la coordinación de la política de los Estados miembros constituirá un acontecimiento especialmente importante para los países muy retrasados en este campo. 
También se podría caracterizar como de importancia primordial la determinación de una serie de objetivos y medidas, en una primera fase, en cuatro sectores: cambios climáticos, garantía de la sostenibilidad en los transportes, la lucha contra los peligros de la salud pública y la utilización responsable de recursos naturales. 
Y digo "se podría" porque no se han adoptado en paralelo medidas concretas de coste de gestión de la contaminación, que tengan como objeto personas y empresas. 
También hay que decir que aún hay carencias en la salud pública, en donde los peligros son grandes, y les recuerdo por ejemplo las vacas locas, la fiebre aftosa... 
Precisamente ayer en Grecia se comunicó el primer caso confirmado de encefalopatía espongiforme bovina. 
Y hay carencias también en la biotecnología, en la que la Unión Europea debería avanzar esencialmente en la aplicación de una tecnología que ofrezca ventajas significativas a la sociedad del siglo XXI. 
Así pues, los resultados de la Cumbre no han estado a la altura de las expectativas. 
Por consiguiente no podría decir que haya sido un hito. 
Sin embargo es un punto de partida en el paso de las proclamaciones e intenciones al de la aplicación de una política integral de protección medioambiental estrechamente unida al desarrollo social y económico. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera decir que puede que la Cumbre haya proclamado la incorporación de los objetivos de la sostenibilidad ambiental pero, por desgracia, lo que falta es la adopción de calendarios, de medidas concretas, de índices, y de objetivos obligatorios. 
Señor Presidente, fui testigo de la violencia en Gotemburgo. Para mí, simbolizó la distancia en aumento entre los dirigentes y los dirigidos. 
Lamento que la Cumbre llegara a la conclusión de que debía dejar de lado el resultado del referéndum irlandés y continuar como hasta entonces. 
El referéndum de Irlanda nos brindó una oportunidad de pararnos a pensar sobre la forma como se desarrolla Europa. 
Al parecer, el objetivo del Tratado de Niza era propiciar la ampliación de la Unión Europea para incluir las nuevas democracias. 
El deber primordial de los políticos de Europa es el de lograrla lo antes posible. 
Sin embargo, discrepo del Presidente de la Comisión, quien la semana pasada escribió en The Wall Street Journal que el Tratado de Niza era esencial para la ampliación. 
No lo es. 
Podríamos hacer el ajuste necesario en los tratados de adhesión para la votación por mayoría cualificada, los derechos de voto, el número de diputados al PE y demás en relación con cada uno de los países que se adhiera a la Unión Europea. 
Debemos aprovechar ahora esta oportunidad de hacer aportaciones a los pueblos de Europa, representados por sus diputados nacionales y por sus diputados al Parlamento Europeo, estableciendo no una Convención, sino una conferencia parlamentaria. Dicha conferencia parlamentaria debe preparar el terreno para la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Ante todo, debe comenzar determinando las opciones que Europa necesita para contribuir al futuro de la economía, la política social, el medio ambiente, el transporte y el presupuesto: el tipo de Europa que las dos grandes familias políticas- el centro izquierda y el centro derecha políticos de Europa- propugnan, cosa que brindaría la posibilidad real de optar en las elecciones europeas de 2004 entre las propuestas del centro izquierda y las del centro derecha. 
De ese modo las elecciones europeas tendrían sentido y coincidirían, en realidad, con las opiniones de la mayoría de los diputados a esta Asamblea de que el criterio de continuar como hasta ahora, el criterio de arriba abajo, ya no se puede sostener más. 
. 
(SV) Señor Presidente, comentaré brevemente algunas intervenciones, pero, en primer lugar, permítame dejar constancia de mi gratitud por los reconocimientos que han expresado los diversos Grupos políticos sobre la Presidencia sueca. 
Es un agradecimiento que quiero hacer extensivo a todos los que han trabajado intensamente y se han comprometido con la Presidencia sueca. El grupo de experimentados funcionarios dirigido por el Secretario de Estado, Lars Danielsson, debe ser mencionado especialmente en este contexto. 
Lo que ha ocurrido en Gotemburgo fue que dialogamos amplia y democráticamente con personas que tenían criterios diferentes a los nuestros. 
Fue provechoso, ya que en una democracia hay que intercambiar opiniones. 
Lo que ocurrió a continuación es que había un grupo relativamente pequeño de gamberros muy activos en la escena internacional, personas a las que hemos visto anteriormente y que me temo que volveremos a ver. 
La policía y las fuerzas del orden, que realizaron un excelente trabajo en Gotemburgo, deben enfrentarlos con determinación. 
Esos gamberros se denominan a sí mismos antifascistas. 
Debo confesar que jamás he visto algo más parecido al fascismo que sus métodos de trabajo. 
Toda su actitud hacia la política es propia de fascistas. 
Cuando pongo la etiqueta de fascistas a esos comunistas es para demostrar que ambos extremos se han juntado. 
Hemos visto numerosos ejemplos en la política europea. 
Quizá tengamos que volver a vivirlos, pero ¡los demócratas no debemos enfrentarnos! 
Debemos presentar un frente unido contra la violencia, contra el fascismo y contra el comunismo. 
Esta es la lección de Gotemburgo. 
Lamento que no esté presente el Sr. Poettering, jefe del Grupo PPE-DE. 
Espero que se informe de estos sencillos pensamientos a través de las actas. 
En su elegante y bien articulada intervención, Pat Cox mencionó un asunto al que asigno gran relevancia, esto es, la conciliación en relación con la transferencia de empresas. 
Me preocuparía mucho que el Parlamento ignorase los resultados de la conciliación. 
Es un hecho único y algo que va a tener consecuencias para los trabajos futuros del Parlamento. 
Por eso insto al Parlamento a ser fiel con el resultado de la conciliación, tal como señaló Pat Cox. 
Permítanme decir también que valoro positivamente lo expresado por el diputado Van Velzen, y que yo mencioné en mi intervención, esto es, que tenemos la tendencia a considerar que los mayores problemas radican en los países candidatos. 
Esta claro que les resulta difícil adecuarse a las exigencias que les ponemos, pero sus procesos de reformas se desarrollan con energía y clara conciencia de los objetivos. 
Ahora que nos acercamos al fin de las negociaciones, creo que se va a demostrar que los países miembros son los que tienen las principales dificultades para definir posiciones. 
Nuestra experiencia durante el corto tiempo que ejercimos la Presidencia es que esto ha sido lo que ha demandado los mayores esfuerzos. 
Comparto plenamente la idea de que estamos ante difíciles capítulos, por ejemplo, la agricultura y la política regional, materias que estudiaremos minuciosamente dentro de la estructura actual de la política europea. 
Permítanme decir que el diputado Corbett de United Kingdom manifestó una idea muy interesante sobre el carácter de la Presidencia. 
Quisiera hacer un llamado de advertencia sobre esta tendencia, esto es, pensar que cada vez que un país asume la Presidencia en el Consejo Europeo se va a reformar la Unión desde sus cimientos. 
Es extraordinariamente importante que quien presida el Consejo entienda su tarea como una responsabilidad continuada, que implica que cada Presidencia debe acoplarse a las demás. 
La política debe ser estable y, si es posible, hay que hacerla avanzar. 
Sin embargo, los intereses comunes de la Unión deben ser prioritarios y, por ese motivo, hay que dejar los aspectos nacionales en un segundo plano. 
Así hemos trabajado. 
Hay quienes piensan que ha sido aburrido, pero estoy convencido de que es una actitud necesaria si queremos mantener las Presidencias rotativas. 
Valoro muy positivamente las palabras del Sr. Corbett. 
El diputado Anders Wijkman se lamenta por el deficiente debate sobre el futuro durante la Presidencia sueca. 
Permítanme decirle directamente que eso lo he escuchado antes. 
¿De qué nos hemos ocupado entonces durante la Presidencia sueca? 
De política exterior, de política medioambiental, de la ampliación de la Unión; ¡esto es el debate del futuro! 
Sin embargo, hay quienes opinan que este debate debe versar sobre las estructuras de la Unión y señalan que hay que tener una especie de postura federalista como mérito para poder debatir estos temas en la UE. 
No estoy de acuerdo con esto y opino que el debate sobre el futuro debe versar sobre lo que queremos alcanzar. 
Después, paulatinamente durante las Presidencias belga, española y danesa, discutamos las instituciones que requiera esta voluntad política. 
Así hay que entenderlo, y entonces somos nosotros, la Presidencia sueca, los que más hemos contribuido a este debate. 
Se trata de la ampliación, se trata de la política exterior y de seguridad, se trata del medio ambiente. 
Permítanme decir al diputado Bradbourn que agradezco su intervención. 
Señaló, desde su perspectiva conservadora, un punto importante. 
Se ha dicho que las conclusiones medioambientales de Gotemburgo no son detalladas, que no son obligatorias y que ni siquiera constituyen un reto. 
Las críticas del Sr. Bradbourn- que esas conclusiones van demasiado lejos y que son detalladas- demuestran, sin embargo, justamente que son así. 
¡Son detalladas! 
Todos los que critican esas conclusiones por ser insuficientes han tenido en la intervención del Sr. Bradbourn una respuesta bastante buena y clara. 
Doy las gracias al Sr. Bradbourn por su intervención, pero no comparto sus ideas. 
Así, aproximadamente, creo que puedo describir la situación. 
Por último, permítanme decir que el diputado Dell ' Alba mencionó algo que quizá sea lo más importante ocurrido durante el semestre de Presidencia sueca. 
Pienso espontáneamente en que la entrega de Milosevic a La Haya no es una consecuencia directa de las actuaciones de la Presidencia sueca, pero sí es una consecuencia, entre otras cosas, de la firme actitud de la Unión Europea en esta materia. 
Es consecuencia de entender que las relaciones internacionales se fundamentan en valores. 
Es consecuencia de nuestra defensa de los derechos humanos. 
La entrega de Milosevic a La Haya podrá describirse en el futuro como el gran hecho que cambió el carácter de la política exterior, que el que atropella a sus conciudadanos o a otras personas, el que inicia guerras con fundamentos étnicos, dondequiera que se encuentre, será visto, será descubierto y será juzgado por una opinión internacional políticamente unánime, fundamentada en valores democráticos y en los derechos humanos. 
La entrega de Milosevic a La Haya es un hecho político de gran magnitud y una victoria para todos los que creen en una política exterior asentada en valores comunes. 
¡Gracias por su colaboración durante la Presidencia sueca! 
He recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles. 
Ofertas públicas de adquisición 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0237/2001) del Sr. Lehne, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C5-0221/2001- 1995/0341 (COD) ) relativa a las ofertas públicas de adquisición. 
Señorías, en primer lugar yo quiero agradecer también la colaboración de las y los colegas en las deliberaciones y expresar en particular mi agradecimiento a Jimmy Provan por la toma de posición leal que acaba de exponer aquí en el Pleno. 
Aun así, voy a echar un poco de gasolina al fuego. Por la sencilla razón de que no debemos olvidar cuál fue el eje central de los debates sobre nuestras enmiendas en segunda lectura en diciembre del año pasado. 
Deseábamos establecer unas reglas del juego equitativas- que todos luchasen con las mismas armas en la adquisición de empresas- en Europa. 
Es evidente que con el presente resultado del Comité de Conciliación no lo hemos conseguido. 
El Parlamento ofreció toda clase de compromisos en las negociaciones. 
Jimmy Provan ha explicado que esto no se consiguió porque el Consejo rechazó cualquier tipo de compromiso, mantuvo obstinadamente su posición común en relación con el tema decisivo y no se mostró dispuesto a ceder ni siquiera un milímetro en ningún aspecto. 
Una de nuestras ofertas de compromiso, una de las últimas que hicimos, era la entrada en vigor de una directiva por la que se establezca un marco jurídico armónico. Directiva que ya propusimos hace tiempo y que el Consejo ya tiene sobre la mesa, según me enteré el fin de semana pasado, desde 1972, o sea, desde mucho antes de los doce años de los que se ha hablado aquí. 
La entrada en vigor de la obligación de neutralidad se debe vincular a que también entre en vigor una directiva de ese tipo, por la que se establezca un marco jurídico armónico. 
El Consejo rechazó incluso esta posibilidad, a pesar de que en realidad es lógica. 
Únicamente accedieron a que la Comisión convoque a un grupo de expertos que examinen este tema y luego tal vez puedan formular algunas propuestas. 
Yo me pregunto: ¿qué sentido tiene convocar a un grupo de expertos pero aprobar ya antes la directiva? 
Normalmente, primero se constituye el grupo de expertos y luego se adopta una directiva sobre el tema en cuestión. 
Lo que está pasando no me convence. 
Por esto, yo concluyo que no se trata de un compromiso, sino de la capitulación de la mayoría de la Delegación del Parlamento ante la posición el Consejo. 
Además, en un ámbito en el que hay varias decisiones importantes pendientes del procedimiento de conciliación- basta pensar en la directiva sobre el blanqueo de capitales, en toda la temática relacionada con el seguimiento del Informe Lamfalussy y todas las demás cuestiones incluidas en este contexto. 
Yo afirmo que si aprobamos la directiva en su forma actual, ello irá en detrimento del papel institucional del Parlamento y, aunque sólo sea por este motivo, no deberíamos hacerlo. 
Más allá de esto, hay una serie de razones más objetivas por las que no podemos aprobarla. 
La directiva tendría como resultado que las empresas protegidas puedan adquirir en el futuro a las no protegidas. 
Esta sería la consecuencia evidente. 
En efecto, si no existen un marco jurídico armónico, si es admisible que la legislación nacional proteja en determinados Estados miembros a las empresas, mediante limitaciones del derecho de voto, derechos de privilegio (golden shares) , derecho de voto múltiple y una serie de posibilidades de intervención de la administración, mientras que en otros Estados miembros esto no es así, yo me pregunto dónde queda entonces la equidad de las reglas del juego. 
Y, si comparamos la situación en los Estados Unidos y Europa, podemos constatar que los americanos han seguido el proceso exactamente inverso. 
Han introducido una llamada business judgement rule, que autoriza a los consejos de administración de las empresas a defenderse por los medios que decidan; en Europa les prohibimos hacerlo. 
¿Cuál será, entonces, el resultado de dicha decisión, si las empresas americanas pueden adquirir las empresas europeas con mayor facilidad que éstas a aquéllas? 
Además, la evolución de los hechos en América también desmiente mucho de lo cosas que todavía se podía leer esta mañana en los periódicos. 
Éstos repiten continuamente que si ahora, de pronto, rechazamos esta directiva estallará el caos o ello repercutirá negativamente sobre el mercado financiero europeo. 
Los americanos demuestran lo contrario, ellos han recorrido el camino inverso y nadie puede afirmar que el mercado de valores americano sea menos dinámico que el europeo. 
Por lo tanto, es evidente que no existe esa correlación. 
Finalmente, también quisiera recordar la palabra clave: localización ventajosa. 
Delaware es un Estado federal que posee una legislación relativamente restrictiva en materia de adquisición de empresas. 
Resulta interesante observar que un 40% de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York y hasta un 60% de las incluidas en el índice tienen su sede en dicho Estado. 
Yo les pregunto: ¿cuál debe ser el motivo? 
Por mi parte, sólo puedo sugerir que dichas condiciones son, a mi parecer, un factor esencial para la elección de la localización de las empresas. 
Nadie se opone a que se proteja a los accionistas. 
Yo mismo también lo soy. 
Por lo tanto, es indiscutible que, al igual que la mayoría de los ciudadanos que son accionistas, yo también estoy natural y lógicamente a favor de la protección de los accionistas, pero una protección en igualdad de condiciones. 
El lema de Jimmy Provan, "una acción- un voto", justamente no se cumple en Europa. 
Este es el problema decisivo. 
Dado que esto no se cumple, sería un error introducir ahora una estricta neutralidad que acabaría provocando grandes desequilibrios en Europa y, en consecuencia, seguramente sería más perjudicial que beneficiosa para el mercado interior. 
Para acabar, el Primer Ministro sueco ha dicho que la directiva es incomparable y yo comparto esta opinión: en su presente versión, dicha directiva es incomparablemente mala. 
¡Por esto tenemos que rechazarla! 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Provan y al Sr. Lehne. 
Parto de la posición aprobada en segunda lectura por el Parlamento Europeo el 13 de diciembre de 2000 por 399 votos a favor. 
En esta aprobación había una enmienda que modificaba radicalmente el artículo 9 de la posición común al permitir al consejo de administración adoptar medidas de defensa sin consultar a los accionistas una vez que la oferta se hiciera pública. 
Las medidas de defensa podían someterse a la previa autorización de la autoridad de supervisión por parte del consejo de administración o a consecuencia de la solicitud de los accionistas que representasen al menos, el 1% del derecho de voto. 
Luego, tuvimos la conciliación. 
La conciliación fue objeto de un largo trabajo sobre una temática extraordinariamente difícil. 
A la vista de que el Consejo rechazó de plano tener en cuenta dicha enmienda, presentamos, entre otras cosas, una serie muy amplia de soluciones de compromiso que iban de la posibilidad para cada titular del 20% de los derechos de voto de pedir la convocatoria de la junta para deliberar medidas de defensa a una cláusula que habría vinculado la entrada en vigor de la directiva relativa a la OPA a la entrada en vigor de una directiva que habría establecido una especie de level playing field, es decir, unas reglas del juego comunes en el Derecho societario europeo. 
No se ha hecho nada de todo esto, y el Consejo ha rechazado de plano cualquier forma de compromiso propuesta por nosotros. 
Recuerdo, entre otras cosas, -me lo recuerdo ante todo a mí mismo- que existe una propuesta de directiva cuyo objetivo es la creación del level playing field: la quinta Directiva en el ámbito del Derecho de sociedades, relativa a las obligaciones de los accionistas y de terceras personas en lo concerniente a la estructura de la sociedad anónima, así como a las facultades y obligaciones de sus órganos sociales, aprobada por la Comisión en 1972 y que continúa paralizada en los archivos del Consejo desde hace más de 10 años a la espera de la posición común, después de que el Parlamento Europeo se expresara sobre la misma en múltiples ocasiones. 
El plazo de cinco años para la transposición... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, como ha señalado el Vicepresidente Provan, las dos instituciones responsables de la adopción de esta directiva, el Consejo y el Parlamento, están divididas. 
El Consejo, si se quiere, con una oposición minoritaria; el Parlamento, dividido prácticamente por la mitad, ya que en la delegación en el Comité de Conciliación, en la noche final, la votación se decidió por 8 votos a favor y 6 en contra, con un miembro que no participaba en las votaciones. 
Yo diría que en este momento las divisiones se hacen también extensivas a los diferentes Grupos políticos. Concretamente, mi Grupo político decidirá esta tarde el sentido de su votación, con lo cual hasta mañana, probablemente, no sabremos con certeza si la directiva será o no aprobada. 
Quisiera empezar diciendo que discrepo del Sr. Provan en cuanto a la valoración de un posible rechazo de esta directiva. 
Porque el problema que se plantea es si, como consecuencia de la adopción de la directiva, las empresas europeas- como ha señalado el Sr. Lehne- podrían ser objeto de presa por parte de los grandes operadores financieros internacionales, a los que se conoce coloquialmente como "los tiburones de Wall Street". 
Ése es el peligro que tenemos en este momento y yo, como diputado, manifiesto, desde luego, mi intención de votar en contra, ya que creo que el peligro de que nuestras empresas sean devoradas por estos operadores financieros, vaciadas de contenido si tienen activos (empresas de fuerte capitalización) , y condenando luego a los obreros a ir al paro, me parece mucho mayor que el peligro contrario, de que puedan ponerse dificultades al funcionamiento del mercado interior. 
Como señalaba el Sr. Lehne, los mismos norteamericanos han adoptado la solución, un poco expeditiva, de que haya, por lo menos, un Estado en el que tienen su domicilio empresas con alto nivel de capitalización, el Estado de Delaware, en el que se puede evitar efectivamente el control de las empresas más capitalizadas por los tiburones financieros. 
En cuanto a la opinión pública o la prensa, también discrepo del Sr. Provan, porque los periódicos que yo leo no dicen lo que él dice. 
En mi opinión, en este momento un voto en contra del Parlamento Europeo en un tema tan importante y tan sustancial como éste reforzaría el prestigio de esta institución. 
Porque las referencias que tengo de instituciones gubernamentales indican que, probablemente, muchos de los Gobiernos cambiarían su postura en el Consejo si tuvieran conocimiento del impacto que tiene la cuestión sobre el mundo empresarial y, sobre todo, sobre el mundo sindical. 
En este momento, en la fórmula que se establece en la propuesta de directiva, los trabajadores son el convidado de piedra. 
A los trabajadores se les invita a la mesa, pero no participan en ella; no participan en la comida: no participan en la decisión; simplemente, se les comunica la decisión que se va a tomar y, una vez tomada, el documento aportado por los trabajadores se incluye como un documento más (algo parecido a lo que hace el Consejo cuando el Parlamento tiene una función consultiva) y luego se decide sin tomar en cuenta para nada la opinión de los trabajadores. 
Por lo tanto, mi opinión y la de gran parte de los miembros del grupo socialista será, probablemente, contraria a la adopción de esta directiva. 
Señor Presidente, deseo comenzar rindiendo un homenaje a la presidencia por el Sr. Provan del Comité de Conciliación del Parlamento. 
Ha hecho una labor maravillosa en circunstancias muy difíciles. 
Quisiera decir, en nombre del Grupo ELDR, que respaldamos totalmente y sin fisuras el acuerdo alcanzado en la conciliación y votaremos en consecuencia. 
Ya se han expuesto la mayoría de las razones y hemos vuelto a escucharlas esta mañana. 
Esta directiva es muy importante, decisiva, para el plan de acción en materia de servicios financieros. 
Así, pues, si estamos interesados de verdad en la competitividad y el buen funcionamiento de la economía de Europa, debemos continuar con esta directiva. Mi Grupo cree que a largo plazo redundará en beneficio de los ciudadanos de Europa. 
Quiero que tengamos en cuenta los intereses de aquellos a quienes intentamos proteger con esta directiva, a saber, los accionistas minoritarios, para que podamos empezar a garantizar la inversión y la propiedad en las empresas de toda Europa. 
Ahora está empezando a suceder- y seguirá sucediendo cada vez más en el futuro- que muchos de dichos inversores son ciudadanos europeos que invierten para su futuro, ahorros y pensiones. 
Acontecimientos recientes han mostrado que los ciudadanos están sintiéndose cada vez más frustrados por la incapacidad de los políticos para abordar los efectos de la mundialización y otros aspectos de la vida empresarial. 
Por ejemplo, parece muy posible que un grupo de accionistas motivados empiece a lograr un vuelco en la proyectada construcción de la presa de Ilisu en Turquía. 
Los accionistas pueden actuar contra los tiburones de Wall Street. 
Los accionistas son propietarios; tienen derechos y responsabilidades que se pueden ejercer de muchas formas y esta Asamblea quisiera refrendar. 
En muchos casos los accionistas son también empleados. 
El resultado de la conciliación representa una transacción substancial. 
Esta directiva tiene posibilidades de ser el medio para permitir a nuestros ciudadanos ser inversores en el futuro de la empresa de Europa y garantizar la salud y la vitalidad de nuestra economía. 
Señor Presidente, es un privilegio tener la oportunidad de participar en este debate. 
Como miembro de la mayoría en el grupo de conciliación en Luxemburgo el 5 de junio, mi motivo primordial para votar era el de velar por que el Parlamento tuviera la oportunidad de pronunciarse sobre esta tercera lectura. 
Habría sido un escándalo que, a la una de la mañana del 5 de junio en Luxemburgo, 15 de nosotros lo hubieran rechazado en una votación y hubiesen impedido al Parlamento celebrar este debate. 
Podemos asegurar a todos cuantos visitan esta Asamblea hoy que no habrá una decisión más importante que afecte al bienestar de la industria de Europa que ésta. 
Mi Grupo gozará de libertad de voto al respecto y creo que otros también. 
Como diputados particulares al Parlamento, nos guiaremos por nuestra conciencia sobre esta cuestión en la decisiva votación de mañana. 
A veces tengo la sensación de vivir en otro mundo, cuando oigo decir que, si se aprueba esta directiva, se producirán toda clase de desastrosas ofertas publicas de adquisición. 
Los diputados deben recordar que en cualquier caso seguirá habiendo ofertas públicas de adquisición. 
La cuestión es si vamos a tener un conjunto común de normas en Europa que nos rijan a todos. 
¿Tendremos una única legislación básica relativa a ofertas públicas de adquisición o permitiremos que continúe el caos? 
El Sr. Lehne tiene mucha razón al hablar del perjuicio que pueden causar las acciones de oro, de la injusticia que representa la inexistencia de una igualdad de trato para todos. 
Rechazando esta directiva no avanzaremos más hacia dicha igualdad de trato para todos. Con ello resultará imposible durante el próximo decenio acercarse lo más mínimo a la igualdad de trato. 
Así, pues, debemos avanzar en esta ocasión. Sería escandaloso no hacerlo. 
Probablemente se tarden cuatro años, si lo aprobamos hoy, antes de que entre en vigor. 
Los sindicalistas y empleados de las empresas de toda Europa tendrán que esperar aún cuatro años para lograr lo que el Sr. Medina Ortega considera ya insuficiente. 
Pero en este momento tienen mucho menos. 
Si se aprueba la directiva, el consejo de la empresa ofertante o que reciba la oferta tendrá que declarar sus bazas en el momento en que se presente la oferta. 
Tendrá que declarar sus intenciones respecto de los puestos de trabajo y la ubicación de las actividades. 
Los sindicatos u otros representantes de los empleados tendrán derecho a formular observaciones al respecto antes de que la empresa destinataria adopte una decisión. 
Los accionistas de la empresa destinataria deberán saber qué opinan los empleados. 
En este momento nada de esto tiene carácter legal. 
Estamos a punto de privar a los ciudadanos de algo que reviste importancia decisiva, ¡salvo que aprobemos esta directiva! 
Señor Presidente, señor Comisario, las empresas, los trabajadores y los ahorradores europeos necesitan con urgencia un mercado europeo de capitales libre de trabas proteccionistas, integrado y eficaz. 
La misma fuerza del euro dependerá de la fuerza y del atractivo de los mercados financieros. 
Las ofertas competidoras de las que son objeto las sociedades anónimas son un elemento esencial para un mercado de capitales eficaz y orientado a la creación de valor y a la protección de los intereses de los accionistas mayoritarios y sobre todo minoritarios. 
En este sentido, el artículo más controvertido de la Directiva, el artículo 9, se mueve en la dirección correcta, la de ofrecer dentro del mercado único europeo un marco legislativo fiable y homogéneo para las ofertas públicas de adquisición. 
Por esto, los radicales italianos de la Lista Bonino votarán a favor de la Directiva. 
Además, cuando se hace referencia al modelo de los Estados Unidos, creo que es incorrecto considerar sólo una parte del mismo: o se considera el modelo en su conjunto, Sr. Lehne, o se rechaza totalmente. 
Durante estas semanas, los conservadores y los proteccionistas que han rechazado esta propuesta, han contado con una gran coartada: la de las diferencias existentes entre los distintos países. 
El caso de la escalada por parte de una cordada promovida, de hecho, por Electricité de France (EDF) , al segundo grupo eléctrico privado italiano, Montedison, es emblemático. 
EDF es una sociedad que no cotiza en Bolsa, cuyo único propietario es el Gobierno francés, y que goza en su país de un monopolio legal. 
Está claro que su agresiva política de compras por toda Europa supone una intolerable distorsión del mercado europeo de capitales. 
Con la promesa de reforzar la competitividad y la competencia en los mercados de algunos servicios públicos se permiten políticas que implican el regreso al estatismo y a la gestión monopolista. 
Por último, señor Presidente, para evitar que este tipo de operaciones provoque reacciones como la acción de oro, los decretos de bloqueo, el rechazo de determinadas normativas como la que votaremos mañana sobre la disputa de las sociedades, es necesario que la Comisión intervenga a través de los poderes de que dispone sobre las ayudas estatales, sobre el abuso y la exportación de posición dominante, al objeto de evitar que estas diferencias destruyan el mercado europeo de capitales. 
Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo la labor que ha llevado a cabo el Sr. Lehne en este informe, aunque no siempre he estado de acuerdo con él. 
Cuando las empresas que cotizan en bolsa son objeto de posibles ofertas públicas de adquisición, deben poder adoptar medidas defensivas, pero, cuando la dirección actúa, debe hacerlo de forma ecuánime para con todos los accionistas de cualquier categoría. 
Si no es así, la integridad del mercado resulta erosionada, lo que propicia una renuencia del capital a invertir y, por tanto, subcapitalización y, por ende, resultados insatisfactorios de la economía de Europa. 
A su vez, los fondos de pensiones no podrán lograr las cantidades apropiadas para la jubilación de sus miembros y la moneda se debilitará. 
En esta conciliación se han introducido 15 disposiciones nuevas en la posición común, por lo que no se puede sostener en serio que se han pisoteado los derechos del Parlamento. 
Semejante afirmación podría socavar nuestro crédito en el futuro, cuando de verdad tengamos motivos de preocupación. 
El principio de que dispongamos de una directiva sobre las ofertas públicas de adquisición ha sido apoyado en las primera y segunda lecturas y ahora, doce años después, disponemos de un texto final acordado. 
En este Parlamento nos quejamos con frecuencia de que se nos considera injustamente inmaduros e irresponsables y, por tanto, no se nos hace caso. 
Demostremos ahora que quienes así nos critican están equivocados y votemos a favor de la conciliación. La mayoría de los comentaristas y todos los países europeos menos uno, Alemania- país que normalmente estimo, pero que se ha echado atrás respecto de una posición unánimemente acordada por el Consejo- la apoyan. 
Éste es, como ha señalado lúcidamente el Sr. MacCormick, el primer paso hacia la creación de un mercado único de la propiedad empresarial. 
Es un componente integral del Mercado Único y redundará en beneficio de todos los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, a la hora de fijar una posición sobre esta última etapa interlegislativa de la directiva, no debemos fijar posiciones sobre el fondo, sino reflexionar acerca del papel del Parlamento Europeo en el proceso de codecisión. 
Y, si nos atenemos a lo ocurrido, podremos llegar a la conclusión de que, hasta ahora, el sistema no ha funcionado. 
Ya sé que es difícil llegar a soluciones en el Consejo, poner de acuerdo a gobiernos con posturas diferentes, a países con tradiciones jurídicas distintas, pero tengo la sensación, mejor dicho, la seguridad, de que ese consenso en el Consejo se busca con absoluto desconocimiento de lo que piensa el Parlamento Europeo acerca del contenido de la norma. 
Y claro, cuando se llega a un acuerdo en el Consejo, cualquier propuesta del Parlamento en sentido contrario acaba percibiéndose como un peligro para un acuerdo conseguido- a veces- in extremis y que se encuentra en equilibrio inestable. 
En esos supuestos, la posición del Consejo termina siendo cerrada y se traduce en una postura que siempre viene a significar: o se hace lo que nosotros decimos o la norma no se aprueba. 
Las palabras del Vicepresidente Provan han mostrado que en el Consejo ha pesado más la sensación de que en un determinado país no ganara un compromiso adquirido previamente, que lograr un acuerdo con el Parlamento Europeo. 
Cuando el Parlamento analizó en segunda lectura el contenido de la posición común, se mostró preocupado particularmente por dos asuntos: la participación de los trabajadores y la obligación de la neutralidad impuesta a los administradores. 
En estos dos apartados la mayoría del Parlamento Europeo tuvo la osadía de oponerse a lo que previamente había decidido el Consejo. 
Me parece grave que se hiciera caso omiso de las posturas del Parlamento Europeo en primera lectura en favor de los trabajadores y sus representantes para que estuvieran plenamente informados y pudieran manifestar su opinión sobre las tomas de control de sus empresas, y ello justifica la oposición del Parlamento Europeo a la posición común. 
Por otra parte, que este Parlamento buscara un equilibrio entre los partidarios y los contrarios de permitir maniobras defensivas, lejos de merecer las críticas de algunos sectores interesados, debería merecer el reconocimiento de éstos, pues no es cierto que la posición del Parlamento Europeo fuera la de permitir cualquier tipo de maniobra defensiva, como interesadamente se ha señalado a los medios de comunicación. 
Basta analizar el contenido de las enmiendas aprobadas para que quede desmentida esa afirmación. 
No apreciamos favorablemente la posición del Consejo de rechazar cualquier posible acuerdo con las posturas de este Parlamento. 
Señor Presidente, Comisario Bolkestein, Señorías, quiero dedicar un par de palabras a este debate. 
Creo que el punto de partida de todos nosotros debería ser que no sólo hablamos del mercado interior, sino también sobre el modelo social europeo. 
No hablamos de un modelo anglosajón. 
Esta tarde discutimos con uno de los Comisarios sobre asumir la responsabilidad social, y eso significa que no sólo tiene que ver con los shareholders, sino también con los stakeholders; tiene que ver con los consumidores; tiene que ver con las organizaciones medioambientales; y tiene que ver con los trabajadores. 
En este momento está también en juego la información y la consulta. 
Por tanto, no sólo cuenta la información, sino también la consulta: la cogestión en sentido amplio. 
Nos ocupamos de una petición para revisar la ley relativa a los comités de empresa europeos. Abogamos por un observatory for industrial change. 
Ésa es una de las cosas que están sucediendo. 
En el otra lado, todavía hay personas que desean que se regule un company statute europeo y las take-over bids. 
En mi opinión, debemos ser lo suficientemente maduros para llegar lentamente, pero con seguridad, a un package deal en el que este tipo de asuntos se regulen de una sola vez. 
Si examino de nuevo esta directiva, veo, especialmente en los artículos 6 y 9 d) , que aquí sólo se trata, de hecho, de notificar lo que sucede. 
Me refiero en este punto a mi experiencia práctica como asesor de comités de empresa y sindicatos. He experimentado esas dificultades diariamente. 
Con esta directiva, uno puede encontrarse con que la información es suficiente, pero apenas tiene tiempo de llegar a una opinión propia. 
Entonces, es vano decir que ésta puede ser enviada eventualmente. 
Conozco pero que muy bien esta práctica y no la quiero. 
Por tanto, lo que veremos mañana será una coalición extraña, con divisiones en todos los partidos políticos. 
Defiendo, por supuesto, la parte de los Verdes, que es la más amplia, que votarán en contra. 
Una coalición extraña, con, en un lado, gente que defiende sus mejores industrias nacionales y, en el otro lado, gente que está principalmente a favor de la mejora de la participación y la consulta. 
Yo pertenezco muy explícitamente a este último grupo. Me gustaría haber visto aquí, tal como el Sr. Simpson ya dijo una vez aquí respecto del expediente de los servicios postales, que el ayatola de la liberalización hubiera tenido más coraje e, inmediatamente, hubiera regulado bien esta consulta. 
Señor Presidente, Señorías, siento gran admiración por lo que ha planteado y plantea el Comisario Bolkestein en el ámbito del mercado interior. 
Lamentablemente, hoy no estoy de acuerdo con él. 
Opino que el resultado de la conciliación no debe ser aceptado, y ello por los siguientes motivos. 
Antes de nada, la propuesta se opone a la legislación y al uso en mi propio país, los Países Bajos. 
El Ministro neerlandés de Finanzas puede afirmar en una carta que envió ayer al Parlamento neerlandés, que hace falta una directiva, pero los que prestan atención a los interlocutores sociales de los Países Bajos, saben mucho más. 
Por otra parte, el Gobierno neerlandés estuvo hasta hace dos años en contra de esta directiva. 
Las cosas pueden cambiar. 
El sistema neerlandés parte de la posibilidad de proteger a las empresas frente a las cesiones hostiles. 
Su objetivo es dar la oportunidad a la administración de la sociedad objeto de la cesión de sopesar los pros y los contras ante una oferta hostil. 
La administración tiene que tener en cuenta la continuidad de la empresa. 
El planteamiento de la propuesta del Sr. Bolkestein es muy distinto. 
En ella, la decisión relativa a la oferta hostil queda en manos de los accionistas. 
Un segundo argumento contra la propuesta del Sr. Bolkestein es la desigualdad que se crea con ella en Europa. 
El artículo 9 solamente prohíbe las construcciones que protegen jurídicamente. 
Todas las otras posibilidades para oponerse a las cesiones, tales como la intervención de la Administración, no se contemplan en la directiva. 
Señor Presidente, por último, quisiera decir esto. 
Uno de los argumentos que se ha utilizado para la aceptación de esta directiva es que ya lleva doce años paralizada y que, con el rechazo de este compromiso, el trabajo se habría realizado para nada. 
No considero que éste sea un argumento. 
El Sr. Bolkestein ha prometido que se efectuarán estudios respecto de algunas cuestiones. 
Por otra parte, considero que este tipo de estudios debían haberse efectuado en estos doce años de preparación y no después de la aceptación de la directiva, dicho sea de paso. 
La Comisión puede preparar rápidamente otra propuesta de directiva que, si se aborda de forma sensata, se ocupará de establecer, en efecto, un level playing field en Europa, y que también puede entrar en vigor antes que la propuesta actual, en la que, después de todo, se establece un período transitorio de cinco años. 
Señor Presidente, Señorías, señor Bolkestein, la conciliación es una cuestión de equilibrio, una cuestión de compromisos. 
Ambas partes deben ceder y obtener algo. 
En el marco del proceso legislativo europeo, a menudo tenemos que mantener duras negociaciones entre el Parlamento y el Consejo en el contexto del procedimiento de conciliación. 
Sin embargo, al final, por regla general se alcanza un resultado equilibrado que el Parlamento puede aprobar. 
No ha ocurrido así en el caso de la llamada directiva sobre la adquisición de empresas que ahora, después de muchos años de trabajo, se debería presentar en su versión acabada. 
El Parlamento Europeo está obligado a rechazar el resultado conseguido en Luxemburgo al final de una noche azarosa. 
Este resultado es inútil. 
Se lo digo sinceramente, a pesar de que yo participé en las negociaciones como miembro de la delegación del Parlamento. 
Sin embargo, también les digo que en todos los comités de conciliación en los que he tomado parte jamás se habían dado por zanjadas con tanta frialdad las negociaciones. 
¡Ni asomo de un proceso de concesiones y beneficios mutuos! 
La comisión negociadora del Consejo descaró de un plumazo la mayor parte de los planteamientos adoptados por una abrumadora mayoría en el Parlamento Europeo. 
No será necesario que vuelva a enumerar punto por punto los detalles que ya se han citado. 
No obstante, yo quiero advertirles en contra del riesgo de que esta Asamblea barra debajo de la alfombra las decisiones que adoptó por una mayoría francamente convincente y acepte un turbio resultado de una conciliación. 
Perderíamos la dignidad y seríamos el hazmerreír de los ciudadanos y ciudadanas con toda la razón. 
El resultado del procedimiento de conciliación que estamos debatiendo es, además, tan malo que el Comisario Bolkestein compareció ante la prensa después de esa noche en Luxemburgo y explicó que todavía faltaba pulirlo en el aspecto jurídico. 
Ciertamente parece una burla, pues durante los años transcurridos ha habido tiempo de sobras para pulir los aspectos jurídicos. 
¡Complazcamos, no obstante, al Comisario! 
Rechacemos el resultado de la conciliación y démosle al Sr. Bolkestein la oportunidad de presentar un nuevo proyecto que sea aprovechable, que no responda sólo a sus puntos de vista, sino también a los planteamientos de los representantes elegidos de los 370 millones de europeos. 
Señor Presidente, la tarea que el Parlamento tiene hoy aquí es muy sencilla: aprobar o rechazar la transacción lograda en la conciliación. 
¿Qué logramos en la conciliación? 
De las 15 enmiendas presentadas en segunda lectura, se logró una transacción sobre 11. 
En esta Asamblea tenemos el deber de abordar los hechos, no escuchar los rumores procedentes de fuentes mal informadas. 
Acojo con beneplácito los cambios en las enmiendas, hechos por mi Grupo político, para reconocer los intereses legítimos de los empleados en una oferta pública de adquisición o traspaso. 
A ese respecto se ha modificado el texto común y de la prescripción de facilitar nueva información se ha pasado a la de facilitar información a los empleados en tres aspectos de la directiva: en el apartado 1 del artículo 6, en el apartado 2 del artículo 6 y en la letra d) del apartado 1 del artículo 9. 
Hay normas mínimas. 
Nada hay que impida a los consejos de administración de las empresas o a los Estados miembros superar las prescripciones de esta directiva ni menoscabar las obligaciones de informar o consultar conforme a las legislaciones nacionales o de la UE. 
En la conciliación sólo podemos llegar hasta donde nos lo permiten las enmiendas de la segunda lectura. 
No se presentaron enmiendas que prescribieran la obligación del consejo de administración de una empresa de celebrar consultas previas a una oferta pública de adquisición o traspaso. 
No constituye un secreto que el artículo 9 y el derecho de los consejos de administración a adoptar medidas defensivas sin la aprobación de los accionistas fue la manzana de la discordia en la conciliación. 
Pero no es cierto, sencillamente, que el consejo de administración de una empresa que afronte una oferta hostil no pueda adoptar medidas o esté obligada a permanecer neutral o pasivo. 
Con la aprobación de los accionistas se pueden adoptar medidas defensivas para impedir que salga adelante. 
De hecho, nuestras enmiendas a la posición común permitirían al consejo de administración obtener una aprobación acelerada en 14 días. 
Siempre he creído que la política es el arte de lo posible. 
En la conciliación el Consejo y la Comisión se atuvieron a su objetivo principal en esta directiva de protección de los accionistas minoritarios y de los intereses de los inversores y de defensa de los accionistas contra los directores sin escrúpulos y los consejos de administración ineficientes de las empresas. 
El artículo 9 y las limitaciones a las medidas contrarrestadoras fue el Santo Grial de ese texto. 
Así, pues, no teníamos margen para una nueva redacción encaminada a permitir medidas defensivas no aprobadas. 
Pero sí que logramos un acuerdo sobre el artículo 9: obligamos a la Comisión y al Consejo a congelar el artículo y encargar a un grupo de expertos en derecho de sociedades el examen de las cuestiones fundamentales para que comparezca ante el Parlamento en marzo de 2002. 
Al mismo tiempo, existe la posibilidad- como puede confirmar la Comisión- de revisar el artículo 9 a la luz de las conclusiones a que llegue dicho grupo. 
Así, pues, se aplaza la entrada en vigor de esta directiva y los Estados miembros pueden aplazar su cumplimiento del artículo 9 hasta 2006. 
Mi delegación votará a favor de esta directiva. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
El Comisario Bolkestein acaba de sumarse a una larga lista de sus colegas que se han visto sometidos a un procedimiento en este Parlamento que ya no es aceptable. 
Estaba pronunciando un discurso importante ante una Asamblea llena, pero las únicas personas que escuchaban eran miembros del público y nuestro electorado en las tribunas. 
Insisto en que se remita este asunto a la Mesa para que a partir de septiembre no vuelva a repetirse. 
Todos somos culpables de hablar. 
Naturalmente, todos podemos escuchar al Comisario por los auriculares. 
Sin embargo, si este Parlamento no es consciente de la impresión que causa en el público, debería serlo. 
Conque, a partir de septiembre, se puede hacer- tal vez se podría poner en marcha una sirena en niveles ensordecedores -: hay que escuchar al Comisario, como a cualquier otro orador en esta Asamblea, con dignidad y silencio. 
(Aplausos) 
Muchas gracias por su intervención, señor Beazley, pero, como puede comprobar, lamentablemente, disponemos sólo de una pequeña maza de madera con la cual no se logra mantener el orden. 
En primer lugar quisiera decir que estoy de acuerdo con usted y en segundo lugar, sin embargo, debo precisar que el órgano competente en la materia no es la Mesa sino la Conferencia de Presidentes. 
En mi opinión, se debería tomar una medida por la que, desde la última intervención, que casi siempre es la del Comisario, en nombre de la Comisión, hasta el comienzo del turno de votaciones debería haber un intervalo de algunos minutos para que todos puedan escuchar perfectamente la intervención de la Comisión y estar presentes en el hemiciclo en el momento de la votación. 
Debo decir asimismo que- y pido disculpas por si resulto antipático a las personas que se encuentran en las tribunas del público- el público debe asistir a los trabajos sin expresar abiertamente su opinión o su contrariedad respecto de lo que se dice en el Pleno. 
Digo esto porque hace unos momentos he visto a numerosos visitantes aplaudir: esto no está permitido por el Reglamento. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Deseo señalar a la atención de sus Señorías el apartado 3 del artículo 22, que dice así: "La Mesa resolverá los asuntos referentes al desarrollo de las sesiones". 
Se trata de un deber de la Mesa, por lo que le pido que se lo tome en serio. 
Señor Corbett, está usted en lo cierto, pero es la Conferencia de Presidentes la que se encarga de establecer el orden del día. 
Si dicho orden del día no deja márgenes de tiempo para aplicar el artículo 22, el resultado final es que en cada sesión en Estrasburgo nos encontramos escuchando a un Comisario que habla en medio de una gran confusión porque todos los diputados no prestan atención. 
En consecuencia, nuestros márgenes se reducen excesivamente. 
Se procede al turno de votaciones. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, no tendría que hablar de este texto porque los artistas no se jubilan: el arte no se jubila, como tampoco se jubila el amor. 
Por lo tanto, al ser un representante de los pensionistas, no tendría que hablar de este texto; sin embargo, Sra. Echerer, Sr. Presidente, muchos pensionistas son también artistas. 
Al final de su vida laboral muchos pensionistas pintan, realizan obras de arte y es por ello que quiero defender a los pensionistas que son también artistas. 
Del mismo modo que hay pensionistas que continúan estando enamorados y viviendo el amor, existen pensionistas que son artistas y realizan obras de arte. 
Por eso, a la par que la Sra. Echerer, me muestro favorable a este texto. 
Señor Presidente, Señorías, la directiva sobre el derecho de participación tenía como objetivo armonización del mercado común. 
Los resultados en este sentido son, sin embargo, dudosos. 
Más allá de esto, es cuestionable si efectivamente es necesaria una armonización en este ámbito. 
La introducción de un nuevo gravamen comunitario resulta contraproducente justamente en unos momentos en que se tiende a la simplificación y se están realizando esfuerzos para promover la transparencia. 
Dificulta el comercio e incluso podríamos decir que lo paraliza, pues el traslado del mercado del arte de Europa a los Estados Unidos o Suiza va a ser sólo cuestión de tiempo. 
De hecho, se generará un desequilibrio en el mercado del arte con todas sus consecuencias negativas. 
El nuevo óbolo afectará especialmente a las pequeñas galerías y a los artistas jóvenes que éstas promocionan. 
Incluso artistas consagrados, para quienes la directiva sería monetariamente ventajosa, se han pronunciado en contra. 
Es del todo incomprensible que se pretenda imponer mediante esta directiva algo que los propios afectados no desean. 
Con la aprobación de la directiva, Europa ha perdido su papel de mecenas del arte. 
Por esto, los liberales hemos votado en contra. 
escrito. (DE) La posición de los artistas austríacos ante la introducción del derecho de participación es de rechazo. 
Dicho derecho de participación resulta económicamente muy desventajoso para ellos, ya que hace descender inevitablemente los precios de venta iniciales. 
La introducción del derecho de participación provocará una emigración del mercado del arte de Europa a países como los Estados Unidos o Suiza, donde éste no existe y los precios de reventa de las obras de arte no se ven presionados, por lo tanto, a la alza. 
Los más afectados serán los pequeños galeristas, que tienen muchas más dificultades para resistir esta presión sobre los precios. 
Resulta incomprensible por qué motivo se pretende imponer a los artistas contra su voluntad el derecho de participación como una forma derivada del derecho de autor. 
Los liberales han rechazado el informe por estas consideraciones. 
Aunque en la conciliación se ha mejorado el informe del Sr. Zimmerling sobre el derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, sigue siendo deficiente. 
Ha elevado útilmente el umbral para las obras de arte afectadas hasta los 3.000 euros, pero, aunque las grandes galerías de arte y las casas de subastas están a favor de ello, como se reduce el volumen de obras, nada hace en favor de los artistas contemporáneos desconocidos. 
Introduce, como paliativo, una derogación de seis años antes de la aplicación, pero, como diputado al PE por Londres, temo que nuestra mundialmente renombradas casas de subastas, tales como Sotheby's, Christies y Phillips, aprovechen ese período como oportunidad para trasladar sus negocios a jurisdicciones transnacionales de fuera de la UE, como Ginebra, Mónaco y Nueva York, lo que entrañará una pérdida de puestos de trabajo en Londres y afectará directamente al personal empleado e indirectamente perjudicará a los negocios subsidiarios, como los de marcos y seguros especializados en obras de arte. 
Así, pues, he votado contra esta medida que parece destinada exclusivamente a brindar ventajas a las casas francesas de subastas, que llevan muchos años aplicando ese principio. 
Durante la votación de hoy sobre el informe Zimmerling (A5-0235/2001) he votado contra el informe y también he instado a todos mis colegas de "Nea Dimokratia" a hacer lo propio. 
Estoy totalmente convencido de que la aprobación de esta directiva propiciará el desplazamiento del mercado del arte a los EE.UU. y a Suiza y brindará una ventaja injusta a todos los artistas de los Estados Unidos, cuando intenten vender sus obras artísticas en Europa. 
También creo que la propuesta de límites nacionales inferiores a los de la Comunidad, por lo que se refiere al droit de suite, acabará perjudicando a los artistas europeos y aumentará los beneficios de los propietarios de galerías y empresas de venta por subasta. 
Por todas estas razones, y dado que soy un artista europeo, he decidido votar en contra. 
Informe Rothley (A5-0174/2001) 
Señor Presidente, antes de viajar a Estrasburgo, me encontré con el pensionista Fortunato Rossi de 80 años que me dijo: " He sufrido un terrible accidente de coche. 
Mira por dónde me atropelló un diputado europeo: tengo el pie fracturado, el brazo fracturado, la cabeza maltrecha y las consecuencias han sido gravísimas. 
He ido al seguro y allí me han dicho que tengo 80 años, que ya no valgo nada, que no puedo ganar nada y, por lo tanto, que no me pagan nada. 
Por el contrario, si yo hubiera atropellado al diputado europeo, le hubiera tenido que pagar al menos 2 millardos de liras. 
Señor Fatuzzo, ¿le parece justo que una persona mayor no tenga derecho a una indemnización si le atropella un coche? " 
Le contesté: "Tienes razón, Fortunato- no mucho- Rossi, por lo tanto, pediré que en el próximo informe sobre esta materia, se prevea un indemnización justa para los pensionistas mayores". 
Si este informe tuviera realmente como objetivo la mejora de la protección jurídica de las víctimas de accidentes como pretende, lo hubiéramos votado. 
Pero, aunque las recomendaciones que lo acompañan incluyen algunas propuestas que facilitarían un poco las actuaciones de los accidentados, en el fondo se trata de un laborioso malabarismo para no lesionar en nada los intereses de las compañías aseguradoras. 
Así, por ejemplo, en esta Europa que se pretende unida, las compañías de seguros quedarán autorizadas a hacer que aquellos de sus asegurados que se establezcan temporalmente en otro Estado de la Unión Europea paguen una prima suplementaria. 
Las grandes declamaciones sobre la unidad Europa pesan muy poco frente a una pequeña sobreprima... 
Apoyo a mi colega socialista Willi Rothley en su informe que pide una nueva directiva sobre los seguros automovilísticos para mejorar la protección legal de las víctimas de accidentes. 
Nuestros ciudadanos tienen derecho a recibir una protección igual dondequiera que estén en la Unión Europea. 
Todos los años, miles de personas cruzan el continente en coche para irse de vacaciones. 
Los veraneantes que se trasladen en automóvil de Bolton a Barcelona deben estar protegidos con un fundamento jurídico. 
El objetivo global de la directiva es extraordinariamente importante con vistas a velar por que exista una protección legal coherente y de alto nivel. 
Apoyo incondicionalmente la campaña en pro de una mejor indemnización por los accidentes de tráfico en carreteras nacionales obligando a los aseguradores a presentar una oferta o un rechazo de la indemnización en el plazo de tres meses después de recibir la reclamación. 
Las decisiones claras y rápidas son la forma mejor de tranquilizar a las víctimas sobre el resultado de su reclamación. 
Además, este informe acoge con beneplácito un mínimo en la UE de dos millones de euros con aumentos futuros en consonancia con la inflación. 
Los importes mínimos asegurados están desfasados y esa cifra es una suma mucho más realista. 
No sólo los veraneantes se beneficiarán de esta nueva directiva. 
Las personas que compran automóviles en otros países cobrarán confianza también gracias a esta medida. 
Los aseguradores deben poder asegurar durante un máximo de 30 días a quien desee comprar un vehículo matriculado en otro Estado miembro y llevarlo hasta su país para matricularlo en él. 
La confianza pública en los aspectos legales de la seguridad en la carretera en toda la Unión Europea debe aumentar para que nuestros ciudadanos puedan viajar libremente de un país a otro sin miedo a enormes honorarios jurídicos y 15 sistemas jurídicos intimidantes. 
Sólo si se mejora la protección legal de las víctimas de accidentes podrán nuestros ciudadanos aprovechar al máximo los viajes por carretera por la UE y la libre circulación. 
Informe Wallis (A5-0134/2001) 
Señor Presidente, junto con el pensionista que me habló del informe anterior estaba un amigo suyo, Tranquillo Verdi, de Bérgamo como él, que me dijo: " ¿Por qué se ocupan tanto de resolver los litigios entre los consumidores y los productores de bienes de consumo y no se ocupan de las pensiones y de los litigios entre los pensionistas y el Estado por las pensiones que también son un bien de consumo? 
Me gustaría "añadió ," que usted, señor Fatuzzo, hiciese todo lo posible para que cobrásemos a tiempo y rápido nuestras pensiones ". 
Y yo, le pido a usted esto, señor Presidente. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 12.30 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjuntos de los dos informes siguientes. 
(A5-225/2001) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el informe anual 2000 del Banco Central Europeo (C5-0187/2001- 2001/2090 (COS) ); 
(A5-0222/2001) del Sr. Maaten, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre los medios para ayudar a los agentes económicos en el paso al euro (2000/2278 (INI) ). 
Muchas gracias por su discurso, señor Duisenberg. 
Bienvenida 
Señorías, tengo el gusto de dar la bienvenida, en nombre del PE, al Sr. Alejandro Toledo, nuevo Presidente electo de Perú. 
El Sr. Toledo ha tomado asiento en la tribuna de invitados, desde donde seguirá el debate de hoy en compañía de su esposa y su hija. 
Señor Toledo, le doy la bienvenida al Parlamento. 
Señor Presidente, usted ha dejado muy claro que será necesario que todos los socios de la Unión Monetaria Europea y también los de la Unión Europea aúnen sus esfuerzos para poder completar efectivamente como es debido el acontecimiento histórico de la plena realización de la Unión Monetaria de 12 miembros y yo puedo asegurarle que el Parlamento Europeo le apoya. 
El Banco Central Europeo es una institución muy joven. 
El euro, del que es responsable, ni siquiera es aún una moneda verdaderamente tangible. 
Por esto es tan decisivo que el BCE construya su propia credibilidad. 
Esto significa que el mandato del BCE debe tener un reflejo claramente visible en su estrategia en el ámbito de la política monetaria. 
Hasta ahora, el BCE ha tenido bastante éxito. Incluso los observadores que acostumbran a mantener una posición muy crítica con respecto a la política monetaria del BCE reconocen cada vez más y con toda la razón que Europa requiere una respuesta específica en cuanto a la política monetaria y que los precios del activo financiero no pueden constituir el parámetro principal para la toma de decisiones en materia de política monetaria. 
No obstante, sigue existiendo aún una falta de coherencia a la hora de justificar ciertas medidas políticas concretas. 
Aunque desde un punto de vista técnico puedan haber sido correctas, las explicaciones exclusivamente técnicas no bastan para tranquilizar a los mercados y a los ciudadanos europeos con respecto al compromiso del BCE a favor de la estabilidad de los precios y para aumentar la confianza del público en el euro, que lamentablemente no ha mejorado de manera significativa desde su introducción. 
En este contexto, la inmediata publicación de los argumentos en favor de una decisión o una no decisión, así como de los argumentos en contra y de los motivos que los justifiquen, y también de las actas resumidas, como pide el Parlamento Europeo, podría facilitar la comprensión de la actuación del BCE. 
Max Weber se refirió en una ocasión a los tres orígenes de la autoridad: la tradición, el carisma y la razón. 
Esta autoridad basada en la razón, que Weber consideraba moderna, es la que debe desarrollar el BCE para ganarse el respeto y lograr eficacia, y una autoridad razonable duradera se basa en una valoración de los hechos con un juicio sólido. 
La formación de este juicio sienta las bases para un discurso público razonable sobre los temas relativos a la política monetaria europea. 
Éste es necesario si se piensa que la política monetaria actúa, hoy más que en nunca, principalmente a través de la vía de las expectativas de los mercados financieros, que ejercen una influencia de amplio alcance sobre el comportamiento de los agentes económicos. 
Sin esta palanca, un banco central puede ver frustrados sus objetivos. 
La responsabilidad y la transparencia no significan que el BCE deba hacer públicas cada vez más cosas. 
La calidad es más importante que la cantidad y yo quisiera elogiar explícitamente en este contexto la calidad del diálogo monetario con el Parlamento Europeo. 
El BCE ha mejorado la transparencia de sus decisiones en materia de política monetaria. 
Una mayor publicidad y transparencia no pueden ser perjudiciales, no obstante, sino que justamente en los próximos meses pueden contribuir a reforzar la confianza en la Unión Monetaria y su aceptación. 
La moneda europeo las necesita; las siguientes medidas podrían ser útiles: 
En primer lugar, se debe concretar y hacer pública la definición del objetivo secundario de la política monetaria de conformidad con el artículo 105, con objeto de dejar claro cuándo puede y debe apoyar el BCE el crecimiento y el empleo en la zona euro, así como también que el BCE apoya la creación de las condiciones adecuadas para un crecimiento sostenible y capaz de crear empleo, como hizo la Cumbre europea de Lisboa cuando adoptó como objetivo orientador un crecimiento del 3%. 
En segundo lugar, la publicación de los modelos utilizados sería útil con ese fin. 
Siempre que el Banco Central Europeo no opte por un objetivo inflacionista, debería mantener su enfoque basado en los dos pilares, pero seguir mejorando a la vez sus cálculos del M3 intensificando los análisis y el trabajo de investigación. 
Ello debería ir acompañado de una consolidación analíticamente disciplinada del segundo pilar. 
En tercer lugar, las previsiones del BCE deben ser más exactas y no deben comprender categorías tan amplias, sino más reducidas. 
Además, se deberían ofrecer cuatro veces al año. 
El BCE debe asumir como propias las previsiones de su personal con objeto de fomentar la comprensión y la transparencia. 
En cuarto lugar, se deben publicar las actas resumidas con los argumentos a favor y en contra de las decisiones en materia de política monetaria, así como la relación de forma anónima de las posiciones en el momento de la votación. 
En quinto lugar, se debe examinar la conveniencia de conceder al Parlamento, tras una revisión del Tratado, algo así como un derecho de confirmación del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. 
En sexto lugar, el BCE, como participante importante en las decisiones macroeconómicas, debe contribuir a una mejor coordinación de las políticas económicas y a la elaboración de una combinación de políticas adecuada y equilibrada, como también lo hacen otros bancos centrales independientes sin que ello menoscabe su independencia. 
El principal objetivo del BCE, es decir, la protección de la estabilidad de los precios, no constituye en última instancia un objetivo en sí mismo sino una condición previa fundamental para el crecimiento económico y para la creación de empleo. 
La política monetaria no se debería formular, por lo tanto, de manera aislada, sino que se tendría que completar con una coordinación todavía más estrecha de las políticas macroeconómicas en la zona euro. 
Este aspecto todavía deja algo que desear. 
Esto permitirá evitar que la integración económica sea conducida unilateralmente por los mercados sin tomar en consideración los aspectos relacionados con la política de empleo y sociales. 
Otro motivo para mejorar la coordinación macroeconómica con la participación del Banco Central Europeo es la globalización de los mercados financieros que avanza a un ritmo cada vez más acelerado, pero que sin embargo está cada vez menos vinculada a las transacciones de bienes y servicios. 
Esto hace pensar que las variaciones de los tipos de interés inciden más sobre el precio de los activos financieros, mientras que sus efectos en la economía real son más débiles que antes. 
En consecuencia, resultan difíciles de comprender las preocupaciones acerca de la independencia del Banco Central Europeo que se han suscitado respecto a su participación en el diálogo sobre la política macroeconómica y su contribución adecuada. 
Yo opino, muy al contrario, que una mayor coordinación reforzaría la independencia del Banco Central Europeo y un mayor grado de convergencia económica facilitaría, además, su tarea, ya que incluso aliviaría el problema de una política monetaria de "talla única" y con ello también el riesgo de que el BCE sea objeto de presiones políticas. 
La situación del Banco Central Europeo es distinta a la del banco emisor norteamericano. 
No tiene como interlocutores a un Presidente, un Ministro de Finanzas y una opinión pública, sino a doce presidentes, doce ministros de finanzas y doce opiniones públicas, que no siempre hablan con una sola voz. 
El Parlamento Europeo como sede de la opinión pública europea desearía ser un verdadero interlocutor en este diálogo en el contexto de la creación de una nueva cultura política en la Unión Europea, que preserve, por un lado, la independencia de las instituciones pero, por el otro lado, también tenga en cuenta la responsabilidad de que cada institución sea transparente y esté obligada a rendir cuentas en interés del buen funcionamiento de la democracia. 
Señor Presidente, este informe sobre los medios para ayudar a los agentes económicos en el paso al euro no constituye un informe aislado. Está precedido de otros informes presentados, entre otros, por el Sr. Karas, la Sra. Torres Marques y también por el reciente intercambio de cartas entre la Sra. Randzio-Plath y nuestra Presidenta, la Sra. Fontaine. 
Constato con satisfacción que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea luchan del mismo lado que el Parlamento Europeo. 
En el informe que examinamos, figuran solamente ocho enmiendas, presentadas por un grupo del que, según constato, no hay ningún miembro presente en este debate. 
El euro es ya un éxito. 
El Sr. Duisenberg acaba de mostrar también ese convencimiento. 
Constituye el proyecto europeo más excitante hasta la fecha. 
Lo es, al fin y al cabo, para todos los ciudadanos de la zona euro, o mejor todavía: para todos los ciudadanos de Europa, para todos los ciudadanos del mundo; la Unión Europea no es algo teórico, sino una realidad palpable. Es así por primera vez en la historia de la cooperación europea. 
Todo eso converge el 1 de enero. 
No se trata sólo de la confianza en esta moneda. Se trata de la confianza en el proyecto europeo en cuanto todo, y ese proyecto europeo se encuentra en este momento sometido a críticas. 
El ejemplo más reciente es el referendo irlandés. 
La introducción del euro puede, si lo hacemos bien, acallar todas esas críticas. 
Puede lograr que todos los ciudadanos de la zona euro estén orgullosos de la forma en que lo hemos hecho, tal vez, contra las predicciones al respecto. 
También puede, si no lo hacemos bien, agudizar las críticas en cuanto al euro, pero también en cuanto a la cooperación europea. 
Al fin y al cabo, los ciudadanos no leen al respecto en los periódicos. 
Ellos mismos estarán presentes cuando se introduzca el euro. La crítica en cuanto a la cooperación europea se centra ahora en que la toma de decisiones es opaca, que no se escucha a los ciudadanos, que los dirigentes sabrán lo que hacen. 
No obstante, esos dirigentes también pueden caer muy bajo a los ojos de la opinión pública. 
Eso se aplica a todos nosotros. 
Lo que oímos decir a las organizaciones de consumidores, las organizaciones en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas es que les gustaría que tuviera lugar una reducida distribución de billetes de euro de pequeña denominación durante los últimos días de diciembre, tal como sucede con las monedas de euro. 
Tal vez, en la forma de paquetes que se puedan comprar en los bancos o que puedan retirarse con anterioridad de los cajeros automáticos, o de alguna otra forma. El gran público debe tener acceso a estos billetes. 
Es algo bueno contra la falsificación. Así, los ciudadanos sabrán por experiencia propia cómo son los billetes obtenidos a partir de una fuente fiable. 
Es bueno para la seguridad de las tiendas, que tendrán que almacenar muchos menos euros en sus locales a fin de tener cambio para el 1 y el 2 de enero. 
Si paga con euros, y por consiguiente recibe la vuelta en esa moneda, sabrá que recibe un dinero de curso legal y la cantidad correcta. 
Puede evitar mucha irritación. 
Comprendo el argumento del Sr. Duisenberg cuando dice que quieren mantener una decisión ya adoptada, que quieren ser fiables. 
Puedo entenderlo muy bien, porque, por supuesto, habría muchas críticas si el Banco Central Europeo dijera que lo vuelve a cambiar. 
Eso no funciona así. 
No obstante, consideramos que sí hay nuevos hechos. 
Hay nuevos hechos que resultan de los estudios realizados por las empresas, de los que se desprende que los problemas prácticos son increíblemente grandes si no repartimos los billetes de antemano. 
No puede decirme que la frontloading constituye una garantía para que no haya problemas. Eso no es así. 
Tampoco puede decirme que si no hay una frontloading, se producirá un caos enorme. 
Tengo una confianza razonable en que el consumidor sabrá cómo abordar está problemática. 
Creo que la frontloading puede disminuir los problemas de una forma relativamente simple. 
Nos agradaría que modificara su decisión. Denotaría sabiduría. 
Además, qué sucedería si a finales de este año aumenta la presión y los Ministros quieren dar un cambio de rumbo e introducir la frontloading en su propio país. 
Algunas observaciones finales. 
Por supuesto, pueden adoptarse medidas técnicas, y sé que el BCE es partidario de las mismas. 
Los bancos abren el 1 de enero, frontloading de las monedas de euro, tal como sucede en algunos Estados miembros, una mayor seguridad para las tiendas, billetes de pequeña denominación en los cajeros automáticos. 
Por otra parte, los cajeros automáticos son fuente de preocupación, en mi opinión. 
Hemos conocido las cifras recientes de la Comisión al respecto. 
Ciertamente, estaría a favor de que se efectuaran pruebas en los distintos Estados miembros durante los últimos días de este año. 
También quisiera saber su opinión al respecto. 
Los primeros días de enero son cruciales para la confianza de 300 millones de ciudadanos en el euro y de todo el mundo en nuestra moneda. 
Le deseo mucho éxito en la ejecución de este proyecto. No obstante, espero que usted mismo también tenga en cuenta nuestras consideraciones. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Randzio-Plath es un informe equilibrado, salvo en un párrafo. 
En nuestra opinión se trata, sobre todo, del párrafo 9. Consideramos que en él se lesiona la independencia del Banco. 
El Banco tiene como objetivo vigilar la estabilidad de los precios a medio plazo, y no de hoy a mañana. 
No le corresponde al Parlamento establecer la política monetaria del Banco. 
Ése es un punto esencial para nosotros. 
Votaremos en contra si no se introduce esa modificación; a pesar de que, en general, estamos conformes con el resto del informe. 
Volviendo al informe anual, tenemos algunas pretensiones todavía, e inevitablemente este año también unas cuantas, en relación con la política de comunicación del Banco. 
La comunicación con los mercados financieros y la sociedad debe mejorar. 
Señor Duisenberg, tras su audiencia le pregunté si podía continuar. Su respuesta fue sí. 
En toda la prensa se discute ahora su dimisión, como si ya estuviera decidida. Faltan buenos candidatos. 
Usted ha acumulado mucha experiencia. Se lo pregunto de nuevo: ¿puede continuar hasta que termine su mandato? 
En cuanto a la introducción del euro, usted ya conoce mi postura. 
Como última cuestión, quisiera decir algo sobre los pagos transfronterizos. 
Bancos, empresas, todos recuperan rápidamente los costes derivados de la conversión de moneda o son compensados. 
No puede ser que los ciudadanos europeos sean los únicos que paguen los platos rotos y soporten las cargas sin tener ninguna ventaja. 
Señor Duisenberg, insisto en que tanto el Banco como la Comisión Europea asuman las responsabilidades que les otorga el Tratado y se ocupen e que los pagos transfronterizos que, al fin y al cabo, dejan de existir en un mercado doméstico europeo, cuesten el 1 de enero de 2002 más o menos lo mismo que los pagos interiores. 
Usted sabe sin duda que no se han abaratado en los últimos tiempos, ¡sino que incluso se han encarecido en medio euro! 
Quisiera comunicar a la Dirección General de Competencia que el Parlamento se opondrá a una fee fija de 3 euros para los bancos receptores. 
Eso significaría que en algunos países el precio incluso aumentaría en lugar de disminuir, y ¡eso sería inaceptable! 
Señor Presidente, señor Presidente del Banco Central, señor Comisario, Señorías, el debate que celebramos en el día de hoy tiene el mérito de permitir al mismo tiempo hablar del euro macro y del euro práctico y creo que es buen momento para hacerlo. 
No lo creo. 
¿Ello nos prohíbe hablar de política monetaria? 
Tampoco lo creo. 
Y creo incluso que el paso al euro, en esta última fase, si puede salir adelante, supone que hablemos de toda la política económica, incluida la política monetaria, y desde este punto de vista no puedo menos que felicitar a nuestra ponente, la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de este Parlamento por las propuestas que nos hace, y lamentar una serie de votaciones que han podido producirse en comisión. 
Si en el futuro queremos que el euro sea este instrumento que todos hemos deseado, para permitir que Europa esté en armonía con las perspectivas de crecimiento para todos, necesitamos debatir también, señor Duisenberg, sobre la política monetaria que está usted aplicando, tema cuyo espacio público europeo tiene el deber y el poder de asumir. 
Por cierto, con respecto al euro práctico, deseo felicitar al Sr. Maaten por su informe, recordarle que algunos de los autores de las enmiendas están aquí presentes para debatir sobre ellas y volver sobre dos o tres puntos. 
Sobre la cuestión de la prealimentación, comprendo, señor Presidente del Banco Central, que se trata casi de un combate de retaguardia: y ahí está para demostrarlo el orden del día de los últimos Consejos Ecofin y, de nuevo, como he dicho en comisión, lo lamento. 
Creo que por encima de la simbología del giro del día D, había un aspecto psicológico entre Navidad y el día de año nuevo que autorizaba otras disposiciones. 
Ha decidido usted de otro modo y tomamos nota con pesar. 
Por lo demás, tenemos ante nosotros algunos meses útiles para realizar una campaña importante con el fin de que el paso al euro se haga en las mejores condiciones posibles. 
Para ello, es necesario que las campañas que se emprendan hagan hincapié en dos puntos esenciales: en primer lugar las poblaciones sensibles, posteriormente la psicología de la transición. 
Me parece que todas nuestras campañas deben conducir a que un máximo de nuestros conciudadanos integren la idea de la transición ya desde los primeros días y renuncien a la doble contabilidad, incluida la mental. 
Para ello, espero que este Parlamento pueda votar una enmienda que hemos vuelto a presentar en nombre de nuestro Grupo, y que prohibiría la doble información hasta el plazo de un año. 
Este año debe permitir el esfuerzo de adaptación: la prohibición de la doble información, más allá de un año, debe facilitar la transición real. 
Es necesario rechazar la ambigüedad en cuanto al paso al euro, del que debemos hacer un elemento común para todos nuestros conciudadanos, esperando que todos se nos unan en esta moneda común. 
Señor Presidente, en vista de que no hay tiempo suficiente y en vista también de que mi Grupo estima que el BCE ha estado efectuando fundamentalmente una buena labor en circunstancias difíciles, quisiera concentrar mi intervención en algunas cuestiones estructurales relativas a las comunicaciones y a la responsabilidad. 
Como recordará el Sr. Duisenberg, el Parlamento ha adoptado una y otra vez un grupo de medidas de transparencia que preconiza la adopción de cinco medidas diferentes destinadas a mejorar la transparencia. 
Me alegra poder comunicar que hasta ahora el BCE ha aceptado tres de ellas, y creo que lo menos que podemos hacer es reconocerlo. 
No hemos tenido ningún problema en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios cuando hemos invitado a miembros del Consejo a aparecer ante nosotros. 
Por ejemplo, así lo hicieron el año pasado en 11 ocasiones. 
En segundo lugar, el BCE empezó a publicar previsiones periódicas, o "proyecciones", como ellos prefieren llamarlas, en el boletín mensual de diciembre del año 2000, cosa muy digna de elogio. 
Además, en la colección de documentos de trabajo se publican actualmente modelos econométricos. 
No estaría mal que fueran más fáciles de utilizar, por ejemplo que estuvieran en CD-ROM, pero no hay duda de que hemos progresado en esta materia. 
Las otras dos medidas que el Parlamento pide de nuevo que se adopten son la publicación de un "Libro Beige" que indique las condiciones en cada Estado miembro, y la publicación de actas resumidas en las que se expongan las opiniones en favor y en contra de los cambios de tipo de interés. 
Además, este año estamos pidiendo que el Consejo de Gobierno del BCE se ocupe de un problema concreto con que ha tropezado en un par de ocasiones recientes en relación con los cambios del tipo de interés. 
En los mercados reinó la confusión por lo que se consideraba como una decisión imprevisible para la cual, evidentemente, el mercado no estaba preparado. 
Algunos llegaron a decir que era una decisión arbitraria, y por eso pedimos que se publiquen los resultados de las votaciones sobre una base anónima. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Maaten formula sugerencias constructivas sobre la inminente introducción de billetes y monedas denominados en euros en los 12 Estados miembros de la zona del euro y se refiere también al escaso conocimiento del público y las pequeñas empresas acerca de determinados aspectos del cambio de moneda. 
En particular, me agradan los comentarios del informe sobre la necesidad de poner de antemano billetes y monedas a disposición del público en general. 
También me agrada que haga hincapié en el papel de las administraciones públicas locales y regionales en el paso al euro. 
Es esencial que se haga todo lo posible para conseguir que esto que denominamos un hito se tramite eficientemente y que el paso al euro no plantee problemas. 
La mayor parte de mis comentarios, sin embargo, se basan en una opinión del exterior, de Escocia, que en la actualidad forma parte del Reino Unido. 
Es posible que haya algunos problemas acerca de los conocimientos públicos de la zona del euro, pero tenemos un problema mucho más grave dentro de Escocia y en el resto del Reino Unido. 
Un periódico escocés publicaba esta semana una encuesta sobre la actitud del público respecto del euro en Escocia y la encuesta demostraba que había una lamentable falta de conocimientos sobre el particular, falta de conocimientos que estaba directamente vinculada con el bajo grado de entusiasmo por la moneda. 
El nivel de los conocimientos públicos en Escocia quizás sea lamentable pero eso no es sorprendente, si tenemos en cuenta las actitudes de los dirigentes políticos de los gobiernos escocés y del Reino Unido en los últimos años. 
El nuevo gobierno laborista de Londres no se ha atrevido a mostrar que apoyaba la entrada del Reino Unido, ni siquiera a proporcionar información objetiva, mientras que los conservadores han dado pruebas sencillamente de una hostilidad casi desquiciada respecto del euro y han intentado engañar a la población acerca de las consecuencias del ingreso en la zona del euro. 
En principio mi partido es partidario del euro siempre que las condiciones de entrada para Escocia sean beneficiosas para la economía del país y después de un referéndum, pero en términos ideales, siendo como soy diputado del Parlamento nacional escocés, me gustaría que Escocia como Estado independiente miembro de la UE estuviera en condiciones de adoptar la decisión sobre la base de las prioridades escocesas, al mismo tiempo que conservaba el control nacional del sector fiscal. 
A corto plazo, aunque fuera de la zona del euro, sigue dejándose sentir una necesidad fundamental de lanzar una campaña de información objetiva acerca de las repercusiones después de 2002 en nuestra relación con la zona del euro, tanto si decidimos ingresar en ella como si decidimos no hacerlo. 
Me alegra que algunos comerciantes al por menor de las arterias comerciales de Escocia hayan declarado recientemente que a partir del año 2002 aceptarán euros en sus cajas registradoras, junto con las libras. 
Esto no puede sino realzar la posición de Escocia como punto de destino acogedor de turistas y hombres de negocios, además de familiarizar a los escoceses con los billetes y las monedas denominados en euros. 
Insto a los Gobiernos del Reino Unido y de Escocia a que estimulen el proceso de información pública y a que busquen el apoyo del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea a fin de animar a las empresas escocesas a que se preparen para la aceptación de los nuevos billetes y de las nuevas monedas. 
Señor Presidente, señor Presidente Duisenberg, la gente adviertees consciente de que está pagando el coste de la situación insatisfactoria del euro. 
Según la edición alemana del Financal Times de ayer, un 49% de la población de Alemania está en contra del euro. 
Más del 50% cree que no reactivará la economía ni llegará a alcanzar la estabilidad del marco alemán. 
Un 30% espera que su patrimonio perderá valor y un 67% espera que la transición al euro vaya acompañada de subidas de precios. 
El euro no ha resultado ser, en efecto, una máquina de creación de empleo ni un freno a la inflación, pero esto es exactamente lo que en su momento se prometió alegremente a los ciudadanos y ciudadanas. 
Yo le agradezco mucho, señor Duisenberg, que en el informe del BCE se señale la caída de la cotización del euro como una de las causas del aumento de la inflación, que se mencione al menos el incremento del diferencial de inflación entre los Estados de la zona euro y que no se atribuya al dólar toda la culpa de la debilidad del euro. 
La estabilidad del valor del dinero en Eurolandia y la estabilidad de la cotización exterior del euro son efectivamente inseparables. 
También habría que decir con la misma claridad que la política monetaria del BCE no ha conseguido sus propios objetivos de estabilidad y que el euro aparece asociado ahora incluso a una reducción de los ingresos reales. 
La responsabilidad, sin embargo, no es tanto del BCE, cuyos márgenes de maniobra son cada vez más reducidos, sino sobre todo de la escasa contribución de la política de los Estados de la zona euro a la convergencia económica. 
Resulta francamente incomprensible que no se atendiera la propuesta francesa con vistas a la creación de un llamado gobierno económico. 
Los diferenciales de inflación y de crecimiento entre los Estados de la zona euro, que más bien se están ampliando, son peligrosos y, a mi parecer, se deberían analizar con la máxima precisión en los futuros informes del BCE. 
Los tipos de interés únicos resultan, en efecto, demasiado restrictivos para algunos Estados de la zona euro y demasiado expansivos para otros. 
Una política monetaria europea orientada hacia la estabilidad monetaria y unas políticas económicas, fiscales y sociales nacionales que a la vez compiten con aquélla son sencillamente tan incompatibles como el fuego y el agua. 
Señor Presidente, el 2 de mayo de 1998 en Bruselas, en nombre de la delegación de Alianza Nacional, apoyé el euro recalcando, no obstante, que la moneda europea empezaba su andadura bajo el signo de la debilidad: faltaba una política económica de la Unión y el Consejo de Ministros no había presentado siquiera un proyecto general y orientativo para que los Estados nacionales pudiesen abordar conjuntamente temas importantes como el desempleo, la flexibilidad, la reconversión de algunos sectores, el impacto social y cultural debido a la nueva velocidad que las innovaciones tecnológicas, como Internet, estaban dando no solo al mercado, sino también a los demás ámbitos de la vida. 
Europa adolecía de un proyecto de política exterior y de estrategias propias para orientar la globalización y las finanzas mundiales, y esto, añadido a la falta de un proyecto económico y a la indiferencia de los órganos institucionales hacia los ciudadanos que no habían sido consultados ni informados sobre el tema, convertía ese acontecimiento en la construcción de una catedral en el desierto. 
Sin embargo, aún se abrigaban esperanzas porque se disponía del tiempo necesario para hacer florecer ese desierto con iniciativas políticas, económicas y financieras si sólo hubiera existido la voluntad política de pensar en ellas y de llevarlas a término. 
A lo largo de estos años, por el contrario, la vida del euro se ha ido arrastrando y su próxima entrada en vigor se presenta como una fecha ineludible pero no deseada por los ciudadanos y a veces temida incluso por algunos de esos mismos hombres políticos que durante estos años han contribuido a construir el árido camino del euro, una moneda casi siempre infravalorada respecto al dólar y que, por lo tanto, ha penalizado las inversiones y el ahorro. 
En el propio informe el Sr. Maaten evidencia que nuestras críticas de entonces- unas críticas que en estos años y en múltiples ocasiones hemos sometido a la atención del Parlamento y de la Comisión- han sido acertadas. En efecto, la mediana empresa, el comercio, la artesanía, el mundo agrícola, todas ellas categorías productivas importantes, no están preparadas todavía para el paso al euro, ni tampoco resulta adecuado el sistema bancario, a pesar de las multimillonarias inversiones en equipos específicos. 
Estos y otros problemas que siguen pendientes no disipan el temor a las consecuencias que, por un lado, se volverán en contra del ciudadano y, por otro, en contra de la correcta evaluación del valor real del euro. 
Por último, compartiendo las muchas sugerencias dadas por el informe, estigmatizamos la tardanza de las mismas tanto a la hora de proponerlas como, en consecuencia, de llevarlas a la práctica. 
Por esto, quisiéramos que por fin se supiera claramente a quién hay que imputar los retrasos, la falta de planes y de controles sobre el territorio respecto a los sectores económicos y a las realidades sociales. 
Señor Presidente, Señorías, a seis meses de la fecha fatídica, ya es hora de preocuparse por la forma como los ciudadanos van a vivir la desaparición de su moneda nacional. 
Son los últimos a los que se consulta y los últimos a los que se informa. 
Leyendo el informe del Sr. Maaten, los más "europeístas" sentirán cómo les sube una angustia repentina: falta de preparación casi total, utilización poco frecuente, incluso marginal, del euro en las transacciones internacionales, incluso en las intraeuropeas, dudas sobre la posibilidad para los ciudadanos de cambiar gratuitamente sus monedas en los bancos, tarificación aberrante de las transacciones transfronterizas, efectuadas sin embargo en la misma moneda, aumento abusivo de los precios cuyo cambio de moneda será sin duda la ocasión. 
La letanía es larga y no precisamente alegre. 
Solicitado por los gobiernos por motivos ideológicos, y por los grandes intereses por razones que sólo les interesan a ellos mismos, el euro, no ha conseguido imponerse en dos años de existencia, incluso entre sus más fervientes partidarios, y menos aún en los mercados internacionales. 
Ha perdido su valor con respecto al dólar y no hay nada que indique una próxima recuperación. 
El paso al euro fiduciario es por tanto sin duda una operación inútil, costosa, generadora de inflación, de malversaciones públicas o privadas. 
Sería mejor detenerlo todo ahora que aún estamos a tiempo. 
Señor Presidente, ahora que los consumidores tendrán el euro en sus manos en un futuro no muy lejano, podemos beneficiarnos de una introducción flexible. 
Con razón, el ponente Maaten ha apostado por ello. 
El éxito incierto del euro en tanto moneda no puede verse frustrado por la inseguridad que crea su introducción. 
La confianza en un medio de pago es fundamental en toda economía moderna. 
Sin embargo, la base de esta confianza es frágil en el caso del euro. 
Se debe hacer todo lo posible por adoptar medidas cautelares en cuanto al paso a esa moneda. 
No es más que justo, por consiguiente, reconocer la preocupación de todas las partes implicadas. 
La posición del BCE, por el contrario, se caracteriza por ser algo rígida. 
Con el informe Maaten, el Parlamento parte del compromiso de 27 de diciembre como fecha para que los primeros billetes de pequeña denominación se distribuyeran. Ello da lugar a que la introducción se realice por etapas. 
Ese par de días ofrece pocas posibilidades a las monedas falsas. 
No alcanzo a comprender por qué ese compromiso no sería aceptable para el BCE. 
Además de la disponibilidad de euros, el pago con tarjeta constituye un problema. 
El procesamiento de estas transacciones no está calculado para que se produzca un aumento temporal masivo de su uso. 
Es de temer que la gente se vea obligada a pagar con la moneda nacional durante más tiempo del necesario. 
No es clara la consecuencia de pagar con la vieja moneda y recibir la vuelta en euros. 
La disponibilidad de los cajeros automáticos y el pago mediante tarjeta difiere bastante según el Estado miembro ¿Ha buscado, por ello, el BCE métodos complementarios para distribuir el dinero? 
¿Es posible adquirir euros por vía electrónica con anterioridad al cambio? 
Por ejemplo, mediante una transacción a través de Internet por la que se reserve una cantidad. 
Si también el pago puede tener lugar a través de una vía electrónica, solamente habría que hacerlo efectivo en enero. Eso hace superfluas las conversiones de enero. 
Da una indicación de la cantidad pedida y permite anticiparse. 
Además, ofrecería un estímulo en cuanto a la confianza en los pagos electrónicos. 
Si algo semejante no es posible, tenemos que preguntarnos si hacer negocios en línea carece por el momento de fundamento. 
Señor Presidente, el informe Randzio-Plath, al igual que el informe anual del Banco Central Europeo sobre el ejercicio 2000, recoge la afirmación habitual según la cual el euro aportaría una contribución decisiva a la estabilidad de la zona, haciéndola menos vulnerable a los choques exteriores. 
Es la vieja teoría del escudo. 
Ahora bien, actualmente parece que no es cierta más que de forma marginal, eliminando, es cierto, las fluctuaciones de cambio entre países miembros. 
Por el contrario, y esto es mucho más grave, el euro desempeña hoy el papel no de escudo sino de amplificador de la crisis surgida de la difusión de la ralentización americana, ya que impide a cada país articular una respuesta adaptada a sus características específicas. 
Precisamente, el canciller Schröeder acaba de exigir al BCE que asuma sus responsabilidades apoyando el crecimiento en Alemania. 
Se equivoca, y debería darse cuenta de que es víctima de la regla del juego de la unificación monetaria. 
El BCE difícilmente puede reducir sus tipos de interés de forma drástica para satisfacer a Alemania, ya que otros países manifiestan demandas contrarias. 
Y, de forma accesoria, una bajada de los tipos podría hacer caer al euro aún más, lo que tendría muy mal efecto en vísperas del cambio físico de las monedas y de los billetes. 
Parece también, señor Presidente, que los europeos corren el riesgo de tener que pagar muy caro haber querido la moneda única con economías diferentes, y ello tanto más en la medida en que el propio euro, según las últimas cifras disponibles, parece contribuir a aumentar las divergencias, tanto en lo que respecta a la inflación como al crecimiento. 
Señor Presidente, señor Presidente Duisenberg, estimadas y estimados colegas, yo quiero agradecer en primer lugar el informe del colega Maaten y también que haya incorporado al mismo los informes previos, incluido también el mío, e insista en aquellos puntos que no se traspusieron en su totalidad, puesto que conservan toda su importancia. 
Yo se lo agradezco sinceramente. 
En segundo lugar, se hacen muchos malabarismos con los datos. 
Todos son relativos. Sólo voy a citar uno de mi propio país, donde ayer se resaltó que un 63% consideran acertado que Austria forme parte de la Unión Económica y Monetaria desde el primer momento, un 43% consideran que el euro constituye una ventaja y un 24% mantienen una posición neutral, o sea, que el 67% está a favor. 
Lo cual también significa, no obstante, que aún nos queda mucho trabajo por hacer. 
Yo quisiera aclarar también algunos puntos de cara a la opinión pública. 
El euro no va llegar como dicen algunos carteles, sino que ya está aquí y es un éxito. 
Cada uno de los países se ha beneficiado, ha mejorado la estabilidad de los precios, se ha reforzado la independencia económica de Europa, la supresión de las fluctuaciones en los tipos de cambio ha fomentado de manera continuada la economía de exportación y el turismo y han empezado a reducir los déficit estatales y presupuestarios. 
Yo insto a todos los Gobiernos de los Estados miembros a que informen a los parlamentos y a la opinión pública de las ventajas que reporta el euro en la zona euro y no se limiten a crear la impresión de que se nos viene encima algo nuevo y desconocido. 
El siguiente punto que me parece importante es que el euro es un proyecto político y, con su perdón, señor Presidente Duisenberg- habla a su favor que haya expuesto correctamente su posición en relación con este tema -, no depende exclusivamente del BCE y de los bancos, pero tampoco de los ministros de Finanzas. 
Es un proyecto político y no sólo un producto financiero, y yo pido, por consiguiente, que en el marco de la política informativa se preste mayor atención a la política educativa, a las pequeñas y medianas empresas y a los consumidores. 
Señor Presidente, señor Presidente del Banco Central Europeo, señor Comisario, estimados colegas, hoy celebramos el debate sobre el excepcional informe de la Sra. Randzio-Plath sobre el informe anual del Banco Central Europeo. 
Dicho debate se celebra cada año y es nuestra única posibilidad en este Parlamento de hablar sobre la política de la institución europea más importante e independiente. 
Señor Presidente, este debate se celebra bajo unas condiciones mundiales económicas radicalmente distintas. 
El ambiente económico tan negativo, que nos ha llevado casi a la depresión económica, ha creado una gran presión. 
El Banco Central Europeo recibe una gran presión y otros bancos en el mundo para que relajen su política monetaria. 
Esta presión procede principalmente de los mercados de capitales, que este año han caído bruscamente y que a veces dan la impresión de que han llegado a un pesimismo absurdo, igual que hace poco, por lo menos según el Sr. Greenspan, estaban en un optimismo absurdo 
Creo que esto nos proporciona un claro mensaje. 
El horizonte a corto plazo de los mercados de capitales no puede conducir a los bancos centrales, ni llevarles a su entusiasmo, ni a su pesimismo. 
Señor Presidente, deben conducirles los principios de la estabilidad monetaria y del desarrollo económico, tal como se refiere en el Tratado. 
Pero para que tengamos más confianza en el euro, los pueblos de Europa y los mercados de capitales del mundo deberán tener más confianza en su forma de ejercer la política y en la forma en la que llegan a la estabilidad monetaria. 
Y en este punto creo que la revisión del sistema de los dos pilares de la política monetaria es una necesidad. 
Señor Presidente, faltan seis meses para la introducción de los billetes de banco y las monedas denominados en euros, y tenemos que ocuparnos minuciosamente de ese acontecimiento. 
El informe es oportuno y las observaciones del Sr. Maaten son muy aceptables. 
Lo único que sabemos con claridad acerca del "Día del euro", o sea del 1 de enero de 2002, es que es una fecha absolutamente irreversible. 
Va a suceder y, por lo tanto, tenemos que estar preparados. 
Hemos conseguido progresos considerables en todos los frentes. 
Me referiré en primer lugar a la información pública y diré que los resultados de las encuestas sobre la mentalización pública acerca del euro son alentadores. 
La encuesta más reciente, llevada a cabo en mayo por la Junta irlandesa para el paso al euro (Irish Euro Changeover Board) indica que en mi país el 95 por ciento de la gente conoce el nombre de la moneda única, el 91 por ciento conoce algunos precios en libras irlandesas y en euros, y el 79 por ciento saben que en el año 2002 se introducirán los billetes de banco y las monedas denominados en euros. 
El 78 por ciento han visto ya fotografías de esos billetes de banco y de esas monedas y el 64 por ciento saben que una libra irlandesa vale 1,27 euros. 
Ahora bien, aún queda mucho por aprender: solamente el 36 por ciento saben cuánto dura el período durante el cual se pueden utilizar los euros y la moneda antigua, que en mi país se ha acortado al 9 de febrero de 2002. 
Además ha habido un considerable volumen de normas legislativas destinadas a preparar la introducción del euro, que abarcan esferas como las finanzas y la seguridad social. 
Es esencial que en todos los casos obremos sobre la base del principio de favorecer al ciudadano. 
En las autoridades nacionales y en las autoridades europeas recaen esencialmente dos tareas: tienen que vigilar para que el paso al euro se salde con éxito, y tienen que informar al público acerca de dicho paso. 
Señor Presidente, Señorías, voy a hablarles de las dificultades que manifiestan cada día las personas con las que me encuentro en mi país. 
Resulta cuando menos curioso ver que el método Coué, que ha prevalecido para crear el euro, ha cedido ahora su lugar al método fuerte. 
Debo decirles con pesar que el paso a la moneda única me parece un paso forzado. 
Para empezar, no se ha consultado en ningún momento a los pueblos para saber si estaban a favor de la sustitución de su moneda nacional. 
El ejemplo irlandés es en este sentido sintomático de los métodos de funcionamiento de esta Europa. 
Tampoco ahora se consulta a los pueblos sobre la aplicación práctica del euro, cuando ellos son el elemento fundamental de este tablero. 
Efectivamente, las campañas de información que han sustituido a las políticas no han dejado de señalar la responsabilidad de los ciudadanos. Comprendan: si el euro fracasa será por culpa de ustedes. 
Los jóvenes y los jubilados tienen una función informativa, las administraciones y sus funcionarios son ejemplos. 
Finalmente, los comerciantes son los formadores prácticos. 
Por ejemplo, ¿quién se preocupa de las dificultades con las que se encuentran los comerciantes en las zonas rurales, alejadas de los polos de formación de las ciudades? 
¿Cómo pedir a un comerciante que trabaja doce horas diarias que vaya a la Cámara de Comercio para participar en las reuniones informativas? 
Como conclusión, y por todas estas razones, no me parece normal que sean los ciudadanos los que soporten toda la responsabilidad. 
Resulta demasiado fácil lanzar a los demás lo que uno es incapaz de realizar por sí mismo. 
Europa ha querido una moneda única, por tanto que la asuma. 
Señores Presidentes, Señorías, el presente debate se celebra en un momento difícil desde el punto de vista de la política económica. 
El crecimiento está disminuyendo, mientras aumenta la inflación. 
La República Federal de Alemania, que constituye una tercera parte de la zona euro, es el farolillo rojo en lo que respecta al crecimiento, la inflación y el endeudamiento neto. 
Ya no es la locomotora, como lo fue en otro tiempo, sino el último vagón de este tren. 
En este momento difícil es importante sobre todo que el Banco Central Europeo, que es un banco central joven, adquiera mayor credibilidad. 
Por esto, nosotros no vamos a votar afirmativamente las tres propuestas que hace la ponente en su informe. 
La primera se refiere a la necesidad de que las decisiones económicas se centren primordialmente en la inflación básica, o sea, en una tasa de inflación que no incluye la energía y los alimentos. 
Si así se hiciera, se estaría embelleciendo la situación, pues lo que afecta a los ciudadanos no es la inflación básica, sino la inflación incluidos los precios de la energía y de los alimentos. 
La segunda propuesta que vamos a rechazar es la concreción de los objetivos en materia de inflación. 
El propio Banco Central Europeo adoptó poco después de su creación, acertadamente a mi parecer, una definición de estabilidad según la cual la estabilidad del valor del dinero corresponde a una tasa de inflación inferior al 2%. 
Esta definición no se debe modificar ahora. 
Al contrario, justamente en la difícil situación actual es preciso juzgar al Banco Central Europeo según sus propios criterios previos. 
Por esto no podemos votar afirmativamente esta segunda propuesta. 
La tercera propuesta se refiere a los países candidatos a la adhesión. 
Mi Grupo tampoco va a aprobar la propuesta según la cual en la práctica no se deberían imponer a los países candidatos las mismas exigencias en relación con el cumplimiento de los criterios de inflación del Tratado de Maastricht, y del conjunto de los criterios de Maastricht, lo cual también supondría una desviación de la estabilidad. 
Señor Presidente, el 1 de enero de 2002 marcará otro progreso considerable en la integración europea. 
El cambio de 12 monedas nacionales diferentes a una moneda única es la culminación de meses y meses de preparativos cuidadosos y a pesar de ello temo que algunos ciudadanos, incluso en esta fase ya tan adelantada de la operación, no hayan captado todavía la importancia del cambio y sus repercusiones, que en mi opinión son sumamente positivas. 
Ningún otro cambio normativo de la UE repercutirá de forma tan profunda y tan personal en todos los ciudadanos y al mismo tiempo. 
Niños y jubilados, empresas transnacionales y pequeñas empresas, todos quedarán afectados por este importante hito en la administración europea. 
Como en todos los cambios sobrevenidos en la UE se manifiesta cierto grado de complacencia, hay que hacer todo lo que sea preciso en los meses que quedan hasta el 1 de enero para alertar a los consumidores acerca de la importancia de lo que está sucediendo y, más importante aún, para persuadirles de que sus intereses figuran en lugar destacado del programa de aquéllos cuya obligación es gestionar debidamente tan importante cambio. 
Estoy seguro de que se está haciendo todo lo posible, pero no hay que dejar nada al azar. 
Sabemos que hay algunos escépticos. 
Sus opiniones son importantes para el debate, pero tenemos que dejar bien sentado que sus preocupaciones no se materializarán. 
Por ejemplo, todos recordamos la introducción del sistema decimal y sabemos que, a pesar de las seguridades que dimos entonces, los consumidores experimentaron aumentos de precios. 
Todos necesitamos dejar bien sentado que en el mecanismo del cambio no hay ningún factor de costo. 
El Parlamento no ignora que los propios bancos aprovecharon el período de transición para cargar comisiones excesivas en caso de cambio; hasta cierto punto, está sucediendo lo mismo. 
¿Qué seguridades puede dar el Banco Central Europeo de que esas cuestiones se vigilarán con el máximo celo y de que se impondrán sanciones apropiadas? 
El Banco ha conseguido la estabilidad a medio plazo de la política financiera pese a la brusca subida del precio del petróleo, pese a la gran inestabilidad de los mercados de divisas y pese a las crecientes tensiones de los mercados financieros. 
La confianza de los ciudadanos en el Banco Central Europeo se basa primordialmente en la estabilidad de los precios. 
Para los ciudadanos es importante que la moneda sea estable y que se mantengan el nivel real de la renta y el poder adquisitivo. 
Sin embargo, también podremos ganar más confianza incrementando la transparencia y el control sobre el funcionamiento del BCE. 
La transparencia es algo cotidiano en los Bancos Centrales nacionales, y debería serlo también en el Banco Central Europeo. 
La adopción del euro es un acontecimiento singular también desde el punto de vista de la historia de la economía, el cual no tiene precedentes en magnitud. 
La adopción de la moneda única es una prueba concreta de los grandes avances logrados en la integración europea. 
Nuestros ciudadanos esperan que hagamos todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que el paso al euro ocurra con fluidez. 
Es importante que evitemos la aparición de problemas innecesarios mediante una preparación meticulosa del proceso, y así también podremos evitar que surjan impresiones negativas entre la ciudadanía. 
Sin embargo, tenemos que recordar lo fundamental. 
El euro no fracasará a causa de los problemas prácticos que puedan darse en los períodos transitorios de dos o tres semanas. 
Si fracasa por algo, será a causa de la falta de fortaleza y estabilidad de la divisa. 
Nuestra moneda única es tan fuerte como la economía que la respalda. 
La existencia de una economía fuerte, de unas estructuras sanas de la vida económica y de un mercado interior operativo son las bases esenciales para granjearse la confianza de los ciudadanos y para que la Unión sea competitiva a nivel mundial. 
En este contexto, quisiera expresar mi preocupación sobre el destino de la propuesta de directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición de empresas que se debatirá mañana. 
Esta propuesta de directiva ha estado elaborándose durante doce años. 
El Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, tras un largo forcejeo, mediante el procedimiento de conciliación. 
Si mañana la propuesta de directiva no sale adelante, podremos decir que en Lisboa llegamos a escuchar muchas palabras grandilocuentes, pero que lo que necesitamos aquí son hechos. 
El valor de nuestra moneda única dependerá en gran medida de la realización de estos hechos, tanto por parte del Parlamento y del Consejo, como del resto de los órganos de la Unión. 
Señor Presidente, señor Presidente del Banco Central Europeo, Señorías, sin duda, es digno de aprecio el esfuerzo realizado por todos nosotros, por el Banco Central Europeo y por el Sr. Maaten que ha abordado en su informe casi todas las probables cuestiones que se podrán plantear a raíz de la introducción de la nueva moneda. 
Sin embargo, al ser éste un acontecimiento de alcance histórico- de hecho, hasta la fecha todos los Estados miembros han tenido que hacer frente al cambio de su moneda en el ámbito nacional, mientras que en esta ocasión el cambio se registra en una moneda única en el ámbito de toda la Comunidad- no todos los aspectos y las consecuencias son previsibles y, tras la fatídica fecha del 1 de enero de 2002, se podría producir algún imprevisto. 
Desde este punto de vista, a todos nosotros nos corresponde tratar de dar una contribución que no solo permita agilizar el cambio, sino también evidenciar los aspectos negativos o positivos estrechamente unidos a este acontecimiento. 
Por esto, me permito considerar tres puntos. El primero: en el período que queda hasta la fecha fijada del 1 de enero de 2002, hay que aumentar la información en las regiones periféricas y autónomas, ya que no se puede silenciar que todavía hoy persiste una forma de tesaurización casera que se ha de superar en esta circunstancia. 
El segundo: tras el período de cambio y en la década siguiente indicada para poderlo efectuar en los bancos centrales de los Estados miembros, se deberían aligerar todos los trámites burocráticos, al objeto de permitir a la gente más humilde y desprevenida el cambio de pequeñas cantidades de dinero sin coste alguno. 
El tercero y último punto importante: hasta la fecha final del cambio los intermediarios autorizados, en especial el sistema crediticio, son invitados a prestar una mayor atención, un mayor rigor a los movimientos de dinero en efectivo. 
Seguramente la delincuencia organizada atesora el dinero en efectivo para sus tráficos ilegales... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Comprendo que el Sr. Duisenberg quiera hacer uso de la palabra para concluir este debate. 
Tras él, daré la palabra al Comisario Solbes Mira. 
Tiene la palabra el Sr. Duisenberg. 
. (EN) Señor Presidente, voy a tratar de responder a algunas de las cuestiones que han planteado los diputados. 
En mi declaración inicial me ocupé ya de los asuntos más importantes referentes a las dos propuestas de resolución. 
Me gustaría añadir algo. 
La Sra. Randzio-Plath se ha referido al objetivo secundario del Tratado. 
Tenemos la firme convicción de que si el BCE consigue mantener la estabilidad de los precios, creando así un entorno de estabilidad previsible para las empresas, ésa será la mejor contribución que puede hacer para promover el crecimiento de la producción y el empleo. 
¿Debería intervenir el Parlamento Europeo, si el Tratado se modificara, en el nombramiento de la Junta Ejecutiva? 
Ésa es una cuestión de la que la Junta Ejecutiva no debería ocuparse. 
Ahora bien, el Parlamento Europeo interviene ya en el nombramiento de los miembros de la Junta Ejecutiva, al igual que también lo hace el Consejo de Gobierno del BCE. 
En caso de propuesta de los ministros de hacienda, del Parlamento Europeo y del Consejo de Gobierno del BCE, el Parlamento puede ofrecer asesoramiento para que los Jefes de Estado y el Consejo puedan adoptar una decisión. 
Estoy totalmente de acuerdo con que la política monetaria no debe desarrollarse en régimen de aislamiento sino mediante una coordinación cada vez más estrecha. 
Ahora bien, el BCE no se lanzará nunca a coordinar sus políticas con otras políticas en la esfera económica y financiera, porque eso podría ser perjudicial para su objetivo primario con arreglo al Tratado, que es preservar la estabilidad de los precios. 
Se han suscitado muchas cuestiones acerca de la propuesta de resolución. 
Ya me he ocupado de algunas de ellas en mi declaración inicial. 
Quedo agradecido a la Sra. Peijs y al Sr. von Wogau, que me han apoyado respecto de algunas cuestiones, como por ejemplo la garantía de la independencia del Banco Central. 
Quisiera decir tanto a la Sra. Berès como a la Sra. Randzio-Plath algo que ya saben, y es que el BCE no rehuirá nunca el diálogo con el Parlamento Europeo o sus comisiones parlamentarias. 
Así lo hemos demostrado en el pasado y seguiremos demostrándolo en el futuro. 
La Sra. Peijs hizo la pregunta que cabría esperar: ¿Puede quedarse usted? 
La respuesta que siempre he dado y que doy de nuevo es: "sí". 
También ha preconizado que las transferencias transfronterizas deben ser tan caras o tan baratas como las transferencias en el interior del país. 
Estoy totalmente de acuerdo con ella. 
Es una cuestión que quizá no quede resuelta para el 1 de enero de 2002, pero estimo que en un mercado único con una moneda única, la diferencia debe desaparecer. Ahora bien, como ya he dicho, quizá lleve más tiempo conseguirlo. 
Me referiré a continuación al importante asunto de la disponibilidad anticipada de moneda, que ha mencionado el Sr. Maaten en su propuesta de resolución y que también han mencionado otros diputados. 
Se han suscitado algunas cuestiones concretas: por ejemplo, si es posible o conveniente efectuar los cambios necesarios en los cajeros automáticos unos días antes del 1 de enero de 2002. 
La respuesta es "no". 
Eso perjudicaría gravemente al sistema de pagos en la época más atareada del año, que son los últimos días del mes de diciembre. 
Los cajeros automáticos tienen que seguir estando, en esa época, en condiciones de distribuir moneda nacional. 
Si se les impide que lo hagan, el sistema de pagos quedaría gravemente perjudicado. 
No hay que olvidar que entre el 70 y el 80 por ciento de la distribución total de billetes de banco se hace por conducto de los cajeros automáticos. 
La cuestión es importante también pues nosotros vemos también la posibilidad de que surjan problemas. 
Es importante que las máquinas sean transformadas lo antes posible. 
En cinco países los antiguos cajeros automáticos habrán quedado convertidos para el 1 de enero. 
Esos cinco países son Alemania, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos. 
En otros países la cuestión requerirá algo más de tiempo, pero eso se debe principalmente a que algunas de esas máquinas se hallan en zonas remotas y no se les atiende cada día; por ejemplo, en España y en Finlandia. 
Hay países en los que la transformación llevará más tiempo, pero en la mayoría de los países tendrá lugar en un plazo de una semana. 
En cinco países no requerirá más que un día. 
El Sr. Maaten pide también en su propuesta de resolución que se dé alguna prioridad a la distribución de billetes de banco pequeños, por ejemplo de cinco y de diez euros, en los cajeros automáticos. 
De esta cuestión se ocupan debidamente los planes nacionales de cambio de la moneda. 
Salvo Finlandia, en todos los demás países se ha previsto distribuir, por lo menos en algunos cajeros automáticos, los billetes de banco de cinco y diez euros únicamente por conducto de dichos cajeros en los primeros días del año próximo. 
Se han previsto medidas de mayor envergadura que podrían adoptarse para facilitar el cambio de la moneda: por ejemplo, el establecimiento de servicios temporales de cambio de moneda, entre otros lugares en los supermercados. 
Somos partidarios de ese tipo de medidas. 
En los países en los que los pagos de la seguridad social se siguen haciendo principalmente en efectivo quisiéramos estimular la utilización de billetes de banco de pequeña cuantía. 
Estamos animando a los bancos para que abran sus mostradores el 1 de enero de 2002. 
Esa medida está prevista actualmente en Alemania, Austria, Luxemburgo y los Países Bajos. 
Instamos a los demás países a que estudien la posibilidad de adoptar las mismas medidas. 
En su resolución el Parlamento Europeo formula también diversas sugerencias. 
No me referiré a todas ellas pero el Parlamento Europeo sugiere también lo que acabo de decir, es decir que se anime a los bancos para que abran sus mostradores el 1 de enero, cuestión que el BCE acoge con profunda satisfacción y que apoya sin reservas. 
Se ha sugerido que se cambien las fechas de las rebajas anuales, y que empiecen unas cuantas semanas más tarde. 
El BCE no tiene nada que decir sobre el particular, pero a mí me parece que la propuesta tiene sus ventajas. 
Se ha mencionado también la posibilidad de cargar comisiones más bajas en el caso de las tarjetas de crédito y otros medios electrónicos de pago. 
Así está previsto en Austria, Bélgica y Finlandia. 
También en este caso el BCE, debido a la naturaleza de la cuestión, no tiene nada que decir pero personalmente yo animaría a las autoridades nacionales a que escucharan cuidadosamente lo que dice el Parlamento Europeo. 
Volviendo de nuevo a las preguntas que se han formulado, diré que en vez de empezar a distribuir moneda antes de la fecha prevista, nuestra campaña de información que comienza el 30 de agosto y que se intensificará durante los próximos meses hasta el final de este año y durante las dos primeras semanas del año próximo, conseguirá, estoy seguro, que la población esté perfectamente familiarizada para el 1 de enero con la apariencia de los billetes de banco y con las medidas de seguridad. 
Uno de los elementos de esta campaña es que en la primera o la segunda semana de diciembre distribuiremos 300 millones de folletos para todos los ciudadanos de la zona del euro, en los que se describirán detalladamente los nuevos billetes de banco y las modalidades del cambio de la moneda en efectivo. 
El Sr. Maaten ha hecho una pregunta que es bastante divertida: "¿ Qué pasa si pocos días antes del 1 de enero los ministros cambian de opinión y, a pesar de todo, empiezan a distribuir billetes de banco ?". 
Con todo el respeto debido no solamente al Sr. Maaten sino también a los ministros, le diré que los ministros no pueden adoptar esa decisión porque en el Tratado han cedido la competencia en materia de emisión de billetes de banco a sus bancos centrales nacionales y al BCE. 
Solamente el BCE, el sistema del euro, puede decidir cuándo se distribuirán los billetes de banco y la distribución será el 1 de enero de 2002. 
. Señor Presidente, después de la intervención del Presidente del Banco Central Europeo, Sr. Duisenberg, quisiera hacer un corto comentario sobre algunos puntos. 
Me referiré fundamentalmente al informe del Sr. Maaten, dado que me asocio a los comentarios hechos por el Sr. Duisenberg respecto al informe de la Sra. Randzio-Plath. 
En primer lugar, querría recordar que el acceso a los kits de monedas no se limita a uno por persona. Estoy de acuerdo con las decisiones adoptadas por los diferentes países. 
El Presidente Duisenberg se ha referido al frontloading (distribución anticipada de billetes de pequeña denominación) en cajeros automáticos y ventanillas. 
Querría hacer un comentario únicamente, para indicar que el informe de la Comisión al que se han referido ustedes es un simple informe para calcular cuánto tiempo sería necesario, de acuerdo con las cantidades que actualmente se están facilitando a través de los cajeros automáticos, para sustituir totalmente la moneda nacional por la moneda europea. 
Es un análisis estático, que por lo tanto supone que no existirá aceleración en cuanto a la utilización de ese dinero, ni tampoco toma en consideración otras fuentes que no sean los cajeros automáticos. 
En todo caso, quiero recordar que la existencia de períodos transitorios está justificada precisamente porque toda la operación no se podrá hacer desde el primer día. 
En cuanto a las rebajas, la posición de la Comisión es favorable a que se retrasen durante dos semanas con objeto de no coincidir con el propio momento de la entrada en funcionamiento de monedas y billetes. 
Sin embargo ésta es una decisión de carácter nacional, que deberá ser adoptada por cada Estado miembro. 
Un comentario sobre el riesgo de las subidas de precios con motivo del paso al euro: la Comisión ha reflexionado sobre este tema y considera que el elemento fundamental para evitar la utilización del paso al euro como un momento para incrementar los precios es la doble indicación de precios en moneda nacional y en moneda comunitaria. 
Evidentemente, también hemos insistido en otras medidas como, por ejemplo, un comportamiento en las administraciones públicas, redondeando a la baja sus tarifas o, en todo caso, manteniendo el principio de la neutralidad. 
Algunas de las posiciones mantenidas por la Comisión han sido aceptadas por el Eurogrupo, que el día 4 de junio publicó una declaración en la que se recogían estos puntos. 
Querría recordar también- comentando algunas de las intervenciones que se han hecho- que el período de doble indicación de precios en principio debería limitarse al primer semestre del próximo año y, a partir de ese momento, debería desaparecer la doble indicación. 
Los mensajes prácticos para los ciudadanos que ustedes plantean en las campañas de información podrán introducirse a través de la colaboración que el Parlamento mantiene con el grupo consultivo sobre los aspectos prácticos del paso al euro, en el que participan los distintos responsables de las campañas nacionales. 
Únicamente un comentario respecto a los pagos electrónicos: la Comisión ha intentado que, con motivo del paso al euro, las federaciones y asociaciones bancarias europeas puedan avanzar en la reducción de los costes en los pagos electrónicos sin que hayamos podido tener ningún resultado positivo en este tema. 
Tanto la Comisión como el Banco Central Europeo están empeñados en seguir adelante en la reducción de los costes de las operaciones transfronterizas. 
Somos conscientes de que no es una operación fácil y de que el tratamiento diferenciado entre los pagos nacionales y los pagos transfronterizos puede plantear algunas discordancias con las normas del mercado interno. 
La Comisión está analizando las posibles actuaciones para facilitar y acelerar al máximo este proceso de reducción de los costes transfronterizos. 
El próximo 1 de enero marcará un hito en la historia de la construcción europea. 
Todo el mundo estará pendiente de lo que sucede en Europa. 
Estoy convencido de que las instituciones, los Estados miembros, los Bancos Centrales sabrán mostrarse a la altura del acontecimiento y quiero agradecer una vez más al Parlamento la colaboración que nos está prestando en todo lo que se refiere a la preparación del proceso del cambio de las monedas nacionales al euro. 
Organismos de previsión para la jubilación. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0220/2001) del Sr. Othmar Karas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las actividades de organismos de previsión para la jubilación (COM (2000) 507- C5-0596/2000- 2000/0260 (COD) ). 
Señor Comisario, Señorías, la presente propuesta de la Comisión y el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios constituyen, a mi parecer- y lo digo con satisfacción -, un ejemplo muy bueno de colaboración exitosa, con capacidad de diálogo y abierta al compromiso entre todos los grupos y los expertos de esta Asamblea en torno a una propuesta de la Comisión. 
También constituye un buen ejemplo de la seriedad con que nos tomamos nuestro trabajo y del rigor con que cumplimos nuestros planes, incluido también el calendario, así como de nuestra eficacia en la elaboración de decisiones, en contraposición con lo que ocurre en el Consejo. 
En este caso se puede apreciar claramente la diferencia entre el Parlamento Europeo y el Consejo a la hora de examinar las propuestas de la Comisión y de adoptar decisiones. 
En consecuencia, yo quisiera expresar ante todo mi sincero agradecimiento a todos los coordinadores y especialmente a los colegas Kuckelkorn, Hume, Ettl, Pronk, Lulling y muchos otros por su colaboración. 
¿A qué responde la presente directiva? 
La razón de ser de la directiva es que entre todos nos hemos propuesto crear un mercado interior financiero porque es necesario suprimir rápidamente las barreras financieras en el marco del plan de acción sobre los servicios financieros- del que forma parte la presente directiva- y porque no existe ningún tipo de legislación comunitaria respecto del segundo pilar que regule la actividad en el marco de dicho pilar y de la previsión para jubilación. 
¿Cuál es el objeto de la directiva? 
Ésta se ocupa sobre todo de los temas de la coordinación de la supervisión, de la autorización de la actividad transfronteriza, de las normas de inversión y de determinadas medidas de acompañamiento necesarias. 
Nuestra comisión ha propuesto muchas mejoras. 
Estamos convencidos de haber debatido e incorporado estas cuestiones sobre la base de un enfoque más amplio, en comparación con la propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, es necesaria una aclaración previa, que también quisiéramos dejar patente mediante una modificación del título. 
Esta es una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las actividades y la supervisión de organismos que ofrecen servicios de previsión para la jubilación. 
Se trata de una directiva sobre los servicios financieros. 
No es una directiva que regule la previsión para la jubilación como un producto y también desde el punto de vista de la movilidad de los trabajadores, con todas sus consecuencias. 
La presente directiva regula la actividad de las empresas que ofrecen los servicios. 
Esta aclaración es necesaria y, en su contexto, es preciso añadir que se trata de un primer paso necesario e importante hacia la adopción de una legislación europea con respecto al segundo pilar y a la previsión para la jubilación. 
Representa, de hecho, un acuerdo entre los interlocutores sociales en el marco de las disposiciones legales que regulan las relaciones entre empleadores y empleados. 
Por lo tanto, debe mantener un equilibrio entre la liberalización del mercado financiero y la seguridad social; se debe conceder especial importancia a la seguridad social y a la información a los trabajadores. 
Permítanme que enumere las modificaciones esenciales. En primer lugar, hemos resaltado mucho el principio de unas reglas del juego equitativas, o sea, de la igualdad de acceso para todos los proveedores que cumplan los requisitos. 
En segundo lugar, hemos definido claramente el principio de prudencia, hemos fijado un límite para efectuar la transición de las disposiciones de carácter cuantitativo sobre las inversiones a las de carácter cualitativo y pedimos que la Comisión presente un informe al cabo de tres años; conviene flexibilizar las disposiciones sin dejar de proteger la seguridad del consumidor. 
En tercer lugar, pedimos que se adopte el principio de fiscalidad pospuesta porque se requieren algunas normas comunes para evitar distorsiones de la competencia y también pedimos a la Comisión que controle explícitamente la prohibición de la discriminación que está inscrita en el Tratado y la adopte como punto de partida. 
Hemos definido las tareas del Foro de las pensiones y hemos concretado los riesgos biométricos como una opción: no se define el producto, sino la obligación de ofrecer dicha opción. 
Finalmente, hemos formulado con mayor claridad el tema del principio del país de origen y de la información tanto al trabajador como al empleador y a sus representantes. 
Creemos haber conseguido un equilibrio entre una directiva sobre servicios financieros y la seguridad social, y esperamos obtener mañana el respaldo de una amplia mayoría. 
Yo confío en que el Consejo haga suyas nuestras propuestas y no oponga obstáculos a la transposición de la directiva sobre la base de las decisiones del Parlamento Europeo. 
Gracias, señor Presidente, quisiera agradecer sinceramente al ponente el excelente trabajo que ha realizado, en el que también ha sabido recoger la labor efectuada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
No ha recogido todo literalmente, sino que ha captado la esencia de lo que hemos intentado decir. Así mismo, quisiera dar las gracias a la Comisión por la forma extraordinariamente placentera en que hemos podido colaborar con esta institución, de manera que lo que está sobre la mesa se debe a nuestros esfuerzos conjuntos. 
Eso debe, creo yo, dar que pensar al Consejo, es decir, que debe hacerse algo rápidamente en cuanto a esta cuestión. 
A veces se piensa que cuando debatimos esta directiva, se trata de una cuestión econométricamente abstracta. 
No, estamos ante una directiva financiera muy importante, que tiene graves consecuencias sociales y de eso es, precisamente, de lo que se trata. 
Millones de personas se verán afectadas de una u otra manera por cómo diseñaremos nuestro sistema futuro de pensiones en Europa. 
La Comisión ha partido, con razón, de tres pilares. 
Ahora, regulamos una parte importante del segundo pilar. 
El primer pilar se discute en este momento en el Consejo y más tarde se hará lo mismo en el Parlamento. 
El tercer pilar ya se ha regulado en el pasado. 
No obstante, se trata de una cuestión extraordinariamente importante y de ahí que debamos tener en cuenta la especificidad de este segundo pilar. 
La especificidad se basa en que los interlocutores sociales desempeñan un importante papel, continúa siendo una directiva financiera y no debemos mezclar los pilares. 
El único punto en el que quisiéramos ir más lejos de lo que la Comisión de Asuntos Económicos ha solicitado, y por otra parte pienso que es gracioso en tanto Comisión de Asuntos Sociales, es en el ámbito de la simplificación de la directiva. 
Señor Presidente, se lo agradezco sinceramente a todos, y espero que el Consejo presente una directiva dentro de poco. 
Señor Presidente, quisiera en primer lugar agradecer al ponente, mi colega Karas, el tiempo y el trabajo que ha invertido en este informe. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer, debo insistir ante todo en la importancia del respeto del principio de la igualdad de hombres y mujeres- incluido en el Tratado- por los organismos de previsión para la jubilación, como ocurre por otra parte en las directivas relativas a la igualdad de trato en los regímenes públicos y profesionales de seguridad social. 
Señalo con satisfacción que mi enmienda ad hoc ha sido aprobada y figura en el informe. 
Presenté también una enmienda que especificaba que los organismos de previsión para la jubilación deberían tener en cuenta recorridos profesionales atípicos o discontinuos por las responsabilidades familiares masculinas y femeninas, previendo por otra parte soluciones que garantizasen la continuidad de la afiliación. 
Esta enmienda no ha sido aprobada textualmente pero, para mí, resulta claro que los organismos de previsión para la jubilación no pueden sustraerse a soluciones adecuadas para estas situaciones. 
Hemos mantenido y mantendremos aún discusiones muy importantes sobre la cuestión de si las jubilaciones complementarias deben obligatoriamente cubrir los riesgos biométricos. 
Estoy a favor de un planteamiento pragmático- que también preconiza nuestro ponente -, que las instituciones deben ofrecer como opción la cobertura de estos riesgos, como las pensiones de viudedad y de invalidez. 
Ello conlleva evidentemente un coste, que no debe sin embargo depender ni del sexo ni del reconocimiento médico individual. 
Uno de los problemas que hay que resolver para crear una verdadero mercado único de jubilaciones complementarias y de fondos de pensiones reside en la garantía de un trato fiscal que evite al mismo tiempo la doble imposición de las cotizaciones y de las prestaciones, así como el exilio fiscal de los pensionistas para escapar al impuesto pero también a una burocracia onerosa vinculada a los intercambios de información y al cobro de los impuestos entre los países. 
El problema no lo aborda la Comisión en esta directiva: sólo en una comunicación- prudencia obliga, no es el Sr. Bolkestein. 
Considero por tanto prematuro, para el Parlamento, pronunciarse en este momento a favor de un modelo específico- en este caso el TEE- como se hace en el informe, aunque sea a través de un considerando, habida cuenta que los impuestos directos dependen de la soberanía de los Estados miembros. 
Hemos de dar tiempo al tiempo antes de pronunciarnos por un modelo en este ámbito tan sensible. 
Dicho esto, señor Presidente, soy de la opinión de que del choque de ideas surge la luz... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, antes que nada quisiera dar la bienvenida a varios visitantes de Kent con cuya presencia en la galería tenemos la suerte de contar. 
También quisiera dar gracias al Sr. Karas por el trabajo sumamente arduo que ha dedicado a un informe dificilísimo. 
Hemos de tener presente que lo que estamos creando aquí es un plan facultativo que las empresas y los proveedores de servicios financieros podrán aprovechar si lo desean. 
Si el marco que creamos no es atractivo, esta directiva no tendrá ningún valor porque nadie recurrirá a ella. 
Si recargamos la directiva con disposiciones detalladas y con detalles de particular valor para un grupo determinado de personas, no reflejaremos la diversidad de las normas que rigen las pensiones en toda la Unión Europea y nadie aprovechará las oportunidades que brinda la directiva. 
¿Qué perderemos si las empresas deciden que no vale la pena de ocuparse de esta directiva? 
Perderemos principalmente en lo que se refiere al principio de prudencia en las inversiones. 
Una encuesta de la Comisión Europea afirmaba recientemente que si hubiéramos utilizado ese principio en toda la Unión Europea durante los 15 últimos años, nuestras cajas de pensiones hubieran dado probablemente resultados dos veces mejores que los que han dado. 
Las estimaciones del sector privado sitúan en hasta un tres por ciento el incremento de la rentabilidad de los ahorros que se hubiera obtenido recurriendo al principio de la prudencia en las inversiones. 
El activo de las cajas de pensiones hubiera sido aproximadamente un 21 por ciento mayor en toda la Unión Europea si hubiéramos estado utilizando ya ese principio. 
Estamos tratando de la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad de los ahorros sin un aumento del riesgo. 
Esto es un beneficio muy real y muy práctico para las personas que nos han elegido para que prestemos servicio en este Parlamento en su nombre. 
Esto es un beneficio que no deberíamos descartar recargando esta directiva con preceptos excesivamente jurídicos, por ejemplo en materia de autorizaciones, de riesgos biométricos, de garantías. 
Tenemos que seguir un método pragmático a fin de obtener los beneficios de una mayor rentabilidad para las personas que ahorran, en un primer intento encaminado a desactivar esa bomba de efecto retardado que es el régimen de pensiones. 
Señor Presidente, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para exponer un par de observaciones de fondo sobre el proyecto de directiva de la Comisión. 
En efecto ya hemos dialogado, discutido y coincidido suficientemente sobre los detalles técnicos en los últimos días, semanas y meses. 
Mis observaciones se dirigen sobre todo a la Comisión y a los representantes del Consejo. 
Quisiera dirigir muy especialmente a la Comisión un par de comentarios sobre los antecedentes y el proceso de concreción de la presente directiva. 
En efecto, en mi calidad de ponente de la resolución, tuve la oportunidad de ofrecer asesoramiento tanto en lo que respecta al Libro Verde como a la Comunicación de la Comisión sobre los resultados de la consulta. 
Mientras que en el Libro Verde se hablaba de sistemas de pensiones complementarios en el Mercado Único y se intentaba hacer creer al ciudadano europeo que se trataba de una medida a favor de la amplia mayoría de los ciudadanos europeos, su actual proyecto de directiva sólo refleja los intereses de los sectores financieros europeos. 
Tal como yo lo veo, o bien han dado media vuelta, o bien desde el principio les interesaba sólo el mercado único financiero. 
Ahora su intención es situar en primer plano el mercado financiero. 
Han situado el tema en un plano en el que no se había planteado nunca hasta ahora. 
Esto sería perfectamente aceptable en sí mismo, si la directiva tratase efectivamente sólo del mercado financiero y nada más. 
Sin embargo, su propuesta incide profundamente en la configuración de la previsión para la jubilación existente en tanto que producto y, a mi parecer, se concede una considerable ventaja competitiva al sector de inversiones frente a los proveedores tradicionales cuando se propone equiparar la fiscalidad de los productos financieros sin obligar, no obstante, al sector financiero a ofrecer las mismas garantías que los proveedores del segundo pilar, que por este motivo obtienen garantías, concretamente, ventajas fiscales. 
No voy a traicionar ni revelar ningún secreto si digo que todos hemos recibido los documentos en los que se expone la posición de la industria financiera y del sector de inversiones en particular, y sus propuestas de redactado. 
De vez en cuando, uno tiene ciertamente la impresión de que una gran parte del texto de la Comisión está escrito de su puño y letra por los grupos de presión. 
Las coincidencias con el sector financiero me parecen, en efecto, muy sospechosas en este contexto. 
También quisiera aprovechar la oportunidad para exponer brevemente las principales orientaciones que han guiado nuestro proceder con respecto al Informe Karas durante los últimos meses. 
La seguridad de las pensiones de jubilación es nuestra máxima prioridad. 
Somos responsables de algo que queremos crear y que también debe funcionar a la larga y beneficiar al ciudadano. 
Quiero añadir asimismo un par de observaciones sobre todo el tema del registro, o sea, de la autorización. 
¿El organismo debe obtener una autorización antes de iniciar su actividad, debe ser examinado por las autoridades o sólo se inscribirá en un registro? 
El Sr. Karas ha presentado una nueva propuesta en relación con este punto, que nosotros vamos a apoyar. 
Además, para nosotros también es importante el carácter colectivo del segundo pilar. 
Éste marca una línea divisoria con respecto al tercer pilar. 
No estamos hablando de un producto de ahorro cualquiera, sino de pensiones de jubilación, y éstas tienen un carácter totalmente distinto a la especulación con paquetes de acciones. 
También consideramos importante conseguir mejoras en lo que se refiere a la participación. 
No obstante, estamos de acuerdo con la referencia al derecho laboral nacional. 
Por lo que respecta a los riesgos biométricos, nosotros apoyamos el redactado del ponente. 
En este aspecto, hemos dado un giro fundamental, pero yo creo que, en interés de todos, podemos apoyar la directiva o esta propuesta del ponente. 
Sin embargo, además de estos aspectos de contenido, también hemos dado importancia a otras consideraciones. 
Los parlamentarios no debemos dejarnos intimidar por tecnócratas que nos dicen que todo esto no funcionará y entra en contradicción con los Tratados. 
Tenemos poder de codecisión y podemos actuar de entrada como nos parezca conveniente. 
Para esto nos han elegido, para que aportemos nuestro punto de vista como elemento corrector. 
Los ciudadanos europeos esperan de nosotros que garanticemos que el Derecho no lo elaborarán exclusivamente los funcionarios y grupos de presión, sino que las decisiones políticas las adoptará en primer lugar el Parlamento. 
Tampoco debemos dejar que nos coarte el argumento de que no es posible negociar con el Consejo un centenar de enmiendas. 
Yo les digo muy claramente al Consejo y a la Comisión: ¡No le den más vueltas a esta directiva! 
Hemos mantenido en parte grandes diferencias en torno al informe. 
No sólo ha habido controversias entre los grupos, sino también dentro de los mismos. 
Mañana vamos a votar un texto que intenta satisfacer a todas las corrientes. 
Dicho esto, yo quiero manifestar nuestro agradecimiento al ponente, el colega Karas, por el trabajo que ha realizado. 
Si la votación de mañana se desarrolla conforme a las conversaciones mantenidas, yo recomendaré a mi Grupo que vote afirmativamente su informe. 
Señor Presidente, diré brevemente que mi Grupo tenía dos objetivos fundamentales al abordar esta propuesta de la Comisión. 
El primero es apoyar en todo lo posible a la Comisión en su esfuerzo por presentar una propuesta sencilla y no incluir complicaciones superfluas como, por ejemplo, el riesgo biométrico. 
El compromiso que ha pergeñado el Sr. Karas en el Parlamento es un compromiso que podemos soportar. 
Hubiéramos preferido que se hubiera conservado la propuesta original de la Comisión, con toda su sencillez, pero reconozco las considerables dificultades políticas con que se ha enfrentado el Sr. Karas y le agradezco los esfuerzos que ha desplegado para salir adelante. 
El segundo objetivo fundamental de mi Grupo es fortalecer la posición de la Comisión, hacerla más liberal y más "abierta al mercado" en su enfoque de la supresión de las normas cuantitativas. 
El proyecto de directiva de la Comisión prevé que los Estados miembros puedan seguir fijando límites cuantitativos al funcionamiento de las cajas de pensiones. 
Me alegra sobremanera que el Parlamento dé la impresión de que va a insistir en que haya un plazo de cinco años. 
Espero muy sinceramente que el Comisario abandone toda tentativa de realpolitik, todo compromiso dudoso en el Consejo, y se atenga a lo que constituye el claro deseo del Parlamento. 
Queremos conseguir que los jubilados tengan mejores pensiones sin que ello entrañe una pérdida adicional de seguridad, mediante la aplicación del principio de prudencia en las inversiones. 
Esos son los dos objetivos fundamentales que tenemos y si conseguimos que el Parlamento los apruebe mañana, esta norma legislativa pondrá los cimientos para un amplio incremento de las pensiones privadas en la Unión. 
Mejorará la rentabilidad de las inversiones en los actuales planes de pensión y, en consecuencia, mejorará las pensiones. 
Por vez primera establecerá una base inversionista paneuropea para el crecimiento y mercados financieros integrados en la zona del euro. 
Señor Presidente, señor Comisario, la votación que se ha producido en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que ha dividido a la propia comisión, y como consecuencia de la cual, por cierto, se han reintroducido 133 enmiendas en el Pleno, demuestra suficientemente las diferencias de planteamiento relativas a este proyecto de directiva. 
En nuestro Grupo lo interpretamos de la forma siguiente: de hecho, el objeto principal de esta directiva sobre los fondos de previsión para la jubilación pretende levantar todas las condiciones que ponen restricciones a las instituciones financieras, principalmente en la decisión de los activos financieros, con excepción de reglas prudenciales generales, llamadas de naturaleza cualitativa, por encima de las cuáles se aplicará plenamente el principio de reconocimiento mutuo. 
Nos encontramos frente a una situación bastante conocida en la realización del mercado interior. 
En cuanto al grado de armonización o de integración deseable, incluso de liberalización y de apertura, pero donde lo que concierne a lo que Fritz Scharps llama la integración positiva, está en retirada con respecto al objetivo de liberalización; desde este punto de vista, quisiera simplemente mencionar tres puntos que nos interesan especialmente: 
El problema de la cobertura de riesgos como tal, lo que se llama riesgos biométricos: daremos nuestro apoyo a la enmienda 108, presentada por nuestro colega Herzog; 
El problema de la competencia fiscal (enmienda 117) , un ejemplo más que muestra que se progresa más, y con mucha mayor rapidez, hacia la integración de los mercados sin armonización fiscal previa: es un punto de vista que nosotros no podemos apoyar; 
La cuestión de la cobertura de riesgos en capital, que tiene relación con el artículo 18 de la directiva: la enmienda 116 que se ha presentado es una enmienda que nos parece razonable. 
Por tanto, nuestra evaluación política de este proyecto de directiva es que una vez más resulta desequilibrado con respecto a los objetivos que son no solamente la unicidad del mercado, sino también de cohesión social y solidaridad. 
Señor Presidente, la directiva concebida por la Comisión tiene un sesgo totalmente reivindicado. 
Lo que le interesa es la promoción de las jubilaciones complementarias por capitalización. 
Si bien el informe Karas corrige en ocasiones este aspecto, a veces también lo agrava. 
Nos encontramos ante un modelo de referencia que es ante todo el de la industria de las jubilaciones complementarias de Gran Bretaña y otros países. 
Ahora bien, en algunos de ellos, estas organizaciones no van al mercado financiero, o muy poco; en otros, se ofrecen sólidas garantías para los trabajadores, pero ésta no es en absoluto la preocupación de la directiva. 
En concreto, la coherencia de los sistemas de jubilación construidos en el espacio nacional sobre principios de solidaridad, de seguridad y de universalidad no le interesa. 
Por ello hemos presentado enmiendas en dos planos: las garantías para la población de la que se trate, por una parte, y el control público y los comportamientos prudenciales por otra. 
De no producirse mejoras sustanciales, el texto nos parece inaceptable. 
En primer lugar, es necesario mejorar las garantías para las poblaciones. 
La directiva conlleva riesgos de discriminación y de ruptura de solidaridad. 
La adhesión a un régimen complementario no es obligatoria, de ahí las desigualdades considerables. 
Las mutualizaciones intersectoriales no están previstas. 
Cualquier degradación de la demografía implicaría un retroceso de la calidad de las prestaciones. 
Las situaciones de cambio de empleo o de sector para los trabajadores móviles no son objeto de garantías de continuidad. 
La definición de los derechos no incluye obligatoriamente los riesgos biométricos. 
Las garantías de prestaciones efectivas no están organizadas. 
Y sabemos los riesgos que asumen aquellos que se incluyen en los sistemas de cotizaciones definidas, como han demostrado por otra parte numerosos expertos de gran prestigio en macroeconomía. 
Para todos estos puntos proponemos enmiendas, al igual que para el segundo tema de preocupación: la necesaria mejora del control social y prudencial. 
La Comisión ofrece a las aseguradoras la posibilidad de optar por regímenes de jubilación profesional. 
El informe Karas refuerza esta disposición separando la autorización pública. 
Es la puerta abierta a la competencia, con dos riesgos: desvío de las misiones de solidaridad y debilitamiento de los regímenes prudenciales impuestos a las aseguradoras. 
El Sr. Karas ha integrado nuestra enmienda que pretendía establecer el principio de una gestión participativa, pero ello no tendrá alcance real más que si en el conjunto de la directiva las instituciones implicadas no se tratan como inversores financieros al igual que los demás. 
El marco prudencial previsto por la Comisión es vago y el informe impone el principio del país de origen, lo que resulta inaceptable para nosotros, ya que los Estados de acogida deben también, por supuesto, conservar la posibilidad de establecer la coherencia con el derecho social interior. 
Finalmente, la armonización fiscal previa aún está ausente de estos textos, de tal suerte que se abre una vez más la puerta al "dumping" fiscal. 
Señorías, nos encontramos hoy frente a una prueba clave sobre la forma como el Parlamento Europeo concibe sus responsabilidades en materia de protección social. 
Señor Presidente, en vez de volver a inventar la rueda y dar marcha atrás respecto de todo lo que se ha preconizado hasta ahora, es importante enfrentarse con la realidad: nuestra población está haciéndose más vieja, vive cada vez más y se retira cada vez más pronto. 
Tenemos que adoptar disposiciones para proteger debidamente las pensiones y los pagos de jubilación en el futuro. 
La única manera de conseguirlo es combinar los diferentes sistemas que existen con el segundo y el tercer pilar, como ha sugerido el ponente. 
Las preocupaciones que tengo acerca de las enmiendas y de algunas de las propuestas presentadas se refieren en primer lugar a la armonización fiscal, a la que me opongo sin reservas, y en segundo lugar al aumento de la supervisión reglamentaria del funcionamiento de esos fondos, porque tenemos ya una miriada de normas legislativas referentes a los instrumentos de inversión y a los vehículos de inversión. 
Me tomo la libertad de pedir a los diputados de este Parlamento, y quizás también a los gobiernos de Estados miembros cuyos observadores están presentes hoy aquí, que se fijen en el modelo irlandés, en cuyo marco nos hemos comprometido a destinar entre la actualidad y el año 2025 el uno por ciento de nuestro PIB a una futura caja de pensiones. 
Esto significará 700 millones de libras irlandesas al año destinadas a la protección del pago de pensiones a personas a partir del año 2025. 
Si más países hicieran lo mismo, no tendríamos el mismo sentimiento de urgencia o de peligro que ahora preocupa a tantos jubilados de Europa. 
Señor Presidente, nuestros sistemas de pensiones públicas son demasiado caros y ya no es posible financiarlos. 
La diferencia entre el número de trabajadores y de pensionistas es cada vez mayor. 
Se aplaza una y otra vez la aplicación de reformas absolutamente necesarias. 
Asimismo, los costes de estos sistemas difieren considerablemente en el seno de la Unión. 
Así, Austria, por ejemplo, destina el 15% de su producto interior bruto al pago de pensiones, colocándose así a la cabeza de la clasificación, puesto que la media de la Unión se sitúa en el 11%. 
El elevado coste de las pensiones en Austria se debe en parte a que prácticamente hemos introducido para cada grupo profesional un sistema de seguro propio. 
Ello genera una serie de injusticias que ya no tienen justificación alguna. 
Pero, como ya se ha señalado, en toda Europa el aseguramiento del sistema de pensiones está en una situación crítica. 
El sistema público de pensiones ya no es financiable y va en detrimento de las generaciones más jóvenes. 
Un mercado único europeo para los planes de previsión para la jubilación debe contribuir a remediar esta situación. 
Pero, con la constitución de este sistema, de este segundo pilar, no podemos sobrecargar más a nuestras PYME. 
No podrían soportar una nueva elevación de los costes salariales complementarios. 
Las consecuencias serían catastróficas y fundamentalmente de forma negativa en la situación del empleo en Europa. 
Queda aplazado el debate hasta las 21:00 horas. 
Apoyo de las estrategias nacionales en favor de las pensiones seguras y duraderas mediante un método abierto de coordinación 
De conformidad con el orden del día se procede al examen de la comunicación de la Comisión titulada "Apoyo de las estrategias nacionales en favor de las pensiones seguras y duraderas mediante un método nuevo de coordinación". 
. (EN) La Comisión ha adoptado hoy una comunicación titulada "Apoyo de las estrategias nacionales en favor de las pensiones seguras y duraderas mediante un método abierto de coordinación". 
Esta comunicación es una propuesta sobre métodos de trabajo y objetivos concretos en la esfera de las reformas de las pensiones de conformidad con el método abierto de coordinación, tal y como se decidió en Lisboa. 
Durante los dos últimos años se ha registrado un cambio importante en las actitudes respecto de la cooperación europea, particularmente en la esfera social. 
Hemos podido observar un cambio de actitud entre los que se ocupan de las políticas nacionales de protección. Ahora están de acuerdo en pedir que se aplique un método abierto de coordinación a las pensiones en el futuro a largo plazo. 
Nuestra propuesta presenta esta posibilidad como norma "suave" en el plano europeo, entendiéndose que es "suave" en comparación con la legislación o con la normativa actual. 
Me refiero en particular a la coordinación de políticas económicas. 
Esta clarísimo en esta comunicación que el nuevo método abierto no sustituye a los métodos que se siguen actualmente. 
Esta propuesta no suprime las responsabilidades nacionales de los sectores normativos nacionales. 
La ambición de esta comunicación es promover el desarrollo de un enfoque integrado respecto de los retos impuestos por el envejecimiento y de los cambios societarios en los regímenes de pensiones. 
¿Qué contenido tiene esta comunicación? 
Hay tres ejes principales: el primero se refiere al carácter adecuado de las pensiones, el segundo trata de la sostenibilidad financiera, y el tercero es la modernización de los regímenes de pensiones en respuesta al cambio de la sociedad. 
Por carácter adecuado se entiende los objetivos sociales fundamentales de los regímenes de pensiones destinados a evitar la exclusión social de las personas de edad y a darles la oportunidad de mantener su nivel de vida en su vejez. 
El segundo eje es la sostenibilidad financiera. 
Para poder conseguirla con espíritu de objetividad intergubernamental e intrageneracional general, se requiere un alto nivel de empleo, el respeto del pacto de estabilidad y crecimiento, y un buen marco reglamentario para los regímenes privados. 
El tercer eje se refiere a la modernización de los regímenes de pensiones. 
Según este eje los regímenes de pensiones tienen que ser más compatibles con la necesidad de que haya fuerzas de trabajo más flexibles. 
Eso significa que tienen que responder a las necesidades de los nuevos modelos de organización laboral; tienen que atender las necesidades de familias menos estables, y de mayor igualdad entre hombres y mujeres. 
Tienen que hacerlos también más transparentes, más previsibles y más adaptables a las circunstancias variables. 
Encabezados por esos tres ejes hay diez objetivos concretos. 
Nosotros- y el Comité de Protección Social, que ha llevado a cabo un excelente trabajo- vamos a medir esos objetivos por medio de indicadores. 
Gracias al Comité de Protección Social contamos con un análisis de todos los regímenes de pensiones y de las reformas que han tenido lugar en todos los Estados miembros. 
A continuación el Comité de Protección Social se ocupará de los indicadores económicos y sociales. 
El año que viene vamos a adoptar esos indicadores a fin de poder determinar los objetivos. 
¿Cuál es el procedimiento propuesto? 
La forma en que los Estados miembros se ocuparán de los objetivos particulares depende de ellos y depende de las estrategias nacionales. 
La comunicación sugiere que los Estados miembros presenten esas primeras estrategias nacionales para el final del verano de 2002. 
Durante el Consejo Europeo de la primavera de 2003 habrá un primer procedimiento conjunto de supervisión. 
Este informe sobre las estrategias nacionales se basará en un enfoque integrado y, en términos políticos, esto constituye el elemento más importante de la comunicación. 
Será necesario tener en cuenta, no solamente las reformas de las pensiones en una acepción estrecha de la expresión, sino también la política de empleo y la gestión de las finanzas públicas. 
A fin de preparar esas estrategias tendrán que participar diversos departamentos gubernamentales y, naturalmente, los interlocutores sociales. 
¿Por qué necesitamos un enfoque integrado? 
La necesidad de dicho enfoque se basa en un entendimiento de la interacción entre las pensiones y otras esferas de política. 
La estrategia del empleo es un ejemplo. 
Una estrategia del empleo que tenga éxito facilitará la financiación de las pensiones, pero las reformas de las pensiones pueden crear incentivos en términos de empleo. 
Otro ejemplo lo constituyen las finanzas públicas. 
La consolidación de las finanzas públicas en la actualidad permite hacer frente con mayor facilidad a las repercusiones futuras del envejecimiento, pero un control insuficiente de los gastos en concepto de pensiones puede desestabilizar las finanzas públicas. 
Claro está que hay una estrecha cooperación entre la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Las dos Comisiones van a presentar un informe conjunto y su contribución reviste importancia crucial, pero el Parlamento Europeo puede desempeñar un importante papel en este proceso. 
Nos gustaría saber lo que opinan ustedes sobre esta comunicación y, en particular, sobre los objetivos propuestos. 
Como la Comisión Europea y la Presidencia belga están muy interesadas en conseguir que se progrese mucho y a tiempo para el próximo Consejo Europeo, quedaríamos muy agradecidos al Parlamento si pudiera darnos su opinión antes del mes de octubre. 
Los contactos periódicos entre el Parlamento Europeo y el Comité de Protección Social, que son más oficiosos, continuarán también a título periódico. 
También podemos hablar de otras modalidades de cooperación, y escucharé con placer las sugerencias que a ese respecto pueda hacer el Parlamento. 
Para acabar diré que desde el punto de vista político es importantísimo que los Estados miembros se interesen por esta cooperación en la esfera de la reforma de las pensiones. 
Ésta es una de las reformas más delicadas y más difíciles para todos los Estados miembros y por eso reviste gran importancia política. 
Estimamos que gracias a la cooperación entre la Comisión, el Parlamento Europeo y los Estados miembros, podemos establecer un amplio enfoque general. 
Eso será útil para los Estados miembros y ayudará a poner en práctica las reformas. 
Muchas gracias, señora Diamontopoulou, por lo que estimo que es una declaración importantísima de la Comisión. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar elogiando el trabajo realizado hasta la fecha. 
Pienso que eran estupendas las ideas presentadas a raíz de la cumbre de Gotemburgo y pienso que el trabajo realizado ahora con los informes de cada país demuestra también lo acertado de ampliar el orden del día. 
No debemos hablar sólo del aumento de la carga de los ancianos y de las consecuencias económicas, sino también de cómo conseguimos un buen sistema de pensiones. 
Por otro lado, me parece asimismo importante que este trabajo no sólo sea un trabajo que se lleve a cabo tras puertas cerradas entre políticos, funcionarios y expertos. 
Y me gustaría preguntarle a la Sra. Comisaria qué planes tiene de poner en marcha un debate público más amplio sobre esta coordinación o codirección en materia de pensiones. 
El método abierto debe ser abierto de verdad de modo que también se involucre a la opinión pública. 
¿Qué hará la Sra. Comisaria? 
¿Prometerá redoblar los esfuerzos para aumentar el... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, a mí, representante electo en las listas del Partido de los Pensionistas en Italia, se me dijo: " ¿Qué vas a hacer en Estrasburgo? 
Pues bien, ahora las palabras de la Sra. Comisaria Anna Diamantopoulou son miel sobre hojuelas para mis oídos. 
Aplaudo esta iniciativa: hoy es un gran día para los pensionistas de toda Europa. 
Enhorabuena a toda la Comisión y a la Sra. Diamantopoulou. 
Creo que ahora la tarea más importante será vigilar la caja de las pensiones y no encargar su guarda en los quince Estados a los Apandadores, sino a personas a quien les interesa el futuro de los pensionistas. 
Espero que la Comisaria esté de acuerdo conmigo. 
Señor Presidente, agradezco a la Comisaria su declaración. 
Espero con interés la oportunidad de leer la comunicación. 
Éste es uno de los debates más importantes que tenemos que sostener. 
Me gustaría hacer un par de preguntas. 
Es cierto que en la Unión se está experimentando un importante cambio demográfico y que tenemos que esforzarnos por conseguir que se retenga a las personas de edad en el mercado laboral. 
Ahora bien, hay un grave problema: esas personas de edad tendrán aptitudes, pero pasadas de moda. 
¿No le parece a la Comisaria que esto provocará la revolución que hemos estado preconizando, una revolución en la que, en vez de concentrarnos en la formación y educación iniciales, propiciaremos una formación continua y un aprendizaje durante toda la vida? 
Me parece que eso va a ser esencial. 
Hay algunas contradicciones y dificultades: por ejemplo, en todos los países de la Unión hay una tendencia a aumentar la edad de jubilación pero al mismo tiempo se costea ampliamente con subsidios públicos la jubilación anticipada. 
¿No se corre el peligro de que se eche la culpa a la Unión de que esté obligando a los Estados miembros a pronunciarse sobre tan difíciles cuestiones en estos momentos? 
. (EN) Señor Presidente, estamos tratando aquí de dos cuestiones principales. 
En primer lugar, la transparencia de los regímenes de pensiones. 
Uno de los objetivos del tercer eje en la modernización de los regímenes de pensiones consiste en hacerlos transparentes. 
Esto significa que la información tiene que ser clara y estar disponible fácilmente no solamente para los ciudadanos de la UE sino también para ciudadanos de terceros países. 
En la actualidad se tropieza en esta esfera con problemas importantes. A fin de conseguir el grado de transparencia apetecido, necesitamos algún tipo de indicador. 
Quien las necesite, debe poder conseguir informaciones claras. 
No podemos imponer a los Estados miembros la estructura de reforma o la estructura de los regímenes de pensiones, pero podemos medirlas con un conjunto de indicadores. 
Desgraciadamente no puedo darles ahora más detalles sobre esta cuestión. 
En segundo lugar, me referiré a la cuestión del aprendizaje durante toda la vida y al problema de la jubilación anticipada. 
Hay un vínculo claro entre el límite de edad y la necesidad de envejecer en plena actividad. 
La mayoría de los Estados miembros tienen un límite de edad de 65 años, pero no se trata de la regla sino de la excepción. 
Hay muchos y muy diferentes regímenes de jubilación anticipada en todos los Estados miembros, lo que ha causado muchos problemas para sostener la solidez financiera de los regímenes de pensiones. 
Por eso proponemos esta combinación de políticas: por una parte proponemos la reforma de los regímenes de pensiones y un cambio del límite de edad, y por otra parte proponemos políticas encaminadas a proteger la actividad de las personas de edad, o sea incentivos para mantener a las personas de edad en el mercado laboral, incentivos para obtener formación y, en algunos casos, subsidios para establecer una empresa pequeña o mediana u otro negocio. 
De lo antedicho se desprende que estoy muy de acuerdo con ustedes: necesitamos este enfoque integrado. 
No basta con que nos decidamos a aumentar el límite de edad, tenemos que instituir otras políticas al mismo tiempo. 
Señor Presidente, también yo quisiera agradecer a la Sra. Comisaria su importante comunicación, que otra vez convierte el ámbito europeo de las pensiones en un desafío social y no en un problema financiero con algunos problemas sociales vinculados. 
Creo que la Presidencia belga debe estarle muy agradecida por su contribución al debate. 
Quisiera formularle dos preguntas, señora Comisaria. 
La primera relativa a los objetivos que figuran en el documento. 
Veo que los diez objetivos que fijamos en su momento en la comunicación originaria han quedado reducidos a tres. 
Bien es cierto que se trata de tres objetivos muy importantes y, tal vez, no sea malo que sean sólo tres en aras de una mayor claridad. 
No obstante, han desaparecido, en mi opinión, una serie de elementos cruciales, tales como la solidaridad entre generaciones, la solidaridad dentro de una misma generación. 
También la relación entre los pilares de las pensiones ¿Cuál es el papel del primer, segundo y tercer pilar? 
Son problemas que no han quedado plasmados en el documento ¿Cómo cree la Comisaria que este tipo de problemas puede introducirse en el debate? 
Una segunda pregunta: usted ha abogado, con razón, por un planteamiento global. 
Gotemburgo ha decidido que los acuerdos adoptados deben figurar en las orientaciones generales de las políticas económicas. 
Esto no está previsto en el plan. 
Señor Presidente, yo también comparto la idea de que la política en materia pensiones representa un enorme reto. 
Desde el punto de vista de las generaciones jóvenes europeas, se trata del mayor reto que veremos durante las próximas décadas en el marco de la política socio-económica. 
El método abierto de coordinación es, naturalmente, algo positivo, y yo lo apoyo efusivamente. 
Es bueno que la Comisión se haya puesto a buscar indicadores e intente también ampliar el debate público sobre este tema tan importante. 
Mi pregunta en sí plantea si considera usted que, a pesar de todo, pudieran existir posibilidades de adoptar medidas un poco más firmes, o sea, si podríamos en el futuro tener en consideración también las cuestiones de la política de pensiones, por ejemplo, en el marco de los pactos para la estabilidad y el crecimiento, en las directrices de la política de empleo y en los documentos más vinculantes de estas características, y amonestar, por ejemplo, a los Estados miembros que no ejerzan debidamente sus políticas de pensiones y que no garanticen de forma duradera y con una financiación módica el pago de pensiones de buen nivel a los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, para empezar debo dar mi enhorabuena a la Sra. Comisaria, y creo que no son sólo mis felicitaciones, sino que parecen ser de la gran mayoría. 
Incluso el Sr. Fatuzzo, que representa a los jubilados, está especialmente satisfecho. 
Y lo que se ha referido es verdaderamente impresionante. 
Y precisamente, por lo que he leído en la prensa, han emprendido estas iniciativas a pesar de las reacciones de muchos miembros de la Comisión que las consideraban bastante avanzadas. 
Mi duda es: cuando el artículo 140 habla de un nivel alto de protección, ¿cómo podemos entender una reforma sin mantener este nivel alto de protección? 
Pero principalmente quisiera formular dos preguntas: Estamos hablando de pensiones dignas mediante la complementariedad de los pilares. 
Estamos de acuerdo. 
¿Han estudiado si se puede aplicar esta complementariedad en toda la pirámide de los trabajadores, y principalmente en las pequeñas y medianas empresas y en los sueldos bajos, o debe haber una solución distinta en estos casos? 
Segundo, puesto que el objetivo son las pensiones viables, y ciertamente dignas; para lograrlo, ¿no deberíamos ver también cuáles son los márgenes de aumento del producto interior bruto del que se dispondrá para las pensiones? 
Señor Presidente, en cuanto a las preguntas del Sr. van Lanker, hay diez objetivos básicos, sólo que yo los he separado en tres categorías para que sea más fácil desarrollarlos, pero siguen siendo los diez objetivos que cubren los ámbitos de la adecuación, de la viabilidad económica y de la modernización. 
Naturalmente, uno de los objetivos es el que ha mencionado, es decir, el equilibrio generacional. 
Tendremos más índices. 
Concernirán a la dimensión económica y social. 
Y, por supuesto, serán objeto de debate tanto en la Comisión como en el Consejo pero, como ya saben, el Comité de Protección Social y el Parlamento están en permanente comunicación. 
No he entendido del todo su pregunta en cuanto al papel de las líneas generales sobre el empleo, es decir, si una parte de estos objetivos debe incluirse en las líneas generales sobre el empleo. 
Si se trata de esto, debo decirle que el año próximo, en la Presidencia española, se cerrará el primer ciclo de la estrategia para el empleo, ya que ya habrán pasado cinco años. 
En el cambio veremos cómo vamos a tener en consideración la cuestión de la calidad o cuestiones relacionadas con los trabajadores mayores. 
Sobre las pensiones dignas y el papel de los tres pilares, es muy difícil, diría que es imposible, que la Comisión pueda dar directrices concretas sobre el papel que desempeñarán los tres pilares en cada país. 
Pero lo que está claro es que se deberá garantizar una pensión digna; por eso es muy importante el papel del primer pilar. 
Y claro, siempre hay relación entre el aumento del producto interior bruto y el apoyo al primer pilar, respetando siempre los principios del pacto de estabilidad y de desarrollo. 
Señor Presidente, a los jóvenes les afecta de forma particular la situación de las pensiones, puesto que, al fin y al cabo, durante su vida laboral se ganan las pensiones para disfrutarlas tras su jubilación. 
¿Se ha planteado realmente la posibilidad de informar en los colegios sobre la situación de los sistemas de pensiones en el futuro y de que se fomentará la movilidad si todas estas ideas se llevan efectivamente a cabo? 
Señora Comisaria, sin duda vamos a iniciar hoy un proceso, que será muy útil para Europa, de generar un gran valor añadido para la necesaria modernización de nuestros sistemas de protección social. 
Quería hacerle una pregunta y, acaso, una pequeña aportación. 
El eje de la intervención de la Comisión será un informe que evalúe anualmente las estrategias nacionales. Pero dice en su documento que será sobre la base de las informaciones contenidas en los informes nacionales. 
¿No le parece, señora Comisaria, que sería útil que la Comisión también trabajara sobre la base de otras informaciones, que se abriese a lo que puedan suministrar misiones in situ y las universidades y, por supuesto, informaciones o debates que desde el Parlamento pudiéramos trasladarles, para que no queden ustedes presos de lo que quizá sólo sean intereses de cada uno de nuestros Gobiernos, más deseosos de hacerse propaganda que de realizar la reforma? 
-Señor Presidente, quiero sumarme completamente a los elogios de mis compañeros a la iniciativa de la Comisión. 
Es estupenda y la Comisión tiene razón en lo que dice. 
Como usted dijo en su intervención, señora Comisaria, es muy importante que haya un respaldo desde los países miembros a los planes que usted ha presentado ahora y, lamentablemente, puedo ya prever algo del debate que se abrirá en mi propio país miembro cuando la Comisión comience a discutir las pensiones. 
Sería por ello muy interesante que usted, señora Comisaria, pudiera hoy claramente confirmarme la impresión que obtengo al leer su comunicación. Es decir, que la Comisión de ningún modo trata de minar las pensiones existentes en los países miembros ni tampoco de armonizar los sistemas de pensiones de los países miembros. 
Pretendo que usted lo confirme y creo que será increíblemente importante en el futuro debate en nuestros respectivos países miembros. 
Está claro que el problema es para los jóvenes y en la mayoría de los países, en este momento, hay peligro de que las generaciones posteriores no puedan tener los mismos derechos que tienen las generaciones actuales. 
La publicación del problema depende de los Estados miembros, puesto que es, claro, diferente la gravedad del problema en cada Estado miembro. 
Sin embargo creo que, aun siendo sólo el comienzo de este debate a nivel europeo y el acuerdo de colaboración para solucionar dicho problema, que ya es de dimensión europea, son acontecimientos importantes en cuanto a su publicación. 
En cuanto a su segunda pregunta, primero, estos informes no pueden ser anuales. 
Se van a realizar para periodos mayores. 
Segundo, los datos que utiliza la Comisión Europea son los datos de Eurostat y de los servicios estadísticos nacionales, para los que se dan ayudas económicas importantes, pero también hay una colaboración entre la Comisión y los Gobiernos para que todos funcionen con los mismos estándares. 
Porque estoy de acuerdo con ustedes en que hoy en día no rinden todos los servicios estadísticos nacionales de la forma en la que deberían, hay muchos vacíos y hay muchos datos que no son fidedignos. 
Así pues, lo que estamos intentando hacer es apoyar a las estructuras nacionales para que funcionen con los mismos estándares. 
La tercera pregunta se refiere al tema de la armonización de las pensiones. 
Creo que realmente es muy importante ser categórica y terminante. 
No hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de armonizar los sistemas de pensiones, tanto por razones políticas, puesto que no hay base jurídica alguna para algo así, como por razones técnicas, ya que es completamente imposible homogeneizar, armonizar sistemas que tienen estructuras diferentes, distinta forma de financiarse y que muchas veces corresponden a economías con distintos tipos de organización. 
Por supuesto, me estoy refiriendo al ejemplo de Dinamarca. 
Lo que es importante subrayar es que, aunque haya estas estructuras distintas, hay problemas comunes que tienen que ver con el problema demográfico, con las nuevas formas de empleo que debemos tener en consideración, con el tema del paro y con el tema de la nueva forma de familia. 
Estos son problemas comunes que encontramos en todos los países. 
También tenemos objetivos comunes. 
Los objetivos comunes son la pensión viable, la viabilidad económica de los sistemas, públicos y privados, y de su modernización, tal como lo he analizado en mi primera intervención. 
Las causas y los objetivos comunes nos conducen a una nueva forma de colaboración en la que cada uno mantenga sus estructuras y sus particularidades, pero que colabore en un marco más colectivo. 
Gracias de nuevo, Comisaria, por haber formulado aquí su importante declaración esta tarde. Estoy seguro de que todos los colegas le desean el mayor éxito en su cometido respecto de tan difícil cuestión. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5- 0329/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 27 formulada por (H-0541/01): 
Asunto: ACP Desarrollo de la capacidad ¿Podría la Comisión aclarar por qué no se han distribuido todavía los 20 millones de euros asignados al proyecto de desarrollo de la capacidad en los países ACP, que tiene como objetivo preparar a estos países para el comienzo, en septiembre de 2002, de las negociaciones sobre acuerdos de cooperación económica con la UE? 
¿No considera la Comisión que este retraso causa serias dificultades a los países ACP, y supone el incumplimiento de un compromiso crucial? 
. 
(EN) La Comisión sabe muy bien lo importante que es este proyecto y lo necesario que es obrar rápidamente para conseguir que los Estados ACP estén dispuestos y mejor preparados para iniciar negociaciones con la UE sobre acuerdos de asociación económica a partir de septiembre de 2002. 
¿En qué fase estamos, pues, por lo que se refiere a la ejecución del proyecto? 
Según estaba previsto, el procedimiento de licitación anterior a la selección para la dependencia de gestión del programa se inició en junio de este año y las ofertas se abrirán el 20 de julio en la Secretaría General ACP. 
El comité que evalúe las ofertas estará formado por tres miembros designados por la Secretaría ACP y por tres miembros designados por la Comisión. 
Este comité decidirá qué empresas participarán en la licitación para la dependencia de gestión del programa. 
Supongo que esta dependencia entrará en funciones a más tardar en diciembre de este año; con suerte, quizá un par de semanas antes. 
Esto nos mantendrá dentro del plazo de tiempo original previsto para la ejecución del proyecto. 
El proyecto no será plenamente operacional mientras la dependencia de gestión del programa no haya sido nombrada y esté funcionando. 
Ahora bien, en vista de la importancia de algunas de las actividades del proyecto en particular, la Comisión ha tomado medidas para empezar sobre una base ad hoc a desarrollar alguna de las acciones previstas en el proyecto, y así lo está haciendo ya. 
Entre ellas figuran seminarios sobre reuniones de creación de capacidad del Comité ministerial de comercio ACP para la negociación de nuevas disposiciones comerciales con la UE, compatibles con la OMC. 
Ha habido ya dos reuniones de ese tipo, una en Johannesburgo los días 10 y 11 de abril de 2001, y otra en Bruselas los días 13 y 14 de mayo. 
Además, en la segunda reunión de jefes de organizaciones ACP que se ocupan de la integración regional se organizó un seminario que tuvo lugar los días 3 y 4 de mayo de este año en Bruselas, y se han previsto otros seminarios para el período de julio a septiembre del año en curso. 
O sea que todos estos seminarios orientados a la acción han tenido lugar ya o van a tener lugar pronto. 
Podemos estar satisfechos de que las actividades de preparación y ejecución estén en marcha, o estar defraudados y sentirnos frustrados porque su ritmo es lento, pero eso tiene que ver con problemas más generales de los cuales no podemos ocuparnos hoy. 
Permítanme que les diga también que, por importantes y útiles que puedan ser esas actividades, no son ni serán nunca el requisito previo para la iniciación de negociaciones comerciales en septiembre de 2002 de conformidad con el Acuerdo de Cotonou. 
Ahora bien, me hago perfecto cargo del motivo de que se haya formulado la pregunta. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer muy sinceramente al Comisario su intervención. 
Lo cierto es que nos hallamos ya a más de mitad de camino en el período preparatorio para esas negociaciones sobre acuerdos de asociación económica, y es difícil que los países ACP puedan integrar ese retraso en su programa; se trata de retrasos que afectan a millares de vidas en los países ACP, ésa es la razón de que la preocupación sea profunda. 
Comprendo que al Comisario le resulte difícil explicar cómo se ha planteado esta situación. 
Me gustaría preguntarle concretamente: ¿está preparada la Comisión para ser flexible en cuanto al momento de empezar y de acabar las negociaciones y sobre su contenido? 
. (EN) La respuesta escueta es "no". 
El Acuerdo de Cotonou es muy claro y, aunque no esperaba esta pregunta complementaria, éste es el fondo del problema y la razón de que yo dijera lo que dije al final de mi respuesta. 
Las fechas involucradas son fechas negociadas. 
No respetarlas crearía más problemas y, en todo caso, cabe siempre discutir si un seminario más o menos cambiaría el mundo, en vez de enfrentarse con la necesidad de adoptar decisiones difíciles que luego formarán parte de todo este proceso por lo que se refiere a nuestros asociados del grupo ACP. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 28 decae. 
Pregunta nº 29 formulada por (H-0539/01): 
Asunto: Prisioneros albanokosovares en Serbia Al tiempo que se acoge con satisfacción la reciente liberación parcial de los prisioneros albanokosovares en Serbia, ¿no conviene la Comisión en que esto sirve para desviar la atención de la imperiosa necesidad de liberar a la totalidad de prisioneros restantes, algunos de los cuales se encuentran muy enfermos? 
¿Dispone la Comisión, concretamente, de alguna información sobre Skender Ferizi, Besim Zymberi y Bedri Kukalai, que se encuentran encarcelados desde la matanza de Dubrava en Kosovo de mayo de 1999? 
. (EN) La Comisión acoge con sumo agrado la reciente liberación de un número considerable de prisioneros albanokosovares. 
Ahora bien, esto no reduce la necesidad de llegar a una rápida solución de los 203 casos restantes que están actualmente ante tribunales serbios y que esos tribunales están examinando. 
La Comisión ha planteado ante el Comité Internacional de la Cruz Roja los casos de las tres personas mencionadas en la pregunta. 
Estamos esperando una respuesta. 
No tenemos más información acerca de sus casos. 
El CICR se está ocupando de la situación de cada prisionero y además mantiene contacto con sus familias. 
Las autoridades de Belgrado han informado a la UNMIK y al Sr. Haekkerup, últimamente durante la visita de la delegación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Belgrado. 
Pronto finalizará el estudio de los casos de los demás prisioneros de que se están ocupando actualmente los tribunales. 
Tenemos entendido que están estudiando una propuesta de la UNMIK para que esos presuntos criminales cumplan lo que queda de sus condenas en prisiones de Kosovo. 
La Comisión acoge con satisfacción todos los esfuerzos encaminados a conseguir una solución rápida de los demás casos de detención, así como la solución del destino de las 360.000 personas que siguen consideradas como desaparecidas y que pertenecen a todas las comunidades de Kosovo. 
Quisiera dar gracias al Comisario por su respuesta y felicitarle también por los esfuerzos que sé que están haciendo la Comisión y también el Consejo para conseguir condiciones más humanitarias y satisfactorias para la democracia en esa región. 
Señalaré a la atención del Comisario que muchos de los prisioneros que siguen todavía encarcelados sin haber sido juzgados están heridos o enfermos, y que sus parientes no han podido obtener ninguna información. 
Más aún, los parientes que han visitado a esos prisioneros o han intentado visitarles han sido objeto de intimidaciones. 
Es importantísimo, debido a la contribución financiera que hemos estado aportando a esas zonas, que las autoridades sean responsables ante el público por la forma en que se está tratando a esos prisioneros. 
Da la casualidad- y esto añade una nueva dimensión a nuestra relación con esos países- que los tres prisioneros que he mencionado tienen parientes en Irlanda y que, a causa de la interacción que hay entre organizaciones voluntarias de Irlanda y de Kosovo, se está insistiendo ante mí para que, en mi calidad de diputado del Parlamento Europeo, encuentre una solución a este problema. 
. (EN) Felicito a su Señoría por actuar con tanto vigor en nombre de sus electores. 
Espero que los prisioneros a los que se ha referido puedan reunirse con sus familiares en Irlanda o verlos lo antes posible. 
Su Señoría sabe que a menudo he planteado la cuestión de los prisioneros al Presidente Kostunica y a otros responsables de la República Federal de Yugoslavia. 
Hemos instado a las autoridades de este país a que vuelvan a examinar todos los casos y o bien liberen a los presos por falta de pruebas, cuando corresponda, o bien, en caso de que existan pruebas, inicien un proceso de apelaciones acelerado. 
Espero que la República Federal estudie la posibilidad de entregar a UNMIK a aquéllos condenados legítimamente para que sigan cumpliendo sus penas en prisiones de Kosovo. 
Nosotros seguiremos insistiendo en este tema. 
Es muy importante. Genera una considerable preocupación humanitaria en Irlanda y en otros Estados miembros. 
Pregunta nº 30 formulada por (H-0546/01): 
Asunto: Capacidad de la policía Recientemente se ha celebrado una primera conferencia sobre la capacidad de la policía con vistas al objetivo acordado de crear una fuerza policíaca compuesta por cinco mil miembros que esté disponible para llevar a cabo las operaciones civiles de mantenimiento de la paz de la Unión. 
¿Puede informar ahora la Comisión al Parlamento acerca de los avances que se han hecho y acerca de cuáles van a ser las próximas etapas? 
. (EN) En el anexo PESC a las conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo se explica hasta dónde ha llegado la Unión Europea en el desarrollo de la capacidad de la policía para operaciones de gestión de crisis fuera del territorio de la Unión Europea. 
Su Señoría recordará que en la reunión del Consejo Europeo de Faro, en junio del año pasado, los Estados miembros acordaron un objetivo ambicioso de cinco mil policías para misiones internacionales en 2003. 
Desde entonces el trabajo preparatorio ha avanzando bastante. 
Se están estableciendo las estructuras necesarias en el Consejo, entre ellas, una unidad de policía en la Secretaría del Consejo. 
El informe PESC dirigido a Gotemburgo recoge un plan de acción para la policía que detalla cuáles han de ser los siguientes pasos en este proceso. 
A finales de 2001 se celebrará una conferencia ministerial en la que los compromisos de Faro deberían convertirse en obligaciones concretas. 
La Presidencia belga seguirá también trabajando con el grupo de expertos en policía para examinar con mayor detalle las modalidades de aplicación de los compromisos de Faro, en particular, de los aspectos cualitativos como la formación, los criterios de selección y el equipamiento. 
La Comisión está apoyando a los Estados miembros en la creación de la capacidad de gestión de crisis, por ejemplo, financiando proyectos de formación a través del programa OISIN. 
La Comisión también se ha implicado más en los últimos años en la creación de una capacidad de policía local y en la reforma policial después de los conflictos. 
Por citar sólo algunos ejemplos, la Comisión está financiando importantes iniciativas de reforma de justicia e interior, incluyendo la de la policía, en diversos países de los Balcanes al amparo del programa CARDS. 
En este sentido, la Comisión asumirá la misión de policía de la UEO en Albania. 
La Comisión también está prestando asistencia técnica y formación a la policía de Centroamérica, en Guatemala y El Salvador, como parte de la aplicación de los acuerdos de paz en estos países. 
Asimismo, la Comisión ha iniciado recientemente un programa de apoyo a la formación de la policía en Argelia. 
Quisiera dar las gracias a mi amigo el Sr. Comisario, quien siempre me ha sido de gran ayuda. 
Ha dado una respuesta muy completa y útil. 
Estoy seguro de que el Parlamento está muy agradecido. 
Una cuestión me ha sorprendido un poco, aunque leeré su respuesta con detalle para estudiarla, y ha sido la de la unidad de policía creada en el seno del Consejo. 
¿Estoy en lo cierto si asumo que el mando sobre una policía que enviamos nosotros corresponde en realidad al análisis final del Consejo y no al de la Comisión, a pesar de que la actividad de policía sea manifiestamente una operación de mantenimiento de la paz y no una operación militar? 
. (EN) Su Señoría me invita a profundizar en el terreno de la competencia y en los campos conexos. 
La provisión, el despliegue y la gestión de policías de la UE para misiones de gestión de crisis en el exterior es competencia de los Estados miembros y de la Secretaría del Consejo. 
Por ello se ha establecido una unidad de policía en las nuevas estructuras político-militares de la Secretaría del Consejo para que lleve a cabo el plan de acción de policía detallado, al que me he referido anteriormente, en coordinación con los Estados miembros y con el Comité para Aspectos Civiles de la Gestión de Crisis. 
Yo no osaría a entrar en lo que es legítimamente el ámbito de los Estados miembros, pero a la Comisión le corresponde un papel y una responsabilidad. 
He explicado que tenemos una considerable experiencia en el campo de la formación de la policía. 
De hecho, podemos hacer una contribución especialmente importante intentando garantizar que la formación en esta materia, y en otras relacionadas con la gestión civil de crisis, sea compatible con la que imparte NN.UU. NN.UU. y la Unión Europea- la Comisión Europea- disponen ahora de más experiencia que otros en este campo y es fundamental que la formación que impartamos- ya sea a los agentes de policía, a los responsables de prisiones, a los jueces de paz o a los magistrados- sea compatible y apropiada allá donde se requieran sus servicios. 
La Comisión tiene un importante papel, pero no es el papel de un decimosexto Estado miembro. 
¿Podría el Sr. Comisario informarme de si estos policías estarán, o pueden estar, armados y de cuáles podrían ser las condiciones de su intervención? 
. (EN) Eso tendrá que determinase caso por caso y situación por situación. 
Permítanme que explique uno de los problemas que tenemos para conseguir la capacidad de policía que se necesita. 
Lo que buscamos no es un agente de policía de comunidad convencional. 
Lo que necesitamos es un agente formado- hombre o mujer- capaz de llevar a cabo las tradicionales funciones policiales de detención, capaz de prestar servicios de policía a la comunidad y capaz, de vez en cuando, de realizar el tipo de actividades de policía paramilitar que se necesitan, por ejemplo, en parte de los Balcanes occidentales. 
En el país que yo mejor conozco hay muy pocos agentes de policía que cuenten con esa clase de capacidad, que incluye el uso habitual de armas. 
El servicio de policía de Irlanda del Norte es un ejemplo de un servicio que dispone de ese tipo de capacidad completa. 
Ésta es una de las razones por las que es difícil proporcionar exactamente lo que se precisa; pero el hecho de si las armas van a ser siempre necesarias depende de las circunstancias. 
Espero que el éxito de la actividad de policía implique que cada vez sean menos necesarias esas armas. 
Preguntas dirigidas al Sr. Lamy 
Señor Presidente, la Unión Europea reconoce que la falta de medicamentos a precios accesibles es un problema serio en muchos países en vías de desarrollo, y especialmente para sus habitantes más pobres. 
Consideramos también que los derechos de propiedad intelectual constituyen un estímulo esencial para la creatividad y la innovación. 
Se trata también, a nuestro juicio, de un estímulo para la inversión en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. 
El acuerdo ADPIC, un acuerdo de la OMC sobre la propiedad intelectual, no debería por tanto ser un obstáculo sino una parte de la solución que ustedes buscan. 
Las críticas que se han hecho a este acuerdo tienen relación generalmente con el hecho de que limitaría las opciones políticas a los países en vías de desarrollo en el ámbito de la salud pública. 
Lo esencial de nuestra posición reside en un punto clave. Consideramos que el acuerdo deja a los miembros de la OMC una libertad suficiente para poner en práctica un régimen de propiedad intelectual susceptible de responder a sus preocupaciones en materia de salud pública. 
Nuestra convicción es que corresponde a los miembros de la OMC, en el seno del Consejo sobre la propiedad intelectual, interpretar esta flexibilidad en lugar de dejar esta tarea a tal o cual panel. 
Por ello, la Unión trabaja desde hace ya tiempo en la consecución de un consenso entre los miembros de la OMC en lugar de dejar libre curso a contenciosos jurídicos. 
Por ello, también hemos dado nuestro apoyo a la solicitud de países africanos de plantear esta cuestión del acceso a los medicamentos en el seno de la OMC. 
Este debate se ha producido durante el último Consejo del 20 de junio de este año. 
Hemos presentado un documento que resumía nuestros puntos de vista sobre algunas de las disposiciones del acuerdo- el artículo 31, por ejemplo, que no especifica las razones por las cuáles se puede emitir una licencia obligatoria. 
Entendemos que las preocupaciones de salud pública pueden considerarse legítimamente una buena razón para otorgar una licencia obligatoria. 
Otra cuestión es la de las restricciones de procedimiento que hay que respetar. 
Sobre este punto consideramos que deja flexibilidad en caso de urgencia nacional, que los niveles de infección actuales del virus del sida en algunos países en desarrollo son una urgencia de este tipo y que la propiedad intelectual puede también levantarse si se exige una patente para una utilización no comercial con carácter público. 
Sobre este punto tenemos por tanto una posición constructiva. 
Nos interesa la protección de la propiedad intelectual, que es un estímulo importante, pero pensamos también que ello debe y puede hacerse en el marco jurídico existente, a condición de clarificarlo para tomar en consideración situaciones imperiosas de salud pública. 
Si hago referencia a este debate que acaba de producirse en la OMC, un gran número de países en vías de desarrollo (India, Brasil, un grupo de países africanos, otros países de América latina y de Asia) han presentado un documento que acogía favorablemente este debate. 
Al igual que nosotros, han señalado la necesidad de asegurar que este acuerdo no comprometa los derechos de los miembros de la OMC a formular y a poner en práctica políticas sanitarias orientadas a proteger la salud pública. 
Este grupo de países ha señalado también que la utilización de licencias obligatorias constituía un instrumento esencial para poner en práctica estas políticas de salud pública y un acceso más amplio a los medicamentos. 
Finalmente, han considerado necesario examinar la extensión de las disposiciones transitorias para la aplicación de este acuerdo. 
Por lo que respecta a nuestras informaciones, ningún miembro de la OMC ha solicitado hoy un debate sobre el recorte de la duración de las patentes. 
Cualquier cuestionamiento de esta obligación, actualmente fijada en 20 años, exigiría nuevas negociaciones del acuerdo. 
Lo mismo ocurre con la idea de una moratoria en lo que respecta a posibles conflictos comerciales que el actual acuerdo no permite. 
Por tanto, continuamos en la posición que hemos mantenido en este asunto, creo que con la satisfacción de la mayoría de las partes, a saber, la búsqueda de un equilibrio apropiado entre los intereses de los propietarios de patentes y las preocupaciones en materia de salud pública. 
Vamos a continuar este debate de manera constructiva. 
En julio y en septiembre se producirán otras reuniones del Consejo sobre la propiedad intelectual. 
Sin duda es aún algo prematuro pronunciarse sobre el contenido de las decisiones que emanen de esas reuniones pero, sea como sea, puede usted, señora, estar segura de que el compromiso de la Comisión, que es el de buscar el equilibrio entre estos dos objetivos- reconocimiento de los derechos de los inventores y acceso a los medicamentos esenciales- continuará en los meses próximos. 
Muchas gracias por su respuesta, señor Comisario, pero dice usted que las disposiciones actuales permiten una interpretación. 
Esto implica que ésta es la interpretación de la Comisión y que las disposiciones pueden interpretarse de otra forma. 
Por tanto, me gustaría preguntar si la UE pedirá expresamente un mecanismo que garantice la aplicación de una interpretación de los TRIP favorable a la salud pública para los pobres, de tal modo que sepamos cuál va a ser la interpretación. 
¿Cree la Comisión que los actuales períodos de transición y demás disposiciones dan a los países en desarrollo suficiente flexibilidad para aplicar el Acuerdo sobre los TRIP? 
Ha dicho usted que no cree que debamos entrar en nuevas negociaciones. 
Puedo entender que la UE no llegue hasta el punto de presionar en favor de una profunda revisión dirigida a reducir la duración y el alcance de las patentes sobre medicamentos para los países en desarrollo o a exonerarlos totalmente, pero quisiera que explicara usted por qué no puede hacerlo, puesto que sería bonito que la UE lo hiciera. 
De estos tres puntos, el primero se refiere a la interpretación del acuerdo relativo a los ADPIC. 
Nosotros tenemos nuestra interpretación; la hemos puesto sobre la mesa, pero no vamos a detenernos ahí: la incluiremos en el marco de un debate en el Consejo de la propiedad intelectual que hemos contribuido, junto con otros, a solicitar. 
Por tanto, formamos parte de los que piensan que este equilibrio es correcto en el texto, pero que su interpretación debe ser objeto de un debate entre los miembros de la OMC, de forma que se evite que sean los jueces quienes lo hagan. 
Es por tanto la expresión de una voluntad política. 
El segundo punto, que tiene relación con los períodos de transición, no es objeto, que yo sepa, de demandas. 
Tampoco hay por otra parte contenciosos sobre este punto ya que- y usted sin duda lo sabe- ese asunto entre Brasil y Estados Unidos- en el cual, aclaro, la Unión no se había presentado como parte- se ha resuelto la semana pasada de forma amistosa. 
El tercer y último punto concierne a las duraciones de protección. 
En este caso, consideramos que las duraciones de protección actuales constituyen una vez más el equilibrio suficiente entre la necesidad de preservar la propiedad intelectual y las necesidades de salud pública. 
Sobre este punto tenemos una posición que considero activa. 
Formamos parte de los que llaman la atención sobre este factor de accesibilidad a los medicamentos. 
Sin duda hay otros en términos de sistema de salud pública, disponibilidad de regímenes de atención, etc. En este asunto, creo que damos muestra de la posición que tenemos en general, y que es la de lanzar un puente aceptable y proactivo entre las preocupaciones de los países en vías de desarrollo y los de una serie de países que, en el Norte, se preocupan por la protección de la propiedad intelectual. 
Todos sabemos que desde la invención hasta la finalización de un producto en el sector de la técnica medida pasa mucho tiempo, por regla general entre 10 y 12 años. 
Después debe lanzarse el producto al mercado y, por último, puede ser fabricado por terceros una vez transcurridos 20 años. 
De ahí la pregunta de si, en lugar de exigir derechos de patente y licencias obligatorias, es mejor poner a disposición un fondo de ayuda al desarrollo para estas cuestiones y realizar un esfuerzo a nivel internacional para reunir una gran cantidad de dinero para luego, tras una compra de grandes dimensiones, poner los medicamentos a disposición a precios razonables: al fin y al cabo, el precio de venta está compuesto por tasas sobre la producción y sobre las licencias. 
Si se comprasen grandes cantidades, las empresas podrían, sin duda alguna, ofrecer sus productos a precios más bajos. 
Querría saber si la Comisión podría adoptar una iniciativa al respecto. 
Es una pregunta muy buena. 
En efecto, entre la protección estricta de la propiedad intelectual, es decir, el régimen de patentes, y las excepciones a este régimen, excepciones de tipo licencia obligatoria, hay una zona intermedia que hemos explorado con la industria farmacéutica y una serie de países concernidos, que es la de los precios diferenciados. 
Ello consiste, para un laboratorio farmacéutico, preservando la propiedad de su patente, en hacer en tal o cual país, de África por ejemplo, reducciones del orden del 10% sobre los precios que mantiene para nuestros mercados. 
Este proceso está en marcha, por el momento en unas proporciones que consideramos modestas, y va a ser objeto de una iniciativa internacional, que ya se ha iniciado bajo la égida del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Se trata de la idea de un fondo común, que ya ha sido dotado por varios países y que servirá para la compra al por mayor de medicamentos a bajo precio, solucionando así- a condición de que las financiaciones necesarias estén ahí, aunque por el momento son modestas- esta parte del problema de la accesibilidad vinculada a los precios. 
Debo recordar que el precio del medicamento no es más que una parte de una problemática mucho más amplia que abarca en especial al sistema de atención médica, al sistema de distribución y a la capacidad de las poblaciones determinadas, principalmente en el caso del sida, para tomar medicamentos con regularidad, lo que supone todo un trabajo médico muy complicado. 
Pero, en líneas generales, para responder a su pregunta, sí, la comunidad internacional va en esta dirección y la Unión la seguirá en la medida en la que tiene ya una serie de financiaciones previstas a tal fin. 
Pregunta nº 32 formulada por (H-0571/01): 
Asunto: Ensayos de cosméticos realizados con animales y la OMC Con arreglo a las normas de la OMC, los productos importados deben recibir el mismo trato que los "productos afines" de origen interior. 
En casos de litigio ocurridos en el pasado, la decisión adoptada se basó en el producto final y no en la forma en que se fabricaba el producto. 
Por este motivo, se ha aducido que el hecho de prohibir la comercialización de productos cosméticos cuando se hayan realizado ensayos con animales entrañaría una guerra comercial, ya que el proceso, es decir, la ausencia de ensayos con animales, no se tendrá en cuenta. 
A la vista de la votación realizada en el Parlamento el 3 de abril de 2001 para establecer ésta prohibición, ¿qué medidas adoptará la Comisión para evitar la posible guerra comercial? 
¿Considera la Comisión que deberían interpretarse las normas de la OMC en el sentido de que abarcan el proceso al que se somete el producto, a la hora de decidir sobre su "afinidad"? 
Preguntas dirigidas al Sr. Solbes 
Se trata de ensayos de productos cosméticos con animales y de considerar esta cuestión en el contexto de la OMC. 
En la Comisión compartimos el objetivo del Parlamento, que es el de mejorar el bienestar de los animales y reconocemos totalmente que algunas restricciones a la experimentación animal contribuirían a alcanzarlo. 
Por otra parte, la Unión está obligada a garantizar un nivel elevado de protección de la salud y a asegurar la adaptación de sus políticas a sus obligaciones internacionales. 
Ahora bien, una prohibición de comercialización que no estuviera basada en las características de los productos sino en su proceso de fabricación obligaría a una serie de socios comerciales nuestros a cambiar su política, su legislación, con el fin de poder acceder a nuestro mercado. Y ello podría efectivamente provocar reacciones. 
Es preciso saber que hasta hoy la experimentación animal sigue siendo el único procedimiento existente en la mayoría de los países para evaluar la seguridad de los productos propuestos al consumo, y principalmente los cosméticos. 
Por nuestra parte, seguimos convencidos de que existen otros métodos además de la prohibición de comercialización- que es la posición del Parlamento- para poner fin a las pruebas de productos terminados y de sus ingredientes cosméticos con animales. 
Éste es el sentido de la propuesta que hizo la Comisión de prohibir las pruebas con animales en el interior de la Unión. 
Es la aceptación internacional de los métodos de pruebas de sustitución la susceptible, a nuestro juicio, de aportar la contribución más eficaz al bienestar de los animales. 
Para progresar en esta dirección nos hemos comprometido a promover a nivel internacional, principalmente en el seno de la OCDE, la utilización de pruebas in vitro para los cosméticos. 
Para responder con claridad a su pregunta, señor Purvis, consideramos que hay una gran probabilidad de que la prohibición de la comercialización sea cuestionada en la OMC si entra en vigor. 
En este asunto hay muchas cuestiones que han de considerarse: la extraterritorialidad, la proporcionalidad de esta medida y muchas otras. 
Sobre el tema de los productos similares, los grupos de debate del GATT han apoyado que la determinación del criterio de identidad de los productos no puede basarse más que en las características del producto final y no en el modo de producción. 
En otras palabras, los métodos de fabricación y los procedimientos no pueden tomarse en consideración cuando se decide sobre la identidad de un producto. 
Entendemos por tanto que una defensa contra un ataque que afectara a la identidad de los productos tiene pocas, incluso muy pocas, posibilidades de éxito en la Organización Mundial del Comercio. 
Es ésta la razón por la cual en numerosas ocasiones hemos llamado la atención del Parlamento sobre el peligro que supondría ir en esta dirección desde el punto de vista del respeto de nuestras obligaciones internacionales, obligaciones que deberían también a nuestro juicio formar parte de las preocupaciones del Parlamento. 
Por tanto, es en esta perspectiva en la que es necesario apreciar nuestra propuesta: proteger el bienestar de los animales, garantizar un nivel elevado de protección de la salud y evitar un contencioso jurídico que sería sin duda perjudicial para todo el mundo. 
Creemos que esta situación- es decir, reglas que autorizan a basar las medidas en procedimientos de protección sólo bajo límites estrictos- sin duda no es de las más satisfactorias. 
Es el caso de la legislación actual de la OMC. 
Por esta razón deseamos poder incluir estas cuestiones en el orden del día del próximo turno de negociaciones de la OMC. 
Si la legislación actual puede modificarse- y deseamos que se clarifique en esta dirección- mejor que mejor. 
En el actual estado de los textos, corremos riesgos de contenciosos. 
Entiendo por lo que dice que es muy poco probable que pueda alcanzarse algún acuerdo. 
Hace sólo uno o dos meses el embajador de EE.UU. ante la UE declaraba que la cuestión de los cosméticos podría ser la causa de uno de los mayores litigios comerciales, eclipsando el de los plátanos y todos los demás, si no se resolvía. 
Entiendo, por tanto, que nos está usted diciendo que seguimos un camino que podría conducir casi a un desastre. 
¿Ha intentado cuantificar las potenciales represalias contra la industria europea de otros perjudicados y lo que ello podría suponer en cuanto a pérdida de puestos de trabajo en Europa? 
Mi trabajo, señor Purvis, consiste en gestionar los contenciosos comerciales que tenemos. 
Por tanto es mejor que intente evitarlos. 
Y por consiguiente considero que mi misión, sobre todo con respecto al Consejo y al Parlamento, es la de ser perfectamente claro cuando una decisión del Consejo o del Parlamento nos pone en riesgo de perder un contencioso. 
Creo que usted mismo ha entendido perfectamente cuál era este riesgo. 
La prueba, por cierto, es que nos estamos haciendo preguntas ahora sobre las consecuencias que todo esto tendrá en materia de sanciones. 
No puedo decir lo que hay ya que, para que se adopte una sanción contra la Unión Europea es necesario que haya un grupo de debate, es necesario que perdamos ese grupo de debate y que posteriormente el importe de las sanciones sea evaluado. 
En general, el importe de las sanciones se evalúa con referencia al volumen del comercio afectado. 
En este supuesto hipotético, es decir, en el caso en que esta propuesta terminara por convertirse en la propuesta de la Unión, lo que aún no ocurre, en el caso en el que ella fuera atacada y que perdiéramos, sería necesario evaluar el volumen de comercio en cuestión y en ese momento tendríamos una idea del sistema de sanciones. 
Para que esa información sea completa le recuerdo que en ese caso las sanciones no van necesariamente, y generalmente no es así, contra las industrias que están en el origen del problema. 
Van contra otras ya que las sanciones son a elección de la que gana el contencioso en la OMC. 
Señor Presidente, es reconfortante escuchar que el señor Comisario no tiene miedo de la guerra comercial, sino que se muestra muy favorable a la idea de que los objetivos políticos importantes como éstos, fijados por el Parlamento Europeo, por ejemplo, la prohibición de la comercialización de los productos cosméticos que hayan sido ensayados en animales, son decisiones políticas; éstas no son de naturaleza proteccionista, de modo que es importante que nuestros representantes defiendan estas cuestiones en los escenarios internacionales. 
Usted mismo ya se refirió a la posibilidad de que en la próxima Ronda de la OMC se aborde la cuestión sobre si, en el futuro, se podrá tener más en cuenta la forma de fabricación en lo que respecta a estas materias de índole comercial, y no únicamente el producto final. 
¿Ha habido algunas conversaciones sobre este asunto? 
¿Podría usted aclarar un poco esa alusión suya? 
¿Cree usted en esa posibilidad? 
Con respecto al primer punto de su pregunta, señora, ciertamente estoy encargado de aplicar las políticas que la Unión ha decidido, incluso en materia exterior. 
Es mi deber, y creo que lo hago abiertamente, explicar que cuando una decisión política de la Unión nos pone en contradicción con nuestras obligaciones internacionales, lo que sería el caso, es necesario que aquéllos que adoptan esta decisión sepan el riesgo que asumen. 
Yo lo gestionaré. 
Considero, con todo, que hay medios más inteligentes y menos arriesgados para solucionar el problema. 
Podríamos considerar una solución intermedia entre nuestra propuesta, que era la prohibición de las pruebas, y la de usted, que es la prohibición de la comercialización, la de las obligaciones de etiquetado. 
Desde el punto de vista de la legislación del comercio internacional, son menos arriesgadas que la prohibición de comercialización. 
Si pudiéramos ir en esta dirección, al encuentro de su punto de vista y el nuestro, a mi juicio no nos lanzaríamos a guerras inútiles. 
En segundo lugar, sobre la esperanza que tenemos de ver que se clarifican una serie de normas de la OMC, para permitir que la Unión vaya en la dirección que desea, y que tiene relación por ejemplo con los métodos de producción. Deseamos ir en esta dirección: por el momento estamos un poco aislados. 
Una de las razones para ello es que frente a nosotros tenemos una serie de países en vías de desarrollo que consideran que el recurso a estos métodos de producción puede parecerse a medidas proteccionistas. 
Necesitamos por tanto argumentos muy buenos para demostrar que no se trata de un asunto de protección sino de un asunto de preferencia colectiva, que cada uno de nosotros tiene su nivel de ética. 
En la Unión Europea, el bienestar de los animales forma parte de nuestro nivel de ética, lo que no es necesariamente el caso en otros lugares- y se concibe- en función de las diferencias de desarrollo. 
Ésta es nuestra posición. 
Haremos todo lo que podamos para que este aspecto se incluya en la agenda de la Ronda, de forma que pueda progresar. 
No oculto que por el momento esta posición apenas la comparten en otros lugares del mundo. 
Acabo de escuchar con gran satisfacción que el Comisario Lamy sostiene que es muy probable que en las próximas negociaciones de la OMC deban abordarse los procedimientos de producción e identificación. 
La cuestión que le planteo, señor Comisario, es la siguiente: ¿está usted dispuesto a apoyar que las importaciones de terceros estados estén sujetas a los criterios que a nivel europeo establecemos como base de nuestra producción, ya sea en la agricultura o en cualquier otro ámbito? 
¿Está dispuesto a adoptar realmente estas medidas dirigidas contra posibles resistencias en el marco de la ronda de la OMC, en aras de la salud de la población, que es de lo que, al fin y al cabo, se trata? 
Por supuesto, señora Schierhuber, estoy dispuesto a ello ya que una vez más una parte de la política comercial de la Unión consiste en aplicar a su comercio exterior el sistema de preferencia colectivo que nos damos en el interior. 
Visto así, es bastante sencillo. 
A veces es un poco más complicado como ha demostrado, por ejemplo, el grupo de debate que hemos perdido sobre el vacuno con hormonas: como prohibimos el vacuno con hormonas en el interior de la Unión, lo hemos prohibido en la importación, pero en condiciones tales que esta prohibición no se ha considerado acorde con la legislación internacional. 
En líneas generales, los principios que se aplican son los principios de la no-discriminación, del trato y de la proporcionalidad. 
Son estos principios los que queremos que se tomen en consideración en nuestra agenda medioambiental en la Ronda, y principalmente todo lo que gira en torno al principio de precaución. 
Aún no nos encontramos ahí actualmente. 
Hay riesgos en lo que hacemos en el interior de la Unión- quizá en una serie de casos- con respecto a las legislaciones existentes consideradas como excesivas. 
Por una parte, necesitamos pues ajustar nuestro comportamiento interno y por otra ajustar la legislación internacional a nuestras propias preferencias, lo que no es posible más que en la medida en que otros están de acuerdo para cambiar esta legislación internacional, de la que nosotros no somos los dueños. 
Como no tenemos una inclinación unilateralista particular, será necesario por tanto cambiarla en una serie de puntos o, al menos, clarificarla en estas cuestiones. 
Ésta es la situación actual. 
Conocemos sus preocupaciones en este ámbito. 
No quiero ocultar que en el actual estado de cosas algunos de sus proyectos plantearán problemas serios desde el punto de vista de la OMC. 
Pregunta nº 33 formulada por (H-0565/01): 
Asunto: Programa griego de estabilidad y desarrollo Con previsiones continuamente negativas sobre la actual situación económica de los países de la UE, es natural que los Estados miembros revisen los objetivos que presentaron en los programas de estabilidad y desarrollo. 
¿Ha proporcionado el Gobierno griego elementos sobre las actuales estimaciones relativas al desarrollo de su economía, y en qué medida difieren estas estimaciones de los objetivos de desarrollo económico especialmente ambiciosos del orden del 5% -5,5 %? 
El FMI, por ejemplo, estima que en 2001 la inflación alcanzará en Grecia el 3,4 %, y considera que la estimación de un ritmo de desarrollo del 5% -5,5 % a partir de este año no corresponde a las posibilidades reales de la economía. 
Por otra parte, según declaraciones del Comisario Solbes, un desarrollo económico del orden del 3% en los países de la zona del euro es muy elevado. 
¿Qué repercusiones considera la Comisión que podría tener en el empleo y el equilibrio presupuestario en Grecia el hecho de no alcanzar estos objetivos? 
. Según las previsiones económicas de primavera, presentadas por la Comisión, el Producto Interior Bruto en Grecia crecería en el año 2001 el 4,4 % y la inflación medida por el deflactor del consumo privado se desaceleraría ligeramente hasta el 2,8 % de media anual, frente al 3% en el año 2000. 
En este contexto, las cuentas de las administraciones públicas alcanzarían el equilibrio en el año 2001, la situación del mercado de trabajo mejoraría y la tasa de desempleo disminuiría por segundo año consecutivo, hasta alcanzar un 10,3 % en el año 2001. 
En cuanto al crecimiento real de la producción, la previsión de la Comisión es ligeramente inferior a la expresada por las autoridades griegas a finales del año 2000 y se refleja en el programa de estabilidad, elaborado en la primavera de 2001. 
Las previsiones de la Comisión tienen en cuenta el deterioro de la demanda mundial registrado en los primeros meses del año y, por eso, difieren de las de las autoridades griegas. 
Sin embargo, contrariamente a lo que podría parecer, las previsiones macroeconómicas del programa de estabilidad de la Comisión, son peores que las previsiones griegas. 
No existen, por el momento, motivos para considerar que las perspectivas a medio plazo del programa de estabilidad hayan perdido validez. 
Nosotros, como Comisión, empezaremos pronto el trabajo de cara a las previsiones de otoño y, de momento, no estamos contemplando correcciones significativas en el caso de Grecia. 
Según han anunciado recientemente las autoridades griegas, ante el nuevo entorno internacional, menos favorable, las previsiones nacionales se ajustarán más a las previsiones de primavera de la Comisión. 
En cualquier caso, en la actualización 2001 del programa de estabilidad, que deberá ser presentado antes de final de año, las autoridades griegas procederán al necesario ajuste de sus hipótesis macroeconómicas a medio plazo y a la evaluación del impacto sobre las finanzas públicas. 
Dicho de forma muy resumida: la situación económica no es muy favorable, pero, puesto que esa evaluación todavía encaja con lo previsto en el programa de estabilidad y en su puesta al día del año 2001, no creemos que se planteen los problemas que sus Señorías apuntan. 
Gracias señor Comisario. 
Simplemente quisiera corregir su última constatación: Yo no preveo agudización alguna de la situación y, quisiera decir que tampoco la deseo. 
Es sólo que me preocupo un poco con los datos que veo. 
Usted dice que se va a realizarse una revisión a finales de año. 
Pero es que toda la política económica de nuestro país se está creando ya en el supuesto de que habrá un gran excedente en el presupuesto y no, como usted ha dicho, un equilibrio, y de que el paro se va a reducir, aunque en el total de los datos estadísticos con que contamos, no hay una sola estadística sobre Grecia. 
No tiene un solo dato oficial. 
Nosotros por lo menos, que leemos las estadísticas no lo hemos tenido. 
En el caso de que ustedes dispongan de otras estadísticas, posiblemente las cosas cambien. 
En este sentido era mi pregunta. 
Y no se refiere sólo a Grecia, sino a todos los países de la Unión Europea y, por esta razón, quisiera que me dijese algo más sobre los asuntos económicos y la marcha del paro. 
Creo que la revisión ya debía haber comenzado. 
. Intentaré darle una respuesta a ese segundo punto. 
Como decía anteriormente- y el caso de Grecia puede servir para los demás Estados miembros -, los pactos de estabilidad se basan en las cifras de los propios países. 
Es verdad que las previsiones de la Comisión en algunos casos dan cifras superiores y, en otros, inferiores a las de los pactos de estabilidad. 
Pero dejando de lado lo que dicen los pactos de estabilidad, que son, sin embargo, básicos para conocer la evolución de las finanzas públicas, podemos ya afirmar que nuestras previsiones de un crecimiento del 2,8 % representan hoy una posición excesivamente optimista y que creemos que nuestros porcentajes de crecimiento actuales estarían mucho más cerca del potencial de crecimiento de la Unión, que se sitúa alrededor del 2,5 %. 
Sin embargo, incluso con ese crecimiento próximo al 2,5 % -un poco por encima o por debajo -, creemos que seguirá creándose empleo en la Unión y, de momento, no hemos visto ninguna caída sustancial en la evolución del empleo ni un incremento del desempleo. 
El desempleo sigue reduciéndose. Por lo tanto, de momento seguiremos siendo relativamente optimistas en cuanto a la evolución en este campo. 
En cuanto al tema de las finanzas públicas, es cierto que la evolución económica menos favorable puede tener un cierto impacto. 
La Comisión, previendo esta situación, ha presentado ya al Consejo su posición sobre las finanzas públicas, señalando que, en nuestra opinión, debería dejarse que los estabilizadores automáticos desempeñaran plenamente su papel en aquellos países que han conseguido ya una posición cercana al equilibrio en términos de finanzas públicas en aquellos otros que tienen una deuda pública próxima al 60%. 
En esa situación, los países donde no debería dejarse que los estabilizadores automáticos ejercieran totalmente su función habrían de ser los cuatro países que tienen déficits por encima del 1% y los tres que tienen una deuda próxima al 100%. 
Está incluida en ambos grupos Italia. 
Los restantes países son Alemania, Francia y Portugal, en el caso del déficit, y Grecia y Bélgica, en el caso de la deuda. 
Pregunta nº 34 formulada por (H-0578/01): 
Asunto: El euro en la antigua Yugoslavia ¿En qué medida se ocupa la Comisión de la introducción del euro en Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Montenegro, donde la moneda oficial es el marco alemán, y qué opina de esta evolución? 
. Señor Presidente, voy a intentar responder al Sr. Posselt con cierto detalle. 
En primer lugar, le señalo que la Comisión no es la responsable de la introducción de las monedas y los billetes. 
Como él sabe, los billetes son responsabilidad del Banco Central y del sistema de bancos centrales y, en cuanto a las monedas, los responsables son las autoridades nacionales. 
Sin embargo, en cuanto al proceso changeover hay que distinguir entre las actividades dentro de la zona euro y las externas a la misma. 
En la zona euro son los bancos centrales y las fábricas de moneda, o los ministerios de Hacienda, los que han decidido los planes de cambio. 
Fuera de la zona euro, se considera básicamente como una actividad comercial y se deja al juego del mercado. 
Eso significa que los bancos nacionales no están, por lo tanto, involucrados en la logística y en los medios existentes de distribución de la nueva moneda o repatriación de la moneda antigua, y deberán mantener los sistemas que tradicionalmente han utilizado para este tipo de operaciones. 
Sin embargo, es cierto que existe una preocupación en el Banco Central europeo y en algunos bancos nacionales, específicamente en el Banco Central alemán, como consecuencia de la enorme cantidad de marcos alemanes existente en el exterior para emprender alguna acción que permita apoyar esta situación de cambio en los países externos a la zona euro. 
En este sentido, el banco central europeo, el 14 de diciembre pasado, tomó la decisión de permitir el frontloading o la prealimentación en euros de aquellas instituciones financieras sucursales o filiales de bancos europeos en los países externos a la zona euro. 
Evidentemente, si el Banco Central está trabajando en la posibilidad de la prealimentación, se ha dado el primer paso para que este tipo de entidades financieras pueda seguir adelante con el proceso posterior de cambio de moneda. 
En la antigua Yugoslavia hay tres casos distintos: Bosnia Herzegovina, Kosovo y Montenegro. 
En el caso de Bosnia Herzegovina, estamos hablando de un currency board con una moneda nacional ligada al marco con un tipo de cambio de 1 a 1. 
Es cierto, sin embargo, que esa moneda es propia de Bosnia Herzegovina y no sufrirá ningún cambio en sí misma. Ya no tendrá una relación con el marco, sino una relación fija con el euro y será, aproximadamente, la mitad del euro, que es la misma relación marco-euro. 
Por lo que se refiere a Kosovo, hay una posesión importante de moneda física. 
Es una economía donde la circulación monetaria se basa en billetes que normalmente no son de la zona y, especialmente, de la zona marco. 
El dinar yugoslavo sigue teniendo estatus de moneda legal, pero también es cierto que el marco está circulando y se reconoció como moneda que puede funcionar y, evidentemente, la circulación del euro no modificará esta situación. 
Hay un problema específico de cómo cambiar estos marcos que están circulando en monedas y billetes de euro. 
Según mi información, el Banco Central alemán, que es quien, en su día, tuvo conocimiento de esta operación, está pensando cuál es la solución a adoptar para este tipo de situaciones. 
En noviembre de 1999 decidió establecer unilateralmente un sistema de doble moneda entre el marco y una moneda paralela; el 1 de diciembre el Gobierno de Montenegro declaró el marco como única moneda de curso legal en el territorio de la república y, como en Kosovo, la Comisión no tiene ninguna capacidad de actuación y, en nuestra opinión, corresponderá también al banco central alemán de la república federal tomar las decisiones pertinentes para hacer otras operaciones distintas a las del frontloading que, como he dicho antes, se harán con sucursales o filiales de los bancos europeos que trabajan en esa zona. 
Señor Comisario, muchas gracias por su magnífica y detallada respuesta. 
Sólo quiero formular una cuestión incidental. 
Justamente hoy han aparecido informaciones con grandes titulares en la prensa alemana, según las cuales los países candidatos a la adhesión proyectan eludir los criterios de integración en el euro introduciendo, por así decirlo, la moneda única de forma unilateral. 
Después de lo que usted ha manifestado, ello me parece un tanto improbable, pero, no obstante, quiero preguntar si existen tales planes y si la Comisión trata este asunto con los países candidatos a la adhesión. 
. Señor Presidente, éste es un tema muy debatido y, tanto para el Banco Central como para la Comisión y el Consejo, la posición es clara: formar parte del euro implica cumplir las condiciones del Tratado de Maastricht. 
Eso supone, fundamentalmente, mantener un período de estabilidad de tipo de cambio durante dos años, aproximadamente, no desde un momento cualquiera, sino, lógicamente, desde el momento en que son miembros de la Unión Europea y, de acuerdo con la interpretación dada por el Consejo de Ministros, formar parte del mecanismo de cambio del sistema durante un período de dos años. 
Algunos países han planteado la dificultad que supone echar marcha atrás de sistemas de cambio estables como tienen ahora (es el caso de Estonia, con su currency board ligado al marco) y que supondría volver a un sistema de mayor flexibilidad y de flotación de la moneda para recuperar una situación de tipo de cambio estable. 
Por esa razón se ha interpretado y se está aplicando oficialmente que la situación de los países que tienen currency board, si están ligados a monedas europeas, es compatible con el mecanismo de cambio del sistema, aunque, evidentemente, esas decisiones se adoptan unilateralmente por los países implicados. 
Dicho en otros términos, la responsabilidad de mantener la estabilidad del tipo de cambio corresponde a las autoridades nacionales y no recibirán ningún tipo de trato privilegiado, aparte del derivado de su presencia en el mecanismo de cambios del sistema. 
Ésta es la posición que se ha mantenido y, evidentemente, sensu contrario, hay que interpretar que ni el Banco Central ni el Consejo ni, por supuesto, la Comisión, somos favorables a procesos de "euroización" que en algún caso se han planteado y que, desde nuestro punto de vista, en ningún caso debería facilitarse la entrada en el euro por la puerta falsa y el beneficio de las ventajas de estar en el euro de forma legal a quienes no cumplan los criterios establecidos para todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Señor Comisario, se ha concentrado usted sobre todo en los aspectos logísticos y técnicos y apenas ha tocado los riesgos monetarios que podrían derivarse de lo que usted llama la enorme cantidad de marcos alemanes existente en el exterior y supongo que también de otras monedas de la zona euro. 
Si los poseedores de estas monedas empiezan a estar preocupados por cómo van a cambiarlas, o por qué va a pasar con el euro, ¿existe el riesgo de que se pasen al dólar o a otras monedas y desestabilicen de esta forma al euro todavía más? 
. Cuando hay personas que poseen cantidades importantes de billetes, sobre todo de la zona euro, y de monedas nacionales fuera de la zona euro, se producen dos tipos de situaciones: el ahorro normal de estas personas y la búsqueda de una protección frente a su situación de tipo de cambio. 
En ambos casos está perfectamente justificada la tenencia de estos valores. Y no hay ningún problema para producir el cambio de esos valores en la nueva moneda de euro, a través de su banca comercial, o a través de los bancos europeos que tengan filiales y sucursales en la zona. 
Se plantean algunos casos diferentes: la posible existencia de moneda europea en circuitos informales o circuitos de dinero negro. 
Evidentemente, en mi opinión, no debe haber ningún trato de favor para este tipo de situaciones. Se debe aplicar el mismo régimen que se aplica a los cambios en la Unión Europea, es decir, en aquellos casos en que alguien se identifique como propietario de una cantidad, los cambios se producen sin ningún tipo de riesgo, incluso por cantidades superiores a los mínimos establecidos en la directiva de blanqueo de dinero. 
Cuando se cambien cantidades que no lleguen a los límites de la directiva de blanqueo de dinero, se pueden producir los cambios sin pedir la identificación del titular de los fondos. 
Pero, en mi opinión, cuando las cantidades son importante y superan lo establecido, sí debería exigirse la identificación. 
Lo que usted me plantea es un problema distinto. 
Como esa exigencia se va a mantener, no puede admitirse que parte de esos activos vaya al dólar. 
En primer lugar, no tenemos esa impresión, de acuerdo con las cifras de entradas de billetes en los diferentes bancos centrales; en segundo lugar, en los países que tienen firmadas las obligaciones derivadas del convenio de blanqueo de dinero, para los cambios de moneda europea a dólar tienen que aplicarse los mismos criterios que he mencionado. 
Sólo en el caso de algunos países que tengan una legislación más laxa que permita que hoy se cambie de una moneda europea a otra moneda, sea el dólar o cualquier otra, sin someterse a los requisitos que he comentado, se puede producir la situación que usted plantea. 
Muchas gracias Sr. Solbes por sus contestaciones en el día de hoy. 
Me imagino que todavía algún diputado le esperará en los pasillos para seguir pidiéndole que nos profetice usted el futuro. 
Pero le agradecemos su intervención. 
Preguntas dirigidas al Sr. Monti 
Pregunta nº 35 formulada por (H-0535/01): 
Asunto: Competencia En 1996 se presentó ante la Comisión, en concreto ante su Dirección General de la Competencia, una queja en relación con el abuso de posición dominante del puerto de Helsingborg. 
Los querellantes eran dos de las tres compañías navieras que utilizan el puerto, que consideraban que, aprovechando una situación de posición dominante, las tasas cobradas eran demasiado altas. 
A la espera de una decisión al respecto, una de las compañías navieras querellantes ha pagado sólo la mitad de las tasas correspondientes al uso de las instalaciones portuarias. 
Como consecuencia, el puerto de Helsingborg reclama a la compañía 240 millones de coronas suecas (unos 26 millones de euros). 
Han pasado casi cinco años desde que se presentara la querella, y las partes siguen esperando la decisión de la DG de la Competencia. 
En varias ocasiones se ha prometido una respuesta, pero hasta el momento no ha ocurrido nada. 
Como consecuencia de este retraso, dos empresas de tamaño medio no saben con qué marco financiero cuentan para su trabajo. 
¿Es aceptable que las partes necesiten esperar casi cinco años la decisión de la Comisión? 
. (EN) Como ha mencionado el Sr. Stenmarck, en 1997 se presentaron dos quejas acusando al puerto de Helsingborg de abuso de posición dominante. 
Las quejas han sido objeto de investigación activa de la Comisión desde esa fecha. 
Este caso plantea muchas y complejas cuestiones de hecho y de derecho y los mercados afectados han experimentado posiblemente un cambio significativo a raíz de la apertura del puente de Øresund en julio de 2000. 
La Comisión es plenamente consciente de la situación de las partes. 
Se han celebrado recientemente una serie de reuniones con los principales implicados, en parte para conocer sus puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en el mercado y en parte para saber si ven alguna posibilidad de alcanzar una solución mutuamente aceptable. 
Si no hay acuerdo, la Comisión seguirá su investigación intentando terminarla lo antes posible. 
En primer lugar, doy las gracias al Comisario por su respuesta. 
Cuando, como en este caso, se trata de una reclamación que se presentó a la Comisión en 1996, es decir, hace cinco años, hay sólo una respuesta aceptable, esto es, que la Comisión tomará inmediatamente una decisión. 
El Comisario no lo ha prometido y por eso no puedo decir que esté satisfecho con la respuesta. 
Se trata de un asunto fundamental, esto es, que se han cobrado tasas demasiado altas a un puerto que se dice que tiene una posición dominante. 
Quiero subrayar que no opino si esto es correcto o no, pero las partes esperan una decisión de la Comisión y son muy dependientes de esa decisión. 
A mi juicio, es inconcebible que una opinión de la Comisión tarde más de cinco años. Por esa razón pregunto a la Comisión: ¿Cuándo se calcula que se podrá tomar una decisión al respecto? 
. (EN) Sí, ha sido mucho tiempo. 
Estoy de acuerdo con usted. 
Pero, estoy seguro de que es usted consciente de que se trata de un caso muy complejo. 
Desde el punto de vista de los hechos, la Comisión ha de tener en cuenta la evolución de la actividad del puerto durante un período de casi diez años. 
El propio mercado, que está en el centro de cualquier análisis sobre la competencia, es muy difícil de determinar. 
Depende del tipo de tráfico de que se trate: pasajeros a pie, coches, transporte de mercancías, etcétera. 
Además, como les decía hace un momento, la situación ha cambiado enormemente con la apertura del puente de Øresund el año pasado. 
Por ende, para complicar más las cosas, no existe ningún precedente directo. 
Esto explica por qué, como subraya el Sr. Stenmarck, a esta decisión se la espera impacientemente. 
La Comisión está en este momento analizando, en particular, las consecuencias de la apertura del puente para la definición de los mercados. 
Se va a pedir a todas la partes afectadas que faciliten toda la información pertinente. 
Se está dando prioridad al caso y se resolverá lo antes posible. 
Pero no puedo, en este momento, indicar una fecha ni un posible desenlace. 
Eso dependerá de los hechos. 
. (IT) Puedo contestar al Sr. Berenguer con un hecho reciente: en la reunión del 20 de junio de 2001, la Comisión tomó la decisión de poner en marcha parcialmente el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado de la Unión Europea por las presuntas ayudas concedidas por las autoridades públicas al parque de atracciones "Tierra Mítica". 
Dicha decisión fue objeto de un comunicado a la prensa emitido el mismo día 20 de junio. 
El texto de la decisión, previa omisión de la información de carácter reservado, se publicará en lengua española en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
Señor Comisario, la verdad es que esta pregunta la redacté en el mes de mayo y cuando supe que se había procedido a la apertura de expediente pensé en retirarla, pero, antes de hacerlo, ocurrió algo que hizo que me retractara de mi decisión. 
Ese algo fue un ataque desproporcionado hacia este diputado por parte del propio Presidente de la región, Sr. Zaplana, por el simple hecho de formular esta pregunta. 
Y eso sí que no, señor Comisario. 
Cuando, ante inocentes preguntas que simplemente pretenden aclarar asuntos que el Gobierno de la Generalitat ocultaba, se reacciona de forma violenta, es que se está ocultando algo más de lo que yo sospechaba y, por eso, le invito, señor Comisario, a que sus servicios investiguen con firmeza, alejados de las presiones políticas que sin duda van a recibir, cuanto haya detrás: beneficios fiscales, concesión de avales o, lo que me parece más grave, la realización de infraestructuras financiadas con fondos europeos en interés exclusivo de una empresa privada. 
La verdad es que los dirigentes de mi comunidad autónoma son unos liberales tan peculiares que propugnan que los hospitales y las escuelas sean de propiedad privada, mientras que el sector público se dedica a fabricar tiovivos y parques de atracciones. 
Muchas gracias Sr. Berenguer. 
Creo que no ha hecho usted una pregunta, pero siempre le puede contestar el Sr. Monti a la "no pregunta". 
Quisiera responder a la misma pregunta del Sr. Berenguer para decirle que, como en todos los casos de procedimiento, examinamos éste con mucho cuidado y atención. 
Podría quizá proporcionar en este momento al Sr. Berenguer un elemento adicional, los puntos a los cuáles afecta la apertura de procedimiento, que son en lo esencial la financiación de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento del parque, el valor de los activos y en especial los terrenos y la marca "Terra Mítica" transmitida a la sociedad privada que gestiona el parque, las condiciones de un préstamo de accionista otorgado a la sociedad privada que gestiona el parque, por un valor de 8 millardos de pesetas, la reducción de impuestos municipales a favor del parque por la ciudad de Benidorm y finalmente una aportación eventual por parte de la oficina de turismo de Valencia por un valor de 6 millardos de pesetas, objeto de la pregunta escrita del Sr. Berenguer Fuster con fecha 11 de abril de 2001. 
He querido proporcionar estos elementos reales fuera del contexto de las observaciones más políticas que el Sr. Berenguer ha planteado hace unos instantes. 
Señor Comisario, con el objetivo de conseguir la máxima transparencia y claridad en la apertura de este expediente, me gustaría que usted nos indicara si lo han abierto únicamente llevados por estas inocentes preguntas- porque realmente eran preguntas inocentes solicitando información- o si, de verdad, hay motivos más que suficientes, porque está en contra de directivas comunitarias el que un Gobierno regional se dedique a subvencionar aquello que no debe y de la forma menos adecuada para hacerlo. 
Si ese es el caso, a mí me gustaría que usted respondiera, porque, como ya le ha dicho antes el Sr. Berenguer, hay informaciones en los medios de comunicación que parecen poner en evidencia a aquel que únicamente hace preguntas en este sentido y no a quien realmente lo hace mal, que es el Gobierno valenciano. 
Quisiera añadir que la denuncia actual no tiene nada que ver con la original remitida a la Comisión. 
De hecho, el denunciante ha aportado continuamente nuevas quejas a medida que el proyecto de parque se desarrollaba. 
En este sentido, la Comisión ha recibido 18 cartas sucesivas por parte del denunciante. 
Se trata además de un expediente complejo, que ha dado también lugar a muchos intercambios de cartas entre la Comisión y las autoridades españolas, lo que explica, entre otras cosas, el tiempo transcurrido desde la presentación de este expediente. 
Respondiendo al Sr. Berenguer Fuster, he mencionado el punto sobre el cuál la Comisión ha abierto el procedimiento para dar al Parlamento un marco más completo. 
Quizá debería mencionar los demás puntos, que tienen relación principalmente con las alegaciones del denunciante relativas a la obtención a bajo precio del terreno en el que se ha construido el parque, la existencia de gastos relativos al parque asumidos por las autoridades regionales, el no respeto del principio del inversor privado, los préstamos sindicados a favor del parque, las aportaciones en capital a favor del parque y la existencia de ayudas a la formación y de ayudas regionales directas. 
Señor Comisario, como autor, hace unos años, de un informe sobre la política de la competencia de la Unión Europea, sé que precisamente las ayudas públicas son uno de los temas más complicados y que durante años más han distorsionado la aplicación de la política de la competencia en la Unión. 
Dados los elementos que ha comentado el Sr. Comisario en relación con el tema planteado por el Sr. Berenguer, desearía saber- si efectivamente se constatase que ha habido una aplicación inapropiada de los fondos públicos, en este caso en la Comunidad valenciana -, qué mecanismos de compensación hay para que se equilibre la competitividad entre estructuras similares existentes en otras áreas turísticas. 
En la pregunta planteada por el Sr. Gasòliba i Böhm, hay una referencia algo más general a la lógica del control de las ayudas de Estado. 
En este caso, se permite preguntarse por qué la Comisión considera que las ayudas a un parque como "Terra Mítica" pueden afectar a los intercambios comerciales intracomunitarios. 
De hecho, la Comisión considera que los grandes parques de atracciones como "Terra Mítica" tienen la naturaleza de parques de destino, lo que afecta- al menos potencialmente- a los flujos turísticos. 
Por otra parte, estos parques refuerzan la oferta turística de las regiones en las que están establecidos. 
Además, la Comisión ha adoptado ya varias decisiones en materia de ayudas de Estado relativas a parques de atracciones así como otras inversiones turísticas como hoteles o puertos deportivos. 
Finalmente, en este caso, la publicidad misma del parque menciona cómo llegar desde el extranjero. 
Sin querer prejuzgar la conclusión del procedimiento que acaba de abrirse, debo señalar, en respuesta más directa a su pregunta, que si la Comisión llega a determinar que se ha otorgado una ayuda ilegal, procederá a la orden de cobro. 
Pero en ningún modo es ahora el momento de prejuzgar la conclusión de la investigación. 
Pregunta nº 37 formulada por (H-0551/01): 
Asunto: Limitación de las subvenciones a la producción cinematográfica en los pequeños países Según datos de la prensa sueca, la autoridad de defensa de la competencia de la UE ha exigido que las subvenciones estatales a la producción cinematográfica se reduzcan al 50%. 
Se ha dicho también que el establecimiento de un límite máximo constituiría un primer paso hacia una reducción al 30%. 
Al mismo tiempo que datos de este tipo aparecen en los medios de comunicación, la Comisión sigue expresando su voluntad de garantizar el multilingüismo y la diversidad e igualdad culturales en la UE. 
La producción cinematográfica europea se diferencia de la estadounidense en que en la UE se hablan un gran número de lenguas. 
En estas circunstancias, producir películas en los Estados miembros más pequeños, como por ejemplo en mi país, Suecia, sin contar con una ayuda financiera resulta en muchos casos imposible desde el punto de vista económico. 
No hay duda de que una película en una lengua pequeña tiene una gran desventaja en comparación con una película en inglés, por lo que es evidente que ciertas subvenciones son totalmente necesarias para seguir garantizando la producción nacional de películas en los países de escasa población. 
¿No considera la Comisión que el establecimiento de un límite comunitario a las subvenciones estatales nacionales es contraria al artículo 151 del Tratado, que establece que "La Comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional"? 
Por consiguiente, ¿está dispuesta a actuar para evitar que se establezca un límite de este tipo? 
. (EN) Señor Presidente, en la reunión celebrada en Estocolmo el 12 de junio de 2001 con delegados de los institutos nacionales del cine y de los departamentos de cultura de todos los Estados miembros, los representantes de la Comisión dejaron claro que la Comisión no pretende adoptar un planteamiento restrictivo en relación con las ayudas a la producción cinematográfica concedidas por razones culturales, según sugería la pregunta del Sr. Sacrédeus. 
El límite del 50% a las ayudas a la producción cinematográfica fue fijado por la Comisión, en una decisión de 1998 acerca del programa francés de ayudas automáticas a la producción cinematográfica, refiriéndose a la situación francesa. 
Con arreglo a esa decisión, tal límite no se aplica a películas difíciles y de bajo presupuesto. 
Corresponde a cada Estado miembro definir la noción de películas "difíciles" y de "bajo presupuesto" y fijar el alcance de las ayudas aplicables a esta categoría de obras según criterios nacionales. 
Asimismo, aparte de esta excepción para otros Estados miembros con una influencia lingüística y cultural comparativamente limitada, la Comisión ha hecho saber que estudiará otras posibles excepciones cuando sean necesarias para garantizar la viabilidad de películas de gran contenido cultural. 
En la práctica, el criterio de un límite de ayuda del 50% constituye un punto de referencia que puede superarse por motivos culturales legítimos. 
Doy las gracias al Comisario Monti por su respuesta aclaratoria. 
Este asunto ha despertado gran interés en ambientes culturales y entre los representantes de la industria cinematográfica sueca. 
Han reaccionado como un solo hombre y una sola mujer respecto a las interpretaciones que se podrían hacer de la diversidad cultural y lingüística en los países pequeños. 
Quiero formular una pregunta complementaria al Comisario: ¿Con la respuesta que me ha dado, es posible garantizar actualmente que la producción cinematográfica en los países con lenguas poco difundidas, es decir, la producción cinematográfica en lenguas pequeñas, será exceptuada regularmente de la regla del 50 por ciento, de manera que, en principio, podrá considerarse que toda la producción cinematográfica- por ejemplo en sueco, en danés o portugués- no sobrepasa la regla del 50 por ciento? 
. (EN) Me complace facilitar más información en respuesta a la pregunta del Sr. Sacrédeus. 
En primer lugar, acerca de la diversidad cultural- un punto clave en nuestra Comunidad -, la diversidad de las características de los programas que aplican los Estados miembros refleja la diversidad cultural en la Unión Europea. 
En consecuencia, la Comisión no desea imponer ningún modelo particular con la revisión. 
La Comisión no quiere armonizar las disposiciones de los diferentes programas sino sólo asegurarse de que cumplen con los cuatro requisitos específicos de compatibilidad que se establecieron en la decisión del caso francés. 
Sobre la cuestión de si el límite de ayuda del 50% es de aplicación a Estados miembros más pequeños con mercados culturales limitados y si se podría prever una excepción para los mismos: Bien, la respuesta es que el límite de ayuda del 50% se aplica en principio a todos los Estados miembros sin distinción. 
Cabe señalar que, en ausencia de territorialización, el criterio de la ayuda máxima del 50% se convierte en irrelevante. 
La Comisión podría estudiar la aplicación de excepciones al criterio del 50% de ayuda en caso de que este límite hiciera imposible la producción cultural. 
La Comisión ya ha establecido una excepción para películas difíciles de bajo presupuesto. 
Para algunos Estados miembros más pequeños, en el caso de territorialización, la Comisión podría considerar el autorizar mayores porcentajes de ayuda caso por caso, si se demuestra que el 50% de alcance máximo de la ayuda no garantizaría la producción cultural porque estuvieran limitadas la zona cultural y el mercado. 
Pregunta nº 38 formulada por (H-0557/01): 
Asunto: Utilización de las redes de telefonía móvil de tercera generación en régimen compartido con competidores La Comisión Europea estudia en este momento la postura que debe adoptar con respecto a la idea de una utilización compartida de la infraestructura de las redes de telefonía móvil de tercera generación. 
En esta fase, la Comisión ha informado de que las compañías de telecomunicación podrían infringir las normas comunitarias sobre la competencia, si deciden compartir su infraestructura con sus competidores. 
También el Banco Europeo de Inversiones ha comunicado que tendrá en cuenta los aspectos relacionados con la competencia en materia de telefonía móvil a la hora de decidir la financiación o no de proyectos de tercera generación. 
¿Cuándo comunicará la Comisión su postura con respecto a este importantísimo asunto? 
¿Conoce la Comisión los planes del BEI? 
¿Piensa la Comisión que los temas relativos a la competencia deberían tenerse en cuenta en la toma de decisiones sobre financiación del BEI? 
. (EN) Gracias, señora Kauppi, por esta pregunta tan interesante y oportuna. 
Es cierto que actualmente, dadas las condiciones imperantes en el mercado y, en particular, el descenso del valor de mercado de la mayoría de las empresas tecnológicas, algunos operadores de tercera generación han pensado seriamente en la utilización compartida de redes como un medio de aligerar la carga de su deuda y de reducir sus costes de instalación de redes. 
La Comisión ya ha indicado que, en principio, considera positivamente la utilización compartida de la infraestructura de redes, dadas sus potenciales ventajas económicas, siempre que se respeten las reglas de competencia y el resto de normas comunitarias aplicables, en particular las de la directiva de licencias. 
Esta postura se ha expresado en la comunicación de la Comisión sobre la introducción de comunicaciones móviles de tercera generación en la Unión Europea que se adoptó el 20 de marzo de 2001. 
Algunas formas de utilización compartida de infraestructura de redes, en particular la de emplazamientos y repetidores, podrían contribuir enormemente a reducir el impacto medioambiental de la instalación de redes. 
Hasta la fecha, a la Comisión no se le ha notificado formalmente ningún acuerdo entre operadores de tercera generación, por lo que no está todavía claro cómo va a tener lugar el uso compartido de la infraestructura de redes ni cómo se aplicará. 
Algunos operadores pueden optar por participar en la utilización compartida de infraestructura de redes en una zona geográfica limitada, mientras que otros pueden decidirse por una cobertura geográfica total. 
Del mismo modo, algunos operadores pueden optar por compartir sólo emplazamientos y repetidores mientras que otros pueden decidir compartir también antenas y lo que yo llamaría "elementos activos" de sus redes, tales como controladores de redes de radio. 
De los contactos con operadores y fabricantes parece deducirse que en el grado de cooperación entre los titulares de licencias de tercera generación influirá la disponibilidad de nueva tecnología que permita a los operadores compartir incluso elementos activos de sus redes, sin tener que intercambiar información confidencial ni poner en peligro de otro modo su independencia como competidores. 
La Comisión ya ha celebrado algunas conversaciones preliminares con los reguladores nacionales acerca de las cuestiones que plantea la utilización compartida de redes en relación con las normas de competencia. 
En este momento, la Comisión sólo puede requerir a las partes que garanticen que cuando concluyan acuerdos de utilización compartida de redes no se verá restringida ni afectada la competencia entre ellos ni con terceros. 
Una restricción de la competencia sólo podría tolerarse en el caso de que aportara ventajas a los consumidores y se cumplieran todas las demás condiciones establecidas en el apartado 3 del Artículo 81del Tratado. 
En cualquier caso, debería mantenerse la libertad de las partes contratantes de retirarse de la cooperación en el uso compartido de redes y de instalar sus propias redes en zonas en las que anteriormente compartían infraestructuras. 
Puesto que la Comisión aún no ha sido informada formalmente de ningún caso de utilización compartida de redes ni ha tenido ocasión de examinar ninguno de estos casos, en este momento no se sabe si la Comisión pudiera tener que publicar en el futuro algún tipo de orientación específica sobre aspectos de la utilización compartida de redes relacionados con las normas de competencia. 
Por último, en cuanto al BEI, la Comisión conoce la intención del Banco de tener en cuenta consideraciones relativas a la competencia al valorar proyectos de préstamos. 
La Comisión sin duda acoge favorablemente esta intención que asegura la coherencia entre los objetivos del Banco al poner en marcha proyectos de acuerdo con su mandato, en particular a raíz del Consejo Europeo de Lisboa y de la política comunitaria en un entorno liberalizado. 
Señor Presidente, siempre es un lujo formular la última pregunta en el turno de preguntas. 
Gracias al Sr. Comisario por su respuesta, me siento verdaderamente satisfecha de que la Comisión haya adoptado una posición favorable respecto a la utilización compartida de las redes. 
Por el momento, están aún sin decidir las diferentes fórmulas de llevar esto a cabo. 
También comprendo su punto de vista en cuanto a que, obviamente, hay que acatar las normas sobre la competencia y a que este tipo de apreciaciones concretas no podrán hacerse hasta que tenga usted en sus manos solicitudes y notificaciones sobre esta cuestión. 
También se refirió usted a que es posible que la Comisión trace para este ámbito unas pautas específicas- specific guide lines- en caso de ser necesario. 
Quisiera aún que usted me corrobore si, en su opinión, todas las fórmulas posibles de utilización compartida de las redes barajadas hasta el momento- tanto a nivel local como mediante los demás métodos que usted mencionó- son viables también desde el punto de vista de la competencia. 
¿Es ésta su opinión definitiva? 
. (EN) Como usted misma ha subrayado, señora Kauppi, la Comisión tiene una actitud abierta en esta cuestión, siempre que se respeten las normas de la competencia. 
En cuanto al aspecto de la posible adopción de posibles orientaciones desde la perspectiva de la competencia sobre la utilización compartida de redes, como decía en mi respuesta anterior, a la Comisión todavía no se le ha notificado ningún acuerdo de utilización compartida de redes. 
Por tanto, es todavía demasiado pronto para tener una idea clara sobre posibles cuestiones antimonopolio que pudieran derivarse de estas formas de cooperación entre operadores de redes que compiten entre sí y que pudieran requerir que la Comisión publicara algún tipo de orientación con el fin de facilitar la clarificación que necesite el sector de que se trata. 
Lo que hay que dejar claro es que la utilización compartida de redes está sometida a las mismas normas de competencia que las demás formas de cooperación o colaboración entre competidores. 
Sería un error que los operadores creyeran que la utilización compartida de redes merece un trato diferente con arreglo a las disposiciones legales sobre competencia. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 39 a 77 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.20 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Organismos de previsión para la jubilación (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a continuar el debate del informe (A5-0220/2001) del Sr. Karas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las actividades de organismos de previsión para la jubilación (COM (2000) 507- C5-0596/2000- 2000/0260 (COD) ). 
Señor Presidente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todas las partes implicadas, y en especial a nuestro ponente por la postura constructiva que ha adoptado. 
El Sr. Karas ha realizado un extraordinario trabajo en esta propuesta de directiva. 
La capacidad de sostenimiento de las pensiones será uno de los grandes retos a los que tengan que enfrentarse nuestras sociedades en la próximas décadas. 
En este sentido, los organismos de previsión para la jubilación desempeñarán un papel importante en muchos Estados miembros. 
La cuestión de la obligatoriedad de la cobertura de riesgos biométricos ha sido una de las principales para el Parlamento. 
Me gustaría señalar algunas razones por las que la cobertura de riesgos biométricos o las garantías deberían seguir siendo opcionales. 
En primer lugar, en muchos Estados miembros los beneficiarios ya tienen cubiertos estos riesgos a través de otros productos de seguros. 
No debería obligarse a los ciudadanos a pagar dos veces por una cobertura que no necesitan. 
En segundo lugar, la cobertura del riesgo biométrico tiene un coste alto y este coste se traslada a los beneficiarios. 
La cobertura obligatoria de los riesgos biométricos le costará a cada ciudadano al año, haciendo una estimación a la baja, entre el 1 y el 3% aproximadamente de sus ingresos anuales. 
Sumados a lo largo de un período de ahorro de cuarenta años, esto podría reducir significativamente los rendimientos totales del plan. 
En tercer lugar, la cobertura obligatoria del riesgo biométrico perjudicaría también a la igualdad en el campo de juego, al proporcionar una ventaja a los aseguradores. 
El ciudadano europeo se beneficiará siempre que pueda elegir entre una gran variedad de aseguradores. 
En cuarto lugar, estoy totalmente de acuerdo con algunos de los oradores anteriores. 
Si queremos promover el segundo pilar es necesario que logremos que los empleadores se entusiasmen con las nuevas normas. 
Si las normas son demasiado restrictivas y costosas para la empresa, probablemente no tendrán ningún tipo de plan complementario voluntario. 
Por último, quiero decirle al Sr. Kuckelkorn que no podemos garantizar algo que no existe. 
La peor hipótesis para los beneficiarios es que no prosperen en absoluto las pensiones del segundo pilar. 
La seguridad sólo puede venir después. 
Señor Presidente, señor ponente, señoras y señores, en primer lugar quiero darle las gracias de nuevo, señor ponente, por su trabajo, es decir, porque a partir de prácticamente nada ha logrado construir algo. 
De vez en cuando, en la política nos ocupamos de envases engañosos. 
No es nada nuevo. 
En materia de protección a los consumidores se habla de los llamados envases engañosos cuando no contienen lo que en ellos figura. 
Últimamente el Consejo se complace en adoptar el papel de adulterador de productos, a veces de acuerdo con la Comisión. 
Y para no emplear el duro término de falsificador, digo conscientemente adulterador de productos. 
Así nos va en materia de valoración de producto del sistema de organismos de previsión para la jubilación, o segundo pilar del sistema de pensiones. 
Con ello quiere hacerse creer a los ciudadanos que se trata de un sistema de pensiones complementario sin cumplir los requisitos de calidad necesarios para ello, requisitos que deben comprender, en opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, exigencias pertinentes a las pensiones, como, por ejemplo, garantía del pago de la pensión de jubilación hasta el fallecimiento del afiliado, el pago de prestaciones a los supervivientes a cargo, o la cobertura de riesgos de discapacidad. 
Junto a estos requisitos de calidad, el riesgo financiero y un acuerdo colectivo entre los interlocutores sociales y, con ello, la participación del asegurado, desempeñan un papel importante. 
Un hecho adicional que sigue poniendo trabas a la libre circulación de los trabajadores, pero sobre todo a su movilidad, es, en este contexto, la un tanto descoordinada política fiscal en la Unión Europea. 
Justamente con los sistemas de previsión para la jubilación, los trabajadores que se benefician de la libertad de circulación de personas dentro de la UE y que quieren vivir la idea del proyecto europeo buscando un nuevo lugar de trabajo en otros Estados miembros son los que pueden salir perdiendo, como consecuencia de una diferente tributación, y a veces de una doble imposición. 
Desgraciadamente, no se han tenido apenas en cuenta elementos fundamentales que forman parte del segundo pilar del sistema de pensiones. 
Por ello, no debemos distinguir el presente proyecto de directiva con la leyenda "sistema complementario de jubilación- segundo pilar", sino tomarlo tal y como es: un producto de servicios financieros que sólo cubre una pequeña parte del espectro del segundo pilar. 
En este contexto hay algo que no podemos soslayar: en todas las medidas de garantía de las pensiones, la utilidad y la calidad que reporten al consumidor final tienen carácter prioritario, sea en los sistemas públicos tradicionales o en los sistemas de reparto, o en los sistemas complementarios de pensiones que se desarrollan en los mercados de capitales. 
Esto es lo que parece haber olvidado el Consejo en este ámbito, si bien también debe reconocerse que el aumento de capital que este producto genera es, por regla general, razonable. 
El hecho de que, a pesar de ello, se hayan introducido mejoras de calidad en algunos puntos del documento de referencia debe agradecerse sin duda alguna al ponente, que ha abordado con todo detenimiento todas las cuestiones fundamentales. 
Una cosa sí debemos tener clara: los sistemas estatales de pensiones sólo pueden complementarse con sistemas de previsión para la jubilación y fondos de pensiones privados adecuados, así como con una normativa apropiada; de otro modo, podría perderse la simetría social con el aumento de la esperanza de vida. 
Nuestra imaginación nos basta para comprender lo que ello significaría. 
Con estas observaciones quiero recomendar la aprobación del informe si la votación discurre del modo ya comentado. 
Señor Presidente, soy uno de los que están bastante desilusionados por la propuesta de la Comisión y por el informe Karas, puesto que, a mi juicio, se concentran únicamente en las necesidades de los mercados financieros y olvidan las necesidades de los trabajadores y de los futuros pensionistas. 
Quiero destacar dos aspectos que se han omitido. 
Cuando se habla de pensiones, la seguridad es decisiva. 
Debe existir al menos una garantía de que el capital acumulado se pagará, aunque no aumente o crezca. 
¿Qué se hace, por ejemplo, si estos institutos de pensiones caen en insolvencia, van a la quiebra, y no son capaces de cumplir sus compromisos? 
En el informe no se dice ni una sola palabra sobre esto. 
Aún más extraño es que falte otro aspecto muy importante. 
Cuando empezamos a discutir las pensiones complementarias se dijo que era un importante asunto comunitario, ya que existe un mercado laboral común y posiblemente los trabajadores circularán entre los distintos mercados laborales europeos. 
En ese caso, tendrán muchos problemas a la hora de jubilar. 
Actualmente es muy difícil acumular derechos de jubilación adquiridos en diferentes países. 
¿Cómo hacerlo? 
No se da ninguna respuesta. 
En muchos países se necesitan largos períodos de cotización. 
¿Qué pasa con esto en un mercado laboral flexible? 
En muchos países hay reglas que implican doble pago de impuestos ¿Cómo se soluciona esto? 
Hay una serie de aspectos de esta naturaleza. 
Por eso, opino que necesitaríamos una propuesta totalmente distinta de parte de la Comisión, que considerase las necesidades de los trabajadores y pensionistas y no exclusivamente las necesidades del mercado de capitales. 
Señor Presidente, hoy nos dirigimos a los países que ya han capitalizado sus pensiones, a los Estados miembros con un sistema pay-as-you-go preponderante. 
Francia incluso ha trasladado a toda prisa al primer pilar un par de pequeños fondos de pensiones debido al miedo que ocasiona esta directiva. 
Entre bastidores, resulta que los Estados miembros saben muy bien que sus pensiones no son sostenibles. 
Pero claro, llegan las elecciones y la palabra P es, entonces, tabú. 
Sin embargo, sus ciudadanos hace tiempo que saben en qué situación nos encontramos. 
El RU, los Países Bajos e Irlanda recelan ante lo que sucede en países como Alemania, Francia e Italia. 
Conforme al Tratado, ningún Estado miembro debe soportar las deudas de otro. 
Un pensamiento ingenuo. 
Si tres Estados miembros grandes colocan en el mercado de capitales una enorme suma, con motivo de fuertes recortes presupuestarios, los intereses también aumentarán en el caso de los tres Estados miembros que sí han ahorrado para su vejez, simplemente, por la ley de la oferta y la demanda. 
La inflación aumentará y las pensiones que hemos ahorrado cuidadosamente se derretirán como la nieve bajo el sol y, si soportan la riqueza y la inflación, nos ocasionará grandes dificultades. 
Los líderes gubernamentales han introducido las pensiones en su agenda. Se sigue y se observa lo que sucede. 
Eso es totalmente insuficiente. 
Debemos ser más críticos respecto de los Estados miembros que no dejan suficiente margen en su deuda pública y en su presupuesto para poder controlar los problemas demográficos. Estos problemas no se limitarán a las pensiones, sino que también van a afectar al mercado laboral, al sector sanitario y al sector de la construcción. 
Señor Comisario, tengo una pregunta ¿Cuánto tiempo se tardará todavía en que los europeos, trabajen dónde trabajen, puedan tener una pensión "portable"? 
Precisamente ahora necesitamos a tales personas para poder moderar los salarios en la zona euro, de manera que podamos mantener nuestra posición de cara a las exportaciones. 
No debemos penalizar a estas personas, sino recompensar su movilidad. 
Los mercados financieros se ven respaldados en estos momentos, faltan las personas ¿Cuáles son sus planes? 
Señor Presidente, el Sr. Karas ha dicho esta mañana en esta Asamblea que habrá una gran mayoría. 
Yo no voy a ser parte de esa mayoría. 
Creo que con la propuesta de la Comisión y con este informe se persiste en un cambio de paradigma fundamental en los sistemas europeos de previsión de jubilación y de Seguridad Social en su conjunto, es decir, en un alejamiento de los sistemas obligatorios solidarios y en un acercamiento a los sistemas privados basados en la capitalización. 
Mi crítica incide sobre todo en dos cuestiones. 
La primera: ¿los sistemas de previsión para la jubilación de la UE deben estar sujetos a un régimen de competencia de carácter comunitario? 
En los últimos diez años he aprendido mucho sobre la competencia y las oportunidades que abre, pero nadie me va a convencer de que justamente una materia tan fundamental como la Seguridad Social tras la jubilación deba estar sometida a la competencia. 
Aquí se susciten tres problemas concretos: el primero, que no se prevé una normativa vinculante para la garantía de las aportaciones efectuadas; segunda, que las normas de vigilancia son, a mi juicio, insuficientes, y, tercera, que en su informe, señor Karas, se reconoce además la posibilidad de que las pensiones se desembolsen mediante un pago único. 
Ello entraña enormes riesgos en edades avanzadas. 
El segundo gran problema es la orientación unilateral hacia los mercados financieros. 
A este respecto ya se ha dicho todo. 
A mi juicio, ya no se trata del presente y del futuro del mercado europeo de capitales. 
El margen de actuación para la preservación y renovación de los sistemas de pensiones públicos y solidarios no está agotado en ningún Estado miembro de la Unión. 
Pero lo que realmente necesitaríamos sería una coordinación a nivel europeo de los regímenes de previsión para la jubilación, de modo análogo a la existente entre los sistemas de pensiones obligatorios. 
No se ha dado solución a esta cuestión. 
Muchas gracias, Sr. Karas, por su inteligente trabajo, con un objetivo muy claro: conseguir que este proyecto de directiva vea la luz lo antes posible. 
Para eso, y con el objeto de eliminar obstáculos que pudiese plantear el Consejo, he presentado dos enmiendas para resolver un problema, español, pero que afecta también a otras nacionalidades. Lo plantearé en términos aristotélicos. 
La segunda de las cuestiones a las que me quiero referir ha sido mencionada por algunos oradores; se refiere a los problemas fiscales que plantean estos fondos. 
La propuesta de directiva no dice ni media palabra al respecto, porque no es su objeto. 
Existe una comunicación de la Comisión, del 19 de abril, que trata los problemas que plantean los obstáculos fiscales para las pensiones transfronterizas. 
El más importante de esos problemas, situado cronológicamente en tercer lugar, es el que se refiere a las situaciones de doble imposición o de no imposición cuando existen diferencias en los sistemas fiscales, como es el caso en la Unión Europea. 
La solución, en la propia comunicación se dice, es la convergencia de las normas sobre pensiones; sin embargo, en esta comisión se desiste de este audaz camino y se pretende navegar con las normas actuales, lo cual- a mi juicio- será insuficiente. 
Sé que el Comisario me pedirá que me dirija a los Estados, pero yo sólo tengo voz en este Parlamento y sólo él puede ser mi interlocutor. 
Este informe traslada prejuicios que podrían no ser más que estúpidos pero que además sirven de justificación para disminuir el importe de las jubilaciones y alargar la duración del trabajo. 
Mencionar argumentos demográficos, y lo que el informe denomina "ampliación de la esperanza de vida asociada a la baja natalidad", se convierte en engañoso si se disimula al mismo tiempo el aumento importante de la rentabilidad del trabajo. 
Habida cuenta del crecimiento de la productividad de cada trabajador, el mismo número de activos produce ampliamente más no solamente para hacer posible el aumento de su propio nivel de vida sino también para asegurar una jubilación conveniente a tres o cuatro veces más de jubilados que hace un cuarto de siglo. 
Si este incremento de la capacidad de producción no fuera desviado íntegramente en beneficio de una minoría de privilegiados, la sociedad podría asegurar un salario completo a todos los jubilados sin obligarles a trabajar durante más tiempo. 
Su economía lo transforma todo en mercancía, incluso las jubilaciones que pretenden entregar a los tiburones de las finanzas pero, por ese mismo procedimiento, es a los jubilados de las clases trabajadoras debilitadas por el trabajo a los que transforman en mercancía, y eso es innoble. 
La incapacidad para garantizar a los mayores una vejez sin preocupaciones materiales constituye una de las expresiones más sorprendentes de una organización social decadente. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva a que se refiere este informe va encaminada, como sabemos, a armonizar las condiciones de prestación de servicios por parte de las instituciones gestoras de reformas profesionales y sus normas de inversión, pero, de forma más lata, pretende la creación de un mercado único de pensiones complementarias enmarcándolo en una perspectiva de acciones de los servicios financieros con vistas a una mayor liberalización de la circulación de capitales. 
Así, no sólo discrepamos de la propuesta de directiva, sino también del propio informe, que pretende reducir al mínimo las normas cautelares liberalizando los procedimientos y las inversiones de los fondos en instrumentos financieros más volátiles, con lo que apuesta por el capital de riesgo, cosa que en la fase actual de especulación financiera es un riesgo grave para los derechos de los trabajadores. 
Para Portugal, esta situación es particularmente grave en la medida en que puede poner en entredicho las normas cautelares portuguesas, en particular la obligatoriedad de que se invierta el 50% de los fondos de pensiones profesionales en títulos de deuda pública, además de que puede constituir una presión inadmisible sobre los fondos de capitalización del régimen público de seguridad social. 
. (EN) Debo empezar diciendo que la Comisión acoge muy favorablemente los esfuerzos del Parlamento Europeo por finalizar la primera lectura de la propuesta de directiva sobre las actividades de los organismos de previsión para la jubilación en un plazo tan breve. 
Quiero felicitar al Sr. Karas y a su equipo por la seriedad y la calidad de su trabajo. 
Dicho trabajo ha sido acogido favorablemente por muchos de los que han intervenido esta noche, señal de que es bien recibido por casi todos. 
El informe del Sr. Karas propone muchas enmiendas a la propuesta de la Comisión. 
Es bastante poco habitual que haya más de 100 enmiendas a una propuesta de directiva que consta de 20 artículos. 
El promedio es de cinco enmiendas por artículo. 
Es bastante poco habitual y una muestra de lo complejo y delicado que es el tema. 
Confirma también la importancia que el Parlamento Europeo ha dado a este asunto. 
La audiencia organizada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios el 6 de febrero fue sin duda muy útil puesto que recabó los puntos de vista de los beneficiarios, de la industria y de las autoridades supervisoras. 
Me complace particularmente constatar que el Parlamento Europeo está de acuerdo con la filosofía básica de la propuesta de la Comisión. 
Esa propuesta pretende conseguir- como es bien sabido- el doble objetivo de, por un lado, que los beneficiarios gocen de un alto nivel de protección y, por el otro, que exista capacidad de pagar pensiones. 
Establece normas prudenciales mínimas, aunque estrictas, y propone un enfoque cualitativo de las normas de inversión. 
Algo de lo que han hablado muchos parlamentarios en el transcurso de este debate. 
Estas normas prudenciales comunes permitirían la titularidad transfronteriza de fondos de pensiones y harían posible que un organismo de un Estado miembro gestionara planes de pensiones de empresas en otros Estados miembros. 
Antes de pasar a las enmiendas concretas y ofrecer la opinión de la Comisión sobre las mismas, me gustaría responder a una pregunta que me ha formulado la Sra. Peijs. 
Se refiere a la posibilidad de transferencia, o a la movilidad, de las pensiones. 
La posibilidad de transferencia debe regularse básicamente en el ámbito nacional. 
Sin embargo, en este momento, algunos Estados miembros no regulan, permiten ni posibilitan la transferencia de derechos de pensiones entre los diversos proveedores de previsión del segundo pilar, incluso dentro de sus propios territorios. 
Los motivos de tal estado de cosas tienen que ver con las muy complejas disposiciones tributarias, sociales y jurídicas. 
Éste es un elemento crucial que tiene que ser abordado para facilitar la libre circulación de trabajadores en un mercado interno. 
La Comisión ha previsto, por ello, una iniciativa sobre la movilidad de las pensiones que esperamos que se proponga antes del final del año. 
Quisiera ahora dar la opinión de la Comisión acerca de cada una de las enmiendas. 
La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 4, 7 (parcialmente) , 8, 10, 16, 17, 25 (parcialmente) , 28, 55, 63, 65, 66, 82, 84, 91, y 92. 
La Comisión también puede aceptar el espíritu de las enmiendas 15 (parcialmente) , 29, 33, 35 (parcialmente) , 36, 37 (parcialmente) , 38, 39, 40, 43, 46, 47, 52, 53, 54, 62, 67, 68, 69, 71, 72 (parcialmente) , 77, 78, 80, 85, 86, 87, 89, 93, 94, 95, 112 (parcialmente) , 118, 131, y 132. 
Pero la Comisión lamenta no estar en condiciones de aceptar las demás enmiendas que, en su mayor parte, tienen como finalidad ampliar el objetivo de la directiva. 
La directiva que la Comisión ha propuesto tiene unas aspiraciones limitadas, a saber, la creación de un marco prudencial con normas estrictas prudenciales que garantice la seguridad y la capacidad de pago y que permita un reconocimiento mutuo. 
La directiva no pretende interferir en el modo en que los Estados miembros organizan sus sistemas de pensiones, ni en la medida en que desean basarse en pensiones públicas y fomentar el uso de planes de pensiones financiados, siempre que se respeten las normas del Tratado. 
En este sentido, y de acuerdo con el enfoque adoptado en la mayor parte de la legislación comunitaria aprobada en materia de servicios financieros, la directiva no puede regular los productos que ofrecen los fondos de pensiones, ni puede definir las disposiciones precisas para el pago de prestaciones que dependen con frecuencia de la legislación tributaria, laboral y social de cada Estado. 
La cobertura de los riesgos biométricos, en particular de la longevidad, es un aspectos importante de la lucha contra la pobreza y la inseguridad entre las personas mayores. 
Pero esta directiva no debería estipular cómo y en qué medida tienen que pagarse prestaciones ni qué riesgos biométricos han de ser cubiertos por los organismos de previsión. 
Por este motivo la Comisión no puede aceptar las enmiendas 2, 3, 5, 11, 12, 18, 19, 20, 41, 48, 98, 106, 108, 114, 115, 121, 125, y 126. 
Del mismo modo, la directiva no debería entrometerse en la forma que tiene los Estados miembros de organizar la regulación de fondos de pensiones. 
La implicación de los agentes sociales en la gestión de un fondo de pensión se consagra a veces en la legislación social nacional. 
Es algo que no puede imponerse en todos los Estados miembros por medio de una directiva. 
Por tanto, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 6, 21, 49, 50, 61 y 101. 
Algunas enmiendas se refieren a la necesidad de luchar contra los obstáculos fiscales como un complemento necesario de esta directiva. 
De hecho, el Sr. García-Margallo y Marfil me planteó una pregunta sobre ese aspecto de la directiva. 
Como saben, la Comisión ha adoptado recientemente una comunicación sobre los aspectos fiscales que pide la eliminación de normas tributarias indebidamente restrictivas o discriminatorias. 
Los aspectos fiscal y prudencial de la provisión transfronteriza de pensiones son complementarios pero han de ser tratados por separado. 
Por ello la Comisión no está en condiciones de aceptar las enmiendas 30, 31, 32 y 117. 
Estos mismos comentarios podrían aplicarse a los problemas ligados a la posibilidad de transferencia y movilidad de los derechos de pensiones a los que me he referido hace un momento. 
Es éste un aspecto crucial de la creación de un mercado interno para las pensiones y para la movilidad laboral transfronteriza. 
Lo he dicho antes y lo repito ahora. 
Pero conlleva consideraciones fiscales, sociales y jurídicas muy complejas que hacen imposible contemplar este elemento en esta directiva. 
A finales de este año o a principios del próximo hablaremos de la iniciativa de la Comisión a este respecto. la Comisión no puede, por consiguiente, aceptar las enmiendas 7 (parcialmente) , 26, 56, 57, 58 y 74. 
El enfoque cualitativo de la inversión y las disposiciones técnicas se basa en la presunción de que los Estados miembros deben mantener la opción de contar con una normas más detalladas. 
Las prácticas y las tradiciones de supervisión varían mucho de un Estado miembro a otro. 
Esto limita el grado de armonización prudencial que puede alcanzarse. 
Debe dejarse, por tanto, alguna flexibilidad a los Estados miembros para que establezcan requisitos más detallados a escala nacional. 
Esto es así sobre todo en lo que respecta al cálculo de disposiciones técnicas e inversión. 
El mismo argumento vale para la manera en que las autoridades supervisoras organizan su trabajo, especialmente en los procedimientos de registro y autorización. 
Por ello, la Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: 22, 23, 24, 25 (parcialmente) , 27, 42, 44, 45, 51, 59, 60, 64, 72 (parcialmente) , 73, 75, 76, 79, 81, 83, 88, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 113, 116, 123, 124, 127, 128, 129 y 130. 
Algunas enmiendas se refieren al ámbito de aplicación de esta directiva. 
Los organismos que ya cuentan con un marco del mercado único no deberían estar cubiertos por esta directiva, con la excepción de las compañías de seguros de vida para las cuales los Estados miembros deben mantener la opción de aplicar esta directiva a aquellas de sus actividades que estén vinculadas con el pago de pensiones. 
Del mismo modo, y con el fin de facilitar la supervisión en Estados miembros con decenas de miles de organismos, es importante que mantengan la opción de excluirlos del ámbito de aplicación de la directiva y por este motivo la Comisión no puede aceptar las enmiendas 9, 13, 14, 15 (parcialmente) , 34, 35 (parcialmente) , 37 (parcialmente) , 107, 119, 120 y 122. 
Por último, la directiva crea el marco adecuado para la gestión transfronteriza de los planes de pensiones. 
En el caso de actividad transfronteriza, el plan debe gestionarse de conformidad con la legislación social y laboral del país en que esté constituida la sociedad patrocinadora. 
El control de cumplimiento de esta norma lo realiza la autoridad competente del país receptor. 
Además, para hacer eficaz este reconocimiento mutuo, debe establecerse un sistema eficaz de intercambio de información y de aplicación correcta de la directiva, según recomienda el Parlamento. 
Pero esto ha de hacerse a iniciativa de la Comisión. 
Por estos motivos la Comisión no puede aceptar las enmiendas 70, 90, 96, 97 y 133. 
Me gustaría concluir con los siguientes comentarios. 
Esta propuesta constituye un elemento esencial de toda la estrategia de capacidad de sostenimiento de nuestros sistemas de pensiones. 
Permite que los fondos de pensiones aprovechen plenamente tanto el euro como el mercado común y garantiza que estos fondos funcionan del modo más eficiente y seguro posible. 
La pelota está ahora en el tejado del Consejo. 
Espero que se alcance un acuerdo político en el Ecofin en un futuro no muy lejano. 
Esto es esencial para demostrar nuestra voluntad política de respetar los compromisos contraídos por los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo. 
Por último, me gustaría una vez más dar las gracias al ponente, el Sr. Karas, por el excelente trabajo que ha realizado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Admiro la diligencia con que informa con todo detalle al Parlamento sobre las razones por las que la Comisión no puede aceptar determinadas cosas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Margen de solvencia para las empresas de seguros de vida 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0211/2001 del Sr. Ettl, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE del Consejo por lo que respecta a los requisitos del margen de solvencia para las empresas de seguros de vida (COM (2000) 617- C5-557/2000- 2000/0249 (COD) ); 
A5-0212/2001 del Sr. Ettl, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE del Consejo por lo que respecta a los requisitos del margen de solvencia para las empresas de seguros no de vida (COM (2000) 634- C5-0558/2000- 2000/0251 (COD) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión ha presentado dos propuestas de directiva con el objeto de modificar la normativa relativa a las empresas de seguros de vida y no de vida. 
Quiero definir mi postura sobre ambas al mismo tiempo, puesto que tienen numerosos puntos en común. 
Mediante estas dos propuestas, comprendidas en el plan de acción sobre servicios financieros, acordado en Lisboa, que debe ejecutarse hasta 2005, se refuerzan y mejoran las disposiciones en vigor desde 1973 y 1979 relativas al seguro no de vida y de vida, respectivamente. 
El margen de solvencia es una reserva de capital adicional que deben constituir las empresas de seguros a modo de parachoques para acontecimientos imprevistos. 
El objetivo general de las propuestas consiste en una mejor protección de las empresas de seguros mediante un aumento de los recursos propios de las mismas y una supervisión estatal más eficiente de estas empresas. 
Una elevación de los márgenes de solvencia, es decir, de la protección contra los riesgos, no sólo incrementa la confianza en la eficacia de las empresas de seguros, sino que también reduce de manera general los riesgos de sistema en los mercados financieros. 
Unas empresas de seguros eficaces desempeñan un importante papel para la materialización y el aprovechamiento de las oportunidades del mercado interior. 
Las directivas proporcionan un esqueleto de requisitos y controles obligatorios y deja a los legisladores nacionales margen para adoptar disposiciones que vayan más allá de este nivel de regulación. 
En el sentido de la subsidiariedad y debido a las considerables diferencias culturales que existen en el Derecho de supervisión de los Estados miembros lo anterior resulta comprensible y debe valorarse básicamente de forma positiva desde el punto de vista de la política del consumidor. 
También merece destacarse especialmente que se autoriza a las autoridades nacionales de supervisión a intervenir a hay riesgo en caso de no actuación; aunque no se trata del sistema clásico de alarma anticipada, el planteamiento ya está al menos ahí. 
Este instrumento de supervisión preventiva figura, por lo demás, igualmente en el documento "Basilea II", presentado para la supervisión bancaria por el Comité de Basilea del Banco de Pagos Internacionales. 
Debe acogerse con satisfacción la propuesta de la Comisión en lo relativo a las mutuas pequeñas. 
Aunque el límite superior para una exención de la aplicación de estas directivas se incrementa, en lo relativo al importe anual de las cotizaciones en los últimos tres años, de los 500.000 euros actuales a 5 millones de euros, se garantiza que esta normativa no eliminará del mercado a estas mutuas. 
Dichas mutuas operan a menudo sólo a nivel local o regional, y podrán seguir ejerciendo su actividad sobre tal base. 
Pero si estas empresas de seguros desean un pasaporte europeo, bastará con una simple comunicación a la autoridad nacional de supervisión de que se someten libremente a las disposiciones de la directiva sobre el margen de solvencia. 
Con ello se garantiza por completo la supervivencia de las mutuas, e incumbirá a cada una de ellas ampliar o no su campo de actividad. 
En cierta medida, los dos proyectos de directiva constituyen medidas provisionales que comprenden fundamentalmente modificaciones de carácter técnico. 
En el futuro paquete de medidas "Solvencia II" la Comisión revisará a más largo plazo toda la normativa del sector. 
Esto se hará con toda seguridad. 
Por ello, en estas condiciones debe aprobarse el paquete parcial Solvencia I que hoy se presenta, en beneficio, en particular, de los ciudadanos y de las empresas de seguros. 
Cuanto antes entren en vigor estas medidas transitorias, mejor. 
Por esta razón, me he esforzado, en mi condición de Ponente, en elucidar con carácter previo e informal los puntos de vista del Consejo y de la Comisión en el marco del procedimiento fast track, así como en trabajar en aras de una solución de compromiso entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Los presentes informes reflejan por tanto la posición común, de modo que sería posible aprobar las dos directivas en primera lectura. 
Espero que ello sea posible: ¡depende de su perseverancia o de su capacidad para admitir objeciones, señor Comisario! 
Permítanme una última observación sobre el propio procedimiento. 
Se refiere en particular al procedimiento de codecisión en fast track. 
Este procedimiento exige actuar con agilidad y, como ya he señalado en otras ocasiones, agilidad apenas ha habido sobre todo a nivel del Consejo. 
Codecisión supone que no sólo una parte sea flexible. 
Esta crítica no sólo se dirige al Consejo, sino también a usted, señor Comisario, si bien con menos intensidad en este caso, y con más en el anterior. 
Esta disposición que muestran en la codecisión en este sector sólo puede perjudicar a la profundización en la Unión Europea o en la integración. 
Pero sobre la eficacia de nuestros procedimientos de decisión debemos plantearnos si la reflexión ha de ser una medida consecuencia del referéndum irlandés. 
Tras esta última observación, les pido que aprueben los dos informes. 
- (EN) Señor Presidente, hablo en doble calidad: en primer lugar, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Su ponente, el Sr. Ripoll y Martínez de Bedoya, desgraciadamente no puede estar con nosotros esta noche. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó la propuesta y no tenía ningún comentario que hacer sobre la misma. 
En segundo lugar, hablo en nombre de mi Grupo sobre el informe del Sr. Ettl; me gustaría felicitarle por el trabajo que ha realizado. 
Ha hecho una buena labor y sin duda ha trabajado mucho. 
Como ha dicho el Sr. Ettl, se trata en gran medida de actualizaciones técnicas, pero aun así importantes. 
No se había llevado a cabo una revisión de estas directivas en casi veinte años, por tanto, estamos realizando una especie de ejercicio de puesta a punto para modernizarlas y actualizarlas. 
Al igual que el Sr. Ettl, abordaré las dos simultáneamente puesto que plantean cuestiones similares. 
Acojo favorablemente estas propuestas como parte del plan de acción más amplio sobre servicios financieros que tan importante es para el futuro de la economía de los Estados miembros de la Unión Europea y que tantas ventajas podría reportar potencialmente a los ciudadanos corrientes de la Unión Europea. 
Aumentará la competencia, aumentarán las posibilidades de elección de los consumidores y disminuirán los precios de los productos financieros, y ello se conseguirá con el plan de acción sobre servicios financieros si logramos que sea adecuado. 
Al igual que la mayor parte del plan de acción, y sobre la base de los principios ordinarios del mercado único, estas directivas también se basan en el sistema de pasaporte único que permita a las compañías de seguro vender en toda Europa, siempre que cumplan con las normas de su propio Estado. 
Este principio está, y debería seguir estando, en el centro de la legislación que aprobemos en esta materia. 
Acojo favorablemente el esfuerzo por actualizar los requisitos del margen de solvencia: las normas relativas al colchón financiero que se exige a las compañías de seguros para contingencias imprevistas, en particular, reclamaciones de cuantías elevadas y escaso rendimiento de las inversiones. Lo que estamos haciendo aquí es esencialmente una preparación para Solvencia II. 
La reforma de mayor alcance en esta materia llegará con Solvencia II. No obstante, hemos de tener las enmiendas menores adecuadamente resueltas antes de embarcarnos en esa reforma de mayor amplitud que tendrá lugar con el reglamento Solvencia II. 
Se acogen de modo especialmente favorable los esfuerzos de ligar de manera más estrecha el capital obligatorio con el perfil de riesgo. 
Este principio también lo hemos visto en las propuestas sobre adecuación de capital y márgenes de solvencia en relación con los bancos y empresas de inversión. 
Los mismos argumentos pueden igualmente valer aquí puesto que fomentamos una gestión prudente del riesgo y recompensamos a aquéllos que controlan y reducen el riesgo. 
Me complace ver que se ha suprimido una referencia al uso de clasificaciones externas que había sido propuesta inicialmente por el ponente. 
No queremos necesariamente descartar esto para siempre, pero es prematuro introducirlo en este contexto. 
Es algo que deberíamos analizar en relación con Solvencia II, pero se precisa mayor reflexión y debate antes de que podamos introducir las clasificaciones externas en este ámbito. 
Me complace también que se haya alcanzado un acuerdo sensato sobre las facultades de intervención temprana, que podrían suponer una herramienta útil que se sume al arsenal de que disponen los reguladores para garantizar un control preventivo adecuado. 
El acuerdo similar sobre beneficios futuros fue también muy sensato. 
El uso de beneficios futuros se va ir suprimiendo a lo largo de un período de ocho o nueve años, lo cual dará al sector tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones. 
Es importante, sobre todo, expresar como postura general que deberíamos hacer cuanto esté en nuestras manos para que estas propuestas, al igual que otras en las que tratamos con servicios financieros e industriales, no sean excesivamente burocráticas y para que el marco sea lo más sencillo posible para las empresas, tanto grandes como pequeñas, que operen dentro del mismo. 
Ésa es la única forma de lograr una sana competencia. 
Por último, me gustaría comentar los plazos. 
Es evidente que existe el acuerdo general de hacer estas reformas lo más rápidamente posible. 
El Sr. Ettl realizó un muy buen trabajo de coordinación con las otras dos instituciones. 
Al igual que él, yo espero de veras que podamos dejar esto resuelto en primera lectura. 
Me parece que tal vez le hayamos hecho al Consejo parte de sus deberes y que hayamos solucionado algunos aspectos que contribuirán a un marco regulador sensato. 
Doy las gracias al Sr. Ettl por el trabajo que ha realizado. 
. (EN) Señor Presidente, es para mí un verdadero placer responder al Parlamento en nombre de la Comisión. 
Me gustaría felicitar tanto a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios como a la Comisión de Asuntos Jurídicos por su análisis rápido y detallado de las propuestas de la Comisión para modificar las normas sobre margen de solvencia de las compañías de seguros de vida y de otros seguros no de vida. 
El margen de solvencia es quizás una cuestión algo complicada- técnica, incluso árida -, pero es de gran importancia práctica y real. 
Supone proteger a los titulares de pólizas de seguros exigiendo a las compañías de seguros que dispongan de un capital obligatorio adicional que actúe como colchón frente a circunstancias desgraciadas. 
La Comisión propone fortalecer y actualizar las normas existentes que, como se ha mencionado esta noche, han estado vigentes durante casi 25 años. 
Me complace señalar que las enmiendas que el Parlamento tiene ante sí están totalmente en consonancia con la idea central de las propuestas de la Comisión. 
Aunque muchas son de carácter técnico, algunas constituyen medidas muy prácticas que proporcionarán claridad y mejorarán la transparencia, como el requisito de que las autoridades nacionales competentes establezcan directrices que rijan la aceptación de contribuciones complementarias de los miembros de una mutua no de vida. 
Igual ocurre con el requisito de un informe de la Comisión en el que se examine el uso que las autoridades de supervisión nacionales han hecho de sus facultades de supervisión ampliadas. 
Estas enmiendas son mejoras muy útiles de la propuesta original de la Comisión. 
En este sentido, me gustaría dar las gracias al ponente, el Sr. Ettl, y a la ponente alternativo, la Sra. Villiers, por sus esfuerzos y por sus aportaciones a la preparación de los dos informes. 
Me complace poder informar al Parlamento de que todas las enmiendas propuestas por el Parlamento son aceptables para la Comisión. 
Aunque siempre es peligroso vender la piel del oso antes de cazarlo, yo creo que existe un consenso político compartido para que estas propuestas se adopten en una única lectura. 
Tengo la esperanza personal de que sus esfuerzos se verán recompensados y de que esta propuesta legislativa será de hecho aprobada en una única lectura. 
Es justo decir que este informe ha sido un buen ejemplo de cooperación satisfactoria entre nuestras dos instituciones. 
La Comisión tiene un programa ambicioso sobre servicios financieros que puede aportar muchos beneficios reales y tangibles a nuestros ciudadanos y al sector. 
Espero que la excelente cooperación que ha existido en este informe se mantenga, no sólo para la reforma de mayor amplitud de la situación financiera global de las empresas de seguros que realizará la Comisión, llamada Solvencia II, sino también para el conjunto del plan de acción sobre servicios financieros. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0227/2001) de la Sra. Rothe, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad (5583/1/2001- C5-0133/2001- 2000/0116 (COD) ). 
Señor Presidente, estimada Comisaria De Palacio, estimados colegas, como el Presidente acaba de decir, nos encontramos en la segunda lectura de la propuesta de Directiva para la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. 
Hay fundadas esperanzas de que la primera ley europea sobre fuentes de energía renovables entre próximamente en vigor. 
Esta ley europea contribuirá a aumentar el porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. 
Estoy plenamente convencido de ello. 
Ayudará a que nosotros, la UE, podamos alcanzar el objetivo, que nos hemos impuesto nosotros mismos, de doblar esta producción hasta 2010. 
Esta ley contribuirá de forma importante a que se realicen inversiones en la generación de electricidad a partir del viento, el sol, el agua y la biomasa. 
La UE mostrará de este modo que está dispuesta a asumir su responsabilidad en la protección climática y en un suministro de energía sostenible. 
Unas pocas semanas antes no me habría manifestado en este sentido, puesto que la posición común del Consejo divergía de la posición del Parlamento en cuestiones fundamentales y el Consejo mostraba en un primer momento poca disposición a modificar su postura. 
Sin embargo, hoy tienen ante ustedes el resultado de un proceso de negociación intenso y productivo sobre el que tendrán que votar. 
Diez acuerdos a los que se ha llegado con el Consejo en un procedimiento informal de conciliación sobre las enmiendas 1 a 11, con excepción de las 2 y 4. 
Ello pone de manifiesto que el Consejo y el Parlamento se han acercado mutuamente. 
En este punto quiero dar las gracias de todo corazón a los ponentes alternativos de los otros Grupos políticos, en particular a la Sra. Ayuso González y a Claude Turmes, que han intervenido en este proceso empleando su energía y su tiempo, dispuestos a la lucha y al compromiso. 
No es menor mi agradecimiento a la Presidencia sueca, cuyos esfuerzos por acercar al Consejo a la posición del Parlamento han dado su fruto. 
De igual modo, doy las gracias a los colaboradores pertinentes de la Comisión, que han desempeñado un muy importante papel de moderadores en el proceso de negociación. 
Como ocurre con todo acuerdo, puede estarse satisfecho con el resultado obtenido, pero no entusiasmado. 
Lamento que no hayamos podido fijar objetivos nacionales vinculantes. 
Y algo aún más importante: a mi juicio, la presente definición de energía renovable es simplemente errónea. 
Para facilitarse la consecución de los objetivos, algunos Estados miembros han insistido en incluir el porcentaje de biomasa de los residuos urbanos en la incineración mixta. 
Ello no sólo choca con el objetivo europeo de reducir la generación de residuos y aumentar el reciclado, sino que también emite una señal equivocada en contra de la extensión del uso de las verdaderas energías renovables. 
No obstante, le pido que pacten los acuerdos con el Consejo. 
Por un lado, la ley podrá contribuir a la extensión de las fuentes de energía renovables gracias a la modificación conseguida por el Parlamento. 
Por otro, ya no habría sido conseguirse en el procedimiento de conciliación. 
De ello estoy plenamente convencido. 
Voy a pasar ahora a los resultados positivos más importantes. 
Primero: los Estados miembros deben orientar sus medidas de promoción hacia objetivos nacionales indicativos. 
Cuando se ponga de manifiesto que el objetivo general de la UE- duplicar- no puede alcanzarse, la Comisión podrá presentar propuestas de objetivos vinculantes. 
Segundo: la Comisión tendrá que evaluar en un informe, que precederá a una propuesta de un sistema armonizado, el éxito de los sistemas nacionales en lo relativo al incremento de la cuota de mercado de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. 
Tercero: tras la entrada en vigor del sistema global, deberá garantizarse la protección de la confianza en lo relativo a las inversiones ya realizadas. 
Cuarto: se garantizará la conexión a las redes de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. 
Dicha conexión no podrá verse perjudicada en el futuro por las tarifas por alimentación y transporte. 
Último punto: la certificación del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables garantizan la transparencia a los ciudadanos. 
En Europa tenemos un enorme potencial de energías renovables. 
Utilicémoslo como corresponde a nuestra responsabilidad por un desarrollo sostenible 
Señor Presidente, Señorías, señoras Comisarias, las energías renovables no son la panacea para reducir las emisiones de CO2 ni para solucionar la dependencia energética de terceros países, pero pueden contribuir a paliar estos problemas cada vez más, a medida que vayan siendo competitivas. 
Por eso, en primer lugar, quiero felicitar a la Comisión, por esta propuesta, así como al Consejo, muy especialmente a la Presidencia sueca, y a la ponente, Sra. Rothe, por el esfuerzo que han hecho para lograr un punto de encuentro necesario para que, al final, esta directiva pueda ver la luz y, además, que lo haga de una forma razonablemente satisfactoria para la mayoría, aunque es cierto que no se recogen todos los ambiciosos objetivos que el Parlamento pretendió en su primera lectura. 
Esta directiva para el fomento de las energías renovables constituye una apuesta de futuro y una inversión en medio ambiente. 
De ahí la importancia de ofrecer un marco jurídico a los que ya han apostado y están invirtiendo en este sentido. 
Concretamente, es muy importante arbitrar para las ayudas actuales períodos transitorios suficientes que permitan mantener la confianza de los inversores. 
Es importante que se dé prioridad a la electricidad procedente de fuentes de energía renovables para el acceso a la red eléctrica y que no sean discriminadas en la imputación de tarifas de transporte y distribución, particularmente en las regiones periféricas. 
Para justificar la necesidad de esta directiva, hay que tener en cuenta, por un lado, el diferente grado de competitividad que todavía existe entre las fuentes de energía renovables y las convencionales y, por otro, los costes externos evitados con este tipo de tecnologías. 
Creo que, por ello, debemos felicitarlos y, como la Sra. Rothe, yo también quiero pedir que este Pleno apruebe las enmiendas de transacción a las que se ha llegado después de tanto esfuerzo. 
Señor Presidente, quiero trasladar mis felicitaciones más sinceras a la Sra. Rothe por su ejemplar trabajo con otros parlamentarios así como con el Consejo y la Comisión. 
Tanto ella como la Sra. Ayuso González han expresado una cierta decepción por el resultado, pero yo le diría a la Sra. Rothe que debería sentir satisfacción porque no se haya producido lo que parecía posible en cierto momento. 
Ella ha logrado unos avances considerables. 
Es absolutamente sensato fomentar la energía renovable porque nos permite cumplir con nuestros objetivos medioambientales, crea puestos de trabajo y garantiza el suministro. 
Los elementos enumerados por la Sra. Rothe constituyen objetivos que aún no son obligatorios. 
Pero me complace que a nosotros nos corresponda la segunda línea de defensa en caso de que los Estados miembros no cumplieran con su deber. 
Existe una definición que excluye el uso de los residuos municipales, permite que continúen los mecanismos de apoyo exitosos y, de esta forma, estimula la confianza de los inversores. 
Mi propio país, el Reino Unido- el país con más viento de Europa- tiene algunas lecciones que aprender del trabajo en otros países. 
Necesitamos otras medidas además de esta directiva. 
Sé que la Sra. Comisaria estaría de acuerdo en la necesidad de un marco de apoyo a la energía. 
Necesitamos investigación y desarrollo en el sexto Programa Marco. 
Necesitamos examinar el mercado único para que no contradiga los fines de esta directiva y necesitamos que las energías renovables ocupen el lugar que les corresponde cuando estudiemos el Libro Verde sobre la seguridad del suministro. 
Felicitaciones de nuevo a la Sra. Rothe. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al colega Rothe el excelente trabajo que ha realizado, con el que se sientan las bases para una primera parte: la legislación en el ámbito de las fuentes de energía renovables. 
¿Dónde hay que centrar la atención? 
Antes de nada, en la cifra prevista del 12%, que debe alcanzarse hacia 2010. 
La tentación de subrayar que hubiera sido más serio que el valor previsto fuera obligatorio y no indicativo es, por supuesto, muy grande. 
Personalmente, estoy a favor de imponer valores vinculantes en tanto los valores fijados sean realistas y factibles. 
Así mismo, dados los numerosos factores desconocidos en el desarrollo de las fuentes de energía renovables me parece, por ello, particularmente comprensible fijar, por una parte, valores indicativos, pero al mismo tiempo, dejar un margen a la Comisión para que efectúe propuestas al Consejo y al Parlamento que contengan valores vinculantes, en caso de que los resultados no fueran suficientes. 
El segundo punto de atención se refiere a la delimitación clara de los residuos domésticos que han sido recogidos selectivamente y los residuos domésticos no sometidos a ninguna selección. 
Desde luego, solamente puedo considerar como fuentes de energía renovables la incineración de residuos recogidos de forma selectiva, y más específicamente, la parte biodegradable de los residuos industriales y domésticos. 
De forma errónea, los detractores afirman que la incineración de residuos domésticos suplanta a las llamadas renewables reales, tales como el viento y la energía solar, hace que aumenten las emisiones de CO2 y perjudica a la limitación de los residuos y a la política de reciclado. 
Así mismo, es sensato que la posición común dé una definición de lo que debe considerarse como fuentes de energía renovables y que no permita un margen para distintas formas de energía renovables y, más concretamente, para la incineración de residuos recogidos de forma selectiva. 
Una posición con la que estoy totalmente de acuerdo. 
Señor Presidente, quisiera rendir homenaje esta tarde a tres mujeres. 
En primer lugar a la Sra. Rothe, que ha negociado bien en nombre de todos los diputados, a la Sra. Zackari, que ha garantizado una flexibilidad en el ámbito de la Presidencia sueca y que ha llevado de hecho al Consejo hacia un compromiso aceptable para el Parlamento, y a la señora Comisaria, que representa a todos los funcionarios conseguidos para la causa de las energías renovables, sin los cuales el Parlamento no hubiese podido arrancar los compromisos que ha arrancado al Consejo. 
Mañana se dará un paso histórico en dirección a las energías renovables en Europa, que representarán el 22% de la electricidad en 2010. 
Eso es mucho. 
Soy muy optimista aunque sé que los primeros pasos de una tecnología son siempre los más difíciles. 
Por un lado, parece que los costes generados por la producción no se han optimizado aún, pero, una vez que se alcance la producción en masa, esos costes se reducirán. 
Hay un segundo aspecto que conocemos perfectamente como políticos, son las relaciones de fuerza. 
Los grupos de presión cambian de campo una vez que las tecnologías adquieren una mayor importancia económica en nuestras sociedades, y el ejemplo alemán es muy expresivo en este sentido. 
Los sindicatos alemanes que se oponían a las energías renovables y eran partidarios de la energía nuclear hace sólo cinco años han cambiado de lado porque actualmente tienen más afiliados partidarios de las energías renovables que de la energía nuclear. 
Creo que esta directiva ha garantizado también el liderazgo mundial de nuestras industrias en territorios que aún tienen potenciales mayores que el nuestro en energías renovables. 
Pensamos en países como Brasil o la India, en los que vamos a ganar mercados. 
Anuncio también que voy a proponer a algunos delegados de ciertos gobiernos para el premio Nóbel de química y física. 
Efectivamente, cuando llegan a demostrar científicamente cómo una tonelada de tomates arde sola y produciendo energía renovable, creo que estos delegados merecerán verdaderamente el premio Nóbel. 
Aunque comprendo las cosas a nivel científico, es necesario plástico para quemar tomates. 
Para que no haya aberraciones de este tipo, considero que la Comisión tiene una gran función que representar para impedir que se dediquen fondos públicos a la incineración. 
Es necesario que los fondos públicos sirvan para desarrollar las energías buenas, especialmente la metanización. 
Señor Presidente, la energía hidráulica es la más importante de las fuentes de energía renovables. 
Sin ella, el porcentaje de las energías renovables en el ámbito de la producción energética de los países de la UE sería muy reducido, si bien no podemos desestimar tampoco la importante proporción de la energía eólica en Dinamarca. 
Aparte de éstas, ya es más difícil encontrar otras fuentes de energía renovables. 
La posición del Consejo, según la cual la combustión combinada de residuos se incluye entre las energías renovables, es insostenible. 
La energía hidráulica debe ser complementada con modalidades de energía diferentes a la combustión de residuos. 
El Parlamento se mantiene en su objetivo de que para el año 2010 un doce por ciento del consumo total de energía provenga de fuentes de energía renovables. 
Sin embargo, se trata de una fecha tan cercana que el cumplimiento de dicho objetivo puede ser sólo una ilusión. 
La escasa financiación del programa ALTERNER demuestra que la UE no contribuye apreciablemente a la consecución de este objetivo. 
El cumplimiento de este objetivo depende completamente de los Estados miembros. 
Señor Presidente, esta directiva supone un importante paso hacia el objetivo de Kioto, y constituye la primera piedra en el camino hacia una política energética sostenible en la Unión Europea. 
Doy las gracias y felicito expresamente a la ponente. 
Habida cuenta de la escasez de recursos que se va atisbando, de la subida de los precios del petróleo y del gas, así como de los riesgos de la energía atómica, no tenemos razón alguna para reclinarnos satisfechos y alegrarnos por lo conseguido. 
Sobre todo, debemos dejar bien claro a los Estados miembros de la Unión Europea que la consecución de los objetivos previstos entraña ventajas económicas y sociales. 
Naturalmente, habría preferido el establecimiento de objetivos vinculantes, pero ahora debemos intensificar nuestro trabajo de persuasión, para que las fuentes de energía renovables gocen de una oportunidad de mercado, una oportunidad voluntaria. 
Otro objetivo a largo plazo consiste en identificar todas las formas de energía, pues el consumidor de energía tiene derecho a saber de qué fuente de energía primaria procede su electricidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ya se ha dicho: la energía sostenible tiene muchas ventajas. 
Disminuye la dependencia de las importaciones de terceros países. Puede producirse de forma descentralizada y ofrece posibilidades de desarrollo regional. 
Pero, sobre todo, es energía limpia. 
La Unión Europea defendió un ambicioso paquete en noviembre del año pasado en las negociaciones sobre el cambio climático. 
Europa estaba dispuesta a tomar la iniciativa, porque ya entonces no se contaba con los EE.UU. 
La directiva sobre las energías renovables supuso una buena oportunidad de que las palabras se tradujeran en hechos. 
En la primera lectura, el Parlamento Europeo decidió establecer objetivos obligatorios y una definición estricta, de forma que no todo pudiera incluirse en ella. 
Lamentablemente, este enfoque no tuvo ninguna resonancia en el Consejo, y la Unión Europea, que había insistido en la domestic action durante dos semanas en La Haya, fracasó. 
El compromiso que examinamos ahora, es el mejor compromiso alcanzable. 
Mis sinceras felicitaciones al ponente. 
Este compromiso hace necesario que exista un amplio apoyo especialmente necesario de cara al futuro próximo. Europa no puede actuar con pasividad y esperar a ver qué sucede. 
Así mismo, el futuro próximo constituye una gran oportunidad de probar que queremos realizar un trabajo serio en cuanto a la energía sostenible. 
Tenemos que demostrar que estamos dispuestos a aceptar el desafío. 
En primer lugar, es necesaria una agenda europea común de investigación a fin de desarrollar las técnicas que aceleren un cambio rápido hacia una economía pobre en emisiones de CO2 y a fin de aprender algo recíprocamente. 
El sexto programa marco para la investigación ofrece una buena oportunidad para ello. 
En segundo lugar, se necesitan inversiones a gran escala. 
La energía sostenible se asocia a menudo con soluciones a pequeña escala: poner un panel solar en el tejado de cada uno y un par de molinos en cada pueblo. 
Es bonito, pero desgraciadamente, no basta. 
La energía sostenible exige también proyectos a gran escala y, para ello, es necesario el commitment de las Administraciones. 
Ahora es el momento de que los las palabras se traduzcan en hechos a fin de que esta directiva tenga éxito. 
Señor Presidente, yo también felicito a la ponente Rothe. 
En mi opinión, ha realizado un excelente trabajo y ha conducido paso a paso este proceso hacia resultados cada vez más positivos. 
Coincido con el Sr. Turmes en que la decisión que posiblemente adoptemos mañana es histórica. 
Significa que la Unión Europea da un paso muy decidido hacia la implantación de un sistema energético diferente, un sistema que toma en consideración el cambio climático, la necesidad de diversificar el sistema energético y en el que una creciente parte de la energía proviene de fuentes que no dañan la naturaleza ni el clima. 
El uso de fuentes de energía renovables es un paso importante. 
Paralelamente, hay que hacer grandes esfuerzos para que la energía se use de manera más eficaz. 
En la directiva hemos fijado un objetivo que implica que al menos el 22 por ciento de la electricidad debe provenir de fuentes renovables. 
Igual que el Sr. Turmes, soy optimista en este caso. 
Si la demanda crece, sabemos que aumentarán los rendimientos y la calidad y que disminuirán los costes. 
Esta regla es aplicable a todas las nuevas tecnologías. 
Supone que se eliminen los subsidios a los combustibles fósiles, especialmente al carbón, que los costes externos de las diferentes fuentes energéticas se incorporen en los precios y que se fomente la investigación. 
Señor Presidente, estos hechos son importantes para Europa. 
También lo son para los países candidatos y para los países en desarrollo. 
Espero que, en el marco de este programa y de las tareas de la UE en su conjunto, se pueda desarrollar un sistema que ayude a los países candidatos y a los países en desarrollo a avanzar en esta dirección. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, permítanme en primer lugar que felicite afectuosamente a mi colega, la Sra. Rothe, por el trabajo que ha realizado en este expediente tan difícil. 
Las negociaciones con el Consejo y la Comisión han sido sin duda laboriosas, pero el resultado está ahí. 
Hemos podido llegar a acuerdos de compromiso que permitirán mejorar algunas propuestas del Consejo y de la Comisión. 
Debo recordar también que el proyecto de directiva propone crear un marco que facilite un crecimiento significativo de la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables. 
Esta directiva responde a varias preocupaciones especialmente importantes: desarrollo sostenible, protección del medio ambiente, respeto por los compromisos de Kioto, pero también diversificación de nuestras fuentes de abastecimiento, reducción de la dependencia energética de la Unión y finalmente creación de nuevos empleos. 
Dicho esto, deseo volver sobre dos puntos difíciles que existen desde el inicio de nuestros debates: 
Por una parte, el de los objetivos nacionales no vinculantes. 
La cuestión consiste en saber si los objetivos nacionales que hay que alcanzar han de ser vinculantes o no. 
Hemos de ser realistas. 
La fijación de objetivos indicativos nunca ha motivado mucho a los Estados. 
Los debates no han permitido sin embargo llegar a un acuerdo. 
Afortunadamente, varias propuestas prevén hacerlos obligatorios. 
Por otra parte, el de la inclusión o no de la incineración de los residuos en la definición de las energías renovables. 
El Consejo ha insistido para incluirlas. 
Este deseo no ha sido unánime. 
Personalmente, me parece que va contra los esfuerzos realizados en materia de prevención y de reciclaje. 
Es de temer que lleguemos a ver cómo se utiliza a los residuos para justificar de hecho su producción, lo que no me parece una buena solución. 
Para terminar, debo decir también que es necesario apoyar las disposiciones que prevén facilidades en términos de enlace. 
Como conclusión, señor Presidente, el militante y el partidario de las energías renovables que soy se felicita por los progresos realizados, pero desea señalar con claridad las dificultades que aún faltan por resolver, en un mundo en el que se ha privilegiado al mercado y la búsqueda de costes y precios reducidos a corto plazo. 
Señor Presidente, creo que es de justicia felicitar a la Sra. Rothe por el excelente trabajo que ha desempeñado en este informe y, sobre todo, por el espíritu de creatividad y consenso que ha demostrado en su realización, tratando de evitar la conciliación, lo cual hubiera hecho un flaco favor al sector, teniendo en cuenta la necesidad urgente de una directiva en este ámbito tan importante de las energías renovables. 
Pienso que en todos los asuntos relacionados con la energía, debemos ser conscientes de que, o mejoramos las fuentes, o dejamos inhabitable el planeta Tierra en pocos años. 
Es fundamental que aseguremos el apoyo a este tipo de fuentes durante un período considerable, permitiendo así a nuestra industria invertir de manera decidida y a largo plazo en esta alternativa energética. 
En esta línea, garantizar un marco estable para la energía de origen renovable, en el horizonte que propone el informe- aunque hubiera sido deseable un plazo más amplio- es una propuesta que todos podemos y debemos apoyar. 
En cuanto a las metas que nos hemos marcado, a pesar de que deberíamos haber sido más ambiciosos, pienso que el objetivo de que un 12 % de la energía sea de origen renovable de aquí al año 2010 es algo que debemos ampliar pero, en principio, está bien para arrancar. 
Asimismo, es imprescindible que, en el futuro, cuando esta directiva se modifique y el sector esté más asentado, nos fijemos objetivos vinculantes para cada Estado miembro y así demostraremos que también en materia medioambiental la Unión Europea toma en serio sus compromisos. 
En definitiva, considero esencial y urgente que se alcance un pacto a nivel europeo para apoyar este tipo de fuentes energéticas. 
Por último, aunque ya sé que no es fácil, hay que enunciar que, si no actuamos inmediatamente, en pocos años, las próximas generaciones se van a encontrar el planeta hecho un desastre. 
Por tanto, por un principio de solidaridad, debemos dejar un mundo mucho más habitable y, para ese futuro, todas estas energías renovables son imprescindibles. 
Señor Presidente, deseo sumarme a la felicitaciones a la Sra. ponente y a la comisión por el excelente trabajo realizado. 
Se trata de una propuesta importante que define por fin objetivos concretos en lo que se refiere al incremento de la cuota derivada de las energías renovables, con plazos concretos. 
Poco importa si estos plazos cubren un período plurianual, lo que cuenta es que tenemos objetivos concretos con los cuales debemos enfrentarnos. 
Hemos de ser conscientes de que, en todo caso, se trata de objetivos comprometidos y de que será necesario que esta propuesta vaya seguida de inversiones adecuadas en el ámbito de la investigación. 
Por último, quiero expresar mi conformidad al texto de compromiso y también por esta razón quiero dar las gracias a la ponente, Sra. Rothe, por el equilibrio y la competencia mostrados en lo concerniente a la controvertida cuestión de la incineración de los residuos urbanos. 
Yo también hubiera preferido el texto elaborado por la Comisión de Industria, no obstante, considero que el compromiso alcanzado es adecuado y merece nuestro apoyo. 
Señor Presidente, yo también me sumo a las felicitaciones a la ponente. 
No obstante, quiero formular unas cuantas observaciones. 
A todos nos ha preocupado que no se hayan alcanzado objetivos vinculantes, pero se puede tomar ejemplo de las diversas convenciones de las Naciones Unidas. 
Pienso en Río, donde en mi condición de representante pude comprobar de cerca cómo de algo pequeño puede surgir algo grande. 
Por mucho que se critique la configuración básica de las Instituciones europeas, gracias al carácter bicéfalo de la Comisión tenemos la posibilidad de que ésta tome la iniciativa y proponga objetivos vinculantes. 
A ello quiero instar preventivamente a la Comisaria presente en esta Asamblea. 
También puede tomarse el ejemplo de los sistemas implantados con éxito. 
España, Alemania y Austria cuentan ya con instituciones y formas de tratamiento de las energías renovables que otros pueden incorporar. 
No se trata de aplicar a todos el remedio alemán, sino de ahorrar gastos adicionales innecesarios que luego propician las excusas por no haber podido alcanzar los objetivos. 
La afirmación de la ponente, en el sentido de que los certificados de origen deben garantizar la transparencia, coincide con mi opinión, repetidas veces expresada, de que las Instituciones europeas deben decantarse por la plena transparencia en beneficio de todos los ciudadanos. 
. Señor Presidente, Señorías, es para mí una gran satisfacción poder felicitar en primer lugar a la ponente, Sra. Rothe, por el excelente trabajo que ha realizado a lo largo de este año y casi dos meses, un tiempo muy escaso desde que la Comisión aprobó esta directiva, así como a todos los parlamentarios que han participado en los trabajos a lo largo de estos meses intensos de discusión y debate. 
Expreso una vez más mi respeto y mi admiración por la excelente calidad técnica y conocimiento de la materia que muestran sus colaboraciones, sus trabajos y sus enmiendas. 
Yo espero que hoy concluyamos con este debate y mañana, con las votaciones, las discusiones sobre esta directiva y que, por lo tanto, podamos, en segunda lectura, aprobar un texto sin necesidad de llegar al procedimiento de conciliación. 
Se trata de un tema en el cual- lo hemos demostrado- debemos trabajar juntos. 
La presente propuesta es parte de la respuesta de la Comisión a dos grandes desafíos. 
El primer gran desafío es el problema de cómo la Unión Europea se toma en serio sus compromisos con Kioto, cómo de verdad pone en marcha medidas- indudablemente con un cierto coste- que demuestran nuestra voluntad de cumplir compromisos contraídos en el ámbito internacional. 
Ese es nuestro primer objetivo, pero no hay que olvidar otro elemento interesante en esta propuesta, que supone incrementar la oferta energética europea, es decir, incrementar nuestra seguridad de abastecimiento, por no insistir en cuestiones, de las que han hablado algunos oradores, en lo que respecta a las capacidades tecnológicas de desarrollo industrial y, por lo tanto, de empleo y de presencia en los mercados internacionales. 
Por parte de la Comisión, es una satisfacción comunicar que podemos apoyar todas las modificaciones transaccionales que ha propuesto la Sra. Rothe. 
Aunque no voy a enumerarlas, sí quiero referirme a alguno de los puntos que se han suscitado a lo largo del debate. 
En primer lugar, la cuestión de la biomasa. 
Es un asunto delicado y habría que ver si por fin incluíamos o no, dentro del ámbito de la directiva, la producción de electricidad a partir de la incineración de residuos municipales no separados. Es decir, incluidos aquellos residuos biodegradables. 
Conocen sus Señorías la posición inicial de la Comisión, pero entiendo que, en aras de obtener un consenso, la concesión que se hace en este terreno merece la pena para conseguir este resultado. 
En sentido estricto, esos residuos tienen un origen renovable, razón por la que el Consejo ha defendido su inclusión. 
No obstante, la Comisión no los había propuesto en la definición de energías renovables, ya que ello va en contra de un punto clave, como es el objetivo de reutilización y de reciclaje de los residuos, cuestión crucial en el tratamiento de residuos integral que propone la Comisión en el ámbito de sus estrategias de desarrollo sostenible. 
Pero, insisto, la Comisión piensa que debemos encontrar un compromiso, una solución pragmática para evitar la conciliación y el retraso. 
Así, aceptamos las propuestas que avanza la Sra. Rothe; sin embargo, no podemos aceptar las enmiendas 12, 13 y 14. 
Por otro lado, entendemos que las propuestas de las enmiendas 2 y 4 no son ya necesarias y nos sumamos a la propuesta de la enmienda 11 y la apoyamos. 
Señorías, soy optimista- lo han dicho alguno de los oradores, como el Sr. Turmes- en el sentido de que en los próximos años el incremento del uso de las energías renovables va a suponer un abaratamiento de los costes y, por lo tanto, va a facilitar que se incorpore su utilización dentro de nuestro mix energético de una manera más clara y más fácil. 
Algunos- como la Sra. Ayuso, entre otros- han dicho que hoy es un día histórico. 
En un año y dos meses- desde la que la Comisión aprobó su propuesta- vamos a tener la directiva aprobada. 
Insisto en que el abaratamiento de costes va a permitir un incremento de las energías renovables para producir electricidad, insisto en que es una propuesta realmente revolucionaria en muchos aspectos porque, aunque alguno decía que los objetivos son tan sólo indicativos, éstos se pueden convertir en obligatorios en función de unos mecanismos, y es la primera vez que, en un ámbito como este, ponemos objetivos indicativos Estado por Estado. 
Ello implica una carga política extraordinaria y en ese sentido- lo siento, Sr. Caudron- no puedo coincidir con su apreciación. 
En los próximos meses espero poder proponer a sus Señorías una iniciativa para la extensión, el impulso real de la utilización de los biocarburantes y la aceleración de su incorporación en la Unión Europea. 
Una vez más, quiero resaltar mi enhorabuena y mi felicitación a la Sra. Rothe por su excelente trabajo, a todas sus Señorías, a la Presidencia sueca por su empeño en esta iniciativa. 
Espero que mañana la votación de esta Asamblea permita aprobar unas enmiendas de consenso que hagan posible su aprobación en segunda lectura y nos eviten retrasar todavía más, hasta llegar a una conciliación, la resolución de este asunto. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Implantación del dominio de nivel superior de Internet ".EU 
De conformidad con orden del día, se procede al debate del informe (A5-0226/2001) de la Sra. Flesch, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la implantación del dominio de nivel superior de Internet «.EU» (COM (2000) 827- C5-0715/2000- 2000/0328 (COD) ). 
Señor Presidente, en lo que respecta a esta propuesta de reglamento nos encontramos en el Parlamento en el marco de un procedimiento Hughes reforzado, es decir, que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha trabajado en colaboración muy estrecha con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Quisiera dar las gracias efusivamente a mi colega, Arlene McCarthy, que era ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y con la cual he podido colaborar de manera especialmente agradable y, espero, eficaz. 
Quisiera también dar las gracias a los servicios del Parlamento y de la Comisión que me han ayudado mucho en este asunto. 
La propuesta de reglamento prevé una implantación del dominio de nivel superior ".EU" y la Unión Europea debería así afirmar como tal, pero también en complemento con dominios nacionales, su presencia en el ciberespacio y transportar en Internet el espacio de confianza que ha creado a través del mercado interior. 
De forma general, creo que puedo decir que la filosofía de la propuesta de reglamento de la Comisión no se ha visto zarandeada por las enmiendas propuestas por la Comisión de Industria y la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Las comisiones parlamentarias, señor Presidente, proponen enmiendas que aportan una serie de precisiones y de clarificaciones al texto del reglamento y que van, creo yo, en el sentido de las exigencias de las empresas usuarias y de los prestatarios de servicios. 
En el plano de los principios generales, las enmiendas señalan el objetivo buscado de crear para el dominio ".EU" una imagen de marca de calidad, reafirman para la gestión de Internet los principios de no injerencia, de autogestión y de autorregulación que preconiza con regularidad este Parlamento, obligan al registro a gestionar el dominio ".EU" en interés general, a observar procedimientos transparentes y no discriminatorios y a adecuarse a las mejores prácticas nacionales. 
Las enmiendas prevén aún que debe procederse a una implantación del reglamento teniendo en cuenta los principios aplicables en el respeto por la vida privada y la protección de los datos personales. 
De forma más específica, las comisiones parlamentarias proponen que el campo de aplicación del reglamento se limite a la Comunidad Europea. 
Para la designación del registro, estará prevista la publicación en el Diario Oficial de una convocatoria de declaraciones de interés, la diferencia entre registro y oficina de registro se verá señalada, al igual que la independencia de uno y otro. 
Cómo norma general, el registro se hará sobre la base del principio de que el que primero llega primero se le atiende pero previendo sin embargo una cláusula llamada sunrise, que permita la protección temporal de los derechos de los propietarios de derechos anteriores. 
Por lo que respecta al registro especulativo y abusivo de nombre de dominio, se adoptará una política y un procedimiento de revocación en lugar de prevención; finalmente, los Estados miembros podrán adoptar para el registro bajo el dominio ".EU" medidas de prevención de los términos que incluyan conceptos geográficos, geopolíticos o históricos notorios que se relacionen con la organización territorial de un Estado miembro. 
Las orientaciones aprobadas por el Consejo, el pasado 27 de junio- por tanto muy recientemente- no parecen muy alejadas del texto que propongo a votación del Parlamento, de tal manera que las dificultades entre las instituciones no deberían ser insuperables. 
Sin duda aún habrá debates difíciles por venir, pero creo que se debería considerar con optimismo la posibilidad de que se defina una posición común en los meses venideros. 
Como conclusión, señor Presidente, quisiera por tanto pedir al Parlamento, pedirles a ustedes, que adopten el informe con las enmiendas propuestas. 
. (EN) Señor Presidente, la iniciativa de crear un nombre de dominio ".EU" supondrá un impulso necesario a la expansión de la economía electrónica. 
Sabemos que el principal freno de esta expansión es la falta de confianza, en particular, entre los consumidores. 
Un dominio de nivel superior europeo, por tanto, debe ser sinónimo de zona de confianza electrónica. 
Debe, además, permitir a las empresas europeas garantizar su visibilidad y presencia en el escenario europeo. 
Como ha dicho la Sra. Flesch, hemos trabajado muy estrechamente en este informe. 
Hemos formulado conjuntamente algunas recomendaciones muy importantes. 
Aportan una mayor claridad al texto y detallan el papel que debería desempeñar el registro. 
Me he centrado, en el seno de mi comisión, principalmente en las cuestiones del mercado único, en aspectos relativos a la propiedad intelectual y en el marco de política general. 
Permítanme que destaque algunas de las enmiendas. 
La idea de la enmienda 36 era que el registro debería aprobar unas condiciones generales que incorporen un código de conducta acreditado para el comercio en línea y, de este modo, dar a las empresas la oportunidad de participar en un programa acreditado de resolución extrajudicial de litigios en línea. 
Esto responderá a las preocupaciones de las empresas de ver valor añadido en los nombres de dominio ".EU" y creará también esta zona de confianza del consumidor electrónico en consonancia con las conclusiones de Lisboa. 
Aunque el registro debería por lo general seguir un riguroso orden de llegada, hemos propuesto, no obstante, que los titulares de derechos, que poseen derechos previos según la ley y las normas públicas, tengan la oportunidad de pre-registrarse. 
Hemos intentado abordar el creciente problema de los ocupas cibernéticos pidiendo que el registro gestione un servicio de mediación y arbitraje, bien gratuito o con recuperación de costes, para hacer frente al registro especulativo y abusivo de nombres de dominio. 
Proponemos el establecimiento de un comité asesor de normas, siguiendo la práctica de los nombres de dominio nacionales, para que preste su asistencia a la hora de examinar lo que puede registrarse al nivel superior. 
Señor Comisario, entendemos la necesidad de avanzar en el establecimiento de ".EU" y la necesidad de respetar los principios del mundo de Internet, es decir, la autorregulación y la autogestión. 
Pero es importante que los principios sean los adecuados desde el principio, para que el éxito esté garantizado, y eso es lo que hemos explicado detalladamente. 
Entre la Sra. Flesch y yo ha habido una excelente cooperación. 
Esperamos ahora que exista una cooperación similar con el Consejo y la Comisión. 
Esperamos que tengan muy en cuenta nuestras recomendaciones y que podamos llegar a una decisión rápida que permita a ".EU" llegar al punto de partida lo antes posible. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, me gustaría acoger de forma muy favorable este informe y agradecer a la Sra. Flesch su trabajo tan detallado y exhaustivo que demuestra su experiencia en este campo. 
También quisiera expresar mi felicitación especial a la Sra. McCarthy con quien he trabajado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Entre nuestra ponente y nuestra ponente de opinión han elaborado un informe muy sólido. 
Lo importante de este informe es que se han resistido a la tentación de complicar lo que era básicamente un texto sencillo propuesto por la Comisión. 
En esencia, señor Comisario Liikanen, lo que está diciendo el Parlamento es que se siga adelante. 
No queremos complicarlo excesivamente. 
Hemos realizado algunas mejoras valiosas, pero los fundamentos de su propuesta permanecen inalterados. 
Esto es importante porque debemos recordar que el nombre de dominio ".EU" en realidad entra tardíamente en un mercado muy competitivo y concurrido. 
Tiene que justificar su existencia. 
Para que tenga éxito queremos que las empresas y las organizaciones lo utilicen. 
Por tanto, los procedimientos de registro tienen que ser sencillos, fáciles y rentables. 
Hemos de tener en cuenta que las normas y procedimientos adoptados por el registro deben recoger las mejores prácticas en este terreno. 
Dado que entramos tarde, no tenemos excusa para no hacerlo bien. 
Por ello, algunas de las salvaguardias a las que se refieren tanto la Sra. Flesch como la Sra. McCarthy, acerca de la protección de marcas y de la evitación de registros abusivos- ciber-ocupas- son especialmente importantes. 
Quisiera destacar dos temas concretos objeto de preocupación que planteé durante el debate y que me complace que se reflejaran en las enmiendas. 
La Sra. McCarthy se ha referido a su enmienda dirigida a que las organizaciones que contaran con un título previo sobre un nombre tuvieran un período de registro prioritario. 
Esto es muy importante. 
No queremos poner en desventaja a empresas que ya están activas en este campo y que creen que deben protegerse y desean unirse al ".UE". 
No queremos que sientan que se les va a frenar de modo alguno. 
Deben disponer de un período prioritario de registro para evitar este problema del registro abusivo, de personas que sólo quieren ganar dinero fácil entrando en ese terreno y apoderándose de ese registro. 
Será muy importante para el nuevo registro- y dirijo estas palabras en particular a la Comisión- que la fecha de lanzamiento y el período de registro prioritario sean objeto de una muy buena publicidad en toda la Unión Europea para que la gente entienda estos derechos. 
En segundo lugar, tenemos que garantizar que el nombre ".EU" no desplaza, de ningún modo, a los nombres de dominio existentes en los Estados miembros. 
Yo propuse una enmienda, que me complace que fuera aceptada por mis colegas, que garantiza que el registro ".EU" no está facultado para emitir ningún nombre de sub-dominio utilizando las identidades de Estados miembros. 
En conclusión, se trata de una valiosa ampliación de las capacidades de sociedad de la información de la Unión Europea en un mundo en rápida evolución. 
Señor Presidente, yo también valoro positivamente el informe de la Sra. Flesch. 
Estimo que se trata de un informe muy equilibrado y que muestra un amplio conocimiento de la materia, motivo por el cual no se puede sino compartir el planteamiento y los contenidos del mismo. 
Considero que con este informe se da un paso adelante más en ese camino, emprendido desde hace meses por la Comisión y el Parlamento Europeo conjuntamente, hacia el progreso en la sociedad de la información, para recuperar ese retraso, para anular ese gap existente entre la sociedad de la información en el continente de la Unión Europea y la sociedad de la información más avanzada de otras partes del mundo, especialmente de Estados Unidos. 
Ésta es una nueva e importante etapa, quizás más significativa que otras de cara a la opinión pública, pero también o precisamente por esto es importante que se cumpla lo más rápidamente posible. 
Ahora bien, para no repetir aquí las observaciones hechas por mis colegas, quisiera subrayar tan sólo un punto más: mi satisfacción de que este camino siga adelante y continúe garantizando la autorregulación de los operadores también en el ámbito de Internet. 
Creo que no debemos dejar de reiterar que Internet es una experiencia maravillosa y lo deberá ser incluso en el momento en que creemos un dominio europeo, también porque se ha confiado a la autorregulación, a la capacidad de autogobierno de los operadores. 
Por lo tanto, debemos avanzar por la vía de mejorar la información tecnológica europea evitando, sin embargo, reducir su independencia o, en todo caso, burocratizar una experiencia que, precisamente por haber sabido desarrollarse espontáneamente, ha sido positiva. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera felicitar a la ponente, la Sra. Flesch, por el excelente resultado que ha logrado dentro de la Comisión de Industria, en consulta con la Comisión y el Consejo. Ya no se han presentado enmiendas al Pleno. 
Todo ello en un plazo de medio año, mientras que la Comisión ha necesitado tres años para adoptar una propuesta. 
Ahora, el Consejo y el Parlamento deben mantener ese ritmo. 
Al fin y al cabo, los usuarios lo esperan con ansia. 
Y, por supuesto, espero de usted, señor Liikanen, una ejecución rápida, práctica y simple, basada en la cultura de Internet. 
La introducción del dominio de nivel superior ".EU" contribuirá a promover la imagen de la Unión Europea en las redes de información mundiales y mejorará el sistema de TDL nacionales de Internet. 
Hay dos cuestiones esenciales a este respecto. 
En primer lugar, la organización encargada del registro tiene que ser independiente, y debe efectuar su trabajo de forma transparente y no-discriminatoria. 
Todas las organizaciones interesadas tienen que estar representadas en el registro. 
En segundo lugar, los Estados miembros deben definir a tiempo qué dominios quieren utilizar de forma exclusiva. Se necesitan criterios claros: el principio de first come first serve, pero también otras reglas más claras que puedan evitar los abusos. 
En los Países Bajos, todavía nos acordamos muy bien de cómo la ciudad de Amsterdam tuvo que volver a comprar el dominio: www.amsterdam.nl por una cantidad exorbitante, ya que ese dominio ya había sido registrado por una empresa de pornografía. 
La rápida llegada del dominio de nivel superior ".EU" ofrece una oportunidad extraordinaria para reforzar la confianza de los ciudadanos y de las empresas en el comercio electrónico. Esto favorece el crecimiento económico, la competitividad de la industria europea y, por tanto, el empleo. 
El marco legal del mercado interior también desempeña un importante papel en este ámbito. 
Señor Presidente, a mi también me gustaría sumarme a las felicitaciones a la ponente, y a la ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por la propuesta que tenemos ante nosotros. 
Al igual que los oradores anteriores, la acojo favorablemente porque ya es hora de que en la UE contemos con nuestro propio dominio. 
Ello permitirá a más empresas operar en la nueva economía electrónica y acabará también con cierta incertidumbre y con algunas dificultades relacionadas con los distintos dominios que existen en la actualidad. 
Lo que me preocupa tiene que ver con la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados) -ICANN. 
Dado que este organismo está regulado por la legislación estadounidense, ya están en el proceso de registrar el dominio ".EU" y de permitir también que la gente compre dominios ".EU". 
Me gustaría saber del Sr. Comisario, si es posible, qué medidas se han tomado para abordar este potencial conflicto en el futuro. 
Yo, al igual que otros parlamentarios, tenemos plena confianza en que la Comisión asegurará que existe una nueva forma innovadora de garantizar la seguridad de este dominio en el futuro. 
Señor Presidente, tras felicitar a la Sra. ponente, quisiera hablar, como el Sr. Carraro, de lo crucial que es la autorregulación para Internet. 
Desde este punto de vista, cierta preocupación la podría causar un comité consultivo demasiado rígido en la relación entre los representantes de las asociaciones industriales, empresariales, sindicales y de los prestadores de servicios. 
Debemos tratar de no endurecer demasiado el procedimiento de gestión del dominio ".EU" y preocuparnos, en cambio, de llenar este dominio de derechos de ciudadanía electrónica europea. 
Ésta es una propuesta que quisiera hacer a la Comisión: reflexionar desde ahora mismo sobre cómo, gracias también al dominio ".EU", se pueden garantizar nuevos derechos, por ejemplo, de acceso a las Instituciones europeas y de interactividad con ellas en lo que se refiere a las peticiones, al Defensor del Pueblo, a la participación en concursos y licitaciones. 
Por lo tanto, con la interacción entre el ciudadano y las Instituciones de la Unión Europea se puede llenar de contenidos de una verdadera ciudadanía telemática europea el dominio de nivel superior de Internet ". EU". 
Señor Presidente, yo diría que una de las excelencias más importantes de este informe es la calidad de la persona que lo ha realizado, porque realmente da gusto trabajar con ella. 
Como es sabido, a través de Internet los ciudadanos de todo el mundo descubrimos actualmente nuevas realidades sobre países, empresas, asociaciones y en muchos casos, formas de vida que están en las antípodas de donde nosotros vivimos. 
La progresión de este medio de comunicación interactivo es exponencial y su acceso en muchos países desarrollados es prácticamente universal y, en otros, es sólo cuestión de tiempo. 
Asimismo, todos hemos sido testigos de la mala utilización que se ha hecho muchas veces de él. 
Creo que en el dominio de nivel superior de Internet ".EU" debemos evitar casos de usos indebidos de nombres que puedan afectar negativamente a la imagen de la Unión Europea y de sus Estados miembros, porque el dominio superior ".EU" va a constituir el escaparate de la Unión Europea frente al mundo, va a ser nuestra imagen de marca y va a formar parte de nuestro patrimonio, y como tal se debe tratar, supervisar, controlar y proteger. 
En definitiva, creo que existen ciertas facetas de la actividad económica que deben ser sometidas a un control, si se pretenden llevar a buen fin, y el dominio superior ".EU", a mi modo de ver, ha de ser una de ellas, de manera que sea un sinónimo de calidad, fiabilidad de la información bajo él albergada, así como de coherencia en sus contenidos. 
Quiero recordar que la Unión Europea goza de una excelente imagen y que lo que tenemos que hacer es mantenerla y apoyarla. 
Señor Presidente, tras varias intervenciones de carácter más bien técnico, no debe perderse de vista la clave del asunto. 
Si alguien, como persona que dirige una empresa a la que da publicidad, quiere dar una dirección, ésta será ".at,..com,..net,.org". 
Ahora nos dan un rostro, una dirección. 
Ello tendrá un valor por sí mismo si lo logramos y la Comisión encuentra el camino adecuado. 
Nos convertiremos en ".EU". 
El que lleguemos tan tarde a ello ha tenido mucho que ver con que todavía no hemos conseguido constituirnos en esa unidad de la que alardeamos ser ya. 
Es de desear que esta Europa evolucione desde el mercado interior a la identidad por medio de la política. 
Ya sabemos que algunas cosas van mal. 
Creo que constituye un avance el hecho de que al ".EU" se asocie una cierta identificación. 
Insto a la Comisión y a todos los responsables a que no se haga ninguna chapuza cuando recibamos este dominio de nivel superior, que no se produzcan situaciones como la comentada por la anterior oradora. 
Recuérdese el "Amsterdam.nl". 
A la vista de la ampliación y de la regionalización de Europa, desearía, no obstante, que las regiones tengan la oportunidad de emplear los prefijos o añadidos correspondientes. 
En este punto muestro mi desacuerdo con el informe. 
Con todo, acojo con satisfacción la referencia de la ponente, recogida en la enmienda 13, al principio de transparencia, lo que me lleva a repetir una vez más que las Instituciones europeas deben decantarse por la plena transparencia en beneficio de todos los ciudadanos. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar, quiero también expresar mis felicitaciones más sinceras a la ponente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, Sra. Flesch, por su magnífico informe. 
Querida señora Flesch, ha incorporado con gran acierto a su informe cuestiones fundamentales relativas al.EU y colocar al Parlamento en el buen camino. 
Con la implantación del dominio de nivel superior.EU podremos presentar mejor nuestra identidad en Internet, lo cual supone numerosas ventajas: se fomentará el comercio electrónico en la Unión Europea; los consumidores podrán reconocer la vinculación al mercado único de la empresa que opere en Internet gracias al dominio EU, lo que redundará en una mayor confianza. 
Hasta ahora, las empresas europeas- como ya ha señalado el Sr. Martín- que poseían dominios.com eran tomadas en ocasiones por estadounidenses y no por europeas. 
Las empresas, organizaciones y particulares europeos disfrutarán de nuevas y concisas direcciones que en los dominios habituales están ocupadas hace tiempo. 
Por ejemplo, dominios.com hay ya más de 10 millones en la UE. 
Una vez el Consejo se ha pronunciado, hace pocos días, a favor de la implantación del dominio de nivel superior de Internet.EU, con la aprobación del reglamento antes de las vacaciones de verano contribuiremos a que los primeros registros de direcciones.EU puedan efectuarse en primavera de 2002. 
Por ello, en un tiempo en que más del 90% de las páginas web más visitadas son estadounidenses y cerca del 70% del comercio electrónico se desarrollo en EE.UU, sólo me cabe pedirles encarecidamente que aprueben este informe. 
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a la ponente su excelente colaboración y la buena forma en que ha formulado su informe. 
Quiero referirme a un par de cuestiones. 
En primer lugar, el método de registro de un dominio ".EU". 
El principio de la política de registros consiste en que todo el que quiera registrar un dominio ".EU" tiene también los derechos relacionados con la marca. Hay que sopesar dos intereses al respecto. 
Por una parte, luchar contra los abusos y, por otra, facilitar al máximo el registro para las PYMES y los ciudadanos. 
Para ello, hay dos posibles modelos. 
El primero consiste en establecer de antemano requisitos muy elevados antes de alguien obtenga un dominio ".EU", y eso da lugar a que se concedan pocos nombres porque los obstáculos son demasiado elevados. 
El segundo modelo consiste en intervenir a posteriori, si inesperadamente se producen abusos o especulaciones. 
De ahí que quiera mencionar la enmienda 34 en la que esto se recoge bien. 
Preferimos el segundo modelo, ya que beneficia más a las PYMES, permite que haya más nombres de dominio y creo que también, más registros de dominio. 
Creo que ése es el buen camino. 
Mi segundo punto se basa en que hay que ofrecer claridad a los ciudadanos y a las empresas. 
El dominio ".EU" ofrece claridad a los ciudadanos de la UE. Indica que sólo es posible registrar personas o empresas establecidas jurídicamente en la UE. 
Ésa es la enmienda 24. Eso implica una mayor seguridad jurídica, más confianza, también más crecimiento del comercio electrónico en la Unión Europea. 
Creo que de eso se trata finalmente. 
Por último, la tercera cuestión. 
Ésta encaja en la política de la UE que deseamos seguir. 
Queremos ocupar una posición en el mundo favorable a la sociedad de la información. 
Considero que el dominio de Internet ".EU" supone una buena señal al respecto, y estoy muy agradecido por ello. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados señoras y señores, el producto social bruto de Europa es el primero del mundo, y creo que sería bueno que en el futuro nos esforzásemos en hacer un mejor marketing de Europa. 
Acojo con satisfacción que queramos convertirnos en el espacio más competitivo del mundo, y, en mi opinión, debemos seguir trabajando duro para conseguirlo. 
Nuestros competidores no se duermen, sino que ponen en la práctica buenas iniciativas, de modo que es importante que avancemos en este ámbito de la forma más eficiente y rápida posible. 
En Europa tenemos 18 millones de empresas y, a mi juicio, el ser reconocidas en todo el mundo de forma unitaria, inmediata y sin más añadidos constituiría una ventaja decisiva en términos de marketing para estas empresas. 
La confianza del consumidor es el fundamento esencial de las transacciones comerciales, y por ello la presencia de la Unión Europea en la red global con un dominio de nivel superior reviste una gran importancia. 
A mi juicio, es necesario que se establezca un sistema eficiente de solución de diferencias que genere lo menores costes posibles, pero que tenga carácter neutral y no discriminatorio. 
En particular, debe ser posible actuar de la forma más rápida y efectiva posible en caso de registros especulativos y abusivos de nombres de dominio, pues ello constituye un fundamento esencial para las partes de las diversas transacciones y puede instarlas a actuar de forma eficiente. 
Asimismo, es muy importante sacar a concurso la formación del registro, pues de este modo se garantiza un servicio óptimo para el espacio europeo. 
Felicito a la Comisión y, en particular, a la Sra. Flesch. 
. (EN) La propuesta de crear el dominio de nivel superior.EU se presentó por primera vez a la Comisión el pasado mes de diciembre después de todo un año de consultas públicas. 
Este tiempo en Internet es toda una vida. 
Los usuarios europeos de Internet están cada vez más impacientes por disponer de un dominio de nivel superior.EU en el que puedan registrar nombres paneuropeos. 
Por tanto, se está haciendo imprescindible que la UE dé los pasos necesarios para implantar.UE lo antes posible. 
En este sentido, me complace constatar la orientación común acordada la pasada semana en el Consejo, que supuso un gran paso adelante. 
En cuanto al Parlamento, me gustaría en particular dar las gracias a la Sra. Flesch y a la Sra. McCarthy por sus aportaciones como ponentes. 
Su trabajo ha contribuido de manera significativa a que lleguemos a una situación muy cercana a un acuerdo entre las instituciones, que podría permitir la implantación del dominio de nivel superior.EU pronto. 
Estoy muy contento por la alta calidad del debate que estamos celebrando hoy en este pleno. 
En cuanto las enmiendas, en particular las ponentes han propuesto una serie de enmiendas que mejorarán notablemente el texto del reglamento. 
Entre las mismas se encuentran el refuerzo de los principios clave de la gestión de Internet, la clarificación de conformidad con las normas comunitarias en materia de protección de datos y unas definiciones más precisas del papel y las funciones del registro. 
La Comisión acoge también de modo favorable el apoyo dado por las ponentes a las propuestas de la Comisión a favor de un comité asesor. 
Existen asimismo varias propuestas de enmiendas que la Comisión puede aceptar en principio, a reserva de una mayor clarificación. 
Entre estas enmiendas está la propuesta de que la Comisión esté autorizada para cobrar una tarifa de gestión por el registro a los servicios que se ofrezcan. 
Si la intención es garantizar que el registro siga siendo neutral en cuanto a coste para la Comisión, es aceptable, aunque a la Comisión le gustaría una referencia más clara que evite cualquier sugerencia de que se cobra una tarifa permanente de cualquier tipo por el registro. 
En cuanto a las propuestas de un comité asesor de normas para el registro, la Comisión está de acuerdo en que una consulta amplia con la comunidad de Internet europea sea un requisito previo para el funcionamiento adecuado del registro. 
Al mismo tiempo, será importante aclarar cómo va a relacionarse ese órgano con la Comisión y con el comité de los Estados miembros. 
La Comisión apoya el riguroso orden de petición para los registros puesto que es uno de los principios que informan el proceso de registro propuesto por la Comisión. 
Nos gustaría, sin embargo, señalar que este principio general debe someterse a las normas y principios adoptados como normas públicas en relación con el registro del.EU, simplemente para evitar los problemas que algunos oradores han mencionado esta noche. 
Del mismo modo, la Comisión no tiene objeciones al requisito de que los que se registren respeten un código de conducta, aunque hay que tener cuidado para evitar confusión y cualquier sugerencia de controles a priori. 
El Sr. Carraro ha hecho al respecto comentarios que yo suscribo. 
La Comisión está totalmente comprometida con los principios de transparencia y apoya la publicación de una convocatoria de manifestaciones de interés en el Diario Oficial, como también ha mencionado el Sr. Martin. 
Sin embargo, la publicación de las condiciones de implantación del registro y del marco normativo en el Diario Oficial puede ser un procedimiento muy engorroso y quizás una publicación alternativa sea más eficaz. 
¿Por qué no esta vez en un sitio web? 
Tratándose de.UE; ¿por qué no publicarlo en el sitio web? 
Hay, sin embargo, algunas enmiendas propuestas que la Comisión no puede aceptar. 
En relación con las enmiendas propuestas sobre las medidas preventivas que han de adoptar los Estados miembros atendiendo a criterios geográficos y geopolíticos, me gustaría señalar que en caso de que los Estados miembros impusieran individualmente estas medidas para el registro, ello podría dar lugar a un conflicto entre medidas o a diversos enfoques incompatibles. 
La cuestión de los nombres geográficos y geopolíticos es, no obstante, un asunto político importante para algunos Estados miembros y la Comisión lo reconoce plenamente. 
Estoy convencido de que el acuerdo que se alcanzó en el seno del Consejo, por el que se introducía un nuevo párrafo en el punto a del apartado 1 del Artículo 4 puede ofrecer una alternativa que el Parlamento podría estudiar. 
La propuesta de exigir el registro para asegurar que las sociedades que registren un nombre están legalmente constituidas en la Comunidad es también problemática. 
Dado el carácter automatizado del proceso de registro, no es práctico que el registro realice comprobaciones a priori de los que se vayan a registrar. 
Aparte de cuestiones de viabilidad técnica, la Comisión consideraría ese requisito una carga excesiva en el registro y un obstáculo innecesario para quiénes se registren. 
La propuesta de que debería obligarse al registro a facilitar información a terceros con un "interés legítimo" también es inaceptable como tal para la Comisión. 
No está claro exactamente cómo podría ser pertinente, y sugerimos que el registro esté, en cualquier caso, sometido a las disposiciones legales vigentes sobre revelación de información. 
Parece también existir un problema lingüístico en torno a los conceptos de "normas públicas" y "orden público" en las versiones francesa e inglesa. 
Aquí la Comisión debe reiterar su postura de que las autoridades públicas sólo deben involucrarse en aquellos aspectos de las normas de registro que afecten a asuntos de verdadero interés para la mayoría del público y no en las decisiones operativas del día a día del registro. 
El Sr. Crowley planteó la pregunta sobre.EU y yo recibí también un correo electrónico a finales de junio hablando de la creación de "www.eu" y con una disposición a utilizar nuestros servicios. 
Sin duda, fue un poco embarazoso, pero debemos dejar claro que, tras una verificación, conocemos la existencia de rutas llamadas alternativas fuera del sistema de nombre de dominio; dominios de nivel superior coordinados por ICANN y de la reciente introducción de la ruta alternativa www.eu por la organización llamada "The Universal Registry". 
El futuro dominio de nivel superior.EU funcionará, sin embargo, con el sistema de nombre aprobado por ICANN, en parte debido a la necesidad de asegurar que la mayoría de los usuarios de la UE pueden acceder a las direcciones bajo.EU, pero también porque la Comisión respalda el principio de una norma única de autorización para el sistema de nombre de dominio. 
Otras normas funcionan legalmente en Internet, pero tienen una visibilidad relativamente limitada y pueden ser de difícil acceso porque la mayoría de los buscadores, como es natural, señalan a servidores de nombres relacionados con dominios de nivel superior autorizados por ICANN. 
Contestando al Sr. Cappato, la Comisión acaba de aceptar una comunicación sobre "e-Comission" (Comisión electrónica) y supone un gran reto garantizar que todas las actividades de la Comisión sean en línea, que podemos dar acceso a todos los ciudadanos, pero también a medio y largo plazo, interactuar con nuestros socios y ciudadanos. 
De las 40 enmiendas propuestas por las ponentes, la Comisión puede aceptar plenamente las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39 y 40. 
La Comisión puede aceptar, parcialmente o en principio, las enmiendas 9, 13, 14, 18, 20, 29, 30, 32, y 36. 
El Sr. van Velzen mencionó la enmienda 34. 
Esta enmienda recoge elementos positivos pero por razones concretas de revocación la Comisión la ha incluido entre las enmiendas que no puede aceptar, que son las enmiendas 6, 15, 23, 24, 27, 33, 34 y 37. 
En conclusión, el hecho de que de las 40 enmiendas la Comisión pueda aceptar 32 en su totalidad, parcialmente o en principio, indica que el Parlamento y la Comisión persiguen sin duda el objetivo común de que el Dominio de Nivel Superior.EU sea pronto un registro exitoso. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0232/2001) de la Sra. Niebler, en nombre de Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (COM (2000) 407- C5-0449/2000- 2001/0187 (COD) ). 
, ponente. (DE) Estimado señor Presidente, estimados colegas, en primer quiero agradecerles a todos ustedes el apoyo prestado a mi informe. 
En la Comisión de Industria ya habíamos mantenido debates intensos y fructíferos sobre la política del espectro radioeléctrico, y no sólo he recibido buenas enmiendas de los colegas de la Comisión de Industria, sino también de la Comisión de Transportes y de Cultura, propuestas que he incorporado gustosamente a mi informe. 
Desde un punto de vista formal, las enmiendas encajaban muy bien en un acuerdo que ha sido aceptado en la comisión por 49 de 50 votos. 
El objeto de mi informe es la propuesta de la Comisión de decisión sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea. 
Desde un punto de vista de su contenido, se trata de determinar qué Instituciones y en el marco de qué procedimiento deberán adoptar en el futuro decisiones en materia de política de espectro radioeléctrico. 
La propuesta no recoge expresamente mención alguna de orden jurídico-sustantivo sobre la concesión de licencias, es decir, no se determina si han de ponerse a disposición bandas de frecuencia para las telecomunicaciones, la radiodifusión, los transportes y el ejército, sino que la propuesta se limita únicamente a cuestiones de orden institucional y procesal. 
La finalidad y objeto de la directiva consiste en crear un marco jurídico seguro en virtud del cual se resuelvan a nivel comunitario las cuestiones relativas a la armonización del uso del espectro radioeléctrico, del procedimiento de asignación y de las condiciones de uso, cuando la consecución de objetivos políticos de la Unión exija de existencia de frecuencias. 
A este respecto deben diferenciarse dos tipos de cuestiones. 
En primer lugar, deben adoptarse las decisiones de carácter político-estratégico. 
A continuación, dichas decisiones deben llevarse a la práctica. 
Se trata, por tanto, de medidas de aplicación de carácter técnico. 
Esta diferenciación entre, por un lado, decisiones políticas y, por otro, de medidas de aplicación de carácter técnico ya se recoge en el informe Lamfalussy. 
El gran significado y alcance de la propuesta se infiere desde diversos puntos de vista. 
A causa de su creciente uso, el espectro radioeléctrico se está convirtiendo cada vez más en un bien económico limitado y valioso y en un factor de empleo determinante. 
La concesión de licencias de partes del espectro para, por ejemplo, las comunicaciones, la radiodifusión, el transporte, la policía, el ejército, los servicios de observación de la Tierra, etc., se hace cada vez más complicada. 
El gran valor que han ido adquiriendo las frecuencias se pone de manifiesto en el resultado de las subastas de licencias UMTS que celebraron los Estados miembros el año pasado sobre una parte restringida del espectro. 
Por ejemplo, en Alemania las empresas se han mostrado dispuestas a pagar 50.000 millones de euros por el espectro del país, mientras que en Gran Bretaña, como es bien sabido, la subasta alcanzó los 38.500 millones de euros. 
Por ello, la atribución y asignación de frecuencias a los diversos grupos de usuarios y usuarios particulares debe tener lugar- y es ésta una cuestión de gran actualidad- del modo más transparente y democrático posible, sea al nivel de los Estados miembros, a nivel europeo en el marco de la CEPT o a nivel comunitario, cuando deban adoptarse decisiones sobre actividades comunitarias dependientes del espacio radioeléctrico. 
Básicamente, parece evidente que, a nivel europeo, corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo adoptar las decisiones sobre política de frecuencias. 
Por regla general, será una tarea que incumba a la política y, en particular, a los representantes de la soberanía popular, decidir sobre una materia tan importante para la sociedad y la economía como es la política del espectro radioeléctrico. 
Puede encargarse a la Comisión la puesta en práctica de estas decisiones, es decir, la implementación técnica. 
En este contexto la Comisión podría recurrir a la opinión especializada de la CEPT, recabando de la misma, en su caso, propuestas de solución a problemas técnicos. 
Las enmiendas que han apoyado 49 de los 50 diputados de la Comisión de Industria prevén justamente este extremo. 
Sin embargo, dos enmiendas del Grupo del PSE, que la Comisión conocerá con toda seguridad, ponen en cuestión este planteamiento. 
Se trata de las enmiendas 22 y 23, que han sido presentadas al Pleno. 
Están dirigidas a impedir que el Parlamento y el Consejo decidan en un futuro de forma conjunta sobre la política del espectro radioeléctrico, para que sólo la Comisión y el Consejo decidan sobre estas cuestiones. 
No puedo apoyar este planteamiento, y por ello les ruego encarecidamente que no voten a favor de dichas enmiendas. 
En cambio, les recomiendo que presten su apoyo a las enmiendas del Grupo ELDR y del mío propio, que han sido presentadas en virtud de una recomendación de los Servicios Jurídicos por razones de carácter legal. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero dar las gracias a la ponente de este informe, Sra. Niebler, por los esfuerzos realizados en relación con este asunto tan importante. 
El espectro radioeléctrico se convertirá en un bien cada vez más escaso y más preciado debido a su creciente utilización. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, quiero resaltar la importancia del sector del transporte y del derecho equitativo de todos los medios de transporte a servirse del espectro radioeléctrico en sus operaciones y a utilizarlo, sobre todo, para garantizar la seguridad de los pasajeros. 
Por ejemplo, el transporte aéreo y el transporte marítimo dependen por completo del acceso al espectro radioeléctrico. 
También hay que tener en cuenta las necesidades de las distintas regiones. 
En los trabajos de elaboración de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sólo fueron aceptadas una parte de las enmiendas presentadas por nuestra comisión. 
He presentado, en nombre de mi Grupo, dos enmiendas para el Pleno que reflejan la posición de nuestra comisión. 
La enmienda 24 abarca el punto de vista regional. En la misma, se recuerda que las diferentes circunstancias, tales como la densidad de población, las distancias, la estructura de la industria y las condiciones del transporte, deben ser tenidas en consideración a la hora de armonizar los aspectos del espectro radioeléctrico. 
La enmienda 25 está relacionada con la transparencia. 
Es importante que se publiquen los datos relativos a la utilización del espectro, pero esta divulgación sólo será útil si el material publicado incluye toda la información necesaria para aprovechar eficazmente los datos en cuestión. 
La transparencia es necesaria para poder servirnos de forma eficaz de las frecuencias no utilizadas. 
El Anexo de esta propuesta de decisión es demasiado general y parece ser que confunde la atribución de frecuencias a diferentes objetivos con la asignación de frecuencias a usuarios. 
Espero que estas dos enmiendas sean apoyadas. 
Señor Presidente, queridos colegas, la Sra. Niebler ha superado con gallardía un tema muy complicado, del que yo me he ocupado en la Comisión de Cultura. 
Nadie negará, habida cuenta de la evolución de la técnica, que es necesario contar con un nuevo marco regulador de la política del espectro radioeléctrico. 
A este respecto, deben observarse, no obstante, ciertos principios, pues aunque la técnica está exenta de valoraciones, su uso no. 
En la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, cuya opinión, adoptada por unanimidad, defiendo en esta Asamblea, se suscitó, por ejemplo, la necesidad de garantizar que, en asuntos de interés público, se reserve una suficiente capacidad de retransmisión. 
Dicho de otro modo: junto a los puntos de vista económicos, han de tenerse en cuenta aspectos políticos, culturales y sociales, así como los derechos de la persona y las cuestiones de protección del consumidor. 
Ello vale en particular para las ofertas radiofónicas, que son expresión de la pluralidad cultural, la libertad de opinión y el pluralismo y constituyen un importante factor en el proceso democrático de formación de opinión. 
Ello es tanto más importante en la medida en que en la propuesta se subraya acertadamente el hecho de que el espectro radioeléctrico es un bien escaso, y lo seguirá siendo a largo plazo. 
Por ello no procede exagerar la importancia de la eficiencia económica. 
En un mercado de redes y servicios electrónicos de comunicación, abierto y orientado hacia la competencia, las ofertas dirigidas al público en general deben tener un espacio garantizado. 
La Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía no ha hecho suya esta opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte en la medida en que habría sido deseable desde nuestro punto de vista. 
Sin embargo, sí se decanta por el principio de la libertad de opinión, y ello es la razón fundamental por la que votaremos a favor del informe en su tenor actual. 
Por otra parte, en el informe se subraya que han de tomarse en consideración los intereses democráticos, sociales y culturales vinculados al uso de las frecuencias Cabe esperar que los Estados miembros que satisfagan plenamente esta exigencia. 
Y ello va dirigido también a Italia- ¡una pequeña broma para el Sr. Berlusconi! -. 
Señor Presidente, la Sr. Niebler ha realizado un excelente trabajo en tanto ponente. 
Quisiera felicitarla por la calidad de su informe. 
Quisiera plantear dos cuestiones que son un poco controvertidas. 
La primera es la posibilidad de armonizar más el uso con fines militares del espectro radioeléctrico. 
Sabemos que los militares utilizan una amplia parte del mismo. 
Por supuesto, eso resulta comprensible de cara al pasado, pero por otra parte, si queremos una política de seguridad común, hay que preguntarse si el uso es suficientemente eficaz. 
Ése, creo yo, no es el caso. 
Existe un embrollo en este momento. 
Creo que el sector privado, sobre todo, necesita una parte mucho mayor del espectro. 
¿Qué se puede hacer? 
Normalmente, se diría que armonizar, pero eso resulta, por supuesto, muy difícil. 
De ahí que proponga una especie de plan por etapas. 
En primer lugar, establecer prioridades en relación con el uso militar y civil. 
En segundo lugar, los Estados miembros deben ser transparentes en lo que al uso del espectro militar se refiere. 
En tercer lugar, debe existir colaboración entre la Comisión, el Consejo, el Parlamento y todos los implicados a fin de que se discuta finalmente esta materia de forma abierta y, sobre todo, para ver cómo puede tener lugar esa armonización en el futuro. 
No es fácil, pero debe hacerse. 
Mi segunda cuestión: una distinción entre los asuntos políticos y la ejecución técnica. 
Muchísimo de lo que sucede en la CEPT es técnico. 
No obstante, todas estas cuestiones técnicas tienen muchos aspectos políticos. 
De ahí, creo yo, que sea muy importante que los aspectos políticos se discutan más entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, y que, desde luego, dejemos las cuestiones técnicas a la CEPT. 
No obstante, creo que esencial que el marco político realmente se discuta ahora aquí, y de ahí que respalde plenamente esta enmienda. 
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento a las tres Instituciones. 
Mi colega Niebler no es sí misma una Institución, pero ha actuado prácticamente como si lo fuera. 
Muchas gracias por su informe. 
Pero también quiero dar las gracias a la Comisión y al Consejo. 
Al Consejo, porque ha actuado con una diligencia que no habríamos esperado hasta hace bien poco tiempo; los colegas de la Comisión coincidirán en esta apreciación con toda seguridad. 
Y a la Comisión también, porque ha puesto todo su empeño durante años en un asunto del que no esperábamos que diera fruto alguno tan rápidamente. 
Con todo, también debo decir a la Comisión que a veces ha actuado con un rigor innecesario, incluso con respecto a las enmiendas presentadas por el Parlamento, y que quizá no haya mostrado la flexibilidad institucional adecuada, la flexibilidad que hubiera sido posible o que yo habría esperado de la Comisión. 
La colega Niebler ha señalado acertadamente que existe una notable diferencia entre las medidas técnicas y las decisiones de carácter político-estratégico, y que en el ámbito de las decisiones político-estratégicas el Parlamento debería desempeñar de hecho un papel más importante que el previsto en el informe, así como que, por último, debe garantizarse la transparencia y que deben establecerse efectivamente estructuras democráticas. 
Ello tiene una importancia aún mayor si se valora a la vista de que el Consejo no coincide, ni mucho menos, con la Comisión en que deba constituirse el senior level group. 
Sólo nos quedará, entonces, la comisión, y, en consecuencia, quedará bastante limitada la contribución institucional a la adopción de decisiones democráticas. 
Por tanto, yo, personalmente, apoyaré la nueva propuesta de la colega Niebler, que prevé el establecimiento del llamado procedimiento call back, siguiendo el ejemplo del informe Lamfalussy. 
En cualquier caso, mi Grupo ha presentado diversas enmiendas. 
Espero que estas enmiendas cuenten con el apoyo de esta Asamblea. 
Las completará una enmienda oral que espero reciba igualmente el apoyo del Parlamento. 
En ella abordaremos la propuesta del Consejo en la que sugiere que en los casos en que deba irse más allá de medidas técnicas, la Comisión propondrá al Parlamento y al Consejo la adopción de un acto jurídico. 
Espero que recibimos su apoyo y que la Comisión aguante estoicamente esta enmienda. 
Señor Presidente, doy las gracias a los medios de difusión finlandeses por su interés en los trabajos de la Comisión Echelon. 
Es una de las grandes noticias del día. 
Asimismo, quiero decir a la Sra. Comisaria que parece que hemos adquirido la costumbre de encontrarnos aquí los martes por la tarde. 
All the usual suspects, como somos en estos asuntos. 
Es un poco absurdo, estimados amigos. 
Los ponentes y los oradores que me han precedido han puntualizado la importancia de que las frecuencias, el nuevo recurso agotable, sean usadas con eficacia. 
Es importante que exista apertura en este uso. 
Como señaló el Sr. Pohjamo, conviene que se informe de las condiciones en que se usan las frecuencias. 
También habrá que reservar frecuencias para los servicios públicos. 
Como se ha dicho, los temas institucionales son los más difíciles. 
Me preocupa que hayamos trabajado con tanta celeridad, que estemos creando demasiadas jerarquías. 
Se habla de normas técnicas de ejecución. 
También hablamos del nivel político y del mandato a la CEPT. 
El sistema, en otras palabras, es complejo. 
Sin embargo, espero que estemos de acuerdo en que lo que se denomina medidas técnicas de ejecución no comprende aspectos técnicos. 
En caso contrario, estaríamos pisando el terreno de la CEPT. 
También hay algunos aspectos que habría que corregir mañana. 
Todavía hay una propuesta para enviar observadores al grupo de alto nivel. 
No podemos tener representación en el grupo de alto nivel y call back procedure. 
Sería innecesario. 
Tenemos tiempo hasta mañana para ver cómo podemos corregir esto. 
Señor Presidente, estimada señora Comisaria, estimados señoras y señores, lo que necesitamos es tener procesos unificados para la concesión de frecuencias. 
El objetivo debe estribar en obtener la mayor utilidad económica posible. 
La concesión de las licencias UMTS ha puesto de manifiesto que es necesario actuar en este ámbito. 
Si, efectivamente, la concesión de frecuencias da lugar al nacimiento de una propiedad virtual, no sería razonable permitir la concesión de licencias en este ámbito, de modo que los Ministros de Hacienda puedan obtener nuevos ingresos, ni que con la constitución de recursos propios de las empresas ambas partes obtengan provecho. 
Creo que, por cuanto respecta a la concesión de frecuencias, deben formularse nuevas teorías y tener el valor de ponerlas en práctica. 
Recibo numerosas quejas de radioaficionados. 
El Sr. Scheibenbogen me envía cartas con regularidad. 
El problema consiste simplemente en que la utilización de estos equipos en Europa no ha encontrado aún un mercado interior y que en este sector de software debemos elaborar planteamientos que garanticen el mercado único. 
El artículo 7 versa sobre la publicación de información. 
Con respecto al artículo 10, apartado 1, espero que en el futuro se precisen los fundamentos de las facultades de investigación de las autoridades reguladoras, respetándose, naturalmente, los principios de proporcionalidad y de salvaguarda de los secretos industriales. 
Creo que la observancia de estos principios es muy importante para el futuro, y me alegraría que mañana pudiéramos felicitar a la Sra. Niebler por este informe tan relevante, porque ha realizado un trabajo realmente magnífico. 
Señor Presidente, doy las gracias a la Sra. Niebler por este informe tan hábilmente elaborado. 
El espectro radioeléctrico se ha convertido en una vía central de conexiones, produce dinero y otorga poder. 
Al no existir unos criterios homogéneos para su reparto, la concesión de licencias al sector de la telefonía móvil de tercera generación se llevó a cabo de la forma que todos sabemos: hoy por hoy, cada semana se declara en quiebra una empresa del sector. 
En unos Estados miembros no se cobró ningún tipo de derechos, en otros se aplicaron sistemas mixtos. 
Así pues, el resultado fue el nacimiento de una situación caótica y también la pérdida de puestos de trabajo. 
Este sector estaba llamado a ser nuestra mejor baza competitiva a nivel mundial. 
Como el espectro radioeléctrico rebasa las fronteras, está claro que necesitamos criterios paneuropeos para controlar su gestión, puesto que la existencia de quince interpretaciones diferentes sobre el mismo asunto supone, para decirlo crudamente, un verdadero obstáculo mercantil. 
La estrategia e-Europa requiere que todos puedan participar en ella bajo las mismas condiciones. 
Esto complica bastante más este asunto, y hay que resolver esta contradicción. 
Al mismo tiempo, hay que apoyar la pluralidad y diversidad culturales, y con esto me refiero a la disponibilidad de bandas de espectro para la radiodifusión pública. 
Estas cuestiones pertenecen al ámbito de las decisiones políticas que yo acepto, pero, a la hora de decidir sobre materias comerciales, deben existir condiciones uniformes, sean las subastas o cualquier otro procedimiento, pero que sea un procedimiento único en todo el territorio europeo para evitar que el sistema siga al borde del colapso como ocurre en la actualidad. 
Por ello, apoyo las enmiendas 22 y 23, así como la enmienda oral presentada por la Sra. Mann. 
Yo creo que de este modo conseguiremos equilibrar estos aspectos y podremos discernir entre lo que es importante para todos y lo puramente comercial. 
. (FI) Señor Presidente, la Comisión está satisfecha con los progresos de su propuesta de decisión relativa al espectro radioeléctrico. 
Quiero dar las gracias especialmente a la Sra. Angelika Niebler por la elaboración de este informe. 
Esta propuesta es parte de un paquete de propuestas que la Comisión desearía ver aprobado en su conjunto para finales de año. 
La Comisión constata que los amplios debates que han tenido lugar durante los últimos años están dando sus frutos ahora que se empieza a reconocer la importancia general del espectro radioeléctrico y la necesidad de adoptar decisiones de forma eficaz. 
Tras los debates mantenidos en la comisión parlamentaria, la propuesta se entrega hoy al Parlamento Europeo para su primera lectura. 
El momento es oportuno porque el Consejo, tras largas deliberaciones, llegó la semana pasada a un acuerdo sobre el nuevo texto, en el cual se ratifican a grandes rasgos los objetivos originales de la Comisión. 
La Comisión, al examinar el informe de la Sra. Angelika Niebler y las nuevas enmiendas, puede constatar con agrado que el Parlamento apoya en principio la propuesta de la Comisión. 
A pesar de ello, la Comisión tiene que hacer algunas observaciones particulares sobre diferentes puntos del informe. 
Desde el punto de vista de la Comisión, lo más controvertido de este informe es que no diferencia suficientemente, por una parte, las cuestiones pertenecientes al ámbito del procedimiento de codecisión y, por la otra, las cuestiones tramitables por los procedimientos habituales de la comitología. 
Todas las enmiendas presentadas para su aprobación deberían estar en conformidad con las reglas establecidas para la comitología por los órganos de la UE, las cuales rigen la utilización de los procedimientos de comitología, y el Comité que se creará a través de la Decisión relativa al espectro radioeléctrico también tendrá que actuar de conformidad con estas mismas reglas. 
En algunas enmiendas se propone que todas las decisiones deberían adoptarse por el procedimiento de codecisión, es decir, que se aplicaría este procedimiento tanto para llegar a acuerdos sobre las líneas comunes de la política comunitaria, como también para adoptar las medidas técnicas de la ejecución práctica requeridas para el cumplimiento de las líneas políticas acordadas. 
En opinión de la Comisión, estas últimas, o sea, las decisiones sobre las medidas técnicas deberían adoptarse en el Comité, en cuyo caso se aplicaría para las mismas el procedimiento de comitología. 
Asimismo, el informe presenta enmiendas que permitirían al Parlamento Europeo revocar las medidas aplicadas en el marco del procedimiento de comitología. 
En opinión de la Comisión, esto entraría en contradicción con la Decisión relativa a la comitología. 
Quisiera volver a recordar el principio fundamental de la propuesta: siempre que el Parlamento Europeo y el Consejo llegan a acuerdos mediante el procedimiento de codecisión, o mediante cualquier otro, sobre la política comunitaria en materias relacionadas con el espectro radioeléctrico, tales como el proyecto GALILEO o el proyecto relativo a la creación de un espacio aéreo común europeo, acuerdan también que debe haber disponibles bandas de espectro para la aplicación práctica de la política comunitaria en cuestión. 
Es en este contexto donde es necesario el procedimiento de comitología para poder adoptar las decisiones relativas a las medidas técnicas de la ejecución, las cuales son imprescindibles para llevar a cabo la política comunitaria convenida. 
Para aclarar más este asunto, puedo indicar aún que el procedimiento de comitología no se utiliza para llegar a acuerdos sobre políticas comunitarias que puedan depender de la disponibilidad del espectro radioeléctrico, ni tampoco para adoptar medidas de homogeneización o armonización que rebasen el ámbito estricto de las soluciones técnicas de ejecución. 
En tales casos se aplicará el procedimiento de codecisión. 
Por todo lo expuesto anteriormente, la Comisión no puede aceptar las enmiendas del Parlamento que estén en contradicción con este planteamiento central de nuestra propuesta de decisión. 
Aquellas enmiendas del Parlamento, según las cuales todas las decisiones adoptadas por el procedimiento de comitología deberían debatirse en el Parlamento, permitiendo que éste las modifique o las revoque si se salen del ámbito estricto de la ejecución técnica, contravienen las normas de la decisión relativa a la comitología. 
Según la decisión relativa a la comitología, la Comisión reconsiderará las propuestas relativas a la adopción de medidas si éstas, en base a una resolución del Parlamento, extralimitasen las competencias de ejecución establecidas en las disposiciones de base aplicables a cada contexto y comunicará al Parlamento tanto las medidas que piensa adoptar en relación con la resolución del Parlamento, como la justificación de dichas medidas. 
En relación con esto, las enmiendas 10 y 19 son las más significativas, y la Comisión ruega a los diputados al Parlamento Europeo que se replanteen su posición con respecto a estas enmiendas, tal y como ya se hizo en lo relativo a las enmiendas 21, 22 y 23. 
No obstante, quisiera concluir subrayando que la Comisión respeta mucho el deseo del Parlamento de participar activamente en el proceso de toma de decisiones sobre el espectro radioeléctrico. 
Precisamente por esto, la Comisión se remitía en su propuesta a las posibilidades ya existentes: al procedimiento de codecisión y al procedimiento de comitología. 
En cuanto al resto de las enmiendas, la Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 17 y 22- 25. 
Aceptamos en principio las enmiendas 3, 7, 9, 11- 13 y 20. La Comisión no puede aceptar las demás enmiendas. 
A modo de conclusión, puedo señalar que se ha producido una aproximación de los puntos de vista de las distintas instituciones sobre los objetivos de la propuesta de decisión. 
Deberíamos tomar esto como punto de referencia en los trámites restantes para la puesta en vigor de esta Decisión. 
Sobre estas bases, la Comisión está dispuesta a seguir colaborando abiertamente con el Parlamento Europeo. 
El debate queda cerrado. 
La votación se tendrá lugar el jueves. 
(La sesión se levanta a las 23.40 horas.) 
Señora Presidenta, como es sabido, nuestro Parlamento no se reunirá en el mes de agosto. 
Por lo tanto, hoy, deseo recordar que el 8 de agosto próximo es la fecha de un trágico aniversario: el 45 aniversario de la grave catástrofe acaecida en las minas de Marcinelle. 
El 8 de agosto de 1956 perdieron la vida 262 mineros procedentes de muchos países de nuestro continente, la más grave tragedia laboral jamás ocurrida en Europa. 
Estoy seguro de que usted, señora Presidenta, adoptará las iniciativas necesarias para conmemorar este trágico aniversario y de que, por otra parte, la Presidencia belga, que ha anunciado en su programa la creación de una Europa social justa, procurará que esta misma propuesta pueda crear las condiciones necesarias para que en Europa no vuelva a repetirse una tragedia así. 
Gracias, señor Cossutta. 
Señora Presidenta, ayer me enteré de que la Mesa tiene previsto pronunciarse hoy sobre una nota que prepara a este Parlamento para la ampliación. 
Dado que usted tiene una gran sensibilidad lingüística, señora Presidenta, comprenderá mejor que nadie que la opción por la que nos inclinemos en el ámbito lingüístico será la clave para otras muchas decisiones que habrán de adoptarse. 
¿Nos puede garantizar que en el futuro todos los miembros electos de este Parlamento seguirán teniendo derecho a expresarse en su propio idioma, escuchar a sus colegas en su propio idioma y escribir en su propio idioma? 
Ello nos tranquilizaría bastante. 
Señora Thyssen, he tomado buena nota de su declaración. 
Dicho esto, le señalo que la Mesa no aprobará esta noche el documento al que usted se ha referido. 
Lo hará en septiembre, una vez que los Grupos hayan podido examinarlo a fondo. 
Señora Presidenta, quisiera llamar su atención sobre los problemas cada vez más acuciantes sufridos permanentemente por nuestros chóferes. 
Según me han dicho, esta tarde se entregará al prefecto de Alsacia una carta del abogado con objeto de esclarecer el confuso conflicto surgido entre el Ministerio de Asuntos Interiores y el Ministerio de Transportes de Francia, porque tal y como están las cosas ahora, la normativa estipula que los automóviles utilizados como taxis durante las demás semanas no pueden utilizarse como tales en la semana en la que se celebran nuestras sesiones. 
Habida cuenta de que Francia aspira a quedarse con la sede del Parlamento considero nefasto que este tipo de formalidades hagan peligrar nuestro transporte. 
Veo a algunos Cuestores que están presentes en el hemiciclo y puedo confirmarle que examinarán con atención dicha cuestión. 
Programa de actividades de la Presidencia belga 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre el programa de actividades de la Presidencia belga. 
Concedo la palabra el señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
. (IT) Señora Presidenta, señor Primer Ministro, Señorías, me es muy grato comenzar el trabajo en común con la Presidencia belga. 
Señor Primer Ministro, su trabajo se sitúa en un período especialmente delicado. 
Hemos entrado en la última etapa de los preparativos para la introducción de los billetes y monedas en euros, la expresión más concreta jamás alcanzada por la realidad europea. 
Bélgica sabe que puede contar con la colaboración de la Comisión y de las Instituciones europeas para que este acontecimiento, que es justo definir histórico, sea un gran éxito. 
Asimismo estamos avanzando con determinación hacia la ampliación de la Unión, como usted, señor Primer Ministro, ha dicho hace unos minutos. 
Las negociaciones de adhesión han alcanzado un punto muy delicado que actualmente ve sometidos a debate los capítulos más complejos. 
Mientras tanto, y precisamente para preparar a la Unión para la ampliación, los Estados miembros están ratificando el Tratado de Niza. 
Sin embargo, el reciente referéndum celebrado en la República de Irlanda nos ha recordado que la ratificación no es una conclusión que se pueda dar por descontada. 
Pero en esto nos tendremos en profundidad más adelante. 
Señor Primer Ministro, señora Presidenta, en la Cumbre de Laeken volveremos a examinar los progresos realizados por la Unión a la hora de llevar a la práctica su agenda social. 
Su implementación concreta y sin demoras es esencial si a lo largo de esta década queremos conseguir que la economía europea se convierta en realmente dinámica y competitiva y, al mismo tiempo, garantizar que nuestro modelo social siga sustentándose en los principios de justicia y de sostenibilidad. 
Concuerdo con el particular acento puesto por la nueva Presidencia no solo en la indispensable búsqueda del pleno empleo, sino también en la igualmente indispensable mejora de la calidad del trabajo. 
Modernizar los sistemas de pensiones y de previsión es asimismo una parte importante de nuestra agenda social. 
Ayer la Comisión ha aprobado una comunicación en la que propone una estrategia integrada a escala europea, con el objetivo de hacer frente a uno de los retos más importantes de la sociedad contemporánea. 
Seguimos dedicando nuestros esfuerzos a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
En consecuencia, me satisface ver al Gobierno belga, en su función de Presidencia, comprometido en este sentido. 
En particular, comparto la preocupación de fondo de la que nace este compromiso: en Europa, la diferencia entre ricos y pobres se va ampliando a un ritmo alarmante. 
Es nuestro deber detener esta tendencia. 
Al seguir anclados a políticas económicas y sociales inmutables, se pone en peligro el valor fundamental en el que se basa el modelo social europeo, es decir, la solidaridad. 
El hecho de que nos estemos precipitando hacia una sociedad cada vez más dividida se constata no solo en Europa, sino también, a mucha mayor escala, respecto a todo un continente, el africano- al que usted, señor Primer Ministro, ha aludido de manera significativa en su discurso- que ha perdido asimismo los contactos con las naciones en desarrollo. 
Deberemos hacer todo lo posible para detener este modelo injusto de desarrollo y para dar voz y derechos a quien no tiene ni voz ni derechos. 
Señorías, señor Primer Ministro, la Cumbre y las declaraciones de Laeken revisten una importancia crucial por otra razón. 
Laeken tiene que decidir cómo deberemos estructurar la segunda fase del debate sobre el futuro de Europa. 
Se trata de un debate fundamental y lleno de consecuencias. 
Estoy especialmente satisfecho de que el mismo, a diferencia de lo que pasaba hace seis meses, esté ampliamente presente en todos los medios de comunicación. 
Finalmente nuestro conciudadanos, junto con sus gobernantes, empiezan a darse cuenta de lo muy importantes que son estos problemas para su futuro. 
Señor Primer Ministro, recientemente usted ha declarado en un discurso público que "la Unión se ha trasformado en una maraña de instituciones y de instrumentos". 
Tengo el poco envidiable privilegio de compartir la misma preocupación. 
Si el análisis es indiscutible, los remedios se han de proponer ahora y se deben debatir abierta y libremente. 
Nadie debe seguir pensando en poder resolver estas cuestiones a puerta cerrada. 
En mi opinión, la única manera de reformar las Instituciones aceptablemente es creando en Laeken una convención. 
Los jefes de Estado han hablado incluso de foro- yo, personalmente, prefiero el término convención, 
que reúna de forma paritaria a los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros y de los países candidatos, repito, también de los países candidatos, y a los representantes de los parlamentos nacionales, del Parlamento Europeo y de la Comisión. 
Dicha convención es el lugar para encontrar las soluciones más apropiadas para responder a los problemas europeos más graves. 
Señorías, no solo el futuro de Europa debe estar firmemente en manos de sus ciudadanos, sino que estos últimos deberán entender los cambios necesarios. 
El "no" irlandés a Niza nos dice claramente, entre otras cosas, que debemos conseguir eliminar la fisura que se ha abierto entre las Instituciones y los ciudadanos. 
Los europeos quieren una Unión que responda a sus nuevas exigencias, que van mucho más allá de una integración económica del continente, ya ampliamente conseguida. 
Quieren una Unión clara y comprensible, y esto significa que debemos simplificar nuestros procedimientos y nuestros Tratados, una Unión en la que las competencias de las Instituciones estén bien definidas y las decisiones se tomen al nivel adecuado. 
Quieren una Unión que garantice la calidad de vida y el tipo de sociedad que desean. 
Quieren una Unión que les haga ver claramente los resultados de nuestras políticas y la correcta utilización de los recursos. 
Sus exigencias de un mayor control democrático en la vida de la Instituciones de la Unión están plenamente justificadas. 
La Convención también deberá abordar este aspecto. 
Por lo tanto, la Declaración de Laeken debe contemplar un ambicioso y exhaustivo orden del día para esta Convención estableciendo su método de trabajo y sus plazos. 
Señoras y señores diputados, la posición que he adoptado recientemente respecto al Tratado de Niza y al referéndum irlandés ha causado cierta inquietud, incluso en este Pleno. 
Desde el principio de mi mandato, siempre he atribuido la máxima importancia a las relaciones políticas e institucionales entre la Comisión y el Parlamento. 
En efecto, estoy convencido de que éstas se han de basar en un espíritu de cooperación y de sinceridad. 
En consecuencia, permítanme terminar diciendo algunas palabras acerca de la ratificación del Tratado de Niza. 
Una Unión de 25 o más Estados miembros no puede funcionar con sus actuales estructuras y con sus actuales procesos de generación de decisiones. 
Es por esto que, para el proyecto que la Comisión actual considera como su prioridad absoluta, o sea, la ampliación de la Unión, siempre he sostenido que debemos introducir, como mínimo, los cambios institucionales tan difícil y trabajosamente acordados en Niza. 
De hecho, es necesario recordar que el problema de la ampliación no es sólo un asunto interno de Europa. 
En esta decisión nosotros desempeñamos nuestro papel de referencia ideal y política para una gran parte del mundo. 
Los países candidatos, por su parte, están haciendo un gran esfuerzo, un esfuerzo sin precedentes, para poder entrar a formar parte de la Unión. 
Por lo tanto, la Unión debe ser capaz de acoger bien a los nuevos miembros. 
Esto implica reexaminar nuestro sistema institucional y nuestro proceso de generación de decisiones. 
Por eso, pese a ser inferior a las expectativas, el Tratado de Niza es necesario para la ampliación. 
Por este motivo, reitero, como lo he hecho en otras muchas ocasiones ante ustedes, mi deseo de que el Tratado sea ratificado a finales del año próximo, a más tardar, en el pleno respeto de las opiniones democráticamente expresadas por nuestros conciudadanos. 
El pueblo irlandés se ha expresado recientemente sobre este Tratado. 
No quiero entrar en los detalles del debate que ha precedido, acompañado y seguido el referéndum. 
Me limitaré a decir que, sobre todo después de mi viaje a Irlanda, estoy convencido de que la Unión no amenaza las identidades nacionales; al contrario, nuestra verdadera fuerza es la unidad en la diversidad. 
Tras mi visita a Irlanda, puedo, en todo caso, afirmar con convicción que el pueblo irlandés no ha votado en contra de la ampliación. 
Sin embargo, este "no", cuya importancia no podemos subestimar, plantea un interrogante crucial que no podemos soslayar: ¿Qué haremos si, a pesar de nuestros esfuerzos, Niza no acaba ratificándose? 
Para algunos no ha sido fácil resistir la tentación de decir que el asunto no figura en el orden del día. 
Una respuesta de este tipo por parte del Presidente de la Comisión no sería responsable. 
La ampliación no debe ser un compromiso. 
Es y seguirá siendo nuestro principal objetivo político. 
Es un proyecto de alcance histórico, el proyecto al que he vinculado mi mandato de Presidente de la Comisión, el proyecto que el Consejo Europeo de Gotemburgo ha apoyado unánimemente. 
Por consiguiente, es mi deber, en mi condición de Presidente de la Comisión, prever las repercusiones que el "no" irlandés podría tener en el proceso de ampliación. 
Según ustedes, Señorías, ¿sería sensato simular que este problema no existe? 
No, no lo es. 
En consecuencia, en los pasados días me he responsabilizado de este deber, escogiendo el camino de la sinceridad, con una intervención meditada y consciente. 
Todos hemos dicho que Niza es necesario para la ampliación. 
Entonces, no podemos dar la impresión de que dicho proceso es posible sin las reformas que todos nosotros hemos querido. 
No quiero repetirme acerca de las interpretaciones jurídicas que nos confirman que sería justo poner en marcha una ampliación con pequeñas modificaciones de los Tratados. 
El eje político de la cuestión es otro, esto es, cómo realizar la ampliación acompañándola con la profundización que el mismo Niza ha declarado indispensable. 
Señorías, el "no" a Niza retrasaría inevitablemente el proceso de ampliación. 
En este caso, que queremos evitar a toda costa, no habría más remedio que anticipar la fecha de la próxima Conferencia Intergubernamental, al objeto de mantener nuestros solemnes compromisos contando también con la firmeza manifestada por este Pleno en la plenitud de su mandato. 
Como se puede comprobar, el Tratado de Niza ya es parte integrante del debate sobre el futuro de Europa. 
Por lo tanto, nuestro "sí" a la ratificación no es consecuencia de consideraciones tácticas, sino de la necesidad de garantizar la coherencia política de la Unión. 
Las palabras que usted, señor Primer Ministro, ha pronunciado me confirman que su Presidencia comparte plenamente este análisis, así como la estrategia que resulta de este análisis. 
(Aplausos) 
Gracias, Señora Presidenta, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señor Presidente de la Comisión, Señorías. 
Señor Presidente del Consejo, comparece usted aquí hoy con una gran ambición política, con un programa articulado que es una apuesta importante, y hace una oferta de alianza con el Parlamento. 
En nombre del grupo socialista, le puedo decir que, en los términos en que ha planteado usted la cuestión- como Primer Ministro de un Gobierno belga arco iris, que ha demostrado que la alternancia democrática también funciona en Bélgica- desde luego puede contar con nuestro apoyo y nuestra colaboración. 
En primer lugar, en relación con el futuro de la Unión y sus desafíos, ha insistido usted en que la unión hace la fuerza, en una colaboración con el Parlamento. 
Estamos de acuerdo en el diagnóstico de los problemas concretos. 
La cuestión ahora es saber si el tratamiento que les vamos a dar es el eficaz. 
Creo que podemos partir de dos bases fundamentales que usted ha mencionado: por una parte, el desarrollo de la ciudadanía europea y, por otra, la introducción del euro. 
Creo recordar que en estos últimos veinte años, el Parlamento, desde el proyecto de Tratado Spinelli, el informe Adonino, nuestro trabajo de preparación del Tratado de Maastricht, los borradores que hicimos de la Carta de Derechos Fundamentales, siempre ha sido aliado y cómplice en el avance europeo. 
Concretamente, en este momento, creemos que es absolutamente decisivo que, de cara a la declaración de Laeken, haya un acuerdo sobre lo que usted ha llamado la "constitucionalización" de los Tratados, que exige un debate público. 
Tienen ustedes la responsabilidad de dotarlo, por una parte, de un método y, por otra, de un contenido. 
Ésa es una cuestión fundamental: creemos que la convención debe ser el foro que, con participación de parlamentarios, de Gobiernos y de la Comisión, prepare el trabajo para una conferencia intergubernamental decisiva. 
Usted ha comenzado sus palabras hablando de su comparecencia como Ministro de Presupuestos en 1988. 
Yo era el ponente que planteó las perspectivas financieras que nos han permitido avanzar, pero, como usted sabe muy bien, el que vive fuera del presupuesto, vive en el error. 
Creo que es absolutamente básico que ustedes defiendan que la financiación tiene que ser un elemento público, democrático y fundamental de nuestro futuro. 
Otro elemento básico es la agenda económica y social. 
Usted ha pedido una política económica coherente. 
La necesitamos. 
Estamos en un período de profundas reconversiones y reestructuraciones. 
Tenemos que defender nuestra capacidad competitiva, pero también tenemos que dar respuesta a los miles y miles de trabajadores que se ven afectados por este amplísimo y decisivo proceso. 
Por lo tanto, una dimensión social ambiciosa, insistir en la calidad del empleo, preocuparse de las pensiones y del futuro demográfico de Europa son elementos absolutamente esenciales, y están en su programa. 
Por último, Señora Presidenta, está nuestra dimensión internacional. 
La Unión Europea es la primera experiencia histórica de globalización civilizada. 
Eso tenemos que defenderlo y también llevarlo a la próxima Ronda del Milenio en la OMC. 
Pero hay también algunos desafíos importantes en relación con nuestra personalidad de cara al mundo. 
Usted ha señalado, con razón, que puede recibir dos llamadas telefónicas. 
Mejor dos que ninguna, que era lo que sucedía antes. 
Tenemos que consolidar lo que ya existe. 
Creo que, en este sentido (piense usted, por ejemplo, la cantidad de llamadas que recibe el Presidente de Estados Unidos) , lo que hace falta es que tengamos una línea clara, que estemos presentes en los Balcanes, en Oriente Medio, y le agradezco la mención de África. 
En el Consejo de la Internacional Socialista el fin de semana pasado en Lisboa, hablamos de África como una prioridad fundamental. 
Ése es uno de nuestros compromisos morales. 
Añadiría algo más: por primera vez, en el Ecofin hay un ministro que propone el debate sobre la viabilidad de un impuesto internacional sobre la especulación. 
También eso tiene que ayudar a civilizar la globalización, y saludamos que la Presidencia belga haya tomado esa iniciativa. 
Por último, Señor Presidente, y con ello concluyo, creo que 99 días hábiles son muy pocos; seguramente se va a quedar usted sin vacaciones. 
Pero, si es usted capaz de llevar adelante ese ambicioso proyecto, cuente con nuestro apoyo, nuestra colaboración y nuestra comprensión. 
Señora Presidenta, estimado Primer Ministro, estimados colegas, ya se ha dicho en más de una ocasión que la Presidencia belga llega en un momento decisivo, y eso por numerosas razones. 
En primer lugar, porque usted ha de impulsar el amplio y necesario debate acerca del futuro de Europa. 
La Declaración de Laeken debe marcar las pautas para la elaboración de un guión que garantice el funcionamiento eficaz de la Unión después de la ampliación y con el que puedan identificarse los ciudadanos. 
Precisamente debido al menguante interés de los ciudadanos por Europa usted ha señalado con razón que la Unión Europea debe prestar mayor atención a los anhelos concretos de sus habitantes. 
El papel de la Unión en el mundo constituye otro punto clave. 
Es cierto que la Unión Europea debe hacerse valer más en la escena internacional, no sólo en el ámbito monetario, económico, social, medioambiental y comercial, sino sobre todo en el terreno de la política internacional. 
A este respecto ha acertado plenamente al llamar la atención sobre África, donde se produce un problema humanitario. 
Por otra parte, la UE puede asimismo desempeñar un papel más activo frente a países como los Estados Unidos y Rusia, Asia y, más en concreto, en el proceso de paz de Oriente Medio. 
Sea como fuere, los méritos de la Presidencia belga se evaluarán en buena parte sobre la base de sus logros internos. 
El programa belga es polifacético y ambicioso. Incluye el modelo social europeo, el deseo de mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales, el refuerzo de la colaboración en materia de inmigración y asilo, el paso al euro, el seguimiento de la ampliación y otras muchas cuestiones. 
Estimado Primer Ministro, le espera una ardua tarea. 
Tanto el Parlamento Europeo como los ciudadanos europeos desean recibir una clara señal. 
Durante los dos últimos años ha demostrado ser capaz de hacer soplar aires nuevos en la política belga. 
Esperemos que logre trasladarlos a Europa. 
Según dicen, es usted un apasionado y animoso ciclista. 
En efecto, a usted le agrada andar en bicicleta, todas las veces que pueda, sin viento, con viento y con el viento en contra. 
Ya habrá podido observar que en Europa tenemos a menudo el viento en contra. 
Sabemos, sin embargo, que usted no siente miedo y, por lo tanto, le deseamos todo el éxito que se merece. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión; distinguido Primer Ministro, durante el período de su Presidencia andaremos por el camino largo y sinuoso que empezó en Niza y terminará en Laeken. 
Como hemos visto en Gotemburgo, también ha habido piedras a lo largo del camino. 
Dublín también se cruzó en el mismo. 
Y es que, en Dublín, los ciudadanos anunciaron que no quieren seguir avanzando por este camino, a no ser que se modifiquen sustancialmente los planes. 
Así que yo pregunto ahora si no deberíamos regresar a Niza para poder llegar finalmente a Laeken. 
Mi opinión personal es que en Niza se cometieron grandes errores que deberán ser corregidos de un modo u otro. 
Allí se dio un trato injusto a los futuros Estados miembros: por ejemplo, no todos ellos recibieron la proporción de escaños que les correspondía en el Parlamento Europeo. 
En segundo lugar, allí tampoco pudieron ser reforzados ni simplificados los procedimientos de toma de decisiones de la Unión Europea. 
Usted mismo puso un ejemplo al respecto: hay disponibles más de treinta instrumentos, y en tales circunstancias no puede estar nada claro cómo funciona la Unión Europea. 
Yo considero que la Unión Europea puede seguir adelante con su ampliación aun cuando el Tratado de Niza no se viera ratificado en su forma actual, y usted, señor Primer Ministro, tiene ahora en sus manos una gran oportunidad. 
Efectivamente, en Laeken hay que constituir una Convención que empiece a elaborar la Constitución de la Unión Europea y a analizar las cuestiones fundamentales. 
Lo más importante es que emprendamos este viaje y que los futuros Estados miembros también puedan participar en este trabajo, o sea, en la Convención que hay que crear en Laeken. 
Usted habló de la globalización. 
He observado con agrado que durante el período de su Presidencia se abordará, entre otras cosas, el impuesto Tobin, del cual se habla mucho en la sociedad civil. 
Yo creo que usted tiene una oportunidad de oro para demostrar que usted sí ha comprendido lo que dijo el Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, a saber: que la globalización acarrea también problemas, que divide en dos a las sociedades europeas y que también acentúa la división interna de las sociedades a nivel mundial. 
Demuestre usted que comprende esta preocupación para que, al cabo, la globalización pueda servir también de impulso al modelo social europeo, cuyo desarrollo figura entre los objetivos que usted se ha fijado. 
Voy a referirme también a las futuras negociaciones sobre el clima que comienzan en Bonn dentro de dos semanas. 
Usted debe hacer uso de todas sus habilidades diplomáticas para que Estados Unidos, Japón y Australia vuelvan a la mesa de negociaciones. 
Mi Grupo le presta a usted todo su apoyo para que prosiga el trabajo emprendido por Suecia en pro del desarrollo sostenible. 
Quiero anunciar que ahora tenemos aquí a un Presidente en ejercicio del Consejo aficionado a la bicicleta, aunque también lo es el Presidente de la Comisión. 
Yo creo que usted sabrá atribuirle la importancia debida al programa relativo precisamente al transporte y a la movilidad, incluido en el programa de actividades de la Presidencia belga. 
En este contexto, he de decir que el Presidente en ejercicio del Consejo en el Consejo de Transportes representa a mi Grupo político y que realiza una labor eminente. 
Para terminar, cuando uno se acerca a Laeken, lo primero que se divisa en el horizonte es el magnífico palacio real. 
Pero, sin embargo, no conviertan ustedes este Consejo Europeo en un acontecimiento de los reyes de antaño, en el cual se convenga a espaldas de los ciudadanos cómo se adoptan las decisiones, sino que deben ustedes recordar que, ante todo, necesitamos democracia y transparencia; ¡no construyan, bajo ningún concepto, más castillos en Bruselas para las futuras cumbres europeas! 
Ello no sería la señal acertada para los ciudadanos. 
En todo caso, espero que su Presidencia gane aunque tan sólo fuese la mitad de la popularidad de que goza la famosa princesa Mathilde en su propio país. 
Si lo consiguen ustedes, ello obedecerá a que han realizado un gran trabajo durante el período de su Presidencia. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión; le doy las gracias, señor Presidente del Consejo, por su franqueza al reconocer, con razón, que existía "una crisis de identidad" europea entre nuestros conciudadanos y la Unión Europea y al hacer hincapié en la necesidad de tomar en serio las aspiraciones de éstos, a fin- ha dicho usted- de reconciliar a los ciudadanos con Europa. 
Esto nos hace caer con demasiada frecuencia en discursos tranquilizadores que, a fuerza de querer limar las contradicciones, se convierten en insoportables para el público. 
No hay nada más normal que ver surgir, de la experiencia de la vida, nuevos asuntos que requieren adaptaciones, innovaciones y a veces cuestionamientos de aquello que creíamos conseguido. 
Ningún tema tiene que ser tabú: debemos reconocer los problemas, como usted ha subrayado. 
Permítame, dentro de este espíritu, mencionar algunas cuestiones que se plantean cada vez más en el debate suscitado por el cambio coyuntural que afecta, a su vez, a la Unión Europea. 
Estas cuestiones, en mi opinión, ocupan un lugar importante en el gran conjunto de ideas que desea promover durante su Presidencia. 
Se nos ha dicho varias veces, por ejemplo, que la zona "euro" estaba protegida en lo esencial contra las consecuencias de la degradación económica norteamericana. 
Hoy debemos constatar que, por desgracia, eso no es así. 
Se trata de un error importante de diagnóstico. 
¿Qué lección hay que sacar en el ámbito de la política económica y monetaria para que la economía europea esté menos implicada en la liberalización financiera norteamericana, cuyo estallido nos afecta actualmente? 
Deseo señalar que en seis años la sangría de capitales europeos hacia los Estados Unidos se ha multiplicado por nueve, para superar, el último año, los 220 millardos de dólares. 
Otro ejemplo que el propio Sr. Duysenberg recuerda a este respecto: contrariamente al comportamiento de la Reserva Federal norteamericana, cuyo mandato la obliga a reaccionar en favor del empleo y del crecimiento, al Banco Central Europeo no se le ha encomendado ninguna misión en el sentido de ocuparse de estos problemas que, sin embargo, están en el centro de todas las preocupaciones. 
¿Los europeos lo saben? 
¿Y qué piensan exactamente de ello en el momento en que precisamente el desempleo aumenta y el crecimiento disminuye? 
¿No debemos plantearnos ningún interrogante en este sentido? 
Un ejemplo más: el pacto de estabilidad presupuestario exige de los Estados una política de racionamiento de los gastos públicos y sociales. 
¿La prosecución pura y simple de esta política en el próximo período no podría aumentar la ralentización económica cuando lo que necesitamos, a la inversa, es estimular el crecimiento? 
¿Qué tipo de revisión de los criterios habituales o de su aplicación podemos prever para superar esta contradicción? 
En general, la pregunta de fondo que nos formula y nos impone la nueva coyuntura económica- que se degrada rápidamente- es, en mi opinión, la siguiente: ¿de qué creatividad política somos capaces para acabar con las graves tensiones en nuestras sociedades, entre algunos de nuestros Estados y, con mayor razón, con los países candidatos? 
La respuesta a esta pregunta no puede situarse en el ámbito de un proyecto como el de la elección del Presidente de la Comisión por sufragio universal. 
Pienso que será necesario acometer el núcleo duro del modelo neoliberal, que impregna demasiado nuestra construcción europea, y que será preciso no sólo escuchar, sino también asociar a los actores sociales y a los ciudadanos a esta necesaria mutación. 
Me agradaría saber, señor Presidente del Consejo, hasta dónde va a ir, en este sentido, la audacia y el valor de la Presidencia belga que usted inaugura hoy. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera agradecer al Gobierno belga que haya expuesto en líneas generales en su programa legislativo las prioridades que se propone aplicar durante sus seis meses de Presidencia de la Unión. 
Ya ha dicho con claridad que se propone fomentar una cooperación más amplia entre los organismos encargados de imponer el cumplimiento de la ley en toda la Unión. 
En la Unión se está creando un nuevo marco institucional para luchar contra la delincuencia organizada, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
El Consejo Europeo ha lanzado desde entonces dos planes de acción para luchar contra la delincuencia organizada, encaminados a superar las disparidades en procedimientos nacionales y fomentar una cooperación judicial más eficiente. 
La creación de Europol representó un importante paso adelante al respecto. 
Es importante que todas las instituciones de la UE cooperen para garantizar el desarrollo de una estrategia europea coherente contra la delincuencia organizada. 
Al mismo tiempo debemos superar las dificultades para velar por que se afronte la delincuencia organizada sin restringir las libertades y derechos legales de los individuos y de los agentes económicos. 
Debemos recordar todos que el motivo primordial de la delincuencia organizada es el beneficio financiero. 
Apoyo un acuerdo político a escala europea relativo a la identificación y confiscación de los beneficios procedentes de la delincuencia en todas sus formas. 
Todos conocemos el éxito obtenido en los cinco últimos años por la oficina irlandesa encargada de los activos procedentes de delitos a la hora de confiscar los beneficios de la delincuencia. 
En Europa ya se ha hecho mucho para luchar contra la ciberdelincuencia. 
El Consejo de Europa está concluyendo los preparativos para el primer convenio internacional sobre la ciberdelincuencia. 
La Comisión ya ha presentado una propuesta legislativa sobre la pornografía infantil en la red Internet, en consonancia con las disposiciones del convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia. 
Apoyo el programa marco de la Comisión para luchar contra el tráfico de seres humanos; el objetivo es el de desarrollar una cooperación judicial eficaz en toda la Unión Europea. 
En los seis próximos meses la Presidencia belga desempeñará un papel coordinador cuando demos los últimos toques al lanzamiento de los billetes y monedas metálicas de euros el próximo 1º de enero. 
Es importante que las campañas de información, que se intensificarán a finales de este verano, estén bien organizadas. 
En las últimas semanas el ministro israelí de Asuntos Exteriores y el dirigente palestino han visitado el Parlamento. 
Ahora resulta evidente que la Unión Europea ha llegado a desempeñar un papel fundamental en la prosecución de la paz en el Oriente Medio. 
Abrigo muchas esperanzas de que la Presidencia belga aproveche esta importante ocasión para contribuir a poner fin a la espiral de violencia en el Oriente Medio y procurar la reanudación del diálogo entre todas las partes de la región. 
Todos sabemos que los dirigentes de la UE se reunirán en Laeken en un momento posterior de este año para acordar la fórmula de un debate estructurado sobre el futuro de Europa. 
Es muy importante que no contribuyamos a la creación de una Europa dual. 
Desde luego, yo no quiero crear una Unión Europea controlada por los Estados miembros mayores en detrimento de los Estados miembros menores. 
Los Estados miembros menores deben estar suficientemente representados en la estructura institucional global de la UE. 
Por último, quisiera instar a la Presidencia belga a que vele por que se abran lo antes posible los capítulos difíciles de la negociación con los países candidatos. 
Hay que encontrar soluciones para los capítulos de las conversaciones que hasta ahora han permanecido cerrados y relativos a la futura adhesión de países de la Europa central y oriental. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, estimados colegas, he oído hablar a la Presidencia muy decididamente sobre la Declaración de Laeken, pero debo recordarles que el Tratado de Niza ya no existe, puesto que fue rechazado en un referéndum- la máxima expresión de la democracia- celebrado en Irlanda. 
La forma en que la Europa oficial ignora este hecho indiscutible es muy característica del cariz antidemocrático y peligrosamente totalitario que está tomando la Unión Europea. 
Es más, los otros Estados europeos ni siquiera se atreven a celebrar referéndums. 
No hay ningún tema que se someta a referéndum: ni los proyectos de ampliación europea, ni la introducción del euro, ni la creciente influencia de Europa sobre ámbitos de competencia estrictamente nacionales, como pueden ser la cultura o la seguridad social. 
Estos señores que no dejan de hablar de democracia se niegan a que el pueblo elija. 
La semana pasada Frans Crols lo explicó muy bien en el prestigioso semanario flamenco Trends: "El 1 de julio Bélgica ostenta la Presidencia de la mafia bruselense: una amalgama de burócratas formalistas no electos, albergados en Bruselas, que intentan construir una superpotencia artificial en colaboración con los políticos europeos, a cual más confuso." 
En este sentido es muy significativo que la Presidencia belga sea representada aquí por el Primer Ministro Verhofstadt y el Ministro de Asuntos Exteriores Michel. 
Michel es el instigador de las campañas denigrantes lanzadas contra Austria e Italia con el argumento de que en las elecciones democráticas celebradas en estos países las respectivas poblaciones no tomaron en consideración los consejos electorales paternalistas de una engreída eminencia belga. 
Verhofstadt es el campeón indiscutible, no sólo del ciclismo, sino también de los embustes y de los perjurios. 
En Bélgica renegó de sus propios manifiestos civiles y promesas electorales para ascender al poder y mantenerse en él, aparte de que está llevando a cabo una política de trapicheos y engaños en detrimento de su propio pueblo. 
Verhofstadt es el hombre que no logra vencer al partido de la oposición, el Bloque Flamenco, y que, por tanto, pone todo su empeño en prohibir mi partido por vía judicial a costa del contribuyente, valiéndose de unos métodos propios de los países del Telón de Acero o la Alemania nazi. 
A Verhofstadt se le aplica el comentario que el abogado francés Isorni pronunció en su día acerca de Michel Debré: "Il marche à plat ventre sous le poids lourd de ses reniements", se mueve arrastrándose por el suelo, agobiado por el peso de sus propias traiciones. 
Señor Presidente, lo que acabamos de oír no tiene parangón en la historia del Parlamento Europeo, al que pertenezco desde las primeras elecciones directas de 1979. 
El Presidente del Consejo de Ministros belga y Presidente del Consejo no pertenece a mi partido. 
Pero, estimado colega, le digo que lo que nos ofrece en estos momentos es acreedor a un juicio crítico frente a usted y a sus correligionarios. 
Es insoportable mantener aquí en el Parlamento Europeo un enfrentamiento de este tipo. 
Hágalo en su propio país pero no en el Parlamento Europeo. 
El Presidente del Consejo tiene nuestro pleno apoyo cuando se trata de la defensa de la democracia y del Estado de derecho en Europa. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Primer Ministro y señor Presidente de la Comisión, al Grupo de la Europa de las Democracias y de las Diferencias y al intergrupo transversal SOS-Democracia también les gustaría dar la bienvenida al Sr. Verhofstadt como Presidente del Consejo y prometer por nuestra parte una oposición crítica y constructiva, al mismo tiempo que queremos recordarle al Sr. Primer Ministro su promesa de reunirse con SOS-Democracia. 
Su discurso en Austria y hoy aquí podrían haber sido mucho mejores si usted también hubiera hablado con la oposición democrática a la UE. 
Quizá podamos ayudarle a comprender por qué la población ha votado negativamente en los tres últimos referéndums sobre la UE en Dinamarca, Suiza e Irlanda. 
Cuando debatimos el no irlandés en la Comisión de Asuntos Constitucionales no hubo ningún miembro que se atreviera a decir que el Tratado de Niza podría ser aprobado en referéndum en su país. 
Aquellos que se manifestaron pensaban que éste fracasaría. 
Uno dijo que era una suerte que no se sometiera a referéndum pues en tal caso también fracasaría en su país, Portugal. 
Resulta más fácil cambiar un tratado que a una población. 
¡Respetad las normas de juego que han sido aprobadas por unanimidad! 
¡Respetad el no irlandés! 
El Tratado de Niza ha fracasado. 
Apoyad en su lugar la celebración de debates populares sobre un tratado a favor del cual la gente pueda votar en todos los países porque no limita, sino que amplía la democracia. 
¡Procuradle un círculo más plural de asesores! 
Con todo respeto, su nuevo grupo de reflexión consta principalmente de gente antigua, todos los cuales han contribuido a quitar poder a los electores y cargos electos para dárselo a los funcionarios y ministros. 
No hay ningún joven, ninguna mujer y ni uno sólo cuyo pensamiento refleje el de la mayoría popular que vota no en los referéndums comunitarios. 
Los Sres. Delors, Dehaene, Amato, Geremek y Milliband difícilmente pueden redactar un tratado que pueda alcanzar el respaldo de la mayoría en referéndums. 
SOS-Democracia ha esbozado una alternativa de trece puntos que nos gustaría discutir con usted. 
Puede leerse en EU.observer.com, y las reivindicaciones probablemente sean aprobadas en un referéndum, puesto que el título es "Una UE mucho más esbelta, transparente, próxima y democrática" en lugar de "Más Unión opaca, lejana y burocrática". 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha manifestado en su intervención que quería reconciliar Europa con sus pueblos. 
Efectivamente, la distancia que los separa es cada vez mayor y le será difícil remediarlo, sobre todo tras el efecto desastroso que provocaron las muestras de menosprecio del Consejo de Gotemburgo frente a la expresión democrática del pueblo irlandés. 
Por desgracia, el federalismo avanzado que usted preconiza- con cierta audacia, por cierto, para una Presidencia que deberá buscar el consenso- no puede sino alejar Europa de sus pueblos. 
¿Cómo se podría restablecer el vínculo? 
Primero, evidentemente, respetando las democracias nacionales. 
Lamentamos, en este sentido, que el reciente memorándum del Benelux sobre el futuro de la Unión no diga absolutamente nada al respecto. 
Queremos concretamente una Europa que respete a sus pueblos, y para empezar pedimos que la próxima Conferencia Intergubernamental sea preparada por los Parlamentos nacionales y sólo por éstos, descartando todos los foros dudosos y desprovistos de legitimidad, o todos los comités de supuestos sabios, que no logran sino desorientar Europa conduciéndola por calles sin salida. 
Respetar las democracias nacionales significa también evitar proyectos que desprecian las soberanías nacionales, como el impuesto europeo que, sin embargo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted impulsa con la nueva denominación de financiación directa del presupuesto europeo. 
Son los parlamentos nacionales y sólo éstos los que deben tener poder para autorizar el impuesto, ya que son ellos los que poseen la legitimidad necesaria. 
Finalmente, restablecer el vínculo entre Europa y sus pueblos significa escuchar a los ciudadanos, lo que manifiestamente no se ha hecho cuando se decidió convertir el euro no en un simple complemento de las monedas nacionales, sino en un sustituto que las elimina, acarreando inmensas dificultades prácticas. 
Es un error; se dará usted cuenta de aquí a finales de año, y, para repararlo, para restablecer el vínculo con los pueblos, será preciso comprender mejor los problemas concretos de los ciudadanos y, sin duda, demostrar mayor flexibilidad. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, estimados colegas, aunque acaba de darse el banderazo de salida muchos tenemos la impresión, señor Presidente del Consejo, de que la Presidencia belga comenzó su vuelta de Europa con anterioridad, en concreto en el momento de la presentación, un tanto anticipada, del programa de las dieciséis prioridades, o incluso antes, entre los bastidores de Niza, donde su eficaz maquinaria propagandística logró convertir a Laeken en un símbolo aún antes de que supiéramos que Niza terminaría siendo un fracaso, al menos desde determinados puntos de vista. 
No le espera un recorrido fácil. 
Sin duda ha contribuido a ello con sus ambiciosos proyectos, pero, de todas formas, se hubiera visto obligado a cargar con la mochilita tricolor que le corresponde en tanto que jefe de Gobierno de Bélgica, conocido tradicionalmente como un país donde se es capaz de reconciliar lo irreconciliable y donde en momento difíciles se lanzan propuestas visionarias que contribuyen al progreso de la Europa comunitaria. 
En nombre de los miembros belgas del mayor Grupo político de este Parlamento le deseo que coseche el mismo éxito que Jean-Luc Dehaene en 1993. 
Mereció aquí las más cálidas alabanzas. 
Aun cuando nosotros no formemos parte de la coalición que usted dirige, no tenemos la más mínima intención de dificultar su Presidencia ni de reducir este hemiciclo a un escenario de uso interno belga. 
No en vano tenemos demasiado apego a la construcción europea de nuestros predecesores. 
Incluso estamos dispuestos a darle un espaldarazo cuando el comisario encargado de supervisar la carrera aparte un momento la mirada, a condición de que usted y su Presidencia emprendan un camino que verdaderamente redunde en beneficio de los ciudadanos, tanto aquí como en el resto del mundo. 
Señor Presidente, no tengo tiempo para comentar los expedientes incluidos en el orden del día, pero en realidad la lista es lo de menos. 
Lo que importa es la calidad de las soluciones y la visión que irradian. 
Trátese del paso al euro, de la ampliación, de la Declaración de Laeken sobre el futuro de Europa o de los expedientes legislativos, una cosa está clara: los ciudadanos ya no nos siguen, han perdido el rumbo, los integrantes del pelotón ya no saben muy bien adónde los lleva el camino europeo. 
Estimado Primer Ministro, procure que los ciudadanos vuelvan a sentirse a gusto en Europa. 
La panacea no existe, pero sí hay algunas palabras clave: información, participación democrática y transparencia. 
En diciembre el Rey le cederá su palacio. 
Ojalá puedan disponer asimismo de los invernaderos reales porque revisten un enorme valor simbólico. 
Usted habrá de evitar que el palacio resulte dañado durante la Cumbre de Laeken puesto que los manifestantes y los gamberros no faltarán a la cita de Bruselas, a no ser que usted logre realmente una mayor implicación de los ciudadanos. 
¿Por qué no consulta a las ONG europeas? 
No paralelamente a Laeken, sino tres o cuatro semanas antes. 
De este modo, brindaría a los manifestantes sinceros la oportunidad de expresar su opinión de una forma positiva y en un momento oportuno. Si los manifestantes propiamente dichos se quedan en casa el asunto perderá interés para los alborotadores. 
Espero con gran expectación su respuesta a esta sugerencia. 
Señor Primer Ministro, permítame ante todo saludar lo que yo denominaría lucidez del análisis de la Presidencia belga. 
Creo que es verdad que existe un déficit democrático, y es preciso luchar contra un núcleo duro. 
Pero permítame aclarar que no me refiero al núcleo duro del que hablaba el Sr. Wurtz, sino al núcleo duro del exceso de burocracia, del papeleo, de la complejidad administrativa, que hace que Europa pierda su visibilidad ciudadana. 
Mantenga, pues, el rumbo con respecto a lo que usted ha presentado. 
Lo que hay que eliminar es esta Europa que vive del papeleo, de una imagen que no corresponde a lo que desean efectivamente, directamente, los ciudadanos. 
Permítame desearle buena suerte, ya que sabemos que demuestra tener mucho valor en relación con su proyecto político. 
La declaración de Laeken debe necesariamente dar mayor peso, mayor credibilidad, mayor solidez, a nuestra diplomacia. 
No cabe duda que es importante transformar el dispositivo actual desde el punto de vista de las relaciones internacionales para obtener medios que nos permitan intervenir, como usted lo ha dicho, en África y en otras áreas, sin olvidar el Magreb y lo que hoy ocurre en estos países, sobre todo en Argelia. 
Se requiere un dispositivo diplomático más fuerte. 
En segundo lugar, con respecto al elemento "poder" en el propio seno de la Unión Europea, lleve a cabo lo que usted ha anunciado, atrévase a iniciar el debate para clarificar las responsabilidades de cada una de nuestras instituciones y, en su caso, para ampliar la codecisión en el ámbito de nuestro Parlamento. 
Tercer y último punto: creo que, con respecto a la solidez ciudadana, será indispensable atreverse a plantear el problema de la Constitución europea. 
Es preciso que los europeos sepan quién quiere esta Constitución europea, quién no la quiere, y que, finalmente, a partir de Laeken, el proceso sea más enérgico. 
Le deseo buena suerte y espero que al final de la Presidencia haya podido avanzar con respecto a los puntos en los que usted ha hecho hincapié en la presentación de su Presidencia. 
Señor Presidente del Consejo, según parece, en este Parlamento puede usted contar con un juicio previo favorable. 
Como es obvio, ello tiene que ver con sus elevadas ambiciones, muy cercanas a las nuestras, así como con la profunda decepción que nosotros sentimos como miembros del Parlamento en Niza y durante varias Presidencias. 
Pero, por otra parte, sabrá también que quien sube muy alto puede caer muy bajo. 
Por tanto, en este Parlamento pagará más caro su fracaso que un Presidente que crease menos expectativas. 
De momento ya hay una primicia: su Presidencia del Consejo contará con la colaboración de ministros regionales. 
Hablo aquí como presidenta de la Alianza Libre Europea para comunicarle que las regiones europeas confían en que durante esta Presidencia se acceda a su solicitud de poder participar directamente en las discusiones acerca del futuro de Europa. 
Deseamos que las regiones constitucionales europeas desempeñen un papel más significativo en la Unión. 
Al mismo tiempo somos partidarios de una Europa federal mejor preparada para llevar a buen término sus tareas clave, entre ellas la política exterior y de seguridad. 
¿Acaso no es terrible que en vísperas de la ampliación, tras la cual la Unión Europea contará con 500 millones de habitantes y más de veinte Estados miembros, ni siquiera dispongamos de una política comunitaria coherente en materia de inmigración y asilo, mientras que los traficantes de seres humanos depositan a diario inmigrantes en nuestras costas dejando que se ahoguen? 
Crear un espacio seguro y justo es uno de sus objetivos prioritarios. 
Este espacio debe acabar con el temor ante la ampliación. 
Es preciso reforzar la lucha contra el tráfico ilegal de armas, el tráfico de estupefacientes y el tráfico de seres humanos. Lo mismo digo con respecto a la lucha contra el fraude. 
Lógicamente tengo más deseos, pero se los transmitiré en otros momentos. 
Le deseo mucho éxito. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, desearía ante todo agradecer sincera y efusivamente al Sr. Verhofstadt por el programa de la Presidencia belga. 
Contrariamente a lo que piensa la Sra. Thyssen, considero que el Sr. Verhofstadt nos indica un rumbo. 
Nos presenta propuestas revolucionarias, y me entristece, señor Poettering, que ni usted ni otros las hayan recogido. 
El Sr. Verhofstadt propone nada menos que salvar la Comisión, porque la elección del Presidente de la Comisión por sufragio universal es la única manera de salvar la Comisión, ya que sabemos que, sin Comisión, la Unión Europea está predestinada a morir. 
Así pues, a las almas muertas de la burocracia- que preferirían elegir a un Presidente mediante maniobras parlamentarias más o menos oscuras- digo que quienes no están en esta línea deben apoyar decididamente la idea y la propuesta del Sr. Verhofstadt. 
Espero que nosotros también seamos aliados de la Presidencia belga y no sólo que la Presidencia belga sea aliada del Parlamento Europeo. 
No cabe ninguna duda sobre el mensaje fundamental de la declaración del Sr. Verhofstadt, que también conocemos de antemano: el proceso de integración debe ser reforzado, siendo el significado de integración- hermosa palabra- mayor poder para las instituciones comunitarias y el debilitamiento correspondiente de las democracias nacionales. 
Esto lo sabe perfectamente el señor Presidente del Consejo y si vamos a eso, todo el aparato comunitario, y se delatan cuando hablan de la distancia entre la UE y su población. 
Se designa a ésta como déficit democrático y se dice que la población debe reconciliarse con las instituciones comunitarias. 
¿Y qué se hace para poner remedio a este problema que indudablemente es de carácter fundamentalmente democrático? 
¿Qué se hace cuando la población una vez tras otra vota no a la integración cuando se le pregunta- hay que señalar que excepcionalmente -? 
¿Se escucha la voz de la gente? 
No, no se hace. 
Se lamenta- y la última vez se ha lamentado que la población irlandesa se hubiera equivocado al votar, y dicho sea de paso, se hace referencia al hecho de que no fueron muchos quienes votaron y que seguramente votaron otra cosa, dicen. 
Por lo demás, el porcentaje de participación fue aproximadamente el mismo que en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Y así se continúa el proceso de integración y ratificación del Tratado de Niza como si no hubiera sucedido nada. 
Pero como dice de forma tan perfecta el señor Presidente del Consejo: "La retórica no lo hará sola". 
Ignorar el dictamen claro de una población sobre el proceso de integración no es democracia, es autocracia. 
Sin embargo, la autocracia debe tener una fachada democrática y con las palabras muy certeras del señor Presidente del Consejo debe lograrse que la población se reconcilie con las instituciones comunitarias. 
La declaración Benelux de 21 de junio es un ejemplo aterrador de este proceso. 
Es un llamado debate estructurado. 
Ya se le denomine fórum o convención, o como que quiera denominársele, la esencia de éste es que excluye un lado, el lado fundamental del orden del día. 
Debe retrocederse hasta el modelo histórico, que son los montajes democráticos del Soviet Supremo. 
Es una parodia de la democracia. 
Una democracia sin pueblo. 
Hace falta más que retórica, dice usted, señor Presidente del Consejo. 
Estoy de acuerdo, y este "más" es plantear la pregunta, "¿ Es la integración la solución o es el problema ?". 
Señor Presidente, sólo a finales del año podremos comprobar si el Epitheton ornans elegido por la Presidencia se ha cumplido adecuadamente. 
El programa hoy presentado apunta en cualquier caso en este sentido. 
Me alegra especialmente que los temas relacionados con el futuro de Europa tengan un elevado valor en este programa. 
Permítanme que les haga dos observaciones en este contexto. 
En primer lugar, creo que no podemos pasar sin más al siguiente punto del orden del día pasando de puntillas por el voto irlandés sin dañar la idea europea. 
En segundo lugar, estoy convencido de que el adelantamiento propuesto por el Parlamento Europeo de la Conferencia Intergubernamental al 2003 sería entendido como una huida ante el voto de los ciudadanos. 
La consecuencia sería una participación electoral aún menor. 
Saludo por ello expresamente que el informe de prioridades insista, espero que también después de las elecciones, en el 2004. 
Quiero recordarles otra cosa: precisamente la Presidencia belga no debería maravillarse si en el marco de sus ambiciosos esfuerzos tuviese que constatar que los ciudadanos austríacos se han vuelto algo sordos en lo que se refiere a la solidaridad como consecuencia de la bofetada de las sanciones que recibieron. 
Quisiera centrarme en uno de los ejes básicos de la Presidencia belga, según se han expuesto esta mañana. 
Creo que podemos coincidir todos en la siguiente reflexión: la libre circulación de personas, mercancías y capitales de que disfrutamos en la Unión Europea, ha dado lugar también a una libre circulación de delincuentes dentro de nuestras fronteras y, sin embargo, al no existir una libre circulación de policías ni de resoluciones judiciales, existe el riesgo de que se configure un espacio de impunidad criminal dentro de Europa. 
Además, tenemos que reconocer que los avances experimentados desde Tampere en el desarrollo del tercer pilar no han respondido a las ambiciones entonces trazadas. 
En Laeken, en la evaluación prevista sobre el grado de cumplimiento del scoreboard de la Comisión Europea para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, a los Jefes de Gobierno se les presenta una excelente oportunidad para aportar un impulso político a este proceso, por lo que le pediría al Sr. Verhofstadt que expresara su decisión de propiciar una declaración política de esa naturaleza, que inyecte nuevo dinamismo al proceso abierto en Tampere. 
Ello supone articular instrumentos más eficaces en la lucha contra el terrorismo, como la orden europea de busca y captura. 
La Unión Europea, Señor Presidente, es un espacio con sistemas judiciales homologables en materia de garantías procesales y de respeto de los derechos humanos, por lo que es exigible "comunitarizar" la lucha contra la delincuencia organizada. 
Señor Presidente, acojo con el mayor beneplácito el programa y las prioridades de la Presidencia belga en materia de empleo y de la esfera social. 
Es un programa esencialmente de modernización, pero también de renovación y fortalecimiento del modelo social europeo y, como tal, tiene una resonancia positiva en el Grupo Socialista de esta Asamblea. 
Un elemento fundamental de ese programa será la labor que harán ustedes para establecer claramente las metas sociales que debemos alcanzar en materia de reforma de nuestros sistemas de pensiones. 
Ése, y no el de centrarse en las preocupaciones de las instituciones financieras, debe ser nuestro punto de partida idóneo. 
La labor de ustedes debe también armonizar con la comunicación anunciada ayer en el Parlamento por la Comisaria Diamantopoulou. 
En esa esfera más amplia pondrán ustedes los cimientos para una coordinación abierta con vistas a la protección social y les deseamos que todo les salga bien, aunque me ha decepcionado no oír referencia concreta alguna a la exclusión social en ese marco. 
Tres aspectos concretos en la esfera del empleo y del mercado laboral: primero, en relación con la calidad de la labor, sería útil que trabajaran con nosotros en el Parlamento para incluir enmiendas sobre los indicadores de calidad en las directrices sobre el empleo para 2002 a fin de lograr un arranque rápido de la comunicación de la Comisión al respecto. 
En segundo lugar, también en relación con la calidad, espero que ejerzan alguna presión sobre la Comisión para acelerar su preparación y lanzamiento de una nueva estrategia en materia de salud y seguridad. 
El retraso resulta inaceptable. 
Por último, sé que cooperarán ustedes con nosotros para aprobar, lo antes posible, el marco general en materia de información y consulta y el derecho de sociedades. 
Pero también espero una vez más que ejerzan presión sobre la Comisión para acelerar su labor sobre la revisión de la Directiva relativa al Comité de Empresa Europeo. 
Ése es también un ingrediente muy importante y no hay motivo válido para su retraso hasta el final de este año o el comienzo del próximo. 
Estimados colegas, señor Primer Ministro, tras escuchar sus palabras, estoy seguro de que ese importante y a la vez complejo debate sobre el futuro de la Unión está en buenas manos. 
Por tanto, le sugiero que abra las puertas de Laeken de par en par, de modo que podamos celebrar un debate profundo. 
Y como flamenco, le pido que haga todo lo posible para que las regiones puedan desempeñar por fin el papel que les corresponde en la Unión. 
Ha señalado con razón que hace falta un cambio drástico para explicar a los ciudadanos hasta qué punto la Unión les puede beneficiar. 
Sin embargo, ello no basta. 
También es importante que la Unión aplique y lleve a buen término las decisiones pasadas y futuras. 
Usted ya ha mencionado una serie de cosas. 
Desde mis convicciones liberales quisiera añadir algunas más. Comencemos por la Cumbre de Tampere: los derechos y deberes de los ciudadanos, la seguridad. 
Usted ha dicho que va siendo hora de que todo ello se lleve a la práctica, lo cual me alegra mucho. 
No olvidemos que la Cumbre de Tampere se celebró hace casi dos años. 
Sigamos con la Cumbre de Lisboa. En ella se decidió que la economía europea debía convertirse en la economía más competitiva y más eficiente del mundo. 
Se trata de una declaración muy liberal, pero en este momento le falta fuerza. Me congratulo de que se hayan puesto sobre la mesa algunos expedientes importantes en materia de liberalización y que usted haya afirmado que algunos de ellos han de resolverse bajo esta Presidencia. 
Hace unas semanas se celebró la Cumbre de Gotemburgo: se centró en la sostenibilidad, más en concreto en la decisión de respetar Kioto. 
Por consiguiente, es importante que la Comisión formule lo antes posible una propuesta acerca del comercio de derechos de emisión y que, bajo su Presidencia, se adopten cuanto antes medidas concretas, de tal manera que los acuerdos de Kioto puedan aplicarse de una forma viable desde un punto de vista económico. 
Ello es fundamental para la economía europea, y sobre todo para la economía flamenca. 
Mi último ejemplo se refiere a la Cumbre de Feira. 
En esta Cumbre, celebrada hace ya más de un año, se aprobó una Carta para las PYME. 
La Unión dispone desde hace tiempo de una política para estas empresas, pero pese a ello, sobre todo las pequeñas empresas se benefician más bien poco de las ventajas aportadas por la Unión. 
Es todo demasiado complejo. 
Por eso, es preciso concretar algunas disposiciones de la Carta mencionada. 
Si usted hace eso, si culmina una serie de decisiones en materia de seguridad, competencia, PYME y medio ambiente, los ciudadanos se sentirán más próximos a Europa. De este modo, podremos aplicar a final de año lo que dice el anuncio publicitario de la televisión: "un poco de orgullo no viene mal". 
Señor Presidente, conocemos su interés por las empresas, en particular por el papel social que éstas desempeñan, en cada uno de nuestros Estados. 
El debilitamiento del crecimiento económico, la cifra aún demasiado elevada de desempleados en nuestras sociedades, la ordenación del territorio, y especialmente en nuestras zonas rurales, hacen que todavía sea más urgente una verdadera política de cooperación para las empresas. 
¿Dónde están las buenas intenciones y los objetivos que se fijaron en Lisboa, en marzo de 2000- convertir Europa en la zona más dinámica y más potente del mundo -, o en Feira, hace un año, donde el Consejo aprobó la Carta Europea de las Pequeñas Empresas? 
No se ha previsto ninguna medida concreta, ningún crédito. 
Señor Presidente, ¿qué decisiones tomará para establecer un programa sobre la aplicación concreta de las diez orientaciones políticas contenidas en dicha Carta? 
Por otra parte, se está elaborando el sexto Programa marco de investigación y desarrollo, que se votará durante su Presidencia. 
¿Qué lugar reservará usted a las empresas? 
¿Cuáles son sus propuestas para permitir que todas las empresas puedan acceder a la sociedad de consumo, independientemente de su tamaño y de su sector de actividad? 
Pienso, en particular, en todas las pequeñas empresas y en las empresas tradicionales. 
- (DE) Señor Presidente, muchas gracias por el amistoso saludo. 
Señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, la Presidencia belga es una Presidencia decisiva para el rumbo a tomar. 
Creo que raramente ha habido una Presidencia que haya iniciado su trabajo en una situación tan difícil y, al mismo tiempo, tan repleta de oportunidades. 
Pues es la Presidencia en la que se tiene que marcar el camino que va a configurar el futuro rostro de Europa: para el proceso posterior a Niza que se debe acordar en Laeken y, al mismo tiempo, también para los necesarios preparativos para la ampliación de la Unión Europea. Hay que establecer la conexión entre ambos aspectos. 
Esto significa que el Presidente Prodi va a llamar la atención sobre un importante punto, a saber, que tras el voto irlandés debemos mantener abierta una opción sobre cómo se puede lograr la ampliación sin Niza, sin que por ello se retrase la ampliación. 
Hay que mantener esto como una opción para que en estos campos no surja inseguridad entre los países candidatos. 
Señor Presidente del Consejo, me alegra extraordinariamente que con su propuesta para una convención o como se quiera llamar, haya creado una condición previa que se impondrá sin duda en Laeken para que la Unión Europea encuentre un nuevo método que nos saque de la rutina de las Conferencias Intergubernamentales actuales. 
Con esa convención se politizarán los preparativos de la Conferencia Intergubernamental, lo que hará que busquemos soluciones, una vía para tener un Tratado que entiendan los ciudadanos, un Tratado en el que las responsabilidades estén claras para el ciudadano y que éste pueda pronunciar condenas y recompensas y sobre todo, tengamos una Unión de 27 Estados miembros capaz de adoptar decisiones. 
Me alegra también en especial que haya hablado en este contexto sobre el Consejo, que como legislador, como segunda Cámara, tiene que actuar además públicamente para alcanzar de este modo realmente la interacción pública de los procesos decisorios. 
Al mismo tiempo, ante lo que está pasando en Macedonia, para esta Presidencia es importante que en el sector de la política exterior, de seguridad y de defensa común salgamos del "demasiado tarde, demasiado poco" y adoptemos por fin las decisiones de modo que no caigamos de nuevo en tales enfrentamientos bélicos. 
Señor Presidente, creo que puedo decir que la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Parlamento se reconoce plenamente en las declaraciones que esta mañana han inaugurado el semestre de la Presidencia belga y en particular en una de sus afirmaciones, señor Verhofstadt: no basta ofrecer a los ciudadanos soluciones concretas a problemas concretos que sienten poderosamente. 
Lo cierto es que los avances de las nuevas políticas de la Unión, como usted los ha descrito, nos permitirán recuperar el consenso de la opinión pública respecto al proyecto europeo; sin embargo, los ciudadanos sienten la poderosa exigencia de participar en el proceso de generación de orientaciones y de decisiones de la Unión 
La cuestión de la legitimidad democrática de la Unión no es una cuestión abstracta que interesa única y exclusivamente a los apasionados y a los expertos en problemas institucionales. Por otra parte, la gran ampliación plantea con fuerza y brinda la ocasión para una verdadera refundación simbólica e institucional de la Unión Europea. 
En consecuencia, apreciamos mucho su compromiso tan concreto y claro en favor de la Constitución europea. 
Al respecto, deseo señalar que justamente ayer, en Milán, el Presidente de la República Italiana, Sr. Ciampi, ha pronunciado un discurso que se mueve exactamente en la misma dirección. 
En lo que respecta a la Convención, señor Verhofstadt, usted lo sabe perfectamente, la disputa sobre el nombre no es baladí. 
Quien insiste en el término foro piensa en algo diferente a lo que usted nos ha dicho. 
Nos reconocemos en sus palabras y confiamos en que la elección de Laeken será la Convención. 
Señor Presidente, para empezar quisiera dar la bienvenida a nuestros vecinos belgas aquí en Estrasburgo. Les deseo mucho éxito con la Presidencia de la UE. 
Debo reconocer que lo que he oído suena bien. 
Es como si escuchara hablar a Leo Tindemans, Wilfried Martens o Jean-Luc Dehaene, nuestros buenos amigos. A la vista de estos antecedentes se sitúa usted en una tradición claramente proeuropea. 
Los miembros del Benelux figuran entre los países fundadores de la Comunidad Europea, lo cual supone siempre una garantía de idealismo y visión, dos ingredientes imprescindibles, además del realismo que también nos hace falta. 
En este debate quisiera formular dos observaciones. 
En primer lugar quisiera referirme a las secuelas del Tratado de Niza y a continuación me centraré en la política en materia de asilo, inmigración y derechos humanos, dirigiéndome al Sr. Michel. 
En lo que al Tratado de Niza se refiere ya ha quedado de manifiesto que Niza ha sido una chapuza y que es necesario volver a hacer el trabajo. 
La Presidencia belga se ha propuesto iniciar esta tarea en la Cumbre de Laeken. 
A nuestro parecer es importante que no nos equivoquemos en este momento inicial, tanto en lo que respecta al orden del día como en cuanto al método. 
Considero fundamental que saneemos el complejo procedimiento de votación así como los numerosos métodos de toma de decisiones en el Consejo. 
Además, coincido plenamente con el Sr. Verhofstadt en que la codecisión del Parlamento Europeo debe aplicarse a la legislación en su conjunto. 
Podría decirse que en este sentido Niza ha acabado con una costumbre nefasta. 
Respecto al método preferimos- como usted bien sabe- el concepto de foro al de convención. 
Tengo una observación crítica al respecto. 
No comprendo muy bien por qué la Convención ha de elaborar previamente tres guiones, porque si no me equivoco es ésta la idea. 
En mi opinión, corresponde a la Convención elegir. 
En este sentido la convención encargada de la redacción de la Carta realizó un buen trabajo. 
A decir verdad, la propuesta de los tres guiones me causa la sensación de que se va a crear una política de divide y vencerás puesto que, al fin y al cabo, el Consejo tendrá la posibilidad de elegir entre tres opciones. 
Por último quisiera detenerme en la política en materia de asilo e inmigración. 
Lo que echo en falta en la lista del Sr. Verhofstadt es la política de "países seguros". 
Resulta muy negativo para la Unión Europea que todos adoptemos una postura diferente acerca de este tema. 
Por eso, le pregunto si cabe aún la posibilidad de añadir esta cuestión a la lista de cinco puntos. 
En septiembre celebraremos aquí un gran debate al respecto. Me imagino que en ese momento tendremos la oportunidad de entrar en detalles. 
Por lo demás, le deseo mucho éxito con su política. 
Consideramos que usted ha comenzado con buen pie. Procure concluir su Presidencia en la misma línea. 
Señor Presidente, el ambicioso proyecto de la Presidencia belga para esta Presidencia nos permite esperar que unos pasos concretos en el camino hacia un futuro de aún más éxito en Europa puedan ir unidos a unas visiones de futuro. 
Pues creo que las ciudadanas y ciudadanos no sólo esperan soluciones concretas sino que también quieren saber adónde queremos ir en la Unión Europea. 
Esto se va a reflejar también en la política económica. 
Aquí, señor Presidente del Consejo, es también necesaria más democracia y transparencia y desearía que la Presidencia belga del Consejo recogiese las propuestas que acaba de desarrollar el Parlamento Europeo. 
Pues precisamente en la política económica vemos que, como consecuencia de las propuestas de Lisboa y de Estocolmo, se deben lograr más progresos para planificar un crecimiento eficaz del empleo. 
En unos tiempos en los que se suceden unos a otros los pronósticos negativos sobre la evolución de la Unión Europea, sería importante que la Presidencia belga del Consejo intente destacar los objetivos principales para que podamos llevar a buen término el ambicioso entrelazamiento y coordinación de las políticas en el sector de la economía y del empleo así como en la política social. 
Aquí existe la necesidad de recuperar terreno perdido y la coordinación no debe quedarse sólo en palabras sino que tiene que reflejarse realmente en el entrelazamiento de las políticas, en la transparencia y en que en todos los Estados miembros se dan pasos comunes de este tipo. 
Señor Presidente, esto es aplicable también a la política fiscal pues dentro de la Unión Europea existe competencia desleal. 
Confío a este respecto en la Presidencia belga del Consejo. 
Para concluir, una cuestión adicional: tiene que guiar esta zona del euro también en la doble Presidencia al 1 de enero del 2002. 
Todos sabemos que aún tenemos una carencia de conocimientos, una carencia de aceptación. 
Como Presidencia belga del Consejo, junto con todos sus colegas, haga de la introducción del euro un asunto de absoluta preferencia y que no sólo se distribuyan prospectos sino que también se adopten por su parte medidas generadoras de confianza para que el euro de la Unión Monetaria virtual vaya acompañado por la realidad de la confianza y credibilidad. 
Señor Presidente, las ambiciones de la Presidencia belga coinciden con las ambiciones de este Parlamento. 
Hay una continuidad en la política exterior y de defensa, en la introducción de la moneda única y en el desarrollo sostenible, pero sobre todo existe la insistencia en la relación entre la integración europea, la competitividad económica y la Agenda Social. 
Es preciso modernizar más aún, si cabe, el modelo social europeo que se caracteriza por la solidaridad. 
Sin embargo, la cuestión principal concierne la relación entre la ampliación y la reforma de las Instituciones europeas. 
La ampliación debe ser un éxito para Europa. 
La Cumbre de Laeken ha de despejar las incertidumbres intergubernamentales de Niza. 
La cuestión es de método y de sustancia política a la vez. 
La respuesta sólo puede llegar de una Convención en la que participen, en primer lugar, los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, como representaciones democráticas de los ciudadanos. 
Para conciliar a los ciudadanos con Europa es necesario convertirla en más transparente, eficaz y democrática en sus instituciones. 
Éste es el punto de convergencia- hoy también lo hemos constado- entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Éste es un reto que la globalización ha hecho más evidente, un reto que debemos afrontar juntos en la perspectiva de la Constitución europea. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, Bélgica es una Europa en miniatura, con todas sus ventajas e inconvenientes. 
Esta experiencia constituye en parte la clave hacia el éxito de la Presidencia belga. 
El programa belga es ambicioso y se sitúa, además, en un contexto excepcional para recobrar la confianza del ciudadano, es decir, en el contexto de la introducción del euro, con un debate sobre el futuro de Europa y también con un debate sobre la ampliación. 
Pero si deseamos ganar la confianza del ciudadano, creo sobre todo que Europa y nuestra política deben tener credibilidad. 
(DE) Señor Presidente, quiero destacar en este contexto un problema especial. Me refiero al comportamiento típicamente europeo que hemos venido constatando en los últimos años y que consiste en apoyar a su país y su región incluso a costas del desarrollo europeo, para quedarse después maravillado de que los ciudadanos pierdan la confianza en Europa. 
Pero este análisis va aún más allá. 
A la postre es una negación de la solidaridad- con lo que me refiero a lo que ha dicho el Presidente de la Comisión. Lo sabemos muy exactamente. 
Al igual que en Bélgica, en Europa es también una política muy simple pero muy peligrosa convencer a los ricos para que no ejerzan esa solidaridad con los pobres. 
Creo que hoy necesitamos más valor para ejercer la solidaridad, pero con la próxima ampliación necesitamos aún más valor. 
Hacer que Europa sea creíble significa también responder a las preguntas muy sencillas de los ciudadanos que son parte de su programa. 
¿Porqué una Europa sin fronteras si en la política sanitaria o en la política fiscal y social siguen existiendo fronteras que conducen hasta la competencia? 
¿Porqué no decimos sencillamente: queremos la ampliación hacia el Este pero ningún país está dispuesto a pagar ni un euro más por ello? 
Hay muchas preguntas y quisiera decir al Primer Ministro belga lo siguiente: su programa obligatorio, al igual que en el patinaje artístico sobre hielo, es excelente, pero se le evaluará en la parte de ejercicios libres y en estos esfuerzos por ganarse a los ciudadanos tendrá al Parlamento de su lado. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, la ambición es una jugarreta práctica que los dioses hacen a la Humanidad. 
Nos infunden ambiciones para que creamos que podemos subir a las alturas del Olimpo y después velan por que nunca lleguemos a la cumbre. 
El programa de la Presidencia belga es ambicioso. 
Sería ambicioso para una Presidencia de dos años, pero para una de 99 días, como ha indicado el Presidente en ejercicio, temo que lo sea demasiado. 
Acojo con beneplácito, naturalmente, su intención de que la Unión escuche a los ciudadanos. 
"Tenemos que resolver la cuestión irlandesa". 
¿Con cuánta frecuencia se han pronunciado esas palabras a lo largo de los siglos? 
Pero el Sr. Verhofstadt debe guiar el Consejo hacia una resolución del problema planteado por el fracaso de Niza y por el referéndum irlandés. 
Se puede pasar por alto o hacer caso omiso de la decisión democrática del pueblo irlandés. 
La democracia puede ser poco práctica, pero es lo único que tenemos entre la libertad y la tiranía. 
Además, el referéndum irlandés y las preocupaciones expresadas en las manifestaciones- aun cuando fueran secuestradas por los extremistas- deben indicarnos algo. 
Como ha dicho el Presidente en ejercicio: nos dicen que no se está escuchando a Europa. 
Los ciudadanos de toda la Unión y, de hecho, del mercado global de todo el mundo han perdido la fe en las instituciones encargadas de la administración de los asuntos públicos. 
Dirigen la vista a nosotros, sus representantes elegidos, no en busca de iniciativas, sino de seguridades, no de cambios acumulados sobre cambios, sino de estabilidad, no de ambición, sino de la más escasa de las virtudes humanas: sentido común. 
Si se me permite parafrasear el antiguo proverbio griego para el Presidente en ejercicio: "A los que los dioses quieren destruir primero los encumbran". 
Señor Presidente de la Comisión, Señorías, en la declaración del primer ministro Verhofstadt he apreciado el llamamiento para convertir a esta Europa en una Europa no solo de la burocracia, sino ante todo en la Europa de los ciudadanos. 
Sin embargo, Señorías, no es suficiente decir a los europeos: "Ustedes son ciudadanos europeos". 
Hay que procurar que se sientan ciudadanos europeos. 
No cabe duda de que el euro es un paso importante- y aquí comparto el planteamiento del Presidente Prodi- pero no es suficiente. 
Sin un fuerte respaldo político, el euro corre el riesgo de encontrarse en dificultades, como en estos últimos meses, respecto al dólar, respecto a las demás monedas. 
Por esto, no podemos dejar de considerar y observar con gran atención el resultado del voto irlandés. 
Por esto, debemos implicar a los ciudadanos europeos en un fuerte redescubrimiento de la identidad común, cultural, histórica, política, con una fuerte política ligada al principio de subsidiariedad, motivo por el cual lo que se puede decidir a un nivel más bajo- y aquí comparto las palabras del primer ministro Verhofstadt- se debe decidir a un nivel más bajo. 
La Unión Europea no debe preocuparse por demasiadas cosas, sino que ha de indicar las pautas, las líneas políticas para una verdadera participación de los pueblos y de los parlamentos en el proceso de unificación y de ampliación. 
Por lo tanto, en la Convención preparatoria de la próxima Conferencia Intergubernamental deberán estar implicados directamente los representantes de los pueblos, o sea, los representantes de este Parlamento y de los parlamentos nacionales. 
Y éste hecho de implicar también a los pueblos en la reforma de las Instituciones sirve para otorgar un papel político, repito, un papel político y no sólo económico, cada vez más fuerte a esta Unión Europea. 
Éstas son las bases, creo, para culminar una ampliación que estamos profundamente convencidos de que es una elección irreversible y necesaria para la Unión Europea: una ampliación en la que cree mi fuerza política y que el Gobierno que mi fuerza política apoya en Italia, ha subrayado tanto en la reunión con el Presidente Prodi como en la última Cumbre de Gotemburgo. 
No obstante, si queremos realmente realizar una ampliación que sea duradera, no podemos dejar de implicar cada vez más a los ciudadanos y a sus representantes. 
Señor Presidente, la Presidencia belga constituye un eslabón importante en los preparativos para la ampliación puesto que bajo esta Presidencia se dará un impulso a la próxima conferencia intergubernamental. 
Es fundamental que no dejemos escapar esta última oportunidad. Hemos de adaptar las instituciones europeas y el proceso de toma de decisiones antes de proceder a la ampliación. 
Ahora bien, parece ser que el contexto general puede complicar las cosas. 
El eje francoalemán estará en parte bloqueado debido a que el próximo año se celebran elecciones en ambos países. 
Además, la población siente un gran temor ante la ampliación. 
La valentía europea de los actuales Estados miembros deja que desear, aparte de que disponemos de poco tiempo. 
Así las cosas, es absolutamente necesario que Bélgica consiga en Laeken que los Quince aprueben una declaración que cuando menos contribuya a una mejora de la toma de decisiones y un aumento de la legitimidad democrática. 
Deliberadamente, no me refiero al lanzamiento de otros proyectos mucho más ambiciosos que tienen por objeto una profunda transformación de todas las instituciones. 
Dudo que sean políticamente viables. 
La mejora de la toma de decisiones depende de dos cuestiones fundamentales. 
En primer lugar, es preciso suprimir la decisión por unanimidad, con excepción de los asuntos relacionados con las propias instituciones y la transferencia de competencias. 
Con veintisiete o treinta Estados miembros resultará imposible adoptar decisiones por unanimidad. 
Al mismo tiempo conviene ampliar el procedimiento de codecisión con el Parlamento. 
Ambas cosas han de ir unidas. 
En segundo término, es absolutamente necesario que se simplifique la compleja trama europea. 
El Tratado de Niza es apenas comprensible, por no decir nada de la dificultad que supone explicarlo. 
Numerosas decisiones, directivas, reglamentos, disposiciones, orientaciones y recomendaciones sólo se comprenden con la ayuda de un diccionario o una nota explicativa, y ni siquiera así. 
Tras tres lecturas y cuatro traducciones las conclusiones de Gotemburgo continúan produciendo quebraderos de cabeza, no sólo a las personas normales sino también a las no tan normales. 
Parece ser que el europeo se está convirtiendo en el duodécimo idioma de la Unión. 
Se utilizan términos que, aunque no sean del todo ininteligibles, al menos van por nuevos derroteros. ¿O aún no se han apuntado ustedes al benchmarking, mainstreaming, etcétera? 
Para encauzar debidamente la participación de la población la Presidencia belga debería convertirla en un verdadero proyecto. Es importante que este objetivo figure entre sus prioridades. 
Europa financia Euronews. 
Ahora bien, si queremos saber algo sobre Europa optamos por CNN, no por Euronews. 
Podría citar otras muchas iniciativas europeas destinadas a informar a la población. 
¡Reúnalas en un proyecto, señor Primer Ministro! 
Añádalo a sus prioridades e intente acordar un trayecto con los demás países europeos. 
Señor Presidente, Señorías, usted ha anunciado un ambicioso programa y esta ambición corresponde a los desafíos ante los que nos encontramos. 
Por este motivo, al finalizar este debate quiero desearle que logre hacer justicia a esa ambición y que tenga éxito. 
En nombre del Grupo de la CDU/CSU en este Parlamento le deseo que se convierta en un gran Presidente del Consejo. 
Le hará falta nuestro apoyo y lo tendrá. 
Usted ha afirmado con razón al principio que desea conciliar a los ciudadanos con Europa. 
Esto se ha dicho en numerosas ocasiones. 
Los motivos para la desaparición de la confianza en Europa, que antes era un proceso lento pero que como consecuencia del referéndum en Irlanda pende ahora del techo como una espada de Damocles, son diversos y ya se han mencionado. 
Pero quizás se debería mencionar al margen que también ha influido cómo los grandes miembros del Consejo han tratado, por ejemplo, a un país como Austria. 
Quizás su Ministro de Asuntos Exteriores tenga la ocasión de restablecer una parte de la merma de confianza que se ha producido en Austria. 
El método de la Conferencia Intergubernamental ha quedado obsoleto pues decisiones del alcance como las que se van a adoptar en las modificaciones del Tratado, ya no se deben adoptar en las salas traseras del Consejo en noches cerradas pues es necesaria antes una fase de debate público. 
Por ello, exigimos la participación de una asamblea similar a una convención que organice en Europa un diálogo público antes de que se decida en el Consejo. 
Sobre todo, necesitamos su apoyo. 
Señor Presidente del Consejo, un primer paso muy concreto sería- y también una señal a los irlandeses- que el método de la Conferencia Intergubernamental se abriese a una mayor transparencia. 
Con un paso de este tipo estaríamos también legitimados para presentarnos una segunda vez ante los irlandeses y a presentar el Tratado para su votación. 
Con esta vara se le va a medir. Le deseamos mucho éxito en su trabajo en interés de Europa. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera dar las gracias a todos los oradores y especialmente a los presidentes de los diferentes Grupos políticos. 
Manifiesto asimismo mi gratitud hacia el Presidente de la Comisión, Romano Prodi, por su discurso. 
Quisiera formular cuatro observaciones en total acerca de las diferentes declaraciones. 
En primer lugar, me referiré al resultado del referéndum celebrado en Irlanda y a las sugerencias de servirse de este resultado para exigir menos Europa. 
En opinión de algunos, esto debería ser la conclusión del referéndum irlandés, siempre y cuando lo tengamos en cuenta. 
Pues bien, me parece una visión reduccionista. 
Si bien es cierto que en Europa existe un déficit democrático, también lo es que este déficit no se resuelve creando menos Europa. Al contrario, es preciso crear más democracia en Europa. 
En mi opinión, tal actitud no es ciertamente una muestra de arrogancia. 
He defendido en todo momento, también durante la reunión del Consejo en Gotemburgo, que no podemos adoptar una postura arrogante hacia los electores irlandeses diciendo: "no hay ningún problema, no nos lo tomamos a pecho y proseguimos nuestra tarea como si no hubiera pasado nada". 
Tenemos que hacer algo. 
Ahora bien, del "no" irlandés no podemos deducir bajo ningún concepto que la Unión Europea debe dar marcha atrás. Es una solución realmente inaceptable. 
Sería un grave error excluir a los gobiernos y trabajar con representantes de bajo nivel. De este modo, podría producirse un cortocircuito entre el resultado de la Convención y la Conferencia Intergubernamental prevista para el año 2004. 
Por otra parte, también soy partidario de implicar a las regiones constitucionales en todo el proceso. 
(FR) La tercera observación que deseo efectuar, señor Presidente, atañe a la Constitución europea. 
Creo que durante este debate también es necesario hacer hincapié en los elementos positivos. 
Hace algunos años la idea de una Constitución europea parecía imposible de realizar. 
Hoy compruebo que todos los dirigentes políticos europeos, en los discursos pronunciados los dos últimos años, tienen una posición favorable a una Constitución europea. 
Así pues, creo que existe, ciertamente, una idea expresada en la declaración de Laeken que es posible realizar. 
(NL) En cuarto lugar, quisiera referirme al Tratado de Niza. 
Coincido con el Presidente de la Comisión en que es necesario ratificarlo. 
Nadie me tiene que explicar cuáles son los puntos débiles del Tratado. 
Ha sido objeto de discusión y reflexión durante cuatro días seguidos, y hasta las cuatro de la madrugada. 
Creo, no obstante, que presenta más ventajas que inconvenientes. 
La ventaja es que por fin podemos proceder a la ampliación, que, en realidad, es mucho más que eso. Se trata de una verdadera mutación que por fin nos permitirá lograr la unidad europea. 
Por todo ello, es fundamental que el Tratado se ratifique lo antes posible. 
Por último, hay varios oradores- no se trata de uno solo- que se preguntan si estos proyectos no son demasiado ambiciosos. Me han advertido de que lo que importa son los hechos. 
De entrada quisiera especificar que no pienso actuar como Ícaro, porque ésta es una de las cosas que se han insinuado aquí. 
Considero necesario que pongamos sobre la mesa propuestas de reforma importantes. 
No olvidemos que al que hace diez años sostenía que acabaríamos introduciendo una moneda única también se le tachaba de idealista. 
Lo mismo sucedió con respecto a la creación del mercado interior en el momento en que se lanzó la idea, hace ya veinte años. 
No pretendo seguir el ejemplo de Ícaro, pero adopto la consigna del primer Presidente de la Comisión Europea, el Sr. Hallstein. Decía: "Quien en materia de asuntos europeos no cree en milagros no es realista". 
Me parece una divisa más adecuada. 
(Aplausos) 
Le deseo muchas felicidades para la Presidencia y para Bélgica. 
El debate queda cerrado. 
Situación en la antigua república yugoslava de Macedonia 
De conformidad con el orden del día, el Consejo y la Comisión proceden a formular declaraciones sobre la situación en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
(FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados; desde el principio, la Unión Europea ha seguido con mucha atención y preocupación el desarrollo de la crisis en la Ex República Yugoslava de Macedonia y ha desempeñado asimismo un papel muy activo en la búsqueda de una solución pacífica de este conflicto. 
A partir del mes de abril, el Alto Representante de la PESC, Javier Solana, se ha trasladado en varias ocasiones in situ para reunirse, tanto en Skopje como en otras ciudades, con las autoridades políticas y los representantes de los principales grupos étnicos del país, a fin de informarse de la situación y de fomentar una solución política de la crisis. 
En el mes de abril, una troika ministerial de la Unión, compuesta por la Sra. Lindh, el Sr. Patten y la Sra. Neyts, viajó también a Skopje. 
El 10 de abril de 2001, la Unión Europea y la Ex República Yugoslava de Macedonia firmaron en Luxemburgo un acuerdo de estabilización y de asociación, el primer acuerdo firmado entre la Unión Europea y un país de los Balcanes. 
Esta firma ha contribuido a que la Unión desempeñara un papel esencial e ineludible en la búsqueda de una solución de la crisis y, además, nos ha dotado de una herramienta de presión frente a las distintas partes en la Ex República Yugoslava de Macedonia. 
Desde sus primeras manifestaciones, la Unión Europea ha condenado enérgicamente los actos de violencia cometidos por los extremistas de origen albanés y ha exigido a estos últimos que pusieran fin de inmediato a dichos actos, que entregaran las armas y que se retiraran. 
Por otra parte, la Unión ha instado a las autoridades de Skopje a que actuaran con moderación en la respuesta militar contra las provocaciones de los rebeldes y ha hecho hincapié en la necesidad de proseguir el diálogo interracial con miras a realizar las reformas urgentes e indispensables para resolver este conflicto, en particular las reformas relativas al derecho y a la protección de las minorías, lo que también debería contribuir a aislar a los extremistas, y abrir claramente perspectivas esperanzadoras a todas las poblaciones afectadas. 
Dentro de este espíritu, tanto la Unión Europea como el Alto Representante Solana se felicitaron por el acuerdo celebrado el 11 de mayo para la formación de un gobierno de amplia coalición que incluyera a los dirigentes de los principales partidos políticos eslavos y albaneses, democráticamente elegidos, se entiende. 
La Unión Europea les ha pedido que intensificaran sus esfuerzos para obtener rápidamente resultados concretos y sustanciales en los principales expedientes que son objeto de dicho diálogo. 
En el Consejo Europeo de Gotemburgo, los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea reafirmaron la necesidad de una solución pacífica de la crisis, lo que implica, con respecto al capítulo político, la apertura de un verdadero diálogo político en el seno de la coalición de gobiernos relativo a todas las cuestiones que deben ser discutidas, incluyendo las reformas constitucionales. 
El Consejo Europeo pidió a las fuerzas políticas locales que obtuvieran resultados lo antes posible. 
La fecha tope es el Consejo de Asuntos Generales del 27 de junio. 
En relación con el capítulo "seguridad", el Consejo Europeo condenó en términos muy claros a los extremistas y el recurso a la violencia y subrayó la necesidad de que las partes alcanzaran un alto el fuego permanente, lo que podría requerir un mínimo de contactos directos o indirectos entre éstas. 
En tal sentido, la Unión Europea y la OTAN pueden desempeñar el papel de intermediarios o facilitar una solución. 
El plan de desarme propuesto por el Presidente Trajkovski es el otro pilar del capítulo relativo a la seguridad. 
Dicho plan otorga un papel central a la OTAN en este proceso, ya que las partes consideran que su posible presencia in situ, así como la de los observadores de la Unión Europea, constituyen un elemento indispensable de confianza. 
La OTAN ya ha tomado las disposiciones necesarias para poder responder a ello. 
Esta intervención con miras al desarme de los rebeldes de lengua albanesa está sometida, no obstante, a condiciones precisas de seguridad, que, hasta ahora, las partes no han logrado cumplir. 
La firma de un alto el fuego permanente sobre la base de un acuerdo político tendente a lograr una solución negociada de la crisis constituye el elemento esencial de las mismas. 
En este sentido, hay que señalar que la Unión Europea mantiene desde el comienzo de la crisis una estrecha coordinación con la OTAN- que incluye reuniones conjuntas periódicas y frecuentes del Consejo Atlántico y del Comité Político y de Seguridad- a través de contactos regulares entre secretarías, así como de contactos directos entre el Alto Representante Solana y el secretario General de la OTAN, Lord Robertson. 
Asimismo, ambos responsables han realizado visitas conjuntas a la Ex República Yugoslava de Macedonia, en el transcurso de las cuales se dirigió a las partes un mensaje constante y unívoco por parte de la comunidad internacional. 
Con el fin de garantizar una política permanente de la Unión Europea en Skopje, el Consejo Europeo de Gotemburgo decidió designar a un representante especial de la Unión en la Ex República Yugoslava de Macedonia. 
El Consejo de Asuntos Generales de 25 de junio nombró para desempeñar dicho puesto al ex ministro de Defensa francés, François Léotard, quien se encuentra en Skopje desde el jueves 28 de junio. 
El mandato del Sr. Léotard dispone ante todo el establecimiento y mantenimiento de contactos con el Gobierno de la Ex República Yugoslava de Macedonia, así como con las partes que participan en el proceso político. 
Éste establece asimismo que se dé la opinión y el apoyo de la Unión Europea en relación con el diálogo en curso y que se cree una estrecha conexión in situ con el representante de la Presidencia y de la Comisión, con los jefes de misión de los Estados miembros y con los observadores europeos. 
El mandato dispone igualmente establecer y mantener contactos con los otros actores internacionales y regionales competentes, incluyendo la OTAN, la OSCE y las Naciones Unidas, en el entendimiento de que debe garantizarse la coordinación necesaria. 
Finalmente, éste establece contribuir, en su caso, a la aplicación de posibles acuerdos y seguir de cerca el desarrollo y las iniciativas en materia de seguridad en conexión con los organismos competentes. 
El camino que debe seguir la Presidencia belga ha sido, pues, claramente delimitado por las decisiones y el enfoque que la Unión Europea ha adoptado estos últimos meses a través de las herramientas mencionadas, del importante compromiso del Alto Representante Solana, así como de la actuación in situ del Sr. Léotard. 
La Unión Europea demuestra su compromiso activo en esta crisis. 
Dicho esfuerzo tendente a favorecer avances inmediatos y tangibles también se lleva a cabo en cooperación con otros actores implicados, concretamente el enviado norteamericano, el Sr. Pardew, y con las organizaciones internacionales que trabajan in situ. 
En esta fase, la Presidencia debe continuar y fomentar con constancia y determinación el diálogo político en la Ex República de Yugoslava de Macedonia. 
En este sentido, debemos congratularnos por la firma, en la noche de ayer, bajo la égida del Presidente Trajkovski, de un acuerdo para reactivar el diálogo político entre los partidos de la Ex República Yugoslava de Macedonia. 
Tras este acuerdo se llevarán a cabo reuniones intensivas en los próximos días. 
Se hará hincapié en las cuestiones constitucionales a impulsos de la reciente misión in situ del Sr. Badinter. 
Al mismo tiempo, y en estrecha coordinación con la OTAN, el capítulo relativo a la seguridad se proseguirá con la misma determinación, puesto que los dos aspectos de la crisis son indisociables y deberán avanzar paralelamente. 
Señor Presidente, la situación en la Antigua República Yugoslava de Macedonia sigue siendo, como acaba de decir el ministro, un motivo de intensa preocupación para todos nosotros. 
En los tres meses transcurridos desde que examiné por última vez ese asunto con Sus Señorías, ha habido un continuo deterioro en la situación en materia de seguridad, una polarización cada vez mayor de la opinión política y un aumento exponencial del número de refugiados y personas desplazadas en el interior. 
La violencia delante del Parlamento en Skopje hace poco más de una semana creó una situación, sin exagerar, al borde mismo del abismo. 
Es digno de beneplácito que en la última semana no haya habido un deterioro aún mayor de la situación en materia de seguridad y que, como acaba de decir el ministro Sr. Michel, se haya reanudado el diálogo político promovido por el presidente Trajkovski. 
Quiero rendir un homenaje a las gestiones del Presidente, quiero rendir un homenaje a la tranquila decencia del Presidente ante esta crisis. 
Como saben Sus Señorías, la Unión Europea ha participado intensamente, desde el comienzo, en las gestiones encaminadas a contener y poner fin al conflicto. 
Todos los que tenemos alguna responsabilidad en relación con esa región somos profundamente conscientes del peligro que una caída en la guerra civil en la Antigua República Yugoslava de Macedonia plantearía no sólo para la comunidad de ese país, cosa que sería suficientemente grave, sino también para toda la región. 
En colaboración con la OTAN, con la OSCE, con los Estados Unidos, no dejaremos piedra sobre piedra en la búsqueda de un fin para ese conflicto y una forma acordada de avanzar basada en el diálogo y la solución política. 
Un rasgo de esta crisis ha sido la estrecha colaboración entre las organizaciones y los órganos internacionales pertinentes participantes, no inspirada en manual o libro de texto alguno, sino debida a que sabemos lo decisivo que es que abordemos este problema con unión y coherencia. 
Aún no hemos logrado poner fin al conflicto, pero no nos cabe la menor duda de que sólo cooperando juntos y con el Gobierno democráticamente elegido de Skopje lo lograremos. 
El papel principal en nombre de la Unión Europea lo ha desempeñado, natural y atinadamente, mi amigo y colega Alto Representante Javier Solana, que ha estado innumerables veces en Skopje y a quien yo he acompañado en algunas de esas visitas, además de hacer otras por mi cuenta. 
Ha trabajado y trabaja incansablemente en pro de una solución pacífica, hábilmente apoyado en el terreno en Skopje por el actual embajador de la Presidencia, Mark Dickinson, y por el jefe de la delegación de la Comisión, José Pinto Texeira. 
Quiero rendirle un tributo particularmente cálido por su valor, perseverancia y prudente asesoramiento. 
Hace una semana, como ha dicho el ministro, el Consejo de Asuntos Generales nombró al Sr. Léotard enviado residente de la Unión Europea en Skopje, a las órdenes del Sr. Solana. 
La semana pasada me reuní con el Sr. Léotard y le prometí el apoyo pleno de la Comisión Europea a su labor. 
Estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos, en cualquier sitio y en cualquier momento. 
El Sr. Léotard se ha instalado inicialmente en la oficina de la delegación de la Comisión en Skopje. 
Como saben Sus Señorías, en abril la Antigua República Yugoslava de Macedonia firmó un acuerdo de asociación y estabilización con la Unión Europea. 
En dicho acuerdo figuran importantes compromisos por parte del Gobierno de Skopje en materia de respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías. 
Es esencial que se cumplan dichos compromisos y todos queremos que haya pronto resultados en el diálogo interétnico. 
Ésa es la única vía para una solución política duradera. 
La Comisión Europea está prestando en 2001 un apoyo muy substancial- 42 millones de euros- con cargo a CARDS. 
Gran parte de ella contribuirá concretamente a la ejecución de proyectos de asistencia a las comunidades albanesa y macedonia eslava. 
Por ejemplo, los cinco millones de euros que hemos entregado para la universidad de la europa sudoriental de lengua albanesa en Tetovo, fondos para el censo y fondos para la reforma de la administración local y la ejecución de proyectos locales de infraestructuras en pequeña escala, que benefician visiblemente a la vida de la gente y las comunidades. 
Hemos dicho con toda claridad- y quiero repetirlo hoy- que estaremos dispuestos a acudir con asistencia substancial para la Antigua República Yugoslava de Macedonia en cuanto se llegue a un acuerdo político entre las partes. 
Espero que todos los interesados lo consideren un incentivo serio para cooperar intensa y constructivamente con el Sr. Léotard y el Sr. Pardew, el representante de los Estados Unidos, en los próximos días. 
Debe ser también un incentivo para prorrogar el cese del fuego y detener las actividades militares por ambas partes que tanto están costando política y financieramente y en vidas humanas. 
Simplemente quiero subrayar esta observación. 
Este Parlamento no acogería bien propuestas de la Comisión o de cualquier otra instancia encaminada a destinar más fondos para apoyar la reconstrucción y el desarrollo, a apoyar el presupuesto de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, si al mismo tiempo se destinaran unos fondos que- la verdad sea dicha- nadie tiene para más bombas y más cohetes y si no existiera una clara perspectiva de solución política y continuidad del cese del fuego. 
Cuando la ministra de Asuntos Exteriores de la ARYM informe el viernes al Comité Político y de Seguridad del Consejo en Bruselas, estará en condiciones de hablar de avances substanciales, porque la otra opción es demasiado espantosa- la verdad sea dicha- como para tenerla en cuenta. 
No es demasiado tarde para evitar la catástrofe, pero, para que la Antigua República Yugoslava de Macedonia deje de estar al borde del abismo, es necesario el valor de cada uno de sus ciudadanos. 
Es necesario que quienes tienen influencia en Kosovo sobre los rebeldes los hagan retirarse del abismo y es necesaria la permanente posición de moderación ejemplificada por el Gobierno de Tirana, al que rindo un homenaje sin reservas por su contribución. 
No puede haber sólo una solución militar. 
Tiene que haber una solución política y cuanto antes mejor. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, saludamos el nombramiento de Léotard así como la injerencia de Badinter en los asuntos de Macedonia. 
Creo que son dos representantes de la Comunidad Europea que pueden hacer allí algo bueno. 
Pero al igual que el Comisario Patten, no quiero olvidar que la delegación de la UE tiene ya desde hace años una actuación de unos efectos realmente positivos mediando siempre entre las partes. 
Necesitamos una presencia permanente in situ, no porque queramos establecer algo así como un protectorado sino porque queremos manifestar nuestro interés en el mantenimiento del Estado de Macedonia. 
Necesitan un mediador y creo que lo hemos encontrado. 
Sin embargo, creo que no podemos ignorar que quizás sería también positivo si en Macedonia hubiese una presencia de la OTAN de modo preventivo. 
Si hoy queremos vincular nuestro compromiso financiero a la voluntad de paz existente allí no se trata de injerencia en los asuntos internos, tal como se describe en la región. 
No podemos gastar de modo permanente el dinero de nuestros contribuyentes en un país en el que la voluntad de paz no está respaldada por medidas conjuntas. 
Por ejemplo, no podemos construir carreteras e infraestructuras mientras compran armas tropas el Gobierno y los rebeldes. 
Subrayo que el UCK ha llevado el conflicto al país, de eso no hay ninguna duda. 
Pero ahora, el Gobierno no puede ceder a las exigencias del UCK para evitar la guerra sino que debe tener en cuenta las exigencias de muchos años de los albanos elegidos en Macedonia y buscar soluciones con ellos. 
Pero en mi opinión, estas soluciones no pueden consistir en dividir el país en fronteras étnicas. 
Macedonia es el país de todos sus ciudadanos y esto se tiene que reflejar también en la Constitución. 
No se puede conceder a ningún grupo étnico un derecho de veto que divida del tipo que sea. 
El Presidente del país es el Presidente de todos los ciudadanos de Macedonia y un Vicepresidente albano con derecho de veto sería por ello una exigencia injusta de la parte albanesa. 
El uso del idioma materno debe ser posible para cualquier ciudadano. 
Tiene que llevarse por fin a cabo la descentralización del poder y el fortalecimiento de las ciudades y administraciones municipales- tal como se ha proyectado ya desde hace mucho tiempo. Pero una descentralización del ejército y de la policía, como exigen ahora los albanos, no puede fortalecer la cohesión del país sino todo lo contrario. 
La voluntad de paz tiene que verse respaldada por exigencias razonables y justas. 
La Unión Europea tiene que trabajar por las reformas y la reconciliación en su vecindad, es decir, no podemos ver de brazos cruzados cómo se gesta en Macedonia una guerra civil. 
Los rebeldes del UCK han sido llevados en autobuses con aire acondicionado y sus armas desde Skopie al norte de Macedonia. 
¿Pueden hacerse una idea de qué imagen ha dado esto de nuestra actuación en este país? 
Nos ha dañado mucho y nos ha presentado erróneamente como partidarios de los albanos. 
Macedonia nos muestra de un modo más que claro que tenemos que lograr por fin un concepto común para la política de los Balcanes, pues solamente en una estrategia común con Kosovo se podrá solucionar también este problema. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, nuestro Grupo insiste en su clara actitud. 
La Constitución y también la situación social real en Macedonia/Fyrom deben adaptarse a las necesidades de un Estado moderno multiétnico. 
Los derechos individuales de las ciudadanas y ciudadanos deben encontrarse en primer plano y anclarse sólo en la medida necesaria los derechos étnicos colectivos, por lo que no debe existir, por ejemplo, ningún derecho de veto para un Vicepresidente albano. 
Sobre todo, estas cosas se tienen que desarrollar en un marco democrático y con medios democráticos. 
En el caso de Macedonia, un Estado democrático, la violencia no es necesaria ni defendible y es incluso dañina, sobre todo para la reputación de la misma población albanesa, cuyos derechos defendemos nosotros con pleno convencimiento. 
Si esto está claro para el Consejo y la Comisión y es algo evidente, entonces se plantean en cualquier caso algunas preguntas. 
Señor Presidente del Consejo, este Parlamento tiene el derecho a obtener respuestas a algunas preguntas. 
Primera: ¿cómo se ha nombrado como representante de la UE a François Léotard, quien ya en sus primeras declaraciones contradice estos principios colocando a los terroristas al mismo nivel que el Gobierno? 
¿No ha sido informado el Sr. Léotard sobre la posición común del Consejo? 
Segunda: supuestamente se ha desarmado al UCK en Kosovo. 
¿De dónde provienen entonces las armas? 
No se trata de unos cuantos kalaschnikovs que se pueden comprar en el mercado. 
En el mundo, Norteamérica y círculos norteamericanos están interesados en suministrar armas. 
Tercera: los terroristas se han podido marchar de Macedonia con sus armas. 
¿No se debería indicar de dónde provienen estas armas? 
Cuarta: ¿cómo puede funcionar el llamado desarme si las armas se han retirado ya de Macedonia? 
¿Va a tener el mismo éxito que en Kosovo? 
Estas son algunas preguntas y tengo que observar críticamente que con cierta ingenuidad, consciente o inconscientemente, se está produciendo un acercamiento a un pequeño grupo extremista que con muchas probabilidades está siendo financiado por la diáspora albanesa, que no estuvo dispuesta a financiar la Universidad de Tetovo pero que ha financiado las armas, en combinación también en parte con organizaciones criminales. 
La población albanesa y sus representantes deben tener el máximo interés en que estos pequeños grupos extremistas no puedan actuar como lo hacen, El Consejo y la Comisión deben contribuir también por su parte. 
Rechazamos de plano las modificaciones violentas en los Estados y las modificaciones de las fronteras. 
Son los representantes elegidos de los Gobiernos y en el Parlamento de la parte albanesa y eslavo-macedonia los que precisan de nuestro apoyo, de nuestros consejos y sugerencias. 
Pero ante los grupos violentos tenemos que mostrar abierta y claramente nuestro rechazo. 
Cuando el Comisario ha dicho que no vamos a gastar dinero en armas, tiene razón. 
Aún mucho menos vamos a gastar dinero en armas que los grupos extremistas emplean para derribar democracias en las que existen disturbios. 
Señor Presidente, desde el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas estamos trabajando con toda claridad en una posición conjunta que votaremos a las doce, en el sentido de condena de la violencia, de apoyo al diálogo, pero, sobre todo, de que los esfuerzos a corto plazo, como fue el nombramiento de un mediador y el apoyo al plan Traikovski, sean medidas inmediatas. 
También es importante que los esfuerzos a medio plazo y la responsabilidad de la Unión en este terreno- el acuerdo de asociación evidentemente es un factor importante- avancen positivamente. 
Yo quisiera dedicar mi intervención a dos aspectos complementarios de lo que está ocurriendo en la ARYM y que afectan claramente a la Unión Europea. 
El primero es que difícilmente ha habido pruebas tan difíciles para la imagen exterior de la Unión Europea como las sucesivas crisis en los Balcanes, y sigue siendo así. Aunque hay una mejora sustancial desde el nombramiento del Alto Representante- Sr. 
Solana -, su gestión y su colaboración con el Comisario Patten y con el Consejo, es evidente que toda nuestra voluntad y nuestro esfuerzo deben encaminarse a que nuestra acción sea eficaz y que nuestro prestigio político quede salvado, puesto que para la imagen de la Unión- y hoy ha quedado claro en las intervenciones del Presidente Verhofstadt y de los Sres. Patten y Michel- nos jugamos mucho. 
Otro efecto importante para la Unión Europea- que no ha sido citado y es indirecto, pero muy importante- es la repercusión que tiene en el proceso de la ampliación. 
Aunque sea casual, se da la circunstancia de que los países directamente vecinos de la ARYM- concretamente Bulgaria o Rumania -, son los países que tienen mayores dificultades para alcanzar un desarrollo económico suficiente con vistas a la ampliación y a la negociación. 
Creo que esta vecindad incide negativamente en el conflicto respecto a muchos aspectos- no sólo el económico- y muy directamente en el proceso de inversión directa en estos países. 
Creo que nuestra intervención y la de nuestros países deben tenerlo muy en cuenta, porque países como Bulgaria, por ejemplo, han contribuido muy positivamente a la estabilidad en la zona. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, quisiera comenzar por elogiar la actual intervención de la Unión Europea, el Consejo y la Comisión. 
Han hablado con una sola voz, cosa que en el caso de los Balcanes no ha sido siempre así. 
Además, han insistido, con razón, en la necesidad de erradicar el uso de la violencia, al tiempo que han puesto todo su empeño en buscar una solución política. 
Pese a ello, hay dos cuestiones que me preocupan. 
Mi primer reparo se refiere al vínculo establecido entre la ayuda comunitaria y el papel constructivo de los partidos políticos. 
Es un tema muy sensible. 
Obviamente, la ayuda debe sujetarse a determinadas condiciones. 
Ahora bien- y esta pregunta va dirigida a la Comisión -, ¿suspenderemos nuestra ayuda a la Universidad albanesa multilingüe de Tetovo si no nos agrada la postura adoptada por los partidos albaneses que forman parte del Gobierno? ¿Interrumpiremos la construcción de infraestructuras a pequeña escala si los compromisos de los partidos macedonios no nos convencen? 
Personalmente, me andaría con sumo cuidado. 
Estoy a favor de la presión, estoy a favor de la intervención de la UE, pero estoy en contra de amenazas confusas. 
Por todo ello, pregunto a la Comisión si dicho vínculo se aplica únicamente a la nueva ayuda- lo que parecía insinuar el Comisario en su discurso- o si vale asimismo para la ayuda existente. 
Dicho de otro modo, ¿llegará el momento en que la Comisión Europea diga: "partidos, dado que su actitud no nos agrada suspenderemos toda la ayuda o parte de la misma"? 
Mi segunda preocupación tiene que ver con la necesaria firma de un acuerdo. 
Según se ha dicho, sólo habrá intervención militar si se alcanza un acuerdo en el Gobierno y con los rebeldes, pero, a mi modo de ver, este último punto plantea un serio problema. 
El enviado especial, el Sr. Léotard, -ya ha sido mencionado por el Sr. Swoboda- afirmó incluso antes de llegar sobre el terreno que había que negociar con los rebeldes. 
Se hundió el mundo. Por poco no dejan entrar a Sr. Léotard en Macedonia. 
Pero si el Gobierno no quiere negociar con los rebeldes ¿quién se encarga de ello? 
¿Se ha involucrado la Comisión, ha participado en negociaciones? 
¿Se ha implicado el Consejo? 
Alguien tendrá que establecer una relación entre el acuerdo de Gobierno y los rebeldes. 
Yo no siento ninguna simpatía hacia los rebeldes y estimo que deben poner fin a la violencia, pero, nos guste o no, un acuerdo sin un acuerdo con los rebeldes no puede considerarse como tal. 
Hay, por tanto, un eslabón perdido entre el acuerdo de Gobierno y el acuerdo con los rebeldes. 
De ahí mi pregunta al Consejo y a la Comisión: ¿quién está dispuesto a establecer este vínculo? 
Señor Presidente, quisiera decirle que mi Grupo está plenamente a favor de la unidad y de la democratización de la Ex República Yugoslava de Macedonia y, principalmente, a favor de garantizar los derechos a cuantos viven allí, a todos sus ciudadanos. 
Ya lo hemos dicho, pero parece que no nos tienen ninguna confianza. 
Y me pregunto por qué los habitantes de la región no tienen confianza en la Unión Europea. 
Mis señores colegas han puesto ejemplos, las armas del UCK, el traslado de los rebeldes en autobuses con aire acondicionado y con acompañamiento de la OTAN para continuar la guerra en otras regiones, las declaraciones del Sr. Léotar... 
¿Se trata de una metedura de pata o de una declaración calculada? 
Y ahora le oímos a usted, señor Presidente del Consejo, pedir un "contact minimum" -así lo he escuchado- con los rebeldes para encontrar una solución política. 
¿No son los mismos que, hasta hace poco, el Sr. Robertson trataba de criminales? 
¿Dónde se ha metido el Sr. Robertson? 
Le hemos escuchado apelar al Sr. Badinter. 
¿Cuál es la postura de Badinter? 
Si recuerdo bien lo publicado en la prensa, el Sr. Badinter había dicho "no un Estado de dos grupos étnicos distintos". 
¿Lo apoya usted? 
Hemos escuchado al Sr. Patten decir "no enviemos dinero si no se encuentra una solución política". 
Es decir, dependemos de la voluntad política de los rebeldes. 
No hay simetría entre las dos partes. 
Lo lamento; por razones que ellos conocen no quieren que la Unión Europea y la OTAN se mezclen para apoyar un gobierno legitimo y dicen "entiéndanse ustedes". 
No hay simetría. 
He estado en Skopie y no he hablado con los rebeldes, sino con los partidos albaneses oficiales allí y me han dicho "no queremos el principio de la mayoría en los grandes temas". 
No importa si ejerce el veto un vicepresidente o si para esto prevé algún procedimiento la Constitución. 
Si vamos en esta dirección, llegamos a la partición del Estado. 
Así pues es necesario un apoyo más sólido, más serio, más fidedigno que la Unión Europea para la unidad y la democratización de este Estado- estas cosas van juntas. 
De otra forma vamos a sufrir otro fracaso en nuestra política en los Balcanes. 
¡Y no es la primera vez! 
Señor Presidente, Señor Presidente del Consejo, señor Comisario Patten, en primer lugar quiero expresar mi satisfacción y también mis felicitaciones al Alto Representante de la PESC y al Comisario Patten pues me parece que en los intentos realizados por solucionar este conflicto se reflejan las primeras señales de nuestra PESC. 
El Sr. Patten ha hablado de la responsabilidad que tenemos en la región. 
Señor Comisario, yo quiero ir un paso más allá y decir qué es lo que se ha hecho mal. 
En mi opinión, en este caso concreto no han ocurrido dos cosas que figuran en la resolución 1244. Por un lado, desarmar a la UCK en Kosovo y, en segundo lugar, disolver la UCK en Kosovo. 
Ninguna de las dos cosas se ha llevado a cabo. 
Por el contrario, se han dado a la UCK unas estructuras que antes no tenía. 
El pecado tiene nombre y apellidos, pues el enviado del Secretario General de la ONU- Bernard Kouchner se llama este hombre- no ha hecho ninguna de esas dos cosas. 
Tenemos que decirlo aquí abiertamente. 
Por ello, no sólo ofrecemos nuestros buenos servicios para la solución del conflicto sino que además estamos obligados a corregir los errores que hemos cometido. 
Saludo la disposición de la OTAN. 
El desarme de los terroristas de la UCK, permítanme que los califique así pues es lo que son: terroristas y no rebeldes, es asunto prioritario. 
Estos terroristas de la UCK tienen que ser desarmados y la OTAN se ofrece a ello. 
Me pregunto porqué tenemos que enviar ahora allí a 3.000 soldados adicionales bajo las condiciones conocidas cuando ya en Kosovo podríamos haber desarmado a estos criminales y disuelto sus organizaciones. 
En ningún caso- y en esto coincido plenamente con la Sra. Pack y otros oradores- la OTAN debe llevar a cabo mediante una presencia permanente una separación del país a lo largo de fronteras étnicas y cimentar esta división mediante su presencia con la buena voluntad de ayudar. 
La OTAN debe intervenir en Macedonia con un mandato muy concreto, sólo el de llevar a efecto el desarme. 
Señor Presidente, me parece que debemos recordar cómo la multiétnica población macedonia solucionó el conflicto de Kosovo. 
Recibieron a alrededor de un cuarto de millón de refugiados, lo cual es una cifra muy grande teniendo en cuenta de qué reducida población hablamos. 
No hemos de olvidarlo ahora que la situación está tan mal en Macedonia. 
También me parece que debemos reparar en que la población albanesa de Albania no participa en este conflicto. 
Probablemente porque ven una posibilidad de que la paz pueda darles un futuro. 
Pueden ver un desarrollo económico, pueden ver un desarrollo, un desarrollo democrático. 
Este desarrollo hace falta en todo este área. 
No puedo dejar de recordar cuán fácil fue para los países de la OTAN y para muchos Estados miembros comunitarios encontrar dinero, entonces se debía bombardear la antigua Yugoslavia. 
¿Dónde está esa misma voluntad para encontrar dinero ahora que hace falta para la reconstrucción, que hace falta para el desarrollo económico y social del área? 
Éste es el núcleo de todo el proceso de paz. 
Se trata de hallar los fondos, pues así se encuentra también el camino. 
Señor Presidente, con una inquietud especial vemos que en un país fronterizo al mío, sigue habiendo enfrentamientos armados mientras se realizan tensas negociaciones, precisamente para regular definitivamente las diferencias que han provocado estos conflictos. 
La experiencia histórica de nuestra región en los Balcanes la constituyen la separación de los pueblos, la represión de los pueblos después de una guerra o de una revolución tras unas fronteras fortificadas, que además nadie las considera definitivas, así que también esto ha llegado a ser una fuente de nuevos enfrentamientos. 
Durante siglos, la limpieza étnica ha sido el método para imponer soluciones. 
Lo que estamos viendo en nuestro país vecino es la repetición de la receta milenaria cuyos autores principales, en esta ocasión, son los albaneses extremistas armados que, como siempre pasa en estos casos, explotan el disgusto nacional de muchos compatriotas, pero civiles, que frecuentemente está justificado, para animarles a exterminar a los otros grupos étnicos. 
La Unión Europea ha aparecido históricamente como el último factor en la región, apoyando determinados principios que, si verdaderamente pueden imponerse, van a librar a la región de la pesadilla de su historia. 
Pero para que tengan validez las soluciones europeas actuales, los pueblos de distinta etnia deben convencerse de que deben abandonar la diferenciación y su aislamiento detrás de las fronteras y de que deben aceptar la convivencia bajo el mismo techo estatal. 
Este principio iluminador se está viviendo en dos países de la región más amplia. En la Ex República Yugoslava de Macedonia y en Chipre. 
Los beneficios que los pueblos pueden obtener de una solución de tipo europeo serían incalculables; pero presuponen la anulación de la violencia armada como método para forzar cambios históricos y, en este punto, la Unión Europea no se ha distinguido, ni en el caso de Chipre ni en el caso de la ERYM. 
No ha mostrado valor frente a aquellos que ejercen la violencia; o lo muestra sólo ante una de las partes. 
No se puede acabar con la violencia con cumbres, conversaciones y visitas; especialmente cuando a la violencia la acompaña la violación de los compromisos internacionales; es imposible anular la violencia si uno cae en la tentación de las antiguas potencias colonialistas y adopta a favoritos armados de un grupo étnico determinado. 
Se tiene la impresión de que la OTAN se comporta como si los albaneses armados fuesen a convertirse en los gourkas de la región. 
Era obligación de las potencias que intervinieron en Kosovo desarmar al UCK y no lo hicieron. 
Era su obligación imponer una zona de seguridad alrededor de Kosovo y no lo hicieron o lo hicieron sólo en una parte, en perjuicio de los serbios, y toleraron al UCK que entrara y saliera sin ningún control. 
Sabemos que el UCK recibe ayuda también del tráfico de drogas y de recolectas que se realizan en nuestros países. 
La prensa ha dicho que el Gobierno americano ha congelado cuentas albanesas que financiaban al UCK. 
Los países europeos no han hecho nada así. 
¿Cómo podemos esperar anular la violencia armada, que pierda su prestigio ante los ojos del pueblo, si estamos tolerando a los favoritos armados como en Yugoslavia o un ejército de 30 años de ocupación como en Chipre? 
Y mientras no mostremos la decisión debida, será una hipocresía decir a los pueblos enfrentados in situ que son responsables de las tragedias que sufren. 
Son responsables, pero también lo somos nosotros, señor Comisario, de la pesadilla histórica que ha vuelto a despertar en los Balcanes. 
Tengo entendido que, por falta de tiempo, el Presidente en ejercicio no va a contestar. 
Muchos Grupos estaban profundamente preocupados por la acumulación de armamento en los Balcanes y la ausencia de desarme. 
Espero que, aunque cuando no pueda responder ahora el Presidente en ejercicio, se tome muy en serio las preocupaciones de todos los Grupos y las transmita al Consejo de Ministros. 
Se trata de un problema permanente y no sólo local. 
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, responderé rápidamente al conjunto de las preguntas que han sido formuladas. 
En primer lugar, la Presidencia tratará de garantizar un aumento de la presencia de la Unión Europea en la región. 
En tal sentido, la Ex República Federal de Macedonia es un caso de aplicación de nuestro objetivo global para aumentar la visibilidad y la eficacia de la acción exterior de la Unión. 
Deploramos, al igual que ustedes, las tensiones étnicas que afectan incluso a las estructuras del gobierno. 
En cuanto al desarme, por el momento éste se desarrolla sobre una base voluntarista bajo la supervisión de la OTAN. 
Pero, como lo ha dicho el comisario Patten, la reactivación del diálogo político debe ser lo prioritario. 
Con respecto a los efectos de la crisis en la ampliación, desearía recordar el proceso iniciado en Zagreb para europeizar los Balcanes y llegar a un acuerdo negociado. 
La Sra. Lagendijk me ha preguntado si existían contactos y cómo estaban organizados. Le diré simplemente lo siguiente. 
Para lograr un segundo acuerdo negociado se necesitan toda clase de contactos con las fuerzas rebeldes. Y, naturalmente, estos contactos dependen, señora Lagendijk, de la valoración de quienes tienen a su cargo la negociación. 
Le doy las gracias por sus respuestas, señor Ministro. 
El debate queda cerrado. 
Se procede al turno de votaciones. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, quiero intervenir por un motivo de actualidad: tenemos todos los grupos de visitantes y nos alegramos que muchas ciudadanas y ciudadanos de la UE vengan a nosotros y participen como, por ejemplo, aquí, en las sesiones plenarias. 
Pero también sabemos que es difícil encontrar un hotel para cincuenta visitantes. 
Por ello, los visitantes tienen que alojarse hoteles que no se encuentran en Estrasburgo sino en los alrededores. 
Por supuesto que queremos la cercanía al ciudadano y los debates personales entre los ciudadanos de la Unión y los diputados. 
Esto ocurre por un lado mediante la visita al Parlamento Europeo y, por otro, desplazándose el diputado al hotel de los visitantes y hablando allí con ellos. 
Viajamos como diputados a Chile... ... , a Sudáfrica... .... 
(La Presidenta retira al orador la palabra) 
No tengo inconveniente en considerar que se trata de una cuestión de orden, pero sólo tiene derecho a un minuto. 
VOTACIONES 
Señora Presidenta, en estas circunstancias he de formularle una pregunta personal. 
Pero, si ha votado usted a este respecto, no se la formularé. 
¿Ha votado usted a este respecto? 
No, señor McMillan-Scott, no he votado. 
He actuado como todos los Presidentes que me han precedido, y que siempre tuvieron como norma votar solamente en circunstancias muy, muy, excepcionales, pero no sobre problemas respecto a los cuales nuestra Asamblea también está dividida. 
Señora Presidenta, el Comité de Conciliación opina que la Presidenta del Parlamento debe votar sobre este asunto... 
(Reacciones diversas) 
... y, si lo hubiera hecho, habría respaldado el procedimiento de conciliación. 
Creo que de eso se trata. 
(Reacciones diversas) 
Señor McMillan-Scott, tiene derecho a pensar que no he actuado correctamente. 
He reflexionado mucho antes de decidirlo y no había excluido la posibilidad de que podría encontrarme en esta situación. 
He actuado como mi conciencia me lo dictaba. 
Es muy posible que mi actuación no haya sido la correcta, pero esa ha sido mi decisión. 
Señora Presidenta, Señorías, cualquier Presidenta o Presidente tiene el perfecto derecho a votar o no. 
El informe no ha obtenido la mayoría y no deberíamos poner en duda este resultado. 
Repercutiría en contra de la eficacia de la decisión de este Parlamento. 
Además, deseo señalar al Sr. McMillan-Scott que prejuzga respecto al sentido en el que habría votado. 
Señora Presidenta, me disculpo ante usted y ante Sus Señorías, si, al hacer uso de la palabra, pongo a prueba su paciencia, pero, puesto que se lo ha concedido usted a otros, quisiera expresar una opinión muy breve. 
Respeto plenamente su opción personal. 
En relación con la votación, ha dado usted la interpretación correcta. 
Lamento totalmente este resultado, pero los demócratas deben aceptar los procedimientos debidos. 
En nombre del Grupo Demócrata Liberal, quisiera formular una pregunta a la Comisión Europea. 
Está claro que ahora la directiva sobre las ofertas públicas de adquisición o traspaso, en la forma presentada, ha quedado invalidada. 
Se trata de una cuestión tan fundamental e importante, que espero que no abandonemos el intento a causa de esta dificultad. 
Debemos aprender de la dificultad, por lo que pido a la Comisión que cuanto antes intensifique sus esfuerzos a fin de presentar una nueva propuesta para que podamos sacar adelante la reforma de Lisboa. 
No podemos enviar desde esta Asamblea una señal de despreocupación por la dinámica económica fundamental de la Unión Europea. 
El Consejo y la Comisión pueden ayudarnos a ese respecto. 
La Comisión lo ha escuchado perfectamente, señor Cox. 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0227/2001) , en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energías renovables en el mercado interior de la electricidad (5583/1/2001- C5-0133/2001- 2000/0016 (COD) ). (Ponente: Sra. Rothe) 
Señora Presidenta, he solicitado la palabra antes que otros colegas y quería decir en primer lugar, en relación con su afirmación, que no es una posición personal suya, que otros Presidentes hemos seguido la misma línea anteriormente, tanto el Sr. Hänsch como yo. 
Me parece absolutamente condenable que exista una especie de vigilancia policial sobre lo que votan los colegas. 
Eso es un derecho individual y personal. 
En relación con esta directiva, quiero dirigirme no sólo a la Comisión, sino también al Consejo. 
Es una directiva compleja técnicamente; no se puede plantear como una situación de irresponsabilidad del Parlamento el ejercicio de nuestros derechos. 
Hemos trabajado (usted misma como ponente, en el pasado) sobre ella y la lección que deben extraer hoy la Comisión y el Consejo es que si hay una doble lectura parlamentaria y una conciliación, también se tiene que hacer caso al Parlamento en cuestiones en las que, aunque hemos ofrecido múltiples posibilidades de transacción, nos hemos encontrado con un muro por parte del Consejo y de la Comisión. 
Concedo ahora la palabra a la Sra. Rothe para efectuar una breve declaración sobre el procedimiento. 
Señora Presidenta, muchas gracias por haberme concedido brevemente la palabra. 
Para evitar cualquier equívoco sólo quiero indicar brevemente que en el caso de las enmiendas nº 1-11, excluyendo las nº 2 y 4, se trata de compromisos que se han acordado con el Consejo ya antes de la segunda lectura, casi en el sentido de un procedimiento de conciliación informal. 
Les ruego que las aprueben pues creo que hemos logrado una considerable mejora de la posición común. 
Le doy las gracias, señora Rothe. 
Sobre la enmienda 11 
Señora Presidenta, solicito brevemente su atención en relación con una necesaria corrección lingüística. 
Es preciso adaptar la traducción neerlandesa de la última parte de la última frase de la enmienda 11. 
El texto reza como sigue: "si ello afectó negativamente a la jerarquía". 
Es preciso sustituirlo por la traducción correcta de la versión inglesa: "si ello afectara negativamente a la jerarquía". 
Muy bien. Tomamos buena nota de ello. 
Sobre el artículo 2, punto b) 
Señora Presidenta, a mí me ocupa el mismo asunto. 
Pediría que constara en el Acta un error en la traducción finesa de la posición común expuesta en el informe Rothe. 
Las definiciones dadas en la letra b del artículo 2 deberían rezar como sigue: "( se considera) biomasa la fracción biodegradable de los productos, residuos y productos elaborados a partir de residuos provenientes de la agricultura, incluidas las sustancias de origen animal y vegetal, de la actividad forestal y de las industrias relacionadas con estos sectores, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales". 
Es decir, que la palabra 'productos' no aparece en la versión finesa. 
No he observado esta falta en las versiones en otras lenguas. 
Muy bien. 
Le doy las gracias por haberlo señalado. 
(La Presidenta declara aprobada la posición común así modificada) 
Informe (A5-0220/2001) del Sr. Karas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las actividades de organismos de previsión para la jubilación (COM (2000) 507- C5-0596/2000- 2000/0260 (COD)) 
Antes de la votación de la enmienda 18 
Señora Presidenta, es la primera vez que formulo una explicación de voto y la hago en relación con la decisión del Comité de Conciliación de aprobar la Directiva relativa a la OPA que ha sido rechazada con un voto de empate por este Parlamento. 
Por un lado, lo lamento porque habría querido un voto a favor de esta Directiva. 
Sin embargo, mi sentimiento más fuerte es de profunda satisfacción, y el motivo es que, junto con otros colegas de la delegación en el Comité de Conciliación, con nuestro voto- 8 contra 6- hemos permitido que fuera el Pleno quien decidiera. 
Sabíamos que los quince Gobierno estaban divididos entre sí, que estaban divididos en su seno, que los sindicatos y las organizaciones económicas estaban divididos y que casi todos los grupos parlamentarios estaban divididos. 
Entonces, ¿por qué decidir a las 2 de la madrugada en Luxemburgo, siete contra siete? 
Ha sido una buena decisión y creo que también los amigos que habrían preferido cerrar la partida en Luxemburgo, nos deben dar las gracias. 
Ha sido un día extraordinario, una votación emocionante, uno de esos días que te hacen querer todavía más esa extraordinaria conquista de la historia de la humanidad que es la democracia. 
Señora Presidenta, la delegación del Partido Laborista en el PE ha votado a favor del texto de conciliación sobre las ofertas públicas de adquisición o de traspaso. 
Si bien comprendemos que el objetivo primordial de esta directiva era el de proteger los intereses de los accionistas e inversores minoritarios contra los directores sin escrúpulos y los consejos de administración ineficientes de empresas en una oferta pública de adquisición o traspaso, en la conciliación logramos la inclusión de enmiendas presentadas por el Grupo Socialista gracias a las cuales se habrían reconocido en esta directiva los legítimos intereses de los empleados en el proceso de oferta pública de adquisición o traspaso. 
Algunos creen que esta directiva era insuficiente al respecto y que no se establecían consultas auténticas a la mano de obra. 
Digámoslo con claridad: había que elegir entre facilitar información a la mano de obra en el proceso de oferta pública de adquisición o traspaso o no facilitarla. 
Como ha dicho un antiguo secretario general de un sindicato británico, he de decir que se trata de un importante paso adelante para lograr un fundamento substancial. 
Sería un error oponerse a la directiva porque no conceda derechos suficientes de información y consulta. 
Esta directiva no habría tenido consecuencias en el acervo comunitario de derechos en materia de empleo en la UE ni en los Estados miembros. 
Era una prescripción mínima. 
Creo que conviene usted, señora Presidenta, en que el Parlamento no se ha cubierto de gloria con su apretado resultado de hoy. 
Seguiremos sin disponer de una directiva sobre ofertas públicas de adquisición o traspaso y no habrá información ni consulta ni derechos de los trabajadores, mientras que seguirá habiendo traspasos y adquisiciones en toda la Unión Europea. 
Señora Presidenta, aplaudo el ingreso del Sr. Imbeni en el círculo de los que formulan explicaciones de voto. 
Para mí, ésta no es la primera explicación de voto. 
Tenía muchas dudas, señora Presidenta, acerca de cómo votar, si a favor o en contra, también porque se trata de un asunto de carácter financiero, económico, en el que no tengo mucha experiencia. 
Por eso, he seguido con mucho gusto- lamentablemente, no soñé con usted, señora Presidenta- las indicaciones contenidas en la intervención de la Sra. Kauppi que está detrás de mí, que es joven, sí, pero, que se preocupa por los intereses de todos los pensionistas, incluso de los italianos a los que ha hablado en muchas ocasiones. 
Ella dijo que si esta conciliación se hubiera aprobado, habría ayudado a los pensionista: la creo y por esto he votado a favor. 
Señora Presidenta, me parece muy lamentable que el compromiso contraído en el procedimiento de conciliación haya sido rechazado hoy por el margen más pequeño posible. 
Esta propuesta de directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición de empresas formaba parte importante de la entrada en vigor definitiva del mercado interior europeo. 
Esto se ha preparado durante mucho tiempo, doce años, y espero que el trabajo realizado no se eche por la borda tras esta votación tan ajustada, es decir, que espero que se continúe el trabajo para establecer una normativa común para la Comunidad Europea en materia de ofertas públicas de adquisición, y quizás así lleguemos algún día a un compromiso que cuente con el respaldo de la mayoría de esta Asamblea. 
Quisiera aún sacar a consideración la cuestión de las repercusiones que esto puede tener en el flujo de capitales hacia Europa. 
En mi opinión, es muy preocupante que diseñáramos planes tan ambiciosos en Lisboa el año pasado, que ahora parecen quedar en mera retórica. 
El rechazo de esta propuesta de directiva demuestra que nos falta voluntad política para ir aplicando las decisiones de Lisboa. 
Señora Presidenta, Señorías, hay que lamentar la decisión de hoy en contra de una directiva común de adquisición en la UE. 
Con el rechazo en el Parlamento, el mercado europeo de capitales va a permanecer dividido en un punto central, el comercio con las empresas. 
Las oportunidades de futuro para el aumento del bienestar se logran solamente mediante mercados abiertos y el comercio libre. 
Por desgracia, el Parlamento se ha desviado de este principio. 
Habría deseado firmemente que nos hubiésemos pronunciado en contra de la obligación de neutralidad de la presidencia pues los intereses de los propietarios no siempre coinciden con los de los empleados directivos. 
La observación de que Alemania necesita por ejemplo más protección frente a las adquisiciones hostiles porque en otros países existen golden shares y acciones de votos mayoritarios es reflejo de un modo de pensar proteccionista. 
No se puede actuar proteccionistamente porque otros países lo hacen. 
Los Estados europeos nacionales protegerán ahora después de esta votación sus porciones más valoradas de la industria y del sector financiero. Este es en general un mal día para el mercado interior y para Europa como lugar de emplazamiento empresarial. 
. (FR) El rechazo de la propuesta de directiva sobre las OPA acaba por mucho tiempo con cualquier iniciativa seria de armonización de los servicios financieros en la Unión Europea. 
La decisión del Parlamento se sitúa en la conjunción de expectativas profundamente diferentes. 
Ésta expresa, por ejemplo, la frustración legítima de los partidarios de una auténtica armonización legislativa que se han visto cada vez menos reflejados en un texto cada vez más minimalista, técnicamente cojo y políticamente mal equilibrado, y que han querido castigar la arrogancia de gobiernos que se han negado a hacer cualquier tipo de concesión frente al Parlamento. 
El mentís impuesto a la delegación parlamentaria en el Comité de Conciliación se explica, sin embargo, por el surgimiento de un sentimiento muy diferente de pusilanimidad y de repliegue proteccionista, que ha hecho estallar el frágil acuerdo que se había obtenido en conciliación. 
Los diputados alemanes se vieron progresivamente acompañados en su estrategia de rechazo por numerosos colegas neerlandeses, españoles e italianos. 
Francia, a su vez, ha dado lecciones de liberalismo más bien paradójicas por parte de un gobierno socialista, permitiendo que una empresa nacional superprotegida realizara un esfuerzo espectacular de adquisición en todas las direcciones y despertara en el conjunto de Europa tentaciones proteccionistas exasperadamente latentes. 
A pesar de estar edulcorada, debilitada, suspendida por cinco años en su aplicación, la directiva era todavía demasiado amenazadora para muchos. 
Nadie se lamentará del fracaso final de un texto que, de concesiones en abandonos, no era más que la sombra de una política común. 
Nadie puede ignorar, sin embargo, que este texto poco acertado ha sido rechazado sin buenas razones por una mayoría. 
Tras el referéndum irlandés, el rechazo de una directiva sobre un desafío económico esencial es una señal más de la gravísima crisis política y moral que hoy atraviesa Europa. 
- (NL) Es positivo que el Parlamento Europeo acabe de enviar a la papelera la conciliación sobre la decimotercera directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición hostiles. 
Ello significa que, una vez rechazada esta deficiente propuesta de directiva, la Comisión Europea puede dedicarse sin mayor dilación a la elaboración de otras iniciativas nuevas. 
Si la Comisión tiene en cuenta los sentimientos expresados por una amplia mayoría del Parlamento podremos disponer en breve de una nueva propuesta de directiva. 
El Parlamento tardará poco tiempo en adoptarla si se cumplen las siguientes condiciones: la decisión acerca de las ofertas públicas de adquisición hostiles no puede estar en manos de los accionistas, sino que debe ser adoptada por el consejo de administración; a la hora de decidirse, el consejo de administración debe tomar en consideración todos los intereses, incluida la posición de los trabajadores; la nueva propuesta debe crear un level playing field dentro de Europa, lo cual implica, entre otras cosas, que deben quedar prohibidas las intervenciones públicas en forma de golden shares o bajo otras apariencias, destinadas a evitar posibles adquisiciones y que, en todo caso, en la Unión Europea las empresas tengan derecho a servirse de los mismos mecanismos protectores que las empresas establecidas en los EEUU. 
Ésta es la única manera de lograr una propuesta legislativa equilibrada que se ajuste a la tradición socioeconómica de la mayoría de los países europeos y ponga fin al fundamentalismo de mercado en el que se asienta la propuesta que acabamos de rechazar. 
. (SV) Este asunto trata de las reglas institucionales del gran capital europeo para la compra y traspaso de grandes empresas. 
Por una parte, tenemos la tradición anglosajona, caracterizada por los principios del laissez-faire y del open market. 
Por otra, hay una tradición continental corporativista y proteccionista. 
No es casualidad que un colega alemán haya presentado una de las propuestas y que la otra haya sido especialmente defendida en el debate de ayer por los colegas ingleses. 
Aunque el informe Lehne contiene algunos aspectos corporativo-patriarcales en favor de los empleados de las grandes empresas, opinamos que ninguna de las alternativas favorece los intereses de los trabajadores. 
Rechazamos ambas alternativas y pedimos, en cambio, que la Comisión presente una nueva propuesta para conseguir, en relación con la compra y traspaso de grandes empresas, la mejor protección posible a los intereses y necesidades de los trabajadores y de los consumidores. 
- (PT) La polémica que ha rodeado el proceso de conciliación de esta propuesta de directiva, bien visible en el resultado de la votación en Pleno (fue rechazada, por haber habido empate en la votación) , demostró que había dos concepciones diferentes con métodos diferentes en el proceso de armonización de la legislación relativa a las ofertas públicas de adquisición. 
Aunque durante el proceso de conciliación haya habido algunos avances leves en la defensa de los accionistas que no tienen el control de la empresa y la aprobación de algunas normas relativas a la obligatoriedad de la información a los trabajadores, en esa situación aún no se recogen todos los aspectos en cuanto a la posibilidad de intervención de los trabajadores y los pequeños accionistas. 
Por último, aunque para Portugal la posición resultante de la conciliación podría tener cierto interés, dado que las empresas portuguesas pueden ser un posible y fácil blanco para ofertas transfronterizas, hay otras formas más adecuadas de defender los intereses nacionales. 
A eso se debe nuestro voto de abstención. 
He votado con pena contra este resultado de un procedimiento de conciliación. 
Sé que se había procurado en gran medida conceder a la mano de obra un mayor acceso a la información y proteger los derechos de los pequeños accionistas. 
Sin embargo, creo que los Estados miembros no se han comprometido suficientemente con la ampliación de las consultas a los trabajadores y, de hecho, en algunos Estados miembros los resultados serán regresivos. 
No creo que debamos ampliar los derechos de algunos trabajadores a expensas de otros ni votar a favor de que en la próxima directiva figuren menos derechos de consulta de lo que deseamos. 
Nuestro planteamiento debe ser coherente. 
Ahora debemos exigir a nuestros Gobiernos que eleven sus normas a la altura de las mejores y no se oculten tras una transacción internacional. 
Para proteger los derechos de los pequeños accionistas contra los de los grandes, cuya posición legal puede exigirles buscar el máximo beneficio con una perspectiva a corto plazo, hará falta algo más que las propuestas que figuran en este documento. 
No debemos fomentar ese planteamiento. 
El texto subraya la necesidad de informar debidamente a los trabajadores y aumentar la transparencia de cara al futuro empleo. 
Amén de ello, la Comisión se ha comprometido a encargar a un comité de expertos un estudio sobre una serie de supuestas irregularidades y aparentes desequilibrios que pueden acabar alterando los principios del mercado interior. El informe ha de presentarse antes del mes de marzo de 2002. 
Si las sospechas se confirman la Comisión adoptará las medidas oportunas. 
Los enemigos de esta directiva pretenden rechazarla a fin de poder contar a corto plazo con una nueva propuesta. 
Sin embargo, hemos podido observar hasta qué punto los intereses nacionales pueden contribuir lo contrario decisiva al fracaso y el aplazamiento de una nueva propuesta. 
A estas alturas Europa ya no se puede encerrar en sí misma; no podemos cerrar los ojos ante la globalización de nuestras economías. 
Es importante que las empresas europeas puedan competir con el resto del mundo. Lo mismo digo respecto a los inversores. 
Somos conscientes de que la presente directiva no ganará ningún concurso de belleza, pero rechazarla significa volver al punto de partida, lo cual ciertamente no redunda en beneficio de Europa. 
A fin de cuentas detenerse equivale a dar marcha atrás, y el temor es mal consejero. 
¡Por todo eso hemos votado a favor! 
. (DE) Mi Grupo rechaza la propuesta común de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en el campo del derecho de sociedades relativo a las ofertas de adquisición. 
El compromiso encontrado en el comité de conciliación no es aceptable para nosotros. 
Según el refrán de "lo que se hace esperar durante mucho tiempo, será bueno" se podría haber esperado tras 12 años de debates una directiva perfecta. 
Pero la realidad es lo contrario. 
¿Dónde radican los problemas? 
1. 
En los Estados miembros hay empresas protegidas, ya sea mediante limitaciones de voto, "Golden Shares", derechos de voto plurales, etc. La directiva determina que las empresas protegidas pueden absorber empresas no protegidas pero no a la inversa. 
Es decir, no existe una igualdad de trato ("level playing field"). 
2. 
Faltan principios para determinar un precio adecuado que debe presentarse en caso de una oferta obligatoria al igual que principios sobre los derechos del accionista mayoritario de adquirir las participaciones de los accionistas minoritarios. 
3. 
Las empresas europeas estarían expuestas a la presión de los grandes consorcios financieros en Europa, con lo que ya no se encontraría en el primer plano la creación de valor sino exclusivamente la maximización de los beneficios. 
Esto, a su vez, aumenta el peligro de que en las absorciones que sigan este modelo se pierdan puestos de trabajo en cantidad considerable. 
4. 
Los derechos de codecisión de las representaciones de los trabajadores están insuficientemente articulados. 
Una obligación de información no garantiza la influencia por parte de los representantes de los trabajadores en el proceso de absorción. 
La Comisión conoce perfectamente estos problemas pues propone solicitar a un grupo de expertos en derecho de sociedades que debata sobre una armonización a fondo del derecho de sociedades y que muestre claramente su posición sobre el artículo 9 de esta directiva sobre ofertas de adquisición hasta mayo del 2002. 
¿Qué lógica hay aquí? 
Creo que habría sido más razonable convocar primero a un grupo de expertos, presentar resultados y a continuación aprobar una directiva en lugar de aprobar primero una directiva y a continuación mandar que un grupo de expertos debata sobre los problemas sin solucionar de la directiva. 
Además, en relación con la directiva de adquisición es urgentemente necesario aprobar una directiva sobre la obligación de neutralidad. 
Esta se encuentra desde 1972 en fase de proyecto y no se ha podido aprobar hasta hoy. 
Instamos al Sr. Bolkestein y al Consejo para que hagan sus tareas. 
Como queremos concederles esta oportunidad hemos negado nuestro voto afirmativo con el presente documento. 
La directiva del Parlamento y del Consejo, en materia de derecho de sociedades, relativa a las ofertas públicas de adquisición (OPA) va encaminada a armonizar las legislaciones de los Estados miembros en el caso de que las sociedades sujetas a la ley de un Estado miembro sean objeto de una OPA, estando sus valores (mobiliarios, acciones) admitidos a negociación en un mercado reglamentado. 
Su objetivo principal es la protección de los intereses de los accionistas minoritarios y, por efecto de la armonización, la protección de dichos intereses cuando la OPA reviste naturaleza transfronteriza. 
Se pretende así- mediante la formulación de un principio de trato equivalente de todos los accionistas- crear las condiciones mínimas para que todos los accionistas puedan pronunciarse y apreciar los términos de la oferta presentada y al mismo tiempo salvaguardar, mediante normas para el anuncio de la oferta y de límites temporales para el período de aceptación, el mantenimiento por parte de la empresa de condiciones de funcionamiento durante ese período. 
Por eso, presto mi apoyo total al acuerdo alcanzado y, por consiguiente, al proyecto común adoptado por el Comité de Conciliación, de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las ofertas públicas de adquisición, encaminado al establecimiento, así, de un conjunto de normas armonizadas que disciplinen el proceso y garanticen la protección equivalente de todos los accionistas. 
- (NL) Antiguamente, la mayoría de las empresas producían a pequeña escala y estaban ligadas a una ciudad o una región. 
Se sabía quién era el propietario y el personal trabajaba toda su vida en la misma empresa. 
Durante mucho tiempo las autoridades se mostraron partidarias de que las empresas permanecieran en manos de un propietario regional o nacional. Del mismo modo fomentaron la creación de empresas no comerciales que redundaran en beneficio de los intereses de los trabajadores y los consumidores. 
En una sociedad en que todo está supeditado al mercado libre y a la competencia a nivel mundial las empresas se han convertido en una mera mercancía. 
Si a los compradores y los antiguos accionistas les viene bien, la empresa se cierra porque su margen de beneficios está por debajo del de los demás miembros del consorcio, porque su marca registrada puede pasarse a otros productos o porque su producción puede ser trasladada a un país con salarios bajos y una normativa insatisfactoria en materia de medio ambiente. 
Este procedimiento tiene consecuencias nefastas para el empleo, la cohesión social en el entorno de la empresa, los consumidores y la elaboración de una política gubernamental democrática. 
Por todo ello, las pequeñas empresas fáciles de organizar y controlar continúan siendo preferibles a los gigantes mundiales que no dejan de sorprender a los demás, imponiéndonos sus leyes. 
Las fusiones llevadas a cabo sin derecho de veto para los sindicatos y las autoridades públicas causan auténticos desastres. 
Me opongo a este tráfico de empresas y, por tanto, voto en contra de la presente propuesta. 
- (NL) Muy a mi pesar me he visto obligada a votar en contra del resultado obtenido por el Comité de Conciliación en lo que a la directiva sobre las ofertas públicas de adquisición se refiere. 
Lamento que mi voto en contra haya contribuido a echar a perder tantos años de trabajo, si bien es cierto que en última instancia hemos de regirnos por la calidad del producto final. 
En este caso el producto final no es nada bueno, entre otras razones porque debilita sobremanera la posición de las empresas europeas ante las ofertas de adquisición estadounidenses, hasta el punto de que su posición resulta más débil que la de las empresas estadounidenses frente a los ofertantes europeos. 
Además, toda la atención se concentra en un único aspecto, a saber, la ampliación de capital, mientras que no se ajustan las demás técnicas e instrumentos protectores. 
Quien crea que gracias a esta propuesta las empresas europeas serán tratadas en pie de igualdad quedará defraudado. 
Por todas estas razones no podía hacer otra cosa que votar en contra. Lo siento sinceramente. 
Señora Presidenta, hace poco estuve en la maravillosa isla italiana de Capri: sol, mar, cielo azul, y me acordé de otra isla maravillosa, esta vez, en Suecia, la isla de Gotland, igual de preciosa: mar, cielo, sol y... molinos de viento. 
Había, señor Presidente, dado que esas islas son muy ventosas, unas instalaciones que transforman la energía del viento en energía eléctrica. 
Ésta es la Europa que a mí me gusta más, y creo que también les gustaría a los ciudadanos europeos. 
Por eso, he votado a favor de un mayor compromiso en favor de las energías renovables. 
Señora Presidenta, hoy hemos votado en segunda lectura sobre la exigencia de generación de corriente proveniente de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. 
El Libro Blanco de la Comisión nos ha impuesto una obligación, consistente en que hasta el 2010 el 12% del consumo de energía debe estar cubierto por energías renovables. 
Para lograr este objetivo debemos fomentar la producción de energía de fuentes renovables mediante diversos estímulos pues no nos encontramos ni mucho menos aún cerca de esta meta. 
Las tecnologías jóvenes precisan mecanismos de ayuda no burocráticos, sencillos y efectivos. 
Quiero aprovechar esta ocasión en especial para destacar la importancia de las energías renovables para los espacios rurales. 
La generación de energía, el cultivo de plantas energéticas ofrece una posibilidad alternativa de ingresos para nuestros agricultores en Europa que es necesario aprovechar. 
De este modo, se puede intensificar y multiplicar la multifuncionalidad de las áreas rurales. Aquí veo la gran oportunidad de la agricultura y de un espacio rural sano en nuestra Europa común. 
Señora Presidenta, hemos votado hace poco sobre la definición del concepto de energía renovable, en cuyo contexto hemos delimitado también el concepto de biomasa. 
Se ha establecido que se considera biomasa la fracción biodegradable de los productos procedentes de la agricultura y de la actividad forestal, así como de los generados en las industrias de ambos sectores. 
Aunque, lamentablemente, el Parlamento no ha vuelto a incluir la definición que aprobamos la última vez, según la cual la turba se clasifica entre las energías renovables en la medida en que se regenera anualmente, quiero constatar que en la versión ahora aprobada la turba queda incluida de forma implícita. 
Y es que cualquier jardinero sabe que la turba es un producto biodegradable. 
Efectivamente, experimenta una descomposición total, pues también se ha generado biológicamente. 
La acción de bacterias y microbios la descomponen al entrar en contacto con el oxígeno. 
También se descompone en la superficie de los pantanos. 
De ahí parte precisamente la teoría del crecimiento de la turba: crecen en tamaño aquellos pantanos en los que se genera más turba de la que se descompone. 
Habida cuenta que éstos son los hechos, inalterables de por sí, deseo que el Parlamento, la Comisión y el Consejo conviertan lo implícito en explícito y que, en adelante, hagan mención expresa de la turba. 
Deseo esto en nombre de la protección del medio ambiente. 
Mi propia enmienda, aprobada por el Parlamento en noviembre, establecía los límites para la utilización de la turba: no se tocaría el capital, sólo se aprovecharían los intereses. 
Las organizaciones ecológicas, que basaban su postura en conocimientos ya caducos sobre la fotosíntesis del carbono en los pantanos, se oponían paradójicamente a mi definición, cuyo objeto era evitar la explotación abusiva de los pantanos, y he aquí el resultado: quien mucho abarca poco aprieta, aplicable acaso también a la avidez ecológica. 
Espero que continúe el debate. 
. (FR) La Comisión de Industria ha aprobado unánimemente el informe de la Sra. Mechtild Rothe (PSE, D) respecto de la posición común del Consejo sobre la directiva relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables (FER) en el mercado interior. 
La posición común, aprobada en marzo, se aleja considerablemente de la posición aprobada en primera lectura por el Parlamento en noviembre último, a pesar de que el Consejo ha aceptado alrededor de la tercera parte de las enmiendas propuestas por el Parlamento. 
La ponente se ha esforzado por lograr un compromiso antes de la segunda lectura en el PE y ha manifestado a la Comisión que el Consejo había aceptado, en el diálogo a tres bandas organizado el martes 19 de junio, ocho de las nueve enmiendas de transacción. 
El único punto por resolver radica en saber si la incineración de residuos debe ser considerada una fuente de energía renovable. 
El Consejo pretende incluirla. 
Sin embargo, los diputados hacen hincapié en que el sistema de apoyo a las energías renovables debe ser compatible con los otros objetivos comunitarios, concretamente con el del "respeto de la jerarquía en el tratamiento de los residuos". 
Por consiguiente, la incineración de residuos urbanos no separados no debe fomentarse con arreglo a la presente directiva ni en virtud de un futuro régimen de apoyo a las fuentes de energía renovables. 
Uno de los desacuerdos más profundos entre los dos órganos legislativos guarda relación con la cuestión de saber si los objetivos nacionales en materia de utilización de las fuentes de energía renovables deben ser obligatorios o simplemente indicativos. 
El Parlamento insistía en noviembre en la necesidad de disponer de objetivos obligatorios, pero el Consejo se opuso a ello. 
El compromiso establece que si los Estados miembros no han avanzado en la realización de sus objetivos indicativos nacionales, la Comisión deberá presentar propuestas susceptibles de contener objetivos obligatorios. 
Los objetivos indicativos nacionales deberán ser compatibles con el objetivo indicativo global del 12% del consumo nacional bruto de energía en 2010 generada a partir de fuentes de energía renovables. 
Paralelamente, estas últimas deberán representar una parte indicativa del 22,1 % del consumo total de electricidad en la Comunidad. 
(Explicación abreviada en virtud del artículo 137 del Reglamento) 
. (IT) La importancia de la energía renovable y el incremento de su utilización en Europa: éstas son las lógicas que están en la base de la propuesta sometida a nuestro examen en segunda lectura. 
En esta ocasión, reitero mi satisfacción por el esfuerzo conjunto que fija para el año 2010 esa cifra significativa del 12% del mercado eléctrico europeo procedente de fuentes de energía renovables en beneficio asimismo del medio ambiente, ya que sabemos lo muy actuales que son estos problemas, especialmente en relación con los cambios climáticos. 
Para el "oro blanco", el agua empleada en las zonas de montaña de Europa para la producción de la energía hidroeléctrica, esto significa una evidente valorización como recurso fundamental para la economía de montaña. 
Estoy satisfecho de que, tal como consta en las actas parlamentarias, algunas de mis sugerencias destinadas a mejorar el texto figuren en el mismo. 
Esto permitirá- y es un ejemplo significativo y concreto, aunque a pequeña escala- a mi Valle de Aosta, región alpina por excelencia, apostar por el sector hidroeléctrico e invertir con confianza en él, tras el final de la cuarentenal situación de expropiación de un puntal de la riqueza de la economía local derivada de la nacionalización y del monopolio del sector eléctrico en Italia, a la que sólo ahora se pone remedio gracias al impulso europeo que vuelve a abrir el juego para las competencias regionales dimanantes para mi Valle del Estatuto de Autonomía. 
En este sentido, es positivo que la Unión Europea valorice esa fuente renovable por definición que es la energía hidroeléctrica ofreciendo seguridad y mecanismos de incentivación en el mercado, de los que obtendrán seguros beneficios las regiones de montaña, especialmente aquellas donde quien gestionará las sociedades eléctricas serán las expresiones directas de las poblaciones locales. 
- (NL) Como consecuencia del funcionamiento del mercado y la consiguiente búsqueda de una electricidad más barata y no más limpia corremos el riesgo de vivir un nuevo auge de combustibles contaminantes como la energía nuclear, el carbón, el lignito y el petróleo. 
En los Países Bajos las centrales energéticas relativamente limpias están paradas para poder importar electricidad barata pero sucia. 
Por el bien de nuestro medio ambiente es fundamental que los combustibles contaminantes sean sustituidos lo antes posible por el sol, el aire y la energía hidráulica. 
En lugar de trabajar activamente en la elaboración de nuevas formas de electricidad se pide a los consumidores individuales que compren energías más limpias a otro proveedor por un precio aberrante. 
En este momento dichos proveedores no son capaces de satisfacer la demanda. 
La solución consiste en ampliar la definición de energía limpia a otras formas de energía. 
La incineración de residuos domésticos orgánicos no separados y de residuos de madera ha existido siempre, pero de repente entra a formar parte de la categoría de las energías limpias a fin de cumplir los objetivos previstos. 
Mi apoyo a la generación de energía limpia no se hace extensivo a esta ampliación. 
Las grandes inversiones en nuevas fuentes de energías limpias que se anticipen a la demanda del consumidor y no dependan de la eliminación de residuos constituyen una alternativa válida para el sistema solicitado por el Consejo. 
. (SV) Los cristianodemócratas suecos aplaudimos la directiva sobre fuentes de energía renovables. 
Aceptamos que la electricidad que se produzca al incinerar residuos domésticos sujetos a descomposición sea contabilizada en los objetivos nacionales. 
No obstante, más nos hubiese gustado que la incineración de residuos domésticos no clasificados no se contase como electricidad proveniente de fuentes renovables. 
Por esa razón, no aceptamos que se subvencione la incineración de esta clase de residuos. 
El acuerdo a que se ha llegado con el Consejo en esta materia es, en nuestra opinión, demasiado endeble. 
El Consejo ha adoptado una decisión, pero no ha señalado su contenido. 
La importancia de aprobar esta directiva tan pronto como sea posible, especialmente por el papel que representa la UE en las próximas negociaciones sobre el clima, constituye en nuestra opinión un motivo suficiente para respaldar el acuerdo a que se ha llegado con el Consejo en esta materia. 
Informe Karas (A5-0220/2001) 
Señora Presidenta, el informe Karas se refiere a los fondos profesionales de pensiones. 
Hoy, señora Presidenta, no es el 4 de julio de 2001, sino el 4 de julio de 2030. 
Usted no haga la cuenta de cuántos años tendremos en el año 2030 y escuche el final. 
En el año 2030 un pensionista francés se encuentra con un pensionistas inglés y le dice: " ¿Has visto que buena pensión tenemos? 
Piensa que en el año 2000 los ciudadanos europeos cobraban menos de la mitad de la pensión que cobramos nosotros. 
¿Cómo lo conseguimos? 
Pues, porque con otra directiva europea obligamos a todos los Estados a invertir todos los fondos de pensiones, pagados hasta ese momento al Estado, en fondos profesionales que han gestionado bien el dinero y, en consecuencia, han logrado buenas pensiones ". 
. (FR) El proyecto de directiva y el informe Karas sobre los fondos de pensiones y los regímenes complementarios son un ataque adicional a los sistemas de jubilación existentes en la Unión Europea. 
El informe Karas se apoya en las conclusiones muy liberales del Consejo Europeo de Feira para aprobar la directiva. 
Su análisis se basa en una armonización mínima de la normativa y en un enfoque "anglosajón" de la reglamentación, que se traduce por una ausencia de normas claras para determinar los compromisos adquiridos por los fondos de pensiones. 
La directiva responde a las exigencias de la industria de los fondos de pensiones ingleses y neerlandeses, que quieren intervenir en el plano europeo con un fondo único en sustitución de fondos diferentes instalados en cada país. 
Una vez más, la Unión Europea se somete a la dictadura del mercado único, y esta vez, en el sector de las jubilaciones, con consecuencias que, sin embargo, conocemos demasiado bien: agravamiento de las desigualdades entre asalariados, influencia de los mercados financieros y de los accionistas en el ahorro en el sector de la jubilación y aumento de la presión de los fondos de pensiones sobre el empleo asalariado. 
En lugar de armonizar hacia abajo y de crear un mercado único en materia de jubilación, deberíamos instaurar en el plano europeo un sistema basado en la solidaridad y la igualación. 
Por eso hemos votado en contra del informe Karas y rechazamos el proyecto de directiva. 
- (NL) Los empresarios han descubierto que los fondos de pensiones de las empresas constituyen una fuente de capital de riesgo. 
Los gobernantes consideran dichos fondos como partes de un mercado financiero integrado que ha de garantizar la competitividad de la economía europea. 
Con objeto de aumentar el rendimiento las aportaciones a los fondos se confieren a organismos cuyo único objetivo consiste en obtener beneficios. 
En el futuro los accionistas de los bancos y las compañías de seguros se aprovecharán de las ganancias, en tanto que los jubilados tendrán que hacer frente a un mayor riesgo como consecuencia de la desaparición de los mecanismos protectores sin que se solucionen los problemas relacionados con el traslado a otra empresa u otro Estado miembro. 
La normativa europea propuesta no tiene en cuenta las razones subyacentes a la creación de las reservas de pensiones. 
Las pensiones tienen por objeto redistribuir y complementar las rentas para que todas las personas puedan disponer de forma continuada de unos medios de subsistencia dignos, también a los 70, 90 ó 110 años, cuando ya no sean productivos. 
La asignación de una pensión pública razonable e idéntica para todos los ciudadanos constituye la mejor garantía para que nadie pierda el derecho a recibir ingresos. 
Sin embargo, los fondos de pensiones para empresas solamente resultan rentables para trabajadores fijos con un sueldo elevado. 
No solucionan los problemas de los trabajadores que han cambiado a menudo de trabajo o empresa. 
Estas observaciones se aplican aún con más razón a las pensiones privadas complementarias. Solamente están disponibles para quien esté en condiciones y esté dispuesto a invertir excedentes individuales en una compañía de seguros durante sus años productivos. 
Informe Ettl (A5-0211/2001) 
El informe del Sr. Ettl se refiere a la solvencia de las empresas de seguros de vida. 
Señora Presidenta, yo creo que Europa a la que tanto le interesa la calidad de vida de los ciudadanos europeos y la calidad de cualesquiera bienes de consumo, debería obligar a las empresas de seguros de vida que cumplen esta directiva a añadir a su denominación: "Es una compañía de seguros fiable según la directiva europea". 
Por ejemplo: "Compañía de seguros Fulanita de Tal, fiable", porque el ciudadano debe saber que esa compañía de seguros emplea bien sus fondos. 
Informe Ettl (A5-0212/2001) 
También el segundo informe del Sr. Ettl prevé más garantías para que las empresas de seguros no de vida sean solventes. 
Señora Presidenta, ayer por la noche pensé en este informe. 
Dormí muy mal y tuve una verdadera pesadilla. 
¿Por qué? 
Lamentablemente, soñé con que el piso donde vivo había quedado destruido y yo salía corriendo de la habitación y veía desesperado el piso destrozado del Sr. Fatuzzo. 
Y estaba aún más desesperado porque había contratado un seguro con una pésima compañía de seguros. 
En ese momento me desperté y, por suerte, me acordé que mi seguro era un buen seguro y, sobre todo, que mi piso estaba intacto y que me encontraba en Estrasburgo. 
Informe Flesch (A5-0226/2001) 
Señora Presidenta, para ilustrarle mi explicación de voto sobre el informe de la Sra. Flesch sobre el dominio ".EU" en los ordenadores, debo decirle que hace algunos días me encontré precisamente en Estrasburgo con una guapísima chica de uno de los países del Este que piden entrar en nuestra Unión. 
Mientras charlábamos y paseábamos, esta joven de ese país- un país búlgaro- me preguntó: "¿ Por qué no permitís a los países candidatos a entrar en la Unión Europea utilizar el dominio de nivel superior de Internet".EU "?" 
Por esto, le formulo la pregunta a la Sra. Flesch. 
. (FR) Este informe se refiere a una propuesta de reglamento relativa al dominio de nivel superior de Internet '.EU'. 
La propuesta de la Comisión responde al deseo formulado en el Consejo de Lisboa (23-24 de marzo de 2000). 
El Consejo de Estocolmo (23-24 de marzo de 2001) reiteró dicho deseo, afirmando que "el Consejo adoptará, con la Comisión, las medidas necesarias para garantizar que el nombre de dominio de nivel superior.EU se ponga a disposición de los usuarios lo antes posible". 
Esta formulación puede parecer algo compleja y requiere algunas explicaciones. 
Dicho reglamento es un acto de carácter general que establece un marco para la creación de un registro '.EU'. 
Este registro deberá estipular contratos tanto con la Comisión como con la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). 
Les recuerdo que la ICANN se creó en octubre de 1998 con la finalidad de contrarrestar la hegemonía norteamericana en la gestión de Internet. 
La referida sociedad privada con fines no lucrativos se ocupa de cuatro sectores claves de Internet, entre los que se encuentran el DNS (sistemas de nombres de dominios) y la atribución de espacios de direcciones Internet Protocol. 
La ICANN está constituida por un comité de dirección de 19 miembros. 
Sus directores y miembros externos se eligen con criterios de equilibrio geográfico. 
La ICANN comprende, finalmente, cuatro comités consultivos, entre los que figura el GAC (Comité Asesor Gubernamental) , en el que participan la Comisión Europea y los Estados miembros. 
La Unión Europea ha decidido, para mi gran satisfacción, implicarse más en el seno de este órgano, a fin de desempeñar un papel determinante en la gestión internacional de Internet y de reforzar la neutralidad de la INCANN. 
Desde este punto de vista, si la Unión Europea desea afirmarse en el ciberespacio, ésta debe crear un nombre de dominio a semejanza de sus Estados miembros. 
Así, los territorios nacionales se reconocen en Internet a través de nombres de dominio tales como '.uk' o '.be'. 
Dicha creación constituiría un factor determinante de aceleración del desarrollo de la economía y del comercio electrónico en Europa. 
He creído, pues, importante validar el buen trabajo efectuado por la Sra. Ponente. 
Consejo Europeo de Gotemburgo 
Señora Presidenta, quisiera emitir un juicio acerca del informe sobre el Consejo de Gotemburgo. 
Como usted sabe, en este Consejo se tomó la decisión de afrontar con determinación el problema de las pensiones en los quince Estados de la Unión Europea. 
Según usted, ¿acaso podía dejar de intervenir para explicar por qué he votado a favor? 
Ayer, a la hora de comer, en un congreso del Kangaroo group, aquí en el Parlamento Europeo, tuve el gusto de escuchar al responsable de una industria japonesa que decía: "Nosotros, los industriales japoneses ansiamos que en Europa haya una pensión única europea, con reglamentos y leyes iguales en toda Europa". 
Luego, no soy el único que pide una pensión europea. 
Me alegro y por eso he votado a favor de este informe porque el Consejo de Gotemburgo ha emprendido este camino. 
Señora Presidenta, en esta resolución nos hemos pronunciado sobre el tema Macedonia y sólo quiero decir que me parece positivo que la Unión Europea se comprometa intensamente en este país pero no debemos hacerlo como maestros sino mostrando respeto ante las personas y los pueblos que allí viven. 
Macedonia tiene un Gobierno que incluye a todos los partidos y en el que también están representadas todas las nacionalidades. 
Tiene un Jefe de Gobierno proeuropeo y un excelente Jefe de Estado proeuropeo. 
Cuando hablamos continuamente sobre derechos de minorías, debemos tener claro que en la misma UE no existen por desgracia los estándares europeos de minorías de los que hablamos. 
Por ello, deberíamos acercarnos a este tema con una cierta humildad, ofrecer nuestros buenos servicios pero no actuar siempre como maestros. 
Sobre todo, deberíamos fortalecer el Gobierno mostrando claramente que quien coopera con la Unión Europea, tal como hace Macedonia, será apoyado también por nosotros masivamente política y materialmente. 
Por ello, he lamentado que el Comisario Patten, que lamentablemente no se encuentra ya presente, haya dicho que fondos nuestros hayan ido a parar allí para emplearse en bombas. 
Esta ha sido una declaración realmente desacertada frente a este Gobierno de todos los partidos que ha sido democráticamente elegido. 
Espero que pronto nuestros amigos macedonios nos hagan una visita a Estrasburgo a través de su Jefe de Estado, que se pueda hacer realidad la visita de Boris Trajkovski. 
Tenemos que actuar en contra de los síntomas de desintegración, pero sólo lo podremos hacer fortaleciendo a las autoridades democráticas. 
Señora Presidenta, en pro de una Unión Europea democrática y justa pido al Consejo que respete el rechazo por el pueblo irlandés del Tratado de Niza deteniendo inmediatamente el proceso de ratificación. 
También pido a la Comisión, como custodia de los Tratados que es, que vele por que se respete la prescripción de la unanimidad. 
Asimismo, pido que se detenga todo el proceso de ratificación. 
Los ciudadanos a los que represento y yo apoyamos una Europa y una ampliación democráticas y unidas. 
Así, pues, acojo con beneplácito la confirmación por la Comisión de mi idea de que la ampliación puede continuar sin la ratificación del Tratado de Niza. 
Creo que se debe continuar con la ampliación a toda velocidad para que los países candidatos puedan no sólo disfrutar de los beneficios de la adhesión a la Unión Europea, sino también contribuir plenamente al debate sobre el tipo de Unión Europea que esperamos construir. 
Apoyo un debate pleno y transparente previo a la Conferencia Intergubernamental de 2004, pero no en forma de convención. 
. (FR) La Unión Europea está inventando una nueva forma de democracia: la democracia sin los pueblos. 
Esta es la conclusión a la que llegamos cuando vemos la arrogancia con la que el Consejo de Gotemburgo ha despreciado la votación irlandesa. 
El nuevo Presidente en ejercicio del Consejo, Guy Verhofstadt, acaba de reforzar hoy esta impresión, presentando de antemano las conclusiones del debate que se supone debe iniciarse con vistas a la Conferencia Intergubernamental de 2004. 
Precisamente, la organización de este debate en Francia tras el comunicado del pasado 11 de abril, publicado conjuntamente por el Primer Ministro y el Presidente de la República, demuestra que el mismo está falseado desde el principio. 
Uno y otro pretenden iniciar una discusión sobre el futuro de Europa, pero la ratificación del Tratado de Niza, cuya importancia es capital en esta perspectiva, ha sido voluntariamente eludida en nuestro país. 
Éste no fue sometido al Consejo Constitucional ni a referéndum, los debates en la Asamblea Nacional y en el Senado fueron extremadamente breves y, las intervenciones, pobres, con excepción de los soberanistas, entre los que se encuentra Philippe de Villiers, quienes parecen ser los únicos que conservan una libertad de pensamiento en este hundimiento de la clase política nacional. 
Así, el texto más determinante para el futuro de la Unión, los nuevos desarrollos supranacionales del Tratado de Niza, queda al margen de la discusión. 
Por lo demás, es evidente que todo está organizado para que los foros de discusión sólo desemboquen en las conclusiones aceptables por los federalistas. 
No sólo las reuniones son preparadas por los gobernadores civiles- lo que dice mucho de su grado de independencia respecto al gobierno -, sino que, además, las conclusiones serán redactadas por un grupo de síntesis de diez expertos elegidos libremente por el Presidente de la República y el Primer Ministro. 
Yo mismo he escrito a los dos responsables del Ejecutivo, el 20 de abril último, para pedirles que este grupo se constituya sobre la base de todos los componentes políticos elegidos en las elecciones europeas. 
Este es el resultado: entre los nombramientos que acaban de efectuarse es en vano buscar el más mínimo oponente, incluso moderado, a la línea de Bruselas. 
Como colofón, este procedimiento ridículo debe concluirse en octubre, es decir: el gran debate nacional habrá durado cuatro meses, dos de los cuales caen en vacaciones. 
Pero se entiende por qué va a concluir tan pronto, ya que a finales de año entraremos en el período peligroso del cambio de las monedas y de los billetes nacionales por euros. 
Nuestros responsables nacionales no desean en absoluto cargar con un debate sobre Europa en ese momento. 
La Cumbre de Gotemburgo va a pasar a la historia, no sólo por cuanto ha tenido lugar en la sala de reuniones, sino también por todo lo que ha ocurrido fuera. 
La policía se enfrentó a las decenas de miles de manifestantes que expresaban su oposición a la construcción antipopular, autoritaria y centralizada de la Unión Europea con una violencia jamás vista. 
Así ha quedado demostrado una vez más que los líderes de la Unión Europea deciden en ausencia de los pueblos. 
La resolución del Parlamento Europeo no sólo no hace referencia alguna a las reivindicaciones de los miles de manifestantes, ni naturalmente a las víctimas de la violencia policial, sino que adopta caracterizaciones como "comandos especializados" ayudando de esta manera a preparar el terreno para poder tomar unas medidas todavía más duras y antidemocráticas, con vistas a enfrentarse al "pueblo enemigo" en las próximas cumbres de la Unión Europea y del resto de las organizaciones imperialistas. 
Ante el "no" de Irlanda al Tratado de Niza, el Parlamento Europeo se sitúa junto al Consejo, que declara que está decidido a "contribuir de todos los modosposibles a ayudar al Gobierno irlandés a encontrar una solución". 
En este marco presiona al Gobierno irlandés a ratificar el Tratado para finales del año 2002 a toda costa, aún ignorando la opinión expresada por el pueblo irlandés mediante el referéndum. 
En cuanto a los cambios trágicos de la Ex República Yugoslava de Macedonia, la resolución aprueba la política intervencionista y la intención de la OTAN de "no dejarse arrastrar a un papel de mantenimiento de la paz a gran escala". 
Por supuesto, el Sr. Léotard, Representante de la Unión Europea, expresó cómo entiende la Unión Europea el logro del acuerdo, convocando al Gobierno de la ERYM al diálogo con los extremistas albaneses. 
La resolución también aplaude el progreso conseguido el la militarización de la Unión Europea, la evolución de la Unidad de Reacción Rápida "mediante el desarrollo de una relación permanente y constructiva con la OTAN", y pide a los Estados miembros que "reestructuren sus presupuestos de defensa y los sitúen en el nivel necesario para alcanzar los ambiciosos objetivos de la PESD". 
En cuanto a la ampliación, a pesar de las discrepancias imperialistas del interior, es evidente la insistencia en la política de encerrar nuevos países en la Unión Europea, aunque el calendario cada vez es menos claro. 
Paralelamente, como saben que la oposición de los pueblos de los países candidatos aumenta ante la perspectiva de la adhesión, proponen como cebo la perspectiva de participar en las elecciones al Parlamento Europeo del año 2004. 
Por lo demás, la Cumbre de Gotemburgo ha confirmado las orientaciones de Lisboa y de Estocolmo que imponen la solución de los problemas económicos mediante medidas más severas y más antipopulares, en detrimento de los trabajadores, cuyo punto de mira está situado, primero, en los sistemas de pensiones y, más en general, en los de seguridad social. 
Por todas estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votamos en contra de la Resolución 
. (FR) En enero de 2001, la Presidencia sueca de la Unión Europea había anunciado modestamente tres prioridades: medio ambiente, ampliación y empleo. 
Seis meses después, en el Consejo de Gotemburgo, el balance resulta un fracaso. 
En el ámbito del empleo este período ha estado marcado por una ola de despidos masivos en grandes grupos transnacionales que obtienen millones de euros de beneficios, como Marks& Spencer o Danone. 
La UE ha demostrado una vez más su incapacidad para contrarrestar la dictadura de los mercados y de los accionistas, creando, por ejemplo, un impuesto sobre los movimientos especulativos (del tipo "impuesto Tobin") , reforzando los derechos de control de los asalariados y de los ciudadanos sobre la economía o incluso legislando en el plano europeo para prohibir los despidos. 
La única perspectiva que se ofrece en el ámbito de la ampliación a los países candidatos es la absorción pura y simple de su economía en el mercado único. 
Las poblaciones no serán consultadas en ningún momento ni sobre el continente ni sobre el contenido de su adhesión. 
Sin embargo, el "no" irlandés demuestra nuevamente que Europa no puede construirse sin los pueblos, en torno a un proyecto democrático, político y social. 
Finalmente, en el plano internacional, la Unión Europea ha demostrado que no logra tener un peso positivo en la solución de los conflictos, al no poder imponer a Israel una paz justa y permanente en Palestina. 
La Presidenta sueca quedará marcada sobre todo por las provocaciones policiales que salpicaron la Cumbre de Gotemburgo. 
A la necesaria revisión de los proyectos europeos, los gobiernos han opuesto por primera vez, desde su búnker, la violencia de armas de fuego contra manifestantes. 
Es necesario, de inmediato, construir otra Europa: la de la democracia y del progreso social. 
Por esta razón nosotros votamos contra la resolución común. 
Esta resolución presenta muchos elementos dignos de beneplácito, sobre todo en materia de desarrollo sostenible. 
Acojo con satisfacción la petición de que la UE ratifique el Protocolo de Kyoto, que es un acuerdo internacional esencial con vistas a proteger nuestro planeta. 
Acojo con beneplácito el compromiso renovado de alcanzar la meta fijada por las NN.UU. en materia de asistencia para el desarrollo y espero que, por fin, se logre, pues es urgentemente necesaria. 
También acojo con satisfacción la necesidad expresada por la UE de prepararse plenamente para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 
Entonces, ¿por qué me he abstenido en la votación sobre la propuesta en conjunto? 
No creo que el desarrollo de una política de seguridad común, encaminada a vincularnos más estrechamente con la OTAN, tenga nada que ver con el desarrollo sostenible en la UE. 
Como tampoco creo que debamos pedir a Irlanda que invalide su reciente referéndum y se prepare para la ratificación del Tratado de Niza. 
Semejante petición pasa por alto los deseos democráticamente expresados de los ciudadanos y no habla en favor de esta Asamblea. 
. (FR) Calcada del informe del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2001 en Gotemburgo, la resolución común, que reúne verdes, rosas, blancos liberales y violetas de la democracia cristiana- es decir, una mayoría sincrética y política que va de los señores Schröder-Jospin a los señores Aznar-Chirac, pasando por los Grünen, los Joschka Fischer y Dominique Voynet y los ultraliberales de Alain Madelin -, ofrece aparentemente un montón de palabras, de conceptos y de problemas que van de la pena de muerte (apartado 32) al "paquete fiscal" (apartado 25) , pasando por los plátanos (apartado 30) , la misión diplomática del Sr. Léotard en la Ex República Yugoslava de Macedonia, ahora ARYM (apartado 42) , sin olvidar de paso la PAC, la ayuda al desarrollo, Kioto, el fraude fiscal de los Estados Unidos vía paraísos fiscales del Caribe, la ampliación o la necesidad de una convención- como recuerdo inexpresado de Philadelphia en 1787- para aprobar una Constitución europea en 2004. 
Pero esta mezcolanza aparentemente incoherente esconde dos ideas clave de la secta oligárquica que nos gobierna, a saber: el menosprecio de los pueblos y la búsqueda de una oscura "gobernanza" internacional. 
El menosprecio de los pueblos por la oligarquía eurofederal bruselense se expresa a la vez en el apartado 3 a través de la negativa de respetar las consecuencias claras del referéndum irlandés, analizado como un atolladero que exige "encontrar una salida", y en el apartado 9, donde el rechazo espontáneo por los pueblos de las tendencias globalistas- de Seattle a Gotemburgo, pasando por Praga, Niza, Davos, Washington, Salzburgo o quizá mañana Génova- se considera una "provocación", olvidándose de que el derecho de "resistencia" a la opresión económica, que ejerce el mercado mundial con respecto a las mujeres y a los hombres de Mark and Spencer y de Danone, pasando por Moulinex, Michelin, Vilvorde, Alcatel, Ericsson o AOM, constituye una de las libertades esenciales consolidada dos siglos antes de la Carta europea, que proclama sólo para los ricos unos derechos formales que a los desempleados, a los jóvenes excluidos y a la cuarta edad sin recursos no les parecen fundamentales. 
Asimismo, los nueve apartados que tratan del desarrollo sostenible- incluyendo también una Cumbre mundial en Johannesburgo en 2002- no logran disimular, detrás de ese concepto confuso que se ha convertido en una máxima de catecismo, la búsqueda de una conducta internacional que resolverá milagrosamente los problemas, sobre todo para África: subdesarrollo, pandemia de sida, esclavitud económica o miseria mantenida a sabiendas por los librecambistas, que no pagan el verdadero precio del algodón, del cacao, del café y de todas las materias primas, es decir, el precio de la vida de las personas cuyo trabajo se explota. 
- (NL) Constato que últimamente se han venido cumpliendo los presagios que formulé el 15 de marzo y el 3 de mayo. Consulten las actas correspondientes y verán que tengo razón. 
En aquel entonces dije que el apoyo al Gobierno de Macedonia y la condena de los denominados extremistas no contribuirían a la búsqueda de una solución, la paz y la conciliación, sino a un recrudecimiento de la violencia. 
Buena parte de la población macedonia y del Gobierno de ese país cree que la solución de todos sus males consiste en ignorar y ahuyentar a la amplia mayoría albanesa. 
Pretenden utilizar las subvenciones recibidas de la Unión Europea para comprar armas y continúan oponiéndose a la propuesta de proclamar el albanés como lengua oficial de la administración y la educación en la zona del país en que viven los albaneses. 
En mi opinión, no se logrará una solución duradera mientras no se introduzca un régimen estatal comparable al que existe en Bélgica. 
Deseo mucho éxito al Consejo y a la Comisión ahora que, por fin, parecen estar dispuestos a hacer todo lo posible para que su intervención fomente la búsqueda de una solución satisfactoria para todas las partes implicadas en lugar de incrementar la violencia y la represión. 
No he podido emitir un voto favorable a la resolución común sobre la Cumbre de Gotemburgo, pese a que figuran en ella varias conclusiones positivas, en particular en lo relativo a la ampliación, a las circunstancias que rodearon la Cumbre, al seguimiento del Consejo Europeo de Lisboa, a las relaciones exteriores y en concreto al Oriente Medio, entre otras. 
Con todo, la circunstancia de que la mayoría de los diputados europeos siga insistiendo en un modelo de debate posterior a la Cumbre de Niza que, tanto en cuanto al método como en cuanto al contenido, sobrepasa no sólo las conclusiones de los Jefes de Estado o de Gobierno en Niza, sino también los propios Tratados en vigor, sobre todo en lo relativo a la crítica cerrada al método intergubernamental y a la ambición de establecer un programa ampliado, si no irrealista incluso, para dicho debate, me ha obligado a optar por la abstención. 
Tampoco considero positiva la conclusión nº 5, porque supongo que no es al Gobierno irlandés al que compete ratificar el Tratado, sino a su pueblo, conforme a los principios constitucionales aplicables en ese país. 
. (FR) Habría sido útil una resolución del Parlamento Europeo sobre la Cumbre de Gotemburgo siempre que hubiese guardado sus distancias frente al descaro manifestado por el Consejo en sus conclusiones respecto a los resultados del referéndum irlandés sobre el Tratado de Niza, que constituye un nuevo ejemplo de una tendencia antidemocrática extremadamente preocupante de la construcción europea. 
Pero, desgraciadamente, este no es el caso. 
Sin embargo, cualquier reflexión sobre el futuro de Europa y, en particular, de su ampliación, deberá tener en cuenta esta votación absolutamente clara. 
¿Cómo se puede deplorar el carácter totalmente antidemocrático de la Unión Europea actual y pretender paliarlo sin empezar por respetar la voluntad claramente expresada por los pueblos, y, en este caso, por el único pueblo al que se le ha pedido que se pronunciara por referéndum, procedimiento eminentemente democrático, sobre el nuevo Tratado? 
Tras dos referendos que ya habían revelado la distancia cada vez mayor que separa la Europa real de la Europa que desean los pueblos europeos, la decisión del pueblo irlandés debería producir el efecto de un choque saludable. 
La lección que debemos sacar del referéndum irlandés consiste en que una Europa sostenible sólo puede estar basada en el respeto de las democracias nacionales. 
Es urgente rectificar completamente la construcción europea sobre bases distintas de las de Niza, que debería constituir el último avatar de un proceso que se inició con el Acta Única y que continuó con Maastricht y Amsterdam, para desembocar hoy en una Europa que sus pueblos rechazan. 
Esta no es por lo visto la dirección que desea tomar la Presidencia belga. 
Para colmar las carencias democráticas en el seno de la Unión, la misma propone, en efecto, crear un impuesto europeo, cuando sólo los Parlamentos nacionales están democráticamente habilitados para aprobar los impuestos, y favorece una forma de elaborar el futuro Tratado en el marco de foros cuya legitimidad democrática es si no dudosa, por lo menos muy indirecta. 
Ésta ensalza el euro, cuya creación ningún pueblo ha deseado, y que constituye, por el contrario, el ejemplo emblemático de una Europa impuesta a los pueblos y no deseada por éstos. 
La lección irlandesa parece no haber sido entendida. 
Sin embargo, más tarde o más temprano, habrá que escuchar a los pueblos. 
Lo mejor sería hacerlo lo antes posible, si se quiere que éstos recobren una idea europea de la que hoy se alejan. 
Hoy me he abstenido sobre la resolución en conjunto relativa a la Cumbre de Gotemburgo y he recomendado a mis colegas conservadores del Reino Unido que hagan lo propio, pues, aunque apoyamos plenamente las referencias al beneplácito para con el proceso de ampliación de la UE y las peticiones de apoyo a la reforma de la PAC y del desarrollo sostenible, abrigábamos varias reservas sobre otros aspectos del informe. 
Entre ellos, el párrafo 3, que parece indicar que la UE no respeta plenamente la decisión del pueblo irlandés en su referéndum para rechazar el Tratado de Niza; el párrafo 6, que recomienda un polémico modelo de Convención para sacar adelante las negociaciones sobre la próxima CIG; el párrafo 25, que apoya el plan fiscal que entraña la armonización fiscal y el impuesto de retención en la fuente; el párrafo 26, que recomienda medidas relativas al comité de empresa inspiradas en el capítulo social; y los párrafos 33 y 34, que apoyan una política europea de defensa y seguridad que podría separarnos de la OTAN. 
Por lo demás, hay muchos aspectos positivos en el informe, por lo que la abstención en conjunto era la posición correcta en opinión de los conservadores del Reino Unido. 
Informe Randzio-Plath (A5-0225/2001) 
- (FR) El informe del Parlamento Europeo sobre el ejercicio 2000 del BCE y el informe de este último sobe la misma cuestión buscan borrar las divergencias de apreciación y presentar una fachada uniforme en vísperas del cambio físico de las monedas y de los billetes. 
Sin embargo, por poco que se rasque surgen las contradicciones, cuyas consecuencias son graves ya que reflejan vicios difíciles de corregir en la construcción de la moneda única. 
Veamos, por ejemplo, las cuestiones institucionales. 
Primera divergencia, sobre los poderes del Consejo de Ministros: el informe del Parlamento Europeo defiende el refuerzo de la coordinación económica y de los programas de estabilidad (apartado 5 de la resolución) , lo que supone, a su vez, un refuerzo del Eurogrupo y de sus medios de acción. 
Por el contrario, el informe del BCE hace hincapié en que "en los dos primeros años de vida del euro, se ha observado que el marco de la política monetaria a nivel europeo era satisfactorio" (página 3). 
Así pues, resulta que el Banco defiende encarnizadamente su independencia al presentir que el aumento del poder político en la gestión de la moneda única, en el seno de una zona no propicia, puede desembocar en conflictos difíciles. 
¿Pero es preferible la gestión tecnocrática? 
La verdad es que las dos vías son inviables. 
Segunda divergencia, sobre la transparencia: el informe del Parlamento Europeo exige nuevamente (apartado 4) que las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno se publiquen, señalando las tomas de posición (a favor o en contra). 
Esta propuesta causa aversión al BCE por una buena razón que el Parlamento Europeo se empeña en no querer ver: en el caso específico de la zona "euro", formada por naciones diferentes, los conflictos entre gobernadores serían fácilmente asimilables a conflictos entre naciones, lo que perjudicaría la credibilidad del euro, que ya es demasiado débil. 
Se nos remite otra vez al carácter no propicio de la zona monetaria de los Doce. 
Tercera divergencia, sobre las votaciones en el seno del Consejo de Gobierno: el informe del BCE defiende el principio "un miembro, un voto", ya que los gobernadores de los Bancos Centrales nacionales deliberan "con total independencia personal" y no en calidad de representantes de sus países (página 181). 
Por su lado, el informe del Parlamento Europeo toma nota de la reforma que el Tratado de Niza introduce en el artículo 10 del estatuto del BCE, que en el futuro podría permitir ponderar las votaciones en función del tamaño de los países (apartado 17 de la resolución). 
Esta reforma se adaptaría al deseo de los grandes países, sobre todo Alemania, que se queja del "inmovilismo" del BCE, implícitamente atribuido al peso desproporcionado de los países pequeños en el seno del Consejo de Gobierno. 
Sin embargo, la operación dista mucho de ser llevada a cabo, puesto que parece contraria al espíritu de Maastricht, a la posición del BCE y a los intereses de los países pequeños, que tendrán algo que decir. 
Repito, la moneda única con varias naciones se debate en medio de sus contradicciones. 
El Banco Central Europeo (BCE) persigue su objetivo fundamental de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la práctica significa mantener la moderación del aumento de los salarios en la zona del euro. 
Se trata de un objetivo ciego, basado en el control de la inflación, que olvida la contribución de la política monetaria al crecimiento económico y al empleo, de una preocupación que, llevada hasta el extremo, puede provocar deflación y desempleo. 
Partiendo de dicho objetivo, el BCE no alivia los tipos de interés, ni siquiera ante una aminoración económica, para estimular la inversión y reducir los costos del excesivo endeudamiento de las familias y de los restantes agentes económicos, con lo que olvida que la zona del euro no es un espacio homogéneo y que existen dificultades estructurales específicas, sobre todo para los países de la cohesión, como Portugal. 
La ponente se congratula de esa política de estabilidad monetaria impuesta por el Pacto de Estabilidad, cosa de la que discrepamos, aunque intente, mediante una mayor coordinación económica y mayor desarrollo del diálogo trimestral con el Parlamento Europeo, enmarcar las políticas del BCE. 
Pero el BCE necesita un control político efectivo y no sólo una coordinación económica cada vez más ligada a los objetivos del Pacto de Estabilidad y a las orientaciones neoliberales de la UE. 
- (NL) En vísperas del obligatorio canje de los billetes y monedas de once Estados miembros por monedas y billetes del euro toda la atención se centra en las molestias que este cambio causará al poco tiempo de entrar en el año nuevo. 
Las propuestas del Sr. Maaten tienen por objeto acelerar y agilizar un poco este proceso. 
Sin embargo, el problema fundamental radica en el informe anual del Banco Central Europeo. 
A diferencia de la ponente, la Sra. Randzio-Plath, no veo razón alguna para felicitar a nadie. 
Se trataba de mantener el valor del euro con la ayuda de un pacto de estabilidad que obligara a las autoridades nacionales a reducir el nivel de los gastos y renunciar a los préstamos. 
Esta política ha sido un estrepitoso fracaso, ya que el euro se sitúa muy por debajo del dólar, no provisionalmente sino de forma prolongada. 
En algunos Estados miembros, entre ellos los Países Bajos, la inflación anual supere ya los tipos de interés. 
Es probable que la entrada en el nuevo año signifique el fin de la estabilidad de los precios. 
No parece ser que el euro vaya a imponerse como forma de pago internacional. Difícilmente podrá llegar a la altura del dólar. 
Ello nos impide seguir el ejemplo de Estados Unidos y cargar una parte del déficit público anual sobre el resto del mundo, que sigue agolpándose por una moneda de cambio cuyo valor está en descenso. 
Resumiendo, el Banco Central Europeo ha hecho una chapuza, lo cual nos obliga a rechazar el presente informe anual. 
El debatido informe sobre el Banco Central Europeo se refiere al segundo año de su funcionamiento tras el comienzo de la tercera fase de la UEM. 
Precisamente por esta razón, el enfoque crítico del Parlamento Europeo en lo realizado por el Banco Central Europeo debería ser más estricto y exigente, porque hay consecuencias que perjudican a los trabajadores y porque apoya la conexión más estrecha de las orientaciones generales de la política económica mediante los programas de estabilidad y de convergencia. 
En nombre de la lucha contra la inflación y el estricto mantenimiento del pacto de estabilidad, del "látigo" contra el trabajador, el Banco Central Europeo mueve el mecanismo de sanciones con el fin de lograr la famosa estabilidad en los valores, con una total indiferencia ante las consecuencias económicas y sociales causadas por sus decisiones. 
Declara la modernización de la política salarial, es decir, la flexibilidad y la incertidumbre sobre el empleo. 
Presiona para generalizar las privatizaciones con vistas a fomentar la competitividad y el rendimiento del gran capital. 
Sin embargo no dice nada sobre la especulación y las estratagemas en los mercados de valores, puesto que la política del Banco Central Europeo, reduciendo los intereses, es hacer todo lo posible para fomentarlas. 
Porque hasta ahora, el Banco Central Europeo aumenta o reduce sus intereses siguiendo la política de los intereses americanos para financiar los proyectos especulativos. 
El Sr. Duisemberg nos dirá si hace suya la opinión de su homólogo, el Sr. Greenspan de que "el nuevo ciclo de desarrollo deberá estar apoyado en una mayor madurez económica de los tremendos capitales de que disponen las empresas, cuya rentabilidad es lo que se exige para apoyar los valores de bolsa y el comienzo de un nuevo ciclo de inversiones". 
Seguramente está de acuerdo puesto que nos ha dicho que "el Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo continúa supervisando los cambios en los sueldos así como las tendencias en la demanda interior y exterior" y, a pesar del shok del petróleo, los aumentos salariales han sido moderados, factor que ha sido caracterizado de "muy positivo", subrayando que en 2002 la inflación se va a limitar al 2% "gracias a la moderación en los pagos salariales", por supuesto los beneficios de los monopolios aguantarán la "cuesta arriba". 
¿Qué más podemos decir? 
El informe y el Gobernador del Banco Central Europeo lo dicen todo. 
Sobre la política liberal, tremendamente negativa, que lleva a las economías a la depresión económica y que lo que anuncia para los trabajadores es un paro mayor, el derrumbamiento de las conquistas de los trabajadores y un nivel de pobreza garantizado, ya que el bienestar está predestinado para el gran capital, para que cada vez sea más poderoso. 
Así pues, estamos en contra de que el Parlamento Europeo apoye la política del Banco Central Europeo, porque es una política que genera más pobreza para la mayoría, para los trabajadores, y mayores beneficios y privilegios para los menos, que son los monopolios europeos. 
Es una política de desigualdad y de mayor explotación de los trabajadores. 
Por estas razones los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votamos en contra del informe y creemos que el movimiento social de masas con su lucha va a derrocar esta política antipopular, bárbara e inhumana. 
- (NL) Mi Grupo ha votado en contra del apartado 20. 
La razón es la siguiente. En el apartado 20 se considera la posibilidad de someter a los países candidatos a la adhesión a unas normas más estrictas en caso de que deseen participar en la Unión Monetaria. 
Aunque no estamos en contra de un debate sobre la adhesión a la Unión Monetaria por parte de los nuevos Estados miembros, en este momento nos parece un poco prematuro. 
Transcurrirán al menos dos años antes de que los primeros países accedan realmente y después pasarán otros dos años en los que han de funcionar en el mecanismo de cambio del sistema. 
No debemos comprometernos prematuramente, aún pueden suceder muchas cosas. 
Dentro de uno o dos años sabremos más. 
Señora Presidenta, mi última explicación se refiere a los actores económicos en el paso al euro. 
El 1 de enero de 2002 tendremos por fin el euro en Europa. 
Sin embargo, señora Presidenta, la semana pasada me encontraba en el bar del Ayuntamiento de Curno, en la provincia de Bérgamo (Italia) , y mientras pagaba mi café, la propietaria hablando con otros clientes, decía: " ¿Qué haremos en enero de 2002? 
¿Si me pagan en liras tendré que devolverles el cambio en euros? 
Y ¿si me pagan en euros tendré que devolverles el cambio en liras? " 
No he encontrado una respuesta ni en éste ni en los demás informes y por eso, con esta explicación de voto, pido que se adopte directamente el euro el 1 de enero de 2001, sin el período de transición. 
. (FR) Cuando en el informe Maaten descubrimos los medios que se preconizan para facilitar el cambio de monedas y billetes a partir del 1 de enero de 2002, nos sorprende la desproporción que existe entre estas artimañas ridículas y la importancia del problema planteado. 
Visiblemente, toda esta operación ha sido concebida desde el principio sin considerar en absoluto las dificultades con que a diario se enfrentan las poblaciones. 
Y seguimos igual. 
¿De qué sirve, en efecto, emitir billetes en euros unos días antes para que los ciudadanos puedan habituarse a ellos (este punto, además, ni siquiera está aceptado) , cuando al mismo tiempo vemos que no se concederá ninguna ayuda financiera a los pequeños comerciantes- a quienes se les obligará a soportar unos efectos desmesurados -, que no se admitirá ninguna garantía de reembolso de los euros falsos y que se ha rechazado con arrogancia la propuesta de permitir que subsistan las monedas nacionales para facilitar la vida de nuestros conciudadanos? 
Hoy resulta- ¿pero acaso puede sorprendernos? -que el público manifiesta poco entusiasmo. 
El informe Maaten señala incluso, con respecto a las campañas de información, que "hay que considerar que los resultados hasta ahora obtenidos han sido decepcionantes" (exposición de motivos, página 16). 
Pero su reacción es preocupante: para motivar a las pequeñas empresas, dice el informe, sería necesario blandir la amenaza de la ilegalidad en caso de no adaptación al euro después del 1 de febrero de 2001: "Dado que las campañas 'suaves' han influido poco en las pequeñas y medianas empresas, se debe ser más explícito" (ibídem). 
Así, Europa influirá profundamente en la vida diaria de nuestros conciudadanos a partir del 1 de febrero de 2002, pero será para peor, puesto que éstos tomarán conciencia de manera inmediata y tangible que toda esta operación de cambio masivo sólo podía concebirse en un cerebro completamente indiferente- incluso ajeno- a los problemas prácticos de los más modestos y que sólo podía prosperar en un sistema institucional apartado de los pueblos. 
No obstante, esperamos que en el futuro- no hay bien que por mal no venga- esta experiencia sirva para dar una nueva orientación a Europa. 
Independientemente de la posición negativa que adoptamos con ocasión de la creación de la moneda única, no sólo por las cuestiones de soberanía, sino también por las consecuencias económicas de que un Estado perdiera el control de la política monetaria y cambiaria, con sus consecuencias en el nivel del empleo, incluidos los principios subyacentes al Pacto de Estabilidad y a la moderación salarial, consideramos que es fundamental prestar la mayor atención a esa fase de preparación de la entrada en circulación del euro. 
Es fundamental crear mecanismos macroeconómicos que reduzcan al mínimo los costos y, dentro del período de transición, no pueden ser los trabajadores y las pequeñas empresas y las microempresas quienes paguen los costos del paso al euro, ya sea por el aumento artificial de los precios o por los costos de todo el proceso y por los intentos de abuso y fraude que podrían darse en ese período. 
Es particularmente importante apoyar eficazmente el fundamental papel del comercio tradicional para informar a la población, por ser quien está más próximo a las personas. 
Esos comerciantes son un elemento fundamental en todo el proceso de substitución de las monedas nacionales por la moneda única, lo que obliga a un esfuerzo suplementario, además de todas las enormes modificaciones, en particular en materia de contabilidad, documentación interna y externa, informática, etc. 
. (FR) Como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, yo había introducido cierto número de enmiendas al proyecto de informe de nuestro colega Jules Maaten sobre los medios para facilitar la preparación de los actores económicos al euro. 
He comprobado con satisfacción que todas han sido aprobadas. 
Deseo una vez más poner de relieve en este debate la necesidad de dejar la puerta abierta a los tres Estados miembros que han elegido no entrar de inmediato en la zona euro. 
Por eso desearía subrayar la importancia de una campaña de información dirigida no sólo a los Estados miembros que participan en el proyecto de moneda única, sino también a los otros Estados, concediéndoles un lugar especial frente a los terceros países. 
Con nuestro informe lanzamos una señal política en tal sentido. 
La conversión sin gastos adicionales en euros de las monedas de un país distinto de los países de la zona euro ha sido objeto de otra enmienda que, en gran medida, ha sido recogida en el informe final. 
Todos los ciudadanos de la Unión Europea conservan cierta cantidad de monedas procedentes de sus desplazamientos, por razones de negocio o de ocio, al extranjero. 
Muchos no tendrán la oportunidad de utilizarlas antes de la introducción de las monedas y de los billetes en euros el 1 de enero del próximo año. 
Por eso yo había formulado a la Comisión una pregunta escrita a este respecto, a finales de noviembre del año pasado. 
Esta última me respondió evasivamente aludiendo a gastos de manipulación desproporcionados. 
Me pregunto, no obstante, si es justo que los ciudadanos paguen una vez más las consecuencias de la imposibilidad de cambiar las monedas que conservan de otros Estados miembros. 
Por eso tomo nota con satisfacción que el Parlamento "considera necesario recomendar a los bancos que aseguren que el cambio de las monedas en los doce Estados miembros que se adhieren al euro se haga en las mismas condiciones que el cambio de billetes". 
Espero que los responsables de los gobiernos y del sector bancario no sigan el ejemplo de la Comisión, y se den por enterados. 
Señor Presidente, remito al apartado 2 del artículo 135, que dice: "Cuando se vote por procedimiento electrónico, sólo se registrará el resultado numérico de la votación". 
Sin embargo, si se ha pedido votación nominal, de conformidad con el apartado 2 del articulo 134: " El resultado de la votación se consignará en el acta de la sesión. 
La lista de votantes se establecerá por orden alfabético de los apellidos de los diputados, ordenados en listas según el Grupo político al que pertenezcan ". 
¿Tendría usted la amabilidad de decirnos si figurará mañana en el Acta el resultado de la votación publicado hasta ahora? 
Parece haber discrepancia entre el resultado que ha aparecido en la pantalla y el publicado, pues este último ha sido de 273 a favor y 272 en contra. 
la Asamblea y toda la prensa allí abajo... 
(Reacciones diversas) 
... con todo el alboroto que hay desearía una aclaración sobre la posición del Parlamento. 
Señor Presidente, mi cuestión de orden es exactamente la misma que la del Sr. Provan. 
Yo, como muchos diputados a esta Asamblea, he consultado el registro oficial a la hora del almuerzo y dice, efectivamente, 273 a favor y 272 en contra. 
Si ése es el registro oficial- y ése es el que se ha publicado -, quisiera indicar que el resultado anunciado por la Presidenta esta mañana es incorrecto. 
Señor Presidente, evidentemente no me llamo Al Gore y no estamos en Florida. 
No quiero examinar la cuestión de las "perforaciones grávidas" o como se llamaran en Florida, pero, como los demás diputados, he examinado el registro por escrito y muestra 273 votos a favor y 272 en contra, al contrario de la declaración del resultado y la prueba estadística de esta mañana. 
Cuando, por una vez y con considerable esfuerzo, el Grupo Demócrata Liberal ha logrado votar como un solo hombre y nos vemos como perdedores de esa votación, resulta tanto más importante para nosotros plantear esta cuestión. 
Puede haber diversas explicaciones de carácter técnico y, de ser así, me interesaría oírlas. 
Pero esto afecta a algo de carácter político fundamental y las simples respuestas técnicas a un registro que revela una diferencia en votos puede no ser suficiente. 
Conozco el articulo que dispone que la resolución del Presidente sobre las votaciones será la definitiva. 
En este momento, no insisto en un resultado determinado, aunque me reservo el derecho a seguir impugnando las dimensiones técnicas y políticas. 
Lo que pregunto, señor Presidente, es si usted, en nombre de la Presidencia, está en condiciones, de conformidad con el artículo 138, de hacer una declaración clara en este momento sobre cuál es la posición y cuál es el resultado de la votación celebrada. 
La Presidencia dirá lo que tiene que decir cuando se agote la lista de oradores por cuestiones de orden. 
Tiene la palabra para una cuestión de orden el Sr. Poettering. 
Señor Presidente, habría saludado si mi intervención sobre este punto hubiese sido innecesaria en este momento ya que he partido del hecho de que su Señoría al comienzo de la sesión emitiría una declaración sobre cómo ve esta difícil situación. 
He pedido sólo la palabra porque otros la han pedido y me he sentido obligado también a hacerlo. 
En primer lugar considero necesario que emita una declaración sobre cómo ve las cosas. 
Me reservo sin embargo el derecho a pedir de nuevo la palabra. 
No prosigo mi exposición sólo si proporciona ahora una información a la Asamblea 
Señor Presidente, no soy el Presidente de la Corte Federal de los Estados Unidos pero quizás pueda ayudarle. 
En primer lugar, por ser tradición de esta Asamblea y, además, de acuerdo con el Reglamento, lo que vale es la proclamación pública por la Presidencia de los resultados. 
Ésta es una norma que se ha aplicado en este caso y también en otros casos dudosos, y me refiero a la interpretación de la Presidencia en relación con el caso Ruiz Mateos, que se ha discutido recientemente aquí. 
Lo que vale es la proclamación hecha por la Presidencia. 
En segundo lugar, llamo la atención de las y los colegas sobre un documento que tienen, o han tenido, en su mesa todos los diputados en el día de hoy: ayer, martes, estando el Sr. Provan presidiendo la Asamblea, anunció que había un nuevo miembro del Parlamento que sustituía al Sr. Casini, el Sr. Mario Brienza. 
Lo que convendría saber es si ustedes han comprobado si el Sr. Brienza, en uso legítimo de sus derechos, ha votado hoy sin que los servicios de la Asamblea hayan tenido la posibilidad, dentro de su diligencia habitual, de incluirle en el registro. 
Si es así, está todo explicado y me atengo a lo que he dicho al principio: lo que vale es la proclamación por la Presidencia de los resultados; si no, entramos en una interpretación absolutamente aventurada y que no lleva a ningún lado. 
Le ruego, señor Presidente, que se compruebe si el Sr. Brienza ha votado. 
Como observo, Señorías, que todas las intervenciones versan sobre el mismo tema.... 
(Risas y comentarios) Ustedes saben que para presidir esta Cámara uno de los requisitos que se exigen es tener agudas cualidades de observación. 
(Risas y comentarios) Como veo que todos ustedes se refieren al mismo tema, si el Sr. Bouwman, el Sr. Lehne, el Sr. Medina Ortega y el Sr. Bourlanges, que han pedido la palabra, van a hacerlo también, les pediría que renuncien al uso de la palabra para que la Presidencia pueda dar la oportuna explicación. 
Señorías, esta mañana ha tenido lugar una votación que el sistema electrónico ha registrado como un empate a 273 votos. 
El sistema electrónico ha reflejado fielmente la realidad de la Cámara en ese momento. 
Sin embargo, después, al contrastarlo, este resultado reflejado por el sistema electrónico no ha coincidido con el número de diputados que figuran en la lista de diputados de la Cámara de que disponen los servicios. 
Esta diferencia, como es natural, ha de tener una explicación, y una explicación sencilla y lógica. 
La explicación es, Señorías, que, efectivamente, una sustitución que se ha producido recientemente no había sido todavía incorporada a la lista de que disponen los servicios. 
Se trata de una explicación, como les digo, sencilla, de un hecho perfectamente comprensible que, además, me atrevo a calificar de trivial. 
Sus Señorías conocen ya la explicación, que por cierto será dada con todo detalle a la Conferencia de Presidentes, que está convocada al efecto a las 16.15 horas de esta tarde, pero que yo ya les adelanto. 
Sepan que la votación se ha realizado correctamente, que el resultado es el que ustedes conocen y han visto con sus propios ojos esta mañana y, por lo tanto, aquí queda zanjado este asunto. 
(Aplausos) Tiene la palabra el Sr. Poettering para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, tomo nota de su declaración y la considero de acuerdo con el procedimiento y conforme a nuestro Reglamento. 
Para mí, solamente es importante que la Presidenta del Parlamento tiene naturalmente el derecho a convocar la Conferencia de los presidentes de los Grupo político. 
Pero la Conferencia de los presidentes de los Grupo político- y este es el motivo por el que he pedido la palabra- sólo puede recoger informaciones de la Presidenta del Parlamento y no tiene derecho a modificar de nuevo decisiones del tipo que sean que han sido dadas a conocer esta mañana por la Presidenta. 
Señor Poettering, la convocatoria de esta Conferencia de Presidentes es, simplemente, un gesto de cortesía de la Presidenta hacia los presidentes de grupo, para informarles debidamente de este incidente. 
Tiene la palabra el Sr. Cox para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, cuando he hablado antes, he dicho que quisiera reservarme el derecho a volver a hablar. 
Personalmente, conocía la explicación que ha dado usted públicamente. 
Se trata de un desafortunado error técnico, pero lo acepto como un error inocente. 
También acepto la declaración, aunque con renuencia. 
Pero, si se trata de un simple error técnico, sería un error político convocar una Conferencia de Presidentes con el fin de abordar en un órgano político de la Asamblea algo para lo que existe una explicación técnica perfectamente razonable. 
No asistiré a semejante reunión, porque me parece que debe usted formular una resolución desde la Presidencia y poner punto final a esta cuestión. 
Éste no es un asunto trivial. 
Aceptamos la razón lógica que ha alegado usted, pero he de formularle otra pregunta. 
¿Tenía en verdad el diputado que substituyó al Sr. Casini derecho a votar, dado que la dimisión del Sr. Casini no se anunció hasta el lunes por la noche? 
De conformidad con el artículo 8 del Reglamento, debe haber un intercambio de cartas entre el Parlamento Europeo y el Gobierno italiano para que podamos confirmar realmente su derecho a votar y, si es así, se trata, naturalmente, de un voto válido. 
Señora McCarthy, me complace informar a la Cámara de que todos los diputados y diputadas presentes esta mañana estaban en plenas condiciones para ejercer su voto. 
Señor Presidente, si me permite una última observación: toda esta agitación habría sido totalmente innecesaria si la administración del Parlamento, tras la elaboración de esta lista y la constatación de que, al contrario que en el resultado anunciado, sólo se habían pronunciado 272 votos negativos, hubiese detectado el error antes de publicar esta lista. 
Esto es lo que se podría haber esperado. 
Bienvenida 
Señorías, tengo el placer de saludar a una delegación del Parlamento del Yemen, presidida por el Dr. Abdelwahab Mahmoud, Vicepresidente del Parlamento, que se encuentra en la tribuna oficial y que nos hace el honor de visitarnos con ocasión de la segunda reunión interparlamentaria con la Delegación para las Relaciones con los Países del Mashreq y los Estados del Golfo. 
Es para esta Cámara una gran satisfacción constatar la voluntad del Yemen de acercarse a Europa y hacemos votos para que esta segunda reunión sea el inicio de una etapa importante hacia una cooperación reforzada con la Unión Europea que permita al Yemen volver a encontrar el camino de la prosperidad y de la consolidación de su democracia. 
Deseamos a la Delegación del Yemen unas reuniones fructíferas y una excelente estancia en Estrasburgo. 
Derechos humanos en el mundo / Derechos fundamentales en la Unión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
(A5­0193/2001) del Sr. Wouri, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre los derechos humanos en el mundo en el año 2000 y la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos; 
(A5-0223/2001) del Sr. Cornillet, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea. 
. (FI) Señor Presidente, el debate de este informe ha demostrado de muchas maneras la inconsistente levedad de los derechos humanos bajo la presión de la dura política cotidiana. 
No obstante, los derechos humanos, de los que se ha llegado a decir que son la última religión secular de nuestra era, son más esenciales que la política diaria. 
La política es imprescindible para no vernos obligados a mirar la historia cara a cara. 
Pero, al mismo tiempo, se puede velar el hecho de que los derechos humanos no son sólo un instrumento práctico para conseguir objetivos políticos, en el peor de los casos una coartada para los actos dictados por la política real o para justificar la pasividad. 
Los derechos humanos son temáticos, sistemáticos y, ante todo, normativos. 
Se trata del resultado de la evolución de nuestra civilización y representan los valores en que se basan las transformaciones históricas, incluida la construcción de la Unión Europea. 
No podemos ni debemos sacrificarlos en el altar de las puras conveniencias políticas o de los compromisos retóricos. 
Para que la UE pueda llegar a tener algún día una verdadera Política Exterior y de Seguridad Común, ésta tendrá que apoyarse en una estrategia común sobre derechos humanos. 
En mi opinión, ahora estamos avanzando en la dirección correcta. 
A nivel interno, la proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales para la propia UE y, de cara al exterior, tanto el informe anual de la UE sobre derechos humanos como, sobre todo, la reciente Comunicación de la Comisión aportan valiosos puntos de vista para hacer más eficaz el trabajo en el ámbito de los derechos humanos. 
La Presidencia belga, cuyo Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Michel, está aquí participando admirablemente en este debate, ha subrayado la necesidad de aumentar la coherencia y la congruencia, aspiración que ojalá supere las exigencias de lo políticamente correcto, así como del establecimiento de la transparencia, de prioridades claras y de criterios para evaluar situaciones de derechos humanos, elementos éstos que se implementarán con las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales celebrado el 25 de junio de 2001. 
El informe anual recalca la importancia del diálogo y la cooperación entre los gobiernos y la sociedad civil. 
Tal y como el Comisario, Sr. Patten, señaló con ocasión del I Foro de debate sobre derechos humanos de la UE, celebrado en 1999 bajo la Presidencia finlandesa, sería una atrocidad intelectual ignorar las opiniones de las organizaciones no gubernamentales, dado que el conocimiento y la experiencia del conjunto de las organizaciones europeas de derechos humanos no tienen parangón en el mundo. 
Pero debemos empezar mejorando nuestras propias actuaciones. 
Si no existe estrategia, la táctica se convierte en estrategia, lo cual significa que las acciones políticas ad hoc prevalecen sobre los principios intrínsecos y fundamentales de los derechos humanos y del Estado de Derecho. 
Damos de buen grado lecciones sobre estos principios a los demás, pero sabemos ignorarlos bajo el influjo de apremiantes razones políticas, como fue el caso de la precipitada extradición de Slobodan Milosevic la semana pasada. 
Admitamos, no obstante, que se trataba de un importante hito político y jurídico que era expresión de una nueva e incipiente doctrina, según la cual la soberanía de los estados nacionales puede verse obligada a ceder la primacía a los derechos humanos universales. 
También debemos ser consecuentes a la hora de criticar a países terceros y, sobre todo, a ciertos países aspirantes a la adhesión a la UE, incluida Turquía. 
Para que las críticas contundentes estén justificadas, éstas deben basarse en el juego limpio y en la igualdad de trato. 
En otro caso, la ampliación de la UE puede recordar cada vez más al diálogo sobre los bastidores del acorazado Potemkin, en cuyo marco los países candidatos realizarían modificaciones cosméticas para adaptarse a los requisitos establecidos tras la fachada traicionera, incluso hipócrita, de la UE. 
El informe de este año sobre los derechos humanos, que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, contiene numerosas propuestas encaminadas a imprimir eficacia a la política de la UE en materia de derechos humanos en terceros países. 
Bajo este prisma, las líneas temáticas elegidas parecen configurarse como el mejor método posible, como es el caso de las orientaciones generales y de las posiciones comunes de la UE en relación con la pena de muerte y con la tortura. 
El diálogo entre los expertos de la UE y el incremento de la transparencia son aspectos de especial importancia, pero también deberíamos ser capaces de aplicar con más audacia los instrumentos ya existentes para la prevención de conflictos y para el fomento de los derechos humanos, como puede ser la observación de las cláusulas sobre de derechos humanos incluidas en los convenios bilaterales con países terceros, aun cuando el país en cuestión sea, por ejemplo, Rusia. 
El tema central del informe es la libertad de expresión, no sólo por estar amenazada tanto por viejos peligros como por algunos completamente nuevos, sino también porque tiene una importancia estratégica en la promoción de todos los derechos humanos- ya sean de primera, segunda o tercera generación- y en la denuncia de las violaciones perpetradas a los mismos. 
Sería ingenuo desestimar la importancia de los derechos humanos. 
Ya es hora de poner en práctica los principios y de emprender decididamente la adopción de medidas pragmáticas encaminadas a crear una estrategia de derechos humanos para toda la UE. 
. (FR) Señor Presidente, desearía manifestar- y mi colega Wuori no tiene estrictamente nada tiene que ver en esto- que resulta algo surrealista haber mezclado derechos humanos y derechos fundamentales en un mismo debate conjunto. 
En efecto, los derechos fundamentales en Europa son de nuestra entera incumbencia, mientras que no podemos abordar los derechos humanos en el mundo sino con humildad, siendo conscientes del escaso peso que podemos tener en este ámbito. 
Quizá exista una zona intermedia, la de los países candidatos, donde las cuestiones de los derechos humanos y de los derechos fundamentales se confunden por el hecho de la próxima entrada de estos países en la Unión. 
Desearía explicar las razones de este nuevo título del informe y de la validación por la Comisión de Libertades, Derechos de los ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores del método que ha sido elegido para el informe de este año. 
Nuestro informe se titula ahora informe sobre los derechos fundamentales y no informe sobre los derechos humanos. 
Hemos querido adoptar, efectivamente, un concepto más amplio y más neutro. 
El nuevo método está basado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que sirve de patrón de lectura en el sentido de que se trata de un elemento nuevo, un elemento innovador, de la vida política, y que corresponde al Parlamento aplicarla rápidamente. 
Era, pues, natural que su comisión competente tomara la Carta que aprobamos en el Pleno como patrón de lectura para elaborar este informe. 
Hemos llegado a la conclusión de que, puesto que había que elaborar un informe anual, era necesario que fuese un informe y que fuese anual. 
Me explico. 
Era necesario, pues, analizar hechos comprobables y que el informe fuese anual porque es interesante referir los hechos cada año y examinar el año siguiente lo que ocurrió con las resoluciones de nuestro Parlamento. 
¿Por qué elegimos, entonces, la Carta de los Derechos Fundamentales? 
Se trata, efectivamente, de un texto eminentemente europeo porque procede de la Convención, es decir, de la participación de las tres legitimaciones que la componían. 
Esta Convención, por otro lado, se cita como ejemplo para renovar otros textos europeos. 
La Carta es un texto completo porque, por primera vez, integra derechos civiles y políticos, pero también derechos económicos y sociales, y permite, por tanto, hacer un barrido de los derechos fundamentales. 
Finalmente, se trata de un texto de referencia. 
Más allá del debate sobre su incorporación o no a los Tratados, ya constituye un texto de referencia, puesto que el Tribunal Europeo de Justicia lo utiliza y porque la propia Comisión ha asumido el compromiso de pasar las acciones de sus servicios por el tamiz de la Carta. 
En fin, también constituye un texto de referencia- aludía a ello hace un momento- para los países candidatos porque no puede admitirse en el seno de la Unión un país que no respete, frente a sus habitantes, los valores que defiende la Carta Europea de los Derechos Humanos. 
Por otra parte, y coincido en esto con mi colega Wuori, está en juego nuestra credibilidad: para poder formar un juicio sobre terceros países, por lo menos hay que tener el valor de hacerlo con respecto a sí mismo. 
El informe es la herramienta para ello. 
¿Cuál ha sido nuestro método de trabajo? 
Les recuerdo que la Carta de los Derechos Fundamentales enuncia un nivel mínimo de derechos a los que puede aspirar cada ciudadana y cada ciudadano de la Unión. 
Por lo tanto, hemos recogido los 50 artículos de dicha Carta y comprobado si éstos se aplicaban en los quince países, así como en el ámbito de la Unión. 
El plan del informe se basa en el plan de la Carta, plan que encontramos a la vez en la resolución, ya que hemos recogido allí los capítulos de la Carta, y en la exposición de motivos. 
Las fuentes son múltiples y diversas: el Consejo de Europa, ciertamente, y el trabajo de sus comisiones, los Parlamentos nacionales, las ONG, la sociedad civil, el observatorio de Viena, una red de juristas. 
De hecho, hemos utilizado todas las fuentes, hemos pensado que no debíamos privarnos de ninguna de las fuentes importantes y comprobables de que disponíamos. 
Desearía subrayar aquí la ausencia de medios de la Comisión de Libertades para realizar dicho trabajo. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa dispone de nueve personas, de una unidad administrativa, para llevarlo a cabo. 
Ese no es el caso de la Comisión de Libertades, y ustedes encontrarán en la resolución una petición de medios para que podamos efectuar este trabajo correctamente. 
Pedimos asimismo- aprovecho la ocasión para dar las gracias a aquellas y a aquellos que me han ayudado en la redacción de este informe- una red de juristas. 
Parece importante poder apoyarse en una red de juristas nacionales para reforzar el equipo de ponentes y ayudar a recabar informaciones. 
Finalmente, pedimos poder trabajar con las otras comisiones del Parlamento porque, puesto que la Carta se refiere concretamente a derechos medioambientales y a derechos económicos y sociales, las comisiones competentes en estas materias deben, naturalmente, dar su opinión sobre la aplicación de la Carta en la Unión Europea. 
La filosofía de este informe consiste en evitar estigmatizar a uno u otro Estado en concreto, poner de relieve tal o cual abuso. 
Todo lo contrario. 
En todo caso, el ponente piensa que el "cero defectos" es una utopía en materia de derechos humanos; los derechos humanos y los derechos fundamentales en Europa implican el hecho de que cuando se comprueban abusos éstos se puedan denunciar, se pueda sancionar al autor, se pueda efectuar una investigación administrativa y adoptar decisiones reglamentarias o legales para evitar que se repitan: en eso consiste el respeto de los derechos humanos al que debemos aspirar. 
En último término, este informe se compone de dos partes. 
Lo exige el Reglamento. 
Existe la resolución, que corresponde enmendar en el seno de las discusiones de la Comisión de Libertades o en el Pleno, y la exposición de motivos. 
Deseo decir simplemente que no se salva ningún país, y, para aquellos que deseen tomarse el trabajo de leer este informe, encontrarán en su interior, tanto en la exposición de motivos como en la resolución, propuestas de solución que van el sentido al que me refería antes. 
De hecho, este primer informe pretende ser un esbozo, la matriz de un nuevo método. 
Si el Pleno apoya las propuestas del ponente y el informe aprobado en comisión, realizaremos, pues, un trabajo mucho más colectivo, basado en colaboraciones dentro del Parlamento, y, fuera de éste, en un diálogo con las ONG, con nuestros corresponsales naturales, como son los Parlamentos nacionales; obtendremos un informe detallado, comprobado por una comisión, y pienso que no sólo despertará expectativas en la opinión pública, sino que es posible que se gane su respeto. 
Señor Presidente, lo primero que tengo que decir es que no me reconozco en la opinión que yo misma firmo en relación con este informe. Ello es así por una razón fundamental: en el momento de la votación se suprimieron de esta opinión de la Comisión de Peticiones dos párrafos que a mí me parecían importantísimos, por el voto, sobre todo, de los colegas de la derecha. 
Yo querría citar esos dos párrafos que me parecían tan importantes y que, al desaparecer del texto, me obligaron a abstenerme en mi propia opinión. 
En uno de ellos se decía- en realidad, era el final de un párrafo- que "los derechos económicos, sociales y culturales son indispensables para el ejercicio de los derechos civiles y políticos". 
Una persona que tiene hambre, que no tiene trabajo, que no tiene vivienda no está en condiciones de disfrutar de los derechos civiles. 
Me parecía importante esa frase y fue suprimida. 
La otra- quizás un poco más discutible- decía: "la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debiera completarse con derechos vinculantes tan importantes como el derecho al trabajo, la vivienda, la renta mínima, el derecho a un medio ambiente sano o el derecho de voto de los ciudadanos de terceros países que hayan residido durante cinco años en la Unión, así como la extensión de los derechos civiles a los inmigrantes que llegan a Europa en busca de una vida digna". 
Este párrafo también fue suprimido. 
Por ello, tuve que abstenerme en mi propia opinión, señor Presidente. 
Sin embargo, creo que la Comisión de Peticiones contribuye de forma muy clara a la defensa de los derechos de los ciudadanos europeos. 
La prueba es que más de 1.400 ciudadanos en Europa envían todos los años peticiones a esta comisión, que tienen que ver con el reconocimiento de títulos, la libre circulación, el derecho de los inmigrantes y el derecho a un medio ambiente sano y saludable. 
Señor Presidente, desgraciadamente tengo que recordar que en Europa tenemos una lacra, el terrorismo, que vulnera gravísimamente derechos humanos de expresión y el derecho fundamental, el derecho a la vida. 
Nos gustaría muchísimo- lo repito desde mi modesta condición en los últimos tiempos y lo seguiré repitiendo- que Europa fuera hoy un continente distinguido en la defensa de los derechos humanos en su propio seno y de los derechos humanos en el exterior. 
Creo que, lamentablemente, de momento no lo desempeñamos pero espero que, en un futuro, podamos hacerlo. 
Señor Presidente, permítaseme comenzar elogiando al Sr. Wuori por su sugestivo y preciso informe, que ha obtenido un apoyo abrumador de este Parlamento. 
También he disfrutado escuchando el discurso del ministro: el Parlamento conoce su compromiso personal con el fomento y la protección de los derechos humanos. 
El año transcurrido desde el último informe del Parlamento sobre los derechos humanos ha estado salpicado de importantes acontecimientos institucionales y normativos. 
La reforma de la ayuda exterior ha echado raíces y Europa Aid está examinando la avalancha de respuestas a los dos recientes peticiones de propuestas sobre los derechos humanos: unas 1.400 propuestas que ascienden a un total de 1.600 millones de euros. 
La Carta de Derechos Fundamentales ha sido proclamada solemnemente y constituye un elemento importante de las medidas adoptadas por la Unión Europea para garantizar la coherencia entre las políticas interior y exterior en materia de derechos humanos. 
La aprobación por el Consejo de las directrices sobre la tortura ha aportado un claro marco normativo y de acción en esa esfera y la comunicación sobre los derechos humanos y la democratización, que ha tenido una larga gestación, pero también un brillante alumbramiento, fue aprobada el 8 de mayo y establece una estrategia clara a corto y a medio plazo. 
Ahora debemos centrarnos en la aplicación de sus propuestas. 
Del informe del Sr. Wuori resulta evidente que el Parlamento y la Comisión tienen concepciones similares en materia de derechos humanos. 
Ésta es mi primera oportunidad de presentar la comunicación al Parlamento en un Pleno. 
Reducida a su esencia, la comunicación intenta promover políticas coherentes y consistentes en materia de derechos humanos en las relaciones de la Unión Europea con terceros países, aumentar al máximo la influencia del diálogo político, el comercio y la asistencia exterior y establecer un planteamiento más estratégico y preciso para la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos. 
Varias cuestiones planteadas en el informe del Sr. Wuori coinciden con observaciones que figuran en nuestra comunicación. 
Por ejemplo, decimos claramente que se consultará al Parlamento sobre la programación de la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos para 2002 y años siguientes. 
Sobre la presentación de informes y la evaluación, la Comisión se ha comprometido a publicar informes periódicos sobre las actividades que financiamos. 
El 22 de mayo, se hizo público el último informe y en él figura un completo análisis de los proyectos apoyados con cargo al presupuesto de 2000. 
El fomento de los derechos humanos es, como queda claro en el informe de Su Señoría, un elemento indispensable en la prevención de conflictos. 
La comunicación sobre la prevención de conflictos publicada en abril confirma la gran prioridad concedida por la Comisión al desarrollo de las capacidades de la Unión. 
Una utilización más sistemática de los documentos relativos a las estrategias de los países contribuirá a garantizar una utilización convincente de los instrumentos comunitarios para abordar tanto las causas profundas de los conflictos como otros problemas en materia de derechos humanos. 
Por lo que se refiere al mecanismo de reacción rápida, la Comisión facilitará al Parlamento en su momento una evaluación de las actividades realizadas. 
El asunto fundamental del informe de Su Señorías, la libertad de expresión, encuentra eco en la comunicación, en la que queda claro que corresponderá al primero de nuestros cuatro sectores prioritarios del programa para 2002 de la Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos y años siguientes y se trata, en verdad, de un asunto de importancia capital. 
El derecho a expresar las propias opiniones sin miedo ni consecuencias es- dicho sea con una frase del gran juez inglés Lord Devlin- "una antorcha que demuestra que la libertad está viva". 
Cuando las autoridades estatales empiezan a cerrar periódicos, cuando empiezan a hostigar o encarcelar a periodistas, se trata de un signo seguro de que los derechos humanos y la libertad están desmoronándose. 
La Unión Europea expone con claridad sus opiniones a ese respecto en sus contactos con terceros países y en los foros internacionales, tales como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Además, la retórica va acompañada de apoyo sólido. 
Tan sólo con cargo a la Iniciativa europea, más de 5,4 millones de euros fueron asignados en 2000 a proyectos en apoyo de la libertad de expresión, la libertad de prensa y la protección y formación de periodistas. 
Un gran proyecto cuya ejecución en África y Asia corre a cargo de Rapporteurs Sans Frontières ofrece un buen ejemplo. 
Las investigaciones sobre los periodistas encarcelados y la prestación de asistencia práctica a periodistas y sus familias va acompañada de formación y campañas en los medios de comunicación. 
Ahora quisiera pasar a referirme a otro principio que recorre el informe de Su Señoría, la relación entre nuestras dos instituciones. 
El Parlamento ha adoptado una posición prominente en materia de derechos humanos. 
Como he dicho al presentar la comunicación a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos y Política de Defensa y Seguridad Común el 15 de mayo, los informes y las resoluciones del Parlamento sobre la ejecutoria anterior de la Comisión en materia de derechos humanos fueron de gran utilidad para redactar la comunicación. 
La Comisión está muy interesada en fortalecer su diálogo sobre los derechos humanos con el Parlamento, cosa que se refleja en las consultas que se celebrarán sobre la programación de la Iniciativa europea en 2002. 
En cooperación con la Presidencia, la Comisión procurará también velar por que el calendario y la ubicación del foro de debate sobre los derechos humanos con las organizaciones no gubernamentales y de otra índole tenga plenamente en cuenta la necesidad de la participación sistemática de los diputados a esta Asamblea. 
Además, queremos intensificar las posibilidades del foro. 
Comenzaremos evaluando los actos celebrados hasta ahora, en consulta con el Parlamento, el Consejo y las ONG. 
Sobre las cláusulas relativas a los derechos humanos, tomo nota de la preocupación del Parlamento sobre la falta en muchos acuerdos de normas de aplicación sobre la suspensión. 
Como sabemos, la versión más reciente de la cláusula sobre los elementos esenciales, que figura, por ejemplo, en el Acuerdo de Cotonou, establece un procedimiento de consulta previa a la suspensión de un acuerdo. 
Es lo más reciente a ese respecto, pero los cambios en los acuerdos vigentes requerirían renegociaciones particulares con los socios, proceso indudablemente largo. 
No obstante, la Comisión esta dispuesta a debatir la futura forma y utilización de la cláusula, cuestión planteada en la reunión oficiosa de ministros de Asuntos Exteriores celebrada el mes pasado y seguirá concediendo importancia a las opiniones del Parlamento. 
Unas palabras finales sobre el equipo policial y de seguridad, aspecto no planteado directamente a la Comisión en el informe. 
La Comisión se propone presentar al Consejo antes del final del verano una propuesta para controlar y- en los casos necesarios- prohibir las exportaciones de equipo que se puedan utilizar para fines de tortura y trato cruel, inhumano o degradante. 
La Comisión examinará con los Estados miembros si es necesario que la Comunidad adopte medidas respecto de la fabricación, publicidad o utilización de dicho equipo. 
Sé que es algo que preocupa a los diputados y a la ONG, tales como Amnistía Internacional, y me alegro de que estemos a punto de dar un paso tan importante. 
Felicito a Su Señoría una vez más por su excelente informe y expreso mi anhelo de trabajar para lograr avances en materia de derechos humanos junto con él y con la Asamblea, cuya preocupación al respecto compartimos. 
- (FR) Señor Presidente, Señorías, quisiera ante todo felicitar al ponente. Sr. Cornillet, así como a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, por la calidad del informe que presenta hoy para ser aprobado por el Parlamento. 
Quisiera, como ya lo hizo mi compañero Chris Patten, aunarme a las felicitaciones por los compromisos que acaba de contraer el Sr. Louis Michel en calidad de representante del Consejo, ya sea en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales, como en la política exterior y la política interior de la Unión. 
Llamo su atención y les pido reflexionar sobre todo en una frase especialmente significativa: "la Unión debe dar ejemplo antes de dar lecciones". 
La ambición del informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores que abarca un gran número de derechos fundamentales, era especialmente elevada este año. 
Es preciso constatar que se ha logrado el objetivo. 
El informe se basa en una exposición de motivos especialmente abundante y detallada. 
Además, proporciona un gran número de recomendaciones pertinentes que permitirían mejorar de manera muy significativa la protección de los derechos fundamentales en la Unión. 
Asimismo, quisiera saludar la estructura del informe, que sigue fielmente la estructura de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
La elección de este enfoque me parece totalmente oportuna. 
Contribuirá, sin duda alguna, a promover una cultura comunitaria de la protección de los derechos fundamentales. 
Personalmente, estoy convencido de que con el correr de los años, la elaboración de este informe parlamentario se convertirá en uno de los medios privilegiados para llevar a cabo una evaluación constante y objetiva de la situación de los derechos fundamentales de la Unión. 
Dicha evaluación es especialmente necesaria para mantener y desarrollar el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Todos sabemos, y lo reiteramos de buen grado, que la protección real de los derechos fundamentales es una condición previa al desarrollo de un espacio en cuyo seno se asegure verdaderamente la libre circulación de las personas. 
Por otra parte, disponemos de instrumentos jurídicos con este fin: la Carta proclamada en Niza, pero también el artículo 6 del Tratado de la Unión, que se refiere a la Convención europea de derechos humanos y a la tradición constitucional común de los Estados miembros, así como el artículo 7 del Tratado, que se fortalecerá aún más con el Tratado de Niza cuando éste entre en vigor. 
Por tanto, debemos dotarnos de los medios necesarios a nuestra política. 
La Comisión no puede sino saludar con gran entusiasmo las diversas propuestas que figuran en el informe, en especial cuando se refieren a la creación de instrumentos técnicos que permitan proporcionar un dictamen de expertos en la materia. 
La Comisión tomó debidamente nota de las recomendaciones que se le dirigieron de manera más directa: designación de un comisario responsable de derechos fundamentales en la Unión y la aplicación de las políticas vinculadas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, por una parte, reorganización de los servicios encargados del seguimiento de la Carta, por otra. 
Estas dos recomendaciones revisten una lógica irrefutable y merecen una reflexión profunda. 
Quiero asegurarles, señor Cornillet, Señorías, que alentaré una discusión política colegial sobre estas dos cuestiones. 
En relación con la primera recomendación, ya destaqué el vínculo existente entre la protección de los derechos fundamentales y el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Por tanto, no puedo sino suscribir a la necesidad de iniciar una reflexión sobre este tema en el contexto de la reorganización del carácter colegial en marcha desde las modificaciones del Tratado de Amsterdam y como previsión a la entrada en vigor de las disposiciones de Niza, especialmente con vistas a la próxima ampliación. 
Estoy bien situado para apreciar toda la importancia y la necesidad de estos cambios y la nueva relación en materia de derechos fundamentales que va a establecerse entre los órganos e instituciones de la Unión y los Estados miembros de la Unión, en el marco de la aplicación del artículo 7. 
En lo relativo a la segunda recomendación, llamo la atención del Parlamento sobre una comunicación interna, aprobada colegialmente el pasado mes de marzo, que pide un estricto respeto de la Carta en todo el conjunto de las actividades de la Comisión. 
En especial, se pidió a los servicios velar porque los textos propuestos o aprobados por la Comisión sean objeto de un examen previo en relación con la Carta. 
Debería quedar constancia de este examen introduciendo un considerando normalizado para las propuestas que tienen un vínculo evidente con la protección de los derechos fundamentales. 
Por otra parte, ya se hizo en diversas propuestas recientemente presentadas al Parlamento y al Consejo. 
No me es posible tomar posición respecto a las numerosas recomendaciones que figuran en la propuesta de resolución relativas a los diferentes capítulos de la Carta. 
Estas recomendaciones, dirigidas en lo esencial a los Estados miembros, me parecen personalmente al alcance de la mano y, como ya dije, susceptibles de mejorar de manera muy significativa la protección de los derechos fundamentales en la Unión. 
Sabemos que la democracia es un modelo que nunca se alcanza, sin embargo, es esencialmente un modelo al que es preciso aproximarse. 
Creo que los Estados miembros deben comprender estas recomendaciones en esta perspectiva de aproximación gradual. 
No como críticas, sino como sugerencias para mejorar el nivel de protección de los derechos fundamentales en toda la Unión Europea. 
La Comisión también ha tomado debidamente nota de las recomendaciones que se le dirigieron en relación con la ciudadanía europea, sobre todo en lo relativo a los puntos 122 y 123 del informe. 
Quiero destacar que la refundición de los textos en vigor en lo relativo a la libertad de circulación de las personas, que menciona el punto 123, es objeto de una propuesta de la Comisión que fue transmitida al Parlamento y al Consejo a finales de la semana pasada. 
Espero que, bajo la Presidencia belga, pueda llevarse a cabo un rápido examen según el procedimiento de codecisión de estas propuestas importantes para asegurar la realidad del derecho de libre circulación y del derecho de residencia en los Estados miembros. 
Señor Presidente, Señorías, los derechos fundamentales son, sin duda alguna, el documento de identidad de un modelo político y social europeo cuyos valores queremos preservar, no con una perspectiva puramente defensiva, sino sobre todo con una perspectiva de previsión activa, al mismo tiempo que se admite la necesidad de adaptarlos a un mundo en profunda mutación. 
El futuro de Europa debe construirse situando los derechos fundamentales en el centro del compromiso político esencial y demostrando el papel fundador de la dignidad de la persona y una visión humanista del proyecto político europeo. 
Espero que este nuevo papel que se ha reconocido a los derechos fundamentales también sea la clave para que los europeos vuelvan a entusiasmarse con Europa. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar encarecidamente al colega Wuori por su buen y amplio informe. 
Como ponente alternativo del Grupo del PPE expreso mi agradecimiento por la positiva cooperación. 
El Parlamento Europeo se ve a si mismo con razón como la institución europea que se inmiscuye continuamente con la mayor decisión en los asuntos internos de terceros Estados a favor de las personas de dichos Estados. 
Sí, nos inmiscuimos porque no consideramos que la protección de los derechos humanos sea un asunto interno. 
Para la protección de los derechos humanos, a veces resultados aislados son de gran relevancia. 
El hecho de que el Sr. Milosevic se encuentre en La Haya ante el Tribunal hace que muchos dictadores y autócratas duerman peor desde la última semana. 
Un procedimiento de este tipo en contra de un antiguo Jefe de Gobierno es política preventiva clásica de derechos humanos. 
Sólo puedo aconsejar a determinados detentadores del poder que tengan cuidado en el futuro. 
No se van a escapar. La justicia humana les va a alcanzar. 
Con frecuencia se pregunta si tales informes tienen efectos de algún tipo. 
Cuando se ve cómo los afectados o los Gobiernos que se sienten afectados se esfuerzan ya en la fase previa a la elaboración de un informe en evitar revelaciones que consideran negativas desde su punto de vista, entonces tales informes deben tener por lo visto un efecto, además un efecto dentro de la sociedad civil de los países afectados. 
En algunos casos, una crítica de este tipo es incluso deseada por los Gobiernos pues les concede, por ejemplo, entre los candidatos a la adhesión a la UE, la posibilidad de poner en marcha las necesarias medidas para corregir los defectos que se destacan en nuestros informes. 
Cuando veo el ejemplo más reciende de Rumanía, donde nuestra colega la baronesa Nicholson ha mostrado en un difícil trabajo de detalle las terribles circunstancias que existen en el sector de los orfanatos, del tráfico con niños o de los abusos en las adopciones, entonces un Gobierno se pone realmente en marcha, además en sentido positivo, y ataca los fallos existentes. 
Pero debemos insistir y esta tarea se plantea también a la delegación de la Comisión que trabaja in situ y a nuestras 15 Embajadas para que comprobemos que se hace realmente algo. 
También quiero exponer como ejemplo la India: apoyo expresamente las solicitudes del colega Haarder relativas a los intocables y al sistema de castas. 
El Gobierno hindú está también en principio en contra pero tengo la sensación que debería hacer algo más. 
Quizás necesite un requerimiento expreso por nuestra parte. 
Las cuestiones de derechos humanos no son cuestiones de oportunidad. 
Esto deberíamos planteárselo a todos nuestros Gobiernos en todos los casos concretos. 
Quien por motivos de política real aplica baremos diferentes frente a China, Rusia o a una de las parte en el conflicto de Oriente Próximo, no actúa a la postre de un modo que sea de ayuda. 
También el Comisario Patten ha exigido en Suecia ante los Ministros de Asuntos Exteriores que no se apliquen unos baremos diferentes. 
Espero que los Gobiernos hagan suya esta exigencia. 
No quiero ver miradas afligidas por nuestra parte cuando en conversaciones de las delegaciones con China, por ejemplo, se tocan los temas de la pena de muerte, de Falun Gong o el Tíbet, porque se teme poner quizás en peligro un buen negocio. 
Quien discuta con el Sr. Putin pero no tenga la fuerza de protestar contra el nuevo modo de unificación de la prensa en Rusia mediante absorciones económicas, no haría ningún favor a nuestras relaciones con Rusia ni sería una aportación al fortalecimiento de la sociedad civil en el país. 
Trabajemos para que el tema de los derechos humanos se convierta en una parte componente integral y activa de todos los órdenes del día ministeriales y de las subsiguientes conferencias de prensa siempre allí donde sea necesario. 
Sólo entonces seremos creíbles políticamente en general hacia el interior y el exterior. 
En primer lugar, permítaseme también elogiar al Sr. Wuori por su informe, de gran alcance, y al Sr. Cornillet por su audacia y perspicacia, al intentar crear un nuevo procedimiento para el informe anual sobre los derechos fundamentales en la UE, vinculado con la Carta. 
Sin embargo, en los dos informes sigue existiendo aún un motivo de preocupación y alarma. 
La realidad es que, mientras hablamos en esta Asamblea, continúan las violaciones de los derechos humanos; los defensores de los derechos humanos desaparecen. 
En Vietnam, por ejemplo, continúa la persecución religiosa y hay monjes budistas que siguen encarcelados y sometidos al represivo régimen de arresto domiciliario. 
Aung San Sui sigue encarcelada en su casa en Birmania. 
La pena de muerte sigue aplicándose en democracias como los Estados Unidos. 
En Belgrado, la policía permaneció de brazos cruzados contemplando a unos vándalos que atacaban a lesbianas y homosexuales en su celebración del orgullo gay tan sólo unos días después de que se comprometieran millones de dólares de la UE para esa región y de que Milosevic fuera enviado a La Haya. 
Egipto encarcela a 55 homosexuales masculinos a los que se sigue denegando representación y ahora afrontan una condena de hasta ocho años por ser homosexuales. 
Se sigue mutilando genitalmente a mujeres, se sigue lapidando hasta la muerte a seres humanos y cortándoles extremidades en nombre de la ley. 
Se lapida a homosexuales hasta matarlos, hay persecución religiosa y se rapta a niños para llevarlos a la guerra, por no citar las obscenidades de la violación y del terrorismo, la tortura y las falsas desapariciones: se trata de un catálogo de sufrimiento casi inenarrable que aumenta año tras año. 
En la UE, nuestra propia ejecutoria en materia de derechos humanos requiere un examen más detenido: el trato a los refugiados y solicitantes de asilo; la discriminación, a veces inducida por el Estado, de los homosexuales; el racismo y los asesinatos racistas y la desigualdad ante la ley. 
Lo mismo es aplicable a los países candidatos. 
El mensaje que debemos enviar es el de que los derechos humanos no son negociables. 
Mientras un individuo o un grupo sufra discriminación, todos habremos fracasado y todos seremos culpables. 
La inacción legislativa y la inacción democrática perpetúan una jerarquía de opresión. 
Defendemos a algunas minorías, pero no a otras. 
Cuando nombramos a países para avergonzarlos, se nos acusa de imponer nuestros criterios. 
Pero los criterios a los que aspiramos y que establecemos son criterios internacionales mediante los cuales se nos debe juzgar a todos. 
Ésa es la razón por la que debemos ser coherentes al aplicar la política de derechos humanos y seguir sistemáticamente las violaciones de los derechos humanos. 
Elogio el Acuerdo de Cotonou, mencionado por el Comisario Patten. 
Debemos cooperar estrechamente con las Naciones Unidas y con los relatores especiales y las ONG. 
Debemos desarrollar nuestros propios conocimientos especializados internos y velar por que los hombres, las mujeres y los niños, que nacen iguales, disfruten de sus derechos humanos y libertades civiles naturales. 
Nuestra arma más poderosa es nuestra imaginación. 
Imaginen Sus Señorías que se vieran torturados, mutilados, encarcelados, lapidados hasta la muerte por ser diferentes o sostener opiniones diferentes. 
Imaginen que así sucediera a sus hijas, sus hijos, sus padres, sus madres, sus hermanos, sus hermanas. 
Ésa es la realidad y ésa es la razón por la que necesitamos un nuevo planteamiento. 
Lo necesitamos ahora. 
No debemos fallar a quienes recurren a nosotros para lograrlo. 
Señor Presidente, señores Comisarios, señor Presidente del Consejo, el haber puesto al ex dictador serbio Slobodan Milosevic a disposición del tribunal de La Haya es un gran triunfo para todos los que creemos en los derechos humanos y en la justicia internacional. 
Demuestra que la comunidad internacional no debe aceptar el genocidio ni la limpieza étnica. 
El mundo se ha transformado en un lugar inhóspito para los dictadores. 
Sin embargo, la situación de los derechos humanos en el mundo no es mucho mejor. 
Diariamente se violan los derechos humanos, cada minuto hay individuos y grupos que sufren diferentes tipos de atropellos: torturas, vejaciones, opresión. 
En el último tiempo la UE ha aumentado considerablemente su compromiso con los derechos humanos y es evidente que la UE es una comunidad de valores. 
Esto se expresa interna y externamente, tanto en nuestra Carta de Derechos Fundamentales como en las exigencias que hacemos a los países candidatos. 
La UE critica unánimemente la pena capital, sin importar que se aplique en dictaduras como China, Iraq y Arabia Saudita o en democracias como EE.UU. Sin embargo, la coordinación entre las instituciones comunitarias y entre la UE y los países miembros puede ser aún mejor. 
En el informe de este año sobre los derechos humanos en el mundo, el Sr. Wuori ha decidido destacar la libertad de expresión. 
Ninguna democracia puede funcionar sin debates libres e independientes, sin periodistas que se sientan protegidos y sin ciudadanos que puedan expresar sus opiniones. 
Sin embargo, no es así. 
Se asesina, se amenaza y se veja a periodistas. 
La situación es especialmente grave en Irán, en Bielorrusia, en China, en Colombia y en Cuba, pero los acontecimientos en Rusia también nos preocupan. 
Los gobiernos de numerosos países pretenden impedir o limitar el acceso de los ciudadanos a Internet censurando o cerrando páginas web. 
Esos gobiernos actúan de esa manera porque saben que gracias a Internet es más difícil oprimir a sus pueblos. 
Internet es, por tanto, un arma importante en la lucha por un mundo mejor. 
Señor Presidente, los liberales del mundo hemos estado y estamos aún en la barricada para luchar por la libertad de expresión y por los derechos humanos para todos. 
Seguiremos haciéndolo. 
Mi Grupo da las gracias al Sr. Wuori por su excelente informe y a la Presidencia belga el interés demostrado por los derechos humanos. 
Señor Presidente, el papel del Parlamento Europeo en un expediente como éste relativo a los derechos de la persona es tradicionalmente el de ser una especie de vigía de la comunidad internacional y un acicate para las instituciones de la Unión. 
Muchos piensan que esto es algo completamente inútil, pero yo pienso que se equivocan. 
Hoy día, puede hacerse más que ayer y seguramente menos que mañana, y eso ya es muy importante. 
De manera un poco semejante al desarrollo sostenible, el respeto de los derechos individuales debe convertirse, de manera estructurada y siguiendo una verdadera estrategia, en una parte integrante de la política externa de la Unión, tanto en sus relaciones económicas como en sus relaciones políticas. 
Todavía no se logra hacerlo, como lo destaca el ponente, Sr. Wuori, pero se avanza en este sentido. 
Por lo demás, saludo con convicción la positiva cooperación que el Sr. Wuori supo instaurar con las ONG que se ocupan de los derechos humanos. 
Es preciso, para que Europa pueda emerger con credibilidad, como una unión que basa su acción en el respeto de los derechos de la persona y en un desarrollo económico sostenible y solidario, abandonar toda hipocresía y toda ambigüedad. 
En las relaciones políticas y económicas con países como China, Rusia, pero también con Arabia Saudita, los Estados Unidos y muchos otros, realmente necesitamos ser muy claros. No puede permanecerse indiferente al hecho que, en estos países, se ejecutan presos, se exterminan civiles que cometen el error de pertenecer a minorías étnicas y políticas, se impide a las mujeres ser libres y se tortura de manera indiscriminada. 
El Sr. Patten habló de estos aspectos y espero que sus palabras sean rápidamente seguidas por hechos. 
El discurso del Sr. Michel nos tranquiliza en lo que respecta a los próximos seis meses, y espero que incluso por más tiempo. 
Me gustaría hacerle una pregunta muy directa: ¿Va Bélgica a presentar, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una iniciativa europea destinada a la aprobación de una resolución sobre la moratoria de la pena de muerte? 
Saben ustedes que la Presidencia finlandesa había hecho ya un primer intento en 1999, pero que su iniciativa fracasó. 
¿Qué va a hacer usted en relación con este asunto, señor Michel? 
Yo querría empezar indicando la postura favorable de nuestro Grupo GUE/NGL respecto a los dos informes, del Sr. Wuori y del Sr. Cornillet. 
Los dos han sido bien trabajados. 
He sido testigo de un viaje por España del Sr. Cornillet para preocuparse por la situación de los inmigrantes, justamente al año de los incidentes de El Ejido y doy fe de esa preocupación. 
Y el Sr. Wuori se ha distinguido por hacer un informe muy completo en el que todos hemos participado, que creo que ha sido un orgullo para la Comisión de Relaciones Exteriores. 
Asimismo, agradezco las intervenciones de los dos Comisarios, Sres. Patten y Vitorino, así como del Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Michel, porque van en la línea de poder convertir Europa en la referencia obligada para la garantía de los derechos humanos en el mundo. 
Es importante señalar este asunto porque, hasta ahora, parece que sólo los Estados Unidos representan esta garantía cuando, justamente, pienso que ocurre lo contrario. 
El acervo cultural, histórico y social de Europa, las cuatro generaciones de derechos humanos que, desde la Revolución Francesa, han ido acumulándose en la historia europea, y también el éxito que hemos conseguido con la construcción de la Unión Europea son una garantía del papel privilegiado único que puede desempeñar la Unión Europea en el resto del mundo. 
Sin embargo, esto no es óbice para pensar que tenemos una responsabilidad histórica compartida respecto a la triste situación de los derechos humanos que hay en los tres continentes. 
Porque, precisamente, nuestra presencia en ellos es una de las causas de las dificultades de estos pueblos para que se respeten sus derechos humanos. 
Pienso que valdría la pena instaurar observatorios de derechos humanos de la Unión Europea en cada uno de los tres continentes, que mantuvieran relaciones con las ONG y con los mismos instrumentos de las Naciones Unidas, para que los informes anuales realizados en el Parlamento, a la Comisión y al Consejo, pudiesen repercutir en mejoras de nuestras intervenciones. 
No debemos sorprendernos de que, a veces, empresas multinacionales nuestras (como he podido observar en Colombia o como ocurre en África y en Asia) están financiando grupos paramilitares que atentan directamente contra los derechos humanos. 
Es nuestra responsabilidad que se esclarezcan estos hechos para avanzar en la instauración de los derechos humanos. 
Por último, querría indicar que en la propia Unión Europea, como ha dicho con mucha justeza el Sr. Cornillet, hace falta dar ejemplo antes de dar lecciones y, por ello, en esta ocasión, tenemos la oportunidad de empezar por los inmigrantes como una de las asignaturas pendientes que posee Europa. 
No podemos decir que hacen falta 70 millones de inmigrantes para poder avanzar en nuestra economía y tratarlos de forma discriminada. 
Por todo lo expuesto, es importante que apoyemos estos informes. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al Sr. Cornillet el trabajo que ha realizado en los que se refiere a la situación de los derechos fundamentales en la Unión. 
Se trata de un informe detallado y equilibrado que puede representar un constructivo estímulo para cada uno de los Estados miembros con miras a dar un contenido cada más real y concreto al principio de justicia y de protección de aquellos que son los derechos esenciales e inalienables de los ciudadanos europeos. 
Este informe se puede convertir en un momento de reflexión, en la ocasión para hacer un primer balance de la recién nacida Carta de Derechos, que representa una etapa inicial, aunque muy importante, para una unificación europea que no esté hecha única y exclusivamente de finanzas y economía, sino que sea también la patria de los derechos y de las oportunidades para todos los ciudadanos europeos, con una particular atención a los que tienen más dificultades a la hora de que se les respeten estos derechos: me refiero, por ejemplo, a los niños, a los marginados, a las personas más desfavorecidas. 
A pesar de que comparto el planteamiento del ponente, quisiera hacer algunas consideraciones críticas. 
Por lo que respecta al capítulo relativo a las uniones no matrimoniales, considero inaceptable auspiciar una equiparación jurídica entre los matrimonios formados por personas de distinto sexo y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. 
Sin perjuicio del derecho de cualquier persona a no ser discriminada por sus tendencias sexuales, sigue existiendo la necesidad jurídica y social de proteger el vínculo matrimonial tradicional como núcleo fundamental de la sociedad, con especial atención a la posibilidad de recurrir a la fecundación asistida y a la adopción de menores, que deben seguir siendo facultades exclusivas de las familias naturales. 
Y ello precisamente para proteger a los menores, ya que con frecuencia se olvida que los derechos fundamentales no solo son una prerrogativa de los adultos, sino también y ante todo de los menores. 
Así y todo, quisiera recordar a este Parlamento el caso de los herederos varones de la Casa de Saboya que en una Europa entendida como espacio de justicia, libertad y libre circulación, no pueden ir a Italia desde hace 50 años. 
Señor Presidente, Señorías, en la propuesta de resolución sobre los derechos humanos en el mundo hay un gran ausente: el principio de autodeterminación de los pueblos. 
Nosotros, los padanos, consideramos que se trata de una grave omisión, ya que no se puede dejar de advertir que la negación o, en todo caso, el querer pasar por alto la importancia de este derecho constituye una de las mayores violaciones de los derechos humanos. 
Pensemos sólo en lo que está ocurriendo en estas semanas, en estos meses, en la realidad palestina: una verdadera tragedia cotidiana del principio de autodeterminación que Europa debería recordar con mayor fuerza en sus textos sobre los derechos humanos. 
Por otra parte, algunos de los países que llaman a las puertas de la Unión Europa eran hasta hace poco tiempo naciones sin Estado. 
Ahora, especialmente después de la disolución de la Unión Soviética, debemos recordar que son Estados libres e independientes. 
¿Acaso la Unión Europea puede someter ahora a un examen a estos países, sub specie del respeto a los derechos humanos, cuando en sus textos omite proclamar con fuerza la tutela de este principio- el derecho de autodeterminación- que los pueblos de estos Estados se han visto negar durante décadas? 
Asimismo, es del todo insuficiente, por no decir, inexistente la parte dedicada a la protección de los derechos culturales. 
No se puede considerar plenamente eficaz la garantía del derecho, por ejemplo, de ver tutelar la lengua o religión de cada uno si la misma es simplemente una oferta en forma de tutela de la libertad individual de adoptar esa lengua y de practicar esa religión. 
Para que sea posible una verdadera libertad de hablar la lengua vernácula, es preciso garantizar que las nuevas generaciones se eduquen en ese contexto cultural en el que se reconozcan las tradiciones y la historia de esa minoría en los programas educativos. 
En Padania, por ejemplo, quien tiene como lengua materna el piamontés, como en mi caso, o el véneto no tiene derecho a que se enseñe en sus escuelas porque estas lenguas- el piamontés y el véneto- han sido excluidas. 
Por último, quiero recordar la omisión en el apartado 93 de un problema fundamental como es el tráfico de órganos humanos que produce vergüenza... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, este debate conjunto se centra en el respeto de los derechos humanos dentro y fuera de la Unión. 
Ello me ha incitado una vez más a meditar sobre el concepto de derechos humanos. 
Nunca han recibido tanta atención como ahora, y con razón, puesto que continuamos asistiendo a sangrantes violaciones de estos derechos. 
Sin embargo, mi ideología cristiana me lleva a subrayar que ni siquiera los derechos humanos son valores absolutos e intocables. 
La defensa de los derechos humanos se manifiesta en el respeto de una serie de normas que protegen la vida humana de acuerdo con el destino que Dios, el Creador, confirió a esta vida. 
El informe Wuori plantea este concepto de forma realista. Se limita a los derechos humanos más fundamentales. 
Me pregunto, no obstante, cómo puede la Unión Europea velar por la aplicación concreta de dichos derechos habida cuenta de la falta de medios económicos y diplomáticos. 
Es importante que la política comunitaria complemente las posibilidades de los propios Estados miembros. 
El presente informe pone trabas a la única presión que puede ejercer la Unión a través de la introducción de cláusulas de derechos humanos en los tratados y acuerdos, ya que aboga por una aplicación flexible de las mismas. 
Somos partidarios de que se mantenga un diálogo crítico, pero la flexibilidad no puede convertirse en la pauta de nuestra política. 
Por último, señor Presidente, quisiera referirme brevemente al informe Cornillet. 
Aunque, como ya he dicho, estoy a favor del total respeto de los derechos humanos, no creo que la Unión Europea esté autorizada para tratar tan detalladamente el respeto de los derechos humanos en los Estados miembros. 
Además, echo en falta una distinción entre derechos humanos y objetivos políticos de las autoridades. 
Una defensa a ultranza de la intervención gubernamental en materia de derechos humanos puede acabar cercenando las libertades de los ciudadanos. 
Quisiera prestar especial atención a los apartados 82-84. 
Considero el matrimonio como un magnífico don del Creador. 
La marginación del matrimonio como consecuencia de la introducción de formas de convivencia alternativas perjudicará seriamente a la sociedad. 
También en mi propio país estas convicciones ya no son compartidas sino por una minoría de los ciudadanos. 
A pesar de todo, continúo ateniéndome al buen concepto bíblico del matrimonio como vínculo inquebrantable entre hombre y mujer. 
Espero de todo corazón que el Gobierno de los Países Bajos se retracte de las decisiones adoptadas. 
Insto a los Estados miembros de la Unión Europea a que hagan oídos sordos a la invitación de seguir las huellas de mi país. 
Aun cuando la tentativa de la enmienda 24 de llamar la atención sobre la situación de los pacientes terminales sea loable en sí no está formulada correctamente. 
Por eso he solicitado votación por partes para esta enmienda. 
Señor Presidente, señores Comisarios, quiero felicitar encarecidamente al Sr. Cornillet como ponente pues su informe significa un avance, un avance desde una perspectiva estructural, ya que nos concede la posibilidad de comprobar anualmente hasta qué punto cumplimos realmente los requerimientos de la Carta de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea. 
Pero el avance se ha visto frenado como todos los años por diferentes votaciones, por enmiendas con las que se ha intentado introducir en este informe ideologías políticas que no tienen nada que buscar allí, ideologías políticas que quizás no se puedan hacer realidad en casa y que atentan además contra el principio de la subsidiariedad. 
No pertenecen a este campo. 
Estoy en contra de cualquier discriminación y lo voy a mostrar sirviéndome de varios ejemplos: estoy en contra de cualquier discriminación de la homosexualidad pero estoy en contra de los intentos de carácter político de exponer en el informe al matrimonio homosexual como la normalidad absoluta y exigir para él los mismos derechos que para los matrimonios totalmente normales entre cónyuges de diferente sexo. 
El matrimonio entre personas de sexo diferente, que representa el núcleo de la sociedad, es la normalidad y es bueno que sea así, queridas y queridos camaradas, tal como se diría actualmente en Berlín. 
También estoy en contra de los intentos de conceder a todos los no ciudadanos de la Unión el mismo derecho electoral que a los ciudadanos de la misma, tanto activo como pasivo. 
Esto sería algo único en el globo terráqueo y supondría además una discriminación de los ciudadanos de la Unión. 
Estoy en contra de los intentos de transformar la reunificación familiar en un instrumento de inmigración ampliando para ello el concepto de familia hasta un grupo de límites no abarcables. 
Esto es inaceptable pues se quita a los Estados miembros el derecho a decidir qué y cuántos trabajadores quieren y pueden acoger. 
El núcleo de la familia, sí pero no toda la parentela. 
Estos ejemplos que he expuesto y otras exigencias políticas no van a obtener nuestro apoyo pero sí el informe del apreciado ponente Cornillet. 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente para mi Grupo a favor del informe del Sr. Cornillet, al que, por otra parte, quiero desearle suerte por el resultado de su trabajo, dirigiré mi atención a la cuestión del respeto de los derechos humanos en los países que integran la Unión Europea. 
Al observar los datos que tenemos sobre la mesa saltan a la vista dos problemas. 
En primer lugar, una vez más hay muchas denuncias de mala conducta por parte de los funcionarios públicos, tales como los funcionarios de policía, el personal de las cárceles, los servicios de seguridad y los funcionarios encargados de los refugiados. 
En segundo lugar, llaman la atención los avisos sobre el desigual trato y la discriminación, principalmente a personas pertenecientes a los llamados grupos "débiles" de la sociedad. 
La principal manifestación de este fenómeno es la violencia racista contra los extranjeros, pero también se puede aplicar al comercio de mujeres, la discriminación en el puesto de trabajo; por no hablar del trato a los homosexuales, que ya es para estar harto. 
Lamentablemente, en el proceso de preparación de la Comisión de Libertades y Derechos del ciudadano no se ha hablado apenas sobre este aspecto intrínseco del conjunto de problemas relacionados con los derechos humanos dentro de la Unión Europea. 
Se ha dedicado toda la atención a la manera en la cual los informes sobre los derechos humanos deberán tomar forma en el futuro en el Parlamento Europeo. 
Aprecio altamente el esfuerzo y el aguante del ponente, Sr. Cornillet, pero me parece que el medio no sea suficiente para alcanzar el objetivo. 
El debate sobre el objeto y la organización en el futuro de este trabajo ha costado muchísimo tiempo y energía y se ha realizado bajo demasiada presión. 
Parecía que se había llegado a un compromiso, pero se han perdido elementos y ahora tendremos que esperar a que, por medio de enmiendas, se pueda rectificar. 
Algunos elementos del debate no han sido elucidados completamente, por lo que ahora quisiera tratar algunos de ellos. 
En primer lugar, la elección de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como "perchero" para el informe. 
Esta elección, en sí evidente, no se debe convertir en un corsé. 
El debate sobre el alcance de los derechos humanos y el concepto de derechos humanos se encuentra aún en evolución. 
También los derechos humanos constituyen un asunto vital de derecho. 
Además, no debemos olvidar que los Estados miembros están sujetos a los tratados sobre los derechos humanos del Consejo de Europa, de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. 
Los resultados que comunican los organismos supervisores de estos tratados debieran desempeñar un papel mucho más importante en los debates de este Parlamento. 
En el Parlamento hay dos comisiones que se están ocupando de este asunto: la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Libertades y Derechos del ciudadano. 
Se da una gran superposición, tanto en las conclusiones como en la temática, se lleva a cabo demasiado trabajo innecesario y existe una competencia incorrecta con el fin de conseguir personal y medios. 
Esta situación requiere la intervención de los órganos competentes de este Parlamento para armonizar a los unos con los otros. 
Mi tercera pregunta es la siguiente: ¿en qué documento se tienen que hacer constar aquellos países europeos sobre los que existe la preocupación de su respeto de los derechos humanos? 
Según el espíritu del mecanismo de supervisión, la única respuesta que me parece adecuada es: en la resolución, y que no se aparque este asunto simplemente en la exposición de motivos, tal como, en principio, pretende el ponente. 
Esta postura me parece contradictoria con respecto al hecho de que este Parlamento todos los meses da toques de atención terceros a países porque no respetan los derechos humanos. 
Señor Presidente, fuimos la Sra. Malmström y yo quienes redactamos los informes sobre los derechos humanos el pasado año. 
Nos alegramos de que la línea de éstos haya sido continuada en los informes que hoy debatimos. 
Los liberales respaldamos el deseo del Sr. Cornillet de que la nueva Carta de Derechos Humanos sea un modelo y un criterio de pertinencia para el trabajo de este Parlamento en materia de derechos humanos. 
Podemos seguir haciendo útil la carta actuando de perros guardianes, antes de que adquiera estatus formal, y al mismo tiempo podemos obtener un medio necesario con el que oponernos a la dilución del concepto de derechos humanos que amenaza con convertir los derechos humanos en todo y nada. 
Ha existido una tendencia en este Parlamento a convertir todos los temas posibles de los programas políticos en cuestiones relativas a los derechos humanos. 
Sucede con la mejor intención, pero perjudica los derechos humanos, pues hace que ciudadanos que están en desacuerdo en algún punto digan: "Si éstos son derechos humanos, entonces estamos en contra de los derechos humanos". 
Todo el asunto Austria causó gran daño porque trataba de opiniones y suposiciones. 
Si en lugar de esto se hubiera tratado de violaciones concretas de la Carta de Derechos Humanos, hubiera existido una gran simpatía hacia la acción. 
De ahí que en este Parlamento debamos situar la Carta en el centro. 
Debemos emplearla contra la dilución de ésta por parte de los apóstoles bienpensantes de la bondad. 
Y por ello los liberales votamos en contra de casi todas las enmiendas. 
No porque estemos en desacuerdo con la intención de las enmiendas, sino porque valoramos los derechos humanos demasiado como para que queremos contribuir a emplearlos para enmascarar todos los posibles puntos de vista que no se acomodan al criterio de derechos humanos de la Carta. 
Sin embargo, como ha quedado dicho, respaldamos calurosamente los dos informes como están, salvo algunos puntos concretos y damos las gracias por que con ellos hemos mejorado el tratamiento de los derechos humanos en el futuro. 
Tenemos ante nosotros, en verdad, dos informes sólidos y autorizados por los que estamos en deuda con los dos autores. 
El Sr. Wuori ha dicho, al introducir el debate, que éste versa sobre el principio fundamental del respeto de la persona humana en todas sus manifestaciones. 
Las cartas, los convenios y los derechos pretenden cifrar y atribuir términos exactos a las intolerable formas de violación y después repudiarlas en todas partes. 
La conmovedora sección del informe del Sr. Wuori relativa a la ampliación nos recuerda que una condición y al tiempo una consecuencia de la ampliación de la Unión será la ampliación del reconocimiento, la observancia y el cumplimiento de los derechos humanos en este continente. 
¿Qué otro resultado podría ser más digno de beneplácito? 
El Sr. Cornillet ha propuesto que abordemos los dos informes juntos. 
Creo que debemos hacerlo. 
Cuando pedimos a otros de fuera de la Unión que eleven sus niveles de respeto de las personas que a nosotros nos parece fundamental, debemos recordar siempre que nosotros mismos corremos constantemente en riesgo de no estar a la altura de dichos niveles. 
Anoche, cuando el Comité sobre Echelon aprobó su informe, expresó con toda claridad la idea de que los sistemas en funcionamiento de interceptación aleatoria de mensajes viola el derecho fundamental a la intimidad en la vida y las comunicaciones personales. 
Hay que ponerle fin. 
Hay que instar a quienes están haciéndolo en el Reino Unido y en otros lugares a que le pongan fin. 
Hay otras esferas, tales como el derecho a un juicio rápido, en que otros Estados no están a la altura requerida. 
Debemos presionar para que se reconozcan los derechos en casa y en el extranjero. 
El examen general anual de la situación de los derechos humanos en la Unión Europa, por una parte, y en el mundo, por otra, es una empresa loable y útil para hacer el balance sobre la política de la Unión en la materia, empresa ciertamente necesaria habida cuenta de los atentados a los derechos humanos perpetrados contra millones de hombres y mujeres en demasiadas regiones del mundo. 
Me limitaré, en este debate, simplemente a dos cuestiones precisas. 
Ante todo, en este momento, pienso en el deterioro inquietante de la situación en Túnez. 
Solamente en los próximos cinco días, por lo menos tres procesos políticos van a seguir hostigando a los militantes demócratas: se trata especialmente de la periodista Sihem Ben Sedrine detenida brutalmente al descender del avión, del doctor Moncef Marzouki y de Fathi Chamkhi, presidente de ATTAC Túnez. 
El Parlamento Europeo se ha expresado con toda claridad, y ya en repetidas ocasiones, para denunciar esta represión inadmisible. 
No obstante, no nos queda mas que dotarnos de instrumentos eficaces y de la voluntad política de hacer respetar las cláusulas de los acuerdos de asociación relativos a los derechos humanos, con el fin de hacer presión más allá de las palabras. 
Este tema se inscribe en el orden del día con mayor razón cuando ha vuelto a afirmarse, con motivo de la visita del Comisario Patten a Túnez, "... el interés de Europa en actuar estrechamente con Túnez para dar un nuevo impulso a la asociación ", una asociación real y benéfica para los pueblos de ambas costas del Mediterráneo, en efecto, pero que debe apoyarse en el reconocimiento de las libertades de expresión, de movimiento y de opinión. 
¿Para cuándo va a crearse, entonces, un Consejo de asociación especial con Túnez sobre estos aspectos? 
Sí, la situación en materia de derechos humanos se ha deteriorado, arrestos, violencias y torturas son la suerte que comparten a diario hombres y mujeres militantes de los derechos humanos que simplemente buscan vivir y hacer vivir en una sociedad libre. 
Sin embargo, este deterioro afecta igualmente el conjunto de los derechos que atañen todos los días la existencia de cada persona en la propia Unión Europea: el derecho al empleo, a un salario digno, a beneficiarse de un techo son esenciales para todos, ciudadanos europeos o residentes extranjeros. 
Lo mismo ocurre con los derechos políticos, el derecho, en el lugar donde se reside, de ser considerado como un ciudadano de pleno derecho y no como uno de segunda zona. 
Así, el derecho de voto para los nacionales de terceros países que residen en la Unión por lo menos desde hace cinco años debería convertirse, por fin, en la norma establecida, como lo ha recomendado el Consejo de Europa desde 1992. 
Esta exigencia, y con esto termino, se hace tanto más urgente y necesaria para el propio futuro de una unión solidaria que la perspectiva de la participación de varios países candidatos a las elecciones..... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, quiero llamar la atención de este Pleno y de la Comisión sobre un aspecto abordado, brillantemente incluso, en el informe que, sin duda, es menos dramático que los problemas de violación física de los derechos humanos con los que nos enfrentamos, pero que se refiere a un punto neurálgico, y yo diría, clave de la vida democrática de cada país y sobre todo, estoy convencido de ello, de la vida democrática del futuro de las sociedades europeas y mundiales: me refiero al problema de la información, a una cuestión que yo considero clave, o sea, a la cuestión del pluralismo- repito esta palabra, pluralismo- de la información. 
En un momento en que éste se convierte en un tema cada vez más importante, en una etapa histórica en que especialmente la televisión llega a ser un medio de comunicación cuya fuerza y efectos son increíbles en la historia de la humanidad, garantizar el pluralismo de la información en Europa significa garantizar la base de un futuro democrático. 
No hacerlo supone exponer a nuestros Estados y a nuestras regiones a aventuras peligrosas. 
Creo que el problema es mucho más importante precisamente con vistas a la ampliación, porque entrarán países que tienen nuevas experiencias, entrarán países que necesitan más que nunca normas concretas. 
Pues bien, estas normas concretas no existen en Europa. 
Desde los años noventa la Comisión ha iniciado y formulado las primeras propuestas de directivas y el Parlamento europeo ha retomado muchas veces estas ideas, sin embargo, parece que todo se ha detenido; antes bien, parece que existe una idea que circula y que considero peligrosa, esto es, que la competencia mundial, en particular la americana, ha de favorecer las concentraciones más que garantizar el pluralismo. 
Si es así, les digo que es un gran error. 
El bien más grande, el bien supremo es la democracia. 
Pido que este Parlamento y la Comisión retomen este tema y que se llegue rápidamente a una directiva relativa a este punto. 
Señor Presidente, había preparado una intervención que prefiero dejar de lado después de escuchar al Sr. Michel. 
Ya no está aquí, pero estoy seguro que la Sra. Neyts le dará el recado. 
Esto es lo que quisiera decirle. 
¿No se siente un poco incómodo, señor Michel? 
¿Viene usted a hablarnos de derechos humanos en el mundo? 
Usted representa un gobierno que acaba de fracasar judicialmente, a hacer prohibir arbitrariamente una de las más importantes formaciones políticas de su país: el "bloque flamenco", cuyos dirigentes no han hecho otra cosa sino presentarse legalmente a las elecciones. 
En Bélgica, el pretendido antirracismo- dirigido por un dominicano que ha colgado los hábitos- está financiado directamente por el gabinete del Primer Ministro, y sus esfuerzos sólo se dirigen a intentar amordazar a la oposición. 
En Bélgica, al igual que en otros países, se asimila de manera fraudulenta el sentimiento nacional a la xenofobia y la xenofobia al racismo. 
Se habla de la persecución de las minorías, pero se deja que algunas minorías, étnicas, públicas u otras, persigan a la mayoría de la población. 
En Bélgica, grupos de presión ocultos- especialmente masones o pederastas- acaparan desde hace lustros la realidad del poder. 
Las feudalidades políticas o sindicales se han repartido el Estado, las finanzas, los medios de comunicación, la universidad, la magistratura. 
Un determinado partido tiene derecho a un fiscal, otro tiene derecho a su juez. 
Una formación política nueva sólo puede presentarse a las elecciones si obtiene las firmas necesarias y se expone a la intimidación de la gendarmería. 
El señor Michel se presenta ante nosotros como el Tartufo de Molière: gordo y sonrosado, la tez diáfana y la boca bermeja. 
Debería enrojecer de vergüenza, o reír como los augures de la antigua Roma que ya no se atrevían a creer en su propia religión. 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, el mes pasado presenciamos el notable espectáculo de Bulgaria, país ex comunista, eligiendo al partido encabezado por su antiguo Rey, Simeón II, para que ocupe el poder, tras eliminar todos los obstáculos para su entrada, en preparación- resulta irónico- para su adhesión a la UE. 
Siempre he creído que el gran beneficio de la ampliación de la UE al Este es el de incardinar esos países en un clima de paz, prosperidad y respeto institucional de la democracia y los derechos humanos fundamentales. 
Sin embargo, pensemos por un momento en el infortunado primo italiano de Simeón, el príncipe Víctor Manuel de Saboya, y su hijo Filiberto, que no sólo están privados oficialmente de la posibilidad de ocupar cargos públicos en su país, miembro fundador de la UE, a diferencia de Bulgaria, sino que, además, han abrigado desde la infancia el sueño de que se les permita entrar en el territorio del país del que son ciudadanos por nacimiento y por ascendencia. 
En el pasado, he hablado con preocupación en esta Asamblea de la Carta de Derechos Fundamentales respecto del intento de hacer vinculantes sus nuevos y polémicos derechos económicos y sociales, por oposición a los derechos civiles y políticos consagrados en el muy respetado Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. 
El derecho a la libre circulación y establecimiento- reconocido en el Tratado de la UE- goza también de apoyo universal y, sin embargo, es violado con toda claridad por la llamada 13ª disposición transitoria constitucional de Italia, que exilia a perpetuidad de su propio país a los descendientes masculinos de la Casa de Saboya. 
Italia no disfruta de una excepción para discriminar por razones de sexo o nacimiento en materia de libre circulación de todos sus ciudadanos, salvo que constituyan una amenaza para la seguridad o la salud pública, cosa francamente ridícula, en caso de que la República de Italia se sienta amenazada por un anciano y su hijo que desean regresar a su país. 
Así, pues, pido una vez más a esta Asamblea que demuestre compasión y respeto no selectivo de los derechos humanos sumándoseme al apoyo de mi enmienda nº 7, en la que se pide al Parlamento italiano que cumpla el compromiso del último gobierno de Italia de poner rápidamente fin a esa cruel y anómala situación y alinee su constitución con el derecho de todos los ciudadanos a circular libremente por la Unión. 
Felicito al Sr. Cornillet a ese respecto por su informe sobre un sector muy difícil. 
Señor Presidente, quiero empezar felicitando al Sr. Wuori no sólo por su informe y sus recomendaciones, sino porque en el mismo nos recuerda todas las barbaridades que se siguen cometiendo en el mundo. 
Es una norma que condicionemos nuestra ayuda a terceros países a que éstos respeten los derechos humanos y, naturalmente, debemos seguir instándolos a ello y presionándolos hasta conseguirlo pero, mientras no mostremos el mismo grado de exigencia con los grandes, no mereceremos considerarnos a nosotros mismos el referente mundial en la defensa de los derechos humanos. 
Amenazamos una y otra vez a los Estados Unidos cuando ejecuta a una persona, cuando asesina con la ley en la mano a un ser humano. 
Pero ahí se queda todo, en palabras más o menos contundentes, pero sólo en palabras. 
Condenan a muerte a menores, a deficientes mentales, a negros, a hispanos; en resumen, a los más pobres. 
En la declaración sobre la Cumbre de Gotemburgo hemos vuelto a reclamar a los Estados Unidos el establecimiento de la moratoria de la pena de muerte, hemos vuelto a lamentar que figure en su ley federal y que en 38 de sus jurisdicciones ejecuten a ciudadanos en nombre de la ley. 
Necesitamos presionar aún más. 
Casos como el de Joaquín José Martínez nos hacen ser más optimistas en cuanto a la influencia de las instituciones europeas y, en concreto, de nuestro Parlamento. 
Tenemos que seguir luchando por defender y extender los valores de la civilización europea. 
Sin libertad, sin tolerancia, sin respeto a los derechos humanos, no hay nada. 
Un país puede ser una gran potencia económica, puede incluso ser la envidia de otros muchos por sus misiles, su fuerza, su capacidad de veto, pero, si no respeta y hace respetar los derechos humanos, es una sociedad sin valores, una sociedad subdesarrollada. 
Decía esta misma mañana el Presidente Verhofstadt que cuando Europa habla y habla al unísono se nos escucha. 
Por eso, Señorías, debemos seguir presionando. 
También ayer, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, el Presidente del Perú, Alejandro Toledo, nos recordaba que la democracia no tiene fronteras y los derechos humanos no tienen color. 
Tampoco, Señorías, deben tener chequera. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a los dos ponentes por los dos estupendos informes. 
Es cierto, como dijo una de los oradores, la Sra. Swiebel, que se solapan, pero me parece que tal cosa no tiene realmente demasiada importancia. 
Me parece que podemos decir que se complementan mutuamente y que ante toda proporcionan una base fantástica para un debate más amplio en Europa. 
El Sr. Michel señaló la existencia de una gran distancia entre la UE y los ciudadanos y mencionó el ejemplo irlandés. 
Yo vengo de Dinamarca y allí se comprende bien qué refleja el referéndum en Irlanda, sin embargo, la situación es la misma en otros países donde no hay referéndums. 
Creo que no hubiera podido llevarse a cabo, por ejemplo, la unión monetaria europea si hubiera habido un referéndum en Alemania. 
Éste hubiera mostrado claramente la oposición de los alemanes. 
Luego todos nos enfrentamos de por sí al mismo problema y naturalmente así queda subrayado por el hecho de que en esta Asamblea y en todas las demás asambleas sigamos diciendo que hay mucho que debe cambiar, que la democracia está mal, etc.. 
Sin embargo, podríamos emplear estos dos informes para decir que de hecho hay algo que es muy bueno en Europa. 
Realmente hay algo que funciona estupendamente en Europa. 
Hemos logrado formular un conjunto de valores sobre los que por ahora quince países estamos de acuerdo. 
Quizá 27 países tras la ampliación. 
¿En qué parte del mundo se ha logrado algo semejante? 
En ningún otro lugar. 
Me parece una idea fantástica que el Sr. Cornillet haya tomado la Carta como punto de partida pues realmente da una muy buena medida de cómo se encuentra el desarrollo de nuestros derechos en Europa. 
Me parece que la Carta puede ser empleada como un indicador del desarrollo y si examinamos regularmente la Carta, una vez al año, podríamos obtener una sensación del desarrollo. 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega Matti Wuori ha mostrado que la lucha política contra la censura impuesta mediante la coacción tiene que convertirse en una acción conjunta de la política exterior europea. 
La libertad de opinión y el periodismo independiente son la columna vertebral de la democracia. 
Por ello, es importante que se reconozcan la información y la libertad de opinión como condiciones previas para los derechos individuales y para los derechos fundamentales colectivos y sociales. 
Sólo podremos lograrlo si se suprime la censura impuesta mediante la violencia. 
Muchos periodistas arriesgan sus vidas y su libertad para que la población pueda acceder a su derecho a la información. 
¿Qué hace la Unión? 
Tiene profundas relaciones de cooperación con países en los que se sigue practicando la censura y es muy importante que los Acuerdos de Colaboración y Cooperación y las cumbres que se celebran al respecto se aprovechen para convertir este tema en Rusia, Ucrania, Armenia y Azerbayán en un punto central de la política y que no sea solamente una nota a pie de página. 
Pregunto al Consejo y a la Comisión si están dispuestos a que la cuestión de la censura de prensa se establezca de un modo más central en la política europea para proporcionar de este modo a los derechos fundamentales, humanos, sociales y colectivos una posibilidad de desarrollarse. 
Señor Presidente, ha sido muy buena la intervención, muy bueno el discurso del Sr. Ministro de Bélgica, muy buenos los discursos de los Comisarios, Sres. Patten y Vitorino. 
Pero hay un problema. 
En la política de derechos humanos de la Unión Europea reina cierta esquizofrenia: en la exposición de ideas y en las proclamaciones sacamos sobresaliente diez, pero en la aplicación no llegamos al suficiente y mostramos cobardía, una gran cobardía. 
Cuando se trata de Moldavia, Letonia, Lituania, de algunos estados africanos, de algunas antiguas colonias de América Central podemos reivindicar y exigir; pero cuando hemos visto a Bush, ¿quién ha hablado, quién ha dicho nada sobre la condena a muerte? 
¿El Sr. Schroeder, el Sr. Blair, el Sr.Chirac, el Sr. Jospin? 
¡Nadie ha dicho nada! 
Y esta necesidad de realismo entra en todas nuestras posiciones, incluso en este informe. 
Y aunque el Sr. Wuori ha llevado a cabo una labor excepcional, yo le quiero preguntar: ¿Por qué la enmienda 10, señor Wuori? 
¿Por qué sacar del texto, en relación con Turquía, que es necesario que regresen los kurdos o que Turquía debe dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Chipre? 
Señor Presidente, los radicales italianos de la Lista Bonino respaldan la propuesta del ponente, Sr. Cornillet, de reforzar el valor, incluso jurídico, del informe del Parlamento sobre los derechos humanos, también porque quisiéramos disponer por fin de un foro donde denunciar, contar y documentar cosas increíbles de las cuales casi nadie de ustedes sabe nada. 
Quisiéramos poder hablar de referendos que en Italia han sido ilegalmente negados sobre temas fundamentales para los ciudadanos italianos; quisiéramos poder hablar de referendos, votado y ganados por decenas de millones de electores que han sido traicionados algunos meses después por el parlamento italiano; quisiéramos poder hablar de listas electorales presentadas ilegalmente a las elecciones de nuestro país e ilegalmente admitidas; quisiéramos poder hablar de una campaña electoral que ha excluido ilegalmente temas, partidos, movimientos, políticas y propuestas de la posibilidad de elección del elector italiano; quisiéramos poder hablar del elector italiano; quisiéramos poder hablar de todo esto. 
No existe un verdadero foro de protección de los derechos humanos y de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos europeos. 
Creemos que la democracia está en peligro no solo fuera de la Unión, no solo en Italia, sino en la Unión en su conjunto. Creemos asimismo que la propia Unión Europea, por sus sistemas institucionales, por su incorrecta división de poderes, es una institución cada vez más ademocrática, por no decir no democrática. 
Pedimos un foro donde se pueda hablar de todo esto. 
Existe un comité... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, nos encontramos ante un informe novedoso del Sr. Cornillet que, como el propio ponente reconoce, es limitado e incompleto por la falta de medios, que él ha tratado de suplir con su esfuerzo personal, digno de reconocimiento. 
Es difícil analizar lo que ocurre en cada Estado miembro y, sobre todo, conocer los hechos y circunstancias que afectan a cada país a la luz de nuestra reciente Carta de Derechos Fundamentales y, por lo tanto, hay que seguir profundizando en el procedimiento. 
Le agradezco expresamente su sensibilidad ante la flagrante violación de uno de los derechos más fundamentales que tiene el ser humano, el derecho a la vida, que, junto con las libertades de expresión y de circulación, ETA está violando persistentemente en una parte del territorio europeo, el País Vasco, y en todo el conjunto de España. 
Desgraciadamente, el terrorismo ha merecido una mención específica con un nuevo apartado que hace referencia al derecho a la vida y a la intensificación de la lucha contra el terrorismo, abundando en los instrumentos jurídicos que acordó la cumbre de Tampere para combatirlo, como por ejemplo la orden de busca y captura, que en estos momentos estamos elaborando. 
Otro aspecto, sobre el que debería reflexionar especialmente el grupo socialista, en la medida en que ni siquiera asume su aplicación allí donde los gobiernos son de su color, es el mencionado en los apartados 119 y 120, donde se reconoce el derecho de voto a los ciudadanos de terceros países, no sólo en las elecciones municipales, sino también en las europeas. 
Señorías, no empecemos la casa por el tejado. 
Cuando todavía no hemos sido capaces de poner los cimientos de una verdadera integración, que pasa por la educación, la vivienda, la atención sanitaria y el respeto mutuo de nuestras culturas, queda mucho por hacer en el ámbito de la inmigración y el asilo. 
Y las falsas demagogias sólo entorpecen la solución de un problema tan serio como éste. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera señalar que me parece un despropósito celebrar en esta Asamblea un debate conjunto sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y en la Unión Europea. 
Mi Grupo lo dijo en la Conferencia de Presidentes y obtuvo sólo el apoyo del Grupo GUE/NGL. 
Quisiera, además, Señor Presidente, señalarle y rogarle que tome nota de que me parece increíble que estemos organizando el debate de este modo, porque parece que para nosotros son más importantes los derechos humanos en el mundo que en la Unión Europea. 
Las comparaciones son odiosas y no me refiero a las víctimas de la falta de derechos humanos, pero deberíamos estar más preocupados por la realización de aquello que está exclusivamente en nuestras manos. 
Quisiera decirle al Sr. Cornillet que le agradezco muy sinceramente su esfuerzo y su trabajo, y le pido que considere la posibilidad de que en los próximos meses, y sobre la base de su experiencia, busquemos entre todos, con calma y serenidad, un método que nos permita trabajar en el futuro, teniendo en cuenta su valiosísima experiencia. 
Su experiencia ha sido valiosa porque éste es el primer año que realizamos este informe, después de la proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Me gustaría, Sr. Cornillet, que lo tuviera en cuenta. 
Usaré mis últimos segundos para hablar, ya no de métodos, sino de contenidos. 
Sr. Pirker, Sr. Hernández Mollar, no queremos avanzar una política de inmigración común. 
Queremos, simplemente, que se tenga en cuenta que en el informe del Sr. Cornillet se ve claramente que los más afectados por la vulneración de los derechos humanos son las minorías y, especialmente, los solicitantes de asilo y los inmigrantes. 
Si el deterioro de los derechos humanos va por ese camino, las soluciones y conclusiones que debemos avanzar deberán orientarse en la misma dirección. 
Es lo que pretendemos. 
Señor Presidente, aquel que crea que el apartheid ha desaparecido está equivocado, porque aún existe dentro del sistema de castas de la India y de sus países vecinos. 
Hasta ahora, la política de derechos humanos europea ha callado injustamente sobre este atropello de los derechos humanos, que clama al cielo. 
La discriminación sistemática en la India se ancla en profundas raíces históricas y está completamente integrada en el tejido social. 
Ciento sesenta millones de personas de las castas más bajas están condenadas en la cárcel de la tradición cultural y religiosa. 
Se ha legislado en contra de este sistema, pero en la práctica, la sociedad no hace caso alguno de ello. 
Los dalits o "intocables" no tienen ninguna posibilidad desde el momento de su nacimiento y están condenados a perpetuidad a sufrir humillaciones y a vivir al margen de la sociedad. 
Los dalits sufren abusos sistemáticos de las castas más altas. 
Las mujeres son violadas y ningún miembro de esta casta consigue nunca que se le haga justicia. 
Existe una desigualdad sistemática de oportunidades. 
La movilidad social, una de las características de una auténtica democracia, no existe en absoluto. 
La India es, no sólo la mayor democracia del mundo, sino, además, la más antidemocrática. 
No existe ninguna justificación cultural ni religiosa para la violación estructural de los derechos humanos universales. 
Lentamente La India está adquiriendo la conciencia del carácter inhumano de su sociedad, pero hay una gran oposición al cambio entre las personas que se benefician de la situación actual. 
El sistema de castas es una forma de explotación política y económica que se encuentra firmemente anclada en su cultura. 
Hay que poner en marcha una campaña intensiva de concienciación, y Europa debe poner en la agenda internacional esta grosera forma de discriminación racial, para empezar en la Conferencia mundial sobre el racismo que se va a celebrar en Durban. 
No es una tarea fácil, pero debemos tener valor, dijo el Sr. Michel antes de desaparecer. 
No debemos hacer como si el mismo sistema de castas fuera intocable. 
Sólo si nos resignamos ante el apartheid, éste será inamovible, pero eso es algo que no debemos hacer. 
Me gustaría que la Comisión y el Consejo me dieran una respuesta a lo que he planteado aquí. 
Señorías, incluso si la adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales, el año pasado en Niza, representa un avance para los derechos humanos en la Unión Europea, sólo constituye una norma mínima de protección a la que tiene derecho todo ciudadano. 
Lamentablemente, es todavía insuficiente de cara a la angustia de miles de individuos, ya sean refugiados, inmigrantes o incluso indocumentados, especialmente para las mujeres y los niños. 
En ningún momento se llama la atención o se condena a los Estados, europeos o no, por las violaciones cometidas. 
Prueba de ello son los informes que hoy nos ocupan: por muy buenos que sean, y podemos agradecer por ello a nuestros ponentes, se contentan con enumerar los numerosos casos en los que los derechos fundamentales inspiran inquietud. 
Los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales e indivisibles. 
No deben tener ninguna frontera, ni nacionalidad, ni género. 
Esta es una exigencia que debemos reafirmar con fuerza y vigor. 
Estos derechos sólo serán realidad si todos los ciudadanos conocen su existencia, pero también si tienen confianza en los garantes de su aplicación y su respeto. 
Por tanto, es indispensable hacerlos valer, pero también hacerlos visibles y accesibles para todos. 
Para ser constructivo, es necesario instaurar un diálogo con todos los protagonistas interesados en el reconocimiento, la promoción y la defensa de los derechos fundamentales, en especial los que son más próximos a los ciudadanos más desfavorecidos, víctimas de discriminaciones. 
Otro factor clave reside en la ratificación de instrumentos internacionales y su aplicación en la vida de todos los días: el derecho de circular libremente, de vivir en familia, de ser ciudadano. 
Cualquiera que sea la sociedad, sólo puede desarrollarse con plenitud en la paz, y no puede haber paz sin justicia. 
Más allá de discursos generales en favor de los derechos humanos, nada se hará sin la voluntad política en favor de una verdadera igualdad de derechos para todos esos hombres y mujeres que participan en la riqueza y la construcción de Europa y en la ciudadanía europea. 
Más que comentar las estructuras de las que podría dotarse el Parlamento Europeo en el futuro, debemos darnos los medios para asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, por ende, los derechos sociales y políticos, sin los cuales los principios de Estado de derecho y de democracia ya no tendrían ningún sentido. 
Señor Presidente, no puedo dejar de subrayar los aspectos positivos de los informes Wuori y Cornillet sobre los derechos humanos en el mundo, y ello por diferentes motivos: el primero de todos la referencia a la cláusula de los derechos humanos en la conclusión de acuerdos comerciales y de otro tipo, así como la solicitud, hecha en muchas ocasiones también en el pasado, de un control, más fuerte por parte de este Parlamento sobre el control coordinado y coherente de las acciones comunitarias en materia de violación de derechos humanos. 
Sin embargo, debo subrayar una notable vaguedad y nebulosidad en lo referente, especialmente en el informe del Sr. Cornillet, a las violaciones de los derechos en varios países, sobre todo cuando la materia es controvertida y cuando no se acompaña con la identificación de los Gobiernos culpables. 
No quisiera que en este Pleno se volviera a plantear el angustioso interrogante de que, para actuar con fuerza moral, basta que nuestros valores o nuestras afiliaciones políticas no se pongan jamás a prueba. 
Señor Presidente, es justo comenzar felicitando al Sr. Thierry Cornillet por el excelente informe que nos ha proporcionado. 
Soy testigo en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos del empeño, del trabajo y de la calidad que ha aportado a este informe, tanto en su estructura como en su contenido. 
El respeto de los derechos humanos es una exigencia de nuestra civilización que debemos valorizar y legar a las generaciones venideras, sin distinción alguna basada en la raza, el color, el sexo, la lengua, la religión, la opinión pública u otras convicciones, el origen nacional o social. 
La aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales por el Parlamento Europeo y su proclamación en Niza tuvo un carácter innovador y la convirtió en un texto de referencia en materia de derechos humanos. 
Corresponde ahora al Parlamento Europeo, en cooperación con los diputados nacionales, velar por que haya un respeto de los derechos fundamentales por parte de los Estados miembros e incluso de las instituciones europeas. 
El informe Cornillet sigue la estructura de la Carta y divide los derechos fundamentales en seis capítulos distintos, como, por lo demás, ya ha subrayado, atinadamente, el Comisario Vitorino. 
En primer lugar, el respeto de la dignidad humana en la afirmación del derecho a la vida, en particular intensificando la lucha contra el terrorismo, la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos, la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzoso. 
En segundo lugar, las libertades, en particular en la protección de la vida privada y de los datos personales- espero que tanto la Comunidad como los Estados miembros adopten las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos de las intrusiones de sistemas de intercepción de comunicaciones fuera del marco legal, como el sistema Echelon -; el respeto de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el respeto de la libertad entre los ciudadanos, la solidaridad con las personas en situación de pobreza, el fortalecimiento de la ciudadanía europea y la justicia, que requiere la aceleración de los procesos judiciales. 
La lentitud de la justicia es, por sí sola, un factor de injusticia: al no resolver a tiempo los problemas que se le plantean, se generaliza la sensación de impunidad. 
Mi país, Portugal, no es una excepción al respecto, pues presenta niveles insoportables de retraso en la justicia. 
Nuestra Europa tiene, a ese respecto, que ser modélica, ejemplar. 
El Parlamento Europeo es un protagonista esencial de la concepción y concreción de la política de la Unión en materia de derechos humanos. 
Cada vez, queda más de manifiesto su influencia en la modificación de los Tratados en esta dirección. 
Por tanto, cuando las lagunas de nuestros sistemas salen a la luz debemos concentrarnos profundamente en la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. 
En efecto, en mi cuidad de Lyon todos los días me enfrento, muy concretamente, al problema del sufrimiento de los refugiados y a la trata de seres humanos, especialmente la trata de mujeres. 
Por tanto, debemos armonizar nuestras legislaciones y adoptar un instrumento jurídicamente vinculante para garantizar una verdadera protección a las víctimas de la trata de seres humanos. 
Deberíamos poder aplicar la extradición sin problemas a los traficantes de seres humanos y proceder a la confiscación del producto de sus actividades criminales para alimentar un fondo europeo de indemnización en beneficio de las víctimas. 
Deberíamos poder conceder un documento de residencia humanitaria a las víctimas de la trata de seres humanos y esclavitud doméstica y poder garantizar a las personas detenidas y retenidas en los locales de policía el acceso a la asistencia jurídica y médica desde el primer momento y, en caso necesario, a un intérprete. 
Deberíamos poder conseguir rápidamente una mejor protección de los menores no acompañados, especialmente proporcionándoles a la mayor brevedad posible la asistencia de un tutor o un asesor jurídico. 
Por otra parte, pido una cierta coherencia en nuestro Parlamento. 
Si la política comunitaria en materia de inmigración, que actualmente está siendo examinada en comisión, debiera fundarse únicamente en nuestros intereses económicos egoístas de países europeos, no garantizaría realmente todos los derechos fundamentales que defendemos hoy día. 
Señor Presidente, la Carta Europea de los Derechos Fundamentales ha ganado en importancia gracias a la propuesta del ponente, que pone a prueba la situación de los derechos fundamentales en la Unión en función de aquella. 
Aunque la carta se refiera al modo de actuar de la Unión- de los organismos europeos por tanto- ahora también se pone a prueba a los Estados miembros. 
Y eso es un triunfo. 
Pero una prueba crítica es algo más que una simple lista de deseos. 
Para denunciar las violaciones es necesario que sean contadas con pelos y señales, lo cual nos parece eficaz cuando se trata de la situación de los derechos humanos en el resto del mundo; pero to name and shame a nuestros propios Estados miembros lo calificamos de estigmatización indeseable. 
Utilizamos dos varas de medir, y eso debe cambiar. 
Un grupo de expertos prestigiosos deberá investigar la observancia de los derechos fundamentales en los Estados miembros, y el Parlamento deberá extraer las conclusiones políticas pertinentes. 
Hasta aquí mi lista administrativa de deseos. 
Mi Grupo apoyará el informe del Sr. Cornillet, ya que contiene importantes declaraciones. 
Así, en el apartado 58 se afirma que el Protocolo Aznar, en el que se limita el derecho individual de pedir asilo, sea eliminado. 
En el apartado 109 se exige que se garantice el acceso a la asistencia médica a todo aquel que se encuentre en territorio de la Unión, independientemente de su situación legal de residencia. 
Lo mismo es de aplicación al derecho de los niños a la enseñanza. 
La lucha contra la bipartición merece nuestro apoyo. 
Señor Presidente, el autor del informe Cornillet hizo un inventario de los múltiples ámbitos en los que, incluso en el territorio de la Unión Europea, se burlan total o parcialmente los derechos humanos. 
Sin embargo, incluso en este caso, queremos expresar nuestras reservas, en la medida en que se trata de recomendaciones que los Estados interesados respetarán o no. 
El legislador sabe ser mucho más apremiante en materia de derecho comercial. 
En su exposición de motivos, el informe se refiere a la Carta de Derechos Fundamentales proclamada en Niza, alabando un texto que mezcla a la vez los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales como un todo coherente. 
Sin embargo, ¿qué valen las proclamaciones sobre el derecho al empleo mientras los patronos disponen del derecho de regalía de contratar o despedir? 
¿Qué puede significar el derecho a la vivienda cuando, según confesión del mismo texto, el 11,8 % de la población de la Unión Europea vive por debajo del umbral de pobreza y, como consecuencia, carece de medios para conseguir una vivienda conveniente? 
Nos abstendremos en todo el conjunto de este informe, ya que las declaraciones de buenas intenciones no bastan para constituir un política en favor de las capas más pobres y más oprimidas de la población. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a nuestro colega por su exhaustivo informe, que trata desde el comercio de armas, la homosexualidad y los derechos de las minorías hasta el asilo, el trabajo infantil y la pena de muerte. 
Quizás sea un tanto demasiado exhaustivo. 
En el futuro tal vez tengamos que establecer más prioridades y hacer coincidir tales informes con la reunión anual en Ginebra de la Comisión de Derechos Humanos. 
En cualquier caso, es bueno que se preste mucha atención a la prensa y a la libertad de opinión. 
Los periodistas aún sufren persecución y son asesinados en todo el mundo, siendo altamente preocupantes, en particular, los últimos acontecimientos en Rusia, donde se ataca a los periodistas independientes, se les despide e, incluso, se les hace desaparecer físicamente. 
La emisora independiente NTV ha sido absorbida por la empresa estatal Gazprom, la cual también ha forzado a un prominente periódico a cerrar. 
Aplaudo sobre todo la idea de nuestro colega Sr. Wuori de designar un representante especial del Parlamento que vigile las violaciones específicas de los derechos humanos sobre los cuales debatimos y votamos mensualmente aquí. 
Porque denunciar las violaciones es un asunto, pero estar vigilantes ante ellas, actuar al respecto y, especialmente, animar al Consejo y a la Comisión a que tomen iniciativas es otro asunto. 
Permítame decir que la Presidencia sueca nos ha desilusionado un poco en esta materia. 
La firme actuación del Gobierno de Bélgica en el caso Pinochet y, también, en África Central, ha creado grandes esperanzas entre los que abogan por una política de derechos humanos de la Unión Europea más pro-activa. 
Sobre todo ahora, que los Estados Unidos han sido eliminados por votación de la Comisión de derechos humanos de la ONU, Europa debe desempeñar un papel pionero. 
Si el Consejo y la Comisión dan los pasos necesarios para conseguir una política de derechos humanos más consecuente y más coherente, encontrarán en el Parlamento Europeo a un socio convencido. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar al Sr. Wuori por este magnífico informe. 
Creo que es un informe que está a la altura del reto de responder a la globalización económica con una propuesta de globalización de los derechos humanos políticos y sociales, indivisibles como son, y de los principios democráticos. 
Lo fundamental es saber si la Unión Europea tiene instrumentos para poner en marcha esa respuesta de globalización de derechos y, sobre todo, si está dispuesta a utilizarla. 
Por ejemplo, ahí está el papel de la Unión Europea en el marco de las Naciones Unidas y en la Comisión de Ginebra, muchas veces débil e incluso contradictorio. 
También, lo que puede hacerse en el seno de la Organización Mundial del Comercio que, por cierto, se va a reunir en Qatar, un país líder de los derechos humanos, como todo el mundo sabe. 
También, en la utilización de la cláusula democrática con países terceros, en la que el Parlamento Europeo debería tener un papel claro, regulado en el Tratado, y, por supuesto, en el diálogo bilateral y en la utilización del código de conducta sobre la exportación de armas, un código que sigue siendo sencillamente de propuesta y de sugerencia y que no impide a los Estados miembros seguir cometiendo aberraciones con la venta de armas a países que violan los derechos humanos de manera sistemática. 
Los derechos de los pueblos también son derechos humanos. 
Creo que, en ese sentido, los derechos colectivos tampoco pueden ser olvidados, empezando por el derecho a la autodeterminación. 
Quiero levantar aquí la bandera de la petición al Gobierno de Marruecos de que respete plenamente los derechos de los saharauis que habitan en los territorios ocupados de su país. 
Señor Presidente, ante todo quiero felicitar al Sr. Wuori y al Sr. Cornillet por sus informes y por el excelente trabajo que han realizado. 
Sin embargo, debo lamentar que el Sr. Wuori, en su informe, no haga ninguna referencia a la situación de uno de los derechos fundamentales más vulnerado y, al mismo tiempo, más olvidado: el derecho a la educación, a adquirir la formación básica indispensable para salir del subdesarrollo y la pobreza en que tantos niños y adultos se ven condenados a vivir porque no se les garantiza el ejercicio de este derecho fundamental. 
En efecto, según datos de Unicef, 130 millones de niños no han asistido nunca a la escuela y otros 150 millones han iniciado la escuela primaria, pero la han abandonado antes de finalizar el proceso de alfabetización. 
En el África subsahariana, además, la cifra de los niños no escolarizados va en aumento, en vez de reducirse. Ello a pesar de los objetivos fijados en la Conferencia Mundial sobre Educación para todos de Jomtien, en 1990, o en el Foro Mundial de la Educación que se celebró en Dakar en 2000. 
Ante esta realidad, no podemos permanecer insensibles, ni tampoco silenciar la falta de voluntad política de la Unión Europea y de sus Estados miembros a la hora de traducir en dotaciones presupuestarias la retórica de las grandes declaraciones. 
Si decimos defender los derechos humanos, también debemos defender con todas sus consecuencias el derecho a la educación. 
Con el mismo ahínco con el que defendemos el derecho a la vida o el derecho a la no discriminación o el derecho a la libertad de expresión. 
Porque, no lo olvidemos, los derechos humanos son indivisibles, inalienables y universales. 
Señor Presidente, ¿tiene un campesino afectado de SIDA el derecho a recibir medicamentos y tratamiento que no puede pagar? 
¿Tiene un niño nacido en la pobreza el derecho humano a recibir educación básica y vacunas apropiadas para protegerlo de las enfermedades que matan? 
¿Tiene un campesino devastado por desastres naturales, tales como la sequía, las plagas y la erosión del suelo, el derecho a nuestra asistencia? 
¿Tienen millones de personas que viven en la miseria por razones políticas en países aislados como Palestina y el Iraq derecho alguno? 
¿Qué queremos decir cuando hablamos de derechos humanos? 
Insto a todos Sus Señorías preocupados por los derechos humanos a que visiten, sin anunciarlo y oficiosamente, a cualquier campesino de un país pobre y le pregunten su opinión sobre nuestras ideas en materia de derechos humanos, libertad política, libertad económica, libertad religiosa, libre acceso a los servicios de educación y salud. 
Ese campesino los mirará asombrado y afirmará: " Lo único que necesito es abastecimiento de agua potable a mi casa. 
Lo único que necesito es una fuente de energía para poder iluminar mi casa y cocinar la próxima comida ". 
Los conflictos internos y las guerras civiles a consecuencia de los cuales se producen violaciones de los derechos humanos seguirán empobreciendo a los pobres hasta que los ayudemos a hacer lo siguiente: en primer lugar, tener capacidad de decisión en sus economías rurales. 
Necesitan ser propietarios de su tierra, su hogar y su explotación agraria. 
Y, en segundo lugar, adquirir la tecnología para romper el ciclo de dependencia de nosotros y aprovechar la oportunidad para ser autónomos e independientes mediante sus propias empresas locales. 
Cuando los pobres tengan un interés económico, la sociedad civil y la democracia echarán raíces. 
Esas personas verán la necesidad de orden público y representación política. 
Entonces se verá que los tribunales substituirán las balas... y entonces surgirán los derechos humanos. 
Señor Presidente, no me encontraba en la sala cuando se trató sobre los derechos humanos. 
Teníamos fuera un problema con un pequeño grupo que no estaba de acuerdo con la situación en las cárceles turcas. 
Por este motivo no he estado en la Sala de Plenos. 
Pero primero quiero felicitar al ponente, el Sr. Cornillet, por su informe ya que con él se ofrece un buen enfoque. 
Me parece muy bien estructurado. 
Ya hemos hablado al respecto. 
Es totalmente correcto relacionar este informe con la Carta de los Derechos Humanos. 
En cualquier caso, es una decisión correcta y, sin duda, un gigantesco desafío que precisa aún de muchos complementos. 
En esto estamos también de acuerdo. 
Pero respecto al contenido, quiero decir algunas cosas sobre lo que hemos vivido hoy como Parlamento. 
El Sr. Cornillet ha hablado en su informe sobre la situación de las cárceles en la Unión Europea. 
A este respecto sólo quiero recordar muy brevemente que nosotros estamos con mucha frecuencia en el extranjero y criticamos a los países candidatos precisamente en lo que se refiere a las cárceles. 
La situación en las cárceles de los países candidatos no es aceptable para nosotros pero si leemos el informe del Sr. Cornillet se constata que en nuestros países tenemos muchos problemas con nuestras propias cárceles. 
Por este motivo, no se debe tomar solamente nota de ello sino que los Gobiernos de la Unión Europea tendrán también que corregir algunas cosas. 
Se debe pensar en cualquier caso también en ello. 
Señor Presidente, doy las gracias a nuestro colega, el Sr. Wuori, por su espléndido informe. 
La esclavitud fue abolida ya en el siglo XIX; ahora se estima que se venden personas en sus propios países a un ritmo de cuatro millones por año, y esta cifra va aumentando. 
Los mercados globales son tan libres que hasta el cuerpo humano tiene ahora valor de mercado. 
El violento comercio de órganos afecta exclusivamente a las personas pobres. 
Algunos pobres resucitan prácticamente de entre los muertos al ser sus órganos transplantados a personas vivas. 
Así pues, el problema reside en que la violación de los derechos humanos está siendo cada vez más rentable, en tanto que la defensa de esos derechos supone un gasto para la sociedad de la codicia. 
Así que nos enfrentamos a un problema derivado de la codicia. 
Lo más generalizado es el entumecimiento del cerebro humano en aras del negocio. 
Los espectáculos televisivos de masas crean a nivel mundial un mundo ilusorio, una realidad virtual, donde prosperan todo tipo de negocios y abundan los desprecios a la democracia. 
El comercio sexual internacional ha encontrado un instrumento idóneo en Internet, y la legislación va a la zaga, entre otras razones, porque muchos piensan que no se debe limitar la libertad en Internet. 
Yo propongo que creemos un órgano europeo que regule las normas de protección de la privacidad en la era de la sociedad de la información. 
Los derechos humanos no tienen cabida en un ámbito en el que son violados tanto física como moralmente. 
Señor Presidente, el informe anual sobre los derechos humanos en el mundo delimita efectivamente los elementos que se encuentran en juego hoy día. 
Sin embargo, la Unión Europea debe afirmar con mayor claridad su enfoque en tres puntos. 
Ante todo, la historia recuerda la dificultad de hacer respetar los derechos humanos en los países donde el desarrollo económico no existe o es muy débil. 
Esta evidencia debe ponerse más de relieve. 
Ello implica el establecimiento de una metodología del desarrollo global que reúna criterios convergentes alrededor de un principio que yo llamaría "principio de evolución". 
A continuación, el informe señala con el dedo un determinado número de países que no respetan los derechos humanos. 
Con el fin de no caer en la trampa de "dos pesos, dos medidas" y para la credibilidad del enfoque de Europa, debemos insistir más en la indivisibilidad de los derechos humanos en el interior y el exterior de las fronteras de un Estado. 
Por último, debemos tomar consciencia de la responsabilidad particular de los países que han alcanzado un nivel importante de democracia y desarrollo y que, en lugar de ser un ejemplo continúan burlando cínicamente los derechos humanos. 
Los países desarrollados deben convertirse en un ejemplo para los países en vías de desarrollo, y no lo contrario. 
Nuestra acción se sitúa en la duración. 
Debemos afirmar alto y fuerte que los derechos humanos son un valor universal y no un valor de circunstancia. 
Sobre esta base, Europa debe imperativamente reflexionar en la creación de una ingeniería de los derechos humanos que tenga en cuenta nuestra voluntad política. 
La credibilidad de Europa tiene ese precio. 
Señor Presidente, dado el poco tiempo de que dispongo, no voy a desperdiciar ni un segundo en retórica o demagogia y, por lo tanto, voy a centrarme en cuestiones que, desde mi punto de vista, son más interesantes. 
En primer lugar, quiero expresar que comparto totalmente la opinión del Comisario Vitorino respecto a que la Unión Europea debería dedicarse primero a dar ejemplo y solamente después a dar lecciones. 
Quiero felicitar igualmente al Sr. Cornillet por el excelente trabajo que ha realizado, aun con la escasez de los medios. 
En su trabajo refleja claramente cómo hay todavía en el seno de la Unión Europea colectivos y personas que sufren discriminación, cuyos derechos fundamentales no son respetados debidamente. 
Por lo tanto, creo que sería necesario que dedicáramos un mayor esfuerzo al desarrollo del artículo 6 del Tratado, así como al del artículo 13, después de Amsterdam, dado que esos colectivos mencionados en el artículo 13 siguen sufriendo discriminaciones y falta de respeto a sus derechos fundamentales. 
Me estoy refiriendo a cuestiones tan lamentables como el racismo, que todavía se da en los Estados miembros; a discriminaciones por la orientación sexual de algunos colectivos, en concreto los homosexuales, que todavía sufren una normativa discriminatoria en algunos Estados miembros; a la protección de las personas con discapacidad; a las mujeres, el gran colectivo que sufre discriminación; y a los inmigrantes, que en este informe se revelan como el nuevo colectivo que mayor discriminación sufre. 
Contrariamente a lo que ha dicho algún orador, quiero manifestar que yo sí soy partidaria de que se reconozca el derecho de voto de los inmigrantes, que sólo entonces verán sus derechos respetados suficientemente. 
Señor Presidente, antes de nada quisiera agradecer al Sr. Wuori su buen y crítico informe. 
Bueno y crítico porque no duda en poner el dedo sobre las posibles llagas de la política de la UE. 
Una de esas llagas es el hecho de que aún no se han incorporado cláusulas en una serie de acuerdos internacionales en virtud de las cuales se puedan suspender estos acuerdos en caso de violación grave de los derechos humanos. 
Como ejemplo mencionaré a China, candidata para organizar los Juegos Olímpicos de 2008. 
El comisario Lamy ha sido muy diligente para cerrar un acuerdo con China, sobre todo en el marco de la OMC. 
Pero el lunes próximo se tratará una moción, que goza de un amplio apoyo, para pedir al Comité Olímpico que no conceda a China los Juegos Olímpicos de 2008, precisamente debido a las violaciones de los derechos humanos, entre otros sitios en El Tibet, y por la dudosa manera de tratar a la flora y la fauna de ese país. 
Por otro lado, estoy de acuerdo con nuestro colega Wuori en que nuestro Parlamento se tiene que implicar en la suspensión de las relaciones con terceros países que violen los derechos humanos. 
Por cierto, nuestro Parlamento ha sido a menudo el promotor en esta materia. 
Me refiero a las medidas tomadas en el pasado por la Unión Europea contra Nigeria y actualmente contra Sudán y Birmania. 
No obstante, quiero aprovechar esta oportunidad para señalar otro punto al que, en mi opinión, no se ha prestado suficiente atención en el informe, y es el de la libertad de culto. 
Daré tres ejemplos. 
Un ejemplo, cercano a Europa, es Turquía, donde los cristianos sirios aún son encarcelados si practican su religión de forma activa. 
En los Países Bajos hay una congregación de 12.000 cristianos sirios provenientes de Turquía, que a lo largo de los años han ido huyendo hacia Europa Occidental. 
Éste es un asunto escabroso, especialmente tratándose de un país que pretende entrar a formar parte de la Unión Europea. 
Y Vietnam, donde los últimos meses se está deteniendo a monjes budistas debido a su religión. 
El jueves se discutirá aquí una resolución al respecto. 
Y ¿qué hay en realidad de los acuerdos comerciales con Vietnam? 
Además, las amenazas constantes contra los cristianos en Indonesia, especialmente en las Molucas. 
También es ése un problema que ya hemos tratado en más ocasiones. 
Y, sin embargo, ¿cómo estamos con respecto a los acuerdos comerciales y qué ocurre exactamente con los derechos humanos en ese país? 
El mensaje que quiero transmitir es que desearía que la próxima vez podamos plantear este punto de forma especial. 
Señor Presidente, en la Europa del siglo XXI es realmente lamentable que haya problemas de violación de los derechos humanos tan graves como los que describe el excepcional informe Cornillet. 
Una condición básica del respeto de los derechos humanos en la práctica, y no sólo en las declaraciones, es su firme defensa frente a las fuerzas reaccionarias y obscuras que detestan y que dificultan el diálogo, la libertad de opinión y de conciencia. 
La Unión deberá encontrar, de una vez por todas, las políticas y los medios que hagan desaparecer toda discriminación por motivos de sexo, raza u origen étnico, religión o convicción, discapacidad, edad u orientación sexual. 
Ninguna tradición cultural está legitimada para estar por encima de los derechos humanos fundamentales y sobre la igualdad entre los sexos. 
Debemos eliminar urgentemente la xenofobia, el fundamentalismo, la violencia racial, debemos suprimir los fenómenos de esclavitud, de trata de seres humanos, se explotación sexual de niños y de mujeres, que dejan su estigma en nuestra civilización. 
Todavía debemos crear nuestros mecanismos de seguimiento y de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales, y también ayudar moral y económicamente a las organizaciones que luchan por los derechos humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura. 
Señor Presidente, cuando los gobernantes europeos se encuentran realizando visitas de Estado llevan consigo un pesado bagaje político. 
Se trata de relaciones económicas, acuerdos comerciales o ayudas financieras. Más raramente se trata de cuestiones ecológicas y casi siempre sólo se tratan de modo marginal los derechos humanos. 
Pero los derechos humanos y el Estado de derecho son los cimientos de nuestro orden social. 
Mis experiencias con Asia, desde La India y Nepal hasta Corea, muestran que nuestro compromiso con los derechos humanos es también una gran esperanza para las ciudadanas y ciudadanos de allí, los socialmente débiles, los excluidos, los perseguidos, las familias y los niños. 
Depositan esperanzas en nuestro compromiso, en nuestra resolución, si bien tenemos que incluir mucho antes a las ONG, nuestros competentes interlocutores a la hora de dialogar. 
La esperanza proviene también de nuestros acuerdos de cooperación con las cláusulas de derechos humanos. 
Los acuerdos se suspenden cuando los derechos humanos se violan de modo sistemático y masivo. 
De este modo se genera una presión productiva. 
Cuanto más decididamente atacamos problemas concretos, tanto más claramente se revela que las cuestiones de derechos humanos no son algo occidental sino universal. 
Nuestro modo de proceder no es una injerencia ilícita en asuntos internos sino una intervención necesaria contra el racismo, la tortura, la explotación y la pena de muerte. 
Señor Comisario, la Unión Europea tiene que desempeñar a nivel internacional en las cuestiones de los derechos humanos un papel mucho más activo y dirigente. 
¿Se ha hecho lo suficiente en la 57ª reunión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra? 
Aunque los Estados miembros de la UE apoyan decididamente la iniciativa de los Estados Unidos de poner en el orden del día la continua violación de los derechos humanos en China, en la votación general faltaron los votos de Africa y de Sudamérica. 
Allí tenemos aliados tradicionales. En la antesala de las decisiones importantes, la Unión Europea necesita una estrategia mucho mejor coordinada para que nuestro compromiso con los derechos humanos tenga mucho más éxito en el futuro. 
Acojo con satisfacción el debate de hoy y la tan esperada comunicación de la Comisión sobre los derechos humanos. 
Acojo con particular beneplácito el compromiso de dar substancia real a las cláusulas relativas a los derechos humanos en nuestros acuerdos de comercio y asociación con terceros países: algo que dejamos de hacer estrepitosamente con México. 
También acojo con beneplácito varias de las declaraciones sobre países concretos en el proyecto de resolución, incluido nuestro firme llamamiento para que se desmantelen los grupos paramilitares en Colombia. 
Comparto nuestra firme declaración de apoyo y solidaridad con las organizaciones y los defensores de los derechos humanos, que arriesgan sus vidas diariamente en situaciones de conflicto en todo el mundo para defender principios que nos son caros. 
Quiero formular tres observaciones concretas en el marco del debate. 
En primer lugar, si bien acojo con satisfacción el compromiso que figura en la comunicación de hacer un llamamiento a las empresas europeas para que hagan más por el respeto de los derechos humanos, reflejado en los párrafos 55 y 92 de nuestra resolución, he de decir a la Comisión que me defrauda que las DG que se ocupan de las relaciones económicas exteriores parezcan haberse desentendido del proyecto de Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas. 
Les pido que reconsideren su actitud antes de que sea demasiado tarde. 
A las palabras deben seguir acciones. 
En segundo lugar, acojo con satisfacción el párrafo 108- y pido que se le preste una atención más detenida- relativo a las violaciones de los derechos humanos contra los discapacitados. 
La organización Disability Awareness in Action ha registrado más de 2.000 violaciones de esa clase en Europa, de las que deben ocuparse las organizaciones que supervisan los derechos humanos y la Comisión. 
Por último, acojo con satisfacción el párrafo 16, en el que se pide un examen de la forma como se abordan en el Parlamento las cuestiones relativas a los derechos humanos. 
Señor Presidente, doy las gracias a los dos ponentes por su excelente trabajo. 
Al mismo tiempo, coincido con la diputada Hanja Maij-Weggen en que se ha dado un tratamiento demasiado limitado a la libertad religiosa. 
Se trata de los valores más profundos de millones de personas y de la plataforma de sus vidas. 
En Egipto, país vecino a la Unión Europea, la conversión del islamismo al cristianismo se castiga con la pena capital. 
Los coptos se sienten como ciudadanos de segunda clase. 
Las minorías cristianas en Turquía son cada vez menores. 
¿Por qué abandonan los cristianos este país? 
El Parlamento Europeo ha influido para la liberación en Semana Santa del sacerdote cristiano sirio Yusuf Acbulut, acusado por el tribunal de seguridad de Diyarbakir. 
Hay mucho por hacer en esta materia. 
Trescientas mil personas han huido de las Molucas, la mayoría de ellos cristianos. 
Son personas perseguidas por soldados de la Jihad musulmana. 
Las conversiones forzadas son frecuentes; más de mil personas han sido obligadas a abandonar sus creencias. 
Quisiera decir también que la ley de libertad religiosa francesa deja mucho que desear. 
Existe una preocupación considerable entre los cristianos, protestantes y evangélicos, en Europa por los alcances de la ley francesa. 
Qué mal ejemplo- consciente mal ejemplo- para muchos países de Europa Central y del Este, por ejemplo la República Checa, que están legislando sobre esta materia. 
Tenemos que ser cuidadosos para no crear una Europa intolerante, con un sólo credo. 
. (NL) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, dado el poco tiempo de que disponemos seré concisa, pero permítame que diga que éste es un momento muy importante para mí. 
Como antiguo miembro de este Parlamento desde 1994 hasta 1999, es, naturalmente, un gran placer estar presente en este organismo, que tan entrañable es para mí, y poder dirigirme a él, aunque sea en este hemiciclo nuevo. 
En primer lugar quiero felicitar de todo corazón en nombre del Consejo a los ponentes Wuori y Cornillet por su excelente informe y también quiero agradecer a todos los intervinientes su aportación a este debate. 
A partir de ahora me limitaré a contestar a las preguntas, muy precisas, que se han planteado. 
En respuesta a la señora Frassoni que ya no está aquí, pero de todos modos se lo harán llegar, quisiera decirle que la Presidencia se esforzará, naturalmente, en reunir todas las condiciones necesarias para introducir una resolución contra la pena de muerte en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Me dirijo a la señora Boudjenah, en lo relativo a Túnez, quisiera decirle brevemente que el Consejo opina que es verdaderamente lamentable que un país donde las realizaciones socioeconómicas son notables, no obtenga el crédito que se merece porque sus dirigentes, aparentemente, no logran comprender que, para nosotros y nuestra población, elementos tales como la libertad de expresión y la libertad de la prensa son esenciales. Esta es, precisamente, la situación que impide que la Unión Europea dé mayor relieve al modelo tunecino, como lo merecería si la situación en materia de derechos humanos y el trato que concede a la liga de los derechos humanos fuera mucho mejor de lo que es actualmente. 
(NL) Al Sr. Schröder le quisiera decir que, para esta Presidencia, los derechos humanos no son una simple nota a pie de página en absoluto. 
Una de Sus Señorías ha hecho una alusión al hecho de que el ministro de asuntos exteriores haya desaparecido, pero yo puedo tranquilizar a Su Señoría porque el Sr. Michel no ha desaparecido sino que ha tomado un avión a Madrid, donde va llevar a cabo unas conversaciones importantísimas en relación con la Presidencia. 
Por lo demás, quiero asegurar al Parlamento que durante los próximos seis meses una de nuestras mayores prioridades será la lucha contra el tráfico de personas en general y contra el tráfico de mujeres y de niños en particular. 
Agradezco al Sr. Johan van Hecke sus amistosas palabras dirigidas a esta Presidencia, y espero que logremos responder a sus esperanzas. 
Usted ha colocado el listón muy alto, pero nosotros haremos todo lo que podamos. 
A la Sra. Maij-Weggen y al Sr. Sacrédeus les quiero decir que, evidentemente, para nosotros la libertad de culto es uno de los derechos fundamentales y una de las libertades básicas del ser humano. 
Se nos acaba el tiempo, por lo que sólo voy a decir que, en nombre de mi colega Chris Patten, que ha tenido que marcharse, porque asiste al mismo tiempo a otra reunión parlamentaria sobre América Latina, y en mi nombre, quisiera dar las gracias a todos los participantes en el debate. 
La Comisión toma nota de todas las observaciones y está deseosa de examinar las resoluciones con las que concluirán estos debates como directrices para nuestra reflexión y acciones ulteriores. 
Por último, quisiera felicitar al Parlamento por el amplio consenso que se ha expresado sobre la nueva metodología del informe sobre los derechos fundamentales en la Unión Europea y expresar mi deseo de que se conserve para el futuro ese planteamiento lanzado por el Sr. Cornillet. 
Muy agradecido, señor Comisario. 
Se ha excedido casi en su brevedad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Conferencia sobre el cambio climático 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las preguntas orales B5-0327/2001 y B5-0328/2001 de la Sra. Jackson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, al Consejo y a la Comisión, relativas a la estrategia de la Comisión para la Conferencia de Bonn sobre el cambio climático. 
Señor Presidente, me disculpo por el retraso. 
Los derechos humanos parecen haber ocupado mucho tiempo y me parece muy bien, además. 
Quiero expresar la preocupación del Parlamento por que el Protocolo de Kyoto se tambalee y fracase y el mundo se quede sin una red coherente de obligaciones para reducir las emisiones de gases de invernadero. 
En el Parlamento Europeo ofrecemos nuestro pleno apoyo a la Comisión y a la Presidencia en sus gestiones para lograr que el Protocolo de Kyoto sobreviva y entre en vigor. 
Quisiéramos aprovechar este breve debate para estudiar lo que puede hacer Europa para guiar al mundo, a falta de una guía americana, y de qué formas pueden hablar los diputados al Parlamento Europeo que asistan a la Conferencia de Bonn en nombre de los ciudadanos de Europa y participar activamente en las sesiones. 
Agradecemos profundamente la labor del ministro holandés, Sr. Pronk, en busca de una forma de resolver las cuestiones irresolutas pendientes desde La Haya y agradeceríamos que la Comisión nos diera su opinión sobre los avances que ha logrado hasta la fecha y si la labor que ha llevado a cabo ha aclarado ya la vía por la que avanzar. 
Pero la gran pregunta para nosotros es la de si será posible mostrar que la Unión Europea y las demás Partes importantes en el Protocolo están dispuestas a adoptar decisiones sin los Estados Unidos. 
A ese respecto la actitud del nuevo Gobierno japonés es decisiva. 
Sin los votos del Japón y del Canadá, el Protocolo no puede entrar en vigor. 
Al parecer, los augurios no son buenos y el Japón probablemente, y el Canadá sin lugar a dudas, van a carecer de la voluntad política para avanzar sin los Estados Unidos. 
Si el Japón está dispuesto a avanzar, existe la sospecha de que los japoneses pueden querer reformular las propuestas fundamentales del Protocolo, en particular utilizando el año 2000 tal vez, en lugar de 1990, como base para calcular las reducciones de las emisiones de gases de invernadero. 
Uno de mis colegas, el Sr. Moreira Da Silva, que encabezará la delegación del Parlamento en Bonn, desea presentar una enmienda oral sobre ese aspecto en la resolución que hemos presentado, pues el problema con el Japón no ha pasado a primer plano hasta después de que la presentáramos. 
Nuestra resolución reitera en el párrafo 3 nuestras aspiraciones básicas sobre las medidas que se deberán adoptar a raíz de la ratificación del Protocolo. 
Pero, como europeos, debemos hacer una evaluación sensata de lo que ello significaría para nosotros, si llegara a suceder y, más aún, si llegara a suceder sin la participación de los Estados Unidos. 
Primero y lo más decisivo: los fondos. 
En la redacción actual del Protocolo, la contribución financiera de cada una de las Partes se basará en su participación en las emisiones de CO2. 
No resulta difícil ver que los Estados Unidos, con el 39% del total de emisiones en 1990, pagaría la mayor parte. 
La pregunta que se me ocurre y que tal vez se debería haber formulado antes, es cómo pensó siquiera el Gobierno de Clinton que podría convencer al Congreso para que firmara el Tratado. 
Tal vez una mayor sinceridad en el comienzo habría podido contribuir a crear una atmósfera más realista. 
Sin los Estados Unidos, la carga recaerá sobre el Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, el Canadá y Australia. 
Sin la participación de los Estados Unidos, los fondos disponibles para las medidas de reducción de las emisiones de CO2 en los países más pobres se reducirán en gran medida. 
La carga que recaerá sobre los europeos será mayor. 
¿Estamos dispuestos a aceptarlo? , pregunto. 
En segundo lugar, si ratificamos el Protocolo de Kyoto solos o sin los Estados Unidos, habremos de adoptar medidas que resultarán dolorosas. 
Nosotros, diputados al Parlamento Europeo que seguimos esas cuestiones, lo reconocemos. 
Todos los años, todos los meses, hasta las tantas de la noche, nos ocupamos de directivas encaminadas a reducir las emisiones, pero también sabemos que en la mayoría de los casos, cuando chocamos con el Consejo o sus representantes, resulta extraordinariamente difícil lograr que los Estados miembros acepten esas propuestas en su forma original, muy exigente. 
Ahora afrontamos una situación en la que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, sólo el Reino Unido, Alemania y Luxemburgo redujeron sus emisiones de gases de invernadero entre 1990 y 1998. 
Todos los demás países de Europa los aumentaron. 
Conque, ¿cómo van a cumplir las metas de Kyoto Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica, Austria, Finlandia, Italia y, en menor medida, Suecia y Francia? 
¿O no vamos a estar, como sospechan los Estados Unidos, dispuestos a adoptar medidas que hagan realidad nuestras ambiciones? 
Esperamos que la Conferencia de Bonn y la Presidencia belga puedan incitar a los europeos a pasar de las palabras a los hechos. 
Por último, unas palabras sobre la participación de la delegación de la UE en la Conferencia de Bonn. 
Estamos cansados de ser un coro griego en esta tragedia. 
Estamos cansados de salir a escena, cuando ya se ha producido la acción principal, para lamentar o celebrar lo que ha sucedido y ofrecer reflexiones filosóficas sobre el lamentable estado de la Humanidad: "Ïßìïé ç ôÜëáéíá" ¡en efecto! 
Resulta insatisfactorio, porque se debería considerarnos protagonistas, pues habremos de aprobar la legislación que impondrá el Protocolo de Kyoto y habremos de explicarlo a los ciudadanos de Europa. 
Puede que no queramos ser negociadores nosotros mismos, pero nuestra ambición es la de desempeñar un papel pleno en las reuniones con la delegación de la Unión Europea que decida cómo deberá actuar Europa. 
No nos contentamos con seguir siendo un coro. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera empezar dando las gracias a la Sra. Jackson por la pregunta que ha planteado y por las observaciones que ha hecho sobre este problema, que, efectivamente, es muy grave, y que a todos nosotros preocupa. 
En nombre el Consejo sólo puedo repetir que nuestro compromiso, tal como se menciona en las conclusiones del Consejo del 8 de marzo y del 7 de junio de 2001 con vistas a la reanudación de la sesión de Conference of parties nr. 6 que se celebrará en breve en Bonn, es un compromiso para llegar a un acuerdo en esa sesión. 
Un acuerdo que deberá asegurar la integridad del medio ambiente tal como está contemplado en el Protocolo de Kioto, que conduzca a una disminución real de la emisión de gases de efecto invernadero y con el que se alcance una participación de los países industrializados tan amplia como sea posible, con el cual se puedan crear las condiciones para la ratificación y la entrada en vigor del protocolo a más tardar en 2002. 
Así, ratificamos nuestro compromiso para intentar que se pueda conseguir todo ello. 
Todos estos objetivos permanecen inamovibles, y la Unión Europea está dispuesta a negociar en Bonn de una manera constructiva con todas las partes sobre las cuestiones que aún no se han resuelto. 
Aunque el Consejo reconoce que entre la Unión Europea y los Estados Unidos hay disensión de opiniones sobre el Protocolo de Kioto y sobre su ratificación, el Consejo no se da por satisfecho en absoluto con la promesa, hecha por el presidente Bush en el transcurso del reciente encuentro con los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno de la Unión Europea, de que los Estados Unidos no van a bloquear el Protocolo de Kioto y de que van a colaborar de manera constructiva durante la próxima sesión de la Conference of parties de Bonn. 
Durante las consultas a alto nivel en Scheveningen del 27 y 28 de junio de este año la Unión Europea ha podido establecer fructíferos contactos con diversos socios sobre las negociaciones sobre el clima, y, para su satisfacción, la Unión Europea ha podido constatar que sigue existiendo un fuerte apoyo por parte de la comunidad internacional al Protocolo de Kioto y a su rápida entrada en vigor a pesar de la negativa de los Estados Unidos a ratificarlo. 
En Scheveningen se comprobó que existe una firme conciencia de que este asunto es de carácter urgente y del hecho de que realmente no se debe poner en juego el resultado de diez años de negociaciones internacionales. 
Ya que el Consejo es de la opinión de que es importante su presencia en la Conferencia de Bonn, el Consejo ha invitado a ocho miembros del Parlamento Europeo a participar en esta Conferencia. 
Las condiciones específicas para participar, con las cuales probablemente no estén ustedes satisfechos, están expuestas en una carta del Consejo al Parlamento Europeo de fecha de 18 de noviembre de 1998. 
No obstante, en vista del deseo de los participantes de recibir información de forma regular, un deseo que ha sido expresado con énfasis por la Sra. Jackson, pero que con seguridad interpreta el sentimiento de muchos de entre ustedes, la Presidencia tiene el propósito de llevar a cabo reuniones informativas informales con miembros del Parlamento Europeo en momentos regulados, de modo que sea posible el intercambio de opiniones sobre la evolución y el estado de la cuestión. 
Soy consciente, señora Jackson, de que con ello no estará completamente satisfecha, pero al menos ello significa que usted podrá hacer algo más que "cantar detrás de bastidores" o lamentarse al margen de los acontecimientos. 
Señora Presidenta en ejercicio, Señorías, quisiera agradecer, en nombre de la Comisión, a la Sra. Jackson que haya planteado una cuestión tan importante en el Pleno. 
Como ya ha dicho la Presidenta en ejercicio, en Gotemburgo los Jefes de Estado o de Gobierno confirmaron que la Comunidad Europea y los Estados miembros están decididos a cumplir sus compromisos conforme al Protocolo de Kyoto. 
En la Cumbre de la Unión se reafirmó el objetivo de la Unión Europea de hacer entrar en vigor el Protocolo en 2002 y se pidió a la Comisión que preparara una propuesta de ratificación antes del final de 2001. 
Lamentablemente, el Gobierno del Sr. Bush sigue oponiéndose al Protocolo de Kyoto. 
En la Cumbre Unión Europea/Estados Unidos de Gotemburgo, el Presidente Bush reconoció los fundamentos científicos subyacentes al cambio climático y la importancia de esa cuestión para el mundo. 
Los Estados Unidos han indicado que, si bien participarán activamente en la reanudación de la COP6 en Bonn, su posición básica de oposición al Protocolo no ha cambiado. 
Tendremos en cuenta esa indicación de que los EE.UU. no se proponen obstaculizar el proceso de Kyoto. 
Para facilitarlo, hemos acordado que haya otros contactos de alto nivel con los Estados Unidos a ese respecto. 
La reanudación de la COP6 en julio recogerá los cabos sueltos de la conferencia de La Haya e intentará lograr una conclusión positiva de las negociaciones. 
Para lograrlo, la Unión Europea adoptará una actitud positiva sin por ello dejar de mostrarse realista sobre lo que se puede lograr. 
Los nuevos textos consolidados por el Presidente de la COP6, Sr. Pronk, son claros y concisos y constituyen una base válida para las negociaciones de Bonn. 
Sin embargo, en los textos siguen figurando varios escollos importantes para la Unión Europea, en particular en relación con la financiación para los países en desarrollo, el cumplimiento y la complementaridad. 
Al final, lucharemos por un plan global en el que los compromisos, por una parte, queden equilibrados por los beneficios, por otra. 
También debemos tener en cuenta la importancia específica del Japón y Rusia para la entrada en vigor del Protocolo. 
La Comisión acoge con beneplácito el profundo interés del Parlamento Europeo en el problema mundial del cambio climático y la participación de los diputados al Parlamento Europeo en la delegación de la Comunidad que asistirá a la reanudación de la COP6. 
Como en La Haya, la Comisión y el Consejo han propuesto, según ha explicado la Presidenta en ejercicio, que el Parlamento Europeo esté representado por ocho diputados. 
De conformidad con las normas institucionales para su participación, los diputados pueden asistir a las sesiones plenarias y la Comisión facilitará periódicamente información a todos los diputados al Parlamento Europeo presentes en la COP6 sobre las negociaciones en las que no puedan participar observadores. 
Señor Presidente, señor Comisario, señora Secretaria de Estado, Señorías, mis primeras palabras se refieren exactamente a esta cuestión de la participación o no de la delegación del Parlamento Europeo en las reuniones de coordinación de la Unión Europea. 
Y quiero decir que no me ha satisfecho en absoluto la forma como la Secretaria de Estado ha respondido a las legítimas preguntas formuladas por la Sra. Caroline Jackson. 
La delegación del Parlamento Europeo no reclama privilegios, reclama su derecho legítimo a participar activamente en la Conferencia de Bonn y no hacer el papel de figurante, como tuvimos que hacer durante la Conferencia de La Haya. 
Señor Presidente, Señorías, más que un dossier medioambiental, los cambios climáticos han pasado a ser una cuestión verdaderamente simbólica del programa político internacional. 
Si fracasa el Protocolo de Kyoto, las interpretaciones serán claras: los Estados y los políticos van deprisa- y hacen bien- cuando se trata de potenciar las ventajas de la mundialización, pero son incapaces de entenderse cuando se trata de reducir al mínimo los inconvenientes de nuestro modelo de sociedad. 
Y el marco actual no podía ser peor. 
Por un lado, nunca como hoy ha sido tan urgente actuar: las previsiones recientemente anunciadas por el Grupo Intergubernamental sobre Cambios Climáticos no deja margen para dudas. 
Por otro lado, nunca como hoy ha sido tan difícil actuar: la decisión de los Estados Unidos ha significado un fuerte golpe a una labor internacional que ya dura diez años. 
Esos factores, urgencia de la acción, presión del público y abandono de los Estados Unidos, concurren para que la Conferencia de Bonn sea decisiva. 
Será incluso el momento de la verdad del Protocolo de Kyoto. 
Nuestra posición es muy clara: es urgente limitar los cambios climáticos y el Protocolo de Kyoto- y no otro- es el instrumento político más correcto para conseguir ese objetivo. 
Por eso, vamos a Bonn con la ambición de llegar a un acuerdo con el mayor número de países sobre los left overs de Kyoto a fin de que se pueda ratificar el Protocolo y ponerlo en práctica ya en 2002. 
Es evidente que para que las negociaciones tengan éxito, en particular con el Japón y con Rusia, tendremos que dar algunas señales de apertura, pero deben ser señales de apertura que respeten la integridad y el espíritu del Protocolo. 
Una última palabra sobre cuestiones económicas. 
Es verdad que a corto plazo la materialización del Protocolo entrañará costos económicos para las empresas europeas. 
Ahora bien, dichos costos- como esta misma semana reveló el informe de la Comisión- serán muy inferiores a lo que en un principio se suponía. 
Por lo demás, estoy convencido de que a medio plazo el Protocolo de Kyoto volverá la economía europea más competitiva, dada la transformación tecnológica que haremos antes que otros. 
Señor Presidente, el aplauso por la intervención de la Sra. Jackson que ha provenido de todos los Grupo político muestra que en Europa existe un consenso respecto a la política climática. 
Por lo visto, también en los EE.UU existe un cierto consenso en la opinión pública pero ésta es diferente a la de Europa. 
Creo que por ello no sólo debemos hablar con tal o cual diputado o representantes gubernamentales sino que los europeos deben recapacitar realmente sobre cómo pueden influir sobre la opinión pública en los EE.UU- y añado también en Japón- si se viese que los japoneses no quieren participar. 
La tarea de superar el cambio climático es tan gigantesca que una marcha por separado va a ser extraordinariamente difícil. 
Esta es exactamente la cuestión que se nos plantea. 
¿Estamos dispuestos a seguir el camino acordado en Gotemburgo, y que yo apoyo, aunque los demás no participen? 
Pronunciar palabras es algo sencillo. Hacer declaraciones sobre hacerse cargo de esta tarea es fácil y no cuesta nada. 
Pero la aplicación va a ser tremendamente difícil. 
Mi temor es- lo digo muy abiertamente- que los europeos o muchos europeos se escondan detrás de los EE.UU. En realidad estamos muy lejos de cumplir el protocolo de Kioto. 
Todos lo sabemos. 
La Comisión nos proporciona continuamente nuevas cifras. 
Es decir, nos encontramos realmente ante una tarea hercúlea, lo que quiero destacar en este lugar. 
A pesar de estas dificultades, quisiera decir que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, a Europa se le ofrece la posibilidad de un liderazgo político en el mundo. 
Debemos aprovechar esta oportunidad siendo conscientes de que no es sencillo. 
Por lo demás, se trata de una tarea noble, en absoluto ruin, la que debe plantearse Europa y si los demás quieren sumarse más adelante, deberemos soportarlo. 
Mi tercera observación se refiere al texto. 
No puedo impedirlo y no quiero ocultarles que lo que exigimos, "detener" el cambio climático es naturalmente un sinsentido bastante grande. No sé cómo se ha colado esta expresión. 
Cambios climáticos siempre los ha habido sólo que en esta ocasión realizamos nuestra aportación y precisamente de esta parte es de la que se trata. 
Quisiera comenzar rindiendo un homenaje a la Comisaria Wallström, la Comisaria de Medio Ambiente. 
No creo que ninguno de los diputados abrigue la menor duda sobre su apasionado compromiso personal con vistas a lograr un resultado positivo en las conversaciones de Bonn y quisiera pronunciar también unas palabras de agradecimiento a mi colega liberal, el Primer Ministro Verhofstadt, por su insistencia esta mañana en que el del cambio climático es el mayor problema que afronta el planeta. 
Lo que toda esta cuestión ha dado como resultado- en caso de que fuera necesario- es una gran conciencia de que el planeta en que vivimos es muy pequeño y la Humanidad puede perfectamente, mediante sus actividades industriales, cambiar nuestro medio ambiente. 
Incluso los Estados Unidos lo reconocen ahora, aunque aún no han presentado opción práctica alguna substitutiva del Protocolo de Kyoto. 
La utilización de la tecnología que se está creando o se ha creado para cambiar nuestros métodos y reducir el calentamiento del planeta entraña grandes oportunidades y ventajas para abordar ese problema. 
Ofrece grandes beneficios a la sociedad y oportunidades económicas para aquellos de nosotros que tomemos la iniciativa, pero, ¿por qué no podemos hacerlo más eficazmente? 
Un problema es el de los intereses creados, ejemplo típico de los cuales son las industrias de combustibles fósiles; otro es la débil capacidad de iniciativa de todos nosotros: todos somos responsables de ello. 
Nos echamos atrás a la hora de adoptar decisiones que serán impopulares a corto plazo entre nuestros electorados. 
Deseo que haya una fiscalidad medioambiental armonizada en el nivel europeo, cuyo objetivo no es el de recaudar más fondos, sino el de cambiar los métodos y las prioridades y velar por que la industria pueda al mismo tiempo competir en un campo de juego igual para todos. 
En Gran Bretaña y en otros países hemos tenido problemas- hemos experimentado problemas -, siempre que los políticos han intentado de verdad aplicar impuestos en pro del medio ambiente de ese modo. 
Lo extraño en el caso de Gran Bretaña es, naturalmente, que la fiscalidad armonizada de la energía correspondiente a los combustibles probablemente reduciría nuestros impuestos. 
Acabo de regresar de una visita a Chipre- uno de los países candidatos -, donde he descubierto que no sólo no hay fiscalidad de la gasolina, sino que, además, está en realidad subvencionada. 
Conque mi pregunta a la Comisión es la siguiente: a la hora de adoptar métodos prácticos, a la hora de abordar de verdad un resultado positivo- espero- en Bonn, en términos prácticos, ¿cómo persigue el Consejo la fiscalidad armonizada de la energía al tiempo que aborda la ampliación, con lo que la unanimidad resulta mucho más difícil de lograr, si queremos conseguir en realidad una fiscalidad armonizada de la energía que valga la pena?. 
Señor Presidente, los dos últimos años se han hecho en todo el mundo más instalaciones de energía eólica que de energía nuclear. 
Sin embargo, los Sres. Bush y Blair pretenden dar nueva vida a la energía nuclear. 
En opinión de mi Grupo y de una clara mayoría del Parlamento Europeo la energía nuclear no debe ni puede desempeñar un papel para solucionar el problema del clima, ni siquiera en el marco de un mecanismo "clean development". 
Sobre todos los demás puntos de las negociaciones, y repito: sobre todos los demás puntos, para los Verdes es aceptable un compromiso en Bonn. 
Tal compromiso deberá estar dirigido a conservar a Japón "a bordo". 
Incluso se deberá contemplar la posibilidad del objetivo de aumentar la reducción en Europa. 
La Comisión acaba de publicar un estudio del que se desprende que una reducción del doble de lo contemplado hasta ahora no sería ningún problema económico para nosotros. 
Europa se debe ocupar seriamente del ahorro de energía y de desarrollar métodos de energía renovable. 
Es absolutamente necesario el desarrollo de la energía solar para proveer de energía también a los últimos dos mil millones de personas en la Tierra. 
Proveer de energía a dos mil millones de personas con combustibles fósiles representaría la muerte climatológica segura para todos. 
Un acuerdo débil en Bonn es mejor que un nuevo echec. 
El Tratado de Montreal de 1987 contra la destrucción de la capa de ozono también fue un acuerdo débil, pero durante los últimos catorce años se ha ido haciendo más estricto. 
Eso mismo podría ocurrir con el Protocolo de Kioto. 
Señor Presidente, hay una opinión muy sólida en el Parlamento sobre nuestra postura en torno al clima, cosa que considero importante. 
Hay que usar esta opinión para ejercer la máxima presión posible sobre los países que deciden el futuro del Protocolo de Kioto. 
En la práctica, las negociaciones sobre el clima pueden colapsarse, lo que nos haría retroceder muchos años. 
Lo peor de todo es que los que crean el colapso, especialmente EE.UU., no ofrecen ninguna alternativa. 
Por eso tenemos que hacer cuanto podamos para salvar lo que se pueda. 
Además, la Unión Europea también adolece de problemas de credibilidad. 
Tal como han dicho algunos oradores, muchos países miembros tampoco son capaces de cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto. 
Es sabido que esas exigencias son insuficientes para hacer frente a los problemas relacionados con el cambio climático. 
En la práctica, cuando nos reunimos con el Consejo de Ministros- por ejemplo, en relación con las conciliaciones sobre plantas incineradoras y techos nacionales de emisión- vemos que falta preparación para tomar las decisiones que se toman. 
Cuando se debía tomar una decisión en Gotemburgo sobre la estrategia para el desarrollo sostenible, se habían eliminado muchos de los puntos más relevantes. 
La credibilidad en la Unión aumentaría si demostrásemos con hechos que estamos dispuestos a cumplir con las exigencias que nos hemos propuesto. 
Creo que es importante tenerlo presente en las reuniones que tengamos con otros países para decidir el futuro del Protocolo de Kioto. 
Quisiera, en primer lugar, felicitar a la Sra. Jackson por haber formulado esta pregunta oral. 
Ya se ha dicho que los días 16 a 27 de julio de 2001 se celebrará en Bonn la Conferencia sobre los cambios climáticos. 
Sabemos que el Gobierno de los EE.UU. y la Unión Europea podrían no lograr un acuerdo en los Países bajos antes de la Navidad sobre el establecimiento de un calendario para la reducción de la utilización de gases de invernadero. 
Asimismo, está muy claro que el Gobierno de los EE.UU. está echándose atrás sobre el Acuerdo de Kyoto. 
Es muy decepcionante. 
Existen pruebas científicas claras e inequívocas que demuestran el efecto del cambio climático. 
Indudablemente los EE.UU. y los Gobiernos de la Unión Europea pueden llegar a un acuerdo sobre un aspecto y es simplemente el de que la utilización de gases de invernadero agotan la capa de ozono, a consecuencia de lo cual aumentan los niveles del mar y la erosión costera y afectan al medio ambiente en que viven las comunidades insulares. 
Pido a los Gobiernos europeos que estarán representados en Bonn que aprovechen esa conferencia como oportunidad para decir a los EE.UU. que eso no basta y que se deben cumplir íntegramente las disposiciones de Kyoto: tan sólo conforme al Acuerdo, el Gobierno de los EE.UU deberá reducir las emisiones una tercera parte, aproximadamente, de aquí al año 2012. 
Señor Presidente, votar a favor del Protocolo de Kioto en el Senado de los Estados Unidos sería un suicidio político, tal como se vio el año pasado en una conferencia por vídeo con varios senadores. 
Entre tanto, el Presidente americano Bush ha rechazado el Protocolo de Kioto, lo cual, con todo derecho, se puede calificar como una gran vergüenza. 
Por otro lado, este presidente americano ha dejado bien claro qué piensan los Estados Unidos del Protocolo de Kioto. 
Por desgracia, el resultado de ello es que Japón se plantea si quiere ratificar el protocolo o no. 
La semana pasada el Presidente de Japón, Junichiro Koizumi ha declarado que no está dispuesto a continuar con este protocolo sin la colaboración de Estados Unidos. 
Sin embargo, debemos pensar que tampoco los países de la Unión Europea han ratificado ni llevado a cabo el Protocolo de Kioto. 
Bien es cierto que la emisión de CO2 ha disminuido considerablemente en Luxemburgo, Alemania y Gran Bretaña, pero en España, Portugal e Irlanda ha aumentado notablemente. 
Según las previsiones del Fondo Mundial para la Naturaleza, la emisión de CO2 de la Unión Europea en su conjunto aumentará en un ocho por ciento en lugar de disminuir en un ocho por ciento, según debería ser de acuerdo con el Protocolo de Kioto. 
Además, sería inconsecuente que la Unión Europea culpara a los Estados Unidos de no querer hacer nada para luchar contra las emisiones de CO2 si la Unión Europea no está dispuesta a continuar con las medidas de reducción de las emisiones de NOx. 
En los Estados Unidos, las normas para la emisión de NOx para 2003 son ya más estrictas que las que los ministros de medio ambiente quieren en el marco de la directiva sobre las grandes instalaciones de combustión para el año 2018. 
El peligro es que la "defunción" del Protocolo de Kioto se va a utilizar como excusa para no actuar. 
La amenaza del cambio climático permanece, así como el objetivo de luchar contra él, con o sin el Protocolo de Kioto. 
Por tanto, la UE no debe seguir el ejemplo de los Estados Unidos o de Japón, sino luchar contra el cambio climático apostando por el ahorro energético y la eficacia energética por medio de, entre otros métodos, la interconexión calor-energía y el desarrollo de las energías eólica y solar. 
Sobre estos puntos tiene que ser posible llegar a acuerdos con los Estados Unidos y Japón. 
Además, debemos estar abiertos a la ampliación de la parte que se pueda llevar a efecto por medio del comercio de emisiones. 
Si, de esta manera, conseguimos que los Estados Unidos vuelvan a las negociaciones, desde luego no debemos dejar de hacerlo. 
Para terminar, no debemos continuar desatendiendo a la contribución de los países del Tercer Mundo, ya que su consumo de energía también va a aumentar considerablemente. 
Señor Presidente, Señorías, indudablemente en estos momentos de decepción y rechazo por parte de la Unión Europea ante la actitud adoptada por los Estados Unidos con respecto al cumplimiento de los compromisos de Kioto, el Parlamento Europeo debe reafirmar y reforzar de forma inequívoca su compromiso de progresar en la reducción de las emisiones de CO2 mediante la ratificación de las medidas propuestas en el protocolo. 
Después de haber pactado en 1997 una estrategia internacional para reducir las emisiones contaminantes, no podemos aceptar un cambio tan drástico e importante en el enfoque de la situación, dando por válidos argumentos que, bajo un barniz científico, pretenden demorar en el tiempo la intensidad y la fuerza de acciones concretas. 
Además, creo que esta propuesta de resolución constituye un gesto necesario del Parlamento Europeo hacia los propios Estados miembros como expresión de la renovación de una voluntad política en cada uno de ellos de luchar contra el cambio climático y de intensificar la puesta a punto de los mecanismos necesarios para la ratificación del protocolo. 
En la próxima cumbre del clima en Bonn, los Estados miembros habrán de dar respuesta a los puntos clave que quedaron sin resolver en La Haya. 
Creo imprescindible que, al menos el líder o el "vicelíder" de la delegación parlamentaria, sea aceptado en el equipo negociador de la Unión Europea. 
Por ello, y para poder dar el paso siguiente de negociar con otros países una ratificación rápida del protocolo, es tan importante que este Parlamento apoye sin fisuras la presente propuesta, renovando, como he dicho, la voluntad de liderazgo internacional de la Unión Europea en materia de medio ambiente y como gesto hacia los Estados miembros, para que no olviden ni se demoren en implementar en el ámbito nacional las medidas necesarias para ratificar el protocolo. 
Señor Presidenta, señora Presidente del Consejo, Comisión, estimados colegas, ya se ha dicho aquí varias veces, lo cual no carece de importancia. 
Existe un amplio consenso, desde la izquierda a la derecha, sobre este informe y, por tanto, deben ustedes apoyarlo en las próximas negociaciones en Bonn. 
Y hay algo más que eso sólo: en muchos informes europeos nos vemos obligados a ir en contra de la opinión pública, pero en este debate disfrutamos de la aplastante mayoría de la opinión pública, que estimula a los Gobiernos a dar nuevos pasos con respecto a Kioto. 
Ello significa que, en vísperas de la reunión de Bonn, debemos proponer una serie de medidas, no sólo en el ámbito de la conferencia misma, sino en el ámbito comunitario y nacional. 
Ya se ha dicho esto repetidas veces: nosotros, Europa, podemos y debemos desempeñar un papel mundial. Y ello nos honrará indudablemente, al tiempo que desacreditará notablemente a otros, entre ellos a Bush y a su Administración. 
También debemos ganar a otros para la causa, desde luego, pero no poniendo en entredicho los acuerdos ya hechos. 
Si se aprueba el protocolo con un comercio ilimitado de aire caliente o con un uso ilimitado de yacimientos de carbón, el efecto sobre el clima será limitado. 
Quiero añadir al debate otro punto. 
Creo que no debemos ser demasiado autocomplacientes. Tampoco nosotros hemos ratificado el protocolo ni tenemos planes de actuación concretos y claros. 
Por ello le pido a la Presidencia belga con énfasis que hinque el diente a este asunto. 
¿De qué manera vamos a negociar con nuestras emisiones? 
¿Se va a efectuar entre países solamente o también entre empresas? 
Y ¿cómo se va a regular el intercambio entre sectores? 
Y aun más, ¿Cómo se van a desarrollar los planes nacionales de actuación? 
¿Cómo vamos a actuar a este respecto? y, sobre todo, ¿se han reservado ya los presupuestos para ello? 
Le pido, por tanto, a la Presidencia belga que los próximos meses se ocupe de estas cuestiones concretas. 
Aunque algunos escépticos aún ponen en duda el fenómeno del calentamiento del planeta, nadie puede poner en duda el enfriamiento de las relaciones entre la UE y los EE.UU. por la negativa de éstos a recomendar la ratificación del Protocolo de Kyoto. 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático no abriga la menor duda de que se está produciendo un calentamiento del planeta y de que los gases de invernadero, en particular las emisiones de CO2, son los responsables en gran medida de ello. 
Incluso la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que asesora al Presidente Bush, está de acuerdo en gran medida con esa conclusión. 
La UE está ahora decidida a seguir adelante sola, pero el mayor culpable, que tiene el 4% de la población mundial y el 25% de las emisiones mundiales, sigue sin querer cooperar. 
Lamentablemente, hasta la fecha sólo Rumania ha ratificado el Protocolo. 
Ahora el Japón y el Canadá se están echando atrás, al ver que los EE.UU. no participarán. 
En mi país, el Reino Unido, con un Gobierno conservador, nos lanzamos a utilizar el gas, pues el gas natural produce mucho menos CO2 que el carbón. 
Más adelante vimos que el nuevo Gobierno laborista, deseoso de preservar puestos de trabajo en la industria minera, se apresuró a invertir esa orientación. 
Por fortuna, el Reino Unido sigue dispuesto a cumplir sus compromisos conforme al Protocolo de Kyoto. 
Ya estamos viendo en las estaciones invernales europeas de montaña los efectos de la elevación de la línea de la nieve, pero las perspectivas a largo plazo son mucho más espantosas. 
Existe el peligro de que en algún momento se produzca un aluvión térmico, cuando se fundan los polos, reflejen menos la luz solar y causen un rápido aumento del calentamiento atmosférico, lo que supone la amenaza de inundaciones en todo el globo y otros cambios climáticos que causen una devastación económica con enormes presiones migratorias en los pueblos, por no citar las posibles guerras por el abastecimiento de agua. 
¿Cuál es la solución? 
Creo que todas las naciones deben subscribir las políticas de desarrollo económico sostenible e invertir en las fuentes de energía renovables. 
Eso entraña también el replanteamiento del polémico debate sobre la energía nuclear, que yo apoyo. 
También debemos examinar la posibilidad de utilizar mecanismos basados en el mercado, como, por ejemplo, los permisos negociables de emisión. 
La meta de reducción de Kyoto- el 5% en 2010 de los niveles de 1990- puede no ser gran cosa. 
Puede que debamos examinar otra vez la cuestión de los sumideros de carbono. 
Creo que los EE.UU. deben reconsiderar su posición y volver a Bonn con alguna propuesta de verdad válida. 
Felicito a mi colega la Sra. Jackson por su continuo interés en ese sector decisivo para el futuro de la Humanidad. 
Señor Presidente, el mundo necesita una señal clara. 
El Protocolo de Kioto no debe ser una promesa vacía de contenido. 
Ahora se necesita un liderazgo político para convencer al mundo, y nosotros nos debemos mostrar flexibles al respecto. 
En primer lugar, con respecto a los Estados Unidos y a Japón. 
Debemos abandonar nuestro énfasis en la domestic action y aspirar a un enfoque science-based del problema sinks. 
En segundo lugar, con respecto a los países en desarrollo. 
Los cambios climáticos tienen grandes repercusiones en los países en desarrollo. 
En Bangla Desh, India, Indonesia y los Estados isleños ya se están notando estas repercusiones. 
Se necesitan con urgencia una actitud indulgente hacia los países en desarrollo y la creación de un fondo que haga posible la consecución de las adaptaciones correspondientes. 
Tenemos que tener en cuenta que si los Estados Unidos no colaboran, los países en desarrollo carecerán el estímulo necesario para colaborar, ya que precisamente los Estados Unidos pretendían cumplir con sus obligaciones fuera de casa. 
La Unión Europea debe tomar ahora ese cometido y hacer más por los países en desarrollo. 
Naturalmente, en el futuro, los países en desarrollo deberán formar parte del sistema de reducciones de CO2, pero con los mismos derechos de emisión. 
En tercer lugar, nos debemos proponer el desarrollo de la domestic action, y no promover la energía nuclear. 
Nos debemos poner en acción con rapidez poniendo en práctica un sistema creíble y digno de confianza sobre el comercio de los derechos de emisión y debemos elaborar una agenda de investigación para hacer posible el paso a una economía basada en la emisión reducida de CO2. 
Señor Presidente, la delegación de la UE no ha mostrado precisamente su mejor cara en La Haya. 
La indecisión y el desacuerdo colaboraron al fracaso de La Haya. 
Los parlamentarios podrán representar algún papel si se les permite el acceso como observadores a las conversaciones de las delegaciones. 
En La Haya, tal como ha dicho el presidente del Consejo, hemos permanecido por completo en segundo plano y nos hemos estado quejando, pero eso no sido de ninguna ayuda en absoluto. 
Ahora, en nuestra calidad de observadores, queremos que se nos permita el acceso a la delegación; creemos que eso reforzará la unidad dentro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, en política existe la gran tentación de considerar negociables todas las cuestiones sobre las que se puede llegar a acuerdos entre las personas. 
Para que recordemos qué clase de asunto nos ocupa, voy a repasar algunos hechos relacionados con el aumento de las temperaturas. 
Advierto que ya hay suficientes pruebas científicas sobre este fenómeno, el aumento de las temperaturas es una fría realidad. 
Tenemos una parte implicada en estas negociaciones, la naturaleza, que no hace compromisos, se limita a estar presente. 
Las últimas mediciones periódicas de la temperatura del mar muestran lo que ya se ha sabido desde hace tiempo sobre la temperatura atmosférica. 
Los mares se han calentado 0,6 grados durante los últimos cien años y la tendencia es de aceleración de ese ritmo. 
Este cambio de temperatura es bastante considerable. 
Los casquetes glaciares se están derritiendo, el 85% de ellos retrocede a gran velocidad, en el peor de los casos varias decenas de metros al año. 
Los ventisqueros de los Andes amenazan con desaparecer por completo. 
La capa de hielo del Mar del Norte se ha reducido en un 25% durante los últimos tres años. 
El gelisol perpetuo de las regiones continentales nórdicas se derrite marcadamente, especialmente en el centro de Siberia y en Alaska. 
Esto también tendrá grandes repercusiones en la explotación de los recursos naturales de esas regiones. 
Si permitimos que sigan aumentando las temperaturas, puede darse el peor escenario temido en el noroeste de Europa: el calentamiento puede desviar las corrientes marinas del Atlántico Norte de tal manera que el clima se vuelva glacial en el norte de Fennoscandia, y ello también a consecuencia del propio calentamiento. 
Al derretirse los glaciares, la llamada bomba del Atlántico dejará de funcionar y cesará de fluir la templada corriente del Golfo procedente del trópico, así como su continuación, la corriente del Atlántico Norte. 
Una consecuencia de esto puede ser el enfriamiento de todo el noroeste europeo, que, según los conocimientos de la paleoceanografía, podría ocurrir de forma brusca y catastrófica. 
Estos sucesos se repiten en todas partes. 
Recientemente, también la Cruz Roja confirmó lo que otras organizaciones de ayuda humanitaria vienen reiterando: que las experiencias en materia de catástrofes naturales demuestran que estos cambios pueden atribuirse al calentamiento climático. 
Si no actuamos e instamos también a los demás a actuar rápidamente, estas noticias aumentarán en progresión exponencial. 
Hay que tener éxito en Bonn. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. Jackson por la iniciativa de este debate que hoy celebramos. 
Me parece que los cambios climáticos son uno de los problemas medioambientales mejor documentados a los que nos enfrentamos y al mismo tiempo la mayor amenaza contra el medio ambiente y contra las futuras generaciones sobre la tierra. 
De ahí que el rechazo del gobierno norteamericano al Protocolo de Kioto sea naturalmente una absoluta irresponsabilidad. 
Creo que podemos señalar que el Sr. Bush y su gobierno se han mostrado exactamente tan primitivos y populistas como cabía temer. 
Sin embargo, la postura de los EE.UU. naturalmente sólo debe agudizar la responsabilidad de Europa sobre el desarrollo ambiental global, como también mencionó el Sr. Da Silva. 
Hemos de aferrarnos al Protocolo de Kioto en la Conferencia de la Haya. 
Debemos encargarnos de que los países miembros y la UE marchen en cabeza a la hora de ratificar el protocolo para que dentro de lo posible pueda entrar en vigor el próximo año y a este respecto naturalmente hemos de tratar de que Japón cumpla esta solución. 
Quiero alertar como la Sra. Van Brempt de los peligros de cerrar un pésimo arreglo, un pésimo acuerdo con los EE.UU.. 
La experiencia nos ha demostrado en repetidas ocasiones que cuando finalmente los EE.UU. han alcanzado un acuerdo bastante malo, visto desde nuestra óptica, éstos de todas formas escapan de éste cuando se va a poner en práctica. 
Al contrario, debemos tratar en Europa de que nuestro programa en materia de cambio climático sea puesto en marcha de forma eficaz. 
Como varios han mencionado, también tenemos problemas en Europa, por ejemplo, en el ámbito del transporte vemos un claro desarrollo negativo en la actualidad. 
Debemos trabajar para que los EE.UU. con el futuro que ahora tenemos, no logren una ventaja competitiva de mostrar la irresponsabilidad que hemos visto hasta la fecha. 
Espero que la Conferencia de Bonn puede ser de todas formas un paso fundamental hacia la solución del enorme desafío al que todos juntos nos enfrentamos. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la lucha contra la catástrofe climática es el desafío político medioambiental más importante de nuestro tiempo y me atrevo incluso a decir que es quizás el desafío más importante en absoluto, también al margen de la política de medio ambiente. 
Por ello, en Bonn hay mucho en juego y es importante que la Unión Europea actúe cerrando filas. 
Apelo al Consejo y a la Comisión para que incluyan a la delegación del Parlamento en sus actuaciones y que se incluya también en la coordinación de la UE al menos al director de nuestra delegación, pues deseamos apoyar la posición del Consejo y de la Comisión. 
Naturalmente, esto sólo funcionará si se nos informa también detalladamente. 
El problema principal es naturalmente la actitud de los EE.UU. Ya se ha dicho en varias ocasiones. 
No es suficiente con estar sencillamente de acuerdo en que la actitud de los EE.UU no es aceptable. 
Después de que las buenas palabras y apelaciones no han servido de mucho, tenemos que recapacitar cómo podemos ejercer concretamente aún una presión mayor. 
La Unión Europea debería hacer de la protección del clima y el acuerdo de Kioto la principal prioridad en las relaciones con los EE.UU. Tenemos muchas posiciones diferentes respecto al Gobierno norteamericano y a los diputados del Congreso pero este es el mayor problema y esto debe estar también claro. 
Por ello, me he quedado algo desilusionado de que después de la cumbre de Gotemburgo se haya dicho: somos de opinión diferente y ya está. 
La UE tiene que mostrar muy claramente que puede que en otros temas seamos de diferente opinión y a pesar de ello pasemos al siguiente punto del orden del día pero aquí se trata de una prioridad para la UE.. 
Quizás deberíamos realizar concesiones incluso en otros campos para imponer realmente esta prioridad. 
Si los norteamericanos estuviesen dispuestos a ratificar Kioto y a trabajar concretamente en Bonn entonces deberíamos ser también flexibles y, por ejemplo, en el tema de la energía nuclear no defender la doctrina pura de la UE sino llegar también a compromisos. 
Sin embargo, condición previa es que los norteamericanos se sientan obligados a ratificar Kioto y acompañar positivamente el proceso de protección del clima. 
Muchas gracias, señor Liese. 
La Presidencia en ejercicio del Consejo y la Comisión me comunican, creo que con muy bien criterio, que se dan por ilustradas con las intervenciones de los señores y señoras diputados. 
Para cerrar el debate, he recibido una propuesta de resolución, presentada sobre la base del apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0329/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Disponemos solamente de 40 minutos. 
Tengo que llegar con ustedes a un consenso para el funcionamiento de este turno de preguntas, porque, de lo contrario, se creará una situación imposible. 
Si hablan mucho los que están los primeros en la lista de preguntas, los demás se verán privados de su derecho. 
Tenemos, inicialmente, diez preguntas que van a ser contestadas de forma conjunta por la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Si entrásemos en las preguntas complementarias, se darán ustedes cuenta de que serían treinta preguntas y ya no habría tiempo ni siquiera para utilizar el turno. 
Por lo tanto, voy a aplicar el artículo 19 del Reglamento, que le da al Presidente la autoridad para organizar el debate en momentos excepcionales. 
Ustedes, si lo necesitan, en vez de un minuto hablen un minuto y medio; pero no me pidan, cada uno, la palabra tres veces con las siguientes contestaciones. 
A esto no me pueden decir que no, estimados colegas. 
Es absolutamente racional y necesario. 
He oído su resolución, pero en el Anexo II del Reglamento se dice que cada diputado puede formular una pregunta complementaria después de cualquier pregunta. 
Recibimos una respuesta, pero debemos recibir una complementaria cada uno. 
Sí, yo estoy de acuerdo, pero el artículo 19 se refiere a situaciones tan excepcionales como la de hoy. 
Es necesario, pues, aplicar el Reglamento de una forma racional. 
Si siguen planteando cuestiones de orden, no podrán preguntar o recibir contestación ni siquiera los diez primeros de la pregunta. 
Señor Presidente, quisiera simplemente proponer una solución racional al problema. 
Creo que, efectivamente, tenemos derecho a responder a la intervención del Presidente en ejercicio del Consejo y, después, cada uno de nosotros debería tener derecho a una pregunta complementaria. 
Le propongo, señor Presidente, que tengamos todos derecho a una segunda intervención breve con la que se compensaría esa hipotética pregunta complementaria a la que tendríamos derecho. 
El debate será breve, pero conservaremos nuestros derechos reglamentarios. 
Yo, incluso con el artículo 19, tengo flexibilidad. 
Así, pues, pueden ustedes hacer la repregunta por un minuto y la pregunta complementaria, que tendrán como máximo una oportunidad cada uno; al medio minuto se quedarán sin micrófono. 
Esta es mi última interpretación del artículo 19. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nº 1 a 10 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 1 formulada por (H-0516/01): 
Asunto: Declaración de Laeken El Consejo Europeo de Niza celebrado en diciembre de 2000 aprobó una Declaración sobre el futuro de la Unión. 
En esta declaración se apela a un debate más amplio y profundo sobre el futuro de la Unión Europea en el que deberán participar no sólo los Estados miembros, sino también los países candidatos a la adhesión, los Parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo y el conjunto de la opinión pública. 
Es totalmente injusto y contrario al principio de subsidiariedad que el Consejo Europeo haya ignorado la plusvalía democrática de las regiones constitucionales. 
El Ministro belga de Asuntos Exteriores, Louis Michel, ha reiterado recientemente su intención de permitir en el futuro que los diputados al PE sean también diputados del Parlamento belga. 
Debe valorarse positivamente el hecho de que el Ministro Michel hable de una mayor participación de los parlamentarios, al menos si con ello incluye también a los representantes de las comunidades y las regiones. 
¿Se propone el Consejo, habida cuenta del principio de subsidiariedad, permitir la participación de las regiones constitucionales en la configuración del futuro de Europa? 
Pregunta nº 2 formulada por (H-0518/01): 
Asunto: Declaración de Laeken Ante la creciente importancia e insistencia de los niveles subestatales en la participación de los distintos procesos de toma de decisiones en la UE, el amplio debate sobre el futuro de la Unión que se está articulando, principalmente en torno a la cumbre de Laeken, debería proporcionar también respuestas institucionales a la participación legislativa y judicial de las regiones constitucionales (entidades subestatales con capacidad legislativa propia garantizada por la Constitución de su Estado) en el desarrollo, ejecución, control y evaluación de las políticas de la UE. 
En este sentido, ¿piensa el Consejo tomar las medidas de reforma de los Tratados (Parte V, Sección IV del Tratado CE) necesarias para permitir que dichas regiones tengan el derecho de apelar directamente ante el Tribunal de Justicia cuando sus prerrogativas se vean vulneradas, de la misma manera como pueden hacerlo los Estados miembros? 
Pregunta nº 3 formulada por (H-0520/01): 
Asunto: Declaración de Laeken Durante la Presidencia belga está previsto aprobar la Declaración de Laeken sobre el futuro de la UE. 
Algunos Estados miembros como Alemania, Austria, Bélgica o el Reino Unido han establecido mecanismos de participación de sus entes regionales o federales ante el Consejo. 
Teniendo en cuenta que las Comunidades Autónomas del Estado español, los Estados Federados en Alemania y en Austria o las regiones en Bélgica poseen un alto grado de competencias propias y teniendo en cuenta que muchas de esas competencias se ven afectadas por las decisiones comunitarias, ¿Apoyaría el Consejo que se pudiera establecer una representación directa de las regiones ante el Consejo? 
Pregunta nº 4 formulada por (H-0522/01): 
Asunto: Declaración de Laeken Con la Declaración de Laeken del próximo 15 de diciembre, la Federación belga desea aportar su contribución al debate sobre el futuro de la Unión Europea. 
En este sentido debe acogerse con especial satisfacción la positiva actitud del Primer Ministro Guy Verhofstadt en relación con la declaración política conjunta de siete regiones constitucionales. 
A finales de mayo, el Primer Ministro recibió a los presidentes del gobierno de Cataluña, Salzburgo, Escocia, Flandes y Valonia, así como a los Ministros de Asuntos Europeos y Federales de Baviera y Renania del Norte-Westfalia, que insistieron en la necesidad de reforzar el papel de las regiones constitucionales reconocidas en la Unión Europea. 
Habida cuenta de la plusvalía democrática que pueden aportar las regiones constitucionales a la construcción de la Unión Europea, ¿es partidario del Consejo de que éstas participen de forma más amplia y conforme al Tratado en el proyecto europeo? 
En caso negativo, ¿por qué se opone el Consejo a una participación de las regiones constitucionales más amplia y conforme al Tratado en el proyecto sobre el futuro de Europa? 
Pregunta nº 5 formulada por (H-0524/01): 
Asunto: Declaración de Laeken El anexo IV del Tratado de Niza contiene una declaración en la que se apela a un debate más amplio y profundo sobre el futuro de la UE. 
La CIG también reconoció la necesidad de mejorar y supervisar la legitimidad democrática y la transparencia de la Unión y de sus instituciones. 
Esta fórmula abre la posibilidad de utilizar una fórmula de convención con representantes de los Parlamentos nacionales, el PE y los Gobiernos de los Estados miembros. 
Contrariamente al principio de subsidiariedad, no se hizo referencia alguna a las regiones constitucionales. 
¿Implicará el Consejo, de acuerdo con el principio democrático de subsidiariedad, a todos los parlamentos de las regiones constitucionales cuando se decida por una fórmula de convención? 
Pregunta nº 6 formulada por (H-0525/01): 
Asunto: Declaración de Laeken Según la declaración del anexo IV del Tratado de Niza, el debate sobre el futuro de la UE debería prestar atención, entre otros aspectos, a la forma de establecer y supervisar una delimitación más precisa de las competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros, que respete el principio de subsidiariedad. 
La interpretación generalizada de la idea actual de subsidiariedad contemplada en el Tratado CE es que regula sólo la relación entre la Unión y los Estados. 
Esta interpretación ha de ampliarse de acuerdo con las líneas generales que se trazaron al respecto en la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de octubre de 2000 sobre los informes de la Comisión al Consejo sobre cómo legislar mejor. 
¿Propondrá la Declaración de Laeken que se modifiquen los Tratados de tal manera que incluyan específicamente el reconocimiento y el respeto de los poderes político y legislativo de las unidades políticas internas de los Estados miembros en sus relaciones ejecutivas, legislativas y judiciales con las instituciones de la UE? 
Pregunta nº 7 formulada por (H-0526/01): 
Asunto: Declaración de Laeken El anexo IV del Tratado de Niza contiene una declaración en la que se apela a un debate más amplio y profundo sobre el futuro de la UE. 
También se reconoce la necesidad de mejorar y supervisar la legitimidad democrática y la transparencia de la Unión y de sus instituciones. 
En diciembre de 2001, la Presidencia belga concluirá con una contribución a este debate, la Declaración de Laeken. 
¿Reconocerá la Declaración de Laeken el hecho de que una mayor democratización del proceso comunitario de toma de decisiones requiere una reforma más radical, que confiera el poder legislativo a dos cámaras, el Parlamento Europeo y un Consejo reformado que subsumiría algunos aspectos del presente Comité de las Regiones y reforzaría en gran medida el papel de las regiones constitucionales? 
Pregunta nº 8 formulada por (H-0560/01): 
Asunto: Declaración de Laeken El anexo IV del Tratado de Niza contiene una declaración que apela a un debate más amplio y profundo sobre el futuro de la UE. 
Según un informe presentado en el Consejo de Gotemburgo en junio de 2001, el Consejo Europeo aprobará, en su reunión de Laeken en diciembre de 2001, las iniciativas adecuadas para la continuación de este proceso. 
De acuerdo con la declaración, este proceso deberá abordar, entre otras cuestiones, la forma de establecer y supervisar una delimitación más precisa de las competencias entre la UE y los Estados miembros que respete el principio de subsidiariedad. 
¿Respetará el Consejo, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las competencias de las regiones constitucionales? 
¿De qué manera establecerá y supervisará el Consejo este respeto de las competencias de las regiones constitucionales? 
Pregunta nº 9 formulada por (H-0531/01): 
Asunto: Declaración nº 54 del Tratado de Amsterdam sobre la subsidiariedad En el Tratado de Amsterdam se incluye la Declaración nº 54, referida a la subsidiariedad, en la que se manifiesta lo siguiente: "para los Gobiernos alemán, austríaco y belga, es evidente que la acción de la Comunidad Europea, de conformidad con el principio de subsidiariedad, no sólo afecta a los Estados miembros sino también a sus entidades, en la medida en que éstas disponen de un poder legislativo propio que les confiere el derecho constitucional nacional". 
Asimismo, la Declaración nº 23 del Tratado de Niza (sobre el futuro de la Unión) , señala en el apartado 3) que "en 2001, las Presidencias sueca y belga, en colaboración con la Comisión y con la participación del Parlamento Europeo, favorecerán un amplio debate con todas las partes interesadas... " y en el apartado 4) que "el Consejo Europeo aprobará, en su reunión de Laeken en diciembre de 2001, una declaración que incluya iniciativas adecuadas para la continuación de este proceso". 
¿De qué manera tiene previsto la Presidencia belga abordar la Declaración nº 54 del Tratado de Amsterdam respecto al principio de subsidiariedad y las entidades con competencias exclusivas? 
¿Cómo estima la Presidencia belga que deben resolverse los posibles conflictos derivados de las decisiones que adopten las instituciones de la Unión Europea, cuando interfieran en las competencias exclusivas de dichas entidades? 
¿No sería lo correcto que el Tribunal de Justicia de la UE fuera competente para pronunciarse sobre los recursos que pudieran plantear dichas entidades constitucionales y que éstas estuvieran legitimadas en los Tratados para defender sus intereses ante la jurisdicción europea? 
Pregunta nº 10 formulada por (H-0547/01): 
Asunto: Reconocimiento de competencias políticas y legislativas de las nacionalidades y regiones constitucionales ¿Qué propuestas presentará el Consejo para que en la reforma de los Tratados prevista para 2004 se reconozcan y se respeten los poderes políticos y legislativos de las entidades internas de los Estados miembros (nacionalidades, Estados federados, Comunidades Autónomas, regiones constitucionales) en sus relaciones ejecutivas, legislativas y judiciales con las instituciones de la Unión Europea? 
Señora Secretaria de Estado, y si me lo permite, estimada Annemie, y ahora voy a jugar con el idioma diciendo: no nos debemos llamar Liesbeth unos a otros; quiero decir que, naturalmente, comprendo que está hablando en nombre el Consejo. 
Pero nosotros, los diez miembros AELC del Parlamento que estamos presentes hoy queremos, por supuesto, darle un impulso hacia adelante a todo el proceso regional de la construcción de Europa porque todos somos miembros del Parlamento pertenecientes a regiones que están a favor de la construcción de Europa. 
Y lo que tememos es que si a las regiones constitucionales no se les permite participar en el proceso de toma de decisiones, poco a poco se irá creando un ambiente de rechazo a Europa en estas regiones, porque sentirán que no se las toma en cuenta. 
Por ello le quiero preguntar, como Presidente belga y como motor del debate que ahora comienza, cómo va a intentar que esas regiones participen realmente en el proceso de toma de decisiones y cómo va a hacer para que el Consejo se manifieste sobre esta cuestión de aquí a algunos meses. 
. (NL) Excúseme estimado Bart, señor Presidente, aún no conozco los procedimientos perfectamente. 
Yo pensaba que recibiría todas las preguntas complementarias y que, a continuación, daría una respuesta complementaria global. 
Pero su alegato en favor de las regiones constitucionales, naturalmente, no va a caer en saco roto. 
En una vida política anterior yo misma he sido ministra del Gobierno de una de esas regiones constitucionales, así que esta cuestión goza de todas mis simpatías. 
Sin duda, usted ha estado escuchando atentamente a nuestro primer ministro, por tanto usted puede- y ahora estoy hablando en mi propio nombre y en el de Bélgica- contar con que haremos todo lo que podamos para poner sobre el tapete esta cuestión. Pero aun hay otros catorce Estados miembros; por ello es importante que las regiones constitucionales "afinen cuidadosamente sus violines", armonizándolos entre ellos. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, esta mañana hemos oído al Primer Ministro belga. 
Convengo con lo fundamental de su claro e inteligente discurso. 
Espero que en el horizonte del Consejo de Laeken su acción sirva para superar el fracaso irreversible de la Conferencia de Niza. 
Pero debo decir que en aquel discurso, como en la respuesta que acaba de darse a nuestras preguntas, y que agradezco, he echado de menos una referencia explícita al reconocimiento político de la diversidad nacional y cultural que, aparte de los Estados, constituye un elemento fundamental del carácter europeo. 
Dentro de dicha diversidad, las naciones sin Estado que nosotros representamos tienen incluso razones históricas y lingüísticas, así como dimensiones demográficas y económicas que son equiparables a las de los Estados miembros. 
Queremos que nuestra realidad política, cívica y democrática y las competencias ejecutivas, legislativas y judiciales que nos distinguen sean reconocidas en la participación del Consejo Europeo, como también reconocemos que deben participar Estados federados, Länder y regiones constitucionales que tengan otro carácter, pero competencias semejantes. 
Queremos que se incluya esa realidad en la declaración de Laeken y en la futura Constitución. 
Pretendemos, en todo caso, que nuestros gobiernos y nuestros parlamentos estén presentes en la convención que elaborará las propuestas para la constitución de la Unión Europea. 
Nuestro Primer Ministro y Presidente en ejercicio del Consejo no podía mencionar, en su presentación, todos los aspectos de la realidad de la Unión Europea que le interesan, pero puedo decirle que la salvaguardia y el despliegue, el desarrollo de la diversidad cultural- y, por otra parte, también la diversidad lingüística- son a su juicio, como al mío y, creo, a juicio de todos, valores absolutamente fundamentales. 
Este interés en la salvaguardia de la diversidad cultural se expresará sin duda alguna, probablemente, en la primera sección de la Declaración de Laeken, en donde se tratarán los principios y los valores que tenemos en común. 
Por tanto, puedo asegurarles que la diversidad cultural y la preocupación de la diversidad cultural se considerarán sin duda alguna como uno de los principios de base de la Unión Europea, un principio al que concedemos suma importancia. 
Señor Presidente, le agradezco concederme el turno de palabra. 
Es la primera vez que tengo la posibilidad de expresarme aquí, puesto que su Asamblea verificó mis credenciales el pasado lunes. 
Recuerdo que sucedo al diputado vasco Gorka Knörr que fue elegido diputado ante el Parlamento vasco el 13 de mayo pasado y ahora es vicepresidente. 
Señora Ministra, yo mismo soy catalán, catalán de Rosellón, es decir, nacional francés y me presenté en una lista de coalición en el Estado español, una coalición vasco-catalana. Esta es la razón por la que yo, el catalán, sucedo a Gorka Knörr, el vasco. 
Cataluña, como usted lo sabe, señora, es, yo diría, más que una región. 
Es una nación, una nación que siempre ha defendido con coraje la libertad y siempre se ha preocupado por los valores de solidaridad. 
Cataluña es una nación profundamente eurófila y hoy esta nación tiene dificultades para encontrar su lugar en esta institución. 
No puede quedarse satisfecha con el lugar improvisado que se le concedió en el Comité de las Regiones. Comité cuyos poderes son, como usted sabe, sumamente limitados. 
Esa es la razón por la que, conociendo su situación y su historia, esperaba y espero, que su Presidencia pueda hacer avanzar este expediente, no solamente el expediente de Cataluña, sino también el expediente de todas las demás naciones sin Estado. 
- (FR) Ante todo, yo también quisiera felicitar al Sr. Mayol por su llegada a esta Asamblea. 
Puedo hablar por experiencia. 
Sr. Mayor, va usted a ver que se trata de un mandato absolutamente extraordinario, que merece totalmente la pena. 
Por tanto, le deseo años fructíferos, agradables e interesantes. 
Ciertamente va a tener que trabajar mucho, pero algo me dice que eso no le da miedo. 
Por tanto, ¡enhorabuena! 
Cataluña, la conozco en todo caso un poco. 
No hablo catalán, pero lo comprendo, lo que ya es algo. 
El problema que se plantea es evidentemente más complejo todavía que el de las regiones constitucionales en el interior de las fronteras de un solo país. 
Usted habla de una nación que se encuentra a caballo- si puedo expresarme de manera tan impertinente, hay que decirlo- sobre dos países que aprecian mucho, ambos, su integridad territorial. 
Le dejo la responsabilidad de las perspectivas que usted ha abierto. 
En cambio, estoy totalmente de acuerdo con usted cuando subraya que los catalanes aman a su nación, su lengua y su cultura, pero al mismo tiempo son muy europeos, muy abiertos al mundo exterior. 
Sepa que no ignoramos de ninguna manera que el Ministro Presidente de la Cataluña española fue uno de los primeros en lanzar el movimiento de las regiones constitucionales. 
Conociéndole- y le conozco bien- le tengo confianza: este movimiento ciertamente no va a detenerse y, en la medida en que no se detenga, será conducido con habilidad, el Sr. Pujol y los demás ministros-presidentes no dejarán de hacerlo. 
En esta medida, creo que el debate avanzará en la buena dirección en el curso de los años futuros. 
La Presidenta en ejercicio del Consejo es muy receptiva a las observaciones que estamos formulando, pero sus colegas del Consejo dicen, en general, muy poco sobre la subsidiariedad que nos guste. 
Es el tipo de cosa que hace reconocer a una parte cada vez mayor de la población de Escocia que la de ser un Estado miembro es una idea mucho mejor que la de ser una región constitucional. 
Sin embargo, así las cosas, quisiera preguntar a la Presidenta en ejercicio si estaría dispuesta a examinar con sus colegas la rareza de la estructura del Comité de las Regiones, que, en lugar de representar las regiones en función de su tamaño, representa los Estados conforme a una proporcionalidad digresivo Dinamarca, que ya es un Estado miembro, tiene el doble de miembros en el Comité de las Regiones que Escocia. 
¡Incluso Luxemburgo tiene más! 
No conozco profundamente la diferencia entre las regiones de Luxemburgo, pero me atrevo a decir que son menos que las existentes entre las regiones de Escocia. 
El debate se está complicando más con cada intervención y, como comprenderán Sus Señorías, no puedo ocuparme de esa cuestión. 
Sin embargo, sí que sé que en el Comité de las Regiones a los representantes de municipios, ciudades, provincias y regiones constitucionales les resulta cada vez más difícil crear una plataforma común a partir de la cual desarrollar su acción. 
El Presidente de la Asamblea de Escocia es uno de mis grandes y queridos amigos, por lo que conozco los problemas a que se ha referido su Señoría. 
Sin embargo, no puedo dar una respuesta detallada a sus muy precisas preguntas. 
Creo que el tema de la subsidiariedad y de su significado en la práctica ocupa un lugar primordial en el todo el debate sobre el futuro de Europa, no sólo en lo que respecta a los derechos de las naciones y las regiones dentro de los Estados miembros, sino también en lo que respecta a la ciudadanía. 
Represento a Gales, que dispone de una nueva asamblea nacional, desde hace tan sólo dos años. 
Se trata de un organismo en desarrollo que desea tener un papel pleno en la Unión Europea y establecer unos lazos fuertes con la misma, así como ayudar a construir la Europa del futuro. 
¿Está de acuerdo la Sra. ministra en que la participación de este nivel regional de gobierno es crucial para el desarrollo de la ciudadanía europea y para acercar más Europa a los ciudadanos, un problema con el que todos estamos familiarizados en nuestras circunscripciones? 
Si esto es algo que se debe hacer a nivel europeo para acercar más Europa a los ciudadanos, ¿cómo se reflejará en el trabajo del Consejo? 
. 
(EN) Como ustedes pueden apreciar, este es un debate real. 
En mi primera respuesta dije todo lo que podía decir como Presidenta en ejercicio. 
El resto es en gran parte mi punto de vista personal como miembro del Gobierno belga. 
Espero que ustedes hagan la distinción, sobre todo porque éste es ahora un debate más espontáneo, lo cual me gusta mucho. 
Creo que la subsidiariedad es un concepto muy importante, pero también muy complicado, porque no es muy preciso. 
En el protocolo del Tratado de Amsterdam está definido con mayor precisión que anteriormente, y es perfectamente utilizable. 
Los niveles local e intermedio son esenciales para tender puentes entre los ciudadanos y las administraciones. 
Dichos niveles y administraciones pueden desempeñar un papel muy importante. 
A la luz de la evolución reciente, por ejemplo en Dinamarca e Irlanda, ha aumentado la concienciación al respecto y se tendrá más en cuenta de lo que se tuvo quizá en el pasado. 
El anexo IV del Tratado de Niza contiene una declaración en la que se pide un debate más amplio y profundo sobre el futuro desarrollo de la UE. 
También se reconoce, lo que es importante, la necesidad de mejorar y controlar la legitimidad democrática y la transparencia de la Unión y de sus instituciones. 
En diciembre de 2001, la Presidencia belga concluirá con una contribución a este debate en la Declaración de Laeken. 
¿Reconocerá dicha declaración que una mayor democratización del proceso europeo de toma de decisiones exige una reforma más radical, con una atribución del poder legislativo a dos cámaras: el Parlamento Europeo y un Consejo reformado que absorbería algunos aspectos del actual Comité de las Regiones y reforzaría notablemente el papel de las regiones constitucionales? 
. 
(EN) Debo limitar mi respuesta a recordarle que la Declaración de Laeken se ocupará más de plantear las preguntas correctas e indicar las direcciones a seguir que de ofrecer fórmulas y respuestas definitivas. 
Es de esperar que sea sólo el comienzo de unos preparativos más formales de la CIG. 
Ahora mismo, cualquier respuesta a su pregunta sería prematura. 
Todo lo que puedo decirle es que somos muy conscientes de todos esos aspectos, y que no somos los únicos que lo somos. 
Me sorprendería mucho que no se abordara el tema en forma de pregunta. 
Pero no esperen respuestas todavía; es demasiado pronto. 
Señor Presidente, Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, los Gobiernos belga, austríaco y alemán incluyeron la declaración nº 54 en el Tratado de Amsterdam para referirse, precisamente, a la incidencia que tienen las cuestiones europeas en los entes internos de los Estados, sobre todo en las regiones con competencias exclusivas. 
Las instituciones europeas, y sobre todo el Consejo, toman constantemente decisiones que, a veces, invaden las competencias de estas regiones constitucionales o regiones con competencias legislativas en Europa. 
Se producen conflictos de competencia y, en este sentido, quiero pedir la opinión del Gobierno belga respecto a la posibilidad de que estas regiones con competencias legislativas exclusivas puedan estar legitimadas para plantear recursos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Pido, asimismo, su opinión respecto a la capacidad del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para entender de estos conflictos de competencias entre la Unión y las regiones con competencia legislativa. 
- (FR) Señoría, esto es lo que puedo decirle a manera de respuesta en lo relativo a la manera en que organizamos nuestros trabajos: sin duda alguna, usted sabe que precisamente en virtud del protocolo al que hizo referencia, un determinado número de Consejos de Ministros van a ser presididos por los ministros de gobiernos regionales y/o comunitarios. 
Esto ya se ha hecho en el caso del Consejo informal sobre turismo que tuvo lugar el pasado fin de semana en Brujas, y se repetirá entre otros, en el caso del Consejo de educación, el Consejo sobre la investigación científica y otros más todavía. 
De este modo, puede usted observar cómo resolvemos este tipo de cuestión. 
En lo relativo a un posible acceso al Tribunal de Justicia, sé que se trata de una petición de las regiones constitucionales. 
A veces tengo la impertinencia de preguntarme si están efectivamente conscientes del alcance y las posibles consecuencias de una respuesta positiva a sus preguntas. 
Lo señaló usted mismo, si las regiones tuvieran directamente acceso al Tribunal de Justicia en caso de litigio relativo a las competencias, me parece casi inevitable que el Tribunal tenga un día u otro que pronunciarse sobre la planificación constitucional interior de los propios Estados miembros. 
No me es posible responder a su pregunta. La cuestión es sumamente delicada, muy controvertida. 
Una respuesta sería totalmente prematura. 
Sin embargo, le pediría, si me lo permite, ahondar en la reflexión que acabo de sugerirle. 
Señor Presidente, quisiera dejar constancia ante la Presidenta en ejercicio del Consejo que no en todos los Estados se permite que los gobiernos de las regiones constitucionales puedan participar en las reuniones del Consejo de Ministros y, por tanto, estamos en indefensión, como ocurre en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Creo que este es un verdadero problema que tiene Europa y que debemos abordar. 
No podemos estar tomando decisiones en los foros europeos sobre competencias que las leyes atribuyen a regiones que no están presentes para defenderlas. 
- (FR) Como observación final, simplemente quisiera decir que es un reglamento que pusimos a punto en Bélgica entre Gobiernos belgas y gobiernos con una s, cada vez gobiernos en plural. 
Permítame remitirle a sus gobiernos, es ahí que, a mi juicio, debe resolverse en primer lugar este tipo de cuestión. 
Señor Presidente, no represento a ninguna región, sino que, como usted sabe, represento a los pensionistas de Italia y de Europa. 
Sin embargo, antes de formular la pregunta, quisiera expresar mi admiración al Presidente del Consejo por su disponibilidad a la hora de responder tan exhaustivamente a todas las preguntas que se le han formulado. 
He seguido a la Presidencia sueca y me he quedado helado por la frialdad sueca al contestar casi siempre: no es de mi competencia. 
Por lo tanto, tras haber escuchado al Presidente de Bélgica esta mañana, estoy verdaderamente satisfecho por su apertura en lo que a las personas mayores se refiere y estoy realmente satisfecho por haber comprobado el empeño concreto de la Presidencia belga en responder a todas las preguntas, a pesar de ser muy difíciles. 
He agotado el tiempo a mi disposición y, en consecuencia, no puedo presentar la pregunta complementaria: lo haré en otra ocasión. 
Señor Presidente, he dicho a la Presidenta que queremos el reconocimiento de nuestra realidad nacional y de nuestras competencias constitucionales. 
Quiero decirle que esa realidad forma parte de la diversidad europea, pero no es sólo un título que conservar, sino también una fuerte realidad política de mi país, Galicia, que debe ser reconocida plenamente como la de los Estados de la Unión Europea sin fronteras que todos compartimos. 
Pregunta nº 11 formulada por (H-0545/01): 
Asunto: Acceso del público a los documentos del Consejo Ahora que el Consejo ha adoptado la propuesta de la Comisión, ¿cuál es el calendario y el procedimiento para que el público empiece a acceder a los documentos del Consejo? 
. (NL) A la pregunta del Sr. Newton Dunn puedo responder lo siguiente. 
En primer lugar: el Consejo está satisfecho con los avances en materia de apertura y transparencia que se han conseguido desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y, en particular, con la adopción del Reglamento (CE) nr. 1049/2001 sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
El Consejo quiere llamar la atención del Sr. Diputado sobre el hecho de que el Reglamento (CE) 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo del 30 de mayo de 2001 sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, conforme al artículo 19, no será de aplicación hasta el 3 de diciembre de 2001. 
Hasta entonces, las peticiones del público para consultar documentos del Consejo se tramitarán del modo como se ha hecho hasta ahora, según lo estipulado en la Decisión 93/731/CE del Consejo sobre el acceso del público a los documentos del Consejo. 
Cada uno de los tres organismos deberá, por tanto, tomar las medidas oportunas para que el reglamento se aplique de hecho a partir del 3 de diciembre de 2001. 
Según el artículo 15 deberán crear conjuntamente un comité interinstitucional cuyas funciones serán determinar cuál es la mejor forma de llevar el reglamento a la práctica, tratar eventuales diferencias y discutir el proceso en el futuro del acceso del público a los documentos. 
Por lo que respecta al Consejo, en estos momentos los órganos competentes están examinando qué medidas se deben adoptar para poner en práctica los derechos de que disfrutan los ciudadanos en virtud del nuevo reglamento. 
A todo esto puedo añadir, estimado colega, que la Presidencia tiene la ambición, si es que es posible, de cerrar todos los acuerdos antes de la entrada en vigor de este reglamento; pero una vez más, eso no lo podemos llevar a cabo nosotros solos, y espero que encontremos el apoyo necesario para ello. 
He de decir que creo que muchos miembros pensarán que un plazo de seis meses es tremendamente decepcionante, pero es grato escuchar algo positivo. 
¿Puede indicarnos cuáles son los posibles obstáculos? 
¿Va alguien a presentar un veto a esta fecha del 3 de diciembre o nos puede usted garantizar que realmente va a suceder? 
¿No irá usted a decirnos al final de la Presidencia belga: "siento mucho que se haya escapado, alguien se ha puesto en medio"? 
¿Puede garantizar que va a suceder o va alguien a presentar un veto? 
. 
(EN) Me temo que no puedo garantizarlo. 
Tendría poderes mágicos si pudiera. 
Lo único que puedo decirle es que haremos todo lo que podamos. 
Retomaremos el trabajo donde se quedó para procurar que la directiva entre en vigor en la fecha fijada, el 3 de diciembre de 2001. 
Pregunta nº 12 formulada por (H-0550/01): 
Asunto: Igualdad de trato en relación con las ayudas a la adhesión para Turquía En la Cumbre de Helsinki celebrada en diciembre de 1999 se decidió que Turquía era un país candidato a la adhesión en las mismas condiciones que los otros doce candidatos. 
Por consiguiente, se prometió a este país que se beneficiaría de ciertas ayudas durante el proceso que implican las negociaciones de adhesión, a menudo largo y complejo. 
Entre las actuales modalidades de ayuda destinadas a todos los países candidatos se encuentran fondos como ISPA y SAPARD. 
Sin embargo, Turquía no se ha beneficiado de estos fondos. 
Las ayudas que se le prometieron en Helsinki le han sido negadas, lo que se ha justificado por la falta de recursos financieros por parte de la UE. 
¿No ha llegado el momento de que el Consejo garantice el cumplimiento de las decisiones adoptadas en Helsinki en el sentido de que se dará a Turquía el mismo trato que a los restantes países candidatos, de modo que el país pueda beneficiarse de las ayudas prometidas, sobre todo a la vista de la reciente decisión de la Comisión de devolver 11.600.000 millones de euros a los Estados miembros? 
- (FR) El Consejo Europeo de Helsinki que decidió conceder a Turquía el estatuto de candidato a la adhesión pidió a la Comisión que presentara un marco único para la ayuda financiera de la Unión a este país para el período previo a la adhesión. 
La Comisión presentó su propuesta al Consejo el pasado 27 de abril. 
Esta propuesta de marco financiero único tiene como principal objetivo garantizar la asignación de una ayuda financiera según las prioridades fijadas por la asociación para la adhesión y reunir los instrumentos existentes en un solo instrumento con vistas a optimar la eficacia. 
El Consejo Europeo de Gotemburgo, que señaló claramente que la asociación para la adhesión es la piedra angular de la estrategia previa a la adhesión, pidió al Consejo que adoptara este marco financiero único de aquí a finales de 2001. 
El Consejo inició el procedimiento de consulta del Parlamento Europeo y pide a éste dar su opinión en el mejor plazo posible. 
Por lo que respecta a los fondos ISPA y SAPAR a los que se refiere el Sr. Diputado, se trata de ayudas estructurales y de ayudas para el desarrollo agrícola, que se conceden exclusivamente a países candidatos de la Europa central y de la Europa oriental como compensación a las necesidades especiales de sus economías en fase de cambio. 
No obstante, esto no significa, estimados colegas, que Turquía haya perdido las ayudas prometidas en Helsinki. Al contrario. 
Las ayudas financieras previas a la adhesión para Turquía se han doblado en los años 2000 y 2001 con respecto a los importes medios que se concedieron anualmente en el periodo 1996-1999. 
Teniendo en cuenta los procedimientos habituales de elaboración de presupuestos, el objetivo debiera ser el de continuar con estas ayudas durante la parte restante de las perspectivas financieras actuales. Usted sabe que se trata del periodo hasta 2006, lo cual vale para todos los países candidatos. 
Por lo demás quisiera hacer observar que los presupuestos generales de la Unión Europea contienen un nuevo capítulo, titulado "Estrategia de preadhesión para Turquía", en el cual se aumentan los medios a tal respecto. 
Esta línea presupuestaria contiene en un mismo apartado diversos medios presupuestarios gracias a los cuales los programas de ayuda para Turquía se podrán desarrollar con mayor eficacia. 
Tal como usted sabe, el Parlamento Europeo ha aprobado este planteamiento en su dictamen sobre el reglamento marco para Turquía. 
Doy las gracias a la Presidencia belga por su respuesta y doy la bienvenida a este país, que ejercerá la Presidencia del Consejo de Ministros de la Unión Europea después de la Presidencia sueca. 
Muchos de nosotros- entre los que me incluyo- consideramos a Bélgica como nuestro segundo país, ya que vivimos en Bruselas durante los días de semana y en casa, en mi caso en Suecia, los fines de semana. 
Quiero referirme a Turquía. 
Es evidente que allí no se ha entendido por qué los países de Europa Central y del Este se benefician de ISPA y de los fondos SAPARD y no ellos. 
¿No son suficientemente claras las reglas que atañen a Turquía? 
En Turquía existe la sensación de que quieren ser tratados con justicia. 
Me gustaría aconsejarle que aclarase por qué no se consideró a Turquía en esos fondos. 
. 
(EN) Quisiera dar las gracias a Su Señoría por sus amables palabras y expresar mi gratitud a la Presidencia sueca, con la que he disfrutado de una colaboración sumamente agradable y fructífera durante los últimos seis meses. 
Pregunta nº 13 formulada por (H-0553/01): 
Asunto: Presidencia belga y mujeres del Afganistán Teniendo en cuenta las condiciones infrahumanas en las que sobreviven más de 11 millones de mujeres en el Afganistán, ¿estaría dispuesto el Consejo a impulsar la creación de una Comisión Internacional sobre el Afganistán en coordinación con las Naciones Unidas? 
- (FR) Señora Izquierdo Rojo, fuimos compañeras en la Comisión de Asuntos Institucionales en el curso de la anterior legislatura. 
Por tanto, es un gran placer para mí poder responder a la pregunta tan atinada que ha formulado. 
Como se señaló en les respuestas anteriores a las preguntas sobre el mismo tema, el Consejo comparte totalmente las preocupaciones de la señora diputada relativas a la desastrosa situación en la que se encuentran amplias capas de la población afgana, y muy especialmente la desastrosa situación que experimentan las mujeres y los niños. 
Habida cuenta de las dificultades en el Afganistán tanto en el plano humanitario como político, debido especialmente a la actitud negativa en la que persisten los talibán, tanto con respecto a la ONU como a las mujeres, el Consejo no está totalmente convencido de que la creación de una Comisión Internacional sobre el Afganistán, en coordinación con las Naciones Unidas, tendría la capacidad de mejorar realmente la situación de las mujeres sobre el terreno. 
No obstante, el Consejo examinará con atención las ventajas e inconvenientes que podrían derivarse de la creación de dicha comisión, habida cuenta de que esta cuestión se planteará en el marco de la ONU, siempre y cuando se hayan estudiado minuciosamente las modalidades de tal propuesta. 
Entre tanto, el Consejo continuará las acciones que ha definido para ayudar a las mujeres afganas. 
A este respecto, el Consejo remite igualmente a la señora diputada a las respuestas que ya dio a preguntas anteriores sobre el mismo tema. 
Se trata precisamente de las preguntas H-0032/01, H-0052/01, H-0170/01, H-0088/01 y, más recientemente, la pregunta H-0481/01. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, le agradezco esta contestación y, como pregunta complementaria, quisiera saber si aprueba usted que se ejerzan presiones internacionales tanto contra el régimen de los talibanes como contra los Estados que lo apoyan, específicamente contra Arabia Saudí, el Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos. 
¿Está usted dispuesta a trabajar durante la Presidencia belga para que, realmente, se produzcan avances respecto a esta situación desastrosa? 
- (FR) Mi respuesta se refería naturalmente a su pregunta precisa relativa a una Comisión Internacional. 
En lo que respecta a las presiones internacionales, sanciones y embargos decretados en relación con el Afganistán, queda claramente de manifiesto que el Consejo opina que es preciso mantenerlas, fortalecerlas, en toda la medida de lo posible, porque se trata de un régimen absolutamente inhumano. 
Pregunta nº 14 formulada por (H-0555/01): 
Asunto: Participación de las autoridades competentes en los debates sobre la reglamentación de la medicina A la vista de la evidente disolución del Consejo consultivo sobre formación médica, ¿adoptará el Consejo medidas de urgencia para asegurar que las autoridades competentes de los Estados miembros, incluido el Consejo Médico de Irlanda, puedan aportar contribuciones o formular comentarios sobre los cambios previstos o ya en marcha en lo relativo a la reglamentación de la medicina en los Estados miembros, que incluye cuestiones tales como la libre circulación de médicos y de formación? 
. 
(EN) Tal como usted señala, se ha iniciado el debate sobre la función de algunos comités consultivos. 
El 19 de julio de 1999 la Comisión presentó al Consejo una propuesta de decisión con el objeto de suprimir el comité consultivo sobre formación médica del Consejo, junto con algunos otros comités consultivos establecidos en relación con las directivas sectoriales de médicos, dentistas, veterinarios, farmacéuticos, enfermeras de cuidados generales y comadronas. 
El objetivo de la Comisión era simplificar el sistema de comités. 
El Consejo ha mantenido algunas conversaciones sobre la propuesta, pero aún no ha llegado a ninguna conclusión. 
Aparte del examen de la propuesta, el Consejo no ha previsto ninguna otra medida del tipo de las indicadas en la pregunta. 
Quiero agradecer a la Presidenta en ejercicio que esté dispuesta a sobrepasar el tiempo y a aceptar más preguntas. 
Le deseo lo mejor para su Presidencia y espero que su relación con los diputados sea tan abierta y franca como lo ha sido esta tarde. 
Por lo que respecta concretamente a mi pregunta suplementaria, existe una gran preocupación acerca de los consejos médicos en los Estados miembros y, en particular, en mi propio país, Irlanda, por lo que se refiere a garantizar unos niveles mínimos de formación y cualificación de los médicos y otros profesionales del sector. 
Según avanzamos hacia la ampliación de la Unión Europea, con la adhesión de nuevos Estados miembros, y extendemos las posibilidades que ofrece la libertad de circulación a otros países que no son candidatos a la adhesión para hacer frente a los déficits de personal médico de un lado a otro de la Unión Europea, consideramos que en cada proceso de consulta se deben incluir expertos en este campo procedentes de los actuales Estados miembros. 
. 
(EN) He tomado nota de sus observaciones. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 15 a 26 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.40 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Ayuda macrofinanciera en favor de Yugoslavia 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores recomiendo al Pleno que dé su voto favorable a la propuesta de resolución del Consejo para la República Federal de Yugoslavia, tal como se prevé en la propuesta originaria de la Comisión. 
Sabemos que en sectores presupuestarios del Consejo se realizan consideraciones que pretenden imponer limitaciones, pero en el momento político actual consideramos correcto que se aprueben las sumas tal como están previstas originariamente en la propuesta. 
Esto tiene un claro motivo: creo que después de que hemos mostrado claramente durante tanto tiempo que la ayuda de la Unión Europea estaba a disposición si la población en Serbia y Montenegro se sacudía la dictadura, deberíamos cumplir nuestra palabra. 
Precisamente tras los acontecimientos de los últimos días que han conducido a la salida y entrega de Milosevic al Tribunal de Justicia de la Haya, parece importante que como Parlamento Europeo y Unión Europea mostremos claramente por estos motivos internos que se van a entregar los fondos y que las personas que viven en un país así vean que merece la pena luchar por la democracia y los derechos humanos. 
Por ello, señor Comisario, se deben crear las condiciones previas para que esto ocurra lo más rápidamente posible y sé que es esta su intención. 
Esta ayuda macroeconómica no es una ayuda que vaya unida directamente a un programa sino que es una primera inyección que pretende contribuir a poner en marcha las cosas. 
En este contexto, se debería mostrar también que esta ayuda no debe depender de asuntos demasiado complicados. 
Les proponemos algunas modificaciones. 
Sin embargo, señor Comisario, creo que estas propuestas que apuntan a controles que exigen la participación también de otros donantes sin que consideremos esto como una condición, son posiciones que a la postre no conducen a impedir o retrasar la ayuda sino a aclarar que se fortalezcan las posibilidades de control y muestren al mismo tiempo claramente que queremos una ayuda rápida. 
Saben que esta Asamblea no ha creado dificultades cuando se trataba de solicitar la urgencia también para este campo y que bajo la participación también de otras comisiones, como la de Presupuestos y la de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, hemos mostrado nuestra disposición a llegar lo más rápidamente posible a las modificaciones correspondientes de conformidad con el procedimiento. 
Permítanme que les haga aún una observación política de carácter general: en los últimos años, hemos realizado siempre grandes disquisiciones teóricas sobre la evolución en la antigua Yugoslavia pero cuando se trataba de actuar, ya sea en el campo de la prevención y de la gestión civil de crisis o de empleo del potencial militar, casi siempre hemos llegado demasiado tarde. 
Siempre era la política de "demasiado poco, demasiado tarde" lo que nos ha colocado en la situación que estamos viendo actualmente en Macedonia. 
Este enfoque falso que nos obliga a la postre a unos sacrificios y prestaciones aún mayores por no actuar a tiempo ya que no hemos podido hacer realidad la idea de la prevención y de la gestión civil de crisis debido a la disgregación absoluta de las competencias que la comunidad internacional aplica en esta región, ha conducido a un gran fracaso político en amplios sectores. 
Con la puesta a disposición de estos fondos, queremos mostrar claramente que no radica en nosotros y que como Parlamento Europeo estamos dispuestos a hacer todo lo posible con la máxima rapidez, pero que esto es también un ruego a la Comisión y al Consejo para que en el futuro adopten de un modo diferente las necesarias decisiones políticas. 
Aún me acuerdo que hace dos meses se me criticó cuando hablé sobre la posibilidad de una guerra en Macedonia, lo que fue calificado como irresponsable ya que se niegan los hechos mientras se pueda pues se es demasiado cobarde para decir la verdad en casa a sus propios ciudadanos. 
Después será para todos demasiado caro y cuesta de nuevo vidas humanas. 
Por este motivo, instamos aquí para que se ayude con rapidez para que la paz, la democracia y los derechos humanos regresen a esta región. 
Efectivamente, ha sido un paso excepcional que Servia haya entregado a Milosevic al Tribunal Internacional. 
Han sido valerosos al dar este paso. 
En un intento anterior de arrestar a Milosevic, cuando aún residía en su propia vivienda, se vio que, por un lado la policía y, por otro lado el ejército, se encontraban enfrentados a este respecto. 
Por tanto, en cierto sentido, pienso que debemos mostrar respeto ante la manera de actuar del Sr. Djindjic, aunque posiblemente pudiera haber actuado con oportunismo. 
También estoy muy satisfecho de que hayamos podido expresar que la ayuda financiera será en función del alcance de los pasos que se den en la dirección hacia un Estado de derecho, incluyendo la cooperación con la Corte de Justicia. 
Esto, pienso yo, lo ha visto el Parlamento mejor que el Consejo, el cual no quería plantear la cuestión con demasiadas condiciones. 
Respecto a ese asunto hemos adoptado la misma opinión que los Estados Unidos, y creo que, en sí, ha sido un buen planteamiento. 
El Sr. Milosevic ha sido entregado por Servia y Yugoslavia. Yo diría que ahora se trata de esperar la colaboración de la misma comunidad internacional con el Tribunal Internacional. 
Ahora la SFOR deberá arrimar el hombro, porque la cooperación de la SFOR y las fuerzas políticas que la apoyan no se ha hecho ver hasta ahora, lo cual es extraordinariamente doloroso y vergonzoso. 
No se tendrá ni una razón de peso para quejarse si la SFOR no hace lo que debe en los territorios que se encuentran bajo su control, es decir arrestar a Karadzic y a Mladic. 
A ese respecto, deseo que el mensaje del Parlamento Europeo en esa materia llegue también hasta los oídos del Consejo y de todos aquellos dentro de la Naciones Unidas que también tienen la responsabilidad del modus operandi de la SFOR, de los cuales tenemos el pleno derecho de esperar que actúen. 
Recientemente nos hemos enterado, gracias a los buenos oficios del Sr. Korakas, de que en Europa no hay unanimidad a este respecto. 
Parece que la gran mayoría del Parlamento griego ha firmado una declaración en la que se lamenta enormemente de que Milosevic haya sido entregado a la llamada Corte de Justicia de La Haya. 
Señor Presidente, aun vamos a tener que hacer mucho más para reestablecer la unanimidad de valores con aquel Parlamento. 
Esto confirma que nuestra Unión encierra muchas diferencias en su interior. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, apoyo gustosamente la solicitud del colega Brok en lo referente a la aprobación de la ayuda financiera a Yugoslavia y, ante el elevado endeudamiento de este país, considero también como totalmente necesario que se conceda una ayuda por encima de la media, la media usual en la práctica. 
Apoyo aquí plenamente a la Comisión. 
Una condición de la cooperación, lo que se ha mencionado, es la cooperación con La Haya. 
Esta ha sido siempre la posición de esta Asamblea y también de nuestro Grupo. 
Sin duda, se ha logrado algo esencial con la entrega de Milosevic y aquí no hay nada que objetar. 
Se trata de una evolución positiva. 
También las evoluciones positivas pueden tener a veces un regusto amargo. 
En primer lugar: ha estado muy claro que Milosevic ha sido canjeado por el dinero de la Conferencia de países donantes y no tanto por la ayuda inmediata de la Unión Europea. 
No ha sido una imagen muy bonita, dos partes son las responsables y las que lo han exigido, pero también el Gobierno de Belgrado que al principio mostró demasiadas reticencias. 
En segundo lugar, es interesante que haya llegado la presión especial de los norteamericanos, quienes siguen rechazando que los tribunales internacionales de justicia sean competentes incluso para sus propios ciudadanos. 
Esto es interesante y la Unión Europea debería presionar a los norteamericanos para que reconozcan por fin los tribunales internacionales de justicia y su competencia para ciudadanos norteamericanos. 
En tercer lugar, la revisión de la propia historia no ha concluido con esto. 
Hay muchos, por ejemplo, aquellos que son responsables de la destrucción de Vucovar, que aún andan por ahí libres. 
Hay que proseguir esta revisión en Yugoslavia. 
En cuarto lugar, podría ser que el equilibrio a duras penas logrado en Yugoslavia se vea sometido a una dura prueba o incluso sea destruido. 
Quiero hacer una observación sobre el futuro de este país. 
En el curso de los meses y años pasados todos hemos visto con frecuencia que existía una estado de opinión negativo frente a Yugoslavia como tal. Pero Yugoslavia debe desempeñar un importante papel en la reconstrucción de la región y, gracias a Dios, de nuevo hay dirigentes responsables y razonables en este país que pueden llevarle por la vía correcta. 
Pero hay que ayudar a Yugoslavia también con paciencia a cumplir sus tareas en la región. 
Se trata de la vinculación de tres puntos que me parecen esenciales a mí y a mi Grupo. 
En primer lugar, la prosecución de la revisión interna sobre lo que ha pasado en Yugoslavia en los últimos decenios. 
En segundo lugar, la reconciliación con los vecinos. 
Precisamente aquí sería de ayuda la extradición de algunos criminales de guerra. 
En tercer lugar, y este es el último punto, sin duda la reconstrucción económica que tenemos que impulsar. 
Si vinculamos con éxito estos tres elementos entonces dentro de cinco a diez años podremos mirar hacia atrás y constatar que la política de la UE frente a Yugoslavia ha tenido éxito. 
Señor Presidente, señor Comisario, las relaciones financieras entre la Unión Europea y Yugoslavia son de un carácter especial. 
Durante largo tiempo no ha habido relación alguna. 
Después de octubre de 2000, la UE puso con rapidez 200 millones en concepto de ayuda de emergencia para Yugoslavia, lo cual es un ejemplo de que la UE también es capaz de ponerse en marcha rápida y eficientemente. 
La semana pasada la UE ha dejado ver su mejor cara en la Conferencia de Donantes. 
Ahora estamos tratando aquí, en el Parlamento, sobre ayudas macrofinancieras por valor de 300 millones para cubrir déficits presupuestarios, entre los cuales se encuentra un importante donativo de 120 millones. 
Por lo que a mí respecta, la ayuda sobre la que estamos tratando esta tarde es el cierre de un determinado periodo, el final del paso de la autocracia a la democracia. 
Es bueno y justo proporcionar estas ayudas, pero, por lo que a mí respecta, este tipo de ayudas es de tal carácter que se conceden una única vez. 
También es bueno indicar que existen condiciones especiales. 
Ahora procederé a señalar dos. 
A la aprobación y el empleo de estos dineros no se aplica ninguna condición especial, tal como el Sr. Brok ha dicho ya, pero sí se debe cooperar con el comité político y de seguridad, ya que la ayuda de la UE a Yugoslavia debe prestarse de un modo coherente. 
Lo mismo es de aplicación a la evaluación de tales ayudas. 
Después de estas ayudas macro financieras se deberá comprobar bien, particularmente en el área política, si este tipo de ayudas van a ser necesarias en el futuro. 
La conclusión de mi Grupo es que la UE debe ser rápida, eficiente y generosa en los momentos en que sea necesario y sensato desde el punto de vista político, lo cual consideramos de gran importancia. Poder traspasar dinero rápida y eficientemente, no tener miedo de abrir la marcha, no tener miedo de depender de otros donantes. 
La UE debe estar en condiciones de actuar rápida y eficientemente, independientemente de otros donantes, pero también de cambiar de estrategia rápida y eficientemente. 
Por ello, por lo que a mí respecta, apoyo este tipo de ayudas con la esperanza de que, probablemente, sea la última vez que se le tenga que conceder a Yugoslavia este tipo de ayudas. 
Señor Presidente, sobre este tema sólo puedo hablar en nombre de una mayoría de mi Grupo. 
Apoyamos la propuesta de la Comisión y el informe. 
Creo que no es necesario repetir aquí algunas observaciones críticas del colega Swoboda. Las comparto. 
Lo que ha dicho el colega Brok sobre la necesidad de una política de paz preventiva y de una gestión civil de crisis me obliga a dejar de lado mi concepto. 
Naturalmente, es cierto que hay que actuar con mucha más rapidez y concentración. 
Pero creo que también hay lados muy diferentes de una política de este tipo que son deficitarios. 
Señor ponente, usted dice en su enmienda nº 2, en mi opinión con toda razón, que la ayuda a Yugoslavia debe ir unida a una evolución democrática y a la cooperación con el Tribunal de Crímenes de Guerra en La Haya. 
Pero cuando al mismo tiempo se impone mediante el chantaje una violación de los principios del Estado de derecho, sobre todo, por parte de los EE.UU y también por parte del Canciller Federal alemán, entonces esta es una política que a la larga desacredita más bien de modo duradero una evolución democrática y de Estado de derecho. 
Veo tales contradicciones también en otros campos. 
Se ha mencionado a Macedonia. 
Durante muchos meses hemos hecho la corte y no hemos visto que se haya desarmado al UCK. 
La KFOR es culpable también de los acontecimientos en Macedonia y de los nuevos conflictos. 
Hemos tenido en Kosovo una política que quería impedir las limpiezas étnicas y actualmente tenemos unas limpiezas étnicas diferentes totalmente inaceptables como consecuencia de la guerra de la OTAN. 
Creo que una política preventiva y duradera de seguridad no es compatible con esto. 
Creo que ya es hora de abandonar una política que solamente refrena conflictos y mitiga daños a los que ella misma ha contribuido. 
Es hora de esperar y exigir la democracia y el Estado de derecho, la protección de las minorías y los derechos humanos no sólo del enemigo político, sino de practicarlas también allí donde se encuentran cruzados ante el camino los propios intereses de poder. 
Creo que la satisfactoria evolución en Yugoslavia ha llegado realmente lejos pero aún no se han producido modificaciones en la política de la OTAN y de la UE en este aspecto. 
Señor Presidente, se habla de ayudar a un país que hace dos años sufrió desastres terribles por los bombardeos de la OTAN, con la opinión conforme de la Unión Europea. 
En una reciente visita que realizamos a Yugoslavia algunos miembros del Parlamento serbio nos informaron de que sólo los daños materiales superan los 100.000 millones de dólares, sin calcular las pérdidas en vidas humanas y la catástrofe del medio ambiente, no sólo en Yugoslavia, sino en toda la Península Balcánica, por culpa de las decenas de miles de bombas de uranio empobrecido que arrojaron allí. 
Y ahora nos viene el Consejo y nos propone que demos a Yugoslavia una ayuda macroeconómica de la ridícula cantidad de unos cientos de millones; y está seguro de que dicha cantidad constituye las treinta monedas de plata de la traición para los vasallos de Belgrado, quienes de forma bochornosa, a pesar de la decisión contraria de los dos Parlamentos del país y del Tribunal Supremo Constitucional, han entregado al anterior Presidente de Yugoslavia, elegido democráticamente en cuatro elecciones, a un tribunal montado por orden de los Estados Unidos y de la OTAN para juzgar a cuantos se oponen al nuevo orden. 
El crimen básico de Milosevic es que no ha bajado la cabeza ante la OTAN. 
Otros, Toudjman, Izetbekovic, etc verdaderos criminales que sí que la han bajado, ahora son inocentes. 
Señor Presidente, la historia contestará. 
Y estoy seguro la decisión de hoy la va a considerar como uno de los peores momentos del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, Señorías, la situación cada vez más inestable en la que se encuentra el resto de la República de Yugoslavia así como, es preciso decirlo, el conjunto de los Balcanes, nos obliga a prolongar este año, y sin duda alguna a prolongar todavía por largo tiempo la ayuda que aportamos a los países de la región. 
Asimismo, esta situación nos obliga, debería obligarnos sobre todo a mirar frente a frente la realidad de nuestro fracaso, mirarlo de frente e interrogarnos sobre su causa. 
La causa es sencilla. 
La Unión Europea solamente fingió obedecer a una lógica de paz. 
En realidad, no hizo sino cubrir con un discurso humanitario una verdadera lógica de guerra, una guerra que satisfacía los intereses de varias potencias y apuntaba a destruir Yugoslavia, lo que por otra parte se hizo en unos años. 
Sin embargo, sólo un razonamiento geopolítico permitiría comprenderlo. 
No obstante, aunque sea el único medio de captar la realidad de las relaciones de fuerza entre las naciones, es decir la propia vía diplomática, nos obstinamos en rechazar el análisis geopolítico. 
Sin embargo, éste mostraría la verdad que salta a la vista, la de tres potencias que persiguen sus intereses convergentes en los Balcanes. 
Primero Alemania, que nunca ha dejado de darse cuenta de que, después de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, el conjunto yugoslavo se creó en parte contra sus intereses, por lo menos contra su expansionismo europeo; una Alemania que, desde que logró su reunificación en 1990, ha contribuido con creces a forzar el cerrojo serbio, su viejo enemigo, para recuperar sus aliados eslovenos y croatas, dos valiosos ribereños del Mediterráneo, dicho sea de paso. 
Asimismo, Turquía recuperó fácilmente la connivencia albanesa y su brazo armado, que es la UCK. 
Turquía, en cierto modo empujada por todo el mundo musulmán, ha reconquistado posiciones muy anteriores, muy antiguas en la Europa balcánica, y lo ha hecho, evidentemente, en contra de los intereses de Europa, pero en favor de los Estados Unidos que, como todo imperio, sabe muy bien que es preciso dividir para reinar. Estados Unidos tenía, y, tiene interés hoy día, en atizar conflictos muy antiguos, despertando viejas querellas en la que es preciso denominar una gran Turquía, que está instalándose en los Balcanes, con gran riesgo, puede comprenderse, para Grecia. 
En resumen, Europa ha trabajado contra ella y ésta es una señal adicional de su incapacidad, a mi juicio, para llevar a cabo una diplomacia racional. 
. Muchas gracias. 
Comprendo la pasión que el tema de los Balcanes, y específicamente Yugoslavia, suscita. 
Sin embargo, mi objetivo hoy aquí es algo más modesto. 
Es cierto que, partiendo de los acontecimientos de las últimas semanas, es necesario reaccionar ante ellos como Comunidad Europea, dando una señal de apoyo significativa a las autoridades yugoslavas y respaldando los esfuerzos de estabilización y reforma económica emprendidos en ese país. 
Aprecio especialmente los esfuerzos que ha hecho esta Cámara, y muy especialmente el presidente Brok. 
La aceleración del proceso ha sido compleja en las últimas semanas y ello hace difícil que las diferentes comisiones expresen sus puntos de vista sobre la propuesta que hoy planteamos. 
Como decía antes, nuestro objetivo es limitado. 
Importante, pero limitado, dada la difícil situación económica y financiera de Yugoslavia, que requiere que la comunidad internacional preste un apoyo financiero significativo. 
Las autoridades yugoslavas han puesto en marcha importantes planes de reforma económica, que han sido bien recogidos y bien aceptados por la comunidad internacional. 
Han hecho ustedes referencia al tema fundamental de la Conferencia de donantes. Es verdad que en esta Conferencia se ha respaldado el programa de transición y recuperación económica, elaborado en colaboración con el Banco Mundial y, también, en cooperación con la Comisión Europea. 
La buena noticia ha sido- y el Sr. Lange ha hecho referencia a ella- la existencia de fondos suficientes para financiar todo aquello que se pretendía. 
Incluso se han podido superar los 1.250 millones de dólares que estaban previstos como ayuda para Yugoslavia. 
¿Cuál está siendo la contribución de la Comunidad Europea en este momento? 
Estamos llevando a cabo nuestra cooperación a través de dos vías. 
Una primera vía de 230 millones de euros, en el año 2001, que es la ayuda comunitaria para la reconstrucción, la democracia y la estabilización en la zona, la denominada ayuda "CARDS". 
Pero, además de eso, hemos propuesto 300 millones de ayuda macrofinanciera con un objetivo muy concreto, que es la reducción del déficit de la balanza de pagos. 
Por supuesto, pretendemos extender el mandato que permite que Yugoslavia pueda acceder a los préstamos del BEI. 
Con esta finalidad, la Comisión hizo su propuesta, a la que ha hecho referencia el Sr. Brok, el 23 de mayo, intentando reaccionar, como él decía, rápidamente y conseguir del Consejo de Ministros una aceptación. 
Como él ha señalado también, en el Consejo de Ministros ha habido un cierto cambio, dando mayor peso a los préstamos y menor a las donaciones, cambio que, desde el punto de vista de la Comisión, no compartimos. 
Agradezco expresamente al Sr. Brok su apoyo a la posición de la Comisión. 
Sin embargo, estamos hablando de una propuesta de ayuda macrofinanciera. 
Y siempre que hemos llevado ha cabo este tipo de ayudas lo hemos hecho con ciertas condiciones en el marco de la Unión Europea y no creo que haya ningún argumento para cambiar el modelo. 
Estamos hablando de ayudas complementarias de las que ponen en marcha otras instituciones internacionales y donantes bilaterales, de ayudas que tienen como objetivo evitar las restricciones financieras externas que tiene este país. 
Eso quiere decir que trabajamos en colaboración con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. 
Estamos refiriéndonos al año 2001, aunque podrá plantearse en años futuros, pero, de momento, estamos hablando de las restricciones del 2001 y del año próximo. 
Este tipo de ayudas, como ustedes saben, están condicionadas por ciertas exigencias de política económica y se proponen dentro de un programa de stand by del Fondo Monentario Internacional por un año. 
Como decía antes, nuestra propuesta era de 120 millones de donación y 180 de préstamo, este último por 15 años en condiciones parecidas a las de los restantes países. 
El acuerdo básico en el Consejo ha reducido la donación a 75 millones, dejando el resto para préstamos. 
Consideramos que, dada la alta situación de endeudamiento de Yugoslavia y sus dificultades, y la coherencia con otro tipo de actualizaciones parecidas que hemos hecho en el pasado, la propuesta de la Comisión es coherente con nuestra práctica. 
Por eso, seguiremos insistiendo en el Consejo en que se aprueben las condiciones que hemos planteado. 
En el informe del Sr. Brok se plantean una serie de enmiendas; posteriormente, les facilitaré la nota para que les quede constancia, exactamente, de cuál es nuestra posición. 
Nuestro criterio sobre las enmiendas, expresado de forma muy rápida, es el siguiente: primero, que no es necesario incluir las referencias al "CARDS", en este caso concreto, dado que estamos hablando de otro tipo de ayudas, y no de la ayuda CARDS, que tiene una naturaleza distinta. 
Por eso, no nos parecen aceptables algunas enmiendas, como son la 1, la 11, la 15 y la 19. 
En segundo lugar, la condicionalidad política. 
La ayuda macrofinanciera no es el instrumento correcto para imponer la condicionalidad política. 
Por lo tanto, en cuanto a la enmienda 2, podemos aceptarla si se puede modificar su redacción. 
No nos plantean ningún problema las referencias a la asistencia que ya está llevando a cabo la Unión, la aprobación de los programas del Fondo, la reforma a la ayuda externa, los márgenes en el Fondo de Garantía y el paquete multianual de ayuda financiera para Yugoslavia; por eso, las enmiendas 3, 4, 8, 9 y 10 son aceptables. 
Nos plantea alguna dificultad mayor el problema de las referencias al reparto de la carga. 
No nos plantea problemas la enmienda 5, pero pretender condicionar el desembolso a lo que hagan otros donantes no es una condición ni un sistema que, normalmente, se introduzca en el caso de la ayuda macrofinanciera. 
Por eso, la enmienda 13, en su redacción específica actual, no sería aceptable. 
Un punto que han planteado ustedes es la referencia al carácter de asistencia excepcional. 
Por supuesto que tiene un carácter de asistencia excepcional. 
Por supuesto que tiene una naturaleza temporal. 
Y eso está ya reflejado en el texto. 
Por lo tanto, no nos parecen necesarias algunas referencias, como que no sobrepase el 2003. 
Yo no sé si será necesario que en el 2003 volvamos a tener que replantearnos el tema, pero decir ahora que en ningún caso vamos a hacer nada en el 2003 nos parece una posición no correcta. 
Como tampoco nos parece en la enmienda 7 necesario referirse doblemente al tema concesional y temporal. 
En cuanto a las consultas obligatorias con, digamos, órganos de naturaleza política, pensamos que el debate político se está produciendo ahora, se va a producir en el Consejo. 
Pero una vez definidas las condiciones, básicamente, tiene que ser el Comité Económico y Financiero el órgano adecuado para llevar a cabo el control de lo que, en realidad, vamos a hablar, que es la aplicación práctica de las propuestas. 
Por eso, pensamos que no es razonable otro tipo de condiciones como las que se establecen en las enmiendas 12, 14 y en la primera parte de la enmienda 16. 
Ustedes nos piden unos informes adicionales al Parlamento. 
Nos referimos a los informes que se plantean en las enmiendas 16, 18 y 19. 
El de la enmienda 19 podemos aceptarlo, si se refiere a informaciones del año anterior. 
Es muy difícil dar la información del mismo año si no son informaciones excesivamente retrasadas, pero la elaboración de informes generales adicionales, además del que ya presentamos todos los años, de ayuda macrofinanciera, pensamos que es una carga burocrática no necesaria. 
Sin embargo, sí entendemos que el Parlamento quiera controlar y saber qué es lo que está sucediendo con estos temas. 
Por eso sí estamos a su disposición para facilitarles la información sobre la puesta en marcha de esta ayuda, cada vez que el Parlamento nos la pida. 
Pero pensamos que es mucho mejor reaccionar a propuestas concretas que establecer este tipo de obligaciones formales, que no siempre tienen el interés necesario. 
Por último, algún comentario respecto a algunas fechas precisas que se establecen en cuanto a los límites para el primer y segundo desembolsos. 
Ustedes dicen que el primer desembolso debe hacerse antes del 31 de diciembre y el segundo antes del 30 de junio. 
Hay dos problemas. 
Un problema burocrático, administrativo: ¿llegaremos al 31 de diciembre? 
Esta no es la verdadera dificultad. 
La verdadera dificultad es que en el sistema de la ayuda macrofinanciera estamos trabajando con una condicionalidad de política económica y sólo en el caso de que se cumpla esa condicionalidad se podrán llevar a cabo estos desembolsos. 
Por supuesto, nuestro objetivo es el mismo que el suyo: llevar a cabo la ayuda cuanto antes, desembolsarla lo más rápidamente posible y en esa línea vamos a seguir trabajando con el Parlamento en absoluta sintonía. 
Por último, y para terminar, querría agradecer al Parlamento el apoyo a la propuesta de la Comisión respecto a la concesión de ayuda macrofinanciera a la República Federal de Yugoslavia. 
Espero que en el próximo Consejo podamos adoptar una respuesta que nos permita hacer frente con rapidez, como decía el Sr. Brok, a este importante reto y ser coherentes con nuestras propias posiciones de pasado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Proyectos de presupuesto rectificativos y suplementarios nº 3 y 4/2001 / Recursos propios de la Unión / Procedimiento de concertación (presupuesto) 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, esta tarde queremos mantener un debate conjunto sobre los tres informes elaborados y si miro alrededor mío sabemos todos de nosotros qué es lo que podemos decir, es decir, ninguna novedad. 
Incluso la Comisaria nos ha escuchado más de una vez, así pues, digámoslo ahora sencillamente que lo ha hecho para que figure en el acta. 
Nadie en la comisión ha cuestionado el presupuesto rectificativo y suplementario. 
Los puntos más importantes son: primero, dinero para 27 nuevos puestos en el campo de la investigación; segundo, el organigrama de la OLAF y el dinero necesario en la línea presupuestaria para el reclutamiento de nuevo personal; y tercero, más dinero del señalado por la Comisión para la ayuda a los Balcanes. 
Es decir, queremos más de 100 millones más. 
Esto se ha acordado así en la Comisión de Presupuestos con ayuda de todas y todos los colegas. 
Quiero expresar de nuevo aquí mi agradecimiento al colega Herbert Bösch por la solución respecto a OLAF. 
Se ha esforzado mucho personalmente para lograr este compromiso. 
El que el saldo del presupuesto 2000 arroje un excedente de 11.600 millones de euros es un motivo para el Parlamento para indicar de nuevo que la gestión presupuestaria es muy ahorrativa y para el Consejo es un motivo de júbilo. 
¿Pero de qué se trata en el informe sobre recursos propios y porqué existe en absoluto? 
Hemos adoptado la iniciativa como Parlamento y exigido al Consejo que antes de cualquier procedimiento presupuestario previo al proyecto de presupuesto de la Comisión, que hable con nosotros sobre la situación de los recursos propios de la Unión. 
He dicho hablar pero no codecidir. Creíamos que esto era una exigencia realmente moderada, pero ¡craso error! , el Consejo se niega y lo sigue haciendo esta tarde. 
Sencillamente, no escucha. 
Se niega incluso sólo a hablar con nosotros sobre los ingresos de la Unión Europea. 
Así pues, hemos examinado los recursos propios sin haber hablado con el Consejo al respecto. Lo que hemos constatado para el presupuesto 2001 no se diferencia de las tendencias que se mostraron en los años anteriores. 
Los recursos propios tradicionales y los recursos propios del IVA van perdiendo cada vez más importancia. 
Las transferencias de los Estados miembros según su proporción en el producto social bruto aumentan cada vez más. 
En total, el 98,3 % del presupuesto 2001 es cubierto por los ingresos propios. Esto representa el 1,06 % del producto social bruto, es decir, mucho menos que el límite superior de las previsiones financieras del 1,27 %. 
La evolución hacia el predominio de los recursos propios en el producto social bruto se puede observar con sentimientos encontrados. 
La evolución podría contribuir a una distribución más justa de las cargas entre los Estados miembros ya que el producto social bruto probablemente es el mejor indicador para medir el bienestar relativo de las economías de los Estados miembros. Si se mira con detalle, actualmente ocurre que algunos Estados miembros realizan el 22, 29 o incluso el 33% de sus pagos al presupuesto europeo de los recursos propios tradicionales, es decir, del dinero que pertenece ya hace mucho tiempo a la Unión Europea. 
En segundo lugar, la evolución modifica el carácter de los recursos propios en la UE, que se transforman de unos auténticos recursos propios en una especie de aportación de los Estados miembros. 
En tercer lugar, no establece sencillamente ninguna conexión visible entre la Unión y sus ciudadanas y ciudadanos. 
Esta mañana, cuando el Presidente belga del Consejo, el primer ministro belga Guy Verhofstadt, ha hablado, mi corazón se ha abierto de par en par pues también él cuestiona esta financiación indirecta de la Unión Europea. 
También él exige más transparencia. 
También él quiere que las ciudadanas y ciudadanos conozcan mejor la Unión Europea y aquí se incluye una financiación transparente. 
Queremos la autonomía financiera del nivel europeo y queremos trabajar ya ahora en este sentido. 
Queremos esta autonomía financiera junto y con los mismos derechos que el Consejo y queremos codecidir sobre ella. 
Queremos los mismos derechos en todos los casos, ser uno de los dos brazos de la autoridad presupuestaria, en todos los gastos y en todos los ingresos. 
Queremos la plena autonomía presupuestaria. 
Un impuesto europeo es quizás actualmente aún música de futuro pero la Presidencia belga del Consejo, el Presidente belga del Consejo, la ha exigido. 
El Ministro belga de Hacienda apoya esta exigencia e incluso el Ministro alemán de Hacienda no la ha rechazado sencillamente. 
Esto significa que un impuesto europeo, aunque aún sea quizás música de futuro, pero si no comenzamos ya a tocarla no podremos bailar a su ritmo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, como co-ponente junto con la colega Jutta Haug, lo he tenido algo más fácil con el presupuesto rectificativo y suplementario. 
Por ello, quiero felicitar expresamente a la ponente por el excelente trabajo realizado en lo que se refiere a ambos presupuestos. 
En lo que se refiere a mi campo, que tengo el honor de exponer aquí, se trata de prorrogar para el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones un puesto A7 y B5 y crear otro puesto A5 y A7 adicionales. 
Apoyo naturalmente esta idea plenamente pues se trata de un asunto muy serio ya que aquí se trata de la transformación... 
... del edificio Belliard. 
Radica también en interés del Parlamento Europeo que este edificio de Bruselas tenga de modo duradero un uso adecuado. 
Quiero destacar de un modo especialmente positivo el hecho de que las dos comisiones hayan puesto a disposición los fondos necesarios mediante ahorros en el sector del personal. Esto muestra que las dos comisiones han aplicado de modo excelente la voluntad de ahorro que hemos exigido de todas las instituciones. 
Por estos motivos, les recomiendo que aprueben las secciones VI y VII del presupuesto rectificativo y suplementario Nº III. 
Pero también quiero realizar algunas observaciones generales ya que he recibido del Grupo político algunos minutos para concluir mi parte como ponente. 
En primer lugar, me parece positivo que como Parlamento debatamos al mismo tiempo sobre dos presupuestos rectificativos y suplementarios. 
De este modo realizamos una aportación para ahorrar fondos fiscales y para impulsar las cosas en el sentido de una simplificación administrativa. 
Creo que esto merece también ser mencionado. 
Deseo constatar que en el lado de los ingresos del presupuesto 2000 el excedente de 11.500 millones de euros- a lo que se ha referido la Sra. Haug- muestra que existen aún algunos márgenes de actuación. 
Recuerdo los rituales- y en julio tendremos el honor de proseguir este ritual- sobre cómo peleamos por cada euro, cómo el Consejo cae de rodillas y nos achaca servirnos del cuerno de la abundancia. 
Al final, mediante una política presupuestaria seria de la Comisión y también bajo la continua previsión y con la ayuda del Parlamento, que se preocupa de que se actúe de un modo prudente con los créditos presupuestarios, surgen entretanto excedentes de tal clase que quizás podrían hacer innecesarios en el futuro algunos rituales. 
Sólo quiero mencionar al margen que los Ministros de Hacienda de los Estados miembros se alegran de obtener una sabrosa rebaja para el presupuesto en curso. Esto supondrá sin duda para nosotros el eterno agradecimiento de los Estados miembros. 
Quiero realizar también algunas observaciones sobre el tema de los recursos propios. 
Estimada colega Haug, según mis informaciones ya antes de mi tiempo, es decir, en abril de 1994, se debatió sobre un impuesto propio de la UE. 
En aquella ocasión ya se hizo música a cuyo ritmo nadie baila. 
Tampoco sé si es oportuno comenzar ahora a nivel europeo un debate sobre si nos debemos financiar mediante impuestos. 
Quiero decir muy claramente que primero tenemos que cumplir otras tareas. 
La tarea número 1 que Europa tiene atacar es la cuestión de la delimitación de las competencias.. 
Naturalmente, el ciudadano quiere saber también de qué es competente esta Europa y porqué existe una necesidad financiera. 
En un segundo paso, también tenemos que tratar cómo deben ser unas instituciones duraderas en esta Europa para poder ejecutar de modo democrático y transparente las tareas que se han transferido a Europa. 
Al final de este proceso habrá que decidir cómo se deben poner a disposición los créditos necesarios para cumplir estas tareas. 
Creo que si comenzamos así las cosas estaremos en la vía acertada. 
Quien hoy se pronuncie a favor de un impuesto europeo lo que va a lograr es más bien que las personas en Europa se asusten de lo que está pasando. 
No contribuye a lograr de modo duradero la aceptación entre las ciudadanas y ciudadanos en la Unión Europea. 
Para finalizar, quiero felicitar encarecidamente al colega Costa Neves ya que va a obtener a continuación la palabra, a quien le correspondió la difícil tarea establecer las perspectivas financieras para la concertación que va a tener lugar en breve con el Consejo. 
Aquí tenemos de nuevo algunos problemas para el próximo año. 
La Comisión de Presupuestos no se va pues a aburrir. 
Creo que el colega Costa Neves ha trabajado con la necesaria precaución y sabiduría para presentar a este respecto al contribuyente, a quien representamos aquí como parte de la autoridad presupuestaria, una propuesta seria. 
Me alegra que la socialdemocracia alemana mantenga una actitud muy abierta ante las propuestas provenientes de Baviera. 
Esto proporciona unas perspectivas totalmente nuevas también para el próximo año. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, se cumple ahora una etapa más con vistas a la aprobación en diciembre- esperamos- del presupuesto para el año 2002, proceso largo y complejo que, a partir de las propuestas de la Comisión Europea, busca el entendimiento entre el Consejo y el Parlamento Europeo, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria. 
Dicho entendimiento presupone respeto del marco reglamentario, de los acuerdos vigentes y entre las instituciones interesadas, teniendo en cuenta la representatividad de cada una de ellas y las prioridades que legítimamente han fijado. 
Así, pues, conviene atender a lo esencial de las posiciones de cada uno de los intervinientes so pena de que no sea posible acuerdo alguno. 
Subrayo que el informe en debate es una base para la negociación con las otras instituciones formulada a partir de las líneas de orientación que aprobamos en abril; no es la posición final del Parlamento Europeo en cuanto al presupuesto para 2002. 
Como base de negociación, no debe tratar de esferas en las que el Parlamento tiene la última palabra. 
Debe anticipar el debate de aspectos en que se presuponen posiciones más alejadas en cuanto a cuestiones respecto de las cuales el Consejo es quien tiene la última palabra. 
Así es en el caso de los gastos agrícolas, de la política de seguridad, de los acuerdos internacionales de pesca. 
Resulta del más elemental sentido común tratar también algunos otros aspectos decisivos, como el del nivel de pagos para el próximo año o del contenido del ritmo de la reforma de la Comisión. 
Así, pues, estamos- repito- en una fase de negociación. 
He de destacar lo que ha sido lo esencial de las posiciones del Parlamento Europeo y que, por lo demás, conocen todos Sus Señorías. 
En diciembre de 2000 se acordó con el Consejo la presentación por la Comisión, el 30 de junio del corriente año, a más tardar, un informe sobre la marcha de los trabajos respecto de un conjunto de materias encaminado a aumentar los niveles y la calidad de la ejecución presupuestaria, mejorar la articulación entre los procesos legislativos y el presupuestario, garantizar el éxito de la reforma de la Comisión. 
Eso quiere decir que es una prioridad del Parlamento atender a cuestiones cualitativas del presupuesto, atender a sus repercusiones, tomar nota, tener en cuenta la ejecución presupuestaria. 
La Comisión ha entregado ya el informe sobre la marcha de los trabajos, lo que constituye un motivo de satisfacción, y estamos seguros de que será tratado como el instrumento esencial que es y que empezamos ya a analizar. 
Por otro lado, en abril de este año el Parlamento Europeo aprobó sus líneas de orientación que indican como prioridades políticas las materias constantes del informe sobre la marcha de los trabajos a que acabo de referirme, así como la seguridad alimentaria y la confianza del consumidor, asociadas a una agricultura sostenible, la fijación de prioridades y la mejor ejecución de asignaciones en la política exterior y, de forma general, la mejor ejecución presupuestaria, aspectos muy concretos, como el e-learning, elemento esencial de la prioridad siempre concedida a las cuestiones relacionadas con el empleo y la inclusión social, el desarrollo de la política en materia de asilo e inmigración. 
En ese marco es lógica la preocupación por la rapidez en la satisfacción de compromisos mediante la pronta realización de los pagos y, simultáneamente, la reducción efectiva de pagos retrasados, la reducción de los RAL (restos por liquidar). 
Así, pues, se deben aprovechar al máximo las posibilidades de pago previstas en las Perspectivas Financieras y lo que queremos es respetar las perspectivas financieras relativas al año 2002 en el valor de 1,14 % del PNB combinado de los Estados miembros. 
Distingo también lo siguiente: la necesidad de una evaluación precisa, rigurosa y actualizada de la ejecución de la reforma de la Política Agraria Común, teniendo en cuenta, en particular, las consecuencias de las crisis de la EEB y de la fiebre aftosa y también una perspectiva con calendario para el futuro; el respeto de los compromisos de la Unión Europea contraídos en sucesivos Consejos Europeos, distinguiendo el de Lisboa en cuanto al empleo y la competitividad, el de Tampere en cuanto al asilo y la inmigración y el de Niza en cuanto a las consecuencias de la suspensión del acuerdo con Marruecos en materia de pesca; la aclaración de los gastos con la política exterior y de seguridad común, en particular en cuanto al reparto de atribuciones entre el Consejo y la Comisión; el respeto efectivo de los límites máximos de las Perspectivas Financieras también en la categoría 4, en los que se atenderán las prioridades clásicas del Parlamento Europeo ampliamente conocidas; la determinación precisa de los gastos resultantes del proceso de ampliación con incidencia particular en los gastos administrativos, es decir, en la categoría 5; por último, la consideración efectiva de las propuestas anteriormente formuladas por el Parlamento Europeo, en particular las relativas a acciones preparatorias y proyectos experimentales. 
Aquí me quedo, con la perspectiva de que el 20 de julio- fecha fijada para la reunión de conciliación- el espíritu positivo y constructivo que nos anima sea extensivo a todos los presentes. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a nuestro colega Costa Neves por la estrategia que ha explicado en nombre del Parlamento. Una señal clara de lo que el Parlamento quiere y de lo que no quiere. 
Desde la Comisión de Pesca puedo constatar que la Comisión Europea de Agricultura ha comprendido que el Parlamento quiere reservar una partida presupuestaria importante para la seguridad alimentaria y la lucha contra las enfermedades de los animales, pero, por lo que respecta a las directrices para la pesca tengo que constatar que parece que la Comisión viviera en otro planeta. 
Nada ha dicho sobre el problema de que, después del fracaso del acuerdo de pesca con Marruecos, se destina menos dinero para establecer otros acuerdos de pesca. 
Nada sobre los problemas que se han creado como consecuencia de lo anterior en zonas costeras vulnerables en España y Portugal. 
Nada sobre los problemas creados en las regiones norteñas como consecuencia de la prohibición de pesca del bacalao debido al preocupante estado de su población. 
También el Consejo se contenta con lo establecido en Niza y se niega a unir la acción a la palabra. 
Por supuesto es evidente que traspasar dineros de una partida a la otra, de la partida 4 (Política Exterior) a la partida 2 (Política Estructural) no se hace así como así. Entre otras cosas porque el techo de Berlín se fija por partidas. 
Pero la gestión de las crisis financieras, tales como la lucha contra la crisis de la EEB (encefalopatía espongiforme bobina) y las ayudas a los Balcanes, ha mostrado que los políticos con energía no se quedan paralizados por unas reglas presupuestarias rígidas. 
La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo apoya al ponente, Sr. Costa Neves, cuando éste afirma que, tanto la Comisión como el Consejo quizás sean algo negligentes con respecto a estos puntos. 
Al mismo tiempo, le proporciona munición para aumentar la creatividad y el dinamismo de la Comisión y del Consejo. 
Nuestras propuestas son las siguientes: que se reserven los dineros no utilizados para crear acuerdos de pesca dentro del departamento de política externa, partida 4, para paliar las consecuencias en las regiones costeras de Europa del Sur y del Este: que se dediquen los dineros estructurales para abordar las crisis como consecuencia de la suspensión del acuerdo de pesca con Marruecos y de las medidas adoptadas para proteger las poblaciones de bacalao y de merluza; que se reserven provisionalmente eventuales excedentes presupuestarios del 2001 para la reestructuración de la flota pesquera y aprovechar en la medida de lo posible del instrumento de flexibilidad para la lucha contra la crisis en la industria pesquera. 
Finalmente, queremos que se inicie una investigación sobre el uso de técnicas de modificación genética en la piscicultura. 
Europa está muy retrasada con respecto a los Estados Unidos y Canadá, y sólo una investigación concienzuda será capaz de proporcionar una base para poder mantener sus técnicas a raya en la piscicultura europea. 
ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. Señor Presidente, en la rúbrica 4, Relaciones exteriores, los recortes en el anteproyecto de presupuesto y los que parecen resultar de la primera lectura del Consejo son, en algunos casos, importantes. 
Además, como se sabe, este año no será posible la utilización del instrumento de flexibilidad en este capítulo. 
Acabamos de oír lo que nos ha dicho el ponente de opinión de la Comisión de Pesca. 
Desde la Comisión de Asuntos Exteriores, queremos señalar que la extensión de las actividades de la Unión en este ámbito, especialmente en el de la PESC, exige dotaciones suficientes. 
La incertidumbre en la asignación de los recursos compromete la credibilidad y el prestigio de una política exterior que debe estar a la altura de sus compromisos y de sus ambiciones. 
Por todo ello, la Comisión de Asuntos Exteriores- en el contexto que nos presentaba el ponente, Sr. Costa Neves, de una fase del procedimiento presupuestario, tanto en este trámite de conciliación como en primera lectura, y de acuerdo con las prioridades fijadas en su opinión de 20 de marzo pasado, aprobada por unanimidad en la Comisión de Asuntos Exteriores- tiene el propósito de solicitar la asignación de recursos presupuestarios suficientes para financiar las nuevas prioridades. 
Ello, naturalmente, Señor Presidente, pensando en una gestión sana, eficaz y transparente de los mismos. 
La Comisión ha inscrito aproximadamente 120 millones en relación con el acuerdo de pesca con Marruecos, y nosotros, como el ponente general del presupuesto, pedimos que se cumplan los compromisos asumidos en la cumbre de Niza. 
Por eso, Señor Presidente, Señorías, desde la Comisión de Asuntos Exteriores queremos decir que, para que la Unión Europea pese en la escena internacional en los ámbitos económico, comercial, financiero e industrial, tenemos que ser coherentes y dotarnos de los recursos necesarios para ello. 
. (NL) Señor Presidente, este es un momento extraño. 
Por un lado nos preparamos para los primeros contactos con el Consejo. 
Sabemos que tales contactos nunca podrán solucionar todo, lo cual se deduce de la ausencia de los representantes en esta mesa. 
No se muestran interesados más que cuando el verdadero procedimiento se acerca a su fin. 
Por ello no podemos más que hacer algunas observaciones generales. 
Desde la Comisión de Asuntos Sociales, quiero decir que, en general, estamos de acuerdo con la continuación de la política del año pasado, aunque bien es cierto que tenemos algunos reparos específicos. 
La principal preocupación son las propuestas de la misma Comisión Europea. 
Ya me he referido a ello en otras ocasiones: en particular, la enorme disminución que propone la Comisión para el capítulo de empleo nos preocupa enormemente. 
Si esto lo analizamos junto con lo que ocurre con los fondos, por ejemplo los proyectos ejemplares, entonces nuestras preocupaciones aumentan; y aun más si nos fijamos en los proyectos que habíamos acordado en los presupuestos del año pasado, que, simplemente, no acaban de llevarse a cabo. 
Así, se ve que en el mecanismo de la Comisión algo falla- ahora no voy a entrar en esta cuestión-. 
Lo encuentro preocupante porque aquí llegamos a un acuerdo presupuestario, que consiste en que, si la Comisión está de acuerdo con él, ésta será responsable de llevarlo a cabo, y no intentar evitar su ejecución por medio de métodos jurídicos o no jurídicos. 
Pienso que éste puede ser un problema extraordinariamente difícil en este procedimiento. 
Ésta es, en estos momentos, nuestra mayor preocupación. 
No se trata de conseguir más dinero, sino, simplemente, de que el dinero del que se dispone actualmente y que se fijó en los anteriores presupuestos, sea administrado de forma adecuada. 
Sabemos que hay suficientes proyectos, pero cada vez se aplican normas más estrictas. 
En algunos casos aumenta enormemente el número de países: primero se puede presentar un proyecto con tres países y de repente tiene que ser para siete países. 
Así que nosotros nos preguntamos: ¿es así como tienen que cooperar los organismos entre sí? 
Quisiera poner esta cuestión sobre el tapete. 
El resto lo plantearemos en su momento. 
Señor Presidente, Señorías, esperamos que la Presidencia del Consejo pueda pasar más tiempo con nosotros, por lo menos, cuando celebremos minisesiones en Bruselas. 
En cualquier caso, en este debate conjunto sobre los presupuestos rectificativos 3 y 4, el mandato para la conciliación presupuestaria y el informe sobre el estado de los recursos propios de la Unión Europea, el Grupo del PPE-DE quiere anunciar su voto absolutamente favorable en los dos primeros y mayoritariamente favorable en el que se refiere a los recursos propios. 
Evidentemente, el tema que más polémica puede levantar en este informe Haug se refiere al apoyo del Parlamento a la posibilidad de abrir un debate sobre el establecimiento de un impuesto comunitario directo que sea fuente de financiación autónoma para el presupuesto comunitario. 
Dentro de todos los grupos, Señor Presidente, existen diferentes sensibilidades en materia de construcción europea, y esto se pone aún más de manifiesto en los temas financieros. 
Por eso, la aproximación de la Sra. Haug a este posible impuesto puede resultar excesiva para determinadas delegaciones nacionales. 
Sin embargo, creo que posiblemente la mayoría de mi Grupo la comparta. 
Más importancia inmediata tiene el mandato de conciliación del Sr. Costa Neves, al que públicamente agradecemos su disposición al diálogo y a la búsqueda de consenso. 
Estamos seguros de que, gracias a esa manera de actuar, podremos lograr resultados exitosos. 
Presentamos unas propuestas claras a la conciliación del 20 de julio, que el Consejo no debería rechazar, porque representan la voluntad mayoritaria de esta Cámara elegida por los ciudadanos europeos. 
Entre estas preocupaciones destaco nuestras dudas sobre la reserva en agricultura, la baja ejecución de los créditos en seguridad alimentaria o el futuro del desarrollo rural. 
También destaco el deseo de que el Consejo cumpla con los compromisos de Niza en cuanto a la superación de los problemas derivados de la falta de acuerdo pesquero con Marruecos y la necesidad de salvaguardar las prioridades exteriores del Parlamento, siempre recortadas en la primera lectura del Consejo y, más aún, el imprescindible trámite de consulta que el Consejo debería llevar a cabo con el Parlamento al adoptar compromisos en materia de política exterior. 
Por último, quiero mencionar la necesidad de afrontar los problemas que ya se han mencionado en categoría 5, especialmente la separación de los gastos de administración y la identificación de los gastos del Consejo en dicha categoría. 
Todo esto constituye, Señorías, el núcleo duro de la posición negociadora del Parlamento de cara a la conciliación del 20 de julio, respecto a la cual pedimos a la Presidencia belga una posición abierta y dialogante que permita afrontar la última parte del procedimiento presupuestario con garantías de éxito para todas las partes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, estimadas y estimados colegas, lamento tener que decir para comenzar a mi colega Ferber de Baviera que de los puntos en los que ha esperado encontrar aspectos comunes no los va a encontrar tan directamente y voy a decir enseguida porqué. 
Ha dicho que primero tenemos que desarrollar de otro modo las instituciones de la Unión Europea antes de hablar sobre las finanzas de la misma. 
Lo considero erróneo. Se ve muy en especial en los temas que tenemos hoy sobre la mesa. 
Si se pregunta hoy a un ciudadano en qué se gasta la Unión Europea su dinero, el 30% dice que en cubrir sus gastos administrativos y otro 30% no sabe en absoluto en qué. 
Se trata de un 60% que no sabe qué hacemos aquí con las sumas que nos ponen a disposición los contribuyentes. 
Son gigantescas sumas que se gastan y creo que precisamente hoy el ciudadano se quedaría muy sorprendido sobre lo que obtiene de Europa. 
Tenemos por un lado un presupuesto rectificativo y suplementario. 
En uno de ellos, la Unión Europea y la Comisión muestran que sólo piensan seguir de modo incompleto la voluntad del Parlamento, al menos en lo que se refiere a la UCLAF o la nueva OLAF. 
Hemos realizado una declaración muy clara en el curso del año. 
Queremos configurar el personal y el organigrama de tal modo que se cree una nueva institución que haga justicia a los requerimientos actuales. 
Sólo tenemos que agradecer a nuestro colega Herbert Bösch que haya colocado el dedo en la llaga pero que no haya intentado reubicar al personal y trasladar la misma institución que en la última ocasión había sido debatida y cuestionada con relativa intensidad a otra que con personas similares no puede tener estructuras totalmente nuevas. 
Esto debe ser criticado aquí del mismo modo. 
El segundo punto es que vamos a devolver a los Estados miembros 11.000 millones de euros. 
Esta suma significa que realizamos un uso insuficiente del presupuesto en aproximadamente un 10%. 
Este uso insuficiente tiene lugar en el campo de la política del consumidor. 
Aquí se emplean solamente el 74,7 % de los créditos. 
Política del consumidor; hay que repetirlo lentamente dos veces. 
Es un tema sobre el que hemos debatido durante los últimos meses y años con una intensidad no equiparable en otros campos y precisamente aquí se gastan solamente el 75% de los créditos. 
En uno de los mayores problemas de la Unión Europea, el subempleo, hemos puesto fondos a disposición. 
Les indico la cuota de gastos en el campo de la política de empleo: 39,6 %. 
Tenemos varios millones de desempleados, se han puesto fondos a disposición y apenas se ha podido gastar un 40% de dichos fondos. 
Esto no se lo pueden explicar a ningún ciudadano europeo. 
Así pues, devolvemos miles de millones. 
Se puede ir también a la Categoría IV, al sector de política exterior. Aquí se gasta para el campo de la iniciativa europea por la democracia y la protección de los derechos humanos- un tema que pregonamos siempre a bombo y platillo en cualquier resolución o urgencia- apenas el 60% de los créditos. 
El resto caduca y retorna a los Estados miembros. 
Les digo muy claramente: los ciudadanos europeos tienen que saber adónde va el dinero. 
Pero también tienen que saber de dónde viene. 
Hoy se discute también muy específicamente sobre esto, pues siempre se discute como si los Estados miembros pusiesen a disposición este dinero y este es actualmente también el caso. 
Tenemos que lograr que los ciudadanos lo comprendan. 
Tenemos que lograr mayor transparencia tanto en el lado de los ingresos como en el de los gastos. 
No podemos aclarar a nadie porqué en los debates presupuestarios arañamos primero 11 mil millones en pugna con el Consejo para devolverlos luego en el presupuesto rectificativo y suplementario a comienzos del año siguiente ya que no se han gastado. 
Entonces el dinero va a parar a los correspondientes presupuestos nacionales. 
Tenemos que salir de este círculo. 
Para los ciudadanos tiene que existir una fuente de ingresos fiable, calculable y visible, si bien doy la razón a mi colega Markus Ferber en que no hay que cebarse ahora en cómo debe ser su aspecto concreto. 
No se debe presentar algo lo más rápidamente posible mediante un procedimiento sumario, pues un debate no coordinado y desestructurado conduce solamente a la confusión. 
Tenemos que lograr esto. 
Si en una ocasión en el lado de los ingresos tenemos algo que está unido directamente a los ciudadanos y además el lado de los gastos es también controlado por ellos- pues observarán qué es lo que hacemos con el dinero- entonces no habrá devoluciones a los Estados miembros sino que nos preguntarán: ¿cómo habéis actuado en la práctica? 
En este lugar se unen los dos temas sobre los que debatimos hoy, a saber, presupuesto rectificativo y suplementario con desplazamientos masivos de dinero, por una parte, y el lado de los recursos propios, por la otra. Es decir, se plantea la pregunta: ¿qué es lo que paga el ciudadano por esta Europa? 
Creo que no debemos tener miedo en hablar con los ciudadanos sobre lo que hacemos. 
Tenemos unos argumentos muy buenos, tenemos unos sectores políticos y políticas muy buenas que podemos presentar. 
No debemos tener miedo ante los ciudadanos sino acercarnos a ellos muy abiertamente y con transparencia e invitarles a construir con nosotros Europa. 
Señor Presidente, el paquete que estamos debatiendo afecta al cierre de cuentas de la UE relativo al ejercicio del año pasado, al estado de los recursos propios y al anteproyecto de presupuesto para el próximo ejercicio. 
Quiero dar efusivamente las gracias a todos los ponentes, la Sra. Haug y los Sres. Ferber y Costa Neves. 
El balance de cuentas del pasado ejercicio es sorprendente, con un superávit de más de once mil millones de euros. 
Esto obedece a que los ingresos han superado las previsiones en 3.300 millones de euros y el gasto ha sido 8.500 millones menos de lo esperado. 
El crecimiento de los ingresos es algo positivo. 
En cambio, el ahorro en el gasto es sólo aparente, porque se deriva, sobre todo, de la ejecución sumamente precaria de los Fondos Estructurales. 
El 20 por ciento de los pagos no fueron liquidados, o sea, 6.500 millones de euros. 
Estos pagos se endosarán en los siguientes ejercicios, es decir, que no ha existido un ahorro real. 
La razón principal de este uso precario ha sido la lentitud en la aprobación de los nuevos programas de objetivos. 
Durante el año 2000, tan sólo se pudo aprobar la mitad de los programas del Objetivo número 1 de la UE. 
Se llegó a aprobar solamente el 8 por ciento de los programas del Objetivo número 2. 
Es ya el segundo año consecutivo que no se asignan fondos para iniciativas comunitarias nuevas. 
La eficacia de la gestión es lamentable. 
La Comisión debe mejorar sustancialmente su rendimiento. 
Debe asumir su propia responsabilidad sobre la eficacia y puntualidad de la gestión. 
Las negligencias cometidas en el presente darán lugar a una acumulación excesiva de asuntos en los presupuestos de ejercicios venideros. 
Otra singularidad en la realización del balance de cuentas es la inclusión de la liquidación de las cuotas atrasadas de la ONU. 
Es asombroso que en estos presupuestos rectificativos y suplementarios se hagan correcciones que abarcan dos e incluso cuatro ejercicios presupuestarios precedentes. 
¿Por qué no se hicieron estas correcciones en su día? 
De cara al próximo ejercicio, el informe del Sr. Costa Neves proporciona un marco adecuado para las negociaciones. 
Según las primeras estimaciones, los gastos de gestión de la rúbrica 5 desbordan las perspectivas financieras, cosa que se debe principalmente al aumento de los gastos del Consejo en más de un nueve por ciento. 
Esto responde al incremento del gasto en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
El Parlamento debe mantenerse firme en su exigencia de que este órgano político de gestión presente un organigrama detallado de su cuerpo de funcionarios. 
Estas partidas de gasto no pertenecen al ámbito del Pacto entre caballeros existente entre el Parlamento y el Consejo, según el cual las diferentes instituciones no injieren en los presupuestos de las demás. 
Señor Presidente, voy a hablar de mis propios recursos. 
Los gráficos sobre los recursos propios anexos al informe de la Sra. Haug no ilustran correctamente las contribuciones de los diferentes Estados miembros. 
Debe estar permitido decir que el Reino Unido es uno de los polizones económicos de la UE. 
Tiene concedidas rebajas en sus contribuciones. 
Las conclusiones del informe deberían incluir que el Reino Unido debe empezar a pagar su contribución bajo las mismas condiciones que los demás. 
Además, las estadísticas del informe se maquillan con los aranceles que el Reino Unido recauda en nombre de la UE. 
Los aranceles maquillan aún más las contribuciones de Holanda y Bélgica, ya que ambos cobran los derechos aduaneros sobre mercancías con destino a otros países. 
Holanda y Bélgica no son contribuidores netos en la magnitud que reflejan las estadísticas. 
En las conclusiones del informe se exige el establecimiento de un impuesto comunitario específico. 
No se trata de una casualidad. 
También la Presidencia belga ha anunciado que se hará cargo de este asunto. 
En nuestro Grupo existen dos opiniones diferentes al respecto. 
Apoyan este impuesto quienes están inspirados por el espíritu federalista, mientras que aquéllos que quieren conservar las soberanías nacionales se oponen a otorgar a la Unión Europea competencias en materia fiscal. 
El federalismo significa convertir a la Unión Europea en un Estado Federal. 
Si la Unión Europea adquiere competencias para racaudar directamente impuestos, estaremos siguiendo el camino trazado por el federalismo. 
Como representante de los contribuyentes de un pequeño país que es contribuidor neto, no puedo apoyar un impuesto comunitario encaminado a constituir un estado federal. 
La conclusión del informe de la Sra. Haug es demasiado radical. 
Señor Presidente, yo también quiero hablar del informe de la Sra. Haug sobre los recursos propios. 
Su consejo de que se introduzca un impuesto europeo es prematuro e innecesario. 
Dice que se supone que la Presidencia belga impulsará este tema o iniciará un debate. 
He leído las notas sobre el programa de trabajo de la Presidencia belga y hay escasas o ninguna referencia al tema. 
Hay sólo una referencia al impuesto sobre los movimientos de capital especulativo, el denominado "impuesto Tobin". Éste fue rechazado por votación en el Parlamento hace sólo unos meses. 
Al final del documento se hace también referencia a la financiación directa o indirecta de la Unión Europea, de manera que podamos funcionar ora vez con los recursos propios de la Unión Europea. 
Tengo que decirle que el Primer Ministro de Bélgica sólo ha dicho, en los últimos días, que no desea seguir este camino hacia un impuesto de la Unión Europea porque "es una cuestión sensible". 
Sin duda es una cuestión muy sensible y totalmente innecesaria. 
La Sra. Haug menciona que el dinero procedente del producto nacional bruto de los Estados nacionales va a aumentar. 
Lo acepto. 
Estuve en la Cámara de los Comunes del Reino Unido dieciocho años antes de venir a esta Cámara. 
Siempre pensé que era maravilloso que disminuyera el porcentaje del producto nacional bruto dedicado al gasto europeo. 
Esa tendencia decreciente se ha mantenido durante los dos últimos años. 
Lo aplaudo. Demuestra un control bueno y efectivo del gasto y a los Estados nacionales no les importa traspasar ese dinero a la Unión Europea. 
No veo razón alguna para que la Unión Europea cobre su propio impuesto directo. Por ello he presentado cuatro enmiendas para la votación de mañana. 
Dos de ellas se someterán a votación nominal. 
Esta tarde puede comprobar que existe una oposición de varios países. 
Espero que la gente vote a favor de mis enmiendas y se oponga al impuesto europeo. 
Señor Presidente, Señorías, doy las gracias, en primer lugar, al ponente Sr. Costa Neves por su propuesta y por su colaboración. 
En la Comisión de Presupuestos ha habido unanimidad en la mayoría de las materias. 
Si se me permite adivinar, creo que el debate presupuestario de este año estará dominado más por los temas de fondo que por determinadas partidas presupuestarias, tendencia que se acentuará durante los próximos años. 
En primer lugar, pienso en la ampliación y en el desarrollo de la política exterior y de seguridad común y sus efectos presupuestarios. 
Pienso en las reformas de las políticas agrícola y pesquera. 
Pienso, además, en las reformas internas, especialmente en la capacidad de la Comisión para ejecutar las resoluciones de las autoridades presupuestarias. 
Las condiciones son bastante problemáticas. 
En muchos países se debilita la confianza en la UE. 
Al mismo tiempo, tendremos que hacer frente a la mayor de las reformas de nuestra historia, la ampliación hacia el Este. 
Ante este reto, tiene que mejorar considerablemente la capacidad de la Unión para realizar sus prioridades. 
Por eso es inquietante- aunque algún ministro de presupuesto aplauda- que el grado de utilización del presupuesto sea tan bajo que nos veamos obligados a devolver 11 mil millones de euros a los países miembros. 
Las promesas de ayuda que no se cumplen y las acciones que se retrasan o no se realizan son un lastre para toda la Unión. 
Por esa razón es provechoso que la Comisión quiera aumentar los pagos y hacer las reformas necesarias para lograr un management más moderno, abierto y eficaz. 
El Consejo no debe enmendarlo. 
Pasemos a los asuntos más concretos y permítanme, en primer lugar, referirme a la política agrícola. 
A pesar de la complejidad de este tema, hay que acelerar el ritmo de las reformas. 
Antes de la aprobación del presupuesto de 2002 y especialmente antes de concluir las negociaciones con los futuros países miembros, tenemos que ser más claros en relación con la futura política agrícola. 
En este contexto quisiera destacar los criterios de la Comisión de Agricultura. 
Esta comisión confirma en sus enmiendas que los gastos agrícolas deberán ajustarse al marco del plan presupuestario, pero- aunque sea técnicamente difícil, especialmente frente a la ampliación- también quiere redistribuir las ayudas en pro de un desarrollo más armónico de las regiones rurales, la categoría 1 B. Esto me parece provechoso y habrá que seguir por ese camino. 
Nos preguntamos por qué la Comisión quiere una reserva tan grande para la EEB y la fiebre aftosa cuando aún tiene la posibilidad de ajustar su propuesta presupuestaria. 
No adoptaremos postura alguna en esta materia antes de que se nos hayan respondido nuestras preguntas. 
Permítanme comentar brevemente el fracasado acuerdo pesquero con Marruecos. 
Esto tiene consecuencias para las flotas pesqueras de muchos países. 
Veo con escepticismo las grandes subvenciones comunitarias en los sectores agrícola y pesquero, pero, aún así, hay que entender los problemas de los pescadores que contaban con nuevas posibilidades para subsistir. 
Hay que respaldar unas reformas ofensivas y estudiar las posibilidades de crear medios para esto en partidas presupuestarias diferentes a las de la Categoría 4. 
Además, se necesitan buenas propuestas de parte de la Comisión. 
Aunque la conciliación se refiere a los capítulos 1, 2 y 5, queremos aprovechar la oportunidad para hacer algunos comentarios. 
El Parlamento apostó el año pasado por el empleo en las empresas pequeñas. 
Después del desarrollo del proceso de Lisboa que tuvo lugar en la Cumbre de Estocolmo, se justifica mantener esta prioridad. 
Habrá que eliminar algunos problemas como, por ejemplo, lo que mencionaba Bartho Pronk. 
Además, opinamos que hay que asignar más recursos para desarrollar el sector e-Learning y convertirlo en el sector clave que debería ser para aumentar y repartir más equitativamente el crecimiento en Europa. 
Para terminar: nos preocupan las medidas externas. 
Éstas han sido las principales dificultades en 2000 y 2001. 
Esos problemas no han desaparecido. 
Hemos hecho muchas promesas en Kosovo y en Yugoslavia, al mismo tiempo que hay muchas necesidades no cubiertas en regiones aún más pobres del mundo. 
Ésta es una de nuestras tareas más importantes, pero hay que resolver grandes problemas antes de que podamos cumplir lo que hemos prometido. 
Aunque son retos muy considerables, creo que con buena voluntad podremos resolverlos. 
Señor Presidente, el presupuesto para la agricultura tal vez se caracterice por golpes de suerte y por grandes contratiempos. 
Los contratiempos son la explosión de epidemias en la cabaña ganadera. 
La magnitud de estos contratiempos en un determinado año lo sabremos probablemente a finales de octubre del año siguiente. 
Lo que voy a decir a continuación quizás sea el mismo disco que el año anterior, el anterior a ése y a saber cuántos años más. 
Me parece irresponsable que en los presupuestos se contemple la cantidad de 41 millones de euros para luchar contra las epidemias en la cabaña ganadera. 
Si tenemos en cuenta lo que ha costado la encefalopatía espongiforme bobina y la peste porcina, y lo que está costando ahora la fiebre aftosa, 41 millones es una miseria. 
Por ello pienso que la Comisión de be ponerse manos a la obra desde el punto de vista estructural para mejorar la situación. 
¿Es posible crear sistemas de seguros? 
¿Es posible disponer de un determinado fondo para el ganado? , y ¿no es una distorsión del mercado si en un determinado país la parte que le corresponde a éste la deben pagar los ganaderos mientras que en otros países corre en su totalidad por cuenta del Gobierno? 
Estas son las cuestiones sobre las que tienen que ponerse a trabajar a corto plazo la Comisión y los Estados miembros, ya que las previsiones son que en el futuro se dé este tipo de contratiempos mucho más a menudo. 
Señor Presidente, este debate sobre los recursos propios de la UE y sobre un impuesto comunitario no es nuevo. 
Se repite todos los años. 
Las posturas son bien conocidas y parece bastante innecesario repetir el debate y las decisiones todos los años. 
Dejando de lado la cuestión de fondo, podemos preguntarnos si realmente lo que más necesitan los ciudadanos y los países miembros de la UE son precisamente nuevos y más altos impuestos. 
Todos pagamos altos impuestos. 
Algunos países miembros tienen las tasas de impuestos más altas del mundo, yo soy de uno de esos países. 
Si nos fijamos en esos países, no son los que han tenido el mayor crecimiento económico en los últimos decenios. 
Es cierto que en el informe se dice que la carga impositiva total no aumentará. 
Sin embargo, éste es un razonamiento teórico, sin arraigo en la realidad. 
Creo también que se puede decir que si se establece un impuesto, especialmente en este caso en que se crea un nuevo nivel impositivo, con seguridad aumentará la carga fiscal total. 
Será inevitable. 
Compruebo también que el ponente quiere "fortalecer las relaciones entre la Unión y sus ciudadanos". 
Es muy loable e interesante, pero, en mi opinión, debe hacerse de otra manera. 
Dudo mucho de que los ciudadanos sientan que las relaciones con la UE son más estrechas porque pagan impuestos más altos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, debatir conjuntamente sobre el sistema de recursos propios y sobre el próximo presupuesto ante la conciliación refuerza la idea de que ingresos y gastos son dos caras de la misma moneda. 
Aquí se ha pedido autonomía fiscal y codecisión para ingresos y gastos, pero antes hay que alcanzar una adecuada y justa financiación de las políticas comunitarias y ya sabemos que se difiere en el sistema más eficaz para lograrlo. 
Tarde o temprano habrá que alcanzar un acuerdo con vocación de permanencia, pero antes habrá que debatir y despejar los temas seleccionados en el Consejo de Niza. 
Parece un ejercicio inútil hablar de una nueva filosofía de recursos propios sin haber despejado antes incógnitas fundamentales. 
No es muy prudente empezar la casa por el tejado. 
En todo caso, argumentar con el tema de los saldos netos- como se ha hecho- no va en la dirección correcta, sino que, por muchos motivos, contribuye a socavar los principios de la Unión. 
Hoy la cuestión es saber si la nueva decisión sobre recursos propios avanza efectivamente hacia una mayor equidad, transparencia y tiene más en cuenta la capacidad contributiva de los Estados miembros. 
Pues bien, está claro que la reducción progresiva del tipo máximo de referencia del recurso IVA contribuye a corregir los aspectos regresivos del sistema vigente. 
Las contribuciones de los Estados miembros vía cuarto recurso e IVA deben guardar proporción con su contribución al PIB comunitario como elemento clave para salvaguardar la equidad del sistema. 
Por ello, no debemos cejar en el empeño de avanzar por este camino. 
La propuesta también contiene aspectos negativos nada desdeñables. 
El mantenimiento, aun con la modificación del sistema de cálculo, de la llamada corrección de desequilibrios presupuestarios a favor del Reino Unido, confirma un procedimiento que choca frontalmente con la deseada transparencia y simplicidad. 
Quiero señalar, de cara al presupuesto 2002, que el informe Costa Neves- y felicito al ponente por su trabajo- proporciona los elementos necesarios para una buena negociación. 
Creo que hay margen para llegar a acuerdos finales con el Consejo. 
Pido que la Comisión cumpla con su compromiso de proponer el instrumento y la financiación adecuados para atender las consecuencias del fracaso del acuerdo de pesca con Marruecos, lo cual significa también que las ayudas puedan utilizarse en proyectos de actividad económica alternativos en las zonas afectadas. 
. (EN) Me parece que, en vista de la intervención del Sr. Dover, le tengo que dar una información. 
Antes llamó al Sr. Heaton-Harris para que hablara en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, pero no estaba aquí, y sigue sin estarlo. 
Creo que conozco la razón: está hecho polvo o, mejor diré, 'agotado físicamente' después del partido de fútbol de esta tarde entre diputados socialistas británicos y diputados conservadores británicos que han ganado los primeros por siete goles a uno. 
Sin embargo, el Sr. Dover y demás también participaron. 
¡Uno espera que los miembros del Partido Laborista Británico aguanten el ritmo! 
Puesto que está aquí, creo que al Sr. Dover se la debe felicitar, no por lo que ha dicho, sino por estar presente esta noche cuando el Sr. Heaton-Harris no lo está, aunque es mucho más joven. 
(Reacciones diversas) 
Ahora ya no sé a quién debo felicitar personalmente por la victoria en el partido de fútbol. 
Señor Presidente, señora ponente, señores ponentes, Señorías, los presupuestos representan siempre una gran cantidad de trabajo y de temas a tratar y decidir y esta mañana nos hemos ocupado ya de entrada de cuatro importantes puntos: los dos presupuestos suplementarios para el ejercicio en curso, la resolución sobre la financiación del presupuesto y los preparativos para la primera lectura del presupuesto 2002 en el Consejo. 
El presupuesto rectificativo Nº 3/2001 afecta exclusivamente a cuestiones de personal, por un lado en el sector de la investigación y, por otro, de la OLAF. 
El presupuesto rectificativo Nº 4/2001 afecta al empleo a dar al excedente de presupuesto del último año. 
Respecto a ambos presupuestos existe el informe de la Sra. Haug y del Sr. Ferber. 
En lo referente a las cuestiones de personal en el sector de la investigación de la Comisión proponen una estructura diferente del organigrama. 
Esto es aceptable para la Comisión. En lo que se refiere a la modificación del organigrama de la OLAF, se basa en un compromiso al que se llegó tras largas negociaciones y sobre el que quiero realizar aquí algunas observaciones. 
Por un lado una observación sobre lo que se dice en la opinión de la Comisión de Control Presupuestario que tengo delante, en la que se indica que en la OLAF hay graves irregularidades, en concreto, que hay más funcionarios de la categoría A que puestos. 
Respecto a este concepto de irregularidades debo indicar de nuevo llanamente que para el organigrama 2000 la autoridad presupuestaria aprobó un número determinado de puestos A. No han sido ocupados ni siquiera totalmente por la Comisión o la OLAF pero para el presupuesto 2001, la autoridad presupuestaria ha acordado reducir el número de puestos de categoría A dejándolos en menos de los funcionarios que había. 
Este es un procedimiento único hasta el momento y crea naturalmente dificultades pero decir que se trata de una irregularidad, es decir, despertar la sensación de que la Comisión ocupa puestos a los que no tiene derecho es sencillamente incierto y tengo que rechazar la expresión de irregularidad en este contexto. 
Quiero indicar además que la Comisión ha pasado sin modificarlas las propuestas de organigrama del director de la OLAF a la autoridad presupuestaria para destacar de este modo la independencia de la OLAF. 
Por el contrario, mediante algunas resoluciones del Parlamento Europeo se practica una microgestión muy detallada, lo que naturalmente también plantea al menos algunas preguntas bajo el punto de vista de la independencia. 
En total, el hecho de que haya puestos que están bloqueados y que, lamentablemente, no se autoricen aún todos los puestos, no crea a la OLAF precisamente unas condiciones de trabajo sencillas y esta autoridad tiene realmente unas tareas realmente muy grandes y, sobre todo, un gran abanico de diversas tareas que solucionar. 
En este lugar, solamente puedo subrayar de nuevo que por parte de la Comisión se está haciendo todo para crear unas buenas condiciones de trabajo para la OLAF. 
Respecto al segundo presupuesto rectificativo y suplementario. 
El presupuesto 2000 cerró con un excedente de 11.600 millones de euros, lo que se ha mencionado aquí varias veces. 
Se debe en parte a unos ingresos superiores derivados, por ejemplo, de una evolución del producto social bruto mejor de lo que se suponía al principio. Pero, en su mayor parte, se debe a créditos no implementados en el lado de los gastos. 
Respecto al campo de la política estructural- este es el trozo mayor del que provienen 6.000 millones de los 11.000 indicados- debo indicar aún algunas cosas. En la redacción y firma del Acuerdo Interinstitucional se tuvo en cuenta que probablemente sería difícil implementar el primer año todos los créditos. 
Esto fue casi incluido y en consecuencia se aprobó que se podían emplear de nuevo commitments para años posteriores, lo que así se ha hecho, de modo que se garantiza que no se pierdan créditos en el sector de los fondos estructurales ya que en el primer año de las resoluciones han existido dificultades de implementación. 
Lo que en mi opinión se puede extraer como conclusión es que para un futuro período de ayudas hay que comenzar mucho antes con los preparativos y resoluciones. 
Me permito indicar que para las iniciativas comunitarias, se aprobó por ejemplo la posición del Parlamento en abril del 2000. 
Aquí se ve que todo el proceso ha comenzado demasiado tarde. 
En otras palabras: para el próximo período de ayudas hay que determinar sencillamente un calendario más temprano. 
Esto afecta a todos, a la Comisión, al Parlamento y, naturalmente, al Consejo. 
Por lo demás, no se van a devolver todos los créditos, los 11.600 millones de euros. 
Esta es la suma que estaba destinada ya en el presupuesto del 2001, entre otras cosas, a la financiación de medidas relacionadas con la EEB y que se acordaron en el presupuesto suplementario Nº 1. se van 2.075 millones a emplear para financiar la corrección presupuestaria para el Reino Unido y no miro en este lugar al Sr. Wynn al contrario que los oradores anteriores. 
Además, hemos propuesto emplear 350 millones de euros para aumentar los créditos destinados a la reconstrucción en los Balcanes y devolver a los Estados miembros la otra parte, es decir, 7.500 millones de euros, es decir, reducir del modo correspondiente sus aportaciones al presupuesto 2001. 
Los ponentes proponen dedicar a los Balcanes no sólo los 350 millones de euros indicados sino 450 millones. 
La Comisión quería financiar esta diferencia mediante otras transferencias de otros sectores, pero aprobamos su propuesta, en especial, bajo el aspecto del tiempo, que es muy importante. 
Realmente, no queremos correr el peligro de tener que detener los pagos para medidas en Kosovo o en Serbia. 
Todos saben lo sensible que es este campo y espero que la correspondiente propuesta del Parlamento obtenga la aprobación del Consejo y que toda la propuesta se pueda aprobar aún antes de las vacaciones de verano. 
Respecto a la propuesta de resolución relativa a los recursos propios. 
El tema es cada vez más actual debido a la siguiente cuestión: ¿cómo se puede financiar de modo óptimo el presupuesto europeo? 
Por un lado, nos encontramos ante la siguiente situación: se ha acordado una nueva resolución sobre recursos propios con una nueva estructura y esta resolución sobre recursos propios es válida naturalmente mientras no se acuerde otra cosa, con todos los componentes pertinentes, inclusive la componente del descuento británico. 
Este es derecho en vigor. 
En lo que se refiere a la estructura de la financiación, en el Tratado figura lo siguiente: el presupuesto público se financia con recursos propios. 
Así figura en el Tratado. 
Así se subrayó también en 1975, por ejemplo, en el acuerdo con el Parlamento, indicándose que debe tratarse de recursos propios reales. 
En vez de ello, la evolución ha tomado de facto una dirección totalmente diferente y usted, señora Haug, ha expuesto muy detalladamente en su informe la dirección que ha tomado. 
Respecto a esta financiación que tenemos actualmente, hay que constatar sencillamente lo siguiente: no es transparente para los ciudadanos. 
Apenas hay un ciudadano que sepa cómo funciona la financiación. 
Y lo que no se sabe es más intrincado y deja espacio para todas las especulaciones. 
Por mi parte, sólo puedo decir que saludo en gran medida que la Presidencia belga del Consejo quiera incluir este tema de la financiación del presupuesto de la UE. Señor Ferber, considero esto como un tema que cae bajo el capítulo de la delimitación de competencias entre los Estados miembros y el nivel europeo. 
Originariamente pertenece allí. 
También es muy importante que todos aquellos que saludan una reestructuración en el lado de los ingresos encuentren lo antes posible un lenguaje común. 
Cuando se habla de la introducción de un impuesto europeo suena como si se hubiese de inventar un nuevo impuesto cuyo derecho de recaudación radique en la Unión Europea. 
No se trata en absoluto de esto. 
De lo que se trata es de encontrar un impuesto que fluya total o parcialmente al presupuesto europeo y donde la soberanía de su gestión radique en el nivel europeo y, naturalmente, se trata también, de la problemática del derecho presupuestario del Parlamento Europeo. 
Por mi parte, sólo puedo subrayar lo que ha dicho la Sra. Haug: ¿se va a seguir con este derecho presupuestario reducido del Parlamento Europeo tanto en el lado de los ingresos como de los gastos? 
Creo que ahora existe la ocasión y deberíamos aprovechar el momento en que una Presidencia del Consejo se toma este asunto como algo importante a resolver. Si no se incluye como un tema en Laeken entonces me temo que se entierre de nuevo durante mucho tiempo y no se pueda debatir al respecto. 
Respecto al informe del Sr. Costa Neves. 
Aquí se trata de la concertación antes de la primera lectura del Consejo el 20 de julio, que se preparará el 9 de julio en el diálogo a tres bandas. 
Quiero subrayar de nuevo que también el 9 de julio con el diálogo a tres bandas es un momento importante, un punto importante en la totalidad del procedimiento presupuestario. 
Como la Sra. Theato está aquí, permítanme una breve observación: señora Theato, usted me ha enviado una carta algo dura indicándome que el 9 de julio en vez de ir al diálogo a tres bandas debo ir a la Comisión de Control Presupuestario para debatir sobre un informe periódico. 
Tengo que indicar de nuevo que no puedo partirme por la mitad y es naturalmente obligación de la Comisaria competente de los presupuestos participar en el diálogo tripartito para los preparativos del procedimiento de concertación para el presupuesto del 2002. 
Respecto a los puntos que se van a encontrar en el centro de la concertación. 
El Sr. Costa Neves lo ha tratado muy a fondo. 
Permítanme que diga al respecto lo siguiente: por un lado, la propuesta de la Comisión de prever una reserva en el presupuesto agrícola de 1.000 millones de euros la considero como la propuesta más adecuada ante la inseguridad de la evolución de los gastos en el sector agrícola para el próximo año. 
Tenemos ahora sobre la mesa las primeras facturas por la fiebre aftosa y van a venir aún más facturas de este sector, lo que confirma que es realmente necesaria una gran reserva. 
Debemos proceder de un modo seguro y, naturalmente, con la Carta rectificativa en otoño de este año podremos decir cosas más exactas, también sobre la cuestión de cuánto tenemos que pagar del presupuesto para la fiebre aftosa. 
Pero en el momento actual, creo que la propuesta de reserva es la más adecuada y les ruego que el Parlamento Europeo apoye esto en la concertación con el Consejo. 
El segundo punto afecta al fracasado acuerdo de pesca con Marruecos que ha sido mencionado aquí por varios oradores.. 
Se trata de un punto importante. Por ello, voy a referirme aquí brevemente al mismo. 
La Comisión proyecta presentar aún en el mes de julio un programa para la cofinanciación, ayudas y reestructuración de las flotas española y portuguesa afectadas. 
Va a ser un programa a financiar en la categoría de los fondos estructurales. 
Dirán que esta categoría está vacía o agotada. 
Por este motivo, la Comisión va a realizar la propuesta de utilizar la reserva de flexibilidad o una parte de ella para financiar este programa de reestructuración. 
Sería un programa para un año cuya ejecución puede extenderse a lo largo de varios años. 
El cómo se vaya a proceder con los créditos que van a quedar libres en la Categoría IV como consecuencia del fracaso del acuerdo de pesca, deberá examinarse ponderando todos los aspectos y digo expresamente que aquí se incluye también el aspecto de la disciplina presupuestaria. 
Respecto al sector de la Política Exterior y de Seguridad Común, el Parlamento es de la opinión de que los créditos se podrían recortar también este año. 
De hecho, el anteproyecto de presupuesto corresponde al presupuesto del 2001 y la Comisión no ve aquí ningún motivo para otros recortes pero va a apoyar naturalmente al ponente, tal como desea, en la mejora de los comentarios presupuestarios. 
Quiero decir aún algunas palabras sobre los gastos administrativos. 
Comparto la preocupación del Parlamento Europeo en lo tocante a la futura evolución de la Categoría V y apoyo por ello plenamente los esfuerzos por una mayor transparencia y planificación de nuevos campos eventuales de actividad como, por ejemplo, el de la justicia e interior. 
Pero también quiero decir claramente que no son los gastos para la reforma de la Comisión los que someten a presión aquí el marco financiero. 
Debemos tener en cuenta todas las reformas necesarias y considero absolutamente imprescindible que todas las instituciones intenten presentar una planificación a medio plazo para que podamos ver en qué sector son necesarios los cambios para acabar con éxito con la Categoría V. Realmente, hay que recapacitar hasta qué punto se debe emplear un high level group o un grupo similar para ocuparse de estas cuestiones. 
Señor Costa Neves, usted ha llamado la atención sobre el informe que había exigido el Parlamento Europeo y que afecta, entre otras, a cuestiones relativas a la ejecución del presupuesto. 
Le agradezco que haya mencionado positivamente que se había puesto a disposición a tiempo y que es un buen instrumento de trabajo para el debate de las cuestiones que se han incluido en la declaración del Parlamento. 
También va a existir una estrecha cooperación en el campo de las eventuales acciones que lleve a cabo el Parlamento en el Presupuesto. 
Como asimismo se ha acordado, la Comisión va a ser incluida a tiempo en el debate de las diferentes comisiones para garantizar la ejecutabilidad de acciones y proyectos piloto. 
Este es también para nosotros un importante asunto y quisiera destacar en especial los campos de la política de asilo y de inmigración. 
Unas breves palabras aún respecto a las prioridades en el campo de E-learning y de la política de empleo de las pequeñas y medianas empresas. 
Se trata de sectores en los que se dispone de grandes sumas no sólo en las líneas presupuestarias de la Categoría 3 sino también en los fondos estructurales y la Comisión es de la opinión de que los nuevos instrumentos que se han introducido en el último presupuesto tienen que demostrar primero su eficacia antes de fortalecerlos o ampliarlos sustancialmente. 
Todo esto muestra- con lo que voy a concluir- cuántos debates se encuentran aún ante nosotros. 
El presupuesto 2000 se debe elaborar conjuntamente en los próximos meses y deseo que las próximas semanas y los próximos encuentros los aprovechemos bien para elaborar apreciaciones conjuntas y tener un buen inicio en las negociaciones presupuestarias. 
Señor Presidente, yo también me quiero dirigir a la Sra. Comisaria Schreyer. 
Estoy algo sorprendida de que opine que le he escrito una carta algo dura. 
Ella indica que yo habría escrito que debería venir a la Comisión de Control Presupuestario. 
Esto no puede ser cierto. 
Yo he escrito una carta objetiva en la que he pedido que, de conformidad con el acuerdo existente entre la Comisión y el Parlamento, haga el favor de venir a la Comisión de Control Presupuestario. 
Si la Sra. Schreyer tiene otros compromisos, parto del hecho de que tiene la posibilidad de encargar a un alto funcionario que proporcione a la comisión las correspondientes informaciones. 
La carta no significa otra cosa. 
Señora Schreyer, estoy algo sorprendida de que haya interpretado así la carta. 
Era totalmente objetiva. 
Quería decir esto solamente como aclaración. 
Muchas gracias. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Gestión de los programas comunitarios 
- (FR) Señor Presidente, se trata efectivamente, bajo un título pasablemente técnico, a saber, la creación de agencias ejecutivas encargadas de ejecutar determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios, de una reforma bastante importante y de un elemento que no es periférico a la reforma administrativa actualmente en curso en el seno de la Comisión. 
Diré de inmediato que la Comisión de Control Presupuestario y este Parlamento sólo pueden considerar con mucha simpatía y un a priori favorable el principio de la agencia que se nos propone, ya que, a través de la creación de esta agencia, la Comisión responde a una preocupación fundamental del Parlamento ya expresada en el marco del procedimiento presupuestario 2000. 
Esta preocupación era conseguir el desmantelamiento de las oficinas de asistencia técnica, mal controladas y que escapan a la autoridad de la Comisión, y sustituirlas por organismos que presenten a la vez la seguridad que implica el carácter público de las instituciones y la flexibilidad de gestión y funcionamiento necesaria al cumplimiento de un determinado número de tareas, especialmente en la ejecución de algunos programas. 
En resumen, dijimos: suprimamos las oficinas de asistencia técnica, sin embargo, no las reemplacemos por servicios centrales de la Comisión, inventemos algo nuevo. 
El proyecto de la Comisión se inscribe en un conjunto más vasto, una política de externalización que implica tres partes: la privatización de algunas tareas puntuales y precisas, privatización que deseamos a condición de que las personas privadas que se encarguen de estas tareas no se vean confiar tareas administrativas integradas; las agencias ejecutivas propiamente dichas y, por último, una tercera parte en la que tenemos más dudas, pero que no nos ocupan esta tarde, a saber, la creación de agencias nacionales a las que se confiaría la gestión de un determinado número de programas en el territorio de los Estados miembros. 
La propuesta de reglamento que hoy nos ocupa sólo se refiere al estatuto de las agencias. Por tanto, señora Comisaria, cuenta usted, en lo que atañe al principio, con el apoyo del ponente y el apoyo de la Comisión de Control Presupuestario. 
Eso no quiere decir, se lo imagina usted puesto que me conoce, que estamos de acuerdo con todo. 
Tenemos un determinado número de puntos de acuerdo y un determinado número de puntos de desacuerdo. 
En relación con los primeros, ya lo dije, estamos de acuerdo en el principio de la agencia. 
Asimismo, estamos de acuerdo con las modalidades de gestión de este organismo, asociando, por una parte, personal en comisión de servicios de la Comisión, puesto que queremos que esta agencia esté claramente subordinada, política y administrativamente, a la Comisión y, en parte, agentes más flexibles, contratados sobre la base de contratos temporales adaptados a la flexibilidad de gestión de programas con duración limitada. 
Por otra parte, consideramos que estos nuevos organismos- y creo que es un punto de acuerdo entre nosotros- estén sometidos a los mismos controles así como a las mismas obligaciones de comunicación, auditoría y competencia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que los servicios centrales de la Comisión. 
Sobre este punto, creo que compartimos la misma visión. 
En cambio, aún queda por clarificar un determinado número de puntos en los que todavía tenemos algunas dudas. 
El primero de ellos es la definición de las tareas susceptibles de externalizarse y confiarse a las agencias ejecutivas. 
Digamos que sobre esta cuestión ya antigua- la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario coinciden sobre este punto incluso si algunos de nosotros no tienen totalmente la misma opinión-deseamos que estas tareas externalizadas lo sean realmente porque son temporales y necesitan recurrir a un personal temporal o especializado, pero que no sean sistemáticamente externalizadas sencillamente porque resultarían menos costosas debido a la utilización de agentes menos remunerados y menos cualificados. 
Ese no es nuestro objetivo. 
En segundo lugar, consideramos que la responsabilidad jurídica de la Comisión debe ser entera y directa. 
Hay allí un punto de derecho que puede separarnos, pero pienso que, en lo que atañe al fondo, realmente estamos en oposición. 
Asimismo- se trata de un punto técnico nada desdeñable y especialmente importante para la Sra. Theato, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario -, deseamos que la aprobación de la gestión se conceda a estos organismos al mismo tiempo que se concede la aprobación de la gestión a la Comisión. 
No queremos separarlas, no queremos tener que experimentar innumerables aprobaciones de gestión distintas; queremos, mediante un voto único, pronunciarnos sobre la aprobación de la gestión, tanto para los créditos operativos como para los créditos de funcionamiento. 
Estoy por llegar a mi conclusión: quedan dos puntos que nos separan todavía y que plantean problemas en el interior de la comisión. 
Primeramente, el ponente deseaba- sin ser seguido hasta ahora por la Comisión de Control Presupuestario- que el 25% del personal de la agencia proceda efectivamente de los servicios de la Comisión. 
La Comisión de Control Presupuestario no aceptó este deseo. 
Hemos introducido, en nombre de nuestro Grupo, una enmienda destinada a restablecer esta demanda pero con una modificación, y luego de una negociación con los servicios de la Comisión, precisando que no debería llegarse a este 25% sino al cabo de un determinado tiempo, en este caso en un plazo superior de dieciocho meses que permitiría a la agencia alcanzar su velocidad de crucero. 
Quisiera convencer a mis compañeros del Grupo socialista de apoyar esta propuesta. 
Espero hacerlo, pero todavía no lo he logrado. 
Por último, -es la última cuestión y es importante- queda la naturaleza de los estatutos y los contratos característicos del personal. 
Sobre este punto tenemos puntos de vista divergentes, y me preocupa porque vi, posteriormente a la votación de la Comisión de Control Presupuestario, propuestas de reglamento que me inquietaron. 
Nos preocupa ver que habría personal que se vería sometido a estatutos no renovables. 
Si ese es el caso, tendremos un personal de menor calidad, de menor lealtad y que no estarán en medida de asegurar la continuidad del servicio en todas las ocasiones, provocando de este modo rupturas perjudiciales al interés de los beneficiarios de los servicios y los destinatarios de los programas. 
Sobre este punto, señora Comisaria, le pido un compromiso firme. 
Queremos que haya continuidad del servicio y que el personal empleado por estas agencias pueda renovarse según las necesidades y no caiga sobre ellos una guillotina ciega y automática durante el programa en curso. 
Este es, señora Comisaria, el sentimiento de nuestra comisión. 
Llego a mi conclusión, es decir apoyamos el principio de su propuesta, al mismo tiempo que esperamos de usted precisiones sobre los puntos que mencioné. 
Le doy las gracias, señor Presidente, por su paciencia, y agradezco a mis compañeros su cálido apoyo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, la Comisión dice que no puede atender el creciente número de programas comunitarios y su ejecución con el personal estatutario. 
Es totalmente cierto. 
Para la Comisión esto significa que tiene que delegar y descentralizar. 
En el pasado, varios modelos se han mostrado como inadecuados o fallidos. 
Eras opacos presupuestariamente, como los minipresupuestos, o bien muy apropiados para la perpetración de fraudes, como los BATS, por lo que el Parlamento exigió su supresión. 
Ahora, la Comisión presenta una propuesta de reglamento para el estatuto de las llamadas agencias ejecutivas que el ponente, el Sr. Bourlanges, acaba de explicar. 
Quiero felicitarle por su excelente análisis de esta propuesta. 
Quiero destacar algunos puntos esenciales de su informe. 
La Comisión debe realizar una precisión clara de las tareas a transferir, si son de naturaleza pública o no pública y a qué tipo de agencia ejecutiva deben transferirse. 
Lamentablemente, no disponemos aún de las líneas directrices anunciadas. 
Sin embargo, debe estar claro que la responsabilidad para una ejecución regular y económica de los trabajos a realizar radica en la Comisión, quien está sometida a la aprobación de la gestión por parte del Parlamento. Es decir, que no puede existir una aprobación propia de la gestión para las agencias. 
Se deberán poner a disposición del Parlamento sin demora todas las informaciones y documentos que solicite. 
Asimismo, las agencias están sometidas al control del Tribunal de Cuentas y allí donde sea oportuno, también de la OLAF. 
La Comisión es también jurídicamente responsable por la agencias ejecutivas ya que no están establecidas como una institución propia en el Tratado. 
Se deberá realizar una evaluación de las agencias en lo que a su funcionamiento adecuado se refiere a más tardar al cabo de tres años. 
Finalmente, se deben entregar al exterior solamente contratos limitados en el tiempo. 
El Sr. Bourlanges lo acaba de mencionar. 
No se prevé en el reglamento marco una posible prórroga de los plazos. 
En cualquier caso, es importante que se envíe a las agencias ejecutivas una proporción mínima del 25% de funcionarios de la Comisión para garantizar el control interno de las tareas administrativas y, en consecuencia, de la responsabilidad de la Comisión. 
Permítanme usar una pequeña parte de mi valioso tiempo para felicitarle por el magnífico trabajo que ha llevado a cabo en el comité de mediación en favor de la directiva de traspaso. 
He hecho frente a la disciplina de mi Grupo para apoyarle, pero no ha servido de nada. 
También quiero felicitar al ponente por el informe que se discute hoy. 
Ha adoptado una postura muy constructiva en la Comisión de Control Presupuestario; a este respecto le quiero felicitar por la magnífica colaboración con el ponente de la Comisión de Presupuestos, una colaboración excelente que merece que se imite. 
Nuestro Grupo apoya de corazón la propuesta de la Comisión Europea. 
También apoyamos el informe del Sr. Bourlanges. 
Somos de la opinión que la propuesta de la Comisión es una parte importante del programa de reformas que se puso en marcha después de 1999. 
La propuesta aspira a adjudicar determinadas tareas para que se lleven a cabo dentro un marco claramente definido y que se ponga punto final al caos en la gestión de las oficinas de asistencia técnica. 
La Comisión de Control Presupuestario ha enfatizado una serie de puntos de la propuesta de la Comisión Europea. 
La Sra. Theato ya se ha referido a ello. 
En primer lugar, la ubicación de la sede de las agencias. 
En el texto se habla de la apertura de oficinas secundarias para las agencias. 
Según nuestra enmienda, esta referencia se ha eliminado. 
Sólo que se puede enfatizar aun más. 
El Sr. Mulder ha presentado una buena enmienda; Sr. Bourlanges, yo quiero que usted considere la adopción de la enmienda del Sr. Mulder como un complemento a la suya propia, de tal manera que no se tenga que escoger entre una de las dos. 
En segundo lugar, las disposiciones sobre la auditoría y control financieros. 
Se ha incluido la obligación de elaborar un informe anual, cuestión que yo considero como una gran mejora. 
En tercer lugar, abogamos por la existencia de un reglamento financiero para todas las agencias y no un reglamento financiero por cada agencia. 
Si no se hace así, nos tememos que en un momento determinado los árboles no nos dejen ver el bosque. 
Y, para terminar, nos parece que la OLAF debe tener las mismas competencias tanto con respecto a las agencias como con respecto a la Comisión Europea. 
Aun hay un par de puntos sobre los que disentimos del ponente. 
En primer lugar, nos parece que su definición de "adjudicación" no está muy elaborada. 
Pretende limitar la adjudicación a tareas temporales de carácter técnico. 
Efectivamente, en la práctica será así a menudo, pero nos parece demasiado limitado. 
Una Comisión dinámica necesita flexibilidad. 
La cuestión es: ¿qué método es el más eficiente y cuál es el que más ahorra en costes? 
Esta cuestión debe tener prioridad y este Parlamento Europeo no debe darla ahora por zanjada. 
Y, en segundo lugar, algo a lo que ya se ha hecho referencia, el Sr. Bourlanges propone adoptar un porcentaje mínimo para el número de funcionarios de la Comisión que deben trabajar en tales agencias. 
Por supuesto, deberá haber un porcentaje de funcionarios de la Comisión que tendrán que trabajar en tales agencias, pero no nos parece sensato fijar un porcentaje para ello. 
El porcentaje diferirá según cada agencia en función de la naturaleza de cada una de ellas y del tipo de trabajo que lleve a cabo. 
¿No ha dicho el Sr. Bourlanges en la comisión que los socialistas están a favor de los trabajadores? 
Yo diría: ¿no es el PPE partidario de la libertad y de la supresión de las normas superfluas? 
Y para terminar, quisiera preguntar a la Comisión cuál es su opinión sobre la enmienda a este informe del Sr. Ellis. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Bourlanges. 
Desde luego, la propuesta que hoy debatimos se ha hecho ineludible después de los acontecimientos de hace unos años. 
Es necesario regular las funciones de los órganos ejecutores para prevenir los abusos de aquellos años. 
¿Cuáles deben ser exactamente las funciones de esos órganos? 
Estamos completamente de acuerdo con el Sr. Bourlanges en que ésta es una cuestión a regular. 
Una cosa es segura: tales órganos deberán llevar a cabo una tarea administrativa determinada durante un periodo de tiempo limitado. 
¿Cuáles son los puntos más importantes para el Grupo liberal? 
En primer lugar: la Comisión será siempre la responsable de lo que ocurra. 
No se puede permitir que una determinada tarea sea adjudicada discrecionalmente a otras agencias ejecutoras. 
En segundo lugar: el porcentaje del número de funcionarios en un órgano se deberá determinar según cada caso. 
Estamos en contra de fijar un porcentaje porque es algo que en estos momentos no se puede determinar. 
Es algo que dependerá claramente de las tareas de cada agencia. 
La retribución de las agencias. 
La propuesta para que este Parlamento se encargue de la retribución de las agencias no nos parece razonable. 
Si la Comisión es la responsable y el Parlamento retribuye a la Comisión, ello significa, por supuesto, que nosotros concedemos indirectamente la retribución de las agencias. 
Ese es nuestro punto de vista fundamental. 
Con respecto al resto de las propuestas estamos de acuerdo con las enmiendas que ha presentado el ponente. 
Señor Presidente, Señorías, en todo el debate sobre la reforma administrativa de la Comisión, el Parlamento Europeo ha desempeñado un importante papel. 
También en la cuestión de la externalización la Comisión de Presupuestos y la de Control Presupuestario han influido decisivamente. 
En especial el Sr. Bourlanges ha sido quien ha encendido la mecha para la presente propuesta de reglamento. 
Me permito expresar mi agradecimiento por la continua cooperación en la elaboración de la propuesta y también del informe. 
Señor Bourlanges, tengo que decir que me ha impresionado cuando presentó en noviembre de 1999 su opus magnum sobre la externalización. 
Es muy difícil producir buena literatura. 
Algunas personas dirían que nunca se va a lograr redactar sobre la externalización una obra literaria. 
Pero usted ha logrado realmente con este primer informe sobre la externalización presentar algo de alta calidad literaria. 
Le felicito por ello. 
Es sabido que la Comisión en total tiene que centrarse más en sus tareas fundamentales. 
Este es el marco general en el que se incluye el debate sobre el tema de la externalización y que incluye la pregunta de "¿ qué tareas se pueden solventar también de forma diferente pero dentro de las estructuras administrativas de la Comisión ?". 
El concepto de externalización prevé tres métodos y procedimientos. Por un lado, la externalización en forma de la transferencia de tareas a agencias ejecutivas, por otro, en forma de transferencia de tareas a agencias nacionales, es decir, descentralización y, finalmente, en forma de la asignación de tareas mediante contratos con terceros. 
Con el reglamento marco sobre agencias ejecutivas se define una forma novedosa de institución comunitaria que actúa al servicio de la Comisión y tiene la tarea de atender y ejecutar por su cuenta programas comunitarios por encargo de la Comisión, inclusive la ejecución de los créditos presupuestarios vinculados a ello. 
En consecuencia, el reglamento suministra el marco para la creación de agencias ejecutivas que la Comisión establecerá en cada caso en función de las necesidades. 
En este contexto, deseo destacar de nuevo los puntos más importantes: una agencia ejecutiva es un instrumento en manos y bajo el control de la Comisión. 
Esto muestra claramente que es erróneo equiparar el tema de la externalización con la privatización, lo que se dice con frecuencia en los debates precisamente con los funcionarios. 
Señor Bourlanges, usted ha mostrado muy claramente que no es este el caso. 
Significa que la responsabilidad de la Comisión por la ejecución del presupuesto sigue siendo ilimitada de conformidad con el artículo 274 del Tratado de la CE. 
Este es un punto que ha sido destacado por la Comisión de Control Presupuestario y también por usted, señora Theato. 
Una agencia ejecutiva es creada por la Comisión. 
Las instancias superiores de la agencia son nombradas por la Comisión. 
La Comisión ejerce el control sobre sus servicios. 
Los créditos operacionales administrados por la agencia permanecen en el presupuesto general de la Unión Europea y son administrados por la agencia en su calidad de apoderada de la Comisión. 
Se preservan las prerrogativas de la autoridad presupuestaria. 
Esta autoriza los pagos a los recursos administrativos de la agencia. 
El organigrama de la agencia se presenta a la autoridad presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario. 
No podemos aceptar la propuesta de que un porcentaje determinado del personal de la agencia deban ser funcionarios de la Comisión. 
Pero en lo referente al período de vigencia de los contratos puedo indicar que crear agencias ejecutivas sólo tiene sentido para tareas que no son de un año sino de un alcance algo más largo. 
Quiero añadir aún que el Parlamento Europeo aprueba la gestión por la ejecución de los créditos administrativos y operacionales de la agencia ejecutiva. 
Resumiendo: la Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas: la nº 1, 2, 4, 6, 8, 9, la nº 12 parcialmente, los apartados 1 y 2 de la nº 16, la 17 parcialmente y la 21 también parcialmente. 
Quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión de Presupuestos y a la de Control Presupuestario por el examen crítico de nuestra propuesta. 
Sus aportaciones van a hacer que nuestra propuesta sea más ponderada y nos acercarán un paso más al deseado aumento de la eficiencia de la administración. 
Señor Presidente, sólo una palabra. 
Quisiera una precisión muy clara de la Sra. Comisaria sobre la tercera parte de la enmienda 25, es decir, el punto relativo al contrato renovable. 
Hablé con sus servicios, esperaba de usted un compromiso preciso. 
No lo obtuve. 
Para nosotros representa un punto fundamental. 
Si no tenemos de aquí a mañana un compromiso claro sobre este punto, tomaré disposiciones y presentaré a esta Asamblea la idea de aplazar la votación. 
Por otra parte, se lo dije muy claramente a sus servicios. 
Queremos que el personal que trabaje en esta agencia esté sometido a contratos susceptibles de ser renovables. 
Claro está, la renovación no debe ser obligatoria, pero es un aspecto en el que he insistido mucho después de haber tomado conocimiento de la propuesta de reglamento que se dirigió a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que, por lo demás, dicho sea de paso, no había sido notificada, por razones que desconozco, a la Comisión de Control Presupuestario, ni tampoco a la Comisión de Presupuestos. 
Por tanto, dije muy claramente a los responsables que esperaba de la Comisión, esta tarde, un compromiso. 
No lo he obtenido. 
Quiero creer que hay errores de transmisión. 
Puede reflexionar hasta mañana, pero espero un compromiso suyo antes de la votación. 
Señor diputado, respecto a la enmienda nº 25: la primera parte la acepta la Comisión y rechaza la segunda. 
En lo tocante a la tercera parte acepto su propuesta de aclararlo hasta mañana. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Seguridad de las actividades mineras 
. (SV) Señor Presidente, el fundamento de este informe y de la comunicación de la Comisión es la ocurrencia de numerosos accidentes muy graves en el sector de la minería en los últimos años. 
El año 1998 se colapsó el embalse de una mina en España, con consecuencias ecológicas muy graves. 
Otro accidente similar ocurrió en Rumania en 2000. 
En los últimos años hemos visto romperse otros embalses mineros, pero con menores consecuencias, por ejemplo, en el norte de Suecia y en Gales. 
Esto ha incitado a la UE a revisar su legislación respecto a este tipo de explotaciones mineras. 
Al mismo tiempo, hay enormes cantidades de residuos mineros antiguos almacenados en diferentes sitios que contaminan la naturaleza con metales pesados y otras sustancias nocivas. 
No se sabe mucho acerca de estos residuos ni de la gravedad del problema. 
Por cierto, los residuos de la minería son uno de nuestros grandes problemas medioambientales. 
La seguridad de las explotaciones también constituye un problema muy serio. 
La Comisión desarrolla en su propuesta sus ideas sobre cómo mejorar la legislación en esta materia. 
En el informe hemos llegado a la conclusión de que esa propuesta está bien orientada. 
Sin embargo, existen numerosos aspectos que hay que concretar y otros que la Comisión debería haber incluido. 
Subrayamos que la responsabilidad por los accidentes y sus consecuencias medioambientales debe ser de las empresas mineras y que las explotaciones mineras también deben incluirse en la directiva sobre responsabilidades, la directiva liability. 
Instamos a que se investigue más en esta materia. 
Actualmente la investigación sobre manejo de los residuos de la minería presenta grandes deficiencias. 
Por eso queremos que se desarrollen las técnicas existentes en los diferentes países. 
También queremos que la UE revise la financiación de diferentes proyectos en este sector. 
En cuanto a la propuesta de fondo, proponemos en mi informe que el inventario que se está realizando comprenda también a los países candidatos. Este inventario implica que se revisarán los residuos minerales antiguos y se estudiarán los posibles efectos medioambientales. 
Sabemos que la situación en muchos países candidatos es aún más grave que en los actuales países miembros. 
Subrayamos también que queremos un método común para comparar los resultados. 
Opinamos que cuando se descubran problemas habrá que hacer seguimientos con verdaderos planes de acción. 
Lo más importante de la propuesta de la Comisión es la nueva directiva marco para el manejo de los residuos de la minería. 
La Comisión de Medio Ambiente y yo, en mi calidad de ponente, opinamos que es la manera adecuada de hacer frente al problema. 
Se necesita una directiva especial, ya que la directiva sobre residuos y la directiva landfill no son especialmente adecuadas para los residuos de la minería. 
También destacamos que esta directiva debe comprender tanto los antiguos residuos como los provenientes de la producción actual. 
Esta directiva debe contener también normas que obliguen a los países miembros a legislar sobre la rehabilitación de las plantas usadas para las explotaciones mineras. 
Muchos países miembros, pero no todos, ya tienen normas al respecto. 
Queremos normas especiales sobre seguridad de los embalses mineros como los que han ocasionado estos accidentes. 
Además, queremos que se prohiba el método usado en Baia Mare, en Rumania, donde se usaba en embalses ácido cianhídrico para la obtención de metales. 
Este método es extremadamente peligroso y, si el embalse se rompe, puede dañar el ambiente circundante, cosa que ocurrió en Rumania. 
Una tercera propuesta es que hay que revisar la denominada directiva Seveso II. Se trata de aumentar la autonomía de la directiva para que comprenda también las exigencias sobre planes de emergencia e información en las explotaciones mineras. 
En esta enmienda se propone que la obligación contemplada en la directiva Seveso II debe limitarse y solamente debe contemplar a las explotaciones de minerales, esto es, a la obtención de metales. 
Opino que es prematuro establecer esta limitación antes de que se haya presentado la propuesta de la Comisión. 
Sería poco razonable hacerlo en esta oportunidad. 
Hay que dejar permitir, en cambio, que esta directiva pueda aplicarse a toda clase de explotaciones mineras. 
Cuando discutimos este asunto en la comisión había gran unidad de criterios. 
Doy las gracias a los colegas por sus comentarios y su respaldo. 
También hemos colaborado muy bien con la Comisión y confiamos en que se redactarán pronto las propuestas que nos han prometido, especialmente respecto a la revisión de la directiva Seveso II. Esperamos que la Comisión nos escuche respecto a la orientación de futuras directivas. 
Gracias por su colaboración. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero felicitar encarecidamente al ponente por su informe. 
Tenía que tratar sobre un tema realmente difícil. 
Mi grupo político va a dar gustosamente su voto afirmativo al mismo. 
Pero, señor Sjöstedt, como vamos a votar naturalmente a favor de su informe, permítame que exponga cierto malestar que me han expuesto los afectados. 
Los afectados son de la opinión de que aquí se han realizado muchas declaraciones que no están justificadas objetivamente. 
Debido a las dos catástrofes conocidas ocurridas, la totalidad de la minería y las regulaciones existentes son observadas de un modo que no corresponde a la realidad. 
Se me ha mencionado el considerando A. Los accidentes en la minería han revelado la insuficiencia de las disposiciones y de los requisitos de control que son aplicables en los Estados actuales de la UE y también del futuro. 
Formulado de este modo general, no es correcto. 
Correcto es que dentro de la UE y, naturalmente, también en los países candidatos a la adhesión existen unas condiciones estrictas diferentes. 
Pero la problemática no radica tanto en las leyes sino en la aplicación de estas leyes en determinados países, por ejemplo, en Rumanía. 
Respecto al considerando D: una gestión insuficiente de las actividades mineras y de la eliminación de los residuos procedentes de la minería es un problema global. 
Los afectados se sienten molestos por esta declaración que no es así cierta pues la mayoría de las explotaciones se encuentran dentro del sector de las PYMES y no actúan globalmente. 
Muchas explotaciones grandes que actúan en todo el mundo son, por el contrario, más bien las que allanan el camino para unas normas de seguridad y medioambientales estrictas. 
Visto a nivel mundial, hay por ejemplo en el campo de la minería del oro más bien problemas con las explotaciones pequeñas, financieramente más débiles y que no pueden enfrentarse del modo adecuado a los temas medioambientales. 
Pero también hay cosas que se han saludado expresamente, por ejemplo, el punto 8, último párrafo: "El Parlamento es además de la opinión de que la directiva sobre vertederos de basuras no es el marco adecuado para la regulación legal de los residuos de la minería y urge a la Comisión para que presente una propuesta de directiva propia sobre residuos provenientes de la minería". 
Esto sólo se puede saludar y subrayar plenamente. 
La industria europea de la minería creo que es muy consciente de su responsabilidad y exige por ello una directiva propia para los residuos procedentes de la minería. 
Tiene que haber regulaciones adecuadas sobre residuos y tienen que preverse estándares medioambientales y técnicos. 
Que la directiva sobre vertederos no es aplicable debido al carácter específico de la minería y que no conduciría a ninguna mejora de la situación ecológica y económica de las explotaciones mineras creo que es algo sabido por todos. 
Señor ponente, me he permitido aportar una enmienda al apartado 9. 
Se trata de ampliar la directiva sobre Seveso 2 de modo que cubra también los peligros que se derivan de la actividad de almacenamiento y procesamiento en la minería de minerales metalíferos. 
Espero que apoye esta enmienda y le felicito de nuevo por su informe. 
En nombre de mi Grupo, acojo con satisfacción tanto el informe de la Comisión como el del ponente; los incidentes que precipitaron el estudio y el posterior informe en España y Hungría nos han dado a conocer los problemas que plantean las minas y las actividades mineras, tanto antiguas como recientes. 
Los problemas potenciales- en especial los de contaminación del agua- son problemas transfronterizos y, por lo tanto, merecedores de una legislación de ámbito europeo. 
Tras examinar la legislación existente, ya sea la relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación, la de los vertederos o la de Seveso- en todas las cuales he sido ponente en diferentes etapas de su desarrollo -, está claro que ninguna de ellas puede aportar una solución adecuada para toda la serie de problemas que presentan las actividades mineras. 
Por ello coincido con el ponente en que se necesita un nuevo acto legislativo- algún tipo de nueva iniciativa- que regule la industria mina de forma específica. 
Quisiera plantear dos cosas al ponente. 
En primer lugar, no hay por qué limpiar necesariamente los yacimientos antiguos. 
Muchos de ellos tienen literalmente cientos de años y se han desarrollado de tal manera que ahora son lugares de interés científico y contienen una flora y una fauna especiales. 
Insto a que se consideremos la posibilidad de proteger esos lugares y utilizarlos de esa manera, en lugar de borrarlos sencillamente de la faz de la tierra incurriendo en un gran gasto. 
En segundo lugar, quisiera decir que clasificar los desechos de la minería como residuos resulta muy difícil si se tiene en cuenta que grandes cantidades de los mismos son simplemente roca triturada y bastante parecidos a los productos que se podrían obtener de cualquier cantera de la Unión. 
Por lo tanto, yo diría que debemos fijarnos más especialmente en los residuos procesados de las minas, que con frecuencia contienen altos niveles de productos químicos tóxicos. 
Eso es necesario regularlo. 
Yo diría que la enmienda del Grupo del PPE no es especialmente útil, puesto que intenta reducir el alcance de la directiva a la extracción de minerales metalíferos. 
Desde mi propia experiencia, las primeras escombreras que vi en mi vida fueron las de Derbyshire en el norte de Inglaterra, y procedían de la extracción de espato flúor, que no es un metal, como cualquier profesor de química les podría decir. Pero presentan exactamente el mismo problema que las escombreras resultantes de actividades mineras. 
Recomiendo para mañana un voto positivo y, espero, una rápida actuación por parte de la Comisión para llevar a la práctica las recomendaciones. 
Quisiera decir que nuestro Grupo está muy a favor de este informe. 
Pensamos que es excelente. 
El historial del sector minero deja mucho que desear, no sólo en Europa, sino también en Europa del Este y en todo el mundo. 
Una de las cosas importantísimas del informe es la necesidad de una futura directiva relativa a los residuos mineros, que abarque tanto los yacimientos en activo como los abandonados y la eliminación de residuos, y contener disposiciones relativas a programas de actuación en materia de residuos procedentes de la minería, así como disposiciones que faciliten una extracción más sostenible: limpieza de los yacimientos, reducción de los residuos y eliminación en seco de los residuos en la extracción de metales. 
Las empresas mineras tienen que elaborar planes de cierre definitivo tanto de las minas de nueva creación como de las ya existentes, así como de las balsas de residuos minerales. 
Sólo tengo que mirar en mi propio país, donde las empresas mineras han entrado y cogido básicamente lo que han querido. Después se marchan dejando toda la suciedad para que la limpien otros. 
Como ha dicho el Sr. Bowe, puede haber yacimientos mineros "históricos" de interés, pero de lo que realmente estamos hablando es de balsas de residuos minerales que contienen muchas sustancias peligrosas. 
Las comunidades locales tienen que vivir con ello y, en algunas zonas, incluso se han visto afectados los cultivos, porque las empresas mineras dejan atrás su suciedad, que afecta no sólo al suministro de agua, sino al suelo en general. 
Debemos tener verdaderamente en cuenta a todos los sectores de la comunidad. 
La industria minera se ha estado librando durante demasiado tiempo. 
Necesitamos verdaderamente un control muy estricto sobre el funcionamiento de las industrias mineras, y es muy importante contar con una futura directiva sobre residuos procedentes de la minería. 
Quisiera terminar diciendo que el informe en sí es excelente y espero que obtenga un apoyo absoluto. 
También quisiera confirmar que nuestro Grupo estaría poco dispuesto a apoyar la enmienda propuesta por el Grupo del PPE por las razones que acaban de mencionar otros intervinientes. 
Señor Presidente, Señorías, esta tarde represento a Margot Wallström en este tema ya que ha tenido que salir hoy a las negociaciones internacionales sobre el clima en Japón y Australia. 
Creo que es totalmente en el sentido de la comisión que la Sra. Wallström participe por parte europea en este High Level Group, pues la política de protección del clima es uno de nuestros objetivos más urgentes. 
En nombre de la Comisión quiero expresar mi agradecimiento al Parlamento Europeo y en especial a usted, señor ponente, así como también a las comisiones participantes, por la constructiva cooperación mostrada y el excelente informe. 
La comunicación de la Comisión surgió ante el trasfondo de los graves daños medioambientales debidos al vertido de cianuro tras la rotura de un muro de contención en 1998 en España y en enero del 2000 en Baia Mare en Rumanía. 
En la comunicación, la Comisión menciona las tres acciones clave proyectadas tras los accidentes más recientes de la minería: por un lado, la modificación de la directiva Seveso II, la presentación de la propuesta para una nueva directiva sobre el trato a dar a los residuos de la minería y, en tercer lugar, la elaboración de un documento de referencia sobre best available technologies según el procedimiento determinado en la directiva IPPC, con una descripción de las mejores tecnologías disponibles para reducir la contaminación cotidiana y la evitación o limitación de accidentes en la minería. 
En el informe final de la Task Force de Baia Mare se subrayó la necesidad de estas medidas. 
La señora Wallström creó esta Task Force para obtener más informaciones sobre el accidente de Baia Mare y desarrollar medidas para reducir o evitar en el futuro tales riesgos. 
En su informe saluda esta comunicación y apoya el enfoque general de la Comisión de crear un marco transparente y coherente para lograr mayor seguridad en la minería modificando para ello del modo correspondiente el derecho de medio ambiente y los instrumentos. 
Esto no sólo se refiere a las tres acciones clave que acabo de mencionar sino también a normas jurídicas que no son aplicables directamente a la minería, por ejemplo, la proyectada directiva sobre la responsabilidad medioambiental. 
Permítanme que subraye en este lugar que las tres acciones clave mencionadas tienen un marco temporal diferente. 
La propuesta de directiva para la modificación de la directiva Seveso II ha pasado ya una consulta pública y, según el programa de trabajo de la Comisión para el 2001, debería aprobarse en el curso de este año. 
La directiva no sólo cubrirá la minería sino, tras el trágico accidente en Enschede en Holanda en mayo del año pasado, también el almacenamiento seguro de artificios pirotécnicos. 
Ante la presente enmienda y la exposición realizada por la Sra. Flemming, me permito añadir que es cierto que los dos accidentes mineros mencionados en la comunicación de la Comisión se produjeron en actividades relacionadas con la obtención de minerales metálicos. 
Por ello, la Comisión comprende las consideraciones tendentes a limitar a este campo el ámbito de aplicación de la directiva. 
Sin embargo, quiero observar que una ampliación paulatina del ámbito de aplicación de la directiva- además siempre sólo cuando han ocurrido accidentes- no tiene en cuenta el principio de prevención. 
Aristóteles dijo ya que es probable que pase algo improbable. 
Ya mañana puede producirse un accidente en una instalación industrial que no cae bajo el ámbito de aplicación de la directiva Seveso II. Entonces corregiremos de nuevo y esperaremos, por así decirlo, al siguiente accidente. 
Por ello, saludaría si el Parlamento apoyase a la Comisión en sus esfuerzos por actuar activamente más que "reactivamente" en las propuestas legislativas. 
Una observación sobre el marco temporal de la segunda acción clave. 
Los trabajos en la propuesta para una nueva directiva sobre el trato a dar a los accidentes de la minería avanzan a buen ritmo. 
El estudio sobre mining hot spots va a concluir próximamente y ya ha comenzado la consulta de los grupos de intereses afectados. 
Esta propuesta será probablemente aprobada por la Comisión en el año 2002. 
Los trabajos sobre el documento relativo a las mejores tecnologías disponibles comenzó con una sesión inaugural en la oficina europea de IPPC a finales de junio. 
Según las experiencias tenidas hasta el momento, la elaboración de documentos tan detallados para describir las mejores tecnologías disponibles, dura como término medio en cualquier caso dos años. 
El informe insta finalmente a la Comisión que intensifique el diálogo con la industria europea de la minería. 
Este diálogo ya tiene lugar. Va a desempeñar un papel central en la aplicación de la estrategia comunitaria para la seguridad en la minería. 
Su apoyo muestra a la Comisión que estamos en la vía correcta. 
El informe nos motiva para seguir trabajando duramente y aplicar con rapidez nuestra estrategia para evitar accidentes en la minería tanto en la Unión Europea como en los países candidatos. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Gestión integrada de las zonas costeras en Europa 
. (EN) Señor Presidente, los principios de la gestión integrada de las zonas costeras se aceptan en todo el mundo como un mecanismo para posibilitar la gestión sostenible de dichas zonas. 
Europa se encuentra en la actualidad muy por detrás de otras naciones desarrolladas en lo que se refiere a su puesta en práctica. 
Por ejemplo, los EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda han introducido legislación de primera importancia para avanzar en la gestión integrada de las zonas costeras y marinas. 
El capítulo 17 de la Agenda 21 compromete a los países signatarios con costa a una gestión integrada y un desarrollo sostenible del litoral. 
El programa de demostración de la UE sobre gestión integrada de las zonas costeras, financiado por LIFE, ha demostrado que la puesta en práctica de una gestión integrada del litoral produce beneficios tanto económicos como medioambientales. 
La UE debiera estar aprovechando tales beneficios. 
El litoral requiere una gestión especial. 
Es urgente integrar la planificación y la gestión y fomentar un funcionamiento en colaboración de las ayudas marina y terrestre en los niveles local, regional y nacional. 
Mediante unas buenas prácticas de gestión del litoral, avanzaremos hacia su gestión sostenible. 
Europa debería ocupar un lugar de liderazgo específico para garantizar esa buena gestión, que sólo será posible si el proceso de gestión integrada de las zonas costeras está respaldado por legislación adecuada. 
La UE debe establecer un marco jurídico que posibilite la actuación en otros niveles. 
Esta recomendación debe considerarse como un primer paso en el desarrollo de dicho marco. 
Me sorprende parte de la oposición a la idea de una legislación vinculante, porque ésta es esencial para conseguir una financiación suficiente de las iniciativas de gestión integrada de las zonas costeras en toda Europa. 
Tales iniciativas suelen consistir en un mecanismo central de coordinación que requiere un grado relativamente pequeño de financiación básica. 
Pese a ello, las iniciativas que ya existen luchan por mantenerse a flote, debido sobre todo a la falta de apoyo financiero. 
Por ejemplo, proyectos de gestión integrada de las zonas costeras financiados por la UE, como el de la "Atlantic Living Coastline" en el Reino Unido u otros, se han suspendido desde entonces. 
La iniciativa del Reino Unido y la estrategia del estuario del Severn, en la que participan doce administraciones locales, sólo tiene asegurada la financiación para los próximos seis meses. 
Antes se haría un trabajo nacional de inventario para analizar qué agentes, leyes e instituciones influyen en la planificación y la gestión del litoral y conseguir una convergencia de organismos públicos e iniciativas locales, trabajo que debiera estar concluido a finales de diciembre de 2002. 
En mi propio país, la carta de la zona costera de la bahía de Bantry es el único plan de gestión integrada de zonas costeras acordado en todo el país hasta ahora. 
Incluso en países como el Reino Unido, en los que los programas de la UE han financiado algunos de los principales proyectos de gestión y regeneración del litoral, las administraciones locales no pueden dar prioridad a la financiación de medidas de gestión integrada de zonas costeras por la falta de un marco normativo nacional, de unas obligaciones, unas competencias o una financiación suficiente definidas por ley. 
Por esta razón, las administraciones locales apoyan decididamente el liderazgo de la UE para obtener un compromiso transeuropeo por parte de los gobiernos nacionales de ofrecer financiación y apoyo legislativo en este campo. 
Algunas personas me han criticado por decir que quiero dar más competencias a la UE en esta área. 
Mi colega, el Sr. Davies- que no está aquí esta noche- me ha criticado en comisión. 
Me estaba empezando a preguntar quién es el euroescéptico, si él o yo. 
En relación con la protección del medio ambiente, es sumamente importante que se dé a la UE algún tipo de control. 
En mi propio país, el gobierno ha sido incapaz de tomarse en serio las recomendaciones o incluso las directivas, y de aplicarlas de manera que alcancen realmente su objetivo original. 
Una recomendación es básicamente no vinculante. 
Así se da la situación de que hay Estados miembros que no se toman en serio la gestión de una costa. 
No podemos decir que con gestionar nuestras propias costas sea suficiente. 
Tiene un efecto de rebote en otras áreas, sobre todo donde hay costas comunes. 
Es completamente inaceptable que algunos Estados miembros tengan una estrategia y unos planes de gestión integrada de zonas costeras muy buenos, y que otros países no los tengan. 
Es completamente injusto. 
Cuando se trata de cuestiones medioambientales es necesario adoptar un enfoque internacional. 
No sirve de nada intentar abordarlas sólo a nivel nacional. 
Como todo el mundo sabe, las cuestiones medioambientales traspasan las fronteras. 
Para ellas no existen las fronteras nacionales. 
No estamos diciendo que en esta área queramos delegar todo el control a Europa, pero necesitamos legislación vinculante. 
Si no es así, los gobiernos hacen caso omiso. Las recomendaciones son sólo algo que cumplen si les conviene, y que no cumplen si no les conviene. 
En relación con las zonas costeras es de suma importancia. 
Europa ha experimentado un gran incremento de la presión sobre los recursos costeros. 
Se calcula que, de 1960 a 1990, diariamente se urbanizó un kilómetro de litoral intacto y desaparecieron 30 hectáreas de hábitat de dunas. 
Las poblaciones costeras también han aumentado y, en la actualidad, en torno al 50% de la población de la UE vive a no más de 50 kilómetros de la costa. 
Por ello hay una verdadera urgencia por acometer la gestión de las zonas costeras. 
El proyecto de recomendación deja fuera un tema muy importante al no precisar la diversidad biológica en peligro de nuestras zonas costeras. 
La zona costera es una de las zonas más dinámicas de la superficie de la tierra, con una abundancia de flora y fauna únicas que es necesario proteger. 
Este tema hay que abordarlo. 
Otra cuestión que hay que tratar es el cambio climático. 
Ya no podemos olvidar la amenaza que supone para la erosión costera. 
Es algo que hay que tener en cuenta. 
Todo el mundo, a estas alturas, reconocerá que el cambio climático está teniendo una repercusión de primer orden en nuestras zonas costeras. 
Por el bien de todas las actividades económicas que dependen de las costas tenemos que hacer algo, y hacerlo ya. 
Podemos ver la rápida destrucción de nuestras costas. Ello implica la destrucción de actividades económicas que dependen de ellas, tales como el turismo, el sector pesquero y otras. 
Es importante que se haga algo como resultado de esta recomendación, que se cree algún tipo de marco jurídico. 
Los Estados miembros que se muestran reacios a ello es porque no quieren afrontar el hecho de que nuestras costas deben ser protegidas. 
Quieren "escaquearse" de sus responsabilidades. 
No se debe consentir. 
Señor Presidente, tiene que existir una gestión integrada de las zonas costeras pero, lamentablemente, aún hay muchas personas qué no saben qué es esto. 
Tanto si se trata de los Cliffs of Moher en Irlanda, del Algarve en Portugal o del Watt en la costa alemana, las costas en Europa tienen una enorme importancia económica, ecológica, social y cultural. 
Las costas no son áreas de aglomeración humana pero, sin embargo, aproximadamente una tercera parte de la población de la UE vive en regiones costeras. 
Para un ecosistema frágil como son las costas, esto significa peligros. 
Pero también han aumentado los problemas socioeconómicos ya que las regiones costeras se encuentran alejadas de los centros decisorios y son ignoradas por la política. 
Sólo quiero recordar la deficiente vinculación de las infraestructuras de las regiones costeras. 
Tenemos pues que hacer algo por las costas en Europa. 
Ante los crecientes problemas es urgente encontrar una planificación y gestión que incluya a todos los que estén vinculados a las costas. 
Debemos establecer una gestión integrada que se ocupe de un desarrollo sostenible y preserve las costas como espacio vital. 
En Alemania existe el bello refrán de "muchos cocineros descomponen la olla". 
Escucho las voces de los críticos que alzan admonitoriamente el dedo citando este refrán. 
Pero yo les digo que esto puede que sea cierto para la olla pero no para nuestras costas. 
Los problemas son muy diferentes y los sectores afectados son diversos, pero la relación es evidente. 
Por ejemplo, los turistas vienen a mi costa a pescar cangrejos. 
Debido al ahondamiento artificial de los ríos o al vertido de sustancias contaminantes, se pone en peligro las existencias de cangrejos. 
Si no hay cangrejos, no hay turistas y sin éstos, no hay dinero. Y además ningún puesto de trabajo alternativo ni mucho menos en el sector pesquero. 
Nos encontramos ante problemas globales que los Estados miembros no pueden solucionar ellos solos o sólo de modo insuficiente. 
Lo que necesitamos es una conjunción de las fuerzas en las costas y que esto no puede funcionar sin fricciones está claro. 
Pero esta conjunción de las fuerzas es de ayuda a largo plazo para nuestro entorno de vida. 
Si cada uno sólo cuida de su propio jardín, en Europa no llegaremos lejos ni avanzaremos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, casi tengo ganas de decir que la calidad de nuestras zonas costeras en Europa forma parte de nuestro patrimonio. 
Aunque sea bastante tarde esta noche para hablar de la ordenación integrada de las zonas costeras en Europa, creo que es un tema especialmente importante que necesita efectivamente un marco jurídico. 
¿Por qué un marco jurídico? 
Sencillamente porque el desarrollo de nuestras zonas costeras se ha realizado a veces de una manera que ha provocado el deterioro de estas zonas, incluso si, como lo hizo observar uno de mis compañeros, el hábitat de las zonas costeras a veces está alejado de los grandes centros urbanos. 
Eso no ocurre en todos los países. 
Pertenezco a un país donde hay grandes centros urbanos a lo largo de las zonas costeras, y estas aglomeraciones finalmente han destruido la calidad de estas zonas, acarreando, debido a las actividades humanas, numerosos deterioros. 
Estos deterioros tienen consecuencias muy graves para la biodiversidad, la conservación de las especies, ya sea la fauna o la flora, graves para la calidad de los paisajes, muy graves para la calidad de las aguas. 
A este respecto, tenemos la directiva marco sobre el agua, relativa a las aguas de baño, y ya sabemos, en este período del año de manera más especial, cuando los turistas empiezan a invadir nuestras costas, cuán importante es la calidad de las aguas de baño. 
Todo ello tiene una importancia considerable, también para la calidad de los recursos haliéuticos. 
Tenemos presente que es necesario tener una verdadera voluntad política, a nivel del conjunto de los países de la Unión Europea como a nivel de los países candidatos a la ampliación, ya que entre los países que van a unirse a nosotros próximamente en el seno de la Unión Europea se encuentran países costeros e islas que se enfrentan a los mismos problemas: los del desarrollo económico de cara a la protección de nuestras zonas costeras. 
De hecho, no existe una oposición entre desarrollo económico y protección: se precisa una verdadera voluntad para aplicar un desarrollo paulatino, respetando absolutamente la necesidad de proteger los paisajes, la biodiversidad, etc. 
No cabe duda alguna de que para ello de requiere un marco jurídico. 
Coincido en este punto con mis compañeros. 
Sin embargo, se precisa un marco jurídico que respete las disparidades de nuestros países, porque las costas de los países escandinavos no presentan los mismos problemas que las costas de los países de Europa del Sur, trátese de Francia, España, Italia, Grecia. 
En efecto, debemos dar un poco más de responsabilidades a los responsables locales y pedir a cada Estado que establezca un marco jurídico conforme a la escala regional, local. 
En Francia, se creó hace 25 años el conservatorio del litoral. 
Está dotados de medios para adquirir zonas costeras que es preciso preservar y luego, hacer respetar, en el interior de los planes de utilización del suelo, las normas jurídicas. 
Esto es lo que debemos hacer. 
Creo que nuestras zonas costeras representan una riqueza a la vez medioambiental y económica que es absolutamente preciso que todos protejamos con un espíritu de política de desarrollo sostenible. 
El tema de la gestión integrada de las zonas costeras es de vital importancia para los habitantes de mi circunscripción en Escocia. 
Tal como destaca la Comisión en su propuesta, este no es sólo un problema local, sino que tiene una importancia crítica para todos los europeos. 
Como dijo la Sra. Langenhagen, la tercera parte de los ciudadanos de la Unión Europea vive cerca de estas zonas, cuando no en ellas. 
Las investigaciones han revelado un deterioro preocupante de los recursos medioambientales, socioeconómicos y culturales de nuestras zonas costeras. 
Somos testigos de una competencia agresiva entre los usuarios de esos recursos. 
Los problemas medioambientales incluyen la destrucción del hábitat, la contaminación de las aguas, la erosión costera y el agotamiento de los recursos, y todos ellos son problemas muy graves. 
Estos problemas medioambientales tienen un efecto en cadena más allá de las regiones costeras, en las regiones del interior. 
Las raíces del problema incluyen una falta de conocimientos, una falta de vinculación de los interesados y, por lo tanto, una falta de cooperación entre los órganos administrativos pertinentes. 
En una reciente videoconferencia celebrada en Scotland House, sede de la delegación del Ejecutivo Escocés en Bruselas, fue interesante ver cómo las diferentes administraciones locales de las Highlands y las Islas de Escocia estaban trabajando ya en colaboraciones locales con los interesados para proteger el litoral. 
Me animó mucho comprobar que se estaban tomando medidas y que se estaba dando a las zonas costeras la importancia que merecen. 
Al fin y al cabo, será el nivel local el que marcará una auténtica diferencia. 
Concluyendo, tenemos que fomentar medidas enérgicas a nivel local como las que ya se ven en Escocia, y tenemos que intercambiar las mejores prácticas de toda la Unión Europea para que la próxima generación pueda disfrutar de las zonas costeras tanto como la nuestra. 
En mi cultura, las mujeres de los pescadores representan lo más fuerte y valiente que existe. 
Creo que el debate de esta tarde, una vez más con la asistencia casi exclusiva de mujeres, demuestra que los que participamos en este debate quizá descendemos de aquellas valientes y fuertes mujeres de las costas. 
Estimados amigos, los movimientos políticos que durante largo tiempo han defendido los principios contenidos en el documento, han sido objeto de burlas en muchas ocasiones. 
El movimiento nacional que represento ha respaldado durante mucho tiempo los principios a que nos estamos refiriendo, pero hemos tenido que soportar muchas burlas. 
Conviene que apoyemos las recomendaciones obligatorias a los Estados miembros y evitar así la actual situación de confusión que deja a los pescadores en mayor peligro de extinción que a muchas especies en la naturaleza. 
La situación actual es irregular, tal como lo es la protección de los sectores costeros. 
Actualmente queremos que exista mayor tráfico marítimo pero no queremos dar protección. 
La ponente preguntaba por qué nuestro Grupo se opone a un marco jurídico obligatorio, pero sus explicaciones no nos han convencido. 
Se necesita un fundamento jurídico para estas actividades, pero no una legislación obligatoria. 
Tenemos que confiar en las actividades y en la coordinación que se producen en el ámbito local. 
Señor Presidente, una ordenación no solamente integrada sino planificada de las zonas costeras, tanto en Europa como en todos los continentes, es una de las necesidades capitales para el futuro de la humanidad. 
Es imposible hacerle frente en el marco estrecho de los Estados nacionales existentes. 
En este ámbito, podrían ser necesarias y legítimas las decisiones a escala continental, incluso del planeta. 
Sin embargo, es también en este ámbito donde las instituciones europeas son más impotentes, siendo tan aficionadas a reglamentaciones, demuestran con ello que no representan una autoridad que se impone a los Estados nacionales, a sus particularismos y a sus egoísmos, sino que son solamente su resultado. 
Las instituciones europeas están, como los Estados nacionales, al servicio de los intereses privados de grandes grupos industriales y financieros. 
Son incapaces de imponer las orientaciones más indispensables a la colectividad, con el riesgo de que las generaciones futuras queden exterminadas a causa de ello. 
Hacer frente a los grandes problemas ecológicos es totalmente incompatible con la propiedad privada de los grandes medios de producción y su utilización con el fin exclusivo de obtener ganancias. 
Los asuntos Erika e Ievoli Sun ilustraron hasta qué grado los intereses privados se oponen al interés colectivo. 
En estas condiciones, votar en favor de una estrategia de ordenación integrada de las zonas costeras es pura hipocresía. Nosotros nos abstendremos. 
Señor Presidente, como ya ha dicho la Sra. Stihler, esta propuesta es de gran importancia para Escocia. 
Por ejemplo, una de nuestras circunscripciones administrativas locales tiene 26 islas habitadas y una costa tan larga como la de Francia. 
Escocia, en conjunto, tiene en marcha 462 planes costeros diferentes, de los cuales casi tres cuartas partes son locales. 
Aunque la gestión de las zonas costeras se debe mantener predominantemente a nivel local, las estrategias nacionales para apoyar y coordinar la actuación son esenciales. 
Somos afortunados por contar con un foro costero escocés que ejerza esta función. 
Pero ese buen trabajo puede verse erosionado. 
Tal como explicó recientemente el foro del fiordo de Clyde, carecemos de cualquier tipo de seguridad, política o financiera, que pueda darnos una base sólida para realizar una gestión a más largo plazo. 
Por ello es tan bien recibida la propuesta de la Comisión. 
Felicito a la Sra. McKenna por la medida en la que su informe ha explicado y aclarado el texto. 
. 
(EN) Señor Presidente, señores diputados al Parlamento Europeo, puesto que continúo la intervención de mi colega, la Sra. Wallström, hablaré en inglés. 
La zona costera es muy importante para Europa, tal como han indicado otros intervinientes. 
Sus recursos nos proporcionan alimentos, energía y hogares, y crean oportunidades. 
Sin embargo, de acuerdo con los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, las condiciones de las zonas costeras y de sus recursos siguen empeorando. 
Dichas condiciones sólo se pueden mejorar mediante un esfuerzo combinado en el que intervengan todos los niveles de los sectores correspondientes de la administración pública, basado en los principios de la gestión integrada de las zonas costeras. 
Quisiera destacar que esta gestión integrada de las zonas costeras no es un procedimiento de ordenación territorial per se. 
Es más bien una metodología para introducir un enfoque coherente en la gestión y el aprovechamiento de los recursos costeros, con una intervención informada de todas las partes interesadas. 
Para animar a los Estados miembros a que asuman toda su responsabilidad en la promoción de una gestión integrada de las zonas costeras, la Comisión ha presentado la recomendación propuesta. 
En ella se hace un llamamiento a los Estados miembros para que desarrollen estrategias nacionales de gestión de las zonas costeras basadas en un inventario de los agentes, las leyes y las instituciones que intervienen en su gestión y planificación. 
Con ello se pretende introducir un enfoque coherente para las zonas costeras en toda Europa, pero la recomendación deja intencionadamente a los Estados miembros la elección del formato de las estrategias nacionales a fin de que unas de ellas se ajuste perfectamente a las condiciones institucionales, físicas y sociales de cada Estado miembro. 
Al mismo tiempo, en la recomendación se enuncian una serie de características que se anima a abordar a los Estados miembros a través de sus estrategias nacionales, tales como la necesidad de una coherencia entre los distintos planes, políticas y programas de gestión de las zonas costeras, o la necesidad de una coordinación entre los agentes que usan y gestionan las costas, en especial los que tienen responsabilidades sobre el mar y la tierra que integran el litoral. 
Permítanme volver a las cuestiones clave que se plantean en las enmiendas propuestas. 
Quisiera comenzar señalando que la Comisión puede aceptar muchas de ellas. 
Muchas, efectivamente, refuerzan el texto al aclarar conceptos e introducir nueva información. 
Damos las gracias al Parlamento por presentarlas. 
Hay, sin embargo, algunas enmiendas que la Comisión no puede aceptar. 
Varias de las enmiendas propuestas, concretamente las que llevan los números 11, 12, 16, 18, 29, 32, 43 y 49, introducen referencias a un futuro marco legislativo de la Comunidad. 
La Comisión no las puede aceptar por la razón obvia de que prejuzgan la cuestión de si es necesario o no adoptar un enfoque legislativo. 
Además, una referencia a un marco legislativo comunitario no sería apropiada teniendo en cuenta la gran diversidad de condiciones que se dan en los Estados miembros y la filosofía de la Comisión en lo relativo a la gestión de las zonas costeras. 
La actual decisión de la Comisión de proponer una recomendación se basó tanto en una exhaustiva valoración de las necesidades de actuación a nivel europeo a través del programa de demostración sobre gestión integrada de las zonas costeras como en una amplia consulta pública. 
Con el mismo espíritu, la Comisión no puede aceptar las enmiendas que introduzcan un lenguaje de obligatoriedad. 
No es el adecuado en un instrumento no vinculante como es una recomendación y, por lo tanto, la Comisión no puede aceptar su empleo en las enmiendas núms. 29, 32 y 34. 
Igualmente, las referencias en las enmiendas núms. 17, 20, 33 y 45 a la necesidad de instrumentos vinculantes en los Estados miembros obvian el hecho de que quizá la mejor forma de introducir la gestión de las zonas costeras en algunos Estados miembros sea mediante medidas voluntarias. 
Así pues, las partes correspondientes de estas enmiendas tampoco son aceptables. 
Por lo demás, las seis enmiendas son aceptables en su principio o en parte. 
A la Comisión le preocupa que las enmiendas núms. 16 y 42 puedan dar una impresión incorrecta, reducida, del alcance del enfoque de la gestión integrada de las zonas costeras. 
En particular, en las enmiendas núms. 25 y 47, a la vez que la Comisión acepta la necesidad de intervención de todas las partes interesadas, el texto no debe limitarse al proceso de planificación especial, sino hacer una referencia más amplia a todos los agentes que intervienen en la planificación y la gestión de las zonas costeras y sus recursos. 
La Comisión también desea señalar que no puede aceptar dos enmiendas que hacen una referencia inadecuada a otras políticas de la Comunidad que es mejor tratar en un contexto diferente. 
La referencia al programa INTERREG en la enmienda nº 16 es inapropiada, ya que las directrices de INTERREG se han definido en otra parte. 
Igualmente, la referencia en la enmienda nº 35 a la política pesquera común y a la excepción al límite de las 12 millas no es aceptable, pues prejuzga el debate sobre la revisión de esta política. 
Asimismo, las enmiendas núms. 47 y 48 no son aceptables, al menos en parte, porque podrían llevar a respaldar prácticas tradicionales insostenibles, entre ellas las relativas a la caza y la pesca. 
En lo cuanto a las enmiendas que quedan- cuya lista es más larga que la de las enmiendas no aceptables- la Comisión puede aceptar las núms. 1, 3 a 10, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41 y 46; y además, puede aceptar, en principio, las enmiendas núms. 
2, 14, 24, 36, y 44. Por consiguiente, la Comisión puede aceptar dos terceras partes de las enmiendas. 
Para terminar, el Parlamento ha contribuido considerablemente a mejorar esta propuesta. 
Por ello quiero dar las gracias por sus esfuerzos a la ponente, Sra. McKenna, y a los ponentes para opinión de las demás comisiones. 
Estoy segura de que el texto final será un paso importante para el fomento de la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 00.10 horas) 
Señora Presidenta, esta semana he presenciado el desembarco en el Parlamento de algunas embarcaciones y pude comprender al servicio de seguridad. 
Hubo dificultades lingüísticas, y, además, la comunicación telefónica estaba tan mal que era casi imposible entenderse. 
Pediría que un número del servicio de seguridad en el que se les pueda localizar aparezca expuesto clara y visiblemente dentro del edificio del Parlamento, de manera que se pueda dar parte de un incidente de forma rápida y eficaz. 
Señor Rübig, con mucho gusto daremos a conocer ese número. 
Ya que menciona usted este asunto, debo decirle que ayer tuvimos que afrontar incidentes muy delicados. 
Unos manifestantes, ya que no se puede hablar de visitantes, causaron numerosos problemas. 
Deseo poner de manifiesto que nuestro servicio de seguridad reaccionó ciertamente con mucha rapidez, con una gran eficacia y que, gracias a esta eficacia, el incidente pudo ser controlado. 
Quería hacerlo público ante este hemiciclo. 
Señor Presidenta, he sabido que estos días se debate en la Mesa la cuestión de las lenguas y la interpretación tras el ingreso de los países candidatos a la adhesión. 
Dado que, como usted sabe, todos tenemos cierta sensibilidad con respecto al asunto, y dado que la cuestión es principalmente política, y no puede circunscribirse a medidas de carácter administrativo, quisiera pedirle que nos informe acerca de las ideas que se están barajando y acerca del modo con el que piensan que podríamos participar todos en un debate que no podemos dejar de abordar. 
Señora Zorba, las orientaciones a las que alude serán adoptadas por la Mesa en el mes de Septiembre, y hasta entonces, los Grupos tendrán tiempo de sobra para hablar de ello. 
Creo que es muy importante que puedan hacerlo. 
Señora Presidenta, una observación más sobre el tema de la regulación lingüística después de que haya sido tocado ya dos veces. 
Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que está ya regulado en el Reglamento. 
Según el mismo, el Pleno decide con carácter definitivo la regulación lingüística que quiera adoptar, por lo que carece de fundamento cualquier preocupación, incluso en relación a la composición de la Presidencia. 
Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del G8 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del G8. 
Concedo de inmediato la palabra al Comisario Sr. Patten. 
Señora Presidenta, al agradecer al Comisario Patten sus declaraciones, no puedo dejar de manifestar mi profundo pesar por el hecho de que este Parlamento no haya dedicado un amplio debate a este tema tan relevante y tan sentido por nuestras sociedades, por nuestras opiniones públicas, cerrándolo quizás con una moción común. 
Es paradójico que una Cumbre con una agenda tan sensible a los temas de la gobernanza global sea objeto de críticas tan feroces como infundadas. 
Evidentemente, ha habido y hay un problema no solo de comunicación, sino también de participación democrática, no la auspiciada por los violentos movimientos antiglobalización, sino la que corresponde a los parlamentos nacionales. 
Por lo tanto, en Génova no solo se hablará de mercado, sino que la agenda estará centrada por completo en el tema de la lucha contra la pobreza. 
La lucha contra la pobreza implica, ante todo, trabajo y redistribución equitativa de la riqueza generada por el proceso de globalización. 
A los movimientos antiglobalización, como economista, les recuerdo que la riqueza, antes de redistribuirse, debe producirse. 
Sin embargo, el objetivo europeo del pleno empleo para no estar caracterizado por una mera visión egoísta de una comunidad rica se debe convertir en el objetivo global de acompañar el proceso de liberalización de los intercambios comerciales con políticas activas de trabajo, útiles para crear sociedades activas y, en consecuencia, inclusión social, con la superación del llamado digital divide, con la formación del capital humano, con el apoyo al autoempleo. 
La prioridad del trabajo debe llevar aparejada la difusión de niveles mínimos de protección para todos. 
La lucha contra la pobreza significa mejorar la cooperación entre el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de Comercio, a fin de integrar las políticas de estabilidad macroeconómica y de desarrollo con las sociales. 
Como se puede comprobar, se ha registrado un gran cambio respecto a las Cumbres de la mitad de los años setenta. 
En la Cumbre de Génova, como ha recordado el Comisario Patten, desde el primer día los jefes de Estado y de Gobierno, invitados por el Presidente italiano, celebrarán reuniones con el Secretario de la ONU, Kofi Annan, con el Presidente de la Comisión Europea, Sr. Prodi, con el Presidente de turno de la Unión, Sr. Verhofstadt, con el director de la FAO, de la OMC, de la OMS y del Banco Mundial, así como con los presidentes de Nigeria, Sudáfrica y Argelia que son los que han lanzado el plan de ayuda y desarrollo de África. 
El del G-8 es seguramente un ejercicio de gobernanza global que puede y debe ser perfeccionado, pero que al día de hoy se asienta sobre bases mucho más amplias que las de los años setenta y ochenta. 
Señora Presidenta, el próximo 20 de julio en Génova los ocho grandes estarán bajo la mirada del mundo enzarzados con una agenda complicada: pobreza, medio ambiente, lucha contra el sida. 
Espero que el empleo de los recursos y de los medios para que sea posible el G-8 sea proporcionado a la capacidad de indicar soluciones adecuadas a los dramas actuales. 
Italia ha tratado de preparar lo mejor posible estos dossiers y parece que el nuevo Gobierno quiere continuar en la misma dirección que el anterior: me refiero al 20% de la población mundial que consume el 83% de los recursos del planeta, me refiero a 1.300 millones de seres humanos que viven con un dólar al día, me refiero a las condiciones climáticas del planeta. 
No se cuestiona la legitimidad de estas cumbres, sin embargo, hacer referencia a este tipo de foros- que, entre otras cosas, sabemos que no tienen ningún poder real- es un gravísimo déficit de representación, y cuando hablo de déficit de representación no solo me refiero a la representación de los países más pobres- que es un problema muy serio- sino que pienso, por ejemplo, en cómo está representada la misma Unión Europea. 
Todo esto, por lo tanto, no debe atenuar la urgencia de convertir en creíbles, eficaces y democráticas unas instituciones internacionales como las Naciones Unidas y su Comité Económico y Social, la Organización Mundial de Comercio, por no hablar del Fondo Monetario y del Banco Mundial, en la perspectiva de la creación de instituciones capaces de restablecer un nexo entre política y economía, entre gobierno y mercado respecto a tendencias globales que hasta la fecha han favorecido más la libre circulación de los capitales y las rentas especulativas que las inversiones directas. 
Por lo que se refiere a la agenda: hacer frente a la deuda exterior de los países más pobres, pero yendo más allá, a través de la propuesta "todo menos las armas"; respaldar la estrategia de la Organización Internacional del Trabajo; agenda por un trabajo digno para evitar condenar a los países más pobres a ganar mercados preferentemente sobre la base del dumping social; ratificar el Protocolo de Kioto; apoyar la estrategia de los países africanos como Sudáfrica, para luchar contra el sida mediante el fondo que aquí nos ha recordado el Comisario Patten. 
Nosotros esperamos que sí y pensamos que la presión de este gran y abigarrado movimiento es importante en este sentido. 
Sin embargo, también pienso que las formas de violencia, además de inaceptables como formas de expresión política, sea cual sea su signo, al final y a la postre, tratan de ocultar los verdaderos contenidos- en esto tiene razón el Comisario Patten- y de utilizar el impacto mediático de estos sucesos para fines subversivos que nada tienen que ver con la solución a estos problemas. 
Señora Presidenta, la pasada semana participé en una conferencia en Estocolmo en la que el presidente africano en la sección plenaria donde yo tenía que intervenir abrió la sesión a instancias de sus amigos africanos con las siguientes palabras: "I was asked to bring back to Africa the cure for AIDS, the cure for poverty, the cure for political conflict and the cure for non-availability of information technology- the four diseases that are increasing the already wide gap between North and South" (Se me ha pedido que lleve conmigo de vuelta a África el remedio para el SIDA, el remedio para la pobreza, el remedio para los conflictos políticos y el remedio para la no disponibilidad de la tecnología de la información- las cuatro enfermedades que están aumentando la ya de por sí amplia brecha entre Norte y Sur). 
Y no le faltaban razón a sus palabras. 
En 1960 el 20% más rico de la población mundial tenía unos ingresos treinta veces superiores a los ingresos del 20% más pobre. 
En 1960 éstos eran sesenta veces superiores y en 1997, setenta y cuatro veces y no cabe ninguna duda de que esta diferencia ha aumentado desde 1997. 
Según datos recogidos en "The Economist" el 16 de junio, el mundo tiene ahora más ricos que nunca. 
La triste conclusión que él extrajo tras la sesión fue: "So it seems that I have to return to Africa without the cure for our four ongoing major crises" (Me da la impresión de que tengo que regresar a África sin el remedio para nuestras cuatro principales crisis en marcha). 
Tenemos aquí un problema con muchas de nuestras reuniones. 
Podemos esperar que la reunión del G8, en la que los países comunitarios por separado, la Comisión y la Presidencia están representados, quizá contribuya a trasladar un poco. 
Si no se logran resultados más significativos de estas reuniones, nos tememos que empeore el temor a la globalización y que veamos por ello manifestaciones aún mayores. 
Pues una parte del problema es que la gente normalmente piensa que esta globalización sencillamente es mala, mientras que nosotros los políticos somos de la opinión de que vista así debería ser beneficiosa y sabemos que podría ser beneficiosa. 
Sin embargo, nos falta ver los resultados y vemos documentada la existencia de diferencias cada vez mayores. 
De ahí que quiera exhortar a la Comisión- y no será al Sr. Patten, sino evidentemente al Sr. Prodi- a que preste atención verdaderamente a la desesperación de los países en vías de desarrollo, pues éste es el mayor problema del mundo actualmente. 
Al discutir la creación de un fondo, de efectuar la condonación de la deuda, etc., debemos acordarnos también de hablar de un "additional money", es decir, un dinero adicional, de modo que superemos la situación de que sea el mismo dinero que circula dentro del sistema y que nunca es desembolsado. 
Señora Presidenta, creemos que en Génova la novedad ya no será la reunión del G-8, sino, por el contrario, la del movimiento de contestación. 
El G-8 está considerado por muchas partes sociales y políticas- y nosotros entre ellas- como ilegítimo, como expresión de una grave tendencia a privar a la soberanía de decisiones importantes. 
No somos los únicos en pensar así: incluso todo el Episcopado de la Iglesia católica de la región anfitriona se ha expresado en el mismo sentido. 
Tras la tragedia de Gotemburgo hubiera sido más sensato suspender la reunión del G-8. 
Con frecuencia es de sabios no recurrir a la exhibición de la fuerza personal; existe el riesgo de que Europa regrese a los siglos en los que las fuerzas del orden disparaban en las manifestaciones, en aquel entonces del movimiento obrero. 
Esta reunión del G-8 ya es una inútil manifestación de potencia, una glorificación de la potencia personal; sin embargo, son muchos los que ya no creen en ella. 
Y no creen en ella porque la globalización no logra esconder los fallos que produce en el mundo: incorpora factores de crisis, agrava las injusticias entre el Norte y el Sur, no resuelve los problemas de la pobreza y de la enfermedad, genera una incertidumbre generalizada y profunda respecto al futuro de la humanidad y al destino de la naturaleza. 
Por eso, son los adversarios del G-8, los movimientos de la sociedad civil los que hoy hablan al mundo, son los jóvenes de los países ricos que interpretan a los países pobres del mundo, a sus pueblos que encuentran demandas de democracia y de participación no satisfechas, que encuentran las instancias de la persona, del medio ambiente, de las fuerzas que reclaman justicia social. 
La consigna de los manifestantes es: es posible otro mundo. 
En esta consigna coinciden las luchas de los obreros por el empleo y los salarios, de los campesinos por una agricultura diferente y por una respuesta a los problemas del hambre en el mundo, coinciden todas las demandas ricas. 
¿Dónde está Europa? 
Europa permanece en silencio. 
Encuentro que una de las enseñanzas más clara para nosotros es que, ante este silencio de Europa, una gran fuerza religiosa como la Iglesia católica consiga expresar mejor e interpretar las demandas de la sociedad civil de este gran continente siendo muy crítica con la ilegitimidad de esta Cumbre y con la incapacidad de gobernar los grandes procesos de modernización del mundo. 
Señora Presidenta, durante estas semanas en Italia se han realizado sondeos sobre la evolución de la opinión pública y con gran sorpresa debo decir que uno de los resultados que ha aflorado es que la mayoría de los italianos comparte las inquietudes de los manifestantes contra el G-8. 
Esto no significa en absoluto que la mayoría de los italianos esté de acuerdo con la violencia que se registró en otras ocasiones y que tememos que se vuelva a registrar. 
Evidentemente, no me cuento entre ellos ni tampoco la mayoría de los italianos, pero esto significa que, de hecho, en Italia- y, creo, en muchos otros países del mundo- existe una profunda preocupación por una manera de globalizar el mundo que nada tiene que ver con las expectativas de la inmensa mayoría de la población. 
Es un problema que concierne a algunos problemas de fondo de la humanidad, es más, quisiera decir que se trata de un problema que afecta principal y precisamente a aquellos que tienen una cultura liberal, como yo, porque una de las grandes preocupaciones que tenemos es que se lleve a cabo un proceso de mundialización de la economía sin reglas que quizás traerá las peores consecuencias. 
Ante esto existe una gran posibilidad y una gran responsabilidad de Europa. 
Una gran posibilidad porque, de hecho, hoy en Europa se desarrollan una serie de tendencias y de ideas que podrían dar, al menos en parte, una respuesta a los problemas de la globalización. 
En el ámbito de los derechos humanos, en el terreno de la protección del medio ambiente y del respeto a las minorías y del arraigo de los ciudadanos, de la diversidad y de la aceptación de las diversidades, Europa está espontánea y mayoritariamente de acuerdo. 
Prueba de ello es la posición casi unánime respecto al Protocolo de Kioto, prueba de ello es la lucha contra la pena de muerte y por el respeto a los derechos humanos, lo demuestra la política de cohesión, tal vez aún insuficiente pero importante, que estamos llevando a cabo. 
Al mismo tiempo esto demuestra nuestra responsabilidad, ya que, hoy por hoy, estos resultados no son resultados políticos. Actualmente no existe una Europa que afirme estas ideas ante el mundo: existen sólo países. 
Es más, la imagen que aflorará en la Cumbre de Génova es una imagen de una Europa ausente, por lo tanto, una imagen que corre el riesgo de estar dominada por la gran y única superpotencia. 
No por su culpa, cuidado, sino por la falta del que podría ser un continente que, por el contrario, expresa una línea distinta pero que presta atención a las inquietudes de la inmensa mayoría de la humanidad. 
De ahí que tengamos ante nosotros dos retos: el primero, profundizar este diseño, este discurso. 
Creo que nosotros mismos podríamos realizar algunos hechos muy importantes: por ejemplo, la idea de acudir a la próxima Cumbre sobre el medio ambiente con una voz unida, con una sola voz de Europa; la idea, por ejemplo, de profundizar el concepto de cohesión interna. 
Existe asimismo un problema de ampliación de los fondos: una Europa que asignase una parte más consistente de sus recursos a una política- que ya ha logrado un éxito parcial- de mejora de ciertas regiones deprimidas, tendría un gran significado. 
Sin embargo, a esto hay que añadir una acción política global. 
Si éstas seguirán siendo, como hasta ahora, voces de determinados Estados, serán voces sin fuerza en los foros mundiales. 
Por el contrario, si conseguimos avanzar por la vía de la integración europea y si logramos que en algunos grandes foros mundiales no participen simplemente algunos Estados europeos, sino que haya una sola voz de Europa, habremos contribuido no solo a solucionar los problemas de Europa, sino los problemas del mundo. 
El Gobierno italiano está actuando correctamente en la búsqueda del diálogo con todas las fuerzas sociales. 
En este punto se debería añadir algo más: hacia los demás países un gran impulso de integración europea para que estas ideas, estas esperanzas que justamente no están haciendo avanzar sean expresadas por un sujeto que tenga fuerza. 
No puede ser ningún Estado por sí solo, debe ser Europa en su conjunto que las lleve adelante. 
Señor Comisario, la globalización debe ser sobre todo globalización de los derechos y de las libertades. Por lo tanto, y ante todo, muy bien esa propuesta "todo menos las armas", la iniciativa de la Comisión encaminada a la supresión unilateral de los aranceles aduaneros para los países más desfavorecidos. 
Se trata de una repuesta de libertad económica en la que hay que ir hasta el fondo, también porque así se podrá responder mejor a quien achaca a la globalización la miseria y la explotación de pueblos enteros y de determinadas capas sociales de nuestro planeta, unos pueblos explotados por sus tiranos, unos pueblos explotados por economías cerradas y autárquicas en su inmensa mayoría. 
Por lo tanto, no es verdad que la libertad económica, la apertura de los mercados ocasionan la ruina de las poblaciones. En este sentido, la iniciativa de suprimir unilateralmente las barreras aduaneras es políticamente fundamental. 
Sin embargo, también es fundamental la globalización de los derechos: haría falta que alguien en ese foro fuera a recordar no solo a los Estados participantes, sino a todo el mundo: la abolición de la pena de muerte y la moratoria universal de las ejecuciones capitales en el mundo, las 60 ratificaciones para el Tribunal Penal Internacional, la lucha global contra las mutilaciones genitales femeninas. 
Éste es el tipo de globalización que los ciudadanos podrían acoger positivamente. 
Entonces se plantea un problema, no digo de falta de legitimidad, sino de falta de reglas, de procedimientos. 
La participación no puede afectar única y exclusivamente a las organizaciones no gubernamentales, a los llamados representantes de la sociedad civil, el problema es de todos los ciudadanos. 
Por eso, ¿por qué no tratar de conseguir que el debate del G-8 sea on line y público: orden del día, debates, qué se decide, quién decide? 
Esta publicidad debe restablecerse. 
El G-8 no es una institución, sin embargo, está obligado a la publicidad y a la transparencia de sus trabajos y de sus decisiones. 
Estimado Presidente, Comisario Patten, dentro de algo más de dos semanas, nuestros líderes mundiales se reúnen en Génova. 
El tema central será la globalización y, concretamente, la lucha contra la pobreza, el medio ambiente y la prevención de conflictos. 
Las calles de Génova volverán a llenarse de manifestantes. 
Lamentablemente, las imágenes de una minoría vandálica que se dedica a lanzar piedras volverán a recibir gran atención por parte de la televisión y los medios de comunicación. 
Yo condeno a esta minoría porque las piedras no son ni de derechas ni de izquierdas, sino tan solo destructivas. 
Sin embargo, respaldo la protesta de la mayoría pacífica de manifestantes que se oponen a un sistema mundial de comercio que provoca un reparto desigual de la riqueza. 
El comercio mundial nunca había sido tan floreciente como ahora. 
Por este motivo, resulta sorprendente que los 20 países más ricos ganen 37 veces más que los 20 países más pobres. 
Esta brecha no era ni la mitad de grande hace 40 años. 
Los países pobres, y concretamente la población pobre de estos países, no se benefician de la bonanza mundial. 
Casi la mitad de la población mundial debe salir adelante con una cantidad inferior a los 2 dólares diarios y una quinta parte de la misma vive por debajo del límite absoluto de la pobreza que se estima a escala internacional en 1 dólar al día. 
En este sentido, es totalmente inaceptable que los países en vías de desarrollo se vean obligados a abrir sus mercados a nuestros productos, mientras que en Occidente existe toda una serie de barreras comerciales que suponen un obstáculo infranqueable para los países en vías de desarrollo. 
La Unión Europea ha dado un primer paso con una iniciativa digna de elogio: todo menos armas. 
Europa debe ir más lejos. 
Hago un llamamiento, especialmente a las grandes potencias industriales occidentales que miran para otro lado de forma vergonzosa, como es el caso de los Estados Unidos, para que sigan el ejemplo de Europa. 
Por otra parte, la nueva ronda de la OMC sólo resultará creíble si verdaderamente se convierte en una ronda por el desarrollo. 
El comercio mundial al servicio de la lucha contra la pobreza. Esto sí que supondría un impulso en el camino del reparto justo de la riqueza. 
Pero se requiere mucho más. 
La falta de compromiso político impedirá que se alcancen acuerdos internacionales que establezcan, por ejemplo, el acceso universal a la educación y a la sanidad básica en el año 2015. 
En el año 2001 aún existen 130 niños que no acuden nunca a la escuela y otros 150 millones de niños comienzan a asistir a la educación básica pero la abandonan antes de saber leer y escribir. 
La epidemia de SIDA ocasiona un desorden sin precedentes en la estructura social de los países en vías de desarrollo. 
Las concesiones económicas que se planteen en Génova a favor de un fondo internacional para las enfermedades relacionadas con la pobreza son, sin duda, dignas de elogio y, sobre todo, novedosas pero no pasan de ser, recurriendo al tópico, una gota de agua en el mar si los mismos donantes no llegan a acuerdos internacionales: el 0,7 % del producto nacional bruto destinado a la ayuda al desarrollo. 
Esto se puede aplicar a Estados miembros como el Reino Unido o Alemania, aunque también a los Estados Unidos, con tan solo un 0,1 %. 
En Génova también se hablará de la inestabilidad de los mercados financieros mundiales. 
Considero que convendría que los líderes mundiales se unan a la iniciativa de la presidencia belga de estudiar un impuesto Tobin sobre las transacciones instantáneas de capitales a escala internacional. 
Este método fiscal tan denostado por los Estados Unidos puede prevenir la aparición de crisis financieras y su recaudación podría destinarse a proyectos de desarrollo. 
Personalmente, juzgaré la reunión del G8 en función de su compromiso político real a la hora de afrontar la lucha contra la pobreza. 
Esto requiere medidas efectivas, el cumplimiento de los acuerdos internacionales existentes y la voluntad de defender los intereses mundiales por encima de unos intereses nacionales, de tipo económico o industrial, cuya formulación resulta, a veces, muy obtusa. 
Señora Presidenta, ahora que parecía que las cumbres del G 8 estaban convirtiéndose en una rutina, la cosa da un giro. 
Cada vez hay más personas que piensan que el G 8 se está alejando de los temas económicos y financieros que le eran propios y que está empezando a asumir el papel de una especie de gobierno mundial. 
Esto produce desconfianza y rechazo. 
Puede decirse todo lo que se quiera sobre los puntos débiles de la ONU, pero está legitimada por la comunidad internacional, lo que también ocurre con la CNUCD que, por cierto, últimamente parece que está en hibernación. 
Por el contrario, el G 7 o G 8 se ha autoinvestido de poder para dirigir los destinos del mundo basándose en su poderío económico y en su poderío en general. 
La política neoliberal que han practicado no frena, sino que más bien acelera la separación Norte-Sur y los procesos de empobrecimiento y endeudamiento de los países en desarrollo. 
Quien quiera, como ya ha ocurrido, criminalizar toda acción de resistencia ejercida contra la globalización, resistencia de la que rechazo sus formas violentas, está malinterpretando las cosas y confundiendo las causas con los efectos. 
Se necesitan alternativas al neoliberalismo y no contingentes policiales especiales ni suspensión incluso de acuerdos entre países sobre transporte de pasajeros. 
Lo que es necesario, y lo que la Unión Europea debería defender, es que se consideren los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, y eso es lo que nosotros exactamente debemos pedir en lugar de permitir que ocurra lo que está ocurriendo. 
Señora Presidenta, en un artículo que hoy aparece en un periódico italiano el Presidente Prodi cita las conclusiones de la Cumbre de Gotemburgo en materia de desarrollo sostenible como ejemplo de gobierno de la globalización hacia objetivos de reparto mundial de la riqueza y de protección del medio ambiente. 
Me centraré en este último aspecto: es verdad, con Gotemburgo la dimensión medioambiental se incorpora a la dimensión económica y social. 
La protección del medio ambiente ya no es solo una exigencia moral, sino una oportunidad para una nueva ola de innovación, generadora de crecimiento y de empleo. 
Su valor político es indudable: un punto sin retorno para los Estados miembros pero también para los países candidatos y los terceros países. 
El día después de la anunciada voluntad americana de volver a cuestionar el Protocolo de Kioto, se trata de una verdadera declaración de intenciones con vistas a las próximas citas internacionales: primero Génova, luego, más específicamente, Bonn y, por último Johannesburgo en el año 2002. 
Pero he aquí la cuestión: las grandes Cumbres internacionales, incluso cuando llegan a resultados de este calado, no conectan con los movimientos que se mueven bajo la insignia de "Seattle" y, sobre todo, no responden a esa mucho más profunda, extendida y tácita demanda de seguridad presente entre los ciudadanos, la base de un iceberg cuya punta es el heterogéneo mundo de la protesta. 
¿Por qué? 
¿Por qué el diálogo es tan difícil, sino imposible? 
Lo cierto es que hay un aspecto de alarde mediático de estas Cumbres que se ha convertido en insoportable. 
Sin embargo, creo que también se ha perdido la confianza en la capacidad de la política de cumplir ese tipo de compromisos. 
Las razones no faltan y nos afectan directamente. 
También en Gotemburgo, cuando se trató de pasar de las palabras a los hechos, se optó por dejarlo para más adelante: ningún Consejo sobre "sostenibilidad", ningún calendario, ninguna referencia concreta a la aplicación de normas más ecocompatibles. 
¿Cuándo llegará el momento? 
Señora Presidenta, es necesario un gobierno de la economía diferente. Diferente respecto al actual y que no esté en manos de unos pocos, sino sometido, al menos, al control democrático. 
La globalización, como todos los procesos económicos, no es algo natural, sino un proceso mundial con el que hay que enfrentarse teniendo en cuenta las relaciones de fuerza a todos los niveles. 
Por esto, es preciso incidir en su gobierno actuando en pos de una perspectiva democrática y devolviendo a los pueblos y a los Gobiernos su función de control y de gestión. 
Por esto, estaremos en Génova, por las manifestaciones pacíficas contra el G-8, y nadie nos puede impedir nuestro derecho a manifestarnos. 
Por otra parte, advertimos el grave peligro de los grupos organizados que respaldan el objetivo declarado del enfrentamiento callejero y de la violencia urbana, y por esto pedimos a todos aquellos que participan en las manifestaciones que se disocien ya desde ahora pública y inequívocamente de las acciones de grupos irresponsables y que se comprometan, desde ahora mismo y realmente, a aislar y a neutralizar a los provocadores. 
Señora Presidenta, las cumbres del G 8 son, de hecho, un intento de encontrar respuestas políticas globales a la globalización de los mercados que, ésta sí, es una realidad. 
Esas respuestas políticas son muy necesarias. 
Pero sería interesante que, además, sacásemos el balance de las cumbres y verificásemos si los acuerdos logrados en ellas se han traducido en resultados. 
Por recordarles sólo un problema muy concreto: la situación y protección de los niños en conflictos armados. 
Aquí, desgraciadamente, no se ha avanzado mucho, aunque llegó a ser materia de acuerdo de una cumbre del G 8. 
Junto al tema tan importante de la ayuda a los países más pobres, también está en la agenda el tema, no menos importante, de cómo una OMC mejorada puede redundar en beneficio de esos países. 
En relación a esto desearía que el G 8 se manifestase a favor de crear una organización internacional de la competencia en el marco de la OMC que no se limitase sólo a determinadas regiones del planeta. 
Esto es aún más importante porque un nuevo tema, que hasta ahora no figuraba en el orden del día, hará su aparición en la próxima cumbre y dará lugar a conferencias y debates: el sombrío horizonte del crecimiento económico mundial. 
Espero que el optimismo de los Jefes de Estado reunidos allí contribuya a que el ciclo económico arranque de nuevo, pues necesitamos un crecimiento sostenible tanto en los EEUU como en otras regiones del globo. Europa también depende del desarrollo de éstas. 
En este contexto quisiera pedir también que los Jefes de Estado y de Gobierno traten el tema de una nueva arquitectura financiera. 
Necesitamos estabilidad financiera en los mercados. Si no se da, nuestras economías se ven afectadas negativamente y el desarrollo de la economía mundial también. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno han de pedir que el sector privado se implique en la superación de las crisis financieras. 
Quisiera subrayarlo otra vez: la estabilidad de los mercados financieros es un bien público de interés general. 
Queda cerrado el debate. 
Embarcaciones de recreo 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0218/2001) del Sr. Callanan, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a embarcaciones de recreo. 
Señor Presidente, Señorías, en toda la Unión Europea, las embarcaciones de recreo son una forma de actividad de ocio, y, creo, lo seguirán siendo en los próximos años. 
Últimamente, esta actividad recreativa se ha extendido enormemente. 
En la Unión Europea hay alrededor de 3,5 millones de este tipo de embarcaciones a motor, cifra que crece cada día. 
Si a esa cifra añadimos las embarcaciones a vela y a remo, resulta que hay una embarcación por cada 70 habitantes. 
La utilización de estas embarcaciones de recreo, y aquí no estoy totalmente de acuerdo con el ponente, sí origina problemas. 
Las emisiones de gases, sin duda, son muy bajas respecto de la totalidad de las producidas en la UE por motores de combustión. 
Pero de la misma forma que en los últimos años hemos conseguido reducir las emitidas por coches y camiones, también debemos aspirar a conseguir mejoras en este sentido en el sector de las embarcaciones a motor. 
El habitante próximo a las zonas marítimas o lacustres frecuentadas para la práctica de este tipo de actividad de ocio tiene a menudo la impresión de que incluso en los días de descanso ha de soportar el ruido de los motores. 
Creo que el punto capital es que debemos disminuir el nivel de ruidos permitido a las embarcaciones de recreo. 
Especialmente para los habitantes de esas zonas y para quienes se desplazan allí en busca de paz y tranquilidad, el incordio de los motores es demasiado fuerte, y más considerando el aumento del número de este tipo de embarcaciones. 
Tampoco hay que menospreciar el ruido que hacen al golpear el agua cuando van a gran velocidad. 
Mediante la aplicación de la Directiva se disminuirán los niveles de ruidos y de emisión de gases. 
También creo que las excepciones propuestas por la Comisión son correctas. 
Especialmente las referentes a embarcaciones históricas y a embarcaciones artesanales hechas por uno mismo están muy justificadas. 
Estas embarcaciones, a menudo, han sido construidas con un gran coste de tiempo y son una forma de ocio. 
Ya he mencionado que las embarcaciones de recreo se utilizan en zonas donde hay muchas personas en busca de tranquilidad. 
Por ello es importante reducir continuamente los ruidos. 
No estoy de acuerdo con autorizar sobre este tema más excepciones. 
Sí me parece correcto que, aún con toda la necesidad de armonización legal, cada Estado miembro pueda aprobar normativas más estrictas para el caso de embalses utilizados para el consumo humano de agua. 
Esto no tiene nada que ver con delimitaciones competenciales, sino que es un paso hacia la reducción de costes. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que el Sr. Schnellhardt se ha referido al punto central. 
Los aparatos de los que aquí estamos hablando, las embarcaciones de recreo y, especialmente, las motos acuáticas, son objetos de recreo. 
Esto es, no son algo imprescindible para nuestra sociedad, sino actividades de ocio practicadas por nuestros ciudadanos y ciudadanas. 
Dado que no estamos contaminando el medio ambiente para cubrir alguna necesidad social, sino para divertirnos durante el tiempo libre, esos aparatos deberían ser lo más limpios y silenciosos posible. 
Por ello es necesario que mejoremos esta Directiva en uno y otro punto. 
Señor ponente, no se trata de los tradicionales barcos británicos del canal, no se trata de barcos construidos a mano por uno mismo y no comercializados. 
Estos no son el problema importante y, además, gozan de una regulación aparte. 
El problema son las embarcaciones de recreo y, lo repito una vez más, las motos acuáticas, que están siendo producidas en grandes cantidades y están siendo utilizadas en zonas delicadas, en zonas destinadas al descanso y en aguas destinadas al consumo humano. 
Necesitamos, pues, una normativa estricta en este sector que aplique la técnica que hemos introducido y adaptado para vehículos de transporte (coches y camiones) a los motores de las embarcaciones de recreo. 
Está claro que esto no puede hacerse de hoy para mañana. 
Se necesita un cierto periodo de transición. En eso somos realistas y les damos la razón a los fabricantes. 
Pero necesitamos la adaptación tecnológica para que determinadas actividades recreativas reduzcan al mínimo sus niveles de emisión de gases y de ruidos. 
Señor Presidente, ésta es una directiva requerida, por ejemplo, por la industria finlandesa de embarcaciones de recreo y, en mi opinión, es importante que existan normas uniformes. 
Tal como hace la Comisión, conviene que tengamos en cuenta, por ejemplo, el desarrollo de los motores de cuatro tiempos. 
Creo que la propuesta de la Comisión, junto con las mejoras que le hemos introducido, contribuirá a disminuir considerablemente las emisiones. 
Se dice que las emisiones disminuirán a la mitad. 
De esta manera contribuiremos a mejorar las condiciones en sectores acuíferos delicados. 
Como finlandesa, no necesariamente como representante del Grupo ELDR, debo decir que me preocupa el doble sistema que propone el ponente. 
En general, me parece que en muchos aspectos su proposición es realista, que corrige algunos defectos de la propuesta de la Comisión y que considera los costes y las embarcaciones históricas. 
Tengo una embarcación de más de 30 años que no cumpliría con esta normativa. 
En mi opinión, la mía es una embarcación histórica. 
Creo que no es conveniente que existan diferentes reglas para los lagos y para el mar. 
Por ejemplo, en el país que la Comisaria y yo conocemos mejor, se puede usar la misma embarcación en lagos y en el mar en el mismo día. 
Cuando se fabrica un barco no se sabe en qué aguas va a navegar. 
Por eso creo que la enmienda 15 es imposible, como lo es también a lo que se refiere el ponente. 
Hay mucho por hacer para mejorar el control del sector de las embarcaciones de recreo. 
Me hubiese gustado que en este contexto se hubiese mencionado también la exigencia de dotar a estas embarcaciones de depósitos sépticos. 
Al menos en el Mar Báltico, creo que éste es uno de los mayores problemas medioambientales relacionados con la industria naval. 
Doy las gracias al ponente por sus ideas. 
Recibimos con interés la propuesta de la Comisión. 
Es importante para mejorar las condiciones medioambientales en las regiones acuíferas. 
En mi opinión, los asuntos que mencionó el Sr. Lange en relación con las aguas subterráneas deberían resolverse en el ámbito local, por medio de otros instrumentos jurídicos. 
Señor Presidente, las embarcaciones de recreo generan mucho ruido y contaminación. 
En mi ciudad, Ámsterdam, las decenas de barquitos existentes apestan más que los miles de coches. 
Por consiguiente, es loable que la Comisión Europea quiera mejorar esta situación a instancias del sector naval escandinavo y alemán. 
Sin embargo, las discretas propuestas de la Comisión Europea se han visto aún más suavizadas por la intervención de una mayoría democristiana y liberal en la Comisión de Medio Ambiente. 
El Grupo de los Verdes ha presentado una enmienda de corrección. 
Contamos con que los democristianos y liberales que muestren buena voluntad de cara al medio ambiente despierten y dejen de ir detrás del ponente conservador, el señor Callanan. 
Si siguen por ese camino, mancharán el halo verde que rodea al Parlamento Europeo. 
Lo peor es que en Ámsterdam y en otros lugares de Europa seguiremos teniendo que soportar el ruido y la peste ocasionada por las embarcaciones de recreo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Ayuda a las poblaciones desarraigadas en los países en desarrollo de América Latina y de Asia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0228/2001) de la Sra. Carrilho, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre las acciones en el ámbito de la ayuda a las poblaciones desarraigadas en los países en desarrollo de América Latina y de Asia. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, estamos ante un asunto que figura entre los más dramáticos de la Humanidad en este comienzo de siglo: se trata del fenómeno de las poblaciones desplazadas por conflictos violentos. 
En el texto de mi informe podrán encontrar algunos datos ya suficientemente impresionantes. 
Con todo, los últimos cálculos aproximados muestran una agravación de la situación. 
En los dos últimos años, más de cinco millones de personas fueron obligadas a dejar sus casas. 
En este momento se calcula que más de 30 millones de personas se encuentran desplazadas, unas en la situación de refugiados que buscan acogida en países extranjeros, otras obligadas a refugiarse en las zonas más seguras de sus propios países. 
El continente más afectado ha sido África, pero la situación en Asia también ha empeorado. 
Véase el Afganistán y los campos de refugiados del Pakistán. 
También, por ejemplo, en Timor subsisten problemas, aunque Timor Oriental está dando pasos importantes en la construcción de la independencia y la democracia. 
En cuanto a América Latina, la situación en Colombia se ha vuelto prácticamente insostenible. 
Podríamos mencionar también otros casos dramáticos, pero resulta por demás claro lo fundamental. 
Ante esta realidad, ¿qué hemos hecho? 
Ya en 1984 el Parlamento Europeo promovió la creación de una rúbrica presupuestaria destinada a los refugiados en Asia y América Latina. 
Pero hasta 1997 no se dotó esa ayuda de fundamento jurídico. 
¿Y cuál es la substancia, la fundamentación para dicha ayuda? 
Sabemos todos que existen rúbricas presupuestarias para la ayuda de emergencia, como en el caso del programa ECHO y de otras ayudas- por decirlo así- horizontales. 
Procuran garantizar una fase que podemos clasificar de supervivencia. 
Esa línea de ayuda a la que se refiere el presente informe va encaminada precisamente a colmar ese hiato existente entre la ayuda de emergencia y la ayuda para el desarrollo. 
En efecto, en muchos casos, las poblaciones, pasada una primera fase de supervivencia, aún no tienen la capacidad organizativa con vistas a captar la ayuda para el desarrollo... y a veces por falta de estructuras políticas en el nivel del propio Estado. 
En el Parlamento existe un consenso amplio sobre la importancia de esa línea de ayuda, como lo atestigua la aprobación, en 1996, del informe Howitt. 
Con todo, el Reglamento de 1997 caducó en 1999. 
¿Y qué nos llegó al Parlamento, más de un año después? 
Una propuesta de Reglamento semejante al anterior. 
Al mismo tiempo, y en relación con el pasado, se daba una disminución presupuestaria. 
Nótese también que, por las carencias en materia de planificación de la Comisión, el plazo para el trabajo del Parlamento fue excepcionalmente breve. 
Y hasta hoy no hemos llegado a término gracias a la cooperación de muchas ONG, pero también de las personas que han seguido el proceso en nombre de la Comisión y del Consejo. 
El Parlamento no sólo ha trabajado para conseguir mayor flexibilidad, una más clara coordinación y un mayor rigor en la evaluación y la aplicación de las ayudas, sino que, además, ha pugnado por introducir en este reglamento una mayor coherencia de las políticas de cooperación y desarrollo teniendo en cuenta los compromisos políticos contraídos por la Unión Europea. 
Precisamente con vistas a la consecución de la coherencia será importante el aumento de las sumas asignadas: de 36 millones de euros en 2001 debemos pasar a casi 55 millones de euros al año en los tres próximos años. 
No pretendemos afirmar que sea suficiente. 
Pero conviene subrayar que se trata de una señal política positiva y significativa en el plano internacional y que constituye también un incentivo para la labor de las ONG y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
Permítaseme también señalar a la atención de Sus Señorías la urgencia que tenemos en la Unión Europea de afrontar de forma integrada la cuestión de los refugiados. 
Nuestros objetivos estratégicos deben ir encaminados a evitar la reproducción de ese fenómeno. 
Debemos invertir en la prevención de los conflictos y en la creación de condiciones de vida que ahorren a las poblaciones locales el drama de las grandes desplazamientos. 
Debemos valorizar la política de cooperación y desarrollo en el conjunto de la política exterior de la Unión Europea, entre otras cosas como una importante fuente de legitimación para la Política Exterior y de Seguridad Común. 
La Presidencia belga, al plantear la cuestión de África como una de sus prioridades, sigue esa orientación, cosa de la que nos congratulamos. 
Esperamos contar, así, con el apoyo de la Comisión y del Consejo. 
Entre otras cosas, porque este tipo de acciones da más sentido al proyecto común europeo. 
Señor Presidente, soy firme partidario de un programa que ayudará a los numerosos refugiados tanto en Asia como en Latinoamérica. 
En general, el programa es un éxito. 
Me gustaría elogiar el trabajo de la señora ponente por haber abordado todos los problemas más importantes y darle las gracias por haber aceptado todas mis enmiendas. 
Una de las mayores catástrofes humanitarias de nuestro tiempo tiene lugar en Afganistán. 
Celebro por ello que la mayoría de los fondos vaya a los desplazados afganos. 
Más del 50% de la ayuda va en la actualidad a los refugiados de Afganistán. 
Hay entre 500.000 y un millón de desplazados en Afganistán y casi 2,6 millones viven en los países vecinos Irán y Pakistán. 
Estas personas están entre las que se hallan en peor situación en el mundo, especialmente en el caso de las mujeres. 
Todos conocemos las lúgubres imágenes de espectrales mujeres con velo que son disparadas al menor conato de rebelión. 
No obstante, hace falta redoblar el control sobre programas como éste. 
He añadido que OLAF debe tener la posibilidad de efectuar un control sobre el terreno. 
He solicitado asimismo a la Comisión que responda si el dinero comunitario de ayuda al desarrollo destinado, entre otros países, a Afganistán ha sido canalizado a través de una red monetaria ilegal que recibe el nombre de Havela. 
Havela es una red cerrada secreta de alcance mundial que en un día puede transferir grandes sumas a otros lugares del mundo. 
Las transferencias se hacen sin comprobante y por ello nunca pueden rastrearse. 
Se tiene a la red por un factor dominante en el blanqueo de dinero a escala global. 
Hasta un cierto punto el fin justifica los medios cuando nos encontramos con una situación tan grave y catastrófica como la existente en Afganistán, sin embargo, debemos tener a la vista los métodos y por ello he preguntado a la Comisión si considera correcto que los fondos comunitarios de ayuda al desarrollo sean utilizados para ocultar el blanqueo de dinero y los fondos del narcotráfico y del tráfico de personas. 
Se puede llamar a esto tranquilamente una cierta dispersión de temas. 
Seguramente haya buenas razones para ello sin que deba entrar en detalles de lo que pienso. 
No obstante, hasta que escuché al señor Comisario Liikanen comentar las embarcaciones de recreo, estaba bastante convencida de que serían las embarcaciones de recreo las que ganarían el debate en la prensa. 
Pero tras escuchar la intervención del señor Comisario Liikanen, estoy a pesar de todo algo menos segura de ello. 
Realmente logró centrar el tema. 
En el debate previo sobre la reunión del G8 debatimos la utilidad de las reuniones globales. 
Como recalcó el Sr. Patten, éstas son importantes, pero seguramente igual de importante es que se lleve a cabo un seguimiento de estas reuniones y puede decirse que éste es uno de los ejemplos de tal seguimiento. 
Es asimismo uno de los ejemplos de qué- casi se puede decir- engorrosamente concreto es también el trabajo de la democracia y qué difícil por tanto es para la democracia competir con las manifestaciones más violentas, espectaculares y globales. 
No obstante, este trabajo es completamente necesario. 
Sin embargo, la propuesta subraya asimismo muy claramente que el único medio realmente eficaz del que disponemos en este contexto es la prevención eficaz y me gustaría haberlo visto recalcado un poco más. 
Además, la propuesta muestra, y me parece bien, la necesidad de involucrar a las ONG en este trabajo. 
Sin ellas no podemos lograrlo. 
Acabaré sólo diciendo que, al igual que dijo el anterior orador, el Sr. Blak, también pienso que observar la evolución en Afganistán resulta absolutamente desesperante. 
Recuerdo claramente la primera vez que escuché algo al respecto en la radio. 
Uno se desespera cada vez más al observar la evolución y también se desespera ante las pocas posibilidades de intervenir a tiempo de las que dispone la sociedad internacional. 
Respaldamos plenamente las propuestas contenidas en su informe. 
No ahondaré en detalles, sino que sólo diré que esperamos la propuesta amplia de la Comisión para Asia y América Latina que tengo entendido que será presentada después del verano. 
En general, quisiera criticar a la Comisión y al Consejo por su deficiente preparación para el proceso legislativo, retrasando así considerablemente el pago de los limitados recursos para el desarrollo. 
Hay numerosas organizaciones de ayuda y organizaciones no gubernamentales que están esperando desesperadamente la llegada de dinero. 
¡Esto es inaceptable! 
Quisiera recordar a la Comisión que en la Cumbre de Gotemburgo se comprometió a contribuir al desarrollo sostenible mundial intentando, entre otras cosas, alcanzar el objetivo de ayuda de la ONU del 0,7 por ciento del PNB. 
Quisiera preguntar a la Comisión qué planes concretos hay para alcanzar este objetivo, habida consideración de que Alemania contribuye sólo con el 0,25 por ciento de su PNB y solamente Suecia, Dinamarca y Luxemburgo han cumplido con este objetivo, o lo han sobrepasado. 
Por tanto, ¿qué planes concretos hay para lograr esto? 
En mi opinión, es vergonzoso que Alemania esté aproximadamente al mismo nivel que EE.UU. 
Señor Presidente, es evidente la oportunidad y la importancia del asunto ahora en debate relativo a las poblaciones desarraigadas en los países en vías de desarrollo de América Latina y Asia y quiero manifestar todo mi apoyo a las preocupaciones de la ponente, en general, y, en particular, en el sentido de que se llegue rápidamente a una transacción con el Consejo, para que se dé seguimiento objetivo a las medidas concretas de apoyo. 
Aun así, me permito subrayar mi desilusión por la insistencia del Consejo en introducir un plazo de vigencia y, aun así, limitado, para el presente reglamento. 
El problema de los refugiados y de las poblaciones desplazadas es un problema estructural y global, que no se compadece con medidas específicas y a corto plazo. 
El Consejo, con su intransigencia en este asunto, impide así una perspectiva estratégica que, por lo demás, estaba presente en la propuesta inicial de la Comisión. 
No podemos dejar de castigar al Consejo por esa actitud. 
Señor Presidente, quisiera respaldar la intervención de mi colega Maij-Weggen en torno a las Molucas. 
Y ahora paso al informe de la señora Carrilho. 
En el informe de la señora Carrilho se plantean varios apuntes en torno a la propuesta de la Comisión. 
Con la crítica a la falta de coherencia de la política europea aún en mente, considero que las enmiendas 3 y 4 son muy importantes. 
La ayuda urgente también forma parte de la política de desarrollo y debe enmarcarse dentro de los objetivos generales de la política de desarrollo de la Unión Europea. 
Las organizaciones que se dedican a las actividades de desarrollo en la ambigua zona situada entre la ayuda de emergencia y la ayuda al desarrollo amenazan con quedarse descolgadas en determinados momentos. 
Recientemente me encontré con este caso en una organización holandesa de ayuda al desarrollo. 
Por otra parte suelen darse situaciones flagrantes entre los grupos objetivo de este tipo de ayuda. 
Por este motivo, quiero unirme a la ponente en su alegato en pro del mantenimiento de esta línea presupuestaria. 
Señor Presidente, quiero invitarles a apoyar el informe de mi compañera, Maria Carrilho, que intenta mejorar un Reglamento que consideramos importante. 
Europa debe hacer todo lo posible por ayudar a las personas desplazadas, en este caso en América Latina y Asia. 
Debemos socorrer a aquellos que se ven obligados a abandonar sus lugares de origen por razones de miseria extrema, por guerras, por distintas circunstancias de represión y de fuerza y por conflictos internos de descomposición del poder civil y de desprecio a la democracia como norma de convivencia. 
La Unión Europea debe realizar un esfuerzo político a nivel internacional para difundir una interpretación flexible de los convenios de Ginebra por parte de los Estados e incluso promover nuevos instrumentos de Derecho internacional que sirvan para amparar a estos refugiados internos. 
Los Estados miembros de la Unión Europea y la Unión Europea misma, en su condición de donantes, han de utilizar sin reticencias todos los medios para que los países con los que cooperamos garanticen la seguridad y el respeto de los derechos humanos de sus nacionales. 
Desde luego, la asunción de las responsabilidades que le corresponden a la Unión en el campo que aquí nos ocupa debe llevar parejo un esfuerzo coherente de tipo presupuestario que debería reflejarse ya en los presupuestos para el año 2002. 
Pero, junto a la acción política y financiera inmediata y urgente para socorrer a las víctimas del desarraigo, no podemos perder de vista la necesidad de atacar las raíces mismas del problema. 
Nuestro esfuerzo a medio y largo plazo debe dirigirse a la erradicación de la pobreza, a la consolidación del Estado de Derecho y de la democracia por doquier, capaces de propiciar el desarrollo y la justicia social. 
Es decir, prosperidad y estabilidad para que cada cual pueda vivir dignamente en su propia tierra. 
Muchas gracias Sr. Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas 
(La sesión, interrumpida a las 11.50 horas, se reanuda a las 12.00 horas) 
Señor Presidente, propongo que todos los diputados puedan acompañar a sus visitantes en todo momento utilizando el servicio de transporte en un radio de hasta 25 km. alrededor del Parlamento. 
Hasta ahora se pueden recorrer sólo 20 km., que se corresponden con un radio de 15. 
Demasiado poco si consideramos que se trata de grupos que hacen cientos de kilómetros para realizar la visita. 
Le pido que dé los pasos apropiados. 
Señoría, ayer ya hablamos de este asunto. 
De todos modos, le ruego de que lo haga constar por escrito para los Cuestores. 
Señor Presidente, ayer por la tarde hubo una manifestación frente al edificio del Parlamento. 
Los participantes utilizaron potentes aparatos de sonorización tales como altavoces. 
Este espectáculo insoportablemente ruidoso me disturbó a mí y a otros colegas en el ejercicio del cargo. 
Le pido, en primer lugar, que procure que no haya manifestaciones en el área del Parlamento como ocurrió ayer, y, en segundo lugar, que se prohíba a los manifestantes utilizar amplificadores de sonido en las proximidades del Parlamento. 
Para que no sea mal interpretado. Soy un defensor de la libertad de manifestación. 
Pero lo subrayo nuevamente: los grupos de visitantes de eurodiputados con sus representaciones musicales en el Parlamento y en el patio interior del Parlamento constituyen un abuso. 
Señoría, tomo nota de su solicitud. 
Señor Presidente, vamos a proceder a una serie muy importante de votaciones nominales. 
¿Nos puede asegurar que hoy el Sr. Brienza figura inscrito en el sistema de votaciones? 
Señor Dell ' Alba, los servicios competentes me garantizan que sí. 
Se procede al turno de votaciones. 
VOTACIONES 
. 
(FR) Le doy las gracias al Sr. Comisario por su declaración, que soluciona un punto muy importante, a saber, que el personal de las agencias no estará en una situación ni precaria ni cualitativamente deficiente. 
Aprovecho para añadir que hemos tenido un debate muy tardío con el representante del Grupo Socialista, el Sr. van Hulten, y- hablo bajo su supervisión- el Grupo Socialista- contrariamente a lo que se había previsto hasta ahora- podría aceptar apoyar, por una parte, la enmienda 13, que había sido aprobada por la Comisión de Presupuestos, y, por otro lado, la parte 3 y la parte 4 de la enmienda 25, aquellas a las que el Sr. Comisario acaba de referirse. 
En consecuencia, -lo digo para que no haya malentendidos, y si interpreto erróneamente la idea del Sr. van Hulten, que se pronuncie en otro sentido- tendremos de esta forma un voto mucho más homogéneo en el seno de esta Asamblea. 
Señor Presidente, tenía interés en intervenir porque hoy el Parlamento Europeo, en la relativa confusión de la votación, también debida a que han tenido lugar votaciones importantes, ha regalado, devuelto, o mejor dicho, ha permitido devolver 12.000 millones de euros- para ser más exactos, 11.600 millones de euros- a los Estados miembros porque no se han gastado en el presupuesto del año 2000. 
Lo encuentro ridículo: hace años que seguimos este procedimiento, en virtud del cual no solo no controlamos los ingresos, sino que además permitimos a los Estados miembros recuperar todo este dinero o deducirlo de la aportación para el año en curso. 
Me parece que en un momento en el cual tenemos la ampliación, dificultades presupuestarias y la continua necesidad de buscar nuevos recursos, no funciona en absoluto este sistema mediante el cual los Estados miembros no solo no autorizan esos límites de gasto que se previeron en Edimburgo y se confirmaron con las perspectivas financieras, sino que incluso quieren recuperar el dinero que, en cambio, sería útil volver a emplear, como ocurre en cualquier presupuesto estatal, ya que por desgracia el dinero no se devuelve a los ciudadanos, sino que se vuelve a emplear. 
Pues bien, mi protesta pretende subrayar nuestro voto en contra de este informe. 
. 
(FR) El proyecto de PRS n 3 que nos presenta el informe de la Sra. Haug pretende esencialmente modificar el reparto de efectivos de la OLCF y de la Comisión Europea; en lo relativo a la Oficina para la Lucha contra el Fraude, la enmienda propuesta por la Comisión de Presupuestos, de acuerdo con la Comisión de Control Presupuestario, modifica un reparto entre puestos permanentes y puestos temporales que consideramos loable, y en este PRS, en conjunto, no hay nada digno de mención. 
El PRS n 4 se refiere principalmente al saldo del ejercicio de 2000, y contempla también el reforzamiento de los créditos suplementarios de pago para los Balcanes Occidentales a partir del saldo de 2000, incrementándolos de 350 a 450 millones, es decir, 70 millones más para los Balcanes y 30 millones más para un apoyo financiero ampliado a la RFY. 
El ponente acepta la partida de "ingresos" de este PRS, es decir, el reembolso a los Estados miembros de 7500 millones de euros procedentes del superávit de 2000, que nos parece adecuado. 
Sin embargo, el Grupo Unión por la Europa de las Naciones no puede compartir la postura del ponente cuando éste denuncia el hecho de que el Parlamento Europeo no tiene voz ni voto en el capítulo relativo a la partida de "ingresos" del presupuesto. 
El otro informe de la Sra. Haug, sobre la situación de los recursos propios en 2001 supone un recrudecimiento del debate sobre el incremento de los ingresos, ya que considera que la Unión Europea debe depender cada vez menos de las aportaciones de los Estados miembros, y que el sistema de los recursos propios debe ser modificado para poder alcanzar una autonomía financiera. 
La resolución nos recuerda igualmente que la finalidad de la reforma debe ser la de dotar a Europa de una "fuente independiente de ingresos", y apoya la creación de un impuesto europeo directo, pidiendo al mismo tiempo la plena integración del Parlamento Europeo en el procedimiento presupuestario, particularmente en cuanto a los ingresos. 
La delegación francesa del Grupo Unión por la Europa de las Naciones se opone a estas inoportunas propuestas en su conjunto, propuestas que además son contrarias al Tratado. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del reglamento) 
Señor Presidente, en lo que respecta a la utilización de los recursos propios del Parlamento Europeo, tanto en nombre del Partido de los Pensionistas que represento, como en nombre de los partidos de los pensionistas francés, holandés, español, sueco, esloveno, búlgaro y letón que me han autorizado a hablar también en su nombre, quisiera decir que respaldo abiertamente la propuesta de que la Unión Europea se dote de un impuesto propio que no aumente la fiscalidad que soportan los ciudadanos, sino que, por el contrario, implique una reducción de los impuestos que estos pagan en sus Estados nacionales. 
Sólo así los ciudadanos considerarán a Europa como algo positivo. 
. (DA) Hemos votado hoy en contra de todas las peticiones destinadas a introducir un impuesto comunitario directo. 
Pensamos que un impuesto comunitario propiamente dicho no será una buena idea. 
Resulta muy dudoso el que semejante impuesto comunitario reforzará la vinculación y el entusiasmo de la población por la cooperación comunitaria. 
Un eventual impuesto comunitario entraría en una compleja interacción con los impuestos nacionales, y cabe temer que resultaría difícil para los gobiernos nacionales controlar la presión fiscal global. 
Por ello no resulta posible garantizar que la introducción de un impuesto comunitario no supondrá más cargas fiscales para los contribuyentes. 
La introducción de un impuesto comunitario parece asimismo un paso más en el desarrollo de una UE más federal, lo que ni nosotros ni una mayoría de la población europea apoya. 
. 
(DE) Mi Grupo, al igual que muchos otros colegas y expertos, es de la opinión de que los recursos previstos en el Presupuesto 2000-2006 de la Unión Europea, especialmente los destinados al capítulo de la ampliación, de los trabajos para lograr la estabilidad en los Balcanes, de las soluciones a los problemas del empleo y de la estabilización de los sistemas de seguridad social, por nombrar sólo unos pocos, no son suficientes. 
Por tanto, es legítimo que planteemos la cuestión de encontrar nuevas fuentes de ingresos para la Unión Europea. 
La Sra. Haug propone en su informe que se elimine el sistema actualmente vigente de transferencias de los Estados miembros y que se modifique el sistema de recursos propios de manera que se logre una autonomía financiera para la UE. 
Esto exige la introducción de una tasa europea que sirva de ingreso directo. 
Mi Grupo no puede aprobar este planteamiento. 
El sistema actual consistente en un pago porcentual respecto del P.I.B. se basa en un principio fundamental para la cohesión económica y social de la Unión: el principio de solidaridad. 
Renunciar a este principio significa privar a la Unión Europea de sus fundamentos. Tal privación nos resulta inaceptable. 
Estamos a favor de la idea de introducir nuevas formas de ingresos en forma de tasas europeas, pero que no tengan un efecto minimizador sobre los impuestos de los países miembros de la UE. 
Estamos pensando, por ejemplo, en la introducción de una tasa Tobin sobre la liquidación de beneficios derivados de las transacciones financieras o en la introducción de una tasa europea sobre la emisión de CO2 dirigida a las empresas. 
Ésta última tendría efectos positivos sobre la construcción de una futura política de medioambiente: aumentaría la presión en favor de procedimientos ecológicos de generación de energía y contribuiría a asegurar el Acuerdo de Kyoto. 
Somos también de la opinión de que el sistema de financiación actual debe ser modificado en el sentido de que los recursos que no sean solicitados por los Estados miembros no se devuelvan, sino que pasen a engrosar el presupuesto europeo. 
Al mismo tiempo hay que lograr una disciplina financiera más estricta mediante, por ejemplo, el establecimiento de que las autorizaciones de gasto que no hayan sido libradas porque no han sido solicitadas por el receptor, tengan un periodo de vigencia de tres meses a lo sumo. 
Es decir, hay que cambiar la orden de pago. 
Por estas razones, mi Grupo rechaza el presente informe. 
. 
(FR) A fuerza de multiplicar las zonas de librecambio, las renuncias a derechos arancelarios, en un sistema de preferencias unilaterales generalizadas, los derechos arancelarios regalados a los 49 países menos avanzados, con el pretexto de recibir de todo "menos armas", y sobre todo a fuerza de someterse a las exigencias de los reyes del imperio, del GATT a la OMC, la Comisión Europea ha cerrado el grifo financiero del que manaba el presupuesto europeo, es decir, los derechos arancelarios, que representaban más del 55 % de los recursos comunitarios en los años 60, y que hoy ya no suponen más que un 14 % aproximadamente. 
Además, con la desaparición de la preferencia agrícola comunitaria, la exacción agrícola común sobre las importaciones de productos agrícolas de la Commonwealth, de Centroamérica o de otros lugares, que la protegía, está en vías de desaparición. 
Ya no genera más que del orden de un 2 % de los recursos comunitarios. 
De este modo, el presupuesto europeo ya no obtiene de los derechos arancelarios y de esta exacción agrícola más que el 17 % de sus recursos. 
Ahora bien, como estos dos primeros recursos históricos son los únicos que son propiamente específicos de la Comunidad y que le confieren una autonomía financiera con respecto a los Estados miembros, su declive provoca la dependencia del presupuesto comunitario frente a las aportaciones de los Estados nacionales. 
Este fenómeno viene ilustrado por la importancia de la exacción PNB, 4º recurso histórico del presupuesto europeo, y que no se remonta más que a 1988. 
Esta exacción, en constante aumento, que ya proporciona más del 45% de los recursos comunitarios, se reduce de hecho a una contribución clásica de los Estados a la financiación de una organización internacional. 
Hemos llegado así a la sorprendente situación actual en que la Comisión Europea, motor de la integración federal, ha aplicado una política arancelaria mundial que ha obligado a la Unión a financiarse como cualquier organización intergubernamental del derecho internacional más interestatal. 
(Intervención acortada en aplicación del artículo 137 del reglamento) 
. (SV) He votado en contra del informe. 
Los cristianodemócratas suecos no apoyamos los puntos 5 y 11 en que se propone que se otorgue a la Unión Europea el derecho a cobrar impuestos. 
No queremos que se aumente el número de niveles fiscales para los ciudadanos. 
Los contribuyentes suecos pagan impuestos municipales, provinciales y estatales. 
La creación de otro nivel, el europeo, implicaría a largo plazo un aumento inevitable de la presión fiscal. 
No quiero contribuir a esto con mi voto. 
Si la UE consigue lo que el informe denomina "independencia económica", es posible que posteriormente alcance también independencia política respecto a los Estados miembros y a sus gobiernos, con todos los peligros y deficiencias de control que esto podría conllevar. 
No quiero contribuir a esto con mi voto. 
Informe Costa Neves (A5-0241/2001) 
El presente anteproyecto de presupuesto de la Comisión, al no superar el 1,06 % del PNB comunitario, representa un verdadero mínimo histórico y es, por eso mismo, inaceptable, entre otras cosas por lo que representa de reducción de gastos, en particular en la esfera de la cooperación con terceros países menos adelantados, si bien es cierto que en Timor Oriental se libra de esa tendencia reductora. 
Así, pues, nos extraña el tono conciliador del informe y también la falta de estrategia y prioridades: además, frente a una ampliación que se anuncia repetidas veces, por no hablar de las cuestiones sociales, completamente olvidadas. 
El PE debería ser más osado y no debería acomodarse, como sucede una vez más. 
Por lo demás, la presentación del cuarto (!) presupuesto rectificativo en el presente ejercicio demuestra el caos presupuestario en que se mueve la Comunidad y evidencia, asimismo, las razones que nos asistieron al presentar una propuesta de rechazo del presupuesto, en el año transcurrido. 
Entretanto, y de creer al informe Haug, ¡todo se resolvería con la creación de un impuesto comunitario! 
Consideramos semejante propuesta una falsa cuestión. 
Además de cuestiones de principio que la citada propuesta suscita, conviene subrayar que la reducción de la importancia presupuestaria comunitaria se debe, fundamentalmente, a las orientaciones restrictivas del Pacto de Estabilidad. 
Y en ese esfera es en la que se pueden encontrar las respuestas adecuadas. 
Además de que es prioritario garantizar que la coparticipación de los Estados miembros vaya en consonancia con su riqueza relativa- y por tanto basada en el PNB- y que el esfuerzo contributivo de los ciudadanos se haga de forma equitativa. 
La solidaridad es una cuestión básica y que también se plantea en materia de ingresos presupuestarios comunitarios. 
Informe Niebler (A5-0232/2001) 
Un pensionista le pregunta a otro: "¿ Tú qué miras en la televisión ?" 
"No" le responde el otro pensionista, " están pasados. 
Yo miro todas las noches el Fatuzzo's European Show. 
Aparece el Sr. Fatuzzo que entiende de pensionistas y habla a los pensionistas de cómo aumentar su pensión. 
Te aconsejo que mires tú también el Fatuzzo's European Show ". 
Esto ocurre gracias al informe de la Sra. Niebler que asigna los espectros radioeléctricos que espero que también regulen la política en materia de información a todos los ciudadanos y a los pensionistas en particular. 
Informe McKenna (A5-0219/2001) 
Señor Presidente, acabamos de aprobar el informe de mi colega, Patricia McKenna, y, ciertamente, he de reconocer que se ha concluido un buen texto, que recoge con detalle todas las circunstancias y problemáticas que inciden en nuestras zonas costeras, tanto en su dimensión geográfica, climática, medioambiental y de biodiversidad como en sus aspectos económicos, sociales, culturales y de esparcimiento y recreo. 
Solamente echo en falta una referencia más clara y comprometida en lo que se refiere a las aglomeraciones turísticas y, sobre todo, a las numerosas edificaciones ilegales que se han construido de forma especulativa en muchas costas del Estado español- y también de otros Estados -, las cuales suponen una clara agresión urbanística y una amenaza para el equilibrio medioambiental. 
Creo que los gobiernos correspondientes deben actuar con firmeza y atajar las consecuencias de su falta de control en estas edificaciones ilegales. 
Finalmente, debo expresar mi insatisfacción por no haber sido aceptada mi propuesta de haberle dado al texto que acabamos de aprobar como una simple recomendación el rango de directiva comunitaria, que obligase a los Estados miembros a su cumplimiento e incorporación a sus respectivas legislaciones estatales. 
Señor Presidente, como representante del Partido de los Pensionistas y además como genovés, nacido en Génova, acojo favorablemente esta propuesta del Parlamento Europeo. 
Lamentablemente, en Italia, en Génova y a lo largo de toda la costa ligur con frecuencia cuando llueve algún día más de lo previsto, se inundan todos las casas, todos los pisos, todas las tiendas, todos los locales que están a ras del suelo. 
Espero y confío en que con esto se ponga en marcha una política europea para las zonas costeras realmente útil y que beneficie a los ciudadanos europeos que viven en las costas europeas. 
El informe analiza de forma crítica la propuesta de recomendación relativa a la ejecución de la gestión integrada de la zona costera en Europa y propone varias enmiendas que en la mayor parte de los casos merecen nuestro apoyo, ya sea en cuanto a la importancia de las zonas costeras o respecto de las causas de degradación y destrucción que actualmente se dan en varias zonas, así como las nuevas amenazas resultantes del calentamiento global y de los cambios climáticos, tal vez la mayor amenaza a las zonas costeras europeas. 
Ahora bien, igualmente importante es decir que el declinar de la actividad pesquera y de los puestos de trabajo con ella relacionados, elemento fundamental de la cohesión socioeconómica de muchas de esas regiones dependientes de la pesca, las vuelven sumamente vulnerables. 
Así, aunque la recomendación, como dice la ponente, constituye un primer paso vital para la protección de las zonas costeras de Europa, es necesario que los Estados miembros también se comprometan con su cumplimiento y que haya cierta coordinación entre los diversos instrumentos por utilizar. 
Ahora bien, abrigamos algunas reservas en cuanto a medidas enunciadas por la ponente, en particular en lo relativo a una estrategia común vinculante, pues no están claros el papel y la capacidad de intervención de los Estados miembros en todo este proceso. 
. (NL) Existe una escasa diferencia de altitud entre las partes poco profundas del litoral, la denominada plataforma continental, y las zonas costeras situadas a pocos metros sobre el nivel del mar. 
Numerosas de estas zonas se han convertido, a lo largo del tiempo, de tierra en mar o de mar en tierra con o sin la intervención intencionada del ser humano. 
Gracias al presidente estadounidense Bush y a las grandes empresas petroleras, sobre estas zonas pende de nuevo la amenaza de convertirse de tierra en mar, ya que mientras continúe el calentamiento artificial de la tierra, los casquetes polares seguirán derritiéndose y proseguirá el aumento del nivel del mar. 
Gran parte de la población mundial y los principales centros de actividad económica se encuentran concentrados precisamente en estas zonas costeras bajas. 
No sólo se perderá la zona en la que viven ocho millones de holandeses y dos millones de flamencos, sino que también las que albergan a los habitantes de la llanura del Po en Italia, Las Landas en el suroeste francés, partes de ciudades como Helsinki, Copenhague, Londres, Hamburgo, Barcelona, Lisboa o Tesalónica. 
Además de los núcleos de población, las zonas costeras también albergan zonas naturales extraordinarias, como los étangs de la costa francesa o el mar de los Wadden en los Países Bajos, Alemania y Dinamarca, que se ven permanentemente amenazadas por la ampliación de las zonas portuarias e industriales. 
Estoy totalmente de acuerdo con la señora McKenna en el sentido de que debería existir una protección de las zonas costeras más estricta que la que propone la Comisión Europea. 
. 
(FR) El tejido social de numerosas zonas costeras se ha visto modificado, durante estos últimos años, por la reestructuración del sector haliéutico y de la agricultura tradicional. 
Aunque algunas regiones hayan sufrido un éxodo de su población original, la mayoría de las zonas costeras experimenta un aumento de la presión demográfica global, así como importantes oscilaciones estacionales de ocupación, básicamente vinculadas al turismo. 
Las grandes obras necesarias para la urbanización y el desarrollo pueden amenazar el medio ambiente costero si se llevan a cabo sin el suficiente conocimiento de la dinámica del litoral, acelerando su erosión. 
Por otra parte, la polución de origen marino o terrestre contamina cada vez más los recursos terrestres y de agua potable. 
Los territorios costeros focalizan antagonismos y conflictos recurrentes. 
La ausencia de una gestión integrada de los recursos marítimos y terrestres provoca serias tensiones entre los distintos sectores de actividad como son la pesca, la agricultura o los servicios, y la consecuencia de todo esto es que el desarrollo duradero de las zonas costeras se ve hipotecado. 
La estrategia propuesta por la Comisión supone una aproximación interesante, que pretende resolver los problemas de fondo a los que se enfrenta el litoral, en este caso la falta de información, la insuficiente participación de la población en los proyectos, la escasa coordinación por parte de los distintos responsables encargados de la ordenación del territorio, y la ausencia de un verdadero partenariado que implique en las decisiones a los sectores económicos afectados, a las autoridades regionales y locales, y a las organizaciones inter-regionales. 
Sin embargo, la estrategia para las zonas costeras debe ser indispensablemente uno de los primeros ejemplos de aplicación de las líneas directrices desarrolladas en el "esquema de desarrollo del espacio comunitario", ya que los principios que este esquema define son evidentemente válidos para las zonas costeras de la Unión. 
Incluso podría ser una excelente ocasión para revitalizar a un EDEC particularmente inerte, cuyo verdadero impacto sigue siendo todavía muy limitado. 
Finalmente, deseo unirme a los que lamentan que la propuesta de la Comisión no tenga en cuenta el cambio climático, a pesar de que parece influir en la elevación del nivel del mar y en una intensificación de la frecuencia de las tormentas, contribuyendo de forma determinante a incrementar el riesgo de inundación, a la erosión costera y al retroceso del litoral. 
Aunque se está empezando a tener conciencia de los nuevos retos que deberán afrontar las regiones costeras en las próximas décadas, la estrategia de ordenación integrada de las zonas de costa no puede, por decencia, ignorarlas. 
Informe Callanan (A5-0218/2001) 
Señor Presidente, hace unos días me encontraba de vacaciones en el mar, en un yate, para tomar el sol. 
No estaba solo, sino en compañía, entre otras personas, de una chica muy morena que tomaba el sol en cubierta, muy simpática y atractiva, llamada Marilyn, que de repente me dijo: " ¡Pero tú eres diputado europeo! 
Entonces explícame por qué en los yates, en las embarcaciones de recreo junto con la bandera nacional no está la bandera europea ". 
Para tranquilizarla no me cupo más que decirle que, al explicar mi voto favorable a esta propuesta, recomendaría que se estableciese enarbolar la bandera europea también en las embarcaciones de recreo. 
Informe Brok (A5-0244/2001) 
. (EL) Con ocasión de la votación de la ayuda macrofinanciera a Yugoslavia, quiero expresar mi apoyo a las medidas de ayuda, que son, en todo caso, escasas en comparación con el desastre provocado en Yugoslavia por las incursiones de la OTAN. 
Al mismo tiempo, no obstante, quiero dejar constancia de mi más absoluta condena al modo en que se ha utilizado la ayuda de los donantes al objeto de sortear y despreciar los procedimientos constitucionales de Yugoslavia para conseguir la remisión de Milosevic al Tribunal de la Haya. 
Se trata de un chantaje económico que ofende a la noción misma de derecho internacional. 
Sin duda, Milosevic tiene enorme responsabilidad en los crímenes registrados en el ámbito de la antigua Yugoslavia y debe hacer frente a la Justicia; esta vinculación, sin embargo, de la ayuda económica con la provocación de acciones inconstitucionales- a espaldas, además, del democráticamente elegido Presidente Kostunica- en el interior del país que recibe la ayuda, mina y distorsiona el carácter de los programas de ayuda de la Unión Europea. 
. 
(FR) Evidentemente, estamos a favor de las ayudas a la reconstrucción y al desarrollo de la República Federal de Yugoslavia. 
Pero este informe oculta totalmente las destrucciones provocadas por los bombardeos de la OTAN en la RFY. 
Peor aún, en sus justificantes, con un cambio radical de perspectiva sorprendente y muy cínico, se refiere a una situación de degradación de la RFY que estaría originada por la "guerra contra la OTAN en 1999". 
No podemos garantizar una política que manipula la ayuda financiera para imponer a la República Federal de Yugoslavia un comportamiento de república bananera en el plano político y económico, sin fomentar ni la concienciación de los serbios en cuanto a los crímenes cometidos particularmente por Milosevic en nombre del pueblo serbio, ni la creación de un Estado de derecho, ni tampoco la credibilidad del TPIY como instancia judicial independiente de los poderes públicos, ni finalmente la reconstrucción del país con un mínimo de cohesión social y de relaciones pacíficas entre los pueblos vecinos. 
. (NL) Mi aprobación a la liberación de fondos para Yugoslavia no significa que esté de acuerdo con la intención de integrar este país en la OTAN, subyugar la economía a los intereses extranjeros o someter los derechos de los montenegrinos y kosovares a las relaciones con el gobierno de una Serbia que se ha mostrado sorpresivamente cooperadora. 
La empobrecida y bombardeada Yugoslavia necesita mucho dinero y el anterior presidente debe ser castigado por la represión, la guerra y su régimen antidemocrático. 
Lo que está ocurriendo en este momento poco tiene que ver con la justicia, sino más bien con la entrega de un rival político por parte del primer ministro de un estado federado con la oposición del gobierno federal y del tribunal supremo. 
Hubo que esperar a que Milosevic llegara extraditado a La Haya el pasado viernes para que se liberara una enorme cantidad de dinero. 
Al parecer, hay que perder una guerra y el poder gubernamental, además de dejar la economía en bancarrota antes de que se te pueda juzgar como criminal de guerra. 
Nunca se juzga a los ganadores, sino sólo a los perdedores. 
La concesión de dinero es algo necesario con el objeto de resarcir los daños provocados por la guerra de 1999, aunque en este momento, parece más bien una forma de recompensar a unos dirigentes que nos son favorables y de castigar, de este modo, al resto. 
Me temo que este hecho sólo logrará aumentar la incomprensión y el nacionalismo de muchos de los afectados. 
Resolución (B5-0480/2001) sobre la organización común de los mercados en el sector de las frutas y hortalizas 
. (EL) Aunque se trata de una resolución poco concreta, estamos de entrada de acuerdo y votaremos a favor, ya que defiende la posición de reforzar el apoyo a las algarrobas y a los frutos de cáscara incluidos en la categoría de frutas y hortalizas. 
Debemos, sin embargo, señalar nuestro desacuerdo con ciertos puntos en que la resolución es más concreta. 
Nuestra primera diferencia se refiere a las agrupaciones de productores con las que estamos en desacuerdo porque socavan las cooperativas. 
Aun en el caso de que las cooperativas se conviertan en agrupaciones de productores, se plantean muchos problemas debido al carácter multisectorial de las cooperativas- y de los campesinos- en nuestro país, mientras que las agrupaciones de productores se constituyen en torno a un producto concreto, de lo que resulta que en una misma cooperativa funcionen muchas agrupaciones de productores, y si funcionan normalmente, como prevé el reglamento correspondiente, entonces la cooperativa en la práctica está fragmentada en tantos pedazos como productos a los que se dedica. 
El problema se habría suelto si se concediera a los países miembros el derecho a reconocer ellos a las organizaciones de los campesinos, si en los reglamentos se mencionaran las cooperativas, en pie de igualdad, junto con las agrupaciones de productores. 
Esto, sin embargo, no es así, y la UE, con un marco legislativo antidemocrático, reconoce el estatuto de Uniones de Campesinos sólo a las agrupaciones de productores. 
La segunda diferencia se refiere a la particular importancia que la resolución concede a los programas operativos de las agrupaciones de productores. 
No estamos en desacuerdo con estos programas, pero los consideramos de importancia secundaria, o terciaria. 
Nosotros cuando hablamos de apoyo eficaz a los productos nos referimos a mejores precios de intervención, a más subvenciones, a protección con respecto a las importaciones masivas. 
Bueno es el programa operativo que limita la contaminación del medio ambiente, pero esto por sí solo no basta para reforzar el apoyo a la renta de los campesinos. 
Informe Wuori (A5-0193/2001) 
Señor Presidente, no tengo la intención de apuntarme al club de asiduos a la explicación de voto, sólo que ayer me vi rebasada por mi agenda y no pude llegar a tiempo al debate sobre el informe del Sr. Wuori. 
La importancia de este informe se acentúa aún más si tenemos en cuenta que la política de la UE en materia de derechos humanos está en fase de desarrollo. 
La base de esta política es la incondicionalidad del principio de dignidad humana, dado que sin dignidad no existen derechos humanos. 
Es importante que se dé cuenta de los problemas internos de la UE con la misma eficiencia y transparencia, si cabe, que de los problemas de terceros países. 
Puesto que yo saqué a relucir, hace ya año y medio, que uno de los problemas internos de la UE en materia de derechos humanos era la violencia policial, me sigo atreviendo a equiparar dicho problema con la libertad de expresión, considerada ésta como problema central por la comisión parlamentaria. 
Cabría analizar las noticias sobre las acciones violentas que tuvieron lugar con motivo de la Cumbre de Gotemburgo con la misma seriedad que las relacionadas con el propio acontecimiento oficial. 
Me acongojé tanto al leer las noticias sobre los heridos como al leer las informaciones, faltas de toda crítica, que transmitían los periodistas sobre las reuniones. 
Es difícil defender con credibilidad la libertad de expresión de los ciudadanos y de la prensa si esta misma libertad es usada cada vez con menos responsabilidad. 
Si la UE es un agente de peso a nivel mundial en materia de derechos humanos, también sus ciudadanos son un importante modelo de referencia para las administraciones de terceros países en lo referente al significado del ejercicio de las libertades a efectos prácticos. 
Señor Presidente, evidentemente, estoy a favor de este informe Wuori sobre los derechos humanos en la Unión Europea, aunque creo y estoy convencido de que la Unión Europea debe hacer mucho más. 
Con frecuencia en este hemiciclo de Estrasburgo se habla de derechos humanos en todo el mundo, pero nosotros, la Unión Europea, continuamos concediendo ayudas económicas en dinero a países en los cuales no se respetan los derechos humanos. 
Invito a nuestro Parlamento y a nuestra Instituciones a dejar de entregar siquiera un euro a los países que no respetan los derechos humanos en el mundo. 
. 
(FR) No nos cansaremos nunca de repetir que la Unión Europea debe promover activamente los derechos humanos y la democracia en todas las actividades que desarrolla a escala mundial. 
El respeto a los derechos humanos debe ser una prioridad en todas las actividades de la UE, incluyendo sus esfuerzos en la prevención de los conflictos. 
Efectivamente, es importante que "exporte", como se suele decir, valores comunes tales como los principios de libertad, de democracia, de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, así como de primacía de la ley, que constituyen sus principios fundadores. 
Insisto sin embargo en el hecho de que debe respetar la soberanía nacional y no caer en el defecto de la injerencia. 
Las instituciones europeas deben ponerse de acuerdo para encontrar medios más eficaces. 
El ponente propone que el Consejo y la Comisión pongan a punto estrategias comunes que estén mejor enfocadas en el ámbito de los derechos humanos. 
En cuanto a la Presidencia de la UE, se le invita a velar por que sus programas de trabajo cuenten automáticamente con capítulos relativos a políticas y acciones claramente definidas, destinadas a promover los derechos humanos y la democracia. 
Habría que fijar prioridades anuales específicas, acompañadas de modalidades de aplicación. 
Estas estrategias deben ser objeto de revisiones anuales y asegurar la coherencia de las distintas políticas comunitarias afectadas. 
Con relación al Parlamento Europeo, considero importante mejorar sus propias instancias responsables del análisis de expedientes que afectan a los derechos humanos. 
Acojo favorablemente la sugerencia de nombrar un "representante" especial, que podría ser un vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores: se concentraría en todos los problemas relativos a los derechos humanos y aseguraría también el seguimiento de los casos individuales de violación de estos derechos. 
(Explicación acortada en aplicación del artículo 137 del reglamento) 
. 
(FR) La Unión Europea no es precisamente la más indicada para dar lecciones en materia de derechos humanos. 
Invoca, entre otros, la Declaración Universal de 1948 y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.... pero sin respetarlos. 
¿Qué ha hecho para poner fin a la escandalosa sangría que para los Países del Sur representa la devolución de la deuda? 
Los Estados miembros no contribuyen a la OMS con las cantidades necesarias para combatir el sida o la tuberculosis, porque hay que reducir los déficits públicos: lo imponen los criterios de Maastricht. 
Para prevenir los conflictos, "una política más consecuente de prevención de las crisis" supondría dejar fuera del juego sucio a las multinacionales del petróleo, como Total Fina Elf, cuyo papel como detonante de guerras en el Sur de Sudán o en el Congo está cada vez más claro. 
Por otra parte, urge que la Unión Europea respete el derecho de asilo y el Convenio de 1951 eliminando las "zonas de espera" y los "centros de retención", y no "endureciendo las exigencias en materia de visado", como preconiza el informe. 
Y no basta con "lamentar" que los gitanos sean víctimas de graves discriminaciones. 
Hay que concederles el asilo y condenar las expulsiones colectivas como las que concretamente ha realizado Bélgica. 
Sólo la libertad de circulación y una política de regularización de todos los sin-papeles permiten respetar el derecho de asilo y luchar eficazmente contra el tráfico de seres humanos. 
En cuanto a la libertad de prensa y a la lucha contra la "excesiva concentración de los medios", un depredador populista ofrece, al frente de Italia, una instructiva imagen del hipócrita discurso de la Europa liberal. 
. 
(DE) He votado a favor del informe Wuori sobre la política de derechos humanos de la UE. 
Saludo la exigencia de mejorar la estrategia de la UE en temas de derechos humanos frente a Estados terceros y a Estados candidatos a la adhesión. 
En las negociaciones para la adhesión, los temas económicos ocupan el lugar central mientras que los temas de derechos humanos no gozan de tanto protagonismo. 
He votado contra la enmienda 10 del informe porque el ponente ha tachado el párrafo donde se exigía al Gobierno turco que garantizara la vuelta de más de tres millones de refugiados. 
He visitado algunos campos de refugiados en el suroeste de Turquía y he visto con mis propios ojos la miseria de esas gentes. 
En un informe sobre derechos humanos no debería ignorarse a los refugiados. 
Sobre el informe Wuori quisiera añadir todavía que en Turquía, como dice el artículo 90, no sólo hay minorías cristianas, sino también hay una comunidad religiosa minoritaria, los Yecidas, que no es reconocida. 
En documentos oficiales como las partidas de nacimiento, en lugar de poner "yecida" se hace una cruz o se deja el espacio vacío como signo de no reconocimiento. 
Todo el mundo tiene derecho a practicar la religión que libremente elija, por lo que pido el reconocimiento de todas las comunidades religiosas por las autoridades turcas. 
. (EN) Los Conservadores británicos son firmes defensores de los auténticos derechos humanos y, en consecuencia, han votado a favor del apoyo general de la resolución Wuori. 
No obstante, la resolución contiene varios elementos con los que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, como: la nueva definición de los derechos humanos (apartados 50, 51 y 72) ; las condenas desproporcionadas a Turquía (apartados 88 y 89) ; el malentendido sobre la naturaleza y categoría de las castas en la India (apartado 106, etc.) ; y el llamamiento en favor de criterios vinculantes para la exportación de armas (apartado 113). 
Informe Cornillet (A5-0223/2001) 
Señor Presidente, aunque no se encuentre entre nosotros, quisiera felicitar al colega Sr. Cornillet, por cuanto el contenido de su informe nos ha brindado un material informativo rico y variado sobre el estado de los derechos humanos en la Unión Europea, al mismo tiempo que emite un mensaje bien claro a los gobiernos y a los pueblos europeos: la Unión Europea insiste en su voluntad de ser un espacio de libertad, justicia y cohesión social, y, por supuesto, de respeto a la Carta de Derechos Fundamentales. 
No obstante, mi grupo, los diputados de Grecia en el Partido Popular Europeo, y yo personalmente, tenemos ciertas objeciones con respecto a la redacción final, y por ello algunos de entre nosotros han votado en contra, y otros, como yo, nos hemos abstenido. 
Estas objeciones se refieren a los derechos políticos y de sufragio de los inmigrantes. Pensamos que lo prioritario hoy es la voluntad política; el trazado, la adopción y la aplicación, por parte de los órganos europeos, de una política común para la inmigración, y, en los estados miembros, el esfuerzo por crear las condiciones adecuadas para la integración social de los inmigrantes, sea cual fuere su procedencia. 
Los derechos políticos y de sufragio pueden ser el resultado natural de la evolución histórica, pero debe pasar un tiempo de consultas, de diálogo, de consenso ciudadano, antes de llegar a una solución convincente. 
Otro motivo de objeción, por nuestra parte, es el reconocimiento oficial del matrimonio entre homosexuales, ya que pensamos que se trata de una cuestión relacionada no sólo con la libertad sexual, sino también con la institución de la familia, institución que toca la sensibilidad de los ciudadanos europeos, y que está protegida por la Carta de Derechos Fundamentales. 
Señor Presidente, he votado en contra del informe Cornillet sobre los derechos de los ciudadanos en Europa. 
¿Por qué? 
Porque en Europa, a mi modo de ver, no se respetan los derechos de las personas mayores, al menos en muchos de los quince Estados de la Unión Europea. 
Considero que no se respetan los derechos de las personas mayores cuando enfermamos, quedamos totalmente incapacitados y no somos autosuficientes: si tenemos suerte nos cuidan nuestras familias en casa, si no la tenemos nos ingresan en centros asistenciales y sanitarios que hacen todo lo posible, aunque, en todo caso, debemos pagar de nuestro bolsillo, con nuestro patrimonio si lo tenemos, el coste de esta asistencia, y esto después de haber trabajado y pagado nuestras cotizaciones durante toda nuestra vida. 
En Europa debemos ocuparnos real y concretamente también de los derechos de las personas mayores más discapacitadas. 
Señor Presidente, intervengo para expresar mi satisfacción por la histórica decisión adoptada hoy por el Parlamento Europeo de votar dos importantísimas enmiendas que reafirman un principio de libertad al invitar al Gobierno y al parlamento italianos a derogar la 13ª disposición de la Constitución italiana referida al exilio de los herederos de sexo masculino de la Casa de Saboya. 
Expreso mi aprobación y satisfacción también como piamontés: una decisión importante y bien motivada, ya que nos encontrábamos ante el último caso de miembros de una familia real mantenida en el exilio más de cincuenta años después de la mencionada disposición y cuya historia, desde Manuel Filiberto hasta Mafalda de Saboya, forma parte de la historia de Europa. Una norma, esa cuya derogación se pide, que va en contra de los valores fundamentales de libertad compartidos por todos los Estados de la Unión Europea y que afecta a unos ciudadanos europeos, uno de los cuales, el más joven, ni siquiera había nacido en la época en que fue votada la 13ª disposición. 
. 
(FR) Ya que hablamos de los derechos humanos, me referiré nuevamente a las violaciones de los derechos de los intelectuales de todos los ámbitos que osan manifestar una opinión independiente en materia histórica, lo que les lleva por ejemplo a reexaminar determinados aspectos de la Segunda Guerra Mundial y del drama concentracionista. 
Un drama que por desgracia hoy es explotado de manera cotidiana y obsesiva en beneficio de intereses políticos o financieros que poco tienen que ver con la memoria de las víctimas. 
En efecto, hay actualmente en Europa miles de historiadores, de sociólogos, de investigadores, de universitarios o sencillamente de ciudadanos que se ven perseguidos por el único crimen de querer examinar libremente los dogmas, por otra parte cambiantes, que los autores oficiales pretenden imponer. 
Como en 1999, me centraré en un único ejemplo, tomado de la región de Rhône-Alpes, de dónde procede nuestro ponente, el Sr. Cornillet. 
Un joven historiador sin recursos, al que no conozco, el Sr. Plantin, fue condenado por el único delito de haber mencionado, en la bibliografía de una revista científica que él edita, obras que corregían errores históricos que ya ningún historiador serio respalda. 
Fue detenido. 
Su ordenador personal fue confiscado. 
Todas las típicas asociaciones a sueldo que reclamaron en su contra obtuvieron importantes indemnizaciones a sus expensas y a las de su impresor, un artesano rural. 
Además, los magistrados del Tribunal de Apelación de Lyon, Dominique Fournier, Jean-Luc Gouverneur, Marie-Odile Théolleyre, le prohibieron publicar en una sentencia digna de los tribunales estalinistas. 
Los letrados del Tribunal de Casación Bruno Cotte, Christine Chanet y Guy Joly no cumplieron su misión, al no censurar específicamente la aplicación manifiestamente abusiva de una ley sobre las publicaciones destinadas a los jóvenes. 
Pero aún hay más: bajo presión, y de forma totalmente ilegal, los profesores Régis Ladous y Claude Prudhomme cometieron la ridiculez y la bajeza de anular, después de once años, la tesina pre-doctoral del Sr. Plantin, a la que habían concedido la calificación "Muy bien" con pleno conocimiento de causa. 
¡Y todo esto en el siglo XXI, en Francia y en otros países de Europa! 
Evidentemente, esta persecución no hace más que reforzar las dudas que planean sobre los dogmas oficiales. 
Es indigna e intolerable. 
Debe cesar de inmediato. 
. (FI) Me siento muy satisfecha de que el informe Cornillet, de por sí ya espléndido, haya sido objeto de algunas enmiendas adicionales relacionadas con el reconocimiento de las parejas de hecho pertenecientes al mismo sexo. 
En lo que concierne a ciertos aspectos, hubiera deseado que el informe hubiese adoptado posiciones de más alcance. 
Me refiero, por ejemplo, al derecho de adopción de las parejas homosexuales de ambos sexos. 
Lamentablemente, los problemas en materia de derechos humanos de las minorías sexuales siguen siendo, aún hoy en día, algo cotidiano en los Estados miembros de la UE. 
Considero especialmente importantes, en el marco de las negociaciones sobre la ampliación, las alusiones a la legislación de los países aspirantes a la adhesión, así como las relacionadas con el trato de igualdad debido a los ciudadanos integrantes de parejas o familias no convencionales. 
. 
(FR) Ciertas recomendaciones del informe Cornillet son indudablemente positivas. 
La extensión del derecho al voto a los extracomunitarios, la supresión del Protocolo Aznar, verdadera negación del derecho de asilo, un reconocimiento no restrictivo del estatuto de refugiado, que abarca por ejemplo a todos los argelinos víctimas de la persecución, las medidas contra las discriminaciones que sufren los gitanos, o el reconocimiento de los derechos de los homosexuales, son medidas que apoyamos. 
Sin embargo, las buenas intenciones se quedan a veces a medio camino. Los centros de retención y las zonas de espera son de hecho cárceles encubiertas, dónde las condiciones de vida son inhumanas. 
La "limitación" o la "fijación de un tope para la duración de la retención" son recomendaciones insuficientes que mantienen la criminalización de los solicitantes de asilo y de los sin-papeles. 
Los menores no deben quedar sometidos a esta retención degradante que el artículo 32 pretende "humanizar" para ellos. 
Para permitir que las víctimas del tráfico de seres humanos y de la esclavitud doméstica se liberen de sus persecutores, hay que decretar una regularización general en Europa. 
Un documento de estancia a largo plazo sería mucho más eficaz contra los explotadores que "el documento temporal (... ) válido durante la investigación y el procedimiento judicial". 
Si se mantienen los considerandos y las enmiendas relativos al derecho al voto o a los derechos de los homosexuales, votaremos a favor de este informe. 
En todos los demás casos, nos abstendremos. 
. 
(FR) Me he abstenido en la votación del informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea, porque algunas fuerzas de este hemiciclo han aprovechado de nuevo este informe para acreditar la tesis según la cual un Estado miembro no respeta los derechos fundamentales en la Unión Europea si no modifica su legislación para permitir los matrimonios homosexuales y para conceder a las parejas homosexuales los mismos derechos que a las parejas heterosexuales casadas. 
Esto es pasarse de la raya. 
Es necesario prever, para las parejas heterosexuales que no están casadas y para las parejas homosexuales, qué posibilidades tienen de resolver ciertas dificultades derivadas de su situación, por ejemplo en el marco de un pacto que se haya establecido. 
Pero no podemos en ningún caso concederles en materia de seguridad social derechos de supervivencia, ni tampoco en materia fiscal o en materia de adopción, por ejemplo, los mismos derechos que tiene una pareja casada, con o sin hijos. 
Las parejas no casadas pueden separarse mucho más fácilmente, con un coste menor, mientras que los procesos de divorcio son siempre complejos, costosos y pesados. 
Una reglamentación como la que preconiza el informe supondría en el fondo discriminar a las parejas heterosexuales casadas. 
Y eso no puede ser. 
En un capítulo sobre la ciudadanía europea, se nos pretende convencer de que admitamos que un Estado miembro viola los derechos fundamentales si no concede el derecho al voto y el derecho a presentarse candidato al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales a las personas naturales de países terceros que llevan residiendo legalmente en su territorio un mínimo de tres años. 
El derecho al voto se adquiere sobre una base de reciprocidad con los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión que residen en otro Estado miembro. 
Los portugueses pueden votar y ser elegidos en Luxemburgo, y yo podría también hacerlo si viviese en Portugal. 
Pero, ¿porqué conceder a un argelino, por ejemplo, el derecho al voto en un Estado miembro, si un súbdito de ese Estado miembro no tiene derecho al voto en Argelia? 
No puedo estar de acuerdo con estas reivindicaciones, sin contar con que se trata de temas que afectan a derechos civiles y a derechos políticos que están en la órbita de la soberanía nacional. 
Cada Estado miembro es libre de conceder estos derechos a súbditos de países terceros y de ofrecer estas posibilidades a sus residentes. 
No es de recibo que este Parlamento condene a los Estados miembros que deciden no hacerlo. 
. (SV) Como cristianodemócrata sueco, he votado en contra de los puntos 78 y 82 a 84, que pretenden influir en las legislaciones nacionales en materias de política familiar. 
Estas materias, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, son de carácter nacional y no tienen cabida en un informe sobre derechos humanos en Europa. 
También he votado en contra de los puntos 119 y 120, que otorgan el derecho a ser elegido al Parlamento Europeo a los que no tienen ciudadanía en países de la Unión. 
Las responsabilidades y las obligaciones deben tener su correspondencia en los derechos y la capacidad para ser elegido. 
Esto debería ser un principio y una regla de vida de carácter obvio. 
Informes Wuori (A5-0193/2001) y Cornillet (A5-0223/2001) 
. (EL) Dos informes relativos, por una parte, a los derechos humanos en el mundo (informe Wuori) , y, por otra, a los derechos fundamentales en la UE (informe Cornillet) han sido hoy objeto de debate en el pleno del Parlamento Europeo. 
Se trata de dos textos provocativos, tanto por lo que en ellos se menciona (principalmente en el informe Wuori) cuanto por lo que se evita mencionar (principalmente en el informe Cornillet). 
El informe Wuori, y para que nadie se llame a engaño, defiende desde el principio la naturaleza imperialista de la Unión Europea, al afirmar que «el principio de soberanía nacional no debe rehusar a la UE el derecho a intentar influir, y en su caso intervenir, para impedir violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos». 
Los pueblo de los Balcanes, y de otras regiones del mundo, han pagado y siguen pagando muy caro esta misión «grata a Dios» de la UE. 
Miles de muertos, un número aún mayor de personas contaminadas por las bombas de uranio empobrecido, la ARYM secuestrada por los «invencibles» extremistas albaneses, países protectorado, a merced de los monopolios europeos y sus representantes políticos. 
El reciente y vergonzoso secuestro del ex presidente Milosevic, con absoluto desprecio tanto de la justicia constitucional del país cuanto de su presidente, y su entrega al Tribunal Penal Internacional de los intereses inconfesables de la Haya, constituyen ilustrativos ejemplos de cómo ve la Unión Europea la defensa de los derechos humanos. 
El informe va, sin embargo, aún más lejos y propone la creación de nuevos tribunales penales internacionales para Chechenia, Timor Oriental e Iraq. 
El «mecanismo de reacción rápida para la prevención de conflictos» , es decir, el euroejército, es considerado un instrumento fundamental en el marco de la estrategia de la Unión Europea; por, otra parte se adopta una política de «sanciones inteligentes» en vez de «sanciones a ciegas». 
Sin hacer mención alguna a los criminales resultados que tuvo para el pueblo iraquí la imposición del embargo, al que la Unión Europea contribuyó decisivamente, y con marcada indiferencia, se propone la eventual imposición de embargos a otros países, con el pretexto de las prácticas que ofenden a la dignidad humana. 
El informe, a pesar de su amplitud, no oculta sus preferencias y sus criterios selectivos. 
Por ejemplo, mientras que critica abiertamente al gobierno socialista de Cuba por represión de la «libertad» de prensa, es particularmente delicado y cuidadoso en los casos de Turquía y Ucrania, cuando es sabido que en Turquía decenas de periodistas se encuentran en la cárcel, y en Ucrania un periodista fue asesinado durante las últimas elecciones. 
Finalmente, en el extenso apartado dedicado a Turquía por el informe, no se encuentra una sola palabra ni sobre la prolongada huelga de hambre en las cárceles turcas ni sobre las víctimas de la intolerancia turca. 
Por todas estas razones, los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 14.05 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad 
De conformidad con el orden del día se procederá al debate de temas actuales, urgentes e importantes. 
De conformidad con el orden del día se procederá al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0486/2001 de los diputados Méndez de Vigo y otros en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Democracia Cristiana) y de los Demócratas Europeos; 
B4-0497/2001 de los diputados van den Berg y otros en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; 
B4-0504/2001 de los diputados Malmström y Rutelli en nombre del Grupo del Partido de los Liberales y Demócratas Europeos; 
B4-0484/2001 de los diputados Frassoni y otros en nombre del Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea; 
B4-0512/2001 de los diputados Manisco y otros en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica; 
B4-0527/2001 de los diputados Dupuis y otros en nombre del Grupo TDI 
sobre la pena de muerte en el mundo y sobre la instauración de un "Día Europeo contra la Pena de Muerte". 
Señor Presidente, me parece que, dado que hay muy pocos temas en los cuales toda la Unión Europea está unida y la abolición de la pena de muerte es uno de ellos, debemos en primer lugar estar contentos y orgullosos de la iniciativa tomada por este Parlamento junto con el Consejo de Europa, de convocar la Conferencia sobre la pena de muerte el 22 de junio. 
En segundo lugar, debemos declarar que ya es hora de pasar al capítulo siguiente, esto es, a la preparación de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la posible aprobación de una resolución sobre la moratoria de las ejecuciones capitales. 
Creo que ésta es nuestra tarea de cara a los próximos meses y espero que la Presidencia belga, tal como se ha comprometido ayer en el Pleno, esté de nuestra parte. 
Señor Presidente, tiene razón la Sra. Frassoni cuando dice que hoy estamos unidos en esta cuestión, pero hace veinte años, seguramente, no lo estábamos. 
Por tanto, hemos progresado. 
Hoy la Unión Europea está unida en contra de la pena de muerte, y así lo refleja la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando, en el artículo 2, habla del derecho a la vida. 
Recuerdo que, cuando discutíamos esta Carta, muchos en la convención nos decían: es incoherente decir que esta Carta va dirigida a las instituciones de la Unión- y usted, Señor Presidente, sin duda, se acordará de eso- y al mismo tiempo pedir la abolición de la pena de muerte, cuando la Unión Europea no puede condenar a nadie a muerte. 
Es verdad, había una incoherencia. Pero la asumimos, porque creíamos que la Carta tenía que recoger los valores y principios que sustentan la construcción europea. 
Y debo decirle que hace poco tiempo, Señor Presidente, cuando venía en un avión, leía la noticia de que el Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía decía que habría que reformar la Constitución de ese país porque, para entrar en la Unión Europea, era necesario abolir la pena de muerte, tal y como prevé la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Recordé aquel título de una película, ganadora de un óscar, "La vida es bella", y comprendí que nuestra tarea, de vez en cuando, da sus frutos. 
Por tanto, señor Presidente, creo que los europeos, no solamente debemos proclamar nuestro deseo de que sea abolida la pena de muerte, sino que tenemos un derecho y un deber de injerencia en los asuntos de otros países, para que hagan lo mismo. 
Por eso, atendiendo a una resolución de un congreso que se celebró hace dos semanas en Estrasburgo, hemos pedido en esta resolución- que estoy seguro va a apoyar unánimemente esta Cámara- la creación de un día especial contra la pena de muerte: un día europeo, que espero que, dentro de poco, sea un día mundial, porque creo que hay lugar para la esperanza. 
Mi buena amiga, Dª. Ana Palacio, que lee todo lo que se publica, me ha dado hoy el editorial del Herald Tribune, donde una jueza del Tribunal Supremo, la Sra. O ' Connor, que siempre ha estado a favor de la pena de muerte, hoy dice lo contrario. 
Señor Presidente, creo que, si las personas inteligentes cambian de opinión, podremos ganar esta batalla en todo el mundo. 
Señor Presidente, la pena de muerte constituye un acto inmoral porque ninguna persona puede arrebatarle la vida a otra. 
Con demasiada frecuencia se condena a personas inocentes a muerte y el castigo es inapelable, incluso aunque surjan nuevas pruebas con posterioridad. 
La pena de muerte es degradante y se opone al principio universal de justicia. 
Recientemente se ha liberado a Joaquín José Martínez en los Estados Unidos y hemos tenido la oportunidad de verle aquí en el Parlamento tras haber pasado en prisión varios años. 
Según Amnistía Internacional, en el año 2000 han sido ejecutados al menos 1.475 presos y se han dictado más de 3.000 sentencias de muerte. 
China, Irán, Arabia Saudí y los Estados Unidos representan alrededor del 88% de estas cifras. 
El primer congreso mundial contra la pena de muerte se celebró entre el 21 y el 23 de junio de este año aquí, en Estrasburgo: 87 países de todo el mundo aplican la pena de muerte y las víctimas son, en muchos casos, menores y disminuidos psíquicos. 
Lamentamos especialmente que determinados países con un nivel muy elevado en el ámbito de la defensa de los derechos humanos hayan optado por emplear este sistema, la pena de muerte, y que se dediquen a ejecutar a inocentes, tal y como se demuestra posteriormente en muchos casos, mientras que las estadísticas demuestran, especialmente en los Estados Unidos, que los aspectos sociales y raciales desempeñan un papel importante. 
Nos preocupa especialmente el hecho de que los órganos de los implicados se ofrezcan a continuación en venta. 
Estoy de acuerdo con mi colega Méndez de Vigo en el sentido de que sería positivo instituir un día europeo contra la pena de muerte. 
Quisiera hacer hincapié en el punto 4 de la resolución en el que se insta a la Presidencia belga a tratar de lograr una votación en el sesión de septiembre de la Asamblea General de las Naciones Unidad en torno a una resolución sobre la derogación de la pena de muerte. 
Esperamos que la Presidencia logre, en nombre de todos los países de la UE, unos apoyos suficientes para que esta vez se pueda adoptar la resolución. 
Señor Presidente, señor Comisario, nadie ignora la condena de esta Asamblea a la pena capital, dondequiera que se aplique. 
El Parlamento Europeo ha combatido larga y duramente esta pena bárbara y sabemos que el Comisario Patten es un buen aliado en esta lucha. 
Señor Comisario, apreciamos realmente sus esfuerzos en esta materia. 
Nuestra lucha común ha dado como resultado que uno a uno, los países candidatos han ido aboliendo la pena de muerte. 
Esta exigencia es indispensable si se quiere formar parte de la comunidad europea. 
También ha llegado la hora de que lo haga Turquía, y sin dilación. 
A veces puede ser desolador luchar contra la pena capital en un mundo como el actual. 
Mi colega mencionaba cifras que ilustraban la situación mundial. 
Conviene saber que el 90 por ciento de las ejecuciones tienen lugar en sólo cuatro países. 
El peor es China, donde se ha ajusticiado a más de mil personas en lo que va de año. 
Es muy lamentable tener que poner a EE.UU. en la misma lista que las dictaduras. 
Hemos pedido reiteradamente al gobierno norteamericano que suspenda la aplicación de la pena de muerte y que no condene a adolescentes ni a personas con disfunciones psíquicas. 
La sola sospecha de que alguien ha sido ajusticiado sin motivo, sabemos que esto ha sucedido en EE.UU., debería bastar para abolir la pena de muerte. 
Sin embargo, se ve una luz en el túnel. 
Nos satisface comprobar que en EE.UU. empieza a cambiar lentamente la opinión. 
Treinta países abolieron la pena capital durante la pasada década. 
Aquí en Estrasburgo tuvo lugar una exitosa conferencia hace dos semanas. 
Tanto la UE como el Consejo Europeo siguen luchando incansablemente. 
Para fortalecer aún más la lucha contra la pena capital y conseguir que esta materia esté siempre presente en la agenda, mi colega el Sr. Rutelli propuso hace un año en esta Asamblea un Día Europeo contra la pena de muerte. 
Podríamos mantenerlo hasta que haya sido abolida en todo el mundo. 
Me satisface que el Parlamento coincida con esto y espero que el Consejo y la Comisión trabajen mancomunadamente con el Parlamento Europeo para la creación de este Día. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, permítanme de entrada una primera observación: nuestra resolución habla de 87 países en los que todavía existe la pena de muerte. 
Creo que esta cifra- que nos ha sido proporcionada por Amnistía Internacional- no es correcta. 
De hecho, son 71 los países que siguen aplicando la pena de muerte, y creo que la diferencia es importante, en la medida en que la Comunidad Internacional está formada por 180 países, lo cual significa que la mayoría de países abolicionistas tiene mucho más peso de lo que dan a entender las cifras de Amnistía Internacional. 
Por otra parte, creo que tampoco hay que considerar a Amnistía Internacional como una especie de biblia para toda una serie de cosas, ni tampoco como un representante de la sociedad civil, lo cual no es en absoluto el caso: es una asociación que desarrolla una labor determinada y también merece- en mi opinión- una mirada crítica por nuestra parte de vez en cuando, cuanto menos. 
En segundo lugar- Monica Frassoni lo ha dicho, el Sr. van den Berg y el Sr. Manisco también- creo que nuestro problema es ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas con una resolución sobre la moratoria. 
El problema no es abolir la muerte. 
Nuestro problema es abolir la pena de muerte, porque estimamos que hay formas de hacer justicia sin tener que recurrir a ella. 
Por tanto, el problema consiste en una moratoria, en una iniciativa totalmente laica, que pretende convencer a los otros Estados de que tengan en cuenta los argumentos que abogan por la supresión de la pena de muerte y de que concluyan laicamente, sabiamente, que ya no hace falta recurrir a este instrumento. 
En consecuencia, creo que nuestra labor a lo largo de las próximas semanas será importante para conseguir, con la Presidencia belga, presentar en Nueva York una resolución sobre la moratoria. 
Señor Presidente, en la Unión Europea tenemos que apoyar cualquier acción tendente a la abolición de la pena de muerte. 
Los abolicionistas, reunidos en Estrasburgo en el primer congreso mundial contra la pena de muerte, pueden contar- y saben que cuentan- con todo nuestro apoyo activo. 
Un día europeo contra la pena de muerte- decía el Sr. Méndez de Vigo, y yo estoy de acuerdo- está bien, pero no es suficiente. 
Debemos promover, además, que las instituciones comunitarias y los Estados miembros de la Unión Europea lleven hasta sus últimas consecuencias la convicción reflejada, sin ninguna duda, en todas nuestras legislaciones, de que la pena de muerte es contraria al Derecho, de que equivale a otras monstruosidades históricas, como la esclavitud. 
La Unión Europea debería, por tanto, tal y como pedimos en la resolución, considerar la abolición de la pena de muerte como un elemento esencial de sus relaciones con los terceros países y ello habría de reflejarse consecuentemente en las conclusiones de acuerdos internacionales, en programas de ayuda, de intercambios en las relaciones comerciales. 
No quiero hablar- ya lo ha hecho el compañero Van den Berg- de las aberraciones que suponen las ejecuciones de menores, de disminuidos físicos, ni entrar tampoco en los casos de inocentes condenados. 
Tampoco voy a entrar en las cifras- porque es verdad lo que acaba de decir el Sr. Dupuis- que, además, creo que son irrelevantes; un solo caso es ya una monstruosidad. 
La abolición de la pena de muerte es un principio elemental en el estado de la civilización en el que hoy nos encontramos y nadie puede ser privado de su vida por una sentencia judicial. 
Por eso, apoyo tanto esta resolución como el día europeo contra la pena de muerte, pero creo que hay que llegar un poco más allá en todo nuestro trabajo para conseguir la abolición de la pena de muerte. 
Señor Presidente, queridos colegas, por mi parte me gustaría saludar a los promotores del Primer Congreso Mundial Contra la Pena de Muerte, que, en mi opinión, ha sido la culminación de la labor de los abolicionistas del mundo entero. 
A lo largo de estos tres días, se ha llevado a cabo una tarea muy importante, y desearía también dar aquí mi bienvenida al compromiso personal de nuestra Presidenta, quien, con su homólogo del Consejo de Europa, ha hecho un llamamiento a los Estados para que decreten una moratoria mundial de las ejecuciones. Esta moratoria ha sido respaldada por 40 países presentes aquí mismo, en este hemiciclo. 
Se ha dicho aquí que luchar por la abolición de la pena de muerte es luchar por el reforzamiento de la dignidad del ser humano y por la ampliación de los derechos humanos. 
Creo que la Unión Europea está trabajando en ello y que debe seguir esforzándose, pero creo igualmente que a veces es importante, en el seno de una asamblea como las Naciones Unidas, empezar por aplicarse el cuento. 
Quiero decir con esto que países como Turquía, Rusia y Armenia, que son miembros del Consejo de Europa y que solicitan su adhesión a la Unión Europea, deben suprimir la pena de muerte de sus respectivos códigos penales. 
En mi opinión, es una condición sine qua non para su adhesión, y la garantía de hacer respetar en la zona de la Unión Europea este principio fundamental de los derechos humanos. 
Además, como ha recalcado Robert Badinter, creo que el debate ha dado un gran paso adelante: 100 países han abolido ya la pena de muerte. 
Incluso en Estados Unidos, hace cinco o seis años, cerca del 80% de la población estaba a favor de la pena de muerte. 
Hoy, sólo la respalda el 66% de la población. 
Esto significa que la lucha va viento en popa: tanto mejor. 
Sin embargo, existe otro caso muy simbólico en la lucha contra la pena de muerte: es el caso de Moumia Abou Jamal. 
De las 3.700 personas que, todavía hoy, se encuentran en el corredor de la muerte en Estados Unidos, Moumia Abou Jamal es un símbolo por el hecho de que está en prisión y en el corredor de la muerte porque es negro, y en este sentido, me recuerda un poco a la lucha de Nelson Mandela. 
Está en la cárcel porque era un intelectual, un escritor, y por ello me recuerda vagamente a Soljenitsin, y porque se había atrevido a escribir en un momento en el que nadie escribía en contra de las exacciones de la policía de Filadelfia. 
Y finalmente, era un militante, un activista, como dicen los ingleses. 
Por estos tres motivos, se encuentra hay en el corredor de la muerte, y creo que sería un gesto formidable por parte de Estados Unidos, que se autodenomina la mayor democracia del mundo, abolir la pena de muerte y concederle la libertad a Moumia Abou Jamal. 
¡Imagínense ustedes el efecto que esto tendría para países como China y muchos otros que, evidentemente, siguen aplicando esta práctica tan bárbara! 
Confío enormemente en que la Presidencia belga haga avanzar esta idea que apoyamos aquí al cien por cien. 
Señor Presidente, Señorías, todos los Estados miembros se han comprometido a respetar la Declaración General de los Derechos Humanos y con ello también a prohibir la pena de muerte. 
La pena de muerte conculca el derecho a la vida y resulta degradante. 
Según Amnistía Internacional, en el año 2000 fueron condenados a muerte 1.457 personas, 85 en los EEUU, 1.000 en China, 75 en Irán y 123 en Arabia Saudí. 
En Irán se condenó la semana pasada a una mujer a ser lapidada por ruptura matrimonial. 
Esto me recuerda a la Edad Media. 
Me produce repulsa e indignación semejante crueldad. 
En Turquía, desde 1984 no se ejecutan más penas capitales, pero sí se producen condenas a muerte. 
No podemos aceptar que ocurra esto en un Estado que aspira a integrarse en Europa. 
Turquía ha de eliminar la pena de muerte para poder entrar en la UE. 
Toda ejecución puede costarle la vida a un inocente. Se han dado ya casos de este tipo. 
El debate que está teniendo lugar ahora en Rusia sobre la reintroducción de la pena de muerte me está afectando particularmente. 
Cinco años después de la última ejecución hay todavía más voces a favor de utilizar la pena de muerte contra terroristas y traficantes de drogas. 
Quisiera recordarle a Rusia que con su entrada en el Europarat hace cinco años se comprometió a erradicar la pena de muerte. 
Turquía y Armenia, como miembros del Europarat, deben cumplir también con esa obligación. 
En junio se celebrará en Estrasburgo el primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte. 
Saludo la organización de eventos de este tipo en los que se buscan vías para eliminar la pena de muerte. 
Condeno a los 87 Estados en los que aún existe y pido a los responsables que la eliminen. 
Señor Presidente, creo que hay que darle las gracias también a la Sra. Fontaine. 
En la prensa española leímos un artículo que, creo, refleja muy bien el sentimiento de este Parlamento en contra de la pena de muerte. 
No sé si se publicó en la prensa de otros países de Europa. 
En segundo lugar, querría recordar aquí, señor Presidente, que en las otras dos ocasiones en que intervine en contra de la pena de muerte lo hice hablando de un español que estaba en el corredor de la muerte en los Estados Unidos, Joaquín José Martínez. 
Tuvimos la ocasión de hablar con él y con sus padres la semana pasada y entre otros detalles escalofriantes que nos contaron, figuran los 100 millones de pesetas que tuvieron que recoger para obtener la libertad de su hijo. 
Esta situación es la común para las minorías en los Estados Unidos. 
Confieso que nunca pensé que pudiera ser liberado y me alegro de haberlo visto aquí con vida. 
La pena de muerte me parece una barbarie, señor Presidente. 
El 88% de esas penas de muertes se concentran en cuatro países, con los que Europa debe hablar para que deje de asesinarse de forma legal. 
También, nuestra presencia en las Naciones Unidas debiera aprovecharse, como se ha hecho siempre, para manifestarse en contra de la pena de muerte. 
Muchas gracias, señor Comisario Patten. 
Se levanta la sesión. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Candidatura de Beijing a los Juegos Olímpicos 2008 
De conformidad con el orden del día se procederá al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B5-0487/2001 de los diputados Thomas Mann y Maij-Weggen en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Democracia Cristiana) y de los Demócratas Europeos; 
B5-0498/2001 del diputado van den Berg en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo; 
B5-0505/2001 de los diputados Malmström y otros en nombre del Grupo del Partido de los Liberales y Demócratas Europeos; 
B5-0524/2001 de los diputados Frassoni y Wuori en nombre del Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea; 
B5-0525/2001 de los diputados Dupuis y otros en nombre del Grupo de los TDI 
sobre la candidatura de Beijing a los Juegos Olímpicos de 2008. 
Señor Presidente, Señorías, señor Patten, usted conoce muy bien el terreno. 
La semana que viene, el COI decidirá la sede para los JJOO de 2008. 
China, que está buscando reconocimiento en todos los ámbitos políticos, es la candidata más probable. 
Quien piense que Beijing no cosechará esta vez otro fracaso como en 2000 y en 2004, no ha considerado la cuestión a fondo. 
La política de China no tiene nada que ver con el espíritu olímpico. Pisotea los derechos humanos y reprime agresivamente la libertad de manifestación y la libertad de opinión. 
Desde hace 50 años tiene ocupado el Tíbet. 
Minorías como los Ugures y los Mongoles no ven reconocidos sus derechos y están perdiendo su identidad cultural. 
Se dificulta la realización de procesos limpios. 
La pena de muerte, el tema del debate anterior, sigue existiendo así como las ejecuciones públicas. 
La política y el deporte no pueden separarse. 
El Encuentro de Jóvenes del Mundo que tuvo 100.000 espectadores y un millón de público por radio y televisión fue manipulado con fines propagandísticos igual que pasó en Berlín en 1936. 
La alegría de la gente era auténtica, la organización perfecta, pero esa imagen positiva fue instrumentalizada por el régimen nazi en aras del reconocimiento de la dictadura. 
El boicot de los JJOO de Moscú de 1980 tras la invasión de Afganistán por el Ejército Rojo fue considerado de muy distintas maneras, y con razón. Pero hubo un reconocimiento común. 
Aquello que va en contra del derecho internacional, sea lo que sea, no puede entrar a formar parte del orden del día. 
En el caso de China, el Grupo del PPE denunciamos también la eliminación de los bosques durante décadas, la contaminación de los ríos y las emisiones incontroladas que, en conjunto, han conseguido que el ecosistema esté casi listo para echarlo a la basura. 
Los defensores de los animales se indignan por una crueldad que apenas se conoce. 
En China hay 7.000 osos encerrados en jaulas estrechas de los que se extrae asiduamente la bilis para la fabricación de cosméticos y productos médicos. 
¡No tienen ningún derecho! 
Por tanto, hay gran cantidad de argumentos en contra de que se conceda a China la organización de los próximos JJOO. 
¿Cree alguien de los aquí presentes que es posible que la situación en China cambie de aquí a siete años? 
China puede presentarse nuevamente como candidata y sería una digna anfitriona de los juegos si se preocupase de otros temas previos como poner fin a la conculcación de los derechos humanos y como iniciar el camino hacia la democracia y el Estado de derecho. 
Tan sólo cuando China sea miembro de nuestra comunidad de valores podrá el COI, la próxima semana o en un futuro, dar el sí a su candidatura con la mejor conciencia. 
Señor Presidente, hace aproximadamente doce años, se acabó de forma sangrienta con la protesta estudiantil y la reivindicación de democracia que tuvo lugar en la Plaza de Tienanmen. 
En este período, el comisario Patten se esforzaba en Hong Kong, en el marco de otra función, y se le conocía por su actividad en pro de los derechos humanos. 
Se puede decir que, desde entonces, en China ha prevalecido la tendencia conservadora sobre la de los reformistas. China esta buscando, en realidad, una salida a la parálisis en la que cayo de forma definitiva en ese momento. 
Desde el punto de vista histórico, se puede afirmar que siguen existiendo las ambas tendencias, pero que en los últimos años se ha optado por ocupar de forma sólida el centro político a través del papel central del partido comunista, lo que en realidad supone un papel clásico y manido, a la vez que se observa una enorme apertura económica. 
Esto ha provocado una gran tensión entre las dos tendencias, lo que ha supuesto el aumento de las desigualdades dentro del país. 
Esta claro que China no puede continuar por este camino permanentemente. 
Creo, al igual que mi Grupo, que lo que necesitamos en realidad es una doble estrategia; una estrategia de compromiso, cooperación, conversaciones y actuación política porque, al fin y al cabo, en el Congreso del 2002, que para ellos supone un paso hacia una nueva generación, deberán adoptar nuevas iniciativas. 
Finalmente deberán adoptar una nueva postura si desean que un país tan enorme desempeñe un papel destacado en el escenario mundial. 
Sin embargo, considerando el espíritu de los Juegos Olímpicos y nuestra postura y los valores que defendemos en Europa con respecto a los derechos humanos, en la actualidad no podemos apoyar la candidatura china. 
Por ello, nuestro Grupo muestra una actitud crítica con China y apoya cualquier actitud crítica con respecto a China. 
Creo que el compromiso supone precisamente la posibilidad de hablar con claridad y de forma pública. 
Por ello, nuestro Grupo apoya esta resolución. 
China no es el reino de las tinieblas, aunque en materia de derechos humanos debe cambiar mucho para que el país pueda optar a albergar unos Juegos Olímpicos. 
Después de que el Comisario Patten haya sido interpelado constantemente como si él mismo fuera chino, es momento ahora de decirles que ha sido Gobernador de Hong Kong. 
No sé cuántos de ustedes lo sabían, pero seguramente nuestros invitados lo desconocían. 
Me estoy refiriendo a ello para que ustedes tengan presente el dato. 
Señor Presidente, el viernes de la próxima semana se elegirá al país que organizará los próximos Juegos Olímpicos de 2008. 
Estos Juegos son una ocasión de encuentro para hombres y mujeres de todo el mundo, en la que pueden competir en condiciones de igualdad, con un espíritu de paz y cooperación entre las naciones. 
Esto es lo que se dice, ya que muchos de los países participantes son brutales dictaduras que desprecian la democracia y los derechos humanos. 
El Comité Olímpico tiene la responsabilidad de potenciar los ideales que inspiran los Juegos. 
El Grupo ELDR ha pedido al COI que señale directrices para los países que pretendan organizar estos Juegos, normas que incluyan el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos. 
Pekín es una de las candidatas más seguras para organizar los Juegos Olímpicos. 
Pekín es la capital de una de las dictaduras más crueles del mundo. 
El régimen chino pretende controlar a su pueblo reprimiendo a los opositores, torturando, censurando los medios de expresión e Internet y ejecutando a más gente que todos los demás países juntos. 
Continúa la ocupación del Tíbet y se sigue oprimiendo a su pueblo. 
No se permite que las minorías religiosas practiquen sus religiones. 
Desde hace dos años se persigue sistemáticamente a los que practican falun gong; decenas de miles de sus seguidores han sido arrestados y torturados, en algunos casos hasta causarles la muerte. 
Hace poco, quince mujeres fueron torturadas y asesinadas en un campo de trabajo chino, y las autoridades dicen que fueron suicidios. 
Los que quieren que Pekín sea la organizadora de los Juegos Olímpicos dicen que no hay que mezclar el deporte y la política. 
Sin embargo, eso es precisamente lo que hace el régimen chino. 
La designación de Pekín tendría un enorme valor propagandístico para el régimen chino y disminuiría la presión para que el país cambie su política. 
El COI escribe en una declaración sobre la candidatura de Pekín lo siguiente: "la presencia de un intenso control estatal en Pekín es saludable y debería mejorar la eficacia operativa de la organización de los Juegos Olímpicos". 
¡Decir que la opresión es "saludable" es horrendo! 
Los activistas de derechos humanos están de acuerdo en no permitir que China organice los Juegos Olímpicos. 
La elección de China sería un agravio al espíritu olímpico. Por este motivo, el Grupo liberal pide a los miembros del Comité Olímpico que el viernes no voten a favor de Pekín. 
Señor Presidente, los Juegos Olímpicos son un acontecimiento que embellece a la humanidad y nos recuerda lo más noble del alma humana. 
Aceptar ahora la candidatura de China a los Juegos Olímpicos supondría tapar con los bonitos colores de los aros olímpicos y de todas las banderas las ejecuciones capitales, las persecuciones contra cualquier opositor, las destrucciones materiales, medioambientales, las deportaciones que se realizan en China y que, sin duda, no disminuirán, sino que, en mi opinión, se fomentarán todavía más, si cabe, con esta indiferencia de la comunidad internacional. 
Esto no significa que estemos contentos con esta situación. 
Esperamos que llegue el día, que podamos alegrarnos, mejor dicho, sentir entusiasmo por celebrar los Juegos Olímpicos en China. Sin embargo, ese día aún no ha llegado, está todavía lejos, y nosotros debemos ser coherentes. 
Pienso que, después de lo que han dicho mis colegas, puedo detenerme aquí, porque éste es otro de los temas en que todo el Parlamento está de acuerdo. 
Señor Presidente, nuestra resolución empieza recordando- cito la Carta Olímpica- que "el objetivo del olimpismo es, en cualquier circunstancia, poner el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de fomentar la creación de una sociedad pacífica". 
Lucio Manisco nos ha recordado anteriormente la cuestión del tráfico de órganos, y no he olvidado cuánto tuvimos que luchar en este Parlamento para poder conseguir una resolución. 
Nos tomaban literalmente por locos, creían que nos inventábamos las cosas. 
Hoy, los testimonios directos de médicos que han participado en estas operaciones aparecen en todos los periódicos, hoy ya nadie puede negar la evidencia. 
Como, evidentemente, ya nadie puede negar la evidencia de las ejecuciones capitales, ni el cambio semántico: hoy China conjuga el verbo suicidar de forma transitiva. 
En China, quince muchachas han sido suicidadas durante estos últimos días, centenares de militantes del movimiento Falun gong han corrido la misma suerte a lo largo de las últimas semanas y los últimos meses; en el Tíbet, todo sigue igual que antes, y para todos los que esperan que el año 2002 supondrá la llegada de un nuevo líder a China, el que se lleva la palma no es otro que el antiguo gobernador chino en el Tíbet, perfectamente conocido por la política que aplicó allí, una política de destrucción, una política de encarcelación sistemática. 
Me alegro mucho de haber escuchado al Sr. Van den Berg y a Thomas Mann, y pienso que hay datos más que suficientes para que se considere al menos inoportuna, digo bien inoportuna, la celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín. 
Evidentemente, todos nosotros esperamos que muy pronto sea oportuna, y no solamente oportuna, sino bienvenida, la organización de los Juegos Olímpicos en Pekín, pero a fecha de hoy todavía falta mucho. Y falta mucho, en mi opinión, señor Comisario Patten, por culpa de esta política de diálogo crítico que cada día se convierte más en una política de complicidad con el régimen vigente en Pekín. 
Señor Presidente, cuando en algún lugar del mundo se celebra la gran fiesta de los Juegos Olímpicos, es porque hay algo que celebrar. 
Éste no es el caso de China. 
La situación de los derechos humanos no ha mejorado desde el comienzo del diálogo político con la Unión Europea. 
A contrario, la represión contra los opositores políticos del régimen ha continuado de forma inexorable. 
Los disidentes desaparecen, a menudo durante períodos extremadamente largos entre barrotes. 
Se administra la pena de muerte a gran escala a los delincuentes tras juicios sumarísimos. 
Los dirigentes chinos presentan un temor excepcional al movimiento inofensivo y pacífico Falun Gong. 
Los seguidores de este movimiento son detenidos de forma arbitraria y encerrados en instituciones psiquiátricas o ejecutados. 
Recientemente se torturó hasta la muerte a 15 mujeres en un campo de trabajo. 
El Tíbet ha sido sistemáticamente desposeído de su propio carácter. 
La situación en torno al medio ambiente y al bienestar de los animales es espantosa. 
Sería un acto de ingenuidad plantear que las grandes citas deportivas y la política pueden mantenerse separadas. 
La historia de los Juegos Olímpicos de la era moderna demuestra de forma clara cómo se puede abusar de la fiesta deportiva a mayor gloria de un régimen político. 
La atención de los medios de comunicación mundiales solo ha logrado incrementar esta posibilidad. 
Los estados que necesiten urgentemente un lavado de cara de su reputación internacional serán, sobre todo, los que aprovechen la oportunidad de establecer un nuevo récord olímpico en la explotación política de esta cita. 
La población china apenas disfrutará con ello. 
Los juegos cuestan aproximadamente 20.000 millones de dólares y se destruirá una parte de Pekín, para lo cual habrá que expulsar a sus habitantes de la ciudad. 
El entramado económico existente entre China y el mundo también posibilita que los valores y normas liberales entren en el país. 
Por ello, no hay que perder la esperanza. 
El incremento de la prosperidad conllevará, al final, una mayor libertad política. 
Los chinos son personas pacientes. 
Para poder organizar los juegos, deberán poner a prueba su paciencia y lograr que en China existan motivos de celebración. 
Podía subscribir la generalidad de las afirmaciones de nuestro colega Thomas Mann y de otros. 
He votado- y tengo intención de seguir haciéndolo- todas las resoluciones aquí presentadas sobre problemas de derechos humanos, persecuciones religiosas o la situación del Tíbet en China. 
Pero considero que esta resolución sigue una orientación equivocada, porque estoy convencido de que, si se elige Pekín como sede de los Juegos Olímpicos, funcionará como un apoyo a las fuerzas reformistas y la celebración de los Juegos Olímpicos podría ser un marco para un cambio importante. 
Ésa es mi convicción. 
No me siento reo de complicidad, seguiré defendiendo los derechos humanos en esta Asamblea y, desde luego, no soy un agente de propaganda del Gobierno chino. 
Considero que es equivocado que aislemos a China. 
Debemos seguir formulando nuestras críticas aquí y en las instancias internacionales apropiadas. 
No podemos aislar un Estado-nación de 1.300 millones de personas. 
Yo ya estaba contra el aislacionismo chino, cuando las propias autoridades lo buscaban, hace unos decenios, y estoy también contra él, si somos nosotros los que lo propiciemos. 
Por lo demás, tengo un ejemplo ilustrativo en la situación de Cuba: los Estados Unidos aplican contra Cuba un embargo obstinado desde hace años. 
No han conseguido nada y vemos, al contrario, que el embargo norteamericano es el principal apoyo político para que Fidel Castro continúe con su dictadura en Cuba. 
Por tanto, ésa es la señal de mi voto, la razón por la que mi Grupo no se asocia a esta resolución, porque consideramos que sigue una orientación equivocada para quienes apoyan el avance de las reformas en China. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Se levanta la sesión. 
La votación tendrá lugar hoy a las 18.30 horas. 
Derechos humanos 
Señor Presidente, así pues la ONU ha decidido, diez años después de la primera Cumbre Mundial de la Infancia, hacer balance. 
En septiembre de 2001, era normal que nuestro Grupo presentara una resolución para dejar constancia de su movilización en vísperas de la Cumbre, como siempre ha hecho. 
Me acuerdo de que hubo un tiempo en el que era difícil mencionar en este foro el término "niños". 
Hizo falta el asunto Dutroux para que pudieran liberarse partidas presupuestarias y para que se aprobaran un cierto número de resoluciones a favor de nuestra infancia. 
El más reciente es la mención a la infancia en la Carta de los Derechos Fundamentales, y junto con algunos miembros de esta Asamblea, particularmente bajo la dirección de Mary Banotti, hemos ganado algunos combates. 
Por consiguiente, era importante que, en vísperas de esta Cumbre, recordáramos nuestra movilización y nuestra determinación, que recordásemos también la necesidad de seguir implicándonos siempre a fondo en la causa de la infancia, no solamente en Europa, sino también en el resto del mundo, porque es evidente que en el mundo hay actualmente 600 millones de niños cuyas familias viven con menos de 1 dólar diario, que la educación, la salud y la malnutrición infantil son verdaderos males y que, a este respecto, debemos movilizarnos. 
Para ello, proponemos en nuestra resolución establecer un marco institucional al servicio de la infancia, a saber: de entrada, que las distintas decisiones que tomemos puedan tener un impacto en la política de la infancia y en la política de la familia; en segundo lugar, que podamos disponer en el seno de la Comisión de una unidad al servicio de la infancia, y en tercer término, que un enviado especial coordine las políticas de la infancia. 
De hecho, señor Presidente, creemos que es importante poder crear un fondo europeo de solidaridad a favor de la infancia en el mundo. 
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo se congratula de esta iniciativa, se congratula del amplio consenso que ha sido posible lograr en torno a la resolución de transacción, en la cual hemos visto incluida la preocupación principal que habíamos introducido en nuestro propio proyecto de resolución: una gran preocupación por la terrible situación que se vive en muchos conflictos armados y la instrumentalización brutal y grosera de tantos niños que son alistados como soldados desde muy tierna edad. 
Pero también voy a presentar algunas enmiendas, para las que quisiera pedir el apoyo de la Asamblea, dado que parece que hay un fallo en la resolución: no se menciona la cuestión de la familia y, al hablar de los niños, tenemos que observar la familia. 
Es evidente que en estas resoluciones tenemos siempre tendencia a preocuparnos por las situaciones más terribles de enfermedad, abandono, como ya he dicho, de los niños que son instrumentalizados en conflictos armados, etc. Pero, en general, los niños viven en un ambiente familiar y una política para los niños no puede dejar de ser también una política para la familia en la línea de la subsidiariedad. 
Como me gusta decir a mí, a World fit for children tiene que ser un mundo hecho a la medida también de la familia, a World fit for family. 
También quisiera decir que me ha conmovido la intervención de nuestro colega MacCormick y que apoyaremos su enmienda. 
Ayer, en la reunión de transacción, hubo dudas sobre si debíamos o no introducir un caso específico, pero su intervención me convenció, entre otras cosas porque también en Portugal la cuestión de la desaparición de niños y del terrible sufrimiento de las familias (en Portugal hay casos que se arrastran desde hace años) es asimismo un asunto que nos preocupa muchas veces, dada la impotencia de los Estados o las policías. 
En esos casos hay un dolor lancinante, un dolor terrible, que debe merecer también unas palabras de esta Asamblea. 
En ocasiones, conviene centrarse en aspectos concretos en el marco de resoluciones amplias con objetivos del mismo calibre. 
Alguien que sigue buscando a su hijo Simon 24 años después de producirse los hechos. 
Los militares de su país le arrebataron la vida con libertad absoluta y siguen, hoy en día, disfrutando de esa misma libertad. 
Considero que es justo- y valoro el respaldo prestado por nuestra Presidenta Fontaine- que apoyemos a esta mujer. Porque de este modo, dejaremos claro quienes son estas personas. 
Porque si al final vemos que el orden jurídico internacional se consolida a partir del pandemonio actual, será gracias al aguante y a los esfuerzos de estas personas que han demostrado tanto valor. 
Por este motivo, espero que, por encima de los partidos y de nuestras diferencias de opinión, se apoyen las enmiendas introducidas en este punto. 
Un segundo aspecto en relación con el protocolo optativo. 
Quisiera preguntarle algo en relación con esta cuestión al comisario. 
En la actualidad, hay 29 países que han firmado el protocolo. Entre ellos, están los quince Estados miembros de la Unión Europea. 
El protocolo implica que los niños que participan en conflictos armados se mantienen fuera del ámbito de la explotación infantil y se consideran soldados infantiles. 
Tan solo existen cuatro países que lo hayan ratificado. 
Se necesitan al menos diez para su entrada en vigor. 
Por consiguiente, es muy importante que por nuestra parte se diga: ejerzan presión desde el Consejo sobre las diversas organizaciones europeas y sobre los países para que firmen y podamos lograr un éxito en este ámbito. 
Por último, quisiera decir que difiero en un aspecto con respecto a la opinión de nuestros colegas del partido popular. 
No se trata del contenido de las enmiendas en torno a la familia. Otorga un gran valor a las mismas. 
No existen diferencias de opinión en ese sentido. 
Sin embargo, en relación con los derechos del niño teníamos la impresión de que la cuestión de las familias requería una atención específica fuera de este ámbito. 
No votaremos en contra. Nos abstendremos porque no tenemos ninguna objeción en relación con los textos que ha presentado. 
Esto también puede aplicarse a la determinación de una postura común de la UE con motivo de la sesión especial sobre los derechos de los niños en las Naciones Unidas. 
Sería un hecho muy valorado que la Presidencia belga lograra que la Unión Europea hablara con una sola voz. 
Podrá continuar con la labor realizada hasta la fecha por la Presidencia sueca con el objeto de consensuar una estrategia conjunta. 
Desde el punto de vista de los contenidos, se debe recalcar que, en lo que respecta al libre acceso a la educación para todos los niños, al igual que la garantía de atención sanitaria, se deben establecer acuerdos vinculantes. 
El Parlamento Europeo debe prestar una atención especial a la situación de los niños en los candidatos a Estados miembros, especialmente en Bulgaria y Rumania. 
Por otra parte, sería determinante si el Parlamento Europeo tomara la iniciativa de incorporar los derechos de los niños en los derechos generales del hombre. 
También quisiera instar a que, con motivo de los intercambios bilaterales entre los Estados miembros y terceros países, se prestara de forma sistemática atención a la situación de los niños en estos terceros países. 
Este enfoque dará, sin duda, sus frutos si se aplica de forma consecuente. 
Señor Presidente, señor Comisario, nos guste o no, somos indirectamente responsables de la suerte de 250 millones de niños de entre 5 y 14 años, según la Oficina Internacional del Trabajo. 
Fabrican alfombras en Nepal o zapatos de lujo en Tailandia; trabajan en plantaciones de café y de cacao en África: y todo ello para la exportación, para fabricar nuestros productos. 
En Europa, este fenómeno adopta modalidades más hipócritas: los aprendices son víctimas de abusos horarios; se utiliza a niños como modelos; se machaca a los jóvenes deportistas, que nos deleitan ante nuestros televisores. 
A esto se añade lo que a todos nos saca de quicio: los favores sexuales que destruyen vidas enteras, la pornografía y la prostitución. 
Creo que a partir de aquí, nuestra posición debe ser de una firmeza implacable. 
Obligar a niños a trabajar bajo coacción es obstaculizar su desarrollo intelectual, físico y psicológico, y creo que, en consecuencia, no podemos seguir tolerando que existan países que suscriben convenios, que se auto-conceden labels, sabiendo que lo hacen como si tal cosa. 
Lo mínimo que se puede pedir en la Conferencia de septiembre es el derecho a la educación, es que cada niño tenga derecho al ocio, es que cada niño pueda conocer sus derechos. 
Tenemos que conseguir al menos esto. 
Si no lo conseguimos, significará que, efectivamente, el derecho de los niños es como un par de calcetines: cuando está sucio y agujereado, se tira a la basura. 
Señor Presidente, la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Niños ha sido aprobada hasta ahora por 191 países. 
El objetivo de la Sesión Especial de septiembre que se celebrará en Nueva York deberá ser no sólo la ratificación de la Convención por todos los países, sino su puesta en práctica. 
Un elemento esencial es la lucha contra el trabajo infantil. 
Muy a menudo los niños son considerados como una inversión por parte de sus familias. 
Los padres que, al igual que ahora sus hijos, no tuvieron acceso a la educación, terminan atrapados en la pobreza y el endeudamiento. 
Los hijos que están expuestos desde muy pequeños a daños corporales pierden no sólo la identidad y la inocencia, sino también a menudo toda su infancia. 
Yo he visto cómo hay niños que no pueden crecer más de los 14 años. 
Según cálculos de UNICEF, todos los años son vendidos en África central y occidental del orden de 200.000 niños para trabajar en plantaciones. 
El tráfico sexual alcanza a 2 millones de niños al año- sobre todo niñas- entre 5 y 15 años. 
No obstante, hay motivos de esperanza. 
He visto ejemplos positivos en India y en Nepal. 
La Rugmark Foundation facilita una formación cualificada a niños cuyos padres trabajen en fábricas de alfombras. 
Esta ONG fue fundada conjuntamente por organizaciones alemanas de ayuda al desarrollo y fabricantes de alfombras. 
Con razón llevan esas alfombras la etiqueta de calidad "no está fabricado por niños". 
El 10% de los exportadores indios han conseguido ya una licencia de la Rugmark. 
Pero el verdadero éxito vendrá cuando cambie la mentalidad de los consumidores y demanden exactamente esos productos. 
Otro ejemplo para la esperanza procede de Brasil. 
Once millones de niños de las familias más pobres reciben un ingreso para ir a la escuela. 
Este programa especial está previsto para diez años y dotado con 850 millones de euros anuales, con lo que todos esos niños podrán disfrutar de una enseñanza pagada. 
Ejemplos como estos pocos que he podido mencionar deberían crear escuela mundial por el bien de la infancia. 
Libertades religiosas en Vietnam 
Señor Presidente, no existe libertad de religión en Vietnam. 
La situación que nos ocupa pone de manifiesto este grave abuso. No hay que olvidar que se esfuerza por luchar por la libertad de religión de las comunidades religiosas de budistas no reconocidas por las autoridades vietnamitas. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Perdone, señor Belder, creo que el Sr. Comisario quería intervenir con relación al orden del día anterior. 
Sin embargo, señor Comisario, en principio está usted inscrito para intervenir al final del debate. 
¿Quiere usted de verdad intervenir ahora? 
Ha hecho usted muy bien, señor Comisario. 
Retomamos por tanto la libertad religiosa en Vietnam, y la presidencia de esta sesión pide sencillamente perdón por haber tenido que cortarle la palabra al Sr. Belder. 
Ahora, vamos a escuchar al Sr. Belder, en calidad de autor, durante dos minutos y medio, y con un interés aún mayor. 
Señor Presidente, ha merecido la pena esperar brevemente a la intervención del estimado comisario Patten. 
No existe libertad de religión en Vietnam. 
La situación que nos ocupa pone de manifiesto este grave abuso. No hay que olvidar que se esfuerza por luchar por la libertad de las comunidades religiosas de budistas, católicos y protestantes no reconocidas por las autoridades vietnamitas. 
Las comunidades de estas tres confesiones que sí gozan del reconocimiento del estado rememoran al sistema conocido de la época comunista: Están sujetas al control de las autoridades vietnamitas. Una segunda prueba de que los ciudadanos vietnamitas no tienen libertad de religión. 
Esta situación anticonstitucional se desprende directamente de tipo de constelación política del país. 
Al parecer, los dirigentes comunistas vietnamitas siguen mostrando pánico ante cualquier tipo de agrupación u opinión libre. Esta situación resulta aún más flagrante cuando el trasfondo es religioso. 
Hasta la fecha, la administración vietnamita plantea una doctrina de cara a sus ciudadanos plagada de imágenes antirreligiosas. 
En el marco de este contexto general de ausencia de libertades sociales, los protestantes de los Altiplanos Centrales del sur de Vietnam ocupan una posición especial. 
Están expuestos a una doble discriminación social o, lo que es peor, a la persecución. 
Al estar formados por varias minorías étnicas, se han convertido en el felpudo de la comunidad "kinh", los llamados auténticos vietnamitas, y sus aires de superioridad. 
A ello hay que sumar que la migración masiva y fomentada por el gobierno vietnamita de la mayoría "kinh" a las tierras fértiles de los Altiplanos Centrales a lo largo de los últimos 15 años ha supuesto y supone un auténtico robo de tierras para las minorías étnicas autóctonas. ¡Los "estúpidos" ciudadanos cristianos considerados inferiores por no ser "kinh" no puede hacer sino aceptar estas expropiaciones! 
Vietnam desea participar en la esfera internacional. 
Basta con ver su participación en el proceso ASEM. 
Por este motivo, resulta razonable solicitar al Consejo y a la Comisión que interpelen seriamente a Hanoi en relación con la flagrante ausencia de libertad religiosa en su propio país. 
Les insto encarecidamente a que lo hagan. 
No se trata de consagrar el derecho a la libertad de expresión en la constitución para luego practicar todo lo contrario. 
¡Los tiempos de Stalin y de sus acólitos deben terminar de una vez por todas! 
Señor Presidente, a mucha gente le parece que Vietnam está demasiado lejos. 
Pero podríamos preguntarle al Sr. Mayer, diputado por Baja Baviera, una de las regiones con mayor crecimiento del corazón de Europa. 
En cierto modo, Baja Baviera linda con Vietnam, lo cual se comprueba si desde ahí pasamos la frontera checa en dirección a Bohemia: nos encontramos con un gran número de mercados vietnamitas y con todas las consecuencias que supone estar en zona fronteriza. 
Estos mercadillos son resultado de las oleadas de inmigrantes vietnamitas que han ido llegando a Europa en los últimos 30 años y su existencia pone de manifiesto lo pequeño que se ha hecho el mundo y lo estrechamente que todo depende de todo lo demás. 
Durante la última sesión plenaria, el Sr. Modrow, del Partido Socialista, se refirió a los grandes crímenes del s. XX que se han cometido en Asia. 
Habló también de Alemania, de los EEUU y de Japón. Pero me parece que se olvidó por completo de que los crímenes más grandes de Asia en el s. XX los cometieron los comunistas, concretamente, los Jemeres Rojos y Lenin y Stalin en el este de la URSS, en China y, por supuesto, en Vietnam, donde, años después de la guerra de Vietnam continuaron las persecuciones y aún hoy continúan. 
Vietnam es un país comunista en el que todavía se sigue pisoteando la libertad religiosa. 
Estamos a favor de establecer contactos con Vietnam y a favor de establecer relaciones económicas con el sudeste asiático. 
Pero somos de la opinión de que la cooperación económica sólo adquiere una base firme con la democracia y el Estado de derecho. 
Y Vietnam no es ni lo uno ni lo otro. 
Debemos apoyar con fuerza el proceso de reformas allí donde aún no haya comenzado, pero dejando muy claro que la libertad de conciencia y la libertad religiosa, la libertad de los budistas, católicos y protestantes de allá que tan brutalmente es perseguida y criminalizada, es para nosotros la piedra de toque de nuestra cooperación con ellos. 
Sólo si se garantiza la libertad religiosa y sólo si se cumplen esas condiciones, Vietnam podrá llegar a ser un socio comercial nuestro. 
Creo, Patricia McKenna, que nuestro amigo Bernd Posselt se refiere a los regímenes comunistas y no a los comunistas, lo cual es ligeramente distinto. 
Como quizás algunos de ustedes sepan, he hecho recientemente un corto viaje a Vietnam. 
Se trataba de acompañar al Venerable Quang Do, el número dos de la Iglesia Budista Unificada, para penetrar en el interior de Vietnam y desde allí llevar al Patriarca a Saigón, dónde habría podido por fin recibir las atenciones médicas que su estado de salud requiere. 
El Patriarca ha estado en la cárcel durante veinte años. 
Fue liberado en 1997, y a pesar de esta liberación, todavía sigue bajo detención "administrativa", todavía sigue sin poder circular libremente y sin poder practicar libremente su religión. 
Nuestra iniciativa fue interrumpida porque hoy, en las iglesias, en las pagodas vietnamitas, hay más policías que monjes. 
Durante la jornada que pasé en esa pagoda vi personalmente dos monjes, conseguí ver a dos monjes, y vi al menos a una docena de policías. Luego, cuando se precipitaron los acontecimientos, vi cómo otros más surgían de la calle, policías evidentemente de paisano. 
Todo esto, para describirles cuál es la situación en Vietnam, una situación que no es exclusiva de Saigón. 
En otras decenas de pagodas del país, hay monjes que se han echado a la carretera para acompañar al Venerable Quang Do y han sido interceptados, muy a menudo por sinvergüenzas, que les han dado una paliza; en otros casos, los policías les han obligado a volver a sus pagodas por la fuerza. 
Esta es la realidad de Vietnam hoy en día; es la realidad, una vez más, de un régimen que se proclama reformista, pero en el que no se percibe reforma alguna, y pienso que en este sentido, esta resolución es importante. 
También es importante porque invita a nuestra Delegación para las Relaciones con los Países Miembros del ASEAN, el Sudeste Asiático y la República de Corea a acudir in situ y a evaluar con detalle la situación en el plano de las libertades religiosas. 
Invito a todos nuestros colegas a insistir ante el Presidente de la Delegación, el Sr. Nassauer, para que este desplazamiento tenga lugar en los próximos días, en las próximas semanas, y no en los próximos meses. 
Es un asunto urgente, están en juego la vida, la libertad, al menos un mínimo de libertad para estas personas. 
Le pediría también a la Comisión, al Consejo, que intervinieran ante las autoridades vietnamitas para recordarles que hay ejemplos de países ex-comunistas, como Polonia y Hungría, dónde las clases comunistas han comprendido la necesidad de cambio. 
Siguen todavía existiendo como fuerzas políticas. 
En otros países, estas clases comunistas no lo han entendido, han sido barridas. 
Creo que es un mensaje importante que hay que hacer llegar con gran rapidez a las autoridades de Vietnam. 
Señor Presidente, en el marco del martirizado continente africano- y, en particular, para todo el subcontinente del África Austral- la República de Sudáfrica surge como factor decisivo de estabilidad política y desarrollo. 
Por lo demás, hoy, con una importancia aún mayor, dada la gravísima crisis en que está empantanado el vecino Zimbabwe. 
La verdad es que la República de Sudáfrica nos demuestra que es posible un camino para África, hay una opción substitutiva de la miseria, del subdesarrollo, de la guerra, del despotismo, de la corrupción y de la mala administración de los asuntos públicos. 
Ahora bien, conocemos los gravísimos problemas que afectan a la República de Sudáfrica: la altísima incidencia del sida, el elevadísimo desempleo, la pobreza y las iniquidades sociales graves, el estancamiento económico y el espantoso nivel de delincuencia violenta. 
Recalco los efectos terriblemente trágicos de la delincuencia violenta de que es víctima el pueblo sudafricano y las mujeres en particular, pero también las comunidades de inmigrantes europeos. 
La República de Sudáfrica no podrá vencer las enormes dificultades que afronta sin el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional. 
Reconocemos con satisfacción que la Unión Europea desempeña al respecto un papel relevante, en la medida en que corre a su cargo, junto con sus Estados miembros, el 70% de la ayuda internacional. 
La verdad es que la cooperación de la Unión Europea con la República de Sudáfrica dispone de una asignación indicativa para el período hasta 2006 de casi 180.000 millones de escudos, es decir, casi 9.020 millones de euros, a la que se suma un importe igual de financiación del BEI, y sus grandes objetivos son la lucha contra la pobreza, el incentivo al desarrollo económico y social, la creación de empleo, el fomento del sector privado y la consolidación de la democracia y del Estado de derecho. 
Ahora bien, es urgente que en el marco de esa cooperación se conciban nuevas acciones y se fortalezcan las medidas vigentes que tienen repercusiones directas en la lucha contra la delincuencia, como son las medidas de organización y apoyo institucional a los servicios policiales y de apoyo a la modernización y fortalecimiento del sistema judicial. 
Tenemos la esperanza de que ese ambicioso programa de cooperación, que se debe ejecutar hasta el último euro, puede ser decisivo para ayudar a la República de Sudáfrica a resolver los graves problemas que afronta. 
Señor Presidente, Señorías, al comienzo del decenio de 1980 casi todos nosotros, si no todos nosotros incluso, seguimos apasionadamente y con emoción la forma como se llevó a cabo la transición en Sudáfrica. 
Todos tenemos en la retina y en la memoria la forma ejemplar como el Presidente Nelson Mandela la condujo y no por casualidad. 
La transición en Sudáfrica fue distinguida con la atribución del Premio Nóbel de la Paz a los dos Presidentes: el último del apartheid y el Presidente Nelson Mandela, esa gran figura del continente africano. 
Pero últimamente hay una situación crítica que aumenta y que tiene una incidencia particularmente grave en la delincuencia. 
Es un asunto decisivo que preocupa mucho a los portugueses allí residentes. 
En los cuatro últimos años han sido asesinados 400 portugueses, sólo este año han sido asesinados 14 portugueses, que son ciudadanos europeos, y eso causa una gran conmoción en la comunidad portuguesa residente en Sudáfrica, causa gran conmoción también en Portugal y muchas veces la conmoción causada por esos acontecimientos no permite el desarrollo sereno de ese debate. 
Por eso, la intervención de la Unión Europea puede ser muy útil en la ayuda a Sudáfrica a afrontar ese problema, porque la crisis social y económica subyacente a la delincuencia, así como el desarrollo de la delincuencia, son cuestiones decisivas para la consolidación de Sudáfrica en el rumbo con el que nos impresiona o, desgraciadamente, la ruina de una experiencia que todos nosotros deseamos que pueda triunfar con éxito. 
Señor Presidente, señor Comisario, a menudo se dice que la Historia balbucea, y creo que en cuanto a Sudáfrica, esto parece confirmarse. 
Todos sabemos de dónde viene este país. 
Viene de los años de segregación social, de apartheid, y esto ha dejado un rastro indeleble. 
Si hoy este país es víctima del crimen y de los problemas, se debe sobre todo a esos años de miseria social, de segregación que ha vivido. 
Sin embargo, hoy este país se dispone a acoger la Conferencia Mundial contra el Racismo. 
Hoy, Nelson Mandela lucha contra el racismo anti-blancos. 
Hoy, este país, a pesar de todo, acaba de conseguir una victoria decisiva frente la industria farmacéutica que ha decidido no darle medicamentos, que, en cualquier caso, la población sudafricana no tenga acceso a la triterapia o al AZT, medicamentos que hoy son capaces de salvar a su propia población. 
Ahora me toca a mí balbucear y decirles que sigo repitiéndolo en este foro: lo esencial es condonar la deuda de los países del Tercer Mundo, permitir que hombres y mujeres puedan por fin vivir dignamente y destinar ese dinero a la educación, a la salud, que son las bases mismas del despegue de estos países. 
Hay que dejar de andarse con rodeos y plantear por fin, tras años de apartheid, las verdaderas cuestiones. 
Hoy, hay que luchar contra la segregación social, y esto supone condonar la deuda de los países del Tercer Mundo y entre otras, la de Sudáfrica. 
Señor Presidente, Sudáfrica se está alejando cada vez más, como ya se ha dicho, de nuestras esperanzas de que se conviertiera en un factor de estabilidad en África. 
La pobreza tan enorme de una gran parte de la población unida a la enorme extensión del Sida, al comercio ilegal y a las drogas, no puede dejarnos tranquilos. 
¿Acaso no sabemos que la pobreza y la precariedad de la existencia son factores desencadenantes de crisis sociales y más aún en África? 
Se necesita una política preventiva de crisis sobre la que ya hemos estado hablando con frecuencia en las últimas semanas, es decir, programas de desarrollo orientados a posibilitar la autoayuda de la población negra, orientados a la protección de la salud, al apoyo de la prevención en materia de salud pública y, sobre todo, al apoyo del sistema educativo antes de que sea demasiado tarde. 
Ya lo hemos discutido suficientemente. 
También hemos discutido otro tema distinto, a saber, que no se exporte armamento a países donde la pobreza puede poner en peligro la paz social. 
Desgraciadamente, el Consejo no ha cumplido esta promesa hecha al Parlamento. 
Suecia, Alemania, Gran Bretaña e Italia exportan a Sudáfrica armamento por valor de 43 millardos en moneda local. 
El Gobierno sueco ha dejado de lado todos los principios acordados, como, por ejemplo, que los programas de prevención de conflictos sean incompatibles con exportaciones de armamento. 
Y no sólo eso. Todo ello se ha entrelazado con un escándalo de sobornos del Gobierno sudafricano. 
Lo que significa que el código de comportamiento referente a exportaciones de armamento que tenemos presenta aún muchas lagunas y no podemos utilizarlo todavía como instrumento real de prevención de conflictos. 
Hemos de seguir todavía trabajando en ello. 
Hemos de definir criterios claros y mecanismos transparentes para que esto no vuelva a ocurrir. 
Señor Presidente, el texto que vamos a aprobar contiene, en mi opinión, elementos que pudieran parecer contradictorios. 
Reiteramos nuestro apoyo al Gobierno de Sudáfrica pero, al mismo tiempo, le pedimos que realice un mayor esfuerzo en una serie de materias como la mejora del nivel de vida de la población negra, la reducción de las desigualdades, la creación de empleo, el respeto hacia las minorías, la lucha contra la criminalidad y la prevención y el tratamiento contra el sida. 
Al apremiar de ese modo a las autoridades sudafricanas, por un lado estamos ocultando las responsabilidades que a muchos de nuestros países y al llamado "mundo occidental" les corresponde asumir en la colosal injusticia desde la que tuvieron que arrancar los sudafricanos en la reconstrucción democrática de su sociedad. 
Por otra parte, parece que damos a entender que quienes allí gobiernan no estén haciendo todo lo que está en su mano para atajar los problemas que señalamos, y ese juicio sería otra injusticia por nuestra parte. 
Ésas son las prioridades del Gobierno de Pretoria y el ir superando dichos problemas es lo que hace de aquel país un modelo aceptable para todo el cono sur del continente africano. 
A mí me parece prioritario subrayar nuestra comprensión respecto al esfuerzo que Sudáfrica está realizando, muchas veces de manera valiente e innovadora, con victorias significativas como la que acaba de obtener en lo referente al sida, por ejemplo, frente a la gran industria farmacéutica. 
Pero, además, quiero recordarles que yo fui ponente cuando debatimos el año pasado el acuerdo de comercio, desarrollo y cooperación con Sudáfrica y no recuerdo de este debate que la Unión Europea contemplara con demasiada generosidad nuestra contribución al aumento de las posibilidades del Gobierno de Sudáfrica para superar todos esos grandes retos. 
Ahora, somos nosotros mismos los que les exigimos mayor efectividad. 
Desde luego, deberemos seguir siendo vigilantes, pero sin olvidar las graves dificultades a las que se enfrenta Sudáfrica y, sobre todo, traduciendo nuestras preocupaciones en una cooperación solidaria que dé a los sudafricanos mayores posibilidades de cumplir sus objetivos, coincidentes, por lo demás, con nuestras propias demandas. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, hoy está de moda el afropesimismo, a veces basado en generalizaciones precipitadas. 
Pero en el océano de inestabilidad, guerras y conflictos interminables, como en la martirizada Angola, una potencia regional podría garantizar un mínimo de orden y paz en el África meridional: Sudáfrica. 
En ese país sucedió un verdadero milagro político que está bien grabado en nuestra memoria: se pasó del apartheid a la democracia. 
Sudáfrica eligió la democracia pacíficamente y puso fin a decenios y decenios de opresión racial. 
No obstante, hoy Sudáfrica afronta graves problemas que ya se han subrayado aquí, desde la delincuencia violenta en la que amenaza- o puede- sumirse, hasta la terrible enfermedad del sida. 
Pero los cambios suscitaron en Sudáfrica grandes esperanzas. 
La sabiduría y el prestigio de Mandela dieron a Sudáfrica una autoridad incomparable en el mundo. 
Sus herederos políticos tienen ahora grandes responsabilidades ante la Historia y ante el patrimonio de valores que Mandela les legó. 
Sudáfrica sólo podrá ser una potencia que pese positivamente en los destinos de su región y del mundo, si no se desliza hacia los enfrentamientos raciales o étnicos. 
Las comunidades de inmigrantes viven con angustia y miedo. 
La comunidad portuguesa, una de las más numerosas y afectadas por la violencia, ya ha tenido el valor incluso de manifestarse en las calles para exigir medidas de protección. 
Es necesario apoyar a Sudáfrica, señor Presidente y Señorías, ayudarla sin paternalismos a desarrollarse y a luchar contra la inseguridad, la conflictividad, la muerte violenta y los asesinatos. 
La deriva hacia la violencia sería una tragedia no sólo para Sudáfrica, sino también para Europa y para el mundo. 
Entre las muchas resoluciones que se han aprobado en este Parlamento, ésta es una de las más importantes y oportunas. 
Los portugueses y otros europeos que viven en Sudáfrica podrán, así, sentir que Europa no los abandona a su suerte y mantener la llama de la esperanza, pero sobre todo la diplomacia de la Comisión y de los Estados es la que puede hacer más eficazmente el resto. 
He de recordar aquí un pensamiento de un gran filósofo francés, Montaigne, que decía: "Cada hombre transporta en sí la forma entera de la condición humana". 
En cierto modo, es la condición del hombre la que está en juego en ese gran país. 
Bielorrusia 
Señor Presidente, los tiempos que corren están cargados de emociones para el presidente Lukashenko. Dentro de dos meses se celebrarán elecciones presidenciales es su país, Bielorrusia. 
Y no es de extrañar que el jefe de estado bielorruso, ávido de poder, se muestre preocupado acerca del resultado. 
¿Logrará la oposición el consenso en torno a un único candidato? 
¿Sabrá desarrollar una estrategia de colaboración de cara al creciente número de críticos en las filas de Lukashenko? 
Por otra parte, la postura neutral de su homólogo Putin no debe haber sentado bien a Lukashenko. 
Además, las últimas encuestas de opinión no le son nada favorables. 
Por último, las duras acusaciones vertidas por dos altos magistrados de la Fiscalía bielorrusa sobre el propio presidente y sobre el actual abogado general les ponen en una situación muy incómoda: A sus órdenes se habrían creado unos comandos de asesinos especiales que serían responsables de la liquidación de no menos de 30 ciudadanos en el período comprendido entre 1998 y 2000. 
Entre ellos se encontrarían personajes tan destacados como el anterior ministro de asuntos interiores bielorruso Zacharenko, el político de la oposición Gonchar y el reportero de la televisión bielorrusa Sawadski. 
Con el objeto de asegurarse la reelección, el autócrata no escatima medios a la hora de neutralizar de antemano a sus contrincantes políticos- "reflejados" por los medios de comunicación estatales como enemigos del pueblo o delincuentes. 
No es de extrañar que más de la mitad de la población manifieste en los sondeos de opinión que el 9 de septiembre no espera unas elecciones presidenciales justas y libres. 
Se trata, sin duda, de una postura comprensible. 
Y es que el presidente Lukashenko está tratando de neutralizar todos los esfuerzos en ese sentido- en concreto, una red de observadores nacionales y registrados de forma oficial, con el respaldo activo de la delegación de la OCDE en Minsk. 
Véase, por ejemplo, el decreto presidencial del 12 de marzo aprobado por el parlamento el 7 de junio. 
Vista la influencia que Moscú puede ejercer sobre los acontecimientos que se desarrollen en Minsk, sería recomendable contar con la participación de observadores rusos en la misión de control de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 9 de septiembre. 
Quisiera saber si el comisario Patten puede y quiere adoptar alguna iniciativa en este sentido. 
Quisiera pedir, especialmente al Comisario Patten, que se fijasen en el punto 7 de la resolución sobre Bielorrusia. 
En este punto, el Parlamento insta "al gobierno ruso y al Presidente Putin a que, en el marco de la unión política entre Rusia y Bielorrusia, promuevan un sistema multipartidista democrático y un desarrollo pluralista en Bielorrusia". 
Se puede influir a Bielorrusia a través de Rusia. 
La Unión Europea debe utilizar la unión política que de hecho existe entre esos dos estados. 
Confiamos en el Comisario Patten y quisiéramos que él siempre tuviese en cuenta esto. 
Finalmente, permítanme decir que en la elección parlamentaria bielarrusa de octubre de 2000, una cuarta parte de los candidatos no pudieron presentarse. 
Esto demuestra la clase de régimen existente en ese país. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera indicar que hace dos años la Comisión de Asuntos Exteriores me encargó la realización del informe sobre la relación de la Unión Europea con Bielorrusia, y confieso que tengo muchas ganas de poder terminarlo cuanto antes y de forma positiva. 
Mi visita a Bielorrusia en varias ocasiones ha dado lugar a una imagen pesimista, que no ofrece ninguna esperanza. 
Es un régimen autoritario, personalista, en el que la oposición no tiene ninguna posibilidad de expresarse. Y la oposición abarca desde los comunistas democráticos hasta la democracia cristiana, pasando por la socialdemocracia, en un marco de ausencia de libertad, como he dicho repetidamente. 
También es muy preocupante la violación continua de derechos humanos. 
Por ello pienso que la Comisión Europea, la Unión Europea, el Consejo, el Parlamento, han de dar una clara señal, junto con la OSCE y con el Consejo de Europa, para que el Gobierno de Bielorrusia adopte las reglas democráticas y pueda dar una esperanza a su pueblo. 
Señor Presidente, nuevamente me uno al resto de oradores y oradoras y digo que Bielorusia, que pronto será un país vecino nuestro, sigue muy alejado de la democracia, es decir, muy alejada del fundamento de la vida común en Europa. 
Debemos constatar con preocupación que ni siquiera se cumplen las cuatro condiciones fundamentales que pusimos para la preparación de las elecciones presidenciales. 
Se sigue persiguiendo y criminalizando a la oposición. Se la sigue privando de un acceso limpio y libre a los medios, especialmente a la televisión estatal. 
La desaparición de personas sigue sin aclararse, en especial, no se sabe nada del destino del Sr. Kontscha y del cámara ruso Zawadski, que serán objeto de una semana de recuerdo por parte de los periodistas dedicada a ellos. 
Muy especialmente me gustaría referirme hoy al caso del profesor Bandachevski, que trabajó durante años informando a la población de las zonas afectadas por Chernobil. 
Como siempre dijo la verdad y como siempre se opuso a la repoblación de los territorios afectados está ahora en la cárcel condenado a ocho años. 
¡Imagínense! 
¡No podemos aceptarlo! 
Bielorusia vuelve a ser un reto para la diplomacia europea. 
Debemos ser críticos allí donde sea necesario, pero debemos también dar nuestro apoyo allí donde sea posible. 
Bielorusia tiene un importante valor estratégico para la UE, por lo que debemos hacer todo lo posible para que la democracia se reinstaure en ese país. 
Señor Presidente, de lo que se trata en Bielorusia es algo más que de la situación en un país estratégicamente importante. 
Se trata del desarrollo de toda la Europa del este. 
El Papa acaba de estar en Ucrania, y allí ha habido una intensa confrontación a favor y en contra. 
Aunque no entre las confesiones religiosas, como se ha dicho siempre, pues las fuerzas proeuropeas de todas han saludado su visita mientras que las antieuropeas la han criticado. 
El Patriarca ruso Alexis ha viajado a Bielorusia, pero no para criticar la represión de los derechos humanos y de la libertad religiosa que allí impera, sino para hablar, con apoyo del Estado, a favor de una reunificación entre Rusia, Ucrania y Bielorusia. 
Este ejemplo muestra la importancia de las decisiones políticas que pueden tomarse allí. 
Por ello es importante apoyar la libertad del pueblo bieloruso y procurar que se reinstauren la democracia y el Estado de derecho. 
Después del derrocamiento de Milosevic, la última dictadura comunista de Europa es la bielorusa. 
Es muy importante, y con esto quiero apoyar totalmente a la Sra. Schroedter que se ha metido de lleno en este asunto, procurar que se libere a los presos de conciencia, a los presos políticos; es muy importante que la oposición tenga garantías para actuar y que se celebren de una vez elecciones libres para que ese país pueda regresar al lugar que le corresponde desde el principio de su historia: la Comunidad de los europeos. 
Situación de los refugiados de Burundi en Tanzania 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Explotación ilegal de los recursos naturales en la República Democrática del Congo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de cinco propuestas de resolución: 
B5-0485/2001, de las Sras. Maes, Isler Béguin y del Sr. Lucas, en nombre del Grupo de los Verdes / ALE, sobre la explotación ilegal de los recursos naturales en la República Democrática del Congo (RDC); 
B5-0492/2001, del Sr. Van Hecke, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el expolio de los recursos naturales en la República Democrática del Congo; 
B5-0502/2001, del Sr. Van den Berg y de las Sras. Sauquillo Pérez del Arco y Carlotti, en nombre del Grupo PSE, sobre la explotación ilegal de los recursos naturales en la República Democrática del Congo (RDC); 
B5-0510/2001, de las Sras. Van den Bos y Dybkjær, en nombre del Grupo ELDR, sobre la explotación ilegal de los recursos naturales en la República Democrática del Congo (RDC); 
B5-0517/2001, de los Sres. Miranda, Vinci y Sylla, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la explotación ilegal de los recursos naturales en la República Democrática del Congo (RDC). 
Señor Presidente, colegas, quisiera solicitar una atención especial para un problema enmarcado en una ola de catástrofes que está afectando a toda una región y que asola a un millón de personas. 
La República Democrática del Congo se está consumiendo por la guerra. 
Y dicha guerra gira, en primer lugar, en torno a los considerables recursos naturales de los que dispone este país. 
Desde hace años, se hace uso y abuso de la tierra, se deja en fuera de juego a la población para poder explotar de forma lucrativa todo lo que ofrece la naturaleza. 
Las guerras constituyen situaciones ideales para hacer buenos negocios gracias a la ausencia de cualquier tipo de control o responsabilidad. 
El ejemplo actual más llamativo es el referido a la extracción y el comercio de coltan, un material sin el que no podríamos concebir la actual comunicación móvil. 
Pagamos un precio ridículo por este material, mientras que la población de la zona se enfrenta en este momento, y por primera vez en su historia, a una grave hambruna. 
La guerra desatada en la actualidad no solo permite la explotación "legal" de este material, sino también otros saqueos más oscuros. 
Además, ha quedado patente que el lucrativo comercio en uranio y residuos nucleares sólo beneficia a los intereses occidentales. 
También nos podemos plantear la pregunta de cuál es el papel de las embajadas occidentales y de sus entornos. 
Quisiera llamar la atención especialmente sobre un aspecto concreto de esta prolongada y desastrosa situación. 
Desde hace muchos años, los países europeos y Estados Unidos extraen el uranio que, entre otras cosas, sirvió para los desastres de Hiroshima y Nagasaki. 
Y, para colmo, los residuos nucleares occidentales se vierten en la misma zona. 
Los residuos radioactivos de los años sesenta y setenta siguen constituyendo una amenaza seria y directa para la población. 
Por este motivo, resulta alentador que el primer ministro Verhofstadt expresara unas intenciones llenas de ambición en relación con las iniciativas que se pueden adoptar en la zona. Sin embargo, estas palabras no deben quedarse en buenas intenciones. 
El final de la guerra fría y de la carrera armamentística significan que la exigencia de detener el comercio de uranio y de residuos nucleares no es exagerada, sino algo muy razonable y que se desprende de los valores que Europa pretende alcanzar para sí misma. 
Señor Presidente, el conflicto en la República Democrática del Congo gira en torno al acceso, el control y el comercio de unos recursos minerales clave. 
La riqueza del país atrae a sus avariciosos vecinos. 
Los seis países involucrados en este conflicto son igualmente responsables de sus acciones ilegales, al igual que aquellos de otros países que han contribuido a esta especulación. 
¿Vale la pena pagar el precio de la inestabilidad regional a largo plazo por el robo a corto plazo? 
Además del saqueo y el crimen organizado a manos de ejércitos extranjeros, los cárteles delictivos consideran la RDC un punto débil. 
El grupo de expertos de la Unión Nacional ha advertido de que estos cárteles de delincuentes tienen ramificaciones y conexiones en todo el mundo y representan el próximo problema grave de seguridad en la región. 
Querría preguntar al Sr. Comisario ¿cuál es la diferencia entre Milosevic que llevó a cabo la limpieza étnica entre sus países vecinos y los dirigentes africanos que han saqueado y matado a 2,5 millones de sus vecinos congoleños? 
¿Cuándo veremos a algunos de estos dirigentes sentarse en el banquillo de La Haya? 
No veo ninguna diferencia entre un tipo de matanza y otra, salvo que una es de blancos y la otra de negros. 
Cuando las Naciones Unidas publiquen los resultados definitivos, la UE y las NU deben responder y estudiar la posibilidad de congelar los bienes financieros de los grupos rebeldes y de los dirigentes de los cárteles de delincuentes y de las potencias extranjeras que no se retiren. 
Nosotros, los del Centro Derecha del Parlamento, queremos que se adopten medidas firmes para impedir la destrucción de la RDC. 
Lo irónico es que la riqueza robada a los congoleños podría proporcionar las bases necesarias para un auténtico crecimiento y la estabilidad a largo plazo en toda la región. 
Pero para ello es necesario que los dirigentes africanos depongan sus armas. 
Con nuestras relaciones históricas con África- en particular, durante la Presidencia belga- existe una oportunidad real de hacer algo muy pronto. 
Señor Presidente, el informe del panel de expertos en torno a la explotación ilegal de los recursos naturales es muy osado. 
Normalmente, este tipo de informes no es tan claro en lo que respecta a nombre y apellidos, pero en este caso se indican los nombre de los diversos responsables. 
En ese sentido, constituye un informe especialmente útil. 
Asimismo, deja claro que tanto los gobernantes de la región como, obviamente, una serie de señores de la guerra de los países implicados, además de una serie de industrias europeas que se dedican a la importación y exportación ilegal, al menos en lo que respecta al material empleado, ostentan una gran responsabilidad de forma conjunta. 
El informe es claro, al igual que sus recomendaciones. 
En realidad, se trata del segundo informe tras el relativo a los diamantes presentado por Fowler. 
Nos ofrece la posibilidad de actuar de forma bastante efectiva en la comunidad internacional. 
El señor Verhofstadt ha afirmado esta semana que si esta situación se hubiera producido en Europa, estaríamos hablando de una guerra mundial. 
El número de personas afectadas por esta catástrofe es especialmente grande. 
Creo que es justo- en términos de comercio equitativo y de la aplicación de criterios de justicia- que apliquemos al Congo los mismos principios que empleamos en otros lugares. 
Estamos preparados para ello. Porque conocemos a varias de las empresas. 
Podemos reunirnos con ellas. 
Conocemos varios de los gobiernos con los que mantenemos relaciones. 
En este aspecto, debemos ejercer una fuerte presión. 
Se trata de un juego complejo. Eso está claro. 
Uganda, Ruanda, Congo, el nuevo debate, los acuerdos de Lusaka, la búsqueda del diálogo. 
Pero si no somos capaces de eliminar el origen de todo, la financiación del tráfico de armas y la carrera armamentística, la situación se mantendrá igual que hasta ahora. 
Podemos acabar con los recursos existentes. 
Sería enormemente importante que la Comisión Europea y, en realidad, el señor Patten junto con su colega Solana, se plantearan el modo en el que podemos adoptar iniciativas en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU para ejercer una presión efectiva que acabe con esta situación. 
En este sentido, quisiera hacer una observación de cara a la Presidencia belga. 
Verhofstadt, tras haber estado durante el fin de semana sobre el terreno, ha liberado varios créditos que se encontraban bloqueados con la colaboración del ministro Reynders y de otros. 
Comprendo que existe la necesidad de reunir a las partes y de ponerlas en movimiento. 
Al mismo tiempo, es obvio que hay que proceder con cautela. 
La concesión de créditos sin plantear requisitos estrictos, a la vez que se permite continuar con la explotación ilegal de los recursos naturales, no constituye el método más creíble. 
Soy partidario- y eso también constituye una lección del pasado en torno a lo que no debemos dejarnos avasallar por los americanos- de ser claros y duros. En realidad, se trata de aplicar lo dicho en anteriores debates. 
Se trata de afrontar un compromiso claro, a la vez que planteamos nuestras exigencias sin concesiones. Todo ello con respecto a nuestra propia industria, nuestros propios Estados miembros y los seis países implicados. 
Espero y confío en que, en este sentido, apoye a la Presidencia belga de forma que se puedan cosechar algunos avances en este aspecto. 
Señor Presidente, es lamentable que Europa parezca conceder una prioridad real al Congo coincidiendo con la Presidencia belga. 
Los Balcanes y Oriente Medio reclaman toda la atención. 
Esto indica, en realidad, que las consideraciones estratégicas y geográficas son en última instancia más importantes que las consideraciones meramente humanitarias. 
Desde el punto de vista del sufrimiento humano, la Unión tiene motivos sobrados para intensificar sus actuaciones en el Congo. 
En este país hay que lamentar más de millón y medio de muertos. 
Cientos de miles de personas se han visto obligadas a huir y unos 28 millones de ciudadanos padecen la represión, han sido saqueados y violados bajo la ocupación militar. 
La debilidad de la autoridad central ha impedido dirigir un país tan inmenso y sus numerosos recursos naturales. 
El Congo se muestra extremadamente frágil ante sus despiadados vecinos que saquean el país de forma sistemática por medios militares y privándole de sus principales fuentes de ingresos. 
La población no ve nada de esos ingresos. 
Resulta difícil explicar cómo la Unión Europea ha permitido que Ruanda, Uganda y Burundi hayan seguido con sus brutalidades facilitando su ocupación a través de la ayuda al desarrollo. 
Asimismo, Angola, Zimbabwe y Zambia participan sin ninguna consideración en los actos violentos que se producen en este país. 
Ha llegado la hora de establecer condiciones claras para estos chupasangres extranjeros. 
La continuidad de la ayuda al desarrollo sólo se producirá si todas las tropas extranjeras abandonan el país. 
Asimismo, las empresas occidentales que participen en la explotación ilegal de los recursos congoleños deberán recibir un tirón de orejas. Estas empresas también contribuyen a la prolongación de la guerra. 
Se puede esperar que Kabila ponga finalmente en marcha el diálogo interno en el Congo y prosiga el proceso de democratización. Le corresponde a la Presidencia belga y a la Comisión convencer a la Unión Europea de forma definitiva de la lamentable suerte que está corriendo la población del Congo. 
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(EN) La Comisión conoce perfectamente la información a la que se hace referencia en las propuestas de resolución presentadas al Parlamento y que se ha publicado en la prensa en relación con la explotación ilegal de los recursos naturales en la República Democrática del Congo. 
Esta información ha sido ampliamente confirmada por los interlocutores que la Comisión tiene in situ, entre los que se incluyen organizaciones no gubernamentales, y por el informe provisional de las Naciones Unidas, al que han hecho referencia varias de sus Señorías. 
Su Señoría se ha referido a dicho informe durante su intervención en la que ha defendido fervientemente la causa de que un tribunal internacional amplíe su ámbito de competencia a todo el mundo para poder juzgar a los criminales, a diferencia del Tribunal de La Haya que se ha centrado en los Balcanes. 
Dicho informe trata sobre la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la RDC. 
Fue presentado al Consejo de Seguridad por el Secretario General, Kofi Annan, el 14 de abril de 2001 y fue objeto de un acalorado debate. 
El Secretario General decidió prorrogar durante tres meses el mandato de los expertos que han elaborado el informe, de manera que pudieran profundizar más en la investigación y la información que ya habían proporcionado. 
El informe será un punto de partida importante para la comunidad internacional, que deberá adoptar una posición al respecto. 
Los beneficios que las facciones enfrentadas pueden obtener de la minería en el Congo tendrán con toda seguridad repercusiones devastadoras en Kivu. 
El declive de la región comenzó bajo el Presidente Mobutu y sus causas son varias, una de las más significativas son las tensiones que existen entre las diferentes etnias. 
La situación empeoró considerablemente a raíz del genocidio en Rwanda y la intervención de Rwanda en las dos guerras que se libraron en el país con el objetivo inicial de garantizar las fronteras exteriores. 
La comunidad internacional es consciente de la conexión que existe entre los intereses económicos y la continuación de la guerra en Kivu. 
La única solución duradera, sin embargo, pasa por el proceso de paz y la creación de instituciones legítimas capaces de regular la explotación de los recursos. 
Éste es el objetivo que respalda la Comisión a través de su actividad en la República Democrática del Congo. 
Ésta actividad se lleva a cabo en el contexto de las previsiones de reanudar gradualmente la ayuda al tiempo que se aplica el Acuerdo de Lusaka y se avanza en el diálogo congoleño. 
Sus Señorías, y en particular el Sr. van den Berg, han centrado sus argumentos en la relación que existe entre el comercio ilícito de determinados productos y el conflicto. 
Conocemos los problemas que han ocasionado en otros países los diamantes y el tráfico de armas. 
Es de la máxima importancia que, en la medida de lo posible, adoptemos iniciativas y las apliquemos para combatir ambos problemas. 
Con este propósito hemos colaborado muy activamente con las Naciones Unidas en el tema de las armas pequeñas, y debemos hacer uso de las competencias de la Comunidad, siempre que podamos y junto con los Estados miembros, para luchar con eficacia contra el comercio ilegal de diamantes y otros comercios ilícitos que han provocado tanto sufrimiento y el empobrecimiento en África en particular, aunque también en otros países. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de cinco propuestas de resolución: 
B5-0493/2001, de la Sra. Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre el terremoto del 23 de junio de 2001 que afectó a Perú, a Chile y a Bolivia; 
B5-0503/2001, de los Sres. Medina Ortega y Linkhor, en nombre del Grupo PSE, sobre el terremoto de Perú del 23 de junio de 2001; 
B5-0518/2001, del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el terremoto de Perú; 
B5-0519/2001, de la Sra. Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre el terremoto de Perú; 
B5-0520/2001, de los Sres. Lipietz y Nogueira Román, en nombre del Grupo de los Verdes / ALE, sobre el terremoto de Perú. 
Señor Presidente, la ciudad de Arequipa no volverá nunca a ser la misma. 
Las pérdidas que allí se han producido en vidas humanas, los daños económicos y también los irreparables destrozos en el patrimonio histórico y monumental de esta bellísima ciudad nos han sorprendido a todos. 
El sur del Perú vive una situación dramática causada por el terremoto del pasado 23 de junio, cuyos efectos devastadores han provocado más de un centenar de víctimas mortales, más de un millar de heridos y destruido más de diez mil viviendas, lo que ha dejado sin hogar a más de 40.000 personas en las provincias de Arequipa, Moquegua y Tacna. 
El terremoto ha causado también graves destrozos en el norte de Chile y en Bolivia. 
Los daños económicos han hecho retroceder a estas regiones en más de 20 años. 
La dimensión del desastre afecta a las infraestructuras y al desarrollo económico. 
Algunos pueblos, aldeas, barrios, colonias y carreteras han quedado destruidos por el terremoto. 
Ante semejante desastre, la solidaridad internacional y, sobre todo, la solidaridad europea no se han hecho esperar. 
La oficina humanitaria de la Unión Europea se movilizó en un tiempo récord y quisiera felicitar a los responsables de la Comisión Europea por su rápida intervención con un paquete de medidas que cubrió, desde las primeras horas, acciones en favor de ayuda alimentaria, de alojamiento temporal, de suministro de productos para la purificación del agua y de entrega de medicamentos. 
En este sentido, también me tengo que sentir orgulloso por la solidaridad expresada por el Gobierno y el pueblo españoles, que han contribuido de forma muy generosa. 
En estos momentos hay que mirar hacia el futuro, y los planes de reconstrucción y de rehabilitación deberán coordinarse de manera rápida y eficaz. A estos efectos, debería elaborarse una comunicación estratégica que aborde todos los aspectos relativos a la coordinación de las ayudas y a los mencionados planes de reconstrucción y de rehabilitación para las zonas afectadas. 
Esta triste tragedia humana puede ser una ocasión para que los iberoamericanos estén más unidos y decididos a la hora de afrontar sus numerosas dificultades y también para que profundicen en sus lazos y en su proceso de integración regional con, tal vez, mayores dosis de solidaridad. 
Señor Presidente, tanto el Comisario, Sr. Patten, como los miembros de esta Cámara conocen bien la situación del Perú y el diputado que me ha precedido, Sr. Ojeda, ha resumido muy bien la situación. 
La resolución del Parlamento parte, en efecto, de la rápida actuación de la Comisión, y yo me quiero sumar a la felicitación a la Comisión y, en particular, al Comisario, Sr. Patten, por esa rápida actuación. 
Sin embargo, el propósito de nuestra resolución es recordar que, probablemente, esas primeras ayudas sean insuficientes, teniendo en cuenta la magnitud de la catástrofe. 
Precisamente estos días hemos recibido aquí la visita del nuevo Presidente electo del Perú, D. Alejandro Toledo, que se ha reunido con diputados y también con la Comisión, y les ha expresado sus necesidades. 
No creemos que sea el momento de adoptar una resolución sobre la política económica del Perú y, en ese aspecto, no consideramos que sea prudente apoyar la enmienda presentada por el Grupo Verts/ALE, ya que creemos que es un tema que requiere un poco más de detenimiento. 
Sobre todo, no creemos que sea el momento de decirle al Gobierno del Perú cómo tiene que hacer su presupuesto para el año 2002. 
Pero sí esperamos, con independencia del contexto total de la resolución, que la Comisión, en las próximas semanas y meses, considere la situación especial de este país, que ha pasado un período bastante crítico desde el punto de vista constitucional y económico, y que ahora, después de un proceso electoral impecable, parece haber iniciado la senda de la recuperación en democracia y con la confianza de la totalidad de la población. 
Esperamos que la Comisión, desde estas perspectivas- repito, con independencia de lo que se haga aquí -, siga adelante. 
Hay un tema al que el Comisario, Sr. Patten, es bastante sensible: la eficacia de la ayuda comunitaria. 
Al parecer, en el pasado, los recursos económicos previstos para la zona latinoamericana no se utilizaron con plena eficacia. 
El Comisario, Sr. Patten, desde el inicio de su mandato, se ha preocupado de la eficacia de la gestión y nos gustaría saber si, en este momento- aunque todavía sea prematuro -, la ayuda que envía la Comunidad está consiguiendo su resultado, y también qué medidas prevé para el desarrollo de la ayuda posterior. 
Al mismo tiempo que se concede la ayuda, es importante su seguimiento y que la Comisión nos comunique si, en efecto, esa ayuda que estamos aprobando, que se paga con el dinero de los contribuyentes, está consiguiendo resultados positivos. 
Por lo demás, repito, me quiero unir a las felicitaciones a la Comisión y al Comisario, Sr. Patten. 
Espero que en esta nueva etapa el Perú pueda encontrar en la Comisión y en la Unión Europea un importante aliado, y que pronto la Comisión pueda presentarnos propuestas acerca de la ayuda a la recuperación del Perú y de la ayuda a la cooperación con la comunidad andina, que, como sabemos, se encuentra en dificultades, no sólo en el Perú, sino también en otros países. 
Señor Presidente, desearía hacer algunas consideraciones complementarias sobre la resolución humanitaria que hemos firmado. 
En efecto, es importante intentar urgentemente remediar en lo posible los daños provocados por el terrible terremoto del pasado 23 de junio. 
Las consecuencias de este seísmo acaban de ser descritas por los oradores que me han precedido. No insistiré en ello, puesto que ya las conocemos. 
Simplemente, hay que recordar que el seísmo alcanzó 8.3 en la escala de Richter. 
Con eso está dicho todo. 
Por desgracia, no hay una escala de Richter para medir la magnitud de la devastación institucional, económica, social y cultural fruto de la dictadura de casi una década de Alberto Fujimori y de su acólito, Vladimiro Montesinos. 
En una sala de este Parlamento contigua a ésta, anteayer mismo, Alfredo Toledo, el futuro Presidente de Perú, nos pintó un cuadro sin concesiones de la situación de su país. 
Nos habló de instituciones arruinadas, de una economía en situación desesperada. 
Nos dijo que iba a aplicarse a la tarea de la reconstrucción desde el mismo momento de su investidura, que tendrá lugar el día de la Fiesta Nacional de Perú, el próximo 28 de julio. 
Sobre todo, nos dijo que era totalmente contrario a la impunidad de los que han llevado a Perú a esta situación. 
Por ello, pensamos que es conveniente solicitar a Japón la extradición del ex- dictador Alberto Fujimori, y que él y su cómplice Montesinos puedan ser juzgados en el mismo Perú. 
Pedimos que se cree la Comisión "Verdad" que han prometido los candidatos, que esta comisión depure responsabilidades, saneando por tanto las fuerzas armadas cómplices de la dictadura, y que se restituya el dinero que la dictadura le ha robado al pueblo peruano, que asciende a 43 000 millones de dólares, cantidad que probablemente esté durmiendo en algún banco europeo. 
Finalmente, sería bueno que nuestras instituciones investigaran si, efectivamente, este dinero que le ha sido robado al pueblo peruano está depositado en nuestros bancos. 
. 
(EN) Como la Asamblea sabe, un fuerte terremoto sacudió el sur del Perú el 23 de junio de 2001. 
Las últimas cifras facilitadas por la Oficina de Asuntos Humanitarios de las NU indican que casi 190.000 personas se han visto afectadas y unas 35.000 viviendas han sufrido daños o han quedado destrozadas. 
La Comisión ha reaccionado a través de su Oficina de ayuda humanitaria, ECHO, y agradezco los generosos comentarios de su Señoría, Sr. Medina. 
La Comisión reaccionó con prontitud. 
Dos días después del terremoto tomó la decisión de asignar ayuda humanitaria por valor de 1,15 millones de euros para contribuir a hacer frente a las primeras necesidades urgentes de las víctimas. 
De hecho, es la primera vez que la Comisión hace uso de su nuevo sistema para responder sin pérdida de tiempo a la aparición repentina de crisis humanitarias. El sistema entró en funcionamiento hace menos de dos semanas. 
Asimismo, ya están en marcha cinco operaciones humanitarias de emergencia. 
La Cruz Roja española está distribuyendo ayuda alimentaria y artículos de primera necesidad a unas mil familias por un importe de 250.000 euros. 
Oxfam ha destinado 200.000 euros para instalaciones de almacenamiento y distribución de agua y servicios sanitarios. 
El Fondo "Save the Children" -300.000 euros en mantas y tiendas. 
Médicos del Mundo- 100.000 euros en mantas, medicamentos, depósitos de agua y planchas de plástico para refugios. 
La Federación Internacional de la Cruz Roja- 300.000 euros para refugios, alimentos y ayuda en las tareas de rescate y suministro de asistencia médica, agua, servicios sanitarios y otras ayudas. 
Éste es el uso que se está haciendo de nuestra ayuda de emergencia y creo que se está utilizando de maneras muy sensata. 
Según la información que hemos recibido desde la zona afectada, la respuesta internacional ha sido generosa y las necesidades inmediatas parecen estar cubiertas. 
No obstante, los servicios de la Comisión continúan atentos a la evolución de la situación por si fuera necesaria ayuda adicional. 
Un debate sobre una resolución relativa al terremoto peruano quizá no sea el marco más idóneo para tratar sobre la situación política del Perú, no obstante, me gustaría hacer hincapié en que estamos muy satisfechos con la capacidad que ha demostrado Perú y su Gobierno de transición para celebrar unas elecciones transparentes y limpias tras los desastres políticos que tan eficazmente ha descrito su Señoría en su intervención inicial. 
Esperamos con interés poder oír muchas más en el futuro. Ha sido una intervención inaugural llena de fuerza, como suele ocurrir en estos casos. 
La Misión de observación de la Unión Europea de las elecciones ha sido muy positiva. 
Al igual que sus Señorías, el pasado martes traté sobre la catástrofe y sobre la respuesta europea con el Presidente Toledo con ocasión de su visita al Parlamento. 
Queremos felicitar al Gobierno en funciones y al pueblo de Perú por la madurez que han demostrado en esta situación y por el apoyo y la cooperación que han proporcionado a nuestro equipo sobre el terreno. 
Tuve ocasión de decir al Presidente Toledo, cuando estuvo aquí con nosotros, que ahora serán liberados los aproximadamente 60 millones de euros en programas para paliar la pobreza que permanecían bloqueados a raíz de la celebración de las elecciones de 2000. 
Queremos ejecutar dichos proyectos con la máxima rapidez posible. 
Estoy muy de acuerdo con el planteamiento del Sr. Medina, que quiere que se siga adelante con dichos proyectos tan pronto como sea posible y sé que la lucha contra la pobreza es una de las prioridades del nuevo Presidente. 
También queremos reunirnos con el nuevo Gobierno para tratar sobre la programación de nuestra futura asistencia. 
El propio Presidente hizo hincapié en su compromiso de reformar el sistema judicial y asegurarse de que se establecen el estado de Derecho y las instituciones necesarias para sea efectivo. 
Creo que es una manera muy importante de fomentar la inversión privada en Perú y de infundir más confianza a la comunidad internacional. 
Expresamos el pésame de todos nosotros a las personas que se han visto afectadas por este terrible terremoto, pero al menos nos ha dado la oportunidad de expresar en esta Asamblea una vez más nuestra solidaridad con la democracia en el Perú y nuestro aliento al nuevo Gobierno peruano. 
Se lo agradezco infinitamente, señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
Resultados de los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0188/2001) del Sr. Busk, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el Informe Anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativo a los resultados de los programas de orientación plurianuales para las flotas pesqueras al final de 1999 (COM (2000) 738- C5-0107/2001- 2001/2056 (COS) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría dar las gracias a mis compañeros en la Comisión de Pesca por el gran interés y respaldo del que ha sido objeto mi informe sobre los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras. 
Esto demuestra la gran importancia de este informe. 
Son muy razonables los programas de orientación plurianuales que la Comisión ha propuesto. 
El problema primordial es que los programas de orientación no son implementados en los países miembros. 
Por ello nunca nos enteramos de si los programas de orientación son un éxito o no. 
Resulta sencillamente inaceptable que no sean puestos en práctica en su totalidad. 
Según la Comisión, son siete u ocho los países miembros que no cumplen los programas de orientación. 
Si añadimos los países que no tienen pesca, no quedan muchos países que cumplan las decisiones comunitarias. 
Por decirlo escuetamente, disponemos de una flota pesquera demasiado grande en la UE para muy pocos peces. 
Acaba de producirse una parada en la pesca de bacalao en el Mar del Norte, lo que demuestra claramente la existencia de algunos eslabones muy débiles en la cadena cuando se trata de la capacidad de la política pesquera común para garantizar una pesca sostenible. 
Los pescadores europeos se merecen una política pesquera y de cuotas más estable que les permita organizar su industria a partir de éstas. 
Uno de los instrumentos más importantes a la hora de garantizar una pesca sostenible es precisamente cuidar de que el tamaño de la flota pesquera se corresponda con la cantidad de pescado que puede capturarse. 
Los avances tecnológicos comportan una necesidad aún mayor de reducción de la flota pesquera. 
Nos hallamos ahora en la engorrosa y deplorable situación de que no se ha logrado renegociar un acuerdo pesquero con Marruecos. 
La sobrecapacidad de la UE, en lo que a su flota pesquera se refiere, es por ello muy vulnerable. 
Espero que la Comisión emplee los nuevos instrumentos en forma de artículos 6 y 10 del Reglamento del Consejo que permiten a la Comisión retener ayudas destinadas respectivamente a la renovación y modernización de la flota pesquera. 
Resulta naturalmente triste que no exista un mayor incitamento en los países miembros para la implementación de las decisiones, aunque estos mismos países hayan contribuido a su adopción en común, y que algunos países se sientan libres de la obligación de implementar los programas de orientación remitiéndose a que no sobrepasan las cuotas. 
Tal cosa me parece sumamente lamentable. 
Uno siente la tentación casi de proponer que debería implantarse un sistema que premie a los países que cumplen las decisiones comunitarias y reducen la flota pesquera. 
Me veo obligado a criticar el diseño del informe anual de la Comisión, que resulta imposible de leer a no ser que se sea experto en el área. 
Los diversos datos han sido presentados sin comentario alguno sobre su fiabilidad. 
Incluso aparecen recogidos en el informe de tal forma que casi se deja en manos del lector mismo la interpretación de las cifras y con ello la tarea de hacer las interpretaciones de éstas que pudiera pensarse que son acertadas. 
El informe anual en otras palabras resulta difícil de leer y no facilita ninguna visión general de la situación. 
Falta por ejemplo un cuadro en el que se haga una comparación transparente del estado de cada país miembro. 
Desgraciadamente es un punto de partida pésimo con vistas a la reforma de la política pesquera común en el año 2002. 
De ahí que la Comisión tenga por delante, señor Comisario, un trabajo enorme cuando deba ponerse en marcha un nuevo y mejor programa de orientación para la reducción de la flota pesquera y deba llevarse a cabo la implementación de éste en todos los países miembros. 
Sr. Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar al Sr. Busk, porque ha hecho un magnífico trabajo. 
Nuestro Grupo va a apoyar este informe desde la primera hasta la última línea. 
Le agradezco, además, la colaboración que, en todo momento, hemos tenido con él en los trabajos realizados. 
El informe se hace eco, una vez más, de la petición de este Parlamento de que la Comisión Europea sancione de manera ejemplar y verdaderamente disuasiva a los Estados miembros que incumplen reiteradamente los objetivos de flota que les han sido asignados, para así evitar, de una vez por todas, que los objetivos generales de la flota comunitaria estén siempre en entredicho, a pesar de los sacrificios social y económicamente muy altos en algunas regiones de los Estados miembros tradicionalmente cumplidores. 
Esta falta de cumplimiento de los POP ha llevado a la Comisión Europea a presentar su propuesta para extender el POP IV hasta finales del año 2002, estableciendo, desgraciadamente, una serie de condiciones que son absolutamente inaceptables. 
La Comisión, en un nuevo intento de adaptar la flota a los recursos, vuelve a olvidarse de que hay países que han cumplido largamente sus objetivos y presenta una propuesta global, que castiga a todos con la amenaza de nuevos desguaces y con la pretensión de hacer desaparecer las ayudas a la modernización de la flota. 
Como ya he dicho tantas veces (la última, aquí mismo, en el último Pleno) , las ayudas estructurales a la modernización son la única garantía para mantener una flota competitiva y asegurar las mejores condiciones de calidad para los productos pesqueros comunitarios y de calidad de vida y seguridad para nuestras tripulaciones. 
Lejos de entenderlo así, la Comisión Europea persiste, totalmente aislada de la realidad, en suprimir estas ayudas y, en concreto, la nueva propuesta de POP dice, literalmente, que se suprimirá el artículo que permite acudir a la modernización, por razones de seguridad. 
Ante la revisión de la PCP, la Comisión habla mucho de escuchar a los implicados y de debatir con el sector y con las administraciones. 
Repetidamente, todas ellas no han podido dejar más claro, y las voces son unánimes, que consideran imprescindibles los presupuestos de modernización. 
Por todo ello, pido al Sr. Comisario que me explique el porqué de esta propuesta. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la Política Pesquera Común tiene una misión difícil y a veces ingrata: conciliar los intereses de una actividad tan tradicional como la Humanidad con la preservación de los recursos pesqueros y los ecosistemas marinos. 
La erosión continua de los recursos haliéuticos compromete a largo plazo la subsistencia de los pescadores europeos y la preservación de las especies. 
Y sin pescado no hay- verdad de Perogrullo- pesca. 
Por eso, es indispensable aceptar lúcidamente, como ha dicho el Comisario Fischler, pérdidas inmediatas para obtener ganancias económicas y medioambientales a largo plazo. 
Ahora bien, el exceso de capacidad de la flota pesquera comunitaria, calculada, aproximadamente, en el 40% por los especialistas de las ciencias del mar, cifra recogida por el Libro Verde sobre el futuro de la Política Pesquera Común, de marzo de 2001, es una de las principales causas de presión excesiva ejercida por la pesca sobre los stocks de peces. 
Ahora bien, no se puede olvidar que otras actividades distintas de la pesca, en particular el turismo y diversas contaminaciones, contribuyen a la degradación del medio ambiente marino. 
Por ese motivo, los programas plurianuales de reducción de las flotas pesqueras son una pieza importante del dispositivo puesto en práctica para proteger las especies que son objeto de una peligrosa explotación. 
Esos programas, en verdad complejos, de difícil aplicación, tienen como objetivo esencial el de equilibrar recursos y capturas y no reprimir. 
Los pescadores y los industriales afrontan, naturalmente, con aprensión la reducción permanente de las flotas pesqueras. 
Por eso, tiene que haber rigor y transparencia en su aplicación y lealtad entre los intervinientes. 
Ahora bien, los resultados para el año 1999 son mediocres y decepcionantes. 
Así, hay que subrayar las recomendaciones del informe del Sr. Busk, en el sentido de exigir que la Comisión y los Estados miembros adopten criterios claros y precisos para la medición de la capacidad de los barcos y las categorías de flota pesquera a fin de garantizar el control de la evolución de las flotas pesqueras y los objetivos de los planes plurianuales. 
Los Estados miembros deben tener valor para respetar las limitaciones establecidas. 
La pesca debe ser, cada vez más, no una actividad depredadora, sino una actividad amiga del mar y de la vida marina. 
Señor Presidente, una vez más asistimos a la misma situación. 
Varios Estados miembros se han retrasado en sus obligaciones de reducir sus flotas y una vez más no se ha hecho nada para mejorar la situación. 
El siguiente informe del Sr. Nicholson sobre el bacalao en el mar de Irlanda demuestra claramente el fracaso del actual enfoque respecto a la gestión de la flota. 
La Comisión propone ampliar el POP un año más para poder debatir sobre los objetivos de flota en el contexto del Libro Verde. 
Creemos que es una buena idea. 
No obstante, es necesario un replanteamiento importante de la política de flota. 
Estamos de acuerdo con la Comisión cuando ésta señala que las flotas son demasiado grandes y deben reducirse. 
También creemos que el Consejo debería despertar y unirse al mundo real, porque parece pensar que eso no es necesario. 
Los Verdes apoyamos la idea de imponer sanciones, como un paso en la dirección acertada, a los países que incumplan sus compromisos vinculantes de reducir sus flotas. 
Debemos asumir seriamente este problema y vigilar a los países que aseguran haber cumplido con sus obligaciones según el POP, para asegurarnos de que éstos no transfieren sus buques a otros pabellones. 
Debemos garantizar que estos países acatan lo estipulado en los POP a largo plazo. 
Señor Presidente, señor Comisario, voy a hablar en nombre de mi colega Dominique Souchet, presentando la postura que ha defendido en el seno de la Comisión de Pesca, postura que hago mía. 
Independientemente de cuáles sean los méritos y los esfuerzos del ponente, este Informe Anual es siempre repetitivo, convencional y bastante banal. 
La vacuidad de este ejercicio subraya, como si hiciera falta, la de un proceso: el de los POP, es decir, los planes de orientación plurianuales, cuyo efecto principal es el de generar comportamientos fraudulentos, privilegiando a ciertas flotas en detrimento de otras. 
La recompra en el exterior de lo que son prácticamente restos de naufragios, para desguazarlos y disponer así de reservas indebidas de kilovatios, ha falseado de raíz el mecanismo. 
Incluso, en ciertos Estados, esta perversión se ha convertido en un verdadero deporte nacional. 
Por tanto, lamentarse indefinidamente por la mala calidad de los datos estadísticos relativos a los POP no tiene mucho sentido. 
Lanzarse, como propone la Comisión, a una dinámica de castigo y de sanción a los Estados miembros- que de hecho afectaría a los profesionales- sería peligroso. 
Lo que hay que hacer es sencillamente tomar nota del fracaso de los POP en lugar de intentar prolongar artificialmente la vida de este dispositivo ineficaz y contraproducente. 
A pesar de su elevado coste, estos POP no han alcanzado su objetivo. 
Como venían a sobreañadirse a los totales admisibles de capturas- los TAC -, estaban de entrada mal planteados y queman el mercado de ocasión, perjudicando particularmente a los jóvenes pescadores artesanales que se inician en la profesión. 
Sería bueno tener la valentía suficiente para reconocerlo públicamente y para extraer conclusiones. 
La principal de ellas debería ser la de prever, en la nueva política común de pesca, paralelamente a la abrogación de los POP, el reajuste de la gestión a largo plazo de los recursos en un régimen renovado de los TAC y con cupos perfeccionados, más ajustados, plurianuales, basados en evaluaciones precisas de los recursos, gracias a un desarrollo sustancial de la investigación científica y a una estrecha vinculación de los profesionales al proceso. 
Al querer prolongar la política de los POP, la Comisión corre el riesgo de ir por mal camino, cosa que le advertimos. 
Actuando así no reconciliará a los pescadores con la política común de pesca. 
En primer lugar, permítanme aprovechar esta oportunidad para felicitar al ponente. 
Al igual que a mí, se le ha encomendado el gran problema de ocuparse de un informe muy técnico e intentar encontrar una salida. 
Mi informe sigue a continuación. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarle por un informe excelente. 
Creo que a los que participamos en la Comisión de Pesca de este Parlamento no siempre se nos reconoce el mérito por lo que logramos ni por lo que logra la Comisión. 
Y debo preguntar a la Comisión y también debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué no se respeta el Programa de Orientación Plurianual? 
Está muy bien que nos quejemos por su incumplimiento, pero debemos preguntarnos 'por qué'. 
La principal causa de incumplimiento se debe a que los Estados miembros y los gobiernos nacionales en muchos casos no están dispuestos a encontrar la financiación adecuada necesaria para poder llevar a cabo la reestructuración de un sector que como todos sabemos y reconocemos debe ser reestructurado. 
Hasta que no encontremos el modo de alentar a todos los Estados miembros a que lo hagan, no tiene sentido que un Estado miembro lo haga, no tiene sentido que lo hagan dos o incluso tres, cuatro o cinco Estados miembros: las condiciones deben ser iguales para todos los Estados miembros o de lo contrario terminaremos dando lugar a recriminaciones masivas entre los Estados miembros sobre la actuación de los demás. 
El hecho de que no hayamos sabido infundir dicha prioridad en los Estados miembros es sin duda motivo de gran preocupación para todos. 
Me inclinaría a decir al Sr. Comisario que, con independencia de cómo lo denomine o cómo lo logre, lo que debe hacer es afrontar el problema, darle una buena sacudida, seguir adelante e intentar obligar a los Estados miembros a que alcancen el resultado que todos consideramos necesario y que averigüen cómo éste afectará realmente al sector. 
Nos encontramos en una situación en la que los Estados miembros avanzan en una dirección, la Comisión en otra y en la que los científicos nos dicen otra cosa distinta, y en medio están los pescadores y el sector pesquero que se preguntan qué camino deben seguir. 
Señor Presidente, es fundamental que el esfuerzo pesquero- y quiero decir esfuerzo en contraposición de capacidad- se ajuste a los recursos de pesca. 
Se debe obligar a los Estados miembros a cumplir sus objetivos de reducción de flota, por lo que acojo con satisfacción el impulso general que da el informe del Sr. Busk. 
Lamentablemente, una enmienda presentada en comisión ha añadido una referencia al informe Cunha e introduce el concepto de imponer sanciones sobre las cuotas, una propuesta que va en contra del acervo comunitario. 
Como ha declarado la propia Comisión ante esta Asamblea en una ocasión anterior, la reducción automática de las cuotas en el caso de los países que incumplan los programas de orientación pondría en serio peligro el principio básico de la Política Común de Pesca, que es el de la estabilidad relativa. 
Las sanciones en forma de cuotas no son viables además de ser injustas, pues se castiga a los pescadores por las irregularidades que cometen sus Estados miembros. 
Las cuotas deben estar basadas sobre objetivos científicos y de conservación, y no debe abusarse de ellas como sanciones automáticas. 
Por ello pido una votación separada y por partes del apartado 4 del presente documento e insto a los diputados a que rechacen las referencias al informe Cunha y se aseguren de que las sanciones eficaces se destinan a aquellos que están obligados a cumplir los objetivos de los POP, es decir, los gobiernos de los Estados miembros, y no a los pescadores. 
Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, en primer lugar quisiera felicitarle a usted, señor Busk, por su excelente informe. 
Los programas de ajuste plurianuales son, como todos sabemos, instrumentos importantes de la política pesquera. 
Estoy totalmente de acuerdo. 
El informe aclara que los objetivos del POP IV son, por un lado, muy poco ambiciosos, y que, por otro lado, incluso estos modestos objetivos sólo han podido cumplirse parcialmente. 
Me referiré ahora a dos exigencias principales del informe: el arqueo de los barcos y las sanciones para los Estados miembros que no cumplan con sus objetivos de flota. 
En primer lugar pide usted, señor Busk, criterios claros y precisos para medir la capacidad de carga. 
Formalmente introdujimos ya en 1994 mediante el Reglamento 3259, una definición del tonelaje uniforme y válida para toda la Comunidad. 
Según este Reglamento, los Estados miembros tenían de plazo hasta 1995 para presentar las estimaciones de tonelaje, y tienen hasta el 2003 para realizar el arqueo de los barcos según estos criterios comunes y comunicarnos las cifras reales. 
Hasta ahora sólo hemos recibido estimaciones y debemos sustituirlas poco a poco con las mediciones reales. 
Esto significa que hasta finales de 2003 tendremos que trabajar con una mezcla de estimaciones y datos reales. 
También están formalmente formalizados los criterios de medición de la potencia de los motores. 
Aquí tenemos problemas de control porque la potencia real a menudo sobrepasa la declarada o se la aumenta después de los controles. 
Debemos eliminar estas prácticas. La Comisión organizará en otoño de este año un grupo de trabajo con los Estados miembros para buscar soluciones a este problema. 
Pero con toda franqueza, está justificado plantearse la cuestión de si estos dos criterios, la potencia de los motores y el tonelaje, son realmente los únicos posibles y los más apropiados para medir correctamente la capacidad de pesca de una embarcación. 
En todo caso, tengo el propósito de plantear nuevamente este tema en el marco del debate sobre la reforma de la política pesquera común y de profundizar en él. 
En segundo lugar, señor Busk, usted está pidiendo acciones eficaces contra los Estados miembros que no hayan cumplido con sus obligaciones con el POP IV. Se remite en relación a ello a las resoluciones anteriores del Parlamento referentes al Informe Cunha sobre el mismo tema. 
Estoy totalmente de acuerdo con usted. 
Necesitamos sanciones más efectivas para lograr esos resultados. 
El método hasta ahora más efectivo al margen de la vía jurídica ha sido congelar las ayudas a la flota. 
Pero no tiene efecto en aquellos países en los que, en cualquier caso, la flota no recibe ayudas, como ocurre, por ejemplo, en los Países Bajos o en el Reino Unido. 
El único medio legal en caso de que se excedan los objetivos de flota del POP es la vía del Tribunal Europeo, esto es, iniciar un procedimiento por ruptura de contrato. 
Hemos preparado tales procedimientos contra algunos Estados miembros, y les daremos curso ahora porque de otro modo no hay ninguna posibilidad de introducir aquí una mayor disciplina. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0213/2001) del Sr. Nicholson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2549/2000, que establece medidas técnicas suplementarias encaminadas a la recuperación de la población de bacalao en el Mar de Irlanda (división ICEM VIIa) (COM (2001) 165- C5-0140/2001- 2001/0083 (CNS) ). 
. 
(EN) Señor Presidente, agradezco la ayuda recibida en la elaboración del presente informe. 
Como he indicado en el debate anterior, se trata de un informe técnico. 
A veces hacen falta ciertos conocimientos para poder llegar hasta el fondo del problema. 
Quiero dar las gracias también a la Comisión. 
En cierta medida, estamos intentando resolver, en cooperación con los pescadores, el problema del Box irlandés, la división ICEM VIIa del Mar de Irlanda, que últimamente se ha cerrado en ocasiones. 
Las conversaciones han tenido como base el debate sobre lo ocurrido en el Mar del Norte. 
Esa zona también se cerró cuando los noruegos trabajaban en el proyecto, y los científicos presentaron nuevas conclusiones que no afectaban al sector. 
El presente informe también ayuda a los pescadores franceses. 
Funciona en conjunción con el plan de recuperación del bacalao en el Mar de Irlanda. 
Todo el mundo reconoce ahora que existe un problema con el stock de bacalao. 
Pero nadie ha podido llegar a un acuerdo sobre qué puede hacerse para que se recupere. 
Ciertamente espero que el presente estudio y las propuestas presentadas permitan, en conjunción con los pescadores, ayudar al sector pesquero, a la flota y a todos los que trabajan en el mar. 
El presente informe es bastante técnico, como he dicho. 
Incluye la diferencia entre un torzal doble de 4 mm de espesor que es equivalente a un torzal sencillo de 6 mm de espesor en los extremos de la red con los que se captura el bacalao. 
Espero que los científicos tengan razón y que esta medida mejore la situación. 
Espero que tengamos éxito. 
Para que las poblaciones puedan recuperarse hay que permitir que los juveniles crezcan y se desarrollen para que también el sector pueda recuperarse. 
Un aspecto que me reconforta es el hecho de que hayan mejorado la cooperación y el diálogo entre la Comisión y los integrantes del sector. 
Todos debemos acoger esta mejora con satisfacción. 
Todos tienen un papel que desempeñar en esto: los pescadores, los Estados miembros, los científicos y la Comisión. 
Todos deben saber de dónde procede el otro para alcanzar nuestro objetivo. 
Todos debemos cooperar si queremos tener éxito. 
Me gustaría que el Sr. Comisario, que esta noche se encuentra con nosotros, confirmara que esta cooperación está funcionando al máximo y todo lo bien que él desearía. 
Quizá el Sr. Comisario pueda sugerir cómo mejorar la situación, especialmente en los próximos meses, cuando en vísperas de Navidades decidamos los TAC y las cuotas que deben asignarse a dichas zonas y que puedan tener graves dificultades. 
Es posible que el Sr. Comisario sepa que durante los dos últimos años, el Mar de Irlanda ha permanecido cerrado en época del desove para contribuir a la recuperación de la población. 
Los pescadores de la zona han cooperado plenamente, al igual que han hecho este año en el Mar del Norte. 
¿Han dado frutos estos nuevos métodos? 
¿Puede decirnos si, en opinión de los científicos, se han logrado los efectos deseados? 
Existe una creciente concienciación del problema. 
Pero, ¿estamos en vías de solucionar el problema? 
¿Disponemos de los métodos y mecanismos adecuados para resolverlo? 
Todas estas nuevas medidas originan gastos adicionales en unos momentos en que hemos reducido la pesca y tenemos una flota que, hasta cierto punto, atraviesa por dificultades financieras. 
Debemos apoyar seriamente a todo el sector que se enfrenta a suspensiones de empleo, reducción del volumen de la flota pesquera y del período de pesca, de manera que al menos infundamos a los que quedan en el sector algo de esperanza de poder sobrevivir. 
Espero, señor Comisario, que fomente la cooperación necesaria. 
Ha llegado la hora de alcanzar este acuerdo técnico. 
Espero que fomente la cooperación entre su personal, los científicos y las personas que trabajan en este sector. 
Ése es el camino que hay que seguir. 
Permítanme, en primer lugar, felicitar a mi amigo y colega, Jim Nicholson, por su informe. 
Las medidas técnicas encaminadas a la recuperación de la población de bacalao en el Mar de Irlanda tienen una gran importancia y tendrán repercusiones considerables para los pescadores de Escocia, que actualmente buscan desesperadamente el modo de rejuvenecer la población de bacalao en el Mar del Norte. 
Por ello estamos estudiando con enorme interés el éxito de las medidas adoptadas en el Mar de Irlanda. 
Como ustedes saben, las poblaciones de peces en el Mar del Norte han descendido drásticamente, lo que recientemente ha obligado a la Comisión a introducir medidas de emergencia por primera vez, como el cierre de 40.000 millas cuadradas a la pesca del bacalao durante 12 semanas, y a adoptar otras medidas de emergencia para proteger la población de merluza del norte. 
La que fuera en otros tiempos nuestra orgullosa flota escocesa, que en los años setenta desembarcaba 400.000 toneladas de bacalao al año en puertos escoceses, ahora los TAC y las estrictas cuotas limitan sus capturas a apenas 20.000 toneladas anuales. 
La situación ya no es sostenible. 
El Libro Verde de la Comisión sobre la PCP contiene propuestas, que han obtenido el apoyo generalizado del sector, en favor del mantenimiento de los límites de 6 y 12 millas para proteger la pesca costera, preservar las zonas de conservación en las que se han obtenido importantes logros, como el Box de las Shetland, y mantener el concepto de estabilidad relativa con vistas a limitar el acceso al Mar del Norte. 
La Comisión ha recomendado asimismo que se deleguen algunos aspectos de la gestión pesquera a los comités de zona, en los que participan los interesados, como los pescadores, y en los que los científicos se encarguen del asesoramiento. 
Todo esto es muy loable y contribuirá al proceso de recuperación de la población y a la renovación de los peces juveniles. 
Pero también es necesario, como señala el ponente, introducir una amplia serie de medidas técnicas, tales como el tamaño de las redes. 
Por este motivo únicamente, encuentro alarmante que continuemos permitiendo la pesca industrial de saltones y fanecas noruegas en el Mar del Norte. 
La pesca industrial es completamente incompatible con el desarrollo de una pesca sostenible. 
¿Cómo podemos obligar a nuestros pescadores a utilizar mallas de 110 mm en el sector de la UE a partir del 1 de enero de 2002 para el bacalao, el eglefino y el merlán, si seguimos permitiendo que los buques de Klondyke arrastren con todo lo que encuentran a su paso utilizando redes de malla pequeña. 
Es necesario poner fin a esta práctica destructiva, y espero que la Comisión adopte las medidas oportunas para controlar la pesca industrial en el marco de la reforma general de la PCP. 
Señor Presidente, ésta es una propuesta técnica muy necesaria, por lo que respaldo plenamente el informe del Sr. Nicholson y la propuesta correspondiente. 
Pero hablando de planes de recuperación en general, es evidente que el Mar de Irlanda no es el único que ha experimentado descensos catastróficos. 
El Mar del Norte también se ha enfrentando a una reducción drástica de la población, lo que ha provocado la imposición de vedas en zonas marinas, la introducción de otro plan de recuperación del bacalao y del plan de recuperación de la merluza. 
Existe una necesidad manifiesta de que la gestión de la pesca tenga en cuenta el ecosistema local y las diferencias regionales que existen. 
El enfoque de brocha gorda, en mi opinión, no ha funcionado con las poblaciones en declive y la recuperación es muy lenta, si es que se puede hablar de recuperación. 
Por este motivo, la gestión regional es el camino a seguir. 
Además de las propuestas técnicas a corto plazo, a las que hacen referencia informes de este tipo, también debemos acoger con satisfacción el enfoque del Libro Verde de la Comisión, que es de ámbito más regional y está más orientado hacia la conservación. 
En este sentido, también acojo favorablemente las propuestas encaminadas a destinar fondos adicionales para programas afines como parte necesaria de las herramientas de gestión de cara a la conservación, que van de la mano con los planes de recuperación. 
Los planes de compensación también son fundamentales para preservar la función social de la PCP. 
En Escocia, todos los interesados reconocen la necesidad de recuperación, pero los pescadores también deben obtener la protección financiera y social que necesitan para alentarles a emprender acciones responsables. 
Por consiguiente, pido a la Comisión que garantice que establecerá un sistema que permita acuerdos de compensación, pero que no estén sujetos a los caprichos de los gobiernos de los Estados miembros, y que garanticen una mayor igualdad de condiciones entre los sectores pesqueros de los diferentes Estados miembros, que ocasionalmente se ven afectados por los programas de recuperación. 
Primeramente quisiera felicitar al Sr. Nicholson por su informe. En segundo lugar, me alegra constatar que la Comisión aprueba totalmente el informe. 
Los científicos hay llegado al resultado que las mallas sencillas de 6 mm de densidad equivalen a las mallas dobles de 4 mm de densidad por lo que se refiere a su capacidad de arrastre. 
No hay razón, pues, para prohibir la pesca con mallas dobles de 4 mm en el Mar de Irlanda. 
Por consiguiente, hemos adecuado nuestra regulación al respecto. 
Por todo ello les agradezco a ustedes la recepción tan positiva que han brindado a la propuesta de la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 18.30 horas. 
(Se interrumpe la sesión hasta el inicio del turno de votaciones a las 18.30 horas) 
VOTACIONES 
Se procede a la votación. 
Informe (A5-0213/2001) de James Nicholson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2549/2000 que establece medidas técnicas suplementarias encaminadas a la recuperación de la población de bacalao en el Mar de Irlanda (división ICES VIIa) (COM (2001) 165- C5-0140/2001- 2001/0083 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Propuesta de resolución (B5-0327/2001) de Caroline F. Jackson, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la estrategia de la Unión Europea para la Conferencia de Bonn sobre el cambio climático (COP-6, parte 2) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0214/2001) de Jonas Sjöstedt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión sobre la seguridad de la minería: informe de seguimiento de los últimos accidentes ocurridos en el sector (COM (2000) 664- C5-0013/2001- 2001/2005 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0188/2001) de Niels Busk, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados de los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras a finales de 1999 (COM (2000) 738- C5-0107/2001- 2001/2056 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Explicaciones de voto- Resolución B5-0327/2001 
. 
(FR) Votaremos a favor de la resolución sobre la estrategia de la Unión Europea relativa a la Conferencia de Bonn sobre el cambio climático. 
Efectivamente, responde a una urgencia, confirmando la voluntad de seguir adelante frente a la denuncia unilateral del Protocolo de Kyoto por parte del Presidente Bush. 
Contiene también artículos positivos, como el que reafirma la necesidad de promover un "desarrollo limpio" dando prioridad a técnicas que excluyen la energía nuclear, a la utilización de combustibles fósiles a gran escala y al empleo de pozos de carbono. 
O como el que favorece las políticas y las medidas internas destinadas a la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero, en lugar del recurso a los "mecanismos flexibles" (para los que la resolución pide la fijación de un máximo al 50%). 
O también el que exige, más allá de la prudencia de las fórmulas, que la OMC se someta a prioridades medioambientales determinadas de forma externa por una conferencia internacional, cuya función sería la de evitar que los países que no respetasen el Protocolo de Kyoto obtuvieran ventajas competitivas. 
Esta resolución muestra hasta qué punto se ha degradado la situación. 
A la Unión no le queda más remedio que defender el Protocolo de Kyoto, que sin embargo dista mucho de ser adecuado. 
Efectivamente, Kyoto le concede demasiada ventaja a los mecanismos de un mercado desigual. 
Su protocolo aprueba los sucesivos retrocesos que la política ecológica ha sufrido desde la Conferencia de Río, por la presión de los intereses creados y de los paladines del liberalismo económico. 
Esta situación no puede satisfacernos. 
. 
(FR) A fecha de hoy, no hay nadie capaz de demostrar que los cambios climáticos que nos preocupan no se derivan de un ciclo climático natural que evoluciona desde el origen de nuestro planeta. 
Ciertamente, la contaminación creciente del aire no se puede negar, sus causas se deben a la acción del hombre y nos debemos a la reflexión sobre la elaboración de una política eficaz orientada a la conservación del medio ambiente europeo y mundial. 
En este sentido, suscribo la idea de una asistencia a los países en vías de desarrollo, que les permitirá garantizar el respeto al medio ambiente. 
Considero que la asunción de responsabilidades por parte de los Estados es prioritaria, y que está por encima de un sistema de multas para el supuesto de que no se respeten los compromisos, y por ello no comparto la idea de la creación de un "censor" que sancionaría a los Estados en función de criterios que no puedo aceptar, y que excluirían la energía nuclear, entre otras. 
Por el contrario, si somos coherentes, desarrollemos lo antes posible, por la vía de incentivos fiscales, energías no contaminantes, como los bio-carburantes. 
Para concluir, seamos firmes en cuanto a los objetivos a alcanzar, pero flexibles en cuanto a los medios para materializarlos. 
Informe A5-0214/2001 
. 
(FR) Los dos accidentes mineros ocurridos recientemente, mencionados en la Exposición de Motivos, han supuesto catástrofes ecológicas cuyo alcance ha superado ampliamente el ámbito de las regiones en las que han tenido lugar. 
En el caso de Baia Mare, cuando sobrevino la catástrofe, el principal accionista, un australiano, retiró su capital y se lavó las manos en lo relativo a la destrucción de la fauna y la flora de Tisza y de una gran parte del Danubio. 
Si queremos evitar que este tipo de catástrofes se repitan, deberíamos al menos imponer una legislación apremiante, que hiciera responsables de los daños ocasionados no sólo a las empresas mineras afectadas, sino también a todos sus propietarios y a todos sus accionistas, pudiendo llegar hasta el embargo de todos sus bienes y de todo su capital, incluyendo el capital invertido en otros sectores. 
Enunciar simples deseos, o incluso recomendaciones, no sirve para nada si no se pone en entredicho el sacrosanto derecho de propiedad cuando su ejercicio tiene consecuencias desastrosas para toda una población, no sólo en el presente, sino también de cara al futuro. 
Hemos votado a favor de algunas propuestas de este texto, pero nos hemos abstenido en su conjunto, por su carácter veleidoso. 
. 
(FR) El informe de Jonas Sjöstedt es la continuación de una comunicación de la Comisión, y trata una cuestión muy importante, desdeñada con demasiada frecuencia: el impacto medioambiental de las actividades mineras. 
Saca conclusiones de dos graves accidentes ocurridos recientemente: el de Doñana en España, en una mina que producía concentrados metálicos, y el de la mina de oro "Maia Mare", en Rumanía. 
Frente a la escandalosa insuficiencia de las reglas y de las normas actuales de vigilancia, en el fondo se trata de revisar la política medioambiental de la Comunidad para incluir por fin en ella, de forma sistemática, las actividades mineras (y, en particular, la gestión de sus residuos). 
Así, se trata de definir claramente la responsabilidad en la materia de las compañías mineras, que abusan hoy del laxismo de la reglamentación. 
Votaremos a favor del informe de Jonas Sjöstedt. 
Informe A5-0188/2001 
El ponente se centra mucho en la necesidad de una reducción de la capacidad de las flotas de los Estados miembros y en la creación de mecanismos sancionadores que obliguen a los Estados miembros a "cumplir las disposiciones de reducción de sus flotas pesqueras conforme a los programas de orientación plurianuales (POP )". 
Recuerda también que no todos los Estados miembros han cumplido los objetivos establecidos en el POP. 
Por otro lado, exige criterios más precisos en la medición de la capacidad de las flotas. 
Ahora bien, el ponente no nombra, lamentablemente, los Estados miembros que no han cumplido los objetivos del POP. 
Portugal ha sido uno de los países que, desde luego, ha cumplido los criterios del POP y no ha aprovechado, como otros Estados miembros, para modernizar e incluso aumentar su flota. 
Teniendo en cuenta el Libro Verde sobre el futuro de la Política Pesquera Común, lo que es necesario es que los Estados que ya han hecho amplias reducciones no sufran otras en el futuro y también se debe tener en cuenta el equilibrio entre el consumo de pescado de un Estado miembro y la capacidad de su flota. 
Por otro lado, reducir el esfuerzo de pesca no entraña directamente la reducción de embarcaciones. 
Se puede hacer dicha reducción con una mejora de las técnicas de captura o mediante períodos de veda, con la correspondiente indemnización por la paralización a los afectados. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 19.45 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 5 de julio de 2001. 
Espero que cada uno y cada una de ustedes haya pasado unas excelentes vacaciones y que estén en plena forma para abordar esta reanudación. 
Elogio póstumo 
Queridos colegas, me enteré, con mucho dolor, del fallecimiento, el 28 de agosto pasado, de nuestro colega, Jacques Santkin. 
Como saben, nuestro colega ocupaba un escaño a nuestro lado en el seno del Grupo Socialista desde el mes de febrero de este año. 
Era miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y era también miembro de la Delegación para las relaciones con el Consejo Legislativo Palestino. 
Quisiera invitarles a guardar un minuto de silencio en memoria de nuestro colega. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 
Declaración de la Presidenta 
Queridos colegas, una vez más, me corresponde la triste responsabilidad de abrir nuestro Pleno con una nueva condena del terrorismo ciego y brutal que afectó a España este verano. 
Con mucha emoción y tristeza, expreso a las familias de las víctimas, en nombre de todos nosotros, nuestra total solidaridad y nuestra profunda simpatía. 
Hoy, el Parlamento Europeo rinde homenaje a Justo Oreja Pedraza, general del ejército español, Luis Ortíz de la Rosa, miembro de la policía nacional española, Mikel Uribe, miembro de la policía regional vasca, José Javier Múgica Astibia, consejero municipal de la Unión del Pueblo Navarro en Leiza, cuya familia está con nosotros en este momento, y quiero decir a su esposa, a sus hijos, a su cuñada, que admiramos el valor que demuestran frente a este drama que les arrebató a un ser querido. 
José Javier Múgica Astibia fue siempre un defensor de la libertad y de la democracia que se negó a callar frente al terror. 
Desgraciadamente, pagó esa negativa con su vida. 
Y lo que pretende imponer el terrorismo colocando bombas en aeropuertos, vías férreas o en ciudades turísticas es invariablemente el terror. 
También pensamos en María Eraunzetamurgil y su nieto, víctimas de un atentado odioso cuyo origen nadie conoce hasta hoy. 
Nuestro Parlamento, más allá de las diferencias políticas que sus representantes expresan, condena decididamente esos actos de barbarie puesto que constituyen la negación misma de la democracia y de los valores fundamentales en que se basa la Unión. 
Les invito a guardar un minuto de silencio. 
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio) 1 
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria 
Mediante escrito de 20 de julio de 2001, he recibido de las autoridades gubernativas españolas, a través del representante permanente de ese Estado, un suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de los Sres. Silvio Berlusconi y Marcello Dell ' utri, formulado por las autoridades judiciales españolas. 
De conformidad con el artículo 6 del Reglamento, esa solicitud se remite a la comisión competente, a saber la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Para todos los efectos, señalo que el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Silvio Berlusconi carece de objeto dado que desde el 11 de junio de 2001 ya no es miembro de nuestro Parlamento. 
Señora Presidenta, quisiera hacer una declaración, en nombre del Grupo socialista, sobre el anuncio que acaba de hacer. 
Tomamos nota de dicho anuncio, creemos que es un paso adelante, pero queremos expresar nuestra preocupación y nuestra crítica por la manera en que se ha tratado esta cuestión. 
Usted y yo somos diputados, hemos compartido responsabilidades en el Parlamento y compartimos también una formación jurídica que nos hace recordar aquel aforismo que dice que "justicia aplazada es justicia negada". 
Usted misma acaba de manifestar cómo en este caso, seguramente, no se va a poder hacer justicia en relación con uno de los diputadosal Parlamento Europeo, aparte del hecho de que los suplicatorios para la suspensión de la inmunidad también tienen que dar posibilidad a los diputados al Parlamento Europeo de defenderse, cosa que no ha sido posible en este caso durante un año. 
Quiero manifestar, en nombre de mi Grupo, que nosotros- independientemente de consideraciones de tipo electoral que se nos han atribuido- hemos considerado que este asunto es importante para el Parlamento Europeo, para nuestra dignidad, y creemos que ya es un paso el que la Comisión de Asuntos Jurídicos pueda conocerlo. 
Pero, dado que la interpretación de la Presidencia choca frontalmente con el carácter integrador del Derecho comunitario, le pido, señora Presidenta, que después de que ha dado conocimiento de este caso podamos resolver en el Parlamento, de manera positiva y en el sentido integrador del Derecho Europeo, el tratamiento que debemos dar a las suspensiones de inmunidad. 
Por lo tanto, le ruego una vez más que se dirija a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que ésta pueda hacer una propuesta de reforma del Reglamento que establezca claramente cuál debe ser nuestra actuación, no sólo en casos como éste, sino en todos los casos de suspensión de la inmunidad. 
Señor Barón Crespo, usted sabe muy bien que se ha presentado un informe sobre esta cuestión a la Comisión de Asuntos Constitucionales hace ya varios meses. 
En segundo lugar, me parece que el hecho de que la autoridad competente española, es decir, la autoridad gubernamental, me haya remitido ese informe es un paso muy alentador hacia una salida totalmente positiva a este asunto. 
Gracias, señor Poettering1. 
Respecto de la composición de las comisiones: 
Señora Presidenta, hemos cruzado correspondencia acerca de la participación del Sr. Titford como miembro de la Comisión de Pesca, que es una comisión importantísima para el Reino Unido. 
Hemos expresado la esperanza de que, puesto que nunca asiste a las reuniones de la Comisión, quizá pudiera ceder su puesto en ella. 
Orden de los trabajos 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el proyecto definitivo de orden del día, establecido en la Conferencia de Presidentes de conformidad con el artículo 110 del Reglamento. 
Semana del 3 al 6 de septiembre en Estrasburgo Lunes: 
La Comisión de Asuntos Constitucionales me ha presentado dos solicitudes tendentes a incluir en el orden del día un informe del Sr. Carnero González, sobre la modificación del Reglamento en lo que se refiere a la constitución de las delegaciones interparlamentarias y de las comisiones parlamentarias mixtas, y un informe de Lord Inglewood sobre la decisión del Parlamento Europeo relativa a la modificación del Reglamento en lo que se refiere a las disposiciones que regulan la justificación de las enmiendas. 
Voy a dar en seguida la palabra al Sr. Corbett, que reemplaza al Sr. Napolitano, para que presente esa solicitud en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Señora Presidenta, tomo la palabra en nombre del Sr. Napolitano que no puede asistir a esta reunión, en relación con los dos informes sobre modificaciones relativamente poco conflictivas de nuestro reglamento. 
Estos informes se aprobaron en la comisión parlamentaria correspondiente el otoño pasado y en nuestra comisión parlamentaria opinamos unánimemente que nueve meses constituyen un período de gestación suficientemente prolongado para cualquier informe. 
Naturalmente, hemos preguntado por qué la Conferencia de Presidentes no ha incluido ya esos dos informes en el orden del día de las sesiones plenarias. 
Nos gustaría sobremanera saber rápidamente la razón porque necesitamos saber qué va a suceder con esos informes antes de que abordemos la revisión general del Reglamento, prevista para la segunda parte de este año. 
Por lo tanto, es una cuestión de urgencia. 
Se nos ha dicho que la Conferencia de Presidentes no ha tenido tiempo de examinar esta cuestión a fondo porque está todavía en examen en la reunión de secretarios generales de los Grupos políticos con el Secretario General adjunto del Parlamento Europeo. 
Todos sabemos lo que es Coreper en el contexto del Consejo, pero quizá no todos sepamos que hay una especie de Coreper del Parlamento Europeo que filtra los informes antes de que lleguen a la Conferencia de Presidentes, antes de que lleguen a nuestras sesiones plenarias. 
Ésta es una forma de obrar peligrosísima y, después de haberles dado nueve meses para hacerse cargo de la cuestión, me parece que ha llegado el momento de incluir esos informes en el orden del día del Parlamento, si no hoy, más tarde dentro de esta semana. 
Estoy seguro de que el Comité está dispuesto a aceptar un compromiso en favor de estudiar la cuestión en el próximo período parcial de sesiones, pero tengo que plantear esta cuestión en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el apoyo unánime de todos los Grupos políticos representados en ella. 
Señor Corbett, no entiendo muy bien. 
Pensaba que la Comisión de Asuntos Constitucionales solicitaba una inclusión en el presente período de sesiones. 
Creo que nuestros colegas tienen que saber claramente de qué estamos hablando. 
¿Se mantiene la solicitud de inclusión en esta sesión? 
Hemos averiguado con los servicios competentes si esa inclusión era posible esta noche, con la condición de que la Asamblea esté de acuerdo, claro está, en cuyo caso, se haría esta noche. 
¿Es ésta la cuestión que sometemos a debate y votación? 
Señora Presidenta, se trata de la propuesta presentada oficialmente por la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
Queremos cerciorarnos de que el Parlamento se ocupa debidamente de esta cuestión. 
Señora Presidenta, quisiera subrayar lo seriamente que mi Partido se ocupa de los asuntos de este Parlamento. 
Como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y tomando la palabra en nombre de Lord Inglewood, he de decir que nos parece que casi un año es un período de tiempo suficiente para que las instancias pertinentes hayan podido ocuparse de esta cuestión. 
Si no se incluye en el orden del día en esta semana es evidente que la Comisión de Asuntos Constitucionales va a tropezar con dificultades. 
Quisiera instar a todos los diputados del Parlamento, incluido mi colega el Sr. Provan, a que voten en favor de esta sugerencia. 
Señora Presidenta, sin duda alguna se acordará usted de que tuve el honor de representar al Sr. Poettering en la Conferencia de Presidentes en la que se examinó esta cuestión. 
Se trataba de saber si teníamos tiempo para examinar toda una serie de informes, porque el orden del día del presente período parcial de sesiones es sumamente complicado y muy denso. 
Sugerí entonces que de esos dos informes, junto con un informe principal de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se ocupara el propio Sr. Corbett, y dije también que convendría que se agruparan de forma pertinente los cambios del Reglamento, porque seguramente necesitaremos determinados niveles de voto. 
En aquel momento no disintió nadie acerca de la cuestión en la Conferencia de Presidentes y apenas fue objeto de intervenciones. 
Por lo tanto la recomendación de la Conferencia de Presidentes fue que los dos informes se examinaran juntos com un solo paquete una vez que el proprio informe del Sr. Corbett nos fuera presentado. 
Señora Presidenta, entiendo que esta modificación del orden del día da satisfacción a un tema que quedó un poco en tablas en la Conferencia de Presidentes. 
No considero que existan divergencias excesivas entre los Grupos políticos, porque consideramos importantes los tres temas del orden del día y podríamos así tratar de una manera más equilibrada, por la mañana, dos temas muy importantes: el de las conclusiones de la Comisión temporal sobre "Echelon" y el del terrorismo. 
Creo que con ello se podría solucionar una cuestión que no quedó, en nuestra opinión, suficientemente clara en la Conferencia de Presidentes. 
), ponente- (EN) Señora Presidenta, tomo nota de la propuesta y si el informe sobre el terrorismo no queda desplazado por el estudio de la propuesta, no me opondré a que se desplace. 
El Sr. Schmid ha realizado un excelente trabajo con este informe suyo sobre Echelon y creo que es algo que todo el Parlamento tiene que someter a votación lo antes posible. 
Ahora bien, me inclino a secundar lo que ha dicho el Sr. Vitorino, que todos hemos oído hablar de Dios y del Echelon pero que ninguno puede estar seguro de que existan. 
Opino también, y creo, señora Presidenta, que mi opinión queda corroborada por lo que ha dicho usted al principio de la sesión de hoy, que es importantísimo que sometamos a debate y votación la cuestión del terrorismo- que es una cuestión verdaderamente real- lo antes posible en esta semana. 
Si la propuesta del Sr. Barón Crespo no tiene como consecuencia el desplazamiento del informe sobre el terrorismo, entonces apoyaré la propuesta con sumo gusto. 
Señora Presidenta, le he transmitido una solicitud que va en contra de la del Sr. Barón Crespo puesto que tiende a modificar el orden del día de otra manera. 
Señora Presidenta, mi Grupo propuso en la Conferencia de Presidentes que celebráramos un debate sobre la Cumbre del G8 en Génova, fundamentalmente sobre su contenido. 
¿Por qué? 
Porque en la Cumbre del G8 de Génova participó la Unión Europea- y me remito a los testimonios gráficos por si queda alguna duda. 
En la foto de los líderes estaban el Presidente de la Comisión, Sr. Romano Prodi, y el Presidente del Consejo, el Primer Ministro belga, Sr. Verhofstadt, y, por lo tanto, habiendo participado uno en representación de la Comisión y otro del Consejo Europeo en la Cumbre activamente, y habiéndose tratado en ella una serie de temas importantes para este Parlamento, para Europa y para el mundo, consideramos, también nosotros, que entra dentro de nuestros deberes el pronunciarnos sobre lo que fue el contenido de la Cumbre del G8. 
Igualmente, quiero recordar aquí que mi Grupo propuso- y hay acuerdo sobre ello en la Comisión de Libertades Públicas- que, en relación con las posibles violaciones de derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y la gestión del orden público durante la Cumbre, la Comisión de Libertades Públicas debería elaborar una recomendación con vistas, sobre todo, a aprender de los errores pasados, pensando en la Cumbre de Laeken. 
Para concluir, señora Presidenta, me permitirá que me dirija a nuestros colegas, particularmente del Grupo Liberal, porque en esta ocasión se da la circunstancia de que el Sr. Verhofstadt es un Primer Ministro liberal de un gobierno de coalición y de que los amigos más recientes del Presidente Prodi, por lo menos los italianos, se sientan en el Grupo Liberal. 
Y me dirijo al Sr. Cox para que tenga la oportunidad de dirigir algunas "flores" a los representantes de su Grupo que se sentaron en el Consejo Europeo. 
Señora Presidenta, mi Grupo apoya totalmente la idea de concluir nuestro debate sobre Génova con una resolución. 
Sin embargo, no propongo que se inicie ahora el debate sobre el contenido de dicha resolución. 
Les corresponderá a los diferentes Grupos hacerlo. 
Mi Grupo opina que es desde luego necesario que el Parlamento se exprese sobre los resultados- o la ausencia de resultados- del G8 pero también sobre los hechos gravísimos que han ocurrido al margen de la Cumbre, así como sobre el extraordinario éxito de las iniciativas del Foro Social de Génova, que nos interpela también en un momento en que hemos iniciado un gran debate sobre el porvenir de Europa. 
Señora Presidenta, estoy un tanto sorprendido, de que decidamos ahora acerca de si habrá o no una resolución. 
Nuestro Grupo ha dado su conformidad a la solicitud socialista de revisar un poco el orden del día. 
Aunque no hemos establecido ninguna conexión formal entre ambas cuestiones, no se ha hablado, en absoluto, de que ahora vaya a haber una resolución sobre Génova. 
Señor Wurtz, con su intervención acaba de poner de manifiesto que al final se acabará hablando de los asuntos que se quieren evitar aquí. 
En todo caso, no consideramos adecuado este momento para realizar en una rápida y breve resolución una manifestación acerca de los acontecimientos de violencia que tomamos tan en serio. 
Nuestro Grupo es de la opinión de que las cuestiones relativas a la violencia, a la amenaza y al riesgo derivados de la globalización deberían ser analizadas con gran cuidado por el Parlamento y no han de ser vertidas en resoluciones mediante decisiones rápidas o casuales. 
Puesto que vemos el peligro de que esto suceda, rechazamos totalmente cualquier resolución y apoyamos lo que la Conferencia de Presidentes aprobó la semana pasada- mi colega Provan, estuvo presente por mí en ella -, es decir, que celebremos un debate y hablemos también sobre todos los aspectos, pero que no nos manifestemos ahora en un movimiento rápido sobre los contenidos y sobre la violencia y que lo hagamos con sosiego y con todo cuidado. 
Por esta razón nos oponemos por razones muy meditadas a una resolución sobre Génova. 
Señora Presidenta, no tenía la intención de tomar la palabra pero puesto que el Presidente del Grupo PSE parece lamentar que estoy haciendo demasiado poco para promover el liberalismo en Europa por no formular una resolución, no me queda más remedio que indicar a mi distinguido colega que en mi Grupo tenemos en cuenta los precedentes. 
No es la primera vez que un Presidente de la Comisión asiste a una reunión del G-8, o que un Primer Ministro y Presidente en ejercicio asiste a una reunión del G-8 o del G-7. 
Los precedentes demostrarán a mi distinguido colega, como me han demostrado a mí, que no tenemos la costumbre de promover la política de nuestros amigos mediante la presentación de resoluciones después de ese tipo de reuniones. 
Quisiera, por mi parte, apoyar la propuesta de resolución. 
En efecto, creo que no existe ninguna justificación política para que, a raíz de un debate político en presencia del Consejo y de la Comisión, nuestros debates no se vean seguidos de una resolución. 
El contenido de la resolución será negociado entre los Grupos. 
Por lo tanto si algunos de ellos no quieren que se hable de la violencia que se produjo en Génova, están en su derecho, pero han de manifestar su oposición votando en contra de cualquier propuesta que vaya en ese sentido. 
Someto por lo tanto a votación esta propuesta relativa a la presentación de una resolución a raíz del debate sobre Génova. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Jueves: En lo que se refiere al jueves y a los problemas de actualidad, urgencia e importancia mayor, el Grupo de los Socialistas Europeos me ha presentado una solicitud de modificación tendente a sustituir el punto "Fiebre aftosa" por el subpunto "Refugiados afganos solicitando asilo en Australia", que actualmente figura en el punto "Derechos humanos". 
No sé quien tomará la palabra para presentar esa solicitud ¿Sr. Barón Crespo? 
Señora Presidenta, la razón de nuestra propuesta es muy simple: lo que está ocurriendo en este momento con los refugiados afganos y el tratamiento que están recibiendo por parte del Gobierno australiano- y digo bien el Gobierno australiano porque el Tribunal Supremo Federal de Australia le está corrigiendo la plana- es algo que no solamente se refiere a la violación de los derechos humanos; es una cuestión que supone una clarísima violación de los principios del Derecho marítimo y del Derecho humanitario suscritos por todos los países, incluido un aliado tan importante de Europa como es Australia. 
Y tenemos que pronunciarnos en ese sentido clarísimamente, condenando una actitud política que raya en la xenofobia. 
Señora Presidenta, queda claro que la propuesta relativa a los refugiados afganos debe y puede tratarse. El orden del día también lo prevé. 
Considerando las nuevas medidas que se han dictado en el Reino Unido en relación con la proliferación actual de la fiebre aftosa, creemos que es necesario que tratemos esta cuestión. 
Teniendo en cuenta que una cosa no impide la otra, solicitamos al Parlamento que también trate estas cuestiones. 
Señora Presidenta, en realidad la Sra. Maes lo ha expuesto magníficamente. Lo importante es que podamos tratar expresamente la cuestión de los refugiados afganos en el capítulo de "Derechos Humanos". 
Todos somos conscientes de las enormes dificultades por las que ha pasado Europa en relación con la fiebre aftosa. 
Por consiguiente, es muy importante que el Parlamento Europeo se manifieste también en este caso en torno a la fiebre aftosa. 
Deberíamos poder combinar ambas cuestiones: en el capítulo de "Derechos Humanos" se puede tratar el tema de los refugiados afganos como capítulo aparte dentro del debate de actualidad centrado en la fiebre aftosa. 
En este sentido, insto urgentemente a nuestros compañeros socialistas a que dejen el orden del día tal y como está. 
Señora Presidenta, por lo que he oído ha habido dos intervenciones en contra, ninguna a favor. 
Señora Presidenta, en nombre de nuestro Grupo, quisiera plantearle personalmente una pregunta. 
El Parlamento macedonio debe celebrar urgentemente un debate en relación con la propuesta de paz para Macedonia. 
¿Le importaría dirigirse al presidente de dicho parlamento? 
Todos esperamos que el parlamento respalde ampliamente las propuestas de paz, aunque esto no se logrará sin esfuerzo. 
El parlamento va a desempeñar un papel destacado. 
De ahí nuestra petición de que remita una carta o mensaje al presidente del parlamento solicitándole un debate urgente para tratar dicha propuesta de paz. 
Señora Maes, yo diría que la respuesta que le voy a dar va casi más allá de sus deseos. 
En efecto viajaré a Macedonia en los próximos días, a petición de todos los que están involucrados en ese asunto y quisieron que la Presidenta del Parlamento Europeo estuviese in situ porque se le tiene mucho aprecio a nuestro Parlamento, creo poder decirlo, y esto es verdaderamente una señal alentadora. 
Por supuesto, voy a responder lo antes posible a esta invitación que se me acaba de hacer. 
Señora Presidenta, el miércoles de la semana pasada un avión de la compañía Binter Mediterranean, que hace el trayecto Málaga-Melilla, sufrió un accidente en las proximidades del aeropuerto de Málaga con el resultado de cuatro muertos y diecisiete heridos. 
Es la segunda vez que, en el plazo de dos años, la ciudad de Melilla sufre una tragedia de estas características. 
En esta ocasión, gracias a la pericia y profesionalidad de los pilotos- uno de ellos fallecido -, se salvó casi la totalidad del pasaje. 
Le ruego, señora Presidenta, que transmita a los familiares de las víctimas y a los heridos nuestro sentimiento y solidaridad, con el convencimiento de que la Comisión Europea y este Parlamento muestran su preocupación por la calidad y el mantenimiento de la seguridad del transporte aéreo, como se demostrará en el debate que precisamente este martes vamos a tener, con ocasión de los informes que la Comisión Europea presenta sobre este tema. 
Señora Presidenta, ayer, en Vietnam, el Sr. Ho Tan Anh, monje budista, se inmoló con fuego. 
En julio pasado, nuestro Parlamento adoptó una resolución muy bien articulada, muy precisa, en la cual pide entre otras cosas al presidente de la Delegación para las relaciones con Asia Sudoriental, Sr. Nassauer, que organice lo antes posible una misión a Vietnam para reunirse con los líderes religiosos que hoy están encarcelados, con ellos en particular, y para evaluar la situación en lo que se refiere a la libertad de religión en Vietnam. 
Por lo tanto, señora Presidenta, le pido su apoyo y el apoyo de todo nuestro Parlamento para que el Sr. Nassauer pueda, en los próximos días, organizar esa misión. 
La inmolación por fuego es, me parece, un acto muy grave; es un indicio muy claro del deterioro de la situación en Vietnam y estimo que nuestra delegación debería, como ya lo ha decidido nuestro Parlamento, acudir urgentemente a Vietnam. 
Señor Dupuis, transmitiré al Sr. Nassauer el deseo que usted acaba de expresar. 
No está presente en el hemiciclo en este momento, pero le daré fiel cuenta de sus palabras. 
Señora Presidenta, estoy segura de que usted ya lo habrá hecho pero, dado que ésta es nuestra primera reunión después de las vacaciones de verano, quiero recordar a todos sus Señorías que algunos días después de nuestro último período parcial de sesiones en Estrasburgo se produjo una gravísima catástrofe: en las proximidades del Parlamento cayó un árbol enorme sobre un grupo de personas que asistían a un concierto y muchas murieron, entre ellas varios jóvenes. 
Pienso que es nuestro deber, puesto que nos reunimos tras las vacaciones de verano, renovar nuestro pésame y transmitirlo al alcalde de Estrasburgo, a los familiares de las víctimas y a todos los ciudadanos tanto porque Estrasburgo es la ciudad que nos acoge como porque la tragedia ocurrió a pocos metros de nuestro Parlamento. 
Por supuesto, señora Napoletano, como usted misma lo ha dicho, enseguida he expresado nuestra más sincera simpatía y nuestro pésame a las autoridades de Estrasburgo y a las familias de las víctimas. 
Es un drama absolutamente horrendo, y al dirigir ese pésame sabía que expresaba los sentimientos de nuestra Asamblea. 
Señora Presidenta, me veo obligado a plantear un tema muy, muy deplorable. 
Este Parlamento ejerce terror psíquico y acosa a un pequeño país miembro, Dinamarca, y a los diputados daneses. 
Durante muchos años hemos tenido incluso que pagar para poder ver una emisora de televisión danesa. 
Ahora se han cortado las emisiones de ésta, tanto aquí como en Bruselas. 
Usted no puede hacer esto y me gustaría pedirle que hoy mismo se dirija a la única persona que puede resolver este problema, es decir, la resuelvelotodo, nuestra encantadora, maravillosa, magnífica y competente compañera, la Sra. Mary Banotti, y se encargue de que desde mañana por la mañana vuelva a haber televisión danesa y de que el Parlamento Europeo no moleste en el futuro a uno de los mejores países miembros ejerciendo esta forma de terror sobre sus diputados. 
Señor Blak, puesto que viajaré a Dinamarca dentro de algunos días, haré saber claramente que no se trata de una discriminación, créame. 
Pero estoy convencida de que la Sra. Banotti enseguida lo tranquilizará. 
Señora Presidenta, cuando me enteré de que el pobre Sr. Blak tenía de nuevo algún problema, sin dudarlo me precipite para ver qué es lo que se podía hacer. 
Al parecer Dinamarca está entrando en la edad digital de la televisión, y se ha producido un fallo técnico con la recepción de la televisión danesa aquí, cosa que, evidentemente, haré todo lo posible por rectificar inmediatamente. 
Si mis colegas daneses desean recibir una emisora de radio o de televisión determinada, lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo sobre la emisora o estación que desean recibir. 
Esto brinda a mis colegas daneses la posibilidad de reunirse en un espíritu de armonía y resolver exactamente qué es lo que desean, y, como es natural, procuraré conseguirlo lo antes posible. 
Señora Presidenta, se revela ahora por qué las fuerzas de la OTAN en Kosovo no sólo no se esforzaron en la aplicación de la resolución núm. 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, principalmente por lo que se refiere al desarme de la UÇK, sino que lo promovieron a la condición de cuerpo de seguridad de Kosovo, toleraron, si es que no propiciaron, la modernización de su armamento, y sustancialmente, permitieron- si no impulsaron- la filtración de los criminales de la UÇK en la ARYM, donde se creó así la situación actual. 
Esta situación, señora Presidenta, ha constituido la coartada para la intervención de la OTAN, y para la aplicación del conocido y execrable acuerdo para el desarme voluntario de la UÇK, con el consiguiente dictado de cambios constitucionales. 
De este modo, con la palanca de la UÇK y el apoyo directo de los Estados Unidos, todo conduce una vez más a la desmembración y a la creación de un nuevo protectorado tipo Bosnia-Herzegovina. 
Son enormes, a nuestro parecer, las responsabilidades, no sólo de los Estados Unidos y la OTAN, sino también de la Unión Europea, que apoya la acción de la OTAN en la región. 
Esta valoración, señora Presidenta, no es sólo nuestra, la comparten muchos medios de comunicación. 
Nos preguntamos cuál será el próximo paso. 
Sentimos especial inquietud nosotros los griegos, porque constatamos que el objetivo de las fuerzas que intervienen en los Balcanes ni es la paz, sino alimentar la hoguera de la tensión y los conflictos bélicos. 
Sentimos inquietud porque, al margen de cualquier otra consideración, vemos que el fuego se aproxima peligrosamente a nuestro país, y con la complicidad, además, del Gobierno griego. 
Exigimos, señora Presidenta, puesto que se desplazará usted allí, que traslade nuestro punto de vista favorable a poner fin a esta política y a que la OTAN abandone los Balcanes, de suerte que se restablezca la paz que reinaba en nuestra región antes de estas intervenciones. 
Señora Presidenta, después de los serios asuntos de que nos hemos estado ocupando quisiera tomar la palabra en tono más alegre y darles algunas buenas noticias acerca de la región que represento, que es el noroeste de Inglaterra. 
Los periódicos ingleses de ayer y de hoy parecen tratar únicamente de una cuestión, el partido memorable e histórico en el que Inglaterra ganó a Alemania por 5-1. 
El motivo de que eso sea una buena noticia para nosotros- y ruego a mis colegas alemanes que acepten mi más sentido pésame- es que los principales arquitectos de esta victoria provenían de los principales clubes del noroeste, aunque es verdad que teníamos un entrenador sueco. 
Espero que lo sucedido muestre a todo el mundo que la región noroccidental de Inglaterra es un centro de excelencia, no solamente para el fútbol sino también para otras muchas cosas, y les invito a todos a visitarnos cuando puedan. 
Señora Presidenta, le doy las gracias por proporcionarme la oportunidad de responder tan rápidamente a nuestro colega. 
Quisiera felicitarle expresamente por este gran éxito del equipo nacional inglés y, al mismo tiempo, quisiera decir a nuestro colega, el Sr. Ferber, -lamentablemente ausente- que la aplastante mayoría de los jugadores alemanes procede de Baviera. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero desearles a todos buen trabajo para el período parcial de sesiones que estamos a punto de comenzar y en segundo lugar prometo hablar sólo cuando será indispensable. 
Empiezo diciendo que el pasado domingo 26 de agosto me encontraba en Génova, la ciudad en que nací. 
Quería bañarme- hacía mucho calor- en el agua, en el club "Italia" de Corso Italia, y estaba a punto de darme un chapuzón cuando me reconoció un viejo amigo de la infancia, un consejero del ayuntamiento que se llama Egidio Saccone, propietario de la playa, que me dijo: " Fatuzzo, tú que estás en el Parlamento Europeo, habla y trata de que los deportistas aficionados de todos los deportes- natación, boxeo, atletismo, fútbol, ciclismo, tenis, etcétera- gocen de una pensión. 
Seguramente te escucharán, lo dirán a todos los quince Estados y harán algo ". 
Y... ahora me voy a dar un chapuzón. 
"Cogidos de la mano por la paz": así se denominaba la manifestación convocada el 1 de septiembre por el ADEP en Ankara. 
En realidad, los manifestantes no pudieron ir cogidos de la mano porque la policía impidió cualquier manifestación: entró en la sede del ADEP que es un partido democrático y detuvo a varios cientos de personas encerrándolas en el estadio. 
A nosotros los estadios nos recuerdan cosas trágicas y terribles. 
Por lo tanto, pido a nuestra Presidenta que intervenga ante el Gobierno turco con el fin de que la libertad de circulación, expresión y manifestación pueda ser ejercitada por los kurdos y los turcos que pidieron única y exclusivamente manifestarse juntos por la paz, y para que sean liberadas de inmediato las personas detenidas en los estadios y en las cárceles turcas. 
Señora Presidenta, quisiera completar solamente lo que acaba de afirmar la Sra. Morgantini. 
La prohibición de la manifestación por la paz del 1 de septiembre ha conducido a que perdiera la vida una persona que huyó de la policía. 
Hoy siguen encarceladas aún 500 personas. 
Le ruego a usted que se movilice para que las 500 personas que están aún en prisión sean puestas en libertad inmediatamente. 
Una vez más, de muy buena gana haré esa intervención. 
Señora Presidenta, le ruego que escriba a las autoridades acerca del lamentable incidente de Shelter Now. 
Estoy seguro de que los diputados de este Parlamento se han enterado de que algunos miembros del personal asistencial que prestaban servicio en el país han sido detenidos por las autoridades talibán, principalmente sobre la base de que se trata de una organización de base cristiana, lo que infringía las normas talibán de intolerancia religiosa. 
Le exhorto a que escriba a las autoridades talibán y les exija que traten correctamente a los detenidos y que les pongan rápidamente en libertad. 
No han cometido delito alguno, aparte de esforzarse por ayudar a Afganistán y al pueblo afgano. 
Afganistán es una de las naciones más pobres y más necesitadas del mundo, y sentaría un precedente sumamente inquietante si se atacara al personal de asistencia a causa de su religión. 
Esto pondría en entredicho las operaciones de asistencia en todo el mundo y particularmente en Afganistán. 
Quisiera señalar a la atención del Parlamento que ese personal de asistencia, tanto si es europeo como si es afgano, puede incurrir en la pena capital con arreglo a las leyes talibán. 
Insto a los diputados del Parlamento a que apoyen un llamamiento dirigido a las autoridades talibán para que pongan en libertad a los detenidos. 
Absolutamente, señora Villiers, todos nosotros conocemos muy bien los hechos que usted acaba de relatar; es una nueva prueba de lo que calificaría de locura destructora del régimen talibán. 
Usted sabe que el Parlamento se ha expresado en varias oportunidades a ese respecto y actuaré muy gustosamente en ese sentido. 
Señora Presidenta, antes de que acabara el último período parcial de sesiones anterior al verano, la Mesa del Parlamento decidió finalmente que iba a publicar los nombres de todos los asistentes de diputados que reciben los subsidios por servicios de secretaría previstos en el artículo 14, pero más tarde nos enteramos de que la Mesa y los Cuestores habían modificado su decisión y requerían el consentimiento individual de los diputados y de los asistentes antes de que los nombres figurasen en la lista. 
No cabe duda de que esto constituye una burla a la transparencia y de que infringe el principio de que se publiquen los nombres de todos los que están remunerados con cargo a fondos públicos. 
¿Puedo pedirle que solicite de la Mesa y de los Cuestores que reconsideren su decisión? 
Señor Duff, para dejarlo muy claro, no fue la Mesa la que modificó esa decisión. 
Fue la directiva sobre la protección de los datos personales que exigió que así fuese, y usted admitirá que es muy difícil que la Mesa o los cuestores hagan caso omiso de la necesaria protección de los datos personales que requiere el consentimiento de las personas interesadas. 
Hemos estudiado esto muy de cerca, con todo el rigor necesario, y por supuesto las opiniones de nuestro servicio jurídico sobre este punto han sido absolutamente formales. 
Señora Presidenta, varios oradores se han referido ya a cuestiones relacionadas con violaciones de los derechos humanos y yo también quisiera plantear un caso de grave violación de dichos derechos. 
Un derecho humano que todos los presentes apoyarán es el derecho de los niños pequeños a ir a la escuela sin que se les pongan impedimentos ni se les aterrorice. 
Mientras estamos hablando de esta cuestión en este Parlamento, niños de cuatro, cinco o seis años de edad de una zona poco extensa de Belfast, en Irlanda del Norte, están siendo aterrorizados por las denominadas protestas. 
No les aburriré con argumentos en favor o en contra de ese tipo de protestas ni con los argumentos de uno u otro de los bandos, pero se trata de argumentos políticos entre adultos. 
Esos argumentos no pueden involucrar a niños pequeños que van a la escuela. 
Señora Presidenta, le insto a que haga un llamamiento por escrito a todos los partidos de Irlanda del Norte, y a los Gobiernos irlandés e inglés, exhortándoles a que se sirvan de todas las fuerzas y todos los medios de persuasión de que dispongan para poner término a ese tipo de protestas. 
Hay que conseguir que los niños pequeños puedan ir a la escuela sin ningún tipo de impedimento. 
Hay muchos que creen que el terrorismo sólo se manifiesta a través del uso de bombas, armas y balas, pero agradeceré que me digan ustedes cómo van a recordar esos niños de cuatro años que van a la escuela por primera vez en su vida, ese primer día en que tuvieron que ir a la escuela rodeados de policías armados que necesitaban protegerles y que estaban procurando abrirles camino para que pudieran llegar sin peligro hasta su clase en su primer día de escuela. 
Es una situación lamentable y espero, señora Presidenta, que pueda escribir usted a todos los interesados. 
Y ya que me he levantado, me gustaría subrayar también que se ha conseguido un progreso histórico en Irlanda del Norte. 
Como todos sabemos, no basta con acordar que hay que cambiar algo, lo primero que hay que hacer es cambiar de actitud. 
Se ha concertado un nuevo acuerdo en materia de servicios de vigilancia policial en Irlanda del Norte que reviste importancia fundamental para el acuerdo de paz. 
El SDLP- que es el partido que dirige John Hume, que forma parte de este Parlamento- ha dado su apoyo por vez primera en la historía de Irlanda del Norte al servicio de policía local, y merece que se le felicite por ello. 
Señora Presidenta, el mes pasado en San Sebastián un juguete-trampa explosivo hirió gravemente a un niño de corta edad que se hallaba en los brazos de su abuela, la cual pereció en la explosión. 
Esa señora que ha mencionado usted era María Eraunzetamurgil, pero, como usted ha dicho, nadie sabe quién ha sido el autor del atentado. 
Seis personas han sucumbido ya como víctimas de esa guerra sucia y subterránea que se ha cobrado ya otras 66 víctimas desde 1977. 
Esperamos que todos los autores de esos actos sean juzgados. 
El Sr. Barón Crespo ha dicho "justicia aplazada, justicia negada". 
Me referiré a 1977: El Sr. Segundo Marey, que fue secuestrado por error al principio del período socialista de la guerra sucia, falleció también el mes pasado en Hendaía. 
Los que fueron condenados como autores del secuestro- oficiales superiores de la policía y el Gobierno español- quedaron en libertad después de haber pasado solamente unos cuantos días en la cárcel. 
Todas esas víctimas merecen también nuestra simpatía y nuestro respeto. 
Señora Presidenta, comparto plenamente los puntos de vista expresados por las colegas Morgantini y Uca sobre la situación en Turquía. 
Quiero añadir que han transcurrido diez meses desde el inicio de la huelga de hambre de los presos políticos en protesta por los planes del gobierno para aislarlos en celdas diminutas. 
El balance hasta hoy es trágico: treinta y dos personas jóvenes han perdido la vida a causa de la huelga de hambre, y otras treinta murieron durante la incursión de las autoridades turcas a las cárceles el pasado diciembre. 
La última víctima ha sido Hülya Simsek que falleció el 31 de agosto. 
Era el sexto familiar de los presos políticos fallecido a causa de la huelga de hambre. 
En nombre del Partido Comunista de Grecia denuncio desde esta tribuna tanto la criminal indiferencia del régimen turco cuanto la hipocresía de quienes parecen desvivirse por los derechos humanos y no mueven un dedo para presionar al gobierno turco al objeto de que deponga su intolerante actitud hacia las justas reivindicaciones de los presos y de que en general respete los derechos humanos. 
Entre los hipócritas se encuentra la Unión Europea, que tiene una responsabilidad muy especial, puesto que Turquía es un país candidato a la adhesión. 
Señora Presidenta, señorías, indiferencia ante el crimen significa complicidad. 
Señora Presidenta, no estoy absolutamente seguro de que lo mío sea una moción de orden, aunque sí una contestación a una intervención anterior. 
Este Parlamento sabe que la Constitución española- probablemente por haber sido hecha después de una dictadura- es la más respetuosa de toda la Unión Europea en materia de derechos fundamentales y libertades públicas. 
Este Parlamento sabe también que la persona que ha intervenido antes que yo forma parte del mismo porque ha podido participar en unas elecciones libres, en las que ha podido expresar sus opiniones. 
Este Parlamento sabe también que cuando ha habido violaciones del ordenamiento jurídico en la persecución del crimen, esas violaciones han sido juzgadas por tribunales ordinarios con todas las garantías procesales y hay en este momento personas que, perteneciendo a los aparatos del Estado, están en prisión por dichas violaciones. 
No puedo decir lo mismo de muchos compañeros de mi partido, del Grupo socialista ni de otros partidos que, por disentir de las opiniones que han sido vertidas, han sido pura, lisa y llanamente asesinados. 
Y vamos ya por un millar. 
sociedad europea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
el informe (A5-0243/2001) del Sr. Hans-Peter Mayer, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el proyecto de reglamento del Consejo relativo al Estatuto de la sociedad europea (SE) (14886/2000- C5-0092/2001- 1989/0218 (CNS) ), y 
el informe (A5-0231/2001) del Sr. Menrad, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el proyecto de directiva del Consejo por el que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (14732/2000- C5-0093/2001- 1989/0219 (CNS) ). 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, la idea de crear una forma europea de sociedad que siga en todos los Estados miembros las mismas normas supranacionales es casi tan antigua como la misma Unión Europea. 
La societas europaea- SE- desempeña a este respecto el papel de buque insignia del Derecho europeo de sociedades. 
Los cimientos científicos se pusieron a finales de los años 50. 
En 1970 la Comisión propuso un estatuto, en forma de reglamento, para una SE. Contenía un Derecho único que regulaba hasta las más mínimas facetas. 
En 1989 la Comisión presentó una nueva propuesta de reglamento completamente nueva. 
Se exceptuaban el Derecho social y laboral, el Derecho fiscal y de la competencia, la protección jurídica industrial, la normativa de insolvencia y la normativa sobre régimen empresarial. 
Finalmente, en Niza se llegó a la unificación política, un reglamento del Consejo sobre el estatuto y una directiva que lo complementaba en lo que se refiere a la participación de los trabajadores. 
Respecto del fundamento jurídico: la propuesta de 1989 se basaba en el actual artículo 95. 
Esto significaba la codecisión. 
Las propuestas de Niza se basaban en el artículo 308 de suerte que el Parlamento es consultado solamente. 
Para el reglamento se pueden utilizar correctamente como fundamento jurídico tanto el artículo 95 como el artículo 308. Desde el punto de vista de una legitimación democrática y con arreglo a la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia Europeo habría que escoger en semejante caso el fundamento jurídico que otorgue al Parlamento los mayores derechos de cogestión. 
En consecuencia, el Parlamento se reserva iniciar ante el Tribunal de Justicia Europeo un procedimiento para la comprobación del fundamento jurídico, tras la aceptación por parte del Consejo. 
Acerca del reglamento: según los artículos 2 y 3 existen varias formas de constitución. 
El capital debe ascender al menos a 120.000 euros. 
Los sistemas legales de los Estados miembros en materia de sociedades conocen dos sistemas diferentes de administración de sociedades anónimas. 
El sistema monista, por ejemplo, en Gran Bretaña, prevé solamente un órgano de administración. 
El sistema dualista que se aplica, por ejemplo, en Alemania prevé un órgano de supervisión y un órgano de dirección. 
La unificación europea exige ahora que en cada país estén disponibles con carácter optativo ambos sistemas. 
Hasta ahora los sistemas legales relativos a sociedades en los Estados miembros prevén que las sociedades nacionales sólo pueden trasladar su sede disolviéndose y constituyéndose de nuevo en otro Estado miembro. 
En el caso de la SE el traslado de sede no conduce a la disolución de la sociedad ni a la fundación de una nueva persona jurídica. 
El crecimiento conjunto de los mercados que antes estaban separados requiere que creemos, de una vez por todas, formas jurídicas de organización que respondan a la nueva situación en Europa. 
No obstante, la construcción de la SE presenta debilidades considerables. 
La SE va a configurarse de manera diferente en los diversos Estados miembros. 
No se va a tratar de una SE de estilo europeo, sino de una SE con características, por ejemplo, francesas, españolas o alemanas. 
Y aún hay más. Incluso en el seno de un Estado miembro se constituirá un número de SE diferentes, desde la modalidad de sociedad hasta la de cogestión. 
Creo que es francamente imprescindible que simultáneamente a la entrada en vigor del reglamento se aprueben disposiciones fiscales de flanqueo. 
La realidad de la SE va a resultar influida también, evidentemente, por la legislación fiscal. 
A este respecto hay que celebrar una serie de enmiendas presentadas por el Grupo ELDR. 
En suma, yo abogo por que la SE inicie su viaje inaugural. 
Luego se verá dónde necesita ser reparada aún para que un día se convierta en el esperado buque insignia. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, nuestro colega, el Sr. Mayer ha mencionado que el proyecto de la sociedad anónima europea debería estar realizado ya desde hace más de 30 años. 
En la segunda mitad de los años noventa, nuestro colega en el Parlamento, Jacques Santer, entonces Presidente de la Comisión, sometió intensamente a debate esta forma de sociedad. 
Él mismo y muchos que lucharon a su lado aquí, en el Parlamento, la quisieron como una indumentaria para global players de Europa que se lanzan a la competencia en los mercados mundiales. 
La sociedad anónima europea ha fracasado hasta ahora en el Consejo de Ministros, sobre todo, por sus concepciones acerca del lugar de los trabajadores. 
En 1970 un reglamento relativo a esta sociedad anónima europea contemplaba de manera unilateral el modelo de cogestión alemán solamente, aunque la cogestión no es, ciertamente, un articulo exportable. 
Más tarde, a finales de los años ochenta, se presentaron al Parlamento dos documentos que fueron estrechamente engranados el uno con el otro- nuestro colega, el Sr. Mayer, lo ha explicado ya: un reglamento relativo a cuestiones de Derecho de sociedades, el estatuto- y la directiva que hace relación a lugar de los trabajadores en la sociedad anónima, en la SE. 
Se prescribieron así tres modelos de los cuales había que elegir uno. 
Tampoco aquí se produjo un acuerdo. 
Sólo en 1997 se divisó una solución. 
El Parlamento hizo una propuesta. 
Un grupo de altos expertos bajo la presidencia de Etienne Davignon lo fundamentó científicamente y los miembros de los sindicatos y de las asociaciones patronales suscribieron este Informe Davignon. 
Se le pueden dar a esto todas las vueltas que se quiera: el avance se produjo porque se echó mano de la receta exitosa de la directiva europea sobre comités de empresa sobre la que volveremos todavía en el próximo punto del orden del día. 
También ahora se han propuesto como principios básicos de procedimiento para la constitución de una sociedad anónima europea los siguientes: flexibilidad, soluciones de negociación, estándares mínimos. 
De esta suerte se han combinado bien las tradiciones de cogestión existentes en la Unión Europea. Es decir, en algunos países existe cogestión por la vía jurídica, en otros a través de convenios colectivos. 
Ahora existe la combinación: en el caso de la sociedad anónima europea se está confeccionando un traje especial a medida en las negociaciones colectivas entre las mesas fundacionales y un grupo específico de negociación de los trabajadores, y en caso de fracaso rigen tras un periodo de medio año a un año los derechos mínimos legales de la participación de los trabajadores. 
El Informe Davignon los denomina regulaciones legales colectoras. 
En la directiva sobre el comité de empresa europeo se habla de disposiciones subsidiarias. 
Creo que ésta es la mejor expresión pues se alude aquí de manera ejemplar a la subsidiariedad. 
Esta concepción fue aprobada también en Niza. 
Nosotros damos nuestra respuesta afirmativa a las regulaciones de Niza relativas a la cogestión. 
El informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales prevé frente al proyecto del Consejo dos importantes enmiendas. 
En primer lugar: queremos una definición del concepto de cogestión distinta de la del Consejo. 
El denominado órgano de representación de los trabajadores no es otra cosa sino un específico comité de empresa europeo para la sociedad anónima europea, por lo demás con una mejora de los derechos, de los que nos deberíamos acordar a la hora de completar la directiva sobre el comité de empresa europeo. Pero éstos son, y siguen siendo, los derechos de información y de consulta. 
La etiqueta "cogestión" estaría aquí fuera de lugar. 
En segundo lugar: a tenor de la propuesta originaria de la Comisión se ha puesto de manifiesto que es preciso regular el procedimiento de elección de los trabajadores para el consejo de supervisión y para el consejo de administración con arreglo a las respectivas disposiciones en vigor en los Estados miembros. 
De esta suerte, en Alemania debería darse una elección directa o indirecta de los miembros de los trabajadores en correspondencia con la elección de los miembros del Consejo de supervisión que contempla la ley alemana sobre sociedades anónimas. 
Estoy convencido de que es necesario no hacer diferencias en la elección. 
Según la sociedad anónima alemana los miembros son elegidos, según la sociedad anónima europea los representantes de los trabajadores no lo son. 
El presente reglamento y la presente directiva sacan la sociedad anónima europea del hielo de la legislación europea. 
No obstante, ambos instrumentos- en esto estoy de acuerdo con nuestro colega, el Sr. Mayer- muestran grandes deficiencias. 
Sin embargo, hemos de dar, de una vez por todas, el primer paso. 
Una vez transcurridos seis años ambos instrumentos jurídicos deberán ser analizados y, llegado el caso, deberán ser mejorados. 
El pié debe empujar la puerta y así el próximo golpe de viento abrirá la puerta. 
Creo que con este modelo europeo estamos en el camino correcto incluso en lo que atañe a la dimensión social del mercado interior. 
En efecto, el modelo europeo no es el de la economía de mercado pura y, por ende, tampoco el de la sociedad anónima pura, sino una sociedad anónima que implica también, precisamente, la participación de los trabajadores. 
. 
(NL) Señor Presidente, señor comisario, todos nos congratulamos de las propuestas que tenemos ante nosotros. 
Los Sres. Mayer y Menrad ya han puesto de manifiesto que aún no se sienten del todo satisfechos al respecto. 
Sin embargo, creo que podemos sentirnos felices en relación con este tema tan importante. 
Antes eran sobre todo las multinacionales americanas las que consideraban la ausencia de una sociedad europea como una desventaja, debido a que deseaban operar en toda Europa y no en cada Estado miembro por separado. 
Por este motivo, el profesor Sanders introdujo el concepto de Societas Europea hace treinta años con motivo de un discurso inaugural en la Universidad Erasmo de Rótterdam. 
Nos complace que la propuesta lleve encima de la mesa desde hace treinta años. 
Lamentamos que aún no se den las condiciones para que los sistemas fiscales europeos converjan algo más y se homologuen entre sí. 
Con esta afirmación no quiero decir que se deban armonizar los impuestos. 
Considero que la competencia fiscal- y el ancho de banda- debe mantenerse aunque opino que la sociedad europea necesita que los sistemas fiscales de los diferentes Estados miembros se encuentren adaptados entre sí. 
Aunque exista una sola empresa europea, en cada Estado miembro se deberá seguir trabajando con las legislaciones sociales y los sistemas fiscales correspondientes. 
En última instancia, será el mercado el que fuerce la creación efectiva de una sociedad europea, algo que en la actualidad se ve dificultado por la actuación descoordinada de los diferentes Estados Miembros. 
Por ello, opinamos que su existencia es positiva. 
Esperamos que esta posibilidad se evalúe rápidamente y creemos que al cabo de unos años tras dicha evaluación, el mercado sea el que determine finalmente dicho estatuto europeo. Será algo positivo para Europa, con el euro y el mercado interior. 
Señor Presidente, quisera felicitar al Sr. Menrad y al Sr. Mayer por sus informes. 
También quisiera secundar lo que ha dicho el Sr. Mayer acerca del fundamento jurídico. 
Ha habido personas que han tratado con rapidez pero sin cuidado de toda la cuestión del fundamento jurídico. 
Empezamos citando el artículo 95 como fundamento jurídico y luego hemos decidido que el fundamento jurídico era el artículo 308 porque así convenía a algunos. 
Eso no está bien, y el Parlamento tiene razón para decir que en algún momento tenemos que impugnar esa cuestión ante un tribunal. 
En cuanto a la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre el informe del Sr. Menrad acerca de la información y consulta de los trabajadores, me permitiré citar los dos ejemplos de Corus y BMW Rover. 
Lo primero que supieron los trabajadores en relación con la situación en que se hallaban fue cuando iban a trabajar y lo oyeron por la radio del coche. 
En estos días, y en estos tiempos, eso es totalmente intolerable. 
Hay que informar a los trabajadores desde el principio acerca de la situación en que se hallan sus puestos de trabajo porque son parte y parcela de su empresa. 
Digo lo que he dicho, pero yo debería saber cómo suceden esas cosas. 
Recuerdo que hace muchos años me presenté en mi lugar de trabajo y me encontré con que las puertas de la fábrica estaban cerradas con candado, y todos los trabajadores estaban fuera esperando. 
Alguien a quien habían envíado para decírnoslo nos comunicó que todos estábamos de sobra. 
Lo recuerdo con gran claridad porque los propietarios de la fábrica seguían viviendo en grandes casas, seguían conduciendo grandes coches, y seguían yendo de vacaciones. 
Yo era uno de los trabajadores de la fábrica y nueve meses después no había recibido todavía ninguna indemnización por el despido: lo único que recibí fue la paga que me debían. 
Ése es el tipo de situación en la que los trabajadores no deberían volverse a encontrar nunca. 
Por eso felicito al Sr. Menrad por haber dado ese pequeño paso en dirección a la información y la consulta de los trabajadores, porque es un paso en la buena dirección. 
No es un informe perfecto: volveremos a ocuparnos de la cuestión y sabremos mejorarla. 
Sin embargo, es un paso en la buena dirección y tiene todo mi apoyo. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, ya se ha dicho por qué la sociedad anónima europea tiene tanta importancia No quisiera añadir nada al respecto. 
Pero, por eso, hay que lamentar las circunstancias bajo las que aquella se ha dado y los problemas de los que hemos de ocuparnos aquí. 
Todos sabemos que la cumbre de Niza no ha sido un gran éxito y que ha mostrado más bien un resultado escaso en lo que respecta a las negociaciones del Tratado. 
Con esta sociedad anónima los Jefes de Estado y de Gobierno han creído poder ofrecernos algo que, al menos, como pequeño éxito de esta cumbre, por decirlo así, hace avanzar de nuevo un poco más a Europa. 
Básicamente, hay que celebrarlo. 
Sin embargo, hay que lamentar- hay que lamentarlo decididamente- que los Jefes de Estado y de Gobierno hayan hecho caso omiso del derecho, de la ley y del Tratado cambiando el fundamento jurídico bajo el lema de "nos hemos puesto de acuerdo ahora, el Parlamento no debe estorbar". 
Han sustituido el artículo 95, que claramente era el fundamento jurídico de una parte del proyecto, por el artículo 308 e, igualmente, han sustituido el artículo 137, que a tenor del texto del Tratado habría sido, sin duda, el fundamento jurídico de la otra parte del proyecto, por el artículo 308. 
El resultado es: ninguna codecisión. El resultado es: unanimidad en el Consejo y una decisión exclusiva del Gobierno. 
Personalmente, no creo que el Parlamento pueda aceptar esto. 
Por esta razón, en la Comisión de Asuntos Jurídicos hemos cambiado por gran mayoría el fundamento jurídico y hemos colocado de nuevo el fundamento jurídico correcto, es decir, el artículo 95 y también el 137. 
También es interesante que esto se argumentó así expresamente en los considerandos de la propuesta originaria y que los servicios jurídicos lo han defendido así. 
En las deliberaciones hemos procedido como en un procedimiento de codecisión. 
Quisiera prevenir al Consejo: si el Consejo modifica de nuevo en su segunda lectura el fundamento jurídico para este proyecto, entonces correrá el riesgo muy serio de que el Parlamento presente una demanda en este asunto. 
Creo que incluso ganaremos esta demanda ante el Tribunal de Justicia. 
De todas maneras, el valor práctico de este proyecto, según lo que sabemos, es más bien limitado. 
Les remito al escrito del Presidente del UNICE. 
En la comisión también nos hemos remitido a aquél. 
Hemos pedido las regulaciones fiscales en el marco de una revisión, y espero que esta revisión se produzca enseguida. 
Señor Presidente, respecto del reglamento mi Grupo y yo mismo, del cual fui ponente hace muchos años, decimos sí y amén, pero no porque estemos entusiasmados pues lo que aquí se nos presenta como sociedad anónima europea es algo inacabado. 
No habrá una sociedad anónima europea, sino 15 sociedades anónimas europeas. 
Un desbarajuste. 
No quisiera entrar en detalles. 
El Consejo ha confirmado lo que todos los gorriones pian en los tejados: él es el auténtico problema en la legislación europea. 
Él, el Consejo, y no la Comisión ni el Parlamento: el Consejo es el problema. 
Y aún quiere tomar decisiones por unanimidad y si para ello hay un fundamento jurídico- en este caso, el artículo 308- tanto mejor. 
En tal caso no se necesita al Parlamento. 
No obstante, como ha afirmado nuestro colega, el Sr. Lehne, vamos a comprobar con todo cuidado si este fundamento jurídico es adecuado y, en caso necesario, lo pondremos en manos del Tribunal de Justicia Europeo. 
El Derecho comunitario se reduce en manos del Consejo a una nueva especie de Derecho internacional, con la diferencia y con la ventaja, de que no debe ser ratificado por el Parlamento Europeo ni por los parlamentos nacionales. 
Tal es la estrategia del Consejo. 
¿Por qué debería ser, realmente, atractiva esta sociedad anónima europea? 
¿Por qué debería aprobarse? 
¿No es posible que a esta sociedad anónima europea le esté amenazando el mismo destino que a la patente comunitaria después del Convenio de Luxemburgo? 
En esta última el Consejo había logrado ponerse de acuerdo en un compromiso tras muchos años, y toda la industria, todos los participantes, no se interesaron por él. 
Posiblemente esto no va a ser de otra manera en esta modalidad de la sociedad anónima europea. 
¿Dónde están, en efecto, las ventajas? 
¿Por qué ha de constituir uno una sociedad anónima europea? 
¿Dónde están, por ejemplo, las ventajas fiscales? 
No las veo. 
Un comentario más: cabe que tras este fracaso se recurra de nuevo a la décima directiva sobre la fusión transfronteriza de sociedades anónimas, digamos que como complemento, pues nada se sostiene con esta sociedad anónima europea. 
Pero, cuidado, mis queridos amigos del Consejo y de la Comisión: entonces no se siguió nada de la décima directiva sobre la fusión transfronteriza de sociedades anónimas con la supresión de la cogestión y tampoco se seguirá nada esta vez. 
Una vez que hemos solucionado, por decirlo así, la sociedad anónima europea, quisiera recordar que ahora nos aguardan otras modalidades de sociedad: la asociación europea, la sociedad mutualista europea y la sociedad cooperativa europea. 
Espero que próximamente la Comisión formule las propuestas correspondientes. 
Señor Presidente, Señorías, me es grato intervenir en este debate para tratar de una propuesta clave para el proceso de la construcción europea. 
La posibilidad de contar con una auténtica sociedad anónima europea está dentro de la lógica que nos ha conducido a un mercado interior europeo, a una unión monetaria y a la última fase de la plena utilización del euro, que ya estamos alcanzando. 
Sin embargo, como ha recordado aquí uno de los ponentes, para llegar a esta lógica hemos tardado treinta años- poco más de treinta años- desde la primera propuesta, en el año 1970, hasta ahora. 
Mi observación en nombre del Grupo Liberal tiene un doble aspecto: por una parte, apoyaremos, lógicamente, la propuesta; creemos que constituye un avance dentro de los logros del proceso de construcción europea. 
Pero también hemos de decir, por otra parte, que no nos satisface; que, como se recoge en las enmiendas propuestas a ambos informes, la estructura que se propone para crear una sociedad anónima europea resulta aún demasiado compleja. 
Hay diversas opciones y las variedades de sociedad europea que pueden existir se pueden dar incluso dentro de un mismo Estado miembro. 
Se ha llegado a pensar que si se consideran las diversas formas y opciones y se hace un cálculo combinatorio, pueden resultar hasta doscientas figuras diferentes. 
Y esto- creemos- no es lo más oportuno para consolidar una sociedad europea que actúe de acuerdo con esta realidad que ya hemos conseguido gracias al mercado interior europeo y a la unión monetaria. 
Por ello, nosotros hemos presentado también en nombre del Grupo Liberal una serie de enmiendas dirigidas a consolidar esta figura clave para la propia Unión Económica y Monetaria y desearíamos vivamente que el Consejo las asumiese. 
Señor Presidente, señor comisario, unas palabras en nombre del Grupo Verde en torno a esta cuestión. 
Justo antes de las vacaciones pasamos por una situación dolorosa en relación con la directiva relativa a las absorciones, en concreto debido a que gran parte de este Parlamento no aceptaba el apartado social. 
En este sentido, podemos ser muy claros. 
En este caso, la directiva es clara, aunque me adhiero al señor Rothley y a los demás en la opinión de que aún resulta insuficiente. Sin embargo, esto se debe a otras muchas cuestiones. 
Nos hubiera gustado que la directiva relativa a las fusiones y la directiva relativa a la sociedad europea constituyeran una especie de bloque en el que se regulasen adecuadamente y de forma simultánea cuestiones relacionadas con la participación de los trabajadores, la información y el asesoramiento. 
En este momento, nos encontramos ante la difícil situación de que los acontecimientos se suceden y que no somos capaces de evaluar su coherencia. 
Obviamente, estamos a favor de que, el marco de lo que llamamos "un modelo social europeo", se haga algo con las normas de información y consulta que se adjuntan a los informes de los señores Menrad y Mayer, y que, por otra parte, me parecen magníficos. 
No queremos que este proceso se lleve a cabo aplicando el método anglosajón, tal y como expresen en relación con la directiva sobre fusiones. 
Si efectuamos en estos momentos una comparación entre el modelo de comité de empresa europeo actual y las normativas que estamos tratando en relación con la información y las consultas, el modelo actual resulta más ventajoso. 
Sin embargo, tal y como se desprenderá del expediente, la mejora del modelo de comité de empresa europeo aún esta pendiente. Se deben cambiar muchas cosas, por lo que no sé exactamente cuál será el resultado. 
Por lo tanto, nos mostrados finalmente de acuerdo con este enfoque. 
En lo que respecta a la información y a las consultas, abogamos obviamente por lo que se conoce como las "Relaciones Laborales Renanas". Aceptamos la presente propuesta como una directiva de mínimos, por expresarlo de algún modo. 
La incorporación a las legislaciones nacionales resultará clave para una serie de países, y pienso en Austria, Alemania y en los Países Bajos, debido a que allí existen normativas mejores y la adaptación podría ser compleja. 
Por último, quisiera señalar que apoyo la enmienda 7 del señor Menrad en lo que respecta a la definición de la participación. 
Constituye todo un reto para el comisario continuar en esta línea y sentar los fundamentos jurídicos de forma correcta. 
Señor Presidente, después de 30 largos años de negociaciones, los Ministros de Empleo y de Asuntos Sociales consiguieron llegar a un acuerdo el pasado mes de diciembre acerca del Estatuto de una sociedad anónima europea. 
Desde hace mucho tiempo se ha considerado que la creación de una sociedad anónima europea revestía importancia esencial para un amplio acervo de legislación europea sobre empresas que promueve el comercio. 
En un entorno comercial cada vez más mundializado, la creación de la sociedad europea es muy oportuna. 
El capital se desplaza con facilidad a través de las fronteras a medida que las empresas multinacionales buscan los lugares más atractivos para instalar sus locales. 
La Unión puede ser muy útil para la creación de un mercado único de productos, servicios y capitales. 
Hace mucho tiempo que es necesario crear una sociedad europea que complemente esa situación. 
Los diputados de este Parlamento provienen de 15 Estados soberanos diferentes y saben muy bien que el derecho de sociedades varía muchísimo de un Estado miembro a otro. 
Por eso me agrada mucho que este reglamento prevea cinco formas diferentes de establecer una sociedad anónima europea. 
El derecho de sociedades de los Estados miembros acepta dos sistemas diferentes de gestión de la sociedad. 
El reglamento propone que esos dos sistemas estén disponibles en cada país, o sea que las sociedades podrán elegir el método que mejor se adapte a sus necesidades. 
En vista de la desaceleración de la economía de los Estados Unidos primero y consiguientemente de la economía mundial, es esencial que nosotros, en nuestro papel de legisladores, hagamos todo lo que podamos por facilitar la creación de empresas y de puestos de trabajo. 
La creación y gestión de las sociedades anónimas europeas tienen que llevarse a cabo con el menor número posible de impedimentos y de obstáculos burocráticos. 
Las sociedades tienen que poder contar con la flexibilidad que necesitan para conservar la agilidad de funcionamiento y para poder operar sin trabas en un entorno sumamente competitivo. 
El ponente se refiere a la cuestión de la fiscalidad. 
Tiene que quedar bien sentado que la política fiscal es de la incumbencia de cada Estado miembro y de su Parlamento nacional. 
Toda propuesta de que las sociedades anónimas europeas abonen un impuesto sobre las sociedades y de que las cantidades recaudadas vayan a las arcas de la Unión Europea es totalmente inaceptable. 
El Gobierno irlandés tiene una política de baja imposición sobre las sociedades a fin de estimular las inversiones. 
Nuestra tasa del 12,5 % ha demostrado su razón de ser porque en realidad ha incrementado los ingresos fiscales al mismo tiempo que promovía el desarrollo sostenido. 
Irlanda no puede aprobar ninguna sugerencia en favor de armonizar las tasas de los impuestos sobre las sociedades, especialmente en el presente período de desaceleración económica. 
Quisiera felicitar al Sr. Menrad y a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por su labor en relación con los derechos de los empleados. 
En Europa hace tiempo que preconizamos que lo que mejor funciona es un método de asociación. 
Las sociedades cuentan con sus empleados. 
No cabe aceptar ninguna erosión de derechos laborales que se hayan adquirido con el tiempo. 
Una sociedad anónima europea sin ningún tipo de participación es algo impensable. 
Hay diversos modelos de implicación de los trabajadores. 
Conviene que el reglamento evite todo enfoque basado en que un sólo número de zapato vale para todos los pies. 
Para acabar diré que el grado de implicación de los empleados se decidirá en negociaciones libres entre las sociedades de que se trate y sus trabajadores. 
Señor Presidente, tomo la palabra esta tarde por mi colega Lord Inglewood, que ha estado ocupándose de esta cuestión en nombre del Grupo conservador británico y que desgraciadamente se ha visto retrasado debido a lo inadecuadas que son las comunicaciones por avión entre Bruselas y Estrasburgo. 
En términos generales, diré que me agrada esta propuesta por su pragmatismo. 
No me detendré a pensar en lo que hubiera podido ser. 
Voy a hacer unas cuantas observaciones al Comisario acerca de la aplicación de esta propuesta porque es un notable progreso que consigamos colocar algo en la plaza de mercado- que es como debemos considerar esta cuestión- pues las sociedades podrán optar por adoptar o no adoptar esta forma de estatuto de la sociedad. 
Es totalmente pragmático y práctico que contemos inicialmente con una propuesta que estará sometida a la decisión de los gobiernos de los 15 Estados miembros. 
Quisiera indicar al Comisario que hay que prestar mucha atención para conseguir que las normas del estatuto de esta nueva sociedad se apliquen con coherencia en todos los Estados miembros. 
Actualmente aplicamos de manera inconsistente el derecho de sociedades de las regulaciones actuales de los Estados miembros a cuestiones tales como la publicación de información, la publicación periódica de las cuentas, y la presentación de cuentas; todos esos aspectos se están aplicando actualmente de formas diversas. 
Hay que aplicar este nuevo estatuto de la forma más uniforme posible y tenemos que cerciorarnos de que los tribunales de los Estados miembros que se ocupen de ello posean la capacitación y la formación necesarias para conseguirlo. 
Me sumo asimismo a lo que han dicho mis colegas acerca de las cuestiones relacionadas con la fiscalidad y el derecho de sociedades. 
Al final de su excelente informe, el Sr. Mayer dice con mucha sensatez que es partidario de embarcar al estatuto de la sociedad anónima europea en una especie de viaje inaugural. 
Bueno, es verdad que eso nos indicará si hay que hacer alguna reparación, pero no hay que depositar excesivas expectativas en un viaje de ese tipo; por ejemplo, no hay que esperar que haya una alineación del derecho de sociedades, y aún menos una armonización fiscal. 
Me sumo a los colegas que han dicho que ese concepto puede ser muy peligroso. 
No hay que sobrecargar este estatuto con esperanzas que no está destinado a convertir en realidad, pues de lo contrario se irá a pique muy rápidamente. 
Señor Presidente, en referencia a la última intervención del Sr. Harbour, he de decirle que no hay mucho peligro de que el barco se hunda, porque el barco va muy ligero. 
Yo no he visto un reglamento o una propuesta de reglamento tan ligera como ésta. 
Tan ligera que prácticamente no vamos a tener armonización social. 
Como ha dicho el Sr. Rothley, lo que vamos a tener son quince leyes nacionales diferentes sobre la sociedad europea, quince sociedades europeas diferentes y, como dijo el Sr. Gasòliba i Böhm, vamos a tener doscientas y pico combinaciones posibles de diferentes tipos de sociedades. 
Realmente es el tipo de legislación más soft que he visto en mi vida. 
En segundo lugar, el Consejo pretende quitarnos la facultad legislativa: el Sr. Gallagher hablaba de actuación como legisladores. 
Si seguimos la vía del Consejo, el Parlamento será privado de todo poder legislativo. 
Creo que el Parlamento, probablemente, seguirá la vía correcta si impugna esta decisión ante el Tribunal de Justicia, porque no se pueden modificar los tratados unilateralmente por parte de una de las instituciones comunitarias. 
En tercer lugar, como ha señalado antes del Sr. Rothley, el tipo de sociedad europea que vamos a crear no va a proporcionar ninguna ventaja especial, sobre todo no va a proporcionar ninguna ventaja fiscal; si no nos movemos en el ámbito de la fiscalidad, va a ser muy difícil que se induzca a la creación de sociedades europeas y, por tanto, me parece muy importante, como han propuesto la mayor parte de los oradores que me han precedido, que se incida en el ámbito fiscal. 
El Sr. Harbour hablaba de la posibilidad de que el barco se hundiera. 
Yo diría que el peligro que tiene el barco más bien es que por falta de lastre dé la vuelta. 
El Sr. Harbour tiene probablemente alguna experiencia naval y sabe que, cuando un barco no lleva peso ninguno, lo más fácil es que el barco capote, que caiga de lado y se hunda por otras razones. 
Por tanto, me parece que lo importante en este momento es: primero, insistir en las prerrogativas del Parlamento desde el punto de vista jurídico, y, en segundo lugar, insistir en que para que haya un Derecho de sociedades europeas conviene también incorporar los aspectos fiscales. 
Sin fiscalidad será muy difícil que desarrollemos un Derecho económico europeo, un Derecho social europeo y un Derecho mercantil europeo. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva sobre la inclusión de los trabajadores en la sociedad europea nos ofrece, por primera vez, la oportunidad de fijar a escala europea una definición precisa de lo que se entiende por derecho de información, consulta y participación de los trabajadores en todas las empresas. 
Subordina la inscripción en el régimen de comercio de una compañía que escogiera ese nuevo estatuto a la conclusión de un acuerdo negociado sobre la inclusión de los trabajadores. 
En esas condiciones, el Grupo de los Verdes no anda con reparos, apoya el informe del Sr. Menrad, sus propuestas para una adopción rápida y una aplicación eficaz de esta directiva. 
Por supuesto, lo haremos convencidos de que esta condición necesaria dista mucho de ser suficiente para que se pueda considerar que la legislación europea responda verdaderamente a las necesidades que hoy existen. 
Una vez llevada a cabo la votación, habrá que continuar y volver a trabajar en el asunto. 
En efecto, como saben, esta directiva sólo se aplicará en el futuro a los trabajadores de las empresas que elijan ese nuevo estatuto, o sea, una pequeña minoría. 
Por eso debemos evitar cualquier triunfalismo y anuncio efectista. 
No habremos progresado hasta que hayamos, , aprobado simultáneamente esta directiva, revisado la directiva de la que hablaremos a continuación sobre comités de empresa europeos y aprobado la directiva sobre la información y consulta a los trabajadores en condiciones que difieren un poco de la posición adoptada por el Consejo. 
Para que ese trabajo legislativo se realice en condiciones que garanticen un verdadero debate, social y ciudadano, hace falta recurrir al procedimiento de codecisión. 
Quiero subrayar a este respecto que el Grupo de los Verdes rechaza la presión que lleva de hecho a limitar su derecho a legislar so pretexto de eficacia y de rapidez, tanto más cuanto que se trata de un expediente ya antiguo, como todos saben. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a los dos ponentes por el trabajo desarrollado que, si con toda seguridad, para los estudiosos, no alcanza el cenit ni el punto álgido que sería de esperar, sin embargo supone avances importantes en el desarrollo de lo que en el futuro será una auténtica sociedad anónima europea y, por lo tanto, llena del contenido que debe responder a este concepto. 
Max Weber definía la empresa como la organización que, controlándolos, tiene por objeto la producción de bienes y servicios para un mercado. 
Obviamente, la titularidad de la empresa puede ostentarla tanto una persona física como una persona jurídica, y es práctica generalizada, también derivada de la voluntad del empresario individual de limitar su responsabilidad- sobre todo patrimonial- frente a terceros, que las empresas de alguna entidad económica adopten la forma de sociedad. 
Por supuesto, la empresa significa pluralidad, organización de bienes, pero sobre todo de servicios. 
Lógico es, por lo tanto- y me refiero fundamentalmente a los aspectos sociales -, que se estudie, analice y regule especialmente la implicación de los trabajadores en el estatuto de la sociedad anónima europea y que en un sistema dualista, con junta general y órgano de dirección o supervisión, o en un sistema monista, con órgano de administración simplemente, se tengan en cuenta, se escuchen y se reciban el sentir y el saber de los trabajadores a través de sus representantes, y que los trabajadores conozcan la marcha de la empresa, los riesgos, las vicisitudes o los objetivos que persigue. 
No puedo, por razones de tiempo, y creo que tampoco es necesario, referirme a las formas y grados de participación, al órgano negociador ni al papel reservado a la sociedad anónima europea en la estructuración y vertebración de la vida social europea. 
Pero permítame referirme al papel de los representantes de los trabajadores en el momento del cierre de todos o parte de los establecimientos en una o varias naciones, las relaciones de personal, la creación de las sociedad filiales, en general, a todas las decisiones trascendentales para la vida ordinaria de la empresa. 
También son relevantes el período transitorio de tres años, un alto grado de uniformidad en las disposiciones de aplicación del Reglamento y la transposición de la directiva, que refrendarían la razón de ser, facilitarían la figura de la sociedad anónima europea y ayudarían a hacer más Europa, beneficiando a las empresas, al empleo y a los consumidores. 
Señor Presidente, es este tema es preciso remitirse también necesariamente a los acontecimientos ocurridos en Génova. 
La violación de los derechos humanos nos va a ocupar más tarde. 
Esta tarde quiero referirme a la protesta de decenas de miles de personas, jóvenes, sobre todo, contra la globalización y la dominación económica. 
Hemos de tomar más en serio que hasta ahora sus preocupaciones acerca de la creciente división del mundo en pobres y ricos y sobre la explotación de nuestros recursos naturales. 
Justamente porque muchos problemas no pueden ser solucionados en el plano nacional, la Unión Europea tiene la tarea específica de controlar las acciones económicas y financieras incontroladas. 
Hasta ahora ha asumido esta función con mucha vacilación. 
Una de las numerosas posibilidades que tenemos es la consolidación legal de la participación de los trabajadores, de la información y de las consultas, antes de que se adopten las decisiones. 
Pero la sociedad anónima europea- en realidad una idea necesaria y también muy significativa en el mercado interior europea- nos resulta aceptable para los socialdemócratas europeos sólo a condición de que se incluya pertinentemente a las trabajadoras, a los trabajadores y a sus sindicatos. 
Las decisiones de las empresas sólo estarán bien concebidas una vez que se hayan incluido los puntos de vista de los trabajadores. 
La gerencia sola no puede adoptar ninguna decisión compartible. 
Los numerosos fracasos de fusión y los incidentes en la Renault en Vilvoorde, en la Danone, en Marks& Spencer y en otras empresas en tiempos pasados son una buena prueba de ello. 
Quisiera dar a posteriori mis más cordiales gracias al Gobierno francés porque ha encontrado un compromiso y, al final, ha convencido también a los españoles de que este proyecto legal debe ponerse en marcha. 
Quisiera criticar el procedimiento fijado por el Consejo. 
En este punto comparto la crítica de la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero quisiera decir, Sr. Lehne, que no he encontrado demasiado concluyente su exposición de motivos pues el Consejo, ciertamente, ha debido contar con el apoyo del Parlamento. 
Hemos seguido también este procedimiento de manera continuada y constructiva en el trabajo en comisión. Por nuestra parte no habría fracasado. 
Por consiguiente, el cambio de fundamento jurídico no tenía, en absoluto, ningún motivo. 
Comparto la crítica y creo que el Consejo debería pensarse esto seriamente y también debería argumentarlo mejor. 
En efecto, hasta hoy no hemos escuchado las razones para el cambio del fundamento jurídico. 
Quisiera dar las gracias al Sr. Menrad porque junto con nosotros ha conducido este informe de manera ininterrumpida y constructiva hasta su votación en la Comisión de Asuntos Sociales. 
Le doy las gracias también por haber aceptado algunas concreciones de mi Grupo. 
Sin embargo, creo, Sr. Menrad, que estamos de acuerdo en que nosotros no podemos aceptar la enmienda 12. En todo caso, lo he recomendado a mi Grupo. 
Finalmente, quiero hacer un llamamiento a que mañana se vote por gran mayoría a favor de esto, a fin de que esta nave- como ha dicho un colega- sea puesta a navegar, a pesar de algunas reservas y también de algunas incoherencias, algo que también queremos decir. 
Sin embargo, creo que sería oportuno que justo antes de la entrada en circulación del euro se ponga en marcha también una ley que tenga en cuenta a los trabajadores, que incluya sus intereses. 
La revisión prevista no tiene por qué esperar seis años, la podemos hacer antes. 
Señor Presidente, ¿es buena o mala la directiva sobre la Sociedad Anónima Europea? 
Al saber que tenía que intervenir, esta noche he soñado con ser su Señoría, el Sr. Fatuzzo. 
Sin embargo, era un diputado Fatuzzo con el pelo más blanco, más viejo y también era rico, muy rico, extraordinariamente rico, tan tico que me bañaba en oro, como el Tío Gilito. 
Y conmigo se bañaban en oro el ponente, y también usted, señor Presidente. 
Sí, soñé que los tres nos bañábamos en monedas de euros. 
¿Por qué? 
Porque me había vuelto rico, puesto que, tras la aprobación de la Sociedad Anónima Europea, me había convertido en un industrial, había construido fábricas en toda Europa y había constituido la sociedad europea con sedes en todos los quince Estados de Europa. 
Esta directiva está tan bien hecha y abre un camino que llevará a mucha gente a enriquecerse que yo- que había sido el primero en crear una sociedad europea en todos los Estados- me había vuelto rico, mejor dicho, extraordinariamente rico. 
Entonces, señor Presidente, para terminar mi intervención de apoyo a esta directiva, no puedo sino invitar al Sr. Menrad que desde hace tantos años lleva trabajando en la elaboración de su informe y de esta directiva, y también a usted, señor Presidente, a darse un chapuzón en mi piscina llena de euros, en el castillo de mi propiedad para pasar unas vacaciones conmigo. 
Señor Presidente, la doctrina jurídica y la política discuten mucho sobre el modelo social europeo y habría que decir que, al menos en lo que respecta a los derechos colectivos que regulan las relaciones industriales y las laborales, el Derecho social europeo, como vemos esta tarde, se encuentra en el trance de un parto muy dificultoso, después de un embarazo que ha durado treinta años. 
Quisiera recordar también que al calor del Tratado de Maastricht y del Protocolo Social, desde el año 1974 solamente hay un instrumento legislativo aprobado a nivel de la Unión Europea. 
Por tanto, los que tenemos las antenas orientadas hacia lo que piensan millones y millones de trabajadores, hoy podemos estar satisfechos porque se produce esta segunda aproximación, luego veremos también la reforma del Estatuto. 
Pero, señor Presidente, como mínimo tenemos que decir que vamos excesivamente lentos y tan llenos de prevenciones y precauciones (por lo que respecta a algunos países representados en el Consejo, entre otros el mío) que, sinceramente, al final hemos asistido a un "parto de los montes". 
Aquí tenemos el nacimiento de un ratoncito. 
Pero yo lo voy a apoyar, como es lógico. 
Después de tanta sequía cae esta pequeña gota de agua fresca que, aunque sea todavía muy insuficiente, viene a eliminar esta tremenda angustia que tienen también nuestros ciudadanos. 
Lo que ocurre en Europa- quiero recordárselo a los señores del Consejo- tal como ha dicho la Sra. Weiler, lo que ocurre en Europa y en todo el mundo es que la gente está angustiada viendo que los avances sociales que habían conseguido a nivel de cada país, el proceso de mundialización, el proceso de globalización, el proceso de construcción de la Unión Europea- mañana el de la ampliación de dicha Unión- no pueden ser ocasión, de ninguna de las maneras, para retroceder en los avances sociales. 
Y, sin embargo, vemos cómo muchos gobiernos, cómo una parte de la opinión política, y también una parte del empresariado, pretenden ahora eliminar buena parte de las conquistas que se habían hecho a nivel nacional. 
Quiero felicitar al Sr. Menrad porque ha defendido, desde posiciones de la mejor historia de la democracia cristiana, junto con la historia nuestra- socialdemócrata -, conquistas sociales hechas en su país de origen y destinadas a toda Europa. 
Esa debe ser nuestra perspectiva: avanzar y ponernos en la dirección de los países más avanzados, y no de los más retrasados; tomar los argumentos de los que están pensando en los ciudadanos, en los trabajadores, y no de los que están pensando en cómo eliminar conquistas históricas de esos ciudadanos y de esos trabajadores. 
Por tanto, señor Presidente, a pesar de muchas dudas, de las dudas relativas al fundamento jurídico- creo que deberemos realizar un esfuerzo para defender los derechos del Parlamento- no debemos frenar ni un segundo más una legislación social que, junto con la directiva de información y consulta, debe avanzar rápidamente. 
Y ya habrá tiempo, con la experiencia, de mejorar las actuales insuficiencias. 
Señor Presidente, comenzaré por referirme brevemente a observaciones hechas desde el otro lado de la sala por el Sr. Medina Ortega, que se ha quejado de lo que no se menciona en este reglamento, en particular la armonización social y la armonización fiscal, omisiones que yo, personalmente, apruebo. 
Ahora bien, desde los diferentes lugares que ocupamos en esta sala, realmente no deberíamos quejarnos de lo que no se menciona en este reglamento. 
Deberíamos alegrarnos de lo que se menciona, que es la posibilidad de que, después de 30 largos años, pueda entrar en vigor el estatuto de una sociedad anónima europea. 
Como ya se ha dicho, se trata de un reglamento facultativo. 
No sabemos en la actualidad a cuántas sociedades les interesará poner en marcha una sociedad de ese tipo, ni qué complicaciones pueden encontrar en la legislación si deciden hacerlo. 
Tampoco sabemos a cuántas sociedades podría interesar esta cuestión pero no se deciden a iniciar la creación de esas sociedades, debido también a las complicaciones que pueda presentarles la legislación. 
Es posible que sean necesarios otros cambios. 
He discutido con uno de los ponentes, el Sr. Menrad, la idea de incluir en su informe una enmienda en el sentido de que este reglamento se examine de nuevo dentro de un plazo razonable de tiempo para ver qué mejoras puedan ser necesarias a la luz de la experiencia. 
Al Sr. Menrad le agradaría secundar la idea, pero muy sensatamente sugirió que una enmienda de ese tipo debería figurar en el cuerpo principal del informe sobre el estatuto, o sea en el informe de Hans-Peter Mayer. 
Sobre la base de esa sugerencia no he presentado aquí una enmienda pero pongo de relieve la enmienda 16 del informe Hans-Peter Mayer que abarca concretamente todas las cuestiones, incluidas, por lo tanto, las cuestiones referentes a consultas. 
Muy a menudo las normas legislativas de la Unión Europea parecen ser de piedra. 
Necesitamos ser mucho más ágiles, más ligeros de pies. 
Eso debería ser la regla y no la excepción. 
Señor Presidente, permítame en primer lugar felicitar a nuestro ponente y agradecerle la tenacidad y la eficacia de las que dio prueba en este informe relativo a la participación de los trabajadores que durante muchos años fue un escollo en las negociaciones sobre el estatuto de la sociedad europea. 
Mientras que nuestra primera propuesta de reglamento remonta a 1970, tuvimos en efecto que esperar hasta el Consejo Europeo de Niza para que por fin se lograra un acuerdo sobre un proyecto de directiva relativa a la participación de los trabajadores por la que se completa el proyecto de reglamento sobre el Estatuto de la sociedad europea. 
En el Consejo del 20 de diciembre se logró, por consiguiente, un equilibrio frágil. 
Es importante velar por la preservación de ese equilibrio. 
Por esta razón parece difícilmente aceptable la enmienda 4, que obliga a los Estados miembros a tomar las medidas adecuadas para prever negociaciones en caso de reestructuración. 
En efecto, equivale a poner en tela de juicio el acuerdo logrado a duras penas. 
Lo mismo ocurre con la enmienda 7 que tiende a suprimir la enumeración limitativa de los derechos del órgano que representa a los trabajadores en materia de participación, lo cual en la práctica lleva a establecer un sistema de participación que no toma en cuenta las particularidades nacionales y cuestiona el mecanismo de protección de los derechos de participación contemplados en el Anexo de la directiva. 
Hace más de 30 años que los actores sociales y económicos esperan el Estatuto de la sociedad europea. 
Por lo tanto, queridos colegas, cuidemos de responder a la necesidad de sencillez y también de flexibilidad expresadas por las empresas y, por consiguiente, de no complicar este Estatuto añadiendo nuevas obligaciones que pudiesen llevar las empresas interesadas, y en particular las pequeñas y medianas empresas, a renunciar a la utilización de ese nueva herramienta a su servicio. 
Señor Presidente, señoras y señores, ante todo, quisiera felicitar cordialmente a los dos ponentes, al Sr. Menrad y al Sr. Mayer, y también, de manera especial, a los Sres. Gasòliba, Rothley y Lehne, que han añadido aspectos específicos. 
Celebro que se discutan conjuntamente los informes Mayer y Menrad, pues ello manifiesta que nos hemos esforzado en vivir la economía social de mercado y no en enfrentar la política social a la política económica, y en sentar una señal de comunidad considerándolas factores mutuamente complementarios. 
¿Sobre qué condiciones marco se basa esta sociedad anónima europea? 
La globalización nos hace patente la ausencia de fronteras. 
El mercado interior está, ojalá, a punto de su realización, la ampliación une al continente y la Unión Económica y Monetaria con el euro, como expresión visible de la Europa que crece conjuntamente, como señal de la creciente identidad europea, como señal de la voluntad de entrar de manera decidida y fuerte como Unión Europea en el mercado mundial, estrena billetes y monedas. 
Estamos de acuerdo en los objetivos. Sin embargo, la puesta en práctica es a veces un tanto tibia. 
Ahí están términos tales como el fundamento jurídico, la ausencia de regulación fiscal europea, la necesidad de una discusión sobre la modernización de la normativa sobre las fusiones. 
Muchas tareas no son realizadas en los Estados miembros con el ritmo necesario ni con la decisión requerida. 
Las competencias- piénsese en la unanimidad- responden a realidades de política de poder, pero no a necesidades de la política europea. 
En consecuencia, quiero instar al Consejo Ecofin a que se ocupe de la tributación fiscal comunitaria, de las necesarias regulaciones fiscales y que se ocupe menos de formular propuestas que conducen a socavar el pacto de estabilidad y a debilitar el euro. 
Información y consulta de los trabajadores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0282/2001) del Sr. Menrad, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el informe de la Comisión sobre el estado de aplicación de la directiva relativa a la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (Directiva del Consejo 94/45/CE de 22 de septiembre de 1994) (COM (2000) 188- C5-0437/2000- 2000/2214 (COS) ). 
. (EN) Señor Presidente, estamos examinando el estado de aplicación de la directiva relativa a la constitución de un comité de empresa europeo hasta 1996, es decir, hasta antes de que el Reino Unido y la República de Irlanda firmaran dicho acuerdo. 
La experiencia hasta ese momento fue positiva, y esta directiva ha aportado sin duda alguna claros beneficios. 
Ahora bien, los últimos acontecimientos han indicado algunas deficiencias de la directiva sobre comités de empresa, particularmente en relación con la reestructuración, pues hemos podido presenciar varios casos recientes de reestructuración fundamental de sociedades multinacionales en los que no se ha consultado a los trabajadores. 
Debemos tener en cuenta que, antes incluso de que se aprobara esa directiva, el Tribunal de Justicia había preconizado en varios casos que los comités de empresa eran partes interesadas a los efectos de llevar a cabo un control de las fusiones. 
Esto presupone la obligación de informar y consultar por parte del empleador. 
Nos gustaría que se reforzasen las disposiciones de la directiva en relación con las consultas en caso de reestructuración. 
La Comisión se refiere también en su informe a la imprecisión del requisito de que haya una reunión de información y consulta con los trabajadores lo antes posible en caso de que surjan circunstancias excepcionales que afecten a los empleados. 
Eso también requiere una formulación más precisa. 
El artículo 27 de la Carta de Derechos Fundamentales dice que a los trabajadores se les debe garantizar información y consulta "a tiempo", lo que es una interpretación más estricta que "lo antes posible". 
La Comisión de Asuntos Jurídicos desearía que se reforzase el texto en relación con ese asunto. 
Además, estimamos que a los trabajadores a tiempo parcial se les trata de forma diferente en los diferentes Estados miembros. 
Nos gustaría que la Comisión investigase ese aspecto, así como la cuestión del tiempo libre para participar en las actividades de los comités de empresas, que también es diferente según los Estados miembros. 
Esto debería aplicarse también respecto de la cuestión de la formación en el trabajo, que también varía considerablemente. 
Nos gustaría que la Comisión presentara propuestas para conseguir que en los Estados miembros se armonizaran las cuestiones relativas a la formación, a fin de conseguir que los representantes de los trabajadores pudieran presentar su caso con la mayor efectividad posible. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Industria, quisiera en primer lugar dar las gracias al Sr. Menrad por haber tenido a bien tomar en cuenta lo esencial de las propuestas presentadas por nuestra comisión, y en particular- y no me extenderé sobre este punto- en lo que se refiere a la definición de la información, la consulta, el reforzamiento del procedimiento y del papel de los sindicatos, la reducción del valor umbral para la constitución de esos comités y la reducción de los plazos para la constitución de los comités de empresa europeos. 
Permítanme sin embargo hace hincapié en tres puntos que me parecen importantes. 
El primero estaba mencionado en nuestro párrafo 12: se trata de la referencia a la directiva de 1998 sobre los despidos por razones económicas que prevé la posibilidad, para los representantes de los trabajadores, de recurrir a una autoridad competente basándose en la información transmitida por la dirección de la empresa, cuando estiman que no se han buscado soluciones alternativas para evitar despidos, cierres de establecimientos o que la legalidad del procedimiento es cuestionable. 
Creo que, ya que hoy se trata de problemas que surgen en empresas de dimensión europea, incluso a veces en el caso de fusiones-adquisiciones autorizadas por la Comisión y su Dirección de Competencia, la cuestión que se plantea y que además fue abordada a raíz del asunto Marks& Spencer por la Sra. Diamantopoulo, su colega comisaría para Asuntos Sociales, es la posibilidad, para los trabajadores, sus representantes y los comités de empresa, de poder recurrir a la Comisión Europea valiéndose del hecho de que a veces no se hace caso del derecho social al tratarse de operaciones meramente financieras y bursátiles. 
Desde ese punto de vista, me adhiero a la enmienda 5 de la Sra. Ainardi y de la Sra. Figueiredo, a favor de la cual personalmente votaré. 
El segundo punto, que está relacionado con esta enmienda, es el de las sanciones. 
Creo que debemos prever no solamente sanciones importantes y disuasivas sino decir- y esto está sobreentendido en uno de los párrafos del Sr. Menrad pero me hubiera gustado que fuese más preciso para que los trabajadores y los ciudadanos lo sepan, -que cuando hay incumplimiento de los procedimientos de información y consulta, las decisiones de supresión de empleos o de cierre de establecimientos pueden ser anuladas. 
Concluiré, al igual que el Sr. Menrad, pidiendo a la Comisión que entienda la urgencia de esta solicitud del Parlamento de no esperar hasta el año 2002 y de emitir una propuesta de acuerdo con la voluntad muy mayoritaria de nuestros Grupos de que sean reforzados los derechos de los trabajadores en las empresas de dimensión europea. 
Señor Presidente, mi colega el Sr. Menrad ha consagrado mucha reflexión a su trabajo y plantea algunos asuntos interesantes en relación con los aspectos positivos y las deficiencias de la actual directiva. 
Sin embargo, cabe destacar que algunos países no pusieron en vigor la directiva hasta el año pasado y que por lo menos un país no ha aplicado todavía algunas de sus disposiciones. 
Es evidente que las sociedades y sus empleados necesitan todavía algún tiempo para finalizar el proceso de aprendizaje involucrado en el establecimiento de comités de empresa en la Unión Europea. 
Un cambio prematuro de las normas no puede sino provocar confusión, aunque es de clara utilidad para la Comisión y el Consejo que tomen nota de los pareceres del Parlamento en este momento. 
Como sabe el ponente, soy un adalid de la información y de la consulta. 
Apoyo el principio de los comités de empresa, y comparto su deseo de que este principio tenga éxito. 
Ahora bien, como también sabe el ponente, no estoy contento en absoluto con algunos elementos de su informe. 
Sigo pensando que va demasiado lejos por lo que se refiere a las sanciones por reducir los límites inferiores en términos de dimensiones de las sociedades y- francamente- en querer imponernos el programa de trabajo de los sindicatos como finalidad en sí mismo, en vez de como medida encaminada a promover los intereses de los empleados. 
Por esas razones he presentado cuatro enmiendas para las cuales he obtenido ya un determinado grado de apoyo entre los partidos, y propongo también que se vote en contra de los puntos 5 y 7, como sabe el ponente. 
Habiendo dicho lo que antecede, doy gracias al ponente por haber acomodado algunas enmiendas en la comisión parlamentaria y confirmo que sigo siendo partidario de votar en favor de todo su informe, a pesar de las graves preocupaciones que suscita en mí, si el Grupo PPE-DE apoya dos de mis enmiendas, concretamente las enmiendas 1 y 3, como ya hemos discutido. 
De esta manera podríamos demostrar que nuestro propio comité de empresa mini­europea, formado por un ponente alemán, un coordinador neerlandés de grupo y un servidor, del Reino Unido, ha dado un buen ejemplo de consecución de un resultado positivo. 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, dar las gracias al Sr. Menrad por el exhaustivo trabajo que ha realizado a la hora de elaborar este informe, también a través de las audiencias que ha organizado junto con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en orden a un examen exhaustivo de la transposición de esta directiva. 
De este trabajo se deduce que, sin duda, la transposición en los ordenamientos nacionales es, en general, positiva y que en aproximadamente 2.000 empresas europeas ya se ha constituido un comité de empresa europeo. Gracias a la directiva, en muchas empresas ha sido posible conseguir resultados encaminados a eliminar los obstáculos a la información y a la consulta. 
Y no solo esto: la inmediata intervención de los comités de empresa en algunos procesos de toma de decisiones ha dado, sin ningún género de dudas, resultados positivos, ante todo para los trabajadores, en temas como la salud, la seguridad, la igualdad de oportunidades, pero también para las empresas en términos de reducción de los conflictos. 
Dicho esto, el informe Menrad, que compartimos y respaldamos, pone de manifiesto también una serie de lagunas de la propia directiva, en las que considero absolutamente necesario que la Comisión pueda intervenir cuanto antes para modificarla. 
Quisiera subrayar en particular tres elementos que, además de aquellos que algunos colegas ya han mencionado, se me antojan los puntos más delicados en los que es preciso intervenir de manera muy puntual. 
Ante todo, los plazos de información: en la directiva no existe una indicación clara respecto a la inmediatez de la información y nosotros, en estos años- con frecuencia hemos hablado de ello en el Pleno- hemos aprobado resoluciones, pero, lamentablemente, hemos tenido muchos ejemplos negativos: trabajadores que se enteran por la prensa de su destino o que se encuentran con una decisión definitiva de las empresas. 
Podríamos mencionar al respecto casos como Ahlston, Adb, Marks& Spencer y muchos otros. 
Entonces, ante esta realidad, es absolutamente necesario que la directiva sea más precisa y que determine los plazos de información y consulta antes de que se adopte cualquier decisión, para convertir en operativa la posibilidad de la negociación, de lo contrario no sirve para nada. 
Segundo elemento: creo que sus Señorías coincidirán conmigo en que en un ordenamiento no existen normas que, de no ser cumplidas, no surten efecto alguno. 
Es extraño que sólo en materia de empleo y de derechos sociales esto sea casi la regla. 
En estos años son consecuencia de ello muchos contenciosos y demandas ante los Tribunales de lo Social, precisamente porque el incumplimiento por parte de las empresas de las disposiciones de la directiva no prevé de forma absoluta ni mucho menos automáticamente que se ponga en tela de juicio la validez de las consecuencias de la decisión tomada. 
En consecuencia, es necesario prever sanciones adecuadas y disuasorias, así como la suspensión para permitir que continúen las negociaciones en los casos de violación grave. 
Señor Presidente, también me gustaría dar las gracias al Sr. Menrad por su informe, aunque no esté de acuerdo con todas las propuestas en él contenidas. 
El informe de la Comisión sobre los comités de empresa europeos muestra cómo sigue quedando aún mucho camino por delante antes de que la ley sea puesta en práctica y todas las empresas afectadas hayan creado comités de empresa. 
¿Es una respuesta acertada exigir la inclusión de un aún mayor número de empresas dentro de la directiva y exigir mayores sanciones contra las empresas que no cumplan la directiva? 
El Grupo Liberal no es partidario de bajar el tamaño de las empresas que quedarán incluidas dentro de la directiva hasta los quinientos empleados en un Estado miembro y cien empleados en más de un Estado miembro. 
También soy escéptico ante algunos de los deseos de sanciones que han sido propuestos en este Parlamento. 
Éstas pueden llegar a chocar con sistemas nacionales que de hecho funcionan bien y tampoco es justo que se sancione a algunas empresas de manera diferente por la misma falta, como sucederá si la falta de información y consulta conduce a la cancelación de subvenciones públicas o de pedidos públicos o si las actuaciones de la dirección son invalidadas. 
Señor Presidente, el interés de los asalariados y de los ciudadanos por la política social europea se ve afectado, un poco más cada día, por numerosos ejemplos de reestructuración y de despido. 
En este contexto, está claro que la revisión de la directiva sobre los comités de empresa ofrecería una posibilidad considerable de reconquistar esa credibilidad. 
¿Qué nos dicen, en efecto, los asalariados víctimas de esas reestructuraciones de la posibilidad que se les brinda de recurrir a esa directiva? 
En algunos casos dicen que las empresas suelen mofarse de la legislación actual sobre el derecho a información y consulta, por falta de definición precisa; que no disponen de los medios de recursos administrativos y judiciales necesarios para comprobar el cumplimiento de esa directiva; que ella se aplica con demasiada "parsimonia", o incluso de ninguna manera en muchas empresas transnacionales dados los valores umbral actuales; que es inimaginable que la concesión de autorizaciones de fusiones se rija solamente por criterios de respeto del derecho a la competencia y que no se tome en cuenta su impacto social, territorial o ambiental; que se hallan desprotegidos durante los períodos de fusión en tanto dejan de ser operativas las antiguas estructuras de concertación y aún no se han establecido las nuevas; y por último, que se sienten indignados al comprobar que los mismos grupos que realizan esas reestructuraciones salvajes han recibido a veces ayudas de los fondos estructurales. 
El informe del Sr. Menrad, producto de un trabajo llevado a cabo en forma abierta, cooperativa, con los actores sociales involucrados y los miembros de la Comisión que han organizado una amplia audiencia pública al respecto, recomienda, perentoriamente a mi modo de ver, que se palien esas carencias mediante una definición precisa de la información y de la consulta, la reducción de los valores umbral que exigen la constitución de un comité de empresa, la petición de mantenimiento de lugares específicos de concertación durante los períodos de fusión, la solicitud de anulación de las decisiones tomadas sin respetar los procedimientos y de sanción, incluso financiera, para las empresas culpables, y, por último, la toma en cuenta de la opinión de los asalariados y la prueba de que los procedimientos establecidos por la directiva hayan sido respetados antes de que se apruebe la fusión. 
En ese contexto, nuestro Grupo apoya esas propuestas. 
Aún queda obviamente por lograr une revisión efectiva y rápida de la directiva- lo cual exige un esfuerzo colectivo. 
Señor Presidente, en un momento en que miles de trabajadores europeos se enfrentan a una ola de reestructuraciones, de despidos, de planes sociales, el informe Menrad sobre los comités de empresa europeos debe permitir, si no transformar la situación, por lo menos suministrar nuevos puntos de apoyo a los asalariados para hacer frente a situaciones muy difíciles e influir en las decisiones pendientes. 
En un momento en que el crecimiento da señales preocupantes, habría de reflexionar sobre el contenido de ese crecimiento y la necesidad de su evolución, promoviendo la estabilidad y la calificación del empleo. 
Existe una necesidad urgente de verdadera consulta a los trabajadores, una necesidad urgente de acabar con una actitud que consiste en tratar a hombres y mujeres como mercancías que se han vuelto inútiles porque los accionistas consideran insuficiente la rentabilidad financiera, más allá de la verdadera situación económica. 
El informe Menrad es producto de un trabajo muy importante de nuestro colega, que a mi vez quiero felicitar. 
Es también fruto de la voluntad de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de oír a los representantes de los trabajadores de los grandes grupos europeos. 
Sobre la base de esas consultas el informe Menrad describe con mucha seriedad el estado de la situación mostrando la necesidad de importantes modificaciones del contenido de la directiva. 
Me adhiero a varias de las propuestas hechas en ese informe. 
Quiero recordar algunas de ellas que, a mi parecer, constituyen avances importantes para los trabajadores. 
Por ejemplo, la solicitud, formulada en el párrafo 2, de una información y consulta regulares que precedan la decisión de una empresa o de un grupo a fin de permitir que sus trabajadores influyan verdaderamente en el proceso de decisión de la dirección, y hasta la posibilidad, en casos particularmente graves, de dar a los representantes de los trabajadores un tiempo de negociación suficiente antes de la aplicación de la decisión, como lo señala el punto 14. 
Citaré también el punto 2, con la elaboración una cláusula según la cual las decisiones de la dirección sólo se considerarán legítimas si el proceso de información y consulta, tal como lo define la directiva, se ha desarrollado previamente en la forma debida, o el punto 13, que propone la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. 
Por último, existe también la solicitud de reembolso, por parte de las empresas, de las ayudas y de los fondos proporcionados y la exclusión de los mercados públicos de las que no respetarían la ley en ese ámbito. 
Esas propuestas van en el sentido correcto, pero pienso que para que la acción a favor del empleo sea eficaz, para que mejore el rendimiento económico de Europa, se hubiera podido ir más lejos en materia de derecho de los trabajadores a participar en el futuro de las empresas. 
Éste es el sentido de la enmienda que mi Grupo ha presentado, en la cual se pide que los representantes de los trabajadores puedan tener derecho a veto suspensivo. 
Se trata de garantizar a los representantes de los trabajadores que sus alternativas serán por lo menos estudiadas y tomadas en cuenta. 
Se hubiera podido evitar muchas decisiones desastrosas para las empresas si los trabajadores hubiesen podido influir en ellas. 
Ese derecho, expresión de justicia social y de democracia dentro de la empresa, es también garante de la eficacia económica y social. 
Una vez más, el informe Menrad constituye un avance importante. 
Por ello cuenta con el apoyo de mi Grupo. 
El balance de la aplicación de la directiva sobre la constitución de los comités de empresa europeos resultó muy positivo puesto que hoy en día existen unos 650 comités de ese tipo, en su gran mayoría creados sobre la base de acuerdos de anticipación, o sea, sobre una base voluntaria y negociada. 
Sin embargo aún quedan 1200 empresas que no han constituido comités de empresa europeos. 
Cuando las consecuencias de la mundialización requieren nuevas respuestas cuya piedra angular son la representación y la información transnacional, hace falta interrogarse sobre los factores que obstaculizan el desarrollo del diálogo social europeo en las empresas y el informe presentado por la Comisión, en el que se evalúan a la vez la transposición jurídica y la aplicación práctica de la directiva en los Estados miembros, nos ofrece hoy esta oportunidad. 
Los debates que se han llevado a cabo en la comisión han sido fructíferos y también quisiera felicitar al ponente por su espíritu de diálogo y su trabajo de conciliación. 
Sin embargo, el amplio consenso que existía en el seno de esa comisión sobre la necesidad de desarrollar la información y la consulta a escala tanto europea como nacional, no debe ocultar algunas diferencias de enfoque que han sido subrayadas por mi colega Bushill-Matthews. 
En efecto, me parece importante recordar aquí que el verdadero diálogo social en la empresa necesita herramientas flexibles y evolutivas y no un marco normativo, apremiante y detallado, que algunos de nuestros colegas desearían reintroducir en el marco de la revisión de la directiva de 1994. 
Es la razón por la cual quisiera insistir en la importancia que concedemos al hecho de que la próxima reforma de esta directiva no reforme a fondo su espíritu y de que se mantenga la diferencia de finalidad entre la directiva misma, herramienta del diálogo social en la empresa, y su Anexo que sanciona el fracaso del diálogo social. 
Además, la reducción de los umbrales para la aplicación de la directiva no debe constituir un objetivo en sí sino una simple posibilidad de extensión de ese mecanismo. 
Es la razón por la cual estoy de acuerdo con la enmienda 3 presentada por nuestro colega y la delegación francesa apoyará dicha enmienda aunque la enmienda 14 nos deje más perplejos. 
Por último, quisiera dar una explicación sobre la mención introducida en el párrafo 2, i) , a saber que la información y la consulta a los trabajadores deben, entre otras cosas, realizarse dentro del respeto de los principios de confidencialidad de la información. 
Esa muy importante disposición se refiere en particular a los casos en que la información y la consulta a los trabajadores a su debido tiempo, absolutamente normales, pudiesen entrar en contradicción con el derecho derivado de la legislación de los mercados de títulos-valores. 
Ella resulta por lo tanto fundamental para conciliar la competitividad de la empresa en la economía mundial y la preservación del modelo social europeo. 
Espero que la Comisión lo tenga en cuenta cuando elabore su propuesta de revisión de directiva. 
Señor Presidente, también yo felicito al ponente por la calidad, la perseverancia, el sentido de responsabilidad y coordinación y la búsqueda del consenso, que permite presentar ahora un informe en el que se subraya la necesidad de que las dos partes de la industria puedan afrontar las fusiones, los traslados y las reestructuraciones de empresas como un parto sin dolor. 
Muchas veces esos fenómenos van acompañados de dolores injustificados y propician otros fenómenos igualmente nefastos que afectan a los trabajadores y los derechos de los que disfrutan en los Estados miembros, que resultan constantemente debilitados por esos traslados y movilidad de empresas. 
Destaco la llamada de atención del ponente sobre el artículo 127 del Tratado, que determina normas claras y concomitantes entre la competencia y la legislación social, en particular sobre la información y la consulta. 
Es evidente que debemos consagrar el derecho de los trabajadores y los ciudadanos a elegir en libertad su destino y también dónde y cómo quieren trabajar. 
La verdad es que los ejemplos negativos de esa tan deseada movilidad de las empresas y de los empleadores chocan aún hoy a la opinión pública de mi país. 
Y aprovecho la oportunidad para denunciar aquí lo que representantes de una empresa- por casualidad esta vez inglesa, con sede en Londres, con delegaciones en la República de Irlanda y en Portugal- hacen con inmensos contingentes de trabajadores portugueses y polacos, a los que colocan (dada la situación de excepcionalidad de Irlanda del Norte) en situaciones de riesgo, sin contrato, sin protección, sin seguridad y muchas veces entregados a su triste destino. 
Parece un fado, pero, por lo visto, es precisamente el fado de los trabajadores portugueses en busca de mejores salarios y mejores condiciones laborales. 
Y, por tanto, se coloca a esos trabajadores en condiciones de no poder siquiera regresar a su tierra. 
Esa movilidad amenaza no sólo a quien por desventaja social se adhiera a ella, como los trabajadores organizados. 
Éstos acogen a los primeros y optan por ser solidarios y favorecen su integración. 
Y ellos, los representantes de los trabajadores y su solidaridad, así como la de los sindicatos, son el único recurso en esas circunstancias tan dramáticas. 
Así, pues, deseo ampliar y hacer efectivo ese derecho, aún lejano, del objetivo social que la propia Comunidad y los Tratados establecen. 
Señor Presidente, también yo quisiera dar gracias al ponente por la labor que ha realizado en relación con este informe. 
Es importante tener en cuenta, en vista de lo que hemos oído ya esta tarde, que el Consejo de Lisboa no trataba de la competencia solamente, sino también de la cohesión social. 
De las sociedades se espera cada vez más que actúen de forma ética y socialmente responsable. 
Buenas prácticas de empleo y buenas relaciones de trabajo con los empleados son indicadores fundamentales de esa evaluación ética, y tenemos que enfocar las recomendaciones del informe desde ese punto de vista. 
El informe destaca diversas formas con las cuales una directiva revisada podría dar mayor eficacia a los comités de empresa y evitar algunos de los problemas y fallos que se han mencionado: reuniones regulares, y no la reunión anual simbólica que por lo visto es todo lo que se pueden permitir el 85% de las sociedades; un incremento de la representación de la mujer, que es prácticamente invisible en muchos de esos órganos, como también lo es en un número demasiado elevado de reuniones de juntas; capacitación para mejorar la calidad de la representación y de la comunicación; y medios y salvaguardias para lograr que los miembros de los comités de empresa representen efectivamente a todos los sectores. 
También revisten importancia crítica las sanciones en caso de incumplimiento. 
O bien queremos que los asociados sociales sean responsables, o bien no lo queremos. 
Mi Grupo lo quiere, por eso acoge con satisfacción este informe y espera con interés que la Comisión formule propuestas basadas en su texto. 
Señor Presidente, Señorías, este informe es el resultado de un trabajo importante en la Comisión de Empleo que nuestro colega el Sr. Menrad ha coordinado y a quien felicito por la apertura que ha demostrado en el examen de las propuestas presentadas durante el debate, al incluir varias de nuestro Grupo, si bien creo que se puede avanzar un poco más. 
Todos sabemos de las innumerables dificultades y los graves problemas de desempleo que han afrontado los trabajadores y sus comités de empresa, en particular multinacionales, en los procesos de reestructuración y traslado de empresas que se han intensificado en los últimos años sin que en la mayor parte de los casos se respetaran los derechos de los trabajadores, pues muchas veces han sido tratados como una simple mercancía. 
Así, pues, es necesario modificar profundamente la directiva actual, en particular en lo relativo a los procedimientos de información y consulta de los trabajadores y a la posibilidad de intervención de los comités de empresa europeos, en particular mediante sanciones suplementarias y un veto suspensivo en los casos en que en las reestructuraciones, fusiones, traslados y concentraciones de empresas no se tengan en cuenta los justos derechos de los trabajadores. 
Es urgente que la Comisión presente propuestas de modificación de esta directiva, como ya hemos solicitado repetidas veces, y que incluya por lo menos las mejoras que figuran en el informe Menrad y que fueron aprobadas en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, así como la propuesta en que insiste nuestro Grupo. 
Es fundamental que haya un procedimiento de consulta reforzada y oportuna a todos los trabajadores y posibilidades de derecho de veto suspensivo de una decisión que entrañe consecuencias negativas para los trabajadores, a fin de permitir que prosigan las negociaciones y se eviten dichas consecuencias. 
Igualmente importante es, como se dice en el informe Menrad, que las empresas que no respeten los derechos de los trabajadores a la información y la consulta y todos los aspectos de la directiva, con las nuevas enmiendas que presentamos, no sólo no reciban ayuda financiera alguna con cargo a Fondos estructurales y sean obligadas a devolver cualquier apoyo comunitario o nacional que se les haya concedido, sino que, además, sean excluidas también de contratos y subvenciones públicos. 
Así, pues, espero que la Comisión acepte estas posiciones. 
Señor Presidente, hace unos momentos, al intervenir en el anterior punto del orden del día, recordaba la definición de lo que entendíamos por empresa y en ella destacaba que la empresa, como organización, supone una pluralidad y que la empresa de un solo miembro no sería jurídicamente una empresa. 
Y la pluralidad obliga a regular el papel de los trabajadores en el conjunto de la organización. 
Creo que a esta cuestión responde magníficamente el informe del Sr. Menrad, a quien debemos felicitar por la calidad de su trabajo. 
El objetivo de la directiva es mejorar el derecho de los trabajadores a ser informados y consultados por los grupos o las empresas multinacionales que operan en Europa. 
En estos momentos, se estima que más de 1 100 multinacionales, que emplean aproximadamente a 15 millones de trabajadores, se verían afectadas por esta directiva y por su modificación. 
Coincido con el ponente cuando pide y espera de la Comisión la modificación de la Directiva 94/45/CE, logrando que los derechos de información y consulta sean precisamente un cauce para hacer posible y facilitar el diálogo social como elemento vertebrador de las relaciones sociales y laborales en las empresas afectadas. 
Coincido con él igualmente cuando pide que el papel de estos órganos de participación, información y consulta no sea relevante sólo en los momentos de transformación industrial o de crisis, sino con carácter permanente en una economía global en la que observamos síntomas y caracteres de mundialización, y que, además, se consagre el ejercicio de estos derechos en el momento procesal y procedimental oportuno. 
Y todo ello de cara a que los trabajadores, no sólo en los momentos de reestructuración, sino siempre ante decisiones trascendentes para la permanencia y el futuro de la empresa y de sus centros de trabajo o delegaciones, tengan la garantía de que su voz va a ser escuchada. 
Este es el contenido de las enmiendas que he presentado y que el ponente ha tenido la amabilidad de incorporar. 
Cada día escuchamos noticias con trascendencia social, que frecuentemente nos dejan helados: se cierran todas las delegaciones de una empresa en uno o varios países; la empresa estudia la reducción masiva de empleos; se anuncia una fusión y los trabajadores se preguntan qué va a ocurrir, a cuántos van a despedir o a mandar para su casa, y frecuentemente se adoptan decisiones de este tipo más por razones de bolsa- para mejorar la cotización- que por razones de fondo. 
De poco vale en estos casos la comunicación posterior a la decisión. 
La empresa es organización, es comunidad a veces, con intereses un tanto contrapuestos. 
Quiero destacar que el contenido de estos derechos ha de referirse también a la formación, al aprendizaje permanente, a la salud y a la seguridad, a la igualdad de oportunidades, al medio ambiente, a la incorporación de los jóvenes al trabajo. 
Todo ello convertirá a la empresa en una comunidad bien avenida, mejor avenida, diría yo, con menor conflictividad. Ello repercutirá en la productividad, en el incremento de la productividad, en el empleo, en las condiciones de vida y, por lo tanto, en una Europa mejor. 
Señor Presidente, muchas personas están muy preocupadas por la globalización. 
Se unen en organizaciones y los más extremistas tiran piedras. 
De vez en cuando se culpa a la UE de agravar los aspectos negativos de la globalización. 
Creo que el debate que hoy celebramos aquí y el debate que mantuvimos sobre el informe Menrad en nuestra comisión muestran precisamente justo lo contrario. 
Éste muestra que la UE puede contribuir de un modo muy concreto a amortiguar los aspectos negativos de las fuerzas libres del mercado, en este caso las reestructuraciones. 
La UE no puede hacer que desaparezcan las reestructuraciones, y tampoco debemos, pues forman parte de una economía de mercado moderna y pueden tener efectos positivos. 
Sin embargo, podemos tratar de amortiguar los efectos negativos involucrando a los trabajadores en el proceso como es debido. 
Lo que hoy hacemos y lo que es de esperar que tengamos que hacer en el futuro con una nueva directiva es hacer el mercado de un modo muy concreto un poco más democrático. 
La directiva ya ha tenido un efecto. 
Lo demuestra el informe de la Comisión. 
Se han creado comités de empresa como consecuencia de la directiva. 
No obstante, hay muchas cosas que pueden ser mejoradas, como han dicho también otros oradores, y espero que la Comisión se deje inspirar por el informe del Parlamento hoy. 
Una parte de las mejoras deben producirse en forma de cambios culturales en las empresas. 
Las empresas deben comprender que la información y la consulta no son una obligación penosa y desagradable, sino que forman parte constructiva de una dirección empresarial moderna y que la cooperación crea trabajadores responsables. 
Al mismo tiempo espero que la Comisión desde ya mismo prosiga sus reflexiones sobre una nueva directiva y me gustaría que se ampliaran los temas sobre los que se consulte a los trabajadores. 
Creo en suma que debemos observar cuál es la situación de los trabajadores. 
Debemos entender que son gente normal con condiciones normales quienes se reúnen en los comités de empresa. 
Deben estar libres del trabajo, necesitando facilidades de traducción, locales y formación para que puedan atender a su tarea como representantes de los trabajadores y creo asimismo que los trabajadores deben poder implicar en mayor medida a los expertos de los sindicatos. 
Debemos entender que sus condiciones deben ser mejoradas. 
Un futura directiva podría recoger adecuadamente las constructivas modificaciones que el Parlamento ha propuesto. 
No son modificaciones furiosas ni de gran alcance, son modificaciones muy constructivas y espero que la Comisión las incluya cuando presente una nueva directiva. 
Adecuadamente diseñada, ésta puede ser otro paso más hacia un modelo social europeo. 
Señor Presidente, apoyaré con placer este informe. 
He tomado la palabra varias veces en este Parlamento para referirme a la reciente pérdida de 3.000 puestos de trabajo en el País de Gales, cuando la compañía siderúrgica Corus anunció despidos masivos por exceso de personal. 
Cuando la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales organizó una audiencia en abril de este año, el representante de los trabajadores del Comité de empresa de la sociedad europea Corus nos dijo que, desde muchos puntos de vista, era un comité de empresa modelo. 
Se reunía dos veces al año, facilitaba una formación profesional excelente, y permitía que asistieran expertos a sus reuniones. 
A pesar de ello no anunció a los trabajadores que se iban a suprimir unos 6.000 puestos de trabajo, cuando había ya extensos debates públicos acerca de la pérdida de esos puestos. 
Este informe indica que el principal objetivo de la directiva es suprimir obstáculos a la información, consulta y comunicación con los trabajadores, para permitir que haya diálogo. 
Esto reviste una importancia vital. 
No basta con alabar la consulta de labios para fuera. 
Tiene que haber una definición de la consulta, para conseguir que sea positiva y amplia y que se lleve a cabo a su debido tiempo, como ya han dicho otros. 
Dicho con otras palabras, la consulta tiene que tener lugar antes de que se adopten las decisiones y no después, y tiene que haber sanciones contra los que no lo cumplan. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Menrad en que necesitamos una revisión de la directiva que evite que se repitan casos como el de Corus y para ocuparse de otras cuestiones que el ponente identifica, como por ejemplo la participación de la mujer. 
Señor Presidente, no votaré en contra de ese informe por la única razón que algunos sindicatos deseen que sea aprobado, cualquiera que sea mi opinión acerca de su política. 
Pero no daré mi aprobación. 
En efecto, a cambio de una ampliación limitada de las prerrogativas de los comités de empresa europeos, el informe pide que se aprueben los imperativos de la competencia así como la confidencialidad de la información. 
Subraya, por otra parte, que el papel que le corresponde a los comités consiste en reducir los riesgos de conflicto lo cual constituye, según él, un factor de éxito para las empresas, o sea de hecho para sus dueños. 
Se ve claramente, en Francia, que cuando se trata de medidas fundamentales para la vida de los trabajadores, la decisión final incumbe a los empresarios. 
Los comités de empresa se ven reducidos a la impotencia, como se pudo comprobar cuando se produjeron los despidos inaceptables en Moulinex, Aventis, Danone y muchos otros, o se ven atrapados hasta tal punto que llegan a apoyar decisiones empresariales, o incluso a designar a las víctimas como en el caso de AOM-Air Liberté. 
Entonces, el único derecho verdadero para los trabajadores, sería el derecho al empleo, es decir la prohibición de los despidos, por lo menos en las empresas beneficiarias. 
Señor Presidente, la Comisión tenía la tarea de analizar la eficacia del comité de empresa europeo. 
El comité de empresa europeo se ha hecho cada vez más eficaz: en 1994 había 40 y en el año 2001 son 650. 
En este sentido, el comité de empresa europeo ha fomentado de manera excelente una conciencia europea y al mismo tiempo ha fomentado también el interés de las trabajadoras y de los trabajadores por medidas transfronterizas, por una actitud de solidaridad. 
No obstante, existen problemas: lo hemos visto en nuestra audiencia de la Comisión de Empleo. 
Hay cosas que no están claras, en absoluto: ¿Qué es una información adecuada? 
¿Cómo pueden desarrollar planes alternativos las trabajadoras y los trabajadores si se les informa demasiado tarde? 
Cuando se trata, por ejemplo, de reestructuraciones profundas de las empresas hay que acordar, ciertamente, un procedimiento de consulta reforzado. 
Por otro lado, los comités de empresa europeos se reúnen, en la mayoría de los casos, una sola vez en el año. 
Debe haber, como mínimo, dos reuniones al año e incluso tres. 
Esto constituye el requisito para una acción solidaria y continuada, y sigue siendo insuficiente la presencia de las mujeres. 
Ni siquiera el 10 % de ellas está representado en los comités. 
En este punto es necesario realizar mucho trabajo de motivación en las empresas y éste debe manifestarse después de manera concreta en las elecciones. 
He hablado con muchos comités de empresa, también en mi circunscripción electoral. Para ellos es especialmente importante que tengamos más posibilidades de formación para nivelar las deficiencias en el conocimiento de idiomas. 
Estoy expresamente de acuerdo con Winfried Menrad que se muestra partidario de los cursos de idiomas para los comités de empresa europeos. 
Hay que invertir también en el reciclaje de los trabajadores- pienso en la legislación contable, en la legislación laboral, en la legislación social- y hemos de trabajar en ello de tal manera que también podamos decir: ¿Qué es lo que hay que incluir en el orden del día? 
La protección de la salud, la necesidad de tratar la seguridad en el puesto de trabajo, o también la cuestión, que propugna constantemente Winfried, de la participación de los trabajadores en el capital. 
El ponente ha logrado incluir 75 enmiendas de la Comisión de Empleo y otras enmiendas de la Comisión de Industria y de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
De hecho, ha sabido tender puentes entre nosotros en la comisión y 38 de los 38 han dado su voto afirmativo. 
Ojalá se logre lo mismo en la votación de mañana. 
Señor Presidente, Señorías, comienzo felicitando al ponente, el Sr. Menrad, por la oportunidad y el mérito de su informe. 
El diálogo social en el espacio de la Unión es un fenómeno indispensable de la propia construcción europea. 
A eso se debe la necesidad de revisar esta directiva relativa a los Comités de Empresa europeos en empresas de dimensión comunitaria. 
Desde 1994 se han creado 650 comités de empresa europeos, frente a los casi 40 antes existentes. 
No hay duda de que es un éxito. 
Entretanto, ha habido enormes cambios en el mercado laboral europeo, que exigen nuevas respuestas con una definición rigurosa de los conceptos de información y consulta de los trabajadores en empresas de dimensión comunitaria para que éstas se produzcan en tiempo útil y pertinente con vistas a la adopción posterior de una decisión. 
Es necesario ampliar aún más el abanico de asuntos abordados durante el proceso de información y consulta y reforzarlo en materias particularmente delicadas para todos los trabajadores. 
La reunión periódica de ese órgano es también necesaria, pues en casi el 85% de los casos sólo se reúne una vez al año, lo que resulta manifiestamente insuficiente. 
La dimensión que una empresa debe tener para quedar comprendida en el ámbito de aplicación de esta directiva debe merecer también nuestra atención y se debe indicar un umbral más razonable, cosa en la que estamos de acuerdo con el ponente Sr. Menrad. 
Se deben fortalecer las disposiciones relativas a la protección y a los derechos de los representantes de los trabajadores libremente elegidos por éstos, así como una representación equilibrada entre hombres y mujeres. 
Hoy el 90% de los miembros de los grupos especiales de negociación y de los comités de empresa europeos son hombres. 
Una nota final para subrayar que el procedimiento de información y consulta puede propiciar una profundización de la relación entre empleadores y trabajadores en todos los Estados miembros, lo que contribuirá al desarrollo de un ideal de conciencia europea. 
Señor Presidente, queridos colegas, la Comisión Europea presentó en abril de 2000 un informe relativo a la situación de la aplicación de la directiva de 1994 sobre la constitución de un comité de empresa europeo para las empresas de dimensión comunitaria. 
Ese informe presenta un balance relativamente positivo puesto que hoy más de la tercera parte de las empresas en cuestión han creado esos comités de empresa, pero es preciso decir que la actualidad reciente en lo que se refiere a algunos planes sociales hace que esa información y esa eventual consulta resulten más necesarias que nunca. 
De esta manera se han añadido nuevos proyectos de directiva al texto de 1994. 
Me parece que es preciso proseguir tres acciones con relación a esos proyectos. 
En primer lugar, prever disposiciones para que, dentro de un plazo razonable, la mayoría de las empresas interesadas se doten de un comité de empresa europeo. 
Desde este punto de vista, la idea de reducir los umbrales más allá de los cuales las empresas están involucradas me parece poco razonable. 
Logremos primero que se respete la directiva de 1994. 
El segundo eje debería consistir en proponer un texto global, una síntesis de los diferentes textos, en vez de seguir amontonando directivas. 
La tercera acción debería ser velar para que se preserven la autonomía y la libertad de gestión de las empresas cuando éstas cumplen debidamente con su deber de información y consulta. 
El informe del Sr. Menrad, cuyo trabajo valoro, no supo sin embargo evitar algunos escollos. 
Por ejemplo la cogestión, modo de gestión que prevalece en Alemania, pero sólo en Alemania, lo llevó a acceder a las enmiendas socialistas de nuestro colega Harlem Désir, unas enmiendas que mi Grupo había rechazado, por iniciativa mía, en la Comisión de Industria. 
Pienso en particular en los umbrales más allá de los cuales las empresas están implicadas y al establecimiento de cuasi-vetos por medio de sanciones en algunos casos, y lo lamento muchísimo. 
Respecto de nuestros colegas socialistas, es verdaderamente impudente que rechacen las propuestas de la Comisión en lo que se refiere al correo o a la energía, alegando que antes hay que aplicar lo que ya existe y, por el contrario, se apoyen, como en este caso, en las supuestas demoras para avivar el fuego cuando les conviene. 
A mi modo de ver, la competencia, la apertura de mercados y la creación de un mercado interior van a la par de la información y de la consulta a los trabajadores. 
Es la razón por la cual me abstendré, con tristeza pero con certeza, si los párrafos 4 y 14 en particular fuesen aprobados tal como están. 
. (EN) Señor Presidente, diré para empezar que la Comisión acoge con satisfacción este informe sobre la aplicación de la directiva de la Unión Europea sobre el funcionamiento de los comités de empresa. 
No cabe duda de que constituirá una importante aportación a nuestro estudio de la directiva. 
En particular quisiera dar gracias al ponente, Sr. Menrad, por los esfuerzos que ha consagrado a su informe durante tanto tiempo. 
El informe refleja claramente lo profundos que son sus conocimientos acerca del tema. 
No me olvido tampoco del tiempo que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha dedicado a este asunto y en particular la audiencia pública sumamente útil que organizó en la primera parte del año en curso, en la que dio a todos los interesados principales la oportunidad de manifestar su opinión. 
El informe reconoce el éxito en general de la aplicación de la directiva, al mismo tiempo que identifica una serie de puntos débiles. 
La directiva era el primer documento de la legislación comunitaria que preveía un aspecto concretamente transnacional de las relaciones entre empleadores y empleados y que, por ello, se adentraba en terreno completamente inexplorado. 
Ése fue el principio: ahora nos hallamos en una situación en la que hay acuerdos sobre comités de empresa en la Unión Europea en 650 empresas o grupos de Europa, que abarcan aproximadamente el 60% de los empleados amparados por esos acuerdos. 
En cada una de esas empresas hay reuniones entre la administración y los empleados de varios Estados miembros, cosa que hubiera sido prácticamente impensable hace algunos años y que representa un logro considerable. 
Debido a la inherente flexibilidad de la directiva, ese logro se ha conseguido a pesar de las amplias variaciones en materia de participación de los empleados y de sistemas de relaciones industriales que hay en los Estados miembros. 
Como reconoce el informe, la directiva ha contribuido sin duda alguna al desarrollo de una conciencia europea entre los representantes de los empleados. 
Al reconocer el éxito de la directiva, quisiera reconocer también, como se hace en el informe, el papel desempeñado por los sindicatos, en particular los sindicatos que operan en el plano de la Unión Europea. 
Su aportación a numerosas negociaciones, y su coordinación, han supuesto una contribución de importancia crítica para el éxito de la directiva. 
Reconocer el éxito en general de la directiva no quiere decir, naturalmente, que su aplicación no haya planteado problemas. 
El informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo en abril de 2000 ponía de relieve una serie de problemas jurídicos y prácticos relacionados con la aplicación de la directiva. 
El informe del Parlamento, preparado en respuesta al informe de la Comisión, se basaba en ese análisis, determinaba una serie de puntos débiles en el funcionamiento de la directiva y proponía una serie de modificaciones para abordar esos puntos débiles. 
El Parlamento puede estar seguro de que examinaremos todas sus propuestas con gran cuidado. 
Una cuestión fundamental que se pone de relieve en el informe, una cuestión que, como indica el informe, ha suscitado gran interés público últimamente, es la aclaración de lo que entendemos por información y consulta. 
Tenemos que velar por que los empleados sean informados y consultados en el momento oportuno, cuando todavía pueden influir en las decisiones. 
El informe subraya alguno de los casos en los que, lamentablemente, los empleados no han sido informados debidamente o consultados acerca de decisiones de gran importancia que influían en sus medios de vida. 
Como yo comparto las preocupaciones del Parlamento sobre el particular, y como estoy resuelto a hacer todo lo que esté en mi poder para disiparlas, permítanme que les diga que me estimuló muchísimo la decisión del Consejo de Ministros de Empleo y Política Social del 11 de junio, que adoptó unánimemente un acuerdo político sobre una posición común acerca del proyecto de directiva que establecía un marco común para informar y consultar a los empleados. 
La posición común fue aprobada oficialmente por el Consejo el 23 de julio. 
Como seguramente sabe el Parlamento, la propuesta de la Comisión que se formula en la directiva contiene amplias disposiciones en materia de información y consulta tanto por lo que se refiere al contenido como por lo que se refiere a la cronología. 
Me agrada comprobar que el informe del Parlamento se refiere a la propuesta de la Comisión como punto de referencia sobre el particular. 
Sé que el Parlamento está trabajando muy activamente en la segunda lectura del proyecto de directiva a fin de posibilitar su aprobación sin demora. 
Hay cuestiones que habrá que resolver entre el Parlamento y el Consejo, muy particularmente la cuestión de las sanciones, tema que han suscitado diversos oradores esta tarde. 
Ésta es una cuestión respecto de la cual la posición común del Consejo se halla en el punto más lejano del deseo que comparte la Comisión y el Parlamento de que haya sanciones eficaces: sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de informar y de consultar. 
Ahora bien, a pesar de ello, estimo que ahora existe en todas las instituciones la voluntad política de llegar rápidamente a un acuerdo final acerca de este texto, estableciendo así un marco amplio para las actividades de información y consulta en toda la Comunidad. 
Así como algunas de las cuestiones planteadas en los informes del Parlamento se refieren al proyecto de directiva sobre información y consulta, otras- como por ejemplo el papel de los sindicatos, la cuestión de la capacitación de los representantes de los empleados y el tiempo consagrado a la negociación de acuerdos- se mencionan en el contexto del proyecto de directiva que suplementa el Estatuto de una sociedad europea por lo que se refiere a la participación de los empleados. 
Me alegra que el Parlamento haya expresado tan rápidamente su opinión acerca del texto, preparando así el camino para su aprobación final, espero, en el Consejo de Ministros de Empleo y Política Social de octubre. 
El informe del Parlamento reconoce- y así se ve claramente por lo que acabo de decir- que la revisión de la directiva de la Unión Europea sobre comités de empresa está estrechamente vinculada con los dos textos legislativos que estamos examinando, o sea, en primer lugar el que trata de la información y consulta, y en segundo lugar, el que trata de la participación de los empleados en la sociedad europea. 
Siempre he pensado que, debido a ese vínculo, deberíamos concentrarnos en la finalización de esos dos textos antes de ocuparnos de la revisión de la directiva de la Unión Europea sobre los comités de empresa. 
Ésta sigue siendo la firme opinión de la Comisión, pero ahora, afortunadamente, tenemos a nuestro alcance la aprobación final de esos textos y, por lo tanto, tengo la intención de estar preparado, tan pronto como se finalice la directiva sobre información y consulta, a abordar la revisión de la directiva de la Unión Europea sobre los comités de empresa. 
Como se indica en el informe, la primera fase de ese proceso será una consulta oficial de los interlocutores sociales. 
Antes de acabar mi intervención quisiera dar breve respuesta a dos preguntas concretas. 
En primer lugar, una pregunta del Sr. Désir y de la Sra. Flautre sobre lo que está haciendo la Comisión para ocuparse de los aspectos sociales del control de fusiones. 
Diré en pocas palabras que la Comisión ha indicado su intención de examinar la interacción entre la legislación comunitaria de competencia en materia de fusiones y las consecuencias sociales de dichas fusiones. 
La segunda pregunta me la hizo el Sr. Désir. 
El Sr. Désir preguntó cuáles eran los planes de la Comisión por lo que se refiere a la cronología de la revisión de la directiva de la Unión Europea sobre comités de empresa. 
Mi respuesta es que la Comisión proyecta ocuparse de la revisión de la directiva europea sobre comités de empresa tan pronto como se apruebe la directiva sobre información y consulta. 
El primer paso será la consulta de los interlocutores sociales que, si el procedimiento de conciliación sobre el texto relativo a la información y a la consulta queda finalizado para cuando acabe el año en curso, podría comenzar a principios del año próximo. 
La Comisión ha opinado en diversas ocasiones que la cronología de cualquier revisión de la directiva europea sobre comités de empresa está vinculada inextricablemente a la aprobación de la directiva sobre información y consulta y a la aprobación final de la propuesta sobre el estatuto de la sociedad europea. 
Para acabar, quisiera una vez más dar gracias al Parlamento muy sinceramente por sus informes muy completos y muy fundamentados que proporcionarán una aportación capital no solamente para la doctrina de la Comisión, sino también para la doctrina de los demás agentes que participan en esta importante cuestión. 
Muchas gracias, señor Comisario Frederik Bolkestein. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
Control de la aplicación del Derecho comunitario (1999) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0250/2001) del Sr. Koukiadis, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el decimoséptimo informe anual de la Comisión (COM (2000) 92- C5-0381/2000-2000/2197 (COS) sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario. 
. (EL) Señor Presidente, el informe sobre la aplicación del Derecho comunitario debe ser considerado por todos nosotros como uno de los informes más importantes, porque es el informe que refleja la verdadera situación de la Unión Europea, su verdadero pulso, su vinculación a la vida cotidiana del ciudadano. 
Este informe es el primero que se redacta referido a la nueva década, la década con la que da comienzo el nuevo siglo, y creo que podría brindar la oportunidad para un tratamiento de conjunto de los problemas relacionados con el funcionamiento en la práctica del mercado único, con el funcionamiento en su conjunto de la Unión Europea y con el horizonte de la construcción europea. 
Tres nuevos datos, como la próxima ampliación- una ampliación sin precedentes -, la causa de la profundización y de la unión política de la Unión Europea, y la inevitable multiplicación de la intervención legislativa, imponen una revisión radical del asunto del control del cumplimiento del derecho comunitario. 
La cuestión en su conjunto no puede dejar de vincularse a la revisión de los Tratados y debe incluirse entre las prioridades de la próxima Conferencia Intergubernamental. 
El libro blanco señala el problema y resta ahora ver cómo lo abordará. 
Sin una mayor prontitud en la transposición de las directivas y sin la configuración de una concepción común sobre el derecho comunitario no puede haber ni espacio económico único ni progreso alguno en la concepción de una ciudadanía europea. 
El ciudadano de un país que va a trabajar a otro país y encuentra obstáculos para el reconocimiento de su cualificación profesional se siente extranjero y no europeo. 
Normas de competencia que se aplican selectivamente en diversos países adulteran la competencia europea, y así sucesivamente. 
Todo esto pone de relieve que la cuestión de la aplicación del derecho comunitario ha de ser un problema de todos y debe constituir una de nuestras prioridades. 
Es inútil dedicar tantas horas a debatir si debe aceptarse tal o cual enmienda y desentendernos de la actividad de seguimiento de la aplicación de una directiva. 
De manera que deberemos conceder a este el informe toda su importancia, ya que verdaderamente refleja la realidad viva de la Unión Europea. 
Un segundo eje al que se recurrió para la redacción del informe fue seguir el rastro de la suerte corrida por las propuestas del Parlamento Europeo en informes anteriores. 
He constatado con sorpresa que la mayoría no tuvieron continuidad alguna. 
Lo más importante, sin embargo, no esto, sino el hecho de que el informe de la Comisión no ofrezca ninguna explicación al respecto. 
Habrá, pues, que encontrar la forma de que las propuestas del Parlamento tengan continuidad. 
Tercera observación fundamental es que, a pesar de las mejoras constatables sobre la base de los datos relativos a la aplicación del derecho comunitario, las mejoras no son irreversibles y monodireccionales, sino que se observan también retrocesos y, en cualquier caso, no se observan avances espectaculares que nos permitan despreocuparnos. 
La patológica imagen general no ha cambiado. 
Deberá pues preocuparnos seriamente este fenómeno y atender separadamente a cada una de las múltiples causas y razones que lo reproducen. 
A continuación, en el tiempo de que dispongo, intentaré formular ciertas conclusiones generales. 
El mejor porcentaje de transposición lo posee Dinamarca con una media del 98%. 
Por lo que respecta al proceso de control de infracciones, recordemos que todo el sistema de control se sostiene en cuatro fases. 
El número de cartas de apercibimiento- primera fase- es significativo. 
En el caso de los tres países con mayor número- Francia, Italia, Gracia- es de 236, 160, 154, respectivamente, y en el de los tres con menor número- Dinamarca, Finlandia, Suecia- es de 40, 43 y 46, respectivamente. 
El número de dictámenes motivados, que constituyen la segunda fase, es bastante menor y muestra que este procedimiento resulta eficaz en ciertos países, e incluso muy eficaz en algunos. 
En cualquier caso, la relativa reducción del tiempo de envío de cartas de apercibimiento y de dictámenes motivados constituye un aspecto positivo en el intento de aceleración del proceso de control. 
En cuanto a los recursos al Tribunal, queda constancia de una nueva importante reducción de los casos de incumplimiento. 
A modo de conclusiones generales, deberemos decir lo siguiente: primero, constatamos una reducción progresiva de fase a fase de un porcentaje de 35%-40%; segundo, mantenimiento en todas las fases del orden de los países en la escala de infracciones; tercero, en la tercera fase, en el caso de determinados países, el número de incumplimientos es mínimo, mientras que, por el contrario, se constata la perseverancia de otros países en el incumplimiento; cuarto, la eficacia del proceso de control no debe ocultar el hecho de que estos procedimientos son utilizados por los estados miembros como medio para retrasar el plazo de transposición, de suerte que se crea de facto un nuevo período transitorio. 
El hecho de que determinados países con diferentes sistemas obtengan permanentemente los peores resultados, y de que otros países obtengan los mejores, significa que en el fondo las infracciones están vinculadas a una determinada voluntad política. 
De suerte que la aplicación y el cumplimiento del derecho comunitario constituye un problema político, y no un problema jurídico o tecnocrático, como muchos creen. 
Encubre un conflicto entre la soberanía nacional y el poder europeo, y pone de manifiesto el grado de madurez de la conciencia europea. 
Por último, no consta que la Comisión disponga de análisis de las condiciones y de las razones por las que se configuran los datos estadístico mencionados. 
No quisiera abusar de su tiempo, pero querría decir algo sobre las enmiendas. 
De las tres enmiendas presentadas, acepto dos. 
La enmienda de la Sra. Thors no la entiendo bien y rogaría que se hicieran algunas aclaraciones para poder aceptarla. 
. Señor Presidente, no debe sorprender a nadie, sobre todo si se tiene alguna formación jurídica, que el control de la aplicación del Derecho comunitario recaiga en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Es evidente. 
Yo quiero comenzar felicitando al Sr. Koukiadis por la amabilidad, -me atrevo a decir incluso por el acierto- de haber incluido las conclusiones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en su informe. 
He tomado la palabra como ponente de opinión en la Comisión de Empleo, y esto viene a cuento porque a mí me gustaría preguntarme en voz alta ante todos ustedes qué tipo de Europa queremos construir. 
En 1996 en Turín, el Presidente francés, Sr. Chirac, dijo que si Europa sólo avanzase por la vía económica, por la vía del comercio, sería un fracaso. 
Él decía que había que preocuparse por la situación de los europeos, que había que recuperar al europeo y ello auguraría el camino del éxito. 
Ahora que en España, mi país, se comienza a preparar la Presidencia, cada día las autoridades competentes, el Presidente, Sr. Aznar, o los ministros hablan de hacer más Europa. 
¿Qué representa más Europa? 
Probablemente hacer realidad los contenidos que se resumen en nuestra Carta de Derechos Fundamentales, es decir, una Europa preocupada por los europeos. 
De ahí la importancia y la trascendencia que ha de darse a este informe, del que me gustaría destacar algunos puntos. 
En primer lugar, lo que debe ser una preocupación de todos nosotros- de la Comisión y del Consejo- con respecto a la transposición de las directivas, porque justamente en el ámbito social hay un porcentaje muy inferior de transposición de directivas frente a otros ámbitos o frente a la transposición con carácter general. 
En segundo lugar, hay algunas materias de especial sensibilidad; a uno le acompaña su profesión y como inspector de trabajo que soy, me preocupa enormemente que en materia de seguridad, de salud laboral, no haya una mayor prontitud en la transposición de las directivas. 
En tercer lugar, la igualdad. 
Creo que debemos recabar de la Comisión una mayor fuerza coactiva para imponer multas con efecto coercitivo suficiente, una mayor tendencia a coordinar los distintos Gobiernos de los distintos Estados miembros, para lograr esa mayor coordinación y, en resumen, una mayor intensidad en su actividad, para que los principios que consagra la Carta de los Derechos Fundamentales sean una realidad. 
Señor Presidente, este debate me parece un tanto absurdo. 
Una vez terminado el informe, nos han llegado dos importantes documentos de la Comisión. 
Me refiero al Libro Blanco sobre reformas de la gobernanza europea y la comunicación sobre política de información y comunicación. 
Después de leer esos documentos no me queda claro cómo piensa ayudarnos la Comisión a controlar la aplicación del Derecho Comunitario ni cómo piensa dar prioridad a los asuntos que nos ocupan. 
En primer lugar, en cuanto a la política de información y comunicación, se dice en la comunicación que se está estudiando la futura forma del denominado sistema Eurojust. 
Contrariamente a lo que se dice en la comunicación, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior creíamos que la Comisión consideraba que esta red de juristas especializados, que pueden aconsejar a los ciudadanos y que actúa en las delegaciones de la Comisión en los países miembros, era valiosa. 
En la comunicación de junio vemos que la Comisión está discutiendo la forma futura de este sistema y que quizá se traspasen las tareas de esos juristas a las administraciones nacionales. 
Estimada Comisión, ¿quién cree que una administración nacional ayudará a un ciudadano a hacer valer sus derechos en contra de esa misma administración? 
En segundo lugar, me confunde que en el Libro Blanco que he mencionado se diga que se necesitan "redes de órganos similares, actualmente existentes en los Estados miembros, que puedan encargarse de las contiendas entre los ciudadanos y la UE" al mismo tiempo que se pretende que los ciudadanos conozcan mejor los derechos que les corresponden de acuerdo al Derecho Comunitario. 
¿Cómo piensa la Comisión que hay que controlar la aplicación del Derecho Comunitario? 
Creo que tenemos que reflexionar mucho sobre este asunto y que, en esta materia, la Comisión debió haber sido más precisa en su Libro Blanco. 
Señor Presidente, tenía interés en intervenir en este debate sobre el cumplimiento del Derecho comunitario porque, como titular de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión de Peticiones, estoy al corriente del incumplimiento de ese Derecho comunitario, sobre todo, como han dicho los anteriores ponentes, en los ámbitos social y medioambiental. 
Es cierto, como ha dicho mi colega español, que hay una mala transposición en el ámbito social de sólo el 71% de las directivas, pero es más cierto aún que en la Comisión, en los temas medioambientales, no sólo hay una mala transposición, sino un incumplimiento flagrante, que es lo peor: la falta de aplicación. 
Es algo que registramos cada día en la Comisión de Peticiones, porque se trata del primero de los incumplimientos: un 40% de los incumplimientos que denuncian los ciudadanos a la Comisión de Peticiones tiene que ver con el medio ambiente. 
Como dice muy bien el Sr. Koukiadis en su informe, el derecho de petición constituye el principio por excelencia del reconocimiento de la ciudadanía europea y, por eso, debe preocuparnos ese reiterado incumplimiento en los ámbitos social y medioambiental, que tanto tienen que ver con los derechos de esa ciudadanía europea. 
Si examinamos cada una de las peticiones que llegan a la Comisión de Peticiones- yo conozco mejor, naturalmente, las peticiones que provienen de mi país- veremos el enorme interés de los ciudadanos europeos por recopilar información y conocer perfectamente el Derecho comunitario para poder denunciar los incumplimientos con enorme rigor. 
Por eso creemos que, en el informe anual, debe dedicarse una sección a las peticiones, como muy bien recoge el ponente, porque es en esa comisión donde realmente se contribuye al cumplimiento del Derecho comunitario. 
Señor Presidente, 1075 requerimientos, 470 dictámenes motivados, 178 recursos al Tribunal de Justicia, o sea dos veces más que en 1998. 
Este balance de la aplicación del Derecho comunitario en 1999 refleja un profundo malestar. 
Hace falta admitir las cosas como son, Europa legisla demasiado y mal. 
Incluso llega a legislar en ámbitos que no son de su competencia. 
Lo hizo en 1979 con la directiva "Aves" y más recientemente, sin ningún fundamento jurídico, en lo que se refiere al estatuto y a la financiación de los partidos políticos europeos. 
Si los Estados miembros tardan en transponer el Derecho comunitario a Derecho nacional, si los asuntos contenciosos se multiplican, es porque la reglamentación europea es a menudo apremiante, puntillosa, inadaptada a las realidades locales y alejada de las preocupaciones de nuestros conciudadanos, cuando no se opone directamente a su voluntad y al principio republicano. 
Así, el año pasado, el gobierno francés proclamaba su desacuerdo con la directiva "Genoma". 
La Sra. Guigou, ministra de Justicia, estimaba que dicha directiva era, cito, "incompatible con las leyes bioéticas francesas, con el código de propiedad industrial y con el código civil que prohíben la comercialización del cuerpo humano". 
¿Se puede, en nombre de Europa y de su mayoría cualificada, imponer una legislación a un pueblo que la rechaza? 
Es un problema de fondo. 
¿Es necesario uniformizar y sacrificar nuestras diferencias, verdadera riqueza europea? 
No nos parece. 
Además, en una democracia, no le corresponde al Tribunal de Justicia, sino a los elegidos, dictar la ley a través de la jurisprudencia. 
Ahora bien, los diputados europeos, los únicos elegidos por sufragio universal, no disponen de un verdadero derecho de iniciativa legislativa, monopolio celosamente acaparado por la Comisión. 
Europa no solucionará sus problemas aplicando textos malos a base de multas y de sanciones, como lo pretende el artículo 15. 
La obstinación tiene sus límites y cuando un texto es malo, hace falta tener la lucidez y el valor suficientes para modificarlo, como lo proponemos en al artículo 12. 
Por lo tanto es conveniente legislar menos para legislar mejor y respetar las voluntades nacionales y la democracia aplicando lo más posible el principio de subsidiariedad. 
Por ejemplo, urge una reglamentación sobre los transportes de hidrocarburos, pero una vez más ha sido dejada para el día del juicio final por razones mercantiles 
A diferencia del considerando M, no pensamos que la estricta aplicación del Derecho Comunitario contribuya a la emergencia de una nacionalidad europea con la cual no estamos de acuerdo. 
Estamos en efecto demasiado preocupados por el respeto de las identidades, de la democracia y del derecho a la diferencia. 
Señor Presidente, el Derecho comunitario engendra dificultades de interpretación cada vez más numerosas, puesto que según el mismo informe de la Comisión, ésta abrió 2270 expedientes a ese título en 1999, contra solamente 124 en 1978. 
Ese aumento resulta, por una parte, de la proliferación constante del Derecho comunitario, y por la otra, de la creciente severidad de la Comisión que, desde Maastrich, dispone de instrumentos represivos eficaces, en particular con los artículos 226 y 228 del TCE. 
El informe que hoy debate el Parlamento Europeo va más allá en el sentido de la represión, ya que invita a la Comisión a utilizar más esos artículos, a esgrimir más frecuentemente la amenaza de multas o de sanciones para los Estados miembros, e incluso a proponer un nuevo sistema de sanciones automáticas aplicables a los que no transponen suficientemente bien o rápidamente las directivas comunitarias. 
¿Pero por qué unos Estados miembros, que supuestamente han aceptado directivas en el Consejo, tardan luego en aplicarlas? 
Es la pregunta fundamental que todo el mundo esquiva. 
Por mi parte daré tres respuestas adicionales. 
En primer lugar, es un efecto perverso de la extensión del voto por mayoría cualificada que mantiene a las instituciones en lo que yo llamaría una especie de ilusión normativa. 
Existe la convicción de que todo está arreglado cuando se ha votado por mayoría en la mesa del Consejo. 
Pero en realidad, si la minoría tenía motivos válidos y si luego la aplicación no se concreta en el terreno, nada está arreglado. 
Y para enderezar el timón, Europa se lanza entonces en la espiral de la represión que se hubiera podido evitar con un mayor consenso inicial. 
La segunda causa de no-aplicación es la inadaptación de algunas partes del Derecho Comunitario, como la directiva de 1979 sobre la caza de aves silvestres, que luego el Tribunal de Justicia endureció a espaldas del Consejo. 
En un caso con éste, de una directiva que, hace falta notarlo, fue adoptada por unanimidad, lo que nos falta es una posibilidad de revisión automática después de diez años, a petición de un solo Estado miembro. 
Por último, la tercera causa de no-aplicación: algunas directivas no se transponen o están mal transpuestas porque algunos representantes gubernamentales que ocupan un puesto en el Consejo quisieron demostrar ser buenos europeos cerrando los ojos sobre las futuras dificultades aún sabiendo que eran inevitables. 
Fue por ejemplo lo que se produjo en Francia con la directiva 98/44 sobre la patentabilidad de la materia viva, que ahora resulta imposible de transponer puesto que va en contra de varias partes fundamentales de nuestro Derecho. 
Es desgraciadamente un comportamiento que los dirigentes franceses suelen adoptar, incluso al más alto nivel del Estado. 
Uno acepta hoy firmar tal o tal texto europeo por no atreverse a presentar objeciones, y mañana se las arreglará para aplicarlo. 
Es lo que acaban de hacer una vez más con el Tratado de Niza, y Francia lo va a pagar caro. 
Señor Presidente, deberíamos felicitar al ponente por su informe importante y de amplio ámbito en el que determina acertadamente los problemas de transposición y aplicación de la legislación comunitaria, principalmente por lo que se refiere a las directivas. 
Pero quizá no hayamos visto todavía nada pues estamos entrando en una era de nueva legislación: la era de la corregulación. 
¿Formará la corregulación parte de la futura legislación comunitaria, por cuya aplicación y uniformidad deberíamos velar? 
En su Libro Blanco sobre la gestión de los asuntos públicos, la Comisión declara que la corregulación no es apropiada en los casos en que las normas deben aplicarse de forma uniforme. 
Tampoco será apropiada en los casos en que se evocan derechos fundamentales u opciones políticas. 
Y sin embargo este año hemos tenido que producir por propia iniciativa del Parlamento el informe sobre la Red europea extrajudicial, que es una red alternativa europea sobre solución de controversias establecida por la Comisión sobre la base de un enfoque corregulatorio. 
Ahora bien, ¿qué puede ser más fundamental que el acceso de nuestros ciudadanos a la justicia o la forma en que se dicta y se aplica ese legislación? 
¿Vamos a estar vigilando a cada árbitro y a cada regulador para cerciorarnos de que la legislación comunitaria se aplica debidamente? 
Ya tenemos bastantes problemas actualmente con los asuntos judiciales vulgares y corrientes. 
Tenemos que estar al corriente de esas cuestiones. 
Son fundamentales para nuestros ciudadanos y también para los derechos de este Parlamento en su calidad de colegislador, sin hablar de los posibles efectos de fragmentación que tendría para los logros del mercado interior si este Parlamento no las vigila muy cuidadosamente. 
Señor Presidente, la aplicación del Derecho comunitario constituye precisamente, tal como se ha dicho, nada menos que el punto de apoyo fundamental de la Unión Europea. 
La Unión está teniendo problemas con la implantación de un sistema judicial comunitario eficaz. 
El Derecho comunitario, el "acervo comunitario", la unidad europea están basados en un derecho europeo. 
Sin embargo, el problema, como queda ilustrado muy claramente en el informe anual de la Comisión así como en los anteriores informes anuales y en este informe, radica en que no existe ningún derecho europeo al igual que tampoco existe un pueblo europeo. 
Existen profundas diferencias entre los diversos sistemas judiciales. 
El common law de inspiración romana y las tradiciones judiciales escandinavas son sumamente diferentes en una serie de puntos fundamentales. 
No se pueden transplantar los sistemas judiciales como las flores a un tiesto. 
Existen diferencias estructurales, diferencias culturales podría decirse, y así se deja entrever también en este informe. 
Encontramos un comentario digno de señalar en el punto D. El Parlamento Europeo piensa que uno de los motivos por las que la aplicación del Derecho comunitario es deficiente estriba en la imposibilidad de "comprender el Derecho comunitario derivado". 
Creía que se trataba de un fallo de traducción, aunque siempre se deba pensar bien de los servicios de traducción, sin embargo, encontramos la misma expresión en otros idiomas: "l 'impossibilité d' une compréhension correcte", "inability correctly to understand" etc. Resulta imposible entonces lograr una correcta aplicación del Derecho comunitario derivado. 
Es un reconocimiento interesante. 
No obstante, cabría pensar que la consecuencia podría ser, tal como han manifestado anteriores oradores, que la integración y la regulación supranacional han llegado demasiado lejos, pero ésta no es la conclusión. 
La conclusión es, como vemos recogida en la página 11 del informe con términos casi militares, que debemos establecer un sistema que "neutralice las resistencias nacionales". 
En caso de discrepancia entre el Derecho comunitario y el Derecho nacional saldrá perdiendo el respeto hacia las tradiciones judiciales nacionales y esto quizá explique la existencia de una creciente oposición a este sistema no sólo en Dinamarca sino también en Irlanda y en otros muchos lugares. 
. (EN) El informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario que el Parlamento tiene hoy ante sí es el décimoséptimo preparado en respuesta a lo que inicialmente pedía este Parlamento en una resolución de 1983. 
Como el Parlamento sabe, esos informes brindan un archivo anual de la labor de la Comisión en el desempeño de una de las partes más importantes de su labor de guardiana de los Tratados, mediante la adopción de medidas contra las infracciones cometidas respecto del artículo 226 del Tratado. 
Evidentemente es muy normal que el Parlamento estudie minuciosamente esas actividades. 
A la Comisión le agrada sobremanera que el Parlamento haya acogido calurosamente este último informe, y queda también agradecida al Sr. Koukiadis y a sus colegas por su labor. 
Todos los años, cada uno de los dos informes periódicos sobre presuntas infracciones que se preparan antes de que se inicien las causas por infracción y cada uno de los dos informes sobre infracciones probadas que se preparan después de haber notificado al Estado miembro de que se trate, abarcan unos 2.000 casos investigados por la Comisión. 
El grueso de esos casos son casos individuales de aplicación errónea del Derecho comunitario por las autoridades de Estados miembros. 
Es evidente que sólo se puede hacer frente a un número tan grande de casos si se cuenta con un procedimiento que combine las ventajas del examen individual de los casos, un tratamiento rápido de la causa y el cumplimiento del principio de la responsabilidad colectiva que aplica la Comisión. 
El desarrollo e instalación de un sistema informatizado eficaz también es esencial para llevar a cabo esa labor. 
Por esa razón se ha establecido una sola base de datos de gestión que abarca todos los archivos de infracciones establecidos por la Comisión y que posee datos sobre la transposición de directivas en los Estados miembros. 
Una ventaja de este sistema es que permite que la Comisión actúe sistemáticamente contra Estados miembros que no han adoptado medidas de ámbito nacional para aplicar las directivas, antes de que finalice el plazo tolerado para la transposición. 
Como el Parlamento sabe sin duda alguna, no se trata de una obsesión de uniformidad engendrada por algún motivo burocrático, sino de algo que es esencial para los intereses de la equidad en toda la Unión. 
El desarrollo de un sistema informatizado eficaz posibilitará también informar más detalladamente al público acerca de las medidas adoptadas por la Comisión para controlar la aplicación del Derecho comunitario en todos los casos en que se haya adoptado una decisión en favor de pronunciar una opinión razonada o de remitir un caso al tribunal. 
La Comisión está continuando su política consistente en publicar inmediatamente comunicados de prensa, que es lo que empezamos a hacer en 1998, y además, desde enero de este año, las decisiones que tratan de una infracción, o de una opinión razonada, o de remitir el caso a un tribunal o de dar por terminado un caso, se han publicado también en el servidor europeo de las Comunidades Europeas tan pronto como la decisión ha sido adoptada por la Comisión. 
La presión horizontal ejercida por esta mayor transparencia de las decisiones que se refieren a infracciones cometidas por Estados miembros puede ayudar también a promover una conformidad más rápida de los Estados miembros, pues todos se enterarán inmediatamente de las decisiones adoptadas en contra de cada uno. 
Puede considerarse también que una mayor transparencia es una garantía de tratamiento equitativo de las demandas. 
El Parlamento sabe sin duda alguna que debido a que la Comisión posee una posición privilegiada que le permite incoar causas por infracción, en el Parlamento recae una capacidad sin igual de salvaguardar los intereses de los demandantes. 
Las garantías que ofrece la Comisión se han ido estableciendo con el tiempo y ahora consisten en procedimientos procesales que aseguran la inscripción de la demanda, una rigurosa confidencialidad e información para los demandantes, que pueden dar a conocer sus opiniones antes de que se adopte la decisión de cerrar el caso. 
Nos esforzamos por conseguir la máxima firmeza y la máxima seriedad en esos procedimientos de importancia vital. 
En su respuesta al Defensor del Pueblo sobre las críticas formuladas acerca de la gestión del caso de infracción relativo a la concesión del contrato para la construcción del metro de Salónica, la Comisión se ha comprometido a consolidar las normas administrativas relativas a los demandantes para facilitar la concertación de contratos entre los demandantes y los departamentos de la Comisión. 
Se informará al Parlamento acerca de los resultado de esta consolidación tan pronto como quede finalizada. 
El informe adoptado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior- que es la base de la propuesta de resolución que el Parlamento tiene hoy ante sí- contiene varias conclusiones y recomendaciones. 
En aras de la brevedad y con la venia del Parlamento me referiré únicamente a las principales. 
Para empezar diré que la Comisión no está de acuerdo con las conclusiones del informe de que el creciente volumen de infracciones de que tienen que ocuparse departamentos de la Comisión, en particular sobre la base de demandas, refleja un deterioro en la aplicación del Derecho comunitario. 
Las principales razones de lo que acabo de decir son las siguientes. 
En primer lugar, el volumen global de demandas y de casos tramitados es estable. 
Incluso ha descendido ligeramente a 2.000 el número de demandantes inscritos. 
En segundo lugar, hay que tener en cuenta las sucesivas ampliaciones de la Comunidad y la expansión del Derecho comunitario, particularmente en relación con los poderes más amplios de que dispone la Comunidad y con la creciente mentalización de los sectores públicos y comerciales respecto del Derecho comunitario. 
Todos estos son factores que influyen en el número de infracciones tramitadas por la Comisión y, sobre esa base, el aumento del número absoluto de casos tramitados constituye una evolución positiva y no algo que pueda provocar inquietudes. 
Como el Sr. Koukiadis dice en su informe, es importante que se haga todo lo posible para determinar las causas profundas de las infracciones y que se encuentre la manera de reducir su número, sin basarse exclusivamente en el procedimiento corriente que se sigue en caso de infracción. 
Por lo que se refiere a la interpretación de las estadísticas que brinda el informe anual, el margen de interpretación de las cifras sigue siendo restringido debido a las numerosas causas de las infracciones, a la gran dependencia de la Comisión respecto de las demandas y a la dimensión política de la labor originada por el hecho de que el procedimiento queda a la discreción de la Comisión. 
La Comisión está en condiciones de determinar un orden de prioridad para los procedimientos vinculándolos, primeramente, al daño percibido a los ordenamientos jurídicos comunitarios, en segundo lugar al daño percibido en cuanto al interés protegido por la disposición que ha sido objeto de la infracción, en tercer lugar al carácter reiterativo de algunas infracciones que son objeto de demandas individuales o colectivas, y en cuarto lugar al daño causado a los intereses financieros de la Comunidad. 
Además, un suceso cotidiano registrado en cualquier esfera determinada del Derecho comunitario puede provocar también un incremento de las demandas presentadas a la Comisión y ser causa de que la Comisión intensifique sus medidas de respuesta a fin de atender las necesidades de su programa político. 
Las diversas fases que llevaron a la finalización del mercado único son un buen ejemplo de lo que acabo de decir. 
El creciente reconocimiento de la posibilidad de infringir el derecho medioambiental es otro ejemplo. 
Todos esos extremos se disponen en términos clarísimos en el Libro Blanco que, como algunos diputados nos han recordado, se va a examinar mañana en este Parlamento. 
Hay que tener presente que los tribunales nacionales son los primeros guardianes del orden jurídico comunitario y que, por lo tanto, la Comisión se ocupa de una proporción relativamente pequeña de las infracciones del Derecho comunitario. 
Hay que reconocer también que, como gran parte de ese Derecho está constituido por directivas que han de transponerse a los regímenes jurídicos nacionales de los Estados miembros, una vez efectuada la transposición el instrumento de que se trate pertenece al derecho del país y toda infracción de que sea objeto tiene que tramitarse en los tribunales nacionales. 
Sé que el Parlamento está al corriente de la situación, pero la menciono a fin de que conste en acta con la esperanza de que quizá pase a la comprensión de la prensa de los Estados miembros y con el tiempo quizá también al público, al que los periódicos persuaden cada día de que en la Unión Europea está desarrollándose un gran proceso de centralización cuando, en realidad, lo que está ocurriendo es lo contrario. 
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior menciona la necesidad de acortar el tiempo que lleva la tramitación de demandas. 
Es evidente que simpatizamos con ese objetivo y en consecuencia nos estamos poniendo en contacto con los Estados miembros pertinentes para ver si conseguimos un cumplimiento más rápido del Derecho comunitario y para ver si reducimos los plazos de tramitación de los propios Estados miembros, particularmente mediante una mayor utilización del sistema informático. 
Como ya he dicho, para que haya una mayor transparencia la Comisión publica actualmente sus decisiones en favor de enviar cartas de notificación oficial, de publicar opiniones razonadas, de remitir casos al Tribunal y de cerrar o retirar un caso inmediatamente en cuanto se haya adoptado una decisión. 
Quisiera recalcar también que, concretamente en respuesta a las preocupaciones del Parlamento, el 18º Informe Anual correspondiente al año 2000 contendrá una sección específica sobre la tramitación de excepciones a la armonización de que disfrutan los Estados miembros en virtud del artículo 95 del Tratado. 
La Comisión toma nota también de la preocupación del Parlamento acerca de la necesidad de mejorar la cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales responsables de la aplicación de legislación secundaria. 
Como saben ustedes, hay contactos regulares en los departamentos de la Comisión acerca de problemas concretos relativos a la aplicación del Derecho comunitario mediante reuniones temáticas y las denominadas misiones relativas a directivas. 
Sin embargo, la Comisión está buscando también la forma de mejorar el procedimiento para la notificación de medidas de aplicación nacional como ampliación del programa IDA para el intercambio de datos entre administraciones. 
Esa labor incluye la constitución de redes comunitarias y de bases de datos jurídicos nacionales que abarquen las directivas y las medidas de aplicación nacionales, y dará también al público un acceso más fácil a la legislación comunitaria y le ayudará mediante la capacitación de juristas en Derecho comunitario. 
La red proporcionará también acceso directo a los informes sobre la aplicación doméstica del Derecho comunitario, producidos por autoridades nacionales determinadas. 
En conclusión, las actividades de la Comisión en relación con el control de la aplicación del Derecho comunitario son de importancia capital para cumplir su misión esencial, que es preservar el orden jurídico comunitario de forma equitativa, firme, coherente, y con la comprensión pública. 
El activo interés de este Parlamento por esas actividades es sumamente valioso y le quedamos muy agradecidos por su continuo apoyo y su comprensión. 
Muchas gracias, señor Comisario Neil Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0330/2001) de los Sres. Harbour y Guy-Quint, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y de la Comisión de Presupuestos, sobre la reforma de la Comisión. 
Señor Presidente, en nombre de todos mis colegas quisiera decir lo mucho que apreciamos la presencia del Sr. Kinnock entre nosotros para tratar de las reformas. 
Quisiera decirle que si ha llevado mucho tiempo conseguir que este asunto figure en el orden del día, el retraso no se ha debido a falta de esfuerzos por nuestra parte. 
Ha sido muy decepcionante que en nuestras gestiones con la Mesa no hayamos conseguido destacar la importancia de este debate, pero lo afrontaremos esta noche con seriedad y, de todos modos, es un placer tenerle a usted entre nosotros. 
Es evidente que las reformas- y ya sé que usted podrá decirnos muchas más cosas a ese respecto dentro de unos momentos- han llegado a una fase crítica. 
Sabemos que han estado ustedes sosteniendo extensas consultas. 
En cierto modo eso nos plantea un dilema en el Parlamento. 
Por el apoyo que recibió mi informe el año pasado habrá comprobado usted que los colegas sienten un interés muy profundo y muy intenso por todas las reformas y que a ese respecto hemos apoyado fírmemente a la Comisión. 
En realidad, sabíamos muy bien que había que aplicar esas reformas lo más rápidamente posible para que el personal no se desilusionara y para que pudiera ver que le esperan cambios y nuevos métodos de trabajo. 
Hemos formulado algunas sugerencias que se reflejan en el debate de esta noche. 
No queremos distorsionar ese proceso. 
Por otra parte, cuando ustedes nos envían elementos relativos al Estatuto del Personal, como legisladores que somos necesitamos cerciorarnos de que esos cambios de las normas van a repercutir en favor de una buena administración y no en contra de ella. 
Han expuesto ustedes de forma persuasiva, como dice nuestro informe, que en muchos casos el actual Estatuto del Personal es deficiente a ese respecto. 
La cuestión que hemos planteado esta noche se refiere a lo que consideramos- y espero que compartan ustedes nuestra opinión- que es el verdadero corazón de las reformas que están ultimando ustedes. 
El éxito consistiría en que en esta organización se ascendiera por méritos, que todos los miembros del personal de la Comisión supieran que se habían fijado objetivos claros, supieran cuáles eran esos objetivos, y supieran que si alcanzan o rebasan esos objetivos su actuación se reconocería sin ambajes. 
El personal debe saber que trabaja en una organización en la cual las evaluaciones de su actuación no son ejercicios burocráticos que se llevan a cabo cada dos años y que a continuación se archivan en un fichero y ya nadie se vuelve a ocupar de ellas, que el proceso de evaluación forma parte de la calidad global de la gestión y de los procesos que se llevan a cabo en el seno de la Comisión, que dicho proceso da a todos los miembros del personal el sentimiento de que forma parte de su desarrollo personal. 
Les está fijando objetivos, está identificando la necesidad de capacitación para su carrera, para su ascenso y para determinar lo que necesitan saber y hacer para contribuir a su propio desarrollo y al desarrollo de la organización en general. 
La cuestión de la evaluación está muy estrechamente relacionada con un aspecto de las reformas que sabemos suscitan en el Parlamento intensos debates en estos momentos. 
Espero que no les importe que mencione ahora esta cuestión, aunque no forma parte de los asuntos que estamos examinando. 
Se trata de la cuestión de la estructura de la carrera y de las propuestas del Parlamento en favor de instituir una estructura linear de la carrera. 
Es evidente que la cuestión de la evaluación y la cuestión de la estructura de la carrera están inexplicablemente vinculadas. 
Lo que yo propugno- y así se expresa en mi informe y ha obtenido el apoyo de algunos colegas- es que si el sistema de evaluaciones y desarrollo funciona debidamente no habrá obstáculos para conseguir que haya una estructura de carrera linear, y en el fondo eso es la finalidad principal de lo que el Parlamento está intentando hacer. 
No debería haber motivo alguno para erigir barreras artificiales al progreso del personal de una organización. 
Si es necesario contar con determinadas cualificaciones o determinada capacitación para pasar al próximo puesto de trabajo, el proceso de desarrollo lo determinará. 
Y un sistema de evaluaciones eficaz y adecuadamente concebido, respecto del cual les hemos formulado una serie de preguntas en el informe que hemos presentado, está vinculado también muy estrechamente con ese concepto y, en realidad, constituye también la verdadera base de una estructura de carrera linear. 
Mi colega, la Sra. Guy-Quint, va a tratar de todas las detalladas cuestiones presupuestarias con sus profundos conocimientos en la materia, pero quisiera mencionar brevemente dos elementos finales de nuestras preguntas, para encuadrarlas en su debido contexto. 
El primer elemento es un elemento respecto del cual ya nos hemos referido concretamente a ustedes como aspecto de una organización pública moderna: una política de "tirar de la manta" para revelar algo que no parezca legal, y la expresión inglesa ("whistle-blowing") está cobrando cada vez mayor aceptación como forma excelente de describir una política en la que los funcionarios creen y esperan que si encuentran algo delictivo pueden informar de ello sin miedo de recriminación o de que su carrera se vea perjudicada. 
El segundo elemento está vinculado a un debate que vamos a sostener esta semana sobre el código de conducta administrativa: ¿qué es lo que piensan ustedes de ello como parte integrante de las reformas generales? 
Para acabar diré que esperamos con sumo interés las respuestas que nos dé la Comisión esta tarde y también su confirmación tranquilizadora de que las reformas se están llevando a cabo según deseaban. 
Esperamos que la Comisión pueda determinar también la manera en que podría obtener más apoyo de este Parlamento en lo que, para nosotros, es un hecho de importancia absolutamente capital para el futuro de la Comisión e incluso para el futuro de la propia Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras, señores, queridos colegas, a raíz de lo que acaba de decir el Sr. Malcolm Harbour, voy a abordar muy rápidamente los problemas técnicos que se refieren a la Comisión técnica. 
Quisiera sin embargo decirle, señor Comisario, que me alegro de los avances logrados en el ámbito de la concertación desde nuestro último encuentro en el Pleno. 
En efecto, opinaba, al igual que varios parlamentarios, que era de lamentar que la Comisión presente propuestas e informaciones sin consultar realmente a las otras instituciones, a las organizaciones sindicales y a los comités de personal de dichas instituciones. 
Ahora bien, desde el mes de febrero, todo esto se ha convertido en una ilusión puesto que muchas de las instituciones que ustedes están consultando ahora se han mostrado atentas a ese procedimiento y lo han tomado en cuenta, afortunadamente. 
Sé que pueden ustedes comprobar que se está logrando un amplio consenso sobre numerosas propuestas. 
A ese respecto, me tomaré la libertad de expresar algo que difiere mucho de lo que dijo mi colega Harbour. 
Resulta que a nuestro parecer, quedan dos puntos delicados en esas negociaciones. 
Son precisamente la estructura de las carreras, o sea la linealidad, o en otras palabras el statu quo, y también el sistema de jubilación. 
Si interpreté bien lo que leí recientemente, resulta que ustedes están buscando una solución de compromiso entre esos dos sistemas de carreras. 
Espero por mi parte que sus negociaciones permitan llegar a una propuesta realista y moderna. 
Les recuerdo también que en lo que se refiere a las jubilaciones, aunque muy a menudo se considera que el porvenir está en el sistema de jubilación basado en la capitalización, muchos de nosotros, sindicalistas, empleados y otros, pensamos que se puede conservar, o en cualquier caso combinar, el sistema actual de distribución. 
Pero vuelvo ahora a las preocupaciones presupuestarias relacionadas a la reforma. 
En primer lugar, y por precaución, quiero recordarles que la implantación de un sistema de jubilación anticipada recibió el apoyo del Parlamento sólo con la condición expresa de la neutralidad presupuestaria, cualquiera que fuese su lugar de implantación. 
En lo que se refiere al conjunto de la reforma, esperamos por lo tanto, y lo antes posible, un documento completo que haga el balance de la situación presupuestaria de las negociaciones en curso. 
Es por consiguiente indispensable que la Comisión de Presupuestos conozca mejor sus previsiones en el día de hoy en cuanto al coste global de la reforma. 
Hoy, se cifra a 600 millones de euros. 
Además, las sucesivas medidas propuestas y las solicitudes de otras instituciones han gravado considerablemente la masa necesaria para equilibrar la categoría 5, lo cual nos preocupa. 
Otro elemento de incertidumbre que hace que la decisión presupuestaria 2002 sea compleja, es la ausencia de respuesta del Consejo a la nota rectificativa nº 1 de 2001 sobre la implementación de las jubilaciones anticipadas. 
Si el Consejo mantiene su propuesta de aumentar la edad de la jubilación anticipada, tenemos una pregunta: ¿cuáles serían las consecuencias sobre vuestro proyecto y además, piensan que sería oportuno continuarlo en esas condiciones? 
Hoy no tenemos ningún documento que le permita al Parlamento medir las consecuencias de esas posiciones. 
Por mucho que deseemos la reforma, no podemos sin embargo decidir a ciegas sobre alternativas que tienen implicaciones técnicas, humanas y financieras de esa importancia. 
Decidir así equivaldría para nosotros a firmar un cheque en blanco a la Comisión, lo que no acostumbramos hacer. 
Hoy, sólo observamos que el anteproyecto de presupuesto presentado por la Comisión sobrepasa en 5 millones los límites máximos de la categoría 5 y que el Consejo propone ahora un proyecto de presupuesto que, por cierto, respeta los límites máximos, con un margen de 58 millones, pero que por ello mismo, no se ajustaría a todas las políticas de las diferentes instituciones. 
La solución: ¿debe la rubrica 5 soportar por sí sola los dos mayores proyectos, o sea la ampliación y el coste de la reforma? 
¿Habría entonces que seguir solamente con los esfuerzos enfocados a la reforma o también a la ampliación? 
Pero en cualquier caso, necesitamos una respuesta. 
¿No sería posible extender la reforma por un mayor período de tiempo? 
En vísperas de la votación sobre el proyecto de presupuesto, estamos conscientes de que muchas de las piezas del rompecabezas dependen de las respuestas que ustedes den, pero es fundamental que nos aclaren para que podamos escoger. 
. (EN) Señor Presidente, quedo muy agradecido al Sr. Harbour y a la Sra. Guy-Quint por haber formulado esta amplia cuestión que me permite informar a fondo al Parlamento acerca de los progresos conseguidos respecto de diversos aspectos de la estrategia de reformas de la Comisión. 
Estoy seguro de que el Parlamento comprenderá que si respondo detalladamente a cada una de las partes de esta pregunta oral, no quedará tiempo esta tarde para el debate. 
Por eso he preparado un informe completo de situación sobre todas las acciones individuales en materia de reforma que sus Señorías recibirán hoy por escrito. 
Quizá alguno de ustedes han recibido ya ese informe completo y por lo tanto me concentraré ahora en los hechos recientes más sobresalientes de los elementos de política en materia de recursos humanos de nuestra estrategia de reformas, y me referiré también, como ha pedido la Sra. Guy-Quint, a las cuestiones presupuestarias en particular. 
Diré en primer lugar, sin complacencia de ningún tipo, que en los cinco meses transcurridos desde que la Comisión adoptó el documento consultivo detallado sobre la reforma y la modernización de la política en materia de recursos humanos, el progreso ha sido sostenido y satisfactorio. 
El grupo conjunto de alto nivel presidido por el antiguo Secretario General del Consejo, Sr. Niels Ertsbøl, fue de particular utilidad y facilitó un proceso de consulta con representantes del personal muy constructivo y muy productivo. 
La Comisión ha transmitido ya su caluroso agradecimiento al Sr. Ertsbøl. 
En las consultas y negociaciones sobre las complejas cuestiones de la política de personal, es natural que se hayan producido algunos retrasos. 
Me alegra mucho poder decir que, sin embargo, no han sido de naturaleza o dimensiones que puedan haber causado ningún trastorno al calendario de las reformas. 
Como ya puse de relieve ante el Parlamento, y el Sr. Harbour ha puesto también de relieve, repetidamente y en mi opinión acertadamente, la Comisión se percata de que es necesario mantener el deseo de cambio, no solamente en interés de la institución sino también en interés de nuestro personal y del público a quién servimos. 
Estamos convencidos de que podemos mantener el ritmo necesario al mismo tiempo que conseguimos la comprensión y el apoyo requeridos para introducir eficazmente los cambios esenciales. 
En este contexto, la Comisión adoptó el 18 de julio un documento sobre nuevas orientaciones para la reforma de la política en materia de personal. 
Eso se comunicó al Parlamento pero como el Parlamento acabó su actividad anterior al verano aproximadamente cuando estábamos produciendo dicho documento, no hubo oportunidad de presentárselo oficialmente al Parlamento en aquella ocasión. 
El documento incluye un calendario para la finalización de las actuales negociaciones. 
Para el final del presente año la Comisión estará en condiciones de adoptar decisiones finalizadas sobre todas las cuestiones que no requieren cambios del Estatuto del Personal, así como de presentar una propuesta oficial de texto revisado del Estatuto del Personal al Comité interinstitucional del Estatuto del Personal. 
Confiamos en que las intensas consultas sostenidas con los Secretarios Generales y Presidentes de este Parlamento y de otras instituciones faciliten el apoyo que es esencial para llevar a cabo los cambios que sean necesarios, y recuerdo al Parlamento que este Parlamento y el Consejo Europeo dieron específicamente a la Comisión Prodi un claro mandato de reforma. 
La Comisión aprecia las buenas intenciones de los diputados que en su referencia a esta pregunta oral han hablado de la aplicación de la nueva política de desarrollo de la carrera, antes de llegar a un acuerdo oficial. 
Ahora bien, hemos de indicar al Parlamento que esos esfuerzos no dejarán de suscitar demandas oficiales y procedimientos judiciales y que, por tanto, serán causa de retrasos y engendrarán malas voluntades superfluas. 
Por eso seguiremos observando minuciosamente el acuerdo de conciliación a que llegamos con representantes del personal en marzo. 
Sea como fuere, como el calendario del mes de julio indica, las deliberaciones con representantes del personal de la Comisión concluirán en breve y muchos cambios fundamentales de política de personal que no exigen modificación alguna del Estatuto del Personal serán decididos entonces por la Comisión y puestos en vigor inmediatamente. 
Me place comunicarles que el objetivo básico de nuestras propuestas de febrero, que el Sr. Harbour nos ha recordado también, que es vincular directamente el progreso en la carrera con el mérito reconocido, ha sido aceptado en las negociaciones desarrolladas hasta ahora. 
Las modificaciones de detalle hechas como resultado de las negociaciones y consultas se han traducido, y me agrada decirlo, en mejoras de la propuesta. 
Los detalles referentes a esas cuestiones y a las preguntas del Sr. Harbour acerca de la determinación de puntos de referencia, evaluación, gestión y pensiones figuran en el informe de situación que envío hoy al Parlamento para su distribución. 
A fin de ganar tiempo me ocuparé, pues, de la parte final de la pregunta hecha por el Sr. Harbour y por la Sra. Guy-Quint acerca de las cuestiones presupuestarias. 
En primer lugar tomo nota de la referencia a 600 millones de euros como "reforma en materia de costo", que se hace en la pregunta, y tengo que decir que el Parlamento corre el peligro de inducirse accidentalmente a error. 
Es esencial subrayar con la máxima firmeza que hay que hacer una clara distinción entre el costo de la petición cuidadosamente estudiada por la Comisión de 717 nuevos puestos, con inclusión de 118 puestos en Delegaciones, que se presentó el pasado mes de septiembre en la carta modificativa, y los gastos generales requeridos para la reforma, que son muy inferiores. 
Los nuevos puestos que necesita la Comisión para poder desempeñar sus obligaciones normativas y operacionales hasta el año 2006, puntualizados detalladamente en la carta modificativa y documentos conexos, costarán aproximadamente 542 millones de euros. 
Los gastos brutos de la reforma de política en materia de personal hasta el año 2006 serán de unos 111,9 millones de euros. 
La mayor parte de los gastos en concepto de recursos humanos adicionales, por lo tanto, no tienen ninguna consecuencia apreciable para el trazado y aplicación de la estrategia de reformas. 
He de subrayar que ni la petición de puestos para la Comisión, ni ninguna de las propuestas de reforma de la Comisión, repercutirán en los límites fijados en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras de 1999, y que la Comisión cumplirá su compromiso de no rebasar los límites que indicamos voluntariamente el año pasado a este Parlamento y al Consejo. 
Ahora bien, como ha mencionado la Sra. Guy-Quint, el Parlamento debe tener en cuenta el hecho- como lo demuestra un cuadro que distribuyo también hoy- de que propuestas recientes formuladas por instituciones distintas de la Comisión tendrían como resultado un importante incremento de las tasas previstas de aumento de los gastos de personal y de administración en virtud de la rúbrica 5. 
Las instituciones que actualmente prevén un aumento de los gastos de la rúbrica 5 superior al promedio querrán, sin duda alguna, prestar más atención a este asunto. 
Es concebible que una parte de las estimaciones que están efectuando estén relacionadas con los costos previstos asociados con la ampliación. 
Ésta es una cuestión de interés que requiere la atención de todos nosotros. 
Ahora bien, el hecho es que, tal y como las cosas están en el momento actual, el peligro de dañar a la rúbrica 5 de la perspectiva financiera se debe entera, sola y completamente a las ambiciones de instituciones distintas de la Comisión y no tiene absolutamente nada que ver con las propuestas modestas y temporales que hemos formulado en favor de inversiones adicionales relacionadas con la reforma, que es una misión fundamental de la Comisión Prodi que se nos confirió por mayoría abrumadora de este Parlamento y decisión unánime del Consejo Europeo. 
Aunque las deliberaciones con representantes del personal no han finalizado todavía, la Comisión desea poner de relieve que un examen de todas las cifras pertinentes indicará- y las cifras correspondientes se hallan en los documentos que he distribuído hoy y en el documento adoptado por la Comisión el 18 de julio- que el incremento en gastos anuales con arreglo a la rúbrica 5 y debido a la reforma propuesta por la Comisión será modesto y temporal. 
Las cifras publicadas en julio en el documento sobre nuevas orientaciones indican el máximo incremento anual imputable a la reforma- si todas las instituciones adoptan las medidas- que sería de 34,3 millones de euros más en 2005 que en 2001. 
A continuación, después de 2005 el costo disminuirá y permitirá hacer economías a título permanente de 23,5 millones de euros en comparacón con el año 2001. 
Tomando en cuenta todos esos factores y como respuesta concreta a la pregunta que el Parlamento tiene ante sí, la Comisión estima que nuestra estrategia de reforma no requiere que pidamos que se revise el límite de la rúbrica 5 y, en consecuencia, no lo pediremos. 
De todo lo antedicho se sigue evidentemente que no consideramos que sea conveniente ni necesario establecer lo que sería una falsa distinción entre aspectos urgentes y aspectos menos urgentes de la reforma. 
En cuanto a la cuestión de desarrollar las actividades de reforma durante un período más prolongado, recordaré sencillamente al Parlamento que en primer lugar una parte importante del Parlamento es partidaria- acertadamente, en mi opinión- de que se mantenga el impulso en favor del cambio, para bien de nuestro personal y también para bien de las instituciones. 
En segundo lugar, el mandato explícito de la Comisión Prodi- y de ninguna otra comisión- era iniciar las reformas durante su quinquenio. 
A un costo de 111 millones de euros para cuatro años, con inversiones cuyo resultado sería verdaderas economías en los costos, como hemos demostrado, ninguna de las inversiones para la reforma es onerosa. 
Todas las inversiones para la reforma son esenciales. 
No se trata de que procuremos obtener o aceptar un cheque en blanco: todos los argumentos que hemos expuesto, todas las cifras que hemos mostrado, todas las propuestas que hemos presentado se han calculado cuidadosamente. 
No contamos con que nadie acepte nada en concepto de crédito o por mera confianza. 
Es evidente que las negociaciones sobre la modernización del sistema de carrera han desembocado en un consenso acerca de los objetivos de cambio de sistema y también acerca de las condiciones para la reforma del sistema. 
Sin embargo, esas negociaciones no han conseguido todavía llegar a un acuerdo sobre los medios prácticos detallados de la aplicación del tipo de reforma que es necesaria para producir una estructura de carrera moderna y más continua, pero las perspectivas de llegar a dicho acuerdo están muy cercanas, cosa que me alegra poder decir. 
En las últimas semanas de agosto, la labor prosiguió a fin de producir opciones y modelos recientes y detallados que serán objeto de deliberaciones reanudadas con representantes del personal y con otras instituciones este mes. 
Hay motivos para prever que para el final del mes de octubre la Comisión estará en condiciones de echar un último vistazo a toda la cuestión de las reformas normativas de los recursos humanos, con inclusión de una estructura de carrera que sea más linear y que redunde en beneficio de los mejores intereses profesionales de la administración pública permanente e independiente de la Unión Europea. 
Para que esas propuestas se traduzcan en realidad será esencial contar con la comprensión y el apoyo del Parlamento, como asamblea democrática y como institución empleadora. 
Considero con optimismo que se obtendrá ese apoyo y esa comprensión. 
Como nos ha recordado el Sr. Harbour, el pasado mes de noviembre una gran mayoría de este Parlamento apoyó su informe, que favorecía explícitamente el principio de efectuar cambios importantes- no de conservar el statu quo o algo por el estilo- a fin de establecer un sistema de carrera más linear para la administración pública de la Unión Europea, por todas las razones que tuvo la amabilidad de exponer de nuevo esta noche. 
Espero que el Parlamento y la administración que se ocupa del Parlamento mantengan esa actitud positiva. 
Una actitud negativa frustraría la voluntad de este Parlamento que por considerable mayoría se expresó ya en septiembre de 1999, en noviembre de 2000 y en varias otras ocasiones. 
La razón de ello es que la voluntad de este Parlamento se vería frustrada por una actitud negativa si dicha actitud impidiera o evitara que la Comisión efectuara cambios que son esenciales para la reforma de modernización que han pedido explícitamente el Consejo, el Parlamento y el pueblo de Europa. 
Confío en que la actitud constructiva y cooperadora que tan repetidamente ha expresado este Parlamento respecto de la reforma siga siendo firme y coherente. 
Señor Presidente, debo hablar de temas de control, como seguro que lo hará la Sra. Morgan, a quien le doy la bienvenida y la enhorabuena por su recién estrenada maternidad. 
Hay, señor Kinnock, una frase española que dice que "el infierno está empedrado de buenas intenciones". 
Usted tiene un dificilísimo cometido y me da la impresión de que, para pasar de las intenciones a los hechos, usted tiene que pegar un golpe encima de la mesa y asumir riesgos, como nos prometió el Presidente Prodi cuando asumió el quinquenio de su mandato. 
Hay cuestiones de control presupuestario sobre las que espero mayor concreción en su respuesta escrita. 
Recuerdo que, hace un año, usted nos hablaba de que esperaban a ochenta funcionarios para el servicio central de auditoría para que comenzaran a trabajar a pleno rendimiento en abril para hacer una evaluación del sistema de gestión y control. 
No sabemos si esto está ya en marcha. 
No sabemos si el visado previo centralizado está ya en marcha en la medida en que ya se haya obtenido un alto nivel de experiencia en los órganos ordenadores. 
No sabemos si funcionan los controles previos específicos, sobre la base de análisis de riesgos o por deseo de los ordenadores. 
Tenemos grandes dudas, señor Kinnock, sobre el futuro del Reglamento financiero que hay que elaborar urgentemente. 
No será su exclusiva responsabilidad, pero tenemos una gran nebulosa al respecto. 
Usted va a hacer una reedición. 
¿Cuándo va a venir esa reedición? 
¿Qué pasa con la Convención sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad? 
¿Qué pasa con el helpdesk, con el despacho de apoyo que iba usted a instalar para que las medidas del Libro Blanco pudieran estar asesoradas por parte de los funcionarios? 
Un larguísimo etcétera. 
Nos da la impresión de que la tarea es ingente, que hay un calendario que desarrollar. 
Sabe usted que cuenta con nuestro apoyo. 
Queremos que usted asuma riesgos. 
Le apoyaremos si se equivoca, como apoyamos al Sr. Prodi cuando nos lo dijo, pero necesitamos, tal vez, que alguien dé un puñetazo encima de la mesa y que los plazos se cumplan y que las promesas se conviertan en realidades, señor Kinnock. 
Señor Presidente, cuando iniciamos este ejercicio todos sabíamos que la reforma de la Comisión no iba a ser cosa fácil, no iba a ser cosa sencilla y no iba a ser rápida, porque desde hace 40 años tenemos puntos de vista muy polarizados y para conseguir cambiar las cosas tendríamos que superar algunos problemas. 
A pesar de todos los obstáculos, he de decir, después de haber escuchado al Comisario, que podemos felicitarle por los progresos que ha hecho hasta ahora y que podemos felicitar también al sindicato del personal por haberse sentado a la mesa de negociación y por haber conseguido progresos en algunas esferas de la reforma. 
Es importante que esta cuestión esté ante nosotros porque quisiera mencionar un par de asuntos que algunos de mis colegas han planteado. 
El Sr. Harbour- acertadamente- ha planteado la cuestión de la cronología. 
La cronología es importante porque, si fijamos una cronología inadecuada, repercutirá en la moral del personal y una vez que la moral del personal empieza a decaer la situación repercute en el mejoramiento de la carrera, en los ascensos, etc., y una vez que todas esas cuestiones se plantean, las cosas se empantanan. 
Todas esas cuestiones están íntimamente relacionadas. 
Me alegra que el Sr. Harbour haya mencionado la cuestión de la estructura de carrera linear porque es una cuestión de mucha importancia, una cuestión con la que tenemos que enfrentarnos, como el Comisario sabe bien. 
Añadiré que coincido en que lo de "tirar de la manta" ha pasado ahora al dominio público. 
Sin embargo, la versión inglesa de "tirar de la manta", que es "whistle-blowing", tiene una acepción diferente en la parte occidental de Escocia: hace pensar en "flautas", y es una acepción que no acaba de encajar en la parte del mundo de que provengo. 
Estoy ligeramente en desacuerdo con mi colega la Sra. Guy-Quint. 
En cuanto a la cuestión de las consultas, diré que se nos ha consultado en todos los casos. 
Mi colega insistió una vez más en que el período de la reforma sea más prolongado, pero ya hemos dicho que si lo prolongamos más y más acabará por repercutir en la moral del personal y eso acaba por influir en su actuación. 
Tenemos que conseguir que ese plazo sea lo más corto posible. 
En cuanto a la cuestión íntegra de la jubilación, diré que yo fui la persona encargada de conducir el paquete de medidas relativas a la jubilación a través del Parlamento y no cabe duda de que es un paquete excelente. 
Permítame el Comisario que le diga lo siguiente: hemos oído hablar con mucha claridad acerca de la rotura de los límites de la rúbrica 5. 
Nos percatamos de que no se trata de una cuestión que sea de la incumbencia de la Comisión y quizá haya llegado la hora de que alguien de nosotros se fije en lo que sucede en las demás instituciones y se entere de la opinión que tienen acerca de esta cuestión. 
Para acabar diré que hemos conseguido progresos importantes. 
Es indispensable que se nos mantenga informados de los progresos conseguidos. 
Me alegra lo que ha dicho el Comisario porque solamente de esa manera y controlando lo que está sucediendo podremos conseguir algo. 
Si se presentan obstáculos, entonces podremos empezar por abordarlos aquí y también en las demás instituciones. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal quiere también manifestar nuestro firme respaldo a las iniciativas que usted, señor Kinnock, ha puesto en marcha en el ámbito de personal. 
No es una tarea fácil ésta que lleva usted entre manos, de ahí la importancia de que el Parlamento le dé su pleno respaldo. 
Un rasgo general de nuestra sociedad en estos años es vernos obligados a plantear nuevas formas de organizar el trabajo en las empresas con el fin de garantizar la competitividad y explotar las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías y la administración pública para dar a los electores el mejor uso posible a sus impuestos. 
Y precisamente los electores tienen muchas dificultades a la hora de entender por qué mantenemos en las instituciones comunitarias una política de personal tan rígida y anticuada, en la que la promoción tiene lugar en base a criterios muy formales antes que en base al trabajo. 
La gente no entiende que los trabajadores comunitarios no deban cumplir los requisitos que en materia de innovación, flexibilidad y adaptación están vigentes en el resto de la sociedad. 
A este respecto me gustaría respaldar en nombre del Grupo Liberal la iniciativa de la Comisión sobre la estructura profesional lineal, que ha sido mencionada en varias ocasiones a lo largo de esta tarde y en la cual la promoción tiene lugar según capacidades y trabajo. 
También me gustaría lamentar el hecho de que la señora Presidenta del Parlamento en una carta dirigida al señor Presidente de la Comisión, Sr. Prodi, se mostrara de hecho contraria a las propias posiciones del Parlamento en este punto, tal como quedaron reflejadas en el informe Harbour. 
Espero que esto no haya causado excesivas complicaciones a la Comisión en las negociaciones. 
Es de vital importancia que las reformas de la Comisión incluyan una política de personal que recompense el compromiso, la diligencia y la capacidad de adaptación, y así vamos a apoyarlo. 
En vista de lo cual esperaré a la iniciativa de compromiso de la Comisión sobre la estructura profesional y a propósito, quiero hacer un comentario sobre la puntualización del señor Comisario sobre qué crea los problemas en la categoría 5. 
Creo que esta puntualización fue muy acertada. 
Señor Presidente, hasta ahora no he recibido ningún informe, ni en italiano ni en inglés. 
Es posible que estén esperándome en mi oficina, pero si he entendido bien al Sr. Kinnock, en su opinión la única forma de respetar los límites de la Perspectiva Financiera consiste en abolir el uso de los otros diez idiomas y conservar únicamente el idioma inglés. 
Mi problema no es el inglés como idioma: mi problema estriba en que no quiero hablar únicamente en inglés con un Director General de la Comisión cuya lengua materna sea el inglés, por ejemplo, y no quiero que ninguna cultura determinada posea una influencia excesiva. 
Señor Vicepresidente, hace dos años, en septiembre de 1999, el Parlamento otorgó a la Comisión Prodi/Kinnock un mandato muy preciso: la reforma. 
Señor Presidente, han transcurrido dos años y por lo que yo sé la única reforma que usted ha aplicado ha sido la de quitar la medalla de oro a los funcionarios tras veinte años de servicio, lo cual, honestamente, me parece poco. 
En Italia durante veinte años existió el Ministerio de la Reforma de la Función Pública; luego suprimieron la palabra "reforma" porque era bastante ridículo que se reformara durante veinte años y se ha convertido en Ministerio de la Función Pública sin más. 
Me parece que esta reforma- no es casualidad que el Sr. Pomés Ruiz haya hablado del Reglamento financiero- es, por así decirlo, una quimera: hace dos años que se habla de ella, pero se me antoja que todas las propuestas están planteando dificultades y toda una serie de problemas. 
Por lo tanto, me pregunto cuándo acabará la reforma, cuándo acabará este descontento. 
Pienso que usted no ignora el hecho de que los funcionarios europeos no están muy satisfechos de la manera en que están yendo las cosas. 
No quiero defenderles como corporación, sin embargo, diré que se trata de un fenómeno grave porque esta Comisión tenía como tarea relanzar la función pública europea. 
Por el contrario, me parece que esta reforma en lugar de relanzarla la está echando a perder. 
Señor Presidente, todos sabemos lo difícil que resulta reformar una administración: se trata, en el fondo, de substituir el equilibrio basado en la inercia y la rutina de los años y los usos por otro, virtualmente excelente en principio, pero desconocido y siempre experimental en su materialización. 
Se trata, naturalmente, de un imperativo resuelto y lo acogemos con beneplácito. 
Por eso apoyamos, en principio- sin cheque en blanco- la iniciativa de la reforma de la Comisión. 
Pero resulta oportuno recordar que esta reforma no es una reforma simplemente administrativa, sino también una reforma de sentido político, en la que, además de los equilibrios tradicionales, es necesario preservar el tradicional equilibrio institucional europeo, en la que se plantea una cuestión de poder que no se puede zanjar como si se tratara de una reforma neutra. 
¿Qué es lo que nos preocupa, esencialmente? 
Desde luego, la cuestión de si nos encaminamos hacia un fortalecimiento de la independencia y la autonomía de la función pública europea (es lo que puedo aconsejar a quien debe decidir) o si la discrecionalidad en la progresión de la carrera privatiza la relación jerárquica y convierte a un funcionario europeo en algo muy parecido a un funcionario de una multinacional. 
Además, ¿en qué bases objetivas se asientan las competencias en materia de promociones? 
¿Cómo impedir que el mérito se diluya en la dádiva, en la obediencia a las jefaturas y se cree una estructura de los altos funcionarios en la que unos sean rápidamente promovibles y otros sólo lentamente? 
¿Y cómo impedir que esa polaridad tenga como contornos consideraciones de tipo nacional, de defensa del interés nacional, por oposición a la esencia funcional de la Comisión, a quien corresponde la defensa de los intereses europeos? 
Ésos son los riesgos políticos de esta reforma, nuestros temores, nuestros recelos. 
Le corresponde a usted, señor Comisario Kinnock, y a su probidad y honradez intelectual demostrar que esos riesgos, esos recelos, esos temores no tienen razón de ser. 
Pero la carga de la prueba compete a la Comisión y muy en particular al Comisario Kinnock. 
. (EN) Señor Presidente, me hago cargo de que he abusado antes de la paciencia del Parlamento en mis esfuerzos por procurar responder de forma completa. 
Procuraré ahora ser lo más breve posible en mi respuesta a los excelentes argumentos que han expuesto los oradores en el curso de este debate. 
Si procuro limitarme a los puntos más sobresalientes y no dar más que respuestas brevísimas quizá ayude en cierto modo al Parlamento, especialmente teniendo en cuenta que en el correo de hoy y probablemente ya en sus oficinas, hay una respuesta muy amplia y detallada a cada uno de los aspectos de la pregunta oral hecha por el Sr. Harbour y la Sra. Guy-Quint, así como un cuadro completísimo de 23 páginas en inglés que reseña cada una de las 98 acciones de reforma propuestas y que da cuenta con detalle del estado de cada una de ellas en este momento, tanto si las propuestas han quedado finalizadas y aplicadas, lo que es el caso de algunas, o si son actualmente objeto de consultas o si han sido presentadas a este Parlamento, o al Consejo, o a uno y otro, para lograr la enmienda legislativa necesaria para ponerlas en vigor. 
Todos los diputados, con inclusión del Sr. Pomés Ruiz y del Sr. Dell ' Alba y otros que han hecho preguntas de ese tipo, podrán, remitiéndose sencillamente al cuadro, obtener la información más actual de que pueda disponer alguien en la Unión Europea, incluida la propia Comisión. 
En respuesta a las preguntas del Sr. Harbour acerca de "tirar de la manta" y acerca del código de buena conducta administrativa, es evidente que necesitamos cambios del Estatuto del Personal para conseguir los progresos necesarios respecto de la legislación vigente en cuanto a la obligación de denunciar cualquier aspecto sospechoso que pueda repercutir en el bienestar financiero de las Comunidades Europeas. 
La propuesta se ha formulado con todo detalle. 
Estamos procurando ahora obtener la cooperación del Consejo y del Parlamento en el curso del examen de la modernización del Estatuto del Personal el año próximo. 
Espero con optimismo que obtengamos esa cooperación. 
Su resultado será que la administración pública de la Unión Europea dispondrá de disposiciones mejores y más seguras para proteger los intereses del personal y de las instituciones y el público europeo, que cualquier administración pública de cualquier país de la Unión Europea. 
Por lo que se refiere al código de conducta administrativa, los principios de ese código están ya estipulados en el Estatuto del Personal. 
En la práctica cotidiana, como hemos puesto en vigor el código, la respuesta a la pregunta oral de hoy acerca de si el código de conducta administrativa está ya incorporado en la práctica a los textos que rigen las actividades de la Comisión, la respuesta, repito, es afirmativa. 
En cuanto a la cuestión de la estructura de la carrera, se diría que hay quien ha hecho suyas opiniones mal informadas o ha recibido opiniones que inducen en error. 
Aseguro al Parlamento que la intención que rige la reforma en general, y más concretamente la intención que tienen las propuestas que hemos formulado en relación con la estructura de carrera, no consiste en tratar de emular algunas de las características de las sociedades multinacionales del sector privado. 
Consiste en establecer, evaluar, reconocer los méritos y brindar recompensa para el desarrollo de la carrera según los óptimos principios de responsabilidad, eficiencia, independencia, y servicios civiles profesionales en el plano de la Unión Europea. 
Ni más, ni menos. 
Si alguien está procurando dar la impresión de que estamos tratando de enfrentar a unos funcionarios con otros, de destruir la contribución de lealtad aportada por los funcionarios año tras año, de formular las propuestas que hemos formulado con miras a pasar por alto las cualidades individuales de la persona, se equivoca, y se equivoca tristemente. 
Estoy dispuesto a proporcionar el máximo de detalles para asegurar que no queremos repetir las falsas interpretaciones que han sido causa de diversas comunicaciones que han manifestado un desconocimiento completo de la comprensión de la finalidad y los detalles de lo que se ha propuesto hasta ahora. 
Mucho me agrada poder decir que en la Comisión los sindicatos, o una mayoría de los sindicatos que representan al personal de la Comisión, han analizado estas cuestiones de la forma más minuciosa posible y han conseguido desarrollar actitudes e ideas que pueden entrañar importantes mejoras de las propuestas y opciones que se presentaron inicialmente. 
Sobre la base de esa negociación y ese diálogo constructivos, que han tenido lugar durante los cinco últimos meses, estamos presentando ahora opciones actualizadas y reconsideradas que espero poder recomendar no solamente al personal de la Comisión sino también al de las demás instituciones. 
No hay nada que temer y me parece que el personal, las instituciones y el interés público en general no pueden sino salir ganando con la modernización de la estructura de carrera de las instituciones de la Unión Europea respecto de la estructura que habían heredado y que ahora tiene más de 40 años. 
Todo lo demás ha cambiado en la Unión Europea y ya es hora de que la estructura de carrera y el reconocimiento de las obligaciones y las capacidades sigan también la pauta de esos cambios. 
Quisiera decir al Sr. Pomés Ruiz que las respuestas a las cuestiones que ha planteado, por ejemplo acerca de auditoría, se pueden encontrar en diversos documentos que hemos transmitido al Parlamento. 
Ahora bien, como referencia rápida y sencilla, me permito señalar a su atención el grupo de cuadros que tendrá en su oficina hoy o a más tardar mañana- tengo la impresión de que ya están en su oficina- que le darán detalles completos y actuales sobre cada uno de los aspectos de la reforma en materia de establecimiento, desarrollo y funcionamiento, por ejemplo, del servicio de auditoría interna. 
El Sr. Miller ha hablado de cronología. 
Ésta es una cuestión apropiada. 
Queremos mantener el impulso adquirido, pero no tenemos la intención de que la Comisión, su personal, el Parlamento, el Consejo o cualquier otra entidad actúen de forma precipitada. 
Lo importante es reconocer que en la gestión de los cambios considerabilísimos que afectan a nuestras instituciones y a los que trabajan para ellas, no beneficiará a nadie el aplazar, eludir o prolongar innecesariamente las deliberaciones. 
Consigamos que esas deliberaciones sean detalladas y que las negociaciones se lleven a cabo con franqueza y buen fundamento. 
Ahora bien, cuando la perspectiva de un cambio se cierne sobre la gente, puede ser desestabilizadora, desmoralizadora y contraria a la motivación, cosa que no beneficia a nadie. 
Por eso es por lo que no queremos precipitarnos. 
Esos cambios se están examinando adecuada y democráticamente en un proceso de consulta y negociación. 
Hemos respetado todas las obligaciones que existían a ese respecto, y seguiremos haciéndolo. 
Por lo que se refiere al paquete de medidas sobre jubilación anticipada que ha mencionado el Sr. Miller, el paquete que tenemos en la actualidad ha mantenido su carácter atractivo para el personal y su neutralidad en materia de costos. 
Hemos cumplido nuestras promesas. 
Lo que necesitamos ahora es que el Consejo obre rápida y efectivamente, porque la eficiencia mejorada, la neutralidad en materia de costos y los beneficios para la actividad de la Unión Europea que pueden derivarse de la propuesta presentada por la Comisión el año pasado podrían quedar reducidos acusadamente o incluso perdidos por completo si algún miembro del Consejo busca evasivas. 
Eso no redundaría en beneficio de nadie. 
Me sumo a lo que ha dicho la Sra. Jensen: lo que estamos proponiendo es que se vincule el esfuerzo a una evaluación positiva y a una recompensa. 
Creo que ya he tratado de la cuestión planteada por el Sr. Marinho acerca de la naturaleza de lo que estamos procurando hacer, cosa que está en consonancia con los principios de la administración pública, pero ahora ha llegado el momento de referirme a la cuestión planteada por el Sr. Dell ' Alba acerca del idioma. 
El Sr. Dell ' Alba es un diputado de este Parlamento por el que siento gran respeto a pesar de nuestra discrepancia política. 
Lo que ha dicho acerca de la hegemonía del idioma es un argumento chabacano que, lamentablemente, disminuye el respeto que le tengo, y lo que dice no tiene absolutamente ninguna base en nada de lo que mis colegas de la Comisión o yo mismo hayamos podido hacer o decir. 
Quizá quería gastarnos una broma, pero me parece que en la Unión Europea del año 2001 no debemos bromear con ese tipo de cosas. 
Se nos ha dicho que en los dos años que llevamos trabajando en calidad de Comisión la única reforma que hemos hecho es suprimir la medalla que se concedía por 20 años de servicio. 
Ahora bien, cuando analizo lo que hemos hecho durante esos dos años veo que hemos cumplido las promesas de establecer, por vez primera, un servicio de auditoría central independiente, con una dirección y un personal profesionales, un servicio financiero central, capacidades de auditoría en cada Dirección General, un comité de actividades de auditoría que puede sostener la comparación con cualquier mecanismo comparable del sector privado o del sector público de cualquier país de la Unión Europea. 
Hemos redactado un nuevo reglamento financiero que llegó a su debido tiempo a este Parlamento y al Consejo y cuya promulgación estamos esperando. 
Hemos desarrollado un sistema estratégico de planificación y programación. 
Con la utilización de servicios de gestión y presupuestación orientados a las actividades desarrolladas, ese sistema se puede poner en práctica en la Comisión Europea a su debido tiempo, siempre que obtengamos de otras fuentes el apoyo necesario. 
Cumpliendo las promesas que hicimos el 1 de marzo de 2000, hemos podido llevar a cabo a su debido tiempo el conjunto más complejo y extenso de propuestas de reforma en materia de conducta y gestión del personal en la Comisión Europea y en la administración pública europea, que se puede comparar a la labor que en las administraciones de Estados miembros ha llevado de cinco a diez años. 
Es una afrenta para las personas que trabajan en la Comisión y para la enorme voluntad de que han dado pruebas, trabajando 75 horas semanales o más, un mes sí y otro también, sugerir que esta Comisión no ha hecho nada en dos años. 
No toleraré ese tipo de ataque contra los funcionarios de la Comisión y la forma en que han demostrado su dedicación al interés público en el cumplimiento del mandato que dio a la Comisión este Parlamento electo. 
No hemos acabado las reformas. 
Pasará algún tiempo antes de que hayamos podido poner en práctica aunque no sea más que los mecanismos de reforma, para no mencionar los cambios de actitud, de convenciones, de conducta y de la dominada "cultura" que resultarán de la reforma. 
Hay un grupo de personas que realmente merecen que se reconozca su actuación: los funcionarios de la administración de la Unión Europea, tanto los que han contribuido a trazar y desarrollar el programa de reforma como los que, en momentos de confusión, han dado prueba de paciencia, comprensión y dedicación en el análisis de las ideas, el examen de las propuestas formuladas, sugiriendo mejoras y mostrando una buena voluntad que demuestra un elevado nivel de dedicación profesional a la causa de Europa. 
Continuaremos nuestra labor siguiendo esa pauta, esperando poder contar con la cooperación y el apoyo constructivo de los diputados de este Parlamento y de los miembros del Consejo, y si al final no conseguimos efectuar todos los cambios necesarios en el tiempo disponible, una cosa que quiero lograr es que todos los ciudadanos contribuyentes y todos los electores de la Unión Europea puedan comprender que si no se han podido conseguir los objetivos y cumplir los plazos no es en modo alguno por culpa de la Comisión Europea o de las personas que trabajan para ella. 
La culpa de no haberse podido cumplir el mandato se debe a otras causas, causas que quizá radiquen en las instituciones que nos dieron el mandato en septiembre de 1999. 
Preferiría poder demostrar a los pueblos de los Estados miembros que el Parlamento, el Consejo y la Comisión han escuchado y han atendido las demandas de cambio y modernización y han colaborado para introducir los cambios necesarios para conseguir que los ciudadanos de Europa tengan la administración de alta calidad, eficiente, transparente y profesional que merecen. 
La Comisión y su personal se han comprometido a conseguirlo. 
Espero que este Parlamento siga demostrando la misma voluntad. 
Señor Presidente, pido la palabra por alusiones personales, sólo respecto a la cuestión lingüística, ya que lo demás es una argumentación política. 
He leído La Stampa del 15 de agosto y he leído que Védrine y Fischer se habían lamentado. 
Yo quería hacer un eufemismo y, como el Comisario ha puesto de manifiesto, es difícil hacerlo en otra lengua que no sea la de cada uno. 
No me ha salido, pido perdón, evidentemente se trataba de una broma, como ha dicho el Comisario. 
Obviamente, respecto al resto se trata de otra valoración y respeto lo que ha dicho el Comisario. 
Mi observación se refería únicamente a la primera parte. 
Muchas gracias, señor Dell ' Alba. 
El debate queda cerrado. 
(Se suspende la sesión a las 21.52 horas) 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, un pequeño error: en la versión inglesa del Acta, al final de esa sección, figura que el Sr. Napolitano es el presidente de la CONT- que supongo es la Comisión de Control Presupuestario. 
En realidad es el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
En efecto, señor Corbett, lo rectificaremos. 
(El Acta queda aprobada) 
Le doy las gracias. 
Examinaremos atentamente la cuestión. 
¿No hay más cuestiones de orden? 
Hago saber al Sr. Helmer que los funcionarios se encargan en este momento de volver a colocar en su sitio la bandera británica; en efecto, esta mañana ha habido un problema con la bandera británica, que hemos querido solucionar de inmediato. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Oriente Medio. 
Le doy las gracias a la Sra. Ministra y a continuación concedo la palabra al Sr. Comisario Patten. 
. 
(EN) Señora Presidenta, la Ministro ha expuesto con gran claridad y amplitud la situación actual en Oriente Medio y, como ha dicho la Ministro y todo el mundo en el Parlamento sabe, la situación en la región ha ido de mal en peor y amenaza con empeorar aun más. 
Al reflexionar sobre lo que debía decir esta mañana me volvió a sorprender la diferencia que existe entre la fuerza de los adjetivos y sustantivos que empleamos para describir la situación y la fuerza de los verbos que empleamos al intentar resolverla. 
Ciertamente, se trata de un problema de gran dificultad. 
La continua violencia- según las noticias de esta mañana ha ocurrido un nuevo atentado suicida en Jerusalén- y los incesantes reproches y la negativa de las partes a elevarse por encima de sus agravios y escoger el camino hacia la paz no sólo son de lamentar sino que también resultan muy frustrantes para cualquiera de los miembros de la comunidad internacional que esté intentando encontrar una salida para el estancamiento actual. 
Ambas partes, como ha dicho anteriormente la Ministro, han sido incapaces de aprovechar la oportunidad ofrecida por las recomendaciones del informe Mitchell, que volvió a surgir en el plan Tenet. 
Pero de nuevo volvemos al hecho de que no hay mejor base para el cese de la violencia, para establecer los cimientos de un futuro de paz y próspero que el informe Mitchell. 
¿Qué alternativa hay? 
La alternativa es más derramamiento de sangre en un conflicto internacional convertido en un amargo enfrentamiento perpetuo y que produce continuos daños colaterales en el ámbito internacional, como estamos comprobando esta semana en la conferencia de Durban. 
De modo que ¿qué puede hacer la Unión Europea en estas circunstancias? 
El Ministro ha expuesto muy claramente el papel extremadamente importante que ha desempeñado la Presidencia al intentar aglutinar la opinión internacional al rededor de propuestas que ofrecen una salida hacia delante. 
El Ministro también ha citado los esfuerzos realizados por todos los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y, desde luego, por Javier Solana, que ha estado intentando reunir a los israelíes y palestinos y llevarles de nuevo a la mesa de negociaciones. 
Evidentemente tenemos que seguir instando a todos los implicados a poner inmediatamente en práctica todas y no sólo algunas de las recomendaciones del informe Mitchell. 
Seguiremos haciendo esto y emitiendo ese mensaje. 
También hemos de instar a las partes a que reduzcan el nivel de desconfianza que se ha desarrollado en estos últimos meses. 
Deben confirmar su compromiso con los objetivos a largo plazo del proceso de paz de Oriente Medio, la consecución de unas fronteras seguras para Israel mediante el establecimiento negociado de un estado Palestino viable, sobre la base de las pertinentes resoluciones de la ONU. 
Los líderes palestinos deben todos los días dejar clara su inequívoca condena y oposición a los ataques contra inocentes y a todas las formas de violencia. 
En algunas ocasiones los comentaristas sugieren que en la Unión Europea no hemos sido suficientemente contundentes en nuestra condena del terrorismo. 
Esta es una crítica tremendamente injusta. 
Por ejemplo, en su declaración tras el ataque ocurrido en Jerusalén el 9 de agosto la Presidencia condenó sin reservas el atentado con bomba en un centro comercial de Jerusalén y repudió ese ataque cobarde que fundamentalmente se cobró la vida de civiles inocentes. 
Tras el ataque ocurrido en Haifa el 12 de agosto, la Presidencia volvió a emitir una declaración que condenaba en los términos más severos el reciente atentado suicida y resaltaba que estos ataques que apuntan a ciudadanos israelíes son odiosos y repugnantes en extremos 
De modo que hemos dejado bien clara nuestra oposición al terrorismo en todas sus manifestaciones, y lo que queremos es crear una mejor ocasión de acabar con el ciclo de violencia y debilitar la posición de las fuerzas radicales. Los palestinos tienen que poder ver una perspectiva cierta de que sus vidas cotidianas van a mejorar. 
Esto debe incluir la ejecución de los acuerdos existentes entre Israel y los palestinos. 
Para empezar, el levantamiento de los cierres, la transferencia de los ingresos fiscales, el paso seguro entre Gaza y Cisjordania, la reapertura del aeropuerto y la creación de medios de exportación que permitan a los palestinos beneficiarse de sus acuerdos con la Unión Europea y otros socios. 
No puedo comprender, por más que quiera, por qué alguien debería suponer que un mayor empobrecimiento de los territorios palestinos y un aumento del desempleo entre la juventud palestina tiene algo que ver con el restablecimiento de la seguridad. 
Estoy seguro que durante la pausa estival todos hemos dedicado tiempo a una lectura enriquecedora. 
Gran parte de mis lecturas veraniegas han versado sobre los años 30 y sobre la relación entre el empobrecimiento económico, las dificultades económicas y el extremismo político en tantos y tantos países. 
Debemos continuar insistiendo en el argumento de que intentar infligir tanto daño, asfixiar tan duramente a los territorios palestinos, no es el camino para restablecer la seguridad o poner los cimientos de un futuro en el que ambas partes puedan coexistir feliz y amistosamente. 
(Aplausos) El seguimiento por terceras partes de la correcta aplicación de esos acuerdos y un eficiente mecanismo de resolución de controversias contribuiría, evidentemente, a aplacar la frustración de los palestinos a causa del actual incumplimiento de los acuerdos existentes. 
Todo esto propiciaría un resurgimiento de la economía palestina, que depositaría parte del futuro de los palestinos en sus propias manos y mejoraría las perspectivas de un futuro mejor, alcanzable mediante la negociación política. 
Estos esfuerzos deben ser sostenidos por una serie de medidas generadoras de confianza con el fin de superar la actual profunda desconfianza, no sólo entre los líderes políticos sino también entre los dos pueblos. 
Esta es una parcela en la que el Parlamento acertadamente ha adoptado un especial interés. 
Quiera recordarle al Parlamento que sólo en los dos últimos años la Comisión ha destinado unos 50 millones de euros a programas de paz para el fomento, en especial, de la cooperación arabe-israelí e israelo-palestina. 
Estos programas promueven la paz a través de proyectos conjuntos y programas de concienciación para la tolerancia y la paz. 
Tenemos un importante papel que desempeñar en el sostenimiento de las voces de moderación allá donde existan. 
La triste realidad es que cuanto más tiempo se prolongue esta tétrica situación habrá menos moderados, aunque muestran una considerable valentía y merecen nuestro continuo apoyo. 
La Comisión está preparada para hacer uso de todos los instrumentos a su disposición para contribuir a aliviar las severas dificultades económicas que se ciernen sobre los palestinos. 
Nuestro paquete de ayuda a la Autoridad Palestina es un exitoso ejemplo del modo en que la Unión Europea puede prestar ayuda de una forma acertada, rápida y efectiva y estoy sumamente agradecido al Parlamento por su apoyo a nuestro trabajo. 
La contribución europea al presupuesto de la Autoridad palestina está asegurada hasta noviembre y los países árabes están considerando actualmente prolongar su contribución presupuestaria hasta fin de año. 
Aun es demasiado pronto para cualquier anuncio concreto sobre una ulterior intervención de la Comisión. 
Acabamos de alcanzar el intermedio de nuestro actual programa de ayuda y estamos aguardando al cumplimiento por parte de los palestinos de ciertas condiciones al que debe seguir una evaluación y estudio de las oscuras previsiones macroeconómicas y fiscales. 
Las necesidades palestinas para 2002 y las contribuciones de los donantes tendrán que ser analizadas en el contexto de una evaluación que actualmente está llevando a cabo el Banco Mundial acerca de la situación económica en los territorios palestinos. Está previsto que este estudio esté terminado a finales de septiembre. 
Una vez que esta información esté disponible la Comisión reflexionará sobre la mejor forma en la que podemos seguir sumándose a los esfuerzos internacionales. 
Desde luego, permaneceremos en estrecho contacto con el Parlamento respecto de nuestra evaluación sobre las necesidades de la Autoridad palestina y sobre nuestra permanente determinación por asegurar, incluso en las actuales terribles circunstancias de las que depende nuestra ayuda financiera, por lo que respecta al lado palestino, la transparencia, una adecuada prudencia presupuestaria y el compromiso por parte de los palestinos de combatir la corrupción. 
Todas estas cuestiones nos han sido expuestas por los diputados de esta Asamblea y subyacen a nuestros esfuerzos por asegurar un entendimiento adecuado entre nosotros y los palestinos antes de que empecemos a liberar recursos para reforzar su presupuesto. 
Entretanto, no puedo más que repetir lo dicho hace pocos instantes de forma tan acertada por el Ministro. 
Lo que se necesita es un nuevo compromiso con el informe Mitchell tan pronto como sea posible. 
Si esto no se produce la situación será aun peor, causando un daño considerable a toda la región. 
(Aplausos) 
Doy las gracias al Comisario Patten y a continuación concedo la palabra al Sr. Galeote Quecedo. 
Señora Presidenta, es verdad que la situación parece haberse asentado en un espantoso círculo vicioso en el que se suceden amenazas y actos de violencia de una y otra parte, como el atentado de hace apenas unas horas en Jerusalén Oeste. 
Tendríamos todos que preguntarnos cómo hemos podido llegar a esta situación, cuando, en enero de este año, el entonces Gobierno laborista de Israel puso sobre la mesa una propuesta de acuerdo que hoy nos parece casi inimaginable. 
Pero además, el Primer Ministro, Sr. Sharon, podría preguntarse si hoy la sensación de inseguridad que sienten sus compatriotas es mayor o menor que la que existía antes de las elecciones que él ganó holgadamente. 
Como Yasser Arafat también podría preguntarse si su pueblo vive hoy mejor o peor que hace once meses cuando empezó la Entifada. 
No creo que se trate aquí de buscar culpables, no creo que debiéramos incurrir en una lectura simplista de los acontecimientos, pero, lo cierto es que la ruptura de las negociaciones ha causado una profunda impresión en las opiniones públicas israelí y palestina. 
En Israel eso se traduce en amplios sectores de la izquierda de ese país- sobre todo los más implicados en las negociaciones de Scharm El Sheik, Camp David y Taba- en una profunda decepción hacia el líder palestino. 
Esta reacción emocional se une a una más reflexiva por parte de algunos representantes de la derecha política de Israel que coinciden en negarle al Sr. Arafat capacidad de interlocución. 
Mi Grupo, señora Presidenta, entiende que esa actitud es profundamente equivocada, que no contribuye en absoluto a retomar el proceso de paz. 
En las circunstancias actuales puede que al Sr. Arafat le reste aún margen adicional de maniobra para frenar la violencia, pero seguramente menos del que le exigen las autoridades de Israel. 
Y, en todo caso, no se vislumbra en el horizonte ninguna posibilidad alternativa de interlocución de parte palestina. 
Ciertamente no resulta nada edificante la situación de los territorios palestinos, cuyos ciudadanos viven sumidos en una sensación de humillación e indignidad, terreno abonado para los fundamentalismos radicales. 
Pero ahora más que nunca la Autoridad Palestina tendría que demostrar que está dispuesta a cumplir y a hacer cumplir un acuerdo de paz que en ningún caso va a colmar la totalidad de sus aspiraciones. 
A pesar del pesimismo que reina entre las partes, o tal vez precisamente por ello, el papel de la comunidad internacional es ahora imprescindible. 
La Unión Europea tiene en estos momentos un margen más amplio de actuación, que ha de aprovechar con aportaciones concretas, utilizando su potencial económico en la zona con intencionalidad política, asegurando que su ayuda al desarrollo se aplique a proyectos que supongan beneficios concretos para la población y que, por supuesto, sea coherente con el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, procurando una mejor y más estrecha coordinación con los esfuerzos mediadores del Gobierno norteamericano. 
Señora Presidenta, cuando se cumple el décimo aniversario de la Conferencia de Madrid, la Unión Europea ha de rescatar el principio de "paz por territorios", inspirador de las conversaciones de paz. 
Y, como hace diez años, también ahora los europeos hemos de redoblar nuestros esfuerzos, por lo que mi Grupo parlamentario quisiera pedirle a la Presidencia belga que proponga al Consejo la necesidad de reforzar el equipo de nuestro Representante especial, Sr. Moratinos. 
(Aplausos de la derecha) 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, señorías, en primer lugar quiero expresar, en nombre del Grupo Socialista, nuestro pesar por las últimas víctimas que se han producido hoy mismo y partir de un hecho: que hemos vuelto en la retórica y en los hechos a una situación que se había empezado a romper a partir de la Conferencia de Madrid. 
No voy a extenderme en la descripción de lo que está pasando. 
Sí creo que los europeos debemos considerarnos comprometidos e implicados en este proceso. 
Prefiero hablar de esto que de equidistancias, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, porque no hay una equidistancia total entre un Estado consolidado, soberano y democrático como es Israel, y un posible embrión de Estado de un pueblo que en este momento aún no tiene patria. 
Creo que ése es un elemento importante al que habría que añadir- como mensaje al Gobierno de Sharon- que la política del "ojo por ojo y diente por diente" no produce más que desastres. 
Los europeos sabemos algo de eso, porque hemos roto con dicha política precisamente mediante la Unión Europea. 
Además, la asfixia económica y humana no es una manera de resolver el conflicto y una política de este tipo sólo conduce a reforzar a los extremistas de ambos bandos. 
Por lo tanto, creo que, con toda la amistad que sentimos por Israel, tenemos que expresar eso claramente. 
En segundo lugar, señora Presidenta, por primera vez los europeos somos firmantes de un acuerdo. 
Estuvimos en Sharm El-Sheik y, en este momento, el Alto Representante está en Jerusalén. 
Nuestros ministros de Asuntos Exteriores, el Sr. Fischer, el Sr. Michel, el Sr. Ruggiero, están visitando la zona y creo que eso demuestra también voluntad europea. 
Creo que ahí tenemos que expresar también no solamente una voluntad política, sino que el Parlamento tiene que ayudar a encontrar luz en el fondo de este túnel. 
Por eso propuse a la Conferencia de Presidentes- y se ha aceptado- que, en vez de elaborar una resolución hoy, en caliente, sin saber el resultado de las gestiones, utilicemos el arma que nos dio el Tratado de Maastricht y formulemos una recomendación en el sentido de que la Comisión de Asuntos Exteriores pueda valorar a lo largo de este mes si se registran progresos o no. 
Creo que en este juego de símbolos letales, en el que se encuentran Israel y los palestinos, habría que pedir también que haya símbolos positivos. 
Uno de ellos, que me parece importante, es que se reabriera la Casa de Oriente en Jerusalén, porque ésta ha sido siempre una plataforma de paz. 
Tengo que recordar que, como Presidente del Parlamento Europeo, tuve la oportunidad de visitar la Casa de Oriente. No conduce a nada eliminar todo tipo de puentes para el diálogo. 
Por último, señora Presidenta, en medio de esta dramática crisis es esperanzador que haya voces israelíes y palestinas que tienen el coraje cívico y político de firmar conjuntamente un manifiesto. 
Me refiero al llamamiento que han hecho conjuntamente algunos de los protagonistas de los procesos de paz de los últimos años, por ejemplo el Sr. Beilin y la Sra. Ashraui, que han firmado un manifiesto- tengo el texto original en inglés- en el que bajo el título "No to bloodshed, no to occupation, yes to negotiation, yes to peace" dicen algo que la dirección del Partido Socialista Europeo, en su reunión del domingo, ha decidido apoyar conjuntamente. 
Citaré un apartado de este manifiesto que, en mi opinión, resume la voluntad que tenemos que poner en este proceso. Dice lo siguiente: "We still believe in the humanity of the other side, that we have a partner for peace and that a negotiated solution to the conflict between our peoples is possible". 
Esta es la línea que tenemos que apoyar los europeos. 
Tenemos que pedir a los americanos que sean más activos e intenten volver a encarrilar a los pueblos de la región. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, no voy a insistir en la gravedad de la situación ni de la escalada. 
Sí quisiera, en cambio, insistir en que ha dicho el Comisario Patten: la violencia no ha alcanzado quizá todo el nivel que pueda alcanzar. 
A veces decimos "peor no puede estar", pero en este caso es posible que la situación empeore. 
Por tanto nuestra obligación consiste no sólo en resolver el problema sino, por descontado, en evitar que se agrave. 
Pero, aparte de que estamos intentando poner fin a la violencia mediante el diálogo, creo que debería añadir a lo que han comentado los oradores que me han precedido, algunos aspectos relacionados directamente con los derechos humanos. 
Pues, evidentemente, las víctimas inocentes ya representan un atentado directo a los derechos humanos. 
Por tanto, es necesario recordar específicamente e insistir, tanto ante Israel- que hace con frecuencia un uso desproporcionado de la fuerza del Estado- como ante los palestinos- que no controlan a sus activistas- que los derechos humanos se están viendo continuamente afectados. 
Creo que en este momento el Parlamento Europeo debería ser sensible al hecho denunciado por algunas ONG de que cuatro palestinos podrían ser ejecutados si Yasser Arafat no conmuta las sentencias dictadas por actividades internas en el ámbito palestino o por colaboracionismo. 
Recuperar el diálogo: quisiera, en el tiempo de que dispongo- porque todo empeora y, desde luego, la Conferencia de Durban no hace más que empeorar la situación- entrar en lo que creo que son los ocho temas a los que hay que dar un apoyo claro. 
En primer lugar, creo que hay que resolver prioritariamente el problema de la imparcialidad. 
Estoy de acuerdo en que imparcialidad no es equidistancia, señor Barón, estoy de acuerdo. 
Creo que la imparcialidad es el concepto preciso, pero en política, frecuentemente, no se alcanza la imparcialidad sin la equidistancia. 
Por tanto, la equidistancia puede ser un instrumento, aunque sin duda alguna, para mí, el objetivo es la imparcialidad. 
Creo que es urgente e importante recuperar la imparcialidad frente a todos y, en particular, frente a Israel. 
En segundo lugar, evidentemente, hay que insistir en la misión de observadores imparciales por parte de la Unión Europea. 
En tercer lugar, hay que mantener el informe Mitchell como camino. 
No hay otro, al menos por el momento. 
En cuarto lugar, debe evitarse el uso inadecuado del Proceso de Barcelona para el conflicto de Oriente Próximo. 
El Proceso de Barcelona sufre con el conflicto de Oriente Próximo pero no es el camino adecuado para resolver dicho conflicto. 
En quinto lugar, hay que insistir en la necesidad de que participen Estados Unidos y Rusia. 
En sexto lugar, evidentemente, debe fomentarse al máximo todo tipo y flujo de contactos, tal como se está haciendo. 
En séptimo lugar, las actuaciones de los ministros, de la Comisión y del Consejo, deben ir encaminadas a promover el diálogo entre Arafat y Peres, entre palestinos e israelíes. 
Y, en este sentido, esperamos con gran interés, señora Presidenta, el informe que deberá presentar el Sr. Solana y que ya nos ha anunciado la Sra. Neyts-Uytebroeck. 
Y en octavo lugar- y aquí estoy de acuerdo con el Sr. Barón -, todo símbolo es positivo; toda posibilidad, como la apertura de la Casa de Oriente, es positiva; todo es importante para que el conflicto no crezca y lo fundamental es reconducir a la paz y al diálogo. 
Señora Presidenta, los debates políticos más aburridos son los debates políticos rituales. Debates en los que todo el mundo se reafirma en la gravedad de la situación y repite a continuación lo que ya dijo anteriormente. 
El debate en torno a Oriente Medio amenaza con convertirse en algo parecido a un debate ritual. 
El Parlamento, incluyéndonos a nosotros, solicita un papel más activo por parte de la Unión Europea. 
Tras lo cual, el Consejo y la Comisión afirman: hacemos lo que podemos, pero no podemos hacer nada y tenemos diferencias de criterio entre nosotros. 
La visión más clara fue la expuesta la semana pasada por Louis Michel. 
Todos somos conscientes, también yo, que no se puede alcanzar el éxito diplomático sin los Estados Unidos. 
Pero, ¿qué hacen los Estados Unidos? 
Me adhiero en este sentido a una observación de Hans van den Broek, el antecesor del Sr. Patten como Comisario de Relaciones Exteriores, quien afirmó que los Estados Unidos están aplicando, en realidad, una política de declaraciones. 
Afirman que hay que hacer las cosas de otro modo. Hacen un llamamiento a las partes para que ponga fin a la situación y nada ocurre. 
Si la Unión Europea desea hacer lo mismo, esta postura deberá quedar clara y no tenemos porqué estar aquí debatiendo en torno a un papel activo de la Unión Europea en Oriente Medio. 
Quisiera hacer de nuevo un intento en este debate para romper el debate ritual, el estancamiento, utilizando el papel económico de la Unión Europea. 
Sinceramente, empiezo a estar harto de que luego lleguen la Comisión y el Consejo y digan: señor Lagendijk, las sanciones económicas no sirven para nada. 
Como dijo Louis Michel la semana pasada: Sabemos dónde empezamos y no sabemos dónde terminamos. 
Lo que quiero, lo que trato de lograr, no son sanciones económicas tipo Irak. 
No se trata en absoluto de algo así. 
Se trata de que la Unión Europea no puede continuar actuando igual que siempre cuando existe una amenaza de guerra en la zona. Consiste en hacer negocios con los israelíes y en ser el principal donante de los palestinos. 
No es lógico que sigamos actuando como si nada pasara mientras que está a punto de estallar una guerra. 
Sólo hay algo que deseo saber y esta es mi pregunta a la Comisión y al Consejo: serían tan amables de analizar las posibilidades- lo digo con mucha precaución- de, a través de los lazos económicos que tenemos con ambas partes, y recalco lo de ambas partes, tratar de ejercer presión para lograr que las partes se vuelvan a sentar en torno a la mesa de negociación. 
En este sentido, me sorprendió gratamente comprobar que el señor Van den Broek, antecesor del Sr. Patten, tenía un criterio parecido. 
Soy consciente de que resulta difícil. Quizás hasta resulte imposible. 
Lo que no puede ser es que exista un tabú en relación con el uso de medidas económicas por parte de la Unión Europea. 
El Consejo y la Comisión han afirmado repetidamente que desean hacer todo lo posible para salir del estancamiento. 
En este sentido se enmarca, en mi opinión, esta medida. 
No dejemos que la Unión Europea cometa el mismo error que los Estados Unidos diciendo que hay que hacer las cosas de otro modo y no haciendo nada, aunque resulte doloroso. 
(Aplauso del Grupo Verts-ALE) 
Señora Presidenta, Oriente Medio vive en este momento sus horas más sombrías desde los acuerdos de Oslo e incluso antes. 
No tiene demasiado sentido hablar de política de equidistancia en este contexto, señora Presidenta en ejercicio del Consejo. 
El hecho de condenar radicalmente la política del actual gobierno de Israel, una política a la que un hombre de Estado como Isaak Rabin había tenido la lucidez y el valor de darle la espalda, incluso pagando con su propia vida, no significa tomar partido contra dicho país. 
A este aniquilamiento de toda perspectiva de paz justa para el pueblo palestino se suceden como respuesta, desgraciadamente, más allá de la resistencia legítima de un pueblo ocupado, sangrientos atentados contra civiles israelíes inocentes. 
Estos actos inadmisibles alimentan, a su vez, el odio y el espíritu de venganza. 
Este engranaje infernal en el que ahora estamos sumidos, es exactamente lo que nosotros más habíamos temido en caso de que resultara elegido Ariel Sharon. 
Apruebo las palabras del Comisario Patten. 
Nuestra obsesión debe consistir en hacer todo lo posible para intentar contribuir a salir de esta trampa mortal. 
Dentro de este espíritu, no podemos sino acoger- lo digo después de Enrique Barón- con gran satisfacción y con una profunda admiración el acto fundamentalmente digno y valiente que acaba de realizar este verano un grupo de personalidades israelíes y palestinas, ministros, diputados, escritores, juristas, al publicar una declaración común en la que se comprometen a trabajar juntos, sobre la base de principios reconocidos por la comunidad internacional, para recobrar la confianza y la esperanza en la paz. 
Paralelamente a los esfuerzos loables llevados a cabo por nuestros diplomáticos, propongo que apoyemos esta iniciativa, recurriendo a todos los medios que están a nuestro alcance. 
Por ejemplo, invitando a los dos principales protagonistas, el ex ministro israelí Yossi Beilin y el ministro palestino Yasser Abed Rabbo, o concediéndoles el premio Sajarov o incluso creando un comité europeo de apoyo a su declaración común. 
Al hacerlo, prestaremos, desde este lugar, un verdadero servicio a la paz, y les doy por ello las gracias por anticipado. 
Señora Presidenta, para todos nosotros es motivo de gran preocupación y pesar que las perspectivas de una solución justa y duradera del conflicto israelo-palestino hayan empeorado en los últimos meses. 
Todos somos conscientes de que los niveles de violencia han aumentado peligrosamente y que el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza ha dado como resultado la muerte de muchos civiles inocentes. 
Esta claro que los compromisos adquiridos por las diversas partes, en lugar de ser desarrollados están siendo, de hecho, desarmados. 
Los niveles de violencia y los niveles de provocación han alcanzado nuevas cotas, y esta es la razón principal por la que las partes han dejado de dialogar. 
El dialogo es la única vía hacia delante si queremos terminar ahora con la violencia en Oriente medio. 
Cuando no existe el diálogo, el vacío únicamente se llena con incomprensión recíproca, condenas rituales y temor. 
Ahora, uno de los desafíos fundamentales de la Unión Europea y toda la comunidad internacional consiste en asegurar que se retome un proceso de mediación activo y efectivo en Oriente medio. 
Existe una urgente necesidad de designar un sistema de seguimiento por parte de un tercero, en un esfuerzo por, en primer lugar, terminar con la violencia que actualmente se está manifestando a diario y, en segundo lugar, por reanudar las conversaciones de paz. 
También ha llegado el momento de eliminar los obstáculos a la ejecución del informe Mitchell. 
Deberíamos recordar por un instante que las conclusiones fundamentales de este comité identificador de hechos incluyen las siguientes recomendaciones: el gobierno de Israel y la Autoridad palestina deben confirmar los acuerdos existentes y cesar inmediatamente la violencia, debe haber una reanudación de la cooperación en materia de seguridad, debe establecerse un periodo significativo de distensión y debe rechazarse cualquier forma de incitación. 
Señora Presidenta, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el Sr. Wurtz nos ha hablado de las horas más sombrías de Oriente Medio. 
Quizá pensaba en el Sr. Ryad Al-Turk, el principal oponente sirio, que hoy ha sido nuevamente detenido. 
Quizá pensaba en esas imágenes infames de cincuenta homosexuales que fueron tratados de la manera que hemos podido presenciar estos días en Egipto. 
Quizá pensaba en el proceso de la Sra. Al-Sadaui. 
Quizá pensaba en el proceso del Sr. Ibrahimi, también en Egipto. 
Quizá pensaba en todas esas mujeres de Arabia Saudita y de otros países, que no gozan absolutamente de ningún derecho en su propio país. 
Ese es el Oriente Medio de hoy, el Oriente Medio del que no se habla. 
Es el Oriente Medio al que incitamos a la no-democracia, al no-Estado de derecho, y con respecto a Israel continuamos considerando y proponiendo una política de equidistancia. 
Señora Neyts, no pienso que en política sea posible- y menos aún en este caso particular- proponer una política de equidistancia. 
La política de la Unión Europea debe ser, naturalmente, una política de fomento de la paz, pero sobre todo y ante todo una política de fomento de la democracia. 
Ahora bien, estamos muy lejos de eso. 
Todos supimos, y hoy lo sabemos literalmente, hasta dónde llegó el Sr. Barak en su voluntad profunda de realizar un acuerdo de paz justo con los palestinos, y sabemos que sólo la voluntad del Sr. Arafat y de los demócratas que le rodean saboteó y destruyó dicho proceso de paz. 
Evidentemente, en esta sala hay quienes desearían que el Sr. Sharon cambiara de política. 
Por desgracia, la política del Sr. Sharon no es muy diferente. 
Es cierto que ha cometido algunos errores, pero sustancialmente responde a un sentimiento profundo de los israelíes, que hoy ya han perdido la confianza- y pienso que se les puede comprender- en dicho interlocutor palestino (esto no se aplica al pueblo palestino). 
Creo que es ahí donde reside el problema fundamental, y la Unión Europea no puede responder, señor Patten, pensando en propuestas sociológicas de mejora de las condiciones económicas. 
La cuestión es política. 
Se trata de la implicación de la Unión Europea en dicho proceso. 
Una implicación que también es en nombre de la Historia. 
En lugar de seguir andando hacia atrás con respecto a la ampliación, la Unión Europea no puede sino proponer una adhesión plena y total de Israel y de sus cinco millones de habitantes a la Unión Europea. 
Es la única manera de garantizar la seguridad de los israelíes y también la de los palestinos, y, por tanto, la paz de mañana. 
Lo demás son palabras. 
Hemos pronunciado demasiadas palabras, como lo ha dicho mi colega Lagendijk. 
Quizá haría falta que empezásemos a hacer política. 
Señora Presidenta, el presidente del Consejo en funciones, el señor Michel, no se anduvo por las ramas la semana pasada en la Comisión de Asuntos Exteriores durante su exposición de la actuación de la Unión Europea en el conflicto palestino-israelí: su papel es muy limitado. Esto se debe principalmente a dos factores, según admitió Michel con sinceridad: Israel considera que la UE está a favor de los palestinos, en otras palabras, que no constituye un mediador imparcial en el conflicto entre vecinos y que, además, no existe un consenso en el seno del Consejo Europeo en torno a una estrategia común de cara a Oriente Medio. 
¿Qué plantea la UE al respecto? 
Puede desactivar el reproche israelí referido a nuestra supuesta predisposición a favor de los palestinos distanciándose claramente, como Consejo, Comisión y cada Estado Miembro por separado de la inédita campaña difamatoria anti-israelí que se está produciendo en la actualidad en la conferencia de la UN contra el racismo que se celebra en Durban. 
Simultáneamente, las instituciones europeas deben condenar abiertamente la actuación del presidente de la Autoridad Nacional Palestina. 
La acusación de Arafat de que Israel aplica una política racista sólo sirve para avivar la violencia palestina. 
Mientras tanto, el responsable alemán de asuntos exteriores, el Sr. Fischer, trata de unificar los criterios de los Estados Miembros de la Unión Europea para reanimar el proceso de paz en Oriente Medio. 
Sus planes, resumidos en un documento no oficial, cuentan con el respaldo de cuatro grandes Estados Miembros de la UE (Francia, Gran Bretaña, España e Italia) así como del Alto Representante, el señor Solana, según leo en la prensa alemana. 
¿Se ha consultado al resto de los miembros del Consejo o de la Comisión? 
Deseo añadir otra pregunta: ¿Se ha acordado una postura conjunta con el gobierno estadounidense? 
Tanto el presidente del Consejo, el señor Michel, como el documento no oficial destacan lo imprescindible que resulta la participación de Washington en el enderezamiento del proceso de paz. 
El eje del documento no oficial es la mediación y la organización de un primer encuentro entre el ministro israelí de asuntos exteriores, el señor Peres y Arafat. 
Ese encuentro debe constituir el principio prudente de un proceso de paz gradual. 
El documento no oficial exige sin duda a los palestinos que pongan fin a la violencia, aunque esto ha dejado de ser una condición esencial para las conversaciones entre israelíes y palestinos. 
¿No estará la Unión Europea avivando de este modo la entifada palestina, que a estas alturas de ha convertido en un auténtico movimiento guerrillero con unidades paramilitares totalmente equipadas? 
Si el Consejo y la Comisión evitan esta cuestión clave, todos los intentos de mediación bienintencionados encallarán de forma estrepitosa. 
Señora Presidenta, como europeos solamente tendremos una oportunidad de actuar como mediadores si no sólo actuamos de modo neutral ante ambas partes sino también si mostramos a todas las partes en conflicto el necesario respeto ante las necesidades y esperanzas. 
El ministro alemán de Asuntos Exteriores Fischer nos ha mostrado quizás aquí cómo puede ser la mediación europea, al contrario que las penosas comparaciones del ministro finlandés de Asuntos Exteriores entre los crímenes de los nacionalsocialistas e Israel y los agresivos ataques contra Israel del ministro belga de Asuntos Exteriores. 
Para mí supuso un gran impacto ver tiendas en Bruselas con rótulos como "no compramos mercancías israelíes". 
Quizás los políticos europeos reconozcan en alguna ocasión que nadie se interesa por su interpretación personal del conflicto. 
Nuestra tarea es ayudar a tranquilizar el conflicto y esto sólo será posible si se reconoce la necesidad de independencia y libertad del pueblo palestino pero también la necesidad de seguridad de Israel y sobre todo que se reconozca a Israel como democracia. 
Señora Presidenta, los últimos atentados y acciones ponen claramente de manifiesto que, en este comienzo del curso escolar, la espiral de la violencia, lamentablemente, no cesa. 
Esta violencia se ha cobrado la vida de más 150 niños y adolescentes palestinos y varias decenas de niños israelíes. 
Tras las declaraciones que hemos escuchado esta mañana por parte de la Presidencia en ejercicio del Consejo y de la Comisión, está claro que la Unión Europea no permanece, no debe permanecer impasible ante esta situación y que el objetivo de sentar a la mesa de las negociaciones- aunque somos muchos los que suspiramos por una nueva Conferencia de Madrid- parece ya casi utópico frente al objetivo del cese inmediato de la violencia. 
No sé si en la próxima entrevista entre Peres y Arafat se iniciará ese cese de la violencia- el tiempo lo dirá- pero lo que sí parece claro es que, para que esa violencia pueda cesar, hacen falta, en mi opinión, dos condiciones que son fundamentales. 
En primer lugar, la voluntad de las partes. 
Es evidente que debe cesar el "diálogo" de los atentados suicidas y de los bombardeos de los F15 y F16. 
Deben tomar la palabra los moderados, como decía muy bien el Sr. Patten. 
Creo que esta es la hora de los moderados y, en ese sentido, la Unión Europea debe apoyar todas esas opciones. 
En segundo lugar, es necesario que actúe la comunidad internacional: los Estados Unidos, Rusia- donde está hoy el Primer Ministro israelí- y la Unión Europea, que tiene que tener todas las bazas para jugar el papel que le corresponde sobre la base de dos premisas insoslayables. 
Una es la que ha mencionado la Presidencia en ejercicio del Consejo: hay una legalidad internacional que está permanentemente conculcada y que debe ser restablecida. Y, en segundo lugar, la Unión Europea debe tener un solo compromiso y ese compromiso es el de la causa de la paz. 
Pero hay que tener presentes dos cosas: que la paz debe ser fruto de la justicia y que la moderación, señora Presidenta, se convierte en vicio cuando rechaza comprometerse en favor de una justa causa como es la causa de la paz. 
Señora Presidenta, el Ministro de Seguridad Interior de Israel acaba de declarar: "El terrorismo palestino intenta desmoralizar a los ciudadanos de Israel, cambiar su vida cotidiana e imponer el miedo con el propósito de que el Gobierno haga concesiones políticas". 
Lamentablemente, hace tiempo que el Gobierno Sharon ha alterado dramáticamente la vida cotidiana, personal y colectiva de los palestinos. 
El Gobierno Sharon se equivoca al asumir filosofías como la expresada por el ministro Landau, porque los palestinos no persiguen que el Gobierno de Israel haga concesiones políticas. 
Nadie puede conceder lo que no es suyo. 
Los palestinos, simplemente, pretenden que rija el imperio de la ley y que los postulados del Derecho internacional se respeten y se lleven a la práctica tal como, desde hace décadas, aunque por ahora infructuosamente, se les viene pregonando. 
Las demandas palestinas son claras y fácilmente compartibles por los ciudadanos de buena voluntad. 
Piden, simplemente, el fin de la ocupación militar a que están sometidos. 
Por cierto, conviene recordar que combaten contra el ocupante israelí no porque sea judío, sino porque es ocupante. 
Exigen la evacuación de las colonias judías, enquistadas en su territorio con el obvio objetivo de imposibilitar un Estado palestino viable. 
En fin, aspiran a la proclamación de un verdadero, auténtico, Estado independiente. 
Creo que, antes de que sea demasiado tarde, la Unión Europea está moralmente obligada a arbitrar un sistema que lleve al ocupante a respetar el derecho internacional. 
Así de simple. Opino también que las fuerzas de la razón y de la inteligencia política en Israel deberían movilizarse para convencer a sus conciudadanos de que cuanto más dure la ocupación y la represión mayor será la radicalización palestina. 
Termino felicitando al comisario Patten por su discurso, al que me uno encantado. 
-Señora Presidenta, fue lamentable escuchar a la representante del Consejo, ya que parece que cree que el conflicto en Oriente Medio tiene lugar entre partes iguales, que hay que tratar igualitariamente, équidistant. 
¿Ha olvidado el Consejo que se trata de una fuerza de ocupación, militar y económicamente superior, que contraviniendo el Derecho Internacional oprime a un pueblo autóctono y roba sus territorios? 
El ocupante tiene, además, el total apoyo de EE.UU. Entonces ¿por qué tendría que dar la UE el mismo tratamiento a Israel y a Palestina? 
¿Tratamos igualitariamente a Milosevic y a los kosovares? 
¿Dimos el mismo tratamiento a Mandela y al sistema de segregación racial? 
No, todo esto es absurdo. 
Nuestra propia conflict prevention network ha recomendado en un informe que se ejerzan presiones económicas sobre Israel. 
Entonces, señor Patten, cabe preguntarse si usted ha decidido acabar con la CPN porque ésta decía verdades incómodas. 
En su edición de ayer, el Süddeutsche Zeitung señala que, de acuerdo con un non paper, la UE- mejor dicho los cinco grandes países miembros de la Unión, ya que no se pregunta a los socios pequeños- debería aplicar en Oriente Medio una política que contara con la aprobación de EE.UU. Es, por tanto, una exigencia que sea aprobada por EE.UU. 
¿Dónde ha quedado el papel de la UE como defensora del Derecho Internacional? 
¿Qué ha pasado con el anhelo de contar con una política internacional independiente? 
¿Dónde han quedado los deseos de completar las excelentes ayudas económicas y administrativas a los palestinos con una política fuerte y bien razonada? 
Parece que todo esto se ha evaporado y ha desaparecido. 
Es lamentable. 
Señora Presidenta, está mañana no habría querido intervenir porque, en realidad, las palabras son peores de las piedras de Palestina. 
Estoy cansada de palabras que no se traducen en hechos y empiezo a dudar de la fuerza y de la eficacia de este Parlamento y de nuestras Instituciones. 
A veces me siento como la niña del cuento "El Rey va desnudo". 
Todos sabemos exactamente lo que está ocurriendo. 
Sharon habla y actúa de manera clara, lo dice en sus intervenciones parlamentarias: bombardear, matar apuntando, entre otros, a los líderes palestinos, arrasar las casas, no para derribar única y exclusivamente las casas, sino con un plan preciso. 
Del 23 de julio al 22 de agosto, cuando estuve en Palestina y en Israel, vi arrasar las casas allí donde están los asentamientos, para conquistar más territorio; he visto la ocupación de la Casa de Oriente y la bandera israelí enarbolada inmediatamente, un gesto puramente colonialista. 
Por lo tanto, Sharon sigue adelante con su plan que es devolver sólo el 42% de los territorios a los palestinos, obligados a vivir en los bantustan, sin un Estado, sin fronteras. 
Lo dice claro, ¿por qué no creemos en las cosas que dice Sharon explícitamente? 
¿Por qué se ponen en el mismo rasero ocupados y ocupantes? 
Yo también, como dice el Presidente del Consejo, encuentro repugnante y monstruosa la situación, pero también a veces encuentro repugnante y monstruoso como describimos los hechos; encuentro ciertamente repugnantes y criminales las bombas que se arrojan contra los civiles de Tel Aviv; sin embargo, considero importante decir que la cuestión de fondo es poner fin a la ocupación militar israelí. 
Me he reunido en varias ocasiones con Arafat- la última junto con delegaciones francesas y norteamericanas- y nos dijo: " No pedimos la luna. 
Pedimos el respeto a la legalidad internacional. 
Esto es lo que pedimos y lo he aceptado todo: el G-8, Sharm-el-Sheik, Mitchell ". 
El plan Mitchell no ha sido rechazado por Arafat sino por Sharon, porque el plan Mitchell prevé poner fin a los asentamientos, y los asentamientos continúan incluso ahora. 
En realidad, detrás de los enfrentamientos y de las violencias hay un plan que sigue adelante: el aumento de las casas derruidas y el aumento de los asentamientos. 
Éste es un obstáculo fundamental a la posibilidad de la paz. 
He participado con Hanan Ashrawi, Yaser Abed Rabbo, Yossi Beilin, Galia Golan en el documento presentado en Ramalá: piden paz, una paz justa. 
Como la piden también esos valientes israelíes que defienden los derechos de todos y que conmigo y muchos otros, durmieron en las casas palestinas bombardeadas en Beit Jala. 
No cabe duda de que Europa debe actuar. 
Agradezco al Comisario Patten las cosas que ha dicho y comparto la propuesta del Sr. Galeote para reforzar nuestra presencia política en ese lugar. 
Considero realmente esencial que se envíen observadores internacionales, pero, una vez más, quien los rechaza es Israel. 
¿Por qué no decirlo? 
¿Por qué no hacerlo pesar? 
El diálogo es fundamental para la paz, pero el respeto del Derecho y el respeto de los derechos humanos también lo son y no hay que separarlos. 
Señora Presidenta, algunas décadas después del Holocausto y tras el exterminio de los judíos en la Unión Soviética, Durban demuestra como el antisemitismo permanece vivo en la política del tercer milenio. 
Si Europa no adopta una posición decidida en contra de las declaraciones hechas en Durban, según las cuales sionismo sería igual a racismo, asestará otro golpe mortal a la supervivencia de Occidente como cultura símbolo del derecho de las naciones y de los pueblos y se precipitará nuevamente al abismo en que se encontraba en los tiempos de los campos de concentración nazis y de las persecuciones comunistas. 
Cuando, tras el atentado en la discoteca en Israel- ocurrido algunas horas después de la visita de Arafat al Parlamento Europeo en Bruselas- y el atentado en la pizzería, Europa hizo oír su voz, se había empezado a confiar en la reanudación de un diálogo. 
Pero Europa ha vuelto a guardar silencio. 
Los ataques terroristas contra objetivos civiles en Israel se han convertido en cotidianos obligando al ejército israelí a defender a la población civil. Por otro lado, también los civiles israelíes han olvidado en algunas ocasiones el respeto a la dignidad humana con relación a los palestinos, por lo que la violencia se convertido en el síntoma y en el símbolo de un dramático momento histórico en el que, no obstante, Europa no es capaz de hacer oír su voz y, es más, no recuerda que, de hecho, el líder palestino no ha ordenado nunca a sus fuerzas que parasen la violencia y en su lugar ha liberado a los terroristas de Hamas y de Yihad que se encontraban en la cárcel. 
Hay convencerse de que el terrorismo se está internacionalizando y que para luchar contra este perverso camino, es necesario un compromiso político más fuerte. 
Europa ayuda económica y considerablemente a la Autoridad Nacional Palestina: quisiéramos tener la garantía de que el dinero de la Unión se utiliza también para ayudar a la población a trabajar para el proceso de paz y no para armar al terrorismo. 
En este sentido, a la vista de los últimos acontecimientos, pedimos un informe detallado y queremos que Europa desempeñe su papel a la hora de pedir tanto a Israel como a Arafat un verdadero proceso de paz y no sólo las palabras y las bombas que en estos años y en estos meses el terrorismo ha sabido llevar adelante. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, hoy hemos escuchado numerosas formulaciones de resoluciones en este debate pero creo que la intervención del Comisario ha mostrado claramente que la seguridad sólo se logrará mediante la cooperación, atacando las estructuras y obligando a los afectados a cooperar. 
Este modo de formular resoluciones no tiene ningún sentido en este contexto. 
Nuestra experiencia europea de unir en 1950 el carbón y el acero para que acabasen las guerras de mil años entre alemanes y franceses fue la que a la postre tuvo éxito. 
El carbón y el acero en el Cercano Oriente es actualmente el turismo, el agua y la energía. 
Es aquí donde tenemos que impulsar proyectos de cooperación y modificar nuestra política. 
Desde 1993 hemos apoyado a gran escala- con miles de millones de euros- a la Autoridad Autonómica Palestina porque queríamos que el proceso de paz de Oslo fuese un éxito. 
Pero si hoy hablan con el movimiento por la paz en Israel, verán que diputados que hace algunos pocos años fueron a la cárcel por hablar con Arafat, actualmente dicen que hoy no hablarían con él pues no detiene la violencia sino que se encuentra detrás de ella, como la que hemos visto también la última noche. 
En una situación de este tipo, Sharon solamente podía llegar al poder. 
Por ello necesitamos un nuevo impulso de cooperación. 
Señor Comisario, por estos motivos quiero contradecir un poco su conclusión de que estas asignaciones de 10 millones de euros al presupuesto palestino hasta noviembre son un buen asunto. 
Tales pagos globales se pueden realizar para estabilizar un presupuesto pero lo que ahora necesitamos es que los fondos vayan unidos a condiciones y no pagos globales de esta magnitud. 
En segundo lugar, no podemos seguir pagando tampoco sin condiciones a instituciones multilaterales, como la Institución para la Ayuda a los Refugiados de la Naciones Unidas, la UNWRA. 
Me permito leerles algo de un libro escolar que la UNWRA emplea en los campamentos de refugiados palestinos. 
Dice: "El aniquilamiento de los judíos fue un mal justo e inevitable". 
Se alaba allí a Adolf Hitler y se describe la fuerza destructora de los judíos en los años treinta. 
Si se enseña algo así a los niños de ocho y nueve años, si se ensalzan los atentados suicidas y se glorifica el martirio, la Unión Europea tiene que decir con sus valores que no va a financiar algo así bajo ninguna circunstancia. 
Por ello, ruego que se mire con gran atención lo que la UNWRA enseña en las escuelas y campos de refugiados palestinos. 
Con nuestro dinero no debemos fomentar tal antisemitismo y tales expresiones. 
Señora Presidenta, Oriente Medio acaba de atravesar un verano negro y lamento profundamente comprobar que la Unión Europea tiene en ello una parte de la responsabilidad. 
En varias ocasiones, bombas humanas armadas por Hamás y alentadas por la Autoridad Palestina han bañado de sangre el corazón de Israel, y cada vez la Unión Europea se ha contentado con pronunciar condenas verbales, continuando al mismo tiempo financiando muy generosamente a la Autoridad Palestina, que acababa de liberar a los terroristas más peligrosos. 
¿Se puede esperar desempeñar un papel creíble cuando se siguen pagando sumas considerables, sin ningún control, a una Autoridad que de autoridad sólo tiene el nombre y que sigue siendo una de las organizaciones políticas más corrompidas del planeta? 
Un reciente informe del Tribunal de Cuentas ha revelado graves carencias y numerosas malversaciones cometidas bajo la responsabilidad de Yasser Arafat. 
¿Se han tomado sanciones? 
¿Se ha exigido transparencia, señor Comisario? 
Por el contrario, la complacencia y la indulgencia culpable de la Comisión no podía ser entendida sino como una incitación a continuar por esta vía funesta. 
En Camp David, como ustedes saben, la paz era posible, la paz estaba al alcance de la mano. 
¿Qué hizo Arafat? 
Una vez más, faltándole el valor de un Sadate, truncó todas las esperanzas. 
En Camp David dijo no a la paz. 
Un mes después, la Entifada volvía a empezar. 
Sin embargo, esta vez con las características de una verdadera cruzada contra los judíos y con los terroristas más peligrosos en libertad. 
¿La Comisión y el Consejo han reaccionado concretamente ante esta nueva violación de los acuerdos de Oslo? 
¿Han acaso subordinado su ayuda a la menor condición? 
Todavía no, y afirmo que generaciones de jóvenes palestinos seguirán recibiendo una educación para el martirio y el odio financiada por la Comisión Europea. 
¿Cómo no nos damos cuenta de que esta Entifada revela hoy su verdadera naturaleza: fanática, mística, desquiciada, la del rechazo de la existencia de Israel. 
Naturalmente, se puede criticar a Israel, pero ¿cómo no darse cuenta de que la censura a Israel, cuando es sistemática, desequilibrada, injusta, o incluso cuando se niega dar ventaja a uno u otro, puede servir de pretexto al antisemitismo, que permanece vivo? 
Señora Presidenta, Señorías, el historiador Léon Poliakov decía, con mucha razón: "el antisemitismo significa negar a un ser el derecho de existir porque es judío, el antisionismo significa negar a un Estado el derecho de existir porque es judío". 
Señora Presidenta, en julio junto con mis colegas los Sres. Galeote, Laschet y Morillon tuve la oportunidad de visitar Oriente medio. 
Mantuvimos conversaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores Peres y el Presidente Arafat y otras autoridades de máximo nivel. 
Pudimos constatar que las propuestas Mitchell siguen siendo aceptadas por ambas partes. El problema reside en la forma de ponerlas en práctica. 
Esto no puede empezar hasta que cese el terrorismo y ayer mismo hubo otro atentado suicida en Jerusalén. 
Los europeos deberían dejar de preocuparse por tener un papel que desempeñar. 
Lo tienen. 
La cuestión es si lo van a desempeñar de forma equilibrada y útil. 
Los Estados Unidos y los europeos deben trabajar en armonía e impedir neutralizarse recíprocamente. 
En el pasado, la Unión Europea ha sido considerada como un mero partidario de los palestinos. 
Se trataba de una institución que buscaba un papel que desempeñar. 
Ahora el Sr. Solana se está ganando la confianza de los israelíes con un enfoque más equilibrado y realista sin ser demasiado prescriptivo. 
Me dan confianza las observaciones de esta mañana de la Presidencia acerca de la necesidad de equidistancia. 
Del lado palestino el peligro reside en que la intransigencia sea avivada por acontecimientos tales como la conferencia de las Naciones Unidas sobre el racismo celebrada en Sudáfrica, a través de las fuerzas árabes de la región y a causa de la ruptura de la relación entre las agencias de seguridad de los israelíes y palestinos. 
En lugar de suprimir Hamas, la Jihad islámica y otros elementos extremistas, las agencias palestinas se sientan demasiado a menudo a la mesa de los extremistas. 
Acepto completamente el análisis del Sr. Patten de que un mayor empobrecimiento de los palestinos no va a desalentar a los extremistas pero no me cabe ninguna duda de que la Unión Europea debe utilizar su influencia financiera con los palestinos para lograr un mayor efecto político. 
Hemos de dejar claro que una financiación continua exige que los palestinos aplaquen a los extremistas con más efectividad y contundencia. 
También hemos de ocuparnos de esta cuestión de los monitores internacionales. 
Los precedentes no son buenos. 
La forma más probable de una presencia internacional aumentada en la zona consiste en la resurrección de la relación entre los servicios de seguridad israelíes y palestinos fortalecida por elementos americanos y europeos. 
Señora Presidenta, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, muchas gracias por lo que ha expuesto aquí, en especial por el claro lenguaje que usted, señora Presidenta del Consejo, ha empleado y que no siempre se reflejan en las declaraciones del Consejo. 
Usted ha calificado lo que hace el Gobierno israelí, es decir, el asesinato de los contrarios, a los que califica de terroristas, también como asesinato. 
Ante este hecho, me parece penoso y a veces sin gusto remitirse a libros escolares cuando se ve que se ocupa la casa Orient, que se producen invasiones y ocupaciones de territorio palestino y se destruyen sistemáticamente las estaciones de policía palestinas no importando que se produzcan víctimas. 
Si entonces se dice que el Sr. Arafat tiene la culpa de lo que allí está pasando, es que no se está muy bien informado de las circunstancias políticas. 
Todos nuestros intentos y ofertas del pasado han fracasado, el envío de observadores- me alegra que el colega Van Orden esté también a favor de ello- todo esto ha fracasado ante la negativa del Gobierno israelí a aceptarlo. 
Incluso el informe Mitchell, que apoyamos todos nosotros como punto común de referencia, no se puede aplicar porque el Gobierno israelí bajo Sharon- contra el que se ha presentado en su país, señora Presidenta del Consejo, una demanda, por lo que no se le puede invitar a Bruselas- quiere interpretar el informe Mitchell y determinar cuándo se debe aplicar. 
Ante esta situación, ya no exijo una participación más intensa en el proceso. 
Lo queremos pero no se nos acepta. 
¿Qué es lo que podemos aún hacer? 
Tenemos un Tratado con Israel y deberíamos recapacitar si podemos mantener este Tratado o suspenderlo, lo que, por lo demás, señor Comisario, usted mencionó ya en una ocasión en el pasado por incumplimientos de los Tratados. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio, Comisario, la violencia creciente en Oriente medio nos impide ver el hecho de que no hace tanto tiempo, en lugar del actual sentimiento de desesperación, existía optimismo y la esperanza de que una paz permanente podía conseguirse. 
Lamentablemente esas esperanzas habían de ser despedazadas y es difícil olvidar que la actual entifada surgió directamente de la innecesaria y provocadora visita del Sr. Sharon al Monte del Templo en Jerusalén. 
No obstante, nada justifica los subsiguientes actos terroristas de ambas partes, y en la actual situación emocional, de alta tensión, con zonas de conflicto generalizadas, resulta muy difícil vislumbrar el surgimiento de un alto el fuego. 
Es evidente que la única manera de romper el actual punto muerto es mediante la intervención de un tercero. El único tercero viable lo constituiría un equipo de observadores internacionales. 
Nos consta que esto resulta aceptable para Naciones Unidas y los palestinos pero, lamentablemente, ha sido rechazado por los israelíes. Los Estados Unidos han apoyado la posición israelí. 
Lamentablemente, su ciega alianza es, paradójicamente, dañina para la causa israelí. 
En lugar de ser una marioneta de los israelíes, los EE.UU. deberían ser independientes y usar su influencia y presionarles para que cesen en su violencia, al igual que nosotros en la UE debemos usar nuestra influencia en los palestinos para que hagan lo mismo. 
Si nosotros y los EE.UU. trabajamos juntos en pos de una causa común, tendremos una posibilidad de parar el continuo deslizamiento hacia el conflicto regional y volver a restaurar las negociaciones de paz sobre la base de las recomendaciones Mitchell. 
Este debería seguir siendo nuestro principal objetivo. 
. 
(FR) Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, desearía ante todo dar las gracias a quienes han intervenido en este debate para expresar su posición y clarificarla, pero también para expresar los sentimientos y las emociones que experimentan frente a la tragedia de Oriente Medio, incluyendo, ciertamente, el horror que se produjo ayer. 
Señoras y señores, comprendo muy bien, frente a la aparentemente interminable sucesión de actos de violencia y de reacciones violentas, que se tenga la gran tentación de ceder en primer lugar a la emoción, sea positiva o negativa. 
Es algo profundamente humano, y si esta reacción no existiera uno podría preguntarse dónde está nuestra humanidad. 
Pero creo que si queremos contribuir a una solución hace falta poder controlar estas emociones y superarlas. 
También hace falta poder controlar las frustraciones- y sabe Dios las frustraciones que pueden existir en esta especie de procesión de Echternach, donde se dan tres pasos adelante, dos pasos atrás, y a veces dos adelante y tres atrás- y hace falta siempre volver a empezar, volver a retomar el hilo, no romper nunca el contacto ni con unos ni con otros, poner la zanahoria y el palo- discúlpenme por la crudeza de la expresión -, en función de las circunstancias. 
Creo que eso es lo que hacen todos los foros de la Unión Europea incluyendo, naturalmente, la Presidencia, sabiendo muy bien que a fuerza de esforzarse, día tras día, para tratar de salvaguardar las posibilidades de una solución, el peligro de no satisfacer ni a unos ni a otros son muy grandes. 
Desearía corroborar la opinión de aquellos y de aquellas que han recordado que la Unión Europea desempeña hoy, en esta región del mundo tan próxima a la nuestra, un papel mucho más importante del que desempeñaba hace algunos años. 
Pero una gran mayoría de ustedes también ha dicho que no podría encontrarse ninguna solución sin el aporte muy activo, muy dinámico, mucho más de lo que lo es actualmente, de la Administración norteamericana y de otros foros u otros gobiernos. 
Finalmente, y concluiré con esto, señora Presidenta, desearía a pesar de todo precisar a aquellos que han criticado el concepto de equidistancia- están, naturalmente, en su derecho -, que el mantener su posición a igual distancia de unos y otros no significa que se considere que las partes están en las mismas condiciones. 
Por decirlo en inglés, y concluyo con estas palabras, "equidistance is not equalising the parties involved". 
Señora Presidenta, tengo una pregunta para la Presidenta del Consejo. 
Hoy ha habido noticias en la prensa en las que se dice que el Presidente del Consejo de Ministros de Israel no ha recibido al Alto Comisionado de la Unión Europea. 
Es decir, el Sr. Sharon no ha visto al Sr. Solana. 
¿Puede el Consejo proporcionarnos informaciones más detalladas? 
¿Se debe a que no tenía tiempo pues Sharon tenía que viajar a Moscú o se trata de una intención política de no recibir al Alto Comisionado? 
¿Está el Consejo informado al respecto? 
Me gustaría saberlo. 
. 
(FR) Señora Presidenta, en este momento no puedo responder de manera precisa a dicha pregunta. 
Sin embargo, estoy absolutamente dispuesta a reunir todas las informaciones necesarias para responderles más tarde. 
Gracias, señora Ministra. 
A continuación concedo la palabra al Sr. Comisario Patten. 
. 
(EN) Señora Presidenta, quisiera hacer una breve reflexión sobre esta última pregunta; no puedo creer que nadie rechace seriamente encontrarse con mi amigo y colega, el Dr. Solana. 
Nadie ha hecho más que el Dr. Solana para intentar hacer avanzar el proceso de paz de Oriente medio, y hoy y en otras ocasiones el Parlamento le ha rendido el justo tributo por el papel que ha desempeñado en Oriente medio como representante de la Unión Europea. 
Ha sido un debate interesante, centrado en varios temas conocidos y fundamentales. 
Ha habido ciertos desacuerdos pero es justo decir que la mayoría de los diputados tiene la misma perspectiva sobre la situación y acaso haya un sentimiento compartido de frustración sobre la mejor forma en la que podemos contribuir a la resolución de esta terrible situación que se está deteriorando. 
Evidentemente, en las próximas semanas volveremos una y otra vez sobre la cuestión y estaremos en disposición de responder a algunas de muy positivas sugerencias planteadas en este debate. 
Por ejemplo, la sugerencia hecha por el Sr. Galeote sobre los recursos de los que dispone el Embajador Moratinos, que ha estado haciendo un trabajo extraordinario. 
Quisiera comentar las intervenciones de los Sres. Zimeray y Laschet, y lo haré con toda la moderación diplomática por la que soy conocido, incluso en Asia. 
En los dos últimos dos años he tenido el gran placer y privilegio de escuchar cientos de intervenciones en esta Asamblea, probablemente más que ningún otro Comisario. 
Me veo obligado a decir que no he escuchado muchas intervenciones tan poco informadas como la del Sr. Zimeray. 
También hubiera deseado que la intervención del Sr. Laschet hubiese estado, al igual, un poco más informada. 
No conozco ningún analista del Oriente medio que defendiese que todo iría mejor si los la Autoridad palestina fuese obligada a doblegarse. 
La mayoría de los diputados de este Parlamento son conscientes de los esfuerzos de la Comisión por asegurar que la ayuda europea a la Autoridad palestina sea un dinero adecuadamente gastado, bien gastado y gasta de forma que se contribuya a fomentar el pluralismo, el imperio de la ley y un gobierno limpio en los territorios palestinos. 
Me sorprende que este distinguido caballero desconozca que, antes de que realicemos los pagos mensuales, necesitamos el sello de aprobación del Fondo Monetario Internacional para garantizar que el dinero aprobado por este Parlamento es gastado de forma razonable. 
Todas estas son cuestiones que hemos debatido largo y tendido con el Parlamento, el cual se ha preocupado justamente por garantizar que el dinero de los contribuyentes europeos sea gastado adecuadamente, de forma transparente y con buen fin. 
Estaré encantado de volver sobre este asunto en el futuro pero quiero subrayar este punto hoy porque no creo que ayude que los diputados de esta Asamblea den la impresión de que no estamos gastando el dinero de los contribuyentes europeos de forma acertada. 
También quisiera entrar en un asunto que he tratado una y otra vez. 
Quizá si vuelvo a hablar hoy sobre el mismo una vez más, podré salvar a uno o dos diputados que aun no lo hayan podido o vayan a exponerlo por correspondencia o en futuras intervenciones en el Parlamento. 
Se ha sugerido repetidamente, incluso en algunos sectores de la prensa israelí, que la Unión Europea ha estado implicada en la financiación de libros escolares palestinos que contienen fragmentos antisemíticos. 
Quiero ser muy claro a este respecto. 
Ninguno de los proyectos de ayuda a la Autoridad palestina, ninguno de los proyectos de ayuda de UNWRA financiados por la Comisión Europea incluyen la producción o la distribución de libros de texto escolares. 
Es cierto que este año hemos contribuido con 35 millones de euros al presupuesto de educación de UNWRA, que asciende a 170 millones de euros. 
Solo quiero destacar que no somos el principal contribuyente a este presupuesto. 
El principal contribuyente son los Estados Unidos y no creo que nadie esté sugiriendo que al contribuir al presupuesto de educación de UNWRA los Estados Unidos sean culpables de cosas de las que se acusa a la Comisión. 
La ayuda al sistema educativo se centra en la infraestructura, el equipamiento y la ayuda directa para los gastos corrientes de las escuelas, tales como los salarios de los profesores. 
Sería difícilmente posible contribuir a la seguridad en los territorios palestinos si los profesores fuesen despedidos en masa porque nadie puede pagarles. 
Además, nunca se nos ha solicitado por parte de la Autoridad palestina la financiación de planes de estudio o libros de texto. 
Rechazamos cualquier intento de utilizar el sistema educativo como vehículo para fomentar la intolerancia y dificultar los esfuerzos que realizan todas las partes comprometidas con la paz en Oriente medio. 
En este contexto es especialmente lamentable que los niños en edad escolar estén expuestos a la intolerancia de las partes involucradas en el conflicto. 
La Comisión siempre ha centrado su ayuda, y lo seguirá haciendo en el futuro, en la promoción de una cultura de paz, tolerancia, y derechos humanos en Oriente medio. 
Los últimos estudios sobre los libros palestinos han mostrado que el lenguaje antisemítico contenido en antiguos libros egipcios y jordanos utilizados por la Autoridad palestina y UNWRA, especialmente antes de 1994 y 1995, está siendo eliminado. 
Estos nuevos libros, acertada o desacertadamente, han sido criticados por no transmitir un claro mensaje de paz y amistad con el pueblo israelí. 
No obstante, los libros de texto no van a cambiar la trágica realidad de la vida diaria en los territorios palestinos o en los campamentos palestinos. 
Es importante que UNWRA esté llevando a cabo en sus escuelas un notable programa de tolerancia y concienciación para contrarrestar cualquier influencia negativa en los alumnos, pero para un profesor no puede ser muy fácil enseñar a los niños acerca de la tolerancia y la concienciación cuando al salir del campamento por la noche no ven más que tanques, armas y lanzamientos de piedras. 
Enseñar un programa de tolerancia y concienciación en esos campamentos debe ser uno de los trabajos más difíciles del mundo. 
Les pido a las Señorías que toman posiciones más bien partidistas sobre estas cuestiones que piensen en aquellos que trabajan día tras día en los campamentos y en otros lugares de Oriente medio para fomentar la decencia, para promocionar los valores que compartimos en esta Asamblea. 
No creo que unas acusaciones más bien baratas sobre lo que están haciendo UNWRA y otros constituya el tipo de comentario que uno debería oír en este Parlamento. 
Por último, quisiera decir algo sobre la intervención del Sr. Lagendijk, porque normalmente coincido con este distinguido caballero. Realiza algunas de las más reflexivas, interesantes y mejor informadas contribuciones a nuestros debates. 
Desde luego, todos nosotros tenemos la ambición de emprender acciones en nombre de la Unión Europea que mejoren la mala situación en Oriente medio. 
Es posible, desde luego, que consideremos o tomemos acciones que empeoren una mala situación. 
Su señoría habla sobre medidas económicas. 
Es cierto que tenemos una relación económica muy importante tanto con Israel como con la Autoridad palestina y otros estados de la región. No ignoro las consecuencias que se derivan en términos políticos de esa relación. 
Estamos intentando asegurar que, como he dicho antes, la ayuda que proporcionamos a la Autoridad palestina fomente el pluralismo, fomente el gobierno limpio, fomente un poder judicial independiente, fomente el imperio de la ley y fomente la democracia. 
Esto es lo que debemos hacer. 
También estamos insistiendo a las autoridades israelíes en que los acuerdos que tenemos con ellos sean respetados tanto en la letra como en su espíritu- esto es lo que les manifestamos durante nuestras discusiones en la reunión sobre cooperación aduanera celebrada en julio. 
Pero tengo las más profundas dudas sobre la posibilidad de ir más allá. 
El historial de las sanciones económicas en asuntos internacionales no es- lamentablemente- muy positivo. 
Tengo un gran respeto por la opinión de su señoría y estoy seguro de que podremos seguir intercambiando ideas respecto de este asunto, pero tendrá que hacer un gran esfuerzo de persuasión para que empecemos a hablar en términos de sanciones al intentar establecer una política más efectiva de la Unión Europea en Oriente medio. 
Por supuesto, es más fácil contemplar cómo nuestra relación con las partes pueda consolidar la paz a largo plazo que ver cómo la relación económica pueda hacer avanzar la paz a corto plazo. 
Comprendo la frustración pero, no obstante, sigo dudando sobre la capacidad de recurrir a sanciones económicas. 
(Aplausos) 
Gracias, señor Comisario, por sus respuestas tan precisas. 
. 
(FR) Señora Presidenta, he obtenido, antes de concluir el debate, algunos elementos que me permiten responder a la pregunta que ha formulado el Sr. Poettering. 
Como se trata, con todo, de una pregunta importante y como la falta de respuesta podría suscitar malentendidos, voy a comunicar a la Asamblea los elementos que la Secretaría del Consejo acaba de transmitirme. 
El Alto Representante, el Sr. Javier Solana, permanece en Jerusalén en espera del regreso del Sr. Sharon de Moscú. El Sr. Sharon le ha propuesto celebrar mañana una reunión. 
La reunión, pues, tendrá lugar mañana. 
Señora Presidenta, me he sentido atacado personalmente por el comisario Chris Patten, al igual que varios diputados, y por eso pienso que a pesar de todo tenemos derecho a responder. 
En efecto, no es normal que la Comisión tenga la última palabra y ataque a los diputados, precisando, en particular, que no correspondía al Parlamento controlar la concesión de fondos efectuada por esta Comisión, y concretamente a la Autoridad Palestina. 
Mantengo todo lo que había expresado sobre la educación palestina. 
Y si bien los libros no están directamente financiados por la Unión Europea, la enseñanza sí lo está. 
Y lo que Chris Patten acaba de manifestarnos significa justificar una enseñanza para el odio y el martirio. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto 
de la pregunta oral (B5-033/01) del Sr. Brok al Consejo, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y de la declaración del Consejo, sobre el proceso de adhesión; 
del informe (A5-0251/2001) de la Sra. Carlsson, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Estonia a la Unión Europea y al estado de las negociaciones (COM (2000) 704- C5-0604/2000- 1997/2177 (COS) ); 
del informe (A5-0252/2001) de la Sra. Schroedter, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Letonia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 706- C5-0606/2000- 1997/2176 (COS) ); 
del informe (A5-0253/2001) del Sr. Souladakis, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre la solicitud de adhesión de Lituania a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 707- C5-0607/2000- 1997/2178 (COS) ); 
el informe (A5-0254/2001) del Sr. Gawronski, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Polonia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 709- C5-0609/2000- 1997/2174 (COS) ); 
el informe (A5-0255/2001) del Sr. Jürgen Schröder, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de la República Checa a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 703- C5-0603/2000- 1997/2180 (COS) ); 
del informe (A5-0256/2001) del Sr. Wiersma, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Eslovaquia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 711- C5-0611/2000- 1997/2173 (COS) ); 
del informe (A5-0257/2001) del Sr. Queiró, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Hungría a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 705- C5-0605/2000- 1997/2175 (COS) ); 
del informe (A5-0258/2001) del Sr. Van Orden, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Bulgaria a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 701- C5-0601/2000- 1997/2179 (COS) ); 
el informe (A5-0259/2001) de la Sra. Nicholson of Winterbourne, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Rumania a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 710- C5-0610/2000- 1997/2172 (COS) ); 
del informe (A5-0260/2001) del Sr. Volcic, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Eslovenia a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 712- C5-0612/2000- 1997/2181 (COS) ); 
del informe (A5-0261/2000) del Sr. Poos, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Chipre a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 702- C5-0602/2000- 1997/2171 (COS) ); 
del informe (A5-0262/2001) de la Sra. Stenzel, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Malta a la Unión Europea y el estado de las negociaciones (COM (2000) 708- C5-0608/2000- 1999/2029 (COS) ). 
Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, a lo largo de los últimos cincuenta años se han logrado, sin duda, grandes avances en la construcción europea. 
El proyecto europeo ejerce una potente atracción y ha contribuido a la paz, la estabilidad, la democracia y la prosperidad. 
La atracción es tan grande que la Unión Europea se prepara hoy en día para duplicar el número de sus miembros. 
El proceso de ampliación no constituye ninguna novedad para la Unión, aunque el actual proceso de ampliación no tiene parangón por sus dimensiones, por la diversidad de los países candidatos y por su dimensión política e histórica. 
En el transcurso del debate de hoy quisiera tratar con usted tres cuestiones: 1 El motivo de la ampliación, aunque considero que se trata de algo obvio en este hemiciclo, y en segundo lugar algo que seguro que le interesará más: ¿Cuál es el estado actual de las negociaciones? y 3, ¿cómo debemos preparar el futuro? 
¿Por qué la ampliación? 
Usted, señora Presidenta, y ustedes, estimados colegas, lo saben pero quizás se filtre por las paredes de este hemiciclo algo de lo que voy a decir y llegue a la opinión pública, que aún se plantea regularmente esta cuestión, algo a lo que sin duda tiene derecho. 
El futuro de Europa y la ampliación de la Unión irán a partir de ahora indisolublemente de la mano. 
La ampliación es el futuro de Europa. 
De acuerdo con los objetivos fijados en Helsinki, el Consejo Europeo de Niza dio luz verde a la Unión para la admisión de nuevos Estados Miembro. 
Podíamos haber rechazado fácilmente el compromiso alcanzado en Niza pero optamos por no hacerlo para no enviar un mensaje equivocado en el que Europa apareciera como un ente sin corazón y sin capacidad de decisión en el peor de los momentos, justo en vísperas de la reunificación europea. 
La ampliación concreta la ambiciosa y amplia visión del proyecto europeo original. 
Esta decisión, que en el Consejo Europeo de Goteborg fue justamente catalogada de irreversible, refleja el interés que los fundadores de Europa concedieron en su momento a la solidaridad internacional y hoy se mantiene vigente en los Estados Miembros. 
La ampliación de la Unión es una obligación histórica. 
Los pueblos que la historia separó durante demasiado tiempo deben tener la oportunidad de reunificarse. 
Al margen del reto histórico, la ampliación también representa un proyecto político. Este proyecto nos exige a nosotros, líderes europeos y representantes electos, un gran sentido de la responsabilidad. 
A partir de ahora debemos dedicar todo nuestro esfuerzo a garantizar un futuro estable, seguro y próspero para nuestros conciudadanos en una Europa ampliada. 
La ampliación se antojaba y se sigue antojando necesaria para prevenir cualquier desestabilización en los países que optan a la adhesión y todas las manifestaciones derivadas de la inestabilidad. 
En este sentido, me planteo el creciente flujo de refugiados, el incremento de la delincuencia, etcétera. 
Los lamentables acontecimientos de los últimos diez años en los Balcanes han demostrado que una región no puede estabilizarse sin poner en marcha y consolidar el proceso de ampliación o de asociación. 
En determinados países de la antigua Yugoslavia, la inestabilidad ha supuesto el retroceso del estado de derecho y la creación de nuevos focos de delincuencia internacional. 
La Unión deberá esforzarse al máximo para combatir las redes transnacionales de delincuentes. 
La búsqueda de la estabilidad es lo que hizo que se pusiera en marcha el proceso de asociación y de estabilidad a partir de la Conferencia de Zagreb, lo que obviamente desemboca en una perspectiva europea. 
Por otra parte, las consecuencias positivas de la futura ampliación ya se empiezan a notar. 
En Europa Central y Oriental se han creado regímenes estables que han adoptado los valores comunes o los valores que tienen en común con nosotros, como son la democracia, el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la protección de las minorías. 
La notable mejora de la seguridad en Europa y las nuevas perspectivas de desarrollo económico son consecuencia directa de ello. 
La ampliación, que aún se debe reflejar en hechos, mejora la prosperidad de Europa y ha incrementado su influencia. 
Por otra parte, manteniéndonos en el plano meramente materialista, vemos cómo el número de inversiones extranjeras, refiriéndome a las inversiones extranjeras europeas en los países candidatos, no para de aumentar. 
La Unión se ha convertido hoy en día en el principal socio comercial de trece países candidatos. Esto significa que los Estados Miembros obtienen un gran beneficio. 
La Europa ampliada contará con 500 millones de ciudadanos, lo que en términos económicos supone 500 millones de consumidores. 
Esto debería bastar para que la Unión haga valer y defienda, también en el ámbito económico, su peso específico en un mundo que cada vez se está convirtiendo más en "una aldea", por citar a un sociólogo canadiense. 
Señoras y señores, en los países candidatos, la ampliación ha demostrado ser una fuerte incitación para garantizar la transición hacia una economía de mercado. 
La puesta en marcha de esta transición resulta siempre penosa o incluso extremadamente penosa. 
En varios países, sin embargo, dichas transformaciones ya han originado un crecimiento rápido y sano, permitiendo elevar el nivel de vida de las poblaciones. 
¿En qué punto están en este momento las negociaciones? 
Tal como se había comprometido a hacerlo, la Presidencia belga prosigue desde el mes de julio pasado el trabajo iniciado por la Presidencia sueca, respetando los principios decididos en Niza y de acuerdo con el calendario fijado en la Cumbre de Goteborg. 
La Presidencia procura escrupulosamente mantenerse en su papel de facilitadora, no sustituir a la Comisión y dejar al cuidado de ésta y al de sus comisarios competentes la misión y la tarea de llevar a cabo las negociaciones. 
La presentación de nuestro programa de trabajo en materia de negociaciones de ampliación, con ocasión del Consejo de "Asuntos Generales" en el mes de julio, ha sido bien acogida por los gobiernos de los Estados miembros, que hicieron hincapié en la importancia de verificar la puesta en marcha efectiva de los compromisos asumidos por los países candidatos, tal y como lo ha hecho el Sr. Elmar Brok en el desarrollo de la pregunta que nos ha formulado. 
Con respecto a los capítulos de negociación, queremos lograr abrirlos todos. 
En el caso de Malta aún está pendiente el capítulo sobre la agricultura y en el de Bulgaria aún deben abrirse ocho capítulos. 
Por otro lado, de conformidad con las conclusiones de Goteborg, la Presidencia belga apoyará los esfuerzos que ha realizado y que deberá realizar Rumania, país con el que todavía deben abrirse catorce capítulos. 
Para muchos países candidatos está a punto de alcanzarse la "masa crítica" del capítulo provisionalmente cerrado. 
Por "masa crítica" entiendo el hecho de que el número de capítulos que ya han sido negociados (respecto a los cuales se han concluido acuerdos provisionales) es tan elevado que se plantea cada vez más concretamente y, por lo tanto, cada vez con mayor urgencia la cuestión de la diferenciación de trato de los países candidatos según los méritos de cada uno, así como la cuestión de saber cómo se planteará el final de las negociaciones. 
Y este momento podría llegar más pronto de lo que habíamos creído hasta hace poco tiempo. 
La Presidencia belga se esfuerza por mantener el ritmo constante de las negociaciones. 
En la primera reunión a nivel de suplentes que tuvo lugar el 27 de julio pasado, fue posible examinar siete capítulos y cinco de ellos se pudieron cerrar. 
Hasta ahora se han podido cerrar, pues, siete capítulos con todos los países candidatos. 
Se trata de los capítulos relativos a las estadísticas, a las pequeñas y medianas empresas, a la investigación, a la educación, a la salud y a los consumidores, así como a las relaciones exteriores. 
Los capítulos que quedan todavía por negociar se hallan- como probablemente no les sorprenderá- entre los más difíciles. 
Además de los capítulos relativos a la libre circulación de trabajadores y al medio ambiente, hemos abordado las cuestiones relativas a la justicia y a los asuntos interiores, a la competencia, a los transportes, a la energía, a la pesca, a la agricultura y a la fiscalidad. 
En algunos de estos ámbitos, se han podido realizar progresos tangibles. 
Pero, señora Presidenta, señoras y señores, señor Comisario, el proceso de ampliación no puede, naturalmente, reducirse al cierre de capítulos. 
Cada país debe asimismo adaptarse, y seguir adaptándose, a los criterios económicos de Copenhague y aplicarlos efectivamente. 
Eso ocurre, en particular, con un país con el cual aún no hemos empezado las negociaciones. 
Me refiero, evidentemente, a Turquía. 
Durante la visita a Ankara del ministro de Asuntos Exteriores belga, Louis Michel, el mes de julio pasado, éste recordó a las autoridades turcas la conveniencia de concentrarse en la puesta en práctica de la asociación para la adhesión, que permitirá a Turquía adaptarse a los criterios políticos definidos en Copenhague. 
En cuanto a Chipre, nos congratulamos de los progresos realizados en las negociaciones de adhesión. 
Pero el ritmo de las negociaciones no depende únicamente de los esfuerzos de la Comisión, del Consejo o de la Presidencia. 
A veces, acontecimientos exteriores pueden influir en ellos o incluso perturbarlos. 
Me refiero, por ejemplo, a la apertura de la campaña electoral en Polonia o incluso a la entrada en funciones del nuevo gobierno búlgaro. 
Sin embargo, cuento con un resultado positivo en los dos casos; sí, pienso que dichos cambios no frenarán el ritmo de las negociaciones con estos dos países, que hasta ahora ha sido acelerado. 
La publicación por la Comisión, en el próximo mes de noviembre, de informes profundos sobre el estado de preparación de los países candidatos constituirá, por su parte, un elemento importante. 
Los elementos resultantes permitirán a la Presidencia, en el Consejo Europeo de Laeken, proporcionar a las Presidencias siguientes indicaciones claras sobre el trabajo que hay que proseguir. 
¿De qué manera, finalmente, señora Presidenta, señoras y señores, se debe gestionar el futuro? 
Las conclusiones de las cumbres europeas de Niza y de Goteborg han dado un nuevo impulso al proceso de ampliación. 
La calidad de dicho proceso es ahora tan importante como el número de los capítulos negociados. 
En este sentido, desearía decir a Elmar Brok que tiene razón- al menos en mi opinión personal- al insistir en que no debemos exigir de los países candidatos más de lo que exigimos de nosotros mismos. 
Esto es muy cierto, pero, no obstante, a los países candidatos les conviene garantizar lo mejor posible la puesta en práctica del acervo, ya que, de lo contrario, el estadio inicial de su afiliación a la Unión Europea puede ser para ellos mismos muy doloroso y muy penoso, y creo que es necesario que les ayudemos a evitar ese tipo de situación. 
La realización de los objetivos definidos en Niza y en Goteborg dependerá de dos factores muy importantes. 
Primero, la voluntad de los Estados miembros de la Unión- por lo tanto, de todos nosotros- de llevar a la práctica los compromisos que hemos asumido. 
Nos corresponderá decidir las posiciones comunes, respetando los plazos fijados por la hoja de ruta y establecer, en su caso, períodos transitorios, aun cuando eso pueda plantear, e incluso plantee, dificultades. 
Segundo factor: se trata, en efecto, como yo lo indicaba, de la aptitud de los países candidatos para proporcionar a su debido tiempo no sólo cualquier información suficiente y sustancial sobre su capacidad para adaptarse a los criterios exigidos, sino también sobre su capacidad para demostrar que dichos criterios han sido puestos en marcha. 
(NL) Señora Presidenta, señoras y señores, voy a terminar, pero antes quisiera decir algo en relación con los resultados del referéndum irlandés y concretamente con respecto a la ampliación. 
Los resultados del referéndum han suscitado todo tipo de especulaciones acerca de la viabilidad de la ampliación. 
A pesar de que la ampliación resulta totalmente viable en el plano meramente jurídico sin necesidad de que todos los Estados Miembros ratifiquen el Tratado, se debe poner de manifiesto que la no ratificación del Tratado constituiría una señal totalmente equivocada de cara los países candidatos, ahora que parte de la opinión pública de estos países comienza a poner en duda las ventajas del proceso y a considerarlo una amenaza para su soberanía, recientemente obtenida. 
En este sentido, recuerdo el primer ministro de un país candidato que no hace mucho dijo en Bruselas: llevan ya diez años diciéndonos que nuestra adhesión se producirá dentro de diez años. 
Pues bien, si esta situación se prolonga en exceso, los pueblos y los gobiernos comenzarán a perder la paciencia. 
Considerando las dimensiones de la ampliación y las consecuencias institucionales de la misma, insto a que la Unión adopte una postura realista, responsable y ambiciosa. 
La ampliación de la Unión debe ser, sin duda, responsable, lo que significa que las funciones claves de la Unión debe preservarse. 
No hay duda, señora Presidenta, señoras y señores, señor comisario, de que la ampliación supone una alteración de elementos clave de la política conjunta o comunitaria- y me planteo concretamente la política agraria común o la política relativa a los fondos estructurales. 
Los Estados Miembros y, por consiguiente, todos nosotros deberemos mostrar valor y determinación para hacer frente a esta situación. 
La ampliación también requiere una postura ambiciosa para marcar las líneas de una nueva política común. 
Ahora más que nunca se requiera una auténtica política común en relación con la lucha contra la delincuencia y la armonización de nuestra política en materia de asilo e inmigración. 
Por otra parte, la Unión deberá esforzarse más en el plano de la política exterior y de seguridad común. 
La Unión debe dotarse de los medios necesarios para actuar en una crisis desestabilizadora en las fronteras de una Europa ampliada, de la Europa del mañana. 
Es indispensable que la Unión disponga de los medios necesarios para hacer frente a la situación en zonas inestables. 
A medida que se acercan las primeras adhesiones, la Unión deberá reforzar el diálogo con los países vecinos de la Europa ampliada. 
El objetivo es y será tranquilizar a estos países acerca de las consecuencias de la ampliación en lo que respecta a los acuerdos de asociación y colaboración- lo que me lleva a pensar concretamente en lograr un diálogo fructífero y amplio con Rusia, aunque sin limitarse a Rusia. 
Por último, quisiera decir que la ampliación sigue siendo un proyecto político. 
La buena o mala gestión de dicho proyecto reforzará o debilitará la unidad de Europa. 
Se debe generar un amplio debate en el seno de nuestra sociedad para exponer claramente los riesgos y las ventajas del proyecto. 
Se deben eliminar los malentendidos. 
Debemos tomar en serio las preocupaciones de los ciudadanos de los Estados Miembros, pero también las de los ciudadanos de los países candidatos, y dar respuestas fundadas a las mismas. 
Ahora que se acercan las primeras adhesiones, se debe proporcionar más información de la facilitada hasta el momento. 
La ampliación ofrece unas posibilidades enormes. 
Sin embargo, implica condiciones y limitaciones para ambas partes. 
La credibilidad exige que ambas partes se esfuercen en este sentido. 
La presidencia belga, señora Presidenta, señor comisario, señoras y señores, se ha comprometido con el mantenimiento del elevado ritmo de las negociaciones. 
Velará por el cumplimiento de las condiciones de adhesión. 
Los países candidatos deberán realizar un gran esfuerzo en lo que respecta a la implantación del acervo comunitario. 
El camino es largo, el camino es muy largo, pero la meta final ya comienza a verse. 
A partir de ahora podemos empezar a pensar en meses en lugar de en años. A partir de ahora también podemos decir a los países candidatos con los que hemos comenzado las negociaciones que son futuros Estados Miembros. 
No cabe duda, señoras y señores, y con esto quiero concluir, que la adhesión a medio plazo de doce países y a largo plazo de trece países cambiará la Unión que hemos conocido hasta ahora. Así ha sido en cada adhesión. 
Todos los nuevos Estados Miembro y todas las nuevas poblaciones que se han incorporado han aportado algo adicional. 
No voy a entrar en detalles porque esto podría producir envidias, lo cual no entra dentro de mis objetivos. 
Queda claro esto también ocurrirá con la llegada de los nuevos Estados Miembros. 
La aventura que comenzamos hace aproximadamente diez años- al menos en lo que respecta a la idea- se acerca a su final satisfactorio, aunque el éxito solo se podrá alcanzar si todos aportamos el esfuerzo necesario. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, le doy las gracias por una exposición tan completa y a continuación concedo la palabra al Sr. Comisario Verheugen, recordándole que nuestros eminentes invitados disponen de un tiempo de uso de la palabra, en principio, limitado, pero, evidentemente, con toda la flexibilidad necesaria. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, si alguien espera ahora una jugosa controversia entre el Parlamento y la Comisión o entre el Parlamento y el Consejo o incluso entre los grandes partidos aquí presentes, le tengo que decepcionar. 
Hacer de la ampliación un éxito es nuestro deseo común y seguirá siéndolo y esto no es compatible con ataques partidistas, señor Poettering. 
Por ello, no tengo ninguna dificultad en indicar al Sr. Brok y a todos los demás que mi Grupo político va a dar su voto favorable a la propuesta de resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa así como a los informes de ampliación, a todos los informes sobre los países. 
Puede que aquí o allá exista una pequeña diferencia, pero en general tanto la resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa como los informes sobre los países coinciden con los principios y criterios de mi Grupo político sobre el desarrollo del proceso de ampliación. 
Apoyo y soporte también para la estrategia de la Comisión que hoy ha expuesto el Sr. Verheugen. 
Nos reafirmamos en el principio de los méritos para la conclusión de las negociaciones con los candidatos y también coincidimos con su concepto de que en el 2004 pueden ser también 10 candidatos los que hayan logrado la conclusión de las negociaciones según nuestros criterios. 
No tienen que ser 10 pero pueden ser 10. 
Nos preparamos para ello. 
Apoyamos también que en los próximos informes se traslade la atención de la recepción del derecho de la UE a la aplicación del mismo. 
Este es de hecho uno de los puntos más importantes que tenemos que aclarar y determinar hasta la conclusión de los tratados de adhesión. 
Pero entendemos la fecha marcada no solamente como una puerta que abre a los candidatos la oportunidad de adherirse sino que el 2004 lo vemos también como un medio de presión para los mismos Estados miembros, no sólo para que vean cómo y hasta qué punto los candidatos solucionan sus problemas sino para que presten atención para que los mismos Estados miembros no creen nuevos problemas a la adhesión. 
De todo esto se trata también cuando marcamos el 2004 como fecha objetivo. 
Naturalmente, hablamos- y aquí comparto lo que el Sr. Verheugen, el Sr. Brok y el Sr. Poettering han dicho- sobre los riesgos, cargas o carencias en el actual proceso de ampliación. 
Hay muchos puntos. 
Pero si queremos ganar a las personas en Europa para que apoyen lo que pretendemos y lo que tenemos que hacer, entonces lo importante no es hablar sólo de cargas y riesgos. 
También tenemos que hablar sobre todo lo que ganamos todos en Europa gracias a la ampliación. Hablemos entonces de que en la reforma de la Política Agraria Común se trata de financiación y reforma. 
Esto es cierto. 
Pero entonces hablemos también del fortalecimiento de la protección del consumidor en Europa. 
Hablemos de que la seguridad en los alimentos en Europa se va a mantener y que tras la ampliación se tiene que intensificar aún más. 
Hablemos de que la ampliación no representa ningún peligro para la protección del medio ambiente, por el contrario, que en pocos años los estándares de la UE serán aplicables en toda Europa y no sólo en la parte occidental. 
Esto es también una ventaja para nosotros y no sólo para los europeos del Este. 
Digamos claramente a las personas en la UE que el crimen organizado y la corrupción se pueden combatir mejor en la Unión Europea que si los Estados de la Europa oriental se quedan fuera. Cuando las leyes que hemos creado para combatir el crimen internacional estén en vigor también en la Europa del Este. 
Hablemos de que la ampliación es una ventaja para todos nosotros porque seguimos ganando peso político, económico y también ecológico en el mundo, en un mundo que se está globalizando cada vez más. Que en Europa tenemos juntos más oportunidades para enfrentarnos a los desafíos de la globalización que si en Europa nos diferenciamos entre este y oeste o norte y sur. 
Y la cohesión económica y social en Europa se extenderán a toda ella y esto es una ventaja no sólo para el este sino también para nosotros. 
La financiación hasta el 2006 está asegurada. 
Pero esto no significa que con ello la ampliación vaya a ser gratis. 
Ciertamente no. 
Cuesta. 
Pero también es cara la no ampliación. 
Cuesta mucho más que la ampliación. 
Cuesta estabilidad económica, social, ecológica y política en Europa pero sobre todo cuesta confianza. 
La no ampliación pone en peligro el futuro de Europa. 
Nos encontramos ante un paso que es comparable a la situación que existía en 1989/1990 para toda Europa. 
No se trata de tal o cual plazo de transición ni tampoco del mejor o peor funcionamiento de este o aquel proyecto o programa o fondo. 
Tampoco se trata de tal o cual ventaja para ese o aquel país. 
Se trata de una cosa muy sencilla: del futuro de todos los europeos. 
Y aquí nos encontramos al principio del debate. 
Tras el fracaso de Niza depositamos grandes esperanzas en la Presidencia belga. 
Este debate sobre el futuro de Europa no sólo se debe mantener en los Estados miembros sino también en los países de la Europa Central y Oriental, en Chipre y en Malta. 
Señor Presidente, desde nuestro debate del año pasado sobre la ampliación se han producido progresos muy considerables y loables. 
Durante este pasado año, varios de los estados del grupo de Helsinki han alcanzado efectivamente a aquellos que se encontraban en el anterior grupo de Luxemburgo. 
Ha sido en un año en el que el énfasis y el impulso que la Presidencia sueca le ha proporcionado a esta tarea ha dado sus frutos. 
Este es un proceso que estoy seguro será proseguido y profundizado por nuestros amigos en la Presidencia belga. 
Saludo el hecho de que el Consejo Europeo, con el respaldo de la Comisión Europea, adoptase la fecha de las próximas elecciones europeas como un calendario objetivo, mientras hacía hincapié y respetaba el hecho de debemos mantener un análisis caso por caso basado en la diferenciación. 
También pudiera ser posible que diez estados estuvieran preparados en esa fecha y si ese fuera el caso, sería bienvenido. 
Pero no debiéramos imponer a aquellos que estuviesen preparados en ese momento la carga y los errores de los que no lo estén y, por tanto, debemos seguir adheridos a ese concepto de la diferenciación como el patrón con el que debemos analizar los resultados. 
Las encuestas muestran un índice de apoyo popular muy inquietante. 
El Comisario tiene razón en que no debemos dejarnos llevar excesivamente y prestar atención a cada una de las encuestas, pero cuando son tan coincidentes, les subyace algún mensaje. 
Y de nuevo quisiera felicitar a la Comisión por profundizar y ampliar en los 12 últimos meses la política de información y comunicación. Pero está muy claro que eso por sí sólo no va a ser suficiente. 
Necesitamos un liderazgo político y una perspectiva política. 
Necesitamos que se exponga todo el escenario para convencer a la opinión pública de la naturaleza que reviste este histórico proyecto. 
A este respecto existe la cuestión de la libertad de circulación de los trabajadores. 
Debo decir que en nombre de mi propio Grupo que a los demócrataliberales de esta Asamblea no les complace el ritmo al cual la idea de imponer una prohibición sistemática a la libertad de circulación de los trabajadores se está convirtiendo en el politique acquise. 
Pensamos que efectivamente puede existir una carga, pero más empirismo y mayor reflexión hubieran podido ser de ayuda. 
En último término, tanto si es realpolitik o empirismo lo que nos conduce a esta conclusión, mi Grupo instaría a que cada Estado miembro reflexionase sobre su posición y en la medida de lo posible se excluya de esta política concreta. 
Me consta que cuatro estados: Irlanda, Dinamarca, Suecia y Holanda ya han hecho indicaciones en este sentido. Insto ha otros estados ha hacer lo mismo. 
Pero en el seno de esto hay otra verdadera cuestión. 
Las regiones fronterizas son las regiones de nuestro proceso europeo de integración. 
En esta Asamblea debemos expresar nuestra preocupación por que se mejore la perspectiva de la política regional ya que estas regiones serán las que primero carguen con las consecuencias más inmediatas de la ampliación. 
Como europeos, esta solidaridad constituye algo que debemos inyectar en este debate con mayor vigor y no dejar simplemente que sean los intereses locales y nacionales los que copen la cuestión. 
Respecto de la cuestión de la actual situación del debate sobre la ampliación me he encontrado con muchos amigos del ámbito político y diplomático de los Estados candidatos, quienes han mostrado su preocupación por el surgimiento de varias tensiones. 
Quisiera decirles que deberían quedar tranquilos con lo dicho aquí. 
Ahora estamos hablando de realidades. 
Los movimientos en la oscuridad se han terminado y esas tensiones reflejan la realidad de que ahora nos encontramos en un proceso vigoroso. 
Por último tres reflexiones breves para cuyo desarrollo no dispongo de tiempo. 
Quisiera que la Comisión me asegurara que la incapacidad de establecer agencias de pago para Sapard en tantos países, por razones que comprendo, no va a ir en contra de la transmisión de fondos que hemos destinado a la reforma estructural de la agricultura. 
En segundo lugar, saludo lo manifestado por el Comisario sobre Chipre y Kaliningrado. 
Saludo lo que ha dicho sobre los mejores deseos para Chipre y espero que el proceso de Naciones Unidas de comienzo con su respaldo y el de otros, pero siempre hemos de tener presente que nunca hemos e convertir a lo mejor en enemigo de lo bueno. 
Finalmente, sobre la cuestión del referéndum irlandés el mensaje emitido hoy tanto por el Consejo como por la Comisión es de gran importancia. 
Es cierto que quizá haya medios legales para superar las sutilezas legales pero aquí subyace una señal política y un mensaje y la señal debe ser que, a pesar de que critiquemos el Tratado de Niza, y todos lo hacemos, debemos superar este obstáculo como una precondición política que no tiene que hacerse con la ampliación sino que la debemos superar nosotros mismos. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en primer lugar, quiero señalar, en nombre de mi Grupo, que estamos más que satisfechos de que las negociaciones mantenidas durante el último año hayan progresado de forma tan fluida, habiendo sido capaces de ir cerrando sucesivamente punto tras punto. 
Mi Grupo considera que el año 2004 es realmente la fecha límite deseable en que empezará a ser posible- no seguro, sino posible- la adhesión a la Unión Europea de hasta diez nuevos países. 
Indudablemente, la adhesión de un grupo tan amplio traería la ventaja de que se evitaría la aparición de nuevas líneas divisorias entre los países candidatos, y creo que debemos aspirar a esto con toda seriedad. 
Nuestro colega, el Sr. Hänsch, ha descrito muy bien cómo el proceso de ampliación puede beneficiar a todos, tanto a los actuales como a los futuros Estados miembros de la Unión Europea. 
Sin embargo, quiero subrayar que esto significa que debemos ser capaces de propiciar una dinámica económica y social, a través de la cual puedan materializarse estas ventajas ya en la fase previa a la adhesión. 
En este contexto, quiero indicar que mi Grupo hace hincapié en que el modelo social europeo, que esperamos sea el objetivo de los países aspirantes, es un modelo social basado en el desarrollo sostenible, entendido éste como un proceso de desarrollo que debe ser sostenible no sólo a nivel económico, sino también ecológica y socialmente. 
Debemos recalcar que los países candidatos tendrán que tomarse muy en serio la legislación comunitaria orientada a la consolidación de estos aspectos del desarrollo sostenible. 
Se sobreentiende que los derechos de los niños y el principio de no exclusión social son principios a los que, como europeos, no podemos renunciar. 
Señor Presidente, nuestro Grupo desea que sean asignados recursos adicionales con objeto de propiciar esta dinámica. 
En este punto, me remito al hecho de que es muy probable que existan fondos no asignados en el marco financiero del período 2000-2006, ya que parece claro que durante el año 2002 no se dará aún la adhesión de ningún país. 
Los recursos que quedarán así disponibles podrían ser utilizados, ya durante la fase previa a la ampliación, como instrumentos de la política agrícola y estructural para afianzar esta dinámica positiva. 
Nosotros desearíamos que la Política Agrícola Común cambie de dirección, de tal modo que, en lugar de pagar subvenciones directas a los agricultores con grandes explotaciones en la Unión Europea o en los países candidatos, estos recursos sean dedicados al desarrollo de las zonas rurales y a fomentar la producción de alimentos de calidad. 
Por último, señor Presidente, algo muy importante que se ha echado de menos hasta el momento ha sido la escasísima participación de los ciudadanos en este proceso. 
Nosotros quisiéramos participar en un debate sobre cómo podríamos incrementar la participación de la sociedad civil en el proceso de ampliación también en los países candidatos, puesto que lo que está ocurriendo es que tan sólo unas élites sociales muy reducidas sienten que pueden beneficiarse de la ampliación, y son éstas quienes la promueven. 
Por su parte, la mayoría de la población está desconcertada y teme que pueda verse perjudicada. 
Debemos tener en cuenta la situación de la mujer y la importancia de la lucha contra la pobreza, aspectos éstos en los que mi Grupo quiere hacer especial hincapié. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, en nombre de mi Grupo político quiero constatar que nosotros concedemos con una gran mayoría a la adhesión de los Estados de la Europa Central y Oriental a la Unión Europea una importancia estratégica y apoyamos decididamente este proceso de adhesión. 
Señora Presidenta del Consejo, creo que cuando compara este proceso de adhesión con otros, hay que mostrar incluso más nítidamente que este proceso es de una importancia cualitativa totalmente diferente, no sólo por el número de Estados, idiomas, territorio y población sino también por la historia, ya que se trata de una apertura cultural de largo alcance apenas discutida hacia Europa Central y Oriental, porque se trata de un desafío económico y social de una magnitud totalmente nueva y, naturalmente, también a causa de las consecuencias de largo alcance para la política exterior y de seguridad. 
Medido con estos baremos, mi coincidencia con algunos oradores anteriores es limitada. 
Creo que la política gubernamental y también la de la Comisión muestran unos graves déficits si bien, señor Comisario Verheugen, tomo nota de su intenso y comprometido trabajo, de los avances en las negociaciones y del gran apoyo de la UE al proceso de adhesión. 
Primera: en mi opinión, la inclusión de las ciudadanas y ciudadanos es extremadamente pequeña. 
Segunda: apenas se persigue la oportunidad que ofrece la ampliación hacia Este para superar la crisis de Niza y para una configuración democrática y social de la integración europea 
Tercera: en mi opinión, la igualdad de derechos de los países candidatos no es suficiente. 
Esto afecta a la cuestión ya tratada de los plazos de transición demasiado largos para la libertad de circulación de los trabajadores así como a la falta de claridad que existe en lo tocante a las transferencias en la agricultura. 
Cuarta: la decisión adoptada hace poco por la Comisión sobre la financiación de las regiones fronterizas es, debo decirlo claramente, irresponsable. 
Usted, señor Verheugen hace un año realizó unas promesas muy diferentes en esas regiones. 
Ese es el patrón con que se le mide y le mido yo. 
Pero sobre todo, de lo que se trata- y esto lo sabe usted perfectamente- y a lo que se han referido ya otros aquí, es que la ampliación se vivirá directamente en esas regiones. 
Quien quiera que sea un éxito económico, social y político y no un caldo de cultivo para elementos nacionalistas, deberá modificar esta posición. 
Quinta: para mí es totalmente insatisfactorio que en Niza se haya acordado de modo no democrático el número de diputados checos y húngaros en este Parlamento y que no se haya cambiado aún esto. 
Estimado colega Hänsch, también me ha sorprendido sumamente que en la Comisión de Asuntos Exteriores mi enmienda al informe sobre la República Checa haya sido apoyada por el Partido Popular Europeo y otros pero no por la gran mayoría de los socialdemócratas. 
No sé si esto es para tener en consideración a los gobiernos nacionales, quienes así lo aprobaron. 
En cualquier caso, deberíamos estar de acuerdo en que el Parlamento va a exigir en este asunto una modificación sin compromisos. 
Deseo felicitar a todas y todos los colegas por sus informes y también al colega Brok. 
Creo que se ha expuesto una posición crítica sobre ciertos aspectos de la estrategia de la ampliación hacia el este. 
Pero me voy a referir también a dos diferencias que afectan en parte también a otros informes. 
Por un lado, la orientación estereotipada a una deregulación económica y social y una privatización que, en esta magnitud, corre el riesgo de una destrucción y división social inaceptable. 
Segundo: esto se refiere al informe del colega Brok. 
Cuando allí se dice que la ampliación de la UE y de la OTAN se complementan naturalmente, creo que la ampliación de la UE hacia el Este ofrece también posibilidades para una configuración productiva y cooperativa de la relación europeo-rusa. 
Pero la ampliación de la OTAN, en especial bajo las condiciones de la actual política de los EE.UU y de la OTAN, va unida en mi opinión a unos riesgos serios y, en parte, poco predecibles. 
Para finalizar, señor Comisario, señora Presidenta del Consejo, mi gran deseo es que las ciudadanas y ciudadanos no entiendan la ampliación de la UE en primera línea por folletos de alto brillo sino por una realidad democrática social y ecológica a la que ellos mismos contribuyan. 
Señor Presidente, la ampliación de la Unión Europea es un proceso irreversible. 
Tenemos que ser muy claros a este respecto. 
Las conclusiones de la Cumbre de los líderes de la UE celebrada en Goteborg en relación con las negociaciones de ampliación y el proceso de adhesión expresaron que el mapa de carreteras debería hacer ésta posible para aquellos países que están en disposición de completar las negociaciones a finales de 2002. 
Confío en que, bajo la Presidencia belga de la Unión Europea, se hagan importantes progresos respecto de las negociaciones de ampliación. 
Como se ha dicho, durante la Presidencia belga se van a abrir capítulos esenciales de debate, incluyendo la política de competencia, transporte, energía, fiscalidad, unión aduanera, aspectos veterinarios e higiénicos de la agricultura, pesca, justicia y asuntos de interior y control financiero. 
La meta de concluir las negociaciones de ampliación con los países más avanzados a finales de 2002 constituye un objetivo alcanzable. 
Los principales candidatos están cerrando capítulos de forma provisional a un ritmo impresionante y el país candidato más destacado, Chipre, ya ha concluido 23 capítulos. 
Pero es igualmente importante que la Unión Europea y los países candidatos comiencen a negociar los capítulos más importantes de las conversaciones, que hasta la fecha han permanecido cerrados. 
Es en interés de todas partes que las cuestiones fundamentales que aun quedan pendientes sean debatidas, resueltas y culminadas. 
Todos tenemos que seguir desempeñando un papel activo y constructivo en el proceso de ampliación. 
La ampliación de la Unión constituye una oportunidad económica y política para Europa. 
La extensión del mercado único debe guardar un interés real y tangible para los exportadores europeos y para las compañías de origen europeo que buscan inversiones en el exterior. 
A escala continental la ampliación de la Unión Europea contribuirá a fortalecer la estabilidad. 
Una Unión ampliada podrá desempeñar un papel más positivo e influyente en el plano internacional, tanto política como económicamente. 
Ayudará a consolidar las estructuras democráticas y civiles en Europa central y oriental. Contribuirá al desarrollo de economías de mercado de mayor dimensión. 
Nuestra influencia en organizaciones tales como la Organización Mundial de Comercio se verá mucho más reforzada por la ampliación de la Unión Europea. 
Como diputado irlandés del Parlamento Europeo quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar que el resultado del referéndum sobre el Tratado de Niza celebrado en Irlanda no debe ser leído o interpretado como un voto en contra de la ampliación de la Unión Europea. 
La opinión pública irlandesa está fuertemente a favor del proceso de ampliación como indica una reciente encuesta de Eurobarometer que concluyó que un 59% del pueblo irlandés está a favor de la ampliación de la Unión. 
Esta cifra es la segunda más alta entre los 15 Estados miembros de la Unión Europea. 
Esperemos que esta encuesta de Eurobarometer quede reflejada cuando el electorado irlandés vuelva a tener la oportunidad de tomar una decisión sobre esta cuestión. 
Bienvenida 
Nos acompañan en la tribuna muchos amigos, políticos y diplomáticos de los países candidatos. 
Les damos la bienvenida a la Asamblea. 
Confío en que estén disfrutando del debate y que lo encuentren constructivo. 
Señor Presidente, señor Comisario, el debate sobre la ampliación que nos ha ocupado esta mañana pone de manifiesto una convergencia sustancial de orientaciones, así como de método. 
Por otra parte, en muchas ocasiones se ha recalcado que la ampliación no es solo una cuestión de extensión de la Unión desde el punto de vista geográfico, económico y político, de implicación de diez, doce o quizás trece Estados, principalmente en la zona centroriental, que han pasado por la trágica experiencia de cincuenta años de comunismo, sino que la ampliación pone en juego a la propia Unión. 
Por otra parte, fue el Presidente Prodi, quizás en el discurso más bonito jamás pronunciado como Presidente en la Universidad de Lublino, quien dijo textualmente que "la ampliación supone repensar y refundar el pacto político en el que se funda la Unión". 
Naturalmente esto no sólo significa que debemos estar atentos al cumplimiento por parte de los países candidatos de los tres criterios fijados en Copenhague: libertad, democracia y derechos humanos, un mercado económico competitivo, capaz de hacer frente a los retos internos de la Unión, y a la progresiva asimilación de los acervos comunitarios que, como el Comisario Verheugen recordaba esta mañana, prevé asimismo la plena asimilación del Derecho europeo y que quizás parece el aspecto, la mayor dificultad para los países candidatos. 
No, aquí se trata de replantear, de volver a pensar y motivar un proyecto europeo. 
No se puede siquiera buscar enseguida, por decirlo así, la salida de emergencia de las reformas, tal vez del bla- bla-bla institucional. 
Como han apuntado justamente tanto Michel Barnier como Pascal Lamy, el debate sobre las reformas institucionales no puede preceder a la identificación de un proyecto político. 
La puesta en práctica no puede preceder a la concepción, de lo contrario, a fuerza de no decir lo que hace Europa, corremos el riesgo de no llegar a saber nunca lo que es Europa. 
Por lo tanto, ¿cuál es el proyecto en el que hay que concentrar en primer lugar el debate de este Parlamento, la única instancia efectivamente democrática y la única quizás capaz de implicar también a las opiniones públicas? 
Evidentemente, una Europa que es federal en cuanto a su moneda, que es intergubernamental en cuanto a su defensa y que es una zona de mercado abierto en cuanto a sus aspectos económicos, ofrece muchas posibilidades, pero también presenta muchas ambigüedades. 
Hay quien piensa en poder resolver estas ambigüedades con la elaboración de un documento posterior a la Carta de Derechos, o sea, una verdadera Constitución; hay quien se pregunta si necesitamos realmente una Constitución europea, un patriotismo constitucional que, según el modelo alemán, debería sustituir un patriotismo que de lo contrario no existe. 
Para otros, en cambio, el meollo del proyecto está en el reforzamiento, en la profundización de la cooperación económica en torno al euro, y esto aclararía más que cualquier otro aspecto las relaciones de Europa con la globalización y mediría nuestra capacidad de ser, al menos a escala europea, realmente globales. 
Para otros, en cambio, el quid de la cuestión, el meollo del problema está en una política exterior y de seguridad realmente comunes. 
Pues bien, deteniéndome por un momento en este punto, el debate que acabamos de celebrar esta mañana sobre Oriente Próximo pone de manifiesto que si esto no está en el corazón del proyecto, es ciertamente el corazón de nuestras dificultades. 
Esta mañana el Comisario Patten decía justamente que nos sentimos frustrados en nuestra voluntad de contribuir al proceso de paz, o sería mejor decir de reanudación de las negociaciones o, mejor aún, de alto el fuego en Palestina por los acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas. 
Naturalmente nos satisface saber que no financiamos con dinero europeo libros de texto antisemitas, pero francamente no me parece que sea éste el centro del debate que debemos plantear entre nosotros. 
Lo que falta es la política, la decisión política, el acto político como podría ser, por ejemplo, en materia de Oriente Próximo, el de la asociación de Israel a la Unión Europea, tantas veces propuesta por los amigos radicales y por otros con ellos: una decisión que cambiaría realmente las cosas y que garantizaría y al mismo tiempo comprometería a Israel y a toda la región en una nueva política de seguridad. 
Poner de relieve estos temas- el fortalecimiento del euro, la construcción institucional y una política exterior y de defensa realmente común- podría dar ese contenido al proyecto europeo que hoy no existe y que la ampliación nos reclama. 
Señor Presidente, el Movimiento de Junio vota a favor de la ampliación, sin embargo, los acuerdos deben también ser tan positivos para los países candidatos que sus electores estén dispuestos a votar a favor. 
La cúpula comunitaria ha de aprender de los referéndums celebrados en Dinamarca e Irlanda. 
Tal y como avanzan ahora las negociaciones para la ampliación, habrá mayoría del no en uno o más países. 
Algo tienen que ocultar cuando no se atreven a sacar a la luz los documentos, pensará la gente. 
Durante un par de años he tratado de conseguir una copia electrónica no burocrática de las normas que los países solicitantes deben aceptar. 
La Comisión se sigue negando. 
¿Por qué no servir a los electores colgando todos los documentos en Internet para que puedan ser leídos en Karup y Praga, en Bogense y Budapest? 
¡No pido transparencia en torno a las posiciones negociadoras internas o a secretos militares, pero sí que se saquen ahora a la luz los documentos que se convertirán en leyes! 
Hemos de debatir también si son acertadas nuestras exigencias a los países candidatos. 
¿Dónde y cuándo se han manifestado nuestros ciudadanos para poder comprar suelo barato en los países del este? 
¿No podríamos ofrecer regímenes transitorios para el suelo de uso agrario y el suelo residencial hasta que por ejemplo hayan alcanzado un 90% de nuestros ingresos? 
¿Quién en el oeste está dispuesto a pagar subsidios a la gente de la Europa del Este a la que forzamos a abandonar sus trabajos? 
¿No podríamos admitir regímenes transitorios más largos de modo que puedan disponerse a competir en el mercado común pero permitiéndoseles proteger los mercados locales hasta que sean más competitivos? 
¿No podríamos mostrarnos un poco más magnánimos y mucho más flexibles? 
¿Por qué no permitir a los doce países candidatos que participen en la redacción de la base para la cooperación en el próximo tratado? 
¿Por qué no dejar a un lado el Tratado de Niza y crear un tratado que pueda ser aprobado por referéndum en todos los países- un tratado para una Europa abierta, más estilizada, más libre y más democrática? 
Así, la perspectiva de la integración despertará entusiasmo entre los ciudadanos y elevará los índices de participación con una gran mayoría del sí. 
La gente se unirá en lugar de dividirse- ¡que ése sea el reto! 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la Comisión escribe en el informe sobre los avances de la República Checa, cito: "La República Checa cumple además los criterios de Copenhague". 
Esta declaración es sorprendente. 
En el informe de la Comisión no se dice ni una sola palabra sobre los decretos Benes. 
La Comisión no quiere ver que el mantenimiento de los decretos Benes, que justifican la expulsión y asesinato de miles de personas tras la segunda guerra mundial, está en clara contradicción con los criterios de adhesión planteados por la Comunidad. 
La actitud de la República Checa de no querer suspenderlos significa un desprecio de los valores fundamentales y de los derechos humanos que reconoce expresamente la UE. 
De este modo, Europa daña intensamente su credibilidad en asuntos de derechos fundamentales y humanos. 
Como representante austríaca quiero decir unas palabras sobre Temelin. 
Temelin tiene unas considerables carencias de seguridad. 
El informe de la Comisión sobre Temelin confirma también que las objeciones de Austria a causa del reactor están justificadas. 
A pesar de ello, la República Checa pretende crear hechos consumados poniendo en marcha el reactor. 
Esta actitud no tiene nada que ver con una posición de cooperación. 
La llave para solucionar este problema se encuentra en Bruselas. 
Espero una iniciativa europea para la parada definitiva de ese reactor. 
Señor Comisario Verheugen, usted ha calificado a Temelin con la central nuclear más segura en Europa. 
Esto no es sólo de poca ayuda sino contraproducente para encontrar una variante común para el abandono de la energía nuclear. 
Señor Presidente, intervengo para señalar a sus Señorías que ayer por la tarde el Vicepresidente Kinnock, al contestar a lo largo del debate sobre las preguntas orales presentadas por los Sres. Harbour y Guy-Quint, dijo y afirmó que todos los diputados recibirían ayer por la noche las respuestas por escrito de la Comisión y el Vicepresidente se apoyó en estos datos para responder a los diputados presentes que no sabían nada. 
Tras comprobación, estos documentos no han llegado ni ayer ni esta mañana y no se sabe cuando llegarán. 
Lo he querido decir porque, visto el tono del debate de ayer, si los miembros de la Comisión pudieran decir cosas ciertas a los diputados y no decir una cosa por otra, esto sería una regla, me parece, indispensable. 
Trataremos esa cuestión con los servicios de la Comisión y procuraremos trasladársela tan pronto como sea posible. 
Estoy seguro de que si existía un compromiso éste será cumplido. 
Señor Presidente, respecto a lo que ha dicho el colega Dell ' Alba, quiero informar, sin ser por ello defensor de la Comisión, que hoy he hablado asimismo con el Vicepresidente Kinnock y que los informes están en camino. 
Ha habido sólo un problema técnico, es decir, no se ha hablado con una doble lengua sino que ha habido sólo un problema técnico. 
Señor Presidente, como el precursor común y autor de esta pregunta, quizá se me permita intervenir brevemente. 
Yo también me he reunido esta mañana con el Sr. Kinnock para discutir las respuestas del día de ayer. 
Sus servicios me han transmitido que el informe fue efectivamente enviado ayer al Parlamento para que fuese distribuido entre los diputados. 
De modo que esto es algo que debería investigarse, ya que el Sr. Kinnock dijo ayer claramente que la Comisión deseaba dar inmediatamente a los diputados una respuesta detallada a mi pregunta. 
Si la Comisión envió el informe al Parlamento nosotros somos responsables de que no se haya distribuido. 
Si el retraso es imputable a la Comisión deberíamos preguntar por qué se ha producido éste. 
Haremos una comprobación e intentaremos descubrir lo que ha funcionado mal. 
VOTACIONES 
Señor Presidente, pido que se controle la segunda parte de la justificación M. En la versión sueca se dice que se trata de fortalecer la ciudadanía europea. 
En la versión inglesa no aparece este concepto y en la francesa se habla de nationalité. 
Nacionalidad y ciudadanía son conceptos diferentes. 
Respaldamos la ciudadanía europea. 
Señor Presidente, el Sr. Mayer ha iniciado con su texto la aprobación de las directivas relativas a la sociedad europea, la sociedad anónima europea. 
Ayer ya intervine a lo largo del debate y dije que la sociedad europea es un hecho positivo, tanto es así que me vi nadando en oro en una bañera llena de euros para celebrar el éxito de la sociedad anónima europea. 
Debo continuar ese texto de ayer por la tarde diciendo que entraron muchos pensionistas y me dijeron: "Dado que nadas en oro, ¿por qué no creamos la pensión europea para que también todos nosotros, los pensionistas, podamos llegar a ser ricos como las sociedades anónimas europeas ?" 
Por lo tanto, espero que se cree cuanto antes la pensión europea. 
Señor Presidente, saludo el hecho de que por fin hayamos resuelto este asunto del estatuto de la Sociedad Europea. 
Es lógico que si tenemos un mercado único haya un sistema único de registro de sociedades, lo que debería simplificar el registro y reducir la burocracia. 
En las industrias de defensa en los últimos años hemos tenido una considerable cooperación transfronteriza y consolidación pero no hemos ayudado a esas empresas porque no les hemos proporcionado un estructura empresarial única. 
Espero que esto sea lo que hagamos ahora. 
También hemos de tener en cuenta que existen otras cuestiones que deben ser tratadas, tales como las formas en que tributan las sociedades y el modo en que se enfoca este asunto. 
Si realmente deseamos fomentar la consolidación transnacional hemos de considerar la cuestión de cómo se va a tratar a los fondos de pensiones, para que la gente pueda disponer de sus pensiones cuando tengan su trabajo en el seno de un estructura empresarial única. 
. (FR) Expreso mis mayores reservas sobre el nuevo proyecto de Estatuto de la Sociedad Europea, puesto que lo considero complicado, inútil y capaz de conducirnos progresivamente a resultados que no deseamos. 
La reivindicación de un marco estatutario unificado para las sociedades anónimas en el ámbito europeo, sin tener en cuenta la diversidad de los derechos nacionales, es una vieja reivindicación federalista, casi tan antigua como la Comunidad, ya que las primeras discusiones se iniciaron en 1959 y la primera propuesta formal de la Comisión data de 1970. 
Pero esta idea se enfrenta con unos derechos nacionales profundamente afianzados en la mentalidad de cada pueblo, por ejemplo el derecho social- relativo a la participación de los asalariados, concretamente- o el derecho fiscal. 
Hacía treinta años que se discutía este expediente sin hacerlo avanzar, y todos habían terminado por ceder frente a su inmovilidad, lo que puede significar, entre paréntesis, que el hecho de buscar una solución no es tan urgente como se cree y que se podría vivir muy bien sin ella. 
Repentinamente, en el Consejo de Niza de diciembre último la Presidencia francesa, deseosa, sin duda, de anunciar de cualquier forma unos resultados, logró hacer aprobar un acuerdo. 
Pero, en realidad, el estatuto obtenido de esta manera consiste en una yuxtaposición de derechos sociales nacionales, entre los que los socios podrán elegir, aunque quedan excluidas las disposiciones fiscales. 
Por eso la nueva propuesta parece a la vez compleja e insuficiente. 
Además, nadie logra evaluarla muy bien. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de nuestra Asamblea declara que "algunas organizaciones (¿cuáles? ) afirman que el Estatuto de la Sociedad Europea conllevaría para las empresas europeas un ahorro de 30.000 millones de euros anuales" (¿cómo se calcula? ). 
Sin embargo, los empresarios europeos escriben precisamente el 24 de agosto de 2001 a los diputados: "Desearíamos recordar nuestra posición: un Estatuto de Sociedad Europea no ofrecerá ningún beneficio económico significativo si no va acompañado de un acuerdo sobre un régimen fiscal adecuado". 
Ahora bien, este acuerdo hoy no existe. 
Los Estados desean actualmente conservar sus competencias fiscales. 
En estas condiciones, al parecer se prosigue con el Estatuto de Sociedad Europea, de escaso interés en lo inmediato, debido al engranaje que podría poner en marcha tendente a desestabilizar los derechos nacionales mediante un estatuto supranacional que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales desea incluso aplicar a las pequeñas empresas. 
Si este proyecto se sacase adelante provocaría la confusión y el desposeimiento de los Estados, sin un beneficio real para Europa. 
Naturalmente, en su estado actual dicho proyecto puede ser inútil. 
Es lo mejor que podría ocurrir. 
Pero los ideólogos de la unificación no cederán tan rápido. 
. 
(EN) Señor Presidente, como muchos de mis colegas, me sentí muy feliz al ver que, después de 30 años de negociaciones y muchas salidas nulas, hemos obtenido un texto de compromiso sobre el Estatuto de la Sociedad Europea. 
Yo apoyé plenamente el texto tal y como fue aprobado por el Consejo. 
No obstante, estuve y sigo estando completamente en contra de las enmiendas adoptadas las cuales apoyan la armonización de los impuestos. 
Todos deseamos que las empresas operen a escala de la UE bajo un mismo sistema regulador común. Potencialmente esto puede conducir al empleo y contribuir al crecimiento económico en toda la Unión. 
En la última década Irlanda ha ido reduciendo progresivamente su presión fiscal, lo que ha producido un aumento del empleo, un crecimiento del superávit presupuestario y un continuado crecimiento sostenible. 
Me opongo a la homologación o a la armonización de los impuestos y estas cuestiones pueden y deben ser tratadas mediante medidas coordinadas. 
Como es sabido, esta propuesta de directiva está en debate desde 1970 y, a pesar del acuerdo minimalista conseguido en el Consejo Europeo de Niza, con la redacción de un reglamento sobre el estatuto y una propuesta sobre la participación de los trabajadores, la verdad es que se ha dado el primer paso para crear efectivamente una sociedad europea como forma jurídica. 
El objetivo primordial de la sociedad europea es el de eliminar los obstáculos a la movilidad y a las operaciones de empresas que funcionan a escala europea, potenciando su concentración, facilitando que las empresas multinacionales amplíen sus actividades empresariales a varios países de la Unión Europea y potenciando los beneficios del euro y del Mercado Interior. 
Por otro lado, pretende crear un estatuto de sociedad supranacional, atribuyendo identidad y rostro al capital europeo. 
Así, el actual reglamento aborda sobre todo las cuestiones de la constitución y recurre al derecho comunitario y nacional para que colmen los vacíos jurídicos existentes. 
No es casualidad que el ponente se centre fundamentalmente en la cuestión de la armonización de las disposiciones fiscales y la creación de un marco uniforme en otras esferas, como las de la competencia, la participación de los trabajadores y la insolvencia. 
También es verdad que, mediante el reglamento, el ponente pretende establecer una conexión con la directiva sobre la participación de los trabajadores y se muestra preocupado por la situación de las PYME, pero también es verdad que el objetivo del reglamento es el de servir a las grandes multinacionales y a los intereses de la UNICE, por lo que la propia propuesta de participación de los trabajadores es insuficiente. 
Aún más inaceptables son las enmiendas propuestas por el Grupo ELDR, por lo que hemos votado contra ellas. 
. (SV) Desde la década de los setenta se viene discutiendo un estatuto para las Sociedades Europeas. 
Considerando las distintas legislaciones que rigen en los 15 países miembros, esta forma de sociedad, la Societé Européene (SE) , aprobada en la Cumbre de Niza junto con la directiva sobre participación de los trabajadores, parece lejana. 
Respaldamos la propuesta del Consejo y rechazamos las enmiendas que proponen la existencia de normas fiscales comunes. 
Señor Presidente, no quiero emitir ninguna explicación de voto. 
Solamente estoy aquí para escuchar las explicaciones de voto de los colegas, sobre todo la del colega Fatuzzo, y le ruego que haga algo contra este ruido. 
Es una ausencia insoportable de respeto frente a aquellos que emiten aquí su explicación de voto. 
Me consta el problema. 
Estamos de acuerdo con usted pero es muy difícil conseguir que nuestros colegas abandonen el Hemiciclo silenciosamente. 
Siempre tienen alguna otra cosa que hacer. 
No obstante, llamaremos la atención sobre este hecho tan a menudo como nos sea posible. 
Informe Menrad (A5-0231/2001) 
Señor Presidente, apreciado señor Posselt, no solo se hace tanto ruido cuando se me brinda la ocasión de formular explicaciones de voto, sino que he sabido esta mañana que la diputada portuguesa, Sra. Regina Bastos, ha presentado una enmienda al Reglamento a fin de que se corten las explicaciones de voto y se tape la boca al Sr. Fatuzzo. 
Aplaudo esta iniciativa que, en todo caso, deberá ser aprobada en el Pleno, gracias a la cual conoceré el índice de aceptación de las explicaciones de voto del Sr. Fatuzzo que, en lo que se refiere a este informe Menrod, ha votado a favor porque considera correcto informar a los trabajadores sobre lo que les pasará cuando se cierre su empresa. 
Quisiera que no solo se consultaran los trabajadores, sino también los ex trabajadores, jubilados de una empresa. 
Señor Presidente, Señorías, uno de los buenos resultados del Tratado de Niza es la SA europea y ahora estamos hablando en el marco del informe Menrad sobre la participación de los trabajadores, aspecto que saludo. 
Mi preocupación es sólo que con una permanente ampliación de los derechos de los trabajadores y si reducimos umbrales, tal como ocurre en este informe- de 1000 empleados a 500 en lo referente a la aplicación de esta codecisión- sobrecargaríamos a esta SA. 
La SA europea pretende traer empresas a Europa. 
El lugar de emplazamiento empresarial Europa pretende ser más abierto y fortalecerse con esta nueva forma de sociedad. 
Por ello, es muy necesario que en especial en el tema de la codecisión mantengamos un equilibrio y no gravemos a estas empresas de este modo con estos nuevos derechos pues ya no serán interesantes para aquellos que quieren venir a Europa o que quieren poseer una mayor movilidad con esta SA europea en el mercado interior. 
Creo que no se ha tenido esto suficientemente en cuenta, por lo que me he pronunciado en contra. 
. (FR) Treinta años de duras negociaciones, de supuestos de inaplicación y de excepciones, un fundamento jurídico que sólo sirve para otorgar poderes ilegítimos a la Comisión de Bruselas, un intento de convertir una directiva en reglamento, imponiendo un grupo de aplicación... 
Definitivamente, el Estatuto de la Sociedad Europea es en realidad una construcción compleja y poco coherente. 
Y lo menos que puede decirse es que apenas suscita el entusiasmo de los actores económicos y políticos. 
Debo manifestar que el único interés de la Sociedad Europea es el de ser impuesta como un elemento de Derecho supranacional. 
En efecto, ocurre lo mismo que con la moneda única: una construcción ideológica tendente a reemplazar a la fuerza estructuras nacionales, para imponer un nivel de decisión comunitario incontrolable. 
Algunos pretenden preocuparse por los derechos de los trabajadores. 
Pero la directiva supedita claramente estos derechos al derecho absoluto de los consejos de administración de crear una Sociedad Europea, permitiendo incluso una regresión del derecho de participación de los trabajadores. 
Estamos simplemente frente a una etapa adicional de la globalización a marcha forzada, que empieza por la uniformización en el ámbito europeo. 
Es cierto que desde esta óptica sería ventajoso para todos los ultraliberales poder disponer, a su vez, de unos asalariados "globalizados", con derechos lo más limitados posible. 
Una especie de versión perversa de la unificación de los trabajadores en el plano mundial, que hoy reclaman con profusión de eslóganes los extremistas de izquierda que dicen estar en contra de la globalización. 
La mayor perversión reside, naturalmente, en esta alianza objetiva entre el internacionalismo capitalista y el internacionalismo subversivo o marxista, a fin de imponer niveles de decisión que están por encima de las naciones, de sus gobiernos democráticamente designados, de sus parlamentos democráticamente elegidos. 
Y, sin embargo, es la nación el único nivel en que existen y poden ser mejor defendidos los derechos sociales y políticos de los trabajadores, las libertades y la prosperidad de todos. 
. 
(NL) La sociedad humana no puede existir sin empresas que produzcan artículos y presten servicios. 
Este hecho no nos puede hacer olvidar que las empresas también pueden suponer una amenaza para la sociedad. 
Desean limitar al máximo los impuestos, la participación de los trabajadores y las normas que prohiben la contaminación medioambiental y los malos tratos a los animales. 
Sobre todo las grandes empresas tratan de lograr el máximo beneficio para los propietarios y, en numerosos casos, las máximas opciones para los directivos. 
La consecución del beneficio suele chocar con la consecución de un entorno de vida lo más sano posible, la prevención de las enfermedades laborales, la creación de un entorno laboral seguro, la democratización de la toma de decisiones y la conveniencia de liberar suficientes recursos financieros para costear los servicios públicos. 
Por este motivo, es necesario movilizar a la opinión de la forma más amplia posible de forma que la sociedad pueda opinar en su conjunto acerca de lo que hacen las empresas. 
Asimismo, las empresas que infrinjan las normas no deberán percibir ninguna cantidad procedente de los fondos europeos. 
Informe Menrad (A5-0282/2001) 
Señor Presidente, hace algunos días me encontraba en el Lago Como. 
Desde una embarcación pude admirar las maravillas de este precioso lago que tenemos en Italia, pero en el barco en el que estaba me encontré con un trabajador que me dijo: " Estoy muy contento de que aprueben el informe Menrad, gracias al cual a mí, trabajador, se me informará del día en que me despedirán. 
Lo sabré con mucha antelación, por lo tanto esto es seguramente una buena noticia. 
Pero ¿por qué no se informa a los trabajadores no solo de cuándo serán despedidos, sino también de cuándo tendrán derecho a la pensión y del importe de la pensión que recibirán, y en definitiva de todo lo que es importante que sepan los trabajadores acerca de su pensión? 
Hasta ahora no saben nada en absoluto ". 
. (DA) -Hemos votado a favor de la enmienda 4. 
No porque estemos en contra de imponer sanciones adecuadas en caso de que el empresario o los representantes de los trabajadores no cumplan la Directiva, sino porque somos contrarios al punto 2 del artículo 2, núm. xiii) , que puede crear dificultades a sistemas nacionales basados en convenios que hoy funcionan muy bien. 
. (FR) No hemos querido, con un voto negativo, impedir que este informe se aprobara, teniendo en cuenta el deseo de algunos sindicatos. 
Nuestra abstención significa, sin embargo, una desaprobación con respecto a propuestas que, con el pretexto de ampliar los derechos de los trabajadores, se sitúan claramente desde el punto de vista de los intereses patronales. 
Se nos habla "de necesidades de la competencia", pero se ignora la necesidad de garantizar el derecho de los trabajadores de vivir y percibir un salario. 
Para el autor del informe, ayudar a los patronos, supone una necesidad. 
Por el contrario, con respecto al derecho de los trabajadores, se limita de entrada al derecho de ser informados de los despidos que se les impondrá, y no se trata en absoluto de impedirlos. 
A los comités de empresa se les niega el simple derecho de veto, cuando- frente a la multiplicación de los despidos colectivos, incluso en las grandes empresas que obtienen desde hace años enormes beneficios- sólo la prohibición de los despidos podría proteger a los trabajadores. 
¿Dónde está, entonces, esa "participación de empresarios y trabajadores" que pregona el informe, en que uno de los interlocutores tiene el derecho de tomar decisiones que arruinan la vida de muchos trabajadores, incluso de toda una región, mientras que la otra parte no posee ningún derecho, ni siquiera el de salvaguardar su empleo? 
. 
(EN) Los conservadores del Reino Unido creemos en el principio de los comités de empresa. Pero también consideramos que son las empresas y sus trabajadores quienes deben decidir qué es lo que más les conviene en lugar de que la UE imponga una legislación que haya de valer para todo el mundo. 
Los comités de empresa deben proporcionar un puente entre los empleados y los empleadores. Una legislación demasiado prescriptiva puede convertirlos en una barrera. 
Lo que se necesita es flexibilidad, no rigidez. 
La única parcela en la que se necesita mayor certidumbre legal la constituye la de la confidencialidad en el momento de fusiones y adquisiciones. 
No hemos avanzado en este aspecto. 
. (FR) Antes que nada recordaré que el objetivo principal de la Directiva 94/45/CE es eliminar los obstáculos a la información, a la consulta y a la comunicación con el personal de las empresas de dimensión comunitaria. 
Es cierto que esta directiva fue incorporada a los Derechos nacionales dentro del plazo establecido. 
También es cierto que su aplicación ha permitido crear numerosos Comités de Empresa Europeos. 
Se han constituido, en efecto, alrededor de 650 Comités de Empresa en las sociedades que emplean al menos 1000 personas y al menos 150 en dos Estados miembros. 
Sin embargo, aun existen en la UE 1.800 empresas que responden a dichas condiciones, sobre todo en materia de valores de umbral, en las cuales, según las disposiciones de la directiva, debe constituirse un Comité de empresa. 
Por otro lado, aún todos recordamos las reestructuraciones y despidos colectivos recientes que han puesto en evidencia las lagunas de la legislación europea. 
Es inadmisible que unos asalariados sean informados por la prensa de las decisiones que afectan a su empresa. 
Debemos rendir cuentas a los ciudadanos europeos, que dudan cada vez más de la existencia de un modelo social europeo. 
Este período de transformación industrial debe incitarnos a la reflexión, a fin de mejorar las disposiciones existentes. 
Ese es el objetivo del informe de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales, puesto que en dicho informe de aplicación se establecen orientaciones que la Comisión Europea debe respetar en la elaboración de una propuesta de modificación de la directiva sobre el Comité de Empresa Europeo (prevista para 2002). 
Se tratará de introducir las mejoras siguientes: una definición precisa de las nociones de información y de consulta de los trabajadores; la obligación generalizada de convocar, lo antes posible y en el momento oportuno, reuniones extraordinarias del Comité de Empresa Europeo; la creación de un procedimiento de consulta reforzado sobre cuestiones concretas que interesen en particular a los trabajadores; la baja del valor de umbral de efectivos de personal de las empresas afectadas por la directiva de 1000 a 500 empleados para el total de la empresa y de 150 a 100 por establecimiento en al menos dos Estados miembros; la aplicación de sanciones, en los planos nacional y europeo, en caso de que no se respete la directiva. 
Por lo tanto, yo también pido a la Comisión Europea que integre estas sugerencias en su propuesta de modificación de la directiva sobre el Comité de Empresa Europeo. 
. (FR) Menos del 5% de las empresas afectadas por la directiva sobre los Comités de Empresa de 1994 reúne los representantes del personal más de dos veces al año; el 60% ni siquiera ha creado CE, y en los pocos casos en que han sido creados se ha hecho en detrimento de la representación de los trabajadores en las empresas nacionales sobre todo en términos de horas de delegación y de formación. 
Eso ilustra la negativa de los empresarios de informar y de consultar a los representantes de los trabajadores, su voluntad de decidir solos la suerte de millones de asalariados. 
Los últimos planes sociales elaborados por las direcciones de AOM, Marks& Spencer, Lu-Danone o incluso Moulinex han demostrado nuevamente que los intereses de los empresarios y de los pequeños inversores se oponen a los de los asalariados y a las necesidades de la población. 
Hoy lo importante para los asalariados frente a los planes sociales es poder prohibir los despidos y no sólo de ser informados previamente de ellos y por otros medios. 
Las propuestas de la resolución sobre los despidos son simbólicas y sin efecto para los miles de asalariados cuyo empleo ya ha sido suprimido. 
Apoyamos todas las disposiciones que suponen una mejor información y mayores derechos para los representantes de los asalariados, así como todas las medidas que ofrecen mayores medios para iniciar las movilizaciones necesarias, a fin de hacer fracasar los planes patronales. 
. 
(NL) Ninguna empresa puede funcionar sin personas que hagan el trabajo. 
Las personas que se encuentran en la base conocen bien todo lo que funciona mal y cómo mejorarlo. 
A menudo se ignora dicho conocimiento; estas personas no han sido contratadas para opinar. 
Las relaciones de poder tradicionales consideran que sólo cuenta la propiedad y la dirección. 
El trabajo no parece ser más que un mal necesario que no tiene nada que ver con la empresa y que se contrata temporalmente en el mundo exterior. 
En las reorganizaciones, son los accionistas y los directivos quienes deciden, mientras que el trabajo se sitúa al final de la fila. 
Miles de personas pueden quedarse sin trabajo porque se considera que otro producto u otras capacidades son más rentables, debido a que la producción se desplaza a un país con salarios más bajos o porque se desea castigar a los trabajadores por sus deseos de mejorar. 
Lamentablemente, el ponente no propone que los trabajadores dispongan del derecho de libre acceso a la información y a un veto suspensorio. 
El veto suspensorio facilitaría la búsqueda y la elaboración de alternativas de forma pública y con la aportación de toda la experiencia disponible, poniendo así fin al monopolio de la dirección de los propietarios de la empresa en todo lo relacionado con la reestructuración. 
Informe Blokland (A5-0267/2001) 
. (FR) Es un hecho significativo de la impotencia de las autoridades europeas el que tras ocho años de negociaciones ni siquiera sean capaces de obtener informaciones fiables sobre la producción de residuos, sobre todo industriales, y sobre su transformación. 
Es una manera de reconocer su incapacidad para llevar a cabo en este ámbito una política capaz de limitar los daños y de impedir catástrofes ecológicas en el presente o en el futuro. 
La exposición de motivos tiene en cuenta ingenuamente "la inexistencia de un acuerdo" entre los Estados, el hecho de que "el Consejo se opuso enérgicamente" y el rechazo "las empresas". 
La transformación de determinados residuos, en especial de las industrias nucleares, químicas o petrolíferas, exigiría una cooperación internacional. 
Pero la impotencia de las autoridades europeas refleja la impotencia, deseada, de los Estados nacionales. 
Ni unos ni otros tienen la intención de ir en contra de los intereses privados de los grandes grupos industriales ni de imponerles, para proteger los intereses de la sociedad en materia de medio ambiente, medidas draconianas que podrían reducir sus ganancias. 
Nos hemos abstenido debido al carácter veleidoso de las propuestas de este informe. 
Informe Koukiadis (A5-0250/2001) 
. (FR) Hemos votado decididamente en contra del informe Koukiadis, puesto que, con una pavorosa falta de escrúpulos de conciencia, propone aumentar la represión para aplicar mejor el Derecho comunitario, sin antes examinar si el incremento de los casos de mala aplicación podría provocar un aumento de la distancia que separa Europa de sus pueblos. 
En ningún momento el informe se pregunta si los actuales defectos de aplicación no resultarían acaso de una especie de reacción de defensa de las naciones o de los individuos contra un derecho que experimentan como ajeno a ellos, demasiado puntilloso o adoptado según procedimientos antidemocráticos. 
Las soluciones que se proponen aquí y allí en los informes del Parlamento Europeo o de la Comisión consisten en aumentar la dosis de supranacionalidad, en reforzar las sanciones y en favorecer una aplicación más rápida y directa del Derecho comunitario, prescindiendo aún más de los Parlamentos nacionales. 
En el reciente Libro Blanco de la Comisión sobre la gobernanza europea se encuentra incluso la tesis sorprendente según la cual el Derecho europeo es demasiado detallado porque el Consejo y el Parlamento amplían las precisiones por el hecho de no confiar suficientemente en la Comisión. 
¡Habría, pues, que dejarle las manos más libres, a fin de mejorar la calidad del Derecho comunitario! 
En particular, vemos como actualmente se esboza un movimiento tendente a acelerar la transposición de las directivas al Derecho nacional con métodos expeditivos como el de los decretos, utilizado recientemente por el Gobierno francés. 
Estos métodos, que eliminan el papel fundamental de los Parlamentos nacionales no harán sino agravar la desconexión entre el Derecho comunitario y la realidad de las naciones miembros. 
La única solución, por el contrario, es rehabilitar el papel de las naciones y de los Parlamentos nacionales en los procesos de decisión europeos. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, interrumpida a las 13.05 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Señor Presidente, a mi lo que me interesa es dónde está la Comisión- el Comisario está aquí, le habíamos echado en falta- y si el Consejo tampoco va a participar en este importante debate sobre los países que, en realidad es el debate sustancial sobre la ampliación. 
Estoy muy decepcionado de que este sea aparentemente el caso. 
Quizás lo pueda reflejar en el correspondiente escrito. 
Considero indigno frente a este Parlamento que el Consejo no siga este importante debate sobre los países que es realmente un elemento central del proceso de ampliación. 
Señora Schroedter, usted ha sido muy rápida en sus consideraciones. 
Estaba leyendo el motivo por el que estamos aquí y porqué continuamos el debate y después habría informado al Pleno sobre el motivo por el cual la Sra. Annemie Neyts no se encuentra todavía en el hemiciclo. 
Está ocupada aquí, en el Parlamento, en la Conferencia de Presidentes de Comisiones que han requerido su presencia. 
En cuanto acabe, se reunirá con nosotros. 
Por contra, el Comisario Verheugen no ha tardado en venir, tanto es así que usted ha tenido que dejar su crítica a medias. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto sobre los progresos realizados en los 12 países candidatos a la adhesión en 2000. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento. 
. (SV) Señor Presidente, en estos días se cumplen diez años desde que Estonia recuperara su soberanía. 
Después de la caída del muro, el mundo es más seguro y nuestra casa, Europa, más dinámica y esperanzadora. 
Las condiciones para la cooperación europea cambiaron radicalmente con la caída del muro y, hasta ahora, la Unión ha podido aprovechar esta situación. 
La presencia de una Europa Occidental con bienestar y de políticos con visión de futuro, -tales como los Sres. Kohl y Reagan, la Sra. Thatcher y sin olvidar al Sr. Gorbatjov- han contribuido a este éxito, pero, fundamentalmente, este enorme cambio ha sido posible gracias a los anhelos de libertad de los ciudadanos. 
Han sido hombres y mujeres valientes, jóvenes y ancianos, cuyo amor a la libertad era mayor que el temor a las represalias. 
Señor Presidente, es una maravillosa herencia haber podido vivir estos tiempos de libertad y liberación. 
Recordemos que la democracia ha vencido sobre la dictadura y que la opresión ha dado paso a la libertad. 
En esta perspectiva hay que ver el proceso de ampliación. 
Tal como la Comunidad Europea del Carbón y el Acero logró asegurar la paz en los países que participaron en ella, nosotros tenemos que conseguir que en la Unión Europea más personas gocen de libertades, se beneficien de la libre circulación y aumenten su bienestar, que se desarrolle la diversidad y que entre todos contribuyamos a resolver los difíciles problemas relacionados con el medio ambiente y con la delincuencia. 
Probablemente la tarea de hoy es más fácil que la de ayer, unir a antiguos enemigos, pero creo que es igualmente importante, que implica también muchos beneficios, pero que, tal vez, es más difícil de realizar. 
Por ese motivo, la misión más importante de mi Grupo es continuar luchando por la libertad y por la creación de condiciones de participación igualitarias con los pueblos hermanos de Europa Central y del Este. 
De esta manera demostramos especialmente a los jóvenes de hoy que creemos en una Unión que sea capaz de cambiar para realizar sus propios ideales. 
Este proyecto no debe ser del tipo de "esperemos a ver qué pasa". 
La UE debe mostrar la misma diligencia e interés que los países candidatos. 
El trabajo de la Comisión en esta materia me parece digno de elogio, pero aún me merecen dudas la capacidad y los deseos del Consejo. 
Permítanme referirme a Estonia, ese fascinante pequeño país a orillas del Báltico. 
Estonia, gracias a su resolución, a un buen liderazgo político y a la cooperación, ha avanzado mucho en sus preparativos para adherirse a la Unión. 
En mi informe intento dejar en claro que la UE tiene mucho que aprender de los estonios, por ejemplo, en materia comercial y en lo que se ha denominado la nueva economía. 
El desarrollo de Estonia es, en gran medida, una historia caracterizada por el éxito y en la que han ocurrido muchas cosas en estos diez años. 
En el informe me he ocupado de la política de seguridad; no hay que ver la ampliación de la Unión como un hecho aislado o desear que la Unión fuese capaz de hacer cosas que hoy no puede hacer. 
Esto lo saben los estonios, que pronto esperan formar parte también de la OTAN. 
Los estonios, perseguidos y oprimidos en la dictadura y en el comunismo soviético, opinan que la defensa de la libertad es la tarea más importante. 
El Grupo PPE-DE comparte este criterio y les respalda en esta lucha. 
El Grupo de los Verdes del Parlamento se preocupa por la pobreza en un país que ha conseguido un notorio aumento de su bienestar después de la liberación. 
Entiendo la enmienda de los Verdes como un intento de mantener las estructuras de un modelo social que ha consolidado el desempleo en la UE. 
Creo que la economía de la Unión necesita más dinamismo y menos hegemonía. Por eso no respaldo esta enmienda. 
Finalmente algunas palabras sobre las minorías, que en el caso de Estonia se trata principalmente de un gran número de rusos. 
Este asunto no es fácil. 
Se trata de antiguos agravios, de prejuicios y de poder. 
La condición para que se produzca una adecuada integración es la existencia de un estado de derecho, de instituciones y de leyes, pero esto no es suficiente. 
Los líderes políticos deben tomar en serio este asunto y tenerlo presente en los trabajos prácticos. 
Lo mismo vale para nuestros propios países. 
La solución de las contradicciones requiere tolerancia y respeto mutuo, y esto lleva tiempo. 
En esta materia, señor Presidente, Estonia también ha hecho avances. 
Agradezco a los colegas que han participado en estos trabajos y a la secretaría de la comisión. 
Señor Presidente, lamentablemente no puedo saludar aún al Consejo a pesar de que tengo que decir algunas cosas. 
Señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en los debates sobre la ayuda directa en la agricultura o la futura distribución de los fondos estructurales, a veces pasa desapercibido que el proyecto para superar la división de Europa es de importancia histórica y tiene un significado por el que se medirá a Europa en el mundo. 
Otros debates de cortas miras retrasan todo el asunto y no sólo dañan la totalidad del proyecto sino a Europa en su totalidad. 
Por ello, apelo al Consejo para que junto con el Parlamento y la Comisión hagan todo lo que esté en su mano para que en el 2004 puedan participar los primeros miembros en las elecciones al Parlamento Europeo. 
Ante el estado de las negociaciones es realista que se trate de los 10 países. 
Esto significa también que no sólo estará presente un país báltico sino los tres. 
Si en la ampliación se produjesen otros retrasos existe además el peligro de que las repercusiones negativas sobre la población en nuestros países ocasione problemas. 
Ya ahora es insoportable la situación del creciente desplazamiento de empresas a los Estados vecinos del Este debido al dumping social y medioambiental. 
Los estándares medioambientales y sociales de la UE solamente se podrán lograr si existe una auténtica integración como miembros de pleno derecho. 
Voy a mencionar sólo un ejemplo de Letonia: me parece increíble que las empresas de la UE en Letonia se puedan permitir boicotear el diálogo social mientras que la Comisión lo único que hace es mirar. 
Es una característica del proceso de ampliación que los derechos de participación existentes no desempeñan en absoluto ningún papel. 
Luego nos sorprendemos del decreciente interés de la población en los países candidatos cuando la ampliación prácticamente se ha convertido en un proyecto de las élites políticas. 
Señor Verheugen, usted se ha referido a la positiva actitud de las minorías nacionales sobre la ampliación. 
No puedo decir esto sobre la minoría rusa en Letonia. 
No tiene lugar ni un debate social sobre el éxito y los problemas de la ampliación o los procesos de adhesión, ni tampoco tiene lugar un proceso común. 
La estrategia de comunicación es un proyecto separado entre el este y oeste por lo que ya está mal diseñado estructuralmente. 
Impide un conocimiento común. 
¿Cuántas personas en occidente saben de los tesoros europeos en las culturas bálticas y cuántas saben realmente lo que allí es de importancia? 
En nuestros países es evidente que los proyectos de las áreas rurales y urbanas se desarrollen desde el círculo de los afectados. 
En los países candidatos se trata de un proceso "top down" dirigido por la Comisión. 
¿Porqué no dan ninguna importancia a la misma calidad de participación tal como exigen los Estados miembros? 
En Letonia, la administración es también el mayor punto débil y una administración solamente es fuerte si está allí para todas y todos los ciudadanos, con independencia de la posición social y del idioma, si es una institución de servicios que organice procesos participativos y los pueda aplicar. 
Letonia es un país predominantemente rural y se ve especialmente afectado por la estupidez de que se exporta allí la fallida política agraria de la UE. 
Tiene que realizarse un proyecto común que transforme las ayudas directas en un desarrollo ecológico y social sostenible de las estructuras. 
No sólo sería de ventaja para Letonia sino también para la protección del consumidor y, en consecuencia, para toda la población en la UE y en los países candidatos. 
Quiero subrayar de nuevo que en todo este proceso la dimensión social se tiene muy poco en cuenta. 
Es una quimera creer que los procesos de transformación social se pueden solucionar exclusivamente por las fuerzas del mercado libre. 
No podemos ignorar el preocupante abismo existente entre pobres y ricos. 
Pero podríamos reducirlo si la idea de Europa para las ciudadanas y ciudadanos se recoge como una tarea política común con independencia del lugar y de la posición social. 
Señor Presidente, al debatir hoy sobre los doce informes sobre los doce países candidatos a la adhesión, estamos realizando una aportación positiva a un cambio de cuya consecuencia, probablemente, no nos hayamos concienciado aún todos nosotros. 
Deseo y espero que este Parlamento y la Comisión, cuyo mandato concluye a principios del 2005, tengamos la felicidad y el honor de hacer a estos doce países, miembros de la Unión Europea en su nueva arquitectura europea, que debe tener el claro objetivo de no crear nuevas fronteras, sino de crear una unidad de estados y de pueblos que luche con objetivos comunes, es decir: por la paz, el bienestar social y la colaboración mundial. 
Creo que este fin, como fin político, es el de mayor importancia para todos nosotros y debemos apoyarlo fielmente. 
Soy el tercer ponente para los países bálticos. 
Los problemas de los países terceros más o menos tienen características comunes; claro, comunes también para la mayoría de los países candidatos, puesto que provienen del mismo régimen socioeconómico- político y ahora se están transformando. 
La particularidad de estos países se halla en el hecho de que hasta hace poco cualquier ampliación de la Unión Europea se ha hecho con países que presentaban sistemas sociales y económicos semejantes a la Unión Europea. 
Ahora nos dirigimos a países que se han transformado, a partir de los regímenes anteriores de concentración de la economía y de control estatal, en economías de mercado y en procedimientos democráticos. 
En este sentido, es muy positivo este paso, que une Europa no sólo ideológica, sino también políticamente sin crear fronteras que separen algo que no debemos separar. 
Lituania, país para el cual soy ponente, tiene los mismos problemas generales y dos especiales. 
Uno de los dos problemas especiales concierne a la central nuclear de Ignalina, y el segundo a Kaliningrado. 
En Ignalina creo que se van a realizar todos los esfuerzos necesarios no sólo por la suficiencia energética de Lituania, sino también, por las repercusiones secundarias y primarias tanto en su sociedad como en su economía, y creo que el desarrollo será el correcto. 
En cuanto a Kaliningrado, realmente existe la particularidad de este enclave ruso, porque es allí donde se van a juzgar las políticas que nos van a dar la posibilidad de crear una nueva Europa, que aunque no esté unida en el mismo marco económico y político, colabore, coexista, no tenga conflictos y tenga un futuro común. 
En este sentido, creo que va a contribuir al desarrollo de estas cosas el Sr. Comisario, Verheugen, que ha demostrado gozar de una capacidad política de gestión elevada. 
Además lo la demostrado en otros momentos difíciles, porque- no nos engañemos- los problemas políticos reales no son demasiados. 
Voy a referirme un momento a Chipre, porque se ha mencionado anteriormente, aunque no sea el objeto de mi intervención, para decir que, aunque señale que hay problemas en relación con la ocupación turca del norte de Chipre y esto se deba a que es verdaderamente correcta la gestión política del Comisario Verheugen, por otra parte dice que Helsinki prevé que la adhesión de Chipre avance con independencia de la solución o no del problema del norte de Chipre. 
Esto muy simplemente señala un mensaje en todas direcciones sobre la voluntad de la Europa política de avanzar en base a principios, a ideas y sin permitir que nadie dicte la forma en que deben tratarse cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la democracia, la legalidad internacional, con el derecho internacional. 
Desde este punto de vista, espero, y estoy seguro de que el Comisario Verheugen va a dar lo mejor de si mismo. 
En cuanto al día siguiente. 
Si realmente Europa y sus pueblos desean conseguir- y creo que deben conseguirlo- un ideal, un sueño; dicho sueño debe ser social y político y no económico a un breve y corto plazo. 
En este sentido creo que en esta visión de la Europa integrada de la paz, de la colaboración, de la cohesión, del desarrollo, debemos dirigirnos; y por esta Europa debemos proporcionar sueños a nuestros pueblos, dejando a un lado las pequeñas rencillas sobre cuestiones que tienen una provisionalidad y que no tienen futuro. 
. (IT) Señor Presidente, no cabe duda de que éste no es un momento fácil para la mayoría de los países que se preparan para entrar en la Unión Europa y para Polonia en particular. 
Precisamente ahora, en el momento más decisivo, en el sprint final, cuando más falta harían el entusiasmo y la unidad de intenciones, los polacos, como muchos otros, empiezan a reflexionar, a pensar y a preguntarse si los sacrificios exigidos no son mayores que las ventajas, que los posibles y futuros beneficios. 
Se va expandiendo cierto peligroso escepticismo que puede conducir a minar el consenso sobre la adhesión a la Unión. 
Esta mañana el Comisario Verheugen hablaba de ello y por esto hemos pedido, mediante una enmienda que espero que se apruebe mañana, que la Comisión incremente su compromiso de cara a la campaña de información y de promoción de la Unión Europea, al objeto de convencer a los polacos de que su presencia en Europa es esencial tanto para ellos como para nosotros. 
Ciertamente al escepticismo de los polacos contribuyen un Gobierno de centroderecha que está a punto de concluir su experiencia, tras un largo período de acción clara y determinada, con alguna dificultad e inestabilidad, y una economía que era la gloria del mundo postcomunista, con altos y constantes índices de crecimiento del orden del 7% anual y que ahora, después del gran dinamismo de los últimos años, ha empezado a mostrar signos de ralentización. 
A esto hay que añadir las catástrofes naturales que han afectado a Polonia este verano, inundaciones y tornados que han causado graves daños materiales y humanos. 
La izquierda, los postcomunistas, la actual oposición- que en las elecciones del 23 de septiembre, por lo tanto dentro de pocos días, volverá a conseguir la mayoría- no contribuye, sin duda, a serenar el clima y tiende a echar leña al fuego y a dar una imagen de Polonia para nada tranquilizadora, para luego erigirse en salvadora de la patria. 
Cierto que esta misma izquierda, cuando se hará cargo del poder, no modificará en absoluto la decidida y competente acción del Gobierno polaco orientada a hacer todo lo posible para entrar en Europa cuanto antes. 
En cuanto al compromiso de la izquierda en este sentido, no cabe ninguna duda, ya que todos los partidos polacos, de la derecha o de la izquierda, han firmado hace pocos días un acuerdo expreso para cooperar en este objetivo. 
No hay que ocultar que siguen habiendo todavía problemas a resolver y los hemos enumerado en nuestra resolución. 
Quisiera citar algunos ejemplos: la protección del medio ambiente que fue totalmente olvidada durante el largo período de la dictadura comunista y que ahora se encuentra en una trágica situación; mejorar la calidad del aire y del agua hasta alcanzar los estándares de la Unión Europea requiere un esfuerzo y una inversión enormes, inconcebibles sin ayudas externas y sin esos períodos de transición que mencionaba esta mañana el Sr. Brok. 
A propósito di medio ambiente, quiero decir a aquellos colegas, justamente sensibles al tema, que han presentado enmiendas, que las comparto en su inmensa mayoría, aunque no las he aceptado porque entran demasiado en lo específico y en detalle. 
Otro problema conocido es la agricultura que sufre las consecuencias de la heroica resistencia de los agricultores polacos a la colectivización bajo el dominio soviético y que ahora está extraordinariamente parcelizada. 
Para Polonia que tiene el 26% de su población en el campo, la reestructuración de la agricultura afecta e implica a muchos otros sectores empezando por la necesidad de encontrar nuevos puestos de trabajo. 
Otro problema es el de las fronteras con el Este que se convertirán en fronteras de la Unión, así como con Ucrania y Bielorrusia: unas fronteras que, por una parte, tendrán que estar abiertas y que, por otra, tendrán que ser impermeables al crimen y a la mafia. 
Esta mañana el Comisario Verheugen ha hablado también de esto. 
Para terminar, estamos convencidos de que Polonia entrará cuanto antes en Europa, en 2004, y nos satisface comprobar que la Presidencia belga- lo hemos escuchado esta mañana- quiere dar un nuevo impulso y un nuevo dinamismo a las negociaciones. 
Polonia- ha dicho- entrará, pero es más justo decir "volverá" a Europa, porque desde hace siglos forma parte de ella de pleno derecho y sólo una aberrante dictadura pudo excluirla durante muchas décadas de su verdadero lugar en la historia y la geografía. 
Señor Presidente, no quiero decir nada sobre mi informe relativo a la República Checa, sobre el contenido del mismo. 
Si se lee, se da uno cuenta de que la crítica que esta mañana se ha realizado desde el sector de la derecha al final del debate, está injustificada. 
Se han dicho algunas cosas al respecto. 
Permítame que exponga mi opinión sobre los últimos acontecimientos. 
La semana pasada se ha dado a conocer en la República Checa que el Gobierno tiene un programa muy ambicioso; quiere cumplir los criterios de adhesión hasta junio del 2002 y considerar de este modo las negociaciones como concluidas. 
Hasta ahora se han concluido 19 de 31 capítulos y hasta finales de este año se van a finalizar aún seis capítulos clave. 
El Comisario Verheugen ha dicho con razón que el cumplimiento de capítulos no es por si mismo la panacea ni tampoco un índice de lo lejos que ha llegado un país. 
Sin embargo, la República Checa está en un camino muy bueno y no se debe creer a aquellas personas de aquel país que pretenden desorientar a las personas. 
La semana pasada un político checo de primera fila ha afirmado que la Unión Europea es una institución rígida, anquilosada y costosa. 
Permítame, señor Presidente, que analice estos tres conceptos empleados erróneamente. 
La Unión Europea no es rígida. 
Si en esta Comunidad Europea, que actualmente es la Unión Europea, existe una constante, es el deseo de cambios y las posibilidades para ello. 
La Comunidad Europea se ha modificado permanentemente desde los años cincuenta y hoy nos encontramos incluso ante la posibilidad y la necesidad de ampliar esta Unión por enésima vez. 
Quien diga que esta institución es rígida no sabe de lo que habla. 
En segundo lugar: el anquilosamiento. 
Aquí no se deben confundir dos cosas. 
Naturalmente, la Unión Europea es un gran organismo pero, sin embargo puede maniobrar. 
Se puede comparar con un gran barco que navega por el océano. 
Puede maniobrar y sin embargo es grande, al igual que la Unión Europea. 
El proceso decisorio es sin duda largo en la Unión Europea y, a veces, es lento, pero ¿qué se puede esperar en una Comunidad de 15 Estados soberanos, donde cada Estado -, por cierto, también los pequeños- es preguntado sobre su posición? 
Es decir, todos tiene derecho a hablar y esto deben tenerlo en cuenta esos círculos en la República Checa. 
Así pues, no está anquilosada ni tampoco es rígida. 
El tercer argumento, consistente en que es costosa, es el más erróneo de todos pues las reformas y el proceso de transformaciones en los países que se han liberado del comunismo tenían que haberse realizado en cualquier caso, independientemente de una adhesión a la Unión Europea. 
A ello viene a añadirse lo siguiente: hay dos posibilidades en la Unión Europea: o se da o se recibe dinero. 
Aquellos que reciben dinero- y aquí se incluye ya la República Checa- no pueden quejarse. 
Aquellos que pagan han mostrado en la evolución de los últimos decenios que pueden vivir muy bien con ello, pues el dinero que pagan a la Comunidad Europea o a la Unión retorna de alguna manera. 
Estos tres argumentos son así pues sencilla y llanamente populistas, por expresarlo de un modo muy suave. 
Para finalizar, quiero decir en lo referente a los costes que hay cosas que no se pueden calcular en marcos o en euros. 
Esos círculos en la República Checa que critican de este modo a la UE han olvidado una cosa, a saber, los motivos originarios de los padres fundadores: la libertad y la paz. 
Esto es algo que ha impedido hasta ahora guerras y también expulsiones masivas de población. 
La República Checa se encuentra en el buen camino a pesar de algunas cosas que expongo en mi informe, p. ej., en lo referente a Temelin. 
Pero que nadie tema, Temelin no es un obstáculo en el camino hacia la Unión Europea. 
Para finalizar, permítanme aún una observación que realicé el último año en mi informe. 
Yo vengo de Sajonia, una región vecina de la República Checa. Antes, en los tiempos socialistas me encontraba en el mismo bote que los checos y quiero hacerlo también en el futuro, pero en otro bote, un bote en el que los checos pueden participar en el gobierno del timón. 
Sin embargo, nadie en la República Checa debe pensar que los checos solos son los que van a decidir a dónde se debe dirigir el bote, pues no es la Unión Europea la que quiere adherirse a la República Checa sino al revés. 
Pero los checos participarán sin duda en la dirección que tome en el futuro la Unión Europea. 
. 
(NL) Señor Presidente, el actual gobierno eslovaco ha logrado importantes avances en el proceso de adhesión desde 1998. 
Si por aquel entonces, Bruselas se mostraba muy escéptica, este país se acerca ahora a los primeros puestos de los países candidatos. 
Ya no se encuentra por debajo de los miembros del llamado Club de Luxemburgo al ver el número de capítulos de negociación que se han cerrado. 
Merece una felicitación. Para el gobierno y también para la población eslovaca que ha sabido tener la paciencia necesaria para aceptar las importantes reformas efectuadas que también presentan lados oscuros. 
Por ejemplo, véase la inadmisiblemente elevada tasa de desempleo. 
El elevado ritmo de las negociaciones no sólo se debe a un gobierno activo. 
Eslovaquia es uno de los países candidatos más pequeños, lo que le permite actuar con mayor flexibilidad. El país aprovecha esta circunstancia con inteligencia. 
El respaldo a la adhesión a la UE se mantiene en cotas elevadas y se puede decir que existe un consenso político en torno a esta cuestión en Eslovaquia. 
Asimismo, cabe plantearse si un gobierno de distinto signo hubiera sabido lograr los mismos avances. 
No obstante, aún quedan algunos aspectos susceptibles de ser criticados. 
A la luz de la estrategia del Consejo y de la Comisión consistente en cerrar el año próximo varias de las negociaciones, es necesario prestar una atención especial a estos aspectos claves. 
Si Eslovaquia desea mantenerse en el grupo de cabeza, deberá realizar un esfuerzo adicional. 
Por ello, y lo digo con todo el respeto, el Parlamento Europeo no debe ser tan magnánimo y, en su lugar, proporcionar los impulsos adecuados. Por este motivo, en mi informe he recogido numerosas observaciones críticas de mis colegas procedentes de las diversas comisiones. 
Espero que éstas resulten claras ya que no puedo citarlas una por una. 
La asimilación del acervo comunitario se está produciendo de forma rápida en Eslovaquia, lo que, al igual que en el resto de los países candidatos, hace que se plantee la duda de si todas estas nuevas leyes resultarán aplicables y de si existe suficiente personal cualificado. 
Esta cuestión resulta mucho más acuciante en el ámbito del control financiero para el cual se dispone en Eslovaquia de un borrador de ley en este momento, aunque podemos seguir dudando acerca de la capacidad del país para procesar de forma adecuada las ayudas de la UE una vez que sea Estado Miembro de la misma. 
Afortunadamente, el gobierno eslovaco está contratando funcionarios adicionales, lo que en sí constituye un paso importante. 
El comisario Verheugen ha declarado de forma justificada la prioridad de este tema y deseo prestarle mi más sincero apoyo en este sentido. 
Asimismo, quisiera que aplicara la transparencia como concepto clave. 
A principios de años, nos sorprendió la noticia de irregularidades cometidas por un alto funcionario responsable del reparto de los fondos de la UE. 
El gobierno intervino como es natural y eso es algo digno de elogio. 
La investigación se prolonga aún y, en nuestra opinión, el caso debería investigarse a fondo con el objeto de determinar concretamente si se trató de un incidente o de un ejemplo de un fenómeno de carácter más sistemático. 
En este sentido, quisiéramos disponer de una primera valoración del programa de lucha contra la corrupción puesto en marcha por gobierno eslovaco hace algún tiempo. 
En el pasado ya expresé en varias ocasiones mi preocupación acerca de las grandes diferencias de ingresos existentes entre las diferentes regiones eslovacas. 
Se trata de una característica que no se da exclusivamente en este país y la adhesión a la Unión Europea ofrecerá más adelante posibilidades de combatir este fenómeno. 
Sin embargo, sigo teniendo la sensación de que los planes se ejecutan con excesiva lentitud. Es una pena, ya que se constituye el eje de las relaciones entre ricos y pobres en Eslovaquia. 
La situación relativa a la incorporación de las administraciones regionales electas también resulta preocupante. 
Dicha descentralización resulta importante desde el punto de vista de la UE ya que, de este modo, se logra un funcionamiento más eficiente de la administración y se mejora la capacidad de control. 
El Parlamento ha adoptado recientemente una serie de decisiones, aunque los socios de coalición del gobierno eslovaco no se sienten satisfechos con estas. Ha supuesto un motivo de tensión en el seno de la coalición. 
En este momento, a un año del posible cierre de las negociaciones, amenaza con producirse una crisis de gobierno cuyas consecuencias no se pueden predecir. 
Nosotros no podemos decidir acerca de la reestructuración regional eslovaca. 
Lo que sí podemos hacer es pedir que no se escatimen esfuerzos a la hora de evitar la crisis. 
La coalición actual debe terminar una tarea y la participación de la minoría húngara resulta igual de importante que hasta ahora. 
Este deseo también es suscrito por los propios interesados. 
El desenlace de esta cuestión debería centrarse en una solución final que resulte aceptable para todos. 
Esto significa que todos deben de ceder, ya que todos son responsables de la cohesión dentro del gobierno. 
Una votación libre en el parlamento no suele ser la mejor de las soluciones. 
Seguimos recibiendo quejas acerca del tratamiento que se presta a las minorías, y no sólo procedentes de Budapest. 
Se han logrado avances en relación con los romanís. 
No obstante, siguen existiendo dudas acerca del ritmo y de la disposición de las autoridades locales a la hora de llevar a cabo mejoras. 
Se siguen produciendo incidentes desagradables. 
Sigo repitiendo que el año próximo, coincidiendo con la esperada valoración final, veremos los primeros resultados de la política referida a los romanís. 
Va a ser un año lleno de emociones para Eslovaquia, una año de duro trabajo con el fin de mantener el elevado ritmo de las negociaciones, y esperemos que el año próximo podamos valorar los resultados finales. 
Señor Presidente, si el debate sobre la ampliación que aquí celebramos el año pasado tuvo la particularidad de corresponder precisamente al día en que se conmemoraba el 10º aniversario de la caída del muro de Berlín, el debate de hoy, aunque sin el mismo simbolismo, no deja de celebrarse después de dos acontecimientos también importantes. 
En primer lugar, la Cumbre de Niza, en la que los jefes de Estado y de Gobierno europeos aprobaron la reforma de las instituciones comunitarias con el fin de que éstas se acomoden a una Europa ampliada a doce países más. 
Todos estamos de acuerdo en que, si hubiera un fallo en esa esfera, el proyecto de ampliación quedaría comprometido durante muchos años. 
En segundo lugar, la Cumbre de Goteborg, con la que concluyó la Presidencia sueca. 
En efecto, en sus conclusiones, los dirigentes europeos afirmaron perentoriamente que el proceso de ampliación era irreversible y por primera vez fijaron un horizonte temporal hasta el final de 2002 para concluir las negociaciones con los países candidatos que resulten aptos con el objetivo declarado de que puedan participar ya como miembros en las elecciones de 2004 al Parlamento Europeo. 
A ese compromiso político debe sumarse la insistencia en el principio de diferenciación, según el cual se seguirá evaluando a los países candidatos únicamente conforme a sus propios méritos. 
En ese marco se debe analizar el informe sobre la adhesión de Hungría a la Unión Europea y la evolución del proceso de candidatura de ese país a lo largo del último año. 
La integración en la Unión Europea por parte de Hungría es un designio en verdad nacional para ese país. 
Prueba de ello es el acuerdo alcanzado por todos los partidos políticos húngaros con representación parlamentaria a favor de la adhesión y el consenso obtenido en cuanto a la celebración previa de un referéndum sobre ese decisivo paso para su futuro colectivo. 
Al haber encauzado todas sus energías al cumplimiento de ese objetivo nacional, Hungría ha podido ya concluir la negociación con la Comisión respecto de un número importante de capítulos (22 de un total de 30) , lo que nos hace esperar que sea posible concluir las negociaciones con vistas a acoger a Hungría en la Unión Europea dentro del horizonte temporal de 2002, fijado en Goteborg. 
Ese hecho, unido a la existencia de un road map de negociaciones bien delimitadas, reviste la mayor relevancia política en la medida en que no sólo ha permitido a los dirigentes húngaros, como, por lo demás, a los negociadores comunitarios, planificar y ejecutar su trabajo de acuerdo con las fases previamente establecidas, sino que, además, ha contribuido a evitar la aparición de fenómenos de recelo y decepción en la sociedad húngara, resultantes de la imposibilidad de establecer compromisos respecto de los plazos para la conclusión de las negociaciones de adhesión. 
Señor Presidente, respecto de la evolución del proceso de candidatura, los aspectos principales que deseo subrayar son, evidentemente, de continuidad, aunque se puedan señalar también algunas situaciones nuevas. 
En cuanto a los primeros, resulta obligada, desde luego, una referencia a la situación económica de Hungría, que sigue en franco progreso, a pesar de las señales de debilitamiento que se van sintiendo por todas partes. 
El crecimiento del producto interior bruto ronda el 6%, las exportaciones siguen dando resultados excelentes, así como la inversión en la vivienda. 
También el consumo, el empleo y la inversión exterior han registrado índices muy positivos. 
Se puede concluir que Hungría tiene hoy una economía de mercado en franco desarrollo y, si sigue avanzando en materia de reformas estructurales y consolidación de las cuentas públicas, afrontará, sin grandes sobresaltos, la presión de la competencia y las fuerzas del mercado dentro de la Unión Europea. 
No obstante, sigue persistiendo una inflación elevada, que ronda el 10%, cosa a la que el Gobierno debe prestar atención aplicando las medidas adecuadas de reducción de la presión de la subida de los precios. 
Además, conviene destacar la situación de la población zíngara, que sigue siendo difícil, pese a haberse avanzado en el ámbito del programa a medio plazo. 
Por eso, advertimos que se debe completar ese programa con medidas concretas e inmediatas de apoyo social- algunas de las cuales están ya en ejecución en las esferas de la enseñanza, del empleo, la vivienda y la salud, entre otras -, concertadas con los representantes de esa comunidad y supervisadas conjuntamente con ellos. 
Una mención también a la necesidad plenamente reconocida por los dirigentes políticos húngaros de intensificar la lucha contra la corrupción y a ese respecto conviene destacar la aprobación y la ejecución de un plan de medidas legislativas anticorrupción bastante completo y de incidencia inmediata. 
Conocemos esa difícil situación heredada por los países con una historia reciente y situación similares a las de Hungría y sabemos que se debe emprender esa lucha en toda la Unión Europea y fuera de ella. 
Señor Presidente, Señorías, recientemente Hungría aprobó una ley relativa a la protección de las minorías húngaras residentes en los países vecinos que ha suscitado diversas reacciones y polémicas, en particular en Rumania y en Eslovaquia, donde viven y trabajan las más numerosas de esas minorías. 
Las autoridades húngaras han insistido en que esa nueva ley no tiene efecto extraterritorial alguno y no tendrá consecuencia alguna que no esté en total armonía con los sistemas jurídicos vigentes de los países vecinos en los que se integran esas minorías. 
A ese respecto hay que reafirmar lo expresado en el informe, es decir, que la Comisión debe presentar una evaluación de ese tipo de leyes en lo relativo a su compatibilidad con el acervo comunitario y apelar al espíritu de buena vecindad y cooperación de Hungría con los países vecinos y en general con todos los Estados miembros. 
La circunstancia de que en esa ley figure una disposición- el artículo 27- que establece la prelación de la legislación comunitaria sobre sus normas internas y el hecho de que el Gobierno húngaro haya manifestado apertura para examinar bilateralmente con los países vecinos las cuestiones relativas a su interpretación y aplicación nos hacen afrontar con optimismo la resolución de los posibles problemas que llegue a suscitar. 
Señor Presidente, en el corto período de tiempo que se nos concede para intervenir como ponente no es posible dar más de sí en la presentación de las principales conclusiones de este informe. 
Ahora bien, tenemos la convicción de que sus Señorías nos acompañan en su interpretación, análisis y apoyo. 
De esa forma, el Parlamento Europeo seguirá haciendo su indispensable contribución en este proceso de reencuentro de pueblos y Estados europeos, sensibilizando con la verdad a los ciudadanos de la Europa de los Quince y de los países candidatos sobre las ventajas y también las obligaciones resultantes de la reunificación europea. 
. 
(EN) Señor Presidente, durante el pasado año hemos contemplado muchos alentadores avances respecto del progreso de Bulgaria hacia la adhesión. 
Si bien han existido, indudablemente, muchas áreas decepcionantes, hace tres meses se ha producido en Bulgaria un cambio político crucial. 
En las elecciones generales del 17 de junio vimos como el UDF en el poder era barrido por una nueva fuerza política, el Movimiento Nacional Simeón II, dirigido por el anteriormente Rey Simeón quien, como Simeón Sakskoburggotski es ahora Primer Ministro y visitará por primera vez las instituciones de la Unión Europea y la OTAN la próxima semana. 
Fue un apabullante voto de desconfianza hacia el gobierno en ejercicio y una sentida demanda de progresos reales, mejoras y cambio: un salto de fe. 
La anterior administración del UDF se enfrentó a enormes dificultades y deseo reconocer sus éxitos en muchas áreas. 
Fue el primer gobierno postcomunista en completar su mandato. 
Impulsó la demanda de adhesión de Bulgaria a la Unión Europea y puso a Bulgaria en posición de iniciar formalmente las negociaciones de adhesión en febrero de 2000. 
Como resultado ya se han cerrado con éxito 11 capítulos de negociación. Otros 10 han sido abiertos y están siendo negociados. 
Se espera que cinco más sean abiertos este año. Por lo tanto sólo quedarán por abrir cuatro capítulos a comienzos del próximo año. 
En el nivel macroeconómico se ha producido un extraordinario crecimiento en el PIB. 
Bulgaria ha sido un pilar de la estabilidad regional, en primer lugar con las dificultades internacionales con el régimen de Milosevic en la vecina Yugoslavia, después con el conflicto de Kosovo y más recientemente con las tensiones en la vecina Macedonia. 
Bulgaria ha dado en todo momento apoyo a las políticas de la Unión Europea y de la OTAN, pero la inestabilidad regional ha tenido, inevitablemente, un impacto sobre la economía búlgara y en la confianza de los inversores sobre la región. 
Pero el proceso formal de negociación y la aspiración de llevar las reformas adelante son, claramente, insuficientes. 
Ciertamente, el sistema búlgaro ha confirmado su estabilidad democrática. 
Ciertamente, se han empezado ha establecer estructuras para enfrentarse a los problemas fundamentales de una débil capacidad administrativa, de la corrupción y de la exclusión de minorías. El hecho es que la mayoría el pueblo búlgaro, con estas dificultades y trastornos, han visto como sus vidas y sus niveles de vida mejoraban muy poco. 
Mi informe es efectivamente un informe final sobre la actuación del último gobierno y un indicador de los problemas que deben ser tratados por la próxima administración. 
El desafío para el nuevo gobierno consiste en mantener su coherencia y traducir sus aspiraciones, su ambicioso programa, en una realidad concreta. 
Me reconforta mucho lo que he escuchado hasta el momento. 
El nuevo equipo de gobierno, especialmente en lo que respecta a la economía, equilibra su vitalidad y entusiasmo con competencia profesional y un grado de modestia frente a las empresas que le aguardan. 
Las prioridades del gobierno son la continuidad y los preparativos para su ingreso en la UE y en la OTAN, con la aceleración de las reformas políticas y económicas, concentrándose en las reformas fiscales para estimular la economía, la eliminación de la corrupción, la reforma del poder judicial, la modernización de los servicios de aduanas y seguridad fronteriza y los cambios legales para garantizar que Bulgaria dispone de una economía de mercado activa a través de la enmienda de las leyes bancarias y la mejora de la normativa sobre quiebras. 
En muchos sentidos el nuevo equipo ofrece una bocanada de aire fresco. 
Dispone de una agenda clara y está dispuesto a considerar soluciones novedosas basadas en las sólidas experiencias de otros países. 
Será juzgado por la calidad, antes que por la cantidad, de su legislación, por su capacidad para ejecutar sus políticas y por su determinación para realizar verdaderas reformas que beneficien a la mayoría de la población de forma tangible. 
Esto no será fácil en un momento de crisis regional y recesión económica internacional. 
Es el momento de crear un consenso lo más amplio posible para acometer las reformas en Bulgaria. 
Previamente Bulgaria se había fijado el objetivo de concluir las negociaciones en 2004 previendo el ingreso en la Unión Europea en 2007. 
Muchos han calificado esto como ambicioso, pero no irrealizable. 
He accedido a eliminar tales referencias de mi resolución en aras de la coherencia respecto de la perspectiva adoptada en otros informes sobre la ampliación. 
No apoyo las enmiendas que buscan añadir más condiciones a la solicitud de adhesión de Bulgaria. 
Desde luego, cada Estado candidato debe ser juzgado conforme a su propio progreso hacia la adhesión, sin barreras políticas ocultas y sin tener que seguir el curso de cualquier otro Estado candidato. 
Confío en que esta Asamblea respalde a Bulgaria y su nuevo gobierno en el camino hacia la adhesión a la UE y a la OTAN y apoye mi resolución. Estoy seguro de que el nuevo gobierno responderá positivamente a las cuestiones que he planteado. 
. 
(EN) Señor Presidente, doy las gracias a mis colegas de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa por haberme dado otra oportunidad de trabajar en la adhesión de Rumania a la Unión Europea. 
En este momento Rumania tiene una oportunidad única, sin parangón en los tiempos modernos, de hacer un progreso realmente rápido. 
Por primera vez en su historia tiene un gobierno estable, elegido por mandato democrático. 
Tiene un claro liderazgo político, una mayor comprensión de los valores comunitarios de la Unión Europea y unos signos económicos excepcionalmente buenos. 
El proceso de reforma sigue en marcha bajo la tutela de la Comisión Europea y con los esfuerzos realizados por la administración rumana en relación con el acquis communautaire ahora se está negociando un numero de capítulos mayor de lo que se había previsto. 
Si Rumania sigue avanzando de este modo y tiene la valentía de emprender las penosas reformas estructurales, no hay nada que impida que Rumania se adhiera sin retraso a la Unión Europea y me complace saber que el 79% de los rumanos se muestren a favor de esta perspectiva. 
El proceso de adhesión sigue su marcha. 
El número de capítulos está aumentando y me complace anunciar que la Comisión podría recibir todos los documentos de posición del Ministerio en Navidades, si está en disposición de hacerlo. 
Ciertamente eso es lo que espera el Ministerio para la Integración de Rumania. 
El Presidente Iliescu anunció en Goteborg que esperaba y consideraba que todos los capítulos podían ser completados durante su mandato. 
Nosotros en el Parlamento y estoy seguro de que otros también estamos abatidos por que aun no se hayan levantado las restricciones a los visados. 
Los ministros de Justicia y Asuntos de Interior se reúnen hoy y, sinceramente, espero que lleguen a la conclusión de que las restricciones de visados ya no son necesarias para los ciudadanos rumanos. 
Me complace señalar que el Embajador alemán en Rumania abrió la semana pasada la nueva embajada poniendo la primera piedra y diciendo que esa embajada no tendría sección de visados. 
El Gobierno rumano ha decidido ser juzgado por sus acciones y no por sus palabras. 
Ya ha hecho un excelente trabajo en materia exterior a través de la Presidencia rumana de la OSCE y ha hecho extraordinarios progresos en su relación con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
Puede que esté atenazada por la pobreza, pero han sucedido cosas positivas, la producción industrial ha aumentado un 17% y la inflación se está reduciendo progresivamente. 
El mayor inversor en Rumania sigue siendo Francia, pero otros Estados miembros como Alemania, Italia, Grecia y el Reino Unido se le están sumando. 
Al mismo tiempo se ha estado consolidando su relación con Norteamérica y en especial con los EE.UU. pero el destino de Rumania permanece en Europa y su futuro está con la OTAN y con la Unión Europea. 
Puede ser que el amargo legado de Ceaucescu, no obstante, sea el responsable de que la voluntad de cambio político haya emergido más lentamente en Rumania que en otros países candidatos de la antigua Unión Soviética. 
De hecho, el trato a los niños en Rumania, como ha mencionado esta mañana el Comisario, se convirtió rápidamente en una historia de horror reflejada en los medios de comunicación mundiales. 
Hoy, no obstante, Rumania se encuentra en un proceso de cambio, ayudada en todo momento por el impecable trabajo de la Comisión en Bruselas y en Bucarest y guiada por amigos pertenecientes a todo el espectro político de este Parlamento. 
Estamos trabajando como un equipo para ayudar a Rumania en su progreso hacia la Unión Europea. 
Como el Comisario dijera en otra ocasión, el progreso hacia la integración es imparable. 
Rumania forma parte integral de ese proceso y el cambio social en los últimos meses ha sido veloz. 
Los derechos de los homosexuales son ahora parte de la ley, se acaba de aprobar una ley contra el tráfico ilegal y se ha adoptado una ley sobre la violencia doméstica. 
Actualmente se está preparando una ley del niño, sobre derechos de los niños, que incorporará la normativa sobre adopción tanto local como internacional. 
El grupo de alto nivel para los niños rumanos se encuentra en proceso de registro. 
Este contará con un consejo de sabios para evaluar la capacidad de Rumania para reincorporarse al mundo de la adopción internacional cuando se dé el momento oportuno. 
Es necesario que la aprobación de esta ley del niño no sea precipitada. 
Las adopciones locales se han doblado en los últimos meses y esta semana 20.000 niños abandonarán los colegios especiales y regresarán a los colegios normales y a la vida normal. 
Esto constituye un tremendo progreso. 
En este punto quisiera rendir especial tributo a mis colegas españoles del parlamento Europeo quienes han recibido muchas presiones de diversas familias en España. 
Celebro que el nuevo Gobierno rumano haya nombrado a unos funcionarios muy competentes para revisar los problemas a los que se enfrentan estas familias españolas. 
Seguiré con detenimiento este asunto y volveré a informar a mis colegas españoles. 
En resumen, Rumania tiene mucho que ofrecer a la Unión Europea y al mundo. 
Su enraizada conciencia de su antiguo estatus europeo en el Imperio Romano les otorga un gran estímulo para trabajar en estos tiempos difíciles y a su debido tiempo convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea. 
. (IT) Señor Presidente, Eslovenia espera llegar a la meta entre los primeros 12 barcos que entrarán en 2004 en la Europa comunitaria, para utilizar una imagen que con frecuencia usa el Comisario Verheugen. 
La regata ha sido definida irreversible también esta mañana. En efecto, Ljubliana espera finalizar la adopción del acervo europeo durante la Presidencia española, es decir, en el segundo semestre del próximo año, manteniendo el ritmo sostenido marcado por la actual Presidencia belga. 
Los eslovenos han sido rápidos en concluir los capítulos concernientes al acervo y han conseguido solucionar algunos problemas muy complejos como, por ejemplo, el del medio ambiente, motivo por el cual han recibido muchos elogios de los visitantes europeos de Ljubliana. 
Eslovenia ha sorprendido a la Unión Europea por haber concluido con adelanto, en la primavera de este año, las negociaciones sobre la libre circulación de capitales, a pesar de algunos problemas con los formadores de opinión 
En Ljubliana se explicaron a los invitados europeos las dificultades del Gobierno esloveno con la opinión pública si las fechas se retrasaren, si los eslovenos que, evidentemente, se alegraron de las conclusiones de las Cumbres anteriores y después de la de Goteborg, tuvieran que quedarse fuera. 
Como normalmente ocurre en la última etapa antes del ingreso de un país en Europa, aparecen los escépticos, aunque a menudo se trata de una táctica política interna. 
Eslovenia se da cuenta de que debe arreglar la cuestión de la devolución de los bienes en los plazos previstos, aunque en algunos casos, bastante llamativos, las demandas ante los tribunales han retrasado el camino. 
Con todo y con eso, los plazos de las solicitudes han vencido y existen retrasos también en la desnacionalización del patrimonio extranjero. 
De todos modos, Eslovenia es uno de los países en que, a pesar de la estabilidad macro y microeconómica, la inversión de capital extranjero es muy baja, aunque con frecuencia se trata sólo de la renovación de inversiones realizadas con anterioridad. 
Se ha exigido mayor transparencia- una palabra muy empleada en este Pleno- para proceder a la privatización, al objeto de que la oferta en el mercado de empresas, bancos y sociedades no terminara en un juego puramente nacional manteniendo alejados a los inversores extranjeros. 
Por fin también se han fijado las normas para la privatización de los grandes bancos, en los que el Estado mantendrá, al menos por cierto tiempo, una especie de golden share, o sea, el llamado paquete de veto. 
En este sector existe interés extranjero y las negociaciones están en curso. 
Actualmente, Eslovenia es muy activa en la estabilización del centro y del sur y, tras la desaparición de Milosevic, la cuestión ha perdido parte de su dramatismo. 
En este ámbito existen reservas psicológicas: "Aún no hemos entrado en Europa- se pregunta algún observador- y ya el capital internacional puede exponer al riesgo de limitar nuestra soberanía". 
Es un fenómeno que se observa también en otros países de pequeñas dimensiones del antiguo socialismo real. 
Sin embargo, parece que Eslovenia se da cuenta de que tiene que llevar a cabo la apertura financiera cumpliendo los plazos establecidos en el contrato con Europa. 
Numerosas medidas como la potenciación de los tribunales cargados de demasiado trabajo o la creación de un grupo de jueces ad hoc destinados a reforzar las instituciones locales, en las que existen los mayores retrasos, sirven para agilizar el trabajo relacionado con los numerosos juicios civiles suspendidos que habitualmente guardan relación con la cuestión de la devolución de los bienes y de las propiedades. 
En su informe la Comisión ha lamentado la lentitud del sistema administrativo: también en este ámbito se han tomado medidas legislativas. 
Eslovenia está a punto de introducir enmiendas a su Constitución para adaptarla a las exigencias de la asociación europea. 
En cuanto a las relaciones con sus vecinos hay que recordar el acuerdo cultural con Austria, en el cual se reconoce la existencia de un etnia germanohablante en el país y, no hace mucho, se han definido- el problema es muy importante- las fronteras terrestres y marítimos con Croacia, actualmente en vías de ratificación por parte de ambos parlamentos. 
Estos son los principales acontecimientos en la cooperación transfronteriza. 
Los índice macroeconómicos siguen siendo positivos, la inflación y el desempleo son inferiores a la media europea, mientras que el PIB no está muy lejos de la media europea. 
En este momento, gracias a los preparativos realizados o en vías de finalizar, Eslovenia parece estar bien preparada para la adhesión a la Comunidad Europea. 
. (FR) Señor Presidente, por segundo año consecutivo tengo el honor de presentarles el informe sobre la solicitud de adhesión de Chipre a la Unión Europea. 
La propuesta de resolución que tienen ante a ustedes ha sido aprobada en comisión por 55 votos a favor, dos en contra y una abstención; dicha resolución presenta un balance corroborado. 
Por una parte, la resolución subraya el excelente resultado obtenido por Chipre con respecto a la adopción del acervo: 23 capítulos ya están cerrados y los capítulos restantes no presentan dificultades insuperables. 
Por otra parte, la propuesta deplora la persistencia de la división de la isla. 
Las esperanzas que la comunidad internacional había puesto en las negociaciones de proximidad, llevadas a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se truncaron en noviembre último por la retirada unilateral del Sr. Denktash de este proceso. 
Dicha retirada ha sido hasta ahora apoyada por Turquía. 
Mientras que se malgasta de esta forma un tiempo precioso para solucionar el problema político antes de la adhesión, su ponente no puede recomendar al Parlamento Europeo sino que siga firme en su posición anterior basada en el Derecho internacional y la justicia. 
Esta posición, que es igualmente la de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de todas las instituciones europeas, Parlamento Europeo, Consejo y Comisión, fue confirmada el 10 de mayo de 2001 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
La solución política que deseamos mal puede conciliarse con una situación de hecho creada por la fuerza. 
La misma debe, por el contrario, superar el pasado y mirar resueltamente hacia el futuro. 
El Secretario General de las Naciones Unidas había propuesto a los chipriotas griegos y a los chipriotas turcos un sistema federal basado en un modelo democrático, respetuoso de las particularidades de cada una de las partes. 
Estos modelos funcionan en muchos países europeos- República Federal de Alemania, Bélgica, Suiza y otros países -, donde han demostrado tanto su viabilidad como su vitalidad. 
Todas las secuelas del pasado, más allá de los errores recíprocos acumulados desde 1960 (el problema de los refugiados, de la propiedad, de la retirada de las tropas, etcétera) , pueden encontrar una solución negociada, apoyada, si es preciso, por la comunidad internacional. 
El problema de Chipre no es insoluble si existe la voluntad política para pisar ahora el acelerador. 
La guerra fría ha terminado. 
En Europa todos los muros han caído. 
Los enemigos de ayer se han convertido en socios. 
Convendría a los intereses bien entendidos de todos los países de la región, y sobre todo de Turquía, que esta manzana de la discordia desapareciera. 
Las dos comunidades de la isla- y los sondeos recientes lo demuestran- quieren formar parte de la Unión Europea. 
Aquellos que han elegido el inmovilismo como única estrategia, quizá como estrategia de supervivencia, deberían respetar la voluntad de estas comunidades. 
El Parlamento Europeo, al garantizar una amplia mayoría al proyecto de resolución sobre Chipre, reforzará la posición negociadora del Sr. Kofi Annan. 
A finales de 2001 y principios de 2002 el Secretario General de las Naciones Unidas tendrá una última oportunidad para abrir camino en las negociaciones intercomunitarias. 
No obstante, si estos esfuerzos siguen siendo saboteados por una de las partes, la Historia condenará definitivamente a los que se oponen al orden internacional. 
La Unión Europea, en esta hipótesis, no podrá sino honrar el compromiso asumido al más alto nivel en Helsinki, en diciembre de 1999; a saber, que una solución política no constituye una condición previa para la adhesión de Chipre a la Unión Europea. 
Mientras tanto, este ponente no puede sino recurrir al Gobierno legítimo de Chipre para que contribuya decididamente a eliminar los obstáculos a los problemas pendientes, a fin de que las negociaciones de adhesión puedan finalizar antes de finales del año 2002. 
Señor Presidente, es el segundo informe sobre Malta que tengo el honor de presentar. 
Queda fuera de toda duda que el Parlamento Europeo apoya y valora positiva y constructivamente el proceso de adhesión de Malta, esta pequeña isla del Mediterráneo situada en la frontera entre la Unión Europea y Africa. 
El informe se orienta por un lado a los criterios de Copenhague, que son válidos por igual para todos los candidatos a la adhesión y, por otro, a las especiales características de Malta derivadas de su situación insular y de su estructura económica y social. 
En la situación política fundamental de Malta no ha cambiado nada. 
Malta sigue cumpliendo los criterios políticos de Copenhague. 
Sus instituciones son democráticas y funcionan sin fricciones. 
No existen problemas especiales respecto a los derechos humanos. 
La situación global de los derechos sociales, culturales y económicos es satisfactoria. 
En el ámbito económico, Malta dispone de una economía de mercado que funciona y está en situación de soportar a medio plazo la competencia de la UE si realiza las reformas estructurales proyectadas. 
Malta está en este campo en el buen camino, tanto en lo que se refiere a la reducción de las tasas de importación para los productos manufacturados hasta 2l año 2003, como a la supresión de los controles de capitales hasta finales del 2002. 
El programa de privatizaciones de largo alcance aprobado en 1999 que incluye a importantes empresas de suministros en los cinco próximos años, apunta en la dirección correcta. 
La reducción del déficit presupuestario del 11,8 % del PIB en el año 1998 al 5% en el presente año es un resultado positivo y significativo así como también la positiva evolución de los datos económicos. 
A pesar de la evolución de los precios del petróleo, la tasa de inflación se encontraba en noviembre del 2000 en el 2,4 % y la tasa de paro se ha reducido tras una ligera subida en el año 1999 al 5,3 % de la población activa. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que este positivo proceso se debe consolidar mediante un descenso adicional de los gastos estructurales. 
El positivo desarrollo de Malta en su camino hacia la UE se refleja en el estado de las negociaciones para la adhesión. 
Con 17 capítulos, Malta se encuentra a la cabeza de los candidatos que pudieron comenzar las negociaciones el año 2000. 
Esto muestra que Malta ha superado el tiempo perdido por la interrupción de las negociaciones durante 22 meses y que se encuentra en una buena posición para participar en la primera ronda de los nuevos Estados que van a adherirse. 
En lo referente a la situación política básica de Malta, es decir, la diferente valoración de la adhesión a la UE que hace el Gobierno, por un lado, y la oposición, por otro, no sólo no ha cambiado nada sino que la polarización entre el Gobierno y la oposición laborista incluso se ha agudizado. 
Como ponente sólo puedo tomar nota de ello con pesar. 
Naturalmente, esto no significa que el Parlamento Europeo ignore la posición del partido laborista, que desearía para Malta una solución a la suiza. 
No obstante, se deben agotar todas las posibilidades para garantizar la continuidad del proceso de adhesión de Malta y apoyar en consecuencia un diálogo constructivo con todas las entidades corporativas y capas sociales de Malta. 
Respecto a los deseos especiales del Parlamento Europeo sobre el proceso de adhesión de Malta, se incluyen naturalmente cuestiones de seguridad interior y de seguridad en el tráfico marítimo. 
En lo que se refiere a la seguridad interior, Malta ha marcado el rumbo político a seguir para combatir eficazmente la corrupción y el lavado de dinero, lo que permitirá a Malta adherirse tanto al Convenio sobre derecho penal del Consejo de Europa contra la corrupción como ratificar el Convenio de la OCDE para combatir el soborno de cargos oficiales extranjeros en el tráfico comercial internacional y, de este modo, tener en cuenta una prioridad a corto plazo de la cooperación para la adhesión. 
También en el sector del medio ambiente apoyamos los esfuerzos de Malta por marcarse prioridades a corto plazo de la cooperación para la adhesión en lo referente al mantenimiento de la limpieza del aire y del agua así como para reducir las montañas de residuos. Comprendemos expresamente la política de Malta de prohibir el empleo de botellas de plástico. 
Como ponente, comprendo también las preocupaciones específicas de Malta relativas a la libertad de circulación de personas y sus temores de que venga una avalancha de trabajadores a su mercado laboral. 
La concesión de la Comisión Europea en lo referente a la libertad de circulación de personas tiene en cuenta este temor de origen más bien psicológico. 
Malta no es una sociedad en transformación. Siempre ha indicado que desea ser tratada como los demás candidatos a la adhesión. 
Hay que saludar los esfuerzos de la Comisión por abrir aquí vías financieras para superar este aspecto. 
Por otro lado, las autoridades maltesas deben realizar los necesarios preparativos para que sea posible una administración descentralizada de las ayudas destinadas a la política estructural y regional. 
Me voy a referir brevemente al Consejo. 
Espero que también la posición de Malta sobre el capítulo de la agricultura se presente pronto sobre la mesa. 
(El Presidente retira a la oradora la palabra) 
Al igual que todos los ponentes que ya se han expresado, me congratulo de ver que las negociaciones avanzan y que avanzan bien para todos los países candidatos. 
A pesar de las dificultades, el trabajo realizado es considerable. 
Digamos que en el plano técnico no se puede menos que felicitar a los negociadores por los esfuerzos que realizan, señor Comisario, les felicitamos. 
Sin embargo, desearía insistir en dos puntos que no han sido olvidados, pero respecto a los cuales pensamos que habría que trabajar más. 
Pienso en primer lugar en las consecuencias sociales de la ampliación. 
Considero que la Comisión, el Consejo y todos nosotros deberíamos tomar un número mayor de medidas para poder hacer frente a la desorganización de la sociedad, que inevitablemente resultará y que ya resulta de las reformas económicas llevadas a cabo a marcha forzada en los países candidatos. 
Las reestructuraciones de empresas, las privatizaciones, la modernización de los métodos de trabajo, que nos parecen imprescindibles, crean desempleo, desmembran los sistemas de protección social y producen efectos nefastos en las familias y los individuos. 
Tratemos, traten ustedes, de realizar mayores esfuerzos para limitar dichas perturbaciones sociales, que podrían, si no se tiene cuidado, convertirse en problemas políticos graves. 
El segundo punto que deseo subrayar es el del contacto con las opiniones públicas tanto en los países candidatos como en los Estados miembros. 
Las negociaciones son un trabajo de especialistas. Yo les felicito una vez más por su seriedad. 
Pero la adhesión de un país a la Unión afecta a toda su población. 
Las encuestas de opinión lo demuestran. 
A medida que el plazo se acerca aumenta el número de adversarios, pero también el número de personas preocupadas y de ansiosas. 
Haría falta dar mayores informaciones y explicaciones, desdramatizando todo lo posible la situación. 
Se trata de un gigantesco trabajo de relaciones públicas al que la Comisión- y también nosotros, naturalmente- deberíamos dedicarnos más. 
Señor Presidente, es estupendo oír a la Comisión, al Consejo y al Parlamento comprometerse de forma tan firme en la ampliación como ha sucedido hoy aquí. 
Sin embargo, bajo la alegre superficie existen preocupaciones, también entre los ciudadanos de los países candidatos, y debemos escucharles. 
Estas preocupaciones no desaparecen por arte de magia, lo dijo también el Sr. Comisario. 
No debemos aplazar de ningún modo la ampliación, pero debemos escuchar los deseos de regímenes transitorios que tienen los países, ya se trate de la compra de suelo o de medio ambiente. 
Un acuerdo sólo es bueno si las dos partes están satisfechas. 
No debemos exigir a otros lo que no nos exigimos a nosotros mismos. 
Aquí pienso, por ejemplo, en los requisitos en materia medioambiental sobre depuración de aguas residuales que Bruselas aún no cumple. 
Por ello debemos estar dispuestos a escuchar a los países que quieren flexibilidad por nuestra parte. 
Queremos que entren en la Unión con sus valores y con sus conocimientos de lo que significa no tener libertad y democracia, pues esto es lo más importante de todo. 
Quizá sean ellos quienes sepan más al respecto, pues son ellos quienes han experimentado la pérdida de libertad y democracia. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a todos los ponentes, pero por supuesto, en dos minutos no puedo hacerlo. 
Quiero hacer hincapié en dos aspectos: el trato de las minorías culturales, y la información y comunicación con la población. 
La Unión Europea debe ser algo más que un mercado. 
Es una comunidad de ciudadanos y, a la vez, un conjunto de pueblos y de comunidades culturales pequeñas y grandes. 
La forma en que se garantizan los derechos humanos y los derechos de las minorías ocasiona todavía problemas en algunos países. 
Sobre el papel, parece que todo va mucho mejor, pero en la práctica, vemos que, por ejemplo, en casi todos los países los gitanos aún son tratados como ciudadanos de segunda clase y vemos, además, que prevalecen situaciones tercermundistas como las de las peores chabolas de África y de las ciudades tercermundistas. 
En lo que al trato de otras minorías se refiere, la práctica tampoco se corresponde con lo que figura tan bien sobre el papel y en las leyes. 
Así, quiero señalar, por ejemplo, el trato de la minoría húngara tanto en Eslovaquia como en Rumanía. En la práctica no resulta tan bien como sobre el papel. 
La comunicación con la población constituye un gran problema, ya que la gente ha transformado el entusiasmo espontáneo por Europa en una postura más crítica. Si las promesas y el contenido de esas promesas no se materializan, esa crítica aumentará, claro está. 
Me pregunto, sin embargo, si la Comisión sigue una buena política en estos países al no dirigirse a estas personas en su lengua ¿Puede quedar la comunicación totalmente en manos de los gobiernos? 
Constato que algunos gobiernos no informan ni a sus propios parlamentarios, por no decir que la población no sabe lo que en el precioso Infopoint de Varsovia se comunica en todas las lenguas de los Estados miembros, salvo polaco. 
Por tanto, ¿estamos comunicando o escondiéndonos? 
Señor Presidente, me hizo mucha ilusión escuchar la intervención hecha en nombre de la Presidencia y me alegró especialmente que se hiciera hincapié en cómo vive la situación la población de los países candidatos. 
No debemos pasar por alto el hecho de que se va a celebrar un referéndum en muchos de los países candidatos. 
Espero que la población de los países candidatos lea especialmente la parte del informe del Sr. Elmar Brok que contiene las opiniones de la Comisión de Asuntos de la Mujer y de la Comisión de Asuntos Sociales, porque en ésta a mi modo de ver se hace hincapié en lo que realmente importa al ciudadano medio. 
En cambio, espero que no lean la parte que versa sobre la política exterior y de seguridad común y especialmente sobre la pertenencia a la OTAN. 
Todos sabemos que una defensa común a escala europea tendrá un coste muy elevado. 
Se han elaborado informes que muestran que para nuestra parte de Europa supondría un incremento de los presupuestos del 50%. 
No me atrevo a pensar en qué supondría para los países candidatos. 
¡Espero que se lea la parte buena de los informes y espero que sea ésta la que sustente el proceso de ampliación y no todas las demás partes! 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento y felicitar a los ponentes. 
Abundando en algo a lo que ya se ha referido el Sr. Haarder, nuestro deber y responsabilidad es para con los países de la Europea oriental, no para darles un regalo, sino por el nuevo entusiasmo y espíritu que pueden aportar a una Unión Europea que está quedando estancada. 
En particular, quiero centrarme en Hungría. 
Como uno de los países situados en primera fila de la ampliación que es, se ha demostrado capaz de quitarse el yugo del comunismo totalitario y crear una nueva economía basada en el mercado, brindar nuevas oportunidades en materia de educación, mejorar sus infraestructuras y su capacidad industrial y desarrollar su turismo y su agricultura. 
Ya ha concluido 22 de los 31 capítulos de adhesión a la Unión Europea. 
Acojo con satisfacción la ejecución del programa SAPARD para contribuir aún más al desarrollo rural y al desarrollo comunitario en Hungría. 
En particular, pido a la Comisión que contribuya a aliviar algunas de las dificultades que los negociadores húngaros afrontan con las burocracias internas de la Comisión y acelerar todo el proceso. 
En conclusión, debemos abrir los brazos y acoger con beneplácito el rejuvenecimiento que aportará la llegada de los países de la Europa central y oriental. 
Señor Presidente, partiendo de la noción cristiana de misericordia, respaldo sinceramente la ampliación de la Unión Europea. 
Para mi satisfacción, el sistema comunista en Europa Central y Oriental se desmoronó en 1989. 
Esta alegría fue compartida entonces de forma general en Europa Occidental. 
Esto requiere una continuación, requiere que ayudemos a los Estados candidatos para que puedan entrar en la Unión Europea y, así, volver realmente a Europa. 
Este punto de partida testimonia, además, un sentido de la realidad, ya que la mencionada ampliación de la Unión principalmente hacia el Este es favorable política y económicamente para los Estados miembros y los Estados candidatos. 
Por sólo mencionar un argumento: después de 1988, el comercio recíproco aumentó enérgicamente. 
La resolución resultante de la pregunta oral del colega Brok subraya, con razón, las ventajas compartidas que derivan del proceso de ampliación. 
Sin embargo, esta visión de la ampliación no es compartida por todos. Así lo demuestran los recientes sondeos de opinión. 
Estas investigaciones ponen de manifiesto un contraste entre la opinión pública general de los países candidatos y la de la UE de los 15. 
En los Estados candidatos, existe un claro respaldo social a la ampliación. 
Por el contrario, en los Estados miembros, solamente el 43 por ciento de los ciudadanos se inclina realmente por ella. 
En algunos países de la UE, los detractores superan con creces a los partidarios; como si las cargas e incertidumbres de esta gran ampliación solamente recayeran en los hombros de la UE. 
La resolución del colega Brok no tiene en cuenta, por otra parte, esta postura desigual de la opinión pública. 
Incita tanto a los Estados miembros como a los Estados candidatos a informar todavía más y mejor a la población. 
Con ello, me temo, no desaparecerá completamente la constatada ausencia de compromiso europeo. 
Sea como fuere, la incitación de la resolución está dirigida, sobre todo, a los Estados miembros. 
Sin embargo, éstos no están solos ni mucho menos. 
Los Estados miembros de la Unión Europea cuentan con un buen número de ciudadanos solidarios con los europeos de Europa Central y Oriental. 
La profusión de sus iniciativas privadas, religiosas o no, habla por sí sola desde hace mucho tiempo y ya en numerosas ocasiones antes de la caída del Muro. 
Miembros del Consejo y de la Comisión: conecten, sobre todo, a estos aliados con su campaña informativa sobre la ampliación. 
Todavía otro punto de la resolución me ha llamado la atención. 
En el párrafo 49, leo que los Estados candidatos no tienen que cumplir criterios más estrictos que los propios Estados miembros. 
Me parece obvio. 
Más aún: la Unión Europea tiene su propio control de ingreso explícitamente limitado al cumplimiento de los criterios de Copenhague. 
En tanto los Estados candidatos no puedan participar en las decisiones relativas a una colaboración más estrecha en diversos terrenos políticos- me refiero a la PESC, la política de asilo, de inmigración y monetaria -, la Unión Europea no puede imponerles nuevos criterios en esos ámbitos. 
Señor Presidente, el refrán dice: andad, andad, que el rabo aún está por desollar. 
Esto se volverá a poner de manifiesto con la conclusión de las negociaciones de ingreso con los Estados candidatos más avanzados. 
Al fin y al cabo, todavía quedan algunos expedientes difíciles. 
Espero que la Unión Europea sepa dar una forma concreta a su voluntad de proceder a la ampliación. 
Además, según las conocidas palabras de la Biblia, es mejor dar que recibir. 
Señor Presidente, Señorías, tras el debate de hoy referente a la ampliación deberemos pronunciarnos sobre un proyecto global de resolución elaborado por nuestro colega Brok. 
Este texto tiene el mérito de no tratar a la ligera la decisión del pueblo irlandés de rechazar el Tratado de Niza y de no disimular, cito, "las incertidumbres que ésta supone para el futuro proceso de ampliación". 
Nos congratulamos de ver, pues, al Sr. Brok incorporar en el punto 2 de su proyecto de resolución la recomendación que habíamos realizado, el día siguiente mismo de la votación irlandesa, de establecer soluciones sustitutivas en el marco de los Tratados de adhesión. 
En cambio, es absolutamente inadmisible utilizar el resultado del referéndum irlandés para justificar el abandono del proceso intergubernamental. 
Si la práctica actual de las CIG es a menudo opaco e ininteligible, eso no se debe al propio método, que asocia a los gobiernos elegidos democráticamente por sus pueblos. 
Es totalmente posible lograr que el proceso intergubernamental sea más transparente y comprensible. 
Hay que dedicarse a ello de manera pragmática, evitando las desviaciones ideológicas consistentes- cuando una decisión no gusta- en llegar a la conclusión de que, para que no se vuelva a producir, es necesario destruir por una votación mayoritaria el marco jurídico en el que ésta se ha producido. 
Nos situamos en el orden del pensamiento mágico o, como lo decía ayer nuestro colega Georges Berthu, de la ilusión normativa. 
La lección que debemos sacar del referéndum irlandés, naturalmente, no es convertir el proceso de construcción europea en un proceso aún más antidemocrático. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, sin duda las ventajas económicas y políticas de la ampliación van a ser sensiblemente mayores que los posibles costes presupuestarios. 
Quiero añadir que este es ya actualmente el caso. 
A pesar de ello, nuestra tarea como responsables del presupuesto es debatir y llevar a cabo una planificación presupuestaria seria y fría, para eliminar las emociones y temores y aproximarnos con claridad de ideas a las cifras. 
Por ello, en base a las experiencias tenidas con el programa de preadhesión, a las capacidades de absorción y a las estructuras administrativas de los nuevos Estados miembros, podemos partir del hecho de que tanto en la política agrícola como en los fondos estructurales se va a producir una integración escalonada en los programas comunitarios. 
Partiendo de estos hechos, esto significa también que hasta el año 2006 podemos financiar los desafíos financieros de la ampliación dentro de las previsiones financieras, tal como se acordó en la Agenda 2000, incluso en el caso del big bang de la adhesión de diez nuevos países: en la política agrícola, 7 mil millones de euros en la fase final para una integración escalonada, en la política estructural, de 6.100 millones de euros en el 2004 hasta aproximadamente 10.900 millones de euros y esto con un anteproyecto de presupuesto actual de la Comisión de unos 100.000 millones de euros para el 2002, por mostrar claramente las relaciones. 
Sin duda, para el tiempo posterior al 2006 deberemos discutir sobre la cuestión de los ingresos y gastos del presupuesto europeo teniendo en cuenta los futuros compromisos del comercio mundial, pues en la fase final en el 2013, estas cifras comparativas podrían suponer 17 ó 26 mil millones de euros. 
No miremos solamente estos dos bloques de la política presupuestaria. 
Me preocupa en gran medida y me planteo la pregunta de si las consideraciones de la Comisión sobre cómo debe gobernarse Europa o la planificación previa en esta Asamblea para superar la problemática de los idiomas tienen realmente en cuenta las exigencias para garantizar las identidades nacionales europeas o la capacidad de actuación de las instituciones europeas en interés de los ciudadanos en una Unión Europea mayor. 
Aquí hay que mantener un debate aún mucho más intenso para que en el futuro podamos seguir teniendo capacidad de actuación. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el desarrollo de Estonia y de Letonia, por ejemplo, ha sido rápido. 
Felicito a estas naciones por ello. 
La libertad y la independencia llevan a los Estados a actuar. 
Así debería ocurrir también con las personas, y, obviamente, debería mejorarse el control que éstas ejercen sobre sus propias vidas. 
No se trata de ningún proyecto de las élites, cosa que debería quedar clara en los países candidatos a la adhesión. 
El crecimiento económico de Europa ha declinado. 
Muchos piensan que estamos entrando en una fase de recesión, incluso de depresión. 
El estancamiento económico incide más en las economías de los países candidatos que en las nuestras, dado que aquéllas son mucho más vulnerables. 
En todo caso, ya antes del estacionamiento de la economía acaecido ahora en Europa, los partidarios de la Unión habían quedado reducidos a menos de la mitad de la población en muchos países candidatos, como es el caso de Estonia. 
En estos países se considera que una de las causas ha sido la adopción de una gran austeridad presupuestaria. 
La recesión económica reduciría aún más el número de partidarios de la Unión. 
Por ello, yo pido y sería mi propuesta que nos ocupemos decididamente de reducir las diferencias y brechas sociales y económicas, ya que ello serviría de premisa para conseguir que la mayoría de la población de estos países apoye la adhesión. 
Esto también significa que la tasa de desempleo no debería crecer en el ámbito de la Unión, pues de otro modo se anularía dicha premisa y se reduciría el apoyo generalizado de que goza la ampliación dentro de la Unión. 
En otras palabras, el empeoramiento de la situación económica puede amenazar el calendario acordado o previsto para la ampliación. 
Así pues, ocupémonos de las diferencias sociales antes de que todo este asunto se postergue más de la cuenta. 
Señor Presidente, es fantástico poder participar en esta época de la historia de Europa, cuando realmente estamos uniendo el continente. 
Espero que dentro de pocos años nuestros nuevos amigos y colegas puedan sentarse con nosotros en el Parlamento, en lugar de limitarse a escucharnos desde la tribuna. 
Ya es hora de que podamos resolver los problemas conjuntamente, creando así buenas condiciones de vida para los ciudadanos europeos. 
Han transcurrido casi doce años desde la caída del muro de Berlín y muchos europeos prometieron que los países que por fin se habían sacudido el yugo comunista podrían conseguir rápidamente su incorporación a la UE. 
Aún falta mucho por hacer, cosa que se dice también en el excelente informe que nos ocupa. 
Se están haciendo grandes avances y me satisfacen los grandes anhelos de la Presidencia belga. 
Es importante que no se impongan nuevas exigencias. 
También hay mucho por hacer en la UE. 
Somos muchos los decepcionados por los escasos resultados de la Cumbre de Niza y que tenemos grandes esperanzas puestas en Laeken. 
La integración es un proceso recíproco que requiere esfuerzos tanto de los futuros miembros como de nosotros mismos. 
No obstante, juntos tenemos la gigantesca tarea de convencer a los pueblos de todos los países acerca de las ventajas que ofrece una Europa unida. 
Debemos estar orgullosos de la Europa que hemos construido y que seguiremos construyendo mancomunadamente. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en las presentes circunstancias políticas no existe alternativa política a la ampliación, que los Verts apoyan, como lo ha indicado nuestro presidente de grupo. 
Pero el futuro de la Unión Europea no es o no debería ser la ampliación, contrariamente a lo que la Presidencia del Consejo ha afirmado en su discurso introductorio. 
El futuro, después de 2004, de una Unión ampliada es abierto e incierto. 
Puede consistir en una zona de libre comercio reforzada y también en una Unión supranacional donde los objetivos de desarrollo sostenibles y de solidaridad social estarían en el centro de los objetivos de una política reformada. 
Si se lucha por esta segunda opción, entonces la próxima CIG en 2003-2004 será la última oportunidad para los Quince de corregir los fracasos de Niza y de asumir todas sus responsabilidades, para que una Unión de 27 miembros pueda ser gobernada democrática y eficazmente. 
El problema, sin embargo, no es únicamente de naturaleza institucional: también es de orden presupuestario. 
El mantenimiento de una política de solidaridad entre Estados miembros supondrá que se aumenten en el futuro los recursos financieros de la Unión, puesto que, en el plano económico, la integración de los mercados de los países candidatos a los de la Unión se lleva a cabo desde hace diez años a costa de desigualdades territoriales y sociales crecientes en los países candidatos. 
Las ayudas europeas actuales son indispensables y atenúan el coste de la transición, pero si queremos realmente defender un modelo de sociedad europeo basado en la solidaridad y en la negociación entre todos los actores en una Unión de 27, se requiere un compromiso claro por parte de unos y otros sobre este objetivo que supera el del acervo comunitario y que supondrá una ayuda suplementaria por parte de los quince miembros actuales. 
Si queremos que la ampliación tenga éxito y defender las posibilidades de una Europa solidaria, no podemos, como lo dice justamente el Sr. Verheugen, esconder la cabeza como el avestruz. 
Desde este punto de vista, me sorprende mucho el rechazo en la Comisión de Asuntos Exteriores de la mayoría de las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Sociales. 
Señor Presidente, creo que contamos con una serie de informes muy interesantes y creo que la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa ha realizado una buena labor. 
A pesar de todo, creo que nadie puede ocultar su inquietud por la forma en la que se está llevando a cabo la ampliación de la Unión Europea y por las serias consecuencias, especialmente a nivel social, que se van a sufrir en algunos de estos países, que se orientan hacia su adhesión a la Unión Europea. 
Como Presidente del Comité mixto Unión Europea- Bulgaria quiero decir que la intervención de la Unión Europea ha sido verdaderamente significativa, se han fomentado temas importantes como son el sector energético, la reestructuración del sector agrícola, los programas de inversiones en Bulgaria pero no puedo ignorar, por ejemplo, las últimas apreciaciones de EUROSTAT, publicadas hace una semana y que muestran literalmente la derrota de las conquistas sociales en Bulgaria. 
Creo que debemos analizar todas estas cosas. 
Señor Presidente, me complace participar en este importante debate sobre la ampliación de la Unión Europea y en particular reconocer los avances logrados en la solicitud de adhesión de Malta. 
En septiembre de 1998 complació a esta Asamblea que el Gobierno de Malta informara a la Presidencia de su intención de reactivar la solicitud de Malta y desde entonces, tras haber creado el Gobierno las estructuras necesarias, Malta ha demostrado su sinceridad y determinación de pasar a formar parte de una Europa integrada y ampliada. 
Como procedo de un pequeño Estado insular semejante a Malta, puedo atestiguar el compromiso de la UE con el desarrollo de las pequeñas regiones periféricas y subdesarrolladas. 
En mi opinión, pese a las muchas críticas expresadas, se sigue realizando la visión de los padres fundadores de Europa. 
Estoy deseoso de que se produzca la participación de Malta y otros países candidatos en la Europa del nuevo milenio. 
Vale la pena observar que en junio de 2001 Malta había concluido las negociaciones sobre más de 17 capítulos diferentes, incluidas importantes cuestiones que van desde la educación y la formación hasta las telecomunicaciones, la pesca y la protección del consumidor. 
Señor Presidente, Señorías, cinco puntos desde la perspectiva de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Primero: todos somos conscientes de lo que significa la reunificación de Europa, de la dimensión histórica y responsabilidad tanto política como moral. 
Esto tiene que lograrse y lo lograremos porque es correcto y razonable. 
Segundo: los datos económicos evolucionan positivamente. 
El crecimiento económico en la Europa Central y Oriental está por debajo de la media de la UE. 
La situación macroeconómica ha mejorado. 
Las exportaciones de la UE a los países candidatos aumentan y estos países se benefician ya del proceso de negociaciones para la adhesión pues les ofrece una ayuda orientativa para las necesarias reformas que se deberían llevar a cabo también sin una perspectiva de integración en la UE tras 50 años de dictadura comunista. 
Tercero: el Sr. Comisario se ha referido ya a ello: la Unión Económica y Monetaria, el euro, no se logra sólo con la adhesión. 
Es importante que llamemos la atención sobre el hecho de que tras el cumplimiento de los criterios de Copenhague deben cumplirse los de Maastricht sin una cláusula opting out. El tiempo necesario para ello será probablemente de al menos tres, cuatro, cinco o más años. 
Cuarto: pero el dinero y los balances no son todo. 
Los datos económicos son positivos pero son sólo un medio para lograr un objetivo y no un objetivo en si mismo. 
Hoy lo hemos dicho en el debate sobre Cercano Oriente: medio para el objetivo de lograr la paz, de proporcionar seguridad y de garantizar la estabilidad social, levantar una estructura común democrática y garantizar el crecimiento y el empleo. 
Quinto: hay que hacer muchas cosas: cumplir los criterios de estabilidad, controlar las ayudas estatales, superar las desigualdades regionales, reformar el sistema de pensiones, de seguridad social y de salud, impulsar con rapidez la privatización y garantizar la independencia de la justicia y de la administración estatal. 
Hemos logrado una importante etapa. 
Miramos el objetivo con optimismo. 
Señor Presidente, en la misma línea de otros oradores quiero manifestar también mi alegría ante el respaldo obtenido hoy por la ampliación. 
Es absolutamente fundamental que la UE envíe la señal de que deseamos la ampliación por nuestro propio bien. 
No obstante, también es importante que exista un amplio respaldo popular al proyecto entre la población de los países candidatos. 
Naturalmente son los propios países quienes deben guiar el debate sobre la adhesión, pero también es nuestra tarea garantizar que las condiciones sean de una naturaleza tal que el desarrollo de éste sea visto también por las poblaciones como un avance y que no tengan la sensación de que son los fuertes quienes arrollan a los débiles. 
La ampliación debe estar fundada por tanto en la reciprocidad, el respecto y la igualdad, y ante todo debemos entender por nuestra parte que el desarrollo de la Unión naturalmente cambiará cuando a ella lleguen nuevos países e individuos. 
Ellos tienen otras premisas distintas a las nuestras y precisamente esto es lo que también puede enriquecernos. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito el debate de esta tarde y las observaciones formuladas esta mañana por el Sr. Verheugen, que han sido extraordinariamente positivas. 
Quisiera formular una observación fundamental. 
La clave para la comunidad ampliada debe ser la integridad del Mercado Único. 
Debemos velar por que al final de estas negociaciones surja la integridad completa de dicho Mercado Único. 
Si no es así, habrá considerable resistencia a la ampliación por parte de empresas de la Comunidad y de los trabajadores de la Comunidad, que se sienten desfavorecidos. 
Pongo un ejemplo particular. 
Recientemente, en la República Checa hubo una reestructuración del sector bancario. 
Uno de los mayores bancos de la República Checa- IPB- fue sometido a administración y se hizo en provecho de otro banco: CSOB. 
Parece haber habido alguna utilización de ayudas estatales para apoyar la posición del CSOB y, por tanto, de un rival del IPB en el sector privado. 
Es evidente que toda esa historia resulta muy insatisfactoria. 
No es transparente y no está en consonancia con lo dispuesto en el Acuerdo de Asociación. 
Debemos velar por que no sigan sucediendo acontecimientos de esa clase. 
Como presidente de la comisión parlamentaria mixta, quisiera decir también unas palabras en relación con Lituania. 
Acojo con beneplácito el informe de la Sra. Souladakis. 
Está claro que el Gobierno lituano ha dado pasos enormes para ponerse a la altura de las circunstancias. 
Abrigo muchas esperanzas de que forme parte del grupo original en los 12 próximos meses. 
Pero una vez más debe velar por la aplicación del Mercado Único, en particular en relación con las falsificaciones en el sector audiovisual. 
Señorías, tal como esperan, no le sorprenderá a nadie que en tanto miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer de este Parlamento, me refiera a las mujeres, ya que una mayoría considerable de la población de los países candidatos está compuesta por mujeres. 
Mujeres muy vulnerables. 
No olvidemos que la mayoría de los países candidatos son también países de origen y tránsito de trata de mujeres. 
Por tanto, discutamos también sobre mujeres y no sobre agricultores, empresarios, sindicatos, etcétera en esta ocasión. 
Discutamos sobre esa amplia mayoría que queremos sea Europaminded y no tenga miedo de Europa. 
Si no se presta atención a este grupo, se fracasará sin lugar a dudas. 
Tiene que haber, por consiguiente, una campaña de información adecuada con la que las organizaciones de mujeres, y también todas las mujeres de forma individual, desde el campo a la ciudad puedan llegar a conocer, entre otras cosas, el acerbo comunitario en materia de mujeres. 
De esta forma Europa puede ser mejor aceptada y la situación de las mujeres puede mejorar considerablemente. 
Por último, quiero señalar que el Comisario Verheugen no ha pronunciado ninguna palabra sobre la situación de las mujeres en los países candidatos en su exposición de esta mañana, y lo lamento mucho. 
Señor Presidente, basándome en la experiencia griega, estoy seguro de que, contrariamente a lo que afirma la propuesta de resolución del Sr. Brok, se va a agudizar la ya lamentable situación de los pueblos candidatos a la adhesión a la Unión Europea, que se realiza, no para prestar servicio a los trabajadores, sino al capital. 
Estos trabajadores, ya desde la antecámara de su adhesión están viviendo las consecuencias políticas, sociales y económicas desastrosas de las privatizaciones y de la entrega de su economía al capital extranjero. 
Así pues, los sentimientos de solidaridad nos conducen a votar en contra de los informes. 
No queremos ser cómplices. 
En cuanto a Chipre, señalamos los elementos positivos del informe Poos, y además por ellos no vamos a votar en su contra, sino que nos vamos a abstener. 
Sin embargo, sigue siendo válida aquí también nuestra postura política general. 
Además, constatamos que el procedimiento de preadhesión, especialmente después de Helsinki, no sólo no ha traído la solución al problema de Chipre, sino que además ha animado a Ankara y a su vasallo Dektas a tener una postura aún más intransigente. 
Vemos con una inquietud especial que las negociaciones para la adhesión son explotadas como un medio de presión a los líderes chipriotas para que acepten una solución confederacional, o sea el reconocimiento de iure del ataque y ocupación del territorio chipriota y el pleno abandono de las decisiones pertinentes de las Naciones Unidas. 
Vean también las declaraciones relativas del Presidente actual del Consejo de Europa, Sr. Michel. 
Señor Presidente, Señorías, la alineación entre instituciones y ciudadanos gira en torno a la riqueza de la gente en la mayoría de los casos. 
En nuestros países hay miedo ante los inmigrantes, el traslado de las empresas y la pérdida de empleos. 
Eso existe, igualmente, en los Estados candidatos en los que la adhesión a la Unión Europea se mide por los ingresos, el aumento de los mismos y el empleo. 
Si echamos un vistazo a las últimas cifras sobre empleo en los países de Europa Central, vemos que ha retrocedido en todas partes, salvo en Hungría, Lituania y Eslovenia. 
De ahí que debamos prestar una atención absoluta a esta evolución. 
En lo que a la política social se refiere, quiero referirme principalmente a dos cuestiones. 
Voy un poco en la misma dirección que la Sra. Maes. 
El papel lo soporta todo, pero hay que aprender a ir más allá de lo escrito y ver qué se esconde tras ello. 
En primer lugar, la seguridad social. 
El gran peligro es que la seguridad social de antes se derrumbe y el nuevo sistema de seguridad social no exista todavía, o no de forma suficiente, que entonces, toda una generación de personas no se beneficie ni de uno ni de otro sistema. 
Por mi experiencia y por las conversaciones que he mantenido en algunos países, parece ser éste el caso. 
Es terrible, por tanto, porque indica que un gran grupo de gente se empobrecerá más. 
Estas personas comparan la situación con la de antes y consideran que ahora están todavía peor. 
Por consiguiente, éste es un primer punto, y pido a la Comisión que preste mucha más atención al problema de la seguridad social de la prestada hasta ahora. 
Una segunda cuestión es la construcción y ampliación de las organizaciones de los interlocutores sociales. 
Del mismo modo, gracias a mis contactos en esos países, constato que existen muchas dificultades y mucho retraso en ese ámbito. 
Por ello, de nuevo tenemos que ver la realidad qué se esconde tras los papeles y las palabras. 
Ayudémosles y ayudemos a los interlocutores sociales a prestarse asistencia. 
Señor Presidente, hace un momento he escuchado con cierta sorpresa que mi nombre se había convertido en Michel en la interpretación inglesa. 
Es cierto que trabajo muy estrechamente con el Ministro Michel, pero todavía no se ha producido una total transfiguración. 
Quisiera empezar, Señorías, disculpándome por haber llegado un poco tarde y no estar aquí a las 15.00 horas en punto. 
Se debe a que he participado, en nombre de la Presidencia, en la Conferencia de Presidentes de Comisión. 
Dado que tampoco tengo el don de la ubiquitas, no he podido llegar a tiempo, por lo que vuelvo a disculparme. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, muchos de ustedes se han referido, bien durante las exposiciones de esta mañana, bien en los, por otra parte, muy interesantes informes que han presentado sobre los avances realizados en los Estados candidatos- en la mayoría de los casos con mucho placer y mucha simpatía- a los contactos que han mantenido con personas en los Estados candidatos, las visitas que han efectuados y cosas similares. 
También es ése mi caso. 
Al fin y al cabo, he visitado todas las capitales de todos los Estados candidatos con los que estamos negociando, al menos una vez y, en algunos casos, dos, tres o más veces. 
Eso, precisamente, crea un lazo que genera algo más que intereses puramente políticos, en teoría, para los países en cuestión. 
Creo que hasta resulta emotivo ver cómo en sus informes sobre los avances realizados actúan casi como padrinos y madrinas de los Estados candidatos sobre los que deben presentar su informe. 
Por otra parte, quiero subrayar con agrado que este Parlamento, en sus diferentes composiciones, se ha convertido en uno de los grandes motores de la ampliación. Un motor que nunca ha refunfuñado, que nunca ha parado y creo que pueden añadirlo a su blasón. 
Pero hay más. 
También quiero en particular, no sólo siguiendo el ejemplo de la Sra. Lalumière, sino también porque yo misma lo creo, felicitar muy sinceramente a la Comisión, al Comisario Verheugen y a sus servicios ante el gigantesco trabajo que realizan con las negociaciones. 
En este momento, se están siguiendo más de 300 negociaciones diferentes. 
Sólo hay que multiplicar los capítulos por el número de Estados miembros. 
Sé muy bien que son paralelas, pero dos situaciones no son nunca totalmente comparables. 
La opinión pública que apenas lo sabe, porque no se le dice lo suficiente, cree, por ello, que se tarda tanto en proceder a la ampliación porque vacilamos o porque no hemos adoptado decisiones realmente correctas. 
No tiene una idea directa de cuán complejo es todo este asunto. 
No es culpa de la opinión pública. Es culpa de todos los que no se lo han comunicado, entre ellos, nosotros mismos. 
El trabajo no se ha terminado todavía, pero ya se ha dicho que la línea de meta está a la vista. 
Por supuesto, eso aumenta el nerviosismo y aumentan las apuestas sobre quién será el primero en alcanzar la línea de meta. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Comisario Verheugen en que nos equivocaríamos si especuláramos con qué Estados candidatos estarán en la primera ola y cuáles no. 
Todavía es demasiado pronto, pero todos juntos debemos empezar a reflexionar sobre la forma en que convertiremos esos ingresos en hechos efectivos. 
Tal vez pueda añadir como pequeña anécdota que cuando Suecia, Finlandia y Austria ingresaron- y también era una crónica de un hecho largamente anunciado del que todo el mundo estaba al tanto- sin embargo, no había suficientes intérpretes y traductores, sólo por destacar un aspecto. 
Ese problema se hace cada vez más complejo, pero también a este respecto todas las instituciones deben prepararse con tiempo. 
Esta mañana he dicho que la ampliación es el futuro de la Unión Europea. 
El Sr. Jonckheer, un compatriota mío, pero no compañero de partido, lo ha negado aseverando que el futuro es incierto. 
Repito lo que he dicho esta mañana. Añado a ello que no lo he dicho por guardar las formas. 
Lo he dicho porque estoy firmemente convencida de ello, aunque también me agrada decir que el futuro no se limitará a la ampliación, pero que esta gran tarea es la primera que tenemos que cumplir en el futuro cercano. Es absolutamente cierto. 
El Primer Ministro de mi país comparte esta opinión y, además, tiene previsto, sin lugar a dudas, un lugar y un papel para los Estados candidatos en sus propuestas relativas a la preparación de la CIG, y se lo digo con gran certeza. 
Con ello, respondo a la preocupación que el Presidente de grupo Poettering ha manifestado esta mañana. 
Durante la llamada "reunión Gymnich" de finales de esta semana, los Estados candidatos participarán en un intercambio de ideas sobre el futuro de Europa. 
Durante el Consejo informal de Gante y, obviamente, durante el Consejo Europeo de Laken, la ampliación saldrá a relucir. 
Se abordará dentro del espíritu que el Comisario Verheugen y yo misma hemos expuesto y también dentro del espíritu que casi todos ustedes, sin excepción, han manifestado en sus respectivas exposiciones. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, la ampliación de la Unión Europea es sin duda el proyecto más fascinante e importante que tenemos. 
Coincido plenamente con ello. 
Por lo tanto, creo que el futuro está seguro, como usted ha dicho. El momento quizás no sea del todo seguro pero tendrá lugar y esto es bueno e importante que sea así. 
Sin embargo, esto no nos debe ocultar el hecho que aún hay que solucionar algunos problemas o que la ampliación como tal crea naturalmente problemas que debemos superar pero que no pueden ser el motivo de aplazar o suspender las cosas. 
Unos de los problemas es sin duda la cuestión social a la que ya se han referido los oradores anteriores, pues con los candidatos a la ampliación, la distancia existente entre ricos y pobres dentro de la Unión Europea va a ser mayor. 
No porque ahora los ricos se empobrezcan sino porque en la Unión hay que plantear de nuevo estas cuestiones. La política de cohesión va a tener que cumplir de este modo una tarea nueva aún más importante. 
Allí donde ricos y pobres se topan, en especial en las regiones fronterizas, ocasionará naturalmente también problemas ya que entre los más ricos existen también capas más pobres, trabajadores menos cualificados que se sienten amenazados. 
Aquí hay que encontrar soluciones. 
Felicito a la Comisión y al Consejo por haber encontrado una medida razonable que se puede aplicar con flexibilidad y en el plazo más corto posible, pues el objetivo es la integración. 
Integración significa convivir, no sólo coexistir sino convivir y crecer conjuntamente. 
Esta es una importante tarea que tenemos que cumplir paso a paso conjuntamente. 
Un segundo problema al que quiero referirme es el de las minorías. 
Todos vivimos en un continente de minorías. 
La protección de las minorías es una importante tarea que en la actual Unión aún no hemos solucionado plenamente. 
Con todo el derecho que existe para proteger a estas minorías, sin embargo también debemos tener en cuenta que debemos pensar en los ciudadanos de toda Europa y no crear nuevos privilegios. 
Lo digo pues me he ocupado en especial de Hungría ya que la legislación de este país corre quizás el peligro de crear ciertos privilegios para los húngaros que viven más allá de sus fronteras, es decir, en los países vecinos Eslovaquia y Rumanía. 
Creo que se debe ser aquí precavido; protección y solidaridad con las minorías húngaras "Sí" pero no una nueva discriminación. 
He llegado al punto de la discriminación, que es el último, y quiero añadir que en todos los campos las leyes que apuntaban hacia una discriminación, se han suprimido y, por ejemplo, y se ha suprimido la discriminación debida a la religión, el sexo o el comportamiento sexual, también en Rumanía, lo que ha sido un gran éxito de nuestro trabajo conjunto. 
Que esto figure aún en el informe es al menos según mis informaciones algo que se ha quedado ya obsoleto pues se ha aprobado una ley que suprime la discriminación de los homosexuales. 
Así pues, se ve cómo las cosas están en marcha y cómo nuestro trabajo conjunto mejora ya ahora la situación en Europa, antes de la ampliación. 
Señor Presidente, como dijo Romano Prodi en el debate del año pasado, en Europa todos somos minorías. 
Hoy el Comisario Verheugen ha dicho que vivir en Europa es vivir con transacciones. 
A mi juicio, éstas son decisivas para los valores europeos. 
A la inmensa mayoría le corresponde hacer transacciones en pro de la minoría. 
Así, pues, no me gustó que el ponente del Parlamento Europeo sobre Eslovaquia acusara a los partidos de la minoría húngara de poner ultimátums y utilizar métodos propios sólo de época de guerra, cuando hicieron depender su futura participación en el Gobierno de una reforma administrativa. 
La observación del ponente parece muy injusta y no tiene en cuenta los diferentes pasos en el desarrollo del autogobierno en diferentes niveles ni tampoco es coherente con las opiniones expresadas por el Primer Ministro de Eslovaquia. 
Los representantes políticos húngaros, pese a la aprobación de nuevas fronteras administrativas promovidas por partidos nacionalistas y de izquierdas y que les privaron de oportunidades para obtener una representación política adecuada, han indicado que están dispuestos a seguir en el Gobierno, pero su futura participación depende de que se dé contenido real a las leyes administrativas. 
Eso es lo que nosotros pedimos en la Resolución nº 39. 
Señor Presidente, una de las apuestas más importantes que se pueden hacer en los países de Europa Central y del Este son las inversiones en carreteras, en ferrocarriles y en otras infraestructuras. 
Si se mira Europa desde la altura, se aprecia muy nítidamente la frontera entre el Este y el Oeste. 
Con esto también queda claro que la UE y sus Estados miembros pueden obtener muchos beneficios si participan en el mejoramiento de las carreteras y ferrocarriles de los países candidatos y en su posterior integración en las redes europeas. 
Para un país como Polonia- que la Comisión de Política Regional y Transportes ha estudiado en relación con los transportes- lo dicho es totalmente aplicable. En Polonia, el mayor país candidato, se han hecho grandes mejoras en carreteras y ferrocarriles en los últimos diez años. 
En la UE hablamos a menudo del Este y el Oeste, pero en relación con un país como Polonia es igualmente importante emplear la dimensión Norte-Sur. 
Polonia ya es uno de los países más importantes de Europa en materia de transportes entre el norte y el sur de Europa. 
La integración de Polonia en el sistema de transportes de la Unión significaría ensanchar la cintura de Europa. 
Los transportes en el eje Norte-Sur podrían contar con más ramificaciones. 
Esto aliviaría a Alemania, algo ventajoso especialmente desde una perspectiva medioambiental, y, simultáneamente, aumentaría la competencia, elemento favorable para el empresariado. 
El día que Polonia y los demás países candidatos de las riberas del Mar Báltico sean miembros de la Unión, podremos imponer exigencias comunes en materia de seguridad marítima y de respeto al medio ambiente en esas delicadas zonas costeras. 
Hay, por tanto, muchas ventajas asociadas a la incorporación de Polonia a la UE. 
Señor Presidente, la ampliación no es un fin en sí mismo, evidentemente es un medio; yo diría más, es un medio dentro de un conjunto de medios. 
Medios, por ejemplo, son: la profundización política, la cohesión económica y social y la suficiencia presupuestaria. 
La ampliación será un éxito en la medida en que esos últimos tres medios también estén bien presentes. 
Si es un medio ¿cuál es el fin? 
Que la gente viva mejor cualitativa y cuantitativamente en los países de la actual Unión y en los países candidatos. 
De ahí que esto también valga para un país como Bulgaria. 
Esperamos que en la próxima etapa política que este país va a vivir tras las últimas elecciones, el esfuerzo y la voluntad europeísta manifestados hasta la fecha sigan igual de altos y que, además, se refuercen acciones imprescindibles en varios ámbitos. 
En primer lugar, en el ámbito político. 
Tenemos que decir claramente al Gobierno búlgaro que este Parlamento ni siquiera se plantearía votar un tratado de adhesión si, por ejemplo, siguiera vigente el artículo 157 del Código Penal, que establece una discriminación inaceptable para los ciudadanos y ciudadanas homosexuales de Bulgaria. 
Evidentemente, también, tenemos que pedir al Gobierno búlgaro que avance en la reforma del poder judicial, en la lucha contra la corrupción, en la mejora de las condiciones sociales de vida de los ciudadanos y, particularmente, en la lucha contra el paro. 
También debemos pedir que se avance en la protección del medio ambiente y, sobre todo, que se cumplan los compromisos adquiridos hasta la fecha respecto al cierre, en determinados plazos, de las unidades 1 a 4 de la central nuclear de Kozloduy. 
En definitiva, queremos decirle a Bulgaria que la voluntad de este Parlamento es que se haga bien y a tiempo su incorporación a la Unión Europea, pero, lógicamente, en el marco político, económico y social fijado. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Constitucionales se ha limitado en su opinión sobre los informes de los países a algunos pocos puntos que son de importancia para todos los candidatos a la adhesión y que se han recogido lógicamente en el informe Chapeau de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Nuestra Comisión exige un esquema más madurado para la futura representación de los países candidatos en el Parlamento Europeo a lo que prevé el Tratado de Niza. 
Exigimos que se corrija el trato desigual que se da a Hungría y la República Checa y consideramos necesario que también tras la elecciones al Parlamento Europeo del 2004 se adopten las medidas adecuadas preventivas para los candidatos que se adhieran después. 
Otro aspecto importante de la Comisión de Asuntos Constitucionales se refiere a la participación más rápida posible de los países candidatos en el llamado proceso posterior a Niza. 
Una reforma constitucional europea sin la participación de los futuros miembros es indefendible políticamente. 
Naturalmente, no puede haber una codecisión plena para los candidatos mientras sean candidatos, pero se van a ver afectados y por ello deberíamos conceder importancia a su opinión. 
Nuestra comisión está además a favor de integrar activamente a la población civil de los Estados miembros y de los países candidatos en el proceso de reforma de nuestras futuras instituciones. 
Condición previa será una buena información, amplia y, sobre todo, no unilateral. 
En la Comisión se ha aprobado ya por lo visto otro asunto. 
El Comisario Verheugen se ha referido en el debate de esta mañana al tema de que la aplicación del derecho comunitario va gozar de prioridad en la valoración de la aptitud para pertenecer a Europa por parte de los candidatos. 
Sólo podemos apoyarle plenamente. 
Hay otra declaración del Comisario Verheugen de esta mañana que la valoro con sentimientos encontrados. 
Señor Comisario, usted ha declarado a las regiones fronterizas como la punta de lanza del proceso de ampliación de la UE. 
Ante la gran reserva de la Comisión ante el tema del fomento de las regiones fronterizas, tengo el temor de que algunas regiones fronterizas se vean en una relación diferente a la de punta de lanza. 
Más bien lanceadas. 
Quizás se pueda encontrar una solución en una cooperación constructiva. 
Señor Presidente, Malta es uno de los doce países candidatos que, por excelencia, cumple los requisitos que impone en general la Unión Europea. 
El informe Stenzel, con el que estoy completamente de acuerdo, describe de forma inmejorable toda esta evolución. 
Sin embargo hay un problema en cuanto al por qué una parte importante de la población de Malta, a la que nosotros recibimos con los brazos abiertos en su totalidad, tiene algunas reservas e interrogantes. 
Veremos, por ejemplo, que hay una población agrícola total de mil personas y que la agricultura es un problema para Malta y para estas mil personas. 
Se plantean si es que, a causa de su pequeña extensión, puede que alguien vaya y compre toda Malta como parcelas. 
Otros pueblos tienen problemas por su identidad cultural. 
Quiero decir que la visión que damos sobre Europa debe ser una visión de salvaguarda de todos los derechos de los ciudadanos que a continuación se anexionen, ya sean derechos culturales, económicos o sociales. 
En este sentido, como muchas veces los debates que aquí celebramos son muy tecnocráticos y se ocupan sólo de índices, de Maastricht, de aproximaciones, debemos entender que para estos pueblos, cuya mayoría tiene ahora problemas económicos, tiene más peso el elemento económico. 
Para acercar más a estos pueblos, y también a nuestros pueblos, tenemos que darles la imagen de una Europa segura, en paz, con cultura, con las particularidades de cada uno, tanto la particularidad sexual que muchas veces debatimos, como la cultural; porque la multiplicidad de las necesidades no son sólo las particularidades sexuales, también lo son las intelectuales, las culturales y lingüísticas. 
Así, considero que Malta, que es una miniatura, es una perspectiva positiva, pero a la vez, por medio de Malta, podemos ver también otros aspectos de nuestras políticas. 
Señor Presidente, en esta fase del seguimiento y evaluación de la marcha de la preadhesión de los países candidatos, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades quiere dejar claro que la adopción del acervo comunitario en el marco de la igualdad de hombres y mujeres es una condición indispensable para la adhesión como parte inseparable del respeto de los derechos humanos. 
Es decir, por una parte se debe armonizar la legislación nacional de estos países con el acervo comunitario en el campo de la igualdad de los dos sexos, y, por otra parte, se deben desarrollar mecanismos e instituciones que faciliten la aplicación de políticas relativas. 
A partir de las opiniones de nuestra comisión, se puede observar constantemente cierta dificultad de acceso de las mujeres al mercado laboral, una representación baja en el proceso de toma de decisiones. 
También se refieren problemas especiales como por ejemplo el elevado desempleo en Lituania, en la República Checa y en Letonia, la violencia y la trata de seres humanos a costa de las mujeres en Hungría, Bulgaria, Eslovaquia y en Turquía. 
Paralelamente hemos aplaudido los avances positivos, como los mecanismos estatales en Lituania para facilitar las políticas relativas y el porcentaje de empleo de las mujeres en Chipre, que está cerca de la media comunitaria. 
Por otra parte, Chipre, tal como ha mencionado el ponente, Sr. Poos, está en primer lugar entre los países en negociaciones y cumple plenamente los criterios económicos y políticos requeridos para la anexión. 
Por esta razón, son una convicción y aspiración completamente válidas que si, a pesar de nuestros esfuerzos no llega a buen puerto la cuestión chipriota a causa de la intransigencia permanente de la parte turca, Chipre sea miembro de pleno derecho de la Unión Europea en cuanto se haya completado el proceso de preadhesión. 
Demanda de nuestra comisión, señor Comisario, para volver al lado de las mujeres, es que los países candidatos participen en los programas comunitarios que contribuyen a salvaguardar los derechos de las mujeres y a animar a la sociedad civil, especialmente a las asociaciones no gubernamentales de mujeres, a que participen en dichos programas. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores colegas, Europa ha sentado sus bases en la idea de anular definitivamente los conflictos bélicos entre los distintos estados nacionales que la conforman. 
En un momento de su historia, estos estados decidieron no permitirse a sí mismos volver a entrar en el horrible báratro de las matanzas humanas. 
Paralelamente anularon entre ellos la diplomacia de las amenazas y de las presiones y la sustituyeron, mediante la lengua de la conciliación, de la conformidad, del entendimiento de buena fe. 
La ampliación de la Unión Europea no puede significar nada más que, en primer lugar, ampliación de la aplicación de estos principios. 
En ningún otro lugar del ámbito europeo actual más que en Chipre hay una necesidad más viva de tal ampliación. 
Allí, la realidad histórica de la violencia, de las amenazas, de las fronteras manchadas de sangre, de la ocupación militar, de las confrontaciones armadas, de todas estas situaciones de las que Europa ha retirado su mirada con terror, constituyen para las dos naciones que habitan la isla, la realidad diaria. 
Para el norte de Chipre, ocupado por Turquía, la consecuencia es la miseria y la anulación de las libertades políticas de su población. 
Predomina un régimen militar bajo la capa de una falsa democracia. 
La economía florece en el sur de Chipre que, aunque mutilado por la ocupación turca, constituye la verdadera en su funcionamiento y reconocida internacionalmente República de Chipre; el bienestar de los habitantes aumenta, se cumplen todos los requisitos económicos y políticos de Copenhague, pero las personas de allí se ven privadas de su derecho natural y más básico: el de andar libremente por su patria, el de volver a las casas donde nacieron, a sus pequeños pueblos, el de recorrer toda la extensión de su patria sin encontrar alambradas, sin enfrentarse a los cercados, a ciudades partidas en dos, a soldados armados preparados para disparar. 
En estas condiciones, la adhesión de Chipre a la Unión Europea, que no debe retrasarse, constituye a un tiempo la formación de una nueva situación de paz en las relaciones internacionales en la región más amplia del Mediterráneo oriental entre Grecia, Turquía y Chipre, y será la bendición de la Unión Europea para estos tres países. 
Señor Presidente, Señorías, la ponente sobre la solicitud de Letonia para su adhesión a la Unión Europea, la colega Schröder, ha realizado unas constataciones muy importantes y acertadas. 
También me han parecido muy críticas. 
Por ello, permítanme que destaque dos aspectos positivos que quizás arrojen una imagen global algo más risueña y también más realista. 
En muchos informes- también en el relativo a la solicitud de Letonia- al principio figura una constatación que es sencilla e importante pero que no es algo evidente. 
Letonia cumple los criterios políticos para convertirse en miembro de la Unión Europea. 
Esta simple frase supone unos sensacionales logros, logros que merecen respeto y reconocimiento. 
Ante la difícil situación de partida y de las complicadas condiciones marco existentes, el cumplimiento del primer criterio de Copenhague es un resultado excepcional. 
Esto es aplicable sobre todo a los tres Estados bálticos que, en comparación con todos los demás candidatos, eran los que estaban más intensamente inmersos en las estructuras totalitarias de la antigua Unión Soviética. 
Esto es en especial aplicable a Letonia, ante la complicada composición étnica de la población de este país. 
Precisamente, ante el trágico trasfondo histórico, los esfuerzos sistemáticos y continuados del Parlamento y del Gobierno para la integración social de todos los habitantes del país, merecen nuestro respeto y apoyo. 
Letonia es también un excelente ejemplo de cómo una perspectiva política clara puede fortalecer y acelerar el desarrollo social y económico. 
El 15 de febrero del año 2000 se abrieron formalmente las negociaciones para la adhesión. 
El mismo año, el producto interior bruto obtuvo un incremento del 6,6 % y en el primer trimestre del año en curso el crecimiento alcanzó incluso el 8,2 %. 
Esto son sólo unos pocos de los numerosos indicios que muestran las oportunidades existentes para la estabilidad política y la dinámica económica derivadas de la ampliación. 
Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero felicitar al presidente de nuestra Comisión de Asuntos Exteriores, Elmar Brok, por haber recogido en la resolución sobre los países importantes puntos de las opiniones de las comisiones competentes para ello. 
Como coponente de una de esas opiniones, la de la Comisión de Libertades Fundamentales y de una opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, hoy soy una de las pocas representantes de las comisiones competentes para emitir opiniones que puede participar en este debate. 
Por ello, debo criticar algo nuestro procedimiento parlamentario. 
Esto afecta por un lado al momento de este debate. 
Creo que habría sido mejor esperar a los próximos informes sobre los trabajos en curso de la Comisión. 
Por otro lado, me parece muy lamentable que sólo pocos ponentes para los países de la Comisión de Asuntos Exteriores hayan tenido en cuenta las opiniones de las comisiones correspondientes y que los autores de dichas opiniones no hayan obtenido automáticamente, en contra de la costumbre de esta Asamblea, un tiempo de intervención en este debate. 
No obstante, estoy muy satisfecha de que puntos muy importantes de mis comisiones se hayan incluido en la opinión para todos los países. 
Por un lado, se trata de la importancia del artículo 13 y del acquis que hemos desarrollado entretanto para combatir las discriminaciones. 
Creo que esto se debe considerar con la misma importancia en las negociaciones sobre la ampliación como, por ejemplo, el derecho del mercado interior. 
Por otro lado, también creo que es muy importante indicar que en la resolución se contiene por primera vez la exigencia de que en el futuro se considere como cuestión comunitaria el aseguramiento de las fronteras exteriores de la Unión Europea ampliada y no como tarea exclusiva del país en el que se encuentra la frontera. 
Para finalizar, quiero plantear aún un ruego dirigido precisamente a los diputados austríacos. 
Me parece que el informe del colega Schröder sobre la República Checa es muy bueno y ruego a la Asamblea que lo apoye en todos sus puntos. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la ampliación es el mayor imperativo jamás concebido para el proyecto político europeo. 
Pero la ampliación no es una finalidad que se agote en sí misma. 
Es, desde luego, un medio para alcanzar fines de naturaleza política, económica, cultural y de civilización. 
La ampliación debe significar más y mejor Europa y no menos Europa, aun aumentada en espacio y en territorio. 
La ampliación debe contar con el apoyo y la aceptación de las opiniones públicas nacionales. 
Muchas opiniones públicas son partidarias de la ampliación por motivos ajenos al simple cálculo económico y a los egoísmos nacionales. 
Esperan que la ampliación fortalezca a Europa y sea justa. 
Si así no fuere, se sentirán defraudadas. 
Por ejemplo, los portugueses, según los sondeos de opinión, son claramente partidarios de la ampliación más que- ¡oh, ironía! -los belgas, los franceses y los alemanes. 
¿Por qué? 
Porque los portugueses se beneficiaron del apoyo de la Unión Europea en un momento dramático de su historia reciente y consideran que los otros europeos también tienen ese derecho. 
Pero los mismos ciudadanos portugueses no tendrían la misma actitud, si temieran que con la ampliación se debilitara el proyecto europeo y se comprometiera la cohesión interna de Europa. 
Nos congratulamos de la forma ordenada, metódica y acendrada como transcurren las negociaciones, pero aún no se ha abierto el núcleo duro de los dossiers más difíciles. 
Algunos diputados han propugnado hoy, en este Pleno, que los diez candidatos ingresen en la Unión Europea de aquí a 2004. 
Me parece temerario. 
No debemos retrasar el proceso de adhesión con expedientes, pero tampoco debemos apretar el acelerador. 
Se debe respetar el ritmo de cada uno de los países candidatos. 
El conocido escritor francés Paul Valéry, en el decenio de 1930, acuñó una frase célebre, al decir- y cito- que ahora las civilizaciones saben que son mortales. 
Y señaló que la principal debilidad de Europa era la incapacidad para constituir un cuerpo político dotado al mismo tiempo de poderes fuertes y legítimos. 
¡Ése es el problema! 
Esperamos que la ampliación contribuya a crear ese cuerpo legítimo y fuerte y no su contrario. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, permítanme primero subrayar que el grupo del PPE apoya plenamente las conclusiones del informe Wiersma sobre la posible adhesión de Eslovaquia a la Unión Europea. 
Eslovaquia es un ejemplo de cómo la voluntad política de un país en una difícil situación de partida- en comparación con los demás países candidatos había perdido casi cuatro años bajo el régimen de Meciar -, en una carrera de recuperación de terreno es capaz de alcanzar a otros países para tomar parte en las negociaciones sobre el proceso de adhesión y de solucionar problemas con rapidez. 
Sobre todo, es de destacar que Eslovaquia ha estabilizado la economía con éxito en los años pasados y ha atacado amplias reformas estructurales, inclusive la privatización de los bancos, llevándolo en su mayor parte a la práctica. 
Pero la adhesión de Eslovaquia- país situado entre Polonia, la República Checa y Hungría- es también necesaria para la Unión Europea. 
El espacio de libertad y seguridad se puede garantizar mejor en una Unión Europea ampliada con una frontera exterior continua. 
Condición previa para la pronta adhesión de Eslovaquia es asimismo una rápida aplicación de las reformas en el Gobierno y en la administración, en lo que se incluye la independencia de la justicia, un control financiero eficaz, una reforma de los distritos y de la autoadministración municipal que habría que realizar en las próximas semanas. 
De este modo, se podrá garantizar la participación directa de las minorías nacionales- sobre todo, la húngara- en más de 500 municipios. 
Eslovaquia debería pues solucionar junto con nosotros y con la Comisión los problemas aún abiertos relacionados con la adhesión con la misma decisión que la mostrada hasta ahora para abrir de este modo su camino a la Unión Europea. 
Señor Presidente, dos temas en un minuto. 
Primer tema: Sigue habiendo grandes carencias en el ámbito social, también en el país al que sigo, Letonia. 
Creo que es importante comprender que una sociedad moderna se desenvuelve mejor si el nivel político y los interlocutores sociales cooperan entre sí. 
Por ello no debemos olvidar el diálogo social. 
No sólo el mercado interior es importante de cara a la ampliación. 
No debemos creer que la ampliación se hará sin problemas, y no podemos esperar una ampliación hermosa. 
Habrá carencias en la ampliación, será desordenada e ilógica, habrá largos regímenes transitorios, no se llevará a cabo ninguna reforma agraria completa ni ninguna reforma estructural completa. 
No digo que debamos aceptar todo. 
Sin embargo, pienso que debemos disponernos a mostrar cierta magnanimidad y que estamos obligados a aceptar una ampliación desordenada y nada hermosa. 
Debemos cumplir naturalmente los criterios de Copenhague, pero debemos contar con que no será tan hermosa como quizá pudiéramos esperar. 
Espero que vayamos a por la gran ampliación, que nos mostremos magnánimos y que tengamos "the big bang" en el año 2003. 
Señor Presidente, los colegas Queiró y Friedrich han dado a Hungría unas excelentes calificaciones en la Comisión de Asuntos Exteriores en lo que se refiere a los esfuerzos de adhesión de este país. 
Hungría fue el país que abrió el telón de acero y es el que primero se ha preparado para convertirse en miembro de la UE. 
Hoy vemos que los temores ante la ampliación comienzan a desaparecer gracias a Dios. 
En el "Burgenland", en la frontera con Hungría, se pudo ver que las fuerzas contrarias a la ampliación no tenían ninguna posibilidad y han perdido cada vez más terreno. 
Lo mismo es aplicable a Austria y Alemania en lo que se refiere a la República Checa y a Polonia, a pesar de que aquí los problemas son sin duda mayores. 
Sin embargo, creo que se trata de una evolución positiva y esta evolución tiene que ver con la política de Hungría, que ha regulado de modo ejemplar sus problemas de minorías, adoptando una clara línea proeuropea que apoyan todos los partidos. 
Quiero apelar aquí a la República Checa, país que aprecio asimismo mucho, y del que espero que, al igual que Hungría, pertenezca a la primera fila de los candidatos a la adhesión y que logre solucionar como Hungría los problemas de las minorías y enfrentarse a las cargas históricas y que, por otro lado, logre también establecer un consenso entre los partidos políticos en lo que se refiere a la integración política; considero esto esencial. 
Estoy convencido de que los llamados países candidatos- es un concepto que no me gusta- no pueden convertirse en un lastre para la unificación europea sino que precisamente Hungría, la República Checa y otros pueden convertirse en motores de la integración europea. 
Esto es aplicable también a Eslovaquia, país que tiene dificultades políticas internas. 
Pero si las supera, creo que Eslovaquia, junto con Hungría, la República Checa y Polonia se incluirá entre aquellos impulsarán la integración europea. 
Por ello, debemos tener menos miedo ante este proyecto que no se debería llamar ampliación hacia el este de la UE sino, citando al Papa Juan Pablo II se debería llamar la "europeización de Europa". 
Pues, una Unión Europea sin Hungría y República Checa no es una Unión Europea. 
Señor Presidente, también yo quiero sumarme a los agradecimientos al Sr. Brok por haber elaborado el informe sobre esta ampliación. 
Pienso que la decisión de abrir un proceso de ampliación pone de manifiesto la gran visión que tuvieron nuestros antecesores. 
Sin embargo, a esta gran capacidad de visión y de perspectiva no le ha seguido una iniciativa financiera y presupuestaria apropiada. 
Pienso que es necesario revisar la contribución de los Estados miembros con el fin de hacer frente a los nuevos compromisos y a las nuevas necesidades, incluso antes de 2006. 
La ampliación, al igual que todo lo nuevo, provoca incertidumbre en la opinión pública. 
Debemos tranquilizarla no solo desde el punto de vista político, sino también desde el económico, sobre todo en lo que a las políticas estructurales y de cohesión se refiere. 
La rica Europa debe ser más generosa y los Gobiernos han de ser los intérpretes de esta generosidad. 
En lo que respecta a Eslovenia ya he podido dar las gracias al ponente, Sr. Volcic, por la riqueza de su aportación y de su informe. 
Considero que el de la adhesión es el primer momento para afrontar el problema de las relaciones con los países balcánicos tras la guerra. 
El primer y único imperativo que la Unión Europea debe confirmar y afirmar, en el caso de que falte, es la dimensión multicultural basada en el reconocimiento y el respeto a las diferencias, a todas las diferencias: físicas, intelectuales, étnicas, religiosas, económicas, etcétera, para que ya no existan guerras étnicas o de religión. 
Europa y la Unión Europea deben exigir la reciprocidad de todos los países con los que mantienen relaciones o en beneficio de los cuales orientan programas de solidaridad, en lo que se refiere a la dimensión multicultural, ya que esta dimensión es el fundamento de toda construcción democrática de los Estados. 
Espero que en el futuro la condición eslovena sea reconocible en todos los países de los Balcanes para ofrecer paz y prosperidad a las poblaciones afligidas. 
Por último, espero que en el futuro la globalización no sea para la Unión Europea la maximización de los beneficios en el ámbito económico y la homologación de los ciudadanos en el ámbito social, sino la disponibilidad a armonizar las diferencias existentes. 
Señor Presidente, el que debatamos de nuevo a unas horas tan tardías sobre los antiguos informes de los trabajos en curso tiene quizás la ventaja de que poco antes del cierre de la redacción para los nuevos informes podamos introducir aún algún aspecto actual. 
No sólo desde que soy ponente a la sombra para Lituania observo la evolución del país con interés. 
Constato por un lado problemas clásicos de un país candidato que no son especialmente específicos del país, por lo que no se deben destacar de nuevo. 
Como un aspecto específico en el que como EU empleamos mucho dinero quiero destacar la política energética de Lituania. 
Este campo ha costado ya el cargo tres veces a un Jefe de Gobierno. 
En primer lugar, el tema Ignalina, al que se ha referido ya el colega Souladakis. 
Creo que en la aplicación del proceso de abandono de la energía nuclear tenemos que prestar atención por nuestra parte a que las personas que allí viven sean informadas en todo momento y exhaustivamente sobre lo que realmente se proyecta allí, también sobre sus propias perspectivas en esta región relativamente apartada. 
Según mi impresión personal, esto no se hace aún suficientemente. 
La consecuencia es que políticos lituanos aislados que no tienen responsabilidad a nivel de gobierno, despiertan en las personas esperanzas parcialmente erróneas y van de modo irresponsable a la caza de votos. 
Esto genera también un ambiente anti UE pues se debate de modo muy simplificado. 
En el proceso de privatización del sector del petróleo y del gas se ha generado asimismo una sensación de disgusto dentro de la población pues inversores occidentales se han comportado como en una república bananera. 
Entonces no se diferenciará tan exactamente si se trataba de extranjeros de la UE o los norteamericanos. 
Se genera escepticismo frente al capital occidental. 
Las llamadas soluciones nacionales lo tienen más fácil. 
En realidad, detrás de las supuestas soluciones nacionales en Lituania se esconde casi siempre dinero ruso. 
Sólo quiero asegurar que todos los afectados dentro y fuera de Lituania son conscientes de ello y tienen presente esta situación en sus procesos decisorios políticos y económicos. 
Señor Presidente, en lo que respecta a la adhesión de Chipre debemos congratularnos por el resultado de la votación en la Comisión de Asuntos Exteriores: 55 votos a favor y sólo 2 en contra. 
Ello pone de manifiesto el excelente trabajo de negociación y consenso llevado a cabo por el ponente y la colaboración de toda la comisión en este informe no exento de dificultades, debido, sobre todo, a la situación de ocupación de una parte de la isla por Turquía y al estancamiento del diálogo entre los Gobiernos turco y chipriota. 
Mi Grupo ha querido promover un texto que no obstaculice ni comprometa la reanudación de las negociaciones entre ambas partes, sino todo lo contrario, que motive y acelere el proceso de resolución del problema que, indudablemente, pasa por un cambio de actitud del Gobierno turco. 
Estamos a favor de la aprobación del informe con las enmiendas presentadas por nuestro Grupo que reflejan su preocupación por la situación de división política de la isla, apoyando, en este sentido, los esfuerzos de las Naciones Unidas por restablecer las conversaciones e instando a las partes en conflicto a que, por el bien del conjunto de la ciudadanía de Chipre, lleguen cuanto antes a una resolución del problema. 
Chipre ha cerrado ya 22 capítulos en la negociación y se presenta como un firme candidato a la adhesión. 
Sin embargo, habrá de trabajar intensamente en la incorporación del acervo comunitario, especialmente en el cumplimiento de la legislación medioambiental, donde se observan importantes déficit en las áreas de gestión de residuos y calidad y gestión del agua. 
Chipre debe avanzar también en poner freno al deterioro de su estabilidad macroeconómica, así como en el control de los movimientos de capitales. 
Con todo, insistimos en que un Chipre unificado sería la mejor garantía de paz, seguridad y prosperidad para la región. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quizás esta sea una buena ocasión y también un honor ser el último en hablar en un debate tan importante. 
Creo que este debate, en el ejemplo de Rumanía, tema sobre el que voy a hablar, ha mostrado qué posibilidades tiene el Parlamento Europeo. 
Como antiguo diputado nacional sé que las posibilidades de un diputado nacional son muy limitadas. 
Lo que la baronesa Nicholson of Winterbourne ha logrado en Rumanía con su informe, con su diligente trabajo, ha puesto en marcha algo en este país. 
El Comisario lo ha ensalzado así esta mañana y creo que podemos calificarlo como ejemplo a los numerosos grupos de visitantes que preguntan qué posibilidades tenemos nosotros en absoluto en el Parlamento Europeo. 
Al principio, el Jefe de Gobierno en Rumanía ha reaccionado como quizás reaccionan todos los Jefes de Gobierno de este mundo. 
El ha dicho: el Sr. Verheugen nos ha asegurado que esto es sólo el Parlamento Europeo, que tenemos que hablar con la Comisión y entonces en alguna ocasión nos convertiremos en miembros de la Unión Europea. 
Estoy seguro de que el Sr. Verheugen no lo ha dicho así allí. 
Se han remitido a él en todos los medios de publicación rumanos pero después se ha reconocido que es bueno ocuparse de los informes de este Parlamento, de los dictámenes de este Parlamento. 
En la cuestión de los huérfanos y también de los homosexuales en Rumanía hemos alcanzado una posición jurídica que se tiene que aplicar ahora, lo que no se podía prever hace unas pocas semanas. 
Permítanme que haga una observación sobre una cuestión sobre la que existen en este Parlamento algunas divergencias. 
Hay una enmienda del Grupo Socialista y del Sr. Sakellariou sobre la cuestión de si se deben mencionar o no las estructuras euro-atlánticas en este informe. 
La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa ha dicho: sí, si Rumanía quiere entrar en las estructuras euro-atlánticas. 
En este caso, debemos apoyarlo y precisamente en el ejemplo de Rumanía considero muy importante que lo hagamos. 
Sabemos que Rumanía no se va a convertir en la primera ronda el 2004 en miembro de la Unión Europea, por lo que sería aún más importante una decisión de la Alianza Atlántica de invitar en el 2002 a Rumanía para que se integre. 
Esto aumentaría la estabilidad en toda Europa, por lo que solicito que mañana rechacen esta enmienda y sigan a la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Les comunico que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido una propuesta de resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Me alegra que la Sra. Presidenta tome de nuevo personalmente la responsabilidad. 
Libro Blanco sobre la reforma de la gobernancia europea 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión referente al Libro Blanco sobre la reforma de la gobernanza europea. 
Concedo la palabra el Presidente de la Comisión, Sr. Romano Prodi. 
. (IT) Señora Presidenta, Señorías, hace dieciocho meses, al dirigirme a este Pleno, anuncié que una de las prioridades estratégicas de la nueva Comisión era reflexionar sobre el estado de las Instituciones de la Unión y promover nuevas formas de gobernancia. 
En esa ocasión, prometí que la Comisión publicaría un Libro Blanco antes de las vacaciones de verano de 2001. 
Hemos cumplido nuestro compromiso y me satisface enormemente hacer la primera presentación del Libro Blanco ante el Parlamento Europeo. 
Y ello no solo por motivos de protocolo: el tema central del Libro Blanco- acercar Europa a sus ciudadanos- es, de hecho, una de las principales preocupaciones que el Parlamento y la Comisión tienen en común. 
En cuanto representantes de los ciudadanos de Europa, ustedes son por definición el nexo legítimo entre la Unión y los pueblos que la integran. 
Por lo tanto, las propuestas específicas que llegarán de este Pleno, en respuesta y para completar el Libro Blanco, nos serán de gran ayuda para trazar el camino a seguir en los próximos años. 
Me será muy grato abrir un exhaustivo debate sobre sus propuestas a partir del próximo periodo parcial de sesiones del Parlamento que se celebrará en Bruselas dentro de 15 días. 
Desde el principio de mi Presidencia, he expresado la firme convicción de tener que revisar nuestra manera de construir Europa, para constituir un ejemplo de innovación en las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones políticas en un período histórico en el cual la transparencia y la responsabilidad se convierten en nuevas reglas de gobierno. 
La Cumbre de Niza, sin embargo, ha modificado el escenario político dentro del cual hay que desarrollar este proyecto. 
En efecto, tras la aprobación de la Declaración de Niza sobre el futuro de Europa por parte de la Conferencia Intergubernamental, ha comenzado un nuevo debate sobre el futuro de la Unión Europea y sobre sus últimas finalidades. 
Los líderes políticos y los ciudadanos han hecho oír su voz. 
Los europeos esperan mucho de Europa y esperan que su condición de ciudadanos de la Unión esté cargada de significados simbólicos y prácticos, como se puso de manifiesto claramente en el debate sobre la Carta de Derechos Fundamentales. 
Por esto, confío una vez más en que dicha Carta se incorpore plenamente a los Tratados. 
Por fin, Europa ha empezado el gran debate en torno a una democracia más completa. 
El desencanto, la abstención en las elecciones, la falta de confianza en los partidos políticos como vectores del consenso popular son fenómenos preocupantes y generalizados. 
Estos no solo afectan al estamento institucional europeo, sino a todas las relaciones entre los ciudadanos y sus representantes, sea cual sea el nivel de esta representación. 
Los ciudadanos europeos están inquietos, ya que perciben la fuerza de los cambios epocales que están viviendo nuestras democracias. 
El impacto de la globalización y los cambios de la sociedad han sido rápidos y brutales y han incidido profundamente en la vida cotidiana de todos nosotros. 
El proyecto de la Unión Europea ha supuesto durante muchos años una esperanza y hoy es el único ejemplo de respuesta concreta, operativa y democrática a los retos de la globalización. 
Frente a la aceleración de la globalización el modelo europeo de democracia, de competitividad y de solidaridad social es el único capaz de ofrecer la perspectiva de estabilidad que ansían nuestros ciudadanos. 
Ellos intuyen que cada Estado miembro, por sí solo, no resistiría las presiones externas tendentes al desmantelamiento de nuestras sociedades. 
Muchos acontecimientos han puesto en duda nuestra capacidad de cumplir esta gran tarea. 
Algunas elecciones fallidas en el reciente Tratado de Niza no han contribuido a mejorar la situación. 
Por este motivo, volver a poner en tela de juicio ante todos nuestras reglas de gobierno para preparar nuevas reglas es un deber urgente y ejemplar. 
Hablar de gobernancia equivale, de hecho, a hablar de democracia: de la democracia europea, de su funcionamiento, de sus problemas, pero también de sus perspectivas. 
En consecuencia, la Comisión ha concebido un proceso en tres etapas: en esta primera etapa, el Libro Blanco afronta los problemas relativos a la gobernancia europea "con Tratados inalterados". 
De hecho, estamos convencidos de que se puede hacer mucho modificando la manera de actuar de nuestras Instituciones y de los Estados miembros aplicando mejor y de manera más coherente las normas en vigor. 
En una segunda etapa, la Comisión comunicará su posición respecto al proceso de Laeken. 
Por último, en una tercera etapa sucesiva la Comisión señalará sus prioridades respecto a las modificaciones sustanciales de los Tratados constitutivos. 
Al preparar sus propuestas, la Comisión tendrá muy en cuenta las opiniones expresadas a lo largo del debate suscitado a raíz del presente Libro Blanco, y en primer lugar las críticas y las sugerencias que plantearán ustedes, el Parlamento. 
A la hora de elaborar el Libro Blanco, la Comisión ha querido mantener un enfoque concreto y operativo. 
En consecuencia, nos hemos centrado en la gobernancia europea desde dos puntos de vista: primero, las relaciones entre los ciudadanos, los cuerpos organizados de la sociedad civil, las administraciones centrales y locales y las Instituciones europeas; segundo, el funcionamiento de las Instituciones europeas y las relaciones entre las propias Instituciones. 
No podíamos transmitir a nuestros conciudadanos el mensaje de que el único instrumento capaz de resolver los problemas de la gobernancia aún pendientes a escala europea es la modificación de los Tratados constitutivos. 
Personalmente, no confío en una solución tan simplista. 
En consecuencia, hemos considerado necesario arreglar por completo nuestra casa y luego, debatiremos cómo reconstruir la ciudad. 
Es por eso que la Comisión ha elegido concentrar su Libro Blanco en las maneras de mejorar el sistema actual aprovechando mejor las decisiones de que disponemos en el ámbito de los actuales Tratados. 
Se pueden resolver muchos problemas aplicando con valor las normas en vigor ya establecidas y abandonando las prácticas que han desviado el proyecto europeo de sus objetivos originales. 
Por lo tanto, veamos cómo hemos avanzado en concreto en esta primera etapa. 
Apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia: son los cinco pilares que están en la base de los análisis y de las propuestas contenidas en el Libro Blanco que integran y refuerzan los dos principios fundamentales ya consagrados en nuestros Tratados: la subsidiariedad y la proporcionalidad. 
Las propuestas del Libro Blanco tienen como objetivo mejorar el funcionamiento del método comunitario actuando en tres ámbitos: primero, la definición de las iniciativas políticas de la Unión a través de una mayor participación de los ciudadanos; segundo, la puesta en practica eficaz de estas políticas; tercero, la distinción de los papeles y de las responsabilidades de las Instituciones europeas y la necesidad de centrarse en las respectivas funciones fundamentales. 
Ahora permítanme ilustrar breve y pormenorizadamente todo esto. 
En primer lugar, hay que implicar más a los ciudadanos en la definición de las políticas de la Unión. 
No se trata de alterar el equilibrio institucional o de ofrecer papeles de representación impropios a actores que no están legitimados democráticamente. 
Ustedes saben lo que pienso en este sentido: el Parlamento, este Parlamento, es la sede de la representación democrática de los pueblos de la Unión. 
No obstante, se trata de aceptar un nuevo reto: la demanda creciente, que nace de los ciudadanos, de expresarse no solo mediáticamente, a través de los órganos constitucionales, sino también más directamente, por medio de sus representaciones de gobierno local y de sus organizaciones espontáneas. 
Nuestra tarea no solo ha de ser la de contrastar esta expresión de riqueza democrática, sino más bien de canalizar las complejidades de la sociedad y encontrar los métodos correctos para dialogar, aun con métodos distintos, con las autoridades locales y la sociedad civil. 
En la base de todo esto existe un déficit de comunicación: si queremos acercar la Unión Europea a sus ciudadanos, o sea, convertir Bruselas en menos lejana, debemos explicar las políticas de la Unión en términos claros y sencillos y tratar de que puedan ser debatidas públicamente. 
A este propósito, es preciso favorecer la creación de una red europea, en la que todas las instancias de gobierno participen en la definición, la realización y el control de las políticas. 
El Libro Blanco propone dar un enfoque sistemático a la creación de esta red que exigirá los mejores contactos con organizaciones y organismos nacionales, regionales y locales, a fin de construir y aplicar las decisiones de la Unión, en el respeto más rigurosos a la organización constitucional de cada uno de los Estados miembros. 
Asimismo hay que consultar ampliamente a la sociedad civil. 
Evidentemente, no considero que estructuras como las organizaciones no gubernamentales puedan representar a la opinión pública de la misma forma que la representa el Parlamento Europeo o del mismo modo que lo hacen las asociaciones de empresarios y los sindicatos con sus miembros. 
Asimismo es preciso estar seguros de que la organización interna de las organizaciones no gubernamentales se basa en principios democráticos. 
La Comisión Europea, sin embargo, quiere aprovechar su energía y su compromiso, y el Libro Blanco estudia las modalidades de esta colaboración. 
Por lo tanto, en el Libro Blanco proponemos unos estándares de consulta mínimos con un doble objetivo: llegar a que quede lo más claro posible con quién hemos consultado y quién nos ha dado consejos, así como si nos proponemos seguir dichos consejos y cómo pretendemos hacerlo. 
Esto permitirá al Parlamento Europeo evaluar la calidad y la imparcialidad del proceso de consulta, a la hora de tomar sus decisiones a lo largo de los procedimientos legislativos. 
Pasemos ahora al segundo interrogante, es decir, qué podemos hacer para convertir en más eficaz la acción de la Unión Europea. 
Con frecuencia se critica el Derecho comunitario acusándolo de ser demasiado invasivo. A veces prevalece la impresión de que no es capaz de ir al compás de los progresos tecnológicos y de los cambios sociales. 
Ambas críticas tienen su parte de razón, y debemos tenerlas en cuenta, y podemos tenerlas en cuenta, dado que los Tratados existentes nos ofrecen una gama de instrumentos que nos permiten tomar iniciativas a la altura de las exigencias. 
Ahora que, desde muchos puntos de vista, se ha perfeccionado el mercado interior, se advierte mucho menos la necesidad de nuevos actos legislativos en este ámbito. 
En consecuencia, la Unión debe concentrarse ante todo en la actuación correcta y eficaz de las normas vigentes, para hacer funcionar el mercado interior lo mejor posible y para reducir al mínimo las distorsiones de la competencia. 
¿Que puede hacer la Comisión para garantizar que el Derecho europeo tenga la máxima calidad? 
Quisiera citar brevemente cinco líneas de intervención indicadas en nuestro Libro Blanco: en primer lugar, pretendemos adoptar iniciativas para que la opinión pública se pueda fiar de nuestros asesoramientos científicos y, más en general, de nuestra manera de consultar a los expertos; en segundo lugar, se debe plantear la actividad legislativa evaluando mejor el tipo de medidas a tomar; en tercer lugar, se han de definir más claramente las circunstancias en que la legislación comunitaria debe ser integrada con otras formas de acción como la autorregulación o el método de coordinación abierto; en cuarto lugar, la Comisión pretende concentrar sus esfuerzos en los sectores que le exigen realmente asumir la responsabilidad política. 
Las demás actividades deberían confiarse a las agencias de la Unión, cuyo papel y cometidos será conveniente que se debatan de forma más exhaustiva; en quinto lugar, proponemos que la Comisión refuerce su tarea de supervisar la correcta aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros. 
Este aspecto es fuente de gran preocupación, ya que la calidad de la actuación del Derecho comunitario es decepcionante. 
La responsabilidad directa de la ineficacia y de la impopularidad de la legislación europea recae, en una parte no ciertamente secundaria, en los Estados miembros. 
Para poner remedio a esta situación, el Libro Blanco recomienda utilizar reglamentos en lugar de directivas en los muchos casos en que este instrumento se revela más adecuado. 
Sin embargo, es seguro que la transparencia de nuestro Derecho primario depende en gran medida del trabajo realizado por el Consejo y, en el caso de codecisión, por este Pleno. 
Por consiguiente, en vísperas de la ampliación, debemos procurar que el Derecho europeo tenga la máxima calidad y se aplique correcta y eficazmente. 
La Comisión ha ilustrado claramente en su Libro Blanco las iniciativas que vamos a tomar para poner en orden nuestra casa. 
Esperamos que esto impulse a las demás Instituciones y a los Estados miembros a hacer lo mismo cuanto antes. 
El tercero y último tipo de cambio está orientado a convertir en más comprensible el reparto de los papeles y de las responsabilidades de las Instituciones centrándose en las tareas políticas esenciales. 
El Tratado se ha visto recargado por prácticas institucionales que han confundido y alterado el proyecto de los padres fundadores. 
Si se aplica correctamente el Tratado actual distingue claramente los papeles del Parlamento, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de Justicia y de las demás Instituciones. 
En la práctica, sin embargo, los ciudadanos se encuentran ante acciones que confunden este claro reparto de papeles. 
Ya no comprenden quién propone, quién decide y quién controla. 
Y menos aún comprenden sobre cuál institución recae la responsabilidad de cada acto, esto es, si la responsabilidad es de las Instituciones europeas o de los Estados miembros. 
Hay que actuar con urgencia y firmeza para remediar esta situación, y para hacerlo, hoy por hoy, no sirven enmiendas al Tratado. 
La necesidad de centrarse en las tareas esenciales, recomendada en nuestro Libro Blanco, implica una nueva formulación de las políticas de la Unión Europea y, por ende, una reorganización de la manera en que las tres Instituciones- el Consejo, el Parlamento y la Comisión- actúan y cooperan entre sí. 
La comitología es el principal ejemplo de la distorsión del sistema: el legislador Consejo se convierte en ejecutor, mientras que el legislador Parlamento queda excluido de esta etapa. 
La Comisión que representa al ejecutivo debe mediar con el legislador en cuanto a los detalles, pero sin que el Consejo asuma sus responsabilidades políticas, ya que, en realidad, son las administraciones nacionales- o sea, directamente los Estados miembros- las que participan en las reuniones de los expertos. 
Hacen falta, por el contrario, simples disposiciones para permitir al Consejo y al Parlamento Europeo, paritariamente, controlar qué está haciendo la Comisión y asegurarse así de que ésta se atiene a los principios y a las orientaciones políticos adoptados por el legislador. 
Las grandes prioridades políticas de la Unión se han de expresar y debatir en citas políticas solemnes y constantes como, por ejemplo, las reuniones del Consejo Europeo, el discurso anual del Presidente de la Comisión ante el Parlamento Europeo sobre el estado de la Unión, y otras citas solemnes y políticas. 
Esto me lleva a abordar la cuestión de cómo podemos mejorar la manera de actuar conjunta de la Comisión, del Consejo y del Parlamento. 
El principal obstáculo en el camino de una clara formulación de las políticas es la impenetrabilidad de la forma de actuar del Consejo de Ministros y su creciente dificultad, principalmente en el ámbito del Consejo de Asuntos Generales, a la hora de encontrar un punto de síntesis de los intereses sectoriales antes de llegar al Consejo Europeo. 
A este respecto, se puede y se debe hacer mucho para mejorar la gobernancia europea, y sin que sea necesario modificar los Tratados. 
A esto, simplemente a esto, están orientadas nuestras propuestas, pero es un cambio profundo. 
Señorías, a mi modo de ver, también este Pleno debe centrarse en sus tareas fundamentales: unas tareas que se expresan sobre todo con el reforzamiento del papel decisorio del Parlamento, de sus funciones de control sobre el desarrollo de las políticas y de las grandes responsabilidades en el ámbito presupuestario. 
El Libro Blanco sugiere, con gran respeto pero con firmeza, que el Parlamento Europeo "debería abandonar su actual papel de contable en cuestiones de detalle por un mayor control sobre los objetivos políticos". 
Come guardián del Tratado es mi deber indicar esta dirección. 
Sin embargo, no me corresponde a mí, sino a ustedes decidir qué cambios organizativos son necesarios. 
Por último, habría que introducir cambios en el modo de cooperar de las tres Instituciones. 
La vuelta a las respectivas tareas fundamentales debe ser interinstitucional. 
Hemos de aclarar mejor quién es el responsable de las distintas tareas legislativas y ejecutivas. 
Señoras y señores diputados, desde hace tiempo la Unión Europea ha dejado de ser un simple mercado común. Se ha convertido en una entidad política y los ciudadanos de Europa lo saben. 
Todos nosotros tendremos una prueba muy tangible de ello dentro de pocas semanas, cuando tendremos en las manos y en el bolsillo las monedas y billetes de euros. 
Los ciudadanos europeos quieren que esta Unión sea su Unión. 
Esto significa construir un clima de confianza entre los ciudadanos y las Instituciones, así como un clima de confianza entre los Estados miembros y con los Estados miembros. 
Restablecer la confianza entre Europa y sus ciudadanos significa asimismo dar a los ciudadanos una idea clara de los objetivos y de los poderes de las distintas Instituciones. 
Ha llegado el momento de concretar estos ambiciosos objetivos. 
Este Libro Blanco es la primera aportación para iniciar ya desde ahora un proceso complejo. 
Tenemos la oportunidad de fortalecer juntos el proyecto europeo consolidándolo en torno a una modelo de democracia completa, transparente y madura. 
Apelo a ustedes para que no se nos escape esta oportunidad. 
Doy las gracias al Sr. Presidente de la Comisión. 
Señora Presidenta, permítame que mis primeras palabras sean para felicitar al Presidente Sr. Prodi, tanto por el Libro Blanco como por la exposición que ha hecho hoy aquí. 
A mí me parece que las cuarenta páginas de este Libro Blanco son cuarenta páginas densas, llenas de reflexión y de propuestas. 
Pero creo asimismo que su exposición ha sido espléndida, sucinta, llena de ideas y de visión, por lo que quiero felicitarle en nombre de mi Grupo. 
Creo que, además, ha acertado en la manera de presentar el Libro Blanco. 
Lo ha hecho con modestia, y eso le honra. 
El Libro Blanco es un punto de partida. Sólo es un texto que puede servir de reflexión y ahora tenemos que pedir a nuestros conciudadanos que participen en esa reflexión, que lancen ideas, que envíen proyectos. 
Creo que todos en este Parlamento estaremos de acuerdo en el análisis de la situación, que todos nos preguntamos qué le pasa a la Unión Europea y por qué la falta de confianza que en algunos momentos manifiestan nuestros conciudadanos. 
Creo que lo dice bien el Libro Blanco: los beneficios de la Unión Europea son generales y muchas veces no se perciben; en cambio, los perjuicios son particulares. 
Recuerdo el efecto que producía en mi país el vuelque de camiones de fresas por los agricultores franceses. 
Esto ocurría siempre en la misma época del año, una semana, y era solamente un hecho muy puntual. Pues bien, aquello producía una sensación antieuropea enorme: "Como la Unión Europea no se ocupa de nosotros, la Unión Europea no nos quiere". 
Eso se acabó, gracias, entre otros esfuerzos, al de la Comisión Europea. 
Seguramente los españoles, o muchos de ellos, no lo saben. 
Creo que el principal problema que tenemos es que somos europeos sin saberlo y, sin duda, en ese afán pedagógico de explicar qué es Europa y para qué sirve la Unión Europea, este Libro Blanco cumple una buena función. 
La segunda idea que quiero destacar en nombre de mi Grupo es que este Libro Blanco pone de relieve la originalidad del sistema que ha funcionado los últimos cincuenta años. Y además apuesta por que ese sistema, eso que llamamos el "método comunitario", continúe, y nadie lo pone en solfa. 
Hoy he escuchado con mucho agrado al Presidente Prodi cuando hablaba del mantenimiento del equilibrio entre las instituciones: a mí eso me parece capital. 
El Grupo del Partido Popular Europeo, que ha apostado siempre con tesón por que la Comisión Europea tenga el monopolio del ejercicio de la iniciativa legislativa, cree que es muy positivo que esa iniciativa legislativa, cuando se forme, cuente con la participación de muchos más actores: de eso que llamamos la sociedad civil, de las autoridades locales y regionales; sobre todo si lo hacemos con esa referencia que ha hecho el Sr. Prodi de no alterar en modo alguno el equilibrio de las otras instituciones y tampoco el orden constitucional de los Estados miembros. 
Evidentemente, en esa labor de aportar ideas este Parlamento va a colaborar también. Y lo está haciendo a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuya ponente en este tema será la Sra. Kaufmann, y lo está haciendo también en todos aquellos temas que al final van a unirse a esta reflexión de la Comisión a lo que el propio Presidente Sr. Prodi llamaba la tercera reflexión, la que va a confluir en el debate de la CIG 2004. 
Este Libro Blanco es muy importante porque estamos en un momento del proceso histórico constituyente de la Unión Europea, y ese proceso se ha abierto ya en la declaración 23 de Niza. 
Estoy seguro de que la presencia del Comisario Sr. Barnier responde a eso. 
Y por tanto, éste será un elemento más de ese proceso, que es importante, de visión, y que es necesario cuando Europa se prepara para el euro, para la ampliación y para debatir qué queremos los europeos. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, estimadas y estimados colegas, muchas de las cosas que hemos dicho hoy aquí las puedo apoyar en nombre de mi Grupo político. 
Solamente me pregunto porqué no figura esto tan claramente también en el Libro Blanco que usted ha presentado, lamentablemente en un momento en el que no podemos debatir al respecto. 
Precisamente un Libro Blanco sobre el gobierno europeo se debería presentar realmente antes a este Parlamento. 
Señor Presidente, usted ha dicho que el Parlamento es el representante de la población de la Unión. 
Es cierto, pero si leo el Libro Blanco, apenas encuentro esta frase, al menos no en un lugar destacado. 
No sólo lo digo porque queramos alabarnos nosotros mismos sino porque no se debe difundir la ilusión que algunos tienen en las organizaciones no gubernamentales de que el diálogo con la sociedad civil podría sustituir en cierto modo el proceso parlamentario democrático. 
No puede sustituirlo sino que puede y tiene que complementarlo. 
Este es un importante aspecto. 
Con ello, llego al segundo punto. 
Sí, en nuestro Grupo político estamos a favor de una intensificación de las consultas de la sociedad civil, independientemente de qué se piense sobre este concepto. 
Señor Presidente, sólo me pregunto si la Comisión dispone de los recursos personales para poder mantenerlas al nivel cómo aquí se indican. 
Al menos, usted no dice cómo quiere realizarlo. 
En segundo lugar: usted apenas dice nada sobre cómo debe ocurrir esto conjuntamente con el Parlamento. 
Usted menciona que el Parlamento ya ha comenzado este proceso. 
Es cierto. 
Tenemos que fortalecerlo. 
Pero tenemos que atacar las cosas conjuntamente, tal como usted ha dicho hoy, pues el ciudadano lo que palpa es la Unión Europea y no tanto las diversas instituciones. 
Por ello, le rogaría que haga propuestas sobre cómo se imagina que se debe mantener este diálogo conjuntamente, con eficiencia y de modo factible. Pues tal como se describe allí, se va a producir una inflación de procesos de consulta que contradicen el principio de eficiencia que usted defiende. 
Pero estamos dispuestos a hablar en detalle con usted al respecto. 
Tercero: la delegación de decisiones. Señor Presidente, le doy la razón de que cualquier Parlamento sería tonto si deseara adoptar todas las decisiones y regulaciones de detalle. 
¿Cuál es la situación con la posición call back o fall back como siempre exige el Parlamento? 
Usted no dice nada al respecto en su Libro Blanco. 
¿Está en contra o está a favor? 
¿No se creerá que este Parlamento puede apoyar que deleguemos tareas de regulación y competencias sin que tengamos la posibilidad de recuperarlas si funciona mal? 
Precisamente en relación con el informe Lamfalussy hemos tenido unas experiencias muy positivas. 
Algún que otro Comisario- no quiero ser aquí más claro- no ha apoyado este proceso de cooperación con el Parlamento incluso en el caso de delegación. 
Por ello, somos escépticos y desconfiados. 
No porque lo rechacemos sino porque actualmente no podemos dar nuestro visto bueno a la práctica de la Comisión. 
Señor Presidente, usted indica en su Libro Blanco en varias ocasiones que se recapacite y se vuelva a las tareas centrales para centrarse en ellas. 
Tampoco define esto- ¿tareas centrales de cuándo? 
Las tareas centrales de la Comisión y de la Unión Europea de hace 20 años son diferentes a las de hoy y serán diferentes en el futuro. 
En algunas propuestas provenientes de la Comisión me pregunto si es realmente tarea central de la Unión Europea. 
En otros campos- pensemos en los campos del asilo, migración, etc., surgen nuevas tareas. 
Pensar hacia atrás y decir que tenemos que retornar a las tareas de ayer, no puede ser una política de futuro. 
Pero le doy la razón y desearía que la Comisión defina cuáles son las tareas centrales que ella ve para el futuro, para los próximos 10 años. Pues esta es una decisión del momento. 
Queremos hablar conjuntamente con la Comisión y el Consejo al respecto. 
La setting de la Agenda, la definición de las prioridades políticas año tras año no es sólo una tarea del Consejo y de la Comisión sino evidentemente también una tarea del Parlamento. 
Con ello, he mencionado los puntos críticos. 
Para los demás no hay ya tiempo, pero creo que le será más útil escuchar nuestros puntos de crítica y le ofrecemos también mantener en los próximos meses un diálogo para llegar a un resultado conjunto. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, este Libro Blanco que tenemos ante nosotros vale más que todos los grandilocuentes discursos recientes de los dirigentes nacionales, porque combina la claridad de objetivos con un grado considerable de autocrítica. 
El Presidente Prodi ha señalado a nuestra atención la paradoja de que haya quienes desean que la Unión haga más en varias esferas, pero siguen desconfiando del sistema de gobierno. 
Así, pues, la Comisión tiene toda la razón al centrarse en mejorar la capacidad representativa de la Comisión, en particular en la fase prelegislativa. 
También me gustaría que se insistiera mucho en mejorar la fase poslegislativa y supervisar más estrechamente la forma como se aplican en el terreno las políticas europeas. 
Mi Grupo acoge con beneplácito la insistencia de la Comisión en la gestión descentralizada y en el fortalecimiento del papel de las regiones. 
La región europea desempeña un papel decisivo como intermediaria entre el ciudadano y las autoridades supranacionales. 
También tomamos nota de la amable indicación de que el Parlamento aporta al sistema europeo las opiniones de sus electores. 
Qué otra cosa pretendemos es algo de lo que no estoy del todo seguro. 
Pero la instancia en la que nos proponemos hacerlo es la nueva convención que se creará- confiamos- en Laaken, asunto que, curiosamente, no se menciona ni una sola vez en todo el Libro Blanco. 
¿Convendrá el Sr. Prodi en que el Libro Blanco será una contribución de lo más acertada a la labor de la convención? 
¿Tendría a bien decir exactamente cómo se ajusta el fomento de la labor sobre el Libro Blanco a la de la convención? 
Señora Presidenta, señor Comisario, se nos han comunicado buenas noticias sobre su Libro Blanco, pero nos han decepcionado, ya que no se ha convertido en el documento importante que realmente todos esperábamos tras sus promesas. 
Resulta difícil reconocer una verdadera especificidad en la reforma de la Comisión que se está realizando actualmente, en las supuestas declaraciones de Niza sobre el futuro de la Unión y la nueva CIG. 
Buscamos, por tanto, su significado ¿Es que tal vez existen diferencias de opinión en el Colegio de Comisarios y la presión de varios Estados miembros ha contribuido a que el alcance de este Libro Blanco disminuya? 
Somos partidarios, así mismo, de una mayor implicación de los grupos sociales. 
Es positivo. 
En tanto demócratas nos preocupan, sin embargo, los capítulos relativos a una mejor política y una mejor legislación, y sobre la orientación de las líneas políticas y las instituciones. 
Prestamos especial interés al equilibrio institucional. Algo que ha sido ya dicho por otros oradores, por ejemplo, en lo que respecta a las repercusiones de una mayor utilización de los instrumentos de soft-law sobre las competencias y el papel del Parlamento Europeo. 
Además, nos formulamos la pregunta de si existirá suficiente control en los nuevos órganos legislativos propuestos y en los órganos externos de ejecución. 
Todavía no hemos olvidado toda la historia de las OAS. 
Espero que usted tampoco. 
Somos positivos en cuanto a la propuesta encaminada a que el Consejo y el Parlamento Europeo desempeñen el mismo papel para controlar la forma en que la Comisión realiza sus tareas de ejecución. 
No obstante, todavía tengo otras preocupaciones. 
Como regionalista, debo decir sinceramente que la importancia de la región llega incluso a disminuir. 
La bottom up governance apenas se percibe aquí. 
La multi level governance en la que están implicados todos los niveles de la Administración- algo que también ha pedido el Sr. Duff -, no la encontramos. 
Las diferencias de opinión en el Colegio de Comisarios incluso han conducido, por lo visto, a que la implicación de las regiones en la toma de decisiones haya sido finalmente suprimida. 
La Comisión se limita a un diálogo más sistemático con las asociaciones europeas y nacionales de la Administración regional y local en la fase inicial del procedimiento de toma de decisiones. 
Contrariamente al proyecto del Libro Blanco y al informe del grupo de trabajo preparatorio 4 C de la Comisión, ya no se prevé una diferencia en cuanto a la implicación regional dependiendo del tipo de Estado miembro: unitario, descentralizado, regionalizado o federal. 
Eso significa que retrocedemos en comparación con las competencias constitucionales actuales que algunas regiones de determinados Estados miembros, por ejemplo, Bélgica, ya tienen ahora. 
Usted puede muy bien imaginarse que esto despertará poco entusiasmo en nuestras regiones respecto de la gobernancia proyectada. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, ha pasado un año y medio largo desde que usted, Sr. Prodi, declarase la reforma del gobierno europeo como uno de los cuatro objetivos estratégicos de la Comisión. 
Es un mérito propio si usted desea, como anteriores Presidentes de la Comisión, dotar a su Comisión de un marchamo personal. 
Apoyo plenamente su deseo de adoptar por fin medidas para reducir la distancia existente entre la Unión y sus ciudadanas y ciudadanos. 
Es lo que hace la gran mayoría aquí en la Asamblea. 
Finalmente, queremos conjuntamente que la Europa de los ciudadanos no siga siendo durante más tiempo un lema sino que se haga una realidad. 
Señor Presidente de la Comisión, con todo el respeto por sus objetivos, tengo que decirle muy abiertamente que estoy decepcionado por lo que se ha presentado. 
He puesto el Libro Blanco en manos de ciudadanas y ciudadanos y les he preguntado su opinión. 
¿Sabe cuál era inmediatamente el problema? 
Que no se entendía en absoluto lo que está escrito en más de 40 páginas. 
Suena sencillamente a chino europeo, fue la respuesta que he recibido. 
¿Cómo se debe superar la distancia, me pregunto, si ya el idioma no llega a la gente a la que va dirigido? 
Sí, el Libro Blanco contiene enfoques positivos, como el fortalecimiento del papel de la WSA, del Comité de las Regiones o la profundización de las consultas de organizaciones de la sociedad civil. 
Sin embargo, voy a esbozar aquí brevemente algunas cuestiones críticas. 
El problema político básico del Libro Blanco se revela en mi opinión ya desde el principio. Allí se dice que las personas consideran a la Unión como incapaz para actuar allí donde se debe actuar, por ejemplo, en el desempleo. 
Este análisis del problema es sencillamente falso. 
Las ciudadanas y ciudadanos no consideran incapaz a la Unión sino que cada día experimentan que la Unión y sus Estados miembros muestran su incapacidad en este campo. 
Señor Prodi, en su intervención acaba de decir con toda razón que cuando hablamos de governance, en realidad debatimos sobre democracia. 
Efectivamente, hoy se ha referido aquí al problema de la democratización de la Unión Europea, pero ¿porqué en el Libro Blanco solamente se encuentran trazas de ello? 
Unas palabras aún sobre la cuestión de la modificación del Tratado. 
El Libro Blanco prevé una fase de consultas hasta marzo del 2002. 
Seis meses más tarde se presentarán las propuestas definitivas. 
Me parece algo absurdo recibir en el otoño del próximo año propuestas que se han realizado en base al Tratado existente cuando en ese momento se trabaja ya del modo más intenso durante nueve meses en la modificación del mismo, esperemos que mediante una convención. 
Creo que la renuncia a la modificación del Tratado que usted formula no se va a poder mantener, independientemente de que en el Libro Blanco sí propone modificaciones. 
En resumen, señor Presidente de la Comisión, también tras las intervenciones de mis colegas, veo una considerable necesidad de discusión y le ofrezco aquí la cooperación de esta Asamblea y la mía propia. 
Señor Presidente de la Comisión, en nuestra lengua común la palabra governance no existe, probablemente tampoco existe en otras lenguas europeas, y es sintomático, podríamos decir- y no sólo por la discusión lingüística que se suscitó este verano- que, por su gran esfuerzo de apertura exterior, de transparencia y de responsabilidad hacia el gran público, la Comisión decida adoptar precisamente en pleno verano un documento que tiene un título intraducible. 
Existían otros términos traducibles y ante todo comprensibles y no solo lingüísticamente: Estado de Derecho, rule of law, separación de poderes, formación profunda de los mecanismos comunitarios, democratización de los Tratados, Constitución europea, certeza del Derecho, etcétera. 
Ustedes han optado por no utilizar ninguno de esos pilares de nuestros Estados nacionales que, en cambio, como es sabido, faltan en extremo en nuestro sistema de la Unión Europea. 
No quisiera que la governance se convirtiese en una especie de Constitución material, asociativa y liberal a la italiana, como en nuestro país sabemos muy bien que ha ocurrido respecto a la Constitución efectiva. 
La sociedad civil, por ejemplo, señor Presidente, es la que en Durban puso en la picota a Israel y provocó la salida de esa conferencia de países que tuvieron el sentido de la responsabilidad que no creo que haya tenido nuestra Unión. 
No sé si esa es la sociedad civil en la que piensa, pero me da cierto miedo porque, como decía el Sr. Swoboda, hoy usted nos ha hecho un discurso muy pro parlamentario, a pesar de que en el texto yo no he visto tantas referencias al Parlamento. 
Y es precisamente porque quisiera una Comisión fuerte, autorizada que hago esta intervención. No quisiera que se convirtiera en el departamento de estudios o como máximo en la authority de esta o aquella competencia. 
Entonces, señor Presidente, hay que tener valor. 
En mi opinión, este texto no basta. 
Para avanzar con fuerza en esta Unión, es necesario que el Estado de Derecho y las certezas jurídicas salgan de este ejercicio, por ahora insuficiente. 
Señora Presidenta, me gustaría también dar las gracias a la Comisión por el buen análisis en el documento "Governance". 
El informe es tan crítico en algunos puntos que yo mismo podría haberlo escrito. 
Sin embargo, echo de menos la lista correspondiente con propuestas concretas, precisas y vinculantes que abrirán el proceso legislativo a los ciudadanos. 
En Italia el Sr. Prodi tiene una buena propuesta para dar los nombres de quien haya sido consultado. 
Se trata de una lista que debe acompañar cualquier propuesta legislativa y que recoge quienes han sido consultados, y todas las respuestas a las consultas deben estar accesibles en Internet. 
El Sr. Prodi también tiene otra propuesta para dar preferencia a los reglamentos sobre las directivas. 
Esto es contrario a la exigencia actual de descentralización. 
Al contrario, hace falta mayor libertad en los países a la hora de aplicar las directivas- las fresas no necesariamente tienen por que tener el mismo tamaño en Italia que en Finlandia. 
Se habla mucho en el documento de aumentar las consultas, pero parece como si se buscara crear mayor adhesión a la propuesta de la Comisión. 
Es "de arriba abajo". 
Echo en falta un verdadero concepto democrático, donde se comienza desde abajo. 
¿Qué cruza las fronteras? 
¿Qué no podemos gobernar nosotros mismos? 
¿En qué ámbitos queremos que la Comisión presente propuestas? 
El Sr. Prodi habla siempre de forma hermosa de transparencia, pero también tiene un departamento encargado de rechazar las peticiones de acceso a documentos públicos. 
¿No podría fundir la Comisión el departamento encargado de rechazar las peticiones de acceso a documentos públicos con el departamento de hermosas palabras sobre transparencia y suprimir o el uno o el otro? 
Por ejemplo, yo no he recibido todavía un resumen completo de quienes han sido consultados en los 1.500 comités y grupos de trabajo que existen en la actualidad. 
Los que están detrás del Sr. Prodi no entregan el producto. 
Parece como si también el Sr. Prodi se hallara encerrado en su propia fortaleza. 
¿No puedo proponer que el Sr. Prodi convierta sus promesas sobre transparencia en un reglamento que ate por todos los lados a los que están detrás? 
Señor Presidente de la Comisión, la introducción de su Libro Blanco sobre la "governance" europea plantea el problema de un decaimiento de la confianza de los ciudadanos, ilustrada por el no al referéndum irlandés. 
Pero los remedios son extremadamente débiles. 
La mejor gobernanza sería una mejor transparencia, una mejor consulta, una mejor comunicación, una mejor participación, un método de coordinación más abierto, etcétera. 
En una palabra, señor Presidente, se trata de modificaciones de comportamiento de las instituciones europeas, que, ciertamente, son deseables, pero que su efecto seguirá siendo marginal si no se inscriben en un cambio profundo de las relaciones de fuerzas en el seno del equilibrio institucional. 
Los ciudadanos piensan, y nosotros también, que algunos problemas serán mejor resueltos por una mayor cooperación europea, pero, al mismo tiempo, éstos vinculan masiva y constantemente la legitimidad principal al marco nacional. 
En estas condiciones la conclusión es muy simple: para reforzar la legitimidad de la cooperación europea, para recobrar el contacto con los ciudadanos, hay que dar un peso primordial, un lugar mucho más visible, a las naciones en el proceso de decisión europeo. 
Esa es la condición fundamental de una verdadera democracia, una palabra que, por otro lado, casi no se utiliza, señor Presidente, en este Libro Blanco. 
Todo lo demás son palabrerías. 
Por ejemplo, ¿cómo es posible que en su Libro Blanco se encuentren desarrollos sobre la implicación de los niveles regionales y locales en la política europea, sobre la gestión descentralizada, sobre la corregulación con organizaciones diversas- no identificadas, por cierto -, y cómo es posible que nada se diga sobre el papel esencial de los Parlamentos nacionales en el proceso de decisión europeo? 
Admito, señor Presidente, que en su posición no pueda resolver este problema, pero al menos el Libro Blanco habría podido plantearlo. 
La mejor comunicación que usted desea no sirve de nada si las políticas europeas no se articulan alrededor del lugar central de las democracias nacionales. 
. (IT) Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias a todos los oradores que han intervenido porque han dado una aportación muy útil a este debate que constituye la premisa para un examen más exhaustivo. 
Por esto, quisiera abordar algunos puntos esenciales, algunos puntos de partida de este documento, al objeto de que podamos trabajar conjuntamente para mejorarlo y completarlo. 
De hecho, hemos descrito un camino en este documento, pero ésta es la primera propuesta: continuarán habiendo debates y sólo en una etapa posterior se llegará al documento final. 
Por lo tanto, he tomado y tomo nota con satisfacción de las críticas hechas porque se trata de una primera propuesta que precisa de la contribución de todos para llegar a ser definitiva. 
Segundo punto: el lenguaje, el nombre y todos estos aspectos. 
Tienen razón, sí, pero, con toda franqueza, realmente he leído muchas leyes nacionales, y también he tratado de hacer muchas. 
Cítenme una que sea comprensible como lenguaje al ciudadano de a pie. 
Todas tienen un lenguaje especial. 
Hemos hecho lo posible para que fuera adecuada, no obstante, hay conceptos que por su tecnicismo acaban siendo un problema para el ciudadano de a pie. 
Nuestra función es precisamente la de explicar, hacer de puente, sin embargo, no podemos renunciar a la precisión de las propuestas. 
Entre esto está el discurso sobre el término "governance". 
Entiendo perfectamente lo que dice el Sr. Dell ' Alba, sólo que el problema es que aquí no usamos una sola lengua, sino que afortunada y orgullosamente utilizamos once lenguas que luego se van a convertir en veinte. 
El título que hemos encontrado no es un título que me guste, precisamente porque al trabajar con los diccionarios no es que se pueda encontrar una palabra única. 
Forma parte de nuestro deber entendernos lo mejor posible, aunque a veces no conseguimos hacerlo con la precisión que desearíamos. 
Por último, las relaciones con el Parlamento. 
Hoy no he hecho un discurso para complacer al Parlamento. 
Las mismas palabras que he pronunciado hoy sobre el papel del Parlamento y las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, la distinta función que cumplen son palabras para mí habituales, que ya he repetido mil veces y que con toda honestidad he tratado de poner en práctica en estos dieciocho meses en las relaciones con ustedes. 
Si nuestras relaciones son ciertamente más eficaces, más operativas, más fáciles, más abiertas que antes, es precisamente porque considero que la nueva Europa se debe basar en un papel fundamental del Parlamento. 
Por último, se me hacen algunos reproches por las muchas carencias: por ejemplo, por el discurso de la puntualización del papel de las autonomías locales. 
Recuerdo que nos pusimos un límite en este Libro Blanco: con Tratados sin variación. 
Por lo tanto, cuando se me pide un cambio de poderes, éste no es objeto del Libro Blanco. 
Debemos hacer este enorme esfuerzo para adaptar nuestro modo de actuar lo mejor posible, respecto a las tareas que tenemos, pero con Tratados sin variación. 
Posteriormente, en la segunda etapa, separada de esto, presentaremos las propuestas para Laeken; luego, en la tercera etapa, daremos una contribución activa y tendremos que trabajar conjuntamente en las reformas institucionales. 
Ante las decisiones de Niza, teníamos que tomar nota de esto y contar con una metodología respetuosa de aquellas que son las transformaciones necesarias. 
No obstante, fíjense que la democracia está hecha de reglas pero también de prácticas. 
A mi modo de ver, como hemos visto en mi discurso y en sus debates, es posible mejorar nuestra manera de trabajar con una legislación sin cambios. 
Hay algunos puntos específicos que han aflorado en el debate, unos puntos que me parece que tienen una importancia especial. 
Se ha hecho un discurso sobre el problema de la delegación de poderes a favor de la Comisión. 
La Comisión, siendo coherente con lo que dije acerca de la legislación sin cambios, no exige más poderes, sino que pretende organizar su trabajo de forma más transparente y eficaz, volviendo al que es el camino de los Tratados constitutivos de la Unión en que, en la organización institucional prevista, el Consejo y el Parlamento deciden, la Comisión ejecuta, no en el detalle técnico, y el Parlamento controla. 
Al final, la Comisión hará probablemente menos de lo que hace hoy, pero se evitará la parte de confusión de la práctica de la comitología que alarga los procesos y no aclara en absoluto ni nuestro papel ni el de ustedes. 
En este caso existe un interés idéntico del Parlamento y de la Comisión, porque ambos estamos metidos en esta práctica de la comitología y ambos estamos insatisfechos. 
Por lo tanto, lo que nos decimos en nuestros discursos individuales acerca de la insuficiencia de este proceso, pues nos los decimos aquí en el Pleno porque así le ponemos remedio. 
También se ha hecho una objeción en cuanto a las responsabilidades directas de las autoridades locales en el proceso de toma de decisiones. 
Hemos de recordar que esto no puede ser, aunque tenga como fundamento el discurso de la descentralización de la subsidiariedad. 
El objetivo es tener en cuenta de manera transparente y organizada la opinión de quien utiliza y ejecuta finalmente las políticas comunes, y ello en el respeto a las estructuras institucionales de cada Estado miembro. 
No podemos entrar en la sagrada organización de los Estados miembros. 
Ellos prevén la que es la función de las reuniones, así como su organización institucional y si nosotros entramos en esto, violamos y ante todo vamos en contra del principio de subsidiariedad al que estamos absoluta y profundamente vinculados. 
Ahora quisiera detenerme muy brevemente en algunas objeciones planteadas por el Sr. Swoboda porque ha tocado unos puntos que deben ser afrontados. 
Uno de ellos es un punto que puede parecer banal: consulta, sociedad civil y recursos. 
No son, creo, recursos enormes, pero está claro que en este tema es precisamente el Parlamento el que en el debate nos deberá decir, acordar y dar los recursos que necesitamos. 
Creo que, aunque no hemos hecho cálculos en esta etapa, es un discurso moderado, sin embargo, es uno de los temas que hemos de debatir conjuntamente, pues el Parlamento es la autoridad presupuestaria. 
Otro punto: delegación de competencias y agencias. 
Se trata de delegaciones para actividades prácticas y técnicas y no de delegaciones políticas, porque respecto a estos temas no se admite delegación, son temas que han de tratar las autoridades institucionales. 
Por último, otro interrogante muy importante planteado por el Sr. Swoboda: debatir cuáles son las tareas básicas de la Comisión, las prioridades políticas. 
Repito que la Comisión ha adquirido el compromiso- y no es una casualidad que lo haya recordado entre los compromisos anuales- de explicar todos los años, ante el Parlamento, cuáles son sus prioridades políticas. 
Ésta es la práctica que hemos previsto, propuesto y que creo tendremos que seguir con rigor porque cada año, como ocurre en las estructuras de gobierno más democráticas y transparentes, se presentan las prioridades políticas ante el parlamento y ante él se debaten. 
Es por eso que, a mi modo de ver, este Libro Blanco, por un lado, es realmente un nuevo y fuerte intento de progreso de la democracia y de la transparencia y, por otro, adolece todavía de aspectos imprecisos, porque es una propuesta que ahora no podíamos presentar acabada: debe ser perfeccionada y elaborada con nuestra cooperación. 
Es un marco, un esquema y les agradezco las objeciones que hoy me han hecho porque creo que nos ayudarán mucho en nuestro futuro trabajo. 
Por último, al darles las gracias, quisiera decir únicamente que debemos ver todo esto en el contexto de las tres etapas de la gran reforma europea que hemos enunciado y que se llevarán a cabo a lo largo de estos tres años: primero, la reorganización de nuestra propia forma de trabajar; segundo, ayudarnos mutuamente para plantear cómo deberemos organizar el gran proceso de reforma de las Instituciones, o sea, Laeken; tercero, cómo acometer el proceso de reforma de las Instituciones. 
Creo que hoy, con esto, nos preparamos a dar bien también los otros dos pasos. 
Les doy las gracias porque a partir de hoy se abre en este tema una cooperación que durará casi un año, hasta cuando presentemos este Libro Blanco de forma definitiva y se convierta en nuestro instrumento de autorregulación. 
Quizás el Sr. Dell ' Alba pueda llamarlo así: o sea, se convertirá en el código, la norma a través de la cual podremos actuar de manera eficaz y recuperar el que es el espíritu y la letra de los Tratados y, por ende, el papel de cada Institución en la labor que debe realizar. 
Doy las gracias al Presidente de la Comisión, a los colegas que han intervenido y a quienes han asistido a este debate. 
El debate queda cerrado. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0332/2001). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Primera parte 
Pregunta nº 37 formulada por (H-0602/01): 
Asunto: Gestión del enorme potencial del mercado de los desechos Teniendo en cuenta que la generación de desechos en la UE se eleva a aproximadamente 1 300 millones de toneladas al año y que la generación total de desechos aumentó alrededor de un 15% en el período de 1995 a 1998, la gestión de los desechos representa un mercado enorme para los Estados miembros, sin mencionar el potencial del mercado tras la ampliación. 
¿Qué nuevas iniciativas piensa presentar la Comisión a fin de poner de relieve este mercado? ¿Cómo piensa demostrar a los jóvenes europeos el potencial de nuevas oportunidades de empleo en este sector? 
Agradezco a la Comisaria su completísima y muy informativa respuesta. 
Pregunta nº 38 formulada por (H-0639/01): 
Asunto: Infracción de las normas de competencia en la venta de discos DVD En el mercado de discos DVD se produce el fenómeno de que existen dos sistemas, diferentes en Europa y en los Estados Unidos y el Japón, de forma que los consumidores europeos no pueden comprar DVD de países pertenecientes a zonas distintas de la suya, donde parece que los precios son más bajos y la circulación más rápida. 
La explicación que ofrecen las grandes empresas es que se trata de una forma de protegerse contra la piratería, pero a mi juicio estamos ante una clara vulneración de los principios de la competencia en el mercado libre, en perjuicio de los consumidores europeos; según mis informaciones, la Comisión está estudiando el problema. 
¿Puede informar la Comisión sobre los resultados de esta investigación e indicar qué piensa hacer para evitar que se vulneren los principios de la libre competencia en el mercado de discos DVD? 
Como consecuencia directa de reclamaciones de ciudadanos particulares, en junio de 2001 la Comisión lanzó una investigación sobre los precios de los discos DVD y sobre el sistema de codificación regional de DVD. 
Las reclamaciones de los ciudadanos se referían a que los precios de los DVD de la Comunidad eran muy superiores a los de los Estados Unidos y a que, a causa del sistema regional de codificación por el que el mundo está dividido en seis regiones geográficas, un DVD procedente de los Estados Unidos no se podía ver en un aparato reproductor de DVD vendido en la Comunidad. 
La posición de las más importantes empresas de producción de películas es la de que el objetivo básico de ese sistema de codificación regional es el de permitirles proteger sus derechos de propiedad intelectual y los ritmos de estrenos de sus películas en momentos diferentes y en distintas partes del mundo, así como protegerlos contra la piratería. 
La Comisión comparte las preocupaciones de su Señoría de que los consumidores de la Comunidad pueden sufrir las consecuencias del sistema de codificación regional de DVD. Les impide beneficiarse de una selección mayor de títulos en DVD y precios potencialmente más baratos. 
Así, pues, la Comisión está investigando si el sistema de codificación regional de DVD es compatible con las normas comunitarias sobre la competencia. 
En ese marco, se están examinando todos los aspectos relativos al establecimiento y el funcionamiento actual del sistema. 
Tras haber enviado solicitudes de información a todas las empresas relacionadas con ese sistema, la Comisión está examinando actualmente la primera tanda de material. 
Señor Comisario, quisiera simplemente preguntarle si observamos los mismos fenómenos también en otros productos, es decir, si hay codificaciones en otros productos, porque el sector de la industria cultural es muy sensible, hay una gran competencia de América, en la cual somos más débiles, y todos sabemos ya cuál es la situación; pero conozco su sentir en los temas relacionados con la competencia y creo que su investigación aportará resultados positivos. 
Gracias, señora Zorba, por su estímulo. 
No tenemos información sobre otros productos caracterizados por ese sistema de codificación regional. 
En cualquier caso, no se nos ha transmitido tipología alguna de esa clase por vía de reclamaciones, a diferencia de lo sucedido con los DVD, que es el asunto sobre el que estamos haciendo la investigación y al que se refiere la pregunta de su Señoría. 
Si tuviéramos documentación relativa a otros sectores, intentaríamos, como siempre, ser eficaces en la aplicación de las normas relativas a la competencia. 
Pregunta nº 39 formulada por (H-0641/01): 
Asunto: Peticiones formuladas por Lloyd's Tras las investigaciones que realizó el pasado año, ¿está ya la Comisión en condiciones de indicar si el Gobierno del Reino Unido ha transpuesto y ejecutado adecuadamente la Directiva 73/239/CEE sobre la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida y su ejercicio? 
A consecuencia de muchas reclamaciones unidas a varias peticiones presentadas por ciudadanos de la UE a la Comisión de Peticiones del Parlamento, la Comisión ha estado examinando muy detenidamente si se han ido transponiendo y aplicando adecuadamente las prescripciones de la primera directiva relativa al seguro directo distinto del seguro de vida en relación con la asociación de aseguradores conocida como Lloyd's. 
Hasta la fecha, la Comisión no puede confirmar que se hayan respetado plenamente todas las prescripciones de la primera directiva de seguros distintos de los de vida en relación con Lloyd's Se trata de una situación extraordinariamente compleja. 
Hay varias disposiciones específicas en la directiva aplicables a Lloyd's que están claramente reflejadas en la legislación nacional del Reino Unido. 
La Comisión está intentando concluir sus investigaciones lo antes posible. 
Dichas investigaciones están ahora muy próximas a su conclusión, tras lo cual se adoptara una decisión, ya sea la de sobreseer el caso o la de incoar procedimientos oficiales de infracción conforme al artículo 226. 
La Comisión informará al Parlamento de su decisión tan pronto como se haya adoptado. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Bolkenstein por su respuesta. 
Reconozco que ha reiterado lo que dijo en una declaración muy completa ante la Comisión de Peticiones. 
El pasado mes de julio, informó a la Comisión de Peticiones de que la Comisión estaría dispuesta a dar una respuesta al final del verano. 
Cuando miro fuera de la Asamblea hoy, con la lluvia que cae a torrentes, creo que estamos muy cerca del final del verano. 
Supongo que no voy a recibir declaración más clara que la de "lo antes posible". 
Permítaseme preguntar también al Sr. Bolkenstein si está enterado de la quiebra de Independent Insurance en el Reino Unido en los últimos meses y del nombramiento por el Gobierno británico de un equipo de investigación sobre la empresa de seguros Equitable Life. 
¿Están examinando sus servicios esas dos compañías de seguros para cerciorarse de si ha estado aplicando adecuadamente el Gobierno británico las directivas europeas relativas a los seguros? 
Las preguntas que se me acaban de formular son dobles. 
La primera pregunta es de carácter más que nada meteorológico. 
Sería absurdo negar que fuera está lloviendo. 
Tal vez sería prematuro afirmar que eso equivale a que el verano ha acabado. 
Fuentes dignas de crédito me han informado de que los veranos suelen acabar hacia el 21 de septiembre y la Comisión sigue esforzándose por cumplir un plazo, aunque debo reconocer que se trata de un caso de tal complejidad, que requerirá una investigación detenida no sólo por la Dirección General encargada de los asuntos relativos al mercado, sino también por otras secciones de la Comisión. 
Puede que no sea posible cumplir ese plazo exactamente, pero el diputado que acaba de hablar puede contar con mi empeño personal de cumplirlo lo más ajustadamente posible, pues la Comisión debe adoptar lo antes posible una decisión en un sentido o en otro. 
Respecto de la segunda pregunta que se me ha formulado, la Comisión ha tenido conocimiento de las lamentabilísimas quiebras de las dos compañías de seguros mencionadas. 
Su Señoría reconocerá que el de Lloyd's es un caso excepcional. 
No hay otra entidad semejante en el mundo. 
Así, pues, vacilaría antes de dar la impresión de que lo sucedido a las compañías de seguros a las que se ha hecho referencia sea particularmente pertinente para el caso de Lloyd's Mis servicios están examinando las quiebras de las otras dos compañías de seguros. 
Naturalmente, nos interesan. 
Yo he intentado seguirlo en la prensa, si bien no sé si sus crónicas son exhaustivas. 
Las personas que me asesoran en materia de compañías de seguros están muy interesadas también, pero permítaseme asegurar a su Señoría que el examen del propio caso de Lloyd's acapara todos nuestros efectivos. 
Muchas gracias, señor Bolkestein, estaremos pendientes del final de verano, como usted ha sugerido. 
Segunda parte Preguntas dirigidas al Sr. Busquin 
Pregunta nº 40 formulada por (H-0606/01): 
Asunto: Explotación de los resultados de las investigaciones que hayan contado con ayudas comunitarias En junio, la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación con vistas a incrementar la investigación y la innovación a nivel tecnológico, ofreciendo ayuda financiera a los investigadores. 
Vista la necesidad de explotar los resultados de las investigaciones que hayan contado con ayudas comunitarias, especialmente con vistas a garantizar el desarrollo de sectores dependientes y nuevas oportunidades de empleo, ¿podría indicar la Comisión como piensa dar a conocer estos fondos y garantizar un acceso equitativo a los mismos en Irlanda y en otros Estados miembros? ¿Cuál ha sido la reacción inicial a este acuerdo conjunto en materia de investigación e innovación? 
Preguntas dirigidas al Sr. Nielson 
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores, permítanme ante todo recordar que tras el Consejo Europeo de Lisboa se había pedido a la Comisión y a los Estados miembros que, con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, adoptaran medidas tendentes concretamente a fortalecer las inversiones en favor de la investigación y del desarrollo tecnológicos. 
El memorándum conjunto por el que se establecía un marco de cooperación entre el programa marco de investigación comunitaria y la iniciativa "Innovación 2000" del Banco Europeo de Inversiones es una respuesta a esta demanda. 
Dicho memorándum conjunto tiende a infundir mayor dinamismo a la investigación y a la innovación europea, sacando partido de las sinergias existentes y desarrollando nuevas sinergias. 
Sin embargo, el mismo no constituye ni un instrumento del programa marco ni un instrumento de la iniciativa "Innovación 2000". 
La Comisión y el Banco Europeo de Inversiones mantienen procesos de decisión separados. 
Se están realizando esfuerzos para sensibilizar al público frente a esta iniciativa conjunta, a cuyo respecto deseo subrayar que ésta ha sido mencionada por cadenas de televisión, periódicos y seis agencias de prensa en los días siguientes a la firma del memorándum. 
Así pues, los sitios de Internet de la Comisión y del Banco Europeo de Inversiones están enlazados y ofrecen información sobre el memorándum. 
En breve se dispondrá en Internet de una guía didáctica que explica las fuentes de financiaciones complementarias, sucesivas o paralelas de la Comisión y del Banco Europeo de Inversiones. 
Se han previsto actos de presentación y talleres durante el lanzamiento del próximo programa marco. 
Finalmente, las licitaciones que entran en el ámbito de dicho programa llamarán la atención de los candidatos respecto a esta posibilidad de financiación complementaria. 
La Comisión considera asimismo esencial la igualdad de acceso a dichas financiaciones. 
Por esta razón las evaluaciones se basarán en algunos principios reconocidos desde hace mucho tiempo; a saber, la calidad, la transparencia, la igualdad de trato, la imparcialidad, así como la eficacia y la rapidez de ejecución. 
Las solicitudes de subvenciones de la Comisión y de préstamos del Banco Europeo de Inversiones se regirán por los procedimientos vigentes. 
Por una parte, los expertos de la Comisión realizarán una evaluación según las normas establecidas en el programa marco, basadas sobre todo en la calidad científica, el carácter innovador, el valor añadido comunitario y las perspectivas de desarrollo económico. 
Por otra parte, los economistas y los analistas financieros evaluarán los proyectos para asegurarse de que cumplen los objetivos del BEI- incluyendo los que se desprenden de su mandato comunitario -, de que satisfacen el criterio de viabilidad económica y financiera- en particular, desde el punto de vista del reembolso de los préstamos- y, finalmente, de que son viables en el plano del medio ambiente. 
La firma del memorándum conjunto ya ha recibido una respuesta favorable de los investigadores, universitarios y empresarios con respecto sobre todo a los capitales de riesgo, reconociendo el potencial de este acuerdo y la oportunidad que ofrece de combinar financiaciones de la Comisión para proyectos integrados- como los propuestos en el programa marco- con préstamos del Banco Europeo de Inversiones. 
Se trata, pues, de una complementariedad que hemos querido poner en práctica. 
Doy las gracias al Comisario por su respuesta. 
Sin embargo, esperaba algo más concreto, a ser posible, en relación con tres aspectos. 
En primer lugar, ¿qué consultas se han organizado, antes de aportar los fondos, por ejemplo, a universidades, fundaciones privadas de investigación y demás? 
En segundo lugar, ¿se recurrirá a asistencia técnica exterior para la ejecución del programa? 
En caso de que así sea, ¿quién la prestará? 
En tercer lugar, en relación con la evaluación por la Comisión y el BEI, ¿se basa la evaluación pura y simplemente en el rendimiento económico de la labor realizada o es para velar por que se haga una labor científica innovadora que puede no brindar un rendimiento económico inmediato, pero podría brindarlo al cabo de cinco o diez años? 
Esos tres aspectos revisten importancia decisiva para las personas que se ocupan de la tecnología de vanguardia que no conocemos ahora, pero utilizaremos dentro de diez o quince años. 
. (FR) Pienso que las preguntas del Sr. Crowley son totalmente pertinentes. 
Se trata de la realidad del terreno. 
¿Qué ocurre actualmente? 
Actualmente, tenemos un programa marco de investigación y desarrollo tecnológico que la Comisión financia tras su aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Hasta ahora no existía un vínculo entre el trabajo que nosotros realizábamos y el trabajo que realiza asimismo el Banco Europeo de Inversiones, a fin de apoyar créditos para la innovación e infraestructuras. 
Por lo tanto, el objetivo consiste en establecer un vínculo entre ambos. 
Ese memorándum de reconocimiento mutuo no es evidentemente un mecanismo para complicar las cosas. 
Por eso cada uno mantiene sus procedimientos. 
Nosotros mantenemos nuestros procedimientos para la evaluación científica, así como para el programa marco, y, a su vez, el Banco Europeo mantiene sus criterios financieros y económicos. 
Es cierto que en este momento nosotros estudiamos con el Banco Europeo de Inversiones soluciones capaces de perfilar nuevos procesos de ayuda a la innovación y nuevas financiaciones, teniendo en cuenta las experiencias adquiridas por el programa marco de investigación, por una parte, y por el Banco Europeo de Inversiones, por otra. 
Este trabajo está en curso. 
No puedo prever las respuestas, pero desde ahora puedo decirles que el mecanismo ya se ha aplicado en Heidelberg, entre otros lugares, donde el Banco Europeo de Inversiones financiará un centro de transferencia tecnológica en unas condiciones muy favorables para dicho centro, que ha optado por trabajar con el Banco Europeo de Inversiones. 
Eso no hubiese sido posible sin los contactos privilegiados que mantenemos desde el punto de vista de los programas de investigación. 
Existen, pues, ejemplos, pero estoy de acuerdo en que queda por realizar un gran esfuerzo de información y de estudio de los expedientes. 
Le doy las gracias por su pregunta y espero que la misma contribuya a difundir esta información. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero felicitar al Sr. Busquin en especial por la iniciativa pues precisamente el Banco de Inversiones Europeo posee unos instrumentos excelentes para actuar en el sector de la investigación proporcionando apoyo. 
Mi pregunta consiste en si es posible que el banco de Inversiones Europeo proporcione también ayudas indirectas, por ejemplo, a grupos que promueven las pequeñas y medianas empresas, de modo que la economía mediana y pequeña en Europa se pueda beneficiar de ello, pues como se sabe representa el 60% de producto social bruto y emplea a las dos terceras partes de los trabajadores. 
Sería muy importante que se dispusiese también de posibilidades indirectas. 
. (FR) Sí, es evidente que ese es justamente el sentido de la iniciativa "Innovación 2000", que el Banco Europeo de Inversiones presentó en la Cumbre de Lisboa. 
Por lo tanto, ahora es totalmente posible; el Banco Europeo de Inversiones ha previsto, por otra parte, una suma de 1,5 mil millones de euros en el marco del Fondo Europeo de Inversiones. 
Como hoy existe una estrecha vinculación entre el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones, el proyecto "Innovación 2000" prevé 1,5 mil millones de euros para apoyar la innovación tecnológica, y, en particular, en las pequeñas y medianas empresas. 
Es posible que esta información sea todavía, por desgracia, poco conocida y creo que es útil difundirla. 
Pregunta nº 41 formulada por (H-0604/01): 
Asunto: Erradicación de la pobreza y política de desarrollo de la Comunidad Europea En una declaración conjunta del Consejo y de la Comisión del 10 de noviembre de 2000, se confirmaba que el principal objetivo de la política de desarrollo de la Comunidad era reducir y, eventualmente, erradicar la pobreza. 
A pesar de los extraordinarios y únicos esfuerzos realizados por la Unión Europea, que aporta aproximadamente la mitad de toda la ayuda pública a los países en desarrollo, la verdad es que en el África subsahariana y en el sur de Asia más del 40% de la población viven aún por debajo del umbral de la pobreza y que, en todo el mundo, 800 millones de personas, de los cuales 200 millones de niños, padecen desnutrición crónica. 
Transcurrido casi un año, ¿qué progresos querría destacar la Comisión en relación con los loables objetivos establecidos en la declaración conjunta? En opinión de la Comisión, ¿qué más se puede hacer para alentar a otros países a seguir el ejemplo de la Unión Europea y a contribuir a la reducción y erradicación de la pobreza? 
Señor Presidente, desde noviembre de 2000 la Comisión ha dado importantes pasos con vistas a fortalecer la reducción de la pobreza en la cooperación comunitaria para el desarrollo. 
Respecto de las medidas adoptadas por la propia CE, varios documentos de la Comisión han comunicado avances logrados al respecto. 
La Comisión está a medio camino en el proceso de preparación de documentos sobre las estrategias de los países ACP centradas en la pobreza que servirán para aplicar el Acuerdo de Cotonou. 
Las políticas de reducción de la pobreza de los propios países en desarrollo son el fundamento de esos documentos sobre las estrategias de los países. 
Se ha redactado un documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las medidas adoptadas y proyectadas para contribuir a que la política de desarrollo de la CE se centre en la pobreza y se ha ofrecido formación en materia de sensibilización sobre la pobreza al personal de la Comisión que se ocupa del desarrollo. 
En la comunicación se muestra que la Comisión está introduciendo la igualdad entre los sexos en la cooperación para el desarrollo. 
La desigualdad entre los sexos es un importante factor determinante de la pobreza. 
También se han logrado avances en la tarea de infundir coherencia a las políticas con vistas a la reducción de la pobreza: por ejemplo, se ha preparado una comunicación sobre normas laborales básicas y desarrollo social. 
Respecto de otros donantes, conviene observar que muchos de los Estados miembros de la UE ya han establecido la erradicación de la pobreza como objeto principal de sus programas bilaterales de desarrollo. 
La CE apoya explícita y financieramente los documentos sobre la estrategia de reducción de la pobreza como vehículo principal para garantizar el apoyo universal y coordinado de los donantes a las medidas adoptadas por los países en desarrollo para erradicar la pobreza en sus poblaciones. 
Se ha establecido contacto periódico entre la Comisión, el FMI y el Banco Mundial y con los organismos de las NN.UU. para coordinar nuestro apoyo a las estrategias de reducción de la pobreza en los países en desarrollo. 
Refrendamos decididamente el principio de la participación de los países en las políticas de desarrollo inherente a este planteamiento de documentos relativos a la estrategia de reducción de la pobreza. 
Por último, conviene poner de relieve que la Comisión ha contribuido a la labor del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la OCDE con vistas a formular directrices en materia de formulación de políticas para los países miembros. 
En general, eso significa que nunca hemos estado en una situación en la que la coordinación y el consenso entre los donantes haya sido mejor. 
Es muy importante que desempeñemos nuestro papel en esa labor común. 
Además, en el informe anual sobre la ejecución de la ayuda exterior de la Comisión, que aparecerá al final de este otoño, figurará un informe definitivo. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias muy brevemente al Comisario y felicitarlo por los avances que está logrando en la esfera concreta de la reducción de la pobreza. 
Se trata de una esfera importantísima, pero en la nueva asociación ACP-UE hay una referencia especial a la necesidad de abordar la corrupción. 
En el marco de la reducción de la pobreza, ¿qué avances está logrando la Comisión al abordar la corrupción? 
Una de las cosas que he observado en todo el debate sobre la asociación ACP-UE es la falta de insistencia en la educación. 
No se puede subrayar bastante la importancia de la educación. 
Es extraordinariamente importante que, al abordar la reducción de la pobreza, se conceda la máxima prioridad a la educación. 
Voy a contestar en primer lugar a la última parte de la pregunta. 
El problema real es el de que se carece de todo y se necesita todo. 
La respuesta de nuestros países asociados en el grupo ACP ha estado caracterizada en gran medida por la concesión de prioridad destacada a las infraestructuras. 
Seguiremos construyendo carreteras- grandes y pequeñas carreteras -, pero la educación y la salud son los siguientes elementos en la lista de prioridades. 
Seguiremos adoptando intensas medidas en materia de educación. 
Respecto de la corrupción y el nuevo instrumento del Acuerdo de Cotonou- el artículo 97 -, puedo informar al Parlamento de que se utilizará. 
Dentro de poco, todo ello resultará claro en el primer caso de utilización activa del nuevo artículo 97. 
Eso no quiere decir que tengamos un instrumento potente y de eficacia garantizada, sino que significa que todo está claro y a la vista y que estamos abordando ese problema. 
Significa también que queremos hacerlo mediante una intervención cooperativa y no como una forma de castigo. 
La falta de capacidad para hacer las cosas bien es una razón también por la que se hacen mal las cosas. 
Es necesaria una intervención amplia al respecto. 
Tenemos que atenernos a ello y vamos a utilizarlo. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nº 42 y 43 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 42 formulada por (H-0613/01): 
Asunto: Turismo sexual que afecta a niños La organización internacional ECPAT (Acabar con la Prostitución Infantil en el Turismo Asiático) colabora con los operadores turísticos para combatir el turismo sexual que afecta a niños. 
Hasta el momento, la Comisión ha otorgado una ayuda que cubre el 60% de los costes del proyecto, pero recientemente se ha comunicado a la ECPAT que esta ayuda, proporcionada por la Dirección General de Empresa, se le retirará a partir del año que viene. Al mismo tiempo, se le pide que solicite subvenciones a otras Direcciones Generales. 
El proyecto en cuestión es único, y la ayuda de la Comisión se inscribe en la línea de la Decisión del Consejo de 1999 sobre las medidas de lucha contra el turismo sexual que afecta a niños. 
Por consiguiente, antes de retirar la actual ayuda, la DG de Empresa tiene el deber de asegurarse de que otra DG subvencionará el proyecto de la ECPAT. 
¿Puede garantizar la Comisión que seguirá subvencionando este proyecto único e innovador? 
Pregunta nº 43 formulada por (H-0616/01): 
Asunto: Financiación a largo plazo de la lucha contra el turismo pederasta ECPAT es una organización que lucha contra la explotación sexual de los niños, especialmente en los países en los que trabajan las agencias de viaje europeas. 
Según informaciones recibidas, la ayuda financiera concedida a ECPAT por la DG "empresas" será suprimida a partir del próximo año. 
Ahora bien, durante el período en que ECPAT ha estado financiada por la DG "empresas", la organización ha realizado un trabajo muy importante, aportando una ayuda importantísima a un número incalculable de niños y ayudando también al sector del turismo, que por su parte ha elaborado un código de conducta. 
¿Ha previsto la Comisión mantener la financiación manifiestamente esencial de las acciones de ECPAT para asegurar que la lucha contra el turismo sexual del que son víctimas los niños pueda continuar en el futuro? 
¿Podría prever la Comisión transferir el proyecto a otra DG? 
-Muchas gracias, señor Comisario. 
He comprobado con satisfacción que la Comisión seguirá aportando recursos a la ECPAT. 
Sin embargo, permítanme decir que la explotación sexual de los menores no ha desaparecido sólo porque las noticias en los periódicos lo hayan hecho. 
Por tanto, es especialmente importante que la Comisión continúe con estos trabajos. 
No obstante, me plantea algún problema la propuesta presentada por el Comisario Nielson, esto es, que todo se hará por intermedio de Euroaid. 
De acuerdo con ciertas informaciones, Euroaid exige que la organización que realice estas tareas sea una ONG en un país en vías de desarrollo. 
Esto imposibilitaría la actuación de la ECPAT, que no tiene su campo de acción principal en los países en desarrollo. 
En mi propio país tampoco estamos a salvo. 
Hace algunos días informaba la ECPAT que se calcula que unos 400 niños, entre los 4 meses y los 17 años, han sido explotados en Suecia. 
Estos datos son escalofriantes y demuestran que no se debe retirar el apoyo a estas organizaciones. 
Tomo las palabras del Comisario como una promesa de que será así. 
La forma de organizarlo queda en sus manos. 
No estoy seguro de que tengamos un problema porque no se trate de una ONG en una país en desarrollo. 
No existe intención alguna de cambiar los criterios para juzgar la idoneidad de una organización. 
Los principios siguen totalmente inalterables. 
Se trata de mejorar la eficiencia de la gestión. 
Al hacerlo en la misma oficina que gestiona los asuntos relativos a la línea presupuestaría correspondiente a los derechos humanos, aumentará la intensidad y la sensibilización del personal participante. 
No creo que se trate de un problema. 
Doy las gracias al Comisario Nielson por su respuesta. 
Respondiendo a una justificada pregunta de Maj-Britt Theorin ha hecho una importante aclaración en el sentido de que esto no implica cambio alguno en los criterios para calificar a una organización, en este caso la ECPAT, como apta para continuar recibiendo apoyo de la UE. 
Permítame decir que su colega Erkki Liikanen, igual que usted, señor Nielson, ha contestado de manera positiva a las preguntas que algunos colegas y yo hemos formulado aquí en el Parlamento Europeo. 
Se nota que existe un genuino interés por luchar contra la más deplorable forma de esclavitud y de atropello a la dignidad humana. 
Permítanme también decir, y creo que puedo hacerlo en nombre de Maj-Britt Theorin en este caso, que esperamos que hayan pasado los tiempos en que teníamos que formular preguntas sobre la permanencia de las ayudas a la financiación de ECPAT y a la lucha contra el turismo sexual que afecta a niños. 
Terminemos de una vez con el envío de las materias de una Dirección a otra. 
Pregunta nº 44 formulada por (H-0614/01): 
Asunto: Ayuda humanitaria a niños En un seminario celebrado los días 1 y 2 de marzo en Norrköping, el Comisario Nielson presentó datos sobrecogedores relativos a los conflictos armados y sus repercusiones en los niños. 
Según estimaciones de UNICEF, durante la última década los conflictos armados han provocado la muerte directa o indirecta de dos millones de niños, han causado heridas graves o invalidez a otros seis millones, han dejado huérfanos a un millón y han obligado a veinte millones a abandonar sus hogares, mientras que más de 300 000 tomaron parte en estos conflictos armados. 
Según el Comisario, los datos presentados no son del todo fiables debido a la falta de un sistema de registro completo. 
Dado que la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión ha destinado aproximadamente 40 millones de euros desde principios de 2000 en favor de estos niños, ¿se propone la Comisión avanzar, tal como por otra parte desea el Comisario competente, en la vía del desarrollo de un sistema de información normalizado que las entidades responsables locales- personal para el mantenimiento de la paz, responsables competentes en ayuda humanitaria, etc.- pudieran utilizar para recopilar y clasificar los datos, cosa que ayudaría a tomar conciencia de la dimensión real del problema y a combatirlo de un modo más eficaz? 
Resulta difícil conseguir cifras fiables sobre las repercusiones de los conflictos armados en los niños. 
Aunque se dispone de datos, a veces corresponden a un marco concreto o son anecdóticos o poco sistemáticos. 
Las mismas cifras definitivas- dos millones de niños muertos en conflictos armados, 300.000 niños participantes en combates armados, etc.- que se señalan a la atención de la comunidad internacional en el excelente informe preparado por Graça Machel en 1996 se mencionan una y otra vez sin salvedades, aunque no pueden seguir siendo válidas. 
En mi reunión con el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos Armados, Sr. Otunnu, en diciembre de 2000, lo primero que hice fue poner de relieve la grave falta de datos fiables. 
Inspirado por la conversación mantenida con él, aproveché la oportunidad del seminario organizado por la Presidencia sueca en Norrköping en marzo de este año para pedir una intensificación de las medidas para mejorar los conocimientos sobre los niños en los conflictos. 
Desde entonces ECHO ha intentado dar impulso a la puesta en marcha de un proyecto de recogida de datos en gran escala. 
El objetivo primordial de ese empeño es el de obtener una impresión de la escala real del problema, porque la falta de datos fiables redunda en perjuicio de nuestras medidas de promoción y al tiempo constituye un obstáculo importante a la mejora de nuestra reacción humanitaria. 
Pero no quiero poner en marcha simplemente otro proyecto que concluya con un informe que podría no utilizarse nunca. 
Ya se han hecho numerosos estudios sobre los niños en los conflictos. 
Pero, mientas no haya conceptos y definiciones comunes, un proyecto complejo encaminado a determinar los hechos tiene pocas posibilidades de dar resultado. 
Así, pues, en lugar de centrarnos en la obtención de resultados instantáneos, estamos procurando organizar un amplio apoyo internacional con vistas a una iniciativa integrada sobre una metodología para la recogida de datos que nos permita hacer comparaciones entre regiones y momentos. 
El mes pasado, ECHO participó en el seminario celebrado en Florencia- Colmar las lagunas del conocimiento: programa de investigación sobre las repercusiones de los conflictos armados en los niños- y organizado por la oficina del Sr. Otunnu, el Unicef y otras instancias. 
En dicho seminario se consiguió crear una red de investigadores del Norte y del Sur, que están listos para emprender investigaciones sobre cuatro temas, uno de los cuales será el de los datos sobre los niños afectados por los conflictos armados. 
Paralelamente a esa iniciativa, ECHO seguirá cooperando con el Unicef. 
Como organismo de las NN.UU. al que se ha encomendado la protección de los niños que es, el Unicef puede desempeñar un papel fundamental en la recogida de datos. 
Así, pues, la Comisión está alentando al Unicef para que formule un proyecto de recogida internacional de datos substanciales sobre los niños en conflictos utilizando la red de investigación del Sr. Otunnu como caja de resonancia. 
Estoy dispuesto a subscribir un compromiso político y financiero para mejorar la disponibilidad de datos sobre los niños afectados por conflictos armados, siempre y cuando las nuevas iniciativas comprendan acuerdos generales sobre las definiciones, los conceptos y las metodologías para la recogida de datos. 
El objetivo es el de crear un sistema que permita a las personas que trabajan en esa esfera, de toda clase de organizaciones diferentes, aportar información a un sistema uniforme, lo que también tendrá importantes efectos en la labor de sensibilización en los países en conflicto, porque sabrán que las cifras, los niños y las niñas de que hablamos, las estadísticas reales resultantes de esa operación, procederán de su propio terreno y no serán algo expuesto en un informe que puede o no ser cierto. 
Señor Comisario, quiero decirle que comparto su inquietud y su preocupación por mejorar el sistema y va a contar con nuestro apoyo. 
Dos preguntas muy simples, reales y no retóricas. 
Usted ha dicho que muchas veces no hay definiciones comunes, estándares comunes, y que muchas veces no disponemos de la ayuda in situ para realizar una buena búsqueda. 
¿Quién le obstaculiza? 
Creo que el tema no es sólo nacional. 
Hay aspectos políticos, que no pido que usted se haga totalmente cargo de ellos, pero los hay. 
Y una segunda cuestión, que está conectada a esta. 
En las guerras no sólo se mata a niños, o se quedan huérfanos o son pobres, que son cosas dramáticas; hay también otras cosas que le querría preguntar, sinceramente, si se ocupa de ellas. 
Por ejemplo, hemos visto maltrato sexual a niños por parte de nuestros soldados, los de la Unión Europea, en Somalia y en más lugares. 
En Bosnia, en Kosovo se está dando una campaña gigantesca de prostitución de niños, de jóvenes, de chicos y chicas. 
¿Puede hacer algo sobre esto? 
En relación con esta pregunta, el aspecto complementario más importante a este respecto es el siguiente: ¿quién nos detiene? 
Evidentemente, nos detienen en esta actuación quienes están causando los problemas y que son responsables de los conflictos. 
Los que hoy afrontamos son conflictos en los que la población civil no es independiente del conflicto. 
Al contrario, más que rehenes son víctimas. 
Eso significa que nadie combate en una guerra honorable y la culpabilidad por haber raptado a niños y haberlos obligado a participar en los combates es la principal razón, psicológicamente, por la que resulta tan difícil averiguar la verdad. 
El medio es difícil, políticamente, y en cualquier otro sentido de la palabra. 
Una prensa libre no tiene un acceso fácil a los lugares de la Tierra en los que ocurren esas cosas. 
La próxima semana, visitaré Afganistán para mostrar nuestro apoyo a las organizaciones que estamos financiando allí y que tienen voluntarios trabajando allí. 
La visita mostrará también al pueblo de Afganistán y a las víctimas del conflicto que nuestro interés no es simplemente político. 
Nuestro interés es humanitario, real y tangible. 
Haciendo lo que hacemos tal vez estemos llegando al límite de lo posible. 
Pregunta nº 45 formulada por (H-0636/01): 
Asunto: Ayuda humanitaria en el Cáucaso ¿Qué porcentaje de la ayuda humanitaria prevista en 2001 para Chechenia y los chechenos desplazados en los territorios limítrofes, incluida la República de Georgia, ha sido ya repartido en esta región en crisis, y qué planes al respecto se han hecho para lo que queda de año y para 2002? 
Señor Presidente, desde el comienzo del conflicto en 1999, la Comisión ha concedido unos 44 millones de euros en asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto de Chechenia. 
Hasta la fecha este año, se han adoptado tres decisiones en materia de financiación que ascienden a un total de 18,5 millones de euros. 
Atienden las necesidades más urgentes de los afectados por el conflicto y benefician a las poblaciones internamente desplazadas y a la población más vulnerable de Chechenia, así como poblaciones chechenas desplazadas en Ingushetia y Dagestán. 
Eso significa que en 2001 se han comprometido 18,5 de los 25 millones de euros originalmente estipulados. 
Para determinar otras necesidades de fondos este año, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea emprenderá en septiembre otra evaluación de la situación en materia de asuntos humanitarios y posteriormente presentará una propuesta de financiación a la Comisión. 
El objetivo principal de esa próxima decisión será la preparación para el invierno. 
Se determinará el alcance geográfico de las actividades de ayuda en función de las necesidades prioritarias determinadas. 
Actualmente se calcula que el importe mínimo necesario para ello asciende a unos 11,5 millones de euros en 2002. 
ECHO se propone seguir financiando operaciones en consonancia con su mandato humanitario. 
Evidentemente, el alcance de la participación de ECHO dependerá de la situación en materia de seguridad y las condiciones de la labor humanitaria. 
Ello es aplicable, en particular, a nuestras operaciones dentro de Chechenia, donde la situación sigue siendo muy difícil para nosotros y seguimos manteniendo un diálogo hasta ahora insatisfactorio con las autoridades rusas sobre la comunicación por radio, el acceso, las condiciones laborales y la seguridad en general para las personas cuya labor financiamos allí. 
Muchas gracias, señor Comisario. Sólo quiero preguntar de nuevo sobre dos puntos. 
Primero: ¿cuál es la situación de la ayuda humanitaria para los desplazados chechenos en Georgia? 
Me parece que no ha dicho nada al respecto. 
Segundo: ¿va a desplazarse en alguna ocasión a Chechenia o proyecta la Comisión establecer allí una representación permanente? 
Señor Presidente, sobre Georgia puedo dar la siguiente información: se cree que unos 7.000 refugiados chechenos se encuentran en el valle de Pankisi, en Georgia. 
Desde el estallido del conflicto en el otoño de 1999, ECHO ha asignado un total de 820.000 euros en ayuda humanitaria a ese grupo beneficiario. 
Las operaciones financiadas se centran sobre todo en la atención básica de salud. 
Sin embargo, dados los limitados recursos presupuestarios y las necesidades en aumento en materia humanitaria en el Cáucaso septentrional, hay que establecer prioridades en las asignaciones. 
Así, pues, hasta la fecha en este año no se han consignado fondos para los refugiados chechenos en Georgia. 
Una evaluación de ECHO que se emprenderá en septiembre- aquella a la que me he referido- y la posterior evolución de las necesidades en el terreno determinarán la posible asistencia suplementaria de ECHO para los refugiados chechenos en Georgia. 
Se trata de una evaluación muy prudente, pero hasta ahora estoy convencido de que el balance de nuestras acciones es correcto. 
Sobre la situación chechena propiamente dicha, no estoy preparando actualmente una misión allí. 
Estamos siguiendo muy de cerca todas las actividades que allí se llevan a cabo. 
No se considera que la creación de una oficina interna sea la forma más eficiente de actuar en este momento. 
Entramos y salimos y estamos haciendo una supervisión lo más estrecha posible dentro de las posibilidades que se nos brindan. 
Pregunta nº 46 formulada por (H-0666/01): 
Asunto: Prospecciones petrolíferas en el Sudán ¿Es consciente la Comisión de la política de tierra quemada que practica el Gobierno del Sudán a fin de preparar el terreno para que las empresas europeas realicen prospecciones petrolíferas y exploten los yacimientos de petróleo situados en la zona del Alto Nilo del Sudán? 
Habida cuenta de dicha política, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión para evaluar las repercusiones de dichas prospecciones petrolíferas en la situación de los derechos humanos en la zona? 
¿Estaría la Comisión dispuesta a apoyar que se prohiban las inversiones europeas en el sector petrolífero sudanés y se cierren las fronteras de la Unión Europea al crudo "Nile Blend" hasta que se acuerde una paz duradera en el Sudán? 
¿Estaría la Comisión dispuesta a velar por la adopción de medidas legislativas vinculantes en materia de respeto de los derechos humanos, para exigir a las empresas responsabilidades por las actividades que llevan a cabo en terceros países, ya sea directamente o a través de filiales? 
Voy a comenzar citando la última parte de la pregunta: "¿ Estaría dispuesta la Comisión a velar por la adopción de medidas legislativas vinculantes en materia de respeto de los derechos humanos, para exigir a las empresas responsabilidades por las actividades que llevan a cabo en terceros países, ya sea directamente o mediante filiales ?" 
Quisiera prevenir contra una aceptación apresurada del principio de extraterritorialidad en nuestra legislación. 
Tengo una clara impresión de que esta Asamblea abriga una opinión muy firme sobre la Ley Helms-Burton con su extraterritorialidad y el problema que crea. 
Es necesario abordar esa cuestión con prudencia. 
En cuanto al Sudán, estamos siguiendo de cerca la situación política y participando activamente en el diálogo político entre la UE y el Sudán que se reanudó en noviembre de 1999. 
Pese a la permanente preocupación por la situación en materia de derechos humanos y la falta de avances en el proceso de paz, se considera que el diálogo político es en general positivo y se ha acordado proseguirlo un año más. 
La Comisión apoya iniciativas en pro de los derechos humanos en el Sudán y está proyectando un estudio para preparar una estrategia más integrada en esa esfera. 
La Comisión es consciente de que las cuestiones económicas, como el reparto de la riqueza resultante del petróleo del Sudán, desempeñan un papel cada vez mayor en el conflicto. 
Conque podríamos decir que el desarrollo de ese sector petrolero ha intensificado la necesidad de las negociaciones de paz. 
Es de esperar que se pueda convertir en una baza para ese proceso de negociación sobre la paz. 
La Comisión conoce las acusaciones de que se ha obligado a muchas personas que vivían cerca de las concesiones petroleras a abandonar la zona y que han padecido violaciones de los derechos humanos. 
Creemos que no hay duda de que las milicias armadas por el Gobierno para proteger los pozos petrolíferos y las milicias apoyadas por el Movimiento Popular de Liberación del Sudán participan en las violaciones de los derechos humanos. 
Sin embargo, no se dispone de información precisa independiente y objetiva para confirmar la política de tierra quemada en gran escala organizada y aplicada por el Gobierno. 
En cuanto a la posible prohibición de inversiones, la Comisión duda de la utilidad de la aplicación de sanciones unilaterales como instrumento de la política exterior. 
Estamos convencidos de que una política de compromiso y no de aislamiento es la forma mejor de que se escuchen nuestras preocupaciones y se satisfagan nuestras aspiraciones. 
Por lo que se refiere a la legislación, la Comisión ya fomenta el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas de la UE donde quiera que actúen, en particular mediante las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. 
Ese instrumento, pese a no ser jurídicamente vinculante, entraña recomendaciones firmes por parte de 33 gobiernos a sus empresas multinacionales para que actúen de forma responsable a escala mundial. 
Está claro que no es lo mismo que lo que se pide en la pregunta, pero conseguir un amplio apoyo internacional a esos principios es, en cualquier caso, necesario para fomentar la eficiencia. 
Creo que ésa es la forma mejor de proceder. 
Seré breve. 
No veo la pertinencia de esa idea de extraterritorialidad. 
Estamos hablando de importantes compañías petroleras europeas, que deben rendir cuentas de sus actividades. 
No debemos olvidar que el dinero y los beneficios que están obteniendo dichas compañías revierten a Europa. 
Las compañías europeas importantes deben rendir cuentas sobre como actúan en otras partes del mundo. 
Si hubiera una legislación vinculante que las empresas europeas importantes tuvieran que cumplir, no nos encontraríamos con la situación actual. 
No se refiere sólo a las compañías petroleras importantes, sino también a otras multinacionales europeas que hacen caso omiso de sus obligaciones en materia de derechos humanos, medio ambiente y libertades civiles básicas. 
Están obteniendo enormes beneficios y nosotros estamos beneficiándonos aquí de ellos. 
Si tuviera un talante más cínico, diría que su Señorías es ligeramente optimista al decir que estamos beneficiándonos de los beneficios de las empresas petroleras. 
Lo que he dicho sobre el principio de extraterritorialidad es cierto. 
Constituye un problema real el de legislar aquí sobre lo que sucede en otro país. 
El problema real es el de que lo que es legal sobre el papel o en la práctica en un país como el Sudán puede ser muy diferente de lo que aquí consideraríamos legal. 
Pero esa diferencia forma parte de la realidad de nuestro mundo. 
Conque voy a atenerme a mi advertencia para prevenir que este Parlamento siga la actitud del Congreso americano con el problema cubano, visto desde el punto de vista de la Ley Helms-Burton, al imponer fuera del país sus principios jurisdiccionales. 
Podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero esos principios fueron decididos sólo por ellos. 
Eso es la esencial del problema. 
Aunque la ética de este debate apunta en la dirección que su Señoría ha expresado, la mecánica y los aspectos legislativos de la invocación de ese principio siguen siendo algo que yo no aconsejaría. 
A comienzos de este año tuve la oportunidad de visitar el Sudán, como el Sr. Corrie, aunque no en la misma época, y él encabezó una delegación oficial. 
Agradezco al Comisario su equilibrada respuesta. 
Me parece que lo que se necesita aquí, en Europa, es una apreciación factual de la situación, de lo que está sucediendo en realidad. 
Se han hecho muchas alegaciones. 
El Gobierno sudanés las niega. 
Nosotros queremos averiguar la verdad. 
Quisiera saber si la Comisión va a hacer algo, o está haciendo algo, para intentar averiguar si existe o no esa política de tierra quemada. 
El representante de la Comisión en Jartum me dijo que nuestra ayuda al Sudán resultaba gravemente limitada por las restricciones políticas. 
Si simplemente pudiéramos hacer entrar más ayuda en ese país, podríamos contribuir más al fin de la guerra civil que hay allí y conseguir en realidad un mayor respeto de los derechos humanos en todo el país. 
Ésa debería ser la ambición de todos nosotros. 
Éste es uno de los difíciles casos con que nosotros, por una parte, nos encontramos en materia de ayuda humanitaria, pero en los que la cuestión del acceso y del alejamiento de las partes combatientes para entregar la ayuda a las personas necesitadas ha sido un gran problema. 
Además de eso, toda la actuación y los problemas políticos en relación con el Gobierno y sus políticas y los aspectos relativos a los derechos humanos han creado una situación muy agria a lo largo de algunos años. 
Ahora el intento de contribuir al proceso de paz participando en un diálogo deliberado parece estar dando resultados. 
Eso es todo lo que podemos decir ahora. 
Conozco perfectamente las opiniones y las recomendaciones de nuestro jefe de la delegación en Jartum y, desde luego, indica que el diálogo en el que estamos participando está logrando algunos avances. 
Conque estamos buscando formas de equilibrar el garrote y la zanahoria. 
En este momento no puedo ser más preciso. 
En la prensa sueca e internacional se ha informado que la organización Christian Aid ha exigido que la empresa petrolera sueca Lundin Oil- en cuyo directorio figura Carl Bildt, consejero del Secretario General de la ONU para los Balcanes- abandone Sudán. 
¿Ha tenido el Comisario Nielson o la Comisión algún tipo de contacto con Christian Aid, con Lundin Oil o con el consejero de la ONU Carl Bildt sobre esas afirmaciones respecto a atropellos a los derechos humanos en relación con la construcción de carreteras para facilitar la explotación de petróleo en el sur de Sudán? 
Esa compañía petrolera ha sido comprada ahora, según tengo entendido, por una compañía petrolera americana, pero eso no cambia la situación. 
Ni añade ni sustrae nada al problema. 
Como tampoco afecta, en mi opinión, al problema la presencia del ex Primer Ministro sueco en su consejo de administración. 
No tenemos relaciones específicas con la organización mencionada ni con esa empresa petrolera concreta. 
Se debe considerar la actividad petrolera en el Sudán un recurso para el país que se debe utilizar al máximo en provecho del pueblo sudanés. 
Vemos muchos casos de utilización perversa de los recursos petroleros. 
Si lo examinamos desde un punto de vista de política distributiva, muy pocos de los países en desarrollo con recursos petroleros disfrutan de efectos positivos de ello. 
Uno de los elementos que planteamos en el debate sobre las prioridades en Timor oriental, en el comienzo mismo de nuestra presencia allí, fue el de aconsejarles que procuraran conseguir consultores de primera para ayudarlos a abordar toda la cuestión de los recursos petroleros que ahora forman parte del futuro económico de ese país. 
La distribución interna es importante y se debe examinar probablemente junto con la mayoría de los países en desarrollo. 
Gracias, señor Nielson, por su larga y excelente cooperación. 
De conformidad con el Reglamento, la pregunta 47, formulada por el Sr. Howitt, será contestada por escrito. 
Preguntas dirigidas al Sr. Liikanen 
Pregunta nº 48 formulada por (H-0600/01): 
Asunto: Precios de acceso a Internet con tarifa plana Uno de los principales instrumentos del proceso eEurope es la determinación de indicadores de buenas prácticas ("benchmarking"). 
En una página web de la Comisión (http://europa.eu.int/information_society/eeurope/benchmarking/index_en.htm) se ofrece una lista de los valores de referencia que deberá publicar la Comisión. 
En la tercera parte de dicha lista figura un elemento de vital importancia: el acceso a Internet con tarifa plana, que se ha asentado con firmeza en el mercado del Reino Unido y que es de esperar que se extienda a toda la Unión. 
Desafortunadamente, la Comisión todavía no ha facilitado los datos de referencia para este indicador clave. 
¿Piensa facilitar la Comisión esta información a los ciudadanos europeos a través de su página web, presentando datos comparativos sobre los precios medios actuales de tarifa plana de los servicios ofrecidos por los proveedores de acceso en los quince Estados miembros, así como sobre los precios de los productos de tarifa plana ofrecidos al por mayor por los operadores establecidos? 
Señor Presidente, el costo del acceso es el factor determinante más decisivo de la utilización de la red Internet y las políticas encaminadas a reducir el costo introduciendo más competencia son fundamentales para el año correspondiente al plan de acción. 
En vista de ello, el Consejo del Mercado Interior de noviembre del año pasado aprobó un conjunto de indicadores de competitvidad para el año correspondiente al plan de acción, entre los cuales figuraba el costo del acceso. 
Al formular el indicador relativo al precio del acceso, el Consejo especificó que la fuente era la OCDE, complementada, en caso necesario, por un estudio de la Comisión. 
La ventaja de los datos de la OCDE era la de que permitían hacer comparaciones con terceros países y en particular con los Estados Unidos. 
En el informe de la Comisión presentado al Consejo Europeo de Estocolmo se utilizaron datos de la OCDE. 
Entre dichos datos figuran los del acceso con tarifa uniforme; sin embargo, su metodología sólo tiene en cuenta los precios cobrados por la compañía de telecomunicaciones dominante en cada país. 
En la práctica, eso significaba que había demasiado pocas cifras disponibles para merecer su inclusión en una página en la red Internet. 
Para superar esa metodología, la Comisión solicitó, mediante licitación, estudios para evaluar los precios de acceso a la red Internet en la UE. 
Hubo una abundante respuesta y el 1 de noviembre de 2001 se evaluarán los datos relativos a los precios y estarán a disposición de la Comisión el 15 de enero de 2002, a más tardar. 
Después se repetirán seis meses después. 
En una sección relativa a los indicadores de competitividad de la página e-Europe en la red Internet, se publicarán los resultados de esa investigación. 
Aunque el análisis de la OCDE es limitado, da una idea de las repercusiones del acceso con tarifa uniforme en el precio de la red Internet. 
El costo en septiembre de 2000 del acceso con tarifa uniforme, según el informe de la OCDE, era- y en este caso recurrimos a los dólares de los E.UU., porque son la moneda utilizada en dicho informe: el año próximo utilizaremos euros- de 25 dólares en el Reino Unido, 35 dólares en España y 50 dólares en Alemania. 
Las nuevas cifras correspondientes a agosto de 2001 no muestran variación notable alguna en los precios del acceso con tarifa uniforme. 
Los EE.UU siguen teniendo el acceso más barato: 20 dólares. 
De la operación comparativa se desprende también claramente que el acceso con tarifa uniforme está aumentando rápidamente en la UE. 
Por ejemplo, los datos provisionales de la encuesta sobre la utilización de la red Internet muestran que en junio la proporción de hogares con acceso a ADSL con tarifa uniforme había aumentado más de un 200% en comparación con la encuesta del pasado mes de octubre. 
La penetración total de ADSL sigue siendo escasa, de eso no hay duda, pero ha habido varios avances espectaculares en los Estados miembros: por ejemplo, en los ocho meses transcurridos entre las dos encuestas Bélgica pasó des 1% al 11%. 
Ha sido una respuesta tan completa, que no se me ocurre una pregunta complementaria, por lo que no voy a formularla. 
Señor Newton Dunn, le agradezco su decisión. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas nº 49 y 50 decaen. 
Pregunta nº 51 formulada por (H-0617/01): 
Asunto: Neumáticos de alta velocidad en Suecia En abril de este año, muchos automovilistas suecos tuvieron que comprar nuevos neumáticos de verano, lo que dio lugar a una situación absurda. 
En el sector de los neumáticos se indicaba que una directiva de la UE disponía que cada turismo nuevo debía ir equipado con neumáticos que pudieran soportar la velocidad máxima teórica del vehículo. 
El hecho de que en Suecia se pueda circular a un máximo de 110 km/h no cuenta para nada y muchos automovilistas se vieron obligados a equipar sus coches con neumáticos que pueden soportar velocidades de 270 o, en algunos casos, 300 km/h. 
A pesar del riesgo de multas y nuevas inspecciones de registro, es normal que los automovilistas hagan caso omiso de la exigencia de disponer de neumáticos de alta velocidad. 
En muchos talleres hay formularios para que los clientes eximan al taller de responsabilidad por montar neumáticos para una velocidad máxima de 190 km/h. 
¿Es correcta esta interpretación de la directiva o tienen los conductores derecho a exigir que en su coche se monten neumáticos que no soportan la velocidad máxima teórica del vehículo? 
En el nivel europeo la Directiva 92/23/CEE, de 31 de marzo de 1992, aborda las especificaciones para neumáticos correspondientes a automóviles de pasajeros. 
La legislación europea sobre la homologación de los vehículos de motor dispone que todo automóvil nuevo debe ir equipado con determinada categoría de neumáticos especificados por el fabricante del vehículo y aptos para resistir la velocidad máxima del vehículo. 
Sin embargo, esa directiva rige sólo la entrada inicial en servicio del automóvil antes de su matriculación en un Estado miembro. 
No se da indicación alguna sobre la utilización del vehículo, incluidos los aspectos relativos a la velocidad máxima correspondiente a los neumáticos de recambio. 
En otro instrumento legislativo- la Directiva 1999/37/CEE relativa a la información mínima que debe figurar en la documentación de los vehículos de motor- no figura especificación alguna correspondiente a esa característica de los neumáticos de recambio. 
Así, pues, la interpretación dada por la industria y los distribuidores de neumáticos de Suecia a la legislación CE pertinente es correcta. 
Sin embargo, el hecho de que no haya una prescripción específica no permite automáticamente a los dueños de automóviles substituir los neumáticos con el modelo que deseen. 
En el nivel nacional y conforme al principio de subsidiariedad, las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros tienen el cometido de imponer el cumplimiento de las disposiciones pertinentes relativas a la seguridad en la carretera y de las sanciones correspondientes, cuando sea necesario. 
En principio, la instalación en un automóvil de neumáticos que no puedan resistir su velocidad máxima podría invalidar la conformidad del vehículo con la homologación de la UE. 
La policía podría sancionar esa situación, potencialmente peligrosa, si viola la legislación nacional. 
Doy las gracias al Comisario por su respuesta. 
La velocidad máxima permitida en Suecia es de 110 km/h, pero actualmente muchos suecos usan neumáticos que soportan velocidades de hasta 250 km/h. Esto cuesta mucho dinero y produce problemas a los automovilistas. 
No existen aspectos de seguridad vial que aconsejen el uso de este tipo de neumáticos. 
Por eso opino que sigue siendo difícil motivar esta clase de exigencias que conllevan mayores gastos para los automovilistas. 
De la respuesta del Comisario deduzco que cuando se cambian los neumáticos por segunda vez se tiene derecho a usar otro tipo de neumáticos, si las autoridades nacionales lo permiten. 
¿He entendido su respuesta correctamente? 
Señor Presidente, permítaseme decir que se trata de una parte bastante compleja de la legislación de la UE. 
Antes de dar una repuesta precisa a la última pregunta, quiero consultar a mis expertos, pero tal vez pueda dar una respuesta relativa al problema que se está examinando. 
Aunque en Suecia el límite de velocidad es de 110 a 120, se espera que los neumáticos resistan límites mayores de velocidad, porque, si un automóvil sueco pasa a Dinamarca y de Dinamarca se traslada a Alemania, donde no hay límites de velocidad en las autopistas, viajará a velocidades mayores. 
Se debe garantizar la misma seguridad en toda Europa. 
Volveré a responder a su Señoría sobre la primera pregunta lo antes posible. 
Pregunta nº 52 formulada por (H-0620/01): 
Asunto: Automóviles respetuosos de los peatones En numerosos países de la Unión Europea se está llevando a cabo actualmente un debate sobre la mejora de la seguridad vial en el que se ha tomado en consideración el proyecto de un automóvil más respetuoso de los peatones. 
¿Tiene previsto la Comisión elaborar una directiva al respecto o dejará que este asunto progrese según los posibles compromisos voluntarios de la industria? 
. (FI) Señor Presidente, la Comisión es consciente de la preocupación expresada por el distinguido diputado al Parlamento Europeo. 
Con el fin de hacerse cargo de este asunto, la Comisión emitió la Comunicación sobre la protección de los peatones fechada el 11 de julio de 2001. 
Es importante recordar la importancia de esta cuestión. 
Cada año 9.000 peatones o ciclistas pierden la vida y 200.000 resultan heridos en accidentes en los que están implicados los automóviles. 
La industria europea del automóvil, tras las conversaciones mantenidas con la Comisión, acaba de comprometerse a introducir una serie de dispositivos de seguridad a partir del año 2002. 
Estos dispositivos están destinados a incrementar la protección de los peatones en los accidentes. 
En cuanto al modo de llevar a cabo esta reglamentación, podemos elegir entre, por una parte, los compromisos voluntarios de la industria basados en los objetivos acordados y, por otra parte, el procedimiento ordinario de legislación. 
En julio, la Comisión constató que el contenido de los compromisos de la industria respondía a los objetivos fijados por la Comisión. 
Para finales del presente año se tomará la decisión final sobre si adoptamos la normativa de seguridad mediante compromisos, cuyo cumplimiento será objeto de un riguroso seguimiento, o mediante la elaboración de una legislación al respecto. 
Según lo acordado, los fabricantes de automóviles se comprometen a garantizar que todos los turismos nuevos superarán una serie de pruebas, cuyo objetivo será comprobar que los vehículos estén diseñados para que los peatones y ciclistas víctimas de accidentes sufran el menor daño posible. 
Las conversaciones mantenidas con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) sobre el Compromiso de la industria se han basado en los siguientes objetivos: primero, alcanzar los objetivos propuestos por el Comité europeo para el incremento de la seguridad de los vehículos (EEVC) ; segundo, la ejecución de medidas destinadas a mejorar la protección de los peatones a corto y medio plazo; tercero, la adopción de nuevas y mejores soluciones técnicas que incrementen de forma eficaz la seguridad de los peatones; y cuarto, la búsqueda de soluciones innovadoras que combinen elementos de seguridad activos y pasivos. 
El objetivo de este Compromiso es reducir el número de víctimas mortales, así como el número de heridos y la gravedad de las lesiones. 
Se estima que el número de muertes se reduciría en dos mil al año si todos los vehículos que circulan por las carreteras de la Unión cumplieran los requisitos de las pruebas prescritas por el EEVC. 
La tasa actual se vería reducida en un 20 por ciento. 
Los accidentes mortales podrían reducirse aún más gracias a nuevas soluciones técnicas. 
Si la Comisión decidiera proponer la elaboración de una legislación, ésta se basaría en el contenido del Compromiso contraído. 
La industria se compromete a que, a partir del 1 de julio de 2005, todos los tipos de vehículos cumplan los requisitos incluidos en la primera serie de medidas pasivas recomendadas por el Centro Común de Investigaciones de la Comisión. 
Estas mejoras se irán introduciendo en los modelos existentes de forma gradual, de modo que en el año 2012 formarán parte del equipamiento de fábrica de todos los vehículos nuevos. 
En la siguiente fase, los fabricantes se comprometen a instalar otros dispositivos de seguridad. 
Esto será a partir del año 2010, de modo que, al final de la fase, se consiga cumplir con todos los requisitos fijados por el EEVC, bien de conformidad con las prescripciones técnicas del EEVC, bien a través de otras medidas que sean, como mínimo, equivalentes a efectos de seguridad. 
Por ejemplo, podemos mencionar que, desde principios del próximo año, los vehículos nuevos serán dotados con luces de circulación diurna y se prohibirá el uso de barras parachoques rígidas. 
A partir del año 2003, todos los vehículos nuevos tendrán instalados sistemas antibloqueo de frenos. 
Los fabricantes japoneses de automóviles, representados por su asociación JAMA, suscribieron oficialmente estos puntos mediante un compromiso similar contraído en julio. 
Los compromisos de la JAMA y la ACEA cubren más del 95 por ciento del mercado comunitario de turismos y vehículos industriales ligeros. 
Se están llevando a cabo negociaciones con los fabricantes de automóviles de Corea del Sur sobre estos mismos compromisos, con lo cual se cubriría casi el cien por cien del mercado. 
Como sabe el distinguido diputado al Parlamento, la Comunicación aprobada por la Comisión fue enviada en julio al Parlamento y al Consejo para que ambos expesaran su parecer al respecto. 
Señor Presidente, doy las gracias al Sr. Comisario por su exhaustiva respuesta. 
He notado que la Comisión tiene presente la seguridad vial, aunque pienso que la expresión "automóvil respetuoso de los peatones" es incorrecta, puesto que no es posible que mil o dos mil kilos de acero puedan ser respetuosos al impactar con una persona a una velocidad superior o inferior a cien kilómetros por hora. 
Pero, ante todo, la pregunta era si la Comisión presentará una propuesta de directiva sobre esta cuestión o si está dispuesta a llegar a un acuerdo con los fabricantes. 
¿Debo interpretar la respuesta del señor Comisario de forma que es posible que la Comisión termine inclinándose a pensar que el mejor modo de lograr resultados con rapidez es llegando a un acuerdo con los fabricantes de automóviles, o sea, que es preferible proceder así a elaborar una directiva al respecto? 
. Señor Presidente, la Comisión ha aplazado la decisión final hasta ver cómo se pronuncian al respecto el Consejo y el Parlamento. 
Ambas alternativas tienen su lado positivo. 
Es obvio que la vía del compromiso es más rápida, pero también se trata de una nueva forma de proceder. 
Bien es verdad que ya se ha adoptado una solución similar sobre el aceite de motor de automóviles. 
La vía de la legislación es más tradicional y habitual, pero toma más tiempo; en todo caso, la Comisión quiere adoptar una solución pronto, toda vez que ya ha concluido el turno de declaraciones. 
Pregunta nº 53 formulada por (H-0629/01): 
Asunto: Procedencia de la tecnología de información empleada en el marco de SENSUS y AVENTINUS El miércoles 13 de junio, la Comisión decidió investigar el escándalo Europol. 
Dicha investigación no debe limitarse a la gestión de SENSUS. 
La OLAF deberá investigar todas las adjudicaciones y contratos de AVENTINUS y SENSUS. 
Una investigación independiente de estas características constituye la única garantía de que se clarifiquen los puntos oscuros del asunto Europol. 
Uno de los principales interrogantes pendientes de aclaración sigue siendo la procedencia de la tecnología básica empleada en el marco de SENSUS y AVENTINUS así como en los sistemas Europolis y Eurint de Europol. 
¿Recurrirá la Comisión a la OLAF para la investigación de todas las adjudicaciones y contratos de AVENTINUS y SENSUS? 
¿Puede confirmar la Comisión que la tecnología patentada Polygon de la empresa Polygeneses de Múnich se emplea en el marco de SENSUS y AVENTINUS así como en los sistemas Europolis y Eurint de Europol? 
En caso afirmativo, ¿de qué forma se adquirió esta tecnología y/o el derecho de uso de la misma? 
Su Señoría se refiere a una investigación lanzada por la Comisión el 13 de junio, a raíz de la publicación de artículos en la prensa sobre Europol. 
Para evitar un posible malentendido, la Comisión ha de indicar que no ha lanzado una investigación sobre el asunto relacionado con Europol a que se refiere su Señoría. 
Que la Comisión sepa, el asunto se refiere a acusaciones de fraude no relacionadas con el contrato Sensus. 
La Comisión tiene entendido que las investigaciones internas de Europol han propiciado una investigación de ese asunto por parte de las autoridades judiciales holandesas. 
Por lo que se refiere a la acción emprendida por la Comisión para investigar el proyecto Sensus, la Comisión ha iniciado un examen interno de la gestión de ese proyecto, como se indica en la respuesta de la Comisión a las preguntas orales de su Señoría. 
Tras ese examen y a partir también de recomendaciones más generales en curso del Tribunal de Cuentas y del grupo exterior de supervisión del programa Tecnologías de la Sociedad de la Información, la Comisión está haciendo cambios en los procedimientos que representarán mejoras importantes en la gestión del proyecto. 
La Comisión asiste en calidad de observadora a la reunión del consejo de administración de Europol y a las reuniones de los jefes de unidades nacionales. 
No tiene un mandato para investigar a Europol, salvo en el marco de las relaciones directas de contratista, como, por ejemplo, mediante el proyecto Sensus. 
En el marco de Sensus y como se ha explicado en las respuestas a las preguntas escritas, la Comisión no está preparando actualmente una auditoría financiera de la participación de Europol en Sensus. 
Pero, cuando los participantes en el proyecto hayan presentado su relación de gastos relativos a Sensus, se volverá a evaluar la necesidad de dicha auditoría. 
Sensus y Aventinus participaron en investigaciones precompetitivas utilizando muchas tecnologías básicas para la producción de un demostrador. 
El objetivo era el de superar los obstáculos lingüísticos entre los organismos europeos encargados de hacer cumplir la ley en su lucha contra la delincuencia organizada, como, por ejemplo, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal. 
Sensus es un conjunto de modelos informáticos que incluyen contenido lingüístico, utilización y producción de informes, sistemas de gestión del volumen de trabajo y de las bases de datos. 
Así, pues, no existe una tecnología básica específica. 
Según la información recibida por la Comisión, aunque en un principio se pensaba utilizar Polygon en Sensus, en el otoño de 1999 se seleccionó en su lugar una tecnología diferente. 
Los contratistas aseguraron al servicio de la Comisión que Polygon no era un componente del demostrador de Sensus. 
El coordinador de los proyectos Aventinus ha confirmado que ni en Aventinus I ni en Aventinus II se utilizó Polygon. 
Por lo que se refiere a las tecnologías utilizadas en Europol y a los sistemas Eurint, la Comisión no está en condiciones de abordar la pregunta de su Señoría. 
Doy las gracias encarecidamente al Comisario por su amplia respuesta de la que pueden desprenderse nuevos elementos en esta historia de suspense, si puedo llamarla así. 
Sin embargo, se me hace un gran nudo en el estómago, señor Comisario. 
Tengo el presentimiento de que considerando lo que está sucediendo en la Europol, no hay suficiente control y que tendremos que desarrollar un nuevo sistema en el ámbito europeo, de una u otra forma, a fin de controlar mejor a la Europol. 
Sé que el reglamento actual de la OLAF no basta. 
Por tanto, quiero pedir al Comisario que vuelva a examinar qué propuestas son posibles. 
Una segunda pregunta complementaria se refiere al coordinador del programa SENSUS. 
Todos sabemos que, por lo visto, es un agente del servicio secreto alemán. 
Este hombre fue condenado a finales del año pasado por fraude. 
Quisiera que el Comisario me dijera, ya que eso no se deduce de sus respuestas anteriores, si este hombre coordina todavía el programa SENSUS. 
Si éste no fuera el caso, me gustaría saber quién coordina ahora el programa mencionado. 
Agradezco al Comisario su respuesta. 
Señor Presidente, por lo que se refiere a Europol, no depende, en realidad, conforme al fundamento jurídico vigente, de la supervisión de la Comisión, a diferencia del presupuesto de esta última. 
Con lo que la única forma en la que podemos auditar cuestiones relativas a Europol es en el marco de un contrato determinado. 
Si tenemos un contrato para Europol, cuando se ha concluido un estado de cuentas, podemos supervisar esa cuestión. 
Por lo que se refiere al nombre del coordinador y su cargo, espero poder facilitar ese detalle directamente a su Señoría. 
Voy a comprobarlo hoy. 
Pregunta nº 54 formulada por (H-0645/01): 
Asunto: Industrias de defensa En respuesta a mi pregunta H-0447/01, presentada durante el turno de preguntas del pasado 13 de junio, la Comisión indicaba que está estudiando las medidas que se han de adoptar en virtud de su Plan de acción de 1997 titulado "La aplicación de la estrategia de la Unión sobre los sectores industriales vinculados a la defensa". 
La Comisión indicaba que en otoño podría informar acerca de qué medidas piensa tomar. 
¿Puede explicar ahora la Comisión someramente qué propuestas se propone presentar? 
Pese a las dificultades para avanzar respecto de esta cuestión todo lo rápidamente que esperábamos, quiero subrayar que el análisis del plan de acción de 1997 en el que se sostenía la necesidad de reestructurar la industria europea de defensa y crear un mercado único de los productos para la defensa sigue siendo válido. 
De hecho, creo que es aún más pertinente por al menos dos razones: la formulación de la PECSD- Política Europea Común de Seguridad y Defensa- y la constitución de empresas transnacionales dedicadas a la defensa. 
Hasta ahora, los debates en el Consejo se han caracterizado por diferencias de opinión entre los Estados miembros, lo que ha impedido la aprobación de una posición común sobre la elaboración de una política europea de armamento. 
Pero, como la competitividad de la industria europea de la defensa es decisiva para la credibilidad de la naciente Política Europea de Seguridad y Defensa, la Comisión espera que los gobiernos reconozcan cada vez más la urgencia de un cambio de actitudes para acabar con políticas y usos que impiden a las empresas europeas de la defensa cooperar entre si más eficientemente. 
Semejante cambio en la posición de los Estados miembros permitirá a la Comisión contribuir más eficazmente a la creación de un mercado europeo de equipos para la defensa ejerciendo su competencia conforme a políticas como la creación de un mercado único en materia de defensa, comercio exterior, etc. 
Como Comisario encargado de los asuntos empresariales, persigo el objetivo de fomentar una mayor competitividad de la industria de la defensa de Europa en estrecha cooperación con las autoridades nacionales y los representantes de la industria. 
Una iniciativa importante en ese marco son nuestras medidas encaminadas a sensibilizar sobre la importancia de las cuestiones de normalización para la eficiencia y la competitividad de las industrias europeas de la defensa e investigar opciones y posibles medidas de reforma de la normativa en materia de defensa. 
En una importante conferencia celebrada el pasado otoño y a la que asistieron los principales interlocutores interesados, se estudiaron exhaustivamente esas cuestiones. 
En aquella ocasión se consideró el Comité Europeo de Normalización (CEN) como foro ideal para la aplicación de dichas medidas en forma de un manual sobre normas y procedimientos en materia de defensa, que, cuando esté concluido, ofrecerá una mayor transparencia, al mejorar la interoperabilidad, la armonización de las prescripciones y la eficiencia en materia de contratos públicos. 
Ese proceso está muy avanzado. 
Por lo que se refiere a la propia industria, ha habido una enorme transformación del paisaje industrial de la defensa, en particular en los sectores aerospacial y electrónico. 
También se han logrado avances válidos en los sectores del armamento terrestre y naval. 
También se espera que, una vez concluida esa transformación y totalmente aplicada, la industria formule nuevas aspiraciones en lo relativo al acceso a los mercados de la defensa en Europa y el extranjero. 
Para brindar el tiempo necesario con vistas a formular esas posiciones, se ha acordado que la prevista reunión de los directivos de la industria de la defensa con los Comisarios interesados se celebre al final de este año, preferentemente al comienzo del otoño. 
¿Estaría en lo cierto, Comisario, si resumiera su detallada respuesta en una palabra: "no", es decir, que la Comisión no va a hacer nada? 
Cuando hablé con usted hace unos meses en esta misma Asamblea, dijo usted que en otoño habríamos logrado avances. 
Pero me parece que lo que está usted diciendo es que la Comisión no va hacer nada como seguimiento de su comunicación o su plan de acción. 
Lo que usted ha dicho es un resumen de lo que ha ocurrido hasta ahora, pero no una indicación de que vaya a haber, en realidad, un actuación dinámica en el futuro previsible, pues ya estamos en otoño. 
Quisiera decir que la fase de normalización, a la que ahora estamos pasando, es muy importante. 
El hecho de que ahora estemos trabajando normal y diariamente es un avance. 
Por lo que se refiere a las propuestas legislativas, no estoy en condiciones de dar una respuesta definitiva hoy. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 55 a 96 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 20.20 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Resultados de la conferencia sobre los cambios climáticos en Bonn 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre los resultados de la conferencia sobre los cambios climáticos en Bonn. 
Gracias por haberme invitado a informar a esta Asamblea acerca de la conferencia sobre el cambio climático celebrada en julio. 
La conferencia fue un éxito, en particular para la Unión Europea. 
El 23 de julio se logró un acuerdo político de consenso sobre las modalidades de aplicación del Protocolo de Kyoto. 
Con ello se resolvieron todas las cuestiones políticas pendientes después de la primera parte de la conferencia, celebrada en La Haya el pasado mes de noviembre y se prepara el terreno para la ratificación del Protocolo. 
Permítanme sus Señorías ofrecerles una breve evaluación de la Conferencia de Bonn antes de pasar a ocuparme de las decisiones principales sobre el fondo. 
A raíz de la retirada de los Estados Unidos del Protocolo de Kyoto, la Unión Europea ha tomado la iniciativa de defender el Protocolo: entre otras cosas, una declaración de los Consejos Europeos de Estocolmo y Goteborg y resoluciones del Parlamento Europeo, misiones de alto nivel por parte de las Presidencias sueca y belga y visitas de la Comisión a los Estados Unidos, al Canadá, a Rusia, al Irán, a China, a Australia y al Japón en busca de apoyo para nuestra posición. 
Muchas partes compartieron el compromiso de la UE de poner en vigor el Protocolo de Kyoto antes de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible- Río+10 -, que se celebrará en septiembre de este año. 
Por eso resultó tan importante el éxito de Bonn. 
El acuerdo alcanzado en Bonn impidió, de hecho, el desbaratamiento de las gestiones internacionales para luchar contra el cambio climático a raíz del fracaso de la conferencia celebrada en La Haya y el anuncio por parte del Presidente Bush de que los Estados Unidos no apoyarían el Protocolo de Kyoto. 
Lo que también podría haber ocurrido es que los Estados Unidos hubieran hecho una propuesta sustitutiva del Protocolo de Kyoto, lo que habría desbaratado las gestiones internacionales para establecer un marco internacional eficaz a fin de luchar contra el cambio climático. 
Así, pues, las conversaciones de Bonn representaron una carrera contra el reloj. 
Conviene decir que los Estados Unidos cumplieron la promesa del Presidente Bush de no impedir a otras partes seguir adelante con el Protocolo de Kyoto. 
Durante el Pleno final del sector ministerial de la conferencia ninguna parte puso objeciones a la aprobación del acuerdo político logrado. 
Al mismo tiempo la UE y otras partes han expresado la esperanza de que los EE.UU. vuelvan a adherirse al Protocolo de Kyoto. 
Nada en el acuerdo les impide hacerlo. 
La Unión Europea demostró una posición sólida y unificada durante las conversaciones y la Presidencia belga hizo un buen trabajo de coordinación de nuestra posición. 
También he de dar las gracias por el apoyo político de las ONG y de los diputados al PE presentes en la reunión y que participaron de forma muy constructiva. 
El resultado de Bonn representa una victoria para las relaciones internacionales multilaterales. 
Con el fondo del debate actual sobre la mundialización, envía otra señal política de que la comunidad internacional puede abordar los problemas mundiales en provecho de todos los países. 
El acuerdo fue un gran avance, pero, naturalmente, quedan varios pasos que dar antes de que el Protocolo de Kyoto pueda entrar en vigor. 
En primer lugar, habrá que plasmar en textos legales los elementos políticos acordados, cosa que ultimará y aprobará oficialmente la Conferencia de las Partes en su próxima reunión, COP7, que se celebrará en Marrakech en noviembre. 
¿Cuáles son ahora las perspectivas para la ratificación del Protocolo de Kyoto? 
La entrada en vigor requiere la ratificación por 55 partes, que representen al menos al 55% de las emisiones de CO2 de los países industrializados correspondientes a 1990. 
Dado que los Estados Unidos no tienen intención de ratificar el Protocolo de momento, eso significa que para ponerlo en vigor es necesaria la ratificación por al menos el Japón y Rusia, además de la UE y los países candidatos. 
Como los países candidatos apoyaron las posiciones de la UE, nuestra atención se centra en particular en el Japón, pero también en Rusia. 
El Japón se siente profundamente vinculado al Protocolo de Kyoto y ha declarado repetidas veces su objetivo de contribuir a la entrada en vigor en 2002, a más tardar. 
Al mismo tiempo, el Japón se ha abstenido hasta ahora de comprometerse claramente con la ratificación del Protocolo, aun sin los Estados Unidos. 
Pese a que Rusia se beneficiará económicamente del Protocolo de Kyoto y la creación de un sistema internacional de compraventa de emisiones, pues estará en condiciones de vender créditos de emisiones, gracias a sus generosas metas en materia de emisiones, su posición no estuvo clara a lo largo de las negociaciones y en el último momento quedó claro en Bonn que no pondrían objeciones. 
Pero los dos países tienen ahora una gran responsabilidad a la hora de determinar si la comunidad internacional da o no un importante paso en la lucha contra el cambio climático. 
Por eso, Bonn representó un paso importante, pero no es aún el fin del proceso. 
También quisiera poner de relieve el constructivo papel desempeñado en Bonn por los países en desarrollo G4-77/China, presididos por el Irán, al compartir las posiciones de la UE en muchos aspectos. 
En la difícil situación en que nos encontramos, la UE se vio obligada a hacer concesiones a otras partes para lograr un acuerdo en Bonn y salvar el Protocolo de Kyoto. 
Se refieren principalmente a un cálculo generoso de los sumideros de carbono correspondientes a las metas en materia de emisiones de los países industrializados y, en la última noche de las negociaciones, al carácter jurídicamente vinculante del régimen de cumplimiento. 
El acuerdo sobre los sumideros significa que el 70%, aproximadamente, de la meta total del 5,2 % de reducción de emisiones para los países industrializados conforme al Protocolo puede quedar cubierta por sumideros en lugar de reducciones reales de emisiones. 
No obstante, como las emisiones han aumentado en la mayoría de los países industrializados desde 1990, sigue siendo necesaria una importante reducción de las emisiones en esos países. 
La de abandonar el carácter jurídicamente vinculante de las consecuencias del incumplimiento fue otra concesión necesaria para lograr el asentimiento del Japón. 
Sin embargo, a cambio, el propio sistema es muy ambicioso y, aunque de momento sólo es políticamente vinculante, establece un fuerte incentivo para que las partes lo cumplan. 
Una vez aplicado, el Protocolo de Kyoto tendrá un sistema de cumplimiento más detallado y riguroso que ningún otro acuerdo medioambiental multilateral habido hasta ahora. 
En el acuerdo figura una declaración de la UE y otros países sobre un plan de financiación de 450 millones de euros al año hasta 2005 para la creación de capacidad, transferencia de tecnología y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. 
El avance principal del Protocolo de Kyoto es, en cualquier caso, el de establecer la estructura y las normas generales de un marco internacional sobre el cambio climático- por ejemplo, metas vinculantes en materia de emisiones, mecanismos flexibles para lograr dichas metas, un régimen de cumplimiento, apoyo a los países en desarrollo- a partir del cual se pueden preparar otras decisiones. 
Además de su importancia a la hora de abordar una de los mayores amenazas mundiales- el cambio climático -, el Protocolo de Kyoto creará un nuevo e importante mercado de derechos de emisiones entre los países industrializados. 
También encauzará nuevos recursos hacia los países en desarrollo y las economías en transición de la Europa central y oriental. 
También es importante, desde luego, para la aceptación política del Protocolo de Kyoto que se excluyan las inversiones en instalaciones nucleares de la aplicación conjunta y del mecanismo de desarrollo limpio. 
Como he dicho antes, el acuerdo logrado en Bonn prepara el terreno para la ratificación del Protocolo de Kyoto. 
La Unión Europea está comprometida con la ratificación por nuestros Jefes de Estado o de Gobierno. 
Así, pues, me propongo presentar pronto al Consejo y al Parlamento Europeo y, desde luego, antes del final de este año una propuesta de ratificación del Protocolo de Kyoto, en primer lugar, en la que figurará una decisión del Consejo sobre el reparto de la carga entre los Estados miembros de las Comunidades: en conjunto, una meta de reducción del 8% de las emisiones conforme al acuerdo político del Consejo de Medio Ambiente, de 16 de junio de 1998; en segundo lugar, una comunicación sobre una estrategia de aplicación poco costosa para reducir los gases de invernadero en la UE a partir del informe final del Programa Europeo del Cambio Climático de la Comisión Europea, el PECC, y, en tercer lugar, una propuesta de directiva-marco sobre un plan de compraventa de emisiones a escala de la UE como elemento básico de una estrategia de aplicación poco costosa del Protocolo de Kyoto. 
Quisiera expresar mi agradecimiento por el apoyo permanente del Parlamento Europeo a la posición de la UE en las negociaciones internacionales sobre el clima y el continuo interés de sus Señorías por esta cuestión, que se reflejó en la sólida delegación que este Parlamento envió a Bonn. 
Espero que nuestra buena cooperación continúe en el futuro. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Conferencia de Bonn envió tres mensajes políticos de la mayor importancia. 
Uno en el plano medioambiental, otro en el plano económico y otro en el nivel de la gestión de los asuntos públicos. 
En el plano medioambiental, dicha Conferencia pasará a la Historia como la que concluyó las conversaciones y negociaciones sobre cambios climáticos que se arrastraban desde hacía diez años y permitió que por fin pasáramos a la acción. 
Es verdad que el acuerdo es menos ambicioso de lo que deseábamos y se logró principalmente a costa de las cesiones negociadoras de la Unión Europea. 
Pero, de no haberse dado ese pasito de niño, habría sido incomparablemente peor: sin un acuerdo político en Bonn, el Protocolo de Kyoto estaría muerto y deberíamos perder diez años más para formular una política global encaminada a mitigar los cambios climáticos. 
Por eso, permítanme que felicite a la Comisaria Margot Wallström por el excelente desempeño en la dirección política de ese dossier desde que fue elegida y a la que felicito también por el anuncio que hoy mismo ha hecho sobre la presentación en esta Asamblea del proceso de ratificación del Protocolo de Kyoto, así como de las medidas concretas en el nivel del sistema de comercio de emisiones y en el nivel del programa europeo sobre los cambios climáticos. 
Quisiera también destacar la buena colaboración que la delegación del Parlamento Europeo, la Comisaria de Medio Ambiente y el Consejo, por mediación de la Presidencia belga, establecieron durante toda la Conferencia. 
El segundo mensaje de Bonn se refiere al cambio de paradigma económico: de la economía del fuego, basada en la combustión, a la economía del carbono. 
En esa economía, la tonelada de carbono tiene una cotización y las emisiones de dióxido de carbono representan un costo que se debe englobar en la composición general de todos los productos y en la cuenta de resultados de todas las empresas. 
Por eso, vamos a presenciar, en todos los sectores económicos, una reconversión a tecnologías más limpias. 
Evidentemente, las ventajas competitivas estarán de parte de quienes se reconviertan más rápidamente. 
Y precisamente en eso estriba el error de cálculo del Presidente Bush y, como vimos en Bonn, ya empieza a preocupar a los empresarios norteamericanos: Kyoto costará a corto plazo menos de lo que se pensaba y brindará ventajas competitivas a medio plazo. 
El tercer mensaje de Bonn se refiere a la mundialización. 
Es que, más que un dossier medioambiental, el de los cambios climáticos se ha transformado en una cuestión simbólica de reglamentación medioambiental de la mundialización. 
Así, la Conferencia de Bonn vino a demostrar por primera vez que quienes se han apresurado acertadamente a la hora de potenciar las ventajas de la mundialización también son capaces de actuar para reducir al mínimo los efectos de esa misma mundialización. 
Ésa es la gran esperanza nacida en Bonn: es posible encontrar soluciones comunes para problemas mundiales. 
Señora Comisaria, quisiera comenzar celebrando los acontecimientos de Bonn. 
Muchos llegamos hasta allí desconfiando de los resultados que se obtendrían en la conferencia. 
Era el mes de julio y se temía que todo lo que se había discutido se iba a perder. 
Quisiera subrayar que mi Grupo y yo estamos muy gratamente sorprendidos por el trabajo desplegado por la Comisaria y por las Presidencias sueca y belga. 
No sólo por lo que ocurrió en la conferencia en Bonn, sino también por la buena preparación realizada por la Comisaria que, entre otras cosas, viajó a numerosos países para intentar convencerlos de la importancia del Protocolo de Kioto. 
Lamentamos que al otro lado del Atlántico no exista voluntad política para los cambios. 
Esperamos que paulatinamente vaya creándose una opinión política para incorporar a EE.UU. en estas tareas. 
Seguramente llegará el día en que las empresas norteamericanas también empezarán a entender que pierden por quedarse marginadas. 
Ahora la suerte está echada. 
Para hacer algo serio contra el cambio climático deben participar todos los países, especialmente EE.UU. que es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero. 
Ahora hay que pasar de las palabras a los hechos. 
Como ya manifesté durante esas discusiones, el Protocolo de Kioto es sólo el comienzo. 
Es satisfactorio escuchar que la Comisaria haya prometido una propuesta para fin de año y que se prevé redactar una comunicación y una propuesta sobre el comercio con los derechos de emisión. 
En esta materia quisiera subrayar que el Parlamento ha dicho que el comercio con estos derechos no puede convertirse en la parte primordial del compromiso. 
Tiene que haber cambios reales. 
Para que disminuya el cambio climático deben modificarse los sistemas de transporte y las emisiones. 
Tenemos también las mermas. 
Es obvio que en el Protocolo y en la decisión final hay algunos desaciertos. 
Habría sido deseable que las mermas no fuesen tan significativas. 
Noruega da un buen ejemplo al decir que no piensa utilizar sus mermas de la misma manera. 
Sería deseable que otros países siguiesen este ejemplo. 
Veremos qué ocurre en la conferencia de Marrakech. 
También habrá que empezar a discutir cómo seguir se necesitan propuestas concretas para que no nos quedemos "atascados" en el Protocolo de Kioto. 
Finalmente, agradezco a la Comisaria y a la Presidencia el excelente trabajo que han realizado. 
Señor Presidente, quisiera decir a la Comisaria que, en un momento de choques violentos en Génova y preocupación por la mundialización, el resultado de la Cumbre de Bonn debe haber renovado la fe de los ciudadanos en el proceso político. 
Eso espero... así ha sido en mi caso, desde luego. 
Junto con el Sr. Pronk y la Presidencia belga, ha logrado usted un gran acuerdo. 
Ha prestado usted un servicio inmenso al medio ambiente y ha fortalecido la influencia europea. 
Quisiera expresarle mi agradecimiento y felicitación. 
Me han complacido ciertos aspectos del acuerdo: la transacción, por ejemplo, sobre la energía nuclear es la mejor que podíamos conseguir. 
Pero en conjunto el acuerdo se queda muy corto. 
Sin embargo, lo que importa es el proceso que ahora se ha establecido. 
Sé que el Sr. de Roo me ha aleccionado en el pasado, en el sentido de que no se puede sobrestimar ese proceso y su importancia, señalando, por ejemplo, que el Protocolo de Montreal ha llegado a ser un instrumento en verdad eficaz a partir de un comienzo bastante decepcionante en el pasado decenio. 
Pero el proceso de Kyoto va a ser mucho más difícil. 
La prioridad es lograr su ratificación, lograr que nuestros Estados miembros ejecuten planes de acción eficaces y no sólo para lanzar la compraventa de emisiones, sino también para demostrar que puede funcionar, lo que constituye la tarea más difícil de todas. 
Y, si podemos hacer que funcione, espero que las empresas americanas se sientan atraídas y todo el clima político del mundo cambie. 
Tiene usted aún mucho por hacer. 
La inmensa mayoría de esta Asamblea la apoyará firmemente en sus continuas gestiones. 
Gracias de nuevo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el prodigio de Bonn: el bebé Kioto aprende a andar. 
El protocolo de Kioto no está muerto, tal como el Presidente Bush ha declarado, sino vivito y coleando. 
Kioto es un bebé que ha aprendido a andar a los cuatro años de edad. 
La mayoría de los bebés aprenden a caminar en el primer año de vida. 
Es cierto que el bebé Kioto todavía debe crecer considerablemente a fin de tener bajo control el cambio climático. 
No obstante, el otro tratado bebé, el Tratado de Montreal de 1987, ha necesitado también catorce años para luchar eficazmente contra el agujero en la capa de ozono. 
Lo mismo sucederá con nuestro bebé Kioto. 
El Presidente Bush comprueba ahora que hay mucha verdad en el dicho neerlandés: quien rompe, paga. 
Quien se va de las negociaciones, pierde. 
El Ministro japonés Kawaguchi ha llegado hoy a Washington en una visita de seis días a fin de convencer al Presidente Bush de que todavía participe. Hay buenos motivos para ello. 
Las emisiones de CO2 de los Estados Unidos son dos veces más elevadas que las de Europa. 
No extraña, entonces, que haya estudios, como el de Florentin Krause, que muestran que los Estados Unidos pueden cumplir Kioto con una política energética inteligente y lograr un crecimiento económico adicional del 1%. 
A fin de acentuar la presión sobre el Presidente Bush, mi Grupo propone, y afortunadamente el Parlamento también, organizar la CoP-9 en los Estados Unidos en 2003. 
El bebé Kioto será entonces un niño que deba ir al colegio y deba aprender a hablar, especialmente, sobre el comercio internacional en materia de emisiones de CO2. 
Parece que el sector privado americano estaba muy interesado en Bonn en participar en este comercio internacional después de 2008. 
Las empresas se sienten abandonadas por su propio presidente. 
La Unión Europea ha convencido enseñando al bebé Kioto a andar, pero ahora tiene que enseñarle a correr. 
Comisión, ponga también sobre la mesa la propuesta relativa al comercio interno de emisiones de CO2 antes de la CoP-7. 
Comisión, adopte las propuestas para limitar las emisiones de CO2 de las camionetas de reparto y los camiones. Para terminar, palabras de agradecimiento a la troika por su armónica dirección de la delegación europea; a la Presidencia belga, por su especial equilibrio; a la Comisión, por su colaboración flexible y positiva en Bonn; al G-77, por su posición edificante; y al movimiento ecologista, por su contribución llamativamente constructiva para que el bebé Kioto aprenda a andar. 
Señora Comisaria, si medimos lo conseguido en Bonn por lo que pretendíamos hace cinco años en cuanto se refiere a cambio climático el resultado es débil y pobre. 
En cambio, si se mide lo conseguido por la batalla que presentó la Comisaria- acompañada por la delegación del Parlamento y del resto de la Comisión- para lograr el acuerdo que al final se consiguió, creo que hay que dar las gracias a la Comisaria y a esa delegación que lograran un acuerdo consistente fundamentalmente en que todos los países fueran por esa senda, aislando a los Estados Unidos, que mantienen, desgraciadamente, una posición contraria a los intereses del planeta en su conjunto. 
También creo que es positivo que se haya excluido la energía nuclear como alternativa a la reducción de gases de efecto invernadero. 
No ocultamos nuestra reticencia en relación con el comercio de emisiones y su control o la utilización de los sumideros. 
El Parlamento Europeo ya ha mantenido en varias ocasiones que habría que utilizar los sumideros de manera limitada y controlada. 
Estas cuestiones nos preocupan. 
También nos preocupan los mecanismos de seguimiento y control para el cumplimiento y la cuestión de las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Nos preocupa, sobre todo, que en el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente se diga que si no se toman decisiones de forma inmediata, en el año 2010 las emisiones habrán aumentado en un 6%. 
Por eso, en nuestra labor futura- y aquí coincido con el resto de los compañeros- somos los países industrializados los que tenemos que liderar esa reducción de gases. 
Es ineludible que ratifiquemos el protocolo y vayamos en la reducción más allá de lo que está previsto en el acuerdo. 
Hay que introducir medidas jurídicamente vinculantes, actuar sobre el transporte, que emite CO2 en gran cantidad, y tener claro cual debe ser la influencia de la ayuda a los países en desarrollo para que éstos vayan por la misma senda. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero adherirme a aquellos que han felicitado a la Comisión por su táctica de negociaciones y por el éxito obtenido. 
Creo que ha sido realmente como la Comisaria ha dicho, que se ha salvado el protocolo. 
Naturalmente, esto no es suficiente para solucionar los problemas. 
Los problemas que van anejos al cambio del clima y lo que hay que hacer para detener el cambio climático es mucho más de lo que se acordó en Bonn. 
Pero es un primer paso importante. 
Aquellos que critican básicamente el protocolo de Kioto- ha habido algunos diputados, por ejemplo, de Alemania, que han dicho que todo este protocolo no sirve para nada y también algunos políticos de medio ambiente han dicho que no sirve para nada porque es insuficiente- hay que oponer que si la casa arde y se es de la opinión de que se deberían tener diez coches de bomberos para apagarla realmente bien, no se puede despedir al primer coche que llega y decirle que empiece a apagar el fuego cuando estén los diez, sino que hay que hacer lo más rápidamente posible lo que se pueda hacer e indicar siempre que son necesarias otras medidas. 
Las demás medidas se negocian a nivel internacional, pero naturalmente también en la Unión Europea. 
Ahora tenemos que ocuparnos de la aplicación. 
Señora Comisaria, hoy ha anunciado algo importante. 
Sin duda, la vamos a apoyar. 
Tenemos que seguir hablando con los norteamericanos en el plano internacional. 
Quiero repetir de nuevo la exigencia que planteé antes de la Conferencia de Bonn: hay muchas personas, también aquí en el Parlamento que critican masivamente a los norteamericanos a causa de su política en todos los campos. 
Debemos mostrar claramente a los amigos norteamericanos que aunque no coincidimos en muchos campos sin embargo podemos vivir con las diferencias, pero en este campo no podemos aceptar como europeos que los norteamericanos se nieguen permanentemente. 
Tenemos que decírselo siempre. 
Señor Presidente, yo también felicito encarecidamente a la Sra. Comisaria. 
¡Muy bien hecho! 
Por lo demás, siempre me sorprende comprobar cómo los europeos se comportan en esta cuestión del cambio climático y cómo están de acuerdo en las medidas contra dicho cambio. 
Creo que la política sobre el clima es algo así como un elemento que genera identidad en Europa. 
Debemos aprovecharlo. 
También creo que nuestra obligación es influir sobre la opinión pública norteamericana para que nos siga. 
Quizás en este caso estemos más avanzados que los norteamericanos al igual que en otros casos con frecuencia están por delante de los europeos. 
Quiero referirme a un aspecto, a las repercusiones de esta política climática sobre la política energética. 
Lo decisivo en esta política climática es que en el futuro vamos a asignar un precio al CO2. 
Supongamos que usted tiene razón con sus apreciaciones y que el CO2 cuesta unos 30 euros por tonelada. 
Esto significa para la corriente procedente del lignito que se encarecerá en 3,5 céntimos de euro y la corriente proveniente de la hulla en 3 centavos aproximadamente. 
Las energías renovables no se encarecerán, es decir, serán más competitivas. 
Pero tampoco se encarecerá la energía nuclear. 
El que no se la excluya del comercio con las emisiones sino que sólo se prohiba en la joint implementation, es también una ventaja para la energía nuclear. 
Es decir, dentro del espectro de la energía se revela una ponderación muy diferente. 
Este no es un tema para esta tarde pero va a ser el tema de los próximos meses y años. 
Quería llamar la atención al respecto. 
Por lo demás, comparto la opinión de muchas y muchos colegas que han dicho que se trata de un proceso. 
Lo hemos comenzado y debemos proseguirlo. 
Estar en él creo que es una gran cosa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, también mis felicitaciones. 
Kioto no se ha convertido finalmente en una promesa incumplida. 
Bonn ha dado en el último momento la señal política necesaria. Una señal, sobre cuya base Kioto puede convertirse en realidad. 
Tenemos que empezar enseguida con ello, no sólo en Europa sino también en otras partes del mundo. 
Los acuerdos políticos deben traducirse ahora en una acción concreta con resultados tangibles, ya que ésa es la forma de reforzar el apoyo político en el caso de la política en materia de clima. 
La señal debe ser vista y oída en todas partes. 
La lucha contra las emisiones de los gases de efecto invernadero constituye un desafío mundial para los países del Tercer Mundo en los que las consecuencias del aumento del nivel del mar y el cambio de los patrones meteorológicos son dolorosamente perceptibles. 
Constituye un desafío mundial, en el que Europa debe asumir sus responsabilidades. 
Debemos invertir y no olvidar que ahora hay dos mil millones de personas sin electricidad. 
La energía duradera puede suponer un impulso para el desarrollo. 
Todavía hay mucho que discutir con los Estados Unidos. En ese país, la gente está asustada, sobre todo, por la pérdida de empleos. 
Debemos demostrar ahora que los efectos económicos pueden ser precisamente favorables. 
El desarrollo sostenible debe dar lugar a un crecimiento sostenible. 
Hay que proceder rápidamente a las ratificaciones en la Unión y poner prontamente en marcha el sistema de derechos de emisión. 
La empresa privada desea que exista claridad y que se empiece ya. 
Tenemos que pasar a una economía pobre en CO2 y configurarla. Para ello, es necesario que se efectúen muchas investigaciones e innovaciones. 
Es muy importante que unamos nuestras fuerzas en un programa común de investigación. 
El programa marco de investigación y el artículo 169 ofrecen una base para ello. 
La política en materia de clima también forma parte del sexto programa de medio ambiente. Debe realizarse a través de toda la política de productos y embalajes, en la política de transporte y en la política energética. 
Cada Estado miembro debe adoptar programas de acción y deben realizarse elecciones políticas claras sobre cómo marcha realmente Kioto. 
Así, Kioto y Bonn darán lugar a una innovación sin precedentes. 
Ahora es el momento de pasar a los hechos. 
Señor Presidente, los diputados al Parlamento han sido demasiado amables conmigo, porque la Comisión tiene el mejor equipo del mundo sobre el cambio climático. 
Gracias a su excelente preparación de nuestras negociaciones y a la labor preparatoria en la Unión Europea hemos podido tener éxito. 
Pero también pudimos hablar con una sola voz en Bonn, lo que propició la obtención de resultados mejores, y nos mantuvimos unidos. 
Trabajamos bien con las ONG y creo que eso también contribuyó a ello. 
Como ha dicho su Señoría, el auténtico resultado en Bonn fue el de que logramos la creación del marco internacional. 
Desde luego, tuvimos que hacer algunas concesiones muy insatisfactorias y el resultado final y las reducciones reales resultaron limitados de un modo que no nos satisface en absoluto, pero ese marco va a acompañarnos durante mucho tiempo. 
Será objeto de muchas adaptaciones y cambios políticos y estará expuesto a las fuerzas del mercado, que propiciarán cambios con el tiempo. 
Sin embargo, tomamos la iniciativa desde el comienzo mismo y pudimos plasmarlo en un acuerdo internacional. 
Ahora podemos trabajar dentro de él. 
Podemos cambiarlo y desarrollarlo. 
La reducción total de emisiones necesarias, por ejemplo, en el caso del Japón es del 14% y en el del Canadá del 15%, conque queda aún mucho que hacer en relación con esos países. 
Pero, naturalmente, no nos satisfacen algunas de las concesiones substanciales que tuvimos que hacer. 
La segunda observación que quiero hacer y que subraya lo que han declarado sus Señorías es la de que ahora tenemos que pasar de las palabras a los hechos. 
Una vez más, sólo mostrando el camino, encabezando con el ejemplo, es como podemos mantener nuestro crédito. 
Conque pronto voy a presentar esas tres propuestas para continuar esta labor. 
Debemos llevar la iniciativa en el debate mundial sobre el cambio climático. 
Debemos ser los primeros en presentar diferentes iniciativas en conferencias o donde sea para intercambiar los procedimientos idóneos y demás. 
Me gustaría contar con la colaboración de sus Señorías. 
Me propongo seguir llevando la iniciativa y velar por que encabecemos el mundo en la lucha contra el cambio climático. 
Ahora tenemos que centrarnos en la reunión de Marrakesh y en la formulación de todos los textos legales para que se pueda aplicarlos. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
He recibido, al final del debate, seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Seguridad y transporte aéreo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A5-0279/2001 del Sr. Schmitt, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (2000) 595- C5-0663/2000- 2000/0246 (COD) ) por el que se establecen normas comunes en el ámbito de la aviación civil y se crea la Agencia Europea de Seguridad Aérea; 
A5-0249/2001 del Sr. Collins, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM (2000) 365- C5-0635/2000- 2000/2299 (COS) ) sobre la protección de los pasajeros aéreos en la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el reglamento para la creación de una Agencia Europea para la seguridad en el transporte aéreo ha sido saludado por todos los Grupos políticos en la comisión competente. 
En lo esencial, se deben tener en cuenta tres puntos en dicho reglamento. 
Primero: siempre se ha encontrado en primer plano que desde el momento en que exista un mercado liberalizado del transporte aéreo, existirá naturalmente también una presión de la competencia y posiblemente el peligro de que se tengan que ahorrar costes como consecuencia de dicha competencia. Sin embargo, dichos costes nunca deben repercutir sobre los aspectos relacionados con la seguridad. 
Por ello, digo muy claramente que el presente reglamento es una señal de que queremos garantizar en el futuro un nivel de seguridad unitario elevado en los Estados miembros de la UE y que queremos asegurar que sea idéntico en todos los Estados. 
El segundo es un importante aspecto que tampoco debemos olvidar a pesar de que en la política con frecuencia no se le presta la suficiente atención. 
Este reglamento tiene también aspectos económicos pues creamos una autoridad o, mejor dicho, una Agencia que concentra en ella en un procedimiento unitario lo que es necesario en lo tocante a los permisos y autorizaciones para la industria aeronáutica. 
Es decir, en el futuro, los diversos estados miembros no tendrán que repetir de nuevo lo que ya han hecho otros sino que habrá una instancia unitaria en la Unión Europea, dicha Agencia. 
También quiero destacar muy claramente el tercer punto. 
Creamos una institución aproximadamente equiparable a la que ya tienen los norteamericanos. 
Todos sabemos que la FIA tiene una influencia relativamente grande- incluso en todo el mundo- porque representa a una nación que es un fuerte poder económico. 
Los europeos vamos cojeando a la zaga, pues si intervienen los diversos Estados miembros por separado, esto no tiene los mismos efectos que si se actúa como un bloque unitario, es decir, una institución sostenida por todos los Estados miembros. 
Por ello, creo que es un paso en la dirección correcta. 
La propuesta de la Comisión que se nos ha presentado ha sido debatida en varias sesiones en la comisión y hemos intentado, no quiero decir mejorar ciertos aspectos, pues suena como si aquel que ha trabajado antes ha hecho algo mal. Hemos intentado facilitar a la Comisión la decisión de proporcionar más independencia a la Agencia pues creemos que una agencia de este tipo tiene que esforzarse por promover la seguridad en el tráfico aéreo y nos hemos esforzado por garantizar que pueda gozar de una gran independencia. 
Todos sabemos que debido a la situación de los tratados no es posible una agencia totalmente independiente pero creemos que la Comisión debería dejar bastante rienda suelta a la Agencia ejerciendo sólo una especie de supervisión jurídica y quizás, en determinados campos parciales, una especie de supervisión especializada. 
Por ello, ha sido correcto decir que queremos un agencia independiente y ha sido importante que hayamos dicho que el Consejo de Administración debe fortalecerse en sus competencias y que el Director ejecutivo debe tener una posición que le permita una cierta independencia como jefe de una Agencia de este tipo. 
Creo que hay otro punto de importancia, al que me voy a referir conscientemente. 
En la comisión nos hemos esforzado por realizar una clara delimitación de competencias. 
No hemos recogido conscientemente como Parlamento la propuesta de la Comisión y dicho: aceptamos la oferta de estar presentes en el futuro en el Consejo de Administración sino que hemos dicho: queremos que esté claro que el Parlamento marque las líneas básicas, la Comisión sea el interlocutor para las correspondiente normas ejecutivas y la Agencia se ocupe de regular adecuadamente los detalles técnicos. 
Permítanme resumir pues mi tiempo se acaba. 
Creo que con este reglamento damos un paso correcto. 
Garantizamos que el nivel europeo actúe en un campo que interesa a muchos y sobre el que recapacitan también muchos y digo con toda claridad que no sólo el espacio aéreo sino también la seguridad no deben conocer límites, por lo que es correcto establecer esta Agencia a nivel europeo. 
Les ruego que mañana apoyemos con una gran mayoría este informe. 
Señor Presidente, no cabe duda de que el advenimiento de la competencia en el sector del transporte aéreo ha originado una bajada de los precios de los viajes aéreos para los 370 millones de consumidores de la Unión Europea. 
Sin embargo, existe una insatisfacción cada vez mayor entre los viajeros aéreos respecto de la calidad del servicio que están recibiendo de muchas compañías aéreas en la UE. 
Es muy importante que los pasajeros de viajes aéreos conozcan plenamente sus derechos legales, cuando surgen problemas con los vuelos. 
Son asuntos que abordo en mi informe. 
No podemos negar que la cuestión de que se forme una trombosis venosa en las extremidades inferiores no es una grave preocupación para los pasajeros de viajes aéreos. 
Pido a la Comisión Europa que con carácter urgente asigne más fondos con cargo al presupuesto de investigación de la UE para que lleve a cabo una evaluación independiente de los posibles riesgos de salud pública para los pasajeros de vuelos largos. 
En ella se debe hacer un estudio exhaustivo de la cuestión de la trombosis venosa en las extremidades inferiores. 
Pido a la Comisión Europea que haga esa investigación independiente en consultas con las compañías aéreas de la UE y con los grupos de consumidores de la UE. 
Creo que las compañías de la Unión Europea no deben tener miedo a abordar la cuestión de la trombosis venosa en las extremidades inferiores. 
La solución para ese problema puede no ser tan difícil como algunas compañías aéreas de la UE pueden creer. Es muy importante que se informe detalladamente a los pasajeros sobre lo que deben hacer para no padecer una trombosis venosa en las extremidades inferiores. 
Las compañías aéreas de la Unión Europea, las asociaciones de consumidores y las tripulaciones deben trabajar en colaboración para velar por que se aborden plenamente todas las cuestiones de salud pública relativas al transporte aéreo. 
El objetivo en última instancia de los gobiernos y de las compañías aéreas de la UE debe ser unos viajes aéreos seguros para los pasajeros de Europa en todo momento. 
Nada tengo, en principio, contra la aplicación de códigos de prácticas por parte de las compañías aéreas de la Unión Europea. 
Sin embargo, es muy importante que se evalúen y supervisen detalladamente cualesquiera códigos de prácticas que redacten las compañías aéreas de la UE para velar por que se imponga su aplicación rigurosamente. 
Si bien los acuerdos voluntarios desempeñan un papel importante respecto de toda la cuestión del transporte aéreo, las instituciones y los gobiernos de la UE no deben tener miedo a intervenir y legislar sobre determinadas cuestiones para fomentar y proteger los derechos de los pasajeros de viajes aéreos. 
En este informe pido a la Comisión Europea que presente propuestas concretas en las que se exponga la forma como se puede hacer mayor publicidad en Europa de la carta de los derechos de los pasajeros. 
Así se contribuirá a que se mantenga plenamente informados a todos los pasajeros de viajes aéreos de Europa sobre sus derechos legales en materia de transporte aéreo. 
Esa carta de los derechos de los pasajeros ya existe en los aeropuertos de la Unión Europea, pero muchos pasajeros no conocen su existencia ni entienden del todo sus disposiciones. 
En este informe figura una propuesta en la que se pide a las compañías aéreas de la Unión Europea que informen a los pasajeros que viajen en clase turista del grado porcentual de inclinación de sus asientos. 
Resulta claro que hay más espacio disponible para los pasajeros de clase turista en unas compañías aéreas que en otras. 
También pido a la Unión Europea y a las compañías aéreas que mejoren el acceso para los pasajeros discapacitados, los niños y las personas de edad y prohíban a las compañías aéreas de la Unión Europea que cobren una cantidad suplementaria por ayudar a las personas inmovilizadas a subir a los aeroplanos en la Unión Europea. 
Por último, creo que este informe contó con un amplio apoyo de los Grupos políticos de la Comisión de Transportes del Parlamento. 
Tengo la esperanza y la confianza de que la Comisión Europea presentará ahora las necesarias propuestas legislativas para velar por que, como cuestión urgente, se mejoren en gran medida los derechos, como pasajeros, de los ciudadanos de la Unión Europea. 
, suplente del ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos. (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar al ponente. 
Con la propuesta de una Agencia europea para la seguridad en el transporte aéreo, la Comisión atiende una exigencia planteada ya desde hace mucho tiempo por el Parlamento. 
Esta Agencia es la segunda en el sector del transporte, a la que seguirá una tercera para el ferrocarril y la seguridad de este medio de transporte. 
Me parece muy adecuada esta estrategia de creación de Agencias europeas para contribuir a la integración de los mercados europeos de los transportes. 
La Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo ha introducido ya unas importantes enmiendas a la Agencia para la seguridad en el transporte aéreo. Por ejemplo, el fortalecimiento de la Agencia y su gran independencia así como la ampliación de su ámbito de tareas. 
También me parece importante- y aquí hablo en nombre de mi colega Kuckelhorn- la aprobación de una enmienda de la Comisión de Presupuestos en lo referente a la financiación. 
Es absolutamente necesario que prestemos atención a la eficiencia, transparencia y control de costes. 
Con las dos agencias tenemos la posibilidad de seguir desde el principio una clara línea. 
Mi Grupo político ha presentado otras enmiendas. 
La primera se refiere a la composición del Consejo de Administración. 
Exigimos que los patronos y trabajadores tengan también un puesto en este Consejo. 
Otra enmienda se refiere a la creación de dependencias exteriores de la Agencia, lo que se ha propuesto para salir al paso de los temores de pérdida de soberanía de algunos Estados miembros. 
Esperamos del Estado miembro que obtenga la sede de la Agencia que participe financieramente. 
Con esta regulación, queremos evitar entre otras cosas que un Estado miembro presione a su Agencia- es decir, la que se encuentra en su territorio -, para que cree dependencias exteriores. 
Creo que se trata de una exigencia razonable y legítima del Parlamento, por lo que apelo a sus Señorías para que den su voto afirmativo. 
. Señor Presidente, en el interesantísimo debate al que hemos asistido esta mañana, tras la presentación por el Presidente Prodi del Libro Blanco sobre la gobernanza, decía que el control ejercido- también en materia presupuestaria -, por este Parlamento, no tenía que referirse a cuestiones de detalle, sino que debía comprobarse si los instrumentos cumplen los objetivos y que debía plantearse con un espíritu más político y menos contable. 
Tal vez por eso, la Comisión de Control Presupuestario ha hecho algunas sugerencias para la creación de la Agencia de Seguridad Aérea, como son, por ejemplo, que se vuelva a tomar el modelo de control de las dos agencias que se crearon en el año 1975, el Cedefop, de Salónica, y la agencia de Dublín. 
Según este modelo, la aprobación de la gestión de las agencias correspondía al Parlamento Europeo. 
Entre 1990 y 1997, se han creado nueve agencias, pero diríase que crear una agencia externa es una carta blanca para que el Consejo pueda hacer de su capa un sayo. 
Ahora bien, no son esos los vientos que soplan, porque la agencia creada para la cuestión del Kosovo en Salónica en 1999 vuelve al modelo según el cual es el Parlamento, a propuesta del Consejo, quien aprueba bien al Director bien al Consejo de Administración. 
Creo que esto está en sintonía con la gobernanza que pretendemos aprobar a propuesta de la Comisión y que sería bueno para la propia Agencia, porque así la Agencia externa no tiene que implicar un menor control de los fondos comunitarios, control que es atributo de este Parlamento Europeo. 
También insistimos en la enmienda cuatro, en la necesidad de que se incorpore en su reglamento la necesidad de que periódicamente haya evaluaciones externas sobre la Agencia. 
Insisto en que se da a la Agencia externa libertad de acción, pero nos gustaría que un experto independiente echase un ojo de vez en cuando para ver si la Agencia cumple o no el objetivo propuesto. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha examinado con gran atención la propuesta de reglamento. 
Apoya naturalmente el objetivo de crear una Agencia Europea para la seguridad en el transporte aéreo. 
No obstante, vemos que las condiciones marco jurídicas bajo las que se deben crear este tipo de agencias, se tienen que armonizar en cierto modo. 
Se ha creado un gran número de agencias: la Agencia para la seguridad en el transporte aéreo, la Agencia para los alimentos o la Agencia para los medicamentos. 
Ha llegado el momento de establecer unas claras condiciones marco para su actuación. 
Los dos oradores anteriores ya se han referido a algunos aspectos. 
Me alegra sobremanera que la Comisión haya anunciado en su Libro Blanco governance que va a introducir aquí una línea algo más clara. 
Ciertamente, la creación de tales agencias no transcurre sin ciertas tensiones ya que se transfieren decisiones a instituciones externas aunque- estimado colega Schmitt- naturalmente no radican en estas Agencias todas las decisiones finales. 
Especialmente importante para nosotros es, por un lado, que los gremios de vigilancia sean ocupados con igualdad de derechos por las diversas instituciones europeas y que el Parlamento Europeo no pierda su derecho a influir por el desplazamiento de decisiones. 
Además, para nosotros es importante que los medios jurídicos que se creen en el marco del procedimiento de estas agencias estén en consonancia con los Tratados europeos y los principios básicos del estado de derecho. 
Otro aspecto importante es que las potestades de intervenir que se creen para las agencias, estén también en consonancia con los derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre los que nos hemos puesto de acuerdo en el marco de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Hemos presentado enmiendas a este respecto. 
Muchas gracias por haberlas aprobado al menos parcialmente. 
. (FR) Señorías, permítanme ante todo dar las gracias a nuestro ponente y al conjunto de nuestros colegas por la rapidez con la que el Parlamento Europeo ha trabajado en la propuesta relativa a la creación de una Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
Creo que no es totalmente anodino decirlo y que ello significa casi hacer un llamamiento al Consejo y a la Comisión para procurar que la propuesta llegue a un resultado lo antes posible, ya que la Comisión de Industria ha valorado ante todo, naturalmente, el interés industrial de esta Agencia. 
Como ustedes saben, necesitamos imperiosamente el equivalente de la Agencia Federal norteamericana si queremos que el estándar Airbus pueda ser autorizado comercialmente a escala internacional, en particular el nuevo programa A 380. 
Por lo tanto, la Comisión de Industria ha sido muy sensible a este aspecto de la situación; no ha aumentado el número de enmiendas y ha procurado que podamos avanzar lo más rápidamente posible hacia la creación efectiva de esta herramienta que la industria aeronáutica europea espera obtener en el pulso que la opone con bastante regularidad, no sin polémica, a su gran rival norteamericana. 
Por eso nos satisface la propuesta y deseamos que el Consejo se muestre bastante generoso en la apreciación de las enmiendas que se le presentan. 
Segundo punto importante: el problema del control político. 
Nosotros pensamos que la seguridad se elabora entre especialistas y técnicos, pero que la política no puede quedar al margen. 
En los grandes problemas y en los grandes accidentes que han tenido lugar recientemente, ya se trate del Concorde o del túnel del Mont Blanc, se han pedido respuestas a los poderes públicos. 
Es necesario, pues, que esta Agencia sea una herramienta técnica de normalización y de certificación, alimentada, primero, por los trabajos de los expertos y de los industriales, pero también hace falta que esté controlada políticamente. 
Por esa razón hemos presentado enmiendas pidiendo que el director ejecutivo de la Agencia, o incluso la propia Agencia, pueda ponerse a disposición del Parlamento o, al menos, pueda ser oído por el Parlamento. 
Algunos desean incluso que el Parlamento esté representado en el Consejo de Administración, puesto que el Consejo de Administración no es un órgano técnico, sino de naturaleza política. 
Finalmente, deseamos que en los comités de expertos se abra la más amplia concertación posible al conjunto de las partes afectadas, sobre todo con respecto a la construcción del cielo único o a los problemas relacionados con el control aéreo. 
Pensamos que eso debe llevarse a cabo consultando a los interlocutores sociales y a los representantes de los trabajadores; de lo contrario, se producirían bloqueos determinantes de los objetivos que nos asignamos. 
Estas son, Señorías, las conclusiones esenciales de la Comisión de Industria. 
Señor Presidente, me disculpo ante el Sr. Schmitt y el Sr. Collins por haberme retrasado con otros asuntos y no haber podido escuchar sus observaciones introductorias. 
La opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, de la que fui ponente, fue aprobada por unanimidad y nos encanta que los dos ponentes hayan hecho suyas muchas de nuestras recomendaciones. 
Tenemos que abandonar las antiguas excusas, las apelaciones legales organizadas por la IATA y la oposición incluso a acuerdos voluntarios modestos que aún oímos por parte de algunos. 
Ésta es, esencialmente, una cuestión de seguridad, y también de comodidad, del consumidor. 
Por esa razón, acogemos con particular satisfacción la aprobación de las enmiendas sobre la salud y la seguridad del consumidor en el informe Schmitt, que insiste en la facilitación de información sobre las prescripciones en materia de salud y seguridad para los pasajeros de viajes aéreos, y la adopción en el informe Collins de la propuesta de que se haga una evaluación del riesgo para la salud y una investigación de asuntos como la trombosis venosa en las extremidades inferiores. 
El caso es que hoy los pasajeros padecen no sólo las consecuencias de que las compañías aéreas los dejen tirados y del problema de la pérdida de equipajes, sino también de otras cosas que con frecuencia no son culpa de las propias compañías aéreas. 
Si el nuevo organismo debe hacer una sola cosa, como la agencia sobre la calidad de los alimentos que vamos a crear, ha de ser la de mostrarse abierto, transparente. 
Necesitamos ver cómo funcionan sus investigaciones. 
Necesitamos ver cómo se selecciona su personal. 
Se debe hacer en función del mérito y sin vinculaciones con la industria. 
Si aprobamos estos dos informes, todo ello resultará posible. 
Espero que la Asamblea los acoja con comprensión en la votación de mañana. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar, quiero felicitar al Sr. Collins por su trabajo, un trabajo que ha sido serio, objetivo y riguroso en la elaboración de este informe sobre la protección de los derechos de los pasajeros aéreos en la Unión Europea. 
Coincido plenamente con el ponente en que es necesario- y yo diría que muy urgente- el reforzar la actual protección en los casos de denegaciones de embarque, anulación de vuelos, retrasos injustificados que, en muchos casos, conllevan pérdidas de conexiones aéreas o con otros medios de transporte, y un largo etcétera que día a día vemos cómo se va ampliando, sin olvidar que los miembros de este Parlamento somos pacientes sufridores de estos inconvenientes. 
Creo que es conveniente frenar este proceso de deterioro antes de que se convierta en irreversible y hay que dar las gracias a la Comisaria por los esfuerzos que su departamento está realizando en este sentido. 
Por ello, creo que es preciso, para conseguir esto, ir hacia una cuidadosa y adecuada revisión de la normativa existente en esta materia y a su reforzamiento en todos aquellos aspectos que incidan en una mayor y mejor protección de los derechos de los pasajeros. 
También es preciso controlar rigurosamente los acuerdos voluntarios suscritos por las compañías aéreas y que también tienen como objetivo la mejora de las condiciones del transporte aéreo. 
Pero, sobre todo, creo imprescindible una acción de vigilancia que garantice el pleno cumplimiento de la normativa vigente que, en muchas ocasiones, se está quedando como simple papel mojado y, por tanto, inservible para los fines para que fue concebida. 
Este es el aspecto en el que puede y debe llevarse a cabo una acción inmediata y eficaz. 
Para comenzar, habría que insistir de forma contundente en la divulgación efectiva- como antes ha apuntado el ponente- de la carta de los derechos de los pasajeros. 
La información precisa, clara, inteligible y abundante es necesaria para que los pasajeros conozcan los derechos que les asisten y la forma de ejercerlos, y, desde luego, no nos podemos conformar con esos carteles medio ocultos en rincones poco transitados de muchos aeropuertos. 
Esta información tiene que ser suficientemente publicitada y puesta a disposición de todos los usuarios y no sólo en los aeropuertos, sino también en los puntos de venta de billetes, en las agencias de viajes y también, dentro de lo posible, a través de los medios de comunicación. 
Porque si no conseguimos que los pasajeros tengan acceso al conocimiento de sus actuales derechos, lo que en muchos casos hace que no puedan ejercerse, no servirá de nada que nos embarquemos en un proceso legislativo cuyo resultado sería también quedar en papel mojado. 
Señor Presidente, quiero referirme sobre todo a la Agencia Europea de Seguridad Aérea, pero no puedo dejar de hacer una observación dirigida a la Comisaria sobre los derechos de los pasajeros. 
Sea lo que sea lo que las compañías aéreas también prometen y lo que acuerdan mutuamente para colgar preciosas listas en las que se enumeran los derechos de los pasajeros, resulta que, en la práctica, muy poco llega a realizarse. 
Así mismo, mi propia experiencia me demuestra que, con frecuencia, muchas cosas andan mal. 
Por tanto, quisiera abogar por que el mayor número de acuerdos obligatorios se recoja también en la legislación, al igual que las sanciones por el incumplimiento de todo tipo de promesas efectuadas a los pasajeros. 
Tal como ya he dicho, quiero referirme sobre todo a la AESA, la Agencia de Seguridad Aérea. 
La creación de la AESA y la imposición de tareas provisionales supone un paso importante en el camino hacia una armonización total de las normas de seguridad en la aviación. Es necesario y así se quiere, dada la importancia creciente del sector en el ámbito europeo de las reglas únicas de la competencia y de normas iguales, y dada la necesidad de reforzar la influencia de la Unión Europea en el ámbito mundial. 
Se ha elegido un inicio metódico por el que, en principio, solamente se encargará de la certificación europea de los nuevos tipos de aviones tales como el A 380. 
Eso se puede aceptar porque la Agencia tiene que encontrar todavía su lugar al lado de las autoridades nacionales de aviación, a las que, por supuesto, se les reserva un papel. 
Hay que evitar que el mismo trabajo se realice dos veces mediante una división eficiente de los expertos disponibles y la capacidad. 
Según un calendario determinado, el mandato de la AESA puede ampliarse a otros aspectos de la seguridad aérea tales como el aspecto humano, la calidad de la formación de los pilotos y cuestiones similares. 
Con razón, se ha mencionado en la legislación, y también en las enmiendas, la salud, la comodidad de los pasajeros a bordo y el medio ambiente, especialmente, la cuestión de las emisiones. Los ciudadanos se preocupan y más cada vez. 
El trabajo de la AESA deberá contribuir a disminuir estas preocupaciones. 
De las enmiendas del Parlamento Europeo se deduce claramente que la independencia de la Agencia es una cuestión prioritaria. Debe poder operar libre de intromisiones políticas y procesos de certificación. 
Al final del reglamento que examinamos aparece la inevitable comitología. 
Sin embargo, mantenemos nuestras dudas en cuanto a si esto contribuirá a que la AESA opere eficiente e independientemente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en nombre del Grupo Liberal, quiero felicitar al Sr. Schmitt por su informe. 
La seguridad, el dinamismo y el hecho de rendir cuentas, estos son los tres puntos centrales para mi Grupo ¿Contribuye la Agencia a la seguridad aérea? 
En nuestra opinión sí, especialmente ahora que aparatos registrados en terceros países, pero de cuyos vuelos se encarga un Estado miembro, caen en el ámbito de esta directiva. 
Sí he presentado una enmienda a fin de que el conjunto de tareas de la Agencia se precise más. 
La Comisión tiene, aparentemente, que presentar una propuesta a finales de año, como muy tarde, sobre las nuevas labores que la AESA puede asumir. La concesión de licencias a las tripulaciones de la Unión Europea es, entre otras, la más importante. 
Se trata de aumentar la seguridad de las personas en los aviones, tanto la de los pasajeros como la de la tripulación. No se trata solamente de la solidez del acero. 
La AESA también debe poder operar con dinamismo y eso depende de su estructura, pero también de la calidad de los administradores. De ahí que el Consejo de Administración y el director deban contar con una experiencia relevante. 
Un mandato de diez años sí es realmente suficiente. Por tanto, un mandato único. 
Por último, la cuestión de las responsabilidades. 
Consideramos importante que todas las agencias independientes rindan cuentas al Parlamento. 
La mejor forma de llevarlo a cabo es logrando que la Comisión ocupe un lugar en la estructura de estas agencias. 
Si debilitamos demasiado el papel de la Comisión, se producen graves problemas en cuanto a la responsabilidad política. 
Hemos seguido esta misma línea respecto de este y otros puntos en el caso de la Agencia Europea de Seguridad Marítima. 
También he seguido con mucho interés el informe del Sr. Collins, ya que yo misma fui ponente en una materia similar, a saber, la responsabilidad civil de la aviación. 
Nos reconocemos bien en la versión final, ya que muchas de nuestras enmiendas han sido aceptadas. 
Gracias. 
Todavía quiero mencionar dos cosas. 
En primer lugar, la necesidad de que los pasajeros sean informados a tiempo. 
Por último, mi colega Lynn, ha presentado algunas enmiendas a fin de subrayar que las compañías de aviación tienen que hacer todo lo posible por advertir a los pasajeros del riesgo de las trombosis ocasionadas por los vuelos, también en los vuelos cortos. 
Señor Presidente, soy favorable a todo lo que está orientado hacia una uniformización de las normas de seguridad en materia de transporte aéreo. 
La creación de una Agencia Europea de Seguridad Aérea, en lugar de la actual colaboración informal que existe entre quince Estados, sería lo mínimo para poder establecer normas comunes en el ámbito de la aviación. 
Sin embargo, a juzgar por lo que dice el propio informe, ha sido necesario negociar durante veinte años para que se aprobara esta medida de simple sentido común. 
A pesar de los eufemismos utilizados el informe reconoce que la duración de las negociaciones se debe a la dificultad de conciliar los egoísmos nacionales de los Estados de la Unión Europea, y tras ellos los intereses industriales divergentes u opuestos. 
Así, el informe recuerda el principio de subsidiariedad a propósito del funcionamiento de los aeropuertos e insiste en la necesaria confidencialidad de las investigaciones de la Agencia por respeto a la legislación sobre la propiedad industrial. 
Puesto que los intereses divergentes entre los grupos industriales afectados no han desaparecido, eso es un mal presagio para la autoridad que se reconocerá a esta Agencia, a fin de imponer todas las medidas oportunas para la seguridad de los pasajeros. 
Señor Presidente, como en el caso de la maternidad y la tarta de manzana, nadie puede estar contra la seguridad, en particular cuando se refiere a los aeroplanos. 
Pero no nos confundamos: el programa real de esta propuesta es una mayor integración política. 
Pues, como tan elocuentemente lo expresa la Comisión en su documento, se propone crear la Agencia Europea de Seguridad Aérea mediante la integración gradual de los sistemas nacionales. 
Ésa me parece a mí una fuerza impulsora para toda la Unión Europea: la integración gradual de los sistemas nacionales. 
Me gustaría que se pudiera cubrir con esa expresión en grandes letras las vallas publicitarias de todo el Reino Unido para que mis compatriotas pudieran entender lo que está sucediendo. 
Como dijo recientemente el Sr. Duisenberg, cuando calificó el euro de símbolo de la integración política, aquí tenemos otro símbolo: la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
Pero lo que resulta particularmente asombroso a este respecto, aparte de que ya tenemos un organismo intergubernamental independiente en las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas, es el franco reconocimiento de que se va a abandonar la permanente cooperación intergubernamental nada más desarrollarse- y cito del informe del ponente -: "entrañaría prolijos procedimientos de ratificación en los parlamentos nacionales de los Estados interesados... que no necesariamente darían resultados positivos".