En otras palabras, en vista de que se concretará la reserva de 50.000 millones de euros- en realidad, como esta suma se pensó para quince, la cantidad se reducirá a 40.000 millones para los once, exactamente a 39.460 millones -, se puede estimar que el excedente que habrá en las cajas de los Bancos miembros del SEBC será de unos 400.000 millones de dólares. 
Por esta razón, tras un análisis un tanto reducido, se llegaría a pensar que es posible redistribuir esos fondos en el circuito económico llevando al mercado masivamente las reservas ya inútiles. 
He sostenido el parecer contrario en los debates de la Subcomisión de Asuntos Monetarios y en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, y doy las gracias a los señores integrantes de la Comisión por haberme respaldado en este tema, y en especial a Fernand Herman, que ha mejorado mi proyecto sin modificarlo de verdad. 
Así es: no hay que pensar que el euro será la suma de las once monedas que serán absorbidas. 
El euro será otra cosa. 
Ante todo, será la gran moneda del mundo, como la ha llamado el Presidente Jacques Chirac, y su papel de estabilizador de los intercambios será la primera acción verdaderamente positiva en el sistema monetario mundial desde la denuncia unilateral que de los acuerdos de Bretton Woods hizo el Presidente Nixon el 15 de agosto de 1971. 
El euro, esta nueva moneda bien recibida por los operadores mundiales desde que su futura circulación fue una verdadera evidencia, competirá en el mercado monetario mundial sobre todo con el dólar, mientras el SEBC tendrá una reserva de 400.000 millones de la moneda estadounidense. 
La puesta en el mercado del dólar, de modo masivo, con el riesgo de hacer bajar su valor, con el consiguiente aumento en los mercados industriales y agrarios mundiales de la competitividad de los productos de nuestro principal competidor sería, en el plano económico, por entero contraproducente. 
Por lo tanto, es necesario mostrar la máxima prudencia y, por consiguiente, no perder de vista el hecho de que la calidad del euro se apreciará según tres criterios principales. El primero será la capacidad de los Gobiernos de los Once para respetar el pacto de estabilidad y, en consecuencia, para perpetuar- si se me permite la expresión- el espíritu de Maastricht. 
El segundo, la capacidad de las autoridades del Banco Central Europeo y del SEBC para dar credibilidad a la gestión de esta moneda, en particular por el volumen de créditos pendientes que se acuerden. 
Por último, será el garante en términos de reserva en caso de disfiducia con respecto a nuestra nueva moneda. 
En tal caso, es mejor ser envidiado que envidioso y conservar lo que se tiene. 
Terminaré con dos puntos. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial aprueba la decisión fechada el 8 de julio pasado, por la que se efectúa una transferencia inicial en oro del 15 % de las existencias de reservas en divisas de los Bancos Centrales nacionales al Banco Central Europeo. 
El segundo punto es que deseamos también que se acuñe una moneda euro de oro, cuyo valor no se ha fijado aún, pero que en los años próximos será una referencia muy importante dentro del desorden generalizado que reina desde hace demasiado tiempo en el mercado mundial de los capitales. 
) Señor Presidente, uno de los grandes cambios que conlleva la llegada del euro, es que once economías, que están fuertemente o muy fuertemente expuestas al comercio exterior y por lo tanto a los riesgos en los tipos de cambio, se convierten de repente en una zona económica, que todavía no ha estado muy expuesta a ello. 
La exposición media a la fluctuación de las divisas se reduce con un factor tres, pero las reservas de divisas siguen siendo las mismas. 
Esa es una posición de lujo. 
El otro motivo más importante para mantener reservas de divisas, es decir por un déficit en la balanza de pagos, tampoco se da en la euro-zona de los once. 
Al contrario que en los Estados Unidos con su gigantesco déficit en la balanza de pagos, la UE dispone incluso de un superávit. 
Frente al gran déficit en la balanza de pagos de los EEUU hay allí una reserva, relativamente moderada, de divisas. 
El déficit en la balanza de pagos se compensa con la emisión de nuevos dólares. 
Eso va bien mientras no haya una alternativa para el dólar como divisa mundial. 
Sin embargo, con el euro llega esa alternativa, de modo que los EEUU deben contemplar con más sentido crítico su déficit en la balanza de pagos. 
En este momento, con la economía mundial al borde de una crisis, este mismo déficit en la balanza de pagos, que sólo es un síntoma de un déficit aún mayor en la balanza comercial de los EEUU, es la locomotora más importante de la economía mundial. 
Sin los déficits de los EEUU, el resto del mundo tampoco sería capaz de crear superávits. 
El privilegio de ser una moneda mundial, tiene por lo tanto también sus obligaciones, de cara a la economía mundial. 
En la práctica, los EEUU generan liquidez en el sistema comercial mundial, aunque esto en gran medida corra a cuenta del resto del mundo, el denominado «seigniorage» que forma parte de la emisión de la moneda mundial. 
La cuestión es ahora si Europa estaría dispuesta y sería capaz de asumir este papel de los EEUU, aunque sea parcialmente. 
El euro seguramente terminará con el monopolio del dólar. 
El euro será una moneda de comercio, de cálculo y de reserva. 
Surgirá el «seigniorage» , en todo el mundo se guardarán los euros en cajas fuertes y en calcetines. 
La zona del euro se enriquecerá a costa del resto del mundo, pero ¿damos algo a cambio al resto del mundo aparte de una moneda estable para atesorar y pagar? 
La respuesta podría ser afirmativa si se apreciara más el euro. 
Aunque no sería agradable para la economía nacional, ya que nuestra competitividad empeoraría, podría ser tal vez necesario a causa de nuestra responsabilidad global. 
Es el camino más rápido hacia una situación en la que Europa aporte también algo a la recuperación de las economías en Asia, la antigua Unión Soviética y América Latina. 
Con un euro más fuerte, nuestros socios comerciales del segundo y tercer mundo pueden salir más fácilmente de la miseria por medio de las exportaciones, tal como ha hecho Europa recientemente gracias al dólar caro. 
¿Qué tiene que ver esta consideración filosófica con el informe Giansily? 
Muchísimo, porque las cantidades ingentes de reservas del Sistema Europeo de Bancos Centrales, cuatrocientos millardos de dólares, sin duda encarecerían el euro si fueran introducidos en grandes cantidades en el mercado. 
El informe Giansily aboga por no hacerlo de momento, entre otras razones porque un euro más fuerte no sería deseable. 
Yo abogo por introducir con más celeridad los excesos de reservas en el mercado para que un euro más fuerte pueda desempeñar una función de locomotora complementaria para la economía internacional, lo cual se requiere con urgencia. 
Dado que la zona del euro es una economía más cerrada que la de los once países que la componen, la zona del euro va a poder afrontar mejor un euro más fuerte. No obstante, una cosa está clara. 
El euro no se convertirá automáticamente en una moneda mundial. 
Hemos de ganárnoslo, es decir, atreviéndonos a asumir nuestra responsabilidad global. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Giansily por el esfuerzo realizado en el manejo de un tema tan difícil. 
Señor Presidente, la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria y, por consiguiente, la asunción por parte del Banco Central Europeo de la política monetaria, coincide con un período de trastornos y presiones de las divisas que quiero creer que son transitorios pero, al parecer, no constituyen un fenómeno aislado sino, en cierto modo, general que ha de ser afrontado de manera consecuente y cuidadosa. 
Por tanto, la gestión de las reservas de divisas cobra gran importancia desde el primer momento. 
Efectivamente, para afrontar la crisis se requieren actuaciones coordinadas y colaboración internacional que, desgraciadamente, no parece darse en este momento, especialmente entre los países cuya moneda ocupa un puesto importante en la economía internacional. 
Por tanto, el establecimiento del mejor volumen de las reservas de divisas dependerá en gran medida de lograr la estabilidad del euro, especialmente frente al dólar. 
Es prioritario el establecimiento de normas claras de ejercer las competencias que otorga el Tratado a los bancos centrales nacionales para que el ejercicio descentralizado de las intervenciones en las divisas sea eficaz y afronte los objetivos perseguidos. 
Por supuesto, las cantidades no son muy grandes y, alguna vez, se piensa que, con la gran masa monetaria que circula a nivel internacional, las reservas de divisas son muy pequeñas para poder hacer frente a dificultades. 
Sin embargo, desearía que se fijaran, señores, en que, en las primeras etapas de un ataque especulativo, una intervención buena y coordinada de los bancos centrales puede tener como resultado el prohibir que un principio especulativo adquiera tales dimensiones que sea imposible hacerlo frente. 
Y es precisamente aquí donde las reservas de divisas representan un papel esencial. 
Por ello, no debemos precipitarnos en proceder a reducciones. 
Las reducciones las realizarán los bancos nacionales en función de las condiciones: Si ven que las condiciones son tales que imponen o permiten la reducción de las reservas de divisas, lo harán. 
Si las condiciones no son esas, entonces, naturalmente, conservarán dichas reservas en sus manos. 
Después de esto, tengo la impresión de que, de alguna forma, deberemos hacer frente al asunto con más sangre fría, es decir, no proponer reducciones de las reservas de divisas hasta que se aclare la situación y estemos en posición de comprobar que no son necesarias intervenciones como las que he expuesto con anterioridad, esto es, para prevenir crisis más generalizadas. 
En lo relativo a la utilización de las reservas de divisas para otros fines, señores, debo decir que las reservas de divisas no son algo que esté guardado en un cajón y que, cuando queremos, lo sacamos y lo utilizamos para lo que sea. 
Las reservas de divisas están ya dentro del marco de la circulación monetaria, se utilizan, los estados las han colocado y, por consiguiente, no son nada nuevo ni un comodín para darles cualquier uso. 
Después de esto, tengo la impresión de que deberíamos ser, de alguna forma, más conservadores en las enmiendas que hemos presentado y por ello mi grupo, después de haberlo acordado con los ponentes de dichas enmiendas, preferiría no hacer frente al problema de forma que pudiera parecer superficial y, en cierto modo, prematura. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Comisario, hoy nos ocupamos de un tema que en sí causa sensación, a saber, que hay dinero en el banco y que todos admiten que de alguna manera hay un exceso. 
Que no es fácil sacarlo del banco, ya lo sabemos por experiencia propia. 
Lo que afirma el Sr. Christodoulou es totalmente cierto: hay que tener en cuenta las circunstancias y no precipitarse. 
Pero también habría que plantearse el argumento que ha planteado el Sr. Metten, que un espacio económico que ha superado los viejos conceptos de comercio exterior e interior y que, si se considera de modo realista, tiene una dependencia del comercio exterior de menos del 10 %, necesita una reserva de divisas de otro alcance que un espacio económico cuya parte en el comercio exterior antes del euro asciende aproximadamente al 60 %. 
En segundo lugar, la balanza de pagos es sencillamente positiva, y además desde el punto de vista estructural, lo cual no es ninguna coincidencia. 
Por ello es importante dejar algo claro: con esta fusión se crea un potencial de dinero sobrante en manos del Sistema Europeo de Bancos Centrales. 
Por supuesto, no se puede sacar forzadamente- eso sería poco inteligente- pero hay que liberarlo y utilizarlo para fines, en el marco del Banco Europeo de Inversiones, que sean compatibles con la función de estabilización que tenemos en la zona del euro. 
Creo que éste es el tema sobre el que hoy estamos debatiendo. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, compartimos el punto de vista expuesto por el Sr. Giansily, desfavorable a una reducción de los haberes de reserva en divisas del SEBC durante la fase transitoria de la introducción del euro, pero lo compartimos partiendo de un análisis que no concuerda exactamente con el que hace el ponente. 
En efecto, el Sr. Giansily expresa, o en todo caso hace suya, una opinión para la que un nivel de reservas en divisas de unos 400 mil millones de dólares sería excesivo, considerando las normas internacionales. 
Pero tendríamos que preguntarnos cuál es la naturaleza o la pertinencia de las normas a las que se ha referido. 
Es evidente que la entrada en vigor del euro, en un ámbito geográfico donde los intercambios comerciales se harán sobre todo entre los participantes, reducirá la necesidad de cobertura de posibles déficit exteriores. 
En cambio, la necesidad de que exista una capacidad de intervención para evitar las perturbaciones del mercado monetario nos parece subestimada. 
Subestimada, ante todo, respecto de un riesgo económico representado por las perturbaciones monetarias unidas a las considerables fluctuaciones de capitales privados- recordemos que se calcula entre 1.600 y 3.500 miles de millones de dólares el monto de la evaporación de las riquezas representada por la desvalorización de activos que hubo tras la crisis de Asia, hace poco más de un año -; subestimada, después, respecto del papel que, según nosotros, debería tener el euro en la estabilización de las relaciones monetarias en el mundo, incluso en la nueva fundación del sistema monetario internacional. 
Una masa significativa de reservas en divisas puede representar un arma disuasoria eficaz ante las turbulencias monetarias: se trata, pues, de un motivo capital, sumado al que ha expuesto el Sr. Giansily, para cuidar que no se caiga en la tentación de reducir las reservas del SEBC. 
Además, la moneda única tendrá el efecto de transformar en haberes interiores una parte de las reservas en divisas de los Bancos Centrales nacionales. 
Esta parte, en nuestra opinión, podría dedicarse, con gran utilidad, a reducir los déficit públicos o a inversiones adecuadas para sostener el crecimiento y el empleo. 
En cierta manera, sería una prima a la entrada en el euro, de modo que la nueva moneda fuera mejor aceptada aún por los ciudadanos de los Estados participantes y que los Estados todavía reticentes se decidieran a unirse a la moneda única. 
Señor Presidente, Señor Comisario, el informe Giansily describe muy bien la manera en que una parte de las reservas de los Bancos Centrales nacionales configurarán un capital común en el futuro sistema de la moneda única, y el modo en que se organizarán las relaciones de estos Bancos con el Banco Central Europeo para su gestión. 
No obstante, aquí queremos pedir algunas aclaraciones sobre dos puntos. 
Primero: ¿cuáles serán las relaciones exactas entre el BCE y los Bancos Centrales nacionales en cuanto a la gestión de las reservas libres? Por reservas libres entendemos las que estén por encima de los 39, 46 miles de millones de euros que estatutariamente se pondrán a disposición del Banco Central. 
El artículo 31 del Reglamento del SEBC menciona la posibilidad de una autorización del Banco Central Europeo para las operaciones de mayor envergadura de los Bancos Centrales nacionales. 
Esta autorización, pues, está prevista por el Tratado, pero es un procedimiento desorbitado, porque se trata de reservas que, en principio, son de plena propiedad de los Estados miembros. 
Nos gustaría conocer, al menos, los límites. 
Segundo: ¿las reservas en oro se trasladarán físicamente a Francfort, sí o no? 
El informe Giansily no es del todo claro en este punto y deja campo libre a varias interpretaciones. 
Como bien sabe el Señor Comisario, el Ministro francés de economía, Dominique Strauss-Kahn, ha tomado una posición muy clara ante la Asamblea nacional francesa. 
Cuando el 31 de marzo pasado los diputados de la Comisión de finanzas de nuestra Asamblea le interrogaron, declaró con rotundidad que, y cito, «los 50 mil millones de ecus que corresponden a la suma de las participaciones en el Sistema Europeo de Bancos Centrales son propiedad de cada uno de los Estados miembros». 
De inmediato añadió, y cito una vez más, que «sólo la gestión de las reservas se ha transferido» y que «en cuanto a las divisas y los títulos correspondientes, sólo se trata de un simple movimiento de papeles, pues el oro permanecerá en las bóvedas del Banco de Francia, sin que haya un traslado físico». 
Me gustaría, por lo tanto, que también se nos diera seguridad en este mismo sentido en el campo europeo, y que se nos confirmara que no habrá un traslado físico, pues me parece en todo sentido no indispensable, desde un punto de vista técnico, para la buena marcha del sistema. 
Por último, quiero aprovechar esta ocasión para recordar que, a dos meses del lanzamiento del euro, varias cuestiones muy importantes no están del todo claras, como el exacto grado de implicación del Consejo en la definición de la política cambiaria, el control democrático de la unión monetaria o la solución de las crisis de liquidez. 
Estas ambigüedades a mi entender reflejan, evidentemente, fallos estructurales. 
El Fondo Monetario Internacional se ha inquietado por esto, y ha mencionado un aumento de los riesgos sistémicos que se ciernen sobre el sistema bancario a la hora del nacimiento de la moneda única, a causa del gran número de decisiones importantes aún no tomadas. 
Termino. 
No sabemos hacia dónde vamos, pero allá vamos. 
Este parece ser el lema de nuestros políticos, atrapados en los engranajes de los compromisos, llamados irreversibles, de la moneda única. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Giansly por su equilibrado informe y señalar que estoy de acuerdo con él en que un nivel muy elevado de los activos exteriores de reserva durante el periodo transitorio puede representar un factor de seguridad importante. 
Una intervención especulativa con éxito en la moneda única en esta fase podría traer consigo repercusiones gravosas para la economía europea y producir daños considerables. 
Está claro que, a la larga, el exceso de reservas de una cuantía de hasta 200.000 millones de dólares no puede quedar sin utilizar. 
Soy de la opinión de que es totalmente legítimo hacerse reflexiones sobre cómo debería utilizarse estas cantidades teniendo en cuenta la elevada tasa de desempleo en Europa. 
En todo caso, no es defendible dejarlas sin utilizar más tiempo del estrictamente necesario. 
Es sabido de todos que tanto a nivel comunitario como en la mayoría de los Estados miembros hay disponibles escasos recursos financieros para la investigación. 
En este terreno, Estados Unidos y Japón disfrutan de una situación claramente mejor. 
Con una investigación consolidada y más innovación se podría conseguir reforzar la capacidad competitiva de las empresas y dar impulso a la política de empleo. 
De este modo, sobre todo las PYME, que representan la espina dorsal de la UE, podrían reforzarse tecnológicamente y fomentar su capacidad competitiva. 
Por tanto, abogo decididamente por emplear el exceso de reservas de modo concreto en una fecha determinada para programas concretos de investigación, con el fin de luchar con éxito contra nuestro gran problema: la elevada tasa de desempleo. 
Señor Presidente, el Sr. Castagnède tiene razón: las reservas no se necesitan sólo para hacer frente a los pagos internacionales. 
También se necesitan para intervenir en los mercados y, además, sirven de contraparte a la emisión monetaria. 
Es decir que se equivocan quienes creen posible la devolución de esas reservas al presupuesto para destinarlas a otras cosas. 
Ese dinero no es dinero del Estado, no es dinero del presupuesto, es dinero de los bancos. 
Incluso cuando los bancos están totalmente nacionalizados, para disminuir las reservas es preciso disminuir la circulación monetaria, que es la contraparte. 
Por lo tanto, por favor, recordemos un poco el funcionamiento elemental de la moneda en Europa. 
Antes de usar el dinero que no está para servir objetivos políticos, seamos conscientes de la realidad del funcionamiento del sistema bancario actual. 
Dicho esto, doy todo mi apoyo al Sr. Giansily, sobre todo porque al principio, cuando aún no sabemos cómo evolucionarán las cosas, es fundamental tener un mínimo de reservas para poder intervenir en los mercados. 
Sé que se podrá influir en los precios sobre todo modificando las tasas de interés, pero también es sabido que es mejor poner varias cuerdas en el arco, y no una sola, porque si ésta se rompe, ya no queda nada. 
En cambio, en este caso, si tenemos unas reservas importantes, se puede hacer algo, cuando la intervención o la modificación de las tasas de interés no basten para diluir ciertos ataques especulativos contra el futuro euro. 
Por lo tanto, Señor Presidente, doy mi apoyo total al informe Giansily y votaremos a favor de la mayoría de las otras enmiendas presentadas, con la excepción de que las que podrían ser modificadas para tomar en consideración la coyuntura internacional. 
) Señor Presidente, la constitución de la zona del euro tiene como consecuencia que los Estados miembros con una economía relativamente muy abierta de repente formarán parte de una economía relativamente cerrada. 
Por eso, una gran parte de los actuales activos exteriores de reserva oficiales se hace innecesaria. 
A su debido tiempo podremos desprendernos de ella. 
Pero eso ha de realizarse sin que se produzcan trastornos en el mercado. 
En resumidas cuentas: aquí se impone la cautela. 
El Sistema Europeo de Bancos Centrales debe andar con pies de plomo. 
No hay ninguna razón para suponer que el SEBC no lo hará. 
En este aspecto, la resolución aquí presentada constituye un apoyo a la política ideada. 
Más de una cuarta parte de los activos exteriores de reserva oficiales están en divisas que se convertirán en euros. 
Estos ya no formarán parte de las reservas a partir del uno de enero de 1999, sino de los activos interiores. 
No se contempla su utilización para amortizar la deuda pública. 
Después de todo, la financiación monetaria está prohibida por el Tratado. 
En este debate debemos velar por no incurrir en una preocupación unilateral con respecto a un tipo de cambio demasiado alto del euro en relación con el dólar de los EEUU. 
Efectivamente, un euro relativamente fuerte estimula la importación americana y frena la exportación europea. 
Pero también es verdad que con un euro débil es atractivo para empresas americanas hacer fusiones con empresas europeas, o bien absorberlas. Ese tampoco es el efecto pretendido. 
Nos queda sólo una conclusión: la estabilidad interior del precio del euro debe prevalecer siempre. 
El valor externo del euro es el resultante de la política monetaria. 
Según las posibilidades que ofrezcan las evoluciones en el mercado internacional de divisas, el volumen de las activos exteriores de reserva se puede llevar a un nivel más bajo. 
Los pagos a las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, son ocasiones perfectas para llevarlo a cabo. 
Debemos estar atentos en todo momento a la influencia que pueda tener esto en los tipos de cambio de las divisas. 
Mutatis mutandis, esto también atañe a la disminución de las reservas en oro. 
Sin embargo, no me agrada la acuñación de un euro de oro, porque eso demuestra un simbolismo extravagante de la unidad europea. 
) Señor Presidente, mis felicitaciones para el Sr. Giansily por su prudente informe. 
El informe llega a la conclusión que los 330 millardos de activos exteriores de reserva pueden reducirse a largo plazo. 
Estoy de acuerdo con ello. 
El Federal Reserve Bank americano mantiene en proporción muchas menos reservas, cuando la situación americana sea comparable en el futuro con la europea. 
La Reserva Federal mantiene en relación con el valor exterior del dólar una política de «benign neglect» , comparable a la esperada actuación futura del Banco Central Europeo. 
La economía americana como bloque es también comparable a la futura zona del euro por lo que se refiere a la apertura y a la exportación. 
Por otra parte, los bancos centrales mismos tienen el estímulo de quedarse con la adecuada cantidad de activos exteriores de reserva, ya que también en el futuro se añadirá una parte de los rendimientos de los activos exteriores de reserva a las reservas de los bancos nacionales. 
En los Países Bajos la proporción es el 95 y el 5 por ciento. El 95 por ciento va al estado, una combinación menos óptima conducirá a que se transfiera una cantidad inferior a las reservas. 
No obstante, los activos exteriores de reserva son necesarios. 
Es posible intervenir a gran escala en los mercados cambiarios a finales de diciembre de 1998 en contra de los tipos de cambio acordados. 
Hasta ese momento se podrán emplear marcos alemanes, francos franceses, etcétera. 
Posteriormente, el Banco Central Europeo iniciará su política monetaria. 
Los saldos positivos en marcos alemanes y francos franceses se convertirán automáticamente en activos interiores de reserva. 
Sin embargo, quedará una gran parte aún en dólares y en oro. 
Para la estabilidad y la credibilidad del Banco puede ser importante guardar unas reservas considerables. 
Quisiera preguntar al Comisario hasta qué punto ha recibido señales de que los mercados financieros creen en los tipos de cambio establecidos. 
Ahora paso un momento a otro tema muy urgente, Señor Comisario. En los Países Bajos ya está teniendo lugar la discusión de cómo se introducirán las monedas y los billetes del euro. 
Según el guión, apoyado también por el parlamento neerlandés, del «legal big bang» será necesario que se distribuyan antes del 1 de enero del 2002 las monedas y los billetes del euro cuando todavía no son un medio de pago legal, como cuando un turista compra pesetas antes de irse a España. Todavía no puede efectuar pagos con ellas. 
Para este denominado «frontloading» se requiere el permiso del Banco Central. 
¿Instará la Comisión al Banco Central Europeo a que tome una pronta decisión positiva en cuanto a este punto? 
Por otra parte, sí estoy a favor de las monedas de oro, precisamente por esa razón, Señor Blokland. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente por este magnífico informe. 
Señor Comisario, se ha dicho, con una exageración un poco francesa, que la introducción del euro es el acontecimiento más importante que ha vivido Europa desde 1917. 
Sin embargo, lo cierto es que los europeos hemos estado ensimismados en los aspectos internos del euro y hemos empezado muy tarde a ocuparnos de sus aspectos externos. 
Desde la Conferencia de Washington de hace dos años, en que por primera vez se abordaron estos informes, incluso desde la primavera, en que se hizo la selección de los países que forman parte de la primera oleada, las condiciones externas e internas se han modificado. 
La crisis asiática, la crisis rusa, la crisis latinoamericana, la caída del dólar, han determinado- como ha tenido ocasión de exponer esta misma tarde el Sr. Comisario- una revisión a la baja de las cifras de crecimiento previstas. 
En estas condiciones es de agradecer que el informe recomiende prudencia en el manejo de las reservas. 
La pregunta, señor Comisario, es, en estas condiciones, ¿qué movimientos hay que hacer para que el euro no resulte demasiado caro, no encarezca nuestras exportaciones y no perjudique al empleo? 
Pero, en estos momentos, la prudencia en el manejo de las reservas no basta para no producir estos efectos en el desarrollo ya suficientemente frenado. 
En estos momentos es necesaria- como dice el informe- una mayor coordinación de los gobiernos implicados, y de los gobiernos europeos con los gobiernos exteriores, en el manejo del sistema monetario internacional. 
Esa coordinación será difícil mientras en el terreno de la política no haya un euro externo, y será difícil una revisión o el establecimiento de un sistema del tipo de Bretton Woods mientras el euro no tenga una autoridad política que lo gobierne, un piloto que esté en el timón del barco que vamos a lanzar. 
Comienzo felicitando al Sr. Giansily por su magnífico informe, con el que estoy totalmente de acuerdo. 
Además de los problemas de índole más técnica en la constitución de las reservas del Banco Central Europeo, ha de suscitar, de hecho, una preocupación principal el exceso de dólares de que dispondrá. 
Se trata de una cuantía enorme, de casi 400.000 millones de dólares, con la «herencia» de las reservas de los diferentes bancos emisores nacionales, importe para el que no se puede encontrar aplicación útil e inmediata, teniendo en cuenta, en particular, que las transacciones entre países miembros del euro dejarán de ser transacciones exteriores. 
Con realismo, se pueden prever necesidades, incluso en el futuro, de entre 50.000 y 200.000 millones de dólares, o sea, apenas una octava parte o, como máximo, la mitad de aquello de lo que se dispone. 
Por lo demás, no podemos dejarnos seducir por cualquier objetivo, por noble que sea, de utilización inmediata de tales reservas, lo que provocaría un aumento muy importante de la venta de dólares en el mercado mundial, con la consiguiente disminución de su valor en relación con el euro. 
Se trata de la consecuencia que podría tener el atractivo de evidenciar un euro valorizado, con el prestigio de ello resultante. 
Pero, por encima de eso, debe estar la preocupación por mantener la competitividad de la economía europea, que resultaría perjudicada- hemos de ser realistas- con un euro demasiado caro. 
Habría una reacción negativa de nuestros empresarios, que tendría como consecuencia evidentes repercusiones negativas en la inversión y en el empleo. 
La credibilidad de una moneda no depende, por lo demás, de su valorización exagerada. 
Antes bien, una credibilidad real y duradera ha de estar relacionada con un valor correcto en el plano exterior, que depende, a su vez, de su estabilidad en el plano interior, lo que justifica también todo el esfuerzo que se haga para garantizarla, en particular con el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como ha subrayado con razón el ponente en su intervención inicial. 
... está en escena, pero sus planes para la utilización de una parte de las reservas de los Bancos Centrales de los Estados miembros de la zona del euro, opinión compartida, por lo demás, por Lionel Jospin, en el sentido de lanzar una gran iniciativa política de reactivación económica de Europa encaminada a la creación de puestos de trabajo, carecen, ante todo, de cautelas reforzadas. 
Entre otras cosas, porque sigue por determinar, con un mínimo de rigor, la parte considerada excedentaria de las reservas monetarias del Sistema Europeo de Bancos Centrales. 
Es verdad que con el advenimiento del euro y de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria se reduce substancialmente el riesgo cambiario inherente a las operaciones en monedas nacionales. 
Es verdad también que gran parte del comercio exterior actual se transformará en comercio interior, porque se hace dentro de la zona del euro, con lo que se reducirán drásticamente las necesidades de reservas en divisas como medio de pago internacional. 
Pero está por determinar exactamente la cuantía de ese excedente. 
Hay quien habla de 50.000 millones de dólares y quien habla de 300.000 millones de dólares. 
Y ni siquiera se puede dar por hecho que las reservas signifiquen, de hecho, excedentes. 
Ante todo, porque se constituyeron reservas apreciables en marcos alemanes, que a partir del próximo día 1 de enero pasarán automáticamente a la condición de euros, con lo que dejarán de considerarse reservas en divisas. 
Serán tan sólo disponibilidades internas. 
Por otro lado, no será fácil oponerse a la amplia autonomía conferida a los bancos centrales nacionales para gestionar sus reservas, imponiéndoles utilizaciones concretas a partir de decisiones políticas de los gobiernos de los Estados miembros. 
Por eso, todo apunta hacia la estrategia correcta de una intervención moderada en la gestión de los activos de reserva del Sistema Europeo de Bancos Centrales, evitando los riesgos de una depreciación acelerada del dólar frente al euro, lo que sería una catástrofe para el sector exportador de la Unión Europea. 
El mantenimiento de un volumen importante de divisas en dólares y en yenes será con seguridad la mayor salvaguarda para prevenir los huracanes especulativos que podrían asolar los mercados financieros internacionales en esta fase de transición al euro, permitiendo intervenciones estabilizadoras y contribuyendo al prestigio del euro como gran referencia mundial de solidez y credibilidad monetarias. 
Señor Presidente, le prometo que seré lo más sintético y breve que me sea posible, y le doy las gracias por haber aceptado que este debate se prolongue un poco. 
Señorías, en el momento en que el Banco Central Europeo ha establecido sus formas de funcionamiento, con mucha oportunidad el Sr. Giansily nos invita a reflexionar sobre el problema de las reservas en divisas en la tercera fase de la UEM. 
En primer lugar, quiero señalar que, desde luego, me expreso sin perjuicio del punto de vista del Banco Central Europeo, entidad, según el artículo 105, responsable y encargada de la gestión de las reservas. 
No quiero interferir en la independencia de esta institución. 
En términos globales, la Comisión comparte lo esencial del análisis del ponente. 
No obstante, hay un punto que me gustaría tratar, pues puede plantearnos algún problema: se trata de la cuestión del nivel óptimo de las reservas en divisas. 
Es verdad que ya no habrá que intervenir en los mercados de divisas para estabilizar los tipos de cambio entre las monedas de los países participantes, lo que evidentemente nos evita la necesidad de apartar reservas con este fin. 
Pero de esto a deducir que el total de las reservas apartadas en el SEBC será superior al nivel óptimo de haberes en divisas hay un paso, y vacilo en darlo, porque nos preguntamos cómo estableceremos un nivel óptimo de reservas en divisas. 
Señor Wolf, las reservas en divisas no son dinero superfluo que duerme en las cajas de los Bancos Centrales nacionales. 
Y como lo ha señalado el señor Herman- creo yo que con todo acierto- no hay que exagerar el monto ni tampoco, y sobre todo, subestimar su utilidad. 
Creo que, en el marco de la zona euro, la respuesta a esta pregunta debe tomar en cuenta una serie de elementos. 
Primero: aun después de la introducción del euro, las reservas en divisas de la zona euro, al 1 de enero de 1999, todavía serán muy inferiores a las que tienen los principales países asiáticos. 
Por ejemplo, pienso que en China la reserva en divisas será, respecto del comercio exterior, dos veces mayor que en la zona euro. 
No obstante, China no tiene una moneda convertible. 
Segundo elemento: de todas maneras, al menos para los países industrializados, la relación tradicional entre el volumen de comercio internacional y el nivel necesario de las reservas en divisas es muy difícil de establecer, por una razón ligada además a la libre circulación y a la liberación de los movimientos de capitales. 
He consultado toda una serie de estudios para tratar de estimar, de cuantificar el nivel de las reservas excedentes en el SEBC. 
He visto resultados que varían entre cero y 200.000 millones de euros- 200.000 millones de dólares -, es decir, un margen impreciso. 
Tercer elemento, e importante: los Bancos Centrales nacionales ajustarán su balance cuando llegue el euro. 
Por lo tanto, el paso al euro disminuirá automáticamente las reservas de los Bancos Centrales de los países europeos por razones puramente técnicas, sobre todo por la supresión de las reservas en monedas que van a gravitar dentro del euro, por ejemplo, las reservas en marcos alemanes del Banco de Francia. 
Cuarto: las altas reservas en divisas constituyen un medio eficaz de mantener el sistema bancario dentro de una necesidad estructural de liquidez. 
Por definición, esta necesidad es indispensable para la buena conducción de la política monetaria y para la definición de los tipos de interés. 
Quinto elemento: un nivel alto de reservas del SEBC reforzará su credibilidad. 
En el momento de partida, esto es esencial. 
Hoy sería inoportuno, sobre todo si se toman en cuenta las turbulencias presentes en los mercados financieros, menoscabar esta credibilidad. 
Recuerdo a Sus Señorías- y en particular al Sr. Metten- que afectar la credibilidad del SEBC implicaría afectar la credibilidad del euro, y podría traducirse, en definitiva, en una subida de los tipos de interés, es decir, un resultado exactamente inverso al que buscamos al introducir el euro. 
Tranquilícense, Señorías, las reservas no están pensadas para hacer de Europa una locomotora internacional, pero si es preciso inyectar liquidez en el sistema, hay otros medios además de la liquidación de las reservas, pues ésta afectaría la credibilidad de su propia moneda. 
Por otra parte, creo que el ponente ha recalcado con fuerza y razón este punto. 
En conclusión, a la vez que doy la enhorabuena al Sr. Giansily por la seriedad de su análisis y la prudencia de sus conclusiones, quiero recordar que en esta materia- como creo que lo ha subrayado el Sr. Christodoulou, más competente que yo en estos asuntos, pues ha sido gobernador de un Banco Central -, en esta materia sólo la experiencia permitirá que se defina el nivel apropiado de las reservas de divisas, y esto es tarea y responsabilidad sobre todo del SEBC. 
Por consiguiente, la Comisión confía plenamente en que los miembros del Consejo de Gobernadores del Banco Central llevarán a cabo esta tarea. 
Muchas gracias, señor De Silguy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 19.25 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Protección de los trabajadores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0353/98) del Sr. Correia, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica por segunda vez la Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo (COM (98) 0170- C4-0310/98-98/0093 (SYN) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe que ahora analizamos versa sobre la propuesta de la Comisión encaminada a modificar por segunda vez la Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de los trabajadores expuestos en sus lugares de trabajo a agentes carcinogénicos. 
En lo esencial, lo que esta propuesta pretende es que la directiva ya existente tenga un ámbito más amplio para que incluya el polvo de las maderas duras (roble y haya) , las categorías 1 y 3 de substancias mutagénicas y el clorato de vinilo monómero. 
El artículo 118 A del Tratado de la Unión Europea dispone que el Consejo adopte, mediante directivas, las prescripciones mínimas para promover la mejora de las condiciones de trabajo a fin de garantizar el mayor nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. 
Acogemos con agrado toda iniciativa orientada en ese sentido y ésta es una de ellas. 
La lástima es que la Comisión no haya aprovechado esta oportunidad para ampliar aún más el ámbito de esta directiva a fin de consolidar las disposiciones de la Directiva 83/477/CEE relativa al polvo de madera, al no prever modificaciones del marco general ya establecido, con lo que crea dificultades importantes, en caso de que los Estados miembros o el Tribunal de Justicia optaran por una interpretación restrictiva de sus disposiciones. 
Resulta, además, que, a tenor del citado artículo, hay que- y paso a citar- «evitar importantes disciplinas administrativas, financieras y jurídicas contrarias al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas». 
Cuando se debatió este informe, el representante de la Comisión nos dijo que se había hecho un estudio de las repercusiones en las disciplinas antes citadas, pero la verdad es que no lo vimos publicado, por lo que no sabemos cuáles son las consecuencias que la publicación de esta directiva podría tener para las PYME. 
En ese marco intentamos, con la preciosa ayuda de las contribuciones recibidas de otros diputados, conciliar el inalienable derecho a la salud de los trabajadores con la deseable salud financiera de las empresas, haciendo hincapié en las PYME, principales reservas para la creación de puestos de trabajo, sin olvidar las grandes industrias de este sector. 
A fin de cuentas, no podemos olvidar que en la Unión Europea existen más de 42.000 industrias, la mayoría de las cuales son PYME que emplean a casi 1, 9 millones de trabajadores. 
En un momento en que la gran prioridad es la lucha contra el desempleo, hemos de crear incentivos, ya sean fiscales, económicos o derogatorios, a fin de que los costos que entraña la aplicación de esta directiva sean los mínimos posibles y no recaigan solamente en los empresarios y acaben repercutiendo indirectamente en los trabajadores, que, a consecuencia de posibles quiebras, habrán de afrontar el desempleo. 
En cuanto a la defensa de la salud de los trabajadores, punto neurálgico de nuestra actuación, consideramos que la Comisión debería tener en cuenta- y como atinadamente propone- niveles medios entre los valores considerados límite de exposición profesional. 
A ese respecto, conviene decir que no hay valores precisos científicamente comprobados, pues las opiniones oscilan entre los dos y los diez miligramos por metro cúbico. 
La elección de los 5 mg/m3, aunque tampoco está fundamentada en bases científicas, me parece acertada. 
No podemos decir lo mismo en relación con el tipo de maderas incluidas en esta propuesta de directiva. 
Aunque sólo esté comprobado científicamente el poder carcinogénico del polvo de madera de roble y haya, cuando se inhala, como causa del adenocarcinoma de nariz, consideramos que, dadas las semejanzas bioquímicas de las diferentes maderas duras, a partir del cálculo de probabilidades y como medida preventiva, se deberían incluir en esta directiva todas las maderas duras, sin perjuicio del mantenimiento de la investigación sobre los posibles efectos cancerígenos del polvo de las maderas cuando se inhalan, haciéndola extensiva así a todas las maderas. 
A partir de las premisas anteriores, presentamos las enmiendas al texto de la Comisión. 
Como ésta sabe que hubo unanimidad en la votación de la Comisión de Asuntos Sociales respecto de estas enmiendas, esperamos que la Comisión las acepte y modifique en este sentido su propuesta inicial. 
Termino expresando mi agradecimiento a todos los que han hecho contribuciones a este informe. 
Me satisface este informe del Sr. Correia porque sé que ha pasado mucho tiempo trabajando en él. 
La salud y la seguridad no es el pasatiempo más popular del Parlamento Europeo, pero en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales el Sr. Correia ha pasado bastante tiempo desarrollando lo que, espero, será una carrera futura en esta esfera. 
La comisión parlamentaria ha conseguido una serie de compromisos que, en mi opinión, ayudarán efectivamente a obtener un buen resultado en la votación de esta semana en plenaria. 
Los efectos carcinógenos de la madera dura, como acabamos de oír, han sido una de las mayores preocupaciones de los Estados miembros de la Unión Europea. 
El hecho de que actualmente incluyamos todas las maderas duras en esta directiva representa un buen punto de partida. 
Los valores límite que se han fijado, como indica el Sr. Correia, corresponden a una norma común europea. 
Es evidente que cada Estado miembro podrá fijar normas más rigurosas que la indicada, es cosa de su incumbencia, pero hay una cuestión que tiene que quedar bien clara: estamos tratando de un asunto que se revisará en los próximos años y que, estoy seguro, todos queremos volver a discutir a fin de poder llegar a un acuerdo sobre las normas más rigurosas para los trabajadores de la industria de toda la Unión Europea. 
Sea como fuere, se trata de un punto de partida. 
Diré que, pensando en esos compromisos, la asistencia financiera para realizar esos cambios es algo que quizá suscite preocupación, y quizá la Comisión pueda responder a esta cuestión. 
Hemos indicado claramente que no podemos tolerar ya los efectos carcinógenos en esas industrias determinadas en las que la producción masiva de polvo de madera, que la gente respira, abre claramente el paso a la acción de mutagénos que pueden provocar todos los años enfermedades colectivas no identificadas y dolencias dentro de nuestra Comunidad para muchos de nuestros trabajadores mal protegidos. 
Quisiera finalizar mi intervención con una breve observación para decir que el Sr. Correia ha pasado por momentos difíciles en la discusión de este asunto en la comisión parlamentaria, momentos difíciles que han requerido mucho valor por su parte, y que recomiendo su informe a todos los aquí presentes. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión para incorporar la exposición a los serrines de roble y haya al ámbito de la directiva sobre el cáncer representa una iniciativa positiva. 
Éste el modo de actuación que debemos seguir. 
Se deben mejorar las directivas a medida que se vayan obteniendo nuevas pruebas científicas, como ha ocurrido en esta ocasión con el roble y la haya. 
Por lo que respecta al resto de los árboles de hoja caduca, los estudios realizados permiten afirmar que, si bien es probable que tengan un efecto carcinógeno en los seres humanos, esta circunstancia aún no se ha podido demostrar concluyentemente a nivel epidemiológico. 
Atendiendo a un principio de prudencia, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo ha decidido proponer que el ámbito de la presente directiva englobe todos los árboles de hoja caduca. 
Por el contrario, no existen pruebas equivalentes por lo que respecta a las coníferas. 
Esta especie produce una madera considerablemente más blanda que los árboles de hoja caduca, lo cual explica que su serrín sea consiguientemente menos peligroso. 
Por ejemplo, en Finlandia no se ha podido aún demostrar científicamente el riesgo carcinógeno de las especies más importantes para el uso industrial, el pino, el abeto y el abedul. 
Resulta obvio que se debería revisar otra vez esta directiva en caso de que se obtuvieran nuevos datos acerca de estas especies. 
Sin embargo, es inútil ponerse a ampliar en esta fase el ámbito de la directiva para que abarque a todas las especies de árboles, puesto que no existen todavía pruebas de este tipo. 
Cabe recordar, no obstante, que el problema de los serrines no se limita a su posible efecto carcinógeno. 
Todos los serrines ocasionan problemas de salud como, por ejemplo, alergias. 
Pero este asunto no recae dentro del ámbito de la presente directiva. 
En la propuesta de la comisión se ha optado por establecer un valor límite para el serrín de árboles de hoja caduca de cinco miligramos por metro cúbico, que es un valor muy elevado. 
Este valor límite no supondrá ningún cambio en la situación de numerosos países. 
Sin embargo, nuestra comisión decidió proponer un valor límite elevado tras haber recibido garantías por parte de la Comisión de que en el futuro se revisará dicho valor a la baja. 
Se nos ha comentado que puede que no pasen más de dos años antes de que se presente una nueva propuesta. 
El punto de partida de los requisitos relativos a la protección de la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo ha de ser que ninguna persona se vea expuesta a elementos carcinógenos en el desempeño de su labor profesional. 
Con la obvia excepción de un valor cero, el establecimiento de cualquier valor límite implica que aceptamos una situación que pone en peligro la salud de los trabajadores. 
Al establecerse valores límite se aceptan determinados compromisos entre la salud de los trabajadores y las repercusiones económicas y técnicas que ocasiona la protección de estos mismos trabajadores. 
Ahora que hemos logrado la incorporación del serrín en el ámbito de la directiva, no nos queda más que esperar que la Comisión presente a la mayor brevedad posible nuevas propuestas para mejorar la presente directiva y para reducir los valores límite. 
Señor Presidente, las directivas de mínimos aún resultan necesarias en el campo del ambiente laboral, y por ello me alegra que la Comisión haya tomado esta iniciativa. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva relativa al cáncer dista mucho de ser una buena propuesta. 
La Comisión propone que la directiva se amplíe para incluir trabajos con serrín de roble y haya. 
Esto es completamente inaceptable. 
El Comité Científico ha llegado a la conclusión de que muy probablemente los serrines de otros tipos de madera también sean cancerígenos. 
Por ello quiero pedir a mis colegas que voten a favor de la inclusión de los serrines de otros tipos de madera en la directiva. 
La exposición al serrín trae aparejada la existencia de un riesgo grave de desarrollar un cáncer de nariz, bronquitis crónica y alergia. 
Debemos ayudar a garantizarles a los trabajadores europeos una auténtica protección ante este riesgo. 
Si existen dudas sobre los efectos cancerígenos de una sustancia, debemos emplear el principio de cautela. 
Además, resulta difícil en el trabajo práctico de una empresa mantener diferentes reglas de seguridad para diferentes tipos de serrín. 
La propuesta de la Comisión de un valor límite para el serrín de 5 mg/m3 también resulta injustificable sanitariamente. 
La Comisión no ofrece ninguna explicación de por qué este valor ha quedado fijado precisamente en 5 mg. El Comité Científico no se ha pronunciado sobre la cuestión. 
Luego no es posible utilizar su análisis para fijar un valor límite. 
De ahí que resulte revelador echar un vistazo a los valores límites existentes en los países miembros. 
En muchos países miembros el valor límite es mucho más bajo que los 5 mg propuestos por la Comisión. 
Las experiencias recogidas en estos países demuestran que técnicamente es relativamente sencillo cumplir estos valores límites. 
Económicamente también trae cuenta. 
Investigaciones danesas demuestran que reduciendo el valor límite de 2 mg a 1 mg se ahorran grandes sumas, por ejemplo, en gastos de hospitalización, bajas por enfermedad y jubilaciones anticipadas. 
Ésta es una directiva de mínimos, por lo que los países miembros con valores límites inferiores no se verán forzados a elevar éstos, sin embargo, debemos trabajar siempre para asegurarles a los trabajadores europeos la máxima protección, especialmente cuando hablamos de una enfermedad tan grave como el cáncer. 
Por ello, debemos obligar como mínimo a la Comisión a que aborde la cuestión de una reducción de los valores límites hasta que se efectúe una evaluación dos años después de la implementación de la directiva. 
Hemos alcanzado en la comisión un compromiso bastante positivo y por ello quiero pedirles a mis colegas que voten a favor del informe, pues éste supone en muchos aspectos una mejora con respecto a la propuesta de la Comisión. Quiero también elogiar al señor ponente por el gran trabajo que ha llevado a cabo. 
Señor Presidente, quisiera testimoniar mi sincero agradecimiento al ponente. 
Creo que ha realizado un buen trabajo. 
La protección de la salud tiene un gran significado para el Parlamento Europeo. 
Esto también vale para la segunda modificación de la presente Directiva. 
Mientras que, comparativamente, el resto de las cuestiones son susceptibles de ser reguladas fácilmente, los problemas en el caso del serrín de la madera dura son muy complejos. 
La estricta interpretación del concepto por parte de los Estados miembros, hasta cierto punto técnicamente posible, podría tanto conducir a la suspensión de la fabricación de muebles, como a hacer peligrar el trabajo artesanal. 
La UE no puede, en el marco de la globalización, destruir puestos de trabajo a través de exigencias exageradas, para que de este modo, por ejemplo, surjan en terceros países aún más puestos de trabajo con un mayor riesgo para la salud de los trabajadores. 
Por ello, el gasto técnico que se ha solicitado debería establecerse en una proporción equilibrada respecto del resultado en materia de protección de la salud. 
Seguramente, seguir investigando en la posible mejora de la determinación de valores límite, no carece en absoluto de sentido. 
Sin periodos transitorios no es posible alcanzar una solución. 
Se puede requerir el apoyo financiero por parte de los Estados miembros, tal y como lo contempla el ponente en su enmienda. 
En cualquier caso hace mucho que no se ayuda a las PYMEs interesadas. 
Si un Estado miembro recoge a sus empresas bajo su manto y otro no puede o no quiere hacerlo, entonces podría surgir una enorme distorsión de la competencia. 
Por ello solicito a la Comisión que procure que las exigencias técnicas y los valores límite permanezcan en un perímetro que las haga realizables y que la Unión otorgue las ayudas correspondientes para que las condiciones sean aplicadas en todas partes de modo parecido, de suerte que no se dé el caso que, gracias a la reelaboración de la Directiva 90/394, los trabajadores vayan a disfrutar de una excelente protección contra los cancerígenos y el polvo doméstico y al mismo tiempo se encuentren en una situación en la que no puedan seguir trabajando porque su empresa tiene que cerrar debido a las exigencias demasiado altas. 
Este no puede ser el objetivo de la modificación de esta directiva. 
No obstante, ni que decir tiene que voy a votar a favor de este informe. 
Señor Presidente, los serrines, que este informe ha mencionado como una de las sustancias carcinógenas, hacen olvidar otra sustancia aún más importante, el asbesto, cuyo uso está permitido en países como Bélgica. 
En el edificio Berlaymont habría bastado simplemente con aspirar el serrín sin necesidad de empaquetarlo con sábanas. 
¿Cuál es la situación del nuevo edificio del Parlamento por lo que respecta al asbesto? 
Está demostrado que el asbesto es una sustancia peligrosa. 
A principios del siglo XXI morirán como consecuencia de enfermedades provocadas por el asbesto, entre las que destaca el cáncer de pulmón, más de diez mil personal cada año. 
El asbesto puede reemplazarse perfectamente con otras sustancias que permiten conseguir los mismos resultados de un modo considerablemente más seguro. 
¿Por qué no se ha actuado de esta manera? 
El uso de asbesto nuevo ya está prohibido en los países nórdicos, Alemania, los Países Bajos y Francia. 
Sin embargo, la Comisión ha venido retrasando, por una razón u otra, la prohibición del uso del asbesto. 
Si la Comisión continúa permitiendo el uso de asbesto nuevo, no será posible recurrir a decisiones nacionales para evitar la importación de equipos y maquinaria que puedan contener esta sustancia. 
He preguntado a la Comisión en qué fase se encuentra la elaboración de la directiva para la prohibición del uso de asbesto nuevo. 
Comienza a ser urgente la adopción de estas decisiones, precisamente como consecuencia del riesgo que supone el uso de dicha sustancia. 
Además, algunos fabricantes utilizan el asbesto en lugar de otras sustancias alternativas, inocuas pero más costosas, como un medio para mejorar la competitividad de sus productos. 
Se debería establecer la salud de las personas como primera prioridad y adoptar rápidamente, por una vez, las decisiones necesarias. 
A pesar de que esta directiva está ya en fase de elaboración, el periodo para su examen se está alargando demasiado. 
Es posible recurrir a las abundantes experiencias que existen en numerosos países acerca del uso de materiales alternativos. 
Señor Presidente, si somos partidarios de la dimensión social de la Unión Europea tenemos que demostrarlo de forma práctica dando prioridad a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. 
Estoy en favor de ampliar la directiva vigente sobre carcinógenos para que incluya al polvo de la madera de haya y de roble, los mutágenos de la categoría 1 y de la categoría 2, y el monómero de cloruro de vinilo. 
Coincido también con la opinión del ponente de que la directiva debería abarcar el polvo de madera de todas las clases de madera dura. 
Quizá aleguen algunos que todavía no se cuenta con suficientes pruebas científicas para justificar lo que acabo de preconizar. 
No estoy de acuerdo. 
A menudo se pasa demasiado tarde a la acción en relación con cuestiones de salud y seguridad. 
En este contexto es mucho mejor pecar por exceso de precaución. 
Para decirlo con toda sencillez, sugiero que es mejor tomar medidas a corto plazo que lamentar a largo plazo el no haberlas tomado. 
Señor Presidente, deseo agradecer al Sr. Correia su excelente informe, así como a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales la forma constructiva en que ha examinado la propuesta de modificación de la Directiva relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos que se derivan de la exposición a agentes cancerígenos. 
Los objetivos de la propuesta son relativamente simples. 
En primer lugar, tratamos de ampliar el alcance de la directiva a fin de incluir los polvos producidos por ciertos tipos de madera y los agentes mutantes de las categorías 1 y 2. 
Esto representa una iniciativa importante en el ámbito del esfuerzo comunitario dirigido a garantizar la máxima protección de los trabajadores contra la exposición profesional a los agentes cancerígenos. 
En segundo lugar, a efectos de simplificación, aprovechamos la ocasión para incorporar las disposiciones de la Directiva del Consejo relativa al cloruro de vinilo monómero a la Directiva relativa a los agentes cancerígenos. 
Me es grato señalar que estamos de acuerdo con la mayoría de las enmiendas presentadas por el Parlamento que contribuyen a aumentar la eficacia de la propuesta y que, por lo tanto, pueden ser aceptadas por la Comisión. 
Me refiero a la enmienda 3, a la primera parte de la 5 y a las enmiendas 6, 7, 8, 10 y 11. 
Voy a explicar brevemente los motivos por los cuales no pueden aceptarse las demás enmiendas. 
La enmienda 1 prevé que las disposiciones relativas a los polvos producidos por la madera se apliquen a los puestos de trabajos existentes sólo después de un período transitorio. 
Se trata del tema abordado, entre otros, por el Sr. Pronk. 
La Comisión estima que es apropiado el plazo concedido en la propuesta de directiva a las empresas para adaptar, en el plano técnico, sus puestos de trabajo. 
La enmienda 2, cuya temática ha sido tratada, entre otros, por los Sres. Skinner y Schörling, propone que los Estados miembros presten apoyo financiero a las empresas, al objeto de ayudarlas a hacer frente a sus obligaciones. 
Si un instrumento comunitario impusiera dicha obligación a los Estados miembros, iría en contra del principio de subsidiariedad. 
Asimismo, sería un hecho sin precedentes y, en nuestra opinión, un error sugerir que los empresarios cuenten con subvenciones para cumplir sus responsabilidades en materia de salud y seguridad de sus trabajadores. 
La enmienda 4 prescribe que se fije el valor máximo para el polvo producido por la madera hasta un nivel que evite cualesquiera riesgos para los trabajadores. 
Valoramos la intención que subyace en esta propuesta, sin embargo, vistas las características de los agentes cancerígenos, no se debe fijar un límite no real. 
En este sentido, la propuesta de la Comisión presenta un límite aplicable. 
La segunda parte de la enmienda 5 se considera redundante, habida cuenta de que la Comisión acepta la primera parte de la enmienda. 
El último comentario se refiere a la enmienda 9: la Comisión no puede acogerla, ya que la fecha de entrada en vigor de la directiva debe coincidir con la fecha de abolición de la directiva que se reemplaza. 
Por último, tomo nota de la interesante sugerencia del Sr. Pronk para que se estudie la posibilidad de reunir varias directivas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Seguros 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0307/98) de la Sra. Mosiek-Urbahn, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el proyecto de comunicación interpretativa de la Comisión relativa a la libre prestación de servicios e interés general en el sector de los seguros (SEC (97) 1824- C4-0049/98). 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, para que quede claro de antemano: la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos saluda la iniciativa de la Comisión. 
El mercado interior europeo ha conseguido un mercado financiero integrado y ello ha llevado a una competencia reforzada y a la libre circulación de personas y capital en Europa. 
Naturalmente esto también ha tenido efectos sobre la industria aseguradora, en la que hay que seguir eliminando los obstáculos existentes. 
Desde el 1 de julio de 1994, con la entrada en vigor de la tercera generación de las directivas de seguros, se han conseguido las condiciones que permiten a las compañías aseguradoras operar en todo el territorio de la UE. 
El mercado interior de los seguros se basa sobre los principios del reconocimiento recíproco y de la autorización unitaria y otorga a las compañías aseguradoras autorizadas y domiciliadas en uno de los Estados miembros la posibilidad, en el marco de la libertad de establecimiento y prestación de servicios, operar en cualquier otro Estado miembro. 
El anterior examen de las condiciones contractuales y de las primas queda suprimido, mientras que la vigilancia financiera de las compañías aseguradoras se ha reforzado en el Estado sede. 
A pesar de que en el mercado interior europeo existen indicios sobre un mercado cada vez más integrado y unas reforzadas condiciones marco orientadas hacia la competencia, sobre todo en el caso de los productos de seguro para empresas que tienen los denominados grandes riesgos, la eficacia del mercado interior del seguro permanece limitada por una serie de obstáculos jurídicos, fiscales y de política nacional. 
EUROSTAT también ha llegado hace poco a esta apreciación. Con ello EUROSTAT confirma expresamente a la Comisión y subraya, por consiguiente, la importancia y la necesidad del presente proyecto de comunicación. 
Una de las causas que impiden a las compañías aseguradoras hacer uso de las libertades básicas contenidas en el Tratado de la CE es reconocida acertadamente por la Comisión en la inseguridad, existente antes y ahora, al interpretar conceptos básicos como la libre circulación de la prestación de servicios o el interés general. 
El indeterminado concepto jurídico del interés general es empleado en las terceras directivas de seguros tanto en relación con la prestación de servicios como con la libertad de establecimiento y significa que se debe examinar en cada negocio de seguro transfronterizo si está justificada la aplicación de disposiciones nacionales internas a un prestador de servicios extranjero por motivos obligatorios derivados del interés general. 
El Tribunal Europeo de Justicia ya ha tomado posición en una amplia jurisprudencia y también ha decidido en casos concretos bajo que condiciones pueden reconocerse intereses legítimos, no comerciales como base del interés general. 
Las reglas del interés general deben aplicarse a todas las personas y empresas que operan el territorio soberano del Estado de referencia, pero sólo hasta el punto en que el interés general no ha sido contemplado en las disposiciones jurídicas a las que el prestador de servicios está sometido en el estado en que está domiciliado. 
Estos requisitos también deben ser positivamente impuestos, para garantizar la observancia de las reglas profesionales y la protección de los intereses que estas persiguen. 
La utilidad de esta comunicación reside, sobre todo, en que la Comisión aporta una idea general sobre los casos importantes y típicos en los que se presentan dificultades de interpretación. 
En parte el Tribunal Europeo de Justicia ya había arrojado cierta claridad en sus sentencias, en parte aun penden algunos litigios y en parte el Tribunal no ha tomado o todavía no ha tomado cartas en el asunto. 
De manera que la comunicación presta a los círculos interesados una orientación útil y oportuna. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos saluda expresamente que en su proyecto de comunicación la misma Comisión reconozca que su comunicación no puede anticiparse a las posibles interpretaciones del Tribunal Europeo de Justicia sobre las cuestiones mencionadas y que tampoco tiene valor normativo. 
Ya ocurrió en otra ocasión que la comunicación de la Comisión no fue aprobada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto en el caso de la comunicación sobre el fondo de pensiones. 
No se puede aceptar el reproche de que la Comisión cita en su evaluación ejemplos prácticos en los que, según su opinión, se ha contravenido el derecho comunitario y que aun están pendientes. 
Al contrario, el papel de la Comisión en tanto garante de los Tratados le permite expresar a priori y sin condiciones a la opinión pública su interpretación jurídica, que desde luego puede ser supervisada por el Tribunal. 
La opinión de la Comisión de que en el sector de los seguros el lento arranque de la prestación de servicios transfronterizos responde parcialmente a causas de índole exclusivamente de política empresarial, es compartida. 
La mayoría de las aseguradoras europeas es evidente que hasta ahora han preferido establecerse en el extranjero a través de traspasos y construir su red en la EU con sociedades filiales. 
La introducción del Euro tendrá, empero, importantes consecuencias para el mercado asegurador de Europa. 
Es posible que se facilite la venta transfronteriza de servicios de seguro, que las comparaciones de productos sea más sencilla y que conduzca a una bajada de los costes. 
También es de esperar que el Euro estimule considerablemente la actividad aseguradora transfronteriza que hoy aun a menudo se tacha de subdesarrollada. 
Una justificación más para la comunicación sobre el momento actual. 
Señor Presidente, profeso la abogacía y he trabajado también en la industria de los seguros, pero no esperaba ostentar el liderazgo de los socialistas sobre esta cuestión esta noche. 
Es evidente que el Sr. Rothley se está ocupando todavía de la gravosa labor del Estatuto para los diputados, así que, heme aquí. 
Cuando inicié mi carrera en los seguros hace mucho tiempo- prácticamente hace 30 años- recuerdo que la primera semana que trabajaba con la empresa el jefe me dijo lo siguiente: «El principal problema con que nos enfrentamos es que vamos a tener que luchar con la competencia de Europa». 
Mal podría imaginarme hace 30 años que no iba a cambiar nada, y supongo que lo mismo ha sucedido en el caso de las ventas libres de aduanas. 
Como todos sabemos, en los últimos años hemos adoptado un acervo considerable de legislación encaminada a instituir el mercado único en este sector. 
Ahora bien, esa legislación está teniendo muy poco efecto. 
Es evidente para todos que el mercado único no está dando resultados en este sector, sobre todo si uno tiene en cuenta lo mucho que cuestan los seguros para automóviles en mi propio país, que es Irlanda. 
Un conductor varón y joven, por ejemplo, ha de abonar costos por lo menos dos veces más elevados que en los demás países europeos, lo que viene a añadirse a los elevados precios que tienen los automóviles en Irlanda. 
No se trata, pues, de un mercado único: no hay competencia, no hay ayuda al consumidor. 
Los Estados miembros han recibido suficientes advertencias. 
La Comisión tiene que hacer pleno uso de sus poderes con arreglo a los Tratados de la UE, especialmente el artículo 169, para liberalizar el mercado. 
Los Estados miembros están añadiendo demasiados requisitos engorrosos a las directivas de la Unión Europea, lo que dificulta el funcionamiento de las compañías de seguros en otros Estados miembros. 
En Irlanda, las compañías de seguros que desean funcionar en otros Estados miembros me han mencionado problemas como, por ejemplo, las diferentes tasas de exención fiscal en el caso de las primas abonadas a los aseguradores localmente establecidos; la obligación de designar representantes impositivos- representantes fiscales, como se les llama (no estamos familiarizados con esa noción y la mayor parte de las compañías no tienen que designar a ese tipo de agentes) -y de rellenar cuestionarios muy detallados; no hay que olvidar tampoco los problemas relacionados con las diferentes normas en materia de idiomas, y, por último, no hay que olvidar tampoco la molesta cuestión de las condiciones mínimas para las pólizas de seguro. 
En mi opinión, las compañías de seguros no deberían temer la entrada de otros competidores europeos en sus mercados nacionales. 
Un mercado único europeo debe ser considerado como una oportunidad más bien que como una amenaza. 
Es evidente que facilitaría la entrada de otras empresas, pero también facilitaría más la posibilidad de que las compañías irlandesas pudieran trabajar en el extranjero. 
Quisiera decir que coincido con lo que ha dicho la ponente: hay que tener en cuenta al consumidor, y eso significa competencia. 
Quisiera felicitarla por su informe. 
Señor Presidente, he seguido con mucho cuidado lo que ha dicho mi colega irlandés. 
Me sorprende sobremanera enterarme de que trabajaba en una compañía de seguros hace 30 años; no creía que tuviera esa edad, lo que demuestra que lleva muy bien la que tiene. 
Me satisface la iniciativa de la Comisión en esta esfera. 
Muchos de nosotros esperábamos que el mercado único diera lugar a una fuerte competencia en el sector de los seguros, lo que resultaría en la disminución de las primas para los consumidores. 
Lamentablemente, eso no ha sucedido y, claro está, en la actualidad no existe un verdadero mercado único de los seguros. 
Coincido con Su Señoría en que es una lástima, especialmente para los jóvenes irlandeses, que pagan cantidades exorbitantes en concepto de seguro automovilístico, y había esperado, como otros muchos, que la competencia obligara a bajar los precios. 
Insto a la Comisión a que investigue las tasas de seguro para los menores de 25 años en Irlanda, a fin de cerciorarse de que no se está abusando del mercado. 
Me satisface que la Comisión esté indagando si se está o no se está abusando de la cláusula de bien general. 
Por último, espero que con esta iniciativa de la Comisión y con la introducción de la moneda única, podamos presenciar una situación de mayor transparencia, una mayor búsqueda de mejores condiciones entre los consumidores y, en consecuencia, la creación de un verdadero mercado único en materia de seguros. 
Señor Presidente, las incertidumbres que engendra el concepto de interés general en aspectos fundamentales concernientes a la libre prestación de servicios y, en concreto, a la aplicación de las directivas en materia de seguros obligan a reflexionar sobre los peligros de un posible uso de este concepto como un instrumento de restricción discriminatoria. 
De hecho, la armonización alcanzada en virtud de la Directiva de 5 de abril de 1992 no ha impedido que se exija el cumplimiento de disposiciones nacionales abusivas a empresas de seguros que quieren desarrollar su actividad en Estados distintos de aquellos en los que se encuentra su sede social, como se señala en el informe. 
Cierto que el fracaso relativo de la creación de un mercado interior de seguros no sólo es imputable a la tendencia a hacer un uso interesado del concepto de interés general, sino que también es imputable a problemas de funcionamiento interno de las propias empresas. 
Pero, en todo caso, la delimitación del concepto es necesaria. 
Si el método para hacerlo ha de ser por la vía de la sustracción, como dice la Comisión- con lo que está de acuerdo la ponente -, o por otra vía, no me parece relevante, pero sí lo es alcanzar seguridad jurídica en esta materia. 
En conclusión, en beneficio de la seguridad jurídica es esencial proceder a una aproximación de las disposiciones más importantes del Derecho sobre contratos de seguros y de las cláusulas de los mismos, a fin de que los ciudadanos puedan tener a su alcance un mercado de seguros abierto y puedan elegir de acuerdo con sus intereses y no de acuerdo con los intereses de las empresas. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, tanto en la Comunicación de la Comisión como en el informe de nuestra colega Mosiek-Urbahn se trata de un concepto clave de la interpretación de los artículos 59 y 60 del Tratado de la CE sobre la libre prestación de servicios. 
Es sabido que el Tribunal Europeo en su sentencia de 4 de diciembre de 1986 señaló el interés general como causa justificada para la limitación de este tipo de libertad de prestación de servicios. 
Incluso aquel que sea jurídicamente lego podrá enseguida comprobar como un concepto tan amplio como el interés general debe ser protegido a través de la interpretación contra su uso pernicioso. 
Precisamente eso es lo que pretende la iniciativa de la Comisión. 
Deberíamos seguir a la ponente, a la que la Comisión apoya en ese sentido, pero soy de la opinión de que también deberíamos seguir a la ponente para que anime a la Comisión para que retome los esfuerzos por la equiparación de los contratos de seguro y que, a pesar de los procesos pendientes, no disimule sus intenciones con su interpretación jurídica. 
Espero que esto lleve a que en el futuro muchos asegurados puedan dar las gracias tanto a la Comisión como a la ponente por su apuesta por la libre prestación de servicios. 
Puede que incluso la Sra. Cushnahan se pueda alegrar de ello. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
Regímenes arancelarios preferenciales 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0262/98) del Sr. Nordmann, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión acerca de la gestión de los regímenes arancelarios preferenciales (COM (97) 0402- C4-0447/97). 
Señor Presidente, este informe, presentado en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, se refiere a cuestiones que superan con amplitud la política de desarrollo de la Unión, porque se trata de enumerar las mejoras que se deben aportar a la gestión de los regímenes arancelarios preferenciales que la Unión acuerda a cierto número de países socios comerciales bajo diversas formas: una, convencional, que es la de los acuerdos de cooperación negociados con cierto número de países, sobre todo, por supuesto, dentro del marco del Convenio de Lomé, pero también bajo la forma de los regímenes arancelarios preferenciales autónomos como, por ejemplo, el sistema de preferencias generalizadas que la Unión acuerda de modo unilateral. 
Ocurre que estos aranceles preferenciales dan lugar a cierta cantidad de fraudes, y las irregularidades que, por ejemplo, se han detectado en 1996 alcanzan un monto- muy sustancial, sin duda- de 220 millones de ecus. 
Los fraudes se producen en los textiles, los productos de pesca, los productos industriales, los productos agrícolas y, desde luego, no representa nada grato para la Comisión hacer un listado de la producción en la que se concreta el fraude. 
El mecanismo del fraude se relaciona, como es natural, con el mal uso de los certificados de origen que las autoridades aduaneras de los países asociados comerciales otorgan, y que representan otros tantos cheques descontados de las finanzas de la Unión. 
Sólo que- y hasta aquí llega la comparación- si los cheques sin fondos no se pagan, en estos otros responden los fondos de la Unión y, por lo tanto, los contribuyentes de la Unión. 
La lucha contra el fraude, que es el objeto esencial de la comunicación de la Comisión, pasa por cierta cantidad de mejoras del sistema y cierto número de medidas de control y, al mismo tiempo, de medidas de formación, en especial en los Estados socios que, hay que decirlo, no siempre cuentan con la infraestructura técnica y administrativa adecuada para luchar contra el fraude, o bien, e igualmente hay que reconocerlo, incluso llegan a estimularlo. 
La comunicación de la Comisión enumera cierto número de acciones que deberán emprenderse. 
Queremos añadir, además, una sensibilización y una acción más fuertes de las delegaciones de la Comisión en los países socios, delegaciones que tendrían que desempeñar un papel impulsor en este campo. 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación desea, asimismo, que prontamente se pueda presentar una primera valoración de los efectos del nuevo procedimiento llamado «información vinculante» en materia de origen, gracias al cual los importadores de la Unión, antes de cumplir con las formalidades aduaneras, podrán asegurarse de que los productos realmente les permiten beneficiarse de los regímenes arancelarios preferenciales. 
Este procedimiento de información vinculante dará una especie de validez aduanera a los productos durante tres años. 
Igualmente, queremos que el mecanismo de sanciones puesto en marcha en 1995 llegue a aplicarse, en caso necesario, de una manera efectiva. 
Hasta hoy se ha utilizado una sola vez y en unas circunstancias derivadas de problemas sociales y no de problemas de fraude comercial. 
Nuestro deseo es que se aplique. 
Para terminar, quiero señalar que, sobre todo en una sesión de gran interés de la Comisión de Control Presupuestario- que al fin no elaboró un criterio sobre este tema y es una lástima -, el debate se centró en el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los importadores. 
Al respecto, hay una diferencia de perspectiva entre el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, que menciona esta seguridad- a la que habrá que mejorar- y la opinión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que insiste mucho sobre este problema. 
Pensamos que es necesario compartir las responsabilidades, y que la formulación de la Comisión de Desarrollo y Cooperación es, sin duda, más equilibrada que el criterio- cosa normal si viene de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores- que exclusivamente hace hincapié en la cuestión de la seguridad de los importadores. 
Este será el sentido de las indicaciones que he dado en lo relativo a las enmiendas, y quería precisarlas desde ahora mismo. 
) Señor Presidente, como ponente de opinión de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores para este tema, he leído el informe de nuestro colega Nordmann con mucho interés. 
Al principio de su informe subraya con razón la importancia de los regímenes arancelarios preferenciales para la política comercial europea. 
Su objetivo principal, estimular el desarrollo de los países menos desarrollados, como Lomé y los países ACP y la preparación de los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, merece todo el apoyo. 
No obstante, el problema estriba en que su gestión deja mucho que desear. 
Con razón el Consejo solicitó a la Comisión en mayo de 1996 un estudio de este tema con propuestas para mejorar este sistema. 
La Comisión señala en su comunicación el fraude de los certificados de origen y en una parte importante de la resolución de nuestro colega Nordmann, los primeros nueve puntos, se aborda esto más detalladamente. 
Con razón, el fraude debe ser combatido enérgicamente, tanto por el interés de la Unión Europea como por el interés de los países beneficiarios. 
La Comisión pone, sobre todo, énfasis en la lucha directa contra el fraude por medio de unos órganos de control y disposiciones sancionatorias. 
A mi juicio, se debería prestar más atención a la lucha indirecta contra el fraude. 
Se ha de mejorar el funcionamiento del sistema de aranceles preferenciales. 
Tal vez de allí se pueden sacar muchas más ventajas que de sanciones, mecanismos de control y toda clase de otros embrollos administrativos. 
Pienso al respecto en una flexibilización y una simplificación de las normas de origen y en una cooperación mejor entre los Estados miembros y los países beneficiarios. 
También el denominado sistema «early warning» , por el que se informa al importador ya desde un estadio preliminar en caso de eventuales irregularidades, puede ser útil. 
Pero, entonces, el actual sistema imperfecto ha de ser más rápido y más fiable, como nuestro colega Nordmann defiende en su informe. 
Un segundo punto de atención es la protección de los importadores en la Unión Europea. 
Me ha decepcionado que en la comunicación de la Comisión falte una regulación para el importador de buena fe. 
Este era justamente uno de los motivos fundamentales del Consejo para solicitar una comunicación a la Comisión. 
El Consejo quería que la confianza de los importadores en la validez de los certificados de origen quedaran protegidas. 
Ya no deberían verse enfrentados a unas cargas elevadísimas y correr el riesgo de quiebra. 
Justamente en este punto falla la Comisión. Eso es injusto. 
El Sr. Nordmann lo aborda indirectamente en el punto 10 de su informe, pero este punto debe tratarse con mayor claridad. 
Nuestro punto de partida ha de ser que los riesgos no recaigan exclusivamente sobre los importadores. 
Por eso he presentado las enmiendas 3 y 4 al punto 10. 
Provienen de la opinión, aprobada de forma unánime, que la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores ha presentado sobre este tema. 
La enmienda 5 proviene también de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y guarda relación con la pregunta del Consejo. 
Se trata de importadores que se ven perjudicados en la utilización de los regímenes preferenciales por las irregularidades en las decisiones de los países beneficiarios. 
Pido a la Comisión que presente una propuesta con el fin de protegerles cuando razonablemente no pueden estar al corriente de ellas. 
Como punto final, me parece importante, visto el objetivo de los regímenes preferenciales, que estos beneficien también a los países menos desarrollados. 
Por eso, pido a la Comisión que vigile que el acceso al mercado de estos países más vulnerables mejore realmente con estos regímenes. 
La enmienda 6, que proviene de nuevo de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, lo detalla. 
Espero que el ponente, el Sr. Nordmann, quiera incorporar estas enmiendas cruciales en su, por otra parte, excelente informe. 
Las mejoras por las que he abogado son de gran importancia para la subsistencia de los regímenes preferenciales. 
La comunicación de la Comisión es valiosa pero incompleta en cuanto a los puntos mencionados aquí arriba. 
Por ello, el Parlamento Europeo y el Consejo deben actuar. 
La situación actual es mala tanto para los países menos desarrollados como para las empresas de la Unión Europea. 
Me parece que en esta situación, independientemente del color político, hemos de sacar la conclusión de que el régimen actual es ineficaz e injusto. 
Actuemos en consecuencia entonces. 
) Señor Presidente, el Sr. Nordmann y el Sr. Van Dam han abordado todo este tema sobre todo desde sus respectivas comisiones y por eso también han hecho en gran medida unas observaciones técnicas. 
Me gustaría hacer unas observaciones más políticas sobre esta propuesta, y también sobre este informe del Sr. Nordmann. 
En primer lugar, viéndolo superficialmente, observo que a lo mejor parece como si el régimen preferencial estuviera hecho para que unos países tercermundistas tuvieran una mejor posición en la exportación de productos a los Estados miembros europeos. 
La realidad es naturalmente un poco distinta. 
La realidad es que estos productos compiten con los productos de nuestra propia Unión Europea y que esa es sobre todo la razón para aplicar aranceles en los productos del tercer mundo. Entonces lo aligeramos un poco rebajando esos aranceles. 
Lo menciono porque, a mi juicio, se contempla este régimen preferencial desde la Unión Europea como una especie de consentimiento hacia los países en desarrollo, pero que desde los países en desarrollo es visto sobre todo como una pequeña concesión, allí donde la Unión Europa lo dificulta mucho y donde está aplicando unos aranceles demasiado altos, sobre todo a causa de los productos agrícolas procedentes de la Unión Europea misma. 
En el fondo, dicho con todo el respeto, es un sistema bastante hipócrita. 
Lo primero que quiero poner sobre el tapete es este punto. Es una cuestión de política general. 
Si a continuación comprobamos que se comete un fraude desde los países en desarrollo con el sistema, por lo visto masivamente, entonces nos hemos de preguntar cuál es la utilidad y la necesidad de un sistema tan complejo. 
220 millones de ecus, que son quinientos millones de florines neerlandeses: es muchísimo dinero si es de verdad el importe total del fraude. 
Si encima sabemos dónde está- sobre todo en los productos textiles, de la pesca, agrícolas y sobre todo en los países asiáticos- entonces me pregunto realmente si no se puede intervenir más radicalmente en este sistema. 
Pienso por ejemplo en adaptar bien las normas, pero tal vez se podría concentrar todo el sistema algo más en los países realmente pobres, y que ya no deberíamos aplicar este sistema de esta forma. 
Me pregunto: si disponemos de un mecanismo de sanción basado en razones humanitarias, ¿por qué no podemos aplicar esas sanciones en caso de abusos? 
Si de verdad hay abusos en el régimen preferencial, entonces a mi parecer se puede aplicar también la sanción allí. 
Quiero saber del Señor Monti qué le parece esta idea. 
Por último, estoy de acuerdo con el Sr. Van Dam que si encima los importadores son víctimas de este sistema, eso es razón de más para mirar bien toda esta metodología. 
Presidente, estas son mis observaciones políticas críticas sobre todo este sistema, pero el fundamento de mi crítica es sin embargo que se trata de un sistema hipócrita, porque primero aplicamos aranceles a unos bienes procedentes del tercer mundo para suavizarlos un poco a continuación, y todo esto a causa de nuestra gran protección de los productos agrícolas y también textiles y de la pesca en nuestra propia Unión Europea. 
Una gran hipocresía, un gran fraude, y por lo visto con pocas posibilidades de que la Comisión Europea actúe. 
Quizá sea mejor que se suprima totalmente el sistema. 
Los regímenes arancelarios preferenciales, ya sea el Acuerdo de Lomé o el SPG, siguen subutilizados a causa de las contradicciones entre políticas de la propia Unión Europea. 
Por un lado, reconoce dichos regímenes como un brazo armado de la lucha en pro de la ayuda a los países en vías de desarrollo, elemento esencial de la política de cooperación, y, por otro, aprieta de tal modo en la exigencia y en la burocracia inherente a las normas de origen, que éstas acaban redundando en un proteccionismo de las industrias europeas en detrimento de sus competidores de los países en vías de desarrollo a los que se pretende beneficiar. 
Hay muchos países subdesarrollados que no tendrían la menor posibilidad de competir en el mercado abierto y libre a escala mundial. 
Lanzarlos a las fieras de la Organización Mundial del Comercio es condenarlos a la miseria y al sufrimiento para siempre. 
No hay ni que pensar en acabar con los regímenes arancelarios preferenciales. 
Son necesarios y su optimación debe ser un objetivo prioritario de la Unión Europea. 
Pero eso no quiere decir que se deba transigir con el fraude o la falta de colaboración y de seriedad de los países beneficiarios. 
Pero, si no existe un sistema sancionador eficaz y viable, no puede haber control de los fraudes. 
La suspensión de los beneficios de un régimen arancelario preferencial, hasta hoy sólo aplicada a Myanmar, debería ir acompañada de la represión de usos comerciales fraudulentos, distorsión de la competencia, métodos de esclavitud y trabajos forzados o relaciones con el mundo de la droga. 
Hay países con rentas elevadas que se benefician del SPG. 
Hay países en los que el trabajo infantil y la discriminación de la mujer son la norma y siguen beneficiándose del SPG. 
No obstante, no debemos exagerar. 
Los 220 millones de ecus de los fraudes descubiertos no son sino el 0, 25 % del presupuesto comunitario. 
Más grave es la responsabilidad excesiva que pesa sobre los hombros de los importadores europeos respecto de la veracidad de los certificados de origen y que constituyen un factor de desincentivación de los intercambios comerciales con los países beneficiarios de este régimen de exención o reducción de derechos aduaneros. 
Esa responsabilidad, como ha dicho el ponente, debe ser compartida. 
Por eso, unimos nuestra voz al consenso logrado entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, sobre las medidas que se deben adoptar para reforzar el intercambio de informaciones, los mecanismos de control, la superación de las barreras administrativas y una mayor flexibilidad en la aplicación del sistema. 
Por tanto, ya es hora de pasar a la acción. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, como miembro de la Comisión de Presupuesto me preocupo, una y otra vez, por unas justas condiciones marco. 
Quisiera volver a lo que la Sra. Maij-Weggen ha dicho. 
Creo que, principalmente, deberíamos reflexionar de vez en cuando sobre la pertinencia de ciertas regulaciones e intentar aplicar criterios objetivos en las disposiciones que aun quedan por establecer y en aquellas disposiciones que podrían ser suprimidas. 
El sector de los recursos propios es para nosotros un sector muy sensible, porque precisamente se trata aquí de cantidades que son muy importantes para la Unión Europea. 
Creo que a menudo es fácil hacer uso de los falsos certificados de origen, porque el control de los flujos de mercancías- que en la mayoría de los casos son independientes de los flujos financieros -, de la liquidación de los documentos correspondientes y de las personas implicadas resulta muy difícil. 
Aquellos grupos que se han especializado en el fraude, conocen, naturalmente, las debilidades de nuestro sistema y saben disimular sus fechorías con una serie, temporalmente bien coordinada, de estos cuatro flujos. 
Creo que en este sector es necesario ofrecer una mejor formación. 
Ya se está haciendo algo, pero creo que aquí sería necesario, precisamente también en el campo de la estadística, desarrollar métodos cada vez más precisos, para poder averiguar cual es la probabilidad en cada uno de los cuatro flujos. 
También quisiera señalar nuestra solicitud relativa a que OLAF sea estrechamente controlado en cooperación con el Tribunal de Cuentas. 
Además surge la pregunta sobre la jurisdicción. 
¿Y quién establece realmente las medidas que deben conducir a unas justas condiciones marco? 
Señor Presidente, la imagen de la Unión Europea ha sufrido sobremanera recientemente como consecuencia de los escándalos referentes al fraude. 
Si no queremos eliminar las deficiencias que facilitan el fraude no haremos más que complicar nuestros problemas, y daremos paso a un mayor cinismo y a una mayor hostilidad respecto de la Unión Europea. 
Por eso es escalofriante que el Informe Anual de la Comisión correspondiente a 1996 llegue a la conclusión de que en el sistema de la Unión Europea de importaciones preferenciales hubo irregularidades por valor de unos 220 millones de ecus. 
El Sr. Nordmann- a quien felicito por su informe- tiene razón cuando cita la necesidad de hacer más rigurosos los sistemas de descubrimiento de fraudes en los países de origen. 
Desgraciadamente, los arreglos en materia de aranceles preferenciales permiten que la Unión Europea importe artículos procedentes de naciones subdesarrolladas, sea sin pagar aduanas, sea pagando un arancel reducido. 
Lamentablemente el fraude tiene lugar por falsificación de los certificados de origen. 
La Comisión tiene razón para proponer que se simplifiquen las normas relativas al origen, pero estoy de acuerdo con el ponente cuando dice que todos los riesgos no deben correr por cuenta de los importadores basados en la Unión Europea y que, además, en las reformas no debería penalizarse a los países más pobres. 
Señor Presidente, los regímenes arancelarios preferenciales se han convertidos en un pilar importante de las relaciones económicas exteriores de la Comisión, y yo diría de la Unión Europea. 
Su gestión es difícil porque es necesario mediar entre los intereses políticos y los económicos. 
En mi calidad de Comisario responsable tanto de la políticas aduaneras como del mercado único, el tema me interesa sobremanera. 
Deseo felicitar muy sinceramente al ponente, Sr. Nordmann, y la Comisión de Desarrollo y Cooperación por el trabajo realizado y por haber evidenciado perfectamente que establecer un equilibrio que responda mejor a las necesidades de la realidad económica actual es el reto al que nos encaramos para mejorar el régimen vigente. 
Cuando se habla de regímenes preferenciales hay que tener en cuenta todos los aspectos que engloban: política comercial, ayuda al desarrollo, fondos públicos, normas de aduana, intereses industriales, responsabilidad de los importadores, etcétera. 
Para encontrar una solución a los problemas existentes es preciso afrontar esta misma complejidad, ya que intervenir de forma aislada respecto a cada uno de los factores sólo serviría para alterar el régimen con el riesgo de comprometer su credibilidad. 
Cada operador del sistema tiene que cumplir sus obligaciones: el país beneficiario- a propósito de países beneficiarios quiero recordar, en relación con las intervenciones de los Sres. Maij-Weggen y Cushnahan, que la Unión Europea es el mayor donante de preferencias; a través de medidas específicas y excepciones, la Unión Europea ofrece nuevas posibilidades de acceso a los países en desarrollo- debe garantizar que los productos exportados cumplen las condiciones de admisibilidad, en particular las normas en materia de procedencia; el importador, por su parte, debe asumir el riesgo comercial normal que entraña toda actividad mercantil. 
El país importador debe garantizar que no se cometan fraudes y que se protegen los fondos públicos. 
Sé perfectamente que los operadores económicos se han sentido especialmente penalizados en algunos casos por irregularidades producidas en el pasado. 
La Comisión las ha constatado plenamente y, en consecuencia, quiero abordar la cuestión de la responsabilidad de los importadores. 
Existen, repito, dos tipos de normativa aduanera: la primera, muy obsoleta y abandonada desde hace tiempo por la Comisión y los Estados miembros, consiste en verificar cada una de las importaciones en el momento del despacho de aduanas. 
Este incómodo procedimiento que puede utilizarse sólo en el caso de escasa circulación de bienes, sin embargo, presenta una ventaja: en el momento en se despachan las mercancías, el importador sabe si todo está en orden desde el punto de vista normativo. 
En consecuencia, es inútil llevar a cabo verificaciones posteriores. 
El segundo tipo de normativa, mucho más moderna y adoptada por la Comunidad en el año 1992 con el Código aduanero, pretende facilitar los intercambios. 
Las mercancías importadas ya no se someten sistemáticamente a comprobaciones y, por tanto, su circulación no sufre demoras. 
Tan sólo se comprueba un pequeño porcentaje en el momento del despacho. 
Dicha libertad, sin embargo, requiere la responsabilidad de los importadores. 
Por eso las autoridades aduaneras de la Comunidad tienen facultad para exigir durante un tiempo- tres años que, por otra parte, la Comisión ha recientemente propuesto al Consejo que queden reducidos a dos años- los derechos arancelarios respecto a las importaciones anteriores. 
Al mismo tiempo, soy consciente de las carencias de las administraciones de algunos terceros países, unas carencias que crean inseguridad entre los operadores tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista jurídico. 
Estamos examinando las medidas aptas para mejorar la situación. 
Quiero subrayar tan sólo las principales orientaciones en las que, en nuestra opinión, debe inspirarse nuestra acción. 
Se trata de las orientaciones que figuran en la Comunicación del mes de julio de 1997, cuya línea política se basa en privilegiar un enfoque global de este problema considerando- como acabo de decir y como me parece que este interesante debate de esta noche ha puesto de manifiesto- que centrarse en un aspecto específico de forma aislada y descuidando los demás, no nos llevaría muy lejos. 
Recuerdo que esta misma orientación fue aprobada por el Consejo «mercado interior» el 18 de mayo de 1998. 
La Comisión estima, por tanto, que se debe estimular, en primer lugar, la responsabilidad de todo los operadores de estos regímenes fomentando una mayor cooperación entre los mismos; en segundo lugar, la mejora de la normativa en materia de procedencia; tercero, la mayor sensibilización de los países beneficiarios y el ofrecimiento de asistencia a sus administraciones aduaneras; cuarto, el examen junto con los Estados miembros de las medidas adoptadas en materia de normas de aduana y financieras. 
Finalmente, la Comisión considera importante actuar para mejorar los regímenes orientados a convertir en más seguros los intercambios comerciales. 
Me refiero, en particular, a la introducción de cláusulas sancionadoras eficaces en los regímenes preferenciales, acompañada por un sistema de información sistemática a los importadores, similar al presentado por la Comisión en la reciente propuesta de nuevo régimen de preferencias generalizadas. 
Me refiero asimismo a las medidas para dar mayor impulso a los procedimientos de información obligatoria en materia de procedencia. 
En conclusión, señor Presidente, quiero insistir en lo que he afirmado al principio: no podemos concebir acciones que afectan a un solo elemento del régimen, por ejemplo, ampliando simplemente el concepto de buena fe de los importadores. 
En este contexto, constato con satisfacción que el informe del Sr. Nordmann ofrece un firme apoyo político a las iniciativas de modificación de los regímenes preferenciales emprendidas por la Comisión. 
El reto del futuro es que hay que luchar con más eficacia contra el fraude asumiendo al mismo tiempo nuestras responsabilidades frente a los terceros países y a los operadores económicos. 
Me es grato comprobar que la Comisión de Desarrollo y Cooperación comparte en su conjunto la línea que la Comisión Europea va a seguir en esta difícil materia y confío en que todo el Parlamento se identifique con esta orientación. 
Señor Comisario, aún tengo otra pregunta. 
En este campo disponemos de un sistema sancionador. 
¿No cree usted que avanzaríamos más con un sistema por incentivos o que, con el paso del tiempo, aquel se podría convertir en un sistema por incentivos? 
Señor Rübig, nosotros consideramos complementarias las acciones de asistencia y cooperación entre las administraciones y, en última instancia, las acciones en materia de sanciones. 
Nos encontramos en una etapa, como su Señoría sabe perfectamente, de profunda evolución del régimen que precisamente estamos tratando de mejorar con este enfoque que afecta a diferentes aspectos- creo que no puede descuidarse ninguno de ellos, incluida la posibilidad de imponer sanciones- y tenemos razón en considerar que este aspecto de la cooperación, de la asistencia es un paso acertado en una materia- repito y subrayo- que es una de las más complejas y que demuestra la necesidad de tener en cuenta exigencias e intereses muy enfrentados entre sí. 
Agradezco nuevamente las sugerencias y los estímulos que la Comisión ha recibido a través de este debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 22.25 horas). 
Aprobación del Acta 
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, quiero comunicar que de mi caja para gastos de correo han desaparecido 100 francos. 
Es la segunda vez. 
Le ruego que inste al servicio de seguridad de la Asamblea para que impida estos robos, de los que tenemos por término medio de 10 a 15 al mes. 
Como sabe usted, señor Rübig, nos esforzamos por garantizar la mejor seguridad posible en nuestros lugares de trabajo. 
Vamos a intensificar de nuevo nuestros esfuerzos. Puedo garantizárselo. 
Señora Presidenta, ayer hice una declaración ante este Parlamento que se hizo constar en el resumen de la sesión. 
Sin embargo, no se menciona en el Acta, en la que sólo se hace constar que estaba en la sala y que no voté. 
Lo cierto es que ayer participé en todas las votaciones, y por lo tanto quisiera que se modificara en consecuencia el Acta. 
Gracias, señor Falconer. 
Señora Presidenta, tengo que plantear una pregunta que los de la Mesa quisiéramos se nos contestase lo antes posible. 
Ha habido y hay un resumen de prensa actual bajo el título «Pleno actual» de esta Asamblea. 
Se ha recortado radicalmente la edición alemana- en los otros idiomas no lo he comprobado. 
Por ejemplo, al hablar sobre el informe Spaak, exceptuando al Comisario y a la ponente no se menciona a nadie en absoluto. 
Quisiera se me explicase si esto se refiere sólo al idioma alemán o si detrás de ello se esconden medidas generales de ahorro: precisamente porque se trata de transmitir a la opinión pública una imagen de nuestro trabajo, creo que tales medidas realmente no se pueden justificar. 
Señor Rack, no puedo pensar que se trate de medidas de economía. En todo caso, vamos a verificarlo. 
Creo que es muy importante que las actas literales sean lo más fieles posible. 
Señora Presidenta, quiero adherirme a lo expuesto por el orador anterior sobre esta información en el «Pleno actual» de ayer. 
Respecto a la crisis financiera en Latinoamérica se menciona sólo al Comisario Bangemann y a nadie más. 
Si en el futuro esto se va a convertir en una norma, podemos renunciar a este periódico pues ya no tiene ningún sentido. 
Esto tampoco contribuye a que se escuche la voz de los diputados en la opinión pública. 
Totalmente de acuerdo. 
Le agradezco esas observaciones. Vamos a efectuar una nueva verificación. 
Señora Presidenta, uniéndome a los dos oradores que me han precedido, quisiera señalar que la mitad de los efectivos del Parlamento Europeo no ha sido autorizada a venir a Estrasburgo para este segundo período parcial de sesiones del mes de octubre. 
Eso significa un ahorro para la administración. 
Ya que hemos de venir a Estrasburgo, señora Presidenta, hemos de disponer también del personal necesario para hacer nuestro trabajo de forma adecuada. 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
Muchas gracias, señora, creo que efectivamente, sería preferible que, llegado el momento, diera usted las precisiones necesarias para que los colegas sepan bien sobre qué votan. 
Señora Presidenta, como después en la votación no se va a notar con todo el jaleo, quiero aprovechar el momento de tomar asiento para expresar mi agradecimiento a los servicios de la Asamblea por el trabajo ejemplar que han realizado para que tengamos a tiempo las enmiendas y los documentos en todos los idiomas. 
Tenemos que decidir sobre más de 1.000 enmiendas y creo que hay que felicitar a los servicios de la Asamblea por haberlo terminado a tiempo. 
Proyecto de enmienda núm. 714 
Señora Presidenta, propongo añadir 400.000 euros en créditos de compromiso, es decir, que se vota un total de 3 millones en créditos de compromiso en esta línea. 
Proyecto de enmienda núm. 844 
Señora Presidenta, quisiera que se haga constar en el comentario una cantidad de 1, 7 millones de euros preasignada a la Federación Internacional de Casas de Europa. 
Proyecto de enmienda núm. 738 
Señora Presidenta, pido que se incluya el siguiente comentario: Este crédito se destina también a la financiación de la campaña sobre la violencia contra las mujeres 1999. 
Proyecto enmienda núm. 741 
Señora Presidenta, pido que se voten 3 millones de euros más en créditos de compromiso, es decir, un total de 5 millones sobre la línea. 
Enmienda nº 584 
Esta es la enmienda originaria de mi grupo político para que se cree una reserva del 30 % y quiero subrayar que no se trata de la condición de establecerla de nuevo sino de las condiciones que teníamos con una reserva del 100 % ya que aún no se ha cumplido la condición de entrega de los documentos a las fiscalías belgas. 
Señora Presidenta, no he comprendido muy bien la intervención de la Sra. Müller. 
Si ella desea hacer una enmienda oral en un procedimiento de votación muy largo y complejo, me opondré y creo que otros colegas también se opondrán. 
Votemos su enmienda tal como está redactada. 
Es la única forma de proceder en una votación tan compleja. 
Por tanto, le pido que someta a votación la enmienda original de la señora Müller tal como está redactada. 
Sí, eso es lo que me proponía hacer, señor Dell ' Alba. 
Le agradezco su colaboración. 
Señora Presidenta, ¿no deberíamos escuchar la opinión del Presidente de la Comisión de Control Presupuestario? 
Ésta es, en mi opinión, la que mejor puede indicar cuál es la situación exacta tras la enmienda. 
No, señora Maij-Weggen, no siento la necesidad. 
Se procede a la votación. 
Proyecto de enmienda núm. 808 
Señora Presidenta, pido que se voten 5 millones de euros más en créditos de compromiso respecto de lo que propone la enmienda de la Comisión de Presupuestos, es decir, un total de 45 millones de euros en créditos de compromiso sobre la línea. 
Proyecto de enmienda núm. 810 
Señora Presidenta, pido que, en esta línea, se voten 16, 5 millones de euros en créditos de compromiso en lugar de lo que propone la enmienda de la Comisión de Presupuestos. 
Se procede ahora a la votación de las enmiendas a la sección I. 
Señor Martens, tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, estimados colegas, conforme al artículo 115, apartado 3, solicito, en nombre de nuestro Grupo, que, en lo relativo a la enmienda 899, se vote primero el quinto párrafo, que establece una conexión con el estatuto de los diputados. 
Desde hace veinte años existe un sistema de pago de cantidades globales en concepto de dietas de viaje. 
Según el informe del Tribunal de Cuentas, este sistema ya no está justificado. 
No obstante, debemos aspirar a encontrar una solución equitativa, que sólo se puede lograr vinculándola con el estatuto de los diputados. 
Nuestro Grupo se opone a un sistema complejo y opaco que, como se ha demostrado estos días, resulta extremadamente difícil defender ante la opinión pública. 
En segundo lugar, y solicito su atención, nos tememos que la aceptación de un acuerdo transitorio constituya un motivo para que determinados miembros del Consejo no adopten el estatuto. 
Ese estatuto debe ser adoptado por unanimidad. 
El Parlamento debe elaborar una propuesta, la Comisión Europea debe emitir un dictamen y el Consejo debe decidir por unanimidad. 
Nos tememos que la solución equitativa, que solamente puede ser adoptada con el estatuto de los diputados, no se logre si aceptamos un acuerdo transitorio. 
Al contrario, debemos formular- y ésta también es una decisión de nuestro Grupo -, una propuesta, basándonos en el informe Rothley, que el Parlamento pueda presentar al Consejo Europeo de Viena del 11 y 12 de diciembre. 
Estamos, por tanto, de acuerdo en adoptar el informe Rothley como base para un acuerdo interinstitucional. 
La única garantía que tenemos es que ustedes, estimados colegas, acepten que se vote y apruebe previamente el quinto párrafo. 
Creo que entonces estaremos en el buen camino para, en primer lugar, no mantener durante más tiempo un sistema indefendible y, en segundo lugar, adoptar el estatuto. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, si he comprendido bien, esta solicitud se le ha presentado de conformidad con el artículo 115 relativo al orden de votación de las enmiendas. 
No veo qué puede motivar una modificación del orden de la votación tal como aparece en la lista de votación. 
El problema se planteó ya en la Comisión de Presupuestos. Votamos en un segundo momento el apartado que ahora se solicita que se vote en primer lugar. 
No hay relación entre la primera votación y la relativa al estatuto de los diputados. 
Se nos pide que nos pronunciemos en primer lugar sobre un principio, el de cuáles han de ser las modalidades de rembolso de gastos y pago de dietas. 
El estatuto de los diputados es otra cuestión. 
Por consiguiente, no hay ninguna razón, ni jurídica, ni política, para solicitar una modificación del orden de la votación. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Quiero dejar bien sentado en nombre del Grupo ELDR que queremos mantener el orden de la votación según está indicado. 
Dentro de nuestros respectivos Grupos todos sabemos que se trata de una cuestión difícil. 
Es difícil conseguir un equilibrio, y necesitamos tener respeto mutuo y tolerancia por la posición de los demás. 
Ahora bien, necesitamos obrar de una forma que cada individuo asuma clara, abierta y transparentemente su responsabilidad ante este Parlamento, que la haga constar por escrito y que la mantenga ante la opinión pública, no porque no respetemos las diferencias de cada individuo, sino porque tenemos que revelar esas diferencias. 
Tenemos que tener el valor de nuestras convicciones para defender esas diferencias. 
La posición de mi Grupo es que aceptamos y promovemos el paralelismo y la fuerte complementariedad entre el Estatuto de los diputados y la reforma de las dietas. 
Sin embargo, pensando en el conjunto de las cosas, es responsabilidad de este Parlamento determinar la naturaleza de su sistema de dietas, mientras que en lo que se refiere al Estatuto la responsabilidad de conseguir que este Parlamento tome las medidas necesarias ante de la Cumbre de Viena recae en otros. 
Asumamos nuestras responsabilidades como Parlamento que somos en la esfera en la que tenemos completa autoridad para hacerlo y votemos en el orden indicado. 
Yo creo que es innecesario que continuemos con esta discusión porque el párrafo 2º del apartado 3 del artículo 115 del Reglamento dice, señor Martens, que el Presidente tiene que asegurarse de que no hay oposición de, por lo menos, 29 diputados. 
Y yo le pregunto si mantiene su posición, porque me parece claro que va a haber oposición de al menos 29 diputados, pero no tengo inconveniente en contarlos. 
Si su Señoría me dice que mantiene su posición, yo pido que se levanten los diputados que se oponen y los contamos en un momento. 
Dígame, señor Martens, si mantiene su posición. 
Está claro que más de 25 miembros se oponen a la modificación de la votación. 
Únicamente solicito que, en todo caso, se vote separadamente el quinto párrafo. 
Ese voto por división está pedido en tiempo por los Grupos y así se hará. 
Tras las votaciones de los proyectos de enmienda 899 y 537 
Señor Presidente, Señorías, para evitar un poco la confusión existente, desearía que usted y nosotros extrajésemos las conclusiones de las votaciones que acaban de emitirse. 
Eso quiere decir- y soy totalmente favorable a esta interpretación- que se aplique la decisión de la Mesa de 19 de octubre, relativa a un régimen transitorio de dietas. 
Desearía que esto estuviera claro. 
Exactamente, señor Pasty. 
La decisión es que no se añadan comentarios que modifiquen la decisión de la Mesa. 
El importe ha sido aprobado y se aplicará de acuerdo con la decisión de la Mesa. 
Proyecto de enmienda núm. 899 
Señor Presidente, hemos rechazado unos comentarios a ciertas partidas presupuestarias. 
Estos mismos comentarios están reproducidos como proyecto de enmienda al texto del proyecto de resolución. 
¿Cabe traducir el voto anterior también en el proyecto de resolución? 
Naturalmente. 
La Asamblea ya se ha pronunciado. 
No se van a votar dos veces los mismos textos porque estén en dos lugares distintos. 
Me pide la palabra el ponente, Sr. Viola, para intervenir sobre el bloque 28. 
Señor Presidente, cuando estamos a punto de votar el bloque 28, quiero decir que la enmienda 697 de la Comisión de Presupuestos que se encuentra incluida en este bloque se refiere de forma específica a los créditos del capítulo 21 «Informática y telecomunicaciones». 
Dicha enmienda desbloqueaba parcialmente los créditos consignados en la reserva. 
Ahora, gracias a la opinión favorable de la Comisión de Presupuestos, se cumplen las condiciones para desbloquear todos los créditos consignados en la reserva del capítulo 21 «Informática y telecomunicaciones». 
Asimismo, las enmiendas 900 y 901 al capítulo 37 tienen en cuenta el principio de la especialidad del presupuesto y del nuevo plan contable que fue objeto del acuerdo unánime de los jefes de Grupo. 
En consecuencia, señor Presidente, solicito que las enmiendas 900 y 901 se incluyan en el bloque 28. 
La ponente pide la palabra. 
Señor Presidente, antes de proceder a votar la propuesta de resolución, quisiera realizar tres comentarios sobre la votación de la Sección III que acabamos de efectuar. 
En primer lugar, quiero repetir lo que comenté antes de la votación y decir que el Parlamento votó en primer lugar la enmienda 888- la reserva estratégica -, por lo cual los créditos de pago y de compromiso propuestos tendrán que ser ajustados ahora por lo que respecta a los límites de las perspectivas financieras, y dejando márgenes en cada una de las categorías 3, 4 y 5. 
Los importes que propongo son: en la categoría 3, 400 millones de euros; en la categoría 4, 990 millones de euros; y en la categoría 5, 150 millones de euros. 
En segundo lugar quiero dar las gracias, señor Presidente, y mejorando lo presente- como decimos en castellano -, a la Sra. Fontaine por haber conducido y facilitado tan excelentemente esta votación presupuestaria. 
También quiero dar las gracias a los servicios de esta Asamblea y a los funcionarios de la secretaría de la Comisión de Presupuestos por su excelente trabajo, sin el cual no hubiera sido tan fácil esta votación presupuestaria. 
Y también quiero decir al Consejo que creo que hemos votado un presupuesto para los ciudadanos europeos y pedirle, otra vez, que se avenga a la posición del Parlamento. 
Señor Presidente, quiero constatar que al votar sobre el presupuesto hemos aprobado también las enmiendas nº 3307 y 3308, pues es así la estructura de las enmiendas solicitada por todos los grupos políticos. 
Se trata aquí de una llamada «pipeline» que se ha creado de nuevo entre la línea presupuestaria 3307, política de información, y la 3308. 
Todos los presidentes de los grupos políticos nos han pedido que incluyamos a posteriori esta enmienda. 
Lo hemos hecho así coordinándolo entre todos ellos. 
Sólo quiero constatar que se ha hecho también con la votación que se ha llevado a cabo aquí. 
En relación al apartado 21 
Señor Presidente, en este bloque se encuentra el apartado 21 que está en contradicción con la votación presupuestaria. 
Deseo, por tanto, pedir a la señora ponente si puede solicitar que se retire, ya que está en contradicción con el voto que acabamos de emitir. 
Señor Presidente, por supuesto que es contradictorio con la votación que hemos efectuado; hay que eliminar esta contradicción en el apartado. 
En relación al apartado 30 
Señor Presidente, el apartado 30 me parece que también es contradictorio con la votación que hemos efectuado antes y, a mi entender, debe excluirse de la resolución. 
Señor Presidente, aquí se trata de los plátanos. 
Es cierto lo que ha dicho la señora Dührkop de que con la decisión que ha adoptado la Asamblea no se ha cuestionado poner a disposición créditos también del presupuesto para los plátanos. 
Lo que se refleja en estas formulaciones es que junto a los créditos del presupuesto también se ponen a disposición créditos del FED. 
Por tanto, este texto que se nos ha presentado no está en contradicción con nuestra decisión en la votación. 
Les ruego, por ello, que voten a favor. 
En relación a la enmienda nº 4 
Señor Presidente, no veo que sea contradictoria en absoluto y, por tanto, preferiría que la someta a votación de la Asamblea. 
En relación al apartado 39 
Señor Presidente, con referencia al apartado 39 que estamos a punto de votar, desearía que la Comisión facilitara en el informe que va a enviar a la Autoridad presupuestaria la más amplia información sobre la situación de las demás Instituciones en el marco de la cooperación interinstitucional. 
En pos de la economía del texto, creo que no es necesario mencionar dicho apartado en la resolución sobre las demás Instituciones. 
Señora Dührkop, ¿qué posición mantiene usted respecto de la petición del Sr. Viola? 
Estoy de acuerdo con el Sr. Viola 
En relación a la enmienda nº 6 
Señor Presidente, a mi entender, esta enmienda es redundante puesto que ya figura en la otra resolución del Sr. Viola, donde se menciona a todas las Instituciones. 
Por ello quería dejar constancia de mi opinión pero, por supuesto, el resultado lo dejo a la sabiduría de la Asamblea. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, como usted acaba de decir, las enmiendas 1, 4 y 5, relacionadas con la votación presupuestaria de hace unos momentos, deben considerarse que decaen, al estar en contradicción con lo que hemos votado. 
Si usted accede a ello, quisiera proponer al Pleno que aceptara la decisión adoptada por la mesa de la Comisión de Presupuestos, o sea, por todos los coordinadores de los distintos Grupos, una decisión que se refiere precisamente a casos como el presente en que no se ha aprobado ninguna enmienda. 
Sin embargo, se ha considerado oportuno incorporar a la resolución sobre el presupuesto una enmienda oral que se limita a indicar dos puntos que son dos datos de hecho, sin añadir nada más. 
El nuevo texto del apartado 8 es el siguiente: «Recuerda que ha pedido al Consejo que apoye sin reservas el principio de un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, tal como prevé el Tratado de Amsterdam; recuerda su resolución sobre los resultados de la Cumbre de Cardiff de los días 15 y 16 de junio de 1998 y, en particular, su apartado 20». 
Señor Presidente, la tesis que mantiene nuestro ponente es indiscutible en lo que respecta a la enmienda 1. 
Es la de la Comisión de Presupuestos, que recoge íntegramente el texto que acaba de ser rechazado por partes. 
Por el contrario, su tesis es más discutible en lo que se refiere a las enmiendas 4 y 5, es decir, la enmienda de nuestro grupo y la del Grupo ELDR. 
Esas enmiendas contienen disposiciones que no han sido mencionadas en absoluto hace unos momentos. 
La enmienda 4 encarga a la Mesa una misión que es totalmente diferente de la que figura en la enmienda 1, y la enmienda 5- pido disculpas por hablar en lugar del Grupo ELDR- prevé nuevas dietas, otras condiciones, por tanto creo que no ha de considerarse que decaen. 
Por lo que respecta a la enmienda oral del Sr. Viola, me reservo el derecho de oponerme, cuando llegue el momento. 
Evidentemente, esta interpretación es correcta, y los servicios de presidencia lo han comprobado. 
Las enmiendas 4 y 5 no se ven afectadas por la votación anterior, y las someteré a votación después de resolver la cuestión que plantea la enmienda nº 1. 
La enmienda nº 1 ha decaído pero ahora se formula una enmienda oral. 
Pregunto si hay oposición a esta enmienda oral. 
Señor Presidente, en vista de que se trata de una cuestión tan difícil y tan delicada, es posible que me tiente la posibilidad de votar a favor. 
Sin embargo, toda esta cuestión es tan discutible que lo mejor sería que no votásemos sobre nada a este respecto. 
Si aceptamos que la enmienda 1 de la Comisión de Presupuestos se ha perdido, como así había sucedido, entonces lo único que tenemos que hacer es aceptar la perdida y nada más. 
Está claro que más de 12 diputados se oponen a esta enmienda oral, por lo que no puedo someterla a votación. 
Señor Presidente, es evidente, como ha dicho la Sra. Green, que nos hallamos actualmente en una posición en la que hemos establecido los principios derivados de la votación anterior y deberíamos esforzarnos por adaptarnos a esa situación en esta fase. 
Sabemos en que situación nos hallamos: hemos votado nominalmente sobre los principios básicos de la votación presupuestaria, y sería útil que tratásemos de evitar la repetición de algo que, en sustancia, hemos decidido ya. 
En relación al apartado 31 
Señor Presidente, tras la votación que acabamos de celebrar, creo que, de hecho, esta enmienda al apartado 31 es una enmienda que ya no tiene razón de ser. 
Por el contrario, estimo que hay que modificar el apartado 31 de mi resolución y, por ende, del texto de la Comisión de Presupuestos, en el sentido de eliminar las palabras «la creación de cuatro puestos permanentes B5 para correctores de pruebas» , ya que dicha creación fue rechazada en la anterior votación presupuestaria. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, ya que antes me fue imposible, permítame asociarme a las felicitaciones expresadas por la Sra. Dührkop a todo el personal de la Comisión de Presupuestos, cuya ayuda ha sido extremadamente útil e indispensable para mi trabajo. 
Señor Presidente, sólo quiero indicarle que ya hemos rechazado el contenido de este tercer guión en el marco del presupuesto. 
Se trata de dos resoluciones diferentes, aunque quieran decir lo mismo, y tengo que someter las dos a votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Así ocurre, por ejemplo, con la versión finesa, en la que se hace referencia a árboles de madera dura y coníferas. 
Sin embargo, la comisión se ha referido en todo momento sólo a los árboles de hoja caduca, no a las coníferas. 
Así pues, querría aclarar a todo el mundo que la versión finesa contiene un error. 
Tiene razón, señora Ojala. 
Existe una corrección para las versiones alemana, finlandesa, española, sueca y una segunda corrección para la versión danesa. 
(El Parlamento adopta la resolución legislativa) 
Los diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo discreparán siempre en cuanto a la mejor manera de utilizar el esto de la Comunidad Europea en cualquier momento dado. 
Incluso yo quisiera hacer constar en acta de este Parlamento que estimo que en todo momento debería disponerse de suficientes recursos financieros para ayudar a los marginados y a los desfavorecidos de nuestra sociedad. 
Les doy un ejemplo: el Gobierno irlandés está confeccionando actualmente un Plan de desarrollo nacional que subraya nuestras prioridades de inversión sociales y económicas para el período 2000-2006. 
Se nos ha dicho que Irlanda ha gastado los fondos estructurales correspondientes al actual marco comunitario de apoyo 1994-1999 muy inteligentemente, con los consiguientes beneficios económicos. 
Hay muchas personas en la Unión Europea, especialmente en Alemania y en los Países Bajos, que estiman que Irlanda no debería recibir recursos especiales con cargo al próximo ciclo de fondos estructurales de la UE, para 2000-2006. 
La persona que inventó la expresión «El tigre céltico» no ha hecho un favor a Irlanda. 
En la ciudad y el condado de Dublín, que represento como diputado, sigue habiendo todavía 70.000 personas en el registro de la asistencia social. 
El Gobierno irlandés tiene que incluir propuestas concretas en el Plan de desarrollo nacional que se va a enviar a la Comisión Europea, a fin de luchar contra este problema que está muy concentrado en la ciudad de Dublín y en la región del condado de Dublín. 
Una de las prioridades tiene que relacionarse con la necesidad de seguir instituyendo programas de capacitación más innovadores, para que podamos derrotar de una vez para siempre al espectro del desempleo a largo plazo. 
A pesar del hecho de que Irlanda, como país, no se calificará como zona del Objetivo 1 para el período de 7 años posterior a 1999, la ciudad de Dublín y su condado siguen mereciendo que se les asignen fondos estructurales de la UE para proyectos determinados. 
El presupuesto de la UE tiene que reflejar lo que acabo de decir en todo momento. 
La principal zona prioritaria tiene que consistir en lograr que el fondo social europeo pueda utilizarse para desarrollar medidas encaminadas a luchar contra el desempleo a largo plazo y el desempleo de los jóvenes. 
Sin embargo, otras esferas que también merecerán la asistencia del Fondo Regional de la UE son las que se relacionan con la necesidad de poner en práctica un sistema de transportes integrado así como la introducción de medidas innovadoras para abordar el problema cada vez más grave con que tropezamos en materia de residuos. 
En la votación del presupuesto hemos tenido como objetivo disminuir el presupuesto total de la UE porque creemos que es demasiado amplio. 
Entre otros, se trata de sectores tales como los fondos estructurales y la política agrícola. 
También hemos votado en contra de todas las propuestas sobre dinero para propaganda, como el Programa Prince. 
En lo referente a la votación sobre reembolso de costes de viajes de los Diputados al Parlamento Europeo, la mayoría no fue capaz, una vez más, de votar por lo único que es moralmente correcto, es decir, que únicamente se reembolsen los costes reales. 
Por tanto, puede continuar el sistema que implica que los Diputados puedan quedarse con dinero en sus propios bolsillos, a lo cual nos oponemos muy resueltamente. 
Debería ser obvio que los Diputados sólo seamos compensados por nuestros verdaderos gastos de viajes. 
La nueva resolución adoptada por el Parlamento, y que pronto comenzará a regir, significa, a grandes rasgos, una continuación del sistema actual. 
La mayoría del Parlamento Europeo ha demostrado, una vez más, no ser capaz de enfrentar este importante asunto, lo que quizás dice más acerca de los Diputados que del Parlamento Europeo como institución... 
Opinamos que no es provechoso que los Diputados obtengan sueldos comunes y por eso hemos votado en contra de esta propuesta, es decir, el quinto inciso en la propuesta de enmienda 899. 
La propuesta de enmienda sobre otorgamiento de dinero para un proyecto destinado a frenar la violencia contra las mujeres es, a nuestro juicio, muy valiosa y por eso hemos votado a favor de ella. 
A pesar de que rechazo algunas partidas del presupuesto, en especial la ayuda a la energía nuclear y la investigación de la fusión, las sumas por las festividades del 50 aniversario de la OTAN así como algunas primas agrícolas, he votado a favor del presupuesto pues tienen un mayor peso las medidas razonables que se financian. 
He votado expresamente a favor del reembolso de los gastos reales de desplazamiento, sin vincular por ello esta decisión al nuevo estatuto de los diputados. 
Este estatuto es indispensable para una mayor claridad, pero ambos temas no pueden estar vinculados. 
Lamento que, por la votación de este Parlamento, una decisión de la Mesa esté a punto de ser aplicada. 
Es incorrecta al menos por dos razones. 
En primer lugar, se aplica sólo a partir del 1 de mayo de 1999 (a una semana de la clausura del período de sesiones). 
En segundo lugar, los diputados que ya tienen las dietas más importantes se ven gratificados con una indemnización suplementaria. 
He votado en contra de la propuesta que implica «más Unión». 
Algo tiene que fallar en una organización que constantemente tiene que salir al paso con campañas propagandísticas sobre sí misma, por ejemplo sobre el euro, como sustituto del apoyo popular. 
He dado mi apoyo a propuestas sobre cambios en la política agrícola y en la de fondos estructurales para disminuir y simplificar las reglas, por ejemplo, mucho de lo contenido en la Agenda 2000. 
He votado en contra de las ayudas de la UE a Turquía, porque ese país no ha cumplido con las condiciones exigidas por el Tratado Aduanero con la UE sobre el cese de la guerra, torturas y persecuciones contra los kurdos y consolidación de los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión. 
He votado a favor de la propuesta que plantea que el reembolso de costes de viajes se haga previa presentación de justificante y que comprenda los costes reales. 
He votado en contra del estatuto común, common statute, y, en consecuencia, he rechazado la propuesta de sueldos comunes, con bajos impuestos, para los parlamentarios de la UE. 
Las oscuras cuentas, seudocontratos y amigocracia en el campo de la ayuda humanitaria (" programa ECHO» ) han provocado justificadamente intranquilidad. 
Cumpliendo su obligación de control e información, el Parlamento Europeo ha reaccionado inmediatamente congelando en un primer paso al 100 % los créditos de ayuda humanitaria, debido a la insuficiente reacción por parte de la Comisión y de una carencia evidente de información frente a los representantes populares elegidos. 
Como consecuencia de esta presión, la Comisión ha cedido y prometido entregar al Parlamento todos los documentos de la Unidad de Coordinación de la lucha antifraude, la UCLAF. 
Además, la Comisión se ha comprometido a presentar a las autoridades judiciales los documentos relativos a los seudocontratos. 
Pero con ello no se solucionan ni mucho menos los problemas. 
Sería irresponsable dejar de presionar ahora a la Comisión. 
Por el contrario, hay que utilizar todos los medios parlamentarios disponibles para que exista claridad en este asunto tan vergonzoso. 
Por este motivo, apoyo la enmienda nº 584 del Grupo de los Verdes, consistente en colocar en la reserva el 30 % de los créditos TACIS mientras se aclaran las cuestiones aún abiertas (auditoría independiente de ECHO, procedimiento disciplinario, entrega de documentos). 
Hasta la segunda lectura del Presupuesto (en diciembre de este año) la Comisión tiene que mostrar más transparencia y claridad. 
Lamento profundamente que la oposición socialista haya hecho fracasar esta enmienda. 
Con ello, el Parlamento ha entregado un medio muy eficaz para lograr que se cumplan aquellos requisitos que radican en interés de una política europea limpia y transparente. 
Aunque rechazo algunas partidas presupuestarias, en especial las ayudas a la energía nuclear y a la investigación de la fusión, las sumas puestas a disposición para las «festividades de 50 años de OTAN» y algunas primas agrícolas (como por ejemplo, la «prima Herodes» ), he votado a favor del presupuesto pues tienen más peso las medidas razonables que se financian con el mismo. 
1) Ante los turbulentos debates sobre las dietas de viaje, quiero decir lo siguiente: la delegación del PSE sigue estando a favor de una reglamentación en la que únicamente se compensen los gastos efectivamente realizados y probados. 
Además, nosotros ya hemos introducido semejante reglamentación. 
Anne van Lancker, Philippe de Coene y yo no aceptamos en la caja más que los gastos realmente efectuados. 
2) Es cierto que existen grandes diferencias salariales entre los parlamentarios de los distintos Estados miembros. 
Por eso, al introducir una dieta real de viajes, puede ser conveniente adoptar una reglamentación transitoria razonable para nuestros colegas de determinados Estados miembros. 
La reglamentación prevista en la decisión de la Mesa del Parlamento Europeo es exagerada, fiscal y legislativamente discutible y, por tanto, inaceptable para la delegación del PSE. 
3) Paralelamente a la reforma de la dieta de viajes, se necesita un nuevo estatuto para los miembros del Parlamento Europeo. 
No obstante, para lograr de manera eficaz una solución, no pueden vincularse estos dos asuntos. 
Informe Dührkop Dührkop (A4-0360/98) 
Señora Presidenta, hemos votado contra los presupuestos y quisiera dar las razones que se suman a las que he mencionado durante el debate. 
La de la enmienda 439: hemos suprimido las cantidades inscritas en reserva en lo que respecta a Turquía; la de la enmienda 866: hemos retomado la financiación en lo que se refiere a la ayuda a los productores de plátanos ACP, lo que está bien. Hemos suprimido las reservas especiales para las políticas exteriores y nos felicitamos por ello. 
Por el contrario, dos decisiones nos parecen condenables. En primer lugar, hemos suprimido la reserva que se había previsto para la ayuda humanitaria: la enmienda 784. 
Por lo que respecta a la ayuda humanitaria, constato que una vez más el Parlamento Europeo, tras haber mostrado su tenacidad frente al escándalo ECHO, se conforma con explicaciones y una simple carta, cuando no tenemos todavía, señora Presidenta, el informe de la UCLAF que desencadenó todo el asunto. 
Finalmente, nuestra enmienda nº 1, sobre el intercambio de información con las comisiones competentes de los parlamentos nacionales, era una recuperación de la versión inicial del informe de la Sra. Dührkop Dührkop. Sólo retomaba lo que ella misma había dicho inicialmente en su informe. 
Por tanto, observo que desde todas partes se me habla, se nos habla, de la aproximación con los parlamentos nacionales. 
Había en este informe una simple disposición que proponía que en el plano presupuestario se asociase a las comisiones competentes de los parlamentos nacionales. 
En el momento en que el presupuesto plantea cada vez más problemas, en el momento en que se pide cada vez más a los Estados miembros, cuando algunos se plantean volver a solicitar la financiación de algunos gastos por los Estados miembros, ¿cómo se puede admitir que se rechace esta necesaria colaboración con los parlamentos nacionales? 
Éstas son las razones suplementarias de nuestra oposición a este informe. 
Señora Presidenta, no he votado a favor del capítulo agrícola del presupuesto. No porque no desee un presupuesto agrícola. 
Incluso considero este presupuesto como muy bueno, exceptuando aquellos fondos que se destinan a apoyar determinadas actividades que no sólo no entiendo yo sino cada vez más ciudadanos de la Unión Europea y que sencillamente no desean. 
Con el presupuesto de 1999 financiamos a su vez la prima de Herodes y los transportes de animales vivos. 
Estoy totalmente del lado de los agricultores europeos, quienes ganan su sustento con grandes dificultades al servicio de los ciudadanos de la Unión Europea. 
No hay que quitar ni un ecu a los agricultores. 
Busquemos vías y posibilidades para que los agricultores obtengan lo que les pertenece sin financiar la forma cruel de los transportes de animales al Oriente Próximo y la prima de Herodes. 
Con mi voto he querido que hablen aquellas personas que no tienen voto en esta Asamblea. 
La Comisión, su Presidente, el Comisario competente para los asuntos exteriores con Turquía han recibido hoy una fuerte respuesta política por parte del Parlamento Europeo relativa a las subvenciones destinadas a Turquía. 
Con 365 votos a favor frente a 135 en contra, nuestro Pleno no se limitó simplemente a colocar en el fondo la ayuda financiera para Turquía, sino que también la ha borrado de dicho fondo. 
Espero que demos la misma respuesta cuando se trate de votar los nuevos reglamentos de la Comisión que, desgraciadamente, constituyen un golpe de estado institucional. 
Asimismo, espero que, en breve, Turquía cumpla las condiciones democráticas y de respeto al Derecho Internacional formuladas por el Parlamento Europeo con vistas a liberar finalmente dichas subvenciones. 
Opinamos que la resolución del Parlamento Europeo, en muchos aspectos, carece de «garras» frente a los proyectos que se realizan dentro de la Comisión. 
Creemos que se debió haber dicho algo sobre ECHO y sobre las deficiencias y fracasos de la Comisión en este terreno y que esto, consecuentemente, debería haber tenido consecuencias presupuestarias. 
Además, tenemos reparos con respecto a una política de refugiados especial de la UE porque consideramos que ésta no debe entrometerse en esas materias. 
Debería ser un asunto de los Estados miembros. 
Con todos los sistemas de control y con las agresiones a la integridad personal existentes, dudamos que la política de refugiados de la UE llegue a funcionar de la manera más provechosa para los refugiados. 
Lamentamos profundamente que la propuesta de enmienda 1 no fuese aprobada. 
Debería ser provechoso para la UE involucrar a los parlamentos de los Estados miembros en el trabajo presupuestario de la Unión. 
Por el contrario, parece que la mayoría del Parlamento Europeo quiere continuar ocultando el vasto trabajo presupuestario de la UE a los ciudadanos y a las autoridades parlamentarias nacionales. 
Finalmente, criticamos el punto relativo a la UEM, punto 3, y los incisos que se refieren a la «maquinaria de propaganda» de la UE (Programa Prince). 
Por estos motivos, hemos optado por votar en contra del informe en su totalidad. 
He votado en contra de la propuesta de resolución (Doc. A4-0360/98) relativa al presupuesto general de la Unión Europea para el año 1999 como forma de protesta por la desconsideración y discriminación de que ha sido objeto el sector del turismo, al ser rechazada la enmienda 75, con lo que se impide incluso la inscripción de una línea presupuestaria de medidas comunitarias a favor del turismo, aun sin importe alguno asignado. 
Esta actitud mayoritaria del Parlamento Europeo sigue al rechazo por la Comisión de Presupuestos de un importe de 3, 5 millones de ecus y complementa la propuesta de reestructuración de las comisiones parlamentarias que se está examinando actualmente, en la que se propone pura y simplemente la desaparición del turismo como objeto de actividad de las futuras comisiones parlamentarias con individualidad propia (actualmente existe la Comisión de Transportes y Turismo). 
Esa actitud de rechazo, que encuentra eco mayoritario en el Consejo y a la que ahora se suma el propio Parlamento Europeo, es una afrenta para el sector de actividad económica más importante de la Unión Europea, ya sea en el nivel del empleo, de la inversión o del PIB por habitante, pero aquejado de problemas que requieren un planteamiento europeo específico. 
El Parlamento Europeo sólo se preocupa de la creación de una línea presupuestaria de Lucha contra el turismo sexual en terceros países (B7-663) y ha dejado el sector del turismo europeo desprovisto de medios y de fundamento jurídico para el lanzamiento de acciones comunitarias a favor del turismo. 
Como diputado portugués, de un país en el que el turismo es un sector vital de la economía, y oriundo de una región eminentemente turística como el Algarve, no puedo dejar de expresar mi decepción por esta actitud de las instituciones de la Unión ni de proceder en consecuencia, o sea, votando en contra. 
Los gastos en el sector agrícola y los fondos estructurales regionales son obligatorios y han sido aprobados por el Consejo de Ministros, aunque el Presidente del Parlamento, al final, firma el presupuesto. 
Consideramos que hay muchas cosas que pueden ser muy discutidas en materia de gastos de la Unión. 
Desgraciadamente, no tenemos posibilidades de influir con nuestros votos en aquellos aspectos de la política agrícola y regional en los que no estamos de acuerdo. 
Creemos que la política regional debe ser devuelta a los Estados miembros. 
Asimismo, tan pronto como sea posible, debe ser reformada profundamente la actual política agrícola común, por razones de eficiencia y para facilitar la ampliación de la Unión. 
Además, las ayudas a los cultivos vitivinícolas y de tabaco deben ser eliminadas inmediatamente. 
Además, hay una serie de partidas presupuestarias dudosas, cuyo motivo es fortalecer «la idea Europea». 
Particularmente nos oponemos a las partidas que otorgan «Ayudas a organizaciones que fomentan el concepto de Europa» y «Ayudas a proyectos organizados por asociaciones y grupos de interés europeo» además de «Preparativos y ayudas para la realización de la Unión Económica y Monetaria». 
Informe Viola (A4-0361/98) 
Señora Presidenta, hemos votado en contra del informe Viola y quisiera insistir en la razón principal de nuestra posición sobre este informe: lo que ha pasado, durante las votaciones, a propósito del pago de los gastos de viaje. 
La enmienda 899 de la Comisión de Presupuestos sobre el comentario ha sido rechazada. 
No tuvo más que 224 votos. 
La enmienda del Grupo de los Liberales, que se pronunciaba a favor de los gastos reales, obtuvo 214 votos. 
Nuestra enmienda 4 a la resolución obtuvo 143 votos y la enmienda del Grupo de los Liberales, 188 votos. 
Cada año hemos solicitado, con ocasión del debate presupuestario, que el pago de las dietas de viaje corresponda a los gastos realmente expuestos por los diputados. 
El rechazo de esas enmiendas, como ha pasado hoy, muestra el grado de irresponsabilidad de nuestros colegas. 
¿Cómo se puede mantener un sistema que procura un ingreso más o menos importante según la distancia de los diputados con respecto a Estrasburgo o Bruselas, un ingreso que no está previsto por ningún tratado o acto comunitario, un ingreso no sometido a impuestos? 
Se nos habla del problema del estatuto de los diputados, de las desigualdades, pero son los Estados los responsables de la situación de sus diputados. 
A los Estados corresponde decidir si ha de haber o no una diferenciación con respecto a sus diputados nacionales. 
No corresponde al Parlamento Europeo, cuando nada le invita a ello, prever un sistema de compensación, sistema que, por cierto, incrementa las desigualdades, ya que la compensación es tanto más importante en la medida que uno se aleja geográficamente. Ésta no depende del importe de la dieta parlamentaria en cada país. 
Ésta es la razón por la que nos hemos opuesto a este informe. 
Es falso pretender que la decisión de la Mesa es una buena decisión. 
La decisión de la Mesa institucionaliza un sistema de pago de gastos ficticios. Nos oponemos y seguiremos oponiéndonos en el futuro. 
Señora Presidenta, no he votado a favor del informe del Sr. Viola relativo al presupuesto de los gastos del Parlamento Europeo porque la mayoría de los diputados ha votado contra unas enmiendas que prevén el pago de los gastos de viaje efectivos, sobre la base de justificantes. Personalmente, voté a favor de esas enmiendas. 
El resultado de la votación es que entrará en vigor la decisión de la Mesa del Parlamento de 19 de octubre, tan injusta como hipócrita y que favorecerá aún más a aquellos diputados que cobran ya demasiados gastos de viaje. 
Con esta decisión, los diputados reciben una dieta de viaje en función de la distancia que es, en el fondo, un salario complementario al que tendrán derecho algunos diputados que ya disfrutan de las dietas parlamentarias más elevadas previstas por su parlamento nacional. 
He votado, por tanto, a favor de la enmienda 4 a la propuesta de resolución relativa al presupuesto del Parlamento Europeo, una enmienda cuya aprobación hubiera podido reparar los daños. 
Esta enmienda tenía como objetivo encargar a la Mesa que rechazara los pagos de gastos de desplazamiento superiores a los gastos realmente realizados. 
Desafortunadamente, sólo 43 diputados han votado a favor. 
Los 275 que votaron en contra han desvelado así, afortunadamente, su hipocresía en este tema, que no cesaré de denunciar. 
Ésta no realza la imagen de este Parlamento y menos aún la de la mayoría de la Mesa que, por su decisión hipócrita y sin transparencia del 19 de octubre, ha puesto en práctica un verdadero autoservicio a costa del dinero del contribuyente. 
En relación con el presupuesto de este año ha vuelto a aparecer el tema de las compensaciones por viajes de los Diputados al Parlamento Europeo. 
Las normas actuales de reembolso permiten a los Diputados que viajan por medios baratos quedarse con la diferencia entre los gastos reales y las cantidades fijadas por medio de pautas preestablecidas. 
Hemos dado nuestro apoyo con anterioridad a propuestas que han estado orientadas a reemplazar el actual sistema de reembolso por otro, en que los pagos representen los costes verdaderos de los viajes y no cantidades fijas calculadas basándose en las distancias. 
Antes hemos intentado encontrar soluciones reales de carácter general. 
Con todo, encontramos que las soluciones actuales no son satisfactorias. 
El asunto de las compensaciones a los parlamentarios es algo que alude a la confianza y que debe ser resuelto de una vez por todas. 
Por este motivo hemos decidido, por iniciativa propia, que a partir del próximo año instauraremos un sistema en el que las compensaciones se basen en los costes reales. 
El dinero que sobre se devolverá al presupuesto comunitario. 
Este sistema tiene por finalidad disminuir los riesgos de sospechas de que las compensaciones sean usadas para fines diferentes de aquellos para los que han sido establecidas. 
Con referencia al discutido tema de las compensaciones por viajes, obviamente hemos votado, igual que antes, a favor de que el reembolso sea únicamente por los costes reales. 
Todo lo demás es inmoral. 
La propuesta de enmienda 1 que se eliminó a raíz de la votación anterior- y que a grandes rasgos se basa en las propuestas del Grupo V- habría sido la solución óptima a la que habríamos dado nuestro voto, exceptuando el párrafo sobre el establecimiento de un estatuto común para los Diputados, cosa que no habríamos apoyado. 
Votamos a favor de las dos propuestas de enmienda, la 4 y la 5, votadas en el Pleno. 
No obstante, dudamos de la propuesta 5 sobre la instauración de otras compensaciones por viajes en el propio país. 
Sin embargo, la habríamos aceptado si hubiésemos sido compensados por los verdaderos costes. 
Por tanto, otra vez ha demostrado el Parlamento Europeo su incapacidad para tomar decisiones necesarias. 
Lo único razonable y moral hubiera sido establecer compensaciones por los costes reales. 
El resultado es ahora, en cambio, que los Diputados se pueden quedar con dinero de compensaciones por viajes que ellos no han realizado. 
Lamentamos profundamente que tampoco fuese aprobada la propuesta de enmienda 3 sobre adecuación medioambiental de la administración de las instituciones de la Unión. 
Puesto que los aspectos interesantes de este informe no se han tomado en cuenta, hemos decido votar en contra de él en su totalidad. 
Voté en el Pleno a favor de los apartados 1, 2, 3 y 4 de la enmienda 899 y de la enmienda 537 con la esperanza de que el Parlamento se mostrara finalmente dispuesto a adoptar una práctica para pagar las indemnizaciones de viajes con arreglo a los gastos reales. 
Esta práctica respondería a las expectativas y a la noción de justicia de los ciudadanos. 
La adopción de la decisión por parte de la Mesa no contribuirá a lograr las mejoras anheladas, sino que, por el contrario, enredará aún más la situación. 
El Parlamento no parece comprender que este tipo de actuaciones y de soluciones desmorona aún más nuestra credibilidad, circunstancia que lamento profundamente. 
Desde hace muchos años los Estados miembros de la UE han sido afectados por recortes en el sector social, en asistencia y servicios públicos, como consecuencia del programa de convergencia. 
Al mismo tiempo, parece que el desempleo de alrededor de 20 millones de personas se ha hecho permanente en los 15 países miembros. 
Opinamos también que el presupuesto de la UE tiene que ser cuidadosamente evaluado y cuestionado. 
Hay muchas actividades dentro de la UE que, en relación con las actividades de carácter social que actualmente se están reduciendo en los Estados miembros, son muy superficiales y deberían concluirse si se sometieran a un examen de prioridades. 
Cuando vemos que actualmente se cierran hospitales para el cuidado de ancianos en Suecia, nos parece lamentable que la UE mantenga instituciones que cuestan muchísimo dinero y cuyos resultados, y también su existencia, pueden ser muy cuestionados. 
Constituye una dilapidación de recursos que el Parlamento se desplace entre Bruselas y Estrasburgo. 
Son enormes costes asociados a nuevas construcciones que se están realizando en ambas ciudades. 
Es una dilapidación que afecta gravemente la reputación de la Unión ante los ciudadanos. 
Los costes por las edificaciones en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo alcanzan la suma total de 149 610 706 ecus. 
Actualmente tenemos una situación absurda, con grandes e innecesarios costes de locales. 
Sin embargo, parece que nadie tiene poder para resolver este problema. 
Otros campos en los que tenemos objeciones respecto al presupuesto del Parlamento Europeo y que queremos cambiar son: 
Las compensaciones por viajes para los Diputados al Parlamento Europeo pueden reducirse si se introduce una tarjeta de viaje en lugar de pagar, como se hace hoy, generosas compensaciones de carácter general. 
Obviamente se tendrán que exigir justificantes.-Si el Fondo de Pensiones de los Parlamentarios Europeos no se financia, por ningún motivo podrá ser subvencionado con recursos de la UE. 
Los miembros del Fondo de Pensiones no sólo deben recibir beneficios cuando haya buenos resultados sino que también deben asumir su responsabilidad para cubrir eventuales pérdidas. 
El dinero del presupuesto de la UE que se ha pagado hasta ahora debe ser devuelto.Además, opinamos que deben rechazarse todas las propuestas para dar ayudas a los partidos políticos del ámbito europeo. 
Tampoco se ve bien, en tiempos de hacer economías, que los políticos otorguen mayores beneficios a sus propias organizaciones. 
Los partidos tienen que procurar que las actividades entre partidos políticos que tengan lugar en el «ámbito europeo» sean financiadas por sus miembros. 
También creemos que es posible cuestionar la existencia del Comité Económico y Social. 
¿Realiza este Comité una labor que justifica sus costes? 
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno 
Señora Presidenta, he votado en contra de esta resolución porque sigue un camino completamente erróneo e ignora por completo a los ciudadanos de los Estados miembros y sus derechos, así como los derechos de los parlamentos nacionales, que están mucho más cerca del pueblo que el Parlamento o las instituciones de la Unión Europea. 
Es importantísimo que los Estados miembros dejen que sus ciudadanos tengan un papel lo más importante posible en materia de adopción de decisiones y que los parlamentos nacionales tengan derecho a someter a escrutinio todas las instituciones de la Unión Europea. 
En particular, es totalmente inconcebible que el Parlamento no critique- como tan a menudo ha criticadosu papel en relación con la Comisión y que no podamos hacer cesar en sus funciones a uno u otro Comisario más bien que a la Comisión en tanto que órgano colegiado, pues el Parlamento nunca recurrirá a ese poder. 
En cuanto al papel de la política exterior de seguridad y común, es evidente que el Parlamento y las instituciones de la Unión Europea están obsesionados con la elaboración de una política de defensa común, aunque nadie haya indicado hasta ahora con claridad contra quién vamos a defendernos. 
La cuestión redunda fundamentalmente en interés de la militarización de Europa, que a la larga no corresponde a los intereses del pueblo. 
Tenemos que estudiar la posibilidad de desmilitarizar a Europa y al mundo, en vez de seguir el camino indicado, pero esta resolución no se ocupa para nada del déficit democrático de la Unión Europea e ignora por completo los derechos del hombre de la calle en la Unión. 
Señor Presidente, en su exposición introductoria al debate sobre el estado de la Unión, ayer por la mañana, el Presidente del Parlamento Europeo, señor Gil Robles, mostraba su preocupación por el inmovilismo total de los trabajos del Consejo relativos a las modalidades de incorporación del acervo de Schengen en el Tratado. 
Sabemos en efecto que el protocolo que integra Schengen, tal como fue aprobado por el Consejo de Amsterdam, prevé, en su artículo 2, que el Consejo, resolviendo por unanimidad, determinará la base jurídica pertinente para cada una de las disposiciones de Schengen, es decir, que éste los asignará mediante una decisión soberana entre el primer y el tercer pilares. 
Este procedimiento es totalmente extraordinario y, a mi juicio, contrario a la constitución francesa, ya que encarga al Consejo de Ministros que determine por sí mismo, sin ratificación parlamentaria ni control de la constitucionalidad, qué aspectos de Schengen podrán ser tratados por mayoría y qué otros seguirán siendo tratados por unanimidad. 
Ésta es, a nivel francés, una de las muchas razones por las que rechazamos el Tratado de Amsterdam. 
Ocurre que el grupo de trabajo del Consejo que reflexiona desde hace un año sobre este reparto aún no ha producido ningún resultado tangible, de forma que si esta situación continuara al día siguiente de la ratificación del Tratado de Amsterdam, todo el acervo de Schengen se atribuiría al tercer pilar, produciendo una confusión jurídica increíble con el espacio de libertad, de seguridad y de justicia que el Tratado de Amsterdam ha colocado de oficio en el primer pilar. 
Se comprende que, en estas condiciones, el Presidente Gil Robles ruegue que el próximo Consejo de Viena dé un nuevo impulso a esos trabajos. 
Pero, ¿qué puede hacer el Consejo Europeo? 
En realidad el bloqueo del grupo de trabajo muestra que el Tratado de Amsterdam, tal como se ha firmado, aparece totalmente impracticable en este punto. 
¿Cómo han podido los Jefes de Estado y de Gobierno otorgar su firma a esas disposiciones? 
Será necesario dilucidarlo con posterioridad. 
Por el momento, realmente sería tranquilizador si Francia no ratificara el Tratado de Amsterdam. 
Si hubiese mayoría para aprobar el texto original: 
Queremos señalar que en el punto 3 no interpretamos literalmente la expresión «el llamado justo reflujo». 
«Justo reflujo» (del francés juste retour) tendría que traducirse en este contexto como exacto o preciso reflujo. 
Modificado por las elecciones alemanas el marco de la convocatoria, en respuesta a la carta Chirac-Kohl, de esta reunión, ¿qué resultado útil podría tener, además de que Schroeder y los otros 14 se den a conocer unos a otros? 
En la propuesta elaborada por la Comisión de Asuntos Institucionales figuran, a pesar de todo, buenas indicaciones- si se tuvieran en cuenta- para que la «Cumbre» llegue a conclusiones que puedan afrontar con un impulso político europeísta los factores de crisis y de retroceso nacionalista que se acumulan y que contribuyen a dificultar aún más un programa político ya de por sí complicado, con la crisis económica internacional, la ampliación al Este, la Agenda 2000 y la financiación futura de la UE. 
Lo que, desde mi punto de vista, vuelve interesante esta resolución- que por una vez no trivializa el eterno papel reivindicativo institucional del Parlamento Europeo- es que asocia el futuro político de la UE a cuatro condiciones fundamentales: 
El desempeño de un papel político determinante por parte de la UE, que supera con mucho el Mercado Único y la moneda única y va encaminado a su intervención en la política exterior al servicio de los derechos humanos y de la paz, en la reglamentación económica y financiera internacional al servicio del progreso económico y de la justicia social (véase la propuesta presentada por António Guterres en nombre de la Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno Iberoamericanos, reunidos en Oporto el pasado fin de semana, para que la Cumbre de la UE de los días 24 y 25 de octubre se ocupe de la crisis financiera internacional) y en la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia; -La ampliación basada en la equidad y en el mantenimiento de la cohesión entre antiguos y nuevos Estados miembros; -La subsidiariedad, no como un pretexto para la renacionalización ni tampoco como una espiral de centralización, sino como «un criterio dinámico» para determinar quién- los Estados miembros o la UE- debe ejercer las competencias a fin de garantizar la consecución efectiva de los objetivos del Tratado.-Una reforma institucional que garantice más democracia, transparencia, participación de los ciudadanos y más eficacia, aspectos que esta vez la resolución tiene el acierto de considerar expresamente que no se identifican con esta cuestión de la ponderación de los votos u otras ligadas al estatuto del poder de los grandes Estados miembros.Se trata de una resolución que, con el hincapié que hace en la subsidiariedad, con la defensa que hace de la imprescindible participación de los parlamentos nacionales, con la valorización realista que presenta del papel determinante del Consejo en una Unión de Estados soberanos- demuestra haber superado la teorización federalista vulgar, perfectamente inoperante pero siempre evocadora de fantasmas que sólo aprovechan a los nacionalistas, en pro de un método federal auténtico aplicable a las competencias ya transferidas y asegurando en ese nivel la participación y la democracia, en particular mediante el fortalecimiento del PE y del impulso político de una Comisión efectivamente responsable ante el PE. 
Al mismo tiempo, la resolución no omite que los impulsos más que nunca necesarios para el progreso de la unificación europea dependen de la disponibilidad de los medios intelectuales y financieros adecuados para los objetivos de los Tratados, ¡lo que quiere decir que es necesaria la voluntad política de los Gobiernos! 
Y- last but not least- la resolución coloca la cohesión económica y social y el modelo social europeo a la par de la democracia, de los derechos humanos y de la economía de mercado como los fundamentos del nuevo pacto constitucional en formación en la UE. 
Razones de sobra para que votemos a favor de la resolución y enunciemos los ínfimos intereses de los que, substituyendo la política por la contabilidad, defienden a toda costa la teoría anticomunitaria del llamado juste retour. 
Cualesquiera que sean las comisiones en las que trabajamos, el futuro de Europa nos concierne a todos en tanto que diputados del Parlamento Europeo. 
Con prudencia, mientras que la Cumbre europea de Pörtschach es calificada de informal y el Tratado de Amsterdam no ha sido aún ratificado por los Estados miembros, la Comisión de Asuntos Institucionales ha centrado su resolución en los temas anunciados en la Cumbre- la subsidiariedad y la legitimidad democrática de las instituciones- con el fin de hacerse oír por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Quince en un mensaje político claro y recogido. 
Este planteamiento pragmático no ha de impedirnos a nosotros, diputados socialistas, que miremos más lejos, al horizonte de una reforma institucional global, y que nos recuerde que las seis próximas presidencias de la Unión estarán en manos de gobiernos en los que los socialistas están en el poder. 
Por tanto, habremos de plantearnos la pregunta de «qué significan las palabras de nuestra resolución: ir por encima de la conclusión del mercado interior y de la aplicación de la moneda única, hacia una auténtica unión política». 
Veinte años de utopía neoliberal nos lo han enseñado con dureza: la globalización financiera y comercial, la desregulación de los flujos financieros y el fanatismo monetario requieren hoy, para hacerles frente, una globalización política. 
El desarrollo de la Unión Europea constituye por esta razón un progreso esencial para la constitución de una potencia mundial regional. 
En el momento actual, la economía, la tecnología, el desarrollo de la sociedad de la información evolucionan en un contexto cada vez más internacional. 
Aquellos que desean reformar la sociedad han de disponer de una estructura política supranacional que compense la pérdida de influencia de los Estados sobre estas evoluciones. 
La Unión Europea ha permitido sacar ventaja de la globalización protegiéndonos de sus inconvenientes. 
Se ha convertido en un bloque económico fuerte que incrementa la eficacia de las empresas. 
Se ha creado y garantizado un mercado único, con retrasos es cierto, la libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales y de personas. 
Los obstáculos nacionales a los intercambios son eliminados. 
En 1999, las monedas nacionales comenzarán a desaparecer en beneficio del euro. 
La Unión se ha convertido en una de las grandes potencias comerciales del mundo y dispone de numerosos instrumentos que permiten afrontar los desafíos de la economía internacional. 
Con el euro, la Unión Europea se convertirá igualmente en una potencia mundial en el plano monetario. 
Se ha elaborado una política específica para asistir a las regiones con retraso en su desarrollo en Europa. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea protege la paz en Europa. 
De todas sus realizaciones, ésta sigue siendo la más notable, aunque siga siendo imperfecta. 
Desde hace medio siglo, los Estados miembros viven en paz. 
La confrontación ha cedido su lugar a la cooperación. 
Sin embargo, la opinión pública se aleja del proyecto europeo a causa del carácter desequilibrado de la integración realizada por el mercado único. 
Se ha dejado de lado con frecuencia a los europeos, como consumidores, como trabajadores, como desempleados, como ciudadanos. 
Aunque los tratados hayan asignado a las instituciones europeas una misión clara, ésta no se ha realizado en materia de política social, de empleo, de medio ambiente, de fiscalidad, de seguridad. 
La política europea en estas materias ha seguido siendo marginal. 
Ahora bien, existe una necesidad urgente de desarrollar esas políticas. 
En el ámbito social y fiscal, la realización de la moneda única va a aumentar aún esta necesidad. 
Hasta que las personas no vean que la Unión Europea resuelve sus dificultades, su confianza en Europa no se restablecerá. 
La Europa de los ciudadanos no tiene sentido más que si se trata de un proyecto que permita a Europa responder a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. 
Raymonde Dury, que me ha precedido en este mandato europeo, tenía la costumbre de decir que si la Unión Europea solicitara- como entidad- su entrada en la Unión, se vería rechazada porque le falta democracia. 
Nos encontramos ante un caso tipo único en la historia: un conjunto- la Unión Europea- es menos democrática que cada una de sus partes- los Estados miembros. 
Por ello el objetivo esencial de las reformas institucionales ha de ser el de construir una verdadera democracia y ganar una mayor eficacia. 
Esta democracia y esta eficacia, Europa no las alcanzará más que a través de un modelo federal. 
En este modelo, la Comisión se convertiría en un verdadero gobierno. 
El Parlamento Europeo se convertiría en una primera cámara que representase a la población. 
El Consejo se convertiría en una segunda cámara que representara a los Estados miembros y sus entidades. 
La totalidad de esta estructura reposaría en una verdadera constitución europea. 
El Tribunal de Justicia se convertiría en un Tribunal Constitucional europeo. La democratización implica que las decisiones europeas se tomen en un marco en el que las garantías esenciales de la democracia sean efectivas: principio de la mayoría, responsabilidad política de las autoridades, control de las instituciones parlamentarias, transparencia de los procedimientos de decisión. 
El refuerzo del carácter democrático de las instituciones permitiría al mismo tiempo aumentar su eficacia y disminuir el peso de la burocracia. 
Esto implica en primer lugar el refuerzo de los controles democráticos en el primer pilar y en segundo lugar una comunitarización de los dos pilares intergubernamentales. 
Esta comunitarización reforzaría además el papel del Tribunal de Justicia. 
La democratización, por tanto, ha de acompañarse de una racionalización basada en cambios esenciales en el seno de las tres grandes instituciones europeas. 
El objetivo esencial de la reforma de las políticas europeas es el de ganar en eficacia. 
La ampliación impone a la Unión Europea un reexamen de la eficacia de sus políticas. 
En el marco de una Unión Europea de 500 millones de habitantes extendida a la superficie de todo el continente, todas las iniciativas europeas han de ser reexaminadas. 
La necesidad de eficacia ha de tomarse más en consideración. 
Éste es el sentido fundamental del principio de subsidiariedad. 
El papel de la Unión Europea ha de reducirse en algunos casos, y aumentarse en otros. 
Así, la Unión Europea sigue siendo demasiado débil en su lucha contra las consecuencias negativas, sociales y culturales, de la globalización. 
Por el contrario, algunas formas de intervención, y a veces algunas competencias, han perdido mucho de su sentido. 
Incrementan la lentitud burocrática y los gastos presupuestarios para pocos resultados. 
Han de revisarse algunas formas de intervención: en la lucha contra la exclusión social; en el ámbito social, el medio ambiente y la fiscalidad; en la política agrícola. 
El Fondo de Cohesión, en su forma actual, ya no tiene razón de ser; ha de convertirse en un fondo de crecimiento que permita ofrecer a los Estados préstamos que faciliten la política de ajuste presupuestario. Podrán así respetar más fácilmente los criterios de convergencia en caso de crisis financiera. 
La resolución de De Giovanni y de la Comisión de Asuntos Institucionales contiene una serie de puntos para la Cumbre extraordinaria de octubre. 
La mayoría de esos puntos van demasiado lejos en lo referente a integración y federalismo. 
El punto 22, por ejemplo, dice que ahora vamos a sentar las bases para una integración de la UEO y la UE lo que, evidentemente, significa una militarización de la UE, cosa que se contrapone a nuestros deseos de tener una Europa pacífica y desmilitarizada. 
La resolución alternativa del Grupo I-EDN es mucho mejor, puesto que ella manifiesta la intención de fortalecer la democracia y el principio de subsidiariedad tal como se formuló en la reunión de Cardiff. 
Toda la resolución da argumentos a favor del crecimiento de un superestado, los «Estados Unidos de Europa». 
Entre otras cosas, se previene en el punto 10 al Consejo de Europa para que no caiga «en la tentación de usar la subsidiariedad como una excusa para devolver políticas comunitarias al ámbito nacional». 
En el punto 11 se señala que «el temor al centralismo de la Unión Europea se ha exagerado mucho». 
Nuestra posición básica es que la UE tiene que ser una colaboración entre Estados soberanos. 
Por eso no se puede votar a favor de esta resolución. 
También es pernicioso que el Parlamento Europea tenga en estatuto propio. 
Son importantes, desde el punto de vista de los principios, las relaciones entre los Diputados al Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. 
Un estatuto uniforme del Parlamento Europeo fortalecería aún más los afanes federalistas. 
Además, va a conducir inevitablemente a fuertes aumentos de las dietas para la mayoría de los Diputados del Parlamento Europeo. 
Esto va a causar mucho malestar entre los ciudadanos que actualmente se encuentran en situaciones muy difíciles. 
El Partido Laborista del Parlamento Europeo apoya la resolución De Giovanni, pero con reservas dignas de mención. 
La reunión especial del Consejo este mes constituye una tentativa bien intencionada de ocuparse de la brecha que parece existir entre las instituciones de la Unión Europea y los ciudadanos de la Unión. 
Su finalidad consiste en estudiar las formas de volver a conectar a la Unión Europea con sus ciudadanos, abordar las preocupaciones de los pueblos de Europa en vez de seguir ocupándose de la cuestión del marco institucional. 
Concentrarse en las instituciones de la Unión Europea y proponer una reforma institucional a futuras conferencias intergubernamentales- cuando todos sabemos que las anteriores conferencias intergubernamentales han resultado perjudiciales para la legitimidad de la Unión Europea, pues la han hecho aparecer aún más alejada de las preocupaciones de sus ciudadanos- equivale a dejar pasar la oportunidad que brinda esta reunión especial del Consejo. 
Tratando concretamente de la resolución, el EPLP se abstuvo de votar sobre el apartado 5, que pide que los países de la UEM estén representados con una sola voz en los órganos internacionales. 
El EPLP votó en contra de la enmienda 40 al cuarto punto del apartado 18, que ampliaba la responsabilidad del Tribunal de Justicia a todas las esferas de competencia de la Unión Europea. 
El EPLP votó en contra del segundo inciso del apartado 21, que pide que se aplique la VMC a todos los actos legislativos. 
Votamos en contra de la enmienda 35 de dicho párrafo, que aplicaría la VMC a todos los nombramientos hechos por el Consejo. 
El EPLP apoyó la enmienda 19 del párrafo 22, que pedía que se abordara con mayor eficacia la cuestión de la gestión de crisis y de solución de conflictos, así como una mayor coordinación de las políticas de defensa de los Estados miembros de la UE para conseguir la realización efectiva de las tareas de San Petesburgo. 
El EPLP votó en contra del apartado 23, que pedía que la próxima revisión del Tratado se preparase con arreglo a los métodos seguidos por la Comunidad. 
Informe Correia (A4-0353/98) 
Los últimos datos médicos que ha proporcionado la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que los diferentes tipos de cáncer profesionales están en constante desarrollo en la Unión Europea. Ocupan en las estadísticas de mortalidad un lugar nada despreciable. 
Ya no se subestiman las consecuencias de algunos factores medioambientales sobre los diferentes tipos de cáncer: lo mismo debe ser para la industria. 
Cuando se añaden predisposiciones hereditarias a esos contextos desfavorables, sabemos que el cáncer se desarrolla a gran escala. 
Como médico, he tenido ocasión de estudiar este problema sanitario. Además del aspecto humano, todo esto conlleva inevitablemente un coste económico y social. 
Actualmente, es el sector de la madera el que está especialmente en el banquillo de los acusados. 
Sin embargo, no se trata de imponer medidas demasiado rigurosas e inaplicables en la realidad. 
Se ha convertido en algo primordial abordar este problema a través del aspecto económico. 
Las implicaciones en términos financieros y de empleo afectan a varios cientos de empresas europeas del sector de la madera. 
Por tanto, es necesario saber actuar de forma que se adopten medidas que preserven vidas humanas pero sin condenar a un sector que emplea una mano de obra numerosa. 
Si actuamos con precipitación y sin discernimiento, miles de empleos estarían en juego. 
Es función del Parlamento Europeo proponer una adaptación progresiva a normas más estrictas de rechazo de los serrines de madera. 
Es también importante en este ámbito asegurar la armonización de las medidas de precaución para todos los países de la Unión Europea y para todas las empresas cualesquiera que sean sus dimensiones. 
Una gran parte de la eficacia de este dispositivo de protección reside en los plazos de transposición y de aplicación en las diferentes legislaciones nacionales. 
Nuestra propuesta es suficientemente flexible para permitir una adaptación en el tiempo. 
He votado a favor del informe Correia. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de una modificación de la directiva sobre sustancias cancerígenas. 
La propuesta de la Comisión no es lo suficientemente buena. 
Sólo propone la ampliación de la directiva para incluir trabajos que supongan la exposición a serrines de roble y haya. 
Existe suficiente documentación científica para justificar la inclusión de todos los tipos de madera, tanto blandas como duras, dentro de la directiva. 
En el trabajo práctico de una empresa también es difícil mantener diferentes reglas de seguridad para diferentes tipos de madera. 
Por ello hemos votado a favor de que todos los tipos de madera, blandas y duras, queden incluidos dentro de la directiva. 
La propuesta de la directiva de un valor límite de 5 mg/m3 tampoco es aceptable. 
El valor límite es inferior en muchos países miembros y la Comisión no ha justificado científicamente por qué ha elegido precisamente 5 mg/m3. 
Hemos votado a favor de que el valor límite quede reducido a 1 mg/m3 y de que la Comisión someta la cuestión de los valores límites a evaluación dos años después de la implementación de la directiva. 
Informe Paasilinna (A4-0328/98) 
Como consumidor me alegra que las nuevas tecnologías abran nuevas posibilidades como, por ejemplo, la oportunidad de usar Internet para las llamadas telefónicas. 
Las posibilidades de este tipo de «convergencia» entre diferentes sectores de la industria de las comunicaciones son sumamente interesantes. 
Quizá esos adelantos tecnológicos ayuden a facilitar el acceso a las personas discapacitadas y otras personas para quienes los sistemas anteriores resultaban difíciles de utilizar. 
Puede decirse que casi por definición hemos de adoptar una política moderada para reglamentar los servicios que ofrece Internet, que es independiente de todo control nacional o regional. 
Sin embargo, el hecho de que nosotros, como legisladores, nos hallemos a menudo en una situación en la que tenemos que confiar en la reglamentación industrial para comprobar si se protegen los intereses de los consumidores, no debe tomarse en el sentido de que sencillamente nos olvidamos de las necesidades de los consumidores. 
Podemos y, si es necesario, debemos enfrentarnos con los monopolios que podrían limitar las posibilidades de elección de los clientes. 
En cuanto al nuevo servicio de comunicaciones, los proveedores deben tener en cuenta que, de la misma manera que la tecnología puede utilizarse para aumentar al máximo los beneficios, a otros expertos, quizá empleados por el sector público, se les podría pedir que elaborasen sistemas encaminados a comprobar la calidad de servicio a los clientes de pago. 
Espero que las industrias que participan en los nuevos servicios de comunicaciones ofrezcan a sus clientes un servicio de la máxima calidad y eliminen la necesidad de tener que considerar medidas de las que luego podrían quejarse por estimar que son un exceso de reglamentación burocrática; de lo contrario, deberíamos estar dispuestos a pasar a la acción para cerciorarnos de que todo el mundo se beneficia de las nuevas posibilidades de comunicación. 
Es sin duda de utilidad para la claridad si, desde mi punto de vista, hago una breve exposición sobre la situación de las enmiendas. 
Las enmiendas nº 1 hasta la 15 no son otra cosa que la necesaria corrección de una «fiesta de la matanza» conservadoraliberal, que ha constituido la mayoría del EMAC en el informe Paasilinna. 
Espero que esto lo corrija la mayoría de izquierdas y ecológica que es posible en esta Asamblea. 
Las enmiendas nº 18, 19, 20, 21 y 23 del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica están cubiertas ya por el texto del informe o por las mencionadas enmiendas. 
Por ello, no se puede valorar como expresión de la actitud de la Asamblea respecto a los puntos en cuestión si estas enmiendas se rechazan con gran mayoría. 
Nosotros, los Verdes, en cualquier caso las rechazamos porque no aprobamos el procedimiento de perfilarse políticamente simplemente de cara a la galería mediante enmiendas presentadas a posteriori y que no aportan nada nuevo. 
Quizás esto haya ocurrido sólo «sencillamente así» , pero entonces también se pueden retirar con la misma sencillez. 
Esto no es aplicable a las enmiendas nº 16 y 17, que repiten aspectos acertados de informes anteriores y la nº 22, que es irrefutable objetivamente. 
Informe Giansily (A4-0341/98) 
Hoy los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe del Sr. Giansily sobre las reservas de divisas en la tercera fase de la UEM. 
Sin embargo, esto no significa que hayamos abandonado la reserva danesa sobre la tercera fase de la UEM, que aún perdura, sino que nos interesa lo que sucede en este ámbito, puesto que la tercera fase de la UEM tendrá, con o sin nuestra participación, gran trascendencia para Dinamarca. 
La propuesta quiere garantizar especialmente que el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) disponga de una considerable reserva de divisas en la fase de transición entre la introducción del euro y su implementación definitiva. 
Con ello se aseguran los países participantes que sus tipos de cambios se mantengan estables en la fase de transición. 
El informe del Sr. Giansily plantea el problema del tratamiento de las reservas en divisas en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
La llegada del euro el 1 de enero de 1999 tendrá como consecuencia que una parte de las reservas actuales de los Bancos Centrales nacionales (BCN) en divisas dejarán de ser reservas de cambio y se transformarán de hecho en activos internos. 
Falta sin embargo que los BCN dispongan aún de importantes reservas de cambio, principalmente en dólares y en oro, pero también en posiciones ante el FMI y en DEG. 
La totalidad de esos fondos está evaluada en 400 millardos de dólares US para toda la zona euro. 
Sabiendo que los BCN transfieren el equivalente a 50 millardos de euros al BCE, un importe considerable de divisas sigue estando en las cuentas de los BCN. 
Hoy, esas reservas pueden utilizarse para efectuar operaciones de estabilización en los mercados de cambios o para cubrir eventuales déficits de la balanza de pagos. 
Con la moneda única, las intervenciones en las divisas de los países que forman parte de la zona euro ya no existirán. 
¿Qué hacer entonces con los excedentes de reservas? 
Se puede pensar en primer lugar que este considerable importe contribuirá a reforzar la estabilidad del euro disuadiendo de los posibles ataques especulativos. 
En segundo lugar, en una preocupación por la estabilidad del euro, es importante no desprenderse radicalmente de esos excedentes. 
Una operación así implicaría una fuerte apreciación del euro frente al dólar y perjudicaría a la competitividad de nuestras economías. 
En la perspectiva del euro como moneda internacional, sería prudente también evitar cualquier perturbación inútil en el mercado de cambios. 
Para concluir, volveré sobre un punto que, a mi juicio, no ha sido suficientemente desarrollado por nuestro ponente: los estatutos del SEBC prevén que los BCN sigan teniendo la posibilidad de utilizar sus reservas de cambio, principalmente para cumplir sus obligaciones con respecto a los organismos internacionales. 
Si esas intervenciones exceden un determinado importe, cada BCN deberá obtener el aval del BCE. 
Nuestro ponente hubiera debido insistir sin duda en los riesgos de posible deriva de un procedimiento así y sobre la necesidad de un control escrupuloso de esas intervenciones. 
Aparte de esta observación, el informe del Sr. Giansily es un buen informe y votaré a favor de él. 
Puesto que Suecia no participará en la introducción del euro en el periodo 1999-2002, hemos optado por abstenernos en la votación de este informe. 
Éste es un asunto propio de los Estados miembros que participarán en la zona del euro. 
Sin embargo, es interesante comprobar que, sentimentalmente, los estados soberanos acostumbran a considerar a las reservas de oro como la reserva más segura para situaciones de emergencia. 
Si se coordinan las reservas de oro, se habrá dado un nuevo paso encaminado hacia el debilitamiento de la soberanía de los estados democráticos. 
En la resolución que nuestro colega Giansily somete a examen, se ha planteado el interrogante sobre las consecuencias que la puesta en circulación del euro el 1 de enero de 1999 tendrá sobre las reservas de divisas actualmente en posesión de los Estados miembros que participan en el euro. 
El artículo 30 del protocolo adjunto al Tratado CEE, relativo a los estatutos del Banco Central Europeo, establece que los bancos centrales nacionales, de forma proporcional a su parte en el capital del BCE (función del PIB y de la población en la Comunidad) , transferirán al BCE reservas de cambio; y ello por un importe total de más o menos 50 millardos de ecus. 
El objetivo declarado del sistema puesto en práctica, de este modo, consiste en intervenir para prevenir perturbaciones por una parte, y por otra para cubrir eventuales déficits exteriores de la balanza de pagos. 
Pero, como explica el señor Giansily, la zona económica y monetaria creada por la tercera fase de la UEM debería reducir las necesidades y tener reservas, aunque debemos ser extremadamente prudentes durante el período transitorio con el fin de asegurar una cierta credibilidad al euro en la escena internacional. 
Si se toma el ejemplo francés, un cálculo rápido muestra que Francia deberá entregar algo más de 50 millardos de francos al BCE; ahora bien, las reservas oficiales de cambio del Estado francés se elevaban, a finales del mes de febrero de 1998, a 400 millardos de francos (de los cuales 150 millardos representativos de las reservas de oro que contienen las cajas fuertes del Banco de Francia). 
Después de la creación del euro, quedarán en propiedad del Estado francés algo menos de 350 millardos de francos de reservas de cambio excedentarios, de los cuales será necesario descontar los activos en ecus (en torno a 67 millardos de francos) y en monedas nacionales (las 11 que constituyen la zona euro) , activos que se transformarán en euros. 
Sabiendo que esas reservas de cambio no deberían ser utilizables por el BCE para servir al establecimiento del euro, se plantea la cuestión fundamental de la utilización de esas reservas. 
Por otro lado, es preciso saber que el nivel de reservas necesarias ha de apreciarse en función de la apertura de una economía al exterior; cuanto mayor es la apertura, más importantes son los riesgos y más elevadas han de ser las reservas. 
Así, sabiendo que la integración económica europea y la creación del euro reducirán los intercambios extracomunitarios y las operaciones de cambio, una parte, estimada en 80 millardos de ecus, parece superflua. 
A la vista de estas cifras, ¿qué constatación se impone? 
Resultados concretos para los Estados: una pérdida de reservas, lo que equivale a una pérdida de ingresos, siendo estas reservas generadoras de intereses. 
Además, no contento con quitar a los Estados los medios financieros que son medios de acción para reducir los déficits presupuestarios, el BCE debería encontrarse a la cabeza de un verdadero «tesoro de guerra» , ¿qué piensa hacer? 
Por consiguiente, no podemos estar a favor del informe del Sr. Giansily, ya que nos parece que la cuestión esencial de la utilización de estas reservas no se ha mencionado, no más que la de la puesta en relieve de los medios financieros de los que se ha dotado al BCE, esos medios que parecen proporcionales a la pérdida de soberanía monetaria efectiva de los Estados miembros. 
Porque, finalmente, está claro que el objetivo de transferencia de medios financieros al todopoderoso BCE no puede disimular la transferencia parcial de soberanía monetaria de los Estados miembros hacia este órgano comunitario desprovisto de cualquier legitimidad democrática. 
Este debate se debería plantear en dos contextos más amplios: 
1.La determinación del futuro papel internacional del nuevo país del euro, sobre todo dentro del sistema financiero mundial; 2.La determinación de una política de créditos europea como parte integrante necesaria de un marco de financiación para inversiones de futuro sostenibles ecológica y socialmente.En ambos aspectos, el ponente actúa de un modo exageradamente cauto. 
La disponibilidad a medio plazo de créditos bancarios por un importe de 200 mil millones de dólares USA no es moco de pavo. 
En nuestras enmiendas hemos intentado abrir un debate estructurado sobre cómo se pueden poner en marcha paso a paso las posibles aportaciones para superar el desempleo en masa, teniendo para ello toda la precaución necesaria y evitando decisiones precipitadas. 
Pero esto es lo mínimo que los más de 27 millones de desempleados pueden pedir de nosotros y de la Comisión. 
Por supuesto, también sería razonable en un bien entendido interés propio de las europeas y europeos que estas reservas se dedicasen en parte a la financiación de un fortalecimiento estructurado y regulado de la arquitectura financiera mundial. 
(La sesión, interrumpida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Problemas de actualidad, urgencia y especial importancia: Detención del general Pinochet 
Green, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, Puerta, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, Aelvoet, en nombre de Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, Lalumière y Escolá Hernando, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la detención del general Pinochet en Londres.-B4-0076/98 de los Sres. Galeote Quecedo, Salafranca Sánchez-Neyra y Palacio Vallelersundi, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la detención del general Pinochet en Londres. 
Señor Presidente, me corresponde hablar en nombre del Partido de los Socialistas Europeos para defender, sin embargo, una propuesta de resolución presentada conjuntamente por cinco Grupos políticos de este Parlamento, la Izquierda Unitaria/Izquierda Verde Nórdica, la Alianza Radical Europea, el Grupo Liberal, el Grupo de los Verdes y el propio Grupo Socialista. 
Yo creo que se trata de una resolución muy ponderada en sus términos en la que, simplemente, nos felicitamos por la detención del general Pinochet en Londres e instamos al Gobierno español a que, una vez que las autoridades judiciales lo soliciten formalmente, acelere el procedimiento de extradición al objeto de garantizar que el general Augusto Pinochet comparezca ante los tribunales españoles. 
Hay una razón para ello y es que, entre los numerosos asesinatos cometidos durante el régimen de Pinochet- se habla de unas tres mil y pico personas asesinadas durante ese período negro de la historia de ese país encantador que es Chile -, hay varias decenas de españoles. 
En este momento nos encontramos en un espacio judicial europeo. 
Las fronteras de la Unión han sido transcendidas porque, tanto en el Tratado de Maastricht de 1992 como en el nuevo Tratado de Amsterdam de 1997, se establecen principios de cooperación judicial y, sobre todo, en el nuevo artículo 31 del Tratado de Amsterdam se establece la cooperación en materia de extradición. 
Hablar de cifras, de miles de desaparecidos, es algo que quizás no transmite la verdadera dimensión humana de la tragedia que impuso a Chile la dictadura de Pinochet. Yo me voy a referir a un caso nada más. 
Voy a referir este caso porque es el de una persona con la que tuve contacto. 
Se trataba de Carmelo Soria, un funcionario internacional de las Naciones Unidas. 
Lo conocí personalmente en las Naciones Unidas poco tiempo antes de que fuera a Chile. 
Iba muy ilusionado, en una época mejor para Chile. 
Iba a trabajar como funcionario internacional. 
Y este hombre, que no tenía más delito que ser funcionario de las Naciones Unidas y tener una ideología algo liberal, desapareció, fue torturado, fue maltratado, fue asesinado e incluso destruyeron los restos de su cuerpo para simular un accidente. 
Ha dejado una familia; era de nacionalidad española; era un hombre protegido internacionalmente como funcionario internacional. 
Los intentos que se han hecho en este Parlamento para que sean procesados en Chile los autores del crimen no han llevado a ninguna parte, a pesar de ciertas promesas, y ahora tenemos la oportunidad, a través de la colaboración entre las autoridades de los diferentes Estados de la Unión, de hacer comparecer al responsable principal de ese y de otros tres mil y pico asesinatos ante un juez comunitario, ante un juez español. 
Yo creo que pedir la comparecencia ante un tribunal español del general Pinochet para que responda de esos crímenes es lo menos que podemos hacer desde este Parlamento. 
Señor Medina, sabe que ningún otro Grupo como el nuestro ha sido más claro en la condena del régimen del dictador Pinochet, pero la propuesta de resolución que presenta el Grupo Socialista lo que hace es instar al Gobierno de España a que tramite una eventual solicitud de extradición y eso es sencillamente innecesario porque el Gobierno de España- usted lo sabe muy bien- ya ha expresado a través de su Presidente su respeto a las decisiones de la justicia, de los tribunales competentes. 
Llegado el caso, quien ha de conceder la extradición- supongo que no se le escapará a nadie- son las autoridades británicas y, por lo tanto, yo supongo que nadie en esta Asamblea se opondrá a que pidamos también colaboración con la justicia al Gobierno del Reino Unido, como supongo que tampoco nadie se opondrá a que afirmemos y reiteremos el principio de no interferencia en la acción de la justicia, como supongo, igualmente, que nadie tendrá inconveniente en que nosotros reafirmemos nuestro apoyo a las instituciones democráticas chilenas en el proceso de consolidación del Estado de Derecho. 
Todas estas tomas de decisión y otras contenidas en las enmiendas que presenta mi Grupo, pero particularmente éstas, espero e imagino que concitarán un apoyo mayoritario en este Parlamento. 
Ahora bien, si, por contra, alguien esconde detrás de esta iniciativa el propósito oculto, inconfesado, de poner en dificultades al Gobierno de España, quiero que sepa que es muy triste, que es también muy revelador y, al mismo tiempo, que es perfectamente inútil. 
Señor Presidente, contra los cargos imprescriptibles que pesan sobre él, Pinochet, así como sus adeptos, no tiene nada que oponer, como no sea su inmunidad que están juzgando las autoridades británicas, en ese caso, sin valor. 
Es como si, al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial, Bélgica hubiera nombrado a Léon Degrelle senador vitalicio para sustraerle así a las diligencias judiciales. 
Nuestra resolución común solicita a las autoridades británicas una continuación favorable a una posible demanda de extradición del general Pinochet. Esto permitiría que la justicia siguiera su curso y constituiría por otro lado una hermosa victoria de etapa para aquellos que, después del proceso de Nuremberg, el proceso Eichmann, la instauración de tribunales internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, sin olvidar el tribunal Penal Internacional, no dejan de luchar contra la impunidad de los responsables de los crímenes contra la humanidad. 
La detención de Pinochet y las consecuencias judiciales que implica constituyen un test de credibilidad para la aplicación de disposiciones del derecho internacional en la materia. 
Ésta es la razón por la que mi grupo da su apoyo a la resolución común. 
Señor Presidente, la detención del general Pinochet en Londres, a instancia de jueces españoles, ha abierto la esperanza de que sus crímenes no queden impunes. 
Hace 25 años, Pinochet destruyó violentamente el sistema democrático chileno causando la muerte del Presidente Salvador Allende y de miles de ciudadanos chilenos y extranjeros, entre ellos decenas de españoles. 
De forma premeditada y sistemática se llevó a cabo la represión masiva de la población y de sus líderes intelectuales, políticos y sindicales. 
Recordamos casos simbólicos: el cantante Víctor Jara, el funcionario de las Naciones Unidas Carmelo Soria, el general Carlos Prat, en Argentina, el diplomático Orlando Letelier, en Estados Unidos. 
Pinochet no tuvo límites en su criminal actuación, no respetó los derechos humanos ni la legalidad democrática ni ningún estatuto de extraterritorialidad. 
Hoy, la actuación de los jueces españoles y británicos permite luchar contra esta larga impunidad. 
Ha sido posible porque, desde hace tiempo, personas y organizaciones no han perdido la esperanza y han trabajado con tenacidad. 
Asociaciones de derechos humanos, la Fundación Salvador Allende con su presidente Joan Garcés, Izquierda Unida de España están personadas, desde el primer momento, en las querellas sobre la desaparición de ciudadanos españoles en Chile y Argentina. 
La petición para detener y extraditar a Pinochet se basa en un auto separado del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España, a instancias de Izquierda Unida, a partir de los documentos de la llamada operación Cóndor en el Cono Sur de América Latina. 
En esta trayectoria y de acuerdo con las sucesivas resoluciones del Parlamento Europeo y con los Tratados de la Unión Europea, tanto el de Maastricht como el actual Tratado de Amsterdam en proceso de ratificación, nuestro Grupo presenta y apoya la resolución común e insta a las autoridades judiciales y a los Gobiernos concernidos a que cumplan con sus obligaciones y a que sea posible un juicio justo al general Pinochet que termine con su arrogante impunidad. 
Ojalá que esta ocasión sea el punto de partida para la defensa universal y efectiva de los derechos humanos que ha de encontrar su cauce en el Tribunal Penal Internacional. 
Ojalá que esta señal ayude al pueblo chileno a culminar su proceso de democratización. 
Desde el Parlamento Europeo no podemos dejar que, una vez más, se secuestre la esperanza. 
Señor Presidente, los Verdes saludamos la detención en Londres del ex dictador de Chile, Augusto Pinochet. 
Realmente, se puede defender la opinión de que los actos sangrientos de la dictadura de Pinochet se deben considerar como delitos contra la Humanidad y que pueden ser castigados por cualquier tribunal del mundo. 
Los enfrentamientos que se tienen lugar ahora en Chile muestran también lo grande que aún sigue siendo la influencia de este terrible dictador y de sus cómplices. 
Como diputados del Parlamento Europeo debemos apoyar a las fuerzas democráticas en Chile para que puedan superar las secuelas de esa dictadura. 
Es también un importante éxito de los grupos de derechos humanos en Chile. 
¿Qué concepto del derecho pueden tener los ciudadanos de Chile y, en especial, los familiares de las víctimas al ver que el ex dictador Pinochet es nombrado senador de por vida y que puede viajar por el mundo mientras que no se puede devolver la vida a sus víctimas? 
Hay que hacer aún mucho. 
Pero esta detención significa también que a nivel mundial muchos de los cómplices y generales que han participado y participan en actos sangrientos y en dictaduras ya no pueden dormir tranquilos, pues pueden ser realmente detenidos. 
Existe en Roma este Tribunal Penal internacional que sería también una institución decisiva para la persecución de estos hechos delictivos aunque no se produjese la extradición a España y su condena, aunque lo esperamos mucho. 
También hay que plantear la pregunta de porqué los dictadores tienen que morirse siempre en las camas de sus lujosas villas. 
Otro punto que quizás es muy importante: creo que pude haber una condena y justicia antes de la muerte. 
Señor Presidente, el caso de Augusto Pinochet es de todo punto ejemplar. 
Resulta bastante probable que no haya asesinado a nadie con sus propias manos, al menos después de haber tomado el poder. 
Por el contrario, es totalmente cierto que inspiró, autorizó, alentó y ordenó de forma explícita la tortura y el asesinato de miles de ciudadanos de su país, incluso de países extranjeros, que no tenían la misma visión del mundo. 
Un tribunal español, más preocupado por la suerte de sus conciudadanos que muchas instituciones europeas, cursó contra el sospechoso Pinochet una orden de detención internacional, orden tramitada por la Interpol, que no pasa precisamente por ser una organización de amables bromistas. 
Los cargos que pesan sobre él no son todos de la misma importancia, en especial el del genocidio podrá probablemente ser cuestionado. 
A pesar de todos los esfuerzos, Pinochet no llegó a ser un Adolf Hitler. 
Esta detención, además de que alienta a aquellos que tienen hambre y sed de una justicia serena, es también una interesante advertencia que se hace a aquellos que en nuestro continente han ordenado, apoyado y estimulado otros crímenes contra la humanidad. 
No será bueno para ellos que asomen la nariz fuera de su país en los años venideros, que se lo digan a sí mismos. 
La justicia española va a tratar el asunto lo mejor posible, pero es obligado reconocer que el poder judicial y el poder político van a liar lamentablemente el ovillo en torno a este asunto. 
Nunca pareció tan evidente la necesidad de poner en marcha un tribunal penal internacional permanente que esté protegido contra cualquier presión y que permita en el futuro solucionar lo mejor posible este tipo de situaciones. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera decir que tengo bastantes reservas acerca del examen de esta cuestión en estos momentos. 
Se trata de una cuestión judicial y no de una cuestión política. Habría que ocuparse de ella de forma totalmente diferente. 
Aunque los diputados de este Parlamento brindemos nuestras opiniones esta tarde, no creo que ejerzan ningún efecto en el resultado definitivo. El resultado definitivo es de la incumbencia de las autoridades del Reino Unido que cooperarán con las autoridades españolas, y estoy seguro de que seguirán el procedimiento apropiado. 
No ignoramos que la sociedad tiene opiniones muy concretas acerca de Pinochet. 
Comprendo muy bien los sentimientos de los colegas españoles de este Parlamento. Me hago cargo de su opinión. 
Como ellos, quisiera hacer constar que muchas de las maldades cometidas en su época merecen castigo. 
Me hago cargo perfectamente de los sentimientos de las familias de los «desaparecidos». 
En mi propia circunscripción ha habido familias que durante los 30 últimos años han luchado por conseguir que se les devolviesen los restos de sus familiares para poder enterrarlos. 
Reitero una vez más que me hago cargo de la situación, pero estimo que sería adecuado que la dejásemos en manos de los Gobiernos de España y del Reino Unido para que se ocupasen de ella de la forma que la ley prescribe. 
Estoy seguro de que lo harán respetando a fondo la ley. 
Señor Presidente, es muy natural que sostengamos aquí un debate sobre todos estos sucesos; se trata de sucesos sumamente importantes, relativos a una cuestión que ha suscitado la preocupación de este Parlamento durante más de 20 años: la cuestión de los derechos humanos. Los ciudadanos de la UE quedaron muy afectados por lo que sucedió en Chile, como los ciudadanos de casi todos los Estados miembros. 
Muchos Estados miembros acogieron a refugiados procedentes de Chile. Hay motivos de sobra para que deliberemos aquí sobre esta cuestión. 
Esta cuestión se ha desarrollado de forma sencilla y directa: a raíz de una iniciativa de un juez español, el General Pinochet fue detenido en el Reino Unido con un mandato internacional de extradición; no tiene ninguna inmunidad diplomática en ese país; el Gobierno español tiene ahora un plazo de 40 días para actuar. 
Esto es un caso claro de legítimo proceso legal. El debido proceso legal es a veces un procedimiento más bien alambicado para conseguir que se haga justicia. 
La Sra. Thatcher, en una desafortunada intervención, se ha esforzado por conseguir que esta cuestión se convierta en algo así como un partido de fútbol político en el Reino Unido. 
No podemos tolerar que eso suceda. 
Las autoridades judiciales del Reino Unido y de España tienen que seguir minuciosamente el proceso apropiado. 
¿Hubo crímenes? 
Claro que los hubo, hubo crímenes que sorprendieron y repugnaron a todo el mundo. 
Hubo casos de tortura, de asesinato, de encarcelamiento, de secuestro, de coacción y de chantaje, en los cuales se han visto envueltas personas de Chile y de nuestros países. 
El Parlamento Europeo no es un tribunal. 
Al final de nuestro debate no habrá un veredicto sobre lo que el General Pinochet ha hecho o ha dejado de hacer. 
No somos el órgano que ha de someter a juicio a esta persona. 
Ahora bien, en algún momento alguien tiene que pagar por esos crímenes. 
Si este proceso- y me alegra decir que se está llevando a cabo con una cooperación entre los Gobiernos español y británico que estoy seguro de que continuará- es un medio para hacer justicia por las personas que murieron y que fueron torturadas y por esas otras personas cuyas vidas han resultado afectadas por lo sucedido, entonces diré que me alegra sobremanera que esté sucediendo lo que sucede. Apoyo sin reservas todos los elementos de la resolución de todos los grupos interesados. 
Señor Presidente, la detención de Pinochet en Londres ha suscitado una ola de conmociones y de apoyo en amplias capas de la sociedad europea y de América del Sur. 
Quien, como yo, ha luchado por la oposición chilena en los años setenta y ochenta y quien, como yo, ha estado muchas veces en Chile para apoyar a nuestros compañeros políticos de la oposición, sabe cuanto ha sufrido este país en estos años y como se ha dividido. 
Del régimen de Pinochet sólo se puede decir que fue una dictadura militar maligna, que aniquiló la democracia y que apresó, torturó, hizo desaparecer y asesinó a miles de ciudadanos. 
No hay excusa para ello. 
Los jueces españoles que quieren hacer justicia ante los abusos cometidos, también contra ciudadanos españoles, merecen nuestro apoyo. 
Que el primer ministro Aznar haya anunciado que, en caso de que los jueces españoles soliciten la extradición, su reacción será favorable, merece también, por supuesto, apoyo y respeto. 
En ese contexto, la acción inglesa para detener a Pinochet es positiva. Hay que dejar libre cauce a la justicia como respuesta a las tremendas injusticias perpetradas por Pinochet en su país contra miles de ciudadanos. 
Señor Presidente, mucha gente se asombrará ante la actitud del gobierno chileno: parece que protege a Pinochet. 
Sin embargo, el extraño dilema es que las autoridades chilenas, desgraciadamente, no pueden hacer otra cosa como a causa de su constitución, con la que Pinochet, por así decir, tiene secuestrado al Gobierno. 
De otra manera, su actitud sería contraria a la constitución. 
En lo que a esto respecta, está bien que el Reino Unido y España solucionen a Chile el problema de Pinochet. 
Ha sido la misma coalición de democristianos y socialdemócratas que, en los años noventa, logró la restauración de la democracia en ese país. 
Señor Presidente, vamos a respaldar la presente resolución, pero pedimos a nuestros compañeros socialistas que apoyen nuestras enmiendas con el mismo espíritu de colaboración que ha existido siempre en esta cuestión. 
Éstas no modifican en absoluto el contenido político de la resolución. 
Solicitan, sobre todo, que se aplique el derecho a fin de que Pinochet pueda ser condenado en lugar de viajar y envejecer sin castigo. 
En mi opinión, Pinochet debe estar en la cárcel, como, por otra parte, también muchas dictaduras militares violentas de izquierda. 
Los derechos humanos no son ni de izquierdas ni de derechas, los derechos humanos son universales. 
Debemos protegerlos siempre y en todas partes. 
Señor Presidente, el hecho de que el dictador Pinochet esté detenido y que haya contra él una orden de detención a través de jueces españoles me parece una noticia importante y excelente, porque ya es hora de que un dictador causante de muchos crímenes- en este caso en Chile- no pueda ir impunemente por su país y por el mundo. 
Y en este sentido, me parece que ha sido muy importante la decisión. 
Nuestro Grupo ha apoyado siempre, y seguirá apoyando, la creación de un Tribunal Penal Internacional de crímenes contra la humanidad pero, mientras este tribunal no exista de una forma efectiva, cualquier procedimiento que busque la persecución de los dictadores me parece que, en este sentido, es muy positivo. 
Yo, por mi parte, deseo en este debate del Parlamento Europeo apoyar las acciones que se han llevado a cabo e instar a que, de acuerdo con las decisiones judiciales, se cumpla la petición de extradición formulada. 
Quiero recordar el nombre de Joan Alsina, que era un sacerdote catalán que murió ametrallado en Santiago de Chile bajo la dictadura del general Pinochet, así como el de Joan Olidon, de Valencia, desaparecido en los primeros días de la dictadura de Pinochet. 
El recuerdo de estos nombres me parece que ha de servirnos a todos para condenar lo que ocurrió en aquellos años en Chile. 
Señor Presidente, con la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, ordenada por el juez Baltasar Garzón, se alcanzan dos objetivos perseguidos por la inmensa mayoría de la opinión pública europea: poner a disposición de la justicia a un criminal contra la humanidad y empezar a romper el cristal, hasta ahora blindado, de la impunidad. 
Desde el Parlamento Europeo tenemos que apoyar plenamente al juez Garzón en sus actuaciones, demandar la continuación de la cooperación y la justicia del Gobierno del Reino Unido con sus diligencias y, sobre todo, exigir al Presidente del Gobierno español, D. José Mª Aznar, que abandone su actual e inaceptable ambigüedad y se comprometa de forma pública y formal a tramitar de inmediato e incondicionalmente la petición de extradición de Pinochet a Madrid. 
Aznar debería indicar a los fiscales Cardenal y Fungairiño, autores de una doctrina exculpatoria de facto del régimen militar chileno, que no insistan en negar la competencia de la justicia española en este caso, y defenderla por su parte políticamente desde el Gobierno. 
Y también deberíamos enviar un doble mensaje a Chile: a su Presidente, que no se esfuerce en defender a quien, de haber podido, le hubiera asesinado, como hizo con Salvador Allende; y a su Gobierno y a su pueblo, hay que decirles que el juicio a Pinochet no va a ser, sino al contrario, un obstáculo para una cooperación Unión Europea-Chile cada vez más estrecha. 
Ojalá que con lo que está ocurriendo quede al fin claro que, en la defensa de los derechos humanos, no hay ni soberanía nacional ni inmunidad diplomática que valgan. 
Señor Presidente, empezaré por decir que esta tarde se ha hablado mucho aquí del Estado de derecho. 
Espero que el General Pinochet, desde el lujo de la clínica londinense en que se halla, esté meditando sobre el hecho de no haber aplicado las reglas del Estado de derecho a los ciudadanos de Chile en 1973, cuando fue instalado en el poder en un golpe de Estado lanzado por la CIA americana con, lamento tener que decirlo, colaboración británica. 
Quizá deberíamos reflexionar sobre lo que sucedió al Presidente Allende, presidente legalmente elegido de Chile, cuyo palacio presidencial fue atacado y bombardeado por las fuerzas aéreas chilenas. 
Quizá eso nos daría una perspectiva para juzgar la forma en que Pinochet está siendo tratado en la actualidad. 
Para los millares de personas detenidas en el estadio de fútbol de Santiago que fueron torturadas, maltratadas y que después desaparecieron, eso es lo que el Estado de derecho significaba bajo el régimen Pinochet, por lo cual me parece que no hay motivos para que le hagamos objeto de nuestra compasión en estos momentos. 
La cuestión esencial es: ¿qué hacemos con él ahora? 
Acabo de hablar con el Sr. Medina que me dice que en España hay una ley según la cual uno no puede ir a la cárcel si tiene más de 80 años de edad. Por eso me preocupa la idea de mandarle a España. 
Quizá deberíamos esforzarnos por encontrar algunas solución radical más imaginativa. 
Quizá pudiéramos guardarle aquí en Inglaterra durante cierto tiempo, llevarle todas las semanas a un estadio de fútbol y dejar que se ocupen de él los bien conocidos gamberros de la escena futbolística británica. 
Quizá de esta manera pudiéramos ayudarle a reflexionar más sobre su vida. 
Seamos serios. Hemos de insistir en que se le lleve ante los tribunales en Gran Bretaña o en España, y en que se le imponga la pena que merece. 
Me preocupa que el Gobierno británico pueda dejarse guiar por los americanos. 
La CIA, que le instaló en el poder en el decenio de 1970, se preocupa mucho por los suyos y cabe sospechar que los americanos insistan ante el Gobierno británico para que le dejen volver subrepticiamente a Chile al amparo de la noche. 
Si sucede eso, este Parlamento debería volver a examinar de nuevo lo sucedido. 
Llevémosle ante la justicia y apliquémosle todo el rigor de la ley. 
Señor Presidente, lo que distingue al Sr. Pinochet y a otros que a lo largo de la Historia fueron también verdugos morales o materiales de millares de seres humanos, es que ese señor, además de los crímenes, organizó minuciosamente el encubrimiento y su propia impunidad constitucional. 
Pinochet habría cometido el crimen perfecto, si no hubiera sido por el último desafío que para coronar la perversidad de su recorrido político quiso lanzar a las instituciones jurídicas europeas que velan por la justicia y la persecución de los criminales. 
Si Pinochet, sólo por ser quien es, fuera también en Europa inmune al juicio y al castigo, perderíamos todos por falta de pudor las razones por las que nos consideramos Estados de derecho y de justicia al menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, justicia que siempre fue para Pinochet como un concepto desconocido, extraño y no identificable. 
Por fortuna, la Historia escribe derecho con líneas torcidas, pero no por ello menos justas. 
Al final de su vida, Pinochet ha tropezado con la justicia, que siempre desconoció, a favor de la fuerza, que siempre practicó. 
Sea cual fuere el desenlace efectivo de su detención actual en Londres, queda para la Historia al menos la victoria de la memoria contra el olvido, con lo que se compensa así, aunque simbólicamente, si cabe, la razón de los justos y de los inocentes, víctimas de la ignominia ideológica de Pinochet que hace 25 años esperan, señor Presidente, un poco de justicia. 
Señor Presidente, tuve la honra de conocer personalmente al Presidente constitucional de Chile, D. Salvador Allende, e incluso de participar, modestamente, en unas negociaciones cuya primera fase, por el lado chileno, inició él, al término de las cuales me otorgó una condecoración firmada por él que constituye una honra en mi modesta biografía. 
Comprenderá, señor Presidente, la emoción que siempre siento cuando de estos temas se trata y cuando pretendemos, con razón, que se haga justicia sobre la persona que lo derrocó violentamente, lo llevó a la muerte y causó tantos asesinatos. 
Ello no impide, sin embargo, que yo tenga otras preocupaciones complementarias: la primera, la de que se recuerde no solamente a las autoridades españolas, sino sobre todo a las autoridades británicas- lo que no consta, por cierto, en el proyecto de resolución que tenemos delante -, que son ellas las que, al final, deberán asumir la responsabilidad si la demanda de extradición llega a sus manos. 
La segunda preocupación es la de que seamos capaces de respetar la independencia de la justicia. 
Es la justicia la que tiene que tomar la decisión pertinente y todos esperamos que esa decisión sea, en efecto, justa. 
Y tengo que decir, respecto a alguna observación claramente de política interior española que acabo de escuchar, que el Presidente Aznar ha dicho ya, con meridiana claridad, que respetará la decisión de la justicia. 
Y la tercera preocupación, señor Presidente- y quizá la más profunda -, es la de que este Parlamento contribuya a- y no sirva en cambio contra- la fortaleza de la transición política en Chile. 
Quienes hemos vivido, y en alguna ocasión hemos tenido que intervenir en ello, una difícil transición política sabemos bien que cada país tiene sus reglas, sus necesidades y sus problemas. 
Y que, por ejemplo, contribuir a debilitar desde dentro la difícil operación chilena y la forma de convivencia que ellos han logrado, pagando ciertamente un precio que no hubieran deseado pagar, no es seguramente la mejor manera de ayudar a la democracia chilena. 
Pido por eso que tengamos prudencia y serenidad a la hora de aceptar algunas razonables demandas que, en forma de enmiendas, mi Grupo ha presentado. 
Hoy es la detención del general Pinochet, el hombre que en los libros de historia del siglo que viene va a ser símbolo de la represión, las violaciones de los derechos humanos y la dictadura en Latinoamérica. Se merece esta persecución. 
Podríamos detenernos ante tiquismiquis jurídicos relativos a las inmunidades, pero no lo vamos a hacer. 
Por supuesto, hay partes controvertidas ante semejantes avances. Tal vez, muchos juristas escriban su tesis sobre esta cuestión. 
No obstante, ahora debemos atrevernos a dar un paso adelante. 
También tenemos una orden de busca y captura de Karadzic y Mladic. 
Así mismo, tenemos un Tribunal Internacional de Justicia. 
Pinochet debe ser perseguido por los crímenes que ha cometido contra la humanidad. Como ya ha dicho la Sra. MaijWeggen, los derechos humanos son universales- también en y para Latinoamérica. 
Por tanto, ya se ha dicho, mi Grupo felicita a las autoridades españolas y británicas por haber dado estos valientes pasos. 
Esperamos que exista una colaboración eficaz, no sólo entre estos dos países, sino también entre los países de la Unión. 
El objetivo, aquí, no es influir en el procedimiento judicial. 
Por encima de todo se encuentra el Estado de Derecho; pero, finalmente, la decisión de extradición es una decisión política del Gobierno británico. 
Esperamos que este Gobierno tenga coraje y sabiduría. 
También me alegra la postura de los Ministros de Asuntos Exteriores noruego y canadiense, que he leído en el International Herald Tribune, esperando que tengamos mucho coraje. 
Puedo decir a la Sra. Maij-Weggen que efectivamente también los liberales apoyarán las enmiendas relativas a esta cuestión. 
Señor Presidente, la detención del general Pinochet en Londres tiene, al margen de tecnicismos jurídicos, un significado fundamental para la democracia: el fin de la impunidad para quienes, amparándose en el poder, violen los derechos humanos de las poblaciones sometidas a sus regímenes. 
Los principios de soberanía y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados no cubren estos supuestos de crímenes contra la humanidad. 
De hecho, desde ahora, la humanidad está protegida frente a ejercicios abusivos de la soberanía. 
Que lo sepan los dictadores, que sepan que estas cosas nunca quedan bien atadas. 
El espacio judicial europeo, que se inaugura en la práctica con este caso, no podía tener mejor comienzo. 
La cooperación judicial en la defensa de los valores inherentes a la construcción europea es un adelanto de lo que ocurrirá cuando sea efectivo el Tribunal Penal Internacional y la justicia no dependa de que el dictador de turno viaje a Europa. 
Debemos felicitarnos por ello e instar a los Gobiernos a que demuestren su adhesión real, y no sólo nominal, a esos valores cuando llegue el caso, cuando eventualmente y a petición de las instancias judiciales, haya que solicitar la extradición. 
No nos inmiscuimos con ello- como teme el Grupo Popular- en la acción de la justicia, sino que estamos ejerciendo nuestra función política. 
Señor Presidente, este caso nos da la oportunidad de demostrar sin ambigüedades a la población de qué lado estamos unos y otros, del lado de los derechos humanos o del lado de los subterfugios jurídicos en beneficio de quienes violan los derechos humanos. 
Los socialistas estamos en el lado de la justicia y en este sentido va nuestro voto con la resolución conjunta del Partido Socialista Europeo y otros grupos políticos de esta Asamblea. 
El general Pinochet es el responsable máximo de un régimen dictatorial causante de miles de asesinados, torturados y desaparecidos. 
No puede ni debe haber impunidad en casos tan flagrantes de violación de los derechos humanos. 
Desgraciadamente, el Derecho internacional ha amparado durante mucho tiempo este tipo de situaciones, pero la colaboración es cada día más estrecha y vamos construyendo un mundo en el que la libertad de movimientos de las personas se acompaña de una mayor colaboración policial y judicial que pueda frenar el delito. 
Pinochet es, además, responsable de asesinatos y desapariciones de decenas de ciudadanos comunitarios, mayoritariamente del Estado español. 
En ese sentido, es loable- y yo desde luego me felicito por ello- la actuación de la justicia española, así como la colaboración eficaz con la justicia británica. 
La detención de Augusto Pinochet es una buena noticia, sobre todo para sus víctimas, así como para sus familiares. 
Espero que la justicia les dé la victoria que la historia, obstaculizada por el crimen, les negó. 
Respetaremos la decisión de la justicia, por supuesto, pero, desde el partido al que represento- el Partido Nacionalista Vasco -, nos gustaría que ésta encontrase el camino jurídico adecuado para requerir la extradición del general Pinochet, para que pueda comparecer en las diferentes causas abiertas contra él en el Estado español. 
Y espero asimismo la máxima colaboración del Gobierno español y del británico si este supuesto de solicitud de extradición por las autoridades judiciales se produce. 
El poeta Neruda hubiese podido modificar uno de sus poemas ante esta situación y decir aquello de «puedo escribir los versos más alegres esta noche». 
Espero que la justicia y la colaboración internacional encuentren razones para que así sea. 
Por último, y aun esperando que la solicitud de extradición se produzca, me uno a los que reclaman la necesidad de un Tribunal Penal Internacional con competencia en estas materias, para que dictadores con las manos manchadas de sangre sean detenidos y tengan un juicio justo, ése que nunca tuvieron sus víctimas. 
Señor Presidente, el argumento de los representantes legales del General Pinochet de que su detención en Londres, en espera de una posible extradición a España, es una infracción de algunas sutilezas jurídicas no hubiera servido de gran cosa en 1973, cuando Pinochet estaba en el poder en Chile. 
La situación del Presidente Allende, jefe de gobierno elegido democráticamente que el General Pinochet tenía la obligación de defender, no impidió que bombardeara el Palacio Presidencial, provocando así la muerte del Presidente. 
Los derechos de los ciudadanos chilenos, incluidos sus representantes electos, no se respetaron cuando se les amontonó en el estadio deportivo para torturarles y matarles. 
Más de 2.000 personas desaparecieron y nadie las ha vuelto a ver. 
Incluso extranjeros, o personas con doble nacionalidad, se vieron privados de sus justos derechos y muchos ciudadanos europeos fueron objetos de malos tratos y algunos de ellos fueron asesinados. 
Yo ayudé a organizar la primera manifestación de protesta en Londres contra el golpe de Estado de 1973, y nunca he olvidado ni olvidaré los relatos que algunos de los refugiados que vinieron a Gran Bretaña nos hicieron acongojadamente: relatos de sufrimientos, de pérdidas, de familiares atrozmente asesinados. 
Si los derechos humanos tienen alguna importancia, no puede haber impunidad para los que organizan un reinado del terror. 
Ahora bien, los derechos del propio General Pinochet se respetarán escrupulosamente, no como los derechos de los millares de sus víctimas, cuando se presente a los tribunales aquí en Europa. 
Apoyo sin reservas lo que se ha hecho. 
Señor Presidente, yo soy un parlamentario y no un abogado. 
Quisiera que, por un momento, todos nosotros nos parásemos a pensar qué es lo que queremos conseguir con este debate en el que estamos participando esta tarde. 
¿Vamos en busca de la justicia individual, en busca de la venganza colectiva, o queremos encontrar algún sistema para obtener medios de disuasión contra futuros dictadores militares? 
Me parece que la cuestión política de que estamos tratando esta tarde no es el Estado de derecho, sino la eficacia de las instituciones legales en el plano mundial. 
¿Hay una verdadera jurisdicción mundial en materia de derechos humanos? 
Casi. 
¿Disponemos de las instituciones necesarias para poner en práctica esa jurisdicción mundial? 
Probablemente no, pero si queremos dedicar todas nuestras aspiraciones y todos nuestros deseos a esas instituciones, entonces tenemos que velar por que la justicia mundial tenga los ojos vendados: que la justicia mundial se aplique a todos y a cada uno; que la justicia mundial se pueda poner en práctica; que no mire por debajo de la venda con un solo ojo, tanto si es el derecho como si es el izquierdo. 
No estoy seguro de que tengamos las instituciones que necesitamos para llevar ante los tribunales a esos dictadores. 
Tenemos que obrar con sumo cuidado para no destruir la justicia mundial de que disponemos, por la emoción que asignamos a un caso concreto, porque si obramos así en el caso de Pinochet, ¿vamos a detener a Castro la próxima vez que se halle en territorio europeo? ¿Vamos a detener a los dirigente chinos? 
Me temo que el Gobierno británico descubra pronto que se ha aventurado en un campo de minas jurídico muy peligroso. Si hubiera tenido la mitad de la malicia que tienen los franceses, no hubiera dejado que Pinochet fuera a Gran Bretaña. 
Tengo mucha curiosidad por saber de qué forma se va a conducir el Gobierno británico. 
Espero que se conduzca en consonancia con el Estado de derecho y no en consonancia con el tipo de política mediatizada que el Sr. Mandelson ha estado preconizando este fin de semana. 
Lo que nos importa no es la reputación de un hombre o de un gobierno, sino nuestras futuras posibilidades de establecer la debida estructura institucional en este planeta. 
Para obtener justicia tenemos a los tribunales. 
Como políticos podemos hacer algo para establecer medios futuros de disuasión, pero la venganza es prerrogativa del Señor. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo es un órgano político. 
Por eso, la Unión Europea precisa dotarse de una política exterior que esté basada en la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. 
De ahí que el Parlamento haya impulsado la creación de las cláusulas de condicionalidad democrática en todos los tratados firmados por la Unión con terceros países. 
Por eso, apoyamos la creación del Tribunal Penal Internacional, por eso, todas nuestras resoluciones mantienen la tesis de que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca. 
Acabar con la impunidad en esta materia es la mejor vacuna, el mejor método para evitar futuras tentaciones dictatoriales. 
Resulta patético que se diga que con acciones como las que hoy emprende el Parlamento Europeo en contra de la impunidad dificultamos el alumbramiento de nuevas democracias, como también es falso que esta resolución sea una injerencia o una presión sobre el aparato judicial de tal o cual país europeo. 
Es un posicionamiento político que no obliga a ningún otro estamento. 
Puede que sean otros los que tengan la tentación de presionar a la justicia, bien directamente o a través de reglamentos, excusas e interpretaciones que tratan de esconder lo que no se puede ocultar, un posicionamiento político. 
¿Cómo puede todo un presidente europeo pedir que no se politice un hecho que es político en sí? 
Política es tomar posición, tomar partido, tomar parte, y el Parlamento Europeo toma partido por la razón democrática en contra de oscuras razones de Estado. 
Porque, señor Presidente, cuando la razón de Estado se opone a la defensa de los derechos humanos, lo que hace es defender a un Estado, pero no al Estado de Derecho. 
El Parlamento toma partido por los ciudadanos, los que fueron vencidos y humillados, los que siempre tienen que ceder y los que ahora vislumbran, por fin, la justicia- que no la venganza -, los que tampoco ahora, en Chile, pueden expresar abiertamente su alegría por la detención de Pinochet por temor a los intransigentes de siempre. 
Exigirles ahora que callen es tanto como pedirle a la víctima que no se queje para que sus gritos no molesten los oídos del verdugo. 
Apostamos por la paz, que no es otra cosa que poder expresarse en libertad, tranquilidad y sin temor. 
Somos conscientes de los momentos difíciles que ahora vive Chile, un país frente a su dolorosa realidad sin ficciones ni maquillajes pero que está a punto de acabar con su doloroso secuestro de abrirse a la vida y a la memoria. 
Sabemos en el Parlamento que muchos nos acusarán de injerencia pero es que, aunque la mayoría de la población estuviera a favor de Pinochet, esta circunstancia no le exime de sus crímenes. 
Los delitos no se miden por mayorías o minorías. 
Los muertos tienen nombres, familiares y amigos. 
Algunos hasta tenían pasaporte diplomático. 
Son estos familiares y amigos los que tienen que perdonar si perdonar quisieran. 
Hoy se materializa un clamor internacional de justicia a través de un auto judicial y de dos bobbies desarmados que hacen guardia ante la puerta del viejo señor de la muerte. 
Tal vez se estén abriendo las amplias avenidas por donde transiten los hombres y las mujeres libres que recuerden a tantas Amandas, Manuelas, Victor, Marías, Carmelos y Salvador que en el mundo han sido. 
Señor Presidente, al clausurar este debate y al margen de algunos requerimientos, tan destemplados como carentes de sentido, ¿qué se deduce como hilos conductores de esta resolución? 
Que la defensa de los derechos humanos, señor Presidente, es la base de nuestro ideario y el fundamento del orden jurídico tanto de la Unión como de los distintos Estados miembros. 
Que los poderes y la responsabilidad que a esta institución otorga el Tratado de la Unión nos exige hoy rigor. 
Que, en definitiva, el Parlamento ha de huir de cualquier voluntarismo oportunista que rebaje la fuerza de una manifestación que, al fin y al cabo, compromete a casi 300 millones de ciudadanos europeos. 
Por eso, es importante decir- y, en especial, que lo diga alto y claro esta Asamblea- que el Estado de Derecho se cimenta sobre la independencia del poder judicial, y que ese principio, y su corolario de escrupuloso respeto a las resoluciones judiciales, ha de prevalecer sobre cualquier otro interés por muy legítimo que sea. 
Y esta institución debe reiterar su defensa del principio de justicia universal y su lucha por el Tribunal Penal Internacional, y también debemos reafirmar nuestro apoyo inequívoco a la sociedad y a las autoridades democráticas chilenas en su proceso de consolidación de la democracia. 
En definitiva, hay que subir el nivel del debate de la lucha de la política politicastra a una manifestación digna de este Parlamento. 
Y a este respecto, hemos de insistir en que la tramitación de la extradición recae por igual sobre los Gobiernos español y británico y, por ello, a los dos nos hemos de dirigir. 
Y si me apuran, más al británico, puesto que cualquiera que conozca los Tratados sabe que, de acuerdo con el Derecho aplicable, en caso de delitos cometidos en un tercer Estado, la competencia extraterritorial que invoca el Estado requirente puede ser políticamente, discrecionalmente casi, impugnada por el Estado requerido. 
¿Es ésa la explicación de que el Grupo socialista se niegue en redondo a que la palabra «Gobierno británico» figure en la resolución? 
Pues, señor Presidente, si eso es el New Labour y la tercera vía, apañados vamos. 
Señor Presidente, Señorías, quiero aclarar una cosa de antemano: la Comisión Europea se opone a cualquier forma de gobierno totalitario sea del color político que sea. 
Mis colegas y yo estamos firmemente convencidos de que una sociedad solamente se puede desarrollar sobre una base democrática. 
Es generalmente conocido que bajo los quince años de poder del general Pinochet en Chile, se violaron en parte del modo más brutal los derechos humanos. 
Por ello, nuestra profunda condolencia va dirigida a todos aquellos que tuvieron que padecer bajo el mismo o incluso murieron y a aquellos que tuvieron que abandonar su patria para escapar a una persecución arbitraria. 
Según el Tratado de la Unión Europea, la Comisión Europea no posee competencias directas en el campo de la cooperación de justicia en asuntos penales. 
Las competencias son exclusivamente de los Estados miembros. 
Es, por ello, asunto de los Estados miembros presentar o elaborar solicitudes de extradición observando las obligaciones derivadas de los tratados de extradición aplicables y las normas de sus ordenamientos jurídicos. 
En cualquier caso, se debe observar que entretanto se han aprobado dos acuerdos de extradición pero que por falta de ratificación por parte de los Estados miembros, han quedado hasta ahora en papel mojado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Como saben sus Señorías, el Presidente debe abstenerse de hacer comentarios. 
Permítanme decir, sin embargo, que el Parlamento ha acertado al incluir este asunto en el orden del día y que hemos empleado muy bien esta hora. 
(La sesión, interrumpida a las 15.50 horas, se reanuda a las 16.00 horas) 
Cierre definitivo de las centrales nucleares 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0354/98) del Sr. Chichester, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre el cierre definitivo de centrales nucleares y otras instalaciones nucleares. 
Señora Presidenta, la finalidad de este informe es examinar la situación actual de la industria de la energía nuclear por lo que se refiere al cierre definitivo de las centrales, a fin de conseguir un conocimiento más profundo de las estrategias, las técnicas y el costo de esta parte del ciclo nuclear y para formular sugerencias acerca de las medidas que cabe adoptar en el plano europeo. 
He tenido oportunidad de visitar seis emplazamientos europeos en los que se están llevando a cabo actividades de cierre definitivo y las correspondientes investigaciones sobre el particular. 
Antes de enterarme de todos los conocimientos técnicos y la experiencia con que contamos en Europa en esta esfera, yo también compartía algunos de los malentendidos y de las preocupaciones originados por los mitos, una y otra vez repetidos, de que nadie sabe lo que hay que hacer con las centrales nucleares al final de su vida útil y de que nadie sabe cuáles serán los costos involucrados. 
Lo cierto es que la industria no sólo sabe lo que hay que hacer para desmantelar una central nuclear sino que ya ha desmantelado con éxito y seguridad centrales nucleares y las han convertido en «zonas verdes». 
La experiencia adquirida en los numerosos proyectos de cierre definitivo ya iniciados nos indica que su costo es conocido y que se puede calcular en aproximadamente un 15 por ciento de los gastos de construcción. 
He aquí una cifra que dista mucho de lo que la gente cree. 
Dicho lo que precede, ¿qué hay que hacer? 
El informe preconiza la adopción de medidas en una serie de esferas que corresponden al epígrafe general de mentalización pública. 
La propia industria nuclear tiene que hacer frente a sus responsabilidades, que exigen que sea abierta y proactiva en sus actividades de educación e información. 
La Comisión tiene que esforzarse más por contribuir a la educación de la opinión pública, para poner los resultados de las investigaciones a disposición de los interesados, y para tranquilizar a la opinión pública de nuestros países. 
El informe nos recuerda también en quién recae la responsabilidad del cierre definitivo y de su financiación, y me estoy refiriendo a los operadores de los Estados miembros. 
A mí me parece que para que haya confianza pública es esencial que el pueblo sepa que existe la necesidad de rendir cuentas y que esa necesidad está sometida a una reglamentación rigurosa por parte de inspectores independientes. 
En el informe se insiste mucho en que los requisitos en materia de salud y seguridad sean rigurosísimos. 
La gente pierde la calma en cuanto se habla de radiación y de radiactividad, y es natural que se impongan requisitos muy rigurosos en materia de medidas de protección. 
Ahora bien, la verdad es que cuando se ha retirado el combustible de un reactor, puede decirse que se ha retirado la mayor parte de su material radiactivo y que el 90 por ciento de lo que queda de la estructura de la central nuclear no es radiactivo y se puede reciclar con seguridad. 
Hay un debate en curso acerca de la estrategia que debe seguirse, o sea si hay que obrar en fases a lo largo de un período de tiempo más prolongado para que la actividad residual disminuya y el desmantelamiento sea menos arriesgado o si hay que proceder directamente o sin pérdida de tiempo al cierre definitivo a fin de alcanzar lo antes posible una situación de «zona verde». 
Hay argumentos en favor de uno y otro de estos enfoques, y sería mejor que nos abstuviéramos de decir que sólo hay una estrategia practicable. 
Sea como fuere, los operadores y las autoridades de reglamentación tienen la obligación de verificar si se adoptan las medidas financieras apropiadas para correr con el gasto del cierre definitivo. 
El informe pide que la Comisión estudie las diversas opciones disponibles para ver cuál es la mejor forma de aplicarlas a los países de la Europa central y oriental, que es donde se concentrará la mayor parte de la ayuda. 
En ese contexto, no debemos darnos por satisfechos por las aptitudes y los conocimientos técnicos de Europa occidental: siempre se pueden mejorar las técnicas para encontrar formas nuevas, más seguras y más baratas de llevar a cabo la labor de cierre definitivo. 
Esta esfera de actividad brinda una excelente oportunidad industrial de empleo para los próximos decenios. Es una oportunidad importantísima para las empresas europeas y para nuestras aptitudes técnicas. 
Sean cuales fueren nuestras opiniones sobre la energía nuclear, lo cierto es que esta parte del ciclo no se puede abandonar o descuidar. 
Tenemos la obligación de velar por que cada central nuclear que llegue al final de su vida útil pueda ser objeto de cierre definitivo en condiciones de seguridad y eficacia. 
Quisiera que así sucediera para estimular a la gente a que empiece a planificar el futuro y a que construya nuevas centrales nucleares de concepto moderno para los años venideros. 
La proporción de nuestra electricidad que proviene de la energía nuclear es tan grande que no podemos dar la espalda a esta fuente energética. 
Si no queremos renunciar a la posibilidad de cumplir los objetivos de Kyoto en materia de emisiones de CO2, entonces tenemos que seguir generando electricidad nuclear, convencidos de que sabemos de qué forma cerrar definitivamente las centrales nucleares. 
Señora Presidenta, lamento que el Sr. Chichester haya preferido acabar su intervención abogando en favor de la construcción de más centrales nucleares. 
No es eso lo que se esperaba de su informe, y me temo que haya agotado el tiempo de que disponía para decirnos algo que es poco apropiado. 
En el decenio de 1950, en tiempos del Tratado de la Euratom, se sentía un optimismo acerca de la energía nuclear que, francamente, no correspondía a la realidad. 
Se hablaba de una electricidad «que sería demasiado barata para medirla». 
Es verdad que había algunas deficiencias en las cuales hubiéramos debido pensar, pero no lo hicimos. 
En primer lugar, el riesgo relativamente pequeño de que se produjera un accidente gravísimo con enormes repercusiones. 
En segundo lugar, toda la cuestión de la evacuación de los desechos nucleares. 
En tercer lugar, las técnicas, el costo y la financiación del cierre definitivo. 
Si se hubieran sometido a debate todas estas cuestiones, el optimismo hubiera sido mucho menor. 
No se puede decir, como parece implicar el Sr. Chichester, que esta cuestión haya quedado completamente resuelta, que todo el mundo sabe exactamente lo que hay que hacer y lo que cuesta. 
Me gustaría remitirle a la zona próxima al lugar de mi nacimiento, Trawsfynydd en la parte septentrional de Gales. 
En esa zona no se ha tomado ninguna decisión clara acerca de lo que se debería hacer: el emplazamiento de la central nuclear no ha quedado modificado hasta el punto de que se pueda utilizar para otras finalidades, y tenemos una herencia de desechos nucleares que seguirán en la montaña durante mucho tiempo. 
No hace falta decir que soy muy partidaria de la apertura y la transparencia. 
Los vínculos entre la industria nucleoeléctrica y la industria de las armas nucleares han creado durante muchos años un ambiente de tremendo secreto y la negativa a admitir que algo pudiera funcionar mal en esta esfera. 
Hay señales de que esta actitud está cambiando, pero el Sr. Chichester tiene razón cuando dice que, a no ser que haya apertura y transparencia, es prácticamente seguro que no habrá ninguna clase de confianza pública. 
Dicho sea de paso, no es de la incumbencia de la Unión Europea el decir a los Estados miembros si es o no es apropiado que procedan en fecha temprana al cierre definitivo de sus centrales nucleares. 
El que las centrales nucleares dejen de operar en la fecha prevista o antes es cosa que recae enteramente en el Estado miembro de que se trate. 
Ese texto no debería figurar en su informe. 
En la actualidad sabemos cómo se cortan las piezas de metal y cómo se pueden transportar, pero no tenemos una solución públicamente aceptable de lo que sucede a la parte radiactiva de las centrales nucleares. 
Aquí en la Unión Europea tropezamos con el problema del cierre definitivo de nuestras instalaciones nucleares en nuestro Centro Común de Investigación. 
No hemos calculado el costo de ese cierre definitivo en la forma debida y en la actualidad, de forma totalmente irregular, se carga al presupuesto de investigación. 
El cierre definitivo de una central nuclear no tiene nada que ver con la investigación. El presupuesto de investigación no es el lugar apropiado para cargar los gastos del cierre definitivo de las instalaciones del Centro Común de Investigación. 
Algo que me preocupa sobremanera- y ya lo dije durante el debate en la Comisión de Energía, Investigación y Tecnologíaes la utilización en algunas instalaciones nucleares de trabajadores contractuales para ocuparse de los aspectos más peligrosos del cierre definitivo y de las labores en caso de accidente. 
Eso es lamentable. 
Si la intención de utilizar a trabajadores contractuales es que la supervisión, que tiene que ser una supervisión a largo plazo, no resulta ya necesaria, entonces es aún más inaceptable. 
Tampoco me parece que sea apropiado en este informe que hablemos de una prolongación de 50 a 60 años de la vida útil de las centrales nucleares. 
Es posible que sea eso lo que piensa el Sr. Chichester, pero no hay razón para que exponga esas opiniones en este informe. 
Sus últimas observaciones, como ya he dicho, tratan de la construcción de más centrales nucleares: eso está completamente fuera de lugar y no tiene nada que ver con el tema acerca del cual se le pidió que informara. 
Antes de hacer algo parecido tenemos que resolver el primer problema. 
Señora Presidenta, yo sí quiero felicitar al Sr. Chichester, por dos razones. 
En primer lugar, por la iniciativa de este informe- es un informe de iniciativa -, porque me parece extraordinariamente oportuno, y, en segundo lugar, por su gran calidad, y, además, apoyo todo lo que ha dicho al principio y al final y creo que se ha quedado corto. 
Es una pena que se marche la Sra. McNally, cuyo trabajo admiro profundamente- y su precioso inglés también -, pero no las muchas confusiones que acaba de exponer, que me han impedido entenderla- francamente- porque todo estaba mezclado. 
Yo creo que lo importante de todo el trabajo respecto a la clausura y desmantelamiento de centrales se refiere a cerrar el ciclo. 
Ojalá, señora Presidenta, Señorías, en otras actividades tuviéramos tan claro lo que estamos haciendo como en la energía nuclear. 
Algunos países que dicen que van a cerrar centrales, pero tengo serias dudas de que lo hagan antes de 30 o 40 años. 
Estados Unidos está alargando la vida de sus centrales nucleares hasta 40 y 60 años. 
También lo hará Europa, también lo va a hacer Japón. 
¿Por qué? 
Pues porque es una energía limpia, es una energía segura, es una energía barata, y eso es lo que necesitamos en un mercado eléctrico liberalizado. 
Sería muy importante que en toda la generación eléctrica se internalizaran los costes del desmantelamiento de las plantas. 
Se van a desmantelar las plataformas petrolíferas, por ejemplo, se han aprobado ya algunas actuaciones de las empresas en el Mar del Norte, y hay unas comunicaciones de la Comisión en este sentido. 
Bueno, pues en el campo nuclear, en los ocho países de la Unión Europea que generan electricidad con centrales nucleares, Señorías, están internalizados todos los costes de la gestión de los residuos y del desmantelamiento de las centrales nucleares y, como ha dicho muy bien el Sr. Chichester, son cifras muy bajas, bastante más de lo que la gente que no estudia estos temas afirma. 
Porque España está desmantelando una gran central a causa de su tecnología obsoleta- una tecnología francesa de uranio natural que no ha sido interesante, no porque hubiera problemas nucleares -, y se trata de la central nuclear de Vandellós 1, de 460 Mw. 
Es una planta importante. 
Y el coste del desmantelamiento está muy por debajo incluso de ese 15 % que ha mencionado el Sr. Chichester, como está muy por debajo también de los costes- aquí se habla de forma frívola sin conocer el asunto, sin estudiarlo- de gestión de los residuos. 
Creo que el Sr. Chichester ha puesto el dedo en la llaga cuando ha dicho que esta alta tecnología que se va a usar es una nueva oportunidad para nuestras industrias, es un nuevo campo de actividad industrial que todos debemos aprovechar, porque habrá que esperar 40 o 60 años, pero hay centros de investigación y centrales que en algún momento habrá que desmantelar. 
Felicidades, señor Chichester, y siga usted trabajando con ese rigor. 
Señora Presidenta, la energía nuclear constituye una forma anticuada de energía. 
El informe de Chichester lo ha demostrado de manera contundente. 
Por eso fue innecesario empezar a hablar de energía nuclear al mismo tiempo que el informe describe cómo se acelera su desmantelamiento en diferentes sitios. 
La energía nuclear está asociada a grandes riesgos, escapes de radioactividad en el momento de obtener el uranio, durante la producción de energía y en el transporte a los lugares de depósito definitivo. 
Además, hay riesgo de que se diseminen desechos de plutonio de posible uso en la fabricación de armas nucleares. 
El asunto del depósito definitivo de los desechos atómicos no está resuelto. 
Por tanto, la energía atómica debe ser eliminada como fuente de energía por los riesgos que implica su producción, transporte, etc. además de que todo el tiempo está produciendo nuevos desechos. 
Cada país tiene que decidir por sí mismo acerca del cierre de sus centrales nucleares y del modo cómo hacerlo. 
También cada país tiene que asumir la responsabilidad y hacerse cargo de sus propios desechos radioactivos. 
Suecia y otros países que están adelantados en la investigación sobre métodos para el tratamiento de residuos no deben transformarse en un vertedero de las centrales nucleares de toda Europa, sino que, por este motivo, cada estado tiene que decidir acerca de la importación y exportación de residuos. 
Los residuos atómicos deben ser tratados como residuos atómicos y no como una mercancía cualquiera. 
Muchos pasajes del informe son buenos. 
Estoy de acuerdo con casi todo lo concerniente a investigación, medidas preventivas, protección, transparencia, cercanía a los ciudadanos y exportación de conocimientos sobre desmantelamiento a Europa Central y del Este, lo cual es muy importante. 
Cada vez se desmantelan más centrales nucleares. 
En lo que atañe a Suecia, hemos decidido el cierre de las centrales nucleares. 
Este año, 1998, se cerrarán dos de un total de doce reactores que tenemos. 
Por este motivo, en el largo plazo el Tratado de Euratom también tiene que ser rescindido y debe transformarse en un tratado para el desarrollo de fuentes energéticas renovables y ecológicas. 
En cuanto a las propuestas de enmienda, las apoyo todas, menos la 6 y la 9. 
Señora presidenta, en 1997, 128 centrales nucleares estaban en servicio en la Unión Europea y 39 estaban en fase de clausura. 
El informe Chichester, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, señala que los esfuerzos realizados en el plano comunitario, principalmente en el ámbito de la investigación sobre la clausura de las centrales, han permitido alcanzar un nivel de capacidad elevado. 
Pero estos esfuerzos pueden mejorarse aún, como muestra el informe, con el fin de disminuir los riesgos para la salud y favorecer el reciclaje de los materiales desmantelados. 
El informe señala también, con toda razón, que la parada y la clausura de las instalaciones nucleares por razones políticas, antes del final natural de la duración de la vida, no se justifican en el plano económico. 
A mi juicio, en el ámbito actualmente muy controvertido de la energía nuclear, hay que evitar dos escollos: la confianza ciega y el miedo irracional. 
La energía nuclear, que contribuye hasta un 35 % de media al abastecimiento eléctrico de Europa- más de un 75 % en Francia- es una ventaja que no debe desacreditarse, antes al contrario, ha de valorizarse. 
Las restricciones relacionadas con el medio ambiente, principalmente la prioridad que se da a la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, dan nuevas oportunidades a la energía nuclear, que es la menos contaminante. 
Al apoyarse en el desarrollo tecnológico y la competencia europea, han de realizarse esfuerzos suplementarios en los ámbitos del medio ambiente, de la seguridad y de la salud humana. 
Por otra parte, será necesario asociar cada vez más estrechamente a los trabajadores de las instalaciones nucleares y a las diferentes poblaciones. 
Son especialmente necesarias inversiones importantes en el plano de la eliminación de residuos radiactivos y de la disminución de sus niveles de radiactividad para permitir su almacenamiento definitivo, sin peligro alguno para las generaciones futuras. 
Finalmente, frente a las amenazas que presenta el proceso de liberalización desencadenado en el sector energético con las directivas relativas a la electricidad y al gas, me parece muy importante que los Estados miembros puedan conservar su derecho soberano de optar por la energía que prefieran. 
Señora Presidenta, merece observarse y es de saludar que tras decenios de subvenciones sin trabas a la tecnología nuclear, ahora se recapacite sobre qué vamos a hacer al final de su tiempo de servicio. 
Naturalmente, habría sido mucho mejor que hubiésemos pensado sobre adónde deben ir los residuos que se originan antes de comenzar. 
Pues en todo el mundo no existe aún ningún depósito seguro para los residuos altamente y medianamente radiactivos. 
Incluso se está aún discutiendo sobre qué tipo de roca o de contenedor se debe emplear para introducir el material. 
Si el señor Chichester afirma ahora que algunas centrales nucleares ya se han desmantelado y convertido en verdes prados, simplemente no es cierto. 
En la UE hemos desmantelado una única central nuclear. Se trata de Niedereichbach, tenía 14 días de funcionamiento y no estaba en absoluto contaminada. 
Luego se desmanteló Lugmin en Greifswald- no estaba aún conectada a la red y respecto a Reinsberg, que quizás usted haya mirado, se trataba de un reactor de investigación, por lo que no es comparable. 
Por ello, puedo decirle y afirmar que no sabemos qué tecnologías debemos aplicar ni tenemos un almacén definitivo. 
Naturalmente, a la inversa, esto significa que antes de que nos pongamos a desmantelar, deberíamos recapacitar sobre adónde llevamos los residuos y como actualmente aún no lo sabemos, debería realizarse un encapsulamiento seguro de las centrales nucleares utilizadas, por supuesto, antes de extraer las barras combustibles, para que acabe por fin este absurdo transporte de un lugar a otro por toda Europa. 
Lo que necesitamos además urgentemente es una prohibición de reciclado y de mezcla. 
No se puede admitir que, por ejemplo, se construyan carreteras con materiales contaminados. 
¿A qué peligros exponemos a los trabajadores? 
Además, es necesario modificar el reglamento europeo sobre la protección frente a las radiaciones. 
Con este reglamento se puede avanzar hacia una medición libre. 
Esto significa además que necesitamos un fondo para desmantelamientos aplicando el principio del causante. 
No quiero decir que ahora de repente debemos pagarlo nosotros. 
Unos han tenido durante todos los años unos beneficios enormes a costas de los contribuyentes, pues tenían un monopolio y había que pagar los precios marcados, y con sumas millonarias libres de impuestos han creado unas elevadas reservas. Naturalmente, hay que acabar con esto. 
Pero necesitamos un fondo de desmantelamiento para la protección frente a las radiaciones. 
El dinero lo podríamos tomar del presupuesto de la CECA, que expira en el año 2000 y tiene más de 100 millones. 
Así pues, existen posibilidades. 
Pero, sobre todo, lo que queda sin responder es que si producimos residuos ¿adónde los llevamos? 
Responder a esto es su problema. 
Usted dice siempre que es posible convertirlo todo en verdes prados, que no cuesta ningún dinero, que el reciclado no es ningún problema. Pero la realidad y la verdad son muy diferentes pues, de lo contrario, no tendríamos almacenes intermedios rebosantes ni montañas gigantescas de residuos nucleares en las plantas de reprocesamiento. 
Creo que debemos enfrentarnos por fin a la realidad antes de seguir produciendo continuamente. 
Señora Presidenta, quien aquí escuche los debates entre partidarios y detractores de la energía nuclear llegará a la conclusión de que no es posible que se pongan de acuerdo. 
Sin embargo, estamos ante un informe que nos muestra una necesidad comunitaria, a saber, proceder a la clausura en condiciones seguras, puesto que se trata de la salud de la población. 
Tengo que decirle, señor Chichester, que sus tranquilizadoras declaraciones que aparecen en el informe respecto de Bélgica son algo exageradas porque, en el fondo, el problema de los residuos va pasando de una administración a otra como una patata caliente. 
Todavía no hay una verdadera solución. 
Bajo la influencia de un fuerte grupo de presión nuclear se ha establecido este tipo de instalaciones en todo el mundo, a pesar de que, como la anterior oradora ha expuesto convincentemente, no existe una solución para los residuos de alta radiactividad. 
No obstante, en los próximos años, deberán cerrarse algunas instalaciones. 
La Guerra Fría ha terminado, las instalaciones militares ya no son necesarias, si por mi fuera, no lo serían nunca más, y también hay esperanzas de que se pase a otros métodos de producción de electricidad, etcétera. 
Por último, también la vida útil de las centrales es limitada, aunque naturalmente, en cuanto a la duración, pueden existir discrepancias. 
No obstante, al final, hay que proceder a la clausura. 
Desgraciadamente, no existe una normativa general sobre esta cuestión. 
El informe señala la posibilidad de una clausura directa, pero también la posibilidad de una clausura en fases con la que, sólo después de 135 años- ninguno lo vamos a ver- el caso podrá estar definitivamente cerrado. 
En mi opinión, esto es irresponsable. 
Se van a invocar, por supuesto, argumentos de carácter financiero. Es verdad que, a pesar de las advertencias, en el fondo, nunca se incluyeron los gastos de la clausura en el precio de las centrales o de la electricidad. 
Los críticos del desarrollo nuclear siempre han señalado estos riesgos financieros. 
Sin embargo, la clausura tendrá que llevarse a cabo con muchísimo cuidado y, en este punto, queremos respaldar el informe, aunque debemos decir que cada clausura originará, por supuesto, una montaña de nuevos residuos, incluso de alta radiactividad. 
Quiero señalar aquí el riesgo irresponsable que corren las viejas e inútiles instalaciones, además de las que siguen en funcionamiento. 
El cumplimiento de la normativa internacional y la eliminación a corto o largo plazo se deben poder controlar hasta que el riesgo haya desaparecido totalmente. 
De la experiencia del III Programa europeo de clausura de instalaciones nucleares, resulta que esto técnicamente es posible en un plazo de quince años desde el cierre. 
Sigue siendo un asunto caro y hay que conseguir fondos. 
Por tanto, queremos también señalar la responsabilidad de los órganos internacionales y, por eso, hemos introducido una enmienda para crear un fondo europeo de clausura. 
Nuestra conclusión es la siguiente: estamos de acuerdo con la mayoría de las recomendaciones de la resolución. No obstante, consideramos necesario, señora Presidenta, presentar algunas enmiendas, aunque no todo el Grupo de ARE las apoyará. 
No obstante, como nacionalistas y regionalistas demócratas queremos subrayar que tenemos en mente un futuro sin instalaciones nucleares y, por tanto, estamos en contra de reciclaje. 
Después de todo, todavía no se ha encontrado una solución para esos residuos de alta radiactividad. 
Señora Maes, lo siento pero tengo que interrumpirla. Se ha excedido en el tiempo ya un minuto y medio. 
Señora Presidenta, en un debate anterior sobre la energía nuclear, expresaba yo una serie de preocupaciones vinculadas a esta forma de energía. 
Una de ellas era relativa a lo que yo llamaba entonces el riesgo económico, es decir, en un contexto de crisis, la tentación de impulsar la utilización de las centrales por encima de su duración normal de vida. 
Con la lectura del párrafo 14, me doy cuenta de que estoy por debajo de la verdad ya que esta tentación aparece ya, aquí y ahora, en una situación de relativa prosperidad. 
Hemos de oponernos muy firmemente a esta intención inaceptable. 
Hace unos años, algunas compañías aéreas negligentes fueron víctimas de una serie negra. Aviones Boeing, claramente anticuados, muy por encima de su umbral de utilización, se estrellaban entonces con dramática regularidad. 
Si cometiéramos el mismo error con las centrales nucleares, inmediatamente obtendríamos resultados similares. 
Entonces, por favor, no vayamos por esa vía. 
Por otra parte, sería excelente informar mejor a la población y diría incluso formar a la población sobre la actitud a adoptar en caso de alerta. 
Sería excelente proceder, por ejemplo, a una distribución preventiva de pastillas de yodo para prevenir los riesgos de cáncer de tiroides. 
La transparencia de los costes es también un tema fundamental, ya que hasta tanto el coste total de la energía nuclear no sea cifrado con precisión, no se podrá operar una comparación honesta con las demás formas de energía. 
Deploro que el considerando M tome partido por, y cito: el desarrollo futuro de la energía nuclear. 
La enmienda 4 presenta el exceso inverso, mencionando como logro, y cito: el abandono obligatorio de la energía nuclear. 
Ignoro si se trata de un error de traducción, hubieran podido esperarse por ejemplo, los términos: «abandono deseable» , término que yo hubiera aprobado. 
Si no se trata de un error, desearía que la Sra. Bloch von Blottnitz nos precisara, ¿a qué obligación hace alusión? 
Finalmente, la enmienda 7, del mismo autor, es excelente, ya que hemos de oponernos decididamente a la reintroducción de los materiales radiactivos, e incluso de baja radiactividad, en los circuitos comerciales normales. 
Eso sería iniciar un proceso de diseminación y trivialización de la radiactividad. 
Señora Presidenta, cuando los arqueólogos andan hoy por ahí y encuentran huesos de dinosaurios, se alegran y pueden prepararlos y exponerlos pues no son peligrosos. 
Creo que hoy día no podemos actuar del mismo modo con los dinosaurios energéticos y decir que no pasa nada. Por el contrario, tenemos que ocuparnos de ellos pues esconden un peligro no sólo para nosotros sino también para las generaciones futuras. 
A los dinosaurios de hoy hay que darles, pues, un trato muy diferente que a los de antaño. 
Felicito al señor Chichester, quien ha adoptado la iniciativa de redactar este informe, si bien sus ideas divergen mucho de las mías. 
Está claro que existe una necesidad de eliminar por fin estos dinosaurios energéticos de modo que no sean peligrosos para futuras generaciones. 
Me alegra enormemente de que esta necesidad crezca. 
En la Unión Europea tenemos unas 130 centrales nucleares y 19 en la República Federal de Alemania. 
Afortunadamente, el nuevo Gobierno federal ha decidido acabar definitivamente con estos factores de riesgo. 
Existe una necesidad creciente de técnicas de cierre, de métodos para hacerlo y hasta ahora no hay aún técnicas desarrolladas al respecto. 
Por tanto, necesitamos investigación y técnicas de cierre para diversos tipos de centrales nucleares. 
Las necesitamos realmente. 
No debemos intentar encontrar algo así como un escondrijo. 
Señor Chichester, por ello me parece absolutamente erróneo decir que el cierre puede consistir también en prorrogar los plazos restantes de funcionamiento. 
No, debemos decir consecuentemente que queremos acabar definitivamente con esta tecnología paleontológica. 
A ello viene a sumarse que nos debemos poner de acuerdo sobre los costes y mostrar claridad al respecto. 
Hay ESE, empresas suministradoras de energía, que están ganando dinero en estos trastos desde hace años y decenios. 
Están obsoletos y las empresas compran con ese dinero telecomunicaciones y otras cosas. 
Y ahora viene la propuesta del cierre y de que abramos además un fondo de cierre con fondos públicos. ¡No! 
Esto es inadmisible. 
La financiación del desmantelamiento de centrales nucleares tienen que soportarla aquellos que han ganado dinero con ellas. 
La cuestión más problemática es la de qué pasa con los residuos. 
No se ha solucionado. 
El almacenamiento definitivo es la cuestión central de la que tenemos que ocuparnos. 
No debemos dirigir nuestros esfuerzos al desarrollo de tecnologías de seguridad para que las centrales nucleares sigan funcionando aún dentro de 100 años. 
No, tenemos que examinar cuál es la técnica más segura para realizar el almacenamiento definitivo. 
Naturalmente, a ello va unido que no podemos permitirnos desplazar de un lado a otro de Europa, casi como si se tratase de turismo, residuos nucleares y creer que este es un almacenamiento definitivo adelantado. 
Lo que tenemos que hacer es adoptar medidas concretas para un almacenamiento definitivo seguro. 
Este es el problema decisivo. 
Solamente cuando lo hayamos logrado en interés de las generaciones futuras, en interés de nuestros hijos, podremos estar también seguros de que las futuras generaciones podrán practicar la arqueología sin preocupaciones. 
Señora Presidenta, desearía requerir su atención y la de los demás para centrarla en determinados reactores nucleares de diseño soviético superados que siguen funcionando y constituyen en la actualidad una amenaza para los pueblos de Europa. 
Por ejemplo, la estación nuclear Kozloduj de Bulgaria constituye una pesadilla permanente para mi país, pero también una amenaza directa para toda Europa porque esconde graves peligros relativos a las condiciones seguras de su funcionamiento. 
La fábrica comprende 6 reactores de agua a presión de diseño soviético de los que del 1 al 4 del tipo 440 230 son los más anticuados y los más peligrosos. 
Los otros reactores 5 y 6 del tipo VVR 1320 se consideran menos peligrosos porque los requisitos de seguridad durante su construcción fueron más estrictos. 
A pesar de ello, incluso en dichos reactores se detectaron problemas y los expertos prevén que incluso después de su mejora para equipararlos a los modelos occidentales su funcionamiento seguro no podrá superar los dos años sin la realización de continuos trabajos de control. 
Es de señalar que el último accidente en la estación se produjo el pasado mayo y se alcanzó provisionalmente el nivel 2 en la escala de sucesos. 
Desde 1991 en adelante, la Unión Europea ha concedido más de 50 millones de ECU por parte de PHARE para la mejora de la seguridad nuclear de la estación y más de 70 millones para la adopción de medidas de imperiosa necesidad a corto plazo en el sector energético tradicional. 
Por tanto, queda clara la necesidad de una rápida interrupción del funcionamiento de la estación con el desmantelamiento definitivo de los reactores más peligrosos 1 y 4. 
Con tal finalidad se ha comprometido también el gobierno búlgaro en el acuerdo de financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones para la mejora de las unidades 5 y 6. 
Cualquier petición de prórroga o cambio de dicha marcha constituiría una postura extremadamente peligrosa y, en dicho caso, Bulgaria minaría sus esfuerzos por formar parte de la Unión y conduciría a un empeoramiento espectacular de sus relaciones con la Unión Europea. 
Eso ya quedó claro en una carta del Presidente Santer dirigida a las autoridades búlgaras. 
Sin embargo, la Unión Europea debe ayudar a Bulgaria y asumir un papel activo en la reducción de su dependencia de la energía nuclear. 
Con tal finalidad, la Comisión, en lugar de permanecer inactiva para seguir la acumulación de las enormes sumas no disponibles del programa PHARE, debe actuar rápidamente para desarrollar la financiación de las acciones apropiadas. 
También encierran riesgos las instalaciones de extracción y tratamiento de uranio, las instalaciones de producción de combustibles y de tratamiento de combustibles utilizados y de almacenamiento de residuos de Kozloduj. 
Las capacidades de almacenamiento de los residuos radioactivos ya se han superado, teniendo como resultado el almacenamiento de los mismos en el lugar donde se encuentra la estación Kozloduj. 
Asimismo, la contaminación radioactiva interfronteriza del río Nestos es un hecho indudable. 
La Comisión Europea debe asumir por fin una acción con actuaciones concretas hacia el gobierno búlgaro que tenga como objetivo su colaboración para hacer desaparecer la contaminación radioactiva interfronteriza. 
Señora Presidenta, en la actualidad, no hay nada más importante para los ciudadanos europeos que evitar un nuevo Chernobil que puede provocarse de prolongarse el uso de los peligrosos reactores de Kozloduj, así como de otros reactores nucleares de diseño soviético que funcionan hoy en Europa con todas las terribles consecuencias que ya conocemos muy bien. 
Por consiguiente, debemos actuar muy rápido antes de que sea demasiado tarde. 
Por tanto, estaría bien que la Comisión nos dijera que es lo que piensa hacer en lo referente a Kozloduj, así como a los otros reactores nucleares de tipo soviético y, en general, a los reactores nucleares cuyo ciclo vital ha finalizado y a causa de los cuales peligran de muerte los pueblos de Europa. 
Señora Presidente, la propuesta que hoy debatimos contiene seguramente propuestas útiles sobre lo que debe ocurrir cuando llega la hora de que una estación nuclear deje de funcionar definitivamente. 
Sin embargo, el problema básico que me ocupa es la elección nuclear global para la energía. 
Los riesgos y su coste real. 
Sobre dichos interrogantes el informe del Sr. Chichester sólo ayuda indirectamente al planteamiento y a las respuestas. 
Contiene formulaciones que al menos nos son ajenas, como las formulaciones que quieren que la industria nuclear nos eduque para que aumente nuestra sensibilización. 
Como, también, cuando se solicita el desmantelamiento de estaciones nucleares que no son seguras. 
Pero ¿qué seguridad ofrecen las demás?. 
Y no sólo las de construcción soviética. 
¿Qué probabilidad de accidente es «aceptable» , con qué «coste» y cuál es la esperanza de restauración, en cuántos cientos o miles de años?. 
¿Qué tiene que decirnos al respecto la Comisión?. 
Asimismo, creo que debatimos un informe que subestima el coste del desmantelamiento. 
Tenemos informaciones de Francia y España que elevan el coste a millones de francos y, principalmente, informaciones que afirman que se necesitarán muchos años, hasta diez, para realizar el desmantelamiento, lo que también es un coste que no se tiene en cuenta. 
Por tanto, queda pendiente la búsqueda de otra estrategia, señora Presidenta, que sustituya todas las estaciones nucleares, que impulse a tiempo otras fuentes de energía para las cuales existe tecnología moderna cuyo desarrollo requiere inversiones. 
Dichas inversiones serán seguramente mucho más pequeñas de las necesitadas para desarrollar la energía nuclear que, finalmente, se ha demostrado que no es barata. 
Creo que debemos felicitar a los gobiernos de la Unión, al menos a aquellos que declaran seguir dicha perspectiva, como ha sucedido recientemente en Alemania. 
Señora Presidenta, me satisface este informe de mi colega el Sr. Chichester. 
El desastre de Chernobil modificó la percepción que el público tenía de la energía nuclear, y muchos de los que viven a la sombra de las centrales nucleares sienten temores acerca de los actuales niveles de seguridad. 
Esto es particularmente inquietante para los ciudadanos europeos que comparten una frontera con países de la Europa central y oriental. 
No sirve para nada que la propia industria actúe de forma casi secreta cuando se plantea un problema. 
Si nuestras industrias fueran más abiertas y más transparentes, resultarían más tranquilizadoras para los que tiene razones de sobra para estar inquietos. 
Esta discusión sobre el desmantelamiento llega en un momento oportuno, y en nuestros debates con los países que desean ingresar en nuestra Unión tendremos que insistir en que cierren las centrales que no sean seguras. 
Sin embargo, he de indicar que eso se aplica tanto a los Estados miembros de la Unión Europea como a los países que comparten nuestras fronteras. 
Quisiera reiterar en particular la preocupación de mis compatriotas irlandeses acerca de la planta Sellafield-THORP. 
Ha habido demasiados incidentes, demasiados sustos y demasiadas coincidencias de problemas de salud a lo largo del litoral oriental irlandés. 
Con el cambio de gobierno en Alemania, como sabe usted, señora Presidenta, la política nuclear alemana será objeto de una revaluación. 
Eso podría muy bien significar que cesarán los cargamentos de material para su reelaboración que normalmente iban a Sellafield-THORP, con lo que se pondrá en evidencia la viabilidad económica de esa planta. 
Además de las preocupaciones que ya he expresado, me gustaría señalar a la atención de la Comisión el apartado 15 del informe de mi colega, que insta al Consejo y a la Comisión a que estimulen la clausura de las centrales nucleares poco seguras de Europa. 
A ese respecto quisiera pedir al Comisario que examinara seriamente si la planta Sellafield-THORP corresponde a esa categoría. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones al señor Chichester por su detallado informe. Hago extensivas mis felicitaciones a la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía por el trato dado a este informe y sobre todo porque la cooperación con los servicios de la Comisión ha sido muy buena, lo que ha favorecido la comprensión de los problemas actuales en este campo sin duda tan delicado. 
La Comisión es consciente de los desafíos a los que se deben someter la industria y la ecología de nuestros países miembros en relación con el cierre de centrales nucleares y otras instalaciones de este tipo. 
En la Unión Europea se están cerrando actualmente unas 110 instalaciones que emplean la tecnología nuclear, si bien los trabajos preparatorios para estos cierres se encuentran en unas fases muy diferentes. 
Si se echa un vistazo sobre estas instalaciones en Europa se llega inevitablemente a la conclusión de que en los primeros decenios del próximo siglo se va a llevar a cabo el cierre de un número creciente de instalaciones de todo tipo que emplean la tecnología nuclear. 
Hasta el año 2020 previsiblemente hay que desmantelar previsiblemente otras 150 instalaciones nucleares. 
Con la proyectada ampliación de la Unión Europea se van a agudizar aún más los problemas pues habrá que cerrar instalaciones nucleares que no cumplen necesariamente los criterios de seguridad reconocidos generalmente. 
Según unas primeras apreciaciones de los servicios de la Comisión, en estos países habrá que cerrar unas 50 instalaciones. 
Sin embargo, el cierre ya no será un asunto al que se puedan aplicar de caso a caso diferentes conceptos. 
Por el contrario, surgirá un procedimiento de magnitudes industriales en el que participarán decenas de miles de trabajadores europeos y en el que se producirán, en especial, considerables cantidades de materiales débilmente radiactivos. 
Ante estas grandes cantidades y en el intento de desarrollar la cooperación entre los Estados miembros así como la armonización dentro de la Unión, la Comisión cree que se deberán establecer algunas directrices generales para el cierre de instalaciones nucleares. 
Por ello, la Comisión apoya de modo general las opiniones expuestas por el señor Chichester sobre el cierre. 
Permítanme, sin embargo, que me refiera de un modo algo más detallado a algunos de los puntos expuestos. 
En los apartados 3 y 5 se insta a la Comisión para que contribuya a mantener un elevado grado de conocimientos en la Unión Europea y que adopte medidas para la difusión y transferencia de «know-how» en este campo. 
A este respecto, puedo decirles que la Comisión, en el marco de su actual programa FTE, va a seguir creando y desarrollando bancos de datos para simplificar el intercambio de informaciones sobre tecnologías y costes entre los proyectos de cierre en curso. 
En el apartado 6 el ponente subraya lo importante que es una ayuda técnica a largo plazo para los países de la Europa central y oriental. 
En este contexto, la Comisión financia actualmente toda una serie de estudios que se ocupan de las estrategias y aspectos técnicos del cierre en dichos países y en la CEI y que van a ser de gran ayuda para que los afectados desarrollen sus propias estrategias. 
Respecto a los apartados 8 y 11 debo indicar que la Comisión comparte por supuesto la opinión de que hay que informar a la opinión pública. La Comisión va a seguir realizando su aportación al respecto también en el futuro. 
El cuarto informe de la Comisión sobre la situación actual y las perspectivas en el campo de la eliminación de residuos radiactivos en la Unión Europea debería publicarse antes de finales de año. 
Señorías, la Comisión comparte su opinión de que la cuestión de la financiación así como las posibilidades de reducción del volumen de residuos y el descenso de los costes de cierre son temas importantes, tal como se dice en el apartado 9. 
En la elaboración de su comunicado sobre el cierre, la Comisión tendrá en cuenta estos hechos. 
Sin embargo, en el momento actual la Comisión no está en situación de realizar predicciones sobre la prórroga de la vida de centrales nucleares, a lo que se refiere el apartado 14. 
En el marco del quinto programa marco de investigación se realizarán estudios sobre este tema. 
Espero que los resultados ayuden a la Comisión a apreciar correctamente la situación y las perspectivas. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
Medio ambiente y producción agrícola- Ayudas a las medidas forestales en agricultura- zonas de montaña 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0345/98 del Sr. Iversen, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (97) 0620- C4-0075/98) sobre la aplicación del Reglamento (CEE) nº 2078/92 sobre métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente y la conservación del espacio rural; -A4-0346/98 del Sr. Otila, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (97) 0630- C4-0076/98) sobre la aplicación del Reglamento (CEE) 2080/92 sobre la introducción de una regulación comunitaria de ayudas para medidas de repoblación forestal en la agricultura; -A4-0368/98 del Sr. Santini, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre nuevas estrategias en las regiones montañosas. 
Señora Presidenta, creo que hemos alcanzado un buen compromiso sobre este informe. 
Nuestra tarea en este Parlamento es vigilar si logramos cumplir lo que queremos que suceda en el futuro. 
Por un lado, debemos hacer un esfuerzo en pro de los programas que promuevan métodos productivos respetuosos con el medio ambiente. 
Por otro lado, debemos ver si los resultados compensan el dinero empleado. 
¿Tenemos los resultados medioambientales apropiados teniendo en cuenta el dinero que empleamos en estos reglamentos? 
No son cantidades pequeñas las que están en juego. 
Hay una contribución comunitaria global de 3, 8 millardos de ecus para este programa para el año 1997, a la que hay que añadir las aportaciones de los países miembros, que ascienden a 2, 5 millardos de ecus. 
Es una cantidad importantísima y estamos obligados a examinar cómo utilizamos estos recursos. 
¿Tenemos suficiente medio ambiente por este dinero? 
Éste es dinero de los impuestos de los ciudadanos comunitarios y por ello es importante dejar señalado cómo de bien funciona este programa en la práctica. 
Puede ser motivo de queja que éste no sea un genuino informe de evaluación, sin embargo, ésta tampoco era la intención- así debe constar en defensa de la Comisión. 
No obstante, puesto que así están las cosas, resulta difícil como ponente extraer algunas conclusiones definitivas sobre los efectos medioambientales de este programa. 
He oído en la Comisión- con la que he mantenido una excelente colaboración durante la elaboración de este informe, por la que me gustaría darle las gracias- que ésta espera todavía dos de los informes nacionales de evaluación y que tendrá listo un informe conjunto en abril del próximo año. 
Esto es positivo, sin embargo, habría sido mucho mejor naturalmente si hubiéramos podido elaborar nuestro informe a la luz de una auténtica evaluación por parte de la Comisión. 
Resulta especialmente problemático evaluar un programa como éste puesto que carece de auténticos objetivos o criterios de éxito. 
¿Qué es lo que queremos? 
¿Hasta dónde queremos llegar? 
¿Qué es lo que queremos lograr, antes de que pensemos que otra cosa diferente pudiera ser suficientemente buena? 
Creo que hay que pensar en que una buena evaluación exige criterios explícitos de evaluación y pienso que en el futuro también los objetivos han de hacerse más claros de lo hecho hasta ahora. 
También quiero decir que el informe de la Comisión recoge una serie de efectos muy, pero que muy positivos en una larga serie de ámbitos. 
Entre otros, una parte de los campesinos ha sido animada a pasarse a la agricultura ecológica y esto no es algo desdeñable. 
Sin embargo, las cifras de las que ya disponemos muestran también que el aprovechamiento de los programas ha sido demasiado bajo. 
Pueden existir varias razones para ello. 
Los países miembros han informado que, entre otros factores, ésta puede estar motivada por las dificultades iniciales, deficiencias en la información sobre los programas, la falta de cofinanciación nacional, también puede obedecer a que los campesinos no tengan valor para vincularse tanto tiempo como el que es necesario para participar en estos reglamentos y ha habido quejas sobre que las indemnizaciones no cubrían los gastos que suponía la reconversión de la producción. 
En mi opinión, la Comisión debe presentar propuestas sobre el modo de hacer más transparente el reglamento para los agricultores en el futuro. 
En la actualidad existen tres reglamentos distintos de ayuda a métodos productivos respetuosos con el medio ambiente y al campesino puede resultarle difícil considerar cuál de los reglamentos le resulta más rentable en su situación. 
Por ello me gustaría pedirle a la Comisión que piense también en que la información sobre el reglamento es una condición importantísima a la hora de alcanzar una implementación exitosa en los Estados miembros. 
Sin embargo, la información no basta necesariamente para que los campesinos que pudieran estar interesados elijan participar. 
El bajo aprovechamiento de los programas es más acusado- y lo lamento muchísimo- en las zonas que presentan un tipo de agricultura más intensiva. 
Nos hallamos en la situación de que algo sucede en las zonas donde estas cosas deberían ser puestas en práctica. 
Vemos que no hay muchas posibilidades de reconvertir las explotaciones agrícolas intensivas en explotaciones agrícolas extensivas. 
Lo cual me parece una importante carencia de los programas puesto que son estas áreas en las que el efecto medioambiental sería mayor. 
El problema del reglamento actual es que aparentemente a los campesinos de explotaciones agrícolas intensiva no les compensa hacer uso de estos programas. 
Y creo que estamos obligados a reflexionar sobre qué criterios de éxitos y qué objetivos son los que perseguimos. 
Siendo ahora un poco crítico, diré que gracias a los datos que he obtenido de la Comisión, la cual ha sido muy abierta sobre estas cosas, tengo la sensación de que una serie de las cosas que se han puesto en marcha gracias a estos reglamentos, entre otras, el cuidado de la naturaleza, habrían sido puestas en marcha de todas formas. 
Esto quiere decir que hay algunos que han recibido dinero por hacer algo que habrían hecho de todas formas. 
Por ello pienso que existe la obligación- como dije anteriormente- de pensar en criterios de éxito y objetivos. 
Pienso que también debe haber posibilidad de graduar la ayuda, de modo que haya una mayor relación entre la cuantía de la ayuda económica y los gastos de los campesinos en cuanto a los efectos medioambientales. 
Nuestra tarea como Parlamento a este respecto- y con ello acabaré- es, por un lado, velar por el medio ambiente y ver si obtenemos mejoras medioambientales. 
Por otro lado, también debemos analizar si las mejoras medioambientales obtenidas mantienen una relación razonable con relación a los gastos que nos suponen. 
Puede ser difícil determinar de modo absolutamente exacto si tal es el caso con estos reglamentos y por ello quiero reiterar que aguardamos a disponer de una auténtica evaluación. 
Me ha alegrado la colaboración habida y espero también que el señor Comisario Fischler certifique hoy que dará a la Comisión de Agricultura una primera evaluación, antes de que lleguen las navidades a la Unión. 
Señora Presidenta, el Reglamento (CEE) n- 2080/92 del Consejo fue una de las medidas complementarias de la reforma de la Política Agrícola Común de 1992. 
Su objetivo más importante era fomentar la repoblación forestal como uso alternativo de la tierra agrícola con el fin de reducir los excedentes agrícolas, que, desde el punto de vista político y financiero, estaban perjudicando a la Comunidad. 
Estaba previsto compensar a los agricultores por las pérdidas que sufrieran a causa de una producción y de unos precios más bajos. 
A cambio, la Comunidad podría mejorar sus recursos forestales y el equilibrio ecológico, a la vez que lucharía contra el efecto invernadero. 
Por consiguiente, los dos elementos del régimen eran los siguientes: reducir la producción agrícola, y aumentar y mejorar los bosques. 
Mediante estas ayudas se contribuye, por una parte, a cubrir los costes de la reforestación y el mantenimiento inicial y, por la otra, a mejorar el estado de los bosques. 
Para lograr estos objetivos se dispone de una financiación conjunta del 75 % en las zonas del Objetivo 1 y del 50 % en otras zonas. 
No obstante, el informe de actividad facilitado al Parlamento por parte de la Comisión no aclara si se han alcanzado los objetivos generales del reglamento. 
Este informe no recoge ningún dato acerca de la reducción de la producción agrícola o de los ingresos que los agricultores dejaron de percibir a causa de la reforma de 1992, por los que habían sido compensados mediante las ayudas de ámbito forestal. 
En el informe se afirma que la superficie agrícola útil descendió en tres países entre el 0, 95 % y el 1, 35 %, y que en otros países la disminución fue todavía más marginal. 
Al no haberse realizado evaluaciones al respecto, el Parlamento Europeo no puede hacerse una idea clara de la eficacia de unas medidas que han supuesto un gasto para la Comunidad de aproximadamente 800 millones de ecus durante el periodo de 1993-97, y cuyos costes totales, incluidas las contribuciones de los Estados miembros, se elevan a 1 800 millones de ecus. 
Ha transcurrido aún poco tiempo desde que se estableció este régimen, por lo que comprendo que no haya sido posible llevar a cabo todavía una evaluación de carácter global. 
Sin embargo, como ponente del informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, exijo que se realice una evaluación adecuada de la aplicación y la eficacia del régimen. 
Creo que el Tribunal de Cuentas debería facilitar al Parlamento un informe de los costes y los beneficios derivados del Reglamento, con el fin de disponer de una visión de conjunto de la aplicación de este régimen que ha costado a la Unión Europea varios miles de millones de ecus. 
Además, se deberá llevar a cabo un análisis comparativo de las posibilidades que ofrecen, en particular, el Reglamento (CEE) nº 2078/92 sobre medidas agroambientales y el reglamento relativo a la retirada de tierras agrícolas de la producción. 
Nuestro colega, el Sr. Iversen, ha elaborado un excelente informe sobre este último reglamento. 
Parece que el detalle más notable del régimen sea la desigualdad en la distribución de las ayudas. 
El Reglamento es obligatorio en todos los Estados miembros, en el marco del principio de subsidiariedad, pero éstos pueden adaptarlo atendiendo a sus propias prioridades. 
En la práctica, este Reglamento ha sido muy operativo en cuatro Estados miembros, a saber, España, el Reino Unido, Irlanda y Portugal, que han reforestado el 81 % del total de la UE, a saber, alrededor de 500 000 hectáreas. 
En toda la UE, la superficie de los bosques que ha sido sometida a mejoras ronda en torno a las 185 000 hectáreas, habiéndose construido 7 312 kilómetros de carreteras forestales. 
Parece que los Estados miembros han adaptado verdaderamente este Reglamento con arreglo a sus propios objetivos en materia de política forestal y medioambiental, sin prestar mayor atención ni al objetivo inicial del Reglamento ni a la política agrícola. 
La mayor parte de los Estados miembros no aprobó sus regímenes respectivos hasta 1994. 
Además, al elaborar este informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, me he encontrado con que las cifras que se exponen en el informe de actividad presentan deficiencias e, incluso, llegan a ser erróneas, posiblemente como consecuencia de los retrasos en la aplicación del Reglamento. 
Este hecho no significa que los costes del régimen fueran más reducidos de lo previsto inicialmente, sino que este régimen no ha funcionado, ni funciona, de manera correcta. 
Creo que resulta justificado cuestionarse si se deben proseguir las actividades con arreglo al Reglamento como hasta el momento, habida cuenta de que, descontando algunas excepciones, no se han alcanzado los objetivos deseados. 
Es necesario retomar esta cuestión en los debates sobre las propuestas legislativas de la Agenda 2000. 
El Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre política forestal en el mes de enero de 1997. 
En dicha resolución se señalaba que la política forestal no figura en el Tratado de Roma y que, por lo tanto, tampoco recae dentro del ámbito de competencias de la Comunidad. 
Desearía aprovechar la exposición de este informe para recordar este importante dato. 
Creo que la economía forestal debería seguir desarrollándose primordialmente con arreglo a las condiciones del mercado y que no debería beneficiarse de nuevas modalidades de ayudas. 
En la actualidad se ha entablado un encarnizado debate también acerca de una posible estrategia forestal y, sobre todo, acerca de los distintos sistemas de certificación forestal en el plano de la Unión. 
En este debate hay que ser muy realistas y tener bien presentes los hechos, en lugar de atender a mecanismos de recaudación de fondos por parte de las organizaciones ecologistas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, antes que nada deseo señalar que este informe de iniciativa sobre una nueva estrategia para las zonas de montaña en Europa viene de lejos y se basa en trabajos anteriores que, evidentemente, exigían una actualización. 
Y viene de lejos también en lo que a esta legislatura se refiere. 
Recuerdo que el 27 de enero de 1997 celebramos una audiencia acerca de los problemas de las zonas de montaña y en particular de la agricultura en zonas de montaña en el ámbito de los trabajos de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Seguidamente, la Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo elaboró un excelente estudio de actualización. 
Se trata de un documento muy reciente, pues se presentó hace menos de un mes y deseo agradecer la colaboración de cuantos participaron en él. 
Es el que aquí ven; como pueden comprobar es muy consistente, pues se trata de una puesta al día muy valiosa para todos aquellos que quieren conocer las zonas de montaña europeas no sólo a través de sus manifestaciones agrícolas. 
Por último, la atención prestada y los estudios que precisamente en estos días están realizando el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones han constituido un apoyo importante. 
Es por eso que, como Parlamento Europeo, hemos querido participar en esta serie de análisis y sobre todo de propuestas destinada a poner algo de orden en las intervenciones en favor de las zonas de montaña. 
Zonas de montaña- y aquí está el origen de una ambigüedad- entendidas como elemento de una cuestión más general que se llama «zonas desfavorecidas o zonas menos favorecidas de la Unión Europea». 
Volveré a tratar este tema cuando hable brevemente de las enmiendas presentadas. 
Este estudio, al igual que esta iniciativa, parte de la base de que las zonas de montaña representan el 30 % del territorio de la Unión y el 20 % de la superficie agrícola útil siendo, por añadidura, extremadamente difícil la vida en buena parte de ellas. 
Les recordaré sólo algunos de los aspectos que dificultan la vida en dichas zonas: la altitud, la inclinación del terreno que convierten en difícil el uso de maquinaria agrícola, la fragmentación del territorio, la escasa fertilidad del suelo, la despoblación y el envejecimiento de la población estable, la dificultad de los transportes y de las comunicaciones, las distancias de los centros habitados, el riesgo medioambiental continuo y, en consecuencia, la incertidumbre de no saber cuál va a ser el futuro, así como la falta de infraestructuras básicas, carreteras, escuelas y servicios comunes. 
Las zonas de montaña desarrollan un papel transversal que no sólo afecta a quienes las habitan: la protección del medio ambiente y el cuidado del territorio, el control hidrológico y geológico, la promoción de las actividades agroturísticas, la racionalización de la utilización general de los recursos, las intervenciones estabilizadoras en defensa de los valles- huelga decir que, con frecuencia, la ciudad se defiende precisamente en la montaña- así como, en su caso, la cooperación transfronteriza y la gestión de las actividades silvícolas y de pastoreo. 
Sobre estos supuestos se basan algunas propuestas, por no decir algunas pequeñas reformas que, por lo general, van en dos direcciones que acaparan todo el interés de las Instituciones europeas en su conjunto. La primera de ellas es la salvaguardia de los puestos de trabajo; en consecuencia, tratemos de que no se pierdan los existentes, ya que estamos empeñados en la creación de nuevo empleo. 
La segunda es la protección del medio ambiente como compromiso transversal de cara a todas las reformas. Para tener éxito, sin embargo, el enfoque debe ser ante todo global, integrado, coherente y no esporádico, sino duradero. 
Hay que señalar que, según he dicho antes, la Unión Europea se ha dotado de una estrategia para las zonas desfavorecidas que incluye no solo las zonas de montaña, sino también las zonas árticas y las zonas costeras amenazadas por la desertización. 
Hay que apuntar que este informe de iniciativa abre el camino a otras dos posibles profundizaciones y confirma que la labor del legislador estriba en trazar un camino desde el cual parten unos senderos que focalizan más a fondo el problema. 
Las zonas de montaña son un aspecto del problema, las zonas árticas- objeto de un informe de iniciativa que presentará en breve la Sra. Anttila- otro. 
En el futuro, a lo mejor en la próxima legislatura, alguien se ocupará de las zonas costeras amenazadas por la desertización. 
Por tanto, no es necesario plantear cada vez el problema en su totalidad, pues sería un paso atrás y una manera de seguir formulando grandes enunciados de principio, grandes propósitos de intervención, sin indicar en concreto y en detalle los instrumentos para entrar en el fondo de la cuestión y emprender acciones concretas. 
¿Qué acciones concretas? 
Voy a citar rápida y solamente algunas de ellas. 
Ante todo hace falta un enfoque integrado. 
Es necesario fomentar la permanencia de la población en el territorio a través de la concesión de una compensación no aleatoria sino de carácter fijo por los servicios ecológicos y sociales complementarios de la que debe ser y seguir siendo la actividad preferente y principal, o sea, la agrícola. 
Es preciso reunir en un único volumen los principales reglamentos que afectan a las zonas de montaña, al objeto de establecer un auténtico «Código de la montaña» de la Unión Europea. 
Hacen falta seminarios que profundicen las cuestiones, una comunicación de la Comisión al Consejo sobre las zonas de montaña de las Unión Europea, un plan de acción transversal que plasme en términos operativos este nuevo enfoque. 
Hay que valorizar los proyectos piloto a través de los programas TERRA y LEADER, así como toda una serie de iniciativas ulteriores que podrán ser examinadas en detalle por el señor Comisario Fischler a quien, en mi calidad de ponente, entrego este estudio con el fin de lo tenga en cuenta a la hora de indicar las nuevas orientaciones en materia de desarrollo rural en la Agenda 2000. 
Señora Presidenta, señor Comisario, nuestro Grupo toma nota con satisfacción de estos dos informes de la Comisión sobre los Reglamentos núms. 2078 y 2080. 
El Sr. Otila decía que se trata de dos informes elaborados demasiado deprisa. 
Temo que es precisamente lo contrario y que son unos informes algo tardíos. 
Los reglamentos relativos a las medidas de acompañamiento de la PAC se remontan al año 1992 y ahora estamos en 1998, después de seis años es la primera vez que llevamos a cabo una evaluación global de estas medidas. 
Considero que con respecto a estas acciones tan innovadoras que, cuando se presentaron, estaban tan cargadas de significado, es oportuno efectuar un seguimiento más constante teniendo en cuenta el hecho de que se trata de una materia que, al estar en plena evolución, precisa actualizaciones y revisiones constantes. 
Como decía el Sr. Iversen, el problema estriba en que faltan evaluaciones críticas de la eficacia de estas medidas, por este motivo necesitamos colmar este vacío, porque dichas evaluaciones deben ser conocidas. 
Tenemos que disponer de toda la información necesaria sobre cómo se ha empleado esta ingente cantidad de recursos financieros, pues hemos de empezar a examinar las nuevas propuestas y creo que los que apoyan el ecologismo de la PAC necesitan argumentos y datos muy válidos, ya que muchas personas se oponen a una reforma en sentido medioambiental de las políticas tradicionales de mercado. 
Quisiera animar al señor Comisario a seguir adelante sobre la base de estas primeras experiencias. 
Sabemos que en el nuevo reglamento sobre el desarrollo rural se incluyen las acciones de los Reglamentos núms. 2078 y 2080, sin embargo, tenemos tres dudas. 
La primera es que la dotación financiera de las nuevas medidas de acompañamiento sigue siendo algo escasa y el Sr. Iversen lo menciona en su informe. 
Hay realidades en que probablemente tendremos compensaciones demasiado limitadas respecto a las necesidades, motivo por el cual se podría pensar en distintos porcentajes de cofinanciación de estas medidas. 
La segunda duda estriba en que sobre el Reglamento nº 2080 persiste el malentendido existente entre las acciones en materia estrictamente forestal de la Comunidad- es cierto que no existe una competencia directa a nivel comunitario, sin embargo, en el informe Thomas decimos que se podría introducir toda una serie de medidas a nivel comunitario- y las indemnizaciones de compensación para las producciones no alimentarias como, por ejemplo, la maderera. 
Creo que esto llama la atención de la Comisión sobre la necesidad de presentar propuestas en materia de política forestal. 
La tercera duda es que las nuevas propuestas de la Agenda 2000 prevén una cross-compliance que se deja demasiado a la discrecionalidad de los Estados miembros. 
Estimo que está bien la subsidiariedad, pero no tan acentuada. 
Hay que valorizar las experiencias de los Reglamentos núms. 2078 y 2080 salvaguardando las disposiciones comunes dentro de las cuales, luego, es necesario dejar espacio a las iniciativas de los Estados miembros. 
En cuanto a las zonas de montaña, deseo congratularme con el Sr. Santini. 
Considero que su informe establece una panorámica de la montaña que no es sólo la de las postales y que, hoy por hoy, nos hace falta más que nunca. 
Se han concretado muchos puntos y tan sólo quiero añadir que éstas no deben ser iniciativas única y exclusivamente comunitarias, por no decir que estoy en duda de si se pide demasiado a nivel comunitario. 
Han de ser acciones que deben llevarse a cabo de forma coherente por los Estados y las regiones, porque la nueva lógica de la PAC es la de ofrecer a las regiones la posibilidad de elaborar con mayor libertad programas en su territorio teniendo en cuenta todas las zonas que presentan obstáculos físicos y naturales y que, por lo tanto, deben ser ayudadas y consideradas. 
Señora Presidenta, señor Comisario Fischler, los programas de medio ambiente agrícolas de la Unión Europea han encontrado en los Estados miembros una resonancia muy diferente. 
Un estudio científico realizado en Alemania sobre la aceptación de estos programas lo muestra muy claramente. 
En su patria, señor Comisario, se habla de que el 86 % de los agricultores aceptan tales programas. 
En Alemania nos encontramos en el 30 % y en Francia en el 17 %. 
Tres años después de la entrada en vigor de este Reglamento sobre medio ambiente, la Comisión ha presentado al Parlamento Europeo y al Consejo un balance sobre la aplicación del Reglamento indicado. 
El ponente, señor Iversen, al que me refiero fundamentalmente, ha aportado desde mi punto de vista un matiz algo negativo en todo el informe. 
Llama la atención sobre las insuficiencias de los objetivos- necesitan una definición más estricta y pide también unos datos más claros de las mejoras cuantitativas que los agricultores deben alcanzar en la aplicación del programa. 
Entre otras cosas, exige que los programas de medio ambiente agrícolas deben orientarse mucho más intensamente a los resultados. 
Para ello, bajo determinadas circunstancias, son necesarias de nuevo unas ayudas y estímulos superiores en determinados sectores y quizás también algo más de democracia. 
Actualmente hay límites superiores para las ayudas cofinanciadas con créditos comunitarios. 
Pero, posiblemente, será necesario adaptar estos límites superiores ante el trasfondo de las necesidades existentes. 
Desde mi punto de vista, los países miembros que ya antes de la reforma agraria han desarrollado y aplicado programas propios de medio ambiente en la agricultura, tienen una cierta ventaja experimental. 
Debido a la diferente aceptación de estos programas en la UE, no se debe dar preferencia a mencionar la parcial falta de disposición de los agricultores para participar en los programas, sino desarrollar y configurar los correspondientes programas en función de la capacidad financiera y las posibilidades organizativas de los Estados miembros. 
En mi región, los agricultores ya han pasado por algunas pruebas. 
Al principio hubo que nadar contra corriente pero creo que hoy se ha tratado ya en su mayor parte esta temática. 
Se puede registrar el máximo nivel de nueva producción de aguas freáticas bajo las superficies utilizadas agrícolamente. 
En el mantenimiento de una agricultura extensiva, la producción de agua potable es una prestación esencial a la agricultura junto a la producción de alimentos y al cuidado y mantenimiento de un paisaje de cultivos del que siempre hablamos. 
Por ello, creo que es razonable que tratemos conjuntamente estos informes sobre las regiones forestales y montañosas también bajo estos aspectos. 
Por estos importantes motivos, estoy a favor de que la agricultura se mantenga también en las regiones menos favorecidas por la Naturaleza. 
Para ello son necesarios y están justificados los pagos de transferencia. 
Para finalizar, quiero decir que los programas de medio ambiente de la agricultura persiguen entre otras cosas fortalecer económicamente a la agricultura con sus muy variadas funciones también en las regiones periféricas. 
El Reglamento 2078/92 realiza de este modo una aportación muy importante a la estabilización de las áreas rurales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, desearía felicitar a los ponentes de estos meritorios informes. 
Los acuerdos relativos a las medidas medioambientales que se recogen en la reforma de la PAC no afectan más que a un 17 % de las explotaciones de la UE. 
Las ayudas agroambientales están siendo utilizadas únicamente en cinco Estados miembros. 
Por consiguiente, es necesario incentivar en mayor medida el uso de este régimen, por ejemplo, estableciéndolo como una de las condiciones previas para la obtención de ayudas. 
Hay que poder recurrir en el futuro a estas ayudas agroambientales para reducir también la producción que resulte gravosa para el medio ambiente. 
Para los consumidores, la protección ambiental y el desarrollo sostenible se convertirán en elementos cada vez más importantes a la hora de decidirse por uno u otro producto alimenticio. 
Como ya ha señalado el Sr. Mulder en su informe sobre la política de calidad de los productos alimenticios, los principios prácticos de una producción agrícola favorable en Europa constituyen la base sostenible de los alimentos europeos de alta calidad. 
El éxito de la Unión Europea en el mercado global de la alimentación dependerá únicamente de la calidad de sus productos. 
De acuerdo con lo expuesto en el informe del Sr, Otila, el régimen de ayudas a las medidas forestales no funciona como cabría esperar. 
Con la adhesión de Finlandia y Suecia, se incorporó a la Unión un cinturón forestal de coníferas en el que la renovación de los bosques y la explotación sostenible han venido constituyendo uno de los pilares de la economía nacional durante décadas. 
Como ya ha señalado el Sr. Otila, la economía forestal ha de seguir funcionando con arreglo a los principios de la libre competencia. 
La política comunitaria deberá coordinar las cuestiones que redunden en beneficio y mejoren la explotación y el uso sostenible de los bosques de la Unión. 
Esta actividad por parte de la UE es necesaria, por ejemplo, para garantizar en las negociaciones que se lleven a cabo en el seno de la OMC el libre acceso de los productos de la industria maderera de la Unión al mercado mundial. 
La Unión Europea deberá velar igualmente por el establecimiento de criterios relativos a una gestión y a una reforma sostenibles en el ámbito de la silvicultura para los productos de su sector forestal, ya que ésta es la única manera de evitar que las organizaciones ecologistas hagan un uso excesivamente parcial de los sistemas de certificación, lo cual acrecentaría su poder de influencia. 
Este tipo de sistemas de certificación se está desarrollando continuamente por iniciativa individual de los propios Estados, por lo que se necesita un sistema único, a escala de la UE, para los distintos certificados de los Estados miembros. 
El Sr. Comisario ha recibido diversas propuestas acerca de esta cuestión, por lo que me gustaría preguntarle cuándo tiene previsto presentar una propuesta a nivel de la UE por lo que respecta a este sistema de certificación global. 
El informe del Sr. Santini aborda de manera exhaustiva los distintos problemas que se plantean en las zonas de montaña. 
Puedo comprobar que las prácticas agrícolas en las zonas de montaña y en las regiones árticas se enfrentan con numerosos problemas comunes. 
En ambos casos se registra un breve período de crecimiento, las distancias son largas, la densidad de población es baja, las condiciones para la cosecha son difíciles, etcétera. 
La Unión Europea podrá actuar de un modo sostenible únicamente si respeta la diversidad y presta una mayor atención a las distintas necesidades de las regiones que como lo ha venido haciendo hasta el momento. 
Creo que estos informes que estamos sometiendo ahora a debate ofrecen una excelente oportunidad para hacer mayor hincapié, precisamente, en las diversas necesidades de las distintas regiones que indudablemente existen en la Unión Europea, como se señala correctamente en este informe sobre las zonas de montaña. 
Señora Presidenta, señor Comisario, me han concedido una montaña de minutos y yo no quiero subir hasta la cima de la montaña, porque no quiero que acaben todos cansados con la subida. 
Pero voy a hablar sobre los tres informes: Iversen, Otila y Santini. 
El informe Iversen revela, naturalmente, un conocimiento profundo, sobre todo de las zonas agrícolas que tienen el lujo de poder hacer agricultura más intensiva. 
No es como en mi país, o como en Grecia, donde hay ciertas zonas en las que, aunque se quiera hacer agricultura intensiva- a menos que se hagan explotaciones industriales de cerdos -, resulta imposible. 
Por tanto, hay diferencias medioambientales y de resultados medioambientales enormes entre los diversos países. 
¿Cómo se puede evaluar eso? 
Estudiando, pidiendo a los institutos universitarios y de otra índole que hagan, de hecho, un balance de la situación. 
Porque no cabe la menor duda de que hay países que no consiguen combinar su desarrollo con la protección de la naturaleza. 
Hay otros que, por desarrollarse demasiado, perjudican a la naturaleza. 
De modo que, ¿quién decide? 
Y el problema siempre radica en eso. 
¿Va a ser el burócrata el que decida sobre mi buena práctica agrícola? 
Naturalmente, convengo con el Sr. Fantusi cuando dice que hay que establecer reglas generales para toda Europa. 
Por lo que se refiere al informe Otila, trata de una medida de acompañamiento extraordinariamente útil. 
Ahora bien, todos nosotros sabemos que no va a resolver el problema forestal de Europa, pero, al menos en países como el mío, puede retirar de la producción algunas zonas marginales. 
Pero para eso también es necesario algún estudio: ver cuáles son las variedades que están implantadas en las zonas pobres, ver si, de hecho, tendrán algún valor económico en el futuro y quién debe decidir sobre ellas en conjunción con los propios agricultores que necesitan retirar esas zonas marginales de la producción. 
¿Quién decide? 
Hace falta dinero y una evaluación de lo que se ha hecho en cada uno de los países. 
Y yo no estoy del todo de acuerdo con que el dinero que se aproveche mal en un país sea retirado para dárselo a otro que lo aproveche mejor. 
Y voy a decir por qué: porque la Comisión también puede tener una función pedagógica, colaborando con los gobiernos nacionales. 
Por lo que se refiere al informe de mi amigo Santini, debo decir que mi amigo Santini es más tirolés que italiano. 
No cabe duda de que pertenece más a la zona del Jodel del Comisario Fishler que al de la canción italiana propiamente. 
De forma que prepara un informe para la montaña, no digo del Tirol, sino para la montaña italiana como prolongación del Tirol. 
Yo conozco la montaña pobre, la montaña seca, la montaña que no tiene nieve, la montaña en la que el agricultor no puede ser profesor de esquí. 
Por tanto, sin menoscabo de la amistad que le profeso y del mucho respeto que siento por su trabajo aquí, en este Parlamento, me he permitido proponer que también considere junto a la montaña las zonas áridas y semiáridas. 
Y he conseguido introducir algunas enmiendas que ha aceptado graciosamente. 
Es evidente que el Sr. Görlach preparó en la otra legislatura un informe sobre las zonas áridas y semiáridas. 
Pero considero que deberían ser objeto de más atención, ya que en general la ciencia se ocupa de las zonas ricas, porque le pagan. 
La ciencia no se ocupa de las zonas pobres, porque no tienen dinero para pagarle. 
Y en ese sentido pido a la Comisión que se digne interesarse por estudios más idóneos sobre la situación real de Europa. 
He llegado a la cima de la montaña y ya no quiero subir más. 
Y regalo un minuto a todos los que no han querido aburrirse con mis palabras. 
Señora Presidenta, señor Comisario, los tres informes que se nos han presentado me parecen especialmente importantes para nuestra reflexión sobre las políticas de la Unión. 
Se preguntan sobre políticas agrícolas y forestales que serían más ecológicas y asegurarían la ocupación del espacio, así como el mantenimiento y el desarrollo de las actividades humanas. 
Estas cuestiones están en el centro de nuestras sociedades. Han llegado por rechazo de las políticas productivistas que han degradado la calidad de las producciones y del medio ambiente, han provocado la hemorragia del empleo y la desertificación de las zonas frágiles. 
Se debería hacer todo en favor del éxito de estas políticas alternativas, pero ése no es el balance que establecen nuestros ponentes, a pesar de la insuficiencia de las informaciones que proporciona la Comisión. 
Constatan que no se han alcanzado los objetivos. 
El retroceso de la actividad agrícola ha transformado con frecuencia las zonas agrícolas en terrenos baldíos y bosques agrestes, no valorizados y muy sensibles a los incendios, principalmente en la Europa del sur. 
Las zonas montañosas y difíciles siguen despoblándose. 
Las zonas de producción intensivas que agreden el medio ambiente no se han visto afectadas por las medidas agroambientales. 
Este fracaso es la consecuencia de una PAC que somete a las producciones agrícolas y forestales a las reglas de un mercado que aplasta los precios y a los hombres. 
Las políticas alternativas existen. 
El informe Cunha que ha aprobado este Parlamento, al igual que la ley de orientación de la agricultura francesa, nos traen a la mente una reforma de la PAC que dedique las financiaciones públicas al desarrollo de una producción de calidad, que ocupe el espacio, que respete el medio ambiente y desarrolle el empleo. 
En las zonas de montaña difíciles, los precios y las primas deberían asegurar una renta decente en las pequeñas explotaciones. 
Por todas partes, debería fijarse un límite a las primas, por explotación, para reducir la carrera por la productividad y financiar contratos de explotación que se fijen objetivos de calidad, de empleo y de medio ambiente. 
En el mayor espacio de bosque cultivado de la Unión, el del suroeste de Francia, así como en los bosques mediterráneos, la puesta en práctica de nuevas técnicas de producción de resina de pino podrían repoblar las zonas hoy desertificadas. 
No son más que tres proyectos concretos en el espíritu de una política que permitiría que los medios financieros comprometidos por la Unión respondieran a las necesidades de nuestra sociedad. 
Señora Presidenta, muchas gracias por los diez minutos. 
Como tenía uno de los colegas, suman once. 
Comienzo con los tres míos. 
Punto 1: tenemos que aclarar de nuevo los objetivos de estas medidas de acompañamiento, es decir, la 2078 y la 2080. 
Señor Fischler, en aquella ocasión usted no era aún Comisario y Austria aún no estaba en la UE. 
El objetivo no era hacer un programa de innovación sino, lo dice el nombre, «medidas de acompañamiento» para una reducción de precios que se había realizado defectuosamente dentro del sistema de intervención y que había desplazado a la marginalidad económica a determinadas regiones que no se incluyen entre las de máximo rendimiento. 
Se quería aplicar una compensación y la posibilidad de realizar una repoblación forestal con la 2080 allí donde se había retirado algo de la producción. 
Esta era la finalidad que se escondía tras estas medidas de medio ambiente. 
Señor Fischler, que esto se haya convertido en un programa de innovación- y este es el punto 2- no tiene nada que ver con el objetivo sino que ha sido aprovechado así por los afectados. 
Austria es un buen ejemplo de ello. 
Han venido más tarde y se han beneficiado inmediatamente de este programa haciendo uso del modo especial de producción que se deduce de estos gravámenes medioambientales, aplicando una calidad especial a los productos en la comercialización. 
Lo mismo es aplicable a las explotaciones biológicas que se han venido a adherir a este programa y que podían vivir con estos más bien reducidos pagos compensatorios para el medio ambiente, ya que en el mercado podían alcanzar unos precios superiores. 
Cuando en el informe del señor Iversen se dice que por lo demás las explotaciones y las regiones no han hecho uso de este programa, se debe a que estas medidas y los pagos realizados por ello, no habían compensado en esas regiones el retroceso de los rendimientos. 
Los afectados han hecho de ello un programa de innovación. 
Tercer punto: la cuestión de la financiación. 
Se trataba de un programa que cae bajo los gastos obligatorios. 
Hace poco he hablado con el Ministro de Agricultura vasco. 
Estuvo en Austria y se quedó muy sorprendido de cuánto obtiene Austria de este programa. 
Le dije que porqué no lo habían hecho ellos en los últimos años. 
Alegó que era un programa que tenía que ser notificado por la Comisión y tenía que ser pagado pues pertenecía a las medidas obligatorias y provenía de FEOGAGarantía. 
Se podían haber ampliado estas finanzas y hoy tendríamos un presupuesto mayor y no tendríamos que esforzarnos por esa ampliación. 
Ultimo punto: la perspectiva de este programa. 
Coincido con usted. 
Este programa tiene que incorporarse al segundo pilar reuniendo en un programa estructural para el desarrollo integrado del área rural lo que se impuso como programa de medio ambiente y se convirtió en un programa de innovación y comercialización con una producción especial. 
Coincido pues con usted al respecto. 
Naturalmente, no coincido con usted en que como Comisario cometa el error... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Los reglamentos existentes sobre las medidas agroambientales y sobre las medidas de repoblación deben ocupar un lugar preponderante. 
Cuanto más cierto es que esos reglamentos correspondieron en 1992 a esfuerzos reales para integrar mejor unas consideraciones menos productivistas, tanto más inquietante es ver que hoy su balance es mitigado, incluso negativo. 
Con Agenda 2000, sería preciso imponer una reforma fundamental para reforzar la seguridad alimentaria, principalmente en el ámbito de las carnes. 
Con un déficit del 70 % de las proteínas para la alimentación animal, la Unión Europea siempre está a merced de posibles embargos internacionales. 
Paralelamente, un número creciente de campesinos se comprometen en nuevas producciones de calidad, vinculadas al suelo, más respetuosas con el medio ambiente, que dan prioridad a los mercados regionales, a los territorios, en lugar de volúmenes anónimos a la exportación. 
Se impone una revisión para que los empleos agrícolas, la seguridad alimentaria, la calidad de los productos y la protección del entorno rural estén en el centro de la reforma de la PAC. 
Ya no podemos conformarnos con medidas de acompañamiento, que con frecuencia no son más que taparrabos de una agricultura orientada al productivismo, a la bajada continua de los precios, a la desregulación y al mercado mundial. 
La PAC ha de integrar tanto consideraciones económicas y sociales como las vinculadas al medio ambiente y a la ordenación del territorio rural de la Unión. 
Sí, señor Iversen, tiene razón al lamentar que la Comisión se haya limitado a establecer un simple balance, sin proceder a una verdadera evaluación. 
La Comisión no ha querido extraer las conclusiones operativas que se imponen para el futuro. 
Las medidas agroambientales no deberían reducirse a ingresos adicionales para los agricultores. 
Hacer que los productores europeos vendan productos por debajo de su coste de producción no es hacer desarrollo duradero. 
En lugar de multiplicar las normas vinculantes de ecocondicionalidad para los agricultores, integremos desde el principio en los pliegos de condiciones unas condiciones de pago de las ayudas proporcionales al beneficio sanitario, social y medioambiental que la sociedad obtendría de una nueva agricultura con, por ejemplo, disposiciones especiales para las zonas de montaña como propone el Sr. Santini o también para las zonas desfavorecidas. 
En cuanto a las explotaciones de tipo industrial, con frecuencia contaminantes, orientémoslas hacia sistemas del tipo de que el que contamina paga, con ecocondicionalidad y límite máximo de ayudas. 
La misma lógica, en fin, preocupante, con el fracaso relativo al régimen de ayudas forestales en agricultura. 
Muy desigualmente aplicado según los países, no ha tenido un efecto real en términos de desarrollo rural, aunque haya cumplido su función de ocupación del suelo y de disminución de las superficies cultivadas. 
Bastaría con que una simple estrategia forestal europea nos estimulara a producir de forma duradera madera en Europa y a rechazar las importaciones de selvas tropicales o boreales que proceden con frecuencia de desmontes completos. 
Por supuesto, hemos de defender un aumento sustancial de los medios financieros, pero se impone una verdadera voluntad política de la Unión Europea para asegurar el éxito y la integración generalizada de estas medidas. 
Muchas gracias, interrumpimos ahora el debate conjunto que proseguirá después de las votaciones. 
Votaciones 
Señora Presidenta, tengo el honor de representar como portavoz a los cinco Grupos que han diseñado la resolución que está ante nosotros, es decir, los socialistas, los verdes, GUE, ARE y, por supuesto, los liberales. 
Quiero comunicarle que estos Grupos sólo están de acuerdo con dos enmiendas presentadas por el PPE, es decir, las enmiendas 5 y 8. La enmienda 8 únicamente con la condición de que este nuevo texto aparezca como segundo párrafo. 
Señora Presidenta, quisiera plantear una cuestión de observancia del reglamento de conformidad con el artículo 102, por cuanto que las enmiendas relativas a esta resolución no están disponibles en francés. 
Me alegro de poder decirle que votaré con agrado a favor de esta resolución, pero considero que es absolutamente imposible pronunciarse cuando las enmiendas no están disponibles en todas las lenguas. 
He esperado diez minutos a la distribución. Me han dicho que ya no había más enmiendas en francés, que era imposible encontrarlas, y me han aconsejado esperar. 
He esperado todo el tiempo necesario y he dejado de hacerlo en el momento de entrar a la sesión. 
Así pues, no disponemos de enmiendas en una de las lenguas en uso en la Unión Europea. 
Señor Presidente, junto con el Sr. Dupuis y otros he firmado una serie de enmiendas que exigen medidas contra numerosos dictadores y ex dictadores. 
No encuentro ninguna de estas enmiendas en nuestros papeles y ahora escucho que la administración lo ha declarado, por así decirlo, como improcedente. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿desde cuándo decide la administración contra qué dictadores y ex dictadores podemos proceder y contra cuáles no? 
Señor Posselt, está en un error. 
La administración no decide si una enmienda procede o no procede sino el Presidente. 
En este contexto, se trata sólo de la detención del general Pinochet y no de otra cosa. 
Por ello, todas las enmiendas que se salen de este tema no proceden. 
Si estoy bien informada, los solicitantes han recibido también una comunicación por escrito al respecto. 
Señora Presidenta, nunca he discutido que existiera una versión francesa de las enmiendas. 
Simplemente he dicho que esta versión no estaba disponible. 
Pero gracias a la cortesía de uno de nuestros colegas que se transformó en ujier, después de haber tomado la palabra, acabo de recibir el documento en francés. 
Me alegro. 
Pero, independientemente de todo esto, me pregunto sobre las razones por las que se decide, me pregunto quién es la autoridad que decide que las enmiendas relativas a algunos dictadores son admisibles, mientras que las enmiendas relativas a otros dictadores no lo son. 
(Aplausos) 
Puede presentar todas las propuestas de resolución que desee, pero en esta ocasión se trata solamente de una persona y no de otra cosa. 
Señora Presidenta, acepto la propuesta del Sr. Bertens pero, llegado el momento de la votación de este texto, quisiera introducir una enmienda oral, que estoy seguro que aceptará el Grupo Socialista y, por consiguiente, le pido que me permita expresarla aquí. 
(Antes de la votación de la enmienda 8) 
Señora Presidenta, cuando aquí reafirmamos nuestro compromiso con el principio de la justicia universal y, de acuerdo a ello, instamos a las autoridades competentes a interpretarlo conforme a los fundamentos del Tratado de la Unión Europea, yo quisiera añadir, después de «autoridades competentes» , «especialmente las de España y del Reino Unido» , que son las involucradas en este asunto. 
Yo estoy convencido de que el Grupo Socialista entenderá, porque es de pura lógica, que las autoridades españolas, tanto judiciales como gubernamentales- que tienen la capacidad, en el caso del Gobierno, de trasladar la petición de los jueces- y británicas- que tienen la capacidad de conceder la extradición- son las involucradas en este caso y, por consiguiente, aceptarán esta mención obvia. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Esto era ahora el considerando G. Hemos pedido que se vote por partes separadas. 
Quiero preguntar al Sr. Chichester si es posible que aquí se haya traducido algo erróneamente, pues se dice: «Los residuos radiactivos que existen hasta ahora son fundamentalmente residuos médicos». 
Naturalmente, esto es objetivamente falso al cien por ciento. 
Si se ha traducido erróneamente, de acuerdo, pero si no es así, tenemos naturalmente que tachar que se trata «fundamentalmente de residuos médicos». Pues no es cierto, esto lo sabe todo el mundo. 
Señora Presidenta, ésta era una enmienda que fue presentada originalmente por el Grupo de los Verdes en la fase de la comisión parlamentaria, así que no comprendo qué es lo que quieren ahora. 
Es cierto que todavía no hemos llegado al momento de la votación, pero vamos a votar por separado sobre las tres partes del considerando G, así que ¿por qué no votamos ya, sin pérdida de tiempo?. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Señora Presidenta, estamos contentos con el contenido de la resolución y del informe, en el que el Sr. Chichester hace una descripción y evaluación realistas y objetivas de la problemática. 
Por tanto, hemos respaldo la resolución. 
La clausura de centrales nucleares se convertirá en el futuro en una actividad industrial cada vez más importante. 
Con razón, en la resolución se hace hincapié en la protección preventiva de la salud pública en todas las actividades relacionadas con la clausura de centrales nucleares. 
Importantes diferencias de todo tipo, dentro y fuera de la Unión, hacen inviable una armonización de la clausura. 
De ahí que la responsabilidad de la clausura recaiga sobre todo en los Estados miembros y en los explotadores de centrales nucleares. Ellos mismos eligen entre una clausura directa y general, y una clausura en fases. 
Al calcular el precio de coste de la electricidad se tienen, por supuesto, también en cuenta los costes de clausura de la instalación. 
El intercambio de conocimientos y experiencias debe desarrollarse más, al igual que las actividades de investigación, educación e información. 
Al informar claramente al público en general sobre por qué y cómo hay que clausurar una instalación nuclear, éste obtiene una mejor idea de los problemas relativos a la clausura y eliminación de residuos radiactivos. 
No obstante, hacemos una observación crítica en cuanto al considerando N: que la aceptación social de la clausura y de la eliminación de residuos nucleares sea condición para el futuro desarrollo de la energía nuclear, va demasiado lejos. 
Por eso hemos votado en contra de ese considerando. 
De acuerdo con el título, el informe debería tratar del cierre de las centrales nucleares, pero su contenido constituye casi una defensa de ellas. 
Opino que esto es inaceptable. 
Las centrales nucleares no son seguras y por eso deben ser desmanteladas. 
Por este motivo, el informe debería centrarse más en cómo se va a realizar el cierre y especialmente en la forma técnica de proceder para que el desmantelamiento resulte seguro desde el punto de vista de las radiaciones. 
Lamento por eso que la mayoría del Parlamento Europeo no quiera dar su apoyo a las importantes propuestas de enmienda que ha presentado el Grupo V. Muchos Estados miembros han decidido comenzar el cierre de sus centrales nucleares, entre otros Suecia y Alemania, pero nada de esto se dice en el informe. 
Por este motivo, he votado en contra del informe en su totalidad. 
Represento una circunscripción de una región que durante muchos años ha desempeñado un papel dominante en los usos civiles de la energía nuclear, y me congratulo de que el Sr. Chichester haya tomado la iniciativa de presentar este informe sobre el futuro del cierre definitivo de las centrales nucleares. 
La energía nuclear inspira un fuerte apoyo o fuertes críticas. 
Ante nosotros tenemos quizá una cuestión esencial- cómo retirar las centrales nucleares de forma segura cuando llegan al final de su vida útil- que podría unirnos a todos. 
Conozco las aptitudes de los trabajadores de las plantas nucleares, como por ejemplo las numerosas personas del noroeste de Inglaterra que trabajan en este sector y que ayudan al funcionamiento de la economía moderna. 
Confío en su capacidad para llevar a cabo el cierre definitivo de las centrales antiguas en el futuro, de igual manera que han sabido superar los problemas de la reelaboración del combustible agotado en el pasado. 
Hago mío el principio enunciado en este informe de que es mejor que se ocupen de esta labor las autoridades nacionales y los expertos industriales, en vez de la UE. 
Sin embargo, el informe también tiene razón cuando pide que, como en la investigación, cuando la UE pueda desempeñar un papel útil en la labor de cierre definitivo, su labor debería incluir, naturalmente, a las numerosas naciones de la Europa central y oriental cuyas centrales nucleares, construidas en tiempo de los comunistas, requieren ayuda para su cierre definitivo en condiciones de seguridad. 
Con ello finalizan las votaciones. 
Medio ambiente y producción agraria- Ayudas a las medidas forestales en agricultura- Zonas de montaña (continuación) 
Proseguimos el debate conjunto interrumpido antes. 
Señora Presidenta, en el contexto de la agricultura y de las repercusiones medioambientales en otras zonas, diré que todos los argumentos adelantados por el Sr. Santini se aplican también a las regiones menos favorecidas. 
La despoblación rural es un problema, particularmente en mi país, Gales. 
Los jóvenes- y los progenitores jóvenes- se van de las zonas rurales a las ciudades y su lugar lo ocupan jubilados u otras personas que utilizan las zonas rurales como dormitorios mientras que su actividad económica se desarrolla en la ciudad. 
Eso tiene efectos desastrosos. 
La vitalidad económica de los jóvenes queda reemplazada por la actividad recreativa de los mayores de edad. 
Las escuelas y las tiendas se cierran y desaparecen las líneas de autobuses. 
Tenemos que trazar nuevos métodos para conseguir que los jóvenes permanezcan en las zonas rurales. 
Tenemos que ofrecer servicios públicos asequibles en todas esas zonas rurales. 
Una forma de ayudar consiste en encontrar mejores métodos para compensar a los habitantes de las zonas rurales por la prestación de servicios ambientales. 
El sistema de subvenciones de Hill para compensar por la pérdida de ganado debe utilizarse para indemnizar por deficiencias naturales y no para conseguir objetivos medioambientales. 
Algunos planes encaminados a estimular una agricultura intensiva, como Tircymen en Gales, deben financiarse mediante otros planes agroambientales distintos. 
Hay que respetar también la identidad de las personas que viven en zonas poco pobladas. 
No hay que pensar en las zonas rurales como parques de recreo para los visitantes procedentes de la ciudad. 
No hay duda de que queremos obtener los beneficios económicos del turismo, pero también necesitamos inversiones en puestos de trabajo remunerados. 
Tenemos que tener siempre presente el impacto ambiental del desarrollo, pero también hemos de evaluar el impacto económico de todas nuestras consideraciones ambientales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, cuando hablo sobre este programa lo hago desde la experiencia, pues en mi explotación trabajamos desde 1993 con este programa según 2078. 
Por ello, las cosas que aquí expongo se deducen de la práctica. Quiero referirme también a algunos aspectos que quizás pudiésemos mejorar. 
En mi Estado federado de Baden-Württemberg este programa ha encontrado una elevada aceptación, pero la cofinanciación con participaciones al 50 % es muy alta. 
El Gobierno de mi Estado federado se queja de esta participación. 
Afirma también, en lo que coincido con él, que no puede decidir mucho pues paga el 50 % y además tiene que realizar la revisión aunque tuviese un mayor derecho de codecisión. 
Quiero apoyar también esto. Aquí se puede aplicar también la subsidiariedad. 
Hasta ahora, las autoridades locales tenían más margen de actuación en la aplicación del programa. 
Pero la Comisión presenta cada vez más cargas y más burocracia y sobre todo en la nueva práctica de autorización se orienta muy intensamente a la protección de la Naturaleza y no tanto a la explotación de terrenos menos favorecidos. 
Señor Comisario, coincidirá conmigo si digo que la Selva Negra y nuestras montañas deberían conservar su característica proporción verde y que no deberían modificarse. 
Creo que coincidirá también conmigo si digo que una economía extensiva es mucho más barata que una conservación comercial del paisaje. 
Los agricultores que participan en el programa se deben comprometer por cinco años. 
Pero entre nosotros hay agricultores que tienen muchas tierras arrendadas y que no tienen ninguna influencia sobre la fluctuación de esas tierras arrendadas. 
Por ello, se debería poder configurar el programa algo mejor sobre una base local. 
Los agricultores realizan a la comunidad una serie de aportaciones. 
Nadie ha hablado aún al respecto. 
Renuncian al recorte de los tallos y al abonado tardío pues así se protege realmente el paisaje y se cuidan las aguas freáticas. 
Sobre todo, renuncian a rendimientos máximos y muelen nuestro maíz. 
Esto cuesta más y renunciamos en contrapartida a la protección de las plantas. 
Esto lo califico como de agricultura compatible con el medio ambiente sin caer al mismo tiempo en extremos. 
Permítanme que me refiera aún a otros cuatro puntos. 
El Reglamento 2078/92 ha demostrado su eficacia. 
El margen de actuación regional conducirá probablemente a una elevada aceptación y la utilidad se tiene que poder palpar in situ. 
Segundo: la práctica restrictiva de autorizaciones aplicada por la Comisión deja algo de lado el importante campo del cuidado y conservación del paisaje de cultivos debido a formas extensivas de explotación de la tierra. 
Tercero: en algunos campos se deberían aplicar unas disposiciones ejecutivas más flexibles para una mejor adaptación regional. 
Las medidas medioambientales en la agricultura no deben excluir las normas medioambientales que prescribe la ley. 
Cuarto: señor Comisario, la determinación estricta de los ingresos de los programas hasta un máximo del 20 %, tal como indica el Reglamento 746/96, reduce la aceptación de algunas medidas. 
Sería deseable un mayor margen. 
Señora Presidenta, muchas gracias por su comprensión al permitirme hablar durante más tiempo, pero sé mucho al respecto y quiero que las personas tomen nota de ello, al menos el Comisario. 
Señora Presidenta, señor Comisario, resulta verdaderamente necesario someter a debate el informe de la Comisión que aborda la reforestación como una medida de utilización alternativa de la tierra agrícola; y este debate deberá tener lugar antes de que se adopte cualquier decisión sobre una gran ampliación de las ayudas forestales en el proyecto de la Agenda 2000, entendida esta ampliación como un componente más del desarrollo del mundo rural. 
El Sr. Otila, ponente, tiene toda la razón cuando afirma que la Comisión no aclara si las cuantiosas ayudas han permitido o no alcanzar los objetivos establecidos para reducir la producción agrícola. 
A fin de cuentas, es preciso averiguar de manera exhaustiva y detallada la relación entre los costes y los beneficios del programa de reforestación, los importes verdaderos de las ayudas, el destino de las mismas y, de modo más amplio, las repercusiones que han tenido en el medio ambiente. 
Así pues, hay que corregir las deficiencias y los puntos débiles del régimen antes de que se produzca una ampliación de la política de ayudas. 
Espero verdaderamente que la Comisión ofrezca ahora a las preguntas que se le han formulado una respuesta más clara que la que yo recibí, hace dos semanas, con motivo de una pregunta escrita sobre la evaluación de las ayudas en materia forestal. 
En la exposición de motivos de su informe, el ponente hace referencia en repetidas ocasiones a una propuesta de estrategia del Parlamento para el sector forestal. 
En la propuesta del Parlamento se resalta que la economía forestal ha de seguir funcionando con arreglo a las condiciones que impone la economía de mercado, sin ayudas que distorsionen la competencia y, ante todo, dentro del ámbito de decisión nacional. 
La función de la Unión Europea en materia de política forestal ha de restringirse a la adopción de medidas en apoyo de una explotación diversificada de los recursos forestales y un aprovechamiento económico conforme con el desarrollo sostenible. 
Una de estas actividades podría ser, por ejemplo, el apoyo a una certificación europea para el sector forestal que fomente el uso de la madera, como alternativa a un sistema destinado a ocupar una posición de monopolio como es el denominado FSC. 
Señora Presidenta, no existe una política forestal común de la Comunidad, no sólo porque no consta en los Tratados fundacionales ni en las posteriores reformas, sino porque lo ha demostrado la experiencia práctica de treinta años: Siempre viene la Comunidad- sus organismos institucionales- con medidas improvisadas, casuales, a poner parches en los rotos causados. 
Quiero decir que esta política comunitaria para el bosque y la silvicultura es el instigador, el incendiario de los bosques. 
Todos los años se destruyen decenas de miles de hectáreas en la extensión de la Unión Europea, especialmente en las regiones del sur y, todavía con mayor densidad y de forma mas devastadora, en Grecia. 
El informe Otila, que intenta un acercamiento a dicho asunto, se mueve en el mismo marco, señora Presidenta, y de forma negativa porque afirma: La reforestación es una solución alternativa para la utilización de la tierra agrícola: Es decir, extender la reforestación allí donde se producen cultivos. 
¡Eso es hipocresía, señora Presidenta, porque están pendientes las reforestaciones de decenas de miles de hectáreas que no se realizan y queremos reforestar allí donde las tierras están cultivadas!. 
Señora Presidente, de no decidirse una política forestal organizada con los correspondientes recursos para las investigaciones, la ciencia y la tecnología para la prevención y la sofocación de incendios, todo lo que debatimos aquí no sirve de nada y se producirán calamidades lamentables, catastróficas, económicas, sociales y ecológicas. 
Catástrofes que en su evolución podrían llegar a ser una especie de holocausto. 
Señora Presidenta, gracias Santini por este excelente informe. 
Una cuarta parte de la superficie de Europa esta constituida por zonas montañosas. 
La tierra es pobre, hay pocos habitantes, en Suecia sólo cinco habitantes por kilómetro cuadrado. 
Se trata de pequeñas propiedades agrícolas donde se tiene a menudo una combinación de explotación agrícola y forestal, con frecuencia agricultura de dedicación parcial, para poder sobrevivir. 
Hay una emigración considerable, se quedan los más viejos, los jóvenes se van a causa de las duras condiciones de vida. 
Además, hay que agregar las dificultades climáticas. 
El invierno en Escandinavia dura siete meses, cuatro meses está oscuro y el período de vegetación es sólo de 160 días. 
Pero es un entorno único, con diversidad biológica. 
La agricultura es allí ecológica, la zona es rica en recursos naturales y culturales y mucho, mucho más. 
No obstante, es importante que entendamos que la agricultura en las zonas montañosas no puede competir con la que se realiza en los llanos. 
Se necesitan medidas especiales y flexibles, además de que se tomen en cuenta las condiciones existentes en las zonas montañosas, que son totalmente diferentes de las existentes en las zonas agrícolas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el fomento de métodos de producción agraria no perjudiciales para el medio ambiente, la naturaleza y el paisaje merece mucha atención. 
Además, las medidas agroambientales de la Unión pueden desempeñar un papel estimulante. 
A mediados del año presupuestario 1997, se habían concluido acuerdos con el 17 % de las explotaciones agrícolas de los Estados miembros. 
Con ello, este reglamento ha llegado a constituir un ámbito importante de la política agrícola europea. 
El informe de la Comisión muestra que la regulación se enfrenta con algunas dificultades iniciales. 
Así, la ejecución ha quedado muy por detrás de los gastos previstos, entre otras cosas, como consecuencia del lento inicio de los programas. 
Varios Estados miembros todavía no hacen uso, o apenas lo hacen, de la regulación. 
Esto es, sin lugar a dudas, alarmante y, por tanto, hay que analizar detalladamente los motivos, sobre todo, para determinar si el hecho de que los propios Estados miembros tengan que participar en la financiación ha sido decisivo. 
Me parece importante saberlo, especialmente de cara al debate relativo a la posibilidad de introducir también la cofinanciación en las ayudas a la renta. 
Desgraciadamente, el informe de la Comisión no incluye un análisis de los efectos positivos de las medidas agroambientales en el estado de la naturaleza y el paisaje. 
El reglamento debe modificarse si, efectivamente, como sospecha el ponente, se subvencionan actividades agrícolas que también se llevarían a cabo sin subvenciones,. 
Insisto por ello en que la Comisión redacte un detallado informe de evaluación tan pronto como sea posible, en todo caso, antes de las decisiones definitivas sobre el nuevo programa. 
Las subvenciones agroambientales no pueden degenerar en ayudas a la renta camufladas. 
En ese contexto, doy mucha importancia a la clarificación de los requisitos que figuran en el reglamento y a una mejor vigilancia sobre el cumplimiento. 
Semejante informe sobre los efectos de las medidas agroambientales también es necesario de cara a las próximas negociaciones en la OMC. 
La Unión debe poder demostrar que las subvenciones producen ventajas para el medio ambiente a fin de que puedan continuar formando parte de la llamada «green box». 
Por tanto, motivos, todos, para incluir totalmente estas subvenciones para la recuperación de la naturaleza y el paisaje. 
Señora Presidenta, me parece que es oportuno que tengamos hoy en la galería a un grupo de visitantes del campo escocés, que constituye nuestra principal zona forestal en el Reino Unido. 
Quisiera asignar al informe del Sr. Otila un pequeñísimo signo de interrogación, y es que todos damos por sentado siempre que queremos más árboles. 
Tengo árboles en mi jardín. He plantado árboles en mi jardín y me gusta ver árboles cuando voy por la carretera. 
La pregunta que quiero hacer es sencillísima: ¿estamos verdaderamente seguros de que vamos a necesitar todos esos árboles para producir madera? 
Es absolutamente evidente en mi circunscripción de Shropshire y Herefordshire que, en la actualidad, nuestra industria maderera está sufriendo una enorme presión. 
En realidad, algunos responsables de las instalaciones de elaboración de la madera dicen que estamos atravesando la peor situación experimentada por la industria maderera en los 45 últimos años. 
El mercado de la madera británica- y sólo una pequeña parte del mercado británico se surte actualmente con productos de dentro del Reino Unido- se ha contraído en un 25 por ciento. 
Hay una verdadera preocupación por el porvenir de nuestra industria maderera. 
Se dice que la antigua Unión Soviética está vendiendo madera a precios ridículamente bajos, sencillamente para obtener divisas. 
Me gustaría decir que sí, que tenemos que plantar más árboles, pero que, por lo menos, hemos de tener alguna idea concreta acerca de si en el futuro habrá un mercado para la madera producida. 
En algún momento futuro quizá sea necesario imponer una moratoria a los árboles en el marco del sistema que impongamos al mercado, para que la industria maderera no sufra daños. 
Quizá necesitemos una tasa de importación de los países que no formen parte de la Comunidad Europea para proteger de esa manera nuestro propio mercado. 
Me preocupa que, siguiendo como seguimos ese camino, corramos el riesgo de producir demasiado, y me gustaría saber lo que va a decir el Comisario sobre esta cuestión. 
Es posible que ésta sea la primera vez que alguien toma la palabra para preguntar si realmente deberíamos plantar más árboles. 
A la luz de las circunstancias actuales, frente a la industria maderera británica y a las industrias madereras de otras partes de la UE, se trata de una pregunta que está justificada. 
Señora Presidenta, se presentan ahora a debate tres informes relacionados con el medio ambiente que componen un conjunto de gran interés. 
Desearía felicitar a los ponentes por la elaboración de unos informes tan detallados, si bien en esta intervención voy a referirme únicamente al informe del Sr. Otila relativo a los bosques. 
El término «bosque» adquiere un distinto significado en las diversas regiones de la Unión Europea. 
En Finlandia y en Suecia, los bosques constituyen el entorno vital por excelencia. 
Los sembrados no son más que zonas aisladas entre los bosques. 
Además, estos bosques albergan un valiosísimo recurso natural renovable. 
Las tierras que no se siembran se reforestan de nuevo, y lo mismo sucede con las zonas que han sido taladas o calcinadas. 
En la Europa central, los bosques son principalmente zonas de recreo y parques con un valor humano y paisajístico. 
En los países mediterráneos, el bosque constituye un factor fundamental para la protección de la naturaleza y del paisaje. 
Los bosques protegen el suelo de la erosión, contrarrestan la acción de las lluvias y mejoran el clima. 
Por estos motivos, la gestión de los bosques es distinta en los diversos países. 
En esta gestión influyen factores ecológicos, sociales y económicos, por lo que la política forestal también deberá ser distinta en los diversos Estados. 
Los objetivos fundamentales, las bases y los medios de esta política han de ser distintos. 
Este hecho explica que no se pueda tampoco armonizar las diversas políticas forestales, sino que cada circunstancia exige una política forestal diferente. 
Ésta parece ser la razón principal por la que el Tratado de Roma no incluye la política forestal dentro del ámbito de actuación de la UE. 
Por todos estos motivos, no puedo mostrarme de acuerdo con el apartado n- 8 del informe del Sr. Otila, en el que se apoyan los esfuerzos para seguir armonizando las políticas forestales nacionales, mientras que, por el contrario, respaldo su propia enmienda n- 3, así como el resto de las enmiendas que ha presentado el ponente. 
Se debe fomentar el desarrollo común del sector forestal, pero integrar este sector como un componente más de la política comunitaria ocasionaría una burocratización y un desbarajuste en la financiación de dicho sector. 
Señora Presidenta, quiero decir que he leído con gran preocupación el informe del Sr. Otila y las observaciones que ha hecho. 
Mi primer punto de preocupación es que dicho reglamento parece tener escaso éxito y completamente diferente en función del país y creo que eso es natural desde el punto de vista de que era una medida para reducir la producción agrícola, y el desarrollo de los bosques fue subvencionado como el vehículo para la reducción. 
Es decir, era el objetivo central para el aumento de los ingresos de algunos agricultores. 
En este sentido, creo, era limitado en principio en relación con su éxito en lo referente a los bosques y al desarrollo forestal en la Unión Europea. 
El segundo elemento que quiero señalar es que es lamentable que la Unión Europea no tenga una política forestal y, desgraciadamente, mientras la Unión Europea no tenga una política forestal habrá países, como Grecia, en donde se quemen sus bosques y en donde tampoco existe una política forestal. 
Y dijo el anterior compañero que existen desigualdades, situaciones diferentes. 
Naturalmente, hay situaciones diferentes. 
Pero la Unión Europea, por ejemplo, tiene una política para las islas. 
Isla es Gran Bretaña, Irlanda y mi pequeña isla del Egeo. 
No significa que se adopte la misma política ante todas las islas. 
Y es una falta importante, especialmente cuando, en este momento, el bosque mediterráneo se destruye y se degrada el medio ambiente de media Europa, con consecuencias, si quieren, a través del turismo, de la cultura, de una Historia que se desarticula en toda Europa. 
En este sentido, no puedo estar de acuerdo con el informe Otila y, concretamente con el punto 8 que admite como un hecho dado que no existirá una política forestal dentro de la Unión Europea. y creo que, por el contrario, debemos intentar que el asunto de los bosques entre en los Tratados. 
Ello no significa, por supuesto, que se apliquen las mismas medidas en Finlandia y en la misma Grecia. 
Señora Presidenta, en mi contribución, haré algunos comentarios sobre las medidas complementarias a favor de la protección del medio ambiente y conservación de la naturaleza. 
Los Estados miembros utilizan cada vez más este tipo de medidas que aspiran a recompensar a los agricultores que especialmente protegen el medio ambiente y la naturaleza mediante la aplicación de métodos agrícolas extensivos. 
Los países que más utilizan, por término medio, esta medida son, entre otros, Austria, Finlandia y Suecia. 
Evidentemente, durante las negociaciones de adhesión, se les ha hecho hincapié sobre esta posibilidad de ayuda. 
Para aprovechar esta subvención comunitaria, un requisito importante es que, simultáneamente, debe comprometerse una cantidad considerable de recursos presupuestarios nacionales. 
Teniendo en cuenta que esa voluntad no es tan amplia en todas partes, la utilización de los medios de que dispone la UE para ello también varía. 
Se trata, realmente, de un buen ejemplo de responsabilidad política y financiera compartida entre la UE y los Estados miembros respecto de una parte de la política agrícola. 
Se trata de apoyar a los agricultores que producen ventajas extras en relación con el medio ambiente y la naturaleza. 
No obstante, eso también forma parte de la política agrícola. Se trata de una aplicación bastante rigurosa de los métodos agrícolas extensivos. 
Sin embargo, se puede imaginar que con el mantenimiento de esta subvención, que discutimos hoy aquí, esta compartida responsabilidad política y financiera entre la UE y los Estados miembros también se aplicaría a una parte de las compensaciones de ingresos en el marco de las reducciones de los precios de sostenimiento de 1992 y, después, en la Agenda 2000. 
En ese caso, esas condiciones medioambientales no deberían guardar una relación tan extrema con la agricultura extensiva, sino con todas esas explotaciones agrícolas que minuciosamente se atienen a lo que entre tanto llamamos good agricultural practices. 
También se podrían añadir criterios sociales. Eso puede deducirse del Reglamento 2078: es mejor crear algo específico en donde aparezcan un sistema de cofinanciación, criterios nacionales de medio ambiente y aspiraciones sociales, que un sistema uniforme de compensaciones de ingresos, solamente concedidas por Bruselas. 
Por otra parte, tampoco el Reglamento 2078 parece inspirarse únicamente en criterios relativos al medio ambiente y a la naturaleza, sino también en la necesidad social. 
Además, semejante planteamiento cualificará automáticamente este tipo de medidas para la llamada green box de la OMC. 
Señor Presidente, señor Comisario, una carencia importante en la política europea es la capacidad para mirar de frente al problema de las ciudadanas y de los ciudadanos que viven en el mundo rural, y las montañas forman parte de él. 
Mantener una población de agricultores, entre otros, en zonas difíciles, cuesta muy caro, sin duda. Pero el éxodo de esas ciudadanas y de esos ciudadanos, que abandonan sus regiones pobres para ir a las ciudades y sus extrarradios, donde no encuentran más que algunos empleos, también cuesta muy caro. 
Cuantos más pobres hay en las ciudades y sus extrarradios, que con frecuencia se les llama barrios de chabolistas, más aumenta la inseguridad, se necesitan más policías o vigilantes, que también cuestan muy caros. 
El abandono de la agricultura de montaña ha tenido como efecto también el aumento de los aludes, principalmente en las zonas del norte. 
Esto provoca dramas humanos: cada año los aludes causan numerosas víctimas. 
El abandono de los pastos y del mantenimiento del bosque bajo aumenta los riesgos de incendios forestales, incendios que son cada vez más numerosos y producen más daños, principalmente en el sur de Europa. 
Imaginen todo lo que cuestan. 
Será necesario remunerar a los pastores por los servicios realizados al medio ambiente, será necesario pagarles para hacer ahorros importantes. 
Es preciso también considerar la explotación de las zonas forestales en la perspectiva de la producción de energías alternativas verdes por excelencia. 
Es preciso investigar para conseguir productos de crecimiento rápido, como el eucalipto, y desarrollar centrales de combustión directa de esos vegetales, o de metanización, metano que podría extraerse para hacer otras centrales térmicas. 
Y si, en lugar de hacer ahorros presupuestarios sin perspectiva positiva, la regla fuera organizar, mediante un esfuerzo financiero importante, la integración de las zonas desfavorecidas en el espacio de desarrollo económico, como usted hace tan bien en su país, en Austria, señor Comisario. 
Además, ahora, con el importante desarrollo de las técnicas de comunicación y de intercambios, sería posible estimular la creación de empleo de calidad en estas zonas, mediante el teletrabajo, por ejemplo, y por qué no, enviar una parte del personal de las diferentes direcciones generales de la Comisión a esas zonas en dificultad, hacer simple trabajo de oficina. 
Señor Comisario, cuento igualmente con usted y con la inteligencia colectiva para lograrlo y permitir así hacer del mundo rural en general, y de las zonas desfavorecidas en particular, del peso muerto que era, un acelerador del desarrollo armonioso de todos nuestros pueblos, por todas partes de Europa. 
Señora Presidenta, quisiera comentar brevemente los informes del Sr. Iversen y del Sr. Otila. 
Es curioso que, aunque los dos sean partidarios de que desarrollemos actividades agrícolas alternativas, los dos lleguen a la conclusión de que no ha habido evaluación alguna por parte de la Comisión. 
Es una lástima, porque es difícil promover las medidas propuestas sin antes efectuar algún tipo de evaluación. 
Por lo que se refiere a la agricultura respetuosa del medio ambiente, no hay duda de que estoy en favor de ese concepto, pero sospecho que parte del problema estriba en que es muy oneroso llevarlo a cabo. 
Quizá la Comisión pudiera tener en cuenta los niveles de la ayuda para subvenciones. 
En cuanto a la silvicultura, he sido siempre partidario de ella. 
El motivo de que la apoye es que la he considerado como una oportunidad de suplementar los ingresos de los agricultores, especialmente de los que poseen malas tierras. 
Ahora bien, uno tiene preguntarse: si ésa era la intención, ¿son ellos los que se beneficiarán? 
Tengo la impresión de que en muchos de los planes forestales que funcionan en Irlanda la mayor parte de los beneficios van a parar a los especuladores, particularmente a personas de fuera del país. 
No me parece que nuestra política forestal deba seguir esa orientación, y preferiría mucho más que los ingresos fueran para los propios agricultores. 
Tropezamos también con algunas cuestiones graves en materia de planificación porque parte de las actividades de repoblación forestal se hacen sin plan alguno. 
Quizá se trate de un asunto que nuestras autoridades locales debieran estudiar: si los planes forestales deberían o no deberían requerir su aprobación previa. 
Éstos han sido los comentarios que quería hacer acerca de esos dos informes. 
Insto a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación en esas dos esferas para ver si se puede extraer algo más de ellas como iniciativas en la esfera de la actividad agrícola. 
Señora Presidenta, Señorías, por motivos de simplicidad me voy a referir consecutivamente a los tres informes, es decir, voy a comenzar con el informe Iversen, en la segunda parte de mi exposición me voy a referir al informe Otila y para finalizar voy a exponer mi opinión sobre el informe Santini. 
El informe Iversen muestra por un lado un gran conocimiento de las complejas cuestiones de que se trata. 
Por otro lado, es un informe muy crítico y la crítica se dirige tanto a las autoridades de los Estados miembros que elaboran y ejecutan los informes como a la Comisión. 
El tema más importante del informe es la cuestión de la evaluación. Esta es también la mayor preocupación de la Comisión. 
Pero antes de referirme a esta cuestión, quiero llamar la atención sobre algunos aspectos básicos de la política medioambiental en la agricultura, aspectos que se reconocen y confirman asimismo en el informe Iversen. 
Primero: el principio más importante de nuestra política es que debemos pagar también a los agricultores por sus aportaciones al medio ambiente, además no en forma de ayudas a los ingresos sino como pago por el trabajo realizado, como indemnización por unos costes superiores y como compensación por pérdidas de ingresos. 
Segundo: gracias a la supervisión del programa, disponemos de pruebas concretas de que en la reducción de excedentes y en la protección de la Naturaleza, se han logrado sin duda éxitos gracias a nuestras medidas medioambientales. Esto se reconoce también en el informe. 
Tercero: hay que mejorar aún más la configuración y administración de los programas. 
Cuarto: las diversas medidas sobre el desarrollo rural y las medidas de política comercial de la PAC tienen que estar mejor entrelazadas y coordinadas de modo general, tal como hemos previsto también en nuestras propuestas sobre la Agenda 2000. 
Quiero añadir algunos puntos a los puntos centrales mencionados en este informe. Quinto: el paisaje de cultivos europeo depende en gran medida de la agricultura y de la silvicultura. 
Nuevos resultados de investigación confirman que la biodiversidad y los paisajes de cultivos que han acuñado nuestro continente durante siglos solamente se pueden mantener con ayuda de procedimientos agrícolas y forestales adecuados. 
Sexto: la actitud de la sociedad europea y también de los agricultores tiene que cambiar; nosotros tenemos que mostrar claramente nuestra posición sobre la mejora de la protección del medio ambiente pues sólo así podremos justificar a largo plazo los correspondientes gastos. 
Nuestra futura estrategia se basa en principio en dos consideraciones: por un lado, los agricultores tienen que alcanzar un determinado estándar mínimo como condición previa para los pagos compensatorios. En todos los sectores económicos esto es algo evidente y cumple también con lo que la población espera de ello. 
En mi opinión, este estándar mínimo tiene que ser una buena práctica agrícola. 
Por otro lado, la sociedad tiene que estar dispuesta a compensar a aquellos agricultores que están dispuestos a ir más allá de ese estándar mínimo y aportar prestaciones adicionales al medio ambiente por las pérdidas de ingresos o las prestaciones adicionales realizadas. 
En un mundo que se caracteriza cada vez más por la competencia, los agricultores tienen que minimizar obligatoriamente sus costes. 
Esto puede significar que las prestaciones para la protección del medio ambiente que antes habían sido realizadas en cierto modo gratuitamente por ellos, no sean ya posibles en el futuro. 
Por ello, necesitamos compensar estas medidas medioambientales de la agricultura. 
Muchos agricultores están dispuestos a realizar un contrato sobre estas aportaciones de protección del medio ambiente pero sólo si se les paga adecuadamente por ello. 
Permítanme que me refiera ahora a la cuestión antes planteada de la evaluación. 
Saludo el interés del Parlamento en esta cuestión pues nos es de gran ayuda para proporcionar más peso a nuestras posiciones frente a las autoridades nacionales y regionales. 
La Comisión ha adoptado ya importantes medidas para la evaluación de las medidas medioambientales de la agricultura. 
Hemos logrado expresamente ante las autoridades nacionales y regionales que se realicen tales evaluaciones. 
También hemos proporcionado a estas autoridades las correspondientes indicaciones. 
En el reglamento ejecutivo hemos incluido una norma con la que se determinan las obligaciones de los Estados miembros en lo referente a la evaluación. 
Además, con fondos de investigación del programa PHARE y con otros estudios, hemos trabajado continuamente en cuestiones de evaluación. 
Naturalmente, comprendo la posición en parte crítica de las autoridades nacionales y regionales. 
La mayoría de los programas realizados por ellas se pusieron en marcha en 1995 ó 1996 y lógicamente hace falta un cierto tiempo hasta que se puedan ver de un modo mensurable los resultados. 
Además, hay que reconocer que la protección del medio ambiente es un asunto complejo y que, por ejemplo, la supervisión de la biodiversidad o la supervisión o registro de la inclusión de nutrientes son también tareas técnicamente difíciles. 
A pesar de ello, hemos logrado recibir no menos de 158 informes de evaluación de los Estados miembros. 
53 de ellos se han terminado este año o se han presentado como borradores. 
Esperamos por ello toda una serie de informes adicionales para el próximo año. 
En lo que se refiere a los resultados de estos informes, puedo entender bien al Parlamento cuando espera con impaciencia los resultados de estas importantes medidas. 
Hoy puedo decirles que en los próximos días se terminará este informe adicional y que se presentará en el tiempo más breve al presidente de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural y al de la Comisión de Presupuestos. 
El señor Funk ha pedido más derecho de participación para los Estados miembros o las administraciones regionales. 
Señor Funk, tengo que indicarle que la programación es ya de la incumbencia de los Estados miembros o de las regiones. 
Así pues, la Comisión tiene aquí un derecho de participación pero la programación en si la realizan las regiones. 
Así es, señor Funk. 
Con ello, llego a la segunda parte, al informe Otila. Contiene numerosos puntos relevantes, de los cuales algunos se han reflejado ya en las propuestas de la Comisión para la Agenda 2000. 
En su propuesta para un nuevo Reglamento sobre desarrollo rural, la Comisión ha considerado una serie de modificaciones de la regulación de las ayudas que coinciden con algunas conclusiones del informe. 
En especial, la Comisión propone que en el reglamento actual se suprima la diferenciación existente entre agricultores a tiempo completo y a tiempo parcial, ya que esta diferenciación ha impedido con frecuencia la aplicación con éxito de la regulación. 
Además, la Comisión propone que la ejecución de las medidas sea facultativa en los Estados miembros y no obligatoria como ocurre actualmente. 
No obstante, la Comisión no puede adherirse a todas las conclusiones del informe del Parlamento. 
Opinamos que en lo tocante a las conclusiones definitivas sobre la aplicación del Reglamento 2080 se debe ser precavido. 
Tal como hemos expuesto en nuestro informe, la repoblación forestal de superficies agrícolas es un proceso a largo plazo. 
Es, por ello, demasiado pronto para enjuiciar al cabo de tan pocos años cuáles son los efectos del reglamento o, en especial, hasta qué punto contribuye a una reducción de la producción agrícola y a la mejora de los recursos forestales. 
Por lo demás, me permito aprovechar esta ocasión para indicar que las reservas de madera en la Unión Europea no están retrocediendo sino que aumentan de año en año. 
Por ello, nadie debe tener miedo de un uso excesivo de los recursos forestales. 
Creemos que las medidas de repoblación forestal de superficies agrícolas van a contribuir a largo plazo a desarrollar la áreas rurales, a impulsar la diversidad de actividades y a desarrollar un concepto dinámico del uso del suelo y de conservación razonable del paisaje. 
Independientemente de ello, estamos convencidos de que la regulación va a repercutir positivamente sobre el medio ambiente. 
La Comisión coincide con el Parlamento en que es necesario realizar una valoración de la ejecución del Reglamento 2080. 
Me permito asegurarles que haremos todo lo que esté en nuestra mano para ejecutar los correspondientes trabajos y presentar los resultados al Parlamento. 
Pero para ello, primero necesitamos unos datos fiables y representativos. 
En lo que se refiere a la estrategia forestal de la Comunidad en su totalidad y, en especial, a la cuestión de si debe haber regulaciones jurídicas comunitarias para la economía forestal, la Comisión adoptará próximamente una resolución sobre tal estrategia forestal que presentará asimismo al Parlamento. 
No obstante- sin querer adelantarme a la Comisión- puedo decir ahora que personalmente no estoy de acuerdo en que la política forestal se comunitarice. 
Voy a referirme ahora a la tercera parte, el informe del Sr. Santini. 
Creo que el Sr. Santini ha tocado un tema muy importante y quiero felicitarle al igual que a todos los demás ponentes. 
En la Unión se atacó por primera vez el tema de la agricultura de montaña y de las zonas de montaña hace más de 20 años y ya entonces se creó un marco para regiones menos favorecidas. 
Dentro de este marco se concedió una especial importancia a las zonas de montaña. 
Las difíciles condiciones de trabajo de los agricultores en las zonas de montaña justifican que se las tenga especialmente en cuenta en la política agrícola común. 
Pero tampoco se puede ignorar que hay otras regiones que también tienen que enfrentarse a problemas específicos, como las regiones nórdicas, regiones áridas y otras regiones desfavorecidas. 
Por ello, al tratar este tema, no debemos cometer el error de contemplar las necesidades y deseos de los agricultores en las zonas de montaña, aislándolo de otras regiones desfavorecidas. Esto se refleja con claridad también en el deseo de algunos diputados de que se amplíe este informe a las zonas áridas y semiáridas o a las árticas. 
Por otro lado, un modo demasiado individual de contemplar las características especiales de las zonas rurales se opondría a la necesidad de simplificar nuestra política. 
Como respuesta al presente informe, permítanme que exponga cómo queremos enfrentarnos en la Agenda 2000 a los problemas de las zonas de montaña y qué soluciones ofrecemos. 
Queremos introducir más flexibilidad y subsidiariedad en la política de desarrollo rural para que los Estados miembros puedan cumplir mejor sus objetivos de desarrollo de las zonas rurales. 
Ambos principios abren, en mi opinión, interesantes perspectivas para las zonas de montaña. 
Mediante la conjunción de los actuales programas y medidas parciales en un único programa, en el futuro va a ser posible establecer prioridades claras para seleccionar, de entre las muchas posibilidades, aquellas que garanticen el mejor desarrollo. 
De este modo, se pueden lograr efectos sinergéticos y enfrentarse mejor a las necesidades específicas de las zonas de montaña. 
Mediante la modificación y aumento del pago compensatorio se abrirá además un mayor margen de actuación para compensar las prestaciones específicas de los agricultores que viven en las zonas menos favorecidas. 
Las zonas de montaña tendrán por ello su sitio seguro también en las nuevas disposiciones sobre el desarrollo rural. 
Señora Presidenta, señor Fischler, no ha dicho usted nada sobre la cuestión de la financiación. 
Hemos presentado una enmienda que dice que se debe determinar una cofinanciación del 25 % por parte de los Estados miembros y un 75 % por parte de la UE. 
Tenemos el mismo debate sobre las demás primas, las primas compensatorias, que hasta ahora se han pagado al 100 %. 
Creo que el enjuiciamiento político de estas medidas sobre las que aquí hablamos depende con frecuencia de este 50 % y deberíamos llegar a una cofinanciación más reducida por parte de los países para que se aprueben los programas. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero indicar de modo muy general que la política de medio ambiente y las medidas medioambientales en la agricultura no pueden ser solamente un asunto de la Comunidad sino también de los Estados miembros y de las regiones. 
Al fin y al cabo, nuestros ciudadanos viven en estas regiones. 
En lo que a la cofinanciación se refiere, quiero indicar que en las regiones del «objetivo» 1 la Comunidad se hace cargo ya del 75 % de la financiación y en las regiones restantes, del 50 %. 
Como perseguimos ampliar estas medidas y tengo también la sensación de que es cada vez más aprovechado por los países miembros, hemos previsto que en las propuestas de la Agenda 2000 se integren estas medidas medioambientales en la totalidad del programa de desarrollo rural y que allí las medidas medioambientales mantengan en cualquier caso el 50 % de cofinanciación, pues en otros campos, por ejemplo, para las regiones menos favorecidas o las zonas de montaña en muchos países, la tasa de cofinanciación de la Comunidad es sensiblemente inferior al 50 %. 
Visto así, en el futuro las medidas medioambientales situadas fuera de las regiones del «objetivo» 1 tienen en cualquier caso una mejor tasa de cofinanciación que otras medidas de desarrollo rural. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
FEOGA- 26º informe financiero 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0298/98) del Sr. Rehder, en nombre de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, sobre el 26º informe financiero del Fondo Europeo de Orientación y Garantía (FEOGA) , departamento de Garantía (ejercicio de 1996) (COM (97) 0589- C4-0112/98). 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, uno se queda algo sorprendido cuando lee la parte algo críptica de este título, pero el informe que se ha presentado es bastante más interesante de lo que permite adivinar este título. 
Este informe se redactó porque el Parlamento Europeo, en representación de las y los contribuyentes europeos tiene el derecho y la obligación de controlar sin dejar lagunas la gestión presupuestaria de la Unión. 
En este contexto, es una virtud presupuestaria- masculina y femenina- que se preste atención a un empleo ahorrativo del dinero de los contribuyentes, se determinen los abusos y se sancionen. 
Este presupuesto es contemplado en la opinión pública con especial interés pues representa casi la mitad del presupuesto de la Unión Europea y porque, lamentablemente, en el pasado no siempre se ha respetado suficientemente el principio presupuestario de un empleo económico y regular del dinero procedente de los impuestos. 
Sabemos que los Tribunales de Cuentas, no sólo el de la Unión Europea sino también de los Estados miembros, aplican siempre un baremo especialmente rígido y que, a pesar de ello, siempre se producen fallos. 
Una parte de las críticas y situaciones anómalas se debe sin duda a la impenetrable jungla de solicitudes que hace que algunos solicitantes cometan errores aunque sea involuntariamente. 
Señor Comisario, si se acometiese una tarea de desmonte en esta selva burocrática, tendría a su lado a todos los protectores del medio ambiente. 
Entonces podríamos plantar allí plantas que florecen libremente, que se mantienen por su propia naturaleza y que no tienen que estar permanentemente relacionadas con papeleras. 
Tengan compasión con las personas que no tienen la formación de cumplimentadores de formularios sino que poseen derechos como creadores de riqueza en la agricultura. 
Parte esencial en tales situaciones anómalas la tienen también el fraude a las subvenciones y, con frecuencia- esto se olvida a veces en los debates del Parlamento- la deficiente disposición de los Estados miembros a perseguir los fraudes cometidos contra fondos de la UE y, en su caso, a castigarlos con la misma intensidad que las infracciones cometidas contra su propio derecho nacional. 
Y esto a pesar de que la Unión Europea incluso da dinero a los países miembros para el control de esas acciones. Esta es una situación totalmente insostenible. 
También es insostenible que con unos instrumentos de control aún insuficientes, tal como ha constatado el Tribunal de Cuentas Europeo, se pida solamente la devolución de una parte mínima de los fondos de ayuda recibidos ilícitamente. 
Si pasase esto en un Municipio normal, en el presupuesto de una ciudad cabeza de distrito o de una ciudad cualquiera, el alcalde o la administración tendrían que contar con un procedimiento de destitución. 
En este contexto, ya por motivos didácticos sería aconsejable prescribir en el futuro una cofinanciación también en el campo de FEOGA. 
Digo por motivos didácticos, pues de este modo se podría mostrar de manera aún más clara a los Estados miembros que en el fondo es su propio dinero o el dinero de las ciudadanas y ciudadanos, de las y los contribuyentes, el que se administra descuidadamente y- tengo que decirlo con tanta dureza- con frecuencia también con total despreocupación. 
También hay que criticar el hecho de que sigan sin emplearse considerables créditos del presupuesto. 
Si miramos este informe, constatamos que en el período del informe de 1996 esta suma asciende solamente a 1.300 millones de ecus y eso a pesar de la catástrofe de la EEB, que ha requerido para si considerables créditos adicionales; en el año 1995 fueron 3.500 millones de ecus. 
Esto es para un contribuyente un montón de dinero. 
Me voy a referir ahora de nuevo a la política forestal. 
En Alemania la habríamos necesitado más en los últimos ocho años. 
Estos cuantiosos excedentes muestran que se ha tenido demasiado en cuenta la necesaria prevención que debe existir en todos los campos políticos. 
Según la actual situación jurídica- esta es la desventaja de todo este asunto- estos créditos tienen que retornar de nuevo a los Estados miembros. 
Para algunos de ellos- yo vengo de uno de ellos- el presupuesto agrícola se ha convertido en una especie de hucha que ha creado anualmente la posibilidad de rellenar con estas devoluciones agujeros fiscales originados por culpa propia y ha despertado la sensación de que la política fiscal nacional es en cierto una tabla de salvación. 
Pero el presupuesto agrícola no es una hucha sino el medio más importante de mantener el área rural en Europa para sus ciudadanas y ciudadanos. 
Para ello es necesaria cada peseta pues tenemos que intentar también arreglar los pecados del pasado. 
Por ello, en el informe he propuesto crear anualmente una reserva de 1.000 millones de ecus del presupuesto agrícola. 
En caso de no utilización, esta reserva debería emplearse para mejorar la infraestructura de las áreas rurales en general y sobre todo para la lucha contra el paro que, naturalmente, existe también en esas áreas. 
El colega Mulder ha recogido la idea y la ha perfeccionado como versado experto que es en temas presupuestarios. 
Muchas gracias por ello. 
Colega Mulder, esto muestra que este trabajo conjunto por encima de los límites partidistas es efectivo y nos permite avanzar cuando no tenemos en cuenta tales límites tanto en mente como en el trabajo. 
En el Parlamento Europeo esto se da con mucha más frecuencia que, por desgracia, en otros Parlamentos. 
Me voy a referir ahora a un punto negativo. Algunos miembros de esta Asamblea se han opuesto con todas sus fuerzas pero, gracias a Dios, hasta ahora sin éxito, a que se mencionase públicamente y por su nombre al auténtico cáncer de la política de ayudas en el sector agrario. 
Se trata del hecho de que hoy el 80 % de las subvenciones agrícolas va a para a solamente un 20 % de los agricultores, además a los más acomodados y no a aquellos que más las necesitan. 
Esto no tiene ya nada que ver con justicia social. 
Señor Comisario, le agradezco que con motivo de una pregunta por escrito del año pasado, haya confirmado a un incrédulo Tomás del Grupo político de la CDU, si bien no se llama Tomás, que en el fondo no ha cambiado nada en esta situación intolerable. 
Sólo cuando hayamos superado este cáncer, los contribuyentes europeos nos apoyarán en una política nueva y con futuro en el área rural. 
Es necesario también ante los 200 millones de parados. 
Necesitamos un sistema de ayudas que termine por fin con la irracionalidad de que un millonario agrícola, al que no envidio los millones pues sé que terminará exactamente igual que yo, que este millonario agrícola perciba subvenciones que no necesita mientras que hay otros en las áreas rurales que las necesitan urgentemente. 
Pequeños agricultores, por ejemplo, que en el fondo tienen que trabajar según el principio de la autoexplotación. 
Necesitamos también un límite superior eficaz de las ayudas que solamente debería ampliarse si aplicamos de nuevo antiguas exigencias de solidaridad, es decir, la exigencia de que todos tienen derecho a un puesto de trabajo digno. 
Si esto se cumple, podremos seguir pensando al respecto. 
Necesitamos también una nueva política integrada para las regiones desfavorecidas, sobre lo que hoy también hemos debatido. 
Aquí hay una zona de montaña, allí una zona marítima, allá una zona pantanosa y acullá una zona lacustre. 
Todo esto es correcto, pero todas esas regiones tienen un problema común, que no son competitivas y que, a pesar de ello tienen que mantenerse. 
Prevengo, por ello, frente a seguir manteniendo esta política de clientelismo. 
Los enfoques que he visto hasta ahora en las ideas de la Comisión son razonables. 
Una política integrada en el área rural tiene que ocuparse además de que se creen puestos de trabajo adicionales. 
No sólo puestos de trabajo próximos a la agricultura sino también de alta tecnología. 
La alta tecnología no perjudica a las áreas rurales. 
Por ello, la fábrica de chips en Untermagerbein, que está al lado de mi casa, tienen que ser también algo factible. 
No tienen que estar siempre en los centros industriales sino también en otros lugares. 
Ya hemos hablado suficientemente sobre todos estos principios. 
En 1996 aprobamos mi informe con gran mayoría y me alegraría si todas y todos los colegas estuviesen dispuestos a votar a favor de estas cuestiones no sólo porque había que finalizar el debate sino que las apliquen concretamente en sus países. 
Para algunos que han estado aquí sentados sería una buena cosa hacerlo en casa. 
La lenta agonía de muchos pueblos, tanto en sus países como en el mío, conduce a la postre a la decadencia del área rural en su totalidad. 
Este área rural representa el 80 % de nuestra Europa y nuestra Europa sólo tiene un futuro si el área rural también lo tiene. 
Esto se logrará si acabamos por fin de producir papeles. 
Si proporcionamos un futuro al área rural, conservaremos Europa. 
Señora Presidenta, creo que es un informe sugerente y excelente, el que ha realizado el Sr. Rehder sobre el informe financiero del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía agrícola (FEOGA). 
Siempre es importante- lo hemos discutido hace un rato- garantizar que el dinero de los impuestos de los ciudadanos europeos sea empleado adecuadamente. 
También me parece importantísimo que seamos nosotros, el Parlamento, los que mantengamos una línea crítica ante lo que vemos. 
Ésta ha de ser nuestra tarea como representantes elegidos por el pueblo y así queda también reflejado en el informe de Klaus Rehder. 
El informe de la Comisión sobre los gastos agrícolas en el año contable 1996 resulta excelente en muchos aspectos. 
Expone los factores que han influido en los gastos agrícolas del año en cuestión: la ampliación de la Unión a quince países, la implementación de la ayuda bajo la reforma del año 1992 y los gastos unidos a la crisis de la EEB. 
Además, la Comisión da cuenta también de la implementación de un nuevo factor que me parece importante, es decir, un plan para evitar el fraude en las ayudas a la agricultura. 
El plan incluye la creación de una base de datos, el registro de las solicitudes de ayuda, el registro de los sistemas de vigilancia, la identificación y un registro más metódico del ganado. 
¡Excelente! 
Por supuesto que hay algunos que se meten en líos, también en mi propio país, como consecuencia de lo que se llama un exceso de burocracia, pero es excelente que dispongamos de cosas como éstas. 
Cuando damos dinero, debemos asegurarnos que haya un control. 
Sin embargo, por otro lado me parece que el informe no adopta una postura adecuada ante el control sobre la utilización de los recursos en los países miembros. 
El problema de este control es que las diferencias aún son grandes de un país a otro. 
En otras palabras, no se puede esperar que el trato sea el mismo en los diferentes países de la Unión, aunque haya reglas similares y de hecho éstas se encuentren en vigor. 
¡No sirve de nada! 
Esto no puede ser posible a largo plazo. 
Nos veremos obligados a mantener un control adecuado sobre la utilización de todos estos recursos. 
Naturalmente sé bien que la Comisión dirá: ¿Queréis tener más burocracia? 
¿Queréis hacerlo todavía más difícil? 
Aquí por supuesto nos veremos en un pequeño aprieto. 
Estamos obligados a crear un sistema que también funcione. 
Por ello resulta fundamental que con la reforma agraria nos encaminemos hacia un sistema más transparente del que tenemos hoy en día. 
Quiero decir por último- también fue algo que mencionó Klaus Rehder- que el sesgo social en el reparto de los recursos es absolutamente manifiesto. 
Es evidente que podemos ver- y el informe no escribe nada sobre ello, pero nosotros lo vemos- que el 80 % de los recursos va a parar al 20 % de los agricultores. 
¿A qué se debe? 
Seguramente hay muchas explicaciones, sin embargo, me parece que la Comisión nos debe una respuesta de lo que ella ve como explicación de este fenómeno. 
Señora Presidenta, señor Comisario, me van a permitir, después de oír la disertación del Sr. Rehder en la presentación de su informe, que vuelva a repetir el título del informe sobre el que estamos hablando. 
Estamos hablando del 26º Informe financiero sobre el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola en su sección Garantía y en su ejercicio de 1996, que presenta la Comisión en base al artículo 10 del Reglamento 729, y, además, ha cambiado el periodo presupuestario, puesto que ya no se corresponde con el año natural sino, a partir de 1987, de 15 de octubre a 15 de octubre. 
Porque ¿de qué se trata? 
Se trata, fundamentalmente, de ver si lo que se ha gastado se corresponde con lo que se ha presupuestado y, además, hemos resuelto situaciones imprevistas que se han presentado. 
Creo que esto, en sus líneas generales y en sus líneas más fundamentales, se ha cumplido. 
Por lo tanto, comparto lo dicho en la comunicación que presenta la Comisión en cuanto a créditos finales con un total de 40.828 millones de ecus, coincidente con la línea directriz agraria para el año 1996, que es el año del que estamos hablando. 
Y en cuanto a los gastos, 39.107.800 millones de ecus repartidos en tres aspectos fundamentales: 
Primero: pago íntegro de las ayudas de la PAC. 
Tercero: crisis imprevista de la EEB. 
Pero, sin embargo, el peso del gasto agrícola en el presupuesto general ha bajado en un 1, 2 %, puesto que ha pasado del 51, 7 % al 50, 5 %. 
También comparto el desglose de los gastos según sus características económicas: restituciones, intervención, etc., así como la revisión de los sistemas de control en algunos sectores. 
Y aquí, al revisar lo que nos envía la Comisión, se descubren pequeñas intimidades. 
Por ejemplo, yo le preguntaría al Comisario cómo Austria, en sólo tres años, casi alcanza a Alemania en lo que respecta al Reglamento 2078, se acerca peligrosamente a Alemania en las medidas de acompañamiento agroambientales y pasa suficientemente a Francia, así como al resto de los países. 
Pero bueno, esto es una pequeña anécdota. 
Sin embargo, todo esto ya lo ha contado el ponente y muchas más cosas, pero siento no poder compartir con el ponente los apartados 11, 12, 13, 14 y 15 de su informe, que ni yo ni mi Grupo apoyaremos por entender que no guardan relación con el informe del que estamos tratando y que, además, tratan de introducir afirmaciones subjetivas, que no son positivas ni para la Política Agraria Comunitaria ni para nuestros agricultores y ganaderos, y también directrices para la futura PAC, como el tema de la cofinanciación, que no le han sido encomendadas en este informe. 
Y me gustaría terminar, señor Comisario, a quien siempre agradezco su presencia en este hemiciclo, puesto que nunca deja de venir y aguantar sesiones largas y tediosas como puede ser la de hoy a la vista de los que aquí estamos siguiéndola, con una frase de la página 43 de su comunicación que dice «la Comunidad constituye un espacio económico unificado para los productos agrícolas». 
Señor Comisario, y ahora más que nunca en los momentos que estamos viviendo, debe y deseo que continúe siéndolo. 
Señora Presidenta, en primer lugar, digamos que creo que es positivo que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se pronuncie, así mismo, sobre el gasto agrícola de 1996; éste es, normalmente, un ámbito de la Comisión de Control Presupuestario. 
No obstante, pienso que es muy importante que también el propio sector agrícola haga todo lo posible para que se apruebe correctamente el gasto agrícola, ya que creo que, si hablamos de irregularidades y fraude en el sector, no son los agricultores u horticultores los primeros en cometerlo, sino, sobre todo, otros sectores de la agricultura. 
Si queremos mejorar el sostenimiento de la agricultura en Europa, y eso lo deseamos todos los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, tendremos que velar por que el dinero se gaste correctamente. 
Pienso que el informe del Sr. Rehder contribuye a ello. 
El último orador ya ha halagado al Sr. Fischler, que lleva aquí tanto tiempo; voy a añadir otro cumplido. 
No es demasiado habitual que los reciba en esta sala, pero yo sí que se los dedicaré. Hemos valorado positivamente que la Comisión haya cumplido los criterios de la Comisión de Control Presupuestario relativos a la gestión de 1992, que indirectamente aparecen en el informe de 1996, que se haya contratado a quince nuevos funcionarios para mejorar el control y que, además, en el caso de que los Estados miembros no ejecuten correctamente el gasto agrícola, se imponga una multa adicional del 25 por ciento. 
Pienso que ésta es una manera de mejorar el control. 
En cuanto a otros puntos del informe del Sr. Rehder, estoy de acuerdo con el orador anterior- a pesar de que me dedicaba palabras amables- en que en el informe figuran otras cuestiones que, realmente, no tienen nada que ver con el informe financiero de 1996. 
En los próximos meses, vamos a estudiar seriamente todos los problemas de la Agenda 2000. En cuanto a si la proporción 80/20 es justa o no, pienso que es inevitable que determinados sectores obtengan siempre más que otros, ya que determinados sectores están vinculados a la tierra. 
Si queremos conservar el paisaje, éste debe obtener, por definición, más dinero que un invernadero de flores o qué se yo. 
No se puede decir simplemente: todos los sectores deben obtener un mismo porcentaje del presupuesto agrícola. 
Tengo objeciones respecto de esa manera de calcular. 
Una última observación sobre las medidas complementarias. Acabo de enterarme de que el informe se publicará uno de estos días, quizá la semana que viene. 
Me parece estupendo. 
Pienso que uno de los puntos más importantes del futuro debate va a ser cómo vincular medio ambiente y agricultura. 
Siento curiosidad por saber qué explicación se va a dar sobre el hecho de que sólo cinco de los quince Estados miembros utilizan las medidas complementarias. 
Austria es un buen ejemplo, pero probablemente eso se debe a que el Comisario está aquí. 
Pero me gustaría saber por qué determinadas medidas medioambientales tienen éxito en algunos países y en otros, no. 
Si nos enteráramos de cómo aplicar el secreto de otros, en países en los que no tienen éxito, creo que iríamos por buen camino en lo que al gasto del dinero agrícola se refiere. 
Señora Presidenta, no quisiera insistir de nuevo en esta cuestión pero me gustaría seguir el ejemplo del Sr. Mulder y rendir homenaje al Comisario por la paciencia y entereza de que ha dado pruebas al quedarse hasta tan tarde escuchando lo que decíamos de él. 
Felicito al ponente por haber presentado un informe muy estimulante sobre el FEOGA. 
El Sr. Rehder pone de relieve muchas cuestiones importantes a las que nos referiremos de buena gana esta tarde. 
Una de las cosas que menciona y que llamó inmediatamente mi atención es la complicada vida que llevan actualmente los agricultores como consecuencia del número de formularios que tienen que rellenar. 
La mayor parte de los agricultores están dispuestos a rellenar tantos formularios como sea necesario para obtener el apoyo o la ayuda que precisan, pero un argumento de peso es que esos formularios podrían ser más fáciles de rellenar. 
Estoy seguro de que el Comisario sabe que hay formularios que son sumamente complicados y técnicos. 
Sé que esos formularios ayudan a luchar contra el fraude, pero me parece que debería haber un mayor grado de flexibilidad en el plano local. 
Recibo regularmente quejas de personas de mi circunscripción que han cometido errores genuinos e inocentes en sus formularios de solicitud o de petición, con el resultado de que se les ha negado una subvención. 
Entonces se dirigen a mí, que soy su representante en este Parlamento, porque les han dicho que en el plano local no es posible corregir lo que ha sido un error involuntario. 
Ésta es una esfera que deberíamos examinar para que el sistema resultase más fácil de aplicar para el agricultor. 
En la actualidad Irlanda del Norte no recibe ayuda de los fondos estructurales. 
El programa en cuestión era tan popular que se recibieron demasiadas solicitudes y ya no pudimos aceptar más. 
Esto indica la importancia de ese apoyo para las comunidades rurales y para los agricultores, especialmente en tiempos como éstos, que son tan difíciles. 
Tenemos que esforzarnos por ocuparnos de algunas de las cuestiones que el Sr. Rehder y el Sr. Mulder han planteado en relación con el futuro a largo plazo del conjunto de reformas. 
El Sr. Mulder planteó una cuestión interesante: por qué algunos gobiernos nacionales tienen más éxito que otros en la introducción de medidas ambientales. 
La respuesta es que algunos gobiernos sencillamente no quieren introducir esas medidas. No puede ser más sencillo. 
No están dispuestos a aportar la financiación de equiparación que se requiere para poner en marcha las mencionadas medidas. 
Ya se ha hablado de esto en el debate anterior, así que tenemos una buena oportunidad para discutir la cuestión y para encontrar la mejor manera de resolverla. 
Señora Presidenta, quisiera dar gracias al Sr. Rehder por su informe. 
En él destaca el costo de la política agrícola común. 
Sí, es aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto comunitario en la actualidad, pero esto se debe más a la cuantía del presupuesto comunitario que a lo que se gasta en la agricultura. 
Si nos fijamos en las dimensiones de la Unión Europea, en el número de agricultores, en la zona y en los problemas, veremos que estamos gastando el 0, 4 por ciento del PIB en la política agrícola común. 
Ése es el precio que pagamos por la política consistente en procurar mantener a la población de la Unión Europea en las zonas rurales. 
Si esa política no existiera, si la cuestión se resolviera íntegramente en función de las fuerzas del mercado, no hay duda de que la huida del campo hubiera sido mucho más acelerada. 
Claro está que decepciona observar que no hemos conseguido estabilizar el número de personas que viven en las zonas rurales. 
Además, hoy estamos gastando aproximadamente la misma cantidad de dinero en la Política Agrícola Común que la que gastábamos hace 15 años, pero el número de agricultores que participan ha quedado reducido a la mitad. 
Estoy seguro de que dentro de 10 años- es decir, al final del próximo programaen vez de los siete millones de agricultores que tenemos hoy, tendremos probablemente cuatro millones, a pesar de lo cual estaremos gastando más dinero. 
Si tenemos en cuenta lo antedicho, así como el hecho de que el 80 por ciento del dinero va a parar al 20 por ciento de los agricultores, entonces no queda más remedio que decir que ha llegado quizá el momento- y no quiero basarme únicamente en términos de producción- de prever una mayor diversidad de planes, pues no cabe duda de que en la actualidad el dinero se podría diseminar mucho más. 
Muy pocas personas están recibiendo demasiado dinero a medida que toda la industria se reestructura, y algunos productores importantísimos reciben la compensación prevista en la política reorganizada. 
Esta cuestión me preocupa bastante. 
Me gustaría que hubiera una diversidad de políticas que se basen más en programas como el programa Líder, que sé que vamos a conservar y a fortalecer, pero para mantener a la población en el mundo rural necesitamos hacer algo más que relacionar la cuestión única y directamente con el volumen de producción. 
Señora Presidenta, señor Comisario, soy la última oradora de esta tarde pero quiero utilizar mis dos minutos y agradecerles por estar aún presentes. 
¿De qué hablamos esta tarde? 
Hablamos de las medidas de ayuda y de las medidas compensatorias para nuestra agricultura en Europa. 
FEOGA-Garantía financia fundamentalmente los gastos relacionados con la política común de mercado y precios agrícolas. 
En el presupuesto de 1996, la línea presupuestaria de 1996 ascendió a 40.828 millones de ecus. Esto es un 50, 5 % del presupuesto total de la UE. 
Se produjo un aumento de los gastos de la línea agraria porque- siguiendo los criterios mencionados- como consecuencia de la reforma de la PAC, en 1996 se emplearon totalmente por primera vez las ayudas introducidas para los Estados miembros y porque la Unión Europea el 1 de enero de 1995 creció de 12 a 15 Estados miembros. 
Sin embargo, en relación con el presupuesto total, que asimismo ha aumentado, hay que registrar un retroceso de los gastos agrícolas del 1, 2 %. 
Siempre hay que practicar una política ahorrativa de los fondos públicos y los gastos tienen que estar en relación con las tareas planteadas. 
La complicada tarea de arar el campo de la política agrícola común exige también una dotación financiera adecuada y la política agrícola es el sector político que es utilizado más intensamente en la Unión Europea. 
Junto a las ayudas compensatorias para las explotaciones productoras, se contempla también en las medidas de acompañamiento la responsabilidad por el medio ambiente y por las personas que se ven afectadas por las transformaciones estructurales. 
Estas medidas son importantes. Señor Comisario, apoyo las propuestas al respecto que ha realizado en la Agenda 2000. 
Apoyo la exigencia del ponente de más transparencia y sobre todo de simplificación del complicado procedimiento de presentación de solicitudes. 
Sobre la futura configuración de FEOGA en el marco de la Agenda 2000 podremos discutir sin duda aquí en el Pleno de modo aún muy extenso, por lo que soy de la opinión de que los puntos 11 y 12 no pertenecen a este informe sobre el presupuesto de 1996. 
Muchas gracias, señora Klaß, es sorprendente lo que he podido ver hoy aquí como Vicepresidente. 
Todos los presentes han mostrado esta tarde una consideración tal que apenas se puede superar. 
Para finalizar, concedo la palabra al Comisario Fischler. 
Señora Presidenta, Señorías, no quiero abusar de su paciencia. 
En primer lugar, quiero expresar mis felicitaciones al Sr. Rehder por el informe así como a la Comisión de Agricultura por el interés que ha mostrado ante este 26º informe financiero del Departamento de Garantía de FEOGA sobre el presupuesto de 1996. 
Señor ponente, muchas gracias también por apoyar la reforma de la Política Agraria Común. 
Sin embargo, creo que en el contexto actual no es necesario que mantengamos aún un debate sobre la Agenda 2000. 
Vamos a tener muchas ocasiones para hacerlo. Lo mismo es aplicable al informe sobre recursos propios. 
Pero si se me pregunta porqué en el país que es el que mejor conozco, las medidas medioambientales y las de acompañamiento tienen tal éxito, considero decisivos dos argumentos fundamentales. 
El primero es que comenzamos una información y discusión a fondo sobre la necesidad de una agricultura multifuncional ya en el año 1987, por lo que quizás hemos desarrollado algunas cosas algo antes de lo que se ha hecho en otros lugares. 
Por mencionar solamente un pequeño ejemplo: he sido responsable allí durante algunos años del sector agrario. 
Cuando comencé mi actividad como ministro, en el año 1989 encontré dos millones de chelines austríacos en el presupuesto para cultivos biológicos y cuando abandoné el Ministerio se destinaban a este campo unos 270 millones. 
El segundo punto que desempeña un papel al respecto es sencillamente el hecho de que existe un consenso social en el país de que para la conservación del paisaje y el aseguramiento de una agricultura sostenible, hay que tener una responsabilidad nacional. 
En Austria nunca ha sido un problema poner a disposición los necesarios créditos de cofinanciación para estas medidas. 
Respecto al tema en si, quiero limitarme a algunos puntos centrales que están en relación directa con el informe financiero. 
En primer lugar, la cuestión del volumen de los créditos no empleados. 
Quiero constatar al respecto que en 1996 ese volumen se ha reducido a la mitad en comparación con el año anterior y que en el año siguiente, en el ejercicio de 1997, los créditos no empleados han seguido reduciéndose hasta aproximadamente 400 millones de ecus. Esto corresponde a los compromisos de pago de la Comunidad de unos dos días en el sector agrícola. 
En lo referente a las previsiones de los gastos en este sector siempre existirá un cierto margen de oscilación debido a diferentes factores imponderables, pues nadie puede predecir con total seguridad cómo va a ser el tiempo o cuál va a ser el comportamiento de los mercados. 
Respecto a la cuestión del control de los gastos, comparto plenamente la opinión del ponente. 
En lo referente al rechazo de considerables sumas de gastos en el marco del cierre de cuentas reconozco que en parte se debe a unos complicados procedimientos de presentación de solicitudes así como a unos deficientes controles en los Estados miembros. 
Sin embargo, una gran parte de los rechazos se debe también a que disposiciones ejecutivas de la PAC han sido interpretadas por los Estados miembros de modo diferente a la Comisión. 
Queremos superar estos problemas, por lo que hemos adoptado también una serie de medidas al respecto. 
Nos esforzamos por simplificar las disposiciones pertinentes y en hacerlas más claras, para que se puedan evitar al máximo tales interpretaciones dudosas. Esto ocurre por un lado en el marco de la Agenda 2000 y, por otro, sobre todo en el marco del proyecto SEM 2000. 
Apoyamos a los Estados miembros en la solución de sus problemas de control financiando las correspondientes medidas en el marco del capítulo presupuestario B1-3600. 
Además, nos estamos esforzando en el procedimiento de cierre de cuentas y en el futuro vamos a seguir aplicando las correcciones y directrices globales para el cierre de cuentas. 
Respecto a la cuestión de los desequilibrios en la ayuda financiera, a lo que se han referido varios oradores, quiero subrayar que en nuestras propuestas de reforma nos hemos ocupado de este problema. 
No vamos a seguir permitiendo que un pequeño porcentaje de las explotaciones agrícolas perciba la mayor parte de las ayudas. 
Quiero subrayar que uno de los objetivos de la PAC es lograr unos ingresos proporcionados para los productores. 
Pero para lograr este objetivo las explotaciones no pueden orientarse exclusivamente a las ayudas. 
Es necesaria una mayor orientación al mercado, sobre todo para poder aprovechar plenamente las oportunidades de los agricultores con espíritu empresarial y de las explotaciones transformadoras. 
Para muchos productos, precisamente cuando pienso en el vino, fruta, verduras u otros productos especiales, existe una situación de mercado buena y equilibrada que ofrece a los productores unos ingresos adecuados por la venta de los productos. 
Respecto a las cuestiones más de carácter técnico financiero de la línea presupuestaria y las previsiones de gastos, considero que es interesante la propuesta de crear una reserva presupuestaria general para las necesidades de créditos estimadas, si bien en el marco de la directriz. 
Respecto a la cuestión de la devolución de los créditos no empleados a los Estados miembros se debe tener en cuenta que para el FEOGA, debido a la especial situación de los mercados agrícolas, se trata de estimaciones provisionales de créditos. 
En este sentido, la regla determinada en los reglamentos para las devoluciones tiene su justificación y sería muy difícil modificar esta regla. 
Muchas gracias, señor Comisario Fischler. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19.45 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
) Señor Presidente, no voy a hacer ningún comentario acerca del Acta, estoy realmente satisfecho. 
Sin embargo ayer fue rechazada, por razones inconcebibles, una enmienda al informe Viola presentada por los liberales. 
En la enmienda se hacía referencia al hecho de que las instituciones deben ser más respetuosas con el medio ambiente. 
Dentro de ese marco quisiera pedirle, en este momento, lo siguiente. Si Vd. quiere fomentar el uso de las bicicletas aquí en Estrasburgo, debería entonces preocuparse por que hubiese suficientes estacionamientos cubiertos para bicicletas. 
Si se echa un vistazo ahora al aparcamiento se puede apreciar que ni los miembros de esta Asamblea ni los funcionarios tienen suficiente espacio para aparcar sus bicicletas. 
Me gustaría pedirle que se amplíe el número de aparcamientos para bicicletas aquí abajo en el aparcamiento, a costa de suprimir, quizás, unos dos espacios destinados a los coches. 
Muchas gracias, señor Eisma. 
Tomo buena nota de su indicación y la transmitiré a la Mesa y, de forma especial, a la Junta de Cuestores para que examinen con el espíritu más positivo este hecho que usted acaba de exponernos. 
Señor Presidente, en relación con el Acta sobre mi intervención de ayer, quiero hacer un comentario. 
Mencioné, al final de mi intervención sobre Pinochet, que temía que el Gobierno británico estuviera a punto de hacer un trato para dejarle marchar. 
En el Guardian de esta mañana se informa de que precisamente eso es lo que va a ocurrir. 
Sólo quiero confirmar que mi predicción era cierta. 
Señor Kerr, usted sabe de la benevolencia de esta presidencia, sobre todo los viernes por la mañana, que son días de paz. 
Pero esto no tiene nada que ver con el Acta. 
Observo que no hay ninguna observación sobre el Acta. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, es sobre una cuestión de orden. 
Ya he planteado, varios viernes, el hecho de que esta sesión, que suele ser bastante interesante, no se televisa. 
Ni las compañías de televisión pueden disponer de ella para utilizarla ni queda disponible para los archivos. 
Quisiera insistir en ello una vez más y preguntar cuándo se va a televisar debidamente esta sesión y se la va a tratar como a cualquier otra. 
Señor Hallam, tomo buena nota de su preocupación, que yo comparto porque, como estoy en la presidencia, podría salir más por la televisión pero, en todo caso, señor Hallam, no olvidaré transmitir la cuestión a la instancia correspondiente. 
Votaciones 
Señor Presidente, he solicitado intervenir para hacer una puntualización de carácter previo y global con respecto a las enmiendas presentadas. 
Este informe se aprobó por unanimidad en la Comisión de Agricultura, tras haber llegado a un compromiso con algunos Grupos que habían presentado enmiendas a un tema fundamental. 
El informe sobre la estrategia para las zonas de montaña es una profundización de un informe más general sobre las zonas desfavorecidas consideradas en sentido amplio que se presentó en la anterior legislatura. 
Próximamente, dentro de pocos días, la Sra. Antiila presentará un informe sobre las zonas árticas. 
En la próxima legislatura alguien va a presentar un informe específico sobre las zonas desérticas y áridas que ya fue presentado hace muchos años. 
Pues bien, sólo un Grupo, el Grupo de los Independientes por la Europa de las Naciones, me presenta unas enmiendas en el Pleno, las mismas que habíamos acordado en el texto del informe y que pretenden generalizar una vez más la cuestión, es decir, a dar un paso atrás. 
Hoy se nos brinda la ocasión de profundizar el tema en una dirección. Será posible hacerlo en las demás direcciones a través de otros informes, es decir, finalmente, tenemos la oportunidad de abordar en concreto distintas cuestiones sin detenernos cada vez en grandes declaraciones de principio que se pueden compartir, aunque son poco concretas y poco prácticas. 
Por eso podré aceptar sólo una parte de las enmiendas, o sea, aquellas que no desvirtúan el alcance concreto y pragmático de este informe y, ante todo, que no traicionan su título. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Me pide la palabra el Sr. Wijsenbeek para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, como esta semana, con tres sesiones de votación, ha sido muy dura, le solicito, no una votación secreta con arreglo al artículo 121, sino una votación más silenciosa. 
Señorías, invoco el Reglamento y pido a ustedes el más respetuoso silencio para la tranquilidad del Sr. Wijsenbeek y de esta presidencia también. 
Señor Presidente, creo que debo comentar el resultado de esta votación. 
Sin lugar a dudas, ha sido un hermoso ejercicio de democracia parlamentaria. 
Tenía razón el Sr. Fabre-Aubrespy, hemos votado exclusivamente la incorporación de tres palabras, siempre las mismas tres palabras en todas las enmiendas: se trata de esas tres palabras que traicionan el texto original de este informe que sólo quería referirse a las zonas de montaña, después- repito- de haber hablado ya de las zonas áridas y antes de que abordemos el tema de las zonas árticas dentro de un mes en este Pleno. 
Ahora, lo que pasa es lo mismo que sucedería si yo volviera a presentar todas mis enmiendas respecto a las zonas de montaña, dentro de un mes, con ocasión del informe de la Sra. Anttila. 
Una vez más ha habido un gran ejercicio de declaraciones de principio y una vez más se ha demostrado la falta absoluta de capacidad de abordar los problemas concretos. 
No cambia nada, el informe es perfectamente válido- por eso no he pedido al presidente del Grupo que votara en contra- sin embargo, una vez más estamos fanfarroneando. 
No somos capaces de elaborar normas concretas con las que el ciudadano pueda identificarse. 
Señor Santini, esta presidencia no le ha retirado la palabra porque no es su costumbre, pero tenga usted en cuenta que su intervención es casi una explicación de voto y la reapertura de un debate. 
Sobre esta cuestión hemos votado ya y esta es la expresión más democrática de nuestra Asamblea: el voto. 
Nuestro grupo ha votado a favor del informe Iversen sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural, aun siendo conscientes de los problemas planteados por la aplicación de la PAC y de los acuerdos internacionales, en el marco de la OMC o en el marco de los acuerdos de libre cambio suscritos por la Unión Europea. 
En efecto, señor Presidente, recuerdo que las propuestas de la Comisión sobre la reforma de la PAC, establecidas dentro de la Agenda 2000, obligan a los agricultores a intentar obtener la máxima productividad de sus medios de producción. 
El desarrollo de la intensificación y la especialización agrarias en algunas regiones de la Unión Europea no es sino el efecto de los estímulos perversos de la PAC. 
Las propuestas de reforma tal como las conocemos hoy en día tan sólo pueden llevar a intensificar dichas tendencias, y ello a pesar de la legislación comunitaria sobre protección del medio ambiente y conservación de los espacios naturales. 
Por último, señor Presidente, quiero recordar que los acuerdos del GATT no incluyen las dimensiones social y medioambiental. 
La proliferación de los acuerdos de libre cambio favorece la producción agraria a bajo precio y, por lo tanto, con bajos costes de producción. 
Para ser competitivos, los agricultores europeos se ven obligados a buscar una productividad máxima, a riesgo de no ser capaces de responder a las exigencias europeas en materia de medio ambiente. 
Para terminar, señor Presidente, nuestro grupo quiere recordar que la política comunitaria, tanto en el ámbito exterior como en el agrario, es contradictoria con la política europea relativa al medio ambiente y al bienestar de los animales. 
Los agricultores europeos están, en realidad, cogidos en un cepo que les tiene atrapados y que favorece su desaparición. 
No pueden responder a la vez a las exigencias sobre medio ambiente y a las exigencias de conseguir una productividad derivada de unos precios agrarios cada vez más bajos a causa de la desaparición de la preferencia comunitaria. 
Informe Otila (A4-0346/98) 
Es importante que quienes se dedican a las explotaciones agrícolas y forestales puedan tener un sustento cuando las tierras cambian de destino. 
Pasar de terreno agrícola a forestal puede ser una de esas salidas. 
Simultáneamente, hay que conservar un recurso natural, la tierra, tanta cuanta sea necesaria para producir los alimentos que necesitamos. 
Los cambios en el destino de las tierras tienen que ser seguidos por los correspondientes análisis de las consecuencias medioambientales y de recursos naturales, además de clasificaciones de bosques para posibilitar una agricultura sostenible. 
Las organizaciones gremiales de agricultores y madereros tienen que interesarse en este trabajo y hay que hacer evaluaciones de costes, de posibilidades de sustento y efectos ecológicos. 
He votado a favor del informe. 
Voto a favor de este informe con una mezcla de orgullo y preocupación. 
Orgullo de que el Reino Unido sea uno de los cuatro países con mejores resultados en el plan de la UE para fomentar la plantación de árboles como uso alternativo de la tierras agrarias. 
Pero preocupación porque, según el informe, en toda la UE en general el programa de ayuda a la silvicultura no ha producido grandes cambios, concretamente la plantación de árboles en lugar de todavía más cultivos que se suman a las montañas europeas de alimentos. 
Las otras preocupaciones que expresa el informe acerca de los elevados costes por hectárea que tiene el programa de plantación de árboles también suscitan dudas sobre cómo se está ejecutando sobre el terreno. 
Dada la importancia de fomentar la silvicultura, tal como el movimiento británico sobre bosques comunales que tanto éxito tiene, y que conozco de cerca por el Red Rose Forest en mi propio distrito electoral, es importante que se atienda a las preocupaciones del informe sobre otros usuarios de las ayudas a la silvicultura de la UE. 
Por ello respaldo el informe y espero que la Comisión responda con una pronta evaluación del plan de la UE para ayudar a la reforestación. 
Informe Santini (A4-0368/98) 
A pesar de su diversidad, variedad y peculiaridad, las zonas de montaña de la Unión tienen una característica común: Condiciones difíciles de desarrollo. 
Allí donde se concentran el mayor patrimonio ecológico y diversidad biológica de la Unión, una inestimable riqueza medio ambiental y actividades tradicionales, aumentan al mismo tiempo los problemas de aislamiento, de subdesarrollo, de abandono y de declive. 
Las regiones montañosas sufren las consecuencias de elecciones políticas criminales que aceleran su degradación. 
A los problemas naturales, demográficos y económicos de dichas regiones se les ha hecho y se les hace frente con políticas duras y sobre todo «sintomáticas». 
Por ejemplo, cuando se desarrollan- a través del PAC, GATT- políticas de contracción continua de la actividad agrícola, por parte de los principales sectores de empleo y de mantenimiento de la población en el campo y en las zonas de montaña, actividad indispensable para preservar el medio ambiente y, como consecuencia, el espacio natural y el paisaje, ¿cómo es posible mantener y estimular el desarrollo del medio ambiente del campo y de las regiones y zonas de montaña?. 
Cuando se imponen de forma continuada restricciones cuantitativas a la producción de productos agrícolas y ganaderos básicos de las montañas, un problema especialmente agudo para los problemas del sur que no pueden sustituirse por otras actividades del sector primario para elementos climatológicos y del suelo, la retención de la población y, en especial, de los jóvenes en dichas regiones es imposible por falta de empleo garantizado, de medios satisfactorios y condiciones dignas de supervivencia. 
No es un hecho fortuito que el Épiro en Grecia, una región montañosa por excelencia, sea la región mas pobre de la UE, la triste protagonista del Objetivo 1. 
Y todo ello en un momento en que las propuestas de la «Agenda 2000» se preparan para una mayor reducción de la economía agrícola e impulsan cambios importantes de restricción de las ayudas provenientes de los Fondos Estructurales. 
Simultáneamente, la, por regla general, gran distancia de dichas regiones de los centros urbanos, las condiciones climatológicas especialmente adversas, la falta de infraestructuras y de apoyo técnico adecuado, la insuficiencia y lo inapropiado de la red de carreteras conducen al aislamiento de dichas regiones y reducen las posibilidades de explotación de los productos locales y de funcionamiento suficiente de los mercados locales, el desarrollo de nuevas actividades económicas, la creación de un nivel satisfactorio de sanidad, educación, actividad cultural. 
A dichos problemas no sólo no se les hace frente sino que se ven agravados. 
Se tiende a abordarlos como si se tratara de desventajas permanentes, inherentes y «pintorescas». 
Es necesaria una rápida reorientación de las políticas vigentes y el diseño de otras capaces de hacer frente, de invertir los peligrosos ritmos de abandono y desertización de las zonas de montaña de la Unión y ofrecer incentivos reales de desarrollo de dichas regiones. 
Incentivos para conservar la población, el empleo y los ingresos, el desarrollo de la producción primaria y secundaria. 
Mejora de la red de carreteras y de los transportes, organización y puesta a disposición de un alto nivel de servicios sanitarios y educativos. 
Si nuestro grupo ha presentado 31 enmiendas a este informe de iniciativa sobre la montaña es porque hemos querido sensibilizar a la Comisión y al Consejo sobre la situación de todas las zonas desfavorecidas y de todas la zonas ecológicamente sensibles, las cuales, junto a las zonas de montaña, son las áreas rurales que más fragilidad presentan frente a la PAC y, sobre todo, frente a las propuestas de reforma de la PAC dentro de la propuesta de la Agenda 2000. 
Desde hace varias décadas estas zonas han sufrido una considerable tendencia a la despoblación, porque en ellas la productividad agraria es menor y resulta más difícil que en otras partes compensar el descenso regular de los precios de los productos agrarios. 
A causa de las diversas limitaciones agronómicas, edáficas, climáticas y medioambientales que muestran estas zonas, la respuesta de la actividad agraria, en términos de desarrollo, ha adoptado diversas formas: en algunas zonas el aumento de la productividad agraria se ha realizado mediante una extensificación de las explotaciones; en otras, la actividad agraria se ha diversificado integrando ella misma actividades complementarias como, por ejemplo, el agroturismo. 
Esta evolución determina unas necesidades particulares de los representantes del mundo rural (necesidades de servicios públicos, necesidades de infraestructuras, con el fin de favorecer las comunicaciones y evitar el aislamiento... ). 
Sin duda es necesario que estas necesidades puedan ser tenidas en cuenta en los Fondos estructurales, pero en lo que se refiere a la actividad agraria propiamente dicha, esta última necesita ayudas específicas que son en realidad indemnizaciones compensatorias de las desventajas. 
La diferencia de producción entre las zonas desfavorecidas y las zonas de llanura debe ser compensada, pues de ello depende el futuro de estas zonas y el futuro de la ordenación territorial. 
Respecto a las zonas ecológicamente sensibles, como son las zonas húmedas, las limitaciones medioambientales específicas que muestran deben ser tomadas en consideración porque también ellas penalizan la productividad de las explotaciones agrarias. 
En las zonas húmedas, por ejemplo, los agricultores deben tener en cuenta los canales que delimitan sus parcelas, pero también, no lo olvidemos, deben cuidar el conjunto de la infraestructura, como se ha venido haciendo, con frecuencia, desde hace varios siglos. 
La desaparición de la agricultura en estas zonas supondría la desaparición de toda actividad económica de conservación del paisaje, pero, sobre todo, la desaparición de un equilibrio medioambiental que forma parte de la cultura de estas regiones. 
Para finalizar, pedimos que la Comisión y el Consejo tengan una verdadera política de sostenimiento del espacio rural que permita compensar las desventajas que presentan las zonas desfavorecidas y las zonas ecológicamente sensibles de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Es preciso que la política agraria de la Unión Europea tenga en cuenta el espacio rural y la diversidad de situaciones agronómicas, edafológicas, geomorfológicas, climáticas y medioambientales. 
Informe Rehder (A4-0298/98) 
Las subvenciones a la agricultura están repartidas muy desigualmente. 
Grandes explotaciones y grandes fincas ubicadas en zonas agrícolas reciben muchas subvenciones, mientras que pequeñas explotaciones y pequeñas fincas en los extramuros o en regiones poco pobladas reciben muy poco. 
El sistema de ayudas es complicado y los agricultores y la sociedad en general tienen que dedicarle demasiado tiempo y recursos. 
Por este motivo, el sistema de ayudas tiene que evolucionar sucesivamente hacia otro que dé más dinero por lo que se produce, menos reglas y menos control. 
Es erróneo, como se propone en el informe, que se establezcan más controles comunitarios además de los que ya realizan los Estados. 
La idea de mayor control y más medidas para combatir los delitos contra el «derecho comunitario» es errónea y solamente va a aumentar más la desconfianza contra la UE y las administraciones agrícolas nacionales. 
Son otros, en cambio, los caminos que hay que seguir, con menos reglas y controles y más importancia al mercado, con pagos de acuerdo a la calidad. 
No hemos podido apoyar el informe Rehder por diversas razones. 
La razón más importante es el dictamen emitido sobre los créditos presupuestarios «no utilizados» del FEOGA. 
El ponente propone estudiar la posibilidad de que no se devuelvan estos créditos a los Estados miembros, sino que se destinen a la política agraria europea. 
Si el ponente se refiriese con los créditos presupuestarios «no utilizados» a los créditos presupuestados para un determinado año, pero que luego no se gastan ese año, me podría hacer una idea. 
Pero no es este el caso que se refleja en el informe Rehder. 
En la consideración F parece que el ponente, bajo el término de créditos presupuestarios «no empleados» , entiende la diferencia que existe entre lo enunciado por la directriz agraria y los gastos agrícolas propiamente dichos. Y todo ese margen lo quiere emplear Rehder para la política agraria europea. 
De hecho esto significa que el tope previsto para los gastos se ve como un objetivo de los gastos mismos. Y con esto es imposible que estemos de acuerdo. 
Además este informe no es el marco adecuado para hacer este tipo de dictámenes. 
En el informe se han emitido dictámenes de gran envergadura sobre la futura política agraria europea y sobre su financiación. 
Este tipo de dictámenes no se deben tratar en este informe, sino en el marco de las propuestas de la Agenda 2000. 
Para finalizar, quisiera decir que nos cuesta aceptar la imagen de posibles desequilibrios dentro de la política agraria. 
Según el ponente el actual sistema de subvenciones de la política agraria no está socialmente equilibrado, ya que el 80 % de las subvenciones va a parar a sólo el 20 % de los agricultores. 
Con este planteamiento tiene uno la impresión de que la finalidad de la política agraria es dar ayudas por igual a todos los agricultores. 
Esto no puede ser así. 
Un sector puede funcionar de forma rentable dentro de un mercado libre, mientras otros sectores necesitan un fuerte apoyo de la administración. 
Papel de las bibliotecas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0248/98) de la Sra. Ryynänen, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad moderna. 
Señorías, antes de darle la palabra a la Sra. Ryynänen, permítanme que les recuerde la recomendación del Sr. Wijsenbeek. 
Les pido silencio, Señorías, porque esta presidencia desea escuchar la intervención de la Sra. Ryynänen. 
La Sra. Ryynänen, como ponente, tiene la palabra por el tiempo de cinco minutos. 
Señor Presidente, Señor Comisario, en la sociedad de la información, el conocimiento constituye un recurso fundamental y la información su materia prima más importante. 
Ha llegado el momento de abrir un debate sobre las bibliotecas, a pesar de que aún no se ha comprendido con la suficiente claridad ni su significación ni las oportunidades que ofrecen como elemento crucial de numerosos fenómenos relacionados con la sociedad de la información. 
Una de las mayores amenazas con que se enfrenta la sociedad de la información es el aumento de las desigualdades. 
Precisamente a este respecto, las bibliotecas pueden garantizar que todos los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder al contenido de información y cultural que deseen independientemente de su formato, ya se trate del tradicional material impreso o del formato más moderno en red. 
Con la expansión de la información en red, la función de las bibliotecas se transforma, pero no disminuye. 
Las bibliotecas adquieren una especial importancia como organizadoras de la información en red. 
La avalancha de información hace necesario disponer de guías e indicaciones que permitan obtener respuestas a las preguntas de todos los usuarios. 
La democracia, la transparencia y la participación activa de la ciudadanía serán posibles únicamente si se ponen al alcance de todos los ciudadanos los textos de las leyes, el resto de las decisiones gubernamentales- incluido el material de la UE- y, por ejemplo, una prensa que cubra los acontecimientos con actualidad. 
Las experiencias que se han registrado en los puntos distribuidores de información sobre Europa situados en bibliotecas han sido favorables. 
En un plano más general, se debería garantizar la disponibilidad y el carácter gratuito del material producido con recursos procedentes de los impuestos, con lo que la consulta de catálogos, mapas y datos estadísticos disponibles en red podría facilitar su acceso de manera sustancial, ya que se puede llevar a cabo con unos pequeños costes de distribución. 
El carácter gratuito de las bibliotecas públicas ya se recoge en el Manifiesto de la UNESCO sobre bibliotecas públicas y, además, en ningún lugar se han logrado resultados muy satisfactorios en lo relativo al cobro de tasas por préstamo de material. 
Esta medida ha tenido como consecuencia un menor uso de las bibliotecas, es decir, un grado reducido de utilización del capital cultural reunido en ellas, mientras que, por lo demás, con los pequeños ingresos que se obtienen no se solucionan los problemas económicos de las bibliotecas. 
En toda Europa se debería considerar de nuevo la financiación de las bibliotecas. 
Con los recursos disponibles en la actualidad no es posible ni cumplir ni diversificar las tareas tradicionales de servicio cultural o informativo, así como tampoco es posible afrontar los desafíos que plantea la sociedad de la información. 
Sin embargo, esta sociedad de la información que permite una formación a lo largo de toda la vida da lugar a exigencias cada vez mayores para aprovechar de manera más eficaz el material de todo tipo y los conocimientos profesionales que ofrecen las bibliotecas. 
La formación de apoyo y complementaria en el sector de las bibliotecas y de la información plantea un desafío crucial, ante el cual la cooperación europea puede conseguir óptimos resultados. 
Las inversiones informáticas en las bibliotecas deben considerarse un elemento esencial de las infraestructuras básicas de la sociedad de la información. 
Al convertirse la información en un factor de producción cada vez más importante, merece la pena invertir recursos comunes en fomentar su divulgación. 
A modo de ejemplo, el pago de licencias sobre la documentación electrónica y la digitalización de los catálogos y los fondos originales, es decir, de todo un amplio patrimonio cultural, constituyen una clara presión económica para las bibliotecas. 
Las bibliotecas funcionan de manera más eficaz englobadas en redes al margen de toda limitación y, por lo tanto, también a escala internacional. 
La constitución de redes en el territorio europeo está muy lejos de ser un hecho consumado. 
Por lo tanto, es muy importante permitir que continúe su andadura en el Quinto Programa marco de investigación y desarrollo tecnológico el programa de telemática para las bibliotecas que se emprendió ya en 1990 y que ha dado lugar a excelentes proyectos de cooperación. 
Necesitamos un centro de información bibliotecaria de la Unión Europea que coordine el desarrollo del sector europeo de las bibliotecas y que potencie la investigación y la formación complementaria en este ámbito. 
En estos momentos carecemos de datos comparativos acerca de los servicios que ofrecen las bibliotecas de las distintas regiones de la UE. 
La cooperación en el ámbito bibliotecario ocupa también un lugar muy destacado en las estrategias de la sociedad de la información y en la promoción de una participación ciudadana democrática en los países de la Europa Central y Oriental. 
En un debate tan actual como es el relativo a los derechos de autor, las bibliotecas, los archivos y los museos representan los puntos de vista de los ciudadanos y de los usuarios. 
Resulta justificado garantizar los derechos de autor y evitar la difusión ilegal, lo cual constituye un objetivo importante también para las bibliotecas. 
Se debe mantener el equilibrio actual entre los derechos del autor y del usuario. 
Por este motivo, es importante también delimitar claramente las excepciones aplicables a los derechos de autor que garanticen los derechos de los usuarios y de las bibliotecas. 
No se debería elevar el umbral de utilización de los productos digitales en los campos del conocimiento y la cultura. 
Una restricción demasiado rigurosa en el uso de las bibliotecas que, por ejemplo, marginara los estudios de propia iniciativa se contradeciría con el principio de formación a lo largo de toda la vida. 
A pesar de perseguir el objetivo opuesto, una legislación demasiado rigurosa en materia de derechos de autor podría gravar la productividad del trabajo intelectual en Europa. 
Espero que, en la elaboración de su Libro Verde sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad de la información, la Comisión preste atención a las directrices que recoge este informe y actúe en consecuencia al desarrollar una sociedad de la información democrática y de los ciudadanos. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Ryynänen por un informe con tanta clase. 
La inquietud que compartimos acerca de la sociedad de la información es que divide a la sociedad entre los que pueden permitirse el acceso a la información y los que no, es decir, entre ricos y pobres en el ámbito de la información. 
Es imprescindible reducir estas diferencias por todos los medios. 
Esto es lo que hemos venido haciendo con éxito tanto en Finlandia como en otros países mediante las redes de bibliotecas. 
En nuestro país, los índices de lectura figuran entre los más elevados del mundo. 
La tarea básica fundamental de las bibliotecas públicas es garantizar el desarrollo de un sistema civilizador y su papel es especialmente importante para los grupos lingüísticos más reducidos, algo que resulta difícil de entender a las comunidades lingüísticas más grandes. 
Con arreglo a la directiva sobre los derechos de autor, no se puede ofrecer a los usuarios de las bibliotecas, es decir, a las personas normales y corrientes, material electrónico en los monitores de los ordenadores sin previo acuerdo de los autores de dicho material. 
Esta circunstancia amenaza el servicio moderno de bibliotecas y representa un grave problema en la sociedad de la información, tanto por lo que respecta al principio de igualdad como a la cultura general. 
Creo que se trata de un lapsus, un error o una medida sin pies ni cabeza que amenaza con acabar con la actividades de las bibliotecas, un servicio que, por otra parte, ha demostrado una excepcional rentabilidad en el ámbito cultural. 
Llegado este momento, la biblioteca no podrá cumplir su cometido como transmisora de información. 
Se trata de un servicio gratuito para todos los ciudadanos que ayuda precisamente a aquellos que no tienen posibilidades de comprar todos el material disponible. 
Nos hemos acostumbrado a este servicio, la biblioteca se ha convertido en una especie de parroquia donde se adquiere cultura. 
Las personas necesitan las bibliotecas y hacen uso de ellas. 
Si ahora obstaculizamos sus actividades en nombre de la era digital, daremos un paso atrás en el camino civilizador que todos deberíamos aspirar a mejorar con afecto y dedicación. 
Puesto que, en mi opinión, esta postura tiene su origen en la ignorancia, creo que deberíamos modificar la directiva de los derechos de autor para seguir permitiendo a las bibliotecas cumplir, en una medida aún mayor, su tarea civilizadora atendiendo a principios de igualdad, sabiduría y justicia. 
Señor Presidente, quiero expresar el apoyo total del Grupo del Partido Popular Europeo a la ponente, la Sra. Ryynänen, por el excelente informe realizado, y yo me voy a referir sólo a una cuestión: los viernes solemos transmitir buenas noticias, y más cuando preside el Comisario Fischler en representación de la Comisión Europea, pero hoy, señor Presidente, cuando hablamos de las bibliotecas tenemos que transmitir a la opinión pública que nuestras bibliotecas se están muriendo lentamente. 
Son millones los libros de nuestras bibliotecas que se están destruyendo a fuego lento. 
Nuestras bibliotecas están gravemente enfermas, precisamente sus ejemplares más jóvenes. 
Tenemos la obligación de salvar nuestras bibliotecas, y no es una exageración. 
Señor Presidente, recuerdo a la Asamblea algo bien sabido: un tercio de los libros publicados en los últimos 150 años se está autodestruyendo. 
El problema es el tipo de papel que se está utilizando. 
Hasta el año 1803 el papel se fabricaba a base de fibras de lino o algodón, que proporcionaban estabilidad y larga duración. 
A mediados del siglo XIX, la gran demanda de papel hizo que se introdujeran los llamados papeles ácidos, a base de pasta de celulosa procedente de la madera. 
La experiencia demuestra que este tipo de papel sólo tiene una duración de varias décadas. 
La extensión del deterioro de las colecciones de las bibliotecas es alarmante. 
Se calcula que en las colecciones de las grandes bibliotecas, aproximadamente un tercio de los ejemplares está deteriorados. 
Estamos hablando de bibliotecas como la del Congreso de los Estados Unidos o la Biblioteca Nacional de París, con 11 millones de volúmenes. 
Por lo tanto, el problema es serio.Tampoco el problema es nuevo. 
Venimos pidiendo a la Comisión desde 1990 resoluciones y normas homologables para la utilización de papel permanente y la información al consumidor. 
Señor Comisario, nos gustaría saber qué pasa con esos proyectos que, desde hace casi ocho años, venimos pidiendo a la Comisión. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Ryynänen que ahora sometemos a debate nos presenta una extraordinaria imagen del papel que desempeña la biblioteca en la sociedad moderna. 
Al mismo tiempo, este informe expone brillantemente las numerosas posibilidades que ofrecen las bibliotecas y los desafíos con que éstas se enfrentarán en los próximos años. 
Se trata de un informe elaborado con dedicación y conocimiento de causa, siguiendo la mejor tradición finlandesa en el ámbito de la cultura popular, por lo que quiero desde aquí expresar mi felicitación y agradecimiento a la Sr. Ryynänen. 
La cultura es la cuna del desarrollo. 
La cultura es además la única seguridad con que cuentan los países pequeños. 
Cuando la UE crea, por ejemplo, programas de desarrollo, existe la posibilidad de que estos programas fracasen debido al bajo nivel cultural existente en los países receptores. 
Las bibliotecas son claras precursoras de la actividad cultural a escala popular. 
Las bibliotecas permiten disfrutar a todos los ciudadanos de una completa gama cultural, comenzando por sus mejores contenidos. 
Las bibliotecas también transmiten de un modo comprensible y diversificado los nuevos descubrimientos en materia de aptitudes y conocimientos, así como sus aplicaciones en los distintos ámbitos. 
La significación de las bibliotecas para la civilización occidental y su contribución para lograr un mejor nivel de vida han sido incalculables. 
Por otro lado, la información es poder. 
El control de la información equivale a poder, la falta de información equivale a pérdida de influencia. 
Si no velamos por la cultura popular, asistiremos a un agravamiento de las desigualdades sociales. 
La clave del desarrollo de las bibliotecas estriba en la definición de los derechos inmateriales. 
Los derechos de autor, que representan un componente muy importante del sistema jurídico occidental, permiten garantizar los derechos de éstos, ya sea en el ámbito de las artes o de la ciencia. 
Además, estos derechos garantizan también el desarrollo de numerosos sectores. 
El planteamiento de la Sra. Ryynänen a este respecto es el adecuado: a la vez que garantiza un desarrollo de las bibliotecas como servicio abierto al usuario y como mejor exponente cultural para los ciudadanos económicamente menos favorecidos en la sociedad moderna, soluciona de manera consecuente el futuro de los derechos de autor. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la Sra. Ryynänen por este informe de iniciativa que creo que abre las grandes posibilidades que tiene la Unión Europea de plantear iniciativas para una serie de problemas de conocimiento y cultura hoy y en el futuro. 
Apoyamos plenamente las posturas de la Sra. Ryynänen. 
Desearía señalar dos cosas, dos dimensiones que guardan relación con nuestra realidad nacional. 
En primer lugar, la posibilidad de ofrecer bibliotecas no es sólo un asunto de dimensión económica. 
Muchas veces el sistema educativo contribuye, impulsa a los jóvenes, y también a los mayores, a recurrir a las bibliotecas, muchas veces los aprisiona, les restringe el uso de ese gran banco de datos de los conocimientos humanos. 
Un ejemplo de dicho caso es Grecia y confieso que he sentido algo de envidia al oír lo que sucede en Finlandia. 
Es característico que los alumnos de instituto, para participar en los exámenes de acceso a la educación de tercer grado, a las universidades, deben haber memorizado un solo libro por cada asignatura, ¡Un solo libro!. 
Si en dichos exámenes un estudiante escribiera algo sacado de otro libro es seguro que suspendería. 
Si un estudiante pudiera reproducir todos los puntos, comas y guiones del libro de texto, entonces es sobresaliente. 
La imagen característica de los estudiantes que finalizan el instituto en las familias griegas es por la noche, cuando el padre y la madre regresan del trabajo y el chico de 17 o 18 años se sienta y les recita la lección de memoria. 
Porque él mismo no debe controlarse. 
Por consiguiente, para la utilización de las bibliotecas puede contribuir mucho el sistema educativo, de forma positiva, como creo que sucede en Finlandia, o negativa, como creo que sucede en Grecia. 
El segundo punto que querría plantear está relacionado con el esfuerzo especial que debemos realizar para impulsar las bibliotecas en las grandes ciudades de la Unión Europea que tengan relación con la cultura, civilización y conocimientos de otros pueblos y otras lenguas de la Unión Europea. 
Lo digo porque, desgraciadamente, vemos, por ejemplo, que muchos puestos universitarios que van acompañados de bibliotecas, de toda esa reserva de conocimientos, como pueden ser los estudios de griego moderno en grandes ciudades, en Berlín, en Mónaco, en otras ciudades de Alemania, hoy están en declive, vegetan y corren el riesgo de, como alguien podría decir, evaporarse. 
En este sentido, un impulso general semejante al asunto de las bibliotecas que concederá gran importancia a las bibliotecas relacionadas con lenguas y culturas de otros países de la Unión Europea será algo muy positivo. 
Señor Presidente, uno de los primeros oradores finlandeses dijo que las bibliotecas son muy importantes en su país. 
No me atrevo a decir que esto se deba a que en sus largos y oscuros inviernos no haya otra cosa que hace que leer un libro. 
Sé de hecho, por mis visitas a Finlandia con la Sra. Ryynänen, que hay muchas otras cosas que hacer, por ejemplo ir al maravilloso Festival de Ópera de Savonlinna. 
Me quedé impresionado con la dotación de bibliotecas y la importancia que éstas tienen en Finlandia y elogio el informe de la Sra. Ryynänen. 
Es un informe excelente de un excelente miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. 
Mantuvimos muchos debates interesantes en la Comisión de Cultura acerca de este informe y espero que la Comisión le preste la debida atención cuando presente su directiva. 
Es una base excelente para el Libro Verde. 
Las bibliotecas son sumamente importantes para nuestra civilización y nuestra cultura europeas. 
Yo personalmente me he beneficiado enormemente de ellas. 
Dejé la escuela a los quince años, fui a la universidad a los 20 como estudiante adulto y pude hacerlo gracias a que tenía un amigo bibliotecario. 
Él me dejó un sitio privado en la biblioteca local, me suministró libros, me encontró información y me ayudó a reconstruir mis estudios. 
Ello me ayudó a seguir adelante, a sacar varios títulos en la Universidad y a llegar a ser con el tiempo profesor universitario. 
En Escocia representaré al nuevo Partido Socialista Escocés- pensé que podría quedar constancia en el Acta, lo fundamos el mes pasado- y yo me he asegurado de que dentro de las políticas del partido tengamos un gran compromiso con las bibliotecas públicas. 
Esto es importante en el Reino Unido porque en los últimos dieciocho años el Partido Conservador ha ido recortando los recursos y dotaciones de las bibliotecas. 
Y he de decir que la situación continúa con el régimen del Nuevo Laborismo, que habla mucho del conocimiento y la educación pero sigue recortando los recursos para bibliotecas dependientes de las administraciones locales. 
Las bibliotecas están sometidas a una intensa presión en el Reino Unido. 
Así que espero que este informe tenga trascendencia. 
En un tono menos serio, querría terminar diciendo que los carnets de bibliotecas son a veces un medio muy útil de identificación. 
Mi colega escocés Hugh McMahon me ha contado que una vez entró en Hungría usando su carnet de biblioteca como medio de identificación. 
Pero con él estaba en ese momento Otto von Habsburg, lo cual pudo tal vez servir de ayuda. 
Gracias, señor Kerr. 
Por cierto, que acaba usted de mencionar el nombre del Sr. Otto von Habsburg. Y hoy, excepcionalmente, no está entre nosotros porque está enfermo. 
Aprovecho que usted le ha nombrado para desear al Sr. von Habsburg, en nombre de la Asamblea, un pronto restablecimiento. 
Los viernes lo necesitamos aquí. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con todas las recomendaciones que se encuentran en este informe, ya que reproducen bien cuál es la situación actual de los problemas. 
Al escuchar las diferentes intervenciones, constato que la situación es muy diferente en cada Estado miembro, y cuando veo los textos definitivos de las resoluciones realizadas tras las reflexiones, me decepciono un poco. 
Tengo que decir que soy un partidario ferviente del principio de subsidiariedad. 
Por consiguiente, me parece que el Parlamento Europeo no debería proteger tanto aquéllos asuntos en los que no puede emplear ningún recurso, o en los que no tiene ninguna competencia de actuación. 
Quisiera preguntar, por consiguiente, al Comisario de Cultura, hasta dónde llega el equilibrio entre los derechos de autor y del usuario, aspecto expresado en este informe, ya que todos sabemos que las bibliotecas han evolucionado. Ya no hablamos solamente de centros donde se almacenan libros, hablamos de centros reales de información con conexión a Internet para el público, preocupados por esta learning society, la sociedad de información donde viviremos todos el día de mañana. 
Estoy muy satisfecho, por consiguiente, con el informe y las recomendaciones, pero me abstraigo del tono puntilloso utilizado, cuando se dice que, realmente, en ninguna parte las cosas están reguladas como se debe. 
Pienso que, más bien, debería haber un intercambio de información que nos indique cómo es la situación ya en ciertos países. 
Señor Presidente, el papel de las bibliotecas en la sociedad moderna ha cambiado enormemente. 
Antes, cuando uno iba a la biblioteca, veía impresionantes hileras de libros que se podían coger de los armarios, se les ponía el sello y se cogían prestados. 
En la actualidad ya no se ven libros en las bibliotecas modernas de las universidades, sino ordenadores, en donde se puede buscar un libro con ayuda de palabras clave y solicitarlo. Al cabo de un cuarto de hora puedes llevarte el libro. 
En un futuro próximo la mayoría de las bibliotecas serán bibliotecas virtuales, que facilitarán a los usuarios todas las formas posibles de información. 
En el informe de la Sra. Ryynänen se reproduce muy bien esta imagen, y de forma muy informativa. 
Me parece muy bien que se anticipe a este desarrollo. 
Reconozco la necesidad que tienen las bibliotecas de colaborar a nivel europeo con otras bibliotecas. 
A mí me parece, en primer lugar, que la pregunta más importante que habría que hacerse sería qué instituciones a nivel europeo se tendrían que encargar de esto. 
A mí no me queda claro en el informe por qué la Comisión y el Parlamento tienen que inmiscuirse en este asunto. 
¿No es ya evidente que el Consejo de Europa y la UNESCO lo están examinando? 
¿No estaríamos hablando, pues, de superposición de competencias? 
Por eso me parece algo pobre el argumento que se da para que se trate este informe de propia iniciativa en el Parlamento Europeo. 
Por cierto que en la resolución de proyecto se habla de un enfoque e intención discretas. 
Es evidente que se puede hablar aquí de un terreno en el que «Europa ' quiere despertar pocas expectativas. 
En vista de lo que se ha citado antes, me cuesta entender el pasaje de la resolución en el que la Comisión indica que hay que acabar pronto el Libro Verde, en relación con el papel que deben jugar las bibliotecas. 
Asuntos tales como el de los derechos de autor, las licencias, y la creación de una red de bibliotecas europea son importantes, pero, también son competencia, en mi opinión, del Consejo de Europa o de la UNESCO. 
Tratando estos temas en el Consejo de Europa, la colaboración entre gran cantidad de países se realiza, además, sobre una superficie de apoyo más amplia. 
En relación con los derechos de autor echo de menos en el informe una referencia al Tratado acerca de los derechos de autor de la World Intellectual Property Organisation, el llamado «Tratado WIPO». 
Reconozco el problema que ha provocado el uso de los papeles ácidos. 
Me parece estupendo que exista una norma europea en favor de la utilización del papel «duradero». 
Apoyaría una recomendación del Parlamento para que esto se llevara a cabo, pero me parece ir demasiado lejos, en este momento, pedir a la Comisión que redacte una directriz, cuando todavía no existe, en absoluto, un Libro Verde. 
En mi opinión, al Parlamento Europeo no le hace falta utilizar ningún recurso para fomentar la colaboración. 
A mí me parece estupendo que exista colaboración entre las bibliotecas, pero creo que los Estados miembros son responsables, en primera instancia, de estimular esta colaboración. 
Sin embargo en la resolución se tratan, también, asuntos muy valiosos. 
El informe subraya, de forma pertinente, la importancia de las bibliotecas en la sociedad. 
Tal como se dice en el informe, las bibliotecas son importantes portadoras de cultura, instituciones de conocimiento, suministradoras de información y centros sociales. 
Esto lo debemos cuidar mucho. 
Del mismo modo la evolución de las bibliotecas va pareja con su tiempo. 
Se ha producido un gran avance en las bibliotecas desde la sola presencia de libros hacia todas las formas posibles de información, tales como casetes, CD-roms y redes. 
Dudo que los nuevos medios de comunicación vayan a desbancar a los antiguos, tal como aparece en el texto explicativo. 
Personalmente me gustaría hacer hincapié, en relación con las bibliotecas, en la importancia del libro impreso. 
Esto está relacionado con mi visión del paso del período bibliográfico hacia el período visual o virtual. 
El filósofo de cultura, el americano Neil Postman, escribió al respecto datos valiosos en su libro Amusing to Death, publicado en lengua neerlandesa bajo el título de Wij amuseren ons kapot (Nos lo pasamos de muerte). 
¿Qué hay mejor que leer un libro prestado de la biblioteca, al pie de la chimenea y con un vaso de vino en la mano? 
Esto me agrada más que ver toda clase de documentos en la pantalla desde la oficina. 
Pero ya lo dije antes: también la evolución de las bibliotecas debe ir pareja con su tiempo. 
Presidente, esta es mi conclusión: un excelente informe, con un buen texto explicativo; y aunque le corresponda a esta Sala tratar el informe, que lo sea en otro momento, por el Consejo de Europa. 
Señor Presidente, este informe es un importante y exhaustivo trabajo sobre el papel de las bibliotecas. 
Como miembro del club PEN siempre me alegro cuando el Parlamento se ocupa de tales temas marginales de la política mundial. 
Sin embargo, no puedo evitar analizar cuáles son las causas históricas de la idea de la biblioteca. 
Ha habido dos importantes motivos: primero, posibilitar que el amplio público pudiese leer sin que las personas tuviesen que comprarse libros y segundo, encontrar un libro que no se podía encontrar en las numerosas y pequeñas tiendas de libros. 
Ambas condiciones han cambiado hoy. 
Hoy los libros son sensiblemente más baratos y mediante los llamados modernos «Mega-Stores» prácticamente existe cualquier libro en almacén. 
No se trata solamente de una exigencia cuantitativa- es aquí donde se encuentra el punto flaco del informe- sino de una aportación cualitativa para solucionar el problema. 
Nos faltan conceptos para cumplir con las necesidades modernas de los consumidores. 
Debemos preguntarnos porqué cada vez van menos personas a las bibliotecas. 
Si entre los consumidores ya no existe ninguna necesidad, ni las bibliotecas ni nadie tiene la tarea de volver a ganarse a los consumidores. 
Tal como se menciona en el informe, una biblioteca probablemente jamás será una empresa que arroje beneficios. 
Sin embargo, tienen la responsabilidad de despertar el interés entre los consumidores para que estos regresen y lean. 
Quizás no sea solamente la lectura, quizás en el futuro una biblioteca pueda ser un banco de datos intelectual a disposición de la población. 
Las modernas bibliotecas pueden estar unidas con todas las bibliotecas y archivos del mundo a través de las modernas técnicas de redes electrónicas, pudiéndose acceder así a nivel mundial a los documentos, artículos y libros así como a otros materiales disponibles. 
Siempre hablamos del problema del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Aquí existe un derecho al que tenemos que adaptarnos. 
Las diferencias económicas no existen hoy porque el individuo se pueda comprar o no un libro. 
Esto pasó ya hace mucho tiempo. 
Se trata más bien del acceso a los medios electrónicos de información. 
Las modernas bibliotecas pueden contribuir mediante la democratización del aprendizaje a que sea posible ese aprendizaje a lo largo de toda la vida para todas las personas. 
Señor Presidente, también yo desearía felicitar a la Sra. Ryynänen por el completo informe que ha elaborado y, en particular, por haber tomado el futuro como punto de partida, ya que las bibliotecas perderán todo su sentido si no se adaptan a las nuevas circunstancias. 
Las bibliotecas han de funcionar de acuerdo con los tiempos que corren y, preferentemente, adelantándose a ellos. 
Han de ofrecer fácilmente la información más moderna a todos aquellos que deseen acceder a ella. 
Uno de los principios básicos de las bibliotecas públicas ha de ser su carácter gratuito, Me muestro de acuerdo con el ponente anterior en que el precio de los libros puede plantear problemas a muchas personas ávidas de conocimientos. 
Al menos en Finlandia, los libros son tan caros que son muy pocas las personas que pueden adquirir todos los libros que necesitan para sus estudios o para su enriquecimiento cultural. 
Tal como su nombre indica, se considera que las bibliotecas son puntos de almacenamiento y préstamo de libros, si bien llevan ofreciendo desde hace décadas otros formatos, a los que se une ahora un número cada vez mayor de servicios electrónicos y en red. 
La información ya no se guarda tanto en las estanterías como en las redes informáticas. 
Esta otra modalidad de información ha de estar disponible en pie de igualdad con el resto de los materiales de las bibliotecas. 
Ni la directiva sobre los derechos de autor ni ningún otro sistema para la protección de estos derechos deberán suponer un obstáculo para el acceso de los ciudadanos a la información. 
En un país como Finlandia, de donde se han extraído algunos ejemplos en el transcurso de este debate, existe lo que se denomina sistema de compensación bibliotecaria, que permite resarcir de manera justa a los autores del uso público que se hace de sus obras. 
Creo que valdría la pena reflexionar sobre la adopción y ampliación de este sistema a otros ámbitos. 
El servicio de bibliotecas fue creado para cubrir las distintas necesidades de información de los ciudadanos. 
La biblioteca es el servicio cultural más utilizado por los ciudadanos, lo que se da en llamar una fuente de información para todos y cada uno de ellos. 
Esta circunstancia reviste una enorme importancia con el fin de alcanzar los objetivos que se han establecido en materia de igualdad y de lograr el desarrollo de la democracia. 
Espero que se entable en el futuro una mayor cooperación transfronteriza en el sector de las bibliotecas, lo cual es ya en la actualidad un imperativo dictado por las nuevas tecnologías. 
La base de esta cooperación deberá ser, ante todo, la búsqueda de procedimientos que se puedan aplicar en los distintos países. 
Señor Presidente, me he dado cuenta de que de nuestros colegas meridionales han consagrado la mitad de su tiempo a expresar su agradecimiento a la ponente del informe, y que las intervenciones propiamente dichas han comenzado con un pero. 
Yo voy a hacer lo mismo en esta ocasión, con lo que felicito a la Sra. Ryynänen por la labor que ha realizado en favor de la cultura y el conocimiento. 
Después de haber trabajado muchos años con ella en el Parlamento finlandés, sé que es una persona que demuestra una gran responsabilidad a la hora de defender el mundo de la cultura. 
En los países nórdicos se ha dado tradicionalmente por sentado que los ciudadanos saben leer y que existe a su disposición material que leer. 
Las bibliotecas contribuyen a distribuir los conocimientos entre los ciudadanos de una manera más justa. 
Es importante que sean gratuitas. 
Sin embargo, la gratuidad se presenta en contradicción con esta política económica actual de alternativa única que constituye la doctrina neoliberal que estamos practicando. 
El neoliberalismo es la barbarie, ya que implica que tanto la salud como la cultura se han de medir también con un rasero monetario. 
Este tipo de política económica acabará con las bibliotecas. 
Por el contrario, las bibliotecas ayudan a luchar contra esta doctrina de única alternativa y contra la gran polvareda que levantan a su alrededor los medios de comunicación electrónicos. 
Para satisfacer su derecho básico a la información, es imprescindible que los ciudadanos puedan distinguir entre cultura y polvareda. 
La tarea del personal de las bibliotecas consiste en ayudar a las personas a hacer esta distinción. 
Hasta aquí llegan mis felicitaciones a la ponente del informe, y ahora vienen los peros. 
La ponente exige la creación de centros de información de la UE en las bibliotecas de toda Europa. 
No creo que sea una medida muy inteligente, ya que de esta manera se institucionalizaría la europropaganda. 
El Parlamento Europeo es un buen ejemplo de este adoctrinamiento por medio de la información. 
Por ejemplo, Euronews recibe ayudas económicas para divulgar europropaganda por medios electrónicos. 
Después de examinar los distintos informes que se han elaborado en el Parlamento, se podría afirmar que el Secretario General parece el director del departamento de propaganda de este Parlamento. 
Las bibliotecas no pueden depender de la Unión Europea, el Parlamento Europeo o cualquier otro organismo oficial. 
Las personas han de poder elegir por sí mismas entre las distintas alternativas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, coincido con lo expuesto por la ponente y el orador anterior de que las bibliotecas públicas van a desempeñar también mañana un papel social e informativo central en la sociedad de la información. Sólo se puede recordar y exigir que conserven su función de transmisores de más democracia y formación política, que todo el mundo tenga acceso gratuitamente- lo que es muy importante- y que la calidad sea también elevada en las áreas rurales. 
Por ello, ha sido muy acertado que en el debate sobre la directiva relativa a los derechos de autor hayamos exigido que se concedan a las bibliotecas unos generosos derechos de copia. 
Al contrario que el orador anterior quiero destacar en especial dos puntos. 
Las bibliotecas deberían hacerse cargo de nuevas tareas. Podrían hacerse cargo mucho más intensamente del papel de informar sobre la Unión Europea, naturalmente como órganos independientes. 
Quiero llamar la atención a este respecto sobre la muy bien organizada red Public Information Relais en Gran Bretaña, que une bibliotecas públicas que ofrecen informaciones especiales sobre la UE. 
Espero que en el marco de la descentralización del trabajo de la UE de cara a la opinión pública, logremos que las bibliotecas se hagan cargo de esta tarea. 
Independientemente de ello, creo que las bibliotecas podrán ser cada vez más intensamente puntos de transferencia de la cultura europea contemporánea, en concreto, en el asesoramiento recíproco, en la adquisición de libros y materiales audiovisuales en otro país, así como en el intercambio transfronterizo directo de existencias de libros y materiales multimedia. 
Esto sería importante en el sentido de la tolerancia y de la apertura. 
Creo que las bibliotecas podrían ser también centros de Internet para escolares y jóvenes que quieren crear pequeñas redes culturales de comunicación europeas. Sería importante que el acceso a las redes con finalidades de formación fuese gratuito. 
Para finalizar, permítanme una pequeña observación: si queremos que las bibliotecas sigan permitiendo un acceso barato al bien cultural que es el libro, entonces es absolutamente necesaria la protección de la variedad de la oferta de libros mediante el acreditado medio de la limitación de precios de los libros en determinadas áreas lingüísticas. 
Les pregunto si en las bibliotecas europeas del futuro solamente debemos tener «bestseller» de los EE.UU como paperback. 
Ruego por ello a la Comisión que no caiga en un dogmatismo competitivo y de liberalización opuesto a los intereses de los ciudadanos sino que tenga más en cuenta los mecanismos privados de autorregulación en sus futuras decisiones. 
Señor Presidente, Señorías, antes que nada quiero felicitar a la Sra. Ryynänen por el excelente trabajo realizado. 
En el ámbito de la estrategia cultural de la Unión Europea, y con especial referencia a la sociedad de la información, cierto que las bibliotecas deben ser objeto de una atención apropiada. 
Es preciso permitir que desempeñen un papel activo a fin de garantizar el acceso a la información y de difundir la cultura. 
Entre los papeles que cumplen las bibliotecas está el de ofrecer a cualquier ciudadano las nociones básicas y las informaciones esenciales a través de obras aptas para contribuir al conocimiento de las distintas identidades y orígenes que permitan esa integración cultural a la que aspiramos en la extraordinaria construcción europea. 
Asimismo, las bibliotecas contribuyen muy significativamente a la conservación, la organización, la compatibilidad y la difusión de la información que, en la época de las redes informáticas, tendría que apoyarse con todos los medios financieros posibles por cada uno de los Estados miembros. 
Ciertamente que la creación de la red telemática se encuentra aún en su etapa inicial, aunque existe una forma de cooperación entre las bibliotecas nacionales y parlamentarias, así como entre las organizaciones de bibliotecas europeas, como queda patente en la iniciativa «Telemática para las bibliotecas». 
En consecuencia, es necesario desarrollar esta cooperación y debatir las posibilidades de los servicios de las bibliotecas de distinta índole para conocer las oportunidades efectivas y reales que ofrecen. Asimismo, es preciso incentivar las bibliotecas más pequeñas que desempeñan un papel específico y se caracterizan por una fuerte identidad local, ya que representan un punto de encuentro para el público que las frecuenta, pues es posible desarrollar las más variadas actividades sociales en ellas. 
En el Quinto programa marco de investigación y desarrollo tecnológico, la Comisión debería considerar la creación de una red de bibliotecas europeas, al objeto, entre otras cosas, de desarrollar las relaciones técnicas y, en particular, de llevar a cabo una investigación con vistas a la fabricación de un tipo de papel permanente que no se destruya con los años, a fin de salvar para el futuro el patrimonio bibliográfico actual, rico en registros y archivos. 
Por último, reviste gran importancia crear un Centro europeo de bibliotecas, encargado de coordinar las cuestiones que afectan al sector a través de un personal perfectamente formado con miras asimismo a la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Señor Presidente, agradezco la oportunidad de hablar de este informe sobre la importancia de las bibliotecas para la Unión Europea. 
Estoy de acuerdo con la ponente cuando afirma que las bibliotecas representan uno de los sistemas más importantes para dar acceso al conocimiento y la cultura. 
El informe contiene varias recomendaciones interesantes, algunas que son complejas y que, obviamente, causarán problemas, y otras que son más simples. 
Apoyo incondicionalmente la propuesta de que los Estados miembros incorporen las bibliotecas públicas a sus iniciativas de carácter general sobre la sociedad de la información. 
Así lo estamos haciendo en Irlanda, y la Comisión de la Sociedad de la Información reconoce claramente el valor de las bibliotecas públicas. 
Es bastante posible que algunos Estados miembros se opongan a la recomendación de que la Comisión tenga inequívocamente en cuenta las bibliotecas y su papel como fuente de información para la población a la hora de resolver disputas sobre derechos de autor. 
También puede causar dificultades lingüísticas la propuesta de un enfoque multinacional del depósito legal. 
Sin embargo, el llamamiento a la Comisión para que dé un impulso a su aportación al sector de las bibliotecas estableciendo un foco central que coordine los asuntos relacionados con las bibliotecas y vigile su evolución será universalmente bien recibido. 
Felicito a la ponente por su informe y, sin duda, es un momento oportuno para debatirlo, sobre todo anticipando el Libro Verde de la Comisión sobre la materia. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la señora Ryynänen por el informe de propia iniciativa sin añadir ningún «pero». 
El informe revela un considerable conocimiento de los problemas técnicos, económicos, culturales y de formación a los que se ven confrontadas las bibliotecas. 
El papel cada vez más importante de las bibliotecas para la organización del acceso a los conocimientos merece nuestra atención especial. 
Ante la creciente oferta de informaciones de todo tipo, existe realmente una gran necesidad de ampliar las bibliotecas públicas en toda Europa hasta convertirlas en una red cercana al ciudadano y que, de modo similar a las escuelas y otros establecimientos, transmita conocimientos y cultura. 
Como la ponente subraya, la Comisión ha apoyado intensamente el desarrollo de nuevos servicios bibliotecarios, en especial, en el marco del programa de telemática. 
Es satisfactorio ver que en parte como consecuencia de una cooperación a nivel europeo, muchos Estados miembros comienzan ahora a establecer unos modernos servicios bibliotecarios en red y de fácil acceso para sus usuarios. 
Señora diputada, tal como muestra su análisis, el espectro de los problemas a los que se ven confrontadas las bibliotecas, es muy amplio. 
En el quinto programa marco estaremos en situación de apoyar trabajos de investigación sobre muchos de los aspectos técnicos mostrados, en especial en lo tocante a las normas para el procesado, conservación y transmisión de informaciones y la creación de conexiones mediante proyectos comunitarios. 
Otros aspectos, por ejemplo, la cuestión relativa a los derechos de autor o el acceso universal, se deben plantear en un contexto mayor. 
Por ejemplo, el hecho de que la directiva sobre derechos de autor que se somete a debate sea discutida hoy al mismo tiempo en varias comisiones parlamentarias, debería contribuir a que se mantenga el equilibrio en el trato de los derechos de autor entre los diversos grupos de intereses, tal como se exige en el informe. 
En el informe se insta a la Comisión para que impulse los trabajos de un Libro Verde sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad de la información. 
Desde marzo del año pasado, en que se aprobó el informe Morgan, hemos logrado unos buenos progresos en el reconocimiento y clasificación de los avances pertinentes en los Estados miembros y hemos reunido materiales de fondo sobre la mayoría de los temas tratados. 
Por ello, la Comisión cree que debe elaborar ya ahora una comunicación sobre el papel de las bibliotecas. 
Esta podría servir como base para la coordinación de todos los aspectos importantes que afectan a los modernos servicios bibliotecarios y de información así como al acceso de todos los ciudadanos a los mismos. 
Esta comunicación debería tratar por ello sobre una serie de temas especialmente importantes para las bibliotecas, como por ejemplo, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, los derechos de autor, el fomento de la lectura, los servicios regionales de información y una amplia cooperación de bibliotecas públicas en el acceso a los conocimientos y a la cultura. 
Además, esta comunicación podría proporcionar un acento adicional a la participación de las bibliotecas en el capítulo «sociedad de la información próxima al usuario» del quinto programa marco y preparar el camino para futuras acciones con el objetivo de ayudar a ciudadanos de todas las edades y capas sociales a poder emplear adecuadamente las informaciones y servicios digitales. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Felicito a la ponente por haber sido aprobado su informe por unanimidad. 
) Señor Presidente, esta resolución no puede ser aprobada con absoluta unanimidad. 
Me he abstenido, una abstención simbólica. 
Gracias, señora Maes. 
Constará que no ha habido absoluta unanimidad. 
En el último llamado pensé votar «abstención». 
No sé si llegué demasiado tarde o si simplemente no funcionó. 
Quisiera que esto quedase consignado en el protocolo. 
Señorías, no es necesario explicar más las abstenciones. 
Con decir que la resolución ha sido aprobada por amplia mayoría es suficiente. 
Tranquilizo la conciencia de todos ustedes. 
Señor Presidente, no había unanimidad, puesto que yo voté en contra. 
Señoría, ya he rectificado mi euforia inicial e indicado que se ha aprobado la resolución por amplia mayoría, donde caben las dos abstenciones mencionadas y su voto en contra. 
Lenguaje mímico 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0489/98) del Sr. Hughes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a la Comisión, sobre el lenguaje mímico. 
Señor Presidente, cuando hace 10 años nuestra colega Eilee Lemas presentó en el Pleno su informe sobre el lenguaje mímico, en la Tribuna estaba presente un grupo de visitantes invitados al que se tradujo nuestro debate mediante un intérprete de lenguaje mímico. 
Fue una demostración muy convincente que fortaleció las exigencias del informe. 
Debo reconocer que yo misma no he aprendido el lenguaje mímico a pesar de que la European Union of Deaf nos lo ofreció a los diputados. 
Esto estaba en relación con un proyecto sobre el leguaje mímico que se llevó a cabo en 1996-1997 y que culminó en una Conferencia celebrada en septiembre de 1997 y en la presentación de un informe sobre el lenguaje mímico en la Unión Europea. 
Por lo demás, el proyecto fue financiado por la UE en el marco del programa HELIOS II. Sus resultados y los 16 excelente informes elaborados por los países permitieron obtener una amplia visión de conjunto y son prueba de nuevo de la importancia del programa HELIOS. 
Sólo quiero instar a la Comisión para que haga valer toda su imaginación para encontrar una solución, es decir, un fundamento jurídico, en el marco del nuevo Tratado de Amsterdam para que en el futuro se puedan subvencionar también programas o proyectos que no solamente están relacionados con el empleo. 
En el prólogo del informe sobre el lenguaje mímico se dice al final, cito en su sentido: «Es necesario llevar a cabo un follow up sobre este proyecto para que no se pierdan los resultados». 
El Parlamento Europeo presentó ya hace 10 años la exigencia de reconocimiento oficial del lenguaje mímico como lengua autónoma. 
Entretanto han ocurrido algunas cosas y el apoyo financiero de la Comisión al proyecto ha dado un paso hacia delante pero no es suficiente. 
Se plantea la cuestión de si, en el marco de la equiparación de todas y todos los ciudadanos de la UE, no es tarea de la Comisión elaborar una directiva sobre el reconocimiento oficial del lenguaje mímico. 
En este contexto, ya no admito que se aplique la palabra subsidiariedad. 
Para una gran parte de nuestros Estados miembros, lamentablemente, es una buena excusa para impedir la actuación europea y a continuación no hacer nada. 
Por lo demás, yo no veo ninguna luz de esperanza en mi propio país, la República Federal de Alemania, pues allí la situación relativa al reconocimiento del lenguaje mímico era y es especialmente difícil. 
En el convenio de coalición del futuro y nuevo Gobierno federal al menos figura la frase: «Se examinará cómo se puede reconocer y tratar con los mismos derechos el lenguaje mímico alemán». 
Con una directiva, la Comisión podría ampliar en buena medida este mero mandato de examen. 
Pero no se solucionarían ni mucho menos todos los problemas aunque se reconociesen los lenguajes mímicos y en todos los lugares hubiese suficientes intérpretes. 
Sería la parte más fácil obligar a las emisoras de televisión a emitir un número mínimo de programas en el lenguaje mímico. 
Pero como se sabe, la televisión no es el único sistema moderno de información. 
En nuestros Estados miembros hay 7 sistemas diferentes para teléfonos de texto que no son compatibles. 
También aquí podría intervenir la Comisión con un acto jurídico. 
La Comisión debería adoptar las medidas para que todos los aparatos multimedia estén configurados desde el principio de tal modo que las personas sordas no sean excluidas de su uso. 
Quiero exponer un ejemplo al respecto: los teléfonos móviles. 
En los EE.UU estos teléfonos son compatibles con los audífonos gracias a la ley antidiscriminación allí existente. 
Pero en Europa están permitidos aparatos en los que los audífonos se transforman en emisores perturbadores cuando se emplea un teléfono móvil. 
Hay que evitar obstáculos técnicos, pero también burocráticos. 
Pienso, por ejemplo, en la reducción de las trabas burocráticas en la participación de personas con problemas de sordera en programas de la UE. 
Es cierto que hay un apoyo financiero para aprender el lenguaje de un país de intercambio, pero durante el mismo no se financia ningún intérprete, es decir, tampoco ningún intérprete de lenguaje mímico. 
Algo así debería ser la regla. 
Este ejemplo muestra también que aún hay que hacer mucho para desmontar las barreras, barreras realmente existentes pero también barreras en nuestras mentes. 
Exigimos a la Comisión que nos haga posible la convivencia sin discriminación a todos nosotros- con o sin minusvalía- mediante la presentación de un marco jurídico y la eliminación de las trabas burocráticas. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión es muy consciente de la importancia del lenguaje mímico para las personas con problemas auditivos. 
Ha apoyado activamente el proyecto de investigación llevado a cabo por la Universidad de Birmingham después de la resolución del Parlamento. 
Este estudio ha mostrado que entre los Estados miembros existen considerables diferencias en lo que se refiere al estado de desarrollo, la disponibilidad y el status del lenguaje mímico. 
Sin duda, aquí hay mucho margen para mejoras y la Comisión va a proseguir su compromiso allí donde mediante medidas comunitarias se pueda lograr una mejora adicional. 
No obstante, en opinión de la Comisión la responsabilidad principal radica en los países miembros, por lo que no proyecta ninguna propuesta específica en este asunto. 
En el sector de la formación se ha apoyado, por ejemplo, el Lingua-Surda-Projekt en el marco del antiguo programa Lingua. 
En el marco de los programas SOCRATES y LEONARDO, se han desarrollado otros proyectos de cooperación en el contexto de la formación general o profesional de personas con necesidades especiales de formación. 
En lo que se refiere a las emisiones de televisión, actualmente se aplican las condiciones marco jurídicas válidas en la Comunidad que tienen su fundamento jurídico en la directiva «televisión sin fronteras» , el apartado 2 del artículo 57 y el artículo 66 del Tratado de la CE, en los que se prevé la coordinación de las normas jurídicas y administrativas de los Estados miembros para el caso de que las diferencias entre estas impidan el tráfico libre de servicios. 
Actualmente, este no es el caso de las disposiciones nacionales sobre programas de televisión en lenguaje mímico. 
Realmente hay problemas de incompatibilidades en los diversos sistemas de teléfonos de texto en la UE. 
La Comisión es de la opinión de que el modo más fácil de superar esta situación es acordando normas, por lo que apoya los trabajos al respecto. 
La European Union of the Deaf ha indicado claramente que para toda la UE debería existir una norma unitaria para el teléfono de texto. 
Las ventajas del concepto «diseño para todos» en relación con las aplicaciones multimedia se constataron ya en la comunicación de la Comisión de 1996 sobre la igualdad de oportunidades para las personas con minusvalías. 
Actualmente, los servicios de la Comisión están trabajando en un estudio sobre «Diseño para todos» y la integración de personas con minusvalías y mayores en la sociedad de la información, en lo que se incluye también el acceso a las aplicaciones multimedia. 
Me alegra poder comunicarles que la Comisión ha aprobado el 22 de septiembre de este año un código de conducta para el empleo de personas con minusvalías en la misma Comisión. 
Las modalidades de aplicación de este código incluyen, entre otras cosas, la sensibilización del personal de la Comisión para con la problemática de los minusválidos, incluyendo aquí también los problemas de los sordos. 
Intérpretes para el lenguaje mímico se ponen a disposición al mismo nivel que otros intérpretes para hacer accesibles las sesiones también para los sordos. 
Pero está claro que nosotros- ya que cada uno aprende su propio idioma- en el futuro vamos a tener tantos lenguajes mímicos como lenguajes hablados. 
Sería una discriminación adicional para los sordos si se exigiese de ellos que se tuviesen que entender en un único lenguaje mímico de la Comunidad. 
En cualquier caso, la Comisión va a seguir apoyando un amplio abanico de medidas para proteger los intereses de los sordos, en especial mediante el fomento de la European Union of the Deaf. 
Señor Presidente, a una sociedad se la reconoce no por el trato que da a sus miembros más fuertes sino a los más débiles. 
Al igual que muchas personas con posibilidades limitadas, los sordos desarrollan una energía excepcional, superan límites y tienen unos sentidos altamente desarrollados. 
Con frecuencia, tienen una mayor perspicacia y están en una situación mejor que muchos otros para ver detrás de las cosas. 
Pero se les dificulta desde siempre la participación en desarrollos tecnológicos de aparatos procesadores de textos o de técnica videofónica hasta el empleo de multimedia y un intercambio comunicativo más intenso. 
El Parlamento Europeo podría dar un buen ejemplo y transmitir los debates para los sordos o semisordos, por ejemplo, mediante un monitor especial allí en la zona de la tribuna. 
Vemos lo vivaz que es el lenguaje mímico cuando en emisiones de televisión se traduce lo dicho mediante split screen o una ventana pequeña lateral. 
Pero estas emisiones son desterradas a horarios de poca audiencia y a programas de información. 
¿Qué opina la Comisión de una regulación de cuotas con una frecuencia claramente superior y cómo se debe llevar a efecto en los Estados miembros, señor Fischler? 
Las personas que no pueden oír no están por ello sin voz. 
Por ello, el Grupo del Partido Popular Europeo apela a la Comisión para que se reconozca el lenguaje mímico como idioma de la UE y que elabore para ello una propuesta de directiva. 
El Comisario ha llamado la atención sobre algunas dificultades y que tenemos que considerar diversos lenguajes mímicos. 
Soy consciente de ello, pero comenzar con un idioma sería quizás el enfoque más correcto que podemos realizar. 
Este sería también un elemento para lograr más igualdad. 
De este modo quedaría la vía libre para la formación de más intérpretes cualificados de este lenguaje y para una ayuda suficiente mediante créditos europeos. 
Entonces podríamos demostrar una vez más que existe una plusvalía europea que, naturalmente, tiene que repercutir en beneficio de las llamadas minorías. 
Señor Presidente, si el lenguaje mímico no es reconocido oficialmente como lenguaje de los sordos en los países miembros, significa que, en realidad, pensamos que no debe haber un lenguaje para los sordos. 
No obstante, no basta con reconocerlo, sino que tiene que funcionar en la práctica mucho más que lo que ha funcionado hasta hoy. 
Hay que dar oportunidad a los sordos para participar en los debates sociales. 
Para poder hacerlo, tienen que recibir información acerca de lo que ocurre y, además, tienen que poder informarse a través de las noticias y debates. 
En primer lugar, esto requiere la existencia de más profesores e intérpretes de lenguaje mímico. 
Actualmente hay programas de noticias en lenguaje mímico en Suecia. 
Además, se hacen interpretaciones simultáneas al lenguaje mímico por televisión de los debates políticos importantes desde el parlamento, lo cual obviamente es muy bueno. 
Sin embargo, podrían existir más programas y los canales de televisión deberían tener la obligación de emitir los debates políticos y los programas noticiosos en lenguaje mímico. 
Opino que esto debería incluirse en la concesión de la autorización de emisión de los diferentes canales. 
En primer lugar, opino que la Comisión debe apoyar e incentivar a los países miembros para que tomen medidas, puesto que la responsabilidad es de ellos. 
Evidentemente que podemos hacer mucho desde el Parlamento Europeo y la Comisión también puede hacer mucho para apoyar e incentivar, de modo que más países reconozcan realmente el lenguaje mímico, tengan emisiones de televisión en ese lenguaje y para que se formen más profesores e intérpretes. 
Con todo, se podría empezar aquí en el Parlamento Europeo y dar un buen ejemplo. 
Señor Presidente, en nombre de mi grupo quisiera expresar mi apoyo a las diversas peticiones hechas por la ponente al comienzo de este debate. 
He escuchado con atención al Comisario y pienso que podemos darle la razón y que, en efecto, la responsabilidad principal recae sobre los Estados miembros. 
Pero, sin embargo, Vd. mismo ha indicado, señor Comisario, que se deben tomar una serie de medidas en relación con la uniformidad y, especialmente, en relación con la coordinación entre los diferentes sistemas de teléfonos provistos de texto. 
Pienso que, en el caso de que Vd. quiera llevar a cabo estas medidas concretas, sería muy útil. 
No obstante creo que merece nuestra atención que se reconozca simbólicamente el lenguaje mímico dentro de la Unión, y que Vd. también lo haga, señor Comisario, de modo que en nuestro propio Parlamento no se sientan discriminadas las personas discapacitadas auditivamente, y que se tomen medidas necesarias para que también esas personas se puedan comunicar con el Parlamento en su propio lenguaje. 
Ha pasado mucho tiempo hasta que el lenguaje mímico ha llegado a considerarse un lenguaje digno. 
Ahora que se van a llevar a cabo una serie de cambios, debemos dar impulso rápidamente para que se haga oficial este reconocimiento, y para que se aplique en la práctica. 
Muchas gracias, señora Maes. 
El debate queda cerrado. 
La votación se celebrará el miércoles 18 de noviembre. 
Retrasos en los pagos por parte de la Comisión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B4-0490/98) del Sr. Pex, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, a la Comisión, sobre el perjuicio causado por la Comisión a causa de retraso en los pagos. 
) Señor Presidente, que yo haga esta pregunta en esta Asamblea quizás resulte algo extraño, ya que como Presidente, y naturalmente con un buen trato con la Comisión, puedo organizar un sinfín de asuntos de forma armoniosa. 
Pero hay tantas organizaciones que han tenido problemas, que pensé que lo más adecuado era hacer esta pregunta en público. 
En mi opinión las subvenciones que concede la administración tienen la finalidad de posibilitar ciertas actividades que consideramos convenientes, y no en tener ocupados a una serie de funcionarios que en lo más hondo de su corazón conceden una subvención a final de año. 
La administración tiene el deber de proporcionar y mantener seguridad jurídica. 
Esto significa, en este caso, que si se concede una subvención debe ser proporcionada a tiempo, después de haberse presentado la solicitud, y que el pago debe producirse, tan pronto como sea posible, tras la notificación de la concesión. 
Le voy a dar dos ejemplos. 
En primer lugar, un pequeño proyecto en el Reino Unido en 1997. 
En diciembre de 1997 se pagaron 15.000 ecus, después de que me hubiera esforzado para que así fuera. 
No se pudo realizar el proyecto, porque no había ningún recurso para financiarlo. 
Otro ejemplo: una organización con un cierto número de empleados, recibe varios años una subvención de 500.000 ecus. 
El 30 de julio de este año reciben una carta en la que se dice que van a recibir una subvención. El 30 de julio ya ha pasado medio año, medio año, pues, para haber hecho la financiación, y el primer pago de esa subvención se efectúa a finales de agosto, después de que me haya esforzado para que así fuera. 
El segundo pago se efectúa, tras un esfuerzo como el anterior, muy poco después. 
La carga de intereses para este segundo proyecto asciende a 24.000 ecus. 
Podría seguir citando miles de ejemplos. 
Y no quiero concretar más, porque las organizaciones me suplican que, ante todo, no diga sus nombres, ya que temen que esto repercuta negativamente en su posición para los próximos años. 
Me parece importante que si alguien se siente obligado a pedir dinero prestado para financiar sus actividades, ya que confía en que la Comisión Europea va a cumplir sus promesas, que pueda estar seguro de que así será; y que en el caso de que contraiga deudas no esperadas, que sepa que podrá pagarlas. 
La situación se ha agravado este año con respecto a años anteriores, y esto es porque con motivo de la sentencia del Tribunal, la Comisión decidió no seguir pagando nada más. 
Se puede imaginar lo que sucede. 
Una organización va a un banco con una carta firmada por la Comisión Europea. En base a esa carta se concede un préstamo. 
Tras unos cuantos meses el banco se va poniendo nervioso. Se van a informar a la Comisión Europea y esto es lo que les dicen: ya no pagamos. 
Esto lleva consigo que las organizaciones se vean envueltas en grandes complicaciones, no sólo tienen dificultades de liquidez, sino que también tienen problemas con los bancos. 
Un cierto número de organizaciones me ha contado y asegurado que debido a estos problemas han tenido que finalizar sus actividades. 
Me parece todo un escándalo que se consientan cosas por el estilo y, por eso, pido a la Comisión- no necesito demasiadas palabras- que garantice a este Parlamento que para el año presupuestario 1999, es decir, para el año que viene, podamos esperar dos cosas, a saber, que las promesas presupuestarias se realicen durante el primer cuarto de año, y que los pagos se efectúen justo después, de tal modo que las actividades puedan comenzar a tiempo. 
Tenemos nuestras líneas presupuestarias y las constatamos en este Parlamento. 
Las organizaciones implicadas saben que tan pronto sea un hecho la segunda lectura, podrán solicitar su petición a finales de año, y estar seguros de que podrán empezar muy pronto sus actividades. 
Encargamos a todas esas organizaciones esas actividades porque consideramos que nuestra gestión debe ser realizada por ellas. 
Realmente nuestra gestión la realizan particulares, organizaciones privadas y, a veces, empresas. No tiene sentido actuar de forma que no tengamos la seguridad de que van a poder realizarse nuestros planes para el año presupuestado. 
Señor Presidente, Señorías, el pago de ayudas para acciones en el sector cultural mencionado por el Sr. Pex en su pregunta oral debería pasarse a la reserva hasta septiembre. 
De cara a la concesión de estas ayudas, la Comisión publicó ya en enero un requerimiento para la presentación de propuestas. 
Pero, debido a la sentencia que el Tribunal Europeo de Justicia pronunció en mayo sobre los fundamentos jurídicos, la Comisión se vio obligada a suspender el procedimiento. 
Para la pertinente línea presupuestaria creada por el Parlamento Europeo no se había creado el fundamento jurídico necesario, lo que se confirmó por lo demás en la sesión tripartita de mediados de julio. 
Según las resoluciones de dicha reunión tripartita, la Comisión pudo pagar los créditos cumpliendo así las legítimas esperanzas de los receptores de las ayudas que se habían seleccionado ya antes de pronunciarse la sentencia. 
Gracias al requerimiento publicado antes de comienzos de año para que se presentasen propuestas, la Comisión pudo conceder esas ayudas. 
Somos muy conscientes de que las organizaciones afectadas se han encontrado en dificultades como consecuencia de los bloqueos de los créditos. 
De conformidad con lo acordado, los pagos se realizaron en el plazo de 60 días tras la firma de los contratos. 
Por ello, no estaba justificada ninguna indemnización y además tampoco se han estimado créditos para ello. 
Señor diputado, el próximo año este problema ya no se presentará pues no debería producirse un bloqueo de créditos de este tipo. 
En la reunión tripartita se determinó claramente bajo qué condiciones se podían ejecutar líneas presupuestarias sin fundamentos jurídicos. 
Nos atendremos a ello. 
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, señorías, como miembro de la Comisión de Presupuestos saludo la decisión del Tribunal Europeo de Justicia y de la Comisión. 
Desde los primeros días de la integración europea, el Tribunal Europeo de Justicia ha desempeñado siempre un importante papel. 
Ha garantizado y desarrollado el derecho comunitario. 
Se han producido muchas decisiones de gran alcance. 
El 12 de mayo el Tribunal Europeo de Justicia, en base a una demanda de varios Estados miembros, sobre todo de Gran Bretaña, decidió que el flujo de créditos del presupuesto de la UE precisa de una doble decisión, la financiación, con el compromiso y autorización por un lado y un suficiente fundamento jurídico, por otro. 
En base a ello, la Comisión detuvo todos los pagos que no correspondían a esos criterios, en mi opinión, con toda la razón. 
La Comisión bloqueó 100 líneas presupuestarias por un importe de 920 millones de euros, para revisar sus fundamentos jurídicos. 
56 líneas con un importe de 390 millones de euros se desbloquearon totalmente, 19 líneas por un importe de 170 millones de euros se desbloquearon parcialmente y 16 líneas por un importe de 340 millones de euros se encontraban en la «pipeline» , es decir, fueron acordadas por el Parlamento. 
Se vieron afectados sobre todo proyectos de organizaciones no gubernamentales en los campos de la familia, niños y ancianos así como en el ámbito de la cultura. 
Felicito en este contexto en primer lugar a la Presidencia austríaca del Consejo así como a la Comisión, bajo cuya Presidencia se ha logrado el 17 de julio de este año un acuerdo interinstitucional, una liberación de créditos y una resolución sobre los fundamentos jurídicos. 
Pero no olvidemos que en el Parlamento Europeo y, en especial, en la Comisión de Presupuestos, se venía exigiendo una regulación de este tipo desde hace 16 años. 
Si se ve que una exigencia esencial nos ha ocupado durante 16 años y que se aplica de repente en el plazo de unos pocos días, entonces se ve que la decisión del Tribunal Europeo de Justicia ha contribuido esencialmente a colocar los acuerdos y las decisiones entre las instituciones sobre el fundamento jurídico adecuado. 
La posición de la Comisión tras la publicación de la sentencia y hasta el compromiso no fue sin duda sencilla. 
Muchas líneas presupuestarias sin suficientes fundamentos jurídicos afectaban a los programas ya mencionados en el campo de la cultura, formación, juventud y también de la familia. 
Los diputados hemos recibido muchas solicitudes, pues naturalmente las organizaciones afectadas no estaban ya seguras de si iban a recibir el dinero en el momento oportuno. 
Pero hoy estoy contento- en especial, desde una perspectiva actual- de poder decir que la mayoría de los créditos financieros entretanto se han desbloqueado de nuevo. 
La Comisión no puede acarrear ella sola con las consecuencias por su comportamiento. 
Al fin y al cabo, ha cumplido una sentencia de la máxima instancia judicial de la Unión en base al derecho de la UE. 
Como nos acaba de explicar el señor Comisario Fischler, los pagos se han producido en el plazo de 60 días. 
Creo también que este debate y la rápida solución son un claro progreso para la Comunidad Europea. 
Al mismo tiempo, está en curso una directiva sobre el retraso en los pagos. 
En esta directiva se trata de los plazos en que se deben realizar los mismos. 
Creo que esta directiva sería también buena para la Unión Europea. 
No debemos ser ejemplares sólo en los ingresos, donde actuamos con gran rapidez con disposiciones punitivas y unos medios muy duros. 
Como Unión Europea, deberíamos ser también un ejemplo en los pagos, un interlocutor fiable que sea un ejemplo para Europa. 
Señor Presidente, como presidente de los Amigos de la Música en el Parlamento Europeo, con frecuencia recibo peticiones, llamadas de teléfono urgentes y súplicas de organizaciones del mundo de la música que están esperando los pagos de la Comisión. 
El asunto llevado ante el Tribunal de Justicia europeo ha empeorado las cosas este año, pero he de decir que en mis cuatro años y medio de experiencia en este Parlamento ocurre lo mismo año tras año con la Comisión. 
Todos los años tomamos las decisiones en noviembre, dentro del presupuesto, sobre qué organizaciones deberían recibir financiación, y todos los años la Comisión les entrega el dinero, si tienen suerte, hacia octubre del año siguiente. 
Es un plazo totalmente inaceptable para la entrega del dinero. 
La solución parece ser que necesitamos más programas plurianuales- los cuales espero que sean efectivamente establecidos por el nuevo programa marco de cultura- para que grandes entidades como son la Joven Orquesta Europea, el Centro Europeo de la Ópera, etc., reciban efectivamente su dinero con pagos escalonados, con un control y una evaluación por parte de la Comisión, una auditoría como es debido y todo lo que haga falta, pero de una forma fiable y regular con la que puedan contar. 
Si se están produciendo retrasos por culpa de la Comisión debemos pedir entonces que ésta pague los intereses que tienen que pagar ellos a los bancos a causa del retraso. 
Veo que el Comisario Fischler se está riendo y asumo que es una respuesta afirmativa. 
Señor Presidente, se trata de un punto del orden del día en cierto modo moral. 
Quiero exponer un ejemplo para el que en mi opinión no ha habido ninguna resolución del Tribunal Europeo de Justicia. 
Se trata del retraso de un pago que va a cumplir pronto un año. 
Personas que trabajan honoríficamente querían construir en Chile una escuela para los niños de la estrella; han trabajado aquí con gran compromiso, han obtenido una promesa jurídicamente vinculante y ahora llevan esperando desde hace un año al dinero. 
Todo esto es inaceptable. 
Pero aún más inaceptable y señal de la arrogancia y lentitud imperantes en la Comisión, es que todas las cartas en las que se solicitaba una aclaración o no se respondieron o las respuestas contenían cosas de cualquier tipo que no decían nada. 
Señor Comisario, le rogaría que lo transmita a las instancias competentes pues, de lo contrario, lo presentaré yo al Defensor del Pueblo europeo. 
Así no se puede actuar con las ciudadanas y ciudadanos europeos. 
Señor Rehder, esta no es una cuestión de orden. 
Se ha tratado de una intervención. 
Le agradeceré que, en el futuro, haga usted lo posible para que se le incluya en la lista de oradores. 
El debate queda cerrado. 
He recibido una propuesta de resolución para cerrar el debate. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
El Parlamento ha agotado el orden del día. 
El Acta de la presente sesión se someterá a la aprobación del Parlamento al principio de la próxima sesión. 
Señorías, antes de terminar, permítanme que, como es habitual, exprese mi agradecimiento a todos los servicios de la Asamblea. 
Esta ha sido una semana que ha tenido algunos momentos tensos e intensos, que es una de las servidumbres que impone el debate y la aprobación de los presupuestos y- todo hay que decirlo- todo ha ido muy bien gracias a la eficacia de los servicios de la Asamblea, gracias a la calidad de los ponentes y- por qué no decirlo- gracias a la envidiable capacidad de dirigir las votaciones que tiene la Sra. Fontaine. 
Las primeras palabras de nuestro Presidente, Sr. Gil-Robles, han sido para saludar la justa concesión del Premio Nobel a dos de los grandes líderes del proceso de paz en Irlanda del Norte. 
Y la terminamos también con el signo de la paz porque estas sesiones de los viernes por la mañana son extraordinariamente pacíficas, tanto es así que tengo la tentación de, en la próxima candidatura del Premio Nobel de la Paz, presentar como candidato las sesiones de los viernes por la mañana. 
Espero, Señorías, tener éxito. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.15 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 23 de octubre de 1998. 
Comunicación del Presidente 
Desde la clausura del último Pleno, he tenido que dirigir telegramas haciendo constar la solidaridad de este Parlamento y la condolencia de todos sus miembros- creo haberme hecho intérprete fiel del sentimiento de todos ellos -, en primer lugar, al Primer Ministro y al Presidente del Parlamento de Suecia con motivo de la horrorosa tragedia de Gotemburgo. 
Inmediatamente después de conocerse lo sucedido, me dirigí a estas dos autoridades de Suecia, haciendo constar nuestro sentimiento y nuestro horror por lo que había ocurrido expresándoles toda nuestra solidaridad. 
Por desgracia, a los pocos días, tuve que dirigir sendos mensajes a los Gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua para expresar, asimismo, la consternación de este Parlamento y el sentimiento de todos sus miembros, rogando, como en el caso anterior, que se transmitiese nuestro pesar a las familias de las víctimas y a las autoridades correspondientes. 
Quiero decirles a ustedes que esta misma tarde ha sido autorizada la celebración de una reunión de la delegación de nuestro Parlamento para América Central y México, que se reunirá con los embajadores de estos cuatro países y con la Comisión para estudiar el mejor modo de prestar ayuda a los países afectados por la catástrofe. 
Bienvenida 
Quisiera dar la bienvenida a nuestro Parlamento a los miembros de la nueva Asamblea de Irlanda del Norte, quienes se encuentran en la tribuna de visitantes distinguidos acompañados del premio Nobel de la paz de este año, el Sr. David Trimble. 
De la misma manera que el otro día felicitamos y ofrecimos nuestro apoyo a nuestro colega John Hume, aprovechamos hoy esta oportunidad para expresar también nuestra felicitación a este hombre. 
(El Parlamento, en pie, dedica una ovación al Sr. Trimble) Deseamos a los miembros de la nueva asamblea una fructífera visita a Bruselas y todo el éxito para los meses y años venideros. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del viernes 23 de octubre de 1998 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, acerca de la retransmisión televisiva de las sesiones de los viernes por la mañana, ¿podría usted decirme si se va a comenzar a retransmitir estas sesiones a partir del día de hoy? 
Vamos a tratar sobre esta cuestión en la Mesa, la cual se ha tenido reunir con carácter extraordinario para hacer frente a un orden del día muy extenso. 
Espero que se aborde este asunto a la mayor brevedad. 
Señor Presidente, en la primera página del Acta del viernes del último período parcial de sesiones pronosticaba que Gran Bretaña dejaría en libertad al general Pinochet. 
Quizás, cuando envíe sus telegramas, podría hacer lo propio y mandar uno a los británicos para que envíen al general Pinochet a España, donde creo que hay muchas y muy buenas prisiones que le acogerían con alegría. 
El Parlamento ha tenido la oportunidad de debatir esta cuestión y ha dejado bien claros sus puntos de vista al respecto. 
Señor Presidente, quisiera referirme a la modificación efectuada en el orden del día y a la inclusión del asunto al que se refiere el informe de nuestro colega, el Sr. Skinner, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativa a la adopción de un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de obstáculos a los intercambios. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué se plantea ahora este asunto que estaba previsto para el período parcial de sesiones de noviembre y cuál es la razón de esta premura? 
Nosotros pedimos que se posponga ya que no está disponible el texto del acuerdo político del Consejo en todas las lenguas- al menos en la mía no lo he encontrado- y mediante este procedimiento de urgencia apenas tenemos tiempo de presentar enmiendas. 
Señor Theonas, se ha incluido el informe Skinner porque las posiciones comunes previstas para hoy no han sido enviadas por el Consejo, y para aprovechar el tiempo de que disponemos- que es más bien poco hasta final de legislatura- se ha incluido el informe Skinner que ya estaba preparado. 
Tiene la palabra la Sra. Pailler. 
Señor Presidente, me baso en la carta que usted envió, en el mes de marzo de 1997, al Gobernador de Pensilvania, Tom Ridge, sobre la condena a muerte y la ejecución de Mumia Abu-Jamal. 
Hoy le vuelvo a pedir que dirija una carta de protesta a dicho Gobernador, que prometió durante su campaña electoral la cabeza y la ejecución de Abu-Jamal, quien acaba de perder su recurso y, por lo tanto, podría ser ejecutado de un día para otro, quizá en este mismo momento. 
¿Podría escribirle también al embajador de los Estados Unidos en Bruselas? 
Creo que nuestro Parlamento, que ha votado muchas resoluciones relativas a la pena de muerte y más concretamente a propósito de Abu-Jamal, deberá seguir mostrando su apoyo y su deseo de que se respeten los derechos humanos, sobre todo para que los procesos se instruyan de manera legal, como no ha ocurrido en el caso de Abu-Jamal, y para que la pena de muerte sea por fin abolida. 
Gracias, señora Pailler, escribiré las cartas que me pide. 
Señor Presidente, me acompañan hoy, como invitados míos y de otros muchos diputados, algunos representantes del sindicato del sector lácteo de los Estados Unidos. 
A pesar de que disponía de pases para que estas personas pudieran acceder a la tribuna de visitantes, se les ha prohibido el paso a la misma. 
Me gustaría que, como ha hecho con los diputados de la Asamblea de Irlanda del Norte, les diera también a ellos la bienvenida. 
De todos modos, se les ha negado la entrada a la galería de visitantes, lo cual, habida cuenta de que yo mismo me había ocupado de todos los detalles necesarios, resulta escandaloso. 
No comprendo lo que ha podido pasar. 
Señor Killilea, nuestro Parlamento goza de tal estima que la tribuna oficial se encuentra en estos momentos repleta. 
Se trata simplemente de una cuestión de falta de espacio. 
Pero pueden estar seguros de que les deseamos la bienvenida tan calurosamente como a cualquier otro visitante. 
Presidente, la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa le envió la semana pasada una carta urgente para que hoy tuviéramos aquí la posibilidad de pedir al Presidente de la Comisión, Santer, una declaración en relación con el gasto de los fondos de las líneas presupuestarias de los derechos humanos. 
Fue una petición unánime y urgente de toda la Comisión de Asuntos Exteriores. Quisiera saber de usted ¿qué ha pasado con esa petición? 
Por lo visto no está en el orden del día de hoy. 
¿Tiene usted entonces otra propuesta? 
Señora Aelvoet, efectivamente, esa carta llegó a mi poder en el día de ayer e inmediatamente fue cursada a la Comisión Europea, porque lo que pedía la Comisión de Asuntos Exteriores en esa carta es que se invitase a la Comisión Europea a hacer una declaración de acuerdo con el artículo 37 de nuestro Reglamento. Como usted sabe mejor que yo, es la Comisión Europea la que puede hacer uso de ese artículo 37. 
Nosotros no podemos exigírselo. 
La invitación fue cursada ayer mismo y la Comisión Europea no ha dicho nada hasta hoy. 
De modo que, si desea hacer la declaración, la Comisión Europea tiene que manifestarlo, y en ese momento trataremos de incluirla en el orden del día. 
Incluso lo peor de todo no es eso. 
Lo peor es que, en este momento, nos encontramos con que la Comisión Europea no ha terminado todavía su debate y su resolución sobre la ampliación y estamos esperando, de un momento a otro, a que llegue el Comisario van den Broek a informarnos. 
Pero, naturalmente, no nos puede informar si no se ha tomado la decisión. 
Señor Presidente, tengo una cuestión de orden. 
Creía haber entendido, como el resto de mis colegas de Irlanda del Norte, que tendríamos la oportunidad de agradecerle la bienvenida que ha dado al pueblo de Irlanda del Norte y, en especial, a los diputados de su nueva Asamblea. 
Estoy seguro de que este Parlamento mantiene posturas firmes a este respecto. 
Sin embargo, ahora que la gente de Irlanda del Norte contempla cómo se deja en libertad a cerca de 200 terroristas sin que se produzca ningún gesto por parte de los terroristas para entregar sus armas, propondría a la Cámara que, como el Parlamento democrático que es, preste su apoyo a todos aquellos que respalden la vía democrática y que les inste a hacerlo de manera democrática, a entregar las armas y a librarnos de la plaga del terrorismo a ambos lados de la línea divisoria. 
Me gustaría únicamente expresar mi profundo agradecimiento tanto a usted como a los diputados de este Parlamento por la bienvenida que han deparado en el día de hoy a los miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte. 
Es la primera vez en la historia que toda una asamblea regional europea asiste a un período parcial de sesiones de este Parlamento, y esta circunstancia pone de manifiesto el gran aprecio que existe en Irlanda del Norte por el apoyo que han dedicado a nuestro acuerdo y al proceso de paz tanto la Unión Europea como, en particular, este Parlamento y el programa especial para la paz y la reconciliación. 
La presencia hoy aquí de nuestra Asamblea constituye una muestra clara de este aprecio y de su deseo por asegurarse de que se les mantiene plenamente informados acerca de los trabajos de la Unión Europea, con el fin de aprovechar de la mejor manera posible estas actividades en el desempeño de sus cargos. 
En referencia a las cuestiones mencionadas por el Sr. Paisley, éstas ya se abordan adecuadamente en el acuerdo, por lo que la tarea de todos nosotros consiste en lograr la aplicación de todos los aspectos de dicho acuerdo y que todas las partes actúen en este sentido de manera conjunta. 
(Vivos aplausos) 
Señor Presidente, yo también desearía dar brevemente la bienvenida a nuestro Parlamento a los miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte, entre los que figura mi jefe de filas, David Trimble. 
Todos los presentes recordamos cómo, a lo largo de los años, nos hemos alzado en este Parlamento en numerosas ocasiones para condenar la violencia. 
Esperemos que ya no sea necesario hacerlo nunca más. 
Pero el Parlamento ha de ser consciente de que nos queda aún un trecho por recorrer antes de lograr nuestro objetivo final, la consecución de una paz definitiva y de una sociedad normal en Irlanda del Norte. 
Debemos mirar hacia delante, no hacia atrás. 
Los miembros de esta Asamblea tienen la responsabilidad de ofrecer un futuro nuevo al pueblo de Irlanda del Norte. 
Creo que todavía estamos en ese punto y había pedido la palabra hace un rato. 
Tuve una intervención que se ha redactado de forma errónea en la página 10. 
El viernes 23 de octubre, yo no pedía evidentemente una votación en bloque sobre el resto de enmiendas, sino una votación en bloque sobre todas las enmiendas presentadas sobre asuntos cuyo objeto fuera idéntico al de las que acababan de ser aprobadas previamente. 
Mis palabras no se han transcrito bien en el Acta y no me gustaría que hubiese ambigüedad. 
Por otro lado, me sorprende que en el Acta llamada «literal» de las sesiones esta intervención no aparezca, cuando, a priori, literal debe efectivamente interpretarse como íntegra. 
Señor Fabre-Aubrespy, el Acta evidentemente no es literal, pero si considera que sus palabras no han sido reproducidas exactamente, le rogaría que indicara por escrito los términos exactos de su intervención y ésta será corregida en el Acta. 
Señor Presidente, querría intervenir acerca del orden del día, antes de lo cual me gustaría también unirme a todos los que ya han dado la bienvenida hoy aquí a los miembros de la nueva Asamblea de Irlanda del Norte, así como hacerles saber que hemos respaldado en todo momento este nuevo acuerdo para el Norte. 
Ninguno de nosotros desea ser testigo de más muertes o dolor en ninguna región de la Unión Europea y, especialmente, allá donde haya tenido lugar durante tanto tiempo una situación tan trágica. 
Me gustaría obtener una mayor información, como ya la he recibido de usted por escrito, acerca de una cuestión que planteé hace ya algún tiempo. 
Se refiere al Comisariado del Reino Unido para obras benéficas y, más concretamente, a la directora de la Asociación de neurofibromatosis, quien fue objeto de censuras tras proporcionar información a este Parlamento. 
No he recibido ninguna respuesta acerca de este asunto. 
A pesar de haber mantenido correspondencia a este respecto, planteo ahora esta cuestión ya que no me parece que ni yo ni este Parlamento hayamos obtenido una respuesta adecuada. 
Se trata de un derecho de este Parlamento. 
Señora Ahern, haré comprobaciones a este respecto y me dirigiré a usted por escrito. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera recordar que, en nombre de mi Grupo, presenté una pregunta oral sobre la visita del Comité Veterinario a Portugal, porque me gustaría saber cuáles fueron los resultados de esa visita. 
Ya sabemos que se ha propuesto un embargo, pero pretendo recordar aquí una cosa a esta Asamblea, invocando el Reglamento. 
Hubo una reunión extraordinaria de la Comisión de Agricultura destinada únicamente a votar el informe del Sr. Görlacht, sobre desarrollo rural, sin que hubiera un orden del día escrito, pues éste consistió en un gentleman's agreement, si es que aún hay gentlemen en este Parlamento. 
La verdad es que la Comisión aprovechó para enviar a esa misma reunión al Sr. Joachim Heine a hablar sobre la cuestión de las vacas locas en Portugal, sin que hubiera ningún diputado portugués presente. 
Es una vergüenza la forma capciosa, la forma secreta y cobarde, como la Comisión interviene muchas veces, aun cuando tenga razón. 
No digo que la Comisión no tenga razón. 
Pero no basta con tener razón, es preciso saber tenerla y la Comisión no sabe tenerla. 
Eso es lo que lamento profundamente. 
Pido al Presidente de la Comisión de Agricultura, que es, de hecho, un caballero y que como tal se comportó, que haga las gestiones necesarias para que el Sr. Heine vuelva allí a fin de que podamos oír lo que los colegas alemanes dijeron de Portugal, tengan o no razón. 
¡Es preciso que rectifiquen y tengan más juicio en esas cabezas! 
Muchas gracias, señor Rosado. 
Averiguaremos qué ha pasado en la Comisión de Agricultura. 
Señor Presidente, dado que, con motivo de la presencia de los representantes del gobierno irlandés, el Parlamento, puesto en pie durante algunos minutos, ha celebrado este acuerdo, quisiera manifestar que participamos en dicha celebración como hicimos también durante la anterior Asamblea. 
Pero tomo la palabra para decir que nosotros hemos llegado a una conclusión que creo que puede ser también la del Parlamento Europeo. 
Lo que durante décadas ha venido ocurriendo en Irlanda del Norte no es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Kosovo pero no deja de presentar ciertas similitudes. 
Señor Presidente, en Irlanda no ha sido necesaria una intervención militar unilateral norteamericana, ni de la OTAN, hemos llegado a una... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Ephremidis, no tenemos ahora un debate sobre Kosovo, y no vamos a debatir sobre Kosovo por el hecho de que estén presentes unos invitados de Irlanda. 
Permítanme agradecer la introducción que ha hecho el Sr. Presidente y las condolencias que ha enviado a mi ciudad, Gotemburgo, donde acaban de perder la vida en un incendio sesenta y tres jóvenes. 
Estoy convencida de que estas palabras sirven de consuelo, y creo que debemos todos dedicar unos momentos de reflexión tanto a los jóvenes que han sobrevivido a la tragedia como, sobre todo, a los fallecidos y a sus familiares. 
Señor Presidente, querría hacer aún referencia a una cuestión de orden y a lo que ha dicho el Sr. Theonas en relación con el informe del Sr. Skinner. 
En este Parlamento disponemos de tecnología moderna, de correo electrónico y de todos los medios posibles para transmitir información, a pesar de lo cual no nos hemos enterado con la debida antelación de que se iba a presentar a debate el informe del Sr. Skinner. 
Nos encontramos antes una clara cuestión de principios. 
Deberíamos saber con antelación qué asuntos se van a someter a debate para, en caso de que fuera necesario, poder presentar las enmiendas correspondientes. 
No creo que sea muy correcto que nos enteremos el mismo día de la sesión. 
Señora Ojala, los Grupos ya sabían eso y, no obstante, sus secretarios generales han propuesto el cambio. 
(El Acta queda aprobada) 
En este momento no tenemos la representación de la Comisión. 
Pregunto a los funcionarios de la Comisión aquí presentes a qué hora se espera al Comisario Sr. van den Broek. 
Me informan que la reunión ha terminado y que el Sr. van den Broek está en su coche camino del Parlamento. 
Por tanto, interrumpo la sesión por cinco minutos y, dentro de cinco minutos, continuamos con la declaración del Sr. van den Broek y el debate. 
Lamento muchísimo que la Comisión haya procedido de este modo y que nos encontremos en esta situación. 
(Se interrumpe la sesión durante cinco minutos) 
Señor Presidente, ¿implica el hecho de que el Comisario haya llegado con retraso que el turno de preguntas comenzará en el momento en que inicie su intervención dicho Comisario? 
Disponemos de tres cuartos de hora, ya que tras el turno de preguntas tendrá lugar una declaración del Presidente Santer. 
Ampliación 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre los progresos realizados respecto a los países candidatos a la ampliación. 
Voy a dar la palabra al Sr. van den Broek. 
Espero de él una explicación a esta actitud de la Comisión y a este retraso absolutamente inadmisible. 
Creo que el respeto a la Asamblea exige esa explicación y la petición de excusas. 
Señor Presidente, pido naturalmente excusas por este retraso y apelo a su comprensión. 
Me he apresurado en llegar lo antes posible una vez finalizado nuestro debate en la Comisión sobre los doce informes periódicos que debemos presentar al Parlamento y al Consejo. 
Esta circunstancia explica que aún se esté redactando el texto final del informe, con los resultados del debate que ha tenido lugar esta mañana en la Comisión, razón por la cual no dispongo de este texto definitivo. 
Además, como ya sabrán, el Presidente Santer acaba de regresar de China esta misma mañana, por lo que la Comisión ha comenzado su reunión con una hora de retraso. 
De todos modos, espero que mi intervención sobre estos informes periódicos logre que se comprenda la intensidad y el ámbito de actuación que hemos pretendido abarcar en dichos informes. 
Casi dieciocho meses después de que se emitieran las opiniones sobre los países candidatos y nueve meses desde que se emprendiera de manera formal el proceso de ampliación en Londres, la Comisión aprueba en el día de hoy sus primeros informes periódicos acerca de los progresos realizados en cada uno de los doce países candidatos de cara a su adhesión a la UE, así como un documento de resumen anexo a dichos informes. 
Estos informes proporcionan la base de los debates sobre la ampliación que tendrán lugar en el Consejo Europeo de Viena de mediados de diciembre. 
Espero que tengan acceso a ellos a la mayor brevedad posible. 
La recopilación de estos informes ha supuesto una tarea enorme. 
Si bien se ha considerado que las opiniones del año pasado son el resultado de un trabajo de gran calidad, estoy convencido de que en los informes de hoy hemos llevado nuestro análisis a un plano aún superior. 
Los funcionarios de la Comisión han ganado en experiencia, a la vez que hemos trabajado de un modo más intenso con los países candidatos. 
Sabemos más y comprendemos mejor. 
Como ya ocurrió el año pasado, la Comisión no habría podido llevar a cabo este trabajo sin la información y los consejos de los propios países candidatos, los Estados miembros y las organizaciones internacionales. 
El Parlamento Europeo, y especialmente sus numerosos ponentes, han contribuido de un modo muy valioso y profesional a los trabajos de la UE sobre la ampliación. 
Nuestra evaluación se ha sometido a los mismos criterios de Copenhague que ya sirvieron de base para las opiniones del año pasado. 
No han cambiado las reglas del juego. 
La labor de nuestros funcionarios ha sido experta, objetiva, imparcial y libre de prejuicios políticos. 
En vez de atender a intenciones o promesas, los informes se centran en el progreso real que se ha registrado en los países candidatos, principalmente en lo referente a la legislación que se ha aprobado, las decisiones que se han adoptado en el ámbito de las distintas políticas y las instituciones que se han creado. 
Solamente así podíamos ser justos, y parecerlo, de cara a todos estos países. 
Todos somos conscientes de la gran cantidad de nuevos proyectos que tienen estos países en materia legislativa, los cuales serán abordados en los futuros informes a medida que vayan siendo aprobados y ejecutados. 
Los informes muestran que se han registrado muchos logros, pero también que los países candidatos se enfrentan con una ingente tarea de cara a su preparación para incorporarse a la UE. 
En los informes no restamos importancia a los desafíos con que se enfrentan estos países. 
Si lo hubiéramos hecho, no habríamos favorecido a nadie, y menos aún a los propios países candidatos. 
De todos modos, nuestra evaluación muestra que, en términos generales, el proceso de ampliación de todos los países candidatos va bien encaminado y que se mantiene el empuje que ha de conducirnos a dicha ampliación. 
Nuestra valoración no nos permite proponer este año la ampliación de las negociaciones a nuevos candidatos. 
En el caso de Letonia, Lituania y Eslovaquia, hemos llegado a la conclusión de que el ritmo de los progresos que han realizado es suficiente para mantener la posibilidad de una posible recomendación para la apertura de negociaciones con Letonia a finales de 1999. 
Por lo que respecta a Lituania y Eslovaquia, esperamos poder recomendar la apertura de negociaciones dentro de un plazo razonable. 
Este planteamiento refleja un claro reconocimiento político de los progresos que han realizado en los últimos dieciocho meses Letonia y, en un menor grado, Lituania de cara a los preparativos para su adhesión. 
En el caso de Eslovaquia, se ofrece un apoyo necesario al Gobierno recién elegido en sus intentos por establecer las políticas y las leyes que acerquen este país a la Unión Europea. 
Dentro de unos momentos comentaré con mayor detalle por qué motivos cabe destacar estos tres países. 
Junto con las conclusiones relativas a Letonia, Lituania y Eslovaquia, enviamos también un severo recordatorio a los países que ese encuentran ya en fase de negociaciones, especialmente a la República Checa y a Eslovenia, acerca de la necesidad de acelerar la aprobación y ejecución del acervo comunitario. 
La ralentización que hemos podido observar desde que se emitieron las opiniones es motivo de preocupación. 
Debe quedar muy claro que no es posible resolver los retrasos en la transposición o en la ejecución del acervo únicamente por medio de períodos transitorios. 
Además, es la primera vez que tenemos la oportunidad de valorar de manera exhaustiva la capacidad administrativa de cada país candidato para aplicar el acervo comunitario. 
Éste es un ámbito en el que todos los candidatos deberán potenciar sus reformas. 
Otra recomendación con un carácter ligeramente distinto implicaría que el Consejo de Ministros reconfirmara sus compromisos por lo que respecta a los objetivos y a la composición de la Conferencia Europea con arreglo a lo establecido en las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo. 
El objeto de esta Conferencia era el establecimiento de una estructura que abarcara el proceso de ampliación, primordialmente en lo relativo a las cuestiones del segundo y del tercer pilar. 
No creemos que sea adecuado debilitar esta estructura abriendo hoy por hoy negociaciones con un número mayor de candidatos. 
Me gustaría ofrecerles a continuación un breve resumen de los principales hallazgos que se han hecho en estos informes. 
No voy a hacerles una descripción detallada de los progresos realizados por cada país y cada sector en particular, ya que estos datos pueden consultarse en los informes específicos por país que espero que estén disponibles ya esta misma tarde. 
En el caso de los diez países de la Europa Central y Oriental, expondré brevemente nuestra valoración acerca del criterio político y de los criterios económicos, todos los cuales representan condiciones para el comienzo de negociaciones, así como acerca de la adaptación del acervo comunitario y de la capacidad administrativa de cada uno de los países candidatos. 
Acto seguido haré también algunas observaciones sobre Chipre, Turquía y Malta. 
Comenzaré haciendo referencia al criterio político de Copenhague, en el que se hace hincapié en una estabilidad de las instituciones que garantice la democracia, el estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. 
En las opiniones del pasado año, la Comisión llegó a la conclusión de que, con la excepción de Eslovaquia, todos los países candidatos cumplían ampliamente el criterio político necesario para su adhesión. 
Dentro de unos momentos me referiré al caso de Eslovaquia. 
En los informes periódicos de este año, la Comisión ha ido nuevamente más allá de los textos legislativos y ha analizado el funcionamiento de la democracia en la práctica. 
Nuestra conclusión general es que nos encontramos ante una situación esperanzadora puesto que los países candidatos no cesan de consolidar su estabilidad política. 
Seis de los candidatos de la Europa Central- la República Checa, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría y Eslovaquia- han celebrado elecciones parlamentarias o presidenciales libres y justas en el transcurso de los últimos doce meses. 
En Letonia, el resultado positivo del referéndum sobre la Ley de ciudadanía ha supuesto un considerable espaldarazo a la situación de los no ciudadanos. 
Este resultado facilitará el proceso de naturalización de los no ciudadanos y de los niños apátridas, predominantemente de lengua rusa. 
Aún no se han abordado adecuadamente algunas de las deficiencias específicas que destacó la Comisión en las opiniones del pasado año. 
Por ejemplo, es necesario potenciar considerablemente el poder judicial en la mayoría de los países candidatos y, en determinados casos, reforzar la independencia de este poder. 
Por lo que respecta a los derechos de las minorías y a otros criterios de orden político, la situación de los gitanos en los países candidatos continúa siendo un motivo de inquietud. 
Es necesario hacer una mención especial de Eslovaquia. 
La evaluación de la Comisión del año pasado mostraba que este país era el único de todos los candidatos que no cumplía el criterio político de Copenhague. 
El informe periódico que se presenta hoy cubre la evolución que ha tenido lugar desde mediados de 1997, es decir, un período en el que no ha habido cambios importantes que hubieran motivado una revisión de dicha valoración. 
Sin embargo, como resultado de las elecciones generales del mes pasado, se ha constituido un nuevo gobierno y se ha hecho patente un nuevo impulso de las reformas políticas y económicas. 
Esta nueva situación justifica igualmente una perspectiva de apertura de negociaciones con la condición de que se confirme el funcionamiento regular, estable y democrático de las instituciones. 
Además, antes de que se emprendan dichas negociaciones, es necesario cerciorarse de que Eslovaquia ha adoptado las medidas necesarias para corregir la situación económica y de que ha introducido una mayor transparencia en su aplicación. 
Estos elementos fueron objeto el pasado año de una menor atención por los irrefutables argumentos políticos en contra de la apertura de negociaciones, si bien los elementos económicos sí quedaron recogidos en el informe. 
Por lo que respecta a los criterios económicos de Copenhague, éstos se centran en dos cuestiones particulares. 
En primer lugar, la existencia de una economía de mercado y, en segundo, la capacidad para hacer frente a la presión competitiva de las fuerzas del mercado dentro de la Unión. 
Para pasar el examen económico, debe existir ahora una economía de mercado dinámica en el país candidato, que, además, deberá ser capaz de hacer frente a la presión competitiva a medio plazo. 
En términos generales, los países candidatos han seguido realizando importantes progresos en la aplicación de las reformas económicas. 
En la mayoría de los casos, se está avanzando claramente en aspectos como la privatización, la reestructuración y la liberalización y, a pesar de que la situación puede variar en todos los países candidatos, creemos que ello se debe en gran medida a causas históricas. 
Nuestros análisis demuestran que, como ya se señalaba en las opiniones del año pasado, es posible considerar que en Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y la República Checa funciona la economía de mercado y que, por lo tanto, deberán ser capaces de cumplir a medio plazo también el segundo criterio, el relativo a la competitividad. 
En este ámbito, Hungría y Polonia siguen aventajando en cierta medida al resto de los países. 
Señor Comisario, ha superado usted en un minuto el tiempo previsto para su intervención, por lo que le rogaría que finalizara de manera inmediata. 
(Reacciones diversas) 
Señor Presidente, estoy obviamente dispuesto a regresar a este Parlamento para hacer una exposición más extensa. 
Permítame únicamente decir unas pocas palabras acerca de los criterios económicos y el acervo comunitario. 
Intentaré hacerlo de la manera más breve posible. 
Por su parte, Lituania ha realizado también progresos considerables. 
Ya he mencionado anteriormente a Letonia y Eslovaquia. 
En Lituania, sin embargo, se necesitan medidas adicionales y se deben someter a prueba, en el plano práctico, algunas decisiones recientes antes de considerar que este país cumple los criterios de Copenhague. 
Habiendo dicho esto, nos gustaría también que se dieran las circunstancias para poder emitir una recomendación favorable. 
Por lo que respecta a la adopción del acervo comunitario, repito que hay una serie de países que, a pesar de haber entrado ya en la fase de negociaciones, están prestando poca atención a la adopción de este acervo. 
Hemos de dejar bien claro a estos países que las negociaciones no pueden, de por sí, reemplazar o sustituir la adopción del acervo comunitario. 
Voy a ser breve en lo que se refiere a la capacidad administrativa. 
Resulta claro que es necesario reforzar la capacidad administrativa y el poder judicial no sólo para adoptar, sino también para aplicar, el acervo comunitario. 
Por lo que respecta a Chipre, puedo ser también muy breve. 
Las negociaciones van bien encaminadas y siguen su curso, por lo que esperamos que la situación permita aún la participación de los turcochipriotas en estas negociaciones. 
Evidentemente, todos los estudios que se están realizando en estos momentos se refieren únicamente a la mitad meridional de la isla. 
Igualmente, hemos elaborado un informe periódico sobre Turquía que, por primera vez, incluye una valoración con arreglo a los criterios de Copenhague. 
No será para nadie una gran sorpresa el hecho de que, a pesar de algunos aspectos positivos en el ámbito económico, aún deja mucho que desear la vida política de este país, especialmente el funcionamiento del sistema político, el papel del Ejército, la cuestión de la protección de los derechos humanos y otros asuntos bien conocidos por el Parlamento gracias a los informes que hemos elaborado con anterioridad. 
En lo relativo a Malta, presentaremos nuestro informe probablemente a mediados de febrero, actualizando las conclusiones de 1993 y teniendo presentes los dos años de interrupción que sufrió el proceso de adhesión con motivo del cambio de Gobierno. 
He expuesto aquí una breve perspectiva general de cerca de seiscientas páginas de exhaustivo análisis, cuyo resumen figura en el documento anexo. 
Para finalizar, desearía agradecer una vez más al Parlamento Europeo su contribución, y espero que podamos proseguir en los próximos meses nuestras conversaciones acerca de estos informes periódicos. 
Señor Presidente, el señor Comisario van den Broek acaba de señalar, en relación con los progresos realizados por Lituania, que éstos no pueden sustituir, sin embargo, a las negociaciones. 
¿Podría ampliar el Sr. Comisario este aspecto y concretar el sentido de dicha observación? 
Cuando hablamos de los seis países en fase de negociaciones, resulta bastante sorprendente que algunos de ellos hayan ralentizado de manera considerable el proceso de adopción del acervo comunitario. 
Solamente podemos adivinar los motivos que explican esta circunstancia, a pesar de lo cual creemos que se debe hacer uso del informe para enviar un claro mensaje- y ya he hecho especial mención de la República Checa y de Eslovenia- de que las negociaciones no pueden sustituir la labor que hay que realizar, por ejemplo, para adoptar la legislación. 
Éste ha sido el principal mensaje del informe. 
No se puede concluir que existan motivos para incluir en el círculo de negociaciones a otros países que, aun reuniendo los criterios, no se han incorporado todavía a esta fase. 
Creemos que, de la misma manera que alabamos y felicitamos por las mejoras y los avances, es también necesario que nos mostremos críticos cuando algunos países se rezagan. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción las palabras de aprecio con que se ha referido el Comisario a la evolución rápida y estable de Letonia, y parto de la base que esto significa que dicho país podrá incorporarse a las negociaciones para su plena adhesión dentro de los plazos que ya se han dado a conocer. 
Evidentemente, espero que éste sea también el caso de Lituania y Eslovaquia. 
Me gustaría plantear una pregunta. 
¿Por qué no ha hecho la Comisión una mención especial en su resumen a la abolición de la pena de muerte en Estonia? 
El Parlamento ha dejado bien claro que ningún país que continúe permitiendo la pena de muerte en su territorio podrá convertirse en Estado miembro de la Unión Europea. 
Me pregunto si la Comisión ha hecho el suficiente hincapié en esta circunstancia ante los países que se encuentran ya en fase de negociaciones y que aún recogen en sus respectivas legislaciones esta inútil medida de castigo. 
Es obvio que no estamos hablando aún de la adhesión, sino de un proceso de preparación. 
Estamos hablando de la diferencia que existe entre los preparativos para las negociaciones con cinco países y las negociaciones propiamente dichas con otros seis. 
Resulta obvio que, en la actualidad, ninguno de los países candidatos reúne plenamente los criterios necesarios para su adhesión. 
Éste es el principal motivo por el que debemos seguir adelante con los preparativos. 
La evaluación de estos preparativos se llevará a cabo cada año por medio de los informes periódicos, con arreglo a los progresos que realice cada uno de los países candidatos. 
Señor Presidente, tengo una cuestión de orden. 
Hay algo que no funciona en este Parlamento si, cuando se aborda el principal asunto político con el que se enfrenta la Unión Europea, se interrumpe la intervención del Comisario en medio de la presentación de su informe. 
Comprendo que usted tenga que respetar el orden del día y lograr que se avance en los debates, pero podríamos haber pedido al Sr. Santer que presentara su informe más tarde, con lo que habríamos podido examinar esta cuestión en su totalidad. 
A todos nos ha irritado la ausencia inicial del Comisario si bien, de la misma manera, todos hemos acogido con satisfacción el hecho de que haya venido directamente de la reunión de la Comisión. 
Creo que habría sido favorable para este Parlamento, y para la imagen de seriedad que queremos transmitir, que hubiéramos mantenido un debate apropiado sobre este asunto y que hubiéramos permitido al Comisario, por lo tanto, finalizar su informe. 
Lamento profundamente que no haya sido así. 
Presidente, creo que es de la mayor importancia para el Parlamento y también para este debate que dispusiéramos del informe completo del Comisario. 
Por lo tanto, como ha hecho la Sra. Green, insisto en que el Parlamento tenga a su disposición el informe completo del Comisario y que le demos la oportunidad de que exponga su informe. 
Fue la Comisión la que solicitó presentar hoy su informe. 
La Comisión sabe que dispone de diez minutos. 
De hecho, la intervención del Comisario ha durado catorce minutos. 
Cuanto más tiempo hable ahora, menos tiempo tendrá para responder a las preguntas de los diputados. 
No puedo hacer milagros, pero sí puedo elegir entre permitirle una intervención más larga o dejarle más tiempo para responder a las numerosas preguntas que puedan formularle los diputados. 
Intento optar por la mejor solución. 
Comprendo muy bien su punto de vista pero, si lo siguiéramos, nos encontraríamos ante intervenciones de veinte minutos que no dejarían, después, tiempo para formular preguntas. 
Y es importante responder a las preguntas. 
Presidente, quiero ayudarles un poco a usted, a la Sra. Green y también a nuestro Presidente. 
A continuación en el orden del día está el programa de trabajo, que presentará el Sr. Santer. 
He de decirle que de esto no tenemos nada por escrito. 
¿No sería buena idea que continuáramos con este debate sobre la ampliación y que luego dijéramos: señor Santer, el papel o las cartas que nos iba a dar, dénoslas por escrito? 
Por eso estoy agradecida a la Sra. Green, dénoslo por escrito y posponemos ese debate. 
Me parece mucho más práctico. 
Yo no tengo ningún programa. 
Tampoco soy yo quien elabora el orden del día. 
Ustedes acaban de aprobar el proyecto de orden del día con estas modificaciones. 
Si desean suprimir del orden del día la declaración del Sr. Santer para lograr, de este modo, disponer de más tiempo, lo someteré a votación. 
(El Parlamento acepta la propuesta de suprimir del orden del día la declaración del Sr. Santer) 
Señor Presidente, me complace que podamos mantener un debate completo acerca de esta importante cuestión. 
He anotado con mucho detalle las palabras del Comisario en lo relativo a Eslovaquia, e intervengo como segundo vicepresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta. 
¿Debemos interpretar «dentro de un plazo razonable» como algo anterior o posterior a finales de 1999? 
¿No podría ser más preciso por el bien de nuestras relaciones con Eslovaquia? 
Con el debido respeto, no vamos a emitir nuestras recomendaciones para la apertura de negociaciones con el objetivo de mantener unas buenas relaciones políticas, ya que éstas no forman parte de los criterios de Copenhague. 
Como ya he afirmado anteriormente, juzgaremos los méritos individuales de todos y de cada uno de los países con arreglo a los criterios políticos, que era lo que estaba en juego en el caso de Eslovaquia, y con los criterios económicos, tanto en lo relativo al requisito de la economía de mercado como al de la competitividad. 
Por lo que respecta a los plazos que hemos incluido en las conclusiones del documento anexo, puede que sea aún necesario completarlos una vez que ustedes hayan tenido la oportunidad de leer dicho documento. 
Lo que quiero decir es que, en lo relativo a una futura ampliación de las negociaciones, la Comisión desea destacar, en especial, los progresos que ha realizado Letonia. 
Si se mantiene el ritmo de las transformaciones, puede ser posible confirmar ya el año próximo que Letonia reúne los criterios económicos de Copenhague y proponer antes de finales de 1999 la apertura de negociaciones con este país. 
Se debe comprender claramente que no se trata de un cheque en blanco. 
Verificaremos en el transcurso del próximo año si se ha mantenido en Letonia el ritmo de las transformaciones que hemos descrito ampliamente en el informe. 
En el caso de Lituania, afirmamos que se ha realizado un progreso considerable. 
Sin embargo, se necesitan medidas adicionales y se deben someter a prueba, en el plano práctico, algunas decisiones recientes antes de considerar que este país cumple los criterios de Copenhague, lo cual permitiría a la Comisión proponer la apertura de negociaciones. 
Así pues, estamos refiriéndonos a las negociaciones ateniéndonos a una perspectiva de claridad, y hemos descrito en el informe sobre Lituania las medidas adicionales que deben emprenderse para que se materialice este objetivo. 
Finalmente, por lo que respecta a Eslovaquia, la nueva situación que se ha creado tras las elecciones hace posible la perspectiva de una apertura de las negociaciones con la condición de que se confirme el funcionamiento regular, estable y democrático de sus instituciones. 
Es preciso hacer un seguimiento de esta situación. 
Además, antes de que se emprendan dichas negociaciones, es necesario cerciorarse de que Eslovaquia ha adoptado las medidas necesarias para corregir la situación económica y que ha introducido una mayor transparencia en su aplicación. 
¿Por qué decimos esto? 
Porque se podría afirmar que, si bien con el Gobierno precedente se había establecido el componente legislativo de un sistema económico de mercado, éste estaba, sin embargo, dominado por una poderosa intervención estatal y por la falta de transparencia, principalmente en lo relativo al modo en que se estaba llevando a cabo el proceso de privatización. 
El nuevo Gobierno ya ha dejado claro que quiere introducir cambios a este respecto, a pesar de lo cual debemos comprobar los efectos de estos cambios antes de poder recomendar, de acuerdo con los criterios objetivos de Copenhague, la apertura de negociaciones. 
Hemos dejado bien claro este punto, por lo que no es posible mal interpretar el mensaje político que se desprende de esta conclusión. 
Señor Presidente, he escuchado atentamente la postura del Sr. van der Broek. 
En principio, estoy sorprendido con la clasificación que ha hecho. 
Sabía que había una categoría de seis países candidatos y que cuentan con prioridad los de Europa central y del este y Chipre. 
El Sr. van der Broek nos ha presentado otra clasificación y eso es lo importante. Cinco países de Europa central y del este, otros países de la misma región y después otra categoría donde se incluye a la República de Chipre, que antes estaba incluida en la primera categoría, a Turquía, que no había sido seleccionada en Luxemburgo, y a Malta, que no quiso continuar el proceso de adhesión a la Unión Europea. 
Mi pregunta al Sr. van der Broek es la siguiente: ¿cómo podemos meter en la misma categoría a Turquía y a la República de Chipre? 
¿Ha cambiado algo en relación con Turquía y su postura ante la Agenda 2000, o ha cambiado algo ante la ampliación desde la Cumbre europea de Luxemburgo donde se habían establecido condiciones concretas para Turquía? 
No estamos pensando en categorías distintas. 
Todos estos países están en condiciones de reunir los requisitos para su adhesión y participar en un proceso de ampliación. 
Ya explicamos claramente el pasado año cómo funcionaban los procesos de ampliación y de adhesión. 
Estas explicaciones se referían a aquellos países que fueron objeto de las opiniones de 1997. 
Como recordará el Sr. Alavanos, Chipre, que recibió un avis en 1993- no una opinión propiamente dicha -, afronta una preparación distinta al resto de los países candidatos porque se encuentra en una fase más avanzada. 
En Chipre existía ya una economía de mercado y, por lo tanto, este país se encuentra ya inmerso en la fase de negociaciones. 
Por lo que respecta a Turquía, respetamos al pie de la letra los deseos que se expresaron en los Consejos de Luxemburgo y Cardiff. 
De este modo, hemos elaborado un informe basado en el Artículo 28 que incluye las conclusiones de Cardiff y nuestras observaciones acerca de, entre otros aspectos, los avances de la estrategia europea para Turquía. 
Señor Presidente, si he comprendido bien su comentario sobre Eslovaquia, después de las últimas elecciones, el Gobierno al parecer ha elaborado planes cuya aplicación supondría una oportunidad para la implantación de procesos democráticos y del estado de Derecho. 
De momento esto no ha ocurrido, lo cual ya ha sido motivo de crítica. 
Yo creo que sería bueno que usted nos confirmase ahora este punto. 
¿Es cierto que el Presidente de la Comisión recibirá el viernes al Primer Ministro eslovaco con objeto de marcar también una diferencia con respecto al Gobierno anterior? 
El Presidente Santer y yo tenemos previsto entrevistarnos con el nuevo Primer Ministro de Eslovaquia, el Sr. Dzurinda, para hacerle llegar el siguiente mensaje: damos obviamente la bienvenida a su nuevo Gobierno. 
Por lo que respecta al proceso de ampliación y a la posición que ocupa Eslovaquia en dicho proceso, nos alegraría enormemente que tuviera lugar un desarrollo de la situación que confirmara la estabilidad de las instituciones políticas, su carácter democrático, el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, además de los derechos de las minorías. 
En segundo lugar, nos complacería que este Gobierno corrigiera las deficiencias que hemos detectado en el plano económico. 
Espero vehementemente que el Primer Ministro de Eslovaquia exponga con claridad cuáles son sus planes a este respecto. 
Sin lugar a dudas, necesitará algún tiempo para la ejecución de dichos planes. 
Nosotros haremos un estrecho seguimiento de los acontecimientos y recomendaremos la apertura de las negociaciones cuando estimemos que se cumplen los criterios para este fin, especialmente los políticos, pero también los económicos. 
Éste es el claro mensaje que transmitiremos al Primer Ministro de Eslovaquia. 
Señor Presidente, la Comisión ha cambiado de criterio sobre la marcha en relación con el reglamento de coordinación de los instrumentos de preadhesión. 
Mi pregunta es, en primer lugar, ¿cuáles son las razones que la han llevado a actuar así? 
Y en segundo lugar, ¿no supone ello una concentración de todos los esfuerzos en el programa PHARE? 
No estoy seguro de comprender lo que quiere decir su señoría con «cambiar de criterio». 
Yo no he percibido ningún cambio de criterio. 
Cuando hablamos de la coordinación de los instrumentos de preadhesión, nos referimos a los cambios que tendrán lugar a partir del año 2000, cuando, dependiendo de la aprobación por parte de la autoridad presupuestaria, contemos con mayores medios financieros a nuestra disposición. 
El Sr. Barón Crespo será consciente de esta circunstancia. 
Deberemos coordinar en su totalidad los distintos instrumentos que sirven de fundamento a los países candidatos en su preparación para la adhesión. 
Sé que el Consejo ya está debatiendo en cierta medida el reglamento que hemos propuesto a este respecto, por lo que espero que se puedan extraer conclusiones en un futuro muy próximo. 
No creo que esta cuestión tenga una connotación política. 
Señor Presidente, señor van den Broek, nosotros acogemos con satisfacción que la Comisión aplique una cierta flexibilidad y recoja el planteamiento del Parlamento en lo que se refiere al modelo de la línea de salida. 
Aun así, ¿considera la Comisión que las negociaciones y una pronta adhesión podrían correr peligro, a la vista de las propuestas formuladas en el Protocolo sobre la ampliación anejo al Tratado de Amsterdam y a la vista de la ausencia de progresos en la reforma institucional de la Unión Europea? 
¿Qué se propone hacer la Comisión, en su calidad de motor de la integración, para impulsar sin demora la resolución de estas cuestiones y también una reforma institucional de la Unión Europea, cumpliendo así de este modo las tareas que tiene encomendadas? 
Es verdad que el hecho de que estemos sometiendo ahora a debate lo que queremos que hagan los países candidatos para prepararse de cara a la adhesión no es obstáculo para que nuestros Estados miembros no continúen avanzando en la propia reforma de la UE. 
Este planteamiento está muy presente en todo lo relacionado con la Agenda 2000, también en las propuestas para una modificación de las políticas, las transformaciones institucionales y la totalidad del marco financiero. 
Una de las cosas que queremos evitar es que, cuando instamos a los Estados miembros a realizar progresos en la Agenda 2000- y hemos presentado propuestas a este fin -, no deberíamos amenazar a los países candidatos ni socavar su confianza diciendo que si no les dejamos avanzar hacia la fase de las negociaciones o en la evaluación, etc., es porque hemos de tener en cuenta ciertos retrasos habidos en la Unión Europea. 
Usted tiene toda la razón cuando dice que se debe lograr un equilibrio, que los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión han de asumir sus propias responsabilidades e intentar mantener el ritmo. 
Finalmente, usted sabe perfectamente que, cuando se presentó la Agenda 2000 el año pasado, fue la Comisión la que, haciendo referencia al Tratado de Amsterdam, planteó con claridad la prioridad de incorporar la totalidad del debate institucional en una conferencia intergubernamental que tuviera lugar antes de la primera ampliación, esto es, antes de que se incorporaran los primeros nuevos países. 
Aún no se ha adoptado ninguna decisión, pero todo parece ya indicar que la Comisión quiere por sí misma acelerar al máximo, en la medida de sus posibilidades, el proceso de reforma institucional de la UE. 
El desarrollo de esta sesión es un poco caótico, pero espero que el proceso de ampliación en sí mismo no sea caótico. 
Así pues, me gustaría plantear dos breves cuestiones al respecto. 
Primera cuestión: se nos ha dicho que Letonia podría incorporarse al primer vagón. 
Sin embargo, yo quisiera saber qué ocurre con Estonia. 
Estonia forma parte del primer vagón, ¿pero acaso este país ha obtenido progresos notorios en materia del trato a su minoría rusa, y no estará Letonia superando a Estonia desde este punto de vista? 
Segunda breve cuestión- antes el Comisario fue interrumpido sobre este punto -: ¿qué va a ocurrir con Bulgaria y con Rumania? 
Si lo he entendido bien, estamos pasando de un proceso de seis más cinco a un proceso de seis más eventualmente tres, más dos y los dos que quedan excluidos son Bulgaria y Rumania. 
¿No temen que esta manera de actuar plantee serios problemas de política interna en estos dos países, que, de algún modo, se hallarán totalmente relegados, a pesar de que se les propongan actas de preadhesión? 
Me parece que corremos el riesgo de desestabilizarlos políticamente. 
De acuerdo con los principios que se aceptaron el pasado año en la Agenda 2000, sigue existiendo la posibilidad de que un país adelante a otro en el proceso de preparación. 
No estoy diciendo que éste sea el caso de Estonia y Letonia. 
Letonia no se encuentra aún en fase de negociaciones, a pesar de lo cual este país, como ya he dicho antes, ha realizado progresos importantes que dan pie a ciertas expectativas. 
Sin embargo, el aspecto en el que Letonia ha progresado más que Estonia es el relativo a la minoría rusoparlante. 
Ya he mencionado el reciente referéndum por el que se ha aprobado esta cuestión en Letonia, que facilita principalmente el proceso de naturalización y mejora la situación de los niños apátridas. 
En Estonia se debe aún aprobar legislación a este respecto. 
Por lo que respecta a Bulgaria y Rumanía, no he tenido la intención de dejarlas en el tintero. 
En las notas de esta intervención de hace unos momentos que no he podido concluir, había apuntado que, a pesar de haber realizado progresos significativos, Bulgaria parte de una situación más desfavorable que algunos de los países candidatos. 
Por este motivo, nos resulta enormemente esperanzador el esfuerzo digno de encomio que está llevando a cabo el Gobierno de Bulgaria en numerosos ámbitos. 
Desgraciadamente, no puedo mostrar el mismo entusiasmo por lo que respecta a Rumanía, a pesar de lo cual me apresuro a decir que el propio Gobierno actual, y en especial su Primer Ministro, han llegado a la conclusión de que las reformas en este país registran un retraso. 
Estamos trabajando muy estrechamente con las autoridades de dicho país, así como con las instituciones financieras internacionales, para intentar volver a funcionar con un rendimiento pleno. 
El Comisario van den Broek ha comenzado su intervención afirmando que iba a ofrecer un informe sobre los doce países candidatos. 
¿Es posible concluir, por lo tanto, que la Comisión considera a Turquía como un país candidato, y no como un posible país candidato? 
¿Interpreta la Comisión que, de acuerdo con la Cumbre de Cardiff, Turquía es un país candidato? 
En segundo lugar, desearía preguntar si el presente informe no ha sido acaso el motivo de que la Comisión presentara alguna recomendación con el fin de modificar la composición de las ayudas de preadhesión, para, de esta manera, potenciar las actividades en una región por oposición a otra. 
Para finalizar, me parece bastante extraño que Letonia pueda emprender las negociaciones a finales de 1999. 
Si este país está preparado, lo está ya en estos momentos. Si, por el contrario, no lo está, debe esperar hasta el año que viene la aparición del próximo informe. 
¿No resulta bastante peligroso afirmar que vamos a abrir las negociaciones en un plazo de doce meses? 
Es un compromiso muy arriesgado. 
Se considera que Turquía puede aspirar a la adhesión. 
No niego que se trate de un debate muy interesante desde el punto de vista ideológico saber si se puede o no utilizar la denominación de país candidato. 
En mi condición de Comisario competente para las relaciones con Turquía, sé exactamente cómo se debe tratar este tema. 
Esta cuestión ha sido enunciada tanto en las conclusiones de Luxemburgo como en las de Cardiff, y la estrategia europea para Turquía es absolutamente clara en todo lo relativo a los preparativos para la adhesión. 
Obviamente, por lo que respecta a Letonia, usted puede decir que cumple o que no cumple los criterios. 
Naturalmente, su discurso adolecería de una cierta falta de definición si afirmara que se muestra muy impresionado por las mejoras que se han conseguido pero que, si se echa un vistazo a la interacción entre, los parámetros económicos del requisito de la economía de mercado por un lado y, por el otro, el criterio de la competitividad, desearía hacer aún un mayor seguimiento para cerciorarse de que se están verdaderamente cumpliendo estos criterios. 
Ésta es la situación en que se encuentra Letonia, con la excepción de algunos puntos concretos, mencionados en el informe, en los que nos gustaría que se produjese una mayor mejora. 
De modo particular, estos puntos están relacionados, por citar sólo un ejemplo, con la supervisión del sistema financiero. 
Señor Presidente, una manera de saber si éste es un verdadero Parlamento es comprobar si está preparado para tragarse patatas calientes, y esta tarde hemos visto un ejemplo de las indigestiones que éstas pueden ocasionar. 
Les sugiero a usted y a sus colegas de la Mesa que busquen algún modo de mejorar la flexibilidad de este Pleno para responder, en ocasiones como ésta, tanto a la Comisión como al Consejo. 
Comisario, va siendo hora en este debate de que alguien le exprese su felicitación. 
A primera vista, por lo menos, lo que parece que usted propone para Letonia, Eslovaquia y Letonia está formulado de un modo inteligente y pragmático, motivo por el cual cabe felicitarle. 
Pero usted sólo ha hecho una referencia muy breve al país candidato de mayores dimensiones y que presenta mayores dificultades, Polonia. 
¿Desearía aprovechar esta oportunidad para decir algo acerca de este país? 
Como ya sabemos, Polonia, el mayor país en términos de población, figura entre los países que se encuentran ya en fase de negociaciones. 
Hay que hacer una observación muy positiva en este caso: tras un pequeño incidente con este país en relación con la preparación y, especialmente, con los proyectos que considerábamos que no se estaban llevando a cabo de acuerdo con la asociación para la adhesión, el Primer Ministro y su equipo se han hecho firmemente cargo de la coordinación del proceso de preparación. 
Esta circunstancia ha quedado claramente patente. 
Lo que no se puede resolver de una manera tan inmediata es el hecho de que se trata de un país que cuenta aún con un sector agrícola muy considerable y que se enfrenta con importantes problemas medioambientales. 
Sin embargo, yo no diría que Polonia constituye el peor de los casos, sino que, cuando se trata de un país tan grande como éste, su tamaño automáticamente condiciona de algún modo las dimensiones de sus problemas. 
Podrán encontrar este planteamiento en el documento anexo que espero que les llegue hoy mismo. 
Hemos intentado resumir en la mayor medida posible, y sin olvidar ningún país, nuestras impresiones generales acerca de todo este proceso. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para añadir un punto importante, el relativo a los debates que pudimos mantener el pasado año con este Parlamento acerca de los países en fase de negociaciones y los países en fase de prenegociaciones. 
En primer lugar, este último año ha demostrado a las claras- y reconozco aquí los méritos del Parlamento por habernos instado a seguir aquellos procedimientos- que se han reducido en gran medida las diferencias existentes entre estos dos grupos. 
Estamos estudiando todos los casos, y la evaluación de los países en fase de prenegociación ha pasado, en el primer trimestre del presente año, de un planteamiento multilateral a otro bilateral. 
Este hecho implica que la evaluación bilateral de los países en fase de prenegociación se aproxima mucho a lo que ya estamos haciendo con los otros países ya negociadores. 
Esta circunstancia reduce las diferencias e implica que, cuando los primeros alcancen la fase de negociación, su desventaja en relación con el grupo de países que se habían incorporado previamente a las negociaciones será menor que al principio del proceso. 
Señor Presidente, la Historia hace notar su presencia una vez más en este Parlamento, pues resulta histórico que la Comisión haya decidido dar hoy una nueva credibilidad y una nueva dinámica al proceso de ampliación, ya que reconoce que Letonia quizá debería haber tomado parte en la primera ronda y que podría haber sido una de las primeras exdictaduras en convertirse en miembro de la Unión. 
Por ello me gustaría pedirle al señor Comisario que confirme que Letonia- si la evolución en curso continúa- podría muy bien formar parte del primer grupo de países que se convertirán en miembros legítimos a comienzos del próximo milenio. 
También me gustaría pedirle al señor Comisario que confirme las posibilidades de Letonia de entrar en el primer grupo y de que Lituania y Eslovaquia sigan su camino muy pronto. 
Gracias, en caso de que quiera usted confirmarlo, señor Comisario. 
Resulta siempre tentador hablar de fechas concretas pero, especialmente en el tema de la ampliación, sabemos que muchos de los países que están actualmente en negociaciones están trabajando con la hipótesis de convertirse en miembros de pleno derecho en el año 2002 ó, en la mayoría de los casos, en el 2003. 
Me estoy refiriendo al Grupo de los Seis. 
Mi única respuesta es que así lo espero yo también. 
Pero son los países candidatos los que tienen que cumplir las condiciones para hacerlo posible. 
Lo mismo cabe decir acerca de la apertura de negociaciones a la que ya me he referido anteriormente. 
Resulta claro que Letonia reúne los criterios políticos, a los que cabe añadir los criterios económicos, de los que ya hemos afirmado que necesitamos realizar todavía un mayor seguimiento, Sin embargo, existe una clara impresión de que se está aproximando el momento en que podríamos recomendar la apertura de negociaciones. 
Esta medida se recoge en las conclusiones del documento anexo. 
Lo demás son conjeturas. 
Yo esperaba que el retraso del Sr. Comisario se debiera a que se encontrara dando los últimos toques a la evaluación de Malta. 
Por lo tanto, me ha decepcionado por partida doble oírle decir, señor Comisario, que hay que esperar hasta mediados de febrero para la presentación de una nueva evaluación. 
Después de todo, la Comisión, y este Parlamento, emitieron en 1995 una opinión favorable acerca de la adhesión de este país. 
Me gustaría que nos ofreciera la verdadera razón de este retraso y que tuviera presente que, en 1995, se decidió en Madrid que el inicio de las negociaciones con Malta tuviera lugar seis meses después de la finalización de la CIG. 
Dadas estas circunstancias, ¿existe alguna razón real para no incluir a Malta en la primera fase de la ampliación? 
Creo que estará de acuerdo conmigo pero, si no fuera así, debería usted dejar claro aquí que Malta está cualificada desde un punto de vista económico y que, por lo demás, aventaja al resto de los países candidatos. 
Me gustaría recibir hoy, aquí, una respuesta precisa a este respecto. 
Si queremos hacer justicia a Malta en las presentes circunstancias, es decir, tras dos años de interrupción de los preparativos para la adhesión, deberíamos actualizar nuestro avis de 1993. 
Esto es exactamente lo que nos ha pedido el Consejo. 
Así pues, he enviado una carta a las autoridades maltesas, y el Ministro de Asuntos Exteriores tiene previsto realizar mañana una visita a la Comisión. 
Le hemos enviado un cuestionario sobre toda la información relevante que hemos recogido del resto de los candidatos, de manera que podamos presentar una actualización de dicho avis. 
He mencionado, incluso, una fecha aproximada: a principio o mediados de febrero. 
Por lo tanto, queda muy poco tiempo. 
Me gustaría decirle a la Sra. Malone que, si bien acogemos con satisfacción la revitalización de este país, la mejor manera de servirlo es actualizar su situación. 
No espero grandes sorpresas, pero se debe hacer una verificación con arreglo a la cual veremos cuál es el mejor modo de incorporar a Malta en futuros procesos de preparación. 
Me gustaría aclarar la confusión que ha suscitado, al menos en mi caso, el intercambio dialéctico entre el Sr. Alavanos y la Comisión en torno a la cuestión de Chipre. 
De todos modos, si esto no representa ningún problema, ¿cuánto le queda a Chipre para cumplir los requisitos necesarios de cara a su incorporación a la Unión Europea? 
El informe sobre Chipre incluye un análisis económico. 
Su señoría estará al corriente de que Chipre ha disfrutado en el pasado de una economía bastante protegida, por lo que debe proseguir el proceso de liberalización. 
Indudablemente, no tenemos ningún motivo para lanzar una advertencia a Chipre, si bien existen algunos ámbitos, como el sistema bancario y algunos aspectos judiciales, que podrían ser objeto de mejoras y que figuran dentro del paquete de medidas con el que están trabajando ya todos los países candidatos. 
Por lo que respecta a la cuestión del Norte de la isla, yo comparto las esperanzas de su señoría para que se materialice la participación de los turcochipriotas, por la simple razón de que nuestro objetivo común consiste en que la adhesión de Chipre pueda redundar en beneficios para ambas comunidades. 
Las conclusiones de las cumbres se han hecho eco de este objetivo en incontables ocasiones. 
Pero no podemos obligar a nadie; desde luego, no al Sr. Denktash. 
Es responsabilidad suya si continúa negándose a participar en la delegación negociadora. 
Nosotros, entre tanto, proseguiremos nuestro trabajo con Chipre. 
Señor Presidente, en relación con la situación de los gitanos, el Comisario van den Broek ha afirmado en su intervención que, por lo que respecta a los criterios políticos y, en especial, a la situación de las minorías, hay motivos de preocupación en la mayor parte de los países candidatos. 
Es importante que el Comisario preste atención a la situación que vive esta minoría de varios millones de personas en los países candidatos. 
Por ejemplo, sabemos que muchos gitanos de la República Checa han solicitado asilo en el Reino Unido y en Canadá. 
Me gustaría preguntar al Sr. van den Broek si la Comisión ha extraído alguna conclusión acerca de las medidas que se exigirán a los países candidatos a fin de mejorar la situación de sus poblaciones gitanas. 
Además de alentar a los Gobiernos para que continúen trabajando en este ámbito, algunos de nuestros programas de cooperación financiera, como PHARE, incluyen subprogramas con el objeto de mejorar la situación de esta minoría. 
Como ya he dicho con toda franqueza, nuestra conclusión hoy por hoy es que esta cuestión no constituye una prioridad política suficiente en las políticas de los países implicados. 
Debido a esta circunstancia, en los contactos que mantenemos con estos países continuamos abogando por lograr una mejora de la actual situación y conseguir una mayor difusión de nuestros programas con el fin de alcanzar este mismo objetivo. A ustedes les corresponderá también hacer algo acerca de este asunto en el marco de las asociaciones para la adhesión. 
Presidente, en todo caso quiero dar las gracias a la Comisión por el hecho de haber venido con una primicia al Parlamento y no haber ido a la prensa, y también por el hecho de que hayamos podido comprobar que los países individuales, en función de sus progresos reales realizados, van escalando posiciones en lo que se refiere a las posibilidades de negociación. 
En cuanto a Bulgaria, estoy contenta de poder comprobar que sí se ha producido un progreso importante. 
Me parece que hay que decir esto también claramente. 
Pero tengo una pregunta que tiene que ver con una de estas cuestiones tan difíciles en la relación entre la Unión Europea y Bulgaria y ésa es, naturalmente, la cuestión nuclear, la cuestión de Kosloduch. 
Hemos tenido que comprobar al respecto que también en las últimas propuestas del gobierno, se proponen unos plazos de cierre totalmente distintos de lo que se había prometido al principio y de lo que se había establecido ya en un convenio de 1993. 
Por lo tanto, quisiera preguntar a la Comisión si puede indicar con la mayor precisión posible cuál es el efecto, según ella, de este problema nuclear en el sentido de cómo hay que valorarlo en relación con las posibilidades de adhesión de Bulgaria. 
Me muestro cauteloso porque tengo la costumbre de confundir las centrales nucleares de Bulgaria, Lituania y Eslovaquia. 
Pero hay algo que está absolutamente claro. 
La seguridad nuclear constituye un elemento importantísimo de nuestra cooperación con los países candidatos. 
Hemos dejado perfectamente claro que, por lo que respecta a los plazos para el cierre de las centrales, confiamos en que se cumplan de conformidad con los acuerdos en materia de seguridad nuclear adoptados con anterioridad. 
Además, en algunas ocasiones pueden existir divergencias acerca de la vida útil de algunos elementos de las centrales de energía nuclear, por lo que estamos prestando atención a lo que dicen los expertos. Y estos son los expertos que se encuentran en contacto con las instancias del BERD en materia de seguridad nuclear. 
La falta de datos concretos con la que nos enfrentamos hoy en día me impide entrar en más detalles, pero pueden tener la seguridad de que la cuestión relativa al cierre de las centrales nucleares que, en nuestra opinión, no pueden ya cumplir los niveles de seguridad que requieren las normas internacionales en materia de seguridad, sigue constituyendo una alta prioridad en el marco de nuestra cooperación. 
Señor Presidente, al comienzo de la intervención del Sr. Comisario solicité plantear una pregunta y ahora me dice usted que hemos llegado al final del debate. 
Pero no me ha dado turno de palabra. 
Sin embargo, he observado que han tomado la palabra colegas- sin que tenga nada contra ellos- que habían pedido turno mucho después de que comenzase el Sr. Comisario. 
He estado molestando repetidas veces al señor que se sienta a su lado y me ha respondido que permaneciese tranquilo que ya había tomado nota. 
Ahora me dice que está finalizando el debate. 
He pedido la palabra al comienzo de la intervención del Sr. Comisario. 
Quiero expresar públicamente mi protesta. 
Señor Ephremidis, yo tengo que dar la palabra equilibradamente por nacionalidades y Grupos políticos. 
De su Grupo político han hablado dos personas; una de ellas el Sr. Alavanos, que es de su misma nacionalidad. 
Ha habido muchas personas aquí que han pedido la palabra y no he podido dársela. 
Lo siento muchísimo. 
Es el inconveniente de escoger. 
Tiene la palabra el Sr. Bonde. 
Me gustaría preguntarle al Sr. van den Broek si la Comisión ha finalizado las reflexiones institucionales sobre ponderación de votos, número de comisarios, número de votos mayoritarios, si se han discutido las consecuencias institucionales que suponen los países solicitantes, si hay países solicitantes que hayan manifestado su deseo de no tener un comisario por país, si hay países solicitantes que hayan puesto en tela de juicio los proyectos institucionales que circulan por los pasillos. 
En otras palabras: ¿Cuál es la postura de los países solicitantes ante las cuestiones institucionales? 
¿Hay países solicitantes que hayan pedido excepciones permanentes, por ejemplo, en lo relativo a la protección de casas de recreo, de cabañas de invierno y de casas de verano? 
Si nos fijamos en anteriores procesos de negociación, las cuestiones institucionales y financieras relativas a los países candidatos se reservan tradicionalmente hasta el final de las negociaciones. 
Por ello, la respuesta a su señoría es no. 
Por lo que respecta a las negociaciones con los seis países del grupo inicial, tenemos previsto mantener las primeras negociaciones ministeriales el día de 10 de noviembre. 
Las posiciones comunes del Consejo de la UE quedarán establecidas el 9 de noviembre en el Consejo de Asuntos Generales. 
Los países candidatos han solicitado una serie de períodos transitorios, principalmente en lo relativo al sector de las telecomunicaciones. 
¿Cuál será la respuesta exacta? 
Hemos sugerido al Consejo y a la Presidencia que pidan más explicaciones al respecto, ya que albergamos sospechas de que las excepciones que se solicitan demuestran que las directivas en el ámbito de las telecomunicaciones y del sector audiovisual no se han comprendido de una manera adecuada. 
Ésta es la mejor respuesta que puedo ofrecer en estos momentos. 
Se trata, obviamente de un proceso que está actualmente en curso. 
Muchas gracias. 
Agradezco al Comisario van den Broek su disponibilidad para la prolongación de este debate y la precisión con que ha contestado a todas las cuestiones que le han sido formuladas. 
Asociación para la integración 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la asociación para la integración (» Partnership for integration» ). 
Doy la palabra, en nombre del Consejo, al Sr. Bartenstein. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo acojo con satisfacción esta oportunidad de debatir con el Parlamento Europeo los progresos realizados por el Consejo en la integración del medio ambiente y la sostenibilidad en los demás ámbitos de las políticas comunitarias a partir del Consejo Europeo de Cardiff. 
Permítanme que empiece ofreciendo una muestra de la necesidad de esta integración a través de un ejemplo concreto. 
El cambio climático causado por la acción humana y sus efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre las personas constituyen el mayor problema medioambiental a escala mundial. 
En consecuencia, todos los países industriales se comprometieron, en el marco del Protocolo de Kioto, a reducir las emisiones antropógenas, o sea, de origen humano, de gases de invernadero. 
Los Estados de la Unión se han comprometido a una reducción del 8 % en sus emisiones totales, la cual sólo se podrá conseguir mediante un paquete común de medidas coordinadas. 
Un sector decisivo en este contexto será el del transporte. 
Se espera que el acuerdo voluntario con la asociación que agrupa a los fabricantes de automóviles europeos, con vistas a la introducción del automóvil con un consumo de 6 litros para el año 2008, permitirá conseguir aproximadamente un 15 % de dicho objetivo de reducción. 
Sin embargo, puesto que la circulación de vehículos seguirá aumentando, las emisiones de CO2 no disminuirán, sino que por el contrario se incrementarán alrededor de un 30 % si no se adoptan medidas orientativas en el ámbito de la política de transporte. 
Las mejoras técnicas se tienen que complementar, por lo tanto, con la aplicación de instrumentos económicos a escala europea y nacional. 
Es preciso reforzar la interiorización de los costes externos. 
La mejora de las infraestructuras ferroviarias de ámbito nacional y también internacional, mediante las redes ferroviarias transeuropeas, abre nuevas posibilidades para limitar el incremento de la circulación de vehículos de pasajeros y pesados, y satisfacer a la vez la necesidad de movilidad de las personas y de la economía. 
Esta pequeña muestra de los problemas que se plantean en el contexto de la protección del clima indica que sólo un enfoque integrado que abarque las políticas en todos los ámbitos permitirá avanzar en la solución de los problemas con los que nos enfrentamos. 
La integración de los aspectos relativos al medio ambiente y la sostenibilidad en los demás ámbitos de la política debería tener, por lo tanto, como eje central la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda 2000 y la estrategia post-Kioto en relación con el clima. 
Los primeros pasos hacia la integración de la política medioambiental y de transporte se materializaron en las reuniones informales y formales de los Consejo de Ministros de Medio Ambiente y de Transportes. 
Yo acojo con satisfacción, en este sentido, la propuesta de resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo. 
La participación del Parlamento Europeo en la asociación para la integración impulsada por la Comisión constituye a nuestro parecer un elemento importante para el éxito de este proyecto común. 
Una integración sostenible requiere que todas las instituciones de la Comunidad y naturalmente también de los Estados miembros adopten las correspondientes iniciativas. 
Finalmente, también los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros deberán integrar el desarrollo sostenible como un tema central de sus estrategias nacionales en los ámbitos del transporte, la agricultura, la energía, la fiscalidad, etc., desde el punto de vista de la subsidiariedad. 
La propuesta de la integración de los temas relacionados con el medio ambiente en los demás ámbitos de la política ya se expuso en el Quinto Programa de Acción en relación con el Medio Ambiente. 
Sin embargo, durante mucho tiempo no se dio el paso decisivo para aplicar este convincente planteamiento por diversos motivos. 
Uno de los factores que influyeron fue sin duda que en los demás ámbitos de la política todavía no existía suficiente conciencia de la necesidad de tomar en consideración la protección del medio ambiente en las decisiones. 
No obstante, otro obstáculo fue desde luego la no obligatoriedad jurídica del Programa de Acción y también la insuficiente vinculación entre los diferentes ámbitos de la política. 
Entre tanto, en la Unión Europea se han adoptado una serie de decisiones que han contribuido a legitimar el enfoque de la integración y la sostenibilidad. 
Un factor absolutamente esencial ha sido sin duda la aprobación del Tratado de Amsterdam, que consagra en el plano jurídico la exigencia de que en la definición y aplicación de las políticas y las medidas comunitarias se tomen en consideración las exigencias de protección del medio ambiente, sobre todo con vistas a promover un desarrollo sostenible. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno abordaron este tema en la Cumbre de Luxemburgo y se comprometieron a alcanzar progresos significativos. 
Evidentemente, los políticos competentes en materia de medio ambiente seguimos siendo el motor de la integración. 
Ésta constituye nuestro interés primordial. 
Una vez que los Jefes de Estado y de Gobierno han instado a todos los Consejos implicados a que elaboren sus propias estrategias con vistas a la integración efectiva de las exigencias del medio ambiente y el desarrollo sostenible en los correspondientes ámbitos de las políticas de su competencia, la responsabilidad de la integración de los aspectos relativos al medio ambiente se trasladará ahora a los diferentes sectores. 
A continuación, el Consejo Europeo volverá a examinar directamente dichas estrategias. 
Es muy satisfactorio que los tres sectores citados- transporte, energía y agricultura- hayan respondido con voluntad de compromiso a la petición del Consejo Europeo de Cardiff y estén trabajando en la elaboración de sus informes con vistas a la Cumbre de Viena. 
Asimismo, en el informe del Consejo de Asuntos Generales sobre la Agenda 2000 que se presentará en el Consejo Europeo de Viena se dedica ahora un capítulo a la integración de los aspectos medioambientales en la política regional y de cohesión, o sea, en los Fondos estructurales, en el marco de la Agenda 2000. 
Los informes de los Consejos serán adoptados como conclusiones y se remitirán de inmediato al Consejo Europeo. 
En lo que se refiere a los ámbitos de la agricultura y del transporte, los correspondientes grupos de trabajo del Consejo han presentado simultáneamente proyectos de los informes a la Presidencia del Consejo y a la Comisión. 
En el sector de la energía, la Comisión ha elaborado una comunicación propia, paralela al informe del Consejo. 
Los tres proyectos de informe, en su versión actual, demuestran que se están realizando claros esfuerzos para responder a las exigencias formuladas en la comunicación de la Comisión y en el Consejo Europeo de Cardiff. 
En efecto, todos los informes enumerarán, por un lado, las medidas que ya se han adoptado y, por el otro lado, también presentarán otras actividades con vistas al futuro. 
En todos los informes se considera asimismo la necesidad de elaborar indicadores de sostenibilidad y una estrategia general de más amplio alcance para el sector en cuestión. 
Los Consejos técnicos deberán prestar especial atención en el futuro al desarrollo de indicadores y la definición de objetivos con vistas a la evaluación de resultados. 
En estos momentos todavía se está debatiendo en los tres sectores la determinación de un horizonte temporal concreto con vistas a la elección de los indicadores. 
En este contexto deberán tenerse en cuenta los trabajos actualmente en curso de las Naciones Unidas, la OCDE, Eurostat y, no en último lugar, también de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 
No obstante, siendo realistas, el plazo que media entre dos Consejos Europeos resulta demasiado breve para elaborar proyectos exhaustivos que incluyan indicadores. 
La elaboración de estrategias sectoriales con un calendario y medidas concretas deberá continuar con vistas a los Consejos Europeos de Colonia y de Helsinki de 1999. 
Permítanme que me detenga brevemente en los aspectos de contenido con un comentario sintético sobre cada uno de los tres sectores. 
En el caso de la energía: la protección del medio ambiente constituye sin duda uno de los tres principios de la política energética de la Unión Europea, junto con la seguridad de abastecimiento y la competitividad. 
Los temas relativos al medio ambiente están estrechamente entrelazados con los trabajos del Consejo de Energía, sobre todo a la vista de los compromisos suscritos en el Protocolo de Kyoto. 
Ya se han adoptado medidas para la integración de la protección del medio ambiente en este sector de la Comunidad en el contexto del mercado interior de la energía, en el ámbito de la eficiencia energética, de las fuentes de energía renovables y del programa marco en relación con la energía. 
En el caso del transporte: en el Consejo de Medio Ambiente también se adoptaron medidas comunitarias concretas en este aspecto con vistas a la reducción de las cargas ambientales, por ejemplo a través del Programa Auto-Oil o del ya citado acuerdo voluntario con la industria automovilística para la introducción del automóvil con un consumo de 6 litros. 
La Comisión merece nuestro especial agradecimiento por su actuación en este contexto. 
La persistente demanda de servicios de transporte y de movilidad sigue planteando, no obstante, exigencias todavía no resueltas. 
Todos los progresos técnicos en favor de la reducción de las cargas ambientales quedan más que contrarrestados, lamentablemente, por el persistente incremento del tráfico de vehículos. 
La Comisión ha elaborado y presentado una serie de propuestas para contribuir a resolver este problema, y el Consejo las examinará muy pronto. 
En el caso de la agricultura: ya se han adoptado medidas de integración en los ámbitos de la protección del paisaje, la diversidad de las especies, el agua, los suelos y la pureza del aire. 
La reforma prevista de la Política Agrícola Común en el marco de la Agenda 2000 supondrá nuevos progresos fundamentales en favor de la integración, en el ámbito del desarrollo rural, por ejemplo. 
Sin embargo, los resultados concretos dependen también en un grado esencial de los programas y medidas de ámbito nacional y también regional. 
La energía, el transporte y la agricultura sin duda son sectores particularmente importantes para la integración, pero desde luego no son las únicas políticas relevantes. 
Las decisiones de Cardiff afectan también a otros Consejos. 
Las estrategias sectoriales deberían desarrollarse, a mi parecer, con especial atención a los temas centrales para la política medioambiental de los próximos años, como la protección del clima y el seguimiento de los compromisos de Kyoto, y también la ampliación de la Unión. 
Sin menoscabo de la responsabilidad de cada Consejo por la elaboración de sus estrategias, también habría que definir, no obstante, un proyecto general que englobe un desarrollo sostenible a más largo plazo. 
En relación con este tema, en la reunión informal del Consejo de Ministros de Medio Ambiente celebrada en Graz en julio de 1998 decidimos identificar los modelos de buenas prácticas en materia de integración en nuestros Estados miembros. 
Estos modelos podrían servir de base para verificar el funcionamiento de las estructuras de decisión de ámbito comunitario y nacional. 
A largo plazo, tenemos que integrar el medio ambiente y el desarrollo sostenible tanto en las estrategias como en nuestras decisiones. 
Yo quisiera resaltar una vez más que la participación activa y el apoyo del Parlamento Europeo en el marco de la asociación para la integración, juntamente con el Consejo y la Comisión, son de especial importancia para que este proceso pueda seguir desarrollándose con éxito. 
La propuesta de resolución contiene numerosas peticiones dirigidas al Consejo Europeo y también a la Comisión. 
La Sra. Comisaria Bjerregaard expondrá con mayor detalle cuál será la futura contribución de la Comisión. 
Yo tengo la seguridad de que ustedes coincidirán conmigo en que el proceso apenas acaba de comenzar y el proyecto obviamente sólo podrá dar frutos a largo plazo. 
Su éxito requiere, por lo tanto, una estrecha colaboración entre los Estados miembros más allá del período de una Presidencia y también la colaboración entre las instituciones. 
Para el año 2000, cuando habrá que tomar una decisión sobre la prolongación del Quinto Programa de Acción, tendríamos que tener sobre la mesa una estrategia completa en favor de la integración y la sostenibilidad. 
El proceso de seguimiento de Cardiff debe vincularse a la elaboración de un nuevo Programa de Acción en relación con el Medio Ambiente, con vistas a la continuidad y la coherencia de la futura política medioambiental europea. 
En este contexto, yo quiero manifestar mi firme convencimiento de que el enfoque basado de la integración de la sostenibilidad en las políticas para todos los ámbitos afectados es la única vía adecuada que nos permitirá avanzar de manera significativa en la solución de los problemas ambientales a escala europea y mundial, mejorar nuestras condiciones de vida y mantenerlas para las generaciones futuras. 
Para seguir avanzando en la integración de los temas relativos al medio ambiente en los demás ámbitos es imprescindible, a mi parecer, un seguimiento del proceso al más alto nivel político, por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
¡El éxito de Cardiff tiene que tener continuidad en Viena! 
Una planificación a largo plazo es, no obstante, otro requisito necesario para el éxito de la integración. 
Alemania y Finlandia, que ostentarán las siguientes Presidencias, ya han anunciado su voluntad de continuar los trabajos, con objeto de mantener la dinámica del proceso más allá del cambio de siglo. 
El planteamiento de la integración del medio ambiente y la sostenibilidad en todos los sectores puede y debe ser una base estable para desarrollar este proyecto con vistas al próximo siglo. 
Yo me congratulo de que el Consejo, la Comisión y, sobre todo, también el Parlamento Europeo asuman conjuntamente este reto. 
Señor Presidente, estimados diputados, me gustaría dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento por la presentación de esta propuesta de decisión sobre uno de los temas más importantes de la política en materia de medio ambiente, la integración de aspectos medioambientales en las demás políticas comunitarias. 
Como todos sabemos, y como ha sido debatido en varias ocasiones tanto en el Parlamento como en el Consejo, muchos de nuestros problemas ambientales tienen su origen en otras políticas. 
Hablamos del transporte, de la energía y del sector agrario, tal y como ya ha mencionado el Sr. Bartenstein. 
Debemos llevar a cabo modificaciones en estas políticas a fin de mejorar el medio ambiente. 
La situación es exactamente la misma que cuando se trata de implementar el protocolo de Kioto. 
Sólo podemos cumplir con nuestros compromisos cuando involucramos a otros sectores y obtenemos mejoras en sus políticas. 
El Tratado de Amsterdam, como es sabido, impulsó el proceso de integración. 
La exigencia de un desarrollo sostenible ocupa ahora un lugar absolutamente fundamental dentro del Tratado, ya que queda recogido en uno de sus primeros artículos. 
La integración de aspectos medioambientales se ha convertido con ello en un elemento clave para el cumplimiento de los objetivos y no cabe ninguna duda sobre la priorización de aspectos medioambientales. 
Se trata de una conquista de gran trascendencia y es de esperar que de un momento decisivo para el desarrollo de iniciativas comunitarias en materia de medio ambiente. 
Quiero repetir lo que la Comisión señaló en la comunicación a la cumbre de Cardiff: La integración se ha vuelto un compromiso. 
Ya no es sólo una posibilidad. 
Seré una de las primeras en reconocer que el objetivo no se alcanzará fácilmente. 
Todos sabemos lo difícil que resulta conseguir que los responsables de cada sector- ya sea en la Comisión, el Consejo o el Parlamento- aborden la cuestión medioambiental, es decir, que defiendan los aspectos medioambientales y- quizá aún más difícil- que coordinen sus esfuerzos. 
La actuación del Parlamento Europeo ha sido para mí un motivo de alegría, pues sé lo difícil que puede resultar convencer a los compañeros que trabajan en otros sectores, tales como la agricultura o el transporte, de la necesidad de tener en cuenta el medio ambiente. 
La comunicación de la Comisión a la cumbre de Cardiff y la respuesta clara y positiva que ésta recibió por parte de la cumbre han puesto en marcha un proceso. 
La petición dirigida a todos los sectores presentes en el Consejo para que examinen sus propias políticas y formulen estrategias de futuro para un desarrollo sostenible supone una dimensión esencialmente nueva. Especialmente porque viene unida a una petición de identificación de aquellos indicadores que pueden emplearse en el proceso de vigilancia y en el desarrollo político. 
Los servicios de la Comisión afectados colaboran ya con la Presidencia en informes de los sectores agrario, energético y del transporte para la cumbre de Viena, como mencionó también Martin Bartenstein. 
Hablamos de los primeros pasos del proceso y basándonos en ello hemos de decidir las actividades subsiguientes. 
La elección de indicadores y el acuerdo sobre objetivos son factores importantes para juzgar el éxito de las estrategias. 
En el transcurso de 1999 deberemos llegar a un acuerdo sobre los indicadores en los ámbitos de máxima prioridad. 
Es un trabajo que lleva aparejadas grandes dificultades porque precisamente gracias a la ayuda de los indicadores podemos obtener información muy precisa sobre el estado del medio ambiente, si sabemos usar los indicadores correctos y si los utilizamos correctamente. 
Al mismo tiempo, los indicadores también son lo que podríamos denominar una especie de chivatos sobre los resultados de elecciones políticas precedentes. 
La Comisión misma ha asumido el compromiso de realizar evaluaciones medioambientales de las propuestas principales y verán la primera realización práctica de éstas en el programa de trabajo de la Comisión para 1999. 
Hemos trabajado duro para lograr la integración del punto de vista medioambiental. 
Esto queda muy claro en el caso de la propuesta para la Agenda 2000. 
Estoy convencida de que muchas de estas propuestas han sido pioneras para la integración del medio ambiente en otras políticas, por ejemplo, agricultura y fondos estructurales. 
Ahora el desafío radica en garantizar su ratificación con ayuda de decisiones definitivas en el plano comunitario, tanto en este Parlamento como en el Consejo de Ministros y para lograrlo necesitamos todas nuestras fuerzas. 
Señor Presidente, la Comisión da la bienvenida al apoyo del Parlamento en este proceso, considerando que el Parlamento en su propuesta de decisión apoya ampliamente nuestras iniciativas hasta la fecha. 
Sólo existe- por lo que veo- una pequeña diferencia de criterio, y se trata del deseo del Parlamento de que se elabore una directiva en este campo. 
No acabo de entender las ideas sobre el modo de funcionamiento de ésta en la práctica y pienso que nuestra propuesta de directiva sobre evaluación ambiental estratégica realmente supone ya un paso digno de atención hacia la integración de la dimensión ambiental en los planes y programas de los Estados miembros. 
De ahí que trabajemos muy duro a fin de lograr aprobar la propuesta. 
Quiero recordar al Parlamento que la comunicación de la Comisión sobre la asociación para la integración también iba dirigida al Parlamento solicitándole que examinara sus propios procedimientos a fin de ver cómo podría éste reforzar su contribución a la integración. 
A consecuencia de la propuesta de decisión del Parlamento, seguiré con atención un estudio similar que el Parlamento lleva a cabo actualmente y espero colaborar con el Parlamento en cualquier iniciativa que decida proponer como respuesta a esta solicitud. 
Señora Presidenta, he de decir que la mera celebración hoy de este debate es un ejemplo de la cooperación entre el Parlamento y el resto de las instituciones. 
Nos parecía evidente la necesidad de mantener este debate público, que ha sido posible gracias a la cooperación de la Sra. Bjerregaard y del Sr. Bartenstein. 
Me satisfacen enormemente las observaciones que han hecho ambos en el día de hoy. 
Los artículos 2 y 3 del Tratado de Amsterdam establecen de manera inequívoca la incorporación de los requisitos medioambientales en la definición y la aplicación de todas las políticas y actividades de la Comunidad. 
Creemos que la comunicación de la Comisión sobre la asociación para la integración, que insiste en esta obligación, constituye claramente un paso en la dirección adecuada. 
De cara a la ampliación, a las propuestas actuales de la Agenda 2000, a la estrategia de la Comunidad para la aplicación del protocolo de Kioto y a la comunicación de la Comisión sobre la estrategia para la biodiversidad en la Comunidad Europea, resulta muy claro que la integración es un aspecto importante cuando se persigue el objetivo de la sostenibilidad. 
Sin embargo, a pesar de que no quiero echar un jarro de agua fría, me gustaría recordar las palabras de Jacques Delors tras la conferencia que tuvo lugar hace algunos años en Río de Janeiro. 
En aquella ocasión, el Presidente Delors afirmó que dicha conferencia parecía, una reunión de poderosos y benévolos jefes de Estado en una misa de domingo, rezando ostentosamente en público por los pobres y dejando, al irse, en el cepillo de la iglesia la menor cantidad posible de dinero. 
Por muy bienvenidas que sean las palabras, no son suficientes. 
Debemos llevar estos discursos a la práctica. 
No es suficiente con decir que tenemos que actuar. 
La Unión Europea desempeña un papel importantísimo en este ámbito. 
Ninguno de nuestros Estados miembros puede por sí solo atajar los problemas de contaminación y conservación. 
Los Estados miembros no son capaces por sí mismos de abordar las dificultades que plantean los problemas de carácter transfronterizo. 
Por consiguiente, hemos de tratar las cuestiones relacionadas con el empleo y la industria, el transporte o la agricultura, dentro del mercado único, en el marco de la sostenibilidad y la integración. 
El planteamiento globalizador es esencial si deseamos crear una sostenibilidad real, tal como esbozó el quinto plan de acción medioambiental que, después de todo, se elaboró en estricta consonancia con lo estipulado en Brundtland en 1987, en Río de Janeiro en 1992 y en la Agenda 21. 
Se debe integrar claramente la política medioambiental en todos los ámbitos políticos. 
Se precisa la máxima participación de la opinión pública, de la industria y de las ONG. 
Es necesaria una genuina asociación, por lo que debemos disponer de una noción real de las actuales estrategias de crecimiento y de la reorganización de los actuales modelos de consumo. 
La presente resolución se orienta en la dirección adecuada. 
Esta resolución dará un mayor impulso para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible que perseguimos todos. 
Desgraciadamente, algunos Estados miembros muestran grandes dotes de retórica y pocas dotes de acción. 
Así pues, revisten gran importancia tanto el apartado 10 como su petición al Consejo de Ministros para que realice un seguimiento de la actuación de los Estados miembros por lo que respecta a la aplicación de la comunicación y a la asociación para la integración. 
Es positivo escuchar los puntos de vista del Sr. Bartenstein, que constituyen un reconfortante intento por concienciar a los Estados miembros acerca de la integración. 
No obstante, es necesaria una estructura que nos garantice que nos encontramos ante algo más que buenas intenciones por parte de unos Estados miembros que hacen uso de las palabras en vez de las acciones y los acuerdos concretos. 
Necesitamos estas actuaciones y necesitamos fechas, por lo que me complace enormemente comprobar cómo progresan los trabajos en lo relativo a los indicadores de desarrollo. 
Es preciso avanzar en este campo, y debemos tener una idea clara de cuándo se espera alcanzar el objetivo. 
Como conclusión, va siendo hora de pasar de la palabra a la acción. 
El Consejo y la Comisión tendrán indefectiblemente todo el apoyo del Parlamento si respaldan verdaderamente la integración como una estrategia. 
Presidenta, en primer lugar vuelvo a dar la bienvenida a la Comisaria Bjerregaard que se encuentra entre nosotros. 
Por lo que he oído se desprende que ella está en condiciones otra vez de luchar con nosotros por el medio ambiente. 
Bienvenida. 
Lo que hacemos aquí en la Unión Europea sirve como ejemplo para los Estados miembros. 
Hemos sido los primeros en la Unión, la Comisión y el Parlamento en empezar a integrar el desarrollo sostenible en otros sectores políticos. 
Por eso tenemos que hacerlo bien, ya que eso significa que los Estados miembros pueden seguir el buen ejemplo. 
Nos hemos dado cuenta de que la integración del desarrollo sostenible en otros sectores ya no es una posibilidad, sino una obligación. 
Por eso necesitamos también directrices e indicadores para poder controlar esa integración. 
La Sra. Bjerregaard ya ha dicho que será difícil desarrollar esto, pero nosotros estamos a la espera de lo que anuncie al respecto el programa anual de 1999 de la Comisión. 
Es aún más importante poder hacer operativa la idea de integrar el desarrollo sostenible en otros sectores, porque justamente el Tratado de Amsterdam, sobre el que se toma hoy en mi país la decisión sobre la ratificación, establece la obligación de incluir las exigencias medioambientales en todos los otros sectores de la política comunitaria. 
Ahora habrá que ver cómo lo hacemos. La Agenda 2000, el protocolo de Kioto, la biodiversidad, esos ejemplos deberán demostrar si en la Unión Europea somos capaces de integrar el desarrollo sostenible en todos los sectores. 
También hemos puesto unas condiciones. 
Queremos, cada seis meses por lo menos, una reunión conjunta del Consejo con los ministros de Medio Ambiente y los otros ministros de Agricultura, Transporte, etcétera. 
También queremos que el ECOFIN y los otros Consejos consulten a los ministros de Medio Ambiente cuando tomen decisiones sobre la política regional. 
Finalmente, una pregunta al representante del Consejo. 
Dentro de poco, en la cumbre de Viena, usted examinará de nuevo cuánto se ha avanzado con la integración en el último semestre. 
Esto se plasmará en un documento y apreciaríamos mucho como Parlamento el poder disponer de ese documento del Consejo y poder dar nuestra opinión al respecto. 
¿Quiere usted procurar que llegue a nosotros como Parlamento ese documento que se debatirá en Viena o que se ha debatido, de modo que podamos dar nuestra opinión? 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señora Comisaria, es una satisfacción volver a tenerla entre nosotros y que se encuentre mejor de salud, como también es una gran satisfacción para mí que este tema se trate ahora de manera muy concreta bajo nuestra Presidencia austríaca. 
El objetivo del desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente de la Unión figura ya como objetivo desde hace muchos años. 
Sin embargo, todavía no lo hemos alcanzado, pues la distancia que separa las palabras de los hechos es a menudo muy grande y, además, tampoco disponíamos de las estrategias y medidas necesarias para una integración adecuada de la política medioambiental en los demás ámbitos que permita alcanzar un desarrollo sostenible. 
Yo acojo, por lo tanto, con satisfacción la propuesta de la asociación para la integración y espero que el Parlamento no participe en la misma únicamente como un socio menor- ya sé que tanto el señor Presidente del Consejo como la señora Comisaria no lo consideran así, pero otros quizá sí lo piensen -, sino que pueda contribuir con iguales derechos y juntamente con las demás instituciones a un esfuerzo claro y transparente en favor de una mejor integración de los temas medioambientales en los demás ámbitos. 
Permítanme que cite a modo de ejemplo el proceso de seguimiento de los compromisos de Kioto. 
Nos comprometimos a alcanzar un objetivo claro: una reducción del 8 % en las emisiones en el ámbito de la Unión Europea. 
Para poder alcanzar este objetivo no sólo tenemos que decidir cómo habrán de repartirse las cargas, sino que también será necesario verificar que realmente se cumplan las reducciones de las emisiones que se han comprometido a lograr los Estados miembros. 
También deberíamos plantearnos cómo vamos a proceder si no se consiguen dichas reducciones. 
Señora Comisaria, yo no comparto su opinión de que no es necesaria una regulación jurídica. 
Yo creo que será necesario contar con un marco jurídico que garantice precisamente el cumplimiento del objetivo de Kioto, ya que no se trata sólo de definir unos indicadores y unos objetivos, sino también de adoptar medidas que permitan alcanzarlos y de contemplar asimismo qué medidas habrá que adoptar si no se consiguen alcanzar dichos objetivos. 
Señora Presidenta, resulta fácil mostrarse de acuerdo con los criterios que presentan la Comisión, el Consejo y el Parlamento en el sentido de que debemos pasar verdaderamente a la acción para integrar el medio ambiente en todas las políticas. 
Creo que no es suficiente con expresarse en términos generales acerca del desarrollo sostenible. 
Hemos de lograr una vía que nos permita potenciar y mejorar la situación medioambiental. 
No cabe la menor duda de que el tráfico constituye uno de los principales problemas, por lo que la prevención de emisiones ocasionadas por la circulación vial representa un elemento fundamental de la política con la que estamos intentando mejorar la situación del medio ambiente. 
La mejor manera de orientar el consumo de los ciudadanos es lograr que estos comportamientos consumistas se resientan en su bolsillo, y el programa Auto-Oil constituye un buen ejemplo a este respecto. 
En dicho programa se pretende fomentar mediante una fiscalidad progresiva, es decir, recurriendo al palo y a la zanahoria, el consumo de combustibles de mejor calidad, con lo que se propugna a la vez un encarecimiento de los carburantes de menor calidad. 
Se trata de un planteamiento que se puede aplicar a otros muchos ámbitos. 
El próximo programa de la Agenda 2000, que está siendo sometido a debate por parte del Parlamento y del Consejo, es una muestra concreta de los verdaderos objetivos que se persiguen. 
En lo referente a la política regional y estructural, la propuesta de la Comisión es favorable en el plano teórico, pero sus acciones se muestran insuficientes en la práctica. 
En este plano práctico, resulta realmente necesario lograr la incorporación de las autoridades medioambientales, en pie de igualdad con el resto de los agentes implicados, en todas las actividades de los programas. 
Por lo que respecta a la agricultura, no basta con decir que el deber de los Estados miembros es velar por el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la agricultura. 
Estos objetivos han de ser parte integrante de una actuación a escala de la Unión. 
No se ha de conceder ninguna ayuda cuando no se tengan suficientemente en cuenta las cuestiones relativas al medio ambiente. 
En lo relativo a la ampliación, hay que hacer hincapié en la importancia que revisten los esfuerzos previos a la adhesión, ya que no podemos aceptar que los futuros Estados miembros registren deficiencias en materia medioambiental en el momento de su adhesión a la UE, con lo que necesitarían posteriormente largos períodos de transición. 
Sabemos que si tiene lugar una ampliación de estas características, ésta perjudicará en el futuro la situación del medio ambiente en Europa. 
Señora Presidenta, Señorías, yo les agradezco este debate breve pero fundamental, ya que, además de algunas críticas y sugerencias, también ha puesto de manifiesto un importante apoyo a los esfuerzos realizados en los últimos meses en favor de la integración, bajo la Presidencia inglesa primero y ahora bajo la Presidencia austriaca, y que seguramente continuarán bajo las Presidencias alemana y finlandesa. 
Es evidente que el Sr. Collins estaba absolutamente en lo cierto cuando ha citado a Delors: ¡debemos dejar atrás la época de los bellos discursos! 
Tenemos que actuar y necesitamos contar con los instrumentos adecuados para ello. 
Necesitamos indicadores, necesitamos unos objetivos y también necesitamos mecanismos de verificación. 
Sin embargo, al mismo tiempo también necesitamos sentir que se trata de un empeño común. 
La colaboración entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión- antes se ha hablado de un diálogo a tres bandas- es particularmente necesaria en este caso para alcanzar el objetivo. 
Los Estados miembros en la mayoría de los casos no tienen posibilidades de avanzar individualmente en este aspecto, aunque sólo sea por razones de competividad. 
Sólo Europa puede ofrecer un ejemplo de desarrollo sostenible, puesto que sabemos que el proceso de desarrollo ha distado mucho de ser sostenible después de Río, sobre todo fuera de nuestro continente. 
Sin embargo, no basta con que el Consejo, la Comisión y también los Gobiernos nacionales se unan ahora, sino que es necesario contar asimismo- en esto coincido de nuevo con Kenneth Collins- con el apoyo de la opinión pública y con la colaboración de la industria, o sea, del sector privado, y particularmente también de las organizaciones no gubernamentales. 
Todos estaremos de acuerdo en que sería imposible gestionar el medio ambiente sin su concurso. 
La política medioambiental ya no se puede seguir enfocando de manera sectorial en la práctica. 
Necesitamos la colaboración de nuestros colegas en los Gobiernos, pese a las dificultades que esto plantea en la práctica cotidiana. 
Las nuevas iniciativas, como las reuniones conjuntas de los Consejos de Transportes y Medio Ambiente que se han celebrado, son importantes, pero no pueden resolverlo todo. 
También necesitamos muy especialmente que la conciencia en relación con el medio ambiente y el desarrollo sostenible se mantenga viva fuera de esas reuniones conjuntas y también fuera de los Consejos de Medio Ambiente. 
Es importante y favorable, y un buen ejemplo para la Unión Europea, que la primera medida de amplio alcance que se ha adoptado con vistas a la transposición del Protocolo de Kioto en Europa haya sido una medida de ámbito comunitario europeo. 
Yo reitero mi agradecimiento a la Comisión por sus favorables negociaciones con la industria automovilística europea: una reducción del 15 % en relación con el objetivo suscrito en Kioto, una séptima parte, es un buen comienzo. 
Sin embargo, ahora deben seguir otras medidas europeas y también a escala nacional. 
El Consejo de Viena debe marcar, obviamente, un nuevo hito en la continuación de este proceso y esperamos que nuestros Jefes de Estado y de Gobierno respondan de manera significativa a las propuestas que ya han presentado y que van a presentar los tres Consejos, cuyos trabajos yo he valorado positivamente en principio. 
Yo me comprometo, como es lógico, a transmitir detalladamente al Parlamento Europeo los resultados de la Cumbre. 
Entre las palabras y los hechos media una gran distancia, ha dicho la Sra. Graenitz y tiene razón. 
Sin embargo, yo creo que al menos tenemos motivos para confiar en que, con la política de integración, ahora disponemos de la estrategia adecuada para traducir las palabras en hechos. 
No sólo se trata de la estrategia adecuada, sino de la única posible, a mi parecer. 
No conocemos otra, no conocemos ninguna que sea mejor. 
A mi modo de ver, la prueba decisiva será en qué medida se incorpora el desarrollo sostenible en la estrategia post-Kioto, en nuestros esfuerzos en favor de la protección del clima y evidentemente también en los tres ámbitos fundamentales de la Agenda 2000, o sea, los Fondos estructurales, el futuro de la agricultura y la ampliación de la Unión. 
Debemos colaborar en condiciones de igualdad de derechos y las medidas comunitarias deberán desempeñar un papel esencial. 
Dentro de unos días nos reuniremos en Buenos Aires para celebrar la próxima Conferencia para la Protección del Clima. 
Si bien en este caso no se esperan resultados comparables a los de Kioto, en el sentido de la definición de grandes objetivos, la conferencia deberá constituir un hito en la concreción de unas reglas del juego, a cuya definición contribuirá en una medida importante la Unión Europea, unas reglas del juego que dejen patente que la protección del clima es una de las tareas más esenciales para avanzar hacia un desarrollo sostenible y al mismo tiempo también uno de los mayores retos que debemos afrontar. 
A la vista de todo ello, yo les agradezco muy sinceramente su atención. 
Señora Presidenta, ante todo he de agradecer los amables comentarios sobre mi salud. 
Por suerte creo que mejora. 
Estoy de acuerdo con los numerosos comentarios realizados sobre que nos movemos en una dirección en la que debemos hacer algo y que hablan de un cierto cansancio ante los numerosos discursos y palabras bien intencionadas. 
Creo que fue el Sr. Collins quien señaló directamente a Río y por ello es importante que logremos involucrar de forma clara al Consejo y a los jefes de Estado en este proyecto. 
Estoy de acuerdo con el Parlamento en que es positivo que la Presidencia y la Comisión mantengan hoy este debate con el Parlamento. 
También comparto la opinión del Sr. Collins de que esta tarea no puede ser resuelta por los Estados miembros aísladamente. 
Es un proyecto comunitario. 
Por otro lado- como subrayó el Sr. Collins- es una condición previa que los Estados miembros cumplan sus compromisos para que tenga éxito y en cualquier caso hoy tenemos la palabra del Sr. Bartenstein de que la Presidencia hará todo lo que esté en su mano para ello. 
También comparto la opinión del Sr. Valverde de que el medio ambiente ya no es una política sectorial y estoy de acuerdo en los comentarios hechos por la mayoría sobre los resultados del Tratado de Amsterdam. 
Es evidente que los medios económicos desempeñan un importante papel en la política medioambiental, sin embargo, en este Parlamento y, en este caso, también en el Consejo se sabe perfectamente de qué tipo son las dificultades con las que nos hemos encontrado cada vez que hemos intentado alcanzar resultados comunitarios en este campo. 
No hemos podido mostrar grandes éxitos en este campo, sin embargo, esto no debe impedirnos continuar nuestro trabajo. 
Puedo asegurarle al Sr. Eisma que trabajamos con indicadores y como dije en mi primera intervención, cuento con que en el transcurso de 1999 podremos presentar algo mucho más concreto en este campo. 
Mantengo lo que dije en mi primera intervención, esto es, que es una tarea difícil, sin embargo, coincido plenamente con el Sr. Eisma en que la tarea debe ser resuelta. 
La Sra. Graenitz ha insistido mucho en responsabilizar a los países, lo cual está muy relacionado con lo que mencionó la Sra. Myller, es decir, que las autoridades locales desempeñan un papel importantísimo dentro de la política medioambiental. 
Me gustaría volver a manifestar mi opinión de que con la Agenda 2000 dispondremos de algunas iniciativas en cuanto a la integración del ámbito medioambiental, sobre la que será importante insistir y esto es válido para el ámbito agrario- lo mencionó la Sra. Myller en sus observaciones- y en realidad también en el caso del proceso de ampliación, en el que, en mi opinión, nos enfrentamos a problemas más graves de los que nunca antes hayamos visto, en lo que se refiere a la ejecución de una política medioambiental racional. 
Por supuesto, espero que el Parlamento tomara nota de los positivos comentarios de la Presidencia sobre el acuerdo establecido con la industria automovilística sobre las emisiones de CO2. 
Fue uno de los debates que mantuve con el Parlamento hace no demasiado tiempo, en el que no estábamos completamente de acuerdo, sin embargo, nos parece un aspecto esencial de las negociaciones sobre el clima y creemos que con ello se ha hecho una contribución parcial a la solución de los problemas climáticos. 
De ahí que hayamos trabajado muy duramente a fin de alcanzar un resultado. 
Permítaseme concluir diciendo que no cabe ninguna duda de que el ejercicio integrador es difícil, sin embargo, por otro lado, resulta necesario a la hora de hallar una solución a problemas medioambientales actuales y futuros. 
Esto presupone que todos los sectores acepten de hecho que constituyen tanto una parte del problema como una parte de la solución. 
Sólo a través de la aceptación y del entendimiento desde todas las partes implicadas podemos esperar una mejor decisión. 
Pienso que hemos avanzado un poco en este proceso, sin embargo, acabamos de comenzar y celebro la promesa dada por el Parlamento y la Presidencia. 
Le doy las gracias a la Comisaria Bjerregaard, y personalmente le deseo un pronto restablecimiento. 
Al concluir este debate, he recibido una propuesta de resolución B4-0080/98, presentada de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
Medicamentos homeopáticos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0378/98) del Sr. Chanterie, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de las Directivas 92/73/CEE y 92/74/CEE- Medicamentos homeopáticos (COM (97) 0362- C4-0484/97). 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, desde septiembre de 1992 disponemos de dos directivas en la Unión Europea que constituyen una aproximación a la adaptación de las disposiciones legales y administrativas sobre medicamentos y al establecimiento de disposiciones complementarias para medicamentos homeopáticos, tanto para uso humano como para uso veterinario. 
Están centradas en cuatro elementos: en primer lugar, el acceso a los medicamentos homeopáticos; en segundo lugar, la calidad y seguridad de dichos medicamentos; en tercer lugar, la información a los usuarios de medicamentos homeopáticos y en cuarto lugar, las disposiciones relativas a la fabricación y el control de esos medicamentos. 
En nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, quiero abordar especialmente cuatro puntos en este informe. 
En primer lugar, en cuanto al reconocimiento. 
El artículo 6, apartado 1, prevé que cada Estado miembro tendrá debidamente en cuenta los registros o autorizaciones ya expedidos por otros Estados miembros. 
Para nosotros no queda claro qué significa «tendrá debidamente en cuenta». ¿Y quién evalúa si un Estado miembro «tiene debidamente en cuenta» el otro Estado miembro? 
Es una formulación imprecisa y deseamos cambiarla. 
En segundo lugar, en relación con el registro simplificado especial. 
El procedimiento de registro simplificado especial se limita al uso oral o externo. 
Otras vías de administración como inyecciones, apósitos, aerosoles, gotas, supositorios etcétera, quedan excluidas. 
Por una parte faltan argumentos científicos para justificar esa exclusión y por otra parte algunos Estados miembros utilizan también un registro simplificado especial para determinadas vías de administración. 
A continuación, el artículo 7, apartado 1, limita el procedimiento de registro simplificado especial a productos con un grado de dilución de un máximo del 1/10.000 de tintura madre o un máximo de 1/100 de la dosis mínima que eventualmente se utilice en medicina alopática de aquellos principios activos de medicamentos que sólo se expenden con receta médica. 
Vuelven a faltar argumentos científicos para manejar estos límites. Y de nuevo algunos Estados miembros autorizan productos que no cumplen con esas condiciones. 
Otra cuestión relativa al artículo 7, apartado 1, que trata del uso veterinario. 
Este se limita a animales de compañía o animales exóticos y no a animales cuya carne esté destinada al consumo. 
Nadie lo puede justificar, ni la protección del medio ambiente, ni la salud pública, ni los intereses de los consumidores. 
De ahí que propongamos eliminar esta limitación a los animales exóticos o a los animales de compañía. 
El tercer elemento: el etiquetado. 
El artículo 7, apartado 2, impone la obligación de mencionar en la etiqueta o en el prospecto exclusivamente la denominación científica de la sustancia homeopática y, por lo tanto, no se pueden utilizar nombres comerciales. 
Sin embargo, para los pacientes es de interés disponer de indicaciones reconocibles y descripciones claras de los productos. 
Somos de la opinión que se deben autorizar los nombres comerciales, en especial para las combinaciones de preparados a condición de que con ello no se sugiera o se introduzca ninguna indicación terapéutica. 
A continuación, el artículo 7, apartado 2, impone la obligación de mencionar expresamente que se trata de «un medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas». 
La Comisión observa que los Estados miembros han efectuado una transposición bastante divergente de esta obligación. 
Los fabricantes señalan que tal indicación es discriminatoria con respecto a otros medicamentos y que tampoco tiene sentido ya que la indicación terapéutica no forma parte del procedimiento de registro. 
Se propone a la Comisión Europea que sustituya esta formulación por otra. 
En la Comisión de Salud Pública se propone «uso según la medicina homeopática clínica». 
Personalmente hubiera preferido «medicamento homeopático registrado» , pero creo que podemos esperar unas indicaciones complementarias de la Comisión. 
Luego está la obligación de advertencia de consultar a un médico. 
Creo que represento a la gran mayoría de la Comisión cuando digo que somos partidarios de que hay que consultar a un médico durante el uso de una medicación y que deseamos mantener esta obligación de advertencia. 
Me parece también que se puede formular mejor esta obligación de advertencia y creo que hemos hecho un esfuerzo para ello en este informe. 
El último elemento es el de las normas específicas. 
El artículo 9, apartado 2, parte de la base de que los medicamentos homeopáticos no acogidos al procedimiento de registro simplificado especial se evalúan y se reconocen, o no con arreglo a las otras cuatro directivas. 
En virtud de este artículo, los Estados miembros tienen sin embargo la posibilidad, aunque no la obligación, de introducir o mantener normas específicas para las pruebas farmacológicas, toxicológicas y clínicas con arreglo a los principios y particularidades de la medicina homeopática practicada en el Estado miembro. 
Determinados Estados miembros lo han hecho, pero la mayoría no lo han hecho todavía o se han abstenido con las consiguientes distorsiones de competencia. 
Por lo tanto, parece indicado obligar a los Estados miembros a elaborar normas específicas, de modo que podamos llegar también ahí a una libre circulación de medicamentos homeopáticos, ya que se trata de aproximadamente la mitad de los medicamentos homeopáticos. 
Señora Presidenta, aquí termino. 
Estas son las propuestas que se presentaron en nuestra Comisión para modificar la directiva existente. Estamos muy interesados en la respuesta de la Comisión Europea. 
Señora Presidenta, desearía hacer algunas aclaraciones acerca de la medicina homeopática, una práctica médica que quizás no se entiende muy bien en otras culturas de Europa. 
Los medicamentos homeopáticos y el uso que se hace de ellos se perciben de manera muy distinta. 
Así, por ejemplo, en el Reino Unido y en la República de Irlanda se considera que, en lugar de constituir un campo fundamental de la medicina, la medicina homeopática es patrimonio de unos cuantos seguidores bastante excéntricos de la medicina alternativa. 
Éste es uno de los motivos por los que resulta erróneo ponerse a redactar acuerdos y reglamentos vinculantes en todos los Estados miembros de la UE. 
Cada Estado miembro evoluciona a distinto ritmo. 
Esta circunstancia queda de manifiesto en las inquietudes que expresa la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en torno a los ingredientes de la medicina homeopática. 
Tenemos aquí tinturas como el arsénico, para la cual se pide que se permita su aplicación en animales de la cadena alimenticia. 
No parece que existan pruebas científicas significativas acerca de su utilidad y de su inocuidad. 
Queremos hacer hincapié en que todas las tinturas madre han de ser objeto de estrictas pruebas científicas a fin de establecer unos niveles de dilución acordes con los criterios de seguridad de la cadena alimenticia. 
Nos mostramos igualmente preocupados por el uso de nombres imaginativos. 
No se deben utilizar estas denominaciones para promocionar propiedades terapéuticas que no puedan ser contrastadas por medio de estudios rigurosos. 
Además, suponemos que todos los remedios homeopáticos se utilizan partiendo de la base de que quienes los administran son profesionales cualificados. 
Para finalizar, y es importante que abordemos este punto, la realización de todas estas pruebas y controles no se debe limitar únicamente a la comunidad homeopática. 
Es necesario que puedan someterse a rigurosas pruebas científicas a cargo de otros representantes de la comunidad científica. 
Señora Presidenta, desearía expresar mi agradecimiento al ponente, el Sr. Chanterie, por haber profundizado tan ampliamente en esta cuestión y por haber tenido presentes los puntos de vista de las comisiones. 
La Comisión de Asuntos Económicos ha examinado este asunto desde la perspectiva de la aplicación del mercado único. 
De hecho, los Estados miembros no respetan en la actualidad las directivas de 1992, por las que se establecía que éstos debían armonizar los criterios para el acceso de los medicamentos homeopáticos al mercado. 
De este modo, es posible afirmar que el problema ante el que nos encontramos está motivado por una deficiencia en el ámbito de la libre circulación. 
Asimismo, la Comisión de Asuntos Económicos ha llamado la atención acerca del hecho de que los fabricantes de medicamentos homeopáticos son generalmente pequeñas y medianas empresas, las cuales se ven muy perjudicadas por la diversidad de legislación y procedimientos de reconocimiento que existe en los distintos Estados miembros. 
La Comisión de Asuntos Económicos considera que se debería poner en práctica un reconocimiento mutuo de estos productos que permitiera establecer a escala de la UE los criterios de seguridad necesarios para su aprobación, con lo que el Estado miembro donde se registrara por primera vez un determinado producto asumiría la responsabilidad de evaluar y documentar la correcta aplicación de estos criterios, definidos así de manera conjunta. 
Es posible aplicar las denominadas «buenas prácticas de fabricación» y «buenas prácticas de laboratorio» , con lo que se podría garantizar que no se corre ningún riesgo en materia de seguridad. 
La Comisión de Asuntos Económicos apoya además la aprobación de nombres imaginativos para los productos homeopáticos. 
Es más que probable que en cada país se sigan tradicionalmente prácticas muy distintas. 
Sin embargo, en los países con mayores conocimientos acerca de la homeopatía se ha podido demostrar que estos medicamentos no provocan efectos secundarios. 
Son productos baratos y eficaces, a pesar de que esta eficacia no se pueda demostrar en todo momento haciendo uso de medios tradicionales. 
Señora Presidenta, el tema de los medicamentos homeopáticos también concierne naturalmente a la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ya ha recogido muchas de nuestras peticiones. 
En primer lugar yo también quisiera agradecerle muy sinceramente al Sr. Chanterie que haya hecho suyas la mayoría o, más bien dicho, la totalidad de las propuestas de nuestra Comisión. 
Al igual que la Comisión de Asuntos Económicos, también nosotros solicitamos el reconocimiento mutuo, tal como acaba de exponer la Sra. Hautala. 
Yo creo que esto es del todo esencial para un verdadero apoyo a los medicamentos homeopáticos, al igual que, naturalmente, también la buena práctica de producción en los laboratorios y el tema de la autorización de denominaciones extravagantes. 
En nuestra calidad de Comisión de Investigación, también nos preocupa especialmente, como es lógico, que la Comisión presente asimismo un informe sobre los estudios e investigaciones destinados a indagar sobre la eficacia de los tratamientos homeopáticos y otras terapias no convencionales en el marco del programa comunitario de investigación y desarrollo relativo a la biomedicina. 
A la vista de lo que se espera de dicho informe, deben fomentarse actividades de investigación sobre la medicina no convencional dentro del Quinto Programa Marco de Investigación y Desarrollo, con especial atención a los métodos individuales y generales, y también al papel preventivo y las peculiaridades de las disciplinas médicas no convencionales. 
Esto incluye, obviamente, programas de investigación básica en el campo de la homeopatía, que deberán ser ejecutados por entidades biomédicas con la finalidad principal de explicar las potencializaciones homeopáticas y la eficacia de las altas potencias homeopáticas, así como programas para fomentar el intercambio internacional de experiencias entre los especialistas en homeopatía. 
Concedemos especial importancia a esta cuestión, ya que también debería tenerse en cuenta que la demanda de medicamentos homeopáticos se ha incrementado en los últimos años en la mayoría de los países europeos y, según los datos de la Comisión, éstos ya representan en la actualidad más del 1 % del volumen bruto de negocios de la industria farmacéutica europea y en algunos países incluso más del 5 %, un dato que a mi parecer también se debe tener presente en el ámbito de la investigación. 
Por este motivo, la Comisión de Investigación solicita que se intensifique la investigación en este ámbito y agradecemos al Sr. Chanterie que haya recogido esta petición en su informe. 
Señora Presidenta, medicamentos homeopáticos, medicina antroposófica: muchos de ustedes, Señorías, y probablemente el público que nos está escuchando, no utilizan medicamentos homeopáticos. 
Muchos se muestran escépticos respecto de su eficacia y no creen en el carácter científico de la medicina antroposófica; sin embargo, el 29 % de los ciudadanos europeos han utilizado al menos una vez medicamentos homeopáticos; muchos ciudadanos europeos confían en los tratamientos llamados alternativos o complementarios o no tradicionales. 
La venta de productos homeopáticos aumenta y alcanza por término medio el 1 % de la venta de medicamentos, con picos mucho más significativos en algunos países. 
Por eso es justo y necesario volver a abordar esta materia sobre la base del detallado informe presentado al Parlamento por la Comisión sobre el estado de aplicación de las directivas de 1992. 
A través de la aplicación de esas directivas- lo ha recordado el Sr. Chanterie- la Unión Europea ha garantizado a todos los ciudadanos el acceso a los medicamentos de su propia elección evitando así discriminaciones entre los ciudadanos europeos según el Estado donde residen- algunos más abiertos, algunos tolerantes, algunos incluso contrarios- garantizando la calidad y la inocuidad de estos medicamentos y ofreciendo a los usuarios informaciones e indicaciones claras y específicas. 
Estos dos objetivos- acceso a la libre elección de medicamentos para todos los ciudadanos europeos y, al mismo tiempo, confirmación de las garantías necesarias sobre la seguridad de dichos productos y sobre su correcta utilización- han sido la pauta que ha seguido el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, en cuyo nombre tengo el honor de intervenir, con ocasión del debate y de la votación sobre el informe presentado de forma tan eficaz por el Sr. Chanterie en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Los problemas a afrontar eran pocos aunque serios. 
¿Qué hacer para convertir en menos costoso y burocráticamente menos complicado el registro de un fármaco ya registrado en otro Estado? 
¿Modificar a través de una legislación simplificada el umbral de dilución indicado en las actuales directivas y las vías de distribución establecidas? 
¿Mantener en los prospectos la referencia a la necesidad de consultar a un médico durante el empleo del producto? 
¿O precisar, por el contrario, que se debería consultar a un médico sólo si los síntomas persisten después de algunos días de tratamiento? 
¿Conservar en la etiqueta la frase «medicamento homeopático» sin las indicaciones terapéuticas aprobadas? 
¿O podría ser suficiente la frase «medicamento homeopático aprobado»? 
La resolución aprobada responde equilibradamente a estos interrogantes. 
La reflexión volverá a plantearse cuando y si la Comisión nos presentará la propuesta de directiva que debería responder concretamente a estos interrogantes que surgen a raíz del análisis de la aplicación de las directivas actualmente en vigor. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, el Parlamento Europeo acoge con satisfacción mediante el presente informe la elaboración del informe de la Comisión sobre la aplicación de las Directivas 92/73 y 92/74. 
El fundamento jurídico de dichas directivas permitió por primera vez el reconocimiento de los productos homeopáticos como medicamentos, pero seguía faltando una transposición eficaz de dichos actos jurídicos. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos insta en su opinión a la Comisión a que haga uso de su derecho de iniciativa para ejercer sus competencias técnicas en el ámbito de la homeopatía. 
Con vistas a mejorar la aplicación de ambas directivas, la Comisión deberá tomar en consideración cinco aspectos. 
Primero: es deseable un reconocimiento general de los medicamentos homeopáticos que ya hayan sido autorizados en otro Estado miembro. 
Esto requiere una modificación de la directiva, con una nueva formulación clara y obligatoria. 
Sólo así será posible descartar la arbitrariedad de los Estados en el reconocimiento de los medicamentos homeopáticos. 
Segundo: se deberían establecer normas y experimentos específicos que permitan garantizar el libre acceso al mercado, por un lado, sin descuidar, por el otro lado, la protección del consumidor. 
Tercero: se deberían prever procedimientos simplificados de registro con vistas a agilizar el procedimiento de reconocimiento de los medicamentos homeopáticos. 
También en este caso no se debe olvidar la protección del consumidor. 
Cuarto: el procedimiento de registro simplificado debería hacerse extensivo también a los medicamentos homeopáticos para uso veterinario en animales destinados al consumo humano. 
En efecto, desde el punto de vista de la protección de los intereses de los consumidores, no existe motivo alguno para excluir a dichos animales de las posibilidades curativas de estos medicamentos. 
Quinto: es preciso lograr la igualdad de trato entre los medicamentos homeopáticos y alopáticos en lo que se refiere a la utilización de denominaciones extravagantes en las etiquetas y embalajes. 
Si se toman en consideración estos puntos, la Comisión podrá presentar sin duda una propuesta adecuada para el debate. 
Señor Presidente, resulta simbólicamente importante que en el espacio de un año dos informes parlamentarios se hayan ocupado de medicinas no convencionales y que ahora, con el informe Chanterie sobre la medicina homeopática, se haya pedido a cinco comisiones parlamentarias que se pronuncien sobre ese asunto. 
Se confirma que las instituciones europeas son conscientes de su papel para mejorar la calidad de la salud pública y que procuran hacerlo basándose en la práctica concreta de los ciudadanos, que recurren en número cada vez mayor a esas medicinas complementarias. 
La política de avestruz empieza a tener los días contados en la Unión, por presión del Parlamento Europeo o de los ciudadanos o de sus organizaciones. 
El Parlamento Europeo ha actuado en muchos casos como adelantado al abordar asuntos controvertidos o políticamente delicados, cuando, por ejemplo, se trató de introducir la cultura y la educación entre las competencias de la Unión o para debatir cuestiones como la ingeniería genética, la igualdad o la orientación sexual. 
De nuevo el Parlamento Europeo encabeza el proceso de reconocimiento de un estatuto para las medicinas no convencionales. 
Conviene que un uso social que abarca a casi una cuarta parte de la población de la Unión, como es el de la utilización de medicamentos homeopáticos, encuentre eco en las instituciones europeas a fin de que pueda desarrollarse sin peligro para los usuarios y en condiciones de equidad tanto para los profesionales como para los industriales del sector. 
Es importante que esta disponibilidad de la Unión encuentre también eco en los Estados miembros para que éstos procedan con la rapidez que el sentido común impone al reconocimiento mutuo y a un proceso común de registro de los medicamentos, así como a la realización de estudios que fundamenten la práctica de la homeopatía. 
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Sr. ponente por su informe. 
Es un campo que atrae sobre sí un interés general muy grande. 
La mayoría de la gente tiene una postura sobre él y se mantienen discusiones muy apasionadas. 
Afortunadamente podemos decir que por ahora la pasión se ha limitado al terreno verbal. 
Estas posiciones se reflejan también en el modo en que los diversos países han resuelto los problemas y que hemos de tener también en cuenta cuando debamos examinar los próximos pasos a dar en el contexto comunitario. 
No voy a entrar en todos los comentarios realizados por el Sr. ponente, sino que sólo voy a dar muy por encima la posición del Grupo Liberal como pauta para el futuro trabajo de la Comisión y del Consejo, pues esto es de lo que en el fondo se trata. 
En primer lugar, será deseable disponer en la práctica de un mayor reconocimiento recíproco, sin embargo, también será necesario y una condición indispensable para este mayor reconocimiento recíproco conocer las formas de registro de cada país. 
Hemos de señalar que esto no sucede hoy. 
También ha de hablarse de un registro bien documentado y realizado sobre una base científica que sea lo más amplia posible. 
Lo que he dicho implica, en segundo lugar, que hemos de exigir que cada país publique sus listas de medicamentos homeopáticos y luego informe también del modo en que se ha producido la aprobación de éstos, por ejemplo, si han sido aprobados conforme a los artículos 7 y 8, pues en tales casos habremos recorrido una buena parte del camino. 
Un procedimiento de registro simplificado no debe ser utilizado, en nuestra opinión, ni para medicamentos destinados al consumo humano ni para medicamentos destinados al uso veterinario que puedan entrar en contacto con la cadena alimenticia. 
En lugar de esto, me parece que debería considerarse la posibilidad de una lista positiva de sustancias inofensivas y diluyentes. 
Y en último lugar: Por lo que a nosotros respecta, nos parecen perfectos los nombres de fantasía y no deben plantearse requisitos sobre la necesidad de consultar a un médico. 
Señor Presidente, Señorías, estamos debatiendo el informe Chanterie relativo a los medicamentos homeopáticos. 
Como médico quisiera decir que si los medicamentos homeopáticos quieren ser considerados útiles y eficaces deberían satisfacer ciertas condiciones en lo relativo a la fabricación de los productos, a su homologación y a su utilización. 
De lo contrario, la homeopatía sólo será considerada como una empresa fantasiosa, utilizada por charlatanes, lo cual sería muy perjudicial para esta disciplina que defienden los farmacéuticos y los médicos que se interesan por ella. 
Estas condiciones son las siguientes: la homeopatía debe desmarcarse absolutamente de la antroposofía, que algunos tienen la osadía de llamar medicina antroposófica, añadiéndole incluso el adjetivo «homeopática» , puesto que, de hecho, sólo se trata- aunque no le guste al Sr. Chanterie- de prácticas fantasiosas que pretenden basarse en un fundamento homeopático. 
Esta amalgama ha sido insidiosamente introducida por el ponente y debería descartarse sin ningún tipo de ambigüedad. 
En segundo lugar, la homologación no debería tampoco obligar a todos los Estados miembros a aceptar un medicamento aceptado por un único Estado miembro, cuyo laxismo podría ser peligroso y poner en peligro la salud de los pacientes. 
Por el contrario, la evaluación deberá realizarse en cada Estado miembro según criterios que aporten todas las garantías de calidad y de inocuidad y esto, lo repito, en aras de la protección de los enfermos. 
En cuarto lugar, parece asimismo peligroso confiar la homologación de estos medicamentos a una instancia comunitaria de «expertos» cuya competencia científica no está garantizada por el texto que se nos propone. 
En quinto lugar, las denominaciones deberán ser precisas. 
No aceptamos las denominaciones fantasiosas y, en nuestra opinión, la indicación terapéuticamente probada está perfectamente adaptada. 
Por último, es fundamental que la prescripción de los medicamentos homeopáticos no sea realizada por cualquier persona supuestamente cualificada- ¿por cierto, quién cualificaría a esas personas? -, sino por un médico, pues muchos médicos también son homeópatas. 
Éste es el sentido de mi enmienda, contrario al del texto propuesto en donde se aconseja al usuario consultar a un médico sólo si persisten los síntomas. Yo quisiera precisar que este enfermo debe consultar a un médico para la utilización de este medicamento, con el fin de evitar que a la persona no médico que receta le pase inadvertida una enfermedad, por ejemplo un cáncer, y que se consulte demasiado tarde, cuando ya ha desarrollado ese cáncer. 
Hay que evitar poner en peligro la vida de los pacientes que realizan este tipo de consultas. 
La sociedad ha invertido mucho para formar a profesionales y hay que desconfiar de aficionados peligrosos. 
¿Confiarían ustedes en un piloto que se hubiera formado vaya usted a saber con qué grupo cualificado o que fuera autodidacta? 
Acabaré diciendo que si estas condiciones no se recogen claramente en el informe, nuestro Grupo votará en contra de la propuesta. 
Señor Presidente, los medicamentos homeopáticos aún no gozan de un libre mercado en la Unión, a pesar de que ya existen las directivas y que en 1992 se creó un marco legislativo. 
El informe del Sr. Chanterie aboga, por lo tanto, con razón por una modificación de estas directivas basada en una evaluación profunda de la situación. 
La aplicación de la directiva varía de un Estado miembro a otro y la Comisión incluso consideró necesario consultar al Tribunal de Justicia por la transposición parcial de las directivas en Bélgica, Francia, Portugal y el Reino Unido. 
Es fácil de comprender. 
En determinados países, entre ellos Bélgica, hay todavía acaloradas discusiones entre partidarios y detractores del valor de los medicamentos homeopáticos y sobre su reconocimiento. 
Por otra parte, la formulación de la directivas es tan ambigua jurídicamente que se tiene que llegar a diferentes interpretaciones y de facto son demasiado libres como para excluir distorsiones de la competencia. 
Por lo tanto, el informe aboga con razón por un nuevo texto que excluya los problemas de interpretación y que tenga un carácter vinculante. 
No sólo es de interés para los fabricantes, sino también para los médicos y para los consumidores. 
Se debe evitar poner textos discriminatorios en la etiqueta y, por otra parte, la advertencia de consultar a un médico en caso de que los síntomas perduren no sólo se debe incluir en los medicamentos homeopáticos, sino también en los clásicos. 
Nos sumamos a las intenciones del informe y también a las recomendaciones concretas relativas al procedimiento de registro y un buen sistema de coordinación y armonización. 
Pero en el punto 7 de la recomendación, señor ponente, ponemos un interrogante, en lo relativo a la obligación de los Estados miembros de reconocer los registros realizados o las autorizaciones concedidas antes de que se ponga en marcha un sistema de coordinación. 
Sí estamos de acuerdo con que se trabaje en el establecimiento de las condiciones en las que el registro nacional deba ser objeto de un reconocimiento por otros Estados miembros. Pero no nos parece muy lógico que se imponga ahora ya una obligación de un reconocimiento mutuo a los Estados miembros cuando estamos esperando una armonización y coordinación, ya que esto efectivamente podría fomentar el abuso y la negligencia. 
Naturalmente, puede ser interpretado como un medio de presión, pero puede dar motivo a abusos y eso no es de ningún interés para los consumidores. 
Presidente, del informe de la Comisión se desprende la necesidad de presentar una resolución sobre la modificación de las respectivas directivas. 
Hay algunos Estados miembros que no tienen debidamente en cuenta las autorizaciones concedidas o registros realizados, sino que lo hacen a su libre albedrío. Hacerlo a su libre albedrío consiste en la práctica en no tenerlas en cuenta. 
Esto implica un considerable despilfarro de tiempo y de dinero. 
La evaluación del efecto y de los efectos perjudiciales de los medicamentos homeopáticos se hace en cada Estado miembro por separado. 
Por consiguiente, es recomendable que se modifiquen las respectivas directivas. 
Entiendo los titubeos que existen para tratar los medicamentos homeopáticos de igual forma que los alopáticos. 
Tampoco se puede hacer, porque están basados en otras visiones del ser humano, de la enfermedad y su curación. 
Ahora que se ha probado científicamente que quedan ciertas estructuras en los medicamentos homeopáticos, la acusación de que los medicamentos homeopáticos sólo tienen un efecto psicológico, ha perdido gran parte de su fundamento. 
Por eso abogo por un estatus de mayor equivalencia entre la homeopatía y la alopatía. 
El primer paso que tenemos que dar es entonces la ampliación del procedimiento de registro simplificado. 
Es importante que los Estados miembros mismos tengan la posibilidad de determinar cuándo un medicamento homeopático se acoge a este procedimiento. 
No puede ser que todo tipo de temores irreales y fuertes lobbys alopáticos limiten la libre circulación de los medicamentos homeopáticos. 
Además, creo que es bueno investigar si podemos llegar a un sistema de reconocimiento mutuo. 
Para mi se trata sobre todo de la ventaja de la reducción de costes. 
Sí se deben formular criterios claros sobre los que se ha de realizar ese reconocimiento. Esto redundaría en beneficio de la aplicación de las respectivas directivas. 
Felicito al Sr. Chanterie por su informe. 
Señor Presidente, he de confesar que siento cierto apuro a la hora de adoptar una posición tajante con relación a un asunto que es todavía muy oscuro y de difícil interpretación. 
Asimismo, cuando se habla de salud, hay que evitar toda posición jomeinista, ya que, con frecuencia, la investigación ha desautorizado descubrimientos que se consideraban irrefutables. 
Por otra parte, no se puede dejar de manifestar que desde hace muchos años en los libros de texto de farmacología y de medicina de la Comunidad europea, pero también de todo el resto del mundo, se expresa un concepto fundamental: en el tratamiento del paciente se debe utilizar la dosis máxima durante el menor tiempo posible. 
La homeopatía trastoca y traiciona este concepto, pues la misma es partidaria de una dosis mínima, infinitesimal a lo largo de mucho tiempo. 
Cierto que estos conceptos están evolucionando al igual que la ciencia, sin embargo, es evidente que la ciencia debe dar una respuesta no solo al poder político, sino ante todo a los consumidores y que dicha respuesta debe conciliar estas dos realidades. 
En particular, la ciencia tiene la obligación de aclarar el problema inmunitario que se deriva de una posible elección tradicional o homeopática del tratamiento. 
Algunos sostienen que una dosis mínima prolongada afecta al sistema inmunitario que, en dicho caso, no puede ocuparse de otra cosa, con graves riesgos para la salud. 
Algún otro científico pone en tela de juicio esta aserción sosteniendo que la dosis infinitesimal no estimula la respuesta inmunitaria. 
Es obvio que nosotros al no ser investigadores científicos capaces de aclarar estos conceptos, deberíamos y debemos pretender una respuesta clara por parte de la investigación. Del mismo modo, han de ser satisfechas algunas demandas del profesor Cabrol para conferir a la homeopatía la dignidad de ciencia médica de pleno derecho. 
Me permito hacer algunas observaciones acerca del informe, por cierto muy bien concebido por el Sr. Chanterie, a pesar de que, como dijo el profesor Cabrol, algunas de sus partes me dejan muy perplejo. 
Primera observación: las normas de autorización y de registro de los medicamentos son diferentes en los distintos Estados miembros. 
Es evidente que consideramos indispensable una armonización que, sin embargo, no debe plasmarse en una reducción del actual nivel de seguridad y de defensa de la salud. 
Segunda observación: los capítulos IV y V de la Directiva nº 75 referentes «a los principios y las orientaciones para una buena práctica de producción y de laboratorio» deben aplicarse también a todos los medicamentos homeopáticos. 
Tercera observación: los Estados miembros deben cumplimentar las listas de fármacos homeopáticos o responsabilizarse de su eliminación. 
Cuarta observación: hasta que no se pruebe científicamente que los medicamentos homeopáticos para uso veterinario no implican riesgos para la salud humana, consideramos inaplicable el procedimiento simplificado de registro; en particular en lo que a los tintes se refiere, los mismos deben someterse a pruebas científicas estrictas para establecer los grados de dilución que garanticen la seguridad de la cadena alimentaria y la protección de los preparados contaminantes. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, debido a mi profesión de farmacéutica tengo contacto con frecuencia con el tema de la homeopatía. 
Como es sabido, estos medicamentos merecen una valoración cada vez más positiva por parte de los pacientes, o sea, de los consumidores, en Europa. 
Nuestra Asamblea debe responder a esta tendencia con la elaboración de una legislación adecuada para su seguimiento y apoyo. 
Nuestro colega Chanterie ya ha enumerado los aspectos más importantes en su informe y yo quiero agradecérselo muy sinceramente. 
El reconocimiento mutuo de los registros y autorizaciones en los Estados miembros de la Unión Europea es un aspecto importante, a mi parecer, al igual que la inclusión de la administración por vía parenteral entre las aplicaciones autorizadas, manteniendo las rigurosas exigencias ya vigentes en materia de calidad y seguridad del consumidor. 
Por lo que respecta a la fiabilidad ya se dispone de estudios científicos y varias décadas de experiencia. 
Esto enlaza con el segundo aspecto que considero importante y que también ocupa un lugar central en la opinión que elaboramos en la Comisión de Investigación, concretamente, el tema de la investigación. 
En efecto, no es admisible que se repita continuamente, tal como acabamos de escuchar ahora mismo, el argumento de la falta de un fundamento científico suficiente y a la vez se excluya en la práctica a la homeopatía de los proyectos subvencionados por la UE. 
Ya se dispone de considerables informes científicos en este ámbito y deberíamos seguir desarrollando e impulsando estos enfoques. 
Tenemos que velar por que en el futuro se otorgue igualdad de trato a la homeopatía dentro del Quinto Programa Marco de Investigación. 
Permítanme que añada, finalmente, que numerosas conversaciones con colegas del sector veterinario me han hecho comprender que una condición imprescindible para promover la agricultura biológica es que se suprima la exclusión del procedimiento de registro simplificado de los medicamentos homeopáticos para uso veterinario en animales destinados al consumo humano. 
Señor Presidente, si bien la medicina homeopática goza desde hace muchos años de reconocimiento oficial en algunos países de la Unión Europea, en otros, por el contrario, apenas se tolera la práctica de esta medicina. 
Por este motivo, la Comisión creó un marco legal por medio de las directivas 92/73 y 92/74 con el fin de permitir el acceso de los pacientes a los productos de su elección sin dejar de ofrecer garantías acerca de la calidad y la seguridad de dichos productos. 
Sin embargo, en determinados Estados miembros se han registrado problemas en la aplicación de estas directivas, por lo que cabe agradecer el planteamiento actual de la Comisión. 
También me muestro favorable al presente informe del Sr. Chanterie. 
Es verdaderamente importante que abordemos esta cuestión a causa de la creciente popularidad que han adquirido, en particular, los productos homeopáticos y, en general, la medicina natural y alternativa. 
Los ciudadanos de toda Europa tienen derecho a que estos productos circulen libremente en los Estados miembros con arreglo a las normas del mercado único, como cualquier otro producto, con la condición de que se tengan en cuenta de manera adecuada todas las consideraciones en materia de seguridad y eficacia. 
A este respecto, sería muy útil que hiciéramos un seguimiento de las cuestiones que se someten a estudio en el Quinto Programa Marco, y, a este fin, el Grupo de los Verdes ha presentado diversas enmiendas a dicho programa marco y al presupuesto. 
Por lo tanto, espero que la Comisión tenga presente que tenemos ahí los instrumentos necesarios para llevar a cabo estos estudios y para garantizar que se lleva a cabo una armonización adecuada de los productos de la medicina homeopática con indicaciones terapéuticas. 
En otras palabras, habida cuenta de los problemas particulares con que se enfrenta la homeopatía a la hora de probar su eficacia frente a la medicina alopática, en estas pruebas se deberán tener en cuenta las características peculiares de la medicina homeopática y se deberá recurrir a los conocimientos expertos de los homeópatas. 
Tenemos a nuestro alcance los instrumentos. 
He presentado algunas enmiendas. 
En el Reino Unido e Irlanda, los homeópatas colegiados no son solamente médicos, por lo que cabe aclarar en este informe que, cuando se haga referencia a un médico o a un doctor a efectos de clasificación, esta referencia afecte a doctores homeopáticos o a profesionales médicos colegiados en homeopatía. 
Así es la ley en mi país y en el Reino Unido, y así queremos que continúe siéndolo. 
Por este motivo, les recomiendo que aprueben mi enmienda. 
Señor Presidente, la Comisión agradece el gran interés con que ha sido acogido nuestro informe y muy especialmente el esfuerzo que ha realizado el ponente. 
Optamos por este procedimiento algo desusado, esto es, la apertura de un amplio debate mediante la presentación de un informe, en lugar de proponer una revisión de las dos Directivas actualmente vigentes, con objeto de poder tener una idea clara sobre las posiciones en el Parlamento y en el Consejo. 
El Parlamento ha aclarado hoy su posición a través del presente informe y del debate. 
Es un hecho que agradecemos y confiamos que pronto recibiremos también unas reflexiones análogas procedentes del Consejo. 
Yo quisiera iniciar mi respuesta con una consideración general. 
Nuestra intención no era abrir de nuevo el debate sobre los principios de fondo, o sea, si los productos homeopáticos deben ser reconocidos como medicamentos y, en caso afirmativo, con qué condiciones, o si dicho reconocimiento debe limitarse a los medicamentos alopáticos. 
La amplia aplicación de los medicamentos homeopáticos recomienda en cualquier caso que nos ocupemos de esta tema. 
No es posible considerar sencillamente que sólo se trata de un tema secundario o de un asunto un poco esotérico y relacionado con las sectas, sino que éste afecta a una parte de los medicamentos que utilizan los pacientes. 
Éste es un hecho que no se puede pasar alto. 
¡Se trata de una realidad! 
La Comisión considera, no obstante, por otra parte, que el concepto de ciencia, que también se ha invocado repetidamente en el curso del presente debate, es demasiado apodíctico, ya que la ciencia clásica que investiga, obtiene y justifica los medicamentos alopáticos dicta sus propias condiciones. 
El planteamiento científico incluye como primer paso una definición clara de todo aquello que se califica como científico. 
La aplicación de determinados métodos y procedimientos permite alcanzar luego una conclusión sobre su cientificidad o no cientificidad. 
Se trata, no obstante, de una definición muy restringida. 
La Sra. Heinisch tiene toda la razón cuando señala que desde luego también es posible definir el concepto de ciencia de manera mucho más amplia, con lo cual quedarían incluidos en su campo también otros fenómenos que no tienen cabida en las definiciones ortodoxas clásicas de ciencia. 
A nuestro parecer, el problema principal que plantea este debate sobre las cuestiones de principio es que existen, de hecho, algunos médicos, científicos y farmacéuticos que desearían aplicar esta definición restringida de ciencia y, en consecuencia, afirman que a la vista de ello y de que los medicamentos homeopáticos no tienen cabida en dicha definición, en su opinión no habría que prestarles atención. 
Nosotros consideramos que esto es un error, como ya dejamos claro desde un principio, puesto que de las tres características de los medicamentos- seguridad, eficacia y calidad- no exigimos la característica de la eficacia como condición para el reconocimiento de los medicamentos homeopáticos. 
Lo cual no significa empero- si bien se podría extraer esta falsa conclusión lógica- que un medicamento homeopático no sea eficaz, sino únicamente que su reconocimiento como medicamento no está condicionado a que lo sea. 
En efecto, es un hecho generalmente reconocido que dichos medicamentos son eficaces y que muchas personas pueden esperar obtener y obtienen buenos resultados de los mismos, no por sus efectos directos químicamente demostrables, sino gracias a sus efectos psicológicos- esta definición también es demasiado restringida -, a sus efectos generales. 
Éstos incluyen muchas posibilidades. 
Por ejemplo, un debate amable en el Parlamento Europeo con parlamentarios amables forma parte de las dosis homeopáticas que los Comisarios deseamos tomar de vez en cuando. 
Sin embargo, también sabemos que la situación actual no es satisfactoria. 
En el debate hemos escuchado que una serie de Estados miembros todavía no han dado ningún paso, o sea, que es preciso hacer algo más. 
Este intercambio de ideas será, por lo tanto, muy útil. 
El contenido del informe se ajusta en general a nuestro planteamiento. 
Por consiguiente, no nos plantea ningún problema, sino que por el contrario nos sentimos apoyados y desde luego vamos a seguir las orientaciones del Sr. Chanterie y las que han ofrecido los demás colegas en el curso del debate en los aspectos que voy a enumerar. 
Concretamente, tenemos que definir con mayor precisión los requisitos para el reconocimiento mutuo de los medicamentos homeopáticos registrados y establecer la obligatoriedad del principio del reconocimiento mutuo. 
Es evidente que sólo se podrá lograr el reconocimiento mutuo si se establecen las condiciones mínimas bajo las cuales éste deberá ser obligatorio. 
Por esto la obligatoriedad del reconocimiento mutuo depende de la inclusión de precisiones adicionales en el procedimiento de registro simplificado. 
En este contexto podría ser útil, por ejemplo, elaborar listas armonizadas de disoluciones y aclarar el ámbito de aplicación del procedimiento de registro simplificado. 
Yo también suscribo la opinión de que no existen motivos para mantener la prohibición de registrar medicamentos homeopáticos veterinarios para su uso en animales destinados al consumo humano. 
Las normas sobre el etiquetado también incluyen algunas disposiciones que podrían modificarse en interés de los consumidores. 
Esto incluye evidentemente la dosificación del producto, pero también las disposiciones relativas a su denominación. 
Este es un aspecto que puede y debe mejorarse, pues unas denominaciones extravagantes que inducen absolutamente a error son tan perjudiciales como los folletos explicativos vacíos de contenido de los que es imposible extraer ninguna información. 
También somos favorables a que el apartado 2 del artículo 9, o sea, la introducción de normas específicas para los experimentos y pruebas, tenga carácter obligatorio. 
No estamos de acuerdo con las consideraciones del informe que ahora paso a detallar. 
Las Directivas cubren en su forma actualmente vigente todos los productos homeopáticos y los métodos de fabricación. 
No se contemplan de manera diferenciada las distintas escuelas que existen en este ámbito, por un buen motivo. 
A mi modo de ver, en realidad sería más bien perjudicial para los medicamentos homeopáticos si nos inmiscuyésemos en los enfrentamientos entre escuelas. 
Por lo tanto, tampoco creemos que exista ningún motivo para que en el texto de la Directiva se mencione específicamente sólo una de dichas escuelas, la de la homeopatía antroposófica. 
Esto no debe interpretarse como un rechazo de la antroposofía, sino que tan sólo indica nuestro deseo de no inmiscuirnos en los enfrentamientos entre escuelas. 
Como ya puede suponer el Sr. Chanterie, la Comisión ve con absoluta simpatía una orientación general que también tome en consideración los aspectos relativos al etiquetado en los procedimientos de autorización y evaluación. 
La experiencia con la Agencia de Evaluación de Medicamentos de Londres encargada de su autorización es, en efecto, inmejorable. 
Examinaremos las posibilidades de establecer un sistema parecido. 
Ello exigiría naturalmente la colaboración de los Estados miembros. 
En consecuencia, queremos dejar claro, al igual que se hace en el informe, que es necesario completar y mejor las presentes Directivas y agradecemos las recomendaciones del Parlamento. 
Ahora nos falta esperar la respuesta del Consejo. 
En cuanto éste haya adoptado su posición, nos pondremos manos a la obra. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 11.00 horas. 
Responsabilidad por productos defectuosos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0326/98) de la Sra. Roth-Behrendt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Defensa del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0478- C4-0503/97-97/0244 (COD) ) por la que se modifica la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. 
Señor Presidente, habida cuenta de su repercusión positiva en la protección de los consumidores, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos acoge favorablemente la propuesta de directiva que, al extender el ámbito de aplicación de la directiva de 1985 a los productos agrícolas, amplía a todos los bienes muebles la responsabilidad del productor por los productos defectuosos. 
Sin embargo, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos expresó y expresa sus reservas en cuanto a admitir las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor por los siguientes motivos: primero, de conformidad con el contenido del apartado 2 del artículo 124, de la letra a) del apartado 1 del artículo 125 del Reglamento y del apartado 2 del artículo 138 del Tratado, la Comisión considera que el Parlamento Europeo no puede privar subrepticiamente a la Comisión del derecho exclusivo de iniciativa legislativa mediante enmiendas a la propuesta legislativa; de hecho, el Parlamento, en el caso de estimar que un acto legislativo es susceptible de ser modificado, tiene derecho a pedir a la Comisión que presente propuestas adecuadas; segundo, la propuesta de directiva tiene ampliamente en cuenta la recomendación del Parlamento Europeo en el informe de la comisión temporal de investigación sobre las cuestiones relacionadas con la encefalopatía espongiforme bovina de 7 de febrero de 1997; tercera, la directiva de 1985 ha modificado profundamente, aunque sólo en lo referente a la responsabilidad del productor, algunas importantes figuras del Derecho privado de los Estados miembros como la responsabilidad civil, la carga de la prueba, el resarcimiento de los daños, la prescripción de los derechos; las soluciones tomadas en consideración con respecto a dichas figuras en la directiva siguen siendo válidas, ya que contemporizan los intereses en juego armonizando las diferentes posiciones de las partes según un criterio racional. 
En consecuencia, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos estima que las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores son totalmente inadmisibles porque sobrepasan lo que el Parlamento puede modificar en una propuesta de la Comisión. 
Asimismo, dichas enmiendas son, a nuestro juicio, inaceptables en cuanto al fondo. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos considera que la Comisión puede proponer una modificación sustancial de la Directiva 85/374 tras una profunda reflexión que implique a las demás Instituciones comunitarias, a los Estados miembros y a los particulares afectados. 
Dicha propuesta podrá formularse tras examinar el próximo informe de la Comisión sobre la aplicación de la directiva 85/374 previsto para el año 2000. 
En definitiva, existen razones estrictamente jurídicas por las cuales estamos a favor de la directiva, sin embargo, no podemos admitir las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Señor Presidente, Señorías, somos nosotros, los parlamentarios, quienes hemos deseado esta propuesta legislativa y, además, con razón. 
El escándalo de la EEB nos ha llevado a pedir que la Comisión Europea presente en los más breves plazos una propuesta que amplíe el campo de aplicación de la directiva de base a los productos primarios, y, por lo tanto, agrícolas o procedentes de la pesca y de la caza. 
Hoy en día no podemos rechazar esta extensión, sobre todo en el contexto de una desconfianza extrema de los consumidores respecto a lo que comen y en un momento de industrialización creciente de los procesos de producción agrícola. 
Sea como sea, no hay un riesgo cero, y cuando un productor coloca un producto en el mercado sabe que está asumiendo un riesgo y que puede hacer correr un riesgo al consumidor, quien podrá optar a una indemnización en caso de perjuicio. 
Cierto es que no sería justo que los productos agrícolas se apartaran de esta regla general. 
El consumidor debe poder beneficiarse de la misma protección, cualquiera que sea la naturaleza del producto defectuoso. 
Recordemos que en el sistema de responsabilidad sin culpa, lo que cuenta es el acto de comercializar un producto; no se trata de hallar culpables sino responsables. 
La Comisión de Agricultura es muy consciente de esto, tanto más por cuanto la sociedad necesita reconciliarse con su agricultura y que, de todos modos, la propia existencia de dicho régimen constituirá, sin duda, una auténtica incitación a la comercialización de productos sanos, seguros y de calidad. 
Es, pues, una propuesta aceptable para la Comisión de Agricultura, pero que no por ello debe hacernos olvidar las especificidades propias de los productos agrícolas. 
Por consiguiente, habíamos propuesto una serie de enmiendas- algunas han sido aprobadas, cosa que nos complace -, pero lamentamos que, debido en primer lugar a la enorme dependencia de factores exteriores de las producciones agrícolas primarias, habíamos propuesto que se incluyera una disposición que reflejara dicha especificidad, descartando la aplicación de esta directiva a los productos agrícolas en el caso de daños producidos por catástrofes naturales o accidentes. 
Asimismo, pensamos que dicho régimen no debería utilizarse en modo alguno como instrumento de comercio desleal por parte de clientes a veces exclusivos de productores agrícolas. 
En el marco de la evaluación que debe hacerse de la directiva, más específicamente respecto a los sectores agrícola y rural, espero que efectivamente haya propuestas que vayan en este sentido, porque entonces las especificidades vinculadas a la agricultura aparecerán claramente ante todo el mundo. 
De modo más genérico y para el conjunto de la directiva, nuestro Grupo- y hablo aquí en nombre del Grupo ARE- no podrá seguir la propuesta de la Sra. Roth-Behrendt en lo que consideramos en nuestro análisis, desgraciadamente, como una inversión de la carga de la prueba. 
Corresponde a la víctima demostrar que un producto perfectamente identificado le ha perjudicado. 
Por el contrario, nuestro Grupo considera, al igual que la ponente, que la duración de la responsabilidad debería ser superior a los diez años previstos por la Comisión. 
Por último, nuestro Grupo también apoyará la puesta en tela de juicio que hace la Sra. Roth-Behrendt de la exoneración de responsabilidad en cuanto a los riesgos de desarrollo, exoneración que, en nuestra opinión, no está justificada en el contexto del principio mismo de responsabilidad sin culpa, vinculado al acto de comercializar un producto. 
Señor Presidente, no quiero proseguir el debate de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos acerca de la conveniencia o no del presente informe. 
Probablemente, mi colega la Sra. Roth-Behrendt es una jurista igual de buena que cualquier otro miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por lo que resulta apropiado que haya intentado presentar enmiendas sustanciales a la propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, esta circunstancia no significa que todos los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor debamos mostrarnos completamente de acuerdo con ella. 
El motivo es muy simple. 
Existen ventajas e inconvenientes en la posición en que nos encontramos tanto la Sra. Roth-Behrendt como todos aquellos de nosotros que, como la anterior oradora, formamos parte en su momento de la Comisión temporal de investigación de la EEB. 
Con el informe del Sr. Medina tuvimos la oportunidad de presentar, en una situación de crisis, una reforma simple destinada a incorporar los productos primarios a los productos que debían ser objeto de esta directiva. 
Teniendo en cuenta todo lo que aprendimos durante el escándalo de la EEB, y teniendo en cuenta todo lo que sabemos ahora de los riesgos que pueden entrañar durante años y años los productos primarios, resulta probablemente adecuado que la Comisión presente esta propuesta y que nosotros intentemos mejorarla en la mayor medida posible. 
No obstante, debo expresar un punto de vista ligeramente discrepante acerca de si han sido exagerados o no nuestros esfuerzos por mejorar y ampliar esta propuesta. 
Estoy de acuerdo con la ponente en que no es suficiente el límite de diez años y en que los límites establecidos inicialmente por lo que respecta a la cuantía de los daños eran inadecuados en función del contexto en el que se redactó este informe, durante el terrible escándalo de la EEB. 
Por este motivo, estoy a favor de ese grupo de enmiendas. 
Quisiera elogiar a la Sra. Roth-Behrendt por el intento que ha hecho a última hora de incorporar compromisos. 
Mis problemas, y ella lo sabe, están relacionados con la carga de las pruebas, tal como queda fijada en estas enmiendas, así como con la cuestión del riesgo de desarrollo. 
Por lo que respecta a la carga de las pruebas, y contemplando ahora la enmienda n- 12, si bien usted afirma que es posible confirmar una relación de causa en caso de que se demuestre que es lo suficientemente probable, yo no estoy seguro de los límites entre causalidad y casualidad en los que le coloca a usted esta afirmación. 
El problema reside en que, independientemente de las dificultades que pueda entrañar la prueba de los daños, usted debe ser capaz de demostrar que un determinado producto ofrecido por un determinado productor ha ocasionado un determinado tipo de efectos. 
Es posible que necesite más tiempo para lograrlo, pero lo que no puede hacer es dejarlo en poder de la deducción. 
He aquí uno de los problemas que plantea la enmienda n- 12 en su formulación actual. 
Mi última cuestión está relacionada con el riesgo de desarrollo, al tratarse de una medida de emergencia que hemos introducido a toda prisa. 
El problema radica en la necesidad de examinar con todo detalle los Estados miembros y sus legislaciones en materia de responsabilidad con el fin de saber a dónde nos llevará el hecho de incluir o no este riesgo de desarrollo. 
El momento más adecuado para aclarar este punto llegará con la revisión del año 2000. 
Dicho todo esto, sospecho que en representación de una minoría de la Comisión de Medio Ambiente, me gustaría expresar mi admiración por la labor que ha llevado a cabo la ponente. 
Señor Presidente, Señorías, hoy tenemos que hablar de la inclusión de los productos agrícolas en el campo de aplicación de la Directiva 85/374/CEE relativa a la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. 
La propuesta de la Comisión es buena, ya que responde a una petición del Parlamento tras la crisis de las vacas locas. 
Asimismo permite descartar los problemas de definición de los productos transformados y de los productos agrícolas que teníamos precisamente en la aplicación de dicha Directiva. 
El problema es el informe Roth-Behrendt. 
Bajo pretexto de generosidad y basándose en el aspecto emocional vinculado a la EEB, la ponente modifica totalmente el fondo de la directiva de 1985: inversión de la carga de la prueba, supresión de la cláusula de desarrollo científico, supresión o ampliación del plazo de recurso de la eventual víctima, etc. 
Las propuestas de la ponente rompen el equilibrio entre protección de los consumidores y seguridad jurídica de los operadores económicos. 
Sin duda, la ponente ha hallado muchas dificultades- por cierto, el debate de este informe se ha ido aplazando sucesivamente- y la ponente ha intentado suavizar sus propuestas. 
Nos propone enmiendas supuestamente de compromiso, pero ¿de qué compromiso se trata? 
De todas maneras, no hay compromiso con otros Grupos políticos, sólo está la firma de 29 diputados en favor de algunas enmiendas. 
Todo esto no es más que pura demagogia por la cercanía de una campaña electoral; no olvidemos que los consumidores son gente responsable, muchas veces también son productores, y saben que no hay que modificar el equilibrio de la directiva de 1985. 
Se corre el riesgo, por lo demás, de saturar los tribunales, que tendrán muchas dificultades a la hora de interpretar jurídicamente la mayoría de las enmiendas, que son, como mínimo, contradictorias y poco claras. 
Por otro lado, ¿quién ha calculado las implicaciones financieras de las enmiendas de la Sra. Roth-Behrendt? 
Si se examinan estas implicaciones financieras, nos daremos cuenta de que son desmesuradas, y no nos atrevemos a imaginar las consecuencias no sólo para los sectores de punta- como el sector de los medicamentos y el sector de la investigación -, sino también para todas nuestras PYMES y PYMI, y para nuestros agricultores, de los que tanto se habla hoy en este hemiciclo. 
Por lo que más quieran, esperemos a que la Comisión nos comunique el Libro Verde sobre la aplicación de la directiva. 
Es sabido que la Comisión debe presentarnos dicho Libro Verde, tras una exhaustiva consulta con los diferentes socios, y también es sabido que la fecha límite para presentarnos ese Libro Verde es el 1 de enero del 2000, que es en cualquier caso una fecha muy cercana. 
Parece, por otro lado, que la Sra. Roth-Behrendt ha olvidado completamente la consulta con los socios en este ámbito. 
Así pues, por todas estas razones, que me parecen especialmente graves, el Grupo del Partido Popular Europeo desea que no se actúe con precipitación, que no se decida con apresuramiento la modificación del contenido de una directiva tan delicada como ésta. 
Por ello el Grupo del PPE votará en contra de todas las enmiendas presentadas por la Sra. Roth-Behrendt. 
Señor Presidente, la propuesta para ampliar la directiva a las materias primas agrícolas partió del Parlamento, y es un motivo de satisfacción que haya salido adelante. 
Con la ambición que le caracteriza en su actividad política, la Sra. Roth-Behrendt ha aprovechado la oportunidad para referirse no solamente a ésta, sino también a otras cuestiones. 
Creo que quizás se trate de una libertad que debamos tomarnos, ya que este planteamiento nos permite ejercer una influencia política. 
Me gustaría pasar a comentar algunas de estas cuestiones. 
Por lo que respecta al aumento de 70 a 140 millones de ecus en lo relativo a los límites máximos de responsabilidad, propuesta recogida en la última enmienda, creo que es merecedora de nuestro apoyo. 
Del mismo modo, podemos también apoyar en un principio la ampliación del plazo de prescripción, ya que los períodos de incubación son largos, y todo ello requiere mucho tiempo. 
Aunque quizás ahora no se invierta la carga de la prueba, la propuesta a este respecto es muy interesante, ya que, en cualquier caso, distribuye dicha carga de manera distinta que hasta el momento. 
Yo prefiero actuar en apoyo del ciudadano de a pie en su lucha contra las grandes empresas, lo cual resulta algo necesario. 
Por otra parte, no sabemos a ciencia cierta los efectos que puedan derivarse de una modificación de estas características, es decir, las repercusiones que pueda tener en la vida económica. 
Lo mismo se puede decir del riesgo de desarrollo. 
La industria, al igual que el sector agrícola, han de saber lo que hacen también cuando desarrollan nuevos productos. 
No obstante, en todo momento debe existir un riesgo, ya que, en caso contrario, no se lograría nunca ningún avance. 
En el informe de la Sra. Roth-Behrendt no se aclaran de manera suficiente estas dos propuestas. 
Por este motivo, me gustaría remitirme a la enmienda 9, en la que se establece que la Comisión presente cada cinco años un informe al Parlamento y al Consejo. 
El primer informe deberá presentarse, a más tardar, antes de que concluya el año 2000, y está previsto que, al mismo tiempo, se lleve a cabo una revisión general de esta directiva. 
Ahora espero que la Comisión tenga verdaderamente en consideración este debate y- aunque no prosperaran- también las propuestas, y que estudie las repercusiones de estas enmiendas, para, posteriormente, poder someterlas nuevamente a debate en esta cámara. 
Señor Presidente, Señorías, se nos presenta una propuesta de la Comisión Europea que tiene por objeto, tengámoslo muy en cuenta, extender a las materias primas agrícolas y a los productos de la caza las disposiciones comunitarias relativas a la responsabilidad sin culpa en los productos defectuosos. 
Me gustaría en primer lugar resaltar que la ponente se excede en su misión pues se arroga una iniciativa legislativa. 
A ella le gustaría recoger todas las disposiciones relativas a productos defectuosos, y no solamente a productos agrícolas, cosa que no me parece muy honesta, y menos aún cuando la Comisión Europea prepara para el próximo año una revisión de esta directiva sobre productos defectuosos y que algunos Estados miembros- como concretamente en el caso de Francia- acaban de introducir la directiva general en su legislación particular. 
La ponente quiere también revisar y modificar algunas condiciones ya incluidas en la anterior directiva. 
Insistiremos sólo en dos de ellas. 
En primer lugar, la ponente suprime la noción de responsabilidad objetiva, lo que implica que la víctima del producto defectuoso no tiene que probar el vínculo de causalidad entre el defecto del producto y el daño producido para que surja la responsabilidad del productor. 
En segundo lugar, ella quiere poner en tela de juicio la cláusula de exoneración llamada «de riesgo de desarrollo» , lo que significa que un productor sería considerado responsable, incluso cuando el estado de los conocimientos científicos y técnicos en el momento en que el producto se ha puesto en venta no le hayan permitido en modo alguno descubrir la existencia del defecto. 
Señora Roth-Behrendt, si da usted a sus hijos un producto y, tras habérselo dado, descubre que no está bien, aunque usted no tuviera ninguna prueba, ¿cambiaría todo esto? 
Esta cláusula de exoneración fue aprobada por algunos Estados miembros para desarrollar así su potencial de investigación farmacéutica. 
La supresión de esta cláusula de exoneración por parte del Parlamento Europeo supondría una deslocalización de la investigación y de la innovación europea a otros países de la competencia, que no hayan aceptado tal disposición, o que aún favorecen la cláusula de exoneración. 
Esto significaría un retraso en la posibilidad de que los ciudadanos de la Unión Europea utilicen ciertos medicamentos y un previsible rechazo de las compañías de seguros a la hora de cubrir ese riesgo. 
Esta cláusula de exoneración fue, por cierto, consagrada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en sentencia de 29 de mayo de 1998. 
En ese momento, prescindir de ella no le pareció al Tribunal realista ni razonable. 
El mantenimiento de esta cláusula de exoneración se justifica tanto más por cuanto no deja a la víctima sin posibilidad de recurso, puesto que podrá ampararse en los derechos reconocidos por los regímenes de responsabilidad contractual, extracontractual o social; éste es lo que dice el artículo 13 de la Directiva del 25 de julio de 1985. 
Debido a estas dos modificaciones y a otras muchas sobre las que no insistiremos y que, recordémoslo, rebasan el marco de la misión confiada a la Sra. Roth-Behrendt, al haberse arrogado la ponente el derecho de iniciativa legislativa de la Comisión Europea, estas modificaciones no aportan mayor protección a los consumidores sino que amenazan seriamente a los productores y podrían acarrear graves repercusiones sobre la precaria economía de algunos y sobre el empleo; por ello nuestro Grupo no votará a favor de las enmiendas de la Sra. Roth-Behrendt. 
Señor Presidente, nuestro Grupo político acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión, pero sobre todo también el informe realmente exigente y valiente de la Sra. Roth-Berendt, ya que es el único que permitiría extraer las debidas consecuencias del escándalo de la EEB. 
Por esto nos parece particularmente lamentable que la mayoría del Parlamento Europeo se niegue a hacer suyas las propuestas de la ponente y que dicha mayoría, en particular los dos grandes Grupos políticos, se deje utilizar, por el contrario, por la industria. 
Las objeciones que se han planteado últimamente, motivadas por el riesgo financiero para las empresas, me parecen absolutamente incomprensibles. 
Si la agricultura declara que quiere ser una empresa, también debe actuar como tal. 
En efecto, el objetivo que se persigue es crear, mediante la responsabilidad por los productos defectuosos, un instrumento que permita que la industria y la agricultura asuman sus propias responsabilidades. 
No podemos crear subvenciones indirectas, liberando a dichas empresas de esta obligación. 
Uno de los principios de un estado de Derecho tiene que ser, sin duda, que las víctimas potenciales- que son los consumidores- gocen de mayor protección que los causantes potenciales del daño, o sea, justamente la industria. 
Si de lo que se trata es de imponer un mayor rigor en relación con la responsabilidad, esto tendría que traducirse en la supresión de cualquier posible excusa. 
Esto habría ofrecido una protección al consumidor. 
Lo que ahora se pretende hacer es diluir el informe. 
Es cierto que el resultado siempre será preferible a la práctica actual y, por consiguiente, vamos a votarlo afirmativamente, con grandes retortijones, pero no representa una mejora para los consumidores. 
Al contrario, permitirá que en adelante los abogados se hagan de oro y por esto me parece tan lamentable que no nos sea posible hacer efectiva de una vez la protección de los consumidores y el principio de prevención que siempre invocamos, ni tampoco la responsabilización de la industria que continuamente se reclama en otros contextos. 
Permítanme que manifieste una vez más mi sincero agradecimiento a la ponente, que ha hecho un esfuerzo realmente ambicioso, aunque la enmienda de compromiso ha quedado demasiado diluida a mi parecer. 
Es muy lamentable que el Parlamento Europeo no sea capaz de dar verdadera prioridad a la protección del consumidor. 
Yo creo que esto era lo mínimo que debíamos intentar conseguir desde esta Cámara. 
No es admisible, señora Grossetête y señor Olsson, que siempre defendamos únicamente los intereses de la industria. 
Hubiésemos tenido que procurar situar realmente en primer plano la protección del consumidor y de las víctimas potenciales; me queda la esperanza de que todavía entren en razón en la votación de mañana. 
Presidente, hasta el día de hoy se nos informa de nuevos casos de EEB. 
Por eso, hay una inseguridad creciente entre los consumidores sobre la calidad de la carne. 
Con este trasfondo es bueno que nos ocupemos hoy de este tema. 
A fin de cuentas fue con motivo de la crisis de la EEB que se propuso una modificación de la directiva 85/374. 
La propuesta de la Comisión intenta dar una solución a la falta de responsabilidad por las materias primas agrarias. 
Me alegro. 
Los productores agrícolas son responsables, tal como sus colegas en la empresa privada, de la calidad de sus productos. 
La responsabilidad por productos defectuosos de las materias primas estimulará el comportamiento responsable de los agricultores. 
Además, con las modificaciones propuestas se soluciona la incertidumbre de cuándo un producto se ha sometido a la primera transformación o elaboración. 
La ponente pide también que se preste atención, aparte de la extensión de la responsabilidad por productos defectuosos a las materias primas agrarias, a algunos puntos débiles relativos a la directiva existente. 
Ahora que estamos debatiendo esa directiva, soy partidario de que se aborden directamente estas lagunas en la modificación. 
Eso evita un trabajo doble. 
Elogio por lo tanto a la ponente por su precisión. 
Las modificaciones propuestas proveen de mayor protección a los consumidores. 
Por otra parte, son menos espectaculares de lo que muchas reacciones de los productores nos hacen creer. 
En algunos Estados miembros se habían llevado a cabo dichas modificaciones hace tiempo. 
Apoyo esas modificaciones porque soy de la opinión de que la posición de los consumidores y productores debe ser igualitaria. 
Esto va en beneficio del buen funcionamiento del mercado interior. 
Por último, quisiera abordar más de cerca una de esas modificaciones con un ejemplo. 
Basándose en la directiva actual, es posible que un consumidor compre una lavadora, que inunde toda su cocina. 
El consumidor puede probar que se trata de un defecto, que tiene daños, y también que hay una relación causal entre el daño y el defecto. 
Sin embargo, no puede percibir una indemnización porque el productor ya ha pagado el importe máximo de indemnizaciones. 
Simplemente tiene mala suerte de no haber sido el primero, sino el enésimo que hace la reclamación. 
Este tipo de situaciones se deben evitar. 
Abogo, por lo tanto, por una supresión del límite máximo de la responsabilidad. 
Señor Presidente, yo coincido absolutamente con la Sra. ponente en que el consumidor tiene derecho a una plena protección que cubra toda la cadena alimentaria y no empiece a ser efectiva sólo a partir de una determinada fase de transformación. 
En otras palabras, acojo con satisfacción la propuesta de modificación de la directiva sobre la responsabilidad por los productos defectuosos elaborada por la Comisión tras la crisis de la EEB, por la que se propone extender su ámbito de aplicación a los productos agrícolas fraudulentos. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con las propuestas y enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que tensan demasiado el arco. 
No me corresponde a mí juzgar hasta qué punto se ha tenido consciencia de las gravosas y casi incalculables consecuencias que esto supondría para la economía, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, así como del atentado contra el Derecho Civil nacional, objetivamente no justificado y en parte contrario al sistema, que ello representa. 
Yo hubiese deseado otro análisis de la situación. 
Pienso ahora en los problemas, que ya se han comentado repetidamente, de la carga de la prueba y del riesgo del desarrollo, pero también el de la supresión de la franquicia. 
Por otra parte, yo creo que el procedimiento que ha seguido la ponente resalta lo bien fundado de la propuesta que presentó el Ministro de Justicia austriaco Michalik en la reunión informal del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la semana pasada, en el sentido de que el Consejo de Justicia e Interior debería examinar también los temas en materia de justicia que se traten en los demás Consejos, con objeto de controlar el aspecto jurídico de los problemas. 
Nosotros no podemos apoyar las propuestas de la Sra. ponente. 
Señor Presidente, Señorías, la tarea de la Sra. Dagmar Roth-Behrendt era sumamente difícil. 
Tenía la misión de responder a las expectativas de nuestro Parlamento y de la opinión pública respecto al triste acontecimiento de la EEB, y la simple actualización de la directiva de 1985, al incorporar las materias agrícolas, no podrá obviamente bastar para responder a dichas expectativas. 
Así pues, sólo podemos lamentar que la Comisión no haya tomado la iniciativa de hacer un listado de los puntos que merecerían ser actualizados rápidamente, para tener en cuenta esta triste experiencia. 
La Sra. Roth-Behrendt ha enumerado estos puntos. 
Tras el debate en comisión, surgieron algunas propuestas que no nos parecían suficientemente equilibradas en lo tocante a algunas preocupaciones que a todos nos afectan: el equilibrio de la defensa del consumidor, que es la prioridad absoluta, pero también la posibilidad de que el productor no sea la víctima digamos de imprevistos y de una visión injusta, sistemática, vuelta contra él, así como también una gran preocupación respecto a la cuestión del futuro de la investigación y el desarrollo. 
La Sra. Dagmar Roth-Behrendt ha hecho un esfuerzo de consenso, de compromiso. 
Ha tratado de hallar lo que podría ser un progreso que no pusiese en entredicho los equilibrios iniciales de la directiva de 1985. 
Sin embargo, quisiera expresar dos reservas. 
No votaremos a favor de la enmienda nº 12, que es ambigua, sobre la cuestión de la carga de la prueba. 
La Sra. Roth-Behrendt insiste claramente en su explicación y nos dice que no hay inversión de la carga de la prueba, pero las fórmulas que pretenden hacer más fácil la defensa del consumidor y de la persona que ha sufrido un perjuicio nos parecen demasiado vagas en términos jurídicos. 
Me refiero concretamente a la fórmula: «basta con que la víctima pruebe la existencia del daño y que el vínculo de causalidad sea lo suficientemente probable». 
En derecho francés, el concepto de «probable» no existe y me parece difícil de definir. 
Quisiera simplemente decir también que la cuestión del plazo no puede soslayarse y que si bien los términos de la enmienda nº 13 sobre la definición del vicio oculto o del defecto oculto deben mejorarse, la filosofía que permite que sea posible en ciertos supuestos muy concretos- nunca por norma general- la ampliación del plazo, me parece necesaria y, en primera lectura, el Parlamento debe afirmar esta voluntad de diálogo para alcanzar una situación satisfactoria para todos. 
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a la Señora Roth-Behrendt, ya que ella ha explorado con mucha creatividad y ingenio, como corresponde a un parlamentario auténtico, los límites de la propuesta que nos mandó la Comisión Europea. 
Eso significa también que uno puede topar con problemas imprevistos. 
Realmente no estoy de acuerdo con los miembros de la Comisión jurídica que dicen que algunas enmiendas son improcedentes. ¿Por qué no estoy de acuerdo? 
Porque pienso que el Parlamento Europeo, gracias al hecho de que siempre hemos explorado los límites, ha sabido encontrar también una gran cantidad de soluciones. 
Eso es lo primero. 
Veamos el contenido. 
Acabo de decir que también se puede ir demasiado lejos. 
Estoy muy de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea de incluir las materias primas agrarias también en el ámbito de la directiva. 
Creo que la Sra. Roth-Behrendt también tiene que estar contenta de que, acertadamente, con eso queden recogidos los resultados de su Comisión sobre la EEB. 
Tenemos entre manos una directiva en materia de responsabilidad por productos defectuosos que en 1985, he consultado las Actas para ello, nos obligó también a andar con pies de plomo. 
Son justo los límites con los que la ponente se topa, y creo que el Parlamento también. 
Naturalmente hay algunos problemas. 
Lo que ha señalado la ponente en cuanto a la inversión de la carga de la prueba por ejemplo, la completa integración del riesgo de desarrollo y la ampliación del régimen de responsabilidad, son problemas que deben ser solucionados. 
Esto no significa que lo podamos hacer en este momento, porque creo que la forma en que se ha debatido la propuesta incluso en nuestras bases respectivas, nos ha demostrado que algunas enmiendas, tal como se han presentado ahora, son todavía inmaduras. 
Esto significa también que hemos de considerar- se lo pido a la ponente- la propuesta de la Comisión jurídica de incorporar un momento de evaluación, para ver si podemos avanzar con el principio de contradicción y examinar si son necesarias más modificaciones, y si éstas tienen sentido, habrá que contemplar esa propuesta de nuevo. 
Señor Presidente, tengo dos objeciones fundamentales contra el informe propuesto y las enmiendas presentadas. 
El primero es una objeción formal. 
Me remito al respecto a la opinión de la Comisión jurídica en la cual se propone la improcedencia sustantiva de las enmiendas que la ponente ha presentado. 
No porque como Parlamento Europeo tengamos que limitar nuestra propia competencia, sino porque se ha de preservar el equilibrio institucional entre las instancias europeas. «Dans la vie il faut connaître ses limites». 
La segunda objeción está relacionada con el contenido. 
Recibimos con alegría la ampliación a las materias primas agrarias, pero las otras modificaciones añadidas que se han presentado en la propuesta de directiva son muy profundas y me pregunto si se ha pensado en las consecuencias. 
Me pregunto si se ha investigado de antemano cuáles van a ser las consecuencias concretas sobre el terreno de las modificaciones presentadas, entre otras cosas en el ámbito de la carga de la prueba, del plazo de prescripción, la supresión de la exención del resarcimiento de daños o del límite máximo de indemnización. 
Me temo que las medidas más severas van a tener un efecto contraproducente. 
Dicho aumento de la responsabilidad hará desistir a los productores de introducir bienes en el mercado de los que no estén completamente seguros de que están sin defectos. 
Esto tendrá como consecuencia que también el consumidor se vea perjudicado, dado que el proceso de innovación de nuestras empresas y, por lo tanto, el progreso, correrá el riesgo de ser frenado fuertemente. 
¿Qué empresa querrá seguir invirtiendo en investigación y desarrollo si no se la exime del riesgo de desarrollo? 
Por ello también se verá más mermada la capacidad competitiva de nuestras empresas a nivel mundial, lo que puede tener a su vez una influencia nefasta en el empleo. 
Por todas estas razones soy un poco reacio a lo que ha propuesto la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
También como fundamento vale «il faut connaître ses limites». 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con ocasión de la ampliación de la Directiva sobre la responsabilidad de los productos defectuosos a las materias primas agrícolas y a los productos de la caza, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor creyó oportuno aprobar unas enmiendas, que, por cierto, retomaban disposiciones que habían sido debatidas duramente con motivo de los trabajos preparatorios de la Directiva inicial, para al final ser rechazadas. 
Me refiero en particular a la inversión de la carga de la prueba y a la supresión de la cláusula de exoneración del riesgo de desarrollo. 
Tenemos dos objeciones principales; una sobre el plano jurídico, la otra sobre el fondo y por razones económicas. 
En primer lugar, cabe interrogarse legítimamente acerca del fundamento de la maniobra que consiste en modificar la directiva de 1985 y no limitarse, en definitiva, al objeto de la propuesta de Directiva que la Comisión nos ha presentado. 
En efecto, entre las enmiendas propuestas por la ponente, de la nº 2 a la nº 9 tienen por objeto esta directiva inicial y no la propuesta de directiva del Parlamento y del Consejo que se nos ha presentado. 
De aprobar dichas enmiendas, el Parlamento, de hecho, tomaría la iniciativa legislativa, que, hasta que se demuestre lo contrario, es una competencia que forma parte del monopolio de la Comisión. 
En cuanto al fondo, está claro que las modificaciones que se nos presentan desequilibran de un modo nada razonable las relaciones contractuales, y harían que recayeran sobre las empresas unas cargas- sobre todo de seguros para las PYME- que algunas no podrían pagar. 
En cuanto a las enmiendas de compromiso, tampoco me parecen mucho más aceptables. 
Por un lado, introducen una noción jurídicamente muy incierta como es la del vínculo de causalidad probable, que podría dar pie a múltiples contenciosos y, por el otro, gravan ostensiblemente las cargas de las empresas multiplicando por dos la duración de la prescripción y la cuantía del techo de la responsabilidad. 
Por último, cabe preguntarse por qué hay que precipitarse tanto, y no esperar al Libro Verde de la Comisión sobre la puesta en práctica de la directiva de 1985. 
Por todas estas razones no votaremos a favor de las enmiendas de la Sra. Roth-Behrendt. 
Señor Presidente, ante todo deseo expresar mi apoyo a la intervención que ha realizado mi colega la Sra. Grossetête, y también señalar mi total apoyo a la propuesta de la Comisión Europea de extender el ámbito de aplicación de esta directiva a los productos procedentes de la agricultura y la ganadería como una medida para proteger mejor los intereses de los consumidores. 
Y por otro lado, no podemos apoyar las propuestas contenidas en el informe de la ponente por no considerarlas apropiadas bajo el punto de vista político y por no estar suficientemente justificadas jurídicamente, como han expuesto ya muchos de mis colegas. 
Pero de este informe todos debemos sacar algunas experiencias. 
En primer lugar, no podemos olvidar que, cuando debatimos en su día esta directiva de la responsabilidad por productos, nos dejamos influenciar y dejamos fuera de esta directiva a los productos agrícolas. 
Hoy tenemos que reconocer nuestro error y rectificar. 
En segundo lugar, los servicios jurídicos de algunos grupos de presión, en estos días, han inundado los medios de opinión con afirmaciones que pueden confundir la naturaleza de las instituciones comunitarias y nuestro trabajo, haciendo afirmaciones como que este Parlamento no es competente para presentar determinadas enmiendas. 
Y este Parlamento- y hay que decirlo muy claro a la opinión pública- no tiene más limitaciones para presentar enmiendas que el propio Tratado, e incluso el Tratado es un Tratado abierto, pues tiene un «artículo ventana» -el artículo 235- que permite al Consejo ampliar competencias si así fuese necesario, lo pidiese la Comisión y lo apoyase el Parlamento. 
Por otro lado, el Derecho comunitario- se está repitiendo en estos días- se aplica en paralelo con los Derechos nacionales. 
Se trata de una afirmación aberrante que viene desmintiendo día a día el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
El Derecho comunitario es de aplicación prioritaria como está ya establecido. 
También tenemos que felicitar al Presidente del Parlamento por haber tomado la excelente decisión de no declarar no admisibles las enmiendas de la ponente, aunque no nos gusten, porque hubiese sido una aberración política y jurídica, y aunque haya tenido que desdecir la opinión de la propia Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Señor Presidente, Señor Comisario, colegas, la ampliación de la responsabilidad sin culpa, como la propuesta por la Comisión, recibe todo nuestro apoyo. 
Como han subrayado mis colegas liberales antes, tampoco puedo estar de acuerdo con un aumento exagerado de la responsabilidad, como ha propuesto la ponente. 
Estoy, sobre todo, en contra de la inversión de la carga de la prueba, en contra de la responsabilidad por los denominados «riesgos de desarrollo» , y también en contra de la supresión del plazo de prescripción. 
Debemos tener en cuenta que en Europa, al contrario que en los Estados Unidos, hemos optado por una amplia legislación para productos. 
De esa manera, la administración da una especie de garantía al consumidor de que los productos que están en el mercado, cumplen con todas las normas y que son, en consecuencia, seguros y sanos. 
Si apoyamos las propuestas de la ponente, entonces optamos por una combinación de una rígida legislación para productos y de una fuerte responsabilidad. 
Una responsabilidad más fuerte no es factible para el productor en este contexto europeo. 
No sólo constituiría un gran freno para el proceso de innovación en las empresas, sino también llevaría además a unas primas de seguros impagables para los productores, lo que haría subir a niveles vertiginosos el coste de nuevos productos. 
Es inaceptable, por ejemplo, para el sector farmacológico donde se buscan constantemente nuevos medicamentos. 
Por eso votaremos en contra de todas las enmiendas que tienen por objeto aumentar excesivamente el régimen de responsabilidad. 
Presidente, la directiva relativa a la responsabilidad por productos que llegó milagrosamente en la primera fase de la política de consumo, suponía una intervención revolucionaria en el derecho de responsabilidad civil. 
Pero el hecho de que date de antes del Acta Europea y de antes del Tratado de Maastricht no quiere decir automáticamente que esté anticuada. 
El perjudicado por un defecto de un producto, tiene derecho a una indemnización por parte del productor desde que existe la directiva, sin tener que demostrar la negligencia, el error o la culpabilidad del productor. 
Si no hace falta demostrar el error de nadie, entonces siempre queda el riesgo. 
El riesgo recae, desde la directiva, en el productor del producto defectuoso que sea causa del daño. 
Esta gran intervención en el derecho clásico justificaba y justifica que se hayan puesto límites a esta responsabilidad, por querer crear cierto equilibrio: límites de tiempo, un plazo de prescripción y la regulación de los denominados riesgos de desarrollo. 
No hay ningún argumento de peso para modificar la directiva en estos ámbitos, sobre todo no sin antes haber consultado en profundidad a todos los implicados. 
Este, por cierto, es también el caso en cuanto a la carga de la prueba. 
Desviarse de esos ámbitos tampoco ha sido nunca la petición de esta Asamblea. 
Lo que hemos pedido, se nos ha concedido. 
En la Comisión de investigación sobre la EEB hemos partido de la base de que la exclusión de las materias primas agrarias ya no era aceptable ni aceptada socialmente. 
Entre 1985 y el día de hoy la agricultura misma ha cambiado profundamente y la técnica ha tomado un gran vuelo también en este sector. 
Pero entre 1985 y el día de hoy también ha habido la crisis de la EEB. Ésta ha afectado a la confianza en la seguridad de los alimentos. 
También por eso se justifica extender la directiva de la responsabilidad por productos. 
Constituye una protección complementaria, no lo olvidemos, de la seguridad de los consumidores. Será un estímulo también para volver a ganar la confianza de los consumidores en el sector agrario. 
En ese sentido, no sólo es en beneficio del consumidor europeo, sino también del sector agrario mismo. 
Señora Presidenta, señora Ponente, Señorías, reconozco que no pertenezco al grupo de partidarios del informe, pero usted, señora Roth-Berendt, es una mujer inteligente... 
Supongamos, por ejemplo, que incluyésemos los animales de caza. 
Todos sabemos que es posible caer seriamente enfermo después de consumir un menú de este tipo, por ejemplo. 
Una persona cae enferma después de consumir un menú de caza. 
Enseguida tendré que responder a una serie de preguntas: ¿Dónde fue adquirido el faisán? 
¿Quién lo cazó? 
¿En qué coto se crió? ¿O quizá voló a través de diversos cotos de caza? 
¿O sobrevoló tal vez un espacio transfronterizo? 
Yo pertenezco a una familia de cazadores que reside cerca de la frontera holandesa. 
¿Consumió el faisán semillas en mal estado o tal vez maíz genéticamente modificado? 
¿O quizá consumió alimentos silvestres en mal estado? 
Sólo son algunas posibles preguntas, señora Roth-Berendt. 
Este es un tema muy serio, pero yo creo que tenemos que procurar aclarar al menos la viabilidad práctica de lo que establezcamos. 
También tengo algunas dudas en lo que se refiere a la prescripción. 
Se trata de un tema muy serio, pero cuando usted declara que diez años son un plazo demasiado breve, como profana no me queda más remedio que preguntarle a la jurista: ¿el resultado será que en el futuro el heredero de una propiedad tendrá que asumir de algún modo la responsabilidad por la producción de su antecesor, de su padre, por ejemplo? 
A mi modo de ver, la Comisión ha presentado sencillamente una propuesta poco madurada, que todavía requiere una considerable elaboración. 
Ya sé que no podemos imponer limitaciones al derecho de iniciativa de la Comisión, pero sin duda podemos exigirle una propuesta revisada y más adecuada que la que tenemos en estos momentos. 
Yo creo que, llegado el caso, desde el punto de vista de la agricultura, es sumamente importante que también se preste mayor atención a las fases previas, al cultivo de semillas seleccionadas, a los productos genéticamente modificados, etc. 
Señor Presidente, Señorías, como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, yo suscribo plenamente la opinión del colega Casini y quisiera señalar que ésta fue aprobada prácticamente por unanimidad por los diferentes Grupos políticos. 
También quisiera destacar que el Parlamento Europeo ha insistido reiteradamente en muy diversas ocasiones en que necesitamos una regulación jurídica más adecuada y ha planteado como uno de los requisitos fundamentales para la misma la urgente necesidad de que los sectores económicos afectados sean escuchados en el marco del procedimiento legislativo y de que a continuación se proceda a una evaluación de los costes resultantes. 
El Parlamento no puede eludir estas exigencias. 
No voy a entrar a considerar el contenido de las enmiendas de la Sra. RothBerendt. 
Es posible que sea razonable modificar los límites de la responsabilidad, al menos para determinados ámbitos. 
Es posible que quizá también sea razonable modificar los plazos de prescripción o introducir alguna modificación en relación con la prueba del daño. 
No quisiera entrar a valorar ahora estos aspectos. Sin embargo, a mi modo de ver, es urgente e indispensable que las enmiendas que proponemos desde aquí cumplan al menos los mismos requisitos que le exigimos a la Comisión, a la cual corresponde el derecho de iniciativa. 
Yo creo que pasar por alto dichas exigencias significa descalificarnos como co-legisladores. 
No basta con señalar, como se ha aducido repetidamente, que una regulación tal como la concibe la Sra. Roth-Berendt ofrecería una mayor protección al consumidor. 
Si queremos proteger mejor al consumidor, para tener plenas garantías deberíamos exigir directamente que se deje de consumir o de producir carne. 
Pero esto sería, sin duda, desproporcionado. 
Yo creo sinceramente que es necesario que se argumente con mayor objetividad y de manera un poco menos emotiva, lo cual servirá mejor a nuestros fines. 
Tendremos ocasión de debatir más objetivamente este tema una vez que la Comisión Europea haya revisado su propuesta de directiva, tal como ha anunciado, y entonces podremos reconsiderar todos los presentes argumentos. 
Ese será el momento oportuno para examinarlos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no creo que hoy me sea posible hacer cambiar de opinión a nadie. 
Cualquiera que piense que es posible persuadir a los demás en un debate de estas características peca sin duda de ingenuidad. 
Permítanme que responda, no obstante, a algunas de las objeciones que se han expuesto, empezando por las de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. Lamento que el Sr. Casini ya no se encuentre aquí, pero están presentes el Sr. De Clerq y la Sra. Mosiek-Urbahn. 
Me parece curioso que esta objeción proceda de una comisión que no debe examinar tantos textos legislativos como la mía, pero que cuando le corresponde alguno hace exactamente lo que ahora me reprochan a mí, o sea, desarrollar la legislación. 
Quisiera recordarles cómo procedieron en el caso de la directiva sobre las patentes. 
Legislaron sobre aspectos que no figuraban en la propuesta de la Comisión. Y también quisiera recordarles cómo procedieron, por ejemplo, en el caso de la protección de los diseños, en relación con el tema de la armonización de las normas comunitarias en materia de productos diseñados o protegidos. 
Ustedes introdujeron una norma de compensación absolutamente nueva que no figuraba en la propuesta de la Comisión. 
¿Por qué sacan a colación el derecho de iniciativa de la Comisión? 
Las formas parecen contar más en este caso que la conciencia. 
Apelan a ésta cuando les resulta políticamente oportuno. 
No me molesta que argumenten que el contenido de mis enmiendas es equivocado. 
Podemos debatirlo. 
Pero la licitud de las mismas es en realidad un nivel de discusión en el que no deberíamos entrar. 
Permítanme que añada algunas observaciones sobre el contenido. 
Quienes afirman que mis propuestas van demasiado lejos, olvidan una cosa: no pueden afirmar de manera consecuente aquí y fuera de aquí, ante sus electoras y electores, que están dispuestos a extraer las debidas consecuencias de la crisis de la EEB, y luego asumir sólo una pequeña parte de las propuestas de la Comisión y negarse a ir más allá. 
Quien me conozca, sabrá que lo que menos me asusta son las dificultades. 
La colega que antes ha manifestado esta opinión, tendría que conocerme mejor. 
Ella sabe perfectamente que las dificultades más bien me estimulan. 
No me plantea ningún problema sufrir una derrota en una votación, ni tampoco a mi Grupo político. 
Nosotros votaremos afirmativamente y podemos justificar los motivos. 
Desde su punto de vista, sin duda nos estamos precipitando, pues cuando un Estado miembro transpone una norma con diez años de retraso, en 1998 en vez de en 1988, desde luego no desean que al cabo de un par de meses se introduzca una nueva modificación. 
Este tampoco es el nivel de discusión adecuado. 
Yo comprendo que pidan unas consultas exhaustivas. 
Ya las celebraremos. 
Sólo nos encontramos en la primera lectura. 
La Comisión deberá participar ahora en el examen en el Consejo de Ministros si el Parlamento aprueba mañana por mayoría- esperemos que así sea- al menos algunas de las enmiendas, si no todas. 
A continuación se adoptará una posición común y pueden tener la seguridad de que la Comisión informará a todos los sectores afectados, como la industria y otros, que por otro lado hace tiempo que están influyendo sobre la propuesta, como es lógico, y que también se han entrevistado conmigo. 
A mí también me parece absolutamente legítimo que se procure conseguir el máximo consenso, pero un consenso que incluya a todos los afectados, no sólo a los de la industria, sino también a las consumidoras y a los consumidores. 
Yo no he invertido la carga de la prueba. 
Quien así lo afirme, no ha entendido mi propuesta. 
Sólo he modificado la carga de la prueba en el caso de los productos que han dejado de existir. 
Sigue siendo el perjudicado quien tiene que probar el daño. 
Mañana tendremos la oportunidad de demostrar que hablábamos en serio cuando declaramos que extraeríamos las debidas consecuencias del escándalo de la EEB y ustedes también pondrán de manifiesto con su voto nominal si sus intenciones eran serias o no. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva sometida hoy a debate trata de responder a una recomendación del Parlamento Europeo formulada a raíz de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). 
Se trata de la propuesta de ampliar antes de finales de septiembre de 1997 el régimen de responsabilidad civil sin culpa previsto en la directiva 85/374/CEE a los productos agrícolas naturales y a los productos de la caza. 
Insisto en esta fecha del mes de septiembre de 1997 que nos fue indicada precisamente por el Parlamento Europeo que nos invitó a actuar con mucha rapidez. 
La Comisión, por tanto, consideró oportuno presentar su propuesta dentro del plazo indicado y lo hizo el 1 de octubre de 1997. 
La directiva de 1985 reconoce a los consumidores el derecho al resarcimiento de los daños sufridos a causa de un producto defectuoso sin tener que probar la culpa del productor. 
A través de la extensión de este derecho al sector agrícola, la Comisión- quiero subrayarlo- retoma un aspecto ya existente en su propuesta originaria de 1976. 
Todas las comisiones parlamentarias que han examinado el texto y, en particular, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sostienen este principio. 
Sin embargo, la comisión competente del Parlamento estima que la propuesta debe ser aprobada previa la inclusión de varias enmiendas que, en definitiva, pueden dividirse en dos grupos. 
Agradezco asimismo a la ponente, Sra. Roth-Behrendt, el hecho de haber presentado, junto con el Sr. Lehne y otros diputados, unas enmiendas de compromiso que hemos examinado con suma atención. 
Las enmiendas del primer grupo están dirigidas a reexaminar sustancialmente la directiva de base de 1985, más allá del objetivo perseguido por la propuesta de la Comisión que se limita a extender la directiva a los productos agrícolas naturales: se trata de las enmiendas 3 a 9 y 11 a 15, sobre la carga de la prueba, el riesgo conexo a nuevos desarrollos, los daños psíquicos, la franquicia, los plazos de prescripción, el límite máximo de responsabilidad y la revisión de la directiva en el año 2000. 
En el segundo grupo de enmiendas se incluyen las orientadas a precisar algunos puntos que afectan exclusivamente a las materias primas agrícolas: son las enmiendas 1 y 2 sobre la responsabilidad por productos intermedios y medios de producción y la enmienda 10 sobre la obligación de presentar un informe sobre la aplicación de la directiva en el año 2002. 
En lo que se refiere al primer grupo de enmiendas, la Comisión comprende las preocupaciones que han inducido a la Sra. RothBehrendt a proponer una modificación sustancial de la directiva de base, más amplia que la propuesta actual y de la recomendación inicial del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, las cuestiones planteadas por las enmiendas 3 a 9 y 11 a 15 requieren un examen más pormenorizado que el llevado a cabo en el informe de la comisión competente. 
Dicho examen tendría que realizarse en un contexto más amplio que la crisis de la EEB. 
La Comisión estima que el momento oportuno y el cauce apropiado para hacerlo sería el próximo informe sobre la aplicación de la directiva que la Comisión deberá presentar al Parlamento y al Consejo en el año 2000. 
Este informe irá precedido por una amplia consulta a través de un Libro Verde, una consulta abierta a todos los sectores implicados. 
Por lo tanto, confirmo, en particular a la Sra. Grossetête, que publicaremos este Libro Verde el 1 de enero del año 2000. 
Volverán a examinarse con especial atención dos aspectos horizontales, esto es, los riesgos de desarrollo, desconocidos en el momento de la comercialización del producto y los límites máximos financieros; los demás aspectos que serán objeto de un examen general van a ser los períodos estatutarios de limitación, la localización, la carga de la prueba, las clases de daños cubiertos, etcétera. 
La importancia de la directiva desde el punto de vista socioeconómico- varias intervenciones lo han subrayado- no permite conformarse con soluciones arriesgadas. 
En lo que respecta al segundo grupo- las enmiendas 1, 2 y 10- en nombre de la Comisión, declaro que comparto plenamente sus objetivos. 
No obstante, las enmiendas resultan, a nuestro juicio, superfluas, habida cuenta de que una correcta interpretación de los artículos 2 y 3 de la directiva del año 1985 que introducen la responsabilidad de todos los participantes en el proceso productivo, incluidos los productores de medios de producción y de productos intermedios, y del artículo 21- obligación de la Comisión de presentar un informe sobre la aplicación de la Directiva cada 5 años- permite, a nuestro juicio, cumplir plenamente los objetivos indicados. 
La Comisión, en consecuencia, no puede admitir dichas enmiendas. 
Señor Presidente, Señorías, espero que mis consideraciones tranquilicen a los que defienden, con las enmiendas 1, 2 y 10, los intereses legítimos de los agricultores. 
Asimismo confío en que el Parlamento Europeo apoye este enfoque en la votación de mañana, al objeto de permitir al colegislador, o sea, al Consejo continuar el examen de la propuesta con vistas a una posición común. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Cultura 2000 
Señor Presidente, señores representantes de la Comisión Europea, estimados colegas, es para mí un gran honor y una gran responsabilidad presentar hoy el informe sobre la propuesta de la Comisión relativa al programa marco «Cultura 2000-2004». 
El inicio de dicho programa coincide con el comienzo del nuevo milenio y señala una nueva era tanto para la Comunidad Europea como para el ciudadano europeo. 
Probablemente este programa tiene más que ver con los jóvenes europeos, que son los que van a construir nuestro futuro, y tiene como bagaje la gran diversidad de la cultura europea. 
Por primera vez, mediante este nuevo programa, la cultura está considerada de forma global dentro del marco de un único programa que viene a sustituir a los tres ya existentes. 
La propuesta presentada por la Comisión es realmente ambiciosa pero ni es transparente ni tiene un contenido concreto. 
Por ello, el nuevo programa sería de difícil aplicación y estaría alejado del ciudadano. 
Con el informe que les presento hoy se ha hecho un esfuerzo para corregir algunas de sus imperfecciones. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que la cultura no es algo indefinido sino que cuenta con un contenido concreto. 
Además, hoy más que nunca la cultura constituye una industria multiforme que crea nuevos puestos de trabajo. 
El ámbito cultural está directamente vinculado con la educación y la formación. 
La cultura europea, con toda su diversidad, tiene la necesidad inmediata de recibir nuestro apoyo para poder sobrevivir y para poder desarrollarse. 
El primer cambio importante está relacionado con un término del título del programa. El término «cooperación cultural» no abarca ni al contenido ni a la estructura ni a los objetivos del nuevo programa. 
Por eso proponemos el término «política cultural». 
Así, mediante este programa, estamos poniendo los cimientos de una política realista de la comunidad en el ámbito de la cultura. 
En cuanto a la estructura del programa, lo que proponemos es un acercamiento cultural por ámbitos con acciones verticales. 
De este modo las acciones emprendidas serán más acertadas y tendrán en cuenta las diferentes necesidades de cada ámbito cultural y también la realización de sinergias horizontales para poder lograr una mayor cooperación con otros programas. 
En cuanto a la aplicabilidad del programa, creemos que deberá haber una estrecha cooperación entre los Estados miembros y la Comisión. 
Por ello, proponemos una comisión consultiva que esté constituida por un representante de cada Estado miembro. 
Junto a ella funcionará una subcomisión constituida por expertos propuestos por los Estados miembros. 
De este modo los Estados miembros se implicarán de forma activa en la aplicación del programa. 
Es necesario evaluar el programa por razones de transparencia y promoción. 
Por eso proponemos que haya una evaluación periódica de sus resultados por parte de la Comisión en cooperación con los Estados miembros. 
También quisiera referirme al desarrollo de los recursos culturales europeos. 
Con ellos queremos, por una parte, garantizar la difusión del programa a escala nacional y regional de modo que sea asequible incluso para las entidades locales. 
Por otra parte, queremos que haya una cooperación y una coordinación entre la Comisión y los Estados miembros, algo que es imprescindible para el éxito del programa. 
Antes de terminar quisiera señalar otros dos puntos. 
El primero tiene que ver con los acuerdos de cooperación cultural. 
Hemos pedido repetidas veces a la Comisión que nos presente una muestra de dichos acuerdos porque todavía no conocemos de forma exacta su contenido. 
El segundo punto al que quisiera hacer referencia es al presupuesto. 
El presupuesto presentado por la Comisión es muy exiguo. 
Con los 167 millones de ecus el programa está condenado al fracaso. 
Por eso proponemos que se destinen 250 millones de ecus pues creemos que esa cantidad es imprescindible para llevar a cabo un programa tan importante. 
No olvidemos que el nuevo programa está relacionado con el futuro cultural de Europa y que somos absolutamente responsables de dicho futuro ante los jóvenes europeos. 
Señor Presidente, estimados colegas, el Parlamento Europeo ha expresado muchas veces la importancia que concede a la cultura y al futuro cultural de Europa. 
Al adoptar el informe que les presentamos estamos dando a la cultura la importancia que se merece. 
De forma paralela, queremos reiterar nuestra voluntad política de reforzar la actividad cultural en la Unión Europea y de crear un ámbito cultural europeo único en el que han de surgir y desarrollarse las particularidades y los valores culturales de nuestros países. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Mouskouri por el esfuerzo que ha realizado y por el resultado de su trabajo. 
Estimados colegas, éste es un ambicioso programa que está basado en el artículo 128 del Tratado y tengo la impresión que va a ser más importante de lo que ahora nos pudiera parecer. 
Por esta razón, la presentación de esta acción en forma de programa marco plurianual aspira, basándose en el principio de la subsidiariedad, a lograr mayor cohesión y mayor eficacia. 
Eso es algo que no es sólo propio de los grandes programas. 
Es posible que algunos programas que se inician de forma discreta evolucionan en esa dirección. 
El programa contará un notable grado de flexibilidad y no sabemos exactamente la forma que adoptará finalmente porque las acciones que se van a emprender tienen un carácter novedoso y pionero. 
El papel del Parlamento Europeo es muy importante porque muchas de las propuestas deberán ser objeto de seguimiento para que las partidas sean empleadas de forma correcta. 
Por ello, la propuesta de la Sra. Mouskouri de aumentar la financiación de 167 a 250 millones de ecus quiero recordar que no tiene la consideración de ser un objetivo del gasto y que está sometido a las reglas de la buena gestión financiera y al control del presupuesto. 
Además, debemos recordar que el marco financiero general no ha sido aprobado todavía, dicha cantidad, usándose de forma correcta y con la agilidad que hemos intentado incluir dentro de las propuestas presentadas, puede que sea un elemento importante para el desarrollo del programa. 
Una vez que se demuestre que es necesaria una cantidad superior podrán realizarse las adaptaciones pertinentes. 
En cualquier caso, dicha suma, de acuerdo con la declaración de 6 de marzo de 1995, constituye una referencia privilegiada para la autoridad presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario anual. 
Por consiguiente, la cantidad propuesta no debiera constituir objeto de contraposición entre el Consejo y el Parlamento, o de polarización en el seno del Consejo. 
Quisiera aclarar que en la Comisión de Presupuestos no hemos aumentado la cantidad propuesta por la Comisión Europea pero, dentro del espíritu de la declaración de 6 de marzo de 1995, habíamos propuesto la posibilidad de revisar dicha cantidad hasta un 20 % en el marco del procedimiento presupuestario anual. 
Además, si se tuviese en cuenta la posibilidad de cofinanciación, tal cantidad podría ser superior. 
Por último, señor Presidente, debemos destacar que dicho programa, que había tardado en formularse por parte de la Comisión, ha tomado finalmente forma, las propuestas han sido presentadas y el excelente informe de la Sra. Mouskouri viene a ratificar y mejorar todo lo que se había propuesto. 
Es muy importante especialmente para los programas CALEIDOSCOPIO y ARIADNA porque de esta manera no se interrumpe la continuidad de los mismos. 
Continúan las actividades relacionadas con dichos programas en espera de la aprobación final de las perspectivas financieras generales y, basándose en ellas, creo que todo evolucionará de la mejor manera posible. 
Señor Presidente, la propuesta que presenta la Comisión para la creación del primer programa marco de la Unión Europea en favor de la cultura responde a los deseos expresados tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo. 
Respetando y compartiendo los objetivos de la propuesta de la Comisión, la Comisión de Cultura ha aprobado, sin embargo, modificaciones sustanciales, esencialmente en lo que concierne a la estructura del programa. 
La Comisión de Cultura, frente a la indefinición del texto de la Comisión, desea un programa que concrete hacia qué sectores específicos se dirige la acción del programa marco, para que se conozca desde el principio qué peso se va a asignar, durante la acción del programa, a los diferentes sectores culturales- patrimonio, música, literatura, etc.-, porque, tal y como la Comisión ha presentado su propuesta, sería ella, durante la ejecución del programa, la que podría orientar y decidir de forma unilateral, durante los próximos cinco años, la importancia relativa de cada uno de los sectores antes citados. 
Sin embargo, sí que aceptamos ciertas innovaciones incorporadas por la Comisión en su texto, como la apertura de un espacio para las acciones horizontales que integre, en un mismo proyecto, actividades de distintos sectores culturales. 
Por otra parte, a diferencia de la Comisión- que en la defensa de su propuesta es muy crítica con el resultado de los programas actuales -, nosotros pensamos que lo esencial de estos programas debe ser mantenido porque el resultado ha sido satisfactorio, aunque las expectativas despertadas superen con mucho las posibilidades que ofrece el presupuesto de los mismos. 
Por este motivo, el Grupo Socialista apoya, junto con la Comisión de Cultura- unánimemente -, la enmienda que pretende fijar un presupuesto, para cinco años, de 250 millones de ecus, frente a los 167 propuestos por la Comisión. 
En los últimos años ha habido una regresión en el gasto en programas esenciales en el campo de la acción cultural comunitaria, como es el caso del programa RAFAEL; de tal manera que las expectativas que tenía la propia Comisión Europea para este programa en su propuesta de 1995 han quedado muy lejos de cumplirse en la realidad. 
En la ficha financiera de aquella propuesta, la Comisión había previsto para 1999 un gasto de 15 millones de ecus. 
El Parlamento Europeo aspiraba a aumentarlo del orden del 40 %. 
Sin embargo, la oposición de unos pocos Estados miembros dio, como resultado de la conciliación, un presupuesto muy reducido que supone, para 1999, 8, 8 millones de ecus, lo que resulta muy inferior a los 15 propuestos por la Comisión pero incluso inferior al nivel de gasto en patrimonio cultural en los años anteriores a 1996, es decir, cuando actuábamos sobre la base de acciones piloto. 
Pues bien, este era el programa que el Comisario de Cultura consideraba el buque insignia de la acción cultural de la Unión Europea. 
No hemos tenido, tal vez, entre todos la suficiente fuerza para llevar adelante aquella propuesta. 
Los socialistas pensamos que ha llegado el momento en que la cultura y la ciudadanía europea jueguen por fin un papel decisivo en la construcción europea. 
Por eso, este programa- que no es un programa ambicioso- es importante que sea apoyado, y por eso el Grupo Socialista apoyará las enmiendas y el informe en conjunto presentado por la Sra. Mouskouri, a la que felicito. 
Señor Presidente, permítame que mis primeras palabras sean para felicitar a Nana Mouskouri por su excelente trabajo, pero una cantante griega no era la persona más indicada para desarrollar esta tarea en el seno de nuestra Comisión. 
" Cultura 2000» se refiere a las perspectivas culturales de la Unión en los años venideros y la entrada en el siglo XXI. 
Suscribo totalmente las nuevas orientaciones de un programa que afirma el papel de la cooperación entre los Estados en este ámbito. 
¿Qué proponía la Comisión? 
Pues retomar en uno solo los programas Caleidoscopio, Ariane y Rafael que han hecho posible que 1.400 proyectos culturales se beneficiaran de un apoyo financiero por parte de la Unión. 
Diferentes países de la Unión, socios entre ellos, han podido así, a través de manifestaciones culturales y artísticas, poner de relieve la riqueza de nuestro patrimonio, la diversidad de nuestra cultura y el valor de su complementariedad. 
Desgraciadamente, hay que destacar que frente a estos 1.400 proyectos con ayuda ha habido 9.000 proyectos propuestos. 
Les dejo pues que cuenten el número de decepcionados. 
¿Cómo se pueden hacer mejor las cosas, cuando los ciudadanos critican enérgicamente tanto un reparto «para pocos» como las dificultades de acceso para todos? 
La complementariedad entre el trabajo propuesto por la Comisión y el realizado por Nana Mouskouri, que, por cierto fue apoyado mayoritariamente por el conjunto de la Comisión de Cultura, debería presentar a los Europeos un programa equilibrado que permitiese a los proyectos grandes, medianos y más pequeños poder contar, cada cual a su nivel, con capacidad de existir, cosa que me satisface. 
Creo que es la mejor vía para una mayor participación y un mejor acceso de todos a la cultura en cada uno de los sectores que la componen. 
En una Europa que parece cada vez más dirigida por los banqueros y las sedes bursátiles, ¿acaso no es necesario situar en su justo valor los beneficios de la expresión cultural? 
La cultura es una yacimiento de nuevos empleos, y ésta es para mí la ocasión de decir lo mucho que lamento que el Parlamento Europeo no haya tenido ocasión de pronunciarse sobre el documento de trabajo de la Comisión «Industria cultural y empleo» , que subrayaba la enorme fuente de empleos que debería explotarse sin más tardanza. 
Los sectores más específicos como el sector audiovisual o el turismo ya han sido, por cierto, claramente identificados como los más esperanzadores en este ámbito. 
Para acabar no puedo dejar de mencionar la mundialización de los intercambios y los envites culturales vinculados a ésta, y en este sentido quisiera apoyar una política que debe preservar el respeto y la promoción de la diversidad cultural, tanto para los países de la Europa Central como para los países en vías de desarrollo respecto a los cuales Europa, a través de convenios, mantiene una política de apoyo al sector cultural como componente pleno y entero del desarrollo económico. 
¿Acaso no han logrado una nueva victoria los que abogan por la excepción cultural contra la OCDE, decidida como está esta última a tratar cuestiones de inversión sin distinción de productos, y no han acabado doblegándola? 
Y para no faltar a mi obligación de parlamentaria, debo decir algo acerca de los medios demasiado restringidos que se dedican a esta política. 
Espero que los 250 millones de ecus aprobados por la Comisión de Cultura sean aprobados por el Consejo de Ministros. 
La amplitud de este programa bien lo merece. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Comisión y a la dirección competente porque han efectuado la primera elaboración y han concebido una globalización y una unificación de las intervenciones culturales que estaban desperdigadas en buena medida y no se regían por una lógica común ni había una política unitaria en el ámbito de la cultura. 
Quisiera felicitar particularmente a la ponente, la Sra. Mouskouri, que creo que ha efectuado una revalorización, una mejora, un desarrollo y una ampliación, si ustedes quieren, de los horizontes de las propuestas de la Comisión. 
Creo que con una buena cooperación del Parlamento Europeo y de la Comisión podremos obtener un importante resultado en el ámbito de la cultura donde, desgraciadamente, existe una de las mayores carencias de la Unión Europea. 
Muchas veces nos hemos limitado a carencias sociales o democráticas. 
Pero ahora nos encontramos ante una carencia de índole cultural y si la construcción de una Europa unida, que dispone de una dimensión multicultural, que tiene pueblos y fuerzas espirituales y artísticas con diversos puntos de partida, que cuentan con distinta historia, con distintas lenguas, distintas experiencias, si esa construcción quiere tener un carácter histórico deberá ir acompañada de un gran florecimiento y de una gran eclosión cultural. 
No podemos decir que haya un desierto cultural en Europa pero, desgraciadamente, las actividades culturales, y en especial las que conciernen a la gente joven, se mueven de forma paralela y no convergen con la Unión Europea. 
Desde este punto de vista deberán producirse iniciativas importantes por parte de la Unión Europea para poder entrar en contacto con las fuerzas de la cultura para que, igual que las resoluciones y la legislación del Parlamento Europeo así como las reglas económicas que adoptamos, influyan en buena medida en la construcción, en el carácter y en la personalidad de esta operación modelo que ahora emprendemos y que tiene un alcance mundial y cuenta con una base histórica. 
Por lo demás, estoy de acuerdo con las observaciones de la Sra. Mouskouri. 
Creo que es muy importante que aumente hasta 250 millones de ecus la partida prevista a apoyar el programa. 
También es muy importante que haya un registro y una transparencia de las acciones que se lleven a cabo. 
También quisiera decir que, dada mi experiencia como eurodiputado griego y viendo la decepción masiva de muchos que habían propuesto su participación en diversos programas y la falta o la escasez de recursos no se lo han permitido, es muy importante dar la posibilidad a un mayor número de fuerzas culturales y liberarlas de un exhaustivo control burocrático por parte de la Unión Europea sin que ello signifique la ausencia de transparencia y control económico. 
Señor Presidente, en primer lugar, querría felicitar a Nana Mouskouri por su excelente informe. 
Si ya goza de renombre en el mundo de la música, ahora también lo hará en el ámbito de la política cultural de Europa. 
Como presidente de «Amigos de la Música» , he ofrecido un gran apoyo y he trabajado en comisión con la Sra. Mouskouri en lo relativo a esta cuestión. 
De manera especial, me gustaría rendirle homenaje por el apartado relacionado con la política en el ámbito de la música. 
La música es muy importante en la Unión Europea. 
La industria de la música emplea a cerca de 350 000 personas y registra un facturación anual de más de 15 000 millones de ecus. 
Este informe contribuirá a reforzar estos datos en términos de formación, educación- algo muy importante- y promoción de proyectos musicales, ámbito éste último en el que el Parlamento Europeo ha tomado la iniciativa con proyectos como el de la Orquesta joven europea. 
Con el fin de ver por mí mismo estas iniciativas, me desplacé recientemente a Baden Baden para asistir a una representación de la Ópera joven europea, y pude comprobar que es todo un éxito. 
Asimismo, vamos a fundar por primera vez una orquesta europea de jazz, la «European Youth Jazz Swinging Europe» , a la que deseo desde aquí mis mejores deseos. 
Resulta evidente que, como ya señala Nana Mouskouri en su informe, se necesita más dinero. 
Debemos financiar los proyectos europeos, tanto los grandes como los pequeños. 
Podremos conseguirlo si logramos un incremento del presupuesto. 
Debemos tener en cuenta los buenos consejos de la Federación europea de las artes y el patrimonio, que acaba de elaborar un informe de su congreso. 
Espero que el Comisario Oreja lo haya leído y que responda también a las excelentes propuestas que nos ofrece esta organización. 
Señor Presidente, como ciudadano europeo que soy me felicito evidentemente por la creación de un nuevo instrumento de financiación para la cooperación cultural en Europa. 
¿Acaso la Comisión ha tomado por fin consciencia del hecho capital de que Europa es algo más que una gran zona de libre intercambio de mercancías? 
Sin embargo, la sombra que se cierne sobre este panorama es considerable. 
El presupuesto previsto de 167 millones de ecus para cinco años es totalmente ridículo. 
Comparto íntegramente el punto de vista de la ponente que reclama cada vez más fondos- 250 millones de ecus- con un reparto que privilegie la valorización de nuestro patrimonio europeo, una mayor participación y un mejor acceso de los ciudadanos a las acciones culturales, y que considera que la cultura es un factor de afirmación de nuestra identidad frente a terceros. 
Gracias a la Sra. Mouskouri, los hijos de Atenea que todos somos, ya no estamos huérfanos. 
De ahí que vote sin reservas y con entusiasmo a favor del informe. Esta votación, junto a la creación del euro y la ampliación de la Unión Europea a los países del Este, me parece la más importante desde que soy diputado en este Parlamento. 
Señor Presidente, como a todo el mundo, también a mi me gustaría rendir homenaje a la ponente por la ardua labor que ha realizado. 
Desearía agradecer igualmente a la Comisión que haya hecho realidad esta propuesta para dotar a la cultura de un marco único, reflejando así la voluntad política recogida en el artículo 128. 
Como han dicho todos, ya es hora de que sigamos un criterio común y coherente, y que persigamos algunos objetivos comunes en el ámbito de la política cultural de la Unión Europea que logren otorgar un valor añadido a las acciones emprendidas por los propios Estados miembros. 
Es hora de que defendamos con claridad nuestros esfuerzos comunes en el ámbito de la cultura y, en este sentido, apoyo sin reservas lo que ha afirmado el Sr. Alavanos. 
Debemos entablar un debate más amplio, ya que una sola sesión no ha sido verdaderamente suficiente. 
No podíamos dejar de lado sin más los programas Ariane, Rafael y Caleidoscopio, y nos hemos visto obligados a reconciliar objetivos aparentemente contradictorios. 
Por una parte, este Parlamento ha afirmado con razón que debemos apoyar numerosos proyectos y agentes pequeños porque son aquellos que vemos en el día a día. 
Por otra parte, debemos tener mucha más visión de futuro, de manera que la política cultural sea perceptible en todas las actividades comunitarias. 
Se trata de un objetivo muy difícil cuando únicamente el 17 % de las medidas culturales procede de este programa. 
Como sabemos, las grandes sumas de dinero que se destinan a la cultura provienen principalmente de los Fondos estructurales. 
Así pues, lo que Nana Mouskouri ha intentado, y por lo que se ha ganado el respaldo de nuestra comisión, ha sido no sólo desarrollar de la mejor manera posible los programas Ariane, Rafael y Caleidoscopio, sino también reflejar los puntos de vista de la Comisión con vistas a crear una perspectiva horizontal que tenga en cuenta la misma propuesta que la Comisión ha hecho para lograr la creación de redes, iniciativas interdisciplinarias y grandes proyectos simbólicos. 
En mi circunscripción electoral tiene lugar la denominada Universidad de verano de East London. 
A pesar de que se trata de uno de los acontecimientos culturales y educativos más impresionantes de todo Londres, siempre ha nadado entre dos aguas sin conseguir acceder a financiación. 
Se trata justamente de un esfuerzo que debe y puede ser objeto de apoyo de acuerdo con el carácter de las propuestas que estamos presentando. 
Así pues, estamos sugiriendo un compromiso en el que se acoja lo mejor del pasado, pero sin dejar de hacer hincapié en las actividades culturales europeas por medio de grandes proyectos. 
Confío en que podamos encontrar un acuerdo entre las instituciones. 
Esta cuestión ha de representar uno de las piedras angulares de la Europa de los pueblos, es algo de vital importancia. 
Siempre he dicho que la Unión Europea no puede vivir únicamente de su comercialismo. 
Señor Presidente, un programa marco para la cultura es un paso al frente en el sentido de afirmar el papel de motor y pivot que debe ser el de la cultura en el proceso de construcción de Europa. 
Europa necesita definirse en pro de una política cultural que atraviese horizontalmente todas las políticas. 
Ésa debe ser su imagen de marca para el próximo siglo. 
El programa CULTURA 2000 de la Comisión presentaba aspectos muy positivos, como la plurianualidad y la integración de sectores, y algunas lagunas graves. 
El informe Mouskouri procuró atenuar las lagunas con mucho trabajo y con espíritu constructivo, que reconozco y acojo con beneplácito, pero dejó de lado aspectos que me habría gustado ver incluidos, de los cuales citaré dos: el presupuesto y la diversidad cultural. 
El reciente descubrimiento hecho por las instituciones europeas de que la cultura promueve el desarrollo social, la cohesión interna y la ciudadanía, y da relieve público a Europa en el exterior, no tiene, inexplicablemente, plasmación en el presupuesto que se le atribuye, que resulta ridículo. 
Constituye un error pensar que dar un puñado menos a la cultura tiene como única consecuencia hacer un puñado menos de proyectos. 
La cuestión es la siguiente: o se da lo suficiente para crear masa crítica a fin de que la cultura dé sus frutos, creando calidad personal y social, o lo que se da no pasa de ser mijo para gorriones. 
Una Unión Europea digna de su historia y consciente de los imperativos que debe afrontar, como la ampliación y la competencia mundial, debe invertir con decisión la lógica que rigió su crecimiento. 
Es hoy- y no más adelante- cuando la Unión Europea debe reconocerse a sí misma como Unión Económica y Cultural. 
Y debe afirmar esa voluntad política asignando al presupuesto de cultura un porcentaje realista del presupuesto comunitario. 
Para empezar, un mínimo de 250 millones. 
Ésa sí que será una señal que las personas comprenderán. 
En cuanto a la diversidad cultural, no se puede tratar la cultura como algo estático y definido de una vez y para siempre. 
Está siempre en movimiento y no conoce fronteras. 
Para desempeñar un papel útil, el programa europeo para la cultura debe ser amplio y flexible a fin de poder... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, permítame que agradezca en primer lugar a Nana Mouskouri el esfuerzo que ha invertido en este trabajo sobre el programa Cultura 2000. 
Yo me sumo sobre todo a su petición principal, concretamente la de un incremento de los recursos previstos. 
En efecto, si nos tomamos en serio el contenido de dicho programa en el ámbito de la cultura- y éste es el deseo y la petición que yo quiero manifestar a la Comisión -, o sea, el reconocimiento de que la cultura es un objetivo central en el marco de la integración europea, como valor fundamental para Europa y fuerza impulsora de la sociedad, entonces parece un coste francamente bajo elevar los recursos hasta 250 millones de ecus tal como pide nuestra Comisión. 
El actual porcentaje de un 0, 003 % del presupuesto es absolutamente vergonzoso y frustra las aspiraciones de muchos operadores culturales cuyas solicitudes no se pueden tomar en consideración. 
Antes de acabar, yo quisiera destacar asimismo el compromiso de nuestro Presidente, Peter Pex, que intervendrá a continuación, de toda la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, y también del Presidente del Consejo, Peter Wittmann, que en la reunión informal del Consejo de Ministros de Cultura celebrada en Linz ya intentó persuadir a sus colegas de la necesidad de que se incremente el presupuesto. 
Sólo me queda esperar que el Consejo de Ministros de Cultura del 17 de noviembre acepte dicho incremento y podamos lograr así una primera posición común. 
También apoyo igualmente las enmiendas de la colega Mouskouri por las que se propone la clasificación sectorial del programa, a semejanza de los programas anteriores, y sobre todo la subvención de las redes culturales, de proyectos pequeños y proyectos innovadores, las subvenciones para proyectos a largo plazo y una amplia participación de los grupos de población culturalmente desfavorecidos. 
Señor Presidente, «si tuviera que volver a empezar de nuevo, yo empezaría por la cultura». 
Esta frase del gran político europeo Jean Monet ya pone de manifiesto la enorme importancia de la cultura para la tarea de la unificación europea. 
La Unión Europeo no es sólo una comunidad económica, sino también una comunidad de valores, que agrupa a una diversidad de lenguas y culturas. 
Es preciso hacer de Europa un concepto perceptible y compresible. 
Por esto yo acojo con satisfacción la participación de los ciudadanos en las acciones culturales, tal como propone el excelente informe que hoy se debate. 
Éste presta asimismo la debida atención al reconocimiento de los aspectos de la cultura vinculados a las políticas de empleo a escala europea. 
Para la subvención de acontecimientos y proyectos culturales realizados en asociación o en forma de redes, se establece como requisito la participación de al menos tres Estados miembros. 
Es preciso tener en cuenta, no obstante, que la Comisión deberá ofrecer la infraestructura necesaria con objeto de que la búsqueda de socios no se convierta en un obstáculo insuperable. 
Una mejora del servicio a través de Internet y de bancos de datos podría ser una ayuda para los solicitantes, al igual que una mayor transparencia y una mayor información sobre los programas. 
La propuesta de la Comisión, con un presupuesto de 167 millones de ecus anuales, resulta sin duda insuficiente para que estas propuestas puedan llevarse a la práctica. 
Sin embargo, el montante de 250 millones de ecus anuales que solicita el Parlamento Europeo también es probablemente demasiado escaso, si se compara con las cantidades que se destinan a otros programas. 
El informe prevé acertadamente la consulta con los operadores culturales con vistas a la aplicación del programa. 
También se deberá promover la creación de polos culturales europeos en los Estados miembros, que garanticen un enlace permanente con las diferentes instituciones de apoyo. 
Con ello se habrá sentado otra base importante para una política cultural europea de amplio alcance. 
Señor Presidente, naturalmente yo también deseo felicitar a la Sra. Mouskouri por el resultado de su gran empeño y por el trabajo que ha realizado por el futuro de la política cultural, porque de eso se trata hoy. 
También felicito a los miembros de la Comisión de Cultura por el hecho de que, gracias a su empeño y cooperación, hayamos llegado en un tiempo récord al debate de esta importante propuesta. 
Por último, felicito al Comisario Oreja y a sus funcionarios por el creativo trabajo que han realizado en la preparación de esta toma de decisión. 
Pero en realidad, el trabajo sólo empieza hoy. Lo que necesitamos es una buena cooperación institucional para llevar a cabo las propuestas políticas que fijemos hoy. 
Esto me preocupa enormemente. 
Porque de hecho tenemos tres propuestas. Una propuesta de la Comisión, una propuesta del Parlamento y este fin de semana he visto también una propuesta del Consejo que se desvía claramente de lo que se ha oído esta tarde aquí. 
También las intenciones del Consejo en relación con el presupuesto me están preocupando. 
¿Qué se hace con nuestras buenas intenciones? 
Yo veo que la política cultural debe convertirse en el eje de la política europea. 
Me atrevo a formular la tesis de que sin una buena política cultural corren peligro la profundización y la ampliación de la Unión Europea. 
Por eso tendremos que colaborar también con las instituciones culturales de Europa, ellas son las que tienen el conocimiento y la energía de llevar a cabo los planes políticos. 
Espero que el Comisario diga después que quiere convencer, conjuntamente con nosotros, al Consejo para conseguir posteriormente en un intento de conciliación un buen resultado y no llegar a la triste situación de tener que rechazar la política y, al final, tener que elegir entre lo que en neerlandés decimos: ¿qué es mejor, medio huevo o un cascarón vacío? 
Espero que podamos llegar a un acuerdo entre todos y que, antes de Navidades, lleguemos a un buen resultado. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, señora ponente, yo quiero felicitar en primer lugar a la Sra. Mouskouri así como a la Comisión de Cultura por este informe. 
Es un trabajo bien hecho, un trabajo detallado, que pone de manifiesto la importancia que el Parlamento concede al sector cultural y demuestra su voluntad de consolidar un modelo europeo de sociedad, en el que la cultura ocupe el importante lugar que le corresponde. 
Y en ese sentido, conviene desarrollar un marco comunitario que permita apoyar ese sector tan sensible y tan importante para lograr una mayor participación de los ciudadanos en la construcción europea. 
Siguiendo la letra y el espíritu del artículo 128 del Tratado, el objetivo del programa marco es poner de relieve un espacio cultural común destinado a fomentar la creación, la cooperación y los intercambios, salvaguardar y dar a conocer el patrimonio común de interés europeo y la historia de los pueblos europeos, así como estimular la difusión de las culturas de los Estados miembros. 
El programa marco parte de una visión global y transparente, y en relación con los programas culturales de la primera generación presenta unos objetivos y una estructura más general y- creemos- más completa. 
Pasando a las enmiendas, la Comisión puede aceptar la mayoría de las 31 enmiendas presentadas por el Parlamento. 
En particular, acepta la totalidad de las enmiendas 2, 5, 6, 7, 9, 13 y 21, en la medida en que aportan mejoras al texto de la propuesta de la Comisión. 
Acepta el espíritu de las enmiendas 12, 23, 28, 29 y 31, y acepta parcialmente el espíritu de las enmiendas 10, 15 y 19. 
Y por último, acepta en parte las enmiendas 4 y 14, puesto que están en línea con las propuestas de la Comisión. 
En cambio, la Comisión desea mantener su postura inicial con respecto a 14 enmiendas, que son las siguientes. 
En cuanto a las enmiendas 1, 3 y 11, la Comisión no puede aceptar las referencias que se hacen en los considerandos a política cultural y mercado único de la cultura, ya que el Tratado únicamente prevé una acción de apoyo a la cooperación entre los Estados miembros y los operadores culturales y, por tanto, la creación de un espacio cultural común a los europeos. 
En cuanto a la enmienda 8, la Comisión quiere mantener la frase completa del considerando, ya que forma parte integrante del texto de la Agenda 2000. 
Respecto a las enmiendas 4 y 14, la Comisión no puede aceptar la referencia a «afirmación de identidad de la cultura europea respecto de terceros países» y prefiere ceñirse a la noción de diálogo con el resto de las culturas del mundo. 
En cuanto a las enmiendas 17 y 20 sobre aplicación del programa, la Comisión considera que la cooperación con los Estados miembros es algo que se da por hecho y no debe figurar en el título del artículo 4. 
Por otra parte, en el marco de su autonomía de gestión, la Comisión procura garantizar consultas constantes con los profesionales y no desea hacer específicamente referencia a ello en el artículo 4. 
Por lo que respecta al seguimiento del programa, la consulta al Comité Económico y Social no es obligatoria en materia de cultura. 
Por tanto, la Comisión no acepta esa referencia ni la relativa al seguimiento del programa, que daría lugar a un procedimiento largo, complejo y costoso. 
Las otras enmiendas, aceptadas o rechazadas en parte por la Comisión, se articulan en torno a cuatro temas principales: la tipología de las acciones, el presupuesto, la comitología y las medidas de aplicación. 
Respecto a la tipología de las acciones, a que se refieren las enmiendas 15 y 23- aceptables parcialmente en espíritu- y la enmienda 22- que es rechazada -, la Comisión comprende la preocupación del Parlamento por asegurar que cada disciplina artística y cultural figure en el programa, y acepta integrar las nociones de acciones verticales y de acciones horizontales en el artículo 2 así como, a título indicativo, en el anexo. 
Sin embargo, considera que la atribución de porcentajes del presupuesto a los diferentes sectores culturales puede ser, por un lado, perjudicial para la calidad de los proyectos a subvencionar y, por otra parte, puede hacer que la organización del programa sea demasiado rígida y que sea difícil de gestionar en la práctica. 
Respecto al presupuesto- la enmienda 16- la Comisión agradece al Parlamento el haber demostrado de nuevo su interés y apoyo a la acción cultural de la Comunidad. 
Sin embargo, se ve obligada a recordar que su presupuesto propuesto de 167 millones fue calculado sobre la base de la programación presupuestaria autorizada por nuestras instituciones y sólo puede ser modificado por las dos ramas de la autoridad presupuestaria, el Parlamento y el Consejo. 
Respecto a la comitología- la enmienda 18- la Comisión recuerda en este momento que este tema es objeto de una negociación de carácter horizontal en el marco de un acuerdo interinstitucional. 
La Comisión considera, por otra parte, correcta la propuesta de un comité mixto para garantizar la ejecución del programa marco y no puede aceptar la inserción de un subcomité, que no sigue ninguno de los modelos de comité aprobados por las tres instituciones. 
Respecto a las medidas de aplicación- las enmiendas 24, 25, 26 y 27- dichas medidas suelen ser publicadas por la Comisión en el Diario Oficial, trasponiendo, para el uso práctico de los profesionales, los términos de la decisión aprobada por nuestras instituciones. 
El Parlamento, al referirse en su texto a una serie de detalles muy específicos de las medidas de aplicación, llegando incluso a fijar los porcentajes que deberán atribuirse a cada ámbito cultural, introduce unos términos que podrían ser perjudiciales para la aplicación del programa, para su eficacia y, en particular, para la simplificación de los procedimientos que quieren tanto los operadores culturales como nuestras instituciones. 
Y en cuanto a la reducción de 50.000 a 40.000 ecus de la contribución mínima a las acciones específicas, la Comisión considera que, si bien esta enmienda pretende facilitar el acceso a proyectos culturales de pequeño tamaño, corre el riesgo de incitar a que se presente un número excesivo de proyectos de esa categoría de acciones respecto a los límites presupuestarios y, por tanto, de reproducir la dispersión que se pretende evitar. 
A la postre, esto provocaría más descontento que satisfacción entre los operadores. 
Esta es, señor Presidente, señoras y señores diputados, la postura de la Comisión. 
Quiero agradecer una vez más al Parlamento su informe; un informe serio, detallado, así como la eficacia que ha demostrado al trabajar en un tiempo récord. 
Espero que todas esas contribuciones permitan consolidar un programa comunitario ampliamente abierto a nuestros ciudadanos, a nuestros creadores y a los operadores culturales europeos. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 20.27 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Eliminación de obstáculos a los intercambios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0385/98) del Sr. Skinner, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se establece un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de determinados obstáculos a los intercambios (COM (97) 0619- C4-0011/98-9348/98- C4-0441/98-97/0330 (CNS) ). 
Señor Presidente, este informe ha sido desde el principio objeto de numerosas controversias que aún no han llegado a su fin. 
De hecho, no le sorprenderá mi punto de vista de que, en cuanto Parlamento, debemos ser consecuentes. 
No debemos caer en posturas fáciles, políticas, sino que debemos comprometernos de manera directa y muy sincera para crear algo que beneficie a los ciudadanos y a las empresas de la Unión Europea, apuntalando eficazmente el comercio y la riqueza de la Unión para poder crear empleo y, de este modo, aliviar la pobreza y los demás aspectos negativos de nuestra sociedad. 
Estoy convencido de que sus señorías se mostrarán de acuerdo conmigo acerca de este punto. 
Sin embargo, he de decir que, viniendo como vengo del sudeste del Reino Unido, he tenido que aceptar que la UE tiene como consecuencia cosas buenas y cosas malas. 
Y uno de los aspectos más negativos es el efecto de los bloqueos a los puertos, que ocasionan retrasos. 
(Interrupción del Sr. Kerr) Imagino, Sr. Presidente, que el Sr. Kerr tendrá oportunidad de intervenir dentro de unos momentos. 
En Kent, al sudeste de Inglaterra, debemos enfrentarnos con algunos problemas de bastante gravedad. 
En especial, el estacionamiento de camiones a lo largo de toda la autopista M20 no favorece a la numerosa población que habita en el sudeste inglés, la región más populosa de todo el Reino Unido. 
Esta conducta por parte de la Unión Europea no deja mucho margen para un debate concienzudo y, por el contrario, da pie a que los ciudadanos del Reino Unido, y de toda la Unión, se cuestionen qué se puede hacer para fomentar el proceso de libre circulación de mercancías. 
(Interrupción del Sr. Kerr: ¿Y qué hay de los trabajadores?) 
El documento precedente, presentado por la Comisión después de que el Consejo solicitara su intervención, introducía un instrumento específico que permitía a la Comisión actuar con gran rapidez en estas ocasiones. 
El mercado único europeo implica que no deben existir barreras al comercio y, por consiguiente, el Tratado dispone de un marco legal que permite la libre circulación de las mercancías. 
En la práctica, como ya he señalado, esta obligación no permite la libre circulación. 
En el peor de los casos se pasa por alto, en el mejor de los casos se olvida. 
No importa si se trata de agricultores británicos o de camioneros franceses: no debe tener lugar este tipo de hechos. 
El documento de la Comisión abordó esta cuestión, lo cual mereció una gran atención por aquel entonces. 
Naturalmente, no obtuvo ni el consentimiento popular ni el apoyo del Parlamento, principalmente por errar en dos aspectos particulares: en primer lugar, en el ámbito de la subsidiariedad, en el que los tribunales, de conformidad con la interpretación del Derecho comunitario, otorgarían la responsabilidad a los Gobiernos nacionales; y, en segundo lugar, en el ámbito de los derechos humanos fundamentales, especialmente en lo relativo al derecho a ejercer presiones laborales y en el derecho de huelga. 
Por estas razones, el texto fue rechazado por el Parlamento Europeo y devuelto al Consejo, tras lo cual éste volvió con una revisión de dicho documento. 
Este texto modificado corrige estos dos problemas, por lo que ahora nos encontramos en el Pleno ante un informe que tanto el Parlamento como la Comisión y el Consejo han coincido en considerar un texto progresivo. 
Se trata de un documento que nos permite agilizar el procedimiento legislativo y que garantiza a empresas y ciudadanos el respeto de sus derechos en la Unión Europea, sin dañar el tejido social en que se fundamentan las relaciones industriales en toda la Comunidad. 
Se trata de consideraciones importantes cuando examinamos cualquier legislación en el ámbito de la libre circulación. 
Hemos de recordar que este instrumento específico se presenta de conformidad con el artículo 7A. 
No tiene absolutamente nada que ver con el componente social. 
Lo que debemos solicitar es que se respete de manera ecuánime este componente social, por lo que insto a la Comisión... 
(Interrupción del Sr. Kerr) Espero, Sr. Presidente, que me conceda algo más de tiempo tras las interrupciones de mi colega. 
Solicito en mi informe que la Comisión y el Consejo adopten disposiciones especiales para ofrecer un equilibrio ecuánime en la Unión Europea con el fin de garantizar una igualdad de trato tanto para los trabajadores como para el capital. 
Por lo que respecta a las enmiendas, las de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos servirán para aclarar estas cuestiones y para notificar inmediatamente cualquier intento por parte de los Gobiernos de modificar la situación, preferentemente en la página web de la Comisión antes que en el Diario Oficial. 
Compruebo con interés que la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo respalda mis puntos de vista acerca de la igualdad de trato para el capital y los trabajadores. 
Sin embargo, la mejor formulación de este punto se consigue en una declaración política, no modificando el texto. 
Esta circunstancia nos permitiría un mayor margen y nos facilitaría la aprobación del documento. 
Ayudará verdaderamente a las empresas de la Unión Europea... 
(Interrupción del Sr. Kerr: ¿Y qué hay de los derechos de asamblea?) 
Y creo que la mayor parte de la Unión Europea nos agradecerá el que hayamos dado este paso sensato y progresivo hacia adelante, en lugar de volver a vivir lo que hemos tenido que sufrir durante las últimas décadas. 
Señor Presidente, permítame comenzar con una referencia a la exquisita actitud del ponente, Sr. Skinner, que ha conjugado buen hacer y responsabilidad jurídica con instinto político y capacidad de escuchar a lo largo del complejo trámite parlamentario de este informe. 
También quiero referirme al Sr. Wijsenbeek, cuyas sugerencias en la primera ponencia de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos reflejan una apuesta decidida por la integración europea y una preocupación compartida por la protección de los intereses de los ciudadanos. 
El reglamento que examinamos debe ponerse en relación, como muy bien ha señalado el ponente, con la propuesta de la Comisión de noviembre de 1997. 
Aquel texto planteaba muchos problemas jurídicos, entre ellos una cierta violación del equilibrio institucional establecido en el Tratado. 
Por ello, el Parlamento acogió favorablemente el nuevo proyecto del Consejo, presentado el pasado mes de julio, que es el que origina el presente informe. 
La principal diferencia estriba en que desaparece el instrumento de decisión de la Comisión, que era el que más dificultades planteaba. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha analizado, con carácter prioritario, dos aspectos: el fundamento jurídico y el valor añadido del proyecto. 
En cuanto al fundamento jurídico, el propuesto es el artículo 235 del Tratado que, de acuerdo con la jurisprudencia, es pertinente cuando concurren las siguientes condiciones: que se trate de cumplir uno de los objetivos de la Comunidad en el funcionamiento del mercado; que el Tratado no haya previsto los preceptos específicos al efecto, y que la acción que se persigue sea necesaria. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos se cuestionó si, en el presente caso, se cumplía la segunda condición. 
No obstante, finalmente, consideró que el proyecto revisado no implica medidas de armonización, a las que se refiere necesariamente el artículo 100 A. Y, por consiguiente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos suscribe plenamente que el artículo 235 es el fundamento jurídico adecuado. 
En cuanto al valor añadido de las enmiendas, la Comisión de Asuntos Jurídicos comparte la pertinencia de las enmiendas 11, 13 y 14, si bien es consciente de que no están exentas de algunas dificultades para su integración constructiva en el marco del Derecho primario, porque es cierto que el artículo 191 sólo establece la obligación de publicación de los reglamentos y directivas que tienen carácter general. 
Pero, en fin, con el matiz planteado por el ponente, Sr. Skinner, creo que en el caso de la enmienda 11 se puede hacer una interpretación perfectamente compatible, sobre todo si tenemos en cuenta que el Tratado de Amsterdam marca énfasis en la transparencia, y que uno de los grandes medios de la transparencia es la utilización de estas nuevas tecnologías para el conocimiento de este importantísimo reglamento por parte de todos los afectados por un procedimiento abierto al amparo de dicho reglamento. 
En cuanto a la enmienda 13, es cierto que las formalidades del artículo 169 del Tratado tienen carácter esencial y no cabe modificarlas en un texto de Derecho derivado como el presente. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos también interpretó que la redacción propuesta es compatible con este precepto si se le da una interpretación no rígida, también conforme, señor Presidente, con los principios que soportan el gran edificio comunitario. 
El resto de las enmiendas pretenden ampliar el ámbito del reglamento a las graves perturbaciones de la libertad de circulación de los trabajadores. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos comparte esta preocupación, pero entiende que este no es el instrumento adecuado para incluir esta normativa por tres razones: 
Primera: no olvidemos que este reglamento responde a un mandato del Consejo Europeo de Amsterdam de julio de 1997 que se circunscribe a la libre circulación de mercancías. 
Segunda: no olvidemos la especificidad de los obstáculos a la libre circulación de mercancías que este reglamento pretende atajar. 
Se trata de actuaciones al margen de la ley, de vías de hecho, de impedimentos físicos. 
Las perturbaciones a la libertad de circulación de los trabajadores son de una naturaleza distinta. 
En imagen gráfica, ha sido lamentablemente frecuente, como decía el ponente, el bloqueo de un camión en una carretera, pero- que yo conozca- nunca el problema de los trabajadores ha sido que se les impida físicamente cruzar una frontera o acceder a su puesto de trabajo, que sería la situación equivalente. 
El intentar abarcar con un mismo instrumento jurídico situaciones tan dispares iría en detrimento de su coherencia interna, es decir, en detrimento de la calidad legislativa, es decir, en detrimento de la seguridad jurídica. 
Flaco favor haríamos, señor Presidente, señor Comisario, a los ciudadanos mezclando- permítaseme una expresión muy castiza- churras con merinas-. 
Tercera: no es esto ni necesario ni conveniente, porque tenemos a nuestra disposición el cauce, el instrumento apropiado para dar plasmación a estas preocupaciones. 
Se trata del Reglamento 1612/68 sobre libre circulación de trabajadores y de la Directiva 68/360. 
Ante mí tengo los documentos COM 98/0229, 98/0230 y 98/0231, que plantean, como consecuencia del plan de acción para la libre circulación de trabajadores presentado por la Comisión, la reforma de este Reglamento y de esta Directiva. 
Señor Presidente, este es el cauce. 
Aquí es donde deben incluirse estas enmiendas. 
Señor Presidente, sólo un breve comentario sobre la intervención de la oradora que me ha precedido. 
Resulta más bien insuficiente que el Consejo haga un encargo a la Comisión en el que afirma su voluntad de «reforzar la libre circulación de mercancías» ; en efecto, no podemos perder de vista el proyecto del mercado interior y la necesidad de ir un poco más allá en nuestros planteamientos cuando lo que está en juego es lisa y llanamente el fortalecimiento del mercado interior. 
Por esto es conveniente y necesario que examinemos estas cuestiones también desde un punto de vista político. 
Ante todo, yo quisiera exponer, no obstante, los aspectos que considero satisfactorios. 
Me parece satisfactorio que se refuerce la libre circulación de mercancías partiendo del principio de que es necesario establecer mecanismos normativos que impidan las actuaciones ilegales y que garanticen la libertad de circulación de las mercancías, mecanismos que con el enfoque aquí adoptado podemos aceptar. 
Permítanme que aclare, no obstante, de entrada que no le envidio a Peter Skinner la complejísima tarea que ha asumido. 
También debo señalar que, a mi parecer, ha salido muy airoso de la misma, aunque no coincidamos en todos los aspectos. 
Yo parto de la base de que es importante reforzar la libre circulación de mercancías e impedir las medidas proteccionistas que siguen aplicándose en los diferentes Estados miembros. 
En este sentido, acojo con satisfacción las propuestas también por una cuestión de principios. 
En este contexto complejo es preciso tener presente, en cualquier caso, un aspecto difícil, a saber, la dificultad para establecer cuándo una acción es ilegal y cuándo no lo es. 
Esto ya ha originado problemas, dado que algunos Estados han aprobado medidas ilegales. 
Por esto es necesario establecer una regulación, ya que algunos Estados miembros no han interpretado debidamente el concepto del mercado interior. 
Por esto necesitamos esta regulación específica. 
Sin embargo, ésta planteaba, por otro lado, el problema y el riesgo de la posible conculcación de derechos fundamentales como el derecho de huelga, la libertad de huelga, y también el derecho de reunión o el derecho de manifestación. 
Yo me congratulo, por lo tanto, de que se haya aclarado, en el marco del procedimiento de consulta entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión, que derechos fundamentales, como el derecho de huelga, como la libertad de huelga, no pueden verse afectados. 
Este es un aspecto que, a mi modo de ver, también hemos contribuido a que quede regulado de manera satisfactoria. 
Lo que no me satisface es que nos limitemos a reforzar, a desarrollar, una de las cuatro libertades y dejemos de lado las demás. 
Vamos a crear, en el contexto de la libre circulación de mercancías, un mecanismo de intervención de muy rápida aplicación, concretamente al cabo de cinco días. 
Esto es correcto y acertado. 
En otras palabras, vamos a crear un sistema de protección legal de la libre circulación de mercancías. 
Sin embargo, cuando se compara la circulación de mercancías con la libertad de circulación de los trabajadores se constata un enorme desequilibrio. 
Ha habido procedimientos que afectaban a los trabajadores de la Unión Europea que se han prolongado más de seis años y que no se han resuelto hasta que los trabajadores han visto reconocido su derecho sobre la base de un fundamento jurídico sólido con la intervención del Tribunal de Justicia Europeo. 
Es decir que, en contraste con el actual mecanismo de intervención en un plazo de cinco días, la situación de los trabajadores, que naturalmente también deberían poder circular libremente en la Unión Europea, sigue siendo muy desfavorable. 
Lo cual significa que un trabajador tiene que recorrer un largo camino judicial para hacer valer su derecho. 
También puede significar desventajas en relación con las pensiones, puede significar esperas de años para percibir una pensión complementaria, y puede significar muchas otras dificultades. 
Este es el aspecto que desea resaltar en el fondo la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
La Comisión de Asuntos Sociales pide que no se creen desequilibrios entre las cuatro libertades, sino que por el contrario se refuerce también la libre circulación de trabajadores y se profundice de este modo en el concepto del mercado interior. 
Todo el planteamiento adquiere sentido así y nuestras enmiendas deben interpretarse en este contexto. 
En realidad se trata de un mandato a la Comisión para que realice mayores esfuerzos en este sentido, a fin de evitar un proceso de desarrollo unilateral basado únicamente en la economía. 
Señor Presidente, intentaré hacer algunas observaciones al hilo de las intervenciones anteriores, puesto que no tiene excesivo sentido el producir a estas alturas de la noche un discurso autónomo. 
Se ha subrayado en las distintas intervenciones que este reglamento ha tenido un recorrido accidentado. 
Coincidían todas las instituciones y todos los Grupos políticos en que algo había que hacer para garantizar la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión y, en segundo lugar, para terminar con los actos vandálicos que, cada vez con más frecuencia, se producían en ciertos países contra bienes, mercancías o productos procedentes de otros países de la Unión. 
La cuestión ha sido tratada por el Tribunal de Justicia, pero faltaba una disposición que de verdad hiciese efectiva la libre circulación que consagra el Tratado. 
Y si todos coincidían en que había que hacer algo, era difícil saber en qué consistía ese algo, en concretar cuáles eran esas medidas. 
Algunos de los principios conflictivos han sido expuestos aquí esta noche. 
El resultado de esta discusión- y coincido con el Sr. Ettl- es que la propuesta que estamos examinando en este momento es una propuesta que se queda corta respecto de nuestras ambiciones. 
Pero, siendo corta, es un primer paso que habrá que profundizar y, en ese sentido, aplaudo la propuesta que debatimos. 
Pero hay algunas observaciones, sobre todo de las últimas intervenciones, que me preocupan y quisiera precisar. 
El Sr. Ettl se felicita por que este reglamento sea respetuoso con determinados derechos fundamentales- el derecho de huelga y el derecho de asociación-. 
Pero de eso no debe caber duda. 
Ninguna disposición de la Unión puede vulnerar esos derechos. 
Lo que no acierto a comprender es qué tipo de acciones se considera que pueden ser compatibles con ese derecho e incompatibles con la libre circulación de mercancías. 
En mi opinión, no existe ningún ejercicio del derecho de huelga que permita volcar los camiones de otro Estado miembro. 
El derecho de huelga es un derecho regulado en su contenido y en sus efectos. 
No acierto a comprender por qué se vislumbra que puede haber un conflicto entre el derecho de asociación o el derecho de asamblea y la libre circulación de mercancías. Porque, en ningún caso, el ejercicio del derecho de asamblea permitiría realizar actos vandálicos, como volcar camiones de otro Estado miembro. 
Si en eso discrepo de la interpretación que hace el Sr. Ettl, coincido en otras cosas. 
Creo, efectivamente, que hay que hacer compatibles dos principios: el principio de intensificar o hacer más efectiva la libre circulación de mercancías con una cierta atención a la libre circulación de trabajadores. 
Y por eso propuse en mi comisión que mi Grupo político, el PPE, votase favorablemente las enmiendas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, advirtiendo, eso sí, que estábamos extralimitándonos de lo que era el ámbito objetivo de este reglamento. 
He enviado al ponente- que no está en la sala en estos momentos- una carta en la que le digo que la forma de compatibilizar el respeto por las dos libertades- la libre circulación de mercancías y la libre circulación de trabajadores- y, al mismo tiempo, no extralimitarnos de lo que es el ámbito de este reglamento, sería una enmienda oral- que no sé si se aceptará o no -, en la que se invite a la Comisión a elaborar un reglamento para hacer eficaz la libre circulación de trabajadores. 
Si el Comisario dijese que lo hará en otro texto, modificaríamos el texto de nuestras enmiendas en la Comisión de Asuntos Económicos, retrotrayéndonos al texto original y ciñéndonos exclusivamente a la libre circulación de mercancías, pero dejando patente, como declaración política, nuestro interés en fomentar por la otra libre circulación, cuya preocupación es tanta en nuestro Grupo como en el suyo, señor Ettl. 
Señor Presidente, un informe como éste, sobre el proyecto de reglamento del Consejo que instituye un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de ciertas trabas al comercio, merecería otro debate. 
No éste, a esta hora, incluido así en el orden del día. 
Por lo demás, casi podría decir que este tema y este informe merecerían un debate y no todo lo que parece haberse hecho para que no lo haya, sino la instauración de un mecanismo de intervención rápido y eficaz, lo que incluso parece considerarse incompatible con comportamientos que estimulen e integren debates democráticos. 
En verdad- y antes de decir algo sobre la materia sobre la que versa este proyecto de Reglamento para el que se va a aprobar el dictamen del Parlamento- es necesario poner de relieve tres o cuatro hechos que, de tan significativos, dispensan de muchos comentarios. 
El informe Skinner fue aprobado el fin de semana pasado en la Comisión de Asuntos Económicos. 
El ponente, después de la primera etapa y ante lo que habría dado satisfacción en la reformulación hecha por el Consejo, no ha presentado enmiendas, sino que en la votación se introdujeron enmiendas procedentes de la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Y el informe, según preveíamos, estaría listo para ser incluido en el orden del día de noviembre II o de diciembre. 
En ningún proyecto de orden del día para este período de sesiones parcial, ni siquiera en su versión llamada definitiva, aparece el informe como formando parte de ella. 
Luego, ya después de lo que podría ser la última hora, por decisión adoptada ayer por la noche en la Conferencia de Presidentes o en el organismo que la substituyó, fue incluido el informe con la indispensable decisión adicional de que se aceptaran propuestas de enmienda hasta el mediodía de hoy. 
Este procedimiento es anormal: revela una urgencia que no era conocida ni sospechada y ni siquiera fue posible plantear aquella cuestión de su dudosa legitimidad reglamentaria, dada la ausencia de traducción en algunas lenguas y el plazo fijado para que se presentaran enmiendas. 
Nos confesamos sorprendidos e indignados por esa forma expedita de darse opiniones en este Parlamento sobre una cuestión como ésta. 
Lo que se debería hacer es examinar los medios y los mecanismos para garantizar de forma eficaz la libre circulación de mercancías, incluida la posibilidad de imponer sanciones a los Estados miembros a partir de una propuesta de la Comisión, con lo que se respetarían las conclusiones del Tratado de Amsterdam. 
¿Se trata de una cuestión de poca monta? 
Claro que no. 
¿Es una cuestión delicada? 
Claro que sí, por tratar de la compatibilidad entre derechos diferentes y sus diferentes niveles de reglamentaciones y también por entrar- y de forma casi (diría yo) brutal- en la articulación entre las competencias y las soberanías nacionales y la instauración de mecanismos de nivel comunitario y su reglamentación. 
El informe, en la exposición de motivos, aborda pertinentemente algunos puntos reveladores de la delicadeza de este mecanismo de intervención que se pretende instaurar. 
Dice- y atinadamente- que este reglamento no puede ir encaminado a determinar los derechos o libertades civiles o colectivas ni resolver posibles contradicciones entre diferentes derechos, libertades, derechos o intereses igualmente legítimos, pues esas cuestiones se derivan de la competencia de los ordenamientos jurídicos nacionales: en caso necesario, en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Por eso, la definición de obstáculo al comercio no puede entrar en conflicto con derechos y obligaciones del Estado miembro en el sentido de no superar las «medidas necesarias y equilibradas» y no obstaculizar «el ejercicio de los derechos fundamentales». 
Pese a que el Sr. Skinner se da por satisfecho con que la segunda versión suprima, en su opinión, «toda la ambigüedad al respecto» , no deja de señalar, aunque sólo en la exposición de motivos, que los conflictos de trabajo que propiciaron esos obstáculos al comercio y motivaron esta iniciativa del Consejo y de la Comisión no se produjeron por casualidad, sino que ocurrieron por ausencia de otras legislaciones y reglamentaciones, no menos urgentes, relacionadas con el ejercicio de actividades profesionales. 
Por lo demás, la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales plantea de forma pertinente el problema del equilibrio entre las cuatro libertades de circulación que caracterizan el Mercado Interior y subraya que una vez más se ha dado preferencia al aspecto económico, que la propuesta de reglamento que se nos presentó va encaminada exclusivamente a fortalecer la libre circulación de mercancías, acentuando aún más esa tendencia, cuestión complicada y delicada que se pretende debatir en este Pleno de forma expedita y sin la preparación mínima exigida. 
Por nuestra parte, a pesar del esfuerzo para seguir ese ritmo acelerado- dudoso, por no decir sospechoso -, consideramos que ha vuelto este debate indeseable- más aún: injustificado e inaceptable- y no podemos dar nuestro acuerdo a un informe que así se impone a nuestra aprobación. 
Me consta que los colegas Skinner y Ettl son personas inteligentes y con discernimiento pero, no obstante, pienso que el procedimiento no se ha enfocado de manera del todo acertada. 
El derecho a la lucha laboral es siempre una manifestación del esfuerzo por lograr el reconocimiento jurídico de las luchas de los trabajadores y éste sólo ha dado frutos cuando ambas partes han tenido garantizados unos derechos, que no se limitan únicamente a las libertades individuales o los derechos de propiedad, sino que también incluyen el derecho a la protección frente al lockout arbitrario y frente a la persecución penal de los piquetes de huelga. 
Esto no se ha contemplado en absoluto aquí. 
El colega Skinner ha quitado sutilmente fuerza a la propuesta original de la Comisión. 
Es un mérito que le reconozco. 
El colega Ettl ha añadido un par de puntos en los que se aclara que no es posible continuar por este camino, pero el proyecto original sigue siendo equivocado. 
No conseguiremos hacer valer el derecho europeo civilizado a la lucha laboral por esta vía indirecta, sino sólo debatiendo en la práctica la posible definición del derecho de huelga europeo, sus garantías y sus límites. 
Sólo así será posible afrontar realmente este problema y, por consiguiente, el resultado todavía no nos satisface. 
Seguramente, dadas las circunstancias, no es posible hacer otra cosa en este contexto, pero el enfoque sigue siendo equivocado. 
Frente a ello, nada puede hacer el Sr. Skinner. 
Señor Presidente, a nuestro modo de ver es importante que no se haya aceptado la propuesta original de la Comisión, que preveía unas posibilidades de injerencia excesivas en la soberanía de los Estados miembros. 
La propuesta de reglamento del Consejo que ahora se debate representa un compromiso intermedio aceptable. 
Las luchas laborales que están en el origen de las objeciones que se han expuesto en el debate de hoy no se plantean sin motivo y a veces guardan una estrecha relación con algunas carencias del sistema legal europeo. 
Evidentemente, debe confiarse en la medida de lo posible a los Estados soberanos la tarea de garantizar el funcionamiento del mercado interior. 
El derecho de huelga, como tal, no puede quedar en entredicho en este contexto. 
También es cierto, si se considera el peso relativo de las cuatro libertades, que la atención se concentra sobre todo en el ámbito económico. 
No obstante, no me parece adecuado mezclar la circulación de mercancías con consideraciones políticosociales, como se hace en las presentes enmiendas. 
Señor Presidente, en los últimos años se han registrado numerosos trastornos en el ámbito de la libre circulación de mercancías en la Unión Europea, bien a causa de reivindicaciones laborales, como el bloqueo de los camioneros franceses que tantos perjuicios ocasionó al comercio transeuropeo, bien a causa del bloqueo más reciente de los puertos galeses por parte de iracundos agricultores en protesta por la prohibición de la exportación de carne de vacuno inglesa a raíz de la EEB, o por la caída de los precios de la carne de bovino. 
En cualquier caso, se ha impedido el acceso de camiones procedentes de Irlanda que transportaban al continente carne, y otros productos, a través del Reino Unido. 
Resulta fundamental que encontremos los medios para garantizar una verdadera libre circulación de mercancías en toda la UE sin que esto suponga un perjuicio para todos aquellos que se ganan la vida gracias al comercio intercomunitario. 
Estoy de acuerdo con el ponente en que este problema está relacionado en gran parte con las lagunas existentes en las condiciones del libre mercado del que disfrutamos y con la falta de armonización de las normas por lo que respecta a las condiciones de trabajo. 
Independientemente de las medidas que adoptemos para garantizar la libre circulación de bienes, éstas no deberán socavar el derecho de los trabajadores de la UE a ejercer medidas de presión laboral o llevar a cabo protestas de carácter pacífico. 
Resulta sin embargo esencial que dispongamos de un sistema de intervención rápida para reducir los obstáculos a la libre circulación y, en caso necesario, proporcionar indemnizaciones a los afectados por las pérdidas que ocasione este tipo de acciones. 
Señor Presidente, en primer lugar desearía rendir un homenaje al Sr. Skinner, un perfecto mensajero del nuevo laborismo. 
Ahora me doy cuenta de por qué le han hecho cabeza de lista en el sudeste del país para su reelección el próximo año. 
Defiende a los dueños de los camiones ingleses, que figuran entre la gente de derechas más displicente y reaccionaria que pueda uno encontrar, mientras que ataca a los camioneros franceses que luchan por reducir su horario laboral y por conseguir mejores condiciones sociales. 
Habría cabido imaginar que un diputado del partido laborista defendería estos objetivos, pero nos encontramos, naturalmente, ante un diputado del nuevo laborismo. 
Esta misma noche, el Viceprimer Ministro John Prescott se ha dirigido en este edificio a los diputados laboristas británicos. 
Hace treinta años, esta misma persona se encontraba encabezando una huelga de marineros. 
De acuerdo con las leyes del Sr. Skinner, el Sr. Prescott habría acabado en la cárcel. 
Por supuesto, el Sr. Prescott era por aquel entonces miembro de la Internacional Socialista; hoy es el Viceprimer Ministro del nuevo laborismo. 
Lo cierto es que de lo que se trata con este reglamento del Consejo es de tener contento al Sr. Blair, quien llegó a la cumbre de Amsterdam y se quejó de los camioneros franceses. 
En este Parlamento debemos defender el derecho de los trabajadores a iniciar acciones, emprender medidas de solidaridad y hacer uso del derecho de reunión, por lo que me gustaría ver una mayor preocupación por parte del Sr. Skinner acerca de los derechos de los trabajadores y la libre circulación de éstos, en vez de mostrar tantos desvelos por la libre circulación de mercancías. 
Señor Presidente, creo que la Sra. Palacio ha resumido muy bien la necesidad legal de que admitamos que el objeto de este instrumento es abordar las disfunciones del mercado, y éste fue el objetivo que nos planteamos con su elaboración. 
Evidentemente, no hay objeciones al respecto porque todo está perfectamente detallado en el Tratado. 
Me agrada compartir la opinión del Sr. Ettl en el sentido de que es esencial encontrar un equilibrio político. 
Éste es el planteamiento correcto que, en términos generales, deberá constituir nuestro objetivo a largo plazo, si bien no creo que el presente instrumento vaya a lograrlo de la noche a la mañana. 
De todos modos, hemos de hacer una declaración política en este sentido. 
El Sr. GarcíaMargallo y Marfil sabe también que, tanto de una parte como de la otra, es fundamental lograr una aproximación de estas libertades, y él, como yo, se uniría para solicitar un instrumento independiente que permitiera actuar al respecto en el futuro. 
Ésta es una cuestión que deberá ser abordada por la Comisión y del Consejo. 
He de mostrar mi desacuerdo con el Sr. Ribeiro acerca del tiempo que nos ha costado llegar hasta el punto en el que nos encontramos. 
Si bien se sometió rápidamente a debate, éste se ha prolongado durante ocho meses. 
Me complace señalar que una gran parte de este debate se ha desarrollado en presencia del Sr. Ribeiro. 
No tengo ninguna autoridad sobre los procedimientos del Parlamento para incluir este punto en el orden del día. 
Me gustaría también decir al Sr. Wolf que el fundamento jurídico que garantiza el derecho de huelga no es sutil, sino extremadamente fundamental. 
Ha de ser un derecho al que deben aspirar todos los trabajadores en su condición de ciudadanos de la Unión, ya sean sindicalistas o no. 
Me alegra enormemente que se acepte este hecho por primera vez en numerosos Estados miembros. 
Me satisface igualmente que el Sr. Wolf reconozca esta circunstancia no de un modo excesivamente sutil, pero sí muy obvio. 
Por ejemplo, el Reino Unido recoge ahora por primera vez en su legislación la legalidad del derecho de huelga. 
Quisiera agradecer al Sr. Lukas sus observaciones, aun si no comparto necesariamente la totalidad de ellas. 
El Sr. Gillis se ha referido al bloqueo de los camiones franceses, a los agricultores del Reino Unido y a los problemas de Irlanda. 
Estoy de acuerdo con él, especialmente a la hora de destacar los derechos sociales. ¡Lo siento Sr. Kerr! 
Sé que es una persona que da muestras en todo momento de su ingenio, y que logra sacarnos una risa incluso a estas horas de la noche. Sin embargo, no puedo mostrarme de acuerdo con lo que dice. 
Señor Presidente, me he dado cuenta de que el Comisario no ha hablado de las enmiendas 15 y 16, las estupendas enmiendas que he presentado en nombre del Grupo de los Verdes en defensa del derecho de asamblea. 
¿Se trata acaso de una preocupación que ya no comparte la Comisión, o es que esta institución, igual que el Sr. Skinner, muestra un mayor interés por las libertades de las mercancías que por las de las personas? 
Señor Presidente, los derechos a los que hace referencia el Sr. Kerr son de la mayor importancia. 
Sin embargo, consideramos que el conjunto de la normativa propuesta y su detallada formulación no hacen necesario añadir las especificaciones propuestas en las enmiendas que ha mencionado el Sr. Kerr. 
Señor Presidente, el Sr. Comisario se ha referido al Reglamento 1612/68 pero no se ha referido a que este Parlamento está examinando la propuesta de modificación de dicho Reglamento- documento COM 98/229- y la propuesta de directiva a la que yo me he referido- documento COM 98/230. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que el Sr. Comisario ha dicho. 
Tenemos ya el instrumento donde todas las enmiendas relativas a la libre circulación de trabajadores, que a todos nos preocupa, deben tener su cauce. 
No hace falta, por lo tanto, pedir a la Comisión que haga un instrumento nuevo, que haga una iniciativa nueva. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Coordinación de las actividades en favor de las PYME y la artesanía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0359/98) de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la coordinación de las actividades en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y la artesanía 1997 (COM (97) 0610- C4-0019/98). 
Presidente, las PYME ya son desde hace tiempo una especie de encarnación de la esperanza del crecimiento del empleo. 
La Comisión Europea ha hecho del fomento del espíritu de empresa uno de sus pilares de su política de empleo, tanto en 1998 como para 1999, y subraya con ello acertadamente el fundamento económico de la política de empleo. 
La Presidencia austriaca ha aportado su granito de arena por haber dedicado, por primera vez después de la Presidencia belga, una mesa redonda a alto nivel a las PYME. 
Dicho de otra forma, las PYME, están últimamente en el centro de la atención en todos los informes políticos y declaraciones de intenciones. 
Parece que, quince años después del año europeo de las PYME, los focos están dirigidos de nuevo cada año a este segmento de la empresa privada. 
Pero lo que importa a la gente no es tanto el «discours» sino la respuesta a la pregunta de si la dimensión PYME está presente en todos los sectores políticos relevantes, si hay una optimación y si todos los esfuerzos se coordinan perfectamente para conseguirlo. 
El informe que debatimos esta noche trata justamente de esta coordinación. 
Lo hemos pedido nosotros mismos, y esperamos que pueda servir como instrumento político. 
Ya sabemos que la política en materia de las PYME parece sencilla. Primero los pequeños, es una expresión que suena bien y que se vende bien en el mercado. 
Pero en la práctica, la política en materia de las PYME es naturalmente un sector difícil, no sólo porque el sector en si no es homogéneo, sino también porque la política tiene un carácter horizontal con puntos en común e intersecciones con los sectores políticos más diversos, con competencias que residen tanto en la Comisión Europea, en la Unión Europea como en los Estados miembros y con competencias que en todos estos niveles están distribuidas por diferentes departamentos. 
Esto, naturalmente, no facilita el control y la evaluación. 
Por lo tanto, un informe sobre la coordinación es útil. 
Útil para demostrar si y cómo se hace la coordinación entre los diferentes niveles políticos y sectores y para examinar dónde hay margen para mejoras y dónde se tiene que corregir la política misma. 
Es positivo que se subraye en este informe que hay un mayor aprecio social que antes para el espíritu de empresa, y eso se desprende de que por fin se ha entendido que las PYME tienen unas características específicas, que hacen que no baste tratarlas como grandes empresas en tamaño de bolsillo. 
Las PYME como norma, y no como excepción, constituyen un punto de partida que parece tener cada vez más éxito. No podemos sino alegrarnos de esto, es el único enfoque realista. 
Un recurso extremadamente útil en la evaluación y coordinación de la política en materia de las PYME, es la definición de las PYME de 1996. 
Esta definición hace posible delimitar el sector y evaluar sistemáticamente si los recursos benefician de verdad a los grupos destinatarios. 
Esta definición es buena, sólo que debe ser utilizada más sistemáticamente de ahora en adelante. 
Una primera oportunidad importante para eso es el próximo periodo de programación para los fondos estructurales. 
Del informe del Tribunal de Cuentas se desprende que anteriormente no era una excepción que las grandes empresas marcharan con los medios de las pequeñitas. 
También el grupo de trabajo BEST solicita que se ajusten mejor los programas comunitarios al tamaño PYME. 
Esto sólo se puede hacer aplicando más y más estrictamente la definición de las PYME. 
A pesar de las señales que creo recibir sobre el hecho de que algunos quisieran ampliar la delimitación superior, sólo puedo recomendar a la Comisión que no ceda. 
Lo único que se conseguiría con ello, es que la pequeña empresa, para la que por fin nos esforzamos, se quede de nuevo al margen en el reparto de atención y medios. 
Por último, algunas sugerencias y unas preguntas. 
Las PYME son un mundo de personas muy prácticas. No les importan los gruesos informes que indican en cuántos niveles se están ocupando de ellas. 
Entienden sobre la acción concreta, como menos burocracia, más estabilidad en la legislación, menores impuestos sobre el empleo, mayor seguridad jurídica, mayor facilidad de acceso a créditos y un mercado interior sin obstáculos. 
Quieren saber claramente a qué puerta tienen que llamar. 
Por eso quisiera pedir, quisiera sugerir a la Comisión, que no sólo indique sistemáticamente en cada comunicación sobre la política en materia de las PYME quién tiene competencias para qué, sino que investigue también cuántas horas de trabajo se dedican realmente en la Comisión a la redacción de informes sobre la política realizada y cuántas horas de trabajo se dedican a elaborar, diseñar y realizar eficazmente la política misma en materia de las PYME. 
Además, quisiera pedir a la Comisión que nos indique qué va hacer en el futuro para facilitarnos unas cifras más precisas, ya que algunos datos en este informe son insuficientes para empezar a realizar nuestra tarea de control y de presentación de propuestas. 
Para concluir quiero decir lo siguiente, y ya termino. Una buena política no solamente es eficaz y dinámica, sino también creíble. 
La credibilidad se fomenta realizando una política de consenso y de diálogo con los implicados. ¿Qué podemos comprobar en cuanto al sector de las PYME? 
Que las PYME pueden participar en las conversaciones cuando se trata de consulta y de opinión, pero en cuanto esa consulta y opinión pasan a tener voz y voto y poder, entonces se las excluye. 
Usted comprenderá, Presidente, que he llegado al tema del diálogo social europeo y más que nunca mi pregunta final es la siguiente: ¿cuándo podemos esperar un cambio concreto en la postura de la Comisión? 
¿Cuándo va la Comisión a hacer también un esfuerzo para poner fin a esta expresión flagrante de déficit democrático? 
Señor Presidente, constato con pesar que el informe de la Sra. Thyssen no ha incorporado en absoluto las significativas propuestas formuladas por los ponentes para opinión, como es mi caso. 
El informe parece tímido y se limita a trazar un panorama general de las pequeñas y medianas empresas sin plantear propuestas innovadoras. 
En el marco del proceso de globalización, el papel de las pequeñas y medianas empresas ha adquirido una proyección y una relevancia internacionales cada vez mayores. 
Es un dato de hecho ampliamente reconocido: las PYME son el sector clave para el crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo. 
Por otra parte, el actual régimen del IVA impone a las empresas una carga excesiva y desalienta los intercambios transfronterizos. 
En lo que se refiere a la reducción de los costes laborales indirectos resultantes de las legislaciones nacionales, la Comisión ha puesto de relieve que son las PYME las más fuertemente gravadas con cargas fiscales y contribuciones relativamente elevadas. 
La necesidad de aliviar la carga fiscal sobre la mano de obra es fuertemente advertida por todos los principales actores políticos. 
Por tanto, los cauces para mejorar la competitividad del tejido industrial de las PYME en toda Europa son tres: reducción de la carga fiscal que perjudica el trabajo, simplificación administrativa para las PYME, posibilidad de reducciones del IVA a título experimental. 
La apertura de las PYME al mercado global se realiza en medida creciente a través de la incorporación a redes de empresas para la adquisición y el intercambio de factores productivos; la cooperación entre las empresas crea riqueza y es fuente de innovación y de nuevo empleo: estos elementos las convierten en un instrumento de desarrollo del potencial endógeno local. 
Es necesaria, por último, la máxima cooperación entre las Instituciones europeas, los Estados miembros, las autoridades regionales y locales, las organizaciones profesionales y las propias PYME. 
De esta forma, podremos reducir la segmentación administrativa. 
Señor Presidente, como ya sabemos, este informe versa sobre las medidas de apoyo y la coordinación de dichas medidas en favor de las pequeñas y medianas empresas. 
Además, aborda también recomendaciones, comunicaciones e intercambios de experiencias. 
Se trata, pues, de un modo de incentivar los esfuerzos por parte de los Estados miembros. 
No solamente es un buen método para abordar esta cuestión, sino que, además, se trata del método adecuado. 
Sería erróneo promulgar más legislación o intentar introducir reglamentos o directivas. 
Me gustaría destacar de manera particular cuatro ámbitos. 
El primero está relacionado con un estímulo generalizado en favor de la pequeña empresa, con el objetivo de llevar a cabo una valoración del fenómeno empresarial. 
Es necesario considerar el carácter emprendedor como algo positivo, y no como algo sospechoso, lo cual constituye, en algunos ocasiones, una tendencia que no presagia nada bueno. 
El segundo punto hace referencia a la formación, que constituye un ámbito de la máxima importancia. 
Y me refiero a la educación tanto de los empresarios como de los empleados de las pequeñas empresas. 
Es necesario otorgar a esta cuestión una prioridad aún mayor. 
Pienso especialmente en la educación escolar básica, primaria y secundaria, para que se introduzca la actividad empresarial como una fase natural en la vida de las personas. 
Así pues, no se debería educar a las personas con la vista puesta únicamente en la obtención de un puesto de trabajo, sino que hay que educarlas para que creen nuevos puestos de trabajo, para que creen un entorno emprendedor, cuando se incorporen a la vida laboral. 
El tercer ámbito está relacionado con una simplificación de las normas para facilitar la situación de las pequeñas empresas, que no pueden siempre equipararse con las más grandes. 
Finalmente, las pequeñas y medianas empresas han de participar en el reparto de los recursos de los Fondos estructurales en los Estados miembros, para poder evaluar más fácilmente la mejor manera de ofrecerles el apoyo necesario para su desarrollo. 
El Grupo Liberal respalda el presente informe. 
Señor Presidente, Señorías, en el presente informe se expresan claramente los objetivos que debe marcarse una política adecuada en favor de las PYME para el nuevo siglo. 
Es preciso integrar con mayor firmeza que hasta ahora la dimensión de las PYME en la política comunitaria. 
Tanto en el ámbito nacional como en las regulaciones de la Unión sigue habiendo innumerables ámbitos en los que es necesario suprimir barreras y aligerar las cargas para las clases medias. 
En este sentido, yo agradezco también el detallado informe del grupo operativo BEST, que constituye una importante aportación para la mejora del entorno de las empresas europeas. 
Quiero manifestar asimismo mi apoyo al objetivo de obtener información adecuada sobre las pequeñas y medianas empresas europeas y ponerla a la disposición de las diferentes instancias políticas. 
Nosotros estamos satisfechos con los datos que ofrece el sistema estadístico europeo, tanto los relativos a las clases medias como los del Observatorio. 
No podemos olvidar, no obstante, que la recogida de datos plantea dificultades para muchas empresas. 
Los costes administrativos, precisamente para las empresas con poco personal, han alcanzado ya su tope máximo. 
En adelante, tenemos que intentar proceder a una desregulación eficaz de las obligaciones de declaración con fines estadísticos. 
El segundo enfoque propuesto apunta también en la dirección adecuada. 
Es preciso promover una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en los programas comunitarios. 
Yo quisiera recordar en este contexto el Tercer Programa Plurianual, en el que el año próximo podrán participar también algunos candidatos a la adhesión. 
La semana entrante se adoptarán otras decisiones importantes y de mucha trascendencia. 
El Comité de conciliación se reunirá el martes para debatir sobre el Quinto Programa Marco de Investigación. 
Yo tengo la seguridad de que se agotarán todas las posibilidades con objeto garantizar que dicho programa se pueda iniciar el año próximo, puesto que éste también es especialmente importante para las clases medias, que en opinión del Parlamento merecen un apoyo especial. 
Señor Presidente, se percibe en nuestro ponente cierto escepticismo sobre la verdadera utilidad de este ejercicio repetitivo y consabido en que se ha convertido el informe bianual de la Comisión sobre la coordinación de las actividades en favor de las PYME y de la artesanía. 
Sin embargo, todos conocemos el papel esencial que tienen las PYME en materia de innovación, de creación de empleos y de ordenación territorial, especialmente en las zonas rurales. 
En Francia, por ejemplo, el 37 % de los asalariados trabaja en empresas de menos de veinte asalariados y las dos terceras partes en empresas de menos de cien trabajadores. 
La artesanía representa el 13 % de la población activa y el empleo tiene tendencia a desplazarse cada vez más hacia las PYME. 
¿Por qué, entonces, nuestro ponente subraya que «carece de sentido repetirse eternamente y elaborar informes y resoluciones de difícil lectura»? 
Y es que en este ámbito se plantean serias dudas en cuanto a la utilidad de la función que desempeña la Comisión en materia de coordinación y de ayuda estructural. 
Sobre este último punto, la Comisión nos dice que se ponen a disposición de las PYME importantes cantidades de dinero público, sobre todo en el marco de los Fondos regionales y de ciertos programas de iniciativa comunitaria. 
¿Pero en qué proporción se utilizan estos fondos? 
¿Cómo se utilizan y quién lo hace? 
¿Acaso estas ayudas son realmente útiles y eficaces? 
¿Acaso otros circuitos no serían más económicos y más ajustados a las necesidades reales de las empresas? 
No tenemos respuesta a todas estas cuestiones fundamentales; no hay evaluación. 
Esta incertidumbre y esta ausencia de control son totalmente inaceptables. 
No podemos darnos por satisfechos, como subraya el ponente, viendo que la Comisión «se limita a destacar, por lo general sobre la base de datos puramente teóricos, que se presta la debida atención a las PYME». 
Las observaciones del Tribunal de Cuentas no son tranquilizadoras. 
Nos indican que los pocos datos facilitados por la Comisión no son fiables y que grandes empresas han recibido ayudas destinadas a las PYME. 
Estamos pues en la indefinición más completa y no podemos por menos de interrogarnos acerca de la pertinencia de tales dispositivos de las ayudas comunitarias. 
Es curioso que la Comisión no se plantee nada, en cambio, acerca de la proliferación reglamentaria que ella misma hace soportar a las PYME, ni acerca de la necesidad de protegerlas mejor contra la competencia desleal, la falsificación, el trabajo clandestino, el dumping social y medioambiental, y también, señor Presidente, contra los riesgos de deslocalización. 
Señor Presidente, el contenido de fondo del informe debe ser acogido con plena satisfacción. 
De conformidad con el mismo, en el futuro será ineludible velar por que los Fondos estructurales beneficien realmente en mucho mayor medida a las PYME. 
Yo quisiera señalar, no obstante, que tanto el informe de la Comisión sobre la coordinación como el presente informe vuelven a dejar claramente patente hasta qué punto nuestro pensamiento económico está dominado por la «subvencionitis». 
Ya va siendo hora de situar clara y rotundamente en primer plano la independencia empresarial. 
Los eurodiputados también podemos desempeñar un papel constructivo en este sentido. 
Por ejemplo, en las conversaciones que mantenemos con las PYME deberíamos recordar siempre la llamada AEIE, la agrupación europea de interés económico. 
Hasta ahora no se ha utilizado suficientemente esta interesantísima posibilidad de cooperación transfronteriza flexible y sin ninguna burocracia. 
Sin embargo, se trata de una forma de cooperación que no sólo resulta económicamente ventajosa para las empresas, sino que responde de manera particular al espíritu del mercado interior. 
Finalmente, yo quisiera sumarme a la petición de la ponente a la Presidencia austriaca para que impulse la organización de un seminario de los interlocutores sociales y las PYME sobre las posibilidades de mejorar el diálogo social europeo. 
Presidente, veo que mi colega, el profesor Secchi, no está aquí. 
¿Sería tan amable de concederme 30 segundos de su tiempo para dirigirme un momento a los ponentes de opinión? 
Presidente, en favor de los colegas de opinión he de decir que he recibido una observación acertada de nuestro colega Cellai que dice que apenas ha encontrado reflejadas las propuestas concretas que se formularon en los informes de opinión. 
Efectivamente, así es, pero quisiera pedirles que no lo interpreten como una falta de respeto por el trabajo que se ha realizado en las otras Comisiones. 
En el futuro, cuando hablemos de la política en materia de las PYME en la Comisión Económica, las tomaremos en cuenta con toda seguridad. 
Pero nuestro problema era el siguiente. Estamos limitados por el sitio y el espacio para escribir una opinión. 
Hemos constatado que no podíamos formular cosas con sentido y detalladas propuestas concretas con sentido sobre todas las facetas de esta política en materia de las PYME. 
Se lo planteamos explícitamente a los colegas y a continuación, sacamos la conclusión, en la Comisión Económica de limitarnos a la metodología de la política de la Comisión en materia de las PYME y no pronunciarnos detalladamente sobre la política misma. 
De ahí que se vea reflejado tan poco de sus opiniones, pero créanme y crean a mis colegas, apreciamos sus opiniones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
(Se levanta la sesión a las 22.15 horas) 
Programas de educación 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0373/98 de la Sra. Waddington, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (98) 0330- C4-0522/98-98/0196 (SYN) ) por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional, LEONARDO DA VINCI; -A4-0371/98 de la Sra. Pack, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (98) 0329- C4-0510/98-98/0195 (COD) ) por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de educación, SOCRATES; -A4-0389/98 del Sr. De Coene, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (98) 0331- C4-0511/98-98/0197 (COD) ) por la que se establece el programa de acción comunitario en favor de la juventud, JUVENTUD. 
Señor Presidente, las propuestas para un nuevo programa Leonardo nos brindan la oportunidad de reconocer la creciente importancia de la formación profesional para las personas, las empresas y la economía, así como para pensar creativamente sobre cómo puede la Unión Europea aportar plusvalía a los sistemas de los Estados miembros y promover la innovación y la transnacionalidad. 
Las propuestas de la Comisión encaminadas a simplificar los objetivos y las medidas del nuevo programa merecen ser acogidas con satisfacción, al igual que su voluntad de cooperar con el Parlamento y sus comisiones para llegar un acuerdo sobre la introducción de mejoras. 
Deseo exponer brevemente los principales ámbitos de interés para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales contenidos en nuestras enmiendas. 
En primer lugar, proponemos que el programa Leonardo influya sobre los programas nacionales de formación profesional a través de su apoyo a la innovación, la formación a lo largo de toda la vida, la empleabilidad y la accesibilidad. 
Las lecciones que aprendamos del programa Leonardo II pueden aplicarse a los demás programas comunitarios, en particular al Fondo Social Europeo, aunque para ello será necesario un nivel de sinergia, integración y coordinación no alcanzado en el actual programa. 
En segundo lugar, hemos hecho hincapié en la necesidad de luchar contra la discriminación y eliminar las barreras a la participación. 
Por ejemplo, se ha suprimido el límite máximo de edad para poder participar en los proyectos de movilidad transnacional y se han reconocido las necesidades especiales de las personas discapacitadas. 
Habida cuenta de la importancia que tiene la formación profesional no sólo para los Estados miembros y los interlocutores sociales, sino también para la sociedad civil, pedimos mayor participación de las ONG en materia de consulta. 
La innovación es un elemento clave. 
La característica singular del programa Leonardo es su capacidad de poner a prueba los nuevos enfoques transnacionales en la formación profesional. 
El principal objetivo del programa es evaluar y difundir la innovación a nivel comunitario, y no limitarse simplemente a financiar los intercambios. 
Es por lo que proponemos que se destine un mayor porcentaje del presupuesto a proyectos de innovación. 
Para fomentar la innovación, la transparencia y una gestión más eficaz del programa, proponemos que existan únicamente dos procedimientos de selección claramente definidos; centralizada y descentralizada. 
Tengo entendido que la Comisión y el Consejo siguen discutiendo estos temas de la gestión, pero quisiera que reconocieran el importante papel que debe desempeñar la Comisión en la tarea de garantizar la innovación, la transnacionalidad, la calidad, la eficacia y la simplicidad en la selección de los proyectos y en la gestión del programa. 
Creemos que puede lograrse sin necesidad de una burocracia excesiva. 
Asimismo hacemos hincapié en la importancia que tiene la evaluación en el nuevo programa Leonardo. 
La evaluación debe ser un requisito para toda propuesta y debe incorporarse desde el inicio y utilizarse como herramienta para influenciar y mejorar los sistemas y los enfoques de la formación profesional. 
A pesar de que el actual programa goza de popularidad, no han faltado las críticas al contenido, los procedimientos y la gestión, aspectos que deberán ser analizados más a fondo. 
He dirigido un escrito al Presidente Santer sobre este asunto y espero que hayamos aprendido la lección. 
He escuchado y valorado las opiniones de varias organizaciones, entre las que se incluyen los interlocutores sociales, a la hora de redactar las propuestas que presentamos al Parlamento. 
Nuestras propuestas comunes que hoy presentamos aquí para introducir mejoras al nuevo programa Leonardo nos brindan una nueva oportunidad de apreciar el potencial del programa europeo de formación profesional que, junto con el nuevo programa Sócrates y La Juventud con Europa, suponen una importante contribución a una Europa de la formación a lo largo de toda la vida. 
Básicamente, el programa Leonardo puede influir en los sistemas de provisión de los Estados miembros, fomentar la transnacionalidad y la innovación, permitir la movilidad y es un programa que nos infunde mucha confianza de cara al futuro. 
Sabemos que la formación profesional seguirá siendo un elemento clave en el desarrollo económico de Europa. 
Este programa debe ser valorado y visto como un laboratorio para la innovación. 
Señor Presidente, señorías, lamento que la señora Comisaria todavía no esté presente, pero en estos días es evidente que los comisarios tienen retrasos a diario. 
Debe ser por el tráfico, al menos eso espero. 
¡Ah, estupendo, ya viene! 
Me gustaría empezar evocando a Jean Monet, uno de los padres de Europa, quien en una ocasión afirmó que no unimos Estados sino seres humanos. 
Este objetivo debe convertirse en la línea directriz de nuestra política, de la Unión Europea y muy especialmente del Parlamento Europeo. 
Las esperanzas se dirigen en primer lugar a las jóvenes generaciones, porque representan el futuro del país que se hará realidad en breve. 
Por ello es preciso hacer fructificar esta esperanza, para que los jóvenes descubran un vínculo verdadero con el proceso de integración europea. 
Conseguir una estrecha vinculación entre la juventud europea, a través de las redes de formación, por ejemplo, creará una Europa más fuerte, más unida y más grande de lo que nos podemos imaginar. 
Reconocer esto ha dado lugar a que la política de formación europea se haya convertido en una tarea central comunitaria dentro de la Unión Europea. 
Por esta razón, necesitamos un proyecto global encaminado a fomentar la dimensión europea en la educación. 
Yo añadiría: nuestra tarea no es modificar o armonizar la política de formación de los respectivos países y nacionalidades. 
No obstante, debemos hacer aquello que los países y nacionalidades no pueden hacer tan bien como podemos hacer nosotros en Europa. 
Nuestra tarea es multiplicar verdaderamente el valor añadido europeo. 
Hemos de tener presente que la formación inicial y continua es asimismo la clave para la competitividad de Europa y que, por tanto, un objetivo específico de nuestra política de formación es la mejora de la calidad de la formación y la preparación de los jóvenes para su inserción en la vida laboral y en la sociedad. 
Esto permitirá a los jóvenes no sólo su integración social, sino que mantendrá su posición como participantes en la vida económica. 
El nuevo programa Sócrates y los programas que hoy vamos a debatir conjuntamente deben ampliarse a un programa de ciudadanía europea en toda regla, que se coordine con otros programas en materia de juventud, educación e investigación y que adquiera aún más eficacia. 
Hasta ahora han participado en medidas de intercambio del programa Sócrates cerca de 11.000 jóvenes, 500.000 estudiantes, 60.000 profesores, así como 30.000 profesores de idiomas en medidas de formación continua, 1.500 universidades y 10.000 escuelas, sin que podamos nombrar a todos los participantes que merecerían ser nombrados en las medidas relativas al aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
En el futuro, el programa Sócrates será objeto también de una mayor descentralización, una simplificación del procedimiento de solicitud y de selección. 
Este programa se dirige a unos 300 millones de ciudadanas y ciudadanos, desde la escuela hasta el término de su vida profesional; por decirlo con una expresión coloquial: desde la cuna hasta la sepultura. 
Por eso, no podemos conformarnos sin más con el programa, debemos prestarle una extrema atención. 
Por esta razón hemos presentado enmiendas a la propuesta de la Comisión- que, no obstante, es muy buena, eso quiero señalarlo explícitamente -, unas enmiendas que hemos formulado de manera habitual como representantes de los ciudadanos. 
Las enmiendas que hemos presentado son sustanciales en ciertos casos, en otros se trata tan sólo de pequeñas modificaciones. 
Pero una de las modificaciones muy sustanciales que se formulan es que las ocho propuestas de acción que plantea la Comisión en el programa quedan reducidas a seis. 
Pensamos que esta enmienda es muy importante porque- quiero subrayarlo explícitamente- queremos sacar más partido de la significación de las cinco grandes acciones. 
Voy a nombrarlas una vez más: por fortuna, empezamos con la acción denominada Comenius: enseñanza escolar, que incluye asociaciones entre centros escolares, profesorado. 
La siguiente acción es Erasmus: enseñanza superior, a saber, cooperación universitaria europea, movilidad de estudiantes y profesores. 
La tercera acción es Grundtvig: otros itinerarios educativos, formación en alternancia, educación de adultos, nuevos planteamientos educativos. 
La cuarta acción es Lingua: enseñanza y aprendizaje de idiomas. 
La quinta acción, a mi modo de ver, es Minerva y no Atlas, como proponía la Comisión, porque opino que los multimedia- que son el objeto de esta acción- requieren mucha sabiduría, y por ello he escogido Minerva como patrona de este apartado. 
La sexta acción son las medidas horizontales. 
Hemos dado mucha importancia a reforzar las competencias lingüísticas de nuestros jóvenes y hemos afirmado que es conveniente que, en el futuro, los jóvenes aprendan dos idiomas más. 
Uno de los idiomas debe ser el idioma de un país vecino, porque de ese modo es más fácil operar en el mercado interior. 
El segundo idioma debe ser otro idioma de comunicación. 
En el apartado Comenius he mantenido una postura contraria a la de la Comisión. 
Lo ha permitido. No creo necesario que las escuelas que quieran participar tengan que presentar un plan. 
Señora Comisaria, no soy muy partidaria de los planes. 
El cumplimiento de los planes se queda en el papel y no añade nada. 
A este respecto, permítanme que les diga que soy mucho más favorable a que un maestro que quiera participar en el programa tenga que presentar una solicitud individual. 
Piensen que el sistema escolar es distinto del sistema universitario. 
Me complace que en el futuro también sea posible el intercambio escolar. 
En el apartado Erasmus hemos añadido algo que quizá pretenda limitar los escasos medios disponibles, sobre todo a aquellos que realmente lo necesitan, si es que es posible conforme a las directivas relativas a las ayudas. 
Hemos intentado denodadamente reforzar el sistema ECTS y para ello hemos solicitado que las universidades hagan también un esfuerzo. 
Quisiera añadir algo sobre el tema financiero. 
Este es el capítulo más importante, y agradezco a la Comisión de Presupuestos que esta vez esté de nuestro lado. 
Los 1.400 millones propuestos son muy poco. 
Es mucho para que el proyecto muera y muy poco para que sobreviva de verdad. 
Hemos pedido 2.000 millones de euros para cinco años, es decir, para los 15 Estados miembros y los 13 países asociados que también participan. 
Sólo cabe decir que es lo único que en verdad podemos hacer, lo que realmente conviene a los ciudadanos europeos. 
Nuestras muchas campañas de información están muy bien, pero son medidas puntuales. 
Las medidas de formación pretenden hacen de los jóvenes europeos unos ciudadanos que realmente piensen en Europa y la sientan con intensidad, de modo que les ruego encarecidamente que nos ayuden a convencer al Consejo de que necesitamos 2.000 millones para los cinco años. 
Muchas gracias, señora Pack. 
La última parte de su intervención es la premisa para el debate que se va a celebrar en la conciliación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, justo antes de la interrupción estival, señora Comisaria, presentó usted el programa de acción «Juventud» 2000-2004. 
Es una satisfacción para nosotros contar hoy con un programa global que agrupa todas las medidas destinadas al mismo objetivo. 
Aporta una mayor cohesión entre las acciones, evita la fragmentación de los fondos- que en definitiva son escasos- y permite practicar una política clara. 
Hoy, apenas unos meses después de la presentación de su documento, queremos modificar esta política, cosa que espero nos permitirá. 
Como ponente, quisiera prestar atención a los siguientes puntos. 
En primer lugar, con este programa hay que llegar al mayor número posible de jóvenes, sobre todo, de los jóvenes que más necesitan este tipo de programas. 
En segundo lugar, hay que dotar al programa de una dimensión política. 
El programa debe integrar también a la juventud en la construcción de la Unión Europea reforzando la ciudadanía europea de los jóvenes. 
En su propuesta, señora Comisaria, se subraya principalmente la disponibilidad de los jóvenes para el mercado de trabajo, el concepto de employability. 
Pero el Parlamento Europeo quiere ampliar este objetivo y, por consiguiente, dotar de mayor equilibrio el programa. 
Ahora quiero repasar brevemente las modificaciones que ha presentado la Comisión de Juventud del Parlamento Europeo a su programa. 
La primera y fundamental, el aumento del presupuesto. 
Propone usted 600 millones de ecus y nosotros pedimos 800 millones, para poner de relieve que Europa quiere invertir verdaderamente en sus jóvenes generaciones y que, sobre todo, necesitamos los fondos para realizar los ambiciosos objetivos del programa. 
El aumento es una cosa, pero para nosotros es tan importante al menos una reestructuración de los fondos. 
En su propuesta, disculpe usted, señora Comisaria, llama la atención la omnipresencia del servicio voluntario europeo. 
Si sumamos las cifras, vemos que dos tercios de los fondos de todo el programa, justificada o injustificadamente, se destinan al voluntariado europeo. 
No estamos ni a favor ni en contra del voluntariado europeo, no se trata de eso, pero observamos que se corre el riesgo de que otros programas, como los proyectos de intercambio o las iniciativas juveniles, queden relegados. 
Por eso queremos restablecer el equilibrio sin tener que provocar el pánico, porque el voluntariado europeo recibirá siempre más recursos que los que la Sra. Fontaine, a la sazón ponente, pedía por aquel entonces en esta Cámara, en nombre del Parlamento, para el voluntariado europeo. 
En su propuesta, lo comprendemos, se refiere casi exclusivamente a la preparación para la vida profesional, a la inserción en el proceso laboral, a la integración social y profesional. 
Desgraciadamente se dejan de lado conceptos como la ciudadanía para los jóvenes, la vida en sociedad, el aprendizaje intercultural. 
Huelga decir que estamos convencidos de que el empleo es especialmente importante para los jóvenes, pero este grupo también es muy consciente de temas como el medio ambiente, el mantenimiento de la paz y la solución pacífica de los conflictos, la cooperación europea e internacional, así como la posición, los derechos y las responsabilidades de los jóvenes en la sociedad. 
Asimismo, somos de la opinión de que este programa debe ofrecer una respuesta a fenómenos como el individualismo, el nacionalismo, la inseguridad, la quiebra de la confianza en el prójimo y en el futuro. 
Por eso pensamos que debe fortalecerse el pilar de los intercambios de jóvenes, tanto más si aumentamos los fondos y los reajustamos para conseguir que aproximadamente medio millón de jóvenes se vean implicados en las diferentes acciones. 
Abordamos también otros aspectos. 
Somos de la opinión, y hemos analizado someramente el experimento al que se ha arriesgado usted con el CFO, de que el voluntariado no debe perjudicar a los puestos de trabajo y sobre todo que las organizaciones receptoras deben respetar plenamente las reglas del juego de la UE. 
En cuarto lugar, pensamos que el dinero debe ir a parar a quien más lo necesita. 
En la evaluación señalamos que de las conversaciones con los jóvenes y con los organismos locales se desprende que ellos son quienes mejor conocen el camino y que al mismo tiempo son los que mejor pueden disfrutar de los fondos. 
Queremos llevar a cabo eso precisamente en beneficio de los jóvenes que invariablemente se quedan al margen. 
Por último, queremos más apertura en la evaluación de los proyectos, un mejor conocimiento del programa y cierta flexibilidad en el día a día a la hora de determinar los límites de edad. 
La Comisión de Juventud del Parlamento ha querido escuchar sobre todo a los propios jóvenes y a las organizaciones que garantizan la ejecución del programa. 
En primer lugar, invertir más fondos para poder llegar a más jóvenes. 
En segundo lugar, establecer un equilibrio entre las diversas acciones, establecer directivas más estrictas y un mayor supervisión de las dotaciones correctas. 
En tercer lugar, democratizar el acceso y la ejecución del programa y, por último, ofrecer más perspectivas de futuro a los jóvenes y al mismo tiempo ofrecer más perspectivas de futuro al proyecto europeo aumentando la participación de los jóvenes. 
Señor Presidente, de el mismo modo que en el caso del programa «Civilización 2000» examinado ayer, con las tres propuestas que debatimos hoy la Comisión inaugura un nuevo planteamiento global en un intento por concretar las líneas directrices estratégicas contenidas en la Agenda 2000 y en su comunicación de noviembre de 1997 sobre la Europa del Conocimiento. 
Es también una característica común a las tres propuestas el que todas, a través de la mejora del conocimiento y de la formación, tanto general como profesional, aspiran de forma directa e indirecta, o pueden tener como resultado la mejora en el empleo y, a medio y largo plazo, la reducción del paro. 
Por consiguiente, tiene gran importancia que la cohesión entre dichos programas sea compatible así como su sinergia con otros programas comunitarios, y por consiguiente el aumento de su eficacia, lo que justifica no sólo la prolongación de los programas cuyo valor ya se ha demostrado sino también el nuevo marco en el que se integran. 
Por tanto, no se trata sólo de un aumento cuantitativo sino también de un intenso carácter cualitativo. 
Y ello lo tuvimos en cuenta en la Comisión Presupuestaria a la hora de examinar el modo con el que se les debería hacer frente desde el punto de vista fiscal. 
Dichos programas no constituyen actuaciones aisladas y con las propuestas que se debaten se pretende establecer políticas comunitarias reales en el sector de la educación y de la educación y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y 127 del Tratado. 
Aquí se trata de programas donde tiene prioridad la competencia de los Estados miembros, y más tarde retomaré esto, Señor Presidente. 
Sin embargo, en virtud del principio de subsidiariedad, la Comunidad viene a complementar las acciones de los Estados miembros, a añadir una nueva dimensión europea, a coordinar las actividades existentes a nivel multinacional y a promover la colaboración entre los Estados miembros, así como con terceros países y organizaciones internacionales. 
Es decir, a hacer aquello que los Estados miembros no podrían hacer o, de poder hacerlo, no tendrían la eficacia ni el mismo valor añadido global a nivel comunitario. 
Ahora, desde un punto de vista estrictamente financiero. 
No debemos olvidar que aún no se ha decidido la cuantía de las nuevas subvenciones que requerirá el nuevo marco financiero. 
Todavía se está debatiendo. 
Por tanto, considero- y esta es la opinión de la Comisión Presupuestaria- que el aumento de 1.400 a 2.000 podría ser exagerado en este momento. 
Sé que es algo que las comisiones competentes no apoyan con especial entusiasmo, pero siempre está la segunda parte de la enmienda que prevé la posibilidad de una readaptación anual de hasta el 20 %, y ello ofrece la posibilidad de que los programas que estén en marcha se financien de forma más amplia. 
Desearía, en cualquier caso, recordar todo lo que mencioné ayer sobre el programa «Civilización 2000» acerca del carácter indicativo de las cantidades cuando éstas se refieren a actos legislativos y sobre el papel del procedimiento presupuestario anual. 
Estimados colegas, debemos recordar dos cosas. 
La primera es que, una vez que se registran cantidades, es responsabilidad del Parlamento y, por supuesto, de la Comisión hacer que dichos programas, cubiertos por dichas cantidades, se ejecuten. 
Es decir, que no queden restos que creen problemas de carácter financiero para usos ulteriores. 
El segundo punto a recordar es que muchas veces los programas entran en la competencia y en la capacidad del Parlamento de ser una parte integrante de las dos que componen la Autoridad Presupuestaria para abordar anualmente el presupuesto de la Unión Europea. 
Por tanto, cuando nos encontramos con programas marco grandes, de alguna forma, creamos problemas a los derechos del Parlamento en el ámbito financiero y presupuestario. 
Que las comisiones competentes tengan en cuenta estos dos puntos y que comprendan la propuesta que hacemos. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión que ahora sometemos a debate acerca de la segunda fase del programa Sócrates forma parte de un conjunto más amplio que comprende, además del ya citado, otros programas como Leonardo da Vinci, en el ámbito de la formación profesional, y el nuevo programa de acción «Juventud». 
Este último programa de acción es el resultado de la fusión de La juventud con Europa y el Servicio voluntario joven. 
La dotación global de estos tres programas para el período 2000-2004 es de 3 000 millones de euros. 
Junto con otro nuevo programa, Cultura 2000, todos ellos sirven para potenciar de manera considerable la dimensión cultural en la Unión Europea. 
Al existir todavía una gran diversidad de programas, cuya aplicación en el pasado ha sido además irregular, la Comisión de Presupuestos considera que es importante que se incremente la acción sinérgica entre estos programas. 
Esta postura se dejó ya patente con motivo del debate sobre el presupuesto para el próximo año. 
Al mismo tiempo, la Comisión de Presupuestos mostró su convicción de que estos programas han de servir para crear empleo, en cooperación con los programas relacionados con la investigación y las nuevas tecnologías. 
De hecho, la Comisión de Cultura ha incluido estos planteamientos en su informe. 
Sócrates es el más amplio de todos los programas del ámbito cultural. 
La Comisión ha propuesto una dotación de 1.400 millones para los próximos cinco años. 
En opinión de la Comisión de Presupuestos, este importe ha de servir de orientación prioritaria, si bien deseamos también una dotación que ofrezca un mayor margen de movimiento. Por este motivo proponemos la enmienda n- 1, en la que se propone un margen del 20 % para modificar dicho informe en caso de que se produjeran nuevas circunstancias objetivas y estables por motivos claros y precisos. 
La Comisión de Presupuestos estima que se deben mantener por separado, por un lado, los gastos administrativos, las acciones de ayuda de carácter general y el apoyo técnico, y, por el otro, los gastos que ocasionan las actividades propiamente dichas. 
Esta medida debe ser aprobada de manera específica por la autoridad presupuestaria. 
Si no se lograra su aprobación, los mencionados gastos, que constituyen una considerable partida financiera en torno a los 85 millones de euros, mermarían los recursos de las propias actividades. 
Ademas de las modificaciones ya expuestas, la Comisión de Presupuestos ha examinado ciertos pormenores que ya se recogen en su opinión. 
Sócrates es uno de los programas de mayor éxito de la UE. 
Por este motivo, la Comisión de Presupuestos ha ofrecido, y seguirá ofreciendo, todo su apoyo a la propuesta de la Comisión. 
Señor Presidente, hablo como ponente de la consulta correspondiente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y basándome en el procedimiento de planteamiento doble, el procedimiento Hughes, mediante el cual también vimos el tema en nuestra comisión en especial para el programa Juventud para Europa. 
Antes de nada, quiero decir también que consideramos que dichos tres programas, el programa para la Juventud, el programa Leonardo y el programa Sócrates son, realmente, un conjunto uniforme, un marco general con el que la Unión Europea, la Comisión Europea, con su propuesta concreta, viene a hacer realidad, a materializar el planteamiento para una Europa de la Formación y del Conocimiento. 
Asimismo, y en especial para la Juventud, la Comisión de Asuntos Sociales subraya la importancia de dicho impulso del ciudadano activo y responsable a nivel comunitario mediante la promoción de valores fundamentales como son la solidaridad y el fomento de la participación. 
Aparte de esto tiene importancia, de forma más específica, por estar relacionada directa e indirectamente con el empleo, la adquisición de destrezas y cualidades generales. 
En este punto hago referencia a que, por definición, las actividades que tienen que ver con la juventud en lo relativo al empleo hacen referencia, principalmente, a la oferta de voluntariado a nivel local y, preferentemente, mediante asociaciones no lucrativas, es decir, de alguna manera, están en el marco del tercer sector de empleo, asunto, como es sabido, al que el Parlamento Europeo concede especial importancia. 
Además, creemos que la concentración deberá darse en el fomento de la actividad, en dicho programa, de jóvenes procedentes de entornos desfavorables, precisamente para que dichos, grupos tengan la posibilidad de expresarse. 
Así pues, con dicho espíritu, hemos intentado, mediante una serie de enmiendas- alrededor de 20- hacer énfasis en dichos puntos. 
Y aquí debo agradecer al ponente de la Comisión de Juventud, el Sr. De Coene, que admitió en su informe la mayoría de las enmiendas y así se vota hoy aquí un planteamiento, en cierto modo, común. 
Señor Presidente, son tres informes para un mismo objetivo: la Europa de los ciudadanos. 
Éste es el compromiso suscrito por el Tratado de Amsterdam en favor de una política del conocimiento y de la formación a lo largo de toda la vida. 
Cuando una actuación comunitaria consigue la unanimidad sobre los objetivos alcanzados, hay que saber felicitar a la Comisión. 
Creo sinceramente que los tres programas Sócrates, Leonardo da Vinci y La Juventud con Europa han sido un éxito, y hay que felicitar por ello a todos los que, en un momento u otro, han sido artífices de su puesta en práctica. 
La Comisión ha previsto acciones conjuntas para los tres programas en aras de la racionalización y la eficacia, aunque se difumina la distinción entre formación inicial y formación continua, al igual que entre educación formal e informal. 
Yo apoyo totalmente esta idea de actuación conjunta; creo que se trata de una innovación positiva. 
Desgraciadamente, esto no es lo único que tienen en común los programas. 
Comparten también su miserable presupuesto y, pese al reciente éxito financiero obtenido para Sócrates, como no dejamos de ampliar su ámbito de actuación, lo que más faltan son medios. 
Pese a ello, el grupo UPE apoyará el contenido de los tres informes, y yo doy gracias a los ponentes por la calidad del trabajo realizado y por lo abiertos que se han mostrado para escuchar todos los puntos de vista. 
¿En qué va a consistir entonces la segunda generación de estos programas? 
Con Sócrates, lo que se quiere es reforzar la dimensión europea de la educación a todos los niveles, fomentar la cooperación en la educación, suprimir los obstáculos para esa cooperación e impulsar la innovación educativa. 
El programa es conocido ahora por todo el mundo y, pese a las numerosas contrariedades y obstáculos que se oponen a la movilidad, siempre hay también numerosos candidatos que desean beneficiarse de él. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Cultura para el programa Leonardo Da Vinci, querría detenerme algo más en éste. 
Leonardo da Vinci tiene el fin de mejorar y reforzar la inserción social y profesional de los jóvenes mediante el acceso a una formación continua a lo largo de toda la vida. 
El primero se refiere al reconocimiento de las virtudes de la movilidad y a la voluntad de desarrollar la movilidad virtual como complemento. 
Yo suscribo ambas cosas, porque pienso que las nuevas tecnologías de la comunicación deben suprimir las distancias; pero insisto también en el elemento insustituible que es el encuentro entre las personas. 
Las nuevas tecnologías tienen que servir sobre todo para acercar las zonas rurales a las zonas urbanas, las personas del norte a las del sur, y ésta es la gran riqueza de los programas: saberlos integrar, saberlos utilizar, pero sin olvidar el encuentro entre las personas. 
El segundo punto se refiere al papel de las pequeñas y medianas empresas en el proceso de la formación en alternancia y la formación profesional, y al destino aún demasiado tímido que tienen reservado en el círculo del diálogo social y de la asociación. 
Debemos revisar esta situación con una voluntad política de verdadero diálogo. 
El tercer punto se refiere a la promoción que hay que hacer del programa entre las personas de todas las edades, sabiendo que el objetivo de la formación a lo largo de toda la vida no se puede limitar a ofrecer programas tan sólo a los jóvenes. 
Insisto, finalmente, y ello me permitirá enlazar con un comentario sobre el programa «La Juventud con Europa y servicio voluntario europeo» , en que el reconocimiento de lo aprendido mediante la educación informal debe integrarse rápido en las competencias de los diferentes participantes de estos programas. 
Y, para terminar, quisiera comentar el programa marco de juventud, comentar sus cualidades y comentar sus fallos. 
«La Juventud con Europa» favorece el fomento de experiencias de educación informal de los jóvenes al facilitar la movilidad dentro de la Unión Europea y con países terceros; favorece asimismo la iniciativa juvenil. 
Sus cualidades: el éxito de la experimentación del servicio voluntario europeo garantiza el éxito del programa, los objetivos son encomiables y encomiados, pero se le dedica mucho más dinero que a las otras tres acciones del programa Juventud y sus fallos son, claro está, de orden financiero. 
A propósito de esto quisiera decir cuánto lamento comprobar que la acción «Una oportunidad para los jóvenes» , que es la relacionada con sus iniciativas, con su compromiso, esa por la que van a apropiarse de Europa y convertirse en verdaderos ciudadanos europeos, responsables de su futuro y comprometidos con la creación de su propio puesto de trabajo, esa acción, repito, se descuida financieramente en relación con el enorme desafío que representa. 
Yo he hecho además dos propuestas sobre este informe: que se equilibre el presupuesto para estas medias y que se cree una estructura cuyo objetivo sea recopilar la información y documentación existente sobre la juventud, las publicaciones y estudios específicos, y que permita potenciar los programas dirigidos a los jóvenes, tanto los pertenecientes a los Estados miembros como los de las instituciones comunitarias o las propias organizaciones juveniles. 
Dicha estructura podría completarse con una página web que gestionaría la Comisión y que favorecería una comunicación interactiva entre jóvenes en los campos más diversos, sin tener que formar parte, además, de las políticas comunitarias integradas. 
Debemos entregar Europa a los jóvenes y ellos deben apropiarse de ella. 
Éste es nuestro trabajo, y esa estructura podría llamarse: «Europa 15-25». 
Señor Presidente, mi retraso esta mañana se debe a un atasco, pero por lo que veo hay más colegas que han tenido este problema. 
Gracias por su paciencia. 
En nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales puedo decir que la segunda generación de programas, en concreto el programa Sócrates, constituye un gran paso adelante con respecto a la cohesión y la gestión. 
Ya hemos podido comprobar que no supone ninguna novedad estratégica. 
Pienso que si consideramos el impacto de este tipo de programas en la creación de empleo nos daremos cuenta de que son extremadamente importantes, por ejemplo, para fomentar la movilidad dentro de la Unión Europea. 
Siempre se empieza con la juventud y si se acostumbra uno a aprender en otro país también se acostumbrará uno a aceptar trabajo en otro país. 
Dentro de este programa por lo general se desarrollan buenos proyectos para fomentar este tipo de iniciativas. 
Quiero señalar un par de aspectos con respecto a los que me gustaría ver las cosas de otra manera. 
Deben celebrarse acuerdos especiales entre Malta y Turquía. 
Debo señalar que la Comisión sigue sin presentar propuestas, y tampoco lo ha hecho para el acuerdo especial para garantizar la adhesión de estos países. 
Precisamente, si queremos dar a la democracia de estos países una oportunidad adicional- y me refiero, por ejemplo, a Turquía- deberíamos presentar las propuestas. Llevan ya unos tres o cuatros años. 
Asimismo, con respecto a la sociedad de la información, quisiera llamar la atención sobre la cooperación con países como Japón y Estados Unidos. 
Es sumamente importante que los jóvenes puedan realizar intercambios internacionales sobre la base de estos programas. Es una cuestión que se plantea someramente en las propuestas, pero que no se ha desarrollado suficientemente. 
Quisiera pedir al comisario que le preste especial atención. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, quisiera dar las gracias a la Comisión en su conjunto por la propuesta presentada, en la que queda recogida la necesidad de continuar el programa Sócrates. 
Estoy de acuerdo con los objetivos que se han mencionado aquí: la concentración y la continuidad de las medidas de apoyo y la proximidad a los ciudadanos. 
En lo que respecta a la aplicación del programa, hubiera sido deseable una concentración más eficaz de las medidas en ámbitos que realmente tienen un verdadero valor añadido europeo. 
Pero hay algo más esencial: Sócrates y los demás programas juveniles se han convertido desde su creación en un elemento integrante ineludible de la política de formación europea, y al mismo tiempo, he decir que, por desgracia, también se han convertido en una excusa cómoda para que los Estados miembros no asuman sus competencias en lo que respecta a la europeización de sus escuelas, universidades y otros centros escolares. 
Así pues, una medida más consecuente sería que el Parlamento y el Consejo se decidieran a conceder una mayor dotación financiera para el programa. 
A juicio de mi grupo, los 2.000 millones de ecus solicitados por la Comisión del Parlamento constituyen el mínimo absoluto. 
Los 1.400 millones que la Comisión ha propuesto para cinco años no son un verdadero aumento, si se tiene en cuenta el último estado de gastos, los gastos adicionales que entraña la formación de adultos existente en la actualidad y la carga suplementaria que entrañará la ampliación a los países de Europa Central y Oriental. 
Y, desde luego, no lo son si, como queremos los socialdemócratas, se pretende corregir el desequilibrio de este programa. 
La escasa dotación financiera del programa Sócrates y de otros programas juveniles no tiene absolutamente nada que ver con las bellas palabras, que tan poco cuestan, acerca de la necesidad de reforzar el movimiento juvenil en Europa y de crear un verdadero espacio europeo en materia de formación. 
No puede ser que, por desgracia, haya que estar siempre llamando la atención sobre el hecho de que las medidas de intercambio juvenil de la UE cada año reciben menos fondos que las ayudas agrarias para el cultivo de guisantes, habas o altramuces. 
También se olvida que, además del factor de integración, Sócrates aporta también una contribución sobresaliente a la creación de empleo. 
Cada joven dispone en su etapa de formación de una oportunidad para salir al extranjero y profundizar sus conocimientos de idiomas. En esto consiste la igualdad de oportunidades. 
En lugar del 2 % de estudiantes que participan hoy en día en el programa Erasmus, deberían ser más bien el 10 %, según nuestras expectativas. Lo mismo ocurre en el caso de los jóvenes que acceden a la formación profesional, que hoy en día no llegan a representar ni siquiera el 1 % en las medidas de intercambio de la UE. 
Por tanto, mi grupo ha pedido desde el principio una mayor dotación financiera del programa, porque las becas individuales son demasiado escasas. 
Por ejemplo, en el caso de Erasmus, el sueldo medio es tan sólo de 70 ecus. Desde luego, esto no supone ningún incentivo para que los jóvenes de familias socialmente desfavorecidas pasen un semestre en el extranjero. 
Pido su apoyo para ello. En el marco de Comenius, querríamos establecer un nuevo marco financiero para introducir el fomento del aprendizaje en forma de contratación con un plazo temporal para los profesores en paro en los países vecinos. 
Esto contribuye a la europeización de la enseñanza y da a los jóvenes pedagogos en paro su primer empujón en la vida profesional. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores diputados, con el programa Leonardo tenemos la intención no sólo de completar, sino de sacar adelante a nivel europeo las iniciativas de los Estados miembros en materia de formación profesional. 
Sigamos construyendo la Europa del conocimiento y la Europa de la innovación en materia de investigación, desarrollo y formación. 
En vista de los retos que plantea la globalización, esto resulta totalmente imprescindible. 
Por otra parte, señora Comisaria, es altamente cuestionable que los medios propuestos- 1.000 millones de ecus- sean suficientes para el periodo 2000 a 2004, teniendo en cuenta la estrategia de adhesión. 
Por tanto, proponemos un procedimiento presupuestario en el que se vuelva a establecer sobre una base anual la dotación financiera, y pedimos que el programa Leonardo se amplíe hasta el año 2006 con el correspondiente incremento financiero. 
Para conseguir una mayor eficacia, es necesario vincular los medios financieros con otras medidas europeas. 
Los nuevos Fondos estructurales, las iniciativas comunitarias, los programas de formación Sócrates y Jugend, así como reducir de 19 a 3 los objetivos del programa y de 23 a 6 las medidas, es algo más que una mera corrección numérica, ya que sienta las bases de una mayor eficacia. 
Una formación básica profesional y cualificada debe desarrollar conocimientos, por ejemplo en relación con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
El trabajo en equipo, los procesos de aprendizaje de dinámica de grupos, la alta competencia en la resolución de problemas son la herramienta para las profesiones del futuro. 
Los jóvenes necesitan un mejor acceso a la vida profesional desde la formación inicial en adelante. 
Todas las edades necesitan acceso a una formación continua de calidad conforme a nuestra noción de educación a lo largo de toda la vida. 
Sigue habiendo la tendencia a no prestar atención, e incluso menospreciar, las experiencias adquiridas con la edad, aunque muchos jóvenes podrían aprovecharse de ellas. 
Ahora tenemos la posibilidad de conseguir que los trabajadores más mayores sigan motivados y activos. 
Si se invierte lo suficiente y a largo plazo en formación profesional mejorarán las oportunidades de que los europeos puedan competir a nivel internacional por un lado y por otro lado fortalecer la cohesión social. 
Susan Waddington ha elaborado, una vez más, un excelente informe y ha integrado prácticamente todas las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido Popular Europeo. 
Por tanto, tengo la esperanza de que acepte también nuestras enmiendas más recientes, en las que resaltamos la importancia del programa Leonardo para la formación profesional inicial y continua. 
Somos unánimes en lo que respecta a orientar el sistema de formación hacia la reinserción en la vida profesional y hacia la integración en el proceso de trabajo de aquellos que tienen conocimientos insuficientes o que han quedado obsoletos. 
Leonardo se basa en el artículo 127 (procedimiento de cooperación) y Sócrates, en el artículo 126 (procedimiento de codecisión). 
Tanto Leonardo, para el ámbito profesional, como Sócrates, para el ámbito general, deben tener el mismo valor. 
Nuestro gran potencial es y seguirá siendo el capital humano, al que hay que apoyar de modo constante, también en el aspecto profesional. 
Ojalá consigamos, con Leonardo II, seguir desarrollando la flexibilidad y la realización personal para el siglo XXI. 
Señor Presidente, señorías, es de sobra conocido que la formación inicial y continua guardan relación con la competitividad y el progreso económico. 
A ello hay que añadir que para nosotros, los europeos, si queremos alcanzar esta unidad, entonces hemos de aspirar a que la juventud tenga la oportunidad de percibir Europa. 
Esta es la más importante tarea política en relación con la labor de formación europea. 
No quiero sumarme al coro de las lamentaciones sobre la escasez de recursos, pero hay una cosa clara, y antes se ha hecho alusión a las «bellas palabras». 
No hay ninguna conferencia intergubernamental en la que no se haya dicho que es imprescindible más dinero para la formación y la investigación. 
Sin embargo, los hechos a veces indican lo contrario. 
Creo que deberíamos inducir verdaderamente a la conferencia intergubernamental a que sangre un poquito más a sus ministros de finanzas. 
¿Por qué? 
Porque es necesario ampliar e intensificar la labor de formación. 
En mi patria, Austria, por ejemplo, durante tres años se produjo una intensa tendencia expansiva de internacionalización de los estudiantes que después ha vuelto a descender ligeramente. Tenemos que hacerle frente. 
Es muy importante que destinemos más recursos para incluir en este proceso a los países candidatos a la integración, que también deben experimentar su futuro europeo, especialmente en el ámbito estudiantil. 
Es absolutamente imprescindible intensificar la enseñanza de idiomas. 
En este terreno, cada ecu invertido representa un dinero perfectamente empleado para el futuro de la estabilidad política y económica de nuestros Estados miembros. 
Ahora bien, también hay problemas de orden concreto y práctico. 
Cada vez escucho más comentarios referentes a que la información en las oficinas nacionales a veces es motivo de queja y a que suele ocurrir que en las universidades europeas la información no funciona tan bien como debiera. 
Señora Comisaria, una pregunta sería si todas están verdaderamente coordinadas y con la información puesta al día para poder transmitir también informaciones correctas. 
Asimismo es importante señalar que hay un par de problemas de tipo práctico por resolver. 
Me refiero sólo a los problemas de la seguridad social, sobre todo en lo que respecta al seguro de enfermedad. 
Otro problema muy concreto y práctico, lógicamente, es el de la vivienda. 
Quizá se pudiera avanzar en este terreno con la creación, a iniciativa europea, de una infraestructura específica común para el ámbito de la vivienda. 
La formación es una tarea europea. 
Europa es una comunidad de formación. 
Eso se da por descontado. 
Por tanto, actuemos en consecuencia, concedamos los recursos necesarios para ello. 
Es un dinero bien invertido. 
Señor Presidente, la formación profesional adecuada es un elemento de prevención del desempleo, ya lo sabemos. 
No es que cree puestos de trabajo como tales, pero, en esta situación de desempleo masivo, es esencial para los jóvenes. 
Ahora bien, los programas europeos no pueden sustituir a los Estados miembros en la asunción de sus responsabilidades que les corresponden en tanto que Estados. 
De lo que se trata es de dar a la dimensión europea un verdadero valor añadido, con vistas al proceso de la política de empleo europea previsto en Luxemburgo, con vistas al proceso dirigido hacia la sociedad del conocimiento, que puede aprender de la cooperación a través de diversidad europea, y con vistas a desarrollar la cosecha de experiencias a escala europea que tenemos aquí. 
Necesitamos desburocratizar el programa. 
No necesitamos una renacionalización. 
El objetivo ha de ser destinar realmente un 1 % del presupuesto de la Unión para la formación profesional, ya que es una inversión de futuro y no un mero gasto de consumo. 
Como Grupo de los Verdes, hemos presentado enmiendas al excelente informe de la Sra. Waddington en lo referente a la formación en alternancia, las medidas de acompañamiento de la investigación y la apertura al tercer sistema. 
Con respecto a los excelentes programas sobre los que hoy estamos debatiendo se cierne una sombra, señora Cresson. 
Por favor, ponga su casa en orden, para que su sucesora pueda aplicar verdaderamente y con pleno vigor el programa Leonardo mejorado. 
Quisiera unirme al llamamiento de la Sra. Waddington al Sr. Santer y apoyarla enérgicamente con todas las fuerzas. 
Señor Presidente, el excelente informe que hoy hemos escuchado no puedo comentarlo por falta de tiempo y porque quiero centrarme especialmente en el programa relativo a la juventud. 
En nombre de nuestro grupo, expresamos explícitamente nuestro acuerdo con las sugerencias que ha hecho el ponente. 
Sería bueno que hubiera más medios, pero sobre todo es imprescindible que los medios se distribuyan de modo más equilibrado. 
Me ha chocado, señora Comisaria, enterarme de que se ha proporcionado tanto dinero al voluntariado con ocasión del campeonato mundial de fútbol celebrado en Francia. 
Me pregunto si es el destino más adecuado para estos fondos y si puede considerarse voluntariado este tipo de actividad, principalmente de relaciones públicas, que en definitiva tiene que ver con una organización creada expresamente con fines lucrativos. 
Quiero poner de relieve la importancia del programa juvenil para fomentar la ciudadanía europea. 
La mayor parte de nosotros crecimos en un entorno de eurooptimismo. 
En el caso de la juventud actual no ocurre necesariamente lo mismo. 
Hemos de despertar el interés de los jóvenes por el proyecto europeo de una manera nueva. 
Esta nueva manera de despertar el interés radicará en que los jóvenes tendrán más contacto con otros jóvenes europeos, traspasando las fronteras de las naciones, las diferencias de idioma, las diferencias culturales. 
Por ello es importante animar a los interlocutores que pueden colaborar con nosotros en este campo a continuar sus esfuerzos: municipios y organizaciones. 
Ahora bien, también debemos prestar atención a los jóvenes que no se ven incluidos en los esquemas organizativos prefijados y que difícilmente tienen a su alcance los de los municipios y organizaciones. 
Comprendo que muchos colegas aboguen aquí por la formación profesional. 
Lo comprendo perfectamente. Pero de la práctica del intercambio se desprende que los jóvenes tienen muchos más problemas en conexión con la formación profesional que en conexión con el intercambio de estudiantes, aunque sea porque el problema del idioma para el intercambio estudiantil es menos importante que para los jóvenes que estudian formación profesional. 
Por ello abogo, junto con el ponente, por un amplio programa juvenil que tenga en cuenta la dimensión cultural general de modo que haya una buena base para la ciudadanía europea y el entusiasmo europeo. 
Señor Presidente, ¡quién no acogería con satisfacción, en las nuevas propuestas de la Comisión, los esfuerzos realizados para evitar la superposición de los programas, para conseguir una mayor coherencia entre ellos, para definir con mayor precisión los objetivos y para mejorar la evaluación lo más cerca posible del terreno, al igual que el esfuerzo por respetar el principio de subsidiariedad, es decir, no proponer la actuación comunitaria sino como una verdadera plusvalía de lo que hacemos en cada uno de nuestros países! 
Yo, por mi parte, acojo con gran satisfacción que los programas Leonardo o Sócrates se extiendan, más allá de la población joven, a los adultos. 
En efecto, para empezar, la distinción entre jóvenes y adultos es arbitraria y, en segundo lugar, sabemos que la formación a lo largo de todo la vida es de vital importancia. 
En el programa «Juventud» , reconozco que el reparto entre la dotación asignada al servicio voluntario europeo y al programa «La Juventud con Europa» , que ha sido muy criticado- ya lo sé- por muchos de mis colegas, no es fácil de establecer, porque existen argumentos en ambos sentidos. 
¿Supone una ventaja una estancia breve para los jóvenes en un país extranjero, aunque el número de jóvenes beneficiados sea mucho mayor y el contacto sea más superficial? 
Uno puede cuestionárselo, evidentemente. 
Una estancia mucho más larga, una experiencia más prolongada, como la del servicio voluntario, cuesta más cara pero, por otro lado, la influencia es más profunda y, por ello, es difícil decidir; creo, sin embargo, que sería deseable un reequilibrio. 
Pero, más allá de estas cuestiones casi de detalle- casi iba a decir «tejemanejes» -me pregunto fundamentalmente sobre la filosofía de estos programas. 
Aunque unos y otros tengamos, Señorías, concepciones a veces muy diferentes de lo que debe ser la construcción europea, la aventura europea común entre nuestros países- el grupo al que pertenezco lo sabe mejor que ningún otro -, sin embargo tenemos que reflexionar más entre todos a fin de llegar a unas bases comunes para mejorar la filosofía de los programas de cara a la juventud. 
Por mi parte, no les sorprenderá que critique la expresión, presente en todas partes pero nunca definida, de «fomento de la ciudadanía europea». 
En cambio, estoy convencida, y por ello milito desde la edad de 18 años, porque la primera vez que vine a Bruselas y a Estrasburgo fue porque en mi instituto me encargaba de un periódico y teníamos un encuentro europeo sobre este tema, de que la cultura europea debe insistir en la cultura general, que tan necesaria es como base de la formación técnica, de la formación profesional y para un carácter fructífero de nuestros intercambios. 
Este punto me parecería indispensable para mejorar realmente estos programas en favor de la juventud. 
Señor Presidente, en sus observaciones iniciales, la Sra. Pack ha dicho que no debemos limitarnos a unir a los Estados, sino a unir a las personas. 
Es un aspecto de vital importancia de cara a la ampliación de la Unión Europea. 
Ahora necesitamos medidas reales, no sólo bellas palabras. 
Otros han hablado del presupuesto para este programa, y yo quisiera decir algo al respecto. 
Si destináramos para cuidar de estudiantes y profesores los mismos fondos que destinamos al cuidado de ricos agricultores, haríamos un mejor uso de los fondos comunitarios. 
Quiero hacer tres observaciones claras. 
La primera es sobre el reconocimiento de la titulación. 
Debemos realizar mayores esfuerzos para garantizar que las escuelas, los colegios y centros de formación europeos aplican nuestras normativas y cumplen los objetivos que nos fijamos. 
Actualmente son demasiados los que no están dispuestos a reconocer el talento de sus colegas procedentes de otros países en igualdad de condiciones con los de su propio país. 
Es una postura perjudicial. 
En segundo lugar, el aprendizaje de idiomas es absolutamente crucial para los pueblos de Europa. 
Es importante que aceptemos las lenguas de otros pueblos, especialmente aquéllas de las minorías. 
Esto es tanto más importante cuando nos acercamos a la ampliación de la Unión. 
Por ejemplo, debemos reconocer el derecho de los Estados candidatos a utilizar sus propias lenguas. 
Convendría alentar a los estudiantes de Europa occidental a aprender polaco o checo, al igual que alentamos a los jóvenes de dichos países a aprender inglés o alemán. 
Por último, debemos garantizar que los fondos del programa Sócrates y otros no se destinen de manera desproporcionada a los bolsillos y los presupuestos de los que ya tienen. 
Debemos garantizar que los fondos de los programas Sócrates, Leonardo y La Juventud con Europa se destinan a los estudiantes más pobres, los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas y a los más desfavorecidos. 
Actualmente, debido a la burocracia y a los procedimientos de solicitud de algunos países, los fondos van a parar de manera desproporcionada a la clase media y a la más adinerada. 
Acojo con enorme satisfacción estos proyectos y espero que la Comisión realice mayores esfuerzos para garantizar que los euros destinados a la formación llegan realmente a más europeos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, los programas para la juventud sobre los que hoy debatimos hace tiempo que se hallan entre los «éxitos de venta» de la Unión Europea, y así seguirá siendo durante un tiempo. 
Pese a un desenfrenado deseo de viajar de nuestros ciudadanos, se propicia que cada vez más jóvenes conozcan proyectos prácticos de otros países o realicen estudios en otros países. 
Si se trata de este enfoque, quisiera romper una lanza en favor de aquellos que quizá no pertenezcan al grupo de personas que acaba de describir el Sr. Evan, ya que en nuestra mano está desarrollar en el futuro un potencial de dirección con una perspectiva europea, entonces quizá se pueda asumir conjuntamente una responsabilidad con respecto a los otros. 
No obstante, son las condiciones previas en el aspecto lingüístico las que a mi juicio deben pasar a primer plano. 
En mi opinión, con la presente propuesta quizá se quede demasiado corta la participación de los Estados miembros. En el considerando 13 se aborda esta cuestión. 
La responsabilidad conjunta de los Estados miembros es algo que tenemos que seguir defendiendo, porque quizá nos resulte más fácil a la hora de formular reivindicaciones respecto al marco financiero. 
No obstante, junto a la imagen positiva que tenemos del desarrollo del programa, el segundo punto, la dotación financiera, nos parece especialmente importante, porque los cálculos son- la Sra. Pack ha aludido a ello en su intervención- que en estos programas quizá se llegue a tres euros por joven. 
En comparación, en otros sectores- y no quiero referirme exclusivamente como mi colega al sector agrario, se puede mencionar el programa MEDA u otros- los recursos disponibles son mucho más cuantiosos. 
Como vicepresidente de la delegación de Malta me gustaría expresar mi sorpresa de que no se haya hecho ninguna observación referente a una mayor inclusión de Malta en estos programas. 
La Universidad de Malta está preparada para ello, los jóvenes tienen puestas sus esperanzas en ello, y no se les puede dejar prisioneros de un gobierno bienal que en su momento congeló el programa. 
Señor Presidente, quiero manifestar mi satisfacción por el programa Leonardo II y, en particular, por el informe presentado por la Sra. Waddington esta mañana que, como es habitual en ella, es excelente. 
Debo decir que la Sra. Waddington es una de los pocos diputados que realmente escriben la mayoría de sus informes y redactan sus enmiendas, a diferencia de muchos otros diputados, entre los que me incluyo. 
Por ello, la diputada es una respetable experta en este ámbito. 
Es lamentable que ahora se encuentre en una situación que podría impedirle volver a la Asamblea el año próximo. 
Es evidente que el Nuevo Laborismo no la respeta tanto como los diputados a este Parlamento. 
A propósito, he observado con interés que la Cámara de los Lores podría dar marcha atrás al sistema. 
El programa Leonardo II es muy importante, no en último lugar, porque debe figurar en el centro de la estrategia de la Unión Europea de lucha contra el desempleo, en la educación y la formación. 
La formación profesional, en particular, encaminada a hacer más eficaz la mano de obra europea y, por tanto, más «empleable» , es la clave de la estrategia para el pleno empleo que ya debería constituir el punto central de la estrategia comunitaria. 
Esto es especialmente cierto desde que la gran victoria rojiverde en Alemania ha inclinado a Europa hacia la izquierda y ha dejado al Sr. Blair como última fuerza reaccionaria a la derecha de Europa. 
Señor Presidente, le ruego que me proteja de estos diputados que están interviniendo en mi contra. 
Las medidas del programa Leonardo son muy importantes. 
No obstante, la vigilancia y la evaluación realizadas en el programa Leonardo I plantean serios problemas y espero que la Sra. Cresson responda a las preguntas que le han sido dirigidas. 
Hasta ahora no lo ha hecho. 
Y espero que el Presidente Santer responda a las preguntas que le han sido dirigidas y se tome en serio los importantes interrogantes surgidos acerca de la administración y el presupuesto del programa Leonardo I y garantice que el programa Leonardo II será mejor gestionado. 
Señor Presidente, señorías, en el debate conjunto sobre los programas Sócrates y Leonardo se puede hacer balance con toda claridad, sobre todo en comparación con los resultados obtenidos hasta la fecha. 
Del lado del activo cabe situar al programa Sócrates con su dirección general. 
Los 500.000 estudiantes, 30.000 profesores de idiomas e innumerables jóvenes que han seguido este programa con éxito dan una imagen rotundamente positiva. 
Con respecto a esta valoración excelente es lógico que esté justificada la concesión de medios financieros adicionales. 
Del lado del pasivo, y lo digo plenamente consciente, se encuentran las acciones de formación profesional del programa Leonardo. 
Digo «del lado del pasivo» , no porque tenga por malo el programa Leonardo o porque considere que el enfoque subyacente no es correcto, sino porque la práctica demuestra que hay dificultades muy complejas en la administración. 
Así pues, sobre la cuestión de por qué esta valoración diferente del programa, la respuesta es muy sencilla: en los casos en que se trata de formación profesional, es decir, práctica, los programas alejados de la práctica enseguida alcanzan su techo y, para todo aquél que tome parte en el programa, el valor añadido es reconocible si puede aportar su praxis y su experiencia. 
Señor Presidente, hoy se ha dicho algo muy importante y acertado sobre la importancia de los programas de formación. 
Sobre todo, quisiera destacar que es esencial facilitar y ampliar el acceso a los programas de formación en general, sobre todo para la juventud de los países de Europa Central y Oriental, así como para las capas de población socialmente desfavorecidas o geográficamente alejadas. 
Los programas en materia de formación y juventud muestran un inequívoco valor añadido, un efecto multiplicador. 
Al mismo tiempo, preparan a los jóvenes para la movilidad y para la Europa del conocimiento. 
El programa Leonardo da Vinci permite la evolución de un saber especializado en la formación profesional y un aumento de la movilidad. 
El programa Sócrates, que ha permitido emprender con éxito una primera fase inicial de la cooperación europea en los sectores de la enseñanza universitaria, escolar y en la enseñanza de idiomas, ahora se amplía a la formación de adultos y de personas sin titulación escolar. 
Asimismo es muy importante que alcancemos un conocimiento básico general de todos los jóvenes en Europa. 
Por eso, al igual que mis predecesores- la Sra. Pack sobre todo- considero sumamente importante la petición de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación de que aumenten los recursos de 1.400 a 2.000 millones de ecus para el programa Sócrates. 
Igualmente importante es el aumento de 600 a 800 para el programa Jugend si realmente, tal como pretende la Comisión, se aspira a doblar el número de jóvenes a los que llegue el programa. 
Es absolutamente necesario para simplificar las estructuras y mejorar la comunicación. 
Doy las gracias a las Sras. y Sres. diputados, sobre todo a las Sras. Waddington y Pack, que han elaborado sus dictámenes con tanta rapidez, a fin de que durante la presidencia austriaca se pueda llegar a adoptar una primera postura conjunta. 
En la cumbre informal de ministros de Baden me produjo una enorme satisfacción que hubiera una amplia concordancia con respecto al aumento de la dotación financiera y también que en la aplicación del programa de formación se haya seguido un procedimiento menos burocrático, más transparente y descentralizado a fin de poder alcanzar una cooperación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión que sea- tal como espero- fructífera para la formación en Europa. 
Señor Presidente, Señorías, renuevo las felicitaciones expresadas a la Sra. Pack el año pasado en este Pleno. 
Esta segunda fase del programa de acción comunitario en materia de educación, SOCRATES, pretende eliminar dos de los principales obstáculos encontrados en la primera fase: la insuficiencia de recursos financieros y las dificultades de coordinación e información entre los Estados miembros, la Comisión y los ciudadanos. 
A dicho fin, hace falta aumentar la dotación financiera para el período 2000-2004 hasta 2 millardos de euros y, al mismo tiempo, simplificar tanto la gestión como los trámites de presentación de las solicitudes; es fundamental cumplir el objetivo programático de promover la calidad de la educación fomentando la cooperación, intensificando la movilidad y desarrollando la dimensión europea en todos los ámbitos de la educación. 
El Programa SOCRATES es la piedra angular de la política orientada a aproximar la Unión Europea a sus ciudadanos e implica una aportación decisiva para la progresiva construcción de un espacio educativo europeo. 
Asimismo, el intercambio de información y de experiencias a través de problemáticas de interés común en materia de educación es fundamental para garantizar cualquier actividad de cooperación prevista en las diferentes acciones. 
En este contexto, ha de tenerse especialmente en cuenta ORTELIUS, la base de datos sobre la educación superior de los quince Estados miembros de la Unión Europea, implementada por la Dirección General XXII y por el Consejo de Ministros en el año 1993, ya que se trata de la única base de datos que permite, a través de una sola consulta y de una búsqueda cruzada, obtener informaciones sobre diferentes realidades educativas y, por ende, unificar la información dispersa en la red. 
Por último, le doy las gracias al Sr. De Coene por haber hecho hincapié en la necesidad de mejorar el equilibrio entre el servicio voluntario europeo y las demás acciones coordinándolas e integrándolas y eliminando su fragmentación. 
El Programa JUVENTUD que integra «Juventud con Europa» y «Servicio Voluntario Europeo» puede desempeñar un papel determinante de cara a resolver los problemas relacionados con el individualismo, el nacionalismo, la inseguridad y la falta de confianza en el prójimo. 
Señor Presidente, con la nueva fase de los tres programas comunitarios destinados a la educación, la formación y la juventud, se nos brinda la gran oportunidad de invertir, a escala europea, en el desarrollo de los recursos humanos y, en particular, en las nuevas generaciones. 
Sabemos perfectamente que dichos programas no deben sustituir a las políticas nacionales específicas que, por el contrario, deben ser reforzadas, sino que deben convertirse en un importante punto de referencia tanto para el desarrollo de la dimensión transnacional en el ámbito de las acciones en favor de los recursos humanos como para seguir avanzando en los procesos de reforma, en particular, de los sistemas educativos en todos los Estados miembros. 
En lo que respecta al programa «Juventud» , la propuesta de la Comisión tal como será enmendada por el Parlamento, supone una significativa mejora de las oportunidades ofrecidas a los jóvenes tanto a nivel individual como a nivel asociativo. 
Los intercambios transnacionales, la educación informal, el voluntariado, el apoyo a la creatividad juvenil son los ejes de un programa que, de hecho, puede llegar a ser una gran ocasión de crecimiento individual y colectivo para las jóvenes generaciones de nuestro Continente. 
En particular, el Servicio Voluntario Europeo, positivamente ensayado a lo largo de los pasados años, está destinado a convertirse en uno de los pilares de las políticas comunitarias en favor del desarrollo de la ciudadanía europea y de la afirmación de la práctica de la educación informal. 
Pedimos, sin embargo, que los tres programas sean financiados adecuadamente en su conjunto, al objeto de que los medios a nuestro alcance estén a la altura de las necesidades. 
Es importante asimismo que este Parlamento haya hecho hincapié en la necesidad de simplificar y desburocratizar la gestión de los programas a fin de que el acceso a los mismos esté garantizado a todas las realidades, a los jóvenes, a las asociaciones y a los institutos de formación y educación; sólo apostando por las energías y la inteligencia de los jóvenes y del mundo de la educación y de la formación podremos construir al fin esa Europa justa, democrática y eficaz por la que vale la pena trabajar. 
Señor Presidente, los programas de intercambio para estudiantes e investigadores de la Unión Europea forman parte de una de las políticas comunitarias más importantes y que se orientan de manera directa hacia sus ciudadanos, a la vez que fomentan la libre circulación. 
No se puede infravalorar la importancia de los programas de intercambio, por ejemplo, en relación con el proceso de ampliación o con los objetivos de reciprocidad en el reconocimiento de las titulaciones. 
Creo que es importante lograr una mayor financiación de los programas de intercambio de la Unión. 
Es positivo que la Comisión haya reconocido en su comunicación «Por una Europa del conocimiento» la necesidad de aumentar esta financiación. 
En concreto, la participación de los países de la Europa Oriental en los programas de intercambio ejerce especialmente presiones en el marco de la financiación. 
Se corre el riesgo de que los ciudadanos de la actual Unión Europea se vean obligados a conformarse con unos fondos mucho más reducidos que en la actualidad, mientras que se destina a los países candidatos la mayor parte de los créditos. 
Resulta esencial garantizar la participación de los jóvenes en la preparación de los programas. 
La Comisión ha de velar por que se escuche la voz de quienes participan en los programas en todos los grupos de trabajo donde se adopten decisiones acerca del contenido y la forma de dichos programas. 
De esta manera, será posible garantizar la popularidad de estos programas también de cara al futuro. 
Para finalizar, me gustaría expresar mi agradecimiento a los ponentes por la destacada labor que han realizado. 
Señor Presidente, es la primera vez que se lanzan estos tres programas de manera conjunta, dando lugar a una Europa del conocimiento. 
Su importancia, o al menos así lo espero, es que proporcionará una cierta flexibilidad entre los programas La Juventud con Europa, Sócrates y Leonardo. 
Hemos intentado aumentar la fluidez entre los programas creando líneas de conexión dentro del presupuesto, de manera que podamos crear mejores nexos. 
Son tres de los programas de mayor éxito de la Unión Europea, pero es importante que analicemos para quiénes han tenido éxito y quiénes han sido los participantes. 
Quisiera centrarme en uno de los programas en particular y en un aspecto del mismo: el programa Erasmus dentro del programa Sócrates. 
El programa se ocupa del intercambio de estudiantes. 
La Unión ha ayudado a miles de jóvenes a adquirir experiencia estudiando en el extranjero. 
Originalmente estaba previsto que se dispondría de 5.000 ecus aproximadamente por persona. 
La realidad es que han sido solamente 70 ecus. 
Es una farsa; nadie puede vivir con eso. 
Por consiguiente, los padres se han visto obligados a contribuir y, sin quererlo, hemos creado un programa elitista. 
La enmienda más importante al informe Sócrates es la que hace hincapié en la necesidad de seleccionar a los estudiantes en función de las necesidades financieras de los solicitantes, así como por sus méritos. 
No queremos que a este programa sólo tengan acceso los estudiantes ricos. 
Esto no quiere decir que no puedan participar otras personas. 
Queremos que participe hasta un 10 % de los estudiantes de la UE y que se beneficien del prestigio de formar parte de este programa. 
Pero, los fondos deben destinarse a los que más los necesitan. 
Necesitamos más fondos. 
Eso es lo importante. 
Lucharemos por 2.000 millones de ecus y la lucha comienza ahora. 
Señor Presidente, señora Comisaria, esta semana los jóvenes me han preguntado en el Parlamento: «¿Dónde encuentra usted el espíritu europeo? ». 
He contestado que los nuevos programas en materia de formación y juventud son la respuesta a esa pregunta y que los programas Sócrates, Leonardo y Jugend y el servicio voluntario aportan una contribución sustancial al efecto sinérgico para el espíritu europeo. 
Es necesaria una buena coordinación con los Fondos estructurales, con Hughes-Start, y nuestros objetivos son la integración de la juventud en la sociedad europea, la lucha contra una tasa de desempleo intolerablemente elevada, la comunicación cultural en la Unión, la educación en la tolerancia y la solidaridad, la igualdad de oportunidades entre jóvenes de ambos sexos y la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
Estos son los objetivos. 
Hay poner en forma a la Europa de la juventud. 
Como protagonista del mañana, el capital que invirtamos en ella será el mejor capital, la mejor inversión económica de futuro. 
Ahí radica la incoherencia, por eso debemos destinar más dinero a los programas de cultura y educación. 
Mientras que el cultivo olivarero en la Unión sea más importante para nosotros que la juventud, vamos por mal camino. 
Es ahí donde hay que cambiar las mentalidades. 
Señor Presidente, para que Europa pueda responder a las necesidades de los jóvenes, debe mantenerse en contacto con ellos para saber cuáles son esas necesidades. 
Un joven estudiante británico me las expuso cuando me dijo: «Todos hemos oído hablar de las tres «Es '- educación, educación, educación. Pero creo que los jóvenes desean las cuatro «Es' -educación, empleo, ecología y Europa». 
Es muy posible que las tres primeras no necesiten explicación. 
La cuarta «E ', de Europa, en mi país parece a veces una elección menos evidente. 
Me atrevería a afirmar que la razón principal de la importancia de Europa para los jóvenes se debe precisamente al papel fundamental que desempeña en calidad de garantía de las tres primeras «Es ' y también por crear las oportunidades del mercado único. 
Sólo en Gran Bretaña, unos 200.000 jóvenes se beneficiarán directamente de las iniciativas comunitarias durante los próximos cinco años. 
Pero la demanda de plazas sigue superando en mucho a la oferta. 
Hacen falta otras organizaciones en los Estados miembros que sigan por el camino abierto por la UE. 
Quisiera mencionar una institución de beneficencia, la Trident Transnational, de la que soy fiduciario. 
Esta institución organiza prácticas laborales y cursos de formación profesional para 150.000 estudiantes cada año. 
Es sólo una tercera parte del medio millón aproximadamente de jóvenes que van al Reino Unido y salen del Reino Unido en planes de prácticas laborales. 
La UE ciertamente no debe pensar que debe hacer todo esto por sí sola, sino que debe alentar y facilitar a otros para que hagan el trabajo en que creemos. 
Si queremos que el mercado único sea realmente funcional y que el derecho a poder trabajar en cualquier punto de Europa tenga sentido, un período de estudio o de trabajo en algún lugar de Europa no sólo proporcionaría una oportunidad para conocer el modo de vida de otro país, sino también para obtener una titulación tangible. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a los tres ponentes de los informes que hoy estamos debatiendo en esta Asamblea. 
Yo creo que, desde esta Asamblea, debemos ser conscientes de que la juventud es y debe ser uno de los objetivos más importantes para Europa, pues representa el presente y el futuro de nuestra Unión. 
Nos encontramos ahora- y por ello debemos felicitarnos- con unas propuestas que suponen un verdadero replanteamiento de los programas comunitarios en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud para el periodo 2000-2004. 
Creo que debemos aprovechar, teniendo en cuenta la larga experiencia acumulada en estos ámbitos, el punto de partida y de innovación que representa este nuevo programa de «Juventud». 
En la Comisión de Cultura, hemos intentado elaborar un informe recogiendo las inquietudes de los jóvenes y atendiendo a sus peticiones. 
Hemos pretendido, sobre todo, darles la posibilidad de poder desplazarse a aprender las lenguas de los otros y pensar en dimensiones más amplias, dando especial importancia a las nuevas tecnologías. 
Participar en la construcción europea significa, ante todo, informarse para, después, poder ponernos manos a la obra y aprovechar las nuevas oportunidades. 
Y esto es lo que se pretende con este nuevo programa de «Juventud». 
En mi opinión, Señorías, este nuevo programa «Juventud» se abre aún más a la totalidad de los jóvenes europeos. 
Permite a los jóvenes europeos de cualquier origen reunirse y valorarse, respetando sus diferencias culturales, lingüísticas y sociales, y favorece, en una palabra, algo que pretendemos desde la Unión Europea: fomentar una tolerancia mayor entre los jóvenes en Europa. 
Su aplicación permite a los jóvenes el descubrimiento de la vida asociativa y desarrolla su espíritu de iniciativa, que debe ser un importante valor educativo para el mundo económico futuro en el que tendrán que insertarse. 
Y esta posibilidad que ofrece a nuestra juventud debe ser apoyada desde esta Asamblea con sus determinados objetivos: desarrollar la solidaridad y garantizar e incrementar el pleno ejercicio de la ciudadanía europea. 
También permite a los jóvenes acceder a una serie de valores que determinan un sentimiento de pertenencia a un espacio social y cultural común. 
El esfuerzo presupuestario que ha realizado la propuesta respecto de estos programas se debe, entre otros motivos, a la posición de este Parlamento y, con ello, hemos conseguido que las acciones de este programa puedan beneficiar al doble de jóvenes que en ediciones pasadas, es decir, alrededor de unos 130.000 jóvenes. 
En la Comisión de Cultura hemos intentado establecer un equilibrio presupuestario entre las diferentes acciones que componen el programa, atendiendo a las consultas realizadas, a las estructuras de gestión y a las asociaciones de jóvenes que nos han planteado sus verdaderas necesidades, y presentamos así una enmienda presupuestaria que creemos más cercana a la realidad. 
Por todo ello, creo que, gracias a un buen trabajo entre todos los Grupos políticos y a la buena disposición del ponente, hemos conseguido enmendar positivamente el texto de la Comisión, y por ello, desde el Partido Popular, pedimos el apoyo a este programa. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el actual período de sesiones del Parlamento Europeo marca una etapa muy importante en lo que se refiere a la aprobación de las decisiones para la nueva generación de programas de acción en materia de educación, formación profesional y juventud. 
Deseo en primer lugar felicitar y dar las gracias a los ponentes del Parlamento: la Sra. Pack en el programa Sócrates, la Sra. Waddington en Leonardo da Vinci y el Sr. De Coene en «Juventud» , por su empeño y por la calidad de su trabajo a fin de hacer avanzar el debate en el Parlamento y presentar su informe en el curso de la presente sesión plenaria. 
Deseo igualmente dar las gracias a los ponentes para opinión de las comisiones pertinentes, en especial a las Sras. Guinebertière y Boogerd-Quaak y los Sres. 
Virrankoski, Papakyriazis y Christodoulou. Gracias a sus esfuerzos, pueden ustedes pronunciarse durante un mismo período de sesiones acerca de los informes de los tres programas. 
Esta coherencia de los calendarios es, a mi parecer, muy importante. 
Reafirma mi voluntad de desarrollar, para las tres propuestas, un enfoque integrado que contribuya a la construcción de una Europa del conocimiento abierta a todos los ciudadanos, y en particular a los jóvenes. 
Debo destacar asimismo la muy positiva actitud de la Presidencia para hacer avanzar el trabajo a nivel del Consejo y garantizar todo lo posible la conexión entre los tres grupos preparatorios especializados así como con el Parlamento. 
Pienso que la cooperación, que se ha establecido entre las instituciones a fin de impulsar la negociación en las mejores condiciones posibles, es ejemplar. 
En este contexto, la Comisión considera que la mayoría de las enmiendas presentadas pretenden precisar más, o incluso reforzar, la intervención comunitaria en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud, y por ello podrán ser aceptadas. 
Así pues, aceptamos, total o parcialmente, 33 enmiendas en el caso de Sócrates, 42 enmiendas para Leonardo y 36 enmiendas para «Juventud». 
Hay algunos puntos sensibles sobre los que deseo hacer algunas aclaraciones. 
En primer lugar, pienso que la visibilidad política de los programas debe traducirse en objetivos claros y concisos. 
Hemos hechos un esfuerzo, en nuestras propuestas, por concentrar los objetivos y darles un significado concreto. 
Deseo que en cada programa se conserve un número reducido de objetivos, que serán los mensajes que dirigirá la Unión a los ciudadanos europeos para explicar su actuación. 
Y acepto las enmiendas que van en ese sentido. 
A este respecto, insisto en la importancia de las disposiciones comunes a los tres programas, que marcan la contribución de los mismos a la construcción de una Europa del conocimiento y al desarrollo de un espacio educativo europeo. 
Asimismo, los tres programas deben contribuir a suprimir los obstáculos jurídicos o administrativos que se oponen a la movilidad transnacional de los jóvenes o de las personas en formación, y acepto las enmiendas que refuerzan las disposiciones de este tipo. 
Pienso que es importante reforzar la complementariedad con los Fondos estructurales a fin de desarrollar y trasladar a una escala más amplia los resultados obtenidos en el marco de los programas, sobre todo Sócrates y Leonardo. 
También comparto completamente las preocupaciones del Parlamento y las propuestas que ha hecho para mejorar la evaluación de los programas, tanto desde el punto de vista de las medidas realizadas a nivel comunitario como desde el de su incidencia en la modernización de los sistemas de educación y de formación. 
Las enmiendas que no podemos aceptar se deben esencialmente a razones institucionales, es decir, por ejemplo, a las normas que regulan la comitología, a las modalidades de consulta de las instituciones comunitarias, a la política exterior o a las normas presupuestarias. 
En cuanto a la duración de los programas, la Comisión, teniendo en cuenta la experiencia pasada, ha propuesto una duración de cinco años. 
El objetivo es encontrar un buen equilibrio entre la necesidad de que haya una estabilidad de los programas en el tiempo para facilitar el trabajo y la precaución de no inmovilizar durante demasiado tiempo los objetivos y modalidades de la actuación comunitaria. 
Y pienso que el equilibrio justo es de cinco años. 
Tomo buena nota del apoyo del Parlamento al aumento de la dotación presupuestaria para estos programas. 
La experiencia de estos últimos años muestra que, como muchos de ustedes han señalado, las candidaturas son efectivamente cada vez más numerosas, tanto de centros de enseñanza o de formación como de organismos que trabajan en el ámbito de la juventud o de los propios jóvenes o ciudadanos europeos. 
En cada votación anual del presupuesto, el Parlamento ha dado un apoyo bastante constante. 
Las propuestas presupuestarias de la Comisión suponen un considerable aumento, demostrando la prioridad política que se reconoce a estos programas, a la vez que se respetan las limitaciones de las perspectivas financieras, en concreto para la rúbrica 3. 
Me alegro de que los planteamientos de la Comisión y el Parlamento coincidan en esta voluntad de elevar los medios presupuestarios a la altura de las aspiraciones. 
Espero que la continuación del proceso de negociación permita al Consejo pronunciarse igualmente en este sentido. 
Aparte de estos comentarios generales acerca de los tres programas, debo hacer una serie de observaciones específicas. 
En el marco del programa Sócrates, aceptamos numerosas enmiendas cuyo fin es reforzar la propuesta de la Comisión y que, por lo tanto, podrían incorporarse al pie de la letra o bien en su intención. 
Más concretamente, citaré las enmiendas que se refieren a: el objetivo marcado en cuanto al número de destinatarios a los que debe alcanzar el programa; el principio de integración de la dimensión hombre-mujer en todas las medidas financiadas, incluso mediante medidas de discriminación positiva; la prioridad que se debe dar, al conceder las becas Erasmus, a los estudiantes que por su situación económica necesiten una ayuda especial; y la intensificación de las referencias al Sistema de Transferencia de Créditos Académicos de la Comunidad Europea (ECTS) en el ámbito de la enseñanza superior. 
Quisiera decir unas palabras sobre Erasmus y, retomando lo dicho hace un momento, precisar que no es un programa elitista. 
Es un reflejo de la realidad de la población estudiantil en los Estados miembros. 
La Comisión ha insistido siempre en que las autoridades competentes de los Estados miembros concedan becas a los estudiantes más desfavorecidos, y los resultados de la encuesta que se está realizando actualmente sobre la situación económica y social serán comunicados al Parlamento el próximo mes de febrero. 
Estoy de acuerdo en llamar «Minerva» a la Acción 5 sobre educación y multimedia, y tener así un nombre femenino asociado a un programa educativo. 
En cambio, no puedo aceptar algunas enmiendas que podrían limitar el desarrollo de acciones conjuntas entre los programas y con otras medidas comunitarias. 
Querría insistir en la importancia de estas actuaciones conjuntas, que son disposiciones nuevas que permiten reunir los medios de los tres programas y de otras medidas que contribuyan a construir una Europa del conocimiento. 
En el caso de Leonardo, acogemos favorablemente que se haga referencia explícita a las ONG para facilitar su acceso a los programas, pero, por razones de comitología, no se les puede incluir dentro del Comité. 
Por otra parte, aceptamos reforzar el principio general de no discriminación en el acceso a los programas, pero sin centrarlo en grupos destinatarios. 
Deseo señalar asimismo que la Comisión está de acuerdo con la ponente en tener más en consideración la dimensión de la igualdad de oportunidades. 
En respuesta a las preguntas de los Sres. Wolf y Kerr sobre la información relativa a la gestión de Leonardo, diré lo siguiente: me hice cargo del control financiero a principios de este año. 
Por seguridad, suspendí la formalización de contratos en los proyectos seleccionados a raíz de la convocatoria de 1997, a la espera de los resultados del examen. 
A resultas de los controles, control financiero pudo comprobar que no había existido conflicto de intereses y mis servicios pudieron emitir convenios financieros en favor de todos los proyectos seleccionados. 
Control financiero autorizó asimismo la renovación, por tercer año consecutivo, de los proyectos seleccionados en 1995. 
En lo que respecta a la auditoría más general sobre la gestión del programa, el informe de control financiero aún no ha finalizado. 
Estoy a la espera de recibir el informe para decidir qué medidas correctivas pueden ser necesarias. 
En el caso del programa «Juventud» , la Comisión acepta todas las enmiendas que se refieren a la contribución a una verdadera ciudadanía europea y a los ideales de democracia, tolerancia y cohesión en la construcción europea, destacados sobre todo por el Sr. De Coene, a la importancia de una información que permita llegar a la totalidad de los jóvenes y aumentar el acceso al programa, subrayada por el Sr. De Coene y por la Sra. de Esteban, a los esfuerzos particulares, sobre todo en términos de concentración de recursos suplementarios, para incluir a los jóvenes que tengan mayores dificultades para participar en los programas, al establecimiento de una estructura dedicada a valorizar los proyectos de los jóvenes, a recoger información y documentación sobre la juventud y a facilitar el diálogo con todos los jóvenes, según propone la Sra. Guinebertière. 
Por otro lado, la utilización de Internet, propuesta por la Sra. Guinebertière, es una buena idea para favorecer el acceso de los jóvenes al programa. 
Por otra parte ya lo estamos haciendo, por medio del proyecto Eurodesk. 
La propuesta de la Sra. Guinebertière nos reafirma en la voluntad de desarrollar estos medios. 
Deseo comentar a la Sra. Maes que el voluntariado goza de gran predicamento entre los jóvenes. 
Los que participaron en la organización de la Copa del Mundo pertenecían en general a grupos desfavorecidos. 
Estaban entusiasmados de participar en esta experiencia única que se situó justo al final de su estancia, la cual se había desarrollado también dentro de estructuras de vocación deportiva que respondían a su elección. 
En cambio, la Comisión no ha podido quedarse con las enmiendas sobre la modificación de la banda de edad o la limitación de la contribución de la juventud a la construcción europea. 
Más concretamente, las enmiendas que aceptamos total o parcialmente son: para Sócrates, las enmiendas 2 a 8, 10 a 13, 18, 20 a 23, 25, 27, 29 a 39, 41, 42, 44 y 46; para Leonardo, las enmiendas 1 a 5, 7 y 8, 11 a 19, 22 a 24, 27, 29 a 35, 37 y 38, 41 y 42, 46 y 47, 49 a 55, 57 y 58; para «Juventud» , las enmiendas 1 a 15, 17 a 19, 21, 22, 24, 26, 28 a 31, 34, 36, 39 a 42, 46, 49, 52, 57 y 59. 
Por lo tanto se podrán tomar en consideración en las posiciones comunes que adoptará el Consejo en el seno del Consejo de Juventud del 26 de noviembre y del Consejo de Educación del 4 de diciembre. 
Para concluir, deseo señalar que, a mi parecer, estamos en el buen camino para que el Parlamento pueda proceder a una segunda lectura antes de que termine la legislatura. 
Es importante que ustedes puedan aportar y confirmar, hasta el final de su labor, el apoyo político permanente que ha dado el Parlamento a estas medidas que se dirigen directamente a los ciudadanos y que les dan posibilidades concretas de participar en la Europa del conocimiento que entre todos hemos comenzado a construir. 
Ello nos permitirá asimismo preparar en las mejores condiciones la ejecución de los programas durante el año 1999, para un lanzamiento efectivo el 1 de enero del 2000. 
Señor Presidente, sólo quería plantear una cuestión a la que ha hecho referencia la Sra. Cresson, pero a la que no ha respondido por haberse perdido mi intervención inicial. 
Nos alegró mucho oírle hablar de la auditoría del programa Leonardo, pero quisiera pedirle que acuda a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para discutir con nosotros sobre los resultados de dicha auditoría del programa Leonardo I. 
Señor Presidente, me gustaría hacer una precisión a la Sra. Comisaria. 
Es evidente que la posibilidad óptima para los jóvenes que desean empezar una relación laboral es que estén cualificados para la profesión adecuada. 
No obstante, sabe usted que una gran parte de los jóvenes, cerca del 80 %, pueden estar cualificados sólo para 11 profesiones, y por ello muy a menudo ocurre que no pueden obtener una primera oportunidad de empleo por esa razón. 
De ahí mi solicitud de efectuar análisis transnacionales sobre cuáles son las profesiones en las que hay demanda a medio y largo plazo. 
Esto merece ser apoyo porque es la condición previa de que los jóvenes adquieran una cualificación. 
¿Se imaginan pedir y apoyar estos análisis profesionales para que los jóvenes puedan cualificarse finalmente para unos campos profesionales en los que realmente hay posibilidades de empleo? 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera disculparme con la Sra. Waddington. 
En efecto, he llegado algunos minutos tarde y me he visto privada del placer de escuchar su discurso. 
En lo que se refiere a la auditoría de Leonardo y mi comparecencia ante la Comisión de Asuntos Sociales, se trata efectivamente de una propuesta que acepto gustosa y, en cuanto me sea posible, me presentaré ante la comisión para hablar de este problema. 
Por lo que respecta a las palabras del Sr. Pirker, es cierto que hay que preparar a los jóvenes para las profesiones que se proponen hoy en día. 
Es un problema mayor que el de la orientación de los jóvenes porque, debido a la rapidísima evolución tecnológica, no se sabe bien cuáles serán exactamente las cualificaciones necesarias. 
Además, creo que nada puede sustituir a una sólida formación de base, a una buena orientación, y quisiera aclararle que dichos análisis transnacionales para poder saber cuáles van a ser las profesiones con mayor acceso existen ya, en la Comisión, en el sector de los asuntos sociales. 
Pero, naturalmente, podemos dirigir aún más nuestros esfuerzos hacia estos problemas y yo estoy absolutamente abierta a todas las sugerencias que se puedan hacer en este sentido. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Formación en alternancia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0374/98) de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Consejo relativa a la promoción de itinerarios europeos de formación en alternancia incluido el aprendizaje (C4-0418/98-97/0321 (SYN) ) (Ponente: Castagnetti). 
Señor Presidente, itinerarios europeos de formación integrada por el trabajo: se trata de una iniciativa que se inscribe perfectamente en el contexto de las intervenciones de esta mañana sobre los programas educativos. 
Si se me permite decirlo, es una iniciativa que va más allá del intercambio de información y de experiencias; es un hecho, es una posibilidad de experiencia concreta, de formación diversificada, alternada, realizada incluso en distintos lugares geográficos; es una respuesta a la demanda de cosas nuevas que nos plantean los jóvenes europeos, es, en cierto modo, la metáfora de lo que mañana deberá ser la formación en Europa. 
He hablado, repito, de itinerarios europeos, o sea, ya no sólo de itinerarios nacionales: la movilidad de los estudiantes, la movilidad de los profesores, la mezcla de sistemas y experiencias formativas. Hablamos asimismo de formación integrada por el trabajo, es decir, de una formación que desde este punto de vista esté más vinculada al trabajo y que sea más adecuada para incorporar a los jóvenes al mundo laboral. 
Subrayamos el hecho del itinerario. 
Respecto a la posición común, nosotros, como Parlamento Europeo, hacemos especial hincapié en el valor del itinerario y no sólo del certificado final, el Europass. 
Aunque el Tratado tutela la peculiaridad y la autonomía de los distintos sistemas formativos nacionales, lo cierto es que en la Europa de la libre circulación de las personas, de la autonomía y de las curiosidades formativas de los jóvenes es necesario superar ciertas rigideces nacionales para poner en marcha al menos algún itinerario de formación común. 
Por esto, hemos apreciado que, en la posición común, el Consejo no haya introducido significativas modificaciones al texto resultante de la primera lectura y que, de hecho, haya aceptado que esta iniciativa en materia de itinerarios de formación en alternancia se aplique no sólo en los países que prevén experiencias de períodos de formación, de itinerarios formativos en el extranjero, sino en todo el territorio de la Unión, en todos los países que voluntariamente acepten adoptar esta iniciativa. 
En virtud de nuestra apreciación de la posición común, hemos reducido nuestras enmiendas, pues nos interesa que este texto se apruebe cuanto antes. 
Hemos apreciado asimismo que la posición común valore la oportunidad de que la Comisión desempeñe un papel y no quede al margen del seguimiento y de la definición de los principios comunes a estos tipos de experiencias formativas. 
Posteriormente, el Consejo ha retomado en parte la idea de las medidas de preparación y de información que hay que facilitar a los jóvenes que acceden a estas experiencias. 
En la comisión, hemos acogido algunas enmiendas presentadas por la Sra. Waddington, a quien le doy las gracias, en relación sobre todo a las indicaciones en orden a la seguridad en los lugares de trabajo. 
El texto de la Comisión, confirmado por el Parlamento Europeo en primera lectura, establecía algunos objetivos: definir el contenido y los principios comunes del itinerario europeo y crear el documento final, el Europass. 
Cierto que el Consejo ha eliminado el primero de estos objetivos, lo que, no obstante, no anula la necesidad de garantizar que el certificado obedezca a principios comunes. Es en este sentido que han de entenderse las enmiendas que hemos aprobado en la comisión, en particular las enmiendas 1 a 6 y la 9. 
Hemos retomado asimismo el discurso del itinerario europeo, ya que, sin modificar en exceso el planteamiento de la posición común, hemos introducido pequeñas enmiendas con el fin de restablecer y valorizar el itinerario europeo y no sólo el Europass. 
Por todo ello, confiamos en que estas enmiendas, unánimemente aprobadas por nuestra comisión parlamentaria, sean aceptadas definitivamente por la Comisión y el Consejo. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe del Sr. Castagnetti y la respuesta del Consejo a este importante tema de la formación profesional y la promoción de itinerarios europeos de formación en alternancia incluido el aprendizaje. 
Es bueno ver cómo se llena la Asamblea para escuchar mi intervención. 
Espero que los diputados escuchen, porque es un ámbito muy importante. 
En el debate que hemos celebrado esta mañana, el Sr. Evans observaba que mucho de los programas del ámbito de la formación han favorecido a menudo a los hijos de las clases media y alta de Europa. 
Eso es especialmente cierto en el caso de los programas de enseñanza superior Erasmus. 
Aquí tenemos un plan que podría favorecer de manera importante a muchos jóvenes de la clase trabajadora, y queremos promover la idea de que la Unión Europea es para todos los ciudadanos de Europa. 
Es un plan con el que podríamos promover el acceso en toda Europa a través de una serie de vías creativas e innovadoras. 
Es perfectamente evidente que mientras más personas viajen y conozcan a otras personas de toda Europa y experimenten el modo de vida europeo, más positivos se mostrarán respecto al proyecto de la Unión Europea. 
Esto encaja con nuestros anteriores debates sobre el excelente informe de la Sra. Waddington sobre el programa Leonardo relativo a la formación profesional. 
Mi pregunta al Consejo es la siguiente: ¿Quién correrá con los gastos? 
Ya hemos observado que todos los presupuestos para educación y formación profesional, etcétera, atraviesan por dificultades debido, entre otros motivos, al acceso de los Estados miembros aspirantes de la Europa central y oriental. 
El Consejo debe demostrar coraje, y si se toma en serio la educación y la formación profesional y se toma en serio la vía para los jóvenes europeos, debe destinar más recursos a los programas de educación y formación profesional y hacerlo conscientemente como parte de la campaña encaminada a cumplir los proyectos en favor del pleno empleo en toda la Unión Europea. 
Señor Presidente, yo también deseo agradecer al Sr. Castagnetti su informe y que haya querido incluir tantas de mis enmiendas presentadas en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Creemos que un modo importante de alentar a las personas a participar en un período de formación en alternancia en otro Estado miembro es garantizar que la experiencia será validada y reconocida en toda la Unión Europea. 
Realmente es uno de los principales aspectos de este plan. 
En este Parlamento queremos garantizar la calidad de dichas experiencias y la calidad de la validación. 
Apoyar y alentar dichas oportunidades exige una preparación considerable por parte de todos los interlocutores interesados, y las propuestas que ha presentado la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales proporcionan los elementos clave para dicha preparación. 
Por ejemplo, los propios estudiantes necesitan preparación, incluido el conocimiento de posibles riesgos para la salud y la seguridad en un entorno nuevo y desconocido. 
Los accidentes se producen a menudo cuando los jóvenes no están familiarizados con su entorno laboral, y viajar a otro país europeo y trabajar allí puede suponer nuevos peligros. 
Por ello es importante que los riesgos para la salud y la seguridad sean tenidos en cuenta. 
También es importante que los interlocutores sociales a nivel europeo y a nivel de empresa participen plenamente y sean consultados, y que todos los posibles beneficiarios, las empresas y el personal docente conozcan las posibilidades para que puedan informar a los demás. 
Son aspectos importantes de la calidad y facilitan la movilidad. 
Esperamos que la Comisión y el Consejo los tengan en cuenta. 
Señor Presidente, he acogido con satisfacción la comunicación de la Comisión para potenciar más el sistema del aprendizaje. 
Igualmente, me muestro de acuerdo en que, de todos modos, esta iniciativa siempre puede contribuir positivamente a reducir el desempleo. 
En Suecia no contamos realmente con ningún sistema de aprendizaje, si bien desde los inicios de esta década se viene alternando la enseñanza en las ramas de formación profesional, de manera que el 15 % de la actividad lectiva tiene lugar en un puesto de trabajo y el resto en las aulas. 
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, corresponde naturalmente a los Estados miembros adoptar las decisiones sobre el contenido del sistema de aprendizaje. 
Sin embargo, considero que es positivo y valioso establecer unos principios comunes sobre cómo lograr en los distintos Estados miembros la alternancia, incluido el aprendizaje, así como hacer uso de «EUROPASS». 
Comparto el punto de vista del Sr. Castagnetti en el sentido de que se ha prestado una excesiva atención al «EUROPASS» y de que, en mayor o menor medida, se han olvidado estos «itinerarios europeos». 
En cualquier caso, apoyamos el presente informe con las modificaciones introducidas en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
Señor Presidente, las PYME son la columna vertebral de la economía europea, el aprendiz es el futuro trabajador especializado y éste el futuro empresario, suponiendo que la formación se oriente a la práctica y responda a las exigencias de la economía. 
La idea básica, adquirir las capacidades en otros países europeos es digna de aplauso. 
No obstante, me temo que la aplicación de esta idea en la formación profesional chocará con enormes dificultades. 
Habrá campos profesionales en los que sea lógico reunir experiencias en el terreno internacional. 
Un ejemplo: el aprendizaje de cocineros y camareros. 
El valor añadido de este aprendizaje repercute finalmente en beneficio de las empresas a las que regrese el aprendiz. 
Eso es una motivación para los segundos, a saber, el formador o la empresa. 
Pero también hay campos profesionales donde no puedo entender este planteamiento, por ejemplo, un estudiante que realice un aprendizaje comercial en el que aprenda teneduría de libros y contabilidad salarial. 
¿Cómo va a adquirir estas competencias en el extranjero? 
Para poder dar vida verdaderamente al proyecto de construcción europea, es necesario prever de antemano la compatibilidad de los periodos de estudio. 
Por otra parte, la aceptación debe limitarse a determinados sectores de la formación en alternancia o dual. 
Señor Presidente, Señorías, aprovecho la ocasión para dar las gracias al Parlamento, y muy en particular al Sr. Castagnetti, ponente, por la favorable acogida que se ha brindado a esta propuesta y por las enmiendas que se han propuesto en el marco de esta segunda lectura. 
El Parlamento nos propone 21 enmiendas, 19 de las cuales pueden ser asumidas por la Comisión. 
Dichas enmiendas aportan una mejora y una mayor calidad a la posición común adoptada por el Consejo y a veces, incluso, un reforzamiento. 
Aceptemos por tanto las enmiendas que pretenden garantizar una duración coherente con los objetivos y con las competencias que se deben adquirir durante el itinerario europeo, y garantizar que éste se corresponda con un período efectivo de formación. 
Aceptamos también las enmiendas que pretenden garantizar una buena información y un apoyo más amplio en lo que se refiere a las condiciones en las que se desarrolla el itinerario europeo, concretamente en lo relativo a la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, entre otras cosas, en el caso de que la persona en formación efectúe su itinerario europeo dentro de una empresa. 
Doy las gracias a la Sra. Waddington, que ha atraído mi atención hacia este aspecto esencial, que es además un elemento clave para garantizar el éxito del itinerario europeo. 
Están después las enmiendas en las que se precisan las competencias de la Comisión para proceder a la aplicación y evaluación de los itinerarios europeos. Este es el conjunto de enmiendas que podemos aceptar. 
No podemos aceptar en cambio las enmiendas relativas a los aspectos presupuestarios. 
Por otro lado, puedo asegurarles que se han tenido en cuenta las propuestas que hacen, sobre todo en cuanto a la interconexión de esta decisión sobre el «EUROPASS-Formación» con el programa de formación profesional. 
En la propuesta de la Comisión para la segunda fase del programa Leonardo da Vinci, que hoy está igualmente en el orden del día, se ha convenido en prever un apoyo comunitario para colocaciones e intercambios internacionales que sean itinerarios europeos de formación en alternancia, también como aprendiz. 
Para terminar, les indico que estamos en situación de aceptar las enmiendas nos. 
1 a 5 y 7 a 20. Sobre esta base, cuento con presentar en los próximos días una propuesta modificada a fin de que la decisión definitiva pueda ser aprobada en el Consejo de Asuntos Sociales del 2 de diciembre y de que podamos comenzar en 1999 los trabajos preparatorios para que la decisión pueda ponerse en práctica el 1 de enero del año 2000. 
Gracias, señora Comisaria. 
Gracias por su paciencia. 
Me disculpo por el alboroto provocado por los miembros. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar dentro de un momento. 
Votaciones 
Señor Presidente, he solicitado presentar una breve moción de orden antes de la votación. 
Normalmente sigo el procedimiento de la Sra. Fontaine para comunicar que por razones de principio y fiscales no voy a participar en las votaciones principales. 
Hoy tengo razones que ahora comunico porque está incluidos en las actas. 
(El Parlamento aprueba el proyecto de resolución legislativa) 
Señor Presidente, en el transcurso de la votación ha declarado usted que el grupo Europa de las Naciones era el responsable de haber solicitado la mayoría de las votaciones por partes, y ha dado la impresión de que introducía usted en la frase una connotación peyorativa. 
Por ello querría, por un lado, felicitarle por la atención que dedica a nuestro grupo y al trabajo que efectúa, pero señalarle, por otro lado, que en este caso no fue nuestro grupo el que pidió las votaciones en cuestión, sino el Grupo Unión por Europa, al que hay que agradecer este trabajo. 
Señor Fabre-Aubrespy, gracias por la corrección. 
Es un hecho que, efectivamente, para este informe usted no había solicitado una votación por separado, sino la Unión por Europa. 
Sin embargo, en las votaciones anteriores, la mayoría de las votaciones por separado las había solicitado usted. 
He dicho la mayoría. 
Señor Presidente, sin duda, el discurso que acaba de pronunciar es importante. 
Agradeceríamos que lo volviera a repetir, pero en tal caso me gustaría poder escuchar también la traducción al neerlandés. 
Porque, desgraciadamente, mi nivel de griego no es suficiente como para poder seguir el discurso literalmente. 
Señor Blokland, si en algún momento la cabina holandesa no pudo seguirme, le agradezco mucho que me lo haya señalado. 
Tengo toda la buena disposición y también la posibilidad, debido a nuestras relaciones amistosas, a explicarle detalladamente después de la reunión lo que he dicho y dado a entender. 
Señor Presidente, quiero aclarar que la razón por la que nuestro grupo votará en contra de dichas enmiendas la parte referente a la libre circulación de personas, no se debe a que no estemos de acuerdo con los conceptos contenidos. 
Al contrario, estamos completamente de acuerdo, pero, para evitar la confusión, no creemos que en un informe referente a la circulación de bienes y mercancías deba añadirse eso. 
Señor Presidente, estoy seguro de que el ponente hablará por sí mismo, pero este Grupo piensa que es importante mencionar la libre circulación de los trabajadores, pero no necesariamente en el texto principal. 
También quisiera dar a conocer que nuestro Grupo se opone a las enmiendas del Grupo de los Verdes, porque no fueron presentadas en comisión. 
Si todo el mundo presentara enmiendas directamente en el Pleno, las sesiones plenarias durarían 24 horas. 
Señor Presidente, como he anunciado a la presidencia, tengo el propósito de presentar una enmienda oral, proponiendo la adición de un punto al proyecto de resolución legislativa, cuyo brevísimo texto es el siguiente: «Insta a la Comisión a elaborar, en el plazo más breve posible, una propuesta de reglamento que garantice, de manera eficaz, la libre circulación de los trabajadores de los Estados miembros dentro de la Unión Europea». 
Con esa enmienda, señor Presidente, que iría inmediatamente después del apartado 3, creo dar satisfacción al deseo de compatibilizar el reglamento de libre circulación de mercancías, con el decidido propósito de esta Asamblea de avanzar en la senda de la libre circulación de los trabajadores. 
Señor García-Margallo y Marfil, en efecto, ha presentado dicho proyecto a la Presidencia y lo llevaré a debate cuando lleguemos al proyecto de resolución de carácter legislativo. 
Mediante su intervención, el Parlamento ya quedó informado de dicho tema, pero lo examinaremos cuando llegue el momento apropiado. 
No lo entiendo, porque hasta ahora no nos habíamos quejado de que este informe se hubiera incluido con un plazo tan corto en el orden del día; pero a pesar de todo habría que señalarlo en este momento. 
Decir ahora que esto no puede ser y que es incorrecto desde un punto de vista formal me parece un poco abusivo, y a este respecto quisiera protestar formalmente de que ahora se intente, por así decir de modo forzado, capear una situación que en cualquier caso es problemática. 
Señor Presidente, quería que se supiera que estoy en contra de todas las enmiendas orales presentadas por todos los demás grupos. 
Señor Skinner, lo veremos cuando llegue el momento y, entonces, manifestará su oposición. 
Señor Presidente, el Partido Popular Europeo está, como se ha dicho, a favor de las enmiendas que tienen relación con la libre circulación de trabajadores. 
Pero esta Asamblea ha recibido ya la propuesta de reforma del Reglamento 1612/68, que habla de la libre circulación de trabajadores, y en esta propuesta se deberían, en buena lógica jurídica, incluir estas enmiendas. 
Señor Presidente, mi enmienda oral, con el consentimiento del autor de la misma, y en un intento de favorecer su aprobación, está encaminada a eliminar la referencia específica a la Dirección General en particular en que se publicará, de manera que se eliminen las palabras «DG XV: sección libre circulación de mercancías». 
Técnicamente, creo que ello sería de utilidad para la enmienda. 
¿Hay alguna objeción para votar dicha enmienda oral del ponente? 
Señor Presidente, me daba la impresión de que había anunciado que no se aceptarían más enmiendas orales durante la sesión. 
No estoy sino recordando la propuesta de la presidencia. 
Señor Lataillade, yo pregunté si existen compañeros que se opongan a la enmienda oral del ponente. 
No hubo objeción. 
Por consiguiente, la someteremos a votación. 
Señor Presidente, no se trata de una enmienda oral, sino de que se excluya una parte del artículo. 
También se podría llevar a cabo una votación por separado. 
El Sr. Skinner propone ahora que se excluyan estas cinco o seis palabras. Para ello hay que votar por separado. 
Señor von Wogau, puede realizarse de diversas formas, pero el ponente prefirió presentar una enmienda oral, como era su derecho, y yo tengo la obligación de someterla a votación. 
Tiene razón, podía hacerlo de otra manera. 
Sin embargo, lo hizo oralmente y el Parlamento lo admitió. 
Leo el texto de la enmienda oral en francés. 
" insta la Comisión a elaborar, en el plazo más breve posible, una propuesta de reglamento que garantice, de manera eficaz, la libre circulación de los trabajadores de los Estados miembros dentro de la Unión Europea». 
Señor Presidente, estoy seguro de que el ponente aceptará esta enmienda oral, dado que el Grupo Socialista y nuestro Grupo han hecho de la facultad de proponer enmiendas orales un tema tan sensible. 
Quería preguntar al ponente y, por supuesto, al Parlamento si admite que dicha enmienda oral se someta a votación. 
Señor Presidente, en realidad, mi enmienda oral era para ayudar a su Grupo. 
No para ayudar a mi Grupo. 
Su enmienda era muy buena. 
He intentado encontrar una solución. 
Pero realmente no puedo aceptarla. 
Ya hemos dicho bastante sobre la libre circulación de los trabajadores como una declaración política. 
En este sentido, no puedo apoyar esta enmienda oral, a pesar de todo lo buena que pueda ser. 
¿Existe objeción por parte del Parlamento de someter a votación dicha enmienda oral? 
Es necesario que se incorporen al menos 12 parlamentarios para verificar que existe objeción. 
(Se incorporan más de 12 parlamentarios, expresando así su objeción) Existe objeción. 
Por tanto, no puedo someterla a votación. 
Señor Presidente, sólo quiero hacer la observación de que el ponente Skinner muestra muy poco espíritu deportivo. 
Estamos votando su enmienda oral. 
Nosotros seguimos aquí y él no. 
Señora Oomen-Ruijten, creo que si comenzamos el debate sobre el espíritu del hincha en esta sala, especularemos en demasía sobre quienes tienen dicho espíritu y quienes no y cómo lo tienen. 
No prolonguemos dicho debate. 
Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo al ponente en lo que ha dicho, porque yo he recibido la enmienda oral del Sr. García Margallo como presidente de la Comisión del Parlamento. 
Hay numerosas directivas sobre la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. 
No se puede decir que hay una directiva, hay muchas directivas sobre el tema. 
Pienso que estas cosas no deberían decidirse sobre la base de una enmienda oral, y por tanto soy de la misma opinión. 
El Sr. Skinner ha dicho que no aceptaba una enmienda oral en este asunto. 
Me parece razonable, y con ello ya se ha decidido la cuestión. 
Señor Presidente, con respecto a la enmienda 1 del Grupo del PPE quiero decir lo siguiente sobre este párrafo. El profesor Chabrol tiene un gran interés en que se consulte a un médico antes de tomar un medicamento. 
Por tanto, propongo una combinación de su enmienda y mi texto ya que, dadas las circunstancias, puedo estar a favor. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
El informe de nuestro compañero James Glyn Ford es interesante en más de un sentido y hace gala de una gran coherencia y una gran firmeza en la lucha contra todas las formas de racismo. 
Si bien es legítimo enlazar de manera más eficaz las distintas instancias dedicadas a estos problemas, y si bien hay que basarse en datos y estudios para perfilar nuestros conocimientos y comprender los problemas y fenómenos relacionados con el aumento de la intolerancia hacia los demás, no hay que olvidar, sin embargo, lo esencial: ¡combatir y hacer frente a los racistas y fascistas que transmiten su discurso de odio y exclusión! 
Hay que repetirlo una vez más, y yo lo repito bien alto. 
No hay que bajar la guardia. 
Bien al contrario, hay que hostigar sin tregua a los racistas, no darles ningún respiro en Europa ni en ningún lugar del mundo. 
Estas ideas son peligrosas para la democracia, violentas para el Hombre, intolerables para los ciudadanos electos que somos nosotros. 
Desgraciadamente, se extienden como una gangrena por todos los niveles de nuestra sociedad y, aunque nuestra lucha no está perdida, está lejos de estar ganada. 
Ante los racistas de todo pelaje, al final de un siglo en el que el racismo, la xenofobia y el antisemitismo han provocado miles de muertos, no debemos mostrar ninguna tolerancia frente a los racistas, los xenófobos y sus cómplices... camuflados o no. 
Sobre la recomendación Castagnetti (A4-0374/98) 
Mediante esta explicación de voto, deseamos dejar de manifiesto nuestro interés por las observaciones que se recogen en la propuesta de la comisión relativa al informe sobre los aspectos de salud y seguridad en el puesto de trabajo para todos aquellos que participen en actividades de formación de aprendizaje o en alternancia. 
Hemos votado en el día de hoy en contra del informe del Sr. Castagnetti relativo a la promoción de itinerarios europeos de formación en alternancia, incluido el aprendizaje. 
Apoyamos el intercambio de personas como parte de su formación, ya sea ésta profesional o universitaria. 
Supone un soplo de aire fresco comparado con el trajín cotidiano. 
Sin embargo, rechazamos rotundamente los matices y tonos políticos expresados en el informe, como, por ejemplo, cuando se dice que la estancia en otro país europeo se considera como una parte integradora de la formación que se lleva a cabo en el país de origen, o cuando se habla del «EUROPASS-formación». 
Sobre el informe Roth-Behrendt (A4-0326/98) 
Señor Presidente, acerca de la votación del informe Roth-Behrendt, lo que he querido expresar sobre todo es una reacción, una protesta acerca del procedimiento. 
En efecto, no soy hostil a la propuesta de directiva por la que se pretende suprimir la exclusión de los productos agrarios y de la caza del artículo 2 de la directiva del Consejo de 25 de julio de 1985 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. 
Me alegro sobremanera de que las enmiendas 3, 4 y 7 hayan sido rechazadas, y ello por votación nominal. 
La enmienda 3, para empezar, porque suprimía la obligación de que la víctima demostrara la existencia del defecto o de la relación causal entre el defecto y el daño en determinadas circunstancias, regla incompatible con el Derecho de responsabilidad. También la enmienda 4, que ha sido rechazada y que suprimía lo que se llama «riesgo del desarrollo» ; por último, la enmienda 7, que pretendía suprimir el plazo de prescripción de diez años a partir de la puesta en circulación del producto. 
Pero querría hacerme eco de la preocupación expresada por la Comisión Jurídica. 
Estas enmiendas, como otras que han sido igualmente rechazadas, de lo cual yo me alegro, no guardaban una relación directa con la comisión. 
Al aceptar que se sometieran a votación, sin examinar su admisibilidad, indiscutiblemente se estaba cuestionando el hecho de que nuestro Parlamento no tiene el derecho de iniciativa. 
Observo una discordancia, una diferencia, en la actitud que han adoptado los servicios de la presidencia en la materia y la que adoptaron, por ejemplo, en un informe reciente sobre la creación de la oficina de lucha contra el fraude. 
Pienso que no era admisible- como da a entender el Sr. Cassini en la opinión de la Comisión Jurídica- no era admisible, repito, que estas enmiendas se sometieran hoy a votación. 
gracias, señor Fabre-Aubrespy, para compensar su impaciencia le he dejado medio minuto de más, pero, en el futuro, le pido que respete más su tiempo de palabra. 
La protección de los consumidores ha sido objeto de varios textos examinados a lo largo de los últimos meses: los informes Kuhn y Roth-Behrendt en particular. 
La modificación de la directiva que nos presentaron ayer se inscribe en esta tendencia, pero sin embargo contiene una exageración perjudicial que quiero subrayar aquí. 
La comisión temporal de la EEB ha llevado a cabo un fructífero trabajo de investigación y de reflexión sobre un tema especialmente delicado y capaz, por su naturaleza, de generar pasiones enfrentadas. 
Nos han presentado las enmiendas propuestas como si se derivaran directamente de este trabajo. 
Como miembro de esta comisión de investigación, quiero alzarme contra tales excesos. 
Junto con mis compañeros, he pasado muchos meses insistiendo en que se tomaran medidas en favor de las víctimas conocidas, así como de las previsibles. 
No se podía invocar ninguna directiva de protección. 
Por ello no era concebible seguir haciendo caso omiso de los daños sufridos por los consumidores cualesquiera de productos agrarios mientras todos los demás productos manufacturados quedaban contemplados en una directiva. 
Por esta razón, buena por lo demás, se nos propone una ampliación perfectamente inaplicable e irrealista. 
¿Cómo restaurar la confianza de los consumidores si se les proponen, a modo de protección, procedimientos judiciales que no terminarán, por así decirlo, nunca jamás? 
¿Cómo aplicar en la práctica la obligación impuesta al productor de demostrar que no es el causante del daño observado por el consumidor? 
Mal que le pese a la Sra. Roth-Behrendt, no existen por un lado los buenos consumidores-víctimas y por otro lado los malos agricultores-culpables. 
Las circunstancias de la crisis de la EEB son suficientemente penosas como para evitar este tipo de confusión. 
Lo mismo puede decirse de la supresión de todas las limitaciones temporales para comprobar la responsabilidad de los productores. 
Es igualmente inadmisible. 
Aceptar enmiendas así abre la puerta a todo tipo de excesos y, sobre todo, a desvíos presupuestarios totalmente incontrolables. 
Votaré, pues, contra el conjunto de las enmiendas propuestas por el informe Roth-Behrendt. 
Si bien parten de una observación justa de la situación de los consumidores de productos agrarios, las soluciones propuestas son desproporcionadas y requieren una gran dosis suplementaria de reflexión y de concertación con todas las partes interesadas. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor del informe de Dagmar Roth-Behrendt sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. 
La directiva primitiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos de 1985 contenía una excepción para los productos agrarios. 
Todos los países miembros extendieron, sin embargo, la directiva para que incluyera también productos agrarios y productos cinegéticos, a excepción de Portugal, España y Alemania. 
No obstante, el caso de la EEB ha hecho que la Comisión suprima esta excepción. 
Ésta es la base de la revisión de la directiva. 
Además, el informe contiene enmiendas bastante controvertidas que ampliarán la protección de los consumidores más de lo que hacía la propuesta inicial de la Comisión. 
El único punto que los socialdemócratas daneses no podemos apoyar es la propuesta para eliminar la posibilidad de los Estados miembros de implantar franquicias o límites en la responsabilidad. 
La regla fundamental ha de seguir siendo que las normas- nacionales o europeas- que mejor protejan a los consumidores se mantengan vigentes. 
El Movimiento de Junio ha votado a favor de la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente sobre protección de los consumidores en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. 
Sólo así los países miembros podrán posicionarse ante la propuesta en el Consejo de Ministros. 
Sin embargo, no queremos ocultar que albergamos hondos reparos sobre el modo de proceder elegido. 
El Movimiento de Junio no desea que el derecho de iniciativa sea trasladado de la Comisión al Parlamento Europeo, sino que, en lugar de esto, sea ubicado en los parlamentos nacionales. 
Nuestra Asamblea se ha pronunciado hoy sobre la revisión de la directiva de 1985 relativa a la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. 
Se trata de un texto sumamente importante que establece un régimen comunitario de responsabilidad sin culpa, para el cual es suficiente con la comercialización de un producto. 
A petición de nuestro Parlamento, a raíz de la crisis de las vacas locas, la Comisión propone integrar los productos agrarios en el ámbito de aplicación de la directiva. 
Ello permitirá, para la aplicación de este régimen de responsabilidad, superar los problemas de definición de «productos transformados» y «productos primarios» , con los que desgraciadamente los jueces se encontraban con demasiada frecuencia hasta ahora, lo cual constituye un verdadero progreso para la protección de los consumidores. 
La ponente no ha quedado satisfecha con ello y, jugando con el aspecto emocional que rodea a la EEB, ha hecho propuestas totalmente desmesuradas e irreales. 
Desmesuradas, porque no se pueden trastocar como si nada las normas de responsabilidad sin culpa sin haber realizado previamente un estudio de las repercusiones sobre el conjunto de los sectores afectados y sobre el nivel de protección de los consumidores. 
Irreales, porque tras una fachada generosa, las propuestas de la ponente no habrían aumentado en realidad la protección. 
Sino que, todo lo contrario, habrían complicado la tarea de los jueces (cómo interpretar, por ejemplo, el concepto de «relación causal probable» propugnado por la ponente) y hecho recaer sobre los productores (en especial pequeñas y medianas empresas e industrias) unos costes en seguros que el consumidor final acabaría pagando en el precio de compra. 
Nuestro Parlamento es sabio por haber rechazado las seis enmiendas más extravagantes propuestas por la ponente, quien se jactaba de haber logrado un compromiso aceptable. 
Pero ¿con quién? 
Nunca ha habido compromiso, puesto que nuestro grupo del PPE ha defendido una posición clara, ninguna enmienda propuesta y sometida a votación merecía ser adoptada, y ello por dos razones. 
En primer lugar, porque la sobrecarga legislativa nunca es buena y las modificaciones hoy aprobadas no van sino a retrasar la puesta en práctica de la propuesta de la Comisión relativa a los productos agrarios. 
En segundo lugar, porque el Comisario Monti se comprometió ayer a transmitir al Parlamento, en enero el año 2000, su Libro Verde sobre la aplicación de la directiva y, en particular, su aplicación al sector agrario. 
Dicho Libro Verde será el resultado de una amplia consulta al conjunto de los sectores interesados (productores, consumidores, aseguradores, etc.) , fase de trabajo indispensable para cualquier propuesta de revisión de una directiva tan importante. 
A la vez que comparto el conjunto de las observaciones hechas por el diputado Édouard des Places sobre el fondo del informe, y más concretamente las relativas a la necesidad de aplicar desde la misma base el régimen de responsabilidad en materia de productos defectuosos, es decir, a los proveedores del sector agrario (piensos para el ganado, semillas, etc.) , deseo intervenir acerca de los problemas jurídicos graves que plantean algunas enmiendas. 
En efecto, algunas enmiendas pretenden modificar la economía general de la Directiva 85/374/CEE y no guardan relación con la propuesta de directiva hecha por la Comisión. 
El examen de estas enmiendas supone que se resuelva la cuestión previa de su admisibilidad. 
En efecto, el poder de iniciativa en el ámbito legislativo pertenece a la Comisión. 
Si, en lo relativo al fondo, no podemos sino estar de acuerdo con algunas de las enmiendas propuestas, no es admisible que de manera incidental ocurra así una revisión de esta directiva, violando una vez más las normas de funcionamiento de las instituciones europeas, sin estudio previo y sin que los Estados miembros puedan debatirla en profundidad disponiendo de todos los datos necesarios. 
Votamos, por lo tanto, contra las enmiendas 3, 4 y 7 del informe. 
El fin de la enmienda 3 es suprimir la obligación de que la víctima demuestre el defecto o la relación causal entre el defecto y el daño, en determinadas circunstancias que la poco clara redacción de la enmienda hacen difícil de discernir. 
Además, es incompatible con nuestro Derecho nacional y modifica el equilibrio general de la Directiva 85/374/CEE. 
La enmienda 4, por su parte, va encaminada a suprimir, entre las causas de exclusión de la responsabilidad del productor, la basada en el estado de los conocimientos científicos y técnicos que comúnmente se denomina «riesgo del desarrollo». 
Constituye una modificación sustancial del equilibrio de la Directiva 85/374/CEE. 
Por último, la enmienda 7 pretende suprimir el plazo de prescripción de diez años a partir de la puesta en circulación del producto. 
También esta supresión modifica la economía del régimen de responsabilidad de los productores. 
Concluyendo, estos cambios tan fundamentales que afectan a una propuesta de modificación de una directiva no deberían poder hacerse sino con el acuerdo y la participación activa de los Estados miembros en el seno de las distintas instituciones comunitarias y más particularmente en el marco del Consejo. 
No podemos en ningún caso aceptar que el Parlamento Europeo intente sustituir de este modo a los Estados miembros pretendiendo acaparar su poder de decisión en materia legislativa. 
Sobre el informe Mouskouri (A4-0370/98) 
El informe se refiere a la reestructuración de la acción cultural de la Unión Europea y, más en particular, a la creación de un instrumento único de financiación. 
No aborda una cuestión crucial que empobrece la vida cultural en Europa: la monopolización de la cultura por una pequeña oligarquía, por una camarilla, poderosa a fin de cuentas puesto que es capaz de concentrar para sí las subvenciones públicas. 
El gran historiador del arte Ernest Gombrich considera que la politización del arte no es sólo propia de los regímenes totalitarios, sino también de los regímenes occidentales. 
Constata la censura de los canales comerciales para aquellos artistas que no se sacrifican a las tendencias de la moda, de un arte cosmopolita, anticlásico, de ruptura con la tradición. 
Esta situación lleva a subvencionar un arte reservado a una pequeña oligarquía desconectada de las aspiraciones de los pueblos. 
Por otro lado, el papel del sector público es muy con respecto al mecenazgo, lo que conduce a un empobrecimiento de la necesaria diversidad cultural. 
La Unión Europea no debería ser indiferente a esta situación que da lugar a la monopolización de la producción y la difusión artística por los artistas que pertenecen a las camarillas subvencionadas y que viven en estrecha simbiosis con las administraciones culturales. 
Este estado de hecho da lugar a un arte oficial, diverso sin duda, pero del que, de manera injusta y no democrática, quedan excluidos numerosos artistas, sobre todo ligados al clasicismo. 
Es lamentable que no se aborde esta problemática, sobre todo con ocasión de este informe sobre el programa «Cultura 2000». 
Deseo dar las gracias a la Sra. Mouskori por la calidad del trabajo que hoy nos presenta. 
Aunque el enfoque de la Comisión Europea para esta nueva generación de programas en materia de cultura es loable, puesto que se basa en la transparencia y la eficacia, no es menos cierto que quedaba por revisar su idea de la ejecución. 
Es exactamente lo que ha realizado con éxito la Sra. Mouskori. 
Para los miembros de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, no era concebible que la Comisión ejecutiva pareciera, por un lado, olvidar en sus objetivos la participación y el acceso de los ciudadanos de a pie a las medidas culturales y, por otro, olvidar fomentar más en la ejecución lo que constituye la riqueza de la sociedad europea, es decir, los «pequeños» proyectos, esos que involucran directamente a los ciudadanos. 
La Comisión estaba dando demasiado peso a las grandes redes ya establecidas, que de todos modos no iban a tener problemas para responder a las licitaciones, ni dificultades para encontrar los socios necesarios, ¡incluso en otros seis Estados miembros! 
Asimismo, estaba concediendo demasiada importancia a los proyectos y manifestaciones culturales de envergadura que requieren una movilización intensa de medios que las pequeñas asociaciones no pueden aportar. 
Este es el motivo por el que voy a votar a favor del informe de la Sra. Mouskori, ya que ha sabido restablecer el equilibrio en beneficio del ciudadano de a pie, de los pequeños promotores de proyectos, ofreciendo al mismo tiempo una visión más completa de las actividades socioculturales que pueden ser objeto de financiación y, por lo tanto, representativas de la evolución de nuestra sociedad. 
Por ejemplo, las artes plásticas, aplicadas y virtuales (artes visuales y multimedia) , la música y otras formas de expresión artística (existentes y futuras). 
Hago un llamamiento a la Comisión Europea para que revise su punto de vista y acepte la visión de nuestra ponente, que deseo sea la del Parlamento en su conjunto. 
Todo el mundo coincide en reconocer que la cultura deber ser una piedra angular de la unificación europea cuyo deseo manifestamos. 
Para construir la Europa integrada, debemos necesariamente potenciar y promover un espacio cultural europeo, que sólo alcanzará de manera plena los objetivos de cohesión europea en la medida en que todos los europeos y europeas se sientan partes integrantes y protagonistas. 
El gran interés del programa marco «Cultura 2000» , tal como queda enmendado por nuestra ponente, es que acepta este punto de vista y contempla, por consiguiente, un nuevo planteamiento de la acción cultural. 
Así, abre considerablemente las puertas de las medidas culturales a las iniciativas y la participación activa de los ciudadanos de la Unión y reconoce explícitamente la cultura como fuente de puestos de trabajo y factor de integración social y de ciudadanía. 
Otro gran mérito del programa marco tal como queda enmendado es que se propone garantizar la máxima eficacia de los presupuestos que se le dediquen luchando contra la dispersión y propugnando un enfoque sectorial que favorezca las sinergias tanto entre los diversos campos artísticos y nuevas formas de expresión como entre éstos y otros programas comunitarios. 
Haciendo inventario de las perspectivas así abiertas, sólo puedo alegrarme del carácter eminentemente democrático del programa marco enmendado y congratularme por el magnífico trabajo realizado por nuestra ponente, que ha sabido sacar el máximo partido de los amplios espacios de cooperación cultural previamente desbrozados por la Comisión. 
Ni que decir tiene que doy mi pleno apoyo a la propuesta de resolución legislativa que aquí se nos propone. 
Apoyo plenamente a Nana Mouskouri en su llamamiento a favor de que se destinen más fondos a los «Programas culturales». 
Con el gratificante avance hacia una mayor integración de la UE y, sobre todo, en el contexto de la ampliación, la rica diversidad cultural de Europa es su mayor recurso para proteger la identidad y la individualidad de cada Estado miembro. 
Desde una perspectiva económica, su potencial no ha sido reconocido o explotado plenamente. 
No puede existir ninguna duda sobre su importante papel en el nuevo y creciente ámbito del turismo cultural y rural. 
Ningún otro programa comunitario pone a la sociedad y a sus raíces culturales y tradiciones en su perspectiva adecuada. 
Proviniendo como provengo de Irlanda, nos sentimos especialmente orgullosos de nuestra rica y diversa tradición cultural. 
Es importante que Europa la proteja y la promueva para futuras generaciones. 
Acuden a mi memoria las palabras de Gandhi: «No hemos heredado este mundo de nuestros antepasados, sino que lo hemos tomado prestado de nuestros hijos». 
Para terminar, quisiera pedir a la Comisión que examine seriamente el papel de las Autoridades locales en la promoción de los programas culturales. 
En Irlanda hemos dado un buen ejemplo con la contratación de Agentes del arte, y creo que su papel debe ser reforzado si queremos conseguir llevar la riqueza de nuestro patrimonio cultural hasta todas las personas. 
La cultura no debe ser patrimonio de la elite. 
Votando a favor del informe de la Sra. Mouskori sobre el programa «Cultura 2000» , el grupo ARE ha deseado dar su apoyo a esta propuesta de la Comisión por la que se establece un instrumento político único para la actuación y la cooperación cultural. 
En efecto, Cultura 2000 constituye un progreso auténtico capaz de reforzar el papel de la cultura en la construcción europea y dotarla de un instrumento de intervención eficaz y coherente. 
Por ello, considerando que una excesiva fragmentación en la asignación de las ayudas y la reorganización por disciplinas artísticas conducirían otra vez a la dispersión anterior, el grupo ARE no ha votado favorablemente las enmiendas relativas al anexo de la propuesta. 
No obstante, dado que para la ejecución de este proyecto ambicioso y prometedor se necesitarían medios financieros importantes, el grupo ARE apoya la propuesta de la ponente de elevar la dotación presupuestaria a 250 millones de ecus. 
El informe de la Sra. Mouskouri sobre el establecimiento de un único instrumento de financiación y de programación en favor de la cooperación cultural es otro intento de dotar de contenido al concepto de «cultura comunitaria» -una cultura que no existe y que tampoco consideramos deseable. 
El informe hace hincapié en que el objetivo más importante de la cooperación sea garantizar que la dimensión cultural llegue a situarse en el centro de ésta y actúe como fuerza motriz de la integración europea y que la cultura sea un factor de integración social y popular. 
Y además, con la priorización de los criterios de selección se pone el énfasis en un llamado «valor añadido europeo». 
La cultura no se puede fabricar artificialmente mediante iniciativas políticas. 
La cultura local, nacional y regional florece y lo ha hecho durante siglos y deseamos que siga sembrando sus semillas entre las unidades que sientan una comunidad cultural. 
Consideramos utópico pensar que se puede inventar una cultura comunitaria o una herencia cultural europea. 
Lo pertinente sería emplear el principio de subsidiariedad de la forma adecuada, especialmente, dando a las culturas nacionales, regionales y locales espacios evolutivos y no mediante el establecimiento de una política cultural en la UE. 
Las consideraciones anteriores hacen que votemos en contra del informe. 
El informe de la Sra. Mouskori tiene el mérito de realizar una síntesis aceptable entre dos concepciones de la cultura. 
El Consejo de Ministros y la Comisión, al presentar un programa marco por el que se establece un documento único de financiación y de programación, hacen de esa cultura y de sus grandes logros un instrumento de estructuración de una política y una identidad europea. 
Significa menos dispersión y una concentración de los créditos en grandes manifestaciones culturales europeas o en medidas en profundidad que incluyan un mayor número de asociados europeos (6 ó 7) del que existe actualmente (3 por lo general). 
Según muchos diputados, con esta cooperación cultural se corre el riesgo de privilegiar a las grandes redes culturales existentes y de alejar la acción cultural del ciudadano. 
Prefieren por ello un enfoque más sectorial y que se fomenten y valoren medidas más orientadas a pequeños proyectos. 
El debate iniciado ha sido apasionante. 
El informe de la Sra. Mouskori permite un compromiso para el período contemplado, 2000-2004. 
Nadie duda que el debate no acabará y que los puntos de vista evolucionarán en función incluso de las etapas de la construcción europea y de la voluntad de cada uno de crear una verdadera comunidad europea. 
Mediante la aplicación de una política cultural común, se pretende reforzar la identidad cultural europea común y hacer uso de la misma como una fuerza motriz de cara a la integración cultural. 
Considero que son correctas las medidas que se proponen, por ejemplo la resolución de los problemas que genera la heterogeneidad existente en los Estados miembros en materia fiscal y de legislación laboral, siempre y cuando se disponga de una política cultural supraestatal, pero no creo que éste sea el camino más adecuado. 
En su lugar, yo propugno una política cultural interestatal. 
Asimismo, es necesario reflexionar sobre la importancia que se debe otorgar realmente a la defensa de la identidad cultural europea. 
Desde una perspectiva histórica, es muy difícil encontrar algo que se pueda denominar «identidad europea común». 
Además, en la actualidad es cada vez más frecuente la creación de grupos culturales más allá de fronteras nacionales o continentales. 
A modo de ejemplo, un joven de Estocolmo considera que tiene más en común con otros jóvenes del mismo grupo social y con un estilo de vida similar en Nueva York, París o Barcelona que con el grupo de «todos los jóvenes europeos». 
Con el fin de evitar la aparición de la xenofobia y las suspicacias entre los habitantes de distintas partes del mundo, y para divulgar los ideales de solidaridad y hermanamiento, creo que, en lugar de construir identidades culturales artificiales, la Unión Europea debería esforzarse en fomentar el entendimiento por encima de las fronteras culturales que existen en la actualidad. 
Hay una laguna en este texto que no puedo dejar de señalar teniendo en cuenta que se trata de un programa marco para la cultura. 
No se puede tratar la cultura como algo estático y definido de una vez para siempre. 
Está siempre en movimiento y no conoce fronteras. 
Para desempeñar un papel útil, el programa europeo para la cultura debe ser amplio y flexible a fin de poder acoger las nuevas formas de cultura que surgen y los diversos protagonistas culturales que nacen, se transforman y desaparecen como cometas. 
Pero, además, no hay que olvidar las culturas y las lenguas minoritarias y las culturas transterritoriales, migrantes e inmigrantes, no vinculadas con un territorio, que son las más olvidadas de todas, porque no tienen a ningún Estado o región que las represente. 
Y el mosaico europeo está hecho- no lo olvidemos- de todas ellas. 
Sobre el informe Waddington (A4-0373/98) 
Deseamos agradecer a la ponente, la Sra. Waddington, la excelente labor que ha realizado con motivo de un informe tan importante para la Unión Europea. 
La Sra. Waddington ha mostrado un enorme compromiso al presentar cuestiones que, en nuestra opinión, revisten una gran importancia para el desarrollo del programa Leonardo da Vinci. 
Ante todo, queremos destacar la no discriminación en la aplicación de proyectos en el marco de este programa, el importante papel de las ONG y la promoción de perspectivas innovadoras y de calidad en el campo de la formación profesional. 
Hemos votado en el día de hoy en contra del informe de la Sra. Waddington sobre el establecimiento de la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional, el programa Leonardo da Vinci. 
Apoyamos el intercambio de personas como parte de su formación, ya sea ésta profesional o universitaria. 
Supone un soplo de aire fresco comparado con el trajín cotidiano. 
Sin embargo, rechazamos rotundamente los matices y tonos políticos expresados en el informe, como, por ejemplo, que se destaque la dimensión europea dentro de la formación profesional práctica y teórica. 
También se llama la atención sobre la necesidad de ver el programa Leonardo da Vinci dentro del contexto de una estrategia europea para el empleo. 
Pensamos que el desempleo debe ser combatido en el plano local, regional o nacional, pues existen numerosas y diversas razones que explican la pérdida de empleos. 
Las estrategias de lucha contra el desempleo deben reflejar por ello esta diversidad. 
El informe de nuestra compañera Susan Waddington comprende varias propuestas que deben permitir mejorar la formación profesional y sus consecuencias para el empleo. 
En gran parte de nuestros textos que tratan la cuestión del desempleo se destaca la calidad de la formación, condición necesaria para que los trabajadores y ciudadanos puedan ocupar un empleo. 
Asimismo, el peso de la evidencia exige que este programa comunitario se dedique prioritariamente a las personas amenazadas por la exclusión. 
Este esfuerzo debe ser sostenido y continuo y yo comparto la opinión expresada por la Comisión de que el plan se prolongue a seis años. 
Aunque este eje se inscriba in fine en el marco del Fondo Social Europeo, conviene sincronizar los calendarios para ganar en coherencia y eficacia. 
A esta lógica se añade la de que la dotación presupuestaria se corresponda con la necesaria para el buen funcionamiento del programa. 
Otro motivo de satisfacción es el deseo de que los socios participen en la ejecución de Leonardo. 
Este deseo de transparencia honra a nuestro Parlamento y representa una voluntad fuerte, ya subrayada por otros textos emanados de nuestra Asamblea. 
Finalmente, expreso una reserva sobre el hecho de que Leonardo pueda servir de complemento a medidas ya existentes, sobre todo en el marco de la movilidad de estudiantes y profesores. 
Aunque la intención sea buena, ¿no se corre el riesgo de cargar excesivamente el sistema? 
En lugar de mantener esta preocupación, prefiero que se aumenten los fondos destinados al programa Sócrates. 
En primer lugar, desearía dejar de manifiesto la importancia y el carácter fundamental de los programas de acción incluidos en programas como Leonardo da Vinci. 
Apoyo sin reservas una gran parte de los objetivos que se establecen en dicho programa. 
Por el contrario, sí pongo reparos al hecho de que no se haya presentado ahora, cuando el Parlamento se dispone a adoptar sus decisiones acerca del futuro de este programa, la investigación interna que está llevando a cabo en la actualidad la Comisión acerca del primer programa Leonardo da Vinci, la cual estará lista en un breve plazo. 
Se ha comprobado que existen problemas evidentes en la gestión y el seguimiento de este programa, lo cual constituye una grave advertencia. 
Creo que el Parlamento Europeo debería seguir impulsando las negociaciones acerca de este informe hasta que se aclare la investigación relativa a Leonardo da Vinci I y se haga una valoración de la misma. 
Me complace votar a favor de este informe de mi colega del Partido Laborista Sue Waddington. 
El valor añadido de los programas comunitarios de formación como Leonardo debe ponerse a salvo en los próximos años y no verse amenazado por recortes en su financiación. 
Hay que dar tiempo a la formación para que ésta dé frutos en los nuevos puestos de trabajo que ocupan las personas que han participado en los cursos; necesitamos invertir tiempo, además de dinero, en nuestros programas de formación. 
El informe, acertadamente, hace un llamamiento a la Comisión para que haga pública en toda la UE la información sobre los nuevos e innovadores tipos de formación. 
Si podemos sacar lecciones de la formación, podremos aprender unos de otros en Europa sobre la mejor forma de prepararnos para las carreras de mañana, y deberían estar a disposición de todos nuestros países- lo que cuenta es saber qué funciona, no qué país fue el primero en presentar las ideas. 
El programa Leonardo debe estar abierto a todos los colectivos; públicos y privados, así como a las asociaciones sin ánimo de lucro, y los proyectos comunitarios de formación deben dar prioridad a las personas menos favorecidas; por ejemplo, a los que deben hacer frente a la doble discriminación no sólo por estar desempleado, sino además por ser discapacitado o pertenecer a una minoría étnica. 
Sobre el informe Pack (A4-0371/98) 
Hemos votado en el día de hoy en contra del informe de la Sra. Pack sobre el establecimiento de la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de educación, el programa SÓCRATES. 
Apoyamos el intercambio de personas como parte de su formación, ya sea ésta profesional o universitaria. 
Supone un soplo de aire fresco comparado con el trajín cotidiano. 
Sin embargo, rechazamos rotundamente los matices y tonos políticos expresados en el informe, como, por ejemplo, planes escolares europeos, proyectos educativos de dimensión europea, módulos europeos y creación de centros de saber europeos. 
Deseo felicitar a la Sra. Pack por la calidad de su informe y por la precisión de sus propuestas para mejorar el programa Sócrates. 
Este programa comunitario dirigido a los centros de enseñanza y a los estudiantes es uno de los más bellos logros de la Unión Europea. 
Habrá permitido que miles de estudiantes perfeccionen su formación integrando en ella la dimensión de la ciudadanía europea. 
Nadie duda que debemos mejorar las disposiciones existentes, sobre todo en lo que se refiere a la gestión administrativa del programa. 
La prioridad, claramente, es aumentar los créditos asignados a Sócrates con el fin de permitir no sólo un incremento del número de «beneficiarios» , sino también, y quizá sobre todo, aumentar la cantidad entregada a cada estudiante. 
Tal como se precisa en el informe, el coste de esta movilidad es muy superior a la ayuda entregada. 
Regularmente, se dirigen a mí estudiantes que se benefician de este mecanismo para preguntarme si no podrían recibir una ayuda complementaria a fin de poder vivir dignamente en el país donde se encuentran. 
Así pues, pienso que hay que revalorizar considerablemente esta «beca» de movilidad y tener en cuenta las disparidades existentes entre los niveles de vida de la Unión Europea. 
Dicha revalorización permitiría abrir el programa a muchos más estudiantes, a quienes a veces preocupan los excesivos costes que genera una estancia en el extranjero. 
Por otro lado, comparto la propuesta de ampliar el ámbito de competencia del programa Sócrates a los adultos que han abandonado el sistema educativo sin titulación. 
Esta disposición está en la línea de la lucha contra el desempleo y de los ejes de actuación propuestos por la Cumbre de Luxemburgo dedicada al empleo. 
Al igual que nuestra ponente, comparto la sensación de que, a pesar de obstáculos como la insuficiencia de recursos financieros o una estructura y un funcionamiento dispersos, la primera fase del programa de acción comunitaria en materia de educación, Sócrates, ha sido un éxito que ha contribuido en gran medida a aumentar el sentimiento de pertenencia común a la Unión. 
En un mundo en el que cada vez es más difícil separar la educación de la formación y la formación inicial de la formación continua, el enfoque integrado de todos los programas de educación, formación profesional y juventud constituye seguramente la gran innovación y el gran mérito del programa Sócrates II. 
Claro que, se le pueden introducir mejoras, las cuales acrecentarían su eficacia y pertinencia. 
Una mayor adecuación entre los objetivos proclamados y los medios a emplear, así como una definición más precisa de las obligaciones impuestas a la Comisión en el marco de su misión, puede contribuir sobre todo a un éxito aún mayor de Sócrates II. 
Sea lo que fuere, estoy convencido de que el desarrollo de una educación europea que trascienda las fronteras nacionales y abra a nuestros ciudadanos de mañana nuevas perspectivas y horizontes es uno de los vectores clave de la unificación de la Unión Europea y, yendo más lejos, de un continente europeo en un conjunto pacificado y próspero. 
La Unión Económica y Monetaria, efectivamente, no puede garantizar por sí sola el éxito de una empresa tan ambiciosa. 
La unión se hará de todos modos, y probablemente de una manera aún más segura, en los espíritus y en el descubrimiento, por parte de las jóvenes generaciones, de una comunidad de intereses y un proyecto común, pero abiertos al mundo. 
Este es el reto fundamental subyacente en el programa Sócrates II, al que me suscribo totalmente. 
Es la razón por la que doy mi apoyo sin equívocos al dictamen que hoy emite el Parlamento Europeo sobre el tema. 
Queremos agradecer a la ponente la elaboración de este importante informe. 
El desarrollo del programa Sócrates reviste una gran significación de cara a los esfuerzos que se realizan en Europa en el ámbito de la educación. 
Con esta explicación de voto, deseamos hacer pública nuestra postura acerca de la inclusión de Turquía en el presente programa. 
Se trata de una decisión controvertida, habida cuenta de las deficiencias que presenta este país en materia de derechos humanos, si bien cabe señalar al mismo tiempo que la enmienda 22, relativa a la participación en este programa de, entre otros países, Turquía, realza también la participación en el mismo de los países del EEE y la AELC. 
Creemos que es urgente que el Parlamento Europeo se pronuncie, entre otros objetivos, para lograr la inclusión de Noruega e Islandia en el programa Sócrates. 
Por lo que respecta a Turquía, constatamos también que se ha adoptado una postura inusual en relación con el programa de acción «Juventud». 
Dado que, habiendo transcurrido ya cincuenta años tras la firma por parte de Turquía del Convenio sobre los derechos humanos, este país continúa sin respetar el contenido de este Convenio, no voy a apoyar la propuesta acerca de la participación de Turquía en el programa de acción que es objeto de este informe. 
Me gustaría comentar dos aspectos de la nueva propuesta del programa Sócrates: 
Con el programa Grundvigt, de nueva creación, las asociaciones de padres participan por primera vez en pie de igualdad en la enseñanza de adultos. 
Como iniciadora de proyectos de padres a nivel europeo, esto me complace sobremanera. 
Nuestros programas de formación tienen un objetivo común: formar una nueva generación de jóvenes europeos, en cuyas manos residirá el futuro de nuestra Comunidad. 
En esta educación también los padres participan en considerable medida. 
Por ello, su cooperación a escala europea, su cooperación con los maestros y su propia formación continua son un objetivo importante. 
Asimismo estoy satisfecha de que en la nueva propuesta del programa Sócrates se establezca el fundamento jurídico para que también Turquía pueda formar parte del programa. 
Desearía que pueda ponerse en práctica en un plazo próximo. 
La inclusión de Turquía me parece una excelente oportunidad para desarrollar en los ciudadanos turcos una conciencia por los derechos humanos y las ideas democráticas. 
Sobre esta base he presentado mi informe sobre la inclusión de Turquía en el programa Sócrates aún en vigor. 
La decisión presentada en este informe permitirá empezar la preparación previa de Turquía para la participación en el programa, y estoy convencido de que el Parlamento Europeo también apoyará este informe. 
Esta segunda fase del programa Sócrates se inscribe, como los otros programas relativos a la juventud y a la formación profesional, en un conjunto que destaca la educación y la formación a lo largo de toda la vida para todo el mundo. 
Supone el establecimiento de un cimiento común conducente a la creación de un espacio europeo de educación y formación. 
Este programa se basa, como es lógico, en la experiencia adquirida durante su primera fase, consolidando así las experiencias positivas a la vez que se añaden innovaciones, elemento indispensable para el crecimiento de toda sociedad, y un presupuesto «adecuado» para 29 países. 
Tal como hoy se nos propone, este informe de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación me parece aceptable. 
Aceptable porque el Parlamento Europeo propone un mayor presupuesto- 2.000 millones de euros en lugar de los 1.400 propuestos por la Comisión. 
Si se quiere que a este programa acceda el mayor número de jóvenes y adultos que deseen formarse o/y proseguir su formación, es una cifra mínima, teniendo en cuenta la apertura del programa a los ciudadanos de 29 países en total. 
Aceptable de todos modos, porque se ha previsto la posibilidad de acciones conjuntas con los otros programas que se ocupan de la juventud y la formación y porque las nuevas tecnologías de la información son tenidas en cuenta como medio educativo y como nuevo saber. 
Aceptable, finalmente, porque se han simplificado los procedimientos y se toma en consideración el nivel local y regional, en aras de la descentralización, por supuesto, lo cual implica una información mejor, su divulgación y una mayor colaboración con los Estados miembros. 
El desafío es importante: no es sólo el modelo de sociedad europea lo que queremos defender, sino también, y sobre todo, el porvenir de los jóvenes y menos jóvenes, la posibilidad de ofrecerles un empleo, un lugar en esta Europa de los ciudadanos a la que aspiramos. 
Sobre el informe De Coene (A4-0389/98) 
En Dinamarca perdura una antigua y positiva tradición de desempeñar trabajos voluntarios entre todos los grupos de edad, y no sólo entre los jóvenes, aunque el nivel de actividad sí que es considerablemente mayor en este segmento de la población. 
Dinamarca es denominada a menudo como «el país de las organizaciones» , y en general, todos los daneses son miembros de una organización de algún tipo, ya se trate de un partido político, una organización juvenil, un movimiento de exploradores o una asociación de vecinos. 
Todas estas personas trabajan para mejorar las condiciones de sus miembros y de los simpatizantes de su causa. 
Sin embargo, será una minoría la que quiera trabajar por desarrollar la dimensión europea, fomentar la conciencia de una auténtica ciudadanía de la unión y de un sector educativo europeo. 
Ponemos también en duda la existencia de una «dimensión europea». 
Rechazamos rotundamente los matices y tonos políticos expresados en el informe. 
Las consideraciones anteriores constituyen la base de nuestro voto en contra al informe del Sr. De Coene. 
Querría felicitar aquí a Philippe de Coene por el trabajo de gran calidad que ha realizado, no sólo porque comparto su análisis, sino también porque probablemente «revoluciona» determinados servicios de la Comisión y, sobre todo, de los Estados miembros. 
Yo siempre he pensado que, para que las cosas mejoren, hay que poner en marcha las ideas recibidas y no detenerse al primer obstáculo. 
Esto es exactamente lo que nos propone hoy nuestro ponente. 
Sobre el fondo, diré que la idea de equilibrar las medidas dentro del programa «Juventud» me parece absolutamente positiva. 
Los jóvenes, por su condición y por su espíritu, demandan movilidad, demandan saber, experiencia, participación; en una palabra, demandan ciudadanía. 
Así pues, animar los intercambios entre todos los jóvenes dotándose de los medios presupuestarios para ello es excelente. 
Las últimas manifestaciones estudiantiles en Francia son, en este sentido, una demostración que apoya las tesis del ponente. 
Por otro lado, en lo que se refiere al SVE, programa que apoyo totalmente y que honra a la señora Comisaria y a sus servicios, creo también que puede ser mejorado, sobre todo adoptando la idea de Philippe de Coene de definir con precisión lo que deben ser las organizaciones de acogida (organizaciones de fines no lucrativos) y los proyectos de acogida (actividades que no pueden sustituir a empleos remunerados). 
Más vale aclarar las cosas desde el principio, con el fin de evitar malentendidos. 
Lo que queremos es estar más cerca de los jóvenes, informarles mejor para conseguir que participen más, y conseguir que participen más para que sean artífices de una Europa que se está haciendo por ellos y para ellos. 
Por eso votaré a favor de este informe. 
Resulta positivo, por diversos motivos, reunir los distintos proyectos bajo el mismo techo. 
Asimismo, la mayor parte de los objetivos del programa son dignos de encomio, como- por ejemplo- el fomento de los conocimientos lingüísticos y de la movilidad de los jóvenes para permitirles familiarizarse con culturas nuevas y desconocidas. 
Por el contrario, no puedo respaldar los objetivos que se establecen en diversas enmiendas en torno a la «promoción de una genuina ciudadanía europea» , los «principios y las reglas de la Unión Europea» y la «participación de los jóvenes en el desarrollo de la Unión». 
No creo que se trate de objetivos relacionados con un programa para la juventud como es éste. 
En mi opinión, de lo que se trata es de ampliar los aspectos globales e internacionales, lo cual es algo completamente distinto a esta restringida identidad comunitaria que, a pesar de que no cuenta con ningún apoyo, es objeto de tan reiterado interés. 
Dado que, habiendo transcurrido ya cincuenta años tras la firma por parte de Turquía del Convenio sobre los derechos humanos, este país continúa sin respetar el contenido de este Convenio, no voy a apoyar la propuesta acerca de la participación de Turquía en el programa de acción que es objeto del presente informe. 
Sobre los informes Waddington (A4-0373/98) , Pack (A4-0371/98) y De Coene (A4-0389/98) 
El Tratado de Amsterdam y la propia «Agenda 2000» colocan en el centro de los futuros avances de la Unión toda la política cultural, de investigación, innovación, educación y formación, en pocas palabras, la política del conocimiento. 
Lo que hoy hay que hacer es facilitar un acceso lo más amplio posible a la educación y a la puesta al día permanente de los conocimientos. 
Al presentar sus tres propuestas de decisión en materia de educación, formación y juventud, la Comisión marca las pautas de la acción comunitaria orientada a contribuir a la construcción de un espacio europeo de la cultura y de la educación. 
Para nosotros, por tanto, es significativa la sinergia de estas tres propuestas que, inevitablemente, deberán contribuir al desarrollo de los conocimientos, al enriquecimiento de la ciudadanía y a la mejora de las posibilidades de empleo, gracias a la adquisición de competencias específicas que, hoy por hoy, se han convertido en necesarias. 
En un mundo que evoluciona rápidamente, gracias sobre todo a los cambios tecnológicos y a la sociedad de la información, la compartimentación entre educación y formación debe convertirse en cada vez menos estanca. Éste es nuestro objetivo prioritario: elaborar una legislación que respalde la política cultural de la Unión a todos los niveles. 
Nos parece que la clásica distinción entre formación inicial y formación permanente o entre educación formal e informal debe ser superada mediante la simplificación de los trámites burocráticos y la creación de una conexión estrecha y continua implementada en el ámbito comunitario y en el nacional a través de los Fondos estructurales, en particular el Fondo social europeo, ya que las acciones de cooperación en el ámbito de la juventud representan la clave fundamental para la integración activa de los jóvenes y la promoción de su ciudadanía a nivel europeo y que el Programa SOCRATES, al fomentar la calidad de la educación y al desarrollar su dimensión europea- implicando a 4 millones de profesores y a 70 millones de jóvenes-constituye un importante acervo comunitario, sobre todo desde el punto de vista del acercamiento de la Unión a los ciudadanos y del proceso de construcción de Europa. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado en el día de hoy a favor de una continuación y mejora de los tres programas que parten de las directrices de la Agenda 2000. 
Los programas serán simplificados y los aspectos relativos a la igualdad de derechos se verán fortalecidos, tanto en la igualdad de tratamiento entre hombres y mujeres como en la reinserción de grupos marginados. 
También apoyamos a grandes rasgos las mejoras propuestas de los programas. 
Con todo hay ciertas redacciones que nos parecen que van demasiado lejos a la hora de acentuar el componente supranacional. 
Nuestra postura es que los Estados miembros deben seguir manteniendo la competencia principal en materia educativa. 
La política educativa europea sólo debe completar y apoyar la política educativa nacional. 
Los informes de los ponentes Waddington, Pack, De Coene y Castagnetti incluyen propuestas positivas en los ámbitos de la formación y de la cultura. 
Estas propuestas están relacionadas con la formación profesional, el aprendizaje, la educación a lo largo de toda la vida, la formación en otros países, las visitas de profesorado, etcétera. 
Sin embargo, estos programas se escoran claramente hacia la «identidad europea» , los «valores culturales europeos» , la «formación EUROPASS» , aspectos todos ellos orientados hacia la integración europea. 
Por lo que respecta al programa Leonardo da Vinci, se están investigando en la actualidad casos de fraude con fondos de la UE. 
El contenido de la mayor parte de estos informes es en sí positivo, pero los marcos globales «europeos» carecen de apoyo popular. 
La cuestión reside en saber qué se entiende por cultura europea, y si existe tal cultura. 
En la segunda fase de los programas Sócrates y Leonardo se hace un llamamiento a la imaginación y a la innovación en materia de formación profesional de jóvenes y adultos y de formación continua «a lo largo de toda la vida». Como, por otro lado, se hace gran hincapié en el objetivo de la «igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres» , ¿no sería juicioso y justo proponer itinerarios originales de formación para las mujeres jóvenes? 
En el contexto actual, muchas retrasan la llegada de un primer hijo para asegurarse a toda costa una cualificación profesional (la edad media de la primera maternidad en Europa es de 29 años) o bien interrumpen su formación universitaria o profesional en cuanto tienen hijos. 
Para las mujeres que lo desean, conciliar el tiempo de las maternidades con el tiempo de formación sería posible y muy deseable por su propio bien, por el de las parejas, por el de los niños y, por lo tanto, por el de la cohesión social. 
¿No convendría suscitar una sana emulación en este terreno entre nuestros diversos países europeos? 
En cuanto al nuevo programa de acción comunitaria en favor de la juventud, le falta aliento, inspiración, perspectiva cultural; puesto que ya existen otros programas para la juventud relacionados con los intercambios escolares, la formación profesional y el aprendizaje, nos habría encantado encontrar en este programa propuestas para ayudar a los jóvenes de nuestros diversos países a conocer mejor lo que tienen en común en su patrimonio cultural y de lo que ya no se nutren; porque en todos los países de Europa, por desgracia, la formación literaria, el conocimiento de la Antigüedad griega, por no hablar de la Antigüedad latina, los diez siglos de historia impropiamente llamados Edad Media, en una palabra, la cultura general, han decaído en favor de las disciplinas cuya finalidad ya no es el conocimiento de la condición humana. 
Todas las grandes etapas de la Historia y la Civilización de nuestros diversos pueblos han tenido una dimensión europea: el Imperio Romano, el Imperio de Carlomagno, el Sacro Imperio Germánico, el monacato, la caballería, el arte románico, el arte gótico, las universidades, las peregrinaciones, el Renacimiento, el Clasicismo, la Ilustración, etc. Permitir que nuestros jóvenes conozcan la diversidad de nuestros patrimonios respectivos, sobre un fondo de unidad esencial, permitir que se impregnen de una cultura común, no sólo por amor del pasado, sino para tener armas intelectuales y espirituales para afrontar en común los grandes desafíos de hoy, es un noble objetivo que habría que favorecer. 
El mayor déficit en Europa, en este fin de siglo y del milenio, no sería un déficit de humanismo, aún cuando, según las palabras de Paul Valéry, Europa es el continente que más se ha preguntado por el lugar del hombre en la naturaleza, en la sociedad y ante Dios. 
Sí, si lo deseamos, sería de nuevo posible que los jóvenes de Europa se entusiasmaran por su destino común. 
La cuestión de la educación/formación es tan fundamental en nuestras sociedades, que el número de candidatos para hacer uso de la palabra en este debate me ha hecho inclinarme por la declaración escrita. 
Acojo con beneplácito el debate conjunto de las cuestiones de educación, formación y juventud que refleja la tendencia en aumento a formular una política integrada de esos sectores, que, evidentemente, apoyo. 
Voy a hacer dos observaciones: la primera al informe De Coene y la segunda al informe Pack, que resumen enmiendas por mí presentadas. 
Primero: es preciso evitar el peligro de provocar una ruptura entre los jóvenes y el mundo de los adultos, así como entre los jóvenes miembros de organizaciones y los demás jóvenes- que son la mayoría- al formular las políticas de juventud. 
La verdadera política de juventud es la que, en vez de procurar ganar para sí el relieve público y multiplicar las estructuras y los espacios juveniles, se difumina para abrir espacio a los jóvenes en las otras políticas. 
Segundo: si no hay política europea de las lenguas, no habrá política europea de educación. 
La generalización, en el nivel de la Unión, de la enseñanza a todos los niños desde el nivel primario de una misma lengua que sirva de lengua de comunicación merece una reflexión seria y un debate profundo. 
Simultáneamente con esa decisión, será preciso formular políticas activas de promoción del multilingüismo, pues sólo esas dos vertientes juntas pueden constituir una política europea realista de las lenguas. 
Sobre el informe Skinner (A4-0385/98) 
Deseamos agradecer al ponente, el Sr. Skinner, el compromiso que ha demostrado ante una cuestión de tanta importancia. 
En el pasado, la Comisión ha abordado de manera errónea, principalmente por lo que respecta a los derechos sindicales y al derecho de autodeterminación de los Estados miembros, la adopción por parte de esta misma institución de un mecanismo de intervención para poder eliminar determinados obstáculos comerciales. 
Sin embargo, es importante encontrar una solución a esta cuestión. 
Consideramos que el informe que ahora se ha examinado en el Pleno ofrece una solución aceptable a los problemas relacionados con los derechos sindicales y el derecho de autodeterminación de los Estados miembros. 
La propuesta de reglamento del Consejo que hoy se nos somete a votación va encaminada a establecer un mecanismo de intervención de la Comisión que permita obligar a los Estados miembros a eliminar determinados obstáculos internos a los intercambios. 
La Comisión tuvo la idea a raíz de las manifestaciones agrícolas de 1993 a 1995 en Francia, durante las cuales los agricultores interceptaron y destruyeron productos importados, sobre todo de camiones españoles. 
El Gobierno francés consideró, en algunos casos, que era mejor que no intervinieran las fuerzas del orden, a fin de no arriesgarse a suscitar problemas mucho más graves, actitud que escandalizó a Bruselas. 
De ahí el proyecto de texto actual, que tiene por fin proporcionar a la Comisión los instrumentos necesarios para hacer respetar mejor la libertad de circulación de mercancías, de la cual se nos repite hasta la saciedad, tanto en la exposición de motivos como en los considerandos, que es uno de los principios fundamentales de la Comunidad Europea, olvidando aclarar sin embargo que no es el único y que, incluso, es menos fundamental que otros. 
La propuesta de la Comisión ilustra la manera escandalosamente antidemocrática que suelen utilizar las instituciones europeas para hacer progresar la supranacionalidad. 
Nos invita además a reflexionar sobre la idea de responsabilidad de los Estados en materia de orden público, tema que precisamente está de actualidad en el marco del debate sobre la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
Para empezar, el método antidemocrático. 
La primera versión del proyecto preveía, ni más ni menos, el derecho de la Comisión a tomar «decisiones» que condenaran la actuación (o falta de actuación) de algunos Estados en materia de barreras a los intercambios. 
Dichas decisiones debían después servir de fundamento a sentencias de los tribunales nacionales o comunitarios por las que se impusieran a los Estados multas o sanciones. 
Cuando el Consejo vio llegar una propuesta de este calibre hasta se asombró: los funcionarios de la Comisión le pedían sin pestañear- mas es cierto que para ellos se trata de un proceso natural- que se les concediera el poder de sancionar a los Estados miembros. 
Aunque lo hubiera querido, el Consejo no habría podido delegar ese poder, sencillamente porque no lo tiene, salvo en el caso del procedimiento de déficit excesivo. 
Los funcionarios invocaron entonces las conclusiones del Consejo de Amsterdam relativas al Plan de Acción para el Mercado Único, en las que los Jefes de Estado y de Gobierno pedían a la Comisión que estudiara el modo de garantizar de manera eficaz la libre circulación de mercancías, incluida la posibilidad de imponer sanciones a los Estados miembros. 
En esta ocasión, el Consejo de Ministros descubrieron que en el Consejo de Amsterdam a los Jefes de Estado y de Gobierno se les hizo decir cualquier cosa en el Acta Final, sin que los interesados se dieran cuenta. 
Esperamos por otra parte haber servido de algo en recordar esta manipulación, porque ya lo denunciamos enérgicamente en su día. 
El Consejo revisó entonces la propuesta de la Comisión, pero tímidamente, de modo que la segunda versión del texto que se nos presenta hoy es apenas mejor que la primera. 
En ella la idea de «decisión» de la Comisión se sustituye por la de «notificación» , de intención ambigua, de la cual es difícil decir si es de aplicación facultativa, como un dictamen, o vinculante, como una decisión. 
El mal se empeora por la ausencia total de fundamento jurídico, de tal manera que la Comisión se ha visto obligada a recurrir al inusual artículo 235, que hemos condenado cientos de veces porque permite a la Comunidad autoconcederse poderes que le han negado los Tratados. 
Todas estas razones justifican ampliamente que el grupo Europa de las Naciones vote hoy en contra del proyecto de reglamento. 
Pero este asunto nos mueve también a una reflexión más amplia sobre el principio de responsabilidad primera de los Estados en materia de orden público interno. 
Aunque esta norma fundamental sea reconocida numerosas veces por el Tratado, por ejemplo en el artículo 36, relativo precisamente a la circulación de mercancías, es constantemente vapuleada, inclusive por el Tribunal de Justicia de las Comunidades. 
En una jurisprudencia ya antigua, por ejemplo, (sentencia del asunto Rutili, 28 de octubre de 1975) , el Tribunal precisó que «este concepto (el de la responsabilidad de los Estados en materia de orden público interno) debe entenderse estrictamente, de modo que su alcance no podrá ser determinado unilateralmente por cada uno de los Estados miembros, sin control de las instituciones de la Comunidad... » , un control que viene inspirado en sí mismo por el deseo de salvaguardar los principios del Derecho comunitario. 
En el asunto de las manifestaciones agrarias de 1993-95 precisamente disponemos ahora de la sentencia, emitida por el Tribunal de Justicia el 9 de diciembre de 1997, la cual va en el mismo sentido y justifica todas las pretensiones de la Comisión. 
Los argumentos franceses, que se basaban en la responsabilidad nacional en materia de orden público, fueron echados por tierra por el Tribunal. 
Citemos, entre otros, un pasaje de la sentencia: «los Estados miembros, que siguen siendo los únicos competentes para el mantenimiento del orden público y la protección de la seguridad interior, gozan ciertamente de un margen de apreciación para determinar cuáles son, en una situación dada, las medidas más idóneas para eliminar los obstáculos a la importación de los productos. 
Por tanto, no corresponde a las Instituciones comunitarias sustituir a los Estados miembros para dictarles las medidas que deben adoptar y aplicar efectivamente para garantizar la libre circulación de las mercancías en su territorio. 
No obstante, incumbe al Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta las referidas facultades de apreciación, comprobar, en los casos que le sean sometidos, si el Estado miembro de que se trate ha adoptado medidas adecuadas para garantizar la libre circulación de mercancías». 
Dicho de otro modo, el Estado nacional es totalmente responsable de su orden público, pero esta competencia está sometida a los principios comunitarios a los que no puede contradecir y que, por el contrario, debe apoyar. 
Esta postura del Tribunal, y de las instituciones europeas en general, arroja una luz muy interesante sobre el debate acerca de la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
En efecto, los partidarios de este Tratado pretenden que no sería grave abandonar nuestros controles de personas en las fronteras con nuestros vecinos, y que tampoco sería grave comunitarizar toda nuestra política de inmigración, ya que el artículo 64 del TCE proporcionaría una cláusula de salvaguarda garantizando que «el presente título se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior». 
Ya se ve para qué sirve realmente dicha «salvaguardia». 
Se trata de una engañifa destinada a distraer la atención del ciudadano haciéndole creer que su Estado nacional mantiene sus poderes, cuando éstos le son progresivamente retirados por el sistema antidemocrático de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
En este caso, si Francia, después de haber ratificado el Tratado de Amsterdam, quisiera un día restablecer los controles de personas en sus fronteras con motivo de un peligro creciente para su orden público, la Comisión respondería que nuestro país tendría que hallar el medio de mantener su orden interno protegiendo el principio comunitario fundamental de la libre circulación de personas. 
Se nos emplazaría a obedecer a esta exhortación, so pena de ser llevados ante el Tribunal de Justicia, cuya decisión final sería conocida de antemano. 
Lo que el Consejo quiere aprobar hoy con este proyecto de reglamento, y lo que se quiere hacer aprobar en el Tratado de Amsterdam, es el crimen más abominable que se pueda cometer contra un pueblo: impedirle que se defienda cuando se le agrede. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor del establecimiento de un mecanismo de intervención que se ocupe de la eliminación de determinados obstáculos a los intercambios. 
La propuesta inicial de la Comisión era absolutamente inaceptable pues la Comisión adquiría un poder demasiado grande para intervenir en conflictos profesionales y porque la propuesta podía socavar derechos fundamentales tales como el derecho a la huelga. 
La nueva propuesta, a favor de la que hemos votado, es totalmente diferente. 
La Comisión ya no tiene poder para exigir que un Estado miembro intervenga en huelgas nacionales. 
La nueva propuesta sólo obliga a los Estados miembros a mantener informada a la Comisión sobre eventuales obstáculos a los intercambios y sobre el modo en que piensan eliminarlos. 
También se ha introducido una disposición por la que se garantiza el derecho a la huelga. 
Por ello hemos elegido apoyar al señor ponente, quien ha recomendado el apoyo de la propuesta de la Comisión en su forma actual. 
Hemos votado en contra del informe por las siguientes razones: 
se corre el riesgo de que una decisión viole los derechos sindicales fundamentales; -desde un punto de vista legislativo, es inadecuado equiparar las mercancías con las personas en las disposiciones acerca de la libre circulación; -la Comisión no debe conceder las competencias que se proponen, ya que su atribución debe tener lugar en los tribunales o en negociaciones en torno al contenido del Tratado. 
La Comisión no ha de tener derecho a actuar en cuestiones que comporten una delimitación entre el Derecho nacional y el Derecho de la Unión. 
Los diputados liberales no han votado las enmiendas 1-15. 
Aunque el contenido de las mismas es correcto, no consideran correcto unir los legítimos objetivos de la libertad de circulación de los trabajadores con la adopción de un reglamento sobre la introducción de un mecanismo de intervención de la Comisión para combatir los obstáculos al comercio. 
El tema de la libre circulación de los trabajadores debe ser objeto de un informe aparte. 
Este informe se ha presentado con una urgencia injustificada y se ha sometido a examen durante este período parcial de sesiones como si se tratara de un informe extraordinario, habiéndose notificado con un plazo muy breve de antelación. 
La elaboración del informe no ha sido correcta, por lo que éste resulta inaceptable a pesar de que se haya mitigado la propuesta original, que era aún peor. 
Se limita el derecho de huelga, se recortan los derechos laborales y se dejan de lado las legislaciones nacionales y los convenios colectivos. 
Es necesario rechazar el presente informe. 
El Partido Laborista del Parlamento Europeo apoya el informe Skinner sobre la propuesta de reglamento del Consejo (CE) por el que se establece un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de determinados obstáculos a los intercambios (COM (97) 0619). 
Básicamente, se trata de la libre circulación de mercancías en el mercado único europeo, y no de la libre circulación de las personas. 
No obstante, dada su importancia, el Partido Laborista del Parlamento Europeo ha apoyado una referencia a la libre circulación de las personas en el considerando del informe. 
Este informe aborda las posibilidades de intervención cuando se obstaculiza la libre circulación de mercancías «por causas de carácter específico». 
De por sí, este informe no se coloca por encima del derecho de huelga, pero sí puede tener serias consecuencias de cara a las actividades de las organizaciones sindicales. 
Por ejemplo, esta propuesta exige de los Estados miembros medidas a largo plazo para que eliminen este tipo de obstáculos, lo cual implica que los Estados dejarán de ser neutrales en caso de que se produzcan conflictos laborales. 
Además, la propuesta puede tener como consecuencia que los Estados miembros actúen de una manera que, de acuerdo con el Sindicato de transportes de Suecia, aliente acciones encaminadas a desbaratar las huelgas en caso de conflicto laboral. 
Por todo lo anteriormente expuesto, he votado en contra de este informe. 
La UE, desde que estableció el mercado interior único y entra ya en la recta final para la aplicación de Euro, intenta ahora blindar su política mediante medidas que la aseguren frente a las reacciones de los ciudadanos europeos y de sus disputas. 
En nombre de la aplicación sin estorbos del principio de libre circulación de las mercancías, intenta, mediante la propuesta de reglamento que se debate, socavar los derechos sociales más fundamentales. 
El pretexto que siempre se utilizaba, la famosa «barrera de las comunicaciones» , lo adopta una vez más para la restricción asfixiante de los derechos democráticos, sociales e individuales de los ciudadanos europeos. 
Mediante la primera propuesta, que era indicativa de los puntos de vista que prevalecen en la Comisión- el órgano de la UE de carácter por excelencia «federal» y con grandes competencias ejecutivas -, se daba el derecho a los particulares, previa decisión de la Comisión, de recurrir de forma individual en los tribunales nacionales y de solicitar la adopción de medidas provisionales, la adjudicación de indemnizaciones u la imposición de penas económicas. 
Al mismo tiempo, y para «evitar la extensión de las perturbaciones» , el Estado miembro en cuyo suelo se producen las movilizaciones se transforma en policía, en órgano ejecutivo con la obligación de tomar a tiempo las medidas represivas «necesarias» para «levantar los obstáculos» , porque de no ser así se precipita la espada de Damocles de la remisión al Tribunal de Justicia. 
Los trabajadores se encontrarían ante un doble frente. 
El del poder estatal nacional y el de los «Particulares afectados». 
Con el acuerdo político logrado en el Consejo se produjo cierta mejora en el texto inicial, ya que desaparece el derecho de ejercer recursos individuales al fundamento de una decisión de la Comisión y a la lógica de las medidas de garantía. 
Sin embargo, la presión, política y jurídica, al Estado miembro interesado para el levantamiento de los «obstáculos» sigue estando en vigor. 
A pesar de los cambios producidos, la propuesta de reglamento que se examina abre los utrículos de Eolo y amenaza con una herida decisiva al ejercicio de los derechos laborales colectivos. 
El derecho a la huelga, el de reunión, son seriamente socavados y se inaugura de forma oficial un nuevo período de su aplicación restringida. 
Es evidente que la Europa de los monopolios y de los banqueros no puede soportar las reivindicaciones de los agricultores griegos, franceses e italianos que se enfrentan a las consecuencias de la política antiagraria, de la UE y de los Estados miembros, las movilizaciones de los camioneros que reclaman un horario humano de trabajo y la supresión del dumping. 
La Europa de la libre circulación no puede resistir las movilizaciones de los trabajadores del mar que luchan contra la reducción de sus derechos laborales al nivel de modelos tercermundistas. 
Una vez más, la hipocresía supera todo límite. 
Por una parte invocan la famosa subsidiaridad, hacen declaraciones grandilocuentes, invocan los derechos individuales fundamentales y, al mismo tiempo, convierten a los estados en el cruel represor de las luchas laborales. 
Evidentemente, la distribución de competencias derivada de la famosa subsidiaridad otorga el papel de esquirol a los Estados miembros. 
También existen dudas razonables sobre el papel que representará el Sistema de Informaciones Sengen en dicha materia, puesto que esconde el peligro de que todos los que participen de forma activa en las movilizaciones sean incluidos en las listas de los «sospechosos» de perturbación del orden público. 
El paso para restablecer el concepto del «enemigo interno» no está lejos y se ve facilitado por el concepto sólido pero impreciso de la «lucha contra el terrorismo» que parece surgir como uno de los principales ámbitos de acción de la Europol. 
Votamos en contra del informe de la forma más categórica. 
Se trata de un tema que no es susceptible de enmiendas e intervenciones correctoras. 
Pero también en dicho tema no es fortuito que algunas enmiendas de la Comisión de Asuntos Sociales que intentaban introducir alguna válvula de seguridad sobre el derecho de reunión y la estimación de la legalidad, desde un punto de vista jurídico, bajo el prisma exclusivamente del derecho laboral nacional, no se incluyeron en el informe. 
Por nuestra parte, hacemos un llamamiento a los trabajadores de Europa a que, dentro de su lucha, incapaciten dicha clase de disposiciones y a que luchen por la consolidación y la ampliación de sus derechos. 
Nosotros caminaremos a su lado. 
Me complace votar a favor de este informe de mi colega del Partido Laborista Peter Skinner. 
Después de las huelgas de camioneros franceses de estos últimos años, que tanto perjudicaron a empresas inocentes de otros países y a los conductores autónomos, el informe propone medidas sensatas para limitar los problemas de este tipo en el futuro. 
Respaldo el llamamiento en favor del rápido restablecimiento de la libre circulación de mercancías en aquellos casos en que ésta se ve impedida con el fin de perturbar gravemente el funcionamiento del mercado interior. 
Existe un equilibrio difícil de alcanzar entre las demandas competidoras de los derechos de los sindicatos a protestar pacíficamente en su propio país, por un lado, y la necesidad de permitir que el comercio continúe en el mercado interior con el que todos nuestros gobiernos se han comprometido hace ya mucho tiempo. 
Las disputas nacionales, como los recientes bloqueos de los puertos en Francia, deben ser resueltas por las partes interesadas del país en cuestión. 
El resto de nosotros debemos poder proseguir con nuestros asuntos. 
Un sistema de alerta rápida de posibles obstáculos al libre comercio entre los gobiernos y la Comisión sería de utilidad. 
Debe exigirse a los gobiernos garantías de que los ciudadanos y las empresas extranjeros pueden proseguir con sus actividades legítimas cuando una disputa local no tenga nada que ver con ellos. 
Espero que el enfoque equilibrado del presente informe permita que las disputas sean solucionadas en cualquier país de la UE y que el resto de la UE pueda continuar con sus actividades de una manera justa y libre. 
He votado en contra del informe por los siguientes motivos: 
En primer lugar, se dice precisamente que en la reglamentación no se puede estipular el contenido de las libertades y los derechos de los ciudadanos. 
En segundo lugar, todas las medidas en este ámbito corren el riesgo de limitar los derechos en caso de conflicto, ya que todas las acciones constitucionales y legales en el sector del transporte constituyen obstáculos para la libre circulación de mercancías. 
En tercer lugar, la propuesta no hace ninguna distinción entre acciones legales y acciones ilegales. 
En cuarto lugar, la propuesta exige de los Estados miembros medidas a largo plazo para que eliminen este tipo de obstáculos, lo cual implica que los Estados dejarán de ser neutrales en caso de que se produzcan conflictos laborales. 
En quinto lugar, la propuesta tiene como consecuencia que los Estados miembros actúen de una manera que facilite la incorporación de trabajadores de otros países, lo cual contribuye a desbaratar las huelgas en caso de conflicto laboral. 
El artículo 2.1 de la Constitución sueca garantiza a los ciudadanos suecos las libertades y los derechos fundamentales. 
El artículo 2.17 de la Constitución sueca establece que «tanto las asociaciones de trabajadores y empresarios como las patronales tienen derecho a emprender acciones de lucha sindical siempre y cuando no contravengan la Ley o los convenios». 
Sobre el informe Chanterie (A4-0378/98) 
Señor Presidente, me expreso aquí por medio de esta explicación de voto porque deseo que se haga constar en acta mi voto sobre el informe del Sr. Chanterie, voto que he emitido de forma diferente al resto de mi grupo. 
Estoy muy orgulloso de haberlo hecho, sobre todo en lo que se refiere al apartado 7. 
Acojo con satisfacción la aprobación de este texto y pienso que el Parlamento ha hecho muy bien en solicitar, con una mayoría tan amplia, a la espera de la Unión Europea ponga en práctica las medidas de plena armonización que propugnamos, que se modifique el primer apartado del artículo 6 de la directiva existente «de tal manera que los Estados miembros estén sujetos a la obligación de reconocer efectivamente los registros realizados o las autorizaciones concedidas por otro Estado miembro» en el ámbito de la medicina homeopática. 
Pienso que el voto de mi grupo, que no ha seguido esta recomendación, no era apropiado. 
Por ello he votado junto con la mayoría de este Parlamento y deseaba manifestarlo a fin de que se pueda hacer constar en el Acta. 
Me alegro de todo corazón de esta votación del informe Chanterie, muy importante para el futuro de la medicina homeopática. 
Es obligado señalar que, seis años después de la aprobación de las dos directivas de 1992 que introducían disposiciones complementarias a las directivas de 1965, 1975 y 1981 sobre medicamentos homeopáticos, sigue habiendo distorsiones de la competencia y perturbaciones del mercado en este sector de actividad. 
Por otro lado, cuatro Estados miembros han sido llevados ante el Tribunal de Justicia por la falta de transposición o la transposición parcial a su Derecho nacional de las dos directivas mencionadas. 
Al mismo tiempo, más de un europeo de cada cinco recurre ahora a la homeopatía. 
Las cosas, seguramente, se han dilatado demasiado. 
Es tanto más necesario dar una respuesta rápida a la situación denunciada cuanto que los fabricantes de medicamentos homeopáticos suelen ser pequeñas y medianas empresas que sufren la obligación que se les sigue imponiendo de facto de registrar sus productos separadamente en cada uno de los Estados miembros. 
Es la razón por la que apoyo la propuesta formulada por nuestro ponente de modificar la legislación comunitaria de tal manera que los Estados miembros estén sujetos a la obligación de reconocer- bajo condiciones específicas aún por determinar- los registros realizados o las autorizaciones concedidas por otros Estados miembros. 
Una modificación así de la legislación en vigor supone, evidentemente, que todos los Estados miembros satisfagan las normas de salud y seguridad más estrictas en cuanto a autorizaciones y registros nacionales de los productos homeopáticos, pues en ningún Estado miembro la liberalización efectiva del mercado de estos productos puede traducirse en una reducción del nivel de protección sanitaria de la población. 
El interés por los productos homeopáticos y su consumo van en aumento. 
Para los consumidores, es importante que se reconozcan los productos médicos y las medicinas homeopáticos como medicamentos. 
Es importante hacer una valoración en este sentido para impedir injerencias en materia de seguridad. 
Los ciudadanos han de poder adquirir y utilizar productos homeopáticos con la seguridad de que éstos no resultan perjudiciales para la salud. 
Desde el punto de vista de los consumidores, es deseable ofrecer una mayor claridad y una mejor especificación de los productos que se consumen. 
Por consiguiente, es deseable también un mayor reconocimiento recíproco de los productos homeopáticos. 
Al mismo tiempo, existen diversos motivos de carácter nacional para explicar la diversidad en las legislaciones de los Estados miembros en este ámbito. 
La deficiente coordinación de la directiva actualmente en vigor es una muestra de esta circunstancia. 
Sin embargo, un mayor reconocimiento recíproco exige que cada uno de los Estados miembros reconozca los criterios que utilizan los demás países para registrar estos productos. 
Por lo tanto, se deben hacer públicos en primer lugar estos requisitos y motivos para permitir una equiparación al respecto. 
Así pues, cada país debe considerar si desea reconocer los productos homeopáticos de los demás Estados miembros. 
A la espera de estas medidas, no hay ninguna razón para obligar a los países de la UE a reconocer productos que ya han sido aprobados en otro Estados miembros. 
Entre otras cuestiones, este informe considera que la expresión «medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas» , que se debe añadir obligatoriamente en las etiquetas de los productos homeopáticos, tiene una connotación peyorativa y resulta discriminatoria. 
Por esta razón, se desea remplazar el mencionado texto por la expresión «administración con arreglo a la farmacología homeopática clínica». 
Además, se pretende obligar a todos los Estados miembros a aceptar el reconocimiento de medicamentos homeopáticos realizados en otros Estados miembros, así como a derogar la prohibición de utilizar nombres imaginativos para denominar productos homeopáticos. 
En mi opinión, estas medidas pueden resultar perjudiciales. 
El hecho de que en la venta de productos homeopáticos se aplique con bastante rigor la reglamentación, por ejemplo, en lo relativo a los nombres y a los textos de advertencia, se justifica con que, de esta manera, no se induce a los consumidores a engaño en el sentido de que el preparado puede curar enfermedades graves. 
Especialmente en países donde las visitas médicas tienen un precio elevado, se corre el riesgo de incitar a la población a consumir productos «curatodo» en lugar de acudir a una consulta médica para someterse a pruebas y obtener el medicamento adecuado. 
En este sentido, el nombre del preparado cumple una función de gran importancia desde un punto de vista psicológico. 
La homeopatía es buena como un complemento a la medicina tradicional, pero no debemos llegar a una situación en la que los ciudadanos sustituyan la consulta del médico por un preparado homeopático. 
No puedo votar a favor de este informe, ya que éste busca, en muchos sentidos, la manera de restar importancia a la práctica médica establecida en favor de preparados y curas homeopáticas, más o menos dudosas. 
Así, por ejemplo, en el apartado 17 se pretende modificar el texto comúnmente aceptado, de acuerdo con el cual no se ha podido demostrar que los productos homeopáticos actuales tengan ningún efecto (positivo) , por otro completamente ininteligible como «producto homeopático sin pretensiones alopáticas». 
Además, en la letra O se afirma «que el uso obligatorio de la denominación científica en las etiquetas... favorece la imprecisión». 
En reducidas cuentas, considero que el informe actual siente una atracción demasiado poderosa por los aspectos poco científicos, lo cual no beneficia a largo plazo el desarrollo de la medicina ni la atención sanitaria de las personas. 
Sobre el informe thyssen (A4-0359/98) 
Apoyo de todo corazón el informe de la Sra. Thyssen. 
Se subraya acertadamente la importancia de una buena evaluación externa de las actividades de la Comisión. 
En el informe ampliado de la Comisión a menudo no está claramente precisado cuáles son los resultados obtenidos. 
En diversos puntos, el valor añadido de la intervención comunitaria se queda en agua de borrajas. 
La Comisión Europea tiene la obligación de poner en práctica el principio de subsidiariedad. 
Si no hay valor añadido, la intervención comunitaria carece de legitimidad. 
Es preciso obrar razonablemente para poner punto final. 
En pocas palabras: la Comisión debe actuar menos y mejor. 
El punto 20 de la resolución pone el dedo en la llaga sobre la falta de integración de la política de medio ambiente en la política de las PYME. 
Sobre la relación entre la política de las PYME y la gestión del medio ambiente el Consejo informal de Amsterdam, celebrado a mediados de abril de 1997, llegó a la conclusión de que las PYME, además de fomentar el empleo, contribuyen de modo significativo a la conservación del medio ambiente. 
Tengo la impresión de que la Comisión no se toma demasiado en serio las obligaciones que le atribuye el Tratado en la materia. 
En el sector de la tecnología del medio ambiente hay planteado un reto muy prometedor, tanto en lo que respecta al crecimiento del empleo como a la reducción de los problemas ambientales. 
Espero que el próximo informe de coordinación de la Comisión Europea gane sustancialmente en comprensión. 
Todo el mundo reconoce el papel motor de las pequeñas y medianas empresas en la vitalidad de una economía moderna y en la creación neta de puestos de trabajo. 
Se puede elogiar, con justicia, la magnitud del trabajo efectuado estos últimos años por las distintas instituciones de la Unión para fomentar un mayor desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 
Sin embargo, cabe señalar que numerosas empresas de este tipo mantienen aún una actitud de desconfianza ante la Unión Europea. 
Y ello, entre otras cosas, porque- como ya hemos deplorado en varias ocasiones en esta Asamblea- estas empresas no están asociadas al proceso europeo de diálogo social. 
Otra razón de la desconfianza de las pequeñas y medianas empresas hacia las instituciones europeas estriba en la complejidad de una legislación que a menudo da la impresión de entremezclarse con las disposiciones nacionales para constituir un encaje de bolillos impermeable a toda comprensión. 
Comparto, con nuestra ponente, la convicción de que una mayor claridad y precisión en las comunicaciones de la Comisión relativas a las PYME, en cuanto a sus verdaderos poderes en la materia, favorecería una comprensión más rápida por parte de los gerentes de empresas interesados. 
Otro elemento que pone de relieve nuestra ponente y que ha llamado mi atención es la ausencia de datos exactos sobre la participación real de las pequeñas y medianas empresas en virtud de los Fondos estructurales. 
Esta ausencia de aparato estadístico en un campo tan importante parece una contradicción, dado que los Fondos estructurales representan la tercera parte de los gastos comunitarios y que, como ya he dicho, todo el mundo coincide en reconocer el papel decisivo de las PYME en una economía moderna y en la generación de empleo. 
Por último, me parece indispensable dedicar una continua atención a los medios para desarrollar sinergias entre las PYME en todos los ámbitos de su actividad en los que sean posibles las economías de escala: administración, investigación y desarrollo, formación, estudios de mercado, etc. 
El informe recoge numerosas propuestas favorables. 
Sin embargo, considero que se detalla excesivamente la actividad reguladora con la incorporación en el informe de las propuestas del Sr. Piquet acerca de un «certificado de calidad europeo para las pequeñas y medianas empresas» que, por si fuera poco, incluirá «criterios idénticos para todos los Estados miembros». 
En los distintos países existen ya certificados de calidad a los que pueden acogerse las pequeñas y medianas empresas. 
Creo que todos los intentos por introducir un certificado europeo de este tipo no acabarán ocasionando más que un mayor grado de burocracia. 
El tiempo para las votaciones ha finalizado. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.40 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 5 de noviembre de 1998. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del jueves 5 de noviembre de 1998 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Quiero ver reflejado explícitamente en el Acta que he dicho en Bruselas que ya no participo solamente por razones de principio en las votaciones individuales- lo que ya desde hace tiempo dejé de hacer -, sino también por razones fiscales. 
Repito: por razones fiscales neerlandesas. 
Me gustaría que esto constara. 
Muy bien, señor Janssen van Raay, así se hará. 
Señor Presidente, mi intervención no es relativa al Acta, pero quisiera preguntarle cuándo se terminará el nuevo Parlamento. 
El IPE4, que sigue siendo «ciudad prohibida» , ¿es acaso una novela de ciencia-ficción? 
Hoy, en lugar de celebrar la sesión en los nuevos locales, volvemos a reunirnos aquí, en este bello hemiciclo, por el que ciertamente sentimos apego. 
Se escuchan rumores de pasillo y nos mantenemos a la espera. 
¿Para cuándo la sesión inaugural? 
¿Será en diciembre, en febrero o en verano de 1999? 
¿A qué se deben estos retrasos? 
Aceptamos el argumento de una organización óptima de la gran mudanza, pero me atrevo a esperar que no se trate, una vez más, de maniobras políticas contra Estrasburgo. 
Señor Presidente, esperamos una respuesta clara respecto a estas vacilaciones que dañan la imagen de rigor, eficacia y credibilidad de nuestro Parlamento. 
Señor, lo que le puedo decir es que el edificio no está aún en situación de ser aceptado. 
Evidentemente, la empresa responsable de la construcción del edificio debía ponerlo a disposición del Parlamento el pasado mes de enero. 
El Parlamento no es responsable de que aún no esté listo, y que no haya sido aprobado aún por los servicios competentes ni por los arquitectos. 
Por nuestra parte, intentamos colaborar al máximo con la ciudad de Estrasburgo y el Gobierno francés para garantizar que los trabajos finalicen lo antes posible en cumplimiento de las disposiciones en vigor. 
Llegado el momento, realizaremos nuestra parte del trabajo informático de este Parlamento y lo inauguraremos lo antes posible. 
Pero no puedo adelantarle una fecha. No depende de nosotros. 
Señor Presidente, la semana pasada me permití dirigirle una carta relativa a la situación en Centroamérica. 
Cada día que pasa es más evidente que las pérdidas humanas y el desastre material que vive aquella región han sido efectivamente de dimensiones bíblicas. 
En la carta que le dirigí le sugería que, como un gesto simbólico que correspondiera al enorme esfuerzo de solidaridad que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestros países- por ejemplo, España- están realizando con los pueblos centroamericanos, los diputados al Parlamento Europeo acordaran abrir una cuenta especial en la que, además de invitar a los parlamentarios nacionales a que hicieran lo propio, ingresaran aportaciones que fueran donadas, a través de alguna organización no gubernamental de suficiente prestigio, para ayudar a reconstruir aquel país y, por lo tanto, completar- repito, aunque fuera de manera simbólicael esfuerzo que está haciendo la Comunidad Europea en esa dirección. 
Señor Presidente, yo creo que esta es una situación en la que los diputados y diputadas al Parlamento Europeo deben estar en la misma onda que los ciudadanos en ese esfuerzo solidario. 
No sé, señor Presidente, si usted tiene alguna respuesta a esa carta, que le remití la semana pasada. 
La Mesa del Parlamento entendió que no debía ser la Mesa- ni la institución como tal- la que abriese una cuenta- que podría tener incluso problemas desde el punto de vista del Reglamento financiero -, pero si cualquiera de los diputados- uno o varios- tomasen esa iniciativa por su cuenta, difundiríamos esa iniciativa, con objeto de que todos y cada uno de los diputados pudiesen conocerla y, en su caso, sumarse a ella. 
Algunos, sin duda, ya hemos contribuido, a través de esas organizaciones, como lo han hecho muchos de nuestros conciudadanos en los países miembros, pero una iniciativa de este tipo, que no sólo es respetable sino bienvenida, debe hacerse por cuenta propia. 
No es función de una institución parlamentaria hacerlo por sí misma, pero sí el facilitar en lo posible el conocimiento de cualquiera de las iniciativas que se tomen. 
Señor Presidente, en calidad de presidente de la Delegación del Parlamento para las relaciones con Japón, quería dirigirme a usted esta tarde en sesión pública, debido a que esta semana recibimos en Estrasburgo con carácter oficial y en el marco de nuestros intercambios bilaterales y reuniones organizados por el Parlamento Europeo, en particular por la Secretaría del Parlamento Europeo, a una delegación importante formada por siete miembros de la Dieta japonesa y cuatro miembros del Senado japonés, dos de los cuales son antiguos ministros. 
Señor Presidente, según el orden del día, celebraremos las votaciones el jueves por la mañana. 
Pero el jueves por la mañana tenemos además una reunión que ha sido organizada y autorizada por la Secretaría de nuestro Parlamento, al mismo tiempo que las votaciones sobre la Agenda 2000. 
En semejantes condiciones, me encuentro ante un dilema esquizofrénico que, en lo que a mí respecta, no me perjudicará demasiado, porque he asumido mis responsabilidades como presidente de la delegación y he decidido asistir a dicha reunión, pero corro el riesgo de ser el único asistente. 
Salvo que se dividan en dos, los colegas deberán pasar por descorteses ante nuestros invitados japoneses, o bien demostrar incoherencia respecto a la decisión que hemos tomado de no prever reuniones de organismos oficiales del Parlamento durante el turno de votaciones. 
Me encuentro en una situación de esquizofrenia total y, aunque soy médico, no me resulta fácil salir de ella. 
Me gustaría recibir una respuesta al respecto, señor Presidente. 
Señor Pompidou, normalmente, el jueves a esa hora no hay votaciones, salvo cuando se trata de votaciones sobre el presupuesto. 
Es una situación del todo extraordinaria que se debe al gran número de votaciones sobre la Agenda 2000. 
No podíamos preverlo en el momento en que se fijó la hora de la reunión de su delegación. 
Estudiaremos la cuestión para ver qué se puede hacer aún en un plazo tan corto. 
Le mantendré informado. 
Señor Presidente, le ruego que haga constar en el Acta que hoy he encontrado mi despacho revuelto y con los cristales rotos y ha sido sustraído del mismo un aparato de radio, aunque dejé cerrado mi despacho después de la última sesión y aunque hoy, curiosamente, también lo he encontrado cerrado. 
Le ruego que también haga constar en el Acta la siguiente pregunta que le dirijo a usted: ¿cuándo vamos a poder realizar nuestro trabajo en condiciones tales que no tengamos que temer agresiones de hecho, como en Bruselas, y asaltos a nuestros despachos? 
Señor Nassauer, espero que haya dado usted noticia a los servicios de seguridad. 
Quiero decirle a usted que, hasta ahora, los servicios de seguridad de este Parlamento han identificado siempre los casos en que se han producido incidentes de este tipo, con escasísimas excepciones. 
Espero que esta no sea una excepción y que identificarán a los autores de la fechoría. 
Y naturalmente, si hace falta reforzar las medidas de seguridad, se reforzarán. 
De modo que le agradezco su información. 
Se toma nota en el acta y damos aviso a los servicios de seguridad para que, cuanto antes, realicen las gestiones pertinentes. 
Señor Presidente, quisiera preguntar a la Comisión cuándo se propone abordar el informe encargado por la DG XIV- referencia PEM/306- sobre la interacción física entre las focas grises, las artes de pesca y las anormales condiciones depredadoras de las focas en el Atlántico septentrional y noroccidental y que ahora están apareciendo en el Atlántico meridional. 
Ya es hora de que la Comisión tenga el valor de presentar ese informe y sus conclusiones científicas al Parlamento para que podamos abordar ese asunto. 
El comportamiento depredador de las focas en torno a las costas irlandesas y escocesas equivale al total de capturas permitidas más una cuarta parte. 
Algo hay que hacer pronto y tenemos que afrontarlo. 
Pido a la Comisión que actúe con celeridad. 
Señor Killilea, Su Señoría sabe perfectamente que ésa no es la forma de formular una pregunta a la Comisión. 
Hay varias formas como puede formular su pregunta. 
Éste no es el momento oportuno para hacerlo. 
Puede formularla en una de las diferentes formas establecidas en el reglamento. 
Señor Presidente, siguiendo con el tema de las condiciones de trabajo, es la segunda vez que no me han traído mi baúl. 
Siempre me ocupo de meter todos los dossiers que voy a necesitar aquí y, cuando llego, el baúl se ha quedado en Bruselas. 
Es muy desagradable, porque tengo todos mis documentos de trabajo en dicho baúl. 
Sucede lo siguiente: mi despacho está en una esquina y, sin duda, no resulta muy bonito tener un baúl delante de la puerta, motivo por el que alguien lo coloca en la sala de la fotocopiadora. 
Cuando pasan los transportistas, evidentemente se olvidan del baúl. 
Por eso lo he sacado y he dejado una nota destinada a esas personas, en la que les digo que cuando mi baúl está en la sala de la fotocopiadora no es transportado a Estrasburgo. 
Supongo que los transportistas sólo han visto la segunda parte de la nota: no transportar a Estrasburgo. 
Y yo sigo sin mi baúl. 
Muy bien, señora, nos pondremos en contacto con los servicios competentes. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero pedir disculpas por haber llegado un poco tarde, pero la dificultad de los accesos aéreos a Estrasburgo- que es notable- ha hecho que muchos diputados hayamos llegado con tres horas de retraso. 
En segundo lugar, quiero trasladarle la preocupación de mi Grupo por el arresto en Italia del Sr. Abdullah Ocalan, que corre peligro de ser extraditado a Turquía. 
Todos conocemos la política del Parlamento Europeo en materia de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos políticos en Turquía y de los derechos del pueblo kurdo, y a mi Grupo le parecería oportuno que se hicieran las gestiones pertinentes para que Abdullah Ocalan, que ha declarado un alto el fuego de la guerrilla de forma unilateral hace meses, no fuera extraditado desde un país europeo a Turquía. 
Señor Presidente, como sabe, recientemente presenté un informe al Parlamento sobre el régimen del plátano. 
Recibió un apoyo abrumadoramente mayoritario con un gran consenso en esta Asamblea y se transmitió a la Comisión. 
Ahora tenemos reclamaciones de los Estados Unidos, disfrazados de «Chiquita» , que atacan a la Comisión y las propuestas que la Comisión presentó por fin después de la reclamación original formulada por la OMC. 
Dada la preocupación existente al respecto, ¿tendría a bien la Comisión venir a explicarnos cómo está abordando la reclamación de «Chiquita»? 
Señor Thomas, acabo de decir al Sr. Killilea que ésa no es la forma de formular preguntas a la Comisión. 
Su Señoría sabe cuál es la forma de formular preguntas a la Comisión, conque utilícela. 
Tal como usted dijo hace un momento, he formulado dos preguntas, una a la Comisión y una al Consejo, sobre los costes de construcción de los edificios en Estrasburgo y en Bruselas... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Éste no es el momento para formular preguntas a la comisión ni al Consejo. 
No puedo conceder el uso de la palabra a Su Señoría. 
No habiendo más observaciones, queda aprobada el acta. 
Orden de los trabajos 
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos. 
Señor Presidente, sólo quisiera plantear una cuestión relativa al Reglamento. 
Le he dirigido ya un escrito. 
Tengo entendido que en esta semana se va a suprimir el turno de preguntas al Consejo. 
Considero esto como una contravención del apartado 1 del artículo 41 del Reglamento, así como también una transgresión del Tratado, el cual nos garantiza de manera especial el derecho de interpelación. 
El derecho de interpelación constituye uno de los derechos parlamentarios individuales más importantes y creo que ninguna Conferencia de Presidentes, ni siquiera de esta Asamblea, puede dejar en suspenso sin más este derecho, pues tenemos derecho a un turno de preguntas al Parlamento una vez al mes. 
Muchos colegas han presentado, como yo, preguntas importantes al Consejo dentro de plazo. 
Quiero insistir en que se celebre este turno de preguntas. 
Si el Consejo desea emitir declaraciones, que frecuentemente no suelen ser más que buenas conferencias de prensa, me parece bien, pero no en lugar del turno de preguntas que constituye un derecho central de todo diputado. 
Señor Presidente, no tengo nada que objetar al proyecto de orden del día del lunes. 
Me parece que la Conferencia de Presidentes ha adoptado una posición respecto al fundamento jurídico del informe Fabra Vallés. 
¿Es eso cierto? 
Sí, señor Dell ' Alba, y la Conferencia de Presidentes ha constatado que el artículo 206 no era el fundamento jurídico adecuado para el informe. 
Es el artículo 148, por tratarse de un informe de propia iniciativa. 
Dicho informe se votará, por consiguiente, por mayoría simple y no por mayoría absoluta, y no requiere la aprobación ni el rechazo de la gestión de la comisión. 
La Conferencia de Presidentes me ha encargado que manifieste al Presidente de sesión el deseo de dejarlo perfectamente claro en el momento de proceder a la votación. 
En todo caso, le agradezco la ocasión que me brinda para hacerlo ahora. 
El Grupo del PPE solicita que se adelante del jueves al martes el informe Ferri relativo a los sistemas de pensiones complementarios y que se incluya inmediatamente después del informe Añoveros Trias de Bes sobre la patente comunitaria. 
En nombre del Grupo PPE, ¿quién quiere justificar esta solicitud? 
Tiene la palabra la Sra. Oomen-Ruijten. 
Señor Presidente, hemos hecho esta solicitud porque el informe Ferri encaja bien con el informe Añoveros I, II. Es un informe muy difícil, se trata de una materia muy complicada relativa a las pensiones. 
Es mejor que contemos entonces, cuando votemos sobre eso, con la más amplia presencia posible. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Miércoles: (sin modificaciones) 
Jueves: 
Solicita también incluir, después del informe del Sr. Wiebenga sobre las personas desplazadas, el informe del Sr. Lehne sobre el tránsito aeroportuario actualmente previsto para el viernes y cambiar el orden del día del jueves para que quede del siguiente modo: de las 9.30 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 16.00 horas y de las 18.00 a las 20.00 horas habría, primero, votaciones; después, informe del Sr. Wiebenga, y luego, el informe del Sr. Lehne. 
De las 16.00 a las 18.00 horas se mantendría el debate sobre problemas de actualidad y urgencia, reducido a dos horas, sin volver por tanto a la situación normal de las 3 horas. 
¿Alguien quiere intervenir a favor? 
Señor Presidente, quisiera apoyar la solicitud de aplazar la declaración de la Comisión sobre la cumbre de Buenos Aires sobre el cambio climático en que los colegas que en representación del Parlamento tomaron parte en la conferencia y yo mismo hemos comentado que sería más razonable preparar cuidadosamente este debate en las comisiones correspondientes para poderlo terminar luego con una resolución que no se elabore rápidamente una vez que se hayan observado los resultados sino después de una preparación cuidadosa y precisa. 
Ruego que se siga la propuesta de mi Grupo para que como Parlamento nos podamos manifestar de manera sustantiva y no de una manera apresurada. 
Señor Presidente, yo encabecé la delegación parlamentaria a Buenos Aires. 
Hago mía absolutamente la propuesta de que nos tomemos tiempo para reaccionar ante el complejísimo resultado de Buenos Aires. 
Nos libramos del fracaso por muy poco. 
El Sr. Linkhorst, uno de los miembros de la delegación, propuso que, en lugar de pasar directamente a un debate en Pleno, debíamos intentar celebrar un debate en al menos las tres comisiones más claramente competentes, formular un proyecto de resolución minucioso y volver sobre el asunto en diciembre o enero. 
Ésa es, desde luego, la opinión de la Comisaria Bjerregaard, por lo que apruebo esa idea. 
Se debatió positivamente en la reunión de los secretarios generales y en la Conferencia de Presidentes. 
Todo el mundo que sigue ahora y que ha seguido el fin de semana pasado los medios de comunicación, sabe que el debate con respecto a la opinión pública tiene lugar ahora y no en enero. 
Me parece inconcebible que el Parlamento Europeo no sea capaz de hacer una primera apreciación política de los resultados de esta semana en Buenos Aires. 
Si en enero llegamos con una opinión muy fundamentada, equilibrada y detallada, entonces ya nadie nos escuchará. 
Con los datos de los que disponemos hoy somos perfectamente capaces de llegar en esta semana a una toma de posición política breve y fundamentada, ahora que esta cuestión todavía es actual y no cuando la cuestión haya pasado y terminado ya. 
Debemos responder ahora, ha sido la Unión Europea la que ha llevado la responsabilidad en esto y es este Parlamento Europeo el que debe hacer oír su voz en este momento. 
Muchas gracias, señora Aelvoet. 
Someto a votación la solicitud del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Viernes: 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos solicita el aplazamiento del debate sobre las preguntas orales relativas a la encefalopatía espongiforme bovina en Portugal. 
Señor Presidente, quisiera dar mi opinión como presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, puesto que ya hemos tenido ocasión de celebrar este debate en comisión, en primer lugar con la presencia del Sr. Heine cuando el Comité Veterinario tomó su decisión y, posteriormente, hace pocos días, con la presencia del propio Comisario en nuestra comisión. 
Yo no sé si hay algún dato nuevo que avale esta petición de inclusión en el orden del día. 
Por nuestra parte, no tiene sentido. 
Señor Presidente, he pedido que se inscribiera en el orden del día esta pregunta oral, porque considero que la situación en Portugal es suficientemente grave como para justificar una intervención de este tipo. 
Por otro lado, a pesar de las reuniones que celebramos en la Comisión de Agricultura, la comunicación de la decisión sobre el embargo de la carne portuguesa se hizo en una reunión extraordinaria para la que no recibí- ni yo ni otros colegas- el orden del día en el que figuraba ese punto relativo a la comunicación del Sr. Heine, aunque el presidente de dicha Comisión de Agricultura haya afirmado ahora que se envió a todos los diputados. 
El Sr. Heine apareció a última hora para comunicar las razones del embargo. 
Todos sabían que en aquella reunión no podían estar presentes muchos diputados, porque fue una reunión extraordinaria, convocada a última hora, razón por la cual pedí que se celebrara ahora un debate. 
Me parece que sería conveniente aclarar no sólo la cuestión portuguesa, sino también la forma como actúa la Comisión en estos casos tan graves para todos los productores de carne portugueses. 
Y a eso se debe la pregunta oral presentada en nombre de mi Grupo. 
Muchas gracias, señor Rosado Fernandes. 
Señor Graefe zu Baringdorf, ¿desea intervenir a favor o en contra? 
Señor Presidente, estoy a favor de que esto siga figurando en el orden del día y quisiera añadir, además, que nuestra pregunta oral no ha sido incluida todavía. 
Se nos ha asegurado, ciertamente, que se ha incluido en el último orden del día. 
Por consiguiente, tenemos también una pregunta oral sobre la EEB y yo soy partidario de que se discuta. 
Muchas gracias, señor Graefe zu Baringdorf. 
Someto a votación la solicitud del Grupo del PSE. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Programas MED 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0404) del Sr. Fabra Vallés, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre las repercusiones del caso de los programas MED. 
Señor Presidente, la pasada semana el Secretario de Estado para la Cooperación español, D. Fernando Villalonga, publicó un magnífico artículo de prensa bajo el título «Talar el árbol podrido y preservar el bosque». 
Permítame utilizar ese mismo viejo proverbio para justificar la motivación que hay tras este informe, que me encargó preparar el Parlamento en su resolución de 31 de marzo de este mismo año y del que puedo asegurarles que, en los veinte años que llevo de cargo electo, ha sido uno de los trabajos menos gratos que he tenido que realizar. 
Es evidente que la intención del Parlamento, la de su Comisión de Control Presupuestario o la de este ponente no es y no ha sido jamás la de entorpecer la política para la cooperación descentralizada con los países mediterráneos. Cooperación que tiene como misión reforzar los contactos directos con las universidades, las ciudades, las colectividades locales y con los periodistas de estos países, lo que facilita que las gentes de ambas orillas de Mediterráneo se conozcan, se hablen y se comprendan. 
Nuestra intención ha sido siempre la de salvar esta importante cooperación poniéndola sobre mejores bases, sobre bases más sólidas. 
En este contexto, quiero recordar que fue la Comisión y no el Parlamento- fue el propio Comisario Marín- quien dio la orden- en mi opinión, acertadamente- de paralizar dicha cooperación a finales de 1995 como consecuencia de un informe muy crítico del Tribunal de Cuentas en el que se revelaban, como resultado de la investigación, irregularidades muy graves. 
Desde que se conoció dicho informe, el Parlamento ha hecho todo lo necesario para restablecer la credibilidad de esta política para que permitiese su relanzamiento, lo cual se ha podido hacer desde el mes de abril. 
Quiero agradecerle, señor Liikanen, los esfuerzos que la Comisión ha hecho en este sentido. 
Pero, señor Liikanen, y también hay que decirlo, si de verdad queremos salvar el bosque hay que estar seguros de haber cortado todos los árboles afectados. 
Y, antes de cortarlos, hay que estar seguros de haberlos identificado a todos. 
Y, en este sentido, quiero dejar claro que, por la documentación recibida y analizada, no me costa que se puedan derivar responsabilidades penales para los cargos directivos de la Dirección General «Norte-Sur» de la Comisión. 
Gracias a la información que nos ha facilitado el Sr. Marín, sabemos que la Comisión ha pagado 600.000 ecus para hacer una auditoría de los proyectos. 
Usted también lo sabe, ya que desde el mes de septiembre tiene los resultados sobre la mesa. 
Pues bien, los expertos de la firma londinense que han realizado la auditoría han identificado, según los criterios definidos por la propia Comisión Europea, un importe de 4 millones de ecus de gastos que deberían ser recuperados. 
Han identificado también otra cantidad que supera los 20 millones de ecus de gastos, sobre los que será necesario hacer verificaciones suplementarias, a lo cual debemos añadir un monto de 2, 2 millones de ecus a recuperar de las firmas de asistencia técnica. 
Además, todavía resta por añadir una cantidad, hasta el momento desconocida, pero que conoceremos cuando decidan informarnos de la auditoría del control financiero sobre las oficinas de asistencia MED-LINK. 
Acabo ya, señor Comisario, pero antes debo pedirle un poco de coraje, el coraje suficiente para que reconozca que se ha equivocado o que le han equivocado sobre la dimensión real de los problemas y de las cantidades que están en juego. 
Ahora tiene la oportunidad de comunicarnos que va a transmitir todo el expediente a las autoridades judiciales. 
Y hágalo, porque no es trabajo de la Comisión Europea ni del Parlamento el establecer si ha habido actos punibles o no. 
Ello es competencia de las autoridades judiciales. 
Se trata de un principio simple y fundamental que el Parlamento ha confirmado una vez más en su resolución sobre la aprobación de la gestión del 31 de marzo del presente año. 
Y además, es una obligación que ha sido confirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo. 
Además, no se trata sólo de una obligación, también es una necesidad, porque se trata de un expediente muy complejo, con numerosos implicados, y a la UCLAF- con los medios y derechos con que cuenta, mejor dicho con los que no cuenta- le es imposible llevar a buen fin una investigación de tal calibre sin contar con el concurso de las autoridades judiciales. 
Y si todo ello sigue este camino, me permitirá pronunciarme a favor de la aprobación de la gestión en lo relativo a este asunto al tiempo que usted tendrá la oportunidad de restablecer la credibilidad que la Comisión está perdiendo en estas últimas semanas. 
Señor Presidente, señoras y señores ¿no hemos creído, o al menos esperado, todos que, después de haber aprobado hace más de un año la pertinente resolución y después de haber repetido con insistencia algunos puntos esenciales de la misma en la primavera con ocasión del aplazamiento de la aprobación de la gestión se habría terminado la larga historia de los programas MED y que la Comisión habría negociado? 
¡Totalmente equivocados! 
Como afirma el ponente, el Sr. Fabra Vallés, en vez de mejoras han salido a la luz nuevos hechos que parecen mostrar un daño financiero mucho mayor que el que se suponía hasta ahora. 
Esto lo ha descubierto una empresa británica de auditoría financiera que, fue encargada desde Bruselas, y esto hay que decirlo en favor de la Comisión, para analizar los programas y proyectos MED que habían expirado. 
Los auditores se han ocupado de la mitad de los proyectos concluidos y afirman que pueden reclamarse 4 millones de euros aproximadamente. 
Y pregunto a la Comisión: ¿cuánto dinero ha recuperado realmente entretanto? 
¿Se ha revisado ahora la otra parte de los proyectos y a cuánto asciende el volumen de las reclamaciones? 
¿Qué consecuencias extrae la Comisión de las deficiencias graves que ha encontrado la empresa de auditoría financiera tales como proyectos subvencionados en exceso, comprobantes desaparecidos, etc.? 
¿Por qué no se hizo intervenir a tiempo a la UCLAF, tal como dice el ponente? 
En lo que respecta a la administración financiera de la Agencia para las Redes Mediterráneas (ARTM) que fuera encargada en su día por la Comisión, la auditoría financiera británica llega a un juicio desolador como el del Tribunal de Cuentas en su Informe especial 1/96. 
De esta manera nos encontraríamos en uno de los dos problemas principales que condujeron al aplazamiento de la aprobación de la gestión de 1996, en concreto, en la cuestión de si junto a graves irregularidades posiblemente están en juego actividades punibles. 
Si la ARTM, una asociación internacional de Derecho belga, es encargada de la administración financiera de los proyectos MED por parte de la Comisión sin que medie fundamento jurídico, ni el dictamen del Servicio Jurídico ni de la Intervención Financiera, si los miembros del consejo de administración son al mismo tiempo jefes de la oficina de asistencia técnica e intervienen en la concesión de los recursos de los proyectos, realizada en parte sin licitación, y se aseguran así una gran parte de la tarta a repartir, es decir, copiosos contratos, ello constituye al menos conflicto de intereses, y ésta es también la opinión del Tribunal de Cuentas y de la UCLAF. 
Evidentemente, hasta hoy la Comisión no ha tomado en consideración la advertencia clara del Tribunal de Cuentas en el sentido de que tal estado de cosas podría ser punible según el Derecho belga. 
Pero esto es dilucidable solamente por vía judicial y de aquí, por tercera y última vez, nuestra exigencia a la Comisión: transfieran ustedes todo el procedimiento a los tribunales para que se dilucide al menos la competencia y para que luego, llegado el caso, se impongan sanciones. 
El segundo planteamiento que es relevante para la aprobación de la gestión de 1996 es la cuestión de cómo utiliza la Comisión los procedimientos disciplinarios. 
Creemos que un encargo o un procedimiento administrativo de investigación no sustituye al procedimiento disciplinario ni tampoco es adecuado para demostrar la inocencia de un posible sospechoso. 
Señor Presidente, permítame comenzar mi intervención dando las gracias al señor ponente por su colaboración. 
Me ha agradado especialmente el respaldo mostrado a una serie de enmiendas que hemos presentado y celebro que estemos de acuerdo en la conveniencia de depositar la responsabilidad en la Comisión y así evitar «señalar» a determinados funcionarios, exigiendo en cambio a la Comisión que asuma sobre sí la responsabilidad política de la situación. 
Lo ideal sería que la Comisión ni cubriera al funcionario ni se escudara en él, sino que ella misma asumiera la responsabilidad del estado de las cosas. 
Es un asunto muy serio el que hoy nos ocupa. 
¡Cuántas fuerzas y horas, que hubiéramos preferido dedicar a otras cosas, hemos empleado en este asunto! 
He de lamentar la marcha de los acontecimientos, pues con este informe no liquidamos este asunto, sino que habremos de volver a pedir a la Comisión que adopte iniciativas e informar de los pasos a dar desde el Parlamento en el caso de que la Comisión no cumpla los requisitos que planteamos. 
Por ello quiero preguntar al señor Comisario si ya podemos obtener una respuesta clara a la cuestión del seguimiento del punto 3 del informe por la Comisión y si ésta tomará las iniciativas concretas solicitadas. 
Hágasenos saber ya si está dispuesta o si lisa y llanamente hará caso omiso de las recomendaciones que presente el Parlamento. 
Si hay algo que afecta a la confianza de los ciudadanos comunitarios en el sistema comunitario, eso son precisamente las sospechas de que no se están cumpliendo las normas, de que se producen irregularidades o de que ciertas personas están siendo encubiertas. 
Por ello, señor comisario, no puedo dejar de insistir en que liquidemos este asunto y se adopten las iniciativas precisas y así todos juntos podamos salir a la calle y anunciar que se han corregido los errores, carencias y procedimientos necesarios para que la Comisión cumpla con su responsabilidad. 
El informe sobre las repercusiones del caso de los programas MED, a pesar del trabajo serio realizado por el Sr. Fabra Vallés, nos deja profundamente insatisfechos. 
Nos parece que, lejos de esclarecer el debate sobre la aprobación de la gestión en 1996, este informe viene a añadir una cierta confusión. 
Las irregularidades descubiertas en la gestión de los programas MED, que motivaron la interrupción de dichos programas hasta que la Comisión los reanude en abril, afectan a más de un tercio de los gastos comprometidos y el perjuicio financiero es más importante de lo que se suponía. 
La gestión de los programas MED, como ha demostrado claramente el ponente, refleja graves disfunciones de gestión, de las que la Comisión es la única responsable y cuyas consecuencias deberá asumir tal y como establecen los Tratados. 
Este dossier se inscribe en el procedimiento previsto, a saber, la aprobación de la gestión, que estará en el orden del día de diciembre. 
Los instrumentos de que dispone el Parlamento Europeo para desaprobar e, incluso, sancionar a la Comisión son la negativa a aprobar su gestión e incluso la censura. 
Cualquier otro debate me parece abocado a debilitar la posición del Parlamento en la votación de diciembre, y lamento que el examen del programa MED no forme parte integral del informe global del Sr. Elles relativo a la aprobación de la gestión. 
En segundo lugar, qué utilidad podría tener la súplica que dirige el ponente en su resolución a la Comisión, teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo debe juzgar la gestión financiera de la Comisión y no seguirla por los recovecos de sus pesquisas administrativas, que no son todo lo transparentes que deberían ser. 
Es lamentable que el ponente haya suprimido toda correlación entre las irregularidades constatadas y el rechazo de la gestión, a pesar de que constituye la parte esencial del debate. 
Por nuestra parte, señor Presidente y mis queridos colegas, esperamos celebrar un debate sin complacencia sobre la aprobación de la gestión del ejercicio 1996. 
Esperamos, por una parte, que se planteen abiertamente las auténticas cuestiones sobre las irregularidades y los fraudes cometidos en la ejecución de los programas MED, cuya responsabilidad recae sobre la Comisión, y por otra, que el Parlamento ejerza sin dudar sus poderes de los que es depositario ante el ciudadano europeo, porque, a fin de cuentas, ¿no es el ciudadano el que es engañado en este asunto? 
Señor Presidente, convenimos con la evaluación que hace el ponente del presente caso, con las críticas que formula a la Comisión y con algunas de las propuestas que nos hace. 
Se trata de un caso sobre el que no es la primera vez que nos pronunciamos y que, por su gravedad, en particular por lo que representa de dilapidación de los recursos financieros comunitarios- seguramente muy superiores a lo que se pensaba en una principio- compromete políticamente a la Comisión. 
Es así, porque sería de esperar por su parte, en este y en otros casos, un mayor rigor y un mayor compromiso con la prevención de las irregularidades y del fraude, porque sería de esperar por su parte mucha más firmeza y celeridad en la instauración de procedimientos disciplinarios o judiciales contra quienes cometen esas irregularidades y esos fraudes y siempre que existan indicios de que hayan ocurrido, mucha más transparencia y, en particular, una actitud de mayor cooperación con el Parlamento Europeo y, en particular, con las autoridades judiciales competentes, sobre todo las nacionales. 
En la presente fase de este caso es particularmente decisivo, a nuestro entender, que la Comisión transmita a las autoridades judiciales belgas, francesas e italianas todo el proceso, todo el expediente MED y que, en caso de que no lo haga, el Parlamento Europeo la substituya, poniendo a disposición de dichas autoridades nacionales todos los elementos con que cuenta. 
Y la Comisión deberá hacerlo con la mayor brevedad posible, antes del 1 de diciembre, como pide nuestro colega el Sr. Fabra Vallés. 
Por tanto, deberá hacerlo lo más rápidamente posible y, si no lo hace, en mi opinión, persistirá, de hecho, una de las razones fundamentales por las que, efectivamente, no se concedió la aprobación de la gestión a la Comisión. 
Por esa razón, debemos tener muy en cuenta en la deliberación sobre dicha aprobación de la gestión si la Comisión ha dado o no satisfacción respecto de esta cuestión esencial. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a Fabra Vallés por este excelente informe. 
Este asunto ha conmovido profundamente a muchas personas, tanto en el Grupo V como en el Parlamento en su conjunto. 
Es importante dejar en claro que lo que discutimos no es el contenido de los programas MED sino cómo se han manejado. 
Una de las obligaciones que tenemos aquí en el Parlamento, con nuestros electores y con los ciudadanos de la UE, es que tenemos que ser un órgano de control. 
Tenemos que cuidar que los asuntos sean correctamente tratados. 
En el Tratado de la UE se señala, de forma clara y explícita, que debemos ser un órgano de control. 
Después del último tratamiento de este asunto han aparecido nuevos antecedentes relativos a los programas Med. 
La Comisión tampoco ha presentado hasta ahora el material que anteriormente le hemos pedido desde el Parlamento para poder ejercer como órgano de control de la UE. 
Es necesario que contemos con ese material para poder hacer nuestro trabajo en la Comisión de Control Presupuestario. 
Esto es grave, y lo es sin que se sospeche que la Comisión quiera esconder algo, en el peor de los casos algo punible, puesto que los propios funcionarios de la Comisión pueden estar involucrados. 
La única forma en que la Comisión se puede liberar de esas sospechas es poniendo todos los papeles sobre la mesa. 
Esto es necesario tanto para nosotros en el Parlamento Europeo como para las autoridades judiciales. Ésta es la última oportunidad de la Comisión. 
Obviamente el Grupo de los Verdes apoya las conclusiones y exigencias, duras pero necesarias, contenidas en el informe de Fabra Vallés. 
Señor Presidente, la Comisión de Control Presupuestario presentó el mes pasado un informe del Sr. Bösch que estaba basado en el artículo 138 B del Reglamento. 
La Presidencia le hizo cambiar el fundamento jurídico. 
Este mes, la comisión vuelve a presentar el informe Fabra Vallés basado en el artículo 206, y la Presidencia dice que se debe aplicar otro fundamento jurídico. 
Creo que eso causa un cierto desorden y quiero señalarlo, porque me parece que si es aceptable una vez, en el futuro deberemos estar atentos antes de enviar informes al Pleno. 
El Tribunal de Cuentas ha elaborado unos cuarenta informes especiales en los últimos cuatro o cinco años. 
Nuestro Parlamento ha reaccionado con diez informes en el Pleno. 
Respecto al caso MED, ya hemos presentado dos y prácticamente imponemos a la Comisión unos plazos tan cortos al exigirle, por ejemplo, que presente documentos en el plazo de diez días, que puede que tengamos un tercer informe MED. 
Si seguimos así, junto con Dinastía o Dallas, tendremos también una serie MED con toda la publicidad que ello implica. 
Personalmente pienso que este Parlamento cuenta con medios de control importantes y que debe utilizarlos bien. 
En mi opinión, no debe caer en el ensañamiento terapéutico que considero poco idóneo para el equilibrio institucional y, sobre todo, para desempeñar nuestro papel. 
Disponemos de medios, conservémoslos, pero por favor, intentemos poner fin a esta saga. 
Nuestra resolución de 31 de marzo por la que se informa a la Comisión del informe relativo a la aprobación de la gestión en 1996 preveía, en particular, que la Comisión de Control Presupuestario elaboraría un nuevo informe sobre los programas MED basado en un informe de la Comisión relativo al control financiero de estos programas. 
Hoy resulta, como se ha dicho, que el perjuicio que ha sufrido el presupuesto comunitario es netamente superior a lo que habíamos sospechado en un primer momento: se habla de un importe cercano a los 10 millones de ecus. 
Las subvenciones pagadas indebidamente no se reparten de manera uniforme entre todos los proyectos; algunos de ellos alcanzan cantidades equivalentes a más del 50 % de las subvenciones realizadas que son objeto de serias dudas. 
El informe de los interventores no sólo confirma la deplorable calidad de las prestaciones proporcionadas por la agencia a la que la Comisión confió la gestión financiera de las redes transmediterráneas, sino que además proporciona numerosos elementos relativos a su funcionamiento y a las relaciones que mantenía con la Comisión. 
De este modo hemos podido saber que cuando los dos administradores de la agencia, que además eran directivos de dos oficinas de ayuda técnica, fueron invitados a abandonar el comité de dirección para poner fin a una evidente confusión de intereses, pusieron como condición que sus empresas obtuvieran nuevos contratos de ayuda técnica, solicitud a la que la Comisión accedió. 
La pesquisa de los interventores hace pensar claramente que los procedimientos de selección podrían haber sido manipulados de manera que los contratos fueran asignados efectivamente a las empresas de los administradores en cuestión. 
Existe por tanto una red de empresas que ha logrado asegurarse, en buena medida, el control de la ejecución de toda una política que favorece la tolerancia e incluso la mediación de funcionarios de la Comisión. 
La Comisión debe dejar de sostener que, en este caso, se trata de fraudes puntuales; nos encontramos simple y llanamente ante un sistema establecido que ha permitido a algunas empresas un amplio acceso a los fondos comunitarios. 
Ahora debemos, por consiguiente, situarnos en el marco del rechazo de la gestión y pido al ponente general de la aprobación de la gestión que proponga una decisión en este sentido. 
Señor Presidente, para comenzar quisiera felicitar al ponente Sr. Fabra Vallés por el ánimo que ha mostrado en la redacción y en la preparación de este informe, informe que cuenta con el sólido apoyo de casi todos los miembros de la Comisión de Control Presupuestario. 
Debe entenderse que la Comisión de Control Presupuestario se hace cargo de estos temas, porque hay informes especiales del Tribunal de Cuentas que se están multiplicando. 
Su número ha aumentado considerablemente y es imposible que el Parlamento Europeo no reaccione ante estos informes y ante las denuncias en ellos expresadas. 
Por consiguiente debe quedar claro- especialmente por parte de la Comisión- que nosotros no somos ni la policía ni detectives, pero debemos hacernos cargo de nuestras responsabilidades, a la vista de las denuncias de una institución de la Comunidad Europea. 
Se han analizado los detalles del asunto, y especialmente el papel de las conocidas empresas belgas que la Comisión utiliza y que parece que ha utilizado ampliamente para cubrir casos como este de los programas MED. 
La conclusión general de todo este asunto, Señor Comisario, es que debe haber un cambio estructural en la organización interna de la Comisión, una cosa que todos estos casos demuestran es que este cambio es mucho más necesario de lo que parece a primera vista. 
Debe haber una reorganización, una reestructuración de la forma de funcionamiento de la Comisión, porque nadie en esta sala quiere desvirtuarla o menospreciarla. 
Lo que nos molesta es una, diría, indiferencia, una falta de reacción de la Comisión ante cuanto denuncian tanto el Parlamento Europeo como el Tribunal de Cuentas. 
Por favor, reaccionen, y háganlo en la dirección correcta. 
Los programas de cooperación MED se iniciaron en 1990. 
El Consejo aprobó el fundamento jurídico para ellos en junio de 1992. 
El objetivo de los programas MED era el de promover los contactos y la transferencia de conocimientos especializados entre los interlocutores de las sociedades civiles a ambas riberas del Mediterráneo. 
Entre 1992 y 1995, la Comunidad financió 496 proyectos descentralizados en los que participaron 2.000 concesionarios. 
Se asignó a esos proyectos un total de 53 millones de ecus, aproximadamente. 
¿Qué conclusiones debemos sacar de ello? 
Yo quisiera sacar la de que nunca se han financiado tantos pequeños proyectos con tan limitados fondos y recursos administrativos. 
Los fines y los requisitos administrativos de los programas MED no estaban en consonancia con los recursos humanos que la Comisión tenía a su disposición. 
Hubo importantes presiones del Parlamento para utilizar rápidamente los créditos asignados. 
La Comisión firmó un contrato de gestión con una organización belga, ARTM. 
Como se ha dicho aquí, en octubre de 1995 un informe preliminar del Tribunal de Cuentas alertó a la Comisión sobre la supuesta existencia de irregularidades en la gestión de los proyectos por parte de ARTM. 
La Comisión decidió inmediatamente suspender la ejecución de los programas MED y el contrato con ARTM para aclarar los hechos en torno a las supuestas irregularidades. 
A partir de las auditorías llevadas a cabo por el control financiero de la Comisión y el informe final del Tribunal de Cuentas publicado en mayo de 1996, la Comisión dio la orden a su unidad antifraude, UCLAF, de que hiciera una investigación dentro y fuera de la Comisión. 
En su informe final de mayo de 1997 la UCLAF no pudo descubrir casos que inspiraran sospechas de fraude con participación de funcionarios de la Comisión. 
El ponente pidió a la Comisión que presentara todo el expediente MED a las autoridades judiciales nacionales competentes el 1 de diciembre, a más tardar. 
Sin embargo, existen disposiciones que rigen la transmisión de documentos a las autoridades judiciales. 
Hay que establecer una presunción suficiente de fraude, tarea que corresponde a la UCLAF. 
En sus investigaciones no se pudo establecer una presunción suficiente de fraude. 
Más adelante volveré a referirme a esto. 
Para arrojar luz sobre la supuesta mala administración de los programas MED, la Comisión lanzó una investigación administrativa. 
Quisiera subrayar que mala administración no es lo mismo que fraude. 
Este último entrañaría una malversación intencional de fondos. 
El objeto de una investigación administrativa es el de establecer los hechos para la autoridad competente. 
La investigación corre a cargo de un funcionario o funcionarios de categoría superior a la del funcionario objeto de las acusaciones de mala administración. 
El resultado de la investigación es un informe que se presenta a la autoridad competente. 
La investigación administrativa no substituye el procedimiento disciplinario. 
Tan sólo establece la información básica. 
La autoridad competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Estatuto de los funcionarios, decide sobre la incoación del procedimiento disciplinario. 
En el caso de los programas MED, una Dirección General de la Comisión llevó a cabo una investigación inicial. 
En su informe se describía una situación en la que funcionarios de la Comisión, muy comprometidos con su objetivo de ejecutar los programas bajo considerable presión política, se veían siempre muy apurados por falta de los recursos apropiados. 
Esa situación movió a algunos funcionarios a contravenir los principios de la gestión financiera idónea, en particular al utilizar los servicios de ARTM. 
Para lograr el panorama más completo de la gestión de los programas, los Comisarios competentes decidieron concluir la investigación a iniciativa del Director General de Personal. 
Tres Directores Generales llevaron a cabo una investigación complementaria. 
En su informe concluyeron que no se había observado el principio de una gestión financiera idónea. 
También se observaba que no se habían reconocido los riesgos de la delegación de tareas administrativas y técnicas. 
En vista de las difíciles circunstancias que rodeaban la gestión de los programas, esos tres Directores Generales no recomendaron que se incoara el procedimiento administrativo. 
La Comisión hizo suyas las conclusiones del informe. 
Se envió una carta firmada por el Secretario General en nombre de la Comisión a los funcionarios interesados en la que se expresaba la insatisfacción de la institución con su actuación en materia de gestión. 
Se han transmitido al Parlamento los dos informes antes citados. 
El ponente pidió a la Comisión que presentara al Parlamento las actas de las comparecencias celebradas en sus investigaciones administrativas. 
A este respecto debemos procurar mantener el equilibrio adecuado entre dos requisitos. 
En primer lugar, las personas a las que se pone en tela de juicio en una investigación administrativa tienen derecho a la confidencialidad. 
En segundo lugar, el Parlamento tiene el deber de supervisar la ejecución del presupuesto y el derecho a recibir información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Tratado. 
Para conciliar esos dos imperativos, la Comisión se ha dirigido al Parlamento con el fin de que las dos instituciones redacten conjuntamente un código de conducta sobre el acceso a los documentos. 
La primera reunión entre los representantes de las instituciones está prevista para esta semana. 
El objetivo es hacer que participen los servicios jurídicos de las dos instituciones en ese proceso. 
La Comisión espera que se pueda concertar un acuerdo en el nivel más elevado posible. 
Además de las medidas antes citadas relativas a la gestión de los programas, la Comisión encargó también, como ya se ha dicho, una auditoría externa con el fin de que contribuyera a determinar todos los gastos que no estuviesen estrictamente en consonancia con los contratos o las normas de contabilidad. 
Los proyectos auditados representan el 70 % de los gastos netos. 
Dicha auditoría corrió a cargo de una empresa de auditores. 
Una empresa privada no puede dictaminar si el gasto es apropiado. 
Eso incumbe a los servicios competentes, con el control financiero de la Comisión. 
A partir del informe sobre la auditoría externa presentado al final de agosto de este año, los servicios competentes han empezado a examinar, proyecto a proyecto, la información recogida por el auditor externo. 
El control financiero de la Comisión en conjunto verificará los resultados de ese examen. 
La Comisión presentará al Parlamento- el 1 de diciembre, a más tardar- un informe provisional sobre los resultados. 
Teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajo que entraña el examen de los 233 proyectos auditados, el informe provisional abarcará de 50 a 70 proyectos, aproximadamente, con vistas a abordar la primera cuestión de las órdenes de recuperación. 
La labor deberá proseguir y los servicios de la Comisión esperan que haya concluido al final de enero de 1999. 
Si se descubren gastos inapropiados, se enviarán órdenes de recuperación. 
La Comisión hará todo lo que esté en su mano para velar por que se recobre la mayor cantidad de dinero posible. 
En caso de que haya sospechas de fraude en relación con algún concesionario, se remitirá el caso a la UCLAF. 
Si la UCLAF descubre razones suficientes para sospechar la existencia de infracciones penales, se transmitirá el expediente a las autoridades judiciales nacionales competentes. 
En cualquier caso, cualquier concesionario que no haya cumplido con sus obligaciones contractuales quedará excluido con vistas a la recepción de financiación para nuevos programas. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Lucha contra el fraude- Protección del euro- Lucha contra la delincuencia organizada 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes. 
A4-0396/98 del Sr. Schmid, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobreI.la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo y al Comité Económico y Social: «Marco de actuación para la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo» (COM (98) 0395 (Anexo 1) -C4-0455/98-98/0911 (CNS) ), II.la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo y al Comité Económico y Social: «Marco de actuación para la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo» (COM (98) 0395 (Anexo 2) -C4-0455/98) , III.la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo: «Protección del Euro- Lucha contra la falsificación» (COM (98) 0474- C4-0527/98) ; -A4-0376 de la Sra. Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de resolución del Consejo sobre directrices y medidas para la prevención de la delincuencia organizada con miras a establecer una amplia estrategia para combatirla (9986- C4-0494/98). 
Señor Presidente, señoras y señores, hay dos errores que debilitan de manera decisiva la lucha contra la delincuencia organizada. 
El primer error sostiene que ésta consiste esencialmente en la delincuencia de las drogas. 
El segundo error afirma que se trata esencialmente de delitos gravísimos como, por ejemplo, el asesinato. 
En realidad la delincuencia organizada es una delincuencia que se produce con especialización de tareas, de manera sistemática, a diario y organizada jerárquicamente, igual que una empresa del sector económico, sólo que con medios ilegales. 
Los problemas aparecen a causa del volumen de los daños que se acumulan, no a causa de los daños aislados y tales problemas surgen del hecho de que las ganancias obtenidas de manera ilegal son retornadas a la circulación económica normal a través de operaciones de blanqueo de dinero. 
Como ejemplo de esto puede servir el fraude con medios de pago distintos del efectivo, dicho en leguaje corriente, con el dinero de plástico o las tarjetas de crédito. 
Voy a aclararles esto con un ejemplo. 
Si se roba una cartera en Bruselas, puede que se trate del hecho aislado de un delincuente, que quiere conseguir dinero, quizá para comprar drogas. 
Pero también se puede tratar del siguiente proceso: especialistas, grupos de carteristas llegan en avión procedentes de Latinoamérica- allí existen escuelas específicas para esto- se trabajan la ciudad y por la noche desaparecen de nuevo por avión. 
Las tarjetas de crédito que han sido robadas son enviadas por otros aviones esa misma noche a otros continentes, son utilizadas allí y a través de estructuras de encubridores las mercancías robadas son convertidas de nuevo en dinero en efectivo que luego se desvía hacia el circuito económico normal mediante operaciones de blanqueo de dinero. 
La delincuencia relacionada con las tarjetas de crédito es, por lo que sabemos, una delincuencia organizada y una delincuencia que opera a nivel internacional de la forma descrita. 
El daño asciende a nivel mundial a unos 3.000 millones de dólares USA al año; una cuarta parte de este daño corresponde a la Comunidad Europea. 
Por consiguiente, es necesario actuar, y por ello es bueno que la Comisión haya presentado propuestas encaminadas a una medida común. 
Estas propuestas van dirigidas, en primer lugar, a la armonización de la legislación, pues en materia de Derecho penal, en lo que se refiere a los hechos que hemos descrito, tenemos una situación muy diversa. 
Para poner un ejemplo: en el país del que procedo hasta abril de este año no era punible la falsificación ni la tenencia de tarjetas de crédito falsificadas. 
Por consiguiente, yo habría podido abrir una fábrica para estas cosas y las podría haber distribuido en el mercado libre. 
Nadie me habría importunado. 
La Comisión pretende eliminar estas lagunas jurídicas y nosotros lo celebramos. 
En segundo lugar, existe una gran necesidad de hacer más seguros tales medios de pago, como las tarjetas de crédito. 
El mercado no genera automáticamente un nivel óptimo de seguridad. 
El sector realiza una ponderación, establece un cálculo coste-beneficio entre la seguridad, por un lado, y los costes de la seguridad, por otro. 
Por esta razón, el resultado no es un óptimo de seguridad, sino justamente ese punto que resulta del cálculo costes-beneficios. 
Sin embargo, la sociedad tiene interés en un elevado nivel de seguridad en el sentido de una lucha consecuente contra la delincuencia organizada. 
Por esta razón, el Parlamento ha presentado numerosas propuestas en mi informe. 
Deseamos que en el futuro se seleccione un mejor método de envío de las tarjetas de crédito, pues la vía postal, tal como se utiliza ahora, es demasiado insegura. 
Semejantes tarjetas de crédito tienen marcas de seguridad. 
Cada suministrador de tarjetas de crédito utiliza señales diferentes. 
Ningún cajero y ninguna cajera son capaces de aprenderlas todas. 
Por esta razón queremos que se unifiquen. 
En tercer lugar: a largo plazo será necesario que la firma que estampa uno al pagar con su tarjeta de plástico sea sustituida por un código en cifras, como se tiene también en el eurocheque, y por un chip en la tarjeta. 
Otro problema al que nos tendremos que enfrentar es la falsificación de dinero en efectivo. 
En este punto tenemos que distinguir también dos casos. 
Existe el falsificador de andar por casa que con la ayuda de una fotocopiadora a color intenta reproducir dinero. 
Este no es nuestro problema. 
Pero existen también falsificaciones de dinero en gran escala que son realizadas por la delincuencia organizada. 
A la hora de implantar el euro como dinero en efectivo vamos a tener riesgos especiales. 
En primer lugar, porque se trata de una moneda nueva a cuyas formas de presentación no se ha acostumbrado todavía la gente. 
En segundo lugar, porque las monedas que predominantemente son falsificadas son las denominadas monedas de reserva, es decir, las que se pueden colocar en todo el mundo. 
En tercer lugar, porque en los Estados miembros de la Unión Europea existe una diversidad de experiencias de las autoridades de persecución penal y de la policía en materia de falsificación de dinero, pues, a la inversa, existen también monedas que hasta ahora apenas han sido falsificadas. 
Por esta razón las autoridades nacionales tienen poca experiencia en esto. 
Por consiguiente, es bueno que la Comisión haga propuestas en una comunicación. 
En ésta consideramos acertadas muchas cosas. 
Sin embargo, el comité especial que es competente en nuestra Asamblea para la lucha contra la delincuencia opina que el papel especial que en esta comunicación se arroga la Comisión en la futura lucha contra la falsificación del euro no goza de nuestra aprobación. 
Detrás de este papel especial se esconde la idea de que en este punto, al igual que en el caso del fraude en detrimento de la Comunidad, no se da un auténtico interés de los Estados miembros. 
En el caso del fraude en detrimento de la Comunidad el dinero, ciertamente, se pierde del presupuesto comunitario, no de los presupuestos nacionales. 
Pero en el caso de la falsificación de dinero sucede otra cosa. 
Aquí existe un notable interés por parte de los Estados miembros. 
En este punto, tenemos también grandes reparos ante el hecho de atribuir a la UCLAF una responsabilidad demasiado grande, si consideramos el Informe Bösch el cual ha descrito con suficiente claridad la situación de la UCLAF. 
Señor Presidente, permítame afirmar polémicamente que el euro es demasiado importante como para dejarlo en manos de la UCLAF. 
En consecuencia, nosotros proponemos que se siga con el acreditado sistema de cooperación, seguido hasta ahora, entre las autoridades de persecución penal, la policía, los bancos centrales y los servicios de aceptación de dinero en efectivo y se enriquezca este sistema, que se ha seguido hasta ahora, con los elementos de un rápido intercambio de información y con nuevas competencias para EUROPOL. 
Señor Presidente, el plan de acción contra la delincuencia organizada se trató aquí en el Parlamento hace un año. 
En él se hacía hincapié en la represión, que es la parte urgente de la lucha contra la delincuencia. 
En ese momento subrayé que las medidas preventivas no son menos importantes. 
Las medidas a largo plazo tienen gran relevancia. 
Fue parte de mi crítica en contra del Consejo por la forma de combatir la delincuencia. 
¿Cómo influye la sociedad civil en las posibilidades de una persona para llegar a ser suficientemente fuerte como para hacer frente a la delincuencia y a otras presiones? 
Es importante la capacidad de la familia para transmitir valores sanos a los jóvenes. 
El Consejo ha vuelto ahora con una estrategia en el campo de la prevención y se remite a mi informe como causa de esta nueva iniciativa. 
Es la primera vez que esto ocurre en el campo del tercer pilar. 
Por eso quiero dar las gracias al Consejo, porque hemos alcanzado una situación que significa que en el sector del tercer pilar también podemos tener debates e intercambios constructivos en estos asuntos. 
Lamento que la Comisaria Gradin no haya podido estar presente, pero como todos sabemos, hay que tener prioridades en esta profesión. 
Sin embargo, también se emiten pequeñas señales acerca de los asuntos que se tienen que poner en primer plano. 
Esta materia tal vez pertenece más a la mesa del Consejo. 
Entonces es más lógico que el Consejo esté aquí, lo cual me alegra, pero también me hubiera gustado que la Comisaria Gradin hubiese estado presente. 
Con todo, es beneficioso que el Comisario Liikanen esté aquí. 
Quiero dar las gracias a los colegas de la comisión por sus constructivos aportes y por la unidad de criterios que hemos alcanzado. 
Se trata de desarrollar una estrategia para crear una sociedad civil europea consciente de la forma cómo nacen y crecen las conductas delictivas tempranas, de manera que podamos adoptar medidas adecuadas en el ámbito nacional, regional y local y no fomentar el desarrollo de la delincuencia en contra de nuestra voluntad. 
Se trata de una sociedad civil con organizaciones, iglesias, familias, círculos de amigos y escuelas, en los que se desarrolle energía, resistencia contra la delincuencia. 
No será posible si los políticos deciden todo y los ciudadanos creen que es el estado el que tiene que hacerse cargo de aquello que no ha funcionado. 
La «ingeniería social» no protege de la delincuencia sino que, por el contrario, se corre el riego de que debilite la resistencia a ella. 
He visto ejemplos de esto en mi país, Suecia. 
Se trata de crear consciencia del peligro que conlleva la delincuencia cotidiana y de crear reacciones inmediatas, antes de que esta delincuencia de poca monta se haya conectado con la delincuencia internacional organizada. 
Se trata de desarrollar responsabilidad mutua, además de posibilidades y deseos de asumir esta responsabilidad. 
Ésta es la faceta suave del combate a la delincuencia y la represión es la faceta dura. 
Los Estados miembros deben ratificar las convenciones existentes. 
No usamos todas las herramientas a nuestro alcance. 
Tampoco se ha cumplido suficientemente con el plan de acción contra la delincuencia organizada. 
De los treinta puntos contenidos en este plan todavía hay dieciocho incumplidos; hemos tenido éxito con un poco más de la mitad de ellos. 
Podemos aprender los unos de los otros y sacar a la luz buenos ejemplos de prevención de delitos, exigiéndonos mutuamente para alcanzar el tipo de sociedad que anhelamos, en que los ciudadanos puedan sentirse seguros. 
Esto también es importante para los países que solicitan su adhesión, en los que las presiones de la delincuencia son aún peores que aquí. 
Lo peor son los cambios mentales en una sociedad cuando el delito es aceptado como parte integrante del diario vivir, o aún peor, cuando las conductas delictivas llegan a ser aceptadas, puesto que en estos casos esa sociedad se enfrenta a grandes problemas. 
Los países solicitantes también deben incluir su estrategia de prevención de delitos. 
Las medidas de este tipo son a largo plazo y afectan a toda la Unión. 
Se trata de vacunar mentalmente a la Unión contra la delincuencia, de hacerla menos receptiva, dándole mayor espacio a los valores jurídicos esenciales que todos tenemos, mediante una mayor consciencia y medidas de carácter práctico y humano. 
Hay países que tienen fronteras con países solicitantes y que tienen unos niveles de delincuencia incomprensibles para nosotros en Occidente. 
Por ejemplo, existe la protección a las empresas. 
En un país que no está muy lejos de aquí, el 70 por ciento de los empresarios pagan por protección, dinero por protección, a organizaciones de delincuentes. 
Si la delincuencia alcanzase un parte tan grande de la economía total, se lesionarían la economía de mercado y la democracia. 
Los valores esenciales que todos tenemos son inservibles y pierden totalmente su importancia a la hora de tomar decisiones. 
Si no llegamos a tener éxito en esto, tampoco vamos a lograrlo en otros terrenos. 
Estamos obligados a mantener la presión sobre los Estados miembros de la Unión. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores diputados, en primer lugar quisiera dar las gracias por el hecho de se me ofrezca hoy la oportunidad de realizar una visita al Pleno del Parlamento Europeo. 
Precisamente como miembro del Gobierno, que aunque no pertenece a ningún partido podrá, sin embargo, contar pronto con una experiencia de ocho años en calidad de ministro de Justicia de la República de Austria, guardo el mayor respeto hacia la actividad y la responsabilidad de los diputados y valoro de manera especial la importancia del Parlamento Europeo para el desarrollo futuro del Derecho y de la democracia en el marco del proceso de integración europea. 
Por esta razón la Presidencia austriaca se esfuerza también por lograr en sus actividades una estrecha cooperación con el Parlamento Europeo. 
Sin embargo, quisiera aprovechar también mi visita para realizar algunas consideraciones desde el punto de vista de la Presidencia austriaca sobre los temas del debate conjunto. 
En primer lugar, sobre los medios de pago distintos al dinero en efectivo: la posibilidad de poder requerir los servicios de terceras personas sin manejar dinero en efectivo- en especial, mediante una tarjeta de pago -, sin tener que entregar la correspondiente cantidad en efectivo, no sólo ha conducido hacia una mayor comodidad y flexibilidad, sino que abre también nuevas posibilidades de abuso. 
La Comisión ha reconocido con anticipación este peligro y ha presentado unas propuestas de solución. 
La Presidencia celebra esta iniciativa de la Comisión, nosotros vemos también la necesidad de actuar aquí. 
En el grupo de trabajo «Derecho comunitario y Derecho penal nacional» ha tenido lugar ya un primer intercambio de ideas sobre este problema. 
Aunque no puedo anticipar las deliberaciones del grupo de trabajo, considero muy útil para el futuro desarrollo que mediante el envío intencionadamente rápido de la comunicación de la Comisión al Parlamento pueda estar lista la opinión de éste con suficiente prontitud como para que pueda ser tomada adecuadamente en cuenta en las deliberaciones del Consejo. 
La misma importancia de cara al futuro tiene también el tema de la segunda comunicación de la Comisión que es objeto del Informe Schmid, la protección del euro contra la falsificación de dinero. 
La Presidencia austriaca comparte la posición de la Comisión y del Parlamento Europeo acerca de que hay que hacer todo lo posible para proteger el euro contra las falsificaciones. 
Por un lado, en este punto ha de ser de especial importancia la prevención, pero, por otro, hay que asegurar también que funcione con la mayor fluidez posible la persecución de los falsificadores de dinero desde el momento mismo de la emisión de los eurobilletes y de las euromonedas. 
Una de las cuestiones centrales de este complejo de temas, sobre la cual, según mis noticias, existen posiciones diversas, va a ser, ciertamente, la de delimitar de una manera tan clara y tan precisa las competencias de las instituciones implicadas, de suerte que se asegure una protección efectiva del euro, y a este respecto, tal como pienso, Europol ha de jugar también un importante papel. 
Respecto del ámbito del Derecho penal, les puedo decir que en el grupo de trabajo correspondiente del Consejo se ha comenzado ya con los trabajos preparatorios necesarios. 
Primero hay que obtener y elaborar una panorámica de las disposiciones que están vigentes en los Estados miembros para ver hasta qué punto existe una necesidad de armonización de las normas jurídicas. 
Sobre la base de estos trabajos previos habrá que proponer un acto jurídico que tenga por objeto la armonización de las normativas jurídicas de los Estados miembros. 
El objetivo ha de ser que en todos los Estados miembros sean punibles determinados modos de conducta. 
En cambio, desde el punto de vista de la Presidencia una armonización de las sanciones parece ser un tanto problemática y con poco sentido mientras las normas penales generales, en especial, la práctica acusatoria, el catálogo de sanciones, la ejecución de las sanciones y la atenuación condicionada de las sanciones se basen en sistemas diferentes. 
En cualquier caso, debe asegurarse que en la vía de la asistencia jurídica y de la extradición no se obstaculizará la eficacia en la cooperación. 
Finalmente, unas palabras sobre la resolución prevista del Consejo sobre la prevención. 
Hemos seguido con gran atención la minuciosidad con que el Parlamento Europeo se ha ocupado del plan de acción para la lucha contra la delincuencia organizada. 
La resolución del Parlamento Europeo de 20 de noviembre de 1997 nos ha movido como Presidencia a proponer al Consejo un elemento complementario en el importante ámbito de la prevención de la delincuencia organizada. 
Pero por ese motivo hemos hecho llegar también al Parlamento Europeo para su información el proyecto de una resolución, elaborado por la Presidencia, sobre la lucha contra la criminalidad organizada en el sentido de la prevención, aunque incluso después de Amsterdam no esté prevista una vista formal de los proyectos de resolución del Consejo por parte del Parlamento. 
El proyecto ha sido discutido a fondo en el grupo multidisciplinar «Delincuencia organizada» y se aprobará probablemente durante el Consejo de Ministros de Justicia e Interior los días 3 y 4 de diciembre. 
Con esta resolución se pretende abordar de manera completa todos los aspectos de la prevención de la delincuencia organizada. 
Se da relieve, sobre todo, a la necesidad de una interconexión de las medidas estatales con la sociedad civil en todos los esfuerzos que vayan dirigidos a disminuir los estímulos hacia hechos delictivos y a neutralizar de manera preventiva la delincuencia organizada. 
En consonancia con el carácter de la prevención como materia horizontal se mencionan ámbitos del primer y del tercer pilar de la Unión Europea, pero se pone de relieve también la responsabilidad de los Estados miembros a nivel nacional, regional y local. 
En este contexto reviste una especial importancia la elaboración de programas nacionales de prevención, la creación de consejos interdisciplinares e institucionales para la prevención de la delincuencia y también, sobre todo, la evaluación y valoración de las actividades de prevención. 
Creo que con esta resolución se dará un importante primer paso al que, como espero, seguirán otros más. 
Con esto quiero concluir, deseo darles las gracias por su atención y manifestarles mi esperanza de una buena cooperación futura entre el Parlamento y la Presidencia. 
Señor Presidente, después de felicitar a ambos ponentes por haber realizado un excelente trabajo, quiero sentar una premisa. 
Me parece justo recordar que ésta es la enésima vez que el Parlamento ha de debatir asuntos relacionados con un ámbito relativamente nuevo como es la lucha, el compromiso, la actuación institucional en favor de la legalidad y, por ende, contra la delincuencia. 
Creo que las palabras del Presidente en ejercicio del Consejo han confirmado- hecho que me produce honda satisfacción- lo mucho que se aprecian el papel y la aportación del Parlamento. 
En cierto modo, después de Amsterdam, en particular con una apertura que quizás fue incluso algo infravalorada y que es la que nos brinda un nuevo instrumento, esto es, el espacio de libertad, justicia y seguridad, el Parlamento tiene que emprender- y ya lo está haciendo- una acción de organización muy importante. 
Se trata de materias nuevas, sin embargo, precisamente por esto, el Parlamento- constato que el reconocimiento del señor Ministro ha sido significativo- está desempeñando un papel sustancial, pues no solo se limita a pedir, a desear, sino que trata de establecer caminos concretos para lograr objetivos y fines que afectan profundamente a nuestra ciudadanía, la ciudadanía europea. 
He hecho hincapié en este punto, ya que en los dos informes me parece muy importante el papel de iniciativa que el Parlamento quiere desempeñar y que los señores ponentes han abordado muy bien en sus informes. 
Me voy a detener en especial en el tema de la prevención, es decir, en el informe Cederschiöld. 
Considero que lo que el Consejo acogió del primer informe sobre la delincuencia organizada y que ha retomado con esta propuesta en materia de prevención tiene que subrayarse como punto central reconociendo que es prevención todo aquello que se hace para impulsar a una sociedad, una comunidad hacia unos objetivos comunes y para reducir, si no impedir, que se manifieste la delincuencia. 
Tenemos, por tanto, muchas acciones, basta pensar en la acción contra la corrupción. 
En cuanto a la prevención lo que más debe hacerse es a nivel preventivo; hay que vencer la cultura del intercambio político, vencer la cultura del clientelismo; la regla fundamental para mantener una buena relación entre las instituciones y los ciudadanos ha de centrarse en la transparencia del funcionamiento. 
En una enmienda que presentamos, hemos puesto en evidencia todos los elementos de la prevención, los elementos del código de conducta, los elementos de atención a las nuevas categorías, a los nuevos tipos de profesiones que son fácil pasto de la corrupción o de la delincuencia organizada y lo hemos hecho porque queremos subrayar la importancia de la acción de prevención frente al cambio. 
Deseo recordar, no obstante, que la acción de prevención- otra enmienda lo señala- es asimismo otro gran cometido de cooperación entre las instituciones y la sociedad civil. 
Recuerdo la educación en el respeto a la ley para todos. 
Hace dos años nuestra comisión llevó a cabo una extraordinaria consulta con una organización italiana- la organización «Libera» -constituida por unas 600 asociaciones pertenecientes a la sociedad civil, que explicó la labor que había desarrollado para luchar contra la delincuencia organizada en Italia. 
Nos contaron lo que hacían para cortarla de raíz también en las regiones más afectadas; pudimos escuchar el testimonio de Rita Borsellino- hermana del Juez Borsellino- cuyo empeño era demostrar que esto era importante no solo para la memoria de su hermano, sino para luchar contra la mafia, luchar a través de un profundo compromiso de la sociedad basado en la educación en el respeto a la ley. 
Por último, quiero hacer una breve referencia a la acción de prevención contra la delincuencia en las ciudades y contra la microdelincuencia. 
Desde este punto de vista, creo que la conciencia y la cultura son mucho más maduras; ya se entiende que la represión, caso de ser necesaria, debe combinarse con la prevención. 
Sobre el terreno, en el empeño común de las instituciones y la sociedad civil, se encuentra uno de los elementos de esperanza para reducir esta fuerte delincuencia, este gran peligro, este elemento que está convirtiendo en inseguras nuestras ciudades y ante todo a los ciudadanos, el 33 % de los cuales, según una encuesta del año 1996, afirma que se siente inseguro en nuestras ciudades. 
¿Qué se puede hacer? 
¿Llenar las ciudades de policía? 
No, no serviría y quizás incluso podría ser un error y algo imposible. 
Es necesario combinar estrechamente entre sí la prevención, el trabajo sobre el terreno, las medidas concretas y la acción de supervisión y de control. 
Señor Presidente, no cabe la menor duda de que el Mercado Único, la sociedad de la información, la innovación tecnológica, la red Internet, los servicios financieros y el comercio electrónico revolucionarán la utilización de los medios de pago no monetarios. 
Tan sólo las corrientes monetarias creadas por las tarjetas de pago superan ya los dos billones de dólares anuales en el mundo. 
A ese gran mercado responde en la misma medida la nueva piratería informática y una delincuencia especializada en el fraude y la falsificación en el llamado ciberdelito, contra el que urge luchar para defender los intereses de los emisores, los usuarios, los aceptantes y los adquirientes de los nuevos medios de pago. 
A eso se debe la necesidad de armonización de los sistemas de control y de sanción en los diferentes Estados de la Unión para conferir credibilidad y seguridad a la utilización del euro, incluso en la fase intermedia desde 1999 hasta el año 2002. 
La Comisión merece una felicitación por las iniciativas que viene adoptando y el ponente, Sr. Schmid, merece nuestro apoyo en general, pues de su informe es del que voy a hablar. 
Ahora bien, siguen existiendo algunas señales de alarma. 
Por ejemplo, en el marco de la lucha contra la falsificación de los billetes y de las monedas en euros, la comunicación de la Comisión prevé una estrecha cooperación y asistencia mutua entre la UCLAF, el BCE y EUROPOL. 
Pero entonces hay que formular correctamente el papel futuro de la UCLAF, pues, a raíz de los fraudes de ECHO, el propio Presidente de la Comisión, Jacques Santer, afirmó en público la intención de transformar la UCLAF en una OLAF totalmente independiente de la Comisión, ampliando sus investigaciones a todas las instituciones comunitarias, mientras que seguirá corriendo a cargo de la Comisión todo lo que tenga que ver con las propuestas legislativas y la coordinación con los Estados miembros en la lucha contra el fraude que atente contra los intereses de la Unión. 
Así ocurre con la falsificación del euro. 
Hay aquí una zona de sombra y de indefinición que conviene aclarar. 
Al final, ¿quién va a fiscalizar a quién? 
¿La UCLAF, la OLAF o la Comisión? 
Por otro lado, la compilación y la evaluación permanente, continua y actualizada de datos sobre los usos, los circuitos y las redes relacionadas con la falsificación de monedas es fundamental para la protección del euro. 
Por eso, resulta muy preocupante que no haya aún una idea precisa sobre el tipo de informaciones que deben integrar esa base de datos y se espera que sean los propios emisores de moneda, los magistrados, las entidades policiales y las entidades financieras quienes lo hagan. 
Podríamos decir que se buscan propuestas. 
Pero el tiempo apremia. 
Es que se deben adoptar los instrumentos legislativos durante el año 2000, a más tardar, para que el sistema global de protección del euro esté en condiciones de funcionar el 1 de enero del año 2002 a fin de que se pueda poner a prueba antes de que entren en circulación los billetes y las monedas en euros. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a los dos ponentes por el trabajo que han realizado sobre este dossier. 
La lucha contra el fraude y la necesidad de establecer un sistema completo para impedir la falsificación de los medios de pago es primordial, no sólo para los gobiernos, sino también para todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
La comunicación de la Comisión sobre la falsificación y la protección del euro y las enmiendas aprobadas aportan una contribución positiva y práctica a la lucha contra el fraude. 
Es el inicio, esto no representa el fin. 
Uno de los objetivos fundamentales es intentar que estos fraudes sean tratados como infracciones criminales en todos los Estados miembros. 
Necesitamos asimismo un sistema eficaz en favor de la protección del euro. 
Es importante, sobre todo, velar por que el euro goce de una protección uniforme en todo el territorio de la Unión. 
Deberían ampliarse las competencias de Europol en materia de lucha contra la falsificación. 
El euro tiene un potencial de circulación enorme, lo que implica el riesgo de falsificaciones tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 
Por ello exigiremos un banco de datos e intercambios rápidos entre las autoridades responsables de esta lucha. 
Es muy lamentable que la puesta en marcha del plan de acción relativo a la lucha contra la delincuencia organizada sufra un importante retraso respecto a su calendario. 
El Consejo debe velar por que todas sus recomendaciones entren en vigor y sean operativas antes de finales del año próximo. 
El único aspecto del informe de la Sra. Cederschiöld que me preocupa es el nexo que existe entre las medidas de prevención del crimen organizado y los procedimientos electorales. 
No es adecuado al informe que, por lo demás, recibe todo mi apoyo. 
Señor Presidente, tengo tres comentarios cortos en relación con esos informes. 
En primer lugar, es por todos sabido que, en mayor o menor medida, se ha perdido el control de los transportes de mercancías que se realizan dentro de la Unión. 
Esto demuestra que la tesis de la llamada Europa sin fronteras es una peligrosa ilusión que favorece la delincuencia. 
También es por todos sabido, y hay experiencias, que puede existir libre comercio aun cuando los controles fronterizos son serios y eficientes. 
El libre comercio no es ni debe ser para favorecer el comercio ilegal o actividades delictivas, sino que para proteger la legalidad. 
Por eso necesitamos controles eficaces en las fronteras nacionales de la Unión, tanto para mercancías como para personas. 
La segunda se refiere a la corrupción y a las actividades mafiosas. 
Opino que tenemos que empezar a preguntarnos si no sería posible combatir eficazmente este tipo de delincuencia con unos factores que a menudo olvidamos, es decir, transparencia y control en las diferentes administraciones y actividades públicas. 
En los países nórdicos tenemos el llamado principio de la publicidad, es decir, que todos los ciudadanos y todos los periodistas tienen derecho a acceder a documentos, a documentar lo que ocurre en asuntos económicos dentro de la administración pública. 
Creo que esto, de cierta manera, está relacionado con el bajo grado de corrupción que afortunadamente existe en los países nórdicos. 
La función de este principio de publicidad es facilitar tanto el descubrimiento como la prevención de delitos. 
En tercer lugar, actualmente existen tres tipos de organizaciones policiales en la Unión: Schengen, Interpol y Europol. 
Entonces podemos preguntarnos si es conveniente dispersar de este modo una organización destinada a la prevención de delitos. 
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a los ponentes por su trabajo. 
Es evidente que la misión y obligación de un estado de derecho democrático es combatir por todos los medios la delincuencia organizada y los fraudes en todas sus formas. 
Al mismo tiempo, tiene que haber un equilibrio entre la eficacia del combate a la delincuencia y la libertad y protección jurídica de los ciudadanos. 
Los controles en la sociedad tienen que tener un límite. 
Pienso en los vastos registros personales que se están creando, por ejemplo, bajo el alero de Schengen y Europol y que mi Grupo ha criticado duramente. 
También se trata de los sistemas globales de escuchas en gran escala, que obviamente son buenos desde el punto de vista del combate a la delincuencia, pero que son totalmente inaceptables desde el punto de vista democrático y ciudadano. 
Quiero felicitar a Cederschiöld por su informe y por el equilibrio conseguido entre el fin y los medios para combatir la delincuencia. 
Estoy totalmente de acuerdo con ella en la exigencia de más medidas preventivas y cuando señala que al plan de acción todavía le faltan medidas preventivas concretas. 
Además, deseo destacar el significado de la sociedad civil, de las metas a largo plazo y, evidentemente, de la transparencia. 
No obstante, también es muy importante que se creen más puestos de trabajo, que se mejore la educación y que en la sociedad exista una distribución más justa de los recursos de modo que no aumenten las diferencias sociales. 
Por último, quiero decir a Cederschiöld que ella apunta al combate de la delincuencia en el ámbito europeo. 
Sin embargo, sabemos que la delincuencia organizada se extiende mucho más allá. 
También recomiendo la colaboración internacional en diferentes foros e Interpol. 
Señor Presidente, debemos reconocer que el informe de la Sra. Cederschiöld tiene el mérito de haber hecho hincapié en el distingo, a veces sutil, entre la delincuencia organizada y la delincuencia más banal, entre la prevención y la represión, a pesar de los intrincamientos que existen entre ambas nociones. 
Votaremos naturalmente a favor de este informe, a pesar de que por algunos lados se asemeja un poco a la política de la varita mágica. 
Está claro- y me limito a citar- que hay que alentar a los ciudadanos a cooperar con la justicia, garantizar la protección de los testigos, promover un ejercicio de la función policial más cercano al ciudadano; hay que reducir los factores que favorecen la delincuencia y alentar los factores que la frenan; hay que favorecer la integración de los «marginados». 
Todo el mundo estará completamente de acuerdo con esto. 
Hay un ámbito más preciso que merece ser definido aquí: se trata de la prevención de la reincidencia. 
La reincidencia se encuentra en la confluencia entre prevención y represión. 
Esta importantísima prevención depende de la calidad de la institución penitenciaria, de su capacidad de operar la reinserción de los condenados. 
Debemos realizar esfuerzos muy importantes en este sentido. 
Harán falta fondos y muchos esfuerzos de imaginación e inteligencia. 
En todo caso, debemos estar preparados a aceptar dichos esfuerzos. 
No lo olvidemos. 
Señor Presidente, la Unión Europea sólo es legítima cuando actúa con más eficacia que los Estados miembros a nivel individual. 
La delincuencia organizada es precisamente el tipo de actividad nociva que necesita una acción a nivel europeo. 
El informe de la Sra. Cederschiöld insiste, acertadamente, en la necesidad de que el Consejo proponga medidas concretas e invite a los Estados candidatos a la adhesión a la Unión Europea a adoptar las medidas de prevención que establezca el Consejo. 
Lamentablemente, sabemos que el marxismo-leninismo ha dejado a dichos países, y en particular a los países de la Europa del Este y central, en un estado de degradación moral y económica espantoso. 
Por ello es indicado asociarlos desde ahora a los trabajos que podamos realizar, nosotros, en la Unión Europea. 
El informe insiste asimismo, acertadamente, en la necesidad de implicar a la sociedad civil en la prevención contra el crimen organizado. 
La acción preventiva de la sociedad es necesaria, pero su eficacia depende del estado de ánimo general de esta sociedad, de la promoción de unos valores que, con demasiada frecuencia, son ridiculizados, como el sentido de la responsabilidad, el sentido del deber, de la honradez, del trabajo. 
En una palabra, es también una cuestión de civilización. 
El relativismo reinante, la pérdida de referencias, una concepción libertaria de la libertad, el individualismo llevado a su paroxismo y la voluntad pueril de rechazar lo que denominamos convenciones sociales supuestamente burguesas alimentan la delincuencia cotidiana que socava los cimientos de la paz civil y abona el terreno para el crimen organizado. 
La Sra. Cederschiöld, acertadamente, también ha insistido en los daños de un mal urbanismo. 
Apoyaremos su informe excepto lo relativo, curiosamente, al derecho de voto y la prevención de la criminalidad. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, comparto la preocupación y los problemas que se muestran en el Informe Schmid. 
No cabe duda de que en este punto es necesaria una actuación coordinada a nivel europeo. 
Hace ya mucho tiempo dirigí una pregunta a la Comisión acerca de la seguridad del euro frente a la falsificación, pero recibí una respuesta más bien evasiva. 
Si el ponente piensa que el euro va a ser un imán para las actividades delictivas y si la Comisión de Asuntos Económicos es de la opinión de que el euro va a ser un objetivo extraordinariamente atractivo para las falsificaciones, entonces me veo confirmado en mi juicio. 
Sin embargo, todo el paquete de propuestas sobre la protección frente a las falsificaciones y frente a los fraudes parece ser un instrumento apropiado para tomar las riendas de los problemas. 
A este respecto quisiera destacar la nueva técnica de regulación para la armonización del Derecho penal, técnica que considero muy pertinente. 
Trazar el marco, establecer las características esenciales, pero dejar la formulación a los Estados miembros tomando en consideración sus sistemas penales constituye, en mi opinión, un avance que indica la dirección que hay que seguir. 
Los intentos que se han hecho hasta ahora de formular figuras delictivas de validez europea, como en un Corpus Juris, están lastrados con un buen número de problemas y de incongruencias sistémicas. 
Creo que la técnica legislativa que se ha propuesto para la armonización de los regímenes jurídicos, tan diferentes y de trayectorias históricas tan específicas, de los Estados miembros es mejor y- al igual que todos los demás puntos del informecuenta con nuestra conformidad. 
Señor Presidente, felicito a los dos ponentes por sus dos informes y las tres resoluciones que los acompañan. 
El Sr. Schmid y la Sra. Cederschiöld han llevado a cabo en ellos una labor importante al abordar cuestiones decisivas para el futuro de la Unión Europea. 
Me refiero a la lucha contra el fraude en el sector no monetario, la lucha contra la falsificación y las acciones contra la delincuencia organizada. 
La mayoría de las observaciones que quiero formular se refieren al informe del Sr. Schmid. 
Hay tres aspectos principales. 
En primer lugar, el paso de las monedas nacionales al euro brinda una oportunidad maravillosa de aprehender a quienes tienen actualmente escondidos bajo la cama o en otro sitio grandes sumas obtenidas mediante medios ilícitos y van a tener que convertirlas de marcos alemanes, francos, pesetas o liras a euros. 
Lo que espero es que exista alguna acción coordinada en el nivel europeo para aprovechar esa oportunidad. 
Son necesarios requisitos especiales de notificación sobre los cambios de moneda en la época del paso al euro y necesitamos que una organización de policía a escala europea y los funcionarios de aduanas trabajen en colaboración para ver cuánto dinero negro o gris se puede descubrir cuando los delincuentes tengan que pasar de sus monedas nacionales al euro. 
En segundo lugar, respecto del fraude no monetario, me complace que en el informe nos quejemos de que los bancos no se preocupen demasiado, porque endosan los costos a los clientes. 
Debemos examinar la forma de utilizar las nuevas tecnologías de identificación para que contribuyan a la protección del usuario: mediante nuevas modalidades biométricas, por ejemplo. 
Las que consisten en el reconocimiento de la retina dan muy buenos resultados a la hora de identificar sin ambigüedad al propietario de un automóvil y se pueden utilizar en los puntos en que se expende dinero en metálico. 
Pero, en segundo lugar, se nos debe permitir utilizar los medios más complejos de cifrado disponibles que no se puedan violar para proteger esas transacciones. 
En este momento tengo entendido que la Comisión está negociando, al parecer, con el Gobierno de los Estados Unidos con vistas a limitar nuestra capacidad para cifrar las transacciones electrónicas. 
A la luz de este informe, resulta insensato. 
Respecto del fraude monetario, el euro estará bastante bien protegido. 
Tenemos un problema con las monedas metálicas de euros. 
En la situación actual permitimos que figuren características nacionales en las monedas metálicas. 
A no ser que haya un plan para separar dichas monedas metálicas y devolverlas a sus países de origen, una tienda normal, al cabo de un período de tiempo relativamente breve, tendrá que poder reconocer 120 monedas metálicas diferentes, si es que va a haber seis monedas metálicas en cada uno de los 15 Estados miembros de la Unión Europea, a los que habrá que sumar las monedas metálicas de Andorra, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano y Gibraltar. 
Eso me parece un completo disparate, por lo que debemos intentar suprimirlo más adelante con la legislación para que las tiendas deban identificar un número bastante pequeño de monedas metálicas y no el enorme número que propiciará la insensata decisión adoptada anteriormente. 
Señor Presidente, señoras y señores, sabemos de fuentes fiables que el 30 %, aproximadamente, de todos los delitos deben atribuirse a la delincuencia organizada. 
Si la trama de negocios se extiende desde el fraude con tarjetas de crédito, pasando por la trata de seres humanos, hasta el blanqueo de dinero, entonces es evidente la necesidad absoluta de actuar no sólo en los Estados miembros sino también en la Comunidad Europea. 
La lucha contra la delincuencia organizada debe tener prioridad absoluta, así lo manifiestan también ambos ponentes. 
Lo que necesitamos es, sin duda, una mezcla de medidas represivas y preventivas. 
Sólo quisiera destacar aquí tres puntos que me parecen especialmente importantes a la hora de luchar contra la delincuencia. 
El primero es que nosotros, la Comunidad Europea, pongamos en práctica de una vez por todas las a medidas de acción, el plan de acción que se ha dado a sí misma la Comunidad. 
Es preciso abandonar las animosidades nacionales en favor de una cooperación de ámbito europeo en el sentido de la lucha contra la delincuencia y utilizar de manera eficaz los instrumentos de que disponemos, como Europol o la UCLAF. 
El segundo punto es que desarrollemos la cooperación en materia de Justicia. 
Nos hallamos en los inicios: hemos dado ya buenos pasos, pero lo que debemos hacer es armonizar las disposiciones penales en nuevos ámbitos de delitos como el fraude con tarjetas de crédito, el blanqueo de dinero, la delincuencia ecológica o en el ámbito de la formación de bandas. 
Como tercer punto me parece especialmente importante destacar que practiquemos una exportación de seguridad a los estados de la Europa central y oriental que aspiran a ser admitidos en la Unión Europea. 
Deberíamos ayudar a que estos estados hagan uso de los programas en interés de Europa y en su propio interés. 
Es preciso intensificar y desarrollar la lucha contra la delincuencia organizada. 
Las expectativas que los ciudadanos depositan en la Unión Europea van en esta dirección y esto constituye una necesidad absoluta en interés de la seguridad de toda la Unión Europea. 
Señor Presidente, me complace mucho que el Banco Central Europeo se proponga crear un centro de análisis de falsificaciones. 
Los datos estadísticos y técnicos pertinentes serán almacenados en una base de datos a la que los bancos centrales nacionales tendrán total acceso. 
De momento el Banco Central Europeo no ha dado detalles más precisos, pero estoy seguro de que en su momento dispondremos de ellos. 
Acojo con beneplácito que el Banco Central vaya a adoptar esa iniciativa en una fase tan temprana de sus actividades. 
Es importante porque en enero de 2002, a más tardar, se habrán impreso 13.000 millones de billetes de banco de euros, momento en el que se pondrán en circulación en los 11 Estados miembros, que abarcan una población de unos 290 millones de personas. 
Es muy importante que ese centro de análisis de falsificaciones trabaje en estrecha colaboración no sólo con los bancos centrales nacionales, sino también con Europol y las fuerzas nacionales de policía en los 11 Estados miembros participantes en el nuevo régimen de moneda única. 
El Tratado de Amsterdam, que en breve va a ser ratificado, va a conceder más competencias a Europol en el sector de la cooperación policial y judicial. 
El Parlamento debe velar por que se pongan a disposición del Banco Central los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de ese centro de análisis de falsificaciones con vistas a derrotar esa posible falsificación perniciosa de billetes de euros. 
Presidente, estamos todos de acuerdo- me parece- con que se debe combatir eficazmente la delincuencia, pero he de añadir que no se debe exagerar demasiado la ingenuidad sobre la eficacia de todo tipo de medidas preventivas, cuya enumeración encontramos en los dos informes presentados. 
La simple realidad nos enseña, pues, que por ejemplo en barrios y calles enteras de muchas ciudades grandes y medianas de Europa la policía ya no se atreve a actuar, que ya apenas llega allí el transporte público y que los ciudadanos honestos que quedan allí, aquellos que no tienen los medios para mudarse, se han visto sometidos de hecho a las leyes de la jungla. 
Dicho de otra forma, debemos atrevernos a reconocer que esa ingenua política de prevención ha fracasado. 
Allí, en esos barrios, en primer lugar, desde hace tiempo ya ha pasado el tiempo y habrá que actuar de una vez duramente, efectivamente de forma represiva, para reestablecer el derecho y el orden, «manu militari» si fuera necesario. 
«First things first» , se dice en inglés. 
La prevención es importante pero esa actuación dura me parece una primerísima prioridad en contra de lo que sugiere el informe presentado. 
Lamento también que no se quiera o no se atreva a hablar claro en este Parlamento con respecto a la delincuencia de los extranjeros. 
En el segundo informe se elude el meollo de la cuestión. 
Sin embargo, todos sabemos que un 90 % de la denominada delincuencia callejera en las grandes ciudades la perpetran personas desarraigadas, extranjeros sin raíces, muchas veces de la segunda o tercera generación. 
Seguir negándolo no solucionará este problema gigantesco, ni tampoco falseando las estadísticas de los procedimientos flexibilizados de nacionalización. 
Con seguridad no se solucionará concediendo el derecho de voto activo y pasivo como se atreve a proponer, para sorpresa de todos. 
La única solución a corto plazo es una política atrevida que deje la opción a los implicados. 
O se asimila nuestra sociedad, y por lo tanto se respetan sus leyes, sus costumbres y su cultura, o se opta por un regreso con apoyo y ayuda al propio seno cultural donde se puede poner fin a ese desarraigo. 
No porque se haya determinado esta solución como un tabú, deja de ser una solución humana y acertada. 
Señor Presidente, me alegro de poder hacer todavía algunas puntualizaciones sobre el problema de la prevención de la delincuencia organizada. 
La lucha contra la delincuencia incluye por igual la represión y la prevención. 
Cabe decir lo mismo también respecto de la delincuencia organizada. 
No obstante, hay que ser muy consciente de que las ideas clásicas de la prevención no tienen sentido en este ámbito. 
Digámoslo más claro: la idea corriente de que con la lucha contra la pobreza y contra el desempleo se puede hacer algo contra la delincuencia organizada no tiene nada que ver con el problema. 
Los delincuentes organizados no suelen ser gente pobre, al contrario. 
Sin embargo, existen posibilidades en el ámbito de la prevención técnica, es decir, en la adopción de medidas encaminadas de manera técnica a la obstaculización de actos delictivos. 
Esto implica medidas contra la sustracción de automóviles como la instalación de barreras de salida, medidas contra el fraude con tarjetas de crédito incrementando la seguridad de estos medios de pago, mejorando las normas en algunos sectores de la denominada delincuencia de alta tecnología y mejorando las medidas mediante la coordinación de los datos, por ejemplo, en el ámbito del fraude a la seguridad social, como se hace a gran escala, por ejemplo, en los Estados Unidos. 
Otro ámbito es de actuación es la extinción de los mercados. 
La delincuencia organizada tienen mucho que ver con el suministro de mercancías y servicios ilegales. 
Esto no podrá hacerse en todos los casos. 
Por ejemplo, en el caso de las drogas hay buenas razones para no legalizarlas. 
Pero, por ejemplo, no existe ninguna razón para que el estado insista en mantener su monopolio de juegos de azar. 
Tampoco hay ninguna razón para que algo que desde milenios constituye una necesidad social, como la prostitución- con independencia de cómo se piense sobre esto- haya de ser relegado a la zona gris de lo semilegal de tal manera que se convierta en un asentamiento de la delincuencia organizada. 
Señor Presidente, quisiera hablar brevemente sobre la parte que se refiere al euro. 
Y quiero intervenir especialmente sobre ello porque el debate no me está gustando. 
El euro necesita confianza. 
Y tal vez este debate, con tantas intervenciones sobre los riesgos que puede haber de falsificación incluso de las monedas, algo que es francamente difícil, no es positivo. 
Creo que habría que empezar diciendo que el Banco Central Europeo es garante de la emisión de billetes y de monedas, y que la Interpol y la Europol y las actuales policías de los Estados miembros y los Estados miembros tienen hoy medios penales y policiales para reprimir el fraude y la falsificación. 
Nuestro papel no es ser alarmistas y pensar que la llegada del euro puede ser esa oportunidad que buscan todas las mafias internacionales para engañarnos. 
Nuestro papel en esta Asamblea consiste en apoyar y en facilitar la tarea de la Comisión y del Banco Central Europeo, por ejemplo intentando que Europol tenga competencias establecidas para coordinar la lucha que ya van a hacer todas las policías nacionales, que va a hacer Interpol. 
Y tenemos que dar nuestro apoyo a la Comisión cuando haya concretado más sus propuestas y vuelva a este Parlamento. 
Yo creo que la población tiene que saber que todos somos conscientes de los riesgos que puede haber de falsificación, pero que, en este caso, va a haber quince policías más Interpol, más Europol, trabajando. 
Y que lo que tenemos que hacer es facilitar que desde el campo jurídico haya- como se dice en el informe- una buena tipificación de los delitos. 
El euro necesita confianza y nosotros estamos para darla. 
Y afortunadamente la represión no sólo depende de nosotros sino de muchos más. 
Señor Presidente, la Comisión se muestra muy satisfecha con los procedimientos que propone en su informe la Sra. Cederschiöld con el fin de evitar en la mayor medida posible que la delincuencia organizada arraigue en la sociedad. 
Debemos ir al núcleo del problema y establecer una estrategia previsora que cuente con la participación de todos, a escala comunitaria, nacional o local. 
Para vencer en la lucha contra la delincuencia, es preciso hacer uso de todos los medios que ofrece el Estado de Derecho. 
La ponente del informe resalta, de manera justificada, que es imprescindible respaldar las actividades colectivas de los ciudadanos contra la delincuencia organizada en el Estado de Derecho. 
En el ámbito del blanqueo de dinero, la Comisión ha recurrido a la legislación del primer pilar para evitar que se recicle el dinero obtenido por narcotráfico. 
A principios de 1999 está previsto que se amplíe la directiva también al resto de las actividades comerciales, y no sólo a las que susciten sospechas en relación con el tráfico de drogas. 
En cuanto al sector de las telecomunicaciones, la Comisión presentó en mayo de 1998 una comunicación relativa a la protección de los menores y la dignidad en los servicios audiovisuales e informáticos. 
Se trata de un buen ejemplo de que no es posible garantizar la prevención de la delincuencia únicamente por medio de la legislación nacional, sino que son necesarias también medidas a nivel de la Unión. 
Como ya saben sus señorías, la Comisión ha puesto en marcha, conjuntamente con los Estados miembros y organizaciones ciudadanas, diversos proyectos relacionados con el programa Falcone. 
La ponente del informe hace un especial hincapié en la necesidad de apoyar la política en los ámbitos de empleo, de salud, social y familiar para permitir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
La Comisión respalda plenamente estos objetivos, igual que respalda también todos aquellos servicios que sean próximos a los ciudadanos. 
Se ha abordado este asunto en la comunicación relativa a la política urbana que se presentará en el marco del Foro de ciudades europeas que se reunirá en Viena a finales de 1998. 
La delincuencia en las grandes ciudades representa un problema real, ya que constituye la base de una delincuencia organizada que amenaza nuestro orden social más allá de cualquier frontera. 
El objetivo inequívoco de la Comisión es la creación de una zona para toda la Unión donde rija la libertad, la seguridad y la justicia. 
Con la ratificación del Tratado de Amsterdam, este objetivo se encuentra más próximo. 
Los jefes de Estado y de Gobierno han acordado ya reunirse en agosto de 1999 en la ciudad finlandesa de Tampere para discutir acerca de los objetivos principales y los plazos en lo relativo a este importante ámbito. 
El informe que ha elaborado la Sra. Cederschiöld es un componente de este fundamento en el que se basará la actividad futura de la Comisión. 
Paso a continuación a referirme al informe del Sr. Schmid. 
En nombre de la Comisión, desearía felicitar al ponente, Gerhard Schmid, quien aborda con claridad la relación entre, por una parte, la propuesta de la Comisión sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo y, por la otra, el fraude y la falsificación relacionados especialmente con el euro. 
El número de fraudes relacionados con otros medios de pago distintos del efectivo está aumentando muy rápidamente. 
Los delitos cometidos por medio de tarjetas de pago ocasionan cada año pérdidas por un valor aproximado de 2 700 millones de ecus. 
Al mismo tiempo, las autoridades judiciales de los Estados miembros se ven obligadas a combatir estos delitos a medio gas, por la simple razón de que no existen leyes acerca de esta cuestión. 
El objetivo de la propuesta de la Comisión es corregir esta situación, sugiriendo una actividad conjunta que garantice en la totalidad de los Estados miembros de la UE el carácter punible de todos los casos de fraude y falsificación con medios de pago distintos del efectivo. 
El informe del Sr. Schmid se opone a la inclusión en la propuesta de disposiciones relativas al blanqueo de dinero y a la asistencia mutua. 
En su opinión, en cuestiones de esta importancia únicamente es posible lograr resultados satisfactorios mediante disposiciones de carácter horizontal que abarquen todas las modalidades delictivas. 
La Comisión se muestra de acuerdo a este respecto, pero habida cuenta de que aún no se ha promulgado este tipo de disposiciones, la regulación deberá, sin embargo, tener lugar en el marco de la acción común. 
La Comisión está investigando detalladamente todas las propuestas de medidas presentadas por el Sr. Schmid y por el resto de las autoridades, y las tendrá presentes cuando planifique sus actividades futuras. 
El otro punto del informe del Sr. Schmid trata sobre la protección del euro ante las falsificaciones. 
Es un asunto importante y urgente. 
Esperamos que el euro se convierta en un medio de pago internacional. 
Por este motivo, cabe pensar la posibilidad de que la delincuencia organizada internacional fije en él su objetivo. 
Consiguientemente, la Comisión considera que, antes de su puesta en circulación, es preciso crear un sistema eficaz para evitar la falsificación del euro. 
Por su parte, Ecofin también ha dejado de manifiesto que, antes de su puesta en circulación, se debe dotar al euro de un mecanismo de protección eficaz. 
Ecofin ha hecho igualmente hincapié en el papel que desempeña Europol en el examen de esta cuestión, y ha instado a la Comisión a proseguir su tarea para llevar a cabo esta iniciativa. 
En la comunicación de la Comisión del pasado julio se establecen los objetivos principales en materia de protección desde la perspectiva de la Comisión. 
A este respecto es necesario concentrarse en los siguientes aspectos: formación, información, sistemas de comunicaciones y bases de datos, cooperación y asistencia mutua en las investigaciones, tipificación del delito de falsificación y adopción de medidas punitivas disuasorias. 
La Comisión considera que todos los órganos implicados tienen una función que desempeñar: el Banco Central Europeo, Europol, la Comisión- principalmente como autora de las iniciativas legislativas -, los Estados miembros, sus bancos centrales, los cuerpos policiales y los tribunales de justicia. 
En último lugar, desearía referirme a Europol. Se ha hablado mucho acerca del reparto de trabajo entre, por una parte, Europol y, por la otra, el Banco Central Europeo y la Comisión. 
En el futuro sistema, cada uno de estos órganos tendrá su función determinada. 
El único principio que rige en la toma de decisiones es la eficacia a la hora de proteger el euro. 
Como ya sabemos, el acuerdo de Europol fue posible tras la adopción de difíciles compromisos relacionados con el carácter delicado de la cooperación en materia de delitos y sanciones, necesaria en la lucha contra la delincuencia organizada, ya que se considera que estos asuntos están relacionados estrechamente con el derecho de autodeterminación nacional. 
Sin embargo, la protección del euro es responsabilidad tanto de la Comunidad como de sus Estados miembros. 
Por esta razón, es necesario dotar a estos trabajos de un marco legislativo adecuado que pudiera ir más allá del acuerdo de Europol. 
Hasta que llegue ese momento deberemos conferir a Europol el poder para actuar en la prevención de la falsificación dentro de los límites de sus competencias actuales. 
Desearía felicitar una vez más a los ponentes por su concienzuda labor. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Utilización más segura de Internet 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40377/98) de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0535/98-97/0337 (COD) con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet (Ponente: Sr. Schmid). 
Señor Presidente, distinguidos colegas, hay un refrán que dice «saber es poder». 
Si esto es cierto, entonces estamos viviendo actualmente un desplazamiento del poder, desde aquellos que lo han monopolizado un poco hacia muchas personas que de una manera nunca vista hasta ahora tienen acceso al mismo a través de Internet. 
Internet constituye una posibilidad gigantesca. 
Pero sabemos también que entraña riesgos. 
En Internet se encuentran contenidos que o son indeseados o que son delictivos. 
Por esta razón, es bueno que la Comisión haya propuesto un programa que se enfrente con este problema. 
En primera lectura hemos aprobado este programa en lo sustancial, pero hemos propuesto algunas enmiendas. 
La mayoría de estas enmiendas han sido aceptadas, pero no todas. 
Por esta razón nuestra comisión mantiene algunas de las enmiendas procedentes de la primera lectura. 
Cabe distribuir básicamente estas enmiendas en dos grupos. 
Las primeras van dirigidas a la Comisión y tienen que ver con la ejecución del programa o con cosas que no tenemos que prescribir necesariamente en el texto jurídico, pero en las cuales la Comisión puede velar por que se realicen. 
Se trata, por un lado, de acciones encaminadas a que Internet no pueda ser objeto de abuso para la trata de mujeres o la trata de niños. 
En segundo lugar, y sobre todo, queremos tener estudios de tipo preparatorio que vayan encaminados que expliquen a todos los implicados qué necesidades tenemos en el ámbito de la armonización jurídica. 
Esto es importante, porque toda persecución penal, por ejemplo, de la pornografía infantil está condenada al fracaso en la práctica mientras tengamos edades diferentes de protección para los niños, mientras sea posible mantener anónimamente un servidor o enviar anónimamente un correo electrónico. 
Si en el transcurso del presente debate emite la Comisión una explicación satisfactoria en lo que se refiere a la ejecución, podré retirar con la autorización de la comisión las enmiendas 1, 2 y 6. 
Esto depende de lo que diga ahora el Sr. Liikanen. 
Por consiguiente, señor Presidente, le pido una vez más la palabra al final para poder manifestarme brevemente sobre esto. 
El otro grupo de enmiendas van dirigidas al Consejo. 
En el mismo se ha logrado encontrar formulaciones de compromiso con la Presidencia austriaca que serán mantenidas ahora tanto por el Consejo como por nosotros. 
Se trata de la idea de que deseamos tener una etiqueta de calidad para aquellos ofertantes de servicios de Internet que se atengan voluntariamente a un código de conducta que el sector decida de mutuo acuerdo. 
Esto facilitará, por ejemplo, a los padres la decisión de con qué proveedor han de contratar los servicios de Internet. 
El otro deseo era que en las campañas de sensibilización se imprima la menor cantidad posible de papel y que se escoja, donde sea posible, la información electrónica que es más barata. 
Como hemos dicho, hemos llegado a compromisos con el Consejo. 
Esto significa que las enmiendas 3, 4 y 5 se retiran en favor de las enmiendas 8, 9 y 10, que de acuerdo con nuestro Reglamento serán presentadas como enmiendas transaccionales. 
Hay más enmiendas, que rechazo sin excepción, pues si las aceptamos ello conducirá a que tengamos que entrar en un procedimiento de conciliación. 
Tal como hemos manejado esto hasta ahora, en concreto, poniéndonos de acuerdo con la Comisión y con el Consejo, evitamos el procedimiento de conciliación y ahorramos unos tres meses de tiempo. 
Aunque sólo sea por esta razón, yo desaconsejaría aceptar las enmiendas de la 12 en adelante. 
Por lo demás, la importancia y la calidad de estas enmiendas no son tales como para que el programa se vea perjudicado decisivamente si no las aceptamos. 
Celebro que hayamos avanzado tanto con este plan de acción y me gustaría elogiar al señor ponente por su excelente informe. 
Internet es ante todo un invento fantástico que derriba fronteras y abre nuevos caminos que hace sólo diez años no nos habríamos podido imaginar. 
Internet es una revolución que nos permite comunicarnos con personas de todo el globo. 
Sin embargo, una organización muy anárquica de Internet también permite que criminales o delincuentes tengan el campo más o menos libre para difundir textos o imágenes ilegales, como por ejemplo, pornografía infantil o proclamas racistas. 
Es muy difícil acabar con ello. 
Todos lo sabemos. 
Celebro la puesta en marcha del plan de acción comunitario que trata de prevenir la difusión de material ilegal. 
Los usuarios de Internet deben disponer de un control total y la posibilidad de separar automáticamente este tipo de material y por ello debe haber una completa transparencia. 
Sin embargo, es muy importante que distingamos entre lo que es ilegal y lo que es indecoroso u ofensivo para la moral. 
¿Quién decidirá qué resulta ofensivo y qué moral es la mejor? 
Lo bonito de Internet es precisamente la ausencia de una censura centralizada. 
Por ello y en opinión de los socialdemócratas daneses no debe haber una etiqueta de calidad concedida por la Comisión. 
La Comisión Europea no debe tener la exclusiva de decidir lo que es moralmente conveniente. 
Tampoco debemos armonizar los códigos penales civiles en los países miembros, sino que, en lugar de eso, debemos trabajar y cooperar en la lucha contra la pornografía infantil, por ejemplo. 
Ésta es ilegal en todos los países miembros y todos estamos de acuerdo en que viola claramente los derechos de los niños. 
Pues entonces pongamos en marcha lo más rápidamente posible una acción común de lucha contra la pornografía infantil y ampliemos las competencias de la Europol para así poder combatir las redes internacionales de producción, venta y distribución de material de pornografía infantil. 
Señor Presidente, Internet era un fenómeno prácticamente desconocido hasta hace sólo un par de años. 
Hoy es una ayuda diaria casi para todos nosotros. 
Con Internet es posible ver noticias y mantenerse informado casi en cualquier lugar del mundo en que nos encontremos. 
Creo que es una amenaza contra las dictaduras y una seguridad para las democracias. 
Muchos de nosotros vimos Sarajevo on line, que fue el único contacto con Sarajevo durante un determinado tiempo. 
Creo que Internet, aunque parezca exagerado, va a tener en los libros de historia la misma importancia que la imprenta de Gutenberg. 
En cuanto a propuestas concretas, quiero dar mi apoyo a las líneas directas de información con referencias sobre material ilegal en Internet. 
Quiero subrayar especialmente la propuesta de autorregulación de providers en Internet. 
En relación con esto, he propuesto sellos de calidad para los que cumplan con los códigos de conducta del ramo. 
Espero que la Comisión apoye esta propuesta. 
Hubo un poco de dudas al comienzo, pero después de algunas reflexiones tengo la sensación de que tanto la Comisión como el Consejo le dan su apoyo. 
Espero que lleguemos a un acuerdo en este punto. 
Creo que la autorregulación eficiente es de hecho el mejor camino para conseguir resultados duraderos, ya que ésta es una actividad internacional. 
Aunque la integridad personal siempre debe cautelarse y protegerse y la existencia de material lesivo o ilegal siempre debe combatirse, es justamente de esta manera como se pueden obtener los mejores resultados. 
Quiero felicitar al ponente, Schmid, que ha hecho un excelente trabajo. 
Ha sido un placer colaborar con él. 
Quiero elogiarlo por sus bien merecidos resultados. 
Señor Presidente, en primer lugar, es lamentable que el Consejo de Ministros no esté presente para escuchar mi queja sobre su falta de disposición para aprobar las propuestas sobre colaboración judicial. 
Exhorto en cambio a la Comisión a continuar utilizando plenamente en este terreno las posibilidades que otorga el Tratado de Amsterdam. 
En segundo lugar, tengo gran esperanza en relación con el programa de investigación, el quinto programa marco de investigación, que hemos discutido. 
Creo que esto va a coadyuvar a la presentación de muchas propuestas importantes para que logremos un uso más seguro de Internet, para que las personas le puedan tener confianza y para que consigamos mecanismos que protejan los derechos de autor. 
Opino que es importante que exista una coordinación entre este plan de acción y las demás medidas con las que contamos. 
Estamos ante un problema que tiene dos dimensiones: por una parte tiene que existir protección para los individuos, de modo que se atrevan a usar Internet, a pagar sus cuentas y a enviar mensajes y, por otra, tenemos la necesidad de la sociedad de intervenir. 
Creo que en primer lugar hay que asegurar las posibilidades de que las personas utilicen Internet, es decir, asegurar la protección individual en esta materia. 
Hay muchas cosas que la Comisión debería hacer para derribar barreras en relación con la codificación. 
Hay un Estado miembro que no permite la venta de servicios de codificación, usándose de manera libre, y tenemos a los EE.UU. que también interponen barreras de mercado. 
La forma de actuar de la Comisión es especialmente importante para el uso seguro de Internet. 
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, no es nada sorprendente ver cómo se extiende un gran invento como Internet. 
El público se multiplica al igual que los intentos de controlar y censurar este invento genial, y el Sr. Schmid, nuestro ponente, se ha alzado como portavoz de dichos intentos. 
Mi Grupo se opondrá a este informe, porque no es en nombre de la defensa de los colectivos más expuestos- se habla de las víctimas de los pederastas, de las víctimas de la droga- el modo en que debemos hacer frente a estos problemas. 
Sabemos perfectamente que el problema de la droga debe afrontarse restituyendo al Estado la posibilidad de reglamentar, de legalizar este fenómeno. 
Sabemos perfectamente también que las redes de pederastas- estas redes que la magistratura de numerosos países no persigue, comenzando por la magistratura belga- no trabajan a través de Internet, y nos agarramos a algo que no tiene nada o muy poco que ver con estos fenómenos criminales. 
Pienso, por tanto, que hay que hacer frente a los problemas y comenzar a afrontar los problemas reales. 
Señor Presidente, en una vida anterior fui presidente de un comité de censura de películas en Manchester. 
En el tiempo en que formé parte de él nunca voté a favor de censurar película alguna. 
Soy partidario de una censura mínima, pero no de la inexistencia de la censura. 
Hay que mantener fuera del alcance de los niños cierto material; hay que poner etiquetas a cierto material para que quienes- si se quiere- lo investiguen sepan lo que van a recibir. 
Se debe prohibir cierto material: el pedofílico, ciertos tipos de material pornográfico, en particular las películas pornográficas en las que se muestran asesinatos reales, y cierto material racista. 
Lo que sea ilegal en forma escrita debe ser ilegal en Internet. 
Conozco el argumento del bibliotecario: un bibliotecario no sabe lo que contiene cada uno de los libros, pero, cuando se le señala lo que contienen algunos libros, se espera de él que actúe. 
Lo mismo debe ser aplicable a los prestadores de servicios en la red Internet. 
También quiero decir que el STOA llevó a cabo recientemente un estudio sobre si se puede controlar técnicamente el material que figura en la red Internet. 
Para cierta sorpresa nuestra, como miembros del STOA, parecía haber buenos medios técnicos para controlar lo que figura en la red Internet- por ejemplo, la pornografía -, por lo que se pueden señalar sectores en los que hace falta investigar y buscar. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al Sr. Schmid por su informe. 
No es la primera vez que debatimos en esta Asamblea sobre este tema. 
El plan de acción es el resultado de la respuesta obtenida por la Comisión cuando planteó este problema por primera vez, y ha sido desarrollado en coordinación con la recomendación del Consejo sobre la protección de los menores y de la dignidad humana teniendo en cuenta las resoluciones del Parlamento Europeo. 
Quisiera destacar los aspectos positivos que esta Asamblea ha pretendido incluir en todas sus resoluciones sobre esta red de información, tomando en consideración lo que Internet representa en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. 
Sin embargo, como todo medio de información, y sobre todo por su accesibilidad, tiene que someterse a unas reglas de seguridad, sobre todo para la infancia. 
Pero, como siempre, el absoluto respeto a la libertad de expresión e información y el avance en nuevas tecnologías permiten a veces la difusión de material ilegal que puede perturbar otros derechos y libertades. 
Este problema ha sido debatido y ha despertado un gran interés en foros internacionales así como en el Consejo de Europa y en la OCDE, y las enmiendas introducidas en primera lectura han permitido que se vuelva a discutir hoy aquí. 
Estas enmiendas nos facultaron a cambiar su fundamento jurídico y a adoptar esta propuesta de decisión a través del procedimiento de codecisión, y no a través de consulta simple, incrementando así la participación de esta Asamblea en un tema que, efectivamente, se encuadra en la protección de los consumidores y usuarios de Internet, es decir, de nuestros ciudadanos. 
Pero una vez más, como se destaca en el informe, me gustaría insistir en la necesidad de la cooperación judicial y policial, la aproximación de los sistemas para la persecución de estos delitos en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y la elaboración de estudios sobre este tema, lo que podrá acercarnos a soluciones concretas. 
Este plan de acción nos va a permitir, otorgando fundamento jurídico a su línea presupuestaria, llegar a estas soluciones. 
Por ello, me gustaría destacar la necesidad de la cooperación interinstitucional que permita allanar este camino hacia soluciones que definitivamente favorezcan a nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, Comisario, colegas, la vertiginosa extensión del uso de Internet arranca a muchos líderes de opinión exabruptos que son comparables a las reacciones que hace 500 años causó la introducción de la imprenta. 
También entonces se decía que esa nueva tecnología iba a sembrar confusión en las mentes débiles y que iba a socavar los valores y las normas establecidas. 
Dice mucho en favor de la Comisión, del Consejo y de nuestro Parlamento que el plan de acción plurianual para un uso más seguro de Internet se base más en la información, la sensibilización, la autorregulación y los códigos de conducta voluntarios que en la represión y la censura. 
Por lo tanto, hasta ahora la Unión no ha cedido ante el principio, por lo visto, marxista- eso lo dejo en manos de los que lo dicen- que reza así: la confianza es buena, pero el control es todavía mejor. 
Habiendo dicho esto, no soy tan ingenua de creer que por esa razón el Consejo ha eliminado cualquier referencia a una cooperación judicial y penal. 
Esa eliminación indica que los gobiernos de los Estados miembros abogan, sobre todo verbalmente, por una actuación conjunta contra la delincuencia transfronteriza, pero que incluso se echan para atrás a la hora de hacer un estudio de dicha colaboración. 
Abogar verbalmente por una mayor seguridad, pero rehusar preparar las acciones necesarias, ni proponerlas siquiera, sólo avivará los sentimientos de inseguridad y de amenaza de nuestros conciudadanos. Colegas, eso a largo plazo es nefasto para la democracia. 
Señor Presidente, el Parlamento ha expresado el deseo de que se hagan cambios en la posición común. 
A la Comisión no le plantea problemas el fondo de la mayoría de las enmiendas. 
Para ser coherente con su posición en la primera lectura y su propuesta original, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 1, 3 y 13. 
La Comisión puede aceptar las nueve enmiendas restantes. 
Sin embargo, ahora el tiempo reviste importancia fundamental. Insto al Parlamento a que examine detenidamente las enmiendas propuestas para evitar los retrasos que podrían producirse en el procedimiento de conciliación. 
No caben demasiadas dudas de que el plan de acción cuenta con un apoyo mayoritario; no hay un desacuerdo de fondo que impida la aprobación del plan de acción sin mayores retrasos. 
En tres casos- las enmiendas núm. 1, 2 y 6 -, la Comisión propone que se aborde la preocupación del Parlamento con la siguiente declaración: «La responsabilidad de los intermediarios respecto del contenido de la red Internet se abordará en la propuesta de directiva sobre ciertas cuestiones jurídicas relativas al comercio electrónico que la Comisión se ha comprometido a presentar. 
La necesidad de contrarrestar la violencia y los malos tratos a mujeres y niños está comprendida en el programa Dafne. 
La Comisión velará por que se tengan en cuenta debidamente las preocupaciones del Parlamento al aplicar las líneas de acción 1 y 3 respecto de la violencia y los malos tratos a mujeres y niños en la red Internet. 
Como complemento del estudio sobre la delincuencia y junto con la próxima comunicación de la Comisión sobre los delitos informáticos, la Comisión encargará estudios sobre las cuestiones relativas a las disposiciones substantivas del derecho penal, a que se refiere la enmienda nº 6 de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, a reserva de la disponibilidad de consignaciones presupuestarias y de la obtención de la necesaria aprobación de conformidad con el Reglamento Financiero». 
Espero que eso permita la votación de un texto acordado y con ello se pueda ejecutar el plan de acción lo antes posible. 
A la luz del triste testimonio de este verano, en el que la pornografía infantil ha recibido mucha atención en Internet, todo el mundo conviene en que existe la necesidad urgente de actuar. 
La aprobación ahora es decisiva para que la Unión Europea mantenga su iniciativa a la hora de abordar el contenido ilegal y perjudicial en la red Internet. 
Deseo agradecer al ponente, Sr. Schmid, su muy constructivo planteamiento de la propuesta que figura en el plan de acción. 
Señor Presidente, después de la declaración de la Comisión, quiero retirar, con la autorización de la comisión, las enmiendas 1, 2 y 6. 
No tienen objeto. 
Quiero indicar una vez más que las enmiendas 3, 4 y 5 se retiran en favor de la formulación transaccional con las enmiendas 8, 9 y 10 del Consejo. 
Tengo que realizar todavía una puntualización formal: existe una enmienda 7 que tiene algo que ver con la entrada en vigor del programa el 1 de enero del próximo año, pues el 1 de enero de este año está obsoleto. 
Esta fecha se encuentra una vez más en otro pasaje del programa, para ella vale también, evidentemente, esto mismo. 
Muchas gracias, señor Schmid. 
Mañana, durante la votación, se tendrán en cuenta sus explicaciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Ensayos clínicos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0407/98) del Sr. Amadeo, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0369- C4-0447/97-97/0197 (COD) relativa a la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano. 
Señor Presidente, Señorías, hoy se somete a la atención del Pleno una directiva muy esperada y sumamente importante por las repercusiones que tendrá en el uso de los medicamentos y, en consecuencia, en el valor sustancial de los ciudadanos y de los enfermos europeos y en la defensa de la salud. 
Puede parecer extraño que un momento, que me permito definir significativo en la vida del Parlamento Europeo, vea como ponente a un diputado no perteneciente a ningún Grupo político. 
Considero, y me place subrayarlo, que es una prueba del alto sentido de democracia y del gran respeto e imparcialidad de este Parlamento, y deseo expresar mi agradecimiento a todos los colegas de la Comisión de Medio Ambiente, en particular al presidente, Sr. Collins, y a los coordinadores de los Grupos políticos, por haberme permitido estudiar y elaborar este informe y, además, por haber contribuido con mucho empeño a mejorar su contenido mediante una serie de enmiendas muy sopesadas, difíciles y realmente apreciables. 
Ahora me corresponde la tarea de explicar al Pleno el camino que hemos recorrido para llegar hasta esta sesión plenaria y el contenido de la directiva. 
En primer lugar, el método de trabajo. 
Me percaté enseguida de la importancia y las expectativas que despierta el tema de la aplicación de las buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano y estimé que mi principal cometido debía ser coordinar atenta y objetivamente una serie de propuestas de los expertos en la materia, por lo que organicé una serie de encuentros con las agrupaciones y asociaciones europeas de ciudadanos consumidores, con grupos de pacientes de distintas nacionalidades, con los representantes de comités éticos de distintos países, con las asociaciones de voluntariado independientes, con grupos de investigadores a nivel universitario y hospitalario, con los representantes europeos de empresas farmacéuticas y, al mismo tiempo, atendí a todos los que- particulares o grupos- me solicitaron en reuniones o por escrito, observaciones y consideraciones específicas. 
En definitiva, he tratado de sintetizar en la exposición de motivos y en las enmiendas todas las diferentes opiniones expresadas para dar una señal importante de democracia, transparencia y participación activa en una propuesta que no debe partir de las instancias superiores sino que ha de ser fruto de un impulso a la acción conjunta, es decir, de todos. 
El objetivo fundamental: la gran expectativa que desde hace años caracteriza el mundo científico de la Unión Europea puede tener una aceleración significativa con la aprobación de esta directiva, siempre que efectivamente se logre una armonización. 
En otras palabras, es necesario que los 390 millones de ciudadanos europeos en su conjunto puedan beneficiarse, con los mismos derechos y deberes, de los resultados de los ensayos clínicos con seres humanos en la Comunidad. 
Al mismo tiempo, es preciso que todos los operadores del sector de la investigación, tanto públicos como privados, tengan las mismas oportunidades y practiquen una correcta competencia entre sí en los quince países de la Comunidad. 
Actualmente, las directrices relativas a las buenas prácticas clínicas sólo tienen valor de referencia y no se aplican de manera homogénea en cada uno de los Estados miembros, que tienen competencia para establecer la legislación pertinente. 
Nuestro compromiso debe ser el de plasmar los principios y las directrices en un acto legislativo comunitario de carácter obligatorio, puesto que se trata de una actividad que, hoy por hoy, se realiza en centros de ensayo que con frecuencia operan en varios Estados miembros. 
Primera observación: la directiva contiene propuestas en materia de ensayos clínicos de medicamentos con seres humanos y de aplicación de buenas prácticas clínicas. 
Se trata de un texto que atiende la necesidad de armonizar en el ámbito de la Comunidad los procedimientos administrativos y de documentación que regulan los ensayos clínicos, en particular los ensayos multicéntricos. 
El objetivo declarado en la propuesta es permitir agilizar los trámites administrativos para iniciar un ensayo clínico, al objeto de convertir a Europa en más competitiva respecto, por ejemplo, a los Estados Unidos, manteniendo, sin embargo, un alto nivel de protección de los sujetos de ensayos. 
Segunda observación: sostenemos la necesidad de asegurar a la investigación clínica en Europa un marco de referencia normativo sencillo y unívoco. 
Europa debería ampliar su capacidad de proporcionar datos clínicos significativos para el desarrollo y registro de productos farmacéuticos, garantizando, entre otras cosas, la uniformidad de los plazos de respuesta y de documentación solicitada, al objeto de que el comienzo de los ensayos coincida en los distintos países. 
El acceso rápido, aunque controlado, a los ensayos clínicos tiene asimismo valor ético, ya que permite a los pacientes, especialmente a los que sufren graves patologías, recibir rápidamente los nuevos descubrimientos farmacológicos. 
Esto, además del valor científico, puesto que la posibilidad de publicar y debatir los ensayos permite el desarrollo profesional de los investigadores implicados. 
Por último, cabe señalar el valor económico de los ensayos clínicos, habida cuenta de que las inversiones de las empresas en este sector pueden ser considerables y contribuyen a financiar la investigación de base en los centros interesados. 
Tercera observación: es indispensable armonizar los aspectos técnicos del texto propuesto con los documentos ya adoptados o en curso de elaboración y en particular los de la ICH (Conferencia Internacional de Armonización) , de las buenas prácticas clínicas y de la farmacovigilancia. 
Cuarta observación: existe un aspecto especialmente deficiente en la actual propuesta de directiva y es que la misma prevé dos procedimientos: el primero de autorización, el segundo de notificación. 
Tras largas valoraciones se ha considerado indispensable lograr una armonización que prevea un solo procedimiento, y la Comisión de Medio Ambiente se ha expresado en este sentido a la hora de votar las enmiendas. 
De hecho, sería oportuno que junto con la solicitud de autorización enviada al comité ético se previera la notificación a las autoridades competentes, que tendrían un plazo de 30 días para, en su caso, formular objeciones. 
Con este procedimiento, los pacientes estarán doblemente protegidos- comité ético más posibilidad de intervención de las autoridades competentes- y se fijarían plazos claros y breves, ya que, hoy por hoy, los plazos representan el punto más crítico de los ensayos clínicos en Europa. 
El compromiso es común para todos: armonizar, o sea, establecer un procedimiento único basado en el sistema de notificación. 
Dicho procedimiento garantizaría: a) la protección rigurosa del paciente, ya que deben respetarse las normas de buenas prácticas clínicas, debe recabarse el dictamen favorable del comité ético y los Estados miembros tienen la posibilidad de intervenir en el plazo de 30 días previsto para, en su caso, formular objeciones motivadas; b) la certeza de los plazos de inicio de los ensayos; c) procedimientos únicos en todos los Estados miembros. 
En conclusión, el cometido del Parlamento Europeo rebasa la cuestión de por sí importante del mercado interno y de la competencia y adquiere una dimensión humana que nos compromete a todos muy especialmente. 
Lo deseable sería lograr con la fuerza de la democracia manifestada por el Parlamento Europeo incitar a la Comisión y al Consejo a establecer normas precisas e iguales para todos los países de la Comunidad. 
Las enmiendas 29 y 30 se han vuelto a presentar para garantizar los ensayos también a esos centros que están trabajando en la investigación sin ánimo de registrar medicamentos.La enmienda 14, en mi opinión, debe someterse a votación después de la 31 que es más completa y que, en caso de ser aprobada, haría decaer la 14. 
La enmienda 35 debe someterse a votación antes de la 16, ya que, en caso de ser aprobada, suprimiría el último apartado de la enmienda 16 y toda la 17. 
Muchas gracias, señor Amadeo. 
Habida cuenta de que al principio de su intervención ha tenido la amabilidad de agradecer a todos los Grupos la posibilidad de elaborar este informe, al final le he permitido hacer tres o cuatro aclaraciones y no sólo una. 
Señor Presidente, estimados colegas, la armonización de estas normativas ha de hacerse en dos direcciones principales. 
En primer lugar, es preciso lograr que se asegure la protección del paciente, lo cual constituye el principal objetivo de la buena práctica clínica. 
A este respecto, en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía nos hemos pronunciado a favor de que por experimentador, según el tenor literal de la directiva, por investigador ha de entenderse inequívocamente un médico y no, como ha propuesto la Comisión, una persona responsable. 
Una mejor protección del paciente implica también asegurar que los recursos destinados a la experimentación farmacéutica no se dilapiden en experimentos superados o que se hayan realizado ya en otro lugar. 
El cumplimiento de los estándares establecidos mediante la buena práctica clínica crea las condiciones para que cese semejante duplicación de los ensayos. 
En segundo lugar: no debemos perder de vista los intereses de la industria farmacéutica que realiza los ensayos clínicos. 
Estos ensayos constituyen el requisito imprescindible para poder sacar al mercado nuevos medicamentos. 
La capacidad de innovación de la industria farmacéutica en gran manera de la eficacia de los procedimientos administrativos que han de ser cumplidos para la realización de los ensayos. 
Para lograr una simplificación de los procedimientos administrativos, la Comisión ha dado un importante paso, instando a las autoridades competentes para la autorización a que decidan en el plazo de 30 días si se debe llevar a cabo o no un ensayo clínico. 
Efectivamente, en algunos Estados miembros- como, por ejemplo, en Alemania- se va visto ya que es absolutamente posible adoptar dentro de este período una decisión administrativa adecuada. 
Cabe lograr también otra simplificación, abriendo la posibilidad de decidir acerca de determinados ensayos clínicos a través de un mero procedimiento de notificación. 
Por lo demás, es importante que con la directiva se alcance una armonización conforme a las directrices de la conferencia internacional de armonización, pues los ensayos clínicos que se realicen en Europa no tienen por qué estar sometidos a exigencias más estrictas que los que se realizan en el resto del mundo. 
Sin embargo, por otro lado, deben satisfacer las exigencias internacionales vigentes en este ámbito. 
Éstas han sido nuestras propuestas y quiero dar las gracias al Sr. Amadeo por su informe. 
Señor Presidente, quiero acoger con beneplácito la propuesta de la Comisión esta noche y reconocer la labor hecha por el Sr. Amadeo al preparar un informe muy bien elaborado. 
Ha sido muy cortés para con los demás Grupos esta noche y todos podemos decir que agradecemos el tiempo que se ha tomado y las diligentes gestiones que ha hecho para lograr una transacción en ciertos sectores particularmente difíciles de este informe. 
Quisiera subrayar que la legislación europea sobre los ensayos clínicos debe ajustarse a las directrices internacionales establecidas en la Conferencia Internacional de Armonización relativa a los procedimientos clínicos idóneos. 
Es algo que se debe incluir en la directiva para velar por la armonización. 
Se trata de un informe muy importante encaminado a reducir la cantidad de trámites burocráticos que requiere la realización y el procedimiento de solicitud de ensayos clínicos sin por ello dejar de velar por que la salud, la seguridad y la confidencialidad de los sujetos de ensayos clínicos reciban la máxima prioridad. 
La utilización de escalas temporales del procedimiento de solicitud ha demostrado ser un factor problemático en el debate sobre esta cuestión y ha sido motivo de cierta preocupación en particular entre las industrias farmacéuticas. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor lo hemos examinado con mayor detenimiento y resulta motivo de particular preocupación en el caso de ensayos hechos en diversos centros en los que los procedimientos administrativos pueden provocar grandes retrasos y confusión incluso antes del comienzo del ensayo. 
Así, pues, en este informe se ha logrado cierta racionalización para velar por que los ensayos hechos en diversos centros, en particular los que abarquen diversos Estados miembros de la UE, utilicen la misma información y los mismos productos de la máxima calidad. 
En comisión acordamos que se debía examinar muy detenidamente el procedimiento para solicitar la realización de un ensayo clínico. 
Actualmente las compañías o los investigadores pueden iniciar un ensayo clínico sin estar obligados a notificarlo. 
Entre los sistemas de autorización y de notificación preferimos el de notificación, porque con él, cuando se presenta una solicitud al Comité de Ética, se ha de notificar a la autoridad reglamentadora y el investigador puede iniciar el ensayo, con lo que se reduce la burocracia al mínimo. 
Además, el Comité de Ética tendría la posibilidad de plantear sus preocupaciones y el investigador tendría que disiparlas. 
También acojo con beneplácito las opiniones del ponente sobre el papel de los comités de ética y convengo en que la seguridad y la dignidad de los pacientes debe seguir siendo la prioridad máxima. 
La introducción de comités de ética con arreglo a la legislación de la UE va encaminada a garantizar la seguridad de los sujetos de esos ensayos. 
Cuando se reduce el papeleo y se garantiza la seguridad de los sujetos de los ensayos, en particular mediante la participación de los comités de ética, los ciudadanos de la UE pueden beneficiarse de nuevos medicamentos y descubrimientos apasionantes y de productos medicinales innovadores resultantes de ensayos clínicos realizados eficientemente y con más celeridad que hasta ahora. 
Por último, agradezco al ponente el compromiso que ha demostrado al redactar un informe muy apropiado y espero con interés una respuesta positiva de la Comisión. 
Señor Presidente, creemos que la propuesta de la Comisión es una buena propuesta que podemos aceptar y apoyar. 
No obstante, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, en la que hemos trabajado de forma bastante conjuntada todos los grupos políticos, se han presentado bastantes enmiendas. 
Expreso mi apoyo a la declaración del colega Needle, que demuestra que el trabajo en comisión ha sido fructífero y que nos presentamos ante el Pleno con una posición ampliamente aceptada. 
A pesar de ello, en comisión se aprobaron demasiadas enmiendas- como ocurre últimamente con frecuencia- y algunas de estas enmiendas no son totalmente concordantes e incluso las posibilidades de engarzarlas en un texto coherente no son muchas. 
De ahí que haya tenido que repetir la enmienda 31, que no cambia lo que se aprobó en comisión pero facilita el entendimiento y la seguridad jurídica de la redacción. 
Por otro lado, de cara al sector y a los propios pacientes, creo que hay que repetir aquí, en este Pleno del Parlamento, que se facilitarán los trabajos y que los ensayos quedarán armonizados con un sistema bastante eficaz cuyos elementos son la simple comunicación del inicio del ensayo clínico, un plazo de treinta días y un sólo comité ético. 
Se ganará en rapidez y también en seguridad jurídica y, por último, quedan suficientemente salvaguardados los derechos fundamentales de las personas, un tema que nos ha preocupado a todos desde el principio. 
Asimismo, la propuesta asegura un texto concordante con las normas internacionales, que era otro de los objetivos que hemos perseguido. 
Señor Presidente, también me gustaría felicitar al señor ponente por el trabajo que ha realizado en la comisión y me agrada ver la amplia adhesión que la propuesta ha recibido. 
La propuesta codifica la Declaración de Helsinki, al mismo tiempo que los Estados miembros siguen avanzando en la consolidación de la seguridad de los pacientes, como lo hacen también las enmiendas de la comisión. 
Hay tres planteamientos centrales que puedan ser motivo de controversia. 
En primer lugar, está la cuestión de si los Estados miembros deben autorizar un ensayo clínico si el comité ético ha dado su aprobación o si en ciertos casos pueden negar la autorización. 
En segundo lugar, está la cuestión de si la autorización se obtiene automáticamente al solicitarla y no recibir respuesta o si se debe informar antes de iniciar las pruebas clínicas a pesar de no tener noticias de la autoridad oficial. 
En tercer lugar, están los plazos dentro de los que el comité ético deberá trabajar. 
Quiero decir que el Grupo Liberal apoya la línea general de las enmiendas, mientras que yo misma mantengo ligeras reservas en los tres puntos anteriormente mencionados. 
Considero tremendamente importante insistir en que los Estados miembros pueden rechazar una solicitud aunque el comité ético haya dado su visto bueno. 
En realidad, no lo considero un problema práctico importante, puesto que sería raro que el comité ético actuara al margen de intereses políticos. 
En lo que se refiere a la cuestión de si las pruebas se pueden iniciar automáticamente o si antes hay que informar o tener una autorización positiva, quiero subrayar la importancia de esta cuestión, en mi opinión, a la hora de garantizar la seguridad de los pacientes. 
No estoy de acuerdo con las enmiendas presentadas sobre los plazos. 
Las experiencias de comités éticos existentes demuestran que las consideraciones y decisiones éticas llevan tiempo y por ello no se debe dar un plazo demasiado corto para el trabajo de un comité ético. 
Señor Presidente, queridos colegas, las normas relativas a la conducta de ensayos terapéuticos ya se vienen aplicando a los ensayos denominados multicéntricos, es decir, aquellos ensayos que aplican el mismo protocolo en 50 o 60 centros de investigación, garantizando así la contratación de entre 2.000 y 3.000 pacientes por un importe de 300 a 500 millones de ecus para un único ensayo. 
O sea, los retos humanos, sociales y económicos de estos ensayos, destinados a poner a punto medicamentos nuevos, mejor enfocados y, por lo tanto, más eficaces y que sean mejor tolerados por los enfermos. 
Independientemente de la notificación del ensayo a las autoridades locales competentes, o del recurso a un procedimiento centralizado ante la Agencia Europea para la evaluación de medicamentos, debe respetarse toda una serie de normas que han sido objeto de enmiendas en comisión. 
Dichas enmiendas, apoyadas por nuestro Grupo UPE, persiguen objetivos diversos. En primer lugar, garantizar la información completa y objetiva de los pacientes que son susceptibles de participar en el ensayo. 
En segundo lugar, obtener su consentimiento pleno, mediante documento escrito, firmado y fechado y, por consiguiente, adoptar las disposiciones necesarias para las personas con discapacidades psíquicas. 
En tercer lugar, recabar la opinión de comités de ética pluridisciplinarios e independientes, es decir, compuestos por médicos y personal sanitario distintos de los que participan directamente en el ensayo terapéutico. 
En cuarto lugar, imponer a los Estados miembros la adopción de las medidas necesarias respecto a las buenas prácticas de fabricación con el fin de garantizar la calidad y la seguridad de los medicamentos. 
En quinto lugar, exigir a los países terceros que exportan a la Unión Europea que aporten pruebas de control de calidad y de la aprobación lote por lote, que permita una rastreabilidad eficaz en caso de incidente. 
Todo acontecimiento indeseable grave que aparezca en el territorio del Estado miembro en el que se haya practicado el ensayo debe evidentemente ser señalado. 
Por último, el investigador deberá ser un médico diplomado, que asuma la responsabilidad del ensayo y, por tanto, que sea competente para evaluar su buen desarrollo y las consecuencias sobre los pacientes que se presten voluntariamente al estudio. 
Estamos a favor de la propuesta de directiva según enmienda. 
Se trata de establecer un marco destinado a promover una investigación terapéutica eficiente al servicio del enfermo. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Amadeo es excepcionalmente interesante, además mejora en determinados puntos con algunas de las enmiendas. 
Sin embargo, creo que haría falta que hubiera más crítica en la propuesta de la Comisión sobre las insuficiencias, las omisiones que hay, y que nosotros fuéramos más atrevidos en propuestas sobre medidas más concretas y más avanzadas de realización de controles, de controles tanto de prevención como de represión, y también en las propuestas sobre sanciones, donde y cuando se descubra intención criminal en aras de la búsqueda del beneficio por parte de los poderosos complejos multinacionales del medicamento. 
Porque estos complejos, señor Presidente, al estar mezclados también con otros intereses- incluso intereses políticos, todos lo sabemos- utilizan, explotan de la forma más irresponsable a una serie de personas, por ejemplo a enfermos de enfermedades incurables, a personas que están recluidas en distintos centros psiquiátricos o en otras instituciones semejantes por enfermedades mentales o a personas que están privadas de sus libertades- estoy hablando de los presos que se convierten, en contra de su voluntad, en animales de experimentación para probar clínicamente nuevos medicamentos. 
Y, por supuesto, debemos proteger a estas personas, pero no debemos olvidar que para protegerlas no basta con hacer declaraciones sino que hay que tomar determinadas medidas que, desgraciadamente, no incluye la propuesta de la Comisión. 
Desgraciadamente, el informe del Sr. Amadeo, a pesar de las enmiendas, no llega a criticar ni a rellenar estos huecos. 
Señor Presidente, me asombra que en algún punto del informe se prevean indemnizaciones o remuneraciones; remuneraciones para todos los sujetos de ensayo, indemnizaciones para cuantos sufran lesiones en su salud mental o física por el ensayo clínico de nuevos medicamentos. 
Es decir, el cuerpo humano, el alma humana se convierten en una mercancía. 
Aquí vemos que predomina la ley, el tabú de la libre competencia, del derecho de la propiedad industrial, vemos que predomina la opacidad en los programas, en las investigaciones, en las financiaciones. 
Motivados por este informe debemos superar esto, para que el ensayo clínico de nuevos medicamentos sea benéfico para la salud humana... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Señor Presidente, estimados colegas, todos estamos de acuerdo en que ha de garantizarse la protección del paciente, y muchos han hablado aquí de un alto nivel de protección; sin embargo, también yo echo de menos aquí una concreción mucho mayor acerca de las características que ha de tener este nivel de protección para las pacientes y para los pacientes. 
Yo también mantengo que debemos definir este alto nivel de protección. 
A este respecto, no me basta con que digamos: precisamente en el caso de las personas que no tienen capacidad para dar su consentimiento ha de ser otra persona la que dé el consentimiento. 
No. 
Por esta razón hemos presentado una enmienda que prevé claramente que en las personas carentes de capacidad para dar su consentimiento no debe practicarse ninguna investigación que no comporte una utilidad directa. 
Esto es muy decisivo pues, entonces ¿qué significa esto en caso contrario? 
Si no apoyamos aquí esta enmienda, significará de facto que cualquiera, simplemente, podrá dar el consentimiento en nombre de estas personas carentes de capacidad de dar su consentimiento y podrá hacerse investigación en estas personas sin provecho alguno. 
En este caso estamos estaremos ente cobayas que son personas a las que hay asegurar un alto grado de protección. 
Creo que tampoco hemos de olvidar aquí que corremos el peligro de abrir la puerta a la eugenesia si no aseguramos que haya un nivel directo de protección. 
Precisamente el pasado ha demostrado que no debe practicarse investigación alguna en personas deficientes mentales que no están en condiciones de dar su consentimiento no debe practicarse investigación alguna que no implique una utilidad directa. 
Por esta razón pido con toda insistencia que se apoye esta enmienda del Grupo de Los Verdes, para que se garantice esto. 
Insisto especialmente en esto una vez más de manera expresa sobre el trasfondo de que en este Parlamento también se ha discutido acaloradamente acerca de la Convención sobre Bioética, así como también en muchos grupos sociales. 
El Gobierno Federal alemán no ha suscrito esta Convención sobre Bioética, precisamente por estas razones que he mencionado. 
Por consiguiente nuestra suprema tarea debe ser no suscribir una directiva que no garantice que esta protección se brindará especialmente a las personas carentes de capacidad de dar sus consentimiento. 
En consecuencia, les pido su conformidad para nuestra enmienda que manifiesta claramente que aquí sólo puede practicarse la investigación que implique una utilidad directa y que todo lo demás queda excluido. 
Señor Presidente, de todos es sabido que las normas relativas a la ejecución de ensayos clínicos en la Unión Europea y en el nivel internacional están codificadas desde 1990 en las directivas sobre procedimientos clínicos idóneos y que la mundialización de la industria farmacéutica ha propiciado necesariamente la armonización en el nivel internacional de las normas consagradas en la Conferencia Internacional de Armonización. 
Ahora bien, los Estados miembros disponen de medidas legislativas o administrativas diferentes, lo que provoca retrasos importantes en el lanzamiento de los ensayos clínicos, que, necesariamente se reflejarán en el retraso de la obtención de los beneficios que esa innovación pueda acarrear en su momento para el tratamiento de los enfermos. 
A eso se debe la necesidad de que se avance decididamente- y sin perjuicio del principio de subsidiariedad- hacia una racionalización y armonización en lo referente a los ensayos clínicos. 
Con todo, si bien se debe apoyar y estimular la investigación científica, hay que garantizar la protección de los participantes en dichos ensayos, a fin de que se respeten los derechos y la dignidad del ser humano. 
Eso explica la importancia de los comités de ética, que deberían ser transparentes e independientes. 
La existencia de un Comité Nacional de Ética, que coordinaría los comités regionales y locales, permitiría la existencia de un dictamen único por Estado miembro, sin que por ello dejara de salvaguardarse la independencia de los comités locales para aceptar o rechazar el ensayo. 
En todos los centros en los que se realicen ensayos clínicos habrá de existir obligatoriamente un comité de ética, cuyo dictamen sea vinculante. 
En su formulación participarán, además de los médicos que no participen en esos ensayos, enfermeros y otros profesionales de salud, así como personal no médico, a fin de garantizar la protección de los enfermos y el bienestar de las personas que participen en el ensayo. 
El investigador, médico o no- y en este último caso deberá haber la garantía de una vigilancia médica -, deberá, sin excepción, obtener el consentimiento informado de todos los participantes en el ensayo o de sus tutores y garantizar su confidencialidad. 
De ese modo, se promueve la investigación y se salvaguarda el interés de los enfermos y de la industria farmacéutica. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, yo también quiero dar las gracias al ponente. 
En la actualidad, dos terceras partes de todas las enfermedades carecen de tratamiento o de un tratamiento suficiente. 
Parte de éstas son enfermedades muy crueles que con frecuencia conducen a la muerte. 
De aquí se sigue la necesidad de la investigación médica y, en especial, de la investigación en el ámbito de los medicamentos. 
La directiva que es objeto del debate puede ayudar a mejorar la investigación clínica en Europa. 
En especial, la armonización de los procedimientos ofrece la posibilidad de evitar la duplicación de los trabajos. 
Sin embargo, debemos garantizar totalmente en cada caso la protección de los sujetos de la experimentación. 
Una atención especial debe merecer la protección de las personas que no tengan capacidad de dar su consentimiento, por ejemplo los niños o las personas con minusvalías psíquicas. 
La propuesta de la Comisión no adopta una posición suficiente al respecto. 
Más bien, hace referencia a la Convención del Consejo de Europa sobre derechos humanos y biomedicina. 
Sin embargo, esta convención es discutible y algunos Estados miembros no han decidido todavía si deben ratificarla o no. 
La Comisión Europea- señor Comisario Liikanen, difunda esto, por favor- debería cesar de incluir esta convención en los documentos jurídicos de la Unión Europea, por ejemplo, bajo el lema de «no necesitamos ocuparnos de las cuestiones éticas, pues lo ha hecho ya el Consejo de Europa». 
Necesitamos disposiciones muy estrictas sobre la protección de las personas que no tienen capacidad de dar su consentimiento. 
En ningún caso han de ser objeto de abuso como cobayas los niños o las personas con discapacidades psíquicas. 
No obstante, no quisiera dejar así las afirmaciones del Sr. Efremidis, pues creo que la abrumadora mayoría de los responsables en la industria y en las instituciones clínicas no tienen un comportamiento abusivo, sino que respetan las normas relativas a la protección de las personas que son sujetos de la experimentación. 
Sin embargo, hemos de establecer también claramente estas normas en el marco de esta directiva. 
No estoy de acuerdo con la enmienda del Grupo de «Los Verdes en el Parlamento Europeo» en el sentido de excluir completamente de la investigación a las personas que carezcan de capacidad de dar su consentimiento, pues de esta manera paralizaríamos precisamente la investigación de las enfermedades infantiles. 
Algunas enfermedades infantiles no se presentan en los adultos y, por esta razón, tampoco se pueden realizar completamente en los adultos los estudios pertinentes. 
Por consiguiente, necesitamos normas estrictas, pero no una prohibición total. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo yo también quiero dar las gracias al Sr. Amadeo por el excelente trabajo realizado, así como por la insólita y gran apertura, por la colaboración de todos los colegas de la comisión, por todas las enmiendas que ha admitido y por la colaboración que ha aceptado. 
Esta propuesta de directiva reviste especial importancia por el delicado sector que pretende regular. 
La misma se propone homogeneizar los estándares de realización de ensayos clínicos de nuevos medicamentos con seres humanos. 
Desde 1990 existe una guía de buenas prácticas clínicas, sin embargo, como es sabido, no es obligatoria. En consecuencia, son necesarias normas nacionales armonizadas. 
Es oportuno, por tanto, prever un solo procedimiento que, hoy por hoy, difiere de uno a otro Estado. 
Nosotros hemos optado por la notificación en vez de la autorización y se ha explicado el porqué. 
No obstante, lo más importante es proteger la salud de los sujetos que se someten a ensayos. 
A dicho fin, una enmienda que presenté y que fue aceptada por unanimidad por los colegas de la Comisión de Medio Ambiente, prevé una definición explícita de consentimiento informado: antes de participar en un ensayo clínico, el sujeto del ensayo debe recibir toda clase de información acerca del ensayo de forma fácilmente comprensible y su consentimiento debe prestarse por escrito. 
Un papel especialmente importante de cara a la protección de los sujetos de ensayo es el que desempeñan los comités éticos; serán estos últimos los que evaluarán la pertinencia del ensayo, el protocolo correspondiente, la aptitud de los investigadores y de las instalaciones disponibles. 
Los comités éticos valorarán la exactitud y la claridad de la información escrita. 
La información acerca de los posibles riesgos deberá notificarse de inmediato al patrocinador y al comité ético. 
En definitiva, de esta forma lograremos la total seguridad del ensayo. 
Asimismo existirá una cooperación entre los Estados en beneficio de la investigación de la industria farmacéutica europea y, por ende, de la salud de los ciudadanos que serán tratados de inmediato con los nuevos productos. 
Señor Presidente, señoras y señores, en coincidencia con nuestro colega, el Sr. Liese, quisiera destacar que a pesar de los indiscutibles esfuerzos por curar las enfermedades mediante el empleo de medicamentos, todavía no es posible hoy una tratamiento exitoso para cerca de 20.000 enfermedades. 
Por consiguiente, es imprescindible que en el futuro haya nuevos medicamentos que sean eficaces y más seguros. 
En la investigación y desarrollo de los medicamentos es de gran importancia el ensayo clínico, es decir, la constatación del efecto potencial de un medicamento en los seres humanos. 
Diversos colegas se han referido ya a la cooperación internacional. 
Consideramos urgentemente necesario que no solamente desarrollemos puntos comunes europeos, sino que establezcamos también acuerdos internacionales. 
Por esta razón he presentado con el Sr. Valverde tres enmiendas que pretenden destacar esto. 
A este respecto también es muy importante que entre todas las exigencias de seguridad se trate también- ya se ha mencionadola seguridad de las personas, en especial la protección de los niños y de las personas con limitaciones en su capacidad de obrar. 
Nuestro Grupo quiere conseguir que a la hora de la realización de un ensayo clínico las personas reciban una protección total, que el avance terapéutico esté permanentemente a disposición de todos los pacientes, pero también que en Europa se hagan posibles y se mantengan unas condiciones marco fiables, favorables a la innovación, para la investigación, el desarrollo y la producción de medicamentos innovadores. 
Nuestro colega, el Sr. Amadeo, ha realizado un trabajo muy valioso de cara a estos objetivos y nosotros podemos apoyar en lo sustancial su informe. 
Señor Presidente, de los productos farmacéuticos exigimos las características de la calidad, la seguridad y la efectividad. 
Las informaciones más importantes sobre estas características las recibimos de los ensayos clínicos en los humanos. 
Creo que está clarísimo para todos nosotros que estos ensayos clínicos deben llevarse a cabo con normas férreas e inviolables que consigan la protección de la integridad física y psicológica de las personas que se someten a estos ensayos y que también sellen herméticamente la inviolabilidad de su intimidad en la mayor medida posible. 
La mayoría de las enmiendas que se someten a votación en el Parlamento Europeo fomentan aún más el texto de la Comisión Europea en cuanto a la protección, permítaseme la expresión, del hombre-animal de experimentación, de los ensayos clínicos con disposiciones detalladas, que prevén desde su completa información sobre los ensayos clínicos y su consentimiento escrito hasta la prestación de compensaciones y la indemnización en caso de lesión o muerte. 
Quiero creer que la Comisión Europea va a aceptar todas estas enmiendas. 
No debemos olvidar cuánto debemos a los voluntarios que se someten a los ensayos clínicos, porque gracias a ellos tiene lugar la apreciación definitiva, principalmente la de la seguridad y de la efectividad de un medicamento, así como el registro de sus posibles efectos secundarios. De esta forma, la sociedad humana se benefició en el pasado, se beneficia en el presente y se beneficiará en el futuro con valiosos medicamentos guardianes de la salud humana, y también instrumentos para su restablecimiento cuando ésta se transtorne. 
Finalmente, señor Presidente, se entiende que, si realmente queremos salvaguardar los ensayos clínicos y también la correcta competencia en la producción y comercialización de los medicamentos, las normas de esta directiva deben aplicarse firmemente en todos los Estados miembros. 
Desearía felicitar ahora al ponente Sr. Amadeo, quien ha mostrado una excepcional disposición para cooperar con la Comisión del Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Señor Presidente, el Parlamento ha presentado en total una treintena de enmiendas a la propuesta de directiva. 
La Comisión acepta la mitad de ellas, ya que, o bien complementan de manera favorable la propuesta original de la Comisión, o bien la simplifican. 
La Comisión acepta sin reservas siete enmiendas. 
Además de estas siete enmiendas, es posible aprobar sin problemas, previa ligera modificación de su texto, ocho enmiendas más. 
La Comisión acepta las enmiendas 1 y 6, los apartados 1, 2 y 4 de la enmienda n- 10, y las enmiendas 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 27. 
En su propuesta de modificación, la Comisión toma en consideración los siguientes aspectos: 
La Comisión tiene previsto incluir en su propuesta de modificación las enmiendas 1 y 6, así como los apartados 1, 2 y 4 de la enmienda n- 10. 
Estas enmiendas permiten una mayor protección de los participantes en los ensayos clínicos, exigiendo de manera especial un consentimiento basado en el conocimiento de causa, así como la protección del paciente que se recoge en la enmienda 19. 
La Comisión se muestra de acuerdo con las comisiones competentes del Parlamento en el sentido de que, además de las tareas encaminadas a fomentar los ensayos clínicos, se debe potenciar también la situación del comité ético como receptor de determinadas informaciones, principalmente por lo que respecta a las medidas de seguridad médica durante la realización de los ensayos, puesto que, como bien se sabe, una investigación puede llegar a durar de cinco a diez años. 
Esta aclaración se refiere a las enmiendas 21, 22 y 27. 
La modificación más notable que han presentado las comisiones competentes del Parlamento hace referencia a la supresión del procedimiento opcional para el inicio de un ensayo clínico. 
La propuesta original de la Comisión recogía como alternativas o bien la notificación a las autoridades competentes, que es un procedimiento judicial común, o bien un permiso oficial concedido por la autoridad competente, alternativa ésta que se presentó para dejar de manifiesto situaciones específicas o muy excepcionales. 
Las comisiones competentes del Parlamento apoyan exclusivamente el procedimiento de notificación, tal como se expresa en las enmiendas 13, 14, 15 y 18. 
La Comisión adopta también esta postura y modifica su propuesta original con arreglo a la misma. 
Además, el objetivo de las enmiendas 23 y 24 es aclarar y precisar las disposiciones relativas a una buena práctica para la fabricación de los medicamentos utilizados en los ensayos clínicos. 
La Comisión no acepta aquellas enmiendas que no aporten una mayor claridad a un texto original, ya de por sí, bastante complejo. 
Esta circunstancia afecta a las enmiendas 3, 8 y 9, a los apartados 1 y 2 de la enmienda n- 12, y a las enmiendas 16, 17, 20, 25 y 26. 
La Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas que modifiquen considerablemente el texto original o que se alejen demasiado de su espíritu o de su fundamento jurídico. 
Con esto me refiero a las enmiendas 4 y 7, al apartado 3 de la enmienda n- 10, y a las enmiendas 11 y 20, así como a las enmiendas 28 y 36, que reiteran enmiendas inaceptables por parte de la Comisión. 
Desearía aún hacer hincapié en la satisfacción de la Comisión por la actitud constructiva que ha mostrado el ponente ante la presente propuesta, y confío en mantener una cooperación eficaz con el Parlamento Europeo a fin de lograr la aplicación del reglamento en un plazo relativamente breve. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.30 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, el fisco neerlandés no sólo grava la aportación del Parlamento a la pensión voluntaria, sino también el pago de las pensiones mismas. 
Agradezco a la Sra. Fontaine que haya protestado espontáneamente contra esto y al Sr. Rothley por haber presentado una enmienda para poner fin a este abuso de los Países Bajos. 
Desgraciadamente algunos neerlandeses ya han manifestado a través de su representante que están de acuerdo con esta regulación. 
Eso era lo que ayer quise ver reflejado en el Acta y le doy las gracias ahora de que conste. 
Señor Presidente, sólo quería decir que estuve presente ayer, pero por algún motivo inexplicable, mi nombre no aparece en la lista. 
Me gustaría que se corrigiera esta falta. 
Lo comprobaremos y se incluirá su nombre. 
Señor Presidente, ayer me sucedió lo mismo. 
Seguramente estaba tan concentrada en el informe Rothley y en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos que mi nombre tampoco aparece en la lista de asistencia. 
Pido que se corrija. 
Se comprobará también y se corregirá. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, hemos esperado con ansia para conseguir los calendarios de 1999 y estoy muy agradecido de que hayamos podido recogerlos ayer. 
Una de las fechas más importantes de 1999 son las elecciones para este Parlamento. 
Como usted sabe, mucho se ha hablado también en este Parlamento sobre los días en que esas elecciones podían tener lugar. 
Es por lo tanto una gran decepción para mí que haya tenido que constatar en este calendario, sin ser cierto, que sólo en tres países de la Unión Europea no se vota el domingo 13 de junio sino antes, y que no se menciona a mi propio país, los Países Bajos, entre ellos. 
Es completamente incierto que esas elecciones se celebren el domingo. 
Una de las buenas tradiciones de los Países Bajos es que esas elecciones tienen lugar a lo largo de la semana, e indebidamente los Países Bajos no están incluidos en el 10 de junio. 
Quisiera preguntarle cómo va a resolver este malentendido para evitar que la participación sea aún más baja. 
Como sabrá usted, la fecha de las elecciones no depende de que esté en las agendas del Parlamento sino de las autoridades de cada país, en un espacio de tiempo que está fijado y que se puede alterar por decisión del Consejo, pero no por decisión del Parlamento. 
Si en los Países Bajos se realizan en una fecha determinada es porque así lo deciden las autoridades de ese país, suponemos que en virtud del principio de subsidiariedad. 
Pero, naturalmente, no es el Parlamento el que fija las fechas de las elecciones ni puede cambiarlas. 
Señor Presidente, no se trata de eso. 
Las elecciones se celebrarán simplemente el 10 de junio. 
Ese no es el problema. 
Sólo que en la agenda está mal puesto. Eso debe ser corregido. 
Eso es lo que pide el Sr. Van Dam. 
Vamos a comprobar si ha habido un error por nuestra parte en la agenda. 
De todas maneras, tenga la seguridad de que en los Países Bajos no se celebrarán las elecciones según nuestra agenda sino según lo que hayan fijado sus autoridades. 
Decisión sobre la urgencia 
Tiene la palabra el Sr. von Wogau para dar la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, competente para el fondo. 
Señor Presidente, ya tratamos este asunto en otra ocasión. 
El problema al que se refiere la Comisión está planteado desde enero de este año. 
Sin embargo, no se nos remitieron los documentos hasta septiembre. 
Por lo tanto, yo no comprendo que la Comisión solicite por segunda vez la urgencia cuando hasta ahora se ha tomado tiempo sobrado para ocuparse del tema. 
El colega Langen está elaborando en estos momentos un informe al respecto, que se votará en la sesión de noviembre y, a continuación, se debatirá en el Pleno en diciembre. 
Someto a votación la solicitud de urgencia presentada. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas 
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas. 
Quiero dirigir un saludo a su Presidente, Sr. Friedmann, que, como otras veces, ha tenido la atención de venir a presentarlo ante nuestra Asamblea. 
Señor Friedmann, tiene la palabra. 
Tiene la palabra la Sra. Wemheuer. 
Señor Presidente, señor Presidente Friedmann, ya sabe usted que la política de personal de la Comisión ha sido uno de los cinco motivos por los que el Parlamento Europeo decidió aplazar la aprobación de la gestión de 1996 y todavía no la ha concedido. 
Lo menciono porque la política de personal influye en casi todos los demás ámbitos. 
Mi afirmación se apoya en el caso extremo de ECHO, donde se falsificaron contratos. 
Reconozco que se trata realmente de un caso extremo, pero temas como el de los minipresupuestos, la superación de los porcentajes del procedimiento Liikanen, que usted ha mencionado, la colusión de intereses se repiten continuamente, al igual que un excesivo traspaso de competencias a personal externo, con todas las consecuencias que esto acarrea en el aspecto financiero, pero también desde el punto de vista político. 
Ustedes manifiestan en el Informe sobre la seguridad nuclear que estas medidas llegan a poner en entredicho la credibilidad y la autoridad de la Comisión. 
Se trata, por lo tanto, de un campo muy amplio. 
Sin embargo, yo creo que el problema no afecta sólo a la política de personal, sino que en realidad también tiene repercusiones financieras. 
¿Podría resumirnos de nuevo su valoración de la política de personal de la Comisión, sobre la base de todos los informes especiales en los que se evalúa la situación? 
Y en segundo lugar, ¿podemos esperar que presenten un informe especial sobre esta cuestión o podríamos solicitarlo? 
Señor Presidente, señor Presidente Friedmann, yo quiero corresponder en primer lugar a sus expresiones de agradecimiento a la Comisión de Control Presupuestario y al Parlamento en general por la buena colaboración, y agradecérsela a mi vez a usted y al Tribunal. 
Hemos llegado a establecer relaciones muy intensas, que en realidad han ido estrechándose con los años, y yo creo que esto ayuda a iluminar la buena gestión financiera y presupuestaria y permite poner el dedo en la llaga, en caso necesario, cuando algo no funciona. 
La finalidad no es hacer aflorar escándalos o extenderse en sus detalles, sino sobre todo, como usted ha dejado claro, desarrollar también medidas preventivas como resultado de esos hechos. 
Lamentablemente, donde afluyen las subvenciones siempre existe asimismo la posibilidad de un fraude, por no decir que ésta es inherente al procedimiento. 
La presentación del Informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 1997 constituye el pistoletazo de salida para el inicio del procedimiento de aprobación de la gestión, que ahora vamos a comenzar. 
Merece la pena destacar, por dos motivos, que nos disponemos a iniciar un procedimiento de aprobación de la gestión cuando todavía no ha concluido el anterior, concretamente el correspondiente al ejercicio 1996. 
Debemos procurar no mezclar las cosas, pero es innegable que también existen puntos de coincidencia entre uno y otro. 
El segundo motivo es que durante este año ustedes han presentado un número considerablemente superior de informes específicos, de informes especiales para el ejercicio 1997 y que también se remontan al de 1996. 
Usted ha destacado que el informe anual empezaba a ser demasiado voluminoso y que se acumulaba todo en un solo momento y obligaba a examinar todos los aspectos a la vez, con lo cual siempre se escapaba naturalmente alguno. 
Nosotros también tendremos que organizar ahora nuestros trabajos en consonancia, ya que en la práctica podrían debatir dichos informes del Tribunal de Cuentas en el Pleno a lo largo de todo el año. 
No obstante, como esto en realidad no es posible, hemos decidido agrupar un poco los debates. 
Yo quiero apoyar, sin embargo, explícitamente lo que acaba de manifestar la Sra. Wemheuer. 
Su crítica obliga a preguntarse: ¿cómo debemos proceder en relación con la política de personal? 
Es una pregunta dirigida a la Comisión, pero también a la autoridad presupuestaria. 
¿Cómo vamos a proceder en el futuro en relación con la asignación de personal y la autorización de las plazas? 
Ustedes también tratan esta cuestión en su informe. 
Yo le agradezco muy especialmente que haya resaltado una vez más con toda claridad el tema de los ingresos propios. 
A la vista de la pérdida de ingresos, también en relación con los derechos aduaneros entre otras cosas- como pudimos constatar perfectamente en la comisión de investigación sobre el fraude en el procedimiento de tránsito -, tenemos que preguntarnos: ¿qué pérdidas está ocasionando la falta de coordinación? 
Nosotros nos proponemos seguir ocupándonos este tema y yo le ruego que ustedes también continúen prestándole atención. 
Finalmente, quisiera hacerle una última pregunta en relación con la presentación del informe anual. 
Usted ya sabe que nosotros desearíamos que se presentase antes. 
Una última observación dirigida al señor Liikanen. 
Ayer escuche muy atentamente lo que dijo sobre el programa MED. 
Siento tener que decirle que no me pareció demasiado esclarecedor y tampoco demasiado prometedor con vistas a la aprobación de la gestión de 1996. 
Tendremos que seguir discutiendo este tema. 
Señor Presidente, es un gran placer escuchar la presentación del informe del Presidente Friedmann, en esta ocasión, sobre el ejercicio 1997. 
Durante los próximos meses tendremos la oportunidad de tratar más a fondo sobre todos los detalles y, sinceramente, es importante observar que se han producido una serie de mejoras. 
En los pocos minutos de que dispongo, deseo centrarme en un aspecto fundamental que debería ser objeto de más atención en el futuro. 
El Presidente Friedmann, acertadamente, ha declarado que sobre los Estados miembros recae una enorme responsabilidad en materia de recursos y gastos. 
El cien por cien de los recursos procede de los Estados miembros. 
Como decía hace un momento, cuando la Comunidad cumple 40 años, las autoridades aduaneras de los Estados miembros siguen sin cooperar. 
También ha declarado que en el caso del IVA, los Estados miembros dejan de recaudar 70.000 millones- casi el importe total del presupuesto comunitario. 
Eso significa que los Estados miembros utilizan también el 80 % del gasto. 
Los diferentes casos a los que se ha referido- trigo fanfarrón, mantequilla de Nueva Zelanda, política ambiental- son todos ellos relativos a la falta de acción en este ámbito. 
Me complace oírle decir que ha mejorado la cooperación con los Tribunales de Cuentas nacionales. 
¿Podría el Tribunal de Cuentas celebrar acuerdos específicos con los Tribunales de Cuentas nacionales al objeto de que se encarguen también de realizar tareas en nombre del presupuesto de la Comunidad Europea? 
Sé que existen problemas constitucionales de todo tipo- sensibilidad, orgullo nacional y qué sé yo -, pero si las cifras que ha mencionado se acercan a la realidad, es intolerable que la Comunidad siga siendo el patito feo respecto a los Estados miembros. 
La percepción del público en general es que la Comunidad dilapida fondos, que la Unión Europea no cumple con su deber, ya se trate de la seguridad nuclear, el medio ambiente o la agricultura. 
Pero, lo cierto es que gran parte de la responsabilidad recae sobre los Estados miembros. 
Hago un llamamiento al Presidente aquí presente y al Comisario Liikanen para que expongan claramente al mundo exterior que sólo si los Estados miembros están dispuestos a superar ideas anticuadas sobre la soberanía nacional, podremos realmente avanzar de manera significativa en términos de medio ambiente, seguridad nuclear y lucha contra el fraude. 
Ésta es la cuestión principal. 
Me gustaría que el Presidente meditara sobre esta cuestión específica, porque será relevante para todo el año próximo, cuando trataremos sobre esta declaración de fiabilidad. 
Señor Presidente, me interesó mucho la parte del informe del Tribunal relativa a los recursos propios porque este debate se encuentra en el meollo de los problemas políticos que van a tratarse, o que ya están tratándose en el seno del Consejo Europeo sobre la futura financiación de la Unión. 
La constatación es aterradora: en efecto, el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que, desde el último control, las pérdidas de ingresos se han duplicado y alcanzan los 70 mil millones de ecus. 
Esta es una aproximación global. 
No obstante, nos interesaría mucho saber, señor Presidente del Tribunal, si el Tribunal tiene la posibilidad de responder a la siguiente pregunta: ¿la cuantía de 70 mil millones de ecus se reparte proporcional y equitativamente entre los distintos Estados miembros? 
Dicho de otro modo, ¿ciertos Estados miembros son más culpables que otros en la percepción de los recursos propios de la Unión Europea? 
Si este es el caso- como, por otra parte, yo lo creo- concibo, efectivamente, que este elemento sea políticamente difícil de comprobar, pero sería sumamente valioso para los diputados a la hora de evaluar los debates que tendrán lugar en el seno del Consejo, especialmente si ciertos Estados anteponen la noción de saldo neto. 
Señor Presidente, Señorías, yo quiero agradecer la presentación del informe del Tribunal de Cuentas. 
A mí me ha interesado especialmente el capítulo dedicado a la política exterior. 
Como ustedes saben, en la decisión por la que se aplaza la aprobación de la gestión de 1996 prestamos especial atención a los programas PHARE, TACIS y MEDA. 
He leído su nuevo informe, correspondiente a 1997, desde el punto de vista de las críticas que manifestamos en relación con los ejercicios de 1996 y 1995, y también de 1994, porque deseaba averiguar si existe una tendencia a mejorar la gestión de nuestros recursos en el ámbito de la política exterior. 
El nuevo informe de 1997 me confirma que a la Comisión al parecer sigue resultándole difícil traducir las dificultades ya descubiertas- lo digo con toda imparcialidad- en la gestión de los grandes programas PHARE, TACIS y MEDA en un modelo de actuación que nos permita afirmar que la situación mejorará efectivamente el año próximo. 
Por consiguiente, mi pregunta se dirige, como es lógico, sobre todo a la Comisión: ¿qué motivos tiene el Parlamento para confiar en que realmente se cumplirán las promesas de que el año próximo se procederá de manera más adecuada? 
Señor Presidente, no ha de sorprenderle que el Pleno no esté totalmente lleno y que quizás también las tribunas estén algo desguarnecidas de periodistas. Esto se debe a que, una vez más, hemos leído acerca de este informe mucho más en la prensa que lo que hemos escuchado hoy en este Pleno como si se tratara de una primicia. 
Por tanto, la primera reflexión que quiero hacer es que el Tribunal de Cuentas, respecto del cual tenemos filtraciones que con frecuencia ofrecen una imagen parcial de sus informes, podría prestar más atención a este aspecto que me parece importante si es verdad que es en este Pleno donde el informe debe hacerse público. 
Señor Presidente, usted ha hecho justamente muchas alusiones a la cuestión del personal y a ECHO, y está en su perfecto derecho. 
Nosotros examinamos su informe sobre ECHO, el Parlamento lo debatió y aprobó, al igual que aprobó el texto que usted presentó a principios de este año. 
Me parece que- si nuestras informaciones son correctas, aunque usted dice en su informe que la Comisión no proporciona recursos suficientes, la misma es el primer donante mundial- en su informe usted señala que el problema del personal externo es un problema con el cual nos confrontamos. 
En consecuencia, lo único que quiero manifestar- y espero que usted coincida conmigo también porque su vecino de mesa le podrá facilitar los últimos datos- que aquí no se trata de los submarinos de ECHO en cuestión, sino de una flota de U-boot que, en su caso, deberíamos- y quizás también el Tribunal debería- considerar en su conjunto. 
Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, el informe anual del ejercicio 1997 menciona la existencia de una auditoría relativa a una muestra de 100 proyectos de información y de comunicación puesta en práctica por la Comisión. 
Se ha anunciado un informe especial, el informe nº 23. 
Lo esperamos con impaciencia. Sin embargo, de todas formas el Tribunal formula algunas observaciones en relación con la línea presupuestaria B3-300. 
En una página, sólo una página, formula un determinado número de criticas relativas sobre todo a los objetivos imprecisos, o incluso a la ausencia de un sistema de seguimiento y evaluación adecuado para medir el impacto de los objetivos asimilados. 
Observa que algunos proyectos se han beneficiado de un apoyo financiero del presupuesto comunitario que no tiene ninguna relación demostrable con las acciones en materia de política de información. 
Ahora bien, nuestro Grupo no ha dejado, desde hace varios años, de denunciar la ausencia de transparencia, la falta de coherencia y de democracia de lo que la Unión Europea llama su «política de la información». 
Por ello, mi pregunta será la siguiente: ¿qué tipo de recomendación precisa puede dirigir el Tribunal a la Comisión para que ésta ponga fin a las desviaciones ideológicas características de las líneas B3-300 y B3-306? 
Más precisamente, ¿qué entiende exactamente el Tribunal por las fórmulas «igualdad de los beneficiarios finales» y «marco político y de planificación financiera para definir los objetivos generales de la política de información»? 
Estos son los propios términos empleados en el informe que sugieren modificaciones destinadas a acabar con estos disfuncionamientos. 
Señor Presidente, el Tribunal de Cuentas Europeo recuerda que en materia de acciones exteriores, la Unión Europea se ha convertido en uno de los donantes más importantes del mundo: 6 millones de ecus, cerca de 40 mil millones de francos. 
Ahora bien, su informe, Sr. Friedman, destaca graves insuficiencias, especialmente en los procedimientos de licitación, en la calidad de los contratistas y, por último, en el seguimiento de las acciones. 
¿No piensa usted que, en estas condiciones, se corre un gran riesgo- especialmente en algunos países, pienso en aquellos de la antigua Unión Soviética, por ejemplo- de que la ayuda comunitaria, lejos de ayudar a los pueblos, sólo sirva de hecho a desarrollar la corrupción y el poder de las mafias? 
En estas condiciones, ¿no sería razonable disminuir este tipo de ayuda, más nociva que eficaz, en espera de verdaderos procedimientos de control que garanticen la eficacia y la honradez de las ayudas comunitarias? 
Señor Presidente, doy la bienvenida al Sr. Friedmann y expreso mi agradecimiento a él y al Tribunal de Cuentas por su informe. 
¿Estaría de acuerdo conmigo, señor Friedmann, si le dijera que el informe anual y los informes especiales complementarios no confirman los titulares, bastante alarmantes, relativos al fraude por valor de 3.000 millones de libras? 
Estoy seguro de que comprenderá que centre el resto de mis observaciones en el tema de los ingresos del presupuesto. 
Lo primero que desearía decirle- y espero que lo acepte con el mismo espíritu que lo digo- es que no es responsabilidad del Tribunal de Cuentas desafiar el Acuerdo de Fontainebleu sobre la bonificación presupuestaria del Reino Unido. 
Cualquier modificación de la decisión sobre recursos propios exigirá la unanimidad en el Consejo entre las partes interesadas, y el Tribunal de Cuentas no será una de esas partes. 
En lo relativo al ámbito de los recursos propios del presupuesto, ¿estaría de acuerdo conmigo, señor Friedmann, en que se está dando una imagen extremadamente grave? 
En los recursos propios tradicionales vemos pruebas de la dificultad de recaudar y de la tendencia al fraude. 
Pero cuando observamos los valiosos análisis que se han realizado sobre la recaudación del IVA en los Estados miembros, encontramos esta alarmante cifra de la laguna que existe entre el rendimiento teórico del IVA y la recaudación real, que asciende a 70.000 millones de ecus al año. 
Eso no sólo afecta a los Estados miembros, sino también a los ingresos basados en el PNB y el IVA. 
Por último, es razonable afirmar- y espero que coincida conmigo, señor Friedmann- que no debería producirse ningún aumento importante de los recursos propios hasta que se recauden todos los ingresos y hasta que podamos estar seguros de que todos los ingresos no sólo se ajustan a la ley, sino que además son utilizados debida, eficaz y eficientemente. 
Señor Presidente, quisiera agradecer la presencia del Sr. Friedmann y también del resto de los miembros del Tribunal de Cuentas que se encuentran en la tribuna. 
Creo que de la importancia de los informes del Tribunal de Cuentas en la aprobación de la gestión es fiel testigo el proceso de aprobación de la gestión de 1996, que todavía no ha sido dada por este Parlamento. 
En cualquier caso, dicha aprobación de la gestión va a dar lugar a importantes instrumentos y armas a utilizar por este Parlamento en cuanto al control financiero de otras instituciones, particularmente de la Comisión, y en particular en lo que se refiere a poder pedir los documentos y la información que nos son necesarios. 
Yo quisiera plantearle, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, algunas observaciones y preguntas referidas al capítulo de los Fondos estructurales. 
Una crítica recurrente por parte de su Tribunal se refiere al alto número de irregularidades administrativas en los gastos estructurales. 
Hablan ustedes de que existe muy escasa coordinación entre los Estados miembros y el Tribunal que usted brillantemente preside. 
Ustedes esperan que en 1998 se presenten los primeros informes de los Estados miembros referentes a la aplicación del reglamento que unifica las disposiciones de control financiero de los Estados miembros en las operaciones cofinanciadas por los Fondos estructurales. 
¿Les han llegado ya esos informes? 
Y si es así, ¿qué evaluación pueden darnos de ellos? 
Por otra parte, llegan ustedes a unas conclusiones muy detalladas sobre el número y la composición de los errores sustantivos en los Fondos estructurales. 
Pero esto, al mismo tiempo, parece que entra en contradicción con lo que ustedes dicen de la escasa coordinación de los Estados miembros. 
Yo creo- y es una pregunta que le he hecho otros años- que es imposible llegar a estimaciones fiables si no tienen ustedes un procedimiento de coordinación muy bien establecido con las instituciones nacionales de control. 
Y por último, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, quisiera recordar que en esta última parte del período de programación es donde realmente se comprometen la mayor parte de los Fondos estructurales. 
Creo que de sus observaciones no se deduce esto que acabo de señalar y, tal vez, pudiera usted inducir a confusión a alguno de los espíritus más inocentes de esta Asamblea. 
Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, el Consejo de Edimburgo estableció una programación plurianual de los gastos hasta que expiraran las perspectivas financieras, al final del ejercicio de 1999. 
Después del examen del Tribunal de Cuentas, aún no se han gastado 70.000 millones de ecus. 
¿Cuál es la razón de ese atraso? 
¿Mala gestión de la Comisión? 
¿Mala voluntad de los Estados miembros, que, mediante los gastos con cargo a los Fondos estructurales, practican una política de- como dicen los franceses- juste retour? 
¿Cuáles son los Estados miembros a los que podemos calificar de malos alumnos? 
Considero que se debería respetar el Acuerdo de Edimburgo, porque el mantenimiento de las acciones estructurales permitidas por esos fondos son la clave del equilibrio del sur de Europa. 
Por último, una pregunta final: ¿se pueden utilizar aún o no esos 70.000 millones de ecus? 
Señor Presidente, en realidad debemos alegrarnos de que de los 850 millones de ecus de los fondos de PHARE y TACIS previstos para la seguridad nuclear sólo se hayan desembolsado 300 millones, puesto que un 80 % de este dinero se ha gastado de manera escandalosa en estudios sobre seguridad de dudoso valor y se han convertido en un montón de papel. 
Además, dichos estudios desaparecieron muy pronto en las carteras occidentales, sin ningún método, ninguna evaluación, ningún debate, sin que sus resultados se pusiesen en conocimiento de los países de la Europa oriental. 
Un dinero malgastado en definitiva, sin que hayamos obtenido a cambio ni un ápice más de seguridad. 
Este es el verdadero escándalo y a mí me gustaría saber qué se propone hacer la Comisión para acabar en adelante con esta manera de proceder. 
En segundo lugar, sólo un ejemplo de cómo se ha despilfarrado el dinero: con vistas a unas dudosas investigaciones, se elaboró un estudio, con un coste de 170.000 ecus, sobre la conservación del tigre siberiano. 
El estudio se completó en Italia, quedó abandonado en un cajón y luego se constató que sí, en efecto, el tigre se está extinguiendo. 
Y ahí acabó todo. 
Se podría haber dedicado ese dinero a otra cosa. La Comisión despilfarra así el dinero en estudios, sin que a continuación se haga nada. 
Por esto yo quisiera saber qué ocurrirá ahora con los 550 millones de ecus que todavía quedan disponibles para la seguridad nuclear y si se volverán a realizar estudios de dudoso valor, sin que luego se haga nada. 
Señor Presidente, ciertamente es sorprendente que el Presidente del Tribunal de Cuentas deba informar sobre la pérdida de millones por parte de la Comisión. 
La Comisión, al tiempo que permite que esto ocurra, adopta una actitud completamente diferente ante los productores de ganado porcino de Irlanda del Norte. 
Los afligidos productores de ganado porcino de aquella zona necesitaron un plan de ayuda financiera para deshacerse de los animales no deseados de sus granjas. 
Ahora la Comisión afirma que los agricultores deben devolver dichos fondos que se destinaron a evitar la crueldad con los animales. 
La Comisión permite que se pierdan millones, pero no tiene ninguna consideración con los que se encuentran en las circunstancias más desesperadas. 
Quisiera que hoy conste en Acta el llamamiento de aquellos de nosotros que pertenecemos a esta Asamblea y procedemos de Irlanda del Norte para que se ponga fin a la creciente desesperación de nuestros productores de ganado porcino. 
Algunos de los cuales se sentían tan desesperados que se han visto abocados al suicidio. 
Señor Presidente, cuando ayer recibí el informe anual del Tribunal de Cuentas, me puse a leerlo con gran interés. 
Como danés, me interesa naturalmente lo que diga sobre Dinamarca. 
He leído el informe un sinfín de veces durante la pasada noche sin encontrar nada sobre mi país. 
Me alegra que en Dinamarca tengamos nuestros asuntos en orden. 
Siempre es estupendo poder tomar esto como punto de partida. 
He constatado la aparición de varios informes especiales y me gustaría confesar que uno de ellos realmente me ha causado una honda impresión. Me refiero al informe sobre el que la prensa ha estado escribiendo las últimas dos semanas y que afecta a la seguridad en las centrales nucleares. 
Me gustaría pedirles al Sr. Friedmann, al Sr. Liikanen y a la Comisión que no sólo presten atención a las centrales nucleares de los países del este. 
Quizá también convendría echar un vistazo a la situación en Murmansk, donde tenemos varios centenares de submarinos que han sido desguazados, pero que aún conservan reactores activos y desde donde algunos de estos reactores han sido vertidos al mar de Barents. 
Creo que se nos debe un informe especial sobre este asunto. Además, en lugar de seguir hablando y contratando caros consultores y muchas otras cosas más, creo que nosotros mismos deberíamos contratar gente y envíarla allí e iniciar los procedimientos precisos. 
Naturalmente esto exige una colaboración con los Estados miembros. 
Sé que es difícil, pero estamos obligados a poner remedio a esta situación. 
La mayor bomba activada a la que hoy nos enfrentamos son las centrales nucleares y los submarinos diseminados a nuestro alrededor. 
Sí, tenemos que ocuparnos también de todos los demás pequeños fraudes que se cometen a nuestro alrededor, sin embargo, esta tarea no debe recibir la máxima prioridad. 
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Friedmann y al Tribunal de Cuentas por el éxito que ha vuelto a obtener su informe este año. 
Cuando anoche lo presentó en la Comisión de Control Presupuestario, la sala estaba llena- había gente subida a las ventanas y sentada sobre las mesas e incluso en el suelo. 
Naturalmente, los medios de comunicación estaban allí pendientes de la palabra que empieza con «f» , pero en el informe no se menciona fraude en ninguna parte. 
Me decepcionó en particular que la frase «errores substantivos que afectan a operaciones a que se refieren los pagos» apareciera en el mismo orden que en ejercicios anteriores. 
Me siento algo optimista por la adición a la intervención de esta mañana del Presidente Sr. Friedmann, cuando dijo que se habían producido algunas mejoras. 
Eso es lo que buscamos; mejoras. 
En el apartado 1.18 se hace referencia al informe sobre tránsito en el que instamos a los servicios aduaneros de la Comunidad que trabajen juntos como fueran uno solo. 
El vacío que existe entre ellos es el causante de esta cifra de aproximadamente 70.000 millones que pierden los Estados miembros al año, entre 35 y 40 veces la suma que se defrauda del presupuesto de la CE. 
Ojalá que los ministros de Finanzas tomen nota de esto. 
Me interesa el Capítulo 6 sobre administración. 
Gracias por los informes que hemos recibido de las agencias. 
Usted se ha referido en particular a Turín y al hecho de que en sus cuentas no aparezcan los 380 millones de ecus que ha utilizado la agencia con cargo a los programas PHARE y TACIS. 
Cabe esperar que el importe se encuentre escondido en alguna parte de las cuentas de la Comisión. 
En cuanto a los colegios, quisiera señalar que el hecho de que cuatro de los colegios tengan más alumnos externos que comunitarios plantea un problema. 
Me pregunto si deberíamos transferir parte de los fondos a los colegios abarrotados de otros lugares. 
Señora Presidenta, señor Presidente Friedmann, Señorías, en lo que se refiere a la UCLAF, usted ya manifestó la semana pasada en nuestra Conferencia Interparlamentaria y volvió a repetir ayer que considera problemática la creación de una institución adicional encargada de la lucha contra el fraude. 
Sin embargo, según las noticias que tenemos, este es exactamente el proyecto que está preparando ahora la Comisión. 
Lo que solicitó el Parlamento a principios de octubre, con una gran mayoría, no fue una institución adicional, sino la sustitución de la actual UCLAF por una Oficina de lucha contra el fraude con plena independencia operativa. 
Pero no como un satélite desgajado de las instituciones europeas. La solución externa no será válida mientras no contemos con una fiscalía europea. 
No, la OLAF debe continuar formando parte de la Comisión y todas las demás instituciones de la Unión deben participar en la misma. 
Mi pregunta, señor Presidente Friedmann, es la siguiente: ¿el Tribunal de Justicia podría estar interesado en participar en dicha oficina y aportar sus experiencias? 
¿El Tribunal de Justicia tiene formada ya alguna opinión al respecto? 
Señora Presidenta, mis observaciones se referirán a la planificación y la ejecución de las acciones en el ámbito de la ayuda exterior. 
En los últimos años se han ampliado continuamente las actividades comunitarias en este ámbito, tanto en lo que se refiere a su alcance político como a su volumen financiero. 
Ni uno ni otro aspecto, su volumen y su importancia, van a reducirse en los próximos años, sino que más bien cabe esperar que tras la ratificación del Tratado de Amsterdam ocurra todo lo contrario. 
Por consiguiente, resulta particularmente preocupante el contenido del informe anual del Tribunal de Cuentas, que señala considerables deficiencias en la gestión durante todas las fases de preparación, ejecución y seguimiento de las acciones por parte de la Comisión. 
La relación costes-resultados sigue siendo muy inferior a la que se podría conseguir y no está claro que las medidas de reestructuración en el marco de la Comisión, como por ejemplo la creación de un servicio común para toda la ayuda exterior y para ECHO, vayan a poder resolver todos estos problemas de gestión. 
La separación de todo el servicio, si bien permite mejorar, por un lado, la capacidad de gestión, también conduce, lamentablemente, por el otro lado, a un distanciamiento entre las secciones competentes en materia de política y de política económica y la ejecución de las políticas. 
Mi pregunta al Tribunal de Cuentas es la siguiente: ¿considera el Tribunal de Cuentas que la creación del servicio único RELEX supondrá una clara mejora o sería necesario contemplar otras soluciones totalmente distintas, sobre todo con vistas a las futuras tareas de la Unión en este ámbito? 
Señora Presidenta, yo agradezco sus numerosas y muy interesantes preguntas. 
Señora Wemheuer- y con ello respondo también a lo que acaba de exponer la Sra. Krehl -, usted se ha manifestado críticamente en relación con la política de personal. Por un lado, resulta sorprendente que los costes administrativos de la Unión Europea representen en conjunto alrededor del 5 % del Presupuesto, incluidos los costes de personal. 
Sin embargo, esto no indica gran cosa, puesto que la transposición de la política de la Unión Europea corresponde a las administraciones de los Estados miembros. 
Como usted sabe, señora Wemheuer, hace algún tiempo que ya expusimos el juicio muy crítico que nos merecían los minipresupuestos entonces vigentes. 
Afortunadamente, el Parlamento tomó cartas en el asunto y aclaró la situación autorizando a la Comisión una generosa creación de puestos permanentes. 
Sin embargo, ahora vemos que aun así se ha vuelto a dedicar entre tanto una proporción creciente de los fondos operativos a una política de personal descentralizada y sobre todo a la contratación de asesores y profesionales. 
En este sentido, yo comparto su malestar con respecto a la política de personal de la Comisión y consultaré con nuestro Colegio la posibilidad de que elaboremos un informe especial al respecto, el alcance del mismo y si podemos incluirlo en nuestra programación. 
Señora presidenta Theato, yo le agradezco sus palabras y comprendo que deseen recibir antes el Informe anual. 
El verdadero problema reside en el plazo necesario para el procedimiento de réplica, en el que no se contabiliza, además, el período de vacaciones de verano. 
Es necesario iniciar intensas conversaciones con la Comisión- ayer tratamos este asunto en la Comisión de Control Presupuestario- con objeto de aclarar las posibilidades de reducir este plazo y las modificaciones en el Reglamento presupuestario que esto requeriría. 
Señor diputado Brinkhorst, señor ponente Brinkhorst, usted valora la colaboración con el Tribunal de Cuentas por un motivo ya bien conocido. 
Hemos desarrollado un procedimiento definido: cuando nuestros inspectores regresan de los Estados miembros, redactamos una carta dirigida al sector, o sea, el sector de inspección competente escribe al Estado miembro y al Tribunal de Cuentas nacional para comunicarles los resultados. 
El Estado miembro puede responder entonces a nuestro escrito, si bien en la mayoría de los casos lo hace por intermedio del Tribunal de Cuentas nacional, y si en el plazo de dos meses no le damos respuesta, esto indica que en conjunto aceptamos sus aclaraciones. 
Es decir que, si todos los plazos se cumplen, podemos tomar en consideración los argumentos del sector inspeccionado en nuestro informe anual y en los informes especiales. 
Señor Pasty, usted se ha referido, al igual que varios de sus colegas, a los 70.000 millones de ingresos que se pierden en concepto del impuesto sobre el valor añadido. 
Esta cantidad es el resultado de las estimaciones correspondientes a nueve Estados miembros y representa el promedio anual para un período de cuatro años. 
En los cálculos tuvimos en cuenta las cantidades efectivamente recaudadas en concepto del impuesto sobre el valor añadido y comparamos este resultado con la cantidad que se obtendría a partir del cálculo del Producto Nacional Bruto. 
Esto nos permite estimar el importe no pagado. 
También sería posible realizar un cálculo individualizado, pero los primeros que no reciben dichos impuestos son, naturalmente, los Estados miembros y, como consecuencia directa, la Comunidad también deja de recibir una determinada proporción; esto es evidente. 
Para que quede clara la magnitud de que se trata, diré que los ingresos que pierden los Estados miembros en relación con la recaudación del impuesto sobre el valor añadido representan un volumen equivalente al Presupuesto de la Unión Europea. 
Señor Müller, en relación con la política exterior y respondiendo a la pregunta sobre si existe una tendencia a que mejore la situación, yo tengo que decirle sinceramente que no podemos dar por finalizada la alerta, pues si bien siempre nos anticipamos a señalar los problemas, no podemos decir en cambio si todo funciona de manera óptima en estos momentos. 
Señor Dell ' Alba, yo comprendo su irritación por las informaciones que han aparecido la prensa, pero tengo que recordarle dos cosas. 
Por una parte, muchas informaciones que publica la prensa son el resultado un análisis de los informes especiales ya difundidos oficialmente, aunque a veces puedan crear la impresión de que se trata de un anticipo del Informe anual. 
En cuanto a éste, yo no tengo noticia de ninguna publicación previa. 
Comprendo, sin embargo, su preocupación y el Tribunal de Cuentas en general considera que el Parlamento tiene derecho a ser informado en primer lugar. 
Señor Fabre-Aubrespy, usted se ha referido a la política de información. 
Consideramos que no es tarea nuestra censurar la información que la Comisión considera oportuno difundir, pero sin embargo insistimos en que las delegaciones, o quien sea, deben responder por las tareas que tienen encomendadas. 
Señor Le Gallou, usted plantea si no debería reducirse el montante de las ayudas, a la vista de la cantidad de dinero que, según usted dice, no llega a sus destinatarios y destinatarias en el marco de la ayuda humanitaria. 
Este es un tema político, pero a título personal yo quiera hacerle notar que si así se hiciera, seguramente los más pobres entre los pobres acabarían pagando por la deshonestidad de otros. 
Creo que este aspecto se debería tener en cuenta para adoptar una decisión. 
Lord Tomlinson, usted dice que en nuestro informe no se refleja el fraude de 3.000 millones que señala la prensa británica. 
Como ustedes saben, nosotros hablamos deliberadamente de irregularidades y yo quisiera aclarar- y en esto coincidimos todos- que el Informe del Tribunal de Cuentas Europeo no es un informe sobre el fraude; nosotros verificamos sobre todo que se cumplan los principios de legalidad, regularidad y buena gestión financiera y a ello se atiene el contenido del Informe. 
Yo comprendo que en su calidad de eurodiputado británico se remita en su intervención al Acuerdo de Fontainebleau. 
Tratamos este aspecto en nuestro informe especial relativo a los ingresos de la Comunidad procedentes de recursos propios. 
Consideramos que nuestra misión no es señalar a la política cómo debería configurarse una posible modificación de las contribuciones de los Estados miembros. 
No obstante, recordamos lo que se dijo en Fontainebleau: si llegara a decidirse alguna rectificación por razones políticas, sería necesario reducir los gastos modificando la política en ese ámbito. 
Señor Garriga Polledo, usted se ha referido a los Fondos estructurales y ha preguntado si hemos recibido informes de los Estados miembros y cómo funciona el mecanismo de coordinación con los mismos. 
De hecho, en estos momentos estamos manteniendo un intercambio de opiniones con los Estados miembros, precisamente en el ámbito de los Fondos estructurales. 
Más adelante se ha referido también al motivo de los retrasos en relación con el período de programación; uno de sus colegas ha mencionado igualmente este tema. 
Yo quisiera recordar que cuando se inicia un período de programación siempre se requiere un cierto tiempo de rodaje- podemos observarlo claramente ahora en el caso de los futuros Estados miembros- y, por lo tanto, hacia el final de dicho período se produce algún retraso. 
No obstante, sin duda también ha intervenido en ello el problema de la cofinanciación de los Estados miembros, ya que cuando exigimos una cofinanciación, los Estados muchas veces se muestran reacios a contraer deudas adicionales y, por otra parte, debemos comprender que la perspectiva de la Unión Monetaria no facilitaba la decisión. 
En este sentido, confluyeron varios factores cuya suma explica las causas del retraso. 
Por consiguiente, esas cantidades se tendrán que pagar, a entender, fuera del período de programación, con cargo al presupuesto. 
Señor Rosado Fernandes, usted se ha referido al Consejo de Edimburgo y ha preguntado cómo se ha producido este retraso en el desembolso de 90.000 millones de ecus. Espero haber respondido a su pregunta junto con la del Sr. Garriga Polledo. 
Señora Bloch von Blottnitz, usted se ha referido a la seguridad nuclear. 
La manera en que se ha realizado la subcontratación constituye efectivamente un problema. 
Los contratistas han cobrado en parte honorarios de expertos occidentales, a pesar de que se emplearon expertos orientales. 
Los honorarios de los expertos occidentales son unas quince veces superiores a los de los expertos orientales. 
No obstante, usted tiene razón y yo creo que ha expresado la opinión de toda la Asamblea: es imprescindible una estrategia en relación con la seguridad nuclear y esto es prioritario. 
Señor Blak, usted ha señalado que los submarinos de Murmansk constituyen un grave problema. 
Como usted sabe, se trata de un territorio militar, en relación con el cual el Tribunal de Cuentas Europeo no es directamente competente. 
Nuestra fiscalización se limita al contexto del Presupuesto de la UE; ya hemos tratado esta cuestión en el Tribunal y yo volveré a someterla a debate, pero debo recordarles de entrada que los submarinos estacionados en Murmansk se encuentran en la zona militar, donde no tienen ninguna relación directa con nosotros. 
Estoy al corriente de su preocupación y volveremos a tratar este tema. 
Usted también ha manifestado que en Dinamarca todo funciona perfectamente. 
Apreciado señor Blak, me alegra mucho que usted crea posible extraer esta conclusión, pero el hecho de que no critiquemos nada, no significa que todo este en orden. 
Esto debe quedar claro. 
Señor Kellett-Bowman, tiene usted razón, la Comunidad pierde un volumen considerable de ingresos en concepto de derechos aduaneros en el contexto del tránsito de mercancías. 
Usted ha señalado asimismo con razón que los Colegios europeos tienen más alumnos externos que hijos del personal de la UE y este es un tema que es necesario aclarar, a la vista del elevado déficit. 
Así lo señalamos en el correspondiente informe especial. 
Señor Bösch, usted me ha planteado una pregunta muy difícil, a saber, si estaríamos dispuestos a aceptar que la OLAF estuviese vinculada de algún modo al Tribunal de Cuentas Europeo. 
Nuestro cometido sin duda es otro. 
Repito una vez más que todos estamos de acuerdo en que el Tribunal de Cuentas Europeo no es una fiscalía ni una policía. 
Lo cual tiene sentido, puesto que nuestras inspecciones también se traducen en recomendaciones. 
Yo comprendo asimismo que usted se plantee que si dicha unidad independiente tiene que ser competente para todas las instituciones, sin convertirse en una nueva institución, es necesario poder adscribirla a una institución ya existente. 
En el contexto del presente debate, yo sólo puedo recordar que nuestro cometido es otro, nuestra tarea es diferente. 
Ustedes deben adoptar decisiones políticas y nosotros, en nuestra calidad de Tribunal de Cuentas, debemos aceptar lo que decida el legislador. 
Finalmente, señora Krehl, creo haber respondido ya a su pregunta sobre la situación en relación con la separación del servicio general, la política de personal y la gestión. 
Sólo me queda agradecerles una vez más su activo interés. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, la labor que desempeña el Tribunal de Cuentas nos es de gran ayuda en nuestros incesantes esfuerzos por mejorar nuestra gestión del presupuesto comunitario. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Friedmann y a sus colegas del Tribunal por su labor. 
Casi la mitad de los 24 informes especiales están dedicados este año a la Política Agrícola Común o a los Fondos estructurales. 
Son los sectores responsables de la mayor parte del gasto comunitario y nuestros intereses coinciden en este aspecto. 
La Comisión ha aprobado y presentado varias propuestas para mejorar la regularidad y la calidad de los fondos agrícolas y estructurales. 
A menudo, las propuestas derivan de las recomendaciones hechas por el Tribunal en sus informes sobre ejercicios anteriores, como observa el Tribunal en el presente informe. 
Respecto a la declaración de fiabilidad, nos complace observar la confirmación del Tribunal en el sentido de que, con algunas salvedades, las cuentas reflejan fielmente los ingresos y gastos comunitarios, así como la situación financiera al final del ejercicio. 
Salvo algunas excepciones, el Tribunal encontró también que las operaciones de las que derivan los ingresos, así como las operaciones derivadas de compromisos para el ejercicio se ajustaban a la ley y al reglamento. 
Respecto a los pagos, el Tribunal no pudo proporcionar la declaración de fiabilidad. 
El objetivo de la Comisión es, naturalmente, obtener una declaración de fiabilidad positiva del Tribunal de Cuentas en todos los aspectos. 
Quisiera sacar dos conclusiones del informe y de las recomendaciones del Tribunal. 
En primer lugar, según el Tribunal, la mayoría de los errores de forma y substantivos se produjeron en los programas agrícolas y estructurales que, en su mayoría, son gestionados en los Estados miembros. 
Debemos continuar cooperando estrechamente con los Estados miembros para mejorar la fiabilidad de los pagos comunitarios. 
En segundo lugar, debemos proseguir con nuestros esfuerzos para hacer más claras y transparentes las normativas y la legislación comunitarias. 
La Comisión ha perseguido y sigue persiguiendo la cooperación y coordinación intensivas con los Estados miembros en el contexto del programa SEM 2000, en el que han participado un representante de la Comisión de Control Presupuestario y otro del Tribunal de Cuentas. 
Esto hizo posible la aprobación de las primeras propuestas de reforma en 1997. 
El Tribunal observa que la mayoría de los errores substantivos en los pagos de los Fondos estructurales son de carácter administrativo, ocasionados por el desconocimiento de las normativas comunitarias y que han dado lugar a la inclusión de cantidades sin derecho en las declaraciones de los Estados miembros. 
La Comisión intentó solucionar el problema con la introducción, en mayo de 1997, del pliego de condiciones para recibir subvenciones, como reconoce el Tribunal en su informe. Dichos pliegos explican qué gastos tienen derecho a una cofinanciación comunitaria. 
La Comisión aprobó asimismo en 1997 un reglamento por el que se establecen unos niveles mínimos de control financiero, por parte de los Estados miembros, de la financiación con cargo a los Fondos estructurales. 
En las propuestas de la Agenda 2000, la principal responsabilidad del control financiero de la ayuda con cargo a los Fondos estructurales recae sobre los Estados miembros. 
Cuando éstos detectan irregularidades e introducen correcciones financieras, están autorizados a volver a utilizar los fondos comunitarios liberados. 
No obstante, cuando las deficiencias de los sistemas de gestión o de inspección dan lugar a irregularidades sistemáticas, la Comisión realizará los ajustes necesarios deduciendo la ayuda disponible al Estado miembro en cuestión. 
Debo decir aquí que, lamentablemente, estas propuestas tan importantes para mejorar la gestión financiera, el control y las correcciones encuentran una fuerte oposición en el Consejo. 
En lo que respecta a este tema fundamental, el Tribunal de Cuentas y la Comisión estamos de acuerdo y esperamos poder establecer, en el contexto de la Agenda 2000, un marco simple, transparente y claro para los Fondos estructurales a partir del año 2000. 
Es el único medio de crear un sistema que sea uniforme a escala comunitaria. 
En las propuestas de la Comisión relativas a la Agenda 2000, la utilización de los Fondos estructurales está más enfocada y se centra principalmente en las regiones más necesitadas. 
También se propone un nuevo cambio del gasto agrícola, que pasaría del apoyo a los precios a la ayuda en ingresos directos. 
Ambas propuestas supondrían una utilización más eficaz de los escasos recursos presupuestarios. 
Hay dos otras reformas importantes en camino. 
La primera es una comunicación en favor de una revisión del Reglamento financiero, presentada en julio de 1998. 
El Tribunal de Cuentas la solicitó hace un año o dos y esperamos poder avanzar para que la Comisión pueda presentar una propuesta importante. 
La segunda reforma importante que está siendo debatida en la Comisión es el cambio hacia un presupuesto basado en la actividad, que intente potenciar la conciencia del coste y presente el gasto operativo en el mismo contexto global. 
Espero que podamos dar los primeros pasos en este proceso antes del presupuesto para el 2000. 
No será fácil, porque ese año será elegida la autoridad presupuestaria y se nombrará la nueva Comisión. 
Pero queremos dar los primeros pasos. 
En lo relativo a las subvenciones comunitarias, estamos haciendo importantes progresos. 
La reciente comunicación de la Comisión impone unos requisitos mínimos para la publicidad y la toma de decisiones colectiva sobre todas las subvenciones comunitarias. 
Es el resultado de numerosas iniciativas parlamentarias. 
Las nuevas normativas de la Comisión estarán en vigor para la ejecución del presupuesto de 1999. 
Proporcionarán la base para informar y negociar con los beneficiarios reales y en potencia. 
Las reformas necesitan tiempo, pero algunas comienzan ya a dar frutos. 
1997 fue el año en que se aplicaron por segunda vez los nuevos procedimientos para la aprobación de la gestión del FEOGA Sección Garantía. 
En 1997, el margen de error que detectó el Tribunal en los pagos de garantía agraria era coherente en buena medida con los ajustes finales impuestos por la Comisión. 
Así lo recoge el informe, lo que significa que dicho sector no tuvo repercusiones financieras sobre el presupuesto. 
Los programas externos han sido debatidos ampliamente. 
Hoy, los programas externos de la Comisión son muy amplios. 
La ayuda exterior procede de 75 líneas presupuestarias con 87 fundamentos jurídicos. 
Existen nueve comités diferentes. 
Seguimos teniendo 47 procedimientos diferentes. 
Existe la necesidad urgente de normalización, armonización, simplificación y transparencia. 
Por este motivo se estableció un nuevo organismo en septiembre del presente año para que se encargue de gestionar todos los programas de ayuda exterior. 
Este nuevo organismo- el Servicio Exterior Común- será responsable de la gestión financiera de los programas, y su principal misión, como he dicho, es la de crear sistemas normalizados, homogéneos, simples y transparentes para la gestión de la ayuda exterior de la Comunidad. 
Estamos atravesando por un período de transición muy difícil, pero estoy convencido de que comenzaremos a ver los resultados el año próximo. 
En cuanto a la política de personal, el Sr. Friedmann ha hecho una serie de comentarios al respecto. 
La cuestión relativa a qué deberían hacer las autoridades públicas y qué puede ser contratado a terceros es de vital importancia. 
En la comunicación de la Comisión del pasado verano hicimos hincapié en que las responsabilidades del ordenador y del interventor deben ser responsabilidades del sector público, pero los trabajos a corto plazo pueden contratarse a terceros, especialmente cuando se necesitan conocimientos especializados mientras dure el programa. 
Espero que podamos volver sobre la comunicación del pasado verano. 
En segundo lugar, estamos celebrando conversaciones con la Comisión de Presupuestos y el ponente del minipresupuesto. 
Hasta ahora hemos informado verbalmente sobre el tema y estamos facilitando toda la información detallada línea presupuestaria por línea presupuestaria en aquellos casos en que consideramos que existe la necesidad de personal externo. 
Espero que todo esto quede aclarado antes de que finalice noviembre, antes de la segunda lectura del presupuesto, para que se incluya un comentario presupuestario en la sección B que permita la contratación de personal externo con cargo al presupuesto para el funcionamiento o que se transfiera esta parte del gasto administrativo a la sección A, o suprimamos del todo esta idea. 
Por tanto, esta aclaración es de la máxima importancia y una vez que quede establecida en el presupuesto para 1999, no habrá ninguna posibilidad de tomar medidas que no se ajusten por completo a la autoridad presupuestaria. 
Por último, la cuestión de los recursos. 
En el desempeño de nuestras funciones siempre nos encontramos bajo una fuerte presión. 
Cabe plantearse la cuestión de si es posible resolver todos los problemas a través de nuevos recursos. 
Yo diría que en el caso de programas externos, como ha dicho el Tribunal, debemos tener una idea más clara acerca de cómo deben ser gestionados: proyectos simples, número limitado de procedimientos, tipos normalizados de contrato, etcétera. 
Esto nos brindará más de una oportunidad de dirigirlos debidamente. 
En segundo lugar, cuando los sistemas son más simples, la descentralización en delegaciones parece la consecuencia lógica. 
Pero estoy seguro de que seguiremos teniendo necesidades, especialmente en el aspecto de la gestión financiera. 
Estamos debatiendo este tema y haciendo una evaluación de los recursos humanos y financieros en toda la Comisión. 
Una observación que deseo hacer ahora es que, generalmente, cuando tenemos un problema, pensamos que la mejor forma de resolverlo es incrementando el número de controladores e inspectores. 
No comparto esa opinión. 
Es más importante tener unas normas simples y claras, directores responsables y una gestión sólida. 
Necesitamos controladores, pero la clave es una gestión sólida y responsable. 
Debo decir que el informe describe correctamente la naturaleza de las reformas que estamos introduciendo, y podemos apreciar los cambios en la agricultura. 
En cuanto a los Fondos estructurales, espero que los pliegos de condiciones para recibir subvenciones, que fueron aprobados el año pasado, repercutan en la ejecución del presupuesto para 1998. 
Pero sigue siendo necesaria la principal simplificación, la Agenda 2000, para poder estar tranquilos y para que todos en la Unión puedan dirigir los programas comunitarios conforme a los reglamentos e interpretar dichos reglamentos del mismo modo. 
En cuanto a los programas externos, debo decir que la descentralización de las actividades nos será de gran utilidad. 
Ni que decir tiene que la gran atención que la autoridad presupuestaria ha dedicado a los problemas que hemos tenido, ha incrementado la sensibilización de la Comisión sobre este asunto. 
Sólo me preocupa una cosa: hemos tenido tantos problemas, que los funcionarios sacarán la conclusión equivocada, se pondrán nerviosos y no se atreverán a correr ningún riesgo a la hora de firmar los contratos. 
Es lo peor que podría suceder. 
Espero que nos inclinemos por la descentralización, avancemos por la vía de mayor responsabilidad para las delegaciones y los funcionarios y creemos reglamentos claros para que todos sepan a qué atenerse y no volvamos al sistema en el que hacen falta 15 firmas para que todo el mundo tenga las espaldas cubiertas. 
Soy plenamente consciente de que aún existe la necesidad de seguir desarrollando y mejorando nuestros métodos y herramientas. 
Las principales reformas adoptadas por esta Comisión están resumidas en el documento «Reforma de la gestión financiera desde 1995» , que fue presentado la semana pasada. 
Las propuestas de la Comisión en el marco de la Agenda 2000 constituyen una parte importante de nuestra respuesta a los desafíos del futuro. 
Mejorar la relación gasto-utilidad de cada euro que utiliza la Comunidad es nuestro principal objetivo. 
Debo reconocer que el informe del Tribunal de Cuentas, a pesar de que su lectura no siempre resulta agradable, también sigue siendo vital para nosotros. 
Al igual que aquéllos de la Comisión de Control Presupuestario. 
En respuesta a la Sra. Bloch von Blottnitz sobre los programas nucleares: ahora que se han publicado el informe del Tribunal de Cuentas y la respuesta de la Comisión, espero que todos puedan ver que ambos documentos crean un buen equilibrio en esta cuestión. 
Deseo hacer un comentario sobre los estudios. 
El Banco Europeo para la Reconstrucción ha tomado la decisión de no prestar dinero para la modernización de centrales nucleares, a menos que se realice un estudio. 
Por tanto, es necesario un estudio sobre todas estas centrales para poder adoptar cualquier medida. 
He hablado con algunos expertos sobre el tema, y dicen que es un asunto de la máxima importancia, porque expertos de Occidente y de la antigua Unión Soviética trabajan juntos en la misma central para analizar la situación. 
Naturalmente debemos recurrir en la medida de lo posible a expertos locales, porque este planteamiento resulta más económico. 
No obstante, el problema radica en que las normas y prioridades occidentales en materia de seguridad son diferentes. 
Es muy importante que los países beneficiarios comiencen a familiarizarse con las normas de seguridad que nosotros establecemos. 
Debemos recordar que toda la reconstrucción y modernización de las centrales nucleares del modelo soviético es un proyecto sumamente costoso: el coste ascenderá, como mínimo, a 50.000 millones de euros. 
Ya hemos utilizado entre 700 y 800 millones de euros en los programas, lo que supone una parte muy pequeña del total. 
Alcanzar la plena modernización y reconstrucción exige un enorme esfuerzo por parte de los países beneficiarios y la comunidad de donantes internacionales. 
Aún no lo hemos logrado, pero no debemos abandonar. 
Por último, los programas nucleares de Ucrania, Rusia y otros países están siendo dirigidos en unas circunstancias sumamente difíciles. 
Basta pensar en los programas de ayuda internacional concedidos recientemente a Rusia y lo que sucedió con la ayuda del FMI que debía apoyar la moneda rusa. 
Me pregunto cuál sería el resultado real. 
En segundo lugar, la Comisión tiene ahora sobre la mesa la cuestión del programa de ayuda alimentaria a Rusia. 
Todos sabemos que estos programas son muy difíciles de supervisar. 
Por este motivo, debemos intentar adoptar un enfoque, según el cual informaremos a la autoridad presupuestaria sobre todos nuestros problemas, y si tomamos alguna decisión, lo haremos con pleno conocimiento de todas las consecuencias y todos los riesgos posibles, para que cuando dentro de cuatro años mi sucesor lea el informe del Tribunal de Cuentas, sepa que conocíamos los riesgos. 
Volveremos sobre este problema ruso en otra ocasión. 
Una vez más, muchas gracias, señora Presidenta, por el buen debate. 
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen. 
El debate queda cerrado. 
El empleo en la Unión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0417/98) del Sr. van Velzen, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Propuesta de Directrices para las Políticas de Empleo de los Estados miembros en Europa en 1999» (COM (98) 0574- C4-0587/98). 
Señora Presidenta, si miramos lo ocurrido en un año después de haber fijado las primeras directrices, entonces creo que con razón se puede hablar de una revolución silenciosa. 
La oposición que hubo al principio a la política de empleo activa, la fe casi ciega en la UME y el empleo que ésta iba a generar, han desaparecido realmente. 
No queda ningún Estado miembro ya, que no haya vinculado sus conclusiones con las líneas directrices de Luxemburgo. 
Eso es extraordinariamente bueno. Sin embargo, se puede mejorar. 
Si nos fijamos en la evaluación, por cierto una evaluación excelente de la Comisión, se observa que los Estados miembros han escogido muy libremente algunas directrices y que a menudo han hecho una elección desequilibrada, dando demasiada importancia al «employment and entrepreneurships». 
No obstante, al mismo tiempo también se puede decir que las directrices que estaban formuladas con la mayor precisión, con la mayor exactitud, son las que mejor se han aplicado. 
Ese es un argumento, por lo tanto, para seguir con esa estrategia. 
Sí tengo un problema con las propuestas que ha presentado la Comisión Europea. 
Me parece que en sus actuales propuestas no mantiene suficiente rigor en el proceso. 
Por mantener el rigor quiero decir que hay que procurar que el mayor número posible de objetivos cuantificados se basen en el «benchmarking». 
Esa es la manera por excelencia de que los Estados miembros no se despisten. 
No estoy en absoluto con los Estados miembros que dicen: ya tenemos tanto trabajo; redúcelo ahora un poco, no añadas nuevos objetivos. 
Personalmente me parece una tontería. 
Todo el trabajo que se añada, es trabajo que tienen que hacer de todas formas. 
Sólo se intenta dirigirlo de forma europea hacia los objetivos comunes que redactamos una vez. 
El proceso actual, concebido en Luxemburgo, está muy enfocado a la ayuda a las personas que ya están en el paro. 
Con razón, en aquel momento. 
Me parece que va siendo hora de que se preste atención a cómo se puede prevenir que, ayudando a los desempleados, siga habiendo nuevos desempleados. 
¿Cómo procuramos que se preste más atención a la prevención? 
Esto, a mi juicio, debería tener unas consecuencias enormes sobre la educación. 
De ahí que pida que se redacte un objetivo extra para los que ya tienen un empleo, pero que necesitan esa formación adicional para procurar que sigan el ritmo de las nuevas evoluciones. 
Otro problema que personalmente veo insuficientemente reflejado en los objetivos, es el de la participación en el proceso laboral. 
Hay grandes grupos para los que sigue siendo difícil llegar al mercado laboral, incluso en mi propio país, los Países Bajos, que figura como exitoso. 
Ahí están los mayores de 55 años, los inmigrantes y todavía también las mujeres que difícilmente encuentran trabajo. 
Esto no es distinto en otros países de la Unión. 
Todo esto es política de empleo, no sin importancia, justo lo contrario, pero es solamente una cara de la moneda. 
La otra cara es: ¿y qué hacemos por el lado económico? 
¿Qué hacemos con respecto a la coordinación económica? 
¿Qué hacemos para profundizar el proceso que se inició con la UME? 
¿Cómo hacemos uso de esas posibilidades? 
Me parece que ya ha pasado el momento en que había que empezar con esto. 
Pero dado el hecho de que estamos debatiendo ahora este informe, creo que debemos pedir urgentemente al Consejo que establezca lo más pronto posible un marco, en el cual tome forma realmente la coordinación económica. 
Otros que van a intervenir lo detallarán. 
Quiero señalar en este momento un aspecto que la Comisión ha indicado ya con anterioridad, que es la gran falta de inversiones en Europa. 
¿Dónde están los planes, dónde están las propuestas de la Comisión para atajar el problema? 
¿Dónde están las posibilidades de ampliar los medios financieros a nivel de Estados miembros? 
En mi país- ya lo he dicho- parece tener éxito. Allí se ha decidido reducir el programa por el que los alumnos de centros de enseñanza iban a recibir una educación más dirigida a los ordenadores, por falta de dinero y ahora hay algunas escuelas piloto que van a tener los ordenadores y todas las otras escuelas tendrán que esperar años hasta recibir esos ordenadores. 
¡Una no-inversión ridícula! 
Allí donde tendríamos que invertir en el futuro, resulta que uno de los países más exitosos de Europa no es capaz de poner los recursos financieros encima de la mesa. 
Me parece que esto nos tiene que hacer reflexionar a nivel del Consejo para ver qué podemos hacer para dar más margen a los Estados miembros. 
No elijo esta propuesta o la otra. 
Se trata de un paquete de propuestas y me parece que hay que elegir seriamente. 
Por último, estoy muy sorprendido por las enmiendas del PPE que he visto, muy tarde por cierto, porque realmente disponemos de muy poco tiempo. 
Han presentado de nuevo todas las enmiendas que habían presentado en la Comisión de Asuntos Sociales. 
Permítanme decir que el coordinador del PPE me comunicó espontáneamente durante una reunión, que yo había realizado un trabajo excelente incorporando sus propuestas en el informe, y que quedaba sólo una discrepancia en el ámbito de la política de inversiones, pero que aparte de eso estaba muy satisfecho. 
Ahora vuelven a presentar ciegamente todas las enmiendas, incluso aquellas que ya están incorporadas en mi informe. Me parece incomprensible. 
Espero que se encuentre una solución mejor en el diálogo con el PPE, porque esto hipoteca una posible colaboración. 
Señora Presidenta, Señorías, la opinión que he elaborado para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, que fue aprobada por unanimidad, es difícil de sintetizar en dos minutos. 
La idea básica es que la creación de empleo, una mayor ocupación en Europa, sólo se conseguirá de una manera sólida, estable y duradera si se fundamenta en una economía realmente competitiva y- aunque, desgraciadamente, la Unión Europea no tiene aún unas características adecuadas para el nivel de competitividad que exige una economía abierta- en lo que llamamos una situación de economía global o economía internacionalizada. 
Por ello, insistimos en una serie de temas que se han ido planteando en los últimos años, como la necesidad de eliminar las barreras y las protecciones que aún existen en sectores clave de nuestra economía, de incrementar los niveles de conocimiento, de enseñanza, especialmente por lo que hace referencia a enseñanzas técnicas y formación profesional, de reducir las trabas que existen, sobre todo desde el punto de vista fiscal, a la creación de nuevos puestos de trabajo y de contemplar la posibilidad de modificar el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, a base de reducirlo en aquellos sectores que ocupan más puestos de trabajo- lo que se llama sectores intensivos en mano de obra-. 
Yo añadiría también la necesidad de tener en cuenta una nueva y mejor orientación por lo que se refiere a un mejor acceso a la financiación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, para favorecer un mejor entorno empresarial. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Van Velzen por el excelente informe que, sobre todo ahora, en su versión final, nos presenta. 
En la Comisión de Derechos de la Mujer opinamos que fue muy importante que los Jefes de Estado o de Gobierno decidieran que al menos dos de los nuevos conceptos establecidos en el Tratado de Amsterdam- el empleo y el mainstreaming, es decir, la inclusión del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las políticas sectoriales- fueran aceptados inmediatamente, incluso antes de la ratificación generalizada del Tratado. 
Son dos políticas cuya materialización resultaba tan importante, que no se compadecía con el lento proceso de ratificación. 
Las ciudadanas y los ciudadanos europeos no lo entenderían. 
La metodología adoptada por la Cumbre sobre el Empleo, celebrada en Luxemburgo, en noviembre de 1997, nos parece, en efecto, la más adecuada: al ser la situación en materia de empleo, de desempleo e incluso de igualdad de oportunidades diferente de país a país y, dentro de ellos, de región a región, la solución aprobada, respetando el principio de subsidiariedad, de que cada uno de los países presente sus propias propuestas, aunque todas integradas en cuatro pilares comunes, subdivididos en un total de 19 directrices, resultó muy innovadora y de resultados prometedores para los planes de los próximos años. 
Es evidente que en este primer Plan de Empleo para 1998 no todos los países concedieron la misma importancia a los cuatro pilares ni encontraron soluciones para todas las directrices. 
Pero fue importante que en tan poco tiempo, de noviembre de 1997 a abril de 1998, se presentaran esos planes. 
Y la obligación de que todos los Estados miembros piensen en resolver- y lo intenten -, con metas cuantitativas, el problema del desempleo nos parece muy positiva. 
En cambio, se comprueba en estos primeros planes nacionales de empleo que las respuestas encontradas para los cuatro pilares son, por lo general, desequilibradas; si bien todos los Estados miembros presentan medidas sobre los dos primeros pilares- la empleabilidad y el espíritu empresarial, que en cierto modo se centran en la capacidad de iniciativa individual -, muchas veces son más escuetos en lo relativo a los otros dos pilares- adaptabilidad e igualdad de oportunidades -, en los que las acciones dependen más de los Gobiernos que de las empresas. 
Por lo que se refiere a las propuestas de la Comisión para 1999, consideramos un avance 
la reformulación del IV pilar exclusivamente para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; -el fortalecimiento de la directriz relativa a la conciliación de la vida profesional y de la vida familiar; -y la integración del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los pilares.La gran mayoría de las propuestas formuladas por la Comisión de Derechos de la Mujer fueron integradas directamente en el informe final del Sr. Van Velzen o incluidas en aspectos más amplios, como el fortalecimiento de la política de mainstreaming en los tres primeros pilares y las acciones positivas en el IV pilar, la conciliación entre la vida familiar y la profesional, una individualización de la política fiscal, el tratamiento estadístico para los sexos y la fijación de objetivos expresados en cifras y presupuestados. 
Es importante decir que en el futuro el acompañamiento de esos planes nacionales de empleo será objeto de análisis obligatorio en todas las cumbres de Jefes de Estado o de Gobierno, lo que nos permitirá a todos- gobiernos, parlamentos, interlocutores sociales y organizaciones no gubernamentales interesadas en ese proceso- seguir atenta y periódicamente esos asuntos, que son esenciales para el modelo social europeo que queremos construir. 
Señora Presidenta, Señorías, el excelente Informe van Velzen, que cuenta con el apoyo del Grupo del Partido Socialista Europeo, plantea con razón unas estrategias sostenibles a largo plazo para la lucha contra el desempleo masivo, pero también una adaptación innovadora de las directrices para las políticas de empleo. 
Los elementos estructurales encaminados a promover la transformación estructural del mercado de trabajo, la necesidad de un mayor equilibrio entre los cuatro pilares de las directrices para las políticas de empleo y la especial atención a la inclusión de una política horizontal en cuanto al género (gender mainstreaming) en todas las directrices son aspectos particularmente importantes. 
Sin embargo, al mismo tiempo es preciso que el crecimiento absolutamente insuficiente del empleo se interprete como un reto para la Unión y para los Estados miembros y los incite a establecer una combinación de políticas más adecuada y equilibrada y a mejorar la coordinación entre las políticas económica, financiera y de empleo. 
Cuando faltan escasas semanas para el inicio de la Unión Monetaria, ya va siendo hora de que se proceda a una integración de las directrices para las políticas económicas y de empleo que adopte como criterio de coordinación la eficacia en relación con el empleo, con la suficiente antelación al debate de los presupuestos nacionales y haciendo deliberadamente hincapié en este aspecto. 
El Parlamento Europeo debe participar por fin en un acuerdo interinstitucional en este contexto. 
También se pide una acción de los actores que participan en las negociaciones salariales, la cual debería iniciarse bajo el signo de la Unión Monetaria, con vistas a armonizar los convenios salariales centrados en la productividad, con objeto de evitar el peligro de un dumping salarial contrario a los intereses de la Comunidad. 
Se insta nuevamente a que se proceda a una revisión de las líneas fundamentales de la política económica y a una coordinación de la misma que sea digna de tal nombre. 
A pesar de los pronósticos favorables de la Comisión Europea de este otoño, la Unión Europea no puede permitirse la inacción. 
Ni aun la calma monetaria, motivada por la perspectiva del euro, debe inducirnos a aminorar los esfuerzos. 
Todos estamos viviendo ya las repercusiones de la crisis del Sudeste asiático sobre el empleo en Europa. 
Los sectores químico, mecánico y electrónico ya lo están notando en la reducción de los pedidos y la caída de los precios. 
¡Esto afecta a los puestos de trabajo en Europa! 
¡Las medidas dirigidas al lado de la oferta son insuficientes por sí solas! También es necesario reactivar la demanda mediante una mejora del poder adquisitivo de los consumidores y consumidoras y un aumento de la confianza en el futuro de la Unión Europea. 
En este sentido, en el Informe van Velzen también se destaca acertadamente la necesidad de un cambio de orientación mediante reformas fiscales y la desgravación fiscal del factor trabajo. 
Junto con la reactivación de la inversión, también necesitamos, no obstante, una evolución de los salarios en función de la productividad, como un elemento importante para la estabilización de la economía europea. 
Con el actual volumen sumamente bajo de inversiones- las inversiones públicas representan apenas el 2 % del PIB -, es imposible lograr un crecimiento que surta efecto sobre el empleo. 
La transformación estructural del mercado de trabajo tiene que contar con el apoyo de un nuevo planteamiento en relación con el crecimiento. 
Los pactos por el empleo pueden constituir un acompañamiento eficaz del proceso. 
Todavía se requieren ofensivas para promover la modernización a escala europea, con proyectos de inversión en los ámbitos de las comunicaciones, el transporte, el medio ambiente, el ahorro energético, la investigación y desarrollo, la innovación y la cualificación. 
Éstas deberán ir acompañadas de la rápida presentación de una lista orientativa, que permita combinar también la inversión pública y la privada. 
Instamos a los Ministros de Finanzas de la UE a que, mientras la Unión siga debatiéndose entre el paro masivo y el Pacto de Estabilidad, excluyan dichas inversiones del cómputo del déficit público, en consonancia con el espíritu del Tratado de Maastricht. 
Señora Presidenta, creo que a estas alturas los grandes debates sobre la situación del empleo en Europa han tocado fondo ya. 
Tenemos ya unas directrices europeas- el Tratado de Amsterdam recoge un capítulo específico sobre el empleo- y tenemos ya una estrategia europea que se ha volcado en los planes de acciones nacionales de empleo. 
El informe de nuestro querido colega van Velzen creo que adolece de precipitación y de transitoriedad, aunque quiero señalar que no le culpo por ello. 
El informe de la Comisión nos llega, casi como siempre, tarde y adolece también de la imposibilidad para la propia Comisión de hacer unos análisis rigurosos y serios ahora mismo. 
Lo cierto es que hay países en la Unión Europea- como es el caso de España, mi país- que están aplicando fórmulas que están dando óptimos resultados en la política de creación de empleo. 
Los resultados, Señorías, cantan: cuatro puntos menos en la tasa de desempleo, más de 800.000 puestos de trabajo creados y un clima de diálogo social que está permitiendo una profunda reforma del mercado laboral y una mayor estabilidad en el empleo. 
Recientemente, sindicatos y Gobierno se han puesto de acuerdo en importantes temas como son el trabajo a tiempo parcial y la introducción de una nueva figura- las «horas complementarias» -que permitirá una mayor elasticidad en la gestión del tiempo de trabajo y sustituirá a las horas extraordinarias. 
Creo que sería muy interesante que se analizara esta nueva fórmula. 
Y quiero referirme también brevemente a dos cuestiones relevantes en toda política de empleo: en primer lugar, la que se refiere a la conexión que debe existir entre formación y empleo. 
El primer empleo depende en gran medida de una imprescindible relación entre los centros de enseñanza y formación y las necesidades del mercado de trabajo. 
Hay un exceso de fracaso escolar, de escasa formación y de paro universitario en la sociedad europea. 
Y lo que es peor aún, hay un subempleo que supone un grave desaprovechamiento de los recursos humanos. 
Y en segundo lugar, un aspecto, que no se cita en el informe y que me parece importante, es que hay una fuerte resistencia a la movilidad geográfica en el ámbito de la Unión y en las regiones de los Estados miembros, tanto de los demandantes de primer empleo como de los desempleados. 
Y eso tiene mucho que ver tanto con las políticas de renta como con las dificultades idiomáticas o la escasa oferta de viviendas asequibles a este sector. 
La ausencia de movilidad y de transferencia migratoria de unas regiones a otras convierte el paro en estructural y desestabiliza precios y costes, con los resultados negativos que ello tiene para la competitividad de las empresas. 
Señora Presidenta, colegas, quiero dar las gracias al Sr. Van Velzen por haber incorporado el punto 9 en su informe. 
Este trata sobre todo de la evaluación del capital riesgo que prestamos a través del Banco de Inversiones. 
Esta mañana se ha debatido aquí el informe del Tribunal de Cuentas y de él se desprende que las cosas no van exactamente bien con los préstamos de este capital riesgo. 
Los criterios son demasiado generales, no hay una política coherente y el empleo de los márgenes de intereses no está claro. 
Pero sobre todo, y eso sí quiero subrayarlo, el papel de la Comisión queda limitado a un intercambio de información. 
Señor Presidente, Comisión, cuando nosotros mismos entramos en juego en un informe en el que pedimos sobre todo a los Estados miembros que realicen una serie de cosas, creo que nosotros mismos debemos tenerlo claro. 
Por lo tanto, pido seriamente al Comisario que haga llegar dentro de muy poco una evaluación al respecto a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Si no se compromete a esto, yo misma haré preguntas al respecto en la Comisión. 
Colegas, ya lo han dicho muchos: la realización de la Unión Monetaria y Económica requiere medidas en muchos ámbitos políticos. 
Este informe indica que los Estados miembros van por ese camino, tanto en relación con la reforma de los sistemas fiscales y de la seguridad social, como en relación con toda clase de medidas que fomentan el empleo. 
Hay un punto que quiero plantear ahora: con paso lento pero seguro se están desplazando las competencias e influencia del nivel nacional al nivel europeo. Esto transcurre sin que los ciudadanos lo noten. 
Naturalmente tenemos que abogar por la mayoría de las medidas que están en el informe Van Velzen. 
No podemos vivir con una participación laboral de un 60, 5 por ciento por ejemplo. 
Pero va siendo hora de que en los Estados miembros se haga un debate democrático sobre estas medidas y que no pensemos, como se escucha a veces en esta Casa, que todo esto es un tema de los Estados miembros y que el Parlamento Europeo no debe implicarse en el proceso y que este proceso tampoco tiene retroalimentación, desde Europa hacia ese ciudadano europeo. 
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, esto es un «must» y pido por lo tanto a la Comisión si puede hacer un esfuerzo extra en el ámbito de la información sobre este tema. 
Señora Presidenta, deseo felicitar a mi colega el Sr. Wim van Velzen por su informe. 
Desgraciadamente, este buen informe se limita a dirigir apelaciones y a expresar deseos tanto al Consejo de Ministros como a la Comisión. 
Pero la cuestión es, señor Van Velzen, si hay quien tenga oídos en el Consejo y en la Comisión para escuchar lo que usted dice en su informe. 
Le recuerdo que en Amsterdam no se tomó ninguna decisión esencial sobre el empleo. 
En Luxemburgo se pasó la pelota a los gobiernos de los Estados miembros. 
Le recuerdo que en los criterios de Maastricht para la UEM no se incluyó a propósito el criterio del desempleo. 
Le recuerdo que tanto en el presupuesto de 1998 como en este que vamos a votar dentro de un mes para 1999 los gastos para combatir el paro para la Europa social, para los discapacitados físicos y para la tercera edad o están reducidos o se mantienen estables; y todo esto sucede en un momento en que, como usted escribe en su informe, los puestos de trabajo a jornada completa se reducen continuamente y solo se crean puestos de trabajo a tiempo parcial. 
Por tanto tenemos unas rentas reducidas en una Europa en la que sube el coste, por eso también el porcentaje de los nuevos pobres ha superado el 15 %. 
Lo siento, pero todo esto sucede con la aprobación del Parlamento, que el 2 de Mayo de 1998 entregó la Europa social a los banqueros y a la UEM. 
Señor Presidente, la izquierda europea- en todo su variado espectro- tiene ahora la oportunidad de demostrar que se toma verdaderamente en serio la mejora de la situación del empleo. 
En la actualidad, la izquierda participa- de una manera u otra- en el Gobierno de trece de los quince Estados miembros que componen la Unión Europea. 
En mi opinión, lo que los votantes europeos buscan en la izquierda es seguridad frente a la fuerza del dinero y la marcha incontrolada del mercado. 
¿Podrá la izquierda responder a las expectativas de sus votantes? 
Las recetas de los distintos Gobiernos europeos de izquierdas parecen bastante contradictorias. 
Mientras que el Reino Unido confía de nuevo en la capacidad del mercado para crear empleo, en Francia e Italia se propugna la reducción de la jornada laboral y la inversión pública para mejorar la situación del empleo. 
Además, las obligaciones relativas a la Unión Económica y Monetaria ya contraídas con anterioridad por los países de la UE ralentizan un posible giro del timón. 
Ahora se debería llevar a cabo, por cuatro importantes razones, la elaboración de un programa europeo de revitalización y creación de empleo. 
En primer lugar figura una bajada de los tipos de interés para impedir que la recesión que asola el mundo pueda llegar a Europa. 
Desgraciadamente, el Banco Central Europeo- donde mandan las doctrinas económicas de las últimas décadas- no parece estar dispuesto a llevar a cabo una bajada de los tipos de interés que permita mejorar la producción y el empleo. 
En segundo lugar, es necesario una reforma fiscal que favorezca la actividad laboral. 
La fiscalidad actual favorece demasiado la propiedad, la inversión y la obtención de dinero sin esfuerzos, mientras que penaliza el trabajo. 
En tercer lugar, es necesario aumentar la inversión pública, principalmente para mejorar los servicios de transportes y las telecomunicaciones. 
Va siendo también hora de dejar de considerar los servicios de transporte público como un despilfarro perjudicial, y de reconocer la gran importancia que revisten a la hora de crear empleo y su papel imprescindible en la creación de infraestructuras. 
En último lugar, debemos emprender medidas para lograr una reducción generalizada de la jornada de trabajo. 
Si bien los medios para lograr esta reducción pueden variar entre los distintos países y los distintos sectores, éste ha de ser un objetivo común. 
Señor Presidente, todos estamos muy interesados en que los países miembros colaboren, en que coordinen sus estrategias para la creación de puestos de trabajo duraderos y en que las líneas directrices para la política de empleo realmente se lleven a cabo en los programas de acción nacionales. 
A veces también puede ser necesario incentivar a los Estados miembros para que cumplan con las recomendaciones existentes. 
Sin embargo, hay que tener claro que las diferencias entre los Estados miembros son muy grandes y que se necesita tiempo y conversaciones para que esas recomendaciones puedan asimilarse y cumplirse en los países miembros. 
Van Velzen demuestra claramente su impaciencia en el informe y quiere apremiar, a veces quizás en demasía, por ejemplo mediante la propuesta de coordinación de las políticas económicas y financieras, lo cual es ir muy lejos. 
La mayoría de las propuestas son muy buenas, especialmente las que se refieren a la reducción flexible de la jornada laboral y a su posible contribución a la lucha contra el desempleo. 
También quiero recomendar a los colegas que voten por nuestra enmienda, que va un poco más allá que la de Wim van Velzen en cuanto a la reducción de la jornada laboral general en Europa. 
Señor Presidente, la tasa de desempleo en la Unión ha permanecido demasiado elevada, a pesar de la favorable evolución económica que hemos conocido en los últimos años, sobre todo en las categorías de los desempleados de poca cualificación y de larga duración, entre los cuales hay muchas mujeres. 
No solamente en Europa, sino en toda la tierra está aumentando la presión de ese paro mundial. 
Me refiero sobre todo a los millones de parados jóvenes en el tercer mundo. 
Eso se siente en toda Europa y constituye un factor de trastorno social y de pobreza. 
Los problemas con los que solicitan asilo son sólo parcialmente una consecuencia de esto. 
El fomento del empleo, por lo tanto, debería ser reconocido como primer objetivo en los Estados miembros, en la Unión y también en las organizaciones internacionales. 
Con el trasfondo del menor crecimiento económico que nos viene encima, esto tal vez esté todavía más cargado de significado. 
El informe Van Velzen lo ilustra de forma particularmente clara y le doy las gracias por ello. 
Los resultados de la Unión Europea en el ámbito de la creación de empleo siguen siendo pobres, como podemos leer en el informe. 
Las diferencias entre y dentro de los Estados miembros siguen siendo enormes a pesar de los Fondos estructurales. 
La evaluación de los planes nacionales de acción sí muestra puntos positivos pero también muchas lagunas y carencias. 
Menciono por ejemplo que en mi país no se consigue reducir los impuestos sobre el trabajo. 
Estas carencias atañen también a los cuatro pilares. 
Los líderes europeos han llegado a la conclusión, lamentablemente demasiado tarde, de que se debe crear un equilibrio mejor entre una Europa monetaria y una política de empleo. 
Con el ponente Van Velzen decimos sí a los objetivos cuantificados, a la formación y a la participación. 
Decimos sobre todo también que la elección de un programa europeo de inversiones es una buena elección. 
Vamos a votar a favor de la resolución pero tiene demasiadas cosas, Señor Presidente, creemos que a la larga los árboles no dejan ver el bosque. 
Si Europa no pone como prioridad el empleo, no va a tener un futuro para sus hijos y entonces tampoco lo tendrá para si misma. 
Señor Presidente, Señorías, el informe van Velzen resume puntualmente la situación económica europea en este último año: por una parte, el cauto optimismo debido a la positiva perspectiva de la moneda única europea y a un leve, pero apreciable crecimiento económico; por otra, un clima de desconfianza y de inestabilidad producido por las muchas crisis financieras internacionales- Asia, Europa Oriental, América Latina- que con sus repercusiones condicionan negativamente el mercado europeo. 
Existe además el desempleo que sigue siendo la primera de las emergencias sociales en nuestro Continente, especialmente para los jóvenes y las mujeres. 
Por esto, en líneas generales, se pueden compartir las indicaciones del informe para relanzar en los Estados miembros políticas de empleo eficaces. 
En particular quiero subrayar la importancia de la formación profesional que, sin embargo, debe mejorarse y adaptarse a las exigencias del mercado de trabajo. 
La formación profesional vive una gran contradicción, ya que si bien es cierto que los fondos disponibles no son suficientes, no es menos cierto que muchas de las inversiones se emplean de mala manera para cursos de pésima calidad que tienen una incidencia muy escasa en el empleo. Más en general, es preciso exigir a los Estados miembros una seria reforma de los sistemas educativos. 
En Italia, el Tribunal de Cuentas ha denunciado hace pocas fechas que a un alto porcentaje de licenciados le cuesta encontrar trabajo, debido precisamente a las deficiencias del sistema educativo, en particular de las universidades en las que se desatiende, demasiado, el aspecto práctico y aplicativo de la enseñanza teórica. 
La segunda consideración que quiero hacer se refiere a las mujeres. 
Las mismas son las más discriminadas en el ámbito laboral porque deben hacerse cargo de la familia y, en caso necesario, también del cuidado y la asistencia a las personas mayores y los discapacitados. 
En particular, este Parlamento ha reiterado a la Comisión la necesidad de garantizar a las mujeres trabajadoras, sobre todo a las que están solas, sistemas de asistencia social adecuados, sin los cuales el derecho al trabajo se convierte en una auténtica utopía. 
Por último, quiero detenerme en otra propuesta contenida en el informe, esto es, la gestión más flexible de la jornada laboral. 
En caso de que las condiciones económicas lo permitan, puede aceptarse y desearse la reducción de la semana laboral y sobre todo la creación del contrato a tiempo parcial para generar nuevos puestos de trabajo. 
Sin embargo, no ha de olvidarse que cualquier reducción de la jornada, precisamente en el respeto de los principios fundamentales de subsidiariedad y de participación, debe concertarse con los interlocutores sociales evitando, por tanto, imposiciones legislativas que sólo introducirían un elemento de rigidez inútil y perjudicial. 
Señor Presidente, el informe Van Velzen presenta gran calidad y equilibrio. 
Es consecuencia de la voluntad del ponente de encontrar consensos que abarquen la diversidad de las situaciones sociales europeas en la actual situación económica. 
Las preocupaciones por la inversión, el apoyo a las PYME, la tributación que oprime a las empresas empleadoras, las condiciones de trabajo, la reducción gradual de los horarios máximos de trabajo y una mejor gestión de éste, salarios, protección social, formación realmente preparadora y sistemas de enseñanza adecuados dan sentido social a la adaptabilidad y a la empleabilidad, que, sin esa orientación, son objetivos cínicos, meramente economicistas, por lo que desearía que la Comisión lo tuviera en cuenta. 
El desempleo no es inevitable, pero no deseo para otros países de la Unión la solución encontrada en vastas regiones portuguesas, en las que tres generaciones trabajan para conseguir un salario mínimo español, la mitad de uno belga, la cuarta parte de uno alemán, con casi pleno empleo. 
Un mundo en el que esos ciudadanos, cuando están desempleados y, sobre todo, las desempleadas, pierden del 50 % al 100 % de sus ingresos y para el acceso a los consumos sólo les queda la solidaridad familiar, la débil solidaridad nacional y la solidaridad europea mediante la cohesión. 
Mi apoyo a este informe se basa en que es un paso seguro e importante para dar cuerpo a la empleabilidad. 
No queremos para los países que tienen tasas elevadas de desempleo una solución que debilite la ciudadanía y el modelo social europeo. 
Señor Presidente, hace cuatro años estrenamos un nuevo enfoque: en la Cumbre de Essen se adoptó una estrategia amplia para luchar con mayor eficacia contra el paro, respetando rigurosamente la subsidiariedad. 
Hace un año estrenamos otro: en la Cumbre de Luxemburgo en favor del empleo se acordaron unas directrices con vistas a garantizar un elevado nivel de empleo. 
Hoy celebramos otro estreno con la valoración pública de lo que se ha conseguido y lo que no se ha conseguido mediante los planes nacionales de acción. 
Sobre todo se detectan deficiencias en el ámbito de la formación, con insuficientes medidas en favor de la formación continua, una participación demasiado escasa de los trabajadores de más edad, con unos programas de formación que prestan insuficiente atención a las nuevas tecnologías y unos sistemas educativos en los que a menudo falta una conexión con la práctica, el trabajo en equipo y el conocimiento de otros países. 
En estas condiciones resulta casi imposible fomentar el acceso al empleo, que es el primer pilar de los planes de acción. 
También se concede todavía demasiado poca atención al cuarto pilar: la igualdad de oportunidades. 
Señor Comisario, las mujeres encuentran especiales trabas para el acceso a la vida profesional cuando los servicios de atención infantil- guarderías, jardines de infancia, centros de día- son insuficientes. 
Sin embargo, existen algunos indicios alentadores: cada vez son más los Estados miembros que, como Alemania, se están adaptando a la transformación de las estructuras profesionales. 
Se está mejorando el marco de condiciones para el desarrollo del espíritu empresarial, unas políticas de empleo activas están sustituyendo finalmente a las pasivas. 
Lo importante ahora es que se institucionalice el diálogo entre el Consejo ECOFIN, el BCE, los agentes de la política social, los interlocutores sociales, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, con objeto de mejorar la coordinación de la política económica y la política monetaria, incluido el imprescindible Pacto de Estabilidad, con la política de empleo. 
La próxima Cumbre de Viena debería insistir de nuevo en los aspectos adecuados, en vez de despertar falsas expectativas, a la manera del llamado programa global de inversiones con un coste de miles de millones que los Estados miembros en cualquier caso no van a financiar. 
En efecto, con un enfoque realista, son muchas las posibilidades de que las personas afectadas por el paro y la exclusión también perciban que Europa permite superar los obstáculos y la inacción, sabe promover la coordinación y genera impulsos esenciales y nuevas ideas. 
Señor Presidente, el ritmo actual de desarrollo no absorbe el gran número de desempleados. 
El crecimiento económico en la Unión Europea fue del 2, 7 % en 1997 y se espera que sea de cerca del 2, 8 en 1998, sin embargo los salarios reales han aumentado sólo un 1 %; a pesar de todo la tasa de desempleo no ha mejorado. 
Los puestos de trabajo a jornada completa se reducen y sólo aumenta el trabajo a tiempo parcial. 
El espectro de la pobreza y de la exclusión social ya está afectando o amenaza directamente a millones de ciudadanos de la Unión. 
De verdad, ¿qué optimismo podemos tener con estos datos? 
En nuestra opinión, la política de empleo parece ser poco fiable y un factor de agudización de las crisis. 
Esta es la conclusión que sacan los ciudadanos de la Unión. 
Y estando así las cosas, la comunicación de la Comisión da prioridad a la competitividad de la industria y el comercio, al Pacto de Estabilidad, a la estabilidad monetaria, al fomento del trabajo a tiempo parcial y de los empleos atípicos, a la empleabilidad- un invento que traslada el peso de la responsabilidad de encontrar un empleo del Estado y su política al trabajador. 
Los trabajadores, señor Presidente, se resisten a esta política. 
No esperan nada de ella. 
Y lo único que les queda es intensificar su lucha para anularla. 
En este sentido nos encontrarán a su lado. 
Señor Presidente, puesto que hablamos de la Europa social, ante todo quisiera felicitar al Sr. van Valzen y, una vez no es costumbre, a la Comisión, por su acción relativa a la consulta de los trabajadores. 
Después de Vilvorde y, más recientemente, Levis, efectivamente, es urgente fortalecer el poder de información y de discusión de los trabajadores tanto en lo que se refiere a la estrategia de inversión de la empresa como el relativo a una decisión de deslocalizar. 
Esta cultura de la información, yo iría hasta decir de cogestión, sigue la dirección correcta. 
En cambio, debo decir que, de manera más general, el programa de acción social de la Comisión carece de ambición y de grandes propósitos. 
Naturalmente, se hace alusión, con toda razón, a la reducción del IVA para los servicios que requieren mano de obra intensiva, la reducción de las cargas de las PYME, la flexibilidad, la formación, etc. Sin embargo, formulo la siguiente pregunta: ¿en qué han quedado los compromisos de la Cumbre para el Empleo de Luxemburgo, de noviembre de 1997? 
Es políticamente esencial que emerja un gran proyecto y sea capaz de canalizar las energías. 
Hace falta, realmente, un nuevo Estado de bienestar que promueva el empleo y la formación a lo largo de toda la vida para cada ciudadano de la Unión Europea, es decir, hacer lo necesario para que toda mujer, todo hombre, de Lisboa a Berlín, de Londres a Roma, disponga de la misma esperanza en caso de pérdida de empleo. 
Personalmente, sueño con eliminar la palabra paro de nuestro vocabulario y no se trata de mera retórica. 
Se trata concretamente de que cada vez que haya un licenciamiento, o un período cualquiera de inactividad, a partir de ahora se active automáticamente una formación retribuida de carácter obligatorio que no sea un cursillo de aparcamiento. 
Es preciso transformar el ensayo de la Cumbre para el Empleo de Luxemburgo de noviembre de 1997, cuyas decisiones, aprobadas por los Quince, fijaban ya como prioridad no dejar a un joven sin actividad ni formación durante más de seis meses, y a un adulto durante más de un año. 
Es preciso vivir este concepto yendo más lejos, proponiendo que, a lo largo de toda su vida, el individuo alterne actividad y formación pasando de una a otra sin ruptura no deseada, es decir, sin paro. 
Señor Presidente, en verdad este es un gran proyecto que permitiría a Europa reanudar con su pasado, el de iniciadora del progreso social. 
Su financiación podría apoyarse en los 2, 3 billones de francos dedicados cada año en Europa a la lucha contra el paro y en los Fondos Estructurales Europeos que, menos compartimentados, cumplirían de la mejor manera este objetivo. 
Señor Presidente, las estadísticas más recientes revelan un descenso de las cifras de paro. 
Un estudio más detallado indica, no obstante, que aun cuando la tasa de desempleo ha disminuido, lo ha hecho en una proporción inferior a la tasa de crecimiento de la economía durante el mismo período. 
También da que pensar el hecho de que alrededor de 23 millones de ciudadanos europeos vivan en el límite de subsistencia. 
Como también da que pensar que el presente informe haga una advertencia contra los puestos de trabajo baratos e inste a mantener una moneda estable. 
Los requisitos para una política de empleo eficaz de la Cumbre de Luxemburgo son ambiciosos. 
Nadie puede rechazar en serio las alternativas a la tributación del trabajo. 
Nadie se opondrá a que se adopten medidas para mejorar el clima para las inversiones o en favor de la formación profesional y continua. 
Sin embargo, estas recetas en definitiva no son nuevas. En la Cumbre de Essen ya se debatió el Libro blanco sobre el empleo, precisamente en relación con las mismas medidas. 
Resulta decepcionante, no obstante, la escasa concreción de estas medidas en los Planes nacionales de acción en favor del empleo. 
Así, por ejemplo, en muchos Planes nacionales de acción no se definen unos objetivos concretos ni se concretan los recursos financieros o sólo se hace de manera insuficiente. 
Faltan indicadores adecuados, una cuantificación de los recursos presupuestarios, una definición de las prioridades y sus efectos a lo largo del tiempo. 
¿Cómo es posible, entonces, una evaluación fidedigna de los progresos y los resultados de las políticas de empleo? 
Permítanme que les diga que escucho el mensaje, pero me falta la fe, puesto que los Estados miembros no transponen los objetivos. 
Señor Presidente, me muestro de acuerdo con mis colegas que han dicho que el proceso que se inició en Luxemburgo es positivo, pero que por supuesto se debe avanzar claramente en Viena. 
Me gustaría enfocar mi intervención, Señor Comisario, en un aspecto muy importante para mi. 
Va siendo hora de que los Estados miembros vuelvan a vincular el crecimiento del empleo a la igualdad de oportunidades para mujeres. 
En el informe Van Velzen abogamos muy claramente por la reducir a la mitad las diferencias entre los sexos. Esto requiere un compromiso muy particular de los Estados miembros a través de todas directrices y también supone un compromiso para una acción positiva. 
Algunos ejemplos: está relacionado con el hecho de que las mujeres estén más y más tiempo en el paro y es bueno, Señor Comisario, que los Estados miembros hayan optado por la prevención del desempleo de larga duración. 
Pero eso significa también que las mujeres deben poder beneficiarse por lo menos proporcionalmente de las medidas de integración. 
Significa también que los Estados miembros, no como hacen ahora, no pueden dejar de prestar atención al desempleo de larga duración allí donde las mujeres están sobrerepresentadas. 
No, las dos deben ir juntas y ser complementarias. 
En segundo lugar, pedimos también un compromiso claro para dar más oportunidades de formación a las personas que trabajan todavía. 
Colegas, me parece escandaloso que se excluya rotundamente a las mujeres que trabajan «parttime» de las oportunidades de formación en la mayoría de los planes empresariales de formación. 
En tercer lugar, se requiere una atención adicional en las negociaciones salariales para la inaceptable diferencia, la diferencia salarial de un 20 a 30 por ciento que existe todavía entre los hombres y las mujeres. 
Su consecuencia debería ser que en las negociaciones salariales, las subidas salariales estuvieran dirigidas en este momento principalmente a los sueldos infravalorados de las mujeres. 
Esto requiere también que los Estados miembros no sigan obsesionándose únicamente con el «parttime» , sino que también empiecen a discutir modelos de reparto de empleo y de reducción del tiempo de trabajo, que respeten más la vida familiar, como por ejemplo la semana de cuatro jornadas laborales. 
Por cierto, pedimos que la Comisión también vuelva a presentar una propuesta para endurecer la actual directiva en materia de la jornada laboral. 
Por último, Presidente, la redacción de objetivos concretos ya ha demostrado su eficacia. 
Hemos de fortalecer este proceso en todas las líneas directrices y una importante petición de mi grupo parlamentario es que la Comisión elabore urgentemente «bench-marks» para comparar la eficacia de la protección social. 
Hemos de procurar que más empleo signifique a la vez más empleo cualificado y, por lo tanto, con una protección social adecuada. 
Señor Presidente, mi agradecimiento no simple y retórico al ponente y voy a intentar precisar cuatro ideas, cuatro reflexiones que, a mi juicio, enriquecerían el informe. 
En primer lugar, echo de menos una referencia a la coordinación de las políticas económicas con la política monetaria, es decir, a la coordinación del Consejo de Economía y Finanzas con el Banco Central Europeo. 
La literatura reciente, y especialmente Krugmann, empiezan a plantearse si es lógico, si es coherente seguir dando prioridad a la estabilidad de precios ahora que estamos en niveles históricamente bajos respecto a la creación de empleo. 
Y aunque creo- como ha dicho Carlos Gasòliba- que la estabilidad económica es el caldo de cultivo para la creación de puestos de trabajo, creo también que es necesaria una mayor coordinación y una mayor atención del Banco Central Europeo a este objetivo. 
En segundo lugar, lamento que no se haya aprovechado la experiencia recogida en este Parlamento cuando se hicieron comparaciones, «benchmarking» , sobre la creación de puestos de trabajo en Europa y en Estados Unidos. 
Aparte de algunas ideas que han sido repetidas aquí por determinados oradores- flexibilidad y liberalización de ciertos mercados, fundamentalmente del mercado de servicios y del mercado de trabajo -, en aquel informe se señalaba como una de las causas fundamentales que dan ventaja a los Estados Unidos en la creación de puestos de trabajo el mayor esfuerzo que dedican a la investigación y desarrollo, la mayor participación que tiene la iniciativa privada en ese esfuerzo conjunto y la opción de favorecer la I+D mediante bonificaciones fiscales frente a la ayuda directa, haciendo así conectar los proyectos con la obtención de beneficios. 
En tercer lugar, en materia de fiscalidad se habla del IVA en servicios intensivos en mano de obra. 
Me parece que ha llegado la hora de plantearse si es coherente seguir con un impuesto sobre el valor añadido como el que se alumbró en 1967 cuando en Europa sobraban puestos de trabajo y faltaba mano de obra y si no será necesario examinar si sigue siendo coherente permitir la deducción inmediata del impuesto que grava los bienes de inversión favoreciendo por tanto la sustitución de mano de obra por bienes de equipo. 
Y una última observación. 
Estoy de acuerdo en lo que se refiere a las redes transeuropeas, pero es hora ya de avanzar y decir si las vamos a financiar con cargo a las reservas de excedentes, con emisión de deuda o de otra forma. 
Señor Presidente, antes de nada deseo felicitar al ponente, Sr. van Velzen, por haber sabido captar los temas fundamentales de este importante aspecto de la economía que es el laboral. Y lo ha sabido hacer en una etapa que se caracteriza por la incertidumbre, pues no hay duda de que, respecto a las conclusiones a las que llegaron los Gobiernos de los Estados miembros en noviembre de 1997, hoy se asiste a una situación radicalmente distinta tanto dentro de la Comunidad, en la que mientras tanto ha comenzado la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria y tenemos el Pacto de Estabilidad con todas sus consecuencias, como en el resto del mundo donde es innegable que en estos último tiempos se han producido cambios sumamente graves: una recesión que, sin duda, está en curso y que afecta al menos al 40 % de la población mundial- como ha señalado el propio señor ponente- y que, por el momento, ha visto a las áreas europea y norteamericana mantenerse alejadas de estas turbulencias, aunque no existe ninguna garantía de cara al futuro. 
En definitiva, el nivel de desarrollo que apreciamos en Europa es insuficiente respecto a las necesidades de crecimiento del empleo y, en consecuencia, tenemos un diferencial que ha de superarse. 
Estamos convencidos de que el problema del empleo no puede resolverse con actos y decretos sobre el empleo: no se crean puestos de trabajo por decreto; los puestos de trabajo se generan favoreciendo el crecimiento económico. Por eso, es necesario un esfuerzo por parte de todos a fin de que dicho crecimiento se fomente a través de políticas adecuadas, sobre todo de carácter fiscal, y a través de ayudas adecuadas para el desarrollo económico. 
Se plantea, por tanto, el problema de las inversiones que han de ser lo más productivas posible y, en consecuencia, concentradas allí donde ya pueden ofrecer respuestas. 
Unas inversiones que sólo fueran de carácter social no darían ningún resultado. 
Espero que éste sea el enfoque que se tendrá en cuenta en la próxima Cumbre de Viena a la que toda Europa presta suma atención. 
Señor Presidente, el informe del colega van Velzen es un excelente informe. 
Es un informe con propuestas rigurosas, cercano a la realidad, sin concesiones a la demagogia y con algunas ideas innovadoras. 
Si personalmente tuviera algo que destacar, lo haría subrayando el apartado dedicado a la estrategia de prevención. 
Espero y deseo que este informe tenga el mayor apoyo posible dentro de este Parlamento. 
Los millones de parados de la Unión Europea no hacen inútil este debate sino todo lo contrario. 
Y en todo caso, gracias a otros debates y a éste, el empleo avanza, aunque lentamente, como una política común que debe ir vinculada a la necesaria coordinación con las políticas económicas. 
El desempleo genera formas de exclusión, la precariedad impide el desarrollo personal, y la falta de expectativas personales coloca a la mano de obra disponible en una situación de servidumbre respecto de quien pueda proporcionarle un empleo. 
Los poderes públicos tienen la obligación no solamente de velar por el mantenimiento de los principios de igualdad y de solidaridad en oportunidades y niveles de renta, sino que deben impulsar políticas activas y generar condiciones básicas para ir paliando la mayor preocupación de nuestras sociedades que es el desempleo. 
Los poderes públicos deben adoptar, como dice el informe, políticas económicas que fortalezcan o fomenten el crecimiento derivado de las inversiones, que den confianza a los consumidores y que mantengan la demanda de consumo interno. 
Es necesario un papel mucho más enérgico de los poderes públicos para el desarrollo de políticas activas sobre el mercado de trabajo y una cierta audacia sería útil para enfocar la situación actual. 
Frente a un cierto mantenimiento del concepto de desregulación, que suele utilizarse como el gran argumento, nosotros seguiremos defendiendo propuestas que conjuguen flexibilidad y seguridad. 
Señor Presidente, mis felicitaciones al ponente, Sr. van Velzen. 
En su informe se aprecia que, efectivamente, según los datos reales de que disponemos, durante este año se ha registrado una reducción del desempleo; sin embargo, no debemos fiarnos de esto porque sólo se trata de una situación marginal que contemplamos en Europa. 
Por otra parte, si analizamos las que son las realidades de cada uno de los Estados miembros, constatamos que existe una gran disparidad dentro de los 15 Estados miembros. 
En Italia, por ejemplo, la tasa de paro sigue rozando el 12 %. 
¿Cuáles son las recetas que ya hemos establecido? 
Evidentemente, el abaratamiento del coste laboral y, naturalmente, el fomento del desarrollo empresarial, sobre todo en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. 
Ya se ha recalcado la importancia que reviste la formación y la cualificación profesional, por tanto, no abundaré en este tema. 
Quiero sólo subrayar algo que ya figura en el informe y que, en mi opinión, es extremadamente importante, esto es, la posibilidad de reducir el IVA que grava los servicios muy intensivos en mano de obra. 
El Consejo ya formuló esta propuesta el 21 de octubre de 1997. 
Merecería la pena retomarla rotunda y firmemente, así como volver a impulsar el Banco Europeo de Inversiones, el cual ya expresó su disponibilidad, a financiar proyectos incluso con tipos de interés por debajo de los del mercado, siempre que dichos proyectos generen realmente empleo y, por tanto, sean proyectos importantes desde este punto de vista. 
Además, ¿por qué no se propone una revisión de la importante función del Banco Central Europeo? 
Este nuevo instrumento, creado para contener la inflación en los 15 Estados miembros, debería y podría tener otro importante objetivo, o sea, mantener bajo control el desempleo. 
En los Estados Unidos, la Reserva Federal sostiene un planteamiento similar. 
Este instrumento debería asegurar también en Europa el importantísimo cometido de mantener bajo control el empleo. 
Creo que merece ser recalcada la importancia social que revisten estas nuevas instituciones que se están creando. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión versa sobre el empleo, sobre el empleo en Europa en 1998. 
Versa sobre la cuestión del empleo y no sobre el problema y la estadística del desempleo. 
El Sr. Van Velzen, en particular en la exposición de motivos que acompaña a la propuesta de resolución, se ha acercado, atinadamente, a la distinción fundamental que hace subrayar la necesidad de que se hable más de calidad del empleo, sin perjuicio de la gravedad de los números del desempleo y de la alarma que provocan. 
Subrayamos también que algunas observaciones del ponente sobre el clima de recuperación económica parecen excesivas por haber dejado de apoyarse en la realidad. 
Y no por culpa suya, sino por la forma como ha evolucionado la coyuntura. 
Como última consideración permitida por el tiempo, también hemos de decir que nada tiene de negativo, en sí mismo, que la Comisión recurra a la terminología de los pilares para su informe sobre el empleo. 
Pero sí que rechazamos la ambigüedad de que, por esa vía y, en particular, por la empleabilidad- luego, primer pilar -, se pueda responsabilizar a los desempleados y su escasa preparación de la existencia del desempleo. 
Y también desculpabilizar del desempleo a un sistema de relaciones sociales que lo crea y utiliza estratégicamente. 
Presidente, yo también quiero dar sinceramente las gracias al ponente por el enorme trabajo que ha realizado y por el informe que ha puesto sobre la mesa en tan poco tiempo. 
Es realmente imposible trabajar en estas condiciones. 
Eso explica tal vez su ataque a nuestras enmiendas. 
Naturalmente, no estábamos de acuerdo con algunas partes del informe. 
También nos abstuvimos en la reunión de la Comisión. 
Nos hemos visto obligados, por lo tanto, al tener que presentar de nuevo las enmiendas que tenían que ver con esas cuestiones. 
Eso no significa, naturalmente, que por ello se anulen todos los compromisos. 
Pero estábamos en una situación extraordinariamente complicada, cuando teníamos que presentar enmiendas para un informe que no existía todavía. 
Eso quiere decir, simplemente, que en el futuro tenemos que buscar otra solución, aunque sé que el ponente mismo no puede hacer nada al respecto. 
En lo que respecta al tema que nos ocupa: el paro, afortunadamente, por primera vez se está reduciendo un poquito, pero eso no significa naturalmente que eso siga así en el futuro. 
Se divisan algunos nubarrones en el horizonte. 
Por lo tanto, debemos continuar con la estrategia diseñada. 
Quisiera decir que esa estrategia ha sido mucho más exitosa de lo que todo el mundo se había esperado anteriormente. 
Ha habido mucho cinismo con respecto a esta estrategia, pero sin embargo, resulta que funciona. Resulta que verdaderamente conduce a cambios en los Estados miembros. 
Quizá no suficientemente, pero bueno. 
Ahora nos tememos que ocurran una serie de cosas, que están también expuestas parcialmente en el informe del Sr. Van Velzen. 
El punto 7 con el amplio programa de inversiones, es algo que para nosotros no es aceptable, porque entonces volvemos de nuevo a la discusión sobre la estrategia completa. 
En su día rechazamos tal programa de inversiones de amplio alcance, a) porque no hay dinero y b) porque no funciona a nivel europeo. 
Para nosotros es difícil aceptarlo ahora de repente aunque haya actualmente once primeros ministros en la Unión Europea de origen socialista. 
Para nosotros no significa, sin embargo, que haya que cambiar inmediatamente las posiciones. 
El segundo punto que quisiera abordar todavía, es la cuestión de los impuestos. 
Me parece que el ponente pide, con razón, atención al respecto. 
Es muy penoso que la discusión acerca de esto y sobre todo acerca de las modificaciones del IVA haya fracasado totalmente en el Consejo y que los gobiernos que presuntamente estaban a favor, ya no hagan nada al respecto, mientras que el par de gobiernos que estaban en contra, parecen poder arreglarlo todo. 
Me parece muy lamentable. 
Espero que este Parlamento Europeo consiga poner esta cuestión de nuevo sobre el tapete. 
Esos son los puntos más importantes. 
Dadas las circunstancias, podemos dar nuestra aprobación si no hacemos de esto de repente otra cosa y si se adopta lo suficiente de nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, es probable que el desempleo presente un descenso en la Unión Europea en conjunto, aunque no sé si alguien sale de su situación patológica cuando la fiebre baja de 41 a 40, 5. 
Lo que yo quisiera traer como experiencia de mi país es una intensificación del fenómeno del desempleo y especialmente en los estratos de los jóvenes y las mujeres, y esta intensificación se identifica con el esfuerzo angustioso de Grecia, y es paralela a él, por cumplir los criterios de su integración en la UEM. 
Y creo que en este sentido llegamos a la esencia de la lucha contra el paro en la actualidad. 
Hace algunos años teníamos el Libro Blanco «Desempleo, Desarrollo, Competitividad». 
No sé qué ha quedado de todo esto, quizás haya quedado algo, pero no ha quedado lo que estuvimos debatiendo aquí dentro y toda la alarma que se había activado en el Parlamento Europeo y en todas partes. 
Sin embargo, hoy creo que queremos que tengan resultado tanto las ideas positivas del Sr. Van Velzen como los esfuerzos del Comisario Sr. Flynn y de la Comisión en conjunto sobre la formación de una estrategia contra el paro basándonos en determinados pilares, debe cambiar el camino que ha trazado Maastricht. 
Un cambio que signifique que criterios sociales y del desempleo entren en la marcha hacia la UEM; signifique que las inversiones no se sitúen en los déficit sociales y que signifique que por lo menos también el Banco Central Europeo siga el camino del Federal Reserve de los Estados Unidos. 
Señor Presidente, en primer lugar soy de la opinión de que la estrategia que se inició en Luxemburgo, da buenos resultados y que es un impulso para unos cambios estructurales del mercado laboral europeo. 
Esperamos, sin embargo, que se ajusten y se endurezcan en Viena las líneas directrices de modo que los Estados miembros tengan que comprometerse aún más concretamente con los gastos cuantificados. 
Esperamos que la Comisión Europea mejore sus propuestas en ese sentido. 
En segundo lugar, no se puede negar que el número de los puestos de trabajo ha crecido en 750.000 unidades en 1997, y esto fundamentalmente debido al crecimiento económico, un crecimiento económico que ahora, sin embargo, está en peligro por las crisis financieras en otra parte del mundo. 
De ahí que se imponga la necesidad de apoyar el crecimiento económico con un amplio programa europeo de inversiones. 
Ya se ha hablado suficientemente de los TEN. 
Ahora se deben tomar decisiones claras. 
En tercer lugar, apoyo a los colegas que han defendido una mayor participación de las mujeres, de los mayores de cincuenta años y también de los minusválidos en el mercado laboral. 
El último elemento, Señor Presidente, es urgente que se reduzcan los impuestos sobre el trabajo. 
Señor Presidente, a pesar de que en los últimos años la economía en Europa está creciendo a un ritmo relativamente más satisfactorio- por ejemplo, en 1997 tuvimos un crecimiento de un 2, 7 %- no se observa la correspondiente reducción del paro. 
Hay una reducción, pero es pequeña, excepcionalmente pequeña y en algunos Estados el paro sigue existiendo y tiende a aumentar, como por ejemplo en mi país. 
Esto significa que el crecimiento por si sólo no crea tantos puestos de trabajo como necesitamos. 
A la vez necesitamos medidas estructurales en el mercado laboral y deberemos dirigir nuestra atención en este sentido. 
Señor Presidente, dado que el problema del paro es un fenómeno paneuropeo, sin duda es necesaria la coordinación de las políticas de los Estados miembros para solucionar el tema en conjunto y con efectividad. 
La solución del problema del paro y del fomento del empleo debe ser una cuestión realmente europea. 
Sin embargo lo importante es que la coordinación sea cual sea se mueva en la dirección correcta. 
Porque puede que coordinemos todos juntos, que tengamos la misma política, y que al final lo que hagamos sea aumentar el paro. 
En este momento, pues, quisiera decir- aunque a algunos de nuestros colegas les produce alergia- veamos qué es lo que ocurre en América, veamos qué es lo que ocurre en Japón. 
No es necesario copiar el modelo americano o el japonés, pero veamos por qué hay allí menos paro y saquemos algunas enseñanzas. 
Así como podemos sacar también enseñanzas de algunos países de la Unión Europea que ya tienen una tasa de desempleo excepcionalmente baja. 
Creo, pues, que debe haber en este marco una mayor flexibilidad en el mercado laboral, que debe haber medidas como la modernización del régimen fiscal y jurídico para el empleo, que deben existir incentivos fiscales y de otros tipos para las inversiones en las empresas, y especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que debe darse la conclusión del mercado interior y facilitarse la circulación de los trabajadores, debe haber flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, reducción del coste no salarial, fomento de políticas activas del empleo y no sólo dar énfasis a la caja de desempleo y, finalmente, se deben explotar los fondos y las posibilidades de formación mediante el Fondo Social Europeo, sobre el que tengo muchas dudas, señor Presidente, sobre si es lo efectivo que pudiera ser. 
Gracias, señor van Velzen, por su informe. 
Es un documento estimulante que contiene un análisis completo de los problemas clave del mercado de trabajo de la Unión Europea e incluye una serie de propuestas muy buenas e interesantes sobre medidas de cara al futuro. 
Hace un año presenté al Parlamento el primer conjunto de directrices para las políticas de empleo. 
Es para mí una gran satisfacción comunicarles que, desde entonces, hemos logrado avances y logros considerables. 
Todos los Estados miembros han respetado los compromisos políticos asumidos en Luxemburgo el año pasado. 
En su proyecto de informe conjunto para 1998, la Comisión reflejaba debidamente este progreso que hacía las políticas nacionales de empleo más estructuradas y transparentes mediante, por ejemplo, la notificación sobre los fondos concretos que se destinaron a las políticas nacionales de empleo y sobre las estructuras de vigilancia y evaluación. 
Este progreso está en consonancia con las propuestas contenidas en el informe del Sr. Van Velzen. 
En particular, me complace comprobar que los mensajes de prevención y activación como principios de orientación de las políticas de empleo han penetrado en el pensamiento de las autoridades nacionales y de los interlocutores sociales. 
Dichos principios han comenzado a traducirse en medidas concretas que los Estados miembros ya han puesto en marcha este año. 
Reconozco y acojo con satisfacción dicho progreso. 
Todos ustedes saben que la intervención rápida para prevenir el desempleo entre los jóvenes y el de larga duración y el paso de un enfoque curativo hacia otro preventivo es la clave de esta estrategia. 
Es el argumento central que viene defendiendo el Sr. van Velzen; la necesidad de adoptar un enfoque preventivo. 
También se han adoptado medidas concretas, por ejemplo, reduciendo el número de jóvenes que abandonan los sistemas de formación y educación sin haber obtenido la debida titulación. 
El Sr. van Velzen y el Sr. Thomas Mann hacen hincapié en este punto y estoy completamente de acuerdo. 
Observará, señor van Velzen, que en nuestra propuesta de directrices para 1999, la formación a lo largo de toda la vida es uno de los temas clave sobre los que se tratará en Viena. 
Lo que decimos en las nuevas directrices es que queremos incrementar el número de las personas que tienen acceso al mercado de trabajo, en particular, de los trabajadores de edad más avanzada. 
Es un punto al que no se ha dedicado la suficiente atención y el informe nos apoya en este sentido. 
Quisiera llamar su atención sobre una observación contenida en el informe relativa a las tasas de empleo, de que las altas tasas de empleo dependen de que se complete la formación. 
Ésta debe ser una característica clave del desarrollo de estas políticas por parte de los Estados miembros. 
Estamos hablando de mejorar el entorno para la empresa, alentar y ayudar a las empresas que comienzan, de la coordinación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, de intentar que los interlocutores sociales sean más conscientes de su posible aportación, de desarrollar el pilar de la adaptabilidad, de introducir reformas fiscales para reducir la carga impositiva sobre el trabajo, de promover una mayor conciencia de la necesidad de evitar la segregación por razón de sexo y facilitar el acceso de todos al mercado de trabajo. 
En este sentido quiero hacer una referencia a los comentarios de la Sra. Van Lancker sobre las mujeres en el mercado laboral. 
En realidad, el informe sobre las tasas de empleo trata precisamente sobre este aspecto. 
Quisiera llamar su atención, señora Van Lancker, sobre el hecho de que la igualdad es actualmente uno de los elementos clave de nuestra estrategia. 
Observará que no estamos hablando simplemente de una tendencia mayoritaria, sino de un tema horizontal y de no limitarnos a confiar en el cuarto pilar para apoyar su argumento. 
Sus comentarios y los de la Asamblea han sido tomados plenamente en consideración. 
El proyecto de informe conjunto identifica estos avances alentadores, pero esto no es más que el comienzo y nos queda un largo camino por recorrer. 
Necesitamos una mayor participación de los interlocutores sociales a todos los niveles, así como promover y desarrollar un enfoque de asociación sólida a nivel local que favorezca la creación de puestos de trabajo y el desarrollo económico local, especialmente en el sector de los servicios. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Ojala sobre el sector de los servicios. 
Observará que en el informe sobre las tasas de empleo, en el que comparamos lo que sucede en los Estados Unidos y lo que sucede en la Unión Europea, la principal conclusión es que no hemos desarrollado el sector de los servicios como han hecho en los Estados Unidos. 
En la Unión Europea hay un 39, 2 % de la población activa que trabaja en el sector de los servicios, mientras que en los Estados Unidos el porcentaje es del 54 %. 
Es una gran diferencia. 
Necesitamos elaborar nuevas opciones para reducir el régimen fiscal que se aplica al trabajo y que sea compatible con la estrategia macroeconómica global en favor de un crecimiento estable y del empleo en la UME, para idear y aplicar más medidas concretas que favorezcan la igualdad de oportunidades en nuestros mercados laborales para las mujeres, los discapacitados y los inmigrantes. 
Su informe, señor van Velzen, presenta una amplia gama de sugerencias para avanzar en la estrategia. 
Creo que es eso lo que sucederá. 
El impulso existe. 
Me complace comunicarle que muchas de sus propuestas e ideas ya han sido incluidas en nuestra propuesta para 1999. 
Las verá reflejadas en el resultado de la Cumbre de Viena. 
En su Propuesta de directrices para las políticas de empleo en 1999, la Comisión ha intentado consolidar el impulso político que se ha conseguido este año. 
Usted mismo ha dicho, señor van Velzen, que existe una revolución silenciosa. 
Me gustaría pensar que no es tan silenciosa. 
Pero el impulso existe, los Estados miembros han asumido el compromiso y creo que se verá muy fortalecido después de Viena. 
En aras de la coherencia y la continuidad, se han introducido muy pocos ajustes substanciales en la propuesta para 1999. 
Se mantiene la estructura de los cuatro pilares y los tres objetivos operativos a nivel europeo. 
No obstante, incluye las orientaciones del Consejo Europeo de Cardiff y arranca de la evaluación del informe conjunto sobre el empleo de 1998 y el informe sobre las tasas de empleo de ese mismo año. 
Algunas adiciones substantivas y, en algunos casos, nuevas orientaciones intentan hacer especial hincapié en medidas activas para 1999: fomentar la formación a lo largo de toda la vida, abrir más el mercado laboral a todos, explotar plenamente el potencial de creación de puestos de trabajo del sector de los servicios y conciliar mejor el trabajo y la vida familiar. 
La Comisión ha identificado asimismo una serie de temas horizontales. Estos incluyen una política horizontal en cuanto al género, la sociedad de la información, el trabajo no declarado, el papel de los Fondos estructurales, especialmente el Fondo Social Europeo, el desarrollo local y la necesidad de mejorar los indicadores comunes y los objetivos cuantitativos. 
Para avanzar en ese sentido es necesario realismo y ambición. 
Los objetivos comunes exigen datos estadísticos comparables a nivel europeo, y la Comisión presentará a la Cumbre de Viena un informe específico sobre medidas concretas encaminadas a mejorar el estado actual de dichas estadísticas. 
La revisión de las directrices de este año es, no obstante, una buena oportunidad para seguir desarrollando esta dimensión de la estrategia. 
La Comisión ha propuesto que los Estados miembros se fijen un nuevo objetivo a nivel individual para incrementar el número de los trabajadores que se benefician de la formación a lo largo de toda la vida. 
Además, los Estados miembros han sido invitados a fijar objetivos concretos para otras directrices de acuerdo con sus prioridades y posibilidades nacionales. 
La Sra. Boogerd-Quaak y la Sra. Todini han hecho referencia a las iniciativas de financiación comunitaria relativas al BEI y el FEI. 
Sólo quisiera decir que está en marcha el acuerdo de Edimburgo con el BEI relativo a los 5.000 millones de ecus en créditos para proyectos de infraestructura general. 
Contamos con el acuerdo de Copenhague con las PYME que ha sido asumido en su totalidad. 
Tenemos el proyecto piloto sobre crecimiento y medio ambiente para créditos que podrían elevarse a 1.600 millones de ecus. 
El FEI está autorizado a comprometer hasta el 20 % de sus fondos. 
El programa de acción especial de Amsterdam relativo al BEI por valor de 1.000 millones de ecus para financiar medidas especiales también está en marcha. 
Nos gustaría tratar con el Parlamento sobre todos ellos en un futuro. 
El informe conjunto sobre las políticas de empleo para 1999 intentará por vez primera realizar una evaluación de las repercusiones de los planes nacionales de empleo. 
Será una prueba para todos nosotros. 
Será una prueba tangible para la población de nuestros Estados miembros de que hemos pasado de las ideas a la acción y los resultados concretos. 
O sea que la revolución silenciosa, señor Van Velzen, está tomando un impulso considerable. 
Tenemos la estrategia, objetivos, un calendario y una política de convergencia. 
Necesitamos mejorar la aplicación, pero creo que lo conseguiremos. 
En primer lugar, Señor Comisario, realmente soy una persona afortunada porque todo lo que propongo, ya está previsto por la Comisión. 
Pero esa no es la cuestión que quiero plantear. 
Ha oído quejarse a muchos que han intervenido sobre la manera en que hemos tenido que hacer y enmendar este informe. 
Eso se debe al poquísimo tiempo que se dio al Parlamento Europeo. 
Quisiera que el Comisario diera una respuesta a la propuesta presentada en el punto 30 de mi informe. 
Señor Presidente, tenemos un calendario muy apretado para ocuparnos de todas estas cosas. 
Evidentemente, es un aspecto que deberá ser estudiado más a fondo cuando se ratifique el Tratado. 
En estos momentos no puedo decir cómo vamos a encajar todo esto. 
Si nos paramos a pensar en los informes que nos esperan en junio del próximo año- la elaboración del Informe anual conjunto, el Informe conjunto sobre el empleo- y cumplir todos los plazos, incluido, más adelante, el informe de concertación con el Parlamento en virtud del Tratado, no veo cómo vamos a poder hacerlo. 
Será necesario celebrar algún nuevo acuerdo entre las instituciones que nos permita cumplir el calendario de manera que podamos estar preparados para la cumbre de diciembre de todos los años. 
Debemos estudiar cómo lo haremos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Acción social 1998-2000 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0381/98) del Sr. Hughes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión «Programa de acción social 1998-2000 (COM (98) 0259- C4-0343/98) ». 
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Comisario por su cooperación y la de sus servicios y por la oportunidad que se ha brindado a los diputados a este Parlamento, y más específicamente a los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de contribuir a dar forma al contenido de este nuevo programa de acción social. 
En la explicación de motivos de mi informe se presenta el calendario y se describe cómo los coordinadores de la comisión pudieron en varias ocasiones, a finales de 1997 y comienzos de 1998, reunirse con los representantes del Gabinete del Comisario y funcionarios de la DG V para tratar sobre el contenido del programa y ayudarme a redactar un documento de trabajo en el que exponemos lo que creemos que debe incluirse. 
El ejercicio es un buen ejemplo de colaboración entre nuestras dos instituciones y no es sorprendente que haya conducido a la elaboración de una comunicación de la Comisión con la que me siento ampliamente satisfecho. 
En el Anexo del informe se detalla el grado de similitud entre la comunicación y nuestro documento de trabajo. 
No obstante, hay algunas diferencias- aspectos que faltan en la comunicación o que, en nuestra opinión, no son tratados convenientemente. 
En mi opinión, hay tres aspectos de especial importancia. 
El primero es relativo al diálogo civil. 
Solicitábamos una comunicación sobre el futuro del diálogo civil como un proceso continuado, pero la comunicación da la impresión de que seguirá consistiendo en poco más que los Foros Europeos de Política Social bianuales. 
El segundo es relativo a nuestro llamamiento en favor de un instrumento marco en materia de protección social para sacar provecho de las nuevas posibilidades que derivan del apartado 3 del artículo 137 del Tratado de Amsterdam. 
Este llamamiento no ha obtenido una respuesta adecuada. 
El tercero es relativo a la necesidad de iniciar los trabajos preparatorios para un programa de acción contra la discriminación basado en el artículo 13 del Tratado de Amsterdam y un nuevo programa de integración social basado en el apartado 2 del artículo 137, que permita presentar inmediatamente propuestas a raíz de la ratificación del Tratado de Amsterdam en la primavera próxima. 
En la comunicación de la Comisión no se menciona específicamente este aspecto y las referencias que se hacen parecen tratar demasiado específicamente sobre la integración en el mercado laboral. 
En mi exposición de motivos digo que si el Comisario puede ofrecernos garantías sobre estas cuestiones, recomendaré la aprobación del Programa de acción social. 
Tengo la impresión de que los trabajos en el seno de la Comisión han avanzado en estos aspectos, especialmente en lo relativo al diálogo civil y a los programas previstos sobre discriminación y exclusión social, y espero que el Comisario pueda ofrecernos dichas garantías. 
Además de estas preocupaciones principales, hay una serie de asuntos específicos, que parecen más bien no haber sido terminados del todo y que espero que la Comisión esté dispuesta a tener en cuenta. 
Algunos derivan de anteriores compromisos de la Comisión, como la propuesta sobre el trabajo a domicilio, otra sobre el acoso sexual, otra sobre la necesidad de completar el marco legislativo para la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los sistemas de seguridad social. 
Otras cuestiones son relativas a la necesidad de revisar las disposiciones actuales, como la necesidad de evaluar las repercusiones del Código Práctico sobre la aplicación de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un trabajo de igual valor y la necesidad de enmendar la Directiva 86/613 y elaborar a la mayor brevedad un informe de evaluación sobre la directiva relativa a la salud y la seguridad de las mujeres embarazadas en lugar de trabajo. 
Por último, en el ámbito de la salud y la seguridad, sé que la Comisión se ha comprometido a revisar regularmente los riesgos y a presentar propuestas cuando sea necesario. 
Nos complace comprobar el compromiso de la Comisión de adoptar medidas en materia de lesiones ocasionadas por el trabajo repetitivo, pero también creemos que ya existe evidencia suficiente para que la Comisión adopte medidas relativas al estrés en el lugar de trabajo. 
Un sindicato- el GMB- está tan preocupado acerca de los recortes de personal en la unidad de salud y seguridad, que ha enviado un proyecto de directiva sobre las lesiones atribuibles al trabajo repetitivo, que le entregaré después del debate. 
Para terminar, me siento satisfecho con la comunicación de la Comisión. 
Cuando redactaba el documento de trabajo hace algunos meses, buscaba un programa de acción que presentara una opinión más integral y política que las simples listas de comprobación del pasado, uno que tuviera en cuenta las nuevas posibilidades que ofrece el Tratado de Amsterdam y el papel que debe desempeñar el diálogo social; y que se centrara en las nuevas directrices sobre el empleo y la estrategia en favor del empleo, al tiempo que siguiera interesándose en cuestiones y grupos que no están necesariamente relacionados con el mercado de trabajo. 
La comunicación hace todas estas cosas. 
Si el Comisario puede darme las garantías que he pedido sobre las escasas cuestiones a las que me he referido, recomendaré encantado su aprobación a la Asamblea. 
Se interrumpe el debate, que será reanudado a las 15.00 horas. 
Votaciones 
Señor Presidente, muy brevemente, yo quisiera señalarle y señalar también a la Asamblea que la modificación de la fecha que se introduce en la enmienda 7 no afecta sólo al apartado 3 del artículo 1, sino también al apartado 2 del mismo artículo. 
En ambos casos se trata de la misma fecha. 
Es sólo una cuestión de lógica. 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Señor Presidente, deseo tan sólo hacer tres observaciones con relación a la votación de las enmiendas. 
En cuanto a las enmiendas 29 y 30, las mismas se han vuelto a presentar porque la expresión «ensayos no intervencionistas» es incomprensible en la versión italiana y el añadido «estudios de observación» permite la investigación también en los centros que investigan sin la finalidad de que se registren los medicamentos. 
Segunda observación: la enmienda 14 convierte el texto del artículo 7, apartado 2, en incompatible con el artículo 7, apartado 3. 
La enmienda 31 corrige esta incongruencia sin modificar el espíritu de la enmienda 14; por tanto, considero oportuno que la enmienda 31 se someta a votación antes de la enmienda 14. 
Por último, el artículo 35, caso de ser aprobado, haría decaer el artículo 17; al mismo tiempo, estimo que debe someterse a votación antes del artículo 16, ya que haría decaer el último párrafo del artículo 16 que reza: «en el momento en que se toman dichas medidas, el patrocinador ha de informar a las autoridades competentes». 
Señor Presidente, mi intervención también se refiere a una adaptación lingüística, concretamente de las enmiendas 1 y 10. En la votación en comisión nos basamos en el texto alemán y yo solicité que se adaptara la versión inglesa. 
Sin embargo, ahora, en el momento de presentar las enmiendas al Pleno, resulta que también se ha modificado la versión original alemana. 
Es imprescindible que quede claro que lo que se va a votar es el texto que se aprobó en comisión en la versión original alemana. 
Se trata del concepto de «representante legal». 
Tiene que quedar absolutamente claro que, en el caso de personas que no estén en condiciones de aceptar personalmente la participación en un estudio, el consentimiento lo dará su representante legal. 
Si la traducción puede inducir a error en la versión inglesa, ésta puede adaptarse mediante el término legal responsible person, pero en la versión alemana no debe figurar otro término que no sea el de representante legal (gesetzlicher Vertreter) , tal como se aprobó en comisión. 
Señor Presidente, como estamos con observaciones de carácter general y para después no interrumpir las votaciones, quiero decir con respecto a la enmienda nº 7 que hay, en algunas versiones, traducciones que son distintas. 
Cuando se utiliza el término «doctor» , que es un término de carácter general utilizado coloquialmente, se tiene que entender como médico, profesional de la medicina. 
Doctores hay en arquitectura, en química, en ingeniería, etc. 
Señor Presidente, puesto que con la enmienda 28, que fue aprobada por una gran mayoría, se establece como principio que no podrá efectuarse ensayo alguno en ninguna persona incapaz de dar su consentimiento informado, a menos que exista la garantía de que el ensayo se haga en su beneficio inmediato, yo solicito que antes de proceder a la votación definitiva volvamos a preguntar cuál es la posición de la Comisión en relación con dicha enmienda. 
Yo creo que ésta será muy decisiva también para las posteriores votaciones, tanto desde el punto de vista de la Comisión y el Consejo, como también del Parlamento. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias y pedir a la Comisión que demuestre su sensibilidad. 
La gran mayoría del Parlamento ha formulado determinadas peticiones ejerciendo así una presión que considero que debe tenerse en cuenta. 
(El Parlamento aprueba el proyecto de resolución legislativa 
Señor Presidente, quisiera hacer dos aclaraciones. 
Se trata de las enmiendas 1 y 2. 
En ambos casos, se trata de enmiendas que tratan de reincorporar textos que existían en mi documento antes de la votación en comisión. 
Pero hay una importante diferencia entre las dos enmiendas. En el caso de la enmienda 1, se trata de reintroducir un texto que yo mismo retiré por un compromiso que hice con la portavoz socialista, la Sra. Wemheuer. 
Por tanto, pediría el apoyo de la Asamblea para poder mantener ese compromiso y, por tanto, mi recomendación es votar «no» a la enmienda. 
En lo que se refiere a la enmienda nº 2, también se trata de un texto que se intenta reincorporar al informe. 
Sin embargo, se trata de un texto que desapareció del informe como consecuencia de la aprobación de una determinada enmienda que suprimía ese texto. 
Y en este caso, la posición del ponente es la de dejar libertad de voto. 
Señor Presidente, una observación general para señalarle, conociendo su apego a las mociones de procedimiento, que dos Grupos han solicitado, en relación con este texto, uno, 13 votaciones por partes y, otro, 23 votaciones por partes. 
Hago la precisión de que la petición no proviene de nuestro Grupo. 
Ya ve usted, pues, que todos los Grupos pueden hacer uso de los derechos que les confiere el Reglamento. 
En referencia a lo que acaba de decir el Sr. Fabra Vallés, nuestro ponente, señalo que la enmienda nº 1 es un añadido en relación con el texto de compromiso. 
Por tanto, no está en contradicción con el texto de compromiso que fue adoptado en comisión. 
Por otra parte, respecto a la enmienda nº 2, me parece que, en la versión alemana del texto, el verbo «previene» no se ha traducido correctamente. 
Creo que la versión alemana emplea el término stellt, de verbo stellen, cuando se trata de warnt, del verbo warnen. 
Creo que cabría corregir esta versión en relación con el texto francés. 
Señor Presidente, dos pequeñas observaciones. 
Primera: cuando usted menciona el hecho de que la Conferencia de Presidentes decidió que este informe no podía hacer referencia al artículo 206, esto significa que dicha referencia ha de suprimirse, porque de lo contrario resultará que, sin decidir por mayoría cualificada como exige el artículo 206, nosotros hacemos dicha referencia. 
Habida cuenta de que el artículo 188 C del Tratado versa precisamente sobre esta materia, sería conveniente que constara en el informe. 
Señor Dell ' Alba, tomo nota de su observación. 
Avanzamos en las votaciones y voy a mencionar, para que no se disguste el Sr. Fabre-Aubrespy, que la mayoría de las votaciones por separado esta vez las ha solicitado el Grupo Socialista. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, permítame preguntarle, sobre una cuestión de orden, si es conforme o contrario al Reglamento que los diputados realicen largas conversaciones telefónicas a través de sus teléfonos móviles. 
El Sr. McMillan-Scott lo hace continuamente y quisiera poner este hecho a su atención. 
Señor Evans, tiene usted toda la razón. 
Algunos de mis colegas, y también yo, hemos rogado repetidamente desde esta mesa que cuando se efectúen las votaciones no se hagan llamadas telefónicas desde nuestros teléfonos móviles. 
No sé en qué medida era urgente esta llamada para el Sr. McMillan-Scott, pero cuando hay una urgencia, sus señorías pueden salir de la sala para no telefonear en el momento en que la votación continúa. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, nuestro Grupo ha votado contra el informe del Sr. Fabra Vallés. 
Ayer, señalé hasta qué punto este informe ilustraba el escándalo que conocemos bien sobre el asunto de los programas MED y daba las razones por las que estábamos de acuerdo con el contenido de este informe que, no obstante, era preciso enmendar para volver, como lo dijimos hace un momento, al texto propuesto por el ponente. 
En efecto, ya sabemos desde la primavera pasada cuál es este escándalo. 
En dos ocasiones, el Parlamento ha pedido a la Comisión transmitir el expediente completo a las autoridades judiciales nacionales con la finalidad de que éstas puedan decidir por sí mismas si este expediente estaba efectivamente entre sus competencias. 
Hasta ahora, la Comisión se ha contentado con transmitir una parte del expediente. 
Al hacerlo, hace pesar sobre ella la sospecha de querer cubrir prácticas ilícitas porque algunos de sus funcionarios podrían estar envueltos en ellas. 
Ahora bien, la Comisión tiene la obligación, en virtud del artículo 206 del Tratado, de hacer todo lo que esté en su mano para dar seguimiento a las observaciones que acompañan el procedimiento de aprobación de la gestión y eso es lo que ahora se encuentra en juego. 
¿La mayoría de nuestro Parlamento va a ir hasta las últimas consecuencias de su lógica de las denuncias que ha pronunciado en varias ocasiones sobre este asunto, o va a contentarse con un mero amago? 
Ya que, cuando leemos que ahora se prevé un recurso por omisión y que se rechaza nuestra enmienda nº 1 que se contentaba con prevenir de nuevo a la Comisión de que vamos a rechazar la aprobación de gestión si no responde a nuestras exigencias, nos damos bien cuenta que el Parlamento, una vez más, va a inclinarse. 
Quisiera felicitarnos, con mis compañeros, por el hecho de que 102 diputados votaron contra este informe, probablemente por las mismas razones que nosotros. 
En la Comisión de Control Presupuestario, fui el único. 
Estos 102 diputados han demostrado a través de su voto, el papel que quieren que desempeñe nuestro Parlamento. 
Sobre el informe Pirker (A4-0390/98) 
Este informe contiene una propuesta para la creación de un sistema aduanero de información que, entre otras cosas, será accesible para Europol. 
Puesto que no puedo ver nada provechoso en esta policía federal sin control democrático, no puedo dar mi apoyo a que se le otorguen semejantes atribuciones. 
Para obtener una expresión de motivos más pormenorizada, se puede consultar mi explicación de voto relacionada con el informe A4-0396/98. 
Este informe contiene una propuesta para la creación de un sistema aduanero de información que, entre otras cosas, será accesible para Europol. 
Puesto que no puedo ver nada provechoso en esta policía federal sin control democrático, no puedo dar mi apoyo a que se le otorguen semejantes atribuciones. 
Sobre la recomendación Schmid (A4-0377/98) 
Queremos dar gracias al ponente por el excelente trabajo realizado en relación con este importante informe. 
Las regulaciones de Internet deben ser consideradas como un asunto que tiene que ser tratado con muchísimo cuidado. 
El flujo global de información que comprende Internet debe entenderse básicamente como un flujo abierto y libre que, de manera no regulada, relaciona a las personas. 
Las regulaciones de que trata el informe se refieren a acciones encaminadas a la autorregulación necesaria para detener las actividades criminales que tienen lugar en el marco de Internet, como, por ejemplo, la pornografía infantil. 
Por medio del presente informe se mejora aún más la propuesta básica de la Comisión, destacando especialmente las partes del informe relativas al sello de calidad europeo y a la necesidad de lograr un mínimo denominador común para la definición de material ilegal. 
Esto último para que, por ejemplo las ligas que trafican con pornografía infantil, no puedan utilizar las diferencias entre los países e impedirles que continúen con su inhumana y grotesca actividad. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor de un programa de acción comunitario que promueve la autorregulación, desarrolla los sistemas de filtro y clasificación y fomenta las actividades de información y las medidas de apoyo. 
Somos partidarios en gran medida de prestar apoyo económico a las iniciativas que limiten la violencia y la pornografía en Internet. 
Sin embargo, hemos votado en contra de una etiqueta de calidad europea común que sería concedida por la Comisión. 
No es tarea de la Comisión decidir qué material es amoral. 
También hemos votado en contra de la armonización del derecho penal y civil de los países miembros. 
La práctica jurídica de los Estados miembros refleja las diversas culturas y tradiciones nacionales en cuanto a qué debe censurarse y al modo de castigar los delitos. 
Es importante distinguir entre lo que es ilegal y lo que es indecoroso u ofensivo para la moral. 
La colaboración europea resulta imprescindible a la hora de luchar contra material ilegal como la pornografía infantil. 
En este ámbito debemos ampliar lo más rápidamente posible las competencias de Europol para así poder combatir las redes internacionales de producción, venta y distribución de material de pornografía infantil. 
Con sentimientos de ambivalencia me he enterado de la posición común del Consejo. 
Por una parte, me alegro del hecho de que se trabaje en una lucha más eficaz contra la «contaminación» del Internet. 
La cooperación entre los Estados miembros en este terreno es absolutamente necesaria. 
Por otra parte, me sigo mostrando muy crítico con respecto a la distinción artificial, por no decir ficticia, entre lo «ilegal» y lo «perjudicial» , como se viene aplicando por regla general. 
La pornografía infantil es ilegal, mientras que la pornografía de adultos es sólo perjudicial para los niños. 
La enorme y aberrante escala en que se abusa sexualmente de mujeres y niños debería llevarnos a unas ideas más realistas. 
He apoyado la enmienda con respecto al desarrollo de una etiqueta de calidad europea de «Site». 
Si se da prioridad a la autorregulación de los proveedores y a la responsabilidad personal de los usuarios del Internet, entonces hemos de facilitarlas lo más posible. 
La propuesta de modificación para evaluar las cuestiones jurídicas a nivel comunitario, no ha recibido mi apoyo. 
La legislación cambia de un Estado miembro a otro con respecto a los límites que se ponen a la libertad de expresión. 
Por lo tanto, me parece un despilfarro de energía que se intente convencer al Consejo de que adopte otra postura sobre esta cuestión. 
El desarrollo de las redes de Internet ha planteado pronto un problema difícil: ¿cómo evitar que ese nuevo medio de comunicación sirva de soporte a actividades ilícitas tales como la prostitución, la pedofilia, la difusión de tesis o doctrinas contrarias a la dignidad de la persona humana, sin crear un sistema de censura? 
El único medio realista era actuar entre los proveedores de Internet. 
El plan de acción comunitario se articula sobre esta idea. Especialmente a través de los códigos de conducta preparados por los organismos de autorregulación 
A este respecto, el Parlamento Europeo había propuesto, en primera lectura, la creación de una etiqueta de calidad europea para los proveedores de servicios Internet que respetaran tales códigos. 
La Comisión no retuvo esta idea, lo que resulta lamentable. 
Por ende, hemos apoyado la reintroducción de esta enmienda. 
Por último, las cuestiones jurídicas planteadas por los contenidos y las utilizaciones de Internet eran difíciles, el Consejo reservó la posibilidad de hacer una licitación para evaluar estas dificultades. 
El Parlamento desea ir más lejos y hacer esta iniciativa obligatoria para echar a andar desde ahora estos estudios. 
La posición del Consejo parece más razonable. 
En efecto, sería conveniente no iniciar dichos estudios sino hasta que realmente se hiciera sentir la necesidad. 
Para concluir, diría que pasa con Internet lo mismo que pasa con todos los medios de comunicación: es el reflejo de una civilización, de un estado de ánimo general. 
Es un poco el espejo de nuestra sociedad, de sus tensiones, sus contradicciones, su hedonismo y su amoralismo, pero también de su creatividad y de la necesidad de romper la soledad y la miseria personales que con demasiada frecuencia generan el materialismo y el individualismo en nuestra época. 
Si la imagen que nos devuelve Internet no siempre es bella, preguntémonos por qué. 
Con Internet pasa lo mismo que con los demás instrumentos inventados por el hombre: puede servir para causas buenas como malas. 
El informe del Sr. Schmid se refiere a un plan de acción para promover una utilización más segura de Internet. 
¿Más segura en qué sentido? 
Atrevánse a decirlo, en el sentido moral, puesto que ya otros informes se han referido a la protección de los intereses de los consumidores en el caso del comercio electrónico. 
Por tanto, se trata efectivamente de proteger especialmente a los jóvenes usuarios de Internet en relación con la pornografía, las ofertas disfrazadas de prostitución y los riesgos de tráfico de seres humanos. 
Ahora bien, estos riesgos son muy reales, aunque les pese a nuestros compañeros que han clamado contra la censura a propósito del plan de acción. 
Favorecer una autorregulación de los profesionales mediante la adopción de cartas, códigos de buena conducta, parece ser de todas maneras necesario. 
Asimismo, es preciso estimular la investigación para mejorar los procedimientos que permitan identificar la cadena de responsables, para atribuir la responsabilidad del contenido ilícito a quienes lo hayan creado y a quienes lo difundan, ya que nadie debe poder decir: «Yo sólo soy proveedor de acceso». 
Por otra parte, una vez más, debemos recordar que cabe considerar como ilícita toda pornografía, y no solamente la pornografía que utiliza a los niños. 
Trátese de adultos o de niños, es igualmente chocante considerar el cuerpo humano como un objeto y la sexualidad como una explotación del otro. 
Sobre el informe Amadeo (A4-0407/98) 
Señor Presidente, yo me he abstenido en la votación del Informe Amadeo, a pesar de que me parece excelente. 
He querido expresar de este modo mi protesta por el rechazo de la enmienda 36, sobre todo por parte del Grupo del Partido Socialista Europeo. 
En cambio, se ha formulado una enmienda en el sentido de que, en caso de una infracción del médico responsable del ensayo, se convocará una especie de comité disciplinario en representación de la profesión o una comisión que actuará ante la representación nacional. 
Yo creo que también los médicos, que tanto hacen por todos nosotros, tienen derecho a que sus representantes sean informados y escuchados si tienen algún problema y puedan darles su apoyo. 
Yo deploro la actitud hostil a los médicos del Grupo del Partido Socialista Europeo y he querido protestar contra ella absteniéndome en la votación. 
«En Europa hay una diversidad de tradiciones culturales, pero también una diversidad de convicciones religiosas». 
Cito a la Comisión Europea en su propuesta de directiva relativa a la introducción de buenas prácticas clínicas. 
Estas palabras eran para mí un importante punto de partida para determinar mi postura con respecto a la «clinical trial directive». 
Juzgar si los ensayos clínicos están justificados éticamente o no, es un derecho de los Estados miembros, justamente por esta diversidad cultural y religiosa. 
Se trata aquí de un tema importante y las decisiones sobre la autorización de ensayos clínicos no se pueden tomar a la ligera. 
Los comités éticos nunca pueden alcanzar tanta autoridad como las administraciones nacionales. 
Además, cada Estado miembro ha desarrollado su propio sistema sobre cuya base se pueden realizar los ensayos o no. 
La industria está al tanto de esto. 
Su temor es que una directiva a nivel europeo, creando confusión, signifique otro eslabón más en la toma de decisión sobre ensayos clínicos. 
Estas consideraciones me han llevado, ahora que se han adoptado las enmiendas 13, 14 y 15, a votar en contra del informe. 
Hemos votado hoy en contra del informe del Sr. Amadeo sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano. 
Pensamos que los propios Estados miembros deben ser quienes estructuren sus sistemas sanitarios y que la política sanitaria no debe ser armonizada en el ámbito comunitario. 
No podemos apoyar que las competencias de los Estados miembros en este terreno se vean socavadas por una directiva comunitaria y que sistemas nacionales que están funcionando bien se vean también socavados a causa del deseo de legislar estándares comunitarios. 
No podemos votar a favor de una propuesta que conllevará un aumento de la burocracia y los costes para sistemas nacionales ya existentes y eficaces que tramitan solicitudes de autorización para la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano. 
Sin embargo, hemos elegido votar a favor de las enmiendas que versan exclusivamente sobre la protección de los sujetos de ensayo y de sus derechos. 
El informe contiene demasiados puntos oscuros en lo referido a los procedimientos unidos a la solicitud de inicio de ensayos clínicos y pensamos que no es responsable que los nuevos comités éticos puedan autorizar los ensayos sin consultar a las autoridades nacionales. 
Los plazos que aparecen mencionados en el informe para la comunicación de las autorizaciones son irrazonablemente cortos y tienen como resultado que no pueda efectuarse una necesaria valoración a fondo de las solicitudes. 
Por ello no apoyamos la propuesta de que los ensayos clínicos de medicamentos puedan iniciarse en el caso de que al término del plazo la autorización no haya sido concedida. 
Bajo ninguna circunstancia aceptamos que los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano puedan iniciarse sin una autorización expresa de los Estados miembros, sino sólo tras el informe de las autoridades. 
La propuesta traerá un empobrecimiento del nivel de protección sanitaria en los casos en los que los Estados miembros se vean obligados a autorizar el ensayo a causa de los plazos de la directiva, y aunque las autoridades nacionales no hayan acabado todavía la valoración a fondo de la solicitud. 
Siempre nos opondremos a que la regulación comunitaria traiga consigo en este ámbito un nivel de protección sanitaria inferior al existente en los Estados miembros. 
Como se menciona muy acertadamente en la propuesta de directiva de la Comisión, los principios éticos reflejan la cultura, las tradiciones y las expectativas de las personas y pensamos que la Comisión debe respetarlas. 
No ayudaremos a la UE a que armonice evaluaciones éticas nacionales. 
No hay motivos, como propone la Comisión, para exigir autorización en relación con las solicitudes para iniciar ensayos clínicos, etcétera. 
En esos casos debería ser suficiente con una simple notificación. 
Sobre el informe Schmid (A4-0396/98) 
Queremos dar las gracias a los ponentes por este excelente informe. 
La delincuencia relacionada con fraudes y falsificaciones es un campo que necesita clara coordinación para podamos combatir el fenómeno de la delincuencia internacional. 
La necesidad de colaboración se hace aún más patente tratándose de la protección contra falsificaciones del euro. 
El informe destaca de una manera previsora las modificaciones necesarias para que las diversas propuestas de la Comisión alcancen mayor precisión. 
En cuanto a las propuestas de enmienda sobre el campo de actividad de Europol, opinamos que ellas están justificadas en el contexto señalado por el informe, esto es, en relación con fraudes y falsificaciones de medios de pago. 
Ante la emergencia del comercio electrónico que se desarrolla en la red Internet, el informe de nuestro compañero Gerhard Schmid llega en un momento propicio para prevenir los riesgos de fraude que ya se perfilan en el horizonte. 
Efectivamente, considero que el texto debería permitir limitar las estafas, incluso si no puede, por sí sólo, poner fin a toda tentativa de esta naturaleza. 
Por otra parte, es imperativo que los Estados miembros coordinen sus políticas judiciales, ya que no cabe duda de que esta forma de criminalidad tenderá a desarrollarse en la red mundial. 
Por lo demás, ¿no es ya una realidad? 
En este sentido, es preciso acelerar nuestras conversaciones con nuestros socios en el marco de la OMC. 
No resulta poco razonable pensar que los países, sumamente conciliadores con algunas redes vinculadas a la gran criminalidad, acogen con benevolencia a estos bandidos de un nuevo género. 
Para luchar contra éstos eficazmente, la comunidad internacional debe no solamente movilizarse, sino también poseer los medios de obligar que se aplique una normativa mínima válida para todos los Estados. 
Si es efectivamente necesario coordinar al conjunto de protagonistas de estos nuevos modos de pago, también es preciso favorecer el establecimiento del código secreto a la hora de pagar una transacción comercial. 
Asimismo, a través de un terminal individual puede darse un entorno seguro a la utilización a domicilio de una tarjeta de crédito. 
Las primeras pruebas en este sentido parecen alentadoras. 
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer... y el tiempo apremia... 
Opinamos que la UEM no es provechosa y desearíamos que ella jamás se hiciese realidad ya que implica un importante paso político hacia la construcción de la UE como superpotencia. 
Pero, puesto que con toda seguridad la UEM se va a llevar a cabo en once de los quince Estados miembros de la UE, estamos conscientes de que hay que resolver los problemas derivados de esto de la mejor manera posible. 
En lo referente a este informe sobre protección contra falsificaciones del euro, vemos que es necesario que el asunto reciba un tratamiento adecuado de modo que se imposibiliten las falsificaciones de billetes. 
Es de suma importancia que exista colaboración estrecha entre las autoridades policiales nacionales e Interpol, puesto que el euro va a extenderse más allá de los once países participantes. 
Estimamos que es lógico que apoyemos esas propuestas aunque no estemos de acuerdo con la UEM como proyecto político. 
No podemos apoyar este informe. 
Somos contrarios a la armonización en el ámbito judicial y vemos en el informe el inicio de una cooperación penal. 
Nuestros reparos vienen dados, entre otros puntos, por la propuesta de una definición común europea de lo que son acciones criminales. 
Las diferencias existentes hoy en día entre las definiciones reflejan diferencias culturales y tradiciones jurídicas diferentes- debemos mantener estas diferencias. 
Además, la parte de la propuesta que gira en torno al intercambio de información sobre aquellas personas condenadas por delitos relacionados con este ámbito entre los Estados miembros nos preocupa profundamente. 
El documento de la Comisión, a partir del cual se ha elaborado el informe, contiene muchos elementos razonables, en los que se respeta la soberanía de los países miembros en el ámbito penal. 
Desgraciadamente, esto no impide que otros componentes puedan sentar las bases para el desarrollo a largo plazo de una cooperación penal dentro de la UE. 
Nos oponemos a una cooperación semejante. 
(Parte AI.) En la enmienda 4 del Parlamento (artículo 3.1.1) del informe se señala que «los Estados miembros podrán legislar sobre intervenciones judiciales, cuando tales delitos (es decir, estafas) hayan tenido lugar en el seno de la familia, sólo si el afectado ha formulado una denuncia». 
Éste es un asunto bastante espinoso. 
Por una parte, el documento aboga por las relaciones entre estados, dándoles posibilidad de decidir por sí mismos. 
Por otra parte, podemos preguntarnos para qué se ha incluido. 
Mediante la inclusión de esta redacción se hace hincapié en la importancia de una legislación de estas características. 
Opino que esto es erróneo y no puedo dar mi apoyo a semejante disposición. 
Si se dispone que la víctima tiene que hacer la denuncia para que puedan intervenir los tribunales, las más afectadas van a ser las mujeres. 
Del mismo modo que las mujeres dudan antes de denunciar a su propio marido o conviviente por violación o maltratos, van a dudar antes de denunciarles por estafa. 
Así, los hombres pueden abusar de la situación de inferioridad de las mujeres para aprovecharse de ellas. 
Obviamente que esto no favorece la igualdad entre los sexos. 
Tiene que ser posible, para otras personas cercanas a la víctima, conseguir la actuación de los tribunales cuando se produzcan hechos delictivos. 
(Parte AIII.) 
En este informe se señala que sería beneficioso que el BCE estableciese un banco de datos, con antecedentes técnicos acerca de las falsificaciones del euro, que debería ser accesible, entre otros, para Europol. 
Aunque la convención de Europol ha sido ratificada y está en vigor, opino que habría que tratar de dar la vuelta atrás y abolir Europol, apostando en cambio por mejorar la cooperación policial en el marco de Interpol. 
Es importante que la cooperación policial de cualquier naturaleza que sea esté bajo control democrático y que no dé lugar a órganos federales. 
La convención de Europol es un eslabón más en la creación de un estado europeo que, además, corre el riesgo de transformarse en un estado que ejerce control al estilo soviético. 
Según el artículo 10.1 de la convención, se organizará un registro secreto de pesquisas que llegará a comprender a un gran número de personas (testigos, posibles testigos, víctimas de delitos, posibles víctimas y personas que pueden dar información sobre delitos que se investigan). 
Será posible registrar delicada información sobre opiniones políticas, color de la piel, tendencias sexuales y creencias religiosas, lo que constituye una severa amenaza a la integridad de las personas, sustituyéndose el estado de derecho por otro sin derechos. 
Los policías de Europol no pueden ser sometidos a juicio aunque cometan delitos graves. 
No existe control parlamentario de Europol y, como institución, tampoco se le puede llevar a los tribunales. 
Su única obligación es la de rendir cuenta anual de sus actividades ante el Parlamento Europeo. 
No deseo una policía europea «apátrida» , carente de control democrático. 
Por eso no puedo dar mi voto para que una policía con estas características tenga acceso a determinados registros; sería un reconocimiento que no consiento. 
Sobre el informe Cederschiöld (A4-0376/98) 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y también en nombre de la Delegación austriaca y de algunas otras- como, por ejemplo, la luxemburguesa -, yo quiero manifestar que hemos votado en contra del Informe Cederschiöld o nos hemos abstenido en parte porque consideramos que la inclusión de la enmienda socialista sobre el derecho de voto de los extranjeros hace imposible su aceptación. 
Este párrafo es contrario a nuestra Constitución, a los Tratados- porque excede nuestras competencias- y a la Constitución de una serie de Estados miembros, como por ejemplo la Constitución alemana, que excluyen explícitamente esta posibilidad, y es de lamentar el flaco servicio que con ello se presta al importante objetivo de la colega Cederschiöld y a su buen informe. 
Nos hemos visto obligados a votar en contra del informe, a pesar de que compartimos plenamente su objetivo. 
Pero tenemos que rechazar, por considerarlo absolutamente inaceptable, ese párrafo que está totalmente fuera de lugar aquí. 
Nosotros consideramos que éste es, en el fondo, contrario a derecho, puesto que está en contradicción con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y de una serie de Estados miembros. 
La necesidad de operaciones conjuntas para combatir y prevenir la delincuencia organizada es siempre relevante. 
Por eso es bienvenida la iniciativa del Consejo. 
Opinamos que la propuesta de informe de la comisión mejora sensiblemente la del Consejo. 
Esta explicación de voto tiene por objeto manifestar nuestras dudas acerca del punto 6 del informe. 
Opinamos que es no es acertado mezclarse en la obvia libertad que tienen los medios de comunicación para evaluar el contenido de sus noticias. 
El informe de la Sra. Cederschiöld sobre la prevención de la criminalidad está plagado de buenas intenciones, de las que sólo puede decirse que es lamentable que la Unión Europea no las siga más. 
Se descubre en éste, por ejemplo, que es preciso «fortalecimiento del sentido colectivo» alentando las «familias, las guarderías infantiles, las escuelas, las Iglesias y las asociaciones de ocio» ; que es preciso favorecer «la interiorización de normas y valores en el marco del proceso de socialización familiar» , por último, que es preciso mantener un arraigo vecinal con vistas a constituir un «espíritu de zona» , gracias al cual los ciudadanos puedan sentirse responsables de lo que pasa en su espacio común. 
Todas estas intenciones son excelentes, y simplemente puede lamentarse que la Unión Europea haga lo contrario tratando de desestabilizar todos los colectivos, desde la nación (mediante la uniformidad y la integración) hasta la familia (luchando contra las discriminaciones en función de «la orientación sexual» ). 
Asimismo, no se ve cómo sería posible favorecer el arraigo local en el momento en que la Unión Europea encomia como la mayor de las virtudes, la movilidad a escala internacional y cuando, por lo demás, pone en práctica todas las políticas que implicarán mañana su necesidad absoluta. 
En cambio, no podemos asociarnos al pasaje del informe Cederschiöld, agravado además por una enmienda, que se refiere a los inmigrantes. 
En éste se lee que el Parlamento Europeo desea la «concesión del sufragio activo y pasivo a nivel municipal tras un determinado período de residencia legal, según las mismas modalidades que las aplicables a los nacionales de la Unión Europea». 
Aquí se transparenta la antigua idea enarbolada en algunos medios federalistas, según la cual los nacionales de los países terceros deberían tener, por lo menos, algunos de los derechos de los ciudadanos europeos. 
Por nuestra parte, pensamos que las personas que desean votar en un país, a cualquier escala que sea, deben pedir la nacionalidad. 
En efecto, es preciso ser solidario del destino de un país- es decir tener su nacionalidad- si se quiere participar en las decisiones. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe sobre la prevención de la delincuencia organizada. 
Hemos votado a favor de una petición a los Estados miembros para que desarrollen programas nacionales dentro de los ámbitos de la creación de empleo, la salud, la educación y la política social y para que mejoren los frutos de la cooperación europea existente en este terreno. 
Sin embargo, pensamos que este informe resulta un poco innecesario. 
No es especialmente ambicioso y posiblemente sea ya hora de pasar a una cooperación práctica y vinculante que pueda prevenir realmente la delincuencia organizada. 
Yo apoyo por principio todas las medidas contra la delincuencia organizada, tanto de tipo represivo como preventivo. 
Las dimensiones que ésta ha adquirido entre tanto hacen necesarias todas las iniciativas concebibles. 
Aun así, yo creo que algunos puntos del informe no responden a su objetivo, que es formular «directrices y medidas para la prevención de la delincuencia organizada». 
En muchos apartados del punto 7 se produce, por ejemplo, una confusión entre las medidas preventivas contra la delincuencia organizada y las dirigidas contra los delincuentes habituales. 
Aparte de que, a mi modo de ver, no es tarea de la Unión Europeo exponer una opinión tan detallada sobre estos temas, yo también rechazo algunos puntos por su contenido (derecho de voto de los extranjeros en las elecciones municipales, prioridad para la lucha contra la delincuencia en el marco de la reforma de los Fondos estructurales, mayor utilización de formas alternativas de respuesta). 
A pesar de todo, he votado a favor del informe en la votación final porque los aspectos positivos tienen mayor peso para mí y sólo quiero aclarar que este voto afirmativo no se extiende a todos los detalles. 
No podemos apoyar el informe Cederschiöld a pesar de respaldar totalmente lo que dice sobre que la lucha contra la delincuencia no pasa sólo por combatir la delincuencia existente, sino también, por ejemplo, por la prevención social. 
A este respecto, sólo nos cabe lamentar las negativas consecuencias sociales de la política de la UEM para gran parte de la población comunitaria en un momento en el que las exigencias de convergencia de la UEM a la hora de elaborar los presupuestos públicos nacionales harán muy difícil que los países miembros cumplan muchas de las propuestas contenidas en el informe Cederschiöld. 
Votamos a favor de todas las buenas recomendaciones que el informe hace a los países miembros, pero, nos oponemos rotundamente a todos los elementos del informe que apunten una armonización comunitaria de este ámbito ahora o en el futuro. 
Gran parte de este informe es provechosa y se ocupa de muchos problemas inherentes a la delincuencia organizada. 
No obstante, hay dos deficiencias en el informe Cederschiöld. 
Lo primero que deseo destacar es que el informe no se refiere a los grandes problemas sociales, que son la base de la delincuencia. 
Echo en falta un análisis de las causas de la delincuencia, esto es, el desempleo masivo y las crecientes desigualdades. 
Lo segundo está unido a lo primero. 
Si se hace un análisis deficiente, las conclusiones no son siempre las mejores y es lo que ha ocurrido en este caso. 
El informe señala que la sociedad civil y las soluciones privadas son importantes para disminuir la delincuencia organizada. 
En mi opinión, son totalmente inútiles. 
Lo que se necesita para disminuir la delincuencia organizada es seguridad e igualdad de oportunidades. 
En este informe hay muchas propuestas e ideas buenas. 
No obstante, los ponentes no señalan las principales causas tanto de la delincuencia organizada como de la no organizada, esto es, la pobreza, la miseria social, las grandes desigualdades económicas y, evidentemente, el desempleo. 
Los ponentes manifiestan en el punto 7 que se puede combatir la delincuencia organizada mediante el fomento de actividades voluntarias con objetivos sociales y mediante sistemas privados, por ejemplo, escuelas, guarderías infantiles, etcétera. 
Esto es posible, pero un camino mucho mejor es la construcción de un sector público fuerte, financiado por los contribuyentes, que vele porque todos los ciudadanos obtengan un servicio social básico. 
La sociedad del bienestar es el mejor instrumento para combatir los brotes de delincuencia organizada. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.horas) 
Acción social 1998-2000 (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se reanuda el debate del informe Sr. Hugues sobre la Comunicación de la Comisión relativa al Programa de Acción Social 1998-2000. 
Señor Presidente, la economía de mercado o al menos la economía social de mercado constituye un modelo para la acción política en Europa. 
Un elemento de la tarea de unificación es la cooperación entre el ámbito económico y el social. 
Y el mercado interior, que con la introducción del euro se convertirá en mercado nacional, no se habrá completado hasta que no incorpore la dimensión social. 
El Programa de Acción Social de la Comisión es, por lo tanto, de una gran importancia, ya por razones de principio, no sólo para las personas desempleadas, excluidas, discapacitadas y desfavorecidas. En él se define el marco de condiciones para dotar de nuevas competencias a la política social, sobre todo en relación con el empleo. 
Por esto es especialmente de lamentar que sólo se haya definido a medio plazo, hasta el año 2000. 
Se ha desaprovechado la oportunidad de desarrollar una visión estratégica a más largo plazo, hasta el año 2006. 
Ésta habría sido necesaria con vistas a la ampliación de la UE y habida cuenta de la rápida modificación de la estructura de edad. 
La igualdad de oportunidades es uno de los cuatro pilares de los Planes nacionales de acción. 
La Comisión sólo la menciona de manera dispersa, en vez de dedicarle un capítulo separado. 
También son demasiado escasas las referencias al principio de integración de la igualdad de oportunidades. 
Éste no debe ser reconocido sólo de palabra y es demasiado importante para reducirlo únicamente al ámbito del empleo y la protección social. 
La integración de la igualdad de género debe tener lugar en los ámbitos de la salud y seguridad laboral, la demografía, la reorganización del trabajo y otros. 
Queremos expresar nuestro agradecimiento al ponente de la Comisión de Empleo, Stephen Hughes, por su buen informe. También ha hecho suyas algunas de las peticiones de la Comisión de Derechos de la Mujer, como por ejemplo las relativas a la directiva sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los sistemas de seguridad social, la protección social de los cónyuges colaboradores o los informes de evaluación sobre la salud y seguridad de las trabajadoras embarazadas, y la igualdad de retribución para un trabajo de igual valor. 
Anteriormente ya habíamos podido incorporar otros temas a los informes sobre el programa Leonardo y sobre el Fondo Social Europeo. 
Confiamos en que la Comisión adopte iniciativas en favor de la atención infantil en los Estados miembros, de un mayor acceso de las mujeres a las medidas de formación y de la difusión de nuevos datos sobre la situación de las mujeres en el mercado de trabajo y en la sociedad en su conjunto en los países candidatos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, permítanme que manifieste en primer lugar, en nombre de mi Grupo político, nuestro agradecimiento a Stephen Hughes por su excelente y ponderado informe, tal como nos hemos habituado a esperar de él. 
La Comunicación de la Comisión presenta, por el contrario, una combinación de buenas ideas que ya se han puesto en práctica y, en cambio, muy modestos proyectos para el futuro. 
La enorme discrepancia entre el Anexo I y el Anexo II es tal vez sintomática de ello. El debate sobre el nuevo Programa de Acción Social se desarrolla hoy con el telón de fondo del Tratado de Amsterdam, es decir que los nuevos instrumentos- empezando por el capítulo sobre el empleo, el Protocolo social, el artículo 13 contra la discriminación y el instrumento del diálogo social- deberían aportar una nueva calidad a la futura política social europea. 
Sin embargo, cuando examino los proyectos de la Comisión, mi escepticismo es muy grande. El programa contiene demasiadas medidas no obligatorias, en lugar de nuevas propuestas para el desarrollo de la legislación europea. 
No se contemplan las consecuencias de la Unión Monetaria Europea, del euro y de la ampliación al Este, tal como ya ha solicitado a menudo nuestra Comisión. 
La coordinación entre las directrices y la política económica es difusa y no vinculante. 
Dos de los tres puntos centrales son también absolutamente insuficientes. 
A nuestro modo de ver, el tratamiento del tema del mundo laboral en el contexto de la modernización debe incluir la participación de los trabajadores, pero el debate sobre el procedimiento de información y consulta de los trabajadores parece haber desaparecido por el momento en el triángulo de las Bermudas del Consejo. 
Un segundo tema: la exclusión. 
En este contexto hemos perdido buena parte de la confianza de la población debido a la actuación irresponsable del Consejo de Ministros; además, tampoco se contempla la elaboración del informe sobre la pobreza que decidió solicitar el Parlamento Europeo. 
El tercer punto es el de la movilidad y los puestos de trabajo. 
En este aspecto, yo quisiera dirigir, de hecho, un elogio a la Comisión. 
Muchos de los puntos ya se han debatido esta mañana en el contexto del Informe van Velzen. 
La valerosa decisión que ha adoptado la Comisión en relación con el tema de la libre circulación constituye, en cualquier caso, el camino adecuado. 
Si siguen avanzando en esa dirección también en el contexto de otras normas legislativas podrán contar con el apoyo de nuestra Comisión y de mi Grupo político. 
Presidente, yo también quiero dar sinceramente las gracias al Sr. Hughes por el enorme trabajo que ha dedicado a este informe, que es bastante corto en si. 
Creo que se trata de un nuevo procedimiento. Él mismo lo ha dicho también esta mañana, es un procedimiento nuevo en nuestra colaboración con la Comisión, es decir, que de antemano ya podemos determinar también lo que eventualmente se incluye en dicho programa de acción y entregarlo a continuación a la Comisión, que, basándose en él, hace después su propio programa de acción, o que por lo menos lo recoge como uno de sus elementos. 
Creo que ha salido bien. No creo que haya muchos problemas. 
Tenemos una enmienda que tiene que ver con un detalle relativamente pequeño. 
O sea, no hay discrepancias sobre el asunto principal del informe. 
Realmente estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Weiler, que las propuestas de la Comisión son todavía un poco superficiales, es decir que no tienen mucho contenido. 
Ahora llegamos al único gran punto de discrepancia que tenemos con la Comisión Europea, que es el plazo que tenemos para este programa de acción. 
El plazo, que ahora está limitado sobre todo a lo que recaiga dentro del mandato actual de la Comisión, es demasiado corto. 
No podemos saber exactamente cuándo entrará en vigor el Tratado de Amsterdam. 
Sabemos que el Tratado de Amsterdam ofrece muchas posibilidades nuevas, justamente en el ámbito social y en el del empleo que son tan altamente sensibles e importantes. 
Eso realmente no se incorpora. 
Lo que es muy raro, y quiero resaltar esta pregunta al Comisario: ¿cómo es posible que la Comisión tenga unos planes de gran envergadura, en el ámbito de la Agenda 2000, planes tan drásticos que para el Consejo es casi imposible llegar a un acuerdo, pero que en este terreno relativamente sencillo y claro rehúse ir más allá de su propio mandato? 
Creo que eso concuerda muy mal, porque la política social no solamente jugará un papel dentro de la Unión Europea actual, sino también juega un papel con los nuevos estados que a principios del próximo milenio pertenecerán a la Unión Europea. 
Y si nuestras cosas no están ordenadas, si el «acquis communautaire» no está suficientemente definido, entonces surgirán problemas muy grandes. 
Esos problemas en el ámbito social podrían ser más grandes que los problemas en todos los otros ámbitos de los que hablamos tan detalladamente. 
Por esta razón, esta es una oportunidad perdida. 
Realmente hubiera preferido que la Comisión hubiese adoptado lo que hemos propuesto también, es decir, partir de un límite de tiempo más largo. 
Entonces podríamos incorporar totalmente el Tratado de Amsterdam y si lo incorporamos en su totalidad, se avanzará en el ámbito social y podremos enseñar algo de verdad a la población en el ámbito social y del empleo, no solamente lo que hay ahora, sino también lo que está a punto de pasar. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero subrayar la importancia de que el empleo y los puestos de trabajo sean llevados al nivel que se merecen en la cooperación europea, un nivel en el que otros asuntos como, por ejemplo, la competencia, el mercado y el comercio, han dominado durante demasiado tiempo. 
Sin embargo, aquí hay un problema. 
Posiblemente no represento a todo mi Grupo, pero soy crítico en cuanto a que la UEM sea la instancia correcta, o el órgano, para resolver los problemas del empleo. 
Por el contrario, el riesgo está en que mediante la política antiinflacionaria, en situaciones como la actual con baja inflación en casi toda Europa, se creen más problemas de empleo en lugar de resolverlos. 
Por eso creo que hay que buscar otros caminos, especialmente cooperación entre la política económica y la de empleo, para mejorar, de algún modo, la situación de desempleo. 
El diálogo social, la colaboración social y el programa de acción son instrumentos muy importantes para sacar a la luz asuntos políticos y analizar los problemas y causas de la marginación social, la pobreza, el desempleo, la discriminación y la globalización y, además, para intentar concentrarnos en los grandes asuntos a largo plazo, a fin de mantener una sociedad socialmente saludable. 
En este punto mi opinión tal vez sea un poco diferente de la que tiene la comisión. 
Mi opinión está más cerca de la que sostiene la Comisión. 
Seguramente una gran parte de nuestro Grupo opina que ésta es una resolución que en primer lugar debe ser tomada por los Estados miembros, que es allí donde primeramente tienen que ser tratadas las decisiones sobre derechos de los ciudadanos. 
Además, creo que las asociaciones, las ayudas, los estímulos y los buenos ejemplos son tan importantes en el ámbito europeo como las leyes. 
Todo esto, si se hace de manera adecuada, puede dar los mismos buenos resultados. 
Señor Presidente, ante todo quisiera felicitar al Presidente de nuestra comisión por este importante informe y hacerme eco a la acogida favorable de la comunicación por parte de la Comisión relativa a este nuevo programa de acción social que ofrece pistas de intervención importantes. 
Me gustaría suscribirme a la sugerencia del ponente, al que agradezco profundamente la adopción de una carta de los derechos fundamentales en la próxima revisión de los Tratados, como lo piden numerosas asociaciones así como nuestros conciudadanos. 
Puedo decirles que el Presidente de la República, en todo caso, es muy favorable a esta carta en el marco de la reorientación de los Tratados y de la necesaria adaptación de una arquitectura institucional de la Unión con vistas a la ampliación. 
Asimismo, quisiera subrayar cuán importante nos parece favorecer todo lo relativo al diálogo social y al diálogo civil europeo; esta es la manera en que podrá reforzarse la representatividad de los participantes en el diálogo social, especialmente a través de las PYME, visto que representan actualmente más del 66 % del empleo en Francia. 
Yo quisiera insistir sobre otro aspecto de la participación. 
Se trata, señor Comisario, de la participación en los beneficios y en los resultados de la empresa, especialmente en su forma más acabada, es decir, los trabajadores como accionistas de la empresa, que no se menciona en el programa de acción social cuando su desarrollo me parece un elemento importante para la modernización de las relaciones laborales. 
Por ello, pido a la Comisión que fomente el desarrollo de esta forma de participación, a la vez benéfica para la competitividad de la empresa y valorizante para los trabajadores. 
Estos son, señor Presidente, algunos de los puntos que a través de mí deseaba señalar el Grupo Unión por Europa sobre este importante informe. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a nuestro presidente de la comisión por el trabajo realizado para preparar este informe. 
Comparto su criterio cuando critica al plan de acción porque cubre solamente un período de tres años y no hasta el año 2006 como se había pensado antes. 
Creo que se necesita una planificación a largo plazo. 
También estoy un poco decepcionado porque no se ha estimado necesario el diálogo social. Yo quiero realmente dejar en claro que es necesario. 
En cambio, la Comisión se satisface con que las conferencias sobre política social europea sólo tienen lugar cada dos años, lo cual considero que es totalmente insuficiente. 
También me decepciona que no se hayan considerado el trabajo en el hogar ni todos los problemas derivados de la igualdad de oportunidades para los sexos, que también son propuestas de enmiendas de mi Grupo. 
No comparto el descontento del ponente respecto a la propuesta de la Comisión sobre el creciente uso de la llamada legislación blanda. 
Creo que este es un camino viable, es decir, «la legislación blanda» , sobre todo en combinación con apuestas por el diálogo civil. 
Señor Presidente, cuando leí el programa de acción social de la Comisión para los años 1998-2000 y el informe del Sr. Hughes sobre este mismo programa, me puse a pesar en un dicho muy utilizado en Dinamarca: da el primer paso y los siguientes vendrán por sí solos. 
¿Y por qué? 
Pues porque es lo que pasa en la Unión Europea, que si se ha dicho A, no pasa mucho tiempo antes de que se haya usado todo el alfabeto. 
Este informe es también una buena muestra de ello, como cuando el señor ponente alega la necesidad de un programa de acción que parezca «un documento político explícito en lugar de una mera lista de acciones previstas». 
Y cada vez que escucho un concepto como «el modelo social europeo» , me parece que nos estamos alejando demasiado del camino correcto. 
Pues, ¿cuál es el modelo social europeo? 
En realidad no existe, aunque, sí probablemente en la imaginación de la mayoría de los parlamentarios. 
Sin embargo, no por eso será más real. 
En este sistema existe una distancia increíblemente grande entre la imaginación y la realidad, y no nos queda más remedio que afrontarlo antes de adoptar los próximos pasos. 
Piensen en la población de los países miembros que no está familiarizada con este mundo imaginario de la UE y que quizá apenas sospecha lo que aquí sucede. 
La diferencia entre el norte y el sur dentro de la UE es muy grande. 
Son diferencias motivadas tanto económica como culturalmente. 
Por ejemplo, hay grandes diferencias en cuanto a la vinculación de la mujer al mercado laboral y a la oferta en materia de atención a mayores y niños. 
Hay diferencias en cuanto al punto de partida de la política social de cada país. 
En algunos países ésta descansa en gran medida en el ámbito familiar y privado, mientras que en otros descansa en los poderes públicos. 
En Dinamarca y el resto de Escandinavia predomina el principio solidario, por ahora, he de decir. 
Sin embargo, también en Dinamarca estamos viendo cómo este principio está transformándose en algo más individual, donde cada uno vela por su futuro e incluso por sus ahorros. 
En mi opinión, ésta es una evolución reciente y no especialmente afortunada. 
Y una evolución que no sólo obedece a la voluntad y a los deseos de una mayoría parlamentaria sino también al hecho de que Dinamarca es miembro de la UE y trata de aproximar la política social danesa al concepto que denominan el modelo social europeo. 
Es una evolución insensata y equivocada que pone en peligro las democracias nacionales. 
Se aduce en la ponencia de la Comisión y en el informe la importancia de la implantación del modelo social europeo con respecto al mercado interior y la UEM. 
Rechazo un principio social basado en los principios del mercado interior, donde es la competencia la que determina el tipo de política social a seguir. 
No es muy solidario. 
Por último, me gustaría insistir en que debe seguir siendo cada país miembro el que decida qué política social se va a llevar a cabo en su país. 
Señor Presidente, deseo unirme a los que han felicitado al ponente. 
También doy la bienvenida al Comisario Flynn, que se ha mostrado generoso en sus esfuerzos por promover un diálogo muy estrecho entre la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión en este ámbito. 
Volviendo al informe Hughes y al futuro del Programa de acción social, quisiera hacer algunos comentarios breves. 
En unos momentos de cambios políticos sin precedentes en Europa, no sólo deberíamos consolidar, sino también reforzar la dimensión social y actualizarla de cara al próximo siglo. 
Nos enfrentamos en estos momentos a tres desafíos formidables en la Unión Europea: la llegada de la Unión Económica y Monetaria, la ampliación y la política para luchar contra el desempleo a gran escala. 
Cuando añadimos esto a las tendencias demográficas en el seno de la Unión Europea, al cambio económico global y a la innovación tecnológica, nos damos cuenta de que nos enfrentamos a retos considerables. 
Estoy de acuerdo con Bartho Pronk y Barbara Weiler en que es lamentable que la Comisión sólo haya planeado realmente un programa de acción hasta el año 2000, para el que sólo faltan 18 meses. 
Necesitamos algo a más largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que el Tratado de Amsterdam- que aún no ha sido ratificado en todos los Estados miembros- dará mayores competencias en el ámbito social que ningún otro Tratado anterior. 
El Programa de acción social debe constituir el núcleo de la agenda europea sobre política social. 
A igual que todos, acojo con satisfacción el énfasis que ha puesto la Comisión en la creación de empleo, pero esto sólo no es una panacea para la Unión Europea. 
Debemos esforzarnos en desarrollar políticas que ayuden a los desempleados, los marginados y los menos afortunados. 
Señor Presidente, Señorías, el informe Hughes, que ahora se debate, al acoger favorablemente el nuevo Programa de Acción Social de la Comisión, propone enmiendas de tal importancia, que casi transforma el asunto en un debate sobre la política social europea en su sentido más universalista. 
Crear una verdadera sociedad europea de bienestar, con mayor calidad de vida y también una fuerte cohesión social, requiere la elaboración y posterior acción práctica y objetiva de un documento político que refleje un nuevo estatuto ya reconocido de la política social y de empleo de la Unión Europea. 
Lamentablemente, el marco temporal de este nuevo programa de acción social, no extensible al período 1998-2006, sino sólo al período 1998-2000, resulta profundamente reductor de las cuestiones de empleo y de los asuntos sociales en la política comunitaria. 
El nuevo marco económico de la Unión Europea resultante de la realización del Mercado Único y de la nueva política monetaria, en breve en fase de ejecución, hace que cobre cada vez mayor importancia la interacción entre política económica y política social, al acentuar la necesidad de consolidar las relaciones entre la Unión Económica y Monetaria, el Mercado Único, la política de cohesión y una política social y de empleo eficaz. 
El nuevo Programa de Acción Social, entendido como componente importante de la política social europea, deberá ser asumido por todas las instituciones europeas, por los Estados miembros y por los interlocutores sociales, y se deberá acentuar la importancia de unas formas más objetivas y decisivas que deberá revestir el futuro diálogo civil. 
El informe subraya la necesidad del fortalecimiento del marco legislativo, en particular en las esferas de la organización del trabajo, de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y de las medidas sociales destinadas a regular la economía libre de mercado. 
Sin embargo, no se puede olvidar el marco jurídico para los gravosos problemas que siguen persistiendo como consecuencia de las tendencias demográficas, del racismo, de la pobreza y de la exclusión social, entre otros. 
El informe que estamos examinando cuenta con nuestro apoyo, pues constituye, por nuestra parte, un motivo para una renovada y profunda reflexión sobre el futuro de la política social europea. 
Señor Presidente, el Sr. Hughes ha elaborado un excelente informe. 
En nombre del Grupo de los Verdes, desearía completarlo con dos o tres propuestas de modificación relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres. 
Creo que sería positivo que el informe hiciera hincapié en que, hoy por hoy, es necesario aplicar en toda la política social la perspectiva de la igualdad de trato, así como que sería preciso que este principio de mainstreaming ocupara una posición fundamental en dicha política. 
Además, querríamos que el Parlamento recordara la importancia que reviste el cuidado infantil, ya que sin este servicio es absolutamente imposible progresar en el ámbito de la igualdad entre los sexos. 
Sabemos que el Comisario Flynn ha realizado enormes esfuerzos en este sentido, por lo que querríamos que también el Parlamento le prestara su apoyo en esta tarea. 
Para finalizar, cabría recordar que nos encontramos inmersos en un proceso de ampliación y que resulta inquietante comprobar el poco hincapié que hacen los países candidatos por lo que respecta a la cuestión de la igualdad entre las mujeres y los hombres. 
Desearíamos que se otorgara una mayor importancia a este punto en las negociaciones para la adhesión. 
Señor Presidente, al leer un informe es importante ser consciente de que eso negro de las páginas son las letras. 
Aparentemente esto le resultó difícil a mi colega danesa del movimiento de los eternamente insatisfechos. 
No obstante, quiero comenzar elogiando a Stephen por su estupendo informe. 
En él se llama la atención sobre los desafíos a los que nos enfrentamos en los próximos años en materia de política laboral. 
El nuevo programa de acción social se distancia de los anteriores programas de acción al no incluir propuestas de directiva concretas, por ejemplo, sobre medio laboral y protección social. 
Me parece muy mal que el programa de acción no contenga más propuestas concretas sobre medio laboral. 
Seguimos necesitando mejorar el medio laboral. 
Con todo, el nuevo programa de acción sienta unas bases excelentes para la política social comunitaria en materia laboral de los próximos años. 
Hay algunas carencias aisladas, por ejemplo, la Comisión no menciona los puestos de trabajo desde casa. 
Por ello me alegra que pidamos a la Comisión que adopte iniciativas en este ámbito. 
Debemos ocuparnos de que los siete millones de personas que trabajan desde casa no se vean en una posición de inferioridad con respecto al resto del mercado laboral. 
Debemos pedir también a la Comisión que adopte iniciativas a fin de que las directivas existentes cubran los puestos de trabajo desde casa. 
La sección sobre el empleo podía haber sido un poco más ambiciosa. 
No debemos mover únicamente los puestos de trabajo de un país a otro. 
Con ello no obtenemos un mayor empleo. 
Desgraciadamente, algunos países miembros se han aprovechado de este truco para atraer empresas al país ofreciendo exenciones de impuestos y un impuesto de sociedades bajo. 
Por ello, la Comisión debe tomar la iniciativa a la hora de establecer un nivel mínimo para el impuesto de sociedades. 
En la actualidad se está trabajando en la elaboración de un código de conducta para la tributación de las empresas. 
No basta. 
Debemos disponer de normas vinculantes en este ámbito. 
Por ello hace falta una cooperación más ambiciosa y vinculante en el futuro en lo relativo a la política social y laboral. 
Señor Presidente, el nuevo programa de acción social para el periodo 1998-2000 que propone la Comisión está basado, con toda probabilidad, en las directrices para el empleo tal como se acordaron en los Consejos Europeos de Amsterdam y de Luxemburgo. 
Sin embargo, sin duda alguna, las propuestas podrían ser más atrevidas. 
Por ejemplo, hace falta una participación más activa de los trabajadores en la toma de medidas en las empresas y fortalecer los derechos de los representantes de los trabajadores. 
Pero debe haber una atención especial a las pequeñas y medianas empresas, atención que tome en cuenta sus particularidades y sus necesidades. 
También hace falta que la Comisión aclare de qué manera piensa explotar las posibilidades que ofrece la nueva base jurídica en el sector de la protección social. 
Incluso se impone el comienzo inmediato de los trabajos de preparación de programas de acción contra la discriminación social y a favor de la integración social, y quiero acentuar especialmente la atención que debemos prestar a los discapacitados. 
Debemos garantizar que el respeto de la legislación social en vigor será obligatorio en las directivas que conciernen a la contratación administrativa. 
Finalmente, no puedo menos que estar de acuerdo con el ponente en que la Comisión debería haber elegido el periodo 1998-2006 y no el tan breve 1998-2000 que finalmente eligió, ya que el primero ayudaría a la función básica del empleo y de los asuntos sociales en la política de la Unión. 
Señor Presidente, señor Comisario, permítanme empezar diciendo que considero que este debate que hoy tiene lugar basándonos en el excepcional informe de nuestro colega el Sr. Hughes es un debate simbólico muy importante. 
El ponente y Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales presenta en su exposición de motivos toda la historia de este contacto y de la colaboración con la Comisión y toda la historia del desarrollo después de los progresos en Amsterdam y de la sesión especial de Luxemburgo. 
Hoy, como Unión Europea, nos hallamos ante una nueva realidad que por fin admite, por fin reconoce que el empleo y la política social son de prioridad inmediata en Europa y considero, señor Comisario, que el programa de acción social que propone la Comisión es un paso importante. 
Es realmente un documento político de peso para la Unión Europea. 
Pienso que esto deberá continuarse y subrayo que el énfasis que se da al diálogo con la sociedad de los ciudadanos en los distintos foros es excepcionalmente importante, pero es aún más importante el diálogo social con los interlocutores sociales, que, por supuesto, no es una moda que haya pasado. 
El sábado pasado, señor Presidente, tuvo lugar en Atenas un importante acto en el que se encontraba el Sr. Delors, quien repitió que aquello que hace falta para nuestra Europa es poner de relieve el valor de la justicia social y de la solidaridad. 
Creo que esto también debe constituir para nosotros la base que dé a la Unión Europea, a nuestra Europa, el impulso y la realización de su sueño. 
Señor Presidente, a la vista del debate de esta mañana, yo quisiera constatar un hecho en relación con el Informe van Velzen: el empleo sigue siendo primordialmente responsabilidad de los Estados miembros. 
Las directrices y la coordinación están muy bien, y yo también espero que nos permitan fomentar y desarrollar el empleo. 
Sin embargo, tenemos que evitar actuar como lo hemos hecho esta mañana, como si el problema del paro sólo se pudiese resolver de manera centralizada desde la Unión Europea. 
De este modo únicamente ofrecemos a los políticos nacionales responsables la oportunidad de traspasar a la Unión o al Banco Central Europeo la patata caliente en el caso de que fracase la política nacional de empleo. 
Por otro lado, poner en entredicho el Pacto de Estabilidad no fomenta el empleo; ¡al contrario, lo pone en peligro! 
En relación con el Programa social 1998-2000, yo insto a la Comisión a que intensifique sus esfuerzos en favor de la ampliación de las normas sociales mínimas. 
Un objetivo fundamental de la política social europea es establecer un marco jurídicosocial europeo, que garantice una base común de normas sociales mínimas obligatorias y exigibles judicialmente, que no imponga unas exigencias excesivas a los Estados más débiles y no impida que las economías más desarrolladas mantengan y amplíen sus propias normas sociales. 
Así lo tengo entendido, señor Comisario. 
Los Estados económicamente más débiles han experimentado, sin embargo, un desarrollo positivo desde que se establecieron las normas mínimas. 
Por consiguiente, repito: es preciso que se aborde seriamente el desarrollo de las normas sociales mínimas. 
También deben cubrirse, además, bajo la forma de nuevas directivas, las lagunas que todavía existen, por ejemplo en relación con la inclusión del trabajo en el domicilio y el teletrabajo, las personas con contratos temporales y el desarrollo del procedimiento de información, consulta y participación. 
¡Tienen que cubrirse estas lagunas! 
Finalmente, unas últimas palabras sobre el diálogo social. 
Yo apoyo la petición del colega Peter en el sentido de que el diálogo social tiene que abarcar a una base más amplia de organizaciones. 
A pesar de su optimismo, señor Comisario, los resultados del diálogo social han sido decepcionantes hasta ahora. 
Yo creo que es preciso hacer algo al respecto y en caso necesario habrá que mejorarlo mediante nuevas directivas. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Hughes por su informe y ha todos los que han permanecido y participado en el debate. 
Considero el informe muy favorable al Programa de acción social de la Comisión. 
Como dice el Sr. Hughes, el programa refleja la valiosísima participación previa del ponente y sus colegas. Es un aspecto que ha tenido un eco muy favorable entre muchos de los que han participado. 
Quisiera hacer constar que, desde la perspectiva de la Comisión, el modo constructivo en que hemos trabajado juntos para desarrollar este programa ha sido ejemplar y nos ha permitido impulsar considerablemente el desarrollo de las relaciones entre la Comisión y el Parlamento. 
El Programa de acción social 1998-2000 aprobado por la Comisión el 29 de abril proporciona una visión estratégica de cómo vemos las principales prioridades para el futuro desarrollo de la política social europea. 
De hecho, los ciudadanos europeos quieren una política social muy firme, dinámica y progresiva, y este programa proporciona un marco en el que puede lograrse todo eso. 
El programa responde al importantísimo potencial del nuevo Tratado de Amsterdam en el ámbito social. 
El programa sitúa el empleo- como acertadamente reconoce el Sr. Hughes- en el centro mismo de la política social, extrayendo la complementariedad entre la nueva estrategia europea en favor del empleo y la más amplia agenda sobre política social. 
El empleo es el principal medio a nuestro alcance para solucionar muchos problemas sociales y sustentar los valores centrales del modelo social europeo. 
Los sistemas de protección social- el reglamento de trabajo y las disposiciones en materia de salud y seguridad- son factores productivos que favorecen el rendimiento económico, así como un reparto justo de los beneficios de dicho rendimiento. 
Ya hemos recorrido un largo camino en la aplicación de las disposiciones del Tratado de Amsterdam en el ámbito del empleo. 
A pesar de que es mucho lo que aún queda por hacer para satisfacer las expectativas de nuestros ciudadanos, existen indicios de que nuestra estrategia en favor del empleo está resultando un éxito. 
En un plazo de tiempo muy corto, los Estados miembros han iniciado un proceso encaminado a hacer sus estrategias de empleo sistemáticas, coherentes y muy transparentes. 
Los Jefes de Estado tendrán la oportunidad de seguir avanzando en el Consejo de Viena y, posteriormente, en sus decisiones relativas a los presupuestos nacionales. 
A pesar de que el empleo es un punto clave de nuestra visión, el programa va más allá del mercado laboral. 
Presenta una visión equilibrada, ambiciosa y progresiva de la política social como elemento esencial de la próxima fase delicada de integración europea. 
Estoy más que gustoso a comprometerme aquí a volver para informar regularmente sobre la aplicación del programa y mantener el enfoque de colaboración que hemos seguido hasta ahora y que ha demostrado ser de tanta utilidad en el desarrollo de la política social europea. 
La Comisión ya se está preparando para aplicar otras disposiciones del Tratado de Amsterdam tan pronto como sea ratificado. 
Buscaré el apoyo del Parlamento para desarrollar esta nueva y excitante parte de la agenda. 
Quisiera decir unas palabras sobre el debate celebrado en el Consejo de 27 de octubre sobre el Programa de acción social. 
Fue muy alentador y tomé nota de varios mensajes emitidos por el Consejo en dicha reunión. 
En primer lugar, hubo un respaldo explícito a nuestro enfoque, según lo expusimos, y una reafirmación de que el empleo es la principal prioridad de Europa. 
La ampliación fue señalada firmemente como un tema clave. 
Creo que los Estados miembros desean que la política social tenga mayor énfasis en nuestras negociaciones sobre la ampliación y espero que así sea. 
Puedo manifestar que el espíritu de Amsterdam está muy vivo. 
Me pareció especialmente esperanzador que me alentaran a presentar propuestas en el ámbito de la antidiscriminación en virtud del artículo 13. 
El Consejo de Asuntos Sociales emitió un firme mensaje respecto a la necesidad de fortalecer el diálogo social. 
No les ocultaré que el diálogo social tiene aún un largo camino por delante. 
Hemos hecho algunos progresos, pero han sido bastante limitados y deberé trabajar en ello con más ahínco con los interlocutores sociales. 
Paso a continuación a responder a algunas cuestiones que parecen despertar cierta inquietud. 
Algunos diputados han preguntado por qué el programa no tiene una duración mayor. 
No nos engañemos. 
No hay duda de que necesitaremos un nuevo programa de acción social a partir del año 2000. 
Pero para entonces tendremos las ideas mucho más claras sobre muchas de las principales cuestiones que ahora nos ocupan, por ejemplo, los avances en la globalización, en particular, las repercusiones sociales de la Unión Económica y Monetaria. 
El potencial que se deriva del nuevo Tratado nos resultará más claro entonces. 
Habremos avanzado algo en las negociaciones sobre la ampliación y estaremos en mejor situación de centrarnos en los temas clave. 
Dispondremos de las repercusiones que ha tenido la estrategia en favor del empleo. 
Habremos progresado en toda la evaluación de los planes nacionales de acción y estaremos en mejor situación para adoptar una visión a más largo plazo en el siguiente programa. 
Como han dicho sus Señorías, la política social está cambiando y habrá un nuevo enfoque, sobre todo, una vez que se ratifique el Tratado. 
La estrategia respecto al empleo también habrá avanzado. 
La Sra. Schörling lo ha expresado muy bien cuando decía que estamos dando los primeros pasos para poder seguir avanzando. 
Es una buena manera de considerar todo este asunto. 
Hay mucho por hacer y quisiera sugerir que la Asamblea estará muy ocupada a partir de ahora y hasta el final de esta Comisión, y este Parlamento se ocupa de los programas legislativos que están siendo presentados ahora y también de las acciones no legislativas. 
La política social es un proceso continuado y nuestra evaluación nos ayudará a desarrollarla mejor con el paso del tiempo. 
El Sr. Hughes puso como condición para su apoyo que yo respondiera a ciertas cuestiones, por lo que haré algunas observaciones. 
Respecto al diálogo civil, no conseguimos todo lo que esperábamos del Tratado. 
No obstante, publicaremos en breve el resultado del Foro Social. 
Tenemos una línea presupuestaria para hacer todo esto en 1999, por lo que continuaremos con su desarrollo. 
Sobre las acciones preparatorias para los artículos 13 y 137, le alegrará oír que los trabajos están muy avanzados. 
De hecho, en septiembre publicamos una convocatoria de licitación para prepararnos de cara al artículo 137, o sea que en este ámbito avanzamos bien. 
Respecto a la salud y la seguridad de los trabajadores, ahora disponemos de la agencia de Bilbao y estoy intentando dividir el trabajo de una forma más equitativa para que podamos seguir obteniendo los mejores resultados posibles. 
El Sr. Hughes ha hecho observaciones sobre la protección social y el marco de inversión. 
Nuestro plan contiene tres elementos. 
En cuestión de semanas, publicaremos una reseña de la recomendación de 1992 sobre los planes que apoyan unos ingresos mínimos en el marco de los sistemas de seguridad social, y el año próximo publicaremos una nueva comunicación sobre el futuro de la protección social. 
Tuvimos dos textos anteriormente, en 1995 y 1997, sobre este tema, pero es importante volver sobre el tema. 
Como exponemos en el Programa de acción, queremos servirnos del artículo 137 para desarrollar un marco para las políticas nacionales, que incluya los sistemas de protección social para combatir la exclusión social. 
También se ha planteado el tema del acoso sexual. 
Pronto podré presentarles dos estudios sobre este tema y su prevalencia en las organizaciones de todos los países analizados de la Unión Europea. 
Según mi estimación personal, la mayoría de los Estados miembros no están interesados en estos momentos en introducir legislación. 
Como ustedes saben, los interlocutores sociales tampoco lograron llegar a un acuerdo sobre esta cuestión, por lo que me encuentro en un dilema. 
Quisiera pedirles su indulgencia para que reflexionen algo más sobre ello. 
Quizá podamos volver a hablar sobre ello después de que se publiquen los dos estudios. 
En cuanto al estrés, en lo que respecta a que sea considerado como una cuestión relativa a la salud y la seguridad, no existe ningún problema. 
Ya se menciona explícitamente en la página 9 del informe provisional sobre los programas comunitarios relativos a la seguridad, la higiene y la salud en el lugar de trabajo. 
En lo que respecta a los trabajadores a domicilio, quisiera comunicar a la Asamblea que la Comisión aprobará una comunicación sobre la modernización de la organización del trabajo. 
Esperamos hacerlo el 25 de noviembre. 
Se trata de un documento marco que proporcionará a los interlocutores sociales, entre otros, la oportunidad de opinar sobre cómo deberíamos proceder en todo lo relativo a la organización de los temas laborales. 
Puedo decirle, señor Hughes, que el trabajo a domicilio estará contemplado en este documento. 
También ha mencionado la cuestión de una directiva sobre la igualdad de trato y la seguridad social en 1998. 
Nuestro programa tiene un compromiso de alcanzar eso en 1999 y los trabajos al respecto están muy avanzados. 
Aún no hemos tratado sobre ello a nivel de Comisión, pero está muy avanzado. 
En lo que respecta a la aplicación de la directiva relativa a las trabajadoras embarazadas, en estos momentos se está redactando un informe sobre este particular. 
Puede que quede aprobado antes de finales de año. 
Quisiera decir a la Sra. Hautala que habrá una comunicación antes de finales de diciembre, a ser posible, o a más tardar antes de mediados de enero, sobre la cuestión de los aspectos externos de la política social. 
Esto incluirá la ampliación. 
Nos espera muchísimo trabajo a partir de ahora y hasta finales de año. 
Opino que, ciertamente, la política social ha avanzado de modo sorprendente. 
Nos ocuparemos de la legislación en los casos en que queden aspectos pendientes, así como de asuntos no legislativos, además de toda la estrategia en favor del empleo. 
Les pido que apoyen el plan. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Diálogo social 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0392/98) del Sr. Peter, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión (COM (98) 0322- C4-0153/98) titulada «Adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria». 
Señor Presidente, ante todo, yo quisiera señalar un detalle técnico: me han comunicado que en la versión sueca del informe, se ha deslizado un error de traducción en el considerando D que altera su sentido. 
Yo le ruego que se verifique este punto. 
Señor Presidente, Señorías, el objetivo de coherencia entre el desarrollo económico y el desarrollo social está inscrito en los Tratados comunitarios. 
El claro mandato que encomienda a la Comisión la tarea de promover el diálogo social, la Carta Social Europea, el pacto social, incorporado ahora al Tratado de Amsterdam, el capítulo de dicho Tratado dedicado al empleo y, no en último lugar, las consecuencias de la inminente Unión Monetaria, otorgan al diálogo social mayor importancia de la que había tenido hasta ahora. 
La esencia del diálogo social ha sido y sigue siendo el consenso y no el conflicto. 
Dados los intereses absolutamente diferenciados de los interlocutores sociales, la voluntad de consenso depende no en último lugar de que exista un equilibrio entre los interlocutores. 
La representatividad probada de cada federación es imprescindible, pero es necesario que se ajuste a unos criterios claros y se renueve continuamente. 
Las federaciones son autónomas, lo cual significa que pueden decidir libremente con quién desean sentarse a dialogar, negociar y llegado el caso establecer acuerdos, en el marco de una representatividad dada. 
También deciden los aspectos que desean regular dentro del marco dado. 
Sólo por respeto a la autonomía de las federaciones ya es preciso renunciar a una intervención directa de la administración o de los órganos políticos en la composición de los interlocutores sociales. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales apoya en todos sus aspectos fundamentales las propuestas de la Comisión para mejorar la eficacia del diálogo social europeo estructurado, tal como aparecen expuestas en su Comunicación del 20.5.1998 sobre la adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria. 
Las enmiendas aprobadas por nuestra Comisión no son un obstáculo para ello. 
Dicho esto, quisiera añadir algunas observaciones al respecto. Es indiscutible que el diálogo social forma parte del llamado modelo social europeo. 
Con objeto de responder realmente a esta exigencia es preciso entre otras cosas- y yo quisiera resaltar una vez más este punto- que toda la Comisión se identifique por completo con el mismo. 
Es decir, que no debe restringir de manera arbitraria su actuación a las clásicas competencias del Comisario de Asuntos Sociales o de algunos otros Comisarios y Comisarias, por ejemplo. 
Más allá de las competencias establecidas, es necesario impulsar seriamente el diálogo social sobre todos los temas socialmente significativos en el nivel que corresponda en cada caso. 
La Comisión permanente de Empleo deberá examinar en el futuro no sólo las directrices relativas al empleo, sino también las directrices económicas de la UE. 
Los resultados de las deliberaciones deberán ser comunicados a los Consejos correspondientes en el plazo adecuado para que puedan tomarlos en consideración en sus deliberaciones y decisiones. 
Yo creo que esto es obvio, pero la experiencia anterior nos indica que de hecho no es tan evidente. 
Es necesario garantizar, en el marco de las medidas para la aproximación de los Estados de la Europa central y oriental, que estos países cuenten con estructuras adecuadas para el desarrollo del diálogo social antes de su adhesión a la Comunidad. 
Yo sólo puedo recomendar al Parlamento que vincule también a esta condición la aprobación de la adhesión. 
En la medida en que el diálogo social se traduzca en la UE en normas legislativas de aplicación general adoptadas por decisión del Consejo, la falta de participación del Parlamento plantea el problema de la falta de legitimación democrática de un acto legislativo de facto. 
A la vista, entre otras cosas y no en último término, de las disposiciones que en el futuro tendrán vigor para todos los Estados miembros y del compromiso de la Comisión de someter a la consideración de los interlocutores sociales todas las iniciativas legislativas en el ámbito social para que decidan si desean negociar directamente el tema, el Parlamento tiene que exigir con firmeza su participación en un plano de igualdad con el Consejo también en este procedimiento. 
Una vez que la Comisión ya se ha declarado dispuesta a iniciar negociaciones interinstitucionales, ahora depende del Consejo que éstas lleguen a celebrarse. 
Si el Parlamento continúa estando totalmente excluido de este procedimiento legislativo y el Consejo sigue teniendo la última palabra, se habrá cometido y seguirá cometiéndose un error cardinal, que no se puede compensar mediante la ampliación del procedimiento de codecisión en otros ámbitos. 
Señor Presidente, el proceso de integración europea, especialmente después de la Unión Económica y Monetaria, debe caracterizarse por un compromiso en favor del crecimiento y del desarrollo sostenibles, así como de la política social y de empleo; por lo demás, los informes que hemos escuchado esta mañana y esta tarde van en esta dirección. 
En este contexto, los interlocutores sociales han de desempeñar un papel fundamental a escala europea, un papel que les reconoce expresamente el Tratado. 
En realidad, los Estados miembros deben obrar teniendo en cuenta los derechos sociales fundamentales y tienen como objetivo, entre otros, fomentar el diálogo social. 
El nuevo capítulo del Tratado, introducido en Amsterdam y dedicado al empleo, contiene una expresa referencia a la consulta de los interlocutores sociales. 
Asimismo, el Tratado reconoce a los interlocutores sociales la capacidad de negociar acuerdos marco a escala europea sobre cuestiones relevantes, de su competencia en materia de política social. 
En consecuencia, precisamente por la cada vez mayor importancia del diálogo social, deseo detenerme en tres cuestiones que se han abordado en la Comunicación de la Comisión y a las que se ha referido el informe del Sr. Peter. 
Primera: la cuestión de la representación y de la representatividad de las organizaciones. 
Se trata de una cuestión que empieza a plantearse también en los Estados miembros, por lo que, a mayor razón, considero que debe abordarse a escala europea. 
Al respecto, el estudio implementado por la Comisión, que esperamos que esté listo cuanto antes, será seguramente un instrumento esencial para reforzar efectivamente el diálogo social europeo y para evitar los conflictos, incluso judiciales, que se han producido en el pasado. 
La segunda es el diálogo sectorial. 
El fomento del diálogo social y sectorial puede desempeñar un papel decisivo en la previsión y la gestión de las transformaciones industriales en la Comunidad, así como permitir ulteriores avances y mejorar los resultados en términos cuantitativos y cualitativos. 
Finalmente, el último punto: el papel del Parlamento Europeo. 
Pese a apreciar la disponibilidad de la Comisión a seguir informando al Parlamento en el marco del procedimiento legislativo previsto por el Protocolo, estimo que se debería alcanzar cuanto antes un acuerdo interinstitucional tendente a hacer partícipe en términos de igualdad al Parlamento- la única Institución elegida directamente por los ciudadanos- en el procedimiento legislativo previsto en el Acuerdo sobre política social. 
Señor Presidente, Señorías, el procedimiento del diálogo social es todavía bastante reciente en la Unión Europea. 
Después de dos ensayos coronados por el éxito, en relación con las licencias parentales y la regulación del trabajo a tiempo parcial, la Comisión presenta ahora una Comunicación, con la intención de proceder a una revisión y definir una nueva orientación. 
La propuesta de la Comisión no incluye nada fundamentalmente nuevo. 
El ponente, Sr. Peter, a quien yo quiero agradecer muy sinceramente su colaboración, ha dedicado un gran esfuerzo a la elaboración de su informe. 
Sin embargo, es imposible no dejar de observar que los sindicatos han llevado la voz cantante en la elaboración de este texto extraordinariamente importante. 
En realidad, no hay nada que objetar contra ello, siempre que en las negociaciones se preserve el equilibrio y la igualdad de trato. 
No se alcanza a comprende qué motivo puede haber para que la Comisión refuerce de manera unilateral únicamente el apoyo a los representantes de los trabajadores. 
La CES sin duda no necesita una tutela y un apoyo especiales para realizar su trabajo. Los flujos financieros previstos de la Comisión a la CES también parecen suficientes. 
Dicho esto, yo quisiera señalar un problema central. El círculo de participantes en el diálogo social tal como sigue estando establecido es un triángulo con el que tropiezan muchos de los que todavía no se pueden sentar directamente a la mesa de negociaciones. 
La Comisión no ha sido capaz de ofrecer ninguna propuesta satisfactoria al respecto. Los sindicatos cristianos continúan esperando al otro lado de la puerta, al igual que muchos representantes de pequeños sectores y ramas profesionales. 
Si bien UNICE contabiliza un 80 % de sus miembros entre las pequeñas y medianas empresas, la UEAPME, en su calidad de representación directa y específica de las PYME a escala europea, ha tenido que conformarse hasta ahora con un lugar totalmente inaceptable en el marco del diálogo social. 
Nuestro Grupo ha protestado repetidamente contra este hecho y ha solicitado la inclusión de la UEAPME. 
La UNICE y la UEAPME están a punto de suscribir un acuerdo que debería permitir la participación directa de los representantes de las PYME en las negociaciones en el marco del diálogo social. 
He dicho muy claramente: «debería». Todavía está por ver cómo se desarrollará y si los representantes de la UEAPME se sentirán aceptados. 
De este modo se habría resuelto hasta cierto punto un problema, aunque sólo se trate de una solución de urgencia. 
Los demás siguen estando excluidos de las negociaciones. 
Necesitamos disponer urgentemente del estudio sobre la representatividad que la Comisión anunció en 1996 y a continuación será preciso volver a discutir muy claramente sobre los participantes en el diálogo social. 
Para esa fecha, como muy tarde, se tendrá que volver a debatir también la posición del Parlamento Europeo, en su calidad de único órgano democráticamente legitimado de la Unión Europea. 
Nuestra participación en el diálogo social también es insatisfactoria. 
Esto es, por lo tanto, lo que aún tenemos pendiente: dos grandes problemas en el ámbito social que son ya viejos conocidos. 
En nuestro Grupo político estamos decididos a seguir luchando para que se resuelvan ambos problemas. 
Se lo debemos a las pequeñas asociaciones. 
Señor Presidente, ahora hablaremos del diálogo social que, en primer término, va a tener lugar entre las partes del mercado de trabajo. 
Paulatinamente desembocará en alguna forma de convenio colectivo, que a menudo será mejor que las leyes para regular diversos asuntos. 
Éste es un antiguo modelo escandinavo que con gusto también queremos ver hecho realidad en el ámbito europeo. 
Sin embargo, es importante que no se espere que las leyes sean una consecuencia necesaria del diálogo social y de los convenios colectivos. 
Puede que sea así, pero no es una cosa imprescindible. 
Por el contrario, las autoridades nacionales tienen que estimular, igual que las instituciones de la UE, la cooperación entre las partes del mercado de trabajo, entre partes independientes y autónomas, como por ejemplo se señala en el punto 8. 
Esto se puede hacer actuando como mediador; es posible hacer contactos, ayudar a las partes en sus discusiones y actuar como un mediador. 
Hay muchas maneras de hacerlo, en lugar de creer que las leyes son absolutamente necesarias. 
Tres cosas más. La primera es que en el Comité Permanente de Empleo hay que discutir las líneas directrices del empleo paralelamente con las directrices de la política económica, para alcanzar así algún tipo de relación entre ambas, cosa que es necesaria. 
La segunda cosa es que el diálogo social tiene que reforzarse especialmente en Europa Central y del Este, que durante largo tiempo no ha tenido las misma posibilidades que nosotros para desarrollar la cooperación entre las partes del mercado de trabajo. 
En tercer lugar, los ayuntamientos y diputaciones provinciales, que emplean a mucha gente, también tienen que incorporarse al diálogo de manera más natural y conseguir allí un lugar, permitiendo que los grandes empleadores también estén presentes en el nivel local. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar al ponente por su informe y presentar mis respetos al Comisario Flynn por su participación en todo este ámbito. 
En cualquier modelo de diálogo social y de asociación social recae sobre los interlocutores sociales el derecho a negociar, consultar y presentar acuerdos marco para que se apliquen a escala europea. 
Pero junto con este derecho, también tienen obligaciones. 
Un aspecto muy importante, que quizá este Parlamento pasa por alto en ocasiones, es la obligación de acudir a la mesa con auténtico espíritu negociador y no sólo defender una postura ante las cámaras. 
En particular, es necesario ampliar la asociación para que incluya a sectores que actualmente están excluidos, en particular, el sector de las PYME. 
Asimismo deberíamos analizar cuestiones como el colectivo de los discapacitados, el sector de la educación y la importancia de la formación a lo largo de toda la vida y de la educación y la formación respecto al empleo y a otros problemas de exclusión social sobre los que debatimos esta mañana, cuando tratábamos sobre el informe van Velzen y la respuesta de la Comisión. 
Quizá deberíamos estudiar ahora el modo de atraer a más personas al diálogo social. 
Un modo de hacerlo, quizá con carácter experimental, es con un tercer tipo de organización que incluya también al Comité Económico y Social. 
Eso sería más representativo y podría servir de centro de intercambio para algunos de los detalles y propuestas de menor importancia. 
Me preocupa el papel del Parlamento en todo este proceso. 
En el Parlamento tenemos a veces la impresión de que nos encontramos ante un hecho consumado que ha sido aprobado por los interlocutores sociales, y de que se trata de un chantaje político- no podemos oponernos, porque los interlocutores sociales lo han aprobado. 
Por consiguiente, debemos encontrar un papel para el Parlamento en las interacciones entre los interlocutores sociales. 
No obstante y teniendo en cuenta estos aspectos, quisiera recomendar el presente informe a la Asamblea, y mi Grupo respaldará la posición del ponente. 
Señor Presidente, según el artículo 118b, la Comisión tiene como misión desarrollar el diálogo social en el ámbito europeo. 
En este diálogo falta uno de los mayores empleadores, es decir, los más de cien mil ayuntamientos y regiones de Europa. 
Los empleadores provinciales y regionales de la UE ven como un enorme problema que no se les trate en el ámbito europeo como parte del diálogo social con plenos derechos en el nivel de ramas de producción. 
Esto llama la atención si pensamos que la organización europea CEMR, fundada en 1951, representa a más de cien mil ayuntamientos y regiones y tal vez a más de 14 millones de trabajadores, cerca de 30 millones considerando a los trabajadores de tiempo parcial. 
Los miembros de la CEMR participan en alto grado en las estructuras nacionales del mercado de trabajo y en muchos casos tienen capacidad para celebrar negociaciones. 
Tienen una larga experiencia y tradición de negociación que ha sido usada exitosamente en los diálogos sociales nacionales. 
Por este motivo creo que es razonable que, al desarrollar el diálogo social, se piense en la participación de una organización del tipo de CEMR como miembro con plenos derechos. 
Señor Presidente, deseo comenzar dando gracias al ponente por este excelente y muy bien escrito informe. 
El diálogo social va a tener cada vez más importancia en el futuro para el diseño de la política de la UE, pensando en lo que ha ocurrido en el nuevo Tratado, es decir, que se incluyen tanto la política social como la futura política de empleo. 
En primer lugar, quiero destacar el asunto de la representatividad al que aludió Schörling hace un momento y que es muy importante. 
Pero, ¿cómo se podría aumentar la representatividad? 
¿Somos los políticos los que nos tendremos que ocupar de eso o hay que dejárselo a las partes? 
Mi firme opinión es que, de acuerdo con la tradición sueca, este asunto hay que dejárselo a las partes. 
Son las partes las que en primer lugar tienen que preocuparse de estar representadas. 
La parte de los trabajadores lo ha conseguido; allí también están los trabajadores del sector público. 
La parte de los empleadores también tiene que lograr que ellos estén representados. 
En segundo lugar, puedo entender que ahora se disminuya la cantidad de miembros en el Comité Permanente de Empleo, pero esto también tienen desventajas. 
¿Cómo se va a afianzar en los países miembros lo que ocurre en el Comité Permanente? 
El problema está en conseguir que no se transforme en algo que sólo ocurre en Bruselas. 
Les pido que se fijen en el punto 13 del informe de Peter, que trata justamente de este asunto. 
En tercer lugar, deseo abordar el tema de las funciones del Comité Permanente. 
La política de empleo no está aislada de la política económica. 
Es importante que el Comité Permanente no sólo se ocupe de las líneas directrices de la política de empleo sino también de la macroeconomía, es decir, de las directrices de la política económica. 
Finalmente, igual que todos los demás, quisiera destacar el rol del Parlamento en este proceso. 
Presidente, hace unos días los presidentes de la UNICE y de la UEAPME anunciaron que se van a reconocer como interlocutores, en señal de respeto mutuo por su autonomía, para las futuras negociaciones europeas y que van intensificar su colaboración en este campo. 
La UNICE ya reconoce que la UEAPME es la más representativa para representar los intereses específicos de las PYME en Europa, y le ha habilitado directamente un sitio en la mesa de negociación. 
Si este acuerdo es confirmado el 4 de diciembre por los órganos de decisión de sendas organizaciones, entonces se habrá dado un gran paso hacia aquello por lo que el PPE ya se esforzó en el Tratado de Maastricht, es decir la plena participación de un interlocutor específico de las PYME en el diálogo social europeo. 
Somos partidarios de un diálogo social, Presidente, pero como órgano democráticamente elegido sólo podemos estar de acuerdo con la autonomía creciente de los interlocutores sociales si estos son lo suficientemente representativos, y otra vez se ha empleado esa palabra. 
Esto supone entre otras cosas que estos actores juntos tienen un grado suficiente de representación que garantice que se aborden satisfactoriamente los diferentes intereses en las negociaciones. 
Pido a la Comisión que reconozca el acuerdo a la hora de la determinación de los largamente esperados criterios de representación. 
Presidente, también lo podríamos formular de la siguiente manera. 
Se ha anunciado un noviazgo que aumentará la representación y la legitimidad del diálogo social. 
El que ahora meta palos en las ruedas para evitar que se celebre el matrimonio o para hacer imposible la convivencia, cargará con una responsabilidad enorme. 
Las PYME son importantes para generar empleo, ellas deben tener la oportunidad de participar en las negociaciones de la mesa de negociación europea por medio de un interlocutor social propio, y por esta vía dar forma a su sentido de responsabilidad. 
Señor Presidente, la versión de Irlanda del diálogo social, que nosotros denominamos asociación social, está bien arraigada y ha tenido un papel importante en el éxito económico alcanzado por nuestro país en los últimos años. 
Nuestra versión de asociación social, en muchos aspectos, va por delante del diálogo social. 
Los interlocutores sociales tradicionales- los sindicatos y la patronal- son ciertamente clave en el proceso, pero además se han incorporado otros: agricultores, mujeres, discapacitados, desempleados y otros colectivos marginados. 
Me gustaría que se ampliara aún e incluyera a los representantes de las zonas en desarrollo. 
Los beneficios de pasar de un enfoque adversario a otro consensuado resultan evidentes a los ojos de todos. 
Aunque muchos han tenido dificultades en Irlanda, como demostró claramente el conflicto de Ryanair este mismo año. 
A pesar de que pudimos alcanzar un consenso sobre cuestiones como salarios e impuestos, el tema de la consulta a los empleados en las empresas aún no ha sido explorado adecuadamente. 
Por este motivo acojo con auténtica satisfacción la decisión de la Comisión de la semana pasada. 
El Comisario Flynn merece ser felicitado por haber presentado una propuesta de directiva sobre la consulta de los trabajadores en las empresas con más de 50 empleados. 
Veo que el Comisario se siente satisfecho, y con razón. 
Es un éxito más y yo espero elaborar el informe. 
Estoy convencida de que el conflicto de Ryanair en Irlanda habría quedado resuelto hace mucho tiempo de haber existido esta directiva. 
Irlanda se sitúa entre el modelo social de la Europa continental y el modelo anglosajón. 
La consulta de los trabajadores y la información es la clave del primero, pero es relativamente desconocida en el caso del segundo. 
Resulta extraño que muchas empresas de Irlanda que no negocian con los sindicatos que representan a sus trabajadores a nivel local no parezcan tener demasiado dificultades para tratar con los sindicatos de ámbito nacional y europeo. 
Hago, por consiguiente, un llamamiento a la patronal para que sea coherente en su enfoque respecto al diálogo social y adopte una visión positiva ante la nueva directiva. 
Una mayor participación de los trabajadores ayudará a lograr una fuerza laboral más feliz, más motivada y más productiva. 
¿No es eso lo que quiere la patronal? 
Señor Presidente, yo felicito sinceramente al Sr. Peter por su buen informe. 
Cuando los acuerdos entre los interlocutores sociales europeos adquieran carácter de ley en el ámbito laboral para toda la Unión Europea a través de lo que viene a ser una declaración de obligatoriedad general, concretamente por medio de una decisión del Consejo de Ministros, esto afectará no en último lugar a las pequeñas y medianas empresas, puesto que la mayoría de los trabajadores europeos están empleados en las mismas. 
El informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales solicita con razón una mayor participación de las PYME en la configuración del diálogo social europeo, con lo cual da respuesta a una importante aspiración del Grupo del Partido Popular Europeo, tal como vuelve a poner de manifiesto nuestra enmienda 9. 
El diálogo social es necesario a escala europea y nacional, y también se desarrolla con éxito a escala de las empresas. 
Así lo demuestra el éxito del comité de empresa europeo y la evolución positiva del debate sobre la sociedad anónima europea. 
En ambos casos, la receta consiste en buscar soluciones a través de la negociación entre los interlocutores sociales, con vistas a concretar las posibilidades de participación de los trabajadores. 
La semana pasada se celebró en Viena una conferencia sobre el modelo social europeo y el diálogo social, organizada por la Presidencia austriaca. 
Se expusieron comparaciones con otros modelos, por ejemplo el de la economía de mercado pura, como el de los florecientes Estados industriales del Sudeste asiático. 
Sin embargo, estos tigres han acabado convirtiéndose en gatos domésticos mansos y renqueantes también en el aspecto económico, precisamente porque descuidaron la dimensión social. 
La respuesta eficaz a la globalización se encuentra en el modelo europeo, en la economía social de mercado basada en la cooperación y el diálogo sociales. 
El Grupo del Partido Popular Europeo va a votar afirmativamente el Informe Peter desde este punto de vista. 
Señor Presidente, deseo comenzar expresando mi agradecimiento al Sr. Peter por su informe, que ha sido de gran ayuda. 
Me gustaría recordarles que en 1996, la Comisión inició un importante ejercicio de consulta sobre el futuro del diálogo social a través de la comunicación consultiva. 
En aquel momento, el Parlamento elaboró una resolución muy completa sobre el documento y yo acudí aquí a Estrasburgo a debatirla con ustedes en el verano de 1997. 
La Comisión no ha escatimado esfuerzos para incluir los comentarios del Parlamento en la redacción de esta segunda comunicación. 
El nuevo Tratado de Amsterdam proporciona los medios para que los interlocutores sociales renueven su compromiso de modernizar y reforzar la dimensión social de Europa. 
Para lograrlo, debemos fomentar el diálogo social. 
Debemos fomentarlo para que desempeñe plenamente su función dentro del marco de la información, la consulta y unos procedimientos de negociación positivos y eficaces. 
Como decía el Parlamento en su resolución de 1997, hay tres cuestiones clave que debemos abordar. 
En primer lugar, la necesidad de reformar el Comité Permanente de Empleo: habida cuenta del nuevo enfoque respecto al empleo y la pesadez de la actual estructura, que no ha funcionado bien y debe ser reformada. 
En segundo lugar, la importancia de crear un marco más coherente y eficaz en el que pueda desarrollarse el diálogo social y, por último, la cuestión de la representación. 
La Comunicación de la Comisión sobre Adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria fue aprobada el 20 de mayo del presente año. 
Aborda estas tres cuestiones y se propone fortalecer el diálogo social a nivel europeo y hacerlo más adaptable, de manera que podamos relacionar el trabajo de los interlocutores sociales mucho más estrechamente con el desarrollo y la aplicación de todas nuestras políticas de la Unión Europea. 
Comienzo con la cuestión de la representación, porque ha sido planteada por varios diputados- la Sra. Ghilardotti, la Sra. Glase, la Sra. Schörling y la Sra. Thyssen- a las que agradezco su interés. 
Es evidente que las instituciones deben respetar plenamente la autonomía de los interlocutores sociales durante sus negociaciones. 
En este contexto, los interlocutores sociales son los responsables de garantizar suficientemente el aspecto de la representación. 
Debemos recordar que el Tribunal de Primera Instancia respaldó recientemente este enfoque en un dictamen memorable. 
Nos tomamos muy en serio el principio de autonomía de los interlocutores. 
Habida cuenta del llamamiento del Parlamento Europeo a la Comisión para que reforme el Comité Permanente de Empleo, la Comisión aprobó, con carácter de urgencia, una paralela a la comunicación: la propuesta al Consejo para reformar la estructura actual. 
Lo que pretendemos hacer aquí es dar a cada Presidencia la opción de convocar una troica de Jefes de Estado y de Gobierno o un Consejo para que se reúna con los interlocutores sociales en el marco del trabajo del Comité Permanente de Empleo. 
El número de delegaciones de los interlocutores sociales en dichas reuniones deberá ser limitado, aunque siempre deberán estar representadas las principales organizaciones de los interlocutores sociales. 
En una palabra, la Comisión sugiere al Consejo que cree un foro único, transparente y representativo para un diálogo a alto nivel sobre el empleo. 
Por consiguiente, la pelota está en el campo del Consejo en lo que se refiere a garantizar que el auténtico diálogo sobre el empleo no esté limitado a un grupo central de interlocutores sociales. 
Respecto a los demás procedimientos de consulta, la comunicación presenta un foro de enlace que incluye consultas trimestrales a todos los interlocutores sociales europeos reconocidos sobre cuestiones políticas. 
El primero de estos foros ya ha tenido lugar y ha demostrado ser un ejercicio de gran utilidad. 
Asimismo, a nivel sectorial, habrá comités sectoriales nuevos y flexibles que sustituirán a las numerosas y pesadas estructuras actuales. 
Muchos de ustedes se han dirigido a mí personalmente para interesarse sobre la viabilidad de esta nueva estructura. 
Quiero hacer hincapié aquí, una vez más, en que no se trata de una reducción, sino de un nuevo inicio para el diálogo sectorial, en el que todos los sectores que deseen hacer una contribución conjunta significativa a escala europea participen en igualdad de condiciones. 
Ya no habrá más restricciones al apoyo formal a las actividades que son competencia exclusiva comunitaria. 
Por consiguiente, la necesidad de tratar sobre la reestructuración industrial en asuntos de empleo está hoy presente en todos los sectores de actividad. 
Diré unas palabras sobre el informe Peter. 
El Sr. Peter y la Comisión de Asuntos Sociales han sabido, una vez más, establecer un equilibrio justo entre los diferentes intereses que se ven afectados. 
Es un informe excelente. 
Sólo me gustaría reiterar la importancia de respetar la autonomía de los interlocutores sociales. 
Por ello quisiera cuestionar si es política o incluso jurídicamente viable permitir la participación de comités consultivos de cualquier tipo en las negociaciones entre los interlocutores o que participen en cualquier organización nacional directamente a nivel europeo. 
En cuanto al tema clave de la comunicación, encuentro que el informe es muy favorable, y esto es cierto en el caso de la reforma del Comité Permanente de Empleo, los nuevos comités para el diálogo sectorial, la cuestión de la representación y la importancia de desarrollar un diálogo social con los países candidatos. 
Esto no debería sorprender, porque, como ya he dicho, la posición adoptada respecto a estos temas en la comunicación tiene en cuenta en buena medida la posición del Parlamento Europeo. 
Por tanto, en mi opinión, todo el ejercicio sirve de ejemplo de la excelente cooperación y entendimiento entre nuestras instituciones. 
El Sr. Crowley planteó la cuestión de la intervención del Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones que condujo a la aprobación de legislación basada en acuerdos europeos. 
Deseo decirle que la Comisión no escatimó esfuerzos para incluir al Parlamento en este punto durante la CIG. 
Como destacamos en nuestro proyecto de informe, esta posición es reiterada claramente en nuestra comunicación, y me consta que existen contactos continuados entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión con vistas a resolver este asunto en particular. 
Ustedes conocen mi posición y mi apoyo en este sentido. 
Deseo decir a la Sra. Thyssen que la UNICE está en conversaciones con la UEAPME sobre temas de representación. 
Tenemos entendido que están realizando grandes progresos, lo que ciertamente apoyo. 
Quisiera decir al Sr. Lindqvist, sobre el tema de la ampliación, que en mis viajes a los países candidatos, he visitado a los interlocutores sociales para hablar con ellos. 
En este aspecto existen problemas reales. 
Estamos intentando favorecer el desarrollo del diálogo en dichos países a través del programa PHARE. 
Analizamos el estado del diálogo social en todos los ejercicios de evaluación de los recursos humanos y financieros de cada uno de los candidatos. Es un tema muy delicado y sin duda volveremos sobre el mismo. 
Por último, deseo decir a la Sra. Schörling que el gobierno local forma parte del CEEP, y tengo entendido que están contemplando la posibilidad de celebrar un diálogo sectorial. 
Si es así, contará con todo mi apoyo. 
Doy las gracias al Sr. Peter. 
Ha sido un debate de gran utilidad, y espero con interés la continuación y mejora del diálogo social. 
Señora Malone, lo que ocurrió la semana pasada en materia de información y consulta supuso un enorme avance. 
Esperamos con interés poder debatir sobre ello en la Asamblea en un futuro. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Nuevo mercado transatlántico 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0387/98) de la Sra. Mann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social: El Nuevo Mercado Transatlántico (COM (98) 0125- C4-0271/98). 
Señor Presidente, señor Comisario Brittan, Señorías, permítanme que señale algunos aspectos fundamentales antes de pasar a exponer el informe. 
El debate de hoy estará dominado por la amenaza de los americanos de imponer aranceles a los productos de los Estados de la Unión Europea, sobre todo los procedentes de Francia e Inglaterra, como una represalia destinada a poner en entredicho antes del 1 de enero de 1999 el presente Reglamento por el que se establece la Organización Común del Mercado del plátano y provocar la alarma entre los Estados miembros. 
Resulta particularmente irónico que el Consejo de Asuntos Generales adoptase la decisión de aprobar Plan de Acción para la Asociación Económica Transatlántica el 9 de noviembre de 1998 coincidiendo prácticamente con la decisión americana de adoptar sanciones unilaterales contra la Unión Europea. 
Como resultado de este paso que acaban de dar los americanos queda en entredicho la credibilidad general del procedimiento de resolución de conflictos de la OMC. 
Los americanos tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con el nuevo Reglamento sobre el mercado del plátano. 
También tienen todo el derecho a considerar que dicho Reglamento no se ajusta a las normas de la OMC. 
Pero no tienen derecho a tomar una decisión unilateral. 
Los métodos del salvaje Oeste, aunque puedan resultar atractivos desde el punto de vista nacional, provocan fuertes reacciones de signo contrario. 
El creciente nerviosismo de los americanos es comprensible, por otra parte, y se explica en gran medida por el nivel relativamente elevado de su déficit comercial en estos momentos. 
Por consiguiente, deberíamos poder contemplar el futuro con un poco más de tranquilidad. 
Hacemos bien en consolidar y desarrollar las bases políticas y económicas entre nosotros. 
La disputa por los plátanos no será el último enfrentamiento comercial que mantengamos; los próximos ya están a la vista: en relación con las hormonas y el acero. 
Tenemos que aceptar estas realidades. 
Desde 1989 y 1990 hemos iniciado un cambio fundamental en nuestras relaciones. 
Se han esfumado las antiguas certezas y hemos pasado a ser competidores a escala mundial. 
La política económica y comercial determina en mayor medida que antes el acontecer político en ambas potencias mundiales. 
Sin embargo, no debemos olvidar que nos enfrentamos sobre el trasfondo de una sólida base de amistad. 
Y tampoco tenemos que olvidar que una reorientación e intensificación de las relaciones económicas garantiza puestos de trabajo en ambas orillas del Atlántico. 
La fusión gigantesca de Daimler y Chrysler es sólo un anticipo de lo que nos espera en los próximos tiempos. 
El presente informe sobre el Plan de Acción para la Asociación Económica Transatlántica respalda explícitamente la iniciativa de la Comisión y del Consejo. 
Todos ustedes todavía recordarán que el Consejo- Francia, en particular- denegó su aprobación al proyecto de la Comisión durante la Cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos celebrada en Londres y presentó un nuevo proyecto menos ambicioso. 
El proceso desembocó entonces en la creación de la Asociación Económica Transatlántica, en lugar del Mercado Transatlántico. 
El Consejo temía un distanciamiento incontrolado de los procesos de decisión y márgenes de actuación nacionales si se aceptaba la propuesta de la Comisión de promover un acuerdo marco con un mandato general para la negociación. 
Para el Parlamento Europeo, un acuerdo marco hubiese ofrecido la ventaja de su consulta formal. 
Ahora sólo se nos informa. 
El Plan de Acción para el Espacio Económico Transatlántico propone, en primer lugar, una coordinación de las actividades y, en segundo lugar, la coordinación de una agenda bilateral que abarcaría los siguientes aspectos: primero, la supresión de los obstáculos técnicos; segundo, una intensificación de los trabajos en el ámbito de los servicios; tercero, la ampliación del acceso a los mercados para las empresas europeas y americanas del sector de la contratación pública; cuarto, una mayor protección de la propiedad intelectual; quinto, una intensificación del diálogo social y la creación de estructuras de cooperación social en los ámbitos de la alimentación, fitosanitario y biotecnológico, y la constitución de un grupo medioambiental. 
Yo creo que todo ello constituye una propuesta de trabajo aceptable, que deberíamos apoyar. 
Ésta incluye asimismo la creación de un marco organizativo. 
Muchos de los temas que habrá que abordar pertenecen a los llamados nuevos ámbitos sensibles, como por ejemplo la biotecnología. 
Dicho marco organizativo también delimitaría las formas que debería adoptar la cooperación institucional entre las instituciones participantes y sus procedimientos, y en muchos casos abriría la puerta para la celebración de acuerdos como el relativo al reconocimiento mutuo de los procedimientos de certificación y de pruebas. 
Para que esto funcione en unos ámbitos que son en parte particularmente sensibles desde el punto de vista del consumidor es necesaria una transparencia absoluta del proceso, plena información y la consulta amplia de las industrias afectadas, expertos, grupos profesionales y consumidores. 
Es preciso establecer un proceso que promueva la confianza en las instituciones y garantice de este modo una amplia aceptación por parte de la opinión pública. 
Yo no comparto, sin embargo, el temor de muchos o de algunos colegas y también de las asociaciones de consumidores, a que se deje de lado a la opinión pública. 
Hemos adquirido una vasta experiencia institucional y quienes actúan en el ámbito europeo, tanto en la Comisión y el Consejo como en el Parlamento Europeo, no son legos en la materia. 
Podemos gestionar muy bien y con excelentes resultados este proceso. 
Señor Presidente, las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos son de gran importancia. 
Compartimos muchos valores e intereses comunes y, a pesar de que las relaciones comerciales y de inversión entre nosotros representan la mayor asociación económica del mundo, sería equivocado restringir las conversaciones solamente a cuestiones comerciales y económicas. 
Lamento que los planes más ambiciosos sugeridos por Sir Leon Brittan bajo el epígrafe Nuevo Mercado Transatlántico hayan encontrado una oposición tan fuerte en el Consejo, motivo por el que no han podido ser debatidos con las autoridades estadounidenses. 
Por consiguiente, la posición obstructiva del Consejo ha tenido como resultado unas propuestas más restrictivas en materia de la asociación económica transatlántica. 
Cuando el Parlamento Europeo debatió el informe Souchet en enero de este año, expresamos el deseo de ampliar el nivel de cooperación. 
El apartado 3 de la resolución Souchet señalaba la necesidad de un mayor diálogo en temas de Justicia y Asuntos de Interior. 
El apartado 5 pedía mayor cooperación en la gestión de situaciones de crisis y en el empleo de las fuerzas de mantenimiento de la paz. 
La opinión que he elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores intenta restablecer los deseos del Parlamento y, espero, del propio Sir Leon Brittan, de garantizar que las relaciones de seguridad y defensa se conviertan en una parte importante del diálogo UE-EE.UU. 
En breve se celebrará una cumbre UE-EE.UU. y es importante que podamos examinar el estado de nuestras respectivas relaciones y resolver cualquier problema, incluidos aquéllos en el ámbito de la seguridad y defensa que cobran relevancia ante la actual crisis del Golfo. 
Felicito a la ponente por su informe y le agradezco que haya incluido en el mismo la propuesta específica contenida en la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre este importante asunto. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ha dado un amplio apoyo a la Asociación Económica Transatlántica y al excelente informe que la Sra. Mann ha redactado. 
Me parece bueno, sin querer menospreciar las negociaciones multilaterales de ninguna forma, que los dos agentes más grandes del mercado mundial negocien sobre la supresión de las barreras para el libre comercio. 
Los dos bloques comerciales pueden funcionar juntos como lanzadera para que se inicie la discusión necesaria para llegar finalmente a un acuerdo multilateral. 
Esto no puede llevar consigo que la UE y los EE.UU. juntos formen un bloque de poder al que otros países se vean enfrentados a unos hechos consumados dentro de la OMC. 
Pero el esfuerzo de formar bloques comerciales regionales encaja en los esfuerzos de la OMC. 
Aparte de unas cuestiones antiguas que por lo visto son difíciles de solucionar, hay dos cuestiones actuales en las relaciones comerciales de este momento entre la UE y los EE.UU. que me preocupan. 
En primer lugar, acerca de la directiva «metric only». 
El Comisario Bangemann, mientras tanto, ha prometido en el Consejo del Mercado Interior que presentará rápidamente una propuesta, sin indicar cuán rápido, para que se posponga la obligación del etiquetado exclusivamente según el sistema métrico. 
Esta propuesta debería haber sido presentada ya hace meses. 
He insistido varias veces al Comisario para que lo hiciera. 
Europa está ahí para dar apoyo sobre el terreno a las empresas y no para obstaculizar su funcionamiento. 
La Comisión Económica ha vinculado en una enmienda la firma de la Asociación Económica Transatlántica al cambio de los EE.UU. al sistema métrico. 
Se había reflexionado bien sobre eso. 
Lamentamos que la Comisión REX haya debilitado nuestra enmienda y la haya convertido en algo que no es carne ni pescado. 
Espero, sin embargo, que le llegue bien clara la señal al Sr. Bangemann. 
Se tiene que poner fin a las trabas que la reticencia americana produce a las empresas europeas. 
Creo que el Sr. Bangemann y el Sr. Brittan deben presionar a los EE.UU. 
Mi segunda preocupación se refiere a las medidas anti-dumping en la UE y en los EE.UU. La Sra. Mann en su informe dedica un punto a ellas y la industria siderúrgica europea se queja del trato desproporcionadamente duro de las empresas europeas. 
Incluso el Congreso americano manifiesta en un extenso informe que el año pasado la proporción fue de 35 casos de anti-dumping por parte americana a sólo dos por parte europea. 
Presidente, estas relaciones son extraordinariamente importantes también en el marco del empleo. 
En nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales quiero señalar que la UE invierte un 59 por ciento en los EE.UU. y que a la inversa supone un 44 por ciento, o sea en el marco del empleo para ambas partes es de gran importancia. 
Sin embargo, en la economía mundial cada vez más globalizada hay algo más que sólo relaciones comerciales. 
También se tiene la responsabilidad de actuar conjuntamente de cara a importantes «issues» con respecto a cuestiones que pueden llevar, entre otras cosas, a una nueva declaración de la Organización Internacional de Trabajo sobre normas laborales fundamentales como el derecho de asociación, el derecho de negociación colectiva, la no discriminación, la abolición del trabajo forzoso y la abolición del trabajo infantil. 
Ambas partes pueden desempeñar un papel en esta materia en las próximas negociaciones de la OMC. 
Sin embargo, hay más asuntos relacionados con la dimensión social y laboral. 
Le menciono algunos: por ejemplo, los Comités de Empresa Europeos, un gran número de sociedades de matriz estadounidense establecidas en Europa se hallan cubiertas por la directiva respecto al Comité de Empresa Europeo, son convenientes intercambios de información entre las empresas y entre las administraciones norteamericanas y europeas. 
Otro asunto es la cuestión de los fondos de pensiones. 
Europa va muy atrasada cuando se trata de la oferta de créditos a la inversión. 
También en este ámbito la colaboración, el intercambio de información y el diálogo son convenientes. 
Por último, Presidente, un obstáculo no carente de importancia en las negociaciones transatlánticas es la agricultura. 
A mi juicio, esto se podrá mejorar cuando tanto las administraciones de la UE como las estadounidenses tengan más en cuenta las cuestiones sociales y de empleo en zonas rurales. 
La competencia óptima no siempre conduce a lo mejor para todas las partes del mundo. 
Se impone la necesidad de un equilibrio. 
Como último punto, quisiera señalar que también deberíamos abrir espacio para los intercambios con los EE.UU. en los programas de educación y formación. 
En primer lugar, quisiera felicitar a la Sra. Mann por su admirable informe y también por haber sabido poner la disputa del plátano en su perspectiva correcta. 
Volveré sobre este punto más adelante, pero estoy completamente de acuerdo con ella en que no debemos permitir que dicha disputa distorsione por completo nuestra consideración de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que abarcan temas más amplios, a algunos de los cuales han hecho referencia los oradores que me han precedido. 
Agradezco al Sr. Cushnahan sus amables observaciones sobre la reducción de las nuevas propuestas relativas al Nuevo Mercado Transatlántico. 
Eran más ambiciosas. 
No estoy disculpándome. 
No obstante, es evidente que han dado forma a la Asociación Económica Transatlántica. 
Pero a pesar de la importancia de la Asociación Económica Transatlántica, la Sra. Peijs está en lo cierto cuando afirma que el aspecto multilateral de la misma no debe dar la impresión de que nos estamos agrupando contra el resto del mundo. 
Estamos cooperando para intentar avanzar más rápidamente en las conversaciones multilaterales, no tenemos la intención imponer un decreto dictatorial, y menos aún un hecho consumado. 
La Sra. Boogerd-Quaak tiene razón al afirmar que las conversaciones que mantenemos con los Estados Unidos deben incluir asuntos relativos a cuestiones sociales y de empleo, al igual que el Sr. Cushnahan tiene razón al afirmar que existe un componente de seguridad y defensa muy importante en nuestras relaciones, a pesar de que este aspecto debe buscarse al margen de la Asociación Económica Transatlántica. 
No obstante, la Asociación Económica Transatlántica es la característica más reciente de las relaciones, se desprende del Nuevo Mercado Transatlántico y, como nos ha recordado la Sra. Mann, fue respaldada por el Consejo la semana pasada en la forma de un plan de acción. 
Se han aprobado directivas sobre la negociación para que la Comisión inicie las negociaciones sobre una serie de acuerdos relativos a las barreras técnicas al comercio de bienes, servicios, adquisiciones públicas y propiedad intelectual. 
Es una iniciativa importante para consolidar y mejorar las relaciones transatlánticas, incluidos los elementos multilaterales y bilaterales. 
En el ámbito bilateral, el elemento clave es atajar los problemas comerciales, como las barreras normativas, que actualmente constituyen el principal obstáculo al comercio transatlántico, al tiempo que se mantiene un alto nivel de protección de la salud, la seguridad, los consumidores y el medio ambiente. 
Si conseguimos avanzar en la eliminación de dichas barreras, supondrá la promesa de nuevas y enormes oportunidades económicas para las empresas y los consumidores europeos. 
Si podemos seguir fomentando la liberalización multilateral, creo que podremos avanzar enormemente en el nuevo milenio y ahorrar mucho tiempo. 
El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel clave en este proceso, primero con su llamamiento en enero en favor de un nuevo impulso a las relaciones transatlánticas y, más tarde, a través de su participación en la evolución de la Asociación Económica Transatlántica. 
Me alegra mucho que hayamos podido trabajar juntos. 
Y esta colaboración deberá continuar, no sólo ante la amenaza que representa la disputa sobre el plátano, sino también para abordar, por ejemplo, las injustas y falsas alegaciones vertidas recientemente acerca de que la Unión Europea no cumple su parte en aliviar la tensión que supone el aumento de las exportaciones asiáticas. 
Por tanto, acojo con satisfacción el informe tan operativo de la Sra. Mann y le agradezco el apoyo que ella y el Parlamento han dado al desarrollo de las relaciones. 
Puedo comunicarles algunas de las reacciones preliminares que ha despertado el informe. 
Compartimos plenamente su deseo de obtener resultados positivos en los ámbitos de los ARM, la seguridad de los alimentos, las adquisiciones públicas, la propiedad intelectual, el cumplimiento de las normas internacionales en los procesos de liberalización y muchos otros ámbitos. 
Acojo con satisfacción el deseo del Parlamento Europeo de involucrarse más en el trabajo que debemos realizar respecto a la Asociación Económica Transatlántica. 
Lamentablemente, todo esto se ha visto ensombrecido estos últimos días no sólo por la posición de los Estados Unidos respecto a las exportaciones asiáticas, sino sobre todo por la reciente controversia acerca de los plátanos. 
La situación es realmente muy sencilla. 
La OMC se pronunció en contra de algunos aspectos de nuestro régimen y nos dio hasta el 1 de enero del año próximo para adaptarnos al reglamento. 
Hemos adoptado medidas en ese sentido y el 1 de enero entrará en vigor un régimen revisado que creemos que es completamente coherente con el reglamento de la OMC. 
Los Estados Unidos están en su derecho de discrepar con nosotros sobre la compatibilidad de nuestro nuevo régimen con el reglamento de la OMC. 
Tienen derecho a desafiarlo si así lo desean, pero únicamente de conformidad con los procedimientos establecidos por la OMC, que están disponibles para resolver precisamente este tipo de desacuerdos. 
Ningún miembro de la OMC tiene derecho a juzgar unilateralmente el cumplimiento por parte de otro miembro, ni tampoco ser juez y parte de su propia causa. 
Al recurrir a la acción unilateral, los Estados Unidos se ponen por encima de la ley y recurren al principio de «el más fuerte tiene razón». 
Esta postura amenaza con dañar el sistema que ambos hemos ayudado a crear. 
Debilitará seriamente la confianza de los miembros de la OMC en el sistema. 
Por consiguiente, hemos hecho un llamamiento público a los Estados Unidos para que desistan en su acción unilateral e intenten resolver nuestras diferencias en el marco de los canales jurídicos multilaterales de que disponemos y que son el único medio al que debería recurrir un país que respeta la ley. 
Estamos dispuestos a cooperar con los Estados Unidos para salvar nuestras diferencias en el marco del reglamento y los procedimientos de la OMC, pero no lo haremos bajo la amenaza de una acción unilateral ilegal. 
A menos que los Estados Unidos desistan de esa postura, no nos quedará otra alternativa que recurrir a la OMC e iniciar los procedimientos contra los Estados Unidos por su acción ilegal. 
Lamento que este asunto haya ensombrecido- al menos en los titulares- el trabajo más amplio e importante que hemos venido realizando. 
De hecho, como ha afirmado acertadamente la Sra. Mann, es irónico que sea así. 
Espero que el Parlamento Europeo se muestre firme en la defensa de los intereses europeos cuando éstos sean atacados, pero también que adopte una visión más amplia de lo que deberemos hacer de cara al futuro. 
Señor Presidente, el Partido Popular Europeo acoge con satisfacción el informe de la Sra. Mann y la felicita por sus acertados argumentos, expuestos a lo largo de 43 páginas y eclipsados ahora por los actuales acontecimientos. 
Todos concedemos una alta prioridad a las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea y seguiremos reconociendo en el futuro la necesidad de no olvidar que estamos destinados a entendernos, a pesar de todos los conflictos en las relaciones bilaterales, tanto los originados por nosotros, como, sobre todo, los causados por Estados Unidos. 
Los plátanos, las hormonas, el déficit comercial de Estados Unidos, son temas que inquietan. Por mi parte, lo que cada vez me incomoda más en nuestras relaciones con Estados Unidos es que las presiones que sufre continuamente el Gobierno procedan de parlamentarios y que éste con frecuencia no tenga el valor de cumplir las normas de la OMC, porque consideraciones de política interior lo obligan a ceder. 
Este es precisamente un motivo para que, en nuestra calidad de diputados del Parlamento Europeo, intensifiquemos los contactos con el Congreso y que no nos relacionemos sólo por intermedio de la Comisión, que recibirá básicamente la respuesta de que el Gobierno no puede hacer nada: los causantes son los miembros del Congreso. 
En efecto, la Ley Helms-Burton, la Ley d ' Amato, contrarias al derecho internacional, partieron de iniciativas de los diputados. 
Gracias a Dios, d ' Amato no fue reelegido y ya tenemos un problema menos. 
Yo afirmo, por lo tanto, porque es algo que debe quedar claro y Sir Leon ya lo ha dicho, que nuestras normas deben medirse por los criterios de la OMC. 
La OMC es el referente de la libre competencia y es en el ámbito de la misma donde nos medimos. 
La competencia se intensificará cada vez más y se difuminarán las fronteras. 
La tecnología y sobre todo las inversiones llegarán a adquirir dimensiones que escaparán en parte a nuestro control en nuestra calidad de diputados. 
No siempre alcanzamos a percibir el origen de los conflictos que se dirimen. 
Por esto es particularmente importante que también apoyemos que la Comisión no prolongue demasiado las discusiones y la búsqueda de compromisos, sino que recurra también con frecuencia a la mano dura. 
Desde Estados Unidos nos echan en cara muchas veces que de todos modos somos tigres de papel o un felpudo porque no respondemos con suficiente energía a sus presiones. 
En el futuro tenemos que responder con mayor rapidez en este sentido frente a las nuevas medidas. 
El Parlamento quizá pueda expresarse con mayor contundencia que la Comisión. 
Se nos ha reprochado que la apertura de los mercados asiáticos no nos afectará tanto y que Estados Unidos sufrirá todos los efectos de la afluencia de productos baratos. 
Los problemas son comunes, a pesar de que la política comercial de uno u otro- y ahora no me refiero a Estados Unidos- también acabe resultando problemática a veces. 
Este es un aspecto que también tenemos que controlar y no dar por bueno un proteccionismo impulsado por intereses nacionales, a la vez que rechazamos el otro. 
¡Los 15 países podemos vernos reflejados en esta actitud! 
Finalmente, yo quisiera expresar mi seguridad de que el entendimiento para desarrollar una política de mutuo interés puede resultar beneficioso siempre que se defiendan con firmeza y de manera consecuente los intereses importantes para nuestra economía europea. 
Yo quiero animar a todos para que volvamos a intervenir en el debate actual sobre la actuación contraria al derecho internacional de Estados Unidos; el presente informe nos ofrece una buena ocasión para ello. 
Señor Presidente, colegas, Comisario, mis más sinceras felicitaciones a nuestra colega Mann por su excelente informe. 
Colegas, la Asociación Económica Transatlántica, tal como se ha acordado ahora, puede poner fin al aluvión de conflictos comerciales que se han venido produciendo en los últimos años. 
Piénsese en los plátanos biotecnológicos y así se puede seguir. 
El acuerdo puede hacer de ejemplo para el resto del mundo. 
La Unión Europea y los Estados Unidos son los dos mayores bloques comerciales del mundo y además son los más importantes socios comerciales entre si. 
El acuerdo bilateral entre dos bloques comerciales influyentes habilita a la Unión y a los Estados Unidos para desarrollar un modelo comercial transferible que concuerde con el marco comercial multilateral y en especial, con las reglas de la OMC. 
No obstante, mi grupo parlamentario lamenta mucho que el Consejo haya dado el mandato de negociación a la Comisión y que haya adoptado ya un plan de acción sin esperar la opinión del Parlamento Europeo. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Mann y con el Sr. Kittelmann. 
Una nueva Asociación Económica Transatlántica tiene grandes consecuencias en términos de empleo y bienestar para los ciudadanos y empresas. 
Su control democrático es absolutamente imprescindible. Porque sólo entonces puede producirse el apoyo necesario de los ciudadanos. 
Mi grupo parlamentario, por lo tanto, da la bienvenida a la propuesta de la Sra. Mann para la constitución de una comisión parlamentaria paritaria, ya que las soluciones de los conflictos conseguidas a nivel de técnicos o de gobierno, se ven cada dos por tres torpedeadas por el Congreso norteamericano. 
Un diálogo estructural entre las delegaciones parlamentarias y entre los parlamentarios tal vez pueda poner fin a esto. 
Por lo tanto, hago de nuevo un llamamiento a la Comisión y al Consejo para que no sigan hablando exclusivamente a su nivel con los norteamericanos sino que impliquen mucho más al Parlamento y para que tampoco sigan adoptando planes sin esperar la respuesta del Parlamento. 
Señor Presidente, Comisario, a partir de la iniciativa de la agenda transatlántica, se ha hecho visible la relación con Norteamérica. 
No obstante, constato que es insuficientemente concreta y el plan de acción puede mejorarla. 
Lamentablemente, se ha redactado el plan de acción sin ningún diálogo con el Parlamento Europeo, y por eso también apoyo la propuesta de la Sra. Mann de constituir una comisión paritaria del Congreso norteamericano y este Parlamento como último contrapeso democrático en la nueva relación. 
Felicito, por cierto, a la Sra. Mann por la forma y el contenido de su informe. 
La nueva Asociación puede evitar que los conflictos comerciales bilaterales desemboquen en una amenaza de sanciones como en el caso de la política de plátanos de la UE. 
Sin embargo, echo en falta algunas cosas. 
Se abordan, a mi juicio, insuficientemente las diferencias entre los sectores audiovisuales. 
Los Estados Unidos se aprovechan en este aspecto del mercado europeo, mientras que por su parte no dejan ningún margen. 
Nosotros, como UE con tantas culturas preciosas, no podemos consentir eso en absoluto. 
¡Es inaceptable! 
Además, espero que el futuro diálogo político y económico incluya sobre todo la cuestión anti-dumping. 
La Sra. Peijs ya ha hablado sobre ello. 
Además, mi grupo parlamentario está muy a favor de mantener el «acquis communautaire» y sobre todo el mantenimiento de los servicios de interés general que tienen una gran influencia en nuestra unión social y económica. 
Esos aspectos no se pueden esconder debajo de la mesa. 
Por último, Presidente, la Asociación contribuye a la creación de empleo. 
La Sra. Mann ya lo ha mencionado: Daimler Benz/Chrysler a ambos lados del océano. 
Espero, sin embargo, que esta iniciativa no sólo repercuta positivamente en los hechos puramente económicos, sino también en los valores y culturas que existen en la relación entre los Estados Unidos y Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una relación transatlántica de interés mutuo y positivo para las demás partes del planeta es una puesta política fundamental. 
Se requieren tres condiciones: tratar de conseguir intercambios más compatibles con el desarrollo sostenible y el bienestar social, respetar las solidaridades y los compromisos multilaterales, asegurar un verdadero control democrático. 
Al rechazar los proyectos del AMI y del libre comercio transatlántico, varias naciones de Europa han hecho hincapié en estas exigencias y han manifestado su desaprobación hacia una cierta manera de tratar los asuntos exteriores. 
Necesitamos una Unión Europea más autónoma y más solidaria y pedimos a nuestros socios estadounidenses mayor lealtad hacia los compromisos suscritos. 
Los Estados Unidos vuelven a iniciar las tensiones comerciales y no respetan el compromiso de Londres sobre la cuestión de las leyes extraterritoriales. 
Debemos recordarles que el déficit masivo de la balanza de pagos de los Estados Unidos es indisociable de su privilegio de hacer financiar su crecimiento por los demás países. 
El Parlamento Europeo se encuentra, pues, ante una contradicción: un nuevo impulso de la agresividad comercial estadounidense y la preocupación, por nuestra parte, de desarrollar el diálogo. 
Estas son las condiciones en las que sin duda alguna nos veremos en la necesidad de tomar otras iniciativas políticas. 
En lo inmediato, tomamos nota de la asociación económica transatlántica y del plan de acción. 
Nos alegramos del hecho de que no se trate de una recuperación del proyecto de Nuevo Mercado Transatlántico. 
Este proyecto era especialmente peligroso por su objetivo de libre intercambio en materia de servicios y porque privilegiaba la relación bilateral, con el riesgo de reprimir los progresos multilaterales. 
Asimismo, estamos satisfechos de que algunas disposiciones previstas en el Proyecto de plan de acción hayan sido retiradas por el Consejo, en particular un acuerdo de stand still bilateral que habría congelado la evolución de las reglas comunitarias, satisfechos también de que el Consejo recupere su parte de control poniendo las negociaciones bilaterales bajo mandato. 
Por último, queremos destacar la necesidad de desarrollar una nueva doctrina política de la Unión tanto con vistas a la subsistencia de las negociaciones como para el control democrático. 
Queremos discutir con los estadounidenses las futuras negociaciones en la OMC, sin embargo, ¿tuvo un impacto la Ronda de Uruguay? 
¿Sabemos lo que queremos decir sobre los nuevos temas relativos a la sociedad y la regulación? 
No debemos, en esta asociación, preparar una base de acuerdo entre dos elefantes- Estados Unidos y Europa- antes del futuro milenio. 
El diálogo debe seguir siendo exploratorio y todavía nos queda por interrogar otros amigos. 
En cuanto a las negociaciones bilaterales, deseamos discutir caso por caso. 
Es preciso defender el empleo y nuestras industrias, lo que exigiría fortalecer su solidaridad para llevar a cabo las negociaciones. 
Por último, quiero destacar que nuestros procedimientos institucionales demuestran un déficit político y democrático. 
Pedimos que el Consejo, al igual que la Comisión, informe y consulte el Parlamento Europeo antes y durante el proceso de diálogo y de negociación. 
La consulta de la sociedad civil, hoy día inexistente, debe organizarse. 
A este respecto, corresponde al propio Parlamento Europeo desempeñar un papel importante en dirección de las empresas, los sindicatos, las asociaciones y nuestras opiniones públicas. 
Señor Presidente, con objeto de disipar de entrada cualquier malentendido, sepan que nosotros concedemos una gran importancia a unas buenas relaciones con Estados Unidos. 
Pero no tal como usted las concibe, Sir Leon Brittan. 
A usted la preocupa sobre todo la supresión de las llamadas barreras comerciales, entre las cuales seguramente también incluye los derechos de participación política. 
En primavera sufrió un desaire del Consejo en relación con el Nuevo Mercado Transatlántico, ahora tenemos sobre la mesa una versión más modesta de la Asociación Económica Transatlántica, o sea, casi un AMI camuflado. 
Sin embargo, ¿por qué habríamos de aplaudir un juego que se desarrolla a nuestras espaldas? 
El mandato para la negociación de la Asociación Económica Transatlántica ya se concedió hace tiempo. 
Nuestra Comisión sólo pudo examinarlo cuando ya se había votado. ¡Esto es absurdo! 
Pero todavía más absurdo es, en más de un aspecto, su contenido. 
No se menciona para nada la elaboración de programas comunes en favor de un desarrollo sostenible de la economía mundial, el compromiso en favor de una mejora de la calidad de vida, la reducción del consumo de recursos naturales, el fortalecimiento del sistema multilateral. 
Al contrario, Charline Barschifsky aclaró el 28 de julio qué es lo que realmente preocupa a Estados Unidos: los derechos de la industria americana, la aplicación de las leyes de patentes americanas, el quebrantamiento de los derechos europeos de salvaguardia en el ámbito de la biotecnología, los intereses empresariales de los productores de plátanos americano-estadounidenses, la Ley Helms-Burton, la introducción de la carne hormonada y los alimentos genéticamente modificados en las mesas europeas. 
Usted, Sir Leon Brittan, sin duda preferiría sacrificar, de acuerdo con su filosofía liberal, las normas europeas y nacionales en el altar del libre comercio. 
En vez de dedicarse a maquinar continuamente nuevos proyectos, ¡tendría que hacer por fin sus deberes! 
Usted cedió en el caso de la Ley Helms-Burton, en vez de acudir a la OMC. 
El resultado ha sido que entre tanto Estados Unidos ha iniciado 5.911 procedimientos contra empresas europeas. 
Ahora, Estados Unidos se desentiende de la OMC y amenaza con incrementar un 100 % los aranceles sobre los productos europeos si la Unión Europea no cede frente a los intereses estadounidenses en el enfrentamiento por los plátanos. 
Desde el mes de septiembre, esperamos que nos dé una respuesta sobre el sistema ECHELON, ese inefable capítulo de las relaciones EU-EE.UU. en el ámbito de los servicios secretos. 
Los Verdes, en cualquier caso, no queremos que se vacíe de contenido en nombre del libre comercio un número cada vez mayor de leyes nacionales y europeas para la protección de los consumidores por las que ha sido necesario luchar esforzadamente. 
Sólo podremos votar afirmativamente el informe si se aceptan nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, naturalmente quiero felicitar a la Sra. Mann por su informe, que globalmente considero equilibrado. 
Evidentemente, esta nueva asociación es preferible a toda idea de mercado único entre la Unión Europea y los EE.UU., rechazada con toda razón por el Consejo, el pasado mes de abril. 
El plan de acción propuesto por la Comisión para entablar este diálogo es un marco en el que podrán desarrollarse las negociaciones en los próximos meses. 
Por ejemplo, a mi juicio resulta esencial establecer una estrategia común entre la Unión Europea y los Estados Unidos con el fin de imponer normas sociales mínimas tanto a la OMC como a la OIT. 
Puede resultar provechoso discutir sobre los servicios o el comercio electrónico, a condición de que ello no menoscabe los intereses culturales de los Estados y pienso, claro está, en la industria audiovisual. 
La creación de un espacio económico mundial en el sector del comercio electrónico es, a mi juicio, totalmente prematuro, sobre todo cuando se conoce la posición hegemónica de los EE.UU. en Internet. 
Por tanto, este marco debe fijar con toda claridad los límites de la discusión, tanto en el plano social y medioambiental, como cultural. 
Es verdad que ya existen planes de acción semejantes y sirven de plataforma de discusión entre la Unión y otros países tales como Canadá, Nueva Zelanda o el Japón, pero existe una diferencia fundamental entre estos países y los Estados Unidos: es que con ellos no negociamos con una pistola en la sien. 
En efecto, una vez más, los EE.UU. nos amenazan con infligir derechos de aduana del 100 %, lo que afectaría la existencia propiamente dicha de algunas de nuestras empresas. 
Como por casualidad, los productos citados proceden de los países de la Unión Europea que producen plátano. 
Entonces, después de las famosas leyes Helms-Burton, los Estados Unidos vuelven a utilizar la política de la fortificación, y eso no podemos aceptarlo. 
No subestimemos el papel de las multinacionales estadounidenses detrás de la administración Clinton. 
Pienso en Chiquita tratándose de los plátanos, pero también pienso en las compañías petroleras estadounidenses que hacen presión para que se lleve a cabo el bombardeo de Irak. 
Por ello, considero que esta idea de asociación debe ser congelada y pido a la Comisión que elabore, también ella, una lista de las medidas de represalia destinadas a determinadas empresas estadounidenses. 
¡Dejemos de ser ingenuos! 
Si los estadounidenses desean quejarse, que lo hagan, pero ante la OMC, y deseamos que esta vez el órgano de resolución de los conflictos dicte un veredicto claro sobre el tema de los plátanos. 
Entretanto, mi Grupo considera que el informe de la Sra. Mann, por muy bueno que sea, debería ser devuelto a comisión. 
Señor Presidente, los últimos acontecimientos tienden a moderar de manera singular el tono optimista que inunda el informe de la Sra. Mann sobre el porvenir de las relaciones económicas transatlánticas. 
La propia ponente acaba de reconocerlo. 
Así, las amenazas absolutamente inadmisibles de retorsión comercial esgrimidas ilegalmente contra varios de nuestros Estados por el Congreso de EE.UU., fuera del procedimiento de la resolución de conflictos de la OMC en el marco del expediente «bananas» , demuestran en nuestros socios una propensión irreprimible al unilateralismo, cuando todos saben que la supervivencia económica de regiones enteras de la Unión Europea, y en especial la de los territorios franceses de ultramar, dependen de la solución del conflicto relativo al plátano. 
Además, el pasado 21 de octubre, el Congreso, adoptando una enmienda de circunstancia a la ley de finanzas, en el artículo 211, destinado a prohibir toda transacción relacionada con una famosa marca incautada, estableció una nueva disposición de alcance claramente extraterritorial. 
Esta disposición, destinada a bloquear el desarrollo comercial de la empresa Pernod-Ricard en el mercado estadounidense, constituye una demostración más de que los Estados Unidos, lejos de renunciar al unilateralismo, avanzan por el contrario en la vía de las sanciones de alcance extraterritorial. 
Esta violación, que tiene lugar sólo seis meses después de la firma del acuerdo de Londres, lleva a interrogarse muy seriamente sobre la credibilidad de los compromisos negociados por la Comisión con nuestros socios estadounidenses, con mayor razón habida cuenta que el Congreso no parece dispuesto, por lo demás, a votar las derogaciones previstas por el acuerdo de Londres. Este acuerdo, sin embargo, no soluciona el fondo de la cuestión de las leyes estadounidenses de alcance extraterritorial. 
Y a este recurso se añaden los instrumentos unilaterales, que no pueden dejar de afectar el establecimiento de la Asociación Económica Transatlántica, la ausencia de progreso en las negociaciones sobre los mercados públicos y la propiedad intelectual, ámbitos esenciales para Europa, las posiciones divergentes sobre las futuras negociaciones multilaterales, así como la actitud de bloqueo mostrada por los Estados Unidos en la Conferencia de Buenos Aires, parece que la situación actual es sumamente preocupante y exige una gran firmeza de nuestra parte. 
Esta firmeza, la percibimos bien a nivel del Consejo que, en el marco de la Asociación Económica Transatlántica, ha tratado de excluir el sector del audiovisual y desechar claramente el estatu quo en materia de servicios. 
Esperamos que la Comisión demuestre también esta firmeza. 
Quizás el Consejo experimente algunas inquietudes a este respecto, puesto que ha juzgado necesario precisar formalmente «que la Comisión no puede, sin el aval del Consejo, comprometer la posición de la Unión en las futuras negociaciones multilaterales comerciales, especialmente en los sectores del audiovisual». 
Es lamentable, señor Presidente, que en los considerandos, la ponente se limite a deplorar la asimetría institucional y no mencione estas diferencias e importantes factores de inquietud que pueden pesar fuertemente, si no se tratan con suficiente firmeza del lado europeo, sobre el desarrollo de las relaciones comerciales con los Estados Unidos y el establecimiento de la asociación económica trasatlántica. 
Señor Presidente, Estados Unidos-Europa, es un viejo debate. 
Hoy día, lo recuperamos en un triple contexto, señor Comisario: el déficit comercial de los Estados Unidos, del que todos hablan; las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, que son multilaterales y no se comprende por qué se habla de bilaterales, a menos que se traiga a la memoria el triste recuerdo de Blair House y de nuestro compañero Franz Andriessen, a principios de los años 1990; y por último, evidentemente, la tradición estadounidense de la política del big stick- con la agresión a Irak, el imperialismo en lo que toca al audiovisual, o el egoísmo en Río. 
Todo ello hace que se puedan tener dudas sobre la sinceridad de los Estados Unidos. 
Todos han mencionado- el Sr. Sainjon entre otros- el expediente del «plátano» , los aranceles unilaterales del 100 %, las leyes Helms, Burton, Libia, Irán, Pernod-Ricard, etc. 
Todo esto me lleva, señor Comisario, a formularle dos preguntas. 
Primera pregunta: la estrategia, el principio, la filosofía. 
¿Son necesarias las negociaciones comerciales mundiales a la riqueza de las naciones? 
En 1994, se firmó el acuerdo del GATT. 
¿Este acuerdo hizo la riqueza de Japón, Brasil, Corea, Tailandia? 
¿Acaso el paro ha disminuido? 
En cambio, se ha rechazado el AMI, el acuerdo multilateral sobre la inversión. 
¿Quién ha sufrido por ello? 
Nadie. 
La verdad, es que el comercio mundial, a pesar de la leyenda, sólo desempeña un papel residual. 
Tomemos el mercado de la carne bovina, entre otros. 
No representa ni siquiera el 10 % de nuestra producción. 
Y si tuviéramos una política distinta al artículo 104C del Tratado de Maastricht, otra política que la austeridad, el racionamiento, habríamos tenido una demanda interior que nos dispensaría de la simpleza de buscar salidas exteriores. 
Segunda pregunta: ¿cómo puede tenerse una política comercial independiente cuando no se tiene una política exterior independiente, cuanto no se tiene una política militar independiente, cuando se tiene un comportamiento como el que se ha mostrado en Irak, el país del código Hammurabi, el país de Babilonia? 
Coincidí con el Sr. Tarek Aziz hace tres semanas, cuando formuló la siguiente pregunta: «Ofrezco a Europa los mejores yacimientos en el sur de Irak. 
¿Por qué Europa no los acepta?» 
El Sr. Sainjon les ha dado la solución: cuando el mercado es mundial no se hacen negociaciones bilaterales. 
Somos un Parlamento, no somos mercaderes, no somos una cámara de comercio, somos representantes del pueblo. 
Señor Presidente, tomo la palabra para apoyar expresamente el informe de la Sra. Mann. 
Dado que el debate se está centrando fundamentalmente en el clima en el que se plantea este informe- más que en el fondo -, quiero decir que puede parecer, en principio, que estamos ofreciendo una rama de olivo mientras que nuestros amigos estadounidenses desentierran el hacha de guerra. 
Y no creo que sea así, porque muchos de los argumentos que utilizamos en relación con el imperialismo norteamericano nos los podríamos haber aplicado en el pasado unos europeos a otros. 
Pero creo que tenemos que dar un mensaje firme a nuestros amigos y aliados norteamericanos en dos sentidos: en primer lugar, que la asociación conocida con el nombre de Partenariado Transatlántico supone básicamente que compartimos la responsabilidad, no solamente bilateral sino multilateral, en un mundo globalizado, y que no estamos hablando solamente de comercio en este momento; se trata de comercio, pero también se trata de una responsabilidad compartida, y más aún en este momento, en relación con el mundo y sobre todo también con el contexto financiero, teniendo en cuenta que estamos hablando en vísperas del nacimiento del euro. 
Creo que ese es el primer mensaje que tenemos que dar, y yo, desde luego, no he sido nunca partidario de colocarme sistemáticamente a la defensiva. 
Creo que los europeos tenemos muy buenas razones y muy buenos argumentos cuando afirmamos que un mercado y una relación tienen que ser algo civilizado y bilateral y no se pueden someter solamente a la ley de una parte, a un clima- si se puede citar en términos cinematográficos- de «Sólo ante el peligro» (High Noon) en donde el sheriff es el que impone la ley solamente. 
Creo que somos y tenemos que ser dos socios en términos de igualdad. 
La segunda preocupación- y creo que también tenemos que expresárselo muy claramente a nuestros amigos norteamericanos-es que nosotros no compartimos la visión unilateral y de managed trade- comercio administrado- que sostienen los Estados Unidos y que se manifiesta particularmente no sólo en la ley 301 y en la super 301 sino en leyes extraterritoriales- como la ley Helms-Burton y la ley D ' Amato -, aparte de acciones que violan las normas de la Organización Mundial del Comercio. 
Creo que este informe refleja nuestra filosofía. 
Que tenemos que hacer más cosas es evidente. 
Lo primero que tenemos que hacer es coordinar, por ejemplo, a la Comisión, al Consejo y al Parlamento- que en este momento no están coordinados-. 
El Consejo, además de estar ausente, está tomando decisiones sin consultar al Parlamento. 
Y me parece que lo que tenemos que demostrar es esa capacidad de voluntad única que tienen los Estados Unidos. 
Y cuando seamos capaces de hacerlo seguro que nos escucharán. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a la Sra. Mann su informe, que cuenta con nuestro apoyo, y agradecer también los esfuerzos que con objeto de llevarnos lo mejor posible con el otro lado del Atlántico, está desarrollando el Comisario. 
Desgraciadamente, la buena idea de la Agenda transatlántica se está quedando un poco en agua de borrajas desde que en abril el Consejo decidió tomar unas decisiones que tal vez nosotros no compartimos. 
Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir don Enrique Barón respecto a que tenemos que llevarnos bien, todo lo bien que sea posible. 
Usted decía, señor Comisario, que quien tiene el poder no tiene el derecho. 
Pero con la nueva llegada del euro, con la evolución institucional de la Unión Europea, con la unión de los once países- que luego seremos más -, vamos a ver quién tiene el poder. 
En todo caso, el derecho tiene que residir en los órganos, que tenemos que saber utilizar para resolver los conflictos. 
Como ha dicho la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, es importante intentar eliminar los obstáculos que existen y, desde luego, no estamos en la mejor situación. 
Las exportaciones asiáticas o el conflicto del plátano no son precisamente ejemplos que nos animen, pero tenemos que saber realizar acuerdos multilaterales en el marco de la OMC, que sean compatibles con nuestro acervo comunitario, la PAC, el Convenio de Lomé, los acuerdos de asociación y de ampliación. 
Sepa, señor Comisario, que este Parlamento le va a apoyar, para que nos podamos tratar de tú a tú con nuestros amigos americanos, hasta donde las normas del Derecho lo permitan, pero qué duda cabe que será necesario contar más con este Parlamento. 
En la medida en que este Parlamento pueda apoyar sus reivindicaciones, ustedes podrán negociar mejor, nosotros podremos negociar mejor. 
No es presentable que nuestras empresas tengan todavía problemas para acceder a la contratación pública en los Estados Unidos- y así una larga retahíla de problemas que no es momento de relatar pormenorizadamente. 
Estamos de acuerdo con el informe, esperemos que haya fechas en los objetivos y que encontremos la forma de llevarnos lo mejor posible con los americanos. 
Señor Presidente, deseo centrarme sólo en un ámbito. 
He leído pocos informes- incluso de la Comisión- que estuvieran tan plagados de acrónimos de tres o cuatro letras. 
El único que falta es el de los OMG. 
Si existe un ámbito en el que las opiniones públicas estadounidense y europea discrepan al máximo, es precisamente éste. 
En la Unión Europea, los consumidores se resisten con firmeza a los alimentos modificados genéticamente y los Gobiernos de Luxemburgo y Austria están iniciando acciones en contra de la actual política europea. 
Por un lado, aumentan en los Estados Unidos los cultivos modificados genéticamente y la proporción de maíz que se cultiva actualmente en condiciones de MG es muy grande. 
Luego está este valiente intento de eliminar las barreras comerciales entre estos dos grandes bloques comerciales. 
Mi pregunta al Comisario es la siguiente: en un mercado como el que usted propone, ¿cómo podemos proteger las preferencias de los ciudadanos europeos en los ámbitos de salud pública y medio ambiente, como ilustra el problema de los OMG? 
Señor Presidente, las relaciones que vinculan a los Estados Unidos con la Unión Europea son relaciones totalmente privilegiadas. 
Nosotros constituimos la primera relación comercial del mundo. 
Por tanto, el proyecto de la nueva Asociación Económica Trasatlántica conlleva grandes esperanzas para nuestras respectivas economías. 
Reafirma, en efecto, los objetivos de cooperación multilateral euroamericana. 
Una economía mundializada nos impone este diálogo constante, pero la actualidad reciente me hace temer que esta asociación fortalecida, que hemos logrado al cabo de meses de trabajo y de negociación, no se vea comprometida si uno de los socios no aplica los principios que cimientan esta asociación. 
Las amenazas de sanciones unilaterales que hacen pesar los Estados Unidos sobre los productos europeos, el plátano, la carne, resultan inquietantes para el porvenir. 
Deberá encontrarse una solución a este conflicto en el marco de la OMC, es decir a través de la vía legal multilateral. 
En todo caso, la aplicación de sanciones unilaterales, de la parte de Estados Unidos, contra los productos europeos, sería inaceptable y perjudicaría gravemente la confianza y la cooperación que caracteriza nuestra relación. 
Coincido con la ponente, cuyo excelente trabajo saludo aquí, e insisto en que el Parlamento participe o se le mantenga lo más informado posible sobre la evolución de las relaciones trasatlánticas. 
Por otra parte, me asocio plenamente a la propuesta de creación de un grupo interparlamentario EE.UU.-Europa. 
Señor Presidente, el gobierno de izquierdas francés echó abajo el Acuerdo Multilateral de Inversiones en la OCDE por considerar que representaba una amenaza para su poder de decisión a nivel nacional en materia social, laboral y medioambiental. 
Desde aquí, gracias a Francia. 
El nuevo Partenariado Transatlántico adolece de los mismos problemas que el AMI. 
Como ya ha dicho acertadamente el Sr. Kreissl-Dörfler, el PT sustituye al AMI. 
Estamos asando siempre la carne en el mismo asador. 
El libre comercio, que no proporciona libertad a las personas sino al mercado, ataca con frecuencia las estructuras de protección que se han erigido en defensa de los ciudadanos y de la naturaleza. 
Estas estructuras cumplen un buen cometido. 
Las fuerzas del mercado no asumen responsabilidades sociales o ecológicas. 
Por ejemplo, los puntos de vista de los consumidores americanos y europeos difieren de manera fundamental por lo que respecta a los productos alimenticios saludables. 
Nosotros no queremos comer carne hormonada. 
No queremos comer soja, maíz, patatas o cualquier otro producto estadounidense que haya sido manipulado genéticamente para resistir las sustancias tóxicas. 
El acuerdo sobre la aprobación recíproca de los productos constituye un problema particular: si se aprueba una vez, queda aprobado ya en todos los sitios. 
La primera, para extrañarme de que los Estados Unidos practiquen medidas unilaterales de represalias respecto a la Unión Europea. 
En el caso del plátano, es sumamente flagrante. 
Me extraña que nos mostremos sorprendidos, porque de hecho no es la primera vez. 
Los Estados Unidos practican este tipo de deporte desde hace mucho tiempo y, sin hacer aquí un antiamericanismo primario, recordemos al menos el gran expediente de la ley Helms-Burton en el que la Unión Europea adoptó una actitud extremadamente miedosa. 
Incluso retiramos nuestra queja ante la Organización Mundial del Comercio- en virtud de qué reglamento y de qué principio, lo ignoro- pero hay ahí una doble actitud. Intransigencia por un lado, molicie por otro. 
Por tanto, me parece que ya sería hora de acabar con este desequilibrio, con mayor razón- quisiera añadir de todos modos esta precisión- porque los Estados Unidos acaban de señalarse otra vez por su intransigencia en Buenos Aires, en donde echaron totalmente por la borda una conferencia absolutamente esencial para el porvenir del planeta. 
Mi segunda observación se refiere a la implicación del Parlamento Europeo en el proceso que hoy nos ocupa. 
¿Vamos a seguir dejando que se nos trate así durante meses? 
En cuanto a mí, yo no logro admitir que se persiga un blanco que no deja de moverse. 
Primero hubo el AMI, cuyo peligro creo, con otros, se logró alejar. 
Luego, el nuevo mercado trasatlántico, que rechaza el Consejo, y ahora se nos sirve la Asociación Económica Trasatlántica. 
Si observo lo que contiene este proyecto, yo no tengo la misma visión positiva que un determinado número de compañeros. 
Creo que se trata fundamentalmente de intensificar y extender la cooperación bilateral con los Estados Unidos, incluso si se añade, claro está, la dimensión multilateral. 
Y a este respecto, se trata de generalizar especialmente el principio del reconocimiento mutuo, lo que me parece sumamente peligroso, en ámbitos tales como la biotecnología, la calidad alimentaria, el medio ambiente y la protección social. 
Si el Parlamento acepta no intervenir desde el principio en este tipo de debate, creo que se ridiculiza y se desacredita ante la opinión pública. 
Señor Presidente, nos podemos alegrar de la mejoría en las relaciones comerciales con los Estados Unidos. 
Vista la creciente tendencia a la globalización, es valioso tener una buena relación con los socios comerciales que tengan intereses comparables. 
La posición de los Estados miembros individuales es bastante débil en un sistema comercial multilateral, más aún desde la fundación de la Organización Mundial del Comercio. 
Por esta razón, en este terreno hay una tarea para la Unión Europea, sobre todo cuando se trata de buscar socios comerciales parecidos. 
No obstante, quiero hacer algunas acotaciones al nuevo mercado transatlántico. 
Con anterioridad en este año, el Parlamento adoptó una resolución sobre los aspectos de medio ambiente, de salud y de protección de los consumidores en el comercio mundial. 
Para el mercado transatlántico esos aspectos son de gran importancia. 
En la comunicación de la Comisión no se tiene esto suficientemente en cuenta. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con la ponente, la Sra. Mann, que dice explícitamente que no se puede cambiar nada de la legislación europea en este ámbito. 
Otra acotación que quiero hacer a la nueva Asociación Transatlántica, está relacionada con la posición de la Unión Europea en las organizaciones y acuerdos multilaterales. 
La posición de la Unión ha de seguir siendo independiente de los Estados Unidos, sobre todo si se trata del debate con y sobre los países en desarrollo. 
No me refiero en este caso a las denominadas preferencias del plátano que se mencionan en la enmienda 4. 
Para mí se trata de asegurarse de que el nuevo mercado transatlántico no le impedirá a la Unión Europea el esforzarse por un desarrollo sostenible y un reparto justo del bienestar en todo el mundo. 
El nuevo mercado transatlántico tampoco puede llevar a un aumento de las diferencias entre el norte y el sur. 
Lo mismo digo en cuanto a las otras iniciativas de cooperación entre los países desarrollados, como el acuerdo multilateral de inversiones. 
Por último, pido que se preste atención a los temas culturales en la agenda transatlántica. 
En ese terreno hay importantes diferencias de enfoque entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Así por ejemplo, los Estados miembros de la Unión Europea tienen otro sistema de protección de los derechos de propiedad. 
La respuesta a la pregunta de si hay que aplicar un arancel o no a la oferta de libros en Internet, no la pueden dictar los americanos. 
La identidad cultural de Europa no puede ser sacrificada por el libre mercado. 
Señor Presidente, éste es un informe excelente, pero debo decir que lamento su yuxtaposición a la profunda preocupación que muchos de nosotros hemos expresado hoy aquí sobre la amenaza a nuestro régimen del plátano. 
Señor Comisario Brittan, el viernes pasado le oí decir en la BBC que la actual disputa con los Estados Unidos no se debe realmente a los plátanos, sino a las normas del comercio y a la obligación de cumplirlas. 
Debo decir- y me consta que usted ya lo sabe- que los pobres agricultores del Caribe no estarán impresionados ante lo que podrían considerar un enfoque bastante tecnocrático. 
Están perplejos y asustados ante lo que ellos consideran un incesante y furioso ataque al régimen del plátano por parte de los Estados Unidos. Si deben cambiar de cultivo, como se les ha sugerido, es posible que- como usted mismo ha dicho-recurran al cultivo de drogas. 
Por este motivo, los principios son muy importantes en este caso. 
Como usted acertadamente dijo hace unos minutos, lamentamos profundamente los intentos de intimidación haciendo alardes de fuerza por parte de los Estados Unidos y la amenaza de sanciones contra la Unión Europea, especialmente por no existir la menor amenaza para la economía de los Estados Unidos. 
Hay una serie de preguntas que debemos hacernos. 
¿Es probable que la disputa sea en torno a las normas; se trata de las hormonas en la carne de vacuno; o se trata de una recompensa de los Demócratas a los plátanos Chiquita? 
Los plátanos del Caribe que entran en el mercado europeo representan solamente el 7 % del mercado del plátano en la UE, y además, si esta disputa es acerca del artículo 13 de la OMC, existen otros acuerdos Norte-Sur que no encajan tan bien con el artículo 13. 
Espero que los Estados Unidos también reconozcan este punto. 
Espero que éste sea el último acto de este drama del plátano, que dura ya tantos años. 
Hay que mostrarlo tal y como es. 
Espero que la Unión Europea se mantenga firme y diga que en este caso se trata de un asunto de moralidad, un asunto de obligación y responsabilidad con nuestros proveedores tradicionales del Caribe en particular. 
Espero que usted siga defendiendo lo que es realmente justo para la población del Caribe ante lo que todos percibimos como una actitud inaceptable de los Estados Unidos con respecto a la Unión Europea. 
Señor Presidente, no voy a repetir las cosas generales que ha dicho todo el mundo en relación con la calidad del informe, puesto que ha recogido todo lo importante- felicito por ello a la Sra. Mann-. 
Pero, por otra parte, echamos de menos la ausencia de mecanismos a fin de evitar acciones unilaterares por parte de Estados Unidos contrarias a la Organización Mundial del Comercio y que dañan las relaciones bilaterales. 
No quiero hablar de los plátanos. 
Ya ha hablado todo el mundo sobre ello. 
Faltan también mecanismos que permitan llevar a cabo acciones convergentes de cara a terceros países, como es el caso de China y Japón. 
Han quedado fuera de la negociación temas tan importantes como la protección de las bases de datos, la protección de patentes, de los derechos de artista, etc. Echo de menos la liberalización de las telecomunicaciones internacionales, responsabilidad del producto, armonización de temas aduaneros y estandarización y simplificación de datos necesarios para el comercio. 
Señor Presidente, estamos convencidos de que las relaciones transatlánticas pueden brindar una oportunidad a Europa sobre todo teniendo en cuenta las problemáticas todavía existentes. 
Problemas importantes si pensamos en los obstáculos de cara a los intercambios y a las inversiones, pero sobre todo si nos referimos al ámbito de la reglamentación y de las normas que constituye la mayor dificultad y que, desde siempre, ha sido la causa de los numerosos conflictos bilaterales que han surgido a lo largo de los años. 
El nuevo mercado transatlántico, en definitiva, podría servir para proteger los intereses del consumidor con el objetivo declarado de suprimir en el año 2010 todos los impuestos que gravan los productos industriales gracias a los nuevos acuerdos negociados sobre la base del reconocimiento mutuo, los llamados MRA que, a nuestro entender, deberían reproducir el nivel de protección de los consumidores y de salvaguardia y de seguridad medioambiental que las normas de la Unión garantizan en el ámbito comunitario. 
Señor Presidente, quisiera subrayar, en primer lugar, que seré siempre el primero en defender el estrechamiento de las vinculaciones con los Estados Unidos: se trata de los dos mayores bloques del mundo, con responsabilidades especiales. 
Creemos que, además de vinculaciones bilaterales que nos unan, deberíamos concertarnos y fortalecer los mecanismos multilaterales, dado que sólo en ese marco podremos tener en cuenta, además de los intereses de los Estados Unidos y de Europa, los de los países más pequeños. 
Naturalmente, no puedo dejar de poner de relieve aquí el paso atrás que se ha dado en relación con la cuestión de los plátanos. 
Y aquí el aspecto particular que conviene subrayar es la desproporción entre las medidas adoptadas y las circunstancias de que se trata. 
Por lo que se refiere al plátano, resultan afectados los plátanos de Madeira- por lo que, como portugués, no puedo dejar de hablar de ello -, de las Canarias y de algunos países ACP. 
Se plantean problemas sociales para los que no hay una solución substitutiva. 
Si no hay un pequeño apoyo a la producción de plátanos, no es posible abordar otras opciones substitutivas. 
Mis últimas palabra son para decir que se trata de un mal indicador: esperemos que no aparezcan otros, como ha temido, por lo demás, la ponente, Sra. Erika Mann, a la que felicito. 
Espero que se supere el problema y que se dé un fortalecimiento de la cooperación entre los Estados Unidos y Europa, de la cual resultarán- creo yo- beneficios para los dos espacios y para todo el mundo. 
Deseo apoyar el excelente informe de la ponente, Sra. Mann, y la valiente propuesta presentada aquí hoy por nuestro Comisario, por tres razones. 
En primer lugar, el AET nos brindará la posibilidad de encontrar un marco para tratar sobre asuntos multilaterales con los Estados Unidos. 
Todos los que participan en las negociaciones multilaterales saben que, a menos que la Unión Europea y los Estados Unidos estén realmente dispuestos, no habrá las negociaciones que esperamos en el nuevo milenio, como aquéllas para sentar las bases del Comercio Mundial. 
Ésta es la primera razón. 
En segundo lugar, en términos de relaciones bilaterales, mirando a más largo plazo, queremos que se profundice en estas relaciones. 
No se trata de que los EE.UU. colonicen las decisiones europeas, se trata de una asociación que esté basada en amplios aspectos económicos que incluyan asuntos monetarios y algunos aspectos de seguridad, cuando sea ratificado el Tratado de Amsterdam. 
El último argumento es que esto no funcionará, como ha dicho nuestra ponente, a menos que mantengamos un diálogo parlamentario- un diálogo legislativo -, porque los problemas que hemos tenido con Cuba, los problemas que tenemos respecto a los plátanos tienen su origen en el Congreso de los EE.UU., por lo que necesitamos un diálogo parlamentario basado en la igualdad, el equilibrio y la esencia, que garantice el éxito de esta importante iniciativa. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la Sra. Mann por su completo y fundado informe, y quisiera también expresar mi reconocimiento al Comisario Brittan por la claridad y por la firmeza con la que se ha manifestado en su declaración de la semana pasada y esta tarde en el hemiciclo. 
Desgraciadamente, nuestros amigos y nuestros socios norteamericanos no entienden otro lenguaje que el de la firmeza y el de la contundencia. 
Es realmente muy curioso que, mientras el Consejo de la Unión Europea estaba aprobando la semana pasada el plan de acción con vistas a concluir la Asociación Económica Transatlántica, nuestros amigos de los Estados Unidos, haciendo tabla rasa de las reglas del juego y violando claramente los compromisos asumidos en el seno de la Organización Mundial de Comercio, nos sorprendan con una serie de medidas unilaterales. 
Desgraciadamente, la experiencia nos demuestra que los Estados Unidos sólo toman a la Unión Europea en serio cuando actúa con firmeza, cuando actúa con claridad y cuando actúa con contundencia como, por ejemplo, cuando solicita la apertura de un panel en la Organización Mundial de Comercio con motivo de las leyes de efecto extraterritorial, como era el caso de la ley Helms-Burton. 
En cambio, no nos respetan cuando dejamos caducar el plazo. 
Yo creo que, haciendo gala de una irresponsabilidad manifiesta, los Estados Unidos- como ha dicho el Sr. Brittan muy bien esta tarde- se han situado más allá del imperio de la ley y han hecho prevalecer o quieren- mejor dicho- hacer prevalecer la fuerza sobre el Derecho. 
Yo creo, señor Presidente, que hemos desplegado en nuestra acción, en la acción de la Unión Europea respecto de las relaciones transatlánticas, grandes dosis de prudencia, de generosidad y de buena voluntad, y por eso, señor Presidente, creo que ha llegado el momento de que la Comisión actúe con las mismas armas y de que tengamos la capacidad de suspender las negociaciones hasta que el buen sentido y la razón se impongan. 
Muchas gracias, señor Salafranca. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0705/98). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Pregunta nº 42 formulada por Ursula Stenzel (H-1048/98): 
A principios de 1999 comenzará la Unión Monetaria, y a partir de ese momento, el Consejo de Administración del BCE, que tendrá la misión de velar, como órgano independiente de la política, por la estabilidad monetaria interior, marcará el rumbo de la futura política de la Unión. 
Las declaraciones del nuevo Gobierno de la RFA, según las cuales la política monetaria deberá servir más que en el pasado a los intereses del desarrollo general de la economía e impulsar el crecimiento y el empleo, son motivo de preocupación en este contexto. 
Precisamente la limitación de las atribuciones del BCE a la política monetaria es la que justifica la independencia de este órgano. 
¿Cómo valora la Comisión la evolución más reciente? 
¿Cuál es sobre este trasfondo el alcance de la propuesta de la Comisión de introducir en la valoración de los presupuestos nacionales con déficits excesivos una distinción más clara entre gastos de consumo público y gastos para inversiones? 
Tiene la palabra el Comisario Sr. Flynn para responder a la pregunta de la Sra. Stenzel. 
En su capacidad de guardián de los Tratados, la Comisión quisiera señalar que el artículo 107 del Tratado garantiza la independencia del BCE y de los bancos centrales nacionales en el desempeño de las funciones y obligaciones que les asignan el Tratado y los Estatutos del SEBC. 
La Comisión quisiera recordar aquí que el objetivo principal del SEBC es mantener la estabilidad de precios. 
El artículo 105 del Tratado añade que sin perjuicio del objetivo de estabilidad de precios, el SEBC apoyará las políticas económicas generales de la Comunidad con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de la Comunidad recogidos en el artículo 2. 
Estos objetivos son relativos, entre otras cosas, al fomento de un crecimiento sostenible y no inflacionista y a un alto nivel de empleo y de protección social. 
No existe ninguna necesidad de que la Comisión presente una nueva propuesta. 
De conformidad con el Tratado, la Comisión siempre se ha mantenido atenta a la proporción específica del gasto de inversión en los déficits generales de los gobiernos, como da fe la Recomendación de 25 de marzo de 1998 relativa a la cualificación de los Estados miembros para participar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
La Comisión desearía señalar, no obstante, que el crecimiento sostenible no es posible sin una reducción de los déficits públicos, que la reducción de los déficits públicos no es incompatible con un nivel sostenido de inversión y que la regla de oro- a saber, que el déficit público debe ser menor que el volumen de la inversión pública- es un principio de la buena conducta fiscal. 
En este contexto, puedo comunicarles que la Comisión está preparando un informe sobre la estrategia económica, fiscal y de inversión para el Consejo Europeo de Viena, que seguirá al Consejo Europeo de Pörtschach. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo sólo querría preguntarle si ya ha tenido noticia de la declaración realizada durante la Cumbre germano-francesa entre los Sres. Straus-Kahn y Lafontaine, donde se planteó este tema, y según la cual el llamado Pacto de Estabilidad quedaría en suspenso dentro de unos años. 
¿Cuál es la posición de la Comisión en relación con este tema y en lo que se refiere a la autonomía del Banco Central Europeo en general? 
¿Se requieren medidas de salvaguardia adicionales en este contexto? 
No dispongo de los detalles exactos relativos al asunto al que usted ha hecho referencia. 
Quizá sea mejor que mi colega, el Comisario de Silguy, responda por escrito a esta cuestión. 
Me limitaré a decir que la Comisión estaría encantada con un debate entre el BCE y los ministros de Finanzas. 
Esto es perfectamente comprensible, porque la independencia no significa necesariamente aislamiento. 
Estaré encantado en comunicar su opinión al Comisario de Silguy. 
Pregunta nº 43 formulada por Robert J.E. Evans (H-1023/98): 
Asunto: Reciprocidad en las ventajas concedidas a los jubilados en la UE 
¿Está de acuerdo la Comisión en que los jubilados que viajan a otros países de la Unión Europea deberían poder beneficiarse de las mismas ventajas que se conceden a los jubilados del país que visitan, especialmente en lo que respecta a viajes y cuestiones culturales? 
Uno de los ciudadanos de mi distrito electoral viajó recientemente a Italia y, tras ver que la entrada a un monumento era gratuita para los jubilados, solicitó dicho acceso gratuito. 
Para su sorpresa, el empleado le respondió que la medida se aplicaba únicamente a jubilados italianos. 
Una tarjeta homologada para personas mayores de 60 años podría evitar este problema y garantizar que los jubilados se beneficien de las ventajas a que tienen derecho en toda la UE. 
¿Puede decir la Comisión si se ha registrado algún progreso tras la Recomendación de la Comisión de 10 de mayo de 1989 (89/350/CEE Señor Flynn, le invito a usted a que responda a la pregunta del Sr. Evans. 
La Comisión está de acuerdo con la opinión de su Señoría de que es deseable que los jubilados que viajan a otros países de la Unión Europea puedan exigir las mismas concesiones discrecionales de que gozan los jubilados del Estado miembro al que viajan. 
Lamentablemente, la Comisión sabe que, en la práctica, no siempre se conceden libremente dichas concesiones discrecionales a los ciudadanos de un Estado miembro distinto del que las ofrece. 
El Tribunal de Justicia ha examinado varias quejas de discriminación contra ciudadanos de otros Estados miembros como receptores de servicios, por ejemplo, poder acceder por una tarifa reducida o de forma gratuita a museos y otros edificios públicos y a reducciones en las tarifas de transporte. 
El Tribunal, basándose en el artículo 6 relativo a la discriminación por motivos de nacionalidad y en el artículo 59 sobre la libertad de proporcionar servicios, ha condenado firmemente las prácticas discriminatorias. 
La Comisión seguirá atenta al fiel cumplimiento de los principios fundamentales del Derecho comunitario y, siempre que lo considere oportuno, recurrirá al Tribunal de Justicia. 
Asimismo, desde hace casi diez años, la Comisión negocia con los Estados miembros la introducción de una tarjeta que tenga validez en toda la Unión Europea para las personas de más de 60 años, como solicita la Recomendación de la Comisión de 10 de mayo de 1989. 
Las dificultades de tipo práctico en una serie de Estados miembros han impedido la aplicación de dicha recomendación. 
De cara a impulsar este asunto, la Comisión apoyó un primer estudio de viabilidad sobre este asunto durante el Año Europeo de las personas de edad avanzada en 1993. 
En 1995, la Comisión lanzó un segundo estudio de viabilidad encaminado a actualizar y profundizar en el primero. 
Hemos recibido el informe final sobre este estudio y hemos enviado copias del mismo a los miembros del Eurogrupo en favor de las personas de edad avanzada del Parlamento Europeo. 
El informe también ha sido presentado a los miembros del grupo de enlace de las ONG que velan por los derechos de las personas de edad avanzada. 
Aún deberán examinarse y debatirse más a fondo las conclusiones y recomendaciones del informe con los representantes de los gobiernos de los Estados miembros. 
A pesar de que en la respuesta del Comisario existen motivos para el optimismo, también los hay para la inquietud. 
Es un aspecto importante de la construcción de la Europa de los ciudadanos, y cuando a los ciudadanos se les niega reducciones porque no son residentes de un Estado miembro en particular, resulta muy perjudicial para la imagen de Europa. 
El Comisario se ha referido a la recomendación de la Comisión de hace diez años, pero está tardando mucho. 
Es algo que merecería ser apoyado y que todos queremos que se haga realidad. 
También estoy analizando una empresa similar, a saber, una tarjeta para los jóvenes europeos. 
Habida cuenta de que nada hace pensar que dentro de diez años no sigamos estudiando la cuestión de una tarjeta para personas mayores de 60 años, ¿puede el Comisario darme algún motivo para el optimismo en lo que respecta a la tarjeta de estudiante? 
Actualmente parece que estuviéramos retrocediendo tanto como avanzando. 
Señor Evans, yo no albergaría demasiadas esperanzas. 
Desde luego, no me impacientaría sobre esta cuestión. 
Lo vengo intentando desde hace varios años, sin demasiado éxito. 
Existen dos obstáculos principales para la tarjeta para personas de edad avanzada. 
La naturaleza, la forma y la administración difieren enormemente entre los Estados miembros. 
Toda la cuestión de la subsidiaridad y la proporcionalidad alzan la cabeza cada vez que intento avanzar en esta cuestión. 
Algunos Estados miembros tienen un sistema de tarjeta, otros no. 
Las condiciones varían: en algunos Estados miembros, la edad por sí sola es suficiente, en otros, la edad se combina con los ingresos o incluso la residencia. 
La edad para la solicitud varía entre 58 y 67 años. 
Muchos Estados miembros tienen administraciones y servicios descentralizados y locales que tramitan la solicitud. 
El segundo problema es el cambio constante del panorama. 
Hay mucha comercialización y privatización, especialmente en el transporte, y gran parte de la responsabilidad está en manos privadas y agencias semipúblicas. 
Por ello, las cosas no han ido bien y me resulta extremadamente difícil llegar a un punto en el que podamos coordinar todo el sistema. 
Me gustaría pensar que es posible, pero como usted dice, hasta ahora ha resultado imposible y no veo demasiadas esperanzas para el futuro inmediato. 
Deseo agradecer al Comisario su respuesta a la pregunta del Sr. Evans. 
Ciertamente espero que el Comisario se plantee presentar propuestas detalladas para la introducción de una tarjeta para personas mayores de 60 años en un futuro previsible, incluso a pesar de las dificultades. 
¿Desearía el Comisario aprovechar esta oportunidad para condenar la discriminación contra las personas de edad avanzada que se está extendiendo en toda la Unión Europea y que sigue siendo un problema importante? 
Sólo deseo decir que la Comisión ya ha anunciado su intención, en el Programa de acción social 1998-2000, de lanzar un debate sobre la utilidad del futuro artículo 13. 
El artículo 13 prevé una acción adecuada para combatir la discriminación por razones de sexo, raza y origen étnico, religión, creencia, discapacidad, edad y orientación sexual. 
Por tanto, estamos examinando la posibilidad de introducir legislación tan pronto como sea ratificado el Tratado. 
Acabo de anunciar nuestra intención de presentar en el marco del programa una comunicación sobre los asuntos a los que han hecho referencia como parte de nuestra contribución al Año de las Naciones Unidas que se celebrará el próximo año. 
En ese momento tendremos ocasión de debatir más a fondo sobre esta cuestión. 
Señor Flynn, si usted contiene la respiración durante demasiado tiempo se lesionará y puede que necesite la tarjeta sanitaria. 
No sé si se acordará de que hace algún tiempo, el Parlamento encabezó una iniciativa y yo le obsequié con un modelo de dicha tarjeta sanitaria, y usted me aseguró que intentaría su implantación. 
Me dijo que en la República de Irlanda se estaba estudiando la introducción de la tarjeta sanitaria. 
Puesto que mi colega el Sr. Evans se ha referido a ello, ¿qué progresos se han alcanzado en la introducción de la tarjeta sanitaria? 
Le recuerdo que una de las posibilidades que yo le sugerí era que en vez de aspirar a una versión de alta tecnología, podríamos contentarnos con algo parecido a la elegante E111. 
Como usted sabe, apoyé la introducción de dicha tarjeta. 
He pasado mucho tiempo intentando organizarlo. 
Ha resultado sumamente difícil, debido a las dificultades que le he expuesto, pero puede que avancemos algo. 
Quizá podría emprenderse más acción a nivel europeo para ayudar a mejorar el flujo de información. 
También podría ser de utilidad que se actualizaran los planes de concesión existentes e intentar fomentar la identificación y el intercambio de las mejores prácticas. 
La Comisión podría plantearse apoyar la creación de un sitio Web para planes de concesión a las personas de edad avanzada en la Unión. 
No sé si usted piensa que podría ser de utilidad o no, pero sería un primer paso para salir de este estancamiento. 
Pregunta nº 44 formulada por Bernie Malone (H-0925/98): 
Asunto: Cancelación del Año contra la Violencia contra las Mujeres en 1999 
Tengo entendido que, a instancias de los Estados miembros, se ha cancelado la celebración del Año contra la Violencia contra las Mujeres en 1999. 
Dado que fue la propia Comisión quien pidió que 1999 fuese declarado Año contra la Violencia contra las Mujeres en una resolución de 1997, ¿puede el Sr. Comisario explicar por qué no está la Comisión suficientemente preparada, en cuestión de finanzas y de organización, para que pueda llevarse a cabo este proyecto? 
Damos la bienvenida a la Sra. Wulf-Mathies, a la que invito a que responda a la pregunta formulada por la Sra. Bernie Malone. 
Señor Presidente, Señoría, el Parlamento comunicó demasiado tarde su deseo de convocar un Año Europeo contra la Violencia contra las Mujeres, sin tiempo suficiente para que la Comisión pudiera presentar una propuesta formal, garantizar una financiación adecuada y planificar detenidamente las actividades. 
No obstante, en un esfuerzo por responder a los deseos del Parlamento, la Comisión propuso una campaña sobre el tema de la violencia contra las mujeres. 
Entre tanto, ya se han puesto en marcha las medidas, después de una reunión preparatoria que tuvo lugar en junio de 1998, todavía bajo la Presidencia británica. 
Como resultado, del 1 al 4 de diciembre se celebrará, bajo la Presidencia austriaca, una primera conferencia sobre el papel de la policía en la lucha contra la violencia contra las mujeres. 
Esta reunión se financiará en parte a través del programa DAPHNE. 
La primavera próxima se celebrará otra conferencia importante, organizada por la Comisión en colaboración con la Presidencia alemana. 
Entre otras cosas, está prevista la presentación de un informe con un análisis de las estadísticas relevantes procedentes de los Estados miembros. 
Expertos de todos los Estados miembros están elaborando en estos momentos dicho informe en colaboración con el Lobby Europeo de Mujeres. 
Este trabajo también se financia en el marco del programa DAPHNE. 
La conferencia que clausurará la campaña se organizará en colaboración con la Presidencia finlandesa. 
La Comisión tiene prevista, además, una exposición y también varios seminarios. 
Por otra parte, también se propone elaborar y difundir material informativo, sobre todo con finalidades preventivas. 
Se ha pedido a los Estados miembros a que organicen actos en su propio país dirigidos a la opinión pública en general y también a las organizaciones no gubernamentales. 
La Comisión ha impulsado, además, la realización de una encuesta sobre este tema en los Estados miembros en el contexto del Eurobarómetro. 
Se prevé asimismo la elaboración de un informe con vistas a la conferencia de clausura en el que se recogerán todas las actividades desarrolladas o iniciadas en los Estados miembros durante la campaña. 
Acogeríamos con satisfacción que los países candidatos a la adhesión participasen también en dicha campaña. 
No obstante, debo señalar, como una limitación, que la ejecución, características y alcance de las medidas vienen determinados por los recursos financieros y de personal que ustedes prevean para 1999. 
Por consiguiente, la Comisión sólo podrá adoptar una decisión definitiva sobre dicha campaña una vez que se haya aprobado definitivamente el Presupuesto general en diciembre de 1998. 
Gracias, señora Comisaria, por su respuesta. 
Generalmente no presento preguntas, porque no me gusta perder el tiempo, pero este tema me interesa mucho. 
Estoy decepcionada porque no se ha podido avanzar. 
Me pregunto si el hecho de que usted no dispusiera de los recursos suficientes tiene algo que ver con el informe hecho público ayer por el Tribunal de Cuentas, que dice que mucho trabajo está siendo dificultado por personas que trabajan con contratos temporales. 
Espero que no sea ése el motivo en este caso. 
Sus planes son muy loables y la campaña y los argumentos que usted ha presentado son excelentes. 
Pero debemos también llevar la campaña a los colegios. 
La aportación educativa es muy importante. 
Señor Presidente, el problema de la tardía presentación de la propuesta sólo se planteó inicialmente por la necesidad de respetar determinados plazos para que el Consejo pueda adoptar las correspondientes decisiones y, en consecuencia, no llegamos a tiempo. 
Sin embargo, esto no guarda ninguna relación con las condiciones de contratación del personal de la Comisión. 
Ustedes ya conocen, no obstante, la Comunicación de la Comisión sobre un programa comunitario de acción a medio plazo de medidas de apoyo comunitario a las acciones de los Estados miembros en relación con la violencia contra los niños, jóvenes y mujeres. 
Dicho programa abarcaría los años 2000-2004 y sin duda tendría sentido que incluyese también su sugerencia en relación con las escuelas. 
Como usted sabe, una parte de dicha Comunicación y del programa de acción está dedicada a la concienciación. 
Estoy de acuerdo con usted en que ésta debe comenzar lo más pronto posible, con objeto de promover un estado de opinión y un nivel de información generales entre la población en cuyo marco la violencia contra las mujeres ya no sea aceptada y que a la vez permitan emprender acciones comunes. 
Asunto: Apoyo de la UE a la adquisición de ordenadores para las escuelas 
En la escuela primaria de Shanagolden en Limerik, Irlanda, se acaba de abrir una nueva sala de ordenadores con ocho ordenadores que permitirán a los profesores trabajar con los alumnos, incluyendo los alumnos que necesitan enseñanza especial, para profundizar su educación mediante la utilización de las nuevas tecnologías. 
Esto se ha podido hacer gracias únicamente a diversas actividades de recaudación de fondos y a un préstamo sin intereses. 
¿Podría la Comisión informar de las ayudas disponibles, si existe alguna, a nivel de la UE para la adquisición de ordenadores y/o el equipamiento de salas de ordenadores en los centros de enseñanza primaria y secundaria? 
Señora Wulf-Mathies, le propongo que responda usted a la pregunta del Sr. Collins. 
Señor Presidente, Señoría, la Comisión participa intensamente en los esfuerzos por mejorar el acceso de las escuelas europeas a las nuevas tecnologías de la información. 
Entre las acciones que ya se han puesto en marcha o que se están iniciando en estos momentos cabe citar, en particular, las siguientes. 
En primer lugar, el Plan de acción «Aprender en la sociedad de la información» tiene como objetivo la interconexión de las escuelas europeas, la formación del profesorado y el desarrollo de estrategias para la presentación de contenidos. 
En segundo lugar, el equipo operativo «Software didáctico multimedios» agrupa las actividades didácticas de ocho programas comunitarios. 
En diciembre de 1996 se hizo pública una convocatoria conjunta sobre el tema de los materiales didácticos multimedios, en la que participan, principalmente, los programas SÓCRATES, LEONARDO DA VINCI, TEN y tres programas de investigación. 
Entre los 46 proyectos seleccionados, yo quisiera citar el titulado European Schoolnet, en el que colaboran los Ministerios de Educación de los Estados miembros. 
El programa SÓCRATES tiene como objetivo la colaboración europea en el ámbito de la educación y fomenta la cooperación en este ámbito, sobre todo en el marco de la acción relativa a la educación abierta y la educación a distancia. 
La propuesta del programa SÓCRATES II prevé una nueva acción destinada a promover la utilización crítica y responsable de las tecnologías de la información en los centros de enseñanza primaria, secundaria y postsecundaria. 
Finalmente, existen numerosas acciones de investigación y desarrollo tecnológico dentro de diferentes programas, que permiten desarrollar una estructura y los medios para su utilización, crear nuevas herramientas de trabajo, como por ejemplo, simulaciones o aulas virtuales, y promover la educación abierta y a distancia. 
La Comunidad financia la producción de instalaciones destinadas a las escuelas, sobre todo en el marco de los Presupuestos de los Estados miembros o de los municipios, en aplicación del principio de subsidiariedad. 
Las regiones subvencionables en el marco de los Fondos estructurales reciben recursos financieros adicionales de los diferentes Fondos, que también han financiado en parte los correspondientes equipos informáticos para los centros de formación profesional y formación continua en Irlanda. 
Muchas gracias, señora Wulf-Mathies. 
El Sr. Gerard Collins se siente satisfecho con su respuesta. 
Pregunta nº 46 formulada por Marie-Paule (Mimi) Kestelijn-Sierens (H-0968/98): 
Asunto: Autorización de la incineradora de Drogenbos contraria a la normativa europea 
La construcción de esta incineradora infringe, entre otros aspectos, el principio de proximidad, el principio de prevención y lo dispuesto en las Directivas 80/779/CEE Señora Wulf-Mathies, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Kestelijn-Sierens. 
Señor Presidente, la Comisión está investigando en estos momentos varias quejas en relación con la incineradora de Drogenbos, a la cual se refiere la pregunta. 
A raíz de estas quejas, los servicios de la Comisión solicitaron información al Gobierno belga a finales de agosto. 
La Comisión está examinando ahora la respuesta de las autoridades belgas competentes. 
Si la investigación en curso confirma que se ha infringido la legislación ambiental comunitaria, la Comisión decidirá si corresponde iniciar un procedimiento por infracción de los Tratados, de conformidad con el artículo 169. 
Señora Comisaria, le doy las gracias por su respuesta pero, concretamente, me gustaría saber para cuándo se puede esperar una decisión de la Comisión. 
Porque se trata aquí de un problema muy importante que requiere la máxima prioridad, dado que se trata de la construcción de una incineradora en un núcleo de un millón y medio de personas donde ya se han alcanzado los valores límite en relación con la concentración de partículas y cadmio. 
Me gustaría insistir en que la Comisión investigue esta cuestión con la máxima prioridad. 
Tal vez usted pueda decirnos en qué plazo tomará la Comisión una decisión. 
Señoría, somos conscientes de que se trata de un tema delicado. 
Por esto solicitamos información al Gobierno belga, información que recibimos en octubre. 
Yo le ruego que no me pida que le diga ahora exactamente cuánto tiempo puede requerir el examen de la misma. 
Somos conscientes, no obstante, de que se trata de un problema que preocupa a los habitantes de la zona y, por consiguiente, tienen derecho a que determinemos lo más pronto posible si ha habido o no una infracción de las normas ambientales. 
Pregunta nº 47 formulada por John Joseph McCartin (H-0945/98): 
Asunto: Empresas de colaboración local en Irlanda 
¿Es consciente la Comisión de la preocupación que existe en empresas de colaboración en Irlanda (financiadas en el marco del Programa operativo para el desarrollo local urbano y rural y, más concretamente, del subprograma para el desarrollo integrado de zonas desfavorecidas y de otras zonas) a la vista de que el programa correspondiente va a ser interrumpido bruscamente justo cuando acaba de empezar a funcionar (no fue operativo hasta 1996)? 
Dada la importancia de la lucha contra las situaciones de desventaja a través de los esfuerzos de las comunidades locales, ¿asumirá la Comisión el compromiso e incluir este programa en los nuevos reglamentos de los Fondos estructurales? 
Señora Wulf-Mathies, la invito a que responda a la pregunta del Sr. McCartin. 
Señor Presidente, Señoría, la preocupación de las empresas de colaboración que usted señala es injustificada a nuestro parecer. 
La Comisión no tiene intención de redefinir el programa ni de reducir los fondos. 
Al contrario, a la vista de los informes del comité de seguimiento del Programa operativo para el desarrollo local urbano y rural, la Comisión tiene el convencimiento de que las empresas de colaboración podrán asignar antes de finales de 1999 a distintos proyectos la totalidad de los fondos disponibles en el marco del Programa TAI II. 
La Comisión acogería con satisfacción que las autoridades nacionales incluyan en su Plan de Desarrollo Regional propuestas que permitan continuar apoyando el desarrollo integrado en el marco de la planificación de programas para la próxima fase de planificación. 
La Comisión valora los progresos conseguidos en el fomento del desarrollo socioeconómico local y la compensación de las situaciones de desventaja en el marco del programa actual y está abierta a recibir propuestas que permitan seguir apoyando en el futuro el desarrollo local y especialmente la lucha contra la exclusión social. 
Gracias, señora Comisaria, por su respuesta tan completa. 
Lo que me preocupa no es este año o el próximo, sino el nuevo programa que comienza en el año 2000. 
Éste no comenzó con el actual programa de los Fondos estructurales, porque se produjo un retraso en la puesta en marcha, especialmente en Irlanda. 
En estos momentos, la gente está aprendiendo en qué consiste poner en marcha su programa, y ahora le preocupa que pueda interrumpirse cuando finalice 1999. 
¿Seguirá usted presentando propuestas para que se mantenga en el siguiente programa, de manera que dispongamos de otros seis años? 
En relación con el primer punto, antes de finales de 1999 sólo tienen que haberse ejecutado todos los créditos de compromiso, lo cual significa que la financiación de las medidas podrá prolongarse durante el año 2000. 
En relación con el segundo punto, la Comisión tiene interés, por principio, en seguir subvencionando las asociaciones de cooperación locales en el próximo período de programación. 
Pero sería anticiparnos demasiado asegurar ahora, antes de saber qué programas va a proponer el Gobierno irlandés, que éstos también se incluirán en posteriores programas. 
No obstante, dada la gran importancia que otorgamos a las iniciativas locales, y sobre todo a las iniciativas locales de empleo, en las nuevas propuestas para la reforma de los Fondos estructurales, yo doy por sentado que será un objetivo común poder seguir apoyando en el futuro dichas medidas u otras análogas como parte de un programa. 
Pregunta nº 48 formulada por Konstantinos Hatzidakis (H-0973/98): 
Asunto: Fallos técnicos en la aplicación del Marco Comunitario de Apoyo griego 
Según informaciones recientemente publicadas en Grecia, una gran parte de las obras realizadas, sobre todo de construcción de carreteras, dentro del Segundo Marco Comunitario de Apoyo para Grecia, cofinanciadas con créditos del presupuesto comunitario, muestran deficiencias técnicas y no se atienen, en general, a las disposiciones comunitarias. 
Estos datos salieron a la luz tras la publicación del informe correspondiente del Consejo Especial de Control de Calidad, constituido por el Estado griego, según el cual, en todas las obras de carreteras, de cualquier categoría, que habían sido objeto de inspección, se comprobó la existencia de deficiencias técnicas en proporciones que oscilaban entre el 26 % y el 95 %. 
Esta cuestión resulta especialmente grave tanto por la gran cantidad de fallos como porque a ellos se debe, en gran medida, el gran número de accidentes de tráfico y muertes en Grecia. 
Teniendo en cuenta que dichas obras se realizan con fondos comunitarios, ¿puede decir la Comisión si considera natural una proporción tan elevada de deficiencias técnicas, comparado con cuanto sucede en otros países, dónde se localizan las responsabilidades correspondientes y qué piensa hacer para poner fin a esta situación inaceptable? 
Señora Wulf-Mathies, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Hatzidakis. 
Señor Presidente, señor Hatzidakis, de conformidad con el Derecho comunitario vigente, la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los Fondos estructurales es de la exclusiva responsabilidad de los Estados miembros, es decir que, de conformidad con la legislación vigente, los Estados miembros deben garantizar que se cumplan las normas de calidad. 
La supervisión de los trabajos está sujeta, por consiguiente, a las disposiciones legislativas nacionales. 
Cuando se aprobó el Marco Comunitario de Apoyo para Grecia para el período 1994-1999, el Gobierno griego se comprometió ante la Comisión a adoptar medidas de apoyo que permitieran superar las deficiencias crónicas en las obras públicas registradas en el pasado. Este era un aspecto importante para la Comisión, sobre todo habida cuenta del gran aumento del número de nuevos proyectos. 
Como parte de dichas medidas, se debía encargar a un consultor especial independiente el control de calidad de los proyectos cofinanciados por la Comunidad. 
El primer informe trimestral de dicho organismo, el ESPEL, constata efectivamente que persiste el problema de la calidad. 
Los controles al azar que se han realizado todavía no permiten señalar, sin embargo, proyectos concretos. 
El Comité Mixto Permanente, en el que también participan representantes de la Comisión, propuso en consecuencia- y las autoridades griegas lo aceptaron- que a partir del 1 de julio de 1998 el controlador de calidad no realice controles al azar, sino sistemáticos y exhaustivos. 
Los resultados de este segundo control de ESPEL deben presentarse dentro de dos días, o sea, el 19 de noviembre, en la próxima reunión del Comité de Control del Marco Comunitario de Apoyo. 
Sólo entonces sea posible identificar los proyectos concretos que presentan deficiencias de calidad y señalar las responsabilidades, para lo cual se considerarán fundamentalmente tres categorías, a saber: proyectos con deficiencias secundarias, que deberán ser subsanadas por las empresas; proyectos con deficiencias considerables que no afecten a la seguridad- de la circulación, por ejemplo -, pero que ocasionen considerables costes de mantenimiento. 
Dichos costes adicionales deberán descontarse de los pagos a las correspondientes empresas. 
Los proyectos de la tercera categoría, con graves deficiencias que no puedan subsanarse, deberán ser modificados por las empresas a sus propias expensas. 
La Comisión no dispone de datos que permitan comparar los problemas de calidad registrados en los distintos Estados miembros. 
Sin embargo, acogemos con satisfacción la intensificación de los controles de calidad independientes en Grecia y mantenemos un estrecho contacto con las autoridades griegas. 
La Comisión examinará los resultados del segundo control de ESPEL y seguirá detenidamente, junto con los responsables, las posteriores actuaciones para subsanar las deficiencias de los proyectos. 
Señor Presidente, no se qué decir antes puesto que el tema es muy amplio como para un minuto. 
Señora Comisaria, le digo que realmente, mientras que usted sabe que todos los diputados al Parlamento Europeo luchamos por nuestras regiones y por la correcta aplicación del Segundo Marco Comunitario de Apoyo para conseguir más dinero para el próximo paquete Santer, aquí no hay una utilización correcta de este dinero y eso es lo que denunciamos. 
Es un escándalo. 
Tengo los datos, que se han publicado, del segundo trimestre del informe del Consejo Especial de Control de Calidad, según los cuales se observan obras fuera de los estándares en porcentajes muy elevados: calidad de material inerte de hormigón 77 %, calidad de material inerte de subbase 91 %, calidad de material inerte de base 95 % y así sucesivamente. 
Es un escándalo, señora Comisaria, y sinceramente esperaba una contestación más clara. 
En una pregunta escrita que le hice hace poco sobre las obras Patras-Atenas-Salónica me contestó que no se han reparado las obras a pesar de que lo había solicitado y que el retraso era intranquilizador. 
Quiero, entonces, que me diga en concreto qué están dispuestos a hacer con el gobierno griego, así como qué es lo que ocurre en otros países, ya que ha mencionado que tiene datos comparativos. 
¿Hay transgresiones, hay tales problemas del orden del 95 % en otros países? 
Sinceramente, le pediría una respuesta más concreta, puesto que se trata de un tema de prioridad absoluta para mi país. 
Señor Presidente, Señoría, no dispongo de datos sobre los demás Estados miembros, pero usted ciertamente ya sabe que procuramos impulsar desde hace años una mejora del procedimiento de licitación de los contratos públicos y, como también ya sabe, la reforma de la contratación pública requiere modificaciones legislativas que, en un procedimiento democrático, tienen que ser aprobadas en un parlamento. 
Por consiguiente, todo ha sido mucho más lento de lo que nosotros también considerábamos adecuado. 
Sin embargo, en este momento avanzamos por buen camino para poder obtener datos realmente seguros. 
Sería bueno que todos- usted, desde su responsabilidad como diputado, y nosotros, desde la nuestra como Comisión- esperemos hasta que se haya reunido el Comité de seguimiento y hayamos podido evaluar allí los resultados de la última investigación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quisiera saber de qué obras estamos hablando exactamente, quiénes son los promotores y quiénes eran los responsables de los distintos servicios del Estado griego que debían supervisar estas obras. 
Es imposible enterarse de detalles concretos. 
Segundo, quisiera pedirle que me dijese qué procesos se han emprendido para sancionar penalmente los incumplimientos, porque en una respuesta que usted me dio por escrito mencionaba que sobrevendrían sanciones penales, pero no me he enterado de ningún proceso relativo. 
¿Tiene en mente algo sobre el tema? 
Tercero, si son realidad estos incumplimientos tan graves, ¿se pedirá la devolución del dinero? 
Es decir, ¿existe la posibilidad de que mi país tenga que devolver cantidades de dinero a la Unión Europea y a la Comisión? 
Ya acabo de señalar que se ha iniciado una investigación muy concreta, cuyos resultados se tendrán que examinar en la reunión del Comité de seguimiento. 
Yo les ruego que comprendan que no quiera anticiparme ahora a los resultados de dicha reunión. 
Sin embargo, he expuesto claramente cuáles serán las consecuencias en el caso de que pueda demostrarse inequívocamente alguna deficiencia. 
La Comisión no impone estas exigencias a las empresas, sino que es el Estado miembro el que debe cumplirlas, puesto que el control es de su competencia. 
Nosotros no podemos inmiscuirnos en la tarea de gobierno de un Estado miembro y tampoco queremos hacerlo. 
No sólo debemos tener presente el principio de subsidiariedad, sino también la necesidad de un reparto de competencias; no obstante, es evidente que las consecuencias que deben extraerse se discutirán en los órganos conjuntos, tanto en el Comité de seguimiento, en el que participa la Comisión, como en el citado Comité Mixto, que se creó precisamente porque constatamos que la licitación pública funcionaba de manera poco satisfactoria. 
Como resultado del presente debate en el Parlamento, yo me comprometo gustosa a recomendarle a nuestro representante en el Comité de seguimiento que, además de informarse detenidamente sobre los problemas concretos que se han detectado, también vele por que éstos tengan las debidas consecuencias financieras para las empresas y evidentemente también consecuencias penales si es necesario o si se desprenden directamente de la situación. 
Pero primero tengo que conocer los hechos antes de empezar a citar normas penales. 
En este sentido, el presente debate será un nuevo acicate para que los representantes de la Comisión actúen en consecuencia en la reunión del Comité de seguimiento del 19 de noviembre. 
Pregunta nº 49 formulada por Glenys E. Kinnock (H-0980/98): 
Asunto: Calendario para las negociaciones relativas a los Fondos estructurales 
¿Puede facilitar la Comisión detalles sobre el calendario de las negociaciones todavía pendientes relativas a los reglamentos sobre los Fondos estructurales así como el periodo probable de las negociaciones programadas entre la Comisión y los Estados miembros en lo que respecta a Objetivo 1 y Objetivo 2? 
Señora Wulf-Mathies, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Kinnock. 
Señor Presidente, Señoría, el calendario de las negociaciones sobre las intervenciones estructurales para la nueva fase de programación depende esencialmente, como es natural, de la fecha en la que se aprueben los nuevos reglamentos de los Fondos estructurales. 
El Consejo Europeo de Cardiff declaró, en relación con este tema, que en marzo de 1999 como muy tarde se tenía que haber alcanzado un acuerdo político sobre el paquete global. 
La Comisión ha tomado nota con satisfacción de que la Presidencia alemana del Consejo se propone cumplir el calendario de Cardiff, tal como anunció el Canciller Schröder en su declaración gubernamental del 10 de octubre. 
Si así se hace, el Parlamento podría aprobar antes de que finalice la presente legislatura la propuesta para la adopción de un reglamento por el que se establezcan las disposiciones generales relativas a los Fondos estructurales. 
La adopción definitiva del reglamento podría tener lugar en tal caso en mayo de 1999. 
De conformidad con la propuesta de la Comisión, inmediatamente después de la adopción del reglamento se establecería la lista de las regiones del Objetivo 1. 
Tomando en consideración los plazos necesarios para elaborar los Planes de Desarrollo Regional y para la negociación de los Marcos Comunitarios de Apoyo, la Comisión podría adoptar, por lo tanto, las decisiones sobre la participación de los Fondos en el marco del Objetivo 1 en el curso del primer trimestre del año 2000. 
En el caso del Objetivo 2, la Comisión podría aprobar la lista de regiones subvencionables en el tercer trimestre de 1999, puesto que en este caso el proceso de discusión será más largo, debido también, entre otras cosas, a la flexibilidad que se ha introducido. 
La Comisión podría presentar en el tercer trimestre del año 2000 los documentos de la programación para el objetivo 2 y adoptar las decisiones sobre la participación de los Fondos. 
Un requisito previo es, sin embargo, que el Parlamento apruebe los reglamentos en la presente legislatura, esto es, antes de mayo, y que todas las decisiones posteriores- puesto que a continuación todavía será preciso concretar las cosas- se adopten también sin demora. 
Por esto yo creo que es en verdad muy importante que el Parlamento y el Consejo emitan una señal clara de que también están dispuestos a cumplir este calendario. 
Yo espero que el Parlamento al menos así lo haga mañana en el debate en primera lectura de la reforma de los Fondos estructurales. 
Pueden tener la seguridad de que la Comisión tiene el máximo interés en insistir para que todos cumplan también sus compromisos en la práctica, a fin de que las regiones que necesitan nuestra ayuda no se vean afectadas por un retraso en la adopción de las decisiones. 
Gracias, señora Comisaria, por la respuesta tan exhaustiva. 
¿Podría indicarnos, señora Comisaria, qué fórmula aplicará la Comisión en la asignación de los recursos de los Fondos estructurales a las zonas de Objetivo 1 para el período comprendido entre 2000 y 2006? 
En un afán de transparencia- y no estoy insinuando ni mucho menos que la Comisión no busque siempre la transparencia en estas cuestiones -, ¿nos haría la Comisión el favor de hacer pública la fórmula que se propone adoptar? 
Responderé con mucho gusto a su pregunta, puesto que de hecho coincidimos en lo que se refiere al tema fundamental de la transparencia. 
Nosotros desearíamos que quede claro que las bases de cálculo y los indicadores son transparentes e inteligibles para todos. 
Por esto, en estos momentos estamos preparando una comunicación que remitiremos al Consejo y, a continuación, naturalmente también a la Comisión parlamentaria competente. 
Tengo dos preguntas complementarias sobre este tema. 
La primera se trata del Objetivo 6. 
Quisiera saber cuánto han avanzado las discusiones sobre el Objetivo 6 para Suecia y Finlandia, asunto que se trató en relación con las negociaciones de adhesión en 1992. 
¿Se traspasarán los criterios de entonces, y que todavía valen, sin modificaciones al Objetivo 1? 
La segunda es que creo que sería favorable que hubiésemos definido lo de los Fondos estructurales en los países miembros antes de la elección al Parlamento Europeo, en junio del próximo año, de modo que no haya dudas respecto de ellos. 
Sería provechoso tanto para nosotros como para la ciudadanía que se dé una respuesta, si es posible darla. 
Por este motivo, quisiera saber qué opina la Comisaria al respecto. 
Como usted ya sabe, los posibles retrasos no dependen de la Comisión y yo todavía confío en que si todos hacemos un esfuerzo conseguiremos completar las deliberaciones sobre los Fondos estructurales para el mes de mayo, o sea, antes de que ustedes inicien la campaña electoral. 
La Comisión ya presentó sus propuestas en marzo de este año y, por lo tanto, se hubiesen podido alcanzar resultados más concretos si hubiese existido la voluntad de lograrlo. 
Esto depende, sin embargo, del Consejo y yo espero que al final éste acabe cumpliendo sus decisiones de Cardiff. 
En lo que se refiere al Objetivo 6, se mantienen los principios establecidos para Finlandia y Suecia y que también figuran en el Tratado de adhesión de ambos países, con una excepción, a saber, que una región de Finlandia pasa a ser una región del Objetivo 1 propiamente dicha y, por lo tanto, mejorará su situación. 
No obstante, como ya he señalado, esta es la propuesta de la Comisión, que todavía tiene que ser aprobada por el Consejo y el Parlamento. 
Asunto: Contenidos futuros de la iniciativa comunitaria INTERREG 
En el caso de los nuevos objetivos 1, 2 y 3 ya se han perfilado muy concretamente los detalles de las futuras condiciones marco. Muy distinta es la situación en el caso de las iniciativas comunitarias. 
¿Será uno de esos puntos la ayuda a las regiones situadas en las fronteras exteriores de la UE, tal como ha exigido por gran mayoría el Parlamento Europeo? ¿Qué tipo de medidas considera la Comisión que son dignas de apoyo en el marco de la ayuda a las regiones situadas en las fronteras de la UE con los países de la Europa Central y Oriental? 
Señora Wulf-Mathies, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Rack. 
Señor presidente, Señoría, la Comisión ha propuesto que se mantenga y se refuerce la iniciativa comunitaria INTERREG. 
En opinión de la Comisión, ésta debería comprender en el futuro tres formas de cooperación. 
En primer ligar, la cooperación entre regiones transfronterizas vecinas con vistas a desarrollar espacios económicos y sociales transfronterizos más cohesionados y una cooperación transfronteriza más estrecha también en otros aspectos. 
En segundo lugar, la cooperación transnacional entre las autoridades regionales y nacionales con vistas a promover la integración económica de las zonas periféricas, a reforzar la integración europea y a intensificar la cooperación en el ámbito de la ordenación del territorio. 
En tercer lugar, la cooperación interregional con vistas al intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como para fomentar la transferencia de conocimientos técnicos entre las regiones en cuestión. 
Como usted ya sabe, en el marco de INTERREG sólo se pueden financiar medidas en los Estados miembros. 
Las medidas de INTERREG en las regiones fronterizas están vinculadas, sin embargo, a los países candidatos a la adhesión a través de las medidas transfronterizas del programa PHARE, en cuyo marco se financia la cooperación transfronteriza en los países que participan en dicho programa. 
Entre éstas figuran una serie de medidas en ámbitos como la cooperación económica, la protección del medio ambiente, las infraestructuras. Las políticas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, el turismo y otros. 
La Comisión ha puesto en marcha una reforma del Reglamento que regula la cooperación transfronteriza en el marco de PHARE. 
El objetivo de la misma es mejorar la eficacia de la cooperación transfronteriza y reforzar el carácter transfronterizo de las medidas a través de estructuras y programas comunes. 
En lo que se refiere al tipo de medidas, se propone equiparar las normas para la cooperación transfronteriza en el marco de PHARE a los procedimientos de INTERREG, con objeto de facilitar una auténtica cooperación transfronteriza y transformar- por decirlo así- el instrumento de la cooperación transfronteriza en el marco de PHARE en un primer instrumento de aproximación a INTERREG previo a la adhesión, de manera que también pueda realizarse en común el aprendizaje de esta forma de cooperación transfronteriza. 
Señora Comisaria, lo que usted acaba de resumir en su respuesta indica que ya hemos avanzado mucho y, sobre todo, también en la dirección adecuada en relación con este tema, que es importante para las regiones, pero también para usted, en su calidad de Comisaria competente. 
La pregunta que, naturalmente, se plantea siempre en este contexto es ¿cuánto? 
INTERREG era hasta ahora una iniciativa comunitaria entre un total de 15 y, por consiguiente, los recursos asignados no podían ser generosos o al menos no lo fueron durante el anterior período de subvención. 
¿Cuáles son las perspectivas para el futuro período de subvención, si es que ya es posible preverlo? 
Señor Presidente, Señoría, los recursos se ampliarán en cualquier caso, puesto que como usted sabe INTERREG dejará de ser en el futuro una iniciativa entre un total de 13 y, de conformidad con la propuesta de la Comisión- y en este sentido yo sólo puedo instar al Parlamento a que se oponga a que se desflequen las iniciativas comunitarias -, pasará a ser una de tres. 
Por otra parte, la Comisión siempre ha defendido hasta ahora que INTERREG debe ser la más importante de las tres, lo cual podría significar que alrededor de un 50 % de los recursos destinados a iniciativas comunitarias- esto es, la mitad del 5 % del pastel total que corresponde al conjunto de las iniciativas comunitarias- serían para INTERREG. 
Sin embargo, para ello es necesario, en primer lugar, que los Estados miembros acepten el porcentaje del 5 %. En estos momentos esto todavía se está discutiendo en el Consejo. 
Y en segundo lugar, que nos opongamos a los intentos de añadir nuevas iniciativas, pues es evidente que ello obligaría automáticamente a destinar recursos a un mayor número de iniciativas, lo cual también tendría consecuencias financieras negativas para INTERREG. 
Señorías, con esta pregunta, la del Sr. Rack, hemos agotado el tiempo correspondiente al bloque de preguntas dirigidas a la Comisaria Sra. Monika Wulf-Mathies. 
Le agradecemos su presencia aquí. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al bloque de preguntas dirigidas a la Comisaria Wulf-Mathies, la pregunta nº 51 formulada por el Sr. Schröder se contestará por escrito. 
Pregunta nº 52 formulada por José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (H-0923/98): 
Asunto: Relaciones Estados Unidos-Cuba 
¿Ha tenido conocimiento la Comisión de la carta dirigida por la Sra. Albright, Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos, de fecha de 3 de agosto y publicada en diversos medios de comunicación, al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Sr. Helms? 
¿Piensa la Comisión reaccionar o tomar posición alguna al respecto? 
¿Piensa la Comisión que la interpretación que la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos hace de los términos de las Declaraciones de 18 de mayo se corresponde con el espíritu y con las manifestaciones hechas ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo por el Comisario responsable en el mes de mayo? 
¿Coincide la Comisión en la apreciación de que este acuerdo constituye una extraordinaria reafirmación de los principios que inspiran la Libertad Act? 
Le damos la bienvenida al Sr. Brittan y le invitamos a que responda a la pregunta del Sr. Salafranca. 
La Comisión tiene conocimiento de la carta de la Secretaria de Estado Albright al Senador Helms relativa al acuerdo sobre las disciplinas en materia de inversión. 
Hemos tratado sobre ello con la Secretaria Albright durante la reunión ministerial celebrada en Viena en septiembre, y la Comisión le comunicó que había varias partes de la carta que la Comisión no habría escrito. 
La Comisión no cree que sea deseable ni de utilidad centrarse en las diferencias en la presentación del acuerdo sobre las disciplinas en materia de inversión. 
El texto del acuerdo es detallado y explícito. 
Es un texto que respetaremos y aplicaremos cuando se conceda una renuncia relativa a la Ley Helms-Burton. 
Señor Comisario, me gustaría profundizar en dos aspectos en los que le pediría la máxima precisión. 
En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa de este Parlamento, al día siguiente del Consejo de Asuntos Generales en el que se tomó nota de los términos de la declaración en la Cumbre Transatlántica sobre las leyes de efecto extraterritorial y, en concreto, sobre la ley Helms-Burton, usted dijo que si los Estados Unidos no cumplían su parte- y me refiero en concreto a la modificación del título IV- esos acuerdos decaerían. 
Y no excluyó usted la posibilidad, en ese caso, de resucitar de alguna manera la reclamación ante las instancias de la Organización Mundial de Comercio. 
La pregunta que yo le quisiera formular, señor Comisario, es la siguiente: ¿cuál es el plazo que la Comisión considera razonable para considerar si los Estados Unidos han efectuado la modificación del título IV de la ley? 
¿El período del mandato del Presidente Clinton? 
¿El período del mandato de la presente Comisión? 
¿El período del mandato, quizás, del próximo Presidente de los Estados Unidos? 
¿Cuál es el mandato que consideran? 
Segundo aspecto, señor Comisario. 
Me gustaría que nos confirmase si, en el curso de su última visita a Washington, tuvo la oportunidad de entrevistarse con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, el senador Gilman, y con el congresista Bob Menéndez, y me gustaría que nos confirmase si es cierto que le pidieron que se posicionase usted- o la Comisión Europea- por escrito sobre los términos de esa carta de la Sra. Albright al senador Helms. 
Y me gustaría saber, señor Comisario, si ha recibido usted alguna comunicación del Congreso de los Estados Unidos sobre este particular, pidiendo un posicionamiento de la Comisión, en concreto sobre los términos de esta carta. 
La situación es que no cumpliremos nuestra parte del acuerdo si los Estados Unidos no cumplen la suya. 
No hemos fijado ningún plazo. 
Sí he celebrado una serie de reuniones con líderes del Congreso, incluido el Sr. Gilman, durante un reciente viaje a los Estados Unidos, en las que he expuesto nuestra posición, y los Estados Unidos parecen estar más dispuestos a entenderla. 
Las razones principales por las que no nos hemos preocupado de fijar un plazo se deben a que, por el momento, en virtud del acuerdo, los Estados Unidos no están adoptando ninguna acción contra ninguna empresa europea en virtud del Título 3 ni del Título 4, y han indicado que no sólo obtendrá Total un acuerdo de renuncia, sino que además todo aquel que invierta en Irán en condiciones comparables obtendrá una renuncia similar. 
Los Estados Unidos se limitan a no aplicar la ley y nosotros no estamos sujetos a la misma. 
Los empresarios parecen sentirse muy bien protegidos por el acuerdo que tenemos, porque, al parecer, están llegando a Cuba en gran número. 
Pregunta nº 53 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0976/98): 
Asunto: Negociaciones sobre el AMI 
Se han reanudado las negociaciones sobe el AMI en el seno de la OCDE. 
El proyecto de acuerdo que se negoció en primavera ha sido muy criticado, especialmente por el Parlamento Europeo. 
¿Qué cambios desearía la Comisión que se introdujeran en el acuerdo en relación con el proyecto que se negoció la pasada primavera? 
Tiene usted la palabra, señor Brittan, para responder a la pregunta del Sr. Sjöstedt. 
Ésta es, naturalmente, una cuestión complicada. 
Desde que fue presentada, hice una declaración de la Comisión el 20 de octubre. 
Dicha declaración sigue siendo válida respecto a la situación actual, y me gustaría remitirle a la misma. 
Doy las gracias de todo corazón al Comisario por esta respuesta no demasiado larga. 
Mi pregunta es parcialmente carente de actualidad, puesto que fue formulada antes de que llegase la feliz noticia del gobierno francés sobre su retiro de las negociaciones del AMI. 
Ahora parece probable que habrá nuevas negociaciones en el seno de la Organización Mundial de Comercio, OMC. 
Entonces pregunto si la posición de la Comisión es que las propuestas de acuerdo que se negociaron en el marco de la OCDE, con sus contenidos, sean el punto de partida para las negociaciones en la OMC o si se entiende que se empieza desde una mesa totalmente limpia en la que rigen nuevas condiciones para las negociaciones. 
Como he explicado en el debate, la situación es que estamos a favor de un acuerdo en la OCDE. 
Las negociaciones aún no han finalizado, pero sinceramente, he manifestado que las perspectivas no son buenas. 
Si hubiéramos alcanzado un acuerdo en la OCDE, o si lo alcanzamos, me parece a mí que es un buen preludio para la negociación en la OMC, que aún no ha sido acordada, pero nos hemos pronunciado a favor. 
Si no hay acuerdo en la OCDE, sigo pensando que lo acertado es iniciar negociaciones en la OMC. 
Ésta es pues la vía que defenderemos, independientemente de lo que suceda en la OCDE. 
Pregunta nº 54 formulada por Richard Stuart Howitt (H-1031/98): 
Asunto: La Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo Multilateral de Inversiones 
Teniendo en cuenta las recientes acciones del Gobierno francés, ¿piensa apoyar la Comisión el traslado de las conversaciones sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) del ámbito de la OCDE al de la Organización Mundial del Comercio (OMC)? 
¿Piensa la Comisión asegurarse de que se dé el mismo peso a las responsabilidades de los inversores, derivadas de este acuerdo, que a los derechos frente a los Estados nacionales? 
Tiene usted la palabra, señor Brittan, para responder a la pregunta del Sr. Howitt. 
Como he dicho en el debate al que he hecho referencia en la respuesta a la pregunta anterior, siempre he creído que la OMC es el mejor lugar, a largo plazo, para crear un marco previsible de normas de inversión. 
Me alegra que hayamos podido dar los primeros pasos por ese camino en la reunión ministerial que la OMC celebró en Singapur. 
Es importante que en la reunión del próximo otoño continuemos presionando a favor de la negociación y de un posterior acuerdo sobre la inversión en la OMC. 
Mientras tanto, se han celebrado negociaciones sobre el AMI en el marco de la OCDE. 
Hemos participado en dichas negociaciones, pero las posibilidades de concluirlas con éxito no parecen muy prometedoras en estos momentos. 
Por ello debemos plantearnos cuál sería el mejor modo de avanzar ahora para resolver la situación y conseguir poner en marcha las negociaciones en el marco de la OMC en cualquier caso. 
Podría pedir al Presidente en ejercicio que comentara la segunda parte de mi pregunta, en particular, la necesidad de incluir normas reglamentarias vinculantes, especialmente en los ámbitos de mano de obra, medio ambiente, incentivos a la inversión y prácticas comerciales restrictivas, en cualquier acuerdo multilateral sobre la inversión, junto con los derechos de los inversores. 
Me complace mucho que el Gobierno británico, como informaba el Guardian en su edición de 13 de noviembre, haya dicho que los ministros han decidido que el camino a seguir pasa por la inclusión de las normas laborales y los intereses ambientales desde el inicio. 
Espero que la Comisión defienda esta posición en sus contactos con la OMC. 
También quisiera preguntar al Comisario si puede garantizar que, en lo relativo a la OMC, se realiza una consulta plena a la sociedad civil y las ONG y que los temas laborales están siendo tenidos en cuenta. 
No ha habido ningún acuerdo acerca de que deba celebrarse una negociación en la OMC. 
Tengo grandes esperanzas de que la celebremos, pero existe varios países en desarrollo están poniendo una fuerte resistencia. 
Por tanto, sería prematuro hablar sobre la naturaleza de nuestro mandato negociador para unas negociaciones que, en estos momentos, no existen. 
La respuesta rápida es que por el momento no hay, pero que la habrá en su momento. 
En cuanto a la consulta a la sociedad civil, ésta es de enorme importancia. 
La Comisión organizó ayer en Bruselas una reunión multitudinaria con representantes de un gran número de ONG, así como otros interesados, sobre toda la gama de negociaciones en el seno de la OMC. 
Dado que el Sr. Barton no está presente, la pregunta nº 55 decae. 
Pregunta nº 56 formulada por David Robert Bowe (H-1034/98): 
Asunto: Acero 
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión como respuesta a la reciente sentencia del tribunal estatal de Ohio, EE.UU., destinada directamente a impedir la entrada de acero extranjero en dicho Estado en concreto, medida que parece infringir la legislación estadounidense e internacional? 
Señor Brittan, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Bowe. 
El 27 de octubre, un productor de acero con sede en Ohio interpuso una demanda ante el Tribunal Estatal de Ohio por un caso de competencia desleal a raíz de unas importaciones de acero a bajo precio en aquel Estado. 
La demanda perseguía la imposición de restricciones a las importaciones en el Estado por parte de varias empresas comerciales, así como de productores de acero rusos y japoneses. 
Se trata de una acción muy inusual por parte del sector del acero norteamericano, que ya había presentado quejas en materia de antidumping y en contra de la concesión de subvenciones a nivel federal en respuesta a la crisis del Sudeste asiático y de Rusia. 
El 17 de noviembre de 1998, sin embargo, el Tribunal Estatal de Ohio, que tenía el caso pendiente, desestimó la demanda presentada por la empresa de Ohio. 
Aparentemente, el juez decidió que el demandante no tenía derecho a reparación en virtud de la ley estatal. 
La Comisión se mantiene atenta a la evolución del caso, ya que puede perfectamente haber un intento de buscar reparación ante un tribunal federal. 
Gracias, señor Comisario, por la respuesta que me ha parecido muy interesante. 
Quisiera también informarle sobre algunos hechos más recientes. 
En la publicación del sector del acero The Metal Bulletin de 12 de noviembre se informaba de que ejecutivos del sector y representantes de los sindicatos se reunieron hace unos días con el Presidente Clinton para impulsar su causa a favor de la protección excepcional contra las importaciones de acero. 
A pesar de que la noticia dice que aún no se ha tomado ninguna decisión, las empresas están presionando en favor de una modificación del nivel de perjuicio de la denominada cláusula de salvaguarda del mercado 201, lo que facilitaría a los estadounidenses el cierre de su mercado a las importaciones al tiempo que se mantienen dentro del reglamento de la OMC. 
Si el Gobierno estadounidense cede ante este tipo de presiones, ¿qué medidas se propone adoptar la Unión Europea- y la Comisión en particular- para proteger sus acerías? 
No sería prudente especular sobre lo que haríamos en un supuesto caso, pero puedo decirle una cosa. 
Ciertamente desearíamos asegurarnos de que los Estados Unidos actúan de conformidad con el reglamento de la OMC. 
En lo que respecta a Europa, he recibido la visita de representantes de EUROFER y me han hecho saber que presentarán una queja alegando que en el sector del acero se han producido casos de dumping y, posiblemente, otras prácticas comerciales ilegales. 
Si recibimos dicha queja, naturalmente la estudiaremos muy seriamente. 
Pero deberá seguirse el procedimiento adecuado, y no puedo comenzar a prever cuál sería el resultado. 
Pregunta nº 57 formulada por Graham R. Watson (H-1035/98): 
Asunto: Relaciones China-Taiwán 
¿Qué conversaciones ha mantenido recientemente la Comisión con las autoridades chinas sobre las relaciones de China con Taiwán? 
Señor Brittan, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Watson. 
El último contacto que hemos mantenido con los chinos sobre el tema de Taiwán fue en julio de 1998, cuando el Subdirector General de la Comisión en la DG I, Sr. Gérard Depayre, explicó a un enviado de la misión china a la UE el contenido y la finalidad de nuestro acuerdo bilateral relativo al acceso al mercado en el marco de la OMC, que yo mismo firmé- el Acta de las negociaciones- con el Ministro taiwanés Sr. Wang en Bruselas el 23 de julio. 
Desde esa fecha no ha habido ningún contacto oficial con las autoridades chinas sobre la cuestión de Taiwán. 
Nosotros no reconocemos a Taiwán como una nación soberana separada, sino como un territorio aduanero separado con el que mantenemos relaciones económicas y comerciales cada vez más intensas. 
Atribuimos una gran importancia a nuestras relaciones económicas y comerciales con China y también con Taiwán, por lo que debemos poder tratar sobre dichas relaciones cómo y cuándo lo estimemos oportuno. 
Le ruego que me permita declarar un interés. 
La semana pasada viajé a Taiwán en compañía de un grupo formado por otros diputados a este Parlamento pertenecientes a diferentes países y grupos políticos a raíz de la invitación del Ministerio de Asuntos Exteriores en calidad de observadores de su campaña electoral. 
Taiwán es una democracia libre y abierta. 
Ha realizado enormes avances en pos de la democracia. 
En el ámbito comercial ocupa el 14 lugar del mundo. 
Gracias a que es una democracia libre y abierta con una economía transparente ha conseguido salir airosa de los disturbios financieros. 
¿No estaría dispuesto a reconocer, señor Comisario, que Taiwán es un baluarte para la democracia en la región y que el aislamiento de Taiwán es cada vez más anómalo? 
¿Está dispuesta la Comisión a apoyar la pronta entrada de Taiwán en la OMC, así como un fortalecimiento de las relaciones de la Unión Europea y la República China? 
Señor Watson, usted conoce la posición oficial de la Comisión y de los Estados miembros con respecto a Taiwán. 
Nuestros lazos con Taiwán son muy fuertes, pero son económicos y comerciales. 
En tales circunstancias, considero que no sería apropiado que yo hiciera comentarios sobre acontecimientos políticos en Taiwán. 
Pero quisiera decir, respecto a otros aspectos a los que usted ha hecho referencia, que estamos negociando de buena fe y con bastante éxito con Taiwán su ingreso en la OMC. 
Hemos hecho buenos progresos en la cuestión de acceso al mercado. 
Hay otros aspectos que aún deben ser tenidos en cuenta. 
Negociaremos con Taiwán sobre estos otros aspectos sin pérdida de tiempo e intentaremos alcanzar un acuerdo aceptable mutuamente. 
En un plano más general, en lo relativo a las relaciones económicas y comerciales con Taiwán, estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. 
Es un territorio que ha alcanzado un enorme éxito económico, incluso en el contexto de los actuales problemas de Asia. 
Existe un gran potencial para desarrollar aún más las relaciones económicas y comerciales con la Unión Europea. 
Pregunta nº 58 formulada por Paul Rübig (H-0924/98): 
Asunto: Directiva relativa al reconocimiento de diplomas y discriminación de los gabinetes técnicos de ingenieros 
En la primera y segunda directivas relativas al reconocimiento de diplomas se reglamenta el acceso al ejercicio de la profesión, en particular las titulaciones que dan derecho en un Estado miembro de la UE al ejercicio de una profesión reglamentada. 
Pero bajo el concepto de «diploma» no se entienden únicamente las titulaciones universitarias y escolares sino también toda una serie de titulaciones y certificados de formación que, por ejemplo en Austria, permiten el ejercicio de una profesión reglamentada. 
Algunos Estados miembros- por ejemplo Italia- interpretan muy restrictivamente la Directiva. 
Por ejemplo, para la autorización de gabinetes técnicos de ingenieros únicamente se admiten titulaciones universitarias o de escuelas superiores. 
Tal práctica lleva incluso, a emprender procedimientos penales contra ciudadanos austriacos por un supuesto intrusismo profesional. 
¿Cómo proyecta la Comisión hacer frente a esta eventual discriminación de los gabinetes técnicos en el ejercicio de la profesión en el mercado interior? 
Damos la bienvenida al Comisario Sr. Monti y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Rübig. 
Como ha señalado el Sr. Rübig, según las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE, un diploma no incluye únicamente un título de estudio sino también elementos de experiencia profesional y/o un examen profesional. 
Las Directivas relativas al sistema general de reconocimiento de diplomas no prevén una coordinación de la formación ni un reconocimiento automático de las aptitudes profesionales. 
Le corresponde a cada uno de los Estados miembros determinar los requisitos para el ejercicio de una profesión o actividad profesional en el ámbito de su territorio nacional. 
Italia, por tanto, tiene derecho a reservar el ejercicio de la actividad profesional en los gabinetes técnicos de ingenieros a los titulares de diplomas universitarios y de enseñanza superior. 
El tratamiento de los profesionales de otros Estados miembros debe ser igual al reservado a los ciudadanos italianos. 
La violación de las normas en vigor en cada uno de los Estados miembros puede dar lugar a emprender procedimientos penales, siempre y cuando las posibles condenas sean proporcionales a la gravedad de la infracción. 
Los ciudadanos austriacos que pretenden ejercer su actividad en los gabinetes técnicos de ingenieros en Italia, tienen que presentar una solicitud en este sentido a las autoridades competentes. 
En el caso de apreciarse una diferencia significativa entre los requisitos previstos en la ley italiana y los requeridos a los ciudadanos austriacos para el ejercicio de dicha actividad, las autoridades italianas pueden imponer una medida compensatoria a elección del ciudadano austriaco que puede consistir, por ejemplo, en un período de aprendizaje o en una prueba de aptitud. 
Si, como parece, los profesionales austriacos poseen sólo un diploma de grado inferior al previsto en la Directiva 92/51/CEE, las autoridades italianas tienen la facultad de pedir, siempre y en todo caso, la aplicación de una medida compensatoria. 
En virtud de lo que acabo de decir, se deduce que la postura general de las autoridades italianas no va en contra de las normas del Derecho comunitario. 
Puedo añadir que, al igual que en otros campos, si surgieran problemas en algún caso específico, la Comisión está dispuesta a examinarlos para comprobar su conformidad con el Derecho comunitario. 
Señor Presidente, en la práctica resulta que un ingeniero puede prestar un servicio en Austria, que cumple los requisitos del mercado, y si presta el mismo servicio en Italia o en otro país, entonces éste ya no se considera lícito. 
Aquí la distinción importante es la que estableció la Cumbre de Fontainebleau en 1984. 
En efecto, a partir de la Cumbre de Fontainebleau, el enfoque sectorial de carácter vertical- es decir, directivas específicas- para profesiones y actividades específicas se ha sustituido por un enfoque general de carácter horizontal, o sea, por un sistema general basado en el reconocimiento semiautomático de las cualificaciones sin una armonización previa de los sistemas de educación y de formación. 
En general, la Comisión no considera conveniente proponer nuevas directivas específicas y, por tanto, en estos casos, el país de acogida tiene derecho a reservar el ejercicio de una determinada actividad a los titulares de títulos universitarios y de enseñanza superior y además- como acabo de recordar- el ciudadano procedente de otro Estado miembro puede elegir entre someterse a una prueba de aptitud o a un período de aprendizaje. 
La alternativa a este sistema debería consistir en una reglamentación extremadamente detallada que se considera apropiada para determinadas actividades laborales y profesionales específicas y no para otras. 
Asunto: Decisión sobre la denuncia relativa al metro de Salónica y a la aplicación de la legislación comunitaria sobre contratos públicos 
Cuatro años prácticamente después de la inclusión del proyecto «Metro de Salónica» en el pilar «Mejora de las condiciones de vida» del II MCA (1994-1999) para Grecia y casi dos años después del recurso presentado a la Comisión por violación de la legislación comunitaria sobre contratos públicos, el único efecto práctico ha sido la transferencia de 26 millones de ecus de los 60, 7 millones de la contribución comunitaria global. 
Según las informaciones transmitidas por la Comisión en junio, ésta se ha pronunciado sobre el recurso otorgando un mandato al Comisario, Sr. Monti. 
¿Puede indicar la Comisión si ha adoptado una decisión definitiva sobre el recurso presentado y cuál ha sido ésta, y en caso afirmativo puede indicar si el proceso puede volver a examinarse a la luz de los nuevos datos? 
En caso afirmativo, ¿cómo podría la Comisión garantizar un reexamen rápido del expediente si se considera que han sido necesarios 18 meses para publicar su decisión sobre el recurso anteriormente citado? 
Dado que el Ministerio griego de Obras Públicas ha declarado que el contrato había sido firmado, ¿pueden iniciarse los trabajos sin correr el riesgo de que haya que suspenderlos por contestación del contrato? 
¿Se ha detectado en el examen de este recurso alguna falta en la aplicación de las directivas comunitarias sobre contratos públicos en esta obra y, en caso afirmativo, cómo garantizará la Comisión, en el futuro, la aplicación de la normativa vigente? 
Señor Monti, le invito a usted a que responda a la pregunta del Sr. Trakatellis. 
La Comisión desea informar al Sr. Trakatellis que, en virtud de la Decisión H/98/3262 de 27 de agosto de 1998, ha archivado el expediente relativo al asunto del metro de Salónica, ya que no ha apreciado violación alguna de los principios de igualdad de tratamiento. 
Las autoridades griegas competentes fueron informadas de ello mediante carta de fecha 8 de septiembre de 1998. 
Antes de tomar la decisión de archivar el asunto, la Comisión solicitó y obtuvo de las autoridades griegas garantías de que los futuros procedimientos de adjudicación, en particular los relacionados con contratos de envergadura similar, se elaborarán y aplicarán con el máximo cuidado a fin de evitar las dificultades y los retrasos surgidos en el procedimiento de adjudicación del metro de Salónica. 
La Comisión señala que, como suele ocurrir, en caso de disponer de nuevos datos respecto a una infracción de la legislación comunitaria, podrá adoptar la decisión de incoar un expediente de control de la legalidad. 
Los datos recibidos hasta la fecha, sin embargo, no justifican dicha actuación. 
Suponiendo que en el futuro se encontraran motivos fundados para seguir el procedimiento, lo que hasta este momento, repito, no ocurre, el tiempo necesario para que la Comisión examine los nuevos datos resultará, sin duda, mucho más corto, puesto que ya se han realizado todos los estudios acerca del fondo del asunto. 
Por último, en cuanto al efectivo estado del proyecto, la Comisión estima que las autoridades griegas competentes son las que deben responder con carácter exclusivo de cualesquiera ulteriores progresos. 
Señor Comisario, muchísimas gracias por su respuesta. 
Por favor, en primer lugar querría que me dijera lo siguiente: ya ha dicho que, si hay nuevos datos, evidentemente del contrato que va a firmar el Estado griego con el concesionario, se puede emprender un nuevo recurso ante la Comisión. 
Le pregunto, pues: en el caso de que se emprenda este recurso, ¿pueden empezar las obras y se pueden efectuar desembolsos o deberemos esperar la decisión de la Comisión y después empezar las obras? 
Segundo, señor Monti, dado que ustedes y el gobierno griego han mantenido correspondencia; para que el control parlamentario sea perfecto, quisiera una copia, por lo menos, de su carta al gobierno griego, porque se trata de un problema de transparencia. 
Finalmente, el tiempo transcurre inexorablemente, señor Comisario, hacia la conclusión del Segundo Marco Comunitario. ¿pueden empezar las obras y hacerse desembolsos hasta entonces? 
Deseo asimismo señalar al Sr. Trakatellis que, como acabo de decir, existe siempre la posibilidad de seguir el procedimiento en caso de disponer de nuevos datos acerca de un asunto. 
Reitero que en este caso no encontramos en los datos recibidos hasta la fecha ningún elemento que justifique dicha actuación. 
Por tanto, desde el punto de vista de la Comisión, el archivo es un archivo como todos los demás. 
Serían necesarios nuevos y distintos datos para adoptar la decisión de reabrirlo, sin embargo, esto no ocurre en este momento. 
Señor Comisario, ha dicho que ha archivado el asunto hasta que tenga nuevos datos, pero al mismo tiempo ha dicho a las autoridades griegas que en el futuro deberán evitar tratar el tema de la forma en que han tratado el contrato del metro de Salónica. 
Por tanto, la conclusión que yo saco es que los procedimientos que se siguieron tenían algunos fallos. 
Políticamente, los procedimientos no eran transparentes. 
Desde el punto de vista legal- como hombre de leyes que soy- puede que ahora usted haya archivado el caso, pero la observación de que en el futuro deben evitarse tales prácticas significa que la práctica que se siguió no era la correcta, no era transparente, no era acorde con las normas comunitarias, por tanto, cualquiera puede recurrir al Tribunal basándose sólo en lo que usted nos ha dicho ahora y tirar por los aires el contrato. 
Por consiguiente, la pregunta es: ¿Se va a avanzar en las obras ¿Que le parece el razonamiento que he formulado? 
Porque no puede, por un lado, dar su aprobación y, por otro, decir que el gobierno griego debe evitar tales prácticas. 
Con respecto a la cuestión que estamos abordando, nuestro punto de vista fue valorar si nos encontrábamos ante un supuesto de infracción de la legislación comunitaria sobre contratos públicos. 
Al examinar el expediente, la Comisión comprobó que la voluminosa documentación relativa al contrato contenía cláusulas susceptibles de ser interpretadas de manera diferente por los ofertantes en lo referente a las condiciones específicas requeridas. 
Sin embargo, a la luz de la complejidad del procedimiento y de la documentación relacionada con el concurso, la Comisión llegó a la conclusión que no podía atribuirse al órgano de contratación la intención de incumplir el principio de concurrencia en la tramitación. 
En este contexto, no fue posible probar la existencia de una clara violación del principio de igualdad de tratamiento, hecho que habría provocado la incoación del procedimiento oportuno. 
Puedo decir que, de cara al futuro, la Comisión solicitará garantías respecto a la efectiva capacidad de la administración griega y de sus asesores de elaborar y llevar a término este tipo de proyectos, garantías unidas a un firme compromiso respecto a su futura actuación. 
Pregunta nº 60 formulada por Sören Wibe (H-0951/98) 
Asunto: Importaciones paralelas en los países del EEE 
Una sentencia del Tribunal de Justicia dictada durante el verano de 1998 prohíbe, entre otras cosas, las importaciones paralelas de ropa de marca procedente de países no pertenecientes al EEE. 
Suecia ha protestado ante el Consejo contra este fallo que afecta tanto a los consumidores como a los minoristas de nuestro país. 
Cada año, se venden en Suecia mercancías importadas en paralelo por valor de 30.000 millones de coronas suecas, lo que evidentemente significa que las importaciones paralelas revisten una gran importancia para la economía privada de nuestros consumidores. 
En la actualidad, la Comisión ha empezado un nuevo estudio (que está en un punto muerto, según el diario Svenska Dagbladet del 25 de septiembre de 1998) que pretende examinar las ventajas y los inconvenientes de las importaciones paralelas y cuyos resultados serán comunicados al Consejo de Ministros. 
¿Para cuándo estará terminado este estudio? 
¿Qué pasará entretanto? 
¿No opina la Comisión que resulta más conveniente defender los intereses de los consumidores que los de las agencias generales? 
Señor Monti, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Wibe. 
Con la sentencia de 16 de julio de 1998 dictada en el asunto Silhouette, el Tribunal de Justicia ha afirmado el principio de que los titulares de marcas industriales en la Comunidad tienen, en virtud de dichas marcas, el derecho de oponerse a las importaciones paralelas en la Unión Europea de productos originariamente comercializados fuera de la misma. 
Esto confirma la interpretación que la Comisión ha hecho de la Directiva del año 1989 sobre las marcas industriales. 
Por tanto, los importadores y los minoristas no pueden importar en la Comunidad productos protegidos por una marca sin el consentimiento del titular de dicha marca. 
Esto implica asimismo que los Estados miembros están obligados a aplicar la legislación comunitaria vigente en materia de marcas atendiendo a la interpretación facilitada por el Tribunal de Justicia en su reciente sentencia. 
Conozco las reacciones provocadas por esta sentencia en un pequeño número de países, en particular en Suecia. 
En este sentido, se ha expresado la preocupación de que los consumidores se ven privados de la posibilidad de adquirir, gracias a las importaciones paralelas, productos de marca a precios más bajos. 
Estas preocupaciones, sin embargo, están justificadas sólo en parte. 
Quiero subrayar que la protección de los derechos de propiedad intelectual reviste una importancia fundamental de cara al desarrollo de la innovación en Europa. 
Los fabricantes europeos invierten grandes cantidades de dinero y de know how para crear nuevos productos de alta calidad, prestigiar sus marcas y organizar sus redes de distribución. 
En este sentido, hay que señalar que, si las importaciones en paralelo permiten a los consumidores obtener, a corto plazo, ventajas gracias a los precios más baratos, a largo plazo la reducción de las ganancias puede desanimar a los titulares de las marcas a invertir en sus marcas o a competir activamente con otras marcas, con efectos negativos para todo el sector de actividad. 
No obstante, hay que aclarar un punto: las importaciones paralelas dentro de la Comunidad, así como, a mayor escala, en el Espacio Económico Europeo son un factor fundamental del mercado único y no es sobre este elemento fundamental que vierten los actuales debates sobre la caducidad del derecho de marca que afecta sólo a las importaciones en paralelo procedentes de fuera de la Comunidad. 
Por último, quiero recordar que, para disponer de una visión global de la situación, se ha implementado un estudio que estará terminado a principios del año 1999, acerca de las consecuencias económicas de la caducidad del derecho de marca en la Comunidad. 
Dicho estudio tendrá en cuenta los diferentes aspectos de la protección de las marcas y las posibles consecuencias de una posible modificación del régimen de caducidad, en particular en lo referente a la disponibilidad de los productos, los servicios de asistencia a los clientes, los consejos a los consumidores, la inversión en nuevos productos, la competitividad de los precios y el empleo. 
Es una pregunta complementaria muy corta. 
He notado, en primer lugar, que no tengo el mismo concepto de importación paralela que el Comisario. 
Yo veo esto como una prohibición directa de la reventa. 
Me resulta muy difícil ver en esto lo racional desde el punto de vista económico, incluso para la empresa productora. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿piensa la Comisión tomar medidas judiciales contra Suecia si esta importación paralela a diferentes detallistas suecos continúa? 
A la luz de la situación ratificada por la sentencia del Tribunal de Justicia europeo, el titular de una marca tiene la facultad de emprender las acciones legales pertinentes. 
Esto no le corresponde a la Comisión; la Comisión debe velar porque pueda ejercitarse este derecho del titular de la marca. 
Me alegra mucho ver aquí al Comisario. 
Pensé que hoy no estaría en Estrasburgo, porque no ha asistido a la reunión del Eurogrupo en favor de la venta libre de impuestos. 
Tuvimos que suspenderla, a pesar de que usted había confirmado su asistencia. 
Intervengo para decir que es una pena que no podamos ocuparnos ahora del tema de la venta libre de impuestos que figura en el orden del día y que es el motivo por el que algunos de nosotros hemos venido aquí. 
Son muy escasas las oportunidades que tenemos para hablar con el Comisario. 
Estamos realizando grandes esfuerzos para que cambie de opinión sobre este asunto con un informe muy importante que será presentado a los ministros de ECOFIN, que acaba de ser finalizado por la Comisión. 
Me gustaría preguntarle al Comisario sobre dicho informe, sobre las repercusiones de la venta libre de impuestos sobre los puestos de trabajo. 
Señora Malone, señor Monti, esto no está dentro del ámbito de la pregunta planteada y además hemos sobrepasado el tiempo. 
Pero, señor Comisario, si usted lo desea puede hacer uso de la palabra. 
Me parece que el asunto es muy importante, además he tenido la oportunidad de abordarlo en esta sesión y en el seno de varias comisiones parlamentarias, sin embargo, sobrepasa por completo la pregunta del Sr. Wibe. Por ello, señor Presidente, no voy a solicitar intervenir al respecto. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El Sr. Gallagher me pide también la palabra para una pregunta complementaria sobre la pregunta del Sr. Wibe. 
Le ruego, por favor, que se mantengan ustedes dentro de los términos de la pregunta formulada por el Sr. Wibe. 
Soy consciente de las limitaciones de tiempo, pero quisiera aprovechar la oportunidad de que el Comisario se encuentra presente en la Asamblea. 
En el pasado, el Comisario se ha referido en numerosas ocasiones a los Fondos estructurales como un instrumento que debe ser utilizado para compensar las consecuencias de la supresión de la venta libre de impuestos. 
Quisiera decir al Comisario que tengo en mi poder un ejemplar del documento de trabajo de la Comisión sobre las propuestas, en el que no hay absolutamente nada nuevo. 
Creo que estoy siendo razonable y justo al afirmar que dicho documento no es más que oropel. 
El documento no contiene nada que ya no existiera antes. 
No hay ninguna reflexión sobre la Presidencia o el Comisario. 
Quizá el Comisario pueda darnos a los que hemos presentado preguntas esta noche la oportunidad de reunirnos con él durante la semana próxima. 
Esto no es nada más que oropel y no solucionará los problemas. 
Gracias, señor Gallagher. 
Esta presidencia no le ha retirado la palabra porque esta no es su costumbre, pero les he advertido que hemos sobrepasado con mucho el tiempo y el tema. 
Si el Sr. Monti lo desea puede hacer uso de la palabra. 
Me indica que no quiere hacer uso de la palabra. 
Por lo tanto, Señorías, les advierto que, al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas núms. 61 a 119 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.20 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Línea Presupuestaria «Derechos Humanos» 
De conformidad con el orden del día se procede a la declaración sobre la ejecución, en 1998, de diversas líneas presupuestarias relativas a los derechos humanos y la democracia en el capítulo B7-70 «Iniciativa europea para la democracia y la protección de los derechos humanos». 
Tiene la palabra el Sr. Comisario van den Broek. 
Señora Presidenta, le agradezco la oportunidad de compartir esta tarde aquí, con el Parlamento, nuestra preocupación común por los mensajes alarmantes que circulan sobre la forma en que se estaría ejecutando la política de derechos humanos. 
Creo que, en lo que a eso se refiere, es muy positivo efectuar algunas aclaraciones y, en definitiva, intentar lograr compromisos que proporcionen ventajas a todas las partes implicadas, ya que se trata de garantizar la política de derechos humanos que su Parlamento considera fundamental, aunque la Comisión no la considera menos importante. Esto también es aplicable, por supuesto, a todas las organizaciones implicadas que se esfuerzan por proteger y fomentar el respeto de los derechos humanos. 
Quizá deba comenzar por intentar clarificar el estado actual de la cuestión y abordar preguntas y observaciones como, por ejemplo, las recogidas en una carta del Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el Sr. Mendiluce, al Presidente del Parlamento, el Sr. Gil-Robles. 
Cuando hablamos de la política de derechos humanos hablamos, al menos en el caso de aquello que está bajo mi responsabilidad directa, de una cierta suma respecto del presupuesto total de 97, 4 millones, es decir, hablamos de entre 44 y 45 millones de ecus, que son gestionados por la Dirección General IA y que figuran en el capítulo presupuestario B7-7. 
Se trata esencialmente de proyectos democráticos, del fomento del desarrollo de la democracia en Europa del Este y también en los nuevos estados independientes de la extinta Unión Soviética. 
Se trata de cuestiones generales de derechos humanos, pero también del apoyo a las víctimas de torturas. Se trata del respaldo a algunos tribunales penales internacionales- me refiero al Tribunal sobre Yugoslavia y al Tribunal sobre Ruanda-. 
Se trata de acudir como observadores a los procesos electorales. 
El importe total destinado a estos proyectos asciende a 44, 7 millones de ecus. 
Hasta junio de este año, la tan conocida por ustedes European Human Rights Foundation prestaba una asistencia externa importante y valiosa en la gestión de estos medios. 
Esta Fundación estaba implicada en la evaluación de las propuestas de proyecto, también tenía, por esa razón, muchos contactos con los solicitantes; se ocupaba, así mismo, de la evaluación posterior y de la liquidación financiera de muchos de estos proyectos. 
La interrupción de esta asistencia es indudablemente uno de los motivos más importantes de la preocupación surgida en cuanto a la gestión de las líneas presupuestarias: Derechos Humanos. 
Antes de analizar la situación originada por la desaparición de esta asistencia externa y de responder a la pregunta de cuál es la mejor forma de asegurar una gestión adecuada en estas circunstancias, quiero informarles del actual estado de ejecución de esta línea presupuestaria. 
Hasta ahora, un total de 315 propuestas de proyecto ha recibido apoyo del presupuesto de 1998. 
Todas estas 315 propuestas han sido evaluadas. 
Hasta la fecha, la Comisión ha dado el visto bueno a 19, 1 millones de esos 44. Se trata de unos 35 proyectos, mientras que respecto de 18 millones de ecus, es decir, en el caso de alrededor de 41 proyectos, casi han concluido los preparativos para que la Comisión adopte una decisión. 
Confiamos realmente, por tanto, en que la Comisión decida dentro de unas tres semanas sobre unos 76 proyectos que, en total, representan una suma de más de 37 millones de ecus- me refiero todavía al ejercicio de 1998-. 
Restan aún entre cinco y seis millones de la cantidad total de 44, 7 millones, que ya se han destinado a los proyectos de la civil society del Kosovo. 
Su ejecución podrá desarrollarse de la forma más rápida y efectiva si se transfiere esa suma a la línea presupuestaria: Reconstrucción de la antigua Yugoslavia. 
Los solicitantes de las propuestas de proyecto que no puedan ser admitidas serán informados cuanto antes. 
Debo recalcar que el rechazo de una propuesta de proyecto se basa exclusivamente en consideraciones tales como la calidad del proyecto y, por supuesto, también en la prioridad que se le debe dar. 
Criterios que, por lo demás, en años anteriores también se han manejado en la evaluación del proyecto y, del mismo modo, otros años, solamente se ha podido admitir una parte, es decir, entre un tercio y un cuarto de todas las solicitudes. 
Dicho de otra forma: con el transcurso de los años siempre hay más solicitudes de ayuda de las que el presupuesto puede admitir. Por supuesto, algo en sí no tan sorprendente. 
El visto bueno de la Comisión a estos proyectos es únicamente sensato si también el follow up está asegurado, es decir, la contratación, ejecución y liquidación financiera. 
No se puede negar que la imprevista supresión de la asistencia externa, de la que ya he hablado, ha constituido una pérdida sensible. 
No obstante, quisiera decir algo más sobre este último punto. 
A finales de 1997, se decidió otorgar ayudas exteriores mediante licitación, por tanto, mediante public tendering, por motivos de transparencia y de fomento de la competencia real. 
Su objetivo era imputar los costes de las ayudas exteriores a la parte B del presupuesto, es decir, dentro de los créditos operativos. 
No obstante, antes de que se pudiera desarrollar más este procedimiento de licitación, todos los compromisos relacionados con las líneas presupuestarias: Derechos Humanos fueron suspendidos como consecuencia de la ahora ya archiconocida sentencia del Tribunal de Justicia de mayo de este año. 
A continuación vino nuestro debate, el acuerdo interinstitucional de finales de julio, que se concluyó para el resto de este año presupuestario y que, por tanto, ha permitido contraer nuevas obligaciones. 
El tren, tras la sentencia del Tribunal de Justicia, se ha puesto de nuevo en movimiento. 
Sin embargo, hubo, entonces, complicaciones con el nuevo contrato de asistencia basado en la licitación emitida, por la posibilidad de que la Comisión contratara asistencia externa a cargo de la parte B del presupuesto. 
Los diputados que forman parte de la Comisión Presupuestaria recordarán esta discusión. 
Visto el tipo de apoyo buscado para ejecutar las líneas presupuestarias relacionadas con los derechos humanos y el apoyo tanto respecto de los beneficiarios, por tanto, las ONGs, como respecto de la Comisión, es decir, el debate en torno al bureau assistence technique mixte, no se pudo apelar a los créditos operativos. 
Los comentarios presupuestarios de 1998 no lo preveían y, por las mismas razones, estaba excluido el recurso a la parte A de la línea presupuestaria. 
Por tanto, el procedimiento de licitación se atascó y, con él, la posibilidad de contar con asistencia externa. 
¿Qué hacemos ante esta situación? 
Como la aprobación del reglamento propuesto por la Comisión, que debe servir como base jurídica para cubrir los gastos en el marco de la política de derechos humanos, tardará aún en ser adoptado, ya que todavía está siendo discutido por el Consejo y el Parlamento; por lo que a nosotros respecta, se debe lograr urgentemente, de forma provisional, un acuerdo interinstitucional en 1999. De lo contrario, no tendremos una base jurídica para el ejercicio de 1999. 
Sin embargo, en segundo lugar, también deberá pedirse a las autoridades presupuestarias que provean los comentarios necesarios en la línea presupuestaria: Derechos Humanos, para que podamos estar en condiciones de apelar a la asistencia externa a fin de realizar los proyectos. 
Se trata de nuevo de la asistencia, no única y exclusivamente a favor de los beneficiarios, sino también a favor de la Comisión. 
La solicitud será presentada por la Comisión para la segunda lectura. 
Estas perspectivas, es decir, el acuerdo interinstitucional, por una parte y la solicitud de comentarios presupuestarios que posibiliten la asistencia externa, por otra, pueden constituir una solución a corto plazo. 
Si se logran los comentarios presupuestarios precisos respecto de las ayudas exteriores, la Comisión puede estudiar todas las posibilidades para obtener a corto plazo la asistencia externa necesaria mediante la eventual conclusión directa de un contrato. 
Con ello se lograría que hasta finales del año que viene existiera una mayor seguridad para todos los implicados en cuanto a la adecuada selección y ejecución de los proyectos relativos a los derechos humanos. 
El año 1999 podría utilizarse, además, para lograr la adopción de decisiones meditadas relativas a la organización de la política de derechos humanos a partir del año 2000. 
Mientras tanto, puede profundizarse en el asunto, por ejemplo, analizando en qué parte de la ejecución, pongo por caso, puede participar el nuevo service commun y, al mismo tiempo, cómo lograr que la política de derechos humanos se inscriba mejor en el marco de la reorganización que se está preparando en la Comisión en el ámbito de las relaciones exteriores y que se deberá aplicar a partir del año 2000. 
Cuando hablamos de la futura organización de la política de derechos humanos, son concebibles distintas variantes, por ejemplo, la creación de una agencia de derechos humanos. 
No obstante, más tarde quisiera intercambiar opiniones con ustedes sobre las posibles alternativas porque consideramos que, en este momento, nuestra prioridad debe ser lograr seguridad para el resto de este año y para 1999 mediante un acuerdo interinstitucional y mediante los comentarios presupuestarios. 
Esto es lo que quería exponer en primer término al Parlamento, añadiendo, por mi parte, que está claro que cada vez surge una nueva tensión entre, por un lado, la petición legítima del Parlamento y también de las organizaciones de derechos humanos de no dar una oportunidad única y exclusivamente a los grandes proyectos, sino también, dar una oportunidad en nuestros programas a las pequeñas organizaciones en particular y a aquéllos que verdaderamente se dedican al desarrollo de la grassroots civil society; y por otro, la presión constante que la Comisión de Presupuestos, por su responsabilidad, ejerce comprensiblemente sobre nosotros con el fin de que especialmente la asistencia externa de la Comisión sea lo más limitada posible. 
Éste es el debate que se nos ha planteado sobre todo en los meses pasados. 
En realidad quisiera terminar diciendo: give us the tools if we are to do the job. 
No podemos, por una parte, ocuparnos de pequeños proyectos que automáticamente implican un elevado número de proyectos y, a veces, una fragmentación inevitablemente bastante alta, y, por otra parte, excluir la ayuda de fuera para la ejecución de esos proyectos. 
Les repito que estamos en una situación un poco transitoria en lo relativo al service commun, ya que en este momento no puedo determinar exactamente cuánto trabajo nos ahorrará este servicio; servicio que se ha creado para lograr una cierta economy of scale en la ejecución de todo tipo de proyectos de ayuda. 
Creo que lo que ahora les proponemos constituye la mejor solución y garantía posibles para el período que se extiende hasta finales del próximo año. 
Señora Presidenta, señor Comisario, no les quiero atribuir la culpa de que esta noche el hemiciclo se encuentre vacío, eso es culpa nuestra. 
Pero cuando la política de derechos Humanos no funciona ¡entonces tenemos ambos la culpa! 
Esto es sobre lo que vamos a debatir esta noche y no quisiera adherirme sin condiciones a nuestro colega el Sr. Dankert. 
Para mi no se trata sólo de un problema presupuestario. 
También quiero expandir un poco el marco porque he participado en las discusiones de estas cuestiones en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
En el conjunto del debate de los últimos días o últimas semanas- esto no lo han acabado de ordenar apropiadamente- nos ocupamos de la cuestión de la política de Derechos Humanos en 1998, de su ejecución- algo han dicho ustedes al respecto- y del diseño del presupuesto para 1999- sobre lo que no han podido decir tanto. 
Hemos propuesto un presupuesto en el que ciertamente y en la misma medida, volvemos a recibir los asuntos con la aparición de algunos lunares, y esto no afecta sólo a las líneas para los Derechos Humanos sino también a Bosnia, Kosovo, América Latina, MEDA, Oriente Próximo y demás. 
Nuestra preocupación es otra: desde hace dos años buscamos un diálogo con la Comisión sobre diferentes resoluciones para poder encontrar nuevas estructuras, y hemos echado de menos ese diálogo. 
Y esa es la razón por la que se escribió la carta que debidamente tendría que llegar al Presidente de la Comisión. 
Este diálogo no se ha producido. 
Hemos intentado- con usted en primer lugar, debería decir- invitar al Presidente, también al Comisario Liikanen, también una vez al Secretario General. 
Sin embargo, estas visitas nunca han tenido lugar y esto también contribuye en parte a nuestro enfado. 
Asimismo los instrumentos que hasta ahora se habían diseñado no han funcionado como realmente nos lo habíamos imaginado, ya que esto se nos viene diciendo desde hace un año. 
Esto significa siempre lo mismo- y el Sr. Liikanen también lo ha dicho esta mañana- los programas requieren mayor transparencia. 
Desde luego esto también es válido para los programas de democracia. 
Pero cuando oímos- y esto no lo ha desmentido usted del todo- que los macroproyectos sólo van a parar a los grandes sacos- OSCE, Consejo de Europa, etc. entonces, según nuestra concepción, se hacen necesarios unos acuerdos interinstitucionales en los que quede claro el papel que desempeñan la UE y el PE con sus recursos. 
La segunda cuestión es la siguiente: si van a desplazar los microproyectos a las delegaciones de la UE, sin un control central en Bruselas, en el que también podría involucrarse a las ONG, si van a cerrar la agencia que antes les ayudó, por los motivos que sean- sobre esto ha mencionado algo -, entonces no nos podemos precisamente mostrar muy contentos. 
Porque esta es una clientela que nos ayuda a extender el concepto de los Derechos Humanos y de la Democracia de la Unión Europea y porque, sobre todo, 6 meses antes de unas elecciones se podría volver en nuestra contra si replegamos, sin duda, uno de los objetivos más humanos de la Unión Europea a través de una nueva organización. 
Admito que todo esto es muy complejo, pero quizá en alguna ocasión debiéramos hablar juntos sobre ello. 
Cuando pienso que puede excluir el plan de estudios del Master en Derechos Humanos y después cabe la posibilidad de que el Consejo forme en una cumbre una European Human Rights Monitoring Agency, que no deseamos en absoluto, porque en ese caso ya no podremos saber a donde van a parar las cosas, recomendaría encarecidamente que nos volviéramos a reunir aquí para mantener un diálogo más provechoso. 
Señora Presidenta, señor Comisario, usted ya ha respondido a algunas de las preguntas que le repetiré ahora mismo. 
El Grupo liberal pide claridad en la ejecución de la política de derechos humanos, de usted o de la Comisión. 
Parece ser, señor Comisario, que tras las bonitas y bien pronunciadas palabras se esconde, sin embargo, una realidad mucho más dura. 
La realidad de la incapacidad, de la impotencia y, quizá, de la burocracia ¿Cómo es posible que la Comisión dedique, por así decir, un funcionario y medio a la ejecución de más de 1000 proyectos y cómo debemos conciliar lo que ha dicho con la no realización de 200 proyectos? 
¿Por qué no ha utilizado la Comisión la asistencia técnica disponible de la Fundación Europea de Derechos Humanos? 
De los mensajes que hemos recibido los pasados meses, se desprende que continua habiendo caos y proyectos mal controlados, sin que se hayan tomado las medidas adecuadas por, debo decir, fallos administrativos. 
Hablamos de derechos humanos, se trata de personas, de personas del otro lado, no del mundo sino de la sociedad. 
Creo que la propia Comisión no puede jugar con esto. 
No digo que ésta sea su intención, pero sí es lo que está sucediendo. 
Así mismo, todavía quiero que la Comisión explique por qué se ha invertido dinero a través de los llamados grandes fondos, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. 
No creo que hayamos establecido nuestro presupuesto para que a través del Consejo de Europa se canalicen fondos de desarrollo para pequeños proyectos. 
Las constantes reorganizaciones de la Comisión son negativas y han perjudicado a la política de derechos humanos de la Unión. 
La Comisión no tira completamente por la ventana la buena reputación de la Unión en materia de derechos humanos, pero sí la pone en peligro. 
Tenemos que agradecer esta buena reputación al trabajo realizado por la Comisión en el pasado. 
La prioridad del Grupo liberal consiste en llegar al mayor número posible de personas partiendo de los microproyectos y, además, naturalmente es esencial una buena gestión de los fondos. 
Le deseo mucha entereza, señor Comisario. 
Señora Presidenta, señor Comisario, ya es vergonzoso que, en el 50 aniversario de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, tengamos en el mes de noviembre un debate en esta Asamblea sobre la cuestión: ¿qué es lo que es tan grave en la gestión de la DG1A? 
Quisiera decirle a usted que si comienza su intervención con la constatación de que están circulando rumores, entonces también usted mismo es responsable causal de que existan rumores. 
Finalmente, por lo menos hace cinco semanas, por no decir seis, le escribí personalmente una carta con mis preocupaciones acerca de esta cuestión y lamentablemente al día de hoy no he recibido ninguna respuesta a esa carta. 
Cada día me siento junto al teléfono y tengo que responder a llamadas como, por ejemplo, la que he recibido de una colega de una organización de Belgrado, Women in Black, que en 1997 acordó un proyecto con la Comisión, lo ha llevado a cabo, ha redactado un informe final y aguarda desde principios de 1998 al pago final, porque la Comisión no está en condiciones de leer el informe final, darle el visto bueno y decir: ¡de acuerdo, la organización ha realizado el proyecto ajustandose a las condiciones y por lo tanto tengan aquí ustedes el pago final! 
Por favor, ¿qué es lo que les tengo que decir a esta gente al teléfono? 
¿Debo decir que circulan rumores, que básicamente todo marcha muy bien en la Comisión? 
¿O tengo que decir que no todo marcha tan bien? 
Ambos sabemos muy bien cómo es verdaderamente la realidad. 
Quisiera decirle que no se puede tolerar que echemos a las espaldas de las ONG la cuestión de las bases jurídicas y los minipresupuestos en un ámbito tan sensible como este. 
Y ya no se trata, señor van den Broek de que la presión de la Comisión de Presupuestos hiciera algo con relación a los minipresupuestos, sino que se trata de una correcta utilización del reglamento presupuestario, que dicta que no se pueden utilizar dineros de la parte B para la parte A y viceversa. 
No puede decir que la Comisión de Presupuestos ejerce presión. 
La Comisión sabía desde 1991 que los minipresupuestos no están permitidos, y a pesar de ello los ha incluido. 
En esta cuestión concreta coincido plenamente con usted en que ahora se va a encontrar una solución. 
En este sentido me complacen sus palabras de que nosotros junto con el Consejo y con ustedes, la Comisión, vamos a encontrar, para el año que viene, una solución en el proceso presupuestario de 1999 y espero que, como usted mismo ha dicho, también para este año. 
Pero en cualquier caso es así: detrás de todo esto- y esto hace particularmente sospechosos los rumores- se esconde en silencio un cambio de la política de la Comisión. 
Por esta razón debe usted responder si está de acuerdo con el Sr. Burghardt quien el 22 de octubre de 1998 escribe que para 1998 y 1999 tendrán prioridad los pagos al Consejo de Europa, la OSCE, etc. Si esta es la nueva política de la Comisión respecto de los Derechos Humanos, entonces podemos darnos por muertos, y dar comienzo a un nuevo debate sobre lo que realmente significa la construcción de la sociedad civil y la defensa de la democracia y los derechos Humanos dentro y fuera de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, en este asunto debemos constatar que se está dando la fábula del cazador cazado. 
El capítulo 7 es invento " nuestro» , y es como si estuviéramos orgullosos de ello. 
Cada año se pide más dinero y más medios. 
Cada año, por ejemplo, presento una enmienda pidiendo un mayor número de funcionarios para la gestión interna de esta partida, pero nunca se aprueba en la Comisión de Presupuestos. 
La Comisión ha tratado de hacer ahorros del tres al cuarto con un sistema que, grosso modo, funcionó hasta el momento en que se estimó poco acertado que las células externas actuaran para acelerar los contratos. 
El resultado de este «cazador cazado» es que fuimos los primeros en decir que no era posible aplicar semejante sistema. 
No se conceden funcionarios suplementarios, y entonces está muy bien decir que tiene la culpa la Comisión. 
Considero que nosotros también deberíamos hacer examen de conciencia para saber cuántos de estos puestos suplementarios- que, en contra de nuestra opinión, tuvieron que obtenerse «a escondidas» -podrían haberse ahorrado si hubiésemos dialogado más y estructurado mejor nuestras prioridades con los medios necesarios que nos otorgaba la parte noble del presupuesto, la parte A. 
Señor Comisario, de sus explicaciones no puedo deducir que el dinero que debe ser comprometido este año vaya a beneficiar realmente a pequeños proyectos de Derechos Humanos de las organizaciones no gubernamentales. 
Tengo la sospecha de que, debido a la falta de personal de la Comisión, usted quiere, sin más, transferir en grandes paquetes el dinero de este año a las organizaciones internacionales. 
Sin embargo, esto contradice, en mi opinión, el objetivo presupuestario de estos recursos, es decir, construir y reforzar las organizaciones grass-root de la democracia en los países receptores. 
Celebraría que usted pudiera disipar aquí estas sospechas. 
Otra pregunta: ¿qué problemas tuvo usted con el apoyo externo? 
¿Cómo juzga usted los llamados problemas de la Comisión, teniendo en cuenta que, por otra parte, que el Tribunal de Cuentas ha alabado expresamente esa cooperación como única posibilidad para las organizaciones menores de acceder a este dinero? 
Con toda sinceridad debo decir que considero necesario que demos aquí respuesta a estas preguntas porque en caso contrario el Parlamento Europeo, en mi opinión, debería buscar otras consecuencias. 
Señora Presidenta, sobre el punto relativo al acuerdo interinstitucional, quisiera preguntar al Comisario, bajo cuya autoridad se estableció el acuerdo interinstitucional entre el Parlamento, la Comisión, el Consejo de Europa y el G24, por qué fue revocado unilateralmente el Comité Consultivo el 9 de enero de este año. 
Yo representaba al Parlamento en dicho comité, en el que también había funcionarios del Parlamento. 
Nos han comunicado que ya no existe. 
Desde ese momento, no ha progresado ningún programa de la iniciativa para la democracia. 
Es importante que se sepa que la Comisión decidió entonces resolver sobre todos estos asuntos a nivel interno. 
Asimismo, por qué, en respuesta a varias preguntas formuladas aquí, el contrato en el folleto de licitaciones, que se celebró según las normas y fue ganado por la Fundación de los Derechos Humanos, nunca entró en vigor. 
El resultado de ello es que los programas de democracia, que apoyamos todos los que estamos aquí, y los programas de derechos humanos ya están desapareciendo. 
Empiezo por la última pregunta, el Sr. McMillan-Scott sabe que ya no sucede como en el pasado, cuando las solicitudes de ayuda solamente se podían presentar dos veces por año, sino que ahora se pueden realizar durante todo el año, con lo cual no tenía sentido mantener el procedimiento conforme al cual se aplicaba la verificación dos veces al año. 
Señora Presidenta, quisiera empezar aclarando otro malentendido frecuente. 
Es el siguiente: aunque la política haya cambiado en este sentido respecto a años anteriores y concentremos nuestra atención en las grandes organizaciones: la OSCE o el Consejo de Europa; les puedo decir que si examinamos los períodos anteriores, la participación negada a estas organizaciones asciende a alrededor del diez por ciento. 
Déjenme señalar, y esta tarde no he escuchado aquí nada sobre ese asunto, que también esos proyectos son proyectos relativos a los derechos humanos y a la civil society; realizados con el Consejo de Europa, especialmente en el caso de los estados bálticos, también en Albania, donde todos sabemos qué ocurre, y en Ucrania. 
En otras palabras, no se trata de considerar estos proyectos como poco valiosos y concentrar todo en los pequeños proyectos. 
Todavía se hace hincapié en los pequeños proyectos, pero con todos los problemas que les son inherentes. 
Quisiera pedir que, en lo que a esto se refiere, se entienda que no nos resultaba tan difícil ocuparnos de los pequeños proyectos cuando contábamos con asistencia externa. 
No única y exclusivamente para los beneficiarios, las ONGs, sino también para la propia Comisión, que no puede gestionar y ejecutar con su personal fijo los cientos y, a menudo, miles de contratos. 
Quisiera decir a la Sra. Müller que, en efecto, recuerdo su carta y pensé que en ella se recomendaba sobre todo que los contratos se suscribieran con la Human Rights Foundation. 
La Sra. Müller también sabe que en años anteriores nos hemos atascado con el procedimiento de licitación relativo a esta Fundación, a causa de la limitada interpretación que se ha dado a la posibilidad de utilizar asistencia externa, toda la discusión sobre los debates, etcétera. 
En otras palabras, una de dos, señora Presidenta: o estamos de acuerdo en que la Comisión no puede dedicarse especialmente a este tipo de pequeños proyectos sin asistencia externa, o decimos: no, ustedes no cuentan con esa asistencia externa. Usted debe ver cómo resuelve el problema internamente, pero yo, entonces, estoy obligado sin más a hacer hincapié en los grandes proyectos, algo que no estoy haciendo en este momento. 
Por tanto, pongámonos de acuerdo sobre esto. 
Señora Presidenta, creo que, de hecho, lo que hemos propuesto ahora permitirá efectivamente que a corto plazo contemos de nuevo en todo momento con una base jurídica gracias a un acuerdo interinstitucional, mientras se adopta y formaliza el nuevo reglamento. 
Éste, como se sabe, está siendo debatido por el Consejo y el Parlamento y, tal como se espera, una vez presentadas todas las enmiendas, su adopción puede llevar aún algún tiempo. 
Necesitamos, por tanto, un acuerdo interinstitucional para poder continuar teniendo una base jurídica. 
En segundo lugar, y con seguridad es muy importante en este asunto, en cualquier caso debemos lograr un comentario presupuestario que nos permita obtener, tal como he dicho en primer término, mediante la eventual conclusión directa de contratos, la asistencia externa que necesitamos para el ejercicio de 1999. 
No veo otra forma de restaurar la buena reputación que hemos logrado. 
Tampoco dedicamos, por así decir, un funcionario y medio a este asunto, señor Bertens. También he leído en el periódico esas noticias y lo relativo a los doscientos proyectos que están tirados en algún lado y todavía no han sido evaluados. 
Tampoco eso es cierto. 
Dentro de algunas semanas, estaremos en situación de poder afirmar que no sólo habremos evaluado todos los proyectos respecto del ejercicio de 1998, sino que, en lo que respecta a la Comisión, los habremos adoptado y aprobado. 
Sin embargo nos falta, por supuesto, todo lo relativo a la contratación, la realización, el pago y la evaluación posterior. La Comisión no puede hacer esto por sí misma, sin asistencia externa. 
Quizá hablo alzando la voz, porque también a nosotros nos llega al alma. 
La política de derechos humanos es algo importantísimo para la Comisión Europea, como también lo es para toda la Unión. 
En lo que a esto se refiere, mantenemos contactos muy regulares con muchísimas organizaciones implicadas en el tema. 
En particular, un territorio como el de Europa del Este, donde toda la configuración de la civil society, por supuesto, forma parte del desarrollo de un proceso de integración adecuado, tiene nuestra completa atención. 
No obstante, no podemos ser culpables única y exclusivamente porque el año pasado surgieran pegas en dos ocasiones. 
Una vez, porque desapareció la posibilidad de crear una base jurídica: la sentencia del Tribunal. 
La segunda vez, cuando se interpretó muy restrictivamente la posibilidad de obtener asistencia externa por el debate sobre los debates y cosas semejantes. 
Me parece decepcionante, señora Presidenta, que año tras año hayamos oído decir al Tribunal de Cuentas que nunca seríamos capaces de realizar nuestros proyectos de ayuda, y menciono especialmente los programas PHARE y TACIS, con el personal que tenemos, y que este año, el Tribunal de Cuentas nos recrimine que hemos utilizado de manera excesiva la asistencia externa, refiriéndome con ello a todo que ha tenido lugar en su Parlamento. 
En consecuencia, mi pregunta es: ¿qué hago? 
Cómo puedo ejecutar de forma eficaz estos proyectos si no puedo ampliar mis efectivos, y eso ni siguiera lo pido, porque cuando se terminen los proyectos, surgirá la pregunta de si todavía necesito a toda esa gente. 
De ahí que se tenga que mantener una cierta flexibilidad. 
Tenemos que intentar a encontrar una solución y ciertamente analizaré las ideas que se han lanzado sobre la creación a la largo plazo de agences y cosas semejantes. 
Con ello termino, señora Presidenta, agradezco, además, los comentarios que, sin duda alguna, han tenido una intención constructiva. 
Espero que a corto plazo podamos crear esa solución a través de los comentarios presupuestarios, por lo menos para el año que viene. 
De todos modos, las ONGs y aquéllos que se benefician de las ONGs no son las víctimas y, así, tenemos algo más de tiempo para negociar un arreglo a largo plazo. 
A la Sra. Lenz le digo que ya he ofrecido a la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, a cuyas reuniones asisto con asiduidad, la posibilidad de intercambiar opiniones una o dos veces al año sobre la estrategia de conjunto en materia de derechos humanos. 
No sobre su gestión y las cuestiones operativas, eso forma parte de un debate como el de esta tarde, sino para delimitar las líneas generales y también para escuchar cuál es la actitud del Parlamento. 
No me causa ningún problema, pero, por el momento, tenemos que ver cómo sacar este barco a flote. 
Creo que eso tiene la más alta prioridad. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Patente comunitaria 
De conformidad con el orden del día se procede al informe (A4-0384/98) del Sr. Añoveros Trias de Bes en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes de Europa- Fomentar la innovación mediante la patente (COM (97) 0314- C4-0342/97). 
Señora Presidenta, señor Comisario, el Libro Verde que estudiamos persigue tres objetivos esenciales: dar una visión completa de la situación en materia de protección por el sistema de patentes, examinar la necesidad de nuevas acciones comunitarias y considerar la forma y el contenido de esas posibles nuevas acciones. 
La patente, señor Comisario, ocupa un lugar central entre los diferentes medios disponibles para la protección de la innovación. 
Sin embargo, desde el punto de vista de ustedes, el actual sistema presenta tres graves inconvenientes: es complejo- ya que coexisten la patente nacional y la comunitaria -, costoso, y no proporciona una protección uniforme en todos los Estados miembros. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Libro Verde se pregunta en qué medida las partes interesadas estarían preparadas para utilizar un sistema de patente comunitaria en base a un reglamento, con arreglo al artículo 235 del Tratado, en lugar de un acuerdo intergubernamental como el Convenio de Luxemburgo de 1975 o el Acuerdo firmado en 1989, que no han entrado en vigor. 
Una norma de ese tipo permitiría poner a disposición de los usuarios un sistema accesible, jurídicamente fiable, a un coste razonable. 
Otras cuestiones técnicas son consideradas en conexión con el futuro de la patente comunitaria: armonización, impacto de la sociedad de la información, comercio electrónico, etc. Las invenciones de los empleados, el uso de los agentes de patentes y el reconocimiento de las calificaciones profesionales están, entre otros aspectos, mencionados en el Libro Verde.Finalmente, el Libro Verde se pregunta cómo puede adaptarse el sistema de tasas en el sistema de patentes, de forma que responda a los servicios prestados sin ser un freno a la protección de la innovación. 
En la propuesta de resolución aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos se ha considerado armonizar este derecho en la Unión Europea a fin de consolidar el mercado interior, especialmente antes de la ampliación. 
El Convenio de Luxemburgo y el Acuerdo de 1989 no aseguran una protección unitaria de patentes en la Unión Europea. 
Esta patente comunitaria deberá forzosamente coexistir con los sistemas de patentes nacionales. 
Igualmente, es preciso asegurar la transformación de la patente comunitaria en patente europea e idear un sistema que garantice la transformación contraria de patente europea en patente comunitaria. 
La Oficina Europea de Patentes deberá ser el operador técnico de la patente en cooperación con las autoridades nacionales. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos consideró que el Estado miembro no debe renunciar a su lengua nacional ya que la patente es un instrumento de información del estado de la técnica y de la seguridad jurídica. 
Estamos, señor Comisario, por lo tanto de acuerdo con el principio de igualdad lingüística y sepa que recomendamos un procedimiento que sirva a esa igualdad y pluralidad de lenguas siempre en la línea de que ello no signifique un coste excesivo. 
Por otra parte, en lo relativo a la jurisdicción, los tribunales nacionales deben ser competentes tanto en los casos de recurso por violación como de anulación, a imagen del sistema empleado en el Derecho de Marcas. 
Deben existir- según nuestro criterio-dos instancias nacionales, dada la mayor agilidad, facilidad y menor coste, especialmente para las PYME. 
El Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad debería ser la instancia de casación. 
Creemos que las invenciones de los empleados son una materia que debería regularse por los Estados miembros. 
Pensamos que debe considerarse también el reconocimiento mutuo de los agentes de la propiedad industrial. 
Finalmente, señora Presidenta, señor Comisario, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos pide al Sr. Comisario que establezca un grupo de trabajo encargado de preparar uno o más modelos de un seguro que cubra los costes legales en el ámbito de las patentes. 
El grupo de trabajo debería examinar la manera de financiar el sistema, la cobertura de los seguros, el nivel de primas, una autoridad de control, etc. 
Señora Presidenta, Señorías, querría en primer lugar felicitar a la Comisión y al responsable de este Libro Verde sobre la patente comunitaria, el Comisario Monti, y al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Sr. Añoveros Trías de Bes, por la excelente labor que han realizado para un tema que es importante, obviamente, desde el punto de vista de la protección jurídica, pero también desde el punto de vista económico. 
El subtítulo que tiene el Libro Verde es «fomentar la innovación mediante la patente». 
Muchas veces, cuando se analiza la importancia de la innovación y se intenta medirla en las diversas áreas, una de las medidas que se utilizan es el número de patentes que hay. 
Y evidentemente, a nivel de la Unión Europea, nosotros tenemos una carencia, que es una falta de armonización suficiente, dada la no existencia de una auténtica patente europea. 
El Sr. Añoveros Trías de Bes ya ha comentado que aún nos movemos en el marco del Convenio de Patente Europea de Munich de 1973 y que aún no están plenamente en vigor tanto el Convenio sobre la Patente Comunitaria de Luxemburgo de 1975 como el Acuerdo en materia de patentes comunitarias de 1989. 
Hemos examinado este tema en la Comisión de Asuntos Económicos y, por unanimidad, aprobamos una serie de recomendaciones que he expuesto en forma de enmiendas y que, básicamente, se refieren a tres aspectos básicos: 
Tercero: un tema que, reiteradamente, hemos ido proponiendo en diversos ámbitos- como modelos de utilidad u otros aspectos de protección e invenciones -, que existe en Japón y en los Estados Unidos: la posibilidad de patentar programas de ordenador o de software. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, la política de patentes es un instrumento muy importante de la política económica, y de la política de patentes surge directamente la política de licencias. 
Es decir, con investigación y desarrollo se pueden obtener nuevos productos y al respecto hay una cita muy oportuna: «la política de investigación y desarrollo de hoy es la política social del futuro». 
La política de investigación puede ser especialmente sostenida a través de una buena política de patentes. 
Debemos tener presente que por un lado están los pequeños inventores cuyo problema consiste, una vez que han descubierto algo, conformar su idea de suerte que esté lista para el mercado. 
Si no existiera la patente sería muy sencillo para una empresa grande adoptar esa idea y sacarle provecho. 
Conocemos muchos investigadores, inventores independientes, que han trabajado años, si no decenios, en determinadas ideas. 
Por otro lado muchos grupos multinacionales tienen grandes departamentos de investigación a los que alimentan con cantidades millonarias y, desde luego, al final esta inversión tiene que rentabilizarse. 
Por ello apoyo la armonización de las disposiciones nacionales, ya que es importante tanto para las pequeñas empresas como para los grandes grupo, encontrar las condiciones marco que permitan un procedimiento unitario. 
Sabemos que el nivel de invención es una cuestión muy relevante. 
Si los japoneses establecen un umbral de invención muy bajo y en Europa se considera uno muy alto, entonces se registrarán muchas patentes en Japón y en Europa no, desarrollandose la balanza de licencias en la forma correspondiente. 
Por eso saludo la propuesta de la Comisión, porque precisamente la política internacional de patentes y licencias constituye un instrumento muy importante para Europa. 
Señora Presidenta, puede descontar mi tiempo de los tres minutos que tenía para el informe Ferri. 
Tampoco soy la Sra. Schaffner que ya habría hablado ni la Sra. Van Bladel. 
No obstante, sí quiero decir, en nombre de mi Grupo que agradecemos, tanto a nuestro colega, el Sr. Añoveros, como al Comisario, este proyecto sumamente importante para Europa, porque esto resulta mucho más accesible para la sencilla protección que aquí pretendemos que los grandes proyectos, que tropiezan con muchos más problemas y el Comisario Monti lo sabe. 
Espero, por tanto, que el pequeño proyecto, que es mucho más decisivo en cuanto al refuerzo de la competitividad de las pequeñas empresas de Europa que los grandes proyectos, entre en vigor urgentemente y se realice. De nuevo agradezco sinceramente a ambos caballeros su contribución en este asunto. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el sistema de patentes cumple una función fundamental de cara al fomento de la innovación, el crecimiento y el empleo en la Comunidad. 
Para cumplir ampliamente esta función, el sistema europeo de patentes precisa una profunda acción de puesta al día y de mejora. 
Si lo comparamos con los sistemas norteamericano y japonés, presenta dos puntos débiles muy evidentes: es costoso e incompleto. 
Como se ha señalado en el informe del Sr. Añoveros Trías de Bes- que felicito por la calidad de su trabajo- existeuna relación directa entre la competitividad de las empresas y la libre circulación de productos y servicios en el mercado único. 
En este contexto, un sistema comunitario de protección por patentes coherente y eficaz es un elemento esencial. 
El Libro Verde presentado por la Comisión ha conseguido con éxito el objetivo de implementar un debate general muy amplio sobre el tema, en el cual las partes interesadas participaron con sumo interés. 
El mensaje general surgido a raíz de estos debates es la necesidad de potenciar la eficacia del sistema de patentes integrando en él las necesidades prácticas de los usuarios. 
Asimismo es esencial, como justamente señala la propuesta de resolución que hoy examinamos, que esta reforma del sistema tenga lugar antes de la ampliación de la Unión Europea. 
En particular, se ha puesto clara y unánimemente de manifiesto que el objetivo a perseguir para la reforma del sistema es la creación de una patente comunitaria unitaria, preferiblemente a través de un reglamento comunitario, al igual que se hizo en 1994 para la marca comunitaria. 
En este sentido, quiero comentar que, a finales del mes de enero de 1998, la Comisión organizó una reunión de expertos de los Estados miembros en que quedó patente que la gran mayoría de dichos expertos está dispuesta a celebrar debates jurídicos y técnicos sobre el concepto de patente comunitaria. 
Por su parte, el Comité Económico y Social aprobó casi por unanimidad un dictamen decididamente positivo sobre el conjunto de las propuestas formuladas por el Libro Verde, incluida la implantación de la patente comunitaria. 
Me es grato comprobar que las propuestas formuladas por el Sr. Añoveros están en línea con tales orientaciones. 
Se trata de propuestas extremadamente articuladas y equilibradas. 
Les puedo asegurar que las mismas serán objeto de un atento examen por parte de la Comisión a la hora de elaborar los actos legislativos necesarios para implantar la patente comunitaria. 
En particular, quiero manifestar que, en lo que respecta al modelo de seguro para cubrir los costes legales inherentes a las patentes, la Comisión estudiará las modalidades mejores para promoverlo dentro de la Comunidad y contará con la participación del Parlamento Europeo en esta labor. 
Para terminar, la Comisión ha llegado al convencimiento de que la modificación del sistema de patentes ha de llevarse a efecto cuanto antes. 
Dicha modificación deberá basarse, por un lado, en la creación, mediante la vía reglamentaria, de un título comunitario de protección por el sistema de patentes y, por otro, en la actualización y armonización de las normativas nacionales en algunos aspectos específicos, entre los cuales cabe destacar la patentabilidad de las invenciones de programas para ordenadores, a la que se ha hecho referencia en algunas intervenciones. 
Este nuevo marco podría incluir asimismo una acción comunitaria para apoyar los esfuerzos realizados por las oficinas nacionales de patentes en su actividad de promoción de las innovaciones. 
Considero importante que la adaptación del sistema se lleve a cabo en el ámbito comunitario y no, como se previó al principio, mediante un acuerdo internacional. 
Dicho planteamiento no puede sino fortalecer aún más, si cabe, la posición de la Unión en las negociaciones sobre acuerdos internacionales. 
Así y todo, se garantizaría el papel de la Oficina Europea de Patentes que deberá ser el operador técnico de la patente comunitaria. 
La Comisión elaborará en breve una comunicación sobre el seguimiento del Libro Verde, comunicación que hará un balance detallado de la consulta y anunciará las medidas concretas que la Comisión pretende presentar en este importante sector en un futuro próximo. 
El Parlamento Europeo, evidentemente, tomará parte en esta nueva etapa de trabajos, sin embargo, quiero agradecerle de antemano la manera constructiva con que ha participado en la anterior etapa de los mismos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0400/98) del Sr. Ferri en nombre de la Comisión de Asuntos jurídicos y Derechos de los Ciudadanos sobre el Libro Verde de la Comisión (COM (97) 0283- C4-0392/97) «Pensiones complementarias en el Mercado Único». 
Señora Presidenta, ¿qué va a ser de los pensionistas europeos? 
Esto es lo que se pregunta el muy articulado Libro Verde elaborado por la Comisión. 
Y se lo pregunta responsablemente, al igual que se lo pregunta el Parlamento Europeo, en un momento de crisis general que, precisamente en el futuro económico de los pensionistas y en el empleo de los jóvenes contempla y se enfrenta a las dos cuestiones más fundamentales e inquietantes de todo el sistema general. 
He aquí porque la exigencia surge del diálogo, impulsado por la Comisión, a quien quiero dar las gracias, en particular en la persona del señor Comisario Monti. 
Cabe hablar, en efecto, de una iniciativa de la Comisión que implicó positivamente también al Parlamento y que fomentó la organización de audiencias públicas con los mayores expertos de distintos países de Europa. 
Y esto, en mi opinión, realmente nos ha permitido profundizar en muchos aspectos. 
En primer lugar, todos estamos convencidos de que el primer pilar- el de la protección social y pública- tiene que continuar siendo la piedra angular, el fundamento del sistema. 
Sin embargo, no basta, no es suficiente, peligra, no puede garantizar este futuro económico. 
He aquí, por tanto, que junto con el seguro de vida que ya está bien enfocado, articulado, regulado, los fondos de pensiones se convierten en una cuestión central. 
Ya lo intentó la Comisión en el año 1991, pero luego la propuesta se retiró; hubo, si mal no recuerdo, una circular interpretativa que luego fue casada- por decirlo así- por la justicia, y ahora nos encontramos aquí, reintentándolo. 
Pedimos que la Comisión, habida cuenta de que empezó con tan buen pie, llegue efectivamente a una directiva que tenga en cuenta los distintos aspectos que se han tratado de evidenciar. 
Naturalmente, en el trasfondo está el importante aspecto de la sostenibilidad del euro que, sin duda, para los fondos de pensiones y, en general para los sistemas de pensiones complementarios, modifica el marco de referencia y ciertamente, en muchos aspectos, facilita la inversión y favorece la movilidad transfronteriza de los trabajadores. 
En este sentido, debo decir que existe otra directiva muy reciente que muy oportunamente ha abordado la cuestión de los derechos adquiridos, un aspecto también importante incorporado por la propuesta de esta tarde que, además, pretende afrontar los distintos aspectos más generales: la fiscalidad y, por ende, la desigualdad fiscal con el fin de eliminar el riesgo de la doble imposición que existe sin duda y que, hoy por hoy, atormenta y convierte en incierto el futuro de quien va a trabajar o trabaja en una multinacional, luego se transfiere o es trasladado, incluso temporalmente y corre el riesgo de verse gravado dos veces, también desde el punto de vista de las pensiones. La gestión de los fondos, con gestor, gestor administrativo y gestor inversor, es también un punto muy delicado que hemos abordado con la participación y el control de los trabajadores garantizando la igualdad entre hombres y mujeres; en este aspecto hemos insistido con frecuencia, y lo han hecho la Comisión de Asuntos Sociales y la Comisión de Derechos de la Mujer a través de las opiniones que hemos incorporado. 
Naturalmente luego existen los aspectos organizativos: se han propuesto un Foro para las pensiones que estimo puede ser útil precisamente de cara a un debate más amplio, el llamado «pasaporte europeo» , una beca para las pequeñas y medianas empresas que, de hecho, se convierten en destinatarias de una tarea de inversión sustancial y muy delicada y, a la vez, muy interesante y estimulante. 
En consecuencia, todo esto hay que llevarlo a la práctica a través de los principios de la capitalización, a través de la gestión de un buen padre de familia. 
Éste es un punto importante e interesante. 
Participé en un congreso en Munich sobre los fondos de pensiones y he de reconocer que discutimos largo y tendido acerca del concepto de «buen padre de familia». 
Nos hemos permitido establecer un marco, unas pautas. 
Cierto que es difícil definir el buen padre de familia y, sin embargo, en este sector tan delicado no se le pueden atar las manos, porque es evidente que debe adaptar su gestión al momento contingente, histórico y económico en que trabaja. 
Existen, sin embargo algunas pequeñas reglas con las que estuvimos de acuerdo también en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que me parecen bastante interesantes y que respetan la libertad de establecimiento, la libertad de inversiones, etcétera. 
En definitiva, agradeciendo una vez más al señor Comisario Monti su sensibilidad y atención, con este paquete, incluso más claro que el propio texto, pensamos que se puede dar un giro importante al sistema económico, así como a los derechos fundamentales del ciudadano. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en primer lugar, quiero felicitar a la Comisión porque, gracias al Libro Verde, las pensiones complementarias, y con ellas toda la problemática relativa a las pensiones, se tratan de una forma comprensible y es importante que también en el ámbito europeo se hable de las pensiones. 
Si la tendencia actual continúa en el futuro, dos trabajadores mantendrán a un pensionista, en contraposición con la cifra actual de 4 trabajadores. 
Esto se debe, así mismo, a que una gran parte de los sistemas de pensiones existentes en la Unión Europea son financiados mediante sistemas contributivos. 
Por tanto, es extraordinariamente necesario que busquemos otras soluciones, ya que, de lo contrario, quizá encontremos una bomba bajo el euro. 
Ya lo he asegurado a menudo aquí y creo que nos lo debemos tomar muy en serio. 
Además de eso, opino que es muy difícil imponer a cada Estado miembro el sistema que debe elegir. 
No obstante, creo que, al menos, es posible que se presenten las mejores prácticas de los países a los distintos Estados miembros, mediante estudios de benchmark, tal como la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales también recomienda. 
Además, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales considera importante que se desarrollen sistemas de pensiones neutrales con respecto al sexo y que, también, se produzca una mejora de los rendimientos de inversión de los sistemas de pensión. 
Esto puede conducir, después de todo, a una reducción de los costes salariales indirectos y, con ello, crearse más empleo en Europa. 
Lo mismo se puede decir en cuanto a las reglas prudenciales de las aseguradoras de pensiones. 
Si esto se puede llevar a cabo rápidamente, significará, en mi opinión, un mejor rendimiento de las inversiones de los fondos de pensión. 
Éstas cuestiones también son positivas para el empleo en Europa. 
Señora Presidenta, señor Comisario, creo que el problema de las pensiones debe volverse a tratar aquí de una forma más amplia. 
Así mismo, quisiera hacer un llamamiento al Comisario para que toda la cuestión de las pensiones se analice de nuevo, también lo relativo a las pensiones de base. 
Señora Presidenta, el primer mérito de este Libro Verde es que la Comisión dice claramente que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, corresponderá a los Estados miembros decidir la función que quieren que desempeñe el primer, segundo y tercer pilares sobre los que reposa el seguro de pensión para los trabajadores por cuenta propia y ajena en los distintos Estados miembros. 
El marco comunitario que necesitamos para asegurar el desarrollo de un verdadero mercado único de fondos de pensiones debe limitarse, en mi opinión, a la eliminación de los obstáculos que se oponen a la libre elección de un fondo de pensión, a la libre circulación de las personas y a la libre prestación de los servicios. 
Debo subrayar que la reglamentación prudencial actualmente en vigor en ciertos Estados miembros es desproporcionada a la hora de poder garantizar la seguridad de los fondos y no permite a los gestores de fondos fijar la mejor estrategia inversora. 
En lo relativo a la política de inversiones de los fondos de pensiones, ésta debería propugnar la diversificación de la cartera de inversiones. 
Está claro que la fiscalidad puede constituir un freno a la libre circulación de personas y a la libre prestación de servicios. 
Para mí, es necesario que exista un tratamiento fiscal armonizado en la Unión Europea que prevea una exención o una posibilidad de desgravación fiscal en el momento en que se constituyan los derechos y una imposición de los beneficiarios de las prestaciones según las disposiciones relativas al impuesto sobre la renta de los Estados miembros. 
Dicho esto, insisto, como ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer, acerca de la igualdad de trato de hombres y mujeres en los regímenes de pensiones complementarios. 
Soy consciente de que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, pero los cálculos actuariales ligados al sexo no deberían tener como consecuencia cuestionar el principio de cotizaciones iguales y de prestaciones iguales para los beneficiarios de ambos sexos. 
Debo aprovechar la ocasión, por supuesto, para insistir sobre la urgente necesidad de revisar las directivas relativas a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes legales y profesionales de seguridad social con el fin de sentar las bases de la individualización de los derechos de pensión, de fijar una edad de jubilación flexible para hombres y mujeres, de regular los derechos de los supervivientes y de los cónyuges divorciados en el reparto de los derechos de pensión adquiridos durante el matrimonio, y, por último, de garantizar una seguridad social independiente a aquellos cónyuges que ayuden a trabajadores autónomos en el sector de la artesanía, el comercio, la agricultura y las profesiones liberales. 
Espero, señor Monti, que transmitirá estos deseos a su colega, el Comisario Flynn. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer al ponente la elaboración de este informe, porque es muy importante. 
También quisiera agradecer a la Comisión que haya presentado la documentación, aunque quizá deba hacer algunos comentarios críticos más adelante. 
Una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en el Parlamento Europeo es la contemplación de las estructuras por las que se ha regido Europa económicamente desde 1945. 
Dichas estructuras han supuesto enormes beneficios económicos para la población de la Europa continental. 
La codecisión y la política de determinación conjunta que permitió a las comunidades, los trabajadores y la población que se dedican a actividades comerciales trabajar unidos en la reconstrucción de Europa a partir de 1945, no tuvo parangón en el Reino Unido. 
En el Reino Unido adoptamos el tipo de estructura angloamericana. 
En los años cincuenta, asistimos al crecimiento de los fondos de pensiones y de seguros en el Reino Unido. 
La cifra se eleva actualmente a unos 1, 3 trillones de libras, lo que equivale aproximadamente a 1, 6 trillones de ecus, una suma descomunal bajo todos los conceptos. 
Y sin embargo, desde 1979, cuando la Sra. Thatcher suprimió los controles de cambio en el Reino Unido, hemos asistido a una fuga de la inversión y una fuga de la cartera de valores del Reino Unido hacia otras partes del mundo: del 6 % al 31 % fuera de la CEE, que como reconoce ahora la Comisión, es la cifra real. 
No existe ningún control eficaz sobre dichos fondos por parte de los contribuyentes. 
Los fondos son puestos aparte mientras que sus gestores hacen uso de la enorme arma financiera a su disposición en absorciones, fusiones e incrementos de las retribuciones de los peces gordos de la City londinense. 
En cualquier observación casual de la Asociación Nacional de Fondos de Pensiones de mi país, será necesario esforzarse mucho para encontrar a un representante de los trabajadores, a pesar de que son muchos los representantes de la City londinense. 
Comparemos esta situación con Holanda, Alemania, Suecia, Bélgica y otros países en los que la cooperación, la codecisión y la consulta están al orden del día. 
Sin embargo, la Comisión no hace la menor referencia en su Libro Blanco a una posible participación de los contribuyentes. 
Espero y confío que cuando la Comisión presente la directiva, que según tengo entendido se propone presentar, ofrezca garantías claras de que se contará con la participación de los contribuyentes en la gestión de esos enormes fondos. 
El Grupo Socialista apoyará el modelo de mercado europeo de codecisión y determinación conjunta. 
Rechazamos las disposiciones a corto plazo y esperamos beneficios financieros y económicos para nuestros ciudadanos. 
Hace ya varios años que estudio el avance de la democracia política. 
Una de las personas que he analizado como fuente de inspiración fue Tom Paine, que tomó parte en dos revoluciones, una en América y otra en Francia, y luchó por la democracia política. 
Creo que va siendo hora de que avancemos para proporcionar a los ciudadanos de Europa una democracia económica. 
Creo, junto con los Socialistas, que la democracia se verá favorecida al máximo con el modelo de mercado social europeo. 
Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha seguido las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y de este modo ha completado convenientemente el Libro Verde. 
Hay cinco puntos que deben ser resaltados, a los cuales la Comisión, sobre la base del Libro Verde, debería dar continuidad en futuras legislaciones. 
En primer lugar: el primer pilar, es decir, la pensión legal tras el período contributivo sólo puede ser reformada en su extensión y estructura en el plano nacional y por lo tanto debe permanecer bajo competencia nacional. 
En mi opinión la Comisión no tiene la competencia sobre los acuerdos generacionales de origen nacional. 
Segundo: también las pensiones complementarias se distinguen en el mercado interior por su variada oferta y oferentes. 
La legislación comunitaria no debe aquí perjudicar a los pensionistas ni en lo que concierne a las disposiciones jurídicas de inspección ni a las condiciones fiscales. 
Tercero: las restricciones al establecimiento sólo podrán ser flexibilizadas cuando unas regulaciones jurídicas de inspección unitarias garanticen la posibilidad de control, la cogestión de los pensionistas y los seguros de insolvencia. 
Cuarto: las condiciones marco de carácter fiscal para las pensiones complementarias deben ser mejoradas y unificadas a escala del mercado interior, para estimular el potencial del mercado interior de las pensiones de vejez y hacerlos más rentables. 
La fiscalidad suplementaria de los derechos de jubilación debe convertirse en un principio comunitario. 
Quinto: dentro de la Comunidad debe conseguirse una mayor convergencia en la transferencia de derechos de jubilación así como en los derechos de mantenimiento y en los plazos de vencimiento. 
Quiero expresar mi felicitación al ponente y también a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos por haber considerado oportunas las modificaciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y haber votado a favor de las mismas. 
Señora Presidenta, señoras y señores, estamos hablando del futuro y el futuro es muy importante para todos. 
Las personas que nacen hoy probablemente alcancen los 100 años. 
Sabemos que uno de nuestros objetivos para el futuro es mantener la salud hasta una edad avanzada. 
Es decir, ya hoy tenemos que ir pensando como vamos a mantener el nivel social de las personas mayores. 
Hoy contamos con el principio del acuerdo generacional, de modo que los jóvenes producen lo que los ancianos consumen, y debemos completarlo oportunamente con el principio del ahorro. 
Se trata de hacer coincidir de forma razonable las pensiones públicas con las privadas y las de empresa. 
Si aunamos las condiciones marco para un mercado interior de las rentas entonces también vamos a mirar al futuro con esperanza. 
Señora Presidenta, no sabía que todavía tenía un minuto, en ese minuto quisiera hablar sobre todo de la cuestión de la libre circulación de trabajadores. 
En este momento, menos del 2 % de todos los trabajadores de Europa tiene un trabajo en otro Estado miembro. Esto se debe sobre todo a la seguridad social, y las pensiones desempeñan un papel extraordinario en este asunto. 
Creo que podríamos solucionarlo estudiando, por ejemplo, la creación de un carnet europeo de pensiones. 
La directiva que tenemos en este momento constituye un paso en la buena dirección, pero si analizáramos también la flexibilización del mercado de trabajo, podríamos lograr un sistema de pensiones más favorable para el trabajador, estableciendo simplemente que las personas puedan llevar consigo su pensión o la aseguradora de pensiones si tienen otro trabajo o si van a otro país. 
Creo que es posible regular la estabilidad de las pensiones y los derechos de los titulares de las pensiones en el ámbito europeo. 
Los fondos de pensiones tal como funcionan, por ejemplo, en mi país son, en lo que a esto se refiere, demasiado cerrados. 
Quisiera hacer un llamamiento al Comisario a fin de que se desarrolle más esta cuestión. 
Señora Presidenta, los sistemas de pensiones se basan en tres pilares. 
En primer lugar, la asistencia básica, regulada por el Estado, para nosotros mediante la Ley General de Vejez; el sistema de pensiones complementario, organizado por los interlocutores sociales con total cogestión de los trabajadores; y el tercer pilar, el sistema de pensiones complementario voluntario. 
Le deseo al Comisario Monti que tenga mucho éxito con su mission practically impossible para realizar esto. 
Quiero hacer hincapié en la inquietud que se ha producido en los Países Bajos ante las declaraciones del primer ministro italiano. 
Otros oradores y también el ponente, el Sr. Ferri ya lo han dicho: la discusión sobre el valor fijo del euro encontrará gran resistencia en aquéllos que disfrutan de pensiones estables. En los Países Bajos, hemos deducido, con razón o sin ella, de las palabras del Comisario Monti y del ponente que el valor fijo del euro puede verse influido por razones de naturaleza política. 
Hago un llamamiento al Comisario Monti para que disipe la preocupación que se ha producido en los Países Bajos y los implicados se tranquilicen con su, en sí mismo, excelente Libro Verde. 
Agradezco al ponente, el Sr. Ferri, el fantástico trabajo que ha realizado. 
Señora Presidenta, el Libro Verde de la Comisión utiliza el pretexto del envejecimiento de la población y de la disminución del número de población activa para abrir la puerta a los fondos de pensión para las jubilaciones complementarias. 
Se trata de un falso pretexto, pues evacua totalmente la dinámica de un proceso de creación de empleo y de reducción de la edad de jubilación. 
Antes incluso de que hayan acabado las consultas sobre el Libro Verde, el Comisario Monti se ha pronunciado en favor de una directiva comunitaria que tiene por objeto definir un régimen liberal para los fondos de pensión en la Unión Europea, una directiva que «garantice, para los fondos de pensión, la libertad de inversión y la libertad de prestación de los servicios de gestión». 
Esta orientación hace que se corra el riesgo de tener un sistema basado en el seguro privado, que progresivamente sustituiría a la seguridad social. 
La salud y la jubilación ya no serían derechos sino que se convertirían en bienes sometidos a las leyes del mercado. 
La estrategia asignada a los fondos de pensión tiene por objetivo esencial desviar el ahorro hacia los mercados financieros. 
Los diputados franceses de mi Grupo son abiertamente hostiles a los fondos de pensión. 
Este sistema de capitalización es especialmente peligroso y profundamente injusto puesto que daría ventaja a los ricos, a los que quieren ahorrar, y dejaría a los más pobres con una pensión mísera. 
Ésta es la razón por la que no podemos aceptar el informe Ferri de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, que se inscribe en la línea de las propuestas de la Comisión Europea. 
Por el contrario, defendemos el sistema de reparto, que es el único que garantiza los derechos de los asalariados y que les permite aspirar a una pensión en el marco de una solidaridad nacional, solidaridad entre población activa y jubilados, entre generaciones, y entre la nación y los asalariados. 
Para hallar nuevos recursos y para permitir una revalorización del poder de las pensiones, que, a menudo, están desfasadas respecto al coste de la vida, tal como han demostrado las recientes manifestaciones de jubilados en Francia, proponemos la aplicación de una cotización sobre los productos financieros como la que se aplica a los salarios. 
Señora Presidenta, el Libro Verde sobre las pensiones complementarias en el mercado único tenía esencialmente dos objetivos: en primer lugar, se trataba de implementar un debate lo más amplio posible sobre las medidas para garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones de los Estados miembros. 
El aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad podrían amenazar los sistemas basados exclusivamente en el reparto. 
Estos fueron creados, en general, cuando habían cuatro o cinco trabajadores para cada pensionista. 
En el año 2015 esta relación será del orden de dos a uno o incluso aún más desfavorable en algunos Estados miembros. 
Les corresponde a los Estados miembros hacer frente a estas evoluciones y organizar sus sistemas de pensiones para salvaguardar el nivel de renta de las personas mayores manteniendo, sin embargo, bajo control el gasto público. 
En lo que respecta al segundo objetivo del Libro Verde, tenemos que emplearnos a fondo a nivel de Unión Europea a fin de que los sistemas de pensiones complementarias, basados en la capitalización, se beneficien plenamente de las ventajas del mercado único. 
La situación actual es muy distinta. 
En realidad, debemos constatar que los fondos de pensiones han de respetar rígidas restricciones en materia de inversiones. 
El Libro Verde señala que algunas de estas restricciones- algunas, no todas- no están justificadas con razones de prudencia y limitan los rendimientos de los fondos provocando un aumento de los costes de las pensiones. 
Dichas restricciones obstaculizan la integración de los mercados de capitales de la Unión, en detrimento del crecimiento y del empleo. 
Los fondos de pensiones no pueden acudir libremente a cualquier gestor autorizado establecido en la Unión, lo que limita las ventajas derivadas de una competencia limpia y eficaz en el ámbito de la Unión. 
La movilidad profesional se ve obstaculizada por la frecuente falta de reconocimiento mutuo de los sistemas de imposición fiscal y de transferibilidad de los derechos a pensión compensatoria. 
Por último, sobre todo por la falta de armonización de los sistemas fiscales, las compañías de seguros de vida y los fondos de pensiones no pueden ofrecer libremente sus servicios en todo el territorio de la Unión. 
Esta situación es incluso más insatisfactoria si se considera que los sistemas de pensión complementarios evolucionan continuamente en la Unión. 
Los activos de los fondos de pensiones en los Estados miembros constituyen, hoy por hoy, el 25 % del Producto Interior Bruto de la Unión y un creciente número de Estados miembros acude a estos sistemas para hacer frente a las evoluciones demográficas y presupuestarias. 
Además, los trabajadores desean trabajar cada vez más en distintos Estados de la Unión y es esencial que puedan beneficiarse de esta libertad sin correr el riesgo de perder sus derechos a la pensión complementaria. 
La Comisión recibió casi cien respuestas al Libro Verde remitidas por los Estados miembros, el Comité Económico y Social, los sectores financieros y sociales. 
En la gran mayoría de las respuestas se recalca lo apremiante que es dotar los sistemas de pensión complementarios de un marco jurídico comunitario que les permita desarrollarse en todo el mercado único. 
De esta manera podrán contribuir plenamente a reforzar la protección social y a proteger las rentas de los pensionistas teniendo en cuenta- me dirijo en particular a la Sra. Lulling- la necesaria igualdad entre hombres y mujeres; es fundamental no perjudicar a las mujeres. 
Compruebo con gran satisfacción que el excelente informe del Sr. Ferri llega a la misma conclusión respecto a la urgencia y a la necesidad de dotar los sistemas de pensiones compensatorios de un marco jurídico comunitario y pide la elaboración de una propuesta de directiva relativa a la gestión de los fondos de pensiones y una coordinación mejor de los sistemas fiscales. 
También en el ámbito del marco de acción para los servicios financieros propuesto por la Comisión el pasado 28 de octubre, se ha llegado, entre otras cosas, a esta conclusión. 
La Comisión está firmemente decidida a actuar en este sentido y precisará el activo respaldo del Parlamento. 
En líneas generales, la Comisión acoge muy favorablemente el informe del Sr. Ferri y las ideas contenidas en los informes de las demás comisiones parlamentarias. 
Estos trabajos han enriquecido notablemente la consulta implementada por el Libro Verde y nos serán extremadamente útiles de cara a las futuras iniciativas. 
Al principio del próximo año, la Comisión publicará una comunicación que sacará las conclusiones políticas de la consulta. 
Más adelante, es nuestra intención proponer una directiva que garantice que los fondos de pensiones se van a beneficiar, en condiciones de seguridad óptimas, de las libertades de inversión y de prestación de servicios previstas en el Tratado. 
Por último, la Comisión estrechará la cooperación con los Estados miembros, al objeto de eliminar las principales barreras fiscales con vistas a la culminación de un mercado interno para las pensiones compensatorias. 
Y concluyo con una observación en línea con lo manifestado por el Sr. Janssen van Raay. 
Cierto que los fondos de pensiones complementarios son uno de los instrumentos fundamentales en una Europa que mira hacia las futuras generaciones, también para garantizar a largo plazo una profunda sostenibilidad de los equilibrios financieros. 
Dirigiéndome a la Sra. Elmalan quisiera decir que, obviamente, los Estados miembros van a poder conservar su plena competencia a la hora de determinar el papel que quieren atribuir a los distintos pilares del sistema asistencial. 
Cierto que la orientación propuesta por la Comisión en cuanto al papel de los sistemas de pensión compensatorios es la de una notable liberalización de los activos y de la gestión, pero con normas concretas de carácter prudencial y, si estamos interesados, como ciertamente lo está la Sra. Elmalan, al fomento del empleo en Europa, no podemos dejar de tener en cuenta el hecho de que un mercado único para los fondos de pensiones permitirá, a igualdad de riesgo, obtener un mayor porcentaje de rendimientos sobre los activos de los fondos de pensiones y, por ende, reducir las cargas contributivas, a igualdad de pensiones que se quieren garantizar, así como reducir los costes no salariales, los costes del trabajo distintos del salario. 
Todo esto, evidentemente, cumple un papel importante en una política de empleo. 
Creo, por lo tanto, que existen pocos temas tan esenciales para muchas problemáticas del sistema económico y social europeo como éste, y vuelvo a agradecer al Parlamento la significativa aportación que nos ha brindado. 
Señor Presidente, muy brevemente, cuando el Sr. Monti hablaba sobre su Libro Verde, no hizo ninguna referencia a cómo los contribuyentes a dichos fondos, es decir, las personas que invirtieron su dinero, podrán participar en el proceso de toma de decisiones. 
¿Podría darnos garantías de que cualquiera de estas comunicaciones o directivas incluirá este aspecto sacrosanto, es decir, las condiciones del mercado europeo de codecisión y determinación conjunta? 
Señor Presidente, deseo responder brevemente al Sr. Falconer, y manifestar que la posible participación de los contribuyentes en la gestión de los sistemas de pensiones complementarias y los fondos de pensiones es, naturalmente, importante y entra en las competencias de los Estados miembros, y no de la Comunidad. 
Asimismo deseo apuntar a la diferencia que existe entre una empresa que produce bienes y servicios en la que, al menos en algunos Estados miembros, existen formas de participación de sus empleados, y un intermediario financiero en su sentido más amplio, como es un sistema de pensiones complementarias. 
Los intermediarios financieros no tienen por norma contar con la participación de los homólogos en la gestión. 
En mi opinión, la mejor garantía para que los contribuyentes participen es la elaboración de un reglamento prudencial adecuado y que éste se cumpla en la práctica. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Vehículos de más de ocho plazas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0424/98) del Sr. Murphy, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas además del asiento del conductor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo (COM (97) 0276- C4-0545/97-97/0176 (COD) ). 
Señor Presidente, dada la reputación, al menos en Gran Bretaña, que tienen los autobuses de llegar tarde y habida cuenta del hecho de que este informe en particular vuelve a nosotros por segunda vez, tras haberse retrasado desde abril de este año, es probablemente adecuado que comencemos a una hora bastante avanzada de la noche. 
Dicho esto, quisiera hacer constar mi agradecimiento al personal de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial de este Parlamento, en particular a los intérpretes y traductores, que ha realizado una misión considerable en lo que se refiere a este informe concreto. 
Han realizado un trabajo admirable. 
También quisiera agradecer a mis compañeros miembros de la Comisión de Asuntos Económicos, en particular al Sr. Rübig, que esta noche se encuentra aquí con nosotros, por su ayuda para que pudiéramos llegar hasta esta fase. 
Una amiga me contó un caso que había presenciado en una parada de autobús en mi ciudad natal de Wolverhampton; el de una madre joven que llevaba a su hijo en un cochecito. 
Cuando el autobús paró, ella no subió, lo dejó marchar. 
Mi amiga le preguntó por qué no había subido al autobús. 
La joven madre le respondió que no podía subir a aquel autobús, pero que pronto pasaría otro con el suelo bajo. 
Es un ejemplo que ilustra lo que intentamos hacer esta noche: asegurarnos de que las personas pueden subir y bajar de los autobuses. 
Pero, a otro nivel, estamos intentando, evidentemente, hacer realidad una parte importante de la culminación del mercado único. 
Los autobuses y los autocares son productos importantes de la industria automovilística y necesitamos unas normas aceptables para que puedan circular libremente en el mercado único. 
Espero que la Comisión reconozca que a pesar de que la propuesta que hemos presentado es radical, también es viable. 
Recuerdo haber mantenido aquí una breve charla con el Comisario Bangemann en abril sobre las excepciones en la propuesta original de la Comisión que dejaba a determinados vehículos fuera de la directiva. 
El Comisario me desafió sobre los motivos por los que debía ser así. 
Le dije que mis propuestas habrían eliminado dichas excepciones, porque a todos los efectos, los miembros de esta Asamblea reconocen que la mayoría de los vehículos son seguros y se les debería conceder una aprobación del tipo, no sólo en sus mercados nacionales, sino también en el mercado europeo. En el presente informe volvemos sobre dicha propuesta. 
Un ámbito clave, ciertamente para esta parte de la Asamblea, es la accesibilidad y las medidas que garanticen la accesibilidad. 
Para lograrlo, la Comisión de Asuntos Económicos ha incluido algunas definiciones de lo que es un pasajero. 
También hemos incluido determinadas normas técnicas que esperamos que un grupo de trabajo técnico considere obligatorias, por ejemplo: la altura del primer escalón, especificaciones sobre los accesorios para ayudar a subir, la accesibilidad a los vehículos en sillas de ruedas y la seguridad de los pasajeros en el interior de los vehículos. 
En relación con esto, la comisión ha protegido asimismo la posibilidad de que se mantengan las preferencias nacionales y las variaciones regionales, mientras que al mismo tiempo acepta que se exijan determinadas normas en materia de accesibilidad. 
Otro ámbito que la comisión ha tenido en cuenta es el tema de la seguridad del conductor. 
Si queremos vehículos seguros para los ciudadanos de la Unión Europea, debemos asegurarnos de que los conductores van cómodos y no corren ningún riesgo. Por consiguiente, hacemos un llamamiento a la Comisión para que, seis meses después de la entrada en vigor de la directiva, presente una propuesta que examine específicamente la seguridad del conductor. 
Reconozco que el informe que esta noche les presenta la Comisión de Asuntos Económicos supone un cierto reto para la Comisión y que, en cierta medida, es un nuevo enfoque. 
No obstante, creo que merece ser tenido seriamente en cuenta por la Comisión. 
Quisiera retar a la Comisión a que reconozca lo que la Comisión de Asuntos Económicos se propone conseguir: establecer un equilibrio entre las necesidades del ciudadano; equilibrar nuestra obligación de completar el mercado único, pero al mismo tiempo, presentar un informe que sea de utilidad y sensible y trate sobre lo que hace falta y no sobre lo que puedan desear los funcionarios. 
Lo reconozco como un desafío radical, algo de lo que tal vez la Comisión no se ha ocupado antes, pero creo que si la Comisión está dispuesta a tener en cuenta este nuevo enfoque, nos acercaremos un poco más a la culminación de dicho mercado único, respetaremos las variaciones nacionales y regionales en lo que se refiere a los autobuses y autocares, y espero que el tipo de historias con la que comencé mi intervención esta noche, de una joven madre que no podía subir al autobús de mi ciudad, no vuelva a repetirse nunca más. 
Señor Presidente, estimados colegas, el excelente informe del Sr. Murphy va mucho más allá de lo que el título expresa. 
Ya no se trata solo del transporte de viajeros con más de ocho plazas. 
Con las presentes enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial damos el pistoletazo de salida a una nueva era de la legislación técnica. 
Hasta ahora las propuestas eran reguladas hasta el último detalle. 
Quiero mostrar ahora las propuestas, sólo para que se pueda comprobar la enorme extensión que sólo la legislación técnica sobre los vehículos con más de ocho plazas ha requerido. 
El legislador debe decidir si la altura del escalón de acceso de un autobús debe ser de 240, 260 o 280 mm. Pero esto no puede ni debe ser la tarea de esta Asamblea y sus miembros. 
Más bien debemos establecer las directrices y los principios políticos. 
Un autobús debe ser seguro, estar construido con estabilidad y ser accesible para personas con movilidad limitada. 
Los demás pormenores deben ser acordados, conforme a esos principios, por aquellos que, de hecho, son los interesados: los productores, los usuarios y, sobre todo, las personas mayores y las discapacitadas. 
En este sentido quisiera dar las gracias expresamente al Sr. Murphy porque ha contribuido intensamente con este informe. 
Por ello proponemos la constitución de un grupo de trabajo permanente que se ocupe de las implementaciones. 
Por una parte se debería adherir de forma pragmática a las regulaciones existentes en el marco de la Comisión económica de las NN.UU. Por otra parte se debería involucrar a las organizaciones europeas de normalización, que ya tienen gran experiencia con este tipo de legislación. 
Mientras no haya unanimidad sobre cuestiones puntuales, el mercado único y la libre circulación de mercancías de ser garantizado de otra forma. 
Aquí, de forma subsidiaria, sería válido el principio del reconocimiento recíproco. 
Una vez que se ha autorizado un autobús en un Estado miembro puede serlo en todos los demás. 
Esto también asegura la medida necesaria de flexibilidad y de orientación hacia el cliente. 
Un autobús en Sicilia exige otras consideraciones que otro en el norte de Finlandia o que uno en una gran ciudad como Londres o que uno en una pequeña ciudad como Oberplattling en Baviera. 
Creo que debemos conceder esa libertad al mercado, que los clientes puedan decir lo que quieren, y que los constructores, que lo han aprendido, puedan ofrecer aquello que los clientes demandan. 
Señor Presidente, el informe Murphy no es sólo una ley más sino que es además, según mi parecer, un avance en la manera de legislar en la UE, en la confianza que tenemos en los actores del mercado y en lo que se espera de nosotros. 
Me negué a participar en la votación en la comisión en la primavera pasada. 
En la vasta propuesta de directiva había fórmulas y detalles matemáticos que no pude entender y menos aún explicar a mis representados. 
Además, había 135 enmiendas que debía conocer la comisión. 
Mi Grupo, el PPE, se abstuvo en la primera votación aquí en el Parlamento y consiguió que se devolviera el asunto. 
Quiero dar especialmente las gracias por esto a Wogau, un experimentado político que a menudo se encarga de propuestas de legislación e informes de gran envergadura. 
Opino que fue provechoso que él, junto a nosotros, al fin quisiera y pudiera cuestionar la racionalidad de tantos detalles. 
También quiero dar las gracias a Murphy por la comprensión que ha conseguido y porque él, como responsable del proyecto SLIM en el Parlamento, posiblemente estima que no sólo tenemos que hablar, sino que también tenemos que demostrar con hechos que queremos normas más simples, mejores y menos detalladas. 
Obviamente que también quiero dar gracias a Rübig, quien no se ha limitado a cuestionar sino que también ha sido un activo constructor en este asunto. 
Espero que la industria, que a menudo habla de menos y mejores normas, no se sienta engañada por estas reformas tan radicales. 
Hay quienes posiblemente habrían sido beneficiados por una propuesta detallada y que en términos generales dicen una cosa pero hacen otra distinta guiados por intereses específicos. 
Espero que la Comisión no tome a mal que el Parlamento elimine tantos aspectos de la propuesta que afanosamente ha elaborado y que aprenda del informe Murphy. 
Quiero que desde este Parlamento desafiemos al Consejo y a la Comisión para ver quién tiene más éxito en la tarea de simplificar y mejorar la UE, quién es el que lucha mejor para conseguir marcos generales dando oportunidad al mercado y al principio de cercanía para desarrollar estándares y posibles detalles. 
El Parlamento va a demostrar esta semana, con una resolución, que queremos una UE con menos detalles y mejor funcionamiento. 
Hacemos esto por encargo de los ciudadanos, en un período en que ellos con justa razón ponen en entredicho una UE que en muchos aspectos es lenta, orientada hacia las reglamentaciones y, consecuentemente, burocrática. 
Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias al Sr. Murphy por su cuidadoso examen de la propuesta de directiva relativa a los autobuses. 
Como ustedes saben la propuesta de directiva se inscribe en el sistema comunitario de homologación de los vehículos de motor, regulado por la Directiva marco 70/156/CEE. 
La misma ultima la armonización técnica de dicha categoría de vehículos y culmina el mercado único de los vehículos en su conjunto. 
La propuesta sigue el criterio clásico utilizado en el sector de los vehículos de motor tanto desde el punto de vista comunitario como internacional. 
Existen numerosos reglamentos internacionales sobre el acondicionamiento de los autobuses urbanos e interurbanos en el marco de la revisión del acuerdo de 1958 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, que la Unión Europa ratificó sólo en el mes de marzo de 1998. 
La propuesta de la Comisión se basa en estos reglamentos aportándoles algunas mejoras, aprobadas previa consulta de todos los expertos en la materia. 
La propuesta tiene en cuenta todas las repercusiones económicas y sociales de los transportes públicos. En este sentido, reconocemos el rigor demostrado por el Sr. Murphy en el primer proyecto de opinión. 
Este último incluía más de un centenar de enmiendas, de las cuales sólo podía admitirse una parte. 
La drástica reducción a doce enmiendas realizada en el segundo informe del Sr. Murphy, podría parecer un excelente resultado, ya que permanecía en un plano más político y menos orientado hacia las especificaciones técnicas. 
Las actuales doce enmiendas, sin embargo, están muy alejadas de la propuesta de la Comisión y no nos parecen aceptables por los siguientes motivos. 
En primer lugar, el examen propuesto no se ciñe totalmente ni al enfoque clásico y detallado de la reglamentación del sector del automóvil, ni tampoco al enfoque centrado en los requisitos esenciales. 
En realidad, las enmiendas propuestas por el señor ponente parecen inspirarse en el nuevo criterio, pues suprimen las especificaciones técnicas particulares de los anexos. 
Dichas enmiendas, no obstante, prevén el recurso a grupos de trabajo y a un comité de reglamentación que no es otro que el comité del enfoque clásico. 
En segundo lugar, el informe prevé la creación de un nuevo grupo, el Technical working party, que estará integrado por los representantes de los operadores, los constructores, los órganos de normalización y las asociaciones de consumidores, entre las que cabe destacar a los representantes de las personas con movilidad reducida. 
Este Technical working party es un calco del modelo clásico del Comité de reglamentación. 
Atribuyéndole el cometido de elaborar las especificaciones técnicas particulares para ayudar a los servicios de la Comisión, se aumentaría la confusión acerca de las competencias y se retrasaría aún más la aprobación de las especificaciones técnicas armonizadas. 
En tercer lugar, quiero señalar que, por otra parte, la propuesta de la Comisión garantiza un equilibrio- que no fue fácil alcanzar-entre los intereses de la industria, la política comunitaria de transportes, las exigencias de seguridad de los usuarios finales de los autobuses y el aspecto «política social de la Comunidad» , en particular respecto a las personas con movilidad reducida. 
En cuarto y último lugar, no hay que olvidar que esta directiva completa el sistema global de homologación del tipo de esta categoría de vehículos. 
No sería, por tanto, oportuno modificar, precisamente en la etapa final de la culminación del mercado único de los vehículos, el sistema de armonización de las normas nacionales. 
Por ello, la Comisión no puede sino rechazar las doce enmiendas presentadas. 
Deseamos, por supuesto, perfeccionar el sistema normativo comunitario junto con el Parlamento Europeo, con el legislador en el marco de la codecisión. 
Tenemos la intención de seguir adelante de forma constructiva con esta labor con la ayuda del señor ponente y del Parlamento, al objeto de complacer a todas las partes interesadas. 
Gracias, Señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Industria aeroespacial 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0362/98) del Sr. Hoppenstedt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión relativa a la industria aeroespacial europea ante el desafío global (COM (97) 0466- C4-0547/97). 
Señor Presidente, distinguidos colegas, la Unión se ocupa intensamente desde hace algunos años de la política aeroespacial europea, como se desprende fácilmente de las numerosas comunicaciones de la Comisión. 
El presente informe no sólo trata uno de los muchos aspectos de este ámbito orientado hacia el futuro, sino que analiza la situación actual como un todo y proyecta sobre esta base una coherente política europea para el futuro. 
La importancia de la industria aeroespacial como eminente sector económico para el futuro ha sido entretanto aceptada de forma general en Europa. 
Este potencial económico sólo puede ser aprovechado óptimamente si la actualmente fragmentada industria aeroespacial europea, condicionada por la creciente complejidad de los diferentes productos aeroespaciales, refuerza su competitividad en el mercado mundial a través de proceso de reestructuración. 
Esto es todavía más importante desde el punto de vista de la importancia de como empleador de este sector con más de 377.000 puestos de trabajo directos en el año 1997. 
El hecho de que la industria aeroespacial europea se haya visto impregnada en los últimos años por la intensificación de la competencia internacional, la reducción de los recursos públicos y el raudo desarrollo tecnológico no facilita el proceso. 
Los timbres de alarma para la industria europea sonaron como muy tarde en julio del año pasado con la fusión de Boeing y McDonnell Douglas. 
El ejemplo americano de la reestructuración muestra claramente el camino que, en este sector, también los europeos deben seguir. 
Solo en los últimos cinco años han surgido en los estados Unidos tres enormes consorcios a través de la fusión o la adquisición. 
Conjugan bajo el mismo techo, en una combinación tecnológica y económica prácticamente ideal, todos los ámbitos de la aviación civil, militar y espacial así como la tecnología de defensa. 
Eso les permite ponerse en una situación en la que pueden diversificar sus riesgos, aumentar su independencia frente a las desviaciones coyunturales y aprovechar al máximo los efectos de sinergia específicos y tecnológicos entre los diferentes sectores. 
Pero incluso aunque la industria aeroespacial europea, a causa de la fragmentación las políticas de orientación nacional, parta de una situación diferente a, por ejemplo los Estados Unidos, en el último año se han hecho muchas cosas positivas en el plano europeo. 
A modo de ejemplo sirva el proyecto de European Aerospace and Defense Company, que refleja claramente la voluntad de reestructuración tanto de la industria interesada como de los gobiernos nacionales. 
Como resultado de numerosos encuentros ha surgido de Daimler Benz Aerospace, Aérospatiale, Casa y British Aerospace un claro concepto sobre los objetivos, el alcance y la estructura operativa para una política aeroespacial común, tanto civil como militar. 
El primer paso en esa dirección será el año que viene la constitución de la Airbus Single Corporate Entity. 
Aunque este sea un importante paso hacia delante, no es de ningún modo el único. 
Así promete el año 1998, por ejemplo, ser un año record para Airbus en el sector de los aviones civiles gran capacidad. 
Por primera vez han suscrito en la primera mitad de 1998, con una cuota de mercado de más del 50 %, más encargos que su competidor directo, Boeing-McDonnell Douglas. 
El sector de la aviación civil es, con seguridad, el más importante desde el punto de vista financiero en la industria aeroespacial, pero también el resto de los sectores debe imponerse una estrategia europea a largo plazo. 
Por ello hay que saludar y desarrollar los proyectos en el sector de los satélites de comunicaciones, como por ejemplo, Sky-Bridge, en tanto respuesta al Teledesic, o también el éxito del programa ARIANE en el sector de los servicios de carga, y con programas que desarrollan satélites y sistemas de navegación, estamos en el camino correcto. 
En este sentido también es positivo destacar las acciones correspondientes previstas en el capítulo del crecimiento sostenido y orientado hacia la competencia del 5º Programa marco de investigación de la UE, como entre otras, acción directriz «Nuevas perspectivas para la Aviación». 
Además, el programa marco fija una coordinación específica de las actividades de los diferentes programas temáticos en el sector de la tecnología aeroespacial. 
El contenido del informe aclara que con un compromiso consecuente Europa no puede más que ganar. 
En el desarrollo y ejemplos descritos se evidencia que Europa posee un gran potencial de partida. 
Sólo queda que la industria, con el apoyo de los gobiernos nacionales y las instituciones europeas, acepte este desafío. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi calidad de ponente de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, expreso mi juicio favorable sobre el informe del Sr. Hoppenstedt y voy a detenerme en dos aspectos específicos: la cooperación y el diálogo de Europa con los países de reciente industrialización como China, y el compromiso de la Comisión con vistas a las negociaciones internacionales sobre la seguridad y la asignación de los recursos del espacio y del espectro electromagnético. 
Desde una óptica algo más amplia, quiero manifestar que, gracias a una serie de acuerdos, la industria aeroespacial ha salido del punto muerto en que se encontraba hace aproximadamente un año, aunque ha realizado sólo parcialmente el proyecto de reforma. 
En el plano institucional y del régimen de propiedad, hace pocas fechas se han definido las orientaciones para la privatizaciones en Francia, aunque queda mucho por hacer todavía. 
El Sr. Hoppenstedt se ha referido al tema del estatuto de sociedad europea que precisa Airbus, no existe la Agencia Europea de Armamento que sigue sin crearse, las administraciones nacionales del espacio están buscando una nueva misión, mientras que la ESA carece de una clara vinculación, de un claro mandato respecto de la Unión Europea y de la Comisión. 
Me alegro realmente por dos cosas: la financiación en favor del sector espacial en el Quinto programa marco que casi se ha doblado respecto al Cuarto y el creciente consenso que constato en Europa tanto a nivel político como a nivel industrial en lo que al programa de navegación por satélite se refiere. 
Estos me parecen los dos mensajes más positivos de la Unión; por lo demás, temo que la velocidad del cambio del sistema aeroespacial europeo sigue siendo insuficiente para hacer frente con éxito a un reto mundial que puede dificultar nuestro camino hacia la sociedad de la información. 
Señor Presidente, señor Comisario de Silguy, Señorías, señor ponente, todo el mundo reconoce hoy en día que la industria aereospacial europea es uno de las joyas más prestigiosas de nuestra economía europea, de nuestro poderío económico y, por lo tanto, de nuestro poder político. 
De entrada, al igual que ha hecho el ponente, quisiera congratularme en este ámbito por la declaración franco-alemana del 9 de diciembre de 1997. 
Al igual que él, yo también apruebo con entusiasmo la reestructuración a escala europea de nuestra industria aeronáutica y espacial, tanto civil como militar. 
Es un necesidad que nadie niega actualmente. 
Europa necesita, en efecto, grupos industriales poderosos e integrados en este campo, así como en muchos otros sectores industriales. 
En esta fase de mi intervención, permítame interrogarme acerca del hecho de que en otros sectores industriales europeos no tuvimos la misma voluntad, en el momento oportuno, de llevar a cabo reestructuraciones y reagrupamientos. 
Citaré como ejemplo la construcción naval e incluso, en cierta medida, la industria textil. 
Permitáseme decirlo a mí, que desde hace años sigo los temas industriales, y además que lo lamente en nombre de cientos de miles de asalariados de estos sectores que hoy en día se han convertido en parados. 
Y si lo digo es porque tenemos ante nosotros muchos otros sectores que se ven o se verán afectados por ello. 
Ahora lo sabemos y no podemos seguir disimulando o decir lo contrario. 
Aprovecho también para volver a decir que en Europa, en aras de un liberalismo triunfante, debemos dejar de imponernos reglas, cortapisas y limitaciones que nuestros competidores mundiales no se imponen y de las que se aprovechan en términos de competencia mundial. 
En cuanto a la aeronaútica, también apruebo- como nuestro ponente, al que felicito- la transformación de la industria Airbus para dotarla de una nueva musculatura. 
Yo también lamento nuestras debilidades y confío en que lleguemos a encontrar soluciones en el ámbito de los satélites de comunicación y de navegación. 
Insistiré, para acabar, en dos puntos finales: en primer lugar, la necesidad de proceder a un desarrollo común de la próxima generación de naves y aeronaves militares; y el segundo punto es que no debemos olvidar nunca en Europa la importancia en términos sociales y en términos de empleo directo o indirecto del sector aeronáutico civil y militar y, por lo tanto, la necesidad de introducir lo antes posible comités de empresa europeos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es éste un buen expediente, un buen informe, un tema del que cabe sentirse orgullosos y, personalmente, un ejemplo para otros sectores industriales europeos. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quisiera dar las gracias a mi colega Hoppenstedt por su excelente informe. 
Es un reconocido experto en esta materia y creo que esto es algo que debemos apreciar. 
Tenemos una extensa variedad de temas y cuando alguien se dedica tan profundamente a uno de ellos tiene un significado muy especial. 
Entremos en materia con el informe. Creo, sin duda, que debemos conseguir las condiciones para que se pueda desarrollar una industria aeroespacial europea, pero sería aun más importante que las empresas europeas de navegación aérea y espacial se asociaran de forma realmente conveniente, y en esto aun queda mucho por ver. 
Creo, sobre todo, que una empresa europea de la navegación aérea y espacial, compuesta por diferentes empresas que hasta ahora estaban organizadas sobre una base nacional, no soportaría a largo plazo la participación estatal. 
Creo que deberíamos organizar este sector sobre una base privada, y esto atañe de forma especial a un determinado país. 
En segundo lugar, por lo que se refiere a la tecnología militar, como diríamos nosotros los alemanes, es absolutamente necesario que cooperemos para no quedar rezagados respecto de nuestros competidores. 
Desde luego que, en este ámbito, aun quedan abiertas muchas cuestiones especialmente sensibles, y hay que reconocer que dependiendo de qué y dónde se produce algo deben ser repartidas las correspondientes parcelas del mercado. 
Permitanme también señalar que lo que siempre concebimos como una empresa común europea de la navegación aeroespacial, que realmente es lo que tenemos que hacer, lo hacemos para enfrentarnos a la competencia americana, pero en determinados segmentos del mercado deberíamos cooperar con los EE.UU. ya que algunas de las empresas que se van fusionar en un grupo europeo de defensa y navegación aeroespacial tendrán, desde luego, conexiones con los EE.UU. y con empresas sitas allí. 
Por tanto: construcción de una posición fuerte pero también cooperación con empresas americanas. 
Permítanme algunas palabras sobre el sistema de navegación por satélite. 
Señor Comisario, me gustaría que me prestase especial atención en este punto. 
No estoy seguro si, nosotros, en esta Asamblea, usted en la Comisión y los Estados miembros son muy conscientes sobre la problemática del sistema de navegación por satélite. 
¿Deseamos realmente exponernos a la dependencia de los EE.UU. de forma que desarrollemos juntamente con ellos un sistema que, sin embargo, puede ser desconectado unilateralmente por su parte? 
Aquí debemos reflexionar más concienzudamente cómo queremos alcanzar nuestra propia identidad europea, ya que esta cuestión de la navegación por satélite no es sólo importante para la política de transporte, y creo que en este asunto, nosotros, los europeos debemos hacer mayor causa común. 
Señor Presidente, la industria aeroespacial está formada por 350.000 personas, un millón de empleos y un volumen de negocios de 50.000 millones de euros. 
Sin embargo, está amenazada por los Estados Unidos, que se benefician de ayudas considerables al desarrollo tecnológico y que han sabido anticiparse a las consecuencias de la competencia internacional. 
En este contexto, el informe Hoppenstedt llega en el momento propicio. 
En este momento en el que Europa debe reaccionar deprisa y acertadamente, con el fin de mantener su lugar en la industria aeroespacial, debemos tener cuatro objetivos principales: consolidar los primeros éxitos del lanzamiento de Ariane V, desarrollar un avión civil de largo recorrido subsónico Airbus A3X, desarrollar con éxito los sistemas europeos de navegación por satélite GNS 1 y 2 en sus componentes espacial y terrestre y, por último, en materia de investigación y desarrollo, poner a punto satélites menos caros, más ligeros, dotados de importantes potencias, previstos para responder a las necesidades en el ámbito de las telecomunicaciones y de la observación de la Tierra, y también en el de la prevención, sobre todo, de las catástrofes naturales. 
La competencia estadounidense exige, pues, un nuevo impulso por parte de los europeos. 
En el futuro, el acercamiento de las industrias deberá ir mucho más lejos. 
Sólo así podrá la Unión Europea marcar nuevos hitos en el sector aeronáutico y espacial y podrá recoger el fruto de sus competencias gracias al desarrollo de nuevas actividades. 
Las realizaciones tecnológicas aeroespaciales representan ayudas para el empleo. 
De ahí que debamos estar especialmente atentos al desarrollo de este sector de actividad. 
Señor Presidente, al inscribirse en la línea de la Comisión Europea, el informe apoya las operaciones en curso de reestructuración en la aeronáutica europea. 
Me limitaré a intervenir sobre este tema de la aeronáutica. 
Si Airbus ha tenido un enorme éxito mundial, los profundos cambios actuales me parecen representar riesgos importantes. 
La voluntad declarada de plantarle cara a Boeing y a su poderío es el argumento de base para justificar la ambición y la necesidad de un gran grupo europeo aeronáutico. 
Estoy de acuerdo en que se dote a Airbus de nueva musculatura, pero debemos constatar que en torno al liderazgo del nuevo grupo se ha generado un combate feroz entre los socios de Airbus, socios al menos hasta la fecha, a pesar de que se ha remitido un informe de etapa hace poco al gobierno. 
Creo que es necesario, en efecto, pasar a una nueva etapa de la aeronáutica europea, pero la ambición y los objetivos de las reestructuraciones en curso no pueden sernos indiferentes. 
Cuando se considera que estas reestructuraciones se basan esencialmente en la competencia y en la búsqueda de la rentabilidad, sólo cabe preocuparse por el futuro de una industria que exige inversiones a largo plazo sin resultados inmediatos, una industria cuya expansión está especialmente vinculada a la competencia, a la formación y al reconocimiento de las calificaciones de los asalariados. 
Una industria, también, aunque a algunos no les guste, que siempre se ha beneficiado en Francia de la aportación del control público. 
Quisiera también decir que la explosión de las necesidades civiles mundiales en el ámbito de la aeronáutica plantea desafíos de una amplitud nueva en materia de reducción de daños para el medio ambiente y supone, claro está, desafíos en términos de costes de financiación así como también de democracia, y creo que la lógica de la guerra económica en la que nos estamos enzarzando no permite responder a estos desafíos. 
Señor Presidente, estimados colegas, resulta grotesco que tengamos ante nosotros un informe que, según su letra, versa sobre la competitividad pero que, en realidad, trata de un sector con una creciente tendencia a ser intensamente subvencionado. 
El 50 % de la producción es militar y se mantiene viva gracias a dineros 100 % públicos. 
El informe habla de eficiencia. 
Quiero decirles que eficiencia y competitividad serían alcanzadas si, sobre todo, se conectase la reestructuración del sector aeroespacial con una estrategia de desarme y no, tal y como aquí se propone, a través de un proceso de rearme y reorganización armamentística. 
A los Verdes nos preocupa especialmente que a través de unas incontroladas operaciones de fusión de la industria aeroespacial, se ponga en marcha un proceso de alta dotación armamentística sin marcha atrás posible, y, además, sin transparencia ni control democrático. 
Los dineros de investigación y desarrollo no se están invirtiendo aquí de forma conveniente. 
En sectores como la energía renovable, teniendo en cuenta el cambio climático, estarían mucho mejor invertidos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al agradecerle al señor Hoppenstedt su informe, quisiera recordar, al igual que los anteriores oradores, que la reestructuración de la industria aeronáutica y espacial europea es una necesidad. 
Los Estados y los industriales son, no obstante, conscientes de ello y se encaminan en estos momentos hacia una solución común que pronto resultará satisfactoria para todos los socios. 
El Parlamento Europeo debe acompañar esta marcha hacia delante velando, no obstante, por que se cumplan los progresos sociales y, sobre todo, como se ha recordado antes, en materia de comités de empresa europeos. 
Se trata evidentemente, señor Presidente, de un sector de una importancia estratégica considerable, tanto por las garantías que ofrece a la defensa europea como por los desarrollos que permite para la utilización del aire y del espacio a escala mundial en el curso de los próximos cincuenta años. 
Ésta es la razón por la cual no hay que evaluar la reestructuración en curso según criterios puramente liberales o capitalistas. 
La importancia de los contratos comerciales que derivan de este tipo de industria pesará evidentemente en el nivel de vida de los pueblos europeos. 
El apoyo financiero comunitario a la investigación en este sector, lejos de disminuir, deberá pues proseguir en paralelo con el esfuerzo considerable llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos en favor de la reestructuración de ese sector en este país. 
Este apoyo debería ser un incentivo, como sugiere el Sr. Hoppenstedt, pero en ningún caso hay que disminuir la ayuda de los fondos públicos nacionales o europeos si no se quiere reducir muy fuertemente el alcance de la reestructuración llevada a cabo. 
Un punto específico se refiere al desarrollo del A.3XX. 
Los costes son, sin duda, colosales, pero los aviones de largo recorrido son una prueba decisiva para los conocimientos técnicos de una industria aeronáutica y constituyen un vector promocional formidable para toda una gama de productos, como el 747 lo ha demostrado para Boeing durante estos últimos veinte años. 
Así pues, no es posible prescindir de este proyecto. 
Quiero manifestar aquí la confianza que tenemos en la capacidad de todos los industriales y, sobre todo, de los obreros-ejecutivos y de las oficinas de estudio de la Aérospatiale de Toulouse para llevar a cabo este magnífico proyecto. 
Sin embargo, debemos saber aprovechar también este programa financiero ambicioso para organizar mejor y difundir la subcontratación con ese esfuerzo industrial ejemplar que será de máxima utilidad para los intereses del desarrollo industrial en todas las regiones europeas interesadas. 
Señor Presidente, Señorías, nadie se felicita más que el Front National por el éxito de nuestra industria aeroespacial y, sobre todo, por las cooperaciones ejemplares que son Airbus y Ariane. 
Hay que destacar, una vez más, que estas iniciativas no le deben nada a las instituciones europeas sino a la voluntad de los ingenieros técnicos o de los obreros. 
Debemos, por lo demás, felicitarnos de la voluntad de no entregar a nuestros países al dominio e incluso, en ciertos sectores del mercado, al monopolio del gigante estadounidense Boeing-McDonnell-Douglas. 
Sin embargo, nos preocupan las segundas intenciones contenidas en el informe de nuestro colega Hoppenstedt; so capa de eficacia económica y del concepto «multiusos» de integración, nos encaminamos hacia la privatización y simultánea europeización de nuestras industrias de defensa. 
Con la excusa de la privatización, nos encaminamos tanto hacia un control de nuestra defensa nacional por parte de la Comisión de Bruselas, a través del nacimiento de una reglamentación y de una normalización comunitarias, como hacia un debilitamiento de nuestras industrias militares, blanco de todas las OPA imaginables. 
Lo que preocupa, sobre todo, es que en ningún momento parece que se vinculan estos problemas industriales al interés superior y a la seguridad de los Estados, ni siquiera de un hipotético superestado europeo. 
La integración entre los sectores civil y militar no tiene por objeto que se produzcan sinergias, tecnologías duales o posibilidades de ayuda pública a la investigación, sino que sólo pretende hacer caer a la industria de armamento en la parcela común de la economía europea, en la competencia a cualquier precio y en el control absoluto de la situación por parte de Bruselas. 
En materia de aeronáutica civil no huelgan las advertencias a los representantes políticos franceses respecto a las consecuencias inmediatas de la transformación del GIE-Airbus en una sociedad única. 
En el contexto actual esto se traducirá en una deslocalización de la sede social hacia los Países Bajos a la espera de las deslocalizaciones de la unidades de producción. 
Las economías de escala y la desfragmentarización de los mercados pueden pasar por otras vías que no sean el abandono a manos de capitales privados de nuestras empresas y el derecho comunitario. 
Para hallar estas vías, señor Presidente, ciertamente no hay que dirigirse a la Comisión. 
Los problemas de seguridad nacional o de industrias estratégicas son demasiado importantes para dejarlos en sus manos. 
En Francia no podemos olvidar tan fácilmente el enorme influjo que tuvo ésta en materia de astilleros navales. 
Señor Presidente, el ponente ha resaltado muy claramente el significado de la industria aeroespacial europea en tanto importante rama económica para el futuro. 
Aun recuerdo los debates de esta Asamblea respecto de otras comunicaciones de la Comisión, en las que se indicaba con reiteración que la capacidad de competencia y futuro de la Unión Europea dependía, también y en concreto en el ámbito de la política industrial, del desarrollo de este sector. 
Esto, naturalmente, no excluye que se tengan que volver a subrayar y considerar los términos políticos de la cuestión que precisamente se hacen evidentes en relación con los componentes civiles y militares de este sector. 
Uno debería preguntarse hasta qué punto está realmente organizado el mercado en este sector o si ello es posible. 
Por tanto, hasta qué punto la subvención del sector militar, al igual que en otras regiones del mundo, realmente posibilita otros productos civiles, que son competitivos. 
Si recuerdo que, tanto antes como ahora, la Unión Europea solo tiene una pequeña cuota del mercado mundial, y si vemos que el valor de las exportaciones aeroespaciales alcanzó en el año 1996 únicamente 15 mil millones de ECU, que se corresponden a un 3 % del total de las exportaciones de la UE, entonces sabemos que, teniendo en cuenta la importancia de este sector, la Unión Europea, a pesar de todos los éxitos, debe lograr mucho más. 
La industria aeroespacial europea se encuentra ante importantes retos. 
El mérito de la comunicación de la Comisión y del Informe Hoppenstedt también es destacar esto y precisamente, en el ámbito de la producción para uso civil, advertir sobre la dura lucha competitiva que existe en el mercado global. 
El mayor competidor en el mercado mundial de productos aeroespaciales, tanto antes como ahora, son los EE.UU. no digo nada nuevo- con una cuota del 58 %. 
A ello se añade que en los EE.UU. existen otras estructuras empresariales. 
Tampoco esto es nada nuevo, y por ello las peticiones que en el debate de hoy han vuelto a ser subrayadas, en concreto el final de la fragmentación en el ámbito de las estructuras de la industria aeroespacial, no pueden ser más que apoyadas por el Parlamento Europeo. 
El alto número de empresas aeroespaciales en un mercado interior relativamente pequeño conlleva una fragmentación del potencial de investigación, producción y venta, lo que en cualquier caso influye sobre la competitividad de la Unión Europea. 
Al contrario que las empresas americanas los productores europeos se ven prácticamente incapaces de cubrir los siempre crecientes riesgos de desarrollo y financiación. 
También por ello es importante alcanzar nuevas formas de cooperación empresarial, también para organizar las ventajas dimensionales en la producción así como para aprovechar los efectos sinergéticos tecnológicos y específicamente técnicos entre los diferentes ámbitos de la navegación aeroespacial. 
De ello se infiere que también es importante ganar terreno y no continuar perdiendolo. 
La situación es, por tanto, especialmente crítica porque la industria aeroespacial europea dispone de un alto y muy cualificado potencial de empleo. 
La rama pertenece a uno de los 15 mayores sectores industriales, emplea a más de 370.000 personas y proporciona miles de trabajos en la industria de abastecimiento y en otros ámbitos del sector de la alta tecnología. 
Por este motivo quisiera instar a la Comisión a que, en este documento sobre la política industrial y también en otros documentos de los grupos de trabajo y Task-Force industriales, haga destacar de una vez los aspectos laborales y también aclare que los derechos de los trabajadores tienen su sitio en el desarrollo de ramas industriales y que, sobre todo, prevea el principio de la cogestión para este tipo de sectores industriales. 
Señor Presidente, perdóneme si me sonrío pero resulta bonito que aún a esta avanzada hora se mantenga una discusión política. 
Sin embargo, quisiera especialmente dar las gracias al Sr. Hoppenstedt, porque sabe sacar adelante, consecuentemente y con paciencia, importantes cuestiones como el desarrollo de un sistema global de navegación por satélite no solo para una orilla del atlántico sino también en la otra. 
Es importante insertar competencia en estas tecnologías de modo que no se dependa de un solo oferente, ya que si pensamos que en un futuro podemos cogestionar este sistema de navegación por satélite junto con el UMTS se derivan de ello perspectivas completamente diferentes. 
Por esta razón quisiera, en tanto miembro de la Comisión de Presupuestos, instar a la Comisión a que presente de una vez un marco financiero preciso para el desarrollo de este sistema. 
Necesitamos entonces el correspondiente hardware, software y mainware. 
Esto va a conducir a la consecución de muchos nuevos empleos en Europa. 
Señor Presidente, permítame que haga referencia a un aspecto que no ha sido tratado de forma explícita por este excelente informe, en concreto, a la cuestión de los abastecimientos. 
La industria aeroespacial es cliente de cientos de pequeñas y medianas empresas de la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea. 
Cuando, por ejemplo, Airbus vende muchos aviones ello supone que muchas empresas secundarias hacen un buen negocio y que muchos empleos son apuntalados. 
Solo por este motivo se puede decir que no se hace lo suficiente por la navegación civil así como por la navegación espacial europea. 
Para comprender adecuadamente el significado de este sector sería importante que la Comisión realizase un estudio sobre el volumen de los abastecimientos. 
Este debería incluir sobre todo la participación de las pequeñas y medianas empresas y el número de empleados en las industrias abastecedoras. 
También sería muy interesante determinar los mercados de origen de los abastecimientos y posteriormente poder averiguar, por ejemplo, si el Airbus es realmente un avión paneuropeo. 
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Hoppenstedt supone un análisis profundo de la situación del sector aeroespacial europeo. 
Es excelente y quisiera felicitarlo en nombre de la Comisión ya que toma en consideración asimismo los principales acontecimientos que se han producido desde el pasado mes de septiembre, es decir desde la aprobación por parte de la Comisión de su comunicación. 
Les recordaré que esta comunicación tiene por finalidad llamar la atención sobre la urgencia que hay en acelerar la reestructuración y el reagrupamiento en el sector aeroespacial europeo. 
En efecto, y ustedes lo saben, sólo un número reducido de productores podrá sobrevivir a largo plazo a nivel mundial, habida cuenta de lo que es el sector y del grado de competitividad que impera en el mercado aeroespacial mundial. 
Hoy por hoy, la industria estadounidense ya ha llevado a cabo su reestructuración. 
En 1980 contaba con unas veinte empresas. 
Hoy sólo tiene cuatro. 
Señor Malerba, por supuesto que estamos a favor de que haya buenas cooperaciones entre los estadounidenses y Europa. 
Además ya hay buenos ejemplos en este sentido. 
Me viene a la memoria el ejemplo de Snecma/General Electric. 
Pero debemos ser socios y no subcontratantes. 
Debemos ser pues tan potentes como los estadounidenses en el mercado mundial para poder cooperar. 
Sin embargo, la situación de la industria europea es muy diferente, su ponente lo ha subrayado. 
El sector aeroespacial europeo sigue estando compartimentado a nivel nacional, incluso a nivel de los productos. 
La Sra. Randzio-Plath ha mencionado, según creo, que actualmente el sector aeroespacial europeo debe arrostrar en efecto tres retos principales. El primero se refiere a la complejidad de los productos. 
En verdad, el crecimiento exponencial de los costes de desarrollo y los riesgos financieros rebasan las posibilidades de las empresas europeas, incluso las más poderosas. 
El segundo factor se refiere al mercado. 
Ocurre lo mismo con la ayuda a la investigación y al desarrollo tecnológico del que se benefician las empresas estadounidenses gracias a su gobierno. 
Por ultimo, el tercer elemento se refiere al hecho de que las empresas europeas no están en condiciones de poder beneficiarse de las mismas economías de escala que los gigantes norteamericanos. 
De ahí que los Estados miembros deban comprender que el futuro de la industria aeronáutica europea está vinculado a la interdependencia de las estructuras que existen en el seno de la Unión Europea. 
Si las industrias han de ser los principales actores de esta reestructuración, no por ello el papel de los gobiernos dejará de ser determinante en este proceso. 
Los gobiernos deben fomentar la creación de empresas a escala europea garantizando a éstas una auténtica flexibilidad comercial sobre la base de estructuras de apoyo y de formación apropiadas. 
Para la Comisión, el éxito de la reestructuración estará en función del grado de integración de las distintas ramas del sector aeroespacial y de las actividades civiles y militares a nivel europeo. 
Tal como han subrayado con mucho acierto varios parlamentarios, la primera etapa de esta reestructuración debería ser la transformación, ya aceptada en la práctica, de la industria Airbus en una única unidad de las sociedades que participan en el GIE. 
Por otro lado, las empresas europeas sacarían ventajas de una política exterior y de seguridad comunes y de reglas comunitarias para el mercado mundial de armamentos. 
Sin embargo, señora Ainardi, quisiera precisarle que respecto a 1980, la industria aeroespacial es mucho más civil que lo que pudo haber sido antes, ya que en 1980 cerca del 30 % del volumen de negocios de dicha industria era civil. 
Hoy representa el 60 % y, por lo tanto, las actividades militares representan una minoría dentro de las actividades aeroespaciales en Europa y están destinadas todavía a debilitarse más, gracias, por cierto, al crecimiento de la demanda civil. 
A pesar de la dificultad que plantea el problema de la reestructuración del sector de la defensa, no se deben retrasar los progresos inmediatos que hay que hacer en el sector civil. 
Sobre este punto, quisiera poder intervenir también un instante, en respuesta a la Sra. Randzio-Plath y al Sr. Caudron sobre el problema del empleo, pues la cuestión del nivel de empleo en el sector aeroespacial está implícita en el enfoque de la Comisión, que tiene por objeto la competitividad de esta industria europea. 
Así pues, está perfectamente claro que al favorecer la competitividad se está favoreciendo el empleo, no sólo en el sector aeroespacial sino también en los demás sectores, y estos esfuerzos de competitividad ya han permitido detener el declive del empleo que se había iniciado desde 1990 y que, ahora, alcanza cierta estabilidad, en torno a los 380.000 empleos. 
Para acabar quisiera subrayar que para apoyar esta reestructuración, la Comisión despliega nuevos esfuerzos, señor Malerba, señor de Lassus, en materia de investigación y de desarrollo tecnológico. 
Sin embargo, la Comisión despliega también esfuerzos en materia de tráfico aéreo y de navegación por satélite. 
Recordarán que elaboramos una comunicación en este sentido en enero de 1998. 
La Comisión propondrá la vía que hay que seguir respecto a la navegación por satélite en una nueva comunicación en el primer semestre de 1999, con propuestas de financiación. 
Asimismo, la Comisión ha hecho esfuerzos y propuestas en el materia de normalización y de creación de una autoridad única para la seguridad aérea. 
Sin embargo, acabaré diciendo que sólo una acción integrada de las empresas y de los Estados miembros de la Unión puede ofrecer el marco necesario para la supervivencia y el desarrollo del sector aeroespacial europeo. 
Señor ponente, su informe contribuye a ello de modo útil y la Comisión le felicita por ello. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0401/98) de la Sra. Soltwedel-Schäfer Hoppenstedt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 975/98 relativo a los valores nominales y las especificaciones técnicas de las monedas en euros destinadas a la circulación (COM (98) 0492- C4-0597/98-98/0270 (SYN) ). 
Señor Presidente, señor Comisario de Silguy, Señorías, esta noche yo también quisiera, al igual que lo ha hecho nuestro ponente, decir que soy consciente del escaso margen de maniobra del que disponemos todavía para mejorar las monedas en euros. 
Por supuesto estoy pensando, y éste es el objeto del informe, en las personas con problemas de vista pero también en otras categorías de ciudadanos. 
Por ello me sumo a la propuesta de suprimir sencillamente la moneda de 20 céntimos, lo cual resolvería una parte de los problemas planteados. 
También me sumo a la redefinición de las características de los cantos de las monedas de 50 céntimos y de 10 céntimos, lo cual resolvería una parte de los demás problemas. 
De todos modos, a través de esta cuestión, nos damos cuenta otra vez de todo el tiempo que hubiéramos ganado así como seguramente también mucho dinero si hubiésemos consultado y escuchado más a los ciudadanos y al Parlamento Europeo. 
En el mismo orden de ideas, se me permitirá, por otro lado, volver a expresar mis lamentaciones esta noche. Es cierto, lamento las decisiones tomadas que conducen a tener que fabricar demasiadas monedas y billetes. 
Si a esto añadimos la decisión, ridícula, de que en las monedas en euros haya un anverso nacional, acabaremos teniendo unos plazos de fabricación más largos, costes demasiado elevados y mayores riesgos de error y de fraude. 
Con decisiones más sencillas y razonables se hubiera podido reducir el plazo de tres años previsto entre el 1 de enero de 1999 y el 1 de enero del año 2002, plazo que va a resultar demasiado largo y que será, por lo tanto, generador de errores, de fraudes e incluso de estafas respecto a las poblaciones más frágiles. 
Las personas con problemas de vista y todos los demás ciudadanos hubieran salido ganando con ello. 
Las propuestas de nuestro ponente van, pues, en el buen sentido y las apruebo. 
Por último, también apruebo su solicitud de una moneda de oro de 100 euros. 
Simbólicamente e incluso económicamente y hasta afectivamente me parece una buena idea. 
Por todas esas razones confirmo mi apoyo al informe y a las enmiendas del ponente, ya ampliamente aprobadas en comisión. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, hace ya un año que formulamos nuestros principios en el Parlamento Europeo: la introducción de un euro de oro así como la reducción de las monedas a seis valores, quizá eliminando las de 2 y 20 céntimos. 
De esta forma podríamos, al igual que cuando se defendieron los reversos nacionales de las monedas, reforzar una relación emocional de los ciudadanos con su nueva divisa y, por otra parte, conseguir algunas simplificaciones prácticas. 
Para el momento de la introducción final debemos observar concienzudamente los efectos prácticos en la circulación de los pagos que se realizan a diario o quizá realizar un estudio. 
Así el billete más pequeño, el de 5 euros con un contravalor de unos 70 chelines, viene a sustituir a dos de los billetes austriacos más utilizados, los billetes de 20 y 50 chelines. 
Estas cantidades se liquidarán pronto en monedas, es decir, en el futuro llevaremos grandes bolsas de monedas en lugar de billeteros. 
O el electronic money consigue desarrollarse lo suficiente antes de ese momento, de forma que se puedan evitar estos problemas, o ¿será necesario sustituir el billete de 200 euros por uno de 1 o 2 euros? 
Puede que esta no sea la discusión sobre la inmediata introducción, pero creo que estas cosas las deberíamos tener presente en nuestras futuras reflexiones. 
Para terminar quisiera saludar las últimas declaraciones que no cuestionan la independencia del Banco Central Europeo. 
Esta independencia tiene que mantener su posición central la estructura de la Unión Monetaria para garantizar una conveniente y, sobre todo, estable política monetaria. 
Porque solo esta estrategia a conquistar la confianza de los ciudadanos europeos. 
Señor Comisario, estimados colegas, obviamente algunas de las monedas propuestas son susceptibles de fraude y difícilmente reconocibles por los invidentes. 
Sin embargo, el Parlamento insistió en diciembre de 1997 en que el número de valores nominales fuera el mínimo posible y en vincular el valor de las monedas a su diámetro, precisamente para evitar el fraude y facilitar su reconocimiento a los invidentes. 
La mayoría de esta Casa, y esto ya ha sido subrayado por la ponente, no entendió, por tanto, por qué debían ponerse en circulación ocho monedas diferentes, tanto más, cuando dentro de poco el dinero electrónico sustituirá a las monedas. 
Por lo que yo sé, no existe en Europa ningún sistema monetario en el que figuren tantas monedas metálicas. 
El Consejo y la Comisión, no obstante, nos recomendaron insistentemente que nos diéramos prisa, puesto que la producción de monedas debía comenzar en seguida. 
Quizá se quería decir con ello que el diseño y la producción de monedas era una cuestión técnica y que el Parlamento no sabía nada del asunto. 
Ni la Comisión ni los Ministros de Hacienda estuvieron de acuerdo con nuestra propuesta de eliminar las monedas de dos y veinte céntimos de euro ¿Qué constatamos ahora? 
Incluso los expertos no logran crear unas monedas que las personas cortas de vista puedan reconocer fácilmente y que se resistan al fraude. 
No perdimos el tiempo, entonces, porque el Parlamento quisiera enmendar, pero sí ahora, ya que debemos volver a elaborar todo el asunto. 
No parece que las instancias implicadas sí vayan a tener esta vez en cuenta nuestra opinión. 
Reconocemos que es acertado que la Comisión preste atención a las opiniones de la Asociación de Invidentes Europeos y de la industria de las máquinas expendedoras. 
Respaldo plenamente la propuesta de nuestra colega, la Sra. Schäfer, y le agradezco la forma en que ha tratado esta cuestión. 
Señor Presidente, me adhiero completamente a las consideraciones de la ponente en lo que se refieren a los componentes sociopolíticos de la moneda. 
El consejo no ha puesto al día la conciencia social. 
La introducción del Euro sería una ocasión única para demostrar que la unión Europea está preparada para hacer un gesto a todos aquellos ciudadanos que han sido desfavorecidos por el destino. 
Muchos Estados miembros se encuentran, por lo demás, en lo que se refiere a instalaciones para minusválidos en la Edad media, por lo menos en comparación con los Estados Unidos. 
La oportunidad de diseñar estas monedas de modo que también los ciegos y los minusválidos visuales puedan percibir el valor de las mismas ha sido lamentablemente perdida. 
De esta forma se hubiera podido dotar al Euro, por así decirlo, de una dimensión humana. 
Estoy a favor de la introducción de una moneda de 100 euros de oro, para que así, entre otras cosas, se enriquezca la nueva moneda en su aspecto emocional, tal y como muy bien ha dicho en su informe la ponente. 
Señor Presidente, las enmiendas propuestas por la Comisión Europea merecen ser saludadas porque suponen una mejora desde el punto de vista de los minusválidos visuales, de la protección del usuario y de las garantías contra la falsificación. 
La ponente se ha referido a ello con justicia. 
No obstante he de decir que el Parlamento Europeo ya tomó conciencia de ello hace un año y ha elaborado ciertas propuestas muy razonables. 
También fueron juzgadas de forma positiva por la Comisión, pero no en tanto susceptibles de imponerse, debido al lapso de tiempo y la presión del mismo. 
Por eso creo que hay que lamentar que, con un trabajo de presión, este año hubiera sido posible modificar la propuesta de Reglamento. 
Sea como sea pienso que nosotros, aquí, en el Parlamento Europeo seguimos siendo los representantes más idóneos de los consumidores y de los ciudadanos. 
Considero adecuado que la moneda de 50 céntimos sea 0, 8 gramos más pesada de modo que las máquinas automáticas puedan distinguir mejor entre las monedas de 50 y 20 céntimos. 
Considero adecuado que el borde de la moneda de 50 céntimos sea diseñado de forma diferente al de la moneda de 10 céntimos ya que los minusválidos visuales han tenido hasta ahora dificultades al distinguir ambas monedas. 
Por ello la propuesta merece ser votada a favor, pero no se puede entender por qué precisamente las propuestas del Parlamento no han podido ser realizadas cuando nuestras percepciones tienen por lo menos el mismo valor que el de las asociaciones. 
Ahora hay que hacer todo lo posible para que estas monedas sean aceptadas, no solo por los mercados y agentes financieros sino también por la población, y precisamente porque la estabilidad del dinero es tan importante para todos los ciudadanos, la producción debe ser capaz de demostrar que la seguridad frente a las falsificaciones también está garantizada en esta transición, porque creo que este también era un argumento en contra de las propuestas del Parlamento Europeo. 
También apoyo a la ponente en que necesitamos algún tipo de símbolo de estabilidad en esta Unión Monetaria europea que se va a convertir en una comunidad de estabilidad. 
¿Qué justifica la acuñación de una moneda de 100 euros de oro? 
Yo creo que casi todo. 
La propuesta se corresponde con la decisión del Sistema Europeo de Bancos Centrales de mantener únicamente el 15 % de las reservas de divisas en oro. 
Teniendo en cuenta las enormes existencias en oro de los bancos centrales la propuesta tiene un sentido tanto económico como monetario, porque de ese modo se podrán evitar los efectos negativos sobre los precios de mercado del oro producidos por la descarga de las reservas de oro. 
Una euromoneda de oro puede también contribuir a la generación de confianza en la Unión Monetaria como una comunidad de estabilidad, este es desde luego un importante argumento. 
Muchos gobiernos se han servido en el pasado del metal y de su valor para demostrar la estabilidad de su compromiso con determinadas cosas. 
Una euromoneda de oro puede, por tanto, dar continuidad a esta buena tradición. 
En este sentido se les solicita a los ministros de finanzas y a los bancos centrales europeos que finalmente se decidan por la euromoneda de oro, porque si no se sortea la resistencia de los bancos centrales tampoco se seguirá adelante en este caso. 
En el caso sorpresivo- y esto va para que se mantenga la tranquilidad- de que se produjese una fuerte demanda de estas monedas que provocase una desproporción entre el valor de mercado y el nominal entonces se podría paralizar la acuñación de esta moneda. 
Esto ya ha pasado con otras monedas como, por ejemplo, la moneda de plata francesa. 
Pero ante todo en este caso el compromiso también contribuyó a estabilización de la moneda. 
En mi opinión, el argumento de los ministros de finanzas de que no debe haber monedas de 100 euros porque ya hay billetes de 100 euros, no es correcto. 
En muchos países se ha optado, con otras cantidades, por esta doble vía. 
Cualquier competencia entre billetes y monedas del mismo valor puede ser finalmente evitada. 
La moneda de 100 euros es por fín, después de la moneda napoleónica de 200 francos que circuló por toda Europa, una moneda de cambio, de valor, y puede que sensibilice aun más los corazones de muchos a favor del euro. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, esta todo dicho, aunque no por todos y especialmente por mí. 
Por ello quisiera aun decir algunas palabras sobre todo el tema en general. 
Me parece extraordinario que la Sra. Soltwedel-Schäfer se haya dedicado de una forma tan valiente a este informe y aun se ocupe hoy, a pesar de que las prensas de moneda trabajen desde hace tiempo y pongan sobre el camino aquello sobre lo que hablamos aquí. 
También me parece bien que lo que nosotros propusimos hace tiempo, lo haga ahora la Comisión, sobre todo en lo que concierne a los 11 millones de discapacitados visuales. 
Creo que en este punto queda claro que también postulamos por la confianza de estos grupos de la población en la nueva divisa. 
Me parece que, unas semanas antes de la introducción del euro ya se han anunciado algunas medidas que contribuyen a la confianza, y precisamente esto ayuda a lo mismo. 
Ciertamente me ha tranquilizado que- tal y como lo ha evidenciado aquí el Sr. Rübig- el ministro de economía alemán ajustado inmediatamente al punto de mira y abogue igualmente por medidas generadoras de confianza en lugar de poner en cuestión la soberanía e independencia a través de declaraciones irreflexivas. 
Solo puedo expresar lo que también aquí permanece indiscutible: solo si el Banco Central Europeo mantiene su independencia- y eso es precisamente lo que hace, no se ha hecho claro que no la deba mantener- puede llevar a cabo su objetivo prioritario de garantizar la estabilidad de precios. 
La estabilidad de precios se encuentra, como sabemos, entre las condiciones marco que favorecen las inversiones y de ese modo estimulan el crecimiento y el empleo. 
Volviendo a citar al Sr. Duisenberg, quién ya lo dijo aquí mismo, la estabilidad de precios es la mejor aportación de la política monetaria al crecimiento económico sostenido y a la reducción del paro de larga duración. 
¡Buenas noches! 
Señor Presidente, solamente deseo expresar algunos pequeños puntos de vista personales. 
Entiendo que la intención de la ponente ha sido eliminar una de las monedas. 
Sin embargo, quisiera hacer una modesta advertencia para que no se acuñen monedas tan grandes como la de cien euros de oro. 
Los motivos de esta advertencia son dos. 
En primer lugar, no va a funcionar como moneda. 
En segundo lugar, anima a las falsificaciones y estafas. 
Es totalmente imposible imaginarse que mediante la acuñación de esta moneda de oro se vaya a estabilizar el precio del oro a largo plazo. 
El precio del oro va a variar de acuerdo a la oferta y la demanda. 
Si el precio del oro sube sobre el valor nominal, todas esas monedas van a desparecer de la circulación. 
Si por el contrario el precio del oro cae bajo el valor nominal, la gente va a animarse a comprar oro para después acuñar monedas de este tipo. 
Tenemos que saber que es mucho, mucho más fácil falsificar una moneda que falsificar un billete. 
Este es el otro motivo, señor Presidente, es decir, que aunque el precio del oro se mantenga aproximadamente en el nivel para el que se acuñe esta moneda- cosa improbable- de hecho es muy fácil falsificar este tipo de monedas. 
El plomo, por ejemplo, tiene aproximadamente el mismo peso que el oro. 
Por eso no es difícil acuñar una moneda de plomo y cubrirla con una capa delgada de oro, consiguiendo así grandes ganancias mediante estafas. 
Mi modesta advertencia es, por tanto, que yo no creo posible el funcionamiento esta moneda de oro de cien euros. 
Señor Presidente, voy a procurar ser lo más breve posible para no abusar de la paciencia de todos en una hora tan tardía. 
En primer lugar, me gustaría felicitar a la Sra. Soltwedel-Schäfer y agradecerle su apoyo a la propuesta de la Comisión. 
Quisiera responder muy rápidamente a las dos preguntas que se han planteado; por un lado, el contenido del reglamento, y por el otro, respecto a la emisión de la moneda de oro de 100 euros, cuyo interés fue destacado en el curso del primer debate que se produjo sobre la propuesta de la Comisión el pasado mes de noviembre. 
Veamos las razones y el contenido de esta propuesta: por razones puramente técnicas hemos propuesto modificar el Reglamento de base. 
No queremos volver a abrir el debate que tuvimos el año pasado, ni sobre el anverso nacional ni sobre el número de monedas. 
Se trata de responder a problemas puramente técnicos que surgieron con posteridad a la adopción del Reglamento en lo relativo a dos monedas, la moneda de 50 céntimos y la moneda de 10 céntimos. 
¿Por qué razón? 
Pues porque hay que facilitar el manejo de las monedas a las personas con problemas de vista y a las personas invidentes. 
Nos lo han pedido y no hay razón para que no las podamos complacer. 
Por lo tanto, estas personas deben tener la posibilidad de distinguir las monedas más fácilmente. 
Por otro lado, hay que asegurarse de que la identificación de las monedas en los cajeros automáticos sea lo más precisa posible. 
Estas dificultades han aparecido después de que los directores de las casas de la moneda elaboraran, sobre la base del Reglamento del pasado 3 de mayo, las especificaciones mucho más detalladas necesarias para la producción de monedas. 
Las dificultades surgieron cuando los muestreos de las primeras series de monedas, surgidas de un proceso de producción industrial, pudieron ser objeto de tests. 
Así pues, para responder a dos imperfecciones técnicas se proponen dos series de modificaciones necesarias pero muy limitadas. 
Por un lado, se trata de aumentar ligeramente el peso de la moneda de 50 céntimos para permitir diferenciarla más fácilmente de la de 20 céntimos y, por el otro lado, se trata de precisar el acordonado en las monedas de 10 y 50 céntimos, sustituyendo el acordonado tosco por un perfilado con festón fino. 
Esto permite identificarlas más fácilmente al tacto. 
Añadiré, señora Kestelijn- Sierens, que hay acuerdo con la Unión de Invidentes Europeos sobre este punto, y aceptamos estas modificaciones precisamente a petición suya. 
Estas modificaciones son puramente técnicas, son muy limitadas y no cuestionan el sistema de monedas ya previsto y aprobado, y añadiré que la producción de las monedas ya ha empezado, por cierto, al menos respecto a aquellas que no se ven afectadas por estas modificaciones. 
En lo relativo ahora al segundo problema, la moneda de oro de 100 euros, para la Comisión esta solicitud no puede ser tratada en el marco del Reglamento sobre los valores unitarios y las especificaciones técnicas de las monedas en euros. 
Sin embargo, esto merece un examen en profundidad. 
La Comisión, que es guardiana de los Tratados, debe recordar que, sobre la base del apartado 2 del artículo 105 A, el Reglamento sólo se refiere a la armonización de las monedas destinadas a la circulación. 
Ahora bien, la puesta en circulación de una moneda de oro de 100 euros supondría a la vez riesgos de atesoramiento, riesgos de confusión y riesgos de fraude. 
Creo que el Sr. Wibe lo ha explicado perfectamente antes, teniendo en cuenta sobre todo la existencia de un billete de 100 euros. 
El valor intrínseco de una moneda de 100 euros podría rebasar su valor nominal debido a las fluctuaciones del oro. 
Se estima que para poder ser manejable, para ser estética, una moneda de 100 euros debería, de hecho, tener un valor nominal de 300 a 400 euros. 
Sin embargo, he entendido perfectamente el mensaje en lo relativo al apego que siente la población y al carácter simbólico que rodea la emisión de esta moneda, y debemos, en concertación con el conjunto de instancias competentes, examinar la cuestión, independientemente de la modificación del apartado 2 del artículo 105A del Reglamento. 
La no inclusión de esta moneda en el Reglamento no prejuzga nada en cuanto a la posibilidad, para los Estados que lo deseen, de emitir una moneda de oro cuyas características podrían armonizarse de común acuerdo, sobre una base voluntaria. 
Pero según las legislaciones en vigor para las monedas conmemorativas o de colección, el estatuto legal de dicha moneda depende del derecho nacional. 
Así pues, podría tener curso legal en el conjunto de la zona euro, aunque en ese caso sólo podría ser de curso legal en el país de emisión. 
Ayer sin ir más lejos, a petición mía los servicios de la Comisión tomaron contacto con los directores de las casas de la moneda, con el Banco Central Europeo, con el Comité monetario, y constato que de todo esto se desprende un interés real por parte de los directores de las casa de la moneda y, en cambio, una reticencia indudable de los Ministerios de Finanzas y del Banco Central Europeo. 
Los aspectos técnicos ligados a la emisión de una moneda en oro de este tipo requieren un estudio exhaustivo y no pueden definirse en esta fase. 
Asimismo, el momento de la emisión debería escogerse de manera que se eviten todos los riesgos de confusión con motivo de la introducción de las monedas y de los billetes destinados a la circulación. 
Para acabar, desearía subrayar la importancia que le da la Comisión a su propuesta y decirles que está dispuesta- a pesar de que este proyecto no dependa directamente de su competencia- a informar al Consejo y a facilitar al máximo el estudio de viabilidad para todas las partes interesadas, ya se trate de los directores de las casas de la moneda, de las autoridades de emisión, de los Ministerios de Finanzas, de los Bancos Centrales o del Banco Central Europeo. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, como ya dije ayer, fuera de esta sala han instalado una cámara que al parecer escudriña lo que está sucediendo aquí a través de una de las puertas. 
Para colmo, ayer por la tarde iba por el pasillo cuando vi que un operador iba andando para atrás mientras filmaba a un diputado de este Parlamento. 
Eso no solamente pone en peligro la vida o la integridad física del operador, sino también la vida y la integridad física del diputado. 
Quisiera pedir que los servicios del Parlamento y usted, señor Presidente, que se conduce en esta sala con dignidad- mucho más que yo en algunas ocasiones -, investiguen esas cuestiones y nos indiquen quizá de qué forma podemos poner término a esas malas costumbres. 
Señor Falconer, gracias por su información. 
Afortunadamente, parece que no es una práctica generalizada entre los diputados o entre los funcionarios la de correr hacia atrás, pero vamos a investigar qué es lo que ha pasado. 
Señor Presidente, quiero formular una observación relativa al Reglamento, primer apartado del artículo 41: al parecer, el lunes se produjo un malentendido lingüístico entre nosotros. 
Por eso quiero referirme nuevamente al asunto. El lunes protesté por la suspensión del turno de preguntas hasta hoy miércoles. 
Me dijo usted que ningún grupo había formulado objeciones a que así se quedara el orden del día. 
No obstante, en nuestro Reglamento se establece que «en cada período parcial de sesiones tendrá lugar un turno de preguntas al Consejo y a la Comisión.» 
Quiero subrayar este extremo. 
Opino que es preciso cumplir lo dispuesto en el Reglamento si ningún grupo ha protestado contra el orden del día. 
Señor Posselt, este es un asunto que siempre plantea problemas porque el Reglamento dice también que el turno de preguntas tiene que tener lugar en momentos fijados por el Parlamento a propuesta de la Conferencia de Presidentes. 
Si la propuesta de la Conferencia de Presidentes es que no se celebre- y no es la primera vez que ocurre; por desgracia, ya ha ocurrido más veces -, yo no puedo contrariar a la Conferencia de Presidentes ni imponerle que realice una propuesta. 
La práctica del Parlamento ha interpretado, además, que siempre se procura que exista el turno de preguntas pero que, excepcionalmente, como ocurre en este caso y si los asuntos que hay en el orden del día lo impiden, pueda no celebrarse. 
No obstante, tomo nota de su intervención y la transmitiré a la Comisión de Reglamento para que nos diga si esta interpretación, que hasta ahora ha sido la vigente, es aceptable o no. 
También quiero señalar a su atención que estamos muy limitados al respecto, puesto que el Consejo, normalmente, sólo está presente un día de la semana de Estrasburgo. 
Ya he puesto en marcha el mecanismo para que, en uno de los próximos diálogos tripartitos, se incluya la posibilidad de que el Consejo amplíe su presencia a otro día, de forma que podamos celebrar el turno de preguntas aunque no sea necesariamente el miércoles por la tarde. 
Señor Presidente, me refiero a lo que ha dicho mi colega, el Sr. Falconer. 
Yo también vi ayer un equipo que estaba en el pasillo filmando a alguno de nuestros empleados que estaban empujando un gran bulto. 
No creo que la cosa tenga gran importancia. 
Espero que la finalidad del programa no sea mostrar las extraordinarias tareas que realizamos en este Parlamento. 
Le diré a la DG 3 que vea lo que ha sucedido y transmitiré la información al Sr. Falconer y a usted en cuanto la reciba. 
No habiendo más observaciones, queda aprobada el Acta. 
Señor Presidente, quiero informar tanto a usted como a sus Señorías que ayer por la noche, bastante tarde, finalizaron los trabajos del Comité de Conciliación sobre el Quinto programa marco. 
Fue una negociación muy difícil- se trataba de la cuarta reunión- y he de decir que, como de costumbre, la codecisión con el Consejo que toma decisiones por unanimidad es una lucha desigual. 
Sin embargo, la misma se llevó a cabo con inteligencia, con obstinación y con gran empeño por parte de todos los miembros de la delegación y de todos los Grupos políticos. 
El Pleno deberá expresar su opinión respecto al trabajo realizado por la delegación en diciembre, no obstante, pienso que ya desde ahora puedo decir que todos actuaron muy positivamente y creo que es justo, además de hacerlo constar, agradecer el proceder de todos los miembros de la delegación que participó en la conciliación. 
Muchas gracias, señor Imbeni. 
Creo que, de verdad, es una noticia excelente, vistas las especiales dificultades de esta negociación. 
Y, además de agradecérselo a todos los diputados, creo que tenemos que agradecerle a usted muy especialmente el empeño que ha puesto en lograr el éxito de la conciliación. 
Señor Presidente, quisiera comunicarle que ayer por la tarde, tras una larga votación de seis horas, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos aprobó prácticamente por unanimidad el proyecto de informe sobre el estatuto del diputado europeo. 
Desearía agradecer y felicitar a todos los miembros de la comisión que se han esforzado por cumplir el compromiso adquirido en la Conferencia de Presidentes y muy especialmente al ponente. 
Gracias a su empeño podremos celebrar en breve un debate público sobre el proyecto de estatuto del diputado europeo. 
Muchas gracias, señor De Clercq. 
Agenda 2000 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las líneas directrices de la Agenda 2000. 
Señor Presidente, señorías, la Agenda 2000 es un tema central de la Presidencia austríaca, así como del debate del Parlamento Europeo. 
Hoy es un día muy importante para la Agenda 2000, ya que esta sesión plenaria se dedica a la posición que adoptará el Parlamento Europeo sobre el tema. 
Me alegro de poder tener la ocasión de informarles brevemente al principio del debate sobre el estado de los trabajos en el Consejo. 
Para empezar, permítanme subrayar una vez más la importancia que la Presidencia austríaca concede a una colaboración constructiva del Consejo y del Parlamento Europeo en este tema. 
Cada una de nuestras instituciones ha de desempeñar un papel absolutamente fundamental para llevar a término esta importante labor de reforma. 
Sólo un intercambio de opiniones abierto y una coordinación eficaz de nuestros trabajos nos permitirá cumplir el calendario previsto en Cardiff por el Consejo Europeo. 
En junio de este año, en el marco de los contactos regulares con el Parlamento y con su participación regular en las sesiones plenarias del Parlamento y en las reuniones de las comisiones, la Presidencia decidió garantizar que el Parlamento Europeo sea informado constantemente sobre los progresos realizados en los trabajos del Consejo, así como comunicar al Consejo los resultados de las deliberaciones y el contenido de los informes del Parlamento, de modo que puedan ser debidamente tenidos en cuenta. 
Me alegro de comprobar hoy que el Parlamento y el Consejo han llegado a un acuerdo para entablar un diálogo regular de carácter informal acerca del desarrollo íntegro de las deliberaciones sobre la Agenda 2000. 
La Comisión también participará en este diálogo. 
Los primeros encuentros, en los que se debatirán los instrumentos de preadhesión, la reforma de la Política Agrícola Común y la reforma de la Política Estructural, se celebrarán a nivel político a finales de noviembre y principios de diciembre. 
En particular, ofrecerán al Parlamento la ocasión de manifestar sus posturas sobre la Agenda 2000, que hoy se debate y mañana se decide. 
Para mantener la continuidad, también estará representada la futura Presidencia alemana. 
La Presidencia austríaca considera la Agenda 2000 como uno de sus retos fundamentales. 
Desde el principio hemos intensificado considerablemente los trabajos en los distintos grupos de trabajo y en el COREPER. 
En cada reunión del Consejo de Asuntos Generales, con los ministros de Finanzas y de Agricultura, la Agenda 2000 constituye un tema esencial. 
Actualmente no pasa un sólo día sin que se trabaje intensivamente sobre algún elemento del paquete de medidas. 
Permítanme que resuma brevemente los aspectos más importantes del estado de las negociaciones. 
En primer lugar, en lo que respecta a la previsión financiera para el 2000-2006, no hay ningún acuerdo general según el cual en el establecimiento de las previsiones financieras se tenga en cuenta tanto la obligación de la disciplina financiera como la eficacia de los gastos, así como la necesidad de ofrecer medios para un desarrollo adecuado de las políticas de la Unión. 
Podemos aspirar a un acuerdo sobre la limitación de los gastos derivados de la ampliación y de la preadhesión. 
El desglose general de las previsiones financieras, teniendo en cuenta la indicación y el cómputo por separado de los gastos de la preadhesión de los nuevos Estados miembros, así como la duración de siete años del periodo 2000-2006 con la adaptación prevista en el momento de las primeras adhesiones, cuentan con un amplio apoyo, si bien al mismo tiempo algunos Estados miembros mantienen el punto de vista de que es necesario revisar la previsión financiera en cada adhesión. 
Las tasas de crecimiento medias expuestas por la Comisión deben revisarse constantemente en función de los datos económicos más recientes, ya que dentro del periodo de siete años pueden producirse considerables oscilaciones en las tasas de crecimiento anuales. 
La Comisión parte de la hipótesis de trabajo de que los límites superiores para los medios de la Unión a partir del año 2000 deben establecerse en un valor constante del 1, 27 % del PSB de la UE. 
Esto goza de amplio apoyo, aunque las negociaciones todavía no han concluido. 
Con respecto a los importes totales de las diversas partidas de gastos, no se llegará a un acuerdo hasta la fase final de las negociaciones. 
En la actualidad también hay un intenso debate en los organismos competentes sobre el concepto de estabilización de los gastos en las nuevas previsiones financieras. 
Las reuniones de los ministros de Finanzas de los días 23 de noviembre y 1 de diciembre serán de importancia fundamental a este respecto. 
Se tratará de continuar el debate sobre las cuestiones clave e identificar las opciones para las soluciones en esta materia. 
El 7 de octubre en el Parlamento y el 12 de octubre en el Consejo Ecofin, la Comisión presentó el informe sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios. 
Este informe presenta las diversas posibilidades de desarrollo del sistema de recursos propios y la solución de los problemas de los desequilibrios presupuestarios excesivos. 
Por ahora, los debates actuales en el Consejo Ecofin y en el Consejo de Asuntos Generales dejan traslucir poca convergencia. 
Se necesitarán grandes esfuerzos para conseguir soluciones generales aceptables. 
En lo que respecta al Acuerdo Institucional, en las últimas semanas se avanzó en las negociaciones sobre la posición del Consejo ante un nuevo acuerdo de estas características. 
Esto nos ha permitido llevar a cabo la revisión técnica de la propuesta de la Comisión, conjuntamente con el Parlamento Europeo, el 12 de noviembre. 
Espero que los trabajos progresen adecuadamente. 
Con respecto a la reforma de la política estructural, se adoptarán esfuerzos especiales durante la Presidencia austríaca. 
Espero que en conjunto hayamos realizado adecuados progresos. 
Sobre los siguientes puntos y los correspondientes reglamentos técnicos hay un acuerdo de principio. 
Primero: el concepto de concentración territorial y la reducción de la población comunitaria afectada goza de un amplio apoyo de principio. 
El número de objetivos deberá reducirse de siete a tres. 
Segundo: la planificación y la aplicación de los programas debe simplificarse y acelerarse. 
La toma de decisiones debe seguir siendo centralizada, y la gestión financiera y el control financiero deben mejorarse. 
Tercero: en la futura política estructural deben establecerse claramente los aspectos centrales de creación de puestos de trabajo y capacidad de crear empleo, así como la garantía de la competitividad y el desarrollo sostenible. 
Cuarto: el número de iniciativas comunitarias debe reducirse considerablemente, y entre ellas debe darse prioridad a Interreg. 
Quinto: Para las zonas excluidas de los objetivos 1 y 2 deben establecerse disposiciones transitorias. 
Las posiciones del Consejo sobre los reglamentos del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) ya están claramente definidas. 
En lo que respecta al Fondo de Cohesión, los trabajos técnicos están ampliamente terminados. 
A menudo se plantea la cuestión fundamental de si los participantes en la unión económica y monetaria deben recibir ayudas del Fondo. 
Entre los aspectos políticos centrales de las negociaciones actuales se incluyen una delimitación más precisa en lo que respecta a la definición y criterios de los distintos objetivos y una clarificación de las disposiciones transitorias. 
También hay que añadir, no obstante, las cuestiones clave financieras de la política estructural, que probablemente se aclararán en la fase final de las negociaciones. 
Por último, querría añadir algo sobre los instrumentos de preadhesión. 
Consideramos como algo muy positivo el estado de las negociaciones en la cuestión de las tres propuestas legislativas de la Comisión sobre un reglamento de coordinación, un instrumento de preadhesión de la política agraria y estructural. 
En este terreno habría que aclarar cuestiones difíciles, en especial el reparto de los recursos tras las primeras adhesiones y la garantía de una sólida gestión financiera, así como el control del empleo de los fondos. 
Nos alegramos de que en el Consejo de Asuntos Generales del 9 de noviembre haya sido posible alcanzar un acuerdo político sobre los tres instrumentos, a excepción de la reserva sobre la cuantía del límite superior de las ayudas. 
Con ello se deja claro un importante componente de la Agenda 2000, aunque es un elemento que, dado el carácter de conjunto de la Agenda 2000, depende de la unanimidad general sobre la Agenda. 
Este avance representa ante todo una señal positiva ante los países candidatos, que esperan el apoyo firme de la Unión para sus reformas. 
Sobre la reforma de la política agrícola común me abstengo de realizar un resumen, ya que mi colega, el Sr. Molterer, Ministro de Agricultura, como saben, hablará precisamente sobre este tema hoy por la tarde. 
En conjunto, puede afirmarse claramente que en los últimos cinco meses se han conseguido avances concretos en muchos ámbitos de la Agenda 2000. 
En las próximas semanas, de trabajo intenso, realizaremos aún más esfuerzos para dar un gran paso adelante en la clarificación de las cuestiones clave. 
Nuestro objetivo debe ser realizar progresos hasta el Consejo Europeo de Viena a fin de crear las condiciones para que la fase final decisiva de las negociaciones sobre el paquete general pueda iniciarse, tal como estaba previsto, a principios de 1999. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, Señorías, esta sesión plenaria del día de hoy marca una etapa importante en la vía que, antes de la clausura de la legislatura actual, ha de llevarnos a la adopción de todas las medidas propuestas en el contexto de la Agenda 2000. 
El Consejo Europeo de Cardiff, y de nuevo recientemente, los Jefes de Estado y de Gobierno, en su reunión informal en Pörtschach, han expresado la voluntad política de concluir las negociaciones sobre la Agenda 2000 en una cumbre especial, en el mes de marzo próximo. 
Me felicito por el hecho de que en Pörtschach el nuevo canciller alemán haya confirmado con toda claridad su determinación de llevar a buen término este trabajo. 
Mis colegas de la Comisión van a tratar en detalle nuestra posición ante los informes de ustedes. 
Por mi parte, permítanme que les recuerde la importancia política del paquete de la Agenda 2000 de la que ustedes conocen sus tres ejes: una reforma sustancial de las políticas de la Unión, la preparación de la ampliación más ambiciosa de la historia de la Unión y, finalmente, la puesta a punto de una financiación adecuada y razonable dentro del límite que se desprende de los acuerdos de Edimburgo. 
Para la Comisión siempre ha estado claro que eran indispensables una reforma de nuestras políticas y un acuerdo sobre la financiación en el marco de las perspectivas financieras para preparar la Europa del siglo XXI. 
La perspectiva de la próxima ampliación incrementa aún más la importancia de las reformas de conjunto que se incluyen en la Agenda 2000. 
Señor Presidente, ¿por qué es preciso concluir en marzo? 
Hay varias razones: en primer lugar, las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se dejarán sentir en las actividades de esta Asamblea ya desde el mes de marzo o abril; en segundo lugar, el daño que un retraso provocaría en la credibilidad y en la confianza de la Unión. 
Finalmente, algunas consideraciones prácticas en relación con la programación de los fondos estructurales, con la aplicación de las políticas, pero también el efecto negativo de un posible retraso en la puesta en marcha de los instrumentos de preadhesión en el propio proceso de adhesión. 
Mi respuesta es sí. 
Sí, ya que todos los datos están sobre la mesa. 
Las 19 propuestas detalladas de la Comisión, que son objeto de sus informes, pero también el informe de la Comisión sobre los recursos propios. 
La Comisión, consciente de la problemática de la financiación del presupuesto de la Unión, ha decidido adelantar un año su informe sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios. 
Este informe ha sido aprobado por la Junta de Cuestores a principios del mes de octubre. 
Lo digo claramente, en este documento la Comisión está produciendo innovaciones. 
Acepta estudiar en profundidad la situación presupuestaria de la Unión, incluida la delicada cuestión de los «saldos netos». 
¿Por qué lo hemos hecho? 
No porque nos guste este concepto difícil de manejar y reductor sino con una voluntad de objetividad y de espíritu comunitario, para permitir que el debate se produzca de forma transparente y sobre buenas bases. 
En esta perspectiva, ¿cuál es el papel del Parlamento Europeo? 
Evidentemente, se ejerce, en primer lugar, en el ámbito legislativo. 
Al conservar un planteamiento de conjunto, el Parlamento ha decidido explotar todas las posibilidades para hacer valer su punto de vista y, en los casos en los que el Tratado lo prevea, ejercer plenamente sus prerrogativas. 
Con su actitud de cooperación y sus contribuciones de fondo, la sesión de hoy facilitará el avance de los expedientes de forma considerable. 
En cuanto a la Comisión, ésta escuchará atentamente al Parlamento y tratará de responder en cuanto al fondo a las observaciones de ustedes. 
Sabemos todos que la conjunción de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y el final de la legislatura pueden plantear algunos problemas. 
Hay una serie de expedientes que forman parte de la Agenda 2000 y que se someterán al procedimiento de codecisión después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Por tanto, hago una llamada a la responsabilidad de todas las instituciones para concluir con rapidez un acuerdo interinstitucional que permita asegurar ese paso a la codecisión sin ruptura. 
Un acuerdo así se impone además de forma general en todos los casos en los que se produce el paso del procedimiento de cooperación al de codecisión. 
Pero el papel del Parlamento no es, naturalmente, sólo legislativo. 
Como una de las dos ramas de la autoridad presupuestaria, será signatario de un nuevo acuerdo presupuestario interinstitucional. 
El actual acuerdo ha demostrado una gran validez en el mantenimiento de la paz presupuestaria y en la garantía de una evolución moderada del gasto. 
Para la Comisión, la conclusión de un nuevo acuerdo, que da satisfacción a las dos ramas de la autoridad presupuestaria, forma parte íntegramente de la Agenda 2000. 
Me felicito por el hecho de que los primeros debates técnicos sobre un posible nuevo acuerdo hayan podido comenzar por fin. 
Señor Presidente, no nos engañemos. 
No falta mucho para marzo de 1999 y es preciso intensificar los debates de fondo. 
La adopción del paquete de la Agenda 2000 depende del interés general comunitario. 
Todo el mundo ha de reflexionar sobre las consecuencias que una falta de acuerdo, antes de las elecciones europeas, tendría con respecto al nuevo impulso de la Unión, con la introducción del euro. 
Señoras y señores, hago una llamada a todos para que intensifiquen los trabajos desde ahora hasta el Consejo Europeo de Viena con el fin de asegurar una buena base de partida a los debates que han de concluirse bajo la Presidencia alemana. 
Por supuesto, en tanto no haya acuerdo sobre la totalidad, no habrá acuerdo sobre nada. 
Pero con esta reserva, deseo que en Viena alcancemos tres objetivos. 
En primer lugar, llegar a acuerdos sobre los diversos aspectos que yo llamaría «técnicos» de los textos legislativos; en este sentido, me felicito por los progresos que se han producido recientemente en el ámbito de los fondos estructurales, del Fondo de Cohesión, de la estrategia de preadhesión y con relación a las redes transeuropeas. 
En segundo lugar, intentar progresar en los ámbitos más políticos. 
Pienso, en este caso, por ejemplo, en algunos aspectos de las reformas agrícolas y del desarrollo rural, de las acciones estructurales, y en el «formato» de las perspectivas financieras. 
Y finalmente, esbozar los límites de un paquete final que debería ante todo concentrarse en las implicaciones financieras de las reformas y de las cuestiones presupuestarias conexas. 
Señor Presidente, aún queriendo ser breve, he tenido que trazar el reto de las cuestiones que tenemos ante nosotros para los meses venideros. 
La Comisión es plenamente consciente del papel importante que el Parlamento tendrá que desempeñar en este sentido antes de que concluya la legislatura. 
En varias ocasiones en el pasado han dado ustedes prueba de la preocupación por desempeñar este papel con toda la seriedad y responsabilidad necesarias. 
Los trabajos de hoy se inscriben en esta preocupación. 
La Comisión contribuirá a ello con toda su buena voluntad. 
Señor Presidente, señorías, sabemos que las decisiones sobre la Agenda 2000 constituyen el reto principal de la Unión Europea para el próximo semestre, y también para el Parlamento Europeo. 
Antes de entrar en los pormenores del debate sobre los diferentes informes, me gustaría exponer algunos puntos generales en nombre de mi Grupo. 
Primero: se trata de ayudar a los países de Europa Central y Oriental a prepararse adecuadamente para la adhesión. 
Acogemos favorablemente lo que la Comisión ha propuesto como ayuda de preadhesión. 
También acogemos favorablemente- al menos en lo esencial- los instrumentos que se preparan. 
No consideramos que estas ayudas de preadhesión sean una gratificación o una prima para los países de Europa Central y Oriental, sino que creemos que también repercuten en interés nuestro, económica y políticamente. 
No obstante, está claro que la labor principal de preparación a la adhesión debe realizarse en los propios países candidatos. 
Segundo: Nosotros, la Unión Europea, todavía no estamos preparados para la ampliación. 
Para ello es necesario realizar aún ingentes esfuerzos. 
En las líneas generales de la Agenda 2000, tal como las ha presentado la Comisión, observamos el plan maestro, que incluye que la Unión Europea pueda convertirse en ampliable en el próximo semestre. 
Esto se aplica tanto a la reforma política como a la Previsión Financiera hasta el 2006. 
En las últimas semanas y meses he recibido muchas críticas de los Estados miembros, también del Parlamento Europeo y de mi Grupo, sobre distintas propuestas recogidas en la Agenda 2000. 
Pienso que es normal. 
Hoy vuelve a ocurrir lo mismo. 
Pero quisiera señalar algo desde el principio del debate: hasta ahora no he escuchado ni en los Estados miembros, ni en las instituciones de la Unión, ni en los grupos parlamentarios ningún concepto alternativo que sea tan decidido, tan coherente y tan mayoritario como los que ha presentado la Comisión. 
Por tanto, mi grupo aprobará los principios generales de la Agenda 2000, sobre todo los puntos esenciales que ha propuesto la Comisión. 
Quisiera intentar comentar uno o dos puntos al respecto. 
Para nosotros, la creación de nuevos puestos de trabajo, el crecimiento económico sostenible y la competitividad de las regiones de la UE constituyen el objetivo más importante de la reforma de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión, así como de la necesaria reforma de la política agrícola de la UE. 
Subrayamos que las medidas con cargo al Fondo Estructural y al Fondo de Cohesión deben ser respetuosas del medio ambiente, más respetuosas que hasta ahora. 
Queremos reforzar la participación de las organizaciones regionales y locales, así como de las ciudadanas y ciudadanos en la planificación y aplicación de los programas regionales. 
Deseamos tener una administración más sencilla y más responsable de los fondos y de las propuestas de la Comisión. 
El Grupo del PSE ha adoptado una posición clara sobre una serie de puntos controvertidos. 
El grupo apoya la propuesta de la Comisión de la UE sobre los criterios para el Objetivo 1, no obstante insiste en que el Parlamento Europeo aún debe examinar las necesarias excepciones. 
El Grupo apoya la propuesta de la Comisión de mantener el Fondo de Cohesión con una dotación financiera de cerca de 20.000 millones de ecus para los Estados miembros menos desarrollados. 
El Grupo apoya expresamente el objetivo de reducir el número de iniciativas comunitarias, así como la prioridad concedida a Interreg, pero exige que se mantenga el programa Urban y desea que se presenten iniciativas para las regiones que prevengan el peligro de reestructuraciones inesperadas y en duras condiciones económicas y sociales. 
Insistimos en la necesidad de un desarrollo progresivo de las ayudas para aquellas regiones que queden excluidas del derecho a las ayudas después del año 2000, pero señalamos al mismo tiempo que la fase transitoria debe durar hasta seis años y no debe ser diferenciada. 
Por último, apoyamos la intención de la Comisión de conseguir una mayor coherencia entre las ayudas y medidas nacionales y las medidas de la UE relativas al Objetivo 2. 
A este respecto, no obstante, necesitamos un mayor grado de flexibilidad. 
Estas son las posturas que mi grupo comparte en su gran mayoría. 
No obstante, permítanme añadir un punto general y fundamental: si debatimos cuánto deben aportar algunos Estados miembros y cuánto deben recibir otros, estaremos desvirtuando la dimensión de la decisión ante la que nos encontramos en el Consejo y en el Parlamento. 
Todas las reformas, no sólo las institucionales, destinadas al objetivo de la ampliación- también las reformas de las políticas que no están destinadas a la ampliación de la Unión- constituyen en principio una oportunidad. 
Constituyen una oportunidad para dar aire fresco a la actual política comunitaria. 
Deberíamos aplicarlas también en principio, aunque no se llevara a cabo la ampliación. 
Con estas reformas, para subrayarlo una vez más, se trata de concentrar lo que podemos hacer como Comunidad y como Unión. 
No se trata de un claro en los estados miembros, sino en políticas comunitarias. 
Señora Presidenta, ha aludido usted a una cooperación constructiva y a la coordinación de nuestros trabajos. 
Permítame formular una observación: tengo la impresión de que no todos los Estados miembros- o, más bien, los gobiernos reunidos en Consejo- han entendido bien el cambio del papel del Parlamento; no creo que hayan entendido que, al final, en el reglamento sobre la reforma de los fondos estructurales y del Fondo de Cohesión funciona ya la codecisión del Parlamento Europeo. 
Esto significa que el Consejo también debe tener interés en iniciar el diálogo interinstitucional con el Parlamento inmediatamente después de la primera lectura, no sólo sobre la Previsión Financiera- eso es rutinario y se hace siempre -, sino también sobre la reforma de las políticas y la posición del Parlamento Europeo y el Consejo que debe establecerse en el futuro. 
Si el diálogo que ha mencionado usted, señora Presidenta, consiste en que el Parlamento elabore informes y el Consejo los lea y se calle, como está previsto, le digo que no nos basta. 
Entonces estará usted en peligro de que las reformas que es preciso realizar se queden arrinconadas. 
En este periodo electoral queremos decidir la Agenda 2000 antes de las elecciones. 
Estamos dispuestos a mantener el calendario. 
Por favor, manténganlo también en el Consejo. 
Necesitamos saber la posición del Consejo para finales de marzo, y no especule sobre si el Parlamento proporciona un pretexto para no cumplir su propio calendario. 
Sabemos que la configuración política, económica, social y medioambiental de toda Europa está en nuestras manos, en las manos de la Comisión, en las manos del Consejo y, por último, pero no menos importante, en las manos del Parlamento Europeo. 
Puede estar segura de que somos conscientes de ello. 
Señor Presidente, señorías, la consecución de la Agenda 2000 con las necesarias reformas que van asociadas a ella es la condición previa para el éxito de la unidad europea a principios del siglo XXI. 
A partir del 1 de enero de 1999 la unión monetaria europea se hará realidad, un acontecimiento histórico que muchas personas hace poco años creían imposible. 
La unión monetaria es un ejemplo de que Europa puede realizar grandes avances históricos y está capacitada para ello si los que toman las decisiones políticas muestran la decisión necesaria. 
Pero esta decisión de los que toman las decisiones políticas no basta por sí sola. 
Los ciudadanos europeos deben tener confianza en las decisiones de la Unión Europea. 
Los ciudadanos no quieren menos, sino más Europa. 
Quieren una Europa con convicción, una Europa con capacidad de actuación dentro y fuera, una Europa libre de corrupción y de abusos de poder, una Europa que sirva a sus intereses y a las personas. 
Sobre esta base, la Agenda 2000 ha de ser un éxito. 
Quisiera referirme a cuatro tareas. 
En primer lugar, la prioridad de todas las prioridades es la ampliación de la Unión Europea y de los países de Europa Central y Oriental. 
Estas negociaciones deben ser tan rápidas como sea posible, a fin de que diez pueblos de Centroeuropa puedan adherirse a la comunidad de valores de la Unión Europea. 
Esto significa que el proceso de ampliación debe configurarse con flexibilidad y transparencia. 
Esto significa que aquellos que en las primeras negociaciones no entraron pueden recuperarse rápidamente para esta ronda de negociaciones, si consiguen los avances necesarios. 
Hay que evitar la impresión de que los ciudadanos de algunos países candidatos sean excluidos de este proceso de negociaciones y de ampliación, ya que es importante que se dé la voluntad reformadora, la conciencia de pertenecer pronto a la comunidad de valores de la Unión Europea. 
La segunda gran tarea es la reforma de las políticas comunitarias en materia de política agraria y estructural. 
La política agrícola debe aportar su contribución para que las explotaciones agrarias rentables puedan afirmarse en la competencia. 
Pero la política agraria no es sólo la política de la agricultura, sino que debe incluir también en su totalidad la ordenación del espacio rural. 
Las condiciones en Europa son diferentes de las de EE.UU. Por consiguiente, la Agenda 2000 debe aportar su contribución para desarrollar y garantizar el modelo europeo de agricultura. 
La política estructural es la solidaridad con las regiones estructuralmente débiles. 
Apoyo expresamente la concentración geográfica y temática de estos recursos para las regiones estructuralmente débiles. 
No obstante, opinamos que es necesario que las regiones de los llamados países ricos, que quedan fuera de las ayudas, reciban una cierta ayuda estatal a nivel nacional en el marco de una política de competencia razonable, porque las regiones estructuralmente débiles de estos países son equiparadas con las regiones más ricas de estos países. 
Tercero: la reforma de las instituciones de la Unión Europea. 
Todos conocemos el Protocolo de Amsterdam. 
Pero la nueva composición de la Comisión, el nuevo equilibrio de votos en el Consejo no es realmente lo decisivo. 
Lo verdaderamente decisivo es la ampliación de las decisiones adoptadas por mayoría. En el Consejo de Ministros, para que la Unión Europea tanga capacidad de actuación en la actualidad y en el futuro, tras la ampliación. 
Esta es la condición previa fundamental, la decisión por mayoría en el Consejo de Ministros en la legislación de la Unión Europea. 
En la República Federal de Alemania se ha constituido una coalición de gobierno en la que en la Comisión deben mantenerse las posturas de los dos partidos de gobierno. 
Se parte del principio de que una posición corresponde a la oposición. 
Si esto crea escuela en la Unión Europea, en los Estados miembros, se pondría en peligro la arquitectura política de la Comisión. 
El Parlamento Europeo ha adquirido un nuevo papel tras el Tratado de Amsterdam. 
El Presidente de la Comisión se nombra por elección. 
En los procedimientos entre el Presidente de la Comisión y los gobiernos nacionales se invocará a la Comisión, que debe someterse a la confianza del Parlamento Europeo. 
Si consiguiéramos una Comisión unilateral a principios del año 2000, con la Agenda 2000, esto no constituiría un buen comienzo, y podría dar lugar a un conflicto con el Parlamento Europeo, al menos, con mi grupo. 
Por tanto, afirmamos que debemos mantener el equilibrio de la Comisión. 
Deben estar reflejadas todas la familias políticas, para que aporten su contribución a la estabilidad y la paz de la Europa del siglo XXI. 
Señor Presidente, estimamos que Agenda 2000 muestra con claridad cuáles son los sentimientos y la actitud de la Unión Europea y la misión colectiva de la Comisión en lo que respecta a la evolución del proyecto europeo. 
Como propuesta, es adecuada más bien que visionaria, minimalista pero capaz de generar consenso, provisional de carácter pero un paso en la buena dirección en el marco de un viaje necesario hacia la ampliación, cuyos problemas principalmente financieros se reconocen pero se dejan para más adelante. 
Sean cuales fueren sus limitaciones, Agenda 2000 es la única propuesta que se ha presentado y el Grupo ELDR insta al Consejo a que acelere su examen en Viena para que se pueda adoptar en Colonia el próximo mes de marzo. 
Hablando en términos más específicos diré que el Grupo ELDR apoya la voluntad de promover una mayor cohesión económica y social, haciendo hincapié en la promoción del empleo, la igualdad de oportunidades, un medio ambiente sostenible y que, en ese contexto, está satisfecho con el objetivo del 0, 46 % del PNB de la Unión Europea que se ha sugerido para los fondos estructurales. 
Apoyamos las propuestas en favor de la concentración y simplificación de los fondos, e instamos a que el proceso de asociación ofrezca un papel mayor para las autoridades locales y regionales y una consulta más amplia con la sociedad civil. 
En el caso de las regiones que no pueden optar a los Objetivos 1 y 2, debería haber una base de reducción gradual de la financiación para eliminar los problemas inherentes a su supresión, y somos partidarios del establecimiento de los fondos de preadhesión para los países que han solicitado el ingreso. 
Estamos de acuerdo en que las iniciativas comunitarias deben concentrarse en una gama de temas más limitada, como por ejemplo Interreg y el programa Leader, y en que debe mantenerse la actual iniciativa Urban. 
Apoyamos el concepto de un fondo de reserva para garantizar la buena gestión y el aprovechamiento de los fondos estructurales en el futuro. 
Por lo que se refiere al Fondo de Cohesión, el Grupo ELDR es partidario de que se mantenga en el caso de los Estados miembros cuyo PIB es inferior al 90 % del valor medio comunitario, sin más reservas o condiciones. 
En cuanto a la reforma de la PAC, el Grupo ELDR estima que la política agrícola no se puede tratar aisladamente de los demás objetivos de la Unión. 
La PAC tiene que ser asequible en términos de presupuesto, compatible con las realidades del mercado del comercio mundial, y debe estar en consonancia con las necesidades y las condiciones futuras de la ampliación. 
La reforma de la PAC debe admitir y respetar un modelo de agricultura basado predominantemente en Europa y en las explotaciones familiares, pero también ha de respetar normas elevadas en materia de calidad de los alimentos, bienestar animal y sostenibilidad del medio ambiente, y promover el fomento del desarrollo rural. 
Somos también partidarios de que en este debate sobre productos, cortes y compensaciones, que era el tema de actualidad en la última generación, se haga más hincapié en la persona y en el lugar, que será el debate de la próxima generación. 
El Grupo ELDR acepta el estudio de nuevas formas de financiar la PAC pero insiste en que esas propuestas no deben desembocar en una renacionalización fragmentaria. 
Por último, rechazamos la necesidad de que haya equidad y equilibrio en las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto pero rechazamos firmemente el concepto del juste retour y pedimos a los Estados que tengan en cuenta sus obligaciones en el seno de la Unión Europea así como sus preferencias nacionales, porque para este proyecto es indispensable que estemos de acuerdo sobre las disposiciones financieras. 
Señor Presidente, al comentar la Agenda 2000, puedo decir que no veo en ella los valores históricos en que se basó la idea de la Comunidad Europea. 
En vez de valores, tenemos valores monetarios: una moneda. De hecho, no veo que se mantengan los ideales, sobre todo en lo relativo al asunto que mejor conozco, sobre el que voy a hablar y que interesa a mi Grupo: la Política Agraria Común. 
De hecho, no hay propuestas concretas, sino un intento descarado de aniquilar uno de los dos principios básicos de la PAC, tal vez el más importante- el de la solidaridad financiera, que es también una solidaridad moral- mediante propuestas mal disfrazadas de renacionalización de la PAC en el caso de los planes nacionales para los sectores de la carne de bovino y de leche. 
Hay una voluntad no disimulada de mantener discriminaciones negativas en relación con agriculturas menos productivas y menos desarrolladas al indizar los cálculos de las ayudas compensatorias a las productividades históricas, lo que va a mantener una Europa esquizofrénica entre países extremadamente pobres y países que no lo son por su naturaleza y por sus propias historias nacionales. 
Como si la Agenda 2000 y sus propuestas legislativas no bastaran, la Comisión volvió a atacar a la agricultura y a los agricultores europeos, sobre todo a los más frágiles, en su informe sobre sistemas de recursos propios al proponer el reembolso parcial de los gastos con las ayudas directas de la PAC. 
Todos sabemos también que la PAC, como única política verdaderamente común que ha sido, es el cemento de la construcción europea. 
Y eso sin hablar de la ampliación a los PECO, sin hablar de la ronda del milenio en la Organización Mundial del Comercio, sin hablar incluso de las afirmaciones hechas aquí ayer por el Presidente del Tribunal de Cuentas, que se permitió extralimitarse en sus funciones de juez para pronunciarse sobre las ayudas al trigo duro en los países más pobres, lo que, naturalmente, revela una confusión de poderes, todo contra lo que el viejo Montesquieu y el viejo Locke clamaron respecto de la defensa de la democracia. 
Por último, vemos que en la Agenda 2000 las regiones más desfavorecidas van a seguir desfavorecidas y las más favorecidas van a resultar cada vez más ricas. 
El foso va aumentar con seguridad, no me cabe la menor duda. 
Señor Presidente, el reto de la ampliación de la Unión Europea podemos y debemos abordarlo garantizando los grandes objetivos del proceso de construcción europea y especialmente el de la cohesión económica y social. Por ello, nos vemos obligados a manifestar graves críticas a la Agenda 2000, elaborada con prisa, como una decisión irreversible y sin cuantificaciones rigurosas. 
Es una gran paradoja que la Agenda 2000 se haga para lograr la ampliación y que luego ésta apenas se tenga en cuenta en las propuestas y en las argumentaciones. 
La opinión pública de los Estados miembros percibe un debate sobre recursos propios y su techo insuficiente del 1, 27 % del PIB comunitario, y sobre la disputada asignación de la solidaridad a través de los Fondos estructurales. 
Esta es la gran diferencia de percepción con la etapa Delors, cuando se proponían incrementos sucesivos de los recursos y de la cuantía de los Fondos estructurales. 
El debate se ha planteado de forma poco apropiada y sin tener en cuenta que no sólo debemos construir un mercado interior sino, principalmente, conseguir la cohesión económica y social. 
Más que hablar de contribuyentes y receptores netos habría que explicar quién se beneficia y cuánto en un balance económico global, ya que las políticas económicas más significativas no quedan reflejadas en el presupuesto. 
Y no se puede ignorar el imponente beneficio de algunas economías en el gran mercado interior mientras otras pagan su tributo económico y comercial. 
En cuanto a la Política Agrícola Común, nuestra crítica fundamental es que no hay una visión global y sólo se refiere a ciertos sectores productivos. 
Las reformas de las OCM supondrán fuertes bajadas de precios que se verán compensadas muy parcialmente por ayudas a la renta y primas al almacenamiento privado. 
El tiempo vendrá y lo demostrará. 
Nos preocupan los efectos sociales y sobre el empleo que afectarán a los agricultores más débiles. 
Nos preocupa la introducción de la lógica de cofinanciación que no resuelve los problemas. 
La solución debería venir a partir de verdaderas propuestas de modulación de ayudas directas capaces de corregir los injustos desequilibrios actuales. 
A nuestro juicio- y dicho con el mayor respeto- la propuesta de la Comisión no es más que un simulacro de modulación que cristalizará los desequilibrios hoy existentes. 
Por todo ello, estamos seguros de que habrá que hacer todavía un gran esfuerzo para alcanzar una ampliación solidaria y para resolver previamente las graves contradicciones e insuficiencias que hay en nuestra vida socioeconómica y también institucional. 
Señor Presidente, estimados colegas, todo induce a creer que el Consejo, después de las declaraciones solemnes de Bruselas, Luxemburgo y Londres sobre la singularidad histórica de la ampliación, ha dado un paso atrás. 
Aparentemente, se está creando un ambiente que pudiera contribuir a que el antiguo telón de acero sea sustituido por una cortina de humo de buenas palabras detrás de la cual se esconden las verdaderas intenciones del Consejo, que consisten en aplazar la adhesión de nuevos miembros. 
Somos conscientes de que nos hallamos ante una maniobra de ampliación sin precedentes, que exigirá muchos sacrificios de todos los países, tanto por parte de los Estados miembros como por parte de los países candidatos. 
Los excelentes informes de situación que la Comisión nos remitió a principios de noviembre demuestran hasta qué punto los países candidatos se han empeñado en cumplir los criterios de Copenhague. 
Ello no impide que para llevar a cabo esta reconversión tengan que pagar un precio muy alto. 
Ha llevado a la pobreza a grandes capas de la población y cualquiera que frecuente estos lugares con cierta regularidad se da cuenta de ello. 
Por eso mismo, queremos subrayar que la creación de una economía de mercado que funcione se limita en demasiadas ocasiones al mero deseo de conseguir una rápida privatización. 
No obstante, la situación vivida en Rusia, por ejemplo, muestra claramente que una privatización en la que un número restringido de personas se apodera de las riquezas nacionales no sienta de ninguna manera las bases adecuadas para un mercado libre corregido en lo que al aspecto social se refiere. 
Por lo tanto, la Comisión y el Consejo no han de insistir en una rápida privatización sin más, sino en una privatización fundada que cuente con los mecanismos necesarios para introducir correcciones de índole política y social. 
En nuestra opinión, la actitud más bien expectante del Consejo no está a la altura de los duros esfuerzos que están realizando los países candidatos. 
Porque, francamente, ¿qué hemos conseguido nosotros? 
La reforma institucional ha sido aplazada sine die. 
La reforma agrícola aún no está perfilada y lo poco que sabemos de ella en este momento induce a creer que se está quedando atrapada en la vieja vía de las reducciones de los precios de producción y la exportación de excedentes estructurales en lugar de orientarse hacia un enfoque integrado del desarrollo rural. 
Por lo que a la financiación se refiere, seguimos preconizando una actitud abierta que permita, en caso necesario, modular el volumen de la misma. 
Pero, además del volumen, nuestras palabras clave son: participación y descentralización. 
Afortunadamente, la descentralización de los recursos hoy día ya es un hecho, mientras que la participación de los representantes de los países candidatos en los comités de coordinación que deciden sobre los proyectos aún carece de solución. 
El informe del Tribunal de Cuentas sobre la seguridad nuclear que se ha dado a conocer recientemente saca a relucir una constatación embarazosa, a saber, la incapacidad de la Comisión para mejorar la seguridad de las centrales en los países candidatos. 
En realidad, fue nuestro grupo de presión en materia nuclear, de procedencia occidental, el que llevaba las riendas del asunto. Decidió recurrir a sus propios expertos, que, por cierto, le salieron muy caros, y exportar su propio material, lo cual dio lugar a un resultado desastroso in situ. 
Entendemos que la Comisión se hiciera cargo de la coordinación de este proyecto, pero consideramos que no se han aprovechado suficientemente las iniciativas como TACIS, PHARE, BIRD, etc. 
Apoyamos plenamente las propuestas positivas encaminadas a iniciar sin más tardanza las negociaciones, también con Letonia, y posteriormente con Lituania y Eslovaquia. 
Nos alegramos de que, como pudimos comprobar inmediatamente en la Comisión Parlamentaria Mixta, la apertura hacia Turquía dé resultado. 
Ya hay indicios de que la actitud de los representantes turcos ante la Unión Europea ha cambiado. 
Tenemos que evitar a toda costa que la Unión Europea se convierta en el rehén de Grecia y Turquía, puesto que estos países no se comportan como madres sino como suegras entrometidas que solamente consiguen que las cosas se compliquen. 
Todos sabemos que el desbloqueo del problema político que vive Chipre es una condición previa sin la cual la adhesión de dicho país plantearía serias dificultades. 
Por esta razón somos partidarios de que la Unión nombre un mediador europeo a fin de dar luz verde a una política dinámica que pueda llevar este asunto a buen término. 
Señor Presidente, para nosotros es una tentación muy fuerte, en el día de hoy, comparar lo que hubiera podido ser nuestro debate sobre la Agenda 2000 con lo que ha llegado a ser, por falta de una voluntad política suficiente. 
La ampliación de la Unión nos proporcionaba una ocasión única para proceder a una verificación en común de los principios en los que se fundamenta nuestra Comunidad, para reflexionar sobre una construcción institucional nueva, practicable por veinticinco o treinta Estados, y considerar las reformas presupuestarias que hubieran dado su significado a una integración continental. 
Después de este esfuerzo de refundación de la Unión, pero solamente después, hubiéramos podido estudiar las consecuencias técnicas de la ampliación, sobre nuestras políticas agrícolas y regionales, por ejemplo. 
En lugar de este amplio debate, oirán ustedes a lo largo de este día la queja de los parlamentarios que consideran, con toda razón, que las medidas propuestas en el día de hoy no están a la altura de este desafío histórico. 
Sin duda era necesario comenzar, entre los quince miembros y con los países candidatos, por reafirmar sin preámbulos retóricos, los valores particulares de humanismo, solidaridad, justicia y paz, que constituyen el modelo europeo y los objetivos que asignamos a la ampliación. 
Sin este acuerdo general sobre los principios fundadores y sobre la nueva frontera, tenemos la impresión de que unos distribuyen, con mucha condescendencia e imperialismo político, migajas de su prosperidad, mientras los otros creen que están invitados a entrar en un supermercado. 
¿Cómo no mencionar también la ocasión perdida en Amsterdam, donde deberíamos haber esbozado al menos una arquitectura institucional adaptada al continente y haber entrado de forma decidida en el modelo federal, en lugar de engancharnos a una construcción sui generis que todos los días está mostrando sus límites? ¿Como no señalar la vacuidad de nuestros compromisos financieros, que privan de sentido a nuestros compromisos políticos, cuando hubiera sido necesario, en nuestro propio interés, ser generosos e imaginativos, reflexionar, por ejemplo, sobre una fiscalidad comunitaria directa que diera una dimensión concreta a la Europa de los ciudadanos y una verdadera responsabilidad a este Parlamento? 
Ni siquiera hemos utilizado todos los recursos financieros que los actuales tratados nos autorizaban a poner al servicio de la ampliación. 
Conozco todos los argumentos de los economistas, de los contables y de los estadísticos. 
Todos ellos planteaban ya los mismos argumentos contra el proyecto de unificación alemana. 
Digan lo que digan las cifras, no impedirán que el simple sentido común constate que en igualdad de medios y con las mismas normativas, una Europa que pase de quince a veinte, después a veinticinco, más tarde a treinta miembros, estará necesariamente debilitada. 
No asistiremos a una ampliación sino, por disolución, a una pérdida de densidad de la Unión Europea, y esta pérdida de densidad entregará Europa al liberalismo económico más dogmático y a la impotencia política que favorece otros intereses. 
Éstas son las razones por las que el Grupo de Coalición Radical Europea, siendo favorable a las reformas y a algunas «reformitas» que se nos han propuesto, sigue a la espera del gran debate político sobre la Europa continental, debate que no podremos retrasar eternamente. 
Cada cual puede sentir, sobre la ampliación, que pasa el viento de la historia, pero todos pueden ver también que, en este caso tan concreto, a nuestro proyecto europeo le falta sobre todo impulso. 
El debate queda cerrado. 
Bienvenida 
Me van a permitir ustedes dar la bienvenida al Parlamento a dos destacados miembros del recientemente elegido Consejo Nacional Eslovaco. Se trata del Sr. Peter Weiss, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores que, a partir de ahora, será copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta y del Sr. Frantisek Sebej. 
Les deseo muchos éxitos en su trabajo, dirigido a hacer avanzar a Eslovaquia en el camino de la adhesión a la Unión. 
Estrategia de preadhesión 
El Consejo se ha ausentado. 
Ruego que conste en acta. 
Voy a presentar el informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo sobre la coordinación de la asistencia a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión. 
Permítame, señora Presidenta, que comience recordando algo que es muy elemental, pero que creo que tiene una importancia decisiva: que la ampliación es un proyecto político esencial no sólo dentro de la Agenda 2000 sino para la Unión Europea. 
Y este proyecto no consiste simplemente en que nos dediquemos en la Unión a chequear a unos países que quieren entrar, como si fuera un examen médico, o a hacerles pasar por la ventanilla, sino que es un proceso sostenido y un proceso de esfuerzo común y compartido para que estos países puedan reunir las condiciones que requieren los Tratados y que se han reflejado en los llamados criterios de Copenhague, que básicamente son: consolidar los sistemas democráticos de los países candidatos; reestructurar sus economías para adaptarlas no sólo a nuestro acervo sino también para hacer que funcionen como economías de mercado; y fomentar la buena vecindad y la solidaridad entre estos países, entre ellos y con nosotros. 
Eso exige voluntad política y exige también una claridad de objetivos. 
Yo deseo y espero que en el Consejo Europeo de Viena haya una afirmación política en este sentido y, sobre todo, que se tenga en cuenta el carácter incluyente y el carácter global de este proceso, sin crear nuevas diferencias y nuevas divisiones entre estos países. 
Tomo nota también de algunas cosas que ha dicho la Presidencia austríaca y que, entiendo, quiere decir que van asumiendo propuestas del Parlamento. 
Por una parte, se ha aceptado la categoría 7, distinguiendo la preadhesión de las reformas, cosa buena para la claridad más que para la transparencia, porque lo transparente no se ve y la claridad se ve y yo creo que habría que empezar a hablar más de claridad en este sentido. 
También se acepta el que haya una revisión de las perspectivas financieras- el 1, 27 % no es las Tablas de la Ley- y una cierta flexibilidad. 
Y eso entiendo que puede ayudar a este proceso. 
Ciñéndome a las aportaciones básicas del Parlamento en relación con la estrategia de preadhesión, nosotros entendemos que una estrategia de preadhesión tiene que tener en cuenta la dimensión política global del proceso y no solamente esos exámenes individuales. 
Tiene que tomar en consideración dimensiones como las que se refieren a los aspectos de cooperación política y de seguridad, que son fundamentales. 
Creemos que es importante que la estrategia se refleje y se articule de acuerdo con lo que plantean nuestros Tratados. 
En ese sentido, insistimos en que la estrategia debe desarrollarse a través de nuestros instrumentos, que son básicamente las acciones comunes y las posiciones comunes. 
Es importante que nosotros mismos respetemos las normas que nos hemos dado, sin que nos lo tenga que recordar de vez en cuando el Tribunal de Justicia. 
Además, hemos hecho un trabajo importante de coordinación entre las diversas comisiones que se ocupan de los tres instrumentos básicos que están operando en este momento. 
Tengo que decir que la Comisión, que hizo las propuestas de los tres reglamentos sobre la marcha, ha cambiado de criterio, se ha enmendado a sí misma y entiendo que ha dado mucho mayor peso al programa PHARE. 
En ese sentido, sería conveniente también que la Comisión tuviera en cuenta las observaciones del Parlamento y nuestras enmiendas en el sentido de dar una mayor claridad a esos objetivos y, sobre todo, al funcionamiento del programa PHARE, que corre el peligro de articularse en dos o tres programas PHARE: para los países que están ya negociando; para los que están en puertas y deseando entrar a negociar; y para los países a los que ni siquiera se aplica todavía el programa PHARE y no están en este proceso. 
Y para concluir, señora Presidenta, querría señalar que el resultado de la coordinación entre las diversas comisiones en relación con el procedimiento Hughes nos ha permitido plantear enmiendas que van en el sentido de cualificar la condicionalidad política y económica del proceso, insistir en la cofinanciación, plantear una asimilación y un ajuste de la ayuda dentro de los límites de la autoridad presupuestaria, la descentralización y el control de todo el proceso y un informe anual, así como la asociación del Parlamento Europeo a toda esta evolución y todo este control. 
Señora Presidenta, señorías, el Parlamento Europeo se ha pronunciado inequívocamente en diversas ocasiones a favor del proceso de ampliación. 
El enorme reto que ahora se nos plantea es el siguiente: por un lado, ¿cómo garantizamos la capacidad de adhesión de los países candidatos? ; por otro lado, ¿cómo aumentamos también la capacidad de la Unión Europea y sus estructuras? 
El instrumento de preadhesión de la política estructural para los países candidatos, llamado ISPA para abreviar, constituye en este contexto un importante elemento de enlace dentro y fuera de la Unión, en la medida en que ayuda a los países candidatos en las inversiones que se necesitan urgentemente y en que conduce gradualmente a realizar las funciones y mecanismos de la política estructural europea. 
A este respecto, el éxito de la estrategia de este instrumento dependerá decisivamente de que todos los instrumentos que están disponibles, ya sea ISPA, Phare, las ayudas a la adhesión en materia agraria y también Interreg, se coordinen de modo óptimo en el ámbito de la cooperación transfronteriza. 
No podemos permitirnos la duplicación de esfuerzos. 
Supondrían una carga adicional innecesaria para los países candidatos, que ya tienen tanto que hacer. 
Sobre el reglamento de coordinación y los eventuales socios de la adhesión, con los países candidatos debe quedar claro con qué instrumento, dónde y cómo se interviene. 
Independientemente de ello, el instrumento de preadhesión de la política estructural debe solventar un dilema básico. 
Por una parte, los países candidatos tienen una necesidad ingente de inversiones en todos los ámbitos posibles. 
Según las estimaciones actuales, sólo en el ámbito del medio ambiente los costes de las medidas necesarias se calculan en más de 100 000 millones de euros para los diez países candidatos. 
La contribución financiera de la UE, que está ahora mismo sobre la mesa de negociaciones, no son sino una gota en el mar. 
Por tanto, debemos emplear el dinero de una manera mucho más selectiva. 
Así pues, opino, y esto ha recibido la aprobación unánime de la Comisión, que centrarse en las inversiones que afectan a las infraestructuras de medio ambiente y de transporte contribuirá sustancialmente a cumplir el acervo comunitario en estos ámbitos. 
No debemos dispersarnos. 
Dada la escasez financiera, también es correcto, tal como propone la Comisión, fomentar ayudas orientadas a proyectos, a la manera de Phare. 
Esto no quiere decir, empero, que no haya que involucrar plenamente en las actividades a los interlocutores relevantes e interesados en los países y las regiones. 
Junto a las inversiones en infraestructuras, se proporcionará ayuda técnica en el marco de ISPA. 
Por ello sería inadecuado que ISPA subvencionara la mejora general de las capacidades administrativas en los países candidatos, ya que eso es lo que hace Phare. 
Con respecto a los problemas que se siguen planteando y a la demanda acumulada en el ámbito administrativo, para la ejecución eficiente de los proyectos es necesario, no obstante, garantizar a los respectivos órganos administrativos un apoyo orientado a proyectos. 
Centrarse significa también concentración en pocos proyectos o en paquetes de proyectos que tienen las dimensiones adecuadas. 
La propuesta de la Comisión de prever unas inversiones mínimas de 5 millones de euros es adecuada, con el añadido de que para los países candidatos más pequeños y también para otras excepciones justificadas debe existir la posibilidad, hasta un determinado porcentaje de los recursos, de conceder pequeñas inversiones. 
Para ello es necesario un margen de acción. 
El cumplimiento preciso de los objetivos se alcanza con el principio de la cofinanciación, que garantiza que el dinero europeo se emplee adecuadamente y aumente, en combinación con las instituciones financieras, como el Banco Europeo de Inversiones, su efecto de palanca. 
El instrumento de preadhesión de la política estructural se equipara cada vez más con el Fondo de Cohesión. 
Esto es correcto si se prevé la concentración en los proyectos de medio ambiente y transporte. 
Como en el caso del Fondo de Cohesión, se trata de que entre ambos ámbitos se produzca un equilibrio adecuado. 
El medio ambiente no debe quedarse postergado en nuestro apoyo a las inversiones de ampliación. 
Pero el ISPA es algo más que un clon del Fondo de Cohesión. 
También debe servir para facilitar que los países candidatos se acostumbren a los mecanismos de los fondos estructurales. 
Por esta razón, pedimos que en el ámbito de la ejecución de la gestión y en general en todos los ámbitos en los que haya disposiciones similares, como con vistas a los fondos estructurales o a las tendencias que ahora se debaten sobre los fondos estructurales. 
El principio de asociación debe aplicarse desde el principio del modo más extenso posible. 
El instrumento ISPA es una buena señal de la Unión, de que somos serios con la preadhesión de los países de Europa Central y Oriental. 
Se ha hablado mucho acerca de calendarios, fechas y años en relación con la ampliación. 
No tiene sentido despertar grandes expectativas que no pueden cumplirse, pero también tenemos que dejar claro que emplearemos todos nuestros instrumentos y que daremos apoyo financiero real. 
El ISPA es lo que podemos ofrecer como medio financiero. 
Es una ayuda para la autoayuda de los países candidatos, ni más, ni menos. 
En esa medida, acogemos favorablemente la propuesta de la Comisión con las enmiendas que hemos presentado, que pedimos se tengan en cuenta en el desarrollo de las deliberaciones. 
Señora Presidenta, todos los países candidatos están ajustando su política agrícola a fin de poder integrarse, llegado el día, en la Unión Europea. 
Los que esperan y piensan adherirse pronto deberán demostrar que han obtenido unos resultados excelentes en este ámbito para que sus mercados, administraciones e infraestructura institucional puedan insertarse sin demasiadas complicaciones en los de la Unión Europea de los Quince. 
Si la UE pretende dotarse en este momento de un instrumento nuevo para ayudar a los países candidatos en este proceso de preadhesión, es imprescindible que dicha ayuda dé resultados, y, además, a corto plazo. 
Por eso mismo, no conviene diseñar un mecanismo demasiado rígido, tanto más cuanto que se trata de un asunto sumamente complejo y una situación que varía mucho de un país a otro. 
Por todo ello, la propuesta de la Comisión que tiene por objeto brindar a los países candidatos la posibilidad de elegir programas prioritarios de entre un elenco de acciones seleccionadas nos parece una solución acertada. 
Opino, por el contrario, que la propuesta de exigir a los países candidatos que elaboren antes del 1 de enero del año 2000 un plan de desarrollo rural en el que encajen todos esos programas elegidos no es viable. 
No es que este tipo de planes de desarrollo rural no sean útiles y necesarios en sí, pero resulta imposible diseñarlos de forma democrática y con un enfoque lo suficientemente integrado en un plazo tan sumamente breve. 
Ello implicaría una complicación innecesaria y arriesgada, si cabe, de la ayuda aquí comentada. 
Es por eso por lo que he presentado en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural una propuesta al Pleno para que dichos planes de desarrollo rural no sean considerados como condición previa, sino para que, de momento, este marco tan sumamente riguroso sea sustituido por un enfoque pragmático que permita financiar una serie de medidas cuya utilidad no sea cuestionada por nadie. 
Para ello propugnamos la necesidad de acudir a un comité consultivo en el que entren a formar parte expertos de los Quince y de los países candidatos. 
Este comité tendría dos funciones. Por una parte, ayudaría a identificar las medidas útiles a las que me he referido antes y al mismo tiempo se encargaría de que la presentación de los proyectos y su tramitación por parte de los servicios de la Comisión se lleven a cabo correctamente. 
Dichos dictámenes y apoyos habrían de basarse en un conocimiento profundo del acervo comunitario y del proceso de mutación en el que se encuentran los países candidatos. 
La labor de asesoramiento del comité habría de dirigirse tanto a las administraciones de los países candidatos como a los servicios de la Comisión Europea, evidentemente en estrecha colaboración con las respectivas representaciones de la UE en los países candidatos. 
Así se podría, con toda certeza, mejorar la calidad y acelerar el procedimiento, lo cual permitiría incrementar el número de resultados mensurables a corto plazo. 
Entre otras ampliaciones, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha añadido a la lista de medidas propuesta por la Comisión, de la que los Estados miembros han de elegir preferentemente sus prioridades, la creación de un sistema de organismos de crédito agrícola y la rápida entrada en vigor de una contabilidad de empresas agrícolas a gran escala. 
Para algunas de las posibles acciones, el texto elaborado en comisión establecía requisitos referentes a la distorsión de la competencia y el cumplimiento de la legislación comunitaria. 
Me parece más lógico que estos requisitos se recojan en el artículo 6, que ha sido creado expresamente para ello, y en el que se habla entre otras cosas de la compatibilidad y las condiciones que deben reunir las medidas de apoyo. 
En cuanto a la coordinación, es importante que las normas comunitarias que rigen los diferentes programas de ayuda presenten la mayor homogeneidad posible. 
Esto se aplica, por ejemplo, a la normativa presupuestaria y contable. 
Por lo demás, hay que aprovechar en la medida de lo posible los mecanismos de coordinación y las estructuras de supervisión ya existentes. 
Por todo lo anterior, apruebo la propuesta modificada de la Comisión, según la cual también se designa competente en materia de ayuda a la agricultura al comité PHARE. 
También merece nuestro más firme apoyo el sistema de hermanamiento entre instituciones de determinados países miembros de la UE y algunos países candidatos, por ejemplo en el ámbito de los servicios veterinarios y fitosanitarios. 
Obviamente, el comité de seguimiento que ha sido creado con este fin cuenta con nuestra ayuda para proseguir sus actividades en este nuevo marco de asistencia. 
De la misma manera, se puede seguir adelante con las acciones en curso del programa PHARE. 
Señora Presidenta, es muy natural que nos embarquemos en esta reciente ampliación de la Unión Europea este año, que es el año en que celebramos también el 50º aniversario del puente aéreo a Berlín. 
El puente aéreo fue un notable esfuerzo internacional en interés de la paz, la estabilidad y la democracia en Europa. 
Ya vemos con toda claridad que esta ampliación de la Unión Europea va a exigir un esfuerzo internacional similar si queremos que haya éxito. 
Requerirá altruismo por parte de los Estados miembros de la Unión Europea y de los solicitantes. 
No cabe duda que se trata de un proceso complejo y exigente en grado sumo. 
Tenemos que dedicarnos con toda nuestras fuerzas a alcanzar el objetivo definitivo, que es una Europa estable y próspera. 
Después de decir lo que antecede, diré que cualquier solución que encontremos a estos problemas tiene que ser aceptada por el pueblo de Europa, tanto por nuestros propios electores como por los electores de los países solicitantes. 
Por eso nuestras soluciones tienen que ser prácticas y aceptables. 
Los resultados de las actuales encuestas de la Unión Europea indican que la gente es indiferente u hostil a la ampliación, o sea que no tenemos más remedio que «venderles» este proyecto, tanto en la Unión Europea como en los Estados solicitantes. 
Además de destinar dinero a la infraestructura y al medio ambiente tenemos que pensar también en la gente. 
Al fin y al cabo, como dijo Galbraith: «El dinero no vale más que la democracia». 
Me gustaría que esos países se ocuparan más del diálogo social y de los programas de desarrollo, para ayudar a las personas afectadas por los cambios económicos. 
En cuanto al instrumento concreto de que nos estamos ocupando, como dice el Sr. Barón Crespo, es necesario que se vea con mayor claridad de qué forma se gasta este dinero y de qué forma se establecen los comités que lo van a administrar. 
En vista de los últimos escándalos de la Comisión tenemos que cerciorarnos de que este proyecto no suscita ninguna duda acerca de la gestión de sus fondos. 
Señora Presidenta, el reglamento sobre la coordinación de la asistencia a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión constituye un paso significativo en el camino hacia la ampliación de la Unión Europea. 
En realidad, nos hallamos en un proceso que modifica sustancialmente la imagen que la Unión Europea tiene de sí misma. 
Antes nos considerábamos como miembros de una Comunidad Económica Europea. 
Pero cada vez más, particularmente como consecuencia del contacto con los candidatos a la preadhesión, llegamos a la conclusión de que en primer lugar somos una federación de Estados de derecho democráticos. 
Es natural que esta comprobación haya marcado nuestra relación con algunos países candidatos, muy en especial en el caso de la República de Eslovaquia. 
Podemos congratularnos de que la preocupación que hemos mostrado a este respecto por Eslovaquia quizá haya contribuido en alguna medida a que la población de este país haya optado por una nueva vía. 
Nos felicitamos de que el nuevo Gobierno de Eslovaquia lleve una política muy distinta a la de sus predecesores. 
Así las cosas, deseamos de todo corazón que Eslovaquia pueda disfrutar cuanto antes de la perspectiva de su adhesión. 
Señora Presidenta, el Consejo ha tomado nota de los deseos del Parlamento con respecto a los posibles procedimientos de control que esta institución pueda ejercer sobre el proceso en su conjunto. 
Es un elemento muy positivo. 
La manera misma en que se organiza la asistencia dice mucho sobre los usos y costumbres políticos y administrativos comunitarias. 
Es por lo que este aspecto es fundamental para que los países aspirantes se familiaricen con la futura participación en la Unión. 
Los candidatos tienen ante sí tres instrumentos de financiación, cada uno de ellos con unos objetivos bien delimitados. 
De este modo queda patente el pilotaje específico ejercido por la Unión Europea al tiempo que los países aspirantes se familiarizan con la forma en la que éste se coordina. 
Es fundamental subrayar la responsabilidad de la Comisión. 
El artículo 9, tal y como figura en la nota de la Comisión, no deja lugar a dudas al respecto e incluso entra en detalles. 
Lo importante es, pues, que este artículo no se modifique quitándole fuerza. En caso de que los Estados miembros participen en la coordinación, es lógico que, dentro de este marco, coordinen su propia asistencia. 
Me parece conveniente resaltar este aspecto una vez más. 
En el debate sobre la adhesión que celebramos en su día con la Presidencia británica, reclamamos y conseguimos un procedimiento que garantiza el control del Parlamento Europeo y la posibilidad de modificar o completar la estrategia de adhesión. 
Es preciso cuidar de este logro. 
Por tanto, no me parece buena idea asignar este trayecto explícitamente al segundo pilar, en el que, por el momento, nuestro papel queda relegado a un segundo plano. 
Por otra parte, está muy bien que podamos intervenir en el asunto a través de nuestra capacidad presupuestaria. 
Es una de las razones por la que opino que la enmienda 15, presentada por Swoboda-Titley, no es aconsejable. 
Del mismo modo, el Partido Popular Europeo votará en contra de las enmiendas que aumentan el poder de decisión de los Estados miembros sobre la asistencia. 
Nos parece positivo que al final el pilotaje quede en manos de la Unión Europea. 
En fin de cuentas se trata de los impuestos de nuestros ciudadanos, ante los cuales tenemos que justificarnos. 
Los importes de la asistencia no son extraordinariamente altas. 
Al contrario, uno más bien diría que son cantidades sorprendentemente exiguas. 
Parece mentira que por este precio tan sumamente reducido se pueda cumplir un ideal tan alto. 
Señora Presidenta, el Grupo Liberal apoya las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa con respecto a la acertada propuesta de la Comisión que pretende agilizar la asistencia a los países candidatos. 
La Unión tiene mucho interés en que se haga un uso eficaz de los fondos de ayuda. 
Puesto que el espacio presupuestario no deja mucho margen de libertad es aún más preciso, si cabe, que se garantice la máxima eficiencia. 
En estas circunstancias, es necesario ponerse de acuerdo con los Estados miembros y las entidades financieras internacionales. 
Nos adherimos asimismo a la propuesta de la Comisión que preconiza la descentralización del poder de decisión en el ámbito de los microproyectos siempre y cuando esto vaya acompañado de la necesaria asignación de recursos humanos y financieros. 
Rechazamos la propuesta que tiene por objeto transformar todo el expediente de la ampliación en una acción común situada en el marco de la política exterior. 
Suena bien, dado que, de esta forma, la ampliación pasaría o pasa a ser la mayor proeza de la política exterior de la Unión. 
Lo malo es que una acción común en el marco de la PESC exige la unanimidad del Consejo y, en consecuencia, debilita la posición del Parlamento Europeo. 
Hay que poner más empeño en los preparativos de la ampliación. Es lo que da a entender el informe de situación elaborada por la Comisión. 
Existen enormes diferencias entre los esfuerzos y los resultados de los Estados miembros con respecto a dichos preparativos. 
La primera condición es, sin duda alguna, que los países candidatos cumplan sus compromisos, pero, por otra parte, no se puede perder de vista que no sólo la calidad sino también la cantidad de la asistencia desempeñen un papel primordial. 
No la cartera financiera, es decir, el 1, 27 % del PNB, sino la calidad de los preparativos de la ampliación ha de ser decisiva para fijar la cantidad de la ayuda. 
El Grupo Liberal se congratula de que todos los candidatos hayan sido evaluados de forma objetiva. 
La Comisión ha afirmado con razón que los dos grupos establecidos no constituyen una lista cerrada ni definitiva. 
Los esfuerzos de los miembros candidatos han de ser premiados. 
Lituania, Letonia y Eslovaquia están avanzando en la buena dirección, cada una a su manera. 
Sorprendentemente, la República Checa y Eslovenia están atravesando un mal momento. 
No debemos decidir ahora qué países están preparados para pasar del grupo II al grupo I. Esta decisión se tomará de aquí a un año, no dentro de seis meses, ya que no podemos esperar que la Comisión nos prepare un informe cada medio año. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, agradezco al Sr. Barón Crespo, así como a los demás ponentes la labor realizada- evidentemente algo de lo que ha dicho en su informe es fruto del trabajo llevado a cabo en la Comisión de Asuntos Exteriores- y le damos las gracias por haber atendido toda una serie de indicaciones y sugerencias. 
Me parece indudable que lo que va a ser la ampliación de la Agenda 2000 es el gran reto de este Parlamento y de las Instituciones europeas. Un reto político, extraordinario respecto a países que hasta hace algunos años abrigaban el sueño de Europa, el mito de Europa, de la Europa democrática, hecha de libertades y de derechos. 
Pues bien, pensar en reducir todo esto a un razonamiento contable acerca de cuánto dinero debe transferirse de una parte a otra para ayudar a los que quieren participar en este gran sueño de libertad y de democracia, me parece poco inteligente. 
Por tanto, nos jugaremos nuestra credibilidad en este reto político en los próximos años. 
Cierto que nuestras Instituciones no están preparadas para hacer frente a este reto. 
Es como si tuviéramos un vehículo de seis plazas dentro del cual ya colocamos a quince personas y, al final, pretendemos meter a veinticinco. 
Corremos el riesgo de que se produzca la implosión de este vehículo. 
Es por esto que, en mi opinión, debemos examinar nuestras Instituciones en esta estrategia de preadhesión; necesitamos sobre todo que respecto a estos países que se acercan a la Unión Europea, no se trate de un problema cuantitativo de ayuda económica sino fundamentalmente de una exportación de modelos democráticos, de derechos de los ciudadanos. 
Señora Presidenta, en estos países se está construyendo el Estado de derecho. 
Si existe un valor que Europa puede transferir a estos países es el concepto mismo de Estado de derecho y de democracia, los derechos de los ciudadanos y la facultad de ejercerlos en todas sus formas. 
Señora Presidenta, con los debates de hoy entramos en una fase crucial respecto de la determinación del próximo marco financiero comunitario y de las orientaciones y reglas que regirán algunas de sus políticas y algunos de sus instrumentos más importantes. 
Considero indiscutible que los presentes debates se inician en condiciones profundamente diferentes de las que caracterizaron los que celebramos sobre el primero y el segundo conjunto de medidas Delors. 
Más concretamente, y sintetizando, podría perfectamente afirmar que quedan lejos los tiempos en que la cohesión económica y social era presentada como un punto de honra y se debatía con ardor sobre los medios para nuestras ambiciones. 
Cierto es que existe una ambición: la de la ampliación. 
Cierto es, asimismo, que existen instrumentos y ahí están, para comprobarlo, las diversas propuestas formuladas. 
Pero faltan los medios financieros indispensables para semejante objetivo y semejantes instrumentos. 
La ampliación no nos inspira reserva alguna de principio, pero no diremos lo mismo de las vías elegidas por la Comisión para hacerla realidad. 
La ampliación entrañará aumentos lógicos de gastos, seguramente muy superiores a las contribuciones que los países candidatos podrán hacer a los recursos comunitarios, por lo que la Unión Europea se encuentra ante una alternativa de dos únicas opciones: o se asignan medios financieros suplementarios para la ampliación o se reducen los gastos con los objetivos y con las políticas actuales. 
Por nuestra parte, nos pronunciamos claramente a favor de la primera opción. 
Pero no es ésa la opción de la Comisión, que- al elegir como prioritario el respeto draconiano del Pacto de Estabilidad- escoge el camino de la reducción de los gastos. 
Eso es lo que se desprende objetivamente de sus propuestas de mantenimiento del límite máximo de las perspectivas financieras en el nivel del actual 1, 27 % del PNB comunitario y de la consiguiente reducción de dicho límite para los quince Estados miembros actuales al 1, 13 % o de la limitación de las acciones estructurales para la Unión ampliada al actual 0, 46 % del PNB. 
Y eso es lo que se desprende ahora también de su propuesta de renacionalización de los costos de la PAC. 
No aceptamos semejante opción de la Comisión y consideramos que no se puede escamotear en este momento esa cuestión fulcral. 
El resultado de semejante opción sería ineluctablemente el sacrificio de la cohesión económica y social. 
No comprendemos que en nombre de una nueva solidaridad se sacrifique otra solidaridad, inscrita, además, en el Tratado. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señorías, estamos diciendo que la ampliación de la Unión Europea constituye el mayor reto después de la guerra fría. 
Decimos que ahora podemos conseguir una nueva estabilidad para Europa junto a nuestros vecinos del este. 
La representante del Consejo ha dicho que nuestros vecinos están esperando el apoyo de la Unión Europea para conseguir sus reformas y la adopción del acervo comunitario. 
Pero miremos el importe de la financiación: es dinero de bolsillo, es ridículo. 
La realidad es que los costes de las estrategias de preadhesión tendrán que sufragarlos prácticamente los países candidatos. 
Por tanto, considero inaceptable la tutela de los candidatos en el reglamento. 
Deben ser reconocidos definitivamente como candidatos. 
Lo mínimo sería que estuvieran representados en el comité de coordinación. 
Los Verdes consideran que una ampliación como una vía de un solo sentido es una disculpa y piden que se adopte una estrategia de ampliación en pie de igualdad. 
Permítanme hacer un añadido a las enmiendas, ya que la lista de votaciones a mi juicio está mal ordenada. 
El Sr. Barón Crespo también aceptará que nuestra enmienda 17 se considere un añadido a su enmienda 7 y nuestra enmienda 19, a su enmienda 9, no una alternativa. 
Señora Presidenta, con respecto a esta estrategia de preadhesión, quisiera hacer algunas observaciones inspiradas en mi experiencia como ponente sobre el tema de la asociación de algunos PECO al programa Educación, Juventud y Cultura. 
Salvo el audiovisual, se trata de ámbitos en los que el acervo comunitario es mínimo. 
Sin embargo, son reveladores de algunas distorsiones que sufre nuestra estrategia. 
Para comenzar, suscribo plenamente el punto de vista enunciado por nuestro ponente. 
En primer lugar, no se puede considerar esta fase de preadhesión sin tomar en consideración la relación que existe con algunas políticas comunitarias y su necesaria evolución. 
En segundo lugar, la búsqueda de coherencia y eficacia pasa por la reafirmación de los objetivos políticos en el proceso de ampliación. 
Por ello es lamentable que, en esta segunda fase, el programa PHARE se concentre más en las intervenciones de tipo técnico en detrimento de las acciones de reforma más políticas, por ejemplo en el ámbito social o cultural. 
Por otro lado, en este camino del combatiente al que están sometidos los países candidatos y que se llama de forma púdica integración del acervo comunitario, temo, señor Comisario, que nos limitemos a las apariencias y que no siempre midamos la adhesión de esos países con respecto a las políticas comunitarias en términos de principios, de valores y de filosofía. 
Esto es especialmente cierto en los ámbitos de medio ambiente y transportes, objetos de este nuevo instrumento ISPA. 
En ese caso también, confieso que no estoy totalmente convencida de que responda a los objetivos que se persiguen. 
Señora Presidenta, hemos acogido con gran satisfacción la noticia de la Comisión Europea según la cual se han registrado avances importantes en la fase previa al inicio de las negociaciones con los países candidatos sobre su adhesión a la Unión Europea. 
Algunos capítulos del acervo comunitario ya han sido sometidos a control y hay que admitir que los resultados son alentadores, aun cuando haya países que sufren más dificultades a la hora de encontrar el buen camino. 
No faltan, sin embargo, las notas discordantes. 
Ha quedado de manifiesto que la asimilación de la normativa comunitaria es una tarea mucho más ardua de lo que se había pensado en un principio. 
Suscribo los informes que hoy se debaten, aunque quisiera llamar la atención sobre algunos puntos. 
Los nuevos Estados miembros han de cumplir una serie de requisitos que, de hecho, son imprescindibles para la adhesión, como por ejemplo el respeto de las libertades fundamentales. 
Pero ello no significa bajo ningún concepto que la exigencia de calidad de los ajustes realizados pueda aducirse como excusa para aplazar la adhesión de los nuevos Estados miembros. 
Además, los informes sacan a relucir la incapacidad del Consejo para convertir las consecuencias de la decisión sobre la ampliación en una estrategia política. 
¿Realmente existe voluntad política para ello? 
Los negociadores deben darse cuenta de que los antiguos países del Este tienen poca experiencia con el respeto a la democracia, los derechos humanos y las minorías. 
Y no pretendo disculparlos. 
Pero creo que como Parlamento Europeo también debemos fijar nuestra atención en los aspectos positivos, que demuestran que, contrariamente a lo que podría esperarse, muchos países candidatos ya han andado buena parte del camino. 
No conviene poner el listón muy alto en lo que a la adhesión de los países de la Europa central y oriental se refiere. 
Estos países forman parte de la Europa occidental y, tras un período de dominio comunista, presentan con razón sus deseos en materia de seguridad y bienestar a los países de la Europa occidental. 
Tanto el ingreso en las estructuras estables de seguridad de la Unión Europea como la entrada en la OTAN pueden contribuir a evitar el nacimiento de nuevos conflictos. 
Además, de esta manera las democracias recientes de la Europa oriental dispondrían de unas líneas directrices en las que podrían inspirarse para su desarrollo. 
No dejemos escapar esta oportunidad y hagamos todo lo posible porque la adhesión se lleve a cabo cuanto antes. 
Si se imponen medidas de ajuste a los países candidatos, las Instituciones europeas también deberían empezar a poner manos a la obra, dando ejemplo. 
Señora Presidenta, aunque el Sr. Samland aún no ha tomado la palabra, mi intervención se refiere principalmente al informe del Sr. Tomlinson. 
Tengo la impresión, Señora Presidenta, de que en todo este debate sobre el problema de la ampliación a los idealistas les falta sentido de la realidad y a los pragmáticos les falta idealismo. 
Acabamos de escuchar una serie de ideas que, a mi modo de ver, son excesivamente idealistas, como por ejemplo la propuesta, que ya ha sido criticada por mi colega Oostlander, de alojar todo el asunto de la ampliación en la PESC, dejándolo en manos de una pandilla de diplomáticos peleones. 
Creo que la PESC es demasiado importante como para tratarla de esta manera. 
Ahora quiero presentar el fondo mencionado en el informe Tomlinson como un ejemplo en el que pragmática e idealismo van cogidos de la mano. 
Se habla de las ayudas a países mediante préstamos garantizados y, más en particular, de las garantías de la Unión. 
Ahora bien, evidentemente, en un momento determinado resulta que algunos países no pueden pagar. 
Es aquí donde interviene la garantía establecida por la Unión Europea. 
Es un dato importante. 
El único problema es que cuesta mucho dinero. 
Evidentemente, el Consejo, sabio que es, no había caído en la cuenta. 
Se había limitado a pensar que esta garantía en sí ofrecía cierta ventaja, olvidando que en algún momento habría que dar la cara. 
Gracias a las presiones del Parlamento Europeo se ha podido crear un fondo que cubre estas garantías prácticamente por sí solo. 
Afortunadamente, hemos podido comprobar que se necesita algo menos de lo que se había calculado en un primer momento, de modo que el importe puede ser reducido del 10 % al 8 %. Esto es una ventaja. 
Todo ello apunta a que la Unión ha diseñado en instrumento sumamente práctico, un instrumento que, de hecho, funciona, un instrumento que, de una u otra manera, puede aplicarse directamente a través de las entidades que los países mismos han creado en colaboración con sus bancos centrales, y que este instrumento surte efecto. 
Incluso puedo añadir que hemos utilizado este mismo modelo para los planes nacionales de empleo en Europa, optando por la combinación de garantías y préstamos. 
Es un modelo excelente. Es mucho mejor que otras muchas cosas que se han propuesto. 
Además, es un modelo del que puedo demostrar que tiene su origen en las amenazas y presiones de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, y si hubiera sido creado de otra manera, accediendo a los deseos de determinados Estados miembros, es decir, a la buena ventura, hubiera estado abocado al fracaso, aparte de que, en tal caso, nosotros aquí en el Parlamento hubiéramos tenido que hacer frente una vez más a los reproches de nuestros ciudadanos sobre el despilfarro de dinero. 
Éste no ha sido el caso ahora. 
Creo que nosotros, aquí en este Parlamento, debemos darnos cuenta de que los responsables de cualquier posible fallo atribuible a los diplomáticos no serán éstos, sino nosotros, por lo que es nuestra obligación ser idealistas y realistas a la vez. 
Señora Presidenta, es imprescindible concentrar y coordinar con eficacia la ayuda que se viene prestando a los países candidatos a través de tres instrumentos distintos, y todo ello con el fin de lograr el mayor beneficio posible. 
El punto de partida para el resto de las acciones de desarrollo es el cumplimiento de los criterios de Copenhague. 
Igualmente, es preciso intentar adaptar la ayuda a los países candidatos de acuerdo con los programas INTERREG y TACIS, de acuerdo con la cooperación transfronteriza e intergubernamental dentro de la propia UE, para lograr que estas ayudas formen un conjunto coordinado. 
Además, es necesario concentrar en un solo instrumento las ayudas destinadas a mejorar la seguridad nuclear, esto es, tal como establece el reglamento del programa PHARE. 
Por lo que respecta a las ayudas agrícolas de los países candidatos, es necesario lograr flexibilidad y establecer una prioridades claras con arreglo a los acuerdos de asociación. 
La integración en el mercado interior y la asimilación de las normas de la UE requieren una colaboración a gran escala basada en la política y el control de calidad de los productos alimenticios, en las cuestiones fitosanitarias y zoosanitarias, y, en un contexto más amplio, en una política medioambiental para una producción sostenible. 
Es preciso que nos dotemos de una política rural eficaz y de amplias miras para afrontar las consecuencias que implicarán los cambios estructurales en el ámbito de la agricultura. Esta política deberá permitir la aparición de una nueva y polifacética actividad empresarial y la creación de nuevos puestos de trabajo, por lo que la formación de calidad desempeñará un papel verdaderamente fundamental en el aprovechamiento de las ayudas a los países candidatos. 
Asimismo, la descentralización administrativa parcial de la que, bajo el control de la UE, se están beneficiando los países candidatos representa un paso en la dirección adecuada. 
Es preciso apoyar la participación de los países beneficiarios en los trabajos de los comités y, por lo demás, hacer hincapié en esta participación sistemática con el fin de encontrar fondos y fuentes de financiación para las inversiones. 
Señor Presidente, ya que estamos debatiendo un informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa relativo al asunto de la adhesión, me gustaría que nos ocupásemos de un problema exclusivamente político que ha influido y ha preocupado en gran medida a los ciudadanos mi país. 
Se trata de la adhesión a la Unión Europea de la República de Chipre. 
He escuchado con gran preocupación unas declaraciones de Francia, de Italia, de Alemania y de los Países Bajos, que relacionan la adhesión definitiva a la Unión Europea de la República de Chipre con la solución de la cuestión chipriota, algo que no guarda relación con las principales posturas que la Unión Europea había adoptado repetidas veces en diversos Consejos europeos. 
Se observa con tristeza cómo ciertos gobiernos como el del Sr. D ' Alema, el del Sr. Schöeder o el del Sr. Jospin, adoptan políticas peores y alejadas de los compromisos asumidos por los gobiernos del Sr. Berlusconi, del Sr. Kohl y del Sr. Juppé. 
Aquí quisiera insistir en que la peor manera de dar solución a la cuestión chipriota es decir que ésta es una condición política para la adhesión de Chipre a la Unión Europea, porque esto constituye un impulso para que Turquía, que no desea la adhesión aunque quiera buscar una solución a la cuestión chipriota, no dé ningún paso en esa dirección. 
En este sentido, creo que es muy importante que considerásemos algo que había manifestado aquí el Sr. van der Broek, de que la cuestión de la adhesión de la República de Chipre no puede convertirse en rehén de ningún país y éste debería ser nuestro principio. 
Señora Presidenta, la ampliación de la UE a los países de Europa central y oriental implica oportunidades y riesgos, no sólo para los países candidatos, sino también para la UE. 
Ante todo, en el ámbito de la política agrícola ocurre que no podemos aplicar nuestra lógica destructiva de la última década a estos países, sino que tenemos que apoyar las estructuras regionales existentes, construir nuevas y darles una oportunidad de modernizarse y hacerse eficaces. 
Así pues, debemos contrarrestar la tendencia a practicar un desarrollo que, bajo la denominación de «mejora estructural» , no haga sino conducir a una evolución similar negativa. 
Por esta razón no estoy de acuerdo con el enfoque del ponente Sonneveld. 
El ponente afirma que los planes de desarrollo integrado del espacio rural no deben prorrogarse. 
Esto significa que no quiere la evolución positiva que debemos fomentar, sino que querría seguir con la vieja lógica de la racionalización de las estructuras y con la destrucción de puestos de trabajo y la evolución hacia una producción no respetuosa del medio ambiente. 
Así pues, señor Sonneveld, por responsabilidad hacia la evolución de la política agraria de la UE, no podemos aceptar las enmiendas. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero agradecerle muy sinceramente su ecuanimidad y la de este Parlamento por haberme designado ponente. 
Desgraciadamente, no pude estar aquí anteriormente, porque esta misma tarde debía hablar al mismo tiempo con uno de nuestros interlocutores en la concertación. 
Este ha sido el problema. 
Por otra parte, he de disculpar al Sr. Tomlison, que hoy está ocupado asistiendo a una importante reunión en Gran Bretaña, en la Cámara de los Lores, en su otra función. 
Como saben, está en juego una decisión importante para nuestros colegas británicos. 
En este sentido, quisiera referirme al informe presentado por el Sr. Tomlison sobre la modificación del Reglamento 2728/94 sobre la creación de un fondo de garantía para medidas en el ámbito de la política exterior. 
El Sr. Pronk ya se ha referido a ello: este fondo de garantía fue desde hace muchos años objetivo del Parlamento Europeo, porque no podíamos estar de acuerdo con que los Estados miembros se pronunciasen a favor de que estas garantías, sobre todo las excepciones a las posibles garantías, se aseguraran a través de un fondo. 
Por eso hemos acogido con gran satisfacción que se propusiera un fondo en 1994 y que fuera aceptado por el Consejo, porque con ello se crearía la base de asegurar las garantías en Europa central y oriental. 
El informe que la Comisión ha presentado ahora sobre la utilización de este fondo y sobre los riesgos que serán cubiertos por este fondo, ha llegado a la conclusión de que el valor de los pagos debe bajarse desde un 10 a un 8 %. 
La justificación que de ello da la Comisión se basa en que las garantías que entrañan un posible riesgo se mueven a un nivel en el que podemos arreglarnos para los pagos del fondo con un tipo bajo. 
¿Hasta dónde reducimos? 
En este caso, el porcentaje propuesto requeriría una cantidad máxima anual de 150 millones de euros, para poder equipararse al nivel actual de la concesión de préstamos a los terceros países con un máximo de unos 2.500 millones de ecus. 
De esta manera se cubrirían los riesgos del fondo. 
El ponente y la Comisión de Presupuestos han llegado a la conclusión de que el informe presentado por la Comisión está justificado, ya que, según los análisis de la Comisión, hasta el 1 de julio de 1998 los préstamos de riesgo con un riesgo excesivo ascenderán a un volumen total de unos 1 750 millones de ecus, según la propuesta de la Comisión. 
También pueden deducirse del informe, desglosados por países en los Estados miembros de la CEI o de los países de Asia o América Latina. 
En esta fecha límite, el fondo dispone de un volumen de 1.186 millones de ecus. 
Si se diera el caso de que no se devolviera la suma total de los préstamos a la que se presupone un gran riesgo, el fondo se vería en una situación de soportar efectivamente la pérdida. 
Para ello no sería necesario empezar a gastar la cantidad prevista en el plan presupuestario para la dotación de préstamos- en el ejercicio presupuestario de 1998, 338 millones de ecus-. 
En esa medida, la cantidad pretendida se reduciría de manera adecuada y correcta. 
El ponente y la Comisión siguen la propuesta de la Comisión. 
No obstante, hemos presentado dos enmiendas con las que queremos pedir precisiones a la Comisión antes de votar el informe. 
Una se refiere a que la Comisión nos presente regularmente un informe para poder valorar de nuevo los parámetros tras la evolución de la utilización de los créditos y del fondo. 
Pienso que en este punto al menos discrepamos. 
En eso también nos tiene que seguir la Comisión. 
Esa es la enmienda 2, pero me gustaría contar con una confirmación de la comisión. 
La enmienda 1 es mucho más importante. 
¿Quién administrará el fondo? 
Me inclino más por la postura del Sr. Pronk que por la Comisión. 
La Comisión quisiera remitirlo al Fondo del Banco de Inversiones Europeo con su propia estructura administrativa. 
El ponente, en su exposición de motivos, ha expresado que no parte de la base de que la posibilidad de evaluar los riesgos en la concesión de préstamos por parte de funcionarios de la Unión Europea pueda ser más fácil que en un banco que debe mantenerse en el nivel de los bancos y valorar como una medida bancaria habitual la calidad de los riesgos, antes de conceder un crédito. 
Por tanto, queremos dejar constancia de eso. 
Esto significaría que se acepta la enmienda 1. 
Con la administración financiera del fondo, la Comisión se encargará de suprimir esta parte. también querríamos una aclaración de la Comisión al respecto. 
Quisiera decirles lo siguiente- tal como les propone también el informe -: en caso de que la Comisión no valore positivamente estas enmiendas, pediremos que el informe se remita de nuevo a la comisión, porque no queremos dar este paso en la práctica si la Comisión no nos respalda en estas cuestiones. 
Señora Presidenta, la ampliación de la UE a los países de Europa central y oriental y Chipre no sólo se produce a principios del nuevo siglo, sino que es una tarea del siglo. 
Tal tarea requiere un empleo extraordinario de fuerzas de todos los implicados. 
Entre tanto, a todos queda claro que estos esfuerzos se exigirán en primer lugar a los países candidatos. 
Con respecto a las diferencias reales, por ejemplo en el ámbito de los asuntos económicos y sociales, entre nosotros y los países candidatos, sigo opinando que nosotros, en tanto que Unión Europea, debemos realizar modestos esfuerzos con respecto a este reto, también desde el punto de vista financiero. 
Pero, sea como sea, dadas las circunstancias, la Comisión, a mi juicio, a pesar de todo, ha puesto sobre la mesa propuestas que son practicables en la mayor medida posible y que al menos nos dejan abierta la oportunidad de controlar este gran proceso de adhesión de la Unión Europea y darle forma positiva. 
Pienso que en la ampliación es necesario, mucho más que hasta ahora, familiarizarse con las administraciones públicas de todos los niveles, no sólo de los niveles superiores- eso está garantizado- sino también de los inferiores, y con los objetivos y procedimientos del acervo comunitario en estos países candidatos. 
A mi juicio, sigue habiendo una cierta infravaloración de la situación de la que provienen la mayoría de esos países, en concreto, de sistemas dictatoriales con las administraciones propias de los mismos. 
A menudo también se olvida que en los niveles inferiores de estas administraciones están las mismas personas que, naturalmente, se esfuerzan por trabajar ahora en el nuevo sistema. 
Pero nosotros debemos encaminarlos expresamente mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora a formar parte de nuestros recursos de preadhesión en dirección al reciclaje de la administración. 
Frente a ello probablemente es menos necesario financiar nuevos estudios por parte de Europa occidental. 
Pienso que los análisis de lo que existe in situ bastan. 
Vuelvo a referirme una vez más a la tarea del siglo. 
Debemos tener en cuenta del modo más justo y equitativo posible no sólo los intereses de los países candidatos, sino, por supuesto, nuestros propios intereses. 
Pero, sobre todo, como demócratas europeos, debemos estar agradecidos por poder tomar parte en este proceso histórico. 
Señora Presidenta, señorías, quisiera adherirme a la última observación del Sr. Botz. 
En la práctica no es necesario realizar más estudios de viabilidad, sino que se necesitan medios operativos, y opino que la Comisión desde hace algún tiempo ha tomado este camino. 
Estamos dispuestos a apoyar a la Comisión a consolidar este enfoque. 
Los objetivos de infraestructuras y medio ambiente, fomento de cuadros directivos y financiación de las inversiones, además del punto esencial de fomento de la democracia y el Estado de derecho y de las estructuras administrativas eficaces, así como una justicia adecuada, son enfoques correctos. 
Pero, para que tengan un efecto relativamente rápido, estos medios deben concederse de manera rápida y no burocrática. 
Tenemos una pesada tarea ante nosotros, a saber, llevar al equilibrio económico y político a un continente que está despiadadamente dividido, tanto desde el punto de vista económico como político. 
Volver a recomponer los pedazos es la gran tarea que debe ir unida al proceso de aproximación. 
A este respecto, debemos decir de nosotros mismos que a menudo olvidamos que, en tanto que intereses nacionales, en realidad podemos reconciliarlos con los intereses comunitarios. 
Cuando se ve en qué consisten los intereses nacionales, que a menudo se consideran de muy poco alcance, puede que se produzca una dificultad a corto plazo, pero, en realidad, queremos la ampliación, porque también repercute en beneficio nuestro, no sólo en el de los países candidatos. 
Cuando seamos conscientes de ello, cuando definamos verdaderamente nuestros intereses en el ámbito político, de seguridad y económico, entonces estaremos en condiciones de llevar a la práctica la necesaria capacidad de compromiso para avanzar en este terreno. 
Una cosa esta clara: hasta ahora hemos disfrutado de los beneficios del desarrollo de las relaciones comerciales entre los países de Europa central y oriental por una parte y de la Unión Europea por otra. 
Si la población tiene la sensación de que hasta ahora estos países sólo nos han costado dinero, la realidad más bien es que hemos ganado más de lo que les hemos dado, sobre todo debido a las desiguales relaciones comerciales. 
Quiero decir que debemos dejar esto bien claro a nuestra población, para ganarnos el apoyo político a este proceso de adhesión. 
A esto se añade que debemos tener en cuenta el factor tiempo, porque el factor tiempo es esencial para que no se pierda el apoyo de los ciudadanos a los países candidatos. 
Esto debe ir unido a la especial calidad de los programas. 
Señora Schroedter, opino que es estupendo que diga usted que damos una cantidad ridícula. 
Le ruego encarecidamente que invite a su ministro de Asuntos Exteriores y a su canciller a que tengan en cuenta sus palabras, para que practiquemos una política mejor. 
Señora Presidenta, los informes presentados por las diferentes comisiones en el ámbito de la Agenda 2000 se sostienen en una telaraña. 
Sin embargo, todo el mundo subordina la aprobación de las reformas propuestas al mantenimiento de las políticas comunitarias que contribuyen a la cohesión de los Quince y a las medidas que servirán para facilitar las adhesiones de los países candidatos. 
En lo que se refiere a las relaciones que definen la estrategia de preadhesión, estamos de acuerdo con el señor ponente y con los que afirman que deberán respetarse los criterios definidos en Copenhague: estado de Derecho, coeficientes de democracia, existencia de una economía de mercado, respeto al acervo comunitario. 
Estimamos que las nuevas adhesiones brindan la oportunidad histórica de reconciliar nuestro Continente con su pasado y que son necesarias para definir el aspecto de Europa en el futuro. 
Sin embargo, las propuestas de la Comisión siguen siendo prudentes y pragmáticas al tener que contar con las fuertes divergencias entre los Estados, unas divergencias que ponen en evidencia lo que Alianza Nacional sostiene desde hace tiempo, o sea, una gran Europa en que la unión política es el pródromo de la Europa económica, una unión política que debería y debía perfeccionarse antes del comienzo de las negociaciones de preadhesión, al objeto de presentar a los nuevos Estados un marco global claro y bien definido. 
En las propuestas, por tanto, falta una introducción política, en nuestra opinión necesaria, que habría atajado el principal problema que plantean las nuevas adhesiones, o sea, la futura financiación de Europa. 
Por ello, debemos lamentar que la proyectada apertura a los seis Estados no responde a decisiones políticas concretas y sospechamos que se trata de un mero cálculo contable para poder culminar la ampliación manteniendo el presupuesto comunitario en el actual 1, 27 % del Producto Interior Bruto, y esto hasta el año 2006. 
La construcción europea necesita la unión de todos sus pueblos para ser completa. 
No obstante y por mucho que nos pese, debemos poner de relieve que las reformas institucionales, la futura financiación del presupuesto y otros problemas siguen estando ahí, mientras que una voluntad política unívoca habría instado a todos los Gobiernos a tratar los asuntos europeos desde el punto de vista político y no como una negociación estrictamente económica y financiera. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señorías, en nuestro debate conjunto tengo la sensación de que existe un cierto desfase entre, por una parte, una estrategia de preadhesión, noble y llena de ambiciones, y una Agenda 2000 que debería situar a la Unión en la posibilidad de acoger a los países candidatos y que es, en realidad, una nivelación de nuestras políticas comunes necesaria en cualquier hipótesis. 
Con respecto a la estrategia de preadhesión- de ella pretendo hablar esta mañana- me parece que carecemos totalmente de la perspectiva global, que hace que la ampliación para la que nos preparamos no sea una simple suma de 1+1. 
A la Unión le corresponde recordárselo a nuestros socios candidatos. 
No podemos comprometernos en un proceso bilateral con cada uno de los países miembros. 
A nosotros nos toca evaluar el impacto global. 
Ahora bien, a menos de un año de la adopción de una lista de países candidatos, que la Unión podría hacer que entraran en primer lugar, vemos que el mapa está ya desorganizado. 
Malta ha presentado de nuevo su candidatura. 
La Comisión considera la adhesión turca bajo nuevas condiciones. 
Y se está viendo cómo se perfila, aquí o allá, la vuelta a la actualidad de los dos candidatos bálticos. 
Más que nunca, me parece que la Conferencia Europea, en su papel de foro para esta perspectiva global, es esencial. 
Y además, sufro por este desfase entre la perspectiva de un proceso global e inclusivo que siempre hemos deseado y la falta de visión global. 
Necesitamos un debate, una perspectiva sobre la frontera de la Unión, sobre los objetivos políticos de la Unión, sobre los medios para decidir, para gobernar con más de quince, sobre los medios para defender este conjunto, para hacer oír nuestra voz en los asuntos del mundo. 
Las enmiendas que nos propone nuestro colega Barón Crespo van en esta dirección. 
Les doy mi apoyo total. 
Pero hemos de tener cuidado colectivamente: si el diablo está en los detalles, a veces corremos el riesgo de convertirnos en miopes. 
Si me lo permiten, quisiera manifestar antes que nada mi agradecimiento y mi aprecio por el buen trabajo de los ponentes. 
Creo que un dictamen positivo por parte del Parlamento Europeo significa un paso importante hacia la aprobación del paquete de medidas reforzado para la integración de los países candidatos de la Europa central y oriental en la Unión Europea. 
Espero con gran expectación el debate más dilatado sobre la ampliación y los informes de situación que ustedes han previsto para principios de diciembre y, evidentemente, les agradecería que me dieran la oportunidad de contestar a todas las preguntas estrechamente vinculadas con este tema. 
Hoy me limitaré, por lo tanto, a los instrumentos de preadhesión y a continuación quisiera hacer algunas observaciones sobre el informe Tomlinson. 
Señora Presidenta, ¿cuál es el interés político de esta ayuda previa a la adhesión? 
A este respecto quisiera recordarles cómo el Consejo Europeo de Dublin instó en diciembre de 1996 a la Comisión para que reforzara la asistencia de preadhesión. 
Hemos hecho propuestas de esta índole en la Agenda 2000. 
Desde un punto de vista financiero, la Comisión propone duplicar la ayuda para los países candidatos hasta 3.000 millones de euros al año durante el período 2000-2006. 
Quería aprovechar para decirle a la Sra. Schroedter que la ayuda de la Unión y sus Estados miembros no se queda ahí, sino que a esta partida se añaden las múltiples medidas en materia de préstamos. 
Sin olvidar los acuerdos bilaterales de nuestros Estados miembros. Creo que sumando todo y repartiéndolo a lo largo del período 2000-2006, estaremos más cerca de los 70.000 millones que de los mencionados 3.000 millones anuales durante cinco o seis años. 
La Comisión ha propuesto una serie de importantes innovaciones de fondo que en parte ya han sido implantadas, como por ejemplo las asociaciones para la adhesión y la participación de los países candidatos en los programas comunitarios. 
El programa PHARE ha experimentado un cambio de orientación y se centra exclusivamente en los preparativos para la adhesión a través de dos prioridades fundamentales. 
Por una parte la consolidación institucional y por otra, las inversiones destinadas a la asimilación del acervo comunitario. 
La Comisión ha propuesto crear, además de PHARE, otros dos instrumentos nuevos, uno para el desarrollo de la agricultura y otro que sería el precursor de los Fondos estructurales, denominados SAPAR e ISPA, respectivamente. 
A través de estos instrumentos se emplearía la mitad de los 3.000 millones de euros anuales antes indicados. 
Los tres instrumentos de preadhesión nos permiten encontrar una solución eficaz para buena parte de los dictámenes de 1997 y las áreas problemáticas identificadas posteriormente en los informes periódicos. 
Gracias a estos instrumentos, los países aspirantes pueden por ejemplo recibir apoyo durante los preparativos para la implementación de los programas estructurales, ámbito en el que aún no han adquirido mucha experiencia. 
La llave para el éxito del proceso de ampliación está en la vinculación entre la estrategia de preadhesión y las negociaciones para la adhesión. 
Cuanto más problemas haya podido solucionar cada país aspirante con anterioridad a la adhesión, tanto menor será su necesidad de acogerse a medidas de transición. 
Cuanta más asistencia preste la Unión a los Estados miembros aspirantes en este momento, tanto más suave y sencilla será la adhesión en su día. 
Es la única manera para intentar prevenir que las negociaciones se vean asediadas por una avalancha de solicitudes a favor de un período de transición, situación que, a su vez, podría atrasar el proceso de adhesión. 
Aparte de que con la asistencia de preadhesión ayudamos a los países aspirantes, nos permite reducir el impacto de la ampliación sobre la misma Unión Europea. 
El Sr. diputado Barón Crespo ha manifestado en su informe la posición del Parlamento Europeo respecto al reglamento sobre la coordinación, por lo que le quiero dar las gracias. 
La Comisión ha propuesto este reglamento sobre la coordinación a fin de garantizar la coherencia y evitar que los tres instrumentos de preadhesión, primero PHARE, segundo el instrumento estructural ISPA y tercero el instrumento para el desarrollo agrícola SAPAR, se solapen. 
En cuanto a las enmiendas que se han presentado quisiera hacer antes que nada la siguiente observación. En algunas de las enmiendas del Parlamento se propone introducir referencias a principios generales como son el Estado de derecho, el respeto del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. 
Según nosotros, estos principios ya han sido especificados en los reglamentos PHARE, ISPA y SEPAR. Por lo tanto, la Comisión estima que, en realidad, dichas enmiendas podrían considerarse innecesarias. 
De conformidad con los deseos del Parlamento y de los Estados miembros, hemos ajustado los artículos 2, 3, 4, y 5 de la propuesta de reglamento de tal forma que definen y distinguen claramente las funciones de los diferentes instrumentos, de modo que ya no existe peligro de solapamiento. 
Evidentemente, la Comisión tiene muy en cuenta la gran importancia que concede el Parlamento a la cofinanciación por parte de los países beneficiarios, artículo 7. 
No obstante, opina que el texto del artículo, tal y como figura en la propuesta, responde adecuadamente a dicha preocupación. 
De conformidad con las propuestas del Parlamento y de los Estados miembros, la coordinación de las medidas tomadas en el marco de los tres instrumentos, es decir, las orientaciones establecidas para cada país con respecto a la ayuda de preadhesión, ha sido encomendada al comité PHARE en su calidad de comité de gestión, tal y como ha previsto la Comisión en su nueva versión del artículo 9. 
Está claro, pues, que la Comisión retira las objeciones que llegó a formular en su momento. 
Por lo demás, teme que esta estructura pesada, porque de hecho lo es, puede retrasar la programación, aunque decida conformarse con el deseo del Parlamento Europeo y de los Estados miembros. 
A fin de acceder a la petición del Parlamento, que supeditó la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto de 1996 a la descentralización de la ayuda PHARE, la Comisión ha reformulado el artículo 12. 
La versión revisada de dicho artículo reúne todos los criterios y requisitos necesarios para una gestión descentralizada, así como otras disposiciones que contribuyen a que los beneficiarios respeten toda la normativa comunitaria relativa a la selección de proyectos, licitaciones y contratos. 
El Parlamento y el Consejo serán informados de los resultados de la evaluación y del control ejercido sobre la gestión de la ayuda por parte de los países beneficiarios a través de los informes mencionados en el artículo 13. 
Quiero subrayar, no obstante, que la iniciativa para la fijación de normas relativas a la supervisión y a la evaluación corresponde a la Comisión. El Reglamento Financiero no deja lugar a dudas al respecto. 
Por lo tanto, le resulta difícilmente aceptable tener que compartir esta responsabilidad con otras autoridades, como se propone en el proyecto de enmienda del artículo 12. 
A fin de acceder a su solicitud de ser informados con regularidad, la Comisión está dispuesta a considerar la posibilidad de modificar el artículo 13 para que los informes sobre la aplicación del reglamento que se envíen al Parlamento y al Consejo se presenten anualmente, y no una vez cada dos años. 
Si me permiten, pasaré ahora al informe Walter. En primer lugar quisiera felicitar al Sr. Walter y a los demás diputados que han colaborado en su informe sobre el ISPA. 
Consideramos muy positivo el énfasis que se pone en la necesidad de emplear los fondos ISPA que tenemos a nuestra disposición con la mayor eficacia posible y de velar por la debida coherencia y coordinación entre el ISPA y los demás instrumentos de preadhesión que se debaten hoy. 
Ahora me gustaría detenerme un poco en las 67 enmiendas que se proponen en el informe. 
Por regla general, me parece que son muy constructivas y que están en línea con los objetivos generales de la propuesta ISPA de la Comisión. 
Con vistas a un comentario más detallado he juzgado oportuno agrupar las enmiendas en razón de las conclusiones que la Comisión piensa sacar al respecto. 
El primer grupo reúne una serie de enmiendas que la Comisión tiene el propósito de integrar en la propuesta, ya sea en el considerando, ya sea en los artículos del reglamento. Se trata de las enmiendas núms. 
El segundo grupo recoge las enmiendas presentadas por el Parlamento con respecto a las cuales la Comisión puede apoyar las consideraciones del mismo, aunque habría que tener en cuenta la posición del Consejo, que probablemente esté dispuesto a aceptar las enmiendas con tal de que se formulen de otra manera. 
Por lo tanto, no me parece deseable suscribir dichas enmiendas formalmente en esta fase del proceso, aunque sí me atrevo a decir que el tenor general de las mismas quedará reflejado en el texto definitivo. 
A modo de ejemplo citaré las enmiendas siguientes. 
Enmienda 24, flexibilidad con respecto al importe mínimo de 5 millones de euros por proyecto; enmienda 45, relativa a los preceptos detallados en el ámbito de la gestión financiera y el control; enmiendas 7 y 31, que reclaman una mayor coordinación entre los diferentes instrumentos, sobre todo respecto a las actividades transfronterizas y enmienda 11, sobre la necesidad de lograr una proporción igualitaria entre los proyectos en materia de medio ambiente, por una parte, y los proyectos del sector de transporte, por otra. 
En el tercer grupo de enmiendas, al contrario, figuran aquellas propuestas que caen fuera del ámbito de aplicación del ISPA y que, por esta misma razón, no serán aceptadas. 
Es lo que ocurre por ejemplo con las enmiendas relativas a las acciones emprendidas en el marco de PHARE. Aquí quisiera hacer referencia al comentario que hice acerca del informe Barón Crespo. 
Hemos de atenernos a las disposiciones de los reglamentos sobre la coordinación que fomentan la coordinación y la coherencia entre todas las formas de ayuda concedidas en el marco de la estrategia de preadhesión en su conjunto. 
Me refiero a las enmiendas relativas a la asistencia técnica para el desarrollo institucional, enmienda 26, la normalización en el ámbito del transporte, enmienda 28, o la participación en programas comunitarios, como por ejemplo el Quinto programa marco de investigación y el programa para el medio ambiente LIFE, enmiendas 29 y 32. 
La Comisión tampoco tiene ninguna intención de modificar el porcentaje de asistencia, que está basado en el modelo del Fondo de Cohesión, ni piensa introducir cambios en la estrategia con respecto a Chipre, que refleja el resultado de la Cumbre de Luxemburgo. 
Resumiendo, Señora Presidenta, puedo decir que la Comisión está dispuesta a integrar el contenido de las enmiendas 19, 39, 43, 51, 55, 56, 58, 63, 65, 67 ya sea en los artículos propuestos, ya sea en el preámbulo. 
En cuanto a las enmiendas que no conviene suscribir formalmente en esta fase del proceso y que he enumerado antes, el Parlamento puede estar seguro de que el tenor general de las mismas quedará de manifiesto en el texto definitivo del reglamento ISPA. 
El proyecto de opinión del Parlamento, tal y como se formula en este excelente informe, llega en un momento oportuno, ahora que en el Consejo del 9 de noviembre se han logrado importantes avances. La situación en el ámbito de la agricultura y las estructuras rurales en los PECO, más en particular los avances de la privatización, el nivel de producción, el tamaño de las empresas y la calidad de su producción, el grado de autoabastecimiento y la proporción de la población activa empleada en el sector agrícola, que, en algunos casos, llega al 35 %, demuestran todos sin excepción la importancia que reviste este instrumento. 
Los países candidatos serán secundados en esta tarea por un comité de seguimiento. Asimismo, se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar un control eficaz, sanciones en caso de que se cometan irregularidades, la devolución de los fondos indebidamente cobrados y el respeto de las condiciones y restricciones de la PAC, así como las normas en materia de competencia. 
En cuanto a la distribución de los medios entre los Estados miembros candidatos quisiera defender la propuesta de concentrar la ayuda en los países más necesitados. 
Que las enmiendas 3, 13, 15, 19, 36, 40, 45 y 49 son tratadas en otros reglamentos, por ejemplo en el reglamento sobre la coordinación. 
Además, hay un gran número de enmiendas que ya han sido integradas directa o indirectamente en la propuesta. Se trata más en concreto de las enmiendas 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 en parte, 21, 22, 29, 33 en parte, 34, 35 y 44. 
Por último, también hay algunas enmiendas que afectan al fondo de la propuesta y que la Comisión no puede aceptar. Me refiero a las enmiendas 4, 9, 17, 24, 26, 27, 30, 32, 40, 41, y a parte de las enmiendas 19, 23 y 33. 
Para terminar, Señora Presidenta, unas palabras sobre el fondo de garantía, a propósito del informe Tomlinson. 
Doy las gracias al Sr. Samland por su contribución. Después de mi detallada intervención sobre los instrumentos de preadhesión quisiera detenerme un momento en este informe. 
En el marco de la evaluación de los resultados obtenidos desde la creación del fondo de garantía, la Comisión ha formulado propuestas encaminadas a adaptar el reglamento por el que se crea dicho fondo. 
En este momento, el fondo ya lleva funcionando varios años, de modo que dispone de medios suficientes para compensar los riesgos que cubre. Ante estas circunstancias, la Comisión propone ajustar a la baja los diferentes parámetros del mismo. 
El mantenimiento de los parámetros originales conduciría a que el fondo contase con remanentes excesivos. 
Permítanme, por tanto, que comente brevemente las enmiendas del informe Tomlinson, por medio de las cuales pretendo explicarles concisamente nuestra posición sobre la gestión del fondo. 
Señorías, han podido constatar ustedes que el orden de los trabajos de esta mañana se ha organizado en función de la sesión solemne. 
Ésta es la razón por la que las votaciones van a comenzar ahora y también la razón por la que no podemos, desafortunadamente, terminar este debate en la mañana, como hubiéramos podido hacer si sólo hubiéramos votado a las doce. 
Bienvenida 
Deseo dar la bienvenida a los miembros de una delegación de la Asamblea Nacional de la República Islámica de Mauritania, delegación que acaba de llegar a la tribuna de invitados. 
Esta delegación está encabezada por su presidente, señor Sid ' Ahmed Ould Baba, y debo aclarar que es el segundo encuentro interparlamentario con la delegación competente del Parlamento Europeo. 
Quisiera decir que nuestras relaciones están basadas en la amistad, en la cooperación y en la asociación, y deseo sinceramente que este segundo encuentro nos permita profundizar aún más nuestras relaciones. 
Muchas gracias, y les deseo una feliz estancia en Estrasburgo. 
(Aplausos) 
Votaciones 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Me gustaría que se sumara a mí para dar la bienvenida a la Sra. Helga Stevens, de la Unión Europea para los Sordos, que desde la galería pública está siguiendo esta votación en nombre de las 500.000 personas con grave sordera de la Unión Europea, pendientes de que este Parlamento reafirme su apoyo al reconocimiento oficial de su lenguaje- el lenguaje por signos- en cada Estado miembro de nuestra Unión Europea. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, no sé si nuestras máquinas no están a la altura de la tecnología escocesa o si está usted efectuando las votaciones con demasiada rapidez, pero lo cierto es que aquí hay una fila entera de máquinas que no funcionan bien. 
Me parece que eso tiene algo que ver con los Liberales. 
Estoy seguro de que el Sr. Watson- que es un buen escocés- ha conseguido votar cómo y cuando quería. 
Señor Presidente, me parece que es mejor que prescindamos del tribalismo destructivo de que da pruebas su último comentario. 
Hemos votado sobre 12 enmiendas con una sola votación. 
Me gustaría que nos dijera si eso cuenta como doce votaciones nominales o no. 
(Risas) 
Creo que no es una cuestión de productividad y me parece que cada vez que mueve uno la tecla con el dedo, es una votación. 
Bienvenida 
Señor Presidente, quisiera señalar, en mi calidad de presidente de la delegación para las relaciones con Japón, que se encuentra presente una importante delegación del Parlamento y del Senado japoneses. 
Han venido de muy lejos y quisiera, señor Presidente, que les diésemos la bienvenida. 
(Aplausos prolongados) 
Muchas gracias, Sr. Pompidou. 
En realidad iba a encomendar al Presidente que diera la bienvenida, pero lo haré yo mismo con sumo placer. 
Es para mí un gran placer el dar la bienvenida a la galería oficial a una delegación de la Dieta del Japón, encabezada por el Sr. Taro Hakayama. 
Ésta es la 19ª reunión entre nuestras respectivas delegaciones y, en nombre del Parlamento Europeo, quisiera darles oficialmente la bienvenida a este período de sesiones de trabajo del Parlamento y desearles que su visita tenga gran éxito. 
(Se suspende la sesión para que tenga lugar una sesión solemne y se reanuda a las 12.30 horas). 
Votaciones (continuación) 
Señor Presidente, es desastroso que los diputados de este Parlamento hayamos tenido que esperar hasta casi las diez de la mañana del día de hoy para obtener estas enmiendas. 
Además, me pregunto qué mosca les ha picado a los liberales. 
Mientras que en el texto sueco se hace referencia a la jornada reducida de trabajo, los liberales quieren una jornada flexible de trabajo. 
Aunque se habla de inflación reducida, esto se omite en la traducción, que por lo demás es pésima. 
Me he opuesto a unas propuestas que, sin embargo, eran correctas en el texto original. 
¡No podemos seguir así! 
Hay que hacer algo con la traducción. 
Tiene usted razón. 
La única defensa que tenemos es que los servicios de idiomas siempre velan por que las enmiendas correspondan a la versión original, pero es difícil conseguir que las enmiendas lleguen a su debido tiempo a los interesados. 
Enmienda 2 
Señor Presidente, previa consulta a los diferentes Grupos quisiera introducir dos pequeñas modificaciones, importantes para algunos, en la enmienda nº 2. 
En la primera parte, «programa europeo de inversiones» ha de ser sustituido por «estrategia europea de inversiones» , en tanto que «desarrollen» debe ser reemplazado por «amplíen». 
En el último caso se trata más que nada de una corrección fáctica. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Bienvenida 
Antes de que pasemos a la próxima votación, tengo el gran placer de dar la bienvenida a la galería oficial a una delegación de la Asamblea Nacional de Sudáfrica, encabezada por la Sra. Frene Ginwala, Presidenta de la Asamblea Nacional y líder de la delegación de Sudáfrica, que está con nosotros con ocasión de su cuarta reunión interparlamentaria con la correspondiente delegación del Parlamento Europeo. 
Éste es un momento histórico en las relaciones entre Sudáfrica y la Unión Europea: están en curso negociaciones para concertar un acuerdo de comercio, desarrollo y cooperación, y esperamos que las negociaciones concluyan con éxito en breve. 
Nuestras respectivas asambleas serán consultadas a continuación sobre el acuerdo, que ayudará a acercar a los países y a los pueblos que representamos. 
Deseo a la delegación sudafricana toda clase de éxitos y una estancia agradable durante su visita a Estrasburgo. 
(Aplausos) 
Votaciones (continuación) 
Señor Presidente, de conformidad con el artículo 129, quisiera solicitar, en nombre del Grupo de los Verdes, la devolución de este informe a comisión. 
Ayer, en el transcurso del debate, nuestro colega Sainjon dio numerosos argumentos justificando una solicitud en este sentido. 
Desafortunadamente, no puede estar presente en el día de hoy y yo tomo el relevo de su propuesta, en total acuerdo con él. 
Los dos argumentos tienen relación con la actualidad. 
Primer argumento: votamos de hecho sobre una comunicación de la Comisión, de la que sabemos que ya no tiene objeto. 
En realidad, vamos a pronunciarnos sobre un informe que la señora Mann, con muy buena voluntad, ha tenido que adaptar a la nueva situación política. 
En efecto, nos encontramos ahora en un contexto que es el de una Asociación Económica Transatlántica que ha sido objeto de un acuerdo Comisión/Consejo y, más recientemente, el lunes de la semana pasada, de un acuerdo del Consejo sobre un plan de acción del que nunca hemos visto el color. 
Hemos recibido una copia en lengua inglesa en la comisión REX. 
Este Parlamento nunca ha podido debatir este texto. 
Es un primer elemento de actualidad, que hace que corramos el riesgo de votar un texto desfasado con respecto a la política, con respecto a los desafíos y que, aún más grave quizá, puede llevar al Parlamento a una posición confusa, incluso contradictoria. 
Eso no sería bueno para nosotros. 
El segundo elemento de actualidad, y termino, es la posición americana sobre el plátano. 
Todo el mundo está al corriente del debate, por tanto, no insisto. 
Creo que el contexto en el que hemos debatido en comisión, incluso ayer, ha cambiado. 
No podemos permitirnos ser conciliadores frente a un interlocutor que da muestras de arrogancia. 
Señor Presidente, señorías, la propuesta de los Verdes, desgraciadamente, es absurda. 
Miren ustedes: lo que pretenden conseguir no lo consiguen en absoluto. 
Si ustedes quieren que la voz del Parlamento sea oída, sobre todo por el Consejo, por la Comisión y también por parte de los americanos, deben manifestarse hoy al respecto. 
A principios de diciembre se celebra la próxima cumbre entre los Estados Unidos y Europa, y precisamente se hablará de este informe. 
Esto quiere decir que si se priva al Parlamento de la posibilidad de expresarse, no conseguirán nada. 
Así pues, tengan en cuenta la realidad. 
La realidad política de ahí fuera no se encamina hacia la posición de los verdes. 
(Protestas y aplausos) Hemos adaptado todo. 
No estamos decidiendo un informe antiguo. 
He añadido expresamente todo lo que el Consejo ha decidido recientemente. 
He señalado que el Parlamento debía elaborar un nuevo informe. 
He señalado que este informe debía ir a todas las comisiones. 
La Comisión ha dado su aprobación, el Consejo ha señalado que también debía tenerlo en cuenta. 
Esto es lo único que pueden hacer ustedes. 
Así ustedes pueden conseguir que podamos volver a debatir sobre esta decisión en el Parlamento y en las Comisiones. 
Si se vuelve a remitir, nos privan por completo de la posibilidad de formular una opinión política. 
Pido a mis colegas en esta Cámara su aprobación sobre lo que hoy debatimos, y pido un voto positivo. 
Señor Presidente, el Grupo de Coalición Radical Europea suscribe totalmente la solicitud presentada por el Grupo de los Verdes y por el Sr. Lannoye, y suscribe también los motivos que éste ha desarrollado. 
Tenemos una excelente razón circunstancial. 
Se trata, en efecto, del asunto del plátano. 
La Organización Europea del Mercado del Plátano moviliza reglas esenciales de la Comunidad, tanto para la solidaridad interna como para la externa, principalmente con respecto a los países ACP, y nosotros sufrimos, en este asunto, un «diktat» americano que aún no ha encontrado respuesta europea apropiada. 
Ésta es nuestra razón circunstancial. 
Pero tenemos también razones de fondo más generales y, sin ofender en nada a la señora Mann por su excelente trabajo, no compartimos todos sus planteamientos apriorísticos, y principalmente aquellos que contienen los primeros considerandos del proyecto de resolución y que afirman la identidad de los modelos de sociedad de uno y otro lado del Atlántico. 
Creemos, al contrario, que esos modelos son diferentes, y que el asunto del plátano ilustra perfectamente la diferencia entre un modelo de sociedad, basado en las reglas del liberalismo y de la competencia, y otro modelo, basado en los valores del humanismo y de la solidaridad. 
Señor Presidente, sin que esto se convierta en norma general del Parlamento, en este caso el Partido Popular Europeo está completamente de acuerdo con la ponente socialdemócrata. 
Hemos celebrado un debate muy exhaustivo teniendo plenamente en cuenta las relaciones entre los EE.UU. y la Unión Europea. 
En el informe hemos incluido unas declaraciones muy críticas sobre la política americana. 
Si queremos que se oiga todo lo que decimos críticamente sobre el comportamiento americano, debemos decidirlo ahora y no cuando ya no haya ninguna posibilidad de que se escuche nuestra opinión. 
Por tanto, pido que se rechace esta enmienda, rechazando la actitud exageradamente crítica de los Verdes por motivos ideológicos. 
(El Parlamento rechaza el reenvío a la comisión) 
Señor Presidente, si ya he tenido dificultades para entender la primera traducción de las enmiendas del Grupo Liberal en la anterior cuestión, aún me resulta más difícil comprender la enmienda 1 del UPE. 
La versión sueca no dice absolutamente nada, por lo que le pido disculpas al Sr. Pasty si no comprendo lo que quiere decir. 
Eso no tiene por qué ser necesariamente culpa de la traducción. 
Señor Presidente, he creído oír un comentario por su parte que considero una alusión personal. 
En respuesta a la Sra. Tors ha señalado usted que, por lo que hace referencia a la enmienda 1, la estupidez no podía proceder exclusivamente de la traducción, sino que quizás era intrínsecamente idiota o estúpido. 
Entonces la he vuelto a leer, para mayor tranquilidad, y esta enmienda dice sencillamente que, en las negociaciones con Estados Unidos, hemos de respetar el acervo comunitario. 
Por tanto, dejo simplemente que lo juzgue y dejo al Pleno que juzgue sobre la posible estupidez de esta enmienda. 
Lamento, Sr. Pasty, que mis palabras hayan podido ofender a alguien. 
La intención era formular una observación en el mismo tono en que se había planteado la cuestión de orden. 
No tenía la intención de ofender a su Grupo. 
Era una broma. 
A algunas personas les resulta más difícil aceptar bromas que a otras 
(Reacciones diversas) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, nuestro Grupo apoya plenamente la resolución sobre el lenguaje de signos. 
Creemos que la política en favor de los sordos debe perseguir dos objetivos fundamentales. 
En primer lugar es necesario aumentar la accesibilidad. 
Me refiero a la igualdad de oportunidades tanto en lo relativo al acceso a la enseñanza y los servicios públicos como en lo que respecta al acceso a las reuniones públicas y las audiencias. 
La Unión Europea cuenta aproximadamente con medio millón de sordos. 
Facilitarles el acceso a los diferentes ámbitos de la sociedad es reforzar la democracia. 
En segundo lugar hay que luchar por una mejor integración de los sordos. 
Hay que empezar por mejorar la formación de los intérpretes. 
Es perfectamente posible integrar a los sordos mediante la interpretación. 
Debemos ampliar la oferta de programas de formación para personas con buena capacidad auditiva que deseen aprender el lenguaje de signos. 
No será fácil obtener el reconocimiento generalizado del lenguaje de signos. 
En Suecia, Dinamarca y Finlandia la enseñanza ya lo reconoce oficialmente. 
Los demás Estados miembros harían bien en seguir este ejemplo. 
Por otra parte, es fundamental que dicho lenguaje sea reconocido en los contactos con las autoridades así como en el ámbito laboral y cultural, tal vez a imagen y semejanza de los Estados Unidos. 
Además, tenemos que procurar que los sordos tengan las mismas oportunidades a la hora de acceder a la información. 
Tienen los mismos derechos que las personas que oyen. 
En los Estados Unidos es un hecho evidente, en la Unión no tanto. 
La incompatibilidad de los sistemas de texto-teléfono constituye otro problema sangrante. 
Solamente en mi país, en Flandes, disponemos al menos de tres sistemas diferentes que no son compatibles entre sí. Eso dice mucho sobre la incompatibilidad en Europa. 
Es una situación inaceptable en el marco del mercado interior. 
No existen normas unívocas para estos sistemas de comunicación. 
Es por lo que los sordos prefieren acudir al fax, aun cuando este medio no permita establecer una comunicación inmediata. 
En este momento, los sordos están explorando las posibilidades que les ofrece Internet para mejorar la comunicación con las personas con capacidad auditiva. 
Pero también en este caso queda la pregunta de si todos los sistemas chat son compatibles entre sí y si la adquisición del equipo necesario es asequible para todos los bolsillos. 
Por último, quisiera resaltar la importancia de las aplicaciones multimedia. 
Los sordos deben estar implicados al cien por cien en el desarrollo de este tipo de aplicaciones. 
Una última observación para finalizar. Creo que aunque la Comunidad tiene pocas competencias en estas materias, nosotros, miembros de este Parlamento y representantes de los ciudadanos europeos, tenemos la obligación de expresar los deseos de medio millón de discapacitados auditivos europeos. 
Por otra parte, está claro que el problema de la incompatibilidad de los sistemas de texto-teléfono pertenece al ámbito del mercado interior. 
Confío en que a este respecto podamos contar con una iniciativa de la Comisión. 
De todos modos, espero que esta resolución tenga una mayor resonancia en la política de los Estados miembros que la de hace diez años. 
Deseamos felicitar al ponente por la excelente labor que ha realizado con motivo de este importante informe. 
La directiva relativa a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas además del asiento del conductor representa una cuestión de gran importancia para que las personas físicamente discapacitadas puedan llevar una vida completamente normal y para permitirles hacer uso, entre otros, de los medios de transporte públicos. 
Constatamos con satisfacción que una gran parte de las propuestas que se recogen en el presente informe toman en consideración las necesidades específicas de los discapacitados físicos para permitirles viajar en los vehículos que son objeto de esta directiva. 
Creemos que se deben anteponer los derechos de las personas con discapacidades físicas a los intereses particulares de los fabricantes de autobuses. 
Esta cuestión debe abordarse igualmente mediante una regulación a nivel de la Unión Europea, ya que si se permitiera a los Estados miembros adoptar las decisiones oportunas a este respecto, o que fuera el propio mercado el que resolviera esta cuestión, se estaría poniendo en peligro las posibilidades de que disponen las personas con discapacidades físicas para ver satisfechas sus necesidades. 
Hemos votado a favor del presente informe. 
Sin embargo, desearíamos reafirmar nuestras críticas, ya expresadas en anteriores explicaciones de voto, al procedimiento legislativo en que se basa este informe. 
La legislación ha de ser general y debe perseguir el objetivo establecido en los diversos ámbitos. 
Los detalles técnicos de carácter profesional deberán corresponder a las autoridades especializadas en la materia y ser incorporados en normativas o reglamentos específicos. 
El informe Murphy saca a relucir uno de los principales problemas de la Unión Europea y del mercado interior. 
Para garantizar la libre circulación de mercancías se precisa, o bien el establecimiento de requisitos mínimos para un determinado producto y su posterior aprobación por la totalidad de los Estados miembros, o bien que los Estados miembros lleguen a un acuerdo para la aceptación recíproca de los productos de los demás países. 
En ambos casos, los Estados miembros que hayan establecido ya unos requisitos mínimos elevados pueden verse obligados a relajar sus criterios. 
No obstante, consideramos que los requisitos mínimos que se recomiendan en el informe Murphy van tan lejos que apenas existe el riesgo de que algún Estado miembro se vea obligado a revisar a la baja sus requisitos mínimos. 
El informe tampoco prevé que se obligue a algún Estado miembro a modificar su normativa para introducir cambios en los autobuses que se encuentran ya en funcionamiento. 
En su lugar, se recomienda que los vehículos que cumplan los criterios establecidos en el presente informe sean reconocidos de manera automática en todos los Estados miembros. 
Por los motivos anteriormente expuestos, hemos optado por votar a favor de este informe. 
Debería ser obvio que todos los Estados miembros, los fabricantes y los operadores velaran por la seguridad del tráfico y de los pasajeros, atendiendo también a los problemas especiales con que se enfrentan las personas con discapacidades. 
En caso de que existan lagunas en las legislaciones de los Estados miembros, se debería corregir esta situación a nivel nacional. 
No existe ningún motivo para legislar a nivel de la Unión una armonización total y una regulación detallada acerca de la fabricación de los autobuses, por ejemplo por lo que respecta a la anchura de los asientos, la altura de los escalones de acceso, si se podrá o no pulsar el botón de parada con la palma de la mano, o el tamaño y la colocación de las indicaciones de salida. 
Además, resulta absurdo que los políticos tengan que pronunciarse acerca de 143 páginas de datos técnicos, planos, etcétera. 
Tanto del texto de la Comisión como del informe se deduce que el objetivo primordial y la razón de ser del informe y de las propuestas de la Comisión son la defensa del mercado interior y del comercio en el sector de los autobuses. 
Por todo esto, he votado en contra del informe. 
Por el contrario, me habría gustado que la Comisión, tomando en consideración los planteamientos del tráfico y de los pasajeros- y teniendo presentes también los problemas de las personas con discapacidades -, hubiera presentado una recomendación a los Estados miembros para contribuir a mejorar la seguridad y la accesibilidad de estos vehículos. 
Desearíamos aprovechar esta explicación de voto para reiterar nuestra postura en el sentido de que hay que tener presentes los puntos de vista de los invidentes y las personas de edad avanzada en el diseño de las monedas en euros. 
Por lo que respecta a la propuesta para la introducción de una moneda por valor de 100 euros, hemos optado por seguir la línea de nuestro grupo político. 
En lo que a nosotros nos concierne, nuestra postura a este respecto es más bien neutral. 
Este informe me permite llamar la atención sobre un problema que comienza a preocupar cada vez más a la opinión pública: la multiplicación de las monedas en euros. 
Efectivamente, además de las monedas en euros acuñadas por cada uno de los 11 Estados miembros de la zona euro, parece que algunos de estos Estados que mantienen un acuerdo monetario con uno de los Estados miembros de la zona euro solicitan tener la posibilidad de acuñar, por su parte, euros con anversos nacionales. 
Esta solicitud procede de San Marino y del Vaticano, para Italia, y de Mónaco, para Francia. 
Quisiera decir aquí que esta solicitud es aberrante. 
No solamente llegaría a conceder el derecho de emitir euros a países que no forman parte de la zona euro y que, por tanto, no tienen que cumplir obligaciones tan estrictas, sino que contribuiría igualmente, si se aceptara, a la proliferación de monedas en euros, que provocaría confusión en el público, confusión importante si se tienen en cuenta las numerosas piezas conmemorativas que sin duda se van a emitir hasta el 2002, para celebrar la llegada del euro. 
Por otra parte, tal como ha señalado el presidente Jospin, si se autorizase al Vaticano a acuñar euros con la efigie del papa en el anverso nacional, ello podría crear problemas de orden constitucional en países que tienen una clara separación entre la Iglesia y el Estado. 
Por todas estas razones, es preciso limitar a lo estrictamente necesario la emisión de piezas en euros y, por consiguiente, negar a los tres Estados citados el derecho de acuñación. 
La propuesta del Consejo por la que se modifica el reglamento sobre los valores unitarios y las especificaciones técnicas de las monedas extendidas en euros destinadas a la circulación tiene dos objetivos: 
modificar el canto de las piezas de 50 céntimos para responder a las exigencias de la distribución automática; -definir el canto de las piezas de 50 y de 10 céntimos para facilitar su utilización a petición de la Unión de Ciegos.Estamos de acuerdo con esos cambios en cuanto al fondo pero en la medida en que nos parecen impregnados de pragmatismo. 
Por una parte, se supone que facilitarán la vida diaria de las personas con dificultades de visión y, por otra, deberían evitar el fraude. 
Ello no impide que nos preguntemos sobre las consecuencias que, en términos de coste, pueden provocar estas modificaciones de última hora sobre la producción en curso. 
Es curioso, por no decir inadmisible, que esos cambios se produzcan en el último momento, cuando han comenzado a acuñarse las piezas, y ello tras una campaña en todas direcciones para promocionar el euro en Europa y después de múltiples estudios técnicos y muchas audiciones de expertos. 
Una vez más se coloca el carro delante de los bueyes. 
Entristece comprobar que no se haya tenido en consideración a las personas disminuidas, cuando las modalidades prácticas no han sido definidas. 
Cada cual- Consejo, Comisión o Parlamento Europeo- tiene su parte de responsabilidad. 
Un poco más de rigor en las cuestiones previas contribuiría sin duda a facilitar la puesta en marcha del euro. 
La elevada tasa de desempleo junto con una oferta laboral cada vez más reducida representan las variables fijas que limitan la incidencia de las políticas sociales de nuestra Unión. 
El paradigma se complica cuando en nuestro desánimo intervienen elementos como la futura Unión Económica y Monetaria, el envejecimiento de la población y la futura ampliación a los PECO. 
El principio fundamental de la filosofía de la Unión respecto a las políticas de empleo, de movilidad y a las diferencias de las propias tipologías de trabajo debe partir de tres clases de enfoque: el primero es el de la optimización de la acción; el segundo atañe a la entidad de la ayuda financiera; el tercero la legislación que deberá sancionar el nuevo Programa de acción social. 
Al igual que el Sr. ponente, debemos lamentar que la Comisión se obstine a actuar adoptando instrumentos que no son vinculantes desde el punto de vista jurídico, mientras que, en nuestra opinión, el recurso a la directiva sería más apropiado para regular sectores como la organización del trabajo, para definir los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y para establecer las medidas de protección social en el ámbito de las economías de mercado. 
Según nosotros, la Comisión podría imprimir mayor vigor a su acción si incluyera en el nuevo programa social una serie de medidas, entre las cuales las más importantes nos parecen las de aligerar la presión fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas y aumentar el salario de los trabajadores por cuenta ajena haciéndoles participar en los beneficios de la empresa, unas medidas que consideramos concretas y que, sin duda, deberán acompañarse de iniciativas que definan con precisión el futuro del diálogo social y que fomenten la aprobación de una Carta de los derechos sociales fundamentales, extendiéndola a esos países socios que no la han ratificado todavía. 
Deseamos agradecer al ponente su excelente labor, tanto por la adopción del informe como por el proyecto de informe presentado. 
Consideramos que el nuevo Programa de acción social constituye un documento de gran importancia para el desarrollo de la Unión en el ámbito social y en la política del mercado laboral. 
A pesar de tratarse fundamentalmente de una buena propuesta, las propuestas de modificación presentadas en comisión mejoran ostensiblemente la propuesta de la Comisión. 
Nos mostramos de acuerdo con las propuestas que se presentan en el informe como, por ejemplo, en lo relativo a un enfoque más claro del diálogo social, a la necesidad de emprender iniciativas para lograr que el Tratado incorpore disposiciones acerca de los derechos individuales en el ámbito social, a los programas de acción para combatir la discriminación, a la legislación contra el acoso sexual, a la necesidad de que se incluya el estrés en la legislación en materia de protección de los trabajadores y al derecho de éstos a obtener información y representación en la vida laboral. 
El presente informe ha sido objeto de algunas enmiendas relativas a importantes cuestiones, si bien consideramos que estas enmiendas serían posiblemente más adecuadas en otros informes que abordaran en mejor medida los ámbitos a los que hacen referencia. 
No votamos a favor del informe del Sr. Hughes relativo al programa de acción social para el período 1998-2000 pues contiene propuestas de directiva sobre los derechos colectivos e individuales de los asalariados y la regulación social que dejarán a un lado el sistema danés de convenios. 
Hemos votado en contra del presente informe puesto que, en nuestra opinión, la legislación a nivel de la UE no es el marco adecuado para las cuestiones relativas a la organización del trabajo y los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. 
El Derecho laboral y, consiguientemente, las cuestiones en esta materia deberán recaer principalmente en el ámbito de competencias nacional. 
Respaldamos muchas de las propuestas que propone el ponente con objeto de mejorar el nuevo Programa de acción social, como, por ejemplo, la propuesta para potenciar con mayor claridad la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas y reforzar los derechos de los representantes de los trabajadores, así como para conceder una mayor importancia al diálogo social (un Foro bianual es insuficiente). 
Por el contrario, no estamos de acuerdo en que la legislación mediante directivas sea la manera más oportuna de abordar cuestiones como la organización del trabajo y los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, sino que consideramos que las negociaciones y los acuerdos entre los interlocutores sociales constituyen un método más adecuado y funcional para lograr avances en estos ámbitos. 
Asimismo, nos planteamos dudas acerca de una legislación jurídica vinculante en materia de acoso sexual. 
Por todo lo expuesto anteriormente, hemos optado por abstenernos en la votación final. 
En el día de hoy se ha sometido a nuestra aprobación el plan de acción social, comúnmente llamado en la jerga tecnocrática de Bruselas, el «PAS» y que no deja de recordarnos nuestra triste actualidad en Francia con el examen en la Asamblea Nacional del ya demasiado famoso PACS. 
Las razones son sencillas y múltiples. 
Están principalmente en relación con el concepto mismo que nosotros tenemos de la Europa social y de lo que ésta ha de ser. 
La Europa social no es la de los admiradores de Maastricht o de Amsterdam. 
No es la de la renta mínima generalizada ni la del derecho de voto de los inmigrantes. 
No es la de las supresiones de fronteras y de las deslocalizaciones de empresas. 
No es la del ultraliberalismo, la del librecambismo y de la globalización. 
La Europa social es ante todo la Europa de las patrias, la Europa de la preferencia nacional y la Europa de la protección social. 
Como instrumento de la paz social, la protección social ha de tener por marco de desarrollo la nación y depender de la responsabilidad de cada Estado. 
Al contrario que el ponente, pensamos que las cuestiones sociales, en el mercado interior, han de requerir la unanimidad de los Estados miembros. 
Las decisiones tomadas en materia social tienen tales repercusiones sobre todas las relaciones laborales y sobre la vida de las personas que todas las decisiones tomadas por mayoría cualificada, que tengan un carácter obligatorio y que se impongan por tanto de forma obligatoria a todos los Estados miembros, son peligrosas para cada ciudadano, trabajador o desempleado. 
Por tanto, no, señor Presidente, Señorías, no, no hemos votado a favor de este informe que, además de ser demagógico, es peligroso. 
Es positivo que se otorgue una mayor prioridad a la situación del empleo. 
La UEM, la moneda única y la continua política antiinflacionista influirán de manera negativa en las posibilidades para crear un mayor número de puestos de trabajo. 
El Programa de acción social ha de ser, en primer lugar, un instrumento no vinculante que analice los problemas y las causas de la marginación, la pobreza, el desempleo y la discriminación. 
La legislación en materia social y, entre otros aspectos, también en el ámbito de los derechos individuales ha de corresponder primordialmente a los propios Estados miembros, no al Tratado de la UE a través de disposiciones de este tipo. 
El Parlamento manifiesta en el apartado 2 su decepción por el hecho de que la Comisión Europea pretenda seguir recurriendo cada vez más a instrumentos jurídicos en el ámbito del Derecho laboral. 
En su lugar, el informe propone que «determinados ámbitos como la organización del trabajo, los derechos individuales y colectivos de los trabajadores (... ) han de seguir regulándose mediante directivas». 
Estoy completamente de acuerdo con el informe en que es importante que exista una base legislativa en materia de Derecho laboral. 
Por el contrario, querría señalar que, en su mayor parte, estas leyes son de ámbito nacional y que las competencias de las UE deberían limitarse a los ámbitos relacionados con la organización del trabajo y el entorno laboral. 
Por lo demás, es importante prestar atención a las diferencias culturales que existen en los distintos Estados miembros. 
Así, por ejemplo, en Suecia no existe un salario mínimo estipulado por la ley, sino que este país opta por resolver esta cuestión mediante las negociaciones y los convenios colectivos. 
Me muestro favorable a una directiva de la Unión sobre los niveles mínimos en los ámbitos de la organización del trabajo y el entorno laboral. 
En numerosos países, esta directiva podría constituir un apoyo favorable a las posibilidades con que cuentan los trabajadores y sus representantes para impulsar el desarrollo social en los puestos de trabajo. 
En cambio, he de mostrar mi escepticismo acerca de una reglamentación mediante directivas comunitarias en el ámbito del Derecho laboral. 
Igualmente, creo que es muy importante lograr avances en lo relativo a un acuerdo europeo entre los interlocutores sociales. 
Este acuerdo ha demostrado ser, con gran diferencia, la mejor manera de lograr el buen funcionamiento del mercado laboral, reforzando, en el mercado de trabajo, las posibilidades de los interlocutores para asumir la mayor responsabilidad a la hora de llegar a acuerdos. 
Se deberá recurrir a la legislación del Parlamento únicamente cuando los interlocutores manifiesten su mutuo desacuerdo. 
Deseamos felicitar al ponente por la excelente labor que ha realizado con motivo de este importantísimo informe. 
Este documento aborda de manera ejemplar los ajustes que hay que efectuar necesariamente en las directrices para las políticas de empleo a fin de lograr una mayor efectividad de las mismas. 
Ante todo, querríamos dejar de manifiesto la importancia que reviste la incorporación de la política de empleo en el marco de la política macroeconómica de Europa. 
A este respecto, creemos que es muy favorable la amplitud de miras que demuestra el presente informe, que se muestra en consonancia con las posibilidades que ofrece el predominio socialdemócrata en el Consejo de cara a lograr una política de empleo enérgica en el marco de la cooperación europea. 
La enmienda 1 del ponente acerca de la necesidad de evitar la competencia ilícita de carácter fiscal reviste una especial importancia en Suecia, teniendo en cuenta las recientes noticias acerca de la transferencia por parte de la empresa Pharmacia& Upjohns de sus beneficios a Luxemburgo. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe sobre las directrices para el empleo en 1999. 
Apoyamos firmemente la nueva cooperación europea en materia de empleo. 
Es de esperar que el intercambio de experiencias y los boletines anuales con las notas de cada país den como fruto un mayor número de empleados dentro de la UE. 
También nos satisface el énfasis puesto en asegurar la continuidad con respecto a las directrices para el empleo para 1998. 
Las iniciativas puestas en marcha necesitarán algún tiempo para empezar a funcionar en la práctica. 
La equiparación es el ámbito que peor ha funcionado en los Estados miembros en 1998. 
De ahí que esté justificado que la equiparación pase a ocupar un lugar más prominente en las directrices para 1999. 
Hemos de disponer de objetivos cuantitativos para la equiparación. 
No somos partidarios de la solicitud de una reducción del IVA recogida en el punto 2. 
El informe de Wim J. van Velzen contiene una larga serie de parámetros para las políticas de empleo de los Estados miembros que no podemos apoyar. 
Del informe se desprende que asegurar la convergencia social es parte importante de la dinámica integradora de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo se destaca la trascendencia de que los Estados miembros actúen con arreglo al Pacto de Estabilidad. 
Por principio pensamos que la política social y laboral no debe ser cuestión comunitaria. 
Decidir soberanamente las pautas a seguir dentro de estos ámbitos políticos debe dejarse en manos de cada país miembro. 
El poder regulador debe permanecer en el ámbito nacional, lo más cerca del ciudadano que sea posible. 
En el informe queda subrayada la importancia de aumentar el nivel de capacitación de la mano de obra e integrar la política de equiparación y promover iniciativas políticas que atiendan a los discapacitados. 
Resulta importante priorizar estos ámbitos, sobre todo considerando que, por ejemplo, sigue habiendo un gran número de mujeres que, a pesar de desempeñar el mismo trabajo que sus colegas masculinos, reciben peor salario. 
Sin embargo, resulta problemático que la UE una las iniciativas mencionadas a sus intentos por establecer directrices europeas comunes para las políticas de empleo de los Estados miembros y por promover la convergencia social dentro de la UE. 
Consideramos fundamental que el sistema comunitario respete las diversas tradiciones en materia de política social y laboral que mantienen los Estados miembros. 
El establecimiento de una convergencia social es por ello un paso en la dirección equivocada, pues algunas de las propuestas de la Comisión supondrán para algunos países un desmantelamiento gradual a largo plazo de sus sistemas de seguridad social y así empeorarán la situación, por ejemplo, de discapacitados y otros grupos socialmente marginados. 
En la Comunicación de la Comisión de catorce de octubre de 1998 se hace hincapié en que los Estados miembros, a fin de promover el empleo, deben: «... reducir la presión fiscal e impositiva global y, donde sea conveniente ,... reducir gradualmente la presión fiscal sobre el trabajo y los costes salariales indirectos... ». 
Comparada con la política monetaria contenida en el Pacto de Crecimiento y Estabilidad y las exigencias de éste sobre las políticas financieras y monetarias a seguir por los países miembros, pensamos que esta estrategia económica traerá a largo plazo dificultades para el modelo de política social danés. 
Me felicito de que nuestro ponente señale la cuestión de la coordinación de las políticas económicas, y más especialmente la armonización fiscal como uno de los ejes de la lucha contra el desempleo. 
Me alegro también del hincapié que se ha hecho en la necesidad de desarrollar el espíritu de empresa, pero también en una utilización mejor determinada de los fondos estructurales en favor del empleo. 
Por el contrario, hubiera sido deseable no proponer una serie de soluciones poco realistas, y económicamente cuestionables. 
Así, me preocupa el empeño de nuestro ponente en solicitar, en numerosas ocasiones, que se reduzca el tiempo de trabajo, mediante un procedimiento centralizado. 
Nada impide que se apele a una mayor flexibilidad del tiempo de trabajo en cada ocasión que una empresa tenga esa posibilidad. 
Pero que se pretenda a cualquier precio que esta decisión se adopte al más alto nivel de nuestras instituciones europeas sería un absoluto disparate. 
Otra propuesta me parece especialmente preocupante: la que consistiría en utilizar las reservas de cambio de los Bancos Centrales Nacionales para relanzar la inversión. 
Un «New Deal europeo» de alguna manera. 
Pero entonces, y sin llegar a debatir sobre la legitimidad o no de un relanzamiento keynesiano, una medida así sólo aceleraría la bajada del dólar, y al hacerlo, iría contra la recuperación en Europa. 
No creo que sea ése nuestro objetivo. 
El informe sobre la propuesta de directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros en 1999 ofrece una serie de recomendaciones de cara a los programas de acción de los propios Estados miembros. 
El ferviente deseo de todos es que los Estados miembros cooperen entre sí y coordinen sus estrategias a fin de lograr una mejora permanente de la situación del empleo. 
Si bien en algunas ocasiones está justificado «apremiar» a los Estados miembros, también es cierto que en otras ocasiones el Parlamento Europeo va demasiado lejos. 
A modo de ejemplo, consideramos excesiva la propuesta que se recoge en el apartado 6 del informe van Velzen acerca de un pacto europeo en el que se incluiría la coordinación de las políticas económica y financiera. 
A pesar de haber votado en contra de este apartado y de habernos abstenido en otros, hemos apoyado en la votación final el presente informe, ya que en él predominan los aspectos positivos que impulsan la política de empleo. 
El informe van Velzen contiene propuestas muy válidas sobre la política de empleo. 
No obstante, es razonable que se dé una fuerte tendencia a la exigencia de reducciones fiscales. 
No se comprende en absoluto la petición unilateral de trabajo remunerado para las mujeres, acompañada al mismo tiempo de la discriminación de algunas mujeres que crían solas a sus hijos. 
Debemos reconocer finalmente el trabajo de alta cualificación del cuidado de los hijos en la familia como un trabajo digno de valorarse y respetar esta prestación. 
Los estudios correspondientes muestran claramente que una clara mayoría de madres tiene la intención de cuidar ellas mismas a sus hijos, pero por presiones materiales se ven obligadas a emprender una actividad laboral remunerada y por tanto deben dejar a sus hijos en guarderías. 
La labor de cuidado en la familia merece el reconocimiento pleno como actividad laboral. 
En última instancia, se producirá un capital humano muy valioso, para expresarlo en términos económico-empresariales. 
Votaré a favor del informe van Velzen. 
Sin embargo, hubiera sido necesario que el Parlamento Europeo fuera más claro por tratarse de márgenes de maniobra macroeconómicos que hay que liberar para relanzar el crecimiento; en especial que el propio Parlamento confirmase, junto con el Gobierno francés y el alemán la necesidad de una nueva bajada de los tipos de interés en los países de la zona euro y que apoyase las demandas del jefe del Gobierno italiano orientadas a aflojar el cinturón del pacto de estabilidad de Dublín, principalmente para favorecer las inversiones. 
El informe hubiera debido insistir más en la urgencia de la puesta en marcha de los grandes trabajos de infraestructura fijando plazos y sugiriendo modos de financiación (un gran empréstito europeo, por ejemplo). 
Es de temer que esta idea, mencionada en muchas ocasiones, se quede en la teoría sin pasar a los hechos o que, diluida en el tiempo y por no alcanzar una masa crítica financiera significativa, no consiga el objetivo buscado que es la creación de empleo. 
En último lugar, el alegato en pro de la reducción del tiempo de trabajo sigue siendo bastante tibio, sin objetivos cifrados y datados (las 35 horas no se mencionan claramente). 
Más grave es el título del punto 19 que asocia la «flexibilidad» a la reducción del tiempo de trabajo. 
Sin embargo, sabemos que la flexibilidad, lejos de crear empleos los destruye, que caracteriza las tareas asociadas a un estatuto que está fuera de las normas y desarrolla el tiempo parcial soportado y la precariedad. 
También votaré contra ese párrafo. 
Hasta tanto la Unión Europea no se dote de un verdadero tratado fundador para la Europa social, en tanto que el empleo dependa, según el Tratado de Amsterdam, de las competencias nacionales y que las iniciativas europeas se vean refrenadas por el pacto de estabilidad, es de temer que Europa no pueda iniciar acciones decisivas, susceptibles de reducir el desempleo masivo. 
Porque si el crecimiento actual es una baza, es preciso consolidarlo y, suponiendo que se mantenga al ritmo constatado, serán necesarias décadas para reducir de forma sustancial el desempleo masivo que padecemos. 
Qué decir, finalmente, del pleno empleo, único objetivo válido por otra parte para los defensores de un modelo social europeo. 
Me complace verdaderamente que se otorgue un papel más ostensible a las cuestiones de la política de empleo en el orden del día de la UE, y el presente informe constituye una muestra de ello. 
Si bien el informe recoge numerosas ideas positivas sobre cómo debemos afrontar el desempleo masivo, también es cierto que muestra muchas lagunas a este respecto. 
En mi opinión, el pleno empleo se alcanzará uniendo y potenciando nuestros esfuerzos. 
Lo más importante es que los Estados lleven a cabo una política económica encaminada hacia el pleno empleo, una política económica incentivadora que tenga por objetivo la lucha contra el desempleo. 
Aparte de que es imprescindible dirigir la política económica, en todo momento y de manera prioritaria, hacia la lucha contra el desempleo, creo que en este camino hacia el pleno empleo debemos tener presentes tres ámbitos de gran importancia: la formación, la seguridad y una política salarial solidaria. 
En muchas ocasiones, la Unión Europea y los Estados miembros se han comprometido a llevar a cabo una acción coordinada en la lucha contra el desempleo; el informe del Sr. van Velzen recuerda, para señalarlas, las orientaciones mencionadas ya en múltiples ocasiones: 
mejora de los sistemas educativos; -amplio programa de inversiones; -apoyo a la creación y desarrollo de PYME; -favorecer el espíritu de empresa; -considerar el potencial de la «economía social» para la creación de empleo, cosas todas ellas muy loables, pero que pueden quedar en buenas intenciones si se siguen olvidando dos parámetros, por cierto, relacionados entre sí e importantes para la prosperidad en Europa: la familia y la demografía.El fracaso escolar de los niños y de los jóvenes, verdadero azote de Europa, no es debido solamente a unos sistemas escolares que fracasan al dar una cultura general y una formación profesional adaptada, sino en gran parte a unas carencias educativas que a su vez se deben a la crisis de la familia, al egoísmo y a la inconsciencia de los adultos: Ya no se forma espiritualmente a los jóvenes para afrontar las dificultades de toda índole en la existencia humana. 
Desde este punto de vista, la conciliación entre la vida familiar y la vida personal se considera una vez más en este informe como un problema de adultos que tienen problemas para «cuidar a sus hijos». 
Ahora bien, la calidad de la educación familiar que se recibe en la primera infancia y en la adolescencia es muy importante para el éxito profesional y social posterior. 
Así, ya que es conveniente estimular la formación de pequeñas y medianas empresas, ¿no conviene considerar a una familia con varios hijos como una pequeña empresa de formación inicial y continua, y a la madre de familia, llamada «inactiva» , que gestiona y organiza la vida de esta pequeña comunidad, como un verdadero empresario que merece consideración y remuneración ya que enriquece en cantidad y en calidad el capital más preciado de un país que es el capital humano? 
¿Cuando tendrán a bien rendirse a la evidencia los responsables económicos y políticos, que es la de que los padres y las madres de familia son los primeros inversores económicos en un país y merecen que se les estimule, cuando en la actualidad están explotados, en el sentido marxista del término? 
No hay crecimiento económico duradero, por tanto tampoco reducción del desempleo, cuando se produce un hundimiento de la natalidad en una sociedad. 
«No hay política económica sin política social» se repite sin descanso, es decir, a condición de añadir que para salir de la gestión de la crisis económica y social que lleva a la Europa envejecida a una muerte dulce (eutanasia) tal como se perfila en la actualidad, sería necesario en cada uno de nuestros países de Europa una política familiar audaz, condición necesaria, incluso aunque sea insuficiente para crear empleo o para muchas otras cosas aún más importantes. 
Acojo con satisfacción las aspiraciones del presente informe para mejorar la situación del empleo. 
Por lo que respecta a la reducción de los impuestos sobre el trabajo, me gustaría señalar que no es posible establecer ninguna relación entre esta medida y un mayor número de puestos de trabajo. 
Ningún estudio, ni teórico ni práctico, demuestra que una reducción general de los impuestos que afectan al trabajo contribuya a aumentar el empleo. 
Lo que vienen a decir los exhaustivos estudios independientes que se han realizado es que existe una considerable incertidumbre sobre si una menor fiscalidad influye o no en la situación del empleo. 
Principalmente en los países nórdicos, los estudios dan a entender que no es posible demostrar una relación de estas características. 
Voto con alegría a favor de este informe, que indica que el año pasado se crearon en toda la Unión Europea 750.000 puestos de trabajo adicionales. 
Ahora bien, todos sabemos que otros puestos de trabajo están amenazados por problemas tradicionales como la escasez de aptitudes y por nuevos problemas como los efectos destructivos de las crisis de los mercados financieros en Asia Oriental y otras partes del mundo. 
El hecho de que más de la mitad de las personas desempleadas de 25 años de edad o más estén clasificadas como personas sin aptitudes laborales subraya la amplitud del problema con que nos enfrentamos todos en la Unión Europea para mejorar las aptitudes de nuestra fuerza de trabajo y nuestra competitividad en la economía mundial. 
Me alegra que el Nuevo Orden para los Jóvenes que ha introducido el Gobierno de mi propio país se extienda a los desempleados de más edad en respuesta a este problema. 
Nos hallamos en plena guerra de larga duración contra el desempleo y tenemos que colmar la deficiencia en materia de aptitudes si queremos ganarla. 
El informe pide con razón que se creen más lugares donde prestar una atención de calidad a los niños, a fin de que los padres que desean trabajar puedan encontrar y guardar un puesto de trabajo, apoyando de esta manera a su familia mediante sus propios esfuerzos. 
Una vez más recomiendo que la estrategia nacional del Gobierno británico en materia de atención infantil se estudie en el resto de la Unión Europea. 
Es evidente que cada país tiene que adoptar políticas que convengan a sus propios problemas concretos de desempleo, pero me parece que los grandes cambios para la política británica propuestos por el Nuevo Orden y la estrategia nacional de atención infantil son las respuestas británicas a los problemas comunes de Europa: falta de aptitudes y progenitores que tienen que recurrir a las prestaciones sociales por no disponer de medios de atención infantil. 
Deseamos felicitar al ponente por la excelente labor que ha realizado con motivo de este importante informe. 
Estimamos que el desarrollo del diálogo social reviste la máxima importancia para poder impulsar a escala comunitaria no sólo la política de empleo y el desarrollo del mercado de trabajo y de la vida laboral, sino también las cuestiones sociales. 
Con la propuesta que ahora presenta la comisión se aclara el papel que desempeña el diálogo social en términos de información, consultas e intensificación de las negociaciones, a la vez que se hace mayor hincapié en la importancia que reviste el diálogo social en las cuestiones relativas a la asociación por el empleo. 
Desearíamos hacer saber que no respaldamos la enmienda 3, relativa a la participación del CMRE en el diálogo suprasectorial por lo que respecta a la información, consulta y negociación. 
Se trata de una cuestión de principios. 
Creemos que, en lo relativo a las negociaciones en el marco del diálogo social a escala suprasectorial- tal como se aborda en esta enmienda -, las instituciones de la Unión no deberán inmiscuirse a la hora de elegir los representantes que deban participar en las negociaciones entre los interlocutores sociales. 
Se trata de una cuestión que han de determinar los propios interlocutores y ni el Consejo, ni el Parlamento, ni la Comisión deberán apoderarse de esta función. 
Nos mostramos igualmente convencidos de que, en caso necesario, los interlocutores decidirán hacer partícipe a la CMRE de las negociaciones en el marco del diálogo social, si bien está decisión sería a iniciativa de los propios interlocutores. 
Desearíamos señalar la importancia del apartado 13 del informe acerca del número de representantes de los interlocutores sociales en el reformado Comité Permanente de Empleo. 
La reducción de este número a doce personas (como máximo) parece inevitable, si bien, para garantizar la representatividad de las competencias nacionales entre los interlocutores, es necesario llevar a cabo mayores ajustes. 
El apartado 13 saca a relucir este punto, pero será la Comisión la que deba abordar con mayor atención cómo materializar este punto. 
Para finalizar, querríamos apuntar la importancia de que, además de las directrices en materia de política de empleo de la Unión, se ofrezca al Comité Permanente de Empleo la posibilidad de someter a debate también las orientaciones de la Unión en el ámbito de la política económica. 
Además de las directrices para la política de empleo, el impulso de esta política en Europa refleja también una clara perspectiva económica. 
Por lo tanto, resulta natural que se permita al Comité Permanente de Empleo debatir también las orientaciones en este ámbito. 
No podemos apoyar el informe relativo a la adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria, puesto que pensamos que el punto de partida para este diálogo entre los interlocutores sociales es el establecimiento a largo plazo de verdaderos convenios comunitarios. 
Al mismo tiempo consideramos problemático que los interlocutores sociales, según el informe, deban vincularse a «la política económica en el marco de la UEM». 
Dinamarca mantiene una excepción por la que no participa en la tercera fase de la UEM. 
Consideramos importante esta excepción puesto que no estamos de acuerdo con la política económica de la Unión, que prima la lucha contra la inflación a costa de las iniciativas creadoras de empleo. 
El mercado laboral ha pasado a ocupar el centro de la regulación comunitaria especialmente en los últimos años. 
Esta regulación adquiere aún mayores consecuencias en lo que respecta al sistema danés de convenios y así la tradición danesa de convenios se ha visto en dificultades. 
Nos parece importante conservar el sistema danés de convenios que asegura al movimiento sindical una considerable influencia a través de la negociación de los convenios colectivos frente al sistema comunitario de convenios basado en derechos individuales recogidos en las leyes y dictados centralizadamente. 
El traspaso a la UE de competencias en este ámbito que hasta ahora habían permanecido en el sistema danés constituye una importantísima ruptura con el sistema tradicional de convenios colectivos, tan importante en la configuración del modelo danés de sociedad. 
Este desarrollo puede afectar a largo plazo al sistema social y laboral danés. 
El mercado laboral se ve sometido a rápidas transformaciones. 
El diálogo social se fundamenta en un planteamiento corporativista, con lo que se corre el riesgo de que se mantengan las viejas estructuras y de que se establezcan reglamentaciones innecesarias a escala de la UE. 
Por consiguiente, tanto mi grupo como yo misma mostramos nuestro escepticismo ante el fomento del diálogo social. 
Este diálogo reserva a los interlocutores sociales un lugar aparte en la legislación europea y les concede una influencia política desmesurada, todo ello en una época en la que son pocos los que se comprometen en el plano sindical y muchos los que permanecen al margen de la vida laboral, en una época en la que cada vez es mayor el número de personas emprendedoras y pequeños empresarios, el recurso a las consultorías y las nuevas posibilidades de empleo. 
Los políticos elegidos por sufragio popular deben responsabilizarse ahora de reformar las leyes del mercado laboral, no de otorgar a los interlocutores sociales el derecho de lograr una regulación aún mayor. 
Por todo lo expuesto, he optado por pronunciarme en contra en la votación final. 
La construcción europea es un todo al que deben asociarse todas las ciudadanas y ciudadanos europeos. 
En una perspectiva de mayor cohesión, el diálogo social ha de responder a la construcción de la Unión Económica. 
En este sentido, una vez más tengo que felicitarme por la inclusión del protocolo sobre la política social en el Tratado de Amsterdam. 
Sin embargo, es preciso insistir en el hecho de que con toda evidencia, el papel reservado en el marco del Parlamento Europeo sigue siendo insuficiente desde el momento en que el protocolo se muestra realmente respetuoso con el principio general del derecho comunitario según el cual el Parlamento ha de disponer en esta materia de un dictamen conforme. 
Me alegro, por tanto, de la declaración de la Comisión que dice que pretende informar de una manera completa y en tiempo hábil al Parlamento, de forma que éste tenga ocasión de emitir un dictamen antes de que el Consejo adopte una decisión. 
Al igual que nuestro ponente, considero que esta actitud positiva de la Comisión ha de interpretarse como una primera etapa en la vía de una participación plena y completa del Parlamento en el procedimiento. 
Dicho esto, hemos de precisar que sólo existe un diálogo real entre socios autónomos que libremente han decidido debatir en torno a una misma mesa y a condición de que la totalidad de interlocutores implicados se sienten a ella efectivamente. 
Ninguno de los protagonistas de la vida económica y social puede mantenerse contra su voluntad separado de un diálogo social. 
Al mismo nivel que los demás, las PYME han de estar asociadas al diálogo social. 
Por otro lado, es necesario desarrollar este último si se pretenden resolver de forma armoniosa y en el interés general las grandes cuestiones sociales y económicas que siguen sin estar resueltas al día de hoy incluyendo- evidentemente y ante todo -, las relativas al empleo. 
Aunque sean estimulantes, las últimas cifras publicadas por Eurostat sobre el desempleo en la Unión no pueden servir para enmascarar la importancia persistente de este problema. 
Lo que se acaba de decir es válido igualmente cuando se trata de los expedientes relativos a la ampliación de la Unión Europea a los países candidatos. 
Por tanto sólo podemos saludar el deseo manifestado por la Comisión de desarrollar el diálogo social en esos países. 
Es necesario adaptar y promover el diálogo social entre los socios del mundo del trabajo y en este punto nos alegramos del informe Peter. 
Este texto contiene magníficas y hermosas declaraciones de principios sobre la función y misiones que han de asignarse a los interlocutores sociales, y hemos de felicitarnos por ello. 
Por el contrario, hemos votado contra este informe tanto por los aspectos que contiene ajenos al tema como por sus lagunas y omisiones. 
El informe Peter no habla de las persecuciones contra los sindicatos nacionales en Francia. 
Así, en este país, los trabajadores no pueden crear nuevos sindicatos y presentarse libremente a las elecciones sindicales y profesionales, excepto, claro está, si pertenecen a sindicatos debidamente homologados y limitados por la ley. 
Los atentados contra las libertadas sindicales y electorales de los trabajadores son graves e inadmisibles. 
En realidad, los sindicatos oficiales, cada vez menos representativos, no son buenos más que para hacer que se prohíba toda competencia. 
¿Mi colega Peter desea adaptar y promover el diálogo social? 
Que comience a interesarse por los reiterados atentados contra las libertades sindicales y por lo que pasa realmente en los países de la Unión. 
Entonces y únicamente entonces, el diálogo y las negociaciones entre trabajadores y empleadores podrán considerarse sin falsas apariencias, sin hipocresía y sin la dictadura de lo políticamente correcto. 
El diálogo social ha de surgir primordialmente a partir de las consultas y los acuerdos entre los interlocutores sociales. 
No se trata de ningún fin en sí mismo, ni en el plano nacional ni el europeo. 
En lugar de introducir legislación, las autoridades nacionales y las instituciones de la UE han de hacer un esfuerzo particular con el fin de incentivar las negociaciones entre interlocutores independientes. 
El poder en el mercado laboral está distribuido de manera desigual. 
Los representantes de la patronal siguen yendo por delante de los representantes de los trabajadores. 
A pesar de sus buenas intenciones y de que demuestra una voluntad de entablar un diálogo real entre los interlocutores sociales, el presente informe no hace un análisis importante del poder en el mercado laboral. 
Si no realizamos un análisis de este tipo y reconocemos las relaciones que existen en las esferas del poder, no podremos nunca entablar un verdadero diálogo real acerca de las condiciones sociales en el mercado laboral. 
Cada cierto tiempo vuelve a surgir un debate en el Parlamento Europeo sobre el diálogo social. 
Con este motivo queremos una vez más subrayar que cuestionar de forma amplia y fecunda los objetivos, el contenido, los resultados y el futuro del diálogo social a escala comunitaria es un hecho positivo en la medida en que alcanza medidas concretas para su reforzamiento y llega a provocar un cambio en la tendencia que la UE y los Estados miembros promueven y que consiste en infravalorarlo y utilizarlo como coartada para fomentar medidas contra los trabajadores y como un colchón para amortiguar los impactos y las reacciones sociales contra la política social y económica que aplican. 
Para nosotros la cuestión principal es, por una parte, la representatividad de los delegados de los interlocutores sociales que participan en los procesos de deliberación y, por otra, en qué medida se tiene en cuenta su postura durante la elaboración de las posiciones de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros. 
Es de destacar el hecho de que las PYMEs siguen siendo excluidas de cualquier forma de diálogo a escala comunitaria. 
Estamos particularmente preocupados por el hecho de que el diálogo social que se lleva a cabo actualmente, en la mayoría de los casos, no está vinculado a las cuestiones centrales que, de forma global y en las distintas ramas, sectores y regiones, preocupan a los trabajadores de la UE. 
Además, no está centrado en la búsqueda de soluciones concretas a sus graves problemas, ni en el intento de salvaguardar y ampliar sus derechos individuales y colectivos, ni en el desarrollo de las iniciativas que tienen como objeto afrontar la profunda crisis que sacude a la UE, ni en la promoción de una solución alternativa y progresista dentro de la lógica de la liberalización y la mundialización impuesta por las multinacionales. 
La piedra de toque de todo lo dicho anteriormente no puede ser otra que la afrontación del problema del desempleo y del empleo y éste no puede ser afrontado con el modelo tatcheriano de dividir el desempleo o mediante la creación de «empleos» que están regidos por un régimen de dumping laboral y seguridad social. 
Un diálogo social realista no puede ignorar los trágicos resultados de la política de liberalización de los mercados, de la política que marcan los criterios de la UEM y del pacto de estabilidad. 
Un diálogo social realista no puede no ocuparse del hecho de que se está fomentando incluso la destrucción de los logros fundamentales del movimiento sindicalista de los trabajadores entre los que se encuentran los convenios colectivos. 
Según nuestra opinión, para que el diálogo social pueda desempeñar su papel deberá expresarse a través de su forma más importante que es la negociación colectiva con objeto de firmar convenios colectivos. 
Solo así, mediante la validez jurídica que los caracteriza, puede protegerse a los trabajadores de la individualización de las relaciones laborales, del intento de disminuir sus derechos en nombre del «aumento de la competitividad» y del incremento de la competencia. 
La experiencia nos demuestra que cualquier sustituto que se fomenta de vez en cuando no tiene otro objetivo que disminuir la capacidad de negociación y la fuerza del movimiento sindicalista de los trabajadores; desorientar, menoscabar y fragmentar sus luchas y, en definitiva, promover las opiniones que llevan la falsa etiqueta de la cooperación entre clases y llevarlo a la renuncia del papel que está llamado a desempeñar a través de la historia y entre las clases. 
Lo que actualmente necesitan los trabajadores y sus sindicatos es reforzar la negociación colectiva a escala de la UE y de los Estados miembros, sumarse a los que se enfrentan al desmantelamiento de cualquier concepto de colectividad, oponerse de forma firme a los que menoscaban el diálogo colectivo, estructurado y con objetivos, y los convenios colectivos que son el medio que refleja las reivindicaciones de los trabajadores. 
Señor Presidente, la negociación comercial de la Asociación Económica Transatlántica, que está a punto de abrirse con Estados Unidos, va a obedecer a un procedimiento nada claro. 
Como va a afectar, por una parte a sectores que dependen de las competencias comunitarias- mercancías y mercados públicos- y, por otra, a sectores que dependen de las competencias nacionales- servicios y propiedad intelectual- podríamos haber pensado que los representantes de los Estados iban a llevar las negociaciones parejas con la Comisión. 
Sin embargo, no es éste el método elegido. 
La Comisión va a negociar con Estados Unidos al mismo tiempo en nombre de la Comunidad y en nombre de los Estados miembros, en virtud de un mandato global. 
Los Estados, en los sectores que dependen de sus competencias, estarán, se nos dice, «asociados a la negociación» , pero tememos que no la dirijan, ni siquiera en lo que respecta a sus propios sectores. 
No me parece adecuado que se haya aprobado este procedimiento, cuando sabíamos muy bien, por otra parte, que la Comisión pretende promover una zona de libre cambio con Estados Unidos y que a Francia le ha costado mucho trabajo hacer que fracase la tentativa anterior, conocida con el nombre de NMT, Nuevo Mercado Transatlántico. 
Esta manera de proceder aporta una luz interesante al nuevo artículo 133 párrafo 5 del Tratado de Amsterdam, actualmente en proceso de ratificación en Francia. 
Este texto prevé que el Consejo, que resuelve por unanimidad a propuesta de la Comisión, podrá transferir en las competencias comunitarias las negociaciones internacionales sobre los servicios y los derechos de propiedad intelectual. 
Señalo de paso que este procedimiento, que privaría al Parlamento francés de su derecho a aprobar la ratificación de los tratados previsto en el artículo 53 de nuestra Constitución, parece tan condenable como el, idéntico, previsto en el artículo 67 en el ámbito de la circulación de personas y que ya fue censurado por el Consejo Constitucional en su decisión de 31 de diciembre de 1997. 
Cuando sabemos con qué espíritu ha llevado la Comisión las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre mercancías, nos parece inoportuno confiarle los servicios y la propiedad intelectual. 
Sin embargo, el método de negociación aprobado por la Asociación Económica Trasatlántica muestra bien que, si no se detiene el Tratado de Amsterdam hoy, los Estados miembros corren el riesgo de caer en el mismo hábito que en el pasado. 
Señor Presidente, señorías, el informe de nuestra colega Erika Mann, por su contenido, plantea numerosas cuestiones tanto en el ámbito económico como en las relaciones de seguridad y defensa. 
Al igual que la señora Mann, creo que los órganos parlamentarios han de asociarse en la medida que se pueda al proceso de negociaciones. 
Espero que no nos encontremos en una situación comparable a la de la AMI, en la que los responsables políticos, legítimamente elegidos, han sido consultados en última instancia, me atrevo a decir como algo insignificante. 
En el mismo sentido, hemos de estar atentos al contenido de este futuro acuerdo, principalmente en el ámbito de las ayudas públicas. 
No podríamos tolerar que algunos de nuestros socios nos impongan unas condiciones draconianas mientras ellos mismos pasaran por encima de esas obligaciones. 
En estas negociaciones, la Unión Europea ha de aparecer como una potencia de pleno derecho y capaz de hacer oír su voz sin que se le impongan decisiones unilaterales. 
Ésta es probablemente una de las debilidades más evidentes. 
Para que no se diga, recordaré la directiva relativa a la construcción naval en la que nos hemos precipitado para aplicar unas medidas que van contra nuestros intereses ya que somos los únicos en seguirlas. 
En este sentido, me parece perjudicial que la Comisión no haya protestado sobre los fondos puestos a disposición por el FMI para salvaguardar los trabajos coreanos ya fuertemente subvencionados por el poder público. 
Si bien comparto las preocupaciones mencionadas en el texto, en materia de salud, de protección del consumidor y de medio ambiente, soy mucho más circunspecto y me preocupa más la promoción de normas fundamentales de trabajo conjuntamente con los Estados Unidos. 
Confieso que no comparto ese entusiasmo con respecto a un país que, desde hace años, es el cantor del ultraliberalismo exacerbado que, día tras día, está mostrando su inhumanidad. 
La Unión Europea es con mucho un polo de desarrollo relativamente equilibrado, que intenta preservar dinamismo económico y justicia social. 
Hemos de saber preservarlos. 
El «diktat» americano sobre las importaciones europeas de plátano muestra hasta qué punto la constitución de una asociación económica entre la Unión Europea y Estados Unidos es aún prematura y supondría no solamente que se solucionasen los contenciosos en curso, sino también que se afirmase nuestra capacidad para desarrollar unas relaciones globales y equilibradas. 
La experiencia reciente ha mostrado la necesidad de abrir el campo de este tipo de negociaciones a toda la comunidad internacional, en particular en el seno de la OMC, y el destino reservado al AMI y al proyecto del NMT debería estimular a la Comisión a una mayor prudencia. 
Así, cualesquiera que sean los valores e intereses comunes que unen a la Unión Europea y a Estados Unidos, los planteamientos tan diferentes en materia de desarrollo, de política social y de protección del medio ambiente así como la necesidad de preservar la soberanía cultural en el conjunto de sus componentes, convierten en ilusorio el principio mismo de las relaciones trasatlánticas privilegiadas. 
Por todas estas razones, el Grupo de Coalición Radical Europea ha solicitado la devolución a comisión de este informe y se ha abstenido en la votación final. 
El FPÖ rechaza el informe sobre el nuevo mercado trasatlántico ya que en primer lugar es necesario celebrar un debate general y público sobre los objetivos y repercusiones de esta asociación. 
El rechazo del enfoque sugerido por Sir Leon Brittan aspiró a cegar los ojos a todos aquellos que se habían opuesto intensamente a la creación de un Nuevo Mercado Trasatlántico que vendría a poner en una posición más desfavorable a los trabajadores de Europa. 
La esencia de ese enfoque no ha sufrido cambios hasta hoy y la única diferencia que encontramos está en los ritmos de promoción de los diferentes planes y en una muestra de mayor flexibilidad en cuanto a su aplicación. 
Los principios del nuevo acuerdo siguen estando marcados por la protección del gran capital y su circulación sin obstáculos, la salvaguardia de la inmunidad de los monopolios y de la liberalización de los mercados, la limitación de las posibilidades de intervención y control por parte de los Estados miembros e incluso de las propias instituciones europeas. 
Tales medidas han sido consideradas necesarias para preparar la nueva ronda de negociaciones multilaterales en el marco de la OMC y de los debates sobre el acuerdo multilateral para las inversiones en el marco de la OCDE. 
Se trata de un intento de crear nuevos hechos consumados. 
El acuerdo político logrado durante la reciente cumbre de ambas orillas y el plan de acción de la Comisión para la Cooperación Económica Transatlántica suscitan serias preocupaciones e interrogantes y afectan a asuntos importantes de la salud pública, a las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores, a la protección de los consumidores, a asuntos relacionados con la libre prestación de servicios y a la liberalización de los contratos públicos y suponen que el fomento de la cooperación reguladora y la supresión de las barreras técnicas al comercio van a decidirse lejos de cualquier control democrático y político. 
En relación con ello procede señalar que, para prevenir posibles objeciones, la Comisión ha escogido el método de realizar acuerdos sectoriales que suponen la no obligación de que el Parlamento Europeo se pronuncie contra el acuerdo marco que ya presupone su opinión acorde y evitar así cualquier posibilidad de un mayor control e intervención. 
No es casualidad que las disposiciones que establecen los procesos de la política comercial de la UE no hayan sido modificadas y permitan al Consejo y a la Comisión alcanzar, mediante las formas adecuadas, la firma de importantes acuerdos sin mayores «molestias» por su parte. 
Además, el hecho de que tal método haya sido elegido, vistas las reacciones producidas a escala nacional y comunitaria por la publicación del plan del acuerdo multilateral para las inversiones de la OCDE y el enfoque Brittan, nos lleva a la conclusión de que los trabajadores y los movimientos sociales deben vigilar e intensificar su lucha, porque el peligro no sólo no ha pasado sino que es más grave, ya que los diferentes sustitutos de los acuerdos que han sido fomentados se presentan como «más razonables» y menos ambiciosos en sus formulaciones y en su calendario y se encuentran exactamente en la misma dirección antipopular. 
Los acuerdos de reconocimiento mutuo constituyen un elemento de referencia del nuevo acuerdo. 
Su objetivo es facilitar los flujos comerciales dando un papel decisivo a las comisiones de tecnócratas sin que se sometan a ningún control democrático. 
Así se verán reforzadas aquellas opiniones que consideran que la existencia de disposiciones legislativas que protegen la salud pública y el medio ambiente constituyen unas barreras técnicas para el comercio y que aspiran fundamentalmente a la supresión de las especificaciones de seguridad. 
También, son preocupantes las previsiones acerca de la liberalización de los contratos públicos y de los servicios y de la coordinación prevista en el marco de una nueva ronda de negociaciones multilaterales sobre inversiones, agricultura y propiedad intelectual. 
Cualquier tipo de preocupación sobre derechos sociales, el refuerzo de aquellas disposiciones que protegen a los trabajadores y algún tipo de compromiso para la incorporación de los convenios fundamentales de la AIE al sistema de la OMC, están ausentes. 
En cambio, las referencias cada vez más frecuentes a que la legislación laboral no puede constituir un medio de «proteccionismo» nos crean la certeza de que, en el mismo orden del día, tras la liberalización del comercio, de las mercancías, bienes y servicios, se encuentran la desregulación de las relaciones laborales y la limitación en este tema del poder del estado a través de la OMC, en pocas palabras, el fomento de las disposiciones correspondientes del acuerdo multilateral sobre las inversiones dentro del marco de un sistema comercial multilateral. 
Nosotros creemos que el plan para la Cooperación Económica Transatlántica no expresa los intereses de los trabajadores de ambas orillas del Atlántico, por contra, apoya las posiciones de las grandes multinacionales que en el marco del «diálogo empresarial transatlántico» están ya trabajando desde 1995 para la supresión de las disposiciones que limitan su actividad. 
Es un acuerdo que señala de nuevo el retroceso de la UE ante EE.UU. y la postura de ambos para fomentar los planes del gran capital en el ataque directo contra los trabajadores. 
Además, se ve claramente en la resolución sobre las leyes extraterritoriales Helms-Burton y d ' Amato-Kennedy y en las previsiones sobre la agricultura y la industria audiovisual. 
Se trata de un acuerdo que demuestra el carácter real de las negociaciones comerciales internacionales que aparentemente se producen en condiciones de igualdad. 
El presente informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, a pesar de contener algunas observaciones positivas, acepta de forma global ese marco y por eso no lo vamos a votar. 
Compartimos las aspiraciones de la ponente para mejorar las relaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos. 
Se trata de un buen informe que engloba una gran amplitud de ámbitos del mercado transatlántico. 
En cambio, no estamos de acuerdo con las afirmaciones de los considerandos B y C, y del apartado 1, en el sentido de que la UE y los Estados Unidos comparten valores comunes en los ámbitos de la política de defensa y de seguridad, la economía, la política, la cultura y el medio ambiente. 
Las relaciones en materia de política de defensa y de seguridad son de especial importancia a este respecto, ya que Suecia, en su condición de país neutral y al margen de toda alianza, no pertenece a la OTAN. 
Acogemos con satisfacción la clara referencia que se hace en el apartado 25 al carácter inaceptable de las leyes Helms-Burton y D ' Amato, y respaldamos plenamente la petición para que se derogue lo más rápidamente posible dicha legislación. 
Apoyo con placer este informe de mi colega, Erika Mann. 
Sucede a menudo que las estrechas relaciones que tenemos con otros países revisten la máxima importancia cuando tenemos desacuerdos con ellos. 
Así sucede particularmente esta semana, cuando el Congreso de los Estados Unidos parece estar dispuesto a iniciar una guerra comercial con la Unión Europea por oponerse a que apoyemos a los cultivadores de plátanos de las antiguas colonias británicas y europeas en el Caribe. 
Como otros muchos, estimo que necesitamos un sistema comercial internacional que sea lo más libre posible, libre de todo prejuicio contra la competencia equitativa y abierta. 
Sin embargo, un comercio libre necesita ser también un comercio equitativo, y el caso de los cultivadores de plátanos del Caribe demuestra que un poco de asistencia para sus exportaciones a la Unión Europea no pone en peligro la parte masiva del mercado de productores de plátanos, propiedad de los Estados Unidos, en la Unión Europea y en el resto del mundo. 
Hay que establecer lo antes posible el tipo de diálogo estrecho que se pidió en el primer semestre de este año en la cumbre Estados Unidos-Unión Europea en Londres, a fin de ayudar a ambas partes de la nueva comunidad transatlántica a aminorar y esperemos también que a evitar esos desacuerdos en el futuro. 
Por eso insto a nuestros colegas diputados del Parlamento Europeo a que voten hoy a favor del cuidadoso informe de Erika Mann, y que no se alineen con los fanáticos republicanos del Congreso de los Estados Unidos que querrían que reaccionásemos abruptamente a su amenaza de guerra comercial. 
Un diálogo regular entre la Unión Europea y los Estados Unidos nos permitiría destacar los errores del enfoque del Congreso respecto del apoyo de los Estados Unidos a las exportaciones de plátanos del Caribe a Europa, lo que permitiría que sus economías siguieran beneficiándose de un comercio legal y de esa manera interrumpiría la tentación que de lo contrario se dejaría sentir entre los agricultores de los Estados Unidos para cultivar incluso más drogas duras, y tanto los políticos americanos como los de la Unión Europea saben muy bien los daños que se derivan para nuestros jóvenes cuando las drogas llegan a nuestras calles. 
(Se interrumpe la sesión a la 1.25 p.m. y se reanuda a las 3.00 p.m.) 
Estrategia de preadhesión (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto sobre la estrategia de preadhesión. 
Señor Presidente, el título mismo del informe Barón Crespo sobre la propuesta de reglamento del Consejo sobre la coordinación de la asistencia a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión resume por sí solo los vicios y obstáculos que padece la construcción europea que, en los albores del siglo XXI, sigue atascada. 
Una vez más, se da prioridad al aspecto económico y no al político, y el proyecto de construcción europea aparece sólo como una forma regional de globalización de la economía. 
El aspecto económico es lo que divide a los europeos. 
Los factores de cohesión son el político y el cultural. 
Ahora bien, la unidad política de Europa se aleja a medida que uno se aproxima. 
Es, como ya he dicho, la versión moderna del suplicio de Tántalo. 
En el ámbito de la economía, creo que nos equivocamos también rechazando el combate en la guerra económica mundial, no aceptando el principio de preferencia comunitaria defendido por Maurice Allais y en favor del cual me he manifestado aquí. 
Concluyo, señor Presidente, volviendo a lo esencial, a la primacía de lo político sobre lo económico. 
Es preciso que, por fin, Europa coma para vivir y deje de vivir para comer. 
Señor Presidente, señorías, y quiero dar la bienvenida expresamente a nuestros oyentes de la tribuna de los países de Europa central y oriental. Lo que se ha de conseguir aquí en la Unión Europea en principio no es la ampliación, sino la integración de los países de Europa central y oriental, una integración de aquellos que evidentemente son ciudadanos europeos y que hasta ahora no han tenido la oportunidad de integrarse en esta comunidad. 
También son socios con los que trabajamos y si observamos la evolución actual- por ejemplo, en el ámbito del intercambio económico- comprobamos que se produce un acusado desequilibrio en detrimento de los países candidatos y que consiguientemente debemos velar por equilibrar esta acusada desigualdad, porque sólo podemos ser socios si trabajamos en este ámbito de la economía en pie de igualdad. 
El Presidente de Polonia ha dicho hoy una frase digna de mención, que afecta a ambas partes: no se renueva una casa sólo cuando vienen invitados. 
Esto quiere decir que la Unión Europea, los 15 Estados miembros, tienen que hacer sus deberes, sobre todo en un ámbito que se sigue destacando en la actualidad: el sector agrario. 
Aquí, en principio, los países de Europa central y oriental se encuentran en una situación absurda. 
Por un lado, deben asumir el acervo comunitario, la normativa de la Unión Europea y, por otro lado, la Unión Europea no ha conseguido ningún gran paso para poner sobre el papel la reforma, la nueva política agraria. 
Si lo consideramos de modo crítico, y si el ritmo con el que llevamos a cabo las reformas necesarias con los representantes de los intereses del grupo de presión agrario es el referente para los países de Europa central y oriental, entonces la integración de estos países debería esperar aún algunas décadas. 
Esto también debemos anotarlo críticamente en nuestro álbum de recuerdos. 
También debemos afrontar críticamente a estos representantes y señalar que si no quieren una reforma de la política agrícola, lógicamente tampoco querrán la ampliación de la Unión Europea o una ampliación según el modelo medieval, según el cual las regiones son feudos o colonias; esto no es una ampliación democrática. 
La política social desempeña un papel importante es esta ampliación. 
Los socios deben decir claramente, y también debe subrayarse en el debate, que actualmente cada Estado miembro de la Unión Europea debe practicar individualmente una política social y que, por supuesto, los Estados miembros que quieran unirse a nosotros deben practicar ellos mismos esa política social, por ejemplo, en el ámbito de la política del mercado de trabajo. 
Esto no es una desventaja, sino, fundamentalmente, una asunción de la postura común. 
Señor Presidente, 60 segundos de tiempo de palabra no permiten un análisis exhaustivo. 
Por ello querría centrame en un aspecto del informe del Sr. Barón Crespo. 
El ponente quiere financiar con los recursos de PHARE las medidas de desarrollo agrícola. 
El Parlamento, recientemente ha transferido cerca de 200 millones de ecus del programa PHARE para el presupuesto de 1999 a otros ámbitos de las relaciones actuales. 
El motivo: la capacidad de acogida de los países de Europa Central y Oriental está agotada. 
¿No es incongruente que pocas semanas después se decida una ayuda suplementaria de PHARE por valor de 1.560 millones de ecus? 
Si se piensa qué irregularidades se han producido en relación con PHARE, estoy en contra de apoyar con medios de este programa la agricultura de los países de Europa Central y Oriental, mientras los agricultores de la UE tendrán que soportar pérdidas masivas a causa de la Agenda. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como ha dicho mi predecesor, así sólo se puede hablar cuando se cree que se puede dar la vuelta a la rueda del tiempo. 
El proceso de integración europea avanza, quizá no al ritmo que planteaba ayer el Presidente Kwasniewski, quien expuso de modo excepcional la dinámica del proceso de desarrollo polaco y señaló que Polonia probablemente ya no necesitará plazos transitorios. 
No comparto esta opinión. 
Pienso que Polonia necesitará disposiciones transitorias, tanto desde el punto de vista económico como en cuestiones de medio ambiente, no sólo en la cuestión de la libre circulación de trabajadores. 
Pero no quiero abundar sobre este tema. 
Es un hecho que la calidad del proceso de ampliación de la UE- y parto de la base de que todos queremos este proceso de integración- por supuesto dependerá en gran medida de cómo se plantee la calidad de los preparativos. 
Por ello es de la máxima importancia la coordinación de las ayudas y de los instrumentos de la política estructural. 
A juicio de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, deben abordarse especialmente las exigencias de la política social y de empleo. 
Debe forzarse el mainstreaming de la política social. 
Por tanto, junto al reforzamiento de las estructuras administrativas de las instituciones también es de gran importancia la construcción del diálogo social. 
En esta cuestión, se trata de que hay que construir, regular y fomentar las relaciones entre empresarios y trabajadores en la política europea. 
Esto es necesario para hacer comprensible la política europea o poder aplicarla. 
Quienes mejor pueden hacer esto son los interlocutores sociales. 
Los instrumentos de Phare, con los que se consigue en primer lugar la construcción institucional, ofrece las condiciones marco para fomentar de la manera correspondiente el diálogo social. 
Ayer subrayaron este extremo la comisaria Wulf-Mathies, al hablar de la cuestión del diálogo social en Europa, y también el Sr. Flynn. 
Si es válido para Europa, también es válido para el proceso de integración. 
Por ello, en el marco de la ampliación, es preciso fomentar la forma del diálogo social y, naturalmente, su desarrollo. 
Señor Presidente, como diputado europeo que represento a los electores portugueses, quisiera exponer aquí, con mucha claridad, algunas ideas: 
estamos a favor de la ampliación de la Unión y del proceso de negociación en curso; -estamos a favor de la revisión institucional necesaria para el fortalecimiento de Europa en el plano interior y en el de la representación y la presencia exterior; -participamos con empeño en los debates relativos a la Agenda 2000, la reforma de la Política Agraria Común, el nuevo marco para la política de cohesión y del desarrollo regional, de los recursos propios, etc.Lo que no podemos aceptar es que algunos intenten quebrar por la fuerza el contrato de solidaridad interna que permite a los diversos países y regiones de Europa- en particular, los que aún presentan retrasos y problemas de desarrollo- participar con pleno derecho en el proyecto europeo y proporcionar a sus gentes esperanzas legítimas de progreso en un espacio político y económico en el que no puede haber ciudadanos de primera y europeos de segunda. 
Quiero dejar aquí un aviso de que las enmiendas, como las que el Sr. Berend ha presentado y que ponen en entredicho el Fondo de Cohesión, siguen una vía de ruptura sin retorno y de consecuencias gravísimas. 
Muchos otros aspectos hay que esperamos aclarar en las negociaciones y que son negociables; este aspecto no es negociable. 
Mi país y otros Estados miembros han hecho un esfuerzo enorme para conseguir alcanzar, contra todas las previsiones iniciales, las condiciones de participación de pleno derecho en el euro. 
No pueden ni deben ser sancionados de forma, por lo demás, contraria a lo dispuesto en los Tratados. 
Desde luego, haremos nuestra contribución a la financiación de la ampliación. 
¡Lo que no puede ser es que la paguen los más pobres! 
Señor Presidente, estamos discutiendo en el presente debate lo que se puede hacer para facilitar la ampliación, una cuestión que debe ser- por lo tanto- crucial para todos nosotros. 
En un mundo sometido en el pasado a divisiones, tenemos ahora la oportunidad de mostrar nuestra capacidad para superar las dificultades de cara a un proceso político de excepcional importancia. 
El informe Sonneveld expone con claridad que el objetivo de los considerables créditos que se han asignado, tres mil millones de ecus al año, es ayudar a los países candidatos a adaptarse en los distintos ámbitos con vistas a su adhesión a la UE. 
Creo que no se trata de una reducida suma de dinero. 
Estoy de acuerdo con la ponente en que, de cualquier modo, debemos concentrar los recursos en objetivos estratégicos. 
En la resolución que se someterá posteriormente a debate en el día de hoy se exige también un análisis más profundo de la situación financiera de la UE tras la adhesión de los países de la Europa central y oriental. 
Resulta obvio que nuestra decisión se basa en firmes fundamentos. 
Sin embargo, me gustaría llamar la atención acerca del efecto dinámico que tendrá la ampliación de la Unión. 
Estoy convencido de que los aspectos positivos de dicha ampliación eclipsarán muy pronto sus repercusiones presupuestarias. 
Creo que, en lo esencial, la reforma agrícola en la UE que ha propuesto la Comisión en la Agenda 2000 va encaminada en la dirección adecuada. 
Esta reforma ha de contribuir a sanear el mercado mundial y ofrecer a los empresarios del sector agrícola en la Unión Europea la posibilidad de mostrar una mayor actividad en este mercado. 
Además, la reforma va a facilitar de manera considerable que la ampliación no suponga una carga presupuestaria infranqueable para la UE. 
Por lo demás, las disposiciones transitorias pueden constituir un método más para aliviar este proceso. 
Independientemente de las dificultades con las que nos enfrentaremos todavía, es importante que no perdamos nunca de vista el objetivo absolutamente primordial de conseguir, mediante esta ampliación, una Europa aún mejor y en mayor armonía. 
Señor Presidente, la marcha de Europa hacia su completa integración y la ampliación, con la adhesión de Chipre y de los países de Europa del Este, es una decisión histórica que fue adoptada conforme a los claros criterios de Copenhague y que nadie pone en duda. 
No se trata de un objetivo político para un logro concreto sino de una operación colosal emprendida con un rumbo claro. 
El debate de hoy sobre las propuestas de la Comisión creo que trata de: 
Primero, demostrar que una decisión histórica de tal índole puede llevarse a cabo mediante una estrategia concreta, compleja y detallada y a la vez puede estar en cohesión y armonía con mecanismos, procedimientos y fundamentos jurídicos claros.-Segundo, proclamar que el Parlamento Europeo tiene y puede ejercer sus competencias y responsabilidades en esta gran cuestión.Proporcionar asistencia, allí donde sea necesaria, a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión y, a la vez, practicar las reformas pertinentes en el seno de la Unión Europea. 
Éste debe ser, señor Presidente, el mensaje del Parlamento Europeo a los ciudadanos de la Europa del 2000, a los ciudadanos de los 15 Estados miembros y de los once países candidatos. 
Señor Presidente, señorías, señora Comisaria, para nosotros es inaceptable que la Comisión de la UE, al menos hasta ahora, pretenda delimitar totalmente sola las regiones subvencionables en cuanto a los recursos regionales y nacionales. 
Para mi gran satisfacción, la semana pasada leí en el FAZ que está usted dispuesta a complacernos en este punto. 
Le rogaría encarecidamente que lo haga verdaderamente. 
Para los países como Alemania y las regiones como Baviera, en el futuro debe seguir siendo posible poder establecer sus propios objetivos principales de ayuda. 
La enmienda 47 de nuestro colega Edgar Schiedermeier reivindica precisamente esta posibilidad, a nuestro juicio obvia, de poder establecer los propios objetivos con dinero propio. No puede ser verdad que tengamos las manos atadas para designar nuestros propios medios de ayuda allá donde consideremos que son necesarios según nuestro análisis de la política estructural. 
Para ello, la Comisión no puede atarnos de pies y manos. 
Estamos muy dispuestos a ser solidarios con las regiones estructuralmente más débiles. 
Pero, a cambio, esperamos también un mínimo de solidaridad con nuestros problemas, máxime cuando no se trata de fondos de la UE, sino de fondos propios. 
Ya sé que primero tiene que adoptarse una decisión, pero ahora queremos poner de relieve que vemos una relación entre el informe que hoy debatimos y el que está por venir. 
Mis colegas de la CSU y yo mismo consideramos este aspecto tan importante que supeditaremos nuestra votación al informe Hatzidakis a que se acepte la enmienda 47. 
Agradezco su atención y señalo que he empleado diez segundos menos de los permitidos. 
Señor Presidente, el objetivo del Consejo Europeo con la creación de un programa de apoyo para la preparación de los países candidatos era el establecimiento de un sistema flexible. 
En la planificación de estos programas de apoyo se deben tener en cuenta los distintos antecedentes y necesidades de los países candidatos. 
Ya durante esta fase inicial de evaluación y negociaciones ha quedado bien claro que es necesario hacer uso del programa PHARE para introducir mejoras en todos los países candidatos, principalmente por lo que respecta al desarrollo administrativo, a la capacidad de aplicación del Derecho comunitario y a la modernización de los sistemas judiciales. 
A su vez, este objetivo se refleja, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. 
Al mismo tiempo que discutimos sobre si es suficiente o no la ayuda que está ofreciendo la Unión Europea, cabría recordar que un esfuerzo económico sin límites por parte de la actual Unión no es, ni podrá serlo jamás, la fuerza motriz principal durante el proceso de ampliación, la cual, por el contrario, habrá que buscarla en la voluntad intrínseca de los propios países candidatos por alcanzar a la mayor brevedad el nivel requerido para ingresar en la Unión Europea. 
Que los países candidatos financien por sí mismos la mayor parte de las transformaciones que se necesitan es la única manera de garantizar la aprobación de los ciudadanos de la actual Unión y la consistencia de las decisiones políticas que se han adoptado con vistas a todo el proceso de ampliación. 
El objetivo de la flexibilidad en una asociación para preparar la adhesión implica igualmente que la Unión necesita nuevos instrumentos políticos para profundizar en la cooperación con los países candidatos. 
Uno de los principales elementos ha de ser la dimensión septentrional de la Unión que se presentará, por iniciativa finlandesa, en la Cumbre de Viena. 
Esta dimensión septentrional permitirá crear una red de cooperación entre los Estados ribereños del mar Báltico, entre otros, en los ámbitos del medio ambiente y la seguridad nuclear, así como lograr la incorporación de Rusia en amplios proyectos regionales en materia de seguridad. 
Señor Presidente, la esencia de nuestra política y la grandeza del proyecto histórico conocido como Unión Europea se resume y manifiesta a través de la cohesión política, económica y social, es decir, a través de la expresión real de solidaridad con los países menos favorecidos. 
El interés político y económico de la Unión exige el diseño de una estrategia que establezca un clima de seguridad y esperanza en todas las regiones del continente europeo, que anule las divisiones del pasado, que garantice una vida digna a todos los grupos sociales y que, en la práctica, dé fe de los principios del humanismo europeo y de los valores de paz, igualdad, democracia y solidaridad. 
La ampliación deberá llevarse a cabo con generosidad y dignidad, con planificación y rapidez, con imaginación y amplitud de miras, contando con la participación de los ciudadanos y poniendo cuidado en conservar y aprovechar la riqueza multicultural de Europa. 
Quisiera señalar que cualquier intento de cambiar las condiciones de la adhesión de la República de Chipre va a poner en duda la reputación y la credibilidad de la Unión en su conjunto. 
Además, hablando de la ampliación, si lo que realmente deseamos es pasar por encima de las divisiones del pasado y construir una Europa unida y fuerte, no debemos olvidar que al continente europeo pertenecen todos los países comprendidos entre el Atlántico y los Urales. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, desde hace unos días se celebran las negociaciones oficiales sobre la entrada de seis- o, como decimos nosotros, de 5+1- países a la Unión Europea. 
Ya hemos dejado atrás el acquis screening sobre siete capítulos. 
Se puede observar que, si se trabaja de modo consecuente, se pueden alcanzar progresos esenciales también en este ámbito. 
Podemos retroceder pocos o muchos años. 
Vemos entonces que en Europa ha habido problemas con los sistemas dictatoriales, que hemos estado en guerra y que realmente, con la creación de la Unión Europea, nos hemos esforzado por establecer en Europa un sistema de democracia, de economía de mercado y de seguridad. 
Pienso que estos objetivos hay que ponerlos en el centro del debate. 
Esto es lo que ha hecho el papa con ocasión de su visita a Viena. 
Ha dicho que no queremos una ampliación de Europa, sino que somos Europa y que debemos esforzarnos por mejorar constantemente los mismos principios en una Europa de igualdad. 
Pienso que es muy necesario un enfoque global para las estrategias de adhesión, para poder preparar a los países candidatos a la adhesión al mercado interior y la unión política. 
Yo mismo soy vicepresidente de la delegación de Eslovaquia/Parlamento Europeo. 
En este país se ha visto que nuestra política ha contribuido esencialmente a modificar un sistema que ahora mantiene posturas claras y que es excelentemente idóneo para una adhesión. 
Pienso que debemos afirmar siempre con gran claridad y convicción que no apremiamos, sino que abrimos la puerta para Europa. 
Los países, no obstante, tienen en sus manos la rapidez con la que pueden cumplirse las condiciones que están claramente puestas sobre la mesa. 
Señor Presidente, todos estamos poniendo de manifiesto que la ampliación constituye un reto y un avance histórico. 
Pero ello significa que la Unión Europea tiene que asumir muchas responsabilidades y lamento tener que señalar que aunque los informes de todos los colegas sobre la adhesión de cada uno de los países hablan de las condiciones que deben cumplir dichos países, suele omitirse el hecho de que, de forma paralela, la Unión Europea, es decir, los 15 Estados miembros, tiene que cumplir sus obligaciones. 
El proyecto en construcción que queremos ampliar deberá tener sólidas bases y funcionalidad. 
Sin embargo, ¿cómo puede tener funcionalidad si desde Maastricht hasta hoy la política más importante de la Unión Europea, la política exterior común y la política de defensa, no sólo no se está fomentando sino que está siendo peligrosamente dañada? 
Sirva como ejemplo lo que cuatro Estados miembros de la Unión han declarado hace unos días en contra de los compromisos asumidos por la Unión Europea en cuanto al asunto de Chipre, unos puntos de vista provocadores para otro Estado miembro. 
¿Qué ejemplo vamos a dar a esos países a los que queremos ayudar en el marco de la estrategia de preadhesión si la Unión Europea no cumple sus obligaciones políticas ni institucionales? 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas. 
Fondos estructurales 
Señor Presidente, quisiera decir que, a pesar de que este concepto ya se ha debatido extensamente, debiéramos volver a examinarlo en el debate de hoy y volver a valorar su importancia. 
Me estoy refiriendo al concepto de cohesión económica y social que está relacionado de forma directa con el debate que vamos a desarrollar. 
La cohesión económica y social es uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea y está en relación directa con el mercado único y también, a mi modo de ver, con el establecimiento de la moneda única. 
El mercado único puede convertir, si concurren ciertas condiciones, a las regiones ricas en mucho más ricas y a las pobres en mucho más pobres y por eso es por lo que, ya desde la década de los años ochenta, la Unión Europea había inventado los mecanismos de los Fondos estructurales con el fin de apoyar a las regiones más débiles. 
Lo mismo sucede con la moneda común. 
No basta la convergencia nominal para el éxito de los objetivos de la Unión Europea y para el establecimiento real de un euro fuerte. 
Es preciso que haya convergencia real y que las políticas de cohesión económica y social contribuyan en esa dirección. 
Dentro de este marco los Fondos estructurales desempeñan un importante papel. 
Sería injusto por mi parte infravalorar la contribución hasta el presente de los Fondos estructurales. 
Su contribución ha sido fundamental para aquellas regiones y países a los que se han dirigido. 
Han proporcionado ayuda a la convergencia, a la formación profesional y a la formación del potencial humano y, por supuesto, todavía hay margen para que su ayuda sea aún más sustancial. 
En este punto entro en el corazón del presente debate. 
Esta revisión que ahora hacemos coincide con el momento crucial de la ampliación y el cambio de milenio. 
Hay que ser cuidadosos y aprender del pasado y tratar de poner el énfasis en algunos ámbitos. 
Es preciso limitar las regiones que se benefician de los Fondos estructurales. 
No es posible que el 52 % de la población de la Unión se beneficie de estos Fondos. 
Hay que dar un mayor énfasis a las regiones más pobres, al problema del desempleo, a la cuestión de la igualdad de oportunidades y, por supuesto, debemos contemplar mecanismos alternativos en lo relativo a la gestión de los Fondos. 
Debemos proceder a simplificar los procedimientos y a dar mayor participación al sector privado en las actividades de los Fondos estructurales porque con el mismo dinero de la Unión Europea puede hacerse mucho más. 
A partir de aquí, señor Presidente, quisiera referirme a algunos puntos del informe, que hemos elaborado la señora McCarthy y yo, que considero particularmente importantes. 
Considero que el Objetivo 1 deberá ser el punto en el que debemos poner mayor énfasis. 
Por eso creemos que este objetivo deberá absorber los 2/3 de los recursos. 
No de manera aproximada. 
Igual que decimos que las acciones estructurales deberán absorber el 0, 46 % de los recursos, de la misma forma y con la misma claridad, debemos hablar también de la suma que ha de destinarse al Objetivo 1. 
Considero también que las regiones más pobres de la Unión Europea, es decir, las regiones con un PIB per cápita inferior al 70 % de la media comunitaria debieran tener una cofinanciación que llegue hasta el 85 %, como, por ejemplo, viene ocurriendo con las regiones ultraperiféricas. 
También, dentro del marco de la iniciativa INTERREG, creo que es importante contar con un subprograma específico para la cooperación de las islas entre sí y de las regiones continentales con las islas, para dar así contenido a lo que ya fue votado en Amsterdam, es decir, a la modificación del Tratado que contempla los problemas especiales de las regiones insulares. 
En este punto quisiera señalar, señor Presidente, que nosotros no compartimos la propuesta de la Comisión de que haya una reserva de eficacia igual al 10 % de los recursos. 
Ese 10 % significa 20 mil millones de ecus y equivale a un Fondo de Cohesión completo. 
Por tanto, nosotros estamos en contra de esa propuesta. 
Crearía inseguridad en la planificación y daría la posibilidad a la Comisión de gestionar sin control una suma enorme y por eso creemos que esa propuesta de la Comisión no debe ser aprobada ni tampoco debe aprobarse la propuesta de la Comisión que está relacionada con los créditos liberados que, transcurridos tres años desde el momento en el que fueron reservados, van a ser asignados a otros Estados miembros. 
Consideramos que, en una primera fase, deberán seguir en el mismo Estado miembro. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, como coponente para el reglamento general sobre la reforma de los fondos estructurales me alegra que estemos sosteniendo hoy este debate y que el Parlamento tenga la oportunidad de finalizar su primera lectura del conjunto de propuestas de Agenda 2000. 
El apoyo público de la idea de la Unión Europea es más positivo a menudo cuando los ciudadanos pueden ver las señales tangibles de las políticas europeas que permiten que regiones y comunidades pobres participen en los beneficios que reporta el hecho de pertenecer a la Unión Europea mediante proyectos de capacitación, desarrollo de empresas, infraestructura y nuevas oportunidades para las regiones. 
La Unión Europea no es una cuestión de dinero sino la posibilidad de inspirar a la gente a desarrollar su propio potencial y a participar en la regeneración de sus propias zonas y comunidades. 
Por ejemplo, las políticas regionales desarrolladas en Merseyside e Irlanda del Norte, zonas que llevo en el corazón, han ofrecido a las comunidades la posibilidad de forjar una nueva asociación. 
Ha sido una innovación catalizadora. 
Ése es el tipo de Europa de los pueblos que queremos crear: una Europa que reconecte al individuo con el proceso político, en la que se pueda ver que las políticas y los instrumentos consiguen cambiar la vida del individuo, una Europa en las que las comunidades locales tengan la oportunidad de participar en su propia regeneración. 
El nuevo milenio nos aporta múltiples retos: la ampliación, la UEM y el desafío de la mundialización. 
Eso creará nuevas oportunidades para algunas regiones y para otras entrañará un proceso de ajuste estructural. 
No cabe esperar que la Unión Europea pueda resolver todos esos problemas, pero estos no son momentos para cejar en nuestra voluntad de apoyo regional. 
Tenemos que reafirmar el papel positivo que podemos desempeñar en la regeneración y la creación de puestos de trabajo. 
Ahora bien, la reforma es necesaria. 
Las reformas, si quieren que el apoyo público persista, tienen que ser equitativas, asequibles, transparentes y estar orientadas a la eficiencia. 
Por eso apoyamos las líneas generales de las propuestas de la Comisión sobre reforma. 
Sin embargo, quisiera subrayar algunos aspectos sustantivos del texto del Parlamento que confiamos forme la base de las deliberaciones futuras con el Consejo y la Comisión. 
Por lo que se refiere al Objetivo 1, elegibilidad, comprendemos que la concentración pueda plantear dificultades. 
Gran parte de los debates se han centrado en si la fijación de una línea arbitraria del 75 % del PIB, sin tener en cuenta las tendencias en curso, es un enfoque que nos brindará una lista legítima de zonas prioritarias. 
La Comisión es partidaria de la norma estricta del 75 %, pero en la decisión de la Comisión hay excepciones. 
El apartado 5 de nuestro texto es una posición política: no preconiza que haya flexibilidad y se limita a declarar que el Parlamento se reserva el derecho, dentro del marco, de ponderar las excepciones y de pedir su inclusión en el anexo antes de dar su asentimiento. 
En cuanto al Objetivo 2, nos place que en las propuestas de la Comisión se reconozca que la regeneración tiene que ser sostenible. 
Los graves y profundos problemas estructurales de las minas de carbón y de las zonas siderúrgicas y de textiles, como en mi región- Midlands orientales- no son fáciles de resolver. 
Nos parece bien que se limite la población abarcada por los casos de apoyo en el marco del Objetivo 2, pero estimamos que el apoyo para las zonas correspondientes debe ampliarse de 4 a 6 años, o sea el mismo período de transición que en el caso de las zonas del Objetivo 1. 
Para destinar nuestros esfuerzos a esas zonas y centrarlos en ellas necesitamos algo más que indicadores muy generales. 
La flexibilidad que reconocemos a los Estados miembros tiene que quedar compensada con una gama de indicadores que determinen los casos de necesidad. 
Es evidente que el desempleo requiere medidas prioritarias pero también hemos de tener en cuenta factores como la pobreza y un bajo PIB. 
En nuestro informe hemos pedido dos nuevas iniciativas comunitarias. 
Queremos mantener la iniciativa Urban. 
La Comisión y el Consejo han asignado alta prioridad a la política urbana, y el programa de planes de acción se discutirá en la próxima Cumbre de Viena. 
Si tiene que ser parte del programa de políticas regionales y una prioridad para los Estados miembros, entonces merece ser objeto de una iniciativa comunitaria separada. 
Proponemos también una iniciativa de crisis que pueda ayudar a las regiones y a los sectores a reaccionar ante crisis imprevistas y elaborar respuestas innovadoras. 
Esto da a los Fondos Estructurales una perspectiva orientada al futuro que es adecuada para la próxima ronda de deliberaciones en torno a la financiación. 
Nuestra intención no es abarcar el terreno que la Comisión propone en el artículo 49c. 
En el Reino Unido esperamos con interés las nuevas oportunidades que la financiación europea brindará a nuestras regiones. 
En cuanto a la reserva de rendimiento, somos partidarios de mejorar el rendimiento. 
Queremos que se utilicen los fondos públicos, pero queremos que se utilicen de forma más efectiva. 
Queremos prestar apoyo a nuestras administraciones locales en régimen de asociación, pero nunca hemos sido partidarios de que la Comisión retenga una reserva de 23.000 millones de ecus de la financiación para que se utilicen más tarde en el programa. 
Con razón o sin ella, los sentimientos públicos después del informe de ayer del Tribunal de Cuentas y de la crítica de que hizo objeto a los sistemas administrativos de la Comisión quizá no sean favorables a un enfoque centralizado de la Comisión en esta esfera y, en general, deberíamos descentralizar. 
Tenemos la oportunidad de aumentar al máximo nuestros fondos europeos y de promover la regeneración. 
Necesitamos ahora que las regiones elaboren sus planes. 
Pido a la Comisión y al Consejo que se sumen a mí para constituir una asociación entre el Parlamento, la Comisión, los gobiernos y nuestras regiones a fin de conseguir que se respeten los plazos. 
Esperamos con interés los futuros debates y la futura cooperación. 
Nos hemos comprometido a cumplir nuestros plazos y a lograr que las regiones saquen el mejor partido posible de la nueva ronda de discusiones sobre la financiación. 
Señor Presidente, presento con gran placer el informe sobre el Fondo de Cohesión en nombre de la Comisión de Política Regional. 
El pasado mes de marzo la Comisión presentó sus propuestas al Parlamento para el próximo período de programación, que va del año 2000 al 2006. 
Esas propuestas figuran en una serie de proyectos de reglamentos y, por lo que se refiere al Fondo de Cohesión, la Comisión ha presentado dos series de enmiendas. 
La primera serie de enmiendas se refiere a los artículos del reglamento propiamente dicho y la segunda serie se refiere al anexo II del reglamento, que detalla las disposiciones para la aplicación de los principios básicos. 
Mi informe sobre el Fondo de Cohesión respeta las principales directrices enunciadas en las propuestas de la Comisión y tiene también en cuenta el hecho de que el fondo de la Comisión seguirá siendo fundamentalmente igual. 
La posibilidad de optar al fondo de cohesión según se indica en el informe se aplicará a los Estados miembros cuyo PNB sea inferior al 90 % del PNB medio de la Unión. 
Eso lo indica el Tratado de forma explícita en el Protocolo 15 sobre la cohesión económica y social. 
Tengo la convicción de que, a pesar de los importantes beneficios que los países del Fondo de Cohesión reciben con cargo a dicho Fondo, y a pesar del fuerte crecimiento económico de los últimos años, aún sigue habiendo un importante déficit infraestructural en los países que se benefician del Fondo de Cohesión. 
Esos países- España, Grecia, Irlanda y Portugal- carecen sencillamente del mismo nivel de medios infraestructurales básicos que caracterizan al resto de Europa. 
Sigue existiendo una brecha entre ellos y las regiones más desarrolladas de Europa. 
La propuesta de financiación de la Comisión es, por lo tanto, coherente con la generación de un crecimiento a largo plazo y con la promoción de la cohesión económica y social. 
Es preciso que la financiación de la Unión Europea continúe para ayudar a consolidar los progresos conseguidos hasta ahora. 
Es digno de satisfacción que esto haya sido reconocido en las propuestas de Agenda 2000. 
A pesar de los comentarios hechos en algunos círculos rechazo categóricamente el establecimiento de cualquier vínculo entre la unión económica y monetaria y el fondo de cohesión. 
En realidad, como Ministro irlandés de Asuntos Exteriores he participado en la negociación y la firma del Tratado de Maastricht, que incluía el acuerdo sobre la unión económica y monetaria. 
En aquel entonces se decidió también que Irlanda, España, Portugal y Grecia necesitaban un aumento de la financiación estructural a fin de ayudarles a alcanzar el valor medio del rendimiento económico de la Unión Europea. 
En aquellos momentos no se estableció ningún vínculo entre la unión monetaria y la posibilidad de optar a los beneficios del Fondo de Cohesión, y no veo por qué razón habríamos de establecer uno ahora. 
Algunas medidas innovadoras contenidas en las propuestas de la Comisión son acertadas, en principio. 
Me alegra que la Comisión despliegue esfuerzos para mejorar el funcionamiento del Fondo. 
Ahora bien, la aplicación práctica de las nuevas medidas requiere más aclaraciones. 
Por ejemplo, el principio «el que contamina, paga» es digno de apoyo si se trata de conseguir que los proyectos respeten normas medioambientales rigurosas, pero hay que fijar directrices para la aplicación de ese principio que, lógicamente, deben tener en cuenta las circunstancias particulares que se dan en los cuatro Estados miembros a los que se aplicará el Fondo. 
Por lo que se refiere a la financiación de proyectos, un adelanto único del 10 % como primer pago es demasiado limitado. 
La fase inicial de un proyecto reviste importancia capital desde el punto de vista de la calidad, y para garantizar el principio de un proyecto se necesita por lo general un porcentaje considerable de la totalidad del dinero disponible. 
Además, un anticipo pequeño podría ser causa de discriminación contra regiones que no están en condiciones de generar suficiente financiación inicial con sus propios recursos. 
Aprecio verdaderamente que la Comisión se preocupe por conseguir que el costo total del plan y el desglose anual correspondan al desarrollo del plan, por una parte, y al progreso de la labor en consonancia con los anticipos abonados, por otra, pero sigo estimando que un anticipo del 10 % es demasiado limitado y que haría recaer una carga demasiado pesada en las regiones menos favorecidas durante la fase inicial de un proyecto. 
En vista de las dificultades con que se ha tropezado en el período anterior de programación por lo que se refiere a los ajustes financieros y, más concretamente, a la reducción, la suspensión o la cancelación de la ayuda en caso de irregularidades, me parece que la respuesta apropiada consistiría en reducir o cancelar los anticipos solamente por lo que se refiere a la irregularidad y no por lo que se refiere a todo el proyecto. 
Las irregularidades son fáciles de descubrir y de corregir sin para ello interrumpir la continuación del proyecto. 
Por las mismas razones el principio de la cancelación automática de la asistencia, o sea, dicho con otras palabras, la cancelación de todo compromiso respecto del cual no se haya hecho una solicitud de pago al acabar el segundo año, estimularía sin duda alguna a los Estados miembros a llevar a cabo sus proyectos dentro de los plazos de tiempo. 
Sin embargo, las cantidades que quedasen libres se deberían reasignar al mismo Estado miembro; así se penalizaría a la región o, aún mejor, al proyecto, pero no a todo el país. 
Por último, quisiera expresar mi preocupación por las consecuencias de una aplicación estricta del examen de mitad de período, según se enuncia en la propuesta. 
Mi informe señala que, si en el momento de efectuar el examen de mitad de período un Estado miembro cesara de ser elegible para la asistencia, entonces sería conveniente prever algún tipo de arreglo para cesar gradualmente la ayuda, como se está estudiando activamente en el caso de los Fondos estructurales. 
El final de la elegibilidad para optar al Fondo de Cohesión es, evidentemente, una cuestión que se resolverá sobre la base de las correspondientes estadísticas, pero el cese repentino de la aportación de fondos a un país que ha aprovechado bien los fondos podría tener consecuencias demasiado graves para el bienestar económico del país. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, celebramos hoy sin duda un debate conjunto de la máxima importancia. 
Los representantes democráticos de los ciudadanos y de los pueblos de Europa debatimos en torno a las orientaciones que habrá de tener la política de la Comisión en Europa para los próximos siete años. 
Creo que el Parlamento Europeo, y en particular su Comisión de Política Regional, ha estado a la altura de las circunstancias. 
Nuestras aportaciones, que mañana hará suyas el conjunto de la Asamblea, matizan y mejoran las propuestas de la Comisión. 
En este conjunto de propuestas, el instrumento financiero regional por excelencia es el FEDER, al que el artículo 130 C del Tratado asigna el papel de instrumento corrector de las principales desigualdades de la Comunidad. 
La especificidad del FEDER es su identificación con el núcleo central de la política de cohesión entendida, en los términos del artículo 130 A del Tratado, como reducción de las diferencias entre los diferentes niveles de desarrollo de las diversas regiones y del retraso de las regiones menos favorecidas, razón por la cual más del 50 % de la dotación financiera de la política de cohesión entre 1998 y 1999 se ha instrumentalizado a través del FEDER. 
La propuesta de la Comisión no aporta grandes novedades para un Fondo tan amplio y tan versátil como el FEDER que, en general, por otra parte, ha funcionado muy bien. 
El Parlamento Europeo ha enriquecido, a juicio del ponente, la propuesta, matizando las prioridades y añadiendo a las propuestas técnicas connotaciones políticas diversas, fruto de las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios y de las distintas comisiones, pero dando al conjunto una estructura coherente y, sin duda, de mayor identificación con los problemas que preocupan al ciudadano y a las regiones menos desarrolladas de Europa. 
El informe del Parlamento Europeo une a la cohesión económica y social la cohesión territorial de Europa en el desarrollo de la ordenación del territorio. 
Decir ordenación del territorio equivale a decir mejores comunicaciones, mayores atractivos para la localización industrial, mayores oportunidades para crecer. 
En definitiva, mayor desarrollo, empleo y bienestar. 
La cohesión territorial equivale a luchar para superar las desventajas geográficas permanentes de la perifericidad e insularidad, y a favorecer la construcción de enlaces entre estas regiones entre sí y entre ellas y las regiones centrales de la Comunidad. 
El FEDER tiene un reto esencial en este campo y, para favorecer el desarrollo de estas regiones atrasadas y periféricas, en su mayoría marítimas, el Parlamento Europeo pide el desarrollo del transporte marítimo- asignatura pendiente en la Comunidad- que serviría para descongestionar el transporte terrestre, favorecer el medio ambiente y contribuir, con ello, al desarrollo de las regiones atrasadas. 
Nuestro informe aboga también por la inclusión explícita de las inversiones culturales creadoras de empleo, tendentes a la protección del patrimonio cultural y natural, y las destinadas al desarrollo de un turismo sostenible, del ecoturismo y del turismo cultural. 
Se desarrolla la propuesta de la Comisión para incluir explícitamente aquellas inversiones destinadas a preservar o a recuperar la base industrial de una región o las que tiendan específicamente al desarrollo local. 
Se apoya en nuestro informe el mantenimiento de la iniciativa comunitaria URBAN, que junto a INTERREG ha supuesto un claro valor añadido comunitario. 
El apoyo a INTERREG ha sido unánime y en INTERREG III se depositan grandes esperanzas, tanto en su vertiente tradicional de cooperación transfronteriza, en la que ahora el Parlamento Europeo pide la inclusión explícita de la cooperación interinsular y marítima, como en su nuevo apartado c) de cooperación transnacional entre grandes espacios europeos- aspecto tan vinculado también a la ordenación del territorio. 
El informe incorpora, en fin, un amplio desarrollo de actividades empresariales específicas orientadas al fomento de las PYME y a la cooperación empresarial, a los servicios en las empresas, las energías renovables y el respeto al medio ambiente. 
La Comisión puede decir o dirá que en su propuesta ya permitía a los Estados que incluyesen estos y otros aspectos, pero el Parlamento Europeo, a través de sus distintas sensibilidades políticas, ha querido que estas cuestiones estuviesen claramente especificadas, identificándose así con el sentir de los ciudadanos y de los pueblos a los que representamos, orientando y a la vez dando prioridad a las acciones que en su día habrán de incluirse en los programas a financiar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
Además de un buen documento técnico, tenemos ahora, por tanto, un buen documento político. 
Creo que hemos hecho una buena labor en primera lectura y deseo finalizar agradeciendo a los diputados de los distintos grupos parlamentarios y de las distintas comisiones que con sus enmiendas han colaborado y contribuido a enriquecer este informe del que he tenido el honor de ser ponente. 
Y quisiera acabar refiriéndome a los aspectos estructurales de la pesca. 
Quiero particularmente hacer hoy oír mi voz en esta Asamblea para, en representación de las regiones dependientes de la pesca, sean del objetivo que sean, apoyar enérgicamente la postura ampliamente sostenida por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo sobre el futuro reglamento IFOP. 
Deseo resaltar el punto 13 del informe del reglamento general y preguntar por qué hay un trato desigual de la pesca con la agricultura. 
Señora Comisaria, la pesca necesita un reglamento estructural serio y riguroso, único y horizontal que englobe la totalidad de sus medidas y dé seguridad jurídica a sus posibles beneficiarios. 
Espero que estén a tiempo, rectifiquen y acepten la posición de este Parlamento. 
Señor Presidente, esto es realmente un debate en primera lectura con arreglo al procedimiento Hughes y he de decir que me gustaría que se promulgasen las nuevas normas del procedimiento Hughes y que para cuando lleguemos a la segunda lectura ya sean aplicables. 
Presento en nombre de la Comisión de Presupuestos un informe y cinco opiniones. 
El informe expone nuevas normas para financiar las redes transeuropeas. 
Es un informe más bien técnico sobre la posibilidad de que la Comisión encuentre más recursos para destinarlos a financiar las políticas ya convenidas. 
Como ya he dicho, es un informe técnico y mi intención es oponerme a las enmiendas que traten de cuestiones de política y no del fondo del informe. 
Me llevaría mucho tiempo enumerar las cinco resoluciones sobre las cuales la Comisión de Presupuestos ofrece una opinión en mi nombre. 
El objetivo de la Comisión de Presupuestos no es, en absoluto, intervenir en los arreglos normativos de las comisiones que han presupuestado fondos, pero en la Comisión de Presupuestos nos preocuparon en particular dos cosas: a una de ellas se refirió el Presidente del Tribunal de Cuentas ayer en esta sala. 
Dijo que en el transcurso de dos años el número de irregularidades de los fondos estructurales ha aumentado mientras que las irregularidades de la agricultura, que desde hace mucho constituyen un problema, han disminuido. 
La otra cuestión que mencionó es que, regularmente, los fondos regionales no llegan a gastar todo el dinero de que disponen. 
Por eso nosotros, en calidad de comisión, nos alegramos de que la Comisión Europea formule nuevas normas. 
Las enmiendas se refieren a los cinco informes y son enmiendas técnicas. 
No tienen por finalidad en modo alguno la modificación de los procesos normativos de las comisiones parlamentarias. 
La única excepción quizás sea el apoyo que la Comisión de Presupuestos da a la reserva de rendimiento. 
Otro nombre para la reserva de rendimiento sería la reserva de eficiencia. 
¿Pueden imaginar ustedes que la Comisión de Presupuestos pueda oponerse a la idea de algo denominado eficiencia? 
Sé, porque soy también miembro de esa comisión parlamentaria, que el Comité de las Regiones está esforzándose por promover la idea de la reserva de rendimiento. 
Ahora bien, si las propuestas de la Comisión se aprueban, la Comisión de Presupuestos estima que deberíamos tener normas financieras adecuadas aplicables. 
No puede ser que la opinión decisoria del Parlamento se vea postergada por la utilización del examen de rendimiento, aunque a una comisión presupuestaria le tiente semejante posibilidad. 
Las enmiendas no han recibido una buena acogida en grandes sectores del Parlamento. 
Me parece que es una verdadera pena y quisiera invitar a mis colegas a que las leyesen. 
Una sugerencia de que quizá tengamos que utilizar el reglamento financiero no debe necesariamente suscitar hostilidad. 
Una sugerencia de que sigamos las normas financieras no tiene por qué suscitar profundas preocupaciones, aunque comprendo que algunos diputados del Parlamento se inquietan por esa posibilidad y me gustaría invitarles a que leyeran las enmiendas antes de que llegue mañana el momento de votar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Comisario, señoras y señores Diputados, la reforma del Fondo Social es un poco menos controvertida que la reforma de otros fondos. 
En primer lugar, hay que subrayar que, en cualquier caso, el Fondo Social es el único instrumento del mercado de trabajo que tenemos a escala europea. 
Además de esto, constituye un importante 10 % del presupuesto. 
Precisamente, como el Fondo Social es nuestro único instrumento para acompañar la estrategia de empleo europea, debemos adaptarlo sin tardanza a los nuevos retos de la política del mercado de trabajo. 
Esto quiere decir que debemos decidir nuevas posibilidades de empleo, sobre todo respecto al tercer sistema, es decir, el sector de interés general. 
Pienso en el sector de medio ambiente, cultura y servicios sociales. 
También se trata de conseguir más empleo a través de las iniciativas locales de empleo. 
Por ello, no sólo debemos concebir, con el apoyo del Fondo Social, nuevas formas de trabajo, sino también someterlas a prueba. 
Esto se plantea sobre todo en dos direcciones: en primer lugar, las mujeres, para facilitar la compatibilidad de familia y trabajo; en segundo lugar, los trabajadores mayores, para facilitar la transición de la vida activa a la jubilación. 
Además, debemos ocuparnos en mayor medida de una serie de problemas muy nuevos, a saber, los trabajadores y trabajadoras que están actualmente en la década de los cuarenta. 
Por lo general son los primeros en perder el puesto de trabajo, y la experiencia demuestra que los que realizan estudios en el marco de las medidas del Fondo Social, independientemente de su edad, tienen un tercio más de posibilidades en la búsqueda de un puesto de trabajo que los trabajadores de la misma edad que carecen de la formación que proporciona el Fondo Social. 
Asimismo es nuevo que en el futuro se fomenten en toda la Unión las medidas de formación general que hasta ahora solo eran posibles en las regiones del Objetivo 1. 
En esto es para mí una satisfacción que también el Grupo del Partido Popular Europeo haya podido aprobar ayer un compromiso. 
De este modo existe la posibilidad de ofrecer perspectivas profesionales a cientos de jóvenes en Europa a través de una mejor formación general. 
Este punto es especialmente importante para mí, porque sólo en Portugal, por ejemplo, 600.000 jóvenes disfrutan de la formación general que proporciona el Fondo Social. 
En España hay 152.000 jóvenes, en Irlanda se han empleado en el periodo de programación 380 millones de ecus del Fondo Social destinados a la formación general. 
Pero no sólo necesitan estas ayudas los Estados miembros pobres. 
También el Reino Unido, Francia o Italia llevan a cabo medidas similares. 
También está bien que ustedes, señoras y señores diputados del PPE, hayan girado el rumbo en el último minuto. 
Estos son todos nuevos elementos fundamentales sobre los que estamos de acuerdo en todos los grupos. 
Pero el PPE ha presentado dos enmiendas que la comisión ya ha rechazado y que mi Grupo no puede aceptar en ningún caso. 
Discrepamos de modo fundamental en lo referente a la política preventiva del mercado de trabajo y, como no podía ser menos, con respecto a la política sobre la mujer. 
Sobre el primer punto conflictivo, es decir, la concesión del 15 % de los recursos del Fondo Social a cada Estado miembro. 
El Fondo Social introdujo este enfoque político con gran éxito en 1994, enfoque que se ha visto reflejado en las orientaciones generales sobre la política de empleo adoptadas en Luxemburgo. 
No entiendo verdaderamente por qué se oponen. 
En la actualidad ya se hace algo parecido con la distribución de los recursos entre los Objetivos 3 y 4. 
Hoy en día, la proporción de los medios destinados a combatir el desempleo de larga duración y los destinados a las medidas de adaptación al cambio industrial es de 80: 20. 
Con respecto al segundo punto: todo el mundo sabe que el mainstreaming no es suficiente para las mujeres para reducir la discriminación de la mujer en el mercado de trabajo. 
Si verdaderamente queremos hacer avances en la consecución de la igualdad de oportunidades, Europa debe asumir un papel pionero, y debemos destinar el 50 % de los recursos del Fondo a medidas de promoción de la mujer adicionales muy específicas. 
Espero, no obstante, señores diputados del PPE, que entren en razón. 
Tienen tiempo hasta mañana. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Comisario, Señorías, en el año 1994 la pesca entró por primera vez a formar parte de los Fondos estructurales y se creó el instrumento financiero de orientación de la pesca- IFOP -, instrumento cuyo objetivo principal era reorganizar la caótica situación en que se encontraba hasta ese momento el sistema de financiación de la política estructural de la pesca, integrada, por un lado, en los Fondos estructurales y, por otro, en un instrumento llamado Fondo Europeo de Orientación Pesquera. 
Esta situación entrañaba graves dificultades de gestión, rigideces administrativas, incoherencia y falta de transparencia. 
Se trataba de enfocar de un modo nuevo y diferente la cuestión de la financiación de las actuaciones en materia de política estructural de pesca mediante una simplificación de instrumentos para superar las deficiencias que conllevaba el sistema anterior. 
La reforma en el año 1994 abarcaba la totalidad de las zonas dependientes de la pesca de la Unión Europea al estar al servicio de una política común. 
Asimismo, en el marco de esta reforma aparecían, por primera vez, las iniciativas comunitarias. Entre ellas, la Iniciativa Pesca, creada como complemento de los Fondos estructurales. 
Parece ser, sin embargo, que ahora la Comisión ha olvidado los motivos que le impulsaron a realizar aquella reforma, ya que con el modelo que nos propone en la actualidad corremos el riesgo de volver al caos absoluto en materia de política estructural pesquera, amén de las incoherencias que nos plantea la Comisión en su propuesta de nuevo Reglamento. 
Con la propuesta de la Comisión no se avanza en el camino iniciado en la reforma de 1994. 
Resulta incomprensible que se nos presente un documento en el que no se detallan ni siquiera las medidas a desarrollar y en el que no se plasma claramente la acción estructural en el sector pesquero. 
Y el resultado de esta carencia es que en lugar de ser el sector pesquero, es la Comisión la que se ve favorecida al ampliarse su discrecionalidad de manera impensable en otros sectores, como podrían ser la agricultura o el desarrollo rural. 
¿Acaso la política pesquera no es una política tan común como la agrícola? 
Lo que el Parlamento propone a la vista de las incoherencias, contradicciones y discriminaciones que encontramos en la propuesta de la Comisión es algo tan sencillo como un marco jurídico único, un reglamento horizontal en el marco de los programas nacionales con el fin de mantener la coherencia necesaria para cumplir los objetivos de la política pesquera común. 
Un documento que sea el resultado de la reorganización y simplificación de todos los instrumentos disponibles en materia de medidas estructurales en el sector de la pesca, que cubra todas las regiones dependientes de la misma. 
Este enfoque más pragmático permitiría abarcar todas las medidas estructurales por un lado y todas las zonas que realmente necesitan de la aplicación de dichas medidas, prescindiendo de planteamientos como el que introduce la Comisión de seleccionar las zonas en el nuevo Objetivo 2 en base a criterios de empleo y no de actividad pesquera. 
Ello provocaría inevitablemente una distorsión muy importante, ya que se olvida el motivo último de la política estructural pesquera, que va dirigida a las zonas dependientes de la pesca, no exclusivamente a las zonas con problemas de empleo en el sector pesquero. 
Se trata de conceptos totalmente diferentes que no conviene confundir. 
Y hay que añadir un dato: generalmente las regiones dependientes del sector pesquero no tienen una tasa especialmente elevada de desempleo. 
Normalmente los problemas que se encuentran en estas zonas son de otras magnitudes. 
Se trataría de un reglamento que permitiese que el sector pesquero contase con su política estructural de manera que pudiese mantener su competitividad, y permitir a los Estados miembros resolver cuestiones internas teniendo en cuenta las particularidades de determinados sectores. 
Y, asimismo, este sistema permitiría una considerable simplificación respecto a la programación al desaparecer numerosos reglamentos existentes en la actualidad, complicados y en ocasiones poco coherentes entre sí. 
En definitiva, se trata de establecer un marco jurídico único en el que confluya toda la reglamentación comunitaria en materia de pesca, en el que quepan todas las medidas relativas a modernización y renovación de flota, empresas mixtas, transformación y comercialización, medidas socioeconómicas, acuicultura, etc... 
En definitiva, medidas que permitan mantener la competitividad de la flota en un mercado mundial abierto. 
Hemos de evitar, estimados colegas, que los logros conseguidos hasta el momento se pierdan con una reforma incoherente que nos lleve a una situación caótica y obsoleta. 
No olvidemos el logro que supuso que el Consejo Europeo de Edimburgo adoptara la decisión de considerar la acción estructural sobre el sector pesquero dentro del marco de los Fondos estructurales. 
Con la propuesta que nos presenta la Comisión tenemos una alternativa contraria a esta decisión al pretender sacar de los Fondos estructurales una fracción de la acción estructural en perjuicio del sector pesquero europeo. 
Y quiero concluir haciendo una referencia breve al Fondo de Cohesión, destacando- como ha hecho el Sr. Collins- que la única razón del Fondo de Cohesión es contribuir al fortalecimiento de la cohesión económica y social, no constituir un instrumento de convergencia nominal para lograr el cumplimiento de los requisitos para acceder a la moneda única. 
Siempre es un instrumento finalista, ligado únicamente al objetivo de la cohesión y regulado en el último título de la política de cohesión y no en el título de la Unión Económica y Monetaria. 
Por eso, apoyo plenamente los planteamientos del Sr. Collins y las propuestas de la Comisión, que nos parecen las únicas plenamente coincidentes con el espíritu del Tratado. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, miembros de la Comisión, en primer lugar, en nombre de mi grupo quiero dar las gracias a la ponente por todos los informes sobre los Fondos estructurales, y si quiero mencionar expresamente a la Sra. McCarthy y al Sr. Hatzidakis, es porque seguramente se han llevado la parte del león. 
Si queremos que la política regional europea siga siendo eficaz debemos limitarnos a las tareas esenciales. 
El objetivo es ayudar a solucionar los problemas regionales económicos y, por tanto, apoyamos la propuesta de la Comisión de concentrar las ayudas en las regiones con retraso de desarrollo: las regiones del Objetivo 1, que deben recibir ayudas por sus características geográficas, y con dos tercios exactos de los fondos estructurales. 
Para la elección de las futuras regiones del Objetivo 1, abogamos enérgicamente por una aplicación estricta del criterio de que el producto interior bruto per cápita sea inferior al 75 % de la media comunitaria. 
Este es para nosotros un rasero fundamental, que influye en la valoración general del informe. 
Llamo la atención de quien en estas cuestiones aboga por la flexibilidad, amenaza el consenso general e impide una revisión de los fondos estructurales de una vez. 
Al mismo tiempo, en este contexto, quisiera no obstante advertir a la Comisión que garantice en el desglose de los Fondos la igualdad de derechos de las regiones del Objetivo 1. 
Integrar el criterio nacional de bienestar en el importe de la asignación de fondos, a mi juicio, teniendo en cuenta la orientación regional del Objetivo 1 no es adecuado para garantizar la igualdad de trato. 
Por consiguiente, rechazamos expresamente esta propuesta, ya que crea una nueva injusticia. 
En lo que concierne al Fondo de Cohesión, mi Grupo tiene opiniones divididas. 
Una parte de los diputados de los países meridionales apoya la propuesta del ponente y de la Comisión de continuar de la misma forma con el Fondo de Cohesión de la misma forma. 
Otra parte, a la que pertenezco, opina que para los países que participan en la unión económica y monetaria, el Fondo de Cohesión ha alcanzado su objetivo más importante y ha contribuido esencialmente a la convergencia nominal. 
A nuestro juicio, pues, no hay razón para continuar de la misma forma. 
Estas ayudas europeas son medidas temporales que cuando han alcanzado el objetivo previsto ya no deben considerarse como parte del acervo comunitario. 
Esta es una cuestión básica de solidaridad, de solidaridad no sólo en el sentido de «recibir» , sino que debe enraizarse en la comprensión solidaria de dar y tomar, porque si no, esta comunidad solidaria por la que nos pronunciamos insistentemente quedaría agotada por uno de sus extremos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas manifiesta su apoyo al principio de reforzar la cohesión económica y social en todos los territorios, en todos los Estados y en las regiones de la Unión Europea. 
Reafirmamos la necesidad de mantener el 0, 46 % del Producto Interior Bruto para los Fondos estructurales. 
Estamos en un período de ampliación de la Unión Europea y deberemos hacer frente a sus costes. Y contamos para ello con el crecimiento económico de la Unión. 
El principal objetivo de los Fondos estructurales, junto a la cohesión económica y social, debe ser promover la creación de empleo, y ello a través del fomento de las pequeñas y medianas empresas. 
Apoyamos en el documento de la Comisión la concentración de los Fondos estructurales con el fin de ser más eficaces, y apoyamos también la simplificación de los procedimientos con el fin de poder dar más transparencia a su gestión. 
Apoyamos el principio de subsidiariedad y el reconocer la función importante que cumplen los gobiernos regionales y locales y especialmente los de aquellos Estados miembros cuyas regiones tienen también capacidad legislativa. 
Apoyamos la consulta a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales en la elaboración de los programas. 
Apoyamos también la descentralización y la flexibilización en la gestión de los Fondos, pero sabemos que ello exige reforzar los mecanismos de control con el fin de garantizar un empleo adecuado de los mismos. 
Apoyamos también la reducción de siete a tres del número de objetivos y creemos que es necesario compatibilizar las ayudas de Estado, las que establece el Tratado en el artículo 92.3 C, con los Fondos estructurales, y ello muy específicamente en las regiones objetivo 2, donde deben ser compatibles las dos ayudas. 
Hemos de insistir, también- lo he dicho algunas veces en comisión, señora Comisaria -, en el problema de las áreas rurales y debe considerarse allí como un factor importante el desempleo y el descenso de población. 
Damos apoyo al planteamiento de la Comisión en relación con el sistema de phasing-out. 
Apoyamos también la reducción de iniciativas comunitarias y destacamos el papel importante de INTERREG en la cooperación transfronteriza, que aporta una dimensión auténticamente europea a la iniciativa y debe reforzarse también su acción de cara a los países candidatos. 
Nuestro Grupo apoya sin reservas el establecimiento de un porcentaje para la eficacia, de un porcentaje de reserva en cada objetivo y en cada Estado miembro con el fin de promover una mayor eficacia en su aplicación. 
Creemos, señora Comisaria, que es una buena idea el fondo de reserva y que debe ser apoyado. 
Podremos discutir su porcentaje, pero creemos que su aplicación es importante. 
Y finalmente damos apoyo también al Fondo de Cohesión para los Estados cuyo producto interior bruto no llegue al 90 % de la media comunitaria. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, el Informe McCarthy-Hatzidakis saluda, con toda razón, el objetivo totalmente legítimo de la Comisión que pretende la simplificación de las normas en materia de política estructural. 
Corresponde a este Parlamento llamar la atención de la Comisión y del Consejo sobre la necesidad de asociar estrechamente el objetivo de cohesión económica y social al de cohesión del espacio europeo, lo que expresa muy bien el informe Varela. 
Por encima de la dimensión terrestre de la Unión, es necesario tomar en consideración su dimensión marítima y, por consiguiente, aportar una respuesta adecuada a las necesidades específicas de las regiones insulares, periféricas o sin litoral. 
No podemos permitir que Europa se degrade por su periferia. 
Ése es desafortunadamente el riesgo que corren esas regiones, habida cuenta de los datos socioeconómicos que las caracterizan y de las orientaciones económicas del mercado europeo centradas principalmente en los polos Londres-París-Bonn. 
La definición del nuevo Objetivo 1, aprobada en el informe sobre el reglamento general, por muy estricta que sea, no impide a los Estados mejorar la coherencia de la delimitación de las zonas nacionales, tolerando excepciones limitadas, desde el momento en que el procedimiento es transparente y la lista de regiones elegibles está adicionada al reglamento. 
Así, las regiones que sufren problemas estructurales permanentes podrían ver cómo los obstáculos a su desarrollo económico y social se toman en consideración como objetivo prioritario de los Fondos estructurales. 
Señalo también con satisfacción que el informe sobre el reglamento general prevé un apartado especial de Interreg dedicado a la cooperación regional con y entre las regiones insulares, lo que corresponde a un compromiso de la Comisión sin continuación hasta el presente. 
Finalmente, me parece importante colmar la falta de propuestas de la Comisión sobre la relación entre los fondos estructurales y el proyecto de esquema de desarrollo del espacio comunitario. 
Con este fin, me atrevo a pedir que se apoyen las dos enmiendas que hemos presentado al informe McCarthy-Hatzidakis, para que el reglamento marco no pase por alto los esfuerzos realizados por elaborar una estrategia coherente de ordenación del espacio europeo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la cuestión fundamental que se plantea en el informe sobre los Fondos estructurales es la de si el Parlamento aprueba o no que los medios financieros destinados a las acciones estructurales en los quince Estados miembros actuales disminuyan del 0, 46 % del PNB de la Comunidad al 0, 34 % de dicho PNB durante el próximo Marco Comunitario de Apoyo. 
Quien esté de acuerdo con esa disminución y ratifique así una disminución de los Fondos estructurales- que para mi país entrañará la pérdida de muchos centenares de miles de millones de escudos- votará a favor del informe. 
Quien considere que no deben ser los actuales países de la cohesión los que financien exclusivamente la ampliación no votará a favor del informe. 
Así lo haremos nosotros, a menos que este Parlamento apruebe enmiendas encaminadas a rechazar semejantes orientaciones. 
Y no serán aspectos particularmente positivos del informe- como las profundas objeciones opuestas a la creación de una reserva, supuestamente de eficacia, la consideración de que las orientaciones de la Comisión para las acciones estructurales deberán ser sólo indicativas de la asignación de los dos tercios de las dotaciones para el Objetivo 1 o la recuperación de la iniciativa URBAN, entre otros ejemplos- los que podrán hacer olvidar lo esencial. 
Por su parte, el informe sobre el Fondo de Cohesión da seguimiento a lo que el Tratado de la Unión Europea dispone ya y que la Agenda 2000 se limita a confirmar, es decir, que todos los países con un PNB inferior al 90 % de la media comunitaria deben beneficiarse del Fondo de Cohesión, independientemente de que pertenezcan o no al grupo de países de la moneda única. 
Por otra parte, y en cumplimiento de lo que siempre hemos defendido, el informe se opone a que el Fondo de Cohesión resulte condicionado, como propone la Comisión, al cumplimiento de las imposiciones del Pacto de Estabilidad. 
Esperamos que el contenido de este informe no resulte modificado radicalmente por las enmiendas de los Sres. Walter y Berend, de los Grupos Socialista y Popular Europeo, reveladoras de una total falta de solidaridad para con los actuales países de la cohesión y encaminadas a impedir que países como Portugal, entre otros, que pertenecen a la UEM, sigan beneficiándose del Fondo de Cohesión. 
Por último, quisiéramos añadir que la continuidad del Fondo de Cohesión para esos países no puede servir de elemento suplementario de presión, como ha hecho ahora el Sr. Berend, ni puede ocultar posibles y reales pérdidas en los Fondos estructurales, ya que ese fondo es el principio que consta en el Tratado y constituye tal vez uno de los escasos elementos positivos incluidos en la Agenda 2000. 
Falta añadir que, en la medida en que son reglamentos particularmente operacionales, daremos nuestra conformidad a los restantes informes. 
En cuanto al IFOP, apoyamos la estrategia del informe encaminada a unificar reglamentos sobre la actividad del sector, sin que nos parezca, de todos modos, que sea necesario ni adecuado presentar desde ahora mismo un documento tan completo y que, por eso mismo, no se debatió suficientemente en todas sus posibles consecuencias. 
Señor Presidente, señorías, señora Comisaria, se asombrarán ustedes de que sea yo el primero y el único que lo diga: la propuesta de la Comisión, dado el marco financiero tan exiguo, es equilibrada. 
Es razonable concentrar los recursos en las regiones que más los necesitan. 
Los verdes apoyan los proyectos de la Comisión, aun cuando deben señalar no obstante que la Comisión internamente no ha mostrado ninguna flexibilidad en lo que se refiere a límites de recursos en su propio ámbito. 
A este respecto no ha sabido cómo desarrollar estructuras coherentes. 
Quiero señalar asimismo lo siguiente: no hay una estructura unitaria para el espacio rural y también para los problemas de las euroregiones en las fronteras de los países candidatos, sobre todo la posibilidad de crear ayudas transfronterizas; no hay ninguna solución. 
El fondo común es la única solución razonable, la Comisión sigue estando inactiva. 
También es innegable que ha habido progresos. 
Por encima de todo, en el reglamento de los Fondos estructurales se ha conseguido finalmente incluir el desarrollo sostenible como objetivo central. 
La economía, la ecología y la seguridad social deben equilibrarse, para que las regiones no estén permanentemente en la cuerda floja, sino que alcancen un desarrollo estable. 
Para tal estabilidad, indudablemente, es decisiva la participación de los interlocutores locales y regionales y de los medios sociales. 
Los fondos estructurales tienen este enfoque democrático. 
En la Comisión Regional, el Parlamento ha adoptado mejoras decisivas. 
Las posibilidades pueden dar lugar a que los interlocutores sociales configuren de modo decisivo los planes. 
Por desgracia, todo se queda en el «pueden» , porque para todos está claro que el nuevo fundamento jurídico llega demasiado tarde y que los planes hace tiempo que han finalizado. 
Por ello, hoy espero que usted, señora Comisaria, nos haga una propuesta con respecto a este dilema de cómo es posible garantizar convenientemente una participación democrática, tal como está prevista en los Fondos estructurales. 
Unas palabras más a sus señorías. 
No tiene sentido querer incluir los derechos de acervo como si se tratara de mercancías de feria. 
Los Fondos estructurales no son ninguna despensa nacional. 
Estamos llamados a apoyar al gobierno alemán en su proyecto de finalizar el paquete Agenda 2000 en marzo. 
Es la última fecha posible para poder ofrecer en enero una verdadera ayuda a las regiones. 
Señor Presidente, para empezar quisiera felicitar a todos los ponentes por los informes que nos han presentado hoy. 
No hay duda de que los Fondos estructurales han prestado un apoyo muy valioso a las regiones pobres y periféricas de muchos lugares de la Unión Europea durante muchos años. 
Hemos llegado ahora a una fase en la que hay que reformarlos. 
Han sido utilísimos y hemos podido llevar a cabo muchos proyectos que, sin los fondos, no hubiéramos podido iniciar. 
El apoyo prestado por la Unión Europea a mi propia circunscripción en tiempos difíciles y peligrosos nos permitió confiar en un mañana mejor y nos ayudó a mantener nuestra posición durante casi 30 años. 
Me hago cargo de que tiene que haber un valor de referencia del 75 %, pero he de decir a la Comisión que necesitamos que haya cierta flexibilidad para velar por que las zonas especiales sigan recibiendo apoyo. 
Para mí, que vengo de Irlanda del Norte, eliminar el Objetivo 1 sería tomar una decisión equivocada en un momento sumamente importante y esencial. 
El informe del Parlamento está equilibrado, es responsable y responde a la realidad. 
Ofrece la posibilidad de mejorar lo que existe en la actualidad. 
Estoy de acuerdo con la reserva de rendimiento en principio, pero es demasiado elevada: no debería exceder del cuatro o el cinco por ciento. 
No hay suficientes proyectos de iniciativa europea: me gustaría que se conservara el programa Urban y otras iniciativas europeas- cinco, seis como máximo- para que la gente viera que esas iniciativas son de la Unión Europea. 
Señor Presidente, partiré del considerando C del informe, que precisa que los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión son los principales instrumentos de la cohesión económica y social en Europa. 
Sin duda, hubiera sido interesante distinguir de manera más sistemática la cohesión entre los diferentes Estados miembros y la cohesión interna de los Estados por otra parte, y principalmente la cohesión entre las zonas rurales y las zonas urbanas. 
Sobre el primer punto, la cohesión entre los Estados, es difícil no ir en la misma dirección que los ponentes, que consideran que la concentración de los créditos en algunos Estados es necesaria para ser eficaz. 
Sin embargo, no se puede olvidar la necesidad de la cohesión transfronteriza, ya que falta mucho por hacer en este ámbito. 
Los créditos de esta cohesión transfronteriza no deberían cubrir los gastos de otras reorientaciones en lo que respecta a los objetivos. 
Es cierto que, en la página 14, los programas Interreg se mencionan de forma totalmente afortunada en este sentido. 
Por lo que respecta a la cohesión interna de los Estados, de la que se habla quizá menos, me parece muy importante ya que la cohesión entre las zonas rurales y las zonas urbanas es esencial en las fases de desarrollo que conocemos hoy, y que se ponen en práctica claramente en detrimento de las zonas rurales. 
Ahora bien, el 5B va a desaparecer, lo que sin duda es lamentable, y corre el riesgo de desembocar en una ruptura del compromiso de las zonas rurales; pienso por ejemplo en una región que conozco bien, la Alsacia del noroeste, en el macizo de los Vosgos, en Sundgau. 
Se está favoreciendo de forma involuntaria la urbanización de las regiones desfavorecidas. 
Sería interesante saber cuál es el porcentaje de fondos asignados a las zonas urbanas y a las zonas rurales en conjunto. 
Los Fondos sociales, por ejemplo, los Fondos de reconversión industrial, están dedicados principalmente a las ciudades. 
Doy mi total aprobación al párrafo 3 de los ponentes que sugiere con razón que es necesario tener un planteamiento distinto para el desarrollo coherente de las zonas rurales en el marco del Objetivo 2. 
Espero que este deseo se recoja posteriormente y que las zonas rurales no paguen el coste de la reestructuración de los Fondos a la que asistimos en la actualidad. 
Señor Presidente, Señorías, en lo que respecta al sector pesquero, nosotros como Parlamento Europeo queremos una programación única del sector. 
La propuesta de la Comisión se parece mucho a la teoría de la parcelación: en definitiva, se quiere dividir el sector según las realidades territoriales y no se ofrece la posibilidad de una gestión unitaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Europeo de inversiones, el Fondo Europeo de Garantía y el Fondo Social Europeo. 
Pedimos una programación única porque consideramos que no pueden haber discriminaciones entre las diferentes regiones de pesca y estamos convencidos de que puede lograrse mediante un reglamento capaz de programar de forma unitaria las acciones en el sector de la pesca incluidas en el Objetivo 1 y las acciones incluidas en el Objetivo 2, así como las regiones que no figuran en el Objetivo 1 ni en el Objetivo 2. 
Sin una acción unitaria podríamos provocar discriminaciones. Por eso, nos hemos esforzado en proponer un reglamento serio y riguroso anticipando la propuesta de la Comisión. 
Por esta razón hemos considerado la pesca no sólo desde el punto de vista exclusivo de la producción y del mercado, sino que hemos tenido en cuenta los aspectos relacionados con el medio ambiente, el respeto de la cuestión social, la recuperación de las actividades económica y social vinculadas al sector, y hemos pensado en el mercado. 
Asimismo hemos reflexionado sobre la posibilidad de constituir sociedades mixtas con los terceros países valorizando las ONG, así como las actividades de pesca artesanal. 
En resumidas cuentas, la nuestra ha sido una propuesta seria, clara y concreta, una propuesta que habríamos deseado que presentara la Comisión. 
En realidad, la Comisión está ganando tiempo, sin embargo, nos impresiona favorablemente el hecho de que el Consejo de Pesca esté bastante de acuerdo con el planteamiento del Parlamento y, por tanto, somos consientes de que la Comisión presentará un reglamento teniendo en cuenta las propuestas que el Parlamento ha formulado y que el Consejo de Pesca ha recalcado de forma puntual. 
Por ello, la posibilidad de una doble lectura aprobando hoy esta propuesta de reglamento y aprobando luego, en abril, la resolución legislativa que valorará el espíritu de la nueva propuesta de la Comisión, nos va a permitir ofrecer una respuesta unitaria y un tratamiento unitario al sector pesquero y evitar discriminaciones que serían realmente negativas. 
Señor Presidente, señorías, tal como ha expuesto la Sra. Jöns, el informe trata de la elaboración temática del fondo social europeo. 
Hay aspectos esenciales que deben regularse en el reglamento marco, en algunos puntos no está claro hasta ahora si no podrían estar en el texto del reglamento del FSE. 
En el futuro no deberían producirse estos problemas de delimitación. 
En cuanto a la orientación temática, en primer lugar había grandes diferencias entre mi grupo y los socialistas. 
A través de muchas charlas de cooperación y rondas de negociación- al menos hasta ayer por la tarde- se encontraron soluciones de compromiso. 
Quisiera dar expresamente las gracias a la ponente manifestarle mi respeto por la disposición que ha mostrado a dialogar conmigo y por su gran interés. 
En la orientación general estamos de acuerdo. 
El FSE es el instrumento de la política estructural para luchar contra el desempleo. 
Luchar contra el desempleo es la mejor política social, dado que el desempleo es nuestro mayor problema económico y social, y los fondos del FSE son escasos. 
Debemos considerar los compromisos a los que hemos llegado a partir de estas premisas. 
Este es también el mensaje a la Comisión en la aplicación de los textos. 
Por tanto, la pura formación general no entra dentro de los ámbitos de intervención del FSE. 
Seguramente es la condición previa para el empleo y una cultura de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Seguramente Europa debería aportar su contribución. 
Pero sobre la base de las experiencias del último periodo de programación hemos llegado a la conclusión unánime de que no hay que pronunciar la palabra «concentración» porque suene bien, sino aplicarla consecuentemente. 
Esto se aplica también a la aplicación de los fondos del FSE: concentración en la lucha activa contra el desempleo. 
A este respecto debemos orientarnos en todos los niveles a las orientaciones generales de la política de empleo. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Debo ser intransigente, habida cuenta del número de oradores. 
Por tanto, dos palabras para terminar, y treinta segundos. 
Permítanme para finalizar que cite a la ponente: el FSE debe apoyar en el futuro la estrategia de empleo europea y los programas plurianuales de la política de empleo establecidos en los Estados miembros. 
Esto lo puedo apoyar plenamente. 
Señor Presidente, empezaré por felicitar a la Comisaria por haber elaborado una propuesta que en general no debería suscitar oposición entre los 15 Estados miembros y todos los sectores de este Parlamento. 
Eso ya es mucho de por sí. 
Me ocuparé principalmente de tres esferas concretas: calendarios, criterios para el Objetivo 2, y acceso a los fondos. 
En primer lugar, por lo que se refiere a los calendarios acabamos de tener una cumbre oficiosa sobre la forma de acercar más Europa al ciudadano. 
Una de las cuestiones esenciales de la financiación estructural es conseguir que pueda disponerse en el momento oportuno de la financiación regional y estructural. 
Ésta es una de las esferas fundamentales en las que la Unión Europea tiene credibilidad. 
Es evidente que tenemos que completar el resto de Agenda 2000, pero tenemos tiempo hasta la Cumbre de marzo. 
La otra cosa que quería decir es que al principio del año 2000 tendremos que ocuparnos de un gran número de programas, lo que dificultará la posibilidad de aprobarlos. 
Me gustaría preguntar a la Comisaria de qué forma va a ocuparse de una tarea prácticamente imposible para su personal: aprobar los documentos únicos de programación y los marcos de apoyo comunitario a tiempo para conseguir que esos programas empiecen a funcionar. 
En segundo lugar, por lo que se refiere a los criterios, en el Objetivo 1 tenemos una definición muy buena y muy precisa de los que pueden optar al Objetivo 1, basada principalmente en el PIB. 
Ahora bien, en el Objetivo 2, el PIB no es uno de los criterios de opción. 
¿Va a aceptar la Comisión el PIB como uno de los criterios adicionales de calificación para el Objetivo 2? 
Se trata en realidad del mejor índice de pobreza, así que podemos utilizarlo. 
En tercer lugar la cuestión del acceso. 
Una de las cosas que más a menudo oigo en mi circunscripción es lo difícil que resulta obtener financiación estructural, en particular en el caso de las pequeñas empresas u organizaciones voluntarias. 
Sé que se trata de un problema principalmente nacional, pero ¿cómo podemos asegurar que las organizaciones tengan fácil acceso a la financiación de la Unión Europea sin estrellarnos contra la burocracia? 
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar al Sr. Arias Cañete por haber presentado este excelente informe. 
Rindo homenaje a todos mis colegas de la Comisión de Pesca, por haber presentado un conjunto de propuestas muy realistas. 
La reforma de 1994 permitió definir un enfoque común a todas las zonas de la Unión que dependen de la pesca. 
Hay muchas de esas zonas en la Unión en las que no hay otra posibilidad de empleo. 
Esas medidas quedaron complementadas por las medidas socioeconómicas adoptadas en 1995, como indico en mi informe en nombre de la Comisión de Pesca. 
La Cumbre de Edimburgo no respaldó la propuesta del Parlamento en favor de fijar un objetivo separado para el caso de la pesca. 
Sin embargo, aceptó la firme formulación hecha por el Parlamento y dio instrucciones para que se asignaran fondos suficientes a las regiones costeras que dependen de la pesca. 
Esta propuesta de la Comisión constituye un paso atrás y no hace nada por mejorar la suerte de las comunidades pesqueras. 
La propuesta es de carácter demasiado general. 
Deja un vacío que no ha de llenar este Parlamento sino la Comisión. 
La Comisión espera obtener nuestro visto bueno. 
Sugiero que no se lo demos hasta que no conozcamos los detalles. 
Con arreglo a las nuevas propuestas la mayor parte de las medidas normativas pesqueras han de quedar ultimadas en el marco de la sección sobre garantías agrícolas. 
No estoy de acuerdo en que sea legítimo servirse de esta sección para financiar medidas estructurales. 
Los fondos agrícolas se asignan sobre una base anual mientras que los fondos pesqueros se proporcionan sobre una base multianual. 
Si aceptáramos el principio de la propuesta de la Comisión, la Comisión tendría que asignar fondos específicamente para el sector pesquero. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quisiera decir que en el informe provisional sobre el Reglamento sobre los Fondos estructurales se dan significativos pasos adelante- que apoyamos- en el reforzamiento del principio de cooperación mediante la ampliación de los interlocutores a participar en la preparación, ejecución y seguimiento de los progamas. 
E igualmente se avanza en el reforzamiento de la transparencia y en el apoyo a las regiones periféricas, insulares y ultraperiféricas. 
Pero hay aspectos importantes con los que no puedo por menos de manifestar mi desacuerdo, tales como la aprobación de la propuesta de la Comisión de los recursos destinados a los Fondos estructurales fijados por ésta en el 0, 46 % del producto nacional bruto anual de la Unión Europea. 
Hay sobrados motivos para temer que tal asignación resulte a todas luces insuficiente para la consecución de la cohesión económica y social. 
Y la solidaridad interregional se vería, si se aprueba esa propuesta, profundamente quebrantada. 
Por otro lado, el informe es incluso contradictorio. 
Se manifiesta en el mismo un criterio opuesto al establecimiento de la reserva de eficacia propuesta por la Comisión, pero esto no impide que se abra la puerta a la constitución de estas reservas, sólo que con una dotación inferior al 10 %. 
¿Se está o no en contra de la reserva de eficacia? 
Señor Presidente, las propuestas de la Comisión me satisfacen en general pero quisiera plantear algunas cuestiones concretas. 
Como ha indicado el Sr. Collins, no hay que vincular el Fondo de Cohesión con la unión monetaria. 
El Fondo de Cohesión se puede transformar útilmente en un instrumento estructural que no esté vinculado directamente con las redes transeuropeas. 
Hemos presentado una enmienda general que mantiene el Fondos Estructural y el Fondo de Cohesión en consonancia con las propuestas presupuestarias convenidas de este Parlamento, como ha indicado el Sr. Kellett-Bowman. 
Damos prioridad a la infraestructura ferroviaria. 
En mi propio país, Irlanda, por ejemplo, los ferrocarriles se hallan en un estado de deterioro peligroso pero la mayor parte de la financiación se ha destinado a las carreteras. 
Nuestras enmiendas recalcan también la importancia de los vínculos transfronterizos. 
Me gustaría pedir a la Comisaria que en su respuesta hiciera hincapié en la importancia de la participación democrática de las regiones locales, particularmente las que desean figurar entre las regiones locales del Objetivo 1. 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, mi intención es hacer todo lo posible por tocar las fibras más sensibles de los Comisarios y diputados que están aquí y, espero, también de sus Grupos, para que apoyen la enmienda 49, presentada en nombre de mi colega el Sr. Escolá Hernando y otros 60 diputados, con la promesa de hacerlo dada ya por casi 200 diputados, así como la enmienda 85 en nombre del Sr. Miller con las firmas de casi todos los diputados del Partido Laborista Británico. 
Las enmiendas enuncian el carácter remoto y la baja densidad de población de las zonas. 
Los altiplanos y las islas de Escocia son regiones remotas sin duda alguna, y la densidad de su población es baja: 8, 9 habitantes, como probablemente todo el mundo sabe ya. 
El PIB es el 76 % de la media según la información de que dispongo actualmente. 
Hay dos cuestiones a las que me gustaría referirme: una es la que indicó recientemente uno de los Ministros del gobierno, Gus MacDonald, que admite que, excepción hecha de la remuneración de todos los trabajadores de las instalaciones petroleras- de los cuales muy pocos corresponden a mi circunscripción -, nuestro porcentaje es muy inferior al 75 %, y a mí me parece que eso crea una situación muy poco equitativa. 
Somos la tierra del whisky, pero aunque la hacienda británica recibe miles de millones por ese concepto, lo cierto es que nosotros no sacamos de ello gran provecho financiero. 
A mi circunscripción se la define a menudo como el último desierto de Europa. 
Es un desierto hecho por el hombre. 
Se creó por genocidio. 
Poblamos las tierras de Canadá porque se nos quitó de en medio para dejar sitio a las ovejas, que son una ocupación más provechosa. 
La Comisión nos ha hecho un enorme favor al prestar apoyo a los altiplanos e islas de Escocia. 
Hemos podido aprovechar al máximo su apoyo. 
Hemos gastado el dinero sensatamente, como la Comisión tiene que admitir, pero no cabe esperar que 150 años de descuido y de opresión se superen en cinco. 
Sería una ironía que, precisamente cuando la labor de la Comisión nos ha permitido, por vez primera, detener el éxodo de nuestros jóvenes más brillantes y mejores que antes abandonaban los altiplanos y las islas de Escocia, el apoyo quedara interrumpido repentinamente a causa de la infraestructura. 
En gran parte de mi circunscripción hay todavía estrechas carreteras en las que los vehículos no se pueden cruzar, con puntos que distan 50 millas de una gasolinera. 
Vayan ustedes a mi circunscripción y descubrirán que el precio de la gasolina es el más elevado de toda la Unión Europea. 
Hay que recorrer 100 millas a veces para ir al hospital, y podría darles una multitud de ejemplos análogos. 
No hablemos del tiempo, estoy segura de que todos están de acuerdo conmigo. 
Incluso nos visitó el huracán Mitch- la única parte de Europa que recibió su visita- a 240 kilómetros por hora en mi circunscripción. En invierno padecemos temperaturas subárticas. 
Durante dos terceras partes del año todas las superficies están húmedas, las casas tienen que estar firmemente construidas, el costo de la distancia es enorme. 
Hay 90 islas habitadas- de mayor longitud que Inglaterra, de mayor tamaño que Bélgica o que Dinamarca- y el costo de ese carácter periférico es enorme. 
Estoy procurando, como he dicho, tocar las fibras sensibles de todos los presentes. 
Por favor, tomen nota para sus coordinadores: enmiendas 49 y 85. 
Señor Presidente, el informe Arias Cañete traduce una actuación ejemplar. 
Con la opinión de la Sra. Fraga y la mía sobre la política regional y el desarrollo rural, manifiesta una gran determinación y armonía de puntos de vista entre las tres comisiones de política regional, de agricultura y pesca sobre la necesidad de mantener una PCP sustancial apoyada en medidas estructurales significativas aplicables a todo el territorio comunitario y que afecten a la pesca, a los cultivos marinos, a la acuicultura, incluida la continental, y a las actividades derivadas- transformación y comercialización. 
Esta posición unánime de la Comisión de Pesca, aprobada después de consultar con los responsables de pesca de los Estados miembros, hubiera debido llamar la atención de la Comisión y especialmente de la señora Comisaria Bonino. 
Ya en la opinión que yo redacté sobre la comunicación «Agenda 2000» , también adoptada por unanimidad por la Comisión de Pesca, alertamos a la Comisión sobre los riesgos de deslocalización intracomunitaria que correría todo el sector pesquero si las intenciones iniciales de la Comisión, creadoras de distorsiones, no fueran modificadas mediante la puesta en marcha de un reglamento que permitiera la elegibilidad de todo el territorio de la Unión en el ámbito de las medidas estructurales. 
En cuanto a la agricultura, se ha elaborado un reglamento específico relativo al desarrollo rural. 
Se ha velado escrupulosamente por que éste sea aplicable a todo el territorio de la Unión con el fin de preservar la equidad en la aplicación de la PAC. 
¿Por qué no ha ocurrido lo mismo en el sector de la pesca que, al igual que la agricultura, está sometido a la aplicación de una política común? 
Sin un reglamento global horizontal que agrupe todas las medidas estructurales aplicables al sector de la pesca en todo el territorio europeo y financiado por un instrumento único adaptado a las necesidades del sector, ¿qué quedará de la PCP? 
Un conjunto de obligaciones múltiples, medidas de reducción de las flotas y algunos cuidados paliativos- este residuo no merecería ya sin duda el nombre de política común. 
Esperamos no un abandono, sino la formulación de una política ambiciosa y prospectiva que tenga en consideración la dimensión marítima de la Unión, que es una de sus características esenciales. 
Algunas enmiendas presentadas por nuestro grupo, señor Presidente, traducen este objetivo. 
Señor Presidente, la delegación de Alianza Nacional estima que el objetivo de reforzar la cohesión económica y social no puede dejar de tener en cuenta las realidades específicas que padecen problemas estructurales, como es el caso de las regiones insulares. 
Las islas sufren desventajas estructurales que, a largo plazo, acaban incidiendo negativamente en su desarrollo económico y social, y entre los varios territorios que quedarán excluidos de los programas del Objetivo 1 figuran muchas islas. 
Esto significa que los territorios insulares van a considerarse como regiones no necesitadas de ayudas estructurales específicas. 
Es un contrasentido. 
El nuevo reglamento no puede prescindir de las indicaciones del nuevo Tratado de Amsterdam que, en su artículo 130 A y en la declaración sobre las islas, tiene en cuenta y recalca su especificidad. 
Por tanto, sería deseable prever un hueco para las islas en el ámbito del Objetivo 1 mediante una mayor flexibilización de los criterios relativos al PIB. 
Y esto porque un atento y concienzudo examen de la situación debería lograr que se comprendiera que en el espíritu no solo intervienen razones macroeconómicas sino ante todo múltiples razones de carácter geoeconómico. 
En lo que respecta al Objetivo 2, constatamos que la propuesta de la Comisión, al fijar un techo de población a los distintos Estados miembros, puede perjudicar a algunas regiones más que a otras. 
En el caso italiano, la propuesta de la Comisión de contabilizar en el Objetivo 2 las regiones que quedarán fuera del Objetivo 1, irá detrimento de las regiones del centro-norte. 
La concentración de los Fondos estructurales a través de la reducción de la población asistida, debe ser, por el contrario, equilibrada y equitativamente distribuida entre los Estados miembros. 
En cuanto a la ayuda transitoria, consideramos que el período debe fijarse en siete años para las regiones que salen de los Objetivos 1, 2 y 5b. 
No pedimos una mayor asignación de recursos en favor de las regiones que formarán parte de esta franja, sino tan sólo la intervención de los Fondos estructurales durante todo el período de programación. 
Quiero precisar que una región italiana, Abruzo, debería poder beneficiarse de la ayuda transitoria, pese a haber salido del Objetivo 1 en el año 1996, ya que de lo contrario habría que pensar en su inclusión en el Objetivo 2 con una ulterior penalización del centro-norte. 
Por último, en lo que respecta a las iniciativas comunitarias, estamos de acuerdo con la reducción de trece a tres de su número, sin embargo, consideramos esencial mantener la iniciativa URBAN, al objeto de realizar una política homogénea en todo el territorio. 
Señor Presidente, espero que me mire a mí y no al reloj. 
Esta tarde hemos escuchado muchas cosas sobre el tema de la ampliación. 
También hemos señalado que no sólo se trata de aprovechar una oportunidad histórica sino que tenemos que hacer mucho para poder aprovechar esta oportunidad en la realidad. 
Hemos hablado sobre la estrategia de preadhesión, en la que se trata de que impliquemos a los países candidatos en el proceso de preadhesión económica y política en la Europa común del modo más intenso posible. 
No obstante, no sólo debemos hacer mucho por los países candidatos, sino que también tenemos que hacer los deberes en casa. 
A este respecto, hablamos muy a menudo de que necesitamos reformas institucionales. 
Este es un tema importante, pero no es el único. 
En nuestro ámbito, tenemos también una serie de posibilidades de reestructuración económica para garantizar nuestras propias oportunidades de futuro. 
A este respecto hay una palabra verdaderamente clave para mí: Austria, como país que probablemente tiene una de las mayores fronteras exteriores con los países candidatos, está interesada en que, para estas regiones fronterizas, velemos por que la transición y la apertura de las fronteras comunitarias esté organizada de tal modo que a ambos lados de la frontera prevalezcan las ventajas y nadie resulte perjudicado. 
En la Comisión de Política Regional se han alcanzado muchas cosas en largos debates. 
Doy las gracias especialmente a la Sra. Monika Wulf-Mathies, Comisaria de Asuntos Regionales. 
Ayer por la noche, en el turno de preguntas ya pudimos debatir ampliamente este tema. 
Esta disposición a la cooperación hasido destacada también en su justa medida por ambas partes del hemiciclo. 
Ha dado buenos resultados. 
No obstante, aún puede llegar a ser un poco mejor. 
Ante todo, puede llegar a ser mejor con dinero asegurado por una parte y con muchas y muy buenas ideas de las regiones por otra. 
Ya no tenemos que aspirar a que Europa espere algo de nosotros. 
Debemos tomar las riendas en nuestras manos. 
En este sentido, con respecto a las propuestas que la Comisión ha presentado y con cuyo contenido en principio estamos totalmente de acuerdo y queremos apoyar, quizás una u otra las hubiéramos preferido de modo diferente. 
Quizás también hubiéramos preferido un objetivo propio sobre el «espacio rural». 
Pero estamos satisfechos de saber con seguridad que este espacio rural puede estar asegurado con porcentajes de población fijos. 
Para los próximos años y para la transición también son especialmente importantes las normas de phasing out, un largo phasing out para cada región que ya no debe ser subvencionable según los criterios futuros porque ya los habrá cumplido. 
Señor Presidente, resulta fácil adherirse a los objetivos centrales de la reforma de los Fondos estructurales en lo relativo a la concentración y la potenciación de las ayudas, y a la reducción de la burocracia y la simplificación de la gestión. 
Creo que es imprescindible velar ahora por que se materialicen también en la práctica estas clarificadoras directrices. 
En la aplicación del principio de asociación será preciso hacer una clara distribución de las responsabilidades y, si bien no se deberá obstaculizar la toma de decisiones, habrá que escuchar y vincular a las distintas instancias dando muestras de flexibilidad. 
Apoyo la propuesta de la Comisión en relación con los criterios de elección y las cuotas de financiación del Objetivo 1. 
Es preciso lograr que se beneficien de la ayuda más cuantiosa no sólo las regiones más débiles, las que registren un nivel del PNB por debajo del 75 %, sino también las regiones actuales del Objetivo 6, con arreglo a los criterios que ya quedaron establecidos en el marco de las negociaciones de adhesión para las regiones septentrionales y de escasa densidad de población. 
Desearía que se introdujera flexibilidad en los criterios y en la cobertura de población del Objetivo 2, con arreglo a las características específicas de cada región. 
Así, en el país de la Unión con la mayor población rural, Finlandia, las dificultades que plantean la agricultura septentrional y las largas distancias ponen de manifiesto la necesidad de disponer de una política rural eficaz. 
Criterios como los datos de desempleo y de pérdida de población rural hablan por sí mismos de la necesidad de contar con medidas de desarrollo y ayudas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, el primer informe sobre la cohesión revela que las políticas estructurales han ejercido una importante acción niveladora. 
En particular, el Fondo de Cohesión ha desempeñado un papel fundamental en la convergencia entre los Estados miembros, aunque algunos aún no hayan alcanzado el 90 % del PNB. 
Es un hecho que en algunos países de la cohesión existe aún un déficit considerable en infraestructuras. 
El conflicto entre la necesidad de invertir en esas infraestructuras y la necesidad de garantizar restricciones presupuestarias, tanto para los que participan como para los que no participan en el euro, justifican el mantenimiento de ese Fondo. 
Por otro lado, el Fondo de Cohesión es fundamental para un desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental, como se estableció en Amsterdam. 
Por eso, nos congratulamos de la decisión de la Comisión de mantener el Fondo, pese a la entrada en el euro de esos tres países. 
No sería justo que los países más pobres, que hicieron muchos más esfuerzos para cumplir los criterios de convergencia, sacrificando gastos en sectores fundamentales, se vieran ahora privados del instrumento de la cohesión. 
Conviene no confundir convergencia nominal con convergencia real. 
Pero el Fondo de Cohesión no es un mero acto de generosidad. 
No se debe olvidar que, como contrapartida, permite un retorno de corrientes financieras a los Estados más desarrollados en forma de adquisición de conocimientos y bienes de capital, que, en algunos casos, como Portugal, alcanzan el 50 %. 
Por eso, la decisión de la Comisión, además de cumplir con los Tratados, está de acuerdo con el espíritu de Edimburgo: una Europa cohesionada y solidaria. 
Señor Presidente, a pesar de su importancia creciente en el presupuesto comunitario, los Fondos Estructurales no han permitido corregir de forma fundamental los desequilibrios regionales. Apenas han compensado las consecuencias negativas de la puesta en funcionamiento del mercado único y de la preparación para la moneda única. 
La eficacia de los Fondos Estructurales ha de verse reforzada. 
Para ello es necesario concentrarlos en favor de las regiones más desfavorecidas, y orientarlos hacia objetivos de creación de empleo. 
La participación de los representantes, de las organizaciones ciudadanas, es decir, la democracia, es indispensable para su eficacia. 
Por encima de los Fondos Estructurales, se plantea la cuestión de la futura financiación de la Unión Europea. 
Soy más que reservada sobre las líneas directrices del reciente documento de la Comisión que intenta reequilibrar las contribuciones nacionales, bajo la presión de Alemania que quiere pagar menos aprovechándose de los mercados que van a abrirse en los países del Este. 
En este sentido, quisiera decir que la teoría llamada de la «justa compensación» es a mi juicio la negación misma de la construcción europea, ya que está en contradicción con la solidaridad sin la cual no puede existir Europa. 
Solidaridad con las regiones más pobres, con los sectores en dificultades, solidaridad entre los pueblos europeos, con los países candidatos, con los países mediterráneos del sur en una actuación de codesarrollo. 
En lugar de peleas sobre las contribuciones nacionales, ¿no sería preferible reflexionar sobre una mejor utilización de los créditos comunitarios, sobre la búsqueda de nuevos recursos, por ejemplo por parte de los mercados financieros, con la instauración de un impuesto sobre las transacciones financieras, lo que, en este caso, constituiría la justa compensación basada en la justicia y no en... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señorías. Señor Comisario, en primer lugar, quiero dar las gracias a Karin Jöns, que ha asumido de modo tan constructivo las peticiones de los Verdes. 
En la práctica, no debemos cejar- esto lo ha dejado muy claro, puedo adherirme a su intervención-. 
El 15 % representa la situación de la experiencia europea. 
Las ayudas específicas a las mujeres representan lisa y llanamente el estado del proceso de la civilización. 
Pienso que los socialcristianos de esta Asamblea tendrán que tener presente si en el futuro se arriesgan a tener una mayoría rojiverde o si se adhieren a un proyecto razonable. 
(Protestas del Sr. Schiedermeier) Ya lo veremos. 
Señora Glase, concentración no significa reducción de los objetivos de contenido. 
Se trata de la política del mercado de trabajo, del proceso de Luxemburgo, se trata sobre todo de la política de empleo en el tercer sistema. 
También se trata de reintegración social, que debe completarse con una lucha contra la pobreza que sea digna de tal nombre. 
Debo acabar, pero quiero decir que las sinergias con los otros Fondos las hemos afianzado... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señorías, se acordarán seguramente de la afirmación de Klaus Hänsch, con ocasión del informe sobre los países del este, de que muchas personas siguen hablando un idioma totalmente distinto cuando se trata de practicar la renuncia. 
Ahora bien, precisamente ese punto nos concierne. 
Quien conozca las posiciones sobre el Fondo de Cohesión y sobre los Fondos estructurales, sabe que Klaus Hänsch ha dado en el clavo con estas declaraciones. 
A menudo somos unánimes, pero cuando se trata de detalles, en concreto cuando se trata de echar mano al capital, entonces muchos hablamos un idioma totalmente distinto. 
Ya llego a algunos puntos concretos: en primer lugar, el Fondo de Cohesión. 
También yo soy de la opinión de que para cada país que participa en la unión económica y monetaria no procede que reclamen el derecho a recibir esas ayudas. 
En segundo lugar, el Objetivo 2: la Comisión propone mantener el criterio actual. 
Estoy a favor de que esto se mantenga estrictamente y no... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, con la inclusión de un capítulo dedicado al empleo en el nuevo Tratado, se ha puesto en marcha un proceso que desembocó en el pasado mes de noviembre en Luxemburgo, en la adopción de orientaciones en materia de empleo. 
Uno de los ejes de dichas orientaciones es precisamente el de la creación de empleo que se basa en políticas preventivas y activas de intervención en la oferta de mano de obra, cuyo aspecto formativo cumple un papel fundamental. 
El proyecto de reglamento del Fondo Social que hoy debatimos, se inscribe en esta lógica. 
No cabe duda de que la Comisión ha realizado notables esfuerzos para convertir el Fondo en un instrumento lo más flexible posible, sin por ello perder de vista la necesidad de que el mismo sirve para alcanzar los objetivos europeos. 
Voy a resumir dichos objetivos: el desarrollo de políticas activas en el mercado de trabajo, la promoción de la inclusión social, el desarrollo de sistemas de educación y formación profesional para fomentar la formación a lo largo de toda la vida, el desarrollo de sistemas y de modelos de organización del trabajo dirigidos a promover una fuerza de trabajo cualificada y capaz de hacer frente a los retos del cambio, el apoyo al sector empresarial y al de la investigación científica y tecnológica, la implementación de acciones tendentes a promocionar la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo. 
Pasaré ahora a hacer algunas consideraciones acerca de ciertos aspectos que figuran en la propuesta de la Comisión y que resultan fortalecidos por el excelente informe de la Sra. Jöns. 
El abanico de las medidas susceptibles de financiación permite encuadrar el momento formativo en un paquete de acciones integradas, dirigidas a facilitar la inserción o la reinserción profesional. 
Es importante recalcar la admisión de todo un conjunto de medidas de preformación orientadas a alcanzar a esas categorías de personas que, de lo contrario, estarían irremediablemente perdidas. 
De este modo, se quiere ofrecer una respuesta a los problemas mucho más allá del ámbito laboral y que afectan a toda la persona, detalle que, a mi juicio, debe considerarse significativo. 
En este contexto, por tanto, reviste importancia la propuesta de asignar el 1 % de los recursos del Fondo Social a la financiación de pequeños proyectos gestionados por las organizaciones no gubernamentales mediante su entrega a organismos intermediarios sobre la base de procedimientos simplificados. 
Quiero comentar que la Comisión ha iniciado ya una importante experimentación en este tema. 
Del mismo modo, es importante la promoción del desarrollo de nuevas fuentes de empleo a través de la valorización del tercer sector y de la economía social, en particular de cara a la promoción y el apoyo al desarrollo local. 
En este sentido, es fundamental la propuesta de ampliación del partenariado que debe convertirse en una práctica obligatoria a escala nacional tanto para los Gobiernos como para las regiones. 
Último punto: la participación paritaria de la mujeres en las medidas implementadas por el Fondo Social debe garantizarse no solo integrando el mainstreaming en el reglamento sino también con medidas específicas. 
Por ello, en el informe Jöns se propone fijar una financiación mínima del 15 % de los recursos del Fondo Social con el fin de garantizar que la prioridad en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres siga manteniéndose también en el marco de su aplicación por los servicios nacionales y regionales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, procedo de una región, Bretaña, en la que la pesca es una actividad económica vital, dinámica, una piedra angular del desarrollo y del empleo y un factor de equilibrio en la ordenación del territorio. 
Allí, la profesión de pescador ha pasado de padres a hijos desde hace siglos. 
La pesca ha impregnado nuestro modo de vida y nuestras tradiciones y si, a pesar de la dureza del oficio, está tan presente, es porque se trata de un elemento fundamental de nuestra identidad. 
Por ello, señora Comisaria, consideramos inaceptables las propuestas de reglamento relativo a las acciones estructurales en el sector de la pesca que, en su estado actual, tendrían como consecuencia, como ha señalado el ponente, poner en duda la unidad del sector «pesca» diseminando las acciones estructurales en el seno de diferentes reglamentos, destruir la lógica de fachada marítima que prevalece actualmente, complicar el acceso a las ayudas en detrimento del beneficiario final, y sobre todo incitar inevitablemente a la transferencia de la actividad de unas regiones a otras en el futuro más aventajadas. 
En Bretaña, como en todas las regiones que dependen de la pesca, hemos de conservar los medios para construir barcos nuevos y más seguros, para proseguir el esfuerzo de modernización de los puertos y del sector «pesca» , valorizar nuestra producción y formar a jóvenes en un oficio noble que, se diga lo que se diga en ocasiones, es un oficio de futuro. 
Señor Presidente, deseo intervenir acerca del informe del Sr. Arias Cañete sobre el sector pesquero. 
Los Verdes compartimos muchas de las críticas vertidas por el ponente contra la propuesta de la Comisión que resulta a todas luces inapropiada. 
Ya a lo largo del debate en el seno de la Comisión de Pesca, la Sra. McKenna pudo expresar nuestro punto de vista y las varias enmiendas propuestas por los Verdes fueron aprobadas por dicha comisión. 
Sin embargo, no estamos de acuerdo con todas las propuestas formuladas por el Sr. Arias Cañete. Me refiero en particular al nuevo Anexo III en que se prevén medidas en favor de la construcción de nuevos barcos de pesca. 
Los Verdes consideran que las financiaciones comunitarias en el ámbito del IFOP han de limitarse a los barcos que no superan los 24 metros de eslora. 
Nuestra propuesta tiene en cuenta tanto los aspectos medioambientales- una pesca sostenible es incompatible con una flota de grandes barcos de pesca- como los ocupacionales, pues, a buen seguro, con barcos grandes se emplean menos pescadores. 
Esperamos que el Pleno apruebe nuestra enmienda. 
Señor Presidente, esta propuesta de reforma de los Fondos estructurales es, en general, positiva en cuanto a sus intenciones. 
De los siete objetivos actuales se pasa a tres. 
Seguramente este recorte ampliará las posibilidades de gestionar los fondos tanto por parte de la Comisión como por las regiones. 
Para una aplicación práctica mejor se augura un mayor poder decisorio y una mayor autonomía de las provincias que son las entidades que más conocen las realidades locales. 
En lo que se refiere al Objetivo 2, pienso que será necesario prestar mucha atención a los criterios de admisibilidad. 
Este objetivo agrupa cuatro acciones distintas y diferentes: una en favor de las áreas urbanas, una en favor de las áreas industriales, una en favor de las zonas rurales y de montaña y una en favor de la pesca. 
Dicha agrupación, si se descuidan los criterios de admisibilidad, corre el riesgo de perjudicar a las regiones en que existen fuertes disparidades en términos de desarrollo entre los distintos sectores. 
Voy a mencionar, a título de ejemplo, la región de Lombardía. 
La misma presenta un tejido industrial productivo e industrial muy rico que, con frecuencia, hace olvidar una realidad de montaña pobre y atrasada. 
La despoblación que está sufriendo y el abandono de los pastos son síntomas graves de una enfermedad irreversible causada por nuestra falta de sensibilidad ante la montaña. 
La eliminación de la iniciativa comunitaria LEADER en favor de las zonas rurales es un ejemplo evidente del desinterés por las zonas y las poblaciones de montaña. 
Me pregunto de qué forma la Comisión va a gestionar con ecuanimidad estas realidades. 
Siempre con respecto al Programa LEADER, se ha dicho que las acciones que se beneficiaban del mismo serán financiadas, con la reforma de los fondos, a través del Objetivo 2. 
Estoy curioso por saber cómo se administrarán los fondos en concreto. 
Estoy convencido- y no disto mucho de la realidad- de que los grupos de acción local, financiados y previstos por el Programa LEADER, se financiarán en parte a través del nuevo Objetivo 2, sin embargo, temo que, por desgracia, muchos de ellos estarán destinados a desaparecer junto con las muchas ayudas, apoyos e incentivos en favor del desarrollo rural. 
Nos encontramos una vez más ante una buena reforma de los... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señora Comisaria, tanto el Consejo como los representantes de la Comisión y el Parlamento han venido defendiendo, uno tras otro, el calendario acordado en Cardiff. 
Al mismo tiempo, se ha asegurado que, por lo menos, la institución que represento mantendrá ducho calendario. 
Así pues, hemos demostrado estar unánimemente de acuerdo a este respecto. 
Ahora deberíamos mostrarnos también unánimes acerca del hecho de que, una vez que el Consejo haya adoptado sus decisiones- a más tardar en la Cumbre de Bruselas de noviembre -, el Parlamento podrá participar con pleno derecho en la toma de decisiones. 
Sabemos que este asunto plantea también limitaciones de tiempo, por lo que deberemos ponernos de acuerdo para ver cómo se lleva a cabo en la práctica. 
La comunicación de la Comisión sobre la Agenda 2000 ofrece un fundamento positivo y equilibrado para la reforma de la política regional y estructural. 
Revisten una especial importancia la simplificación de la gestión de los Fondos estructurales, el establecimiento de autoridades regionales y locales y la concentración de los recursos en las regiones que presenten mayores problemas de desarrollo. 
Es de suma importancia reconocer el carácter prioritario de la cuestión del empleo. 
La propuesta de la Comisión se basa en los principios del Tratado de Amsterdam, en el que, entre otros aspectos, se otorga una importancia aún mayor a unas cuestiones tan importantes para los ciudadanos como son las del medio ambiente. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión no llega hasta el final por lo que respecta a la integración de las cuestiones medioambientales en las actividades de los fondos regionales, estructurales y de cohesión. 
El examen de esta cuestión por parte del Parlamento ha introducido mejoras a este respecto. 
Lo más importante es que las autoridades medioambientales participen con pleno derecho en los preparativos y la elección de los proyectos regionales. 
Asimismo, hay que reconocer el papel de las ONG de cara a lograr realmente una mayor transparencia y publicidad en este ámbito. 
El fomento de una asociación auténtica y visible entre las autoridades medioambientales y las ONG permitirá a los ciudadanos una mejor participación en los proyectos en materia de política regional y estructural. 
Señor Presidente, señora Comisaria, brevemente, un punto central: en el futuro no deben excederse los límites superiores del 1, 27 % del producto nacional bruto por parte de los países receptores y del 0, 46 % para el Fondo estructural por parte de los países donantes; en el Objetivo 1, estrictamente el 75 %. 
Las regiones del Objetivo 6, las regiones periféricas e insulares- que sí están en el Tratado, si no nada -, un periodo de phasing out de sólo seis años. En ningún caso siete, si no estarán para siempre sobre la mesa. 
Objetivo 2: no comparto su opinión. 
Su «objetivo gulasch» no me gusta, el espacio rural se queda a la zaga: me temo que el desempleo como único criterio es demasiado duro; por ello me resultan importantes los criterios blandos, porque podemos decidir conjuntamente a nivel nacional cómo establecerlos. 
Porque no quiero un periodo de phasing out de cuatro años, sino, por razones de justicia, de seis años, como en el Objetivo 1. Ya lo saben. 
Objetivo 3: ayudas horizontales, sí. 
Me parecen satisfactorias las tres iniciativas comunitarias. 
Si admiten más, comprobarán que en seguida se llega a 13, cosa que tampoco quiero. 
Reservas: sin reservas, señora Comisaria. 
Me alegro por usted. 
Ayudas nacionales: mejor; estoy a favor. 
Por encima de todo debe ser posible que, en el marco de la solidaridad, al menos empleemos nuestro propios recursos sin que la Comisión se interponga constantemente. 
De ahí que pida que se incremente la regla de mínimos, como ya ha dicho usted. 
Lo mejor para mí sería un millón de ecus; con ello podemos vivir bien y decidir estas medidas con buenos resultados. 
Señora Comisaria, aunque oiga usted hablar de la mayoría verdirroja, espero que tenga propuestas razonables del otro lado, y ya que soy sindicalista, espero que al menos podamos llegar a un acuerdo a este nivel. 
Señor Presidente, quisiera dar la bienvenida a los dos Comisarios y agradecerles su asistencia y el tiempo que nos dedican. 
En particular quisiera referirme al reglamento sobre el fondo social y dar gracias a la Sra. Jöns por su informe muy clarividente y orientado al futuro. 
Hemos de recordar que cuando el Tratado de Amsterdam quede ratificado y entre en vigor tendrá un capítulo sobre el empleo. 
A causa de los problemas del desempleo, y en particular del desempleo de larga duración en toda Europa, hemos de contar con medidas preventivas y curativas para los desempleados de larga duración. 
Por consiguiente espero que sigamos haciendo hincapié en la enseñanza para toda la vida. 
Es esencial que en un mundo en perpetua evolución, en términos tecnológicos y financieros, mejoremos las capacidades de nuestros ciudadanos. 
Tenemos que velar también por que en nuestras escuelas e institutos se haga más hincapié en la búsqueda y determinación de las nuevas aptitudes que serán necesarias dentro de diez años para que podamos instituir los correspondientes programas de capacitación. 
Lo más importante de todo es el desarrollo local, que nos permitirá proporcionar cada vez más asistencia y crear cada vez más empleo de larga duración, pero a un costo inferior al de las actuales subvenciones e intervenciones estatales. 
Me alegra sobremanera que, en el marco del programa de capital social para fines locales, el uno por ciento del nuevo reglamento propuesto en virtud del FSE se destine a esa finalidad. 
Por último, no olvidemos nunca que no hay nada que sea rígido; hay que ser flexibles, tenemos que adaptarnos. 
Señor Presidente, es de toda justicia hacer constar aquí la eficiente actuación de los Estados miembros receptores de Fondos estructurales durante su corta pero ya suficiente historia. 
Por ello, la obligación de todas las instituciones europeas debería ser tratar de mejorarlos y reforzarlos, sin olvidar la circunstancia de que también se produce irremisiblemente un flujo de capitales hacia los Estados miembros más industrializados. 
¿Se mejorarán los reglamentos? 
Tenemos nuestras dudas. 
El flexibilizar los condicionamientos para ser declarado Objetivo 1 acarrearía que su esencia, profundamente social y solidaria, de corrección de desigualdades se desvirtuaría. 
Procede también recordar que el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo ha sido muy convincente. 
El Tratado de Maastricht establece la legitimidad de continuar acogiéndose al Fondo de cohesión a países- por ejemplo, España- que aprobaron- por cierto, con sobresaliente- el paso a la tercera fase de la Unión Monetaria. 
Si se establece, la reserva de eficacia- al menos en la propuesta actual de la Comisión, cifrada en un 10 %- se transformará en la práctica en un instrumento político innecesario e incluso contraproducente. 
Se deberían haber tenido en cuenta otros indicadores complementarios, como pueden ser las desigualdades en medios sanitarios, el descenso de población activa o los problemas medioambientales. 
Sin embargo, nos congratula que el criterio de desempleo sea esencial. 
Finalmente, señor Presidente, es de resaltar la escasa atención prestada a un desarrollo sostenido en la disponibilidad de recursos energéticos y en las inversiones territoriales. 
Señor Presidente, señoras y señores, si bien nadie discute el principio o la necesidad de la reforma que se nos ha propuesto, son sus modalidades las que suscitan interrogantes e inquietudes. 
Pienso, en especial, y a modo de ejemplo, en mi región, Nord-Pas-de-Calais, que actualmente forma parte de los Objetivos 1, 2 y 5B y que corre el riesgo de perder una gran parte de las ayudas de las que disfrutaba hasta el momento. 
Esta región sufre una tasa de desempleo que, en algunos lugares, alcanza el 25 %. 
La crisis es profunda y la cuenca minera, entre otras, está lejos de haber culminado su reconversión. 
Mediante las ayudas europeas, hemos podido iniciar un proceso de desarrollo significativo que cualquier ruptura brusca en el acompañamiento podría comprometer gravemente. 
Sin duda, está previsto un mecanismo de apoyo, pero, como en otras partes, persisten temores que exigen certezas. 
Insisto por tanto en la absoluta necesidad de este apoyo transitorio. 
Nos felicitamos porque esté previsto, pero quisiéramos que fuese ampliado a todas las regiones que ya no son elegibles en los Objetivos 1, 2 y 5B y que su duración cubra todo el período de programación, es decir, el período 2000-2006. 
Señor Presidente, señorías, esta es la primera oportunidad del Parlamento de comentar las propuestas de la Comisión sobre la reforma de los Fondos estructurales para establecer señales claras. 
Por ello, los socialdemócratas alemanes observamos con gran inquietud si el Parlamento tiene la fuerza de mostrar verdaderamente principios claros y conjuntos. 
Las deliberaciones han mostrado que en principio todos queremos una concentración de los Fondos en lo esencial y más precisión, es decir, prioridad de las ayudas también para las regiones con los mayores retrasos de desarrollo, pero también mantenimiento de una ayuda adecuada en las regiones con problemas de reestructuración en los Estados miembros más ricos. 
Estamos de acuerdo en que los Fondos estructurales deben concentrarse, con el fin de crear empleo y también para contribuir a una simplificación de la política estructural y ayudar a las regiones excluidas con disposiciones transitorias, para que no se vean marginadas de repente. 
Los debates de las últimas semanas han puesto de relieve que hay motivos para la inquietud, que los intereses nacionales y los pactos correspondientes también ocurren en este Parlamento, cosa que hasta ahora sólo ocurría en el Consejo. 
El Parlamento corre el riesgo de poner en peligro innecesariamente su llamamiento. 
Elaboraremos enmiendas y mañana las presentaremos para decisión. Y en dos puntos quiero dejar claro dónde nos hallamos. 
Si con el objetivo 1 dejamos la puerta abierta para la norma del 75 % ya en la primera lectura, daremos al Consejo una señal inequívoca de querer pactar. 
El precio sería una larga lista de excepciones y poco dinero para las regiones que realmente lo necesitan. 
No obstante, no podemos ir en contra de las reglas de la aritmética. 
Si no hacemos más grande el pastel que queremos repartir, cada vez habrá más gente y habrá menos para aquellos que lo necesitan urgentemente. 
El pastel que queremos repartir no crece con hambre. 
Por otra parte, el Fondo de Cohesión no puede convertirse en la puerta de atrás de un mecanismo de compensación financiera para todos los Estados miembros que se hallan por encima de un determinado nivel de bienestar. 
Todavía no estamos tan lejos en el proceso de integración de la Unión Europea. 
Los Fondos estructurales son expresión de la solidaridad europea. 
El Fondo de Cohesión debe centrarse en todos los Estados miembros que tienen problemas para cumplir los criterios duros. 
Pido flexibilidad... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, me limitaré a las iniciativas comunitarias. 
El Parlamento ha de pronunciarse dentro de poco. 
Yo también soy partidaria de reducir el número de iniciativas. 
Pero propongo una reducción de trece a cinco, lo cual sigue siendo una simplificación nada desdeñable. 
Me quedo con INTERREG, cuya plusvalía europea, en efecto, no es cuestionable, LEADER, a fin de afianzar el desarrollo rural, y las iniciativas comunitarias contra la discriminación en el acceso al mercado laboral; estoy totalmente de acuerdo con todo esto. 
Ahora bien, creo que URBAN también es sumamente importante. 
El hecho de que se contemplen las necesidades de las ciudades en el marco del Objetivo 2 me parece positivo, pero insuficiente. 
También tenemos que dar una oportunidad a las ciudades medianas que caen fuera del ámbito de aplicación del Objetivo 2. 
URBAN ofrece esta posibilidad y tiene la ventaja de que ya ha demostrado su utilidad. 
Todos sabemos que el desarrollo de las ciudades y las múltiples dificultades con las que lucha el medio urbano constituyen un problema que afecta prácticamente a todos los países del mundo. 
Por tanto, no está de más que aparte de preocuparnos por el desarrollo rural, nos detengamos suficientemente en los problemas urbanos, siempre buscando el equilibrio y la coherencia entre ambas opciones. 
Junto con la Sra. McCarthy, el Partido Popular Europeo ha presentado en nombre del Grupo Socialista y del Partido Popular Europeo una enmienda de compromiso, para la que solicito enérgicamente el apoyo de este Parlamento. 
En dicha enmienda defendemos la posibilidad de crear un instrumento a escala europea que pueda ser aplicado de forma flexible en aquellas regiones que sufran las consecuencias de procesos empresariales que en la actualidad se vean afectados por continuos cambios. 
Estos cambios se deben por lo menos a tres factores: primero, la creciente globalización; segundo, los cambios radicales producidos por las tecnologías de la información y de la comunicación y, por último, la ampliación hacia la Europa central y oriental. 
Nos ha parecido necesario presentar esta enmienda para salvaguardar la flexibilidad de nuestro poder de reacción. 
A esto se añade que dentro de nada estaremos viviendo en la zona del euro. En caso de que se produjera una crisis seria, los Fondos estructurales, tal y como están ahora, no cuentan con ningún tipo de ayuda que permita mitigar el efecto que pueda tener esta crisis sobre los países de la Unión Europea. 
Con arreglo a esta enmienda abogo, como es lógico, por un aumento de la contribución al 7 %, a fin de no mermar los recursos previstos para las demás iniciativas. 
Señor Presidente, pocas veces los distintos ponentes de una comisión han trabajado tan al unísono como lo hemos hecho los de la Comisión de Pesca sobre la reforma de los Fondos estructurales, intentando evitar que las acciones estructurales pesqueras queden prácticamente a discrecionalidad de la Comisión e intentando neutralizar las contradicciones y las enormes dificultades de programación que la propuesta actual plantea. 
Por ello, como ponente de opinión de la Comisión de Pesca sobre el reglamento marco, he propuesto la creación de un instrumento jurídico único, que permitiese la elaboración de un reglamento de Fondos estructurales pesqueros- el IFOP- que, con carácter horizontal, agrupase a todas las acciones estructurales destinadas al sector pesquero, al igual que la propia Comisión ha hecho ya para el sector agrícola. 
Esta necesidad de un instrumento jurídico único de carácter sectorial fue fácilmente comprendida por las distintas comisiones del Parlamento y la modificación propuesta será- espero- incorporada en esta primera lectura. 
En efecto, el sector pesquero necesita acceso a una serie de medidas de carácter estructural que tienen que ser las mismas para todo el sector, independientemente de la región en que una determinada empresa pesquera esté instalada. 
Por ello es por lo que el instrumento jurídico que las englobe debe tener un carácter horizontal. 
Este carácter horizontal imprescindible queda destruido con la programación regional que la propuesta de la Comisión establece para las regiones del Objetivo 2. 
Ello tendrá como consecuencia, además de unas enormes dificultades de programación en el sector pesquero, riesgos graves de deslocalización de las empresas, ya que éstas se instalarán allí donde existan programas regionales o donde los programas regionales les sean más favorables. 
Era necesario, por tanto, corregir esta tendencia, de forma que los Estados miembros tengan la flexibilidad necesaria para establecer el nivel más adecuado de programación para el sector pesquero independientemente de la región de que se trate. 
Señora Comisaria, ha visto usted que muchos diputados han intervenido en el tema de la pesca. 
El sector estructural pesquero está muy afectado... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, estimados colegas, señora Comisaria, señor Comisario, pienso que en este momento tanto el Parlamento como la Comisión están convencidos de que ahora los Fondos estructurales deberán emplearse mucho más que antes para reforzar las prioridades de la política comunitaria. 
Para nosotros, uno de los puntos prioritarios es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo, en la política social y en la política regional. 
Estamos seguros de que los Fondos estructurales pueden contribuir de forma decisiva al fortalecimiento de la igualdad de oportunidades siempre y cuando dejemos constancia de ello en la normativa. 
Las normas ya recogían una referencia a este tema, aunque era tan poco contundente que en la práctica no siempre surtía el debido efecto. 
En tanto que las iniciativas en el ámbito de la formación y el empleo sí tenían en cuenta a la mujer, los Estados miembros mostraban un entusiasmo visiblemente menor por esta cuestión al abordar los capítulos de la infraestructura y la política regional. 
Por cierto, a este respecto me gustaría saber cuánto se ha gastado, con los números delante, en proyectos empresariales femeninos, infraestructura social, reconciliación entre familia y profesión o ayuda a las mujeres de las zonas rurales. 
La Comisión ha puesto todo su empeño. 
Organizó dos conferencias. 
Preparó información sobre good practice. 
El Consejo incluso aprobó una resolución sobre este tema en diciembre de 1996. Pero me temo que todo esto no ha sido suficiente. 
Es por eso por lo que nos alegramos de que la Comisión se está esforzando por reforzar el principio de la igualdad de oportunidades en la normativa. También nos complace el enfoque de la doble vía que recoge la propuesta de la Comisión: por una parte, está la presencia de la igualdad de oportunidades en todos los Fondos estructurales, y por otra, se presta especial atención a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Ello no impide, señora Comisaria, señor Comisario, que nosotros opinemos que aún es posible prestarle más atención y que, de hecho, creamos que eso es lo que hay que hacer. 
Quisiera manifestar mi gratitud a los ponentes principales y, muy en especial, a Karin Jöns por haberse tomado muy en serio las preguntas de la Comisión de Derechos de la Mujer al respecto. 
Pedimos refuerzos en dos direcciones. 
Primero, hay que procurar que el mainstreaming pueda verse y medirse con mayor facilidad. Es decir, la igualdad de oportunidades ha de traducirse en objetivos unívocos, en estadísticas diáfanas, desglosadas según el sexo, en indicadores válidos y en evaluaciones bien hechas. 
Dicho de otro modo, las organizaciones tienen que ser capaces de demostrar que han empleado sus fondos para promover la igualdad de oportunidades de la mujer y de qué manera han contribuido a esta causa. 
Además, hacer funcionar la política estructural significa entre otras cosas implicar a la mujer. Por lo tanto, la mujer tiene que entrar a formar parte de los comités de seguimiento. 
También implica que los responsables de la igualdad de oportunidades han de participar en todas las fases de la implementación de los Fondos estructurales. 
En segundo lugar, y además del mainstreaming, reclamamos medidas específicas destinadas a acabar con las desigualdades. 
En este sentido, juzgamos necesario que en el futuro las acertadas intervenciones derivadas de la iniciativa comunitaria sean integradas en las nuevas medidas comunitarias. 
En segundo lugar, como ya ha dicho Karin Jöns, insistimos en que el 15 % del Fondo Social se destine a la igualdad de oportunidades. 
Debo admitir que no comprendo la oposición de nuestros colegas del Partido Popular Europeo al respecto. 
Es una propuesta de la Comisión misma; todos entendemos que es necesario tomar medidas específicas. 
Señor Presidente, los Fondos estructurales han sido un gran éxito para el concepto europeo en Irlanda. 
En conjunto, el grueso de los fondos se ha utilizado muy bien aunque haya habido algunos casos en los que los fondos se utilizaron para proyectos que podían amenazar nuestro medio ambiente. 
Sin embargo, ¡hay que ver qué diferencia en unos cuantos cortos meses! 
Nuestro gobierno ha elaborado un conjunto de medidas que no pasará la prueba de Eurostat relativa a los fondos estructurales, que requiere que las regiones que puedan optar a ellos tengan un PIB inferior al 75 % de la media europea. 
Los Fondos estructurales para Irlanda están en peligro de ser víctimas de este plan concreto. 
Deberíamos haber prescindido de las divisiones de los partidos políticos y haber fijado prioridades basadas en la necesidad de nuestras zonas de desempleo rurales y urbanas más necesitadas. 
El plan debería haber hecho frente a la necesidad de integrar a los inmigrantes y a los refugiados también. 
En vez de ello, su única contribución a la futura planificación regional ha sido producir un plan tan extraño que no puede sino fracasar. 
Deberíamos haber dejado de lado nuestras querellas de partidos políticos. 
La estrategia del Gobierno irlandés es, en el mejor de los casos, una operación política para salir del paso. 
En el peor de los casos es un intento cruel de decepcionar al pueblo irlandés. 
Proponer en el último momento un plan que tiene que ser rechazado por Bruselas no puede tener más que una finalidad: echar la culpa a Bruselas de haber rechazado el plan. 
Quisiera dar gracias a los dos Comisarios presentes por lo que han contribuido al éxito en Irlanda. 
Ahora bien, tenemos zonas que sustancial y realmente son desfavorecidas y están subdesarrolladas, en particular en el oeste y en partes de Dublin y otros enclaves de precariedad urbana. 
Necesitamos un fondo estructural revisado para poder abordar esos y otros problemas y un mayor consenso político para poder resolverlos eficazmente. 
Lo único que puedo esperar es que haya suficiente buena voluntad en la Comisión y en este Parlamento para ignorar la incertidumbre y la mala gestión de nuestro gobierno. 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señorías, en este momento me veo obligado a interrumpir el debate. 
Les pido que me perdonen por mi intransigencia, pero teníamos ante nosotros una hora y cincuenta oradores inscritos. 
El debate queda, por tanto, interrumpido. 
Se reanudará esta noche a las 21.00 horas. 
Situación en América Central y acciones de la Unión Europea 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en América Central y las acciones de la Unión Europea. 
Tiene la palabra en primer lugar, en nombre del Consejo, la Sra. Ferrero-Waldner. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, algunas catástrofes de nuestro tiempo son previsibles. 
Al menos nos brindan la oportunidad de establecer medidas para evitarlas o para paliar sus efectos. 
Pero algunas catástrofes no son previsibles en su magnitud y no pueden frenarse con medios humanos. 
Una catástrofe así es la que ha producido el huracán Mitch en Centroamérica. 
El huracán Mitch estaba en la categoría 5. Hasta ahora ha sido el ciclón más poderoso de este siglo en el Caribe. 
Las consecuencias, en la medida en que sean calculables, ya las conocen todas. 
Doy las gracias al Parlamento Europeo por la iniciativa de debatir hoy este tema en el pleno. 
Una vez más nos vemos ante la situación cuya magnitud exige que todos los implicados cooperen intensivamente, que coordinen sus esfuerzos y movilicen todos los recursos puestos a su disposición. 
Las consecuencias del huracán Mitch hacen necesarias medidas a dos niveles. 
En primer lugar, en la ayuda humanitaria; en segundo lugar, en la ayuda a la reconstrucción a largo plazo de los países afectados. 
Porque el huracán ha producido daños a los que ninguno de los países afectados- y probablemente muy pocos países- pueden hacer frente con sus propias fuerzas. 
La economía de los países afectados parece haber retrocedido en su evolución en años o incluso décadas. 
Sin una ayuda eficiente y a gran escala de la comunidad de Estados los países afectados no pueden combatir las consecuencias a corto, medio y largo plazo de estas catástrofes. 
Hablamos de países afectados, pero no son sólo eso, son nuestros socios directos, son los países que son nuestros amigos y asociados en el marco de San José. 
Comprendemos que la Unión Europea es ante todo una comunidad de solidaridad y de valores y que, como comunidad, sus miembros deben ser solidarios no solo entre ellos, sino con los otros países y con sus habitantes. 
Esto no deben ser sólo palabras vacías, sino que se ha visto en la rápida reacción de los Estados miembros y de los servicios de la Comisión ante la noticia de esta catástrofe natural. 
Por deseo español, que la Presidencia austríaca ha asumido con la máxima solicitud, el Consejo de Asuntos Generales se ocupó en su reunión del 9 y 10 de noviembre de la cuestión de la ayuda humanitaria para los países afectados. 
Todas las delegaciones han acogido favorablemente estas iniciativas, así como la propuesta de una ayuda de urgencia. 
La encuesta llevada a cabo por el Consejo puso de relieve que la Unión ha destinado en total 100 millones de ecus, 70 directamente de los Estados miembros y 30 de los fondos comunitarios. 
Estoy en contacto permanente con la comisaria Emma Bonino, que ya ha viajado a la zona de crisis, donde entabló contactos con los gobiernos, con las organizaciones internacionales y con las organizaciones humanitarias no gubernamentales y que de este modo ha podido hacerse una idea sobre el terreno de la magnitud de los daños y naturalmente, de las medidas de ayuda necesarias. 
Echo presentará un nuevo plan de ayuda global humanitaria, para que veamos qué medios adicionales se necesitan. 
Pero no sólo es importante la cuantía de los fondos disponibles, también es importante cómo se emplean. 
Debemos evitar las hambrunas, las enfermedades y las epidemias en las principales regiones afectadas y debemos proporcionar una provisión mínima de alimentos, agua potable, medicamentos y alojamiento de urgencia. 
El empleo de fondos de ayuda debe controlarse de modo muy estricto. 
Los canales de la ayuda deben tan rápidos y directos como sea posible y repartirse a la población necesitada, y esto, a mi juicio, por tres razones. Para conseguir la máxima eficacia en la concesión de la ayuda humanitaria, por obligación ante los contribuidores y donantes, que tienen derecho a saber que sus donativos se utilizan para los fines previstos. 
Una utilización cuidadosa y correcta de los fondos es asimismo el mejor garante para evitar la aid fatigue. 
A este respecto, no debe olvidarse que en otras regiones del mundo, por ejemplo, Kosovo, o Bangladesh, también necesitan ayuda humanitaria. 
En tercer y último lugar, la consecución de la paz social y de la estabilidad política en los países receptores. 
El desconcierto y el dolor de la población afectada, los errores de los gobiernos a la hora de hacer frente a la crisis, el empleo de las ayudas insuficiente, largo y mal organizado constituyen- todos lo sabemos- un polvorín social que podría explotar con gran facilidad. 
La malversación de los fondos para la ayuda y los conflictos sociales derivados de ello son, en estos casos de catástrofe, desgraciadamente la norma y no la excepción. 
Al mismo tiempo, es necesario ahora reflexionar sobre una reconstrucción y planes de desarrollo. 
Es necesario prestar especial atención a, por ejemplo, la cuestión de la reforestación, ya que la desforestación es una de las graves repercusiones del huracán. 
En Nicaragua, pese a la tradicional polarización política, la catástrofe parece haber dado lugar a un cambio de mentalidad hacia una política de consenso verdadera con respecto a los problemas que surgen. 
Si no se condona al mismo tiempo al menos una gran parte de las deudas de los países principalmente afectados, Honduras y Nicaragua, que además son de los países más endeudados de la región- la deuda exterior de Honduras asciende al 92 % de su PIB, la de Nicaragua al 300 %- la ayuda humanitaria parece insuficiente y además ilógica. 
Así pues, en el Banco de Desarrollo Interamericano y en el Fondo Monetario Internacional es preciso sopesar la importancia del fondo fiduciario que debe crearse para la condonación de las deudas multilaterales de los países afectados, y estas deben ser apoyadas por todos nosotros. 
En Austria, a iniciativa mía ya se está preparando una ley en la materia. 
Las medidas de ayuda de la comunidad internacional ya se han adoptado. 
La parte de la Unión Europea- Estados miembros y Comunidad juntos- es importante y refleja en la forma humanitaria el equilibrio y la importancia de la Unión. 
Ante todo debemos mostrar, que por las experiencias pasadas también hemos aprendido en el desarrollo de acciones humanitarias. 
También debemos cooperar con los gobiernos afectados, porque estos tienen la oportunidad, en el marco de la reconstrucción de mejorar sus estructuras, desde un punto de vista económico, técnico, pero también social, ecológico y político. 
Fomentaremos también las contribuciones especiales del gobierno. 
Por tanto, he incluido el tema en el orden del día del próximo Consejo de Ministros de cooperación para el desarrollo porque el 30 de noviembre me gustaría presidir y, espero, que se debatan ideas concretas sobre las medidas de ayuda a largo plazo. 
Les agradezco su atención y quedo a su disposición para más preguntas en el transcurso del debate. 
Tal y como ha explicado la Presidenta en ejercicio del Consejo, la Sra. Bonino visita actualmente las regiones afectadas por la catástrofe a fin de evaluar personalmente, en nombre de la Comisión, la situación. 
Está claro que, aparte de las iniciativas que haya podido tomar la Presidencia, la Comisión ha optado por dar prioridad a la ayuda de urgencia en favor de los grupos de población más vulnerables de la zona. 
Una primera valoración detallada demuestra que hay una urgente necesidad de alimentos, mantas, medicamentos, cloro, aunque también se necesitan utensilios de cocina y cosas por el estilo. 
A la espera de un análisis más completo de dichas necesidades, la Comisión ha aprobado por medio del procedimiento de urgencia del artículo 13 del reglamento relativo a la ayuda humanitaria un programa de ayudas de casi 7 millones de ecus. 
El 4 de noviembre, la Comisión ya pudo aportar una rápida y sustanciosa contribución a las acciones humanitarias internacionales. 
Este primer plan de emergencia fue llevado a cabo por la Cruz Roja alemana y española en colaboración con sus organizaciones hermanas en los países afectados y once ONG europeas que se encargan de proyectos ECHO en la zona. Más en detalle, esta primera fase se desarrolla como sigue. 
En primer lugar, consiste en prestar apoyo directo a los planes de emergencia nacionales. En el lugar de los hechos se están realizando enormes esfuerzos de coordinación entre organizaciones nacionales e internacionales, los órganos de las Naciones Unidas, el Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Mundial, USAid y los servicios de la Comisión Europea, puesto que, en efecto, la coordinación es fundamental para que se pueda sacar el máximo rendimiento de los recursos humanos y los medios financieros destinados en la zona. 
Estas medidas se completan con una serie de acciones con carácter regional o sectorial como, por ejemplo, socorrer a las víctimas, organizar evacuaciones con la ayuda de la Cruz Roja y garantizar el abastecimiento de agua, así como medidas encaminadas a proteger la salud pública, suministrando pastillas potabilizadoras para prevenir epidemias, etc. Médicos sin Fronteras desarrolla una gran actividad en la zona y cuenta con nuestro apoyo. 
Ayudamos a la federación internacional de la Cruz Roja en su tentativa de restablecer la frágil red de comunicaciones que ha quedado seriamente dañada. Es una tarea fundamental en vista de la distribución del primer envío de emergencia. 
Además de todo lo anterior, los proyectos en materia de ayuda humanitaria que estaban desarrollando las ONG en la zona afectada han sido transformados a fin de satisfacer las necesidades de emergencia más urgentes. 
Estas ONG ya estaban ahí, gracias a lo cual ya están ofreciendo ayuda de emergencia en este mismo momento. 
A fin de hacer frente a la situación actual han modificado o ajustado sus proyectos por un importe de aproximadamente tres millones de ecus. 
Por lo tanto, la ayuda de emergencia a la que nos referimos en el marco de ECHO asciende hasta la fecha a unos diez millones de ecus, al tiempo que el importe total, incluida la ayuda alimentaria, se aproxima a los 30 millones de ecus. 
En este momento, los colaboradores de ECHO están buscando recursos suplementarios para iniciar otro programa de ayuda. Es probable que este programa complementario, que seguramente se ultimará en las próximas semanas, disponga de fondos muy similares a los del anterior. 
Pero esta ayuda de emergencia, la de la segunda fase, deberá conllevar asimismo un componente de rehabilitación destinado a preparar la transición hacia actividades de relanzamiento más estructuradas así como asistencia para la reconstrucción económica. 
Ello me lleva a formular una única observación acerca de las perspectivas para los programas de rehabilitación y reconstrucción a corto y también a medio plazo. 
Es evidente que primero hay que llevar a cabo un análisis pormenorizado de las consecuencias que ha tenido esta terrible catástrofe para las economías de Centroamérica, aunque no cabe duda de que algunos de estos países han sufrido serios daños estructurales. 
Las primeras estimaciones resaltan los daños causados en sectores vitales como son la agricultura, la red viaria y los sistemas de abastecimiento. 
La Comisión, por su parte, estudia todos los medios financieros potenciales que puedan ser liberados para aportar una sustanciosa y rápida contribución a los esfuerzos internacionales por reconstruir la zona. 
De ahora en adelante el plan de acción previsto es el siguiente. A corto plazo, es decir, en diciembre del año en curso, la Comisión se servirá de un procedimiento de urgencia para presentar a los Estados miembros una propuesta de financiación que defina el marco de las medidas que hayan de tomarse en el futuro. 
La propuesta pretende fijar las dotaciones presupuestarias destinadas a la rehabilitación y la colaboración técnica y financiera que aún quedan por determinar antes de que finalice el año. 
A partir del momento en que las circunstancias permitan acceder a las regiones afectadas, se enviará a la zona una misión multidisciplinar encargada de elaborar una evaluación técnica en estrecha coordinación con nuestros Estados miembros y en coordinación con las autoridades nacionales y otros donantes. 
Los programas de desarrollo previstos para 1999 se revisarán y se adaptarán caso por caso, previa consulta a los países beneficiarios. 
Los proyectos en curso pueden ser reforzados o transformados, poniéndolos al servicio de la rehabilitación o la reconstrucción. 
Para completar estas iniciativas es posible que en el marco de un enfoque estratégico a medio plazo acabe imponiéndose la necesidad de crear, por ejemplo, un fondo de reconstrucción regional. 
A este fin, la Comisión puede presentar propuestas al Consejo previa consulta a todas las partes implicadas, incluidos otros donantes y Gobiernos de países beneficiarios. 
El mayor escollo para esta estrategia es el nivel actual relativamente bajo de los recursos financieros de la línea presupuestaria destinada a la rehabilitación y reconstrucción de los países de Latinoamérica. Se trata de la línea presupuestaria B7-313. 
En este momento, dicha línea presupuestaria cuenta con unos recursos muy limitados para el año 1999, a saber 4, 25 millones. 
Obviamente, aún estamos a tiempo para que la autoridad presupuestaria dote recursos financieros suplementarios con objeto de reforzar la línea presupuestaria que acabo de citar. 
Señor Presidente, señorías, en primer lugar, quisiera dar las gracias al Consejo y a la Comisión por la ayuda de urgencia. 
Quizá no siempre es evidente en esta Cámara que nos demos las gracias mutuamente, pero me gustaría hacer expresamente una mención de elogio. 
Me parece muy bien que la Sra. Bonino haya hecho visible a la Unión Europea con su presencia en Centroamérica. 
En el escaso tiempo de que dispongo, unas indicaciones: quisiera recomendar- ya que desgraciadamente esta no será la última catástrofe natural que viviremos- que pensemos en crear una especie de ayuda en caso de catástrofes. 
Hay una serie de países en el mundo que disponen incluso de su propio ministerio para catástrofes para prevenir las catástrofes naturales, con su propia capacidad de transporte, aeropuertos e incluso quizá también satélites. 
Como segundo punto quisiera comentar que la ayuda a la reconstrucción a más largo plazo en la región no sólo debe darse en los países sino que debe contribuir a la integración de la región. 
Medidas de infraestructuras, carreteras, telecomunicaciones, redes de energía, etc., pueden contribuir efectivamente, ahora que todo está destrozado, a hacer de la región en la que viven 30 millones de personas una región común. 
Como Parlamento Europeo, con el apoyo del Consejo y de la Comisión siempre hemos luchado en el terreno político por el crecimiento de esta región. 
Tercera observación: siempre decimos que la ayuda debe ser no burocrática. 
Por otro lado, debe ser muy bien meditada y planificada a largo plazo y debe concederse con la máxima transparencia posible. 
Esto es la cuadratura del círculo, lo sé. 
Quizá podamos debatir sobre el tema, cómo conseguir verdaderamente la cuadratura del círculo, porque si no, otra vez tendremos conflicto con el Tribunal de Cuentas. 
Señor Presidente, querría simplemente abundar en los argumentos que mis colegas, en representación tanto del Grupo Socialista como del Grupo Popular, han manifestado en relación con las actuaciones urgentes- y también las posteriores- que debe llevar a cabo la Unión Europea, tanto a nivel del Consejo como de la Comisión, en las zonas afectadas por la catástrofe. 
Tuve la oportunidad de visitar el mes de julio los países afectados y pude constatar que estaban experimentando un muy positivo proceso de recuperación después de las luchas intestinas y los graves conflictos que habían padecido, y estaban realmente en la vía de una franca recuperación, con una auténtica voluntad de cooperación. 
La naturaleza, de una manera desafortunada y brutal, en pocas horas, ha destrozado el trabajo de los últimos años. 
Creo que nosotros, desde nuestra posición privilegiada en Europa, hemos de mostrar la máxima solidaridad con las sociedades y los pueblos afectados y hemos de tener en cuenta estos aspectos urgentes en los que lógicamente las administraciones públicas- a todos los niveles, empezando por las propias administraciones de la Unión Europea, las de los Estados miembros y las otras administraciones que los integran- deben tener una participación muy directa junto con las Organizaciones No Gubernamentales. 
Quiero insistir en que es fundamental la revisión del tema de la deuda, que no se convierta en un yugo para la posible recuperación, y- como proponemos en nuestra propuesta de resolución común- también es fundamental el sentar las bases para una recuperación a medio y largo plazo que permita consolidar y recuperar este proceso que- como dije- en julio tuve ocasión de comprobar personalmente que se estaba produciendo. 
Señor Presidente, el huracán Mitch ha arrasado América Central, sembrando la destrucción a su paso. 
No sería más que un acontecimiento de actualidad pasajero si no hubiera, detrás de todo esto, un drama humano inconmensurable que, desafortunadamente, seguirá siendo durante mucho tiempo aún una herida abierta. 
En todas las épocas, la naturaleza se ha manifestado a través de sus excesos, que provocan catástrofes naturales que, por desgracia, se producen con demasiada frecuencia en regiones ya pobres, añadiendo a la precariedad económica el drama de lo inhumano, la pena, la desolación, la separación, las enfermedades y la angustia por el futuro. 
Como miembro de la delegación interparlamentaria para las relaciones con los países de América Central, tuve ocasión de viajar el pasado mes de mayo con otros colegas a Honduras y pudimos medir hasta qué punto, incluso en Tegucigalpa, su capital, la mano tendida de la Unión era ya un auxilio para aquellas personas, antes del paso del huracán. 
Hoy ya no tenemos solamente un deber hacia ellos, sino una verdadera deuda moral, que ha de traducirse en un compromiso a largo plazo. 
Toda la comunidad internacional se manifestó inmediatamente, y esta espontaneidad no es cualquier cosa cuando sabemos que se han aportado víveres, ropa, medios de transporte, filtros para el agua, medicamentos y hospitales móviles y, al igual que mi colega, yo también estoy orgullosa de ser francesa. 
Y si, por supuesto, considero de gran interés toda la ayuda urgente que se ha aportado a esos países y rindo un homenaje a los hombres y mujeres que se han comprometido, allí mismo, a desplegar todos los esfuerzos necesarios para reconstruir infraestructuras mínimas para la acogida de una población que carece absolutamente de todo, creo que lo peor sería el olvido después de esta ayuda urgente. 
Tras esta movilización solidaria, es preciso que las naciones ricas del mundo, además de la condonación de la deuda, elaboren en conjunto un plan de reconstrucción de la zona, en conexión con los Gobiernos de esos Estados. 
Evitemos, sin embargo, caer en la trampa que consistiría en decidir por ellos, ya que creo que se ha encontrado la ocasión para apoyar la evolución de las prácticas democráticas de estos países. 
Acompañemos esos planes con un diálogo estrecho con los Gobiernos, pero también con las poblaciones y las organizaciones, a quienes debemos dar los medios para que sean los protagonistas de su propia recuperación. 
Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con la Presidenta en ejercicio del Consejo, Sra. Ferrero-Waldner, cuando decía antes que el huracán había sido muy fuerte, había sido terrible, pues era de nivel 5. 
Pero, sin embargo, también hay que tener en cuenta- y yo creo que hay muchas organizaciones no gubernamentales que así lo están haciendo notar- que si hubiera habido una vivienda que no fuera infravivienda, si hubiera habido una red cívica que hubiera previsto lo que podía ocurrir, si hubiera habido, en definitiva, unos derechos humanos más consolidados en esa zona, el huracán hubiera tenido efectos menores. 
Y estoy de acuerdo con muchas de las cuestiones planteadas aquí por los Sres. Salafranca y Linkohr en lo relativo a las preferencias generalizadas para esos países. 
Sin embargo, yo voy a transmitirles en el poco tiempo que me queda lo que nos dijeron algunos diputados y algunas organizaciones de Centroamérica la semana pasada en un seminario que hubo en Bruselas. 
Voy a exponerles sus preocupaciones: 
En primer lugar, que hay que revisar, en esta ocasión, los acuerdos de cooperación y hacerlos, como decían otros compañeros, a más medio y largo plazo para la reconstrucción de la zona. 
En segundo lugar, debe haber un control para que la ayuda llegue a los afectados. 
Desgraciadamente, en el pasado no siempre ha sido así. 
En tercer lugar, hay que tener en cuenta, para la distribución de la ayuda, a los ayuntamientos. 
Hay pequeños ayuntamientos que se encuentran con muchas dificultades y con pocos medios para hacer frente a sus dificultades. 
En cuarto lugar, hay que pedir la condonación de la deuda, que todos sabemos que es el 300 % del producto interior bruto en Nicaragua, pero que en otros países es también importante. 
Y, en quinto lugar, es necesario que la condonación de la deuda no vaya a aliviar las preocupaciones de los Gobiernos sino que vaya a aliviar las necesidades de los pueblos. 
Y para ello es necesario que el montante de la deuda sea destinado a proyectos concretos de recuperación de la zona. 
Yo también me siento orgullosa- como planteaba el Sr. Salafranca- no sólo por la actuación del Gobierno español sino sobre todo por la del pueblo español que ha demostrado tener un gran sentido de solidaridad. 
Pero eso es en este momento. 
Vamos a ver qué pasa en enero y febrero. 
Es necesario que todos continuemos actuando más allá de este momento de emoción por lo que ha ocurrido en Centroamérica. 
Señor Presidente, una catástrofe de esta envergadura exige una reacción que va mucho más allá de lo que se ha hecho nunca. 
Miles de personas han muerto o lo han perdido todo, también porque no se tomó ningún tipo de precaución ante el poderoso huracán, porque los pobres se alojan en las condiciones más precarias, porque partes enteras de la agricultura industrial han quedado asoladas. 
Centroamérica está arrasada, la reconstrucción durará décadas. 
Pero, para que esta reconstrucción tenga éxito, los países necesitan no sólo la concesión eficaz de paquetes de ayuda. 
Debe elaborarse un plan de reconstrucción de gran alcance, no unas ayudas deslabazadas que dejamos escurrir por canales dudosos o aceptables para el gobierno. 
Una reconstrucción bien coordinada debe tener como objetivo principal la mejora de la situación de la población. 
Salud, educación, vivienda y una reforma agraria radical deben tener la máxima prioridad. 
Para ello, los implicados deben tener derecho de control y de codecisión. 
Centroamérica necesita que se le condone totalmente la deuda exterior bilateral. 
No obstante, no se trata de amortizar lo que, así y todo, ya no puede recuperarse. 
También hay que condonar las deudas multilaterales. 
El FMI y el Banco Mundial deben subvencionar créditos, pero que no deben estar vinculados a medidas de ajuste estructural. 
Los gobiernos europeos, por tanto, deben utilizar expresamente su voz equilibrada en el FMI y el Banco Mundial para evitar ser condicionados. 
Las perspectivas de Chiquita, señala The Guardian hoy, son risueñas. 
Las multinacionales del plátano deben dejar que los seguros sufraguen la reconstrucción de sus instalaciones, pero sus trabajadores se quedan en la calle. 
Los consorcios multinacionales, que por ejemplo en Honduras durante años apenas han pagado impuestos, deben afrontar ahora sus responsabilidades. 
El asolamiento producido como consecuencia de un huracán no es sólo un desastre natural que aqueja a los hombres. 
La destrucción de la capa de ozono, el uso indiscriminado de los recursos naturales y el envenenamiento acelerado del medio ambiente también tienen su parte de culpa en la catástrofe. 
Esta no será la última si no cambiamos radicalmente de mentalidad en los países industrializados. 
Señor Presidente, cada día que pasa, y conforme se evalúan las pérdidas en vidas humanas y en daños materiales ocasionados por el huracán Mitch, comprobamos la auténtica dimensión de la catástrofe. 
En esta ocasión la naturaleza no ha tenido piedad con los países centroamericanos, pero bueno será recordar- y así lo hace el Parlamento- que ha sido la mano del hombre la que con su negligente actuación ha propiciado que el cambio climático potencie desastres naturales como este. 
Debemos ser conscientes todos- y especialmente los países industrializados- de que de no cambiar radicalmente nuestro comportamiento, detrás del huracán Mitch llegarán otros huracanes con los mismos y devastadores efectos. 
En Centroamérica, Señorías, los más débiles- como ocurre casi siempre- son los que más han perdido. 
Por eso, constituye una obligación ineludible asegurarnos de que las ayudas se emplean de la forma más coordinada, efectiva y eficiente posible para que lleguen prioritariamente a quien más las necesita y no constituyan un foco de corrupción como desgraciadamente, en otras situaciones similares, ha podido ocurrir. 
Finalmente, queremos mostrar públicamente nuestra satisfacción por las excelentes muestras de solidaridad que tanto los ciudadanos de la Unión a título individual como las propias instituciones que los representan, en especial las instituciones europeas, han demostrado. 
Debemos felicitarnos por la rápida respuesta dada a una situación que exigía soluciones urgentes. 
Cuando en tantas ocasiones nos hemos quejado de la lentitud burocrática con que Europa responde a los problemas, hoy debemos ser capaces de agradecerlo. 
Ahora sólo es necesario redondear la actuación condonando totalmente la deuda de los países afectados. 
Señor Presidente, la catástrofe que asoló a Centroamérica nos ha conmocionado profundamente. 
Cada vez que estas fuerzas de la naturaleza se desatan, desenfrenadas, dejando por doquier un reguero de destrucciones, muertos y heridos, se apodera de nosotros una sensación de total impotencia. 
Incluso en esta sociedad moderna llena de posibilidades técnicas la naturaleza nos depara sorpresas ingratas. 
Aunque, en este caso concreto, no se trataba precisamente de una noticia inesperada, puesto que, poco antes, la llegada del huracán Mitch había sido ya anunciada. 
De todos modos, estaba claro que las consecuencias de este huracán no se harían esperar. 
La propia organización de la zona afectada ha intensificado aún más el alcance de la catástrofe. 
Los latifundistas expulsaron a los campesinos pobres a las laderas de las montañas situadas en un nivel superior para que ejercieran su actividad en esas altitudes. Las consecuencias han sido desastrosas. 
En estas laderas deforestadas el huracán tenía el campo libre, arrastrando todo lo que se encontrara a su paso en un aluvión de lodo de efecto devastador. 
Pero, en este momento, lo más importante es que se preste la ayuda apropiada. 
Ya se han hecho muchos esfuerzos, por parte de países de todo el mundo, incluidos los países europeos. 
Los demás países europeos habrían de seguir el ejemplo de Estados como Francia y los Países Bajos, que han condonado las deudas de las regiones afectadas. 
Lo mismo digo con respecto a la suspensión de pagos concedida por entidades financieras y organizaciones financieras internacionales. 
A largo plazo, es necesario elaborar un programa de orientación socio-ecológica que permita ayudar a los campesinos y restablecer la naturaleza. 
En este sentido, resulta imprescindible la colaboración de los latifundistas a fin de lograr un desarrollo realmente sostenible que, entre otras cosas, debería incluir medidas eficaces contra la erosión. 
Nos parece aconsejable que las diferentes ONG participen activamente en este programa. 
Señor Presidente, quiero hablar de la condonación de la deuda para darle un respiro a la economía de los países afectados por la catástrofe. 
No a todos los países puede aplicarse el mismo criterio: Guatemala y El Salvador parecen países más ricos que Nicaragua y Honduras o al menos menos pobres. 
Establecido el criterio de la condonación de la deuda, precisamente por la diferencia entre las diferentes rentas nacionales, se podría deparar un tratamiento distinto según la situación económico-financiera del país afectado. 
Así, a los países menos desventajados se podrían aplicar las cláusulas, acordadas en Nápoles en el marco de la reunión del G7 del año 1993 que preveían una condonación de la deuda del orden del 66 %, mientras que a los más desventajados podría aplicarse el Acuerdo de Lyon del G7 del año 1997: condonación hasta el 80 % de la deuda. 
En Nicaragua, así como en Honduras, se espera que empeore la ya difícil situación económica con repercusiones deletéreas en un umbral de pobreza que, según los cálculos, hoy por hoy, afecta al 60 / de la población, con un aumento de las tasas de paro que actualmente se sitúan en el 53 % en Nicaragua y en el 30 % en Honduras. 
Señor Presidente, la rápida reacción de las Instituciones comunitarias y de la sociedad civil es una señal de que hemos empezado con buen pie. 
No obstante, sólo hemos empezado, todo lo demás está por hacer y este Parlamento espera con gran interés el informe de la señora Comisaria Bonino y las propuestas que nos va a sugerir. 
En realidad, la catástrofe ocurrida en Centroamérica no es solo una catástrofe natural y humana sino también y sobre todo una catástrofe política. 
A lo largo de todos estos años, hemos reflexionado sobre Centroamérica en términos de unidad política. 
Reflexionamos en estos términos sobre la pacificación regional ante las guerras que la han destrozado, y ahora existe la posibilidad de que se vuelva a abrir una brecha social. 
Hemos apoyado al PARLACEM, el Parlamento de Centroamérica. 
Hemos razonado siempre en términos de interdependencia regional. 
Pues bien, ahora tenemos que tratar de reproducir esta interdependencia en la proyectada segunda etapa de nuestra acción. 
Debemos reflexionar en términos de interdependencia tanto sobre el plan para hacer frente a un desempleo masivo que se ha producido inmediatamente, como sobre el plan infraestructural y el plan financiero- con relación al cual, efectivamente, la cuestión de la condonación bilateral y multilateral de la deuda debe plantearse tanto por cada uno de los Estados miembros como por la Zona Euro respecto a los países afectados, así como respecto a las organizaciones internacionales- y asimismo debemos reflexionar sobre la concentración multilateral entre los países donantes que, naturalmente, deben actuar, como decía el Sr. Salafranca, de acuerdo con la Conferencia de San José con el fin de que se aprecie una presencia continua de la Unión que no se limita a estas fases de emergencia. 
Señor Presidente, señoras y señores, yo también quiero expresar mi sincero dolor y consternación a los habitantes de los países centroamericanos. 
Voy a continuar en alemán. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, lo hemos escuchado muy a menudo. La magnitud de la catástrofe es inmensa, de un calibre que jamás se había producido en la región. 
Por tanto, debemos hacer todo lo posible para proporcionar una ayuda lo más amplia y buena posible. 
Ahí no puede haber ningún tabú. 
Ya lo he dicho en una reunión de nuestra delegación. 
Como Parlamento debemos examinar rápidamente con el Consejo cómo podemos reservar los recursos del presupuesto que sean necesarios para la ayuda. 
Los recursos en los que se ha pensado ahora tienen que ser sólo el principio, porque se necesitan años y mucho dinero para la reconstrucción. 
Nicaragua y Honduras eran ya antes dos de los países más pobres del mundo, y ahora serán todavía más pobres. 
También necesitamos dinero y para ello debemos seguir un procedimiento muy convencional. 
Por ello querría proponer lo que ya he propuesto en la reunión de la delegación: debemos reflexionar seriamente sobre la posibilidad de destinar fondos del Fondo de Desarrollo Europeo, dada la especial dificultad, para esta catástrofe. 
Evidentemente, Honduras y Nicaragua no son países ACP, pero en estas circunstancias tenemos que pensar de modo no convencional. 
Por ejemplo, si no se puede recurrir a fondos de los países ACP, quizá se puedan extraer de las ayudas a las catástrofes y a la reconstrucción. 
A largo plazo, pienso que estos países deben ser miembros del Convenio de Lomé porque, ¿qué derecho tenemos realmente a excluir a estos países, de los más pobres del mundo, que ahora van a ser aún más pobres, del régimen de preferencias y de la ayuda financiera de Lomé? 
En verdad no tenemos ninguna justificación. 
Si queremos ser verdaderamente honrados, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. 
Eso es así. 
Señor Presidente, señorías, la situación por la que atraviesa América Central es desoladora: 12.000 muertos, 18.000 desaparecidos. 
En Honduras, el 90 % de los ingresos procedentes de la industria del plátano se han arruinado y el 70 % de las carreteras ha quedado destrozado. 
Una gran parte de los países centroamericanos ha retrocedido años en su nivel de desarrollo. 
La ayuda humanitaria de la Unión Europea es vital para evitar una escalada peligrosa de la situación política en Nicaragua. 
Por supuesto, hay que acoger favorablemente el empleo eficaz de los recursos, tal como se pide en la propuesta de resolución. 
Junto a los aspectos humanitarios, a favor de los que todos estamos firmemente resueltos en esta Cámara y sobre los que animamos resueltamente a la Comisión, quisiera añadir un aspecto a los que ha mencionado el Sr. Kreissl-Dörfler. 
Muchos expertos coinciden en que el elevado nivel de los gases que originan el efecto invernadero es una de las causas fundamentales de esta catástrofe ambiental. 
En estas circunstancias no entiendo que con motivo de la cumbre sobre el clima, celebrada en Buenos Aires, se hayan prorrogado dos años más las normas sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Pienso que precisamente teniendo en cuenta estas catástrofes naturales es absolutamente imprescindible que la Unión Europea se pronuncie a favor de una reducción rápida y a escala mundial de las emisiones de CO2. 
Señor Presidente, gracias a la Comisión y al Consejo por esta comparecencia. 
En la región de América Central pasará más de una generación antes de que se superen las consecuencias del huracán Mitch, ese maldito huracán que ha dejado un siniestro recuerdo de dimensiones superiores a las que inicialmente podíamos pensar. 
El área afectada ha retrocedido varias décadas y ha visto quebrados sus esfuerzos por superar las profundas heridas de su pasado más reciente. 
Los países afectados se han encontrado con su realidad: una mínima capacidad de respuesta y unas estructuras de Estado muy débiles para hacer frente a los daños. 
Vemos a unas sociedades que, resignadas, se resisten, a pesar de todo, a perder hasta la esperanza ante las tragedias que periódicamente sufren, como si se tratara de un Sísifo colectivo que ve cómo se deshace su obra cuando está a punto de concluirla. 
Felicitaciones sinceras a la Comisión por su respuesta inmediata, fundamentalmente en la ayuda humanitaria, y también a los Estados miembros que han respondido con igual rapidez. 
Nuestras sociedades- conozco la respuesta española- han sido solidarias y generosas, e incluso en ocasiones han superado a la respuesta gubernamental, pero las medidas tomadas hasta hoy, siendo importantes, no serán suficientes. 
Los Gobiernos deben resolver el problema del endeudamiento de estos países en un acto de estricta justicia y como un mecanismo útil para cooperar a reactivar la economía de estos países. 
Deseo que mi Gobierno, el Gobierno español, condone la deuda de estos países y que también lo hagan el resto de los Estados miembros, y que esa deuda se reconvierta en infraestructuras físicas, sanitarias, educativas o medioambientales. 
Será necesario, se ha dicho, un plan de asistencia y de reconstrucción regional que debiera estar avanzado en enero o febrero, y las instituciones de la Unión Europea deberán sin duda flexibilizar sus mecanismos financieros y presupuestarios para apoyar ese plan de reconstrucción. 
La tragedia de dolor y muerte ya la causó el huracán y a nosotros, a todos nosotros, nos corresponde la obligación de aliviar sus consecuencias y ayudar a construir su futuro. 
Señor Presidente, como vicepresidente del Grupo del PPE, encargado de las relaciones con América Latina, quiero expresar brevemente la solidaridad de nuestro Grupo con las víctimas de la tragedia y también nuestra satisfacción porque esa solidaridad popular y oficial haya sido de la intensidad que conocemos. 
Quiero también señalar la satisfacción que nos produjo la rapidez con la que se reunió la Delegación para las Relaciones con América Central y México de este Parlamento, convocada por el Sr. Salafranca, la nutrida presencia de colegas en esa reunión extraordinaria, la asistencia a ella del Vicepresidente de la Comisión Europea, Sr. Marín, y de la Comisaria, Sra. Bonino. 
Y finalmente también, hay que celebrar la nutrida presencia de la ayuda europea, no de cada uno de nuestros Estados por separado, sino de todos ellos en su conjunto. 
Quizás esa ayuda se pueda simbolizar en los viajes que han efectuado a la zona el Príncipe de España, D. Felipe de Borbón, el Sr. Presidente Chirac y también la Sra. Comisaria Bonino. 
Esos tres nombres probablemente son la mejor manera de reflejar la ayuda europea que naturalmente no faltará en el futuro. 
Señor Presidente, los países de América Central que quedaron devastados por el huracán Mitch estaban ya gravemente perjudicados por las secuelas de años de guerra civil. 
En todos ellos las elevadas tasas de analfabetismo, una pobreza agobiante y la carga demoledora de la deuda internacional revisten carácter endémico, como hemos podido comprobar todos los que hemos visitado la zona. 
Azotados ahora por la tormenta más mortífera del siglo, innumerables poblados de chabolas, puentes y carreteras se han visto arrastrados por las aguas, que han destrozado las cosechas, diezmado el ganado, eliminado el abastecimiento de agua, y causado la muerte de muchos miles de personas. 
La Unión Europea y todos los que han proporcionado ayuda de emergencia son dignos del más sincero elogio. 
Las medidas adoptadas para aliviar la carga de la deuda son también de importancia vital, pero llevará años y años el reconstruir las economías de esos países que, para colmo, eran desesperanzadamente pobres. 
Tenemos que aceptar el hecho de que existe la acuciante necesidad no solamente de instituir una moratoria del servicio de la deuda sino también de cancelar la deuda. 
Honduras y Nicaragua no podrán pagar nunca el interés de lo que deben y no basta con aplazar la obligación de hacerlo. 
Además, no hay que permitir que la ayuda para el desarrollo a plazo mediano y a largo plazo se restrinja, particularmente en el caso de las necesidades sociales. 
En lo que se refiere a la propiedad de la tierra la cuestión de la tenencia plantea toda clase de problemas. 
La necesidad de instituir una reforma agraria es más urgente que nunca. 
La Unión Europea se viene preocupando desde hace mucho tiempo por el caso de América Central, por ejemplo en el proceso de San José. 
Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos de ayuda. 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento tienen que facilitar la utilización, para fines de socorro, de nuestros fondos presupuestarios que no se han utilizado. 
El desastre nos recuerda también la necesidad de desplegar una acción internacional de mucho calibre para limitar los daños producidos al medio ambiente por los cambios climáticos, que de lo contrario seguirá causando catástrofes cada vez más frecuentes, algunas quizá peores que la catástrofe de la que estamos hablando esta tarde. 
Señor Presidente, ¿puedo responder brevemente al respecto una vez más? 
En primer lugar, les agradezco sinceramente el apoyo que han expresado en las diferentes intervenciones, así como las muchas observaciones y reflexiones por parte del Parlamento, que sin duda serán de gran ayuda para la reunión del Consejo de Ministros de cooperación al desarrollo del 30 de noviembre, para volver a trabajar sobre estos temas. 
En resumen puedo decir lo siguiente: en primer lugar se plantea la cuestión de la coordinación de la ayuda humanitaria- como las ayudas a la reconstrucción y al desarrollo -, y en este sentido deberíamos llevar a cabo una coordinación, al menos entre los asociados, tarea que la Presidencia quiere asumir sobre todo sobre el terreno. 
En segundo lugar, es fundamental, naturalmente, abordar la cuestión de la deuda. 
Esto también se discutirá en el Consejo de Asuntos Generales. 
Ante todo debemos debatir este tema en el Consejo de Cooperación para el Desarrollo, y naturalmente también los preparativos de la conferencia de donantes. 
Los días 10 y 11 de diciembre se celebrará en Washington una conferencia de donantes, en la que, en el marco del Banco de Desarrollo Interamericano, se establecerá qué contribuciones hay que seguir fomentando. 
Se ha programado una segunda conferencia para marzo en Estocolmo, que se dedicará fundamentalmente a preparar la reconstrucción a largo plazo. 
Con respecto a la deuda, es obvio que hay que distinguir claramente entre la deuda bilateral- los créditos al desarrollo por un lado y a la exportación por otro- y la deuda multilateral, sobre todo la iniciativa HIPC, que realmente fomenta la constitución de un nuevo fondo, que por supuesto apoyaremos y desarrollaremos desde la Presidencia, o el recurso al fondo ya existente en el Banco Mundial, que apoyaremos en cualquier caso. 
Aparte de esto, en el debate se ha aludido a lo que ya había mencionado. 
Quizá unas palabras sobre la conferencia sobre el cambio climático. Todos sabemos que la Unión Europea por supuesto intenta, aunque no es fácil, que se sumen a esta partida todos los «grandes jugadores». 
Yo también quisiera darles las gracias, a título personal y en nombre de la Comisión y de Emma Bonino y Manolo Marín, que no han podido asistir a este intercambio de ideas en el que, sin duda, hubieran participado con mucho gusto, por el gran consenso y las numerosas muestras de solidaridad que todos podemos manifestar aquí hacia esta catástrofe inhumana que ha asolado a tantas personas y a tantos países de Centroamérica. 
Aún voy a hacer un pequeño comentario, con motivo de la intervención del Sr. Salafranca. 
Es cierto que la Comisión no tiene competencia en materia de deudas, pero, atendiendo a la Presidencia del Consejo, pienso que todo el mundo está de acuerdo en que debemos ir más allá del esfuerzo meramente humanitario. En que la comunidad internacional, a la vista de las circunstancias actuales, debe empeñarse en aliviar las enormes deudas de los países afectados, condonándolas ahí donde fuera posible 
Mi segunda observación se refiere al diálogo de San José al que ha aludido el Sr. Salafranca. 
Mis recuerdos al respecto se remontan a un pasado mucho más lejano, el proceso de Contadora y asuntos por el estilo. 
Me imagino, y estoy convencido de que el Sr. Marín e incluso la Presidencia del Consejo comparten esta opinión, que, en cuanto la situación en Centroamérica se haya normalizado un poco, se hayan tomado las decisiones financieras correspondientes y se haya creado efectivamente un programa de reconstrucción, se considerará la posibilidad de entablar un diálogo entre la Unión Europea y los países centroamericanos en este contexto de San José. 
Me parece una idea extraordinariamente constructiva. 
He recibido una propuesta de resolución para cerrar el presente debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la declaración del Consejo relativa a la situación del proceso de paz en el Oriente Medio. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Unión Europea sigue teniendo siempre la necesidad de adoptar una normativa sobre la paz en Oriente Medio que sea general, justa y sostenible. Sus principios están contenidos entre otros en las resoluciones independientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
En este contexto hay que mencionar el derecho de todos los países de la zona a una existencia en seguridad, en unas fronteras reconocidas internacionalmente, así como el derecho de los palestinos a la autodeterminación, para cual no cabe excluir ninguna opción. 
En consecuencia, la Unión ha apoyado plenamente el contenido de los acuerdos de Madrid y de Oslo, que han puesto en marcha el actual proceso de paz en Oriente Medio. 
Con creciente preocupación vemos cómo la evolución de este proceso se ha estancado peligrosamente desde principios de 1997. 
Esta difícil situación han intentado contrarrestarla los Estados Unidos y la Unión Europea reforzando todos sus esfuerzos de mediación, sobre todo el enviado especial de la UE a Oriente Medio, Miguel Moratinos, para proponer a las partes en conflicto diversas propuestas para solventar los puntos de divergencia. 
El 23 de octubre de este año, tras difíciles negociaciones entre el presidente Netanyahu y el presidente Arafat se llegó a la firma del Acuerdo de Wye Plantation en Washington, en cuya realización han tenido una intervención decisiva los Estados Unidos y el Presidente Clinton, así como el Rey Hussein. 
Este acuerdo recién alcanzado debe representar el deseado detonente que vuelva a poner a en marcha el proceso de paz tras año y medio de estancamiento. 
Con la firma de este acuerdo, las partes en conflicto han proseguido el proceso de Oslo con una nueva retirada de tropas israelíes de Cisjordania contra garantías de seguridad globales por parte palestina. 
Ambas partes acordaron la rápida reanudación de las negociaciones en un estatuto final y la no adopción de medidas unilaterales. 
Los EE.UU. han asumido una función de garantes y árbitros en la realización del Tratado. 
El Acuerdo de Wye Plantation puede ponerse muy fácilmente en peligro por la escasísima confianza que reina entre las partes. 
Parece especialmente importante que, dadas las circunstancias, ambas partes abandonen todas las acciones unilaterales que puedan ser perjudiciales para el resultado final de las negociaciones del estatuto definitivo. 
Por otra parte es positivo y digno de mención que por primera vez el actual gobierno israelí haya aceptado explícitamente con su firma el principio de «tierra por paz». 
La Unión Europea ha aceptado expresamente el Acuerdo de Wye Plantation, y por otra parte ha señalado que el éxito o el fracaso dependerá de la aplicación rápida del acuerdo. 
La ratificación del acuerdo por parte del Parlamento israelí es un paso muy importante en esa dirección. 
La Unión Europea apoyará la ejecución del memorándum de Wye en todos los ámbitos en los que pueda aportar una contribución complementaria constructiva. Esto se refiere especialmente a los aspectos del acuerdo provisional palestino-israelí, como la apertura del aeropuerto y la construcción del puerto de Gaza y la seguridad de la conexión de carreteras entre la Franja de Gaza y Cisjordania. 
La Unión Europea ya está llevando a cabo actualmente un programa de apoyo al antiterrorismo para los palestinos y prepara otro pequeño programa en el marco del comité de seguridad mixto palestino/UE. 
Independientemente de los progresos en la ejecución del acuerdo de Wye Plantation, el primer periodo de cinco años de la ayuda de la UE para los palestinos finalizará a finales de este año. 
Los Estados Unidos han invitado a Washington para el 30 de noviembre a una nueva conferencia de donantes a nivel ministerial, para garantizar que se prosiga el apoyo a los palestinos. 
La Unión Europea ha decidido ya, por principio, mantener para otro periodo de cinco años el elevado nivel de la ayuda para el pueblo palestino. 
El ministro de Asuntos Exteriores, Dr. Wolfgang Schüssel, ha realizado un viaje a la zona como presidente del Consejo de la UE en compañía del enviado especial, Miguel Moratinos, así como de un representante de la Comisión, los días 12 a 15 de noviembre, durante el cual visitaron Jordania, Israel, los Territorios Palestinos, Siria, Líbano y Egipto y mantuvieron conversaciones políticas. 
El objetivo del viaje era examinar las posibilidades de una participación activa de la Unión Europea en la realización del acuerdo de Wye Plantation. 
La fecha inmediata tras la firma del citado Acuerdo fue especialmente favorable a este fin. 
Las conversaciones con todos los partidos regionales fueron muy abiertas y sustanciales. Se pudo comprobar que el papel de la Unión Europea en el proceso de paz es apreciado por todas las partes y que en muchos respectos existe el deseo de un compromiso aún más fuerte por parte de la Unión Europea, no sólo, aunque también, por parte del enviado espacial de la UE, Sr. Moratinos. 
En Israel se desea esto, no obstante, sólo en ámbitos concretos de cooperación, y no- esto se dijo claramente- en el terreno político. 
Contra la aplicación del memorándum de Wye ha habido enorme resistencia, no sólo por parte israelí, sino también por parte palestina. 
La posición de Israel parece inflexible en lo concerniente a Jerusalén, las zonas de seguridad en torno a Jerusalén y al valle del Jordán, así como en la construcción de los asentamientos existentes. 
Por el contrario, hay disposición por parte israelí a una cooperación pragmática con el lado árabe en materia de recursos hídricos e infraestructuras- por ejemplo, en la construcción de ferrocarriles. 
Los negociadores en Egipto, Siria y Libia se expresaron de modo muy escéptico sobre el memorándum de Wye y sobre la disposición de Israel a ponerlo en práctica. 
Por parte de los palestinos se dejó traslucir un cierto pesimismo. 
En lo que respecta a la recuperación general deseada del componente multilateral del proceso de paz, expresada sobre todo por Israel, según manifestaron los negociadores árabes, en tanto no se ponga en práctica el acuerdo de Wye y en tanto no se reanuden las conversaciones de paz con la participación sirio-libanesa. 
A la luz de los acontecimientos producidos a raíz del Acuerdo de Wye Plantation, de las impresiones habituales de los presidentes del Consejo del viaje a Oriente Medio se derivan las siguientes tareas o posibilidades urgentes para el proceso de paz en la zona que debemos cumplir o garantizar para apoyar la paz y el fortalecimiento de la presencia europea en esta región. 
Así, está estrictamente prohibido que con vistas a la conferencia de donantes del 30 de noviembre en Washington se elabore una posición común de la UE que la Unión pueda defender con fuerza. 
Dado que Europa presta el 60 % de ayuda económica a los palestinos, debe concederse a los europeos en dicho encuentro una influencia sustancial, que debemos aprovechar en nuestra dirección. 
Como impulso importante a las medidas de apoyo en las conversaciones sobre el estatuto definitivo, parece muy deseable un encuentro a cuatro bandas entre la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y los palestinos, en el que se pueden abordar problemas como el agua, los refugiados o las infraestructuras. 
Igualmente válida es la creación de un grupo de trabajo bilateral entre la Unión Europea e Israel sobre los asuntos del agua y los proyectos. 
También hay que fortalecer la Unión sobre la reactivación de la vía de negociación sirio-libanesa, donde el enviado especial de la UE, Sr. Moratinos, debe proseguir su iniciativa. 
El ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Schüssel, de la Presidencia del Consejo, presentará el 7 de diciembre en el Consejo de Asuntos Generales propuestas concretas para un papel más efectivo de la UE en el proceso de paz de Oriente Medio. 
Precisamente en este proceso difícil y complejo no debemos dejarnos desanimar por las sucesivas derrotas que se produzcan. 
Tanto a nivel político como en otros ámbitos debemos iniciar, coordinar y apoyar medidas de cooperación lo más concretas y globales que sea posible. 
Con ello podemos contribuir a crear confianza, a discriminar mejor los conflictos existentes y potenciales y evitar que todo el proceso llegue a un callejón sin salida que conduzca de nuevo a una espiral de violencia y enfrentamiento en el próximo Oriente Medio, cosa que todos queremos evitar, aunque sea porque va a favor de nuestros propios intereses. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, gracias por su informe. 
En realidad hay pocos motivos de alegría. 
Estos es preciso reconocerlo, sobre todo la ratificación por parte del Knesset en días pasados. 
No obstante, hay que decir al respecto que en este punto han dado pasos, a pesar de la existencia del terrorismo de las bombas, cosa que hasta ahora era el pretexto que utilizaban el Gobierno y el Parlamento israelíes para no dar pasos encaminados a la paz. 
Por otro lado, es necesario fijar condiciones para esta decisión y hay la acción del gobierno con respecto a Jerusalén, sobre todo Har Homa. 
Quisiera declarar con mayor claridad de lo que pueda hacerlo la Presidenta del Consejo lo siguiente: para nosotros en Europa, en cualquier caso para mi Grupo, es totalmente inadmisible que el Gobierno israelí siga intentando incluir a todas las partes representadas en Jerusalén en el territorio político israelí. 
Tiene que haber más respeto, tanto frente a la parte palestina, como, naturalmente, frente a las religiones de alcance internacional. 
En segundo lugar, es muy importante, a mi modo de ver, y al menos he tenido noticias de que por parte árabe y palestina se ve así, que la Unión Europa en cierta medida lleve a cabo un seguimiento de la ejecución de los acuerdos de Wye Plantation. 
Debemos aspirar a ello, debemos recibir información exacta sobre lo que pasa. 
Así como ya hay un seguimiento y un control sobre los asentamientos, debe haberlo sobre la retirada progresiva; esta es la petición de mi grupo. 
Apoyo plenamente lo que ha dicho la Sra. Presidenta con respecto a las inversiones que queremos y debemos apoyar. 
El Parlamento está preparado. 
Aunque se trate de cantidades exiguas, debo decir al Comisario, para que siga dirigiendo, para que las ONG israelíes y palestina desarrollen un buen trabajo por encima de las fronteras, sobre todo en el contacto personal, para que desarrollen un buen trabajo, y sean apoyadas de modo suficiente y adecuado. 
Señor Comisario, señor representante de la Comisión, vean ustedes cuánto tiempo se desperdicia en las diferentes organizaciones entre una promesa y la financiación. 
Es totalmente inaceptable. 
Un último punto muy importante: el 4 de mayo de 1999, tal como muestra el calendario, está al caer. 
Mi grupo reconoce plenamente el derecho de los palestinos a declarar la independencia unilateralmente, si no se llega a los pertinentes acuerdos con Israel, de modo que debemos velar por que se produzcan estos acuerdos, o acuerdos sobre la independencia o acuerdos sobre un aplazamiento de esta fecha, si Israel reconoce el principio de la existencia de un Estado palestino. 
La Unión Europea debe esforzarse en los próximos tiempos por que esa fecha, el 4 de mayo de 1999, no sea el principio de una nueva crisis, sino en el momento en que se produzca una declaración de independencia o, en caso de que se produzca más tarde, que se adopten acuerdos intermedios y que el gobierno israelí reconozca plenamente el principio de un Estado palestino. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Comisario y a la Presidenta en ejercicio del Consejo por sus declaraciones. 
Tomo la palabra hoy con cierta desconfianza porque esperaba, y estoy seguro de que muchos de mis colegas compartían mi esperanza, que nos hallaríamos mucho más cerca de alcanzar la paz en el Oriente Medio. 
Acogemos con satisfacción las declaraciones de Yassir Arafat que dice que no tiene intención de recurrir a la violencia para alcanzar sus objetivos, pero seguimos viendo que la violencia continúa. 
Hemos de reconocer que Yassir Arafat ha dado pruebas de valor al detener a algunos de los dirigentes de Hamas. 
Su actitud debe suscitar la satisfacción de este Parlamento y representa un importante paso adelante. 
Estoy contento también de que el Knesset haya aprobado el Acuerdo de Wye y de que podamos seguir adelante con la esperanza de que ese acuerdo nos aporte un mayor grado de seguridad. 
Ahora bien, lo más importante que tenemos ante nosotros son las conversaciones sobre la situación final. 
Es de la máxima importancia- coincido con el Sr. Swoboda- lo que suceda al principio del mes de mayo, van a ser momentos decisivos. 
Si no hubiera resultados positivos por falta de un proceso de paz y de un acuerdo de paz en las conversaciones sobre el estatuto final, la cosa sería desastrosa para todos los interesados. 
Tenemos que hacer todo lo que podamos por conseguir que no suceda eso. 
Desgraciadamente vemos que sigue habiendo muchos enfrentamientos por ambas partes. 
Confío en que podamos involucrar a Siria, Jordania, Egipto y Líbano para asegurarnos de que nos acercamos al final de este horrible enfrentamiento. 
Ahí es donde tenemos que esforzarnos por alcanzar nuestros objetivos. 
Es esencial que se apliquen los acuerdos existentes. 
La resolución que el Parlamento va a adoptar mañana lo pone de relieve. 
Tenemos que comenzar de nuevo a partir de los Acuerdos de Oslo y es de esperar que, ahora que estamos empezando a ver los resultados del Acuerdo de Wye, podamos ocuparnos sin demora de los Acuerdos de Oslo. 
Un resultado del Acuerdo de Wye debe ser, por consiguiente, un nuevo impulso para el proceso, y eso es lo que todos tenemos que esforzarnos por conseguir. 
Tengo la impresión de que Israel prefiere discutir con los Estados Unidos mejor que con la Unión Europea. 
Eso es lamentable. 
La reputación que nos hemos ganado es que sólo nos preocupamos de los intereses de los palestinos. 
Tenemos que hacer cuanto podamos por luchar contra esa impresión que tiene el Gobierno israelí y por dejar bien sentado que tratamos por igual a las dos partes en esta controversia y que no nos alineamos ni a favor de una ni de otra. 
Señor Presidente, el Grupo Liberal está muy satisfecho con el acuerdo de Wye Plantation. 
La administración Clinton merece las más cálidas alabanzas por su empeño. 
Ya era hora de que llegara una nota positiva de Oriente Medio. 
Porque, a decir verdad, este tipo de noticias siguen produciéndose a cuentagotas. 
No nos engañemos, desde que Netanyahu ocupa el cargo de primer ministro, el proceso de paz ha estado más muerto que vivo. 
El acuerdo se ha alcanzado gracias a la fuerte presión ejercida por Estados Unidos. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Provan en que Estados Unidos desempeña un papel aparentemente pro-israelí, en tanto que a nosotros se nos suele identificar con los palestinos. Pero, a pesar de ello, son los americanos los que se han ganado a los israelíes para esta causa, o al menos es la impresión que tenemos. 
Asimismo nos alegramos de que el Gobierno de Israel finalmente haya decidido, aunque sea con titubeos, devolver un 13 % más de territorio y de que los palestinos acepten una estrecha colaboración con los americanos en materia de garantías de seguridad. 
Los horrendos atentados que se han cometido con posterioridad a este acuerdo demuestran que las legítimas exigencias de seguridad por parte de los israelíes están plenamente justificadas. 
Si perdemos de vista esta realidad, nunca se podrá instaurar la paz. 
Las organizaciones pro derechos humanos han señalado con razón que el mantenimiento del orden público no puede desembocar en una violación generalizada de los derechos humanos, situación de la que ambas partes saldrían perjudicadas. 
Las evoluciones del 23 de octubre han dejado claro que el proceso de paz sólo se puede mantener si se ejerce una presión constante desde fuera. 
Las palabras pronunciadas por Arafat y Sharon no han hecho otra cosa que echar más leña al fuego. 
Nosotros, los liberales, también consideramos que las condiciones complementarias, improvisadas, del Primer Ministro Netanyahu eran inaceptables y de mal gusto. 
La decisión de volver una vez más sobre las andadas y dar luz verde para la construcción de más casas en Har Homa y en Hebrón fue otra señal negativa. 
Tal actitud acaba minando la mutua confianza que sienta las bases para una paz duradera. 
¿Podría el Sr. Comisario informarnos sobre el aeropuerto y el puerto marítimo palestinos? 
¿Y podría el Comisario exponernos la situación en la que se halla el hospital de Gaza construido con fondos europeos? 
¿Hasta qué punto son ciertos los rumores de que la denominada burocracia de Bruselas está retrasando la apertura del mismo? 
Lamento haber formulado estas dos preguntas antes de tiempo, pero nosotros somos partidarios de que se instaure la paz y de que se haga justicia. 
Señor Presidente, durante los últimos días Oriente Medio se convirtió en escenario de una guerra de declaraciones. 
Una guerra de palabras entre israelíes y palestinos que debe conducir a la paz. 
Señor Presidente, opino que sobre todo en esa parte del mundo es aconsejable juzgar a las partes implicadas por sus actos y entre las palabras y las líneas leo que, a pesar de todo, se van aproximando al contenido de los acuerdos de Wye Plantation. 
Es bueno que el Parlamento Europeo vuelva a apoyar hoy estos acuerdos en un debate especial, aportando su crítica constructiva al respecto. 
Desde aquí deseo felicitar a nuestros colegas del Knesset israelí que han aprobado por mayoría de votos el acuerdo de Wye Plantation. 
Como todos hemos podido observar, los Palestinos también han realizado esfuerzos significativos, cuyos frutos deben poder recoger en el futuro. 
Dirigiéndome a los palestinos, manifiesto mi deseo de que en diciembre, durante la reunión del Consejo Nacional Palestino en Gaza, borren para siempre de su Carta el párrafo sobre la destrucción de Israel. 
Señor Presidente, se abren nuevas perspectivas con respecto a los proyectos que prevén la construcción de un puerto marítimo y un aeropuerto en Gaza. 
Pero, según tengo entendido, la preparación del aeropuerto plantea problemas técnicos. 
Lo visité hace poco y he podido observar que los edificios están muy bien, pero que falla la técnica. 
¿Podría el Presidente del Consejo o el Comisario explicarnos exactamente cuáles son las dificultades? 
El papel económico-financiero que desempeña la UE en Oriente Medio es imprescindible e irá creciendo cada vez más. 
Las resoluciones especifican las regiones a las que podemos conceder ayuda. 
Me parece perfecto. 
Señor Presidente, en mi calidad de vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos quisiera llamar su atención sobre la necesidad de fomentar la educación para la paz así como los programas para ciudadanos que pretendan mejorar la mutua comprensión entre israelíes y palestinos. 
A raíz de los numerosos esfuerzos financieros y mentales que estamos desplegando en Oriente Medio, nuestra influencia en la zona irá en aumento. 
Mi Grupo no tiene inconveniente en que se lleve a cabo la propuesta que figura en el apartado 12 de la resolución, en la medida en que la UE se encargaría de la supervisión y, en caso necesario, asumiría el papel de árbitro. No obstante, la propuesta va más allá y a mi modo de ver crea una situación confusa al implicar a la UE en el resultado final de los acuerdos de paz, ya que está es una tarea de la que se encargan parcialmente los Estados Unidos en los acuerdos de Wye Plantation. 
Además, el Presidente del Consejo ya ha dado a entender que Israel no está muy conforme con esta injerencia y que prefiere que reforcemos nuestra presencia económica. 
Es perfectamente comprensible que un país que sigue temiendo por su existencia no tenga mucho interés en dejar su supervivencia en manos de un socio que no es capaz de hablar con una sola voz en materia de política exterior. 
Es un riesgo que este país no se puede permitir, y menos mientras no se hayan alcanzado acuerdos de paz con el Líbano y con Siria. 
Señor Presidente, aunque va lento, el proceso de paz avanza. 
Señor Presidente, los acuerdos de Wye Plantation tienen el mérito de volver a engranar un proceso de paz del que se temía pudiera quedar enterrado. 
Sin duda, estos acuerdos son limitados, ya que la mayor parte de los territorios palestinos siguen ocupados. 
Implican aspectos perniciosos, como el papel concedido a la CIA. 
A pesar de ello, constituyen un paso adelante. 
A condición, claro está, de que se apliquen, podrán aportar cambios positivos en la vida de miles de palestinos y liberar a cientos de prisioneros. 
El acuerdo de la Knesset es un acto positivo. 
Por desgracia, muchos ultras acumulan los obstáculos. 
El propio Gobierno israelí practica de nuevo una estrategia de provocación con los nuevos asentamientos de colonos. 
No es en interés de la paz, no es en interés del pueblo israelí. 
Una vez más, este proceso de paz corre el riesgo de verse comprometido. 
La Unión Europea ha de dar prueba de firmeza y utilizar los medios de que dispone para una acción eficaz en favor de la aplicación de esos acuerdos, para contribuir a todo aquello que pueda ir en contra de dichos acuerdos. 
Wye Plantation no puede considerarse como un punto de llegada, sino como un punto de partida para llegar a una solución duradera y al respeto por el derecho de los palestinos a su tierra, en el espíritu de los acuerdos de Oslo. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, es una satisfacción personal para mí dar las gracias a nuestros homólogos del Knesset en nombre de mi Grupo y el mío por la firma del acuerdo de Wye Plantation, celebrado entre el Primer Ministro Netanyahu y el Presidente de la Autoridad Palestina Arafat. 
Con este acuerdo se expresa claramente que el pasado Acuerdo de Oslo y el proceso de paz que se inició son irreversibles. 
Al mismo tiempo, tengo también la obligación de dirigir al pueblo israelí, a su Parlamento y a su gobierno nuestra más profunda inquietud con respecto a los nuevos ataques terroristas. 
Hago ambas cosas con la conciencia de que el proceso de paz en Oriente Medio no es una mera cuestión de política exterior y de acuerdos de asociación de la Unión Europea, aunque ambos sean muy importantes en el marco del programa de Barcelona. 
Con el proceso de paz en Oriente Medio se trata de un asunto central de nuestra política y cultura religiosa. 
Debemos responder a la pregunta de cuánto tiempo aún tardarán los fundamentalistas y terroristas de ambos lados en imponer al mundo civilizado su orden del día, convirtiendo en su contrario un precepto fundamental de la tradición judía, cristiana y musulmana, en concreto el mandamiento: no matarás. 
Señor Presidente, Señorías, un nuevo comienzo de una nueva etapa en la carrera por la paz en Oriente Medio. 
La esperanza, al igual que el ave fénix, renace de sus cenizas y, sin embargo, realmente, los protagonistas apenas parecen entusiasmados. 
No se puede decir que caminen uno hacia el otro con ramos de flores en las manos. 
Obligado por el Presidente de Estados Unidos, el Gobierno israelí avanza arrastrando los pies, ya desaprobado por la mitad de su mayoría parlamentaria. 
La representación palestina, por su parte, cansada de haber sido engañada en demasiadas ocasiones cree en las virtudes del diálogo. 
Y sin embargo, será preciso que los compromisos que se han adoptado se respeten realmente. 
Será necesario que se terminen los atentados y los asesinatos por todas partes, que se deje de empujar a los colonos extremistas a gestos provocadores, que se termine con los gestos de muerte y que todos se decidan a mirarse, a escucharse y a respetarse. 
Por encima del Gobierno israelí y por encima de la Autoridad, nosotros, diputados, hemos de hacer un llamamiento a nuestros colegas de la Knesset y del Consejo Legislativo, y a través de ellos al pueblo israelí, heredero de aquellos que aportaron al mundo entero mensajes de cultura y de espiritualidad de un nivel nunca igualado, y al pueblo palestino, en el que cristianos y musulmanes se confunden en el crisol de una nación que está naciendo y cuyo parto es especialmente doloroso. 
No teman, hay que decírselo, no teman ni a sus vecinos ni al mundo que los mira. 
Europa, desgraciadamente ausente aún de los avances diplomáticos, la Europa, sin embargo muy activa y muy presente en la construcción de este país, esta Europa fraternal, los quiere como socios vivos. 
Señor Presidente, representantes del Consejo y de la Comisión, en el Libro de los Salmos de la Biblia, dice el rey David, salmo 122: Pedid la paz de Jerusalén. 
Aunque se escribió esta frase hace muchos miles de años, su llamamiento sigue teniendo vigor en la actualidad. 
Una y otra vez los acuerdos de paz fracasan debido a la desconfianza mutua y la mutua violación de los compromisos. 
A pesar del acuerdo de Wye que Netanyahu y Arafat han suscrito recientemente, la paz en Israel parece estar más lejos que nunca. 
Esta semana, los ánimos han vuelto a calentarse. 
Ambas partes se acusan mutuamente de no cumplir los acuerdos alcanzados, siendo lo más probable que cada una de ellas esté en su derecho. 
Afortunadamente, el Knesset aprobó el acuerdo anoche, aunque ello no signifique que ahora la paz esté al alcance de la mano. 
Todo lo contrario, puesto que tras su aprobación por el Parlamento israelí, el contenido del acuerdo ha de ser llevado a la práctica. 
Y con eso sólo aludimos a una parte del problema, ya que primero debe restablecerse la confianza entre los pueblos, condición que no se logra con un acuerdo. 
En mi opinión, los puntos de partida para una paz duradera en Oriente Medio son los siguientes: fronteras seguras y reconocidas para Israel y reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. 
No se podrá instaurar un marco de paz duradera mientras los países árabes no normalicen sus relaciones diplomáticas con Israel. 
Ante esta situación, la Unión Europea ha de adoptar una actitud política prudente, coordinando sus posibles acciones con las de Estados Unidos. 
Durante las negociaciones de paz sigue existiendo el riesgo de atentados terroristas, como pudimos ver la semana pasada en un mercado de Jerusalén. 
El terrorismo es el mayor peligro para un proyecto de paz duradera y, por tanto, ha de ser erradicado mediante acuerdos internacionales, intensos controles fronterizos y acciones en favor de la lucha contra la pobreza. 
Es por lo que la ayuda de la Unión Europea debe centrarse en estos puntos, que también deben ocupar un lugar central a la hora de suscribir acuerdos comerciales. 
La asistencia de la Unión Europea debe fomentar una estrecha colaboración económica en materia de abastecimiento de agua, infraestructura, turismo y seguridad, entre otras cuestiones. 
Por último, es fundamental que los países de Oriente Medio tomen en serio los acuerdos. 
Es la única manera de obtener resultados. 
Por lo demás, las partes ajenas al conflicto han de mantenerse a una distancia prudente, postura que también han de adoptar el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. 
Para no hacer peligrar la buena marcha de las negociaciones de paz es deseable que el Parlamento Europeo no tercie en este asunto. 
De todos modos, ya no puede actuar como mediador neutral dado que en el pasado tomó abiertamente partido por los palestinos. 
Es contraproducente acusar a una de las partes cuando ambas han cometido errores. 
He abierto mi contribución con una cita de la Biblia que invita a rezar por la paz de Jerusalén. 
El texto primitivo recoge la palabra «shalom». 
Tiene muchos significados, entre otros: lo bueno, el bienestar de la ciudad. 
Procuremos implantar este bienestar con nuestra política en materia de Oriente Medio. 
Señor Presidente, Señorías, con Wye Plantation ocurre como con la botella medio llena o medio vacía. 
Se puede pensar que se trata de un avance, pero se puede sentir, como yo, un malestar, al pensar que sus actores sólo han pretendido mantener una situación que ya ha durado demasiado. 
Wye Plantation, política de enclave, «bosnización» , acuerdo irrisorio rodeado de confeti. 
Sé muy bien que las cosas no son fáciles. 
No lo son porque es preciso mirar de frente a la situación en Israel. 
Ayer denuncié una información, que espero sea errónea, y que apareció en el importante diario radical de izquierda de mi región La Dépêche du Midi, tomada del Sunday Times, según la cual, en los laboratorios israelíes se estaría trabajando en «la fabricación de un arma bacteriológica étnica, que contendría microorganismos genéticamente modificados que afectarían a los árabes, pero no a los judíos. 
Los investigadores del Estado hebreo estarían intentando aislar genes distintos que tendrían los árabes, con el fin de poner a punto un virus o una bacteria que atacaría específicamente a esta población». 
Espero que esta noticia se vea desmentida y que el Sunday Times, informado por la embajada de Israel, nos diga que todo esto es falso. 
Pero, por otra parte, la situación interior israelí es trágica y el papel de Benjamín Netanyahu no es fácil, lo reconozco. 
Por ello, en el gran diario de Tel-Aviv Yediot Haronot, se puede leer al gran escritor Seffei Rachlevsky denunciando la revolución cabalomesiánica que parece progresar, y cito al Yediot Haronot, «inexorablemente en su toma de control absoluto de la tierra prometida». 
Por otra parte, en Tribune juive, es Jean Kahn, el polipresidente, ponente de las comisiones de investigación sobre la escalada del racismo y de la xenofobia, quien describe esos «meetings» que han mantenido los sefardíes en Israel, en los que algunos oradores dicen que, desgraciadamente, Hitler no terminó su trabajo con los asquenazis. 
Finalmente, leo también en la prensa israelí que los «falachas» desfilan por las calles gritando «muerte a los blancos». 
Por tanto, la realidad en Israel no es sencilla: realidad de odio, clima de guerra civil. 
No es más sencilla en Palestina, donde Yasser Arafat no controla bien la situación y en la que sus días, a veces, parecen contados. 
Creo que no se puede salir de una situación semejante más que globalmente y con las ideas muy claras. 
O bien creemos en el Gran Israel, y eso es Milosevic y será la guerra civil. O bien se preconiza una república laica de Israel y de Palestina a imagen de la Suráfrica actual, ya que también hay musulmanes y cristianos en Israel y, ¿por qué no? 
O bien, una Palestina libre, soberana y viable, que disfrute del derecho de autodeterminación que recomienda la ONU. 
Ésta es la posición de nuestro grupo, y nosotros creemos que esto podría terminar, a la postre, si los hombres fueran prudentes, en una confederación israelopalestina. 
Pero creo que no será buscando una vez más beneficios irrisorios en porciones insignificantes de territorio como podrá alumbrarse un acuerdo definitivo. 
Señora Presidenta del Consejo, señor Presidente, señoras y señores, por lo que a mí respecta, deseo manifestar sin ambages ni reservas mi satisfacción como presidente de la delegación Europa/Israel, tras la firma del acuerdo de Wye Plantation. 
Después de meses y meses de hundimiento y dificultades, este acuerdo, ratificado hoy a pesar de dos atentados, por el Gobierno de Israel y por la Knesset con una amplia mayoría, es un acto de máxima importancia. 
Sin duda, no se ha solucionado todo, pero se ha avanzado una etapa hacia la paz. 
No olvidemos que este acuerdo ha sido firmado por un Gobierno israelí de derechas, elegido sobre la base de un programa hostil al proceso de Oslo, lo que da así también hoy a este proceso una base electoral nunca alcanzada en Israel. 
Por consiguiente, deseo saludar el coraje del Sr. Netanyahu y de su Gobierno. 
Deseo también felicitar al Sr. Arafat y a su equipo laico de dirigentes palestinos que han mostrado su madurez, su sangre fría y su capacidad para ejercer las pesadas responsabilidades que les corresponden. 
Falta ahora que las dos partes apliquen este acuerdo con rapidez y en su totalidad. 
Falta comprometer, en el plazo más breve posible, la fase siguiente, para discutir sobre las fronteras definitivas del futuro Estado palestino así como sobre sus vínculos de todo tipo con el Estado de Israel, Jordania y Egipto, sin olvidar la cuestión siria. 
Falta también que se evite, desde ahora hasta entonces, plantear nuevos obstáculos, amenazas de proclamaciones unilaterales por un lado, prosecución de nuevos asentamientos por otro, esas colonias que son verdaderas bombas de efecto retardado, tanto para los israelíes como para los palestinos. 
Se pudo medir la buena voluntad de las dos partes y casi las bases del acuerdo sobre los objetivos a alcanzar a largo plazo. 
Se pudo también medir el camino que queda por recorrer y los múltiples obstáculos que habrá que salvar. 
Pero, quién hubiera podido imaginar, en mayo de 1943, año sangrante donde los haya en Europa, que cinco años después se haría el llamamiento de La Haya por una Europa unida y que ocho años más tarde se firmaría el Tratado de Roma que creó la CEE y el Mercado Común. 
Por tanto, señores diputados europeos, en nombre de nuestra historia reciente, hemos de saber ser tolerantes y atentos, y ante todo, en cuanto aparezca una nueva dificultad en Oriente Medio, en lugar de plantearnos siempre la pregunta «¿de quién es la culpa? », preguntémonos qué podemos hacer, qué debemos hacer, para ayudar a los israelíes y a los palestinos a salvar el obstáculo, y por tanto a llegar aún más lejos en el camino de la paz y de la cooperación. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, hay que lamentar que sólo unas semanas después del Acuerdo de Wye Plantation hayamos asistido a un proceso de descalificaciones y amenazas, por ambas partes, que, aunque se han retractado en las últimas horas, yo calificaría de muy peligroso e improductivo, aunque todos nos felicitemos hoy de la ratificación de este acuerdo por el Parlamento de Israel. 
Es evidente que, en la actual situación, los principales enemigos del proceso de paz son las facciones más radicales de ambas partes, que continuamente intentan torpedear los pequeños avances que tanto cuesta alcanzar a palestinos e israelíes. 
Prueba de ello es que Netanyahu ha necesitado el apoyo de la oposición laborista para garantizar la ratificación de los acuerdos de Wye Plantation o las crecientes dificultades que Arafat está encontrando para poder dominar los sectores más integristas y radicales. 
A pesar de ello, debemos tener en cuenta que la mayoría de la población, tanto la palestina como la israelí, apoya abiertamente el proceso de paz, siendo la mejor garantía de que dicho proceso podrá llegar a buen puerto y espero que uno de esos puertos sea el de Gaza. 
En este sentido, el Parlamento Europeo, tal y como se recoge en la resolución que hoy nos ocupa, otorga todo su apoyo a los acuerdos del pasado 23 de octubre y reitera la necesidad de que la Unión Europea ejerza una influencia política acorde con el papel de asistencia económica y financiera que desempeña actualmente en la zona, en especial por lo que se refiere a la aplicación de dichos acuerdos, incluyendo las propuestas de nuevas fórmulas que puedan ayudar al desarrollo del proceso de paz. 
Llegados a este punto, no quisiera dejar de mencionar la importancia de que ambas partes eviten escaladas de ataques verbales, como las que hemos vivido en los últimos días, instando a la violencia, que nada ayudan al acercamiento de posiciones y búsqueda de compromisos y que sólo contribuyen a aumentar la confusión y la desesperanza en la zona y ante el resto del mundo. 
El Gobierno israelí debería revisar su política de reasentamiento de colonos, como se ha dicho, así como realizar todos los esfuerzos necesarios para aplicar los Acuerdos de Oslo y de Wye Plantation, sin ceder a las presiones ejercidas por los sectores ultraortodoxos cuyo único objetivo es dinamitar el proceso de paz. 
Por otro lado, la Autoridad Palestina debe concentrar todos sus esfuerzos en controlar aquellas facciones extremistas también opuestas al proceso de paz, sobre todo en lo relativo al control y prevención de actos terroristas, tan tristemente famosos a lo largo de los últimos años, y debe ofrecer a Israel las garantías de seguridad que reclama. 
En todo este proceso, la Unión Europea debe tener un papel más importante- y me alegro de las palabras y propuestas que, en este sentido, ha expresado la señora Presidenta en ejercicio del Consejo- y no solamente como donante de fondos. 
En la actualidad, existe un debate profundo entre los quince Estados miembros sobre cómo poder llevar a cabo el tan anhelado objetivo de actuar como única voz en el contexto internacional y de que ésta sea fuerte y escuchada en el resto del mundo. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente, creo que tenemos una ocasión única de hacer oír la voz de la Unión Europea en el proceso de paz. 
Señor Presidente, estoy naturalmente de acuerdo con el llamamiento a la no violencia que ha hecho mi compañero, el Sr. Ullman. 
Precisamente por este motivo me ha chocado enormemente la falta de equilibrio en las reacciones que se han sucedido en el mundo durante estas últimas semanas en contra de la violación del acuerdo en Oriente Medio. 
Si contra Iraq nos preparábamos para llevar a cabo unas represalias militares totales que, de acuerdo con The Washington Post, habrían costado decenas de miles de muertes entre la población iraquí, ¿cuál ha sido la reacción cuando el Gobierno de Israel comenzó a violar los acuerdos que ellos mismos habían firmado unos pocos días antes en Wye Plantation, o cuando el Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Ariel Sharon, comenzó a incitar a los colonos para que ocuparan tierras palestinas? 
No ha habido grandes reacciones, desde luego; en el mejor de los casos, la elaboración de una resolución por parte de este Parlamento. 
No deseo que se trate a Israel como tratamos a Iraq. 
No deseo que decenas de miles de niños israelíes deban pagar con sus vidas los pecados de sus dirigentes. 
Pero es necesario que comencemos a considerar urgentemente algún tipo de presión política y económica si queremos defender en serio el derecho de los palestinos a lograr un Estado propio, tal como proclamamos en nuestras resoluciones. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, Señorías, yo añado mi voz a las que se han manifestado para apoyar la ratificación, por parte de la Knesset, del Acuerdo de Wye Plantation, siempre con una salvedad: la de haberle añadido unas condiciones que, en cierto modo, son casi una denuncia del Acuerdo. 
Pero el hecho de que haya habido un apoyo tan amplio es un signo de buena esperanza de cara al futuro. 
Incluso lo son las reacciones frente al acuerdo alcanzado, es decir, que cada uno haya tenido que enfrentarse con sus extremistas, que es lo que suele ocurrir cuando los acuerdos igualmente insatisfactorios para ambas partes pueden funcionar. 
A este respecto, hay un tema que creo que hay que señalar y forma parte de mi experiencia personal: no se puede dar a los terroristas, sean del color que sean, la posibilidad de tener la clave de un proceso. 
Y, señor Presidente, querría centrarme en un punto que ha sido señalado por la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo: el papel de Europa. 
Porque tenemos un reto inmediato. 
Yo creo que hay que tratar de explicar, con toda la paciencia benedictina del mundo, a nuestros amigos israelíes que no es un status normal el que a nosotros, como nos han dicho algunas veces- ahora parece que hay más discreción -, nos toque pagar y nada más. 
Yo creo que la voluntad de Europa, manifestada en el proceso que va de Venecia, vía Madrid, a Oslo y hasta ahora, es de participar porque nos sentimos moral y políticamente responsables y porque podemos aportar mucho. 
Podemos aportar mucho no sólo en el sentido de pagar, sino de aportar nuestra propia experiencia. 
Y yo, por ello, creo que no solamente hay que apoyar la acción de nuestro mediador, el Sr. Moratinos, sino que es absolutamente esencial que la Unión Europea refuerce su papel. 
Señor Presidente, quisiera agradecer su declaración a la Presidenta en ejercicio. 
Siempre es agradable escucharla. 
Espero que se pueda inspirar en lo que ha dicho el Sr. Caudron. 
Me parece que en la presente situación no podemos estar a favor de una parte o de la otra, sino a favor del éxito. 
Tendríamos que ofrecer nuestra solidaridad a ambas partes frente a las inevitables violaciones cometidas por los extremistas terroristas. 
Deberíamos ejercer presión sobre ambas partes para que respeten los compromisos que han contraído y, sobre todo, deberíamos brindar nuestro estímulo a ambas partes para que piensen, si no en lo inconcebible, por lo menos en las cosas que son difíciles de conseguir en términos políticos. 
En efecto, tenemos que desempeñar nuestro cometido en cuestiones como el agua, el comercio y la infraestructura, esferas en las que nuestra experiencia y nuestros recursos son importantes y se necesitan urgentemente, pero sugiero que hay una esfera mucho más difícil en la que la Unión Europea podría efectuar una contribución sin precedentes, y es Jerusalén. 
Durante 50 años hemos luchado en Europa con el problema de la coexistencia en una tierra superpoblada. 
Hemos aprendido a ser imaginativos con el patrimonio de soberanía y de símbolos. 
La fascinación europea por Jerusalén no es una moda nueva o una moda pasajera. 
El año que viene será el aniversario de la conquista de Jerusalén en 1099 por los ejércitos cristianos, en momentos de gloria medieval mezclada con crímenes. 
Esta ciudad de Jerusalén ha revestido una importancia central, sagrada y esencial para todos los pueblos de la Biblia y tenemos que honrar ese interés con una imaginación jurídica y constitucional, análoga a la que hemos tenido aquí en Europa en nuestros propios arreglos nacionales de cara a la Unión. 
Diré a todos los que han resuelto participar en esas negociaciones positivamente que necesitaremos dos grandes cualidades. 
La primera es un ojo cuidadoso para los detalles. 
En un viaje a Ramallah me enteré de que nuestros diplomáticos iban a tener que comer, dormir y negociar con un mapa callejero del gran Jerusalén en el bolsillo. 
Van a tener que vigilar la totalidad y cada una de las palabras que se usen. 
Por ejemplo, una capital en Jerusalén es algo diferente de Jerusalén como capital o de Jerusalén, la capital. 
En segundo lugar, y aún más importante, van a necesitar la absoluta determinación de conseguir el éxito, la determinación de la que el Presidente Clinton dio pruebas en la plantación de Wye. 
Creo que la Unión Europea debe a la Tierra Santa algo más que una inversión económica, le debe una inversión intelectual en la fase final del proceso. 
No es cosa que debamos dejar de manos de nuestra Presidencia, que tanto tiene ya que hacer. 
Es un reto para la imaginación de la Comisión e incluso de este Parlamento, y de todos nosotros como personas. 
Confío en que no sea exagerado pensar en que para el 4 de mayo del año que viene estemos quizás en condiciones de responder a la plegaria de los tiempos «el próximo año en Jerusalén» , y que por ello entendamos que haya paz durante el milenio en el corazón del mundo. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, señorías, la firma de los acuerdos de Wye Plantation ha levantado una nueva ola de esperanza de que se desbloquee la actual situación y se realicen progresos sustanciales en pro de la paz en esta parte del mundo. 
Al movilizar a toda su diplomacia, la Unión Europea ha de apoyar con todas sus fuerzas este incentivo, muy frágil, de un proceso de paz. 
Hemos de constatar que de nuevo las poblaciones civiles de Israel y de los territorios palestinos son víctimas de una violencia ciega destinada a cortar cualquier progreso hacia una solución negociada. 
La región de Próximo y Medio Oriente concentra conflictos diversos e intereses particulares que se realimentan. 
Cada conflicto en esta región tiene sus orígenes propios, sus aspectos particulares, y necesita de soluciones específicas, pero éstas no podrán salir a la luz más que como resultado de una concertación general que se derive de un análisis exhaustivo y que conduzca a un acuerdo equilibrado para toda la región. 
Intentar resolver cada conflicto por separado es borrar todas las características históricas, étnicas, religiosas y culturales que alimentan actitudes nacionalistas o integristas, y es olvidar las estrategias internacionales que pretenden controlar las materias primas y mantener zonas de influencia por medio de alianzas militares. 
Todos los problemas concretos que hay que resolver en esta región implican el cese de las ocupaciones de territorios, la liberación de los prisioneros y el regreso de los refugiados, el reconocimiento de los derechos de las minorías nacionales, el levantamiento de los embargos, la detención de las operaciones militares, la organización de una cooperación entre los países de la región, la normalización del comercio y de las exportaciones, un control riguroso de la fabricación y del comercio de armas. 
He imaginado que era ésta una ambición a la medida de la Unión Europea y que teníamos la voluntad de apoyar el cumplimiento de un proceso que instituya una seguridad y una cooperación mutuamente beneficiosas entre todos los países del Próximo y Medio Oriente, y también la voluntad de apoyar todas las convergencias que se dibujen, hacia soluciones regionales, claves de la asociación euromediterránea. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, creo que el nuevo acuerdo de Wye Plantation es muy importante. 
También son importantes los resultados de la votación que, con objeto de aplicar dicho acuerdo, tuvo lugar ayer en la Knesset. 
También son notables e importantes las acciones emprendidas por la Presidencia austríaca, y les felicito por ello, para ayudar al proceso de paz en el Oriente Medio. 
Es triste el hecho de que este acuerdo tenga lugar en los Estados Unidos bajo los auspicios de los Estados Unidos y no en Salzburgo o en Viena bajo los auspicios de la Unión Europea. 
Indudablemente el proceso de paz progresará de forma más correcta y completa si se implica políticamente la Unión Europea. 
Además de la enorme ayuda económica y técnica es precisa la presencia política de la Unión Europea en una región que en estos momentos- y lamento, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, estar en desacuerdo con usted en este punto- es inexistente. 
Porque la Unión Europea no puede estar representada sólo por un embajador, el Sr. Moratinos, que además no está haciendo grandes cosas. 
Les propongo dos actuaciones: en primer lugar, incrementar la presencia de la Unión Europea eligiendo a un personaje importante, como ya ocurrió con la elección de Felipe González para Bosnia, una gran personalidad, que sea apoyada por un grupo de expertos. 
En segundo lugar, mantener una presencia institucionalizada de la Unión Europea en los procesos de aplicación y cumplimiento del contenido del acuerdo de Wye Plantation. 
Señor Presidente, señorías, he escuchado con gran atención este debate y creo que hay unanimidad en un punto esencial o en un elemento esencial, en concreto en relación con el papel que debe desempeñar la Unión Europea en el proceso de paz. 
Sabemos que será enormemente difícil aplicar los acuerdos de Wye Plantation, pero debo destacar una vez más que vuelve a haber un nuevo principio y una nueva esperanza. 
Pienso que es un factor totalmente esencial que en la Unión Europea sigamos, con fuerza, paciencia, valor, creatividad, como se ha dicho aquí, con la aplicación y con las futuras conferencias. 
He mencionado la conferencia de donantes que tendrá lugar el 30 de noviembre en Washington. 
Naturalmente la hubiéramos hecho con mucho gusto en Viena. 
Hemos ofrecido todo. 
Hemos negociado con los americanos, hemos negociado con los noruegos, porque la idea era en cualquier caso obtener una copresidencia. 
Lo intentamos todo. 
Desgraciadamente nos fue imposible. 
Ahora podría decirse: estamos tristes, nos sentimos un poco ofendidos. 
No obstante, creo que ese no es el enfoque correcto. 
El enfoque correcto debe ser participar como un factor importante, un elemento importante del proceso de paz, y en su momento esto era importante para ambos lados, por ejemplo, estar presentes en la conferencia de donantes y desempeñar el importante papel de la Unión. 
No estamos en competencia con los Estados Unidos- casi cabría hablar de un concurso de belleza. 
Los pasos hacia la paz son muy importantes. 
Si no es posible otra cosa, si una parte tiende más hacia los EE.UU. y la otra parte tiende más hacia la UE, entonces debemos actuar conjuntamente. 
Pienso es que precisamente eso lo que debemos hacer. 
Debemos ver dónde reside nuestra contribución específica y he intentado formular que hay una serie de medidas de seguimiento que son imprescindibles. 
El papel político y económico no puede separarse completamente, porque incluso la apertura del aeropuerto es un asunto político, porque es el siguiente paso. 
¿Cuánto falta para que se termine el aeropuerto, o para que se inaugure? 
En principio está planeado abrir el aeropuerto el 20 de noviembre, es decir a la mayor brevedad, sobre todo en forma de servicio de emergencia. 
Es cierto que el aeropuerto aún no está acabado. 
Por ello es preciso terminarlo lo antes posible, pero por lo menos ya se ha dado la señal política de que por fin pasa algo. 
En segundo lugar, el puerto: el propio ministro de Asuntos Exteriores Sharon, en las conversaciones con el Presidente del Consejo Schüssel, ha afirmado que dentro de dos meses aproximadamente con una nueva- no quiero decirlo- unidad, pero que hay que contar con nuevos pasos. 
Hablar de unidad me parece que es llevar las cosas demasiado lejos. 
Hay que tener cuidado. 
Lo que también se ha dicho, por desgracia- y justificadamente- es la cuestión de cómo van a proseguir los avances conseguidos el 4 de mayo de 1999. 
Esto amenaza con una grave crisis y un nuevo estallido de la violencia, si no se llevan a cabo antes las negociaciones pertinentes y si se puede evitar tal crisis y una declaración unilateral y la reacción al respecto. 
El Consejo ha emprendido ya consultas externas y contactos con los Estados Unidos. 
Lo principal, a mi juicio, es que demos conjuntamente nuevos pasos adelante. Después de la conferencia de donantes, por nuestra parte podría celebrarse una conferencia a cuatro bandas- ya lo he mencionado en mi declaración- donde estén representados los cuatros socios principales: Estados Unidos, UE, Israel y los Territorios Palestinos y donde se aborden los asuntos políticos y económicos más importantes. 
En conjunto, creo que es un nuevo paso fundamental en el largo y difícil camino hacia la paz en Oriente Medio. 
Señor Presidente, la Comisión tiene un importante cometido que desempeñar en este asunto. 
Me parece inconcebible que una persona de la elocuencia legendaria del Comisario Flynn no sienta la necesidad de tomar la palabra al final de este debate. 
¿Podría usted reiterar su invitación para que tome la palabra? 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la propuesta del Sr. Spencer. 
He escuchado a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo y me temo que ha habido un malentendido. 
No he criticado en ningún momento a la Presidencia austríaca porque el acuerdo de Wye Plantation no se haya celebrado en Viena o en Salzburgo y así quiero reiterarlo. 
Repito una vez más que el ofrecimiento de la Presidencia austríaca a contribuir al proceso de paz en el Oriente Medio fue y sigue siendo muy importante. 
Eso es lo que quería dejar bien claro. 
Tomaré la palabra muy brevemente, pues no quisiera decepcionar al Sr. Spencer. 
Agradezco lo que ha dicho amablemente de mi elocuencia. 
He estado escuchando con mucho cuidado lo que se ha dicho aquí. 
Me parece que el Acuerdo provisional del río Wye entre los israelíes y los palestinos brinda una posibilidad sumamente necesaria al proceso de paz. 
No podemos olvidar que las negociaciones se desarrollaban en un momento delicadísimo, cercano al colapso, razón de más para considerar al Acuerdo como una mejora de importancia. 
En realidad es el único instrumento para promover la paz en el Oriente Medio de que dispone la comunidad internacional en la actualidad. 
Por esa razón, por tratarse de la mejor oportunidad que se le ofrece al achacoso proceso de paz en el Oriente Medio, merece nuestro apoyo sincero. 
Aplaudimos sinceramente el hecho de que el Knesset haya adoptado últimamente las medidas necesarias. 
Es posible que haya todavía muchos obstáculos que superar por lo que al Acuerdo se refiere, pero hay que prestar apoyo político y económico a todas las partes para mantener el impulso recibido. 
Ésa es una cuestión esencial que se ha mencionado en este debate. 
No hace falta decir que apoyo lo que tan elocuentemente ha dicho el Sr. Spencer. 
Ha dicho que vamos a necesitar que obren con delicadeza todos los que se hallan sobre el terreno con la intención de identificar todos los aspectos caprichosos de la situación que prevalece en esa zona tan sensibilizada del mundo. 
He tenido ocasión de visitarla y sé muy bien que una palabra errónea, utilizada en un momento inoportuno, puede poner en peligro todo el proceso. 
Esto es algo que hemos de tener muy en cuenta. 
Tenemos una contribución que aportar. 
Deberíamos centrar nuestra acción en un número limitado de esferas que tengan muchas repercusiones. 
Se han mencionado unas cuantas. 
Es interesante la que se refiere al hospital. 
El hospital está ahí, pero está vacío. 
Al parecer los palestinos no están actualmente en condiciones de ponerlo en funcionamiento, pero la Comisión ha enviado un equipo de gestión para ponerlo en marcha. 
Éste es un aspecto positivo que podemos apoyar. 
En cuanto al aeropuerto, Israel ha dicho que debería estar abierto y en funcionamiento esta semana. 
Tenemos que esperar ahora a ver lo que sucede de aquí a dos o tres semanas, para ver si se cumple ese compromiso. 
Por lo que se refiere al puerto continúan los problemas de acceso. Aún no están resueltos. 
Hay razones para suponer que habrá un retraso de tres o cuatro años en la construcción propiamente dicha, así que también en esta esfera tenemos problemas. 
He oído que hay un consenso según el cual queremos dar una nueva posibilidad a la situación para ver si así acaba de forma positiva, y queremos extender todo nuestro apoyo a la Presidencia austriaca y a la Sra. Ferrero-Waldner por todo lo que han hecho a fin de conseguir que la situación se resuelva positivamente. 
No hace falta decir que la Comisión también seguirá esforzándose por alcanzar ese objetivo. 
El debate queda cerrado. 
Sobre este asunto he recibido 7 propuestas de resolución, presentadas conforme al apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas. 
(La sesión interrumpida a las 19.40, se reanuda a las 21.00 horas) 
Fondos estructurales (continuación) 
De conformidad con el orden del día, prosigue el debate conjunto sobre los Fondos estructurales. 
Señora Presidenta, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha hecho una importante aportación al informe del Sr. Hatzidakis y la Sra. McCarthy. 
Estamos en un momento trascendental para diseñar el futuro del Fondo Social Europeo ya que el nuevo Objetivo 3 que propone el Reglamento será de aplicación exclusiva del Fondo Social Europeo y su actuación está íntimamente ligada al desarrollo de los planes nacionales de empleo. 
Nosotros entendemos como positiva la simplificación y concentración que ha dado como resultado la fusión de los actuales Objetivos 3 y 4 en el Objetivo 3 para los próximos siete años. 
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y también la Comisión de Política Regional defienden la horizontalidad porque es coherente con el carácter del nuevo Objetivo 3 como impulsor de la política de desarrollo de los recursos humanos en la gestión del resto de los objetivos y porque su vinculación a los planes nacionales de empleo garantiza la aplicación de las políticas activas en todo el territorio de la Unión y no sólo en las regiones no comprendidas en los Objetivos 1 y 2, como propone la Comisión, discriminando las zonas más ricas de las regiones menos desarrolladas, que no estarían bajo el paraguas del Objetivo nº 3. 
También en comisión nos hemos pronunciado por la necesidad de que se garantice la planificación y ejecución de los Fondos estructurales en todos sus objetivos y el fomento del principio de igualdad de oportunidades, pero de una manera equilibrada. 
Es verdad que el mercado laboral presenta graves distorsiones en detrimento de las mujeres y de los discapacitados. 
Deseo destacar también, señor Presidente, señor Comisario, que estamos de acuerdo en que los recursos se utilicen de una manera eficaz, pero entendemos en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales- y lo entiende también la Comisión de Política Regionalque la fórmula propuesta por la Comisión para liberar automáticamente los créditos resulta excesivamente rígida y creemos que se debe mantener la naturaleza privilegiada de los créditos de los Fondos estructurales. Es decir, su carácter de objetivo de gasto y no de techo de gasto. 
Y, en su caso, redistribuir los créditos no utilizados entre otras regiones del Estado miembro, como así lo ha asumido también la propia Comisión de Política Regional. 
Finalmente, con respecto a las iniciativas comunitarias, es importante que queden claramente diferenciadas las intervenciones y los objetivos de las iniciativas comunitarias y se hace necesario también que la Comisión se pronuncie sobre los criterios que propondrá para la nueva generación de las iniciativas, como se dice en el propio informe. 
Señora Presidenta, creo que el debate de hoy ha demostrado que existe una coincidencia sustancial entre las líneas de la Comisión y la posición del Parlamento, una avenencia sobre la concentración, la simplificación, la eficacia y la cooperación. 
Creo, sin embargo, que en las posiciones del Parlamento hay algunos aspectos que la Comisión deberá tener en cuenta en un debate, cuyo espíritu, según decía esta mañana el Sr. Hänsch, no deberá ser un diálogo entre quien sostiene una posición y quien persigue otro camino. 
Me parece que hemos alcanzado acuerdos importantes sobre los principios; hoy se trata de perfeccionar algunos puntos. 
La Comisión ya está dispuesta- me parece- a revisar la propuesta relativa a la reserva. 
Existe una reflexión sobre los programas de iniciativa comunitaria en los cuales, sin duda, el Programa INTERREG debe ser el programa principal; no obstante, nosotros insistimos en el mantenimiento del Programa URBAN y en una mayor calificación del papel de las ciudades en el ámbito de los reglamentos tanto en el Objetivo 1 como en las demás iniciativas comunitarias como, por ejemplo, el propio Programa INTERREG. 
Para el Objetivo 2, la coherencia con las ayudas de Estado se puede alcanzar de dos maneras: o con una mayor flexibilidad o pidiendo a la competencia que tenga en cuenta que, allí donde intervienen los Fondos estructurales, debe probarse la existencia de un problema y, por tanto, a ser posible, los dos mapas han de coincidir. 
De todos modos, es la intervención estructural la que señala la necesidad de una ayuda para paliar un determinado atraso, un problema determinado de ese territorio. 
Señora Presidenta, tenía la intención de tomar la palabra para hablar en términos generales pero, en vista de la reciente evolución de la situación en mi propio país, limitaré mis observaciones a nuestra estrategia futura. 
Estoy seguro de que el Comisario sabe muy bien que el Gobierno irlandés ha resuelto dividir a Irlanda en dos regiones: una agrupación de 15 condados del oeste, la frontera y el centro, incluidos los condados de mi propia circunscripción, Kerry and Clare, que serán designados como nueva región del Objetivo 1. 
La intención es que los otros 11 condados sean designados como zonas del Objetivo 1 en transición. 
Tengo entendido, Comisario, que ya ha dicho usted con toda claridad al Gobierno irlandés que esta estrategia no se traducirá en ningún fondo adicional para Irlanda. 
De todos modos dejan ustedes que sea Eurostat quien decida si las nuevas regiones son admisibles o no, sobre la base de las estadísticas de que se dispone. 
¿Podría confirmar usted si es verdad que Eurostat va a presentar nuevas cifras dentro de un par de días con los indicadores económicos para 1996-1997? 
Si, como me temo, esas cifras indican una mejora considerable de la situación económica de Irlanda, ¿no se corre un verdadero peligro de que la mayor parte de la región nuevamente designada como región del Objetivo 1 quede sin poder optar a dicho Objetivo? 
Esa región quedará por encima del límite y, por lo tanto, nuestra actual estrategia quedará reducida a la nada. 
La utilización del criterio del PIB sobrevalora la verdadera posición de Irlanda. En efecto, incluye beneficios de empresas multinacionales que no permanecen en nuestra economía, y pido a la Comisión que tenga esto en cuenta al examinar el caso de Irlanda. 
Sería mucho más justo utilizar como criterio el PNB. 
Por último, quisiera que la Comisión me aclarase una cosa acerca del Objetivo 1 propuesto como transición. 
El cambio en la cofinanciación, que del 75 % pasará al 50 %, ¿se aplica por igual a los proyectos del FEOGA y a los del FSE y el FEDER? 
¿Cuál será la situación respecto de algunos pagos específicos que se abonan en las zonas del Objetivo 1? 
¿Seguirán abonándose con arreglo al Objetivo 1 en las zonas de transición? 
Señora Presidenta, quisiera dar gracias a los Comisarios que están asistiendo a este debate maratoniano y que le están prestando atención, pero me parece que he de utilizar el limitado tiempo de que dispongo para referirme a lo que, en mi opinión, ha enfocado erróneamente la Comisión: en primer lugar, no se ha preocupado debidamente de la concentración y de la simplificación. 
Los cortes hechos en la iniciativa comunitaria han sido exagerados. 
La Comisión no puede decirnos que las cantidades involucradas son demasiado pequeñas para justificar la administración. 
Que vayan a decir eso a la población de mi región, que ha utilizado 30 millones de ecus o sea 25 millones de libras, en los cinco últimos años. 
Programas más pequeños pero mejor enfocados pueden dar mejores resultados. 
A los que apoyamos la iniciativa Urban, que no se nos hable de duplicación de actividades. 
¿Qué pasa con el 60 % de las personas que viven en ciudades pequeñas o de tamaño mediano, qué pasa con la innovación, qué pasa con los vínculos transnacionales? 
Una nueva iniciativa comunitaria debería adaptarse a esas necesidades. 
En la esfera del Objetivo II, digamos con claridad que prestar apoyo a las regiones más pobres no es lo mismo que prestar apoyo a las personas más pobres. 
Prestemos apoyo a los enclaves de pobreza; un programa, una región, de acuerdo, pero que la ayuda con cargo al Objetivo II se destine a las regiones con un nivel inferior a NUTS III. 
En cuanto a la cuestión de los servicios, un empleado de banco o un recepcionista de hotel está tan desempleado como un trabajador que no tenga ya trabajo en la fábrica. 
Me alegra que la Comisión haya apoyado nuestras observaciones sobre esta cuestión, pero el reglamento sigue requiriendo aclaración. 
En un error que la Comisión excluya a las autoridades encargadas del medio ambiente de la participación en la adopción de decisiones. 
La financiación regional, igual que la financiación social, debe respetar los principios de la no discriminación. 
Por último, por lo que se refiere a la cuestión respecto de la cual he sido ponente, que es la de las orientaciones, necesitamos la seguridad inequívoca por parte del Comisario de que se publicarán de aquí al final del año y de que no se utilizarán para imponer modificaciones tardías a los proyectos locales. 
Esto es una prueba de la voluntad real de simplificación de la Comisión. 
Aceptemos la obligación de negociar a su debido tiempo estas cuestiones. De lo contrario tropezaremos con retrasos en la financiación, plazos cortos, proyectos ejecutados precipitadamente durante los siete próximos años. 
La oportunidad de evitar todo eso se nos dará una vez, y nada más que una vez. Actuemos sin demora. 
Señora Presidenta, la política de cohesión es un elemento de solidaridad para las zonas menos favorecidas. 
Las regiones prioritarias para la ayuda, tal y como las define la Comisión, son las del objetivo 1, aquellas con una renta inferior al 75 % de la media europea. 
Para esta definición se toma como referencia la comunidad autónoma o la región. 
El procedimiento puede parecer justo, pero exige una corrección. 
Hay comarcas que, sin tener la dimensión de una región, tienen necesidades objetivas y su renta está desgraciadamente por debajo del nivel exigido. 
Por eso es necesario que existan excepciones, limitadas por supuesto, para que esas comarcas sean objetivo 1 y tengan carácter prioritario en la recepción de ayudas. 
Hay varias en la Unión Europea. 
Les puedo poner un ejemplo: en el País Vasco, la comarca formada por la margen izquierda del Nervión y Ayala. 
Tiene 350.000 habitantes, con una renta inferior al 75 % de la media europea, una tasa de paro por encima del 20 %, un tejido socioeconómico que necesita una urgente revitalización y, además, una zona contigua a dos comunidades autónomas que, al día de hoy, son objetivo 1: Castilla-León y Cantabria. 
Por tanto, la incorporación de la margen izquierda del Nervión y de Ayala al objetivo 1 no dejaría ninguna isla en el mapa europeo de ayudas. 
Sería un acto de solidaridad hacia sus habitantes y un elemento necesario para revitalizar la inversión y la actividad económica en la comarca y para crear puestos de trabajo. 
Es, por tanto, necesario que se contemple la posibilidad de tener en cuenta excepciones en el mapa del objetivo 1, para que las necesidades de apoyo concretas, objetivas, tengan su hueco en los Fondos estructurales por encima de los límites políticos y administrativos. 
Y hay otro aspecto de la propuesta de la Comisión que debemos modificar. 
Las ayudas para la formación, para el empleo, del nuevo objetivo 3 pueden perderse para las zonas objetivo 2: las áreas industriales. Sería un total contrasentido. 
¿Dónde es más necesaria la formación de las personas, de los recursos humanos, que en las áreas en transformación industrial? 
Sólo por este concepto, por esta modificación, el País Vasco, al igual que otras áreas industriales europeas, podría seguir percibiendo en torno a los 8.000 millones de pesetas anuales. 
Espero que, mañana, el voto de este Parlamento sea favorable a la utilización de ese Fondo para la formación en las zonas objetivo 2, las que están en transformación industrial. 
Porque si en algún lugar de Europa es necesaria la formación para el empleo, es sin duda allí donde, con una tasa de paro elevada, se está haciendo un esfuerzo importante en la transformación industrial y tecnológica. 
Señora Presidenta, intervengo en relación a la propuesta de reglamento relativa a las acciones estructurales en el campo de la pesca. 
Y en relación a este reglamento, es imposible no mantener, en principio, una posición crítica. 
Una posición crítica que se justifica por la situación en que actualmente se encuentra el sector pesquero y por las propuestas que se nos hacen en este reglamento, aunque no están muy concretadas. 
Es importante subrayar- ustedes lo saben perfectamente- que la Política Pesquera Común descansa actualmente, casi de manera exclusiva, sobre los Fondos estructurales. 
Y en relación a esta cuestión, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el cualitativo, es imposible no mantener una posición crítica. 
El sector pesquero comunitario se encuentra actualmente en una profunda mutación para sobrevivir y resultar competitivo en el marco de una economía globalizada. 
Las acciones que se están llevando a cabo exigen la dotación de fondos suficientes para la financiación de los diferentes aspectos que configuran la política común de la pesca en sus diferentes facetas: conservación y protección de los recursos, acuerdos internacionales, mercados, medidas estructurales, aspectos sociales, etc. 
La carencia de financiación suficiente provocaría el desmantelamiento de un sector vital en las zonas costeras, intensivo en mano de obra tanto en el sector extractivo como en la industria de transformación, y su pérdida supondría el desembolso de importantes recursos públicos. 
Desde el punto de vista cuantitativo, existe una serie de incertidumbres que complican su futuro. 
Y desde el punto de vista cualitativo- y voy concluyendo -, hay una observación que ha sido repetidas veces mencionada en la Comisión de Pesca: el diseño de la nueva política estructural, en la cual se pierde el carácter horizontal del objetivo de pesca. 
La pesca exige un reglamento, o al menos un objetivo específico, de carácter horizontal, y la existencia de un instrumento jurídico único, un fondo como el actual IFOP, que debería ser reforzado inspirándose en los criterios que sostiene la Comisión en la propuesta de creación de un Fondo de desarrollo rural. 
Eso es lo que pedimos, señora Presidenta, en nuestras enmiendas. 
Señora Presidenta, en el debate sobre el Fondo de Cohesión cobran relieve prevaleciente- por lo que está justificado que centremos en ellas nuestra atención- las propuestas de enmienda en el sentido de que dejen de tener derecho al Fondo los países que se hayan adherido al euro. 
Se trata de propuestas sin la menor justificación substancial, dado que se trata de un fondo estructural encaminado a la convergencia real de los países que tengan un PIB por habitante inferior al 90 % del PIB comunitario por habitante. 
Dado que esa convergencia quedaría comprometida con la política restrictiva exigida por la convergencia nominal, se comprende que, para bien de todos, se concediera un apoyo suplementario a la aproximación real. 
No obstante, la necesidad de aproximación de los países más atrasados no acaba con la entrada en el euro. 
Es, de hecho, un mecanismo provisional- como se ha dicho esta tarde -, en la medida en que deja de aplicarse cuando se alcanza el 90 % (es, por tanto, transitorio) y, además, esos países están obligados, de conformidad con sus pactos de estabilidad y de crecimiento, a continuar aplicando políticas de austeridad. 
Por lo demás, la propuesta de separación del fondo tendría la paradójica consecuencia de castigar a quien hubiera cumplido y, en cambio, premiar a quien, con una política de menor rigor, no hubiera satisfecho las políticas de paso al euro. 
Pero, además de las razones sustanciales, está en entredicho nuestro crédito ante un Tratado que fija, sin margen para la duda, las condiciones de acceso al fondo: un PIB por habitante inferior al 90 % del PIB comunitario y la formulación de un programa de convergencia nominal. 
Es un Tratado que, sin la menor reserva a ese respecto, mereció el apoyo de nuestro Parlamento y fue ratificado por todos los países de la Unión. 
¿Qué idea quedaría de los políticos- en este caso, de los diputados al Parlamento -, si, sin la menor razón- en este caso en contra de la Comisión -, no se respetara por iniciativa nuestra? 
Los Tratados, como la palabra, son para cumplirlos, no sólo por los países del Sur, sino también por los del Norte, que, por lo demás, tuvieron- cosa comprensible- un papel decisivo en su redacción. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Comisario, estamos debatiendo una parte de la Agenda 2000 que incide de manera especial en la personalidad europea pues se refiere, de una manera directa, a la cohesión. 
He escuchado a muchos oradores en este debate y, posiblemente agobiados por el escaso tiempo de que disponemos, quizá han emitido una imagen con la que yo no estoy de acuerdo, porque han pretendido decir a la Comisión que sus propuestas no son propuestas consistentes. 
Yo quiero decir lo contrario- aprovechando el escaso tiempo de que dispongo -, y es que hemos podido contar con unos documentos de la Comisión realmente positivos, realmente penetrados del sentido de la cohesión, que nos han permitido trabajar y que estamos enmendando. 
Pero yo no soy tan pretencioso como para suponer que nuestras enmiendas mejoran los textos de la Comisión. 
Yo creo que la sociedad es compleja y, posiblemente, nuestras enmiendas complican el texto de la Comisión. 
Y es necesario porque somos parlamentarios y representantes populares, pero a costa de rebajar el nivel técnico y el buen nivel táctico de la documentación de la Comisión. 
Sin embargo, yo sé que ustedes, en la Comisión, han sido positivos y valientes. 
Valientes a la hora de diseñar la arquitectura de la cohesión; valientes a la hora de proponer el Fondo de cohesión y acertando con el dictamen jurídico; valientes al proponer una dotación para ese Fondo de cohesión equilibrada y consistente. 
Le pido, señora Comisaria- a usted especialmente- que, en relación con el reglamento marco, intente enviarnos un nuevo documento que recoja precisamente ese debate tan rico que ha tenido con el Parlamento y que sé que está teniendo con el Consejo. 
Sería bueno que este reglamento- que ya está, de alguna manera, enormemente dialogado- pudiera ser sustituido por otro que sería ya el último punto de redacción en este debate tan fructífero que hemos tenido. 
Señora Presidenta, la dotación financiera para las redes transeuropeas propuesta por la Comisión para el período del 2000 al 2006 casi duplica la del período 1995-1999. 
Me congratulo de este incremento de la dotación financiera, pero hay que hacer notar que el período del 2000 al 2006 es más largo que el anterior, que las cifras deben compararse en términos constantes y no en términos corrientes, y que las inversiones en infraestructuras en la Unión han descendido del 1, 5 % del PIB al 0, 9 % en los últimos años. 
Por lo tanto, considero que la cifra es relativamente tan pobre como la contemplada en el Reglamento del Consejo, que ahora modificamos y del que fui ponente. 
Y ya entonces dije ante esta Asamblea que la dotación financiera prevista para redes transeuropeas sólo representaba el 0, 6 % de las necesidades financieras para construir las infraestructuras previstas en el período 1994-1999. 
Estamos en una situación similar a pesar de duplicarse la dotación en términos corrientes, y sigue habiendo por tanto una clara contradicción entre las necesidades de una verdadera política comunitaria de infraestructuras y los fondos disponibles por parte de la Unión. 
Y por haber sido también ponente de opinión sobre el Fondo de Cohesión, no quiero dejar de hacer la siguiente reflexión. 
Según lo establecido, si un Estado miembro, que percibe transferencias del Fondo de cohesión, no cumple los criterios de convergencia, tales como deuda pública y déficit público, dejará de percibirlas. 
Así está establecido. 
Por otra parte, hay quien manifiesta- y hoy hemos escuchado intervenciones en este sentido- que si un Estado miembro, que percibe transferencias del Fondo de cohesión, ha cumplido los criterios de convergencia, debe dejar de recibirlas. 
O sea, que todo Estado miembro tanto si cumple con los criterios de convergencia como si los incumple, será castigado a no percibir lo que le corresponda del Fondo de cohesión. 
Ante semejante incongruencia, sobra cualquier otro comentario. 
Sólo añadiré que el espíritu de la comisión temporal, que se creó para instrumentar el Fondo de Cohesión, no era éste. 
Y lo digo con conocimiento de causa, puesto que tuve el honor de ser uno de los miembros de dicha comisión temporal. 
Señora Presidenta, el documento que hoy se nos presenta es el resultado de numerosas horas de discusión y de compromisos; el mismo ha sido elaborado por nuestros dos coponentes, McCarthy y Hatzidakis, a quienes doy las gracias por el esfuerzo realizado. 
Si bien podemos aprobar el contenido general del informe, que incluye los principios de concentración, de simplificación y de descentralización, propuestos por la Comisión, no podemos, sin embargo, votar a favor de la resolución final. 
En efecto, a pesar de los puntos positivos del informe: aplicación horizontal del Objetivo 3; mantenimiento de la iniciativa URBAN, que engloba, por primera vez, las ciudades de mediano y pequeño tamaño; necesidad de una nueva iniciativa para hacer frente a las crisis económicas y sociales, que suponen pérdidas de empleo; y revisión de la reserva de rendimientos, que establecía la Comisión, nuestra opinión sigue siendo negativa. 
Con respecto al Objetivo 1, nosotros corroboramos que la ayuda debe beneficiar en primer lugar a los más débiles. 
Deseamos que se respete estrictamente el criterio del 75 %. 
De ningún modo podemos aceptar que algunos créditos de la Sección Garantía del FEOGA, utilizados en el marco del Objetivo 2, se consideren gastos no obligatorios. 
Y, finalmente, si el Pleno no votase nuestra enmienda 46, que pide, por razones de transparencia, que se garantice una utilización no discriminatoria de los créditos de los Fondos estructurales en las diferentes regiones afectadas, nosotros consideraríamos dicho rechazo como perjudicial para nuestra democracia. 
Por eso, señora Presidenta, la delegación socialista francesa del Parlamento Europeo no votará a favor de esta primera lectura. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Comisario, un objetivo muy importante del reglamento del Consejo es que los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional se dediquen en su mayor parte a medidas eficaces para crear empleo. 
Esto me parece muy importante y ha sido también objeto de nuestro debate en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Quiero destacar algunos puntos esenciales en los que hemos estado unánimemente de acuerdo en la comisión y que es necesario llevar a la práctica. 
En primer lugar, sabemos que unas nuevas formas de organización del trabajo, unos modelos flexibles, por lo general conducen a más empleo. 
También sabemos que estos modelos flexibles con mucha frecuencia no se aplican porque las pequeñas y medianas empresas no pueden aplicarlos. 
De ahí nuestro deseo de que se analice cómo se pueden aplicar en la práctica tales modelos flexibles también en las empresas pequeñas. 
El segundo punto consiste en que muchas pequeñas y medianas empresas no se pueden permitir realizar la transferencia de tecnología, es decir, transferir a sus empresas todo lo que se ha desarrollado. 
Mi propuesta sería crear bolsas de innovación donde los jóvenes empresarios con espíritu innovador puedan obtener los correspondientes conocimientos, las correspondientes directrices para crear nuevos trabajos en nuevas empresas. 
En tercer lugar, consideramos que en todos los proyectos se debe recapacitar ya desde el principio sobre cómo se pueden desarrollar en este contexto de modo óptimo los recursos humanos. 
El cuarto punto fue un deseo unánime de todos nosotros: las necesidades de los minusválidos deben tenerse especialmente en cuenta a la hora de planificar las medidas de infraestructura subvencionadas. 
Habría aún muchos puntos, pero creo que estos son los más importantes que pueden contribuir a crear más empleo. Ruego que se lleven a cabo estos puntos sobre los que hemos adoptado una resolución unánime. 
Señora Presidenta, señoras y señores de la Comisión, solamente ha pasado una semana desde que organicé una conferencia sobre la reforma de las medidas estructurales en el sector de la pesca en mi ciudad natal de Cuxhaven en Alemania, importante localidad pesquera de Alemania. 
Las críticas expresadas por el ramo de la pesca de la región son expresión de la gran preocupación que domina actualmente en este sector. 
En diciembre de 1992, el Consejo Europeo de Edimburgo se puso de acuerdo sobre el principio básico de que los territorios que dependen de la pesca deben percibir una ayuda privilegiada en el marco de la política estructural. 
La Comisión ya no tiene en cuenta este principio básico en el nuevo Reglamento de los Fondos estructurales. 
La reorientación parcial hacia los fondos agrícolas amenaza con colocar de nuevo al sector pesquero en competencia directa con la agricultura. 
En especial este aspecto ha ocasionado una gran intranquilidad durante mi conferencia. 
Según los planes de la Comisión, se van a subvencionar de aquí en adelante las mismas acciones en las diferentes regiones objetivo utilizando para ello diferentes fondos, con lo que van a salir mucho mejor parados los territorios de las regiones Objetivo 1. 
¿Tiene claro la Comisión que las empresas de las regiones Objetivo 2 van a considerar emigrar para establecerse en las regiones objetivo 1 solamente por el hecho de que van a encontrar allí unas condiciones mejores? 
Sin duda, debemos despedirnos de nuestra exigencia originaria de un propio Objetivo 4 para las áreas rurales con un registro separado de las zonas dependientes de la pesca, pero necesitamos una ayuda unitaria estructural de carácter horizontal para asegurar los objetivos de la política pesquera común. 
Sólo éste es el enfoque correcto. 
No podemos ignorarlo. 
Una decisión errónea socavaría la confianza en la Unión Europea en este campo tan sensible. 
Este no puede ser el resultado de la nueva política estructural europea. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, hoy el Parlamento da el primer paso de la reforma de los Fondos estructurales que gestionarán la política de cohesión de los Quince hasta el año 2006. 
Desde esta fecha en adelante, creo que todo va a cambiar radicalmente, tanto la PAC como el concepto y la gestión de los propios Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión. 
Para gestionar el período que nos llevará directamente a la ampliación de la Unión, las perspectivas financieras nos proponen, sobre el papel, el mantenimiento del 0, 46 % del PIB para la sección 2 del presupuesto, mientras que la Comisión, de hecho, nos promete una concentración y una simplificación que, en términos reales, suponen una notable reducción del mapa de las regiones y del porcentaje de la población europea que volverá a incorporarse a los Objetivos 1 y 2. 
Ahora bien, si se mantuviera el 0, 46 %, este esfuerzo de concentración podría comprenderse. 
Pero no se mantiene, ya que los Fondos destinados a la política de cohesión también se utilizarán para la política de preadhesión reduciéndose así de medio punto el porcentaje de gasto previsto en Edimburgo y ratificado en la Agenda 2000 para la política de cohesión de los Quince. 
En cuanto a las iniciativas comunitarias, la reducción de trece a tres es aceptable si las que quedan van a suponer realmente ese valor añadido respecto a los fondos ya existentes y ese carácter regional transeuropeo que debería estar en la base de este tipo de iniciativa. 
Acojo favorablemente la referencia a la inconveniencia, en el ámbito de reglamento general relativo a los Fondos estructurales, de vincular esto a la política de competencia. 
Reviste especial importancia en los informes sobre el reglamento general y sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la referencia a la solicitud de incorporar el principio de insularidad tanto para el Objetivo 1 como para las iniciativas comunitarias previendo, especialmente en el ámbito del nuevo INTERREG, un nuevo apartado claramente dedicado a la cooperación interinsular. 
Al adoptar estas propuestas en primera lectura, el Parlamento Europeo demuestra coherencia consigo mismo- a la vista del resultado de la votación del mes de mayo sobre mi informe- y con el Tratado firmado en Amsterdam que prevé, en el artículo correspondiente a la política de cohesión, la inclusión de todas las regiones insulares europeas en las regiones menos favorecidas. 
Por último, espero que la Comisión siga la misma línea de coherencia que, a partir de Amsterdam, han demostrado el Consejo y este Parlamento. 
Señora Presidenta, desearía comenzar felicitando a la Sra. Jöns por su excelente trabajo. 
De hecho, querría referirme aquí al Fondo Social Europeo. 
Me gustaría hacer tres puntualizaciones a la propuesta de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
En primer lugar, resulta imprescindible considerar la actividad del Fondo Social como un componente más de cara a la aplicación de las directrices comunitarias en materia de empleo. 
Nos mostramos de acuerdo con la Comisión en este punto. 
El segundo aspecto está relacionado con la promoción de la situación de la mujer, y el tercero hace referencia a las posibilidades de que dispone el Fondo Social Europeo para convertirse en garante de la aplicación del artículo 13 del Tratado de Amsterdam, es decir, del artículo sobre la no discriminación. 
La comisión propone que se modifique el artículo y que se reafirme la función de este Fondo para fomentar las actividades encaminadas a luchar contra la discriminación basada en el sexo, la raza, el origen étnico, la religión o la creencia, las discapacidades, la edad o la orientación sexual. 
Espero vehementemente que la Comisión se tome en serio esta propuesta de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
Dicha propuesta reviste la máxima importancia, ya que, si no se dispusiera de recursos, el artículo sobre la no discriminación podría convertirse en simple letra muerta. 
Espero que la Comisión comprenda verdaderamente los puntos de vista de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, uno de los objetivos más importantes de esta reforma es la concentración. 
Quien quiera alcanzarlo, deberá concentrar los créditos existentes en las regiones realmente necesitadas, es decir, distribuirlos. 
Cuantas más regiones se introduzcan en esta máxima categoría de ayudas del objetivo 1 porque no se quiera aceptar el umbral del 75 % o se encuentren rodeos para no aceptarlo, tanto más se contribuirá a que cumplamos mal este importante objetivo comunitario. 
Esto no es aceptable de cara a la actual Comunidad de los Quince ni de cara a la próxima ampliación. 
En mi opinión, el phasing out, tal como ha propuesto la Comisión, es un procedimiento muy honesto en si del trato a dar a las regiones que han alcanzado la marca del 75 %. 
Veámoslo en un ejemplo: una región que llegase en 1999 al 74 %, permanecería aún seis años en las ayudas máximas para entrar al final en este procedimiento del phasing out hasta el 2011. 
Permítanme que diga que a quien le ocurre algo tan positivo, no puede afirmar con la conciencia tranquila que en la UE existe una carencia de solidaridad. 
Por el contrario. 
Quiero recordar que hoy hemos tenido un alto invitado, el Presidente de uno de los Estados que buscan la adhesión y espero que cuando llegue el momento- naturalmente, no sé cuándo va a ser, nadie de nosotros lo sabe- en que la República de Polonia alcance el criterio del 75 % siendo ya miembro, que entonces los amigos polacos no insistan desde ese momento en seguir percibiendo las máximas ayudas europeas durante mucho más de 12 años. 
Por ello, para finalizar permítanme que extraiga la conclusión de que como Parlamento debemos recapacitar de nuevo- y espero que la decisión se adopte mañana en este sentido- que debemos determinar un criterio claro y exacto, una definición del criterio de la pertenencia al Objetivo 1. 
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a todos los ponentes participantes por sus extensos trabajos y los informes de alta calidad que han elaborado: a la señora McCarthy y al señor Hatzidakis por el reglamento general, al señor Varela Suanzes-Carpegna por el reglamento del FEDER, al señor Collins por el reglamento del Fondo de Cohesión, al señor Kellet-Bowman por el nuevo reglamento sobre las RTE y, finalmente, también al señor Arias Cañete por la propuesta de reglamento sobre medidas estructurales en el sector de la pesca. 
Creo que el Parlamento expresa con estos informes su decisión de concluir los trabajos sobre la Agenda 2000 antes de que finalice este período legislativo. Expreso mi agradecimiento por las numerosas y claras intervenciones mantenidas en este debate que muestran que el Parlamento quiere cumplir con esta responsabilidad. 
Señora Presidenta, ante cinco propuestas, en parte legislativas, le ruego comprenda que esto va a costar más tiempo, pues creo que sus señorías tienen derecho a escuchar también cuál es nuestra posición ante las enmiendas. 
Deseo exponer nuestra posición al respecto pero con el ruego de que comprenda que esto no se puede hacer en los diez minutos usuales. 
En primer lugar, permítanme que realice algunas observaciones sobre el Reglamento general de los Fondos estructurales: me alegra que el Parlamento y la Comisión defiendan la misma línea en la mayoría de las cuestiones básicas de la reforma de estos Fondos. 
Esto es en especial aplicable al marco financiero del 0, 46 % del producto social bruto, al fomento sobre todo de las regiones con un auténtico retraso en su desarrollo, a la reducción del número de objetivos y de iniciativas comunitarias, al fortalecimiento del principio de solidaridad y la importancia de los comités de seguimiento en el proceso descentralizado de programación y a la igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible. 
Respecto al tema de la igualdad de oportunidades en relación con el Fondo Social, mi colega Flynn expondrá aún más extensamente su opinión. 
No obstante, lamentaría mucho si en los puntos decisivos, en especial la necesaria concentración, el Parlamento no tuviese el valor de imponer los principios reconocidos como correctos también frente a los intereses particulares de diversos Estados miembros, regiones o sectores. 
Por ello, la Comisión no puede adherirse a una serie de propuestas del informe relativas a cuestiones de aplicación. 
En primer lugar, me voy a referir a la concentración geográfica de las ayudas para los Objetivos 1 y 2. 
Aquí se encuentra el núcleo de la reforma, lo que han mostrado también claramente muchas oradoras y oradores en el debate. 
Sin concentración, nuestros esfuerzos por emplear de un modo más eficiente los fondos no servirán de nada y no serán más que buenas intenciones. 
Sin concentración, los efectos positivos para las regiones más pobres se verán anulados y se socavará a la postre incluso la política de cohesión. 
Por ello, la Comisión no puede apoyar propuestas que apuntan a un debilitamiento del objetivo de cohesión. 
En el Objetivo 1, esto es aplicable a las excepciones que se exigen a la aplicación estricta del criterio del 75 % y en el Objetivo 2, al intento de reducir el margen de ayuda al 18 %, al considerarse de modo indicativo. 
Por ello, comprenderán que no quiera comentar aquí la resolución del Gobierno irlandés. 
Respecto a la configuración del Objetivo 2, la evolución del paro sigue siendo la característica más destacada a la hora de enjuiciar la adaptación estructural, lo que ustedes mismos han destacado en varias ocasiones. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión permite a los Estados miembros realizar la selección de las regiones receptoras de ayudas en el marco de la flexibilidad ampliada sobre la base de una serie de llamados criterios blandos. 
A la luz del debate de hoy considero perfectamente aceptable recoger algunos de los criterios deseados adicionalmente por ustedes en la formulación del apartado 9 del artículo 4, pero tiene que mantenerse la limitación del tope de población europea del 18 % y la distribución de los límites entre los Estados miembros en base a los criterios europeos propuestos. 
Asimismo, la Comisión tampoco puede apoyar la propuesta de elegir el producto social bruto como baremo de referencia para el Objetivo 2. 
Esto significaría establecer tras la fachada del Objetivo 2 un Objetivo 1 para los Estados miembros ricos. Sería una contradicción en si mismo y, desde nuestro punto de vista, no se podría justificar con consideraciones de política de cohesión. 
Sin embargo, no se va a producir una desventaja para las áreas rurales porque en el marco de los criterios blandos también existen márgenes de actuación. 
Respecto al Objetivo 3 sólo quiero realizar una observación desde la perspectiva de la política regional. Naturalmente, el Objetivo 3 desempeña una importante función en el marco de los planes nacionales de empleo. 
Aquí no existen diferencias de opinión entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Al mismo tiempo debemos evitar los sobrelapamientos existentes entre medidas de los Objetivos 2 y 3 y debe existir una auténtica coordinación de las ayudas a las inversiones y al empleo en los territorios objetivo regionales. 
No tenemos nada que objetar a que la estrategia nacional de empleo intervenga en todos los lugares. 
Por el contrario. 
Pero queremos garantizar que las medidas regionales para el fomento de los recursos humanos y que se insertan en la estrategia regional de desarrollo e inversiones, dispongan de los créditos necesarios del Fondo social. 
Por ello, la Comisión está dispuesta a examinar alternativas a su actual propuesta para salir así al paso del Parlamento. 
Por ejemplo, me parece factible que exista una ayuda propia del Objetivo 3 dentro de las regiones del Objetivo 2. 
Sin embargo, desde una perspectiva económica y de política regional, para nosotros es irrenunciable que en el marco de los programas del Objetivo 2 se pongan también a disposición créditos del FSE para el desarrollo de los recursos humanos. 
Esto corresponde por lo demás también al necesario fortalecimiento de las corporaciones territoriales locales y regionales a la hora de determinar la estrategia de desarrollo regional que ustedes han exigido con razón en muchos puntos. 
Creo que con este compromiso se puede hacer justicia a ambas necesidades. 
Voy a dedicar unas palabras a las iniciativas comunitarias, en especial, a la cuestión de si necesitamos adicionalmente URBAN. 
Por motivos de simplificación y de aumento de la eficiencia, la Comisión no puede aceptar un aumento del número de iniciativas comunitarias por encima de las tres propuestas. Aquí se incluye a LEADER, lo que subrayo porque no quedó claro en una intervención. 
Esto es especialmente válido ante los considerable problemas de absorción de las iniciativas comunitarias. 
El desarrollo sostenible de las ciudades se incluye ya hoy entre los objetivos de ayuda de las regiones del Objetivo 1 y se destaca expresamente para el nuevo Objetivo 2 también con una proporción indicativa de la población. 
Tras las experiencias tenidas con la iniciativa comunitaria URBAN en el período de ayuda pasado, ahora se trata de la transferencia de las medidas y formas de aplicación acreditadas a los programas «mainstream» de los Objetivos 1, 2 y 3. 
Una iniciativa comunitaria URBAN paralela impediría más que fomentaría este proceso. 
Sin embargo, podríamos recapacitar sobre si no se debería destacar más intensamente la idea del desarrollo urbano sostenible, por ejemplo, en los considerandos de todos los objetivos. De este modo, saldríamos al paso del malentendido de que allí donde no se menciona expresamente en el objetivo, no se debe fomentar ningún desarrollo urbano sostenible. 
Creo que así se tendrían también en cuenta algunos problemas que han expuesto aquí. 
Naturalmente, esto significa también que las ayudas no quedarían limitadas sólo a las grandes ciudades. 
Esto lo he indicado en el pasado siempre con gran claridad y lo repito ahora. 
El tema de la reserva de eficiencia se ha mencionado en muchas intervenciones del debate. 
Me decepciona que aunque el Consejo y el Parlamento en el pasado hayan siempre exigido una mejora de la eficiencia de los Fondos estructurales, una mejor evaluación y control y unas mejores posibilidades de sanción, sin embargo ahora rechacen casi de plano la posibilidad de crear un sistema concreto de estímulos para garantizar un gestión eficiente de los Fondos estructurales. 
Como ya ha subrayado en varias ocasiones, la Comisión está dispuesta a recapacitar sobre modificaciones de su propuesta pero no a renunciar al principio. 
Estamos obligados frente a los contribuyentes europeos a hacer algo más que solamente a comprometernos a una administración eficaz de los créditos públicos después de que en el pasado período de ayudas esto no ha conducido ni mucho menos al éxito deseado. 
Para facilitar al Parlamento y al Consejo la aprobación de la reserva de eficiencia, la Comisión está dispuesta a discutir sobre el volumen de la reserva y a recapacitar sobre si se puede limitar al 10 % del volumen de los créditos previstos para los últimos tres años. 
En lo tocante al mecanismo decisorio, también son posibles modificaciones que garanticen que los Estados miembros puedan participar de modo decisivo a la hora de distribuir los créditos de la reserva. 
Señor Schiedermeier, para nosotros no se trata de jugar ningún jueguecito, por lo que no necesitamos ningún campo de juego, sino que queremos garantizar junto con ustedes que al final tengamos una política estructural con éxito. 
Por ello, quizás se podría salir al paso de las objeciones existentes distribuyendo la reserva a nivel nacional, de modo que no se tengan que producir redistribuciones de créditos entre los Estados miembros. 
Ahora bien, esto ya no correspondería a las best practices europeas y perjudicaría la dimensión europea de la reserva. 
Por ello, creo que se debería debatir aquí sobre los diversos problemas que surgen como consecuencia de ello. 
La Comisión está dispuesta a discutir de modo constructivo con el Parlamento Europeo y el Consejo pues la reserva es un elemento decisivo en el marco de las propuestas que realiza la Comisión para mejorar la eficiencia que se debe lograr mediante una combinación entre la simplificación de la descentralización, una mejor evaluación y una gestión financiera más estricta. 
Creo que esto lo queremos alcanzar todos conjuntamente. 
Permítanme indicar además que quizás tampoco sea ninguna casualidad que el Presidente del Tribunal de Cuentas europeo haya calificado ayer expresamente la reserva de eficiencia como un medio útil para mejorar la eficiencia de los Fondos estructurales. 
Como la credibilidad del Tribunal de Cuentas europeo goza actualmente de muchos enteros, les ruego que lo incluyan en sus posteriores consideraciones. 
La coherencia entre competencia y Fondos estructurales ha dado alas a una parte de sus debates conduciendo a ideas de compromiso. 
Sólo quiero indicar que aquí se trata de un mandato de eficiencia, pues no puede tener sentido que la política regional europea subvencione precisamente territorios que no son subvencionados a nivel nacional con ayudas regionales, tanto más cuando los márgenes de actuación nacional son mayores que los de los Fondos estructurales. 
También me parece contradictorio advertir permanentemente en todos los informes sobre la necesaria coherencia de todas las políticas comunitarias pero rechazar en este punto nuestra propuesta alegando que va demasiado lejos. 
Creo que la flexibilidad propuesta del 2 % de la población debería ser suficiente si, por ejemplo, no se introducen las regiones urbanas problemáticas en el escenario competitivo ya que aquí no es tan esencial impulsar las inversiones de grandes empresas o contemplar ayudas de inversiones especialmente elevadas. En este contexto de lo que más bien se trata es de aplicar medidas más suaves, de combatir la exclusión social, de poner a disposición servicios sociales o de fomentar las pequeñas y medianas empresas y el artesanado. 
Creo que de este modo la posición de la Comisión se acercaría mucho a las consideraciones que se reflejan en los informes. 
Un último punto importante sobre el reglamento general es el relativo al papel del Parlamento en la aplicación del Reglamento de los Fondos estructurales. 
El Tratado asigna a la Comisión como órgano ejecutivo de la Unión las competencias administrativas determinantes para la ejecución de las políticas comunitarias. 
Naturalmente, la Comisión tiene la obligación de rendir regularmente cuentas al Parlamento sobre su actuación, lo que así hace. 
Pero con esta situación jurídica no son compatibles consultas previas vinculantes relativas a la administración de los Fondos. 
No obstante, estoy dispuesta a atenerme a la práctica actual que ha cristalizado sobre la base del código Klepsch-Millan y a elaborar un nuevo code of conduct que contemple la información previa al Parlamento Europeo en cuestiones de ejecución general. 
Ustedes saben que en este período de ayudas nos hemos comportado así y que hemos tenido en cuenta en nuestras propuestas definitivas también posiciones del Parlamento Europeo. 
Además, hemos puesto a su disposición todos los documentos que llegaron a los grupos de trabajo del Consejo. 
Sin embargo, no es compatible con el equilibrio institucional ni con los principios de subsidiariedad y descentralización que el Parlamento Europeo intervenga a nivel de los Estados miembros en la ejecución de la política estructural. 
Ruego comprendan que la Comisión tiene que limitarse a garantizar el papel del Parlamento como órgano de control de instituciones comunitarias. Y los comités de seguimiento nacionales o regionales no son precisamente instituciones comunitarias. 
Voy a referirme ahora al nuevo Reglamento del FEDER y a centrarme en tres puntos. 
Primero: las enmiendas al campo de aplicación. 
La Comisión no tiene ninguna objeción de fondo que plantear al gran número de enmiendas que pretenden precisar el campo de aplicación y las posibilidades de intervención. 
Sin embargo, sí tengo reservas que oponer a introducirlas todas ellas en el reglamento. 
Y esto por dos motivos. 
En primer lugar, la mayoría de los casos están ya cubiertos por la práctica de los años pasados, de modo que de facto no existe ninguna necesidad de corrección. 
En segundo lugar, si en el texto del Reglamento se introducen demasiados detalles, no sólo sería en gran medida ilegible, tal como se ha observado aquí, sino que además escondería el peligro de perder la necesaria flexibilidad y de excluir en el futuro las posibles variantes de ayudas que podrían ser importantes para el desarrollo regional y que supondrían un auténtico enfoque bottom-up. 
Por lo demás, la experiencia enseña que aunque nos esforzásemos muchísimo, no lograríamos incluir todas las posibilidades en un reglamento de este tipo. 
Debo excluir las enmiendas que no coinciden con la dirección básical del Fondo Regional. 
Esto es aplicable, por ejemplo, al transporte marítimo- no a los elementos de infraestructura en este campo- o a la biodiversidad. Estos dos temas están ya cubiertos por otros programas comunitarios. 
Por contra, estamos dispuestos a recoger como referencia expresa los temas que hoy han desempeñado un papel en el debate, a saber, la cultura y el turismo, ya que representan una mejora auténtica al desarrollo del potencial endógeno de una región y pueden crear empleo. 
Quiero saludar expresamente las diferentes enmiendas que destacan la mejora de la iniciativa INTERREG y la importancia de la cooperación transnacional e interregional. 
La Comisión está dispuesta a modificar el texto en el espíritu de estas propuestas. 
Lo mismo es aplicable a la necesidad de revisar la coordinación con PHARE, TACIS y MEDA. 
Estamos ya revisando este reglamento. 
En relación con las medidas innovadoras y los proyectos piloto, la Comisión puede aceptar las enmiendas que apuntan a ampliar los proyectos. 
Sin embargo, me parece redundante la exigencia de que la financiación de la iniciativa INTERREG con el Fondo Regional incluya también el desarrollo de los recursos humanos y del área rural. 
Esto figura ya claramente en el texto del reglamento. 
En lo tocante a la cuestión de la iniciativa URBAN me remito a lo que ya he dicho en la parte general así como en lo referente a la coparticipación del Parlamento Europeo. 
Estoy dispuesta a poner en marcha un nuevo código de conducta. 
Respecto a las iniciativas comunitarias y a RESTRUCT, sólo quiero realizar una observación. 
En el objetivo 2 hemos indicado expresamente que es posible reaccionar en la evaluación intermedia ante las crisis que surjan de repente y que es posible entonces realizar el intercambio de regiones. 
Creo que es tarea de la evaluación intermedia determinar dónde tenemos que modificar programas en interés de futuros acontecimientos. 
Respecto a FEDER, permítanme que resuma de nuevo muy brevemente las enmiendas y las posiciones de la Comisión al respecto, ya que esto es objeto de consulta y espero que en alguna ocasión sea tema de codecisión. 
Podemos tener en cuenta total o parcialmente las siguientes enmiendas o insertarlas en otros considerandos y artículos del reglamento, a saber, la núms. 1, 3, 6, 7, la 11 parcialmente, 19, 22-26, 29, 34, 35 y 55. 
Desde una perspectiva jurídica, la Comisión considera otras enmiendas como redundantes y, por tanto, no necesarias. 
Me refiero a las enmiendas núms. 2, 4, 5, 9, 10, la 11 parcialmente, 13-18, 20, 27, 30 y 33. 
Por otro lado, la Comisión no puede tener en cuenta una serie de enmiendas, ya que van más allá del marco del Reglamento FEDER y no corresponden a los objetivos generales. 
Se trata de la 11 parcialmente, 12, 28, 31, 32 y 36, 38-54 y 56-62. 
Finalmente, la Comisión va tener en cuenta las enmiendas 8 y 37 a la hora de elaborar el código de conducta entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Me voy a referir ahora al Reglamento del Fondo de Cohesión. Objetivo de la modificación propuesta por la Comisión es establecer una mayor sintonía con los mecanismos de los Fondos estructurales, en especial, con la gestión financiera. 
La Comisión constata con satisfacción que la mayoría del Parlamento comparte por lo visto la perspectiva de la Comisión en lo tocante a la necesidad de aplicar el Fondo de cohesión también a INS. 
Respecto de la recogida de las definiciones más exactas de proyectos o de fases de proyectos del anexo del reglamento base, la Comisión cree que la precisión del contenido de estos conceptos tiene la categoría de disposiciones ejecutivas, por lo que el anexo es el lugar adecuado para ello. 
La Comisión va a comprobar si la regulación que se propone de anticipos del 10 % puede ocasionar dificultades a los proyectos de corta duración y si, como consecuencia de ello, es necesaria una modificación de la propuesta. 
La Comisión ve problemas en el apartado 5, pues no consideramos adecuado imponer en el futuro en los presupuestos anuales una distribución exacta de créditos para los diversos Estados miembros. 
Una determinación de los importes anuales provocaría una rigidez innecesaria y acarrearía el peligro de que se hiciese un menor uso de los créditos anuales que se ponen a disposición. 
Respecto a la cuestión de la condicionalidad, en el apartado 7 la Comisión sigue siendo de la opinión de que es absolutamente necesaria una adaptación de las condiciones al pacto de estabilidad para los Estados miembros que participan en la Unión monetaria. 
La Comisión tampoco se puede adherir al phasing out que se exige en el apartado 8 para el Fondo de cohesión. 
Al alcanzarse un nivel de producto social bruto del 90 % a nivel nacional en comparación con el 75 % a nivel regional en el objetivo 1, apenas es realista que surjan fuertes sacudidas económicas al finalizar la ayuda, tanto más cuando estos países siguen beneficiándose de las ayudas del objetivo 1 o del phasing out del objetivo 1. 
A la Comisión no le parece adecuada la reserva del 5 % de los créditos del Fondo que se exige en el apartado 17 para grupos de proyectos pequeños. 
La agrupación de proyectos pequeños no ha creado hasta ahora ninguna dificultad. 
Pero la necesidad de la formación de grupos puede ser sin embargo diferente de año en año y de Estado miembro a Estado miembro. 
Por ello, déjennos la necesaria flexibilidad para subvencionar cuando se presenten realmente buenos proyectos. 
En el apartado 20 se pide que se permita el nuevo empleo de autorizaciones anuladas. Esto socavaría los efectos deseados de una ejecución rápida de los proyectos, por lo que no lo podemos apoyar. 
Respecto al Reglamento sobre las redes transeuropeas la Comisión celebra que ante los créditos financieros limitados disponibles garanticemos una mayor eficiencia en su empleo y el modo de hacerlo. 
Saludo en especial el apoyo de las medidas más importantes: planificación plurianual, introducción de la participación en el capital de riesgo, un mayor control comunitario en la cofinanciación de las inversiones y estimación de 5.500 millones de euros para el período 2000-2006. 
Por ello, podemos aceptar 18 de las 30 enmiendas del informe totalmente o al menos en su sentido. 
Se trata de las enmiendas 1-4, 6-10, 12, 14-20 y 22. 
Probablemente, es mejor que lo diga al revés. 
Las enmiendas que no podemos asumir son la 5, 11, 13, 21, 23 y 24-30. 
Como estos temas no han desempeñado en el debate ningún papel, me ahorro ahora dar una explicación detallada pero estoy gustosamente dispuesta a realizarlo por escrito si se solicita así. 
Creo que este punto se podría solventar hoy por el momento de este modo y llegar al último punto, es decir, el de las medidas estructurales en el sector de la pesca, que han despertado aquí un gran debate. 
En lo tocante a la regulación de las medidas de política estructural en el sector de la pesca, procedemos en dos pasos, un reglamento de base y un reglamento ejecutivo. 
De este modo, aplicamos el mismo procedimiento que en 1993, que entonces no planteó ningún problema. 
Las enmiendas del informe Arias Cañete apuntan a integrar elementos esenciales del reglamento ejecutivo en el reglamento de base. 
Como saben, hasta ahora la Comisión no ha realizado ninguna propuesta sobre el reglamento ejecutivo pero lo va a hacer en breve. 
Por ello, hoy, ante el trasfondo del derecho de propia iniciativa de la Comisión, no se pueden tener en cuenta las enmiendas como tales, si bien las considero como una parte importante del debate general. 
En lo que al fondo se refiere, es de saludar que el Parlamento y la Comisión vean una considerable necesidad de reforma. 
Desde la perspectiva de la Comisión, debemos extraer unas claras enseñanzas de las experiencias acumuladas desde 1994. 
Ciertamente, el reglamento existente tiene lagunas y puntos flacos que a veces han provocado incluso decisiones erróneas. 
Me refiero en especial a pasajes de diversos informes del Tribunal de Cuentas que no podemos ignorar, a la insuficiente coordinación y la deficiente sinergia entre la política estructural en el sector pesquero y la política de pesca común así como a las dificultades de garantizar diversos aspectos del reglamento. 
En todos estos puntos, el Parlamento ha ejercido críticas en varias ocasiones y ha pedido que se solucione. 
La Comisión va a presentar en breve su proyecto de un nuevo reglamento ejecutivo que va a sustituir al actual. 
Entonces verán que no existe ningún detrimento del sector pesquero frente a la agricultura y que los dos instrumentos abarcan juntos todas las regiones de la UE. 
En la propuesta que va a presentar la Comisión se contiene también una gran parte de las ideas básicas de sus enmiendas. 
En el subsiguiente debate sobre el reglamento ejecutivo que se celebrará en el Parlamento, podremos profundizar los diversos aspectos de la ejecución. 
Independientemente de ello, la Comisión está dispuesta a recoger en el reglamento de base hoy debatido algunas directrices generales sobre los campos de intervención. 
Espero, pues, que cuando tengamos ambos reglamentos sobre la mesa lleguemos a unas soluciones comunes razonables y se puedan tener en cuenta del modo adecuado todos los aspectos que preocupan a las regiones pesqueras. 
Quiero felicitarles de nuevo a todos ustedes, en especial a las ponentes y a los ponentes, por la cooperación, el apoyo y los valiosos añadidos a muchos puntos. 
Como optimista irredenta que soy permítanme concluir expresando también frente a los puntos aún litigiosos la esperanza de llegar a una solución constructiva que permita poner en marcha a tiempo esta importante parte de la Agenda 2000. 
Digo a tiempo, remitiéndome de este modo a la pregunta planteada por el señor Teverson, pues suponiendo que aprobemos el reglamento en mayo de 1999, entonces podremos aprobar los programas para las regiones del objetivo 1 en marzo del año 2000, en cualquier caso en la primavera del año 2000. 
Pero incluso en este caso, la aprobación de los programas para el Objetivo 2 duraría hasta agosto, por lo que podrían aparecer algunas de las preocupaciones mencionadas por ustedes. 
Pero esto muestra también lo importante que es que nos atengamos a un calendario y que la Comisión, Consejo y Parlamento tengan una responsabilidad común para no abandonar a las regiones que necesitan más urgentemente la solidaridad europea. 
Muchas gracias por su paciencia. 
Muchas gracias, señora Comisaria, era sin duda necesario aunque con ello hayamos sobrepasado en mucho los tiempos de uso de la palabra, pues para ambos oradores solamente estaban previstos veinte minutos en total. 
La señora McCarthy desea plantear aún una pregunta. 
Señora Presidenta, lo que quiero decir es sencillísimo. 
La Comisión ha indicado que va a modificar su propuesta acerca de la reserva de rendimiento. 
¿Quiere decir eso que hemos de esperar que se nos presente un reglamento modificado o simplemente una respuesta modificada acerca de la reserva de rendimiento? 
Quisiera recordar a la Comisión que, aunque estamos muy dispuestos a discutir con ustedes acerca de la reserva de rendimiento, no recae en nosotros el derecho de iniciativa. 
Quisiéramos que hubiera codecisión, quisiéramos proponer nuestra propia reserva de rendimiento, pero ésa no es nuestra labor. 
Corresponde ahora a la Comisión presentar una propuesta que sea viable y que no tenga puntos débiles. 
Señora Presidenta, señora McCarthy, no vamos a elaborar aún ningún proyecto legislativo auténtico sino un documento que deseamos debatir con el Consejo y el Parlamento. 
Creo que es oportuno que primero debatamos entre nosotros para llegar a acuerdos antes de desarrollar una nueva propuesta legislativa. 
Queremos recoger muchas valiosas sugerencias del Parlamento pues me he dado cuenta de que están dispuestos a seguir la idea básica de la reserva. 
Señora Presidenta, antes que nada quisiera dar gracias a la Sra. Jöns por su informe sumamente completo acerca de nuestra propuesta en favor de un reglamento del Consejo sobre el Fondo Social Europeo. 
Coincidimos con casi todos los puntos principales de sustancia de la propuesta de la Comisión para la futura operación del Fondo Social, la importancia de prevenir el desempleo y luchar contra él, y el vínculo vital entre el Fondo Social y la Estrategia de empleo europea. 
Pensando en lo antedicho diré con placer que aceptamos las enmiendas 4, 8, 11 y parte de la 14, que refuerzan los mencionados puntos. 
Sé también que el Parlamento está preocupado por la propuesta de la Comisión de que el Objetivo 3- que es la finalidad especial de la actividad del Fondo Social- sólo se aplique fuera de las zonas del Objetivo 1 y Objetivo 2. 
Es ésta una preocupación que comparten muchos de los Estados miembros. 
Por consiguiente, tras reflexionar, acepto que el Objetivo 3 tenga que desempeñar un cometido futuro en zonas del Objetivo 2. 
Queda aún por determinar de qué forma organizaremos lo antedicho. 
Nuestra propuesta original en esta esfera estaba enmarcada en los objetivos de simplificación y de flexibilidad. Tenemos que velar por que cualquier arreglo alternativo que se adopte no siga un camino diferente. 
Hemos convenido también en la necesidad de que haya una firme asociación en los Fondos Estructurales. Esto es aún más importante para el Fondo Social Europeo, por la importancia que concede a las cuestiones de inclusión, al desarrollo de recursos humanos y a la participación de las organizaciones locales. 
Me alegra que el informe reconozca la importancia del desarrollo local y de la participación de organizaciones no gubernamentales. 
Acepto con placer la primera parte de la enmienda 12, la primera parte de la enmienda 38 y la enmienda 63, que aclara la importancia de las asociaciones, particularmente por lo que se refiere a la intervención de las organizaciones no gubernamentales en la distribución de pequeñas subvenciones aportadas por órganos intermediarios. 
Aprovecharé la oportunidad para dar gracias a todos ustedes por su apoyo continuo de nuestra propuesta del apartado 3 del artículo 4 del proyecto de reglamento, de que por lo menos el 1 % de las consignaciones para el Fondo Social puedan utilizarse con esa finalidad. 
Estamos tropezando con alguna resistencia de los Estados miembros en el Consejo, que quieren suavizar el texto hasta un punto en el que carecería por completo de sentido. 
Es evidente que el Parlamento está más al corriente del potencial de creación de puestos de trabajo que ofrecen el capital social local y el capital destinado al desarrollo local. 
Haremos todo lo que podamos por mantener esas disposiciones en el reglamento sobre el Fondo Social y espero que sigan ayudándonos ustedes en esta esfera. 
Vale la pena mencionar que hemos recibido más de 600 solicitudes para un proyecto experimental que hemos iniciado. 
Esto les da una idea de la situación y espero que los escépticos tomen nota de ello. 
En consonancia con la importancia que dan ustedes a la igualdad de oportunidades, acepto la enmienda 6 que aclara las finalidades del fondo en relación con la igualdad entre hombres y mujeres. 
Acepto también los principios en que se inspiran las enmiendas 19 y 60 para la adopción de medidas adicionales concretas encaminadas a promover la participación de la mujer, pero necesitamos que el texto esté redactado con claridad. 
El reglamento general enuncia muy claramente que el principio de la igualdad de oportunidades en la corriente general de nuestra actividad debe aplicarse en todas las fases de la programación de todas las intervenciones del Fondo. 
En consecuencia, la enmienda 47 que trata de la igualdad de oportunidades en la fase de evaluación queda ya abarcada por el reglamento general y, por lo tanto, no es necesaria. 
Me alegra que hayan apoyado ustedes ampliamente las cinco políticas del Fondo Social que proponemos en el artículo 2 del reglamento. 
La enmienda 15- primera parte- y las enmiendas 17, 18 y 19 están en consonancia con las intenciones de la Comisión y me alegra poder apoyarlas. 
De manera análoga, las aclaraciones que han introducido ustedes en el artículo 3- actividades elegibles -, las enmiendas 21 y 24, y en principio las enmiendas 23, 27 y 31, son acogidas también con satisfacción. 
Sin embargo, hay tres grupos principales de enmiendas que la Comisión no puede aceptar. Se las explicaré muy rápidamente. 
La primera es el regreso al enfoque de grupos del actual Objetivo 3, que para nosotros, naturalmente, representaría un paso atrás. 
Los principios esenciales de nuestras propuestas relativas al nuevo Fondo Social son la simplificación y la flexibilidad. 
Si especificamos a determinados grupos al principio del período de siete años promoveríamos la exclusión de otros grupos y privaríamos al Fondo Social de la flexibilidad para intervenir en apoyo de otros grupos vulnerables que puedan surgir durante el período de programación. 
Es precisamente lo contrario del enfoque de la integración en la corriente general que hemos estado procurando promover. 
Por esa razón no puedo aceptar el apartado 2 del artículo 1 propuesto en las enmiendas 14 y 58, ni la segunda parte de la enmienda 15 o la enmienda 39. 
Ahora bien, permitan que me exprese con claridad. Es posible que esos grupos cuenten todavía con apoyo. 
El Fondo Social tiene que prestar apoyo a un enfoque más generalizado a fin de luchar contra las desigualdades en cuanto al acceso al mercado laboral. 
Acepto la enmienda 3 (primera parte) que dice lo antedicho con toda claridad, y la enmienda 7, con algún cambio de redacción. 
La segunda enmienda principal con la que la Comisión tiene dificultades es la enmienda 20. Esta enmienda recaba que un mínimo del 15 % de las intervenciones se dediquen a la adaptabilidad y a la igualdad de oportunidades. 
Eso no significa que no nos interesemos por esas dos cuestiones. En realidad, sugerimos que el 15 % del memorándum explicativo sea una cifra indicativa y que se estipule en el reglamento que debe hacerse hincapié particularmente en esas dos esferas. 
Especificando una cifra en el artículo 4 no daríamos a los Estados miembros la necesaria flexibilidad para atender las necesidades identificadas por las evaluaciones ex ante y en sus planes nacionales de acción en materia de empleo en el marco de las directrices anuales de empleo. 
Por último, el tercer grupo de enmiendas trata de la asistencia técnica. 
Es un hecho muy sencillo que la disponibilidad de asistencia técnica es una cuestión que se define en el reglamento y que no define la autoridad presupuestaria. 
O sea que, para terminar, no tengo dificultades en aceptar 19 de las enmiendas propuestas. Se trata de las enmiendas 1, 2, 3 (primera parte) , 4, 6, 8, 11 y 12 (primera parte) , 14 (segunda parte) , 15 (primera parte) , 17, 18, 21, 24 y 34 (primera parte) , 38 (primera parte) , 45, 52 y 63. 
Además puedo aceptar en principio otras seis enmiendas, siempre que se aclare algo su redacción. 
Se trata de las enmiendas 7, 19, 23, 27, 31 y 60. 
Espero haber explicado adecuadamente por qué la Comisión no puede aceptar las demás enmiendas. 
El Fondo Social se ocupa sobre todo de gente: de sus puestos de trabajo, de sus aptitudes, de sus perspectivas en el mercado laboral. 
Por consiguiente, estimo que es absolutamente apropiado que el Parlamento Europeo tenga mucho que decir respecto de este reglamento. 
He apreciado mucho la coparticipación con la Sra. Jöns y con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y espero seguir cooperando estrechamente con ellos en el futuro. 
Muchas gracias, señor Comisario Flynn. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas. 
PAC, FEOGA 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B4-0702/98 del Sr. Colino Salamanca, en nombre de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, al Consejo, sobre la Agenda 2000- reforma de la PAC; -B4-0703/98 del Sr. Colino Salamanca, en nombre de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, a la Comisión, sobre la Agenda 2000- reforma de la PAC, así como del informe (A4-0405/98) del señor Görlach, en nombre de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (98) 0158-C4-0297/98-98/0102 (CNS) ) sobre la ayuda al desarrollo de las áreas rurales por el Fondo de Garantía y Orientación para la agricultura (FEOGA). 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera saludar al Presidente en ejercicio del Consejo. 
Gracias por su presencia esta noche. 
Me parece que es un buen ejemplo para futuros Consejos. 
En lo que se refiere al Consejo, quisiera dejar constancia de nuestra preocupación por la forma en que se están llevando los temas de la Agenda 2000. 
En el programa de Presidencia se decía que ustedes pensaban seguir el proceso de negociación de manera activa. 
Y la verdad es que, si uno se fía de lo que dice la última referencia del Consejo de los días 19 y 20, pueden entrarnos dudas de que realmente se esté siguiendo en el Consejo esa negociación activa. 
Y lo digo fundamentalmente porque he tenido ocasión de leer la referencia del último Consejo de Ministros en la que ustedes han hecho un repertorio de las cuestiones claves de cada uno de los sectores en reforma y esa lectura no le hace pensar a uno con mucho optimismo que vayamos a llegar en su momento a tener una solución. 
Leo, por ejemplo, las reflexiones que ha hecho el Consejo en relación con el reglamento horizontal y ustedes precisan como grandes cuestiones esenciales la necesidad de integrar la «ecocondicionalidad» , la necesidad de modular las ayudas, la necesidad de fijar un techo a las ayudas directas y la necesidad de ver cómo se redistribuyen los recursos presupuestarios. 
Para este trabajo, realmente, sería suficiente con leerse el reglamento al respecto. 
Da la sensación de que hasta ahora han pasado cuatro o cinco meses y que lo que realmente ha hecho el Consejo es leer los reglamentos. 
La verdad, pensábamos que debía haberse hecho algo más en estos cuatro o cinco meses. 
Incluso vemos con sorpresa que todavía discuten en el Consejo de Ministros si el reglamento del vino está o no en la reforma de la Agenda 2000. 
Yo pensaba que estaba ya solucionado, que estábamos todos de acuerdo, que estamos trabajando sobre la Agenda 2000 con la inclusión del vino. 
En todo caso, ustedes han establecido como conclusión de su último Consejo que ya pueden comenzar a estudiar las soluciones. 
Eso está muy bien. 
Me gustaría, sobre todo, saber cuándo piensan ustedes acabar las discusiones porque tras cinco meses yo creo que debían haber madurado un poco más los temas, sobre todo si queremos atender a la cita del Consejo Europeo de Viena del próximo mes de diciembre y, sobre todo, para que podamos llegar a marzo, que es la fecha prevista, en condiciones de dar nuestra opinión sobre los temas referidos a la Agenda 2000. 
En cuanto a la Comisión- y aprovecho también para agradecer la presencia del Sr. Fischler -, quisiera decir que hay una cuestión que de alguna manera perturba el debate: el famoso tema de la cofinanciación. 
No ha surgido en el primer momento- ha surgido a mitad del debate- y, de alguna manera, ha complicado el tema. 
Yo creo que harían falta algunas informaciones complementarias. 
Por ejemplo, cuando se refieren al 25 % de las ayudas, ¿a qué ayudas se refiere? 
Porque ayudas hay muchísimas. 
¿Las del tabaco, las del lúpulo, las primas por ovino, las que están en la reforma de 1992? 
Sería bueno que se fueran clarificando estos temas para que pudiera avanzar el debate. 
E incluso que se aclarase si esa cofinanciación tiene que ser igual para todo el mundo cuando hay- como usted conoce bien por ese estudio que ha hecho la Comisión- países afectados que están en lo que llamamos «la cohesión» y que no parece, desde el punto de vista de su presentación, que sean los paganos de esa situación creada en otros sitios, como ocurre en el tema de los saldos presupuestarios. 
Y la otra cuestión que me parece que hay que resaltar en relación con la Comisión es que usted recientemente ha hecho valer los estudios de Bonn y Amsterdam sobre lo que pueden ser las consecuencias de la reforma de 1999. 
A mí me parece que están bien- no voy a entrar a juzgarlos porque no los conozco en profundidad -, pero sí hay un dato que me llama la atención: la posible pérdida de empleo que se puede producir al mismo tiempo que se mantienen las rentas de los agricultores. 
A mí me parece que esto es un dato grave, porque ya hubo en 1992 una pérdida de empleo importante. 
En ese sentido, sería bueno ver qué medidas estamos dispuestos a llevar a cabo para evitarlo. 
Según mis noticias, además, los cálculos y las previsiones son pura futurología. 
A veces se acierta y a veces no se acierta totalmente con los resultados. 
Pero lo que sí parece cierto es el dato de que puede aumentar el paro- dicen los estudios- entre el 2, 2 y el 3, 7 %. 
Si esto fuera así, sería importante conocer si tiene usted en previsión reforzar el capítulo del desarrollo rural. 
A mí me parece que si esta previsión se puede cumplir sería necesario que fuéramos capaces de poner en práctica todavía con mucho más vigor el segundo pilar de la política agraria, esto es, el desarrollo rural. 
Deberíamos tener previsto el cuadro de normas que nos permitiera acometer una situación que, de lo contrario, se nos echará encima. 
En ese sentido, me parece que sería bueno que fuéramos considerando la posibilidad de impulsar el desarrollo rural- no solamente ligado a temas agrarios, sino a temas no agrarios- para poder marcar las reformas que ahora están sobre la mesa. 
Señor Presidente, después de que la detallada intervención de la Comisaria Wulf-Mathies nos ha dado la ocasión de discutir alguna que otra cosa al margen, podemos quizás recuperar tiempo para que puedan intervenir todos los oradores esta tarde. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, todos hemos depositado grandes expectativas en las propuestas de reforma. 
Queda fuera de toda duda: el paquete global, incluso la agrupación de varias directivas en una sola para el área rural y su desarrollo, contiene ciertamente propuestas de gran alcance y también nuevas ideas. 
Sin embargo, debo añadir que los titulares de las propuestas y las exposiciones realizadas no siempre coinciden con la letra pequeña. 
Debemos poner cuidado en no despertar esperanzas que no podamos cumplir luego. 
Me voy a referir a las nuevas propuestas para el desarrollo de las áreas rurales. 
Desde hace varios años, todos estamos inmersos en un debate acerca de si en la producción agraria hay que incluir el desarrollo del área rural- tal como ha dicho también la Comisión- como un segundo pilar junto a la clásica política agrícola, una vez reformada ésta. 
Recuerdo la excelente conferencia que organizó en su día la Comisión en Cork aunque se sepa que no todo se puede realizar así. 
Todos teníamos mallores esperanzas pero no todas pudieron cristalizar en propuestas concretas. 
También sé que es difícil, pero creo que la Comisión tenía demasiado presente las tijeras del Consejo en una serie de propuestas. 
Naturalmente, hay que lograr mayorías pero cualquier sindicato comienza con exigencias del 6 % cuando quiere lograr un aumento salarial del 3 %. 
Si se va al debate con un posible compromiso, no hay que maravillarse si precisamente en el debate agrario se negocia a la baja ante la gran diversidad de intereses. 
Quiero referirme en especial al artículo 31 pues es fundamental para responder a la pregunta de hasta qué punto podemos tener en cuenta las posibilidades de las ayudas para las áreas rurales. 
Naturalmente, lo que rodea al punto de cristalización de la economía agraria- digo conscientemente economía agraria y no agricultura -, está formulado con poca claridad. 
No sabemos muy bien a dónde nos lleva esto. 
Señor Comisario, hemos escuchado también muchas declaraciones suyas. 
Esto nos tranquiliza. Pero creo que debe formularse con mayor claridad. 
Hay que decir con más claridad qué es lo que queremos hacer y también tiene que existir una mejor perspectiva para los créditos que se nos pongan a disposición en el futuro. 
En el Parlamento no podemos darnos por satisfechos con que se nos incluirá en la configuración del marco de las disposiciones ejecutivas. 
En el texto legal no todo se puede formular detalladamente. 
Esto lo sé yo mismo y es también mi crítica a toda una serie de enmiendas de mis colegas del Parlamento. 
Muchos buenos detalles no se pueden introducir en un texto legal pero sí debería existir un poco más de claridad. 
Si en las disposiciones ejecutivas se muestra más claramente todo lo que se puede hacer, entonces deberíamos encontrar también una forma por la que el Parlamento participe en una acción goodwill de la Comisión más allá de los tratados escritos. 
Los dos pilares no son aún pilares. 
En cualquier caso, el segundo pilar «desarrollo rural» no es aún un pilar sino una columnita muy delgada. 
Tenemos que afianzarla muy bien para que se convierta en un pilar como el primero. Tenemos aún muchísimo que hacer. 
El Parlamento sabe que la Comisión está en el camino correcto pero no está aún claramente delimitado. 
Intentemos delimitarlo juntos y quizás encontrar también un camino para hacer comprender a la gran diversidad de Estados miembros que en el desarrollo del área rural no sólo se trata de financiar sectores ajenos a la agricultura sino que, a la postre, si se estabilizan las áreas rurales repercutirá en beneficio de la misma agricultura. 
Señora Presidenta, Señorías, me alegra poder proseguir el diálogo con el Parlamento Europeo con motivo de esta pregunta oral sobre la parte agrícola de la Agenda, debate que creo ha comenzado muy positivamente en la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural. 
Debido al tiempo de que dispongo, voy a intentar informar de modo muy sintético sobre los progresos alcanzados por el Consejo de «Agricultura» estudiando el modo de convertir los documentos de la Comisión en actos jurídicos. 
Voy a concentrarme en las cuestiones políticas más importantes que van a constituir el núcleo de los futuros debates. 
Quiero indicarles que algunas cuestiones deben entenderse sin perjuicio de lo que arrojen los debates del Consejo de «Agricultura» de la próxima semana, donde se intentará elaborar una clara posición política como aportación del Consejo Europeo en Viena. 
Sus Señorías saben también que es intención de la Presidencia iniciar otra conversación con la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural inmediatamente después del resultado del próximo Consejo. 
Todos somos conscientes del desafío global de la Agenda 2000, en especial de la posición particular que tiene la política agrícola común en este contexto. 
Entretanto, en el círculo de los Ministros de Agricultura se ha reconocido de modo general la necesidad de proseguir, profundizar, adaptar y completar el proceso de reformas iniciado en 1992. 
Esta necesidad deriva tanto de las exigencias internas de la agricultura como de los nuevos desafíos externos como, por ejemplo, de la inminente ronda de la OMC o de la ampliación. 
Por ello, como responsables políticos para la agricultura, es nuestra obligación actuar con rapidez compartiendo responsabilidades, para configurar la PAC y proporcionar de este modo a las negociaciones a nivel internacional una dirección determinada. 
Desde mi punto de vista, este enfoque es mejor que otro que consistiría en esperar, para tener que adoptar a continuación decisiones que nos serían impuestas por el empeoramiento de la situación en los mercados o por nuestros interlocutores comerciales en terceros países. 
Bajo esta perspectiva, partimos de una serie de enfoques que han apoyado la mayoría de los colegas y que nos permitirían culminar el ambicioso proyecto de la reforma de la PAC bajo unas condiciones satisfactorias y en un interés bien entendido de la agricultura y de los consumidores. 
Estoy pensando sobre todo en el modelo agrícola europeo, que debe ser ampliado. Este modelo de agricultura debe ser, por un lado, multifuncional y, por otro, sostenible y competitivo, en cuanto que tiene que ser una agricultura que se extienda a la totalidad del territorio europeo, inclusive las regiones con problemas específicos. 
Este modelo europeo no es nuevo para ustedes pues fue inspirado por esta Asamblea. Este modelo ha encontrado su confirmación en las conclusiones del Consejo Europeo en Luxemburgo. 
Por lo demás, coincidimos en que la reforma de la PAC debe conducir a soluciones que sean económicamente razonables y factibles y socialmente defendibles. Debe permitir una producción adecuada y establecer una relación equilibrada entre los sectores de producción, los productores y las regiones e impedir las distorsiones de la competencia. 
Finalmente, tenemos la firme intención de preservar la disciplina presupuestaria y somos casi unánimemente de la opinión de que la directriz agrícola, con independencia de lo que cubra, debería mantenerse como límite máximo preservando las actuales modalidades de cálculo. 
En este sentido debo sin embargo indicar que ha cambiado la actitud de algunas delegaciones en lo tocante a la directriz agrícola así como a la aplicación de cargas presupuestarias de la PAC a los Estados miembros. 
Por lo demás, el Consejo Europeo ha defendido la opinión de que las propuestas de la Comisión representan una base para la posterior reforma de la PAC. 
Esto significa que para una conclusión de esta reforma van a ser necesarias adaptaciones de estas propuestas. 
En este contexto es absolutamente necesario que el Consejo Europeo de Viena logre unos avances considerables en los aspectos principales de la Agenda 2000, en consonancia con el calendario de Cardiff, para que a más tardar hasta marzo de 1999 se pueda lograr un acuerdo político sobre la totalidad del paquete. 
La Presidencia austríaca parte para ello de una cooperación muy constructiva con el Parlamento Europeo. 
Señor diputado, en lo que se refiere al Consejo de «Agricultura» , se han logrado unos claros progresos desde la reunión del Consejo Europeo en Cardiff. 
Por un lado, el Consejo ha concluido la fase de aclaración y averiguación de las cuestiones que van a estar en el punto central de las futuras negociaciones. 
De este modo, el Consejo puede pasar a la siguiente fase sustancial, es decir, a la búsqueda de soluciones o posibles opciones a estas cuestiones. 
Como he expuesto al comienzo de mi intervención, el Consejo de «Agricultura» debe aprobar por ello en su reunión de la próxima semana un informe para la reunión del Consejo Europeo en Viena. El objetivo es recoger las directrices generales que han ido emanando hasta ahora de los trabajos y los progresos esenciales alcanzados desde Cardiff así como también aclarar las cuestiones en las que las posiciones de los Estados miembros siguen divergiendo fuertemente. 
Desde mi punto de vista, hay que aclarar que tras el Consejo Europeo en Viena habrá que proseguir las negociaciones a un buen ritmo. 
Como supongo que el calendario de la Agenda se va a mantener tal como fue diseñado por el Consejo Europeo de Cardiff, me parece oportuno que en la mayoría de las cuestiones aún abiertas se alcance un acuerdo lo antes posible para que en la reunión de marzo del Consejo de «agricultura» solamente haya que debatir sobre un número muy reducido de cuestiones políticas centrales. Como podrán comprender, su solución se puede ver influenciada por la evolución de las negociaciones sobre otros aspectos de la Agenda 2000, en especial, las condiciones financieras. 
Para ello, sería de gran utilidad que se presentasen a tiempo los informes previos del Parlamento Europeo. 
En este contexto, constato con gran satisfacción que se va a hacer así en lo referente a un marco de esta reforma que es especialmente importante, el del desarrollo rural. 
En lo que se refiere a la reforma de las organizaciones comunes de mercado para los cereales, la carne de vacuno y la leche, me permito recordarles que el Consejo de «Agricultura» era de la opinión en la reunión de noviembre de que el enfoque utilizado ya en 1992, en especial, una reducción de las medidas dirigidas a sostener los precios, combinada con ayudas compensatorias directas y medidas de acompañamiento, sigue siendo válido de modo general. 
El Consejo era de la opinión de que se debe examinar caso por caso utilizando para ello todas las informaciones internas y externas para ver si el enfoque es el adecuado a la situación específica y sobre todo qué proporciones deben tener estas combinaciones de medidas. 
A la luz de los trabajos que se han realizado hasta ahora, se revela en cualquier caso que esta cuestión de la adecuación es valorada de modo diferente por los Estados miembros. 
Existe un amplio acuerdo sobre el hecho de que este enfoque, independientemente de la magnitud de la reducción del precio de intervención y de las ayudas compensatorias, se debe aplicar al sector de los cultivos de labranza. 
En lo tocante a la carne de vacuno, este enfoque es asimismo visto como útil por una gran mayoría de delegaciones, en este caso también independientemente de la magnitud de la reducción del precio de intervención y de las ayudas compensatorias. 
Sin embargo, algunas delegaciones dudan de que sólo mediante este enfoque sea posible controlar realmente la oferta, por lo que recomiendan que se prevean medidas específicas para ello, lo que significaría una menor reducción del precio de intervención. 
En lo que se refiere a los productos lácteos, las posiciones de las delegaciones divergen mucho. 
Algunos Estados miembros son de la opinión de que este enfoque, en especial, la reducción de los precios, no es necesario en la actual situación del mercado. 
Otros consideran a su vez una profunda modificación del sistema como algo irrenunciable. 
Estas diversas opiniones son también la consecuencia de posiciones opuestas que las delegaciones han adoptado sobre la cuestión del futuro de la cuota lechera. 
Mientras que una mayoría de las delegaciones desea mantener esta cuota, algunos Estados miembros consideran suprimirla hasta el año 2006. 
Hay aún una serie de cuestiones de detalle sobre las diversas organizaciones comunes de mercado que podríamos tocar adicionalmente en el debate. 
En lo referente a la propuesta de reforma de la organización común de mercado del vino que se presentó en julio, actualmente se está realizando el examen técnico para poder averiguar luego con rapidez las cuestiones fundamentales a nivel político. 
Por ello, actualmente no puedo proporcionarles aún una visión de conjunto detallada sobre la posición de los Estados miembros. 
Quiero realizar dos observaciones pues me parecen importantes. 
En base a la discusión mantenida hasta ahora y al debate orientativo mantenido por el Consejo en septiembre, se puede constatar que los Estados miembros consideran de modo general la propuesta actual de la Comisión como una base de debate mucho mejor que la propuesta del año 1993/94. 
En especial, el concepto más flexible y los objetivos generales son valorados de modo general como un claro progreso. 
Señor diputado, como usted ha planteado la pregunta, constato además que esta propuesta debe considerarse como parte integrante del paquete global en el marco de la reforma de la PAC y de la Agenda 2000. 
Por ello, para alcanzar este objetivo, es absolutamente necesario lograr avances lo antes posible. 
Sería de gran ayuda- dirijo esta apelación a la Asamblea- que la opinión sobre esta propuesta se aprobase lo antes posible para que podamos lograr también progresos en el Consejo. 
Se han logrado grandes avances en el sector del desarrollo de las áreas rurales. 
Se trata de una cuestión extraordinariamente importante para el futuro de nuestros agricultores y de la totalidad del área rural. 
Por ello la Presidencia se ha dedicado a este tema en su reunión informal de St. 
Wolfgang. 
Existe unanimidad en el Consejo sobre el hecho de que la política para el desarrollo del área rural desempeñe un papel fundamental como segundo pilar de la política agrícola común. 
Las delegaciones están de acuerdo en líneas generales con el concepto integrado recomendado para esta política. 
Asimismo existe un amplio consenso sobre los objetivos que se deben seguir para lograr el desarrollo de las áreas rurales con la ayuda concedida. 
Además, la idea de ampliar la economía forestal y de incluirla más intensamente en el paquete de medidas para el desarrollo rural, ha encontrado un eco positivo, a pesar de que no niego que los Estados miembros tienen aún opiniones diferentes sobre la magnitud de algunas de estas medidas pues este campo cae en lo esencial dentro de las competencias de los Estados miembros. 
Hay que tratar aún a fondo importantes cuestiones para que se puedan aclarar definitivamente. 
Desde mi punto de vista, se trata en especial de las siguientes: en primer lugar, el tipo de medidas específicas que se pueden llevar a cabo. 
Aquí se trata de la cuestión de si estas medidas solamente deben afectar a actividades que estén relacionadas con la agricultura vista en todos sus aspectos multifuncionales o si también se deben considerar intervenciones multisectoriales para apoyar el área rural fuera de la actividad agrícola en sentido estricto. 
En segundo lugar, la vinculación propuesta por la Comisión entre el pago adicional compensatorio para las regiones desfavorecidas siempre que cumplan determinadas normas medioambientales, es interpretada por numerosas delegaciones en el sentido de que dicho pago compensatorio debe ser sobre todo un instrumento socioeconómico para compensar las desventajas naturales. 
Finalmente, en tercer lugar, la cuestión de las fuentes de financiación y en especial la propuesta de la Comisión de trasladar las medidas para el desarrollo de las áreas rurales de FEOGA-Orientación a FEOGA-Garantía. 
En lo tocante al reglamento de financiación, está claro que los debates al respecto podrán concluirse lógicamente en una fase posterior, sobre todo, a la luz de las negociaciones sobre otras partes de las propuestas de la Comisión que deberán reflejarse en las disposiciones de los reglamentos financieros. 
Mi punto de vista sobre la cuestión de los reglamentos horizontales: estas propuestas representan innovaciones que deben ser examinadas muy a fondo antes de que puedan convertirse en directrices políticas comunes. 
En lo que se refiere a los gravámenes medioambientales, existe acuerdo general sobre la necesidad de fomentar los objetivos de medio ambiente, lo que, por lo demás, corresponde al modelo agrícola europeo, cuyo desarrollo desean todos los órganos. 
Pero hay que comprobar aún con exactitud cómo se deben alcanzar esos objetivos. 
Se plantea en especial la pregunta de si en el marco de la organización común de mercado o, por ejemplo, sobre la base de regulaciones medioambientales marco. 
En lo que se refiere a los criterios vinculados al empleo de trabajadores, las posiciones de los Estados miembros están divididas tanto en la cuestión de fondo como en lo tocante a las modalidades. 
Se trata sin duda de un tema muy sensible que precisa aún de un cierto análisis. 
Finalmente, en lo que se refiere a la configuración regresiva del importe global de las ayudas recibidas por una empresa en función de su tamaño, hay que constatar también aquí que las delegaciones tienen diferentes opiniones, si bien varias de ellas están de acuerdo, en principio, y aceptan el importe máximo, mientras que otras rechazan aún el enfoque de la Comisión. 
Espero haberles expuesto brevemente las informaciones más importantes sobre el estado de los trabajos en el Consejo de «Agricultura» así como sobre las perspectivas de los avances en relación con la parte agrícola de la Agenda 2000. 
Confío en que este diálogo contribuya a impulsar las cuestiones que se plantean también en el marco de su institución. 
Pueden estar seguros de que la Presidencia austríaca tiene la voluntad de realizar la aportación que es necesaria para poder cumplir el calendario de Cardiff y llegar, en consecuencia, a una conclusión en marzo de 1999. Pues redunda en interés del sector agrícola, que necesita claridad sobre las futuras perspectivas. 
Estimadas y estimados colegas, acabo de hacer cálculos. Queremos estar reunidos hasta las 24.00 horas. 
El tiempo de uso de la palabra previsto para cada orador está calculado de tal modo que sólo lo lograremos si todos respetan muy disciplinadamente su tiempo e incluso si, a ser posible, lo recortan algo. 
En este contexto, quiero preguntar al señor Fischler algo. 
Ahora tiene usted la palabra y también después del debate. 
¿Podría realizar su exposición al final o quiere hablar ahora? 
Señora Presidenta, antes que nada deseo felicitar al Sr. Görlach por su informe. 
Ha expuesto sus ideas de esta materia con profunda convicción y en línea con la atención que nuestro Grupo siempre ha prestado a la política de las estructuras agrícolas y del ámbito rural. 
Lamentamos que, pese a los proclamas y a las grandes afirmaciones de Cork, este segundo pilar de la PAC siga pareciéndose a una muleta maltrecha. 
Efectivamente, la simplificación de los procedimientos relacionados con los programas de desarrollo rural es un gran paso adelante, del mismo modo que son importantes el nuevo papel de las regiones y el fortalecimiento de la cooperación; sin embargo, subsiste el problema prioritario de la dotación financiera, muy escasa e igual al 10 % de todo el gasto correspondiente a la PAC. 
Cabe decir que la ordenación del espacio rural, este gran capital físico y humano de que dispone Europa, se regulará en gran parte a través de la política de mercado tradicional, frente a cuya gran dotación e instrumentalización, nuestra pobre política rural se parece a una dama de compañía. 
En este contexto, temo que el acertado intento de que las políticas rurales abarquen un ámbito más amplio que se aparte lo más posible del meramente agrícola- como decía el señor Comisario- podría generar anhelos y expectativas que quedarán sin cumplir. 
Nos será imposible complacer las muchas comunidades rurales que lo querrán utilizar. 
Esto, creo, es una prueba de las dificultades y de las incertidumbres que envuelven esta tan anunciada reforma de la PAC. 
Y nuestra propuesta de resolución sobre la reforma agrícola de la Agenda 2000 trata precisamente de intervenir en este ámbito. 
Nos han movido dos preocupaciones: la primera es que la evolución de la situación de crisis en los mercados internacionales provoque la paralización de la reforma a la espera de tiempos mejores. 
Nosotros, por el contrario, pensamos que es preciso seguir avanzando con rapidez y cumplir el calendario previsto para la toma de decisiones en la próxima primavera. 
Asimismo no hay que atenuar demasiado esta reforma ni tampoco hacer una especie de falsa reforma- como decía el señor Comisarioespecialmente en lo referente a esos aspectos innovadores del reglamento horizontal que se han proclamado como la ocasión para reconciliar la PAC con los ciudadanos justificando sus ayudas y sus lógicas y que, en mi opinión, corren el gran riesgo de apartarse de la realidad. 
Aquí- tiene razón el Sr. Görlach- si la propuesta de la Comisión hubiese sido algo más valiente y menos dirigida a una subsidiariedad demasiado cómoda, creo que quizás no habríamos llegado a este punto. 
No obstante, ahora hay que seguir adelante, no hay que cerrarse en banda para defenderlo todo tal como está. 
Una Europa-fortaleza sería, a mi modo de ver, una pésima señal para aquellos países PECO que, por desgracia, ven alejarse el día de su adhesión. 
La segunda preocupación es la que me suscita el debate sobre la cofinanciación de las ayuda a la renta. 
Yo, señor Comisario, he valorado su gran prudencia en la última reunión con la Comisión de Agricultura, ya que, de hecho, este principio de los saldos netos presupuestarios, que nada tiene que ver con las verdaderas cuestiones que plantea la reforma de la PAC, podría introducir un peligroso virus para toda la construcción europea y yo no quisiera que todo esto nos llevara a un nueva paralización de la reforma. 
Nuestro mensaje- al menos el que hemos intentado transmitir con esta resolución- es que sería conveniente poner las cartas boca arriba y dar la palabra al mundo agrícola que no puede ser un mero testigo pasivo de las decisiones que le conciernen. 
Si se quiere aprovechar el debate sobre los recursos presupuestarios para hablar de los gastos y, por tanto, de la PAC, bien venido sea, siempre que los que nos guíen sean los verdaderos problemas de la PAC que no son otros que la distribución desigual de sus beneficios, algo que ayer también nos recordó en este Pleno el Presidente del Tribunal de Cuentas. 
Estimo que es injusto levantar un muro ideológico contra la renacionalización que la cofinanciación provocaría, así como demonizarla. 
Creo, sin embargo, que también es injusto que prevalezcan las lógicas puramente contables sobre los aspectos de equilibrio, de cohesión, de solidaridad que la nueva PAC debería tener más que la anterior. 
Por tanto, el debate y la negociación deben abordarse desde esta perspectiva. 
Creo que será mejor para todos. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar al Presidente del Consejo y al Comisario y también al Sr. Görlach por su excelente informe. 
¿Cuáles son las grandes cuestiones que preocupan a este Parlamento y que lo movieron a presentar esta pregunta oral? 
Basta con ver el informe sobre los aspectos generales de la reforma, aprobado en julio por este Parlamento, y que yo mismo elaboré, las declaraciones del Consejo de Agricultura de noviembre de 1997, así como las declaraciones del Consejo Europeo de Cardiff o también la declaración de la Presidencia austríaca, hecha recientemente. 
Y he de recordar cuáles son las principales preocupaciones. 
Primero: dar muestras de prudencia y moderación en la reducción de los precios, muy en particular en el sector lácteo y bovino; 
segundo: mantener los regímenes de intervención, aunque con formas más flexibles y operacionales; 
tercero: garantizar una mayor equidad entre producciones, agricultores y territorios, con lo que se conseguirá que la PAC contribuya por fin a la cohesión económica y social del espacio rural europeo; 
cuarto: garantizar un mayor equilibrio interno de la PAC mediante el fortalecimiento del proyectado segundo pilar del desarrollo rural. 
En verdad, resulta incomprensible que casi no se modifiquen las cantidades destinadas a ese importantísimo pilar cuando resulta que no se utilizan casi el 10 % de los recursos de la línea directriz; 
quinto: preservar un número adecuado de agricultores en el territorio, lo que constituye una preocupación mayor en las zonas desfavorecidas, periféricas y ultraperiféricas, ya que son las que corren un mayor riesgo de abandono y desertización. 
En verdad, si, como se propone, la reforma de la PAC se limita a una reducción de los precios y a su compensación mediante ayudas indizadas a las productividades, estaremos haciendo una reforma sólo para los agricultores más eficientes. 
Ahora bien, resultaría escandalosamente contradictorio con los objetivos políticos de defensa del modelo europeo de agricultura y de la vitalidad del mundo rural: objetivos siempre asumidos y continuamente repetidos por la Comisión y por el Consejo. 
Por tanto, no podemos caer en hipocresías políticas. 
Ahora bien, trece meses después de la presentación de la Agenda 2000 y siete después de la materialización de las propuestas, no vemos señal alguna de progreso, pese al esfuerzo del Comisario y el Presidente Jacques Santer. 
Y, como si no bastara con eso, ahora la propuesta de cofinanciación viene a envenenar todo este debate de la Política Agraria Común. 
Nosotros no queremos evitar este debate, no queremos eludirlo, pero este debate supera ampliamente la cuestión de la Política Agraria y tenemos que celebrarlo en el momento oportuno y no ahora. 
Porque este Parlamento tiene un amplio consenso sobre la PAC, pero la cuestión de la financiación no puede venir en este momento a envenenar nuestro debate ni puede dividirnos. 
Señora Presidenta, yo también quisiera comenzar por dar la bienvenida al Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Agricultura de Austria, y a sus numerosos colaboradores que nos acompañan esta tarde. 
Con su presencia, la Presidencia austriaca emite una señal positiva. 
Felicito al Sr. Görlach por su informe. 
Creo que da un serio impulso a la política rural europea, cosa que también propugna nuestro Grupo. 
Mientras que a este lado del Océano nos dediquemos a llevar a cabo una reforma profunda de la política agrícola que juzgamos necesaria, recibimos una señal totalmente distinta desde el otro lado del Océano, por más comprensible que sea. 
Ahí proceden de repente a un incremento considerable de las ayudas. 
Sería interesante que la Comisión analizara si dicha ayuda entra en la caja azul o en la caja verde, remitiendo los resultados de este estudio al Parlamento. 
Ya se lo he advertido antes, en el futuro, la política rural europea debe formar parte de la caja verde. 
Constituye una parte indispensable de la futura política agrícola europea, y debe ser financiada mediante la rúbrica 1. 
El gran problema que plantearán en un futuro las ayudas directas a la renta radica en el hecho de que los países de la Europa central y oriental que accedan a la Unión Europea sin duda también reclamarán estas ayudas. Y en ese momento las cosas se complicarán. 
Los gastos se dispararán y la política agrícola común estará realmente en peligro. 
No les sorprenderá que una vez más pretenda romper una lanza por la política de calidad en materia de productos agrícolas. 
En el informe que elaboré hace unos meses ya indiqué claramente en qué debe consistir y apreciaría que la Presidencia austriaca volviera a plantear este tema en los debates que celebrarán al respecto. 
Señora Presidenta, señor Ministro, como el comisario nos lo explicaba hace algunos instantes, respondiendo a la protesta de algunos Estados miembros contribuyentes netos del presupuesto comunitario, la Comisión acaba de elaborar un informe sobre los recursos propios de la Unión Europea, con miras a reajustar las contribuciones de los Estados miembros. 
La Comisión nos propone tres opciones, entre las que figura la cofinanciación nacional de las ayudas directas a la agricultura al nivel del 25 %. 
A primera vista, esta propuesta puede parecer atrayente, ya que tendría efectos redistributivos nada despreciables para algunos Estados miembros, cuyo sector agrícola está por debajo de la media comunitaria. 
Sin embargo, a corto y medio plazo, una cofinanciación nacional podría gravar excesivamente los presupuestos anuales nacionales de algunos Estados miembros, como Francia, que se verían obligados a aumentar considerablemente su presupuesto agrícola, contrariamente a la política de contención del gasto, necesaria para el éxito del euro. 
Asimismo, la cofinanciación nacional representa un peligro real para la solidaridad financiera entre los Estados miembros. Pueden producirse desequilibrios insostenibles entre los Quince. 
Veríamos formarse, entonces, una Europa de dos velocidades, una Europa de los Estados ricos y una Europa de los Estados pobres. 
Yo estoy en contra de la cofinanciación nacional. 
La propuesta de la Comisión es una grave amenaza para la política agrícola común y podría significar el comienzo de su renacionalización, así como, a la larga, su desaparición. 
El desmantelamiento progresivo y solapado de la PAC pondría irremediablemente en tela de juicio la unidad de Europa, puesto que la PAC es la primera política comunitaria que ha sabido inyectar, desde hace cincuenta años, y a pesar de los maratones agrícolas, esa fuerza de cohesión y ese espíritu de solidaridad propios de nuestra Comunidad Europea. 
La reforma de la PAC, por más necesaria que sea- lo cual no discuto -, no debe convertirse en el detonador de la implosión de Europa. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en primer lugar creo que el informe Cunha- un gran informe- puso en evidencia las contradicciones, los desequilibrios y los efectos de la reforma de 1992. 
A mí me parece que no es correcto que la Comisión nos proponga la Agenda 2000 sin haber cumplido el mandato de presentar un informe que evaluase los efectos de la reforma de 1992. 
Señor Comisario, no bastan informes de universidades sino que la responsabilidad política de la Comisión le obligaba ante este Parlamento a objetivar los efectos de la reforma anterior para hacer un buen debate. 
Esa era una gran responsabilidad de la Comisión. 
En cuanto a las propuestas, la Comisión se ha limitado a formular propuestas de reforma sectoriales en ausencia de un proyecto global, y las reformas que propone, en general, son descensos de precios, no compensados parcialmente por las ayudas directas a la renta, y la sustitución generalizada de las compras en intervención por ayudas al almacenamiento privado. 
Ante la evolución de la crisis financiera internacional, también hubiera sido deseable utilizar instrumentos más específicos de análisis en relación a estas medidas y los efectos que pueda tener la crisis internacional sobre estas cuestiones. 
Por último, quiero felicitar, en nombre de mi Grupo, al Sr. Görlach, y llamar la atención sobre el desarrollo rural, señor Comisario, porque ni los instrumentos ni los medios financieros contemplados en las propuestas de la Comisión son satisfactorios al respecto, y en ningún caso podrán compensar los efectos negativos del resto de las propuestas sobre la sociedad y la economía del medio rural. 
Quiero añadir unas consideraciones sobre el tema de la cofinanciación. 
Lo que se propone no es una política de solidaridad porque las verdaderas políticas económicas- las políticas del mercado interior y la política comercial común- no tienen un reflejo presupuestario. 
Y por lo tanto, plantear las cosas en términos de saldos netos es impropio y muy poco riguroso. 
Ahí se ve quizá la mano de algún Estado miembro, y la Comisión debería ser más generosa y no dejarse llevar por ciertas presiones. 
Permítanme una reflexión final: lo que está pasando con la Agenda 2000 es un ejemplo de juego institucional en el marco europeo. 
Es muy importante cumplir los calendarios, pero tan importante como cumplir los calendarios es tomar decisiones acertadas, con métodos adecuados y con los ritmos de debate y transparencia adecuados. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en el sector agrario se gasta mucho dinero. Imaginémosnos que todo el dinero que ha ido a parar en el pasado al sector agrícola hubiese ido al segundo pilar, tal como ahora debatimos. 
Señor Comisario, es inimaginable adivinar el positivo desarrollo que habría podido experimentar el área rural, cuántos puestos de trabajo se habrían creado y mantenido y qué progresos habríamos podido aportar también a sectores relacionados con la agricultura. 
Si se piensa cuánta innovación han aportado los tímidos programas que hemos tenido y las pequeñas sumas que han ido a parar al programa LEADER, a las medidas de acompañamiento, entonces se puede calcular aproximadamente qué repercusiones habrían tenido estos programas si hubiesen estado dotados del capital necesario. 
Lo que el segundo pilar prevé es cualitativamente muy razonable pero está poco dotado cuantitativamente. 
Deberíamos tener más valor al respecto y sobre todo, en los demás campos, en los clásicos campos agrícolas, en las primas de ayuda que se gastan para la reducción de los precios, deberíamos marcar un camino ecológico y social para que también aquí fluyan en alguna ocasión estos créditos a lo que hoy llamamos segundo pilar y que quizás en cinco o diez años- no debería calcularse demasiado cortose convierta en el primer pilar. 
Si empleamos razonablemente estos fondos de que disponemos y si no permitimos que desaparezcan en los laberintos de los Ministerios de Hacienda, entonces tendremos grandes oportunidades. 
Señor Ministro, señor Comisario, les ruego que muestren algo más de valor y que al comparecer ante la opinión pública sean más ofensivos cuando se trate de explicar las grandes oportunidades que existen si se sigue esta dirección. 
Su país de origen proporciona buenas indicaciones y ejemplos al respecto. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente Molterer, me limitaré a dos puntos. 
Primeramente, estamos habituados a oír decir que la PAC ha alcanzado los objetivos de autosuficiencia fijados por el Tratado. 
Se piensa, entonces, inmediatamente en la superproducción, en las retiradas de tierras, en el barbecho, en la caída de los precios agrarios, y, sin embargo, hay que decir que todo eso no se ajusta verdaderamente la realidad. 
La Unión es deficitaria con respecto a algunas producciones que muy bien podría asumir. 
Importamos el 70 % de las proteínas destinadas a la crianza, pero también el 50 % de la miel y una parte considerable de cítricos, de pescado e incluso de ovinos, cuando, al mismo tiempo, existen zonas rurales que atraviesan dificultades, y que permanecen inexplotadas. 
En segundo lugar, en el plano presupuestario, lo que hay que promover no es una disminución, sino una mejora de las ayudas, sin diluirlas en hipotéticas cofinanciaciones que privilegian egoísmos contables nacionales, en detrimento de los principios fundamentales de solidaridad de la Unión. 
La reforma debe restablecer el equilibrio de las producciones entre las regiones, las zonas climáticas y los Estados. 
La reforma no debe dar prioridad a la intensificación. 
El primer objetivo de la reforma no puede ser el de satisfacer a las multinacionales del sector agroalimentario. 
Es comprensible que los ciudadanos europeos no deseen seguir financiando un sistema tan nocivo. 
Existe un modelo agrícola europeo. 
Éste no se basa solamente en la vocación exportadora de la Unión o en la baja generalizada de los precios, sino en la multifuncionalidad de nuestra agricultura y en el conjunto de nuestras tierras, que debemos transformar en elementos complementarios en una óptica de desarrollo rural sostenible y humanista, creador de empleos. 
¿El mercado mundial? 
Es evidente que debemos ocupar nuestro sitio en el mismo, ¡pero ni a costa de nuestros conciudadanos y de su salud, ni a costa del medio ambiente! 
Este es también el precio de nuestra construcción europea. 
Este es también el precio de la existencia de una Unión Europea: socio fiable, respetado y bien identificado en el contexto de la mundialización. 
Señora Presidenta, la propuesta de reglamento sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA forma parte del dispositivo existente sobre el Objetivo 5 de la política estructural. 
Considero que la propuesta de la Comisión carece de realismo y que no toma en cuenta los efectos negativos de la reforma de la política agrícola común de 1992 en el tejido económico del medio rural. 
La carrera desenfrenada con miras al rendimiento, a la productividad, a la ampliación de las explotaciones, para mantener unos ingresos que ya no permiten prever inversiones económicamente rentables, constituye el ejemplo perfecto. 
Tanto en comisión como en el Pleno, nuestro Grupo ha presentado una serie de enmiendas que incorporan el conjunto de los sectores económicos del medio rural en el dispositivo de ayuda para mantener la producción agrícola extensiva, compensando los sobrecostes de producción de las explotaciones agrarias situadas en las zonas desfavorecidas. 
Muchas de estas enmiendas ya han sido aprobadas por diferentes mayorías en la Comisión de Agricultura, lo que demuestra tanto a la Comisión como al Consejo la importancia que reviste para nosotros el desarrollo rural, para el buen equilibrio de la sociedad europea. 
Con respecto a la financiación de la PAC, nosotros nos oponemos a cualquier sistema de cofinanciación de una política común por los Estados miembros por el solo hecho de la existencia del artículo 2 del Tratado de Roma, que establece el principio de la solidaridad financiera. 
Además, aunque al principio sería obligatorio, una cofinanciación nacional de las compensaciones se convertiría rápidamente en opcional o discrecional en cuanto a sus disposiciones de aplicación. 
A través de esta propuesta de cofinanciación, señor Presidente, me interrogo sobre los objetivos de la Comisión. 
¿Desean realmente mantener una política agrícola comunitaria, que es la única política que existe, junto con la política pesquera común? 
En caso contrario, hay que decirlo, sin artimañas, y permitir así que los Estados miembros renacionalicen la política agrícola, para defender por sí mismos sus propios intereses. 
Señora Presidenta, tratándose de la reforma de la PAC, que en opinión de la Comisión obedece a consideraciones exteriores, ahora debe quedar claro que la evolución del contexto internacional, con la crisis en Asia y en Rusia, debe incitarnos a ser más realistas en la percepción de las perspectivas de exportación de nuestros productos agrícolas. 
Cuidado, en este sentido, con los excesos de confianza. 
De igual modo, la ampliación a los PECO debe ser objeto de un examen particular. 
En tal sentido, debemos tener presente que dicha ampliación no deberá suponer una disolución de nuestras políticas comunes y, en particular, de la PAC. 
Por otro lado, a nosotros, europeos, nos interesa constatar que hoy los Estados Unidos se ven nuevamente obligados a reforzar la ayuda pública a sus agricultores. 
Estos son nuevos argumentos para justificar, en el seno de la OMC, nuestra PAC y nuestro modelo europeo de agricultura. 
Pero también desearía hacer hincapié en aspectos más internos de nuestra próxima reforma. 
Nuestra política agrícola necesita volver a ser legitimada frente a los consumidores: calidad de los productos; frente a los contribuyentes: asignación equitativa del dinero público; y frente a nuestros conciudadanos: salvaguardia de los equilibrios regionales y fomento del desarrollo sostenible. 
Se trata ante todo de dar coherencia a nuestra PAC, como lo ha recomendado el Informe Cunha. 
Desde este punto de vista, desearía advertir respecto a las iniciativas y a las tomas de posición en favor de una cofinanciación de la PAC por los Estados miembros, puesto que esta medida, en caso de adoptarse, pondría en entredicho el principio de la solidaridad financiera, uno de los fundamentos de la PAC. 
Dicha medida podría asimismo provocar la renacionalización de la PAC, ya que, a partir del momento en que los socios nacionales deberían votar créditos para sus agricultores nacionales, ¿cómo podrían evitar hacerlo, a muy corto plazo, según criterios nacionales? 
Estas son las razones por las cuales no puedo avalar esta idea de la cofinanciación, y hago un llamamiento a mis colegas para que estén vigilantes en este sentido. 
Señora Presidenta, Señorías, yo también quiero expresar al ponente mi agradecimiento por su cooperación y disposición al compromiso. 
Un informe sobre la financiación de las acciones para el área rural es muy difícil de elaborar no sólo por la enorme cantidad de enmiendas sino también debido a las diferentes necesidades que tienen los Estados miembros. 
El desarrollo y fomento del área rural es para mí de gran importancia, pues estoy convencida de que Europa solamente tendrá un futuro en su diversidad si se apoyan de un modo dirigido y eficaz sus áreas rurales. 
Ruego por ello a las y los colegas que comprendan si siempre hablo a favor de las áreas rurales en esta Asamblea, pero me parece que es un tema muy importante que merece que se recuerde siempre y se explique a los ciudadanos. 
Junto a la política regional, la política agrícola desempeña un importante papel en el desarrollo de las áreas rurales. 
Así como la política regional se concentra con todos los medios de que dispone en el fomento de la población rural y la infraestructura de las pequeñas y medianas empresas, la política agrícola del FEOGA se dirige a la agricultura. 
Ahora se quiere poner a disposición este Fondo junto con las medidas de política regional, sobre todo para cubrir las necesidades y requerimientos de la agricultura. 
Me parece que este enfoque de una política integrada para el área rural es especialmente importante pero en este contexto quiero indicar que se deben adoptar las medidas necesarias para un empleo eficiente de los créditos. 
Con otras palabras: las medidas que afectan sobre todo a la agricultura deben financiarse con este Fondo mientras que las medidas que afectan al área rural pero que no están en absoluto en relación con la agricultura y la multifuncionalidad del área rural, se deberían fomentar más en el marco de la política regional. 
Saludo también el positivo enfoque de la buena práctica especializada. 
Para los agricultores, la buena práctica especializada debe constituir la base del modo de actuar económico en las explotaciones agrícolas. 
Pero todas las prestaciones que se realicen para el medio ambiente, la protección de los animales, el cuidado del paisaje y la sociedad en general, tienen que pagarse por separado. 
Recuerdo la política de la Comisión, que está dirigida a una creciente liberalización de los precios, por lo que para nuestros agricultores es aún más importante que se les conceda la oportunidad de obtener sus ingresos también mediante prestaciones adicionales. 
Naturalmente, estoy expresamente a favor de la transparencia en la cadena de producción así como de una producción compatible con el medio ambiente y un elevado nivel de protección de los animales. 
Pero estas prestaciones tienen que garantizarse para los agricultores mediante los correspondientes ingresos, para tener también en el futuro un modelo europeo de agricultura. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el objetivo que perseguimos con la Agenda 2000 es hacer posible la ampliación de la UE hacia el Este y prepararnos de cara a las próximas negociaciones de la OMC. 
En la Cumbre de Edimburgo se decidió el calendario de la Agenda 2000, y ahora el Grupo Liberal se apresura a examinar las reformas de acuerdo con este calendario establecido. 
Se ha mostrado una excesiva precaución en la valoración de los costes de la ampliación. 
Se ha debilitado la situación económica mundial, por lo que se ha modificado también el plan para la financiación de la ampliación. 
Esta nueva situación ha llevado a la Comisión a elaborar un informe de sus propios recursos que se presenta como una de las soluciones para nacionalizar parcialmente la financiación de la política agrícola. 
Esta financiación nacional de la Política Agrícola Común es ya habitual en un país como Finlandia, que obtuvo el derecho, por ejemplo, a financiar a título nacional las ayudas del período de transición para facilitar la integración de la agricultura finlandesa en el mercado único de la UE. 
Igualmente, existe una financiación compartida por lo que respecta a las ayudas medioambientales. 
La financiación nacional de los gastos agrícolas ha de someterse a una regulación lo suficientemente precisa para garantizar la igualdad entre los agricultores de los distintos Estados miembros. 
Efectivamente, al englobar el mercado único prácticas agrícolas en condiciones tan distintas, es necesario ocuparse de las regiones de producción más desfavorecidas con medios de la Política Agrícola Común. 
Por este motivo, en la reforma de la Agenda 2000 se hubiera debido hacer mayor hincapié en las necesidades de las regiones de menor producción, tal como se exige también en la resolución de Luxemburgo. 
Espero que en el futuro se tengan más en cuenta estas necesidades. 
Con la reforma de la Agenda 2000 siguen reduciéndose las cuotas que reciben los productores del mercado, lo cual representa un problema extremadamente grave para las regiones de menor producción. 
La proporción que representan las ayudas directas en los ingresos totales de los agricultores finlandeses es ya demasiado elevada. 
La Agenda 2000 no hace más que empeorar la situación. 
Por todo ello, me pregunto cómo vamos a poder mantener la motivación empresarial en el sector de la agricultura. 
Las ayudas forestales de la Agenda 2000 se han formulado con muy poca claridad, por lo que resulta difícil hacerse una idea, por ejemplo, de su cuantía económica. 
El Grupo Liberal se opone a la ampliación de la política de ayudas a un sector ya sometido al principio del libre comercio como es el forestal. 
Señora Presidenta, en el tiempo de que dispongo no es posible ocuparse de los numerosos retos con que se enfrenta la agricultura europea ni del papel de la agricultura como pilar central de la infraestructura rural. 
Tampoco es posible evaluar ese papel en términos económicos. 
A pesar del generoso apoyo de la UE, que me place hacer constar, las explotaciones agrícolas familiares están desapareciendo del paisaje rural. 
El perfil de edad de los agricultores se está deteriorando y los jóvenes no consideran ya a la agricultura como una carrera sostenible. 
En estas condiciones, ¿cómo va a sobrevivir el modelo de explotación agrícola familiar de la Unión Europea? 
¿Qué consecuencias habrá para la calidad y seguridad alimentaria a largo plazo, sin hablar del papel de los agricultores como gerentes del medio ambiente? 
A los políticos que consideran a los agricultores como un objetivo legítimo para así promover sus propias carreras políticas con los electores urbanos, les diré que están dando pruebas de una lamentable falta de comprensión del papel único de la agricultura en el contexto de una política nacional y de la Unión Europea más amplia. 
Están pasando por alto el hecho de que en las circunstancias actuales los alimentos se están produciendo con un nivel de beneficios que es marginal y que, en muchos casos, es inferior al costo de la producción. 
En Irlanda hay sin duda alguna una crisis a corto plazo por lo que se refiere a los productores de carne de vacuno y de ovino que no se pudo prever cuando se acometió la reforma de 1992. 
El colapso de la economía rusa y el desastre de las vacas locas no son más que dos de los problemas que repercuten en el sector de la carne de bovino. 
Si enfocamos la cuestión a largo plazo en el contexto de Agenda 2000, habremos de velar por que las explotaciones agrícolas familiares y sus empresas individuales tengan el apoyo de los recursos presupuestarios disponibles. 
No hay que permitir que las empresas comerciales en gran escala puedan usurpar una financiación que, en mi opinión, debería ir a manos de las explotaciones agrícolas familiares. 
Para acabar, diré que apoyo plenamente a los que han dicho que no debería haber cofinanciación en la política agrícola común. 
Huelga decir que me opondré a cualquier medida a favor de la renacionalización. 
Señora Presidenta, querría felicitar al Sr. Görlach por este buen informe, en el que llama la atención sobre el hecho de que el desarrollo rural puede terminar entre dos aguas, es decir, quedar reducido a cero, puesto que, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, dicho desarrollo no será ya un objetivo en sí. 
Me pregunto si se ha hecho verdaderamente un detallado análisis de las consecuencias. 
Es importante apoyar e incentivar la interacción y la reciprocidad tanto entre el campo y la ciudad, como entre los recursos de estos dos entornos. 
La evolución del sector agrícola, y en esto ha contribuido también la UE, ha desembocado en una situación en la que ya es imposible para muchas personas ganarse la vida sólo con la práctica de la agricultura. 
A menudo es necesario combinar esta práctica agrícola con otras actividades para seguir garantizando la presencia humana en el medio rural. 
Esta circunstancia es especialmente patente en las regiones con escasa densidad de población. 
Por consiguiente, es preciso modificar los criterios para la obtención de ayudas. 
En caso contrario, de aquí en adelante serán únicamente los grandes centros de población los que se beneficien de las ayudas, negándose el futuro a las poblaciones más pequeñas, que son las más respetuosas con el medio ambiente. 
De esta manera continuaría la despoblación del medio rural y, con ella, se verían abocados a un patético fin los pueblos y las ciudades más pequeñas, ya que son precisamente las poblaciones pequeñas y medianas las que mantienen vivo el entorno rural. 
Por todo ello, es necesario flexibilizar la política agrícola de la UE si pretendemos mantener con vida el medio rural. 
Señora Presidenta, empezaré por felicitar al ponente. 
Es una persona que todos respetamos en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Parlamento. 
En la actualidad se está presentando al desarrollo rural como el segundo pilar de la agricultura. 
La pregunta que me hago es la siguiente: ¿será de alguna utilidad el segundo pilar? 
Sólo podemos darle la fortaleza que necesita si permitimos que una financiación suficiente aporte el máximo apoyo a la comunidad rural. 
Tengo el sincero temor de que el segundo pilar creará en la Unión Europea una desigualdad aún mayor que la que existe actualmente. 
No dar carácter obligatorio más que a la medida agroambiental es una prueba de suma debilidad. 
Da a los Estados miembros la autorización para escoger lo que les beneficie, lo cual a la larga quizá no redunde en beneficio de los intereses de la gente que vive en el campo, especialmente de los que dependen de la tierra para vivir. 
Según se ha propuesto, el desarrollo rural no podrá abrigar nunca la esperanza de resolver los graves problemas con que se enfrentan las comunidades rurales y agrícolas de toda la Unión Europea en la actualidad. 
No protegerá a la estructura de explotaciones agrícolas familiares que tenemos en la Unión Europea. 
Los agricultores de toda Europa se preguntan qué es lo que va a suceder más adelante; qué es lo que tienen que hacer, y cómo y cuándo se han equivocado. 
También nosotros nos preguntamos en qué nos hemos equivocado. 
Somos personas que tienen responsabilidades en la Comisión y en el Parlamento. 
Somos las personas que han de indicar el camino a seguir. 
Somos las personas que tienen que buscar y encontrar un camino para seguir progresando. 
Desgraciadamente, hasta ahora no veo que esta propuesta preste suficiente apoyo a la estructura agrícola familiar en la Comunidad Europea. 
Señora Presidenta, hemos de obrar con seriedad en este Parlamento si queremos obtener una reforma auténtica de la política agrícola común para el siglo XXI. 
El Sr. Görlach ha presentado un excelente informe sobre las propuestas de la Comisión acerca del desarrollo rural y ha enunciado un corto número de medidas sumamente prácticas para conseguir que esas propuestas estén más en consonancia con la Declaración de Cork, que la Comisión ha endulzado bastante. 
Esas enmiendas reconocen la realidad: en las condiciones que prevalecen en la agricultura europea del siglo XXI habrá muchas menos exploraciones que requieran mucha mano de obra y casi todos los sectores estarán mucho más mecanizados. 
Por eso es esencial que consideremos al desarrollo rural como una medida de apoyo para la creación de una gama de ocupaciones adicionales en las zonas rurales, no solamente a las que se refieren directamente a la agricultura y a la elaboración de alimentos, por importantes que esos elementos sigan siendo en esas esferas. 
Por eso me decepcionó que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural introdujera muchas enmiendas adicionales, excesivamente circunstanciadas, para vincular el apoyo principalmente a los agricultores y para mediatizar la voluntad de consagrarse a un desarrollo rural más amplio. 
Nosotros no somos la comisión que representa a los agricultores, y nuestra obligación es mirar más allá de los intereses puramente personales y tener en cuenta los intereses de todos los ciudadanos que viven en zonas rurales y que no encuentran trabajo en la agricultura. 
Espero que este Parlamento rechace la mayoría de las enmiendas para que así contemos con una opinión del Parlamento Europeo que es realista y constructiva y que adapta el modelo europeo de la agricultura a las nuevas condiciones económicas y sociales según se enuncian en la resolución común de nuestros colegas el Sr. Fantuzzi y el Sr. Graefe zu Baringdorf. Nuestros colegas identifican como factores esenciales el desarrollo sostenible, la producción de alimentos de calidad, la seguridad de los consumidores, la protección del medio ambiente y de la diversidad biológica, el bienestar de los animales y el desarrollo rural. 
Para conseguir este último elemento necesitamos programas como el LEADER para ayudar a las empresas en pequeña escala a desarrollar nuevos puestos de trabajo en la alta tecnología, así como en el turismo, las aptitudes y artesanías tradicionales, y los proyectos que defienden y mejoran el medio ambiente. 
Esos programas no tienen necesariamente que desarrollarse en zonas del Objetivo 1 y del Objetivo 2, sino en cualquier esfera en la que el medio ambiente rural padezca una elevada tasa de desempleo y de privación social. 
Señora Presidenta, he seguido muy cuidadosamente muchos debates sobre los elementos principales del programa Agenda 2000 y he participado activamente en ellos. 
Estoy totalmente de acuerdo en que la Unión tiene que planificar su curso de acción para el futuro, pero las propuestas de reforma de la PAC se basan excesivamente en medidas encaminadas a moderar el costo de la ampliación hacia el Este y a atender la presión ejercida por los Estados Unidos en la OMC. 
Es evidente que hay una fuerte campaña en favor de reducir los precios agrícolas para equipararlos a los niveles de precios mundiales, y los niveles de la Europa oriental para ahorrar dinero. 
Este concepto requiere que los agricultores de la Unión Europea vendan sus productos por debajo del costo de producción y que no reciban otros ingresos que las compensaciones parciales que se les asignen. 
Esto no debe de ser así y hay que cambiarlo. 
El sistema está generando ya graves críticas de los agricultores pues las cantidades correspondientes a esos pagos se identifican por separado del coste de los productos que producen los agricultores y hay quien los considera como limosna. 
En realidad, incluso usted, Comisario, utilizó la palabra «subsidio». 
El informe de esta semana del Tribunal de Cuentas es un buen ejemplo. Ha originado grandes titulares en los periódicos que dan casi a entender que los agricultores son delincuentes. 
El sistema está actuando también como factor de disuasión para los jóvenes que quisieran hacer carrera en la agricultura. Se está perdiendo también el beneficio medioambiental de su gestión, de sus energías y de sus aptitudes. 
No puedo comprender por qué la Comisión dice con optimismo que los ingresos agrícolas aumentarán, de no ser a costa de una acusada disminución del número de agricultores. 
Las propuestas costarán 6.000 millones de euros adicionales y dejarán a los agricultores mucho más pobres que antes. 
Insto a la Comisión a que matice la severidad de esas propuestas y a que encuentre una solución mejor. 
Los agricultores de mi país han experimentado ya una gran disminución de ingresos. 
Los precios de la carne de bovino para los agricultores son un 40 % inferiores a lo que eran hace dos años. Los precios del ganado porcino y del ganado bovino han sufrido un verdadero colapso. 
Por último, quisiera pedir una vez más a la Comisión que investigue por qué el precio de los alimentos para los consumidores no disminuye en consonancia con la enorme caída de los precios agrícolas. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimado Ministro, creo que es muy importante que siguiendo el ejemplo del informe del Sr. Görlach y de las propuestas de la Comisión desarrollemos una política rural amplia. 
La respuesta a esta pregunta se ha repetido varias veces a lo largo de esta tarde: porque necesitamos nuevos soportes económicos para el medio rural. 
A este respecto quería comentar dos puntos que hasta ahora apenas han merecido la atención. 
El 80 % de la población vive en el medio urbano. 
Pienso que la población rural debe comprender que el desarrollo de la política rural lleve incorporada una vertiente destinada a los habitantes de las ciudades. 
A mi modo de ver, éste es uno de los aspectos de lo que yo entiendo por política rural amplia. 
En segundo lugar, apreciaría que se prestara más atención a la mujer en las zonas rurales. 
En no pocas ocasiones, la mujer es una verdadera fuente de innovaciones. Innovaciones mucho más llamativas que las que suelen promover los hombres. 
Me gustaría que la política rural de la que aquí hablamos respaldara las iniciativas de estas mujeres. 
Señor Presidente, estamos de acuerdo que es necesaria la reforma de la PAC debido a la nueva situación económica y a las disfunciones que han aparecido hasta hoy. 
Estamos de acuerdo en llevar a cabo una reforma. 
Una reforma que reduzca las disparidades entre los estados, entre las regiones y entre los agricultores, una reforma que contribuya al desarrollo ecológico del campo, una reforma que venga a apoyar a la población rural de nuestros países. 
Por lo tanto apoyamos las medidas propuestas en la Agenda 2000 que se mueven en esa dirección y que marchan paralelas a los principios fundamentales de la cohesión y la solidaridad financiera. 
Pero hay que señalar que, como otro tipo de objetivos, el objetivo del desarrollo rural ha sido considerado más bien como un deseo pues no va a ir acompañado de suficientes recursos financieros. 
Sin embargo, la necesidad de una reforma de la PAC no debe servir como coartada para su abolición. 
Por lo tanto, no podemos apoyar propuestas como la de la cofinanciación, ni la de los apoyos directos a la agricultura como piden algunos Estados miembros para disminuir el volumen de su contribución neta al presupuesto comunitario pero que lleva a la PAC por la senda de la renacionalización, poniendo en cuestión el alcance de la directriz de la agricultura. 
A su vez, la adopción de la cofinanciación va a influir de forma negativa en los flujos financieros de los Fondos estructurales hacia los países más pobres de la Unión ampliando de esa manera las desigualdades ya existentes. 
Creo que existe un consenso en cuanto a la necesidad de reforma. 
Esta constatación nos da la posibilidad de actuar con cuidado y encaminar nuestros pasos hacia una reforma razonable que el mundo rural realmente necesita. 
Señora Presidenta, señor Ministro, señor Comisario, Señorías, este importante debate debe acabar con la aprobación de un texto sobre la reforma de la PAC. 
No quisiera que las dificultades surgidas en las relaciones entre los Grupos políticos provocaran el rechazo de las mociones presentadas. 
Esto, en mi opinión, sería un hecho muy grave para el Parlamento Europeo que debe expresarse claramente y no dejar sólo a los demás las decisiones. 
Hay que hacer una valoración realista. 
La cofinanciación puede permitir resolver el conflicto que se ha planteado acerca de la aportación neta de los Estados miembros al presupuesto agrícola. 
Lo que hay que evitar es la renacionalización de la PAC y la reducción y la atenuación del espíritu de solidaridad interna. 
Por ello, comparto las propuestas que respaldan claramente todos estos principios y, en este sentido, mañana voy a invitar a que todos los colegas, empezando por los italianos, voten con coherencia. 
Estimados colegas, si nosotros no decidimos aquí una línea y si el Consejo no encontrará cuanto antes una solución a los problemas planteados, corremos el riesgo de que la decisión la tomen otros quizás el Consejo ECOFIN que, sin duda, no es proclive a aumentar- como, en cambio, sería indispensable hacer para respaldar la reforma de la PAC- los recursos correspondientes. 
En consecuencia, la cofinanciación puede admitirse, sin perjuicio de las exigencias de reequilibrio y de cohesión interna. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el medio rural ocupa la mayor parte de Europa, entre un 80 y un 90 por ciento de su extensión. 
En Suecia, el entorno rural representa una superficie enorme en la que apenas habita una pequeña parte de su población, entre un 10 y un 20 por ciento del total. 
Si no viviera nadie en estas regiones, la mitad de Suecia estaría deshabitada. 
Por todo ello, es importante que apoyemos el desarrollo rural y la agricultura. 
Es preciso incorporar los Objetivos 6 y 5 en los Objetivos 1 y 2 respectivamente, así como mantener los criterios para la obtención de las ayudas. 
El entorno rural, las personas, la naturaleza, la tierra y el agua son recursos que debemos preservar en Europa. 
Entre otros objetivos importantes, debemos impulsar los colectivos locales, coordinar las ayudas, orientar la formación, ofrecer ayudas al cultivo medioambiental y ecológico, invertir en la bioenergía y en los nuevos combustibles, como el etanol y el metanol, así como en el turismo y los transportes. 
En cualquier caso, para lograr un desarrollo positivo del entorno rural, todo esto ha de tener lugar conforme a los deseos de sus propios habitantes. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Ministro, la Agenda 2000 será, ciertamente, una de las cuestiones que más habrán movilizado al Parlamento Europeo durante estos diez últimos años. 
La duración de los debates, el número de reuniones que todas las comisiones del Parlamento le han dedicado, auguraban un proyecto ambicioso. 
Por fin íbamos a dar a luz- si puede decirse- a Europa, una Europa ideal, en la que nuestros hijos iban a poder vivir en paz, como ciudadanas y ciudadanos libres, del Atlántico a los Urales. 
Íbamos a abrirnos a nuevos Estados- financieramente pobres, quizá, pero ricos en esperanzas-. 
Por fin habíamos dejado de tener miedo, nos encaminábamos a la creación de un Estado europeo. 
Este Estado constituiría un espacio de libertad intelectual, donde el aspecto humano sería el centro de las preocupaciones de los responsables políticos y económicos. 
Dejábamos la carne con hormonas y la obtención de beneficios a cualquier precio para los norteamericanos y para su Organización Mundial del Comercio. 
Nosotros estábamos maduros para llevar a cabo una verdadera solidaridad, en que nosotros, los ricos, tenderíamos la mano para dar y para ayudar, antes que para recoger y para aplastar. 
Se trataba de un sueño, de un sueño más. 
Esta mañana he despertado helado por la realidad de nuestros comportamientos. 
Estamos de nuevo dispuestos a hacer como si ayudásemos a nuestros pobres, cada uno en nuestros pequeños Estados estancados por nuestra estrechez de espíritu. 
Desgraciadamente, la cofinanciación permitirá legalmente a nuestros Estados más ricos ayudar, por ejemplo, a sus agricultores. 
¿Si no existe más solidaridad en el seno de Europa, si la Agenda 2000 consiste simplemente en permitir devolver a los Estados ricos su dinero, quién pagará por los pobres de los países pobres, así se trate, hoy, de los del Sur de Europa o, mañana, de los del Este? 
Volvemos a hacer lo contrario de lo que deberíamos hacer. 
¡Lástima para nuestros hijos! 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, nadie duda de que una reforma es necesaria y nadie duda de que la Política Agrícola Común no cumple plenamente las funciones que le asigna el Tratado. 
Cuando se enjuicia esta política desde el punto de vista de su contribución a la cohesión económica y social, el nivel de la crítica alcanza a veces niveles escandalosos. 
Pero a mi juicio, lo más preocupante es que en un proceso de reforma, de por sí enormemente complicado, máxime dada la escasez de recursos destinados a las políticas de desarrollo rural, se ha entrecruzado el debate sobre los recursos propios comunitarios. 
En este contexto, es cierto que la Comisión se ha limitado a presentar un informe con varias opciones, pero la experiencia comunitaria nos ha acostumbrado a temer los informes, libros blancos y libros verdes que elabora la Comisión. 
Porque a la postre, la opción más apoyada o más fundada entre el elenco que se ofrece tiene muchas probabilidades de plasmarse en la legislación comunitaria con carácter definitivo. 
Y la cofinanciación de ayudas directas a la renta representa no sólo una quiebra del principio de solidaridad financiera, sino una violación del principio de suficiencia de medios, consagrado en el artículo F, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. 
No supone un medio para mejorar la eficiencia de la PAC, sino un simple mecanismo de redistribución de la carga del gasto. 
Se trata de propuestas claramente regresivas que perjudican en mayor medida a los «países de la cohesión económica y social» y benefician a los países más prósperos, con la excepción de Francia y en menor medida Dinamarca. 
Se daría así la paradoja de que la ampliación se haría a costa de los «países de la cohesión» , que ven reducida significativamente su participación relativa en la categoría 2, y además la reforma de la financiación de la PAC incidiría nuevamente sobre estos países. 
Y ello, señor Comisario, sin tener en cuenta que la lista de ayudas directas que la Dirección General XIX ha utilizado para sus cálculos es mucho menor que las ayudas que se consideran directas y sujetas a modulación en la reforma que ahora abordamos, según la información facilitada por la Comisión el pasado mes de junio. 
Por ello, el carácter regresivo de las propuestas es todavía superior. 
Señora Presidenta, la Política Agrícola Común fue establecida en los años cincuenta cuando sólo había seis países miembros. 
Casi todos reconocen que esta política no está lista para una ampliación que hará que la Unión pase a estar formada por cerca de veinte países. 
La Comisión ha presentado las propuestas por las que se modifica la política agraria y actualmente debatimos nuestra posición sobre esta reforma de la política agrícola en varias comisiones del Parlamento. 
Conocemos sus ideas fundamentales: se suprimen los regímenes de ayuda generales y los agricultores europeos han de competir en el mercado mundial, en el que se está produciendo una amplia liberalización. 
Esto significa que los precios habrán de aproximarse a los del mercado mundial y que se acabarán las cuotas lecheras y los excedentes. 
Este desarrollo no debe producirse a costa de los agricultores, quienes tendrán dificultades a la hora de desenvolverse en libre competencia. 
Al contrario, la futura ayuda agraria debe estar mucho más orientada hacia fines específicos. 
Las ayudas sobre el precio deben ser sustituidas por ayudas directas más elevadas para aquellos agricultores que necesiten realmente nuestra ayuda. 
Se seguirán dando ayudas a los ámbitos y sectores que tengan especiales dificultades. 
La actual ayuda agraria está basada en la cantidad antes que en la calidad. 
No tiene en cuenta el bienestar de los animales ni el medio ambiente y en mi opinión, tampoco es consciente en realidad de la creciente importancia que la mayoría de los consumidores conceden a estos valores. 
La política agrícola no puede seguir sin ser modificada si la agricultura europea va a competir en el mercado mundial. 
Y la Política Agrícola Común engulle hoy más de la mitad del presupuesto global comunitario, con la ampliación será aún peor. 
Los consumidores exigen cada vez más saber el contenido de lo que comen y cómo se produce. 
Quieren sistemas productivos naturales, que protejan el bienestar de los animales y no dañen el medio ambiente. 
Es importante comprender la necesidad de reajustar nuestra política agraria común para que responda a las exigencias de su tiempo tanto para los actuales países miembros como también- y especialmente- para los futuros países miembros. 
Señora Presidenta, señor Comisario, las empresas agrícolas de los nuevos Estados federados alemanes contemplan al igual que todos con gran atención los procesos decisorios sobre la reforma agraria. 
Aunque no haya llegado aún a todos los sitios, sin embargo estas explotaciones nuestras corresponden en su mayor parte al modelo agrícola europeo. 
Son multifuncionales, sostenibles y- al menos, potencialmente- competitivas. 
Respecto a la multifuncionalidad, en especial en lo referente a las empresas comunitarias que cultivan la mayor parte de nuestras superficies, en especial en las regiones menos favorecidas por su emplazamiento, no son solamente multifuncionales sino que en regiones realmente agrícolas con un paro de entre el 30 y el 40 %, como Mecklenburgo-Pomerania Anterior y otras regiones, son las únicas garantes de que existan en absoluto aún puestos de trabajo. Esta es nuestra principal preocupación y creo que usted también lo sabe. 
De cara a este segundo pilar, del que todos nos alegramos y que debe fortalecerse lo antes posible, no debemos permitir en ningún caso que en las condiciones marco del primer pilar nos despojen estos últimos garantes de empleo en estas regiones. 
Creo que entretanto se ha comprendido esto. 
Cuando se trata precisamente de perspectivas a largo plazo, quiero sacar a relucir muy conscientemente las renacidas explotaciones familiares, una magnitud muy razonable desde nuestro punto de vista, pues por su tamaño no están dirigidas a otra cosa que a una supervivencia económica para la generación del sucesor de la explotación. 
También aquí es muy pequeña la comprensión por las intenciones de degresión de la Comisión. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, voy a comenzar por aquello de lo que me siento más próximo a la declaración del Comisario: es que no podemos hacer una reformita, sino una reforma; podríamos decir incluso: una gran reforma. 
El problema en este final de siglo no es la cuestión de la producción. 
En Europa va bien y resulta encomiable. 
Desde 1950 hasta ahora, la población rural ha pasado del 35 % al 5 % y la producción ha aumentado casi ocho veces y, como acaba de decir el Comisario, con la reforma que presenta aún más gente va a salir del mundo rural. 
Lo que quiere decir que el Comisario va a gastar la mitad del presupuesto de la Comunidad con una minoría y, como hay una profunda injusticia en toda la Política Agraria Común, el Comisario va a gastar el 40 % del presupuesto de la Comunidad para beneficiar al 1 % de los más ricos de la Comunidad. 
Si el 20 % de los agricultores se llevan el 80 %, el Comisario hará cuentas y verá que el 1 % de los más ricos va a recibir el 40 % del presupuesto de la Comunidad. 
Porque el problema no es la producción. 
El problema es la justicia de una política para defender a las personas del mundo rural. 
Y la Comisión no comprende ni examina esa política de justicia. 
Y lo que sería fundamental examinar sería esa política, porque el problema que hoy se plantea es el de cómo es que el Comisario o el Consejo van a terminar completamente con las ayudas a la producción. 
Porque dichas ayudas hoy son el enemigo de la calidad, son el enemigo del medio ambiente, son el enemigo del trabajo, porque las producciones que el Comisario financia más son las de donde existe más desempleo: los cereales se llevan hoy el 43 % y es la producción que menos mano de obra utiliza en el mundo rural. 
Y por eso mismo es una gran fuente de desempleo. 
El Comisario no se compromete con la modulación, con el plafond y con la justicia. 
Y esa cuestión fundamental de la justicia es la que deberíamos examinar, porque la producción va bien y resulta encomiable. 
Señora Presidenta, no por ser la última intervención del día de hoy creo que sea menos importante volver aún a los puntos de vista que ya ha expuesto a este respecto la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
En el plano teórico, los objetivos de la reforma agrícola que se recogen en la Agenda 2000 se encaminan en una dirección más que adecuada, sobre todo teniendo en cuenta las decisiones que se adoptaron, por ejemplo, en las cumbres de Amsterdam y Cardiff. 
El objetivo es conseguir una política agrícola más respetuosa con el medio ambiente que responda mejor a las necesidades de los consumidores. 
En la práctica, no se puede decir que se logre alcanzar muy satisfactoriamente este objetivo. 
El problema reside en que la Comisión permite que la toma de decisiones acerca de estos asuntos tenga lugar a título nacional. 
Así pues, se decide a nivel nacional si se vinculan las cuestiones medioambientales a las ayudas económicas. 
No se quiere tomar decisiones a nivel comunitario. 
Sin embargo, esta toma de decisiones es un requisito para dar el giro que pretendemos. 
Como ya se sabe, la agricultura es uno de las prácticas que más contaminan la tierra y las aguas. 
Únicamente lograremos aplicar medidas que alivien esta situación cuando introduzcamos unas buenas normas comunitarias para la práctica agrícola que respeten el principio del desarrollo sostenible, y cuando- recurriendo solamente a estas normas- sea posible participar en la Política Agrícola Común y en su financiación. 
Por lo que respecta a la futura política agrícola de la Unión Europea, estas cuestiones ya se han sometido a debate en diversas cumbres. 
Además de las orientaciones de Cardiff en materia de medio ambiente, es necesario hacer también hincapié en las directrices de Luxemburgo, que establecen la necesidad de poder seguir practicando en el futuro la agricultura en todo el territorio de la UE y, por lo tanto, también en sus regiones septentrionales. 
Muchas gracias, señora Myller. 
El Consejo y la Comisión me han indicado que renuncian a exponer sus opiniones si no hay más preguntas, pero no parece que sea este el caso. 
Muchas gracias por haber aguantado tanto tiempo. 
Le comunico que he recibido ocho propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas. 
Para concluir, no quiero dejara pasar la ocasión de expresar mi agradecimiento a las y los intérpretes por haber trabajado durante mucho más tiempo del proyectado inicialmente. 
Que vuelvan bien a casa. 
(Se levanta la sesión a las 0.17 horas) 
Señor Presidente, estoy seguro de que la Asamblea se unirá a mí en la condena de la decisión adoptada anoche por la Cámara de los Lores británica de rechazar el intento del Gobierno británico de alinear al Reino Unido con el resto de la Unión Europea introduciendo en él la representación proporcional. 
Señor Donnelly, ésa es una opinión sobre una decisión de otro parlamento. 
Esta Asamblea no es el lugar apropiado para condenar o aprobar las medidas adoptadas por otras Asambleas. 
Tenemos que respetar a los otros parlamentos. 
Señor Presidente, deseo señalar a la atención de esta Asamblea un ataque totalmente inaceptable y vergonzoso contra el Gobierno de Italia lanzado ayer por el Primer Ministro de Turquía en una intervención ante la Asamblea Nacional de Turquía. 
Quisiera pedirle, señor Presidente, que haga saber con claridad al primer Ministro turco que esta Asamblea rechaza y condena totalmente su acusación de que la negativa a entregar al Sr. Abdullah Ocalan para que sea juzgado en Turquía equivalga a hacerse cómplice de asesinato. 
Italia tiene la clara obligación legal, constitucional de hecho, de no devolver a una persona por el procedimiento de extradición a un país en el que siga existiendo la pena de muerte. 
En ese marco, conviene decir que Italia encarna los valores de esta Asamblea y de la Unión Europea en general. 
Italia está aplicando actualmente los procesos democráticos y constitucionales apropiados dictados por su constitución. 
Fomentar las manifestaciones y los embargos comerciales contra uno de nuestros Estados miembros es, francamente, inaceptable por parte de un país que desea unirse a nosotros en la Unión Europea. 
Un ataque así contra el Gobierno de Italia es un ataque contra todos nosotros en la Unión Europea: contra los valores en que se basa esta Unión y contra la solidaridad y cooperación que es fundamental para la integración europea. 
Señor Presidente, quisiera pedirle que expusiera con claridad al Gobierno y al Primer Ministro de Turquía las opiniones de esta Asamblea y, de hecho, que comunicara nuestro firme apoyo al Gobierno y al Primer Ministro de Italia para que prosiga con sus procesos democráticos y constitucionales apropiados, pese a ese hostigamiento, para abordar la cuestión que tiene ante sí. 
Tal vez podríamos pedir a la Asamblea Nacional de Turquía que se una a nosotros al considerar este momento no como una amenaza, sino como una oportunidad para lanzar el diálogo político, que es la única vía para resolver el problema kurdo. 
Señor Presidente, estimados colegas, en nombre de nuestro Grupo quisiera sumarme a la propuesta que ha formulado la Sra. Green. 
Creemos, en efecto, que las autoridades turcas, y más concretamente, el Primer Ministro, han realizado declaraciones inaceptables respecto a Italia. Han manifestado que este Estado miembro será cómplice en el terrorismo si no se les entrega al líder kurdo Ocalan. 
Creemos que Italia ha actuado correctamente y, ante este drama, las autoridades italianas han respetado la normativa fundamental de un Estado de derecho, que prohíbe la extradición de una persona a un país en el que todavía existe la pena de muerte. 
Creo que la inmensa mayoría de este Parlamento se ha opuesto siempre a las distintas formas de terrorismo, sean las que sean; podemos confiar en Italia, Estado miembro de la Unión Europea, que ha mostrado tener una consideración fundamental hacia el Estado de derecho y hacia sus normas fundamentales. 
Estamos convencidos de que van a resolver el problema concreto al que se enfrentan conforme a esas normas. 
Efectivamente quisiera sumarme a la petición de formular una protesta ante las autoridades turcas y manifestar nuestro apoyo a la actuación del Gobierno italiano. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo ELDR, apoyo la iniciativa de la Sra. Green. 
Creemos que el Gobierno italiano respeta el imperio de la ley y que debemos mostrarnos solidarios con ese proceso y deploramos- por considerarlo equivocado- el ataque político que el primer Ministro turco ha lanzado contra los italianos. 
Rechazamos la opinión de que la concesión de sus derechos, de conformidad con la ley, a cualquier persona cuya extradición haya sido solicitada equivalga a un apoyo implícito o explícito al terrorismo. Tampoco prejuzga en modo alguno su culpabilidad o inocencia. 
Deseamos demostrar nuestra solidaridad con el proceso italiano. 
Señor Presidente, yo había expresado al principio de la semana, en nombre de mi Grupo, nuestra preocupación por la petición de extradición del Gobierno turco. 
Y ya había quedado claro, como lo han dejado claro otros presidentes, que queríamos el asilo político para Ocalan. 
Hay una situación nueva y que afecta al Parlamento. 
El copresidente de la comisión mixta de la Unión Europea-Turquía, el Sr. Bülent Akarcali, ha dirigido una carta a los diferentes diputados italianos amenazando en nombre de Turquía. 
Esta carta termina diciendo: «Conceder asilo político a Ocalan no sólo afectará negativamente a las relaciones amistosas entre Turquía e Italia sino que creará también el problema terrorista para Italia, para Europa y para todo el mundo». 
Nos parece inaceptable que el copresidente de la delegación mixta Turquía-Unión Europea, con la que mantenemos una unión aduanera, se permita, de forma institucional y solemne, amenazar con terrorismo a los diputados y a las instituciones italianas y europeas. 
Yo le pido, señor Presidente, que, con toda energía, le dirija usted una carta a este señor, defendiendo la dignidad de este Parlamento, la paz y la democracia. 
Señor Presidente, estimados colegas, los Verdes en el Parlamento Europeo se suman a lo que ya se ha dicho aquí. 
Especialmente, quisiéramos subrayar dos cosas. 
En primer lugar, y ante todo, la manera en que las autoridades turcas tratan a Italia y a las autoridades de ese país es inaceptable. 
Éste no es un conflicto entre Italia y Turquía sino un conflicto entre Europa y Turquía y por eso me parece muy bien que el Parlamento Europeo aborde este asunto, aunque es un poco tarde, porque ya el lunes sabíamos que tendríamos serios problemas. 
En segundo lugar, la gran mayoría de este Parlamento siempre se ha manifestado a favor de la necesidad de buscar una solución política para el problema kurdo. 
En cuanto a lo que a esto se refiere, es evidente que se actúa de semejante forma precisamente en el momento en que el PKK, del que mi Grupo y todos los demás Grupos siempre se han distanciado, ha declarado unilateralmente que quiere abandonar la lucha para encontrar soluciones por otras vías. 
Opinamos, por tanto, que no se puede ejercer ningún tipo de presión sobre Italia, que toda Europa debe solidarizarse con este país y que, sobre todo, hay que esforzarse por lograr una solución política. 
Es evidente que no se puede presionar para que una persona sea entregada a sus enemigos, cuando, como se ha probado en el pasado, éstos utilizan frecuentemente métodos que no son mucho mejores. 
Señor Presidente, el asunto que hoy se nos plantea no es emitir un juicio sobre el jefe del PKK. 
Por lo demás, en muchas ocasiones, concretamente en el Informe McMillan Scott, nuestro Parlamento ha expresado lo que pensaba de este movimiento que practica el terrorismo. 
No, la cuestión que hoy se nos plantea es saber si Italia debe o no aplicar la extradición al Sr. Ocalan. 
Italia es un Estado de derecho. 
Italia tiene una constitución y una jurisprudencia que le prohíben conceder la extradición de cualquier persona a países que mantinen la pena de muerte. 
Debemos confiar en el Estado de derecho italiano. 
Este país aplicará su Constitución y su jurisprudencia, y está muy bien que así sea. 
Nosotros apoyamos a las autoridades italianas. 
Señor Presidente, como italiano, quiero agradecer la solidaridad manifestada por todos los Grupos políticos. 
Quiero añadir que en estas situaciones, en que un Estado miembro es atacado por el Gobierno turco, es sumamente importante que haya solidaridad, porque de esta forma, y sólo de esta forma, se puede construir la que es la Casa común de Europa y la Política Exterior y de Defensa Común. 
Comunicación del Presidente 
Señorías, creo que el Parlamento Europeo tiene autoridad moral sobrada, como defensor constante del Estado de Derecho y como Asamblea que siempre ha condenado el terrorismo, para apoyar y mostrar su solidaridad con un Estado miembro que se atiene estrictamente a esas reglas, que respeta la independencia del poder judicial y la aplicación de sus propias leyes. 
Entiendo, por tanto, que respondo a las peticiones que se me han hecho por la gran mayoría de los representantes de los Grupos políticos formulando la más enérgica protesta, en nombre de este Parlamento, contra los ataques de que han sido objeto las autoridades de este Estado por parte nada menos que del Primer ministro de un Estado tercero, mostrando al mismo tiempo el más enérgico rechazo al procedimiento de que un copresidente de una comisión se dirija a los diputados de esta Asamblea formulando lo que puede entenderse como una amenaza a su independencia y a la libertad del ejercicio de su mandato. 
Se harán de inmediato ambas cosas. 
Señor Presidente, el artículo F del Tratado de la Unión Europea exige a sus Estados miembros ser democracias, disposición que, si acaso, ha resultado fortalecida por el Tratado de Amsterdam. 
En estas circunstancias estoy seguro de que la mayoría de esta Asamblea convendrá en que la votación de anoche en una asamblea no elegida democráticamente... 
Señor Corbett, he de decir claramente que no corresponde a esta Asamblea juzgar lo que hacen los parlamentos de nuestros Estados miembros, que tienen sus competencias establecidas. 
No nos incumbe a nosotros juzgar el uso que de ellas hacen. 
No voy a permitir que se siga debatiendo esta cuestión. 
Votaciones 
Señorías, espero que estén en buenas condiciones físicas, porque se han presentado 760 enmiendas, y JeanPierre Cot y yo trataremos de hacerles pasar una mañana lo más agradable posible. 
Informe (A4-0397/98) del Sr. Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Consejo sobre la coordinación de la asistencia a los países candidatos en el marco de la preadhesión (COM (98) 0551- C4-0606/98-98/0094 (CNS)) 
Antes de la votación de la enmienda 9: 
Señora Comisaria, siento que tenga que intervenir ya ahora pero en la lista de votaciones que tengo pone que si aprobamos la enmienda nº 9 se suprime la nº 21. 
En esta enmienda se trata una cuestión que afecta tanto al informe del Sr. Barón Crespo como al del Sr. Sonneveld y a mí mismo. 
Se trata de si los candidatos a la adhesión deben estar representados en el correspondiente comité de seguimiento o no. 
La Comisión de Política Regional se ha pronunciado a favor. 
Creemos que estos Estados deberían participar en el comité correspondiente, al menos a nivel de asesoramiento. 
Debemos actuar unitariamente en los tres informes. 
Si rechazamos la enmienda nº 21, deberíamos decir acto seguido que no queremos que estos países estén representados en los comités. 
Si votamos afirmativamente, esto correspondería a la opinión de la Comisión de Política Regional y entonces tendríamos que decir para los tres que están dentro. 
Mi voto es darles la oportunidad de participar. 
Pero esto se tiene que aclarar aquí pues está al principio del orden del día. 
Señor Walter, concederé la palabra al Sr. Barón Crespo. 
La solicitud del Grupo de los Verdes ha creado quizá una ligera confusión. Por eso desearía que se aclarase esta cuestión. 
Mi intención era que se votara en primer lugar la enmienda 9 de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Al parecer, ha sido rechazada; pero lo confirmaremos. 
En caso de que se hubiese aprobado, habríamos votado la enmienda 19 del Grupo de los Verdes como añadido. 
Luego, naturalmente, someteré a votación la enmienda 21 de la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Señor Barón Crespo, ¿opina usted lo mismo? 
No, señora Presidenta, porque yo había sometido esta cuestión por carta al llamado «Steering Committee» , el cual no me ha dado respuesta y esperaba una resolución de la Presidencia en torno a este tema. 
Todos estos reglamentos los estamos examinando en el Parlamento de acuerdo con el llamado procedimiento Hughes, teniendo en cuenta que la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa es la comisión a la que corresponde el liderazgo en esta cuestión. 
Mi colega, el Sr. Walter, lo que ha hecho ahora mismo es hacer una apelación al voto, teniendo en cuenta que el criterio de ambas comisiones es distinto al nuestro. 
En la Comisión de Asuntos Exteriores entendemos que nuestro criterio prevalece porque es una cuestión relativa a las relaciones exteriores de la Comunidad. 
Entonces, mientras no haya una respuesta de la Presidencia entendemos que nuestro criterio debe prevalecer. 
Después de la votación de la enmienda 9: 
Señora Presidenta, antes de las votaciones usted ha dicho que iba a someter a votación también la enmienda nº 21. 
El primer apartado de esta enmienda... 
Si la enmienda 9 fuese rechazada, señor Walter; eso es lo que yo había dicho. 
Pero ha sido aprobada, el resultado es muy claro. 
Señora Presidenta, formalmente su conclusión podría ser correcta pero en la práctica esta enmienda nº 21 supone un complemento y soy de la opinión de que se debería votar ahora al respecto, tanto más cuando usted misma también lo ha dicho así. 
Muchos quieren otra forma de participación a lo que dice nuestra enmienda y creo que se han preparado para ello. 
Por esta causa debería mandar ahora que se votase. 
Señora Schroedter, no he dicho que en cualquier caso sometería la enmienda 21 a votación. 
He dicho que sometería la enmienda 21 a votación si la enmienda 9 fuese rechazada. 
La enmienda ha sido aprobada por voluntad de la Asamblea. 
En mi opinión la enmienda 21 ha decaído. 
Me dirijo al ponente, y si comparte esta opinión, pasaremos a la votación de las enmiendas siguientes. 
Señora Presidenta, es evidente que esta enmienda decae, porque trata de la misma cuestión sobre la que se ha pronunciado el Parlamento y quiero señalar, en relación con la cuestión planteada por mi colega el Sr. Walter, que entiendo, dentro del procedimiento Hughes, salvo mejor criterio de la Presidencia, que esta votación marca también el criterio en relación con el texto de los otros dos informes, el de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y el de la Comisión de Política Regional. 
Después de la votación de la propuesta de la Comisión así modificada: 
Señora Presidenta, desearía preguntar al Comisario, Sr. van den Broek, si mantiene el criterio contrario a las enmiendas del Parlamento que anunció ayer en el Pleno. 
Señora Presidenta, creía que tras la intervención que realicé ayer ante el Parlamento, estaba claro que hay una categoría sobre la que hemos dicho estar de acuerdo y otra categoría cuyos motivos respetamos claramente. 
Sin embargo, todavía no queremos apoyar formalmente esas enmiendas porque pensamos que el Consejo tal vez quiera efectuar algunas modificaciones en cuanto a su formulación sobre las que podríamos estar de acuerdo. 
Por tanto, creo que debo remitirme a lo que dije ayer. 
Señorías, si me permiten, daré lectura a la enmienda oral del Sr. Barón Crespo, para mayor claridad. 
Se votaría, a continuación, como un primer considerando: «Considerando que todos los demás países incluidos en el proceso de adhesión deberían también beneficiarse de programas análogos en el marco jurídico y contractual de sus relaciones con la Unión Europea». 
No hay oposición a que se tenga en cuenta esta enmienda oral. Por lo tanto, la someto a votación. 
(El Parlamento aprueba la enmienda oral) -Sobre la enmienda 21: 
Señora Presidenta, el objetivo de la enmienda oral que ha presentado mi colega Barón Crespo al principio, y sobre el que nos habíamos puesto de acuerdo, fue el resultado del procedimiento Hughes entre las tres comisiones participantes. 
Se trataba de si Chipre debía incluirse en la lista de los Estados favorecidos. 
Para Chipre existe una estrategia de acercamiento propia. 
Con esta enmienda oral, queremos mostrar claramente que queremos tener en cuenta a todos los Estados candidatos a la preadhesión, de modo que en este lugar ya no debería aparecer Chipre en la enumeración. 
Por ello, aquí debería existir una votación por separado sobre el complemento de Chipre en este lugar. 
Después de la votación de la enmienda 21: 
Señora Presidenta, llamo su atención sobre el hecho de que la Presidencia ha cometido una cierta incoherencia porque, al votar la enmienda 16, el Parlamento se acaba de desdecir de lo que ha dicho mi informe, a pesar de que yo lo había advertido. 
El Parlamento se ha pronunciado en mi informe en relación con la composición del comité y ha adoptado ahora mismo la resolución contraria. 
Yo entiendo que prevalece la primera votación. 
Sí, señor Barón Crespo, era la Asamblea la que debía tenerlo en cuenta. 
No corresponde a la Presidencia eliminar por iniciativa propia una enmienda que figuraba en el informe del Sr. Walter y que el Sr. Walter no ha retirado. 
Antes de la votación del proyecto de resolución legislativa: 
Señora Presidenta, como el señor van den Broek dijo ayer que muchas cifras se habían podido recoger o incorporar pero no algunas partes importantes, de conformidad con el apartado 2 del artículo 60 ruego que se devuelva la enmienda a la comisión. 
(El Parlamento decide la devolución a comisión) 
Señora Presidenta, tras la insatisfactoria respuesta de la Comisión- ya que no está dispuesta a recoger la enmienda nº 1 sobre la que acabamos de votar -, sólo quiero anunciar que en la lectura ordinaria de este documento que va a tener lugar en enero, si la Comisión modifica hasta entonces su actitud respecto a dicha enmienda, vamos a proponer devolver el informe a la comisión. 
Quiero decirlo aquí con toda claridad. 
De este modo, damos tiempo a la Comisión para que recapacite sobre un cambio de actitud frente a la mencionada enmienda. 
(El Parlamento aprueba una solicitud del ponente de devolución a comisión) 
Señora Presidenta, intervengo para anunciarle de nuevo que se va a plantear un problema que yo anuncié por escrito al «Steering Committee» o Comité de coordinación y a la Presidencia y que hoy he reiterado. 
Le ruego, señora Presidenta, que no me endose a mí la responsabilidad. 
Entiendo que la enmienda nº 30 de la Comisión de Agricultura, que tiene el mismo tenor que la que he señalado, la 16 de la Comisión de Política Regional, ha decaído, porque si no es así, el procedimiento Hughes y la coordinación que hacemos no sirven para nada. 
Como lo he anunciado en tiempo y forma, le ruego que la Presidencia y los servicios tomen en serio el tema y no endosen la responsabilidad al diputado. 
Me parece que debemos funcionar de acuerdo con nuestras normas. 
Señor Barón Crespo, no se trata de responsabilizar a nadie. 
Como usted sabe, la Asamblea es soberana; es un principio democrático. 
Señora Presidenta, pienso que la enmienda 30 no tiene que ver con lo que acaba de comentar el Sr. Barón Crespo. 
Aquí se trata de un comité consultivo en el que los Estados miembros de la Unión Europea y los países candidatos tienen un representante. No obstante, es un comité consultivo para la preparación de proyectos y éste ha sido el núcleo de mi informe. 
Esto es, ciertamente, de índole diferente de la que acaba de comentar nuestro colega, el Sr. Walter. 
No diría, por tanto, que forma parte del mismo precepto que acaba de presentar el Sr. Barón Crespo. 
Dicho esto, es bueno que la Asamblea haya oído las observaciones del Sr. Barón Crespo, y corresponderá a la Asamblea decidir soberanamente. 
Después de la votación de la propuesta de la Comisión así modificada: 
Señora Presidenta, supongo que tampoco ahora el Comisario tiene buenas noticias y no ha modificado su posición tal como manifestó ayer. 
En ese caso, pediría la devolución del informe a la comisión. 
Veo que el Comisario Van den Broek está de acuerdo. 
(El Parlamento decide la devolución a comisión) 
Señor Presidente, para que podamos concluir esta votación rápidamente, propongo que, si el PPE va a seguir votando contra sus propias enmiendas, tenga en realidad el valor de retirarlas para que no debamos seguir así hasta el final de la sesión. 
Es ridículo. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, en este informe voy a pedir igualmente la aplicación del apartado 2 del artículo 60 del Reglamento, en virtud del cual pedimos que se devuelva el informe a comisión por dos razones: para poder proceder a una segunda lectura y para poder iniciar conversaciones con el Consejo. 
Espero que toda la Asamblea apoye esta solicitud. 
(El Parlamento decide la devolución a comisión) 
Señor Presidente, como el Comisario Fischler nos comunicó ayer por la tarde o, mejor dicho, esta noche tras el debate, cuales son las enmiendas que la Comisión no puede recoger en ningún caso, y parto del hecho de que no se ha producido ningún cambio, de conformidad con el apartado 2 del artículo 60 solicito que se devuelva el informe a la comisión. 
(El Parlamento decide la devolución a comisión) 
Señor Presidente, a fin de aligerar todavía más el trabajo de nuestros colegas, nuestro Grupo le ha comunicado una propuesta para votar en la próxima sesión el informe del Sr. Ferri, que sí está concluido. Por tanto, no esta semana. 
Entiendo que la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo con ello porque se trata de un informe complicado. 
(El Parlamento acepta la propuesta) 
A la vista del trabajo realizado, propongo votar los demás informes esta noche. 
Señor Presidente, en relación con la votación sobre el informe McCarthy, deseo decir que mi explicación se refiere a la situación irlandesa. 
Hemos sido los beneficiarios principales de los Fondos estructurales de la UE y del Fondo de Cohesión y los hemos utilizado muy bien en ese período. Gracias a ello, ahora tenemos una economía muy próspera. 
Sin embargo, seguimos considerablemente retrasados respecto de nuestros socios europeos desde el punto de vista de nuestras infraestructuras, en particular los servicios de transporte, telecomunicaciones y protección medioambiental. 
Seguimos teniendo problemas enormes de exclusión social, en particular en las comunidades urbanas y rurales necesitadas y, de hecho, subdesarrollo. 
Hay que abordar todos esos problemas y por esas razón acojo con beneplácito la propuesta de la Comisión de que no se ponga fin de forma súbita a la financiación procedente de Bruselas. Debe ser reducida gradualmente. 
Sin embargo, deploro el cinismo con que el Gobierno irlandés ha optado por dividir el país en regiones para fines de partidismo político, sin apenas tener en cuenta el objetivo de los Fondos estructurales, que era el de prestar asistencia para la cohesión económica y social. 
Con ello está privando a los pobres rurales y urbanos del beneficio pleno de los fondos y, de hecho, de la ayuda estatal. 
Señor Presidente, respecto al informe McCarthy, nos hemos pronunciado en contra del mismo por los siguientes motivos. 
Primero, el objetivo 2: consideramos que el predominio del criterio del desempleo es inadecuado. 
Es urgentemente necesaria una ampliación de estos criterios, en especial, para asegurar las áreas rurales. 
Segundo, el objetivo 1: el criterio prescrito por la Comisión no debe debilitarse y ampliarse con disposiciones de excepción. 
Tercero: subrayamos expresamente que apoyamos todas aquellas medidas que son de ayuda para amortiguar la presión de adaptación en las regiones fronterizas con los PECOS. 
Por ello, apoyamos las disposiciones que pretenden adaptar la iniciativa comunitaria INTERREG, pero indicamos al mismo tiempo que ésta solamente va a poder realizar una aportación limitada. 
He votado a favor en la votación global final por considerar que el balance no compromete los intereses específicos de Portugal en la negociación de la Agenda 2000, además de contener elementos pertinentes en el sentido de la cohesión económica y social. 
Pero he votado contra el apartado 2 (que compromete la capacidad de decisión futura sobre las perspectivas financieras) y contra el apartado 5, que, después de la aprobación de la enmienda nº 7 (contra la cual también he votado) , podría entrañar una interpretación restrictiva de la capacidad de decisión del Consejo sobre las regiones de objetivo 1. 
Quisiera comenzar mis observaciones diciendo que acojo con beneplácito la decisión adoptada esta semana por el Gobierno irlandés de subdividir el país para los fines de la asignación de los Fondos estructurales de la UE durante el período 2000-2006. 
Es más que correcto y atinado que las regiones más pobres de Irlanda reciban una proporción mayor de los Fondos regionales y sociales europeos para mejorar el rendimiento económico en esas zonas. 
Los beneficios de la categoría del objetivo 1 son muy claros: 
Una mayor proporción del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para corregir el déficit infraestructural en las zonas menos favorecidas de Irlanda.-Una mayor cantidad de ayuda estatal para las industrias que se instalen en las regiones de objetivo 1 de Irlanda.-La posibilidad de que se conceda la categoría de objetivo 1 en transición a las zonas más pobres de Irlanda después del año 2006.Gracias a la adopción de esa decisión, se van a instalar las infraestructuras adecuadas para lograr que una gran proporción de la industria se establezca en las zonas de objetivo 1 de Irlanda. 
Desde que se aplicó el Acta Única Europea en 1987, ha resultado claro que una de las políticas básicas de la Unión Europea es la de velar por que todas las regiones de Europa puedan participar eficazmente en el régimen de la moneda única europea y en el Mercado Interior. 
Quisiera elogiar las gestiones hechas por todas las personas que han participado en el proceso de cabildeo en pro de la concesión de la categoría del objetivo 1 a las regiones más pobres de Irlanda para la próxima ronda de Fondos estructurales correspondiente al período 2000-2006. 
Con ello se avanzará mucho en la solución de los problemas de la despoblación rural en Irlanda, que ha alcanzado proporciones muy altas en los últimos años. 
Quisiera agradecer a los diputados a esta Asamblea el apoyo que han dado hoy a mi informe. 
Los votantes de mi circunscripción de East Midlands se sentirán muy complacidos al saber que el Parlamento apoya la continuidad de los fondos europeos para las zonas rurales, urbanas e industriales de nuestra región en las que niveles menores de desempleo ocultan deficiencias estructurales y sociales subyacentes. 
De hecho, al aceptar dos años más de financiación respecto de la propuesta de la Comisión para las zonas que están en proceso de reestructuración, se sostendrá ese proceso, en particular en las zonas mineras y rurales. 
Me complace en particular que las cifras más recientes de Eurostat indiquen que cuatro regiones del Reino Unido van camino de obtener la categoría de objetivo 1. 
Aunque aún se deben celebrar negociaciones y se deben adoptar decisiones el año próximo, esas cifras constituirán la base para dichas negociaciones. 
Merseyside, en la región nordoccidental, con un PIB del 72, 54 %, que queda comprendido en el umbral del 75 %, tiene permanentes problemas estructurales, por lo que esa zona seguirá necesitando la categoría prioritaria de la UE. 
Respecto de la categoría del objetivo 1, el Parlamento ha expresado con claridad la opinión de que cualquier excepción a la disposición relativa al 75 % del PIB deberá figurar en anexo al reglamento antes de que formulemos nuestro dictamen conforme sobre la propuesta de la Comisión. 
La Asamblea ha votado también a favor de la nueva iniciativa «Urban» de la Comunidad y otra iniciativa para futuros sectores o regiones en crisis: una iniciativa «Restruct» en cierto modo. 
Manchester, Liverpool y Nottingham, que se han beneficiado del fondo Urban, estarán encantadas de saber que el Parlamento ha respaldado su continuidad. 
Como ponente, ahora presentaré esta posición en primera lectura en nuestros debates con el Consejo y la Comisión y espero lograr las prioridades del Parlamento expuestas en el informe. 
Si bien debemos reconocer que el nivel de vida ha subido en Irlanda gracias en parte a la contribución de los Fondos Social, Regional y de Cohesión de la Unión Europea, sigo creyendo que queda mucho por hacer para que haya una igualdad de acceso y de oportunidades para las empresas, los exportadores y los fabricantes irlandeses con vistas a competir en condiciones de igualdad en el bloque comercial sin fronteras de la Unión Europea. 
Acojo con beneplácito la aceptación por la Comisión Europea de la necesidad de introducir cambios en la financiación europea para Irlanda con carácter gradual, lo que se conoce como el planteamiento del «aterrizaje suave». 
La continuación de la financiación europea después de que concluya el presente programa el año próximo es decisiva, si queremos consolidar las extraordinarias tasas de crecimiento de los últimos años. 
Una interrupción repentina de la financiación europea podría provocar una grave sacudida en nuestra economía y al tiempo socavar los beneficios recientes. 
Constituye una prioridad para el Gobierno y para el Grupo del Fianna Fail en el Parlamento Europeo que en la próxima ronda de financiación para el período 2000-2006 se sigan aplicando a Irlanda el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Europeo de Cohesión con la mayor amplitud posible. Las razones son las siguientes: nuestra infraestructura de carreteras sigue siendo muy inferior a los niveles de que disfrutan la mayoría de las regiones de la Comunidad; nuestra situación periférica impone una mayor necesidad de niveles relativamente altos de inversiones en las infraestructuras portuarias y de aeropuertos regionales; se necesita inversión para cumplir la Directiva de la Unión Europea relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas, cuya aplicación va a requerir un total de 1.600 millones de libras irlandesas en el período 1994-2005. 
Actualmente, en Irlanda se dedica el 35 % de todos los programas con cargo a los Fondos estructurales en Irlanda a los sectores de la educación y la formación con cargo al Fondo Social Europeo. 
Si bien es probable que la aportación de ese fondo se reduzca en parte a partir de 1999, se debe seguir asignando prioridad a unos mejores servicios de educación y formación para quienes carecen de las aptitudes necesarias o encuentran dificultades para lograr un empleo. 
El período de transición propuesto por la Comisión Europea a partir del período 2000-2006 permitirá que muchos importantes proyectos de desarrollo rural, industrial y turístico y en materia de carreteras y de protección medioambiental continúen como estaba previsto. 
Gracias a esta decisión, habrá más comunidades urbanas y rurales que puedan aprovechar la financiación europea para proyectos encaminados a la creación de nuevos puestos de trabajo, a mejorar el medio ambiente y a garantizar un crecimiento económico permanente. 
En consideración al proceso de ampliación de la Unión Europea, la propuesta de la Comisión para la reforma de los Fondos estructurales adquiere una dimensión particular para el futuro de los ciudadanos europeos. 
Se trata de confirmar que la Unión no puede ser sólo un gran mercado abandonado a los abusos del liberalismo, sino que debe crear mecanismos de recuperación, de acompañamiento, en una palabra: de solidaridad. 
No olvidemos que la política regional sigue siendo un elemento esencial desde el punto de vista del acercamiento de Europa a sus ciudadanos. 
Debemos, pues, continuar actuando en tal sentido, para comprender mejor los retos de la ampliación. 
El trabajo que hoy se nos presenta es resultado de numerosas horas de discusiones y de compromisos elaborados por nuestros dos coponentes, a quienes doy las gracias por sus esfuerzos. 
Si bien podemos suscribir el contenido general del informe, que adopta los principios de concentración, de simplificación y de descentralización propuestos por la Comisión Europea, especificando algunos criterios de elegibilidad (tasa de desempleo juvenil, de larga duración, nivel del PIB... ) , concretamente en relación con el Objetivo 2, e insistiendo en la necesidad de transparencia, nosotros no podemos, sin embargo, votar a favor de la resolución final. 
En efecto, a pesar de los puntos positivos del informe: la aplicación horizontal del Objetivo 3, esencial para la cohesión social, la formación y la lucha contra la exclusión; el mantenimiento de la iniciativa URBAN, tomando en cuenta, por primera vez, las ciudades de pequeño y mediano tamaño; la necesidad de prever una nueva iniciativa para hacer frente a las crisis económicas y sociales que suponen pérdidas de empleo; la revisión de esta «reserva de eficacia» que establecía la Comisión y que era inoportuna y vaga, nuestra opinión sigue siendo negativa. 
Negativa, porque con respecto al Objetivo 1 no deseamos volver a abrir la caja de Pandora. 
Conscientes de las restricciones presupuestarias que se imponen a todos, corroboramos que la ayuda debe beneficiar en primer término a los más débiles. 
Por eso ya no conoceremos en nuestro territorio metropolitano regiones menos desarrolladas, que, por este motivo, se benefician de los créditos europeos. 
Nosotros deseamos que se respete estrictamente el criterio del 75 %, principio que no debe tener excepciones. 
Negativa, porque en modo alguno podemos aceptar que algunos créditos de la Sección Garantía del FEOGA, utilizados en el marco del Objetivo 2, se consideren gastos no obligatorios. Esto es contrario al Tratado. 
Negativa, finalmente, porque si nuestra enmienda 46, en el apartado 53 de la resolución, por la que se pide, por razones de transparencia, que se garantice una utilización no discriminatoria de los créditos de los Fondos estructurales en las diferentes regiones afectadas, no se votase en el Pleno, lo consideraríamos un hecho lamentable para nuestra democracia. 
Por estas razones, señor Presidente, Señorías, la delegación socialista francesa del Parlamento Europeo no votará a favor de esta primera lectura. 
Las personas de la regiones menos desarrolladas de la UE afrontan con especial inquietud la revisión de los reglamentos de los Fondos Estructurales y, especialmente, su financiación por el presupuesto comunitario. 
Aunque el informe de la Comisión de Política Regional confirma el 0, 46 % del PNB para la realización de actuaciones estructurales durante el período 2000-2006, aún no se sabe, ya que el asunto sigue pendiente, cuál será la financiación total del presupuesto comunitario durante dichos años y cuál la contribución de los Estados miembros. 
La insuficiencia de las sumas disponibles hasta ahora para «salvar la distancia» que separa a las regiones menos desarrolladas y las que lo están más es evidente, ya que no sólo no se alcanza el resultado deseado de la convergencia real sino que se presentan divergencias aún mayores, como constatan, por ejemplo, los datos referentes a nuestro país, Grecia. 
Por tanto, las sumas disponibles son insuficientes y, mientras permanece incierta la financiación del presupuesto comunitario, se añaden a los países del objetivo 1 las regiones más alejadas de la Comunidad (de las cuales se excluye, de forma completamente ilógica, a las islas del Egeo) y las regiones del antiguo objetivo 6. 
Al mismo tiempo, el riesgo de que ciertas regiones de países pertenecientes al Fondo de Cohesión en los que la renta per cápita es inferior al 75 % de la media comunitaria sean excluidos del objetivo 1 es directo. 
Es decir, como dice nuestra gente, «no cabía el ratón en su agujero y llevaba calabazas». 
Es sabido que la cofinanciación de las obras integradas en los programas comunitarios absorbe casi el total de los recursos nacionales destinados al desarrollo. 
En este sentido, por tanto, es acertada la propuesta de aumentar la participación comunitaria del 75 % al 85 %. 
Sin embargo, queda el hecho de que, debido a la absorción completa de los recursos nacionales, se reduzcan de forma decisiva las posibilidades de ejercer una política de desarrollo nacional que, obligatoriamente, se mueve en el ámbito de las elecciones comunitarias. 
La Comisión Europea, a fin de imponer un control aún mayor al cumplimiento de las elecciones comunitarias, propone la creación de una reserva que ascienda al 10 % de los créditos, así como la anulación de los créditos que no se hayan utilizado una vez transcurridos dos años. 
Muy acertadamente, la Comisión de Política Regional desestima la propuesta de creación de una reserva y, asimismo, insiste en la disposición de los créditos que después de dos años no hayan sido utilizados en el país para el que se habían previsto. 
Aunque las financiaciones comunitarias podrían representar un papel auxiliar para cubrir la distancia que separa a las regiones de la Comunidad menos desarrolladas de las que lo están más, en esencia son las migajas para «echar ceniza en los ojos» de los pueblos de Europa, expiar conciencias y crear mecanismos que impulsen los grandes intereses monopolistas que, fundamentalmente, son los que más se benefician de los programas comunitarios, una vez que estos disponen del equipamiento necesario y del conocimiento técnico requerido. 
Es sabido que gran parte, si no la mayor, de las sumas destinadas a la ayuda estructural vuelve a los otros, es decir, a los Estados miembros más desarrollados. 
Hemos optado por abstenernos en la votación final. 
Nos contamos entre quienes muestran una actitud crítica ante las ayudas de los Fondos estructurales de la Unión Europea, ya que consideramos que estos fondos no han logrado su objetivo de reducir las desigualdades regionales. 
En su lugar, sería adecuado transferir la mayor parte de estos Fondos estructurales al ámbito nacional, donde, como ha demostrado la experiencia, el control y el seguimiento son considerablemente más seguros que a escala de la UE. 
Sin embargo, estimamos que constituye un paso acertado el hecho de que la Comisión haya mostrado su voluntad de llevar a cabo una simplificación y una depuración de las ayudas, en especial, por lo que respecta a la limitación del número de objetivos y de iniciativas comunitarias. 
La política estructural europea ha demostrado su validez pero, sin embargo, tiene que reformarse. 
Para los 7 próximos años hay que crear una política estructural que impulse la cohesión económica y social y que haga justicia a la exigencia general de mayor eficiencia y transparencia. 
Un modo de pensar en términos de propiedad es erróneo en este contexto. 
La política estructural europea tiene la finalidad de que las regiones más pobres de la Unión puedan aproximarse a las más ricas. 
Cito aquí sólo a modo de ejemplo el Fondo de Cohesión, que ha sido creado para ayudar a los Estados miembros de estructuras especialmente débiles para que puedan participar en la Unión Económica y Monetaria. 
Una vez alcanzado ese objetivo, el Fondo de Cohesión habrá cumplido su tarea. 
En consecuencia, una posterior financiación de los Estados miembros España, Portugal e Irlanda con el Fondo de Cohesión no está justificada ni tampoco es soportable de cara a la ampliación de la Unión. 
En el marco de las ayudas de los Fondos estructurales, se subvencionan también «medidas innovadoras». 
Ahora bien, con frecuencia la proporción de proyectos que se presentan a la Comisión no están en ninguna relación con los que al final se seleccionan como subvencionables. 
Esto se debe sobre todo al reducido volumen de las ayudas. 
Sólo un 1 % de los créditos de los Fondos estructurales se han destinado a medidas innovadoras para el período 1994-99. 
Espero que este Parlamento se pronuncie en favor de un aumento de estos créditos. 
Estos proyectos son de especial importancia para las personas, las asociaciones y organizaciones en todas las regiones de la Unión Europea, ya que aquí se puede evitar la con frecuencia larga y complicada marcha por las autoridades nacionales. 
Además, una concentración de los créditos de los fondos en las regiones más afectadas de la Comunidad no debe significar que las medidas de ayuda nacionales sólo estén permitidas en estas regiones. 
La política estructural europea nos ha aproximado mucho al objetivo de reducir las diferencias en el nivel de desarrollo y los ingresos per cápita en los Estados miembros y en las regiones. 
Estoy seguro de que la reforma de los Fondos estructurales va a seguir fortaleciendo la cohesión social y económica entre las regiones de Europa. 
A largo plazo, Europa solamente podrá seguir creciendo conjuntamente si se superan de modo permanente la diferencias económicas y sociales existentes. 
Una condición imprescindible para la reducción del número de objetivos y para llevar a cabo otros cambios en el ámbito de los Fondos estructurales es la incorporación sin modificaciones en el objetivo 1 de los criterios del objetivo 6 para las regiones con escasa densidad de población. 
Asimismo, se deberán enmarcar, también sin modificaciones, los criterios del objetivo 5B en el objetivo 2. 
Por consiguiente, no se deberá producir ningún deterioro de las condiciones para las regiones de escasa densidad y las áreas rurales que quedaron establecidas con motivo de las negociaciones para la adhesión de Suecia. 
El desarrollo de los Fondos estructurales reviste la máxima importancia de cara a la ampliación y profundización de la Unión Europea. 
Estimamos que el desarrollo de los Fondos estructurales, que podrá contribuir a reforzar la cohesión social y económica en Europa, entraña al mismo tiempo una gran importancia para responder a las necesidades que presenta Europa a la hora de lograr la creación de más puestos de trabajo, hacer un mayor hincapié en el desarrollo sostenible, aplicar una política medioambiental más enérgica y conseguir el objetivo de la solidaridad europea entre las regiones más ricas y las más pobres de Europa. 
Los Fondos estructurales constituyen un instrumento financiero para poner de manifiesto la fuerza de la Unión Europea como elemento de coordinación en aquellos ámbitos donde únicamente es posible satisfacer la voluntad popular mediante una mayor coordinación al margen de fronteras nacionales. 
Consideramos que es necesaria una reforma de los Fondos estructurales en este sentido. 
En principio, creemos que es positivo que se concentren los Fondos estructurales en los ámbitos que presenten verdaderamente necesidades, que se agrupen en tres los objetivos y que se simplifiquen de manera constructiva dichos Fondos. 
Además, entendemos que es importante la adaptación de los Fondos estructurales- y de la Política Agrícola Común- para poder hacer frente a los desafíos que plantea la ampliación. 
Es necesario considerar la reforma de los Fondos estructurales como un instrumento para facilitar la ampliación. 
Por motivos de principio, deseamos también hacer hincapié en la necesidad de considerar como límite máximo el marco financiero del 0, 46 % del PNB. 
Creemos asimismo que, por medio de un procedimiento administrativo flexible, horizontal y descentralizado, las ayudas estructurales deberán permitir cierto margen para la asociación, especialmente para las iniciativas nacionales, regionales y locales. 
En lo relativo al objetivo 1, es preciso aplicar de manera estricta el criterio del 75 %, a la vez que se deberán incorporar los criterios del anterior objetivo 6 dentro de este nuevo objetivo 1. 
Por lo que respecta al objetivo 2, éste deberá poder abarcar las áreas urbanas, partiendo del principio de que se debe conceder a los Estados miembros una gran libertad para poder decidir por sí mismos acerca de la distribución de las regiones beneficiarias de las ayudas. 
En nuestra opinión, el objetivo 3 deberá operar en un amplio ámbito en el que tengan cabida las ayudas destinadas a la formación de carácter ordinario. 
Es necesario además que los Fondos estructurales se sometan a enérgicas normativas de carácter financiero. 
Nuestra posición frente a las distintas propuestas que se han sometido a votación es coherente con nuestros principios, sin dejar por ello de reconocer nuestro respeto hacia las posiciones del Grupo Socialista. 
Hemos optado por dejarnos guiar en la menor medida posible por nuestros intereses nacionales, ya que nuestro cometido como diputados del Parlamento Europeo va más allá en estos momentos de los intereses de nuestro país. 
Desearíamos hacer aún algún comentario a nuestras posiciones. Por lo que respecta a la creación de una reserva de eficacia general, su extensión y su distribución, consideramos que es necesario coordinar estos tres aspectos de una manera coherente con los distintos objetivos de los Fondos estructurales. 
En nuestra opinión, las propuestas recogidas en el informe y las enmiendas no ofrecen en todos los aspectos una respuesta a estas exigencias. 
Hemos señalado anteriormente que se debe considerar el 0, 46 % como límite máximo del marco financiero. 
Por consiguiente, hemos optado por respaldar las enmiendas que coinciden con este planteamiento. 
Por lo que respecta al texto del apartado 2 acerca de las perspectivas financieras, entendemos que no se deben interpretar dicho texto como una expresión de la voluntad por elevar el marco financiero. 
En lo relativo al objetivo 6 y su incorporación en el objetivo 1, hemos optado por apoyar las enmiendas que mejor coinciden con nuestra idea de incluir el criterio relativo a la escasa densidad de población. 
Tanto el apartado 6 del informe como algunas de las enmiendas presentadas abordan la cuestión del reparto con arreglo a los niveles de población. 
A pesar de que este reparto podría ser interesante, creemos que la distribución exacta por porcentajes que se propone no constituye el modo de actuación correcto en las circunstancias actuales. 
Por lo que respecta al apartado 31 y a la adicionalidad, creemos que las propuestas para considerar también, entre otros aspectos, las condiciones macroeconómicas están formuladas de una manera que resulta difícil evaluar su aplicación. 
Consideramos asimismo que se debe someter a debate la propuesta para seguir considerando en adelante las medidas estructurales recogidas en la rúbrica 2 como uno de los objetivos de gasto, si bien este debate deberá abordarse con un mayor detalle que como se propone en el apartado 46 y en las enmiendas respectivas. 
En cuanto a la enmienda 94 sobre la evaluación, estimamos que, a pesar de basarse en buenas intenciones, la formulación de esta propuesta entraña en la práctica el peligro de que dicha evaluación se traduzca en una mayor burocratización. 
Querríamos asimismo destacar que no apoyamos las propuestas relativas a la señalización tal como quedan recogidas en el apartado 55. 
Si bien es necesario advertir a este respecto, su formulación no debe ser tan detallada como se propone en el informe. 
Nos mostramos de acuerdo con la propuesta sobre la igualdad entre mujeres y hombres en el reparto de los puestos de representantes en los comités de gestión de programas y en los comités consultivos. 
Finalmente, desearíamos resaltar que estamos de acuerdo con las propuestas del informe en las que se destaca el enérgico papel que deberá desempeñar el Parlamento Europeo. 
Irlanda ha sido uno de los beneficiarios principales de los Fondos estructurales y de Cohesión de la UE en el último decenio. 
El apoyo de la UE ha contribuido a dar un vuelco a la economía irlandesa y a crear miles de nuevos puestos de trabajo. 
Gracias a nuestro progreso económico, Irlanda ha logrado ahora alcanzar los niveles medios de riqueza de la UE. 
Pero seguimos considerablemente retrasados respecto de nuestros socios europeos desde el punto de nuestra infraestructura, en particular en lo relativo a los servicios de transportes y telecomunicaciones y de protección medioambiental. 
Y aún tenemos enormes problemas de exclusión social, en particular en comunidades urbanas y rurales desfavorecidas, y subdesarrollo. 
Hay que abordar todos esos problemas. 
Por esa razón, acojo con beneplácito la propuesta de la Comisión de que no haya una interrupción repentina de la financiación procedente de Bruselas. Tendrá que reducirse gradualmente. 
Es probable que ésta sea la última oportunidad de que Irlanda reciba un importante apoyo financiero de la UE. No es una señal de fracaso por parte de Irlanda, sino de éxito. 
Es una señal de que hemos utilizado bien la asistencia que hemos recibido. 
Pero se han cometido errores. 
Se han utilizado demasiados fondos para clubes de golf y puertos deportivos. No debemos repetir ese error. 
Debemos velar por que la nueva ronda vaya destinada a los que más la necesitan: las comunidades urbanas y rurales desfavorecidas de todo el país, que deben ser absolutamente prioritarias durante la nueva ronda. 
El presente informe es un componente más de una estrategia global para reformar los Fondos estructurales de la Unión. 
He optado por respaldar en líneas generales la posición del Grupo de los Socialistas. 
Acojo con satisfacción la decisión de concentrar los Fondos estructurales para destinarlos mejor a las regiones que los necesiten, en lugar de «dispersarlos» y restituirlos a los Estados miembros como una especie de reembolso por parte de la Unión. 
Considero igualmente positivo que se comience ya a abordar los posibles problemas que ocasionará la ampliación en el ámbito de las políticas estructural y agrícola. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones ha deseado manifestar su desconfianza en la votación de los diferentes informes relativos a la reforma de los Fondos estructurales. 
Este recelo no se refiere tanto a los propios informes y a sus autores, a quienes felicitamos por el trabajo que han realizado, sino a las propias propuestas de la Agenda 2000. Éstas son a menudo incoherentes, a veces peligrosas para el equilibrio del territorio de los Estados miembros; las mismas desatienden las dificultades de numerosos trabajadores europeos, empezando por los pescadores. 
Durante los debates, cada uno ha intentado, de hecho, defender los intereses de su región o de su país, lo cual, en suma, es muy legítimo. 
Nuestros amigos alemanes parecen ser indudablemente los más hábiles en este juego: éstos pretenden, en efecto, ser contribuyentes netos del presupuesto de la Comunidad Europea. 
Antes de reclamar la disminución de su participación financiera, nuestros amigos del otro lado del Rhin harían bien en pensar que, gracias al maná comunitario vertido sobre la antigua Alemania del Este, son los principales beneficiarios de la política regional. 
Por otro lado, la reforma de los Fondos estructurales parece, desgraciadamente, descuidar muchas cuestiones. 
Por ejemplo, han sido olvidadas las regiones que dependen de la pesca. 
De igual modo, cabe interrogarse sobre las consecuencias de la Agenda 2000 para las regiones rurales, que figuran entre las más frágiles de la Unión Europea. 
Así, el 9 % de la población de los Estados miembros de la Unión se beneficiaba de los Objetivos 5a y 5b; en el futuro, la población idónea sólo alcanzará alrededor del 5 %. 
Muchas regiones rurales perderán su idoneidad, en el mismo momento que la reforma de la PAC y la disminución de los precios agrarios fragilizan la situación de nuestros agricultores. 
En Francia, 9, 7 millones de personas vivían en zonas cubiertas por la acción estructural; en el futuro sólo serán 7, 1 millones. 
Cerca de 3 millones de franceses, la mayor parte de los cuales residen y trabajan en regiones rurales, se verán afectados por la nueva reforma: el 20 % del territorio francés dejará de ser idóneo con respecto a las intervenciones de los Fondos estructurales. 
Recordemos en este sentido que las regiones rurales habían obtenido, a título de compensación, medidas de ayuda estructural más ambiciosas tras las negociaciones del GATT y la reforma de la PAC, ya que habían resultado muy afectadas. 
Hoy la reforma de los Fondos estructurales pone en entredicho el ámbito geográfico de estas medidas, cuando incluso los efectos de la Ronda de Uruguay y de la disminución de los precios agrarios, agravada a su vez por la nueva reforma de la PAC, siguen castigando cada vez más duramente. 
Se trata de una falta flagrante de coherencia. 
Además, los Fondos estructurales aparecen, en realidad, como un instrumento de redistribución federalista, cuyo objeto consiste más en someter a la Comisión las regiones beneficiarias que permitirles superar sus dificultades. 
Deseamos aprovechar los debates para recordar, una vez más, que sería deseable que la Unión, en lugar de dedicarse sobre todo a dispersar inútilmente los fondos públicos, concentrase sus esfuerzos en las políticas comunes existentes: la PAC y la PPC. 
Desgraciadamente, no se ha elegido dicha vía, puesto que algunos aprovechan esta ocasión para tratar de obtener más poder, en detrimento de las naciones y de sus colectividades locales, menospreciando el principio de subsidiariedad, únicamente para provecho de Bruselas. 
Así, algunos exigen «la aplicación de una estrategia europea de ordenación del territorio» o incluso el nacimiento de una «política urbana integrada». 
A este respecto, sería preferible, en general, que la Unión Europea, en lugar de procurar obtener continuamente nuevas competencias, se ocupase de examinar las repercusiones de las políticas comunitarias existentes, de las decisiones que adopta o de las negociaciones en las que participa- tanto en el plano de la OMC como en el plano de los acuerdos internacionales- sobre el equilibrio del territorio europeo, con el fin de dejar de lado los aspectos negativos. 
Es preciso comprobar, en efecto, que la acción comunitaria ha tenido a veces consecuencias muy perniciosas respecto a una cohesión económica y social que a todos complace, pero que sería conveniente restaurar. 
Por lealtad a nuestro grupo político, hemos decidido guiarnos en líneas generales por las directrices de votación del Grupo de los Socialistas. 
Sin embargo, estamos convencidos de la escasa eficacia de los Fondos estructurales y de que dichos fondos se restituyen en su mayor parte a los Estados miembros en forma de reducciones en las cuotas de pago a la Unión. 
Se podría retener una gran parte de estos fondos, entre un 20 y un 30 %, para destinarla en su totalidad a ayudas a los países de la Europa central y oriental. 
Dichos países necesitan estas ayudas bastante más que Grecia, Italia, Portugal y España. 
Voy a votar a favor de este informe provisional, pues, en mi opinión, representa una reacción correcta de este Parlamento ante los cambios inmensamente complejos y potencialmente polémicos que se deben hacer en los Fondos estructurales y regionales propuestos por la Comisión en los planes de la Agenda 2000. 
Dadas las preocupaciones de los ciudadanos de las zonas que actualmente reciben financiación de la UE sobre su futura situación y en vista de que debemos centrarnos en la financiación de los costes de la ampliación a la Europa oriental y meridional, los ponentes están totalmente en lo acierto al pedir que la Comisión de Política Regional examine detenidamente la posible lista de regiones elegibles y cualesquiera posibles excepciones. 
Igualmente importante es la argumentación del informe en pro de que se conceda, de hecho, a las regiones que pierdan financiación un período transitorio para adaptarse. 
En particular, aplaudo la petición del ponente de que, a la hora de determinar las zonas que en el futuro recibirán financiación con cargo al objetivo 2, se incluyan como factores que se deben tener en cuenta, junto con el desempleo, un bajo PIB, las disparidades de riqueza dentro de las regiones y cualquier descenso del número de personas en edad de trabajar en una región. 
Si la Comisión y los Estados miembros siguen el planteamiento justo y atinado por el que se aboga en este informe, con reducciones transitorias y no repentinas de la financiación, calculadas con un conjunto equilibrado de criterios para determinar qué financiación debe corresponder a las diferentes zonas, creo que con ello aumentará la comprensión pública de los cambios necesarios para garantizar una UE ampliada y más próspera en el futuro. 
La reforma de los Fondos estructurales para conseguir la cohesión económica y social, debe tener en cuenta la situación económica real de las regiones destinatarias de la intervención. 
En Italia, especialmente en el Sur, la coexistencia de diferentes situaciones impone rigor a la hora de seleccionar las regiones a elegir para evitar acciones puramente asistenciales. 
En consecuencia, Alianza Nacional- y yo personalmente- considera que han de seguirse las siguientes orientaciones: 
concentración geográfica de las acciones tendente a la simplificación de los procedimientos de acceso y de gestión de los Fondos estructurales; -programación de las intervenciones en régimen de cooperación ampliada incluyendo, además de los Estados miembros, a las autoridades regionales y locales, los interlocutores económicos y sociales y los demás organismos competentes, en particular en materia medioambiental y de promoción de la igualdad de oportunidades; -aplicación flexible del principio del 75 % per cápita en la definición de las regiones Objetivo 1 a través de la incorporación del principio de insularidad para garantizar las acciones en favor de las islas estructuralmente desventajadas por sus características geográficas; -aplicación flexible del techo máximo de población a incluir en el Objetivo 2, con la introducción de indicadores suplementarios como las dificultades geográficas y/o la situación medioambiental, capaces de amparar a Estados- como Italia- fuertemente penalizados por una rígida aplicación de la «red de seguridad» ; -acuerdo de máxima sobre la reducción a tres del número de iniciativas comunitarias manteniendo la iniciativa URBAN, el único instrumento capaz de asegurar la uniformidad de la política urbana a todas las regiones europeas de acuerdo con las autoridades locales interesadas; -disconformidad con el establecimiento de una reserva de eficacia tanto de acuerdo con el modelo propuesto por la Comisión como bajo la forma de reasignación al FEDER o a otros Fondos estructurales en el ámbito del mismo Estado miembro; -aplicación del sistema de phasing out de siete años para las regiones que salen de los Objetivos 2 y 5b garantizando la progresiva supresión de las ayudas provisionales también al recientemente excluido Abruzo.- Informe G. Collins (A4-0395/98) 
Hemos votado en contra del informe sobre el Fondo de Cohesión. 
Este Fondo fue creado para que Irlanda, España, Portugal y Grecia pudieran satisfacer los criterios de convergencia necesarios para su participación en la UEM. 
Este fondo no debe incluirse en la política regional y estructural de la UE, sino que se trata de una ayuda directa en beneficio de estos países. 
Una vez que los países hayan reunido los criterios de la UEM, hay que suprimir esta ayuda a la mayor brevedad posible. 
Por ello, los países con derecho a subsidios han de poder acceder a las ayudas por medio de los Fondos estructurales. 
Ha de ponerse punto final a las ayudas una vez alcanzado el objetivo para el que fueron creadas. 
Desgraciadamente, la historia de la política regional de la UE está plagada de acuerdos suscritos con motivo de negociaciones, habiéndose recurrido a los denominados acuerdos colaterales para lograr compensaciones mediante medidas distintas a las destinadas a reducir los desequilibrios regionales. 
La creación en 1975 del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) representa un ejemplo de ello: dicho Fondo se creó para resolver los problemas presupuestarios del Reino Unido, no para igualar las diferencias regionales. 
Una ampliación con las disposiciones actuales en materia de ayudas para las políticas agrícola y regional- de manera que abarcaran también a los nuevos Estados miembros de la Europa Central y Oriental- exigiría, o bien una contribución financiera considerablemente mayor por parte de países como Suecia y Alemania. o bien una reducción de los recursos totales que se destinan a estas ayudas agrícolas y regionales. 
En consecuencia, es necesaria una reforma total de la política agrícola que recompense más el trabajo y la producción, y reduzca las ayudas. 
Resulta inaceptable e insolidario que los países de la Europa Central y Oriental perciban ayudas menores que el resto de la Unión Europea. 
En el futuro es preciso prever una reducción de los subsidios de la UE y un aumento de las posibilidades de prestar ayuda a escala nacional. 
En Suecia, es necesaria una distribución más justa de las ayudas agrícolas entre el norte y el sur del país. 
El Fondo de Cohesión es de gran importancia para la cohesión económica y social de Europa. 
Es absolutamente necesario someter a debate la futura evolución del Fondo de Cohesión por lo que respecta a los países que han logrado incorporarse a la UEM. 
Del mismo modo que la moneda única deberá contribuir a reforzar la cohesión económica y social en Europa, es necesario también volver a evaluar el papel futuro del Fondo de Cohesión y su campo de acción. 
Sin embargo, estimamos que no es posible establecer una relación directa entre el cumplimiento de los criterios de convergencia y la posibilidad de percibir ayudas procedentes del Fondo de Cohesión. 
Si bien los países que han satisfecho los criterios de convergencia han alcanzado ciertamente un elevado nivel por lo que respecta a los indicadores macroeconómicos, esta circunstancia no implica automáticamente que se haya logrado una total cohesión económica y social con estos países, o dentro de los mismos. 
Queremos igualmente destacar la necesidad de contar con una gestión financiera y un control eficaces. 
He votado a favor de este informe con la convicción de que la votación específica del rechazo de las limitaciones del Fondo de Cohesión a países de fuera de la UEM, al discriminar negativamente a Portugal, ha sido tan expresiva- siempre más de 300 votos contra esa discriminación -, que se han creado- me parece a mí- las condiciones mínimas para que ya no sea posible privar a Portugal de los beneficios del Fondo de Cohesión. 
De hecho, el Parlamento confirma expresamente la posición de la Comisión, lo que garantiza desde el principio una posición más favorable para los intereses de Portugal. 
La propuesta para el Fondo de Cohesión incluida en la Agenda 2000, documento que la Comisión presentó a mediados del año 1997, dispone que los beneficiarios de dicho Fondo sean los países que sigan teniendo un PNB inferior al 90 % de la media comunitaria, independientemente de que formen parte o no de la Unión Económica y Monetaria. 
Posteriormente, los servicios jurídicos del Consejo elaboraron un dictamen que, a la luz del Tratado de la Unión Europea, confirma la elegibilidad para el Fondo de Cohesión no sólo de Grecia- que no forma parte de la moneda única- sino también de España, Irlanda y Portugal, cuyos Gobiernos decidieron formar parte del euro. 
Para nosotros esta cuestión siempre ha sido indiscutible y consideramos que ninguna institución comunitaria tiene legitimidad para subvertir, en este marco, el Tratado y el principio de cohesión económica y social en el que se basó la creación del Fondo, impidiendo a Portugal acceder al Fondo de Cohesión. 
El informe Collins corrobora este punto de vista, por lo que, como es natural, hemos votado a favor. 
Añádase a esto, y como seguimiento de lo que siempre hemos sostenido, que el informe pone en entredicho también la condicionalidad entre la financiación del Fondo y el cumplimiento de los criterios de convergencia y se opone a la dependencia, propuesta por la Comisión, entre el Fondo y el Pacto de Estabilidad. 
Evidentemente, hemos de subrayar que en este marco no se puede considerar particularmente relevante el mantenimiento del Fondo de Cohesión para Portugal, sino que es la confirmación de lo que ya se había conseguido hace mucho en el proceso negociador relativo al próximo marco comunitario de apoyo. 
Por eso, rechazamos que el mantenimiento del Fondo pueda servir de cortina de humo para ocultar pérdidas reales que Portugal puede llegar a tener en los Fondos estructurales. 
Lo que resulta fundamental es modificar la metodología negociadora del Gobierno, resolviendo la cuestión esencial del aumento de los medios financieros globales para afrontar los nuevos problemas y encargos resultantes de la ampliación e impidiendo que su financiación se haga exclusivamente a costa de los actuales países de cohesión con perjuicio único de las dotaciones de los Fondos estructurales. 
El presente informe es un componente más de una estrategia global para reformar los Fondos estructurales de la Unión. 
Por lealtad a nuestro grupo político, hemos decidido respaldar en líneas generales las propuestas del Grupo de los Socialistas. 
Sin embargo, estamos convencidos de que se deben desmantelar los Fondos estructurales y restituir estos recursos a los Estados miembros. 
Sería posible retener una parte considerable de estos fondos, entre un 20 y un 30 %, para destinarla en su totalidad a ayudas en favor de los países de la Europa central y oriental. 
Dichos países necesitan esta ayuda financiera más que los países mediterráneos, los cuales, por su parte, han alcanzado ya un nivel de vida más que aceptable. 
Informe Varela Suanzes-Carpegna (A4-0393/98) 
En su propuesta, la Comisión Europea no tenía la intención de introducir grandes cambios en el funcionamiento del FEDER. 
El objetivo era clarificar y ampliar el campo de aplicación del Fondo. 
En este sentido, no puedo menos que apoyar el informe que hoy se nos presenta. 
En efecto, los complementos introducidos por el Parlamento Europeo toman en consideración la evolución socioeconómica de la Unión Europea, así como la de las nuevas tecnologías y la de los servicios de cercanía. Se trata de nuevos ámbitos que, en nuestra opinión, el FEDER debe tomar en cuenta. 
De igual modo, el ponente considera que el sector del turismo y el sector cultural deben estar recogidos en el ámbito de intervención del FEDER. 
En efecto, estos dos sectores son de capital importancia para la creación de empleos (en el sector cultural existen 3, 1 millones de empleos en la UE, es decir, el 18 % de la población activa) ; en cuanto al turismo, éste representa a menudo una solución de recambio para las regiones que padecen un retraso estructural o dependen mucho de otros sectores en declive. 
Igualmente, y en relación con el informe de la Sra. McCarthy y del Sr. Hatzidakis, apoyo firmemente el mantenimiento de la iniciativa URBAN para el desarrollo de una política urbana europea. 
Finalmente, es fundamental que nuestro Parlamento desempeñe un papel activo en el seguimiento y en el control de la aplicación de las políticas estructurales. 
Por estas razones votaré a favor de este informe así enmendado. 
Hemos decidido abstenernos en la votación final. 
Nos contamos entre quienes muestran una actitud crítica ante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ya que consideramos que este Fondo no ha logrado su objetivo de reducir las desigualdades regionales. 
En su lugar, sería adecuado transferir un fondo de estas características al ámbito nacional, donde, como ha demostrado la experiencia, el control y el seguimiento son considerablemente más seguros que a escala de la UE. 
Sin embargo, estimamos que constituye un paso acertado el hecho de que la Comisión haya mostrado su voluntad de llevar a cabo una simplificación y una depuración de las ayudas. 
Además, consideramos también positivas las propuestas para destacar las cuestiones medioambientales y las actividades de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 
El presente informe es un componente más de una estrategia global para reformar las ayudas estructurales de la Unión. 
Por lealtad a nuestro grupo político, hemos decidido respaldar en líneas generales las propuestas del Grupo de los Socialistas. 
Sin embargo, estamos convencidos de que se debe desmantelar el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y restituir sus recursos a los Estados miembros. 
Sería posible retener una parte considerable de estos recursos, entre un 20 y un 30 %, para destinarla en su totalidad a ayudas en favor de los países de la Europa Central y Oriental. 
Dichos países necesitan esta ayuda financiera más que los países mediterráneos, los cuales, por su parte, han alcanzado ya un nivel de vida más que aceptable. 
Además, creemos firmemente que los recursos de los Fondos estructurales reflejan el uso extremadamente ineficaz que se hace de la contribución financiera de los ciudadanos a la Unión. 
Creemos que una política regional de carácter nacional es más eficaz y menos costosa. 
Informe Kellett-Bowman (A4-0380/98) 
No podemos apoyar la propuesta de texto conjunto de Reglamento del Consejo por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras en el ámbito de las redes transeuropeas. 
El programa TEN se presenta a menudo como un programa que se puso en marcha para promover formas de transporte respetuosas con el medio ambiente. 
De acuerdo con este objetivo, ha de reconocerse que el programa ha sido un fracaso. 
Las cifras de EUROSTAT muestran cómo el sector del transporte ha adelantado en la actualidad a la industria como el mayor contaminador individual de la UE. 
Otro importante argumento empleado para defender el programa TEN es que el desarrollo de las infraestructuras de las regiones periféricas atrasadas- sobre todo uniéndolas a las regiones claves más desarrolladas- ayudará a que las regiones atrasadas alcancen el nivel económico de las prósperas regiones centrales. 
Las cifras de EUROSTAT vuelven a mostrar cómo la diferencia entre las regiones más ricas y las más pobres dentro de la UE sigue siendo igual de grande- cuando hablamos de prosperidad, desempleo, etc. a pesar de que el programa TEN lleve funcionando ya bastante años. 
Ahora el programa TEN ha sido ampliado para aplicarlo también a los países de la Europa central y oriental y los argumentos han sido exactamente los mismos que se utilizaron dentro de la propia UE. 
En el fondo, el programa TEN trata de asegurarle a la industria comunitaria las mejores vías de acceso posibles a sus mercados, incluidos los nuevos mercados de la Europa del Este. 
Hemos votado en contra de las propuestas de la Comisión y del ponente para modificar las disposiciones actuales de las ayudas económicas a las Redes Transeuropeas. 
La Comisión quiere destinar 5.500 millones de ecus a ayudas en favor de las Redes Transeuropeas durante el período 2000-2006, lo cual equivale al doble del importe correspondiente al período 1993-1999. 
Al mismo tiempo, las inversiones nacionales han disminuido en la Unión Europea desde un 1, 5 % del PNB en los años setenta al 0, 9 % de la presente década. 
En la mayor parte de los casos, los rigores presupuestarios de los Estados miembros en los últimos años se relacionan con la firme voluntad de éstos de cumplir los criterios económicos y monetarios exigidos para entrar a formar parte de la Unión Económica y Monetaria. 
Informe Jöns (A4-0398/98) 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de una reforma del Fondo Social. 
Con la nueva sección sobre el empleo incluida en el Tratado, resulta imprescindible unir las medidas dependientes del Fondo Social y las directrices anuales para el empleo. 
Hemos votado a favor de una serie de enmiendas a las propuestas de la Comisión: notas adicionales para que se tomen en consideración el desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y las actuaciones en favor de grupos desfavorecidos como los parados de larga duración y los discapacitados. 
Al menos un quince por ciento de los recursos debe reservarse, por ejemplo, a las mujeres. 
Pensamos que todos los países miembros tienen la obligación de adoptar iniciativas en el campo de la equiparación. 
Incluso un país como Dinamarca, que ha avanzado mucho en la integración de las mujeres en el mercado laboral, tiene la obligación de hacer todavía un esfuerzo especial por la equiparación según el Fondo Social. 
Me he abstenido en la votación del informe sobre el Fondo Social Europeo porque el objetivo general del fondo es contribuir a la convergencia social dentro de la Unión. 
El Fondo Social Europeo es así una herramienta para la creación de una verdadera política social europea y para el fomento de la cohesión económica y social. 
La UE no debe intentar regular los sistemas nacionales de política social y laboral con vistas a una homogeneización de los regímenes de seguridad social de los países miembros. 
La política social y laboral debe seguir siendo una cuestión nacional. 
En el informe se hacen una serie de valoraciones y evaluaciones de las medidas de los fondos estructurales relativas a promover la igualdad de oportunidades a la hora de la integración en el mercado laboral, a potenciar los sistemas educativos y a aumentar la vinculación de las mujeres al mercado laboral. 
De la misma manera, el fondo debe contribuir a fomentar iniciativas de empleo locales y regionales. 
A largo plazo, estas medidas ayudarán a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diferentes regiones comunitarias. 
Estas iniciativas contienen aspectos todos positivos, sin embargo, es un problema que estos esfuerzos vengan unidos a la realización de una política social europea y a la promoción de un diálogo social que a largo plazo contribuirá a establecer una política laboral europea común. 
Al mismo tiempo, el informe contiene también esfuerzos dirigidos a coordinar los instrumentos comunitarios en materia de política educativa. 
Estoy de acuerdo en la obligación de ayudar a las regiones menos desarrolladas de toda Europa. 
También es importante promover la igualdad de oportunidades a la hora de la integración en el mercado laboral, sin embargo, esto debe producirse sin matices políticos y no como parte de una estrategia dirigida a la creación de una convergencia social dentro de la UE. 
Acogemos favorablemente la revisión del Fondo Social Europeo actualmente en marcha, especialmente por lo que respecta al nuevo capítulo del Tratado de Amsterdam sobre el empleo. 
El Fondo Social Europeo desempeña un papel muy importante dentro de la estrategia para la creación de empleo, ya que respalda y complementa los esfuerzos que se están realizando en el plano nacional. 
Las experiencias que se han registrado por lo que respecta a una reducción en el pago de ayudas a las organizaciones no estatales, por ejemplo en el marco de la iniciativa PEACE, han demostrado ser positivas. 
Por este motivo, apoyamos la propuesta para dar prioridad a los proyectos locales en la planificación de los programas relacionados con las actividades del Fondo Social Europeo. 
El presente informe es un componente más de una estrategia global para reformar las ayudas de los Fondos estructurales de la Unión. 
Por lealtad a nuestro grupo político, hemos decidido respaldar en líneas generales las propuestas del Grupo de los Socialistas. 
Sin embargo, estamos convencidos de que se debe desmantelar el Fondo Social Europeo y restituir sus recursos a los Estados miembros. 
Sería posible retener una parte considerable de estos recursos, entre un 20 y un 30 %, para destinarla en su totalidad a ayudas en favor de los países de la Europa central y oriental. 
Dichos países necesitan esta ayuda financiera más que los países mediterráneos, los cuales, por su parte, han alcanzado ya un nivel de vida más que aceptable. 
En el informe se pone de manifiesto que necesitamos el Fondo Social Europeo para luchar contra el desempleo. 
Sin embargo, sacar dinero de los presupuestos de los Estados miembros para redistribuirlo a través de los Fondos estructurales de la UE no crea nuevos puestos de trabajo, si descontamos los de quienes trabajan en esta redistribución de los fondos. 
Los perdedores son los empleados en las administraciones públicas respectivas de los Estados miembros. 
Resolución sobre la PAC 
Mi voto sobre este asunto ha tenido en cuenta la posición ante la propuesta de cofinanciación de las ayudas a la renta por los presupuestos nacionales (que figuran, en particular, en el apartado 8 de la propuesta de resolución común PSE-Verdes). 
He votado contra esa opción- cuyas repercusiones en la PAC están por determinar- por considerar que equivale, fundamentalmente, a anticipar una decisión sobre las perspectivas financieras en el sentido correspondiente a una de las modalidades anticipadas por la Comisión para solucionar el problema del así considerado «exceso de contribución líquida de ciertos Estados miembros». 
En este caso concreto, la propuesta va encaminada a corregir la situación a favor de Alemania, sobre todo en perjuicio de la situación financiera actual de Francia en el marco del presupuesto comunitario, pero sin resguardar la situación de otros Estados miembros, como Portugal, que podrían verse perjudicados tanto en la financiación de la agricultura como en su posición líquida global ante el presupuesto comunitario. 
Fundamentalmente, semejante opción condicionaría inadmisiblemente la negociación sobre los recursos propios y limitaría en el punto de partida la capacidad negociadora de Portugal tanto en la Agenda 2000 como en las perspectivas financieras. 
En lo demás, he apoyado las excelentes propuestas de reforma de la PAC que figuran en la resolución PSE-Verdes con la esperanza de que resulten consagradas. 
En cualquier revisión de la Política Agraria Común para el período posterior a 1999 se debe incluir una mayor integración de las iniciativas medioambientales. 
Creo que las metas de la UE en materia de desarrollo sostenible, integración de la protección medioambiental junto con las iniciativas agrarias y el reconocimiento de los agricultores como guardianes del campo deben ser preocupaciones fundamentales de la Política Agraria Común. 
Existe una opinión mayoritaria a favor de una mayor integración de los objetivos de la política medioambiental en la PAC. 
Sin embargo, se deben evaluar y recompensar los resultados medioambientales positivos. 
Para dar el reconocimiento que se merece al papel del agricultor en el cuidado del campo, se debe añadir otro principio, a saber, el de que se les debe remunerar. 
La Unión Europea debe apoyar a los agricultores en forma de pagos directos a fin de lograr que utilicen métodos agrarios inocuos para el medio ambiente. 
Ya conocemos el éxito obtenido hasta ahora por el plan de protección del medio ambiente rural, cuya ejecución se inició en 1994 y entre cuyos fines figura la introducción de métodos agrícolas y de producción controlada que reflejan la preocupación pública cada vez mayor por la conservación, la protección del paisaje y los problemas medioambientales más amplios. 
El plan de protección del medio ambiente rural va encaminado también a prestar asistencia para la producción de alimentos de calidad de forma extensiva e inocua para el medio ambiente. 
Ese plan debe ir obteniendo cada vez más éxitos y tan sólo en 1997 ascendió a 101, 4 millones de libras irlandesas. 
Con arreglo al programa operativo para la agricultura, el desarrollo rural y la silvicultura correspondiente a 1997, se asignaron 67.176 millones de libras irlandesas para la inversión directa en explotaciones agrarias. 
El desglose de ese subprograma fue el siguiente: mejora de los niveles de higiene de la leche: 11.252 millones de libras irlandesas; mejora de los niveles de bienestar animal: 149.000 libras irlandesas; programa de mejora de las explotaciones agrarias: 8.769 millones de libras irlandesas; plan de lucha contra la contaminación en las explotaciones agrarias: 47.006 millones de libras irlandesas. 
Ese programa ha contribuido en gran medida a reducir la contaminación en nuestras explotaciones agrarias y a fomentar métodos agrarios inocuos para el medio ambiente. 
Apoyo un aumento de la asistencia de la UE para la inversión en las explotaciones agrarias en cualquier nuevo plan con cargo a la Política Agraria Común para el período posterior a 1999. 
Las preocupaciones medioambientales están cobrando cada vez mayor importancia en las políticas de la UE en general. 
Sin embargo, debe haber incentivos y planes de apoyo por mediación de la Unión Europea para que los cambios en ese sector se hagan de forma eficaz en función de los costos. 
Cada vez más personas utilizan las zonas rurales para fines de ocio y recreativos. 
Los agricultores no reciben una recompensa financiera por mantener y dar forma al campo. 
Se deben celebrar debates sobre estas cuestiones con las organizaciones agrarias y con el Gobierno irlandés y la Comisión Europea para que los cambios que se hagan cuenten con la buena voluntad y el apoyo de los agricultores irlandeses y de las autoridades nacionales y europeas. 
Declaro que he votado contra el párrafo 8 del informe Fantuzzi sobre la Agenda 2000 y la reforma de la PAC, pues, como afirma el ponente, «la opción de cofinanciación no va destinada a resolver los problemas y las necesidades de la agricultura, sino que tiene que ver con la contribución de los países al presupuesto». 
Por esa razón, lamento tener que votar contra un documento excelente de política agraria, porque considero que la financiación del presupuesto comunitario se debe examinar en la sede adecuada con toda la claridad y sin subterfugios. 
La revisión de la PAC, en 1992, condujo a una reducción de las sumas del presupuesto comunitario destinadas a la agricultura, a la desaparición de las explotaciones pequeñas, medianas y familiares, principalmente en las regiones meridionales de la Comunidad, con la consiguiente reducción drástica del número de explotaciones y del número de empleados, catapultando al alza los porcentajes de desempleo en las regiones agrícolas, aumentando peligrosamente el ritmo de abandono del campo. 
Las nuevas propuestas que impulsa la Comisión a través de la agenda 2000 para la agricultura son, quizás, la indicación más representativa de las propuestas totales de la UE en lo referente a su modelo de desarrollo. 
El sector agrícola sufre de forma más intensa los cambios dictados por el plan estratégico a medio plazo del capital monopolista, al tiempo que constituye uno de los sectores más críticos para la configuración del nuevo panorama económico y la repartición de los mercados mundiales. 
La postura cuestionada y la continua reducción de la parte del presupuesto comunitario destinada a la agricultura a la que proceden las propuestas de la «Agenda 2000» y las propuestas para la revisión de la PAC, en realidad- y sin mayores disculpascuestiona y socava el papel decisivo de desarrollo que la agricultura representaba hasta hoy en la mayoría de las regiones de Europa. 
La UE contrae continuamente su potencial agrícola existente al tiempo que su objetivo declarado, salvo el ahorro de recursos, es también la preparación de la empresa depredadora de ampliación hacia los países de Europa central y oriental y garantizar más posibilidades para poder responder- con el conocido sometimiento a las exigencias de los EEUU- al nuevo régimen de la Organización Mundial del Comercio desde el 2000 y en adelante. 
Tenemos en nuestras manos propuestas contradictorias, sin equilibrio alguno entre el factor humano, la producción y la tierra destinadas a una reducción posterior de la población agraria, a la caída de los precios y del coste de producción en favor de la competitividad, a una sustitución generalizada de las intervenciones por medio de ayudas al almacenamiento privado. 
Dichas propuestas no sólo producirán desequilibrios en la producción sino que hacen peligrar directamente la calidad de los productos, el equilibrio medioambiental, el mismo empleo agrario, el equilibrio social y la cohesión. 
Asimismo, dicha propuesta es la antesala de una intervención inadmisible y flagrante en los presupuestos de los Estados miembros al introducir condiciones de sumisión mediante la cofinanciación obligatoria de las ayudas directas por parte de los Estados miembros. 
Ello contraviene no sólo lo dispuesto en el Tratado sino que, indirectamente, prepara el terreno para el traslado esencial de los gastos obligatorios hacia los presupuestos de los Estados miembros- sin la opinión de los parlamentos nacionales- para políticas y decisiones asumidas por la dirección de la UE. 
En nombre de un ilógico- contrario a todo concepto de solidaridad- supuesto racionalismo se anuncia con la mayor hipocresía y demagogia el falso epígrafe de la renacionalización que, sin embargo, afectará también de forma exclusiva sólo a los gastos, mientras que la Comunidad seguirá teniendo la competencia exclusiva para la formación de cualquier detalle de la PAC- contingentes, subvenciones de precios y de exportaciones, de aranceles, etc., sin dejar margen alguno de maniobra o para trazar una política agrícola al propio Estado miembro. 
Es decir, «¡despellejado y apaleado! ». 
Nos oponemos de forma categórica a dicha propuesta de la Comisión y no existe margen alguno para «su mejor gestión» , como dicen algunos para adornarla y hacerla más digerible. 
Es nuestra obligación para con los agricultores y en favor del equilibrio social el anticiparnos a los sufrimientos que especifica dicha propuesta. 
Debemos oponernos y rechazar una política que se opone no sólo a los agricultores de la UE sino también a todos los trabajadores que serán llamados a pagar las consecuencias de dicha política antiagraria de la UE mediante la utilización de sumas de los presupuestos de los Estados miembros en el ámbito, desde luego, de una política de disciplina financiera y de intensa austeridad. 
La postura del Parlamento es que el precepto más alto es armonizar la reforma de la política agrícola común hacia los intereses y la voluntad de la inmensa mayoría de las capas populares que es seguro que fortalecerán sus luchas para anular, para revocar dicha política. 
Todo mi voto sobre esta resolución ha estado condicionado por la introducción de la cofinanciación, que no me parece un problema de la PAC, sino un problema creado en relación con la cuestión de la contribución líquida de ciertos países. 
Si no hubiera resultado derrotado en el Parlamento Europeo ese principio de la cofinanciación, habría quedado muy condicionada la libertad de negociación de Portugal en el marco de la Agenda 2000 y limitado en el punto de partida el objetivo de mantener el mismo volumen de apoyos financieros comunitarios para el próximo marco resultante de la Agenda 2000. 
Por eso, considero muy satisfactorio el resultado global de las votaciones. 
La actitud del Grupo Liberal en las votaciones ha estado muy influida por su convicción de que en el futuro sería deseable que hubiera financiación con los Estados miembros de las partidas del gasto agrario relacionadas con el apoyo a la renta. Diversos miembros del Grupo han explicado las razones de ello en diferentes intervenciones en debates sobre la política agraria. 
Así, pues, el Grupo Liberal ha votado contra las enmiendas relativas a esa cofinanciación del gasto agrario. 
Ha votado a favor de las resoluciones de los Grupos PSE-Verdes, por su aprobación incondicional del apoyo a la renta, pese a que en la resolución figuraban diversas expresiones (condicionalidad de las diversas medidas de apoyo) que no reflejaban en su totalidad la posición del Grupo. 
Por la misma razón ha votado a favor de la resolución del PSE y, cuando se han rechazado las dos resoluciones antes citadas, ha votado, naturalmente, contra las resoluciones de UPE y EDN. 
Como era de esperar, el Grupo ELDR ha votado a favor de todos los artículos de su resolución conjunta con el PPE. 
Al llegar la votación final, tenía que decidir si votar a favor de la resolución, pese a que había resultado derrotado el párrafo 14 con su cláusula de cofinanciación. 
Una mayoría del Grupo ha opinado que, aun así, podía votar a favor, pues con la aprobación del párrafo 13 puede continuar el debate sobre la financiación de la Política Agraria Común, en particular a la luz de las diversas votaciones sobre las preguntas orales, en las que las enmiendas que rechazaban la cofinanciación han resultado rotundamente derrotadas por una gran mayoría. 
Mi voto condena una política agrícola comunitaria inscrita esencialmente en una lógica de disminución de los precios y de desvalorización del trabajo, una política tan destructora que pone en tela de juicio la propia PAC, proponiendo la cofinanciación de los gastos agrícolas. 
Si hoy deseamos responder a las aspiraciones de los pueblos que han condenado las políticas ultraliberales, no han de suprimirse las políticas existentes. 
Es preciso no sólo proteger y reformar la PAC, sino también reorientarla. 
El marco de esta reorientación ya ha sido trazado por nuestra Asamblea. Ésta sostiene la idea «de un alto nivel de empleo» , incluyendo la agricultura. 
Nuestra Asamblea propone poner barreras a la carrera de la productividad. La misma desea responder a los nuevos desafíos que se plantean a la humanidad en el ámbito de la alimentación, de la energía, del medio ambiente, del abastecimiento de agua, de un desarrollo sostenible. 
Contamos con los principios: la unicidad del mercado, la solidaridad financiera y la preferencia comunitaria, que puede renovarse. 
Contamos con el medio financiero más importante: el presupuesto de la PAC. Se trata de fondos públicos considerables que hay que utilizar prioritariamente, no para producir excedentes y venderlos como saldos en el mercado internacional, sino para satisfacer las necesidades interiores de la Unión, dar a cada producción los medios de gestión del mercado, corregir las injusticias entre agricultores, producciones, regiones y países y desarrollar intercambios internacionales recíprocamente ventajosos. 
Podrían crearse otros medios financieros con créditos baratos asignados selectivamente para el empleo, la inversión productiva y el desarrollo sostenible, con una imposición del movimiento de capitales financieros y con unos instrumentos de justo reparto, por sector, de la riqueza creada entre la producción agrícola y el consumo. 
Esta podría ser una política alternativa. 
Nuestro Grupo se ha opuesto a cualquier forma de cofinanciación de la PAC por los Estados miembros. Esta cuestión plantea, en efecto, problemas de fondo. 
En primer lugar, esta propuesta de la Comisión rompe con el principio fundamental de la solidaridad financiera, establecido en el artículo 2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, aplicable al conjunto de las políticas comunes. 
Actualmente, sólo existen dos políticas comunes: la política agrícola común y la política pesquera común. 
Ahora bien, a propósito de estas dos políticas observamos un comportamiento paradójico de la Comisión, que pone en tela de juicio algunos de los elementos constitutivos de dichas políticas. 
Así, la Comisión propone, por un lado, la cofinanciación de la PAC por los Estados miembros y, por otro, la supresión de las ayudas estructurales a la política pesquera común para las zonas del territorio de los Estados miembros que no pueden acogerse a los nuevos Objetivos 1 y 2, tal como están definidos en la Agenda 2000, a riesgo de provocar graves distorsiones de competencia entre los operadores europeos del sector de la pesca. 
Estamos muy preocupados por esta desviación de la Comisión, que, al parecer, ya no desea respetar el Tratado fundamental constitutivo de la Comunidad Europea, y concretamente su artículo 2. 
Desde hace más de un año, en las diferentes opiniones que se nos encomendó que elaborásemos sobre la comunicación «Agenda 2000» en el seno de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Pesca, Édouard des Places y yo hemos llamado permanentemente la atención sobre las importantes dificultades presupuestarias que sin duda alguna conocería la Unión Europea si el conjunto de sus medios presupuestarios no se concentrasen en las dos únicas políticas comunes existentes, como son la PAC y la PPC. 
En el debate sobre la propuesta relativa a la Agenda 2000 de la Comisión, nosotros habíamos indicado que si se tenía la intención de proteger, en el marco de la reforma de la PAC y de las principales OCM, los principios fundamentales de la preferencia comunitaria y del mantenimiento de los ingresos de los agricultores- compensando la totalidad de la disminución de los precios -, tanto el presupuesto como la línea directriz agraria, según estaban previstos, serían insuficientes. 
Tras los primeros análisis efectuados en el seno del Consejo, todos los ministros aceptaron los objetivos de la reforma de la PAC, tal como los presentó la Comisión, aunque todos ellos manifestaron muy serias reservas sobre los medios propuestos para aplicarla. 
Este problema presupuestario no podrá solucionarse si no existe una voluntad política suficientemente fuerte para decidir concentrar el conjunto de nuestros medios en las políticas comunes de la Unión, en lugar de dispersarlos en mil ámbitos diferentes, con fines clientelísticos. 
Al oponerse a toda forma de cofinanciación, nuestro Grupo rechaza el propio principio de un aumento artificial del presupuesto de la Unión Europea- contrario a los compromisos de Edimburgo- y el surgimiento de un desdoblamiento funcional y financiero particularmente pernicioso, porque la Comisión decidiría unilateralmente una política europea y los Estados miembros se encontrarían en la obligación de cofinanciar, como tales, dicha política, cuando ya financian la totalidad del presupuesto de la Unión Europea. 
De este modo, las responsabilidades se diluirían totalmente. 
En lugar de crear esta separación, sumamente perjudicial, entre quienes adoptan decisiones y quienes pagan, nuestro Grupo preferiría, entonces, que nos orientásemos hacia una renacionalización total de la PAC, lo que permitiría a los Estados miembros elaborar su propia política agrícola en beneficio de sus agricultores, de la ordenación del espacio rural y de la protección de los consumidores. 
Me congratulo de constatar que, tras la votación celebrada esta mañana en el Pleno, el Parlamento Europeo haya rechazado claramente los elementos de la resolución que establecían la instauración de una cofinanciación. 
Informe Görlach (A4-0405/98) 
Desde 1980 hasta hoy se han perdido cinco millones de puestos de trabajo en la UE. 
Las cifras del paro en las regiones agrícolas son mayores que en las urbanas y el campo se queda desierto a un ritmo cada vez más rápido siendo los jóvenes los primeros en abandonarlo. 
Esa es la situación dramática a la que llevaron al campo y a la economía agrícola de los Estados miembros de la UE las desastrosas políticas adoptadas. 
Y ahora hablamos de medidas aún más desfavorables cuyo objetivo exclusivo es intensificar el ritmo de abandono de la actividad agrícola por parte de los agricultores pequeños y medianos y de concentración de la tierra y de la producción en las manos de cada vez menos personas. 
Dicha política prepara nuevos feudos y lamentamos que el ponente, a pesar de que incluso él mismo reconoce la situación dramática, mediante su informe, mediante sus enmiendas, sólo le hace frente de forma sintomática, intenta corregir la letra pero no toca, no se opone, no interviene en el espíritu del reglamento, mientras que por otra parte «abre los utrículos de Eolo» y da sus bendiciones para la apertura del campo a otras actividades alternativas, no sólo por los agricultores, sino también para cualquier otro que esté interesado en «explotar» la tierra quemada que dejará a su paso la desastrosa política antiagraria. 
El ponente olvida, e intenta convencer a los agricultores para que lo olviden, que el campo, las regiones agrícolas donde vive el 25 % de la población de la UE, está estrechamente ligado a la agricultura, a la ganadería y que los agricultores están sólidamente unidos a la tierra y a sus actividades. 
El problema no es reorientar, desorientar, a los agricultores disimulando o suavizando políticas hostiles. 
¿En el marco de una ya abierta política antiagraria, cuyo principal objetivo es intensificar el ritmo de reducción de la población agrícola, no es acaso un farisaísmo el interés por la ocupación en el campo? 
¿No están llenas de hipocresía las propuestas para hacer frente a las zonas de pobreza, cuando todos están conformes con la política total que crea dichas zonas? 
¿No son contradictorias las propuestas para incentivar la renovación de la población agrícola cuando con las cantidades cada vez menores casi prohíben a los jóvenes dedicarse a la agricultura? 
¿No es hipócrita el excesivo interés por la protección del medio ambiente en un momento en el que se eliminan cultivos tradicionales y se admiten plantas alteradas genéticamente, sin que haya precedido o se haya completado una investigación meticulosa sobre las consecuencias medioambientales y las consecuencias en los consumidores, única y exclusivamente porque ello es lo que dictan las multinacionales que producen material multiplicativo alterado genéticamente? 
¿Cómo se materializan en la práctica los devocionarios para la prosperidad del campo cuando los recursos para la financiación se contraen continuamente? 
Lo que esperan, lo que exigen los agricultores europeos es que defendamos por todos los medios su derecho a continuar sus actividades sin obstáculos y en las mejores condiciones y su derecho a vivir dignamente de ellas. 
Y dicho objetivo no se logra con medias medidas y calmantes. 
Se logra con su propia lucha, lucha que, por ejemplo, desarrollan en mi país precisamente en este momento que debatimos, y la cual apoyamos sin reservas. 
Por ello votaremos en contra de la propuesta de reglamento del Consejo, así como del informe que, a pesar de sus puntos positivos, no se atreve a invertir, como debería, el contenido antiagrario total de la propuesta. 
Hemos votado en contra de las ayudas al desarrollo rural con cargo al FEOGA. 
La Comisión no va lo suficientemente lejos en su propuesta para reformar la Política Agrícola Común en el marco de la Agenda 2000. 
En líneas generales, hemos optado por abstenernos en la votación sobre la política forestal al considerar que no se debe introducir ninguna política forestal a escala de la UE. 
Existe demasiada diferencia entre las condiciones que presentan los distintos países. 
Tiene sentido un instrumento, independiente de los mecanismos de apoyo a la producción y de los mecanismos de apoyo a la reestructuración de las infraestructuras directas de la actividad agraria, que pudiera dar apoyo a otras actividades íntimamente relacionadas con la agricultura y desempeñadas en lo esencial por los agricultores. 
Entre otras, podemos citar la actividad forestal, las acciones de lucha contra los incendios, la protección medioambiental y paisajística, que, si se llevan a cabo de forma integrada, podrían contribuir a la lucha contra la desertización rural y potenciar una diversificación económica en el espacio rural. 
Mediante ese instrumento se podría también contribuir de forma suplementaria a la disminución de algunos desequilibrios graves y conocidos. 
Todos esos enunciados figuran en la propuesta de la Comisión. 
En ella figura también el propósito defendible de unificar la reglamentación dispersa ya existente sobre estas cuestiones. 
Sólo, que después las buenas intenciones son desmentidas por las propuestas concretas. 
Así, comprobamos que este instrumento no dispone de medios financieros aptos para afrontar los problemas que supuestamente pretende resolver, cuando no ocurre incluso que algunos de los que va asignar serán retirados a otras vertientes agrarias, ya de por sí insuficientemente dotadas. 
En relación con las medidas agromedioambientales, establece una reglamentación que más parece hecha a medida para las estructuras agrarias y para la capacidad financiera de algunos pocos Estados miembros del centro y del norte de la UE. 
El informe no modifica esas orientaciones agromediambientales ni elimina la tendencia a que puedan llegar a beneficiarse de este instrumento agentes hasta ahora desvinculados de la actividad agraria directa. 
Dichos agentes deben ser apoyados con un medio distinto de este instrumento, que debe servir exclusivamente para los agricultores. 
En el informe hay aspectos positivos resultantes de las enmiendas que hemos presentado, ya sea la duplicación de las indemnizaciones compensatorias por hectárea, la posibilidad de apoyar inversiones en propiedades comunales y colectivas (baldíos) , la de reconocer las especificidades regionales y la de reivindicar un mayor equilibrio entre producciones mediterráneas y continentales. 
Sólo, que los medios globales siguen siendo insuficientes y las orientaciones centrales no han sido modificadas. 
A eso se debe nuestra abstención en la votación. 
El presente informe es un componente más de una estrategia global para reformar las ayudas de los Fondos estructurales de la Unión. 
Por lealtad a nuestro grupo político, hemos decidido respaldar en líneas generales las propuestas del Grupo de los Socialistas. 
Sin embargo, estamos convencidos de que se debe desmantelar el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola y restituir sus recursos a los Estados miembros. 
Sería posible retener una parte considerable de estos recursos, entre un 20 y un 30 %, para destinarla en su totalidad a ayudas en favor de los países de la Europa central y oriental. 
Dichos países necesitan esta ayuda financiera más que los países mediterráneos, los cuales, por su parte, han alcanzado ya un nivel de vida más que aceptable. 
Es positivo que la Comisión Europea proponga concentrar en un reglamento marco las medidas relativas a la estructura agraria. 
Esto ofrece la posibilidad de ajustar mejor los distintos instrumentos. 
Las propuestas de la Comisión se refieren en gran parte a la continuación y mejora de las medidas existentes. 
A grosso modo, estamos de acuerdo con ello. 
Me parecen especialmente importantes las medidas de acompañamiento que estimulan al sector agrario para que utilice métodos agrícolas ecológicos y respetuosos con la naturaleza. 
El ponente pretende en su propuesta de informe extender las medidas actuales, que principalmente están dirigidas al desarrollo de la estructura agrícola, a otras actividades del espacio rural. 
Estas enmiendas han sido rechazadas por la Comisión de Agricultura. 
Con ello, consideramos que los inconvenientes del informe han desparecido y hemos podido apoyarlo en la votación final. 
La política rural debe continuar siendo en primer lugar una cuestión de las administraciones nacionales y regionales. Cuentan con más instrumentos que la Comisión Europea, que tiene una capacidad de ejecución limitada y está alejada de los problemas regionales. 
(La sesión, interrumpida a las 13.05 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Personas desplazadas 
La orden del día prevé el debate sobre el informe del Sr. Wiebenga (A4-0399/98) , en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, 
I.sobre la propuesta de la Comisión para una Acción común relativa a la protección de las personas desplazadas (COM (98) 0372- C4-0505/98-97/0081 (CNS) ) (Nueva consulta) II.sobre la propuesta de la Comisión para una Acción común relativa a la solidaridad en la acogida y la estancia de los beneficiarios de la protección temporal de las personas desplazadas (COM (98) 0372- C4-0506/98-98/0222 (CNS) ). 
Señor Presidente, la propuesta relativa a la adopción de medidas sobre la acogida de personas desplazadas es una buena propuesta. 
Se trata de aquellos casos en los que se debe acoger a la vez a un gran número de personas y, podríamos decir que, en semejante situación de emergencia, no es posible aplicar los procedimientos normales de asilo. 
Una de las enmiendas del Parlamento Europeo establece que esta regulación complementa el estatuto de los refugiados, pero no lo sustituye. 
Encontramos un procedimiento interesante. 
Por primera vez, la Comisión Europea ha utilizado su derecho de iniciativa en el marco del tercer pilar, especialmente en lo relativo a la legislación. 
En la segunda lectura, que ahora tratamos, la Comisión, la Comisaria Gradin, que se encuentra hoy aquí, ha adoptado muchas de las enmiendas del Parlamento Europeo. 
Quiero mencionar las más importantes: la introducción de un plazo final de hasta cinco años en el régimen de acogida, y, sobre todo, el diseño de unas reglas que permiten efectuar un reparto entre los distintos Estados miembros respecto de las personas desplazadas. 
Estas adaptaciones, y lo digo en el marco del tercer pilar, son un golpe de suerte para el Parlamento Europeo. 
Hasta aquí las observaciones positivas. 
Ahora la realidad del día a día. 
Es increíble e irresponsable que la Unión Europea, y añado que es el Consejo de Ministros cuando se trata del tercer pilar, todavía no haya establecido una división justa del reparto de las personas desplazadas y tampoco un régimen de acogida para ellas. 
Todos sabemos que se actuó demasiado tarde en el caso de los bosnios desplazados. 
Estaban abandonados, y continúan estándolo, a las buenas intenciones de algunos Estados miembros, sobre todo Alemania, los Países Bajos y Suecia; otros países han hecho mucho menos. 
En este momento, el Kosovo está tranquilo. Menos mal, aunque la situación es, por supuesto, muy trágica desde el punto de vista humano. 
No obstante, si la situación se desborda otra vez e, inesperadamente, añado, muchos kosovares llegan a la Unión Europea, de nuevo no habrá un acuerdo en el ámbito europeo. 
Lo mismo puede decirse en el caso de que se produzcan importantes conflictos en otros lugares que ocasionen una afluencia masiva de personas, y pienso, por ejemplo, en Argelia. 
La pregunta es qué Estados miembros no quieren colaborar para que el Consejo de Ministros establezca este régimen. 
En los pasillos oigo mencionar a España, Francia y Gran Bretaña, pero no lo sabemos con seguridad porque el Consejo se reúne a puerta cerrada. 
Quisiera que la Comisaria aclarara esta cuestión. 
Todavía queda mucho por hacer en cuanto a la política de asilo e inmigración. 
El intercambio de datos de Eurodac tarda demasiado. 
No hay acuerdos sobre la vigilancia de las fronteras exteriores. 
No existe una política de repatriación común. 
En los últimos años, el Consejo de Ministros está en el atolladero. 
Al Grupo Liberal le parece bien, por tanto, que la Presidencia austriaca haya tomado ahora la iniciativa para llegar a un planteamiento estructural de la política de asilo e inmigración, sobre todo con vistas a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Sin embargo, la propia Comisión Europea también deberá hacer más a la luz de ese Tratado y opino que, en el actual departamento, la cantidad de funcionarios de que dispone la Comisaria Gradin es, en este punto, demasiado limitada, sobre todo, en cuanto a las posibilidades que debe tener y utilizar la Comisión Europea tras la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
Quisiera saber si hay planes para mejorar esa situación. 
La propuesta de acción común relativa a la acogida de personas desplazadas parece razonable ahora que se han adoptado algunas de las enmiendas del Parlamento Europeo. 
La segunda acción común, centrada especialmente en el reparto de la carga, que se ha añadido, constituye un gran paso adelante, ya que semejante regulación no existía el año pasado. 
No obstante, de acuerdo con lo que opinamos en nuestra comisión parlamentaria, el reparto de la carga debe realizarse de forma distinta de la propuesta por la Comisión Europea. 
En primer lugar, debe existir un reparto equilibrado de las personas desplazadas en los Estados miembros y, sólo después, una compensación financiera. 
El Consejo de Ministros ya va con retraso. 
Si de nuevo no logra adoptar una decisión porque algunos Estados miembros no quieren colaborar, habrá que buscar otra solución y los Estados miembros que sí estén dispuestos a asumir su responsabilidad deberán participar en una coalition of the willing. 
Señor Presidente, en algunos Parlamentos nacionales el debate sobre el asilo y los refugiados fracasa con la esperanza de obtener ventajas electorales por un juego populista de consecuencias xenófobas. 
Nada de esto aparece en el informe del Sr. Wiebenga, que se mantiene claramente dentro de la concepción clásica-liberal, presenta una buena línea y muestra su implicación en la suerte de las personas desplazadas. 
Las mejoras que introduce en las dos propuestas de la Comisión las hace aún algo más claras y humanas. 
El ponente propone justificadamente que se refuerce el papel del Parlamento. 
Además busca una base jurídica más firme para la política de refugiados y, como la mayoría de nosotros, intenta eludir la dependencia de la utilización de la regla de la unanimidad en el Consejo. 
Desde la perspectiva de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, resulta interesante que el fenómeno del desplazamiento masivo de personas se achaque, entre otras cosas, a la fallida política exterior del Consejo. 
De ahí que complemente las reglas relativas al reparto de responsabilidades, que la Comisión quisiera poner en práctica, con la consideración de los esfuerzos de los Estados miembros por evitar desplazamientos masivos tales como la intervención militar y otras acciones para evitar conflictos, como partes de una responsabilidad de alcance común. 
Éstos son complementos muy valiosos frente a los intentos de la Comisión que, en sí mismos, son encomiables. 
Sin embargo, el ponente lucha con el dilema al que se enfrenta la Comisión. 
En los últimos años, el Consejo ciertamente más de una vez ha dado la impresión de ser consciente de la importancia de efectuar un verdadero reparto de las cargas o responsabilidades en la acogida de las personas desplazadas, pero en caso de necesidad, el Consejo permanece impotente. 
La Comisión cree haber encontrado una salida con la división de su propuesta en dos partes: una viable ante el Consejo y otra no factible. 
En todos los casos, la votación por unanimidad sirve de pretexto a los Estados miembros a los que no importa el principio de la solidaridad europea. Un principio al que los mismos Estados miembros tan gustosamente recurren cuando se trata de aplicarlo en su favor. 
Uno puede preguntarse si el rechazo de la corresponsabilidad no puede compensarse con uno o más fondos de la Unión Europea. 
No se puede comer à la carte del pesebre de la UE. 
En muchos de los Estados miembros, que contribuyen cuantiosamente a la Unión y que no quieren compartir la carga de este problema europeo, hay un llamamiento para suprimir la solidaridad. Lo lamento. 
Los países poco dispuestos cortan así la rama sobre la que están sentados. 
Según lo expuesto, el ponente tiene también muchas dudas sobre la forma en que la Comisión pretende resolver su dilema. 
La cuestión es si se pueden realizar grandes progresos antes de que entre en vigor el Tratado de Amsterdam ¿No constituye la solución de la Comisión un autoengaño para así dar un pretexto al Consejo? 
El Sr. Nassauer se pronunciará sobre este punto en nombre del Partido Popular Europeo. 
Opino que, como ante cada acción hay que superar primero la barrera de la unanimidad, la Comisión nos ofrece la solución de más vale pan y ensalada que no comer casi nada. 
Quisiera formular una advertencia para que no nos dejemos sorprender en un juego que, en el fondo, libera al Consejo de sus problemas y nos los traslada a nosotros. 
Debe valorarse mucho la idea del Sr. Wiebenga de realizar un intento. 
Así mismo, es estupenda la manera en que la ha plasmado en su informe. 
No obstante, pienso, así mismo, que las dudas que subraya en su explicación son compartidas por muchos. 
A pesar de todo el valor que concedemos a la manera en que ha organizado el informe, esas dudas persisten para todos nosotros y debemos, por tanto, extraer las consecuencias pertinentes. 
Señor Presidente, espero que haya tomado nota de que he recibido los cuatro minutos del Sr. Schulz. 
Me alegra que hoy se encuentre entre nosotros la Comisaria Gradin, que se ha ocupado de este tema. 
Siempre me ha parecido muy importante que los Comisarios estén presentes en los debates. 
Sin embargo, quiero expresar también mi frustración y la de mi grupo político por cómo se ha ido aplazando el informe esta semana. 
No estamos de acuerdo en debatir sobre este informe en un momento en el que, en opinión de todas y todos los colegas, en realidad deberíamos hacerlo sobre las urgencias pero no sobre una cuestión política tan importante como esta. 
Se trata de refugiados que vienen a nuestra Unión, refugiados con los que se actúa de modo vergonzoso y mezquino, donde siempre tenemos la sensación de que son demasiado para nosotros, que no tenemos ningún sitio para ellos y que más bien tenemos que preocuparnos de que estas personas se vayan lo antes posible. 
Esto se refleja también en cierto modo en el modo con que mantenemos este debate. 
Este debate tiene lugar en un momento en que muchos colegas se ven impedidos por otros compromisos. 
No todos se ven afectados por las urgencias, por lo que otros compromisos se determinan ya mucho antes que nuestros debates. 
Esto explica porqué hay tan pocos colegas aquí presentes. 
También tengo que disculpar que algunas y algunos colegas de mi grupo político que querían contribuir a este debate no puedan estar presentes porque ya mucho antes tenían fijados otros compromisos. Esto es aplicable al Presidente de nuestra comisión, quien normalmente siempre está presente durante todo el tiempo cuando nuestra comisión participa en debates en esta Asamblea. 
Desgraciadamente, hoy no puede participar pues desde hace mucho tiempo tiene otro compromiso que no podía aplazar más. 
Quiero felicitar a mi colega Wiebenga por el trabajo que ha realizado en este informe. 
Sin embargo, hay algunos puntos con los que no estamos sin más de acuerdo, si bien esto lo sabe ya él mismo. 
Sobre todo, considero importante que el informe esté terminado antes de la reunión del Consejo que se celebrará en diciembre, de modo que el Parlamento, tras la propuesta modificada de la Comisión, tenga la posibilidad de exponer su opinión y votar al respecto. 
Tras la guerra en la antigua Yugoslavia, la Unión Europea se encontró en varias ocasiones ante la situación de acoger a numerosos refugiados de diversas regiones, en los últimos tiempos sobre todo de Irak y Argelia, tal como ha indicado el señor Wiebenga. 
La Unión Europea no disponía en ningún caso de ningún instrumento que, por un lado, facilitase a los Estados miembros la acogida mediante medidas solidarias y, por otro, ofreciese una protección burocrática. 
La tragedia de los refugiados de Kosovo ha puesto de nuevo en evidencia la incapacidad de nuestros Gobiernos para reaccionar antes tales acontecimientos según sus propias convicciones morales y de derechos humanos. 
Ahora, los refugiados de Kosovo son detenidos como inmigrantes ilegales en la frontera exterior de la Unión y con frecuencia se les trata además como delincuentes. 
Esto no puede proseguir así. 
Queremos poder ofrecer protección en la Unión Europea a las personas que huyen de un conflicto armado, de la violencia o de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. 
Consideramos acertado que todos los Estados miembros actuales y futuros participen en este compromiso humanitario. 
Los motivos de la huida pueden ser también la persecución étnica o religiosa. 
En cualquier caso, en mi grupo político estamos de acuerdo en que hay que incluir también estos motivos, lo que se refleja en el borrador del informe por propia iniciativa de mi colega Michel Lindeperg, sobre el que vamos a debatir próximamente. 
No negamos que debido a una interpretación restrictiva del Convenio de Ginebra para los Refugiados ha surgido una laguna de protección en Europa para los que huyen de las guerras civiles. 
Hay que cerrarla, pero no sólo con las medidas presentes. 
Por ello, estoy a favor de que se vote positivamente sobre algunos puntos del texto propuesto originariamente por la Comisión pues son mejores que algunas de las enmiendas presentadas. 
No tiene ningún sentido que en caso de una afluencia en masa, por un lado, tengamos una medida común que ofrezca a los refugiados protección en la Unión pero que, por otro lado, no adoptemos una regulación sobre cómo pueden llegar realmente estas personas a la Unión. 
Una vez que los Estados miembros se han decidido a aplicar las medidas comunes, sólo es lógico que no apliquen las limitaciones de visados y el principio de terceros Estados seguros. 
En lo tocante a la distribución equitativa de las cargas, la propuesta de la Comisión da preferencia a la distribución financiera frente a la de las personas. 
Se podría apoyar esta perspectiva pues precisamente en el caso de los refugiados en Alemania se ha visto cuántos han venido porque tenían allí vínculos personales, conocían la lengua porque fueron en alguna ocasión trabajadores en este país y encontraron por ello refugio en familias. 
En parte se habían integrado por sus conocimientos de alemán, de modo que podían atender a sus necesidades. 
Dudo que esto hubiese sido posible si se hubiese transportado obligatoriamente a las personas a una región donde no hubiesen tenido ninguna relación de este tipo. 
Por tanto, debido a las experiencias tenidas hasta ahora, una distribución por cuotas parece más bien contraproducente. 
La vía correcta es la compensación económica. 
No obstante, me adhiero a la opinión de mi grupo político de que antes o durante el momento de la llegada de los refugiados, se puede realizar una distribución de los mismos entre diversos Estados miembros. 
Sin embargo, esto precisa de una planificación muy detallada para no provocar unos daños personales y financieros aún mayores a los refugiados así como a los ciudadanos de la Unión Europea. 
Para finalizar, quiero decir que espero también que el Consejo apruebe próximamente propuestas concretas sobre cómo se debe hacer esto. 
Señor Presidente, tras esta intervención de la colega Zimmermann, me pregunto si, tal como había anunciado, ha emitido la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos o si ha hablado en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos. 
Ruego a la Sra. Zimmermann que lo aclare. 
Señor Presidente, ya he dicho al principio que iba a hacer uso de los cuatro minutos del Sr. Schulz, por lo que he hablado tanto en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos como de mi grupo político. 
Sra. Zimmermann, creo que al Sr. Nassauer le ha debido satisfacer su respuesta. 
Señor Presidente, supongo que puedo hacer uso de la palabra durante cuatro minutos y directamente paso a dejar claro a nuestro colega, el Sr Nassauer, que hablo en nombre del Grupo Socialista y no en nombre de algún que otro Comisario. 
Señor Presidente, estimados colegas, señora Comisaria, me tranquiliza especialmente que el Parlamento Europeo llegue a tratar la propuesta de la Comisión relativa a la adopción de un estatuto temporal durante esta sesión. 
Debe estar claro para todos nosotros que el tiempo apremia. 
Aunque todo el mundo reconoce que las minorías albanesas del Kosovo continúan siendo perseguidas, que desde hace años existe un problema político enorme y una guerra azota el territorio kurdo, todavía no hay un acuerdo europeo para la protección de los refugiados de esos territorios. 
No obstante, todos los Estados miembros se enfrentan a las situaciones más dolorosas de estos refugiados. 
Kosovares que huyen, que son sacados masivamente de los camiones; en algunos casos, los Estados miembros asumen su responsabilidad y abren procedimientos de asilo. 
En muchos otros casos, la gente es simplemente expulsada o abandonada a su suerte. 
La única respuesta que los países de Schengen, por ejemplo, fueron capaces de idear cuando los barcos con refugiados kurdos llegaban a la costa italiana, consistió en llamar al orden a Italia y cerrar directamente sus fronteras. 
Ya es hora, pienso yo, de que los Estados miembros de la Unión asuman de forma común su responsabilidad y aprueben este estatuto temporal relativo a las personas desplazadas. 
Señorías, en este debate caben algunas advertencias. 
Primero, el estatuto temporal tiene por objeto la protección de los refugiados y la concesión de derechos sociales, únicamente en aquellas situaciones en las que una afluencia masiva impida responder a las peticiones individuales de asilo en un plazo razonable. 
El objeto de este llamado estatuto B, que concede menos derechos a refugiados, no puede ser socavar el estatuto A del Convenio de Ginebra. 
Porque seamos claros: el Convenio de Ginebra, interpretado de manera amplia y humanitaria no queda desfasado, tal como la Presidencia austriaca manifestó en un slip of the tongue en su primer documento, sino que, por el contrario, comprende la mayoría de las situaciones de las personas desplazadas, de conflictos interétnicos, de guerras civiles. 
El problema reside especialmente en la adopción de una definición restrictiva en el Consejo Europeo de marzo de 1996. 
De ahí que el Parlamento Europeo sea partidario de que los refugiados tengan derecho a realizar una petición de asilo individual, a pesar de esa protección temporal. 
Segundo, en nuestra opinión, el estatuto temporal debe estar necesariamente vinculado a la solidaridad de los Estados miembros respecto de la acogida. 
No sólo a la solidaridad financiera, sino sobre todo también a la solidaridad de hecho para garantizar una acogida efectiva de los refugiados. 
Es, por supuesto, justamente en este ámbito donde se centra el problema de la aprobación de la propuesta por el Consejo. 
Muchos Estados miembros optarían por redimir su conciencia, preferiblemente, incluso con dinero del Fondo Europeo para los Refugiados, en lugar de acoger refugiados de forma efectiva. 
Sin embargo, la Comisión ha considerado útil dividir las dos propuestas para, así, dar una oportunidad a una de ellas. 
He escuchado antes que el Sr. Nassauer y el PPE aparentemente quieren unir los dos elementos en un texto. 
De alguna una forma, eso, por supuesto, tiene sentido. 
Estimado colega Nassauer, todos sabemos que si hacemos esto ahora, todo el asunto de la protección temporal de las personas desplazadas queda en manos del calendario griego. 
Eso implica dar una argumento espléndido al Consejo para no hacer nada más. 
Tercero, la propuesta prevé que la protección temporal finalice solo cuando la situación en la región de origen sea segura. 
Mi Grupo quisiera añadir otros dos requisitos. 
En primer lugar, deben respetarse los derechos humanos de los implicados y no puede haber discriminaciones. En segundo lugar, los refugiados deben poder regresar sin problemas a la zona de la que provienen y no se les debe abandonar en cualquier parte de la región. 
Pienso esto, no sin razón. 
Yo misma y muchos otros colegas nos hemos asustado bastante ante la propuesta de repatriación de los bosnios propugnada por algunos partidos políticos neerlandeses, y eso que todas las organizaciones de derechos humanos afirman que no se puede hablar de una situación segura en Bosnia. 
Éstos son los puntos del informe Wiebenga que queríamos mencionar. 
Una última cuestión, señor Presidente. Esperamos que este Parlamento no dé al Consejo un pretexto para no aprobar este estatuto temporal y espero que la Casa lo adopte. 
Señora Van Lancker, desearía pedirle por favor que, cuando pregunta si tiene cuatro minutos, los respete si los tiene y no los prolongue a voluntad. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quiero comenzar expresando mi agradecimiento al colega Wiebenga, nuestro ponente, quien, como era de esperar, ha elaborado un excelente, cuidadoso y equilibrado informe en nombre del Parlamento. 
Al contrario que la impresión que acaban de querer despertar las colegas Zimmermann y van Lancker, quiero indicar que no se trata de si acogemos o no refugiados. 
Naturalmente, en Europa se acogen refugiados de guerras civiles, además, en cantidades de cientos de miles. 
El problema es la distribución de las cargas. 
Lo que aquí se esconde bajo el titular de «protección temporal de refugiados» es la cuestión de si en lo esencial dos Estados, Austria y Alemania, deben acoger ellos solos más del doble de refugiados que todos los demás juntos, como ha ocurrido en el caso de la antigua Yugoslavia, o si se encuentra una distribución más justa de las cargas; este es el problema político. 
Nadie que hable en serio en esta Asamblea pone en duda que la acogida se realiza bajo unas condiciones humanas. 
El problema es urgente desde que la guerra civil en Yugoslavia ha puesto en fuga a cientos de miles de personas. 
Tras algún tiempo de dudas y de insistencia por parte de los Estados afectados, la Comisión ha elaborado un primer borrador sobre este tema. 
No voy a analizar porqué fue insuficiente a nuestros ojos ya que la Comisión no se ha atrevido a hacer más o, lo que debo reconocer en su favor, señora Gradin, porque ha visto claramente que no se podía alcanzar más. 
Respecto al punto realmente importante del burden sharing, en este borrador se decía que en caso de una afluencia en masa de refugiados, el Consejo examinará medidas adecuadas, es decir, no con el objetivo de adoptar medidas auxiliares. 
No, examinará medidas adecuadas, con lo que ha cumplido sus compromisos. 
Como regulación de distribución de las cargas, esto era absurdo, por lo que tampoco ha encontrado una mayoría en el Consejo. 
La Comisión ha elaborado su documento y ha llegado ahora a una idea muy especial. Ha propuesto dos actos jurídicos: el primero, sobre la acogida de refugiados y el segundo, sobre la solidaridad en la acogida de refugiados. 
Si se analiza más exactamente, lo que recomiendo encarecidamente se haga, entonces se ve que la acogida de refugiados se puede acordar con mayoría cualificada, es decir, en caso necesario, incluso en contra del voto del Estado de acogida que se ve especialmente gravado, pero que las medidas de solidaridad, las medidas de ayuda pueden aprobarse sólo unánimemente y que no están prescritas obligatoriamente; es solamente una cláusula discrecional lo que se ha introducido en la propuesta de la Comisión. 
Esto es decididamente demasiado poco. 
No se trata de solidaridad, tal como indica el titular, sino que sólo beneficia a aquellos que quieren negarse a una distribución más justa de las cargas. 
Por ello, no podemos aceptar ambas propuestas de esta forma. 
Lo que exigimos y sería adecuado es lo siguiente: la acogida de refugiados y la distribución de las cargas tienen que hacerse en un paso. 
Cuando se acojan refugiados tiene que estar inmediatamente claro qué países tienen que acogerlos según un baremo que debe tener en cuenta la capacidad de aceptación y el potencial económico. 
Si no se hace así, no se realizará a continuación una distribución justa de las cargas. 
Hay también algunos detalles dignos de mención. 
Nuestro punto central radica en la acogida de refugiados en diferentes países y no en medidas de ayuda financiera. 
Señora Gradin, también pedimos que se examine si es correcto cifrar la acogida provisional en cinco años. 
Cinco años es más bien un hecho migratorio que una protección provisional. 
Mi experiencia me dice que quien ha estado cinco años en un país de acogida es muy difícil que lo abandone de nuevo. 
Tendremos que debatir sin duda aún sobre más detalles. 
Me remito al problema de la reunificación familiar. 
Sería más correcto ofrecer a aquel que está fuera la oportunidad de entrar en lugar de proporcionar a aquel que ya ha entrado en la Unión la posibilidad de traer a toda su familia. 
Esto multiplica el número de acogida y, en consecuencia, las cargas que se deben soportar en este caso. 
Para nosotros la cuestión era política: el progreso que aquí se alcanza, a pesar de todas las críticas, es tal que se puede aprobar o es tan poco que un voto favorable nos gravaría en el futuro con la observación crítica del siguiente tenor: pero si está regulado. 
Nosotros decimos que lo que aquí se ha logrado es tan poco que no nos podemos dar por satisfechos. 
Por ello, señora Comisaria, sintiéndolo mucho, tenemos que rechazar ambas propuestas. 
Señor Presidente, deseo ante todo rendir homenaje al trabajo de nuestro colega, Jan Wiebenga, sobre la protección temporal de las personas desplazadas 
El informe que nos presenta, así como el proyecto de resolución legislativa, en la hipótesis de que el Consejo lo aprobase, constituiría un buen instrumento para hacer frente a una ola migratoria como la de Bosnia-Herzogovina o, quizá más cercano a nosotros, a un movimiento masivo de personas desplazadas de Kosovo hacia los Estados miembros de la Unión Europea. 
Empleo el condicional por la simple razón de que nunca se pueden tomar las suficientes precauciones oratorias, puesto que el Consejo, que debe zanjar en el mes de diciembre la cuestión que debatimos, está lejos de ser unánime sobre las propuestas que acaba de exponer Jan Wiebenga. 
Las propuestas de acción común de la Comisión relativas a la protección temporal de las personas desplazadas y a la solidaridad en la acogida y estancia de los beneficiarios de dicha protección constituyen un todo. 
El ponente ha subrayado el carácter complementario de la primera parte de su documento con respecto a la Convención de Ginebra sobre los refugiados. 
Nosotros estamos totalmente de acuerdo y proponemos mantener la presión sobre todos los organismos internacionales, sobre todas las autoridades afectadas, con el fin de influir en el Derecho internacional en la materia. 
Por otro lado, la experiencia nos enseña que una desigual repartición de las cargas es la causa de muchos problemas relacionados con la aplicación del derecho de asilo o al trato de las personas que, por una razón u otra, no ven otra salida a su triste destino que atravesar las fronteras de la Unión Europea. 
Recordemos el pánico- iba a decir: el ridículo, si la situación no hubiese sido tan seria- que el año pasado había provocado la llegada de algunos kurdos a Italia, como si la presencia de algunos miles de kurdos en el territorio de la Unión Europea fuese capaz de desestabilizar a 350 millones de europeos. 
Evidentemente, es absurdo. 
Si las propuestas de este informe, y concretamente las relativas al reparto de las cargas en relación con la problemática de las personas desplazadas, hubiesen estado vigentes en ese momento, mucho apostaría que el psicodrama al que acabo de referirme no habría tenido lugar. 
Estas son las razones, que tienen que ver con la moral, la ética o simplemente con una necesidad elemental de solidaridad, por las que es importante repartir las cargas de manera justa. 
El ejemplo de la afluencia de algunos miles de kurdos a Bari evidenció la falta de solidez y las lagunas de la problemática y de la aplicación de las normas actuales. Lo cual demuestra que, en caso de llegada masiva de refugiados a nuestro territorio, Europa estaría mal preparada para gestionar una situación de ese tipo. 
No querría, con todo, que este debate se convirtiese en un diálogo de sordos sobre esta cuestión, porque, entre todo o nada, existe, no obstante, un progreso serio, y por esta razón pido a la Asamblea que apruebe las medidas preconizadas por nuestro amigo Jan Wiebenga, a quien deseo dar de nuevo muy sinceramente las gracias. 
Señor Presidente, siempre nos agrada poder comprobar que un ponente se empeña en mejorar un informe de la Comisión que ya es bueno de por sí. 
Como ya hizo con éxito en el pasado, el ponente al que me refiero ha procurado hacer lo mismo en el caso que nos ocupa. 
Estamos de acuerdo con las grandes líneas de sus propuestas. 
No obstante, hay un punto importante que no podemos apoyar. Se trata de la enmienda 5 al artículo 3, que tiene por objeto prorrogar la duración máxima de este régimen, que en la propuesta se determina en cinco años, con otros cinco años más. 
Respecto a esta cuestión quisiera formular dos serias objeciones. 
La primera consiste en que, en cualquier caso, el primer período de cinco años ya me parece excesivamente largo para un estatuto temporal. 
De lo que se trata aquí es de un régimen de acogida para personas desplazadas temporalmente y en estas circunstancias, cinco años es mucho tiempo, tal y como se ha venido comprobando en los casos acaecidos hasta la fecha. 
Si somos partidarios de una integración estable, una incorporación estable en la sociedad no es oportuno que las personas acogidas tengan durante cinco años la impresión de que al día siguiente o tal vez al final de dicho período puedan acogerse a otro estatuto mucho mejor, y menos que al cabo de esos cinco años puedan volver a sumirse en un estado de inseguridad inaceptable durante otros cinco años más. 
Por todo ello rechazamos tajantemente la propuesta del ponente de crear un estatuto temporal de diez años como máximo. 
Otra pregunta, que en realidad no va dirigida al ponente sino más bien al Comisario, concierne a la falta de transparencia respecto al papel del ACNUR. 
Se hacen varias observaciones al respecto, pero leo por ejemplo en el artículo 2.2 de la segunda propuesta sobre la solidaridad financiera: puede consultar al ACNUR. 
Nosotros optaríamos en este caso por el verbo «debe» y, como parecen demostrar algunos comentarios, eso es lo que a veces pretende la Comisión. 
Quisiéramos, por tanto, que el Comisario aclarase este punto. 
Uno de los aspectos positivos del informe es que las personas desplazadas temporalmente no van a ser enviadas continuamente de un lado para otro. 
Ahora vemos cuáles pueden ser las consecuencias de tal actitud, puesto que en el marco de los acuerdos de Dublín los solicitantes de asilo sí pueden padecer esta situación. 
A raíz de dichos acuerdos grandes grupos de refugiados están abandonados a su suerte, incluso en los Países Bajos, donde no son acogidos porque previamente han estado en otro país europeo. 
Por fortuna, aquí no se ha formulado esta propuesta y me alegro de ello. 
Por último, el ponente pretende que la palabra «solidaridad» sea borrada del informe. 
Su propuesta se fundamenta en argumentos formales convincentes. 
A mí me gustaría que no desapareciera el concepto «solidaridad» ni el sentimiento que inspira sino que sólo se cambiara la palabra. 
No puedo por menos que observar que parece ser más fácil llevar a cabo una política liberal en materia de asilo en Europa que en los Países Bajos. 
Aludo con eso al Sr. Wiebenga, cabeza de lista del Partido Popular Neerlandés para la Libertad y la Democracia en las próximas elecciones europeas, y debo admitir que su actitud liberal clásica, que ya se ha mencionado antes, me llega al alma. 
No puedo decir lo mismo con respecto al comportamiento que adopta su partido en el Parlamento neerlandés. 
Señor Presidente, el Grupo de Coalición Radical Europea apoyará sin reservas el texto que nos presenta nuestro colega Wiebenga, a quien felicitamos cumplidamente, de paso, por su tenacidad en relación con esta cuestión. 
Hoy la dificultad consiste en que es necesario, por una parte, que los refugiados se beneficien de un régimen común de protección y, por otra, que los Estados y los gobiernos que los reciben realicen esfuerzos comparables o, al menos, que sean compensados presupuestariamente. 
La verdadera dificultad radica en la ausencia de Europa. 
Hace un momento, nuestro amiga Zimmermann- que lamentablemente no está presente- aludía al carácter desértico de este hemiciclo, que representa exactamente la total ausencia de Europa en cada una de las situaciones de crisis actuales. 
Europa no existe, para ser absolutamente claro, no se ha dotado de los medios para estar presente y activa, Europa no tiene peso en ninguna de las crisis. 
Lo vemos muy bien en el Mediterráneo oriental, lo vimos en Bosnia, lo vemos en Kosovo. 
La ausencia de Europa es un desastre, sobre todo porque la propia Organización de las Naciones Unidas no ha sido capaz de crear una estructura de intervención que permita mantener la paz o, en todo caso, prevenir los conflictos armados, limitar su extensión cuando se producen y proteger a las poblaciones civiles. 
¿Eso quiere decir que queremos convertirnos en gendarmes del mundo, a semejanza de una u otra gran potencia? 
No; pero, en cambio, tenemos el deber de fomentar estructuras de intervención de una policía internacional, que no tendría por qué ser europea, y nosotros queremos actuar en este sentido. 
Mientras tanto, concederemos lugares de acogida temporales, daremos protección a los refugiados, y no tendremos cargo de conciencia cuando los expulsemos a sus países el día en que la situación haya cambiado, en que sea menos candente y en que nuestra mala conciencia se haya aplacado. 
Suscribimos el Informe Wiebenga, pero éste es sólo un comienzo. 
Lo esencial aún queda por hacer. 
Le doy las gracias, señor Pradier. 
Desearía pedir a nuestros amigos que se encuentran en las tribunas que guardasen silencio durante las discusiones. 
Desgraciadamente, debemos exigirlo y no deseo verme obligada a ordenar que se desalojen las tribunas. 
Si la intervención de los oradores provoca entusiasmo, sírvanse conservarlo para ustedes y expresarlo en otro sitio. 
Señor Presidente, ante todo deseo dar las gracias a mi colega Wiebenga por su trabajo. 
A pesar de no estar siempre de acuerdo con él- en este caso, no estoy de acuerdo con algunos aspectos de su informe -, reconozco de buen grado que es una persona que realiza su trabajo con mucha seriedad y con una gran cortesía. 
Dicho esto, me parece sorprendente hablar de una protección temporal de cinco años, que puede ampliarse a cinco años más, es decir, por una duración de diez años, lo que considero absolutamente excesivo. 
En efecto, nos alejamos entonces del ámbito de la protección temporal, para entrar en el de la emigración, que no es el tema de hoy. 
Por otra parte, me sorprende que se quiera sustituir la regla de la unanimidad, que presidía hasta ahora las decisiones sobre los mecanismos de solidaridad, por la de la mayoría cualificada. 
Si se desea que el sistema funcione, los Estados afectados deben aceptarlo. 
Pero me uno a mi amigo Pradier, para decir que esta cuestión plantea en el fondo el problema de la influencia internacional de Europa. 
Se nos dice: «Europa es la paz» , pero Europa no es la paz, puesto que hemos visto que, desgraciadamente, en Europa hay guerra y que la Unión Europea deja que los Estados Unidos solucionen los conflictos europeos. 
Me pregunto si la voluntad encarnizada de tener una política común en materia diplomática es la vía correcta, y si no hubiese sido preferible, sobre todo para solucionar el conflicto yugoslavo, utilizar las competencias, las tradiciones y las relaciones históricas de algunas naciones de Europa- por ejemplo, Alemania con Croacia, Francia con Serbia -, en lugar de buscar inútilmente una posición unanimista que, finalmente, ha condenado a Europa a una forma de impotencia, que ha sido a la vez deplorable para los países afectados y para la propia Unión Europea. 
En cuanto a los refugiados, es evidente que nuestro deber es acogerlos. Tenemos un deber, sobre todo frente a Europa central. 
Nunca dejaré de repetir suficientemente que los países que componen la Unión Europea se han beneficiado durante cuarenta años de la libertad y de la prosperidad a costa de la dependencia y de la miseria de los países de Europa central. 
Señor Presidente, como mi tiempo de uso de la palabra asciende exactamente a 90 segundos- por cierto, insisto en que el Parlamento hace el ridículo al reducir el tiempo de uso de la palabra en un debate tan sumamente importante como el de la política en materia de asilo de tal manera que a los oradores no les queda más remedio que hablar de superficialidades- mi intervención se ceñirá a dos citas importantes. 
La primera recoge unas palabras del representante por excelencia de los liberales neerlandeses, Frits Bolkestein, y es anterior a las últimas elecciones europeas. 
Cito: «Los refugiados no europeos deben ser acogidos en países seguros en el continente del que proceden. 
En cuanto la situación en su país de origen vuelva a ser segura, todos los refugiados acogidos procedentes de dicho país han de regresar.» 
Curiosamente, no encuentro este espíritu ni en el informe ni en la intervención de nuestro colega liberal neerlandés Wiebenga, aunque supongo que ha sido elegido en razón de este programa. 
Ello me lleva a pensar que, tal vez, el Partido Popular Neerlandés para la Libertad y la Democracia maneje dos programas, uno para los electores y otro para los elegidos, uno para la campaña electoral y otro para después. 
La segunda cita proviene del socialista flamenco Louis Tobback que, en un libro de corte electoral, define a la gran mayoría de los refugiados como sigue: «Gaviotas que vienen aquí a posar en un basurero porque les resulta más cómodo que pescar o cultivar la tierra en su casa.» 
Que conste que no son palabras mías. Ni siquiera reflejan mi convicción política. 
Se trata de las palabras y de la convicción del gran jefe de los socialistas flamencos. 
Así que también los elegidos de este partido cantan una canción bien distinta a la que canta la ejecutiva del partido en casa para sus propios electores. 
Eso se llama engañar al electorado y seguiré denunciándolo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en los últimos meses de este año el número de solicitantes de asilo ha crecido de modo similarmente intenso y dramático a los años 1991 y 1992. 
Constatamos que se ven afectados por esta avalancha de solicitantes de asilo exactamente los mismos países que en 1991 y 1992. 
Mi colega Nassauer ha indicado que Alemania y Austria acogieron en aquellos años a más de la mitad de los refugiados. 
La carga para estos Estados es grande y sabemos que la capacidad de integración llegará a sus límites si prosigue esta evolución. 
Por ello, ruego encarecidamente que en el futuro se realice una distribución personal de las cargas. 
Lo que está pasando es insostenible y las propuestas que se han puesto hasta ahora sobre la mesa no son adecuadas para solucionar realmente el problema. 
Es absolutamente necesario para Europa que se realice una distribución de las cargas. 
Califico las propuestas que se han presentado como una coartada para que no se llegue realmente a una solución. 
La acogida debería realizarse por mayoría, es decir, que se pueda llevar a cabo también en contra de la voluntad de los países afectados. 
Pero la distribución de los refugiados depende de la unanimidad, por lo que se puede partir del hecho de que no va a tener lugar. 
Esto tiene como consecuencia que en el futuro se van a seguir viendo afectados los países que se ven más intensamente confrontados a los flujos de refugiados. 
Todo esto tiene además un efecto de potenciación pues se trata de los países que han acogido antes también al mayor número de trabajadores extranjeros integrándolos con sus familias, por lo que van allí los solicitantes de asilo ya que tienen allí a sus parientes, conocidos y amigos. 
Me temo que si no llegamos rápidamente a soluciones, la capacidad de carga no sólo va a llegar a sus límites sino que se va a sobrepasar en algunos países, lo que nadie de nosotros deseamos. 
El segundo punto es una propuesta totalmente inaceptable por parte del Grupo de los Verdes; el Sr. Voggenhuber ha dicho que el refugiado puede traer ya consigo a todos sus parientes. 
Todos sabemos lo que esto significaría. 
Habría que contar con una multiplicación por cuatro o por cinco de la presión migratoria y los problemas que derivarían de ello se los puede imaginar cualquiera. 
Tampoco entiendo que según la propuesta se pueda conceder un derecho de estancia provisional de cinco años, aspecto este en el que he recibido el apoyo del ala izquierda de esta Asamblea, lo que me alegra especialmente. 
En Austria, durante la última crisis hemos acogido más de 60.000 solicitantes de asilo procedentes de Kosovo y que hemos integrado a una gran parte de ellos. 
Pero también sabemos por la experiencia lo difícil que es que vuelvan de nuevo a sus países personas que llevan ya tres años en un país y proporcionarles ayuda para la reintegración. 
Será dificilísimo. 
Para hacer posible realmente esta reintegración, se debería conceder un permiso de estancia provisional de tres años como máximo y sólo en situaciones especiales conceder una prórroga. 
Queremos lograr con ello que las personas que están desarraigadas y que se encuentran en otros países, puedan volver de nuevo y que no se les sustraiga la posibilidad de integrarse de nuevo en sus antiguas comunidades. 
El Informe Wiebenga ha mostrado sin duda que necesitamos soluciones. Lo que se ha presentado no es aún el concepto que necesitamos. 
Sería deseable que se pusiese sobre la mesa lo antes posible una solución pues el tiempo apremia y los problemas los tenemos ya. 
Señor Presidente, señor Comisario, me produce una gran tristeza lo que he venido escuchando hasta el momento. 
Y estoy triste porque tengo la impresión de que se está tratando de crear una alianza que no tiene nada de santa- una alianza que podríamos quizás considerar en otro contexto -, con lo que, por otra parte, es posible afirmar que lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Si rechazamos esta propuesta y no conseguimos presentar otra propuesta acertada en su lugar, corremos un riesgo más que evidente de que el Parlamento se desentienda completamente del asunto, en cuyo caso el Consejo podría alegar que no deseamos actuar al respecto. 
¿Es esto lo que quiere el Parlamento? 
Porque en caso de que así fuera, ¡deberíamos reflexionar verdaderamente sobre cuál es nuestra función! 
De hecho, creo que todo esto tiene inevitablemente mucho que ver con lo que aquí se ha dicho acerca de las posiciones de los diputados. 
En este debate han participado personas que han intentado retrasar los trabajos precisamente con estos mismos argumentos. 
Si ahora que reina algo de paz en nuestras fronteras exteriores no lo llevamos a cabo, ¿cuándo vamos a hacerlo? 
Espero verdaderamente que podamos recobrar nuestras fuerzas y reconocer la excelente iniciativa del Sr. Wiebenga. 
Creo que lo más importante es que podamos adoptar una toma de decisiones por mayoría, ya que ello significaría que Europa es capaz de poner sus ideas en orden. 
Es evidente que las decisiones se adoptarán en coordinación con los Estados miembros implicados, pero el Estado más reacio a actuar no podrá impedir esta toma de decisiones. 
Me gustaría que mi país participara en este marco de cooperación. 
Yo también soy de las que piensan que Finlandia ha asumido muy pocas responsabilidades y ha venido practicando una política muy poco previsora en materia de refugiados. 
Como ya he dicho, me gustaría felicitar al Sr. Wiebenga. 
Espero que su informe cuente con el respaldo de todos, ya que, de lo contrario, seríamos testigos de un hecho escandaloso durante la votación. 
Desearía únicamente hacer una ligera observación en el sentido de que deberíamos hacer una mayor referencia a la resolución n- 13/48 del Consejo Europeo del año pasado, en la que se solicita a la UE y a la Comisión que colaboren con aquél en este tipo de cuestiones. 
Señor Presidente, también yo desearía felicitar al Sr. Wiebenga. 
Es evidente que todos los países democráticos, y por lo tanto también los Estados miembros de la Unión Europea, han de practicar una política generosa en el ámbito de los refugiados. 
No obstante, todos sabemos que esta política aún deja mucho que desear. 
Se necesita una cooperación constructiva para ayudar a las personas necesitadas y a los refugiados, una cooperación que deberá implicar también acuerdos voluntarios en torno a un reparto solidario de las cargas. 
A pesar de ello, no creo que sea necesario promulgar legislación a este respecto. 
¡Sería algo engorroso! 
Estamos hablando de humanidad, de valores humanos, de algo que debería ser de por sí una obviedad. 
Si perseguimos una política que cuente con la aceptación de los ciudadanos de la UE, es extremadamente importante lograr una unanimidad en la toma de decisiones. 
Naturalmente, en el Grupo de los Verdes deseamos que se apoyen nuestras enmiendas, a la vez que consideramos una iniciativa interesante la propuesta de la Comisaria Gradin en torno a una acción común en materia de protección temporal. 
El informe refuerza la dimensión humana. 
Sin embargo, es necesario ver en este instrumento un suplemento, un añadido a la Convención de Ginebra sobre el asilo, no una alternativa. 
Es importante que los refugiados puedan seguir recibiendo protección en el marco de esta convención, ya que cualquier otra circunstancia sería inaceptable. 
Señor Presidente, en cualquier periódico europeo que uno pueda abrir se topa enseguida con el dramático problema de los solicitantes de asilo y las desavenencias de los respectivos Gobiernos en torno a la cuestión. 
Estamos ante un problema gigantesco, no podemos negarlo, y debo admitir que si a mí me han enseñado en la escuela que gobernar es prever, en los diferentes países europeos se ha gobernado últimamente de mala manera. 
Era evidente que el conflicto de la antigua Yugoslavia provocaría una huida masiva de refugiados. El conflicto que actualmente asola a Kosovo ya era previsible hace dos años. 
El inicio de los debates sobre la necesidad de crear un estatuto para personas desplazadas se remonta al año 1997. 
Por todo ello, me parece que ya va siendo hora de que pongamos manos a la obra. 
Acojo con mucho interés las diferentes tendencias, desacuerdos y preocupaciones de todo el mundo, pero, señor Presidente, no podemos perder de vista que en no pocas ocasiones lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Si en este momento no disponemos de una solución europea, no se dispone de una solución en ningún lado. 
Porque cuando Alemania encuentra una solución distinta a la de los Países Bajos, los flujos se desplazan. Es tan simple como eso. 
Por todo ello, es fundamental que contemos con un estatuto europeo y que encontremos una solución aceptable para el concepto de solidaridad. 
Por esta razón votaremos a favor de las propuestas, aun cuando nos inclinemos a discutir sobre una serie de aspectos sin duda importantes pero sobre los cuales nunca lograremos ponernos de acuerdo y que no pueden impedir que se haga lo que se deba hacer. 
Pero a pesar de todo, señor Presidente, me sigue pareciendo una auténtica vergüenza que no dispongamos de una política exterior común digna de este nombre. 
No deja de ser una vergüenza que los países europeos se resistan a afrontar las verdaderas causas de estos flujos de personas en busca de seguridad y una mejora de su condición. Nuestra política de cooperación al desarrollo ha fracasado y cerramos los ojos ante la necesidad de llevar a cabo una política de movilidad que tenga en cuenta a las personas, no sólo al capital y las mercancías. 
Señor Presidente, la situación de los refugiados de Kosovo exige urgentemente una solución que aporte sobre todo una distribución personal más justa. 
Aquí se ha reconocido que Austria ha reaccionado ejemplarmente ante las situaciones de crisis de los últimos años, ha acogido a personas desplazadas, sobre todo de la zona de crisis de Bosnia y ha integrado a la mayoría de ellas en la sociedad. 
Entretanto- tal como ha dicho acertadamente el Sr. Pirker- la población austríaca ha llegado al límite de su capacidad de carga. 
Si no queremos que en la Unión Europea la palabra solidaridad sea una palabra vacía de contenido, ha llegado el momento de llevar a la práctica los objetivos comunes. 
Ningún país miembro debe exonerarse de la responsabilidad. 
Todos deben acoger refugiados en función de su tamaño y de su número de habitantes y demostrar así la tan pregonada conciencia europea. 
Creemos- además por los motivos que el Sr. Nassauer ha expuesto- que la separación de la propuesta en dos partes y el aplazamiento de la cuestión de la distribución de las cargas derivada de ello no es defendible. 
Sólo la rápida adopción de una resolución sobre el paquete global hará justicia realmente a los intereses de los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, no quería molestar al Sr. Hager sino solamente decirle lo siguiente. 
A las cuatro y tres he pedido la palabra para una cuestión de orden por el siguiente motivo. 
Hay dos posibilidades: o comienza a las 16.00 en punto con el debate de urgencia o acepta todas las intervenciones en la cuestión el Informe Wiebenga. 
Pero lo que no puede ser es que conceda la palabra a algunos colegas después de las 16.00 horas y aplace otras intervenciones para la tarde. 
O una cosa u otra. 
Señor Posselt, debía terminar la primera ronda de oradores de todos los grupos políticos. 
De ahí el retraso de tres minutos. 
Se interrumpe el debate sobre el informe Wiebenga. Proseguirá una vez realizada la votación sobre los asuntos de actualidad. 
Señor Presidente, doy por supuesto que la Comisaria, la Sra. Gradin, podrá volver a hacer uso de la palabra en el curso de este debate para responder a nuestras observaciones y preguntas. 
Señor Wiebenga, debe entender que el orden del día ha sido fijado y es la que seguimos. 
El debate sobre su informe se continuará una vez realizadas las votaciones. 
El orden del día prevé el debate sobre asuntos importantes de actualidad y urgencia. 
El orden del día prevé el debate común sobre las siguientes siete propuestas de resolución sobre la ayuda alimentaria a Rusia. 
B4-1002/98, de los parlamentarios Väyrynen y Kjer Hansen, en nombre del Grupo ELDR, -B4-1008/98, del Sr. Swoboda y otros, en nombre del Grupo PSE, -B4-1018/98, del Sr.. Carrère d ' Encausse, en nombre del Grupo UPE, -B4-1019/98, del Sr. de Lassus Saint Geniès, en nombre del Grupo ARE, -B4-1030/98, de los parlamentarios Schroedter, Lagendijk y Aelvoet, en nombre del Grupo de los Verdes, -B4-1034/98, del Sr. Provan y otros, en nombre del Grupo PPE y- B4-1043/98, del Sr. Seppänen y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL. 
Señor Presidente, señor Comisario, me voy a referir a la ayuda a Rusia. El Grupo Liberal está a favor de que la Unión presté ayuda de emergencia a la Federación Rusa. 
De ello no cabe duda. 
La población de dicho país se encuentra en una situación extraordinariamente difícil y precaria y está pasando mucho frío. 
No podemos cerrar los ojos ante la suerte de este pueblo. A la luz de estos problemas, nuestra tenacidad, que se fundamenta en razones puramente presupuestarias, es un flagrante despropósito. 
Por otra parte, el Gobierno ruso ha de comprender que a una señal positiva de nuestro lado debería corresponder una señal positiva de su parte. 
Las soluciones duraderas para los problemas que sufre la economía rusa pasan necesariamente por una política financiera responsable e implacables compromisos con el FMI. 
Ya lo sé, son palabras muy fáciles de pronunciar en comparación con la tarea tan ardua que reflejan. 
De la misma manera, la Unión ha de respetar en la medida de lo posible el mercado ruso a la hora de prestar ayuda de emergencia. Por todo ello, insto al Consejo a que apruebe en breve la propuesta de la Comisión de poner 400 millones de ecus a disposición de los rusos. 
La Comisión, por su parte, tendrá la obligación de consultar al PE en vista de la elaboración de su Memorandum of Understanding. 
Le agradezco que me haya concedido más tiempo de uso de la palabra. 
Señorías, el tiempo del que disponemos para el debate de los temas de actualidad es escaso, lo saben. 
Por tanto, pediría por favor que lo tuvieran en cuenta durante su intervención. 
Señor Presidente, hoy hablamos sobre un problema muy importante, sobre las ayuda alimentaria a Rusia. 
Es importante porque Rusia no sólo está pasando una crisis económica y financiera durante las últimas semanas y meses, sino también porque tienen que superar las consecuencias de una cosecha fallida. 
En 1998 solamente se ha obtenido la mitad de la cosecha esperada de cereales. En el caso de las patatas la situación no es mucho mejor y en los pequeños huertos que tienen la mayoría de los rusos y que necesitan para su abastecimiento básico de alimentos, se han obtenido asimismo unos rendimientos sensiblemente inferiores. 
La caída del rublo ha hecho el resto. 
La mayoría de los rusos apenas puede comprarse alimentos. Viven por debajo o justamente al límite de la pobreza. 
La necesidad de ayuda es pues innegable, de lo que me he podido convencer además en visitas que he realizado a Rusia durante las últimas semanas. 
Sobre todo, los niños y las personas mayores dependen urgentemente de nuestra ayuda. 
En lo tocante a la ayuda alimentaria que quieren proporcionar el Consejo y la Comisión, solamente hay una cosa clara hasta el momento: se trata de una ayuda para los agricultores europeos, quienes como consecuencia de la devaluación del rublo ya no pueden ofrecer sus productos en el mercado ruso. 
Si los alimentos van a parar realmente a los orfanatos, escuelas u hospitales, es decir, a los necesitados, es aún algo dudoso. 
Se quiere vender los productos agrícolas a los precios usuales en el mercado, meter los ingresos obtenidos en un fondo especial del presupuesto ruso y dedicarlos más adelante a finalidades sociales. 
Es absolutamente necesario que la Comisión recapacite de nuevo sobre si este es el camino correcto. 
No podemos permitirnos que aparezcan alimentos en el mercado negro o que vayan a parar incluso a las exportaciones rusas. 
Queremos apoyar a los pobres de Rusia y no a la Mafia. 
Por ello, en la resolución exigimos que junto a la ayuda alimentaria se proporcione también ayuda humanitaria. 
La Cruz Roja rusa, las Iglesias y las ONG han prometido su ayuda para averiguar las necesidades y para la distribución de los alimentos y medicamentos y disponen además de los correspondientes sistemas de distribución. 
Otra cuestión es la financiación de la ayuda alimentaria. 
Si realmente es así que se va a ayudar y apoyar a los agricultores europeos, creemos que la financiación se debería realizar desde la categoría de la política agrícola, la Categoría I, y no a costas de la política exterior aunque se trate de una buena finalidad para Rusia. 
Insto a la Comisión para que adopte las correspondientes decisiones. 
Con la ayuda alimentaria no se solucionan los problemas estructurales en Rusia. 
La misma Rusia tiene que actuar y presentar y aplicar por fin los correspondientes programas. 
Señor Presidente, en Estrasburgo estamos a dos grados de temperatura e incluso ha nevado, pero nosotros no pasamos frío y tenemos comida más que suficiente. 
Por eso mismo, me parece obvio que pretendamos ayudar a los rusos que están pasando un frío extremo y no tienen nada para comer. 
Mi lema es: ayudemos a los rusos a pasar el invierno. 
Evidentemente, no hemos olvidado que muchos de los miles de millones en préstamos concedidos a Rusia han caído en saco roto y han privilegiado a una elite adinerada. 
La reciente visita del Canciller Schröder al Presidente Yeltsin ha puesto de manifiesto que la flexibilidad alemana en materia de créditos pertenece definitivamente al pasado. 
720 bancos están a punto de cerrar sus puertas y el resto de las entidades financieras no puede cumplir sus compromisos. 
Es necesario que Rusia inicie otra vía distinta si pretende salir del atolladero financiero y económico. 
Sin embargo, nada parece indicar que el país vaya a cambiar de rumbo. Según los últimos planes que ha dejado entrever, el Primer Ministro Primakov tiene la intención de incrementar la intervención del Estado. 
Me alegro, por tanto, de que la Comisión haya tomado la iniciativa. 
Como contrapartida, considero que los rusos deben comprometerse a no cobrar impuestos de importación, a permitir que se controle el fraude y a no obstaculizar la distribución. 
El tiempo apremia. 
Queremos ayudar a los rusos a que pasen el invierno, pero han de dejarnos un margen suficiente para que podamos explicar a los ciudadanos europeos que los impuestos europeos se emplean adecuadamente. 
Ayudemos a los rusos a que pasen el invierno, pero no nos olvidemos de ejercer el control necesario. 
Señor Presidente, el Sr. Bertens lo ha dicho diplomáticamente, pero creo que se puede decir de manera más directa. 
La realidad es que hoy somos prisioneros de nuestros créditos a Rusia. 
Es evidente que, frente a una situación humanitaria desastrosa como la que conoce Rusia, el Grupo de Coalición Radical Europea votará positivamente esta resolución en favor de la ayuda humanitaria a Rusia. 
Pero la verdad es que no tenemos una política con respecto a Rusia y que no logramos tener una política porque los rusos, gracias a nuestros créditos y gracias al poder que éstos le proporcionan indirectamente sobre nuestros bancos, están en condiciones de hacer lo que deseen: permanecen sordos a las peticiones de la Unión Europea; no realizan privatizaciones, sobre todo de tierras, que darían a Rusia la posibilidad de producir lo que necesita para su consumo. 
Nos encontramos, por lo tanto, totalmente acorralados, en la imposibilidad de promover y de fortalecer una política de reforma en Rusia. 
Este es el verdadero problema: la ausencia, una vez más, de una política europea. 
Señor Presidente, en el debate sobre la ayuda de emergencia se suele plantear la pregunta de si esta ayuda realmente es imprescindible. 
¿Realmente existe una falta de alimentos en Rusia? 
Si queremos ser sinceros, tenemos que admitir que esta pregunta, al ser tan general, tiene difícil respuesta. 
Pero sí estoy convencido de que regiones enteras y amplios grupos de la población realmente no disponen de alimentos suficientes. 
Me refiero especialmente a las regiones situadas en el norte de Rusia. 
Esta mañana he leído en el periódico que incluso los esquimales del norte de Rusia se ven afectados por la falta de alimentos y que huyen masivamente al sur. 
Tampoco debemos olvidarnos de colectivos como el de las personas mayores solas, los sin techo y los presos que seguramente carecen de alimentos. 
Por otra parte, también es evidente que prácticamente en todas partes la escasez de alimentos va acompañada de una falta de medicamentos. 
Por ello, nos parece oportuno que prestemos dicha ayuda de emergencia. 
Según tengo entendido, la Comisión está pensando en vender la ayuda en lugar de ofrecerla gratuitamente a fin de crear un fondo social con los beneficios. 
Opino que, en tal caso, debemos poner como condición que los precios no sean demasiado elevados puesto que, de lo contrario, la ayuda no llegaría a los grupos destinatarios, que suelen ser las personas con menor poder adquisitivo, mientras que sí alcanzaría a los mas adinerados, que tienen la posibilidad de comprarla. 
Lo que debemos evitar a toda costa, y lo digo con conocimiento de causa por haber mantenido durante las últimas semanas unos contactos relativamente intensos con sectores de la población rusa, es que la gente en Rusia, y también en Europa, tenga la impresión de que esta ayuda alimentaria sirve para vender a bajo precio los excedentes europeos. De que el interés de Europa por deshacerse de sus excedentes prevalece sobre el interés que tienen ciertas regiones rusas y ciertos rusos en obtener suficientes alimentos. 
En ningún momento podemos causar esta impresión. 
Para concluir, señor Presidente, querría insistir en algo que ya se ha repetido muchas veces: el problema de la distribución. 
Me puedo imaginar que la Comisión no sabe a ciencia cierta si todo lo que se vaya a importar llegará a su destino. 
Yo sugeriría que se colaborara con las regiones en lugar de intentar llevar la ayuda a través de un canal de distribución nacional. 
Estoy convencido de que la colaboración regional ofrece mayor seguridad, o al menos, mayores probabilidades de que los alimentos y los medicamentos lleguen ahí donde se necesiten. 
Señor Presidente, no es frecuente que un diputado de este sector de la Asamblea pueda hacer uso de la palabra y estar de acuerdo con lo que acaban de decir los Verdes. 
Acojo con el mayor beneplácito lo que el Sr. Lagendijk acaba de decir, porque estoy de acuerdo con él prácticamente en todo. 
Creo que afrontamos una situación muy difícil, como- estoy seguro- sabe también Su Señoría. 
Creo que algunas de las dificultades que afrontamos se deben a que no estamos seguros de los hechos reales ni de la información que recibimos. 
Cuando algunos de nosotros hicimos una visita a Moscú recientemente, nos sorprendió que varias ONG y, después de mi regreso, también la Organización Mundial de la Salud dijeran que no estaban del todo seguras de que lo que hacía falta en Rusia en el momento actual fuese ayuda alimentaria: tal vez en una o dos de las regiones, sí, pero no necesariamente ayuda alimentaria general. 
El primer imperativo para resolver la situación es el de que haya una estabilidad política y económica adecuada en el país. 
A consecuencia de lo sucedido el 17 de agosto, toda clase de consecuencias financieras están afectando en gran medida a la población. 
Hasta el 17 de agosto, habíamos visto también fraudes inmensos y una enorme incidencia de la delincuencia. 
Es algo muy lamentable y que se debe erradicar, para que se puedan ejecutar programas adecuados de ayuda para el pueblo de Rusia aquí y ahora. 
El auténtico problema es el impago de las pensiones, de los sueldos de los soldados, los médicos y los maestros. 
Podríamos repasar diversas categorías de personas que no están recibiendo los ingresos necesarios para poder comprar alimentos que pueden estar disponibles en el propio país. 
Con ello se están causando enormes penalidades a grandes sectores de la población y la falta de poder adquisitivo tiene, por tanto, consecuencias en el suministro de alimentos. 
También hay que abordar la falta de dinero para medicinas, porque los problemas de salud que la población está empezando a afrontar en Rusia son graves. 
El Gobierno ya no puede costear la importación de alimentos de fuera del país. 
Han dependido en un 40 % de su suministro de los alimentos procedentes del exterior y ése es el vacío que vamos a tener que intentar colmar. 
Se trata en realidad de un problema económico. 
Los bancos están en quiebra. 
La cuestión no es necesariamente la escasez de alimentos y, para lograr que se distribuyan adecuadamente los alimentos, tenemos que encontrar formas de velar en el nivel europeo por que vayan de verdad a las regiones que los necesitan. 
El segundo imperativo es el de que tenemos que trabajar en estrecha cooperación con los Estados Unidos respecto de cualquier programa que formulemos. 
Sería un error que el Gobierno ruso aplicara una política de «divide y vencerás» en el momento actual, que es lo que podría suceder. 
Debemos abordar, si es posible, todas las cuestiones de los alimentos, la salud, la economía y la estabilidad política en un programa. 
Señor Presidente, Rusia ha dado un giro despiadadamente radical con el paso del comunismo al capitalismo, algo así como un giro de 180 grados a toda velocidad. 
El pueblo se ve literalmente con el agua al cuello y, mientras tanto, los oligarcas no dejan de hacer guiños a los ciudadanos desde la seguridad de sus poltronas estatales. 
El primer requisito de la ayuda financiera ha de ser evitar que vuelva a ir a parar a oscuros personajes. 
Es imprescindible poner fin a la corrupción a nivel gubernamental. 
Por lo que respecta a la ayuda alimentaria, el hecho de que los problemas sean comunes implica que también lo han de ser las posibilidades. 
Creo que no se debe proporcionar la ayuda a través de una cadena comercial, ni tampoco de una sola vez, sino poco a poco y con la ayuda de las organizaciones del ámbito social. 
Así fue como perdimos el dinero la última vez, al dispersarlo a través de la red comercial. 
Contamos con numerosas organizaciones comunitarias con un enorme número de receptores. 
Existe hasta un programa de televisión, VID, que se ha especializado en la ayuda a los necesitados. 
Hagamos uso de unas redes de asistencia como las que ya tenemos para el cuidado de niños y ancianos, recurramos a un control tripartito con los medios e instrumentos necesarios- UE, Estados y Ministerios para los asuntos de cooperación -, y lograremos los objetivos que nos hemos fijado. 
Señor Presidente, tal y como hemos oído, la situación en Rusia es grave y la situación económica hace que las posibilidades de importar alimentos estén muy limitadas. 
A esto hay que añadir que el suministro alimentario ruso depende en un 40 % de la importación alimentaria. 
Por ello es un motivo de alegría que, ahora y tras meses de presión por parte, entre otros, del Parlamento Europeo, la Comisión esté lista para proponer la concesión de ayuda alimentaria por valor de más de 3.000 millones de coronas danesas. 
Sin embargo, es fundamental, absolutamente fundamental- también considerando el debate en curso sobre la decharge- que esta acción se lleve a cabo de manera responsable. 
Esto significa que exigimos que la ayuda alimentaria no destruya el mercado doméstico, esté dirigida a fines específicos y se reparta entre los pobres. 
Para acabar, me gustaría pedir a la Comisión que entienda que la realización de esta acción alimentaria será seguida muy de cerca por el Parlamento y por la opinión pública europea, por lo que es primordial obrar en este asunto de manera responsable. 
Quisiera agradecer a los diputados sus aportaciones, que me han permitido llegar a la conclusión de que la elaboración de un programa de ayuda alimentaria para Rusia merece un amplio apoyo. 
Acojo con satisfacción el contenido del proyecto de resolución que tenemos sobre la mesa y que consideramos como un importante soporte para el trabajo que realizamos en este ámbito. 
Hasta el pasado 12 de noviembre, la Comisión no recibió una solicitud formal por parte del Gobierno ruso respecto a un programa especial de ayuda alimentaria, aunque intuíamos desde hacía tiempo que dicha solicitud no se haría esperar. 
Es cierto que, tal y como se ha dicho aquí esta tarde, resulta difícil determinar el volumen y el alcance exactos de la necesidad de ayuda alimentaria. 
Además, esta necesidad varía mucho de una región a otra. 
Por el momento, tenemos previsto preparar un programa cuyos fondos oscilarían entre los 400 y los 500 millones de ecus, destinado a suministrar productos diversos por un valor de entre aproximadamente 400 y 500 millones de ecus. 
Esta tarde se ha señalado acertadamente que la aplicación del programa es una tarea compleja. 
Es por eso por lo que hace muy poco distribuimos para información del Parlamento un documento de la Comisión que pretende recapitular los antecedentes y los puntos de partida de esta acción. 
Ciertamente, es fundamental que el Gobierno ruso presente a la mayor brevedad posible un plan de acciones pormenorizado, no sólo respecto a las regiones más necesitadas sino sobre todo en lo que a los canales de distribución y, más en concreto, a las posibles medidas de control se refiere. 
En este ámbito, la Comisión tiene previsto imponer otra serie de condiciones obligatorias como por ejemplo la cláusula de que la distribución de las mercancías se suspenderá inmediatamente en caso de que se desvíen a mercados fuera de Rusia. 
Asimismo es obligatorio que las mercancías se vendan a precio de mercado local y que los beneficios se remitan a una provisión especial del presupuesto ruso destinada a la financiación de programas especiales. 
Muy en breve, la Comisión consultará al Gobierno ruso para elaborar un Memorandum of Understanding, aunque evidentemente ya ha habido contactos. 
Ya se ha enviado una misión a Moscú. 
En dicho Memorándum tendrán que fijarse igualmente los puntos de partida que he mencionado antes. 
A este respecto estoy de acuerdo en que debemos establecer una estrecha coordinación con nuestros socios americanos, que también han creado un programa de ayuda alimentaria. 
Precisamente porque toda esta operación no sólo reviste carácter humanitario, sino que también presenta una dimensión política, se someterá al Parlamento Europeo a la mayor brevedad posible un proyecto de reglamento que determine dichos puntos de partida. 
Quiero dejar claro que no se trata de una operación sin riesgo. 
Para ello, todo este programa aún está rodeado de demasiadas imprecisiones que, por otra parte, no pueden ser esclarecidas de momento. 
Ahora bien, lo que procuramos es protegernos lo más posible contra dichos riesgos mediante la imposición de condiciones, la elaboración previa consulta al Gobierno ruso del Memorandum of Understanding y el intercambio de experiencias con otros donantes como los americanos. 
En nuestra opinión, el riesgo sería todavía mayor si a la luz de las incertidumbres que aún quedan por despejar decidiéramos no hacer absolutamente nada. 
Porque tampoco nos podemos permitir esa opción. 
Quisiera pedir al Parlamento que, cuando le llegue el reglamento, considere la posibilidad de dar la prioridad necesaria a la aprobación o al dictamen del mismo en el marco del procedimiento de urgencia para que podamos poner manos a la obra lo antes posible. 
El invierno ya ha hecho su entrada, las existencias disminuyen, es fundamental que actuemos cuanto antes. 
Para finalizar, unas palabras sobre la ayuda humanitaria propiamente dicha. 
Esta semana, una misión de ECHO ha visitado Rusia y en breve se destinará un importe de 7 millones de ecus a la financiación de una serie de proyectos que ya han sido preparados por organizaciones no gubernamentales. 
Previa consulta a un ministro ruso, el Ministro Bulkak, que visitará Bruselas en un futuro próximo, volveré a insistir en que se busque una solución para los obstáculos que en este momento aún dificultan el despliegue de una ayuda eficaz, también por parte de dichas ONG. 
Está previsto que dicha ayuda se concentre principalmente en los hospitales, los equipamientos sanitarios, etc. Con esto, señor Presidente, esperamos haber dado muestras de un gesto de solidaridad hacia Rusia, aunque pueden estar seguros de que instaremos a las autoridades rusas a que vigilen minuciosamente la aplicación de estos programas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy por la tarde a las 5.30 horas. 
La orden del día prevé el debate común sobre las siguientes siete propuestas de resolución sobre el desarme nuclear. 
B4-0998/98, del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, -B4-1009/98, del Sr. Theorin, en nombre del Grupo PSE, -B4-1031/98, del Sr. Schroedter y otros, en nombre del Grupo de los Verdes, -B4-1035/98, de los parlamentarios Cushnahan, Oostlander y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, -B4-1040/98, de los parlamentarios Ewing y Maes, en nombre del Grupo ARE y- B4-1044/98, del Sr. Carnero González y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL. 
Señor Presidente, los liberales han acogido con satisfacción la iniciativa de la denominada New Agenda Coalition. 
Ocho países de cinco continentes diferentes, de distintos tamaños y diversas vinculaciones políticas, pretenden ocuparse del tema del desarme nuclear. 
Mi Grupo preconiza que se tomen las medidas necesarias para salir del punto muerto en que se encuentra esta cuestión. Especialmente ahora que el mundo ha dejado de vivir en un clima de bipolaridad y conflicto congelado. 
Por tanto, nos congratulamos de que doce de los dieciséis países de la OTAN hayan tenido el valor de distanciarse de la posición de las grandes potencias nucleares para optar por una solución poco ortodoxa. 
Plantean una serie de preguntas pertinentes. 
¿Cuándo se ratificará START II? 
¿Cuándo tendrán lugar las negociaciones sobre START III? 
¿Cuándo iniciarán los Estados que disponen de armas nucleares verdaderas negociaciones sobre el desarme nuclear? 
Por eso me alegro de que el First Committee de las Naciones Unidas haya aprobado con abrumadora mayoría una resolución que reclama la ratificación del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares y la llamada desactivación de las armas nucleares, la colaboración con la OIEA y una moratoria relativa a la producción de material nuclear. 
No son propuestas controvertidas o incompatibles con la doctrina de la OTAN. 
Por último, la resolución de las Naciones Unidas pretende que los Estados que disponen de armas nucleares estudien otras medidas complementarias, como por ejemplo el compromiso de no ser ellos los primeros en utilizar dichas armas. 
Para terminar, señor Presidente, quisiera señalar que apoyamos el texto original de la resolución de las Naciones Unidas, pero no las enmiendas de los Verdes. Los Verdes van más allá de la New Agenda Coalition. 
Sus propuestas no son viables y se podría decir que rompen esta amplia coalición. 
Lo que se pretende con la resolución es obtener una amplia mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Me temo que las enmiendas de los Verdes dificultan la consecución de este objetivo. 
Espero, por tanto, que los Verdes retiren sus enmiendas. 
Señor Presidente, en nombre de la Sra. Theorin, que tomó la iniciativa respecto de esta resolución, y de mi Grupo, quisiera pedir a todos los diputados que la apoyen. 
Mediante su resolución en las Naciones Unidas, Irlanda y Suecia han adoptado la iniciativa, de conformidad con la propuesta de la Comisión de Canberra de un mundo sin armas nucleares. 
Apoyamos su petición de que todas las armas nucleares dejen de estar en alerta. 
Tener armas nucleares en alerta nueve años después del fin de la Guerra Fría resulta increíble y crea grandes riesgos para todos nosotros. 
Como ha dicho el Sr. Bertens, el Parlamento apoya las iniciativas adoptadas por los ocho países de la Coalición de la Nueva Agenda. 
El Parlamento Europeo siempre ha dicho con claridad que quiere que la Unión Europea adopte una actitud seria sobre la cuestión del desarme nuclear y esta iniciativa es un paso más por la vía del desarme nuclear mundial. 
Pasando a los detalles de la resolución, quisiéramos pedir a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho- y que van a abstenerse- que voten «sí» en la Asamblea General. 
Pedimos a los países que cuentan con armas nucleares que cumplan con su compromiso de desarme, de conformidad con el artículo VI del TNP. 
También pedimos a las Partes no nucleares en el TNP que cumplan sus compromisos con arreglo al Tratado, es decir, los de no recibir, fabricar ni adquirir de otro modo armas nucleares u otros artefactos explosivos nucleares. 
Espero que reciba el apoyo entusiasta de la Asamblea. 
Señor Presidente, las armas nucleares se incluyen entre los medios de destrucción masiva y representan una amenaza para toda la Humanidad. 
En una resolución anterior, el Parlamento Europeo ha confirmado claramente la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, que así lo expresó, por lo que debemos ser también coherentes en nuestras resoluciones. 
Todos sabemos qué amenaza representan las armas nucleares. 
Es absurdo querer seguir apostando por las armas nucleares o incluso por la opción del primer ataque preventivo. 
Hay que subrayar aquí de nuevo la importancia del éxito del grupo «Nueva Coalición de la Agenda» en el primer comité de las Naciones Unidas. 
Doce de dieciséis Estados de la OTAN han votado a favor o se han abstenido. 
Esta es una importante señal para recapacitar sobre la estrategia de defensa en los Estados miembros de la Unión Europea. 
Por ello, lamentamos que Eslovenia haya salido ahora del grupo de los Ocho. Este país podría desempeñar un importante papel para una nueva estrategia de seguridad en Europa. 
Es importante suprimir el derecho a un primer empleo de armas nucleares, un residuo de la guerra fría. 
Llamo la atención de nuevo sobre el tratado de coalición del nuevo Gobierno alemán, quien quizás podría adoptar a modo de ejemplo una iniciativa para el desarrollo de la política de seguridad y exterior común. 
El nuevo Gobierno federal quiere insistir en el objetivo de una eliminación completa de todas las armas de destrucción masivas y va a participar en iniciativas al respecto en cooperación con los interlocutores y aliados. 
Se quiere comprometer en su objetivo de desarme nuclear y, en consecuencia, en la reducción del estado de alerta de las alarmas nucleares y la renuncia al primer empleo preventivo de armas nucleares. 
Creo que este es un importante impulso. 
Señor Presidente, acojo con beneplácito la iniciativa adoptada por la Coalición de la Nueva Agenda. 
Resulta particularmente oportuno y apropiado que ese acontecimiento se produzca en el período posterior a la Guerra Fría. 
Quisiera rendir homenaje en particular al actual Gobierno irlandés por el papel capital y hábil que ha desempeñado para llevar a buen término esa iniciativa. 
Fue alentador que el viernes pasado la Primera Comisión de las Naciones Unidas aprobara la resolución sobre la Coalición de la Nueva Agenda. 
Fue importante que miembros de la Unión Europea la apoyaran o se abstuvieran. 
Espero que se convenza a los Estados miembros que se abstuvieron y dieron muestras de tanta apertura para que voten la resolución cuando se presente el mes próximo ante la Asamblea General para una votación final. 
Indudablemente, hay algunos miembros que abrigan reservas sobre esa resolución, en particular si apoyan la creación de la política de defensa de la UE. 
Quisiera tranquilizarlos. 
Personalmente, apoyo la creación de una política de defensa de la UE. La considero un componente esencial de la integración europea y no considero incoherente apoyar esa opinión y al tiempo laborar en pro del desarme nuclear. 
También es importante que la resolución que las Naciones Unidas tienen ante sí en modo alguno contradiga las políticas vigentes de la UE y de la OTAN. 
Acojo con beneplácito el amplio apoyo a esta urgencia, pero, en nombre de mi Grupo, quisiera indicar que nos oponemos firmemente a las dos enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes. 
Espero que al final de este debate tengamos una resolución que reciba un apoyo abrumador de este Parlamento y que, a su modo, dé impulso al apoyo a la resolución global en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, nosotros vemos esta resolución en el marco de una tendencia general al desarme, pero cuando nos referimos, más concretamente, al desarme de armas nucleares, estamos convencidos de que la amenaza de suicidio no puede tratarse de una buena defensa. Ni siquiera para aquéllos que quieran seguir reconociendo ese ideal nuclear como amenaza. 
Esto ya no puede tomarse en serio. Ya que, entretanto, continúa la proliferación de armas nucleares sin interrupción. 
Se tendría que acabar con todas las pruebas nucleares y todas las inversiones que se hacen al respecto. 
Todo esto no nos debe dejar impávidos ante los horribles efectos de otras armas, las químicas, que también queremos que desaparezcan de nuestro mundo. 
La semana pasada me impresionó mucho algo que vi en los medios de comunicación relacionado con el desarrollo de las armas biológicas. 
Y digo esto para recordar que el que haya una tendencia general al desarme, incluyendo en este grupo a las llamadas «armas ligeras ', no debemos olvidar que la mayoría de los países que desean un nuevo mundo, quieren, en primer lugar, que desaparezcan las armas nucleares, aunque tan sólo nos encontremos al comienzo de este proceso. 
Además deberíamos estudiar bien si no sería necesario poner límites en Europa al tráfico de armas, que todavía se sigue practicando en Estados miembros que están presentes hoy aquí. 
Señor Presidente, terminada la guerra fría daba la impresión de que el armamento nuclear había desaparecido. 
Ciertamente, había desaparecido quizás de las prioridades de los Gobiernos y también lamentablemente, de las prioridades de algunos sectores de la opinión pública, pero en realidad seguía existiendo como la principal amenaza para la supervivencia de este planeta. 
Prácticamente diez años después de la caída del Muro de Berlín ese armamento nuclear sigue sin reducirse. 
Incluso, en los últimos tiempos, hemos visto que Francia realizó ensayos en 1995 y que otros países- como la India y el Pakistán- los acaban de realizar hace poco tiempo. 
Por lo tanto, la necesidad de seguir reclamando el desarme nuclear es perentoria. 
Y, en ese sentido, tenemos que dar la bienvenida a los países que forman parte de la campaña que está pugnando por que la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronuncie sobre este tema en términos claros. 
Por ello, yo creo que desde Parlamento y con esta resolución vamos a apoyar en consecuencia sus esfuerzos en coincidencia con el conjunto de nuestras opiniones públicas. 
Señor Presidente, me doy cuenta de que esta resolución de proyecto no estaba dirigida a la Comisión, ya que nosotros no tenemos ninguna competencia en este tema. 
Por eso me gustaría limitarme a apoyar que se haga un llamamiento a los Estados que poseen armas nucleares, para que continúen esforzándose, sistemática y progresivamente, en reducir el número de armas nucleares de todo el mundo, con la finalidad de eliminar definitivamente todas esas armas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy por la tarde a las 5.30 horas. 
Señor Presidente, la resolución común sobre la libertad de expresión en Argelia quiere ser un testimonio de solidaridad para con la prensa argelina. 
Dicha prensa, que desempeña un papel determinante en la lucha contra el integrismo terrorista que reina en este país, ha pagado durante años un fuerte tributo, y muchos periodistas han sido víctimas por haber defendido la libertad. 
Nuestra intensión no es en absoluto injerir en los asuntos interiores, pero consideramos que es nuestro deber defender, aquí y en cualquier lugar, las libertades fundamentales, de las que la libertad de prensa no puede, evidentemente, disociarse. 
Ahora bien, constatamos que el Estado argelino ha suspendido durante varias semanas la publicación de diferentes periódicos, aduciendo como motivo litigios comerciales. 
Estos periódicos habían efectuado revelaciones molestas, que afectaban directamente a personalidades cercanas a la Presidencia, a saber, el general Betchine, acusado de malversaciones financieras en el caso Benboualia, y el ministro de Justicia, el Sr. Adami, quien habría presionado a la magistratura. 
Si el poder puede hacer este género de maniobras, es porque éste detenta el monopolio de hecho sobre la prensa, sobre el papel, la imprenta y la publicidad. 
En un Estado que dice ser democrático, la prensa debe ser libre y no puede ser víctima de un control estatal, aunque más no fuese indirectamente. 
Por consiguiente, pedimos a Argelia que garantice la libertad de prensa sin más presiones, ni la de los monopolios ni las del Código de Información, y que inicie sin demora estas reformas. 
A pocos meses de las elecciones presidenciales de abril de 1999, hacemos un enérgico llamamiento para que prevalezcan las libertades fundamentales y para que pueda instaurarse, antes de las elecciones, un debate democrático pluralista y transparente. 
Señor Presidente, vengo de un país en que la libertad de prensa era algo que no hemos conocido, por lo que hemos padecido mucho. 
Por tanto, siento una plena solidaridad con las y los periodistas en Serbia y, en especial, en Argelia. 
Es típico de los Gobiernos que no gozan de la total confianza de la población que empleen un medio para preservar el poder y este medio se llama limitación de la libertad de prensa. 
También es muy típico e igualmente condenable que se limite la libertad de prensa con métodos como el monopolio sobre el papel y la imprenta. 
En nombre de los Verdes, quiero solidarizarme con los periodistas en Argelia, quienes han tenido el valor de oponerse, pagando por ello con frecuencia con la vida. 
Como Unión Europea que coloca la democracia en primer lugar- delante de las relaciones comerciales -, tenemos que insistir en que la libertad de prensa tanto en Argelia como en Serbia se restablezcan plenamente como elemento central democrático. 
No podemos cerrar los ojos y debemos decir que si no se restablece primero la libertad de prensa, entonces no entrará en vigor el acuerdo ni se seguirá enviando ayuda económica a este país. 
Pregunto al señor Comisario van den Broek cómo se imagina que debe proseguir el Acuerdo Euromediterráneo con Argelia o qué medidas de otro tipo se van a exigir a Argelia. 
En segundo lugar, señor van den Broek, le pregunto ¿cómo va a reaccionar ante el trasfondo del Acuerdo de Dayton a las claras limitaciones de prensa en la República de Serbia? 
Señor Presidente, señor Comisario, este año estuve dos veces en Argelia y los argelinos siempre han mostrado su orgullo de poder decir que en Argelia existe libertad de prensa y que incluso existe una prensa muy variada, lo que así debe ser. 
Tanto más incomprensibles y graves han sido las limitaciones a la salida de algunos periódicos. 
A pesar de que sé que detrás de ello se esconde una lucha de poder- también aquí muestran los argelinos un cierto orgullo, ya que a pesar de estas limitaciones dos ministros han tenido que irse -, creo que esta lucha interna por el poder no se puede ejercer sobre las espaldas de los periodistas y periódicos. 
La democracia es indivisible y aquí se incluye la libertad de prensa. 
Últimamente se han producido acontecimientos que han hecho que aparezcan de nuevo todos los periódicos. 
Espero que esta situación perdure. Apelo al Gobierno argelino para que garantice la plena libertad al respecto. 
Personalmente, veo más grave la situación en Yugoslavia. 
Cuando ha tenido que ceder hacia el exterior, Milosevic ha elevado siempre la presión hacia el interior. 
Es lo que ha hecho ahora con las Universidades y la prensa. 
Esto es totalmente inaceptable y tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a aquellos que muestran en este país un resto de libertad y pluralismo. 
Señor Comisario, en este contexto quiero pedirle que emita hoy aquí una declaración en el sentido de que va hacer todo lo que esté en su poder para que el dinero y el apoyo que se prometió a aquellos medios se pueda entregar realmente y a tiempo. 
Lamentablemente, hemos escuchado de algunos redactores-jefe de Serbia, de Yugoslavia, que llevan esperando mucho, mucho tiempo. 
Creo que han esperado hasta hace poco aún al dinero de la Comisión Europea para el año 1997. 
No puede ser que estos periódicos no puedan salir más a la calle no sólo a causa de Milosevic sino también de la negligencia de la Comisión. 
Señor Comisario, le ruego que intervenga enérgicamente para que se entreguen estas ayudas. 
Señor Presidente, deseo decir muy brevemente que me abstendré con respecto a Serbia. 
Se trata, una vez más, de una resolución tibia, y temo que mis amigos del PPE sufran el síndrome del Partido Socialista, que consiste, como sabemos, en no crear nunca dificultades y en no inoportunar a los gobiernos. 
Evidentemente, el PPE ya no participa en muchos gobiernos, lo que me da algo de esperanza. 
Dicho esto, empiezo a creer que pronto veremos surgir una iniciativa en favor de la concesión del Premio Nobel al Sr. Holbrooke y al Sr. Milosevic. 
Con esto quiero decirles lo desesperada que creo que es la situación. 
Por lo que a nosotros respecta, proseguimos nuestra campaña para la inculpación del Sr. Milosevic. 
No hay ayuda ni reforma posibles en Serbia mientras este mafioso esté en el poder, y habría que empezar a convencerse de ello. 
Ya somos 120 los que opinamos lo mismo en este Parlamento. 
Con respecto a Argelia, la situación es absolutamente delirante. 
Desgraciadamente, debemos hablar de ello en ausencia de uno de nuestros grandes contemporáneos, el Sr. Cohn-Bendit, uno de los autores de esta resolución, entre otros, como la Sra. AndréLéonard. 
Él es también nuestro ponente en relación con la cuestión argelina. 
¡Es delirante! 
Nos damos cuenta que las razones que han originado esta resolución desaparecen. 
Se quitan de los textos originales todas las cuestiones porque, entretanto, han sido resueltas por los editores, el Gobierno y el Parlamento argelinos. 
Esta actitud no procede de la Embajada de Argelia, sino que puede constatarse apoyándose en documentos. 
Se vacía esta resolución de su sustancia, pero se la mantiene en el orden del día de nuestro Parlamento. 
Considero que esta manera de actuar roza los límites de nuestro Reglamento y, mal que le pese a mi querida colega y amiga Anne André-Léonard, la situación de la prensa en Argelia es sensiblemente mejor que en otros países- como en Túnez, país del que hablan los periódicos de esta mañana, y quizá también en el país de donde ella procede-. 
Pienso, en efecto, que en Bélgica se ejerce cierta forma de censura indirecta, como se ha podido comprobar en algunas cuestiones que corrompen este país. 
No es el único país de la Unión que se halla en este caso, pero pienso que aventaja a otros países de la Unión Europea debido a algunas tendencias degradantes. 
Por lo tanto, hacemos todo lo posible para restar credibilidad a un país, Argelia, que tiene un enorme problema, que debe hacer frente a la transición de un régimen comunista a un régimen pluralista y que ha aprobado algunas reformas. 
Hacemos todo lo posible para impedir que los inversores europeos crean, por poco que sea, en la posibilidad de un futuro diferente para este país. 
Enviamos sistemáticamente señales absurdas que no las entiende ni la opinión pública argelina, ni la opinión pública europea, ni- evidentemente- los inversores y aquellos que podrían aportar algo positivo a Argelia. 
¡Es delirante! 
Señor Presidente, nuestro colega André Soulier tendría que haber intervenido hoy ante ustedes. Desgraciadamente, le ha retenido un impedimento absolutamente dirimente, lo que me lleva a expresarme en su lugar. 
Todos recuerdan que la delegación del Parlamento Europeo, que había viajado a Argel el pasado mes de febrero, precisamente bajo la batuta de André Soulier, había llegado a la conclusión de que Argelia había iniciado un proceso democrático desde la elección del Presidente Amin Zeroual. 
Unas elecciones por sufragio universal permitieron la elección de la Asamblea Popular Nacional, en una atmósfera multipartidista y de libre discusión. 
Algunos meses después, unas elecciones, también por sufragio universal, permitieron formar ayuntamientos en toda Argelia. 
Nuestros colegas habían llegado a la conclusión de que era conveniente alentar los esfuerzos realizados para instaurar la democracia en Argelia. 
Desde entonces, las diversas misiones que han viajado a este país han corroborado el juicio de nuestros colegas, ya se trate de delegaciones parlamentarias- española, francesa o canadiense, por ejemplo -, o incluso del grupo de expertos designado por la ONU y encabezado, el pasado verano, por el ex presidente de la República portuguesa, el Sr. Mario Soares. 
Si bien todos los obstáculos que impiden esta marcha hacia la democracia deben ser eliminados, no habría, sin embargo, que callar nuestras preocupaciones o evitar las opiniones amistosas que se deben entre sí unos Parlamentos decididos a profundizar sus relaciones. 
Ello ocurre con el proyecto de resolución que hoy se somete a nuestra Asamblea. 
Dentro de algunos meses, Argelia elegirá un nuevo presidente. 
Es de desear, por el interés de este país y el de la Unión Europea, que el veredicto de las urnas sea inequívoco. 
El éxito de las negociaciones con miras a la firma del acuerdo de asociación entre Europa y Argelia depende de ello. 
Ahora bien, una de las condiciones del debate democrático es la libertad de prensa. 
Todos los que han viajado a Argelia han observado la excepcional libertad de tono de los periódicos publicados en este país, sean de lengua francesa o árabe. Es decisivo que esta libertad se mantenga y garantice. 
Eso depende, evidentemente, de las garantías constitucionales, pero también de las condiciones económicas y financieras que deben prevalecer en este sector indisociable de la democracia. 
Señor Presidente, lo menos que puedo decir es que mi grupo está muy enojado por las acciones emprendidas por Milosevic y el Parlamento de la ex-Yugoslavia contra la libertad de expresión. 
Milosevic pretende imponer su voluntad al pueblo por medio de la represión ejercida sobre fuentes de información alternativas. 
Todo el mundo sabe que Milosevic es la voz del antiguo comunismo y del horripilante nacionalismo, causantes del drama en Bosnia. 
Mientras siga teniendo la oportunidad de continuar con su política dictatorial de forma impune, la cuestión de Kosovo adquirirá las mismas proporciones. 
Tengo entendido, y estoy muy satisfecho con la noticia, que la Comisión Europea está llevando a cabo una política activa para fomentar la libertad de prensa en la ex-Yugoslavia. 
Entiendo, además, que la Unión no ejerza mucha influencia sobre la política de Milosevic. 
Sin embargo, espero que la Comisión y los Estados miembros hagan un gran esfuerzo en beneficio de la enseñanza libre y la libertad de prensa. 
El Consejo de ministros tiene que estar muy alerta ante el desarrollo político y militar en Kosovo, y hay que evitar la acción militar, si queremos que nuestra política prevalezca sobre la de Milosevic. 
Señor Presidente, el cierre de los periódicos, la imposición de multas, el procesamiento de los periodistas, exponen de nuevo al presidente Milosevic ante la comunidad internacional. 
Sin embargo, la experiencia que tenemos muestra que medidas dirigidas contra la libertad de prensa tarde o temprano se vuelven, con exactitud matemática, precisamente contra aquellos que toman dichas medidas. 
El gobierno de Belgrado debe comprender que la táctica que sigue no contribuye a solucionar los grandes problemas que existen en la región. 
Por otra parte, demos celebrar la decisión del gobierno de Montenegro, decisión mediante la cual se garantiza la libertad de expresión total de los medios de comunicación de masas, tanto locales como nacionales. 
El Parlamento Europeo invita a Belgrado a que cambie su postura. 
Expresamos nuestra solidaridad a los periodistas y a los medios de información de masas sometidos a procesos y desearía pedir al Sr. Van den Broek que colabore con nosotros para ayudar a aquellos que luchan por la libertad de pensamiento. 
Señor Presidente, los acontecimientos de estos días, del caso Pinochet al caso Priebke y al de Ocalan, confirman- aunque no habría hecho falta- la necesidad, mejor dicho, la urgencia de un Tribunal Penal Internacional capaz de reprimir los crímenes contra la humanidad. 
El ocaso cada vez más patente del papel tradicional de la ONU como organización mundial capaz de garantizar el orden y la paz, impone la creación, siempre bajo la égida de las Naciones Unidas, de nuevos organismos internacionales más flexibles y aptos para hacer frente a delitos monstruosos como el genocidio, la xenofobia, la tortura y la violación de los derechos humanos. 
Por esto, la decisión adoptada el 17 de julio en Roma, de crear, por primera vez en el mundo, un Tribunal Penal Internacional tiene un alcance histórico. 
Por tanto, ya no se tratará sólo de la justicia de los vencedores o de los más fuertes, sino de un enfoque hacia una verdadera justicia de los ciudadanos del mundo, por fin todos iguales ante un juez independiente. 
El Parlamento Europeo y, más en general, la Unión Europea deben emplearse a fondo para no anular el esfuerzo de civilización de la Conferencia de Roma, al objeto de lograr la adhesión de los Estados miembros que no han firmado todavía su estatuto, de instar a todos los Estados miembros de la Unión a ratificar cuanto antes el Tratado y de adoptar medidas concretas para ampliar el número de Estados participantes en la iniciativa, incluso supeditando las relaciones de la Unión Europea con estos terceros países a dicha adhesión. 
Por último, todas las Instituciones comunitarias deben imponer como exigencia prioritaria la adopción de todas las medidas necesarias para crear cuanto antes la comisión preparatoria... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señor Comisario Van den Broek, estoy muy contento de que se celebre este debate. 
El Pleno no está muy concurrido, es verdad- y lo digo con vistas a la votación -, sin embargo, espero que este Parlamento demuestre una vez más, al igual que lo hizo en el pasado, el apego a esta causa y la necesidad de que, también gracias a la Comisión, ante todo nuestros Gobiernos y los demás países que el pasado 17 de julio en Roma tuvieron a bien decidir, a través de una votación histórica, la creación del Tribunal, puedan ratificar su Estatuto con el fin de que entre en vigor cuanto antes. 
Son necesarios 60 países: nosotros pedimos con el Parlamento que el 31 de diciembre de 2000 sea la fecha límite para que este Tribunal se convierta en una realidad y para que la impunidad de la que, hoy por hoy, se benefician demasiados tiranos y demasiados dictadores- no solo retirados como Pinochet, sino en activo como Swoboda, Milosevic y otros- pueda cesar mediante la creación de una justicia penal internacional que pueda encontrar en el Tribunal Permanente, en el Tribunal Penal la manera de expresarse. 
La Unión Europea ha encabezado esta batalla; en Roma se logró un gran éxito, también gracias al empeño de la Comisión Europea, un empeño compartido por muchas organizaciones no gubernamentales que, entre otras cosas, están hoy aquí reunidas en virtud de una iniciativa que promovimos junto con el Sr. Dupuis, el Partido Radical y el movimiento «No hay paz sin justicia». 
Pues bien: organicemos una gran campaña de ratificación para que el 1 de enero de 2001 se establezca el Tribunal. 
Señor Presidente, casi me atrevería a decir que es como si el diablo andase en el juego, pero hasta ahora no ha habido suficientes razones para crear con urgencia un Tribunal Penal Internacional. 
Ya se ha mencionado la cuestión de Pinochet. 
Para mí es evidente que en este caso, en el que se ha pedido la extradición por hechos cometidos contra la humanidad, un Tribunal Penal Internacional podría ser de gran utilidad. 
El tema que nos ocupa a todos en este momento, la extradición o la petición de extradición del Sr. Ocalan, ex-líder del PKK, es un caso más complicado. Precisamente porque la petición la hace Turquía, uno de los siete países que votaron en Roma en contra del Tratado. 
Pero también en ese caso estoy convencido de que un Tribunal Internacional podría prestar un buen servicio, aunque fuera sólo para determinar qué es de competencia política y qué de competencia penal en esta cuestión. 
Señor Presidente, la creación del Tribunal Penal Internacional ha sido un logro de lo que llamaría diplomacia de los ciudadanos, un gran movimiento de la opinión pública que en muchísimos países ha terminado consiguiendo que decenas y decenas de gobiernos participaran en la conferencia que tuvo lugar en Roma y, por tanto, que se diera nacimiento a este tribunal. 
El peligro es que este tribunal, creado ya con poderes y características insuficientes, pueda terminar pasando a lo que yo llamaría «el limbo de los justos» si los gobiernos no se dan prisa, en número necesario, a depositar los instrumentos de ratificación y a poner, lógicamente, los mecanismos necesarios para que la comisión correspondiente pueda poner en marcha este tribunal. 
Además, esa diplomacia de los ciudadanos, esa opinión pública, que consiguió lo que hemos alcanzado en Roma, necesita que se le den señales positivas en esa dirección. 
Sobre todo, cuando hay casos evidentes encima de la mesa que ponen de relieve que un Tribunal Penal Internacional es absolutamente apropiado para juzgar, por ejemplo, a criminales como el dictador chileno Augusto Pinochet, que se han refugiado durante estas últimas semanas en los resquicios de las legislaciones nacionales- aprovecho para decir que ojalá el miércoles próximo sea una fecha a conmemorar como el día en que se adopte la decisión de que Pinochet sea extraditado a España y allí sea juzgado por los crímenes de los que ha sido acusado, nada más y nada menos que el genocidio, la tortura y el terrorismo. 
Efectivamente, para acabar con el cristal blindado de la impunidad hace falta este Tribunal Penal Internacional. 
Es tremendo que haya existido ese cristal blindado porque se sabía quiénes eran los responsables de los crímenes, pero la mano de la justicia no podía alcanzarles. 
Por ello, yo creo que el Consejo y la Comisión deben empeñarse de nuevo con fuerza para que se firme el tratado creado en Roma, para que se deposite el instrumento de ratificación y, por lo tanto, para que el Tribunal Penal Internacional sea una realidad en breve plazo. 
Señor Presidente, hemos hablado sobre tres propuestas de resolución: Argelia, Serbia y el Tribunal Penal Internacional. 
Para mí ha sido extraordinariamente significativo que casi en cada intervención se haya pronunciado la palabra Milosevic, independientemente del tema que se tratase. 
Esto debería mostrarnos que realmente nos falta una institución como un Tribunal Penal Internacional y un derecho penal internacional. 
Tenemos dos «pequeños Tribunales penales» que se ocupan de Yugoslavia y Ruanda, pero no tienen las posibilidades que tendría un Tribunal Penal Internacional bien fundamentado. 
No tienen la posibilidad de intervenir también en asuntos nacionales si viesen que hay que ocuparse en un determinado marco de los derechos humanos. 
Tampoco tienen la posibilidad de intervenir activamente en los acontecimientos con un fiscal totalmente independiente. 
Creo que es necesario que influyamos como europeos sobre los Estados que hoy no han firmado aún la resolución de Roma. 
Gran Bretaña y Alemania se incluyen entre dichos Estados. 
Necesitamos las firmas. Queremos comenzar a tiempo con el Tribunal Penal. 
Akin Birdal 
Señor Presidente, la Comisión ya ha señalado en su informe de situación en Turquía que no se ha llevado a cabo un proceso serio contra el activista de los derechos humanos Akin Birdal. 
Si ese asunto es un ejemplo de la postura del Gobierno y la justicia turca, creo que Turquía puede olvidar, de momento, la integración en Europa. 
Ya que la integración está unida a criterios firmes, claros, estrictos y serios. 
En el caso de que Turquía quiera entrar en Europa, deberá encaminarse hacia una democracia y hacia el respeto de los derechos humanos. 
Espero que en el marco de la democracia y de las buenas relaciones entre la Unión y Turquía, el presidente Demirel indulte al Sr. Birdal. 
Además, espero que el Parlamento turco lleve a la práctica en breve espacio de tiempo los cambios legales necesarios, que ya ha prometido desde hace tiempo, para garantizar la democracia, el respeto por los derechos humanos y un estado de derecho independiente. 
Mi grupo confía en que la Comisión y el Consejo emprendan las gestiones pertinentes. 
Señor Presidente, señor Comisario, hace dos semanas me he encontrado en Turquía con Akin Birdal. 
He visto cómo padece aún bajo las heridas del atentado. 
He escuchado la conferencia que ha pronunciado en Ankara sobre los derechos humanos y le he respondido. Fue una intervención muy moderada. 
Recomendaría al Gobierno turco que aprovechase realmente la situación actual para hablar con personas como Akin Birdal, que defienden una actitud moderada y razonable, para solucionar la crisis interna de Turquía, en especial en lo que a la cuestión kurda se refiere. 
Creo que es en el sentido de lo que desearía Akin Birdal si expongo a continuación algunas observaciones básicas sobre la actual situación de la crisis. 
Esta mañana Pauline Green y otros han expuesto que nosotros rechazamos la actitud que actualmente adopta Turquía en la cuestión del señor Öcalan y su posible asilo. 
Precisamente yo, que me esfuerzo por establecer una relación razonable entre Turquía y la Unión Europea y que por esta razón he estado este año tres veces en Turquía para mantener conversaciones, tengo que rechazar la actitud turca. 
Insto al Gobierno turco para que recoja ahora la oportunidad para que si se responde positivamente a la solicitud de asilo, todas las partes renuncien al uso de la violencia, también por parte del PKK y de los representantes políticos kurdos. 
Deberían celebrarse conversaciones que no tendrían que ser con el PKK sino que se podría ofrecer perfectamente para ello también Akin Birdal, con la finalidad de llegar a una solución en el sentido de una autonomía lingüística y cultural dentro de la unidad de Turquía. 
Akin Birdal y su organización luchan también por ello. 
Pienso por ello que el Gobierno turco debe hacer uso de la oportunidad de hacer lo mejor en esta situación de crisis y perseguir una solución pacífica interna en la cuestión kurda. 
Señor Presidente, señor Comisario, nos enfrentamos a un caso típico. 
La condena de Akin Birdal supone de hecho imponer una prohibición política en lo que se refiere a la cuestión kurda en Turquía. 
Esto bloquea de hecho la situación. 
En segundo lugar, no debemos olvidar que precisamente en el Parlamento turco está en marcha el proceso para revisar el código penal y suprimir los artículos 312 y 159, por los que fue condenado Akin Birdal así como el artículo 8 de la Ley Antiterrorista. 
En esta situación, en primer lugar es oportuno políticamente que Turquía aproveche la ocasión de diálogo que Akin Birdal siempre ha significado y, en segundo lugar, es una exigencia humanitaria que Akin Birdal, que fue víctima de un atentado perpetrado por oscuros poderes y que aún sigue padeciendo sus secuelas, tenga acceso a una atención médica también en Europa. 
En este sentido, tenemos que apelar como amigos de Turquía para que el Gobierno turco modifique su actitud. 
Señor Presidente, Señorías, si seis grupos políticos de esta Asamblea presentan y aprueban una solicitud conjunta, tiene que ser una señal para el Gobierno turco y para el Jefe del Estado turco que esta cuestión, la condena del Presidente de la Asociación pro Derechos Humanos turca, a quien muchos de nosotros, como el Sr. Swoboda, conocemos de numerosas conversaciones en los años pasados, no es un asunto sobre el que se hable aquí rutinariamente. 
Para nosotros, esta cuestión es más bien una piedra de toque sobre la capacidad democrática de Turquía y el respeto de los derechos humanos. 
El Comisario van den Broek ha presentado hace poco un informe sobre el estado de las relaciones. 
Todos recordamos aún cuando nos pronunciamos en favor de la unión aduanera, qué promesas realizó el antiguo Gobierno en lo tocante a la adaptación de la Constitución y la práctica de los derechos humanos. 
Desde aquella ocasión, no se ha hecho nada, por lo que no podemos abrir a Turquía ninguna perspectiva sobre una posibilidad concreta de adhesión mientras en estas cuestiones básicas de la libertad de opinión y de derechos humanos no se alcancen progresos concretos. 
Lo digo con tal claridad a pesar de que sé que en la semanas pasadas hemos constatado una mejora de la situación. 
Pero no es suficiente. 
Tienen que producirse más avances. 
El Presidente turco Demirel que anda planteando exigencias en lo que se refiere a la inclusión en el círculo de los candidatos a la adhesión y que intervino hace unos pocos día en Viena, tiene que aprovechar la oportunidad de indultar a Akin Birdal. 
Creo que este sería un test concreto para la capacidad de Turquía de mantener unas relaciones más estrechas con Europa. 
Todo lo demás no nos va hacer avanzar. 
Por ello, como Grupo del PPE apoyamos la solicitud conjunta. 
Esperamos que sea una señal positiva y que no se produzca otro agudizamiento de las relaciones entre Europa y Turquía como en el caso Öcalan. 
Señor Presidente, el caso de Birdal concierne en primer lugar a una condena por el Tribunal de Seguridad de Turquía. 
Estos tribunales, en un informe al respecto de la Comisión- evidentemente influido por su experiencia, porque sigue los asuntos de Turquía- se califican de incapaces de proporcionar las condiciones para un proceso justo al acusado. 
Por un tribunal semejante fue procesado. 
En segundo lugar, no hay posibilidad de recurrir a un órgano superior. 
Por consiguiente, la decisión es irrevocable. 
Y Birdal seguirá sufriendo todas las consecuencias el resto de su vida, incluso el no poder ir a recibir atención médica hasta que desaparezca físicamente, cosa que no lograron con el intento de asesinato perpetrado contra su persona. 
La única salida es que el Sr. Demirel conceda el indulto y el único modo de lograrlo es que la Comisión presione hasta que se conceda dicho indulto. 
Señor Presidente, no se trata de un asunto que concierna simplemente a Birdal. 
Concierne a las libertades del pueblo turco, a nuestras libertades. 
El problema de Ocalan es similar. 
Debemos resistir a la presión turca, a la americana, para que no se le extradite a Turquía para que sea asesinado, bien mediante ejecución, bien encerrándolo en los calabozos de Turquía, como suele ocurrir. 
Y ambos son símbolos de una lucha por la paz, por la libertad, por la democracia. 
Concretamente sobre Birdal, quiero decirles que el Tribunal de Apelación Penal de Turquía calificó de motivo para su procesamiento por el Tribunal de Seguridad el que su contenido principal, su principal tendencia fuera la libertad y la paz. 
Es prisionero de dicha condena y ustedes, como Comisión, son los responsables éticos si no intervienen para la concesión del indulto. 
Escuela Teológica de Halki 
Señor Presidente, ya no me sorprenden las actuaciones del estado turco como las que hoy debatimos y me temo que no será la última vez que debatamos dichas actuaciones. 
Terrorismo, violación flagrante de derechos humanos y libertades religiosas, decisiones arbitrarias y sin motivo, hasta bombardeos, son algunos de los elementos que componen la imagen de la táctica del estado turco hacia el Patriarcado Universal, esto es, el centro espiritual mundial de referencia para 300 millones de cristianos ortodoxos. 
El líder histórico y tradicional de los ortodoxos, el Patriarca Universal Bartholomeos, que normalmente prefiere la política de tonos bajos, dijo lo siguiente: «nosotros no estamos intercalados, transplantados o no somos intrusos; somos el elemento nativo de este lugar; la igualdad ante las leyes, la justicia y la libertad religiosa de la que habla la justicia turca sólo está en vigor en los papeles». 
Es evidente lo que pretende Turquía con dicha táctica. 
Quiere acabar de una vez con el asunto de la Escuela Teológica de Halki. 
Quiere acabar de una vez con los cristianos que hay en Turquía. 
Se dedica a aterrorizar a dichos ciudadanos, a los ciudadanos turcos que resultan ser cristianos. 
El interrogante de la Escuela Teológica de Halki revela una vez más el problema más general del respeto a los derechos humanos en Turquía. 
La Unión Europea no puede hacer oídos sordos cuando desde el primer día ha existido una movilización internacional y una denuncia de las inadmisibles acciones turcas. 
La Unión Europea debe pedir, y en concreto también el Sr. Van den Broek, la defensa del Patriarcado Universal y de la comunidad ortodoxa prevista en el Tratado de Lozanis. 
Por último, debe pedir la protección del propio pueblo turco que es ya una víctima diaria de la táctica del estado turco. 
Señor Presidente, creo que aquí debemos hacer una distinción. 
No debemos asignar a Turquía una esencia capaz de realizar los actos más inimaginables. 
Ciertamente, Turquía debe mover ficha. 
Hay que anular el acto administrativo que ha cerrado la escuela. 
El Gobierno turco debe dejar claro que la libertad religiosa- un derecho humano básico- debe garantizarse en Turquía. 
El Patriarcado Ecuménico exige la anulación de este acto administrativo y la Unión Europea debe mostrar aquí con toda claridad que ésta es una condición elemental para proseguir el diálogo con Turquía. 
Si así se quiere, se trata al fin y al cabo del lugar más elevado de formación de la ortodoxia mundial centrada en Constantinopla y no es aceptable el modo como se ha actuado en vista del respeto de los derechos de las minorías asegurado contractualmente. 
Debemos recordar que comportarse así viola también leyes del Islam, pues el profeta Mahoma exige expresamente la libertad del ejercicio de la religión y esto se lo tenemos que recordar a nuestros interlocutores. 
Señor Presidente, el Patriarcado Universal y los ya escasos griegos de Estambul se encuentran allí desde hace muchos siglos, mucho antes de que existieran el Estado Otomano y Turco. 
Constituyen- lo dijo también el Patriarca, lo citó con anterioridad el Sr. Roubatis- el elemento nativo del lugar, pertenecen a dicho lugar, no llegaron de otra parte, ni son extranjeros ni intrusos, aunque Turquía haya logrado a lo largo de los años aniquilar el elemento griego con métodos sistemáticos y con toda clase de violencia. 
El último, por orden, de esos métodos es la destitución de los miembros del Comité de supervisión de la Escuela Teológica de Halki. 
El objetivo es evidente: Despojar a la escuela de su patrimonio y, principalmente, anular su nuevo funcionamiento. 
Se trata en esencia de otra acción terrorista por parte de un país que no respeta los derechos humanos y que no duda en lanzar, en todas direcciones, amenazas de todo tipo. 
Lo dijimos también por la mañana en un gran debate sobre lo que sucede en Italia. 
No considero necesario extenderme en subrayar la seriedad del problema. 
La muestra nuestra resolución común. 
Desearía simplemente decir, para terminar, que si Turquía no respeta y se aleja continuamente de los ideales europeos, ello sucede porque Europa, anteponiendo continuamente intereses y criterios únicamente económicos, no le ha dado a entender que los derechos humanos deben ser prioritarios. 
Señor Presidente, soy de los que creen en una Turquía moderna y progresista que en algún momento encontrará su camino. 
Sin embargo, tengo la impresión de que la propia Turquía no lo cree. 
Una de las muchas muestras que tenemos es también como se comporta ante el Patriarcado Universal de Estambul y como se comportó en el caso concreto con la Escuela Teológica de Halki. 
La misma Turquía ennegrece su imagen y debería comprender que el Patriarcado Universal de Estambul añade esplendor tanto a la propia Estambul como a Turquía como estado. 
Turquía, después de haber cerrado fundamentalmente la escuela de Halki, ahora interviene también en el Comité de Supervisión de la Escuela, que era la última muestra de que dicha Escuela, si no qué otra cosa, vegetaba. 
Saben que el Congreso Americano se ha movilizado reiteradamente por este asunto concreto. 
Hoy, por fin, también se moviliza el Parlamento Europeo. 
Creo, señor Presidente, que también debería movilizarse la Comisión Europea. Comprendo la importancia económica que tiene Turquía, entiendo la importancia que tienen el comercio y los acuerdos económicos- además, en todas partes hay empresarios que tienen relaciones con Turquía, incluso en mi país, y las tienen correctamente- pero, dicho esto, aparte del comercio existen también los derechos humanos, nuestra cultura, el respeto a la diversidad. 
Por tanto, esto deberá existir no sólo en los papeles, sino que deberemos reclamárselo de forma intensa a los turcos, puesto que parece que lo tienen en su constitución sólo para verlo, para clamar que respetan los derechos humanos formalmente, porque en esencia los violan. 
Por tanto, respondamos al desafío del Patriarca Bartholomeos, que es un líder religioso moderado, movilicémonos por dicho asunto. 
Creo que es importante para nuestra cultura y para los ideales que profesa la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar diría que, una vez que votemos por unanimidad esta resolución común, la Comisión y los otros organismos institucionales deben, por fin, movilizarse porque ahora, según he oído, el tío Sam también ha dicho sí, se mueve el Congreso. 
No se demoren, imítenlos también cuando alguna vez hacen algo positivo. 
Lo segundo que quiero decir es que dicha actuación del Gobierno Turco- no hablo de Turquía, separo a Turquía, esto es, al pueblo turco del «aparato» estatal, del régimen fascista, reaccionario que domina- socava el funcionamiento del Patriarcado al privarlo de su órgano operativo que es la Escuela de Halki. 
Una escuela, señor Presidente, -ocurre que he nacido en dichas regiones y lo sé- que era un referente ético, cultural, religioso, pacífico para todos los pueblos que vivían en Asia menor. 
Por tanto, muévanse y dejen las medias tintas, dejen las evasivas, olviden las inversiones, los conductos, el petróleo y el gas y recuerden que desean ser llamados institución democrática, organización democrática, Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, el cierre de la escuela Halki en Turquía es un eslabón más de un proceso que ha venido teniendo lugar durante años. 
Turquía se toma una libertades que no se toma ningún otro país de Europa. 
Naturalmente, debemos oponernos a esta medida, que supone una violación flagrante de las libertades religiosas sencillamente inaceptable. 
Esto es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día en Turquía con la persecución de los kurdos y la guerra que viene manteniendo contra este pueblo desde 1984. 
Igualmente, las reacciones de Turquía contra Italia de estos momentos no son más que otra manera de expresar esta misma actitud. 
Los Estados miembros de la Unión Europea han de actuar en contra de este planteamiento. 
Tenemos ahora la posibilidad de hacerlo exigiendo a Turquía que cumpla sus compromisos en el Acuerdo de la Unión Aduanera, porque, por si no lo saben, tenemos un acuerdo con Turquía. 
Hemos de hacer todo lo posible en la UE para que se respete este tratado, para que cese la guerra contra los kurdos y para que Öcalan obtenga asilo en Italia. 
Antisemitismo en Rusia 
Señor Presidente, el carácter primitivo, irresponsable, incluso indecente, de las declaraciones de Makachov, nos indigna y nos preocupa por varios motivos. 
La incitación al odio contra los judíos por el ex general Makachov responde a un mecanismo bien experimentado. 
Aunque la situación económica, social y política sea alarmante, algunos no pueden resistir la tentación de reconstruir la unidad política y nacional lanzando mensajes rencorosos y acusadores con respecto a una comunidad, en este caso la comunidad judía. 
Es preocupante constatar sobre todo que el Partido Comunista de la Federación Rusa, más que condenar sin reservas las palabras antisemitas de uno de los suyos, privilegia el espíritu corporativo y se niega a asumir las responsabilidades que se imponen en estas circunstancias: la aplicación de la moción de censura contra Makachov. 
Esto es tanto más lamentable por cuanto no faltan los mecanismos internacionales para hacer ver a Rusia lo que hay que hacer. 
La Duma, cuanto menos se distancie de este tipo de maniobras, más se aleja del respeto de los principios que Rusia había suscrito al convertirse en miembro del Consejo de Europa. 
Por lo tanto, pedimos a la Duma que revise su decisión y que vuelva a considerar la moción de censura. 
Señor Presidente, quiero disculpar a mi colega Barros Moura. 
Sin embargo, en nombre de mi grupo político quiero pronunciar algunas frases. 
Creo que es inaceptable lo que lamentablemente, ha vuelto a suceder aquí. 
El antisemitismo es una forma del racismo que ha llevado a Europa y más allá innumerables desgracias. Tenemos que condenar del modo más decidido todas estas declaraciones. 
Estoy especialmente apenado porque la Duma y aquellos compañeros de partido no hayan encontrado la respuesta adecuada. 
No se puede tolerar que tras la gran catástrofe que se abatió sobre la población judía en este continente, tras las numerosas acciones y declaraciones que tuvieron lugar en el Este de Europa y en Rusia, se produzcan ahora declaraciones antisemitas. 
Por ello, tenemos que rechazarlas con toda decisión y apelamos a los representantes del Parlamento ruso para que digan a sus colegas que no van a tolerar ninguna declaración antisemita. 
Señor Presidente, hemos empezado la actualidad con la dramática situación de los alimentos en Rusia, y finalizamos con un trágico aspecto de la vida espiritual: el antisemitismo. 
Me conmueve enormemente que tras siglos de pogroms y de llevar una vida insoportable en los stettels, nuestros colegas de la Duma no estén dispuestos a pronunciarse contra formas violentas de antisemitismo. 
Para políticos de origen judío es difícil hacer carrera conservando a su vez su nombre auténtico judío. 
De ahí que hace poco se diera a conocer que el actual presidente ruso aceptó el nombre de Primakov por esa razón. 
Desde mayo llevan peleándose rabinos y estudiantes jeshiwa y se han lanzado bombas incendiarias en las sinagogas. 
Como Parlamento debemos seguir insistiendo para que la Duma se esfuerce por combatir el racismo, la xenofobia y para que aplique instrumentos legales contra esas actuaciones. 
Pero Presidente, tampoco han surtido efecto las medidas que se han adoptado dentro de la Unión Europea contra los partidos políticos con esas mismas ideas. 
La privación de libertad y los castigos financieros no hacen nada, y la prohibición de un partido con estas ideas racistas no conduce a otra cosa que a la fundación de un nuevo partido con otro nombre. 
A mí me parece que un buen medio jurídico es que disminuya el sufragio pasivo. 
Tampoco existe en mi país esa medida jurídica, pero el juez francés lo ha tomado en serio. 
Hay que estimular la privación del sufragio pasivo en partidos xenófobos; y en lo que respecta a la Duma, Presidente, Comisario, hay que continuar insistiendo en la proposición 9 contra el antisemitismo en Rusia. 
Señor Presidente, todo el mundo debe reconocer la dignidad de los demás. 
Esto es válido tanto en tiempos de crisis como en tiempos de bonanza. 
El antisemitismo nos recuerda los tiempos más tenebrosos de nuestro continente donde estos valores fueron pisoteados por innumerables personas. 
Por ello, el mandato común de nuestra generación es erradicar de raíz el antisemitismo. 
Esto es aplicable tanto a nuestros países como a nuestros interlocutores. 
Por ello, exigimos a la Duma que muestre una mayor sensibilidad y que rechace con toda decisión statements que hieren la dignidad de los judíos en Rusia. 
Con este rastrero populismo de algunos políticos, se hace la corte a grupos extremistas nacionalistas en Rusia y esto es un peligro para la democracia en este país. 
Señor van den Broek, sabemos que las organizaciones grassrot en Moscú, son aquellas que intentan trabajar activamente en este campo. 
Le pregunto ahora: ¿no es posible dar precisamente a estos grupos el dinero que no ha gastado usted en el marco de la línea democracy de TACIS, que se gaste realmente en el sentido de la exigencia que planteamos el martes? 
Señor Presidente, condeno el odio antisemita venga de donde venga. Pero, sinceramente, la lectura de las propuestas de resolución hostiles a la Duma me ha chocado. 
¿Se debe a toda costa dar lecciones de moral al mundo entero, sobre todo si se tiene en cuenta que en los textos propuestos hay rastros de racismo contra los rusos y los eslavos, que considero totalmente inadmisible? 
¿Debo recordar que los eslavos han sido las primeras víctimas de la segunda Guerra Mundial y que los rusos han totalizado el mayor número de muertos que ninguna otra etnia en la lucha contra el ejército nazi? 
¿Debo recordar que recientemente el patriarca de Moscú y de todas las Rusias ha condenado dos veces el odio antisemita? 
Es inaudito que algunos colegas nuestros deseen dar órdenes a la Duma del Estado ruso, como ocurre con el apartado 4 de la resolución común; como si personas extranjeras debieran dar órdenes a los representantes elegidos por el pueblo. 
La Duma es soberana en sus votaciones. 
¿Qué dirían ustedes si los diputados rusos quisieran dar órdenes, a propósito de las votaciones, a los diputados del Parlamento Europeo? 
Por otro lado, es escandaloso asimilar constantemente y de manera sistemática el patriotismo ruso al antisemitismo. 
Se buscan todos los pretextos posibles para debilitar a Rusia o a cualquier otra nación que se resista al nuevo orden mundial imperialista. 
Esta es la realidad. 
Antes estaba claro que un antisemita era alguien que odiaba a los judíos. Lo cual es condenable; estamos totalmente de acuerdo en eso. 
Pero hoy se califica de antisemita a una persona simplemente porque el lobby israelí no la quiere. 
Es una manera de eliminar políticamente a alguien. 
Esta deriva arrogante no favorece ni la amistad de los pueblos, ni la causa de la democracia, ni la lucha legítima contra el odio racial. 
No se construirá la amistad entre los pueblos y entre Europa y Rusia, comportándonos como fariseos agresivos, alentados por el desprecio a la Duma y a todo el pueblo ruso. 
Señor Presidente, la delegación de Alianza Nacional comparte la propuesta de resolución relativa a los brotes antisemitas en Rusia. 
Por desgracia, parece que de nada ha servido la experiencia histórica, ya que no es la primera vez que, cuando en un país se produce una situación de crisis, se achaca la culpa a los llamados complot judíos. 
Es imprescindible, por tanto, la máxima firmeza para aislar estas manifestaciones de demencia política y reaccionar con todos los medios a nuestro alcance para abortar desde el principio dichos brotes de odio y de discriminación. 
Es por esto que debo ampliar las informaciones que poseen recordando que el mismo general Makashov ha cosechado- cito un autorizado periódico italiano, el Corriere della sera- «muchos aplausos durante las manifestaciones en conmemoración del 81ºaniversario de la Revolución de Octubre». 
Pues bien, en estas mismas manifestaciones se hallaban presentes las delegaciones de los dos Partidos Comunistas italianos, es decir, de Refundación Comunista y del Partido de los Comunistas Italianos, el primero miembro de la mayoría del Gobierno Prodi, el segundo titular de algunas carteras ministeriales del Gobierno D ' Alema. 
Y no me parece que, hasta la fecha, el Presidente del Consejo italiano haya pedido aclaraciones o disociaciones a quien forma parte de su Gobierno y, al mismo tiempo, marcha junto con quien- comunista y ultranacionalista- incita al odio étnico y religioso. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Señor Swoboda, ¿tiene usted aún una pregunta? 
Señora Presidenta, he preguntado de modo muy concreto al Comisario si está dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para que el dinero puesto a disposición de la prensa serbia o de los medios se pague con rapidez. 
De lo contrario, algunos medios no deberán cerrar solamente a causa de Milosevic sino porque el dinero llega demasiado tarde. 
Señor Comisario, le ruego brevemente una respuesta. 
Señora Presidenta, puedo tranquilizar al Sr. Swoboda, ya que conozco la queja, y ya he requerido la atención de los servicios pertinentes y que se acelere su proceso tanto como sea posible. 
Señora Presidenta, mi intervención se refiere a la votación que se va a celebrar a continuación. Ha ocurrido de nuevo lo que ya advertí hace meses: aunque disponemos de las propuestas de resolución en todos los idiomas, no disponemos sin embargo de los textos originales. 
Ya conocen la frecuencia con que se rechazan aquí resoluciones conjuntas para debatir a continuación sobre textos originales. 
Pero según el apartado 1 del artículo 102, esto no es posible pues no están disponibles en todos los idiomas. 
Tras mi última queja, desapareció el problema, pero hoy ocurre de nuevo que no disponemos de los textos originales y ruego que la próxima vez se haga como debe ser. 
Señor Posselt, comprendo su objeción pero tiene que considerar que en su caso habría que realizar una gigantesca cantidad de traducciones. 
Lo voy a exponer de nuevo, si bien ya existe una resolución al respecto. 
Señor Roubatis, ¿tiene que plantear aún una pregunta al Comisario van den Broek? 
Señora Presidenta, en el debate precedente, todos los oradores pidieron al Sr. van den Broek que hiciera algo concreto sobre el cierre de la Escuela Teológica de Halki. 
El Sr. van den Broek no nos ha dicho qué hará en concreto, a qué actuación concreta va a proceder para que las Autoridades turcas permitan de una vez a dicha escuela funcionar como debe. 
Señora Presidenta, le prometo que en el próximo contacto que entable con Turquía requeriré la atención sobre este asunto, y que transmitiré las opiniones de la Comisión que coinciden con las de este Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a continuación. 
Vamos a proceder a las votaciones. 
Votaciones 
Desearíamos resaltar en esta explicación de voto que es importante que exista la posibilidad de presentar a trámite las solicitudes de patentes en todas las lenguas de los Estados miembros. 
Estimamos que cualquier reglamentación en otro sentido perjudicaría el progreso de la actividad empresarial y el desarrollo de las actividades innovadoras en la Unión Europea. 
Acogemos favorablemente el modo satisfactorio con el que el informe aborda esta cuestión sobre el uso de las lenguas en la tramitación de las patentes. 
El sistema de patente comunitaria está basado en el Convenio de Munich de 1973, que es un convenio internacional. 
Las patentes expedidas en virtud de este Convenio tienen efecto en todos los países que lo han ratificado, es decir, en todos los países comunitarios y en varios países más. 
El Convenio simplifica, en un solo procedimiento, la obtención de la protección por la patente en más de un Estado, encomendándose la gestión del sistema a la Oficina Europea de Patentes. 
Las patentes expedidas en virtud de este procedimiento quedan sujetas al derecho nacional de cada país. 
Posteriormente se ha probado suerte con otros dos convenios o acuerdos sobre concesión de patentes, el Convenio sobre la Patente Comunitaria de Luxemburgo de 1975 y el Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias de 1989 que completa al anterior. 
Estos dos instrumentos no han entrado todavía en vigor. 
Ahora se plantea la elaboración de otra patente comunitaria que sea válida en todo el ámbito comunitario. 
Los órganos jurisdiccionales de los países miembros serán los únicos competentes para decidir en cuestión de violación de la patente comunitaria y se piensa en que el órgano de apelación siga siendo el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. 
Creemos que la implantación de una patente comunitaria es un reglamento completamente inútil. 
Cuando ya se ha probado suerte con acuerdos sobre concesión de patentes comunitarias que 23 años después aún no han entrado en vigor, ¿por qué volver a repetir los mismos errores? 
Una patente comunitaria será válida en menos países que una patente expedida en virtud del Convenio de Munich. 
Nos adherimos completamente a la reflexión del informe según la cual «la actual combinación del Convenio sobre concesión de patentes europeas y los sistemas nacionales de patentes representa un sistema eficaz y flexible de patentes para el EEE». 
La propuesta para establecer un sistema comunitario de patentes es un ejemplo de reglamentación innecesaria y de duplicación administrativa en el plano de la Unión Europea. 
Como queda de manifiesto en el apartado E del informe, la reglamentación nacional e internacional existente hoy en día en el ámbito de las patentes funciona bien. 
Por este motivo, hemos votado en contra del informe. 
En Europa existe ya desde hace mucho tiempo un sistema de patentes de carácter internacional. 
En permanente contacto con las importantes actividades en materia de normalización, su funcionamiento es excelente. 
No existe ningún motivo para establecer ahora nuevos sistemas solamente para que lleven la etiqueta de la UE. 
Por consiguiente, todas las reformas deberán basarse en los sistemas de patentes ya existentes, a fin de actualizarlos conforme al mundo industrial moderno. 
En el considerando J se afirma «que los Estados miembros no deben renunciar a sus lenguas nacionales» en materia de patentes y de Derecho de patentes. 
Es necesario reforzar esta afirmación sustituyendo «no deben renunciar» por «no renunciarán» , por las mismas razones que se exponen en dicho considerando. 
Además, hemos de admitir que no entendemos bien por qué se ha de introducir un nivel más en el procedimiento de patentes, tal como se recoge en el apartado 6 al establecerse que la patente de la UE debe coexistir con los sistemas de patentes nacionales. 
Nos preguntamos sencillamente si no son suficientes un nivel nacional, otro europeo y otro mundial. 
Informe Hoppenstedt 
La reputación de la Unión Europea en el ámbito de la industria aeronáutica y espacial es evidente. 
Hoy constituye un sector económico competitivo y prometedor, que dispone de sociedades muy potentes; así, AIRBUS Industrie, lanzada en 1970 por Francia y Alemania, dispone del 50 % del mercado mundial de su sector, tras la crisis asiática. 
Sin embargo, estos resultados no nos deben hacer olvidar las realidades económicas: al acercarse el próximo siglo, perdemos terreno. 
Nuestro gran número de empresas nacionales ya no está en condiciones de mantener, aisladamente, el nivel de la competencia mundial. 
Las grandes empresas norteamericanas llevan a cabo, particularmente, una política ofensiva y encarnizada. 
Por otra parte, vivimos actualmente en un contexto de recorte de los pedidos nacionales de aeronaves militares y de restricciones de los gastos de defensa nacional. 
Por consiguiente, se impone urgentemente una reestructuración de este sector, como lo subraya el Informe Hoppenstedt. 
Esta es la solución por la que debemos optar si queremos asegurar una verdadera concentración productiva, una verdadera sinergia de las inversiones financieras, y optimizar los resultados de investigación y de transferencia de tecnología del sector militar al sector civil. 
La Unión Europea puede dar este fuerte impulso, y de inmediato, porque disponemos de poco tiempo para desarrollar esta lógica económica. 
A este respecto, hoy debemos tomar iniciativas que fueron adoptadas hace más de diez años en los Estados Unidos: liberalizar las estructuras industriales militares y civiles, globalizar las actividades de defensa y espaciales... 
Por lo tanto, a Europa le interesa implicarse más, ya que posee un potencial de base viable. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial del Parlamento Europeo ha trabajado mucho en esta cuestión, teniendo en cuenta el aspecto del empleo. 
¡Nunca debemos olvidar que más de 700 empresas mantienen a cerca de 370.000 familias en toda la Unión Europea! 
Por lo tanto, no podemos dejar que este sector de empleos desaparezca progresivamente. 
Tampoco podemos despojarnos de esta industria si aún deseamos asumir nuestras responsabilidades de política exterior y de diplomacia internacional. 
Por consiguiente, apruebo el informe de mi colega Hoppenstedt y la libre elección de las medidas que deben adoptarse, que deja a la vez en manos de las empresas afectadas y de los Estados miembros. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo votamos hoy a favor del informe conjunto del Sr. Hoppenstedt sobre la industria aeroespacial, puesto que este campo será una importante fuente de empleo en la Europa del futuro. 
Así, este sector empleó en 1997 a nada menos que 377.510 individuos, cifra a la que hay que añadir, entre otros, los empleos derivados hacia las empresas subcontratadas. 
La propuesta plantea una mayor cooperación en materia de investigación y desarrollo dentro de la industria aeroespacial europea, una cooperación que nos parece necesaria si este sector va a competir con éxito ante la industria norteamericana. 
La industria aeroespacial norteamericana se beneficia de los grandes pedidos que recibe del ejército norteamericano y de los conocimientos que el ejército brinda gratuitamente a las empresas privadas. 
El informe del Sr. Hoppenstedt contiene, sin embargo, propuestas de desarrollo conjunto de aeronaves militares y de reestructuración de la industria aeroespacial tanto civil como militar con vistas a promover una consolidación de la industria de defensa. 
Esta situación choca con la posición danesa en el ámbito de la política de defensa y seguridad y por ello nos hemos abstenido en la votación de los puntos 6 y 7, puesto que no queremos obstaculizar los pasos que los demás países miembros pudieran dar en esta sentido. 
Considero que se debe hacer una distinción entre, por un lado, las actividades de la investigación en el ámbito civil y la industria aeronáutica y, por el otro, las actividades de la industria militar. 
Las actividades de la UE deben comprender únicamente las cuestiones de carácter civil, y el Tratado, hoy por hoy, no respalda en ningún momento esta división. 
Por lo tanto, no puedo respaldar la comunicación de la Comisión acerca de la industria aeronáutica. 
Preferiría que se limitaran las actividades de esta industria y que se establecieran unas normas claras sobre cómo se debe llevar a cabo dicha actividad industrial. 
Si bien esta postura no significa que sea completamente contrario a la investigación y la actividad industrial en este ámbito, sí que creo que se deben esclarecer las condiciones en que tienen lugar las actividades militares. 
Tampoco respaldo el punto de vista básico de este informe, que salió a la palestra con motivo de la reunión previa de seis Ministros de Defensa de la UE para debatir la integración y reestructuración de las industrias de defensa. 
Atendiendo a la política de no alianza y neutralidad de Suecia, resulta particularmente lamentable la participación en dicha reunión de las industrias de defensa de este país. 
He decidido dar mi apoyo a las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes y votar en contra del informe en su totalidad. 
Es naturalmente positivo que se potencie la industria aeronáutica. 
Sin embargo, a los países neutrales que no participan en alianzas militares les resulta difícil, o simplemente imposible, participar en unas actividades que vinculan a la industria aeronáutica con las industrias de defensa de los distintos países y con la PESC. 
Ni la Unión Europea ni ninguno de sus Estados miembros es objeto de una amenaza militar en la actualidad. 
Por esta razón, se deben realizar esfuerzos para reducir la producción de material armamentístico, ya que esta producción merma los recursos de otras actividades importantes en los Estados miembros y, además, porque los países en desarrollo que importan las armas destinan a este fin importantes recursos que serían necesarios de manera primordial para reforzar el ámbito social. 
Además, la producción incesante de material de guerra constituye de por sí una posible amenaza ya que, cuantas más armas se produzcan, mayor será la posibilidad de que se haga uso de las mismas. 
Si, a pesar de todo esto, la situación mundial evolucionara en el futuro de tal manera que los Estados miembros decidieran democráticamente la fabricación de más material bélico, no veo ningún inconveniente a que, como se señala en el informe, la fabricación de aviones militares tenga lugar en el marco de un mercado de carácter monopolista. 
No obstante, es extremadamente importante que la Unión y sus Estados miembros lleven a cabo esfuerzos por reducir el elevado grado en que la aeronáutica depende de los pedidos militares. 
Si no se actúa en este sentido, la producción podría seguir su propio camino, independientemente de la situación en materia de política de seguridad. 
Como ponente sobre la comunicación conexa de la Comisión relativa a las industrias relacionadas con la defensa, acojo con el mayor beneplácito el informe del Sr. Hoppenstedt sobre el sector aeroespacial. 
Esos dos sectores de la industria de la UE son tan decisivos para el futuro éxito económico de todos nosotros, que, al debatirlos, se deberían dejar de lado, en la medida de lo posible, las diferencias nacionales y de partido. 
Comparto el deseo del informe de que en el sector aeroespacial haya importantes grupos industriales a escala de la UE, no sólo para garantizar los muchos puestos de trabajo y los altos niveles de conocimientos técnicos que emplean, sino también a fin de mantener la capacidad de la UE para decidir cuándo competir y cuándo cooperar con los Estados Unidos en esa esfera. 
Si no damos una clara luz verde a las empresas interesadas para proseguir con la tarea de reestructurar sus operaciones para ese fin, nosotros seremos los únicos culpables de que nos encontremos ante la alternativa de comprar aeronaves americanas o no comprar nada. 
Me alegro de que las empresas británicas estén impugnando el estereotipo, ahora inexacto, de mi país como nación de euroescépticos al desempeñar un papel destacado en la cooperación: los directores y el personal de Westland y British Aerospace están cooperando con los socios de la UE por sólidas razones comerciales, en lugar de seguir el dogma aislacionista del Partido Tory, que en tiempos afirmaba hablar por la industria británica. 
Como se señala en este informe, tan sólo en el sector de los satélites, el mundo puede esperar 1.500 lanzamientos en el próximo decenio: como políticos, debemos brindar a nuestras empresas todas las posibilidades de competir por esos contratos, no paralizarlas con papeleo en la plataforma de lanzamiento. 
Deseo ante todo felicitar a nuestro ponente, el Sr. Karsten Hoppenstedt, por el excelente trabajo que ha realizado. 
La comunicación de la Comisión Europea efectúa un análisis de la situación actual de la industria aeroespacial. Dicha comunicación permite tener una visión de conjunto, sin poner en evidencia los problemas específicos de uno u otro sector particular que componen esta industria europea. 
Dicho enfoque es interesante. 
No obstante, desde la publicación de esta comunicación, el mercado europeo aeroespacial ha evolucionado, y el informe del Parlamento ha hecho hincapié en esta mutación. 
Europa posee un verdadero potencial con miras al futuro. 
Para sacar el mejor provecho de dicho potencial, la industria europea debe beneficiarse de unas condiciones favorables, sobre todo para aplicar estrategias de empresas comunes. Estas estrategias permitirán a este sector de vanguardia competir en igualdad de condiciones con la industria norteamericana, que tiene la ventaja de no estar obligada a luchar contra fragmentaciones nacionales del mercado y que se beneficia de una ayuda pública importante en materia de investigación y de desarrollo. 
Comparto plenamente el sentir de nuestro ponente con respecto a la declaración de Alemania, de Francia y del Reino Unido, del 9 de diciembre de 1997, y a la carta de intenciones de los Ministros de Defensa alemán, español, francés, italiano, sueco y británico. 
En efecto, el compromiso que asumieron de favorecer la consolidación de las industrias de defensa constituye un factor político esencial y un signo positivo para los industriales europeos. 
La aspiración de coordinar esfuerzos en el sector de la industria aeronáutica resulta digna de encomio. 
Sin embargo, considero que no se debería vincular este sector a los proyectos militares como se recoge, por ejemplo, en el apartado 6, donde se señala la necesidad de desarrollar las próximas generaciones de aviones militares. 
Creo que, en su lugar, se debería hacer hincapié en un desarrollo de la industria aeronáutica sin conexiones de ningún tipo con el sector de la industria militar. 
El FPÖ apoya los contenidos políticos y declaraciones de intenciones de esta propuesta de resolución, pero se abstiene en la votación pues el aumento adicional de la ayuda financiera y económica que se exige en la solicitud para esta región no está suficientemente estructurada ni parece asegurada su eficiencia. 
Personas desplazadas (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la prosecución del debate sobre el informe del Sr. Wiebenga. 
Señora Presidenta, retomando las palabras de otros muchos oradores, quiero empezar felicitando al Sr. Wiebenga por un trabajo sostenido desde hace muchos meses, eficaz y cortés. 
Dicho esto, señora Presidenta, mi primera reflexión se referirá a algunas intervenciones que lo único que muestran es una peligrosa demagogia cuyo único efecto es hacer peligrar y, desde luego, perjudicar la causa de quienes entendemos- y somos todos- que, ante el problema de ofrecer una protección adecuada a quienes en un momento determinado lo necesitan por la situación de convulsión existente en sus países, debemos dar una respuesta adecuada, eficaz y proporcionada. 
Una respuesta, en definitiva, que esté a la altura de ese espacio de libertad, seguridad y justicia que estamos construyendo con el tercer pilar. 
Señora Presidenta, no ayudan a esa causa quienes incluso llegan a decir que han de restringirse los Fondos estructurales o de cohesión para aquellos Estados miembros que, supuestamente, están obstruyendo estas medidas. 
En primer lugar, porque eso es un juicio de intenciones y, en segundo lugar, porque, aunque esos países propugnaran la unanimidad para la toma de decisiones, no tendría el más mínimo sentido, ni jurídico ni político, establecer ese tipo de juicios de intenciones que son, como digo, totalmente perjudiciales, en última instancia, para sacar adelante este informe. 
Respecto a la dos propuestas de la Comisión, señora Presidenta, he de felicitar a la Sra. Comisaria. 
Son dos propuestas interesantes, equilibradas y que creo harán su camino y de las que veremos los resultados- espero- en un futuro muy próximo. 
Y ahora, señora Presidenta, permítame enarbolar la bandera de quienes mantenemos que las decisiones al respecto han de tomarse por unanimidad y por qué lo hacemos. 
No es demagogia ni muchísimo menos se trata de que no queramos estas medidas. 
Es, sencillamente, que la Sra. Gradin ha basado la primera propuesta en el artículo K3.2.b) correctamente, porque ese es el Derecho vigente. 
Pero, evidentemente, hemos de tener en cuenta que el Tratado de Amsterdam- que, aunque todavía no ha entrado en vigor, es una decisión política de primera magnitud- establece la unanimidad para este asunto. 
No podemos, por lo tanto, desconocerlo. 
Yo entiendo muy bien la postura de la Sra. Comisaria, pero que no se diga que quien pide la unanimidad es porque no quiere ir más allá. 
Quien pide la unanimidad sólo muestra ser consciente de que, con mucho trabajo, quince Estados miembros han llegado a un pacto en Amsterdam que establece que, durante cinco años, en este ámbito deberá haber unanimidad. 
Y porque queremos de verdad que esto avance, hacemos esa propuesta, que es a la que hay que llegar. 
Mi segunda reflexión va en el sentido de lo político. 
Evidentemente, los quince Estados miembros se tienen que poner de acuerdo, y sólo si se ponen de acuerdo los quince Estados miembros esta propuesta saldrá adelante. 
Hay que darle la razón al Sr. Nassauer. 
Si una parte de la propuesta se decide por mayoría cualificada, porque lo permite el artículo K3 y, sin embargo, otra parte de la propuesta se decide por unanimidad, al final tendríamos una situación absolutamente descompensada y desequilibrada tanto política como jurídicamente. 
Por lo tanto, señora Presidenta, repito: quienes hemos presentado enmiendas a favor de la unanimidad, queremos, de forma realista, que esta propuesta salga adelante. 
Apoyaremos políticamente, con nuestros Gobiernos, que esta propuesta salga adelante, pero entendemos que sólo saldrá adelante si respetamos lo acordado en Amsterdam, y ello requiere que se pongan de acuerdo quince Estados miembros, no una mayoría cualificada. 
Señora Presidenta, el sector socialista de esta Asamblea está experimentando actualmente un proceso de transformación muy interesante. Tiene su punto de partida en los Gobiernos. 
Primero con un nuevo realismo en la cuestión del asilo en el «New Labour» , que no va aún lo suficientemente lejos pero que sí está ya apuntando. Sigue luego el documento de debate presentado por el Ministro austríaco del Interior- el Sr. Schlögl es asimismo socialista -, y ahora tenemos al Ministro del Interior alemán Schily, quien de repente dice que la inmigración a Alemania y el flujo de solicitantes de asilo y de refugiados de guerras civiles han sobrepasado el nivel admisible o soportable. 
Es interesante ver esto en contradicción evidente con lo que la izquierda de esta Asamblea siempre defiende al respecto. 
Aquí se ve la diferencia entre ideología y práctica. 
La práctica se basa de dos puntos. 
Por un lado, en las cifras que el colega Pirker ha expuesto aquí de modo muy sugestivo. 
Quiero decir que Alemania ha acogido en diez años el 50 % de todos los solicitantes de asilo y en algunos momentos hasta las dos terceras partes de todos los refugiados de guerras civiles. 
Se trata sin duda de una situación extrema. 
Por otro lado, esta nueva actitud de algunos Ministros se debe al clima reinante y esto hay que calcularlo de un modo realista en la política. 
Queremos ofrecerles protección y seguridad, pero si quiero esto, necesito aceptación y esta aceptación solamente la puedo lograr si se produce una distribución personal de las cargas que grave por igual a los diversos Estados miembros. 
No podemos aceptar fórmulas como la de la presente propuesta, que es una pseudo propuesta, sino que necesitamos una distribución personal de las cargas según cuotas fijas. 
Señora Comisaria, el ministro del Interior bávaro, Günther Beckstein, le ha propuesto crear una oficina central europea que determine estas cuotas fijas. 
Estamos aún muy lejos de ello; estaríamos muy satisfechos si al menos se diese un primer paso hacia más Europa, pero esta pseudo propuesta que se nos ha presentado es un paso hacia menos Europa. 
Lo que intenta es evitar la solidaridad y al mismo tiempo llenar este hueco con palabras. 
Por ello, tenemos que rechazar las dos propuestas anteriores que deberían portar el siguiente titular: tema fallido. 
Creo que cualquier Estado miembro puede ser afectado por una carga excesiva y quiero decir a los colegas españoles y otros que no se trata solamente de una cuestión para Alemania, Austria, Holanda y otros pocos. 
Mañana puede explotar algo en el Mediterráneo que afecte por ejemplo exactamente igual a España y entonces también será necesaria la solidaridad. 
Pero la solidaridad es algo recíproco y esta problemática puede afectar de modo y en momentos diferentes a todos los Estados miembros. 
Por ello, antes de que la catástrofe se abata sobre nosotros, antes de que surjan los problemas, debemos desarrollar ya unos instrumentos para distribuir las cargas. A este respecto debo decir que aquí se incluye también la prevención, en lo que expreso mis felicitaciones al colega Pradier por lo que ha dicho hoy sobre este tema. 
No debemos estar mirando cruzados de brazos hasta que se produzcan las avalanchas de refugiados sino que mediante una intervención a tiempo como, por ejemplo, en el caso de Kosovo, debemos adoptar las medidas necesarias para crear in situ las condiciones para que las personas puedan vivir con seguridad en sus países. 
Señora Presidenta, señorías, la Comisión ha seguido con interés los dos informes del ponente, el Sr. Wiebenga, acerca de la propuesta revisada de la Comisión en relación con la protección temporal de las personas desplazadas y la propuesta en torno a un reparto solidario de las responsabilidades de la política de refugiados. 
Como telón de fondo de esta iniciativa, las negociaciones en torno a nuestra propuesta inicial sobre la protección temporal llevan ya un año atascadas en el Consejo de Ministros. 
Aunque se habían presentado muchas ideas favorables, resultaba evidente que no podríamos ir ya más lejos. 
Existía el riesgo de que se desinflaran las negociaciones, y daba la impresión de que lo que deseaba el Reino Unido, país que ocupaba por aquel entonces la Presidencia, era dejar de lado esta cuestión. 
Así pues, nos vimos obligados a actuar y, en mi opinión, no bastaba ya con pequeños ajustes de la propuesta original. 
Lo que se necesitaba era tanto una nueva redacción del texto sobre la protección temporal como unos planteamientos más avanzados sobre el futuro reparto de responsabilidades en lo relativo a la acogida de refugiados en la Unión Europea. 
Esta medida nos permitía también tener en cuenta las numerosas y excepcionales propuestas de mejora que habían surgido durante las negociaciones. 
Además, pudimos adaptar de una manera natural a la propuesta una parte de las posiciones que había presentado el Parlamento. 
Como ha podido comprobar el ponente, la propuesta sobre la protección temporal no varía en gran medida en comparación con la anterior. 
Una de las cuestiones fundamentales continúa siendo qué trato ha de depararse a las personas que se han acogido a la protección temporal. 
¿Deberán poder trabajar, qué tipo de asistencia y cuidados podrán recibir, y a qué tipo de educación podrán tener acceso? 
Creo que debemos mostrarnos muy ambiciosos a este respecto, algo que debería reflejarse también en la nueva propuesta. 
La segunda parte de la propuesta se refiere a un mecanismo para alcanzar decisiones de cara a la concesión o la denegación de la protección temporal. 
El objetivo de este mecanismo es mejorar en el futuro las condiciones para la gestión común de crisis de refugiados en Europa. 
Estoy relativamente abierta a sugerencias en lo que respecta a este punto. 
En la nueva formulación de la propuesta hemos intentado tener presentes los distintos planteamientos que se han presentado hasta el momento. 
Es obvio que no existe un único modelo sobre cómo alcanzar la preparación que exige esta cuestión. 
Señora Presidenta, la propuesta en torno a un reparto solidario de las cargas en lo relativo a los solicitantes de asilo es, en gran medida, una iniciativa innovadora. 
Hasta el día de hoy, cada vez que se ha abordado esta cuestión en la Unión, las discusiones han fracasado por las controversias que rodean la distribución de las personas o los criterios que se deben aplicar para ofrecer ayudas económicas. 
En nuestra propuesta hemos intentado combinar la idea de ayuda financiera con la exigencia de poder también llevar a cabo una redistribución de las personas. 
Creo que se trata de dos asuntos importantes. 
Es lamentable que el debate se centre tan a menudo en planteamientos irreconciliables. 
En mi opinión, se podría perfectamente combinar estas dos estrategias. 
Hace dos semanas tuvo lugar en Viena una reunión informal del Consejo de Ministros de Interior y de Justicia. 
Uno de los puntos que se discutió hacía referencia al documento de la estrategia en cuestiones de inmigración y derecho de asilo que había presentado la Presidencia austríaca. 
Hay mucho que hablar sobre el contenido de este documento. 
En estos momentos están teniendo lugar los trabajos de redacción de dicho documento, la cual reflejará los puntos de vista que ha expuesto el Sr. Wiebenga, y que también se presentaron en la reunión de Viena. 
Con todo, la iniciativa ha logrado que, por primera vez desde que ocupo el cargo de Comisaria, se entable un debate formal de principios acerca de esta cuestión, lo cual creo que es algo satisfactorio. 
El debate de Viena muestra también que la totalidad de los Estados miembros ha comprendido las implicaciones del nuevo Tratado y el aumento de las expectativas en torno a resultados concretos en los ámbitos de inmigración y derecho de asilo. 
Resulta satisfactorio que algunos de los ministros hayan resaltado la necesidad de alcanzar resultados tanto por lo que respecta a la protección temporal como al reparto de las cargas. 
La Presidencia austríaca cuenta con presentar, cuando menos, un informe de situación en la reunión formal del Consejo de los días 3 y 4 de diciembre. 
Parece una vez más que la cooperación en este ámbito tiene lugar con lentitud. 
En un ámbito tan dinámico como es el del asilo, se trata de una circunstancia preocupante. 
Numerosos acontecimientos de los últimos tiempos nos han demostrado la gran necesidad de lograr una cooperación más activa. 
Pienso, ante todo, en el conflicto de Kosovo. 
Puede que merezca también la pena recordar que la Comisión ha prometido transformar la propuesta de directiva una vez que haya entrado vigor el Tratado. 
Desgraciadamente, todo parece indicar que va a transcurrir todavía bastante tiempo antes de que entre en vigor el Tratado de Amsterdam, lo cual, si he comprendido bien, no está previsto que tenga lugar hasta el próximo verano. 
Además, pude comprobar con agrado que numerosas delegaciones presentes en la reunión informal de Viena declararon la necesidad de llegar ahora a un acuerdo. 
Asimismo, en numerosas ocasiones quedó de manifiesto que una solución común a escala de la Unión tendría que incluir también un nivel razonable de derechos sociales para quien se acoja a la protección temporal. 
Nosotros, en la Comisión, hemos hecho todo lo que hemos podido para desenmarañar esta situación y encontrar un camino transitable. 
Ahora corresponde a la Presidencia y a los Estados miembros velar por que se lleven a término las negociaciones y se llegue a un acuerdo. 
Esperaba con todo mi corazón el respaldo del Parlamento, pero resulta evidente que me marcho decepcionada. 
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Visado- Tránsito aeroportuario 
Señora Presidenta, Señorías, sin duda este no es el informe más importante de este período parcial de sesiones. 
Por ello, es aún más interesante que obtenga siete minutos para un informe relativamente tan poco importante mientras que a veces el tiempo falta en otro lugar. 
Sinceramente, no sé qué puedo contarles durante siete minutos sobre este informe. 
Permítanme, por ello, que exponga todo esto en un tiempo algo más breve. 
Del título que ha presentado la Sra. Presidenta, pueden extraer que se trata en lo esencial de problemas técnicos, si bien este tipo de problemas no siempre carecen de interés si se mira qué es lo que el Consejo nos ha presentado para que adoptemos una decisión. 
Esto comienza con que el Consejo, en lo referente al informe parcial sobre este modelo uniforme de visado, saliéndose de las disposiciones del Tratado intenta por lo visto colocarse en una posición jurídica más favorable que los Estados miembros, incluyendo las cuestiones de la forma del documento y del visado bajo el artículo K.3 del Tratado, a pesar de que existe para ello una disposición especial en el mismo, a saber, el artículo 100c. 
De este modo, ya no es ninguna acción común sino que debería ejecutarse en principio como directiva. 
Precisamente esto es lo que hemos dicho en la opinión de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. 
Otros aspectos problemáticos en las ideas del Consejo es el hecho de que él mismo se define en toda una serie de artículos de esta acción común como autoridad ejecutiva. 
A este respecto, hemos adoptado las medidas necesarias para que en lugar de ello la Comisión o los Estados miembros figuren como autoridades ejecutivas. 
Lo hacemos porque creemos que esto es más correcto que si el Consejo, que es colegislador o, en este caso, legislador comunitario, lo hace él mismo y con ello, por así decirlo, cuestiona también los principios de la división de poderes. 
En lo tocante al segundo informe parcial, los visados de tránsito en los aeropuertos, se trata en parte de la misma problemática. 
No obstante, creemos que el fundamento jurídico se ha elegido correctamente. 
En lo esencial se trata de la armonización de normas técnicas para combatir la inmigración ilegal y para mejorar los controles en los aeropuertos. 
Les ruego que den su voto favorable aquí en el Pleno a las correcciones que ha acordado la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y con ello adhiero también mi opinión a este informe quizás no tan significativo pero quizás no carente de importancia. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, en lo que se refiere a la configuración unitaria del documento, coincido con el ponente en que se puede aprobar tal como hemos votado en la comisión. 
Como se trata de una hoja que se elabora exclusivamente con la finalidad de hacer de ella un visado, el artículo 100c del Tratado de la CE es el fundamento jurídico correcto aunque algunas veces los juristas no se hayan podido poner de acuerdo en el enjuiciamiento de la cuestión de si esta apreciación es la correcta. 
Teníamos dos dictámenes al respecto. 
Me parece políticamente oportuno realizar la configuración del documento sobre la base del artículo 100c. 
Como Parlamento, siempre hemos dado preferencia a los procedimientos que permiten la adopción de resoluciones con mayoría cualificada. 
Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, en caso de regulaciones de visados, lamentablemente se da preferencia de nuevo para un período de cinco años a la unanimidad frente a la mayoría cualificada. 
No obstante, la dirección está clara. 
En el campo de «visados, asilo, inmigración y otras políticas relativas a la libre circulación de personas» el Consejo decidirá en un plazo previsible con mayoría cualificada. 
Sin embargo, no creo que pasados otros cinco años de unanimidad al Consejo le sea más fácil adoptar decisiones con mayoría cualificada. 
Apoyo además la opinión del ponente de que estamos regulando unitariamente el sector del título IV del Tratado de Amsterdam en Europa. 
El papel de la Comisión Europea deberá en cualquier caso fortalecerse en este sentido. 
Esto significa que es de su incumbencia y no del Consejo presentar especificaciones para este documento y estar a disposición de los Estados miembros como interlocutor en lo tocante a los lugares de elaboración. 
En lo tocante al visado de tránsito en aeropuertos, el Tribunal de Justicia Europeo ha proporcionado al Parlamento una base bastante clara. 
El fundamento jurídico del artículo K. 3 prevé en este sector sólo una cooperación con los Estados miembros. 
Esto lo teníamos ya claro en la comisión. 
Sin embargo, queremos fortalecer al Consejo frente a los Estados miembros y ayudarle a llegar de este modo a una actuación conjunta también en la cuestión de los visados y de la inmigración ilegal. 
En la comisión hemos hecho depender las regulaciones sobre refugiados apátridas y reconocidos así como la inclusión de la obligación de visado de una resolución común en el Consejo. 
Esto lo queremos lograr también para modificaciones de la lista común. 
Estoy a favor por ello de que votemos a favor de la correspondiente enmienda para suprimir el artículo 4. 
En lo tocante a las listas positivas, con el artículo 9 se concede a cada Estado miembro la posibilidad de anular temporalmente su vigencia. 
No obstante, creo que como tenemos fronteras exteriores comunes, necesitamos también normas comunes para los visados y las anotaciones y aquí se incluyen estos visados de tránsito. 
Creo que si estos visados están destinados ante todo a combatir la inmigración ilegal, entonces un modo de proceder unitario es el adecuado. 
Así se prevé en el Tratado de Amsterdam. 
Por ello, estoy a favor de seguir el camino ya iniciado por el Parlamento y suprimir también el artículo 9. 
Señora Presidenta, en primer lugar quiero decir que tomo la palabra en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo para felicitar al ponente y para decir que el Partido Popular Europeo seguirá sus instrucciones y, en general, aprobará su informe. 
En segundo lugar, me gustaría hacer una reflexión sobre estas dos propuestas de acción común que, si bien no son el corazón mismo de la política del tercer pilar o, en general, de la política de construcción de un espacio de libertades, seguridad y justicia, me parecen interesantísimas porque representan una avanzadilla, una punta de lanza, una situación que se repetirá en otros textos. 
¿Por qué me refiero a esto? 
Porque, en el fondo, se trata de la interpretación de textos, de reglas generales y de excepciones a interpretaciones restrictivas. 
Tenemos la sentencia, que ya se ha citado, de 12 de mayo pasado, en la cual el Tribunal de Justicia de la CE interpreta estrictamente pero, en mi opinión, correctamente el artículo 100 C del Tratado CE, diciendo que en el Tratado CE se habla de visados de entrada, no de tránsito. 
Y como ese artículo es una excepción al artículo K1.3, ha de interpretarse en sus propios términos. 
¿Por qué entonces apoyamos que la otra propuesta- la propuesta sobre el modelo de visado para casos excepcionales cuando el viajero no dispone de documento- se fundamente en el artículo 100 C? 
Pues porque esta es la función del Parlamento. 
De la misma manera que antes he dicho que debemos ajustarnos a lo acordado en el Tratado de Amsterdam para determinar las reglas del juego en la materia que hemos tratado hace unos momentos, aquí la función de este Parlamento es ir hasta donde nos permiten los textos. 
Y bien es cierto que este visado, para quien no dispone de un documento de viaje correcto, legal, legítimo, va más allá del visado, pero qué duda cabe de que es una pieza accesoria a un documento de identificación y que, por lo tanto, juega el papel de un visado en el sentido del Reglamento 1683/95. 
Por lo tanto, el Parlamento debe pronunciarse a favor de una interpretación del artículo 100 C que comprenda algo que no dice expresamente el texto, pero se puede entender que éste es un caso particular de los visados de entrada, en términos generales, y es correcto aplicar el artículo 100 C como fundamento jurídico. 
Por lo tanto, señora Presidenta, en mi opinión- y aquí ya me pronuncio a título personal -, debe haber coherencia en lo que hace este Parlamento, que es llevar los textos jurídicos hasta el límite de su interpretación pero, desde luego, no hacer un voluntarismo estéril que sólo redunda en que las propuestas no se vean coronadas por el éxito. 
Señora Presidenta, examinamos hoy dos proyectos de acciones comunes, presentadas por el Consejo, que intentan armonizar algunos aspectos concretos de la política de visados y de la política de tránsito aeroportuario. 
Si bien se trata de aspectos más bien formales, como es el modelo uniforme de impreso que puede utilizarse para poner un visado, no debemos olvidar que en el trasfondo de estos actos formales se pueden apreciar algunas de las características que vienen siendo la tónica general de la política de inmigración y asilo llevada a cabo por las autoridades comunitarias y por los Estados miembros en los últimos tiempos en la Unión Europea. 
Por lo que respecta a la acción común referente al modelo uniforme de visados y en particular en lo relativo al análisis del fundamento jurídico, compartimos con el ponente y con la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que ha estudiado el fundamento jurídico pertinente para esta acción, la idea de que la propuesta debería venir de la Comisión Europea y no del Consejo. 
Debería tratarse de una propuesta de directiva y no de una acción común, enmarcándola de esta manera en una política comunitaria de inmigración y asilo, preconizada por el Tratado de Amsterdam, y no dentro de una política de cooperación de los Estados miembros. 
Además, y centrándonos en el contenido de la propuesta, de nada sirve indicar a grandes rasgos un modelo uniforme de visados a nivel europeo para que, al final, los Estados miembros puedan indicar la ejecución técnica que deseen. 
De la misma manera, el impreso debe ser válido para todos los países de la Unión Europea sin la posibilidad de admitir excepciones en ningún caso. 
No sería éste un buen mecanismo para encauzar una verdadera política comunitaria en materia de visados. 
Aparte de estas cuestiones juridicopolíticas, me gustaría insistir en el hecho de que la armonización de estos aspectos de la política de visados comunitarios no debe conducir a más restricciones y limitaciones en la política de inmigración y asilo, solapadas a través de la exigencia de más trámites burocráticos o requisitos complicados para obtener los visados. 
No podemos admitir que ello nos conduzca a una situación más difícil para los refugiados o solicitantes de asilo que desean llegar a un país seguro. 
En resumidas cuentas, las disposiciones que se adopten en materia de modelo uniforme de visados y tránsito aeroportuario deben enmarcarse en el ámbito de una verdadera política comunitaria de inmigración y asilo, en la que se asegure el control democrático y judicial de las distintas acciones, en la que figuren como principios inspiradores la solidaridad y el respeto de los derechos humanos, teniendo siempre como telón de fondo las disposiciones de la Convención de Ginebra y del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 
Señora Presidenta, la cuestión de los visados es un motivo permanente de discusiones y debates en este Parlamento. 
Entre otras razones, ello se debe a que todavía no existe unanimidad sobre cómo resolver este problema. 
La cuestión y el informe sobre la expedición de visados a ciudadanos de terceros países se encuentran en una fase de espera a causa de problemas de orden jurídico en la comisión. 
El Tribunal de Justicia ha anulado las decisiones del Consejo acerca de, entre otros aspectos, la lista gris, en la que se especifican los países a los que se exigirá visado. 
A pesar de ello, esta lista ha venido funcionando durante estos cinco años de espera. 
En la práctica, esto significa que, por ejemplo, los negociadores rumanos han de solicitar un visado para participar en las reuniones de Bruselas, ya que este país figura en la lista que, a pesar de haberse invalidado, continúa en vigor. 
¡Algo absurdo! 
Así pues, no se ha resuelto una cuestión tan importante y general como es la de la política de visados. 
Al mismo tiempo, tenemos ahora previsto pronunciarnos acerca de la formulación y redacción de los formularios para lograr una homogeneidad y armonización de estos papeles. 
Creo que es como empezar a construir la casa por el techo. 
A pesar de todo, el Sr. Lehne ha expuesto en su informe un planteamiento de carácter global para trasladar el fundamento jurídico del tercer pilar al primer pilar, con lo que la cooperación entre Estados pasaría a ser supraestatal. 
Los diputados verdes suecos nos oponemos a esta iniciativa, ya que preferimos la cooperación interestatal, aun si algunos diputados de nuestro Grupo mantienen una opinión distinta al respecto. 
Me gustaría recordar una vez más que, gracias a la Unión nórdica de pasaportes, en Escandinavia contamos con más de cuarenta años de experiencia sobre cómo lograr- sin administración central, directivas ni armonizaciones- el buen funcionamiento de una unión de pasaportes y de una política de visados de carácter interestatal. 
Finalmente, querría recordar que, efectivamente, aún no ha entrado en vigor el Tratado de Amsterdam, por lo que tampoco se puede utilizar como referencia dicho Tratado en este contexto. 
Señora Presidenta, hace un momento el Sr. Lehne ha dicho claramente que su informe era muy técnico, pero detrás de las consideraciones técnicas se perfilan otros problemas. 
Comenzaré por los aspectos técnicos del documento. 
No comparto su punto de vista sobre el fundamento jurídico. 
Pienso que el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea era perfectamente fundado. 
Tampoco comparto su punto de vista consistente en hacer desempeñar a la Comisión el papel que al principio se impartió al Consejo, en el esquema de una acción común. 
Pero detrás de este problema puramente técnico se plantea, de hecho, una cuestión institucional que habrá que abordar algún día: ¿cuáles son y cuáles deberían ser los respectivos poderes del Consejo y de la Comisión? 
Tengo el mayor respeto por la Comisión, por los comisarios, por los 15.000 funcionarios que trabajan para ellos. 
Resulta que a los comisarios se los nombra, y su legitimidad democrática es, diría, remota. 
Por el contrario, el Consejo, compuesto por representantes de los gobiernos, posee una legitimidad democrática real. 
Y este es el verdadero problema que se plantea respecto a la evolución institucional de la Unión Europea. 
Se quieren trasladar los informes parlamentarios clásicos que conocemos en nuestras naciones a las instituciones europeas y convertir a la Comisión en un supuesto gobierno. 
Ahora bien, la Comisión no es un gobierno. 
La Comisión no emana de una mayoría. 
No está apoyada por una mayoría del Parlamento Europeo. 
La Comisión es una institución que está a medio camino entre lo política y lo tecnocrático. 
Y, por lo tanto, no puedo apoyar al Sr. Lehne ni a la mayoría de este Parlamento cuando quieren a toda costa, si puede decirse, poner en entredicho los poderes del Consejo- que son perfectamente legítimos en un plano democrático- en beneficio de una Comisión que sería el futuro gobierno del futuro Estado europeo, basándose en un hipotético pueblo europeo. 
En realidad, en Europa existen unos pueblos, unas tradiciones, una historia, unas lenguas diferentes. 
Por consiguiente, debemos absolutamente, dentro de la evolución institucional de la Unión Europea, por una parte, volver a dar más autoridad política al Consejo, y, por otra, al dar más poderes al Parlamento Europeo, asociar también a los Parlamentos nacionales a los trabajos parlamentarios. 
Es así como lograremos una Europa realmente democrática. 
Señora Presidenta, deseo agradecer al Sr. Lehne su valioso informe sobre las dos propuestas de acción común relativas al tránsito aéreo y a un modelo uniforme de impreso para poner un visado. Esas dos propuestas forman parte de un proceso en curso. 
Su objetivo es el de armonizar las normas que rigen la política de visados de los Estados miembros. No todos los aspectos de la política de visados quedan comprendidos en el artículo 100 C del Tratado actual. 
Algunos se adoptan a partir del Título VI. Sin embargo, cuando el Tratado de Amsterdam entre en vigor, reagrupará todos los aspectos de la política de visados en el primer pilar con arreglo al Título IV. 
Permítaseme exponer ante Sus Señorías la opinión de la Comisión sobre estos dos proyectos de acciones comunes. 
En primer lugar, tenemos la nueva propuesta del Consejo de una acción común relativa a las disposiciones sobre el tránsito aéreo basada en el artículo K.3. 
Esta propuesta es una ampliación y una evolución de la vigente desde 1996. 
El Tribunal de Justicia ha confirmado en 1998 que esta acción queda comprendida en el ámbito de aplicación del artículo K.3. 
Esta nueva propuesta de acción común va encaminada a incluir dos elementos adicionales. 
En primer lugar, se amplía la lista final de países para incluir a Bangladesh y al Pakistán. 
En segundo lugar, la propuesta establece una excepción de la obligación de un visado para viajes aéreos de los nacionales de países titulares de documentos de residencia de otros terceros países: por ejemplo, los Estados Unidos y Suiza. 
La Comisión no tiene observaciones concretas que formular en la fase actual. 
Sin embargo, una vez que el Tratado de Amsterdam entre en vigor, examinaremos la posibilidad de formular otra propuesta. 
Debemos tener en cuenta la integración de los acuerdos de Schengen en el acervo de la Unión. 
La segunda propuesta del Consejo se refiere a una acción común con vistas a un modelo uniforme de impreso para poner un visado. 
Su objetivo es el de lograr cierto nivel de armonización para mejorar los niveles de seguridad en dos casos excepcionales. 
Uno es aquel en que no se puede fijar el adhesivo del visado en pasaportes no reconocidos como documentos de viaje válidos; el otro es el de las personas que no cuentan con un documento válido de viaje. 
La Comisión abriga cierta preocupación por el fundamento jurídico elegido para esta propuesta. No existe una competencia clara en el Tratado CE respecto de los casos en que se debe entregar ese impreso a las personas que carezcan de documentos de viaje. 
Sin embargo, se podría argumentar también que ese formulario constituye una parte integrante del propia modelo uniforme de visado. En ese caso podría ser aplicable el artículo 100 C del Tratado CE. 
El debate en el Consejo será decisivo para la posición final de la Comisión. 
Puede ser que se pida a la Comisión que haga una declaración en el Consejo y, naturalmente, la Comisión transmitirá al Consejo las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo. 
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 18.55 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la última sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, el martes pasado el Sr. Janssen van Raay hizo una serie de observaciones sobre el sistema de pensiones voluntario, asunto discutido en el orden del día. 
Dijo lo siguiente: «termino enseguida, desgraciadamente un cierto número de neerlandeses a través de su encargado de negocios han declarado estar de acuerdo con la normativa, esto es lo que quería haber visto ayer en el Acta.» 
Presidente, le he preguntado al Sr. Dankert si esto es cierto. El es el decano de los 31 diputados neerlandeses y me ha comunicado que esto no es verdad en absoluto. 
De modo que quería contradecir lo que dijo el Sr. Janssen van Raay el martes al comienzo de las actividades en esta Asamblea. 
Tomamos nota de ello, señora Maij-Weggen. 
Señora Presidenta, quisiera pedirle que dé instrucciones para que se ponga a disposición de los miembros del Parlamento la reclamación de las autoridades neerlandesas contra la directiva relativa a las patentes. 
En esta semana hemos hablado mucho sobre transparencia, pero no importa que se haga una reclamación ante el Parlamento Europeo y los miembros particulares de éste no puedan recibir este escrito de reclamación. 
Por consiguiente, le ruego de corazón que imparta las instrucciones oportunas para que se haga llegar con la mayor rapidez posible a los miembros que así lo deseen- y creo que en este punto existe un gran interés- el escrito de reclamación, tanto más cuanto que el Servicio Jurídico del Parlamento está elaborando ya una respuesta. 
Creo que en materia de transparencia hemos de dar pruebas de nuestra credibilidad incluso ante nosotros mismos. 
Señora Breyer, tomo también nota de ello. 
Estudiaremos qué puede hacerse. 
Señora Presidenta, me refiero a la enmienda nº 49 que figura en el informe McCarthy. 
Figuro como votante en contra de esa enmienda, cuando, en realidad, quería votar a favor. 
¿Se podría hacer constar en el Acta? 
Se corregirá esto, señor Hallam. 
Señora Presidenta, simplemente quiero señalar que en la enmienda nº 7 del informe McCarthy voté a favor por error. 
Yo quería votar en contra. 
Así lo comuniqué a la Mesa pero no lo encuentro reflejado en el Acta, y me gustaría que constara en ella. 
También esto será corregido. 
(El Acta queda aprobada.) 
Votaciones 
Señora Presidenta, debo indicar que en diversos documentos y en diversas versiones lingüísticas existe un error de imprenta que cambia el sentido: a este respecto, en el informe mismo, en la enmienda 5 a la letra c del párrafo 2 del artículo 3 se encuentra la siguiente formulación: «... sin que la misma pueda ser superior a un total de tres años, podrá prorrogarse como máximo otros cinco años tras adoptar una nueva decisión.» 
Estos tres años aparecen como cinco años en algunas versiones y documentos. 
Prorrogar cinco años a cinco años, carece, naturalmente, de sentido como cualquiera puede apreciar. 
Pedimos que esto sea corregido en debida forma. 
Este error aparece también, por ejemplo, en el conjunto de enmiendas relativas a la enmienda 5, el pasaje está equivocado. 
En el original del Sr. Wiebenga, que figura bajo el número 5, es correcto. 
Agradecería que esto pudiera ser tomado en cuenta por los servicios correspondientes. 
Le agradezco estas puntualizaciones, señor Nassauer. 
Las tendremos en cuenta. 
(En votaciones sucesivas el Parlamento aprueba ambas resoluciones legislativas.) 
La organización de las fronteras exteriores de la Unión es una necesidad absoluta. 
Éstas no pueden ser «coladeros». 
Las disposiciones aprobadas deben, sin embargo, inscribirse en la letra y en el espíritu de la Convención de Ginebra y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 
Un tercer pilar se añade a estos dos primeros. 
Se trata de la medida complementaria establecida por el Tratado de Amsterdam, que se aplicará en un plazo de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor, y que autoriza la estancia temporal por razones humanitarias en el territorio de la Unión no sólo de personas, sino también de grupos de personas, que no responden en sentido estricto a los términos de las mencionadas convenciones, pero cuya protección de la integridad física o mental supone una protección temporal en la Unión. 
Esta medida presenta un real carácter de urgencia en razón, concretamente, de la incapacidad de la Unión para llevar a cabo una verdadera política exterior y de seguridad común, ¡incluso en sus fronteras! 
Dicho esto, hay que ser claros en el necesario reparto de la carga que genera cada afluencia de refugiados. 
Hay que acabar con las largas y complicadas querellas que enfrentan a Estados miembros entre sí, ya que todos aseguran haber hecho lo máximo posible en materia de acogida y dan a entender, la mayoría de las veces, que los demás siempre hacen demasiado poco. 
Deben definirse criterios concretos de evaluación. 
Aclaremos, además, que el régimen de protección temporal debe, por su propia naturaleza, correr parejo con el examen, a su debido tiempo, de las condiciones y medios que deben reunirse para preparar el regreso decente y la correcta reinserción de los refugiados que retornan a su país de origen. 
Hay que ocuparse de ello en la aplicación de un estatuto como el que nos ocupa. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de las normas comunes para la concesión del estatuto temporal de refugiado, de unos derechos mínimos para estos refugiados y de un reparto más solidario de éstos entre los Estados miembros. 
El problema reside en que muchos desplazados, por ejemplo, los refugiados de la guerra en la exYugoslavia no cumplen las condiciones para el estatuto de refugiado establecidas en la Convención de Ginebra y en que el reparto de estos refugiados entre los países miembros es muy desigual. 
Necesitamos normas comunes por las que guiarnos para decidir quiénes deben recibir el estatuto de refugiado, a cuánto tiempo tienen derecho a permanecer en la Unión y que condición deben tener mientras estén aquí. 
Hemos votado a favor del empleo del régimen de protección temporal únicamente en casos de necesidad causados por una afluencia masiva y repentina de refugiados. 
La Convención de Ginebra debe seguir siendo el punto de partida y los derechos humanos deben ser respetados. 
La propuesta en sí es excelente y necesaria. 
Es necesario que Europa asuma una mayor responsabilidad común en caso de catástrofes con afluencia de refugiados. 
Se debe considerar esta propuesta como un complemento a la Convención de Ginebra, la cual deberá respetarse en todo momento. 
La solidaridad con los refugiados no es algo que se pueda legislar u ordenar. 
Por lo tanto, no es recomendable la adopción de normas detalladas o de decisiones vinculantes por mayoría cualificada. 
Si bien el punto de partida ha de ser una responsabilidad común, la distribución de los refugiados deberá basarse también en acuerdos voluntarios. 
Es importante dejar de manifiesto que se deberá recurrir a la acción común únicamente en situaciones de emergencia con motivo de una afluencia masiva de refugiados. 
Las disposiciones sobre la protección temporal han de basarse en todo momento en el principio de que la protección internacional es un deber de conformidad con el Derecho de asilo internacional y las disposiciones en materia de derechos humanos. 
Es importante hacer hincapié también en que las normas sobre protección temporal no supondrán ningún perjuicio a la hora de acogerse al procedimiento de asilo. 
Informe Lehne (A4-0408/98) 
Es importante solucionar de la manera más racional posible la cuestión de los procedimientos relativos al acceso al territorio para las personas que carecen de un documento de viaje o poseen un documento no reconocido por el Estado miembro al que se solicita la autorización de acceso. 
Desde este punto de vista, la utilización de un modelo uniforme de impreso que pueda utilizarse para poner un visado puede, en su caso, resultar útil. 
Aunque creo que sólo puede revestir un verdadero interés en la medida en que la introducción de estos documentos contribuya a la creación de una política europea uniforme en materia de visado. 
Desde este punto de vista, un modelo de impreso sólo puede considerarse una etapa. 
Junto con los miembros de nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, estoy dispuesto a considerar que la introducción de un impreso uniforme para poner visados se inscribe en el Derecho comunitario, en virtud del artículo 100 C del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, más que en el apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea. 
En el caso del tránsito aeroportuario, el Tribunal de Justicia zanjó el debate jurídico que enfrentaba a la Comisión- apoyada por el Parlamento- con el Consejo, a favor de este último, desde el momento en que consideró que esta cuestión era competencia del tercer pilar. 
Es de desear que no haga lo mismo con el modelo de impreso. 
Está en juego la credibilidad del Parlamento en la materia. 
Afirmo claramente que la organización de las fronteras exteriores constituye una necesidad absoluta y que hay que descartar el hecho de permitir entrar a cualquier persona, y de cualquier manera, en el territorio de la Unión. 
Deseo manifestar asimismo que también comparto la convicción del ponente en el sentido de que la indispensable uniformización del dispositivo no puede, de facto, vaciar de su contenido las disposiciones de la Convención de Ginebra y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. 
Aclarado esto, apoyo los dos proyectos así enmendados. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de una Acción Común del Consejo relativa a un modelo uniforme de impreso de visado y sobre el régimen del tránsito aeroportuario. 
Sin embargo, hemos votado en contra de la recomendación de la comisión para que la Acción Común sea sustituida por una directiva y un reglamento con base en el primer pilar. 
Pensamos que propuestas como éstas se encuadran dentro de la cooperación intergubernamental recogida en el tercer pilar. 
Los países nórdicos cuentan con una experiencia de casi medio siglo en lo relativo a una unión nórdica de pasaportes de carácter interestatal. 
Este modelo debería mostrar el camino también a la Unión Europea. 
Aún no ha entrado en vigor el Tratado de Amsterdam, por lo que éste no puede ser utilizado como referencia. 
No se debe modificar el fundamento jurídico de la decisión en el Consejo mediante mayoría cualificada. 
No puedo respaldar las aspiraciones de la Comisión de convertirse en una especie de «Gobierno» de la UE. 
En su lugar, se debería conceder más poder a los Estados miembros y al Consejo. 
Señora Presidenta, ayer formulé una observación sobre el equipo de cámaras en la Asamblea. 
Pregunté si el equipo de cámaras tenía permiso para estar aquí y si se podía investigar ese asunto. 
Su secretaría dijo que lo investigaría. 
¿Podría decirme si estaban autorizados para filmar como lo hicieron? 
Según mis informaciones un miembro de esta Asamblea ha sido objeto de una entrevista filmada arriba en la tribuna con autorización. 
En tiempos no se permitían filmaciones en la zona de la Asamblea y las tribunas. 
No entiendo cómo esa persona consiguió el permiso. 
Quisiera pedirle que, como miembro de la Mesa que es, lo plantee en ella, porque es muy importante que se trate a esta Asamblea con cierta dignidad. 
Fuera de la Asamblea andan cámaras por todas partes y, si empezamos a permitirles que entren en la Asamblea, pronto estaremos invadidos por las cámaras de televisión. 
Quisiera pedirle que presente este asunto a la Mesa para que se investigue. 
Señor Falconer, creo que esta preocupación, no está tan justificada, pero haré que esto sea comprobado de nuevo. 
Señora Presidenta, sobre una cuestión bastante similar: ayer, cuando abandoné, junto con otros diputados, esta Asamblea a la hora del almuerzo y de la votación, en la puerta había personas que llevaban camisetas con propaganda de la causa que apoyaban y que nos obligaron a coger los papeles que distribuían. 
Algunos diputados tropezaron y casi se cayeron al salir de la Asamblea. 
Se les pedía que firmaran una declaración que me parece perfectamente aceptable, pero ese tipo de manifestación está fuera de lugar dentro del Parlamento. 
Quisiera pedir a usted y al Presidente que investiguen los reglamentos de que disponemos para impedir la celebración de manifestaciones de esa clase dentro de la Asamblea del Parlamento e incluso en sus puertas mismas. 
Esas personas de ayer no me molestaron por la causa que defendían, pero la próxima vez podrían ser personas respecto de las cuales yo y otros diputados a esta Asamblea abrigáramos importantes objeciones. 
He tomado nota de esto, y reflexionaremos acerca de cómo hemos de proceder en tales casos. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0367/98) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/109/CEE del Consejo relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (COM (98) 0022- C4-0081/98-98/0017 (COD) ). 
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, estimados colegas, tratamos ahora de un instrumento para la lucha contra las drogas y, en concreto, de un instrumento que nos debería ayudar a que se dificulte en la mayor medida posible e incluso se impida el desvío de precursores. 
Estos precursores son necesarios para fabricar drogas, para fabricar heroína, cocaína y, en especial, drogas de síntesis como el éxtasis, como la ICE, como el LSD, como las anfetaminas, pues estas drogas se fabrican exclusivamente a partir de precursores. 
El trasfondo de por qué necesitamos tal instrumento en que el consumo de drogas no sólo aumenta en Europa, sino también en el mundo entero, en especial, en el caso de las drogas sintéticas. 
Dispongo de los datos más recientes, los cuales afirman que en el año 1997 se aprehendieron sólo en Europa dos millones y medio de pastillas de éxtasis, la mitad de las cuales fue aprehendida en los Países Bajos. 
En el mismo año 1997 fueron aprehendidas 267.000 dosis de LSD, de las cuales, una vez más, la mitad fue aprehendida en los Países Bajos. 
Estas cifras de aprehensión constituyen un indicio de que el consumo de drogas va en aumento. 
Pero también son indicio de que las estrategias antidroga funcionan y de que las medidas policiales son eficaces, pues se aprehenden más drogas sintéticas. 
Entretanto, según cálculos sensatos, en Europa más de cinco millones de jóvenes consumen estas drogas sintéticas. 
Por consiguiente, es dramática la situación ante la que nos encontramos, especialmente porque estos jóvenes no saben jamás qué sustancias están consumiendo realmente con estas drogas sintéticas. 
Efectivamente, las sustancias contenidas en ellas varían constantemente en lo que respecta a los precursores así como a la intensidad de las dosis. 
Esto significa que los jóvenes se hallan expuestos a un peligro extremo y de esta manera constituyen también los cobayas de gentes de negocios que carecen de escrúpulos. 
Precisamente por esta razón, por la protección de la juventud, debemos hacer todo lo posible para encontrar los mejores instrumentos a fin de que resulte exitosa la lucha contra las drogas. 
Tenemos ahora una propuesta del Consejo que modifica una directiva que data del año 1992 y que contiene una propuesta muy factible que puede ser también muy prometedora, en especial si incluimos además las enmiendas, los añadidos de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, cosa que solicito. 
La propuesta se ha desarrollado a partir de audiencias a expertos. 
Hemos tenido representantes de la industria química así como representantes de las autoridades a fin de sondear los modelos más practicables y sacar de ello las consecuencias oportunas. 
La Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores comparte también en casi todos los ámbitos la opinión del Consejo, pues la propuesta de éste es, sencillamente, consecuente, muy completa y muy practicable. 
Ahora bien ¿cuáles son los puntos esenciales? 
Quiera tratar los cinco puntos más importantes de la presente propuesta. 
En primer lugar, hemos tenido que decidir entre dos posibilidades: la primera, establecer una lista rígida en la que estén catalogados y controlados todos los precursores que se utilizan en la fabricación de drogas. 
En la actualidad éstos son 22, pero para introducir controles realistas, tendríamos que ampliar enormemente esta lista pues las sustancias que se emplean varían y constituyen un gran número. 
Si tuviéramos una lista rígida sería prácticamente imposible el control, de manera que se adoptó la decisión en la otra dirección. 
Tenemos, de hecho, sustancias clave que son fijas y podemos ampliar y modificar de manera flexible la lista con las sustancias que actualmente se utilizan para la producción de drogas. 
Esto significa que es una lista con sustancias clave que es ampliable y actualizable de manera flexible. 
Con ella podemos reaccionar de manera óptima ante la situación actual. 
El segundo punto es el siguiente: esta lista no debe ser oficial pues, de lo contrario, a los productores les resultaría fácilmente posible burlar el control, pues se sabría qué es lo que se controla. 
El tercer punto es el de dar a los estados la posibilidad de prohibir el comercio con precursores cuando existan motivos para suponer que tales precursores se desvían para la producción de drogas. 
El cuarto punto, y éste constituye un punto muy importante, pues, de lo contrario, probablemente no funcione el sistema, consiste en que la cooperación entre los actores económicos, por un lado, -es decir, la industria química- y las autoridades, por otro, se produzca sobre una base voluntaria, pero los estados han de prepararse para esta posible cooperación voluntaria. 
Esto significa que los actores económicos, la industria química, deberían proporcionar por sí mismos informaciones cuando se produzcan transacciones o pedidos inusuales y, por otro lado, ha de otorgarse a las autoridades la facultad de recabar informaciones y de controlar también sin previo aviso los locales comerciales. 
Este sistema de cooperación voluntaria funciona ya en algunos estados, como Austria, Alemania, los Países Bajos, Gran Bretaña e Irlanda, y con pleno éxito. 
Sólo en el presente año se han producido en Alemania 6.000 avisos, que fueron objeto de un seguimiento exitoso, para impedir el desvío ilegal y, por ende, la producción de drogas. 
El sexto punto, muy importante, es que en la lucha contra las drogas y a la hora de controlar los precursores hemos de vincular a través del programa PHARE a los estados de la Europa central y oriental y hemos de desarrollar sistemas de control. La propuesta prevé que invitemos a Europa a personas de la industria química y a personas de las autoridades y las instruyamos aquí. 
De esta manera se habrá asegurado, en primer lugar, que el dinero no se utilizará indebidamente, como ocurre con frecuencia, que instruiremos a la gente como nosotros queramos y tendremos también al mismo tiempo personas de contacto en estos estados. 
Por consiguiente, un sistema de control que hace prácticamente imposible que el aprovisionamiento se desplace hacia estos países y que posibilita también una buena cooperación contra el desvío ilegal. 
Con este paquete esperamos lograr un control del desvío ilegal de los precursores no sólo en Europa, sino a nivel mundial, pues esto es posible desde hace dos años, haciendo llegar a nuestras manos un instrumento que es totalmente esencial para conducir con éxito la lucha contra las drogas, y todo esto para la protección de nuestra juventud. 
Pido el apoyo de todos y la translación absoluta de esta propuesta. 
Señora Presidenta, en el fragor continuo de los rave parties y de sus multitudes de jóvenes de energías aparentemente inagotables es posible advertir una señal de los nuevos tiempos de la droga sintética. 
Está de moda delirar, ponerse frenético, explotar, prolongar el trance hasta pasado el amanecer. 
Son las tribus tecno y house music en busca de nuevos rituales en los que surgen unos líderes de extraño carisma nocturno a los que llaman DJ. 
Su religión se basa en el mito de que las nuevas músicas electrónicas sólo son apreciables bajo les efectos de drogas. 
En las alteraciones bruscas del comportamiento, de ciudadanos aparentemente normales, profesionales normales, familiarmente normales, es posible encontrar los efectos de las cápsulas milagrosas de la performance instantánea, de la voluptuosidad de las capacidades físicas y mentales. 
No habrá pasado el tiempo del adiós definitivo a las tradicionales heroína, cocaína o marihuana. 
Pero hay una realidad nueva que despunta como un volcán, por entre una platea planetaria en busca de nuevas sensaciones, de nuevas radicalidades y de nuevas rupturas en un mundo contradictorio de opulencias y miserias, de cultos y analfabetos, de señores y esclavos, de privilegios y marginalidades. 
De ese peligro nuevo, de la producción deslocalizada de las drogas de síntesis es de lo que aquí hablamos. 
Ya no basta con controlar los circuitos del viejo tráfico de América del Sur, del norte de África o de Extremo Oriente. 
Las fábricas de éxtasis y sus sucedáneos cohabitan junto a los consumidores como nuevas unidades de artesanado local. 
La propia red Internet divulga las recetas para la producción de esas superdrogas de efecto potencialmente letal. 
A eso se debe la importancia del control del comercio de las substancias químicas denominadas precursores y utilizadas en la fabricación ilegal de estupefacientes. 
Eso explica la necesidad de fortalecer la cooperación voluntaria entre las autoridades y las empresas químicas y farmacéuticas para descubrir las adquisiciones sospechosas de las substancias incluidas en las listas de productos susceptibles de entrar en la composición de los psicotrópicos. 
Esas listas no deben ser públicas y deben ser flexibles, pues las composiciones utilizadas están en permanente transformación como forma de encontrar nuevos precursores aún no recogidos en las listas. 
El éxtasis tiene ya diez años. 
Todo el mundo conoce los daños irreversibles que provoca en el cerebro de los consumidores. 
Ahora bien, las novedades del mercado se llaman DOB, golden eagle, 4MTA o flatliners, el último de los cuales es 33 veces más fuerte que el éxtasis. 
Hay que incluir a los países de la Europa central y oriental en el ámbito de esta acción conjunta para que no se conviertan en mercados substitutivos sin control alguno. 
Y el Parlamento Europeo debe participar en la evaluación de esa cooperación voluntaria. 
Es que, respecto de este asunto, que pone en entredicho el futuro y el bienestar de nuestra sociedad, no queremos estar distraídos ni adormecidos y mucho menos alucinados. 
Señora Presidenta, desde luego es sumamente importante que se vigilen los precursores, principalmente su comercio en el caso de que sean precursores de drogas sintéticas. Sólo si es necesario, naturalmente, ya que también existen drogas sintéticas que no son peligrosas. 
Lo que se debe hacer es detectar las sustancias que son de mala calidad. 
De modo que no debemos acentuar el problema, únicamente debemos actuar allí donde exista algún peligro. 
Es evidente que la juventud necesita una buena información, para que sepan lo que están adquiriendo. 
Me parece una buena idea extender a otros países de Europa la colaboración voluntaria entre la administración y el mundo del mercado, tal como sucede ya en nuestro país y en otros tantos países. 
Votaremos a favor de las enmiendas. 
Lo único que no me parece nada realista es que la lista de las sustancias no pueda hacerse pública. 
Para finalizar, señora Presidenta, me parece muy importante que se establezca una estrecha colaboración con el Centro y el Este de Europa en el marco del programa PHARE. 
Si no lo único que se estaría haciendo sería trasladar el problema de Occidente al Este de Europa. 
Señor Presidente, desearía felicitar al Sr. Pirker por su buen informe. 
En la lucha contra los estupefacientes y el consumo de drogas se ha de actuar en todas partes de manera constante y regular. 
Las drogas sintéticas representan especialmente un problema cada vez mayor, ya que, al ser posible alterar muy rápida y fácilmente su contenido químico- los denominados precursores -, se puede eludir de esta manera la ley. 
La propuesta de la Comisión para modificar la actual directiva no es naturalmente ninguna solución, pero sí puede ser un importante paso para luchar contra la fabricación y, por consiguiente, contra el acceso a las drogas. 
Además, se trata de una propuesta en concordancia con las directrices adoptadas el pasado verano por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. 
Es natural que no puede hacerse oficial ninguna lista de productos que funcione. 
Acojo con especial satisfacción la cooperación constructiva y voluntaria, tanto entre los Estados miembros, como entre éstos y la industria química. 
Las experiencias registradas en aquello países que cuentan con este tipo de sistemas han demostrado ser muy positivas. 
Señor Presidente, deseo ante todo felicitar al Sr. Pirker por su excelente informe, el cual tiene por costumbre proponernos textos serios, fruto de un trabajo riguroso. 
La cuestión tratada reviste una importancia capital para el porvenir de la juventud de Europa. 
Las drogas sintéticas- como el ponente nos lo ha recordado- afectan a 5 millones de jóvenes, lo que da una idea de la amplitud del peligro. 
Éste es aún más grave por cuanto la composición química de dichas drogas varía constantemente, y de esta forma nuestros jóvenes corren el riesgo de servir de conejillo de Indias, de objetos de experimentación, en manos de unos traficantes particularmente aborrecibles. 
Una encuesta reciente sobre el consumo de hachís entre los alumnos de establecimientos de instrucción pública nos indica que sólo el 16 % de los mismos son objeto de escolarización a los 18 años, frente al 75 % para el resto de la población escolar, y que el 60 % de ellos no han superado el nivel secundario. 
Esto pone en entredicho la dudosa distinción entre las supuestas drogas blandas y las demás. 
Esta distinción falaz se aplica, naturalmente, a las drogas sintéticas, cuyo peligro está probado pero minimizado, incluso negado, por algunas personalidades del mundo del espectáculo o del ámbito político, de una irresponsabilidad indignante. 
Apelo, por otra parte, a quienes invocan la libertad individual para justificar el libre consumo de drogas para que consideren que la verdadera libertad es responsable y que ésta empieza con la liberación de la influencia de sustancias alienantes. 
Los principios esgrimidos por la Comisión y en el informe del Sr. Pirker parecen, efectivamente, realistas. 
El principio de la cooperación voluntaria entre operadores, productores y distribuidores parece ser el camino a seguir. 
El mismo se basa en la voluntad de responsabilizar a todos los actores, y toda política cuyo objeto es responsabilizar a las personas es una buena política. 
En conclusión, desearía manifestar que en este debate es imprescindible considerar ante todo el bien de los jóvenes, que son las principales víctimas de estas drogas sintéticas, en nombre de una concepción pervertida de placeres supuestamente lúdicos o comunitarios; todo ello por razones- lo digo sin rodeos- vilmente mercantiles, y que desprecian el verdadero bien de los jóvenes. 
Es preciso apelar al sentido de la responsabilidad de los jóvenes, pero también al sentido de la responsabilidad de aquellos que, en nombre de una concepción errónea de la libertad, los arrastran a minimizar el hecho de que el consumo de drogas es alienante y degradante. 
Se trata, de hecho, de defender la libertad de nuestros jóvenes, y este combate es para nosotros, políticos responsables, una ardiente obligación. 
Señor Presidente, hemos venido siguiendo desde aquí las actividades de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, y hemos notado que, en referencia al informe d ' Ancona, las posturas de esta comisión son bastante liberales. 
Ahora nos encontramos ante un asunto más grave que las drogas blandas, nos enfrentamos a las drogas sintéticas y a su composición química. 
La vigilancia voluntaria constituye una forma bastante poco severa de controlar estas drogas. 
Sin embargo, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que, si bien el ponente del informe propone que se entable una cooperación con los terceros países, ésta se limita únicamente a los países de la Europa Central y Oriental. 
El país que limita al Este con Finlandia es Rusia. 
Rusia pertenece a los denominados países de la CEI, a pesar de lo cual la cooperación con este país es, cuando menos, tan importante como la correspondiente a los PECO. 
Rusia es lugar de tránsito y de procedencia de un enorme volumen de transporte con destino a la UE. 
Me gustaría que el ponente tuviera presente este hecho la próxima vez. 
Señor Presidente, estamos discutiendo hoy una vez más propuestas de mejora para la lucha contra las drogas sintéticas. 
Yo he aludido repetidas veces al peligro específico de estas drogas. 
Las propuestas del informe, sobre todo, la flexibilización de las listas, constituyen un avance en este pedregoso camino. 
El debate en la comisión, quizá como consecuencia de la clara unanimidad de las opiniones de la audiencia de los expertos, se desarrolló con una infrecuente concordia a la que yo quiero sumarme con gusto. 
Sin embargo, esta concordia no debe tranquilizarnos ni debe distraernos de las tendencias reales. 
En efecto, he seguido con gran preocupación que el nuevo gobierno alemán quiere poner en marcha en Hamburgo y en Frankfurt intentos modelo para la expedición controlada de drogas duras y quiere aprobar a nivel federal condiciones marco jurídicas para la expedición de heroína. 
En realidad, habría que haber aprendido más de los proyectos piloto que han fracasado. 
Las drogas constituyen una amenaza peligrosa de la salud de nuestros hijos. 
Su liberalización agudiza aún más esa amenaza. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Pirker que estamos sometiendo a debate aborda un asunto de la máxima actualidad como es el de las drogas. 
El tráfico de drogas ha crecido de manera vertiginosa, y en esto ha influido, en parte, la reducción de los controles fronterizos. 
El contrabando de sustancias ilegales es cada vez más fácil. 
Se calcula que no se confisca más que una mínima parte del total. 
La Unión Europea ha sido pionera en la lucha por la libre circulación a nivel internacional. 
Por este motivo, debe asumir una responsabilidad excepcional también a la hora de combatir sus perjuicios. 
Es posible que el segundo pilar de la UE, la cooperación en materia de asuntos interiores y de justicia, justifique precisamente mejor que ningún otro la lucha contra el narcotráfico. 
El transporte y comercio de drogas y sustancias psicótropas demuestra de por sí la importancia que reviste la creación de un sistema de tránsito común en la UE. 
Además de reducir el fraude aduanero y fiscal, este sistema facilitaría un mejor seguimiento y control de las drogas. 
Por este motivo, es necesario que nos apresuremos a desarrollar este sistema. 
Señor Presidente, la utilización de drogas sintéticas, como el éxtasis, se ha extendido rápidamente, en particular entre los jóvenes. 
Lo confirma el hecho de que, aparte de la marihuana, sean las drogas más consumidas en la Unión Europa. 
Acojo con beneplácito la intención de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación de la directiva de 1992 sobre la fiscalización de los estupefacientes ilícitos para incluir los precursores utilizados en la fabricación de esas nuevas drogas. 
Reconozco que no es una tarea fácil, porque los precursores químicos tiene un uso legal, además de ser un elemento fundamental para la producción de drogas ilícitas. 
La cooperación para abordar ese problema resulta urgentemente necesaria. 
El plan de acción acordado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de este año es un paso en la dirección correcta. 
En la Unión Europea debemos basarnos en él. 
El ponente subraya correctamente la importancia de la cooperación internacional, en particular en relación con la Europa central y oriental, donde podemos ejercer gran influencia. 
La fabricación de drogas sintéticas es un negocio en aumento en la Europa central y oriental. 
Podemos utilizar el programa PHARE, como propone, para crear un sistema idóneo de supervisión. 
Sin embargo, podemos dar un paso más diciendo con claridad a los países que esperan pasar a ser miembros de la Unión Europea que esperamos su plena cooperación y compromiso para que adopten medidas firmes y decisivas. 
Si no lo hicieran, nuestra actitud respecto de su posible adhesión cambiaría. 
Apoyo este informe y las propuestas que en él figuran. 
Espero que haga una contribución importante para abordar el programa de las drogas que destroza tantas vidas de nuestros ciudadanos jóvenes. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión, permítame ante todo agradecer sinceramente al Sr. Pirker por su notable informe y por su convincente apoyo, creo yo, a nuestra propuesta de directiva. 
Gracias a sus esfuerzos, entre otros, esta propuesta ha sido transmitida rápidamente al Parlamento Europeo, con miras a examinarla en primera lectura. 
El desarrollo de las drogas sintéticas constituye, en efecto, un problema extremadamente grave, no sólo para la Comunidad Europea, sino también para el resto del mundo. 
La legislación comunitaria actual en materia de precursores de drogas sintéticas sólo permite controlar 22 sustancias catalogadas por los convenios de la ONU. 
Ahora bien, la fabricación clandestina de estos estupefacientes utiliza cada vez más otros productos que son fácilmente sustituibles y que no están catalogados. 
El hecho de ampliar las estrictas medidas que actualmente se aplican a los 22 precursores catalogados a otros precursores potenciales sería, sin embargo, contraproducente debido a la amplia utilización comercial de estos productos químicos. 
Solamente es viable un sistema adecuado. 
El objetivo de la modificación propuesta por la Comisión es, pues, obligar a los Estados miembros a aplicar un mecanismo de cooperación en el que los operadores económicos notificarían voluntariamente a las autoridades competentes las transacciones sospechosas de sustancias que actualmente no están recogidas en la directiva, pero que, sin embargo, se utilizan en gran escala en la fabricación ilícita de drogas sintéticas. 
Aunque el número de sustancias sospechosas sea muy elevado, sólo es viable un enfoque orientado. 
Un comité «precursores» , que ya colabora con la Comisión en virtud de la legislación actual, será el encargado de confeccionar y poner al día las listas de productos sensibles que deben ser controlados. 
Los trabajos de este comité son, naturalmente, confidenciales. 
Examinemos ahora las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo. 
La Comisión comparte el deseo del Parlamento Europeo de tender a una mayor seguridad en materia de vigilancia de precursores y de drogas y se felicita por la primera y la tercera enmienda, y, por lo tanto, las acepta. 
Con respecto a la cuarta enmienda, la Comisión entiende la preocupación del Parlamento Europeo de disponer de una herramienta que le permita evaluar el mecanismo de control de los precursores de drogas. 
Actualmente, la Comisión ya elabora, sobre la base de las informaciones que le transmiten los Estados miembros, un informe anual destinado a la Junta Internacional de Control de Narcóticos, que es, como ustedes saben, un organismo de la ONU. 
La Comisión se interroga, por consiguiente, sobre el fundamento de la solicitud de un informe adicional y en qué este informe especial del Parlamento Europeo se diferenciaría del que se elabora, o del que deberá elaborarse, para la Junta Internacional de Control de Narcóticos. 
Por otra parte, no debe ignorarse que los elementos de información que actualmente proporcionan los Estados miembros son, desgraciadamente, fragmentarios y no permiten apreciar la eficacia del sistema aplicado en el marco de la directiva actual. 
A fortiori, la evaluación de un mecanismo que aún no es operativo será más arriesgada. 
La Comisión no puede, por consiguiente, comprometerse a elaborar un informe especial, pero está dispuesta, naturalmente, a proporcionar al Parlamento Europeo el informe anual destinado a la Junta Internacional de Control de Narcóticos. 
Este año, el ponente ha recibido, por otra parte, dichas informaciones. 
Las preocupaciones del Parlamento Europeo manifestadas en la quinta enmienda, en cuanto al carácter secreto de las listas de las sustancias que deben ponerse bajo vigilancia, ya están implícitamente recogidas en la propuesta de la Comisión. 
En efecto, dado que estas listas serán elaboradas por el comité de precursores, cuyos trabajos no son publicados, este añadido parece superfluo. 
La segunda parte de la enmienda, referente a la adecuación permanente de la legislación comunitaria y nacional, nos parece, en cambio, muy útil. 
El hecho de aceptar la enmienda que autoriza una aplicación facultativa del mecanismo de control equivaldría a vaciar la propuesta de la Comisión de toda su sustancia. 
Además, un sistema consistente en que algunos Estados miembros aplicarían la directiva y otros no, crearía inevitablemente una distorsión de competencia dentro del mercado único. 
Por estas razones, la Comisión no puede, por lo tanto, aceptar esta última enmienda. 
Por lo demás, deseo felicitar muy fervientemente una vez más al ponente y a sus colaboradores por el informe que se nos ha presentado hoy de una manera totalmente convincente. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Antes de proceder a la votación del informe del Sr. Pirker, Señorías, permítanme que les dé una información que estoy seguro que será de su agrado. 
El lunes pasado, el día 16, la Mesa ha aprobado que se tomen las medidas técnicas y presupuestarias para que los viernes por la mañana sean también filmadas las sesiones del Pleno. 
Esta había sido una reivindicación que habían ustedes expuesto reiteradamente y que yo considero que muy justamente la Mesa le ha dado una respuesta positiva. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
OMC: servicios financieros 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, permitanme hablar en representación del ponente, el Sr. Kittelmann, el cual ha tratado muy intensamente este informe en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y finalmente lo ha sacado también adelante por unanimidad, esto hay que subrayarlo. 
Cuando se contempla el informe, cuando se contempla la trayectoria en la que se han prolongado tanto las negociaciones relativas a este punto en la OMC, habría que afirmar realmente que lo que se mantiene largo tiempo, al menos en este caso, gracias a Dios, termina también por ser bueno. 
Una vez más se ha visto que al principio fueron los Estados Unidos los que se manifestaron masivamente contra este ámbito, pero luego, tras el Acuerdo provisional de 1995, adoptaron una actitud más flexible. 
Se ha visto que en cuanto se ejerció suficiente presión por parte del Parlamento y también por parte de la Comisión sobre los EE.UU. éstos cedieron, no jugaron precisamente el papel de policía mundial, como suele ser usual en muchos ámbitos de la OMC, sino que se orientaron hacia la solución razonable. 
Se trata principalmente de la eliminación de barreras comerciales y también de que en el ámbito internacional se puedan ofertar servicios financieros sin que se vean sometidos a una discriminación. 
En este Parlamento hemos aludido ya algunas veces a este ámbito en diversos informes, por ejemplo, por no ir más allá, en esta semana en el informe de Erika Mann sobre las relaciones transatlánticas. 
En éste se afirma también, en definitiva, que justamente sólo a través de la eliminación de las barreras comerciales se puede generar una mejor situación general para la economía y, por ende, también, naturalmente, para los puestos de trabajo. 
En el último mes, por ejemplo, nos hemos ocupado también del informe de la Sra. Mosiek-Urbahn, que versaba acerca de la directiva sobre los seguros y el cual a propósito de un problema de ámbito interno europeo se manifestó también de idéntica manera contra la discriminación. 
Creo que para nosotros es muy importante que no sólo apliquemos esto a los países que se encuentran dentro de la Unión Europea, sino que precisamente nos esforcemos también en introducir esto en las negociaciones de la OMC. 
En el informe se trata exclusivamente de un proceso puramente técnico de la trasposición del Acuerdo de la OMC. 
Permítanme quizá algunas palabras sobre el decurso del procedimiento: aparte de las negociaciones generales se han negociado para algunos servicios concretos accesos específicos al mercado que rigen con carácter adicional a los Acuerdos de la OMC. 
Estos son, especialmente, los ámbitos de la telecomunicación de base y de los servicios financieros. 
Ya antes de que expirara el plazo se observó que los EE.UU. juzgaban insuficientes las ofertas presentadas por cerca de 30 miembros de la OMC- y aquí se cuentan como uno los 15 Estados miembros de la Unión Europea- y declararon no estar dispuestos a extender su oferta de nación más favorecida a todos los miembros de la OMC. 
Allí los EE.UU. se cerraron prácticamente el camino. 
Las negociaciones sobre el Acuerdo se concluyeron luego con éxito el 12 de diciembre de 1997. 
70 miembros presentaron propuestas de mejora respecto del acceso al mercado y de condiciones de trato nacional. 
Todo el Acuerdo en su forma actual representa una mejora esencial respecto del Acuerdo provisional de 1995. 
Además de la inclusión de los EE.UU., numerosos miembros de la OMC participan en el Acuerdo y el alcance de éste es realmente considerable. 
El Acuerdo garantiza, básicamente, a las entidades financieras extranjeras el libre acceso al mercado y condiciones de trato nacional en más del 95 % de los servicios financieros intercambiados a nivel mundial. 
Tan sólo el volumen de negociación de valores de renta variable incluido en la liberalización representa un mercado enorme. 
El Acuerdo se basa en datos de 1996. 
Así, sólo el volumen de negociación de valores de renta variable asciende a 14, 8 billones de dólares, los activos de los bancos ascienden en conjunto a 41, 2 billones de dolares. 
Asimismo, por el Acuerdo se garantiza que las entidades financieras de la Unión Europea pueden actuar en los mercados de los terceros países en condiciones favorables similares a aquellas de las que disponen los terceros países en el ámbito de la Unión Europea. 
El procedimiento que ha sido propuesto aquí por la Comisión, a través de la consulta del Parlamento de conformidad con el primer párrafo del apartado 3.1 del artículo 228 del Tratado CE, puede ser aceptado con toda seguridad en este caso por el Parlamento. 
No quisiera añadir aquí muchas más cosas, pues en la exposición de motivos se encuentran contenidas las explicaciones pertinentes. 
Permítanme que exponga aún otro punto. 
Considero especialmente importante que el Parlamento se enfrente hoy con éxito a esto, para que podamos cumplir sin más con el curso del procedimiento y con el marco cronológico. 
Es preciso que se produzca una aprobación rápida para que se pueda cumplir la fecha de 31 de marzo de 1999 que se prevé para la entrada en vigor. 
Señor Presidente, la economía mundial ha experimentado cambios importantísimos en el transcurso de la última década. 
Las fuerzas del mercado han ido liberándose del proceso político de decisión. 
En nuestra opinión, el Acuerdo sobre servicios financieros que hoy tramitamos es un buen acuerdo. 
Es importante que los demás acuerdos que se contraigan entre la UE y la OMC no redunden negativamente sobre los consumidores europeos. 
Esto amenazaría la recepción popular de estos futuros acuerdos UE-OMC. 
Me parece importante subrayar precisamente este punto: la recepción popular. 
Este acuerdo llega por lo demás en un buen momento. 
Las crisis financieras que han afectado recientemente a los países asiáticos han hecho todavía más necesario enviar una señal de la importancia decisiva que la estabilidad económica tiene en la creación de un crecimiento sostenido en todo el mundo. 
Por ello es un motivo de especial alegría ver el gran número de países que han contraído este acuerdo. 
A menudo no se destaca suficientemente cuán necesaria resulta la cooperación internacional. 
Hay montones de ejemplos de los retos para los que la mejor solución pasa por la comunidad internacional: los impuestos y las tasas verdes, el ecoetiquetado, los instrumentos comerciales con una mira medioambiental, facilitar el acceso al mercado para los países en vías de desarrollo, la protección de los derechos de propiedad intelectual y la lucha contra los obstáculos técnicos al comercio. 
Nuestra responsabilidad como políticos pasa por garantizar que los derechos de los consumidores no se vean afectados. 
Por ello hemos de trabajar juntos para que el control democrático sobre la OMC sea tan férreo como el control democrático que mantenemos sobre la UE. 
Esta es la tarea para el futuro. 
Señor Presidente, creo que hemos podido comprobar hoy aquí que sin la Unión Europea no se habría podido alcanzar este acuerdo permanente. 
Sin embargo, debemos recordar que se ha contado con un «grupo de dirigentes financieros» que ha trabajado sobre esta cuestión a nivel supraestatal. 
Creo que se trata de una táctica que debemos considerar en las próximas negociaciones de la OMC. 
Es posible que sea más fácil cooperar cuando se trata de intereses económicos, ya que en estos asuntos no comprometen tanto el prestigio político. 
Coincido con el Sr. Iversen en que esta cuestión es importante de cara a la estabilidad. 
Tenemos un extraño mercado en el tienen cabida unos mercados cerrados y unos volúmenes cuantiosísimos de capital que se desplazan de un país a otro en busca de beneficios especulativos. 
La creación de transparencia y estabilidad constituye un importante instrumento para salir al paso de la especulación. 
Por ejemplo, es importante crear en el Sudeste asiático unas condiciones favorables para el ahorro nacional. 
Este acuerdo revestirá también una enorme importancia para Europa, por ejemplo, si podemos invertir en el mercado de pensiones japonés, sin olvidar tampoco todas las inversiones en infraestructuras que permitirá realizar en numerosos ámbitos. 
Resulta evidente que un acuerdo como éste tendrá también una gran importancia para los países en desarrollo que hayan alcanzado un cierto grado de desarrollo y puedan permitirse una mayor tasa de ahorro en su territorio. 
Sin lugar a dudas, este acuerdo entraña también algunos problemas. 
Creo que uno de los más importantes es que podamos abordar en este contexto la cuestión del blanqueo de dinero. Además, hemos de lograr verdaderamente un buen funcionamiento de las denominadas reglas BPI. 
El problema con Japón estribaba en que no conocíamos los procedimientos en vigor en este país, es decir, cómo aplicar las reglas. 
Éste es precisamente uno de los cometidos del aumento de la competencia, ya que de esta manera podemos saber cuál es el procedimiento en los distintos países. 
Al mismo tiempo, espero vehementemente que podamos lograr un nuevo mandato de negociaciones para el próximo otoño, cuando Finlandia ocupe la Presidencia de la Unión Europea. 
Señor Presidente, estimados colegas, imagínense que se requiere la opinión de ustedes como diputados. 
Imagínense que se trata de un capítulo importante. 
Dicho con más precisión, que se trata nada menos que del GATS, del Acuerdo General sobre Servicios, bajo el techo de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, y dentro de ello de los servicios financieros. 
Imagínense entonces que no pueden más que jugar el papel de miembro de la claque. 
Estoy seguro de que ustedes no se contentarían con esto. 
Sin embargo, hoy sucede exactamente así. 
Se trata de un Acuerdo llave en mano que asegura en más del 95 % de los servicios financieros prestados en todo el mundo un libre acceso al mercado y unas condiciones de trato nacional. 
Con esto el libre e incontrolado capricho de los bancos y demás entidades financieras ha avanzado una vez más un buen trecho, en concreto, en 102 países de la Tierra exactamente. 
Pero no sólo esto. 
También los valores de renta variable pueden moverse con mayor rapidez. 
El Sr. Kittelmann lo escribe de manera muy bonita, y cito: «Tan sólo el volumen de negociación de los valores de renta variable al que se aplican los compromisos de liberalización representa 14, 8 billones de dólares en 1996. 
Los activos bancarios de los países firmantes del Acuerdo ascendieron en conjunto a 41, 2 billones de dólares en 1995.» 
De esta manera países enteros son empujados a la ruina pues los flujos financieros incontrolados hacen que se derrumbe el presupuesto nacional. 
En este punto reclamamos reformas urgentes en el sistema financiero internacional. 
Hablamos del deseo de instituir redes de seguridad, de instalar sistemas de alarma preventiva, de adoptar medidas de flanqueo o de fomentar también una política de desarrollo. 
Al mismo tiempo, prodigamos aplausos porque la Comisión ha vuelto a realizar con éxito un intento de liberalización sin consultar siquiera nuestra opinión. 
Aquí existe una necesidad urgente de reforma. 
En la Unión Europea necesitamos ejercer la influencia parlamentaria sobre la adjudicación de mandatos y necesitamos procedimientos de conformidad en todos los acuerdos económicos de relevancia mundial. 
La OMC debe ser reformada también. 
Su sólo compromiso de liberalización a cualquier precio constituye un camino equivocado. 
Por esta razón no nos sumamos al informe que se ha presentado, no le daremos nuestra conformidad. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Kittelmann por su excelente informe y también por la muy convincente exposición del Sr. Habsburg-Lothringen. 
La conclusión con éxito de las negociaciones del GATT sobre los servicios financieros el 12 de diciembre del año pasado fue, en verdad, un acontecimiento importante que fortaleció la Organización Mundial del Comercio como marco para negociaciones multilaterales sobre los servicios. 
Hoy podemos ver los beneficios de esta situación en la que se pueden debatir y zanjar los asuntos, en lugar de tener que afrontar acciones unilaterales. 
Al incluir los servicios financieros con carácter permanente y no discriminatorio y con la concesión de la condición de nación más favorecida entre los países de la OMC, que es la base en este caso, y al garantizar el acceso efectivo a los mercados al 96 %, aproximadamente, de los mercados financieros de la OMC, se ha logrado el principal objetivo negociador de la CE. 
Ahora la prioridad principal de la UE es la ratificación y la posterior entrada en vigor del acuerdo. 
Estamos dando todos los pasos necesarios para velar por que la CEE y sus Estados miembros ratifiquen pronto el acuerdo para que pueda entrar en vigor en la fecha acordada del 1 de marzo del año próximo. 
También esperamos que otros países que participaron en las negociaciones concluyan sus procedimientos internos antes de que expire el plazo, el 29 de enero del año próximo. 
La liberalización de los servicios financieros seguirá siendo un elemento esencial del desarrollo de unos servicios financieros eficientes a escala mundial, que es el requisito previo para un desarrollo económico adecuado. 
Así, pues, confiamos en que la crisis económica que afecta a algunos países no impida ahora ni en el futuro el inicio de las futuras negociaciones en el año 2000 ni incite a adoptar medidas encaminadas al proteccionismo. 
He escuchado muy atentamente lo que han dicho algunos diputados al Parlamento. 
Debemos hacer una distinción entre disponer de mercados libres concebidos para funcionar bien y eficientemente y las normas que deben existir y cuyo incumplimiento se debe imponer. 
Parte del problema en Asia y en otras partes estriba en que no hay normas adecuadas. 
Si hay normas, no se impone adecuadamente su cumplimiento. 
Hay una falta de normas incluso en Estados como el Japón y hasta ahora no se han concedido poderes suficientes a las instituciones internacionales para velar por que, si existen las normas, se imponga su cumplimiento eficientemente. 
Se trata de un imperativo fundamental, pero no debe incitar a sacar la conclusión de que no debemos seguir liberalizando los servicios financieros. 
Eso es otra historia. 
Estoy dispuesto a reconocer de buen agrado la necesidad, como han dicho algunas de Sus Señorías, de normas más eficientes a escala mundial o a escala nacional y de autoridades suficientemente independientes para que impongan las reglas del juego. 
Ése es el precio que hay que pagar por disponer de un sistema estable y aprovechar plenamente la liberalización que se ha debatido y acordado. 
Gracias a todos los diputados al Parlamento por sus contribuciones y quisiera concluir diciendo que doy por sentado que todos los Estados miembros y la Unión Europea ratificarán el texto en su momento. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señorías, retengo todavía un momento su atención. 
Quiero hacerle llegar al Sr. Kittelmann, a través del Sr. Habsburg-Lothringen, nuestra felicitación por la calidad de su informe. 
Pero, como menciono el apellido Habsburg, quiero recordarles a todas y a todos ustedes que este viernes, también excepcionalmente, el Sr. Otto von Habsburg no está entre nosotros. 
Sabemos que no está entre nosotros por enfermedad. 
También sabemos que se está recuperando. 
Pero es que hoy es un día muy especial para el Sr. Otto von Habsburg. Hoy es el día de su cumpleaños. 
Cumple 86 magníficos y fecundos años. 
Por lo tanto, en nombre de todos ustedes, permítanme que haga llegar nuestra felicitación y, al mismo tiempo, también nuestro deseo de que se recupere inmediatamente porque lo necesitamos aquí los viernes con nosotros. 
El Sr. Van Miert tiene la palabra. 
Señor Presidente, desearía mucho asociarme a sus palabras, en nombre de la Comisión Europea. 
Estoy seguro de que mis colegas apreciarán sus palabras, en su justo valor, y también puedo asociarme a ellas en su nombre. 
Régimen de los precios impuestos para los libros entre Alemania y Austria 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B4-0704/98 de los diputados Hawlicek, Junker y Tannert, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Comisión, sobre el procedimiento de recurso contra el control transfronterizo de los precios de los libros en Alemania y Austria; -B4-0706/98 de los diputados Ebner, Günther, Pack, Habsburg-Lothringen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, a la Comisión, sobre la queja de la Comisión de la UE contra el precio fijo transfronterizo del libro entre Austria y Alemania; -B4-0707/98 del Sr. Frischenschlager, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, a la Comisión, relativa a la queja sobre el establecimiento transfronterizo del precio del libro entre Austria y Alemania; -B4-0708/98 de la Sra. Pailler, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre el régimen de precio del libro; -B4-0709/98 de los diputados Kerr, Soltwedel-Schäfer, Voggenhuber, Cohn-Bendit, Lagendijk y Wolf, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, a la Comisión, sobre el procedimiento de queja contra el sistema transfronterizo de fijación de precios netos de los libros entre Alemania y Austria.He recibido tres propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Tiene en primer lugar la palabra como autor por el tiempo de 4 minutos el Sr. Elchlepp. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el establecimiento común del precio de los libros en el ámbito lingüístico alemán puede parecer anticuado a primera vista, pero cuando se consideran las consecuencias que tendría su supresión, parece necesario abordar con bastante más sensibilidad este tema de primerísima importancia políticocultural. 
En el fondo, yo esperaba que la Comisión, en su calidad de defensora de la diversidad cultural y también como promotora del empleo en Europa, tuviese en cuenta todos los objetivos de los Tratados europeos en su examen del sistema de precios de los libros desde el punto de vista del cumplimiento de las normas en materia de competencia. 
La libre competencia no es, en efecto, un valor absoluto, ni un fin en sí misma. 
La preservación de la diversidad cultural, tal como se encuentra inscrita en el apartado 4 del artículo 128, constituye a mi entender un valor superior en este caso. 
¿Ha tenido en cuenta la Comisión en su análisis del cumplimiento de las normas en materia de competencia que la supresión del precio único podría provocar la pérdida de casi 200.000 puestos de trabajo y millares de puestos de formación en las pequeñas estructuras intensivas en trabajo del sector del comercio del libro? 
Estudios científicos han expresado a fin de cuentas el temor de que la supresión de esta norma podría reducir el número de librerías de 4.000 a sólo 800. 
Señor Comisario, en la localidad de Schwarzwald, donde yo vivo, sin duda tampoco sería posible seguir haciendo funcionar una librería. 
Además, también se podría reducir drásticamente el número de editoriales, toda vez que los mayores beneficios que reporta el precio fijo de los best-séllers mitigan el riesgo comercial asociado a la promoción de valores culturales. 
El ejemplo de Estados Unidos debería servirnos de advertencia; aparte de que el precio de los libros técnicos y las obras literarias es más elevado allí que en Alemania, la comercialización del libro sólo incluye un pequeño número de librerías, integradas en cadenas comerciales que a su vez dependen de las grandes editoriales. 
¡Los libros no pueden estar sujetos a las normas de una competencia incontrolada! 
El objetivo prioritario no puede ser abaratar la cultura, sino que lo fundamental es proteger su diversidad. 
Los consumidores desean un asesoramiento de calidad, una oferta diversificada de títulos y el precio fijo garantizado de los libros. 
Sólo en mi país se editan 75.000 nuevos títulos cada año, en contraste con los sólo 55.000 que se publican en el mercado estadounidense, mucho más amplio. 
Los lectores también desean una entrega rápida de los libros y nuestro sistema la garantiza. 
Con objeto de evitar malentendidos, señor Comisario, quiero resaltar que no estoy en contra de las normas de la UE en materia de competencia ni de la realización del mercado interior europeo. 
Sin embargo, también con este objeto es preciso que se mantenga el precio fijo del libro. 
Éste hace posible la existencia de una diversidad de proveedores y de títulos y garantiza la competencia. 
Garantiza la diversidad cultural y literaria a través de los mecanismos de la economía de mercado y, además, sin subvenciones. 
Repito que también está en juego la identidad de las zonas lingüísticas y la diversidad cultural de Europa. 
Por otro lado, existen considerables dudas en cuanto a la conveniencia de que la Comisión se guíe por un dictamen en el que pesan más los interrogantes que plantea su elaboración que no las soluciones que ofrece. 
La Comisión también debe explicar por qué no desea contar con el asesoramiento de un comité consultivo del libro, como el que se había propuesto crear hace ya diez años. 
Señor Presidente, señor Comisario, si se cumplen los deseos de algunas cadenas comerciales y lamentablemente también de la Comisión Europea, se suprimirá el llamado régimen de precios impuestos para los libros. 
En Austria y en algunos otros países de la Unión, las editoriales pueden vender, en efecto, sus productos a un precio mínimo fijo. 
Se alega que esto contradice el espíritu de los Tratados, ya que da lugar a la creación de estructuras tipo cartel. 
Este argumento es correcto, sin duda, desde un punto de vista exclusivamente económico. 
Los llamados best-sellers reportan unos beneficios considerables a las editoriales a pesar de su precio más bajo, debido a las grandes tiradas. 
Los libros sobre temas especializados apenas se venderían aunque su precio fuese más bajo. 
Un libro no es, no obstante, una mercancía como otros utensilios domésticos. 
Los libros forman parte de la cultura de un país. 
Las asociaciones culturales obreras, las editoras nacionales, las bibliotecas escolares, los clubs del libro y otras organizaciones han intentado fomentar desde el siglo pasado la formación de las personas a través de la lectura de obras literarias de calidad. 
Muchos libros no se publicarían si las editoriales no pudiesen obtener gracias a los best-sellers unas ganancias que subvencionan los demás productos editoriales. 
Es el Greissler- pequeña tienda de comestibles- para el cerebro, como diríamos en Austria, o el Tante-Emma-Laden para el cerebro, como lo llamarían en Alemania. 
Pido disculpas los traductores por emplear estas expresiones peculiares. 
A diferencia de los supermercados de libros, el librero ofrece también otros servicios, como asesoramiento profesional y el encargo de obras que no figuran precisamente entre los éxitos de ventas. 
Pero no podría sobrevivir sin el precio fijo ya que, a diferencia de las grandes cadenas, no puede comprar con condiciones tan favorables y, por lo tanto, está obligado a vender más caro. 
Por otra parte, el precio fijo no es obligatorio. 
Hay libros que salen al mercado sin un precio fijo. 
En muchos casos, al cabo de un año ya se publica una edición de bolsillo considerablemente más barata; existen las semanas del libro, existen librerías de ocasión, existen muchas posibilidades, en suma, que en realidad reducen muy pronto los precios prefijados. 
Cuando cojo un libro como éste, lo que tengo en la mano es, evidentemente, en primer lugar una mercancía. 
Sin embargo, en cuanto lo abro y empiezo a leerlo, ya no lo uso como si fuese cualquier otro utensilio doméstico, sino que aplico la técnica cultural de la lectura para informarme. 
En este caso se trata de un libro de mi colega Paul Rübig sobre las telecomunicaciones, que es un tema bastante difícil. 
Lo leo por motivos circunstanciales, pero también para entretenerme, para formarme y a veces naturalmente también para indignarme, pero en cualquier caso para adquirir un saber. 
Si el libro se considera únicamente como una mercancía, en tal caso está perfectamente justificado luchar contra el precio fijo- a escala nacional o transfronteriza, tanto da- o suprimirlo. 
Sin embargo, eso supondría adoptar un enfoque muy restringido que no hace justicia al verdadero valor de los libros. 
En efecto, lo decisivo, lo que representa el verdadero carácter de un libro, no es su presentación, sino su contenido y éste pertenece claramente al ámbito de la cultura, de la ciencia. 
Los libros no se compran necesariamente o no siempre por la bonita ilustración de la cubierta, sino sobre todo porque uno desea leer el texto impreso. 
La diversidad del mercado del libro es una expresión del desarrollo cultural de un país y un ámbito lingüístico. 
Sin embargo, para que pueda existir esta diversidad es preciso contar también con una diversidad de editoriales y librerías. 
No todos los libros llegan a ser éxitos de ventas. 
Hay obras que se dirigen únicamente a un público especializado o a grupos con un interés particular. 
Las pequeñas tiradas no permiten ganar dinero. 
Éste se tiene que obtener con las obras que se venden bien. 
Estos éxitos de ventas subvencionan la necesaria diversidad políticocultural del sistema. 
Si un empresario consiguiera vender una olla cuadrada gracias a su buena estrategia de comercialización y todos los fabricantes de ollas redondas se viesen obligados a cerrar, esto no repercutiría sobre la diversidad culinaria. 
Sin embargo, cada editorial que cierra significa la pérdida de unos libros que ya no se publicarán porque las demás editoriales tienen, sencillamente, programas distintos. 
Cada librero que se ve obligado a cerrar, porque no puede resistir la competencia de una gran superficie, significa una pérdida para el abastecimiento intelectual cotidiano de la región. 
Señor Comisario, yo no dudo que usted comprenderá que le roguemos- y yo sé que contamos con el apoyo de prácticamente la totalidad del Parlamento- que tome seriamente en consideración las reflexiones del Parlamento con vistas a que se contemple realmente esta dimensión cultural de nuestro continente. 
Señor Presidente, a veces parece como si sólo fuera importante una cosa en Europa: nuestra economía. 
Si todo va bien con el euro, parece como si la integración fuera a ser inminente. 
Mientras que hay tantísimos asuntos en Europa que hacen que Europa sea única para nuestros ciudadanos. 
Así subraya el artículo de cultura del Tratado, artículo 128, que Europa gira en torno a otros asuntos además del de la economía. 
La discusión sobre el precio fijo de los libros parece eternizarse. 
La Comisión Europea ha sido muy unilateral hasta ahora al aplicar el ángulo de incidencia económico en la definición de su postura. 
Tanto el régimen de los precios impuestos para los libros entre Alemania y Austria como el régimen de los precios impuestos para libros dentro de los Países Bajos, está siendo discutido, de momento, por la Comisión. 
Iría en contra de las reglas de competencia del Tratado. 
Desde hace años apelamos muchos colegas míos y yo, a través de preguntas escritas, artículos, cartas y resoluciones, al hecho de que la evaluación realizada sobre los precios fijos para los libros debe fundamentarse de forma equilibrada, con una serie de argumentos, tanto desde una perspectiva económica como cultural. 
Las ventajas ya han sido expuestas ampliamente por los dos oradores precedentes. 
Pero piensen por un momento en las pequeñas áreas lingüísticas en donde es muy importante una amplia oferta de títulos en las librerías, para que se pueda garantizar la diversidad cultural a libros específicos que deben ponerse a la venta, y no sólo los bestsellers que se van a vender de todos modos. 
Esta es la política hablada por boca de ganso y también llevada a la práctica para estimular a pequeñas y medianas empresas. Tan pronto como demos rienda suelta a esos precios fijos, ya lo dijo un colega, desaparecerán las librerías pequeñas. 
No hay más que mirar al Reino Unido. 
En resumidas cuentas, el que exista un precio fijo en los libros estimula el desarrollo en Europa sin que tengamos que recurrir a las subvenciones. 
Este es también un argumento al que tendrá que apelar el Comisario. 
No existe ninguna centralización que vaya en detrimento de la diversidad cultural. 
Existen desventajas: hay estudios que han demostrado que el que se fijen o no precios para los libros no produce ningún impacto económico en el mercado del libro. 
¿Por qué abolir entonces sólidas ventajas culturales, ya que las hay? 
Afortunadamente, y con esto estamos satisfechos, la Comisión decidió esperar a emitir un dictamen, tanto con la cuestión de Alemania y Austria como con la de los Países Bajos, hasta que se dieran a conocer los resultados de este estudio. Yo también lo había solicitado explícitamente a través de preguntas escritas. 
Bien, señorías, quizás se produzca un cambio. 
Digo «quizás» , ya que todavía no se ha tomado ninguna decisión. 
Con ocasión de un estudio los Comisarios Van Miert y Oreja han comunicado por carta a los ministros de Cultura que, por motivos culturales demostrables, existe la posibilidad de que se manejen esos precios fijos, también en el caso de acuerdos transfronterizos en la misma región lingüística. 
La Comisión no alterará normativas nacionales, como es el caso de los Países Bajos, si se puede demostrar que no se produce ningún efecto visible en el comercio entre los Estados miembros. 
Apoyamos totalmente esta postura. 
Espero que el Comisario Van Miert siga en esta línea en sus decisiones para principios del próximo año. 
Mi grupo también está a favor de la creación de un Comité de Consulta para el sector del libro. 
Es necesario un órgano consultivo permanente formado por interesados de todos los sectores para que asesore a la Comisión. 
Espero que la Comisión se percate del tono expresado en la resolución común de cinco grupos, entre los que se encuentra, por supuesto, el Grupo Liberal Europeo. 
No es la primera vez. Siempre hemos sido claros. 
Va en beneficio de los ciudadanos el que se fije un precio, y también que sea transfronterizo en una misma area lingüística, por una exención en vigor del artículo 85 del Tratado, párrafo 3. 
Mi última frase no hace falta que la traduzcan los intérpretes: ¿Por qué sólo nos preocupamos por la agricultura y no queremos hacer nada por la cultura? 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario Van Miert, yo naturalmente ya sé que la mano invisible del mercado que todo lo resuelve y todo lo controla tiene su comunidad de creyentes más fieles en la Comisión. 
Ésta viene a ser en cierto modo como el Vaticano de la libre competencia y yo evidentemente ya sé que usted mismo es el Gran Inquisidor de la economía de libre mercado. 
Naturalmente también sé que la mirada severa del Gran Inquisidor escudriña a diario el mercado europeo con objeto de detectar a todo tipo de herejes, las tendencias a la formación de carteles y las alteraciones en la sagrada competencia y en cuanto su severa mirada descubre cualquier elemento perturbador, cualquier persona dispuesta a oponerse a la fuerza invisible del mercado, la Santa Inquisición inicia un proceso. 
Yo a veces desearía, señor Comisario, que la misma mirada penetrante se aplicara a los temas relacionados con el medio ambiente, al ámbito social o a los derechos ciudadanos. 
Lamentablemente, en esos aspectos la Comisión no se considera la Gran Inquisidora de la Unión. 
El caso es que su mirada se ha posado ahora en un pequeño objeto llamado libro y ha constatado con infalible certeza que con él se están haciendo cosas feas. 
En esto coincide con la historia del Vaticano. 
De manera que ha decido inscribir al libro en el Índice de la libre competencia, puesto que los hombres no hacen un buen uso de él. 
No lo venden como si fuesen chinchetas u ordenadores, sino que mantienen una relación compleja, muy poco transparente, por no decir precariamente erótica, con el mismo. 
Señor Comisario, cuando Beckett recibió el Premio Nobel por su obra Esperando a Godot, en el ámbito lingüístico alemán se vendieron un total de 300 ejemplares de este libro. 
Yo comprendo que usted considere que ese dispendio no merecía la pena y que hubiese sido preferible que no se editasen esos 300 ejemplares, puesto que a todas luces no existía una demanda para ellos. 
Ahora bien, usted tiene razón en que el libro tiene algo en común con una mercancía: en efecto, es una oferta; pero ésta no depende de la demanda. 
Un libro busca a sus lectores por caminos tortuosos y secretos. 
La búsqueda a veces dura varias décadas y yo creo que es una falta de cultura reducir este tema complejo a unas simples coordenadas de mercado y donde no hay cultura, muy pronto aparece la barbarie. 
Se me permitirá hablar en mi propia lengua materna. 
En efecto es una ventaja hablar varias lenguas. 
También ocurre esto en Europa, también decimos que existe una dimensión cultural cuando se habla más de una lengua. 
Eso tiene que ver, efectivamente, con la cultura. 
Quisiera enviar este mensaje a aquéllos que piensan que sólo se tiene que hablar una lengua para tener cultura. 
Me halaga, naturalmente, que Vd. me compare con el Papa. 
Pero, lamentablemente, ya hay otro candidato. 
Tengo entendido que Oscar Lafontaine quiere llegar a ser Papa. 
No me quisiera medir ni rivalizar con él. 
Dejémoslo así. 
Me gustaría contar lo siguiente. 
En primer lugar, la postura que la Comisión y yo mismo hemos adoptado es la misma que anteriormente adoptó la Comisión, en todo momento ratificada por el Tribunal de administración de justicia. 
La primera función de la Comisión en estos asuntos es respetar la administración de justicia del Tribunal. 
Sería algo demasiado fácil pedir, bajo pretexto cultural, que no se respete la justicia. 
Por lo tanto, en primer lugar, es nuestro deber respetar los dictámenes del Tribunal, que se han emitido en varias ocasiones. 
En segundo lugar, debo recordar que no es que yo haya puesto la mirada un buen día en el tema del libro; hemos actuado en este asunto porque ha habido quejas, más concretamente por parte de Austria. 
Quejas de Libero, quejas de determinadas universidades, que, efectivamente, tenían dificultades para comprar libros debido a la subida de sus precios. 
Así que las quejas también procedían de centros universitarios, y de otras librerías. 
Si hay quejas la Comisión debe estudiarlas. 
También esta es una de nuestras tareas. 
¿Cómo podríamos hablar de un sistema de derecho si yo dijera: dejo aparte las quejas, no las atendemos? 
¿Qué más quiere Vd.? 
Seamos un poco sinceros, vivimos en un estado de derecho, y también en una comunidad de derecho. 
En segundo lugar, en ningún caso, y ya llevo seis años siendo el responsable de la política de competencias, hemos empleado tanto tiempo, hemos mostrado tanta disponibilidad, para hablar con los implicados. 
Incluso he hecho algo que quizás sea incorrecto jurídicamente. 
Sólo una vez, se me dio un margen de comodidad, pude tomarme suficiente tiempo, un par de años, para poder hablar sobre el asunto y buscar soluciones que estuviesen en orden jurídicamente. 
¿Cómo me ha agradecido la Comisión esta buena voluntad? 
En primer lugar, los editores no han respetado determinadas condiciones relacionadas con el asunto y, en segundo lugar, durante dos, tres años, creo que fueron tres años, lo único que se ha hecho, en lugar de tender hacia una solución, ha sido ejercer presión política, presionar a todo el mundo. Presionar a todo el mundo para que la Comisión pudiera cerrar sus ojos ante la situación y, entre otras cosas, ante los dictámenes del Tribunal de Justicia. 
Pues bien, no estoy dispuesto a eso. 
Tiene que estar claro y ser evidente. 
Siempre hemos dicho a qué estaríamos dispuestos, a contemplar tanto la dimensión cultural como los hechos tal como son, no como se presentan siempre, sino como son, la realidad. 
Pues bien, también el Tribunal de Justicia se pronunció por aquel entonces ya; a continuación cito al Abogado General Lenz: 
«Lo mismo puede decirse con respecto a las referencias al hecho de que, en ocasión de la adopción de su decisión, la Comisión debía tener en cuenta los aspectos culturales del caso que nos ocupa. 
La obligación de tener en cuenta estos aspectos se desprendía de la jurisprudencia del Tribunal, en virtud del Tratado de la Unión Europea. 
Sin embargo, según resulta del punto 75 de su decisión, las Comisión no ha ignorado en absoluto estos aspectos culturales». 
Además, me gustaría preguntar que si ese sistema tiene tanto valor, por qué razón no se obliga a los editores a que se implante. No existe ninguna obligación. 
No hay ningún editor que publique diariamente libros literarios o de asuntos interesantes, que no disfrute también de ese precio impuesto para los libros. No hay ninguna obligación. 
También se dice que sólo si se fijan los precios se tendrá suficiente variedad de títulos. 
Lo siento mucho pero los hechos demuestran lo contrario. 
Afortunadamente cada vez salen más títulos al mercado con o sin precio fijo. 
Esto tiene que ver con la tecnología. 
En la actualidad los libros se pueden editar más fácilmente y en una tirada menor que antes. 
La tendencia actual es que hay libros con y sin precio fijo. 
Para eso no se necesita un precio impuesto. 
De todos modos ya existe como tendencia general. 
Además tengo que vivir con hechos, ya que antes de que podamos permitir una excepción, tenemos que tener argumentos y hechos para poder reaccionar contra las sentencias del Tribunal. Si es que hay nuevos hechos que nos permitan justificarlo. 
Si no existen, entones no. 
Se dice también que si no se impone un precio fijo las librerías más pequeñas irán a la quiebra. 
Señoras y señores, veamos los hechos en cada uno de los países. 
También en aquéllos países donde existe un precio fijo, quiebran las librerías pequeñas, en los Países Bajos, por ejemplo, y también en Francia. 
Esa es la tendencia. 
Para mi asombro he comprobado- digo, hasta cierto punto, para mi asombro- que un informe realizado recientemente por Francis Fishwick sobre la situación en Gran Bretaña dice lo siguiente: leo en voz alta lo que merece la pena, no lo que ya entendemos todos. El reciente informe decía lo siguiente: la principal ventaja de abandonar el precio de venta al por menor en el Reino Unido ha sido una mejora en la distribución, particularmente a través de pequeños libreros que ahora son capaces de reponer sus stocks y satisfacer pedidos especiales en cortos periodos de tiempo, a través de un sistema de ventas al por mayor expandido y revitalizado. 
Señoras y señores, se tiene atados de pies y manos a los pequeños libreros. 
¿Por qué no pueden ofrecer sus libros con precios más elevados si se venden mal? ¿Por qué no? 
¿Por qué tienen que quedarse en el sótano? 
¿Por qué no darles la oportunidad? Si hablamos de pequeños libreros, ¿por qué no ofrecerles mayores reducciones en lugar de dárselas a los libreros de grandes comercios? 
Estaría bien empezar por aplicar una política en beneficio de los pequeños libreros. 
Pero eso no se hace. 
Me gustaría señalar el hecho de que en países donde existe un precio fijo, como en Francia, el 25 % de los libros se venden hoy en día a través de los grandes almacenes. 
En España los libros más baratos con precio fijo se venden en los kioscos, y la cuota del mercado aumenta. 
Ya que ese sistema tan rígido conduce, cada vez más, a prácticas que intentan de todos modos evitar el asunto. 
Vd. ha dicho que existe centralización de empresas. Pues bien, la Comisión se ha opuesto a que en los Países Bajos exista una gran centralización. 
¿No es verdad? 
La Comisión ya se encargó de que no se continuase con la centralización puesta en marcha entre las grandes empresas que Vd. bien conoce, Elsevier, Wolters, Kluwer. 
Probablemente nos tengamos que inclinar algún día de estos ante la nueva acción de Bertelsman y Springer. 
Esa centralización en la fijación del precio va, de todos modos, hacia adelante. 
La única que lo puede impedir es la Comisión. 
El Papa, el Vaticano, esa es la realidad. 
Señoras y señores, han pensado alguna vez qué va a pasar el día de mañana con Internet. 
Y me imagino lo que dice una empresa como Bertelsman que se beneficia en Alemania de un precio fijo en los libros: quiero ser el número uno mundial en la venta de libros por Internet. 
No pongo ninguna objeción a eso. 
Pero hay que ser un poco sinceros y pensar en las consecuencias que van a venir. 
Vd. vota con regularidad resoluciones para fomentar esto mismo. 
Pero ahora se quiere hacer algo para ir en contra de eso mismo, mientras las empresas están muy ocupadas poniendo sus miras en ese mercado y en conquistarlo. 
Hay que ver la realidad de las cosas que se presentan. 
Me gustaría que se produjera esa discusión. Lo estoy pidiendo desde hace años, pero nunca se lleva a cabo. 
Se llega con ideas preconcebidas. Se defienden vacas sagradas. 
Se elude el debate en base a hechos. Estoy dispuesto, también a la luz del artículo de cultura- ya lo he dicho repetidas veces- a buscar soluciones que sobrepasen las fronteras, puesto que no se habla del régimen nacional. 
La Comisión ya lo ha aceptado hace tiempo. 
No se trata de eso. 
Se trata de efectos transfronterizos o de prácticas que, como en los Países Bajos, eran absolutamente inaceptables. Existía un sistema absolutamente proteccionista en beneficio de las empresas neerlandesas. 
Cómo se quiere que la Comisión esté de acuerdo con esto si no había en juego intereses económicos. 
Esa es la realidad. 
Si quiere discutir el asunto estoy a su disposición. Así como estoy ya a disposición de los editores desde hace cinco años. 
Pero lo que va a haber es presión política, porque la Comisión va a cerrar los ojos ante las sentencias del Tribunal y ante los hechos. 
¡Y a eso no estoy dispuesto! 
Señor Presidente, señor Comisario Van Miert, estimadas y estimados colegas, el señor Voggenhuber acaba de describir al Comisario Van Miert como el Gran Inquisidor de la competencia. 
Evidentemente, se trata de una imagen muy bonita para describir a Karel Van Miert. 
Yo creo que no responde del todo a la realidad, pues a mi parecer Karel Van Miert presta un servicio a los habitantes de la Unión Europea. 
En efecto, ¿para qué sirve la competencia? 
La competencia sirve para quebrantar el poder de los monopolios, para que existan diferentes proveedores de bienes y servicios, de manera que éstos se ofrezcan a la gente en condiciones favorables, y entre ellos también se incluyen los libros. 
Hasta aquí, yo estoy de acuerdo con Karel Van Miert. 
Por este motivo, yo no le describiría como un Gran Inquisidor, sino como una especie de árbitro, que siempre cuenta con nuestro apoyo cuando combate a los monopolios en beneficio de las personas. 
Cuando se opone a que sólo exista un proveedor de determinados bienes y servicios porque el resultado es que los ciudadanos, los consumidores nos encontremos impotentes frente a él. 
Por esto, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, yo quisiera manifestar a Karel Van Miert mi reconocimiento por su trabajo. 
Hemos mantenido muchos debates sobre estos temas en nuestra Comisión. 
A veces somos de la misma opinión y otras veces discrepamos. 
Esto forma parte de la democracia. 
En el caso que nos ocupa, yo quiero manifestar que no comparto el punto de vista de Karel Van Miert en lo que se refiere al precio fijo de los libros. 
Personalmente, yo soy partidario del precio fijo para los libros. 
Esto está asociado a un largo debate. 
Repetidamente nos hemos preguntado si debemos tratar los bienes culturales exactamente igual que si se tratase de mercancías y servicios. 
En el caso de la televisión, por ejemplo, fue muy difícil dar respuesta a esta pregunta. 
La televisión está considerada como un bien cultural. 
Esta es la opinión predominante. 
Sin embargo, cuando enciendo el televisor a veces dudo que se la pueda considerar como un bien cultural. 
En el caso del libro, no obstante, es indiscutible que los libros son bienes culturales y que constituyen una parte inseparable de nuestra cultura. 
Y yo diría que no sólo los libros, sino también las pequeñas librerías. 
Debo manifestar que también me mueve un interés personal. 
Las únicas tiendas en las que paso gustosamente un largo rato son las pequeñas librerías y las considero también una parte esencial de nuestra cultura. 
Yo creo que las pequeñas librerías dependen mucho del precio fijo de los libros y que éste les ofrece una cierta protección. 
Por esto, a mi parecer deberíamos mantenerlo. 
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, yo me congratularía de que Karel Van Miert volviese a examinar detenidamente esta cuestión. 
Espero que el Comisario y Vd. concluyeran el día de ayer con una buena copa de vino francés, alemán, español, portugués o italiano, un producto de la agricultura, tras una tarde cargada de agitación política con votaciones y enmiendas. 
Supongo que después de esto no se habrá ido a sentar a sus anchas delante del ordenador para navegar por Internet. 
Probablemente haya cogido un libro, una belleza literaria que sólo se encuentra en libros de calidad. 
Si no fue así, entonces quisiera recordarle esa belleza con una cita, y pido a los intérpretes que hagan el favor de seguirme en mi lectura. Un halo de añoranza por mi abuelo nubló mis ojos. 
Me levanté de la enorme silla de piel y empecé a errar por las estancias de mi casa. 
La gran mansión que había comprado, una vez había crecido, que había enterrado en el vergel a mi abuelo y a sus camaradas, me había hecho rico y había abandonado el pueblo. 
La frase «sólo tú y Baruch os tenéis todavía ' surgió en mi recuerdo y se negaba a hundirse en el fondo de mi memoria. 
Oí el rumor de las olas, salí hacia afuera y me fuí a tumbar sobre la hierba recién cortada, puesto mi rostro en dirección a la costa. 
Señor Presidente, esta es una traducción de la novela rusa de Meir Shalev. 
Presidente, esta semana se ha hablado mucho en la cooperación económica transatlántica sobre la necesidad de proteger nuestra cultura. 
En otros debates, por ejemplo sobre el empleo, se ha elogiado, pero sin intención de apoyarlo, el importante papel que ejercen las pequeñas empresas en beneficio de la creación de empleo. 
Ahora bien, señor Presidente, en mi opinión, y tras oír todo lo que Vd. ha dicho, la implantación de un precio fijo para los libros supondría un golpe mortal para las pequeñas librerías, para el libro de calidad, para el empleo. 
Existen grandes cadenas libreras que se han hecho fuertes en el sector, por medio de las guerras de precios. 
Presidente, en los Países Bajos no se cuestiona el precio transfronterizo, tal como se hace aquí. 
El sector está liberalizado. 
Existen cadenas como Bertelsman y Smith que se han establecido ya en Amsterdam y Alkmaar. 
Señor Presidente, señor Comisario, no podemos permitir que nuestros hijos crezcan con tebeos, series de televisión, e-mail, Internet, patatas y arroz precocinado, sin que su educación vaya acompañada de algo más profundo como es un libro. 
Me preocupa esto enormemente. 
No le veo a Vd., señor Comisario, como el gran inquisidor. Le veo más bien como un árbitro, tal como manifestó el Sr. Von Wogau. 
Vd. ha dicho que hay que utilizar la liberalización, pero que no hay que desvariar. 
La liberalización no debe tener ninguna meta en sí misma, tal como dijo un ponente al otro lado de esta Asamblea. 
Presidente, Comisario, Vds. han hablado con frecuencia sobre la situación neerlandesa. 
Ya que aún se sigue investigando la implantación del precio fijo de los libros en los Países Bajos, quisiera saber qué más quiere hacer ahora la Comisión. 
¿Va a plantear de nuevo el asunto del precio fijo en los Países Bajos? 
¿Cuál es la situación? 
Los dos pertenecemos a una misma area lingüística, espero que después quiera dar respuesta a estas cuestiones. 
Señor Presidente, señor Comisario, el argumento del plurilingüismo es el único argumento realmente bueno que le he oído pronunciar hasta ahora al Comisario. 
En lo demás no me ha podido convencer. 
Soy partidaria del precio impuesto para los libros, ya que pienso que un libro es, en primer lugar, un bien cultural, un producto cultural, y en la mayoría de las ocasiones un adalid de la cultura. 
También existen otras cosas de menor importancia en la esencia del libro. 
En Bélgica nunca se ha puesto un precio fijo a los libros, a pesar de que Flandes, desde el punto de vista cultural, estaba totalmente interesada, si se tiene en cuenta que forma parte de una pequeña area lingüística. 
Todo el gobierno flamenco, que tiene competencia sobre la cultura, estaba a favor de esa medida. 
Se puede imaginar cuáles son las consecuencias. 
Una de ellas sería el deterioro catastrófico de la prestación de servicios de librerías especializadas en Flandes, no digo sólo librerías pequeñas, sino, principalmente, librerías especializadas y editoriales. 
Ya que no es en un kiosco donde vas a encontrar la obra poética de Nolens. 
Estamos llegando a una situación en la que los libros se venden en los grandes almacenes y las librerías especializadas tienden a desaparecer. Y con esto también se pierde la posibilidad de poner en venta ediciones especiales. 
De ahí que se vea amenazada la producción de ediciones especiales y menos comerciales. 
En la zona francófona de Bélgica se tenía, después de todo, un interés opuesto y el ministro de Economía es francófono. 
Como forma parte de una gran area lingüística se encontró un mercado de consumo para libros baratos que se exportaban desde Bélgica al mercado francés, ya que aquí existe un precio fijo en los libros. 
Esto sucedía también en Flandes, por cierto. 
Se importaban libros a los Países Bajos, pero en realidad era esta una importación aparente, ya que eran las editoriales neerlandesas las que venían a imprimir para distorsionar el mercado. 
Desde el punto de vista cultural tenemos interés por que se establezca un precio fijo en los libros. 
El que no exista un precio impuesto en Bélgica ha propiciado, únicamente, una alteración en la competencia del mercado del libro en Francia y en los Países Bajos. 
Espero que la Comisión deje de atacar las normativas del precio fijo en los libros, y que, por el contrario, las considere como un medio para la integración de las áreas lingüísticas y para la creación de un espacio cultural europeo en el que se pueda expresar la riqueza de la cultura Europa en su diversidad y calidad. 
Esperemos que el Consejo se ocupe también de esto, estimulado por una presidencia que hace de la cultura una de sus prioridades. 
No sólo hay que corregir el mercado socialmente, señor Van Miert, también hay que corregirlo culturalmente. 
Es absolutamente necesaria la existencia de un precio impuesto para los libros en territorios transfronterizos homogéneos, como el neerlandés, que forma un mercado para el consumo de libros en esa lengua. 
Apoyamos, pues, esta resolución, aunque repita, solamente, lo que han pedido tan frecuentemente los ministros de Cultura, y aunque también esté un poco distanciada de lo que sucede en los órganos reales de toma de decisiones, ya que, señor Presidente, estamos discutiendo ahora una resolución cuando en la reunión del Consejo del 17 de Noviembre el precio fijo en los libros era uno de los temas en el orden del día. 
Sin embargo tengo la esperanza de que este Parlamento no dejará a nadie clamando en el desierto. 
Señor Presidente, los argumentos ya hace tiempo que están sobre la mesa. 
Entre los abogados de Viena ha llegado a convertirse en un chiste la pregunta de si uno ya ha elaborado un dictamen sobre el tema del precio fijo de los libros. 
Muchos bufetes de abogados de prestigio han emitido dictámenes al respecto, más o menos a partes igual a favor y en contra, según de quién procediera el encargo. 
Esto sin duda sólo permite alcanzar algunas conclusiones sobre la complejidad del asunto. 
Por consiguiente, si partimos de la base de que los argumentos de ambas partes son casi igualmente válidos, el problema se reduce a si se considera el libro como una mercancía o como un producto cultural. 
Yo no me considero de ningún modo un abogado del sector librero, sino un abogado de los libros. 
En el litigio entre la competencia y la cultura, yo me inclino en favor de la cultura, sobre la base del apartado 4 del artículo 128. 
En efecto, quisiera poder seguir recibiendo asesoramiento profesional en las librerías y no tener que coger los libros de una pila como productos de una cadena de comidas rápidas. 
Y quisiera seguir encontrando en las librerías volúmenes de valor y no sólo best-sellers de bolsillo. 
Señor Comisario, usted no ha logrado convencerme de que el precio fijo de los libros o su supresión no modificarían para nada la situación. 
Sin embargo, también cabe la posibilidad de que haya leído la mitad equivocada de los dictámenes. 
Si reconocemos que la cohesión de la Unión para convertirse en una potencia económica requiere la presencia de la diversidad y la diferencia culturales, no podemos dejar de manifestarnos en contra de la supresión del precio fijo de los libros, que a mi parecer constituiría una declaración de quiebra cultural de la Unión. 
Señor Presidente, lamentablemente durante los últimos cinco años he experimentado varias veces que es dificilísimo discutir objetivamente estas cuestiones. 
El que yo vaya a leer un libro o no antes de acostarme, señora, no le debería importar en absoluto. Es un asunto personal. 
Poseo una biblioteca, y me gusta leer, es verdad. 
Pero también compruebo, cuando voy a las librerías, en todas las librerías, que está muy limitada la oferta de libros de calidad, y esto ocurre también en Europa. 
Da la impresión en este debate que todos los libros sean de calidad. 
Pero esto no es más que un desconocimiento de la realidad. 
¿Por qué no miramos más de cerca de qué va el asunto? 
He oído en muchas intervenciones decir que dónde no existe un precio fijo, la gente no tiene cultura, y que no existe una oferta de libros de calidad. 
Viajen un poco por el mundo y se darán cuenta de que la realidad es muy distinta. 
Puesto que haya o no un precio fijo, la centralización existe por todas partes, las pequeñas librerías están a la defensiva, y me gustaría decir algo al respecto. 
Tiene razón, señor Von Wogau, cuando dice que uno de los placeres en la vida, si se tiene tiempo, es darse una vuelta, ver libros, comprar alguno y dedicar un tiempo para leerlo, o como en mi caso dedicar un tiempo a la lectura cuando voy a Estrasburgo en coche, pues tengo la ventaja de tener chófer, y no hace falta que lo deje para antes de acostarme. Es todo un placer, un goce, te enriquece culturalmente. 
Pero lo mismo puedes hacer en un país donde no exista un precio fijo. 
¿Es que alguien puede pensar que esto no sucede en Suecia o en Finlandia, en Gran Bretaña o en los Estados Unidos? 
¿Por qué no discutimos el asunto seriamente de una vez? 
¿Dónde se han quedado las propuestas encaminadas a favorecer al pequeño librero? 
Sin contar que ya es hora, señora Maes, de dejar los asuntos de competencias y desórdenes, un sistema que funciona en los Países Bajos y que inunda a otros países. Ya que en los Países Bajos existe un estupendo sistema proteccionista, señora. 
No sólo existía el precio fijo, sino también una especie de endogamia. 
Tenías que pertenecer al club, si no te quedabas fuera siempre. Podías tener los libros de mayor calidad que existiesen, pero si no aceptabas las reglas del club, por así decirlo, no estabas en ninguna parte y no podías vender tus libros. 
Así era el sistema. 
Afortunadamente ahora se entiende lo que esto supone y ya ha comenzado a haber cambios. 
¿Por qué? 
Porque la Comisión está investigando el asunto en cuestión. 
Por eso, esa es la realidad. 
Ahora es cuando se ha comenzado a introducir cambios, a alterar algunos elementos, esa es la realidad. 
Estoy dispuesto a hablar de este asunto con todo el mundo, cuando sea necesario y cuando por fin las empresas neerlandesas implicadas han empezado a moverse. 
No les importaba tanto el libro o la cultura como los intereses económicos. 
Así era el sistema. 
En este momento hay que dar más flexibilidad a los pequeños libreros- visito las ferias de libros desde hace años para hacer algo por los pequeños libreros -, tienen que responder a las necesidades del cliente, y adaptarse a él, y deben ofrecer los libros a precios más asequibles. 
¿Ha hecho alguna vez un estudio entre la opinión pública, para saber lo difícil que resulta para un montón de personas el pagar esos precios tan elevados? 
Me gustaría reflexionar un poco desde la postura de aquéllos que compran, o de aquéllos a los que les gustaría comprar. 
¿No deberíamos tener esto también en cuenta? 
¿No corresponde esto, quizás, a lo que se dijo del Vaticano? 
¿No deberíamos pensar al menos en la gente que tiene que comprar libros? 
Esta también es una dimensión que Vd. debería tener en cuenta, señora Maes, cuando discute estos asuntos con los Ministros de Cultura, y que, con mucha frecuencia, no aparece en los debates. 
Se piensa en los editores, en los autores, pero no se piensa suficientemente en los que tienen que leer los libros. 
Esa es mi experiencia. 
Le invito una vez más a hacer una resolución en la que se consolide seriamente la posición del pequeño librero. 
Hay que darle más flexibilidad en lugar de imponerle obligaciones. 
Démosles mejores ayudas que a los grandes libreros. 
Si cree que el pequeño librero necesita otro trato, haga algo, en lugar de venir a quejarse aquí y atacar a la Comisión. 
Le invito a Vd. y al señor Von Wogau, y accedo a su invitación de continuar discutiendo el asunto, pero mientras haya quejas, señora Maes, la Comisión se ve amenazada a presentarse ante el Tribunal, por inactividad, por desatender sus responsabilidades. 
Esa amenaza se cierne sobre nuestras cabezas. 
Pero me da igual, mientras siga teniendo la sensación de que podemos encontrar una solución. 
Aunque llevo ya cinco años pidiendo propuestas para arreglar la situación de los pequeños libreros, y sigo esperando todavía. 
Lo único que percibo es que se ejerce, continuamente, presión política para cerrar los ojos ante la justicia y para ignorar las evidencias. 
Ya lo he dicho: ¡no estoy dispuesto a hacerlo! 
Señor Presidente, señor Comisario, permítame que le plantee una última pregunta: ¿estaría dispuesto a considerar de nuevo y a consultar con los afectados si la supresión del régimen de precios impuestos para los libros puede afectar negativamente el cálculo de costes de las pequeñas librerías, tal como se ha afirmado, y si en vez de favorecer la competencia, podría dar lugar a situaciones comparables al monopolio de las cadenas de distribución, como ya ha ocurrido en otros ámbitos del comercio minorista? 
¿Estaría dispuesto a considerar también una vez más el hecho de que, si esto ocurre, desaparecerán muchas librerías de barrio, podría disminuir la calidad del asesoramiento ofrecido y también se perderían muchos puestos de formación- así ocurriría precisamente en mi país- y empleos de media jornada que son imprescindibles? 
Gracias, señor Elchlepp. 
Señorías, me han pedido otras palabras pero no vamos a reabrir el debate. 
El debate está cerrado ya. 
En todo caso, excepcionalmente, se la he dado al Sr. Elchlepp como autor de la pregunta, pero no vamos a abrir el debate de nuevo. 
Señorías, con la intervención del Sr. Elchlepp doy por cerrado el debate. 
Se procede a la votación. 
Señalo a sus Señorías que las propuestas de resolución B4-0984/98 y B4-0986/98 han sido retiradas. 
Señalo también a sus Señorías que la Sra. Maes, en nombre del Grupo ARE, es también firmante de la propuesta de resolución B4-0991/98, que someto a votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, puesto que antes no he tenido oportunidad de intervenir, me veo obligado a recurrir al instrumento de la explicación de voto. 
Yo no he intervenido en el debate porque el tema me afecta personalmente y en tales casos procede abstenerse como norma. 
Yo fui propietario de una librería de depósito en la República Federal de Alemania durante doce años, antes de ser elegido diputado de esta Cámara. 
Por lo tanto, el tema que ustedes han debatido con tanto ahínco me afecta personalmente. 
Yo tengo que decirles que su percepción de la realidad difiere de la mía. 
El error central que cometen- quisiera aportarles ahora esta reflexión- es el siguiente: es absolutamente cierto que el precio fijo protege a los pequeños libreros, pues es evidente que en cuanto desaparezca la exclusión de la competencia de precios- los grandes no pueden reducir los precios para competir con los pequeños -, cuando desaparezca el régimen de precios impuestos, habrá competencia. 
Y las pequeñas empresas no tendrán entonces ninguna posibilidad frente a Bertelsmann. 
¡Esto es una realidad! 
Ahora bien, ustedes dicen y en principio tienen razón: ¿por qué no se le ofrece al pequeño librero la oportunidad de obtener un mayor descuento que le permita una mayor flexibilidad para calcular sus precios? 
¿Acaso no saben quién tiene que concederle ese descuento al librero? 
¡Bertelsmann! 
¡Y son las grandes editoriales las que conceden los descuentos! 
¿Creen acaso que la mera supresión del precio fijo significa que de inmediato aumentarán los descuentos para los libreros? 
El resultado será que se suprimirán los precios fijos, los descuentos seguirán siendo tan cicateros como hasta ahora y al final entre cinco y seis mil librerías acabarán pasando a mejor vida en Alemania. 
¿Con qué objeto? 
Para que al final- de eso estoy convencido- también se mantengan los reductos culturales. 
Seguirá habiendo grandes volúmenes de lujo, seguirá habiendo libros caros, pero ¿saben ustedes cómo se conseguirá? 
¡Serán todavía más exclusivos y más caros que ahora! 
Y, por consiguiente, el resultado final será que no habrán pensado en quien ustedes creen- en el consumidor -, sino que habrán favorecido el negocio de las grandes empresas, aunque eso no sea en absoluto lo que desean. 
Quizá podrían volver a pensárselo. 
Muchas gracias, señor Schulz. 
Señorías, antes de dar por cerrado el periodo de sesiones parlamentarias, permítanme que, como es tradicional, y además es un grato deber, diga unas palabras de agradecimiento a todos los servicios de la Asamblea y que, como suelo hacer en algunas ocasiones, lo haga especialmente referido a aquellos colaboradores que no tienen una relación directa con nosotros: a los servicios de interpretación los vemos materialmente aunque sea dentro de estas «peceras» y tenemos con ellos, más allá de la frialdad de esas peceras cálidas, una relación directa, así como con los ujieres, que acuden a nuestras necesidades tan solícitos, Los servicios de la Dirección General de Presidencia mejoran nuestro trabajo y, en todo caso, hacen que nuestros errores no sean tantos como lo serían sin su ayuda. 
Pero existen colaboradores con los que no tenemos una proximidad material: me refiero a los servicios de traducción, que diariamente traducen 4.000 páginas, y también a estos colaboradores anónimos que, día a día, luchan para hacer inteligibles nuestras intervenciones con el Arc-en-ciel. 
A todos ellos, y especialmente a estos últimos, nuestro agradecimiento. 
Y, Señorías, la sabiduría popular española dice: «Año de nieves, año de bienes». 
Esta semana ha nevado y yo soy muy creyente en la sabiduría popular. 
Estoy seguro de que esta nieve nos va a traer bienes; no para todo un año- que realmente ha nevado pocopero, al menos, para este fin de semana, que yo les deseo que sea gratificante. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.42 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 20 de noviembre de 1998. 
Bienvenida 
Tengo la satisfacción de saludar a un grupo de congresistas de los Estados Unidos de América, presidido por el Sr. Kolbe, que está en la tribuna en este momento. 
Expresamos la satisfacción de la Asamblea por esta visita. 
Tiene la palabra el Sr. Valdivielso de Cué. 
Señor Presidente, yo quería hacer referencia a algo que permanentemente solemos pedir en los Plenos: que no se utilicen los teléfonos portátiles, pues distorsionan el curso ordinario de las sesiones. 
Yo ruego al Sr. Presidente que se tomen medidas concretas y específicas, tanto en las sesiones de los Plenos como en las de comisiones, para evitar que lo fundamental, que es tratar de las cuestiones que nos encomiendan nuestros electores, sea distorsionado por llamadas de teléfono. 
Además, afortunadamente, a todos nosotros nos dan unos dineros, nos proveen de un presupuesto para que tengamos asistentes y, en caso de que exista algo verdaderamente urgente, el asistente pasa una nota y nosotros podemos atenderla. 
Ruego encarecidamente que se dé una solución definitiva para evitar estas distorsiones. 
Muchas gracias. 
Gracias, señor Valdivielso. 
Vamos a pedir a la Junta de Cuestores que adopte las medidas oportunas para remediar ese problema. 
Orden del día 
Señor Presidente, quisiera formular una propuesta en nombre de mi Grupo con respecto al primer punto de nuestra sesión de hoy. 
Sabemos que el Sr. Santer expondrá aquí en el transcurso del turno de preguntas una propuesta concreta para crear un nuevo instrumento que nos debe permitir luchar contra el fraude en el seno de la Unión Europea. 
El problema es que la Comisión de Control Presupuestario ya pidió hace tiempo a la Comisión Europea que presentara sus propuestas ya elaboradas el 1 de diciembre en la Comisión de Control Presupuestario. 
Pero no lo hizo. 
Hoy, al contrario, la Comisión decide venir, pero eso sí, en el marco de un turno de preguntas en el que no hay lugar para debatir el tema a fondo. 
Por todo ello, nuestro Grupo propone que después de la exposición del Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, se concedan a cada Grupo tres minutos para al menos tener la posibilidad de manifestar una posición algo más razonada. 
Le puedo asegurar, señor Presidente, que en la Comisión de Control Presupuestario todos coincidíamos en que no es nada oportuno que una cuestión de tal transcendencia no pueda ser tratada en el seno de un verdadero debate. 
Le ruego, pues, que presente mi propuesta al Pleno. 
Señor Presidente, señorías, acojo favorablemente esta propuesta. 
En especial apoyamos el texto que constituye el principio de la nueva oficina responsable de la lucha contra el fraude. 
Estamos muy sorprendidos de obtenerlo ahora, después de haber celebrado una sesión muy intensa ayer y anteayer. 
No quiero ser demasiado insistente con respecto a una fecha, pero, no obstante, después de haberlo presentado tan bien escrito y redactado en todos los idiomas, hubiera sido conveniente presentar anteayer, o como muy tarde ayer, la propuesta a la Comisión de Control Presupuestario, como comisión competente, para que hubiésemos podido preparar un debate sobre el tema. 
Este es un criterio que cuenta para la aprobación de la gestión de 1996. 
Debo decir, no obstante, que siento una gran decepción de que se haya elegido este procedimiento después de que los documentos ya están completamente preparados y disponibles. 
Por ello, sería oportuno un auténtico debate. 
(Aplausos) 
Señora Theato, según mis informaciones, el documento ha sido aprobado esta mañana por la Comisión. 
Cuando nos sea remitido de manera oficial, se seguirá el trámite reglamentario, es decir, se remitirá a la Comisión de Control Presupuestario y, en su momento, la Asamblea se pronunciará sobre el informe de dicha comisión. 
Lo que no podemos hacer ahora es saltarnos el trámite normal y sustituir el informe de comisión, con sus enmiendas y su debate correspondiente, por un debate improvisado ahora en el que cada uno de los Grupos políticos tendría tres minutos. 
Eso no es reglamentario y no lo puedo hacer. 
De todas maneras, el Presidente de la Comisión me pide la palabra y se la doy puesto que ha sido aludido. 
Señor Presidente, estoy algo sorprendido por el tipo de debate que estoy escuchando. 
Desde mi llegada en 1995, se viene pidiendo a la Comisión que dé la primicia al Parlamento en la presentación de las decisiones adoptadas el miércoles por la mañana en la sede de la Comisión. 
Es lo que estamos haciendo hoy. 
Por consiguiente, el Parlamento tiene la primicia del debate. 
¿Hubieran preferido que lo presentara esta mañana o hace un momento a la prensa, y que el Parlamento no la tuviera hasta mañana o pasado mañana? 
O sea que la Comisión está dando la primicia ahora al Parlamento Europeo y creo que debemos atenernos a las normas institucionales y parlamentarias que existen en nuestros Estados miembros. 
Jueves 
Recuerdo a sus Señorías que toda la mañana está reservada a las votaciones. A esas votaciones hay que añadir los puntos siguientes: 
de conformidad con el artículo 66.7 del Reglamento, una recomendación, en forma de carta, relativa a la comercialización en Austria, Finlandia y Suecia de piensos con contenido de cadmio (Comisión de Asuntos Económicos) ; -de conformidad con el artículo 99 del Reglamento, el informe (A4-0434/98) de la Sra. Schierhuber sobre la navegación fluvial (Comisión de Transportes) ; -de conformidad con el artículo 99 del Reglamento, el informe (A4-0440/98) del Sr. Langen sobre la prórroga de las medidas de excepción temporales aplicables a Alemania y Austria (Comisión de Asuntos Económicos) ; -el informe (A4-0400/98) del Sr. Ferri sobre las pensiones complementarias cuya votación había sido aplazada en el transcurso del periodo parcial de sesiones de noviembre (Comisión de Asuntos Jurídicos) ; -las propuestas de resolución sobre diversas líneas presupuestarias referentes a los derechos humanos y la democracia en el capítulo B7-70, cuyo debate tuvo lugar el 17 del pasado mes de noviembre.Si no hay ninguna observación, queda así decidido. 
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Parlamento Europeo, el Consejo ha solicitado la aplicación del procedimiento de urgencia al proyecto de reglamento del Consejo por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias de cooperación al desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (9581/98- C4-0507/98-97/0191 (SYN) ). 
La Comisión de Desarrollo y Cooperación ha aprobado ya un informe del Sr. Torres Couto sobre este tema y está previsto incluirlo en el próximo periodo parcial de sesiones. 
Tiene la palabra el Sr. Rocard para expresar la opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, competente para el fondo. 
Señor Presidente, la Comisión de Desarrollo y Cooperación se siente algo confusa en lo relativo al procedimiento de urgencia. 
Deseo decirle muy seriamente, y también a todos nuestros colegas, que el informe del Sr. Torres Couto es importante, que lo hemos debatido a fondo y hemos introducido numerosas enmiendas, y que nos sentimos orgullosos de presentarlo al Pleno. 
Pensamos asimismo que su aprobación es urgente desde el punto de vista de las orientaciones de la política de la Unión Europea. 
Cuando hemos sabido que la Presidencia austríaca tenía gran interés en dejar terminado este dossier y aprobar la decisión antes del final de su Presidencia, hemos aplaudido dicho interés, hemos alentado a la Presidencia austríaca y hemos deseado que los plazos parlamentarios permitan que así se haga, lo que me lleva a apoyar aquí ante su Presidencia el procedimiento de urgencia. 
Por otra parte, la comisión, reunida ayer en sesión extraordinaria- gracias a su mediación, señor Presidente, por lo que le estoy agradecido- lo aprobó por unanimidad. 
Pero resulta que el orden del día de la sesión plenaria de hoy está lleno, que el ponente no está del todo preparado para el buen desarrollo del debate según el procedimiento urgencia, y en mi calidad de presidente de la comisión, me siento obligado a decir a los miembros de nuestra comisión que votaron ayer a favor de la urgencia, que se sientan libres de decidir en conciencia sobre la contradicción entre la dificultad de celebrar un debate honorable y de calidad, que no es posible, y el interés de la eficacia parlamentaria que nos llevaría a votar casi sin debate. 
Por tanto, libertad de voto a nuestros mandantes, es todo lo que puedo decir, y en cuanto al resto de la Asamblea, me encomiendo a su buen criterio. 
Hemos aprobado el sentimiento de la urgencia, la voluntad de la Presidencia austríaca de dejar terminado el dossier. 
Ello exigiría que se debata esta noche y se vote mañana. 
Debido a que no se dan del todo las condiciones necesarias, me encomiendo al buen criterio de la Asamblea. 
¿Hay alguien que quiera expresar una opinión contraria? 
Señor Galeote, tiene la palabra. 
Señor Presidente, yo creo que el primer argumento en contra de la aplicación del procedimiento de urgencia lo ha dado muy claramente el Sr. Rocard y consiste en el hecho de que el ponente, Sr. Torres Couto, no está presente en esta sesión porque no estaba previsto que se votara su informe durante esta sesión. 
Por lo tanto, creo que, aunque sólo sea por cortesía hacia el ponente, no podemos acelerar el procedimiento hasta ese punto. 
Pero quisiera mencionar, como argumento adicional, una cuestión de fondo. 
La Comisión Europea, a través de su Comisario Sr. van den Broek, ha planteado, en el último momento, un problema relativo a la financiación de los Bureaux d ' Assistance Technique, como por ejemplo la Fundación Europea de Derechos Humanos, que no puede ser solucionado mediante un añadido a los comentarios del presupuesto de 1999, que ya existen, sino que, por el contrario, exigen una enmienda expresa. 
Por consiguiente, la importancia de resolver esta cuestión nos obliga a tener tiempo suficiente para debatir un tema de tal gravedad y, por consiguiente, creo inadecuado el votar apresuradamente mañana una resolución de tal importancia. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 99 del Reglamento, he recibido una objeción por parte de 31 diputados contra el examen del informe Porto sin debate. 
Por tanto, en cumplimiento de dicho artículo, el informe Porto será incluido con debate en una sesión ulterior. 
La Comisión de mañana 
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre «La Comisión de mañana». 
Doy la palabra al Presidente de la Comisión, señor Santer. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, he venido a hablarles de dos dossiers que últimamente han despertado muchas pasiones y que son del máximo interés de esta Asamblea, como he podido oír en los debates preliminares. 
Se trata del futuro de la UCLAF y del procedimiento de aprobación de la gestión financiera en 1996. 
Debido a que ambos temas están directamente relacionados con el funcionamiento y la organización de la Comisión, aprovecho la ocasión para referirme al gran número de reformas internas que he puesto en marcha y que concluiré en 1999. 
Nuestra reflexión debe partir de una declaración de base. 
Europa va bien, los grandes dossiers avanzan y el nivel de integración alcanzado es muy alto. 
Los propios éxitos de Europa nos interpelan y exigen la adaptación de nuestro funcionamiento y nuestro modo de actuar. 
La unificación europea debe construirse y consolidarse constantemente. 
Las instituciones son el alma y la herramienta de este proceso. 
Razón de más para mantener una clima de confianza entre las instituciones o para gestionar nuestras relaciones respectivas con responsabilidad. 
Me inquieta el clima en que se desarrollan algunos debates. 
En lo que a mí respecta, quisiera contribuir a recrear un ambiente sereno y favorable para nuestro objetivo común, es decir, una Europa decididamente volcada hacia el futuro. 
Señor Presidente, el debate sobre el informe Bösch del pasado mes de octubre nos brindó la ocasión de plantear una serie de cuestiones sobre el futuro de la lucha antifraude en la Unión. 
A decir verdad, desde 1995 hemos realizado grandes progresos en este ámbito. 
La UCLAF ha visto ampliadas sus competencias y en 1997 fue elevada a la categoría de unidad operativa. 
En julio de 1998 aprobamos un marco global para sus actividades, al que seguirán, dentro de unos días, modalidades de aplicación detalladas. 
Gracias a la acción eficaz de la UCLAF ha podido descubrirse una serie de casos en los que están implicados funcionarios de la Comisión. 
A pesar de ello, el Parlamento ha cuestionado reiteradamente la autonomía e independencia de nuestros investigadores. 
Quiero reafirmar tajantemente que dichos investigadores han trabajado siempre con total libertad. 
No obstante, siempre es saludable una separación clara entre controladores y controlados. 
Para disipar toda ambigüedad, no debemos detenernos a mitad de camino, sino llevar el debate sobre la exteriorización hasta sus últimas consecuencias. 
Hemos llegado pues a la conclusión de que la creación de una Oficina totalmente independiente y sin ningún nexo de subordinación con la Comisión o cualquier otra institución es la solución más eficaz y mejor defendible para alcanzar el objetivo incluido en el informe Bösch y con el que estamos de acuerdo. 
Señor Presidente, debo hacer aquí dos precisiones importantes. 
En primer lugar, la futura Oficina tendrá la función exclusiva de realizar investigaciones tanto en los Estados miembros, como en el seno de todas las instituciones y todos los órganos comunitarios. 
No se ocupará de las propuestas legislativas ni de la coordinación de la lucha contra el fraude que perjudica los intereses financieros de la Unión y de los Estados miembros; estas funciones, de conformidad con el Tratado, las seguirá realizando la Comisión. 
A continuación quiero destacar que mientras esperamos la entrada en funcionamiento de la nueva estructura, la actual UCLAF continuará su trabajo de acoso a los defraudadores, sobre la base del marco fijado por la Comisión el pasado mes de julio. 
Nuestra propuesta, que fue aprobada anoche, ya está sobre la mesa del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Además de los objetivos y de la estructura administrativa de la Oficina, incluye los principios básicos para la ejecución de las investigaciones, regula las relaciones con las instituciones y el control de la legalidad de las actividades de la Oficina. 
Ahora qué cada uno asuma sus propias responsabilidades. 
Yo he asumido las mías. 
Compete ahora al Parlamento y al Consejo asumir las suyas. 
Me he sentido alentado por la acogida tan favorable que ha tenido mi exposición sobre esta problemática en Pörtschach por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Estoy seguro de que también este Parlamento, que ha hecho de la lucha contra el fraude contra los intereses de la Unión Europea uno de sus principales objetivos, no escatimará esfuerzos para hacer avanzar este importante dossier. 
Señor Presidente, la lucha antifraude es uno de los aspectos que se evocan en el contexto del debate sobre la aprobación de la gestión de los presupuestos. 
Tendremos ocasión de debatir sobre ella en el transcurso del período parcial de sesiones de diciembre. 
No obstante, quisiera decir unas palabras hoy sobre este tema, en la medida en que el debate público ya está lanzado. 
El Parlamento Europeo, en su resolución de 31 de marzo pasado, unió la concesión de la aprobación de la gestión del ejercicio 1996 a toda una serie de condiciones, algunas de las cuales son relativas a dicho ejercicio 1996, mientras que otras son de carácter más general. 
La Comisión ha dado una respuesta clara y constructiva a cada uno de los interrogantes del Parlamento. 
Tienen a su disposición una nota de información detallada. 
No tengo ningún inconveniente, señor Presidente, en que dicha nota sea distribuida a todos los diputados al Parlamento Europeo, por el contrario. 
Quedan dos o tres aspectos controvertidos en los que no puedo atender las exigencias del Parlamento Europeo. 
Ustedes saben que cada vez que la UCLAF ha detectado una presunción de fraude, la hemos sometido a la justicia. 
Jamás he transigido en este principio y tampoco lo haré en lo sucesivo. 
En lo relativo al programa MED, sencillamente no puedo aceptar que se transfiera el dossier completo a las autoridades judiciales, porque la UCLAF no ha establecido ninguna presunción de fraude. 
Actuar de modo diferente supondría el abandono de nuestras responsabilidades y, por otra parte, es poco compatible con la idea que tengo de un Estado de Derecho. 
En cuanto al derecho del Parlamento a recibir información que le permita ejercer su control, se trata evidentemente de un principio intangible de nuestras democracias, al que personalmente me siento muy apegado. 
Estoy a favor de la máxima transparencia, pero debe ser compatible con el Derecho y la buena marcha de los dossiers. 
He llegado muy lejos en este sentido. 
He mandado transmitir al Parlamento Europeo documentos que, según mi experiencia, que es muy larga, no son transmitidos a nivel nacional a los parlamentos nacionales. 
No obstante, debemos distinguir entre dos situaciones: por una parte, el derecho general del Parlamento a la información en virtud de su función de controlador y, por otra, los casos particulares que implican un trámite confidencial específico. 
En lo relativo al derecho general del Parlamento a la información, confirmo la voluntad de la Comisión de cooperar plenamente con el Parlamento con el fin de permitirle ejercer sus funciones de control político y presupuestario. 
No obstante, respecto a los dossiers que son objeto de procedimientos judiciales y disciplinarios, reitero el principio de Derecho reconocido por todos: el secreto de la instrucción. 
No podemos correr ningún riesgo que pueda poner en peligro el buen desarrollo de estos procedimientos. 
Lo mismo es válido en el caso de los dossiers sujetos a normas de confidencialidad relativas al secreto comercial y al respeto de la intimidad de las personas, ante las que la Comisión tiene una responsabilidad especial que no desatenderá. 
Éste es el motivo por el que se ocultaron los nombres en el informe de la UCLAF relativo al programa ECHO, que fue presentado al Parlamento. 
Reconozco que la forma adoptada por dicho documento ha podido dar lugar a críticas. 
Por ello, he encargado una nueva redacción del mismo para facilitar su lectura. 
La Comisión no ha intentado de ningún modo esconder nada en absoluto. 
Les recuerdo asimismo que el presidente de la Comisión de Control Presupuestario y los ponentes tuvieron ocasión de consultar el dossier íntegro in situ. 
Constato que en el transcurso de los pasados años, las relaciones entre el Parlamento y la Comisión, en lo relativo al acceso a la información, siempre se han desarrollado sobre una base de confianza mutua. 
Las dificultades surgidas estos últimos meses no deben hacernos perder de vista lo fundamental. 
Ha llegado el momento de situar estos incidentes en el lugar que les corresponde, y de encontrar los medios para restablecer la confianza. 
Con este espíritu constructivo le he propuesto, señor Presidente del Parlamento, establecer un código de conducta que permita aclarar la situación y satisfacer las necesidades respectivas de ambas instituciones. 
Señor Presidente, los debates sobre la aprobación de la gestión de los presupuestos de 1996 duran ya varios meses. 
El Consejo «Ecofin ' dio a conocer su posición el 9 de marzo, en el marco de las disposiciones del artículo 206 del Tratado, relativo a una recomendación por parte del Consejo. 
El Consejo ha emitido una recomendación favorable. 
Ahora ha llegado el momento de tomar una decisión. 
Por mi parte, estimo que existen todas las razones objetivas para conceder la aprobación de la gestión de la Comisión. 
Señor Presidente, señoras y señores, existe una relación directa entre las cuestiones a las que acabo de referirme y la iniciativa «La Comisión de mañana ', que será una de mis principales prioridades en 1999. 
A decir verdad, los elementos constitutivos de dicha iniciativa se remontan a 1995 y al inicio de mi mandato. 
Me refiero a la mejora de la gestión financiera y del control de la utilización de los fondos públicos en el marco del programa SEM 2000 (Sound and Efficient Management). 
En este contexto, hemos establecido, por ejemplo, una separación clara entre los responsables de la toma de decisiones y los responsables de la gestión financiera. Esto constituye una primicia en nuestra organización. 
También hemos creado una estructura común para la ayuda exterior. 
Me referiré también al programa MAP 2000 (Modernisation of Administration and Personnel) lanzado en 1997, que incrementa la autonomía de los directores generales en materia de organigramas, nombramientos y gestión. 
Se trata de un auténtico avance en la acción de responsabilizar más a nuestros servicios. 
Pero ha sido sobre todo desde comienzos de este año que hemos desarrollado un enfoque más global, coherente y visible, que implica más directamente a todo el personal. 
El objetivo de la iniciativa «La Comisión de mañana ' es simple: eliminar las deficiencias y valorizar los logros de nuestra institución con el fin de dejar a nuestros sucesores la casa en orden. 
Nuestras reflexiones giran en torno a tres ejes. En primer lugar, el papel y las misiones futuras de la Comisión; en segundo lugar, las estructuras y el funcionamiento de la Comisión; y en tercer lugar, la gestión interna. 
En lo relativo al primer eje, creo que hay que intentar responder a una serie de cuestiones fundamentales, cuestiones que, por otro lado, mutatis mutandi, también van dirigidas a todas las instituciones y a los Estados miembros. 
¿Cómo asumir el alto nivel de integración que ha alcanzado la Unión? 
¿Cómo gestionar los nuevos campos de acción, como el empleo, la salud, la justicia y los asuntos de interior? 
¿Cómo establecer las prioridades en una Unión ampliada? 
¿Cómo dar a los conceptos de subsidiaridad y proporcionalidad un contenido inteligente? 
A la luz de esta reflexión, he encargado un examen de las estructuras de la Comisión. 
Para preparar el terreno, he lanzado un amplio ejercicio de evaluación de los recursos humanos y financieros. Dicho ejercicio nos proporcionará una visión clara y exhaustiva de la situación actual. 
Durante el primer semestre de 1999 elaboraré un concepto de conjunto relativo a la estructura de las carteras y la organización de los servicios. 
He llegado a la conclusión de que este tipo de reforma debe prepararse con mucho tiempo. 
Las estructuras deben ser adaptadas al espectacular desarrollo de estas funciones. 
Y paso al tercer eje de nuestras reflexiones sobre el futuro de la Comisión: la gestión interna en el amplio sentido del término. 
Es mucho lo que se ha hecho estos últimos años. 
En materia de gestión financiera, gracias a las reformas puestas en marcha, la Comisión logrará eliminar progresivamente las prácticas del pasado relativas al incremento masivo de funciones y de los créditos que deben gestionarse. 
En este contexto, quisiera llamar su atención sobre un punto importante. 
No se puede exigir constantemente a la Comisión que asuma nuevas funciones sin tener en cuenta los medios que tiene a su disposición para ello en materia de personal. 
A decir verdad, la propia Comisión ha descuidado en numerosas ocasiones estos aspectos de las cosas. 
Todos somos un poco responsables de la situación. 
Deseo que examinemos juntos el modo de resolver los problemas que se plantean, en términos de inadecuación entre los objetivos y los medios. 
El enfoque elegido en materia de fundamentos jurídicos y minipresupuestos en estos últimos tiempos me parece adecuado. 
Existe una regla de oro por la que debemos guiarnos: la transparencia más absoluta y reglas claras. 
La reforma de la gestión sobrepasará, naturalmente, los aspectos meramente financieros. 
En estos momentos estamos estudiando con el personal y sus representantes el modo de mejorar la contratación, la formación, la notación, la comunicación interna, el régimen disciplinario y muchas otras cuestiones. 
Un informe muy interesante, elaborado por un grupo mixto formado por representantes del personal y de la administración, acaba de ser divulgado en la casa y está siendo objeto de amplias concertaciones; también se han iniciado los contactos con las demás instituciones sobre este particular. 
También en este caso espero sacar las conclusiones necesarias en el transcurso del primer semestre de 1999, incluido, en su caso, la modificación del estatuto. 
Señor Presidente, he aquí, en pocas palabras, el cuadro de reformas que estoy preparando con mis colegas, algunos de los cuales han querido acompañarme aquí hoy. 
Tras la reforma del Tratado, tras la introducción del euro, tras la estrategia para el empleo, tras la Agenda 2000, espero llevar a buen puerto este otro gran desafío. 
Lo hago porque existe la necesidad de actuar, porque creo en el papel central de la Comisión, porque tengo confianza en el futuro de la función pública europea. 
He asumido mis responsabilidades como Presidente. 
He iniciado las reformas. 
Creo poder decir que estamos en el buen camino, y no me apartaré del mismo. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, usted ha comenzado diciendo que quiere una Europa que mire al futuro. 
Pero yo quisiera preguntarle: ¿para cuándo quiere esta Europa que mire al futuro? 
¿Cuándo podremos estudiar la información que usted nos remite, con un intérprete y con un miembro de la Administración del Parlamento al lado? 
¿Cuándo la reacción de la Comisión no tendrá que esperar a la presión del Parlamento? 
¿Cuándo podrá la UCLAF llevar a cabo su trabajo sin la presión de la Comisión? 
Usted se quejaba, señor Presidente de la Comisión, de un exceso de presión por parte del Parlamento. 
Yo sólo puedo decirle que si las instituciones no tienen un contrapoder, caminan irremisiblemente hacia su autodestrucción. 
En el plano político, puedo responder con toda tranquilidad al Sr. Fabra Vallés que miramos al futuro. 
Faltan menos de treinta días para la llegada del euro, que permitirá a Europa reafirmarse de cara al exterior y desempeñar su papel en el ámbito internacional. 
Ayer, en el Consejo «Ecofin ', decidimos asimismo la representación externa del euro. 
Esta es la Europa del futuro, la Europa que consolida su predominio en el plano internacional. 
Usted plantea la cuestión de la información. 
Me niego a creer que la UCLAF, y he hablado sobre este tema con su director, haya estado sometida a presiones por parte de la Comisión. 
Por eso digo, si eso es así, pongamos en marcha lo que acabamos de proponerles, una UCLAF realmente independiente de todas las instituciones, y al mismo tiempo competente ante todas las instituciones. 
Así tendremos la garantía, ustedes para el Parlamento Europeo, nosotros para la Comisión y los demás para las demás instituciones, que efectivamente existe una instancia neutral. 
Éste es el motivo por el que, después de largas y profundas reflexiones y con la ayuda del Parlamento Europeo, lo reconozco, porque a comienzos de octubre respondí aquí al debate sobre el informe Bösch, hemos emprendido la auténtica vía del futuro en materia de facilitar información. 
Es precisamente el objeto de nuestra propuesta sobre una nueva UCLAF. 
No quiero hablar de su denominación, sino de la futura UCLAF, que sea independiente, neutral y que los órganos consultados sean igualmente neutrales con respecto a la UCLAF. 
Pero, por favor, no diga que Europa no mira al futuro. 
Hoy- y sé de lo que hablo -, Europa se encuentra en una situación mucho mejor que cuando asumí la Presidencia de la Comisión en enero de 1995. 
Señor Presidente de la Comisión, si la política de información le parece tan importante, quisiera preguntarle por qué su propuesta, que naturalmente vamos a examinar con todo cuidado, no contiene ninguna disposición que nos aclare cómo el Parlamento Europeo va a ser informado por la nueva oficina recién creada. 
Esta es una pregunta que exige quizá una respuesta urgente. 
¿Cómo se puede aspirar a una mejora con la nueva oficina si en el nivel de la política informativa el Parlamento queda en peor posición? 
Mi segundo punto, señor Presidente de la Comisión, es el siguiente: el núcleo de la propuesta que formula usted es el artículo 3 relativo a las competencias de investigación de esta oficina. 
Esto es una contradicción flagrante. 
En el apartado 1 del artículo 3, en lo que se refiere a los controles externos, se señala que la oficina puede encargar a la propia Comisión una investigación, que siempre se puede llevar a cabo en un Estado miembro. 
El apartado 2 es mucho más interesante... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Comprendo perfectamente que su Señoría no haya podido aún examinar la propuesta en cuanto al fondo. 
Es el motivo por el que formula preguntas. 
Pero estamos aquí para responder a las preguntas, porque dichas preguntas apuntan precisamente a una serie de aspectos sobre los que también hemos pensado. 
No crea que no hemos pensado en ellos. 
Es el motivo por el que hemos respondido a estas preguntas. 
En primer lugar, el Parlamento Europeo es miembro de pleno derecho, al igual que todas las demás instituciones, del Consejo de Administración, y si usted lee las demás disposiciones de la propuesta- y creo que ya las ha leído, porque las cita -, en el último apartado del artículo 9, el Consejo de Administración aprueba cada año un informe de actividad y es el propio Consejo de Administración, del que también forma parte el Parlamento, el que se encarga de enviarlo a las instituciones. 
Naturalmente, la nueva oficina, su director y sus diferentes servicios estarán a disposición del Parlamento, pero también de todas las demás instituciones, a las que también se les pedirá que realicen verificaciones e investigaciones. 
La nueva oficina sólo será responsable- en respuesta a su segunda pregunta- del desarrollo de las investigaciones. 
La Comisión seguirá siendo políticamente responsable de la intervención de la Oficina y del seguimiento de las investigaciones. Entra en el marco de las disposiciones. 
Por tanto, se lo concedo gustoso, examine a fondo las diferentes propuestas, que se han hecho con sensatez, de acuerdo con nuestros servicios jurídicos, para que pueda hacerse una idea de la disposición general de este organismo. 
Puede estar tranquila de que queremos responder al objetivo asignado en el informe Bösch, que busca realmente la independencia y la autonomía de un órgano de lucha contra el fraude. 
Era el objetivo del Parlamento. 
Estamos buscando las vías y los medios de alcanzarlo. 
No veo, por tanto, dónde están las diferencias de actitud entre el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Creo, por el contrario, que dicha oficina podrá guiarnos en el futuro hacia una mejor lucha contra el fraude para garantizar una mayor transparencia y para no someternos a la crítica que se ha hecho, que yo rechazo y continúo rechazando, acerca de que la Comisión ha ejercicio algún tipo de presión y siga ejerciendo cualquier tipo de presión sobre la UCLAF. 
Señor Presidente, hemos de decir al Sr. Santer que resulta alentador que proponga ciertas reformas. 
Naturalmente, eso es importante, pero también es muy importante contar con la voluntad de la mayoría. 
En vista de la decisión adoptada ayer en el Ecofin, según la cual ahora hay una mayoría de nueve Estados miembros a favor de la cuestión de una prórroga de las ventas libres de impuestos- o que se abstienen al respecto -, ¿cederá ahora la Comisión ante la presión de esa mayoría y accederá a llevar a cabo ese estudio tanto tiempo esperado sobre los efectos de la abolición en materia de desempleo? 
Resulta particularmente pertinente en vista de las observaciones formuladas por el ministro francés de Hacienda respecto de las repercusiones de la abolición en el empleo y la intención manifestada por la Presidencia alemana entrante de que presionará en pro de un aplazamiento prolongado. 
Tal vez nos diga la Comisión cómo saldrá del dilema, ahora que resulta evidente su desconexión con los ciudadanos. 
Afortunadamente, el duty free no está aún sujeto a la investigación de la UCLAF. 
No importa, responderé a la pregunta. 
Es algo así como el lago Ness, que vuelve a surgir a cada momento. 
Pero quiero que tenga en cuenta que la venta libre de impuestos fue prohibida por decisión unánime de los ministros de Economía en 1991, 
que entrará en vigor en 1999. 
O sea, se previó un plazo de ocho años, que ha permitido hacer todos estos estudios y transposiciones. 
Éste es el significado de la disposición y de los largos plazos que en su momento concedieron los doce ministros de Economía. 
Recuerdo muy bien aquella negociación. 
La seguí de cerca, porque la decisión se tomó bajo nuestra Presidencia. 
Pero repito que fue por unanimidad. 
Ahora que me encuentro al otro lado de la barrera, como Presidente de la Comisión, debo decirles que la Comisión es guardiana del Tratado, debe ejecutar las decisiones tomadas en su momento por unanimidad en el Consejo de Ministros. 
Si ahora hubiera una unanimidad que reclamara una disposición diferente, yo sería el último en oponerme. 
Pero constato que no existe unanimidad en el Consejo para tomar una decisión diferente. 
No. 
Existe una unanimidad que se transpuso en una directiva en 1991 y que el Parlamento aprobó. 
Seamos coherentes con nosotros mismos, con nuestras disposiciones institucionales y seamos creíbles ante nosotros mismos. 
Debemos ejecutar las decisiones que se han tomado. 
¿Adónde iríamos a parar si, cada vez que se toma una decisión o se aprueba una directiva, la Comisión se preguntara cómo se puede eludir dicha directiva, cómo se puede examinar la aplicación de dicha directiva? 
Creo que debemos desempeñar aquí una función constitucional e institucional, y es precisamente la función que queremos asumir. 
La Comisión no debe tomar ninguna iniciativa en este sentido. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, a principios de 1998 había 2000 puestos de plantilla sin ocupar. 
Así pues, la cuestión no estriba en que falten puestos que no pueda usted controlar. 
En segundo lugar, un miembro de su Comisión me ha manifestado que la UCLAF trabaja con métodos propios de la STASI, el aparato de seguridad de Alemania Oriental en los tiempos de la RDA. 
Pienso que: a) no lo puede juzgar y b) debería dejarlo. 
Considero que esta propuesta de Reglamento de la OLAF es una penalización del trabajo que la UCLAF ha llevado a cabo hasta ahora y que sus servicios no han asumido. 
Por tanto, creo sencillamente que usted nos está tomando por tontos, porque un control a petición de la Comisión, es decir, proponer primero la actuación de la OLAF, supone acallar los controles, al menos dentro de su institución, de cuya transparencia intenta usted hacer propaganda. 
Quisiera preguntarle cómo pretende garantizar realmente esta transparencia. 
Puedo asegurarle con toda claridad que jamás en mi vida- y tengo un largo pasado político; soy miembro de mi gobierno desde 1972- nunca había tomado por tonto a ningún parlamentario. 
Esto quiero afirmarlo claramente. 
Tengo mucho respeto por el Parlamento, y como Presidente de la Comisión también tengo respeto por este Parlamento. 
Por tanto, no quiero que se me achaque o acuse de nada en este sentido, quisiera que quedara bien claro. 
Señor Presidente, he hablado en alemán para que no sea necesario traducir. 
Quiero decir que, en lo que a mí respecta, nunca he criticado en absoluto el funcionamiento de la UCLAF. 
Al contrario, fue cuando asumí la Presidencia de la Comisión, en enero de 1995, cuando la UCLAF pasó a ser operativa. 
Y gracias a la colaboración del Parlamento, hemos mejorado constantemente su funcionamiento. 
En 1997 decidimos constituir una unidad operativa para que la UCLAF pudiera ejercer sus funciones. 
Jamás he reprochado a la UCLAF que utilizara métodos de la STASI. 
Alguien que habla de esa manera debe darme pruebas de lo que dice. 
Siento un gran respeto por el difícil trabajo que realizan los funcionarios de la Comisión, y debo decir al Parlamento que si hay algunas investigaciones que se prestan a discusión en el seno del Parlamento Europeo, y no sólo aquí, sino también en la prensa, ello se debe a que gracias a la UCLAF se han detectado algunos fraudes que se remontan a los años anteriores a la actual Comisión. 
Es pues gracias al funcionamiento de nuestros propios servicios por lo que nos encontramos en esta situación, que algunos diputados critican ahora. 
En mi dialecto hay un dicho que dice- lo repito en alemán, porque usted habla alemán y para que lo entienda mucho mejor: Gutheit ist ein Stück von Dummheit. 
Es quizá lo que nos ha pasado. 
Nos hemos convertido en víctimas de nuestras propias iniciativas. 
Es por ello que le pido que lea, con toda lucidez, con total independencia, pero también sin hacer proceso de intenciones, las propuestas que les hemos presentado, que el Consejo, de una manera general, ha aprobado en sus orientaciones, que los Jefes de Estado y de Gobierno han considerado justas en su dirección. 
Por tanto, por favor, fórmese una opinión serena sin tomar partido, cuando haya estudiado a fondo la comunicación de la Comisión. 
Señor Presidente, la propuesta que la Comisión presenta ahora no responde a la exigencia de fortalecimiento de la UCLAF que planteó el Parlamento con el apoyo de una amplia mayoría de sus diputados. 
Lo que me sorprende profundamente, señor Presidente, es el modo en qué hablan de una oficina independiente. 
¿Cómo podrá ser independiente la nueva UCLAF mientras la Comisión siga siendo quien decida qué investigaciones van a realizarse? 
¿Cómo puede hablarse de una oficina independiente mientras la Comisión siga siendo quien decida cómo realizar el seguimiento de las investigaciones? 
No se habla de independencia, sino de que la Comisión seguirá controlando los resultados de las investigaciones. 
¿No se trata más bien, señor Presidente, de querer eludir toda la responsabilidad que pudiera existir, por ejemplo, con respecto a los asuntos que nos han mantenido ocupados en los últimos tiempos? 
Por ello resulta muy sorprendente, señor Santer, que no haya querido iniciar un debate con nosotros sobre la propuesta ahora presentada. 
Naturalmente, señor Presidente, el Parlamento tendrá ocasión de celebrar un debate en profundidad sobre este punto. 
Constatarán entonces, si examinan este punto, que la UCLAF es realmente un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica propia, al que se le confiará la función de realizar investigaciones en el marco de la lucha contra el fraude en detrimento del presupuesto comunitario, tanto dentro de los Estados miembros, como en el seno de las instituciones u órganos independientes comunitarios. 
Ésta es la definición. 
La Comisión no es la única institución que puede exigir a la UCLAF que realice investigaciones, aunque es la primera interesada. 
Por otra parte, actualmente, la UCLAF realiza básicamente investigaciones en los Estados miembros. 
Es su ámbito de actividad más importante. 
Es por lo que hemos considerado necesario integrar también al Consejo en la UCLAF. 
Toda institución tiene derecho a solicitar investigaciones a la UCLAF y, por propia iniciativa, la futura UCLAF puede decidir realizar investigaciones. 
Creo que debería leerse el documento y comprenderá que, francamente, lo que usted acaba de afirmar no es justo, y estoy midiendo mis palabras. 
Hay que examinar este documento que ha sido redactado por juristas y que contempla el conjunto de hechos que usted denuncia. 
La Comisión no ha querido arrogarse la exclusividad de solicitar investigaciones a la UCLAF. 
Todas las instituciones tienen derecho a hacerlo, al igual que todas las instituciones en general están representadas en el Consejo de Administración. 
Es la mejor prueba de la neutralidad, de la autonomía de este órgano, en el que el Parlamento, al igual que cualquier otro órgano, tiene algo que decir. 
Creo que es la mejor manera de garantizar la eficacia de esta nueva institución. 
Señor Santer, lo que ha expuesto usted como informe Bösch, en concreto, nunca lo he escrito, porque lo que ha resaltado usted de él no tiene absolutamente nada en común con el informe Bösch que ha aprobado este Parlamento. 
Quisiera decirle algo sobre la forma de proceder y sobre por qué se ha producido este revuelo. 
La Sra. Gradin nos prometió en julio que nosotros, en calidad de Parlamento, participaríamos en una eventual reforma de la UCLAF. 
El Presidente del Parlamento se lo recordó a usted por escrito, creo que a finales de noviembre de este año. 
No se ha hecho nada. 
Hoy nos encontramos frente a esta propuesta y nos dice: lean, lean primero lo que hemos escrito. 
¿Así quiere recuperar la confianza entre las instituciones, señor Presidente? 
Un segundo punto sobre el contenido de la propuesta. 
En este Informe Bösch, que cita usted, exigimos que se refuerce la UCLAF. 
Usted divide y destruye la labor antifraude de la Comisión. 
¿Así quiere recuperar la confianza perdida de las ciudadanas y ciudadanos en la política antifraude de la Comisión? 
Estas son las preguntas. 
Puedo responder muy fácilmente a estas preguntas. 
El objetivo que perseguía en su informe y que yo suscribo, como he dicho en varias ocasiones, incluso el mes de octubre aquí, durante un debate, es garantizar la independencia de la UCLAF. 
Es el objetivo que usted perseguía. 
Pero la independencia de la UCLAF nunca estará garantizada si este organismo sigue siendo un servicio de la Comisión, gestionado por el Parlamento Europeo. 
Eso no será viable ni tampoco puede concebirse desde el punto de vista jurídico o institucional. 
Por ello hemos ido más allá de sus propuestas en la persecución de su mismo objetivo. 
Sin duda sobrepasa su proyecto, pero en un marco interinstitucional, lo que me parece importante. 
No se trata de realizar investigaciones internas en el seno de la Comisión. 
La UCLAF realiza actualmente más de 900 investigaciones en los Estados miembros, que es donde se necesitan más investigaciones. 
En el seno de la Comisión, sólo se están realizando 27 investigaciones. 
La mayoría de las investigaciones son relativas a los Estados miembros. 
El Consejo y todas las demás instituciones deben pues integrarse en el nuevo organismo y no veo ninguna relación entre su pregunta y la propuesta que hemos presentado, encaminada precisamente a realizar su objetivo, yendo más allá, situándolo en un marco interinstitucional, infundiendo así mucha más confianza a los ciudadanos respecto a los órganos de control. 
Así será la futura UCLAF, esta Oficina Europea de investigaciones antifraude, que será un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica propia, que estará asistida por expertos de alto nivel, como decíamos, independientes, expertos de alto nivel que ofrecen todas las garantías de independencia. 
Creo efectivamente, que de esta manera la UCLAF y su independencia se verán reforzadas. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, hace un año, este Parlamento aprobó una enmienda al presupuesto para una cuestión de menor importancia relativa al nombramiento de un director adjunto en una agencia independiente de la Comisión. 
Ni el Comisario Papoutsis, tutor del organismo en cuestión, ni el Comisario Liikanen, responsable del personal, son capaces de doblegar a dicho director que se niega a aplicar el resultado de una votación de nuestra Asamblea. 
Un asunto así no necesita una investigación de la UCLAF, demuestra sencillamente que algunos Comisarios no están en condiciones de hacerse obedecer por sus funcionarios, que se mofan de las votaciones de nuestra Asamblea. 
Y éste es el motivo por el que en estos momentos nuestro Grupo no se siente con ánimos de aprobar la gestión, porque pensamos que los fraudes constatados no son más que el reflejo de una tecnocracia omnipotente, separada de la realidad y que, de algún modo, hace lo que le viene en gana. 
Mi pregunta es la siguiente: en caso de que se rechace la aprobación de la gestión, ¿está usted dispuesto a exigir la dimisión de la Comisaria, en cuya cartera se han descubierto auténticos desvíos de fondos, y me refiero al programa ECHO? 
En otras palabras, ¿está usted dispuesto a sancionar la incompetencia? , porque, en este caso concreto, creo en la honradez personal de la Comisaria en cuestión. 
Discúlpeme, pero no puedo responder a la pregunta relativa al nombramiento de un director adjunto. 
Verificaré este punto y le comunicaré los motivos de nuestros nombramientos. 
Pero hay que comprender que no es una votación del Parlamento Europeo lo que hace que se nombre a un director. 
La separación de poderes existe. 
Es la Comisión la que decide los nombramientos que se realizan en el seno de sus servicios y nosotros tampoco preguntamos por los directores que nombra el Parlamento Europeo. 
Hay una serie de normas interinstitucionales que hay que respetar. 
En lo que concierne a la no aprobación de la gestión de la Comisión, diré que la aprobación se realiza en virtud de las disposiciones del artículo 206 del Tratado. 
Dicho artículo dice que el Parlamento da la aprobación de la gestión de la Comisión por recomendación del Consejo. 
Le he dicho hace un momento que el Consejo ha recomendado al Parlamento dar su aprobación. 
Por consiguiente, el Consejo «Ecofin ', que sabe de qué habla, ya ha hecho una recomendación al Parlamento Europeo. 
No hay que olvidar que el Consejo es una de las ramas de la autoridad presupuestaria. 
En lo relativo a la dimisión de varios comisarios, las disposiciones del Tratado son claras, y yo me atengo a las disposiciones constitucionales e institucionales del Tratado. 
La Comisión es guardiana del Tratado, y yo me atengo a las disposiciones del Tratado. 
Ni más ni menos. 
Es mi deber y es mi derecho, a los que me atengo. 
Persisto en creer, señor Presidente, que hemos proporcionado al Parlamento informes que no habríamos facilitado a los parlamentos nacionales. 
Es muy claro. 
Mantengo mi posición, señor Elles. 
He sido diputado el tiempo suficiente para saberlo. 
Hay que respetar también el secreto de la instrucción y el derecho a la protección de la intimidad de las personas y de los funcionarios que son objeto de las investigaciones. 
Esto es válido en todos los países. 
Me sorprendería que en Gran Bretaña, que también es guardiana de los derechos humanos, no se observará este respeto. 
Persisto en creer lo que he dicho. 
Usted puede presentar una moción de censura contra mí, pero lo digo. 
En segundo lugar, la cuestión del estatuto de los funcionarios. 
En este sentido, no se puede estatuir por vía de la autoridad, debe hacerse con los representantes del personal, con los sindicatos. 
Hemos instituido una comisión mixta presidida por un antiguo secretario general, el Sr. Williamson, que ha presentado su proyecto hace unas semanas. 
Lamento que sea un poco tarde, pero hemos comenzado a funcionar en 1995, y la evaluación de los recursos humanos y financieros no pudo concluirse en 1995. 
Hay que ser un poco razonable. 
A veces se lo pido también a los diputados. 
Señor Presidente, quisiera volver al documento que usted nos ha presentado sobre la OLAF, porque existe una duda, algo que no entendemos. 
Quizá pueda aclararnos el modo en que la Oficina podrá iniciar las investigaciones. 
Actualmente, la UCLAF de hoy puede lanzar investigaciones por iniciativa propia, lo cual hace. 
Al parecer, según el documento- personalmente no tengo esa impresión, pero hay colegas que sí la tienen y me gustaría que aclarara exactamente este punto -, cabe pensar que el organismo sólo podría intervenir por instrucción de la institución que se propone controlar. 
¿Podría precisar este punto? 
A continuación, en lo que respecta a la confidencialidad, siento preocupación porque hoy la UCLAF, me parece, en muchos casos ha faltado a dicha confidencialidad y algunos dossiers han salido de la UCLAF. 
Por ello quisiera saber qué medidas exactas se han aplicado para garantizar la confidencialidad de la investigación por parte de la propia UCLAF. 
Señor Presidente, es una pregunta precisa, a la que respondo también de manera precisa. 
A través del artículo 3 de la disposición, que dice que por propia iniciativa, pero también por petición de un Estado miembro o de la Oficina, la Comisión puede encargar a la Oficina la realización de una investigación, pero de los apartados 6 y 12 del informe se deduce asimismo que la Oficina deberá estar estrechamente relacionada con la iniciación de las investigaciones- puesto que usted habla de la iniciación -, el apartado 6 permite a la Oficina iniciar una investigación por iniciativa propia. 
O sea, la Oficina puede iniciar una investigación por iniciativa propia. 
Todas las instituciones pueden también, evidentemente, encargar a la Oficina que realice encuestas. 
Y en las otras disposiciones sobre el estatuto de la Oficina verá que existe una serie de precauciones que se han tomado para preservar la confidencialidad de la Oficina. 
En base a la experiencia acumulada durante el funcionamiento de la UCLAF, hemos intentado suplir algunas lagunas que existían en el actual estatuto de la UCLAF, a las que hemos dado solución. 
Es el documento que les hemos presentado. 
Tienen todo el tiempo para examinarlo, escudriñarlo, hacer comentarios y enmiendas, para que nuestro trabajo común produzca un resultado conjunto. 
Señor Presidente, nos ha dicho usted que se toma en serio su responsabilidad como Presidente de la Comisión y nosotros queremos tomarnos en serio nuestra responsabilidad como Parlamento. 
Parte de dicha responsabilidad es obligar a la Comisión a rendir cuentas. 
Resulta muy difícil cuando no se nos transmiten documentos. 
¿Puede usted comprometerse hoy a darnos periódicamente una lista de todas las investigaciones de presunto fraude y corrupción y no de la forma irregular y de mala gana como los recibimos ahora y responder cuándo empezará a funcionar, a más tardar, la nueva Oficina sobre el Fraude? 
¿Cómo podemos estar seguros de que no está usted mareando la perdiz aquí? 
¿Funcionará durante los años que le quedan a esta Comisión y, en ese caso, cuándo? 
Señor Presidente, creo poder decir que no existe ningún impedimento para facilitar la lista de las investigaciones emprendidas por la UCLAF. 
No veo ninguna razón por la que no sea posible. 
Pero eso no quiere decir que las investigaciones deban conducir por fuerza al descubrimiento de irregularidades o elementos de fraude. 
No obstante, dicha lista no puede ser divulgada de manera desconsiderada. 
La iniciación de una investigación por parte de la UCLAF no significa que existan irregularidades, fraude o cualquier otra cosa. 
A veces, se divulgan amalgamas entre el gran público, lo que hace un flaco servicio al funcionamiento de la UCLAF. 
Hemos querido tener en cuenta todo esto en el marco de nuestra propuesta. 
Por otra parte, usted quiere saber cuándo podrá funcionar esta OLAF. 
He pedido la buena voluntad de todas las instituciones para hacerla operativa. 
Hemos estimado que si existe la voluntad política, puede funcionar dentro de seis o siete meses. 
Señor Presidente de la Comisión, he leído con gran interés la nota de reflexión divulgada bajo su autoridad, titulada «La Comisión de mañana». 
En la página 4 he podido ver que la Comisión se propone, en los próximos años, centrarse en mayor medida en las grandes políticas de regalía, las relaciones exteriores, la moneda, la seguridad interna, el mercado único, la cohesión económica y social y las políticas comunes, es decir, los poderes de un gobierno de un Estado soberano. 
Quisiera preguntarle, señor Presidente, ante esta perspectiva, qué poderes les serán reservados a las democracias nacionales, y si el apartado siguiente, que dice que convendrá reflexionar sobre una mayor delegación de las simples funciones de gestión, es aplicable efectivamente a dichas democracias nacionales. 
Este documento, señor Presidente, expone el futuro de la Unión Europea en su conjunto. 
Haré gustoso una exposición al respecto que, por otra parte, ya hice en el marco de los debates sobre la Unión. 
Pero, desde mi punto de vista, la Unión futura seguirá siempre unida a las naciones, con su identidad nacional, las cuales se integrarán a la unión política. 
No queremos construir los Estados Unidos de Europa según el modelo de los Estados Unidos de América. 
Nuestro proyecto no es ése. 
Se pueden armonizar las normas económicas para crear un mercado interior único. Pero jamás se pueden armonizar las naciones. 
Por ello, la identidad nacional deberá integrarse siempre en la futura unión. 
Pero gracias a la Unión, las naciones tienen la posibilidad de transferir parte de su soberanía a los órganos supranacionales, a la Comisión, al Banco Central Europeo, para compartir juntos el ejercicio común y en igualdad, para ser más fuertes y reafirmarnos mejor en el panorama internacional. 
Los Estados miembros conservarán sus poderes no solamente en lo relativo a la gestión, todo lo contrario. 
También en lo relativo al principio de subsidiaridad, el principio de la proporcionalidad, que son los principios fundamentales en torno a los que se ha construido nuestra arquitectura europea, debemos convencernos de que los Estados miembros deberán desempeñar una función en el futuro. 
Señor Presidente, tengo dos preguntas. 
Usted ha respondido antes a la pregunta del Sr. Fabra señalando que el futuro de Europa es el euro. 
¿Piensa realmente que el euro es el futuro de Europa? 
En segundo lugar, ha dicho usted en su intervención que con el modo en que abordamos la cuestión de los fundamentos jurídicos- no se trata de eso ahoray del minipresupuesto, vamos por el buen camino. 
¿Sabe usted que la supresión del minipresupuesto entre las autoridades presupuestarias, es decir, el Consejo y el Parlamento, por una parte, y la Comisión, por otra, se decidió ya en el presupuesto de 1993 y que no vamos por el buen camino, sino que llevamos un retraso inadmisible? 
Naturalmente, Europa no es solamente el euro. 
Europa no es solamente el mercado único. 
Europa es además muchas otras cosas. 
Pero el euro será un factor poderoso de la integración económica de Europa, en primer lugar, para culminar el mercado interior, porque no veo que en el mundo pueda funcionar un mercado interior, sin ninguna distorsión de la competencia, con catorce monedas diferentes. 
Será también un factor poderoso de la integración política, porque da a Europa, al mercado interior, una identidad europea y, en tercer lugar, porque contribuirá a asentar una zona de estabilidad monetaria. 
Será, por tanto, un factor de estabilización en nuestras relaciones monetarias internacionales. 
Por todos estos motivos, el euro es un factor poderoso de integración. 
Estamos muy contentos de que el euro llegue a once de nuestros Estados miembros. 
Esperamos, naturalmente, que se extienda a los otros cuatro que no son todavía miembros de esta zona monetaria. 
En lo que respecta a los minipresupuestos, es cierto que en 1993 se tomaron unas decisiones. 
Fue a partir de ese momento que descubrimos los elementos de fraude. 
Los minipresupuestos ya existían, y es lo que ha permitido a la UCLAF descubrir los elementos de fraude en cuatro contratos de ECHO. 
El procedimiento que se inició en su momento y que estaba encaminado a eliminar progresivamente estos minipresupuestos en unas condiciones realmente difíciles ha sido posible gracias al buen entendimiento entre el Parlamento y la Comisión, y debemos seguir por ese camino. 
Por otra parte, si lee los informes de los Tribunales de Cuentas de los Estados miembros, encontrará muchas irregularidades que han sido descubiertas de esta manera. 
Se me ocurrió estudiar el informe del Tribunal de Cuentas de la República Federal Alemana. 
Entre el informe del Tribunal de Cuentas europeo y el del Tribunal de Cuentas alemán, no he visto tantas diferencias. 
Señor Presidente, no se remita usted al Consejo para la recomendación de la aprobación de la gestión. 
En esta empresa que es Europa es usted la junta directiva y nosotros somos la asamblea de miembros. 
Por lo tanto, vuelvo a repetir: lo que se formula en el apartado 3 de la propuesta no tiene en cuenta la propuesta inicial del Parlamento y no podemos aceptarlo. 
Pregunto a la Comisión también con respecto a la mencionada transparencia. Señor Presidente, ¿puede usted confirmar o desmentir que, a petición de las autoridades belgas, se ha formulado una recomendación del servicio jurídico de la Comisión a los funcionarios de la Comisión, según la cual en caso de que se formulen preguntas acerca de si se han dado las prestaciones sociales en el marco de los acuerdos laborales entre empresas y la Comisión es mejor acogerse a la inmunidad y, por lo demás, continuar manteniendo estos contratos? 
¿Existe tal documento? 
Si es así, ¿está usted dispuesto a ponerlo confidencialmente en conocimiento de la Comisión de Control Presupuestario? 
En lo que respecta a la primera pregunta, diré sencillamente a su Señoría que el Consejo es una institución de la Unión Europea. 
No debemos subestimarlo. 
Y el representante del Consejo está aquí presente. 
Tenemos varias instituciones europeas, lo que probablemente no se nos ha escapado. 
Yo me atengo a las instituciones, tal y como funcionan en el marco de nuestra Unión Europea. 
Es además mi derecho y mi deber. 
En lo relativo a la segunda pregunta, le respondo que no tengo conocimiento de esa cuestión a la que se refiere, por lo que no puedo decir nada al respecto. 
Si dispone de más detalles, tiene ahora la ocasión de exponerlos. 
Pero, en calidad de Presidente, no puedo responderle. 
Consejo Europeo 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la preparación del Consejo Europeo de 11/12 de diciembre de 1998 en Viena. 
Tiene la palabra la Sra. Ferrero-Waldner, Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señoras y señores diputados, el Consejo Europeo de Viena cierra el semestre de la Presidencia austríaca. 
Es el primer semestre de Presidencia para la República Federal Austríaca, y saludo el trabajo que ha realizado la Presidencia. 
Esta Presidencia ha estado marcada especialmente por la reunión informal de Pörtschach, donde los Jefes de Estado y de Gobierno tuvieron ocasión de acercar posturas sobre el futuro de la Unión Europea. 
El 21 del pasado octubre, yo concluía mi intervención ante su Asamblea sobre la cumbre de Pörtschach con las siguientes palabras: «Como siempre en la historia comunitaria, el principal desafío consiste en traducir en acciones operativas las reflexiones sobre el futuro de Europa». 
Por ello, le propongo que examinemos juntos los principales dossiers en los que hemos podido avanzar este semestre, que el Consejo Europeo ratificará o concluirá. 
Comienzo evidentemente por la ampliación. 
El Consejo examinará el primer informe de la Comisión sobre los progresos realizados por los países candidatos, como exigió el Consejo Europeo de Cardiff. 
Dicho informe revela que todo el proceso ya está en marcha. 
El análisis de la Comisión pone de manifiesto asimismo situaciones diferentes según los países. 
Recuerda el carácter dinámico de este proceso de ampliación. 
Juzgamos los progresos de los Estados según los criterios de Copenhague o de Madrid. 
El Consejo recordará que todos los Estados candidatos deben realizar esfuerzos duraderos de cara al objetivo de adhesión. 
Paralelamente, como ustedes saben, han comenzado a progresar las negociaciones sobre la Agenda 2000, gracias también a la colaboración de su Asamblea. 
Nos encontramos en una etapa importante de la vía que, antes del final de la actual legislatura, debe conducirnos a la aprobación de todas las medidas propuestas en el contexto de la Agenda 2000. 
El Consejo Europeo de Cardiff y de nuevo recientemente, en su reunión informal de Pörtschach, los Jefes de Estado y de Gobierno han manifestado su voluntad política de concluir las negociaciones sobre la Agenda 2000 en el marco de la cumbre especial del próximo mes de marzo. 
En primer lugar, las próximas elecciones al Parlamento Europeo repercutirán sobre las actividades de su Asamblea a partir de marzo o abril, y hoy puedo constatar que ya tienen una serie de repercusiones sobre la actividad parlamentaria. 
A continuación, el perjuicio que un retraso supondría para la credibilidad de la Unión y para la confianza y, por último, están las consideraciones de orden práctico relativas a la programación de los Fondos estructurales, a la implantación de las políticas, pero además, el efecto negativo de un posible retraso en la aplicación de los instrumentos de preadhesión sobre el propio proceso de adhesión. 
La cuestión que se plantea, evidentemente, es la de saber si será posible concluirla en marzo. 
Mi respuesta es sí. 
Sí, porque tenemos todos los datos sobre la mesa: las 19 propuestas detalladas de la Comisión, pero además el informe de la Comisión sobre los recursos propios. 
Por ser una de las ramas de la autoridad presupuestaria, el Parlamento también será signatario de un nuevo acuerdo presupuestario interinstitucional. 
Naturalmente, la celebración de un nuevo acuerdo que dé satisfacción a ambas ramas de la autoridad presupuestaria forma parte integrante de la Agenda 2000. 
Señor Presidente, deseo que este Consejo Europeo garantice una buena base de partida para las negociaciones que deberán concluirse bajo la Presidencia alemana. 
Ni que decir tiene que mientras no haya acuerdo sobre todo, no habrá acuerdo sobre nada. 
Con esta reserva, deseo que en Viena podamos establecer tres elementos. 
En primer lugar, encontrar acuerdos sobre numerosos aspectos, que yo denominaría «técnicos ', de los textos legislativos. 
En este sentido, me congratulo por los progresos alcanzados recientemente en los ámbitos de los Fondos estructurales, los Fondos de cohesión, la estrategia de preadhesión y en lo relativo a las redes transeuropeas. 
Me refiero aquí, por ejemplo, a algunos aspectos de las reformas agrícolas y del desarrollo rural, de las acciones estructurales y al formato de las perspectivas financieras y, por último, esbozar los contornos de un paquete definitivo que, sobre todo, debería centrarse en las implicaciones financieras de las reformas y las cuestiones presupuestarias conexas. 
Señor Presidente, hay dos temas, prioritarios para los ciudadanos, que figuran en el orden del día de este Consejo: el empleo y el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Comienzo por el empleo. 
En Viena, el Consejo Europeo evaluará por primera vez los progresos realizados por los Estados miembros en la aplicación de los planes nacionales de empleo, en el marco de la estrategia de Luxemburgo. 
¿Quién habría pensado hace dos años que obtendríamos semejante apoyo de los Estados miembros y los interlocutores sociales, que tendríamos orientaciones europeas y planes nacionales de acción? 
¿Quién habría pensado que los Estados miembros aceptarían que sus acciones en favor del empleo fueran examinadas, evaluadas e incluso juzgadas por sus homólogos, y quién habría pensado que se crearía una dinámica ejemplar en cuyas velas puede soplar hoy un viento nuevo en Europa? 
Esta estrategia la hemos discutido, en primer lugar, con los gobiernos de los Estados miembros y con ellos hemos establecido mecanismos de seguimiento, de intercambio y de benchmarking. 
Sobre la base del examen que los Estados hagan en Viena, la Comisión presentará propuestas para adaptar las líneas orientativas para 1999. 
Debo decir que éstas han sido mínimas. 
Creo que lo primero que debemos hacer es consolidar el proceso. 
Los planes de acción nacionales se inscriben en una estrategia a medio plazo, pero los nuevos impulsos son importantes. 
En especial, perseguimos nuestra estrategia por una Europa más emprendedora, dotada de un mercado paneuropeo de capital de riesgo, que proporcione a nuestras empresas las mismas ventajas de que gozan las empresas estadounidenses y que supla nuestros retrasos en materia de explotación de las tecnologías de la información. 
También hemos pedido a los Estados miembros que modifiquen sus sistemas de indemnización del desempleo y de fiscalidad y, en particular, que revisen sus políticas de jubilación anticipada. 
En lo relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, como ustedes saben, en Pörtschach decidimos celebrar el 15 de octubre de 1999 un primer Consejo Europeo especial sobre este tema, o sea, bajo la Presidencia finlandesa. 
Esta decisión se inscribe en mi deseo desde mi investidura de dar prioridad a este ámbito. 
La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, así como la puesta en marcha de Europol, nos brindarán la posibilidad de realizar avances reales en la cooperación judicial, policial, la política de asilo, la inmigración, ámbitos todos ellos en los que los ciudadanos de nuestros países tienen grandes expectativas. 
Estas políticas, que siguen siendo nacionales, sólo podemos concebirlas en un contexto europeo. 
Los problemas concretos de asilo, inmigración, cooperación policial o incluso de extradición, a las que nos hemos enfrentado estos últimos meses, demuestran perfectamente que debemos abordar estos problemas a nivel comunitario, y deseo que el plan de acción, que será presentado en Viena por el Consejo y la Comisión, constituya una etapa para preparar la cumbre de Tempere. 
Señor Presidente, en Viena trataremos asimismo sobre la evolución económica europea y mundial. 
La llegada de nuevos gobiernos en algunos Estados miembros y la aceleración de la crisis financiera internacional a raíz de los acontecimientos del mes de agosto en Rusia nos han conducido en el transcurso de este otoño hacia un intenso debate sobre política económica, financiera y monetaria, y ello tanto en el plano europeo, como en el plano internacional. 
La crisis internacional ha tomado un cariz más tranquilo, pero aún no está resuelta y debemos mantenernos vigilantes y recordar los resultados de nuestros debates. 
¿Cuáles fueron dichos resultados, de los que sin duda se hablará en Viena? 
En primer lugar, constato que a raíz de los debates sobre los tipos de interés, nos pusimos de acuerdo para afirmar que se daban todas las condiciones para unos tipos de interés bajos a partir del nacimiento del euro. 
El diálogo que ya mantuvimos con el Banco Central Europeo demostró que el rigor presupuestario facilitaría una política monetaria que, aparte de la misión prioritaria de estabilizar los precios, tuviera en cuenta la situación económica de una manera más general. 
Me parece que desde los últimos debates en el seno del Euro 11 existe un amplio acuerdo sobre esta combinación de políticas y estoy convencido de que, una vez establecido el euro, se mantendrá satisfactoriamente este diálogo. 
En segundo lugar, constato una voluntad general de reforzar la coordinación de las políticas económicas, financieras y sociales y, en este sentido, siento un progreso real en el seno del grupo Euro 11, así como a nivel del Consejo. 
Al mismo tiempo, se desprende una voluntad clara de coordinar nuestras políticas fiscales. 
Ayer mismo insistimos en este tema en la reunión del Consejo «Ecofin ' y, también allí el progreso es notable, a pesar del realismo que hay que mantener siempre cuando se habla de asuntos fiscales. 
El debate de este otoño también ha puesto de manifiesto la importancia de las infraestructuras para el tejido económico y el papel de la inversión pública en este contexto. 
Me complace constatar que, a pesar de hacer hincapié en la importancia de dichas inversiones, el debate no ha cuestionado los principios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Con todo, ha ofrecido una orientación en lo relativo a los instrumentos que pueden influenciar sobre las inversiones, y me alegra poder comunicarles que, esta mañana, la Comisión ha aprobado precisamente un documento en este sentido, que naturalmente transmitiremos al Consejo Europeo de Viena. 
Sobre este asunto haré solamente tres observaciones. 
En primer lugar, en lo relativo al Banco Europeo de Inversiones. 
Tras el éxito del programa de acción especial de Amsterdam, creo que el Banco podría reforzar su papel ampliando su abanico de instrumentos en favor de los proyectos de infraestructuras y, en particular, de las redes transeuropeas. 
Esto podría tomar la forma de una ventanilla especial a través de la cual el Banco, por diferentes medios, fomentaría el compartimiento de riesgos entre el sector privado y el público, alentándolos así a participar en mayor medida en la financiación de proyectos de infraestructura. 
En este mismo contexto, se produciría una ampliación de los criterios que dan derecho a recibir subvenciones con cargo al Fondo Europeo de Inversiones, lo que potenciaría las repercusiones de dicho Fondo sobre el desarrollo de infraestructuras en el amplio sentido del término. 
En segundo lugar, hay que reconocer que algunos proyectos transeuropeos de infraestructura sólo podrán llevarse a cabo con la ayuda de subvenciones, a falta de una rentabilidad financiera suficiente. 
En el marco general de la Agenda 2000, nuestra propuesta sobre el nuevo proyecto de Reglamento financiero para las redes transeuropeas está actualmente en debate. 
Además de un importe financiero importante, este proyecto contiene ideas innovadoras. 
Me refiero, en particular, a la idea de introducir asignaciones presupuestarias plurianuales, la idea de recurrir a los fondos de capital de riesgo, así como a la posibilidad de cofinanciar proyectos hasta por un 20 % del coste total, en lugar del 10 % actual. 
Por último, está la cuestión de los obstáculos que impiden el surgimiento de un auténtico, y digo bien, un auténtico mercado paneuropeo de capital de inversión, para el que existe un mandato de Cardiff y que podría convertirse en una auténtica fuente de creación de puestos de trabajo, a través del capital que podría generar para las empresas innovadoras. 
Señor Presidente, en el plano de la situación internacional, actualmente existe un amplio consenso acerca de que con la llegada del euro, la Unión tendrá una responsabilidad mayor respecto del sistema financiero internacional y deberá hablar con una sola voz. 
Nos hemos puesto de acuerdo para que en Viena se solucionen todas las cuestiones pendientes relativas a la representación exterior del euro, incluida la participación de la Comisión en los foros internacionales. 
En este sentido, puedo congratularme de que el Consejo «Ecofin» alcanzara ayer un acuerdo general sobre esta cuestión, o sea, mucho antes de que se celebre el Consejo Europeo, y me congratulo asimismo por el apoyo que hemos recibido del Parlamento Europeo en este sentido. 
Me refiero, para terminar, al funcionamiento de las instituciones financieras internacionales y a nuestra responsabilidad como mayor donante de ayuda al desarrollo. 
Pero no debemos limitarnos a los aspectos financieros y espero que en Viena abordaremos temas más amplios, y me refiero con ello al papel de Europa ante la mundialización, que afecta a todas las dimensiones de nuestras sociedades. 
Con el nuevo impulso que nos proporcionan el euro y el Tratado de Amsterdam, la Unión no puede permanecer muda ante un mundo que espera una respuesta, la respuesta de una Europa que hable con una sola voz. 
He aquí, señor Presidente, los principales puntos sobre los que, sin duda, trataremos en Viena. 
No obstante, no quisiera terminar mi intervención ante su Parlamento sin recordar que en Viena celebraremos el cincuenta aniversario de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. 
Será también la ocasión de recordar una acción decidida de la Unión en defensa de los valores de dicha Declaración. 
Por consiguiente, el Consejo Europeo de Viena será una cumbre de orientaciones concretas, fundamentales, que nos permitan afrontar los desafíos del siglo XXI. 
Señores Presidentes, Señorías, la reciente cumbre informal de Pörtschach ha demostrado, lamentablemente a nuestro parecer, que Europa continúa buscando su identidad. 
Si bien en lo económico Europa es hoy una potencia mundial reconocida- dentro de poco incluso dispondrá de una moneda única -, nuestros gobiernos se muestran demasiado cautos e inseguros a la hora de otorgarle un papel más dinámico y más político, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. 
Al respecto, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, quiero recordar- como, de otra parte, también lo ha hecho la Presidencia austríaca- la necesidad de que la representación de los Once de la zona euro esté adecuadamente garantizada en los Organismos Internacionales. 
Hasta ahora, ha habido acuerdo en cuanto a uno solo de los temas en discusión, el del equilibrio entre estabilidad y crecimiento. 
Al respecto, varios países han declarado que se debe establecer un diálogo con el Banco Central Europeo. 
Por nuestra parte, preguntamos al Consejo si se trata de un eufemismo para ocultar dificultades de relación entre los gobiernos y el Banco Central o si, como nosotros esperamos, se trata de una nueva confirmación de la voluntad de salvaguardar el papel y la independencia de este organismo. 
Además, querría recordar que los duros sacrificios a los que todos los países tuvieron que someterse para la creación de una moneda única fuerte y fiable no pueden ni deben trivializarse con cambios de criterio o, peor aún, con interferencias peligrosas que podrían derivar en el nacimiento de una moneda débil y sin un futuro sólido. 
Los gobiernos, sin duda, saben bien que una política monetaria sana es una condición previa para brindar bases sólidas al crecimiento y al desarrollo, pero es obvio que también se necesitan políticas económicas adecuadas, además de coordinadas, para favorecer el relanzamiento de la economía y, sobre todo, del empleo, que es el verdadero y gran problema europeo. 
De esta tarea, precisamente, es de la que de ningún modo pueden sustraerse los gobiernos europeos. 
Lamentablemente, sobre otros puntos incluidos en su orden del día, la cumbre informal no respondió a nuestras expectativas. 
Aparte de intenciones y promesas, no hubo nada concreto en materia de política exterior, por ejemplo, ni de política de seguridad y de defensa común, aun cuando hay que señalar positivamente la apertura del Primer ministro Blair en cuanto a la fusión de la UEO en la Unión Europea; nada concreto, tampoco, en cuanto a justicia y asuntos internos, ni respecto a la delincuencia ni a los inmigrantes ilegales; nada concreto en lo relativo a la puesta en marcha de reformas institucionales. 
Señor Presidente, para terminar, quiero añadir que el alcance de los retos que deberemos afrontar en los próximos años nos exige que renovemos la visión política y el empuje de las ideas. 
Por consiguiente, esperamos que el próximo Consejo Europeo de Viena sepa corresponder adecuadamente a nuestras expectativas y a las de todos los ciudadanos y que, así, confirme las esperanzas manifestadas por la Presidencia austríaca. 
Sin embargo, creo que también el Parlamento Europeo, voz democrática y representativa de nuestros pueblos, debe desempeñar, en este contexto, un papel impulsor y determinante, por supuesto junto a las demás Instituciones. 
Señor Presidente, señora Presidenta, señora Secretaria de Estado, han mencionado ustedes una larga lista de temas. 
De hecho no se ha dejado de lado ningún tema que sea de cierta importancia. 
Por supuesto, esto va en detrimento de destacar los temas centrales. 
Pienso que es fundamental que esta cumbre de Viena al menos llegue a un punto de inflexión en una cuestión central, a saber, la Agenda 2000. 
Con vistas a la ampliación, pero también con vistas a la cohesión interna de la UE de los Quince, debemos salvaguardar este tema importante en este semestre antes de las elecciones al Parlamento Europeo. 
Considero que esta es la cuestión decisiva y espero que transcurra con éxito. 
En segundo lugar, un tema que no ha mencionado usted y que claramente nos concierne sobremanera en nuestra condición de diputados es el del estatuto de los diputados europeos. 
Es totalmente decisivo que la Cumbre de Viena examine este tema. 
Por una parte, es responsabilidad del Parlamento y, en última instancia, es responsabilidad del Consejo. 
No se trata sólo de crear una base razonable de trabajo para los diputados. 
Atravesamos una etapa difícil. 
Hay escándalos y acusaciones. 
Señora Presidenta, es decisivo que en estas elecciones democráticas podamos entrar en el debate electoral con plena libertad como diputados y no tengamos que debatir acusaciones y reproches, sino temas europeos. 
Le pido que tome en serio este tema y que el 12 de diciembre haga lo posible porque este tema pueda ser tratado debidamente en el orden del día antes de las elecciones y en el sentido que pretendemos, tal como propondrá probablemente mañana el Parlamento. 
Señor Presidente, queridos colegas, en virtud de los Tratados, el Consejo no es una instancia de decisión, sino básicamente la más legítima instancia de impulso político de la Unión, porque todos los Jefes de Estado y de Gobierno son directamente responsables ante sus parlamentos respectivos. 
Ante la celebración de un Consejo Europeo, lo único que podemos hacer es formular votos. 
Abstengámonos de elaborar un catálogo exhaustivo, al estilo Prévert, de todos nuestros deseos, que inevitablemente encierra el riesgo de suscitar decepciones y desencantos, e intentemos limitarnos a algunas prioridades. 
Por mi parte, mantendré tres. 
Primera prioridad: la reforma de la Agenda 2000 y la futura financiación de la Unión. 
En un número creciente de países de la Unión, y no de los pequeños, se oyen voces al más alto nivel de que la contribución al presupuesto de la Unión debería estar a la altura de los beneficios financieros que perciben; es la generalización de la tesis del justo retorno que, en su momento, hizo célebre a la Sra. Thatcher. 
Se trata de una concepción cuando menos curiosa de la solidaridad europea de los gobiernos que se las dan de campeones de lo social. 
Jamás la Unión había tenido tantos gobiernos de dirección o con participación socialista y, sin embargo, jamás había habido tantos que, al menos en las declaraciones de intenciones, reniegan del principio de solidaridad, que es la base de nuestra acción común y el aval para la prosperidad de todos los países de la Unión. 
Alerto solemnemente contra el riesgo de desmantelamiento de la Política Agrícola Común, al que conduciría la cofinanciación de esta política. 
Alerto asimismo contra el riesgo que para el equilibrio económico y social de nuestras regiones supondría una disminución de los créditos asignados a los Fondos estructurales, al Fondo social y a los Fondos de cohesión. 
Segunda prioridad: la ampliación de la Unión. 
Ya lo hemos dicho, por su simbolismo político y sus retos sociales, económicos y comerciales, la actual ampliación no es comparable a las anteriores. 
Debemos cuidarnos de excluir a algunos Estados so pretextos discutibles, y de no volver a crear con ello divisiones artificiales entre los países candidatos. 
Velemos también por que no se subestimen las grandes dificultades que esperan a los interlocutores económicos de los Quince y también a aquellos de los países candidatos. 
Última prioridad que pondré de relieve en la víspera del Consejo Europeo: la reforma de las instituciones. 
Una reforma ligada a las ampliaciones futuras y que imperativamente debe producirse antes de cualquier ampliación, pero sin que sirva de pretexto para retrasar dicha ampliación. 
La pelota está en el campo de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Por ello, seamos exigentes, queridos colegas, y exijamos solemnemente a estos Jefes de Estado y de Gobierno de los Quince que debatan sin tabúes ni segundas intenciones las auténticas reformas que Europa necesita si quiere continuar viva y desarrollándose. 
Señor Presidente, coincido plenamente con la Sra. Ferrero- Waldner en que el Consejo Europeo de Viena será decisivo para intentar resolver problemas clave de la construcción europea. 
El primero de ellos, el empleo. 
Por ello, nuestro Grupo insiste en el apoyo a las políticas de empleo, más allá de la coordinación de las políticas nacionales y de las directrices comunitarias. 
¿Será posible, a partir de la cumbre de Viena, tener una política europea de empleo? 
Debemos poner en esto el mismo empeño que se ha puesto para conseguir la moneda única, ya que, a nuestro juicio, el pacto de estabilidad y el rigor con que se aplica representan un freno a la creación de empleo y no favorecen los intereses de los ciudadanos. 
No estamos de acuerdo con la reciente declaración de Tony Blair y de José María Aznar, primeros ministros de Gran Bretaña y España, basada en una mayor flexibilidad del mercado de trabajo y en una reducción de la cobertura por desempleo para evitar, según se dice, que los parados se aferren a los subsidios. 
Con esta filosofía y con estas recetas, ni se impulsan políticas de empleo ni se defiende el modelo social europeo. 
Nos parecen más positivas la filosofía del Gobierno francés con las 35 horas y las propuestas de Oskar Lafontaine que, en conjunto, podrían suponer fuertes inversiones, especialmente en redes europea de transporte, comunicación y energía. 
La propia Comisión, a la que tantas veces criticamos, ha realizado propuestas interesantes- bloqueadas, hasta ahora, por el Consejo- y cito algunas: la reducción del impuesto sobre el valor añadido para servicios intensivos en mano de obra, o la implantación de ecotasas para financiar políticas creadoras de empleo. 
En cuanto a la Agenda 2000, señora Presidenta, nos preocupa el fracaso del Consejo ECOFIN. 
Tanto el conjunto de la Agenda 2000 como, en particular, el informe sobre recursos propios, la programación de los Fondos y la representación externa del euro, han quedado aplazados. 
Por otra parte, la propuesta de la Presidencia austríaca de congelar el gasto en términos porcentuales y fijarlo para el próximo año en 85.000 millones de ecus nos parece un retroceso para la solidaridad interna, y no digamos si se atienden las sugerencias de algunos Estados miembros de reducir en términos reales el presupuesto comunitario, que bajaría al 1, 10 % del PIB comunitario. 
Esto dejaría el escenario de la ampliación en una gran incertidumbre; una ampliación que no acaba de tener un diseño claro y un calendario que garantice el éxito. 
Termino enseguida, señor Presidente, refiriéndome a la necesidad de marcar pautas claras en las relaciones con Turquía y de dar una respuesta estratégica y solidaria a los inmensos problemas de Centroamérica. 
Y, para finalizar, planteo el problema del Parlamento Europeo. 
Necesitamos de una vez por todas el Estatuto del eurodiputado, para que haya seriedad y transparencia ante nosotros mismos y ante la opinión pública europea. 
Bienvenida 
Quiero dar la bienvenida al presidente de la delegación de Letonia en la Comisión parlamentaria mixta Unión Europea/Letonia, Sr. Gundars Bojars, así como al Sr. Edvins Inkens, presidente de la Comisión para Asuntos Europeos, que se encuentran en la tribuna oficial y han venido para seguir el debate, que se producirá a continuación, de los informes de la Comisión de Asuntos Exteriores referentes a la adhesión de los países candidatos. 
Bienvenidos. 
Consejo Europeo (continuación) 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, en Europa cada vez más personas ven con espanto cómo en el umbral del siglo XXI se repite la historia del siglo XIX. 
Una agresiva ideología económica neoclásica intenta forzarnos claramente a esta vuelta al pasado. 
Este neoliberalismo considera el desempleo exactamente como un indicador de la modernización, y la reducción de ingresos de los trabajadores como un avance. 
La desregulación se ha convertido en un precepto pseudo-religioso. 
Ante nada reaccionan con más euforia los mercados financieros como ante el anuncio de una reducción de plantilla y de despidos. 
Los daños destructores que esta ideología ha causado en los últimos años en el sudeste asiático, y en los nuevos países industriales o en Rusia parece que han causado poca impresión. 
Quien no quiere regresar al siglo XIX resulta tachado de reaccionario. 
La política se preocupa desde hace años por el desempleo masivo y la pobreza creciente. 
Pero aparte de la literatura política y de la poesía social se produce muy poco. 
No se puede evitar tener la impresión de que algunos apartados de la política europea se entienden precisamente como órganos auxiliares de esta ideología agresiva. 
Por ello, abogamos expresamente por que en la cumbre de Viena se establezcan definitivamente acciones concretas y se dejen de eludir las cuestiones centrales de la reforma. 
Exigimos objetivos cuantificados y cuantificables con plazos claros y procedimientos de evaluación, supresión del ruinoso dumping fiscal europeo, armonización del sistema fiscal, iniciativas para una reforma fiscal que tenga en cuenta el medio ambiente, reivindicación de la obligación del BCE de apoyar los objetivos europeos de la política económica dentro del marco de la estabilidad de los precios. 
Exigimos la regulación de los mercados financieros y la no imputación de las inversiones de fomento del empleo dentro del pacto de estabilidad. 
Por último, exigimos un debate sobre un reparto equitativo del trabajo mediante la reducción de la jornada de trabajo. 
Pasemos ya de la poesía política a los actos responsables. 
Señor Presidente, efectivamente, los ciudadanos europeos y muy especialmente los parados y los jóvenes esperan mucho del modelo social europeo y esperan beneficiarse de esta oportunidad histórica que constituye la llegada al poder de gobiernos de izquierdas en la mayoría de los países de Europa. 
En el fondo, estos gobiernos no tienen derecho a fracasar en la implantación de una política que responda a las expectativas de los ciudadanos. 
No podemos seguir adoptando fórmulas generosas o compasivas ante la realidad. 
Ha llegado el momento, en la cumbre de Viena, de idealizar la Europa social poniendo los medios para que los pueblos se sientan implicados por un gran designio en materia social, y me siento tentado a decir, que sea digno de nuestras tradiciones democráticas y progresistas. 
Ahora bien, lo que más les afecta es ante todo el desempleo, a lo que se ha referido la señora Ministra. 
Es ahí donde hay que golpear fuerte, y a pesar de que podemos alegrarnos por la tendencia bajista del desempleo en Europa, conviene absolutamente concretar ahora las propuestas que se hicieron en Luxemburgo en 1997, en la Cumbre sobre el Empleo, que se fijaba la prioridad de no dejar a un joven sin trabajo durante más de seis meses, y a un adulto durante más de un año. 
Sigamos por esta vía y vayamos más lejos con el establecimiento de un nuevo Estado-providencia que fomente el empleo y la formación durante toda la vida para cada ciudadano de la Unión. 
Pongamos los medios para que en caso de cualquier despido, de cualquier período de paro, se desencadene automáticamente una formación remunerada obligatoria que no sea un «cursillo de aparcamiento». 
En mi opinión, es una manera de desterrar de nuestro vocabulario la palabra «desempleo». 
La beneficencia es a veces una necesidad, pero ésta sólo tendrá sentido si está claramente ligada a un proyecto de inserción y de formación. 
De lo que se trata es que durante su vida, un individuo alterne la actividad con la formación, pasando de una a otra sin ninguna ruptura no deseada. 
He aquí un gran proyecto innovador. 
Los gobiernos de los países de la Unión deberán defender este proyecto no solamente en la cumbre de Viena, sino también en las próximas elecciones europeas de junio de 1999. 
Señor Presidente, Señorías, en el tema de la política exterior- tema que entra en esta discusión -, para señalar su falta en el ámbito comunitario, me permito apuntar de un modo emblemático al problema Ocalan. 
La Europa de la izquierda se manifiesta del peor modo posible, pues el diletantismo y la demagogia de algunos integrantes del gobierno italiano tienen su contrapartida en la hipocresía y la cobardía, como decía el titular del Frankfurter Allgemeine Zeitung, del gobierno alemán que, aun cuando los jueces han dictado una orden internacional de arresto contra el líder del PKK, prefirió dejar la patata caliente- como se suele decir- a los compañeros progresistas italianos. 
A esto hay que añadir que Kostas Simitis, el primer ministro griego- cuyo gobierno ya antes se había negado, aunque no de forma oficial, a recibir a Ocalan -, se pronunció a favor de conceder asilo político al dirigente del PKK, si bien dejaba este «honor» a Italia, un país que, según sus palabras, «gestiona muy bien el tema». 
Debo decir que, si esta es la solidaridad en materia de política exterior entre los partidos pertenecientes a la misma Internacional Socialista, tendremos que esperar que no se proyecte, en términos tan poco estimulantes, sobre la gestión de las políticas comunitarias. 
Relacionado con el caso Ocalan está el problema de las presiones, las intimidaciones, los actos de terrorismo, concretados o simplemente anunciados como amenaza por parte de los grupos étnicos y religiosos organizados y presentes en gran cantidad en el territorio europeo, como denuncia el propio Peter Schneider, un intelectual destacado de la izquierda alemana, cuando afirma: «Está claro que Turquía quiere manipular, a modo de quinta columna, a la minoría turca de Alemania. 
Idéntico comportamiento parecen adoptar los kurdos.» 
Hay que añadir que esos inmigrantes podrían ser llevados no sólo a comportamientos violentos sino que también, en el momento de una consulta electoral, podrían ser inducidos a dar sus votos a los ciudadanos o a las coaliciones que les garanticen o prometan garantizar la defensa de sus intereses. 
Por lo tanto, para los representantes de Alianza Nacional, el caso Ocalan ha puesto en evidencia los límites de la actual construcción comunitaria, es decir, su enanismo en el campo de la política exterior y de seguridad común y sus vacíos en los campos de la justicia y de la jurisdicción internacional. 
Es casi saludable esta crisis, pues ha demostrado la insuficiencia y la falta de voluntad por parte de cada uno de los Estados miembros para asumir sus responsabilidades y, por separado, tratar de resolver unos problemas cuya reiteración podría ser muy negativa en términos de orden público, de relaciones diplomáticas y comerciales. 
Un motivo más, por tanto, para que por fin se establezca una verdadera política exterior común y para crear un Tribunal Europeo serio, al que se pueda confiar la resolución jurídica de casos análogos al de Ocalan. 
Señor Presidente, quisiera referirme al tema que nos ocupa, la cumbre de Viena, y mencionar a este respecto dos puntos que a mi juicio son decisivos para el éxito o fracaso de la cumbre, a saber, el empleo y la política exterior. 
En lo que respecta a la cuestión del empleo, algunos oradores ya han tomado postura. 
No se trata de que no tengamos nada mejor que hacer, sino que, dada la especial importancia de este tema para Europa, que tiene una tasa de desempleo intolerablemente elevada, debemos proponer constantemente nuevas iniciativas en favor del empleo. 
Con el Tratado de Amsterdam hemos conseguido algunos progresos. 
En Cardiff, y sobre todo en Pörtschach, se ha confirmado que la política de empleo debe convertirse aún más en el tema central. 
En la Comisión se han examinado los planes nacionales de empleo de algunos Estados miembros. 
Debo decir que se han tratado con mucha suavidad, y también sé que la Comisión debería haber tratado con más dureza a algún Estado miembro. 
Espero que fuera la suavidad de las primeras hornadas, porque estoy absolutamente convencido de que la Comisión, y probablemente también el Consejo, debe tratar con más dureza a los Estados miembros que en la práctica no responden a los planes, propuestas y objetivos planteados. 
Debemos tomar todas las medidas de las que ya se ha hablado, en concreto en la intervención de Manolo Medina. 
¿Qué ocurre con las inversiones en Europa? 
¿Se van a llevar a cabo verdaderamente todas las medidas que están contenidas en el Libro Blanco de Delors, tal como se anunció en Pörtschach? 
¿Qué ocurre con la cooperación de los países en materia fiscal? 
¿Hay realmente una política fiscal que coordine e incluya la política económica? 
A veces tengo la impresión de que los miembros del Consejo y algunos países tienen miedo de su propio coraje. 
Se dice que se quiere hacer algo, pero en cuanto se presenta una propuesta concreta se encuentran suficientes razones para evadirse de ella. Quisiera decir una vez más con toda claridad que, en la política de empleo, considero absolutamente imprescindible unas directrices más claras sobre el empleo y una revisión más en profundidad de algunos países por parte de la Comisión. 
Política exterior: ya se ha hablado del tema y en cualquier caso es bueno que el Comisario van den Broek esté aquí, quien quizá se alegre a corto plazo de no tener colegas del Consejo en el terreno de la política exterior. 
Pero quiero recordar que en Cardiff se dijo claramente que en Viena habría que nombrar un Sr. o una Sra. PESC. 
En Pörtschach se ha confirmado esto. 
No obstante, ahora se oyen rumores de que, en principio, esto es lo que se quiere hacer, pero que no se llega a ningún acuerdo sobre el nombre de la persona y que el consejo esta retrocediendo de nuevo ante la decisión de nombrar a un alto representante. 
O el Consejo tiene claro que es importante nombrar a este representante y entonces debe nombrarlo ahora y con rapidez después de todas las experiencias negativas habidas, o el Consejo no lo considera importante, y entonces habrá que suprimir estas disposiciones del Tratado de Amsterdam. 
Lo segundo es totalmente inaceptable, también por parte de este Parlamento. 
Se dice: sí, el Sr. o la Sra. PESC es una personalidad relevante. 
Debemos incluirlo en un mismo paquete junto con el Presidente de la Comisión y otras personalidades. 
Pregunto: ¿no sabe el Consejo, no saben los Estados miembros que en el fututo el Presidente de la Comisión será elegido también por este Parlamento y que así sucederá en lo sucesivo? 
¿No comprende que los procedimientos de designación han cambiado y que él debe tomar la decisión importante y que es él quién debe adoptar la decisión relativa a la persona que ha de representar la política exterior en nombre del Consejo, y que será también el interlocutor y el homólogo del Sr. van den Broek y otros colegas de la Comisión? 
Sería un claro signo de debilidad del Consejo y sería una continuación de la indecisión actual del Consejo en temas de política exterior que no tomase estas decisiones en la cumbre de Viena, y creo que este Parlamento debe decir clara y firmemente: si se quiere cambiar y hacer eficaz la política exterior de la Unión Europea necesitaremos un alto representante del Consejo cuya elección se debe decidir ahora en Viena. 
Señor Presidente, una vez más es una lástima que el Presidente del Consejo ya no esté aquí. 
Tenemos la costumbre hoy en día de actuar para la galería. 
Quisiera referirme a dos asuntos. 
Uno es la cuestión de los aspectos financieros de la Agenda 2000. 
Si el informe del Ecofin de ayer y de anteayer es mínimamente correcto, la Comunidad Europea parece, por desgracia, sumida en el caos. 
Según la Agencia Europa, España impugnó vehementemente el proyecto de conclusiones para su presentación al Consejo Europeo de Viena. Eso muestra que sobre ese aspecto no hay, en realidad, grandes avances a la vista. 
Si la Presidencia del Consejo estuviera aquí, le preguntaría cuál es su estrategia a ese respecto. 
En segundo lugar, la cuestión del tercer pilar: en Cardiff se habló mucho de los avances en materia de justicia y asuntos de interior. 
Pero, dicho sea francamente, desde entonces ha habido muy pocos avances. 
Se trata de un aspecto de la mayor importancia. 
Estábamos presentes ayer en la Comisión de Libertades Públicas cuando habló el Presidente del Consejo, el Ministro de Asuntos Interiores. 
Ya debería haberse producido la integración del Acuerdo de Schengen en el marco del Tratado de la UE, unos 16 meses después de la firma en Amsterdam. 
No ha sido así. 
Seguimos sin saber en este momento qué parte corresponderá al primer pilar y cuál al tercer pilar. 
El peligro es que, si ratificamos el Tratado de Amsterdam y no ha habido ningún avance, el resultado será el de que todo permanecerá en el tercer pilar. 
Por si fuera poco, ahora parece que en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior se habla de crear un comité especial para supervisar los asuntos relativos a la justicia que no está establecido en el primer pilar. 
En el primer pilar está el COREPER, está la Comisión, pero no el Comité K4, el Comité Especial sobre Justicia y Asuntos de Interior. 
Quisiéramos preguntar cuál es la posición de la Presidencia al respecto. 
¿Cuál es la actitud de la Comisión? 
Veo aquí al Comisario Van den Broek. 
Espero que pueda responder que la Comisión no aceptaría situación no legal alguna en materia de justicia y asuntos de interior. 
En particular, es muy importante que ese comité forme parte de esa estructura tradicional y no del tercer pilar ni de la estructura gubernamental. 
Señor Presidente, la cuestión del empleo está efectivamente en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos de la Unión, y deben ponerse todos los medios para luchar eficazmente contra el paro, crear empleo, especialmente en favor de los jóvenes y de los parados de larga duración. 
La cumbre de Pörtschach estuvo marcada por un cambio de tono, por palabras nuevas y por el acento en el crecimiento y el empleo. 
Hay que decir que el rechazo del liberalismo y la aspiración a una sociedad más humana han sido los lemas de todas las elecciones que se han celebrado recientemente en varios países de la Unión. 
Ahora deben concretizarse las intenciones. 
Es lo que los ciudadanos esperan de la próxima cumbre de Viena. 
He escuchado al Presidente Santer hace un momento y he sentido cierta preocupación cuando he sabido cuáles serán las líneas directrices para las políticas de empleo para 1999 que la Comisión presenta a los Jefes de Estados y de Gobierno. 
La Comisión sigue favoreciendo las medidas que recomiendan la flexibilidad del trabajo y la moderación social en aras de la competitividad. 
La reciente jornada europea de acción de los ferroviarios contra la voluntad desreguladora de la Comisión ha puesto perfectamente de manifiesto la exigencia de los servicios públicos a la altura de las necesidades actuales de la Unión. 
La cumbre franco-alemana que acaba de celebrarse reafirma la voluntad de reforzar un modelo social europeo. 
Dicha cumbre se declara incluso a favor de objetivos vinculantes y auténticos. 
Por ello, la cumbre de Viena debe pasar a la acción. 
Para adecuar las intenciones a los actos, creo que existen tres requisitos indispensables. 
En primer lugar, una nueva definición de los poderes y misiones del Banco Central Europeo, y la necesidad de su control democrático por parte del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. 
En segundo lugar, una bajada de los tipos de interés, de acuerdo, pero una bajada selectiva en favor de los proyectos de creación de empleo. 
En tercer lugar, la sustitución del actual pacto de estabilidad por un auténtico pacto sobre el crecimiento y el empleo. 
Por último, no hay progreso posible sin contar con los ciudadanos. 
Existe la necesidad de fomentar un auténtico diálogo social, desarrollar grandes debates públicos sobre este reto importante para la Unión que es el empleo. 
Una conferencia anual sobre política económica y empleo podría contribuir a este fin y permitiría verificar los resultados obtenidos, al tiempo que propone adaptaciones políticas en materia de empleo, en caso necesario, con criterios vinculantes y cuantitativos. 
Señor Presidente, en vista de la abundancia de temas de contenido importante que están incluidos en el orden del día de la cumbre de Viena- y la presidencia del Consejo nos ha presentado un verdadero popurrí- sólo queda desear a la presidencia del Consejo valor y éxito en el debate. 
Será decisivo que se den los pasos adecuados en una serie de temas centrales, por ejemplo, la ampliación y la Agenda 2000. 
Con respecto a los muchos aspectos importantes no resueltos, pero esenciales, del sector agrario y estructural, me pregunto cómo podrá mantenerse la agenda. 
Lo pregunto sobre todo porque, en efecto, se trata- y eso lo hace tan difícil -, se trata de intereses y no de fantasías. 
Así pues, la Presidencia austriaca debe velar por que se adopte el curso adecuado y por que el timón apunte en la dirección correcta. 
Esta es una tarea difícil. 
Hacer de la política de empleo el tema principal ya supone dirigirnos por el buen camino, aunque todavía nos falta una aplicación eficaz. 
No faltan análisis y expedientes. 
También aquí acucia el tiempo, porque aún queda un largo y difícil trayecto desde la toma de decisiones hasta los resultados concretos, que son: más empleo y menos parados. 
Señor Presidente, aunque en el banco no se encuentran sentados ahora prestigiosos representantes de la Presidencia austriaca, quisiera mostrar mis respetos a la labor realizada hasta ahora por la Presidencia austriaca. 
Han sacado adelante muchos problemas que han surgido y con ello han contribuido a que la entrega del testigo a la Presidencia alemana pueda conducir sin problemas a resultados y decisiones. 
Parece casi imposible, por la abundancia de tareas (eso dicen muchos colegas aquí) , pero quiero señalar expresamente que no puede haber ninguna duda, tampoco ahora en Viena, antes del traspaso de poderes de la Presidencia del Consejo, de que debe mantenerse el calendario previsto para la Agenda 2000 en el primer semestre. 
Como Parlamento, organizaremos nuestros trabajos de tal manera que no podrá haber excusas por parte del Consejo. 
Esto será muy difícil, tendremos que ponernos de acuerdo, pero confiamos en poder hacerlo. 
Con la Agenda 2000, con los muchos problemas que quedan por solucionar, la Presidencia siguiente no debería olvidar realizar algunos preparativos- y sería bueno que en Viena quedara claro- para las necesarias reformas institucionales. 
Sabemos que pueden decidirse y ponerse en práctica en una próxima conferencia intergubernamental, pero no hay que esperar a que llegue ese momento. 
Los trabajos deben comenzar ya. 
Deben plantearse propuestas y alternativas para sacar adelante las reformas internas, sobre todo en el ámbito de las reformas institucionales. 
Porque ¿de qué sirve cumplir los objetivos de la Agenda 2000 con respecto a los Fondos agrícolas y estructurales- también mediante soluciones de compromiso- si las negociaciones son tan amplias que en algún momento se puede hablar de la acogida de nuevos miembros, pero las reformas institucionales aún no se han llevado a cabo? 
El Parlamento lo tendrá difícil- y ya conocemos el debate en todos nuestros grupos- para que en la primera acogida de nuevos Estados miembros se realicen las reformas institucionales antes de tomar la decisión. 
Hay otro punto que me gustaría abordar. Por supuesto, en Viena sigue estando en el orden del día el tema del empleo. 
Sería bueno que con ayuda de todas las instituciones, y también de todos los diputados, se acabara el debate, bastante indescriptible, celebrado en Gran Bretaña, azuzada por una parte de la prensa. 
No se trata de un armonización fiscal en el sentido de nivelación de clases; se trata, llana y simplemente, de que los Estados miembros encuentren un camino también en el tema del empleo, para ponerse de acuerdo sobre cómo intentar sacar adelante las inversiones, naturalmente con ayuda de la política fiscal. 
Debe quedar claro cómo con una actividad común, razonable y acordada en materia fiscal, el factor trabajo puede quedar más liberado de las considerables cargas fiscales impuestas en algunos Estados miembros, para que merezca la pena crear empleo, no sólo por medio de inversiones, sino también por medio de inversiones más cifras de empleo. 
Esto habría que intentar dejarlo claro de común acuerdo. 
Para ser sinceros, la Unión Europea a veces no difiere mucho de lo que ocurre entre poblaciones vecinas. 
Se intenta atraer a los inversores con reducciones de tasas y con terrenos baratos. 
No es eso lo que nos hace falta en la Unión Europea, sino un acuerdo, absolutamente necesario, de que en el terreno del empleo todos deben obtener algún provecho. 
Me adhiero plenamente a la opinión del Sr. Swoboda. 
El Consejo debería decidir lo más rápidamente posible la persona responsable del Consejo en materia de política exterior y de seguridad común. 
Esto debe hacerse con la mayor rapidez posible, pero el Consejo no debe intentar meter en un sólo paquete todo lo que hay que aclarar en los próximos meses en materia de personal. 
No se pueden hacer las cuentas sin el patrón, y el patrón en algunas decisiones relativas al personal es realmente- gracias a Amsterdam- el Parlamento. 
Hay que pensar que tenemos elecciones europeas en junio del año que viene. 
Señor Presidente, quisiera comenzar con el aspecto al que se ha referido al concluir su intervención el Sr. Görlach: que el año próximo tenemos en la Unión Europea elecciones al Parlamento Europeo. 
La reunión en la cumbre de Viena desempeñará un papel decisivo al establecer el programa los seis primeros meses del próximo año. 
No será sólo el programa de la Presidencia alemana. 
También tenemos que demostrar que en Viena hay compromiso con vistas a lograr que los ciudadanos de Europa vuelvan a conectar con el proyecto de la Unión Europea. 
Como sabemos por nuestros Estados miembros, los últimos años no lo hemos logrado. 
Ésa es la razón por la que la cuestión del empleo, que se examinó en la reunión oficiosa en la cumbre, debe ser un aspecto decisivo en los debates de Viena. 
El Grupo Socialista insiste en que consigamos medidas concretas relacionadas con el aprendizaje a lo largo de toda la vida, con iniciativas en materia de educación, con el intento de dar a nuestros ciudadanos una mejor educación básica, pero también las aptitudes para desempeñar empleos con valor añadido. 
El empleo debe ser el meollo del programa. 
Si queremos que los jóvenes participen en el proyecto de la Unión Europea, tenemos que velar por ofrecerles algo. 
Hoy la mayoría de los jóvenes de toda la Unión Europea- ya vivan en Alemania, en Finlandia, en el Reino Unido o en el sur de Europa -, están preocupados por su futuro y por su futuro empleo o su futuro papel en la sociedad. 
Conque esperamos que, cuando concluya la reunión de Viena, haya medidas concretas vinculadas con los planes de acción en materia de empleo de cada uno de los Estados miembros que contribuyan a reducir el nivel global de desempleo, pero en particular el desempleo de larga duración y el desempleo entre los jóvenes. 
También es importante para volver a conectar a Europa con sus ciudadanos que examinemos nuestro papel global. 
En los últimos meses y a lo largo del último año hemos padecido la crisis económica mundial. 
Hemos visto problemas importantes en muchos mercados del mundo entero y, naturalmente, nuestra propia economía ha sufrido las consecuencias. 
Reviste importancia extraordinaria que la reunión en la cumbre de Viena envíe una señal firme en el sentido de que Europa se propone desempeñar su papel para contribuir a aportar estabilidad a la economía mundial. 
Eso significa que debemos insistir de nuevo en Viena en un aumento de la transparencia y la recuperación del sistema financiero internacional. 
Tenemos que mejorar los procesos de vigilancia de las políticas nacionales. 
Tenemos que determinar cómo pueden los países de mercados en ascenso protegerse de una excesiva inestabilidad financiera. 
Durante esas reuniones Europa no puede limitarse a mirarse el ombligo, tenemos que mirar hacia fuera. 
Con la llegada del euro la Unión Europea será un centro de estabilidad en la economía mundial. 
También quiero decir algo sobre el mercado laboral y la necesidad de flexibilidad en el mercado laboral. 
En la Unión Europea hay un importante debate sobre si necesitamos la flexibilidad en el mercado laboral. 
Uno de mis colegas lo ha dicho hace un momento. 
En una economía mundial dinámica tiene que haber flexibilidad del mercado laboral. 
Tiene que haber empleabilidad. 
La idea de que hagamos funcionar nuestro mercado laboral como hace diez años o incluso cinco años provocará un aumento del desempleo. 
Permítaseme también aludir a la cuestión de la fiscalidad, ya que el Sr. Görlach la ha mencionado en su intervención. 
Sabemos que la Presidencia austríaca ha intentado sacar adelante ciertas medidas sobre coordinación fiscal y también sé que la Presidencia alemana examinará la posibilidad de fortalecer la coordinación fiscal. 
Pero la palabra oportuna es «coordinación». 
No es «armonización». Agradezco profundamente que el Comisario Mario Monti haya cambiado el programa de Europa a ese respecto. 
No pretendemos que haya una moneda única y un mercado único con armonización fiscal. 
Lo que pretendemos es coordinar en los casos en que pueda resultar beneficioso para el empleo y para la inversión. 
Creo que sería muy útil que los medios de comunicación británicos, en particular, aprendieran la diferencia- en particular porque son palabras que existen en inglés- entre descripción y definición de la coordinación y la armonización. 
Señor Presidente, como sólo dispongo de unos pocos minutos quisiera limitarme a dos observaciones y una pregunta en mi calidad de presidente de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. 
La primera observación se refiere a la buena voluntad de los ministros implicados. 
Los Ministros Michalek y Schlögl siempre se han tomado la molestia de intercambiar ideas con nosotros, tanto en el seno de las reuniones de nuestra comisión como fuera de ellas. 
Ayer mismo ambos ministros viajaron a Bruselas para deliberar con la comisión. 
Desafortunadamente, la satisfacción que nos producen estos esfuerzos de carácter informal no se extiende a los aspectos más formales de la cuestión. 
En contra de lo estipulado en el artículo 6 del Tratado de Maastricht, y a diferencia de lo sucedido bajo Presidencias anteriores, no hemos sido consultados sobre una serie de temas de gran importancia. 
Así, no se nos ha consultado sobre un problema tan sumamente relevante y actual como el de la política de asilo y de la política en favor de los refugiados. 
El llamado «documento estratégico austríaco» llegó a nuestras manos por mera casualidad. 
¿A quién se le ocurre hacer caso omiso de la voz del Parlamento en este expediente de alta sensibilidad social? 
El otro ejemplo es aún más sangrante si cabe. 
Se trata de un plan de acciones destinado a crear un espacio de seguridad, libertad y derecho. 
Dicho de otro modo, un plan para el futuro. 
Y una vez más se ha dejado fuera al Parlamento. 
En resumidas cuentas, el Parlamento no ha sido consultado sobre ninguno de los cuatro asuntos que van a debatirse en la cumbre de Viena, donde, como acaban de comunicarnos, también se abordarán los problemas de la droga y del crimen organizado, además de las dos cuestiones ya mencionadas. 
Este procedimiento atenta contra el artículo 6 del Tratado de Maastricht. 
Es por lo que querría preguntar a la Presidenta en ejercicio del Consejo, que desgraciadamente ha salido de esta sala, cuándo piensa proceder a dicha consulta no sólo con respecto al plan de acciones sino también en lo que se refiere a ese otro documento estratégico importante. 
Señor Presidente, tres observaciones: 
Primera: creo que el Consejo de la cumbre de Viena debe ocuparse seriamente de todas las cuestiones que han expuesto el Gobierno alemán o el francés o el italiano u otros gobiernos, temas relacionados con una rectificación de la línea de Maastricht, temas que atañen a las relaciones entre la política y los banqueros, al nivel de los intereses, a si el único tema será la estabilidad monetaria o también el desarrollo y el empleo, a la fiscalización del capital circulante etc. Se ha abierto un debate. 
Los gobiernos de los Estados miembros están obligados a comenzar a trazar todos juntos nuevas directrices para la Unión Europea. 
La segunda está relacionada con la Agenda 2000. 
Está claro que es un tema que no va a acabar. 
Lo que quiero decir es que si alguien desea, si quiere, correctamente, la ampliación de la Unión Europea hacia Europa central y oriental, debe estar preparado para hacerse cargo de una gran parte de este coste, y no arrojarlo al sur de la Unión Europea, anulando derechos adquiridos. 
La última observación es que debemos volver nuestra atención hacia los temas de política exterior, especialmente a los relacionados con Turquía. 
Cardiff fue un mal paréntesis y debemos volver a los criterios concretos de Luxemburgo sobre el problema kurdo- es un tema actual -, sobre la cuestión de Chipre, sobre las relaciones con los vecinos y los derechos humanos. 
Creo que el Consejo de la cumbre de Viena debe hacer esto. 
Muchas gracias, señor Alavanos. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas 
Solicitudes de adhesión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0430/98 del Sr. Caccavale, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Letonia a la Unión Europea con vistas al Consejo Europeo de Viena (11 y 12 de diciembre de 1998) (COM (97) 2005- C4-0377/97) ; -A4-0428/98 del Sr. Bernard-Reymond, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión de Rumania a la Unión Europea, con vistas al Consejo Europeo de Viena (11 y 12 de diciembre de 1998) (COM (97) 2003- C4-0375/97) ; -A4-0427/98 del Sr. Wiersma, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Eslovaquia con miras al Consejo Europeo de Viena (11 y 12 de diciembre de 1998) (COM (97) 2004- C4-0376/97) ; -A4-0431/98 del Sr. Kristoffersen, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Lituania, con vistas al Consejo Europeo que se celebrará en Viena los días 11 y 12 de diciembre de 1998 (COM (97) 2007- C4-0379/97) ; -A4-0429/98 de la Sra. Aelvoet, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Bulgaria, con vistas al Consejo Europeo que se celebrará en Viena los días 11 y 12 de diciembre de 1998 (COM (97) 2008- C4-0380/97). 
Señor Presidente, Señorías, ante todo, una premisa de orden general. 
En lo relativo al proceso de adhesión- y me complace ver en esta Asamblea al Comisario Van den Broek -, la Comisión se ha equivocado. 
El Parlamento Europeo lo había dicho claramente: dividir a los países candidatos en dos grupos, aun con ciertos matices lingüísticos entre los in y los pre-in, fue un error. 
Me parece que esto es manifiesto para todos: incluso la Comisión lo ha reconocido, cosa que obviamente nos complace. 
En lo relativo a Letonia, la cosa es obvia. 
Este país ha hecho progresos económicos extraordinarios en los últimos años; ha registrado una baja vertical de la inflación, que hoy se sitúa alrededor del 7 %; cuenta con un crecimiento del producto interno bruto de un 8 ó 9 % y, desde hace dos años, con un presupuesto sin pérdidas, algo que yo desearía para muchos Estados de la Unión Europea; además, de una manera muy rápida ha puesto en marcha, y casi llevado a su término, el proceso de las privatizaciones. 
Por consiguiente, me parece que Letonia responde en plenitud a todos los requisitos para iniciar de inmediato las negociaciones de adhesión. 
En el aspecto de los criterios políticos, considero que en Letonia la democracia es un hecho consumado. 
Lo es no sólo porque continúan celebrándose elecciones que se desarrollan con absoluta normalidad y con pleno respeto de los criterios democráticos, sino también por todo lo ocurrido en el famoso referéndum de las últimas semanas. 
Con este referéndum se puso en manos de los ciudadanos la posibilidad de elegir si se confirmaba la nueva ley sobre la ciudadanía- que de hecho brindaba a los denominados no ciudadanos, a los apátridas, la posibilidad de adquirir la ciudadanía letona- o bien se abolía. 
Fue un acto de gran valor, de gran fuerza democrática, una gran prueba de democracia. 
Me pregunto cuántos países de la Unión Europea habrían estado en condiciones de poner en manos de sus ciudadanos un asunto tan delicado, un asunto que toca de cerca a todos los habitantes de Letonia, tanto a sus ciudadanos como a los que no lo son. 
Es verdad que aún quedan sin solución algunos problemas: la integración de los extranjeros no es total aún, motivo por el cual todavía hay un 25 % de la población residente que no tiene pasaporte, que se encuentra en una situación ambigua respecto de la antigua situación soviética; aún hay una administración anticuada, que no está en condiciones de responder a las exigencias de los ciudadanos; el dispositivo judicial es vacilante de momento, pues los códigos deben renovarse, y la clase dirigente de jueces y abogados aún no está a la altura de su tarea. 
En resumen, se trata de un Estado de derecho que se halla en plena construcción. 
Señor Presidente, no podemos olvidar que en Letonia hace sólo siete años- repito, hace siete años y no setenta- en lo más alto ondeaba la bandera roja con la hoz y el martillo de la Unión Soviética. 
El país era parte de la Unión Soviética, de un régimen que, de hecho, había anulado todos los derechos de la población, había pisoteado cualquier posible desarrollo y, naturalmente, ha dejado una herencia terrible. 
Si no comprendemos esto- y por tanto tampoco las deportaciones ni la ocupación militar del país- no podremos comprender las razones por las que es tan devastadora, tan negativa, la herencia de la administración del Estado y del sistema judicial. 
Por esta causa, señor Presidente, en Riga se respira un aire europeo que es mucho más fuerte, intenso y vigoroso que el que se respira en Roma, en París o en Londres. 
Señor Presidente, considero que estamos ante un reto extraordinario: el de dar a estos países la posibilidad de iniciar inmediatamente el proceso de adhesión, mediante las negociaciones previas. 
Cuando se dice que empiezan las negociaciones, no se quiere decir que llegarán a su fin mañana, sino que estos países se sentarán a la mesa con los demás Estados, a la par con Polonia, la República Checa, Estonia, Hungría y todos los restantes. 
Sobre este punto, señor Presidente, mi informe, con el voto de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, indica al Consejo y a la Comisión que se revise el juicio sobre Letonia y sin más dilación se pongan en marcha las negociaciones con este país. 
Señor Presidente, señor Comisario, mis queridos colegas, Rumania atraviesa actualmente por un período algo difícil. 
En el plano económico, la bajada del producto nacional bruto, que superó el 6 % en 1997, lamentablemente se mantiene en 1998. 
A pesar de grandes progresos, la inflación sigue siendo muy alta, la moneda se ha devaluado en un 25 % desde comienzos de año, el déficit público está en alza, la deuda exterior aumenta y el clima social se degrada. 
Estos indicios macroeconómicos no son muy alentadores y hacen tanto más difícil las reformas estructurales indispensables y urgentes, pero que, sin embargo, tardan en concretizarse. 
Esta situación se debe, en buena medida, a una herencia sumamente pesada, sin duda la más pesada de todas las antiguas democracias populares de la Europa del Este. 
Pero esta situación se debe asimismo a las dificultades que encuentra el Gobierno para garantizar la coherencia y continuidad de sus acciones, como consecuencia del carácter algo heterogéneo de la coalición en el poder y del apoyo demasiado cíclico de su mayoría parlamentaria. 
Es en este contexto en que debe examinarse la situación de Rumania respecto a los criterios de Copenhague y a la luz del informe de la Comisión del pasado 4 de noviembre. 
En el plano político, Rumania ha realizado indiscutiblemente considerables esfuerzos que hoy nos permiten afirmar que, si sólo se tratara de dichos criterios, Rumania estaría a las puertas de la adhesión. 
Es cierto que quedan progresos pendientes en materia de protección de los niños de la calle, el control del poder judicial por parte de la policía, la independencia de los periodistas, las condiciones de detención en las cárceles, la lucha contra la corrupción y la situación de los gitanos. 
Pero la voluntad del Gobierno respecto a estos diferentes puntos no deja lugar a dudas, y estamos seguros de que cada año traerá su parte de progreso en estos diferentes ámbitos. 
En el plano económico, a pesar de que el Gobierno ha reducido los aranceles, ha liberado la mayoría de los precios y el mercado de divisas y ha decidido acelerar las privatizaciones, aún falta mucho para culminar el marco legislativo necesario para el desarrollo de la economía de mercado. 
En cuanto a la transposición del acervo comunitario, es indiscutible que Rumania, también en este aspecto, ha realizado esfuerzos muy meritorios, pero aún quedan por hacer las reformas sustanciales. 
En estas condiciones, parece que Rumania debe emprender una política global en cuatro direcciones. 
En primer lugar, el restablecimiento de los grandes equilibrios económicos, que es un requisito imprescindible para toda evolución. 
Paralelamente, Rumania debe proseguir con determinación la reforma estructural de su economía, en particular, las diligencias de cara a las privatizaciones, la reforma del sistema bancario, la reestructuración de los grandes complejos y la modernización de la agricultura. 
El tercer eje es relativo al aspecto humano que debe acompañar a estas reformas estructurales. 
Esto significa, reformar la administración, luchar contra la corrupción y dotar de mayor coherencia la acción del Gobierno. 
Tres orientaciones que constituyen otras tantas herramientas que Rumania necesita absolutamente para avanzar por la vía de la adhesión. 
Por último, como decía hace un momento, Rumania debe proseguir sus esfuerzos de modernización en concepto del primer criterio de Copenhague, tanto es así, que en este ámbito, nada se alcanza nunca del todo. 
Cabe comprender, por consiguiente, que en estas circunstancias sea prematuro prever la apertura de negociaciones de adhesión con Rumania. 
Lo decimos con enorme pesar, sobre todo porque Rumania está próxima a nosotros, es europea por su cultura, su historia, su situación geográfica y su recuperada democracia. 
Su adhesión con el tiempo está fuera de toda duda, pero el camino que conduce hasta ella está sembrado de reformas importantes que el Gobierno rumano debe proseguir o iniciar, y que la Unión Europea debe apoyar con firmeza. 
Señor Presidente, hace un año llegamos en este Parlamento a la conclusión de que Eslovaquia no era lo suficientemente democrática como para poder ingresar en el grupo de países candidatos con los que se iniciarían las negociaciones de adhesión a la UE. 
El país cumplió todos los demás criterios menos éste, el más importante. 
Debió de ser un día muy triste para los ciudadanos de Eslovaquia. 
Entiendo que la decisión que tomó el Parlamento en aquel momento junto con la Comisión y el Consejo era la adecuada. 
Por decirlo de alguna manera, el Gobierno de entonces se tomaba muy a la ligera la cuestión democrática y ésa era la razón por la que nosotros decidimos aprobar la decisión de no admitir a Eslovaquia en el grupo de los países con los cuales se han entablado posteriormente negociaciones, a pesar de que este país cumplía los criterios económicos. 
Pero ayer- y desde aquella decisión ha pasado ya un año- tuve el honor de asistir en Bratislava al debate parlamentario sobre las ambiciones europeas de Eslovaquia en un Parlamento nuevamente elegido y con un Gobierno nuevo que está poniendo todo su empeño en borrar de nuestra memoria el Gobierno anterior. 
Eslovaquia ha vuelto a hacer su entrada en el mapa europeo tras las últimas elecciones de septiembre, en las que la coalición de Gobierno que nos causó tantos quebraderos de cabeza quedó apartada. 
El electorado eslovaco votó por Europa y en contra del aislamiento. 
Hoy hablamos de nuevo de Eslovaquia, pero en unas circunstancias bien distintas. 
Mientras que el año pasado preferimos mantener una distancia crítica, ahora estamos en condiciones de adquirir un compromiso positivo. 
Nuestra crítica contribuyó a que se instaurara el cambio. 
Ello nos obliga ahora a emitir una señal positiva. 
Por eso mismo, hoy día el debate sobre Eslovaquia aún reviste carácter político y es necesario que así sea debido precisamente a la implicación de este Parlamento en la historia reciente de este país. 
El nuevo Gobierno acaba de tomar posesión y sus primeras iniciativas apuntan en la buena dirección. 
Sus intenciones, tal y como figuran en el programa de Gobierno, son sumamente esperanzadoras. 
Eslovaquia opta por un rumbo diferente con relaciones democráticas normales en el seno de las cuales se respeta la Constitución, con un margen para la oposición, con un presidente elegido directamente, con una sociedad transparente en la que tienen cabida todos los ciudadanos, incluida la minoría húngara que tiene una representación en el nuevo Gobierno y, algo muy importante, con una actitud abierta hacia la Unión Europea. 
El nuevo Gobierno no pierde tiempo. 
Tiene una mayoría constitucional. 
Debemos apoyarlo en lo que podamos. 
Pero no sólo es preciso renovar la democracia, también hay que ocuparse de la economía. 
El Gobierno anterior ha permitido de forma injustificable que se acumulara el déficit, legando a sus sucesores una herencia económica envenenada. 
Con la ayuda de la UE y otros donantes y apoyado en los indicadores macroeconómicos, que aún siguen siendo relativamente ventajosos, Eslovaquia debe ser capaz de solventar sus problemas económicos. 
Esperamos, por lo tanto, que el Gobierno adopte medidas urgentes en el sentido aconsejado por la Comisión. 
Me refiero más en concreto a la solución de los problemas financieros, la reorganización del sector bancario cuyo funcionamiento deja mucho que desear, transparencia en la economía y una asimilación acelerada del acervo comunitario. 
A este respecto quisiera hacer una observación directamente relacionada con mi informe, que también tiene que ver con la situación económica. 
Rogamos al Gobierno eslovaco que lleve a cabo una política energética decidida. Una política energética orientada a cerrar los reactores nucleares inseguros. 
Sin embargo, me he percatado de que el único informe que lo tiene en cuenta es el de Bulgaria. 
Si yo acepto dicho punto en mi informe, me parece fundamental que también lo recojan los demás informes a fin de no causar la impresión de que este problema sólo merece nuestra atención en el caso de Eslovaquia y Bulgaria. 
Opino que también afecta a otros países. 
Pero solamente quería mencionar este asunto de pasada. 
Los eslovacos hubieran deseado que nosotros aconsejáramos ahora al Consejo que iniciara negociaciones sobre la adhesión. 
Ojalá pudiéramos hacerlo, pero la ampliación es una cuestión muy seria en la que las intenciones deben cotejarse con los resultados. De momento, eso no es posible y no quiero reprochar nada a nadie. 
A partir de hoy, el Gobierno eslovaco podrá pasar de las palabras a los hechos. 
Si no me equivoco, el Parlamento eslovaco está votando en este mismo momento- o si no lo hará esta tardela moción de confianza del nuevo Gobierno. 
Por esa razón, la Comisión recomienda con razón esperar un poco. 
Ahora bien, las salas de espera de Bruselas son muy amplias y los tiempos de espera son imprevisibles. 
Yo creo que Eslovaquia tiene derecho a una cita, a una segunda oportunidad. 
Dicha cita debe ir acompañada de una fecha concreta, no vale un «ya veremos en el año 2000». 
El nuevo Gobierno eslovaco está dispuesto a recorrer la milla suplementaria que se le impone. 
Como contrapartida, la Unión Europea debe prever una evaluación extra en la primavera de 1999. 
Esta es la posición que someto al Parlamento a través de mi informe. 
Los eslovacos son conscientes de los riesgos que implica, pero no quieren dejar escapar esta nueva oportunidad. 
Después de las presiones negativas necesitan estímulos positivos. 
No asociemos, por tanto, la suerte de Eslovaquia a la de Lituania o Letonia sino al dinamismo del pueblo eslovaco, que merece un tratamiento individualizado. 
Debemos guiarnos por los resultados de cada uno de los países candidatos. 
Ahí donde se nos plantee esta posibilidad, debemos acrecentar el ritmo. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la actual ampliación de la Unión Europea gira realmente en torno a la reunificación europea y esta reunificación incluye también a los países bálticos. 
Son los tres países bálticos que se vieron emplazados dentro del área de influencia soviética cuando Hitler y Stalin dividieron Europa a finales de la década de los treinta mediante el acuerdo Molotov/von Ribbentrop, firmado por los dos ministros de Moscú y Berlín. 
Existe una brecha entre el este y el oeste, dentro de poco se cumplirán diez años desde la caída del muro de Berlín y ahora hay un programa político que puede ayudar a que Europa vuelva a estar unida si, todo hay que decirlo, tenemos el valor y una auténtica voluntad política de emplear este programa en la ampliación de la Unión Europea. 
Éste es el camino que hemos de señalar desde este Parlamento Europeo con vistas a la próxima cumbre de Viena. 
Para un danés como yo, es natural dirigir la mirada hacia el Mar Báltico, un mar que ha vuelto a ser el mar de las uniones, el mar de la cooperación. 
El Báltico está desarrollándose a una velocidad vertiginosa y en este desarrollo también participan los tres países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. 
Todos ellos. 
Han reencontrado y recuperado su identidad como países independientes tras medio siglo de ocupación soviética. 
Como ponente de la solicitud de adhesión a la UE de Lituania, no veo, señor Comisario y estimados colegas, ninguna razón para tratar a Lituania de modo diferente a los otros dos países bálticos, aunque naturalmente se trata de negociaciones individuales y no es necesario que todos se conviertan en miembros al mismo tiempo. 
Para Lituania tiene una importancia trascendental- política y psicológicamente- que se mantenga el ambiente positivo, la postura positiva y por ello está justificado enviar a Lituania una señal que le demuestre que la UE aprecia los importantísimos avances en el desarrollo de reformas económicas, la calidad democrática y los progresos en el terreno administrativo, aunque aún queden tareas pendientes en este campo. 
Sí, en general hablamos de un proceso que coloca a Lituania en posición de cumplir los criterios de Copenhague y con ello también contribuye a asegurar la estabilidad regional en esta zona. 
En la decisión relativa a Lituania contenida en el informe que he elaborado se hace referencia a la necesidad de avances en cuanto a la planificación energética a largo plazo de Lituania. 
Aquí me refiero especialmente a la central nuclear de Ignalina y a su futuro. 
El gobierno lituano- me gustaría informar- es plenamente consciente de la gravedad de este asunto y desea iniciar una colaboración con la UE a fin de crear un grupo de expertos que juzgue las posibilidades a este respecto. 
Mis últimas noticias de Vilna indican que el gobierno va a presentar al Parlamento una propuesta para la creación de un grupo de expertos y la discusión señala precisamente la posibilidad de cerrar la central o reducir su actividad, sin embargo, también se va a llevar a cabo una evaluación de las posibilidades de mejorar su seguridad. 
El debate sobre Ignalina está en cualquier caso dentro de una fase muy concreta. 
En el diálogo con el gobierno de Vilna también se ha planteado la cuestión de hasta qué punto la UE desea y puede participar en los costes financieros. 
Se espera que la decisión y clarificación definitivas sobre el futuro de Ignalina no sean una condición previa al inicio de negociaciones intensivas sobre la adhesión de Lituania. 
Por ello pido en mi informe que se acelere el proceso de adhesión para poder iniciar en breve negociaciones intensivas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, no cabe duda de que el análisis de los avances realizados por los diferentes países candidatos se inscribe en un marco nuevo. 
A raíz de la cumbre oficiosa de Pörtschach numerosos observadores manifestaron su impresión, a mi modo de ver acertada, de que el Consejo parecía haber pisado el freno y no el acelerador en lo que a la ampliación se refiere. 
Por lo tanto, esperamos con cierta preocupación el desarrollo del Consejo de Viena. 
Por otra parte, también nos damos cuenta de que el proceso de ampliación tiene como trasfondo una crisis internacional en el ámbito financiero y económico que no sólo asola al Suroeste Asiático, a Rusia, a Japón o a Latinoamérica, sino que paulatinamente acaba afectando al mundo entero. 
En efecto, es la primera vez en mucho tiempo que surgen tantas voces, incluso desde el FMI y el Banco Mundial, a favor de unas reglas claras a escala mundial que establezcan y definan el marco de acción de las fuerzas del mercado. 
Del mismo modo, los ciudadanos, también en la Unión Europea, piden con más insistencia la intervención de las autoridades o del Estado, no para que tomen las riendas sino para que impongan las reglas del juego. 
Este trasfondo internacional nos obliga a vigilar minuciosamente los arduos y exigentes procesos de transición con los que se enfrentan los países candidatos. 
Aparte de los requisitos políticos, el Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia, los criterios de Copenhague preconizan una economía de libre mercado que funcione. 
Ahora bien, en la mayoría de estos países debe producirse un incremento real del sector privado para que podamos hablar de libre mercado. 
A este respecto es sumamente importante que el proceso de privatización se lleve a cabo de una forma transparente y más responsable desde un punto de vista político-social. 
En el caso contrario, la demanda de privatización corre el peligro de crear situaciones tipo far west donde algunos se apoderan de las riquezas nacionales, en tanto que la gran mayoría de la población sufre un grave retroceso. 
Qué mejor ejemplo que Rusia. 
Nosotros entendemos que el Consejo y la Comisión han de supervisar cuidadosamente el desarrollo de la privatización. 
A principios de noviembre acogimos con gran satisfacción el anuncio de la Comisión con motivo de los informes sobre los países candidatos y las propuestas de adhesión correspondientes. 
Como Parlamento Europeo nos alegramos mucho de que la Comisión se muestre claramente dispuesta a mantener el ritmo, lo cual se manifiesta entre otras cosas en la voluntad de iniciar negociaciones con Letonia, Lituania y Eslovaquia en un plazo relativamente breve. 
Espero que el Consejo también decida seguir este ritmo. 
Por lo que se refiere al informe de la Comisión sobre Bulgaria y dada mi calidad de ponente para Bulgaria, me alegro mucho de que se haga justicia a los esfuerzos realizados por este país. 
La estabilización macroeconómica es casi un hecho, la inflación ha sido reducida drásticamente, el sector bancario está bajo control; sin embargo, habría que prestar más atención a la reforma agrícola y la promoción de las PYME. 
En cuanto a la reforma administrativa, el Parlamento búlgaro ya ha aprobado todo lo relacionado con la nueva legislación. 
Lo que importa ahora es aplicar esta reforma sobre el terreno sin dar la impresión de que la reestructuración se basa en la afiliación al partido. 
Se han tomado importantes iniciativas legislativas también de cara a la descentralización. 
Hay dos cuestiones que dificultan las relaciones entre la Unión Europea y Bulgaria. 
Por una parte, la obligación de llevar visado, el hecho de figurar en la lista negra. 
A este respecto, el Parlamento y la Comisión ya defienden la misma causa, pero no es previsible que se logre en breve un desbloqueo político en el ámbito del Consejo. 
Nosotros, como Parlamento, continuamos emitiendo señales políticas unívocas en favor de una solución política, aunque, por otra parte, sabemos que es preciso llevar a cabo una enorme simplificación administrativa a fin de facilitar los trámites para los ciudadanos búlgaros a la espera del desbloqueo político global. 
Como era de esperar, la política energética de Bulgaria constituye el segundo escollo. 
En este terreno, el Parlamento reconoce que últimamente se han hecho esfuerzos por desarrollar al menos una estrategia energética a medio plazo, aun cuando no aprobemos en absoluto el empeño del Gobierno en aplazar las fechas de cierre de las cuatro primeras unidades de Kozloduy posponiéndolas hasta el año 2012, lo cual es totalmente inaceptable. 
Según nuestro parecer, es fundamental que se garantice una aplicación concreta y correcta de la cuenta de «seguridad nuclear» de 1993, no sólo en interés de la seguridad del pueblo búlgaro sino también en favor de la seguridad de todos los ciudadanos europeos. 
Deseamos al Gobierno y a la población de Bulgaria un proceso de adhesión dinámico y esperamos de todo corazón que el Consejo de Viena siga el ritmo marcado por la Comisión, de modo que lo que se anunciaba como un aplazamiento se convierta en un rápido desarrollo de la ampliación. 
Señor Presidente, el 4 de noviembre tuve el honor de anunciar aquí la publicación del primer conjunto de informes periódicos sobre los 12 países candidatos que están avanzando hacia el regreso de la UE. 
Desde el 4 de noviembre, los informes de la Comisión han sido objeto de intenso y minucioso examen, en particular por los propios candidatos, pero también por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. 
Me complace decir que, con excepción de una o dos leves y comprensibles expresiones de decepción por parte de algunos candidatos, su reacción ante la labor de la Comisión ha sido positiva. 
De hecho, la mayoría de los candidatos han mostrado su disposición a responder constructivamente ante el análisis de la Comisión. 
Acojo con beneplácito esta oportunidad para un debate más a fondo sobre la ampliación en el Parlamento. 
Hemos escuchado los informes de los ponentes esta tarde, que he acogido con el mayor beneplácito. 
Han presentado sus proyectos de resolución sobre cada uno de los cinco países «pre-in» de Europa central. 
Quisiera decir algo más ahora sobre el punto de vista de la Comisión acerca de esos cinco candidatos y tendré mucho gusto también en responder al final de este debate a cualesquiera observaciones o preguntas que formulen Sus Señorías. 
Quisiera comenzar recordando que la ampliación es un proceso que no afecta a cinco países, sino a trece. 
A ese respecto, quisiera decir al Sr. Caccavale que para nosotros la diferencia entre los países «in» y los «pre-in» no nos hace pensar en varias oleadas de candidatos. 
Volveré a referirme a ese aspecto al final de mi intervención. 
La Comisión publicó 12 informes periódicos sobre los 10 candidatos de la Europa central y oriental, Turquía y Chipre. 
El decimotercer país, Malta, reactivó su candidatura al ingreso en septiembre. 
Naturalmente, no podemos por menos de acogerlo con beneplácito. 
Como saben Sus Señorías, se ha anunciado que concluiremos la actualización del dictamen de 1993 sobre Malta a mediados de febrero- espero- del próximo año. 
Pasando ahora a los informes periódicos sobre los países de la Europa central, quisiera insistir al comienzo en que el análisis de la Comisión se llevó a cabo de forma objetiva e imparcial y sin prejuicios políticos. 
Nuestra evaluación se basó exactamente en los mismos criterios de Copenhague y Madrid que en los dictámenes del año pasado. 
Para dar un trato justo a todos los candidatos, los informes abarcan sólo decisiones o medidas que se han adoptado o ejecutado efectivamente desde la emisión de los dictámenes del año pasado. 
En los próximos informes se pondrá de relieve la legislación en preparación, cuando esté aprobada. 
Nuestro análisis revela que el proceso total de ampliación sigue en marcha en líneas generales y que se mantiene grosso modo el avance de los candidatos hacia la ampliación. 
Ahora voy a ofrecer un breve resumen de nuestras conclusiones por país. 
En términos generales, la Comisión se siente muy alentada por los logros de esos países. 
Voy a comenzar por Eslovaquia. 
El año pasado, la Comisión consideró que Eslovaquia era el único candidato que no satisfacía los criterios políticos de Copenhague. 
Sin embargo, a raíz de las elecciones generales celebradas el mes pasado un nuevo gobierno ha entrado en funciones y se palpa un nuevo ímpetu con vistas a hacer reformas políticas y económicas. 
Ésa fue nuestra impresión también cuando representantes del nuevo gobierno visitaron Bruselas no hace mucho encabezados por el nuevo Primer Ministro Sr. Dzurinda. 
La nueva situación política en Eslovaquia, a raíz de las recientes elecciones parlamentarias, representa un gran paso por parte de ese país hacia el ingreso en la UE. 
Sin embargo, debo subrayar que Eslovaquia seguirá recibiendo el mismo trato que exactamente que los demás candidatos, a saber, con arreglo a los criterios de Copenhague. 
En consecuencia, la Comisión recomendará la apertura de negociaciones con la condición de que sus instituciones políticas demuestren su capacidad para funcionar de forma estable y democrática. 
También será necesario, antes de iniciar las negociaciones, verificar si Eslovaquia ha adoptado medidas para remediar su situación económica y si ha introducido también una mayor transparencia en su funcionamiento. 
Sus Señorías saben que ése fue uno de los principales aspectos relativos a los criterios económicos criticados en nuestro informe... o al menos dijimos que el nuevo gobierno tendría que abordar la situación que había heredado. 
También a ese respecto, aunque acojo con el mayor beneplácito y entiendo la petición del Sr. Wiersma de que la Comisión prepare un informe provisional, nos resultaría muy difícil preparar un informe provisional sobre actividades que tendrían que iniciarse en los próximos meses y llegar a conclusiones precisas sobre los aspectos económicos que actualmente no nos permiten recomendar la apertura de negociaciones. 
Convengo plenamente con el ponente en que el cambio político que parece estar desarrollándose después de las elecciones parlamentarias nos infunde la esperanza, como hemos concluido en nuestro informe, de que en el futuro inmediato se puedan formular las recomendaciones para la negociaciones. 
Remito a Sus Señorías a las conclusiones del informe a ese respecto. 
Sobre Letonia, el dictamen de la Comisión del año pasado concluía que ese país satisfacía los criterios políticos para la adhesión, si bien decíamos entonces que se habían advertido varias deficiencias, en particular en lo relativo a la integración de los no ciudadanos. 
El ponente se ha referido también a eso. 
Este año hemos subrayado en el informe el resultado positivo del referéndum sobre la ley de ciudadanía que ha dado un importante impulso a ese proceso de integración. 
No cabe duda de que facilitará la naturalización de los no ciudadanos y de los niños apátridas. 
Después de ese referéndum hicimos pública una declaración en ese sentido. 
Por lo que se refiere a su economía, Letonia ha logrado algunos avances impresionantes en los doce últimos meses. 
El crecimiento del PIB es alto y la inflación sigue bajando. 
Ahora a Letonia le falta poco para cumplir el criterio de ser una economía de mercado en funcionamiento. 
Pero aún debe recorrer un trecho, porque su historial en materia de reforma no es aún suficientemente consistente. 
Aún tiene que colmar lagunas en su marco reglamentador, en particular en el sector financiero, y también tendrá que simplificar el marco jurídico para las empresas y consolidar la estabilidad macroeconómica. 
Pero, si se mantiene el impulso en materia de reforma en Letonia, ha de ser posible confirmar el año próximo que ese país satisface los criterios económicos y, por consiguiente, proponer también al final del año próximo la apertura de negociaciones. 
También convengo con el ponente en que Lituania ha logrado recientemente avances importantes. 
La Comisión confirmó su opinión en el dictamen de que Lituania cumple los criterios políticos, aunque debe intensificar la lucha contra la corrupción y llevar a cabo reformas en la judicatura. 
Ha habido avances en la reforma económica, aunque justo es decir que, después de su análisis, nuestros expertos llegaron a la conclusión de que no se puede considerar aún que Lituania cumpla plenamente los criterios económicos, en particular porque muchas decisiones normativas se acaban de adoptar y porque carece de un historial suficientemente sostenido en materia de reforma. 
De modo que hacen falta medidas suplementarias y algunas medidas recientes aún no se han puesto a prueba en la práctica. 
Hay que concluir la privatización y, por mencionar un ejemplo, su ley sobre quiebras no lleva el tiempo suficiente funcionando para evaluar las repercusiones de esa nueva ley tan importante. 
Por lo que se refiere a la central nuclear de Ignalina, la conclusión general de la Comisión sobre Lituania no se basó en la situación relativa a dicha central nuclear. 
He expuesto brevemente las razones por las que Lituania no cumple aún los criterios económicos para la apertura de las negociaciones. 
Por otra parte, esperamos que Lituania presente una estrategia completa y satisfactoria en materia de energía y vuelva a formular su compromiso de que no se reactivará la Unidad I de Ignalina. 
Sin embargo, he de decir de nuevo que no fue el estado de esa central nuclear lo que nos hizo concebir la conclusión de que no se debían iniciar aún las negociaciones. 
Cuando Sus Señorías examinen nuestras conclusiones sobre Lituania en nuestro informe, verán que existe un claro incentivo que abre la perspectiva de las negociaciones en un futuro inmediato. 
Bulgaria cumple con los criterios políticos y está logrando avances en el cumplimiento de los demás criterios para la adhesión. 
Ha logrado avances, muy en particular en la lucha contra la corrupción y la reforma judicial, pero necesita ampliar aún más sus medidas. 
También ha acelerado el ritmo de sus preparativos sobre el acervo comunitario y ha logrado claros avances en la aplicación de los derechos de propiedad intelectual y en materia de servicios financieros, aspectos fundamentales del año pasado. 
Pero, en general, Bulgaria tiene que velar por la aplicación de le legislación después de su aprobación. 
La ponente Sra. Aelvoet ha mencionado el sector energético y esperamos que Bulgaria acelere sus medidas para adaptar ese sector como preparación para la integración en la UE y, en particular, no se han cumplido aún apropiadamente los compromisos de cierre de la central nuclear de Kozloduy. 
Mantenemos estrechos contactos con las autoridades de Bulgaria para llegar a las conclusiones correctas al respecto. 
Bulgaria no cumple aún las condiciones económicas y todavía tiene por delante una labor considerable. 
Al mismo tiempo, los importantes avances que se han logrado constituyen un motivo de satisfacción, en particular la estabilización global de la economía. 
El gobierno sigue demostrando determinación en su compromiso con las reformas. 
Entre las prioridades en el próximo período deben figurar la privatización transparente y también la reestructuración industrial. 
Por último, aunque no en orden de importancia, Rumania satisface los criterios políticos, pero debe adoptar medidas coordinadas para erradicar la corrupción y fortalecer su administración pública. 
También se debe prestar atención particular a la mejora del funcionamiento de los tribunales y la protección de las libertades individuales y los derechos de los roma. 
Me apresuro a decir que, por lo que se refiere a los derechos de los roma, muchos de los países candidatos tienen que llevar a cabo aún una considerable labor para velar por la abolición de la exclusión social y la discriminación. 
Por desgracia, la economía rumana se ha debilitado desde que se emitió el dictamen. 
Ésa es también la conclusión a que ha llegado el ponente, Sr. Bernard-Raymond, y en el informe periódico se expone con cierto detalle lo que se debe hacer. 
Sabemos que las autoridades rumanas son conscientes de la urgencia y la importancia del problema y estamos trabajando muy estrechamente con ellas para ayudarlas a aplicar las medidas necesarias. 
Evidentemente, podría entrar en más detalles, pero Sus Señorías tienen en su poder los informes muy detallados, por lo que concluiré diciendo que, a partir de nuestras diversas evaluaciones, la Comisión no ha considerado necesario hacer nuevas recomendaciones para la apertura de negociaciones. 
Sin embargo, ha intentado ofrecer perspectivas claras a ese respecto, que se han incorporado a nuestras conclusiones. 
Podemos decir que los candidatos se han esforzado por mantener el impulso y la Comisión ha desempeñado su papel y seguirá haciéndolo. 
Quisiera repetir que la única forma de preservar la credibilidad del proceso, por no hablar de la credibilidad de la Comisión, es la de continuar la labor a partir del principio acordado de que se juzgue a cada candidato por sus propios méritos. 
En ese sentido, repito que no hablamos de países «pre-in» y países «in» como miembros de dos grupos diferentes que vayan a permanecer siempre separados. 
Se tendrá que recomendar la apertura de negociaciones cuando el país candidato haya hecho suficientes preparativos para justificarlo. 
Evidentemente, lo mismo se puede decir del ingreso, que se producirá cuando cada uno de los candidatos esté preparado. 
Por último, como los ponentes, espero encarecidamente que la Cumbre de Viena, que se celebrará la semana que viene, dé un aliento suplementario y exprese su deseo de mantener el impulso del proceso de ampliación y confirme de nuevo su firme compromiso con dicho proceso. 
Espero que en los próximos meses, con la nueva Presidencia, los Estados miembros hagan los preparativos que tienen que hacer con vistas a la ampliación. 
Ésa sería la señal más alentadora para los países candidatos, porque de la lectura de sus periódicos podrían sacar la impresión de que la Unión Europea está tan centrada en sus problemas internos, que no está manteniendo el impulso por su parte para reaccionar positivamente ante los esfuerzos de los candidatos para mantener en marcha todo el proceso de ampliación. 
Señor Presidente, quisiera comenzar reiterando que el Grupo Socialista acoge con beneplácito la ampliación y cree que debe ser un proceso no excluyente sin reservas y sin grupos cerrados y en el que se juzgue a cada país enteramente por sus propios méritos independientemente de lo que ocurra en otros. 
Sin embargo, debemos reconocer que no estamos en una carrera de 100 metros lisos, sino en un maratón. 
Es posible que un país que se adelante en este momento no pueda mantener el ritmo. 
Asimismo, un país rezagado en este momento puede sobrepasar a los otros más adelante. 
Así, pues, no podemos ni debemos dejarnos influir indebidamente por iniciativas repentinas y a corto plazo, sino que debemos formular nuestros juicios basándonos enteramente en las medidas a largo plazo que los gobiernos están adoptando y la sostenibilidad de sus programas de reforma. 
Cualquier otra actitud equivaldría a infundir esperanzas infundadas a los países candidatos y a los pueblos de la Unión Europea. 
Debemos comprender y recordar que, sean cuales fueren las soluciones que planteemos, deben ser aceptables para los pueblos de la Unión Europea y los países candidatos y en muchos casos tendrán que ser aprobadas por referéndum. 
Eslovaquia ha logrado avances políticos enormes que debemos reconocer. 
Pero tenemos que ver si su nuevo gobierno puede cumplir sus compromisos. 
De forma semejante, Letonia ha logrado avances enormes, en particular en relación con el referéndum sobre la ciudadanía. 
Pero tenemos que ver, asimismo, si ese nuevo gobierno puede sostener esos avances. 
Letonia y Lituania han logrado avances enormes económicamente, pero, como ha indicado el Comisario Van den Broek, tenemos que ver si pueden sostenerlos. 
De forma semejante, Bulgaria ha logrado grandes avances después de unos comienzos poco brillantes, pero vemos en un dictamen de la Comisión que se está quedando rezagada. 
Debemos velar por que haya una aplicación apropiada del acervo de la Unión Europea. 
No basta con recoger la legislación, hay que poder imponer su cumplimiento. 
Por eso no estoy de acuerdo con los que afirman que se deberían iniciar ahora las negociaciones con Letonia y Lituania. 
Debemos ser flexibles, debemos procurar lograr una oportunidad para iniciar negociaciones lo antes posible, pero no debemos precipitarnos en ese proceso por miedo a socavarlo. 
Hay dos cuestiones que deben preocuparnos. 
En primer lugar, la seguridad nuclear. 
Sabemos que los reactores diseñados por los soviéticos en la Europa central y oriental no se pueden perfeccionar con un costo razonable. 
Todos los países deben tener una estrategia energética completa que esté plenamente en consonancia con los acuerdos de seguridad nuclear antes de que puedan ingresar en la Unión Europea. 
El Sr. Kristoffersen ha mencionado Ignalina. 
Lituania ha accedido a cerrar Ignalina definitivamente cuando sea necesario substituir los tubos de presión. 
No se debe permitir que las afirmaciones de los grupos de expertos nos desvíen de esa decisión. 
No puede haber reactivación de dicha central. 
Por último, quisiera insistir en lo que el Sr. Van den Broek ha dicho sobre la corrupción. 
Los ciudadanos no aceptarán una Europa ampliada, si sólo va a brindar oportunidades a funcionarios corruptos, magnates de la droga, gángsteres y pedófilos. 
Debemos adoptar medidas al respecto. 
Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo quisiera dar las gracias al Sr. Comisario van den Broek por su eficiente trabajo en la Comisión. 
Permítanme que exprese mis felicitaciones al nuevo gobierno de Eslovaquia, pero sobre todo al pueblo eslovaco, que ha elegido a este gobierno de modo democrático. 
A partir de octubre comenzó a modificarse la perspectiva de la adhesión. 
El nuevo gobierno presidido por el Sr. Dzurinda ha declarado en su primera toma de posición ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo su deseo de acelerar el proceso de adhesión. 
Por nuestra parte, debemos apreciar en su justa medida estos esfuerzos. 
Las fuerzas democráticas de Eslovaquia necesitan un signo claro por parte de la Comunidad Europea que confirme la rectitud de su camino. La inminente cumbre de Viena es el impulso adecuado para ello. 
Ahí debe darse la señal de que Eslovaquia, con una estabilización política sostenible, pueda adherirse lo antes posible al grupo de países con los que deben iniciarse las negociaciones. 
No es necesario que la Comisión elabore un informe concluyente sobre Eslovaquia, sino que el Consejo, en el marco de un informe adicional de la Comisión en el transcurso del primer semestre de 1999, debería expresar su opinión sobre las candidaturas de adhesión. 
Los criterios de Copenhague, que hasta ahora han sido un elemento decisivo en la valoración de las candidaturas de adhesión, deben cumplirse lo antes posible. 
Pienso que con Eslovaquia se ha conseguido un verdadero punto de inflexión en la historia europea. 
Señor Presidente, el trabajo de la Comisión merece las más cálidas alabanzas del Grupo Liberal. 
Los informes de situación sobre los países candidatos revelan acertadamente que a todos los aspirantes les queda mucho camino por recorrer. 
Obviamente, el inicio de las negociaciones no ofrece ninguna garantía para la adhesión. No es más que una prueba de aprecio por los avances logrados. 
Los Gobiernos de la República Checa y de Eslovenia deben ser conscientes de que aún no han alcanzado la meta. 
La Comisión advierte del peligro de dormirse en los laureles. 
Y acierta. 
La estrategia elegida conduce a un mayor dinamismo y permite salvar serios obstáculos, como por ejemplo el problema de la ciudadanía en Letonia. 
En este Parlamento reina cierta confusión sobre la continuación de las negociaciones. 
Debemos andar con el máximo cuidado a fin de no emitir una señal equívoca hacia los países candidatos. 
Hemos de formular una respuesta estimulante que, al mismo tiempo, se fundamente en perspectivas reales. 
De conformidad con nuestra propia resolución, que aprobamos hace exactamente un año, cada año se elaborará un informe de situación. 
En mi opinión, el deseo de algunos Grupos de esta Casa de que se realicen informes semestrales no es sino una muestra de indecisión. 
Mi Grupo se opone a este trabajo inútil y, a mi modo de ver, la Comisión ya está demasiado ocupada como para elaborar un informe de estas características cada seis meses. 
Además, no debemos causar la impresión de que los países que participen en el grupo 2 estén abocados al estancamiento. 
Lo demuestran los avances de Lituania y Letonia. 
Sopesando los pros y los contras, mi Grupo opta por iniciar las negociaciones con Letonia y con Lituania ahora mismo, dado que estos países han alcanzado el nivel que obtuvo Estonia en julio de 1997. 
Señor Presidente, queridos colegas, las elecciones legislativas celebradas a finales de septiembre en Eslovaquia han confirmado algo de lo que personalmente nunca he dudado, a saber, que el conjunto de los responsables políticos, al igual que el pueblo eslovaco, sienten un profundo apego por las reglas de la democracia y por el respeto de las libertades fundamentales. 
Y a pesar de que en un pasado reciente, las divergencias entre la mayoría y la oposición han adoptado a veces un tono algo impetuoso, ello sólo demuestra una vitalidad democrática por la que debemos alegrarnos. 
Hecha esta demostración, deseo, al igual que el ponente Sr. Wiersma, que Eslovaquia se una antes de que finalice el primer semestre de 1999 al grupo de Estados de la Europa central y oriental con los que la Unión Europea iniciará oficialmente las negociaciones de adhesión. 
Todos lo sabemos, el pueblo eslovaco, en su inmensa mayoría, desea esta adhesión, porque su historia y su cultura pertenecen a la gran Europa que queremos construir juntos. 
Posponer su adhesión con respecto a la de sus vecinos más próximos tendría consecuencias psicológicas y políticas desastrosas que debemos evitar a toda costa. 
Tampoco dudo de la voluntad del pueblo eslovaco de cumplir los requisitos definidos en la cumbre de Copenhague como criterios de adhesión. 
En lo relativo a la protección de las minorías, y más especialmente de la minoría húngara, observo que ésta siempre ha estado representada en proporción a su importancia numérica en el seno del Parlamento eslovaco, algo que no siempre puede decirse de otras minorías en otros Estados de la Europa central y oriental. 
Es legítimo que los derechos, en particular los lingüísticos, de esta minoría estén garantizados. 
Pero esta minoría debe demostrar también su determinación a integrarse en la nación eslovaca y renunciar a toda tentación irredenta, y me alegro de que los elegidos de la minoría húngara participen en el nuevo Gobierno. 
Por otra parte, al igual que los demás países candidatos, Eslovaquia debe aún realizar enormes esfuerzos de reforma para lograr la difícil transición de la economía estatal hacia la economía social de mercado, y nosotros los europeos tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestro amigos eslovacos a salvar dichas dificultades. 
Para terminar, me complace constatar, junto con el ponente, que el camino ya está abierto para que Eslovaquia se una al pelotón de cabeza de los países candidatos a la adhesión. 
Debemos ayudar a nuestros amigos eslovacos a salvar los últimos obstáculos que se alzan en dicho camino, sobre todo porque no tengo la menor duda de que ellos realizarán los esfuerzos necesarios para unirse a nosotros. 
Señor Presidente, desearía referirme de manera particular a la situación de la población gitana o romaní de los países candidatos sobre los que gira este debate. 
En algunos de estos informes se han abordado tanto la situación de ésta y de otras minorías étnicas, como también la situación de las minorías sexuales en el caso específico de Rumanía. 
Sin embargo, me temo que nos enfrentaremos con dificultades en caso de que, con motivo de las negociaciones, examinemos la situación de los gitanos país por país. 
Los gitanos, o romaníes, constituyen una minoría muy extendida en Europa. 
En todos los países candidatos existen minorías de gitanos, también en el país representado hoy aquí- Letonia -, aún si la población gitana de este país es muy escasa. 
De todos modos, los problemas a los que tienen que hacer frente los gitanos son extremadamente preocupantes. 
Por ejemplo, en un país candidato aventajado como es la República Checa existen enormes problemas acerca de esta cuestión. 
Espero que la Unión Europea pueda incrementar la cooperación con el Consejo de Europa con el fin de mejorar la situación de la población romaní. 
Señor Presidente, hace poco tiempo el Presidente de Letonia, Ulmanis, expresó en un artículo en Dagens Nyheter su enorme inquietud por el interés cada vez más tibio en algunos círculos de la UE por la ampliación de la Unión hacia el Este. 
Especialmente en los países bálticos ha causado gran irritación la arbitraria división de los países candidatos en dos grupos. 
Cuando la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa del Parlamento trato los informes Caccavale y Kristoffersen, los ponentes habían llegado a la excelente conclusión de que no se harían más distinciones entre Estonia, por una parte, y Letonia y Lituania por otra. 
Por eso se hicieron propuestas para exigir que esos países pasasen más rápidamente al «equipo A». 
Desgraciadamente, este intento naufragó debido especialmente a una impía alianza entre representantes de los laboristas ingleses y los liberales suecos. 
Los Verdes estamos evidentemente a favor de las formulaciones que favorecen a los países bálticos, en el caso de Lituania condicionado obviamente al cierre de la central nuclear de Ingalina. 
Pero está claro que el escepticismo cunde cada vez más ante la ampliación, que doblaría el número de Estados miembros de la UE. 
Tal vez la nueva ola de miembros de la Unión no llegue a ser tan «obediente» como la anterior. 
En cualquier caso, así se podrían interpretar tanto el artículo de Ulmanis en Dagens Nyheter como el reciente discurso de Kwasniewskis, Presidente de Polonia, ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. 
Por mi parte, estoy convencido de que a la UE le haría muy bien una ola de nuevos Estados miembros que se atreviesen a exigir y a ser un poco desobedientes, en lugar de hacer como mi propio país que se contenta con mover la cola con la esperanza de que la Comisión o el Consejo le acaricien la cabeza. 
Quisiera pedir a todos que voten por la igualdad de tratamiento para Letonia y Lituania durante las negociaciones de adhesión. 
Señor Presidente, señor Comisario, he leído con satisfacción los informes relativos a los cinco países candidatos que la Comisión situó en la segunda tanda de adhesión, a pesar de que, señor Comisario, usted rechaza esta expresión. 
Estos informes destacan los progresos realizados al menos en cuatro de ellos; lamentablemente el quinto, Rumania, aún atraviesa por grandes dificultades. 
Los progresos alcanzados tienden a reducir las diferencias entre los países de la primera categoría y aquéllos de la segunda. 
Y me alegra, porque como he lamentado en muchas ocasiones, esta presentación aprobada por la Comisión y confirmada por el Consejo Europeo de Luxemburgo en 1997, representaba el riesgo de reactivar rivalidades, conflictos y desalientos peligrosos en esta zona delicada de la Europa central. 
En una palabra, el movimiento tiende a reducir esta división. 
Tanto mejor, y deseo que puedan comenzar cuanto antes las negociaciones con estos nuevos países, a pesar de que como usted exige, señor Comisario, haya que superar la fase intermedia de un nuevo informe. 
Ante este panorama satisfactorio, evidentemente los ponentes destacan esta o aquella característica en cada uno de los países; rendimientos económicos espectaculares en Bulgaria, pero que venían de lejos, el desbloqueo político en Eslovaquia que abre perspectivas alentadoras para este país, esfuerzos intensos en Letonia para conceder un mejor trato a la minoría rusa, etc. En resumen, hay progresos por todas partes. 
Pero esta evolución no debería ocultarnos el camino que aún queda por recorrer, y haríamos un flaco servicio a todos los candidatos, tanto si pertenecen a la primera categoría, como a la segunda, si confundimos la dinámica del progreso que existe, con el éxito final. 
Una cosa es adoptar reformas, y otra la aplicación concreta de dichas reformas. 
Esto es cierto, por ejemplo, en el caso de las reformas de las administraciones públicas y de la función pública. 
Hace falta tiempo para alejar de verdad las presiones políticas y los criterios de selección política, tan habituales en el antiguo régimen. 
Ahora bien, hay que observar que estos retrasos en las reformas de la administración y de la función pública constituyen, entre otros inconvenientes, un obstáculo para la buena preparación de las negociaciones y de los dossiers que se presentan a la Comisión. 
Cabe hacer las mismas constataciones pesimistas en lo que respecta a la independencia de la justicia, que es difícil de afianzar en las costumbres de algunos países. 
Terminaré insistiendo en un punto complementario. 
Los esfuerzos exigidos a las poblaciones de los países candidatos son considerables. 
El peligro es que la Unión Europea aparezca como el principal responsable de las dificultades, a veces dramáticas, que encuentran numerosas personas. 
Ya conocemos la Europa como chivo expiatorio. 
Señor Comisario, ¿no podría la Comisión orientar en mayor medida sus ayudas hacia programas sociales dirigidos a las capas más desfavorecidas? 
La entrada en la familia europea no podrá lograrse si los ciudadanos de a pie terminan asociando a Europa con el sufrimiento y las penalidades. 
Señor Presidente, a raíz del lanzamiento del proceso de adhesión el 30 de marzo de 1998 en Bruselas con la Presidencia británica, se está intensificando cada vez más el ritmo de la ampliación. 
El temor inicial a una separación entre los países «in» y los países «pre-in» se está superando mediante la lógica del proceso de selección y la estrategia de preadhesión de la UE. 
Mientras se esfuercen por satisfacer los criterios de Copenhague, aborden la asimilación del acervo comunitario y se preparen para el Mercado Único y el euro, no debe haber discriminación entre ninguno de los países candidatos. 
Sin embargo, como muestran los informes que tenemos ante nosotros hoy y como ha indicado la Comisión en su documento integrado y en sus informes periódicos, no todos los países candidatos avanzan a la misma velocidad hacia el cumplimiento de los criterios para el ingreso. 
Al examinar los Estados bálticos, por ejemplo, no acepto el argumento de que sean idénticos como gotas de agua. 
Estonia, Letonia y Lituania tienen diferentes culturas, tradiciones, economías y experiencias, aunque también muchos elementos históricos compartidos y cooperación. 
Debemos reconocer los avances en los casos en que se han logrado, como el Comisario ha dicho antes en este debate. 
Teniéndolo presente, creo que es correcto poner de relieve los avances logrados por Letonia para que se pueda adoptar una decisión con vistas a iniciar las negociaciones con Riga antes del fin de la Presidencia alemana. 
Letonia ha logrado avances reales en sus leyes sobre ciudadanía, en la economía, en la administración y en la preparación de la aplicación del acervo comunitario. 
Los avances lituanos han sido también notables, pero menos impresionantes, en la esfera de la energía nuclear, la privatización, el desarrollo institucional, la judicatura y la creación de un sistema de normas y certificación. 
Estonia ha seguido logrando mejoras continuas en la mayoría de las esferas, pero sus avances en el trato dispensado a la minoría rusohablante han sido decepcionantes. 
Por su parte, la UE debe continuar con sus reformas para preparar el terreno con vistas a la ampliación. 
Señor Presidente, centraré nuestra atención en el tema de la seguridad nuclear, que es una prioridad de la Agenda 2000. 
Con el accidente de la central nuclear de Chernobil, la pesadilla que ha vivido casi toda Europa ha descubierto la magnitud real de los peligros que derivan del funcionamiento de las centrales nucleares y ha puesto sobre el tapete cuestiones como el funcionamiento seguro, el almacenamiento y la gestión de los residuos radiactivos. 
Así ha nacido la necesidad de formar una política más concreta sobre la seguridad de las instalaciones nucleares, que se ha hecho más apremiante con vistas al proceso de adhesión, y también la necesidad de iniciar acuerdos con los estados de la antigua Unión Soviética. 
La postura de la Comisión, tal como está formulada en la comunicación relativa sobre los países candidatos, es el cierre de los reactores que no cumplen los requisitos de seguridad y que no pueden mejorar hasta un nivel aceptable. 
Bulgaria fue el primer país que recibió apoyo financiero, pero asumió la clara obligación, legalmente vinculante, de realizar mejoras a corto plazo, mejoras seguidas del cierre de cuatro reactores hasta el año 2000. 
Bulgaria ya ha solicitado una revisión del acuerdo y una prórroga, oponiéndose la Comisión correctamente a esta solicitud. 
No podemos permitirnos el lujo de sentarnos de brazos cruzados. 
El Parlamento Europeo pide que se cumpla lo acordado sobre el cierre de los reactores peligrosos de Kozlodui, tema que necesariamente debe exponerse en el Consejo Europeo de Viena. 
Al Gobierno búlgaro debe quedarle claro que cualquier solicitud de prórroga o de cambio de esta línea constituiría una postura extremadamente peligrosa, que minaría sus esfuerzos por su adhesión a la Unión. 
Porque no hay nada más importante para los ciudadanos europeos, señor Presidente, que evitar un nuevo Chernobil. 
Un segundo punto concierne a Rumania. 
Hoy solicitamos al Gobierno y al Parlamento rumano que dé una solución justa y definitiva a la cuestión de la restitución de la propiedad. 
Señor Presidente, el recientemente elegido Canciller Schröder y su Ministro de Asuntos Exteriores, el «verde» Fischer, han hecho declaraciones en el sentido de que el proceso de ampliación no debe ir demasiado rápido. 
Mi firme opinión, y la de otros liberales también, es que el proceso de ampliación, por el contrario, es demasiado lento. 
La Comisión hace valiosos esfuerzos para apoyar a los países candidatos en la construcción de sus sistemas judiciales, sus administraciones y sus economías. 
Éste es un trabajo que valoramos. 
Tan pronto como los países candidatos cumplan con sus compromisos esenciales, la puerta de la UE deberá estar totalmente abierta para ellos. 
Por eso la UE tiene que acelerar su propio trabajo de reformas. 
Los políticos que se sienten llamados a poner trabas a la maquinaria de la UE deben pensarlo más de una vez. 
Las deficiencias de la UE no deben ser motivo para excluir a nadie. 
Los políticos europeos también tenemos que tratar de ganarnos a los ciudadanos de nuestros países miembros que tienen dudas e incluso a los contrarios a la ampliación. Tenemos que hacer ver las grandes ventajas que la ampliación representa para todos. 
Los liberales esperamos que Schröder, Fischer y otros adopten un nuevo tono más positivo y que la Comisión no ceje en sus esfuerzos para crear una Europa unida y completa. 
Señor Presidente, deseo intervenir en mi calidad de miembro de la delegación mixta para las relaciones con Rumania, ofreciendo mi opinión sobre el excelente informe de nuestro colega Pierre Bernard-Reymond. 
Comparto la totalidad del análisis que ha sido elaborado cuidando al máximo la objetividad y, en particular, comparto el pesar porque sea la reforma estructural de la economía la que marca el paso, lo que agrava los desequilibrios macroeconómicos. 
En un país en que durante casi medio siglo el poder económico se ha confundido con el poder político, los ánimos no están en absoluto preparados para asimilar el acervo comunitario ni para impulsar definitivamente a Rumania hacia la economía de mercado. 
Quiero precisar hasta qué punto el Presidente Emil Constantinescu es digno de elogios por la voluntad salvaje, jamás desmentida, de acercar su país a la Unión Europea. 
Y los dos Primeros Ministros sucesivos, Victor Ciorbea y Radu Vasile, han sabido mantener en el mismo hombre, desde hace dos años, el tan delicado cargo de ministro responsable de la Integración Europea, Sr. Alexandru Herlea, que ha sabido entablar con el consejero de la Comisión y nuestra Asamblea unas relaciones de respeto mutuo y de gran confianza, ligadas al excelente conocimiento de los dossiers y a una honradez intelectual muy loable. 
En vista de su análisis, nuestro ponente concluyó que nuestra Asamblea no puede pregonar la apertura de las negociaciones de adhesión con Rumania. 
Por mi parte, pido que a partir de 1999 se haga un esfuerzo especial respecto al crédito del programa PHARE en favor de este país. 
Es el único país candidato a la adhesión, antiguo miembro del Pacto de Varsovia, que no tiene frontera común con ninguno de los quince Estados miembros de la Unión, Rumania ha sido víctima de una especie de handicap de insularidad, porque desde comienzos de los años cincuenta hasta los noventa, a cualquier frontera que se dirigiese, todos los interlocutores que encontraba este país eran vasallos de Moscú. 
Búlgaros, serbios, húngaros o ucranianos no podían ser modelos de democracia. 
Con Rumania, antiguo miembro de la Unión Latina, tenemos una responsabilidad especial que hay que tener en cuenta. 
Señor Presidente, me ha parecido muy importante que el Comisario van den Broek haya vuelto a señalar que entendemos el proceso de adhesión como un proceso dinámico. 
Ningún grupo debe quedar excluido y, sobre todo, no debe haber una división de los países en diferentes categorías. 
Esto lo subrayo especialmente con respecto a Rumania y Bulgaria. 
Esto, por un lado; por el otro lado, compartimos las críticas de la Comisión sobre Rumania, en el sentido de que el país ha relajado sus esfuerzos desde el punto de vista político. 
Observamos con preocupación la limitación de la libertad de prensa. 
Pero, sobre todo, el Parlamento Europeo critica la criminalización y la discriminación de los homosexuales en Rumania. 
En este aspecto exigimos que se den pasos decididos para que se restaure la dignidad y los derechos humanos de estas personas. 
También por parte de la Comisión exigimos señales claras de una negociación de asociación y no sólo bellas palabras. 
Tal señal clara sería que se replantee definitivamente la política de visados con respecto a Rumania y que en esta materia se cree una asociación e igualdad de trato. 
El intento colosal por la ampliación de la Unión Europea, intento de magnitud histórica y ya sin vuelta atrás, realmente debería ser una decisión tomada y que se estuviera aplicando ya y no un sueño que algún día deberá aplicarse. 
Creo que el procedimiento de hoy, de alguna manera, viene a confirmar exactamente esta decisión y quiero creer que se hará oficial en la cumbre de Viena. 
Igualmente, con este procedimiento hoy se hace justicia, paradójicamente, a la insistencia del Parlamento Europeo en considerar que el proceso de adhesión deberá hacerse desde un punto de partida común para todos los países, para los once países candidatos, señor Van den Broek. 
Los países de los que estamos hablando hoy en conjunto, todos ellos muestran que esta decisión nuestra es correcta. 
En cuanto a Bulgaria, me alegro de que el Parlamento Europeo confirme el apoyo a la solicitud de adhesión, como señala exactamente el positivo informe de progreso de la Comisión. 
Debemos dar la enhorabuena a Bulgaria, al Gobierno de Bulgaria, así como a todos los partidos políticos, al Estado búlgaro, a la sociedad búlgara, a los ciudadanos de Bulgaria. 
Pero no debemos pasar por alto la gran labor que queda aún por hacer. 
Tres puntos indicativos: primero, la conclusión y la aplicación en la práctica de la legislación sobre la administración pública y el poder judicial para que sea real, efectivo, independiente, transparente y justo; segundo: la protección social, la política social y el establecimiento de un diálogo social real; tercero: por supuesto Kozlodui, sobre el cual Bulgaria ha emprendido un compromiso político frente a las autoridades de la Unión Europea, sobre el cierre gradual de las cuatro unidades que no son susceptibles de mejora o de rehabilitación. 
Señor Presidente, señorías, en primer lugar, como jefe de la delegación del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea/Letonia quisiera dar las gracias al ponente. El Sr. Caccavale ha expuesto con precisión el panorama de la reciente evolución de Letonia en dirección a la Unión Europea. 
En el informe se señalan acertadamente los avances que ya ha realizado Letonia en los últimos meses y años. 
En concreto, el 3 de octubre de este año debe verse como una fecha importante, quizás incluso histórica. 
En ese día no sólo se celebraron las elecciones parlamentarias sino que, al mismo tiempo, con la celebración del referéndum, se convocó a los ciudadanos del país, a que se pronunciaran sobre la modificación prevista del derecho de ciudadanía. 
El resultado positivo de este escrutinio popular puede valorarse como un testimonio de madurez política. Abre la posibilidad de integrar mejor que hasta ahora a la población rusa, minoría relativamente importante. 
Todos los esfuerzos por aumentar el número de ciudadanos leales y de luchar contra la desintegración merecen nuestro apoyo. 
La decisión de facilitar y simplificar la adquisición de la ciudadanía está claramente orientada hacia el futuro. 
Con esta decisión se gana peso, si se tiene en cuenta el trasfondo oscuro, trágico e histórico, porque la composición étnica de los habitantes es resultado, entre otras cosas, de una ocupación secular. 
Por tanto, la clara decisión de la mayoría para crear facilidades al derecho de ciudadanía no sólo es expresión de madurez política, sino que esta decisión muestra también una dimensión humana. 
Precisamente porque la decisión de los ciudadanos letones era tan complicada, merece nuestro reconocimiento. 
Por tanto, Letonia merece nuestro apoyo, también en nuestro propio interés. 
Señor Presidente, señor van den Broek, señorías, quiero dar las gracias sinceramente al Sr. Wiersma y a la Comisión de Asuntos Exteriores por el informe que han elaborado sobre Eslovaquia y nuestras relaciones con el país. 
Describe de modo excelente la situación que se nos presenta tras las elecciones al Consejo Nacional a finales de septiembre en Eslovaquia. 
Señor Comisario, si consideramos el proceso de ampliación como algo dinámico y abierto, como la Comisión ha documentado siempre, pienso que este modelo está a prueba en el caso de Eslovaquia. 
¿Cómo no ser dinámicos y abiertos si un país como Eslovaquia demuestra con una participación electoral del 85 % que quiere salir del aislamiento y situarse donde están sus vecinos, es decir, en la primera línea de la ampliación? 
Comprendemos, señor Comisario, que la evaluación que nos ha presentado no ha podido tener en cuenta los acontecimientos más recientes de la política y de la sociedad eslovacas. 
Por eso es tan importante y significativa la petición de nuestro ponente- estoy convencido de que la Asamblea le seguirá con amplia mayoría- de que nos pongamos de acuerdo para llevar a cabo una nueva evaluación de la situación en Eslovaquia en la primavera del próximo año, para poder tomar en cuenta realmente la nueva situación política de la República Eslovaca. 
Le invito a ello cordialmente. 
Pienso que va en interés de toda la Unión y, sobre todo, en interés de una evolución positiva de la República Eslovaca. 
Señor Presidente, la Unión Europea ha examinado con todo detalle las candidaturas de adhesión. 
Ya con el dictamen les hemos proporcionado un primer testimonio. 
Con el acquis screening sigue ahora otra evaluación de los progresos realizados en estos países. 
Me gustaría que los países de Europa central y oriental se pusieran de acuerdo para cambiar las tornas y emitir un dictamen sobre la Unión, un dictamen en el que juzgasen cómo está la situación con respecto a las reformas necesarias y los requisitos para la adhesión, cómo se han sentado las condiciones de adhesión por nuestra parte. 
Pienso que si se diera este testimonio de los países candidatos sobre los esfuerzos de la Unión el resultado sería bastante vergonzoso. 
Dicho dictamen contendría una gran cantidad de omisiones, los continuos retrasos de la reforma de las instituciones- en realidad todavía no las hemos iniciado -, la negligencia en las negociaciones sobre la reforma de la agricultura o la incapacidad de la UE para reaccionar adecuadamente a los nuevos acontecimientos como, por ejemplo, los ocurridos en Eslovaquia. 
Señor Presidente, en la parte preliminar del Tratado de Roma ya se establece que se pondrán los cimientos para una unión entre los países europeos y que se derribarán las barreras que separan a Europa. 
Es un triunfo para la Unión Europea que se haya llegado hasta aquí, que diez países que estuvieron tras lo que una vez fuera una cortina de hierro, estén intentando afianzar en la UE sus democracias, sus libertades y sus reformas. 
A esos países les hemos otorgado derechos y les hemos hecho promesas. 
No los podemos decepcionar. 
Damos la bienvenida a las evaluaciones de la Comisión. 
El país que ha hecho los mayores esfuerzos durante los últimos dieciocho meses es Letonia, que será invitado el próximo año, si no ocurre nada imprevisto, a participar en negociaciones activas de adhesión. 
También se destacan los avances de Lituania. 
Esto también crea aún más estímulos para que otros países de Europa Central y del Este, que no han llegado tan lejos, lleven a cabo sus reformas. 
Los intentos de esos países para calificarse para la adhesión a la UE ya han significado grandes ventajas para la Unión Europea. 
Los afanes para mejorar la democracia y los derechos humanos han dado origen a una Europa más pacífica. 
Tenemos que estar conscientes de que no sólo en la antigua Yugoslavia existe un mosaico étnico capaz de provocar conflictos serios. 
El éxito de las reformas ha posibilitado la existencia de economías más estables y de mejores mercados. 
Los costes presupuestarios en relación con la ampliación hacia el Este son insignificantes si se les compara con las ventajas económicas y políticas, para ellos y para nosotros. 
Espero que el Consejo de Ministros, actualmente dominado por gobiernos socialistas, no opte por frenar el proceso de ampliación. 
Es una mala señal que líderes políticos que en su día se opusieron a la unificación alemana, ahora adopten un tono que la mayoría interpreta- con o sin razón- como que la ampliación hacia el Este debe hacerse más lentamente. 
Quizá sea más difícil para los socialistas que para los conservadores o los democristianos ver las triunfales ventajas que ha representado para la paz y el bienestar el fracaso del comunismo frente a las economías de mercado. 
Por estas razones, la ampliación hacia el Este constituye una importante misión del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, como miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta con Rumania, quisiera transmitir algunas de mis ideas. 
Como dice el ponente, Sr. Bernard-Reymond, en su informe, muy imparcial, Rumania ha experimentado diversas dificultades y probablemente no haya avanzado por la vía de la adhesión todo lo que ella y nosotros esperábamos. 
En los diez últimos años he visitado Rumania en varias ocasiones y resulta imposible no reconocer los enormes avances y cambios que se han producido en la sociedad, la economía y la educación rumanas, gran parte de ellos en conjunción con los socios de la UE y el programa TEMPUS, por ejemplo. 
El ponente se ha referido ya a la situación económica, pero, en relación con el Parlamento, Rumania tiene que adoptar muchas decisiones difíciles. 
Sus legisladores no son aún lo suficientemente progresistas para afrontar los imperativos que tienen por delante. 
Por ejemplo, deben estar dispuestos a derogar el artículo 200. 
Deben mejorar sus procesos judiciales y, al contrario de lo que ha dicho la Sra. Schroedter, podrían adelantarse a la UE aboliendo la necesidad de que los ciudadanos de la UE cuenten con visados para visitar Rumania. 
Ahora bien, Rumania es indiscutiblemente europea por su historia, su cultura y su lengua. 
Ha tenido un pasado turbulento, pero ahora le ha dado la espalda, por lo que espero que, cuando acojamos aquí a nuestros colegas rumanos, siga yo siendo diputado al Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, la dinámica y las intenciones del nuevo gobierno eslovaco bajo la dirección de los democratacristianos apuntan a una integración rápida del país en el grupo de candidatos con los que se está negociando sobre la adhesión. 
Debemos apoyar su candidatura con fuerza. 
Su programa de reformas es apropiado para consolidar sus estructuras de un estado de Derecho y dar un nuevo impulso a la sociedad pluralista y a la economía. 
Ahora sería importante, con los fondos del programa PHARE, dar todo el apoyo necesario a la configuración democrática de los órganos estatales y de la administración. 
La creación de las estructuras democráticas avanza con rapidez. 
La voluntad de reforma está clara. 
Ahora se trata de apoyarla y ponerla en práctica con rapidez y eficacia, incluida la redacción de un estatuto para las minorías. 
Nuestro apoyo en el ámbito económico debe concentrarse en la mejora de las oportunidades de despegue de las pequeñas y medianas empresas. 
La activa disposición de la administración eslovaca a asumir con la mayor rapidez posible el acervo comunitario debe recibir un apoyo efectivo a través de una formación intensiva y la correspondiente información a través de nuestras escuelas superiores de gestión y administración. 
Ahora se trata de que la Comisión dé la señal política en la cumbre de Viena de que las reformas políticas avanzan con rapidez. 
La Comisión no debería demorarse en los próximos meses en elaborar un informe intermedio que confirme la evolución positiva económica, para que la entrada en el primer grupo de los países candidatos pueda hacerse con rapidez este verano. 
Señor Presidente, Señorías, el debate que estamos celebrando hoy es importante. Es importante porque dejamos claro que la UE está considerando con gran interés no seis, sino once países candidatos. 
Uno de estos países es Rumania, y me parece importante que sigamos muy de cerca su evolución. 
Es cierto que el ímpetu de las reformas ha disminuido, especialmente las reformas económicas. 
Es cierto que en Rumania vuelve a haber más corrupción y más economía sumergida. 
Es cierto que hay retrasos en las reformas económicas estructurales. 
Es cierto que el Fondo Monetario Internacional ha cortado créditos. 
Pero también es cierto que Rumania y la población de Rumania tiene la voluntad de convertirse en miembro de la Unión Europea. 
Pienso que en la Unión debemos apoyar este proceso con toda nuestra fuerza. 
Necesitamos la voluntad de seguir de cerca de modo constructivo esta evolución, y esto no siempre es una cuestión de dinero. 
Pienso que tenemos que seguir dejando claro que, cada vez que surjan dificultades normales en los países candidatos, no hay que permitir que las utilicen como pretexto aquellos que nunca han tenido buenas intenciones con respecto al proceso de ampliación de la Unión Europea, que siempre han ido con retraso. 
En esta medida soy optimista y creo que de algún modo Rumania llegará a ser miembro de la Unión Europea- tiene todas las oportunidades para ello- y que nosotros, como Unión Europea, haremos lo que siempre hemos querido, es decir, hacer de la Unión Europea Occidental una Unión Europea de toda Europa. 
Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción por el presente informe sobre Eslovaquia, porque toma postura a favor de la adhesión de este país. 
Eslovaquia es un vecino especialmente querido de Austria y de la Unión Europea. 
Quisiera que la entrada se haga lo más rápidamente posible. 
No obstante, hay dos problemas: Mochovce y Bohunice. 
Mochovce no puede escapar a nuestra atención. 
Bohunice es una fuente constante de preocupación y de miedo entre la población. 
Estaría en contra de considerar la clausura de Bohunice como condición previa para el comienzo de las negociaciones de adhesión. 
Pero, francamente, no me puedo imaginar que esta Asamblea apruebe la entrada de Eslovaquia en la Unión Europea mientras no esté clausurada Bohunice. 
Señor Presidente, voy a ser muy breve. 
En primer lugar quisiera manifestar mi gratitud por las intervenciones sumamente constructivas de este Parlamento, las cuales me llevan a concluir que, salvando las discrepancias, el Parlamento apoya las grandes líneas de las conclusiones, del fondo y de los análisis de nuestros informes. 
Me parece fundamental, también de cara a los países de la adhesión, que todo esto vaya acompañado de nuevos estímulos. 
Creo que esta combinación puede salvaguardar y consolidar la dinámica y el ritmo del proceso. 
He tomado nota de que la diferenciación y la creación de diferentes grupos por momentos sigue siendo una fuente de preocupación. 
A este respecto les diré lo siguiente. 
Independientemente del hecho de que nosotros nos guiemos, al igual que ustedes, me imagino, por el principio de que cada candidato es evaluado de acuerdo con sus propios méritos y es premiado por sus propios avances, de modo que ningún país se ve forzado a quedarse atrás con los que avanzan más despacio, estamos plenamente de acuerdo con que precisamente aquellos candidatos que por culpa ajena tienen que hacer esfuerzos suplementarios, por ejemplo a la hora de poder iniciar negociaciones, merecen más atención y más apoyo por nuestra parte. 
Les recuerdo mi intervención del año pasado en la que les dije que precisamente por esta razón también decidimos introducir dicha maniobra de adelantamiento, la llamada catch up facility, en el programa PHARE. 
Por lo demás, puedo comentarles que en el marco del proceso de control los candidatos que aún no están negociando pasarán en el curso del primer trimestre del screening multilateral al screening bilateral, con lo cual creo poder afirmar que dicho proceso se aproxima más al que está teniendo lugar en el primer grupo de países. 
Quisiera subrayar una vez más que en última instancia todo depende del trabajo realizado por los propios países y que no se debe descartar, y aquí me sumo en cierto sentido a lo que ha comenzado a plantear esta tarde el Sr. Titley, en el sentido de que dentro de los países que ya están negociando pueda haber en un momento dado cierta diferenciación entre los que avancen más deprisa en las negociaciones y los que no. 
Mientras que por el momento se avanza al mismo ritmo, tanto en cuanto al número de capítulos tratados como en lo que respecta al número de capítulos cerrados y cuestiones por el estilo, no sería de extrañar que a lo largo del año se produjera cierta diferenciación en el sentido de que las negociaciones progresaran a una mayor velocidad con unos países que con otros. 
Llegado el caso, tendremos que asumir esta nueva situación y entendemos que la Comisión y también el Consejo, que se encarga de llevar a cabo las negociaciones, han de adaptarse a dicha diferenciación. 
Por lo tanto, me atrevería a decir que no discrepamos sobre este punto. 
Para concluir querría destacar que muchos oradores han vuelto a llamar la atención sobre la necesidad de cerrar las centrales nucleares que no cumplen los criterios de seguridad. 
No puedo sino asegurarles que los tres países candidatos a la adhesión que deben hacer frente a este problema de difíciles implicaciones políticas, económicas y sociales son muy conscientes de la insistencia por parte del Parlamento, del Consejo y de la Comisión en que se tomen muy en serio la elaboración de programas orientados al cierre de las centrales. 
Les puedo garantizar que, también en este caso, nos esforzaremos por conseguir una solución previa consulta a los países candidatos implicados. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Gracias por respondernos de modo tan claro. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Relaciones UE/Turquía 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0432/98) del Sr. Swoboda, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo relativa al desarrollo de las relaciones con Turquía (COM (97) 0394- C4-0490/97) y la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre una Estrategia europea para Turquía- Primeras propuestas operativas de la Comisión (COM (98) 0124- C4-0634/98). 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, desde luego, éste no ha sido un informe fácil, y tampoco es un periodo fácil éste en el que presento mi informe. 
Quisiera abordar diez puntos que a mi juicio caracterizan o deberían caracterizar este informe, y espero que así se advierta. 
Primero: opino que, pese a las dificultades momentáneas, las relaciones entre la Unión Europea y Turquía deben perder crispación y, en esto doy la razón a la Comisión, estas relaciones deben construirse sobre la base de la unión aduanera y del documento estratégico de la Comisión. 
El documento estratégico de la Comisión también ha recibido una acogida positiva en Turquía, de modo que debemos continuar por este camino. 
Segundo: Turquía debe reconocer verdaderamente, y esto se afirma en el informe, que las puertas siguen abiertas. 
Es así de claro, y Turquía debe tomar nota de ello. 
Tercero: queremos que Turquía sea miembro, porque somos de la opinión de que, a la hora de configurar la seguridad común y la evolución de nuestra economía y nuestra sociedad en Europa, Turquía puede aportar una contribución importante. 
Cuarto: en este contexto, debe haber unas relaciones financieras reguladas entre Turquía y Europa. 
Celebro el hecho de que la Comisión haya presentado propuestas en este punto sobre las que el Parlamento se ha pronunciado específicamente, y también presento la propuesta de seguir examinando qué programas de la Unión Europea, especialmente para los países candidatos a la adhesión, pueden aplicarse también a Turquía. 
Quinto: subrayo que, naturalmente, los criterios de Copenhague también rigen para Turquía. 
Sexto: nosotros, es decir, el Consejo, la Comisión y el Parlamento, vemos que existe una gran diferencia- algunos dicen que incluso cada vez va siendo más grandeen el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones de la democracia, al estado de Derecho y al respeto de los derechos de las minorías, ya sean minorías grandes, como los kurdos, o minorías pequeñas, como los armenios y los griegos. 
Este respeto Turquía debe concedérselo a todos sus conciudadanos. 
Séptimo: mi informe parte de la base de que Turquía debe presentar sus propias propuestas de cómo, en qué momento y de qué modo puede aproximarse a Europa y a las normas de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a los criterios políticos. 
Quisiera evitar que nosotros planteemos un requisito y que después tengamos que comprobar cuestiones como las siguientes: ¿es bueno en estos momentos para Turquía? 
¿Qué ha hecho Turquía con ello? 
No, la propia Turquía, si reconoce- y esto es una condición previa para su candidatura como miembro de la Unión Europea- que los criterios de Copenhague deben cumplirse, ha de desarrollar propuestas de cómo piensa que puede aproximarse a estos criterios y a su cumplimiento en lo que respecta a los distintos niveles de la democracia, del estado de Derecho, del reconocimiento de los derechos de las minorías. 
Octavo: es muy importante para nosotros que Turquía cuide la buena vecindad con todos sus restantes vecinos, especialmente Grecia. 
Siempre he dicho que Turquía- precisamente Turquía, que comprende bien las relaciones familiares y la importancia de la familia- no debe extrañarse de que apoyemos a un miembro de la familia, de la Unión Europea- en concreto, Grecia- en sus esfuerzos por mantener una buena y justa vecindad. 
Asimismo apoyo las propuestas de Grecia de cómo pueden resolverse los conflictos o los puntos conflictivos, que me parecen totalmente aceptables y justas con respecto a Turquía. 
Noveno: el problema de Chipre es un problema que todos queremos solucionar, y para ello necesitamos la colaboración de Turquía. 
Somos favorables a que se regule la cuestión de Chipre. No estamos a favor de una solución unilateral del problema. 
Debe darse a los habitantes turcos de la isla todas las posibilidades de colaborar, de dárseles poder de codecisión, pero esto debe inscribirse en el marco en una solución común para la población griega o truca. 
También debe quedar claro que esta Asamblea apoya plenamente los esfuerzos de Chipre por adherirse a la Unión Europea. 
Décimo: la cuestión kurda, que desgraciadamente ha vuelto a ser de actualidad en los últimos días. 
A este respecto quiero decir con toda claridad que somos favorables a una solución pacífica del conflicto kurdo. 
Rechazamos toda clase de terrorismo. 
Rechazamos todo tipo de violencia. 
También rechazamos toda solución que pase por amenazar o destruir la unidad y la integridad de Turquía. 
Reconocemos plenamente el derecho y los intereses de Turquía a tener un Estado unitario, pero en dicho Estado unitario la población kurda debe tener la posibilidad de salvaguardar sus derechos culturales, especialmente en lo que respecta al idioma y a las formas de expresión a través de los medios de comunicación y de los libros, etc. 
Creo que pese a la crisis de Ocalan se puede encontrar una vía por la que Turquía encuentre una solución definitiva a su conflicto con los kurdos y que reciba el apoyo de la Unión Europea para una solución pacífica del problema kurdo y para la lucha contra el terrorismo. 
Nosotros, la Unión Europea y este Parlamento, es evidente que no defendemos el terrorismo, sobre todo cuando Turquía está dispuesta a solucionar pacíficamente el conflicto. 
En este sentido he elaborado mi informe y en este sentido creo que es posible empezar de nuevo, que se pueden resolver algunas crispaciones y que se puede encontrar una relación abierta hacia Turquía. Pero Turquía debe tener clara una cosa: los criterios políticos y económicos deben cumplirse si quiere ser miembro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, es público que el presidente turco en ejercicio, Mesut Yilmaz, no nos pone fácil debatir sin emociones la evolución de las relaciones con Turquía y presentar sine ira et studio ante los órganos de la Unión Europea propuestas coherentes. 
Las amenazas contra el gobierno de un Estado miembro como el italiano, el boicoteo de las mercancías italianas y los ataques políticos contra la Unión Europea no son un medio ideal- pienso que en eso estamos todos de acuerdo- para facilitar el acercamiento del mayor país asociado, Turquía, tal como expone el excelente informe elaborado por el Sr. Swoboda, que podría exponer las líneas directrices de la estrategia de asociación, pero que por otra parte no debería sobrecargarse con las reacciones al problema de la extradición del dirigente kurdo Ocalan. 
Acojo favorablemente la noticia de que la Comisión ha presentado el informe sobre el estado de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía que se elabora anualmente en forma de un informe sobre los progresos realizados, que también se elabora para otros países candidatos. 
Esto conduce a una clara enumeración de los progresos, así como de las deficiencias que son determinantes para la situación de Turquía en el ámbito político, económico y social. 
Para nosotros en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores se trata ahora de consolidar e intensificar paso a paso a medio plazo y en forma de asociación la cooperación económica y política con Turquía. 
Para la Unión Europea, esto significa- esta es la parte que le corresponde en el trabajo de asociación- cumplir sus compromisos financieros en el marco de la unión aduanera, integrar a Turquía en los programas europeos como LEONARDO, SÓCRATES o JUVENTUD y coordinar las políticas en materia de energía, transporte, medio ambiente y lucha contra la droga. 
A Turquía no debería imponérsele un catálogo de peticiones por nuestra parte- en esto coincido con lo que ha afirmado anteriormente el Sr. Swoboda -, sino que Turquía debería coordinar mejor y hacer más transparente la totalidad de sus esfuerzos en el terreno del desarrollo de la democracia, del estado de Derecho y de los derechos humanos, así como las condiciones generales de su economía, la asunción del acervo comunitario en un plan de acción para Europa, como línea directriz para una cooperación cada vez más intensa. 
En caso de que el informe Swoboda pudiera abordar como hasta ahora con un espíritu constructivo la solución de los problemas existentes entre Turquía y la Unión Europea, si se aprobara mañana con un voto positivo del Parlamento Europeo, podemos apoyar este informe y adoptarlo como línea directriz. 
Señor Presidente, en este momento se está produciendo un importantísimo acontecimiento en las relaciones UE-Turquía. 
Puede sorprender a los diputados que no se esté produciendo en esta Asamblea, sino en Turquía, porque en este preciso momento el Galatasaray está jugando con el Juventus. 
Si llega a ser una ocasión para que ciudadanos italianos sean víctimas de una violencia multitudinaria, me parece que haría retroceder mucho las relaciones UE-Turquía. 
Después de haber visto lo que le ocurrió al Manchester United cuando visitó Turquía hace unos años, me temo lo peor esta noche. 
El Grupo Socialista condena absolutamente la histeria que ciertos sectores de la sociedad turca están fomentando contra Italia en relación con el caso Ocalan. 
Condenamos cualquier injerencia en las decisiones de la judicatura en un Estado miembro gobernado por el imperio de la ley. 
Quiero que se diga en alto y con claridad que, si el Gobierno turco o la sociedad turca fomentan la acción de las turbas contra ciudadanos de la Unión Europea, los que queremos que se aplique una política más positiva para con Turquía veremos acallada nuestra voz. 
Un ataque contra un país de la UE es un ataque contra todos nosotros. 
Ahora bien, acogemos con beneplácito el informe Swoboda y, en particular, el hecho de que el ponente haya recurrido a expertos de diversas organizaciones de Turquía, tales como sindicatos y grupos de derechos humanos, para hacer una contribución positiva y constructiva al desarrollo de las relaciones UE-Turquía. 
El Grupo Socialista ha mantenido una línea de coherencia respecto de la solicitud de Turquía de ingreso en la UE. 
Creemos que Turquía haría una contribución valiosa a la paz y la seguridad de nuestra región. 
No aceptamos las razones religiosas o culturales como obstáculo para la adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
Sin embargo, se debe juzgar a Turquía con los mismos criterios que a cualquier otro país. 
Debe cumplir los criterios de Copenhague y del informe de la Comisión se desprende con toda claridad que no los cumple. 
Apoyo la propuesta del ponente de que ahora corresponde a Turquía presentarnos un calendario de reformas concretas para demostrar la seriedad de su solicitud. 
Turquía tiene que aceptar también el derecho de la UE a negociar la admisión con cualquier país que considere idóneo para ello. 
Sin embargo, es importante que no adoptemos una actitud pasiva en las relaciones con Turquía. 
Debemos intentar contribuir a la búsqueda de una solución para el problema kurdo, que en muchos sentidos es la causa de gran parte de la paranoia y la inseguridad de Turquía. 
Sabemos que el problema de Turquía es el de que el Gobierno es débil y el Estado es fuerte. 
Así, pues, debemos procurar fortalecer el Gobierno apoyando la reforma de la administración pública, mejorando los servicios de interpretación y garantizando la labor de las organizaciones democráticas en la base. 
Señor Presidente, quisiera comenzar mi exposición felicitando muy sinceramente al Sr. Swoboda por el equilibrio, la delicadeza y la minuciosidad de su informe. Expone claramente la posición que la Unión Europea piensa adoptar ante Turquía. 
Lo primero que conviene destacar al respecto es la comprobación de que, en principio, el Tratado de Roma se abre a Turquía del mismo modo que se abre a todos los Estados democráticos y de derecho de conformidad con los valores políticos que compartimos los países de la Unión. 
Evidentemente, el hecho de que un Estado cuente con una gran población islámica no conduce de ninguna manera a su exclusión. 
De la misma forma que tampoco tendríamos reparos, por ejemplo, en que Bosnia, con una población mayoritariamente islámica, decidiera presentar su candidatura a la Unión Europea. 
Quiero que este punto quede muy claro para que nadie pueda esgrimir el argumento de que pudiera constituir un problema para el Parlamento Europeo. 
Lo que sí podemos esperar es que un país que pretenda ingresar en la Unión cumpla los criterios correspondientes, al igual que los demás países aspirantes. 
No podemos olvidarnos de que no somos nosotros quienes se adhieren a otro país, sino que los demás países entran en la Unión. 
La Unión confía en que todos los países que expresan su deseo de formar parte de la misma estén dispuestos a dar los pasos necesarios para acercarse a ella, no sólo en el ámbito económico, en el terreno de su propia estructura económica, sino sobre todo en lo que a los valores políticos propios del Estado de derecho y de la democracia se refiere. 
Se pide una actitud constructiva a la hora de buscar soluciones para los problemas internos de las minorías. 
Se pide una actitud constructiva a la hora de contribuir a la paz internacional y al orden jurídico. 
En todos estos ámbitos, Turquía aún deja mucho que desear. 
Continúa oprimiendo a sus propias minorías, tiene dificultades en las fronteras orientales y no ayuda de forma constructiva a solucionar el problema que se plantea en Chipre. 
El Gobierno de Turquía no debe actuar como si pudiera imponer sus propias condiciones para su ingreso en la Unión Europea. 
No podrá cerrar los ojos ante el largo camino que aún le queda por recorrer. 
Creo que debemos instar a Turquía para que elabore un calendario, tal y como se propone en el informe, provisto de un plan de trabajo en el que se detallen los pasos políticos necesarios que permitan aproximarse a la Unión Europea. 
Si se niegan a ello, perderán el tren, pero si deciden comprometerse, llegará el día en el que los acogeremos con mucho gusto. 
Señor Presidente, señor Comisario, el informe Swoboda llega a la importante conclusión de que Turquía tiene derecho a ingresar en la UE siempre y cuando cumpla los requisitos económicos y políticos. 
En el fondo, el análisis de la situación en Turquía apenas ha variado desde la entrada en vigor de la unión aduanera. 
Nos encontramos de nuevo ante una lista de exigencias cuyo cumplimiento tardará en hacerse realidad, por importante que sea, como sabemos por experiencia y tras negociar con tres Gobiernos turcos. 
Visto este panorama acojo con gran satisfacción la iniciativa de la Comisión que tiene por objeto desarrollar una estrategia europea para Turquía. 
A este respecto debo admitir que en mi opinión la Comisión y, hay que decirlo, sobre todo el Comisario ha desempeñado siempre un papel positivo, adoptando una actitud de crítica constructiva en lo relativo a las complejas relaciones que venimos manteniendo con dicho país. 
Gracias a ello, la Unión y Turquía nunca han llegado a romper del todo. 
Espero que en un futuro próximo podamos recoger los frutos de dicha actitud. 
Hace una hora, el Sr. Swoboda aportó su contribución a los preparativos de la cumbre de Viena, pero no le he oído decir, siendo él el ponente, que el debate sobre la estrategia europea respecto a Turquía debe ser una de las prioridades de esta cumbre. 
Yo considero que se trata de una cuestión prioritaria tanto más cuanto que, de lo contrario, todas estas propuestas operativas sumamente acertadas, la profundización de la unión aduanera, quedan aplazadas sine die. 
Habida cuenta de la presencia del dirigente del PKK Ocalan en Roma es muy probable que la cumbre y los ánimos de sus participantes estén a la merced de la pregunta de si es o no es oportuno procesar al líder terrorista. 
Por ello mismo, me parece imprescindible que este problema quede zanjado antes de que se celebre la cumbre haciendo lo que se supone debe hacer un Estado de derecho de la UE, en este caso Alemania, en su calidad de próximo Presidente de la Unión; a saber, dar curso a la orden de detención y proceder al procesamiento del Sr. Ocalan. 
Volver a enviarle a Moscú sería un acto realmente cobarde y tan sólo serviría para deteriorar y frustrar aún más las relaciones con Turquía sin que haya necesidad de ello. 
Señor Presidente, el ponente ha realizado un honroso esfuerzo por embellecer el informe. 
Creo que ha sido un intento fracasado. 
Su informe es parcial, está lleno de omisiones sospechosas y está condicionado, en toda su extensión, por un síndrome de favor incalificable, injustificable hacia el factor turco. 
¿Quieren ustedes omisiones? 
Ni palabra sobre las consecuencias negativas de la afluencia masiva de millones de turcos, si las negociaciones avanzan y posiblemente la ampliación-adhesión al mercado laboral europeo. 
¿Habla de Constitución, de legislación penal? 
Ni palabra sobre las torturas, las desapariciones, los asesinatos de los encarcelados bajo esta Constitución, bajo la legislación penal que está en vigor. 
De acuerdo habla del problema de Chipre, de la cuestión kurda. 
Pero, deliberadamente, pasa por alto las declaraciones expansionistas de Turquía en el Egeo, declaraciones acompañadas de amenazas de utilización de la violencia. 
Además, señor Presidente, es característico que quiere legalizar la posición, de facto preponderante, del militarismo turco en la vida pública de Turquía, cuando solicita en el punto 18 que las conversaciones y las negociaciones, etc., para la adhesión también se lleven a cabo con las fuerzas armadas. 
¿En qué país se ha propuesto algo así? 
¿Por qué lo ha propuesto en el punto 18 para el militarismo turco? 
Por estas razones, señor Presidente, y por muchas otras, para las que un minuto no es suficiente... 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Señor Presidente, precisamente porque no queremos que haya ningún tormento ni suplicio en Turquía, quiero dar las gracias al Sr. Swoboda por el equilibrio y la clara exposición de objetivos de su informe. 
Abre la puerta para una membresía de Turquía en la Unión, y permite fijar un calendario para las reformas democráticas en Turquía. 
Con ello da contenido concreto a las condiciones básicas de una adhesión a la Unión. 
Me temo mucho que un enfoque tan claro no fuera posible hace un año en Luxemburgo. 
Esto ha reforzado en Turquía fuerzas que ven en la Unión el espíritu de las cruzadas y que quieren otra Turquía. 
Las fuerzas democráticas turcas han salido perjudicadas. 
Los Estados miembros han renovado en Viena la posibilidad de dar una señal para consolidar la democracia en Turquía. 
Espero que se guíen por el informe del Sr. Swoboda. 
Pienso que ahora le toca actuar a Turquía. 
Después de un informe así, Turquía ha de mover ficha. Por esta razón me alegro de que hayamos disfrutado de esta posibilidad. 
Gracias, señor Ceyhun, y enhorabuena por su primera intervención ante este Parlamento. 
Señor Presidente, señor Comisario, el informe del Sr. Swoboda va ciertamente en la dirección acertada. 
No obstante, me molestan sus críticas generales sobre el Estado de derecho en Turquía. 
Más de un Estado miembro- y el Sr. Ephremidis no se sentirá aludido, ya que no me refiero en particular a su país -, más de uno de los países miembros de la Unión debería hacer hoy un examen de conciencia en profundidad sobre la realidad del Estado de derecho, y me refiero en particular al país anfitrión de este Parlamento Europeo. 
Dicho esto, en el informe del Sr. Swoboda falta ciertamente todo el aspecto relativo a las torpezas del Consejo con respecto a Turquía, con respecto a la cuestión de la ampliación, con la exclusión sin motivo de Turquía de la lista de países que están llamados a convertirse en miembros de la Unión Europea. 
Existe además un aspecto nada agradable, que es la anulación de la contrapartida del acuerdo aduanero. 
Cuando existe un acuerdo, no se puede suprimir unilateralmente una de las partes del mismo y conservar sólo aquélla, como hemos podido ver, que beneficia a la Unión Europea. 
No obstante, creo que contiene varias cosas positivas y quiero felicitar al Sr. Swoboda, en particular, por el establecimiento del calendario. 
Lo que es fundamental, es poner los medios para que las relaciones entre la Unión Europea y Turquía tengan como base un calendario de reformas que conduzca a la adhesión. 
E invito- y creo que la Comisión avanza también en este sentidoa que se defina cuanto antes dicho calendario para poder comenzar a avanzar en una dirección determinada y para no quedarse al margen, como lamentablemente viene sucediendo desde hace mucho tiempo. 
Señor Presidente, antes de nada quiero felicitar al Sr. Swoboda por el cuidado informe que ha preparado y por la seria labor que ha realizado. 
Ha preparado un informe que se encuentra en la dirección correcta, porque nuestro objetivo no es poner las cosas difíciles a Turquía. 
Nuestro objetivo es facilitárselas, facilitarle el proceso que ella misma ha solicitado para ser considerada, en algún momento, uno de los serios candidatos a la adhesión a la Unión Europea. 
¿Pero qué es esta Unión Europea? 
Creo que Turquía tiene que entenderlo. 
No es sólo una comunidad económica. 
Sobre todo es una unión de estados libres y de sus ciudadanos, que comparten algunos valores comunes. 
La democracia, el respeto a la persona y a sus derechos, la libertad de pensamiento, la protección de los grupos minoritarios, el respeto a la diferenciación. 
Me temo que en Turquía bastantes personas no entienden qué significan estos valores y creo que este informe les va a ayudar a comprenderlo. 
La guerra nos hizo sufrir en Europa. 
Turquía, neutral en la última guerra, quizás no entiende qué significa para nosotros la paz. 
Quizás por eso amenace la paz tan fácil y tan frecuentemente; amenaza con la guerra incluso a Estados miembros de la propia Unión Europea. 
Por supuesto, en la Unión Europea no somos perfectos en todos los temas relacionados con la protección de los derechos de nuestros ciudadanos. 
Pero nosotros reconocemos algo que Turquía no reconoce: que uno de los imperativos más elevados de la democracia es respetar a nuestros ciudadanos, no exponerlos a la arbitrariedad, a las torturas, a las desapariciones, no utilizar como arma el genocidio para someter a una minoría. 
La propia Turquía, como he dicho, ha solicitado ser miembro de la Unión Europea. 
Ciertamente tiene derecho a reconsiderarlo. 
Sin embargo, si no quiere reconsiderar de nuevo esta demanda, deberá respetar los principios que he referido. 
Y una cosa más: Debe proceder a determinados pasos inmediatamente, debe renunciar a la guerra, debe aceptar el proceso del Tribunal Internacional de la Haya, debe aceptar que tiene que poner fin a la guerra contra sus propios ciudadanos. 
Entonces descubrirá que aquí, en la Unión Europea, tiene amigos. 
Tiene amigos que están interesados en ayudarla a avanzar. 
Tiene amigos que están interesados en que el pueblo turco avance para que, en algún momento, esté preparado para estar mucho más cerca de Europa. 
Una vez más quiero felicitar al Sr. Swoboda. 
Este informe es muy importante y espero que no se mal interprete en Turquía, porque lo han elaborado personas que quieren ayudarla a que, por fin, llegue ella también al siglo XXI. 
Señor Presidente, me remito a las últimas palabras del colega para decir que nuestra intención es la de ayudar a Turquía para que se acerque a la Unión Europea. 
Además, creo que los esfuerzos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión siempre se dirigieron en ese sentido. 
Somos conscientes de la centralidad geopolítica de Turquía y del papel que puede desempeñar este país, incluso para dibujar las condiciones de paz en una zona particularmente delicada. 
No obstante, es preciso también que Turquía comprenda las causas de algunas objeciones, resistencias y reparos que se han expuesto en las negociaciones. 
Uno de los asuntos abiertos, que obviamente no se puede ocultar, es la cuestión kurda que, aun cuando somos favorables a la integridad territorial de Turquía, no se puede considerar tan sólo como un problema interno, incluso porque se trata de un tema esencial relativo a la defensa de los derechos de las minorías. 
De otra parte, tampoco se puede resolver la cuestión con actitudes duras y violentas, como lo es el lenguaje- no siempre aceptable- que Turquía ha empleado frente a Italia. 
No pensamos que éste sea el camino para resolver tales problemas. 
Sólo mediante el diálogo, mediante la solución de los conflictos es posible alcanzar estos objetivos, que la Unión Europea debe llevar adelante con decisión y acuerdo. 
Debo decir que algunas veces nos hemos sentido solos. 
Aunque, por fin, el Consejo Europeo, a través de la Presidencia austríaca, y la Comisión han dejado oír su voz de solidaridad, se trata de problemas que únicamente pueden afrontar todos los países juntos. 
Señor Presidente, el del Sr. Swoboda es, a mi juicio, un buen informe: equilibrado, claro e incluso valiente cuando es necesario. 
La posición de todos nosotros- creo que en este tema no existen diferencias- consiste en mantener abiertas para Turquía las puertas de la Unión Europea y en considerar, como hace un momento decía el Sr. Bianco, que en teoría la contribución política de Turquía a la Unión Europea es importante. 
Sin embargo, el problema está en que hoy aún subsisten obstáculos: este punto es el que debemos tomar en cuenta. 
Hay obstáculos muy duros sobre todo en el plano político, en cuanto a las garantías democráticas, al estado de derecho, a las minorías. 
En su conjunto, debemos decirlo, la situación existente dentro de Turquía es inaceptable para nosotros y para los criterios de Copenhague. 
Este problema incumbe a Turquía, y Turquía es la que debe modificar sus estructuras y sus comportamientos. 
Tiene razón el Sr. Swoboda cuando dice, justamente, que debemos preguntar a Turquía y a su gobierno qué quieren hacer, cuándo y cómo. 
Ahora tenemos que iniciar una fase distinta: ya no podemos limitarnos a declaraciones de principios, no podemos seguir diciendo que Turquía es importante, que le abrimos nuestras puertas. En estos momentos, si quiere entrar en la Unión Europea, Turquía debe decir, concretamente, qué es lo que piensa cambiar, cuándo y a través de qué medidas, cómo piensa modificar aquellas estructuras suyas que están en contradicción con los criterios de Copenhague. 
¡Esta es la cuestión! 
La actitud reciente de Turquía ante Italia ha sido, en mi opinión, un grave error del gobierno turco y la sociedad turca en general, no sólo porque esa postura agresiva, e incluso violenta, ha creado una pésima impresión en Italia, sino también porque esta misma impresión se ha producido en toda la Unión Europea, en un momento delicado para Turquía: desde este punto de vista, por tanto, ha sido un error gravísimo. 
El gobierno italiano ha hecho lo que debía y todos lo han reconocido así. 
Ha detenido a Ocalan porque había una orden de arresto internacional dictada por Alemania, y ha sido coherente con su estado de derecho: no ha sido, no es ni será posible la extradición a un país que aplica la pena de muerte y que no garantiza suficientemente el respeto de los derechos humanos. 
Esta es la posición de Italia y la posición de todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Turquía tiene otro problema, además de los ya citados: no puede decir que el problema kurdo sea sólo un problema de terrorismo. 
Este punto es crucial; mientras Turquía no admita que existe una cuestión kurda y no sólo una cuestión de terrorismo, no conseguirá resolver el problema de los criterios de Copenhague, ni conseguirá darnos respuestas convincentes. 
No se trata sólo de la cuestión kurda, pero esto es significativo en cuanto a la actitud de Turquía. 
Pues bien: esta ocasión es la adecuada para hacer observaciones precisas a Turquía y exigirle respuestas. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, ayer, con motivo de la asamblea parlamentaria de la Unión Europea Occidental en París, tuve la ocasión de entrevistarme con el Sr. Cem, ministro turco de Asuntos Exteriores. 
Turquía aparentemente está contenta de la posibilidad de celebrar un foro europeo en el que pueda participar. 
Es significativo que el ministro turco de Asuntos Exteriores haya observado un cambio de actitud en favor de Turquía en el último informe de la Comisión, en el que se describe a Turquía como candidato y no- como ocurrió de improviso en Luxemburgo- como un «no candidato» , que en cierto modo ha de colocarse detrás. 
Esta fue en cierto modo la impresión que se tuvo en ese momento. 
Es una señal positiva de que las relaciones entre la Unión Europea y Turquía van por buen camino. 
Al mismo tiempo me sorprendió que el Sr. Cem no estuviera dispuesto a desviarse un ápice de la caracterización y de la definición del problema del terrorismo; ni una sóla vez pronunció la expresión «problema kurdo». 
Por eso me pareció muy importante que el informe del Parlamento Europeo abordara expresamente esta cuestión y exigiera una postura clara por parte de Turquía, porque Turquía debe medirse con el mismo rasero que otros países candidatos. 
Tengo la convicción de que ahora existe una gran oportunidad de dar una solución política al problema, porque después del acuerdo entre Turquía y Siria, del acuerdo existente entre Turquía e Israel, de la expulsión de facto de Ocalan, existe una verdadera oportunidad de que acabe la guerra de guerrillas, que dura ya desde hace 15 años y que tantas víctimas ha costado a los kurdos, y de que se abra una vía para solucionar políticamente los problemas. 
Opino que por nuestra parte tenemos que hacer todo lo posible para conseguir que Turquía llame a las cosas por su nombre y busque una solución política. 
Señor Presidente, considero que toda medida que esté encaminada a mejorar las relaciones con Turquía es correcta y conveniente. 
En esa medida puedo apoyar incondicionalmente los aspectos esenciales del informe Swoboda, al igual que lo que ha presentado la Comisión como documentación de la materia, incluido el informe sobre los progresos realizados. 
Solo tengo objeciones a tres puntos. 
Uno es la falta de sinceridad que practicamos frente a Turquía. 
Por eso tengo objeciones a la formulación del apartado 1 y 29 del informe del Sr. Swoboda, en el que se pone una vez más en perspectiva la adhesión, que según todos los hechos, según todas las reflexiones realistas, vuelve a inducir a error. 
Todo el mundo está de acuerdo, sin duda, conmigo en la formulación de que Turquía pertenece a la familia de las democracias occidentales y que debe estar en ellas. 
Pero por eso, de cara al futuro, no se la debe ilusionar ahora como miembro potencial, como candidato a la adhesión. 
Ya en el Tratado de Ankara de 1963, suscrito hace 35 años, existe la posibilidad de una adhesión de Turquía a la Comunidad. 
No existe ningún compromiso, tan sólo la disposición a examinar la posibilidad. 
Pero si volvemos a dar la impresión de que la entrada de Turquía está próxima, induciríamos a error, no seríamos honestos ni francos y volveríamos a dar una vez más, como a menudo ocurre en este Parlamento, una orientación totalmente equivocada a las relaciones con Turquía. 
Estoy a favor de que creamos una relación especial con Turquía. 
He luchado considerablemente en este Parlamento por la unión aduanera y soy miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta, pero, ahora, volver a levantar el listón, volver a poner un listón mucho más alto, como si fuera el caso de otras adhesiones, volver a poner en perspectiva la adhesión, es falso y no realista. 
En este informe falta un punto. 
Le estaría bien al Parlamento que se pronunciara claramente sobre el bloqueo del protocolo financiero de la unión aduanera. 
¿Cómo queremos imponer condiciones a Turquía si no estamos en condiciones de suprimir nuestros propios obstáculos con el bloqueo permanente por parte de Grecia? 
Señor Presidente, desde esta tribuna he acentuado repetidamente que si hay algún país que, de los 15 de la Unión Europea que sería más feliz, si Turquía se adhiriese a la Unión Europea, este país sería Grecia. 
Porque está condenada por su geografía a ser vecina de Turquía. 
Porque si estos dos países colaboraran estrechamente, ya que ocupan posiciones neurálgicas en el cruce entre Europa y Asia, entre los Balcanes y el Mediterráneo, dicha colaboración sería valiosa, eficaz, constructiva para toda Europa y, diría que también para la seguridad del mundo entero. 
Pero, condición indispensable para esto es lo evidente, que las relaciones entre estos dos países sean amistosas y que se apoyen en los principios del Derecho internacional. 
Desgraciadamente, mientras que Grecia se apresuró a firmar la Unión Aduanera, junto con otros 14 países, Turquía, como si este suceso la hubiese hecho descararse, aumenta su afán de provocación, su agresividad, su insolencia frente a Grecia, hasta el punto de mostrar continuamente pretensiones territoriales en aumento. 
Por consiguiente, no es que Grecia se niegue a firmar el protocolo financiero por una especie de prevaricación. 
Es porque no se han cumplido las condiciones de la decisión del Consejo de Luxemburgo, según las cuales Turquía debería mostrar que realmente tiene una orientación europea. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera dar las gracias al Sr. Swoboda por su minucioso informe y coincido con ustedes en que da muestras de un gran equilibrio. 
Creo poder afirmar que la Comisión comparte en gran medida el análisis y las conclusiones del ponente. 
A la luz de los últimos acontecimientos, entre ellos la detención del dirigente del PKK Ocalan, que han afectado seriamente a nuestra relación con Turquía, yo también he esperado este debate con sentimientos contradictorios. 
Pienso, no obstante, que debemos mirar más allá sin olvidar que durante los últimos años, concretamente desde el año 1995, en el que entró en vigor la unión aduanera con Turquía, y también más recientemente con la elaboración de una estrategia europea específica respecto a Turquía, la Unión Europea, con este mismo motivo, ha optado por evaluar la situación en Turquía sobre la base de los criterios de Copenhague. 
Es una señal inequívoca en respuesta a los deseos de Turquía de ingresar en la Unión Europea. 
Se ha elaborado un informe de situación; en otras palabras, yo creo que la Unión Europea ha puesto de manifiesto su buena voluntad y su convicción política de que tiene mucho interés en mantener relaciones institucionales duraderas también con Turquía. 
Es evidente que podemos hacer esfuerzos por mejorar la situación económica prestando ayuda y colaboración, por ampliar y profundizar la unión aduanera, por desarrollar la armonización con la legislación comunitaria y, de hecho, se han elaborado propuestas en esa dirección, pero hay una cosa que no podemos hacer, y es imponer a Turquía la manera en que, por así decirlo, desea afrontar los criterios políticos de Copenhague. 
En este ámbito, la Unión ha puesto el listón exactamente a la misma altura para todos los candidatos. 
Noblesse oblige. 
Y esto también se aplica a Turquía. 
Puesto que se me está acabando el tiempo, voy a ser breve. 
Quisiera tener la esperanza de que para uno de estos problemas importantes, la cuestión de los kurdos, que nos ha causado seria inquietud, por decirlo de alguna manera, a la vista de la evaluación general de los derechos humanos en Turquía, se vislumbre una incipiente solución política, una solución que, por supuesto, solamente puede ver la luz si el problema se reconoce como tal. 
Pero me temo que en el caso de Turquía aún no hemos llegado hasta ahí. 
Ello no impide que podamos manifestar aquí que la Unión Europea está dispuesta a buscar junto con Turquía una salida para este problema fundamental. 
Abrir perspectivas encaminadas a una solución del problema sin duda redundaría en beneficio de las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, lo cual favorecería a su vez la búsqueda de soluciones para otros problemas importantes, ya sea Chipre, la relación con Grecia o el Mar Egeo. 
Ya termino. 
Quisiera decir que los últimos acontecimientos y las complicaciones en torno a la detención del dirigente del PKK en todo caso han puesto de relieve dos cosas. La necesidad de poner en marcha un Tribunal Penal Internacional que se pueda ocupar de este tipo de asuntos y, en segundo lugar, la necesidad de iniciar serios esfuerzos para dar una solución política a la cuestión kurda. 
Gracias, señor Comisario. 
Creo que el Sr. Swoboda puede sentirse satisfecho de este debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(La sesión, interrumpida a las 20.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Estatuto de los diputados 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0426/98) del Sr. Rothley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el proyecto de estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. 
Tiene la palabra el Sr. Fabre-Aubrespy para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, en virtud del artículo 128 de nuestro Reglamento, deseo presentar una propuesta que tiene por objeto rechazar el debate sobre el punto que nos ha sido presentado, por motivos de inadmisibilidad, y ello por tres razones. 
La primera razón es que el informe se fundamenta en el Tratado de Amsterdam, al que hace referencia en los vistos y considerandos B, D y E. Ahora bien, dicho Tratado aún no ha sido ratificado ni ha entrado en vigor. 
Para los diputados y senadores franceses, en particular, que ayer mismo debatían la reforma constitucional previa a la ratificación de este Tratado, es una injuria que se aplique este texto antes incluso de ser ratificado. 
Segunda razón, el proyecto de estatuto incluido en el presente informe añade disposiciones al Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas, al Acta de 1976 y al Protocolo sobre los privilegios e inmunidades, algo para lo que no tiene facultad. 
En este sentido, son inadmisibles las disposiciones que tienden, en particular, a penalizar a los diputados europeos titulares de otros mandatos parlamentarios. 
Tercera razón, señor Presidente, es un informe de propia iniciativa. 
Por tanto, debe cumplir el artículo 148, contemplado como fundamento jurídico, y el artículo 50, que se aplica en virtud del apartado 6 de dicho artículo. 
Por consiguiente, la propuesta que contiene el informe debe, y cito textualmente: «respetar el principio de subsidiaridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos- algo que en este caso no hace- y cumplir asimismo el apartado 4 de este mismo artículo. Si la propuesta presentada tuviera repercusiones financieras, el Parlamento indicará los medios para garantizar una cobertura financiera suficiente.» 
Fin de la cita. 
Evidentemente, esta disposición no se cumple, porque la propuesta presentada al Parlamento representa unos costes para el presupuesto comunitario, sin que se indique ninguna propuesta para garantizar su financiación. 
He aquí las tres razones por las que solicito que este texto sea declarado inadmisible y planteo la cuestión previa. 
Muchas gracias, señor Fabre-Aubrespy. 
Esta Presidencia entiende que el informe objeto de debate es admisible, puesto que el Consejo ha solicitado explícitamente nuestra opinión sobre esta cuestión y es reglamentariamente legítimo que lo hagamos así. 
Por lo tanto, esta Presidencia entiende que no es inadmisible y, al no ser inadmisible, vamos a proceder a su debate y, en el momento oportuno, a su votación. 
Señor Presidente, su punto de vista es muy interesante, pero no procede que lo dé sobre la propuesta que he presentado. 
Lo que procede, en cambio, es que pregunte si hay algún orador a favor de esta propuesta y si hay un orador en contra, antes de someterla a votación; es lo que dice el artículo 128 del Reglamento. 
Señor Fabre-Aubrespy, yo sé que usted conoce muy bien el Reglamento. 
Pero en este momento quien lo administra es esta Presidencia y, por lo tanto, esta Presidencia entiende que no ha lugar a debate y a votación de su propuesta, dado que el informe es admisible. 
Si usted, señor Fabre-Aubrespy, no está de acuerdo, puede recurrir a la Comisión de Reglamento de la que es no sólo miembro sino miembro muy significado. 
Así pues, Señorías, esta Presidencia ha tomado una posición. 
Esta posición, señor Fabre-Aubrespy, puede ser equivocada. 
Ustedes saben cómo recurrir contra ella. 
Pero, en todo caso, esta Presidencia inicia el debate porque entiende que el informe es admisible. 
Yo he dado mis razones: aunque todavía no se hayan aprobado en todos los Estados miembros las modificaciones de los Tratados en Amsterdam, el pronunciamiento de este Parlamento con perspectiva de futuro es legítima, tanto más cuanto que el Consejo ha pedido opinión sobre esta cuestión. 
Doy la palabra al ponente, Sr. Rothley. 
Señor Presidentes, Señorías, el estatuto es una oportunidad para el Parlamento. 
El Parlamento puede adoptar una nueva estructura: más independencia, más autonomía, mayoría de edad. 
Un Parlamento cuyos diputados estén comprometidos con sus electores y con la Unión Europea. 
Esta nueva estructura del Parlamento también incluye que los diputados del Parlamento Europeo reciban su propia remuneración. 
A igual trabajo, igual salario. 
Con esto se nos plantea ya el primer problema. 
Siempre habrá gobiernos y diputados de los parlamentos nacionales que digan: los miembros del Parlamento Europeo bajo ninguna circunstancia pueden ganar más que los miembros de los parlamentos nacionales. 
Y siempre habrá miembros del Parlamento Europeo que digan: no puede ser que ganemos menos que los parlamentarios nacionales. 
Esto pasa ahora y seguirá pasando dentro de dos, cinco y veinte años. 
Por ello debemos abordar el problema. 
No creo que sea posible que demos este paso de una sola vez. 
Por eso proponemos a la Comisión de Derechos de los Ciudadanos un sistema transitorio. 
Aquellos diputados que resulten elegidos por primera vez en las elecciones de junio del año que viene, deben percibir un sueldo medio, obligatorio para todos los elegidos por primera vez. 
¿Por qué? 
Utilizar un promedio supone una expresión de respeto por las decisiones democráticas de los parlamentos nacionales. 
No tiene sentido que el Parlamento italiano ataque al Parlamento español y diga: pagan muy poco a sus diputados. 
Tampoco tiene sentido que el Parlamento español ataque al Parlamento italiano y diga: pagan demasiado a sus diputados. 
No tiene sentido. 
Europa no puede funcionar si se intenta imponer el sistema propio a los demás: esto quiere decir que el promedio es la expresión del respeto democrático. 
Ahora bien, para los parlamentarios que son reelegidos se plantean problemas: problemas jurídicos, problemas fiscales. Por tanto, debe dárseles una opción: o el nuevo sistema o el sistema actual, pero sólo durante cinco años. 
En el transcurso de la próxima legislatura adoptaremos una decisión que será válida uniformemente para todos a partir del año 2004, para la sexta legislatura. 
Si queremos, y eso es lo que realmente deseo, tener un estatuto antes de las elecciones de junio del próximo año, la propuesta del Parlamento debe ser moderada, debe ser comprensible de inmediato, debe ser claramente razonable, no debe requerir explicaciones, porque debe ser evidente por sí sola. 
¿Qué otras propuestas hay entonces? 
Se dice: vinculación al sueldo de un juez o un comisario. 
Casi todos los gobiernos se quejan de los sueldos de los funcionarios o los jueces. 
Si decimos que queremos proponer el sueldo de un comisario o de un juez, rápidamente se encenderá la luz roja en el Consejo. 
Así pues, quien quiera que no tengamos estatuto, debe hacer esta propuesta. 
Hay otra razón. Un diputado es un actor político independiente, que está obligado ante sus electores y ante la Unión europea. 
No soy medio juez del Tribunal de Justicia y nunca lo seré. 
Escudarse en el sueldo de un funcionario o de un juez, frotándose las manos, y decir que, gracias a Dios, el sueldo de los funcionarios o de los jueces ha aumentado de nuevo, sin tener nada que ver con ello, quizá sea de listos, pero no es muy inteligente. 
El Parlamento Europeo debería decidir con autonomía y plena conciencia sobre la remuneración de sus diputados. 
Sólo esto está a la altura de la dignidad del Parlamento. 
La desventaja de esta otra solución es que no se menciona ninguna cantidad. 
Pero así no podemos solucionar el problema del Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo tiene un problema. 
Ha caído en poder de las habladurías y no debe caer en descrédito. 
Gastos de viaje: tenemos que solucionar definitivamente el problema. 
No podemos dar la impresión de que sólo hacemos algo cuando nos azuzan. 
Pero sólo podremos solucionar el problema si hablamos de las asignaciones. 
Nadie puede suponer que un diputado va a trabajar aquí por 2.827 ecus. Eso no puede ser. 
Por tanto, las asignaciones y la regulación relativa al reembolso de los gastos de viaje están indisolublemente unidas. 
Por ello debemos nombrar una cantidad, y por ello debemos inscribir la siguiente frase en la resolución: la Mesa debe decidir a la luz del estatuto. 
Después, cuando tengamos el estatuto, también podremos encargarnos de nuestra Casa. 
Es decir, la lógica política de la propuesta es que estamos dispuestos a solucionar nuestro problema y te toca a tí, Consejo, contribuir a ello. 
Esta es la lógica política de la propuesta. 
Algunos dicen que éstos son demasiados detalles. 
Las autoridades financieras de los Países Bajos arrancan la piel a nuestros compañeros y dicen: esto son detalles, no nos interesa. 
Pues no, no son detalles ridículos. 
Ya estamos hartos de bellas palabras. Ya estamos hartos de lírica política. 
Tenemos que solucionar un problema. La tarea de la política es solucionar los problemas. 
Para eso estamos aquí. 
En estos días he pensado mucho en un excelente dicho de Churchill: la democracia es la peor forma de Estado, exceptuando todas las demás. 
También diría lo mismo de esta propuesta. 
Es la peor propuesta que hay si exceptuamos todas las demás. Por ello pido que se apruebe. 
(Risas, aplausos) 
Señor Presidente, yo espero que este estatuto, que es un proyecto hoy en día, sea mucho mejor, después de las 109 enmiendas que vamos a votar mañana, que lo único existente. 
Yo confío en que eso sea así. 
Y confío en ello por una razón: porque este estatuto es algo muy importante para este Parlamento. 
Este estatuto es un éxito de este Parlamento, que lo incluyó entre sus prioridades a la hora de negociar el Tratado de Amsterdam. 
Por tanto, nosotros, cuando nadie pensaba que íbamos a lograr incluir en el Tratado la exigencia de un estatuto, lo conseguimos. 
Por lo tanto, primer éxito. 
Segundo: porque el estatuto es algo muy importante para este Parlamento porque es su carta constitucional. 
El estatuto va mucho más allá del tema del sueldo. 
El estatuto marca las reglas del juego con las que los diputados directamente elegidos por los ciudadanos debemos acometer nuestra actuación. 
Y por eso, la propuesta que debemos llevar al Consejo, que tiene que aprobarla por unanimidad, tiene que ser, como ha dicho el Sr. Rothley, una propuesta razonable, si no, la unanimidad lo hará fracasar. 
Y por tanto, el éxito obtenido se trocará en fracaso. 
La Comisión de Asuntos Institucionales- a la que me honro representar- ha solicitado en su opinión tres cosas: en primer lugar, que las reglas que se adopten sean transparentes, que los ciudadanos sepan cuáles son esas reglas del juego de los diputados europeos; en segundo lugar, que se consoliden en un texto todas las reglas existentes; y en tercer lugar, que haya un tratamiento igual para todos los diputados. 
A mí me parece que siendo todos diputados elegidos y cumpliendo todos la misma función, la situación actual, que obedece a una situación anterior, no tiene demasiado sentido. 
Por eso, señor Presidente, creo que, si mañana votamos un texto razonable, tendremos la fuerza de nuestra convicción, la fuerza política que adquirimos en Amsterdam. 
Espero que lo logremos. 
Señor Presidente, este informe reviste, a juicio de mi Grupo, la mayor importancia para el desarrollo de la legitimidad democrática y la credibilidad de esta Asamblea. 
Naturalmente, no debería ser así. 
Deberíamos ser juzgados aquí por la forma como desempeñamos nuestras funciones de legislar, supervisar la labor de la Comisión y del Consejo y establecer el presupuesto de la Unión. 
Lamentablemente, esa función, que se ha desempeñado- creo yo- de forma constructiva y progresista durante esta legislatura, ha quedado obscurecida por un aluvión de críticas en todos nuestros países en los últimos años. 
Dichas críticas que con monótona periodicidad llegan a un punto culminante en nuestra prensa se centran en el sistema de subsidios y gastos correspondientes a los diputados a esta Asamblea. 
Quiero rendir homenaje a los dos Presidentes de nuestro Parlamento durante esta legislatura. 
Primero, Klaus Hänsch y ahora José María Gil-Robles han trabajado para introducir las reformas necesarias con vistas a restituir a esta Asamblea y a sus diputados cierto grado de dignidad y aceptabilidad pública. 
Ésta es la primera vez que hago uso de la palabra en esta Asamblea en nombre de mi Grupo sobre esta cuestión. 
En los últimos cuatro años y medio he participado en constantes debates dentro de mi Grupo y con mis homólogos de otros Grupos de esta Asamblea para velar por que podamos adoptar ahora las necesarias decisiones fundamentales con vistas a resolver este problema. 
En mi opinión, ésta es la última oportunidad en esta legislatura para poner fin, de una vez por todas, a este vilipendio público de lo más perjudicial. 
Por mi parte, espero apasionadamente que mañana esta Asamblea apruebe un conjunto apropiado de reformas. 
Todos sabemos que, por ahí fuera, habrá quienes afirmen que, hagamos lo que hagamos, no será suficiente. 
Lamentablemente, en los últimos años ha habido en esta Asamblea quienes han contribuido deliberada y fraudulentamente al debate tergiversando y falseando detalles y motivaciones. 
Así, pues, hagamos lo que consideramos oportuno, defendible y que a nuestros ciudadanos parecerá razonable. 
Tengamos también una transparencia total. 
Está claro que la cuestión del régimen de gastos no se podrá resolver hasta que no abordemos también la desigualdad de los salarios de los diputados. 
La gran discrepancia entre los salarios de diputados que desempeñan tareas idénticas en circunstancias igualmente duras en cuanto a viajes, horas, molestias, perturbaciones de la vida familiar y demás, no es, sencillamente, aceptable. 
Así, pues, revistió importancia decisiva que en la Conferencia Intergubernamental celebrada en junio del año pasado en Amsterdam se pidiera que el Parlamento Europeo presentara una propuesta de Estatuto de los diputados. 
El informe Rothley es nuestra respuesta a dicha petición. 
En opinión de mi Grupo, no es aceptable proponer un estatuto de los diputados que simplemente reúna las diversas condiciones, inmunidades y privilegios de los 15 parlamentos nacionales de la Unión Europea y denomine el resultado estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. 
Para que ese estatuto tenga cierta integridad y credibilidad, debe examinar el papel de un diputado al Parlamento Europeo. 
Debemos formular un estatuto que sea apropiado para el trabajo que hacemos, el medio en que trabajamos, los viajes, que son parte integrante de nuestro trabajo, y las incompatibilidades resultantes. 
Quiero felicitar al Sr. Rothley por la labor extraordinariamente eficaz que ha hecho a ese respecto. 
He de decir que probablemente no haya un solo diputado a esta Asamblea que esté satisfecho con todos los aspectos de las propuestas del Sr. Rothley, por lo que concluyo que ha acertado, más o menos. 
No podemos soslayar la importante cuestión del salario de los diputados, por lo que propongo que se aborde ahora. 
Resulta innegable que los diputados a esta Asamblea deben recibir el mismo salario. 
En cualquier medio similar no sería aceptable que fueran cosa corriente semejantes diversidades de salarios. 
Resulta contrario a toda lógica y al sentido común y es la causa de todos nuestros problemas. 
La cuestión más importante ha sido simplemente la de determinar cuál sería un salario apropiado para los diputados al Parlamento Europeo. 
La solución propuesta por el Sr. Rothley, consistente en la media del salario de todos nuestros diputados nacionales, es ingeniosa. 
En modo alguno es el salario mayor de los que se dan en los parlamentos nacionales ni el mayor que podríamos haber propuesto. Pero representa un salario apropiado. 
Tiene la virtud de ser transparente y comprensible y mi Grupo rechaza otras formulaciones por considerarlas opacas y prestarse a la crítica de que estamos maniobrando para conseguir un salario excesivo. 
Para facilitar los problemas evidentes de los colegas que sufrirían una pérdida substancial de salario con arreglo a ese sistema, el Sr. Rothley propone un período transitorio, según el cual en la próxima legislatura los colegas reelegidos podrán elegir el nuevo salario o el actual. 
Si bien algunos colegas no están contentos con esa fase transitoria, y me incluyo yo misma en esa categoría, hay que reconocer que estamos hablando de una considerable reducción de los ingresos personales de algunos diputados. 
Ese período transitorio les permitiría al menos preparar su futuro. 
Naturalmente, los diputados nuevos entrarán en el Parlamento con el nuevo sistema de inmediato. 
En el informe se propone que el salario esté sujeto a tipos fiscales comunitarios. 
Se trata de una propuesta polémica que divide- creo yo- a la mayoría de los Grupos de esta Asamblea y el mío no es una excepción. 
Muchos diputados desean seguir pagando los mismos tipos fiscales que los ciudadanos a los que representan. 
Otros consideran que van a recibir un salario europeo y tienen derecho, como otras personas empleadas directamente por la Unión Europea, a pagar los tipos impositivos de la Unión Europea. 
En fin, ya se verá, es difícil predecir cuál será el resultado del voto al respecto en esta Asamblea. 
La otra cara de la moneda de un salario único es un sistema de reembolso de gastos de viaje basado en los gastos reales. 
Para mí, eso es fundamental. 
No puedo aceptar que adoptemos un salario común y al mismo tiempo sigamos permitiendo un régimen de gastos basado en cualquier otra cosa que no sea los gastos reales. 
No me cabe duda de que semejante propuesta sería totalmente inaceptable para nuestros ciudadanos, nuestros votantes y, de hecho, nuestros Gobiernos. 
Las propuestas del Sr. Rothley al respecto son excelentes y espero que reciban apoyo. 
La enmienda de transacción presentada por mi Grupo y el Grupo Liberal con el apoyo activo del ponente da- creo yo- una mayor transparencia y claridad a esa cuestión y espero que reciba apoyo. 
La otra sección importante de este proyecto de estatuto es la de las incompatibilidades y otros elementos que determinan nuestros derechos y deberes, nuestro mandato e independencia como diputados al Parlamento. 
Se han presentado varias enmiendas en nombre de muchos Grupos, el mío entre ellos, que equilibran el informe y espero que también sean aprobadas. 
Si mañana logramos la aprobación de un proyecto de estatuto, habremos dado un primer gran paso para cerrar esa larga y sangrante herida. 
Después corresponderá al Consejo reconocer el compromiso del Parlamento y sus diputados a la hora de adoptar decisiones difíciles, como haremos- espero- mañana. 
Después corresponderá al Consejo indicar que está dispuesto a dar luz verde a la fase siguiente, es decir, las negociaciones interinstitucionales detalladas para que el estatuto llegue a ser realidad antes de las elecciones europeas de junio del año próximo. 
No hay mucho tiempo. 
El consenso sobre una cuestión de esta clase resulta extraordinariamente difícil de conseguir. 
Mañana conseguiremos- espero- la mayoría que necesitamos. 
Esperemos que en Viena el Consejo pueda hacer lo propio. 
Señor Presidente, queridos colegas, desde hace varias semanas, el informe de nuestro colega Willy Rothley ha hecho correr ríos de tinta y muchas palabras. 
Pero lo que debería sorprender en primer lugar, ha pasado casi totalmente desapercibido, y es el hecho de que desde hace casi veinte años, los diputados europeos que, como todos sabemos son elegidos por sufragio universal, esperan en vano poder beneficiarse de un estatuto común. 
Los Comisarios tienen un estatuto, los jueces del Tribunal de Justicia, los consejeros del Tribunal de Cuentas, el mediador, por nuestra solicitud, nuestros funcionarios, evidentemente, los diputados nacionales, todos tienen uno, pero en lo relativo al diputado europeo, el Consejo no se ha dignado estimarlo oportuno. 
No obstante, si existe una situación que habría merecido ser aprobada desde el inicio con el fin de tomar las disposiciones adaptadas a una realidad compleja, ésa es la del diputado europeo. 
La realidad de los diputados europeos es efectivamente compleja en muchos sentidos. 
En lo relativo a su indemnización parlamentaria, está equiparada a la de sus colegas nacionales, pero como todos sabemos, las diferencias entre nacionalidades se multiplican por tres, por no hablar de las importantes diferencias en materia de régimen fiscal, y esta injusticia se ve aún agravada por el hecho de que los diputados nacionales de algunos Estados miembros, que sobre el papel son los menos remunerados de la Unión, reciben en su país compensaciones de forma directa, de las que son privados sus colegas europeos. 
El segundo elemento de esta realidad, a la vez diversa y compleja, es el de la distancia. 
Hay colegas que residen en las proximidades del lugar de trabajo- Bruselas y Estrasburgo -, algunos incluso in situ. 
Otros, por el contrario, viven en la periferia y necesitan un día o incluso más para acudir a estos mismos lugares y utilizando para ello a veces varios medios de transporte. 
Por último, la ausencia de un modo de escrutinio uniforme- estamos esperando los resultados del informe de nuestro colega Sr. Anastassopoulos- dan lugar a otras injusticias adicionales. 
Efectivamente, algunos colegas son elegidos en Estados miembros cuya superficie permite desplazarse hasta los electores con cierta facilidad; otros son elegidos en circunscripciones inmensas que deben recorrer con tanto más celo, porque se enfrentan a un escrutinio de tipo preferencial. 
Señor Presidente, queridos colegas, quisiera decir sencillamente a aquellos que han estudiado detenidamente este dossier desde hace algún tiempo, cuánto les habría honrado que hubieran sido imparciales y hubieran tomado también en consideración estas realidades de la vida del diputado europeo. 
Pero quizá era pedir demasiado a aquellos que, evidentemente, se habían fijado el objetivo de desacreditar sistemáticamente al diputado europeo. 
En este Parlamento, todos aspiramos sinceramente a la transparencia de todas las dietas. 
Todos somos conscientes también- como acaba de decir hace un momento la Sra. Green- que las desigualdades que he subrayado no son tolerables entre colegas que ocupan los mismos escaños, que realizan un trabajo a menudo agotador que, lamentablemente, sólo los iniciados están en condiciones de apreciar, un trabajo que no recibe la menor atención de los medios de comunicación. 
Todos hemos llegado a la conclusión de que, sólo un estatuto único del diputado permitiría responder a las exigencias de transparencia y de igualdad a las que además aspiramos. 
Es el motivo por el que, y termino, señor Presidente, me alegro de que el Consejo haya por fin aceptado incluir el principio de estatuto en el Tratado de Amsterdam y felicito a nuestro Presidente, José María Gil-Robles, por haberlo logrado. 
Me congratulo de que nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos y su ponente hayan trabajado en esta dirección, al igual que nuestro Grupo PPE- y agradezco a los colegas que han colaborado activamente con el grupo de trabajo que habíamos constituido. 
Deseo que mañana aprobemos un texto lo más consensuado posible y que con su consiguiente aprobación, el Consejo asuma por fin sus responsabilidades y reafirme la dignidad de nuestra institución. 
Señor Presidente, mi Grupo concede la máxima prioridad a este informe y a la labor llevada a cabo por nuestro colega el Sr. Rothley. 
Lo hacemos por razones políticas e institucionales, no personales, porque unos ganarán y otros perderán con este sistema. 
Francamente, hay algunos resentidos y comentaristas que, aunque no se nos pagara nada, seguirían haciendo preguntas. 
También reconocemos que este Parlamento ha padecido las consecuencias de una publicidad negativa y extenuante, en particular en relación con la cuestión de los subsidios y los gastos de los diputados. 
Está menoscabando nuestra credibilidad. 
Está reduciendo nuestra legitimidad ante los ciudadanos y tenemos que defendernos. 
Con demasiada frecuencia muchos de nosotros se esfuerzan por defender el sistema en el que no creemos en realidad y que a algunos de nosotros nos resulta indefendible. 
Nuestro sistema actual es complejo y refleja el hecho de que se soslayara esa cuestión durante 20 años con las elecciones directas. 
Ahora tenemos el poder de Amsterdam y me complace que hayamos respondido con ritmo acelerado al imperativo planteado por las conclusiones de Cardiff. 
Espero que mañana en una votación final pongamos un mensaje muy firme de esta Asamblea en manos de nuestro Presidente para afrontar el imperativo de Cardiff, en el sentido de que hemos escuchado, hemos prestado atención y la pelota está ahora claramente en el campo del Consejo. 
En particular, felicito al ponente. 
Muchos pensaban que no se podía conseguir y, desde luego, no en el calendario propuesto. 
Él lo ha hecho. Lo ha hecho con los colegas y la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Quisiera felicitar también a mi colega Willy De Clerq por su papel en la Presidencia. 
En cuanto a los detalles, y en pocas palabras, mi Grupo desea añadir otras dimensiones, además de la económica, y ahora eso es, evidentemente, un asunto de consenso. 
Mi Grupo desea apoyar el estatuto en la votación final, aunque haya cosas en él que habríamos preferido que fueran diferentes, porque queremos que cale el mensaje. 
Mi Grupo apoyará el salario mencionado por el ponente y la mayoría de mi Grupo apoyará la conclusión sobre los tipos impositivos europeos. 
En términos generales, creemos que a un trabajo igual debe corresponder un salario igual. 
Hay otros detalles, pero voy a pasarlos por alto. 
En última instancia, apoyamos este proyecto porque nos brinda la capacidad como políticos, ante nuestro electorado, antes de las próximas elecciones- espero -, para desviar la atención de la política de la envidia y de la política de los subsidios y los gastos para centrarla en la política de la propia Unión, que es nuestra vocación y nuestra misión. 
Para contribuir a ello, he iniciado ya una ronda de reuniones por mediación de mi Grupo con miembros veteranos del Consejo, porque son ahora- a partir de mañana, espero- los que deben asumir la responsabilidad de ayudarnos a liberarnos de un yugo al que hemos estado sometidos durante demasiado tiempo. 
Señor Presidente, hablo hoy en nombre de mi Grupo respecto de la propuesta que esta Asamblea tiene ante sí. 
Al comienzo quiero rendir un tributo muy particular y especial a nuestro ponente, Sr. Rothley, que ha tenido una tarea muy difícil y que ha emitido su opinión sincera respecto de lo que sería alcanzable en general. 
Por desgracia, no estoy de acuerdo plenamente con lo que ha expuesto en su informe. 
Sin embargo, puedo declarar al comienzo que mi Grupo apoya plenamente la idea de que haya un estatuto común de los diputados y de que se presente una propuesta de resolución en la que figure una propuesta de estatuto común. 
En lo que diferimos en parte es respecto de lo que debería figurar en realidad en esa resolución final y en ese proyecto de estatuto. 
Sobre la cuestión de principio, no ha de haber diputado a esta Asamblea que tenga tan poco amor propio que considere que no deba recibir un salario adecuado en un nivel común para todos y cada uno de nosotros. 
Por desgracia, por errores cometidos en el pasado y por la falta de voluntad política en el pasado, no por parte de los diputados a esta Asamblea, sino del Consejo, no hemos logrado un acuerdo sobre ese salario y situación comunes. 
Esta Asamblea ha sido víctima de mucha publicidad negativa, en parte provocada por diputados a esta Asamblea con vistas a obtener réditos políticos y por sus creencias políticas y en parte por diputados que han atacado al Parlamento para granjearse una posición nacional más destacada con vistas a conseguir cargos ministeriales y demás. 
De modo que debemos mostrar respeto para con nosotros mismos con una buena disposición, en primerísimo lugar, para formular principios rectores y lograr el acuerdo del Consejo y después decidir cuál debe ser la remuneración exacta. 
Al declarar explícitamente ahora lo que consideramos que debería ser el término medio permitimos al Consejo que diga: es demasiado. 
Con un período transitorio, garantizaríamos la continuidad de las desigualdades y que con los diputados que sean reelegidos a esta Asamblea y que ahora ganan dos veces o dos veces y media lo que yo gano en este momento continúe esa desigualdad. 
Si de verdad creemos que debe haber un estatuto común y lo queremos, no debería haber período transitorio. 
Hay otros métodos actuariales y contables para abordar las contribuciones a pensiones y otras cuestiones de salud y demás. 
Por último, quiero señalar a la atención de Sus Señorías otro asunto. 
La lista de votación que tendremos mañana ante nosotros está redactada de forma muy inhabitual. 
Figuran en ella cuestiones relacionadas con el proyecto de estatuto y con el anexo. 
Pero las enmiendas relativas al proyecto de estatuto y los puntos de principio del proyecto de estatuto figuran en el anexo y las cuestiones relativas al anexo figuran en el proyecto de estatuto. 
De modo que no se nos da derecho a decidir en primer lugar si estamos de acuerdo con el principio o no y votar todas las enmiendas al respecto. 
Quisiera pedir a los servicios que tengan la bondad de velar por que mañana por la mañana se nos dé una lista de votación adecuada. 
Señor Presidente, sería difícil referirse al informe sobre el proyecto del estatuto del diputado sin previamente reconocer que el ponente ha debido formularlo sometido a la presión de un plazo. 
Y a pesar de esas circunstancias, ha hecho un trabajo en el que ha instituido con acierto salvaguardas- que comparto- de independencia y de transparencia que son absolutamente necesarias. 
Pero así como es obligado reconocer los méritos de su trabajo y aquello en lo que coincidimos, igualmente es obligado manifestar los desacuerdos que tengo que, en concreto, se producen en tres cuestiones básicas, a saber: su propuesta de determinación de la remuneración parlamentaria, el recurso a una evaluación externa para determinar dicha asignación y el establecimiento de un régimen transitorio optativo durante la quinta legislatura. 
¿Cuáles son las razones de mi discrepancia? 
Por lo que concierne a su propuesta de remuneración parlamentaria, aunque asumo la posición del ponente de la necesidad de alcanzar la igualdad de trato, no podemos perder de vista que la aplicación de sus métodos reintroduce la desigualdad, en algunos países miembros, entre los parlamentarios europeos y los parlamentarios nacionales. 
Por lo que respecta a la evaluación externa, no parece que la actividad parlamentaria pueda ser evaluada con parámetros propios de una empresa porque el Parlamento no es una empresa. 
Y ese recurso a la evaluación externa puede entenderse como un medio para eludir la responsabilidad por la remuneración fijada. 
Y por último, por lo que respecta al régimen transitorio, estoy en desacuerdo porque entiendo que un mismo título, en este caso la condición de parlamentario electo, da lugar a distintos derechos. 
Para terminar, quisiera manifestar que no podría votar a favor de este informe si las enmiendas con las que se pretende modificar estas cuestiones no son aprobadas, aun reconociendo los indudables méritos del mismo. 
Señor Presidente, estimados colegas, lo peor que podemos hacer es seguir adelante con la normativa actual, que es injustificable, porque da lugar a ingresos desiguales por el mismo trabajo y, además, prevé unos gastos de viaje muy copiosos que en algunos casos configuran un segundo o tercer sueldo sobre el cual no se paga impuesto alguno. 
Es una situación insostenible. 
Hagamos ahora todo lo posible por instaurar un sistema decente y correcto. 
Por lo tanto, espero que sea aprobado el informe del Sr. Rothley y que prevalezca el modelo que aboga por un salario medio, puesto que sería insensato escondernos detrás de un porcentaje de otra cosa; no me parece ni sensato ni valiente y, por lo demás, confío en que la inmunidad y la incompatibilidad también tengan cabida en el estatuto. 
Por supuesto hay algunos puntos importantes en relación con los cuales tenemos que hacer la vista gorda a la hora de concederles nuestro apoyo, pero en las circunstancias actuales estamos dispuestos a hacerlo con tal de que nos libremos del sistema nefasto del que disponemos ahora. Me refiero por ejemplo al periodo de transición, al hecho de que nosotros sigamos supeditando el reembolso de los gastos de viaje a la aprobación del estatuto y la pensión complementaria voluntaria. 
De todos modos, espero que mañana salgamos del paso y de ser así, tal vez podamos utilizar las cabinas de ducha para quitarnos el fango. 
Señor Presidente, la gran ventaja del informe del Sr. Rothley radica en el simple hecho de que existe, aun cuando sea objeto de debate. 
En nombre de nuestro Grupo manifestamos nuestra expresa voluntad de unirnos a los defensores de un estatuto europeo común para los diputados al Parlamento Europeo, aunque sólo fuera por respeto a nuestro mandato parlamentario y a nuestros sucesores. 
Es cierto que el Parlamento Europeo se ve confrontado con un problema de imagen, pero por otra parte entendemos que ya va siendo hora de que el Consejo se dé cuenta de la necesidad de aplicar de una vez por todas este principio de igualdad de sueldo por igualdad de trabajo al Parlamento Europeo. 
Además, nuestro Grupo considera que la elaboración de dicho estatuto es un indicio inequívoco de la voluntad de integración europea y del gran significado simbólico que pueda revestir un Parlamento Europeo, un parlamento digno de este nombre, como culminación y personificación de la unión europea. 
Por todo ello, somos partidarios de un régimen transparente que se fundamente en la remuneración de los gastos efectivamente realizados y en el que no haya lugar para abusos. 
Señor Rothley, se plantea la pregunta, y, de hecho, la han formulado varios miembros de nuestro Grupo, de si realmente era necesario que el informe recogiera tantos detalles, si no hubiera sido posible tratar algunas cuestiones en un anexo. 
Por otra parte, comprendemos perfectamente que no puede haber dudas sobre el sueldo base y entendemos que el promedio, tal y como lo presenta usted, es para muchos miembros de nuestro Grupo una propuesta aceptable siempre y cuando vaya acompañada de un régimen fiscal europeo, porque, de lo contrario, la igualdad de sueldo se vería distorsionada nuevamente por los distintos regímenes fiscales de los respectivos países. 
Por último, querríamos manifestar nuestro desacuerdo con el régimen transitorio. 
Aunque comprendo que esta opción obedece a razones pragmáticas, creemos por principio que quien decida asumir un mandato europeo en el futuro, lo ha de hacer con pleno conocimiento de causa por lo que al nuevo estatuto se refiere. 
En cuanto a las bases que regulan las pensiones complementarias usted ha formulado tres propuestas. 
A decir verdad, algunos de nosotros, y yo soy una de ellos, preferirían que simplemente se suprimiera el régimen de pensiones complementarias. 
Que el Parlamento Europeo no prevea ni pague nada, sino que el estatuto albergue un buen estatuto social, como usted propone. 
Señor Presidente, supongo que ni para nosotros ni para los demás diputados europeos el dinero es lo que prima. 
El mandato parlamentario europeo es un mandato importante. 
Y en el futuro debe revestir una importancia aún mayor. 
El poder de este Parlamento debe seguir creciendo y no cabe duda de que a este respecto el hecho de no haber podido contar con un estatuto hasta la fecha haya supuesto un serio obstáculo. 
Confiamos en que mañana optaremos por un estatuto común y que podremos llevar esta opción de principio a la práctica por encima de nuestras discrepancias. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, henos aquí reunidos en miércoles por la noche en una minisesión en Bruselas, a las 21 horas, ante una ausencia total de público, para debatir sobre nuestro futuro estatuto. 
Bonito ejemplo de transparencia, bonito ejemplo de legitimidad democrática. 
Lo hacemos al final de un procedimiento excepcional- y no me refiero a la sorprendente desenvoltura de la que ha hecho gala, señor Presidente, en lo relativo al Reglamento -, un procedimiento que ha necesitado la intervención en tres ocasiones de la Conferencia de Presidentes, en primer lugar, para autorizar lo que lo que es y lo que no puede ser más que un informe de propia iniciativa, sobre el fundamento del artículo 148, a continuación, para imponer un calendario precipitado, marcado en particular por una reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos de seis horas en Estrasburgo el 17 de noviembre. Y por último, para corregir literalmente el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos en una reunión extraordinaria celebrada el pasado miércoles aquí, a las 20.15 horas. 
Añadiré que se han dedicado varias reuniones de secretarios generales a este informe. 
Porque, queridos colegas, hacía falta a toda costa un texto, cualquiera que fuera su contenido, antes de la cumbre de Viena; porque había que enviar la pelota al Consejo al fin de ocultar nuestra incapacidad para modificar el régimen actual de reembolso de dietas, criticado con razón, porque es escandaloso, haciendo recaer sobre el Consejo la responsabilidad del statu quo. 
Esto es lo que nos piden y lo hacemos en incumplimiento de los textos, aplicando el Tratado que no ha sido ratificado, completando textos de nivel jurídico superior y lo hacemos no ejerciendo nuestra futura competencia. 
Un auténtico estatuto debería retomar las disposiciones diversas aplicables a los diputados. 
Un auténtico estatuto debería abordar no solamente las cuestiones financieras, evidentemente, sino también las incompatibilidades, los privilegios, las indemnizaciones y las reglas de conducta. 
Un auténtico estatuto debería proporcionar un fundamento jurídico, que en estos momentos no existe, al régimen de reembolso de dietas y al pago de indemnizaciones relativas al ejercicio de nuestro mandato, dotándolo al mismo tiempo de la transparencia de la que cruelmente carece. 
Éste era el objetivo del proyecto de estatuto que hemos presentado en la enmienda 106. 
En cambio, el proyecto de la Comisión de Asuntos Jurídicos acumula una serie de disposiciones incoherentes, escandalosas e irrisorias. 
La incoherencia es proclamar en el considerando A que toda discriminación en base a la nacionalidad está prohibida en lo relativo al estatuto de los diputados, al tiempo que hace referencia a los regímenes nacionales cuando éstos son más favorables. 
El escándalo es anunciar la necesidad de evitar situaciones personales difíciles, preservar los derechos adquiridos o en curso de adquisición, aplicando un régimen provisional y una doble escala salarial. 
Nadie obliga a los diputados a presentarse y, señoras y señores Socialistas o Sociodemócratas, que ustedes presentan como tales, ustedes quieren para los diputados lo que niegan a los empleados de las empresas de sus respectivos países. 
Irrisorio, por último, es mencionar, para prevenirse contra toda eventualidad, que la indemnización parlamentaria se haría efectiva por adelantado. 
En general, es el trabajo lo que trae consigo el salario, aquí es el salario lo que merece el trabajo. 
Este estatuto no garantizará la imagen del Parlamento. 
Jamás había visto una manifestación de sentimientos nacionales tan irrisorios, una manifestación de la voluntad de tener en cuenta su situación personal, jamás el Parlamento Europeo me había parecido tan alejado de las preocupaciones de la opinión pública. 
Señor Presidente, este Parlamento se dispone a tomar una decisión que implica gran valor y amplitud de miras. 
Disponer de un estatuto que determine los derechos y deberes del diputado europeo, las características y prerrogativas de su mandato, además de los medios concretos para cumplir con todo ello, es un objetivo vigente desde hace tiempo, y por fin lo conseguiremos. 
Esto resulta posible gracias a las previsiones del Tratado de Amsterdam, pues, aunque no está vigente aún, constituye el punto de referencia de nuestra discusión y del trabajo atento y apasionado del ponente, Sr. Rothley, quien, por otra parte, se especializa en dossiers difíciles. 
El que nos disponemos a cumplir es un deber para con nosotros mismos. 
Incluso la resolución sobre el procedimiento electoral uniforme y el proyecto que contiene- cuyo ponente fue el Sr. Anastassopoulos- ha sido un significativo paso adelante en cuanto a subrayar la necesidad urgente de dotar de autonomía, y por tanto de una forma autónoma de legitimación democrática, a nuestra Asamblea, ya no considerada como el resultado de una suma de representantes nacionales sino como Parlamento que, dentro de una dinámica solidaria y federalista, constituya la voz de los pueblos europeos. 
Un sistema electoral uniforme es, en realidad, la condición previa que permitirá comparar el trabajo de cada parlamentario. 
¿Qué hará el Consejo al respecto? 
Esta pregunta no es retórica. 
Es también, esta decisión que estamos por adoptar, un deber respecto a la opinión pública, respecto a la sociedad europea. 
Demasiadas veces nuestro Parlamento, o algunos de nosotros, ha sido el centro de insinuaciones malévolas, de campañas de prensa denigratorias e insidiosas. 
Por consiguiente, es necesario el máximo de transparencia en todo, no como reacción de defensa sino porque no debe haber nada que se tenga que oscurecer u ocultar. 
Este acto, por último, es un reto al Consejo y a las Instituciones de la Unión, que también a su vez han de aclarar las condiciones en que se desenvuelven las tareas confiadas a los cargos políticos, y asimismo a los funcionarios del aparato, en cada una de sus coyunturas, en cada una de sus asignaciones. 
Estoy de acuerdo con la estructura general de los textos aquí presentados, de modo que me detendré sólo en algunos puntos que, en mí y en otros miembros del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, despiertan exigencias de integración, perplejidad, dudas o desacuerdos, sobre todo acerca de la transitoriedad de los mecanismos delineados, aunque en este punto no he de detenerme. 
Sería útil, además, una casuística más rigurosa de incompatibilidades, que debería incluir no sólo la relativa a las funciones de diputado de un Parlamento nacional sino también, por ejemplo, la de un alcalde de una ciudad de más de cien mil habitantes. 
Sé que se trata de un tema que habrá que regular en el campo de la legislación electoral, pero igualmente sería significativo definir una orientación al respecto: pienso, por ejemplo, en la enmienda presentada con el número 89. 
Es evidente que lo expuesto en estos textos tendrá valor ejecutivo una vez que entre en vigor el estatuto, a la luz de lo que en él se formule, y deberá entrar en vigor de un modo no mecánico. 
En lo relativo a los emolumentos del diputado o de la diputada, considero que no es correcto adoptar, ni siquiera provisoriamente, el criterio de la media matemática de los emolumentos actuales, ni la suma que se fije en los Parlamentos nacionales. 
¿Por qué una media entre valores tan disímiles o de funciones tan distintas de las nuestras podría dar, milagrosamente, un resultado justo y aceptable? 
Es preferible hacer el cálculo con los sueldos adjudicados a tareas o responsabilidades cumplidas en una de las Instituciones europeas y con una valoración específica, honesta y ponderadamente medida, igual para cada uno de nosotros y sometida a la evaluación comunitaria: me refiero a la enmienda número 13, a la que considero de gran valor. 
El monto- no es verdad que no se determinará- podrá fijarse en una cifra específica, una vez que se tenga el voto del Parlamento. 
Lo que acabo de señalar con toda sinceridad tiene el objetivo de alcanzar fines generales que ninguno de nosotros puede subestimar. 
Que al dar su voto nadie pierda el sentido del orgullo y de la dignidad que debe animarnos al otorgar una voz a la idea y a los sentimientos de los pueblos europeos. 
Más allá de la demagogia y de la mala propaganda o del moralismo interesado, es fundamental permitir que se desarrolle este trabajo duro y complejo con un serio apoyo igual para todos- para todos los diputados que viven en situaciones diversas y aceptan retos distintos aun cuando asumen las mismas responsabilidades -, y así lograr que nuestro Parlamento sea de verdad para todos: más viable, más eficiente, más transparente, más democrático en suma, un Parlamento que de verdad quiera ser para todos un Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, quiero en primer lugar- y quiero también hacer constar que no es un tópicofelicitar muy sinceramente a mi colega el Sr. Rothley porque, aunque no esté de acuerdo con él, no por ello dejo de admirarle, ya que ha sabido salir adelante en las peores circunstancias, a marchas forzadas y presionado por unos y por otros. 
Es cierto que nuestro Presidente tiene que llevar al Consejo de Viena un documento con el cual negociar. 
Pero también lo es que se ha dado en este caso- yo lo he dicho esta mañana en nuestro Grupo- lo que se afirma en el refrán español «en casa del herrero, cuchara de palo». 
Cuando se ha tratado de un tema tan importante que nos interesa y que nos afecta de verdad, lo hemos hecho tarde y estamos a punto de hacerlo mal. 
Por supuesto que apoyamos el estatuto. 
Lo apoyamos decididamente. 
Pero me temo que lo que vamos a votar mañana, señor Presidente, no es realmente el estatuto del diputado. 
Lo que vamos a votar verdaderamente es la hoja de salario del diputado. 
Parece que sólo sea importante cuánto va a ganar y en qué concepto. 
Es el único estatuto en el mundo que contiene tal cantidad de cifras y detalles. 
Y en eso no consiste la transparencia. 
Es una transparencia mal entendida. 
El estatuto no tiene por qué contener un anexo formando parte del mismo, sino que ese anexo, debidamente anclado conceptualmente en el estatuto, debería regularse más tarde por el propio Parlamento, dando a ello toda la transparencia que fuera necesaria. 
Eso es, jurídicamente, lo correcto y usted, señor Rothley, lo sabe tan bien como yo. 
Pero tenemos la gran oportunidad de mejorar el proyecto a través de las enmiendas. 
Y el Sr. Rothley ha sido tremendamente receptivo al respecto, pues hay temas que no son propiamente económicos y, sin embargo, son esenciales en el estatuto. 
Me refiero, por ejemplo, a los periodos transitorios, a la fiscalidad, a las pensiones, a las incompatibilidades. 
Pero también hemos de intentar, señor Presidente, evitar un riesgo evidente: que muchos de nuestros colegas salgan gravemente perjudicados. 
Si hemos predicado el estatuto, su transparencia, su ecuanimidad y su solidaridad, es absurdo y contradictorio que puedan crearse diferencias injustas y perjudiciales. 
Aprovechemos- repito- las muchas enmiendas que tienen sentido y coadyuvan a la creación de un texto más razonable. 
No olvidemos que estamos regulando nuestro futuro y el de aquellos que vendrán detrás de nosotros. 
Dios quiera que no tengamos que avergonzarnos de que, en razón de una transparencia mal entendida, demos a luz una reglamentación que no sólo no nos sea favorable sino que, además, nos perjudique gravemente. 
Señor Presidente, mañana tendremos oportunidad de demostrar que queremos realizar nuestra parte del trabajo necesario para alcanzar claridad y exactitud. 
A pesar de una fuerte resistencia, el Grupo liberal ha logrado llevar adelante el proceso de modo que podemos presentar nuestra propuesta. 
Esta tarde puedo comprobar con satisfacción que es la opinión generalizada, no era así en julio, cuando comenzamos. 
Por eso cabe preguntar: ¿quiere el Consejo resolver el asunto, quiere sacarlo de la orden del día? 
Es algo que Europa se merece. 
Me satisface ver que parece que mañana obtendremos una amplía mayoría y que todos demuestran un temperamento tan democrático para aprobar esto. 
Nuestro objetivo es alcanzar un sistema en el que tengamos representantes independientes y no una subasta en la que gane el que ofrezca menos. 
Las normas transitorias son razonables, tomando en consideración que muchos candidatos ya han decidido si quieren o no presentarse. 
Como hemos podido comprobar, nuestro Grupo está dividido respecto a la fiscalidad. 
Yo me adhiero a una minoría que opina que en el futuro deben seguir rigiendo las normas fiscales nacionales. 
Creo que es correcto que aprobemos el principio en líneas generales. 
Por tanto, no estamos decidiendo sobre asuntos propios sino que estas decisiones también serán válidas para el próximo Parlamento. 
Espero que seamos capaces de introducir reformas en otros asuntos, reformas que podamos decidir nosotros mismos. 
Finalmente, quiero decir que a veces hemos estado obligados a enfrentarnos a la tenacidad del ponente, pero, por otra parte, esta constancia ha sido fundamental para posibilitar que mañana haya una propuesta para debatir y votar. 
Quiero darle las gracias por esto. 
Señor Presidente, como somos diputados elegidos por quince pueblos en una estructura supranacional de Estados, ¿deberíamos o no tener un estatuto único? 
Es indiscutible que sí. 
Ahora bien, tal vez demasiado preocupados con los medios de información, estamos demostrando nuestra incapacidad para dar la señal que se pretendería transmitir al Consejo para que éste consiguiera la unanimidad de que el propio Parlamento se muestra lamentablemente muy alejado. 
Es evidente que no. 
Nuestra posición, muy meditada y hecha pública con toda claridad hace casi dos años, con todo el respeto para la contraria, es la de que nuestros sueldos deben tener por referencia el país y el pueblo de donde somos y de donde procedemos. 
Por lo demás, el informe, si se aprueba lo propuesto, propiciaría el absurdo de admitir, aunque transitoriamente, en el camino hacia el salario único, ¡estatutos salariales diferentes para diputados del mismo origen nacional! 
Unas últimas palabras, señor Presidente, sobre un asunto candente hace algún tiempo. 
Téngase el pudor de no hacer demagogia moralizante a costa de las indemnizaciones de viaje de los diputados, que vienen de muy lejos a los locales de reunión. 
Si bien las cortinas de humo perjudican a la visión, también revelan que debe de haber un fuego oculto. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, hay mucho en la Unión Europea que todavía no es europeo. 
Esto es aplicable también al Parlamento Europeo. Sus miembros se ven sometidos en su tarea a normas que proceden del tiempo en que este Parlamento no era nada más que una asamblea parlamentaria de diputados de los Parlamentos de los Estados miembros. 
Lo que pretendemos ahora no es otra cosa que europeizar las condiciones de trabajo del Parlamento Europeo anteriores a la europeización. 
Los debates que hemos mantenido muestran a todos a qué ámbitos sensibles afecta esta medida, en el terreno de los niveles sociales y de las circunstancias biográficas, situaciones personales e individuales de lo más divergente. 
¿De dónde sacamos la fuerza para este paso de europeización? 
El Tratado de la Unión lo dice: el Parlamento Europeo está compuesto por representantes de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad. 
No somos meramente representantes del pueblo, sino representantes de los pueblos. 
A quien no sepa qué es esto le recomiendo que venga a la Comisión de Peticiones, y verá que hemos de representar no a uno, sino a todos los pueblos de la Unión Europea. 
Al mismo tiempo, representamos al pueblo de las ciudadanas y ciudadanos de la Unión, que espera de sus diputados que den aquél paso por el que se acrediten como representantes de los pueblos. 
Señor Presidente, hace ya más de 20 años que el Consejo asumió el compromiso de elaborar un estatuto para los miembros de este Parlamento. 
Nunca ha llegado a cumplirlo. 
No es un hecho tan grave en sí, ya que un estatuto comunitario podría nutrir la idea de que el Parlamento representa a un solo pueblo. 
Sin embargo, la Unión Europea la conforma una rica diversidad de pueblos distintos. 
Somos elegidos por la población de nuestra propia nación y, por lo tanto, también hemos de velar por el interés nacional. 
Ello no obsta para que la solución provisional, una combinación entre asignación nacional y dietas europeas, haya desembocado en una situación desequilibrada en la que remuneraciones exorbitantes, uso impropio e incluso abuso de las dietas son moneda corriente. 
Aunque pudiera parecer que los medios de comunicación se interesen más por nuestras dietas que por nuestros debates, tienen razón cuando denuncian los excesos de este sistema. 
Si deseamos poner orden en el asunto, es fundamental que pongamos fin a la situación de que el reembolso de los gastos de viaje superan con creces los gastos reales. 
La competencia en el sector aéreo ha contribuido a que en muchos casos sea posible conseguir un vuelo por un precio considerablemente inferior al billete a precio entero. 
A esto se añade que en las distancias cortas, sobre todo cuando puedan viajar en trenes de alta velocidad, los miembros del Parlamento Europeo deben dar ejemplo cambiando el avión por el tren. 
Evidentemente, ello debe ir acompañado de la correspondiente adaptación de las dietas. 
El reembolso de los gastos de desplazamiento en vehículo privado ha de ajustarse a los gastos íntegros establecidos de forma objetivo para un turismo en condiciones y seguro, como es el caso de los vehículos oficiales. 
Señor Presidente, llevamos proponiendo desde hace muchos años que las dietas no rebasen bajo ningún concepto los gastos reales. 
Ahora las propuestas del ponente crean un marco general que integra este tipo de reivindicaciones. 
Por tanto, su informe merece nuestro más firme apoyo, al igual que las enmiendas que tienen por objeto establecer una remuneración sobria, destinada a cubrir los gastos efectivamente realizados. 
No apoyaremos las enmiendas que pretenden volver a engalanar el régimen. 
La asignación mensual es un problema totalmente distinto. 
La norma es que todo miembro del Parlamento Europeo percibe la misma cantidad que los miembros de su Parlamento nacional. 
Por cierto, hablando desde mi calidad de diputado neerlandés, me parece muy discutible que mi Parlamento nacional haya desvinculado la asignación para miembros neerlandeses del Parlamento Europeo de la remuneración de sus propios miembros. 
Los Países Bajos aplican un descuento de aproximadamente 1.000 ecus al mes. 
Es muy probable que con este procedimiento mi país actúe contra el Tratado. 
Dado el carácter nacional de nuestro mandato, consideramos que una asignación uniforme no es la solución ideal, si bien es cierto que las diferencias entre las asignaciones de los Estados miembros que ha examinado el ponente son enormes y difíciles de justificar. 
Supongo, por otra parte, que en los países que otorgan una remuneración excesivamente baja el mandato de diputado europeo no será considerado como empleo a tiempo completo. 
Ello no impide que un miembro del Parlamento Europeo que se tome en serio su trabajo desempeñe un cargo a tiempo completo y más. 
Seguramente no hay ningún país que se aproxime ni de lejos a un total de 45 semanas de sesiones al año. 
Por lo tanto, considero que la acumulación del mandato de diputado europeo con otro cargo político no es compatible con el volumen y el peso de nuestro trabajo. 
A modo de conclusión quisiera recomendar el conjunto de enmiendas presentadas por el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones. 
En caso de que no se aprueben, echaremos mano de nuestra segunda opción, a saber, las enmiendas destinadas a reducir gastos y la línea marcada por el ponente, que ha hecho un esfuerzo loable por salir de este avispero. 
Señor Presidente, después de tantos años llegamos al debate de hoy por la noche sobre el informe Rothley, con la sincera esperanza de acercarnos al principio del fin. 
Es necesario instituir de una vez por todas el estatuto común de los diputados al Parlamento Europeo. 
Algunos de nosotros no hemos dejado de luchar duramente por este final durante todos estos años. 
Las razones eran muy simples. 
El estatuto común podría poner fin a las desigualdades insultantes que distinguen a los diputados al Parlamento Europeo. 
Se ha infringido y se sigue infringiendo repetidamente en el Parlamento Europeo el principio básico del mismo sueldo por el mismo trabajo y los esfuerzos que realizamos para restablecer algún equilibrio nos crearon otros problemas y nos expusieron a ataques de mala fe y, a veces, malvados. 
Parecía cada vez más fuerte la necesidad de encontrar soluciones que no presentaran serias desventajas. 
Con este razonamiento, la Presidencia del Parlamento Europeo en la época de Egon Klepsch, teniendo como ponentes al entonces Presidente de los cuestores PE, al socialista belga Ernest Glynn y a este ponente, pidió al Consejo que se implantase el estatuto común y propuso la equiparación de los diputados al Parlamento Europeo a los jueces europeos, como sucede en bastantes Estados miembros de la Unión Europea. 
Sin embargo, el Consejo no aceptó nuestra propuesta y el problema está pendiente desde entonces. 
El año pasado hizo falta añadir una nueva disposición, con la iniciativa del Presidente actual, del Sr Gil Robles, en el Tratado de Amsterdam bajo ratificación, para animarnos y exponer de nuevo el problema. 
Después de las conclusiones del grupo de trabajo David Martin, el informe del Sr. Willi Rothley intenta proponer soluciones. 
Nuestro estimado colega alemán se ha aplicado mucho en formar propuestas, algunas de las cuales no están faltas de originalidad. 
Y la verdad es que se ha trabajado bajo una presión terrible para poder presentar un primer proyecto en la Cumbre de Viena. 
Pero creo que, a pesar de dicha presión, el ponente debería mostrar aún más flexibilidad para buscar soluciones de aceptación más general. 
En temas tan importantes no soy el único en apreciar que no podemos presentar propuestas que se apoyen sólo en mayorías ocasionales de unos pocos votos. 
Y espero que en la votación de mañana no se dé este fenómeno. 
Con el acuerdo del Consejo, debemos aprobar en breve el estatuto común de los diputados al Parlamento Europeo. 
Pero, señor Presidente, algunas cosas debemos aclararlas de una vez para siempre, aunque sea en este último momento. 
Algunos de nosotros hemos estado luchando durante años por este estatuto común, pero nunca hemos tenido el objetivo del estatuto común a cambio de cualquier sacrificio y a cualquier precio. 
Porque hay un límite más allá del cual no puede entenderse ninguna concesión, ningún descuento, ninguna capitulación por nuestra parte. 
Se trata de proteger nuestra dignidad, que no admite ni debates, ni negociaciones. 
Y el Consejo debe darse cuenta de esto. 
Ningún ataque maligno de los medios de información, que algunas personas intentan organizar, debe arrastrarnos a una excepción de este principio. 
No debemos reivindicar una igualación con los, por otra parte amables, funcionarios comunitarios de la categoría B2. 
Y que nos permita el Sr. Rothley no estar de acuerdo con su lógica y preferir la lógica de la enmienda del Partido Popular Europeo. 
Pero tampoco el Consejo debe dejarse engañar sobre este tema de ninguna manera, y que después darnos cualquier pretexto o cualquier excusa. 
En el Parlamento Europeo hemos luchado mucho por conseguir reformas y hemos fomentado algunas importantes en estos últimos años porque creemos en la necesidad de reformas radicales. 
No bajo la presión de los, a menudo, ataques malintencionados de los medios de información. 
Creo que, como Parlamento democrático, tenemos la obligación de mostrar una sensibilidad especial hacia cada crítica justa; pero, de igual manera, debemos menospreciar los ataques que los sentimientos antieuropeos fomentan y que persiguen desacreditar al Parlamento Europeo, así como al resto de las instituciones de la Unión Europea. 
Ningún intento de atemorizarnos nos puede trastornar y tampoco podemos ocultar nuestro especial disgusto porque algunos de nuestros colegas, muy pocos, han contribuido a estos ataques, acusando, de la forma más demagógica, a sus colegas y proyectándose a sí mismos como los únicos incorruptibles para asegurarse su reelección. 
Señor presidente, queremos el estatuto común. 
Pero no queremos un estatuto común insultante, que ofenda nuestra dignidad. 
Y sobre esta base estamos dispuestos a seguir en la lucha firmemente. 
Señor Presidente, todos hemos sido elegidos como Diputados a este Parlamento en circunscripciones nacionales, a cuyos electores representamos. 
Por eso no veo la necesidad de reemplazar las reglas nacionales que regulan nuestra situación por un reglamento común. 
Se acostumbra a argumentar a favor de esta propuesta diciendo que así tendremos las mismas condiciones, por ejemplo, el mismo sueldo. 
Sin embargo, la propuesta significa que seguiremos teniendo condiciones diferentes. 
Muchos de nosotros tendremos, por el contrario, un fuerte aumento de sueldo, algo que es totalmente injustificado. 
No hay motivos para que nuestros sueldos sean más altos que los de parlamentarios en nuestros parlamentos nacionales. 
Aún más insensata es la propuesta de que paguemos un impuesto especial, muy bajo, un impuesto de la UE. 
Del mismo modo que las demás personas de altos ingresos, como es nuestro caso, debemos pagar impuestos donde vivimos. 
Espero que nadie que haya votado aquí a favor de esta propuesta de impuesto de la UE se oponga al «dumping» fiscal en otros asuntos. 
Porque, ¿de qué trata esta propuesta si no de un grupo muy privilegiado que se autoconcede aún más beneficios? 
Señor Presidente, la UE es, según el Tratado, una colaboración entre quince estados soberanos. 
Los Diputados al Parlamento Europeo representan a los electores de sus países y a nadie más. 
Entonces es obvio que el sueldo sea fijado de acuerdo a reglas nacionales y que paguen impuestos donde viven, aunque sean miembros del Parlamento. 
Sin embargo, lo importante de este informe son las modificaciones institucionales que conllevaría este reglamento, es decir, que significaría desligar a los Diputados de sus electores y de los parlamentos nacionales, transformándolos en una especie de satélites. 
El descontento por los sueldos entre los Diputados ¿no es sólo simple envidia? 
¡Ninguno de nosotros se está muriendo de hambre! 
Este descontento se usa ahora para sacar adelante un reglamento político que implica que los altos sueldos, los impuestos y las pensiones serán regulados por la UE. 
En cuanto a los reembolsos por viajes y a la crítica de que han sido objeto, son cosas que, si el Parlamento hubiese querido, se podrían haber corregido hace mucho tiempo. 
Señor Presidente, Señorías, el ponente ha empezado con la pretensión de querer solucionar un problema, no de quitarse el problema de encima. 
La Comisión de Asunto Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos presentó en septiembre un documento de trabajo con una lista de temas que deberían examinarse en un estudio externo propuesto por él sobre la valoración de las tareas de los Estados miembros del Parlamento Europeo. 
El resultado de los estudios debía presentarse en tres meses tras la celebración o la ratificación del acuerdo. 
Hoy no han pasado estos tres meses desde la presentación de este documento de trabajo. 
No tenemos estudio, pero ya queremos decidir un estatuto completo, y queremos hacerlo sin poder estar completamente seguros de si el Tratado de Amsterdam, que sienta por primera vez el fundamento jurídico para ello, entrará en vigor antes de finales del periodo de sesiones en mayo del próximo año. 
Durante el transcurso del debate he protestado varias veces contra este tipo de procedimiento acelerado. 
Sin éxito. 
Me invade el sentimiento, la convicción de que no estamos solucionando ningún problema, de que sólo nos libramos del mismo. 
Nuestro principio básico debe ser conseguir la máxima transparencia en todas las normas que tienen que ver con el estatuto. 
El Sr. FabreAubespry ya ha abordado el tema. 
El punto del orden del día, el día elegido- mejor dicho, la noche- para el examen del informe en el Parlamento Europeo, que así excluye automáticamente la posibilidad de dar publicidad, es harto elocuente. 
¿Corresponde eso a nuestras propuestas de transparencia o es que hay que alumbrar la noticia en secreto? 
También en esto veo que no solucionamos ningún problema, sino que realmente queremos quitárnoslo de encima. 
Pese a todo esto, reconozco sin limitaciones que un estatuto comunitario europeo tiene un valor incalculable para dar peso al Parlamento Europeo. 
Es una contribución sustancial a un avance más en la integración. Sobre todo refuerza la legitimidad democrática del Parlamento Europeo. 
No obstante, será importante que este estatuto se adopte con una mayoría clara. Hay que aspirar a una mayoría absoluta, porque no es de recibo que nos contentemos con una escasa mayoría cuando al mismo tiempo exigimos la mayoría absoluta para realizar una modificación- incluso insignificante- del Reglamento. 
No entiendo muy bien por qué el ponente reacciona de modo tan emocional a que algunos diputados propongan que las asignaciones se ajusten a los sueldos de los jueces. 
Para mí, su propuesta de un promedio es, ante todo, una astucia. 
Seguramente es la vía de menor resistencia, pero por encima de todo es una vía astuta. 
No obstante, para mí lo fundamental es que al final encontremos una solución adecuada que podamos explicar a todos: a nosotros mismos y a la opinión pública. 
Quiero dar las gracias expresamente al ponente por sus esfuerzos en el camino hacia el cumplimiento de tal objetivo. 
Merece nuestro agradecimiento por sus esfuerzos. 
Señor Presidente, al abordar cualquier informe, o cualquier acto jurídico, este Parlamento debe tener en cuenta que representamos a los ciudadanos de Europa y que, además, somos legisladores. 
Como representantes de los ciudadanos europeos, tenemos deberes para con nuestros ciudadanos. 
Como legisladores, debemos hacer un buen acto jurídico, jurídicamente correcto y de calidad. 
La primera de las obligaciones que he mencionado es especial en este caso. 
Es, sin duda, cierto que hay una expectativa, por parte de la opinión pública, de que el Parlamento Europeo se dote de un estatuto común del diputado, establecido sobre la base de la igualdad para todos sus diputados, y termine con sistemas que se han venido arrastrando históricamente como consecuencia precisamente de esas desigualdades. 
Señor Presidente, lo primero que hay que destacar es que, al abordar este problema, el ponente ha tenido el coraje, el valor, de no esconderse detrás de lo jurídico, del gran abanico de derechos y obligaciones que un estatuto comporta y salir a la palestra a cuerpo descubierto, abordando decididamente el problema central. 
Yo he de decir que he discutido mucho con él, pero, desde luego, ha tenido siempre una actitud constructiva, aunque a veces no hayamos llegado a acuerdos en puntos jurídicos concretos. 
Y quiero dejar patente mi reconocimiento, el valor que ha demostrado. 
En cuanto a los aspectos jurídicos- me voy a centrar en ellos, en primer lugar -, se ha mencionado que el Tratado de Amsterdam no ha entrado en vigor. 
Es cierto, pero nada nos impide establecer los trabajos preparatorios para, una vez que entre en vigor el Tratado de Amsterdam- y yo estoy entre quienes tienen absoluta confianza en que así será y, si no tuviera confianza en que entrará en vigor el Tratado de Amsterdam, me cuestionaría no sólo este informe sino otros muchos de forma prioritaria- concluir, junto con el Consejo y de acuerdo con sus previsiones, el procedimiento. 
En segundo lugar, se ha dicho que el régimen transitorio establece desigualdades en la «transitoriedad de la transitoriedad» -lo ha dicho el Sr. Rothley -, pues ofrece la posibilidad de que los diputados al Parlamento tengan, durante la próxima legislatura, regímenes diferentes. 
Pues bien, señor Presidente, somos legisladores y sabemos que cualquier reforma legislativa importante establece regímenes transitorios que se apartan totalmente de lo que se regula, y eso es así en cualquiera de nuestros sistemas jurídicos y, desde luego, en el sistema jurídico comunitario. 
Por lo tanto, en ese aspecto no se puede criticar el planteamiento del Sr. Rothley; se puede estar más o menos de acuerdo con él, pero ese es un planteamiento común de cualquier gran reforma legislativa y ésta lo es. 
En cuanto a la media en los emolumentos, desde el primer momento yo me posicioné a favor de esa media. 
No por nada, sino porque, como dije entonces y repito ahora, a mí no se me ocurre un mejor planteamiento. 
Ahí discrepo con algunos colegas que consideran que la comparación con un alto funcionario sería mejor. 
Yo no lo creo. 
En los aspectos jurídicos, yo he mantenido unas divergencias importantes de pura técnica con el ponente. 
Le deseo en ese campo suerte en la negociación con el Consejo. 
Creo que hay algunas cosas que, jurídicamente, serían mejorables y espero que mejoren con las enmiendas. 
Señor Presidente, quiero terminar como he empezado: mostrando mi admiración y mi agradecimiento hacia el ponente por su trabajo. 
Señor Presidente, tras la conmoción que ha ocasionado el debate sobre las dietas y el sueldo de los diputados europeos, todo parece apuntar a que mañana va a ser un día positivo. 
Pues lo que no se ha conseguido en muchos años, un mismo sueldo para todos los diputados europeos independientemente de su nacionalidad y un sistema de remuneraciones coherente sin riesgos de abuso, podría acabar por hacerse realidad después de 20 largos años. 
Es un logro porque esta desigualdad de sueldos y este abuso de las dietas han deteriorado gravemente el ambiente en torno a al Parlamento y en el seno del mismo. 
Quisiera felicitar muy sinceramente a nuestro colega Rothley, que ha sabido llevar a buen término la ardua tarea de elaborar un estatuto uniforme. 
Deseo sumarme asimismo a las felicitaciones de la Sra. Green dirigidas al Sr. Gil-Robles y al ex Presidente Hänsch. 
Ellos y sólo ellos han puesto en marcha este asunto A veces uno piensa que la iniciativa se debe a otros miembros del Parlamento, pero han sido ellos y debemos felicitarles también. 
Ello no impide que quisiera poner de relieve algunos puntos en nombre de la delegación del partido democristiano neerlandés, ya que aún desearíamos resaltar algunas orientaciones para la libre votación por parte de nuestro Grupo. 
Somos partidarios de un sueldo uniforme basado en el promedio de los sueldos nacionales actuales. 
En nuestra opinión, este principio prevalece sobre la antigua propuesta de tomar como punto de partida un porcentaje determinado del sueldo de un juez del Tribunal Europeo. 
Por lo tanto, apoyamos al Sr. Rothley. 
Aceptamos la posibilidad de mantener durante cinco años el sistema anterior para aquellos diputados que lo llevan aplicando desde hace muchos años. 
Nos parece una forma sensata de abordar la situación anterior. 
Aprobamos asimismo la progresiva eliminación de la pensión complementaria voluntaria. 
El que esto suceda en 1999 o en el 2004 es una cuestión personal. 
En todo caso, es positivo que no se alargue más de lo necesario. 
Por lo que al tema fiscal se refiere, optamos por impuestos europeos para un régimen europeo y por impuestos nacionales para sistemas nacionales. 
Por último quisiera referirme brevemente a los gastos de viaje. Siempre nos hemos pronunciado a favor de unas dietas que se correspondan con los gastos reales. 
Nos alegramos de que finalmente este asunto quede debidamente regulado. 
Mañana será un día muy importante y espero de todo corazón que el informe Rothley sea aprobado por abrumadora mayoría, de modo que después de tanto tiempo podemos poner fin a estas engorrosas discusiones. 
Señor Presidente, Señorías, hace por lo menos veinte años que tenemos la necesidad de un estatuto del diputado- como ya lo han señalado varios colegas -, de modo que sea bienvenida una propuesta al respecto. 
Sin embargo, y no sin reconocer al Sr. Rothley el valor de su esfuerzo, la propuesta es insatisfactoria, porque confunde el problema del status parlamentario- un problema amplio y complejo, que implica derechos y deberes- con el problema de los emolumentos. 
Esto es sumamente limitativo y no tiene precedente, me parece, en los estatutos parlamentarios de ningún país del mundo. 
Además, aun limitándose sustancialmente a las cuestiones económicas, esta propuesta trata de resolverlas estableciendo la media entre los actuales emolumentos fijados por cada uno de los Estados miembros. 
Personalmente, considero que es más justo establecer los sueldos parlamentarios según los de otros cargos comunitarios, y que, como Parlamento, junto a las demás Instituciones, nos empeñemos todos en una política de reducciones generalizadas de todos los gastos comunitarios, que objetivamente son demasiado altos. 
Pero en este asunto- que otros diputados y yo venimos planteando desde 1995- nada se ha hecho y nada se piensa hacer. 
Para terminar, una última observación: la reforma propuesta permite que se mantenga el actual y discutible fondo voluntario de compensación de las pensiones de los diputados, financiado sobre todo con dinero público, pero gestionado por vía privada de un modo que se diría poco aceptable. 
Ya denuncié esta situación rechazable en 1995, cuando, al darme cuenta de cómo funcionaba, me borré de ese fondo junto a otros diputados. 
Ahora me parece lamentable que no se haya aprovechado esta ocasión para eliminar el fondo mismo o para establecer que los diputados que quieran estar en él deberán financiarlo por completo de su bolsillo. 
Muchas gracias, señor Florio. 
Antes de cerrar el debate, me ha pedido la palabra, para una cuestión de orden, el Sr. Fabre-Aubrespy. 
Señor Presidente, hablaré sólo un minuto en virtud de los artículos 19 y 22 del Reglamento que definen sus funciones como Presidente de la sesión y las funciones de la Mesa. 
En el transcurso del debate he oído cómo se cuestionaba a los funcionarios. Me he dirigido al Sr. Anastassopoulos, vicepresidente, y anuncio públicamente lo que me ha dicho, a saber, que una posible alineación del sistema de remuneración de los diputados con el de los funcionarios atenta contra la dignidad del Parlamento. 
Debo decirle que me ha chocado esta declaración y le pido- en su calidad de miembro de la Mesa, responsable de la organización administrativa de los trabajos del Parlamento- que transmita a los funcionarios la consideración que los diputados le deparan. 
Hay países en que los ministros y el Jefe de Estado perciben un salario definido en función de las remuneraciones de los funcionarios. 
No estoy a favor de este sistema y me parece despreciativo respecto a los funcionarios que nos asisten, que están al servicio del interés general, afirmar que pretender una alineación de la remuneración de los diputados con la de los funcionarios perjudica la dignidad del Parlamento. 
Muchas gracias, señor Fabre-Aubrespy. 
Sus palabras quedan consignadas en el Acta literal de las sesiones y también en el Acta. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Euro: representación exterior 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0439/98) del Sr. Herman, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la 
Señor Presidente, queridos colegas, ¿quién debe hablar en nombre del euro de cara al exterior? 
Esta pregunta apasionante que el Parlamento se ha hecho en repetidas ocasiones, al parecer quedó resuelta mediante el compromiso alcanzado ayer sin que se hubiera escuchado la opinión del Parlamento. 
¿Quién debe hablar en nombre del euro? 
El Presidente del Banco Central, naturalmente, ya que sólo habrá una política monetaria y, en este caso, cabe preguntarse qué podrán hacer aún en los foros internacionales los gobernadores de los bancos nacionales que ya no tendrán voz en estos ámbitos. 
Pero nuestra Unión es económica y monetaria. 
¿Quién representará, pues, el aspecto económico de la Unión Monetaria, quién es el más indicado para hacerlo? 
Según el Consejo, ése es el Presidente del Consejo, porque es el Consejo el que debe garantizar la coordinación de las políticas económicas. 
Si tuviéramos que depender únicamente del Consejo para garantizar la coordinación económica, nunca existiría coordinación económica. 
Los ministros que se reúnen en el Consejo de Ministros defienden en primer lugar su política nacional. 
Están para eso, son elegidos para eso, son pagados para eso; ninguno tiene vocación de defender el interés común. 
No es ésa su misión. 
Además, el Consejo es una institución intermitente. 
El Presidente del Consejo tiene un mandato de seis meses y existen grandes diferencias entre las Presidencias que se suceden. 
Apenas un Presidente ha tenido ocasión de tomar conocimiento de sus dossiers, de adquirir una cierta autoridad en su ámbito, cuando ya debe ceder el sitio a su sucesor, que deberá a su vez iniciar su aprendizaje. 
El resultado es desastroso, como podemos constatar si revisamos las experiencias pasadas, cuando la Unión ha estado representada por el Presidente del Consejo en negociaciones algo difíciles. 
Cuando no es la Comisión la que dirige la negociación, como hemos visto en Ginebra y otras partes, el resultado es lamentable, porque en el seno del Consejo, el acuerdo se realiza en muchos casos en base al menor denominador común. 
A continuación, en muchos casos, el Presidente del Consejo difícilmente hace una distinción entre su función de Presidente y la de responsable nacional. 
Sólo pondré un ejemplo. 
El Sr. Lafontaine es muy conocido actualmente en todo el mundo por las declaraciones, bastante inoportunas e intempestivas, que ha hecho sobre una serie de cuestiones y que de ninguna manera reflejan la posición común. 
No quiero acusar al Sr. Oskar Lafontaine de ser esquizofrénico, pero cuando vaya a Washington a hablar en nombre de la Comunidad y utilice un lenguaje fatalmente muy diferente del que utiliza como ministro de Economía en Alemania, ello no aumentará el crédito ni ciertamente la credibilidad de la Unión Monetaria de cara a los grandes tesoreros y financieros del mundo. 
Es por ello por lo que me parece que la posición del Consejo es inadecuada en este caso. 
Me parece que hubiera sido de mayor utilidad encomendar a la Comisión la representación del interés común, porque ésa es su vocación permanente e institucional. 
Por otra parte, la Comisión dispone de la continuidad del dossier. 
Por ello lamento enormemente que no se hayan impuesto estos argumentos de sensatez, que además se ajustan a la tradición del Tratado, y que nos encaminemos hacia un compromiso en que la Comisión tendrá una función de segundo orden como asistente técnico, como observador. 
La Comisión estará presente para proporcionar los dossiers a los ministros, que serán los que hablen, y para nada más. 
Espero que se imponga la realidad, que la continuidad y la duración de la vida internacional demuestren que para obtener los mejores resultados será necesario que se incrementen los poderes de la Comisión en este ámbito. 
Señor Presidente, ante la indefinición procedente del Tratado de Maastricht, revestía la mayor importancia la definición ahora formulada, que posibilita a la Unión Europea una representación correcta en el plano internacional. 
El informe del Sr. Fernand Herman es una contribución relevante a ese respecto. 
Naturalmente, queda para una reflexión posterior la estrategia que se debe seguir en relación con el FMI. 
Con arreglo a sus estatutos, está claro que sólo puede haber representaciones nacionales, y está por decidir sólo la cuestión relativa al acompañamiento comunitario. 
Pero, incluso en el futuro, hay que considerar si estaría justificada una modificación estatutaria, al intervenir el FMI en las políticas presupuestarias, que seguirán siendo estatales, pues no podemos perder de vista que así es mayor el relieve de nuestra participación. 
Aparte de las dudas institucionales, podemos congratularnos, no obstante, de la certeza que tenemos sobre la política que se debe aplicar, garantizando la credibilidad y la estabilidad del euro con políticas flexibles que eviten conmociones de consecuencias muy negativas. 
Esperemos, pues, que cambios de gobierno recientes, en particular el de Alemania, a que se ha referido hace poco el Sr. Herman, no provoquen un cambio en ese plano con la ingenua y efímera esperanza de conseguir así un fácil apoyo popular. 
Señor Presidente, la introducción del euro tendrá repercusiones importantes no sólo para los ciudadanos de la UE, sino también en el sistema monetario y financiero internacional. 
La introducción del euro dará a la Comunidad Europea una presencia monetaria a la altura de su influencia económica y comercial en la economía mundial. 
Lamento que ciertos miembros del nuevo Gobierno alemán quieran conseguir titulares políticos sobre las cuestiones fiscales y que hayan brindado un auténtico festín a los euroescépticos cuando lo que se necesita en este momento decisivo es firmeza y consenso. 
Es esencial que la Comunidad hable internacionalmente con una sola voz en los casos en que se debatan cuestiones relativas a la UEM y se adopten decisiones al respecto. 
Se trata de una cuestión demasiado importante como para interpretar solos que distraen y dividen sobre cuestiones fiscales correspondientes claramente a la esfera de la unanimidad y a los Gobiernos nacionales. 
Debe haber una voz y una posición. 
La propuesta de decisión del Consejo dispone que, para las cuestiones relativas a la UEM, la Comunidad estará representada en el nivel internacional por el Consejo y el Banco Central Europeo con la participación de la Comisión. 
Cada una de esas instituciones tiene sus competencias propias. 
Los cambios provocados por la introducción del euro afectarán a la adopción de posiciones y a la representación en el nivel internacional. 
Podemos apoyar la propuesta de decisión del Consejo, pero mi Grupo no cree que sea acertada. 
Apoyamos que la Comisión tenga un papel en consonancia con las propuestas del Sr. Herman. 
El amanecer del euro es inminente y reviste importancia decisiva que hablemos con una voz y que, como ha recomendado el Sr. Herman, haya continuidad en el nivel internacional. 
Señor Presidente, quisiera apoyar muy expresamente la posición del ponente, porque responde a lo que opina el Grupo y no sólo al sentido y al espíritu de ver representada adecuadamente a esta Unión Europea. 
Por ello es totalmente adecuado que en los organismos financieros internacionales esté representada la Unión Europea no sólo a través del Banco Central Europeo, no sólo a través del Consejo de los once países de la zona del euro, sino también a través de la Comisión Europea. 
La Comisión Europea tiene la tarea de ser el motor de la integración. 
Tiene el cometido de ser la guardiana de los Tratados. 
Esto debe quedar regulado en el orden financiero mundial, así como en el orden comercial mundial. 
La Comisión Europea debe desempeñar el cometido especial y destacado que le corresponde. 
De ahí que sea de lamentar extraordinariamente la decisión de ayer del Consejo de Ministros de Finanzas. 
No es adecuada en lo que respecta a las decisiones futuras porque en realidad no puede garantizar que la Unión Europea- si actúa en calidad de unión monetaria- hable con una sola voz. 
Pero este debe ser nuestro objetivo. 
Dentro de la Unión hemos pagado amargamente no haber hablado con una sola voz en las rondas de comercio mundial. 
Precisamente en cuestiones del ordenamiento financiero mundial debe ser así. 
Por razones políticas de integración y democracia sería altamente conveniente seguir la propuesta del ponente, Sr. Herman y conferir a la Comisión Europea el puesto que le corresponde y no el segundo puesto en la representación de la Unión Europea y de la zona euro de los Once. 
Señor Presidente, anoche en la Cámara de los Comunes oí al ministro principal del Gobierno del Reino Unido y de Irlanda del Norte decir con toda claridad que su Gobierno se opondría a cualquier intento de eliminar el veto en materia de fiscalidad. 
Hemos oído a los portavoces de Francia y Alemania esta semana decir con claridad que quieren que desaparezca el veto y ahora vamos camino de un desastre. 
Esto no puede ayudar a nuestra economía, en particular cuando se ve sometida cada vez a mayor presión. 
Lo que ha sucedido en el Extremo Oriente podía ocurrir en otros lugares mañana, incluso en los Estados Unidos de América y en Europa. 
Hoy vamos camino de un desastre. 
Permítaseme decir con claridad que siempre he creído que el futuro de esta Unión estriba en la cooperación de Estados-nación soberanos y no en la incorporación de Estadosnación a un único superestado internacional. 
Señor Presidente, hace doce meses que se creó el grupo euro 11, un órgano informal que como no debía rendir cuentas a nadie tampoco estaba autorizado para tomar decisiones formales. 
Pero ahora comprobamos que el presidente del euro 11 representará la zona euro de cara al exterior, en el G7, el FMI y las misiones a los diferentes países. 
No solamente se da aquí en una tarde un fuerte impulso al concepto de las dos velocidades del que pretendíamos librarnos con Schengen en el Tratado de Amsterdam, sino que, además, vemos cómo se introduce un modelo intergubernamental en el aspecto del primer pilar donde se habían logrado los mayores avances comunitarios. 
En el segundo pilar, cuando ya no sabemos a quién encomendarnos, decidimos por fin poner manos a la obra para dar un solo rostro y una única voz a la política exterior de la Unión. 
Y en lugar de dejar la representación exterior de la Unión Económica y Monetaria en manos de la Comisión, la guardiana y la administradora de los Tratados, recurrimos a la presidencia, que cambia cada semestre, de un órgano intergubernamental no reconocido oficialmente y fuera de todo control, el Consejo del euro 11. 
Estimados señores, algo va mal aquí. 
La UEM ya se ha descarrilado antes de que entre en funcionamiento. 
Aquí estamos pagando el que en la Europa de hoy se están tomando demasiadas decisiones bajo las miradas estrictas de los ministros de Finanzas, que, a su vez, reciben instrucciones desde los círculos aún más cerrados del comité monetario. 
Una sola zona euro requiere una sola representación. 
No se accede a la petición de Henry Kissinger de proporcionar un único número de teléfono europeo acudiendo a una presidencia que cambia cada semestre. 
En la práctica, los norteamericanos se pondrán en contacto con el presidente fijo del comité económico y financiero o con uno de los miembros permanentes del G7, sin saber ni siquiera en nombre de quién están hablando. 
Si la zona euro se tomara en serio a sí misma asumiendo su obligación de actuar de forma responsable, optaría por el número de teléfono de la Comisión Europea. 
Es aconsejable acudir con tiempo a la coordinación europea para que Europa realmente pueda hablar con una sola voz. 
La Comisión debería negarse a participar en las propuestas del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, donde su papel se reduce al de ayudante del presidente del euro 11. 
Entendemos que aún está a tiempo de retirar su propuesta. 
Ningún miembro del G7 está en condiciones de representar la Unión Europea. 
Es mejor que este grupo se suprima y que se vuelva a empezar de cero con un G3. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, agradezco a su Asamblea que haya incluido este punto en el orden del día. 
Lo ha hecho en el momento preciso, es decir, justo después de la decisión del Consejo y, aunque pueda sorprenderles, quiero expresar mi agradecimiento personal al Parlamento Europeo, que ha hecho una contribución útil y ha apoyado la propuesta de la Comisión, lo que ha contribuido en buena medida al éxito de la reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de ayer. 
Volveré sobre este tema dentro de un momento. 
Pero quiero reiterar que la Comisión se siente agradecida al Parlamento. 
El acuerdo alcanzado ayer es satisfactorio. 
Es un acuerdo político. 
Retoma las bases de la propuesta de la Comisión sobre la naturaleza comunitaria de la representación exterior del euro. Ésta será tripartita. 
Antes de pasar a exponerles el contenido y las modalidades de este acuerdo, permítanme recordarles cuál es el objetivo. 
El objetivo, el desafío, es importante, porque hay que dotar al euro de una voz para que la Comunidad esté presente en el panorama monetario internacional, defienda sus intereses, participe en la gestión de las crisis y en su prevención y, en términos mas generales, en la adaptación del sistema monetario internacional. 
Con el euro, Europa se dota de una auténtica existencia monetaria. 
Se dota asimismo de una presencia en el panorama internacional, que corresponderá cada vez más a su peso en materia económica. 
Hablemos de las modalidades del acuerdo. 
En primer lugar, es un buen acuerdo y deseo decir a aquellos que han expresado sus dudas que, en la materia, lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Se trata de un acuerdo provisional, un acuerdo realista, un acuerdo alcanzado antes del 31 de diciembre, es decir, antes del nacimiento del euro, algo que parecía lejos de poder alcanzarse hace apenas unos días. 
Creo que debo hacer hincapié en dos aspectos importantes. 
El primero es la definición de una posición común de la Unión. 
Antes de cada reunión internacional habrá una definición de la posición común de la Unión a través de la coordinación entre los Estados miembros, bajo la dirección, lo que es normal, del Presidente del Euro 11, una coordinación que, por otra parte, puede tener lugar muy rápidamente, porque se ha encargado a la Comisión el establecimiento de un sistema de videoconferencia entre la Comisión, el Banco Central y los ministros de Economía. 
Añadiré que estas decisiones, estas tomas de posición del Consejo, serán preparadas por el Comité Económico y Financiero, es decir, sobre la base de una contribución o eventualmente de una propuesta de la Comisión, y ello antes de cada gran convocatoria internacional. 
Por tanto, ante este o aquel acontecimiento, ante este o aquel desafío, tenemos la certeza de tener una posición de la Unión Europea, de la zona euro. 
En segundo lugar, lo relativo a la representación de la Comunidad. 
La representación que se ha definido permitirá a Europa hablar con una sola voz, respetando las competencias de las instituciones interesadas. 
Está el polo económico y está el polo monetario. 
Es normal que para expresarse, esta voz utilice varias cuerdas vocales, de conformidad, por otra parte, con la voluntad de los Jefes de Estado y de Gobierno manifestada en el Consejo Europeo de Luxemburgo el pasado mes de diciembre. 
El acuerdo de ayer prevé el papel del Consejo, el papel del Banco Central y el papel de la Comisión. 
Es una representación tripartita, como ha destacado el ponente. 
Esta representación es indisociable, pero además es indispensable para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria y del euro. 
Para ser más exactos y disipar quizá algunos malentendidos originados probablemente por los comentarios de prensa que se hicieron ayer, permitan a alguien que ha participado en las negociaciones desde su inicio decirles exactamente qué se ha decidido concretamente en tres casos. 
Me limitaré a tres casos. 
En primer lugar, las instancias formales, como el G7 o el G10. 
De conformidad con la propuesta de la Comisión, se ha decidido que el Consejo estará representado por el Presidente del Euro 11, el Presidente del Banco Central Europeo y por el miembro competente de la Comisión. 
Los tres integran la delegación de la Comunidad. 
No se trata, en el caso de la Comisión, de desempeñar una función de segundo orden. 
En ninguna parte del acuerdo encontrarán los términos de asistencia técnica, el papel que supuestamente se le reconoce a la Comisión. 
La Comisión estará presente para aportar su ayuda, es normal, su apoyo, para desempeñar un papel útil y eficaz. 
Y puede contar, señor ponente, con la disponibilidad y la voluntad de la Comisión para ejercer dicho papel. 
Por último, con el fin de garantizar una continuidad en la representación y habida cuenta de la rotación de las Presidencias, un ministro de uno de los países miembros del G7 aportará su apoyo al Presidente del Euro 11. 
En lo relativo a las organizaciones internacionales formales, tomo por caso el FMI, más allá de las actuales disposiciones que dan ya a la Comisión la categoría de observador en el comité provisional, el acuerdo prevé la categoría de observador al BCE en el comité provisional y en el Consejo de Administración, y prevé asimismo la expresión de posiciones comunes en el Consejo de Administración por parte del administrador representante de la Presidencia del Euro 11, asistido por un representante de la Comisión. 
Esto quiere decir muy concretamente que la Comisión tendrá acceso a toda la información necesaria para poder desempeñar su papel, especialmente, en materia de vigilancia multilateral. 
Por último, en lo que respecta a las misiones bilaterales, las modalidades de estas misiones en los países terceros serán definidas por la Presidencia del Euro 11 o de Ecofin, y aquí habrá que actuar caso por caso, y creo que estrictamente es lo más sensato. 
Una vez aprobadas por los Jefes de Estado y de Gobierno, estas disposiciones serán traducidas en base a la propuesta de la Comisión en una decisión, en virtud del apartado 4 del artículo 109, y serán objeto de negociaciones con los países terceros interesados. 
En este sentido, deseo informarles que el Presidente de la Comisión, Jacques Santer, hace saber desde este preciso momento que, habida cuenta de que hay prevista una cumbre euro-estadounidense para el próximo 18 de diciembre, le corresponderá, junto con el Presidente del Consejo, es decir el Canciller Klima, hablar con los estadounidenses. 
Para terminar, creo que cabe destacar la importancia de este acuerdo y su carácter provisional. 
A mi enorme pesar, no somos quince en el euro, sólo somos once. 
A mi enorme pesar, no es posible cambiar en pocas semanas los estatutos del Fondo Monetario Internacional. 
No es menos cierto que el presente acuerdo es un acuerdo positivo, un acuerdo que a pesar de ser provisional, no deja de ser un acuerdo que nos permitirá poner plenamente en marcha la UEM el 1 de enero en las mejores condiciones. 
Y puedo garantizarles que en lo que respecta a la Comisión, ésta les tendrá como siempre puntualmente informados sobre la evolución de las negociaciones y la evolución de los aspectos internacionales del euro. 
Muchas gracias, señor de Silguy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Crisis monetaria y financiera 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0441/98) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la crisis financiera y monetaria mundial y sus repercusiones sobre la economía de la Unión Europea. 
Tiene en primer lugar la palabra, como ponente, la Sra. Randzio-Plath. 
Señor Presidente, Señorías. Las crisis económicas y financieras han dejado muy claro para este viejo continente que es Europa, para la Unión Europea, la necesidad de traer una nueva arquitectura. 
Las instituciones de Bretton Woods tienen 54 años de antigüedad; no están preparadas para afrontar los retos de la globalización. 
Por ello debe existir una nueva arquitectura financiera mundial que debe empezar primero por la reforma del Fondo Monetario Internacional. 
El Comite provisional se ha quedado obsoleto como órgano consultivo y administrativo y debe ser sustituido por un consejo político. 
Esta reforma institucional es absolutamente importante, porque necesitamos un consejo político que tome decisiones, que asuma la responsabilidad por las decisiones financieras y que no achaque a los funcionarios la responsabilidad por los fracasos. 
Queremos que las decisiones financieras se asuman políticamente. 
Aparte de esto, opino que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Pagos, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio deben trabajar de modo más estrecho y coordinado. 
Así pues, necesitamos una reforma de las instituciones, y de esta reforma con toda seguridad no puede quedar excluida la ronda del G7. 
En último término, en la cumbre del G7 no participan todas las regiones del mundo. 
Con gran pesar hemos experimentado que no está bien que a la hora de solucionar las crisis, las regiones afectadas no estén verdaderamente integradas en el proceso de decisión. 
Por ello se plantea la reflexión de si un Consejo Económico de Seguridad de las Naciones Unidas podría solucionar el problema de la representación de todas las regiones del mundo, y se subraya que hoy en día la seguridad de todos significa seguridad económica y social. 
A este respecto, por supuesto, no hay que subestimar las reformas de las instituciones existentes. Para ello hay que cambiar el modo de trabajo del Fondo Monetario Internacional. 
Las condiciones actuales y las adaptaciones sistemáticas han llevado a agudizar las crisis más que a amortiguarlas o a combatirlas. 
Con seguridad, no obstante, puede afirmarse que la reforma de los métodos de trabajo es una cara de la moneda, pero sobre todo se trata de que el Fondo Monetario Internacional tenga una dotación financiera razonable. 
Las últimas decisiones del G7 apuntan en la dirección correcta, pero pienso que hasta hoy todavía no hemos encontrado la forma adecuada para los métodos de trabajo y para la dotación financiera del Fondo Monetario Internacional. 
Las normas del Fondo Monetario Internacional deben elaborarse mejor, modificarse y utilizarse para poder ofrecer y organizar ayuda rápida a los problemas de liquidez, que han sido una de las causas de la crisis en los últimos meses y años. 
Debe haber transparencia para poder empezar un plan de moratoria del servicio de la deuda a través de cláusulas de salvaguardia financiera y acuerdos de suspensión poder iniciar un plan de reprogramación, que en realidad hasta ahora se ha pensado siempre tarde en la crisis y que aún no tiene un enfoque preciso. 
También hay que reflexionar sobre la posibilidad de organizar, junto a la supervisión de los flujos de capital financiero a corto plazo, una especie de control al plazo de la circulación de capitales en esta época de fuga de capitales. 
Para nosotros en la Unión Europea son importantes los nuevos instrumentos jurídicos que velen por que en el mercado financiero haya más transparencia y una información financiera más fiable. 
Se necesita la globalización de las normas y de los sistemas de vigilancia en una época de desregulación y de liberalización de la circulación de capitales. 
Por último, la economía de mercado nos ha mostrado a nivel mundial que no era posible organizar relaciones financieras y económicas libres de obstáculos sin una normativa. 
Por eso, por encima de todo hay que tener en cuenta los movimientos de capital internacionales a corto plazo que han llevado a la crisis a muchos países. 
La vigilancia completa de estos flujos de capital es necesaria. Por otro lado, los gobiernos deben contribuir finalmente con incentivos positivos a que se movilicen más compromisos de créditos a largo plazo. 
Desde la crisis de México hay un Moral-Hazard-Problem. 
Los inversores y los especuladores asumen cada vez más riesgos en busca de la optimación de las ganancias. 
Para ello se confía en que, en una crisis de liquidez, el Fondo Monetario Internacional controlará el problema, porque los efectos negativos en la economía nacional real, en la economía, el crecimiento, la inversión y el empleo son demasiado grandes y de difícil cálculo a causa de la crisis financiera y, por tanto, pueden movilizarse fondos procedentes del fisco para reducir al mínimo los riesgos de los inversores privados. 
Por último, es preciso encontrar un marco en el que el sector privado participe en los costes de la lucha contra la crisis. 
Otro punto: un sistema eficaz de vigilancia y supervisión de las actividades financieras debe activarse y ponerse en práctica también con vistas a nuevos productos financieros que contribuyen a la fragilidad y volatilidad de los mercados financieros. 
No podemos prohibir los derivados, pero debemos velar por que estén sometidos a vigilancia y control. 
Además de la supervisión de las entidades bancarias tenemos una vigilancia de las entidades no bancarias. En este contexto es necesaria la estrecha cooperación entre el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos nacionales y el Banco Internacional de Pagos. 
Necesitamos definitivamente normas de validez mundial para la calidad de las informaciones financieras, así como a través de otros sistemas. 
Siempre habrá crisis financieras. Es preciso reducir la posibilidad de que se produzcan, porque las crisis en los mercados financieros afectan a la economía real. 
Por ello debemos velar por minimizar sus repercusiones sobre el crecimiento, la inversión y el empleo, no sólo en los países en que se produce las crisis, sino también los nuevos países industriales, en los países en vías de desarrollo y en los países industrializados. 
Por ello es necesaria también la cooperación política en la organización de un proceso coyuntural uniforme entre Europa y los Estados Unidos, así como la cooperación entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos. 
Debemos velar por la estabilidad en las relaciones de los tipos de cambio entre las monedas mundiales más importantes. 
En la época del euro, debemos contribuir a que las regiones que pueden velar por la estabilidad de las relaciones monetarias internacionales aporten su contribución a la respuesta a los retos de la globalización a través de un sistema financiero mundial más justo. 
Por otro lado, se trata de encontrar una solución más justa al problema de la distribución. 
Sólo será posible si esta Unión Europea sabe que puede contribuir mediante planes de acción europeos a una estrategia de combate de la crisis, a la gestión de la crisis y no sólo combatiendo la crisis, sino contribuyendo preventivamente a evitarla. 
Señor Presidente, tan sólo quiero formular algunas sugerencias acerca de cómo nosotros, la Unión Europea, podemos contribuir a mitigar los efectos de la crisis financiera. 
En primer lugar, tenemos que seguir manteniendo una actitud abierta para con las exportaciones de los países afectados por dicha crisis. 
Ello está dentro de nuestras posibilidades porque, hasta la fecha, la Unión Europea incluso se ha aprovechado de la crisis. 
Esto es así puesto que, debido a la búsqueda de calidad, a la huida de capital de terceros países a Europa, el tipo de nuestro mercado de capitales ha disminuido considerablemente. 
Como consecuencia de los bajos precios de las materias primas y la caída de la demanda, nuestra inflación ha alcanzado un mínimo histórico. 
Por eso mismo, el crecimiento europeo aún es mayor de lo que se esperaba en primavera. 
Cuando los países afectados por la crisis y por una fuerte devaluación de sus monedas empiecen a incrementar sus exportaciones, no podemos echar el freno y recaudar tasas antidumping. 
Si estos países no pueden vender sus productos en Europa, que presenta un superávit en su balanza comercial, ¿dónde van a poder hacerlo? 
En segundo lugar, Europa tiene que ayudar a controlar la afluencia de «capital relámpago» a los países en vías de desarrollo. 
Respetar las normas cautelares establecidas a escala internacional, que posiblemente hayan de ser aplicadas con mayor rigor, constituye un primer y crucial paso en esa dirección. 
En tercer lugar, el FMI debería estar menos orientado a la adquisición de la participación mayoritaria de bancos privados occidentales a costa de las autoridades y, por tanto, de la población de los países endeudados y preocuparse más por el mantenimiento del poder adquisitivo, la producción y la capacidad autosuficiente de dichos países. 
Desde el momento en que el mismo sector bancario privado se haga corresponsable financiero de la prevención y la lucha contra las crisis, dicha política puede llevarse a cabo sin que sea necesario ampliar los recursos financieros del FMI. 
No es muy probable que el comité provisional del FMI, que está compuesto por banqueros conservadores y ministros de Finanzas, sea el órgano más indicado para hacerse cargo de la necesaria reoerientación del Fondo. 
No veo, por tanto, cómo una revaloración del comité provisional o una fusión de los comités del FMI y del Banco Mundial pueda tener alguna utilidad para la introducción de este cambio tan sumamente imprescindible. 
En cuarto lugar, la UE debe ayudar a que en los contratos se incluyan cláusulas estándares que concedan una prórroga a la hora de sufragar las deudas a cambio de una penalización. 
Quisiera terminar diciendo que, por supuesto, también es necesario que los propios países endeudados, o algunos de ellos, introduzcan los cambios oportunos. 
Pero, a pesar de ello, no tiene ningún sentido declarar a posteriori que en dichos países las cosas no podían sino acabar mal. 
Muchos de los países afectados recibieron muy buenas calificaciones por parte de todos los organismos internacionales y expertos competentes en la materia. 
Sufrir amnesia al respecto es malsano y además, impide reflexionar sobre nuestro propio fracaso, algo que hasta ahora he echado en falta en todo este debate sobre la crisis. 
Señor Presidente, en la práctica, la economía mundial se halla en una crisis totalmente remarcable. 
Pese a todo, los datos de la Unión Europea son sumamente positivos. 
Para los países que forman parte de la unión monetaria, en 1998 se espera un tasa de inflación media del 1, 5 %, un déficit presupuestario del 2 % y un crecimiento económico del 3 %, datos macroeconómicos que no teníamos desde hace mucho tiempo. 
En todos los debates sobre las crisis mundiales debemos subrayar que la Unión Europea, que es el baluarte de estabilidad del mundo, entre otras cosas, por la decisión sobre el euro, señor Comisario de Silguy. 
Estos son los hechos sobre los que debemos debatir. No lo olvidemos. 
El informe de la Sra. Randzio-Plath establece muchos puntos positivos, pero en algunos puntos no coincidimos en absoluto. 
Quiero señalarlos en el poco tiempo de que dispongo, porque no espero que se me conceda tanto tiempo de más como a los diputados del otro lado del hemiciclo. 
Primero: la cuestión del control de los capitales a corto plazo, a nuestro juicio, no conduce a nada. 
Segundo: la creación de un Consejo Económico de Seguridad bajo los auspicios de las Naciones Unidas es una total fantasía. 
Tercero: señora Randzio-Plath, no estoy de acuerdo con la enmienda transaccional nº 5 que nos ha planteado con respecto a la no imputación de las inversiones hasta un máximo del 3 %, conforme al déficit presupuestario, en el pacto de estabilidad y crecimiento. 
No debería convertirse usted en una servidora tan leal del Sr. Lafontaine. 
Pese a todo, necesitamos más transparencia en este ámbito. 
Primero, transparencia a nivel nacional e internacional, porque los mercados no pueden funcionar si no hay transparencia. 
Segundo: necesitamos una supervisión multilateral, ante todo con vistas a la política financiera. 
Tercero: necesitamos reformas con respecto a los mercados financieros nacionales. 
Los márgenes para el yen, el dólar y el euro, tal como ha propuesto el Sr. Lafontaine, no nos llevan mucho más allá, pues eso sólo se puede exigir cuado se ha tenido una sólida política económica, financiera y monetaria. 
Por ello, la Unión Europea está en la buena dirección. Por eso apoyamos el camino que ha propuesto la Comisión. 
Señor Presidente, la crisis financiera internacional ha conmocionado al mundo entero y muchos aseguran que les ha cogido desprevenidos. 
No obstante, como también se desprende del informe de la Sra. Randzio-Plath, se han podido detectar una serie de causas. 
Mi colega Metten dice que llorar a posteriori no soluciona nada, pero tras recibir el informe de los expertos financieros hemos podido comprobar que nuestra sistema de información presenta fallos. 
Hay algunos datos que no le llegan al FMI en el tiempo debido, porque son poco fiables, porque está claro que los diferentes países miden con raseros distintos. 
Determinados países asiáticos que habían crecido mucho y que también eran importantes para Europa y América, de repente contrajeron la gripe asiática. 
Asia estaba enferma y si no tenemos cuidado, Europa se resfriará, aunque, gracias al euro, la Unión Europea no ha sufrido tanto. 
Ello no impide que los países que aún no han ingresado en el euro sigan teniendo un problema. 
Por lo tanto, tenemos que ser prudentes, ejercer el control oportuno y establecer normas uniformes. 
Así las cosas, nosotros, los liberales, creemos fundamental que se manejen los mismos criterios, pero consideramos que no sirve de nada crear una suerte de consejo de seguridad para la economía u otorgar capacidad de decisión al propio FMI. 
Ello sólo implicaría hablar más y me parece a mí que en la televisión ya tenemos suficientes programas de entrevistas y debates. 
Lo que necesitamos es acción. 
Claridad. 
También puede beneficiarse de ello el mercado. 
También puede correr riesgos el mercado. 
Desde el momento en que se disponga de una buena política económica, de una buena revisión del sistema, que tenga en cuenta las diferencias culturales, porque en Asia hay muchas, estaremos entre todos, también desde nuestra dimensión europea, no lo olvidemos, en condiciones de restablecer cuanto antes la estabilidad. Dicha estabilidad también abrirá la posibilidad de crear más empleo y fomentará el crecimiento no sólo en los países afectados sino también en Europa. 
Señor Presidente, creo que con la mentalidad antigua no llegamos a ninguna parte, señor Langen. 
Lo que se necesita ahora es un cambio de mentalidad. 
Es peligroso que Europa y los europeos, como piensa usted, nos encontremos aquí en una isla de bienaventurados que se alegran farisaicamente de ser perdonados hasta ahora. 
Más bien se trata de que Europa utilice su posición favorable para prestar activamente una contribución a que también otros puedan volver a pisar tierra bajo sus pies. 
Para eso necesitamos estabilizar los tipos de cambio, la vigilancia, la transparencia, los controles y, por último, conseguir un cambio social y ecológico de las instituciones de la economía mundial. 
La Sra. Randzio-Plath tiene toda la razón al afirmar que para ello necesitamos un consenso político básico. Este debe elaborarse en las Naciones Unidas, por muy difícil que sea esto, por muy difícil que resulte imaginárselo tras veinte años de política neoliberal. 
Pero también en el mundo de las finanzas, señor Langen, rige la dialéctica del poder. 
La arrogancia de los poderosos prepara siempre su propia caída. 
Doblemente agradecido, señor Wolf, por sus palabras y por la exactitud con que ha utilizado el tiempo que tenía, que era sólo de un minuto. 
Para una cuestión de orden, tiene la palabra el Sr. Langen. 
Señor Presidente, quisiera indicarle que el diputado del Grupo Liberal, el Sr. Goedbloed, ha realizado su intervención inaugural. 
Usted, que es un presidente comunicativo, lo ha olvidado. 
¿Podría hacer una mención al respecto? 
Casi son las 23.20 horas. 
Muchas gracias, señor Langen. 
Esta Presidencia siempre agradece la colaboración que le viene del hemiciclo. 
Por lo tanto, le agradezco a usted que me haya advertido. 
La intervención del Sr. Goedbloed ha sido tan excelente que yo no me he dado cuenta que era su primera. 
Creía que era uno de nuestros diputados más acostumbrados a intervenir en la Asamblea. 
Por lo tanto, se explica el que yo no me haya dado cuenta. 
En todo caso, señor Goedbloed, estoy seguro de que su aportación aquí, en el futuro, va a ser excelente, como lo ha demostrado su intervención. 
Señora Randzio-Plath, ¿para una cuestión de orden? 
No abra usted un debate nuevo. 
Señor Presidente, como mi colega del Grupo del Partido Popular Europeo ha aludido a un político alemán, quisiera señalar que mi enmienda nº 5 corresponde a la posición del Parlamento Europeo sobre las orientaciones generales de la política económica, que fue adoptada el año pasado y, además, por este Pleno. 
Gracias, señora Randzio-Plath. 
Seguramente estas horas de la noche permiten ser muy generosos con las cuestiones de orden. 
Pero, en todo caso, no vamos a abrir un nuevo debate, y ahora tiene la palabra, por el tiempo de un minuto, el Sr. Lukas. 
Señor Presidente, es una pena que el Sr. Goedbloed deba realizar su intervención inaugural a media noche ante una Asamblea vacía. 
Pero aún da más pena que este informe excelente e importante no haya sido debatido hasta ahora. 
Pienso que es excelente, aunque no coincida en todos los puntos. 
Sería ridículo querer abordar en un minuto todos los aspectos. 
Sólo quiero decir que lamento muy mucho- y esto no es un cambio de tema- que los problemas del trabajo infantil y del abuso infantil no se mencionen siquiera en este informe. 
Ambos problemas, en su intensidad moderna, son un resultado de la globalización. 
La crisis asiática tiene una gran influencia en estas penosas situaciones. 
Quien conozca las estructuras sociales de estos países lo sabe. 
El turismo sexual infantil, sobre todo, se ve estimulado por la caída de las monedas. 
A mi modo de ver, se puede hablar de una globalización de la perversión. 
La Unión Europea debe pronunciarse sobre ese aspecto de la crisis. 
Señor Presidente, dejo de lado en este momento la diagnosis, ya ampliamente formulada, y paso a tratar tres puntos referidos a la prognosis, a lo que debe hacerse. 
En primer lugar, me parece muy claro que estamos ante dos puntos de vista bastante contrapuestos: unos subrayan la exigencia de mayores controles y medidas dirigistas; para otros parece mucho más importante conseguir que el mercado funcione mejor. 
Esta segunda tesis me parece la más convincente, incluso si se considera que las recientes alternativas financieras han demostrado la necesidad de reforzar la vigilancia prudencial, de mejorar la transparencia y el flujo de informaciones y, por lo tanto, de fijar normas más adecuadas al nuevo contexto operativo. 
Por el contrario, la idea de llegar a controlar de modo directo e indirecto los flujos financieros, además de que puede resultar ilusoria por completo, también puede conducir a una grave ineficacia en la asignación de los recursos. 
En segundo lugar, sobre el tema de la volatilidad, quiero señalar que este problema, destinado a perdurar, sobre todo exige instrumentos adecuados para eliminar los riesgos de él derivados, y no medidas de control ineficaces, que no tienen posibilidad alguna de funcionar, en vista de los volúmenes y de las modalidades operativas que caracterizan hoy los mercados financieros. 
Lo veremos pronto, incluso en las semanas próximas, por ejemplo en lo relativo a la cuestión de la paridad euro/dólar. 
Además, creo, ninguno debe pensar que hoy subsisten las condiciones para repetir algo similar al viejo, y bien recordado por todos, sistema de Bretton Woods. 
Sólo una frase para señalar el tercer punto: preocupémonos más- y así lo hace la ponente en su propuesta- de los eslabones más débiles de la cadena, de esas economías, como son la de América Latina y de Brasil en particular, que se encuentran en una situación difícil- aunque sólo en parte sea responsabilidad de ellas -, situación que exige el máximo apoyo por nuestra parte, tanto en interés de ellas como en el nuestro propio. 
Señor Presidente, al final de 1996 el indice Dow Jones alcanzó en Wall Street el nivel de 6.400 puntos. 
De marca histórica en marca histórica, hasta el pasado 17 de julio, llegó a los 9.337 puntos. 
A partir de ahí vino el descalabro: un efecto de dominó que recorrió todas las bolsas del mundo sin excepción, un pánico generalizado en los mercados financieros, una lista de países al borde del colapso económico, el FMI, la OCDE, la Unión Europea revisando precipitadamente a la baja las perspectivas milagrosas de crecimiento económico que habían anunciado para 1998 y 1999. 
Aparentemente, la crisis financiera mundial cogió a todo el mundo por sorpresa. 
Doctores en economía, analistas financieros, cronistas del business world, encargados de la adopción de decisiones políticas que cantaban en coro afinado, hasta hace cuatro meses, las virtudes del mercado financiero mundial quedaron todos sorprendidos en el fiasco monumental de su falta de previsión. 
Es que hacía mucho que el Japón patinaba. 
Hacía mucho que la economía rusa estaba tan enferma como su Presidente y, aun así, los bancos europeos enterraron 48.000 millones de dólares en un país que dejó de controlar su propia moneda. 
Hacía mucho que las llamadas economías en ascenso se habían endeudado hasta niveles superiores a lo razonable. 
Fueron años de certezas que, de súbito, parecieron puestas todas en entredicho. 
Ya hay por ahí apóstoles del ultraliberalismo de ayer que hoy ponen en duda que los mercados puedan autorregularse o que no exista crecimiento sin total libertad de movimiento de capitales. 
Ese back to business, ese regreso a un mayor intervencionismo por parte de los Estados y de las organizaciones financieras internacionales, es lo que resulta claramente patente en este informe y en esta resolución. 
Súbitamente, el diccionario de las medicinas financieras se ha llenado de términos como controles, transparencia, reformas, inversión pública, garantías, riesgos, coordinación, códigos, conducta, ética, salvaguardia, supervisión, equilibrio, planes y acción. 
Es que la clase dirigente se ha dado cuenta, por fin, de que la mundialización de los mercados sin un marco político-jurídico adecuado y sin tener en cuenta la dimensión social de sus consecuencias es una amenaza para la estabilidad del planeta. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, felicito a la Sra. Randzio-Plath por su informe, que nos invita a una reflexión a fondo sobre un problema grave, el de las consecuencias que debemos sacar de las crisis financieras. 
Por consiguiente, le felicitamos por su iniciativa y tomamos buena nota de sus recomendaciones. 
Sepa que la Comisión no permanece inactiva, es perfectamente consciente de que la Unión, sobre todo en lo relativo a la llegada del euro y a su desarrollo, tiene una función específica que desempeñar. 
Si me lo permite, quisiera volver sobre tres preguntas importantes que formula la ponente. 
En primer lugar, ¿cuáles son los remedios a la actual crisis? 
No es necesario volver sobre la libre circulación de capitales, y el Sr. Langen ha insistido en este punto. 
Creo que es un juicio sensato. 
La experiencia nos enseña que toda forma de control de los movimientos de capitales es inoperante y contraproducente. 
Efectivamente, los capitales salen, pero no vuelven. 
Ahora bien, los países en vías de desarrollo necesitan capitales para desarrollarse. 
Pero la libertad va unida a requisitos que, como usted ha señalado, incluyen al sector privado. 
Estos requisitos son tres: transparencia, supervisión y vigilancia. 
En lo relativo a la transparencia, está lejos de alcanzarse completamente. 
Algunos fondos de inversiones tienen actualmente la capacidad de invertir cientos de miles de millones de euros, sin estar sujetos a la más mínima obligación de declarar sus operaciones a las autoridades de vigilancia, ni incluso a sus accionistas. 
Creo que esta opacidad es peligrosa, como nos lo han demostrado los recientes sucesos. 
Esta opacidad es asimismo chocante, porque las autoridades monetarias están bajo presiones constantes para conocer cada vez mejor y más rápidamente el nivel de las reservas de cambio de las autoridades públicas. 
Debemos, pues, reflexionar sobre los medios para poner fin a esta disimetría en materia de transparencia. 
La supervisión: paralelamente, debemos procurar que evolucionen nuestros instrumentos de supervisión. 
El famoso ratio Cook ha supuesto un avance considerable en la historia financiera. 
Probablemente ha permitido evitar no pocos dramas, pero creo que ha alcanzado sus límites, habida cuenta, en particular, de su aplicación únicamente en los establecimientos bancarios. 
Por ello, debemos dotarnos de los medios necesarios para supervisar mejor las operaciones no incluidas en los balances, y debemos dotarnos de los medios necesarios para exigir mayor rigor en algunas prácticas contables, me refiero a la magnitud de los créditos incobrables que ha permitido poner al día la «operación verdad» que está en marcha en Asia. 
Por último, el tercer elemento, la vigilancia. 
Debemos incrementar nuestra capacidad de prevención colectiva. 
Hoy sabemos, por ejemplo, que debería desarrollarse una vigilancia multilateral de las políticas macroeconómicas, sobre todo, en materia de tipos de cambio y de flujo de capitales a corto plazo. 
Sobre este punto, señora ponente, permitáme decir que una vez al año no hace daño y no comparto su idea de crear un consejo de seguridad económica bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
¿Por qué? 
Porque ya disponemos de un organismo en el seno de las Naciones Unidas que se llama FMI, y creo que la cuestión pertinente hoy es la evolución de las estructuras del Fondo Monetario Internacional para hacerlo más apto para prevenir, e incluso gestionar, las crisis. 
En esta perspectiva que, si le he entendido bien, usted llama «la responsabilidad política» , pienso que la posible transformación del comité provisional del FMI en una auténtica instancia responsable y global, con una ampliación de sus funciones para incluir la supervisión- como ha presentado recientemente, en particular, el Presidente Chirac- es una idea que merece ser explorada. 
Segunda pregunta, ¿cuál debe ser el papel de Europa? 
Este papel debe ser doble. 
En primer lugar, Europa debe dar muestras de ejemplaridad y contribuir a la reflexión. 
Pero, a pesar de que los auténticos desafíos son a escala planetaria y no continental, Europa puede cumplir plenamente con su parte en la adaptación del sistema monetario y financiero internacional. 
Esta contribución ha tomado ya varias formas. 
Citaré rápidamente algunos ejemplos: me refiero a la comunicación presentada recientemente por Mario Monti sobre los servicios financieros: «Elaborar un marco de acción» , que en junio de 1999 debería desembocar en medidas y en un calendario en varios ámbitos, con vistas a limitar la inestabilidad financiera. 
Me refiero también a la creación de la Federation of European Securities Commission, la FESCO, bajo los auspicios de la Comisión. Me refiero a la creación del comité de supervisión bancaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y tanto una como otra constituyen un avance. 
Conviene, en particular, establecer un intercambio de información rápido y seguro entre las autoridades de vigilancia y las autoridades monetarias responsables. 
En materia contable, la Comisión apoya los trabajos del International Accounting Standard y, junto con los Estados miembros, volverá a examinar las disposiciones aplicables al capital de los establecimientos financieros, teniendo en cuenta los trabajos del Comité de Basilea. 
En el plano comercial, les recuerdo que la Comisión ha sido la primera en pedir el lanzamiento de un nuevo ciclo de negociaciones multilaterales, el «Millenium Round» , y en poner los medios para que puedan iniciarse dichas negociaciones sobre los servicios financieros. 
Esto en cuanto a la ejemplaridad, muy brevemente. 
La contribución en los debates: la Comisión ha participado activamente en los debates y, en particular, en las recientes iniciativas del G7. 
De ella partió la comunicación adoptada ayer por el Consejo Ecofin para el Consejo Europeo relativa al fortalecimiento del sistema financiero internacional. 
La comunicación insiste en el papel central que en lo sucesivo debe desempeñar la Unión en la nueva arquitectura del sistema financiero internacional y el fortalecimiento de la cooperación económica y financiera con los países emergentes y en vías de desarrollo. 
La prevención. La resolución de las crisis debe asociarse al sector privado y éste debe asumir su parte de responsabilidad. 
Pero la verdadera contribución de Europa al debate internacional está directamente ligada a la calidad de su representación exterior- hemos hablado de ello hace un momento, por lo que no volveré sobre este tema. 
Tercera y última pregunta que no abordaré por lo avanzado de la hora, porque pensaba que sería planteada en el debate y que espero tendremos oportunidad de abordar en otra ocasión, puesto que usted la ha incluido en su informe, es la de saber si hace falta un plan europeo para la reactivación concertada de la inversión. 
Sólo diré que esta mañana, a raíz de mi propuesta, la Comisión ha aprobado una comunicación interesante sobre este asunto que, al tiempo que recuerda naturalmente la línea en materia de política presupuestaria, evoca una serie de posibilidades que Europa debería poder llevar a la práctica. 
Espero que tengamos ocasión de tratar sobre este punto más detenidamente en las próximas semanas. 
Como ven, la Comisión comparte ampliamente sus puntos de vista, puedo asegurarle que en sus recomendaciones sobre los programas de convergencia y estabilidad, seguirá de cerca la evolución de estas cuestiones. 
Y me gustaría tranquilizar a su Asamblea, para terminar. 
La Comisión asume plenamente sus responsabilidades en la reflexión que está en marcha sobre la nueva arquitectura del sistema monetario internacional. 
La introducción del euro nos anima, por otra parte, a desempeñar un papel más activo en este ámbito. 
Creo que las decisiones que se tomaron ayer sobre la representación exterior nos proporcionarán el instrumento necesario para hacer prevalecer estas ideas. 
Muchas gracias, señor de Silguy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Antes de desearles un merecido descanso reparador, dejénme que les diga también que mañana, jueves 3 de diciembre de 1998, se abrirá la sesión a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quiero plantear una cuestión que no figura en el Acta de ayer. Sin embargo, se trata de una cuestión grave. 
Muchos de nosotros volveremos hoy a casa en avión. Muchos de nosotros utilizaremos los servicios de la compañía LSG Lufthansa Skychef. 
Deseo comunicar a esta Asamblea que la semana pasada cuatrocientos trabajadores que participaron en una huelga declarada legalmente fueron despedidos sumariamente por dicha compañía. 
Espero que todos los diputados al Parlamento Europeo se quejen de esa escandalosa violación de los derechos humanos. 
Señora McNally, ésa es una cuestión que incumbe a los diputados. 
Señor Presidente, quisiera volver a la página 17 del acta. 
Ayer por la tarde, al inicio del debate sobre el estatuto de los diputados, el informe Rothley, presenté, de conformidad con el artículo 128 del reglamento, una cuestión de no ha lugar a deliberar. 
En virtud de este artículo, el Presidente debía preguntar si había un orador a favor y otro en contra antes de someter a votación esta moción. 
Probablemente mal aconsejado por las personas de su entorno, el presidente de sesión decidió por sí solo, y figura en acta, que el informe que yo discutía era perfectamente admisible. 
Yo quisiera que usted se diese por enterado de este incidente, que me parece muy grave, simplemente porque pone en tela de juicio los derechos de los diputados y la aplicación del reglamento para dar instrucciones tanto a aquellos que le sustituyen en el puesto de presidente de sesión como a aquellos que lo rodean, para que se aplique el reglamento y no se considere que los derechos de la mayoría prevalecen sobre la posición jurídica de las minorías. 
La interpretación que se ha hecho es manifiestamente errónea, y quisiera que usted me lo confirmara solemnemente en el día de hoy. 
Señor Presidente, como acaba de explicar el Sr. Fabre-Aubrespy, ayer él, invocando el Reglamento, pidió que no se declara admisible el informe del Sr. Rothley. 
Hasta aquí el Sr. Fabre-Aubrespy, gran conocedor del Reglamento, está en su pleno derecho. 
Yo también, señor Presidente, con la responsabilidad que me corresponde cuando ocupo el lugar que está usted ocupando hoy, entendí que no había lugar a la inadmisibilidad y, asumiendo plena responsabilidad, opté por esta decisión. 
Pero en las palabras del Sr. Fabre-Aubrespy hay algo que considero inadmisible. 
Esto sí que es inadmisible: que atribuya mi responsabilidad política, mi plena responsabilidad política, a los asesores de la Presidencia. 
Los asesores de la Presidencia pueden opinar una cosa u otra, pero quien toma la responsabilidad política es quien está presidiendo. 
Por lo tanto, el Sr. Fabre-Aubrespy, si tiene alguna cuestión en contra, debe dirigirse al Presidente, no a los funcionarios. 
Y por lo tanto, que haga el favor de corregir sus palabras. 
Comprendo la posición del Sr. Gutiérrez Díaz. Estoy de acuerdo con él en cuanto a la decisión que ha tomado. 
Creo entender que el Sr. Fabre-Aubrespy no ha pretendido atacar a los funcionarios que asesoran al Presidente. 
En todo caso, voy a remitir la observación del Sr. Fabre-Aubrespy a la Comisión de Reglamento, ya que ha señalado un punto importante del Reglamento. 
Ésta confirmará la interpretación que el Sr. Gutiérrez Díaz ha hecho, y que yo retomo, o la corregirá, y de este modo se clarificará este asunto. 
Señor Presidente, celebro que haya sido descubierto el ladrón que pertenecía al servicio de seguridad y que nuestros despachos hayan vuelto a ser seguros. 
Muchas gracias, señor Rübig, por su manifestación. 
Creo que animará al servicio de seguridad a continuar con su acción en beneficio de todos. 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
Señor Presidente, lamento hablar ahora antes de que haya comenzado la votación, pero mi observación se refiere a la primera enmienda sobre la que vamos a votar. 
Quisiera indicar que la enmienda nº 106, presentada por el Grupo Europa de las Naciones no es admisible de conformidad con la letra b del apartado 1 del artículo 125 del Reglamento, porque va encaminada a substituir todo el texto. 
Asimismo, la letra d del apartado 1 del artículo 125 es pertinente, porque se refiere a las enmiendas a más de uno de los artículos o párrafos de un texto. 
Me parece que no se debe votar sobre la enmienda nº 106. Se debería considerar inadmisible. 
Señor Donnelly, cuándo pasemos a la enmienda nº 106, lo decidiremos y después concederé el uso de la palabra al Sr. Fabre-Aubrespy. 
Sobre la enmienda 106 
Señor Presidente, quisiera intervenir no solamente sobre esta enmienda sino también con respecto a otras cuestiones de procedimiento, como ha hecho el señor Donnelly. 
Por lo que respecta a esta enmienda 106, le pido que no la someta a votación; la retiramos. 
No tenía por objeto someterla a votación. 
En lo que se refiere a la admisibilidad de las enmiendas, sobre el mismo fundamento que el que usted acaba de declarar inadmisible, es decir, la enmienda 106, le pido que declare inadmisibles las enmiendas 83, 81 y 80. 
Estas enmiendas no son admisibles, pretenden suprimir partes de enmiendas; su resultado se puede obtener mediante una votación por partes en virtud del artículo 125-3. 
Le pido que declare también inadmisible la enmienda 109, presentada como una enmienda de transacción. 
No hay enmienda de transacción sobre un texto como el que tenemos delante, y esta enmienda, además, pretende sustituir más de un artículo del texto, por consiguiente, ha de ser admisible, al igual que la enmienda 106. 
En todo caso, si aplica usted el artículo 115, tendrá que solicitar el acuerdo de la Asamblea y no creo que pueda conseguirlo sobre esta enmienda, presentada fuera de plazo como una enmienda de transacción entre dos grupos políticos, y que pretende sustituir a todas las enmiendas relativas al mismo artículo. 
Finalmente, señor Presidente, le señalo que el orden de votación que nos presenta en la lista de votación no corresponde en absoluto, al artículo 115, le señalo también que nos encontramos en el marco de un informe de propia iniciativa, al que es aplicable el artículo 50, que este informe de propia iniciativa incluye una resolución, y que, en una resolución, es tradicional que se voten en primer lugar los considerandos, después los artículos y posteriormente los anexos. 
Señor Fabre-Aubrespy, en concreto, cuando lleguemos a las votaciones se decidirá en cada caso sobre su admisibilidad. 
Le pido que, en ese momento, me lo diga. 
Desde ahora le digo que con respecto a esta enmienda de transacción, la Asamblea será invitada a pronunciarse sobre la posibilidad de votar o no, según el artículo 50. 
Pero se juzgará sobre la admisibilidad o no cuando lleguemos a esos artículos. 
Le pido que, en ese momento, me lo diga. 
En cuanto al orden de votación, ha sido ampliamente examinado entre los propios grupos y con los servicios de secretaría. 
Los precedentes son que, cuando se han examinado textos parecidos, que tienen su fundamento en el Tratado que está en vías de ratificación, pero cuyo objetivo es iniciar una negociación con vistas a una formalización posterior en el Tratado, el Parlamento ha utilizado hasta aquí el procedimiento legislativo. 
No es el primer caso, por tanto me atengo a los precedentes que se han establecido hasta ahora en otros casos, y va a seguirse este orden de votación, que tiende sobre todo a que la Asamblea pueda pronunciarse claramente y que todo el mundo pueda comprender. 
Ésta es la razón por la que voy a hacer esta votación muy lentamente, explicando punto por punto qué se vota, para que todo el mundo pueda decidir con conocimiento de causa. 
Sobre la enmienda 27 
Señor Presidente, aquí no me resulta clara una formulación de una votación. 
Creo que se trata de un defecto de traducción. 
Si hemos aprobado esto aquí, los diputados europeos se denominan diputados en el Parlamento Europeo. 
La denominación normal en alemán es: diputados del Parlamento Europeo. 
En mi opinión se trata de un defecto de traducción. 
Quisiera que pudiéramos seguir llamándonos diputados del Parlamento Europeo. 
Señor Friedrich, tomamos nota de su observación y los servicios lingüísticos cotejarán el texto original con la versión alemana para que no haya errores. 
Señor Rothley, precisamente tiene la ocasión de darnos su punto de vista sobre la enmienda 41 que estamos votando. 
Hay otras enmiendas que corresponden a la 41, pero se trata principalmente de la 41. 
¿Cuál es su punto de vista? 
Antes de la votación de la tercera parte del artículo 4 
Señor Presidente, sólo quiero llamar la atención del Parlamento sobre un punto: al proponer que se borre la f rase que usted acaba de citar lo hacemos exclusivamente por razones de redacción. 
No es una decisión que tenga por objeto la regulación provisional, sino que es meramente de tipo redaccional. 
Señor Rothley, si esta frase se aprueba, hay un régimen transitorio. 
Si esta frase no se aprueba, no hay régimen transitorio. 
Lo que quiere decir que en ese momento no se pueden votar las disposiciones que afectan al régimen transitorio. 
Éste es el alcance de la frase, y todo el mundo ha de saber exactamente qué va a votar. 
Por eso la he leído y le doy las gracias, porque me da usted ocasión para clarificar bien el alcance de la votación. 
Después de la votación del artículo 4 
Señor Presidente, de acuerdo con nuestra lista de votación, está previsto que nos pronunciemos en una votación por tramos sobre los principios del régimen transitorio. 
Propongo que respetemos la lista de votación distribuida y que escuchemos al ponente, quien ha señalado que la votación que ya tuvo lugar sobre el régimen transitorio tenía un carácter técnico, como refleja el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 4. 
Desearía también resaltar que la solicitud de votación únicamente estipulaba que dicha votación se debía distribuir en tres tramos. 
Señora Thors, hemos votado. 
No se votan principios. Se votan textos. 
He sometido a votación el texto que preveía el régimen transitorio. 
He explicado bien el alcance de la votación y el ponente ha explicado su posición. 
La votación se ha emitido, se ha proclamado y eso es lo válido. 
No se someten a votación los principios, ante todo si se ha decidido sobre un texto. 
Señor Presidente, estimados colegas, nos encontramos ahora en un punto muy decisivo. 
Le ruego un minuto de paciencia, señor Presidente. 
Mi Grupo, a petición de otros Grupos, ha solicitado que se vote por separado la frase de «para el curso de la quinta legislatura se establecerá un régimen transitorio». 
En nuestra lista de voto figura un no. Pero sólo por una razón, porque dicha frase no encaja en semejante pasaje. 
Sólo por esta razón. 
Aludí a esto antes de la votación. Esto es únicamente de índole redaccional. 
Debe ser posible que en una votación digamos que este texto, que nosotros queremos, no pertenece a este pasaje sino a otro. 
Esto tiene que ser posible. 
Esto es una enmienda. 
Mi Grupo, ciertamente, está a favor del régimen transitorio, igual que los demás Grupos. 
Ahora, porque hayamos dicho que esta frase no pertenece a este pasaje sino a otro, usted no puede decir que hay que decidirlo ahora. 
(Aplausos) Le ruego encarecidamente, puesto que debe respetar la voluntad del Parlamento, que proceda ahora exactamente con arreglo a la lista de voto y convoque la votación relativa al principio de un régimen transitorio. 
Señor ponente, en ningún caso puedo ir contra la voluntad de la Asamblea. 
El Reglamento dice que se votan habitualmente textos, y el sentido de la votación estaba muy claro. 
Lo he dicho y repetido con mucha claridad. 
Cuando se pronuncia la Asamblea, no puedo volver sobre su decisión, cualquiera que sea la lista de votación. 
La lista de votación es una indicación para los grupos. La indicación que da, de conformidad con el reglamento, no influye en la voluntad de la Asamblea. 
Ésta se pronuncia sobre textos, y no tengo otra solución, desde el punto de vista reglamentario, que proceder así. Y lo he explicado bien. 
He tenido mucho cuidado en explicarlo inmediatamente después de su intervención. 
Ahora no puedo volver sobre la votación. 
La Asamblea ha decidido que no hay régimen transitorio, porque ha rechazado el texto en el que se establecía este régimen transitorio. 
(Reacciones diversas) 
Señor Presidente, al principio ha dicho usted que ésta era una votación muy compleja, difícil y delicada. 
Ha dicho que los Grupos han trabajado muy estrechamente con sus servicios para determinar el orden de la votación y la forma como abordaríamos esta votación. 
La interpretación que acaba usted de hacer es contraria a la forma como sus servicios han ordenado esta votación. 
Es inapropiado e insensible cambiar la interpretación durante la votación. 
Según la lista de votación preparada por sus servicios junto con los nuestros, se nos hizo creer a todos que habría una votación sobre el principio del régimen transitorio. 
Cambiarlo inmediatamente antes no es apropiado. 
Ha creado confusión sobre esa primera votación y, si hubiéramos tenido perfectamente claro lo que estaba sucediendo, habría habido un resultado diferente en esa votación. 
Estoy muy descontenta con esto. 
Estamos poniendo en peligro toda esta cuestión. 
Sé lo decidido que está usted a sacar adelante este proyecto de estatuto hoy, por lo que quisiera pedirle que tenga la bondad de reconsiderar su interpretación. 
En el artículo 4, que comprende cuatro párrafos numerados, encontrarán en el párrafo 2 la siguiente frase: «Para el curso de la quinta legislatura se establecerá un régimen transitorio». 
Sobre esto se ha realizado una votación y esta frase ha sido suprimida. 
Pero ustedes hallarán el principio en el Anexo 1 bajo la letra A. El título reza «Asignación parlamentaria por el ejercicio del mandato». 
Luego sigue la frase: «Durante la quinta legislatura se aplicarán en calidad de régimen transitorio los artículos 1 a 5». 
Sobre esto no hemos votado todavía. 
Aquí es preciso consolidar adecuadamente el principio del régimen transitorio. 
A esto se ha referido también con toda razón el ponente, Sr. Rothley. 
Por consiguiente, hasta ahora sólo hemos modificado en su redacción el artículo 4 y sólo ahora llegamos a la votación del Anexo 1 letra A relativo al principio que sigue incluido aquí. 
Señor Presidente, evidentemente, desde el punto de vista reglamentario, la Presidencia, formalmente, tiene toda la razón. 
No se puede volver a realizar una votación que ya se ha hecho. 
Me parece que podría solventarse este grave incidente sometiendo a votación la enmienda nº 26 del Partido Popular, que en la lista de voto no aparece como caduca, en la que se habla de este régimen transitorio. 
No volveríamos sobre la votación ya efectuada. 
Formalmente, la Asamblea sería coherente con su Reglamento y, en cambio, al votar la enmienda 26 a favor, plantearíamos de nuevo la posibilidad de establecer un régimen transitorio sin hablar de quinta legislatura, sino hablando de la legislatura siguiente a la aprobación del estatuto. 
Me parece que es una forma de superar esta dificultad con arreglo al Reglamento. 
Señor Presidente, hace unos instantes, antes de la votación del artículo 4, segundo apartado, el señor Rothley ha tomado la palabra y usted mismo ha dado de manera muy clara la interpretación de la votación que iba a tener lugar. 
Ha confirmado esta interpretación en tres ocasiones, y ha tenido razón porque, efectivamente, la Asamblea se pronunció sobre la frase del régimen transitorio para la quinta legislatura. 
Lo que se propone ahora es contrario al reglamento ya que se trata de volver sobre un texto, además, mediante un anexo. 
Usted mismo ha dicho hace unos momentos, cuando he discutido el orden de las votaciones, que adoptaba el principio del procedimiento legislativo. 
¿Cómo se puede ir, en un anexo, contra una votación del texto principal? 
Si hay una contradicción con respecto al primer apartado del párrafo 2, es simplemente en los términos «indemnización transitoria» , que no tendrán aplicación. 
Pero usted no puede ahora someter a votación el principio de un régimen transitorio para la quinta legislatura, por votación nominal, sobre una votación muy clara que usted mismo ha precisado, que ha tenido lugar y para la que se ha pronunciado la mayoría de la Asamblea. 
Señor Presidente, quisiera decirle que aprecio mucho, mucho, la forma como usted conduce estos debates porque, por primera vez, en este Parlamento, sabemos qué votamos. 
Se toma la molestia de leer, párrafo por párrafo, las cuestiones sobre las que habremos de pronunciarnos. 
Ha sido usted extremadamente claro hace unos momentos, y nuestros colegas han de saber que, en una Asamblea, no se trata de hacer referencia a un papel preparado por los aparatos de los grupos, sino de lo que dice el Presidente, que dirige la votación. 
Comparto totalmente la argumentación jurídica de la Sra. Palacio y del Sr. Fabre-Aubrespy, y usted no tiene que repetir la votación que se ha celebrado hace unos momentos. 
Gracias, señor Pasty. 
Pido a todo el mundo que preste mucha atención a lo que voy a decir y que no comiencen a hacer ruido mientras no haya terminado. 
La votación se ha celebrado y no la repetiremos. 
Cuando se llegue a la votación del artículo 11 bis, del Grupo del PPE, este problema volverá a plantearse. 
Si la mayoría, en ese momento, quiere un régimen transitorio, deberá votar el texto que voy a someter a votación inmediatamente. 
Si se adopta este principio, se verá si se debe votar o no el párrafo 1 del anexo. 
Eso dependerá del sentido de la votación. 
Por consiguiente, ahora voy a someter a votación el artículo 11 bis, que dice: «El Parlamento Europeo fijará, a lo largo de la legislatura siguiente a la adopción del estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, un régimen transitorio particular en materia de asignaciones parlamentarias, de régimen de seguridad social, de régimen de pensiones y de régimen fiscal del diputado.» 
Voy a someter a votación este texto y voy a leerlo una vez más. 
Este texto no dice que se someta a votación el anexo. 
Dice que el Parlamento fijará el régimen transitorio, y éste quedará entonces establecido. 
Eso quiere decir que someteré a continuación a votación el primer párrafo del anexo, el punto A. Sabremos entonces si se quiere simplemente que el Parlamento fije en el futuro este régimen transitorio o si se quiere hacerlo ahora por el anexo. 
De esta forma, todo el mundo puede saber cómo votar. 
Por consiguiente, voy a realizar dos votaciones. 
Se lo digo con mucha claridad. No volveré atrás. 
La frase que se ha votado se suprimirá del artículo en el que figuraba. 
Someto a votación la enmienda 11 bis, que no ha decaído. 
Si ustedes desean un régimen transitorio, entonces en la tercera votación decidirán si conservan exclusivamente el artículo 11 bis o si pasan al anexo del Sr. Rothley. 
(El Parlamento aprueba el artículo 11 bis) 
Después de la votación de la enmienda 26 
Señor Presidente, lo que acaba de hacer es muy grave. 
Ha modificado el orden de la votación, pero antes de hacerlo debía preguntar si había 29 diputados o un grupo político que se opusieran. 
Por una votación que no es nominal, ha puesto en duda una votación nominal. 
Ha sometido a votación una enmienda que tenía relación con otra parte del texto cuando estábamos votando el texto principal. 
Por tanto, al tratarse de un texto que además contradecía una voluntad claramente manifestada por esta Asamblea ha violado usted el Reglamento en tres ocasiones. 
Señor Fabre-Aubrespy, he explicado muy bien el alcance de la votación. 
Se trata de una cuestión de principio, es decir, si se instaurará un régimen transitorio o no. 
Una frase del texto, que fijaba este sistema, se ha suprimido. 
Pero la enmienda 26 la ha aprobado el Parlamento, que fija ahora el régimen transitorio. 
Ahora hemos de adoptar la decisión siguiente: este régimen transitorio, ¿es o no el régimen del anexo 1, es decir, el que el señor Nassauer pedía? 
Puedo hacer que se vote. 
Antes, no podía ir contra el texto del estatuto pero ahora, en el texto del estatuto se dice que habrá un régimen transitorio. 
Hemos de decidir entonces si el Parlamento adoptará con posterioridad este régimen transitorio o si será el del párrafo A del anexo 1 del texto del señor Rothley. 
Espero que todo el mundo haya comprendido ahora cuál es el alcance de la votación que voy a realizar sobre este párrafo A, que dice: «los artículos 1 a 5 siguientes se aplican, en tanto que régimen transitorio, durante «- ahora será así- " la legislatura siguiente a la aprobación del estatuto.» 
Éste es el texto que voy a someter a votación. 
Señor Presidente, después de la última votación, quisiera pedir ahora que someta usted a votación inmediatamente las otras enmiendas presentadas por los otros Grupos, en el sentido de que no debe haber un período transitorio. 
Hemos anulado y confundido lo que hemos votado en el proyecto de Estatuto en una votación anterior. 
Ahora usted nos ha permitido pasar algo del anexo al proyecto de Estatuto. Eso es totalmente contrario a lo que deberíamos hacer. 
Ayer hablé de la necesidad de respeto y dignidad y del acuerdo de todos nosotros sobre los principios que figuran en este proyecto de Estatuto. 
Con lo que estamos haciendo ahora estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. 
Quisiera pedirle que anule la última votación, porque era ilegal. 
Señor Crowley, ¿puede indicar a qué enmiendas se refiere? 
Señor Presidente, esta Asamblea ha votado sobre la cuestión del período transitorio. 
Ha votado que no desea disposiciones transitorias. 
Eso formaba parte del proyecto de Estatuto. 
Ha aceptado usted enmiendas al anexo que acompañará al proyecto de Estatuto y las ha sometido a votación antes que nada. 
Quiero saber si una propuesta del anexo anula la votación anterior sobre el proyecto de Estatuto, a saber, que no haya un período transitorio. 
Existe una clara discrepancia entre los dos textos. No pueden ser correctos los dos. 
Permítaseme señalar a la atención de Su Señoría un punto. 
Cuando votamos en contra de una parte de un artículo, no aprobamos otra frase en el sentido de que no habrá un período transitorio. 
Votamos en contra de una parte del texto. 
Después someto a votación otra enmienda al texto del Estatuto, no al anexo. 
Eso es lo que hemos votado: que habrá un período transitorio. 
Lo que aún tenemos que decidir es si es el establecido en los artículos 1-5 del Anexo I A, como régimen transitorio o no. 
Ésa es la única forma de saber lo que quiere la Asamblea exactamente. 
Mi misión consiste en permitir a la Asamblea votar lo que quiera y no utilizar palabras para hacer decir a los diputados lo que no quieren decir. 
Ése es mi deber y a él me atendré. 
Antes de la votación del anexo, punto A 
" Durante la quinta legislatura se aplicarán en calidad de régimen transitorio los artículos 1 a 5 siguientes». 
Los que voten contra este párrafo desean simplemente que se mantenga la enmienda 11 bis. Eso quiere decir que el régimen transitorio lo fijará posteriormente el Parlamento. 
Los que voten a favor de este texto desean que el régimen transitorio sea el del anexo, aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Después, se votará punto por punto. 
Lo lamento mucho, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha hecho un texto extremadamente complicado y mi responsabilidad es intentar que la Asamblea se pronuncie sobre lo que ella desea. 
El documento incluye un texto principal, una resolución y un anexo. 
Debo seguir este orden. 
Ha leído usted en voz alta lo que quiere que votemos, pero, ¿puede decirnos en qué página figura o qué artículo es y si está en el anexo o en el texto original? 
Voy a intentar explicarlo de nuevo. 
Hemos aprobado la enmienda nº 26, según la cual esta Asamblea establecerá un régimen transitorio. 
Ahora necesito saber cuál es la decisión de la Asamblea sobre un punto, a saber, si este régimen transitorio es el establecido en el párrafo preliminar del anexo 1, que he leído en voz alta. Dice así: 
" Los artículos 1 a 5 siguientes se aplican en tanto que régimen transitorio.» 
La última parte ha de caer, «por la duración de la quinta legislatura» , porque el texto dice: «la duración de la legislatura siguiente a la aprobación del estatuto». 
Eso es lo que se proponía en el texto redactado por los secretarios generales, y que tienen ustedes en la lista de votación. 
He dividido el principio en dos partes: régimen transitorio en primer lugar, en segundo lugar, cuál será el régimen transitorio. 
No puedo hacer más por ser claro y saber cuál es la decisión de la Asamblea. 
Señor Presidente, simplemente aclaremos que en su pregunta sobre si va a haber otra regulación o vamos al anexo I, artículos 1 a 4, si votamos los artículos 1 a 4 no significa que no se vaya a dar la votación sobre las enmiendas relacionadas con los artículos 1, 2, 3 y 4. 
Es decir, no diga que como hemos declarado que elegimos el anexo I, se ha aprobado su regulación tal como está ahora, y después no efectuamos la votación de enmiendas. 
No, señor Tsatsos, votamos el texto que, en la lista de votación, se llama el principio. 
Como no se pueden votar principios, y usted que es un experto en reglamento lo sabe bien, ha de votarse un texto. 
¿Cuál es ese texto? 
En primer lugar, se ha decidido que hubiera un régimen transitorio. 
Lo segundo que hay que decidir es si el régimen transitorio será el del anexo. 
Después se votará el contenido del anexo. 
Ahora se vota únicamente para saber si el régimen transitorio será el del anexo, posteriormente se podrán votar las enmiendas al anexo. 
Estamos simplemente en eso. 
Sobre la enmienda 25 
Señor Presidente, respecto de la enmienda nº 25, creo que hay que examinar el texto, porque en el original es al revés de como figura en el texto inglés. 
El texto inglés parece transpuesto y ahora dice que los diputados tienen que pagar más de lo que contribuya el Parlamento. 
Creo que es al revés. 
Señor Provan, ahora vamos a votar sobre el párrafo 1 del texto original. 
Cuando lleguemos a ese punto, se tendrá en cuenta, pero, en cualquier caso, lo que se vota es el texto original de la enmienda. 
Vamos a verificar el aspecto lingüístico. 
Antes de la votación de la enmienda 35 
Señor Presidente, creo que es conveniente retirar esta enmienda. Votarla sería contradictorio con una decisión que se acaba de adoptar. 
Estoy totalmente de acuerdo con usted. 
Después de la votación del considerando E 
Señor Presidente, es una lástima que no me haya concedido la palabra antes. 
Este considerando era manifiestamente contradictorio con nuestra decisión de hace unos momentos ya que preveía, durante la primera legislatura, un régimen transitorio para la asignación parlamentaria mensual. 
Señor Presidente, esto no constituye una contradicción ya que el régimen en su conjunto es un régimen transitorio. 
Por esta razón es procedente que aquí haya un régimen transitorio. 
Señor Fabre-Aubrespy, no es contradictorio. 
Simplemente hemos decidido que haya un régimen transitorio para la legislatura siguiente a la aprobación del estatuto. 
Si hay una contradicción entre este texto y otros puntos en cuanto al momento de la entrada en vigor, habrá de ser corregida, dando fe el texto del estatuto. 
El momento en que entre en vigor está determinado por la enmienda 26 que se ha aprobado. 
Si hay una contradicción con este considerando será corregido en este sentido pero hay un régimen transitorio. 
Antes de la votación sobre la totalidad del proyecto de estatuto 
Podría intervenir en unos momentos, pero como ha dicho antes que estábamos en el marco de una resolución legislativa, es claramente el artículo 50 el que hay que aplicar. 
En virtud de este artículo, deberíamos haber tenido una ficha financiera, y no la hemos tenido. 
Pero del párrafo 1 de este artículo se desprende que la votación ha de tener lugar por mayoría de diputados del Parlamento. 
Este apartado 1 es aplicable. El artículo 6 lo prevé. 
Por tanto a quien hay que someter la totalidad del proyecto de estatuto es a la mayoría de miembros del Parlamento. 
Por consiguiente, hemos de aprobar el estatuto por mayoría absoluta de diputados del Parlamento. 
Vamos a hacerlo por votación nominal, a solicitud del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones. 
Señor Presidente, creo que aquí tenemos que tener en cuenta que el artículo 190.5 del Tratado de Amsterdam no prevé ninguna mayoría especial. 
Por lo tanto, sólo es necesaria la mayoría simple para la aprobación de este texto. 
Bien es cierto que esto se refiere a su aprobación definitiva. Pero creo que, como el Tratado de Amsterdam prima sobre nuestro Reglamento, sería absolutamente incoherente que requiriéramos para el proyecto una mayoría absoluta y luego aprobáramos el texto definitivo por mayoría simple. 
Yo no tengo ningún inconveniente en que lo votemos por mayoría absoluta; de acuerdo con el Reglamento, es cierto. 
Pero este es un informe de iniciativa muy especial, directamente vinculado al Tratado de Amsterdam. 
En cualquier caso, yo desde luego no tengo ningún inconveniente. 
Estoy segura de que la Asamblea votará a favor por mayoría absoluta. 
Señor Presidente, esta cuestión ha sido ampliamente debatida en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos junto con el Servicio Jurídico del Parlamento. 
No existe la menor duda de que en este caso no se requiere una mayoría absoluta. 
En el Tratado está expresamente establecido que sólo se requerirá la mayoría de los miembros que pertenezcan de hecho al Parlamento cuando esté prevista expresamente en el Tratado. Pero éste no es el caso en el artículo al que nos estamos refiriendo. 
Esto es totalmente indiscutible y no hemos tenido la menor duda. 
Señor Rothley, eso sería, como usted dice, si el Tratado de Amsterdam estuviese en vigor. 
El Tratado no está todavía en vigor. 
Como el Tratado no está en vigor, se trata de una iniciativa legislativa que hace el Parlamento para empezar un debate con el Consejo. 
Y el apartado 6 del artículo 50 de nuestro Reglamento dice: 
" Las disposiciones del presente artículo se aplicarán, por analogía, a aquellos casos en que los tratados atribuyan el derecho de iniciativa al Parlamento.» 
Esto significa todos los casos de iniciativa legislativa. 
No se puede decir que se vota una iniciativa legislativa, según la propuesta de vuestra comisión y según el orden de la votación que hemos seguido, y después decir que los artículos del Reglamento que tienen relación con la iniciativa legislativa no son aplicables porque el Tratado no está en vigor. 
Por tanto, se requiere mayoría absoluta, en caso contrario el proyecto no se aprobará. 
Sobre el artículo 5 del proyecto de estatuto 
Señor Presidente, se me indica que en el artículo 5 del estatuto hemos votado una enmienda, en concreto, la enmienda 8, pero no hemos votado aún el propio artículo 5. 
Le agradecería que comprobase esto. 
En caso necesario, deberíamos realizar una nueva votación del artículo 5. 
Señor Rothley, esté tranquilo, hemos aprobado una enmienda a este artículo 8 que recogía la totalidad del texto. 
Se trataba por otra parte de una enmienda de su grupo político y usted estaba a favor. 
Una vez aprobada la totalidad del texto, no se podía volver a votar un texto que se había aprobado completo. 
Esta cuestión está por tanto solucionada. 
Antes de la votación del artículo 3 del anexo 
Señor Presidente, disculpe una vez más la interrupción, pero tengo una pregunta relativa al Reglamento. 
¿Está permitido que ahora, durante la votación, se sienten también en los escaños los colaboradores de los diputados? 
Mi pregunta se debe a que aquí en las filas de los no inscritos los colaboradores se hallan sentados en las plazas de los diputados. 
Sí, señora, tiene usted razón, ni los asistentes, ni los colaboradores de los grupos pueden ocupar los escaños de los diputados. 
Les pido por tanto una vez más que no ocupen esos sitios. 
Antes de la votación del artículo 4 del anexo 
Pido al ponente su opinión sobre este artículo. Tengo una duda. 
Se ha aprobado la enmienda 26, que dice que el régimen transitorio entrará en vigor durante la legislatura siguiente a la aprobación del estatuto, y se ha modificado en este sentido la frase inicial del anexo suprimiendo «la duración de la quinta legislatura». 
Ahora bien, este artículo 4 se refiere en dos ocasiones a la quinta legislatura. 
Tengo la impresión de que está en contradicción con la enmienda 26 que hemos aprobado. 
Pido por tanto la opinión del ponente. 
Señor Presidente, propongo que aceptemos el texto tal como está y que se adapte a las enmiendas que ya se hayan aprobado. 
Así pues, se modificará. No será «la quinta legislatura» , sino «la legislatura siguiente a la aprobación del estatuto». 
Desearía que esto quedara muy claro para que no hubiese ninguna duda. 
Después de la votación del párrafo 2 
Señor Presidente, en varias ocasiones ha mencionado la adaptación verbal del texto, diciendo- y le sigo perfectamente- que lo que habíamos votado impedía mantener el concepto de quinta legislatura. 
Solamente creo que la adaptación que anuncia no es muy precisa en sus implicaciones. 
La formulación que ha utilizado usted hace unos instantes me ha llenado de dudas. 
¿Quiere usted decir que sustituye las palabras «quinta legislatura» por «el final de la legislatura durante la cual se apruebe el estatuto» o, como ha dicho, la legislatura «siguiente a aquélla en la que se apruebe el estatuto» Ésta es la fórmula que ha empleado usted, no tiene en absoluto el mismo significado ya que, en el segundo caso, el régimen transitorio dura cinco años más. 
Señor Bourlanges, el texto aprobado, la enmienda 26 del PPE dice exactamente: «Durante la legislatura siguiente a la aprobación del estatuto de los diputados al Parlamento Europeo.» 
Éstas son exactamente las palabras a las que hay que adaptar las demás expresiones, ya que son las palabras del texto. 
Si he utilizado una expresión diferente, ello se debe a mi mal francés o a un error, no hay ninguna otra intención. 
Ésta es la enmienda que prevalece sobre el resto. 
Señor Presidente, hace unos instantes intervine con respecto a esta enmienda. Voy a retomarla. 
Se trata de una enmienda de transacción que claramente se ha presentado fuera de plazo, que está presentada por dos grupos políticos y que pretende que decaigan todas las demás enmiendas. 
No comprendo en qué disposición se basa usted para hacerla admisible, al no permitir el Reglamento, y en concreto su artículo 115, que se admita una enmienda de transacción de este tipo. 
Señor Presidente, quisiera preguntarle si considera que este párrafo 7 es compatible con nuestro reglamento, y si no es inadmisible habida cuenta de la atribución de las diferentes competencias a los órganos de esta casa. 
Señor Presidente, para responder a nuestro colega, el Sr. Cot, la competencia de la Mesa no se pone en cuestión, en absoluto. 
Por lo demás, respondiendo a nuestro colega, el Sr. Fabre-Aubrespy, la enmienda de transacción es procedente a tenor del apartado 4 del artículo 105 del Reglamento. 
El señor Fabre-Aubrespy tiene razón en parte; dicho de otro modo, podemos aceptar esta enmienda si la mayoría está de acuerdo en que se vote la misma. 
Se necesita una doble votación. 
Les leo la interpretación que figura en el párrafo 4 del artículo 115 del Reglamento. Dice así: «Cuando se trate de una enmienda de transacción presentada una vez cerrado el debate, el Presidente decidirá su admisibilidad caso por caso.» 
Como criterios generales, nos quedamos con que «normalmente las enmiendas no pueden referirse a partes del texto que no han sido objeto de enmiendas antes del cierre del debate». 
Evidentemente, hay enmiendas en este caso. 
«Normalmente, emanan de los grupos políticos, de los presidentes, de los ponentes, de las comisiones interesadas o de los autores de otras enmiendas... 
Normalmente, las enmiendas de transacción conllevan la retirada de otras enmiendas referidas al mismo punto.» , lo que sucede aquí. 
Por tanto, puedo proponer que se tome en consideración esta enmienda, pero he de recibir el consentimiento del Parlamento preguntando si hay objeciones a que se someta a votación una enmienda de transacción. 
Como es el caso, el Parlamento ha de decidir por mayoría simple de los diputados presentes. 
Vamos a votar, pues, en primer lugar sobre la votación de esta enmienda de transacción. 
(El Parlamento expresa su acuerdo sobre la votación de la enmienda de transacción) Les señalo que los grupos autores de la enmienda de transacción, el PSE y el Grupo liberal, han retirado la parte del texto que dice: «la posición del Consejo con respecto a». 
Por consiguiente, el texto dice exactamente: «la Mesa aprueba esta decisión a la luz del estatuto». 
Éste es el texto que aparecerá en el punto 2. 
Señor Presidente, tengo un problema, aunque no me afecta personalmente. 
En esta enmienda se habla también de los diputados que vienen al Parlamento en su propio automóvil. 
Sé que hay un intergrupo motos en el Parlamento Europeo, ¿están incluidas las motos? 
Señor Dell ' Alba, sólo si las motos son vehículos personales. 
Si no lo fueran, aunque yo creo que lo son, no estarían incluidas. 
Llegado el momento, los cuestores podrán decir si las motos son personales o no. 
Señor Presidente, no ha contestado a mi pregunta sobre la admisibilidad con respecto al reparto de competencias. 
Entonces, si he comprendido bien a nuestro ponente, esta enmienda es una simple invitación, sin más, ya que esto iría claramente contra este reparto de competencias. 
Así he entendido al ponente y, por tanto, su posición. 
Señor Cot, las primeras palabras del párrafo 7 dicen exactamente: «invita a la Mesa a adoptar». 
Por tanto se trata de una invitación a la Mesa. 
La Mesa, llegado el momento, asumirá sus responsabilidades, es decir, después de la aprobación del estatuto, evidentemente. 
Con respecto a la votación sobre la enmienda 18 
Señor presidente, la enmienda nº 18, se dará cuenta cuando vuelva a leerla, debe interpretarse como suplemento a la enmienda de compromiso. 
Si examina el texto verá que es un suplemento a la enmienda de compromiso en la que se reclama un régimen específico para los miembros que viven en las cercanías del Parlamento. 
Por tanto, no decae en absoluto. 
Revise el contenido. 
No, en caso de enmienda de transacción no se puede volver sobre ello, no como añadido, ni de otro modo. 
Esta enmienda no puede votarse. Lo siento. 
Antes de la votación de la totalidad de la propuesta de resolución 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la posición que acaba de manifestar hace unos momentos, en el momento de la votación de la totalidad del proyecto de estatuto, y es que se necesitaba la mayoría absoluta de los diputados del Parlamento, eso era lo que yo le había pedido que concretara. 
Pero esta solicitud se refiere a toda la resolución. 
Cuando lee el artículo 50, el texto dice: «se aprueba la resolución por mayoría de diputados del Parlamento» , no solamente los anexos, no solamente el proyecto que se le ha añadido. 
Por tanto, creo que ha habido hace unos momentos artículos del proyecto de estatuto que se han votado sin mayoría absoluta- le pido que los verifique- y, por otra parte, lo que ha dicho hace unos momentos sobre el párrafo 2 no me parece que deba aplicarse. 
Es a la resolución, y a todos sus artículos, a los que se aplica esta exigencia de mayoría absoluta de los diputados. 
Lo lamento, señor Fabre-Aubrespy. Cuando se aprueba un reglamento que exige mayoría absoluta se vota la totalidad del texto por mayoría absoluta, pero no la propuesta de resolución, que se aprueba siempre por mayoría simple. 
Sabe usted, con respecto al presupuesto, que necesita mayoría absoluta, lo que se vota por mayoría absoluta es el texto del presupuesto pero no los comentarios de la propuesta de resolución que requieren solamente mayoría simple. 
Aquí se ha aplicado exactamente esa teoría. 
Por tanto, cuando yo someta a votación nominal la solicitud de su grupo, la propuesta de resolución, bastará con mayoría simple. 
Sobre la votación de la enmienda 18 
Señor Presidente, en primer lugar, antes de que celebremos la votación final, quisiera rendir un homenaje a sus servicios y, de hecho, a los de los Grupos parlamentarios que han velado por que se celebrara la votación con la facilidad con que así ha sido. 
Es una votación difícil y delicada y creo que se debe rendir un homenaje a quien la ha facilitado en realidad, porque no ha sido fácil. 
Quisiera pedirle que examine de nuevo la enmienda nº 18. 
Ha dictaminado usted que, al haberse aprobado la enmienda de transacción sobre el párrafo nº 7, no se puede examinar la enmienda nº 18. 
Permítaseme decir, como dirigente de uno de los Grupos que propuso la enmienda de transacción nº 109, que no creemos que la enmienda nº 18 sea en modo alguno contradictoria, pero se podría aceptar como una adición. 
Si el Sr. Cox, en nombre de los liberales, estuviera dispuesto a aceptarlo, me parecería que podríamos presentarlo a la Asamblea. 
No está en contradicción con nada de lo que figuraba en la enmienda de transacción. 
Señor Presidente, por lo que a la enmienda nº 18 se refiere, comparto la opinión del Sr. de Coene y de la Sra. Green, en el sentido de que se trata claramente de un suplemento. Por tanto, soy partidario de que esta Asamblea tenga la oportunidad de votar dicha enmienda. 
Seamos claros. 
Se trata de una transacción que incluye todos los derechos de los diputados en sus desplazamientos. 
Hay incluso un párrafo en el anexo 2, que se ha votado, el cual precisa todo esto y que constituye una invitación a la Mesa para decidir sobre esta base. 
No se le puede añadir un elemento que no forma parte de la transacción. 
No voy a someter el texto a votación porque considero que es contrario a la transacción. 
Cuando se presenta una transacción es preciso respetarla, y la enmienda añadiría un nuevo elemento al cálculo de los desplazamientos. 
No sé si es contrario o no al artículo 1 del anexo 2, que regula el reembolso de los gastos debidamente justificados, pero en todo caso, es el mismo tema. 
Lo lamento mucho, es la interpretación del reglamento, señora Green, y no puedo admitir la enmienda. 
Señor Presidente, cuando mi Grupo le presentó ese texto de transacción, en nuestro nombre y en el de los liberales, enviamos una carta a sus servicios que ha de tener usted sobre su mesa. 
En ella se enumeraban todas las enmiendas que se pretendían substituir con la transacción. 
Al final se dice que no substituye la enmienda nº 18 del PSE, que se debe votar por separado. 
Siempre ha estado claro que ésa debería ser una votación aparte y quisiera pedirle que tenga la bondad de someterla a votación. 
Señora Green, la enmienda de transacción abarca todos los aspectos planteados. 
Me atengo a mi interpretación. 
Si Su Señoría presenta una enmienda de transacción, no podemos aceptar una enmienda que se superpone a esta transacción. 
Lo lamento, pero ésa es mi opinión. 
Si quiere, puedo presentarlo a la Comisión de Reglamento, pero no voy a someterlo a votación. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, estimados colegas, la Sra. Green acaba de elogiar al Presidente y me quiero referir a esto. 
Creo que después de tres horas de votación no tenemos ningún motivo para elogiar al Presidente ni para elogiarnos a nosotros mismos. 
Creo que hemos ofrecido un triste ejemplo de cómo el Parlamento Europeo realiza el trabajo legislativo: negociando a lo largo de tres horas con enmiendas a gritos. 
Esta es la calidad que ofrecemos. 
Considero triste lo que está sucediendo aquí esta mañana. 
Eso no es una cuestión de orden. 
Señor Presidente, me temo que la credibilidad de la votación se ve seriamente perjudicada por este último incidente. 
Por tanto, rogaría muy encarecidamente a la Mesa que no deje de examinar el contenido de la enmienda nº 18. 
Señor Willockx, la cuestión está solucionada, lea el Reglamento. 
Es mi responsabilidad. 
La Comisión de Reglamento decidirá si he hecho bien o mal. 
Ella tiene la última palabra. 
Pero se ha aprobado. 
Afortunadamente la credibilidad del Parlamento no depende de ello. 
Señora Presidenta, he presentado la enmienda nº 12 y me han señalado que la traducción inglesa dice exactamente lo contrario de lo que yo propongo en el texto neerlandés. 
Por tanto, me parece oportuno que primero lea el texto neerlandés, tal y como yo quiero que suene, y posteriormente su traducción al inglés. 
La versión neerlandesa reza como sigue: «Insta a los Estados miembros para que en tal caso consideren la posibilidad de flexibilizar y diversificar la estructura de sus economías ahí donde eso sea posible y para que insistan en una evolución moderada de los salarios a fin de estimular el empleo.» 
Ahora leo la traducción inglesa: 
Teniendo presente esa posibilidad, pide a los Estados miembros que examinen en serio la posibilidad de flexibilizar y diversificar más la estructura de sus economías en los casos en que sea posible y también presionar para que las subidas de salarios sean moderadas a fin de estimular el empleo. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, nuestro grupo ha votado en contra porque deseábamos un texto claro y equitativo. 
Ahora bien, el texto que hemos votado no cumple ninguna de esas condiciones. 
Se trata de una serie de detalles farragosos e inverosímiles, y me sorprende que los autores de la enmienda sobre el anexo no hayan añadido un párrafo que dice que los diputados tenían derecho, pagándolo ellos, a enviar tarjetas de Navidad editadas por el Parlamento. 
Por lo que respecta a la equidad, deseamos que a partir de la aprobación del estatuto todos los diputados, cualquiera que sea su Estado de origen al que representen, tengan la misma asignación y el mismo estatuto. 
No ocurre lo mismo a partir del momento en que hemos votado un régimen transitorio. 
Pero, hay algo a mi juicio aún más preocupante. 
La enmienda que hemos votado prevé que este régimen transitorio no se aplique más que para la legislatura posterior a aquélla en la que se apruebe el estatuto. 
Si el Consejo no aprueba el estatuto antes de julio de 1999- lo que es bastante verosímil, o en todo caso no es inverosímil -, en ese caso, el estatuto transitorio que hemos votado se aplicará a partir del 2004, y el régimen definitivo a partir del 2009. 
Tengo la sensación de que cuando ese texto llegue al Consejo, se recibirá con una carcajada, y lamento que el Parlamento haya votado un texto en esas condiciones. 
Señora Presidenta, desearía únicamente hacer una pregunta. En una ocasión se me anuló una explicación de voto, ya que se debe permanecer en la cámara mientras tenga lugar el debate. 
Se acaba de mencionar el nombre de una serie de diputados que ya no están aquí presentes. 
Así pues, ¿serán válidas sus explicaciones de voto o van a ser también anuladas? 
Sí, señora Carlsson, tiene usted razón, inmediatamente después de las votaciones, debería haber nombrado a todos los colegas que dan su explicación por escrito. 
Pero había tal ruido que me hubiera dejado la voz. 
Hemos tenido una mañana bastante dura. 
Creo que todos los colegas que han solicitado dar su explicación de voto por escrito podrán hacerlo aunque ya no estén aquí en este momento. 
Señora Presidenta, ante todo me gustaría hacerle saber que, naturalmente, valoro en gran medida su turno de presidencia y la comprensión de que hace muestra. 
Pero he querido hacer esta apreciación habida cuenta de que algunos de estos diputados han abandonado la sala hace ya mucho tiempo, durante los momentos de desorden general que se han producido. 
Sí, en fin, se han ido al terminar las votaciones, señora Carlsson, y yo debería haberlo hecho, tiene usted razón. 
Lo haré la próxima vez, pero le aseguro que gritar nombres de colegas entre el ruido es una prueba difícil. 
Entonces, lo hacemos así por hoy. 
Señora Presidenta, la votación que se acaba de producir sobre el estatuto de los diputados no hace honor al Parlamento Europeo, tanto por razones de procedimiento como de fondo. 
En cuanto al procedimiento, se han sucedido las irregularidades. 
De la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos en primer lugar, en la que el ponente ha propuesto la llamada enmienda de transacción cuando era preciso proponer, naturalmente, un nuevo proyecto, abrir un nuevo plazo de enmiendas. 
En la apertura del debate, la cuestión de no ha lugar a deliberar que presentamos no se sometió a votación. 
En sesión plenaria hemos votado de acuerdo con un orden que no era el habitual de las resoluciones legislativas. 
Incluso hemos modificado este orden en el transcurso de la votación, para poner obstáculos a una votación muy clara que acababa de emitirse, y contradecirla. 
Varias enmiendas eran inadmisibles, se han sometido a votación; se exigía mayoría absoluta para toda la resolución, de conformidad con el artículo 50, pero no ha sido eso lo que se ha aprobado. 
Sería hora- como ha dicho hace unos momentos nuestro colega Konrad- de que el Parlamento Europeo comprendiera que no puede ejercer las competencias que detenta en el ámbito legislativo más que si respeta el reglamento, sin considerar que la mayoría puede alegremente liberarse de eso para imponer su punto de vista jurídico a la minoría. 
Cuando una asamblea considera que jurídicamente se equivocan aquellos que son políticamente minoritarios, ya no es democracia, no se está lejos de la dictadura. 
En el fondo, el texto tiene un defecto fundamental, y ésta es la razón de la oposición de la mayoría de miembros de nuestro grupo, los diputados europeos deben continuar evidentemente teniendo un estatuto nacional, porque representan a sus respectivos pueblos. 
En lugar de esto, el texto aprobado no hace honor a nuestra Asamblea porque pretende resolver un problema, como dije ayer, pasando la pelota al Consejo. 
La mayoría ha rechazado las reglas de conducta relativas a los intereses financieros de los diputados, ha rechazado la prohibición de las donaciones y regalos que reciben los diputados; la mayoría ha rechazado el régimen general de seguridad social y de pensiones de los funcionarios de la Comunidad. 
Ha adoptado un sistema llamado comunitario, multiplicando las referencias a los regímenes nacionales. 
Ha previsto un texto que no es verdaderamente legislativo, que incluye muchos detalles, como ha dicho mi colega Pasty y, por tanto, no ha respetado las que serán sus competencias. 
Espero que el Consejo lo tenga en cuenta. 
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo no puede mostrarse realmente orgulloso del Estatuto de los Diputados que hoy hemos puesto en marcha. 
Carece, además, de la transparencia que tanto nos gusta citar siempre como objetivo superior de la legislación europea. 
Por esta razón lo he votado sólo a regañadientes. 
El proyecto de nuestro colega, el Sr. Rothley, que originariamente era tan claro se ha ido velando rasgo a rasgo en el curso de su camino hasta el Pleno. Permitanme mostrar esto con un solo ejemplo. 
Los complementos a la remuneración ordinaria de los diputados para el Presidente y para otros altos funcionarios del Parlamento, que el ponente había expuesto en propuestas claramente legibles, desaparecieron en la niebla. Probablemente se esconden en una dotación oficial que es difícil de entender, si es que se entiende. 
Lo mismo sucede en otros pasajes del estatuto. Practicando esta política de escamoteo estamos prestando un mal servicio a Europa y a sus ciudadanos. 
Hoy es un día triste para el Parlamento Europeo y considero muy lamentable que no se haya votado la enmienda 18 y que el Grupo del Partido Popular Europeo se haya podido imponer con la enmienda 27 en la que se preconiza una «Europa fortaleza» que las posibilidades que se encuentran incluidas en el Tratado, lamentablemente, no permiten abrir. 
Señora Presidenta, he votado a favor de este informe, pero con extraordinaria renuencia. 
Me he visto dividida entre el deseo de votar a favor y el de votar en contra. 
El informe me plantea varios problemas. 
Se da el caso de que, como diputados al Parlamento Europeo, vamos a votar, en el caso de mi país, para más que duplicar nuestros salarios. 
Eso no lo van a acoger demasiado bien los ciudadanos irlandeses. 
También va a costar a los ciudadanos de mi circunscripción que estemos examinando la posibilidad de crear un sistema fiscal para los diputados al Parlamento Europeo. 
Cuando tenía que decidir si votar a favor o en contra, un problema era que todo formara parte de un conjunto indisoluble. 
El sistema de viático ha planteado graves problemas y no sé por qué no podemos abordar las cosas por separado. 
En cambio, decimos que sólo vamos a cambiar el sistema de viático, si podemos aumentar los salarios de los diputados al Parlamento Europeo. 
Eso no es aceptable y no creo que sea aceptable para los votantes irlandeses. 
Un aspecto positivo que se ha desprendido se refiere al mandato doble. 
Era inaceptable que los diputados pudieran tener un escaño en el Parlamento Europeo y otro en los parlamentos nacionales. 
Respecto de los salarios, no está bien que se paguen salarios diferentes a los diputados al Parlamento Europeo por desempeñar las mismas tareas, pero lo hemos abordado de forma inadecuada. 
Estamos descartando la intervención de los parlamentos nacionales, de los Gobiernos nacionales y de los ciudadanos que nos votan. 
Señora Presidenta, es evidente que acabamos de aprobar un texto confuso e inoportuno pero, en el punto en que nos encontramos, un mal texto vale más que no tener texto, y por ello lo he votado. 
Sin embargo, hay un concepto que debo denunciar, el del derecho adquirido de los diputados salientes al mantenimiento de su nivel de asignación, teniendo como consecuencia la decisión, para la primera legislatura del régimen más favorable, nacional o europeo, según el caso. 
Instauramos un verdadero privilegio en beneficio de los diputados, chocante, política, moral y socialmente, en período de crisis, y contrario al principio mismo de asignación parlamentaria que nunca ha sido un derecho patrimonial, y menos aún un privilegio. 
Le recuerdo, y usted lo sabe bien, señora Presidencia, que esta asignación, al contrario, es un instrumento de trabajo arrancado al siglo pasado contra los privilegios. 
Lamento que el Parlamento haya pervertido uno de los fundamentos de nuestros regímenes constitucionales democráticos encerrándose en un privilegio inaceptable. 
Señora Presidenta, me he visto obligada a votar en contra del informe Rothley al considerar que toda esta cuestión de los salarios y la transición a un sistema fiscal de la Unión Europea y, en la práctica, a una retribución libre de impuestos y un sistema de dietas de viaje no puede considerarse satisfactoria desde el punto de vista de los ciudadanos. 
El sistema de dietas de viaje sigue sin resolver el problema de que los diputados pueden percibir las indemnizaciones con arreglo a un billete de clase «business» aunque hayan viajado en clase «turista». 
Éste es uno de los principales problemas que resultan inaceptables de cara a los ciudadanos. 
Espero vehementemente que, en caso de que esta cuestión avance en el Consejo y la Comisión de acuerdo con la propuesta que ha aprobado el Parlamento, se corrija este punto en las próximas negociaciones con objeto de lograr que se abonen en todo momento las dietas de viaje en función de los gastos verdaderos en que se ha incurrido. 
Llegado este momento, corresponderá al diputado al Parlamento Europeo decidir en qué clase quiere realizar sus viajes. 
Pero las dietas de viaje no deberán servir para percibir ningún dinero por procedimientos oscuros o por medio de intermediarios. 
Desearíamos agradecer al ponente el audaz esfuerzo que ha realizado para conseguir del Parlamento Europeo una actitud relativamente coherente acerca de una cuestión que entraña tanto riesgos como posibilidades. a continuación, pasamos a explicar nuestra posición acerca del presente informe: 
De acuerdo con el artículo 190 del Tratado de Amsterdam, «el Parlamento Europeo establecerá el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones de sus miembros, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación por unanimidad del Consejo». 
Creemos que se trata de establecer un sistema de indemnizaciones y retribuciones que sea justo, de control transparente, claro en el ámbito fiscal, y, por lo que respecta particularmente a las dietas de viaje, que tenga presentes los gastos reales en los que incurrimos en el desempeño de nuestras funciones. 
Asimismo, consideramos que hay que realizar esfuerzos para actualizar el sistema mediante la introducción de importantes modificaciones. 
Por una cuestión de principios, estimamos que es aceptable que todos los diputados al Parlamento Europeo sean remunerados de acuerdo con un sistema de retribución comunitario, ya que estas personas desempeñan un mismo cargo. 
Sin embargo, pensamos que la formulación de este sistema de retribución no ha de pasar por alto el cálculo de las retribuciones medias vigentes en la actualidad. 
Consideramos que, preferentemente, se deberían fijar estas retribuciones previa propuesta de un comité independiente, siguiendo el modelo existente en el Parlamento de Suecia. 
Consideramos que son inaceptables unas disposiciones transitorias a largo plazo que permitan a los diputados optar por acogerse al nuevo sistema de retribución ahora propuesto o por mantenerse dentro del sistema actualmente en vigor. 
Unas disposiciones transitorias de este tipo darían al traste con el planteamiento del sistema de retribución comunitario. 
Nos oponemos con la mayor firmeza a un sistema fiscal de la Unión Europea. 
También el sistema tributario ha de ser, de ahora en adelante, de carácter nacional. 
Los diputados europeos no debemos ser objeto del mismo trato que los diplomáticos o los comisarios, ya que vivimos y trabajamos en nuestros propios países. 
Además, hacemos uso de los servicios públicos que se financian con cargo a los impuestos nacionales de nuestros respectivos países. 
Creemos que existen buenas razones para no establecer un sistema de pensiones para los diputados. 
En nuestra opinión, éstos no deberían poder acogerse tanto al sistema nacional de pensiones para diputados como a otro sistema de pensiones de carácter comunitario. 
Un aspecto importante de nuestra postura acerca de las normas comunitarias se refiere a la posibilidad de abordar una situación absurda como la actual, en la que los diputados pueden hacer uso de las dietas de viaje para obtener limpiamente cuantiosas sumas de dinero, libres de impuestos, gracias a los viajes que efectúan. 
Hoy por hoy, los parlamentarios suecos podemos ganar al mes en viajes hasta 40 000 coronas libres de impuestos mediante estas dietas, por lo que debemos poner esta circunstancia en relación con la actual propuesta para abonar únicamente los gastos reales que puedan justificarse por los viajes efectuados. 
Al recogerse en la actual propuesta una retribución aproximada de 56 000 coronas (que supone un aumento en la retribución de los diputados suecos de cerca de 26 000 coronas) , el nuevo sistema de dietas de viajes implicaría que algunos diputados suecos sufrirían una pérdida con la aplicación de un régimen común de retribución y remuneración de los diputados, ya que desaparecería el superávit libre de impuestos que representan las dietas de viaje. 
No nos queda más que el estatuto comunitario para hacer frente al absurdo sistema actual de dietas de viaje. 
Por lo que a nosotros respecta, hemos renunciado ya en la actualidad a percibir la parte de las dietas que no se puede justificar como gastos reales, a la vez que nos oponemos a la propuesta para establecer una retribución común en función de la actual media ponderada de retribución nacional. 
Además, desearíamos resaltar que no tenemos el mínimo interés en aumentar nuestra retribución o nuestras dietas. 
Somos conscientes de que existen numerosos intereses nacionales de cara a las negociaciones sobre esta propuesta y de que dichos intereses no se corresponden en muchos casos con los límites marcados por los grupos políticos. 
Queremos dejar clara en esta explicación de voto nuestra posición, una posición que se basa en unos principios claros, en el respeto al Parlamento Europeo como institución europea, y en el hecho de que está cuestión queda recogida en el Tratado de Amsterdam. 
Mis votos- particulares y final- de cada uno de los documentos que forman parte de este informe, además de los aspectos de detalle, son votos por la transparencia, contra la hipocresía, contra la demagogia antiparlamentaria y contra el populismo, para poner fin a un proceso que se ha prolongado durante toda la presente legislatura y que ha colocado al Parlamento Europeo y a sus diputados en la picota de una comunicación social «tabloide» ignara y propensa a fomentar los instintos más primarios del público. 
Los daños al prestigio del Parlamento son incalculables. 
Responsabilizo de ellos a los dos Presidentes del PE en esta legislatura y a los diputados que han cedido al populismo y no han tenido el valor político de defender la institución en conjunto, sin por ello dejar de castigar a la (pequeña) minoría de prevaricadores. 
Condeno también la falta de solidaridad demostrada en relación con los diputados peor remunerados por parte de algunos diputados muy bien remunerados en sus países y que se han permitido «hacer moralismo a costa de los demás». 
Apruebo, en particular, en el estatuto remuneratorio y de ayudas para gastos que hemos votado, el principio de no discriminación en función de la nacionalidad; la idea de una evaluación objetiva por personalidades independientes de la actividad de los diputados para fines de determinación de las remuneraciones; el principio de que, para el futuro, el Parlamento no formulará normas remuneratorias para sí mismo, por lo que cada Parlamento funcionará con las normas formuladas de antemano con las cuales iniciará sus funciones; la solución transitoria encontrada de una remuneración correspondiente a un valor medio. 
Pero considero que la posibilidad transitoria de opción por los valores nacionales es una forma de favorecer los estatutos actualmente privilegiados. 
Espero que mis colegas portugueses que se han opuesto al principio de igualdad de remuneración opten, con arreglo al régimen transitorio, por la remuneración nacional. 
Esta mañana el Parlamento Europeo ha pretendido matar dos pájaros de un tiro: solucionar el problema lacerante de los gastos de desplazamiento de los diputados, provocando que avance la causa del federalismo. 
Cuando hubiera podido conformarse fácilmente con declarar que, en lo sucesivo, se reembolsará a los diputados europeos en función de sus gastos reales como siempre ha pedido el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, se ha lanzado a la redacción de un amplio proyecto de estatuto destinado a unificar, prácticamente en todos los aspectos, las situaciones financieras de los diputados europeos de las diferentes nacionalidades. 
Actualmente, los diputados europeos dependen de sus países respectivos para el pago de su remuneración principal, y del Parlamento Europeo para el pago de las dietas compensatorias de gastos. 
El Parlamento Europeo ha querido centralizarlo todo y unificar en el ámbito de Bruselas, apoyándose en un principio de igualdad entre los diputados que sólo existe en su imaginación. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, al contrario, desea que todas las remuneraciones y dietas sean pagadas únicamente por los Estados nacionales, de conformidad con el principio general de los artículos 137 y 138 del Tratado, según los cuales los Estados representan a sus Parlamentos respectivos. 
Esta idea de estatuto único representa, por tanto, para nosotros, una verdadera herejía, destinada a apartar a los diputados europeos de sus países. 
Es la negación de una Europa de las naciones. 
En este sentido, nuestro grupo lamenta enormemente la posición del Presidente Jacques Chirac que, en su entrevista del 25 de febrero de 1998 con el Presidente del Parlamento Europeo, había mostrado su conformidad con el principio de un estatuto único de los diputados europeos. 
Esta idea se encuentra ahora en el artículo 190-5 del proyecto de Amsterdam, pero señalaremos de paso que éste aún no se ha ratificado, y no podría constituir una base jurídica válida para la votación que acaba de emitir el Parlamento Europeo. 
Discutimos por consiguiente todos los puntos de vista de esta votación, que nos parece contraria a los intereses nacionales de Francia. 
Con motivo de la reunión del Consejo Europeo de Amsterdam, los Jefes de Estado respaldaron por unanimidad que los diputados al Parlamento Europeo desempeñen sus funciones en igualdad de condiciones y que dicho Parlamento presente una propuesta de estatuto comunitario a este respecto. 
La formulación de la mencionada propuesta se sometió posteriormente a debate en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, bajo la dirección del Parlamento y de los distintos grupos políticos. 
El diputado socialista alemán Rothley ha elaborado una propuesta que, tras la introducción de diversas enmiendas, ha logrado el apoyo de una amplia mayoría. 
Nosotros respaldamos el principio de la igualdad de retribución para todos los diputados, independientemente de su país de origen, así como que las dietas de viaje se abonen en función de los gastos reales. 
Sin embargo, disentimos por una cuestión de principios acerca de la fiscalidad de la retribución de los diputados. 
Consideramos que los diputados han de pagar los mismos impuestos y cotizaciones que sus votantes. 
Por este motivo, hemos optado por abstenernos en la votación. 
Con esta declaración querría explicar la razón por la que hasta el día de hoy me he abstenido de cualquier manifestación sobre este tema. 
Creo que el clima que se ha creado, así como el modo en que este informe se está fomentando, y particularmente con vistas a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ayuda mínimamente a la imagen del Parlamento Europeo. 
Igualmente, creo que hay asuntos mucho más importantes de los que ocuparnos. 
Considero, por tanto, que es mi obligación, abstenerme en la votación. 
El estado de ánimo tendente al «pujadismo» en muchos medios que no tienen palabras bastante duras para condenar lo que llaman «la clase política, sus ventajas y sus prebendas» , me parece muy oportuno para recordar una vez más que la remuneración del mandato parlamentario es una garantía eminentemente democrática y que su introducción en el siglo pasado fue recibida como una gran victoria en los medios más progresistas. 
Ella asegura que cualquier persona que se presente a un escrutinio tendrá la posibilidad de ejercer efectivamente el mandato que pretende si resulta elegida. 
Y ello, cualquiera que sea la fortuna personal de cada cual. 
El tratamiento del parlamentario asegura también su independencia. 
Por otra parte, no hay ninguna razón para que el adagio «a igual trabajo, igual salario» tan frecuentemente utilizado con razón no se aplique igualmente a los diputados europeos. 
Las importantes diferencias de trato que se constatan en la actualidad según la nacionalidad de los parlamentarios europeos son totalmente injustificadas. 
Parece en consecuencia altamente equitativo que unos diputados que ejercen un mismo mandato político reciban un trato idéntico desde el punto de vista fiscal tratado sobre una misma base imponible comunitaria (que anula los efectos contrastados de los regímenes nacionales de imposición) , así como las dietas complementarias que cubren los gastos de desplazamiento y de secretaría. 
De forma más general, el estatuto de los diputados al Parlamento Europeo llega en su momento. 
Comparto con nuestro ponente la convicción de que este estatuto ha de ser lo más claro y transparente posible con el fin de evitar cualquier juicio de intenciones o acusación malévola basados en una posible ventaja oculta. 
Desde este punto de vista, personalmente hubiera preferido que no se previera ningún régimen transitorio y que todos los diputados recibieran desde julio de 1999 el mismo trato. 
Ésta es la razón por la que me he abstenido en la votación final del Anexo. 
Sea como sea, considero que la introducción de un estatuto de los diputados al Parlamento Europeo es un gran paso en la dirección correcta. 
Por consiguiente, doy mi apoyo al texto que hoy se nos ha sometido a votación. 
Con motivo de la votación que tuvo lugar en el Pleno de 3 de diciembre, hemos votado en contra del apartado 2 del artículo 1 del anexo ya que no podemos aceptar que la remuneración de los diputados del Parlamento Europeo sea tributable únicamente a efectos de la Comunidad Europea. 
El trabajo del diputado al Parlamento Europeo está tan ligado a las actividades que desempeña en su propio país, en el que además se encuentra su lugar de residencia habitual, que no se puede justificar esta diferencia fiscal que le separa del resto de los ciudadanos. 
El diputado del Parlamento Europeo ha de pagar impuestos por los mismos motivos que el resto de los ciudadanos de su país. 
No obstante, hemos votado a favor de todo el informe porque su rechazo ocasionaría una gran confusión al permitir la continuidad de un sistema que no abona las dietas de viaje de los diputados con arreglo a los gastos reales, como creemos que debería ser. 
Estimamos que la anulación de una reforma tan estudiada y exigida como es la relativa a estas disposiciones menoscabaría la posición del Parlamento Europeo y su reputación. 
Hemos sido elegidos como diputados de este Parlamento por distintas circunscripciones electorales en nuestros países de origen, a cuyos votantes representamos. 
Por este motivo, no creemos necesario el establecimiento de un estatuto comunitario para sustituir las disposiciones relativas a nuestras condiciones de trabajo. 
En cambio, creemos que es importante que las decisiones acerca de nuestras condiciones y del sistema electoral se puedan adoptar en los países a los que representamos. 
Si no fuera así, se correría el riesgo de que los diputados del Parlamento Europeo se convirtieran en representantes de la UE en sus respectivos países. 
En la argumentación acerca de la presente propuesta se señala frecuentemente que debemos desempeñar nuestras funciones en las mismas condiciones, es decir, con el mismo salario. 
Sin embargo, la propuesta no recoge esta circunstancia, sino que establece que se mantenga en el futuro la desigualdad de condiciones. 
De esta manera, muchos de nosotros obtendríamos un cuantioso aumento de sueldo, algo que creemos que no está en absoluto justificado. 
¿Por qué motivo debemos ganar más que los diputados de nuestros parlamentos nacionales, que son los «verdaderos» parlamentos? 
Aún más desproporcionada es la propuesta para que paguemos un impuesto comunitario especial, mucho más reducido. 
¿Por qué no vamos a pagar nosotros, que percibimos unos ingresos elevados, los mismos impuestos que pagan quienes viven en nuestros países? 
Del mismo modo, no existe ningún motivo para que gocemos de privilegios por lo que respecta a las pensiones o a otros ámbitos que supongan una ventaja en comparación con las condiciones de nuestros diputados nacionales. 
El informe Rothley no hace ninguna referencia verdadera a la mejora de las posibilidades de trabajo en este Parlamento. 
La propuesta propugna únicamente la concesión de ventajas en beneficio propio por parte de un colectivo muy privilegiado como es el nuestro. 
Mi posición ante el informe Rothley es la de que necesitamos un Estatuto Común para poner fin a la discriminación entre diputados de un Estado miembro y de otro. 
Para ello es necesario un salario común. 
Creo que sería oportuno utilizar como criterio para fijarlo un porcentaje del salario de un juez. 
Un salario uniforme impone la necesidad de un impuesto uniforme. 
Existe un precedente claro, dado que los funcionarios de la UE tienen un sistema fiscal uniforme. 
El período de transición es ilógico. 
Cuando un ciudadano es diputado al Parlamento Europeo, debe aceptar el salario que se le ofrezca. 
Se debe presentar al Consejo la propuesta general sin los detalles. 
Votamos a favor, aunque apoyemos la imposición nacional, 
porque la aprobación de la propuesta es la única vía para iniciar el necesario diálogo con el Consejo sobre un estatuto común, y-porque la propuesta implica una reestructuración de las normas de viaje para que sólo sean reembolsados los gastos de viaje reales. 
El Parlamento Europeo se pronuncia hoy acerca de un estatuto comunitario para los diputados. 
A continuación, me gustaría explicar brevemente por qué no puedo dar mi apoyo a la propuesta que se ha presentado. 
En el informe se propone que, independientemente de su nacionalidad, todos los diputados tengan el mismo salario. 
La propuesta acerca de una retribución calculada con arreglo al promedio salarial en los parlamentos nacionales implica que los diputados de países como el mío se beneficiarían de un enorme aumento de sueldo. 
No puedo apoyar un aumento tan cuantioso del salario de los diputados. 
Tampoco puedo respaldar la propuesta acerca de un impuesto común a escala de la UE, ya que considero que cada diputado ha de pagar sus impuestos en su país de origen. 
Es importante lograr la mayor claridad y transparencia en las disposiciones acerca de los salarios y las dietas de los diputados. 
La opinión pública ha de poder ejercer un pleno control sobre el uso que se hace de los recursos. 
Por este motivo, me satisface que esta propuesta aborde la cuestión de las dietas de viaje de los diputados para permitir que se reembolsen únicamente de acuerdo con los gastos reales. 
Creo que, por lo demás, la propuesta no responde a las exigencias que se plantean en materia de claridad y control. 
En el informe se propone un enrevesado sistema que, durante un cierto período de tiempo, otorgaría a algunos diputados la posibilidad de elegir entre un salario comunitario y el actual sistema salarial. 
Una propuesta parecida se hace igualmente en lo relativo a las pensiones de los diputados. 
Asimismo, considero que esta propuesta deja sin resolver un gran número de cuestiones de orden económico. 
Por ejemplo, cabría mencionar aquellos casos de diputados que ocupan otros cargos al margen del Parlamento Europeo y que, de esta manera, se benefician de la diversidad de retribuciones y derechos. 
Creo que en estas situaciones se debería reducir en gran medida la remuneración por parte del Parlamento Europeo. 
Los socialdemócratas daneses pensamos que los diputados al Parlamento Europeo deben cobrar y tributar en el país donde hayan sido elegidos. 
Los diputados no tienen un puesto fijo y deben estar afiliados al sistema de seguridad social en vigor en su país de origen. 
Puede haber un marco común de retribuciones a negociar entre la Dirección del Parlamento y el Consejo, pero la plasmación de este marco deberá hacerse en el plano nacional. 
Hemos votado a favor de una propuesta según la cual los gastos de viaje se abonarán tras presentar los comprobantes, sin ambigüedades, para que ya no sea posible obtener el reembolso de un billete en clase business aunque se hubiera viajado en otra clase. 
El objetivo es la transparencia, para que así una cosa sea el sueldo y otra, el reembolso de gastos. 
Que el Grupo I-EDN de los opositores a la Unión haya aprovechado esta ocasión para presentar una propuesta que realmente haría imposible el enjuiciamiento del Sr. Le Pen resulta increíble. 
Es lógico y normal que un representante elegido por el pueblo asuma la responsabilidad de lo que dice y de lo que vota. 
El Parlamento Europeo levantó la inmunidad al Sr. Le Pen el pasado octubre por sus manifestaciones en las que consideraba las cámaras de gas de los campos de concentración un detalle anecdótico de la historia de la segunda guerra mundial. 
Los diputados conservadores daneses al Parlamento Europeo desean aprovechar la votación del informe del Parlamento Europeo sobre el estatuto de los diputados para mostrarse partidarios de un estatuto claro y transparente, en el que los diputados sean tratados económicamente en igualdad de condiciones con los diputados de los Parlamentos nacionales de sus respectivos Estados miembros. 
Igualmente, la condición de los diputados en otros ámbitos debe ser regulada individualmente por cada Estado miembro, incluida la cuestión de hasta qué punto un diputado al Parlamento Europeo puede compatibilizar este mandato con el de diputado de un Parlamento nacional y/u otras actividades. 
La UE está compuesta por quince Estados miembros. 
Los diputados del Parlamento Europeo representan a los votantes de sus respectivos países de origen. 
Por todo ello, tanto la retribución como el pago de impuestos han de tener lugar en los Estados miembros donde vivan los diputados, Consiguientemente, no hay necesidad de establecer ningún estatuto comunitario con salarios e impuestos comunes a escala de la UE. 
Ya de por sí, la idea de someter a los diputados del Parlamento Europeo a un impuesto de la UE es equivocada. 
No existe ningún motivo para que los diputados del Parlamento Europeo se concedan a sí mismos privilegios que no tienen los ciudadanos de a pie. 
Todo esto da lugar a una situación de favoritismo comunitario que lo único que consigue es aumentar aún más la desconfianza hacia toda la Unión y perjudicar la buena cooperación a escala europea. 
Tanto con motivo de éste como de otros informes y debates presupuestarios anteriores, he votado a favor de que se reembolsen las dietas de viaje previa presentación de un justificante de los gastos reales. 
Esta medida se debería haber adoptado ya hace mucho tiempo en el Parlamento Europeo. 
Se debería haber abordado esta cuestión por separado, en vez de vincularse ahora a la propuesta de estatuto comunitario. 
Por este motivo, he votado a favor de la propuesta para que se abonen las dietas de viaje previa presentación de un recibo. 
No ha sido una tarea fácil, ya que esta cuestión de las dietas de viaje se ha incluido también en las enmiendas relativas al estatuto comunitario. 
Sin embargo, me he pronunciado en contra en la votación final acerca de la propuesta sobre dicho estatuto. 
El estatuto comunitario se basa en el Tratado de Amsterdam, que aún no ha entrado en vigor. 
Esta propuesta acerca de un estatuto comunitario se adelanta, por lo tanto, a la ratificación del Tratado por parte de los Estados miembros. 
Esta circunstancia no hace más que poner de manifiesto el déficit democrático de la UE. 
La propuesta ya se debería haber rechazado de antemano, de acuerdo con este principio democrático formal. 
He votado a favor de la incompatibilidad de algunas funciones contra la acumulación de mandatos. 
Estoy de acuerdo en aproximar los reembolsos de gastos y la realidad de los precios, prefiriendo una indemnización limitada para no multiplicar los procedimientos de control. 
Creo también que las asignaciones parlamentarias de los diputados han de seguir en relación con el nivel de vida de los países de origen y con las dietas de los diputados nacionales. 
La comunitarización de la asignación parlamentaria de los diputados, ¿no puede prefigurar modos de escrutinio impuestos por la Unión Europea así como de los partidos europeos? 
Todas estas cuestiones merecen un debate claro, aquí y en todos los Estados miembros. 
No hemos de ceder a las tentaciones populistas que yo rechazo, aunque sean de izquierda. 
Hipocresía y populismo exacerbados por el interés a menudo teñido de antiparlamentarismo de los medios de comunicación que, por cierto, ignoran claramente nuestro trabajo. 
Lamento, para terminar, que la cuestión del fin del mandato, para unirlo con la vuelta a una actividad profesional no haya sido abordada en el proyecto de estatuto. 
Medida que favorecería una mejor democratización del reclutamiento de los representantes. 
Éstas son todas las reservas que me han llevado a abstenerme en la votación final aprobando la puesta en marcha de un estatuto de los diputados al Parlamento Europeo por razones de transparencia y de democracia. 
Toda mi actividad y mi compromiso en el ámbito de la política se basan en valores como la igualdad y la lucha por lograr una sociedad más justa. 
Algunos de los aspectos más injustos hoy en día de cara a los ciudadanos son de orden económico, como los cuantiosos aumentos de sueldo que, por lo demás, tienden a ser cada vez mayores. 
En el informe se propone un nivel salarial común, lo cual se traduciría, para los diputados suecos del Parlamento Europeo, en un importante aumento de sus ingresos. 
Soy contrario a que se aumente el sueldo de los diputados europeos, en parte porque, de cara al principio de igualdad, es importante que estos aumentos de ingresos se lleven a cabo de una manera comedida y, en parte, porque los diputados disfrutamos ya de un sueldo más que suficiente. 
No veo ninguna razón para el establecimiento de un impuesto a escala de la UE. 
Ha de existir una relación entre el lugar donde se pagan los impuestos y a qué se destinan los mismos. 
Como ciudadano sueco residente en Suecia, yo me beneficio del sistema de bienestar social de este país, por lo que debería contribuir también a financiarlo. 
Así pues, un eurodiputado como yo se beneficia de los impuestos nacionales sin ninguna contribución por su parte. 
Por este motivo, he votado en contra del impuesto de la UE que se ha propuesto. 
En el informe se sugiere también la mejora del sistema para el pago de las dietas de viaje a los diputados. 
Me satisface que se proponga ahora un sistema más directo y honesto que no ofrezca a los diputados la posibilidad de ganar dinero de manera privada gracias a un sistema imperfecto de dietas de viaje como es el actual. 
El sistema de pensiones para los diputados que se propone en el informe no se financia por sí mismo, sino que su funcionamiento requiere una dotación extraordinaria de carácter fiscal. 
Si exigimos esta autofinanciación a todos los demás regímenes de pensiones, también debemos hacerlo con este sistema. 
Éste es el motivo por el que me he pronunciado en contra del sistema de pensiones. 
Está justificado que todos los diputados europeos ganen el mismo sueldo, ya que las condiciones de trabajo son iguales para todos ellos. 
Es importante asumir las mismas responsabilidades políticas y disponer del mismo margen de negociaciones, así como tener en la práctica las mismas posibilidades para desarrollar una actividad política. 
El presente informe recoge numerosos puntos con los que no puedo mostrarme de acuerdo, por lo que he votado en contra de los mismos, pero- por una cuestión de principio- soy favorable a un estatuto común en lo relativo a las retribuciones de los diputados. 
Sin embargo, a la vez que creo que esta medida ha de adoptarse con un plazo mayor de tiempo, este estatuto no deberá traducirse de ningún modo en un aumento de los salarios. 
En la votación del informe Rothley estuve obligado a votar continuamente en blanco las increíble (y «apolíticamente» ) numerosas votaciones nominales, sólo por la inaceptable decisión, en mi opinión, de la Presidencia que «determina» con el conocido modo insultante la asistencia y el hacer parlamentario del diputado. 
¡Mi voluntad real es no tomar parte en este procedimiento, porque considero que toda la confrontación del tema de las asignaciones es insultante para el Parlamento Europeo! 
En el Informe Rothley, relativo al Estatuto de los Diputados, me he abstenido a causa de todo el procedimiento de votación. 
No he querido tomar parte en el debate correspondiente ni en la adopción de acuerdos y, en concreto, por las siguientes razones: 
1.Al Parlamento saliente no le compete adoptar decisiones que afectan a los diputados que serán elegidos en junio de 1999. 
Las acciones políticas pertinentes no deberían haber sido puestas en marcha sino después de la elecciones al Parlamento Europeo.2.Es desacertado que, a punto de comenzar la campaña electoral, el Parlamento Europeo suscite ante la opinión pública la «falsa» impresión de que se ocupa principalmente de sus propios asuntos.3.A mi juicio, en un momento en el que aguardan decisiones de gran trascendencia en Europa- introducción de la moneda común, reforma de la política agrícola y de los Fondos estructurales, ampliación de la Unión, reforma financiera de la UEes políticamente erróneo apartar la atención de estas cuestiones esenciales por medio de discusiones- siempre atentamente observadas por la opinión pública- sobre las remuneraciones a los diputados. 
Es positivo que se presenten iniciativas para modificar el actual sistema de dietas, que resulta inaceptable. 
El reembolso de los viajes ha de llevarse a cabo mediante dietas que reflejen los gastos reales. 
Tenemos previsto votar en contra del informe Rothley por diversas razones, entre las cuales cabe destacar las siguientes: 
Consideramos injustificable que nos concedamos a nosotros mismos y al resto de los diputados de este Parlamento un aumento de sueldo de cerca del 70 % que, además, en el caso de los diputados suecos, se combina con una enorme reducción fiscal, al ser dicho sueldo imponible con arreglo a un régimen fiscal propio de la UE. 
Consideramos que nuestros sueldos han de situarse al mismo nivel que los sueldos de los diputados nacionales suecos. 
Además, resulta inaceptable el establecimiento de un impuesto en el ámbito de la UE. 
El importe de los sueldos ha de establecerse de acuerdo con los sueldos de los diputados nacionales y los impuestos deberán pagarse en los respectivos países de origen. 
Este informe no trata sólo un asunto burocrático, como podría hacer pensar su título. 
Va a determinar para el futuro cuestiones esenciales como el contenido real de la democracia interna en este Parlamento y el equilibrio de poder entre países del «núcleo duro» · y países «periféricos». 
Si se admitiera separar- como ha estado a punto de suceder- dos decisiones inseparables, como son la aprobación de un Estatuto Único para los diputados- es decir, condiciones iguales para todos, sea cual fuere el país de origen- y la aprobación de un nuevo régimen de pago de los traslados basado en los costos reales, se estaría consagrando un Parlamento Europeo de dos velocidades. 
Los diputados de países periféricos y con salarios bajos- como españoles, finlandeses y portugueses- pasarían a carecer de medios suficientes para mantener una presencia activa en el Parlamento y para trasladarse en misiones de contacto. 
Entretanto, los otros diputados- que residen cerca del «centro» y tienen salarios altos, además de cargos oficiales en sus paísesocuparían el espacio y pasarían a adoptar decisiones entre sí. 
Resulta grave que ello haya sido una posibilidad siquiera. 
Y la aprobación de un período transitorio en el que se consagra la desigualdad entre diputados es una señal inquietante. 
Por fortuna, el sentido común, fortalecido por la combatividad de los «débiles» , ha ganado contra la arrogancia y la ceguera de los «fuertes». 
Nos hemos librado por un pelo de un día negro para la democracia. 
He votado a favor del informe teniendo en cuenta la dificultad con que se ha conseguido esta media victoria. 
Pero no estoy ni satisfecha ni tranquila. 
Por la presente declaro que considero aprobado el informe Rothley en todos sus artículos, apartados y anexos. 
En mi opinión, el mayor logro del mismo estriba en que suprime la discriminación por razón de la nacionalidad, algo que queda tajantemente prohibido por el artículo 6 del Tratado. 
Parece mentira que el Parlamento, en su calidad de institución creada en el marco del Tratado, haya contravenido durante veinte largos años lo dispuesto en el mismo. 
Estoy orgulloso de que esta referencia a la prohibición de la discriminación haya sido incorporada en el informe Rothley mediante enmienda presentada por mí. 
Ello implica que este principio ha de aplicarse asimismo al impuesto comunitario. 
En la presente declaración también deseo dar las gracias al ponente y a los presidentes del Parlamento y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos por su empeño en conseguir una propuesta aceptable para casi todos. 
El siguiente paso corresponde al Consejo Europeo y a sus ministros competentes en la materia. 
El reglamento vigente incluye disposiciones acerca de la cooperación económica y técnica entre la UE y los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania con el fin de promover el proceso de paz. 
El balance de las ayudas ha sido pésimo. 
Las propuestas que se presentan ahora tienen por objeto mejorar esta situación. 
Ofrezco mi apoyo a estas propuestas. 
De todos modos, es importantísimo llevar a cabo las restricciones económicas con detalle y minuciosidad, así como poder informar de manera inmediata en caso de que se produzcan irregularidades con el fin de evitar que se repitan los errores del pasado. 
Informe Ferri (A4-0400/98) 
Creemos que es muy necesario coordinar en mayor medida la protección de las pensiones complementarias en los distintos Estados miembros. 
Es necesario igualmente lograr una coordinación en materia de igualdad de trato y una prohibición de la discriminación para poder permitir la libre circulación de los trabajadores. 
No es satisfactorio que las distintas normas nacionales en este ámbito contribuyan en la práctica a impedir a un trabajador el acceso a un puesto de trabajo en otro país, o que contribuyan a suprimir o reducir los derechos de pensiones adquiridos por los trabajadores con motivo de su desplazamiento a otro Estado miembro. 
Sin embargo, queremos hacer hincapié en que, en el ámbito de las pensiones por convenio y servicios, una coordinación de este tipo no deberá limitar el libre derecho de negociación de los interlocutores por medio de detalladas normativas a largo plazo en torno a la formulación de estas pensiones. 
Además, nos gustaría resaltar nuestra convicción de que este sistema de pensiones ha de desempeñar un papel más activo a la hora de atraer capital de inversión, en el marco de unos principios eficaces en materia de seguridad orientados a proteger el valor de dichas pensiones. 
Ha quedado demostrado que el mejor sistema de pensiones lo constituye un régimen a escala comunitaria que garantice a todos los ciudadanos una seguridad económica durante su vejez mediante una prestación económica relativamente elevada y proporcional con los ingresos. 
Los sistemas de pensiones estatales adolecen en la actualidad de defectos a los que se hace mención en el presente informe, como, por ejemplo, que la pirámide de población está invertida en la mayor parte de los Estados miembros. 
En otras palabras, el sistema no dispone del dinero suficiente para garantizar la seguridad necesaria. 
Con el fin de asegurar la seguridad económica durante la vejez a los jóvenes de hoy es necesario que los Estados miembros se ocupen de una vez por todas de las deficiencias que presentan los sistemas de pensiones públicos. 
Hemos de lograr un futuro que ofrezca a las personas de edad avanzada un sistema de seguridad social general y de cobertura global. 
Las pensiones complementarias son precisamente eso, complementarias. 
Éstas son una muestra de las deficiencias que presenta el sistema de pensiones público. 
Si la seguridad social pública satisficiera las necesidades de todos los ciudadanos, circunstancia ésta que cabría esperar y por la que he venido trabajando hasta el día de hoy, no sería necesario ningún sistema complementario de seguridad social. 
La introducción del informe es excelente. 
En el considerando a se establece que «la protección social pública (... ) debe seguir siendo la piedra angular del sistema de previsión social de la Unión Europea». 
Me muestro totalmente de acuerdo con este punto, si bien este mismo informe se vuelve más adelante completamente contradictorio. No puedo respaldar un gran número de los apartados que se incluyen en el informe. 
El apartado 6 muestra que las pensiones privadas se enfrentan con determinados problemas a la hora de encontrar su mercado. 
Se supone que esta circunstancia debería aliviarse mediante la adopción de decisiones políticas, si bien no estoy de acuerdo con las medidas que se recogen para facilitar la inversión. 
En uno de estos puntos se afirma que existen sectores industriales y financieros que deberían privatizarse. 
Es posible, pero también hay otros sectores que se deberían colectivizar para ofrecer seguridad a los ciudadanos. 
No puedo respaldar un texto que propugna de manera tan categórica la privatización de sectores de interés general. 
Además, las condiciones de propiedad en determinados sectores revisten una importancia nacional. 
Tampoco puedo respaldar una «igualdad de competencia entre todos los operadores» , ya que considero que ésta daría lugar a desigualdades entre los ciudadanos. 
Como ya he afirmado anteriormente, se ha demostrado que el sistema público de pensiones es la mejor solución, la más justa y la que mejor distribuye los servicios. 
Por todo ello, creo que el deber de los políticos ha de ser limitar la aparición y el desarrollo de seguros complementarios, y la mejor manera para lograr este objetivo es mejorar los sistemas públicos. 
Si se equiparan los operadores privados a los públicos, se corre el riesgo de desvirtuar los servicios que prestan estos últimos. 
a partir del apartado 20 se hace referencia a la armonización de las normativas fiscales y, ante todo, a la manera en que deberá formularse la imposición fiscal sobre los ingresos y las pensiones en relación con los seguros de pensiones complementarios. 
La fiscalidad no recae dentro del ámbito de competencias de la UE y, a efectos de los propios Estados miembros, es importante que éstos puedan decidir por sí mismos la planificación de sus políticas fiscales en lo relativo a todo el ámbito del bienestar social. 
Por consiguiente, no puedo dar mi aprobación a los apartados 20, 21, 22, 23 y 26. 
La Comisión ambiciona, anunciando además una propuesta de directiva relativa, la expansión del sistema del pasaporte único que está en vigor para las compañías aseguradoras, los bancos, a los fondos de pensión y también la liberalización de las inversiones de los últimos en un intento más general por desarrollar más el mercado de capitales. 
Queremos subrayar que el tema de las pensiones complementarias es de importancia capital para los millones de trabajadores de la Unión Europea, independientemente de la multiformidad de los regímenes nacionales complementarios. 
Línea divisoria básica entre las pensiones satisfechas por estos sistemas y las pensiones privadas es que las primeras se prestan por personas jurídicas de Derecho público o privado que no tienen carácter lucrativo, y las segundas tienen un claro carácter privado y, naturalmente, lucrativo y se prestan en el marco de los contratos de seguros de vida. 
Somos categóricamente contrarios a cualquier intento de equiparación jurídica de estas dos formas de pensión. 
Una cosa así significaría minar el sistema de seguridad social pública en beneficio de las compañías aseguradoras. 
El sistema de seguridad social pública, tal como se formó en los años posteriores a la guerra, y del que son una parte también los fondos de pensiones complementarias, se diferencia esencialmente del sistema de seguridad privada, en que la participación en este la determinan disposiciones legislativas y convenios colectivos y básicamente es obligatorio. 
Además no es casual que los argumentos a favor de los seguros privados se formulen en una época en que, por un lado las asfixiantes limitaciones financieras que imponen la UEM, la moneda única y el Pacto de estabilidad y, por otro lado, la nueva política de empleo y la famosa competitividad, presionan de forma asfixiante al sistema de seguridad social pública y se utilizan para su gradual desarticulación. 
En este marco, la característica es que hay un intento de trasladar la responsabilidad de la organización de la seguridad, del Estado a los trabajadores- individualmente o a nivel operativo por medio de los seguros de grupo privados -, naturalmente a costa de cada noción de colectividad y de solidaridad social y en favor de los beneficios de las entidades aseguradoras. 
Las inversiones de los fondos de pensiones es una cuestión crítica que exige prudencia, responsabilidad y un control eficaz. 
Las reservas de los fondos son propiedad de sus trabajadores-miembros y no se pueden ofrecer para juegos bursátiles. 
La continua crisis de la bolsa demuestra las consecuencias que puede tener la persecución del «elevado rendimiento». 
Esta intranquilidad se intensifica por las directrices para modificar las disposiciones sobre la supervisión cautelar y la reducción de las exigencias relativas, así como la liberalización del marco normativo que regula las carteras de inversiones, para aumentar las colocaciones en participaciones. 
¿Qué ha cambiado, de verdad, desde que la misma Unión Europea aprobó normas de tal tipo para las compañías de seguros de vida con la excusa de que la diversificación del activo en múltiples categorías del patrimonio y la imposición de límites cuantitativos conduce a una reducción de los peligros? 
Se trata de un tema sobre el que, para nosotros, no cabe un debate. 
Las enmiendas relativas que hemos presentado subrayan nuestra oposición y la base de principio por la que rechazamos cada intento de formar un régimen de liberalización, de administración incontrolable de las reservas de los fondos de pensiones y su incorporación a la persecución del juego bursátil. 
Aunque el informe incluye algunas puntualizaciones positivas, acepta la dirección de la Comisión, y en algunos puntos avanza más, pidiendo la aplicación de las disposiciones sobre la competencia en los fondos de pensiones en la base del mismo tratamiento que el que tienen las compañías de seguros. 
Por estas razones vamos a votar en contra del informe. 
Mi abstención en algunas votaciones del presente informe se debe al hecho de que no he podido conseguir una versión sueca del documento. 
Tampoco he tenido acceso a una versión inglesa o danesa, por lo que me he visto obligado a recurrir a la versión en alemán. 
Desgraciadamente, mi conocimiento de esta lengua no me permite estar seguro del contenido de los distintos apartados. 
Por este motivo, he optado por abstenerme durante las votaciones. 
Informe Caccavale (A4-0430/98) 
Acogemos con satisfacción los enormes esfuerzos que ha realizado Letonia, especialmente con vistas a adaptar su legislación al conjunto de regulaciones de la Unión Europea con el fin de hacer realidad su futura adhesión a la misma. 
La ampliación de la UE hacia los países de la Europa Central y Oriental nos proporciona una ocasión histórica para crear una paz duradera basada en los principios de la libertad y la democracia. 
Es importante que la UE no defraude la poderosa voluntad social que existe en Letonia para convertirse en un Estado miembro de pleno derecho de la propia Unión. 
La Comisión debería aprovechar la ocasión y mandar un mensaje claro al pueblo letón en el sentido de que se emprenderán las negociaciones para su adhesión con la mayor brevedad posible. 
Es un motivo de satisfacción que el Parlamento Europeo considere ahora que se deben emprender con la mayor brevedad posible las negociaciones para la adhesión de Letonia. 
Sin embargo, no puedo mostrarme completamente de acuerdo con la introducción que hace el ponente. 
El ponente afirma que «este país ha alcanzado un éxito en materia de transición hacia la economía de mercado, la privatización (... ) y la obtención del equilibrio presupuestario.» 
Creo que es lamentable que los criterios económicos tan elevados que se han establecido de cara a los países candidatos traten de privatización y de economía de mercado. 
El capitalismo y la economía de mercado no constituyen la manera más eficaz y racional de producir y distribuir los recursos. 
En un mundo donde mueren cada día cuarenta mil niños de hambre y de enfermedades relacionadas con la inanición, donde el 80 % de la población utiliza el 20 % de los recursos mientras que hay personas que viven una vida de lujo, donde el 90 % del capital financiero se utiliza con fines especulativos e improductivos en vez de con fines inversores, no hace falta más que echar un vistazo alrededor para comprobar que se necesita una orientación democrática de la economía. 
Es necesario que creemos entre todos una sociedad donde las personas ejerzan el poder sobre el día a día de sus vidas. 
El objetivo ha de ser una producción marcada por la necesidad de reemplazar la búsqueda de beneficios, una producción que permita sustituir la competencia por la solidaridad, el mercantilismo por la democracia. 
En el día de hoy se nos someten todos los informes relativos a los candidatos a la adhesión a la Unión, colocados por la Comisión en segunda clase, y que aportan pocos elementos nuevos: se limitan a reclamar una revisión de la distinción «in» y «pre-in» que permitiría en cualquier momento a los países situados en esta segunda categoría pasar a la primera en función de su grado de ingestión del «acervo comunitario». 
Mientras que la caída del muro de Berlín y el final de los regímenes comunistas podían dar pie a esperar, al principio de esta década, una reunificación política rápida de Europa que hubiera podido tomar la forma de una confederación continental, la manera como se ha proseguido la construcción europea, la forma como se ha fijado en el modo de integración, lo han impedido. 
Los candidatos a la adhesión han sido sometidos al procedimiento humillante de la criba y juzgados en función de su capacidad para adaptarse a la maquinaria comunitaria, en lugar de ser reconocidos de entrada como Estados miembros de pleno derecho de Europa. 
La confusión con la que se han tratado dos cuestiones completamente diferentes: la de la reforma económica y social de esos países y la del reconocimiento político de su pertenencia europea ha dado lugar a que pareciera que estábamos mercadeándoles su plena cualidad de europeos, produciendo así decepciones, rencores y resentimientos. 
Resulta también sorprendente constatar que la Unión Europea, tal como evoluciona hoy, no tiene ninguna preocupación por enriquecerse con las experiencias, las culturas y los talentos de los países que pretende integrar, totalmente ocupada como está en tratarlos como un contable implacable, en darles lecciones y en fagocitar sus instituciones. 
Por ello, deseando ardientemente la reunificación del continente europeo, sólo podemos lamentar la falta de un verdadero debate sobre la naturaleza de la Unión Europea. 
El silencio que se intenta imponer hoy a los pueblos europeos sobre esta cuestión esencial para su futuro, corre el riesgo de no poder apagarse tan fácilmente como algunos creen en los pueblos de Europa oriental que sólo tienen la experiencia de la mentira y del superestado. 
Informe Bernard-Reymond (A4-0428/98) 
El ponente desea que el Parlamento Europeo anime a Rumania «a proseguir las reformas indispensables, en particular la continuación del proceso de privatización (... ) ». 
Más adelante se constata que, desgraciadamente, no es posible propugnar la apertura de negociaciones en las circunstancias actuales. 
Estas circunstancias se refieren al respeto de los derechos democráticos- la libertad de prensa no es aún una plena realidad en este país- y, en especial, al hecho de que la economía de Rumania no cumple los denominados de Copenhague. 
Me complace el avance de las conversaciones, ya que soy un fiel partidario de la ampliación. 
Pero la UE es un proyecto político, no económico. 
Por este motivo, no creo que sea acertado conceder una mayor importancia a los criterios económicos que a los derechos democráticos. 
Como socialista, creo que la UE no debe ser un «club de ricos». 
Por lo que respecta a la privatización, creo que se trata de una cuestión que debe decidirse en el ámbito nacional. 
Además, es necesario un componente de propiedad estatal para garantizar a la población un nivel satisfactorio de bienestar. 
Informe Wiersma (A4-0427/98) 
El ponente considera que es demasiado pronto para adoptar una decisión definitiva en torno a Eslovaquia a finales de 1998, si bien cree que el Parlamento debería obtener una nueva oportunidad para pronunciarse al respecto, a más tardar, en mayo de 1999. 
Acojo favorablemente esta propuesta, ya que soy un firme partidario de una rápida ampliación de la Unión Europea. 
El ponente estima que el motivo por el que se debería aguardar aún más tiempo en el caso de Eslovaquia es que, a pesar de que los resultados de las elecciones parlamentarias de septiembre ofrecen la posibilidad de cumplir los aspectos políticos de los criterios de Copenhague, parece que ha empeorado la situación económica en este país. 
Se propone una solución consistente en adoptar las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la economía de mercado e introducir una mayor transparencia en este proceso, especialmente por lo que respecta a las privatizaciones. 
Sin embargo, creo que se deberían tomar precauciones antes de intentar solucionar los problemas económicos de un país mediante una rápida transición a la economía de mercado. 
Por ejemplo, la eficacia de este método ha quedado demostrada en Rusia, donde la expectativa de vida ha descendido en seis años desde comienzos de la década de los noventa. 
En cambio, sería necesario realizar esfuerzos de manera primordial para, con la ayuda de la UE, apuntalar la democracia y un sector público eficaz que garantice el bienestar social. 
Informe Kristoffersen (A4-0431/98) 
La ampliación de la Unión Europea hacia la Europa Central y Oriental nos ofrece una oportunidad histórica para crear paz, democracia y bienestar de manera permanente. 
Por lo que respecta a Lituania, creemos que son muy positivos los extraordinarios esfuerzos que ha realizado este país para adaptar su legislación al acervo comunitario. 
Por ello, la UE debería mandar a la población lituana un mensaje claro e inequívoco en torno a una futura adhesión de su país a la Unión. 
En lo relativo a los informes que ha venido elaborando hasta la fecha la Comisión, consideramos que esta institución no ha podido demostrar que existan diferencias esenciales entre los tres países bálticos a la hora de cumplir los criterios de Copenhague. 
Los informes de la Comisión no nos permiten comprender por qué Letonia ha registrado «un especial progreso» mientras que Lituania sólo parece haber realizado un «considerable progreso». 
Si bien nos satisface naturalmente el hecho de que Letonia pueda acceder a las negociaciones para su adhesión ya en el transcurso del próximo año, nos resulta muy difícil comprender los motivos que han movido a la Comisión a hacer esta división entre los dos países por lo que respecta al cumplimiento de los criterios de Copenhague. 
Consideramos que no se deben separar estos dos países a la hora de abordar la apertura de negociaciones, y que tanto Letonia como Lituania han de formar parte de un rápido proceso de ampliación. 
El ponente preferiría que se acelerara el proceso de adhesión de Lituania con objeto de poder iniciar pronto las negociaciones intensivas. 
Acojo favorablemente una evolución de este tipo, ya que estimo que la UE ha de abrirse al mayor número de países posible. 
Doy por sentado que, con motivo de estas negociaciones, Lituania comprenderá de manera definitiva la importancia de cerrar la central nuclear de Ignalina. 
Sin embargo, me gustaría hacer una observación al ponente cuando afirma que «se muestra satisfecho por el hecho de que la Comisión considere que Lituania ha realizado progresos importantes en su transformación en una economía de mercado (... ) ». 
Cabe recordar que la economía de mercado no constituye un valor por sí misma. 
Se debe perseguir el objetivo de permitir a la población lituana vivir en una sociedad en la que tengan la posibilidad de hacer realidad sus deseos más anhelados. 
Cuando se reforma una sociedad, se han de tener presentes tanto este objetivo como la garantía de los derechos humanos y la democracia. 
Informe Aelvoet (A4-0429/98) 
Me parece un dato satisfactorio que el Parlamento Europeo, con arreglo- entre otros aspectosa la evolución económica de Bulgaria, considere oportuno iniciar el proceso de adhesión y las negociaciones con este país. 
Si queremos hacer realidad una dimensión socialdemócrata de ámbito europeo, es imprescindible lograr la adhesión a la UE del mayor número posible de países. 
De acuerdo con la ponente, «Bulgaria ha realizado grandes esfuerzos para (... ) acelerar el proceso de privatización y desarrollar aún más las condiciones necesarias para una economía de mercado eficaz». 
Desearía aprovechar esta ocasión para afirmar que es censurable centrar cada vez más la selección con arreglo a los criterios económicos. 
La UE es un proyecto político y, por lo tanto, creo que el primer paso consistiría en velar por el respeto de la declaración de los derechos humanos en los países candidatos y por garantizar a sus ciudadanos el acceso a un Estado de bienestar social eficaz y bien estructurado. 
La experiencia nos demuestra que, a fin de lograr este objetivo, es necesaria una economía regulada. 
Informe Swoboda (A4-0432/98) 
El pasado mes de septiembre aprobamos el informe McMillan-Scott sobre la evolución de las relaciones con Turquía desde la entrada en vigor de la Unión Aduanera. 
Era la ocasión para nosotros para deplorar una situación política complicada, un crecimiento económico más difícil que anteriormente y unos progresos democráticos demasiado insuficientes. 
Sin duda, la Unión Aduanera supone un progreso apreciable para la aproximación entre Turquía y la Unión Europea; 
Turquía, que puede convertirse en un elemento de una futura Unión Europea ampliada. 
Sin embargo, los años y los meses pasan y el futuro de Turquía sigue siendo portador de temores: temores en lo que respecta al crecimiento y la inflación, dudas sobre la voluntad real de hacer respetar el derecho internacional, los derechos humanos y la democracia, pesimismo finalmente sobre las cuestiones kurdas y chipriotas. 
El Parlamento Europeo y la Comisión Europea van a remitir de nuevo, con posterioridad a este informe, una lista de demandas al nuevo Gobierno turco. 
¿Qué destino les espera? 
Tras la suspensión de las relaciones políticas con la Unión Europea a principios de año, parece instalarse una especie de diálogo de sordos, a pesar de la voluntad de una parte de los medios económicos y políticos turcos de encontrar puntos de acuerdo. 
Creo sinceramente que es útil continuar profundizando nuestras relaciones. 
Sigo pensando que aislar a Turquía no mejoraría las condiciones de vida de la población, ya muy afectada por el desequilibrio regional y tampoco serviría a los derechos humanos. 
Por el contrario, temo que, si no se produce una señal rápida por parte de las autoridades turcas, vayamos a un callejón sin salida. 
La lista de fallos sigue siendo aún muy larga. 
Algunos progresos significativos se hacen esperar demasiado. 
Sin embargo Turquía dice mantenerse, aún durante algún tiempo, entre los candidatos elegibles a la adhesión. 
Salvo si verdaderamente no hubiera ninguna señal y Turquía siguiera sin tomar el relevo a los esfuerzos de la Unión Europea. 
Por consiguiente, doy mi aprobación al informe Swoboda esperando que se produzcan progresos significativos con el nuevo gobierno. 
El informe describe bien el largo camino que debe aún recorrer Turquía para cumplir los criterios políticos, democráticos y económicos necesarios para su adhesión a la UE. 
En el informe se insta al Gobierno turco a cumplir sus promesas en materia de derechos humanos, llevar a cabo las reformas democráticas en el ámbito judicial, reconocer minorías como la de los kurdos, poner punto final a la tortura, abolir la pena de muerte e implantar las libertades de opinión y expresión. 
El presente informe solicita a Turquía que presente propuestas concretas para cumplir estos requisitos, para encontrar una solución a la cuestión kurda, así como para poner en libertad a presos políticos como Leyla Zana. 
Respaldo estas propuestas, por lo que he votado a favor del informe. 
De todos modos, me gustaría añadir que, a raíz de la huida de Abdullah Öcalan a Italia, la UE, la OSCE y las NU disponen ahora de una posibilidad real para poner finalmente en marcha un proceso de paz que ponga fin a los catorce años de guerra entre el Ejército turco y los kurdos/el PKK. 
Ahora es preciso presionar en todo el mundo al Gobierno turco para que se siente a una mesa de negociaciones e inicie conversaciones de paz. 
El Gobierno sueco, que forma parte en la actualidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estaría dispuesto a emprender una iniciativa parecida a la que emprendió el Gobierno noruego hace algunos años por medio de la Conferencia de Oslo sobre el conflicto de Palestina, y a organizar una Conferencia de Estocolmo con interlocutores como las NU, la OSCE, los EE.UU., la UE, el Gobierno turco, el PKK y otros representantes de los kurdos, con el objetivo en todo momento de emprender un proceso de paz similar al de Oriente Medio. 
Por lo general, puedo suscribir las recomendaciones contenidas en el presente informe, ya que tienen por objeto mejorar las relaciones con Turquía. 
No obstante, a través de nuestras enmiendas hemos querido hacer hincapié en la necesidad de encontrar una solución política para el problema kurdo de Turquía. 
Por otra parte, no dejo de lamentar que se acordara una unión aduanera con Turquía antes de que este país diera una serie de garantías esenciales con respecto a los derechos humanos y una solución pacífica para la cuestión kurda. 
Además, no estoy tan convencida de que el ingreso con todos los derechos en la Unión Europea sea la mejor forma de definir las futuras relaciones entre Turquía y la Unión. 
Decenas de miles de personas están encarceladas en Turquía por desarrollar actividades políticas de carácter pacífico. 
En los últimos catorce años se han despoblado 3.185 pueblos del Kurdistán turco. 
En 1997 encontraron la muerte veinte personas en circunstancias que parecen apuntar a un ajusticiamiento ilegal por parte del Estado turco. 
En 1997 se torturó hasta la muerte a un mínimo de seis personas. 
Se prohíbe a cerca de 20 millones de personas expresarse en su lengua materna. 
La mitad de Chipre está ocupada por Turquía. 
Amnistía Internacional afirma que en el transcurso de 1997 han muerto por lo menos seis mil personas como consecuencia de la guerra entre el Estado turco y la oposición armada en la parte turca del Kurdistán. 
Se podría elaborar una larga lista de las violaciones de los derechos humanos de las NU por parte de Turquía. 
Turquía es un Estado que viola los derechos de sus ciudadanos de una manera consciente y sistemática. 
La UE, sus Estados miembros, el resto de los Estados democráticos y la comunidad internacional han permitido durante demasiado tiempo la cooperación con Turquía en distintos ámbitos. 
Si bien el objetivo ha sido frecuentemente de carácter comercial, también es cierto que se ha intentado fomentar los derechos humanos y la democracia en este país. 
Además, en numerosos ámbitos se ha condicionado esta cooperación al respeto de los derechos humanos por parte de Turquía, a pesar de lo cual no se han logrado resultados positivos a este respecto. 
Creo que estas actuaciones nos han demostrado el lugar que ocupa Turquía. 
Va siendo hora de que los organismos y los Estados democráticos prueben nuevos caminos para alcanzar la democracia y el respeto de los derechos humanos en Turquía, algo que hoy por hoy no existe en este país. 
Por todo lo anteriormente expuesto, deseo expresar mi rechazo a cualquier cooperación futura de la UE con Turquía. 
Nos hemos abstenido en el informe del Sr. Swoboda. 
El ponente deplora que las relaciones entre la Unión Europea y Turquía se encuentren en un callejón sin salida, por la congelación de las relaciones políticas decidida por Ankara. 
El señor Swoboda se muestra tan sorprendido como desilusionado de que «se han producido algunos avances considerables en el tratamiento de la candidatura de Turquía» desde la entrada en vigor de la Unión Aduanera el 1 de enero de 1996. 
Y el ponente enumera las diferentes tomas de posición del Consejo y de la Comisión que confirman la «vocación europea» de Turquía y su «elegibilidad» a la adhesión a la Unión Europea, ocurridas desde entonces. 
Pero lo que no dice el Sr. Swoboda es que el callejón sin salida en el que se encuentran nuestras relaciones con Turquía resulta precisamente de esta retórica de la ambigüedad y de la confusión. 
Ya que, o bien la Unión piensa que lo que ella dice: Turquía es europea, y entonces ha de poner en marcha un procedimiento de preadhesión, y si no lo hace Turquía estará en su derecho al reprocharle su incoherencia. O bien la Unión Europea no cree que realmente Turquía forme parte de Europa, pero entonces es preciso que lo diga claramente y deje de buscar pretextos engañosos. 
Nuestro grupo considera que sólo a partir de una definición y un reconocimiento claro de las identidades, será posible establecer con Turquía unas relaciones normales y constructivas. 
Continuar con la ambigüedad sólo puede provocar riesgos en esas relaciones esenciales para el equilibrio en el Mediterráneo y en Asia Occidental, habida cuenta de la importancia de la función que Turquía desempeña y desempeñará en Oriente Medio y en Asia Central. 
Porque defendemos una concepción de Europa claramente basada en el respeto por los Estados-nación que la componen y constituyen el fundamento, la sustancia y la fuerza, pedimos respeto por la identidad verdadera de Turquía y el sereno reconocimiento de la evidencia de la no pertenencia de este gran país al conjunto geográfico y cultural europeo. 
Seguir manteniendo en este sentido ilusiones falaces sólo puede provocar una crisis profunda y duradera en nuestras relaciones con Ankara. 
Esta incapacidad de la Unión actual para mantener con respecto a Turquía un lenguaje claro, dice mucho sobre su propia incapacidad para definirse geográficamente y la hace aparecer como llamada a convertirse en una especie de gran conjunto borroso que sólo puede perjudicarle. 
Una Europa de geometría variable constituiría al contrario una base sólida a partir de la cual podrían entablarse unas cooperaciones profundas con Turquía en ámbitos de interés mutuo. 
Al no proponer, el informe del Sr. Swoboda, salir de esas peligrosas ambigüedades, no hemos podido darle nuestro apoyo. 
Desearíamos resaltar una vez más nuestro pesar por el hecho de que Turquía siga aún lejos de cumplir los denominados criterios de Copenhague (los criterios en materia de derechos humanos, democracia, seguridad jurídica, y respeto y protección de las minorías) , a pesar de que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo aduanero, el Parlamento Europeo estableció como condición a este país la aplicación de reformas democráticas, la promoción de los derechos humanos, la solución a la cuestión kurda por medios civiles y la abolición de la legislación antiterrorista. 
Es muy lamentable que Turquía no haya cumplido estas promesas, que constituían una condición previa al Acuerdo aduanero, y que, por el contrario, se haya agravado aún mas la situación en muchos aspectos. 
Las organizaciones de derechos humanos publican constantemente nuevos informes acerca de la violación de estos derechos. 
Además, todavía no ha comenzado la excarcelación de presos políticos. 
Es muy grave que el estamento militar desempeñe un papel cada vez más poderoso frente a la sociedad civil. 
Es imprescindible privar inmediatamente al Ejército del papel constitucional que ejerce en el actual sistema político. 
Y a todo esto cabe añadir ahora el ímpetu de las demandas nacionalistas con el boicot a las mercancías italianas, el cual constituye una violación de las disposiciones del Tratado de asociación y de la Unión aduanera. 
Informe Herman (A4-0439/98) 
Señora Presidenta, será muy difícil en el futuro imponer una política monetaria unificada a una zona estructuralmente heterogénea. 
Tenemos un pequeño adelanto hoy con esta propuesta de decisión del Consejo sobre la representación exterior de la Unión Económica y Monetaria. 
Antes incluso de haber comenzado la mínima armonización de sus posiciones exteriores en cuanto al fondo- sólo estamos sin embargo a un mes de la entrada en vigor del euro- las instituciones europeas y los Estados se han desgarrado para saber de qué modo la Unión hablaría con una sola voz. 
El acuerdo final da satisfacciones a todo el mundo ya que está admitido que la representación exterior de la Comunidad estaría formada conjuntamente por las tres instituciones: Consejo, Comisión y Banco Central Europeo. 
Así la Comisión, que ha preparado el texto originario, ha buscado los artículos más insignificantes del Tratado para exigir más y deslizarse en la representación común cuando sus bazas al principio eran muy débiles; su cómplice, el Parlamento Europeo, tanto hoy como ayer, le ha ayudado en esta progresión sirviéndole de ayuda para, a su vez, recibir ayuda posteriormente. 
Esta situación exige por nuestra parte dos observaciones sobre el carácter antidemocrático del método y sobre su falta de coherencia. 
En principio, hay que señalar que el Tratado de Maastricht, para no asustar a los electores sobre las consecuencias políticas de la moneda única y para que la reforma aparezca como puramente técnica, no había dicho claramente que la representación exterior de la Unión Monetaria debería estar asegurada de forma supranacional. 
Ahora bien, es sin embargo la solución que, progresivamente, se va dibujando aquí, al menos, a corto plazo. 
Está claro que, poco a poco, la Comisión buscará todos los medios para darse importancia pretendiendo representar el interés general contra el Consejo, al que intentará marginar. 
Así, se irá a una salida que los ciudadanos no habrán decidido en absoluto con claridad. 
Pero manipulaciones como éstas, y son abundantes en la UEM, pueden también provocar la pérdida del euro, ya que para disimular mejor el objetivo final, se acepta poner en marcha en el período interino un sistema institucional totalmente incoherente en el que tres instituciones europeas van a hacerse la competencia en la escena internacional, sin contar las representaciones de los Estados que van a subsistir, al menos para los no participantes en el euro pero también, quizá, para algunos otros, no se sabe. 
Esta incoherencia, unida a las otras, pueden provocar la imposibilidad de gestionar el sistema, de tal modo que los federalistas serían finalmente castigados por sus pecados, por su falta de respeto por la democracia. 
Desde el punto de vista político, la Unión Europea es una asociación de Estados nacionales independientes. 
Como tal, no puede ser definida ni como Estado ni como organización internacional. 
Debido a su carácter híbrido, la representación exterior de la Unión Económica y Monetaria en foros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o del G7, nos plantea un problema. 
Desde una perspectiva estatutaria las cosas son muy sencillas. 
En la mayoría de los foros internacionales solamente tienen representación los Estados. 
Y mientras los diferentes Estados miembros de la UE formen parte de dichos foros de manera independiente, la pertenencia plena a la UE o a la UEM implica una duplicación. 
No obstante, en la práctica sería deseable que los Estados miembros que integren la Unión Económica y Monetaria adoptaran una posición o una postura común. 
Es lo que permite la figura del observador. 
Por el momento, creo oportuno que el papel de portavoz de la UEM quede en manos de la presidencia del Consejo de los Ministros de Economía y Finanzas o, en su caso, del presidente del Consejo del Banco Central Europeo. Bajo ningún concepto puede ejercer esta función el Presidente o un miembro de la Comisión Europea, por la sencilla razón de que no son la «ejecutiva» de la Unión ni de la UEM. 
Encomendar a la CE el papel de pseudo gobierno de la UE es contrario al reparto de las competencias consagrado en los Tratados. 
Por eso mismo, no he podido apoyar el informe Herman. 
Faltan cuatro semanas para el lanzamiento del euro y, según las últimas noticias, no ha sido fácil encontrar una solución para la representación de la zona del euro ante las instituciones financieras internacionales. 
Sobre todo si ciertos Estados miembros persisten en ver a la Comisión excluida de la representación. 
Esa visión reduccionista de Europa es contraria al apartado 4 del artículo 109 del Tratado, así como a las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997, y al espíritu de «más Europa» que caracteriza a la Unión Económica y Monetaria. 
Hablar con una sola voz no es exactamente lo mismo que hablar con una voz sólo, como el Consejo parece desear. 
Por otro lado, no sería aceptable que se inventase una discriminación entre los pequeños y los grandes países de la zona del euro a la hora de participar en las reuniones del G7. 
Si países pequeños como Portugal, Austria o Luxemburgo ya han demostrado capacidad para presidir los destinos de la Unión, no hay razones para aplicarles certificados de minoría política a la hora de tratar de participar en las reuniones del G7. 
El peso económico y comercial de la Unión Europea, fortalecido por la constitución del euro como divisa de reserva y de referencia mundial, le impone responsabilidades particulares en la reforma del sistema financiero mundial y de sus instituciones, en particular el FMI. 
La Unión es hoy una pieza indudable en la esfera de la prevención y la gestión de las crisis financieras. 
Un debate estéril sobre el número de voces sólo contribuiría a su pérdida de credibilidad. 
No va a haber tres voces. Sólo dos cuerdas vocales de la misma voz. 
Una, de tonalidad económica, rotatoria, asegurada por el Presidente en ejercicio del «Euro 11». 
Otra, en trino monetario, permanente, a cargo del Presidente del BCE. 
No es la solución ideal, porque inflige una humillación a la Comisión, limitada a un papel secundario de apoyo técnico en la delegación de la Unión. 
Pero estamos en un momento en que, por falta de tiempo, es preferible una decisión menos buena que una indecisión. 
Por lo visto, es lo que va a suceder. 
Los diputados laboristas británicos al Parlamento Europeo se han abstenido en la votación final sobre el informe Herman relativo a la representación y la adopción de posiciones de la Comunidad en el nivel internacional, en el marco de la Unión Económica y Monetaria, lo que no representa una oposición al principio de la necesidad de un mecanismo para abordar la representación exterior de los actuales Euro 11. 
Más bien refleja insatisfacción con la actitud excesivamente comunitarizante de la Comisión Europea al abordar esa delicada cuestión. 
También es un reconocimiento de la condición «pre-in» del Reino Unido. 
Habida cuenta de que, en mi opinión, la Unión Europea debe conformar una cooperación de carácter interestatal, no puedo respaldar la afirmación de que «la política cambiaria puede ser eficaz si está respaldada por una política económica y monetaria coordinada» (enmienda 1, considerando 8). 
Tampoco acepto que «tras haberse realizado la coordinación sobre la base de las orientaciones generales de las políticas económicas, la Comunidad deba hablar realmente con una sola voz» (enmienda 2, considerando 8 bis). 
Además, considero que la estructura del BCE es profundamente antidemocrática de acuerdo con el modo de designación de sus dirigentes. 
No quiero un Banco Central Europeo interestatal exento de todo control democrático, por lo que no pienso votar a favor del texto en caso de que sus dirigentes no representen ya a sus países sino a la Unión Monetaria (enmienda 4, considerando 11 bis). 
Me he abstenido en la votación del informe puesto que Suecia no va a participar en la Unión Económica y Monetaria. 
Informe Randzio-Plath (A4-0441/98) 
El informe de la señora Randzio Plath sobre las crisis monetarias y financieras mundiales tiene el mérito, por primera vez, de emitir principios de duda sobre los beneficios del euro. 
Principalmente, solicita que la Unión Europea y los Estados Unidos «mantengan una relación equilibrada entre la cotización del dólar y la del euro, lo que traduce por el contrario una preocupación real y justificada sobre el riesgo de volatilidad creciente de un sistema bipolar en un contexto de crisis general. 
Además, el informe señala que «las repercusiones de las crisis sobre la economía europea pueden llegar a ser desiguales, al no tener los diferentes Estados miembros la misma exposición financiera en los diferentes sectores de la economía mundial» , lo que traduce también el temor de que Europa sea víctima de un choque asimétrico, que una zona monetaria unificada como la del euro no fuera capaz de tomar en consideración sin pedir importantes sacrificios a las poblaciones. 
Sin embargo, no hemos votado a favor del informe Randzio-Plath por una razón: se termina con una llamada muy discutible a una argumentación de los gastos de inversión a nivel europeo, con la intención de contrarrestar la ralentización del crecimiento. 
Desafortunadamente, un programa así sólo incrementaría las competencias de la Unión Europea, inflando una deuda pública ya insoportable, que hará pagar por nuestros errores a las generaciones futuras de contribuyentes. 
Este tipo de propuestas sólo sirve para enmascarar provisionalmente los verdaderos problemas y retrasar las soluciones eficaces. 
Francia y Alemania, se encuentran atenazadas entre la importancia de los impuestos obligatorios y la apertura comercial sistemática. 
Para aflojar esa presión, sería preciso instaurar una verdadera defensa comercial de Europa, aligerando la esfera pública, y principalmente los sistemas sociales. 
Sobre este último punto, hemos de encontrar el medio para conciliar nuestros principios de solidaridad y una gestión más flexible de la protección social. 
Esto es posible, ya que los Países bajos lo han conseguido. 
En estas condiciones, la propuesta de gastos de inversión europeos, que ha sido apoyada por toda la izquierda de esta Asamblea, sólo sirve para preservar unos privilegios y mantener artificialmente con vida unos sistemas condenados. 
El informe de la Sra. Randzio-Plath parte del supuesto básico de que la sociedad es moldeable. 
Hace varios decenios esta premisa fue defendida a capa y espada por los llamados grupos políticos progresistas, que procuraron llevarla a la práctica a escala nacional. 
El presente informe proyecta ideas similares a un ámbito internacional. 
De la misma manera que las autoridades no pueden o no deben ejercer un control absoluto sobre el sector financiero a escala nacional, este poder de dominio absoluto tampoco puede o debe ser atribuido a las organizaciones internacionales. 
No cabe duda de que es preciso mejorar las medidas de control. 
Asimismo es deseable que haya mayor transparencia. a este fin podrían diseñarse en el marco del Fondo Monetario Internacional o del Banco de Pagos Internacionales códigos de conducta y normas contables armonizadas para entidades financieras y empresas. 
En mis enmiendas nº 12 y 13 he manifestado mi opinión de que no es lícito aplicar instrumentos de política monetaria solamente porque fomenten las inversiones en el empleo. 
La deseada vinculación entre euro y dólar americano ya reviste carácter artificial de antemano, por lo que puede convertirse en fuente de posibles tensiones. 
Como dichas enmiendas no han sido aprobadas, había razones más que suficientes para votar en contra del informe en su conjunto. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe de la Sra. Randzio-Plath sobre la crisis financiera mundial y sus repercusiones sobre la economía de la Unión Europea y en contra de todas las enmiendas. 
Votamos a favor porque el informe contiene muchas propuestas positivas sobre cómo evitar crisis como la acaecida en el Sudeste asiático. 
Los países que primero y más intensamente se han visto afectados por la crisis se caracterizan por no haber llevado a cabo reformas económicas estructurales. 
Las normas internacionales de auditoría financiera no han sido utilizadas en los países afectados al igual que tampoco existe un control financiero independiente. 
También deben revisarse las instituciones internacionales, incluidas las instituciones de Breton Woods, como el FMI, que tienen ya 54 años de existencia. 
La financiación del FMI debe aumentar, la transparencia de la institución debe mejorar, la responsabilidad política del Fondo debe ser mayor, y deberá mejorarse la vigilancia de los mercados de cambio. 
Para evitar que la crisis se extienda a la UE, se propone aumentar la demanda, por ejemplo, aumentando las inversiones públicas y no considerando los gastos en inversiones públicas una contribución al déficit público. 
La demanda debe aumentar, sin embargo, resulta inquietante eludir los requisitos de la tercera fase de la UEM. Los posteriores requisitos recogidos en el Pacto de Crecimiento y Estabilidad no pueden ir en interés ni de los actuales países de la zona del euro ni de los que pudieran unirse a éstos en el futuro. 
Esto explica que votemos a favor del informe en su estado actual y en contra de todas las enmiendas. 
Votaré a favor de este informe que pone en evidencia las graves consecuencias del sistema económico-financiero dominante. 
El incremento del poder de un capitalismo financiero transnacional, en el que el intercambio de capitales y la especulación priman sobre la economía productiva y los intercambios reales de bienes, provoca graves desequilibrios, caos y crisis, mientras se incrementan las desigualdades entre países y en su propio seno. 
Ha llegado el momento de iniciar una verdadera regulación de las economías y de los movimientos financieros con el fin de que prevalezca la investigación de un desarrollo armonioso en beneficio de los pueblos. 
Por ello, el Parlamento Europeo debería apoyar enérgicamente la idea manifestada por el señor Tobin sobre la imposición a escala mundial de los movimientos de capital. 
Las únicas referencias a un código de buena conducta, a la necesaria transparencia, no ofrecen garantías suficientes para el futuro. 
En efecto, el sistema de imposición de los movimientos de capitales tendrá un interés triple: limitar la especulación, asegurar un mejor conocimiento de éstos, reconocer el principio de la imposición del capital. 
Efectivamente, el argumento de la movilidad del capital es el pretexto para la desecación de los impuestos y del desequilibrio creciente entre los impuestos y las tasas que gravan el trabajo, el consumo y los que gravan el patrimonio y el capital. 
Finalmente, el informe de la Sra. Randzio-Plath menciona con toda razón los graves riesgos de un crecimiento infravalorado en Europa, tras esta crisis monetaria mundial y defiende un relanzamiento de la demanda interior. 
Si bien el informe insiste en la puesta en práctica de grandes inversiones europeas, no habla de la indispensable bajada de los tipos de interés que contribuiría al relanzamiento. 
Ahora bien, los bancos centrales como el BCE parecen sordos a las demandas de muchos ministros de Finanzas de nuestros países. 
El Parlamento Europeo pierde así una ocasión de máxima importancia para cumplir con su papel en el «diálogo democrático» con el BCE, a quien busca con regularidad ya que, si se tarda demasiado en bajar los tipos de interés, Europa corre el riesgo de dejarse llevar por una espiral de reducción del crecimiento y tener que reaccionar de forma brusca. 
Ahora bien, sabemos que desafortunadamente será en términos de desempleo suplementario como se pagará el tributo de esta impotencia y del crecimiento mínimo. 
Por tanto, se deben poner todos los medios para solucionarlo. 
Me he abstenido en la votación final de este informe ya que el Parlamento no ha respetado las reglas en materia de quórum de conformidad con el artículo 112. 
Considero que la decisión constituye una violación del Reglamento del propio Parlamento. 
El Parlamento ha concluido el orden del día. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 13.15 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 3 de diciembre de 1998. 
Aprobación del Acta 
Se ha distribuido el Acta de la sesión anterior. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quisiera intervenir respecto a las páginas 6 y 7 del Acta. 
Efectivamente, como usted ha reconocido, las condiciones en materia de mayoría para la aprobación del estatuto eran la mayoría cualificada, la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento. 
Como consecuencia, imagino que se trata de un error declarar aprobados el considerando g) , que obtuvo 270 votos; la enmienda 284 en el Anexo, que obtuvo 264 votos; el apartado 1 del artículo 1 del Anexo que obtuvo 251 votos para la primera parte y 212 votos para la segunda; el artículo 2 del Anexo, que obtuvo, para la primera parte, 279 votos y 288 votos para la segunda parte; el apartado 1 del artículo 8 del Anexo, que obtuvo 311 votos y, por último, el artículo 5 del Anexo, que obtuvo 297 votos. 
Estas disposiciones figuran en el proyecto de estatuto que se aprobó. 
Creo que no habrían debido declararse aprobadas y no pienso que podamos aprobar el Acta que contiene este error manifiesto, con mayor razón habida cuenta que se trata de disposiciones importantes del texto en cuestión. 
Señor Fabre-Aubrespy, recordará usted que efectivamente ya había planteado la cuestión en el momento de la aprobación del texto tal como fue votado en sus diferentes artículos. 
Es preciso comprobar la mayoría en el momento de la votación y fue en ese momento que se comprobó la mayoría, y se obtuvo ampliamente. 
También le dije que iba a consultar a la Comisión de Reglamento sobre esta cuestión. 
Me envió usted una carta que voy a transmitir a la Comisión de Reglamento para obtener la interpretación definitiva. 
Por el momento, estos artículos se consideran como aprobados según mi interpretación, buena o mala, de la votación en ese momento. 
Por tanto, están aprobados. 
El texto fue enviado al Consejo que, por otra parte, acaba de tomar nota sobre éste en la reunión del Consejo Europeo de Viena. 
Sin embargo, su protesta escrita será sometida en seguida a la Comisión de Reglamento a fin de que ésta pueda examinar esta interpretación. 
Señor Presidente, ya requerí su atención en otra ocasión para que considerase la petición de habilitar aparcamientos para bicicletas en este edificio, cediendo a los ciclistas, por ejemplo, una plaza de aparcamiento del garaje cubierto. 
Hasta el momento no he recibido ninguna contestación por parte suya, mientras que la persona que estaba sentada aquel día en su asiento me aseguró que atendería mi petición. 
Me gustaría pedirle una vez más lo que ya solicité en otro momento, es decir, que se hagan mejoras para que los ciclistas no queden relegados a un segundo plano con respecto a los automovilistas. 
Suprimiendo únicamente una plaza de aparcamiento los ciclistas tendrán más espacio para guardar su bicicleta en el garaje. 
Muchas gracias, señor Eisma. 
Voy a averiguar qué ha pasado y por qué no ha tenido usted contestación. 
Pero la recibirá. 
Señor Presidente, acabo de enterarme de que el Presidente del Senado chileno, Sr. Zaldívar, que está a favor del golpe de Estado del General Pinochet, vendría mañana al Parlamento Europeo para defender la causa de Pinochet. 
¿Puedo preguntarle en qué marco tiene lugar esta visita y a qué se debe? 
El Presidente del Senado, Sr. Zaldívar, estuvo exiliado durante largos años precisamente por no estar de acuerdo con el golpe de Estado del General Pinochet. 
Viene, como todos los demás Presidente de Cámara, a visitarme. 
Simplemente, ignoro el motivo de su visita. 
Es una pregunta que no formulo a los Presidentes de Cámara. 
Tengo la resolución del Parlamento. 
Era fácil responderle, puesto que este Parlamento ya ha tomado resoluciones en la materia. 
Señor Presidente, voy a tratar un punto de orden basado en los artículos 2, 5 y 119 del Reglamento. 
A los Sres. Falconer y Balfe y a sus correligionarios les producirá mucho placer oír que he recibido un dictamen jurídico que me obliga a presentar al tribunal en primera instancia la anulación de la resolución de la Mesa del 15 y 16 de diciembre de 1997, conforme al procedimiento de Beate Weber. 
Tan pronto como los tesoreros hayan tomado una resolución formal, comenzará el plazo de dos meses dentro del cual tiene que producirse esta anulación. 
Le ahorraré los argumentos, hay un argumento jurídico y otro fiscal, pero Vd., señor Presidente, es un letrado experimentado y de prestigio. 
Aunque de todos modos entregue este dictamen a su secretario general, me produciría mucho placer que Vd. examinara personalmente, si no debería ser revisada la resolución por la que se aplica una sanción penal si no se participa en votaciones nominales, a la luz de la nueva elaboración de un estatuto de los parlamentarios. 
Señor Janssen van Raay, le agradeceré que me mande usted ese informe y, naturalmente, lo someteré a la Mesa. 
Ésa no es una cuestión personal mía, aunque a veces se interprete en ese sentido. 
Es una decisión de la Mesa, y la Mesa decidirá en su momento si hay que revisar dicha cuestión o no. 
Señor Presidente, quisiera tratar exclusivamente el tema de la seguridad de los parlamentarios y dar una advertencia. 
Me gustaría contar lo que me sucedió en Bruselas. Un viernes me encontraba en la quinta planta del edificio LEO con un grupo de visitantes y, en un momento dado, varias personas percibieron un olor a humo. 
Con llamadas telefónicas de un servicio a otro el Servicio de Seguridad tardó más o menos veinte minutos en saber que había alguna señal de alarma. 
Creo que si hubiera habido fuego de verdad en este edificio, el Servicio de Seguridad habría llegado demasiado tarde. 
Sería tan amable de pedir al Servicio de Seguridad que averigüe por medio de controles si está en juego o no la seguridad de los parlamentarios en estas situaciones. 
Al final no había fuego, pero eso no lo sabíamos nosotros. 
Tomamos nota de lo que usted nos dice y lo preguntaremos al Servicio de Seguridad. 
Hasta ahora, la experiencia es que se suele quedar uno paralizado veinte minutos porque los ascensores dejan de funcionar durante ese tiempo cuando hay una alerta. 
Pero este caso es distinto y vamos a averiguar qué pasó. 
Será usted informada del resultado de la investigación. 
(El Acta queda aprobada) 
Orden de los trabajos 
Señor Presidente, quisiera pedirle que hiciera una pequeña modificación el martes. El orden del día prevé el examen de los informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, entre los que se encuentra el mío. 
No obstante, entre mi informe y un informe de esta comisión se intercaló un informe sobre la pesca seguido a su vez por otro informe sobre pesca. 
No es muy racional en lo que toca a la gestión del tiempo de los diputados y los comisarios. 
Habida cuenta que se trata de una segunda lectura, quisiera que mi informe se examinara antes del informe Souchet. Tomará cinco minutos. 
Es una solución más ventajosa, visto que los compañeros de la pesca no tendrán que esperar. 
Por tanto, le pido introducir esta pequeña modificación, deseada también por el señor Comisario de Silguy. 
Señora Lulling, lo haría con gusto, pero usted sabe que para hacer una modificación del orden del día se requiere la propuesta de un grupo político o 29 diputados una hora antes del debate de la sesión. 
Salvo error de mi parte, yo no he recibido esta solicitud. 
Pero veo que la Sra. Oomen-Ruijten pide la palabra. 
Voy a dársela. 
Señor Presidente, no nos hemos dado cuenta de este asunto y le pido mis más sinceras disculpas. 
Creo que la solicitud que hace la Sra. Lulling es muy razonable. 
Ella tiene un informe sobre el que es posible que se hable diez minutos y pienso que es importante que se adelante su análisis. 
Los rostros de los colegas de enfrente, y seguro que también el de la Sra. Green, dejan entrever que no hay ninguna objeción al respecto. 
El orden establecido hasta ahora no era lógico. 
Si no hay objeción, someto a votación la solicitud de la Sra. Lulling. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Señor Presidente, en relación con el orden del día del martes, quisiera solicitar, en nombre de nuestro Grupo, y en aplicación del artículo 129, no una modificación, sino una devolución a comisión del informe Elles sobre la aprobación de la gestión 1996. 
En efecto, el informe fue examinado el otro día en la Comisión de Presupuestos y el apartado esencial, que concede la aprobación de la gestión, se obtuvo por 14 votos contra 13, incluso cuando ya había tenido lugar una votación sobre esta cuestión. 
El informe, tal como se nos presentó, incluye contradicciones flagrantes. 
Así, los considerandos g) , i) y j) normalmente llevarían a no conceder la aprobación de la gestión. 
Lo mismo ocurre con el artículo 5, por ejemplo, y de varios artículos de la decisión. 
Por tanto, el artículo final que concede la aprobación de la gestión está en contradicción con el resto de la resolución, contradicción que no podrá superarse puesto que acabamos de enterarnos de que la Comisión de Reglamento propondrá al Parlamento que no acepte las enmiendas sobre el dispositivo de concesión de la aprobación de la gestión. 
Si esta posición de la Comisión de Reglamento hubiera sido del conocimiento de los miembros de la Comisión de Control Presupuestario y especialmente del ponente, yo no creo que hubiera redactado de la misma manera la propuesta que hizo a la Comisión de Control Presupuestario. 
En efecto, esta propuesta dejaba a la Comisión de Control Presupuestario la libertad de elegir si concedía o no la aprobación de la gestión. 
Por ello, a la luz de esta contradicción interna del informe y de la nueva posición de la Comisión de Reglamento solito, en virtud del artículo 129, la devolución a la Comisión de Control Presupuestario del informe Elles. 
¿Alguien desea intervenir a favor de la solicitud? 
Señor presidente, he de admitir que los acontecimientos recientes han sido completamente impredecibles en cuanto a lo que se refiere al informe de aprobación de 1996. 
Hubiese creído que el presupuesto de 1996 era más importante que la aprobación de 1996, pero la historia nos ha mostrado lo contrario. 
Las palabras que hemos escuchado del Sr. Fabre-Aubrespy son correctas. 
Nos hallamos ante un informe extremadamente duro con la gestión del gasto de 1996 y ahora una escueta mayoría, alcanzada por nuestros colegas socialistas cuando uno de nosotros tuvo que ausentarse, supone su aprobación en lugar de su rechazo o la negativa a aprobarlo. 
Teniendo en cuenta, además, el hecho que tenemos un caso sin precedentes en el que debemos aplicar en la votación el Reglamento en lugar del Tratado, propongo la devolución de este informe a la comisión y tratarlo en nuestro próximo período de sesiones parciales. 
Señor Presidente, me opongo a la enmienda del Sr. Fabre-Aubrespy. De nuevo ha demostrado ser un mal perdedor. 
Jamás escuché que una mayoría de 14/13 fuese una mayoría inaceptable. 
Cuando dice que contábamos con nuevas informaciones en absoluto obtuvimos nuevas informaciones de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Todo lo que recibimos fue una confirmación de la normativa existente. 
En la comisión mantuvimos un debate muy intenso. 
Como bien dice el Sr. Elles expresamos algunas críticas muy duras. 
Pero a menudo hemos criticado con dureza a la Comisión sin negarles la aprobación. 
En un principio solicitamos el aplazamiento de la aprobación pero desde entonces hemos visto una mejora de la posición de la Comisión. 
He de decirles que aun queda un trecho por recorrer pero, según la opinión de la mayoría de la comisión, existen suficientes elementos para progresar, poder seguir avanzando y otorgar la aprobación. 
Espero que ahora rechacemos la enmienda del Sr. Fabre-Aubrespy, toda vez que hemos debatido completamente esta cuestión en la comisión. 
Veo que la Presidencia ha apelado al hemiciclo, pero el Presidente es una persona muy parcial en este asunto, tanto que el mismo ha presentado una enmienda para su rechazo. 
El presidente está autorizado a expresar una opinión bajo el artículo 126. 
Señor Presidente, hace algún tiempo le pedí que verificase hasta qué punto existe una incompatibilidad entre el Tratado, en especial, el artículo 106, y el Anexo V del Reglamento, o si existen incluso pasajes con lagunas. 
He estado en la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, a la que usted había pedido que diese su opinión acerca de esta discrepancia que he mencionado. 
Sobre este punto no se ha manifestado una opinión clara, si se me permite decirlo. 
Usted recibirá de la Comisión de Reglamento un escrito en el que ésta manifiesta su posición. 
Sin embargo, quisiera decir que en mi opinión, si lo he entendido bien, el Tratado, a pesar de todo, debe gozar de prioridad. 
No obstante, este asunto no se ha decidido todavía. 
Se le expondrá a usted todavía hasta qué punto estas cosas son, o no son, compatibles entre sí. 
Yo no quiero hablar sobre la aprobación de la gestión o sobre la no aprobación de la gestión, aunque Lord Tomlinson se haya manifestado ya al respecto. 
Sólo quiero decir que, naturalmente, también soy miembro de este Parlamento Europeo y que, por tanto, puedo decidir también libremente cómo voto y cómo no voto. 
Someto a votación la solicitud de devolución a comisión del informe Elles. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Señor Presidente, ciertamente, también puedo perder, Joan Colom. 
Éste no es mi problema en este momento, porque esto se verá el jueves. 
Mi pregunta al Sr. Presidente es la siguiente: ¿Cuándo van a tener los miembros de la Comisión de Control Presupuestario la ocasión de reflexionar acerca del resultado de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades? 
Naturalmente, nosotros hemos emitido nuestro juicio dentro de una cierta inseguridad. 
Por esta razón le ruego que nos haga una propuesta de procedimiento, pues desde mi punto de vista no es de recibo que en la cuestión del procedimiento aceptemos sin debate el juicio de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Por consiguiente, le quiero preguntar: ¿Cuándo se celebrará un debate sobre el procedimiento? 
Señora Müller, la Comisión de Reglamento propondrá una interpretación, que es lo que la Comisión de Control Presupuestario ha pedido. 
Esa interpretación se someterá a votación en el Pleno sin debate. 
Espero que se pueda votar mañana a última hora de la mañana. 
Naturalmente, es una interpretación de la que se dará lectura en el Pleno. 
Éste es el procedimiento que establece el Reglamento: dar lectura de la interpretación, que se acepta o se rechaza. 
Señor Presidente, a mí no me parece prudente que tengamos que votar en base a la información de varios parlamentarios sobre una decisión que tomará la Comisión de Reglamento. 
Nadie tiene ningún documento y se nos pide que tomemos una decisión. 
Solicito que en el futuro dispongamos de los documentos o informes necesarios antes de que se nos pida tomar una decisión. 
Señor Martens, no votamos sobre la decisión de la Comisión de Reglamento, sino sobre una solicitud de devolución a comisión, que es totalmente diferente. 
La Comisión de Reglamento dará su interpretación, que se anunciará en el Pleno. 
El apartado 4 del artículo 162 del reglamento dice lo siguiente: «Si un grupo político o veintinueve diputados como mínimo impugnaren la interpretación de la comisión competente, se someterá la cuestión al Parlamento, que se pronunciará por mayoría simple, en presencia de una tercera parte de sus miembros como mínimo. 
En caso de rechazo, se devolverá la cuestión a la comisión.» 
Ello quiere decir que en cuanto se nos proporcione la interpretación de la Comisión de Reglamento, que todavía no conozco yo mismo, se le dará lectura en el Pleno. 
Todo el mundo dispondrá del texto con suficiente antelación para poder ejercer el derecho previsto en el apartado 4 del artículo 162. 
Por tanto, un Grupo puede solicitar que su interpretación sea rechazada haciendo oposición a ella. 
El Parlamento votará y decidirá después de que todo el mundo haya tenido tiempo de leer la interpretación y decidir si quiere hacer oposición o no. 
Señor Presidente, el jueves pasado por la tarde se comunicó en la Conferencia de Presidentes que el resultado de las conversaciones de la Comisión de Reglamento de la tarde del miércoles se presentaría a la Conferencia de Presidentes para evitar que tuviese lugar un debate de procedimiento sin fin. 
Me gustaría preguntarle cómo se pueden unir esos dos elementos. 
Por una parte no me gustaría que mañana a las nueve de la mañana nos encontráramos con un texto que no hayan podido leer los grupos con antelación, y que no lo hayan podido examinar y comparar con dictámenes de otros grupos, ya que estamos tratando un asunto fundamental. 
Por otra parte me gustaría que se fuera consecuente con los acuerdos alcanzados en esta Asamblea. 
Si se dice que el asunto va a ser examinado por la Conferencia de Presidentes, en mi opinión, no se puede celebrar con antelación la votación en el Pleno. 
Señora Aelvoet, la Conferencia de Presidentes no es competente para interpretar el Reglamento. 
Hay un sistema, establecido en el propio Reglamento, que acabo de leerles. 
En cuanto tenga la interpretación, se anunciará en el Pleno y cuidaré de que el texto de esta interpretación se envíe inmediatamente a todos los Grupos. 
Si el anuncio se hace esta noche, o mañana, a las 9 horas, tendrá usted por lo menos tres horas antes de la votación para formular una oposición a esta interpretación. 
Eso es lo previsto en el apartado 4 del artículo 162. 
Su Grupo, o veintinueve diputados, podrán rechazarla, y el Pleno se pronunciará a finales de la mañana. 
La Conferencia de Presidentes no es competente en la materia. 
Lo lamento, ningún acuerdo puede ir en contra del Reglamento. Este debe respetarse a este efecto y así lo haremos. 
Señor Presidente, antes de que cierre el punto que yo mismo inicié al solicitar la devolución a comisión, quisiera que aclarara una de sus afirmaciones. 
Creo que sacó una conclusión exagerada del rechazo de la solicitud de devolución. 
El apartado 2 del artículo 129 prevé efectivamente que puede introducirse una sola vez la solicitud de devolución a comisión, pero durante cada una de las tres fases del procedimiento, es decir, al establecerse el orden del día- en la que nos encontramos -, el comienzo del debate- que tendrá lugar mañana por la mañana- y la votación final- que se llevará a cabo, según tengo entendido, el miércoles por la mañana. 
Por tanto, el rechazo de mi propuesta no implica de ninguna manera, naturalmente, la imposibilidad de solicitar otras devoluciones a comisión. 
Sencillamente, ya no puede hacerse ahora, en el momento de establecer el orden del día, y sólo podrá hacerse una vez en el curso de ambas fases restantes. 
Así es. 
Tiene usted razón. 
Señor Presidente, ¿podría simplemente solicitarle que pasemos a los otros puntos del orden del día? 
Creo que ya nos hemos extendido bastante sobre este punto y ya está todo resuelto. 
Gracias. 
Pienso que todo está resuelto, pero de todas maneras, no es malo que los diputados puedan expresar su punto de vista sobre una cuestión tan importante. 
Señor Presidente, sólo quiero llamar la atención acerca de que, realmente, es un procedimiento inapropiado que una cuestión, que en realidad tenía que haber sido aclarada antes de que se reuniese la Comisión de Control Presupuestario, no se aclare sino hasta dos o tres días antes de la votación y que lleguemos a esta situación en que nos encontramos ahora. 
En esta Asamblea no debería ocurrir algo así. 
Si no está claro cómo debemos proceder- según el Tratado o según el Reglamento-entonces es obligación de usted, dilucidar esto a tiempo antes de la sesión de la Comisión de Control Presupuestario y no después de ésta. 
De esa manera no tendríamos hoy esta situación. 
Señora Pack, creo que tiene usted toda la razón. Pero para eso hace falta que la comisión correspondiente consulte con mayor antelación. 
La Comisión de Reglamento se ha reunido lo antes posible. 
Lo siento mucho. 
Miércoles: sin modificaciones 
Jueves: 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos propone que se traten en debate conjunto el informe de la Sra. Palacio Vallelersundi sobre la calidad de la redacción de los textos legislativos, y el informe del Sr. Cot «Legislar mejor» , informe 1997. 
Tiene la palabra el Sr. Cot para justificar la solicitud. 
Señor Presidente, sólo dos palabras, porque el asunto es sencillo. 
Ambos informes están íntimamente relacionados puesto que uno se refiere al procedimiento y otro al fondo, y sería absurdo tener dos debates separados sobre dos informes que tienen un vínculo de conexión tan evidente. 
Señor Presidente, suscribo lo que ha dicho el señor Cot. 
Es lógico que ambos informes se debatan conjuntamente, pues hacen referencia a la calidad material y a la calidad formal, y fondo y forma están íntimamente ligados. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Viernes: sin modificaciones. 
(El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado) 
Presupuesto rectificativo y suplementario nº 1/98 
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del informe (A4-0497/98) del Sr. Tillich y de Lord Tomlinson, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario nº 1/98 de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1998 (C4-0677/98). 
Tiene la palabra el Sr. Tillich, ponente. 
Señor Presidente, la Comisión presentó a finales de abril de 1998 la propuesta sobre el presupuesto rectificativo y suplementario para el año 1998, y el Consejo y el Parlamento Europeo han acordado durante el procedimiento presupuestario para 1998 que nosotros- el Consejo y el Parlamento- en el caso de que la Comisión afirme que los créditos de pago en el ejercicio presupuestario de 1998 no bastan, estudiaremos gustosos un presupuesto rectificativo para 1998. 
La Comisión ha cumplido con su deber y ha presentado este presupuesto rectificativo. 
Esta propuesta prevé en los créditos de pago de las categorías 3 y 4 un aumento de los recursos por un valor de 200 millones de ECU, más 100 millones de ECU para PHARE, además de 100 millones de ECU en el ámbito del Fondo Social Europeo y de 150 millones de ECU para el plan específico I- Parlamento Europeo- así como los 400 millones de ECU, que usted acaba de mencionar, destinados a la ayuda urgente alimentaria para Rusia. 
En varios triálogos y en las dos concertaciones con el Consejo el Parlamento Europeo y el Consejo han acordado que este informe sobre el presupuesto rectificativo y suplementario ha de ser tratado en un solo paquete junto con el procedimiento Notenboom y el Presupuesto para 1999. 
Quiero asegurar a los colegas que el Consejo ha tenido en cuenta en grado muy considerable en sus propuestas los deseos del Parlamento. 
La ayuda urgente alimentaria de 400 millones de ECU, que está prevista para Rusia, será apoyada por el Parlamento, tal como desea el Consejo, pero bajo la condición de que la Comisión asegure la distribución de los productos alimentarios, evite los fraudes y tenga en cuenta el principio de necesidad. 
Sobre este punto el día 8 de diciembre, durante la concertación, ha tenido lugar el acuerdo mutuo entre las tres instituciones con el fin de decidir conjuntamente aquí los comentarios para la línea presupuestaria, y la Comisión ha entregado todavía hoy la actual propuesta como anexo de este presupuesto rectificativo y suplementario. 
Quisiera señalar a los colegas que es importante que votemos hoy, pues mañana es el último día del plazo. 
Si hoy no aprobamos en primera lectura este presupuesto rectificativo y suplementario, que el Consejo ha aprobado ya, éste caducará. 
Entonces no tendríamos para el año 1998 ningún presupuesto rectificativo y suplementario con la consecuencia de que no podríamos garantizar la financiación anticipada de nuestros edificios. 
Acerca de las enmiendas que han presentado los colegas quisiera añadir lo siguiente: en primer lugar, han sido tomadas en cuenta a través de los comentarios para la línea presupuestaria y, en segundo lugar, mañana celebraremos un debate más sobre el reglamento, el cual, en definitiva, cubrirá con seguridad estos deseos que han sido manifestados por los colegas. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución y el Presidente declara aprobado el presupuesto rectificativo y suplementario nº 1/98) 
Interpretación del Reglamento 
Señorías, acabo de recibir una carta del presidente de la Comisión de Reglamento en la que me traslada la interpretación a la que me referí durante nuestro debate sobre el orden de los trabajos. 
Esta interpretación dice textualmente lo siguiente: 
» La Comisión de Reglamento ha considerado que las disposiciones del Anexo V no invalidaban las disposiciones generales del Reglamento relativas a la presentación de enmiendas, que son aceptadas de conformidad con el artículo 125. 
Ha precisado, en este sentido, que las enmiendas contrarias a la propuesta de la comisión no eran admisibles.» 
Por lo demás, mediante dos votaciones distintas, la comisión estimó primeramente que las disposiciones del Anexo V seguían siendo aplicables. En segundo lugar, decidió volver a examinar el conjunto del dispositivo de conformidad con el apartado 2 del artículo 162. 
Esta carta se remitirá de inmediato a los grupos políticos así como al ponente y a la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario. 
Esta interpretación se incluirá en el Acta de hoy y, por tanto, cualquier objeción al respecto deberá formularse mañana al comienzo de la sesión. 
En caso de que se objete dicha interpretación, la cuestión se someterá a votación mañana a mediodía. 
Todo ello se explicará en una nota a los destinatarios de la carta. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0493/98) de la Sra. Quisthoudt-Rowohl, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Quinto Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (1998-2002) (3626/98) (C4-0646/98-97/0119 (COD) ). 
Distinguido señor Presidente, para llegar a este final y a este resultado de la conciliación han sido necesarias cuatro sesiones de conciliación. 
Creo que con esto hemos alcanzado todo un récord. 
Ahora se plantea, naturalmente, la pregunta de si todo este despliegue justifica realmente el resultado. 
Como ponente, creo que sí desde el punto de vista del Parlamento, para nosotros es un buen resultado. 
Desde el principio hemos podido constatar que el Consejo ha asumido en puntos esenciales la estructura y los contenidos del Programa Marco que nosotros habíamos aprobado, en parte con mayorías aplastantes, de suerte que, en realidad, en este ámbito sólo ha habido correcciones de detalle. 
Ésta no ha sido la parte difícil de todo el procedimiento. 
No obstante, el Consejo, en su gran sabiduría o acaso por miedo ante posibles consecuencias, ha introducido algunas modificaciones, algunos artículos, que en ningún modo hemos podido aceptar. 
Nos encontramos en los umbrales de la Agenda 2000, en los umbrales de una eventual financiación nueva de la Unión Europea. 
Es posible que esta nueva financiación pueda tener también sus efectos en la política de investigación y que luego haya que realizar modificaciones. 
Sin embargo, para el Parlamento, como órgano legislativo, no ha resultado aceptable que el Consejo pudiera votar solo y decidir solo algunas modificaciones. 
Hemos logrado que, tal como está previsto en los Tratados, rija de nuevo la plena cogestión en todas las futuras modificaciones del Programa Marco de investigación. 
Otro punto que hemos considerado muy importante, aunque no ha encontrado mucha resonancia en el debate público: vivimos en una época de rápidos cambios, de gran flexibilidad. 
No es posible saber en 1997/98 que problemas se plantearán en los años 2000/2001 y qué cosas tendremos que solucionar, llegado el caso, por medio de productos innovadores con la ayuda de la investigación, de la innovación. 
En consecuencia, hemos insistido en que una vez que haya transcurrido la mitad del periodo de vigencia se realice una nueva evaluación de los contenidos del programa. 
No estamos obstinados en poner en marcha en ese momento, es decir, dentro de dos o tres años, un procedimiento pesado. 
Pero desearíamos que si entonces una posible nueva Comisión establece nuevas prioridades, podamos también codecidir sobre tales prioridades. 
También hemos conseguido esto. 
Un tercer punto en el que teníamos interés ha sido que en el Programa Marco de investigación fueran tomadas en cuenta las pequeñas y medianas empresas. 
Podemos afirmar que en los últimos tiempos se han realizado en este ámbito grandes progresos, debidos, no en último lugar, a los esfuerzos de la Comisión. 
Sin embargo, si tenemos en cuenta que, en lo que se refiere a la creación de puestos de trabajo, las pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de nuestra economía, entonces debemos remover del camino todas las eventuales dificultades para que puedan participar, tanto como sea posible, del fomento de los recursos destinados a la investigación que luego, en algún momento, debería desembocar en puestos de trabajo. 
En consecuencia, hemos ampliado la participación del nivel medio. 
Hemos introducido también reglas que faciliten este acceso. 
El Consejo ha dado también su conformidad- aunque tras tediosas discusiones- a estas exigencias. 
Ahora bien, he de decir que la manzana de la discordia es el presupuesto total. 
Deberíamos haber puesto otra cifra delante de la coma de los millardos. 
No puedo callarme esto. 
Debo decir al Consejo que a la vista de esta pequeña cantidad de diferencia queda realmente explícito que las señoras y señores ministros no han cedido. 
En definitiva, se trata solamente de una diferencia del 0, 26 %. 
Tengo plena confianza en que la Comisión y la Sra. Comisaria, gracias a una buena, sobria y eficiente administración en su ámbito, puedan ahorrar este dinero y en que luego no lo tengan que quitar necesariamente de la investigación. 
Tal como figura en el artículo 1, el Parlamento realizará también posteriormente un seguimiento de la gestión del programa. 
Al respecto he de decir que en una conciliación se lucha realmente con armas muy desiguales. 
El Consejo precisa la unanimidad. 
Las señoras y señores ministros están completamente de acuerdo en esto y se esconden siempre detrás de alguien que casualmente está en contra. 
Para la aprobación de un resultado de una conciliación necesitamos una mayoría diferente que para rechazar la posición común del Consejo. 
Sencillamente, esto ya no es moderno ni actual. Estoy firmemente convencida de que el Tratado de Amsterdam, que amplió nuestros derechos y que facilitó también ciertos procedimientos, prestará también buenos servicios aquí. 
Llego así ahora a una parte de mi intervención que me resulta muy grata, en concreto, a la de dar las gracias a la Comisión por su constante cooperación y por tan provechosas discusiones. 
Señora Comisaria, no siempre hemos estado de acuerdo. 
Quiero dar también las gracias a todos los colegas de la otra ala de la Asamblea que a veces- y esto no me ha pasado desapercibido, estimados colegas- han llegado hasta el límite de sus posibilidades. 
No se han dejado moldear a toda costa, nosotros tampoco. 
Pero yo sé, que para ustedes, como para nosotros, ha sido, en parte, muy difícil alcanzar este resultado de la conciliación, sobre todo allí donde se trataba de cuestiones institucionales. 
Quiero insistir en que aquí en el umbral de la campaña electoral se trata de los derechos de esta Asamblea y este resultado de la conciliación se ha producido también, en definitiva, porque todos han demostrado solidaridad. 
No puedo menos que decir que esta solidaridad debería ser imitada en esta Asamblea allí donde se trate de nosotros y, por ende, de los representantes elegidos por los ciudadanos. 
Muchas gracias por esto. 
Una última frase más sobre los programas específicos sobre los que se va a debatir enseguida. 
No nos ha pasado desapercibido que el Consejo ha logrado ya un notable grado de acuerdo sobre estos programas específicos. 
Se han producido algunas noticias de prensa muy desafortunadas al respecto. 
Quiero decir al Consejo lo siguiente: vamos a comprobar de la manera más estricta si las enmiendas que se votarán mañana y que van a ser discutidas hoy encuentran entrada en los textos definitivos y volveremos a insistir aquí en nuestros derechos. 
En realidad, para terminar debo decir con toda franqueza que todo produce satisfacción. 
Pero esta satisfacción es el trabajo de año y medio por el cual quiero dar las gracias una vez más a todos los que me han ayudado. 
Soy una ponente feliz y espero mañana un voto unánime en favor de este resultado de la conciliación. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, en primer lugar quisiera felicitar cordialmente a la ponente por el resultado que ha logrado en el procedimiento de conciliación. 
El Quinto Programa Marco constituye un pequeño primer paso en la dirección correcta. 
La agricultura, la pesca y la silvicultura sostenibles así como el desarrollo integrado del espacio rural, incluidas las zonas de montaña, deben ser fomentados también en el marco de la ciencia y de la investigación y han encontrarse reflejados en las mismas. 
No obstante, considero muy lamentable que en la propuesta para la Agenda 2000 no se advierta ningún planteamiento serio de esta política de futuro. 
Personalmente estoy muy enojada. 
La Presidencia austriaca ha concedido a este tema una elevada importancia y ha celebrado sobre el mismo una conferencia integrada por expertos internacionales. 
Espero que, en definitiva, estos resultados puedan ser tomados también en consideración en la política futura sobre Europa. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, en la primera lectura presentamos ya un buen número de enmiendas en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Queríamos entonces un apartado propio para el ámbito de la política de transportes, cosa que entonces no fue posible, pero nos ha llenado de una gran alegría el hecho de que en el procedimiento de conciliación se haya logrado mantener en su contenido hasta ahora, hasta la tercera lectura, los resultados de la primera lectura. 
Quisiera recordar especialmente el tema de la intermodalidad, que nos interesaba mucho. 
Uno de los grandes éxitos de este procedimiento de conciliación ha sido el hecho de que además hayamos logrado mantener en su importancia la navegación aérea y espacial. 
Quisiera dar las gracias a todos los que han participado, en especial, a la señora Ponente. 
Lamentamos que no se haya logrado poner suficiente dinero a disposición de este importante ámbito de los transportes que, ciertamente, constituye un motor de la integración de Europa, ya que el Consejo no ha sabido aceptar los grandes retos que existen en este ámbito y preferirá seguir apoyandose en sus políticas nacionales. 
Creo que en el ámbito de los transportes sería mejor más Europa que menos Europa. 
Señor Presidente, voy a intervenir en nombre del Grupo Socialista, sin embargo, a tenor de la verdad, lo voy a hacer más bien como presidente de la delegación que llevó a cabo las negociaciones en el seno del Comité de Conciliación que, como decía la Sra. Quisthoudt-Rowohl, fueron realmente difíciles, ya que necesitamos cuatro reuniones, dos de ellas preparatorias, antes de entrar realmente en el fondo del asunto. 
Quiero sacar algunas conclusiones de carácter general. 
En primer lugar, se confirma la incompatibilidad de los dos conceptos: unanimidad de las decisiones del Consejo y procedimiento de conciliación. 
A la hora de legislar, no se puede hablar de un plano de igualdad si el Consejo está vinculado por una unanimidad que hace saltar la lógica de los vetos y el Parlamento, debido a esta circunstancia, no puede expresar plenamente su poder de codecisión. 
En segundo lugar, sobre la base de éstas y de otras experiencias, me parece que en el seno del Consejo no se ha acabado de aceptar plenamente el concepto de codecisión. 
En efecto, hemos comprobado, también con ocasión de la última conciliación sobre el Quinto Programa Marco, que las varias delegaciones, al intervenir en nombre de sus respectivos países, ponían en evidencia lo duro que había sido para ellas aprobar la posición común por considerarla ya a priori un compromiso muy difícil de realizar, como si el Parlamento tuviera que decidir única y exclusivamente si aceptar o no aceptar, y no, por el contrario, poner en marcha una nueva negociación para alcanzar un nuevo compromiso. 
En tercer lugar, quisiera subrayar aquí y ahora la importancia que tuvieron la actitud y el comportamiento inteligentes de nuestra delegación, así como resaltar la capacidad y la experiencia de varios colegas que conocen perfectamente la materia abordada y que permitieron a nuestra delegación presentarse unida a todas las citas importantes y mostrar una unanimidad que, con frecuencia, es realmente difícil conseguir en nuestro Pleno. 
He de decir que fuimos respaldados, por un lado, por una Presidencia austriaca que tenía intención de moverse en la dirección deseada por el Parlamento y, por otro, por la señora Comisaria Cresson que, sin duda, fue uno de nuestros principales valedores, ya que la propuesta del Parlamento coincidía con la de la Comisión. 
Ello no obstante, los obstáculos fueron realmente notables. 
Quiero señalar, al igual que la Sra. Quisthoudt-Rowohl, las dos cuestiones principales. 
Ante todo, en cuanto al Consejo y a como ha entendido el concepto de codecisión cabe decir que un Consejo que adopta su posición común y en dicha posición común establece una cláusula que el mismo denomina «cláusula guillotina» , no demuestra gran inteligencia, al menos desde el punto de vista estratégico. 
Presentar al Parlamento una posición de este tipo significa no entender en absoluto ni la esencia ni el alcance de la reacción que provocará una cláusula similar. 
De hecho, con la misma se establecía que después del 31 de diciembre de 1999 ya no habría un euro a disposición de la investigación y que, a falta de decisiones sobre las nuevas perspectivas financieras, sería el Consejo quien las tomaría, por lo que la codecisión que entró por la puerta salía por la ventana. 
Ahí está el punto: paradójicamente, todas las veces que llegamos a la conciliación, peleamos por las cifras; en esta ocasión, antes de llegar a zanjar el debate sobre las cifras, nuestra discusión se centró fundamentalmente en una cuestión de procedimiento, en una cuestión de carácter institucional. 
Nuestra opinión- lo hemos dicho con frecuencia- es que se trataba de una violación del Tratado o al menos de una violación del Acuerdo interinstitucional sobre las perspectivas financieras. 
Y en este sentido, quizás habría sido mejor que la Comisión como tal, y no tanto la señora Comisaria Cresson, hubiera señalado, después de que el Consejo adoptara la posición común, que tal vez se había vulnerado un principio del Tratado, ya que la Comisión es el guardián de los Tratados. 
Así y todo, desde este punto de vista, estoy bastante satisfecho, pues hemos conseguido un resultado bastante positivo. 
En lo que se refiere a los fondos- ya lo ha dicho la Sra. Quisthoudt-Rowohl- se puede decir que podían haber sido más, sin embargo, también hemos corrido el riesgo de conseguir menos. 
Si tenemos en cuenta las condiciones en que se desarrollaron las negociaciones, considero que, en su conjunto, el resultado es bueno. 
Existe, sin embargo, un «pero». 
Se trata de la discordancia entre los Gobiernos que dicen que la prioridad es el trabajo y que hay que invertir en la investigación y en la innovación para fomentar la creación de empleo, y un Consejo- o sea, un conjunto de Gobiernos- que, en última instancia, no toma ni siquiera en consideración la posibilidad de aumentar en 2 millardos de ecus los fondos para el Quinto Programa Marco. 
La discordancia está entre lo que se decidió en esta conciliación y lo que luego se debatió y decidió en Viena: grandes palabras, el proyecto, un nuevo pacto para el empleo. Sin embargo, precisamente en el momento en que estábamos a punto de concluir la conciliación, lo que se necesitaba era una iniciativa más concreta. 
Sobre otros problemas de fondo van a intervenir los demás oradores. Yo me voy a limitar a dar las gracias a la señora ponente, al presidente de la comisión, Sr. Scapagnini, y a todos los colegas por su intensa participación e invito al Pleno a aprobar con un firme y amplio respaldo los resultados de esta conciliación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Francis Bacon dijo: «Quien no aplique nuevas soluciones debe esperar nuevos males, pues el tiempo es innovador por excelencia». 
Eso dijo un gran europeo hace cuatrocientos años. 
Parece que en Europa aún no hemos aprendido esa lección. 
La innovación es la condición para la supervivencia: es el antídoto para la inercia, crea nuevos mercados antes imprevisibles, fomenta una sociedad más eficiente y más humana. 
Para que haya innovación social tiene que haber investigación, en sectores de vanguardia como las biotecnologías, investigación aplicada a la industria, pero también investigación en el sector socioeconómico. 
El Quinto Programa Marco de IDT ha cobrado coherencia a lo largo del proceso de debate con sus tres lecturas y una larga conciliación y hoy se presenta como un programa equilibrado que merece un amplio apoyo. 
Se puede considerar incluso un ejemplo de cooperación interinstitucional. 
Conviene que las perspectivas que este Quinto programa-marco brinda a los investigadores, a las empresas y al bienestar de los ciudadanos no resulten inviables por falta de acuerdo sobre las perspectivas financieras de la Unión. 
El forcejeo entre los defensores de la llamada «estabilización» y los «defensores de la cohesión» tiene que ceder en el Consejo ante una perspectiva global y prospectiva de los intereses en juego. 
En este texto que vamos a votar han ganado las causas de la transparencia, de la información, de las PYME, de los eslabones débiles de la sociedad, como los deficientes y los ancianos, y se ha acentuado una perspectiva de paz con las referencias concretas al desarme biológico y químico y a la exclusión del armamento nuclear. 
Ahora bien, espero, señor Presidente, que el Consejo del próximo día 22 refuerce el componente de la investigación socieconómica, como ha venido defendiendo Portugal. 
Sólo ese componente permite prever las tendencias y los factores de cambio en esta sociedad en rápida mutación que es la nuestra. 
Cuestiones fundamentales como la ciudadanía, la participación, la exclusión, la violencia, la gobernabilidad y el papel de los media exigen un estudio atento y continuo para encontrar las respuestas societales adecuadas. 
También es preciso subrayar la perspectiva interdisciplinaria, la perspectiva internacional de la investigación europea. 
Por eso, espero también que las becas Marie Curie estén accesibles también a nacionales de países no miembros, con lo que se reconocería simbólicamente que la ciencia es, como la música, un lenguaje universal. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre del grupo liberal me gustaría felicitar a la Sra. Quisthoudt por la manera tan excelente en que ha dado por finalizada la toma de decisiones sobre el Programa Marco. 
Además quisiera expresar mi satisfacción por la solidaridad que han presentado todos los grupos durante el proceso de negociaciones. 
El Parlamento se ha mostrado unánime de cara al Consejo y se ha mantenido firme en sus propias competencias. 
No hemos aceptado cambiar de parecer bajo ninguna condición, y debido a que hemos trabajado bien conjuntamente, unidos en espíritu y teniendo claros los objetivos del Programa Marco, se ha conseguido un buen resultado, tanto en lo que respecta al presupuesto como al contenido. 
Doy las gracias a todos los colegas por esta colaboración y apoyo enteramente a mi grupo por el resultado alcanzado. 
Quisiera hacer un par de observaciones. 
Empezando por el contenido mi grupo se alegra de que el Consejo estuviese de acuerdo desde la primera lectura con la propuesta del Parlamento de elegir cuatro temas de estudio para los próximos cuatro años. 
Además tanto el Parlamento como el Consejo están de acuerdo en dar prioridad a los dos primeros temas: biotecnología y tecnología de las comunicaciones y de la información. 
Con esta postura se reconoce que el empleo que se cree en un futuro en Europa dependerá en gran parte de los avances logrados en estos sectores. 
La tecnología, ya lo he dicho con frecuencia, es la llave del crecimiento económico, de la capacidad de competitividad y del empleo. 
En resumidas cuentas, del bienestar para Europa. 
Si aplicamos en Europa nuevos avances tecnológicos y desarrollamos nuevos servicios se contribuirá, además de a crear empleo, a que se de un fuerte impulso a nuestra economía y, por lo tanto, a que se fortalezca nuestra posición de competitividad. 
Esto es lo que necesita Europa para mantenerse en pie dentro del mercado mundial. 
A todas las partes implicadas, al Consejo, al Parlamento y a la Comisión, les importa esta consideración, pero a pesar de que los Estados miembros y el Consejo pronuncian palabras bonitas, los gastos destinados a investigación dentro de la Unión Europea están muy por debajo de los de nuestros competidores más importantes, los Estados Unidos y Japón. 
Tal como dije es una lástima, porque aunque los Estados miembros reconozcan que la investigación es una prioridad, lo dicen con la boca no con el bolsillo. 
Los 14 mil millones de ecus iniciales que propuso el Consejo, están por debajo del nivel de gastos del Cuarto Programa Marco. 
La política de un cierto número de Estados miembros está dirigida a disminuir su contribución a la Unión Europea. 
Si se observa la contribución neta de los Países Bajos, por ejemplo, esta postura es muy justa. 
Repito: es muy justa. 
No somos ilusos. 
Pero que se hayan dedicado tres tardes hasta altas horas de la noche a negociar 40 millones de ecus para un periodo de cuatro años, es ir demasiado lejos. 
La investigación y el desarrollo tecnológico es un terreno, por excelencia, donde es necesaria la colaboración europea. 
Precisamente el Programa Marco juega un papel decisivo, siendo, en mi opinión, el valor añadido más importante del presupuesto europeo a la investigación y el que le da legitimidad. 
Señorías, el proceso de toma de decisiones de este Programa Marco no va a ganar ningún premio. 
Pero hay esperanza. 
Es una suerte que tras la ratificación del Tratado de Amsterdam también el Consejo vaya a decidir con mayoría cualificada sobre programas Marco. 
El Consejo no está acostumbrado todavía al procedimiento de codecisión. 
Ya lo dijo el Sr. Imbeni. 
La codecisión implica que exista una decisión conjunta y esto significa, a su vez, que el Consejo y el Parlamento tendrán que adquirir un compromiso de trabajo. 
El querer aferrarse de forma arrogante a un compromiso propio, tal como sucede dentro del Consejo de Ministros, no es nada positivo para la toma de decisiones sobre la legislación europea. 
Para que haya una buena toma de decisiones es necesario que los Estados miembros sean más flexibles. 
Este mensaje se lo envío al Consejo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, gracias a la determinación del ponente y a los esfuerzos del Presidente del Comité de Conciliación, nuestro compañero Imbeni, el Parlamento Europeo y el Consejo han llegado a un acuerdo sobre un importe, ciertamente insuficiente, pero que permite continuar el esfuerzo de investigación de la Unión Europea. 
El principio de una evaluación a medio camino garantiza que se tome en cuenta la evolución de las perspectivas financieras así como los progresos logrados en los ámbitos científico y tecnológico. 
Paralelamente, el Parlamento obtuvo razón en cinco puntos importantes: el mantenimiento de una tasa del 10 % para la financiación de la investigación de las pequeñas y medianas empresas, las investigaciones sobre el desarme biológico y químico, la negativa de financiación del clonaje con fines de reproducción del ser humano, la toma en consideración de la investigación sobre el envejecimiento y las discapacidades y, por último, la creación de un premio René Descartes para los investigadores de talento y, por tanto, prometedores. 
En el Quinto Programa Marco, quiero destacar dos ámbitos, que tendrán consecuencias directas sobre la vida cotidiana en Europa. 
Por un lado, las tecnologías de la información y de comunicación, accesibles a todos, teniendo presentes las normas de la ética de la información destinadas a permitir a todos expresar su propia personalidad y destinadas, por último, a facilitar los intercambios informáticos. 
Por otra parte, las tecnologías de los recursos vivos, privilegiando no solamente la fábrica celular, sino también la lucha contra las enfermedades infecciosas y contra el envejecimiento. 
Desde ahora, se han tomado disposiciones bioéticas para evitar toda desviación y ha de tomarse en consideración la especificidad sociocultural de los Estados miembros, especialmente en lo que toca a la investigación sobre el embrión. 
En lo relativo al Centro Común de Investigación, debe convertirse en un centro de referencia, al servicio de las preocupaciones del Parlamento Europeo y, por tanto, del ciudadano. 
Por último, en el campo de la investigación sobre la energía nuclear, ciertamente no hay que abandonar definitivamente las investigaciones sobre la fusión termonuclear controlada, sino mantener una actividad vigilante tanto científica como técnica en este ámbito, que sigue teniendo un futuro promisorio. 
Paralelamente, me parece indispensable continuar y amplificar las investigaciones relativas a la seguridad de la fisión nuclear, con vistas a preparar reactores todavía más seguros, tales como el EPR, en colaboración con varios países europeos, pero también en favor de una mayor gestión del final del ciclo del combustible nuclear. 
Los reactores de alta temperatura deben seguir movilizando la investigación en las empresas industriales y deben iniciar sus investigaciones sobre los reactores híbridos- se trata de validar las tecnologías necesarias- sobre los módulos experimentales. 
Posteriormente se montarán con vistas a la realización de un prototipo experimental. 
Gracias a las investigaciones realizadas en la transparencia, la energía nuclear es, en efecto, el medio más seguro de responder al incremento de la demanda energética, sin aumentar las emisiones de CO2. 
En conclusión, en estas condiciones el Quinto Programa Marco de investigación y desarrollo permitirá, por un lado, identificar las competencias de los investigadores y de los laboratorios europeos y, por otro, buscar los aspectos complementarios que existen entre ellos y en toda la Unión Europea. 
Es el medio de aportar la prueba del valor añadido europeo y de su eficacia. 
Es así como pasaremos de la Europa de los investigadores a la Europa de la investigación. 
Esta es una de las principales apuestas del Quinto Programa Marco, al servicio del conocimiento, pero también al servicio de los ciudadanos, en un contexto ético. 
El Quinto Programa Marco permitirá a Europa ocupar el puesto que le corresponde en el mundo occidental y hacer que se le reconozca en el mundo entero gracias a las competencias de los investigadores europeos. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la ponente por su diligencia y persistencia durante las numerosas reuniones del Comité de Conciliación, del mismo modo que a todos los miembros de la delegación y, en especial, al Presidente. 
Tal y como ha señalado queríamos una verdadera codecisión y ésta estaba siendo bloqueada. 
Finalmente obtuvimos un resultado aceptable y el Parlamento debe estar agradecido por ello. 
Debo decir que los detalles son endemoniados y quisiera hacer algunos comentarios en especial acerca del secretismo y la falta de transparencia del programa de investigación del Euratom. 
Ahora parece evidente que la fusión nuclear no tiene futuro y por lo tanto parece descabellado proseguir con el presupuesto para el Programa Marco. 
Creo que la Comisión ha aceptado esta lógica y ya veremos lo que va a ocurrir. 
De modo especial quisiera hacer referencia al programa de protección contra la radiación que funciona bajo el Tratado Euratom. 
Dentro del programa existe una oligarquía que se autoperpetúa. 
El programa toma las decisiones en reuniones a puerta cerrada en las que sólo participan los coordinadores de investigación existentes y en consejos asesores gubernamentales. 
Estas personas representan principalmente a los consejos de protección radiológica de los gobiernos miembros y, como tales, representan a aquellos estados miembros que obtienen subvenciones Euratom. 
Un caso flagrante es el caso de Irlanda en la que tres de los cuatro miembros del comité consultivo nacional, en concreto Jim Malone, físico miembro del departamento de medicina nuclear del hospital St. 
James y del Consejo RPII, Peter Mitchell del departamento de física y consultor de UCD y RPII, John Cunningham, químico de radiación, asesor jefe ejecutivo del RPII, están empleados o afiliados al Instituto de Protección Radiológica de Irlanda y son financiados por Euratom. 
El miembro restante es un funcionario del departamento de energía. 
Todos los demás comités asesores nacionales de Irlanda gozan de una amplia representación de todas las partes interesadas y tiene de 12 a 16 miembros. 
De suerte que el modo en que se gestiona el programa Euratom resulta inaceptable. 
Hay una falta de claridad semejante en la llamada revisión independiente de proyectos presentados a este programa Euratom. 
De alguna manera los evaluadores consiguen obtener fondos. La solicitud de la lista de evaluadores ha sido rechazada. 
¿Por qué no se publica la lista de evaluadores? En el resto de los programas sí se hace. 
Es absolutamente necesario que la investigación de la protección contra la radiación sea llevada a cabo por aquellos que carecen de intereses creados y que, por lo tanto, deben pertenecer a la sección de medio ambiente y salud de la DG XII. Quiero expresar este punto con la máxima firmeza. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, permítanme que también yo dé las gracias a la Sra. ponente por su inteligente y entusiasta manera de proceder. 
Hemos trabajado muy bien conjuntamente. 
También nos hemos peleado, pero hemos logrado un éxito. 
El aumento conseguido por el Parlamento para el Quinto Programa Marco de Investigación que se cifra en 1, 7 millardos de euros frente a su predecesor parece ser, a primera vista, una suma considerable. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que sólo supone un 4 % más que la compensación de la inflación en comparación con el programa anterior. 
En tal caso, esto no es ya la señal clara y consciente, que nosotros deseábamos realmente, de la irrupción en la sociedad de la ciencia. 
Permitanme recordar que precisamente en este año los EE.UU. han lanzado también una ofensiva semejante, según la cual próximamente van a alcanzar con su fomento anual de la investigación una cuota del 3 % de su producto interior bruto. 
Europa, en cambio, sigue en el 2 % pues, lamentablemente, la investigación de los estados nacionales se halla también en retroceso, salvo algunas excepciones. 
Lamentablemente a causa del bloqueo de algunos miembros individuales no fue posible motivar al Consejo a sobrepasar la frontera, aparentemente mágica, de los 15 millardos de euros. 
Así no podrán alcanzarse, ni siquiera de manera aproximada, los límites estratégicos superiores de la investigación respecto del presupuesto total de la UE, que Consejos anteriores habían formulado sensatamente. 
Esto es deplorable y de esta suerte este Quinto Programa Marco de Investigación va a ser en este tramo un compromiso que sólo en algunas partes podrá ser aceptado por el Parlamento porque, en caso contrario, la continuidad que se ha alcanzado entretanto en el fomento europeo de la investigación habría resultado amenazada y esto habría sido doloroso para todos los afectados. 
Por consiguiente, al final, no ha podido ser de otro modo, pues este programa padece, como se ha dicho ya varias veces, un defecto básico de nacimiento, pues en el mismo se dice lo siguiente: el Parlamento toma sus decisiones con arreglo a reglas democráticas, es decir, por mayoría, mientras el Consejo las toma por unanimidad. 
Esto cambiará una vez que haya entrado en vigor el Tratado de Amsterdam. 
Entonces será posible hacer presupuestos estratégicos, entonces los intereses particulares que concurran ya no podrán actuar más como obstaculizadores. 
En el Quinto Programa Marco la Comisión podrá solucionar, al menos en parte, mediante una gestión nuevamente estructurada, a través de una interconexión horizontal, el dilema de una paleta de temas que aún es desorbitada. 
Congregará, además, en un foro europeo de investigación a los diferentes órganos de asesoramiento estratégico. 
Señora Comisaria, celebramos esto. Le apoyaremos. 
Con la decisión de mañana el Parlamento no se va a despedir por su parte de la aspiración a la cogestión, sino que hará un seguimiento de la ejecución del programa. 
Este acompañamiento crítico implicará que se hagan realidad la concentración y la flexibilidad que todos deseamos. 
Por tanto, eventualmente realizaremos las adaptaciones del programa que se hagan necesarias, pero sólo a través del procedimiento de codecisión. 
Si se considera el importante saldo comercial negativo de la UE con los EE.UU. y Japón en el ámbito de la alta tecnología, la baja presupuestación general de la investigación europea es intranquilizadora. 
Sólo mediante una utilización máxima, consecuentemente practicada, de los resultados se puede llegar a una cierta compensación. 
En este sentido, constituye un gran éxito del Parlamento, que hemos conseguido- y esto se ha dicho- a través de la solidaridad entre nosotros, el hecho de que en este programa haya unas posibilidades esencialmente mejores de acceso para las pequeñas y medianas empresas las cuales, en parte, son altamente innovadoras e intensivas en cuanto al empleo. 
La inclusión general de la investigación socio-económica al proyecto y el reforzado fomento de la misma en la cuarta línea de acción van a tener como consecuencia una optimización de las posibilidades de lograr- como frecuentemente se dice ahora- una plusvalía europea. 
Efectivamente, la innovación no sólo tiene un aspecto tecnológico sino también una dimensión social. 
La inversión de la investigación como una aplicación masiva que genere beneficios depende también esencialmente de hasta dónde se logre configurar la nueva sociedad del saber como socialmente justa, es decir, como globalmente participativa. 
Creo que ahí reside nuestro mayor potencial. 
Señor Presidente, señoras y señores, también yo quiero dar las gracias a la ponente. 
He estado buscando hace un rato una imagen y se me ha ocurrido que esto se podría formular así: usted tiene ante sí un montón de individualistas con ideas muy propias, y ponerlos de acuerdo equivale a la tarea de tener que coordinar a un gran número de caballos salvajes para que luego produzcan una buena impresión en la Escuela Española de Equitación. 
Por consiguiente, éste es su resultado. 
No ha sido fácil, pero usted lo ha conseguido. 
Sobre el Programa Marco de investigación quisiera decir, y con toda objetividad, que ha sido el Parlamento Europeo quien ha impuesto de nuevo un aumento. 
Esto se viene repitiendo a lo largo de decenios y por esta razón quiero dar un consejo a la Comisión: colaboren ustedes estrechamente con el Parlamento. 
Merecerá la pena también en el futuro. 
Pero el Consejo tiene que oír también que con su dinero se porta de manera tan cicatera que solamente hay una cosa que a la larga sea más cara que la investigación, y es que no haya investigación. 
Si queremos asegurar nuestro futuro- esto lo han dicho ya muchos -, no queda otro camino que ampliar la base de la ciencia y, naturalmente, esto cuesta algo de dinero al principio. 
En segundo lugar, quisiera señalar que he advertido otra vez con desagrado que la investigación no tiene realmente un lobby. 
¿Dónde están en Europa las grandes organizaciones científicas que nos han apoyado? 
Cada cual quiere tener para sí una pequeña porción del gran pastel, pero no quiere ver ampliado este pastel. 
Si esta situación no cambia, si la ciencia no logra tener en Bruselas un lobby fuerte, como lo tienen otros ámbitos, va a tener dificultades aún mayores en el futuro. 
Paso a referirme ahora a las tareas del futuro. 
En primer lugar, -esto acaba de afirmarlo ya la ponente con toda razón- quiero afirmar lo siguiente: los períodos de vigencia de los productos se acortan cada vez más, el conocimiento se desarrolla cada vez con mayor rapidez, y precisamente porque la política europea de investigación se ocupa de la investigación aplicada, es decir, tiene por objetivo lanzar productos al mercado, y estos productos tienen un período de vigencia cada vez más corto, es importante que el procedimiento de solicitud también sea cada vez más corto. 
Sé que en todo esto existen límites y que también existen el control presupuestario y el control financiero. Pero hemos de encontrar vías, de manera que al final no suceda que tengamos un control financiero ordenado, pero tengamos una investigación que no funcione. 
Éste no puede ser el resultado. 
No puede ser que practiquemos el control financiero durante tres o cuatro años y no consigamos ningún resultado en el ámbito de la investigación durante ese período. 
Tenemos que abreviar los procedimientos. 
Por lo demás, esto va a ser tanto más importante cuantos más países participen en el Quinto Programa Marco de Investigación. 
Los países de la Europa central y oriental participarán también en el Quinto Programa Marco de Investigación haciendo uso del programa PHARE. Suiza estará también en el mismo, en cuanto haya firmado el acuerdo. 
Esto significa que nos tendremos que enfrentar con un procedimiento más complicado que en el pasado, si no simplificamos la gestión, evidentemente respetando las reglas que nos exijan el control financiero y el control presupuestario. 
El segundo comentario que se me ocurre es el siguiente: necesitamos algo así como un controlling, un mejor controlling de la investigación, por consiguiente, no un mero control presupuestario, sino un controlling en el sentido de tener un objetivo estratégico y operativo. 
Al final debe lograrse algo. 
No sólo hay que gastar razonablemente el dinero, sino que debe haber también algún resultado. 
No sólo queremos investigar, sino que queremos encontrar también algo. 
Esto se viene olvidando continuamente. 
Para todo ello es preciso desarrollar también instrumentos que vayan más allá de lo que tenemos hasta ahora. 
Seguramente, en los próximos meses tendremos todavía tiempo todavía para reflexionar sobre esto. 
Lamento mucho que no se haya aprobado una solicitud relativa a investigación sobre el desarme. 
El Consejo se mostró un tanto testarudo. 
No obstante quiero hacer referencia a un informe que he leído recientemente en Le Monde, según el cual los norteamericanos han indicado que en el ámbito de las armas ABC, es decir, de las armas de destrucción masiva, existen también nuevos problemas. 
No podemos negarnos a esto. 
Hemos de ocuparnos del tema pues pertenece también a la seguridad. 
La investigación sirve también para esto, no para desarrollar nuevas armas, sino para protegernos de su utilización indebida y, sobre todo, para eliminar aquellas armas cuya destrucción hayamos acordado realmente. 
Quiero dar una vez más las gracias a la Comisión. 
Creo que hemos realizado un buen trabajo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, de los resultados y conclusiones de la cumbre de Viena nos vamos a ocupar más tarde en esta semana. 
Sin embargo, desde el principio se ha hecho clara una cosa: lo más importante de lo que discutieron los Jefes de Estado y de Gobierno fueron los problemas del empleo. 
Creo que precisamente la conclusión del procedimiento de conciliación para el Quinto Programa Marco de Investigación coloca una importante primera piedra fundamental para que podamos acometer los problemas del empleo en Europa de una manera diferente y más orientada hacia el futuro que como se vería haciendo quizá desde hace mucho tiempo. 
En Europa conviven muchas personas en un espacio muy pequeño. 
Nuestro territorio es sustancialmente más pequeño que otros continentes, aquí viven muchísimas personas y no tenemos los recursos naturales que hay en otros continentes. 
Los recursos de los europeos son el conocimiento, el poder, es decir, las capacidades y las habilidades de las personas y precisamente por esto son tan importantes los programas de investigación en los cuales se trata de generar plusvalía europea, es decir, de lograr más que lo que pueden lograr los equipos de investigadoras y de investigadores en un país aislado, cosa que sucederá si éstos trabajan conjuntamente, si conectan sus ideas, sus resultados y si también, como ha dicho de manera muy clara mi predecesor, tales resultados pueden ser llevados a la práctica. 
La investigación no es un fin en sí mismo, la investigación constituye la base del desarrollo social y económico de nuestro continente y por esta razón, a la hora de organizar los programas de investigación, no hemos de pensar solamente en que muchos temas importantes sean cubiertos por proyectos, sean cubiertos por programas. 
Estoy extraordinariamente satisfecha con algunos temas porque aquí estamos avanzando en ámbitos de investigación que son importantes y necesarios para el futuro de Europa y porque, por otro lado, hemos asumido también ámbitos de investigación de los que se piensa que están solucionados desde hace tiempo como, por ejemplo, la investigación en el ámbito de los alimentos que, en mi opinión, va a cobrar una gran importancia en el futuro. 
Pero si no llevamos a la práctica estos resultados de la investigación, tanto en lo que se refiere al empleo de las personas, al desarrollo de nuevos productos, como también en lo que toca a la necesaria reestructuración social, a la transición hacia un nuevo tipo de sociedad, que difiere de la sociedad industrial en la que vivimos todavía o cuya trasformación estamos viviendo, si no conseguimos esto, entonces ni la mejor investigación tendrá valor alguno. 
Precisamente a la hora de discutir sobre el Quinto Programa Marco de Investigación deberíamos pensar que la evaluación, la orientación una vez transcurrida la mitad del período de vigencia del programa es al menos tan importante como un último punto al que quiero referirme ahora. 
Como Parlamento hemos trabajado conjuntamente muy bien y de manera acertada y quisiera dar las gracias por ello a la ponente y al presidente de la delegación de conciliación y también a los demás colegas. 
El Consejo debería haber tenido la consideración de que recibiéramos más que esta suma, 14, 9, algo que me recuerda un poco las ofertas en algunas tiendas baratas. 
No es admisible que en los discursos solemnes se proclame constantemente la importancia de la investigación y que cuando se trate de destinar dinero para la investigación se practique de repente semejante tacañería en cantidades pequeñas, y espero que esto mejore con un procedimiento diferente una vez que entre en vigor el Tratado de Amsterdam. 
Para terminar quisiera señalar que en mi calidad de austriaca celebro que la Presidencia austriaca haya podido desarrollar, y haya desarrollado, un procedimiento tan arduo, y espero vivamente que con este programa podamos conseguir los objetivos, en concreto, la plusvalía europea en la investigación. 
Señor Presidente, si se considera el decurso de las últimas semanas y se lo compara con una pieza de teatro se ve que consta de tres actos. 
En el primer acto el Parlamento Europeo introdujo mejoras sustanciales, en el segundo acto el Consejo aceptó estas mejoras pero colocó cepos y, luego, se ha producido este tedioso procedimiento de conciliación. 
Por consiguiente, una obra de teatro en tres actos. 
No sé con certeza si esta obra es una obra expositiva, un drama o una tragedia. 
Tengo claro que, al menos, no ha sido una comedia. 
Que no sea una comedia se debe a la conducta del Consejo. 
Este se ha conducido, de hecho, como un bulldozer y lo ha hecho en tres ámbitos. 
En primer lugar, está intentando tomar como rehén la investigación para intereses totalmente diferentes que no tienen nada que ver con la investigación. 
Esta es una conducta que no puede aceptarse en ningún caso. 
En tercer lugar, están los programas específicos y en ellos se están publicando comunicados de prensa- la ponente ha aludido también a esto- como si todo estuviera ya decidido sin el Parlamento. 
Espero que esta conducta de bulldozer no caracterice la conducta del Consejo en el futuro. 
Todo esto parece indicar que no estamos ante una comedia, quizá más bien ante un drama. 
Pero, por otro lado, hemos conseguido también algo. 
Se ha producido una reorientación de la investigación europea, abandonando la mentalidad sectorial, abandonando las tecnologías singulares en busca de un planteamiento estratégico para el modelo europeo de desarrollo, para la competitividad cualitativa en Europa. 
En este sentido, lo que Rolf Linkohr ha mencionado, se encuentra contenido de manera implícita o explícita en el programa de investigación. 
Se trata de insertar la investigación en la política europea para fomento del empleo y, naturalmente, se trata de la cuestión de cómo está integrada la investigación en el contexto social. 
En este sentido, celebro sobremanera que el Parlamento haya logrado que en la sociedad de la información se tomen en cuenta los aspectos socioeconómicos, que la cuestión del envejecimiento de nuestra sociedad sea un punto clave de la investigación, que la ciudad del mañana, en cuanto problemática central de los espacios urbanos, sea un objeto de investigación y que en este sentido esté clara ya la orientación. 
Por consiguiente: ya sea una pieza expositiva, un drama o una tragedia, estoy a favor de que se apruebe. 
Señor Presidente, señora Ponente, Señorías, con esta tercera lectura del Parlamento Europeo, llegamos a la penúltima etapa de un largo recorrido que a veces resultó arduo. 
Al término de este recorrido, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que, en esta institución, han mostrado el dinamismo, la inteligencia y el sentido de la negociación necesarios que nos han permitido alcanzar una meta. 
Ante todo, al Vicepresidente Imbeni, que desempeño con maestría, autoridad y eficacia su difícil papel de Copresidente del Comité de Conciliación. 
Asimismo, a la Sra. Quisthoudt-Rowohl, ponente del Quinto Programa Marco, que en cada etapa del procedimiento ha proporcionado un trabajo de gran calidad y ha sabido demostrar, en el momento de la conciliación, realismo y un gran sentido del interés general. 
Vaya también mi agradecimiento a todos los miembros de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y a su Presidente, Sr. Scapagnini, que desde hace muchos meses se ha dedicado a este nuevo Programa Marco. 
Por último, a todos los diputados que han aportado su contribución a su elaboración en el seno de otras comisiones o en el Pleno. 
En su informe sobre el proyecto común que resulta de la conciliación, la Sra. Quisthoudt-Rowohl describe con mucha claridad y precisión el desarrollo del procedimiento, y más particularmente de estas dos últimas etapas. 
El acuerdo al que se ha llegado finalmente, que deberán ratificar mañana, Señorías, y que el Consejo debería ratificar el 22 de diciembre, constituye, como todos los acuerdos, un compromiso sobre el que formularé cuatro observaciones. 
Primeramente, pudo encontrarse una salida al difícil tema del importe financiero. 
Claro está, este importe no está a la altura de lo que el Parlamento y lo que la Comisión proponían. Por tanto, deberemos aplicar con mayor rigor el principio de concentración de recursos, es decir la movilización de una masa crítica de medios financieros hacia objetivos bien determinados, para tener un verdadero impacto. 
No obstante, destacaré que el presupuesto del Quinto Programa Marco será superior en un 4, 6 % en términos reales al del Cuarto Programa Marco. 
En un contexto presupuestario difícil, este aumento constituye una señal positiva y un estímulo para la comunidad científica e industrial, pero también para los Estados miembros, cuyo esfuerzo tiende a estancarse en un momento en el que los gastos públicos y privados de investigación continúan o retozan fuerza en los Estados Unidos y Japón, como hicieron hincapié, con mucha certeza, algunos de ustedes. 
En segundo lugar, a lo largo del procedimiento, el Parlamento y la Comisión demostraron una fuerte convergencia de puntos de vista, se sostuvieron mutuamente y han colaborado con mucha eficacia, lo que, sin duda alguna, ha jugado un papel importante en la conclusión del acuerdo. 
En tercer lugar, el Parlamento, que ha podido beneficiarse del espíritu de apertura de la Presidencia austriaca, logró con creces que se tomaran en consideración sus puntos de vista sobre el Quinto Programa Marco en la decisión final. 
Por última vez, hemos podido superar el obstáculo que representa la votación por unanimidad de los miembros del Consejo para la codecisión. 
A pesar de esta limitación, las opciones científicas y tecnológicas traducirán de manera significativa la visión de su institución, Señorías, que representa a los ciudadanos. 
Por último, el Quinto Programa Marco se ajustará ampliamente a los deseos de nuestras dos instituciones. 
Los programas de investigación se orientarán claramente hacia las necesidades económicas y sociales, con la competitividad de nuestras empresas y el empleo a la cabeza. 
Gracias a las acciones clave, va a ponerse en práctica un nuevo enfoque de la investigación. Este se centrará más en problemas concretos que en una subdivisión en campos y disciplinas. 
Gracias al grupo consultivo externo, que la Comisión acaba de constituir, los programas se ejecutarán en estrecha colaboración con la comunidad científica, con la industria y los usuarios de la investigación. 
Se administrarán de manera más flexible y todavía más eficaz. 
Se realizará un verdadero esfuerzo de transparencia, especialmente en relación con el Parlamento Europeo. 
Gracias a los esfuerzos comunes de las tres instituciones, la Unión ha logrado, pues, dotarse de un potente instrumento para explotar su potencial científico y sus recursos industriales al servicio de los europeos. 
La aprobación del nuevo Programa Marco en los plazos deseados permite garantizar la continuidad del esfuerzo europeo en materia de investigación, que habría sido muy lamentable interrumpir. 
Ahora se presenta el verdadero desafío. 
Debemos poner en práctica el Quinto Programa Marco a la mayor brevedad. 
La Comisión ya ha tomado desde ahora todas las disposiciones necesarias y hará lo necesario para que se inicien las primeras convocatorias de propuestas tal como está previsto, a principios de 1999. 
Lo hará con una mayor eficacia todavía, tal como lo pide, acertadamente, la Sra. Quisthoudt-Rowohl. 
Este nuevo Programa Marco puede ponerse en práctica en el espíritu que ha presidido su concepción. 
Como deberá mostrar el debate sobre los programas específicos que va a iniciarse dentro de un momento, la Comisión, estoy segura, podrá contar a este respecto con el apoyo y la colaboración del Parlamento Europeo, con sus sugerencias y su vigilancia constructiva. 
Por tanto, terminaré agradeciendo de antemano al Parlamento por su contribución a esta vasta empresa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Programas específicos de IDTD (1998-2002) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0451/98 del Sr. Tannert, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (98) 0305- C4-0433/98-98/0177 (CNS) ) por la que se adopta un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración en el ámbito de la calidad de vida y la gestión de los recursos vivos (1998-2002) ; -A4-0452/98 del Sr. Malerba, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (98) 0305- C4-0434/98-98/0178 (CNS) ) por la que se adopta un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración titulado «Sociedad de la información fácilmente accesible a los usuarios» (1998-2002) ; -A4-0453/98 del Sr. Argyros, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (98) 0305- C4-0435/98-98/0179 (CNS) ) por la que se adopta un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración en el ámbito del crecimiento competitivo y sostenible (1998-2002) ; -A4-0454/98 de la Sra. Estevan Bolea, en nombre de la Comisión de Investigación, desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (98) 0305- C4-0436/98-98/0180 (CNS) ) por la que se adopta un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración para la conservación del ecosistema (1998-2002) ; -A4-0455/98 del Sr. Marset Campos, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (98) 0305- C4-0437/98-98/0181 (CNS) ) por la que se adopta un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración para la consolidación del papel internacional de la investigación comunitaria (1998-2002) ; -A4-0456/98 de la Sra. Plooij-van Gorsel, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (98) 0305- C4-0438/98-98/0182 (CNS) ) por la que se adopta un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración para el fomento de la innovación y de la participación de las pequeñas y medianas empresas (1998-2002) ; -A4-0457/98 del Sr. Lange, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (98) 0305- C4-0439/98-98/0183 (CNS) ) por la que se adopta un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración para el incremento del potencial humano de investigación y de la base de conocimientos socioeconómicos (1998-2002) ; -A4-0458/98 de la Sra. McNally, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre I. la propuesta de decisión del Consejo (COM (98) 0305- C4-0440/98-98/0184 (CNS) ) por la que se adopta un programa específico de investigación, desarrollo tecnológico, incluida la demostración, que deberá realizar el Centro Común de Investigación mediante acciones directas para la Comunidad Europea (1998-2002) y II. sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (98) 0306- C4-0431/98-98/0188 (CNS) ) por la que se adopta un programa específico de investigación y formación que deberá realizar el Centro Común de Investigación mediante acciones directas para la Comunidad Europea de la Energía Atómica (1998-2002) ; -A4-0459/98 de la Sra. Matikainen-Kallströuml, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (98) 0306- C4-0430/98-98/0187 (CNS) ) por la que se adopta un programa específico (Euratom) de investigación y formación para la conservación del ecosistema (1998-2002). 
Señor Presidente, voy a intervenir acerca del segundo programa temático, o sea, el de la sociedad de la información de fácil utilización o de las tecnologías de la sociedad de la información. 
Objetivamente, este programa es una prioridad que está estrechamente ligada a las mayores posibilidades de crecimiento económico, de riqueza y de empleo, como subrayaron los Ministros reunidos con ocasión del último Consejo de Viena y como se señala en un texto de la Comisión sobre las perspectivas de la sociedad de la información. 
Tras el procedimiento de conciliación, a este programa se le asigna un importe de 3.600 millones de ecus que representa un importe inferior a la dotación de los programas combinados ACTS, RACE, ESPRIT y TELECOMMUNICATIONS. 
Esto suscita algunas preocupaciones, aunque la reducción de esta inversión destinada a la investigación podrá compensarse gracias a la creciente presencia de la infotecnología en los demás programas temáticos. 
Un caso aparte es el de la red de interconexión de todos los centros de investigación europeos que absorbe el 3 % del programa temático; con relación a este aspecto, he presentado unas enmiendas dirigidas a subrayar para cada programa temático la necesidad de una participación en la coordinación para llevar adelante de forma coherente este ambicioso proyecto de interconexión. 
En lo que se refiere a la propuesta de la Comisión, el Parlamento deberá aprobar algunos retoques importantes que la Comisión de Investigación ha apoyado por amplia mayoría a instancia mía y que deseo recordar aquí muy brevemente. 
Mi propuesta fue de transferir y de reducir ligeramente los créditos del capítulo correspondiente al comercio electrónico en favor de los servicios para el del ciudadano. 
En efecto, si pedimos a las administraciones que fomenten y lideren la puesta en funcionamiento de nuevos servicios para el ciudadano, tenemos que favorecer en cierto modo este enfoque. 
He reiterado asimismo la importancia de las tecnologías básicas subrayando la orientación hacia las plataformas, los estándares técnicos e industriales, las patentes, en definitiva todo lo que pueda facilitar la introducción de productos y servicios de amplia utilización en el mercado internacional- no sólo europeo- y, por tanto, éxitos económicos y comerciales. 
He introducido una referencia a las infotecnologías en el sector de las herramientas y de la producción, sector absolutamente estratégico para asegurar la competitividad de nuestro sistema industrial y complementar el marco del programa temático en materia de desarrollo sostenible. 
He tenido en cuenta la preocupación por la participación de las pequeñas y medianas empresas en este programa aceptando, en consecuencia, también la enmienda transversal favorable a una participación mínima garantizada del 10 % de las pequeñas y medianas empresas. 
En este sentido, sin embargo, quiero resaltar con satisfacción que los datos de la Comisión ponen de manifiesto una participación histórica de las pequeñas y medianas empresas en los programas de las infotecnologías que se cifra en torno al 26 %. En consecuencia, creo que esta enmienda debe entenderse más bien como un acicate para reforzar, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, la participación de las pequeñas y medianas empresas, para las cuales recomiendo que se siga manteniendo en vigor la figura de las asignaciones exploratorias conforme al modelo del programa CRAFT, es decir, una ayuda en la fase de formulación de las propuestas. 
Las aplicaciones de la sociedad de la información relacionadas con los satélites nos encuentran siempre en una situación de desventaja competitiva frente a los americanos, por lo que me es grato constatar que este aspecto ha sido tomado en consideración en el programa. 
Si en el ámbito de las ideas no me es difícil admitir las enmiendas propuestas por la Comisión de Derechos de la Mujer, algunas de ellas, en particular la enmienda 8, me parecen inviables. 
En conclusión, creo que es muy importante lanzar un mensaje a la Comisión manteniendo una gran dosis de flexibilidad y convergencia, así como de coherencia y atención, a fin de evitar duplicaciones y repeticiones en el ámbito de los distintos programas. 
En este sentido, creo que sobre todo el Parlamento debe tener en jaque a la Comisión. 
Así y todo, agradezco a la Comisión su cooperación y confío en el Consejo a fin de que las enmiendas presentadas puedan ser admitidas. 
Señor Presidente, estimados colegas, hoy podemos discutir también los programas específicos, una vez que hemos alcanzado en el Comité de Conciliación un acuerdo sobre el Quinto Programa Marco de Investigación. 
Permítanme que en nombre del ponente, el Sr. Stelios Argiros, presente aquí esta noche su informe. 
Dotado solamente con 2, 7 millardos de euros, el programa específico «Crecimiento competitivo y sostenible» representa las prioridades más relevantes para la Unión Europea y, por ello, reviste también una importancia fundamental para el éxito de la realización práctica de todo el Quinto Programa Marco. 
Quiero hacer cuatro comentarios generales sobre este programa, que han de tenerse en cuenta a la hora de elegir los socios de investigación. 
En primer lugar- creo que esto es evidente- las actividades a emprender han estar de acuerdo, naturalmente, con las exigencias que se hayan planteado, tal como figuran ahora en el programa. 
En segundo lugar- creo que éste es también un punto importante, que hemos discutido repetidas veces en esta Asamblea- la publicaciones de la Comisión deberían estar disponibles a través de una vía accesible, por ejemplo, a través de la vía electrónica. 
En tercer lugar, en la comisión hemos establecido condiciones relativas a la selección de las empresas que serán subvencionadas. 
Pido a la Comisión que asuma también esto. 
La contribución de una empresa debe mejorar la competitividad de todo el sector, es decir, este planteamiento sectorial deberá ser tenido en cuenta y habrá de ser trasladado a proyectos individuales de investigación. 
Debe mejorar globalmente la posición de la economía europea en el mercado mundial. 
Los conocimientos adquiridos a través de los programas de investigación han de ser puestos a disposición, una vez reelaborados, y han de conducir también luego a nuevos productos y procesos. 
En cuarto lugar, debemos tener también en cuenta que nuestros competidores de los EE.UU. y de Japón también están llevando a cabo programas similares. 
Debemos reaccionar de forma adecuada a este hecho. 
Con las acciones clave y con las dos medidas horizontales de este programa específico se encuentra también a disposición una amplia oferta de temas para la investigación. 
En la primera acción clave, aparte de las cosas que se proponen, nos interesa desarrollar también de manera adicional nuevos métodos de gestión y de administración de personal así como seguir fomentando la actividad empresarial, que constituye también un punto muy importante. 
Pero también es preciso reflexionar sobre métodos para mejorar el medio ambiente degradado y para el restablecimiento de su estado originario. 
Por lo demás, esto debería comprender también, según la propuesta de la comisión, la producción en el sector textil y el sector de la construcción. 
En la segunda acción clave nos encontramos ante la gran tarea de seguir desarrollando los diferentes sistemas de transporte, incluyendo la intermodalidad, para poder abordar de manera adecuada los grandes retos que se plantean actualmente en este sector. Esto lo he comentado ya aquí hace pocos minutos en mi calidad de ponente de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Creo que hay que celebrar extraordinariamente que como Unión Europea constituyamos por vez primera en el ámbito de la navegación aérea y espacial un área propia, pues esto responde también adecuadamente a la dimensión europea de este sector, como lo demuestran expresamente las noticias económicas de las últimas semanas. 
Finalmente a la hora de fomentar la investigación en materia de infraestructuras es preciso considerar que aquí se están utilizando las infraestructuras existentes para poder integrar también de manera especial las pequeñas y medianas empresas. 
Permitanme que en nombre del Sr. Stelios Argyros- y en el mío propio- dé las gracias a todos los colegas por su grata colaboración durante la elaboración del informe. 
Señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, me corresponde a mí informarles sobre el cuarto programa específico, integrado en la primera acción, que corresponde a la protección del medio ambiente y a la energía. 
El Consejo entendió que era mejor integrar estos dos temas, aunque inicialmente la Comisión había propuesto separarlos, y así los ha tratado el Parlamento en un programa que se llama «Conservación del ecosistema» , que tiene la particularidad- a mi juicio no muy positiva, señora Comisaria- de que incluye los proyectos de demostración. 
Todos estamos diciendo que necesitamos más recursos para la investigación. 
Yo pienso, como han dicho ustedes, que no tenemos industrias antiguas ni viejas, sino industrias obsoletas que lo único que necesitan es aplicar la innovación en sus instalaciones, y eso no se va a hacer con subsidios y subvenciones. 
Es verdad que la Comisión de Energía de este Parlamento apoya fuertemente los subsidios a las energías renovables, por ejemplo. 
Y yo quiero decirle, señora Comisaria, que las energías renovables las apoyamos todos. 
Pero para que triunfen y sean más eficaces y realmente tengan el puesto que les corresponde en el mercado necesitarán más investigación, más innovación y menos subsidios. 
No obstante, voy a referirme a las seis acciones clave que conforman este programa específico: cuatro corresponden a medio ambiente, dos a energía. 
En primer lugar, quiero felicitar a la Comisión y le quiero dar las gracias por haber incluido como acción clave todo lo referente a la investigación sobre tecnología en la gestión de recursos hídricos. 
En el siglo XXI la humanidad, señor Presidente, Señorías, lo que necesitará es agua. 
No tendrá problemas de energía, o si los tiene, irán camino de resolverse. 
Pero tendrá grandes problemas de abastecimiento de agua, y la Unión Europea puede desarrollar unas tecnologías, unos bienes de equipo, unas técnicas de gestión mucho más eficaces, que le permitirán exportar cantidades ingentes de equipos y de servicios. 
Por lo tanto, creo que el programa de recursos hídricos es de extraordinaria importancia en sus dos vertientes, en lo que se refiere a la gestión de la cantidad del agua y a la calidad del agua. 
La segunda acción clave comprende el cambio climático y la diversidad biológica, temas realmente cruciales, señor Presidente. 
Qué decir del cambio climático, que nos preocupa tantísimo a todos y que está tan vinculado a los grandes desastres que están padeciendo pueblos con muy escasos recursos y que, en consecuencia, sufren calamidades y penalidades mucho más graves. 
Pero es que, además, la humanidad seguramente se juega su futuro con este programa, el cambio climático, al que se refiere todo lo demás, porque la diversidad biológica también está muy relacionada con él. 
La tercera se refiere a la gestión integrada de los ecosistemas marinos. 
Hemos utilizado al mar para infinitos usos y recursos, pero todavía el mar, que ocupa la mayor parte de nuestro globo terrestre, es el gran olvidado y el gran abandonado en nuestros trabajos y en nuestra investigación. 
Por lo tanto, yo espero que se dé un gran impulso a la gestión integrada de los ecosistemas marinos, de los que dependerán también, en gran medida, los ciudadanos de los siglos futuros. 
Y, finalmente, la cuarta acción del tema «medio ambiente» se refiere a la ciudad del mañana y al patrimonio cultural. 
Señora Comisaria, como se ha dicho aquí muchas veces, Europa son las catedrales, Europa son los tapices, Europa son los grandes palacios, el gran patrimonio cultural que no podemos de ninguna manera perder y que necesita mucha tecnología, no sólo recursos para conservación, sino para conservar bien. 
Si rehabilitamos mal nuestro patrimonio histórico-artístico no hemos hecho una buena labor. 
Por lo tanto, es un programa también transcendente. 
Están muy bien elegidos los objetivos, lo malo es que hay demasiadas prioridades. 
Como decía el Sr. Tannert hablando de su programa, la Comisión ha considerado la palabra prioridad en un sentido que yo no alcanzo a entender. 
Porque en este programa específico hay 130 prioridades. 
Por lo tanto debo decirle, señora Comisaria, que los objetivos están muy bien, pero me parecen demasiadas las prioridades, si es que todos entendemos por prioridad lo mismo: algo que merece destacarse, algo que merece atenderse en primer lugar. 
Yo creo que con el buen saber de la Comisión ustedes podrán ser selectivos en los programas y hacer más eficiente el uso de los recursos. 
En materia de energía hay dos subprogramas o dos acciones claves: una, conseguir sistemas energéticos más limpios, incluidas las energías renovables, y otro, hacer más eficaz, más eficiente, el uso de la energía. 
Porque la verdad es que en la Unión Europea utilizamos demasiada energía en los hogares domésticos, en el transporte sobre todo, en nuestras fábricas, en nuestro sistema productivo. 
Y aquí es donde tengo serias dudas de que el programa que ustedes han diseñado tenga utilidad. 
Decía el Sr. Linkohr que había que medir los resultados y que el Parlamento debía efectuar una importante labor de control. 
Yo estoy de acuerdo con él y creo que ayudará mucho a la Comisión esta labor de control del Parlamento, y no me refiero sólo a control presupuestario, aunque debe hacerlo. 
Me refiero a control de resultados, a control de la innovación, a la eficacia de los grupos de investigadores de distintos países que van a trabajar y a la eficacia de lo que se pretende hacer con los escasos recursos, que les diré que son bastante escasos, en estos dos programas. 
Hay una enmienda, la enmienda 9, a la que yo me opongo porque pretende que el 42 % del presupuesto se destine a proyectos de demostración para energías renovables sobre todo. 
Señora Comisaria, eso son subvenciones. 
Si usted va a dedicar el 42 % de este presupuesto a subvenciones a pequeños proyectos de tejados solares, de biomasa, de energías renovables, que hay que apoyar- sin ninguna duda, pero no de está manera -, las energías renovables no saldrán adelante. 
Su problema es que no son competitivas. 
Y sólo nuevas tecnologías podrán hacerlas competitivas. 
Por otra parte, yo quiero destacar también las enmiendas 25 y 27, que espero que la Comisión las incorpore, porque se refieren al gas. 
Europa va a fomentar un programa de gas muy importante y tenemos unos sistemas gasistas muy frágiles, muy rígidos y, por lo tanto, también en almacenamiento de gas no licuado habría que hacer algo. 
Habría que hacer algo en nueva prospección de hidrocarburos en las zonas offshore y, una vez más, hay que decir que habría que apoyar a las PYME. 
Todos queremos realmente mejorar el empleo. 
La investigación lo puede conseguir. 
Dudo que lo consiga con subvenciones, pero puede hacerlo con el buen saber de la Comisión y para eso será necesaria la agilidad de la Comisión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la investigación europea va alcanzando, año tras año, mayores cotas de cohesión con aumento de su calidad, así como la consecución de una imagen propia, europea, suma y producto de las actividades realizadas en cada país. 
Desde el primero hasta el cuarto Programa Marco, éstos han contribuido de forma decisiva a estos avances al señalar preocupaciones comunes, objetivos compartidos y metodologías convergentes. 
Sin embargo, la dimensión internacional de nuestra investigación aún es insuficiente y aparece dispersa. 
Por ello es importante llevar a cabo esfuerzos en este terreno, cuando aún estamos sufriendo las consecuencias adversas de la Segunda Guerra Mundial, por la que emigraron a Norteamérica miles de científicos europeos que convirtieron aquel país en lugar de peregrinación ulterior para muchos de nuestros jóvenes científicos. 
Es necesario, por ello, un esfuerzo suplementario que permita convertir el conjunto de la ciencia europea, con sus peculiaridades y personalidad propia, en referencia y lugar de encuentro de miles de científicos del resto del mundo, en consonancia con el lugar privilegiado que la Unión Europea desempeña en otros planos, como el social- con una visión solidaria de la sociedad y de la relación con los terceros países -, el ético- con una defensa a ultranza de los derechos humanos y la democracia -, y el político- con una actitud de tolerancia y convivencia pacífica -, de manera que todo ello se vea completado con un papel- importante igualmente- de la ciencia europea, reflejando todos estos valores. 
Estimamos positiva la propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, en virtud de lo indicado, introducimos enmiendas encaminadas a completar el lugar de nuestra investigación en el mundo. 
Primero: introducir la constante preocupación por luchar contra la discriminación por razón de género y ayudar a las mujeres a que puedan tener la igualdad, como están exigiendo. 
Segundo: ofrecer una imagen unitaria de nuestra ciencia europea. 
Tercero: iniciar la construcción de una infraestructura de uso fructífero de nuestra ciencia, que la convierta en referencia. 
Cuarto: ser sensibles a las necesidades y carencias sociales de bastantes de estos países terceros. 
Quinto: permitir que el Parlamento Europeo, merced a lo que señala el Tratado de Amsterdam, posea mayor protagonismo en este cometido. 
El primer apartado se refiere a recoger, tanto en cuanto al objetivo como a la metodología y medidas concretas, la igualdad de los géneros. 
El segundo apartado- la imagen unitaria de la ciencia europea- propone una iniciativa sencilla: editar una revista similar a Science o Nature, de manera que refleje la importancia e intensidad de nuestra ciencia en el mundo. 
El tercer apartado, que se refiere a la creación de una infraestructura de información científica de ámbito europeo- en realidad un centro de información científico europeo- supone poner a disposición, tanto de nuestros científicos como de los del resto del mundo, la totalidad de la producción científica en artículos, en libros, en informes, adecuadamente indizada, analizada y actualizada, para no depender así exclusivamente de los sistemas de alerta y bancos de datos norteamericanos, que son los hegemónicos. 
El cuarto apartado- el de ser sensibles al conjunto de preocupaciones de los terceros países- tiene diferentes aspectos. 
Así, el primer aspecto se refiere a poder tener, con los terceros países, un trato específico. 
Así como se ha hecho con el Mediterráneo debe hacerse con el resto de las regiones del mundo, y tratarlas adecuadamente, como se propone para América Latina y otras regiones. 
Un segundo aspecto hace referencia a mantener y, en su caso, aumentar el flujo y la cantidad de estas relaciones. 
Un tercer aspecto hace referencia- como viene siendo habitual entre nosotros, pero hay que mejorar esa preocupación- a la sensibilidad con problemas económicos, sanitarios, democráticos, agrarios e industriales de estos países y, para ello, incluso se proponen desde medidas medioambientales hasta el estudio de los peligros que supone la patentabilidad genética. 
El cuarto aspecto es de interés mutuo y concierne al derecho de propiedad compartido sobre los descubrimientos y patentes obtenidos por el esfuerzo económico conjunto. 
Y el quinto aspecto se refiere a la supresión de los obstáculos burocráticos y técnicos innecesarios para facilitar, por el contrario, una mejor difusión y relación con los países que trabajan con nosotros. 
Por último, el quinto apartado hace referencia al papel del Parlamento Europeo, depositario de la voluntad popular europea, y por ello se pide una información puntual al mismo, así como su eventual intervención. 
Nosotros pensamos que, con estas medidas, se defiende adecuadamente el interés europeo. 
Señor Presidente, lo que mantiene unido internamente al mundo es una cuestión que no es muy original, porque ya es muy antigua, pero que es más actual que nunca pues, naturalmente, nuestro desarrollo social está marcado por muchos factores diferentes que, agrupados, constituyen lo que nosotros denominamos modelo europeo de desarrollo. 
En este sentido, para nuestro desarrollo futuro es de una importancia fundamental preguntar aquí qué es lo que mantiene internamente unida a nuestra sociedad y conectarlo con la actividad investigadora en todos los sectores. 
A este respecto, celebro extraordinariamente que tengamos un programa específico que, por un lado, fomente la movilidad de las investigadoras e investigadores y, por otro, fomente la investigación socio-económica que pone precisamente sobre la mesa la pregunta por lo más profundo de nuestra sociedad. 
Ésta es la planta delicada que comenzó a brotar en el Cuarto Programa de Investigación y que fue creada por el Parlamento. 
Hubo muchos problemas y excesivas demandas, el enfoque estratégico no fue necesariamente el mejor, pero esto ha mejorado en los últimos años y la última convocatoria al respecto, la tercera, ha sido excelente. 
Quisiera elogiar también aquí al director, al Sr. Mitsos, de la Comisión, -esto habría que hacerlo también alguna vez en estos tiempos, elogiar a la Comisión- el Sr. Mitsos ha puesto esto realmente en orden. 
No obstante, me he permitido proponer en siete puntos algunas mejoras. 
En primer lugar, en la distribución provisional de recursos se ha previsto que para la investigación socio-económica se destine solamente el 10 %. 
Creo que si repartimos provisionalmente los recursos los podemos cifrar un poco más alto porque, naturalmente, el ámbito de tareas también se ha ampliado más, precisamente en el procedimiento de conciliación sobre el Quinto Programa Marco. 
Por esta razón, propongo que se prevea de manera provisional el 15 %. 
Segundo punto: considero importante que sobre el programa se tenga información tanto en lo que se refiere a la movilidad como en lo que toca a los contenidos de la investigación. 
Por consiguiente, es preciso establecer transparencia, especialmente a través de Internet, acerca de las instituciones que participan y acerca de los temas. 
En tercer lugar: considero importante que la investigación socio-económica no se practique con carácter secundario, no figure al margen, sino que se conecte de manera horizontal con los demás ámbitos de investigación. 
Por esta razón hay algunas propuestas para intensificar la coordinación de este tipo de investigación con otros ámbitos de investigación, en especial la enmienda 37. 
En cuarto lugar: algunas pequeñas mejoras de contenido que se refieren al tema del cambio estructural, en especial, en lo que se refiere al envejecimiento de nuestra sociedad, a los efectos de nuestro cambio estructural sobre el empleo, sobre las mentalidades de las personas en nuestra sociedad y también en lo que respecta a las formas de participación. 
Precisamente en muchos ámbitos se advierte que ya no se da más una participación en los ámbitos tradicionales de la política, sino más bien en las organizaciones no gubernamentales, en las iniciativas ciudadanas, etc. Por consiguiente, es preciso que estos aspectos se analicen en su contenido. 
En quinto lugar: naturalmente, se trata también de interconectar a los investigadores. 
No quiero romper aquí un lanza en favor de la investigación social, pero a veces tengo la sensación de que en este terreno no está muy desarrollada la cooperación europea, de que aquí se puede ayudar un poco todavía a establecer una red de investigación europea, cosa que, naturalmente, también es importante de cara a la presentación de solicitudes, por consiguiente, se trata de fomentar la constitución de una red. 
En sexto lugar: fomento también de la igualdad de derechos, de la participación igualitaria de los géneros, en este programa de investigación. 
No puede ser que, por ejemplo, a la hora de la concesión de las becas Marie Curie no se tengan en cuenta los períodos de educación. 
Esto debe ser claramente regulado igual que la exigencia de igualdad de derechos en general. 
En la semana pasada asistí a un simposio con 150 participantes, entre los cuales dos eran mujeres. 
En este terreno se puede hacer algo, 
Mi séptimo y último punto: debemos divulgar también los resultados. 
De nada sirve que tengamos buenos estudios si éstos se guardan en un armario. 
Precisamente esto puede ocurrir con frecuencia en los ámbitos de las ciencias sociales. 
Por consiguiente, una difusión de los resultados, por ejemplo, en Internet pero también una divulgación activa entre los destinatarios, los políticos, aquí en el Parlamento, en los parlamentos nacionales y también in situ, a fin de hacer aprovechables los resultados para el proceso social. 
Señor Presidente, está previsto que las necesidades energéticas registren en los próximos cincuenta años un crecimiento que doble prácticamente las necesidades actuales. 
La mayor parte de este crecimiento tendrá lugar en los actuales países en desarrollo, los cuales recurrirán principalmente a combustibles fósiles- que aceleran el fenómeno del efecto invernadero- para cubrir esta mayor demanda energética. 
Las medidas en materia de ahorro de energía permiten en cierta medida influir en el consumo primario, si bien este tipo de acciones son posibles únicamente en los países industrializados, e incluso en estos países esta influencia en el consumo global energético es bastante reducida. 
La utilización de las fuentes de energía renovable va a aumentar considerablemente en el futuro, pero la influencia de estas fuentes será insuficiente con vistas al deterioro del medio ambiente. 
Si tenemos en cuenta además el carácter limitado de los recursos de uranio y gas natural que existen en la tierra, es posible afirmar que, desde el punto de vista del medio ambiente y, especialmente, de la emisión de dióxido de carbono, no existe en estos momentos una solución energética aceptable que nos permita satisfacer las crecientes necesidades energéticas y evitar el avance del efecto invernadero. 
Desde hace varias décadas se viene investigando la teoría de los reactores de fusión y se ha conseguido efectuar la reacción en reactores de pruebas. 
En los trabajos de investigación encaminados a lograr un aprovechamiento comercial de la energía de fusión se ha llegado a una situación en la que es necesario construir el siguiente proyecto de demostración. 
El proyecto de investigación ITER que está previsto poner ahora en marcha es un proyecto conjunto de la UE, Japón, los EE.UU. y Rusia cuyo objetivo es producir la tecnología que permita construir en el futuro unas instalaciones de energía de fusión de carácter comercial. 
En la actualidad, los obstáculos con que nos enfrentamos a la hora de aprovechar la energía de fusión son de orden técnico, por lo que la mera investigación a nivel teórico ya no es suficiente para garantizar los progresos en este ámbito. 
Los países en desarrollo no tienen por el momento posibilidades de desarrollar una fuente energética que aproveche comercialmente la energía de fusión, así que este trabajo ha de realizarse en los países industrializados. 
Si además tenemos presentes los plazos para el aprovechamiento de la energía de fusión, que se estiman en cerca de cincuenta años, resulta claro que las presiones para que prosigan los trabajos no permiten una interrupción de la investigación actualmente en marcha, el recorte financiero propuesto por la Comisión ni el aplazamiento del proyecto ITER. 
Hoy en día, la investigación en el campo de la fusión cuesta cada año quinientos millones de ecus, lo cual apenas representa cerca del uno por ciento de los gastos que ocasiona la importación de petróleo en la UE. 
La producción de energía de fusión no genera residuos radiactivos de origen combustible. La investigación y el posible uso comercial de la energía de fusión no incorpora elementos que fomenten o faciliten la fabricación de armamento nuclear. 
Cabe recordar asimismo que la actual investigación en este campo ha dado lugar a numerosas innovaciones como, por ejemplo, en el sector de las tecnologías de los materiales, lográndose aprovechar de este modo los resultados de dichos estudios mucho antes de que se emprenda la producción comercial de energía. 
A fin de impedir que el efecto invernadero llegue a ocasionar unos daños irreparables antes de la adopción de la energía de fusión, hemos de fomentar la producción de energía mediante combustibles no fósiles. 
Resulta imprescindible garantizar y potenciar el uso de las actuales centrales nucleares si se quiere producir energía sin dañar el medio ambiente. 
La propuesta original de la Comisión consistía en financiar la investigación destinada a modernizar las actuales centrales nucleares y los estudios relacionados con el tratamiento de residuos. 
Éstos constituyen, en mi opinión, unos ámbitos de investigación en materia de energía nuclear por fisión que se adecuan muy bien a este programa. 
Señoras y señores diputados, estamos adoptando ahora las decisiones acerca de las alternativas energéticas de las próximas generaciones. 
Estas decisiones permitirán solucionar los problemas que plantee la futura producción de energía en Europa. 
Votando a favor de la investigación en el campo de la energía de fusión podremos garantizar a las generaciones venideras una vida sin mascarillas de oxígeno. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, llegados a este punto, voy a hablar de los tres programas horizontales desde el punto de vista de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y, por tanto, del papel internacional de la investigación, de la innovación y las pequeñas y medianas empresas, del potencial humano. 
En cuanto al primer tema- el papel internacional de la investigación comunitaria-quiero manifestar que la investigación tecnológica de la Unión Europea debe absolutamente confrontarse y seguir siendo competitiva respecto a la investigación mundial e incluso yo diría que el modelo de referencia es el de poder realizar unas investigaciones y unos descubrimientos que sean importantes a escala internacional. 
Por tanto, el Quinto Programa Marco se vería empobrecido si no se garantizara esta apertura. 
Sin embargo, nos podemos preguntar en qué condiciones debemos hacer participar a las empresas y los socios que no pertenecen a la Unión Europea, cómo gastar el dinero de los ciudadanos europeos en favor de los socios que no forman parte de la Unión. 
Serán necesarios acuerdos específicos, no obstante, al intervenir en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, vemos dos puntos de referencia que nos parecen indispensables: por un lado, el hecho de que la investigación realizada junto con socios externos redunda en beneficio de la Unión Europea y, en consecuencia, de su competitividad y de su calidad y, por otro, la existencia de un criterio de reciprocidad entendiendo con ello que si, por ejemplo, los socios, los investigadores americanos tienen acceso a un programa de investigación europeo, debe ser posible lo opuesto. 
Éste me parece un aspecto muy significativo, con relación al cual la Comisión en su conjunto, y no sólo la señora Comisaria Cresson, debe insistir en las relaciones internacionales. 
En este sentido, pienso en los países tecnológicamente avanzados como los Estados Unidos, Japón y Canadá y compruebo que, si hemos hallado formas para resolver los conflictos y las situaciones de competencia, por ejemplo, en el ámbito del comercio mediante la Organización Mundial de Comercio, el mundo de la investigación es todavía un mundo que los países mantienen bastante cerrado e impenetrable. 
Por otra parte, en lo que se refiere, en cambio, a los países emergentes y en desarrollo y sobre todo a los países próximos como, por ejemplo, los países candidatos a la adhesión y los terceros países del Mediterráneo, considero que sería deseable que la investigación se convirtiera en un instrumento de cooperación, aunque es necesario que en estos casos otros instrumentos financieros complementaran el Programa Marco de investigación. Pienso naturalmente en los programas de la Agenda 2000 y en los programas MEDA. 
En este contexto, la transferencia de tecnología y la participación de los terceros países será un elemento que contribuirá a valorizar el Programa Marco. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ha sido largo el camino hasta el acuerdo final sobre el Quinto Programa Marco de la Comunidad Europea en el ámbito de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. 
Hoy quisiera decir, después de la protesta inicial en la Comisión de pesca sobre este programa, que en la Comisión de Pesca podemos vivir con el resultado del Comité de Conciliación a pesar de la diferencia general de recursos y de algunos eventuales deficits de contenido. 
Sin embargo, seguiremos con gran atención la ejecución. 
Quiero explicar por qué. 
En su opinión que ha propuesto la Comisión de Pesca sobre el Programa Marco ha expuesto la necesidad de investigación en el sector de la pesca y de la acuicultura. 
Ha comprobado quela propuesta no contiene ningún programa que se refiera exclusivamente a la pesca, como sucedía aún en el pasado Cuarto Programa Marco. 
Por consiguiente, la concepción del nuevo Programa Marco tiene como consecuencia que en varios programas y acciones clave los objetivos de investigación en el ámbito de la pesca estén en competencia con otros objetivos de investigación. 
Esto no facilita las cosas a la pesca. 
Por lo demás, se necesitaría una solución para la futura financiación de actividades relacionadas con la pesca que hasta ahora estaban definidas como estudios y se hallaban situadas fuera del Programa Marco de Investigación. 
Entre estas actividades se encuentra la recogida de datos básicos para la valoración de las existencias piscícolas, que hasta ahora había sido financiada desde los Fondos estructurales. 
La Comisión de Pesca señala con insistencia, que debe evitarse el peligro de una interrupción de la financiación de actividades absolutamente importantes en este ámbito y que debe ampliarse el fomento de tales actividades al sector de la acuicultura. 
Hemos oído que de conformidad con el artículo 130 I el Programa Marco va a ejecutarse en forma de programas específicos individuales. 
Éstos se componen, a su vez, de las denominadas acciones clave o programas de trabajo. 
De esta suerte el primer programa específico, denominado «Calidad de vida y gestión de recursos vivos» comprende varias acciones clave, relevantes para el sector de la pesca y de la acuicultura. 
La más importante de las mismas es la gestión sostenible de la agricultura, la pesca y la silvicultura incluyendo el desarrollo integrado de los espacios rurales. 
Las prioridades para la investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración en la pesca y la acuicultura están establecidas de tal manera que debería estar cubierto una gran parte de la necesidad relevante de investigación. 
La acción clave «Salud, alimentación y factores ambientales» es también absolutamente relevante aquí y la acción clave «Lucha contra las enfermedades infecciosas» ofrece un marco cercano para actividades de investigación acerca de la evitación y contención de enfermedades de los peces en la acuicultura, pues entretanto se ha visto que esta acción clave no va a estar limitada a las enfermedades del ser humano. 
Eventualmente la acción «La fábrica celular» va a ser de interés para el sector de acuicultura, pues aquí pueden aparecer problemas de genética. 
Hasta aquí lo que se refiere al primer programa específico. 
El segundo y el tercer programa apenas son relevantes para la pesca y la acuicultura. 
De esta suerte, paso directamente al programa cuarto: mantenimiento de los ecosistemas. 
Este programa es de una gran importancia para la pesca y la acuicultura, precisamente por los intentos de aproximación a la gestión de los recursos pesqueros con el concepto de ecosistema, pues son extraordinariamente importantes los conocimientos acerca de cómo los cambios en el medio ambiente pueden influir en los ecosistemas marinos de los que dependen la pesca y la acuicultura. 
Hasta ahora nos hemos lamentado siempre de que el estado actual del conocimiento ofrece sólo rara vez la posibilidad de predecir o de describir los efectos concretos de un sistema ecológico perturbado sobre las poblaciones de peces y también las consecuencias para el sector pesquero. 
Los demás programas específicos se refieren, entre otras cosas, a la necesidad de cooperación internacional con terceros estados del área mediterránea así como con Rusia, los EE.UU. y Canadá. 
Éste es un tema que en el ámbito de la pesca nos va a ocupar cada vez más a la hora de la búsqueda de nuevos recursos. 
Por consiguiente, la Comisión de Pesca ha definido claramente los contenidos y ha declarado su importancia. 
Esperamos su realización. 
En vista de las crecientes exigencias que se plantean al Programa Marco ha habido que luchar también, como hemos oído, por cada marco en la dotación de recursos financieros. 
Seguramente esto ha sido fatigoso a veces pero ha merecido la pena. 
Quiero dar las gracias a todos los que han participado. 
También nos sentimos muy aliviados por el hecho de que con el programa de investigación se pueda realizar también una parte importante de la política de empleo que se espera de todos nosotros. 
En una Europa moderna no podemos descuidar jamás el ámbito de la investigación. 
Este es frecuentemente el verdadero comienzo de todas las cosas, pero esto debe verse reflejado también después, evidentemente, en nuestro presupuesto. 
Señor Presidente, en lo concerniente a la parte del Programa Marco que trata del fomento del crecimiento competitivo y sostenible, es decir, del informe Argyros, tengo que manifestar que me satisface mucho que se hayan incorporado en él tantas propuestas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Entre otras cosas, se hace hincapié en el objetivo general de crear puestos de trabajo y de mejorar la calidad de vida mediante un crecimiento sostenible, además de seguir el programa y en caso necesario adecuarlo, no solamente en cuanto al desarrollo científico y técnico, sino también en relación con el desarrollo económico y social en la sociedad, que yo creo que en el futuro, cada vez más, va a guiar la investigación. 
Además, la investigación también tiene que satisfacer necesidades socioeconómicas y medioambientales, aportando conocimientos a los políticos y a quienes toman decisiones para que adopten medidas encaminadas a agilizar los cambios sociales y para asegurar el equilibrio ecológico. 
Lamento que en este presupuesto no se nos hayan proporcionado los medios que necesitamos. 
Por este motivo, pido a los colegas que voten a favor de la enmienda 30 del Grupo V. 
Señor Presidente, estimados colegas, quiero referirme en primer lugar al informe del Sr. Tannert. 
De acuerdo con el Quinto Programa Marco de Investigación la investigación europea debe estar adaptada más que nunca a las necesidades de la sociedad y debe encontrar soluciones para sus acuciantes problemas. 
En el ámbito de la biotecnología podemos esperar muchas de estas respuestas. 
Esto es así ya en el sector médico, farmacéutico y en el sector agrario. 
En estos ámbitos se está trabajando en todo el mundo y si la Unión Europea quiere seguir siendo competitiva debe aintensificar considerablemente sus esfuerzos. 
Ahora bien, así como la biotecnología responde cuestiones, ella misma plantea preguntas en el campo de la tecnología genética como, por ejemplo, la seguridad de los productos obtenidos mediante tecnología genética y también los aspectos éticos tan sensibles. 
La investigación en tecnología genética- en esto coincido plenamente con el ponente- depende por entero de si logramos un consenso social sobre sus planteamientos. 
Por esta razón, una información objetiva y una discusión ampliamente realizada en el ámbito ético deben ser también objetivos de este programa. 
El Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo está exigiendo una vez más una moratoria en la investigación con tejidos fetales y en el diagnóstico de preimplantación. 
Esta debe estar vigente hasta que haya tenido lugar una valoración ética completa. 
Sin embargo, para mi Grupo esta moratoria de la investigación no es un camino practicable. 
La exigencia no es realista, pues una valoración ética no podrá ser emprendida nunca con carácter concluyente. 
Se producirá siempre de manera paralela a la investigación. 
Es decisivo que en la investigación sobre embriones se respeten las disposiciones que se contienen en las legislaciones nacionales y que se respeten los principios éticos comunes. 
Desde el principio los proyectos europeos de investigación deben ser evaluados cuidadosamente respecto de los aspectos éticos. 
Sin embargo, una moratoria completa conduciría a una paralización total que precisamente queremos evitar mediante este programa. 
Quiero referirme ahora brevemente al informe del Sr. Lange. 
Las enmiendas merecen apoyo en su totalidad y cuentan también con la aprobación de mi Grupo. 
Celebro sobremanera que en este programa específico se prosigan los esfuerzos en pro del fomento de la formación y de la formación continua de los investigadores europeos. 
Para la competitividad de Europa es enormemente importante que la calidad de los investigadores y científicos europeos se vea reforzada de manera permanente. 
Es importante conseguir una intensa y eficaz cooperación entre los investigadores europeos. 
En lo que respecta a la investigación socio-económica, merece celebrarse mucho, desde el punto de vista de la idea misma, la intención de la Comisión de configurar aspectos socio-económicos como acción clave de este programa horizontal. 
No obstante, hay que decir también que no todo lo que es científicamente interesante y factible necesita un apoyo financiero pleno a través del fomento europeo de la investigación. 
Por esta razón, considero suficiente el asiento previsto del 10 % de los recursos de este programa específico para la investigación socio-económica. 
Muchas gracias a ambos ponentes. 
Señor Presidente, quisiera hacer un comentario respecto del Informe Estevan Bolea y éste versa sobre las energías renovables, en concreto. Sobre la energía geotérmica, más conocida en el lugar del que provengo como «tecnología de las rocas calientes». 
Muchos de los Estados miembros tienen una amplia experiencia en esta área. 
Europa cuenta con un buen historial de sus éxitos en las investigaciones del pasado. 
Ahora no se menciona esto en la propuesta de la comisión. Quizá se incluya bajo el título «Otras energías». 
En mi opinión eso no sería en absoluto suficiente. Esa es la razón de la enmienda n. 
19 que menciona específicamente la energía geotérmica. 
Quisiera recordar a la Comisión que los estados Unidos están invirtiendo actualmente cerca de 100 millones de dólares en la investigación de este ámbito específico. 
Están buscando mercados para la exportación. 
Se trata de áreas que nosotros, en tanto Unión Europea, vamos a perder si no nos aseguramos que nos mantenemos al día en esta tecnología. 
¿Va la Comisión a apoyar la tecnología geotérmica? 
¿Será tan amable de apoyar la enmienda n. 19? 
Señor Presidente, felicito a todos los ponentes por los excelentes informes que han elaborado. 
Coincido con prácticamente todos ellos. 
Me complazco de ver que el Informe Tannert explica con claridad que la investigación sobre la clonación humana no va a ser permitida en el actual Programa Marco. 
Mi convicción personal es que la clonación humana, en cualquiera de sus formas, no debería ser tolerada en ninguna circunstancia. 
El programa sobre la sociedad de la información fácilmente accesible a los usuarios presentado por nuestro colega el Sr. Malerba es de gran importancia. 
Cada elemento de las cuatro áreas de acción claves va a desempeñar un papel crucial para el desarrollo y el progreso futuros, y no menos para la creación de empleo. 
Hace pocas semanas el Taoiseach de Irlanda, el Sr. Bertie Ahern, anunció la decisión de crear un gran parque digital. Al hacerlo expresó que: «unir las ciudades y pueblos en esta activa red no sólo conseguirá más empleos para Irlanda sino que aportará un lugar único para servicios locales de salud, educación, turismo, desarrollo empresarial y todos los servicios públicos». 
Al hablar en nombre de la delegación irlandesa en mi grupo no sorprenderá a muchos que tenga ciertas dificultades con aquellos informes que se ocupan de la investigación de uno u otro sector nuclear. 
La saga de mentiras, filtraciones y encubrimientos de Sellafield ha sido consecuentemente denunciada por mi delegación del Fianna Fáil en este Parlamento desde los días de Windscale. 
Nos oponemos completamente a la proposición de una nueva expansión de Sellafield. 
No existe ninguna justificación- económica o de otra índole- para el reprocesamiento de desechos nucleares. 
No vamos a apoyar ningún programa que en efecto contribuya a dar continuidad a la contaminación letal de Sellafield. 
El dinero sería mucho más útil si se dedicase a la investigación de energías renovables no nucleares tal y como se expresa en el programa, preservando el ecosistema, que es el objeto del Informe Estevan Bolea. 
Como conclusión quisiera hacer un comentario sobre el Quinto Programa Marco en su conjunto. 
Estoy convencido de que para Europa ha llegado el momento de dejar de ser percibida como una seguidora de las tendencias investigadoras de los Estados Unidos y Japón y convertirse, con una aproximación coherente y unificada, en un líder mundial en este campo. 
Podemos hacerlo si lo deseamos. 
Señor Presidente, desearía resaltar de manera particular tres aspectos por lo que respecta al Quinto Programa Marco de investigación y a los programas específicos relacionados con el mismo. 
El primer punto está relacionado con los usuarios de la investigación. 
De acuerdo con la propuesta de la Comisión, el Quinto Programa Marco tiene por objeto lograr una interacción aún mayor con los usuarios. 
Es muy importante que por usuarios la Comisión no entienda únicamente los sectores de la vida económica, sino también los verdaderos usuarios finales de la investigación, que son los ciudadanos. 
Además, es necesario lograr que las organizaciones de representación ciudadana y los dirigentes políticos elegidos democráticamente puedan participar también en la planificación y el control de la investigación. 
En segundo lugar, desearía hacer hincapié en el papel particular que deben desempeñar las mujeres en los programas de investigación. En el informe Lange que ahora sometemos a debate se ha tenido bastante bien en cuenta este aspecto. 
Se deben llevar a cabo esfuerzos para que se asignen créditos suficientes a la investigación relacionada con la promoción de la situación de la mujer y la igualdad entre los sexos, así como para garantizar que las mujeres estén representadas en los grupos de selección y evaluación de los proyectos. 
El tercer punto está relacionado con las posibilidades de los países candidatos para incorporarse a este Quinto Programa Marco. 
Es necesario que se adopten rápidamente las decisiones oportunas con motivo de las negociaciones con los países que estén dispuestos a participar en dicho programa, a fin de permitirles incorporarse al mismo ya desde el principio. 
En este orden de cosas, me gustaría resaltar la importancia que reviste la investigación relativa a la protección en el puesto de trabajo, un ámbito donde se debería invertir también en el plano científico. 
Para finalizar, me gustaría decir que estoy completamente de acuerdo con las palabras que ha pronunciado hace apenas unos momentos el Sr. Fitzsimons acerca de la investigación nuclear. 
Efectivamente, merece la pena que centremos nuestros esfuerzos en los recursos energéticos renovables. 
Señor Presidente, no puedo comenzar mi primera intervención en esta Cámara sin referirme a mi predecesor, el Doctor Alan Macartney, quien sé era tenido en muy alta consideración tanto por su trabajo en las comisiones como en el Parlamento. 
No podía haber tributo más apropiado a Alan Macartney por parte de nuestra gente que el resultado decisivo de la elección que me ha traído a mí, también miembro del Partido Escocés por la Independencia, a esta Asamblea. 
Si uno de nuestros objetivos principales es crear las condiciones necesarias para estimular el crecimiento económico y mejorar las oportunidades de empleo, entonces las pequeñas y medianas empresas desempeñan y deben desempeñar un papel esencial. 
Me complace ver la figura de las PYMES en estos programas y, en particular, que una parte del presupuesto va a estar disponible para emplearse especialmente en proyectos para las empresas más pequeñas. 
Como antiguo propietario de una empresa muy pequeña sé muy bien lo difícil que resulta encontrar más tiempo, energía y la financiación necesaria para llevar a cabo proyectos innovadores. 
Y como hasta hace poco también era el director de una pequeña- y también exitosa- administración local en Escocia sé, por experiencia y por nuestras unidades europeas, que muchas de nuestras pequeñas empresas son ricas en talento e ideas que requieren un mayor estímulo. 
Confío en que haya una flexibilidad suficiente en el proceso de toma de decisiones de estos programas y en su ejecución de modo que sean completamente accesibles para nuestras pequeñas y medianas empresas. 
Los escoceses tienen una bien merecida fama en lo que se refiere a la innovación y a la inventiva. 
En mi región de Escocia, el noreste, tenemos muchas empresas, negocios e instituciones académicas y de investigación que trabajan en proyectos e ideas que son dignas de ser diseminadas por toda Europa y por el resto del mundo. 
Dundee, por ejemplo, una de las dos ciudades de mi región se está convirtiendo en verdad en un centro de excelencia de ciencias de la naturaleza. 
Aberdeen es reconocida como la capital de la energía de Europa. 
Estoy al tanto del gran trabajo que se está realizando para desarrollar proyectos en un amplio abanico de áreas que incluyen la telemática y las energías renovables. 
Dicho sea de paso que vengo de un partido de perspectiva antinuclear y apoyo lo expresado por mi colega hace algunos minutos. 
Tenemos proyectos que trabajan en el mantenimiento de la alta calidad de nuestro sistema de suministro de agua, también mencionado anteriormente. 
En Escocia tenemos mucho que ofrecer a través de la investigación y el desarrollo. 
Espero que mediante la participación en estos programas no sólo se beneficien los proyectos, negocios e instituciones escocesas sino que las ideas que se generen en su seno también beneficien a Europa y al mundo entero. 
Ciertamente deseo que mi participación en esta Asamblea ayude a promocionar Escocia y a promocionar proyectos europeos allá en Escocia. 
Señor Hudghton, no le he interrumpido porque quería darle las gracias y mi enhorabuena por su asistencia, por primera vez, al Parlamento. 
Le deseo una buena continuación en su cargo y le puntualizo que aquí el tiempo de la intervención es respetado por todos. 
Señor Presidente, en el marco de este debate común sobre la investigación y el desarrollo tecnológico, me referiré al informe sobre el programa relativo a la innovación y la participación de las pequeñas y medianas empresas. 
Nunca destacaremos bastante el papel decisivo de las PYME tanto en lo relativo al empleo como al equilibrio territorial de nuestros países. 
Es mucho más preferible favorecer el mantenimiento y el desarrollo de un tejido coherente y denso de empresas en el mundo rural, que invertir importes considerables en una política urbana con resultados sumamente inciertos. 
Ahora bien, este tejido se ha visto gravemente dañado por la crisis y es de esencial importancia trabajar para reconstituirlo, favoreciendo especialmente el desarrollo de las industrias del futuro, que actualmente originan la creación más elevada de riqueza, de crecimiento y de empleo. 
A este respecto, es indispensable que seamos capaces de garantizarles la propiedad intelectual, tanto a nivel comunitario como a nivel de los países terceros, lo cual es absolutamente necesario para la amortización de los costes inherentes a la investigación y al desarrollo. 
Y más que darse buena conciencia, incorporando a este Quinto Programa Marco de investigación una vertiente PYME con poca dotación cuya repercusión será, por tanto, débil, ¿no habría sido preferible comenzar por realizar una verificación de los obstáculos jurídicos que encuentran actualmente los creadores de empresas y de los frenos al desarrollo de las PYME inducidos por algunas de las propias reglamentaciones comunitarias? 
En efecto, es de esencial importancia que nuestros sistemas jurídicos traten de facilitar el desarrollo de las PYME, en lugar de obstaculizarlo, como se constata especialmente con algunas reglamentaciones que tienden a estrangular a las sociedades desde su nacimiento, es decir, en el momento en el que más necesidad tienen de capitales. 
Habría resultado útil hacer una reflexión sobre las disposiciones que sería indispensable introducir en la ley de sociedades con vistas a adaptarlas a las normas de la industria tecnológica y el capital riesgo, instrumento esencial para facilitar el acceso de las PYME a la financiación privada de la innovación. 
Y cómo no interrogarse sobre los efectos negativos de una política encaminada a desarrollar acuerdos de libre intercambio en todas direcciones sin realizar previamente un estudio sobre sus repercusiones y a aprobar normas artificialmente elevadas sobre el tejido de nuestras pequeñas y medianas empresas. 
Apelo, señor Presidente, a una política pragmática y no ideológica encaminada a facilitar realmente el desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas, que hoy día representan la principal fuente de creación de empleo en la Unión Europea. 
Señor Presidente, la investigación es futuro, la investigación es el hálito del espíritu humano. 
Pero se necesita responsabilidad. 
Celebro mucho que en el informe de la Sra. McNally no esté más en discusión la fusión nuclear, pero sí la seguridad de la fisión nuclear, la vigilancia de los materiales nucleares, la parada de las centrales atómicas y la eliminación de residuos. 
En el futuro hemos de apagar muchas, muchísimas centrales atómicas y habría sido bueno que nos hubiéramos ocupado de esto mucho antes. 
Tendremos que ocuparnos mucho tiempo, muchísimo tiempo, de la eliminación de residuos. 
Aunque no tenemos aún una solución para los residuos radiactivos que seguirán emitiendo radiaciones durante siglos y durante milenios, los producimos a diario. 
Una forma grotesca, trágica y dramática de irresponsabilidad humana. 
Creo que llegamos muy tarde, quizá demasiado tarde, para hacer investigación en este punto. 
Agradezco mucho a la Sra. Matikainen-Kallström que aluda en su informe a que en el desarrollo de la fusión quizá el mayor obstáculo podría ser también la constante producción de enormes cantidades de material radiactivo. 
Pero ella menciona ámbitos muy importantes como el ámbito de la fisión nuclear, la seguridad de funcionamiento, las instalaciones de técnica nuclear, la protección contra la radiación y también, de nuevo, como tantas veces se ha mencionado hoy, la eliminación de los residuos. 
Sé que la Sra. Matikainen-Kallström ha realizado un gran esfuerzo con su informe, pero lamento también, como algunos oradores que me han precedido, que aquí y hoy no se hable de una sola acción clave para las energías renovables. 
Hay que poner solución a estos residuos. 
Hay que responder de ellos. 
No son soportables por los seres humanos. 
Cuando, como yo, se intenta hacer política desde la responsabilidad democristiana, no resulta posible- al menos a mí- decir sí a un programa que, supongamos, nos procura muchísimas ventajas pero que desde la perspectiva de hoy deja tras de sí problemas insolubles a los que vendrán después de nosotros. 
Quiero pedir, ya hoy, a mis colegas comprensión para con mi conducta de voto. 
Señor Presidente, en relación con el informe del colega Argyros sobre el programa específico para un crecimiento competitivo y sostenible, quisiera, ante todo, subrayar con satisfacción el esfuerzo del ponente por aproximarse a temas relativos a la salvaguardia de la transparencia en la gestión de los créditos de las acciones pertinentes del programa, a la distinción de la dimensión social en los objetivos a los que van destinados los créditos disponibles, a la ampliación de las acciones especiales a sectores como el textil, que constituye una industria europea muy importante y que demanda gran cantidad de mano de obra, a la asignación de una parte más significativa del presupuesto a la mejora de la tecnología de los transportes terrestres y marítimos y a la difusión las conclusiones de la investigación en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. 
Sin embargo, quisiera señalar que la crisis económica mundial ha puesto de relieve con mayor énfasis la necesidad de un desarrollo económico que beneficie a los pueblos, respetando plenamente el medio ambiente, razón por la cual se habla de desarrollo sostenible. 
Pero ahora se añade la palabra «competitivo». 
Por supuesto que no. 
Esta palabra aporta el marco para que el esfuerzo principal se dirija de una forma insultantemente unilateral a la valoración de los conocimientos, de la ciencia y de la tecnología, fomentando los intereses y los objetivos del gran capital internacional. 
La competitividad es el objetivo más importante, y a él se subordinan los derechos y las conquistas de los trabajadores y también el medio ambiente y el equilibrio ecológico. 
Todo desarrollo y protección del medio ambiente se subordina a la condición del rendimiento de las empresas. 
La experiencia muestra, especialmente este año, que toda referencia al desarrollo competitivo causa una gran intranquilidad a los trabajadores y a amplias capas populares. 
Es preciso entender, de una vez para siempre, que la tecnología es un producto de la evolución de la ciencia y del espíritu humano y que no puede utilizarse con hostilidad hacia la naturaleza, hacia el ser humano y sus necesidades. 
Señor Presidente, pienso hablar sobre el informe Malerba, respecto del cual he presentado enmiendas. 
El informe trata de la sociedad de la información fácilmente accesible a los usuarios, algo de lo que yo soy un gran entusiasta. 
Sin embargo, al mismo tiempo, estoy algo preocupado. Ahora que tenemos Internet y sociedad de la información existe el riesgo de que todo esto se use como un sistema electrónico de control, y es algo que me preocupa bastante. 
Opino que es importante que dejemos en claro en el Parlamento que no queremos coadyuvar en este proceso incorporando en este programa técnicas de control electrónico o técnicas de comunicación. 
También quiero referirme a otra enmienda del informe Argyros sobre crecimiento competitivo y sostenible. 
Allí he presentado una enmienda sobre la disminución del impacto medioambiental de los transportes aéreos. 
Aquí en el Parlamento hablamos mucho sobre los coches, que deben usar mejores carburantes y gastar menos gasolina, pero parece que hemos olvidado completamente a los aviones, que también gastan muchísimo carburante. 
También en este terreno se precisan técnicas competitivas para ahorrar carburantes y para proteger el medio ambiente. 
La industria tiene que ver esto como una ventaja y no como una desventaja. 
Señor Presidente, en el Quinto Programa Marco se señala, sobre todo, la importancia de una política de investigación conjunta. 
En el transcurso del tiempo la estructura se ha ido haciendo cada vez más clara y los temas se han concretado. 
Hay que evitar que se dispersen gran cantidad de pequeños proyectos y que algunos de estos coincidan. 
Visto desde este punto de vista la cuestión que se puede plantear es si el 10 % del presupuesto para la pequeña y mediana empresa será suficiente para estimular el desarrollo científico. 
Tanto para los centros de investigación como sobre todo para las empresas es muy importante que se haga una rápida valoración de las solicitudes. 
También es importante que se formulen criterios claros con un gran margen de seguridad. 
Esto evita, además, la molestia de largas negociaciones contractuales y procedimientos burocráticos. 
Visto los rápidos desarrollos dentro de la ciencia tiene que ser posible aplicar programas específicos a mitad de tiempo. 
El rápido avance de la tecnología genética, con las consecuencias posibles de aparición de nuevas resistencias y patrones de alimentación perjudiciales, exige que exista una investigación extra biomédica y una reflexión ética. 
Que la investigación científica no está libre de juicios de valor, se ve claramente por el hecho de que la clonación humana está excluida de este Programa Marco. 
Estamos satisfechos de esta postura; es necesario que la reflexión esté por encima de, por ejemplo, determinadas técnicas genéticas, y es muy conveniente que exista una completa información imparcial. 
El desarrollo sostenible constituye una base importante para la investigación, donde la energía y la protección del medio ambiente tendrían que estar bien integradas. 
Una buena forma de integración y de trabajo estimulante se conseguiría con la colaboración entre la administración, el sector privado, la industria y el sector de servicios. 
Esto tiene que ser válido en una investigación aplicada. 
Sin embargo también tiene que reservarse espacio para la investigación fundamental que se desarrolla de forma independiente, donde la objetividad es el ideal de la investigación científica. 
En lo que respecta al futuro del programa de fusión nuclear, cabe señalar que el conocimiento de este tema tiene que guardarse para el futuro. 
Sería aconsejable que se supiese más claramente y con mayor precisión todo lo que se está desarrollando dentro del sector nuclear. 
En relación a este sector es muy importante prestar atención a la administración de residuos y a la seguridad. 
Señor Presidente, de todo este Quinto Programa Marco me voy a referir al informe del Sr. Malerba sobre la sociedad de la información y la facilitación del acceso a los usuarios. 
Y voy a hacer cuatro reflexiones al respecto. 
La primera reflexión se refiere a que la inversión total- no ya la que prevé este Quinto Programa Marco, sino la inversión total-que se hace en la Unión Europea, sumada a la individual de los 15 Estados miembros, está muy por detrás de la que nuestros más directos competidores- los Estados Unidos y el Japón- invierten en este sector. 
Y tenemos que darnos cuenta de que este es un sector punta y, por lo tanto, tenemos que acoger favorablemente esta iniciativa entendiendo que es una iniciativa que necesita completarse. 
Y, además de necesitar completarse- puesto que se trata de recursos muy escasos- hay que distribuirlos bien. 
Y en ese sentido, yo suscribo la idea del ponente de concentrarlos en los Objetivos 1 y 3, es decir, acceso de los ciudadanos y nuevas tecnologías, más que en el Objetivo 2, que se refiere al comercio electrónico, para el que se necesita una mejor reglamentación, una acción del legislador más que una acción de la inversión. 
Y debo decir que el último capítulo, por falta de definición, queda muy vago. 
Por otra parte, hay que concentrar nuestros esfuerzos en aquellos sectores punta, en aquellos sectores clave, donde realmente esa inversión va a dar más de sí. 
Y por último, en esta última parte de la intervención, voy a referirme a dos tipos de enmiendas, al hilo de lo señalado por nuestro colega del Grupo de los Verdes. Es más que peligroso establecer ahora una «caza de brujas» sobre el fomento de la investigación en este sector punta. 
Es cierto que hay dificultades de cara a la preservación de los derechos personales de la intimidad, etc., pero no olvidemos, en primer lugar, que todo Internet surgió de un esfuerzo de investigación en el marco militar y que, de ahí, ha alcanzado el uso que se le da hoy en día. 
Por lo tanto, debemos ser prudentes en esa cuestión. 
En segundo lugar, quiero suscribir las palabras del ponente en cuanto a la exageración que se establece en algunas enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer respecto al establecimiento de cuotas por género, etc. 
Señor Presidente, en el tema de la tecnología genética estoy muy decepcionada del informe del Parlamento Europeo. 
Si además tengo que escuchar que no se formulará ninguna prohibición, sino que es una cuestión de sanción social, entonces lo encuentro muy ingenuo. 
Hace años se nos prometió ya que al final habría normas. 
Después de muchos años de programa de investigación en este ámbito se podría esperar de la Comisión que de una vez por todas estableciese criterios éticos en vez de asegurar una y otra vez que los proyectos de investigación contribuirán precisamente a eso, es decir, cada vez se hace más patente que esto no es más que lírica, que de lo que se trata aquí es de impulsar esta investigación de riesgo y la investigación éticamente dudosa, sin establecer aquí limitación alguna. 
Incluso los colegios médicos de la República Federal se han pronunciado en favor de una moratoria. 
Sin embargo, evidentemente, la Comisión no consigue decir en este caso: en efecto, esto es dudoso tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista ético, hemos de empezar de una vez a establecer límites. 
Lo mismo hay que decir de la cuestión de las pinturas plásticas en los juguetes para bebés. 
Por un lado, la Comisión dice que no puede establecer prohibiciones porque no tiene investigación y, por otro lado, su programa de investigación tampoco contiene planteamiento alguno de investigación como para poder poner aquí en el orden del día, siquiera una vez, justamente este punto, la medicina ambiental, todas estas cuestiones, por ejemplo, que se refieren a las sustancias químicas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, todos hemos comprobado que la adopción del Quinto Programa Marco ha sido decisiva para la investigación europea. 
El Parlamento ha logrado que se oyera su voz y la de los ciudadanos europeos incorporando diversos temas fundamentales para el desarrollo y el mejoramiento de la vida y de la investigación de nuestra Europa. 
Como he reiterado en todas las sedes institucionales, sólo a través de la investigación y de la innovación tecnológica se puede vencer el desempleo que afecta a Europa. 
Investigar significa crear puestos de trabajo para el futuro y mejorar las condiciones de vida de nuestros hijos. Por eso es importante que en Europa se haga un esfuerzo para mejorar la obtención y la difusión de los datos de la investigación y para convertir en más fácil el acceso a la misma. 
La adopción de los programas específicos de hoy debe constituir otra oportunidad, una oportunidad más para las empresas, los investigadores y para todos los ciudadanos europeos. 
Cierto que en el ámbito de los distintos programas hemos prestado interés a toda una serie de temas, entre los cuales quiero destacar por su importancia el de la calidad de vida y gestión de los recursos biológicos. 
Europa posee una sólida experiencia en lo que se refiere a la investigación y las aplicaciones en este campo, y quiero subrayar que las biotecnologías y la ingeniería genética, más allá de todas las consideraciones de carácter prudencial, tienen y tendrán un impacto fundamental en nuestro futuro, en el futuro de la medicina y en el futuro de nuestro bienestar. 
En nombre de la comisión que presido, deseo recalcar que a lo largo de estos años se ha realizado un largo e importante trabajo tanto en el ámbito del Programa Marco, sobre el que, si bien con dificultades, se ha alcanzado un acuerdo con el Consejo, como en el ámbito de los programas específicos que, como saben sus Señorías, han sido objeto de varias enmiendas. 
En conclusión, espero que el Consejo tenga debidamente en cuenta las sugerencias propuestas por el Parlamento a la hora de aprobar estos programas, respecto a los cuales no está prevista la codecisión, ya que sería muy grave no tener en cuenta la opinión de quien, como nosotros, representa a los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a mi colega la Sra. Quisthoudt-Rowohl, la ponente, por la dura tarea de conducir al Quinto Programa Marco hasta este punto, incluyendo, lo que me complace decir, una visita a Devon, mi circunscripción, para informarse de los muchos proyectos que se llevan a cabo en la Universidad de Exeter y la Universidad de Plymouth. 
Celebro el interés mostrado. 
Saludo el resultado del procedimiento de conciliación. 
Había muchos investigadores esperando ansiosamente a causa de la futura financiación y la posibilidad de que ésta fuese suprimida. 
Deberíamos enfatizar la importancia del Quinto Programa Marco para el trabajo en red más allá de las fronteras nacionales. 
La importancia de este trabajo no puede exagerarse aun cuando representa una muy pequeña porción del conjunto del gasto europeo en investigación. 
Insto a la Comisión a prestar más atención en el futuro a la provisión de un asesoramiento consistente en los concursos, de modo que se explique a los solicitantes que no han tenido éxito cuales fueron las razones de su fracaso, y a realizar los pagos a tiempo porque los retrasos causan grandes dificultades, especialmente a las pequeñas empresas. 
Saludo el énfasis en la participación de las PYMES. Debemos recordar que éstas se enfrentan a especiales dificultades a la hora de participar en grandes programas transnacionales. 
Saludo el apoyo de la Sra. McNally al trabajo de JET en Cullham. 
Esto debería tranquilizar al personal que allí trabaja y que temía por la perspectiva futura de sus empleos. 
Sobre todo quisiera destacar la importancia del Quinto Programa Marco en tanto catalizador del progreso, la innovación, competitividad, calidad de vida y del empleo en Europa. 
Señor Presidente, señoras y señores Ponentes, Señorías, ante todo quisiera agradecer profundamente a los nueve ponentes y felicitarlos por la calidad de su trabajo. 
Hago extensivo mi agradecimiento al conjunto de los miembros de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, y a su Presidente, Sr. Scapagnini, así como a los presidentes de las distintas comisiones que colaboraron en el debate sobre los diferentes programas específicos del Quinto Programa Marco de investigación. 
El examen del conjunto de las propuestas de la Comisión representaba un cometido amplio y complejo. Era tanto más difícil de asumir cuanto que era necesario realizarlo en plazos breves, paralelamente con el debate del Quinto Programa Marco en el seno del Comité de Conciliación. 
El Parlamento Europeo cumplió perfectamente con su cometido, elaborando informes que contienen una serie de sugerencias pertinentes y constructivas. 
No entraré en detalle en las numerosas enmiendas presentadas, ya que prefiero resumirles la posición de la Comisión sobre algunos puntos importantes. 
No obstante, en la Secretaría está a su disposición una toma de posición pormenorizada por escrito. 
De modo general, la Comisión acepta una gran parte de las enmiendas propuestas, tanto en su contenido como en su espíritu, si no en su formulación precisa. 
La Comisión expresa de este modo su acuerdo con varias de las enmiendas llamadas «horizontales» , que se aplican al conjunto de los programas, o repercuten, bajo la pluma de los diferentes ponentes, las posiciones del Parlamento sobre puntos de carácter general. 
Estas enmiendas, que reflejan el acuerdo concluido sobre el Quinto Programa Marco en el seno del Comité de Conciliación se refieren, ante todo, a la igualdad de oportunidades y a la participación de las mujeres en la puesta en práctica de los programas de investigación. 
Se trata de un punto al que personalmente concedo gran importancia. 
A iniciativa mía, la Comisión presentará próximamente una comunicación sobre este tema, en la que se describirán las medidas concretas que se tomarán para fomentar la igualdad de oportunidades y la participación de las mujeres como corolario del coloquio que organicé el año pasado «Mujeres y Ciencia». 
A continuación, la participación de las pequeñas y medianas empresas. 
Tal como se convino en el seno del Comité de Conciliación, las PYME se beneficiarán del 10 % de los medios destinados a los cuatro programas temáticos para resolver los problemas tecnológicos que han de encarar. 
Añado, para responder a lo que acaba de decirse, que se establecerá una ventanilla única para facilitar el acceso de las PYME al programa. 
Por lo demás, el número de PYME que se benefician de los programas de investigación ha aumentado un 30 % desde hace cuatro años. 
Por último, la información destinada al Parlamento Europeo, el cual verá reforzarse sus posibilidades de seguir en detalle la ejecución de los programas, incluido, claro está, el Centro Común de Investigación. 
La Comisión propone al Parlamento una cita próxima, dentro de tres meses, en la que informará respecto a las condiciones en las que se desarrollarán las primeras etapas de la puesta en práctica de los programas. 
Paso ahora a comentar los nueve informes. 
Dejando a un lado determinados aspectos, mencionaré los siguientes elementos. 
En su informe sobre el programa «Calidad de vida y gestión de los recursos vivos» , el Sr. Tannert hace hincapié, con toda razón, en la importancia de la atención que ha de concederse a las cuestiones éticas. 
En el caso particular de la investigación sobre los embriones humanos, la Comisión comparte las reservas del Parlamento. 
Los conocimientos y las tecnologías progresan rápidamente y es preciso tomar en cuenta el interés de las parejas y de los enfermos, sin embargo, también queda de manifiesto que hay límites que no deben sobrepasarse. 
La Comisión toma nota con satisfacción del apoyo concedido al programa «Sociedad de la información fácilmente accesible a los usuarios» en el informe sumamente pormenorizado del Sr. Malerba. 
De conformidad con los deseos del Parlamento, propondrá equilibrar de nuevo el presupuesto de este programa en favor de las acciones clave, los servicios a los ciudadanos así como las tecnologías e infraestructuras esenciales. 
El Sr. Malerba intervino también un poco más tarde en relación con el problema de las relaciones internacionales en materia de investigación. 
Cae por su propio peso que las cooperaciones serán recíprocas. 
En lo que se refiere a la interconexión de las redes en banda ancha para la investigación, la Comisión opina que, llegado el caso, podría beneficiarse de una contribución financiera de otros programas además del programa «Sociedad de la información». 
No obstante, esta contribución sólo concierne a los usuarios y los usos específicos relacionados con los ámbitos que abarcan estos programas. 
La Comisión evaluará y analizará estas necesidades y sobre esta base determinará los mejores medios para satisfacerlas. 
Entre las enmiendas presentadas por el Sr. Argyros a la propuesta para el programa «Crecimiento competitivo y sostenible» , la Comisión retiene más especialmente, en su contenido, aquellas que tienen por efecto hacer hincapié en la dimensión sostenible en todo el conjunto de las investigaciones previstas. 
Este acento especial es particularmente acertado. 
El principio del programa es desarrollar las tecnologías que resulten a la vez competitivas y sean respetuosas con el medio ambiente, yo diría incluso que resultan más competitivas en la medida en que integran los aspectos del medio ambiente. 
El informe de la Sra. Estevan Bolea sobre el programa «Conservación del ecosistema» analiza con mucha precisión las necesidades y las acciones previstas en el ámbito de la energía y del medio ambiente. 
Sin dejar de destacar los estrechos vínculos existentes entre las cuestiones planteadas en ambos campos, la Comisión toma nota de la idea, defendida por el Parlamento y por el Consejo, relativa a la puesta en aplicación de dos subprogramas distintos. 
Por lo demás, la Comisión comparte el sentimiento de la importancia que ha de concederse a las energías renovables. 
Recuerdo que a iniciativa suya, la Unión Europea se fijó como objetivo incrementar la parte de las energías renovables para pasar del 6 % actual al 12 % en el año 2000. 
Sin embargo, no nos parece posible ni necesario fijar un umbral cuantitativo de medios para la investigación en este campo. 
Una parte de las tecnologías implicadas combina la explotación de las energías clásicas y de las energías renovables y es preciso tomar en cuenta las capacidades de absorción del tejido de investigación y del tejido industrial europeo. 
Nos felicitamos por el apoyo del Sr. Marset Campos al programa «Consolidación del papel internacional de la investigación comunitaria». 
Como él, consideramos que cabe diferenciar las acciones realizadas en este ámbito en función de las diferentes regiones existentes en el mundo y sus necesidades económicas y sociales particulares. 
No obstante, no nos parece necesario establecer a nivel legislativo vínculos explícitos entre las diferentes acciones y unas categorías demasiado precisas de países. 
Las enmiendas presentadas por la Sra. Plooij-Van Gorsel al programa «Fomento de la innovación y de la participación de las pequeñas y medianas empresas» aportan numerosas precisiones útiles, especialmente la definición de los nuevos enfoques que han de aplicarse. 
Por tanto, la Comisión las incorpora. 
Por lo demás, la voluntad de prestar una atención particular a las PYME se traduce en una de las enmiendas generales que la Comisión acepta como resultado del acuerdo concluido en el Comité de Conciliación. 
Puedo asegurarle a la Sra. Plooij-Van Gorsel que se incluirán y aplicarán en todas las propuestas temáticas medidas específicas para las PYME de manera armonizada y eficaz. 
Se aplica la misma observación al tema de la igualdad de oportunidades mencionado por el Sr. Lange en su informe sobre el programa «Incremento del potencial humano de investigación y de la base de conocimientos socioeconómicos». 
A igual que el ponente, la Comisión concede una gran importancia a los aspectos socioeconómicos de la investigación, en particular a la contribución de los trabajos realizados en este ámbito, a la definición y la puesta en práctica de las políticas públicas. 
Por tanto, acepta las enmiendas destinadas a consolidar esta dimensión, así como la coordinación de las actividades realizadas en este ámbito en el conjunto del Programa Marco. 
La Sra. McNally analizó con mucho cuidado ambas propuestas relativas al programa de actividad del Centro Común de Investigación en los ámbitos nucleares y no nucleares. 
El número limitado de enmiendas propuestas demuestra la convergencia de puntos de vista entre el Parlamento y la Comisión sobre la naturaleza y el contenido del cometido que ha de garantizar el Centro Común de Investigación al servicio de las políticas de la Unión y de sus ciudadanos. 
Estos dos programas específicos dedican un nuevo despliegue de las competencias del CCI en ámbitos tales como el medio ambiente o la protección de los consumidores y centran de nuevo esas actividades nucleares en el campo de la seguridad. 
Esta nueva orientación también ha llevado a plantear claramente la cuestión de la herencia nuclear de las antiguas actividades del CCI y destacó la necesidad de emprender las acciones indispensables de desmantelamiento de las instalaciones y de la gestión de los residuos nucleares. 
Como acertadamente subraya la Sra. Matikainen-Kallström, en su profundo análisis sobre el programa «Conservación del ecosistema- programa específico EURATOM» , la situación en materia de investigación sobre la fusión termonuclear ha evolucionado en el curso de los últimos años. Este aspecto también lo señala la Sra. McNally. 
Las perspectivas, a medio y largo plazo, se han modificado. 
De ahora en adelante, podemos ejercer cierta flexibilidad en la gestión de la acción clave sobre la fusión nuclear, sin afectar en modo alguno los trabajos científicos llevados a cabo en este ámbito. 
Así, con vistas a utilizar de manera óptima los fondos comunitarios, tomando plenamente en cuenta el grado de urgencia de las necesidades, la Comisión propone una revisión del reparto de los medios del programa EURATOM, a saber, para las acciones indirectas, 955 millones de ecus, de los cuales 768 se destinan a la fusión, para el CCI, 305 millones de ecus, de los cuales 24 son para las acciones imperativas de desmantelamiento de las instalaciones nucleares obsoletas y la gestión de los residuos. 
En lo relativo a este último punto, la Comisión trabaja para establecer un plan de acción a medio y largo plazo que se dedicará a resolver estas cuestiones producto del peso del pasado. 
Este proceso requiere que cada persona, en el seno de las instituciones comunitarias, asuma responsabilidades compartidas, y espero poder contar con el apoyo del Parlamento Europeo. 
Desearía concluir con algunos comentarios relativos al procedimiento seguido. 
Como ya dije, los plazos que se nos dan son muy breves. 
Preocupada por no correr el riesgo de comprometer el lanzamiento oportuno del Quinto Programa Marco, la Comisión decidió presentar, en el seno de las instancias del Consejo, las enmiendas parlamentarias que preveía recuperar, total o parcialmente, negociando con antelación su incorporación en el texto de las decisiones finales, una vez que dichas enmiendas hubieran sido votadas por el Parlamento. 
Si pudo hacerlo así, se debe al espíritu de colaboración y apertura demostrado por el Parlamento, y que quiero agradecer profundamente. 
Con el Quinto Programa Marco, que se pondrá en marcha en el mismo momento de la introducción del euro, he querido poner la investigación europea resueltamente al servicio de los grandes objetivos de la Unión, empezando por la competitividad y el empleo, así como las expectativas y necesidades de nuestros conciudadanos. 
Por lo demás, en los «advisory groups» , para responder a una de las preguntas formuladas hace un momento, además de investigadores e industriales, también se incluirán usuarios para que éstos puedan aportar su apreciación sobre los programas. 
El Parlamento Europeo ha colaborado plenamente desde un principio en esta empresa, a la que ha sabido imprimir su sello. 
En su arquitectura, su contenido, sus condiciones de aplicación, los programas específicos llevarán el sello del Parlamento. 
El impacto que estos programas ejercerán en la economía y la sociedad europea podrá inscribirse plenamente a favor del Parlamento. 
Me felicito por ello y les agradezco profundamente su valiosa contribución. 
EL debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.50 horas) 
Interpretación del Reglamento 
He recibido del Grupo de los Verdes, de conformidad con el apartado 4 del artículo 162 del Reglamento, una impugnación de la interpretación de las disposiciones aplicables en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión que fue comunicada ayer al Pleno. 
Por ello solicito toda su atención. 
La votación sobre la interpretación, como se ha anunciado, tendrá lugar durante el turno de votaciones de hoy, es decir a las 12.00 horas. 
Naturalmente no ha lugar a celebrar ahora un debate sobre esta cuestión. 
El artículo 162 del Reglamento es perfectamente claro. 
Votaremos hoy a las 12.00 horas. 
Doy, no obstante, la palabra a la Sra. Diemut Theato, que es presidenta de la Comisión de Control Presupuestario y que me la ha solicitado. 
Señora Presidenta, yo quisiera rogarle cordialmente que ponga también a disposición de los Grupos políticos y los diputados el dictamen elaborado por el Servicio Jurídico que hace algunas consideraciones en relación con esta cuestión. 
Yo no sé si todos los diputados han recibido entretanto dicho dictamen, que ayer se presentó también a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Eso plantea un problema, señora Theato, porque la interpretación es de la Comisión de Reglamento. 
Es dicha interpretación la que ha sido impugnada y la Asamblea es suficientemente soberana y suficientemente prudente para pronunciarse con total libertad. 
Y lo hará en su momento, a las 12.00 horas. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, el Tribunal de Justicia en Luxemburgo nos espera a mí y a Wijsenbeek el 12 de enero de 1999 a las 9.30 horas en la vista por una pregunta prejudicial basada en el artículo 177, presentada por el Juzgado de Primera Instancia de Rotterdam. 
Hemos de ir de Estrasburgo a Luxemburgo. Probablemente nos vamos a perder las votaciones. 
O sea, estamos ante la elección de ir a Luxemburgo o de quedarnos aquí para las votaciones. 
¿Quién decide? 
Esa es la pregunta que yo ayer puse en el orden del día. 
Mis abogados dicen que con arreglo al artículo 2 del Reglamento decidimos Wijsenbeek y yo. 
Si nuestra presencia es de una importancia determinante para las votaciones, entonces con el corazón desgarrado escribiremos al Tribunal que no podemos estar presentes. 
Si decimos, que eso no importa, cumplimos mejor con nuestras tareas parlamentarias en beneficio de los ciudadanos de la Unión y a favor de una libre circulación de personas yendo a Luxemburgo, entonces probablemente, y muy a nuestro pesar, no vamos a estar presentes en las votaciones. 
La decisión es nuestra, dicen nuestros abogados. 
No, dice la Oficina, en virtud del artículo 5 la decisión la tomamos nosotros por ustedes. 
Decidimos que ustedes siempre tienen que estar presentes en las votaciones. 
Lo sentimos por el Tribunal de Luxemburgo, porque de lo contrario se les impone una multa por el importe de la mitad de las dietas por no participar en las votaciones, decidiendo así implícitamente que la mitad de las dietas es remunerativa, -piénsese en el caso de Lord Bruce, el fundamento de derecho nº 21 -, de modo que puede ser gravado por el fisco nacional. 
Señora Presidenta, ayer en los pasillos del Parlamento prometí al Sr. Gil-Robles que en esta semana estará a su disposición una recomendación abreviada en francés e inglés del Secretario General. 
Con mucho gusto se la entregaré todavía en esta semana. 
Señora Presidenta, quiero señalar que el Tribunal de Justicia, efectivamente, me ha convocado en el caso penal Wijsenbeek para el martes 12 de enero de 1999. 
Le señalo que ya hemos debatido este asunto en la Comisión Jurídica, de la que usted misma forma parte, señora Presidenta, y de que se trata aquí de la libre circulación de personas: la interpretación de los artículos 7 y 8, sobre los que el Parlamento mismo ya promovió una causa, pero este asunto fue devuelto por no haber sido admitido a trámite. 
Con la ayuda de mi abogado, el letrado J. L. Janssen van Raay, en este caso puedo decir que también es un colega, abordamos nosotros mismos este asunto, porque como miembros del Parlamento, pero también como simples ciudadanos, somos víctimas de la no aplicación de los artículos 7 y 8. 
Le ruego por lo tanto, señora Presidenta, que como institución pero también como parte litigante, aunque no fuera admitido a trámite, nos brinde todo su apoyo y colaboración y que no parta de que todos los miembros siempre deben estar presentes aquí, ya que eso constituye una interpretación errónea de las reglas establecidas como ya ha explicado mi colega Janssen van Raay. 
Señora Presidenta, quiero hacer una observación en relación al Acta, porque la Presidencia cometió ayer una omisión que puede traer consecuencias desagradables para las relaciones entre el Parlamento y el Consejo. 
Se trata de la posición común del Consejo referente a la capitalidad cultural para los años 2005 hasta 2019. 
El plazo para responder termina hoy. 
La Presidencia pidió un aplazamiento y el Consejo lo ha concedido. 
No está claro porqué y cuándo empieza el aplazamiento. 
Esto es así porque ayer no se procedió al anuncio de la recepción de la posición común. Usted puede remediar todo esto haciéndolo hoy todavía. 
Entonces tendríamos un aplazamiento hasta el 15 de enero. 
Antes del 15 de enero habrá que hacer algo. 
La Comisión de Cultura decidió anoche de forma unánime presentar en la sesión plenaria la declaración de intención de rechazar la posición común. 
Si no reaccionamos, entonces conseguiríamos justo lo contrario, es decir que la posición común se adoptase sin más. 
Por lo tanto, quisiera pedirle encarecidamente que hiciera todavía hoy el anuncio y en segundo lugar, quisiera señalarle que esto es consecuencia del procedimiento que se sigue con la presentación de documentos, es decir, el Presidente dice que hay presentación de documentos y remite al Anexo que se adjuntará más tarde al Acta. 
Asentimos obedientemente y no podemos comprobar si se ha hecho de verdad lo acordado. 
Sólo ahora, un día después, puedo comprobarlo oficialmente. Esto nos lleva a la curiosa situación de que los servicios me dieran a entender después de la sesión plenaria y antes de la reunión de la Comisión que sí se había hecho el anuncio y que me dijeran después de la reunión que el anuncio no se había hecho. 
Este tipo de malentendidos son por supuesto muy desagradables. 
Sí, señor Pex. 
Estamos al corriente de la situación y puedo asegurarle que el anuncio se hará hoy. 
Señora Presidenta, remito al Acta de anoche y al discurso pronunciado por el recién elegido diputado a esta Asamblea por Escocia. 
En su discurso se refirió exclusiva y continuamente a Escocia. 
Señora Presidenta, ¿podría usted indicar al nuevo diputado que éste es un Parlamento Europeo y que, si quiere continuar con sus estrechas concepciones nacionalistas, tal vez debería haberse presentado al parlamento escocés? 
Señora Presidenta, quisiera hacer una precisión relativa a la página 22 del Acta. 
Recordará que tras ser rechazada la solicitud de devolución a comisión que yo presenté en virtud del artículo 129, consideré oportuno intervenir para precisar las consecuencias de la votación del rechazo por parte de la Asamblea, y el Presidente tuvo a bien darme la razón sobre el hecho de que podía haber otras devoluciones, otras solicitudes de devolución a comisión. 
Eso no se menciona. 
No deseo verlo mencionado por el hecho de que yo tuviera razón en este caso, sino porque existe el riesgo de que se repita la cuestión, y creo que sería bueno de cara al futuro mencionar que se ha hecho dicha precisión. 
Señor Fabre-Aubrespy, si no lo hemos mencionado es porque se trata del Reglamento y por este motivo no se ha estimado necesario. 
Señora Presidenta, quiero plantear una cuestión relativa al turno de preguntas. 
Señora Presidenta, cuando los Comisarios comparecen, y sabemos quiénes van a comparecer en el turno de preguntas, planteamos preguntas a Comisarios determinados. 
Pero, en este caso, la Comisión Europea ha decidido que unas preguntas dirigidas al Sr. van Miert, ya que se trataba de cuestiones relativas a la política de competencia, las responda el Sr. Papoutsis, que no va a estar presente en el turno de preguntas en esta sesión. 
Señora Presidenta, yo quisiera elevar una protesta a la Mesa del Parlamento, porque cuando los diputados hacemos preguntas a determinados Comisarios es porque sabemos que son ellos los que llevan determinados asuntos. 
Yo sé- o me imagino- que ya no se pueden cambiar las preguntas, pero la Mesa debería, en el uso de su potestad, controlar estos asuntos. 
(El Acta queda aprobada) 
Presidenta, usted sabe que todos estamos obligados a acampar aquí en Estrasburgo una semana al mes y entonces por regla general, carecemos de noticias de nuestros Estados miembros. 
Esto se ha suavizado ahora porque tenemos en nuestra habitación un receptor de televisión con canales en todas las lenguas. 
Nuestro televisor en Estrasburgo tiene también un canal en neerlandés, pero cada semana que vengo aquí resulta que está desconectado ese canal. 
A continuación tengo que efectuar muchas llamadas telefónicas para procurar que se pueda ver ese canal neerlandófono en nuestro televisor. 
¿Sería posible que los servicios procuraran que también el canal neerlandófono estuviera disponible cuando llegamos aquí los lunes? 
Me comunican que en los nuevos edificios no se planteará este tipo de problemas, y es cierto que es una pena que no podamos recibir la señal de la televisión neerlandesa. 
Decisión sobre la urgencia 
Señora Presidenta, quiero pedir a la Asamblea, en nombre de la Comisión de Agricultura, que apruebe la solicitud de urgencia en relación con el programa de alimentación en favor de la Federación Rusa, conforme a la propia resolución que aprobó este Parlamento el 19 de noviembre. 
Parece que es urgente el suministro de alimentación a ciertas regiones de la Federación Rusa, así como a ciertos colectivos, especialmente desempleados, enfermos y personas de edad avanzada. 
Por eso, la Comisión de Agricultura pide que el Parlamento apruebe dicha solicitud de urgencia. 
¿Hay alguien que desee manifestarse en contra de esta solicitud? 
No es el caso. 
Someto inmediatamente a votación esta solicitud. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
Aprobación de la gestión 1996 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0502/98) del Sr. Elles, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1996. 
Señora Presidenta, yo quiero solicitar la devolución a comisión del informe del Sr. Elles, de conformidad con el artículo 129 del Reglamento. 
Le ruego, por lo tanto, que invite a los colegas a que regresen a sus escaños para que puedan participar en la votación. 
Creo que los motivos son ya sobradamente conocidos. 
No quisiera alargar el procedimiento. 
Gracias. 
Naturalmente, votaremos enseguida, pero después de haber escuchado a un orador a favor y a otro en contra, tal y como establece el Reglamento. 
Señora Presidenta, no puedo sino suscribir la solicitud formulada por la Sra. Müller. 
Esta solicitud ha sido motivada con suma brevedad. 
Yo también seré muy breve y sólo diré que ayer expuse los motivos por los que considero necesaria esta devolución. 
Por tanto estoy a favor. 
Presidenta, en marzo formulamos las condiciones para poder dar aún nuestra aprobación a la Comisión. 
La Comisión Europea ha cumplido en gran parte esas condiciones. 
Esto significa que en este momento no hay nada que nos impida realizar lo que pedimos en marzo, es decir dar nuestra aprobación ahora. 
(El Parlamento rechaza la solicitud de devolución a comisión) 
Pasamos al debate sobre el informe del Sr. Elles. 
Señora Presidenta, hago uso de la palabra para presentar mi informe final sobre la aprobación de la gestión correspondiente a 1996. 
La semana pasada en la Comisión de Control Presupuestario se aprobó por un pequeño margen la concesión de la aprobación de la gestión en una votación en la que no se siguieron las posiciones de los partidos. 
Aun así, este informe es muy crítico con la gestión de la Comisión. 
Ahora hemos de elucidar si esas críticas justifican la denegación de la aprobación de la gestión por toda la Asamblea. 
Hay tres preocupaciones concretas que no se han disipado, pese a los denonados esfuerzos del Comisario encargado del presupuesto, Erkki Liikanen, para colmar el vacío dejado por la invisible Comisaria encargada del control presupuestario, Sra. Gradin. 
En primer lugar, la observada falta de control democrático en la lucha contra el fraude. 
El pasado octubre, esta Asamblea aprobó, con toda buena fe, el informe Bösch, en el que se exponía una estructura clara para una oficina antifraude: OLAF. 
Pese a la fanfarria del Presidente de la Comisión aprincipios de este mes en Bruselas, al anunciar una institución independiente para luchar contra el fraude, esa propuesta no satisface la petición del Parlamento. 
Muchos temen que hará más- y no menos- difícil la lucha contra el fraude, al negar el derecho a investigación independiente en caso de verificaciones internas. 
En segundo lugar, la observada falta de coherencia y gestión financiera correcta en las políticas exteriores. 
La información recientemente puesta a disposición del Parlamento por un valiente funcionario de la Comisión ha confirmado muchos de nuestros más graves temores en relación con varios programas. 
La forma como la Comisión ha abordado esas cuestiones ha agravado el problema. 
No sólo los ejemplos hallados durante el procedimiento de aprobación de la gestión revelaron una preocupación real por que se cometan irregularidades sin que los Comisarios adviertan le necesidad de asumir la responsabilidad personal por sus acciones, sino que, además, la Comisión se ha negado a poner ciertos documentos a disposición del Parlamento: el caso más flagrante de falta de respeto al Parlamento ha sido el de ECHO, en el que el texto entregado estaba tan censurado, que resultaba totalmente ininteligible. 
Por último- y en modo alguno se trata de lo menos importante -, la observada falta de medidas eficaces con vistas a una gestión presupuestaria y administrativa mejorada. 
No sólo destacados casos recientes en los que estaban implicados determinados miembros de la Comisión en materia de nombramientos de personal han menoscabado gravemente el crédito de la Comisión, sino que, además, la documentación entregada hace unos días a nuestra comisión ha revelado el alcance de los abusos en el nombramiento de altos funcionarios en la Comisión, en la que- lamento tener que decirlo- sigue pareciendo que lo que se sabe es menos importante que a quién se conoce. 
Como ha quedado comprobado, el excesivo poder a la hora de hacer nombramientos y asignaciones de recursos expone la estructura administrativa a posibles injerencias políticas en todos los asuntos relativos a la gestión que no tienen paralelo en las administraciones públicas de los Estados miembros. 
Podemos resumir esos factores diciendo que los defectos en la organización de la gestión han propiciado inevitablemente distorsiones operativas en la aplicación de las políticas. 
No es de extrañar que la moral del personal de la Comisión esté muy baja. 
Esencialmente, no se ha reflexionado bastante desde 1995 en cómo se debe dirigir la Comisión. 
En muchos casos se ha pedido a funcionarios competentes y muy trabajadores que hicieran demasiado con demasiado pocos medios. 
La forma secreta como se hacen los nombramientos de alto nivel ha sido una traba. 
Se deben resolver esos problemas lo antes posible. 
Las conclusiones de la comisión van encaminadas a establecer un programa de trabajo de la Comisión para los doce próximos meses a fin de garantizar un cambio importante con vistas a modernizar la Comisión de aquí al 1 de enero de 2000. 
Entre las propuestas figuran una revisión del Estatuto, un informe de investigación sobre los servicios de la Comisión a fin de que el Parlamento pueda ver qué personal necesita la Comisión para llevar a cabo sus cometidos con eficacia y- no menos importanteun código de conducta para el nombramiento de funcionarios de alto nivel. 
¿Es aceptable que se mantengan determinadas vacantes sin cubrir, a veces durante años, en espera del apropiado miembro del gabinete? 
¿Es apropiado que determinados gabinetes se reserven varios sectores para sí al comienzo de la Comisión? 
Me parece que no lo es y requiere la adopción de medidas lo antes posible. 
Este programa de trabajo fue aprobado en la comisión por una gran mayoría. 
Resulta profundamente inquietante tener la sensación fuera de la Comisión de que cualquier comportamiento es aceptado sin miedo a una reprimenda. 
En lo que hemos discrepado es en dos aspectos esenciales. 
En primer lugar, algunos sostienen que en este informe sobre la aprobación de la gestión figuran muchas críticas que superan el ámbito del año 1996, por lo que desean tratar la aprobación de la gestión como una cuestión puramente técnica sin connotaciones políticas. 
Pero los colegas en sus informes a la comisión, así como las investigaciones periodísticas publicadas en varios diarios, siguen revelando pruebas concretas relativas al ejercicio 1996 en muchos sectores de formulación y aplicación de políticas. 
Y, sin embargo, algunos siguen haciendo la vista gorda, no queriendo, al parecer, tener en cuenta las pruebas presentadas. 
El segundo aspecto es la falaz alegación presentada de que denegar la aprobación de la gestión equivale a destituir a la Comisión: a unamoción de censura. 
Pero eso resulta ilustrativo de la manipulación a que se han visto sometidos muchos en este Parlamento, tal vez por seguir demasiados consejos de instancias exteriores y no tener en cuenta las disposiciones concretas del Tratado. 
Este procedimiento de concesión de la aprobación de la gestión, por ser un proceso anual que se debe juzgar según su fundamento, es un asunto enteramente diferente del de censura. 
Algunos diputados, que no están ahora presentes, han propuesto un voto de censura a la Comisión, pero yo no apoyo esa vía. 
¿Por qué entonces voté en comisión a favor de no conceder la aprobación de la gestión a la Comisión? 
No sólo las cuestiones de fondo son lo suficientemente graves como para justificarlo, sino que, además, la verdad es que la Comisión es incapaz de emprender esas reformas por sí sola. 
Muchas de esas cuestiones llevan años planteadas. 
Los reformadores de la Comisión no han podido abrirse paso por entre una gran diversidad de intereses creados. 
No pueden lograrlo sin el apoyo activo de nuestro Parlamento. 
Así, pues, concluyo haciendo un llamamiento en nombre de todos cuantos, dentro o fuera de la Comisión, desean que haya instituciones modernizadas y basadas en la integridad, dispuestas para aplicar el euro y acoger a nuevos miembros del Este. 
Conceder la aprobación de la gestión correspondiente a 1996 en este momento sólo podrían interpretarse como la actitud de correr un tupido velo, un mensaje en pro de que continúe el estado de cosas anterior, pasando por alto las peticiones del Parlamento. 
Debemos actuar ahora no sólo en pro de la viabilidad a largo plazo de nuestras instituciones, sino también del crédito de nuestro Parlamento. 
Debemos tener el valor de asumir nuestras responsabilidades, basándonos en los hechos que hayamos comprobado. 
Recuerden todos Sus Señorías que, cuando mañana voten, deben pensar en aquellos que los eligieron y que serían partidarios de una Europa de los ciudadanos. 
Insto a la Asamblea a que no conceda la aprobación de la gestión correspondiente al presupuesto de 1996. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, una de las principales objeciones contra la ejecución del presupuesto de 1996 es que la Comisión no consiguió transponer eficazmente ese año las políticas exteriores de la Unión Europea con los considerables recursos presupuestarios a su disposición. 
No se desembolsaron de manera satisfactoria los recursos de PHARE y TACIS- los programas para la Europa central y oriental- ni tampoco los destinados a los países del área mediterránea. 
Sólo se utilizó un 15 % de la ayuda prevista para la reconstrucción en Bosnia y este es el ejemplo que voy a resaltar. El motivo principal fue la incapacidad de la Comisión para adoptar oportunamente las medidas administrativas necesarias y su ineptitud para utilizar de manera eficaz los recursos de personal disponibles o recabar los recursos necesarios. 
La dotación de personal para la ayuda de reconstrucción para Bosnia era totalmente insuficiente en comparación con la de Estados Unidos, por ejemplo. 
La ineficiencia de la Unión Europea llegó a ser proverbial en Sarajevo. 
Si a pesar de todo se desea conceder la aprobación de la gestión en ese contexto, que corresponde al año 1996 y que ya no se puede rectificar en el presente ejercicio, debe considerarse decisivo el cumplimiento de los siguientes criterios: primero, una mejora efectiva de la organización de las estructuras de actuación de la Unión Europea sobre el terreno; segundo, la correspondiente información detallada sobre las medidas adoptadas, con objeto de que desde el Parlamento podamos evaluar exactamente las mejoras y las deficiencias que todavía subsistan. 
Es cierto que la dotación de personal se reforzó considerablemente en el aspecto cuantitativo después de la presentación de mi informe de abril de 1998 sobre la reconstrucción en Bosnia. 
La Comisión se está esforzando por mejorar la situación sobre el terreno. Sin embargo, todavía no es posible juzgar con claridad si la gestión descentralizada sobre el terreno que nosotros solicitamos permite un seguimiento de los proyectos adecuado a los objetivos. 
Tal como acaba de constatar hace poco el Tribunal de Cuentas, los resultados son muy poco visibles. 
Una parte importante de las organizaciones no gubernamentales europeas, como Cáritas y la Obra Evangélica (Evangelisches Hilfswerk) , han quedado excluidas de la ayuda a la reconstrucción de la Comisión. 
La Comisión transfiere la mayor parte de los fondos aprobados por el Parlamento a las organizaciones de ayuda de las Naciones Unidas, lo cual nos impide ejercer nuestra función de control. 
La colaboración de la Dirección general encargada de la reconstrucción en Bosnia es mejorable. 
A pesar de nuestras repetidas peticiones, el Comisario Liikanen se resiste a ofrecer información sobre el incremento solicitado de los recursos de personal y no permite el acceso del Parlamento Europeo a la información necesaria o responde con evasivas. 
Presidenta, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se ha ocupado de forma bastante extensa del presupuesto y ha intentado proponer mejoras sobre todo en lo referente a los pagos del Fondo social así como en otras líneas sociales. 
Hemos constatado que ha habido una mejora paulatina en el periodo pasado, en especial en relación con el Fondo social. 
Por otra parte, han surgido sin embargo unos problemas al final del año porque no hay suficientes recursos disponibles para pagar los proyectos terminados. 
Ese es un problema que todavía encontraremos también en este presupuesto, Presidenta. 
Por lo tanto, esa es la primera cuestión. 
Quisiera agradecer sinceramente al ponente la manera en que ha profundizado este debate. 
Antes, quizá la aprobación de la gestión fuera tal vez más bien una formalidad. 
A veces tengo la sensación de que esto todavía esto se sigue viendo desde la otra parte de esta Asamblea más o menos como una formalidad, pero en todo caso es verdad que ahora estamos haciendo un debate muy profundo e importante sobre una de las partes más esenciales de la Unión Europea. 
Hay una cuestión, Presidenta, en el apartado social sobre la que realmente no puedo hacer ningún comentario todavía, pero sobre la que quiero decir algo. 
Se ha escrito una carta a la Sra. Aelvoet. 
Esa carta se ha enviado a través de Internet u otros medios a todos los que así querían en esta Asamblea. En esa carta hay también una pequeña parte dedicada a Leonardo Da Vinci. 
Ese es un programa, un programa educativo para la formación profesional, que es competencia de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Naturalmente no lo hemos podido comprobar. 
Tampoco durante los debates en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se abordó el tema de Leonardo Da Vinci de esa manera. 
Por eso, quisiera pedir que en todo caso se examinara esto más de cerca. Lo haremos en la Comisión. 
Hemos de investigar en primer lugar si esto ocurrió efectivamente en 1996 o en otros años. 
Lo debemos tomar en serio. 
No puedo hacer ningún comentario sobre el contenido de ese informe, pero creo que es lo suficientemente grave como para examinarlo con profundidad. 
Esa es una razón más para estar de acuerdo con el ponente en su postura cautelosa respecto de la aprobación. 
Presidenta, me ha sorprendido un poco que un ponente que habla tanto de la integridad de la Comisión haya puesto tan poco énfasis en que no hablaba en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, porque, que yo sepa, la Comisión de Control Presupuestario ha votado a favor de la aprobación de la gestión, aunque con una mayoría muy ajustada. 
Las reacciones en la Asamblea me parecen muy curiosas porque estamos aceptando que los ponentes ya no hablen como ponentes, sino que se libren de repente de sus responsabilidades, eso es extraño. 
Presidenta, dar nuestra aprobación o no, sigue siendo a pesar de todo una cuestión no carente de interés. 
En marzo de este año aplazamos la aprobación. 
Pusimos sobre la mesa cinco condiciones a la Comisión Europea. 
La única cuestión pendiente es: ¿Ha hecho la Comisión Europea lo suficiente ahora para cumplir con esas cinco condiciones? 
La Comisión de Control Presupuestario eliminó tres de esas cinco condiciones porque la Comisión había cumplido ya con ellas en los meses pasados. 
Sobre todo el Comisario Liikanen se ha esforzado extraordinariamente en ese punto. 
Quedan dos temas, dos ámbitos, y el Sr. Elles ha abordado en cualquier caso detalladamente uno de ellos, en el que efectivamente hacen falta progresos, pero es un ámbito que está tan lejos del alcance de esas cinco condiciones de la vez anterior que no se puede esperar de la Comisión que solucione en unos meses toda la problemática de la política de personal de la Comisión Europea. 
Eso no tiene sentido, nadie puede pedir eso ni de esta Comisión ni de la siguiente Comisión. 
Hay bastante por hacer, la Comisión ha solucionado en gran medida lo que era uno de los escándalos más graves, especialmente con respecto a la contratación de personal de fuera de la Comisión sin que esto estuviera suficientemente justificado en el presupuesto. 
Por lo menos se ha llegado a un acuerdo con la Comisión de Control Presupuestario pero todavía queda bastante por hacer. 
Queda el problema, Presidenta, de la facilitación de información. 
Es un hecho que en el procedimiento de aprobación el flujo de información de la Comisión a la Comisión de Control Presupuestario debe mejorarse sustancialmente si queremos que tenga sentido la aprobación de la gestión. 
Creo que habrá que ir en dirección de un acuerdo interinstitucional para poder afrontar bien esa aprobación. 
Pero estas son, de nuevo, dos cuestiones que no podrían haberse solucionado en ese periodo corto entre el aplazamiento de esa aprobación y el día de hoy, habrá que seguir trabajando en ellas en los próximos meses y creo que, con respecto al personal, incluso en los próximos años. 
Mientras tanto se ha levantado una polvareda después del aplazamiento de la aprobación de la gestión en marzo. 
Rotativos como «Libération» , «Focus» y «Stern» han sacado a la luz los inevitables escándalos y escandalitos o simplemente la mala gestión, el informe del Tribunal de Cuentas sobre PHARE y TACIS y la seguridad nuclear. 
En efecto, había motivos para relacionar más cosas con la aprobación de la gestión pero creo, Presidenta, que por regla general estos son asuntos que merecen una investigación más detallada y que deberían ser objeto de un procedimiento de aprobación de 1997, que realmente está a punto de ponerse en marcha. 
No debemos, por lo tanto, cambiar nuestras condiciones para la aprobación bajo la influencia de la prensa sensacionalista. 
Debemos juzgar a la Comisión en función de lo que solicitamos entonces. 
Si nos parece que la Comisión no ha cumplido suficientemente con nuestras condiciones, entonces podemos vincular la consecuencia política a ello, mandando esa Comisión a casa, no aplazando de nuevo la aprobación y no por la vía de no dar la aprobación sino de presentar una moción de censura. 
No dar la aprobación es demasiado cómodo. 
El artículo 206 es muy claro al respecto. El artículo 206 del Tratado establece que al final hay que dar la aprobación. 
Sólo se puede aplazar la aprobación, no se puede no darla. 
De ahí que el instrumento de la moción de censura sea el único instrumento que queda. 
Presidenta, esto no quita que la resolución presentada ahora sea extraordinariamente crítica hacia la Comisión. 
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado muchas enmiendas para encontrar un mejor balance entre la decisión de aprobación y el texto de la resolución. 
Esperamos que se adopten todavía esas enmiendas en los próximos días y que de este modo se restablezca el necesario equilibrio. 
Señora Presidenta, al Parlamento le corresponde la tarea de supervisar la gestión de los fondos de los contribuyentes europeos por parte de la Comisión. 
Esta responsabilidad recae exclusivamente sobre nosotros. 
El Consejo únicamente nos dirige una recomendación, pero nosotros debemos decidir si podemos aprobar o no la gestión presupuestaria de la Comisión. 
Para poder adoptar esta decisión tenemos que disponer, no obstante, de la información necesaria. 
En el mes de marzo tuvimos que aplazar la aprobación de la gestión porque no se cumplía este requisito y, como ya se ha expuesto, tampoco pudimos adoptar una decisión en septiembre. 
Tampoco ahora, en diciembre, disponemos de toda la información solicitada, aun cuando la Comisión nos remitió hace poco un documento, a su modo de ver exhaustivo, con vistas a obtener la aprobación de la gestión. 
El Parlamento se ha sentido engañado, por otro lado, por la mutilación de los documentos de la UCLAF sobre ECHO. 
Yo me pregunto: ¿puede ser aceptable que quien debe ser controlado decida sobre qué aspectos y en qué medida se ejerce dicho control? 
Además, también interviene el tema de la información a las autoridades judiciales competentes. 
En dos resoluciones, de febrero y marzo, instamos a la Comisión a que pusiera el asunto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes de inmediato, ante la sospecha, insisto, ante la sospecha de un fraude. 
De conformidad con dichas resoluciones, no se podría aprobar la gestión mientras no existiesen garantías en ese sentido. 
El Informe Ellis afirma inequívocamente en su punto 7 que esta condición no se ha cumplido en su totalidad. 
El caso de ECHO constituye, por ejemplo, una muestra, al igual que el caso de MED. 
Hasta la fecha todavía no sabemos si la Comisión ha remitido todos los documentos a las autoridades judiciales. 
Esto pone en entredicho su credibilidad y la confianza de que se procederá contra el presunto fraude en sus propias filas. 
La reacción de la Comisión ante el Informe Bösch, en el que se propone la creación de una Oficina de Lucha contra el Fraude, se sitúa en la misma línea. Se desmenuzan los recursos y competencias, ya de por sí reducidos, en vez de agruparlos. 
Cuando el jueves se someta a votación la aprobación de la gestión de la Comisión, todos ustedes tendrán conocimiento de los hechos, que se enumeran punto por punto en el Informe Ellis. 
Cada uno deberá decidir entonces si es posible conceder la aprobación de la gestión en tales circunstancias. 
La información de que dispongo y mi valoración, repetidamente contrastada, de los hechos no me permiten asumir esa responsabilidad. 
Señora Presidenta, a pesar de todo quisiera empezar con una felicitación para el Sr. Elles. 
Creo que en el informe que él ha redactado, el Parlamento nunca ha estado tan orientado a la importancia de la aprobación de la gestión y eso me parece muy positivo. 
En primer lugar quisiera preguntar: ¿y si no se aprueba la gestión? ¿La Comisión lo va a considerar automáticamente como una moción de censura o hará caso omiso? 
Creo que para el Parlamento es importante saberlo. 
Para mí y para mi grupo parlamentario también es importante saber lo que la Comisión ha hecho desde abril de este año cuando por primera vez se pusieron unas condiciones con las cuales se iba a dar la aprobación. 
Soy de la opinión de que la Comisión ha mostrado buena voluntad para solucionar esos problemas. 
Ahora bien, ¿es esto suficiente? 
No, está claro que no. 
Hay diferentes puntos de la resolución aquí presentada que son duros. 
Creo que la Comisión va a tomar muy en serio esos puntos, ya que es un derecho del Parlamento tomar la decisión final sobre dar la aprobación o no y habrá que tomar muy en serio los plazos que se mencionan en ella. 
Para mí también es prioritario cómo se interpreta el artículo 206 del Tratado. 
¿Hasta qué punto puede la Comisión dar información al Parlamento sin que se perjudiquen los intereses personales de los funcionarios? 
Creo que hace falta que se elabore una especie de convenio, el Sr. Dankert lo llamaba hace un rato un acuerdo interinstitucional, para que todo el mundo sepa a qué atenerse en el futuro. 
De los puntos mencionados en la resolución, creo que el asunto más importante son los intereses personales y en segundo lugar, la organización de la Comisión misma. 
¿Cómo pueden ascender los funcionarios? 
¿Cómo no? En efecto, hay mucho descontento en este terreno y creo que se debe poner remedio a esto lo más pronto posible. 
Señora Presidenta, queridos colegas, si el debate sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1996 reviste hoy una intensidad dramática no ausente de pasiones, ello se debe a que se han traspasado los límites de lo aceptable. 
Las sucesivas auditorías del Tribunal de Cuentas, que desde 1994 se ha negado a ofrecer una declaración de fiabilidad positiva general en lo relativo a la legalidad y la regularidad de las operaciones que son objeto de los pagos del ejercicio, son abrumadoras por el modo en que la Comisión gestiona los créditos de operaciones que les son confiados, tanto en lo que respecta a las intervenciones humanitarias en el marco de los programas PHARE, TACIS y MEDA, como a los programas de ayuda a la reconstrucción de los Estados de la antigua Yugoslavia. 
Dichos créditos no sólo son mal utilizados o desviados de su objetivo, sino que además son gestionados en unas condiciones de opacidad que han permitido auténticos desvíos de fondos en doble detrimento de los beneficiarios de estos programas y de los contribuyentes europeos. 
Las decisiones de los operadores revela cada día sus acomodos, que ponen en cuestión a las más altas autoridades de la Comisión. 
Los propios nombramientos de funcionarios revelan graves irregularidades que ponen en causa la credibilidad de la institución. 
La ausencia casi absoluta de comunicación y coordinación entre las diferentes Direcciones Generales y los servicios de la Comisión agrava la opacidad de la gestión, impide el buen funcionamiento de los procedimientos de control y favorece la irresponsabilidad generalizada de los gestores. 
Todas estas carencias han salido crudamente a la luz gracias a las comisiones de investigación creadas por el Parlamento Europeo, ya se trate del trágico asunto de la EEB o de los fraudes en materia de tránsito comunitario. 
No obstante, en lugar de afrontar el problema y emprender una reforma drástica de sus estructuras y procedimientos y jugar la baza de la transparencia, la Comisión se aferra a una actitud altiva e incluso despectiva respecto de los órganos de control y del Parlamento. 
Todas las irregularidades actuales han sido aireadas por el Parlamento Europeo. 
¿Acaso es necesario recordar que los graves fraudes detectados en la gestión de los créditos del turismo, lo fueron porque uno de nuestros colegas interpuso una acción ante las jurisdicciones penales belgas, obligando así a la Comisión a proporcionar los documentos que hasta ese momento se había negado a facilitar al Tribunal de Cuentas y al Parlamento Europeo? 
Los funcionarios que colaboraron en la investigación son hoy injustamente sancionados. 
Ante la gravedad de los hechos revelados y la manifiesta falta de disposición de la Comisión a cooperar con el Parlamento Europeo, se impone el rechazo de la gestión. 
En marzo dejamos en suspenso a la Comisión aplazando la aprobación de su gestión para permitirle enmendarse. 
Sólo nos han hecho caso en parte. 
Hoy, algunos de nuestros colegas desearían conceder a la Comisión una aprobación condicional de su gestión. 
Eso no tiene sentido y demuestra una descomunal hipocresía. 
¿Por qué la Comisión, que terminará su mandato en menos de un año, realizaría en el plazo de los tres próximos meses lo que tanto ha tardado en hacer hasta ahora? 
¿Y de qué medios dispondríamos entonces para sancionarla, si resultara una vez más que no ha seguido nuestras recomendaciones? 
¿Tendremos el coraje político, durante nuestra última sesión de mayo, de aprobar una moción de censura? 
Lo único que desean realmente los que proponen esta evasiva es que la Comisión se libre de toda sanción política. 
Tras ser consultada por la Presidenta del Grupo Socialista, nuestra Comisión de Reglamento ha emitido la opinión de declarar inadmisible toda enmienda en el Pleno que vaya en contra de la recomendación de la Comisión de Control Presupuestario que propone la aprobación de la gestión, votación obtenida en unas condiciones discutibles, 
a pesar de que una votación anterior no aprobaba esta misma gestión, por existir una división a partes iguales de los votos. 
En cuanto al Sr. Dankert, antiguo Presidente del Parlamento, tiene la desfachatez de decirnos que no tenemos derecho a votar en favor del rechazo de la gestión, a pesar de existir un precedente: en 1984, rechazamos la aprobación de la gestión y la hemos rechazado una vez más, a raíz del informe del Sr. Wynn relativo a la aprobación de la gestión del FED. 
Cuando se recurre a artificios de procedimiento para amordazar la expresión de un Parlamento, la democracia está en peligro. 
Estoy seguro, mis queridos colegas, de que no caerán en esta grotesca trampa, que asumirán plenamente sus responsabilidades políticas de cara a sus electores y que, en consecuencia, le negarán a la Comisión la aprobación de su gestión de los créditos para el ejercicio 1996. 
Quién puede imaginar que en una empresa privada se conceda el descargo a un ejecutivo por su gestión, a pesar de que los interventores se nieguen a atestiguar, como ha hecho el Tribunal de Cuentas, respecto a la sinceridad de las escrituras contables. 
Si concedemos la aprobación de la gestión en semejantes condiciones, estaremos faltando a las obligaciones que nos imponen los Tratados de defender los intereses de los contribuyentes. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, entendemos el proceso de aprobación de la gestión como un eminentemente político y no meramente administrativo. 
Tampoco es un proceso que se pueda analizar en función de intereses inmediatos, de la mayor o menor proximidad de actos electorales, de la fase en que se encuentra el mandato de la Comisión o siquiera de una posible moción de censura. 
Consideramos que el Parlamento Europeo deberá simplemente asumir el presente proceso de aprobación de la gestión con la plenitud de las competencias que le confiere el Tratado y deberá ejercerlas con rigor y de forma responsable. 
En esos términos, la cuestión que se nos plantea se resume tan sólo en saber cuál es la posición que se debe adoptar, a la luz de las situaciones de irregularidad y fraude comprobadas, conocidas, que son responsabilidad inequívoca de la Comisión y teniendo presentes sus omisiones, en particular en materia de información al Parlamento y a las autoridades judiciales de los Estados miembros. 
Tendremos que preguntarnos también si son suficientes las respuestas dadas por la Comisión, si está a la altura de la gravedad de las situaciones ocurridas y si pueden tranquilizarnos con vistas al futuro. 
Para nosotros, la respuesta a todas estas preguntas es, inequívocamente, negativa, por lo que, si se opta por conceder la aprobación de la gestión, en el punto en que se encuentra la situación, el Parlamento Europeo no sólo no asumirá cabalmente las responsabilidades que le corresponden, sino que, además, saldrá inevitablemente corresponsabilizado por los actos que él mismo viene denunciando. 
Por lo demás, se trataría de una profunda contradicción con las apreciaciones que, a pesar de todo, la Comisión de Control Presupuestario acabó aprobando la semana pasada. 
Por eso creemos que, en este momento y sin garantías mínimas, el Parlamento Europeo no debería conceder la aprobación de la gestión a la Comisión. 
Señora Presidenta, Señorías, mi Grupo político está decidido a no conceder la aprobación de la gestión de la Comisión. 
El problema ya no es si disponemos de indicios suficientes, sino que ahora debemos preguntarnos qué valoración política hacemos de esos hechos y qué decisión podrá contar con un respaldo mayoritario. 
Ahora, Señorías- y me dirijo también a quienes están sentados en sus despachos ante la pantalla -, ha llegado la hora del Parlamento. 
Todos tenemos que sopesar nuestra decisión pero ¿con qué criterios? 
Cada uno de nosotros tiene diferentes lealtades que deberá considerar. Lealtades con Comisarios concretos, con su partido o con su Gobierno. 
Sin embargo, en nuestra calidad de eurodiputados, ¿estamos autorizados a anteponer intereses personales, de partido o nacionales a los intereses de Europa? 
¿Podemos defraudar a los ciudadanos y ciudadanas europeos que esperan que el Parlamento emita ahora una señal inequívoca? 
¿No tenemos también una responsabilidad con respecto a los numerosos excelentes colaboradores y colaboradoras de la Comisión? 
Sobre su labor acreditada ha caído la sospecha de la incompetencia, simplemente porque no se han exigido responsabilidades a algunos. 
Estos días he escuchado con demasiada frecuencia y sobre todo en boca de la apreciada colega Pauline Green que Europa se precipitará en el caos si no se aprueba la gestión de la Comisión. 
Sinceramente, yo no creo que debamos dramatizar. 
Esto sólo desvía la atención de lo esencial Y ¿qué es lo esencial en este caso? 
Evidentemente, la función de control que el Tratado asigna al Parlamento. 
Los ciudadanos y ciudadanas de Europa confían en que esta tarea se cumplirá. 
Es cierto que entre las instituciones no siempre luce el sol, pero pasar de ahí inmediatamente al catastrofismo no nos ayuda a avanzar en absoluto. 
Por lo tanto, no nos precipitemos, la denegación de la aprobación de la gestión no es una condena de muerte sino sólo una tarjeta amarilla por una conducta indebida. 
Sin embargo, es una señal que tenemos que emitir para que la opinión pública sepa que puede confiar en el Parlamento. 
En este contexto tampoco tiene sentido afirmar que no podemos criticar con tanta dureza a la Comisión a la vista de nuestros propios problemas. 
Desde luego no podemos jactarnos de nada, pero ahora se trata de los errores que ha cometido la Comisión. 
Estos no desaparecerán aunque bajemos la cabeza abrumados por nuestra propia situación. 
Juzguemos soberanamente la actuación de la Comisión y luego, en el futuro, ya nos aplicaremos también soberanamente los mismos criterios. 
Mi Grupo político en cualquier caso no está dispuesto a participar en la irresponsabilidad organizada. Por consiguiente, vamos a votar en contra de la aprobación de la gestión. 
Señora Presidenta, Señorías, en el pasado mes de marzo el Parlamento Europeo, con sentido de la responsabilidad y consciente de sus poderes, votó el aplazamiento de la aprobación de la gestión por amplia mayoría y conforme a ese Anexo 5 del Reglamento que entonces era perfecto y que ahora no se entiende por qué de repente debería ser pésimo. 
El ponente, Sr. Elles, sacó a la luz una serie de problemas serios y graves y el Parlamento Europeo cumplió perfectamente su función de control. 
Me parece que desde entonces la Comisión, el Sr. Liikanen y los funcionarios y comisarios responsables conocen perfectamente el trabajo que realizaron para tratar de dar una respuesta a esta toma de posición seria, consciente y conforme al Tratado de nuestro Parlamento. 
Señora Presidenta, desde hace algunas semanas, por el contrario, alguien ha pretendido convertir este serio e importante ejercicio en una cuestión exclusivamente política. 
Hemos visto pasar por la Comisión de Control Presupuestario altos funcionarios- que quizás dentro de un mes estarán fuera de la comisión- que han denunciado esto y aquello y comprobamos que se multiplican los expedientes. 
Ahora, si se abre esta cuestión y se hace de ella un discurso político en que las dos Instituciones llevan las de perder, pues bien, todo está listo y evidentemente éste es el camino que, señora Presidenta, no nos propone una mayoría, sino una minoría transversal más bien curiosa que va objetivamente de la extrema derecha a la extrema contraria del Parlamento pasando por una serie de Grupos. 
No sé si el interés de Europa saldrá reforzado. 
Señora Presidenta, considero extremadamente negativo el hecho de haber convertido la aprobación de la gestión en una cuestión política, en cuya virtud, si la otra parte hubiese ganado en el seno de la comisión por 14 a 13, esa se habría convertido, sin duda, en la posición del Parlamento; si, por el contrario, hubiese sido derrotada- como así ha ocurrido- entonces se convierte en un voto irregular. 
Considero que el habernos llevado a esta situación es una irresponsabilidad: este ejercicio o se hace o no se hace con un amplio consenso del Parlamento, de modo que el mensaje llegue no solo a la Comisión, sino también, si me lo permiten, a los Gobiernos y a las opiniones públicas. 
Faltan quince días para la entrada en vigor de la moneda única, se da el caso de que entramos en un semestre electoral y estoy profundamente convencido de que el Sr. Pasty quiere hacer su campaña electoral. 
Su Grupo ha ido siempre en contra de la construcción europea: muy bien, adelante con la campaña electoral contra la Comisión, el escenario es siempre el mismo. 
Señora Presidenta, no me parece que ésta sea la mejor manera de dirigir nuestros debates. 
Nuestra resolución, que vamos a votar el jueves, sigue siendo crítica- como siempre- y rígida con la Comisión; trata de pedir a la Comisión que mejore su funcionamiento interno y estoy convencido, mejor dicho, espero que en la réplica el señor Comisario Liikanen nos dirá lo que piensa acerca de algunos importantes aspectos del texto que vamos a votar. 
Pero, por favor, no convirtamos esta votación en una votación exclusivamente política como se ha intentado hacer. 
Quisiera decir a algunos miembros de uno de los Grupos más activos de este Parlamento lo que, si mal no recuerdo, se lee en el Evangelio: «Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra». 
Creo que hay que ser algo más coherentes con lo que se ha hecho, coherentes con la voluntad de no convertir este ejercicio en un ajuste de cuentas que está fuera de lugar. 
Señorías, ¡las elecciones políticas y nacionales son una cosa y nuestro debate otra muy distinta! 
Puesto que el Reglamento lo contempla, el Sr. Pasty ha solicitado hacer una intervención por alusiones personales y yo se la concedo. 
Señora Presidenta, no puedo pasar por alto las palabras que acaba de decir el Sr. Dell ' Alba en el sentido de que mi Grupo siempre se ha opuesto a la construcción europea. Es completamente falso. 
Cuando se denuncia, como yo he hecho, a una institución europea por incumplimiento de sus obligaciones respecto a los ciudadanos y contribuyentes europeos, no creo que ello sea un ataque a la construcción europea, sino que, por el contrario, favorece a la construcción europea, porque la construcción europea sólo podrá progresar si existe confianza suficiente en las instituciones europeas, en la Comisión, naturalmente, y también en el Parlamento, y el Parlamento deber ejercer sus responsabilidades. 
Tenemos unas responsabilidades que se desprenden del Tratado y el Parlamento debe hacer uso de ellas. 
Señora Presidenta, la mayoría de la Comisión de Control Presupuestario nos propone conceder la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 1996. 
Lo hace como lo hizo en 1994 y 1995, a pesar de que el Tribunal de Cuentas se negó a conceder una declaración de fiabilidad positiva sobre la regularidad de las cuentas. 
Nos encontramos efectivamente ante una situación en la que se concedería el descargo a pesar de que las cuentas han sido consideradas no exactas, recurriendo a artificios de procedimiento, argumentando que no existe la posibilidad de enmiendas, argumentando que el Reglamento es más importante que el Tratado, recurriendo a artificios. 
Estoy a favor del rechazo de la gestión y ello por los motivos que han expuesto, en particular, el Sr. Elles y el Sr. Pasty. 
No conceder la aprobación de la gestión no equivale a despedir a tal o cual Comisario. 
No equivale a despedir a los propios Comisarios, sino que es pronunciarse sobre un sistema, un sistema que se guía por una filosofía, según la cual hay que gastar más, de lo contrario se haría retroceder la construcción europea, un sistema en el que cuestionar el funcionamiento de una institución como la Comisión supondría hacer retroceder a Europa, a pesar de que, evidentemente, se trata de hacerla progresar. 
Nunca han existido tantas irregularidades, tantos escándalos en el seno de la Comisión. 
Nunca se ha visto a tantos funcionarios denunciar de manera anónima las cosas que ven, las cosas que oyen a los diputados. 
Por ello el Parlamento debe ejercer sus responsabilidades. 
Porque hay quienes quieren concederle unos poderes que no es capaz de ejercer, a pesar de que los tiene, yo me pronunciaré en contra de que se conceda la aprobación de la gestión y agradezco por adelantado a todos aquellos que den un argumento de peso a los que, como yo, piensan que son las naciones las que permiten un mejor control de las cosas, a todos aquellos, digo, que se disponen a votar a favor de la aprobación de la gestión. 
Señora Presidenta, el informe Elles, que establece un inventario que muy probablemente es incompleto de los numerosos chanchullos de los que la Comisión se hizo culpable en 1996, reviste una importancia excepcional por la gravedad de los hechos de los que en él se acusan. 
Estamos estupefactos ante la incapacidad de la Comisión de gestionar sumas colosales de dinero procedente, hay que recordarlo, del bolsillo de nuestros contribuyentes y ante el gran arte que despliega para disimularlo. 
Nos sentimos indignados ante el desprecio con el que la Comisión trata al Parlamento. 
Estamos escandalizados porque hemos podido saber a través de los medios de comunicación que los funcionarios europeos que se sienten tentados de desvelar a los diputados los actos delictivos de los que han sido testigos son objeto de amenazas por parte de sus superiores jerárquicos. 
Muchas de las preguntas que el Parlamento Europeo ha dirigido a la Comisión, como las que afectan directamente a la Sra. Cresson o aquéllas relativas al asunto Périlux en el marco de la ayuda humanitaria o bien sobre la dudosa gestión de los fondos destinados a los estudios estadísticos, han quedado sin respuesta. 
Naturalmente que la Comisión no tiene el monopolio de la malversación. 
¿Qué decir de los chanchullos que han mancillado la construcción del «Caprice des dieux» en Bruselas y peor aún, mucho peor aún, la edificación de este gran «trasto» , a dos pasos de aquí, en el que puede que algún día terminemos por celebrar las sesiones? 
Si los euroescépticos estaban faltos de argumentos, se los han brindado en bandeja. 
Señor Presidente, en general la explicación dada a los asuntos que provocaron el aplazamiento de la aprobación de las cuentas la pasada primavera ha sido satisfactoria. 
Todos los asuntos que la Comisión aún no ha logrado resolver son asuntos que no afectan o afectan sólo indirectamente a las cuentas de 1996. 
Por ello la amenaza lanzada por una alianza aciaga de conservadores, liberales y las alas extremistas de rechazar las cuentas de 1996 es sólo un brindis al sol. 
Todos los miembros de la Comisión de Control Presupuestario están de acuerdo en que la Comisión ha actuado de forma muy criticable; sin embargo, ahora lo más conveniente es buscar juntos soluciones constructivas a los problemas descubiertos. 
Rechazar las cuentas sólo puede significar en el peor de los casos que buenos Comisarios como el Sr. Liikanen, quien ha sido el primer Comisario que ha mostrado interés en poner orden en este tema, se vean obligados a retirarse. 
En este caso me gustaría que algunos otros también fueran retirados. 
En el mejor de los casos, puede provocar que la UE se enfrente a una comisión operativa paralizada durante medio año. 
Seis meses en los que figuran cosas más importantes en nuestra agenda. 
Permítaseme mencionar meramente la introducción del euro, los trabajos de la ampliación de la UE con los nuevos países solicitantes y las próximas elecciones a nuestra propia institución y quizá aquí precisamente radica la clave del asunto: hay algunos que quieren aprovechar esta situación para llamar la atención inmersos como están en batallas electorales internas en sus países. 
La votación del día de ayer y hoy muestra que hay una amplia mayoría en el Parlamento a favor de cerrar las cuentas de 1996. 
Sin embargo, esto no quiere decir que la Comisión esté permanentemente exenta de responsabilidad en años venideros. 
Quiere decir que los socialdemócratas europeos controlaremos a la Comisión día y noche a fin de sacar a la luz la verdad para satisfacción del ciudadano europeo. 
Quiero recomendarle a la Comisión que en el futuro se ponga espinilleras. 
Morderemos constantemente sus talones, y mientras que antes éramos perros guardianes, ahora vamos a ser feroces perros guardianes para así poder poner orden en estos asuntos. 
La Comisión ha mostrado la voluntad necesaria y creo que esto también hay que recompensarlo, así todos los demás dejarán de utilizar este tema en sus propias campañas electorales personales. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo debe mantenerse como un lugar de negociación y de compromiso. 
Dentro del equilibrio interinstitucional, éste es el lugar de la negociación y del compromiso. 
No somos una Asamblea de confrontación, como sería un parlamento nacional, porque no tenemos enfrente un gobierno al que apoyar o rechazar. 
La Comisión no ha sido elegida por nosotros, pero es nuestra obligación ayudarla a que funcione mejor. 
Los mayores logros que este Parlamento ha conseguido los ha conseguido colaborando con la Comisión. 
El Parlamento y la Comisión son los dos únicos organismos genuinamente europeos y, siempre que sea posible, debemos circular por caminos paralelos. 
Señor Presidente, éste no es el mejor momento para separar nuestros caminos. 
No podemos cerrar la vía de la negociación con la Comisión denegando la aprobación de la gestión. 
Tenemos en el informe Elles una propuesta de programa de trabajo que se concentra en el apartado 26. 
Este programa de trabajo es la clave para las relaciones futuras Parlamento-Comisión. 
Pero este programa no puede ser llevado a cabo en un escenario de confrontación interinstitucional en el que la Comisión estuviera reprobada, o estuviera censurada, como ya han anunciado algunos Grupos políticos que quieren hacer, o, simplemente, que la Comisión estuviera en una situación de mayor debilidad que la actual en lo que le queda de mandato. 
Si queremos, Señorías, que la Comisión cumpla con la reestructuración, que es manifiestamente imprescindible, si queremos que responda a las numerosas acusaciones de mala gestión, y si queremos que el Parlamento Europeo aumente sus competencias de control democrático de las instituciones comunitarias, no debemos cerrar esta única vía de negociación que nos queda. 
Por eso, para mantener abierta esta puerta de negociación, les pido que aprobemos la gestión en los términos en los que se aprobó el informe Elles en la Comisión de Control Presupuestario. 
Señor Presidente, la cuestión de si conceder o no la aprobación de la gestión nos remite a las obligaciones del Parlamento en materia de control presupuestario. 
En realidad, es nuestra credibilidad la que está en juego, pues si aprobamos la gestión de la Comisión, nos hacemos corresponsables de todos los problemas pendientes. 
Este último trimestre nuestro trabajo no ha sido especialmente alentador cuando pienso en cómo hemos tenido que arrancarle los datos a la Comisión y en cómo hemos tenido que luchar por las más mínimas modificaciones. 
Y lo peor, en mi opinión, han sido los intentos de zafarse de su responsabilidad en los diversos escándalos y fracasos. 
Y ha sido desilusionador que, a pesar de haberle dado nuevos plazos, haya muchas cosas que la Comisión no ha sometido a seguimiento. 
A mi modo de ver, no se trata de querer enviar a casa a la Comisión. 
Mi objetivo es velar por la solución de los problemas, por que la Comisión se prepare para las nuevas tareas, para los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos y por que la UE se prepare para la ampliación hacia los países de la Europa Central y Oriental y pueda llevarla a cabo. 
Es ante todo el Parlamento Europeo, como la institución que representa a los ciudadanos, quien debe asumir la responsabilidad ante los contribuyentes en todo lo referido a cómo se utiliza su dinero en la UE. 
Y por ello conviene que cumplamos con nuestra responsabilidad y hagamos todo lo que esté en nuestra mano por lograr una administración eficaz y responsable. 
Hay algunas cosas que se han solucionado tras largos tiras y aflojas. 
Sin embargo, todavía quedan graves problemas pendientes y una administración ineficaz. 
Es absolutamente inaceptable que pasen dos, tres o cuatro años hasta que las decisiones políticas se pongan en práctica. 
Hay problemas con la política de personal y faltan procedimientos internos para aquellos casos en los que hay sospechas de irregularidades y corrupción. 
La propuesta que la Comisión presentó sobre la reforma de la UCLAF desdeña a todos lo que desean directrices claras, pues su intención en el fondo es que la Comisión conserve un control total sobre los asuntos a investigar y el seguimiento de estas investigaciones. 
Muchos han hablado de las consecuencias de no conceder la aprobación. 
Creo que las consecuencias serán mayores si concedemos la aprobación, pues así no resolveríamos los problemas pendientes y jugaríamos mal nuestras cartas desde este Parlamento. 
Si esto puede aceptarse, ¿qué tendrá que pasar para que otra vez no demos la aprobación? , y en definitiva tendremos dificultades para explicar a los electores qué pasa con la responsabilidad que tenemos ante... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, no considero que estemos hablando de una cuestión política, ni de una bronca institucional entre las instituciones. 
Quienes afirman que el tema que estamos debatiendo es un desacuerdo entre los socialistas y los populares, o quienes afirman que el tema que estamos debatiendo es un tema de desplazamiento del equilibrio entre las instituciones, ejercen un chantaje peculiar a los diputados. 
Realmente la Comisión es la institución supranacional más adecuada para nosotros, y es el mejor aliado del Parlamento. 
Realmente la Comisión- podría añadir- es una de las mejores organizaciones burocráticas que conozco. 
Sin embargo sufre una enfermedad, sufre de soledad, si quieren, de ser incontrolable y creo que de esto da cuenta, creo que muy correctamente, el informe del Tribunal de Cuentas, que se niega a confirmar que todo vaya muy bien. 
Este es el papel del Parlamento. 
Simple, muy simple; salvaguardar la confianza en las instituciones, en la construcción política, entre los ciudadanos de Europa. 
Lo demás, repito, es pura palabrería, chantaje. 
Por tanto, no podemos conceder la aprobación. 
Señor Presidente, es obvio que el Parlamento Europeo tiene que investigar para saber si se han cometido fraudes, cosa que no hacemos. 
Por el contrario, de acuerdo con el Tratado de la UE es obligación del Parlamento asumir la responsabilidad general para controlar que el dinero de los contribuyentes se use correctamente en la UE. 
Nuestra misión es sacar las conclusiones políticas de esto. 
Entonces la pregunta es: ¿Ha conseguido manejar la Comisión de la mejor forma posible el dinero de los contribuyentes? 
No, yo no lo creo. 
A medida que pasa el tiempo, van apareciendo cada vez más casos de fraude, posibles irregularidades, etcétera. 
Éste es justamente el gran problema: la Comisión no ha puesto todos los papeles sobre la mesa. 
La falta de transparencia no beneficia a la Comisión ni a los contribuyentes sino que solamente fomenta las irregularidades y el amiguismo. 
Éste es el gran problema. No hay transparencia. 
Quienes voten a favor de la aprobación de la gestión de la Comisión estarán votando para absolverla de todos los cargos y de todas las críticas que se le han formulado sobre la forma en que ha manejado el dinero de los contribuyentes. 
Veo con gran decepción que el Grupo PSE protege a la Comisión y acepta tanto su manera de manejar fondos como sus inaccesibles métodos de trabajo. 
Obviamente el Grupo V y yo votaremos por el rechazo de la gestión de la Comisión. 
Presidente, como nacionalistas y regionalistas democráticos hoy no podemos aprobar la gestión. Aprobando la gestión, el Parlamento Europeo garantizaría a los ciudadanos que el dinero se ha gastado de la forma más económica y eficaz posible y que las instituciones han hecho todo lo que está a su alcance para dar la mejor protección posible contra el fraude, la corrupción y el crimen organizado. 
Ahora bien, señor Presidente, creemos que nosotros, actuando de acuerdo con nuestra conciencia, no podemos afirmar eso. 
Los ciudadanos europeos tienen poca confianza en las instituciones europeas. 
Por una parte se les achaca un exagerado afán de meterse en todo, un afán de despilfarro, y por otra parte tardanza y falta de eficacia ahí donde hace falta acción. 
Aprobar ahora la gestión de la Comisión cuando todo el mundo sabe que hay grandes irregularidades e ineficacia a la hora de hacer uso de los medios europeos, con razón será considerado por el ciudadano europeo como una inconsciencia. 
Aquí está en peligro nuestra responsabilidad, colegas, como representantes del Parlamento Europeo. 
Aprobar la gestión sería hacer caso omiso de una serie de razones que han sido señaladas ya antes por este Parlamento. 
La Comisión estableció claramente que iba a hacer mejoras y nosotros lo reconocemos sin paliativos, pero sigue habiendo una falta de justificación democrática con respecto a la lucha contra el fraude, el expediente de turismo, el expediente de MED, el expediente ECHO. 
¿Tenemos que seguir? 
También las nuevas propuestas las consideramos insuficientes. 
Hay una falta de medios eficaces para mejorar la política administrativa y presupuestaria. 
Señoras y señores de la Comisión, ustedes han de comprender que los ciudadanos no aceptan ya los favoritismos, el nepotismo que está claramente arraigado y la mezcla de intereses que lleva emparejado. 
Este Parlamento tiene insuficiente acceso a la información, que sin embargo es esencial para que pudiéramos ejercer nuestro control parlamentario seriamente. 
Señor Presidente, se ha amenazado en la Comisión con que la Comisión dimitiría si no se aprueba la gestión. 
¿Qué clase de amenaza es ésa? 
Cada uno, por supuesto, debe asumir su responsabilidad en el momento y en el lugar que esté. 
Hoy se nos pide que aprobemos la gestión de acuerdo con nuestra conciencia. 
«Quod non» , y si hay que asumir las consecuencias de esto, entonces cada uno tendrá que decidirlo por si mismo. 
Tal vez haya una moción de censura, o tal vez no. 
Por ahora no se trata de eso. 
La Comisión misma sí que puede sacar sus conclusiones que serán o bien colectivas, o bien individuales. 
Lamentamos en todo caso que no se pueda presentar una moción de censura contra los Comisarios individuales. 
Señor Presidente, Señorías, estimada colega Müller, siempre que celebramos un debate es la hora del Parlamento y no sólo cuando éste se desarrolla sobre la base del artículo 206. 
Éste establece que el Parlamento debe examinar las cuentas, la situación general y el informe anual del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio de 1996, o sea no los de los años siguientes, con vistas a la aprobación de la gestión. 
Señora Müller, usted ha afirmado hoy- y esto no se lo admito- que la aprobación de la gestión es una irresponsabilidad organizada. 
Lo ha expresado literalmente con estas palabras. 
Yo lo rechazo con absoluta firmeza, ya que la aprobación de la gestión no es una irresponsabilidad, sino la respuesta a la siguiente pregunta: ¿el procedimiento de aprobación de la gestión es un acto de venganza contra la actual Comisión o una invitación a la creación de nuevas estructuras comunitarias para evitar que se repitan los errores del pasado? 
A mí me sorprende la actitud de los colegas que hoy han tomado todos la palabra, pero a quienes jamás les he oído pronunciarse sobre el desarrollo de nuevos procedimientos en el contexto del debate político de los últimos nueve años. 
Estimada colega, yo debo decirle que la Comisión de Presupuestos fue la que impulsó la destitución del Director general entonces competente en materia de turismo con la consignación en la reserva de los fondos de la Comisión para el pago de dietas. 
A los cinco días ya había dejado su puesto. 
Por lo tanto, no me venga ahora con viejas historias sobre lo que significa la aprobación de la gestión. 
En relación con cuatro de ellos ha habido una respuesta satisfactoria y en relación con los otros dos todavía quedan, de hecho, algunos interrogantes pendientes que será preciso responder. 
El primero es el de los llamados «BAT». 
Nadie en esta Asamblea tiene que explicarme lo que ha estado haciendo la Comisión en los últimos años. 
Dedicó 460 millones de marcos alemanes, o sea, 230 millones de ecus, a gastos de personal fuera del marco del Presupuesto. 
En contra de lo que opinan los populistas del país, no se trata de un fraude sino del pago ilegal de gastos de personal con cargo a los costes materiales. 
En el procedimiento presupuestario para el ejercicio de 1999 hemos establecido una norma por la que se garantiza la transparencia sobre la base de esos 230 millones de ecus. 
Si se recurriera a un nuevo «BAT» ahora no previsto, esto supondría el inicio inmediato de un procedimiento disciplinario en la Comisión. 
¡Este es el resultado de la política y no de la venganza! 
Por consiguiente, yo llego a la conclusión de que, sobre la base de los criterios que estableció esta Asamblea el 31 de marzo, podemos proceder efectivamente a la aprobación de la gestión. 
También creo que como valoración política- puesto que no somos sólo contables, sino también políticos- es adecuado manifestar que en el marco del proceso de la Agenda 2000 necesitamos una Comisión en ejercicio. 
Señor Presidente, este debate ha mostrado que el procedimiento para la concesión de la aprobación de la gestión correspondiente a 1996 ha sido el más difícil de todos los habidos hasta ahora. 
No sé si no habría sido buena idea retransmitirlo a todos los funcionarios de la Comisión. 
El pasado mes de marzo el Parlamento estuvo muy acertado al aplazar la concesión de la aprobación de la gestión y dio cinco razones para hacerlo. 
Ahora tenemos que elucidar si la Comisión ha desempeñado su cometido suficientemente bien respecto de esos cinco aspectos para merecer la concesión de la aprobación de la gestión. 
Para ello es necesario que todos nosotros adoptemos algunas decisiones muy subjetivas. 
Tenemos ante nosotros un informe que tuvo 106 enmiendas en comisión: un récord en el caso del procedimiento de concesión de la aprobación de la gestión. 
Lord Tomlinson y yo, ponentes conjuntos sobre el fraude en materia de tránsito, nos alegramos de que la Comisión haya avanzado suficientemente en materia de informatización. 
No culpamos a la Comisión de que fallaran sus asesores. 
El Sr. Pasty ha preguntado si podría haber una aprobación condicional de la gestión. 
Toda decisión en materia de aprobación de la gestión es condicional, en el sentido de que va acompañada de un informe con párrafos de resolución que la Comisión se compromete a abordar al recibir la aprobación de la gestión. 
De modo que ésa es una condición y hay muchos párrafos enérgicos en la resolución. 
Me alegro de que la Comisión de Control Presupuestario concediese la aprobación de la gestión la semana pasada, aunque por un pequeño margen. 
Creo que la Asamblea debe confirmar esa votación el jueves, concediendo a la Comisión la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1996. 
Señor Presidente, para que los ciudadanos puedan tener confianza en la cooperación europea se necesita que ésta sea transparente y que esté dotada de una administración eficiente. 
Ahora tenemos que decidir sobre la aprobación de la gestión del año presupuestario de 1996, y no cabe ninguna duda de que han sido justas las duras críticas que en numerosos aspectos el Parlamento ha hecho a la Comisión. 
También existe prácticamente unanimidad en este Parlamento acerca de las medidas que hay que adoptar para que nosotros, como representantes elegidos por los ciudadanos, nos aseguremos de que no se cometen fraudes ni irregularidades con nuestros recursos comunes; y lo mismo vale para la transparencia. 
De esto no se trata en el actual debate, sino que el asunto, más bien, es saber cómo vamos a lograr los cambios deseados. 
Tengo la convicción de que la mayoría de los ciudadanos desean, al menos después de un instante de reflexión, que contribuyamos constructivamente a los cambios, en lugar de que nos dejemos dominar por la ira y el descontento. 
Creo que hasta ahora la actividad del Parlamento ha sido particularmente constructiva. 
Se han adoptado muchas medidas gracias al riguroso control ejercido sobre la Comisión y ahora formulamos en nuestro informe una serie de condiciones concretas para la aprobación de su gestión. 
Me atrevo a decir que este Parlamento no se va a satisfacer con nada que no sea el cumplimiento de esas condiciones. 
El hecho de no aprobar la gestión de la Comisión e ir aún más lejos- lo que sería la consecuencia lógica- aprobando un voto de censura en contra de ella, no puede considerarse como algo especialmente responsable por dos razones. 
La primera de ellas es que las consecuencias derivadas de obligar a dimitir a la Comisión serían muy graves debido a los importantísimos asuntos que actualmente están en el orden del día. 
Por este motivo no se puede poner a la UE en una situación que la deje sin dirección. 
En segundo lugar, un voto de censura afectaría indiscriminadamente a toda la Comisión incluido, por ejemplo, el Comisario Liikanen que ha demostrado voluntad y capacidad para resolver problemas. 
¡Esto no es razonable! 
El Parlamento Europeo tiene que confiar en su propia capacidad para promover cambios reales en el futuro y abstenerse de hacer una política de demostración que no tiene sentido o es abiertamente dañina. 
Señor Presidente, yo lamento que el procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio de 1996 no se centre en el tema y se haya convertido, por el contrario, entre tanto en un balón político que se disputa aquí en el Pleno. 
No puedo interpretar de otro modo la retirada de la coordinadora socialista de la Comisión de Control Presupuestario porque su conciencia le impide aceptar la manera en que esta abordando este tema su propio Grupo político. 
Los hechos son inequívocos y suficientes. 
No se trata de casos aislados, sino de toda la organización del trabajo de la Comisión, que favorece, permite y en principio no contrarresta el problema que nos ocupa, o sea, los casos que se han producido en relación con MED, ECHO, LEONARDO, etc. Yo quiero resaltar explícitamente que ello no afecta al conjunto de la Comisión, sino que los reproches se dirigen contra varios Comisarios concretos. 
Esperábamos que la Comisión extrajese las consecuencias y expusiese aquí su posición. 
Nos referimos exclusivamente a la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio de 1996, señor Samland. 
Usted ya lo ha destacado. 
Sabemos que entretanto algo ha cambiado, también en sentido positivo. 
Pero lo cierto es que no todo ha mejorado. 
Por esto no juzgamos ahora la situación correspondiente al ejercicio de 1998, que examinaremos luego. 
A todos los colegas que hoy todavía dudan sobre cuál ha de ser su decisión, yo les pregunto: ¿creen que alguien nos tomará en serio en el futuro si concedemos la aprobación de la gestión para el ejercicio de 1996 después de las serias quejas contra la Comisión que hoy se debaten? 
Esto equivaldría en la práctica a blanquear la actuación de la Comisión indicando que en 1996 no hubo ningún problema. La agitación de las pasadas semanas habría sido, de hecho, sólo una comedia. 
El Tratado nos asigna, en tanto que Parlamento Europeo- el Sr. Pasty ya lo ha señalado -, la responsabilidad de certificar ante el contribuyente la correcta gestión de los recursos por parte de la Comisión. 
Yo no puedo responder de ello y por consiguiente voy a votar en contra de la aprobación de la gestión de la Comisión. 
Señor Dankert, en principio deberíamos inscribir con una nota negativa en nuestro cuaderno de deberes el hecho de que ahora tengamos un conflicto jurídico, pues ello pone de manifiesto efectivamente el espíritu de las instituciones europeas y de los autores de esa norma inscrita en el Tratado. 
En Europa siempre tenemos razón y todo lo hacemos bien. 
Yo no puedo entender de otro modo la interpretación que se ha hecho, al menos tal como la plantea ahora la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Quiero decir que también tenemos que poder considerar exactamente lo contrario de lo que hoy se debate, o sea, la denegación de la aprobación de la gestión. 
Estimados colegas del lado contrario de la Asamblea, yo me siento obligado a preguntar al Grupo Socialista si es conciliable con los principios democráticos fundamentales que su Grupo no haya concedido el uso de la palabra a quienes mantienen opiniones discrepantes- al menos esas son las noticias que tengo -, como la Sra. Wemheuer y el Sr. Bösch. 
Entre nosotros, todos tienen derecho a expresarse, tanto si son contrarios a la aprobación de la gestión como si la defienden. 
(Aplausos) Señor Samland, cuando nos acusa de venganza... 
(Exclamaciones )... eso es, en verdad, francamente mezquino. 
Usted mismo ha destacado en su intervención que sólo hemos podido resolver el tema de los llamados «BAT» en el procedimiento presupuestario de 1999 y que éste sólo se abordará en el ejercicio de 1999. 
¡Lo que hoy se debate es la aprobación de la gestión en la ejecución del Presupuesto de 1996! 
Por lo tanto, yo considero un gesto de populismo por su parte que nos acuse de venganza. 
Yo creo que esto nada tiene que ver con la venganza, sino que usted tiene que aceptar que ahora estamos hablando del ejercicio de 1996. 
(Aplausos) 
Tiene la palabra el Sr. Blak para una cuestión relativa al Reglamento, porque es de una cuestión relativa al Reglamento de lo que se trata, ¿no es así? 
Si se trata de un asunto personal, deberá esperar al final del debate. 
¿A qué artículo del Reglamento se refiere? 
Señor Presidente, lamento tomar la palabra para cuestiones de orden, sin embargo, el Grupo Socialista ha sido atacado ya en varias ocasiones... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Puesto que no se trata de una cuestión de procedimiento, tomará la palabra al final del debate. 
Señor Presidente, creo que la posición del Grupo Socialista es extraordinariamente clara y ésa es la razón por la que se ha expuesto muy enérgicamente esta mañana. 
Uno de las funciones principales del Parlamento Europeo es la de controlar a la Comisión para velar por que se gaste el dinero de los contribuyentes apropiadamente y con rendición de cuentas. 
Cuando se nos ponen obstáculos como los que han resultado patentes durante el procedimiento relativo al ejercicio 1996, no resulta tarea fácil. 
Tal vez la acusación más grave de todas contra la Comisión sea la falta de rendición democrática de cuentas, en el sentido de que se han obstaculizado los intentos del Parlamento de acceder a la información que podía señalar o disipar las alegaciones de fraude. 
La renuencia con que la Comisión ha transmitido documentos infunde razones para la preocupación y el intento de ocultar, a veces con razón- hay que reconocerlo -, los nombres de los funcionarios investigados ha cobrado caracteres de farsa. 
Los problemas encontrados en la ejecución de los programas MED y ECHO requieren importantes medidas estructurales para velar por que se apliquen sistemas con vistas a evitar que vuelva a surgir una situación similar. 
Resulta indiscutible que la aplicación de las políticas exteriores ha tenido un efecto negativo en la reputación de la UE. 
No obstante, desde el aplazamiento de la concesión de la aprobación de la gestión en marzo, resultan evidentes las mejoras en algunas esferas, incluido el sistema de tránsito y el sector de las PYME. 
Para el público europeo, el fraude es una cuestión grave. 
Debemos abordarlo en serio o se hundirá el barco entero por culpa de unos pocos que están decididos a destruir la travesía europea. 
En el futuro no se reducirá, sino que aumentará, la presión para que se mantengan las cuentas claras y transparentes. 
Con el enérgico aviso que figura en el Tratado de Amsterdam, debemos prestar atención a la opinión del Tribunal de Cuentas sobre la garantía global de las cuentas. 
Se deben aplicar las enseñanzas que se desprenden, en particular, como ha puesto de relieve el Sr. Elles en el ámbito de los nombramientos del personal. 
Pero voy a votar con mi Grupo político de conformidad con la posición de la comisión de conceder la aprobación de la gestión. 
Creo que la denegación de la aprobación de la gestión debe ir unida al rechazo de la Comisión en conjunto. 
Eso es lo que ocurriría en la comunidad empresarial: se cerraría la empresa. 
La Comisión ha avanzado mucho desde marzo. 
El Sr. Liikanen, en particular, ha estado incansable en sus gestiones para hacer limpieza y, con la introducción de la moneda única en el horizonte y la necesidad de un acuerdo sobre la Agenda 2000, no es éste el momento de armar alboroto en la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el ejercicio de 1996 no constituye en verdad una página honrosa en los anales de la Unión Europea. 
Fue el momento culminante de la crisis de la EEB y también fue un año de escándalos. 
¿Qué puede y qué debe hacer el Parlamento Europeo para que se efectúen los cambios necesarios? 
El Parlamento aplazó esta primavera la aprobación de la gestión y formuló una serie de peticiones. 
Algunas de ellas, aunque todavía no todas, han sido atendidas. 
Seguramente con ello no basta. 
¿Es este un motivo para denegar la aprobación de la gestión? 
Sin embargo- como ha quedado demostrado muy claramente en el debate de hoy y en el de los días pasados -, a muchos no les preocupa únicamente el procedimiento técnico. 
La retórica de hoy ha puesto de manifiesto que el Parlamento desea ganar protagonismo declarando que tenemos que despedir a la Comisión. 
En el momento de la crisis de la EEB seguimos la vía constructiva de los programas de trabajo. 
Al cabo de dos años, ésta ha demostrado ser acertada; gracias a Dios, deberíamos añadir. 
Hoy volvemos a estar en condiciones de poder debatir el levantamiento de las restricciones sobre el transporte de carne de vacuno en la Unión. 
En consecuencia, también tendríamos que abordar el procedimiento de aprobación de la gestión por la misma vía de la colaboración constructiva. 
El punto 26 de la propuesta de resolución del Informe Ellis es el verdaderamente decisivo, a mi parecer. En él se concreta el programa de trabajo para la Comisión. 
Igual que ya han solicitado varios otros oradores, yo desearía que la Comisión expusiese su posición en relación con dicho punto 26 y que declarase cuándo y cómo piensa que podrá satisfacer dichas peticiones. 
Señor Presidente, debo decir para empezar, que este año el procedimiento de aprobación ha sido un procedimiento distinto a todos los anteriores. 
Por primera vez, señores colegas, nos han llovido informes especiales del Tribunal de Cuentas, informes que tachan, fehacientemente, de temeridades y de irregularidades la gestión de la Comisión. 
Deberemos decir que en la Comisión de Control Presupuestario no somos ni policías, ni detectives; pero estamos obligados a reaccionar ante esta cantidad, ante esta abundancia de los informes especiales del Tribunal de Cuentas. 
Y digo esto a pesar de que quiero subrayar también, como otros señores colegas, el papel tan positivo del Comisario Sr. Liikanen, quien realmente ha intentado e intenta, por primera vez en la historia o, al menos por lo que yo sé, en los últimos nueve años, facilitarnos datos al tiempo que intenta también hacer algo. 
Pero el problema es que el Sr Liikanen no puede hacer nada, porque hay un sistema dentro de la Comisión por el que incluso los mejores intentos, se ven esencialmente frustrados. 
Dudo, señor Comisario, de que usted pueda aplicar y ejecutar lo que, de buena fe, nos prometa. 
Así se explican las reacciones que existen desde dentro de la Comisión. 
Por primera vez en la Comisión de Control Presupuestario tenemos acusaciones que han formulado determinadas personas y que nadie puede pasar por alto ni dejar de analizar seriamente. 
Incluso la prensa europea, señorías, dice que el voto a favor de la aprobación constituirá «suicide du Parlement européen» (suicidio del Parlamento Europeo). 
Y explica por qué lo considera «suicide» : porque los unos, dice, votarán a favor pues hay una mayoría de Comisarios socialistas, y los otros porque supuestamente servirán a intereses nacionales. 
Creo que es completamente inadmisibleque se funcione y, en consecuencia, considero que en este momento negar la aprobación reforzará a aquellos elementos que quieren negarla- que son la mayoría dentro de la Comisión- para poder hacer una reestructuración desde dentro. 
Se ayudará a personas, como el Sr. Liikanen y otros, allevar a buen fin lo que haya que hacer internamente, para que así nosotros, que somos europeos veamos... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, quiero empezar por agradecer a James Elles el esfuerzo que ha hecho a la hora de reflejar en su documento todos los informes que se han presentado al efecto, siempre guiados por el inestimable trabajo del Tribunal de Cuentas, además de las ayudas puntuales de la UCLAF y de las no siempre bien aprovechadas del servicio de control financiero, así como con la participación de todos los miembros de la Comisión de Control Presupuestario. 
Estoy convencido de que, al margen de cuál pueda ser el resultado de la votación final, el sentir del Parlamento es y será unánime. La gestión de la Comisión Europea puede y debe mejorar. 
Como unánime tiene que ser la reacción del Parlamento ante la lección aprendida: no podemos seguir votando favorablemente presupuestos que atiendan las exigencias materiales de la Comisión, al tiempo que les negamos los recursos humanos para una buena gestión. 
Seamos capaces, todos juntos, de encontrar la correcta relación entre coste y eficacia. 
Señor Presidente, una reorganización como la que necesita la Comisión Europea sólo se puede afrontar desde la convicción, el deseo y la fortaleza del Consejo, de la Comisión y del Parlamento, por supuesto. 
Y ello no será posible mientras no estén en sintonía el Tratado y nuestro Reglamento, mientras la responsabilidad sea colegiada y debamos medir a todos por el mismo rasero, o mientras la debilidad de la Comisión sea tal que no le permita tomar ninguna decisión. 
Por todo lo cual creo que es preferible, para la credibilidad de las instituciones y de la Unión, que sean los mismos responsables, en «régimen de libertad bajo fianza» , los que solucionen los problemas creados y que, en caso de incumplir los compromisos que han adquirido con el Parlamento, se les retire la confianza vigilada que en esta sesión les podamos otorgar. 
Señor Presidente, me parece que la cuestión no se está planteando exactamente en los términos que suelen ser los más habituales. 
A pesar del precedente de 1984 y a pesar del texto de nuestro Reglamento, que tanto uno como otro se toman unas libertades bastante serias con el Tratado, me parece que el problema no es que nos pronunciemos sobre el rechazo de la aprobación de la gestión. 
Más bien nos encontramos en una situación- y creo que el Sr. Dankert tiene razón al afirmarlo, a pesar de que yo saco conclusiones políticamente opuestas a las suyas- en la que lo que realmente importa es si se concede o no la aprobación de la gestión. 
Conceder la aprobación de la gestión equivale a cerrar el dossier. 
No conceder la aprobación de la gestión equivale a dejarlo abierto. 
En esta cuestión no existe un rechazo definitivo. 
En esta cuestión no existe un rechazo que dure, que sea válido para la eternidad administrativa. 
Porque, si así fuera, habría que reconocer que el procedimiento de aprobación de la gestión, que consiste en lograr la aprobación de los resultados del ejercicio, en aceptar los saldos que deben encadenarse con el ejercicio siguiente, podría abocar en una constatación definitiva de irregularidades de las cuentas que nos han sido presentadas. 
Y, evidentemente, eso es inconcebible. 
La pregunta que se nos formula es válida para el momento actual: ¿debemos hoy conceder la aprobación de la gestión? 
La respuesta es evidente: no. 
Este Parlamento no ha sido informado suficientemente, no está siendo plenamente informado de lo que ocurrió en el transcurso del ejercicio 1996. 
Somos maestros relojeros, maestros del calendario. 
No tenemos ningún motivo para parar los contadores, para interrumpir una instrucción, sobre todo teniendo en cuenta que cada día nos trae su lote de información, verdadera o falsa, sobre el ejercicio en cuestión. 
Yo no daré la aprobación de la gestión, pero eso no quiere decir que la rechace definitivamente. 
Señor Presidente, en el informe Elles figuran numerosos aspectos sobre los cuales la Comisión ya ha manifestado su posición en reuniones de la Comisión de Control Presupuestario y también por escrito. 
Espero que todos los diputados hayan tenido la oportunidad de leer nuestras respuestas por escrito a todas las preguntas sobre el proyecto de informe que recibimos anteriormente. 
No deseo reiterar aquí lo que se dijo en ese marco, excepto corregir un detalle. 
El Sr. Fabre-Aubrespy, y hasta cierto punto también el Sr. Pasty, ha dado una interpretación errónea del informe del Tribunal de Cuentas sobre la DAS. 
El Sr. Fabre-Aubrespy ha dicho que el Tribunal de Cuentas no hizo una declaración positiva sobre las cuentas de las Comunidades. 
Eso no es cierto. 
Cuando hablamos del informe del Tribunal de Cuentas, debemos ser extraordinariamente exactos. 
De lo contrario, abusamos de los poderes de una importante institución de control exterior. 
¿Qué dijo el Tribunal de Cuentas? 
Por lo que se refiere a las cuentas, hizo una declaración positiva. 
Por lo que se refiere a los compromisos, hizo una declaración positiva. 
Por lo que se refiere a los recursos, hizo una declaración positiva. 
Pero en lo que no pudo hacer una declaración positiva fue respecto de las transacciones subyacentes. 
A ese respecto quisiera que Sus Señorías leyeran el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a este año, en el que se declara que, en la esfera de la agricultura, dichas transacciones se producen normalmente en el nivel de los beneficiarios finales en los Estados miembros. 
No tienen repercusiones en el presupuesto, porque la recuperación de la liquidación de las cuentas está en el mismo nivel que los errores encontrados. 
En segundo lugar, respecto de los Fondos estructurales, dice que en ese sector el nivel de error es mayor. 
No siempre tienen repercusiones en el presupuesto, pero es demasiado grande. 
Debemos sacar la conclusión correcta. 
Junto con Sus Señorías, hemos intentado cambiar el sistema de gestión de los Fondos estructurales. 
Para el año 1998 la Comisión ha aceptado las hojas de elegibilidad y aplicará el sistema de correcciones para remediar los errores. 
Pero- y esto es aún más importante -, ahora que toda la reforma de los Fondos estructurales está en manos del Consejo, se necesita también la opinión de Sus Señorías. 
Necesitamos un sistema claro en el que, si los Estados miembros advierten alguna irregularidad, puedan transferir el dinero a un proyecto válido. 
De no ser así, el Tribunal de Cuentas o la Comisión recuperará el dinero para siempre. 
Necesitamos sistemas que controlen bien y debemos encontrar esos sistemas. 
También quiero decir que estoy dispuesto a recibir críticas para la Comisión, pero también que el Tribunal de Cuentas ha criticado a los Estados miembros casi tanto como lo que hoy se ha hecho en el debate y también en relación con 1996. 
Paso ahora a los párrafos 26 y 27 y también a las enmiendas que se han mencionado. 
En primer lugar, una observación sobre la oficina de investigación del fraude. Poco puedo añadir a lo que el Presidente Santer dijo cuando presentó la propuesta el 2 de diciembre. 
El Consejo Europeo de Viena, celebrado la semana pasada, acogió con beneplácito la propuesta de la Comisión y aconsejó a las instituciones que examinaran la propuesta con vistas a adoptar una decisión sin demora; subrayo: sin demora. 
Quisiera que quedara claro que, según la propuesta, la oficina disfrutará de una libertad total para hacer investigaciones internas por iniciativa propia dentro de la Comisión y otras instituciones. 
Ese procedimiento legislativo que ha comenzado ofrece al Parlamento y al Consejo una buena oportunidad para expresar sus opiniones, que, naturalmente, se tendrán en cuenta enteramente. 
Veremos cuál será el resultado final del procedimiento legislativo. 
Punto B del Estatuto de los funcionarios: la Comisión ha tenido algunos conflictos sociales internos en ese sector muy delicado y difícil. 
Para resolver un conflicto, creamos un grupo de reflexión sobre política de personal presidido por Sir David Williamson, antiguo Secretario General de la Comisión, y el grupo presentó su informe final el 9 de noviembre. 
El grupo estaba compuesto por representantes de los sindicatos y asociaciones del personal y la administración. 
El informe es el punto de partida para hacer modificaciones en el estatuto de los funcionarios. 
Antes de pasar a las propuestas legislativas al Consejo y al Parlamento, el informe debe pasar por un extenso proceso de consultas a las otras instituciones y a representantes del personal. 
El Parlamento Europeo ha reiterado su deseo de ser consultado enteramente a ese respecto. 
Las consultas al personal ya están en marcha y paralelamente ha comenzado la consulta interinstitucional. 
El Colegio de Jefes Administrativos ha examinado ya el informe y la primera reunión en el nivel de los Directores de Personal para todas las instituciones se celebrará pasado mañana, jueves 17 de diciembre. 
Conceptualmente, se puede dividir el informe Williamson en dos partes. 
La primera versa sobre la modernización del servicio público europeo. Comprende el reexamen de la estructura de los recursos humanos de la Comisión, el reclutamiento, la formación, el estudio de la promoción profesional y las políticas de igualdad de oportunidades y no discriminación. 
Además, se hará un estudio del equilibrio de incentivos y sanciones, que comprenden los procedimientos disciplinarios y la incompetencia profesional. 
La segunda parte versa sobre los subsidios de los funcionarios de las instituciones europeas. 
Por lo que se refiere a los salarios de los funcionarios, se guían por las normas que aprobó el Consejo en 1991 para un período de diez años y que figuran en un anexo al Estatuto de los funcionarios. 
A partir de la consulta interinstitucional y del diálogo social, la Comisión se propone presentar, al final de enero de 1999, a más tardar, un calendario indicativo para presentar comunicaciones sobre las reformas al Parlamento y al Consejo. 
La idea es primero presentar las comunicaciones sobre el contenido y después, a partir del debate, hacer propuestas finales de modificaciones. 
Letra c) sobre la evaluación de los servicios de la Comisión: al final de 1997, la Comisión lanzó una evaluación en gran escala o, como se dice con frecuencia, exploración de sus servicios. 
Gracias a ella, tendremos un panorama claro de las misiones, recursos y métodos de trabajo presentes de cada dirección y unidad de la Comisión. 
El informe de cada una de las DG estará listo al comienzo del año próximo, que es, evidentemente, el calendario que Sus Señorías desean, y durante la primera mitad de 1999 se sacarán las conclusiones de esa operación. 
El Presidente de la Comisión se ha comprometido a presentar al siguiente Presidente designado, a partir de la evaluación, una concepción global de la organización de las carteras de los Comisarios y la estructuración de las direcciones generales de conformidad con las prioridades políticas. 
Se trata de una tarea importante. Mucho depende de la voluntad del Presidente designado. 
Pero lo importante es que el Presidente de la Comisión se ha comprometido a hacerlo. 
Convengo con Sus Señorías en que es necesario definir claramente las divisorias entre las tareas de la administración pública europea. 
En cualquier caso, la Comisión debe conservar el poder de decisión y control de sus actividades. 
Respecto de la letra d) de los párrafos 26 y 27 sobre los nombramientos, dos principios deben regir el nombramiento de funcionarios dentro de la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo y otras instituciones, a saber, la autonomía de las instituciones y la transparencia. 
El principio de autonomía institucional está establecido en el Tratado y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
La Comisión considera que dicho principio reviste importancia decisiva para garantizar su independencia con arreglo al espíritu del Tratado. 
El Estatuto de los funcionarios, común a todas las instituciones, establece las normas en materia de nombramientos. 
En pro de la transparencia, ya se ha transmitido al Parlamento un informe sobre los nombramientos de miembros de los gabinetes de los Comisarios para atender la resolución sobre la primera lectura del presupuesto. 
La Comisión está dispuesta a actuar con total transparencia en la esfera de los nombramientos, sin por ello dejar de respetar las disposiciones del Estatuto de los funcionarios. 
Sobre la difícil cuestión de las relaciones entre los Comisarios y los servicios, la Comisión está preparando actualmente un código de conducta que aclarará más aún las relaciones entre los Comisarios y sus gabinetes y direcciones generales. 
También se transmitirá al próximo Presidente designado de la Comisión la propuesta del código de conducta de los funcionarios. 
Además, está en preparación un código de conducta más general sobre los principios éticos de los funcionarios. 
El Defensor del Pueblo nos ha aportado un importante asesoramiento al respecto. 
Las aptitudes para cada puesto dentro de la Comisión se exponen en los anuncios de puestos vacantes. 
Convengo en que la experiencia en la gestión debe pasar a ser un criterio fundamental para cualesquiera nombramientos de funcionarios superiores. 
Debe tratarse de experiencia, entre otros casos, en materia de gestión de recursos y también gestión financiera. 
A este respecto convengo con las críticas en que debemos mejorar. 
En demasiados casos en el pasado se ha adquirido la especialización en la esfera bastante limitada de expedientes importantes; sin embargo, la gestión de un gran servicio requiere conocimiento de los expedientes y capacidad para gestionar recursos y presupuestos. 
En este marco quisiera decir que, si el jueves se aprueba el presupuesto, como propone la Comisión de Presupuestos, el año próximo introduciremos un importante programa de formación en materia de gestión, que será obligatorio para todos los funcionarios que trabajen en un puesto de gestión. 
Respecto del Reglamento Financiero, el pasado mes de julio la Comisión aprobó un documento de trabajo sobre la revisión global del Reglamento Financiero. 
A partir de la consulta interinstitucional, en la que aún esperamos observaciones, la Comisión formulará una propuesta legislativa para la reforma global en 1999. 
Respecto del Reglamento Financiero y la responsabilidad personal de los Comisarios, el Servicio Jurídico de la Comisión se ha pronunciado en el sentido de que los miembros de la Comisión, cuando actúan como funcionarios autorizadores que adoptan decisiones sobre el compromiso de gastos, tienen responsabilidad financiera personal. 
En la letra f) , el Parlamento pide que las declaraciones por parte de los Comisarios de sus intereses financieros sean transparentes y estén públicamente disponibles. 
La Comisión acepta esa petición del Parlamento. 
Otro aspecto que han abordado dos o tres oradores es el acuerdo sobre el intercambio de información entre instituciones. 
La Comisión se pronuncia positivamente sobre esa propuesta. 
Durante este debate, hemos oído muchas referencias a cartas, artículos de prensa, rumores e incluso preguntas parlamentarias. 
Algunos de ellos pueden ser ciertos, pero muchos de ellos podrían ser también totalmente falsos. 
En pro de la transparencia, es muy importante que, siempre que se necesite una respuesta, se pida a los funcionarios de la Comisión que comparezcan ante la Comisión de Control Presupuestario. 
Si Sus Señorías no están satisfechos, díganlo. 
Si no se tiene oportunidad para responder, resulta muy difícil luchar contra la información falsa. 
Sus Señorías saben a qué me refiero. 
Para nosotros, no se ha hecho todo el trabajo. 
Este informe se refiere al ejercicio 1996. 
Muchas cuestiones proceden del pasado. 
Falta mucho por hacer. 
Debemos mejorar la gestión financiera; debemos conseguir un buen rendimiento para el dinero de los contribuyentes europeos. 
Tenemos una enorme tarea por delante. 
Necesitamos una Comisión fuerte para esas tareas en las negociaciones sobre la Agenda 2000. 
Muchas gracias, señor Presidente, por concederme la oportunidad de expresar también mi agradecimiento al Sr. Liikanen por sus declaraciones. 
Yo sólo quisiera aclarar una cosa: tanto si concedemos la aprobación de la gestión como si no, yo espero que la Comisión realizará en cualquier caso esos esfuerzos, independientemente del sentido de nuestra votación. 
Finalmente, quisiera señalar una discrepancia en la traducción del informe del Sr. Ellis. 
Se trata de la versión inglesa. 
En dicha versión, en el punto 23 no se ha traducido únicamente el término aprobación, sino que además se ha añadido give/refuse. 
La palabra refuse y la barra deben suprimirse. 
Esto es lo que se aprobó. 
Yo le ruego que se comprueben también las demás versiones lingüísticas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 9.30 horas. 
Gracias, señor Presidente, por darme la posibilidad de subsanar algunos malentendidos. 
El Sr. Tillich hizo algunos comentarios sobre nuestro papel de coordinador. 
Me gustaría que quedara claro cómo funcionan las cosas en el Grupo Socialista: si uno resulta elegido coordinador, defiende los intereses del grupo y de sus compañeros, no sus propios intereses personales. 
Si un coordinador dimite porque desea seguir un camino diferente, se elige otro coordinador y en este caso el elegido he sido yo. 
Me gustaría manifestar mi profunda desilusión por recibir de otro grupo un ataque tan fuera de lugar. 
Si un miembro no desea ser coordinador, tiene las manos libres y puede dimitir, pues hay otras personas que se harán cargo. 
Esto es democracia, ¡lo otro no es democracia! 
Señor Presidente, a propósito de este debate, nos han anunciado que la votación sobre una interpretación de las modalidades de votación elaborada por la Comisión de Reglamento tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Ahora bien, también nos han comunicado que dicho documento estaría disponible a partir de las 9.00 o 9.15 horas de la mañana. 
He acudido con algunos colegas hace tan sólo 5 minutos a la distribución, donde no se sabe nada acerca de este documento. 
Nadie lo tiene. 
Sería deseable, señor Presidente, que antes de someter a votación un documento, lo tengamos en mano. 
Lo contrario sería muy perjudicial para el buen desarrollo de nuestros trabajos. 
Señor Monfils, le comunico que la interpretación del Reglamento aparece en el Acta de la sesión de ayer, en la página 24, y por tanto le invito a remitirse al Acta. 
Señor Presidente, en el curso de este debate el ponente ha tenido siete minutos y medio de intervención. 
Dado que los ponentes suelen tener cinco, deduzco que los dos minutos y medio finales corresponden a tiempo de su Grupo. 
Creo que hubiese sido mucho más prudente separar las dos intervenciones del Sr. Elles, porque sus últimas palabras han sido pedir al Pleno el rechazo de la gestión. 
Señor Presidente, esto es algo que, evidentemente, el Sr. Elles puede hacer a título personal pero, como ponente, es contradictorio con el voto de la Comisión de Control Presupuestario, y quisiera que constara en acta. 
Señor Colom i Naval, usted sabe que son los Grupos los responsables de distribuir el tiempo de intervención y que, eventualmente, es habitual prolongar el tiempo de intervención del que dispone el ponente, en su calidad de tal, con una parte del tiempo de intervención asignado al Grupo. 
Es evidente que el ponente es libre de organizar su tiempo de intervención y de repartir sus materias según su propio criterio. 
Señor Presidente, tomé la precaución de transmitir mi petición con anterioridad y me gustaría que así constara en acta. 
Pero intervengo en primer lugar por alusiones personales. 
El Comisario Sr. Liikanen ha dicho que yo había pronunciado una opinión errónea respecto al informe del Tribunal de Cuentas. 
Lo único que he dicho es que el Tribunal de Cuentas no hizo una declaración de fiabilidad positiva respecto a la regularidad de las cuentas del ejercicio 1996. 
No soy el único que lo dice, señor Comisario. 
El apartado 1 de la resolución del informe del Sr. Elles recuerda que, por tercer año consecutivo, el Tribunal de Cuentas se ha negado a dar una declaración de fiabilidad positiva general respecto a la legalidad y la regularidad de las operaciones que fueron objeto de pagos en el ejercicio. 
No he hecho más que repetir lo que aparece en el informe. 
Sobre este punto quiero hacer una cuestión de observación del Reglamento, señor Presidente. 
Yo sólo quisiera hacer una aclaración en relación con la intervención del Sr. Colom: en mi lista de oradores estaba claramente indicado que el Sr. Elles dispondría de cinco minutos en su calidad de ponente y de otros dos minutos como miembro del Grupo. 
No creo que fuese su intención inducir a engaño en ningún sentido. 
Señor Presidente, quisiera decir al Sr. Fabre-Aubrespy que la frase del informe Elles es correcta. 
Se habla de operaciones subyacentes, pero usted habla de cuentas; existe una diferencia. 
El Tribunal de Cuentas emite cuatro dictámenes diferentes; aquéllos sobre las cuentas son positivos, aquéllos sobre los pagos y las operaciones subyacentes no son positivos. 
Espero que lo sean en un futuro próximo. 
Señor Presidente, me baso en el apartado 2 del artículo 3 del Anexo V de nuestro Reglamento. 
Una serie de enmiendas al informe Elles han sido declaradas aceptables, 22 exactamente si doy fe a la información que me ha sido facilitada. 
Otras han sido declaradas inaceptables. 
Compete a la Presidencia aplicar el anexo del Reglamento que prevé que las enmiendas sean presentadas para opinión a la Comisión de Control Presupuestario. 
Le pido, por consiguiente, que confirme que dicha comisión será consultada en el curso de su reunión de esta tarde para que emita su opinión sobre estas 22 enmiendas que, por otra parte, provienen de todos los Grupos políticos. 
Hay 11 del Grupo Socialista, los mismos que querían prohibirnos presentar enmiendas sobre el dispositivo, y de la práctica totalidad de los otros Grupos de nuestro Hemiciclo. 
Este punto será examinado en todo caso antes de la votación del jueves. Puede estar completamente tranquilo. 
Presupuesto general 1999 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0500/98) de la Sra. Dührkop Dührkop y del Sr. Viola, en nombre e la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1999, así modificado por el Consejo (C4-0600/98) y sobre la nota rectificativa nº 1/99 al anteproyecto de presupuesto para 1999- Sección III Comisión (C4-0666/98). 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en primer lugar quisiera agradecer a todos los colaboradores y colaboradoras de esta Asamblea su trabajo en todo el procedimiento presupuestario 1999. 
Especialmente a los colaboradores y colaboradoras de la Secretaría de la Comisión de Presupuestos, que con su trabajo incansable han hecho viable llegar a la segunda lectura en las condiciones previstas. 
Muchas gracias a todos. 
El procedimiento presupuestario para 1999, señor Presidente, está llegando a su fin con la segunda lectura del Parlamento Europeo. 
Quisiera hacer un pequeño balance, pero, sobre todo, volver a un punto esencial. 
Empezamos este procedimiento llamando al presupuesto de 1999 un «presupuesto puente» hacia el año 2000 y las nuevas perspectivas financieras. 
El presupuesto 2000 debería ser la base para las nuevas perspectivas financieras, pero también el presupuesto 1999 debería ser riguroso, cumpliendo al mismo tiempo con las prioridades del Parlamento Europeo. 
Estas orientaciones tenían unas condiciones sine qua non. 
Una de ellas era el mandato que el Parlamento dio al Sr. Colom para negociar estas nuevas perspectivas financieras, que era introducir un instrumento de flexibilidad en las nuevas perspectivas financieras. 
Por ello, el Parlamento, en su primera lectura, introdujo una enmienda estratégica que aumenta los gastos no obligatorios y los créditos de pago de acuerdo con el artículo 17 del Acuerdo interinstitucional vigente, como un «seguro de derechos» para garantizar que el Consejo, por una parte, negocie un instrumento de flexibilidad y, también, para garantizar que, en caso de que no se llegue a este nuevo acuerdo, los importes en los gastos no obligatorios no se vean mermados, porque eso sería en perjuicio de que el Parlamento pueda financiar sus propias prioridades. 
El puente así construido por el Parlamento Europeo no fue aceptado por el Consejo- como era de esperar -, pero quisiera decir que se ha construido algo. 
Se ha construido una nueva cultura, una nueva confianza, porque tenemos la impresión de que el Consejo, en su voluntad negociadora, acepta considerar al Parlamento como un verdadero interlocutor político. 
En su segunda lectura, el 24 de noviembre, después de la conciliación habitual, el Consejo procede a su segunda lectura con un enfoque común sobre la globalidad del presupuesto, en conjunto con el Parlamento, pero sin avances en las enmiendas estratégicas. 
Quisiera pasar revista a las diferentes categorías de la lectura del Consejo y contrastarlas con la posición del Parlamento antes de su segunda lectura. 
Yo decía en mi primera intervención, antes de la primera lectura, que estaba un poco desilusionada con lo que había pasado con el procedimiento ad hoc en agricultura, puesto que no llegamos a una discusión seria en julio, algo que habría querido el Parlamento. 
Sin embargo, tengo que decir que el procedimiento ad hoc de antes de la segunda lectura del Consejo ha demostrado ser un instrumento muy válido, puesto que el Consejo se ha avenido a las posturas del Parlamento en cuanto a no aumentar los gastos agrícolas.También el Consejo ha acordado con el Parlamento una reserva en agricultura, de la cual 20 millones de euros están destinados exclusivamente a medidas agromedioambientales, que son una prioridad para el Parlamento Europeo. 
Así- para hacer mi intervención más corta en este sentido -, en agricultura, categoría 1, el Parlamento, en su segunda lectura, no tiene apenas diferencias con el Consejo. 
Creo que hemos llegado a un acuerdo asumible por ambas partes. 
Pasando a la categoría 2- que en las perspectivas financieras se suele llamar «paquete de Edimburgo» -, he de decir sin embargo que el Parlamento introduce una «enmienda paquete» que es una reserva en los créditos de compromiso de 1.500 millones de euros y en los créditos de pago de 250 millones, más un recorte en créditos de pago de 500 millones. 
Eso se basa totalmente en los datos facilitados por la Comisión sobre el estado de no ejecución de los Fondos estructurales en septiembre. 
En todos los diálogos y las conciliaciones que hemos mantenido con el Consejo, esto nunca se mencionó. 
No era el objetivo discutir esta enmienda, puesto que no planteaba problemas. 
Sorprendentemente, el Consejo acepta el recorte pero rechaza la reserva en los Fondos estructurales, lo cual significa una modificación en la categoría 2 que deja al Parlamento libre, para su segunda lectura, de votar en consonancia con las mayorías de la Asamblea. 
Ayer, en la Comisión de Presupuestos, se votó NO reintroducir la reserva, pero SÍ reintroducir los créditos de pago, porque la enmienda- repito- era un paquete en su globalidad, y un recorte en los pagos, dada la precariedad que sabemos que hay en los pagos, no tiene sentido. 
Pierde totalmente su justificación si no hay una reserva. 
Respecto de la categoría 3, en primera lectura le dije al Consejo que era la Cenicienta de todas las categorías. 
Se trata de las políticas internas de la Unión, de las políticas de dimensión europea, y tengo que decir que parece ser que el príncipe, con sus zapatos de cristal, ha encontrado a Cenicienta y la ha convertido en princesa, porque resulta que sobre esta categoría 3, en el acuerdo al que hemos llegado con el Consejo en nuestras negociaciones, el Consejo ha aceptado, casi en su totalidad, las prioridades del Parlamento. 
Hay líneas que incluso han subido un 49 %. 
Es digno de mencionar que hemos llegado a un acuerdo en el Quinto Programa Marco de investigación, también hemos puesto partes de las políticas del tercer pilar dentro de la categoría 3, tal como quería el Parlamento, anticipando ya el Tratado de Amsterdam, y también el Consejo ha dado al Parlamento la razón en cuanto a respetar la financiación de los programas Sócrates y Juventud por Europa. 
Yo creo que es un resultado sumamente satisfactorio para el Parlamento, y quiero agradecer al Consejo su voluntad de negociación, así que gustosamente esta categoría vamos a votarla así el jueves. 
Ahora paso a comentar algo que me parece que tiene gravedad política. 
Es grave que el Parlamento, en la categoría 4, se haya visto obligado a reducir el programa PHARE. 
Es grave porque el mensaje político que de ahí sale no es placentero ni para el Parlamento ni para el Consejo, pero en aras de la eficacia presupuestaria, era necesario hacerlo así en vista de cómo este programa ha funcionado en su totalidad. 
En este caso prevemos 150 millones por debajo de la financiación decidida en Cannes, pero el Consejo se ha avenido a la propuesta del Parlamento de financiar sus prioridades en las acciones externas mediante esta reducción del programa PHARE. 
En la categoría 5, el Parlamento mantiene su postura sobre la creación de una línea especial para el fondo de pensiones. 
Creo que sigue siendo una vergüenza que, en todo el año presupuestario, no hayamos podido avanzar ni un ápice en este tema, que es necesario para que los funcionarios de la Unión puedan asegurar sus pensiones. 
Después de haber efectuado la conciliación el día 24 de noviembre, seguimos todavía sin ningún acuerdo con el Consejo en cuanto a la enmienda estratégica, y tendrá lugar una nueva conciliación el día 8 de diciembre, y es histórico que, por primera vez en diez años, se vuelva a mantener una reunión de conciliación después de que el Consejo haya procedido a su segunda lectura. 
Mi agradecimiento a la Presidencia por su voluntad de no cerrar puertas y avenirse a tener al Parlamento como interlocutor político, como decía al principio. 
Después de este resultado de la conciliación, yo, como ponente, retiro las enmiendas estratégicas para la segunda lectura. 
Pero, como en todas las negociaciones, sabemos que las dos partes dejan pelos en la gatera. 
A mí me hubiera gustado- y creo que también al Parlamento en su conjunto- lograr algo más preciso. 
Reconozco que el calendario previsto no se ha cumplido. 
Habíamos pensado que en Viena tendríamos algo más concreto encima de la mesa, lo que habría hecho posible una conciliación más concreta. 
Pero creo- y espero- que el Sr. Colom detalle más el texto del acuerdo que hemos conseguido, y pienso que habrá instrumentos de flexibilidad. 
Hemos conseguido una declaración unilateral histórica por parte del Consejo, que va a cumplir por fin lo que firma, y pienso que eso puede ser suficiente para llegar a un acuerdo en el trámite de las negociaciones. 
Señor Presidente, el jueves el Parlamento va a votar en segunda lectura un presupuesto que cumple perfectamente con el Acuerdo interinstitucional actual. 
Un presupuesto que demostrará que el rigor presupuestario es perfectamente compatible con las prioridades políticas del Parlamento Europeo, pero, sobre todo, un presupuesto que es compatible con los ciudadanos europeos y con sus intereses. 
Señor Presidente, voy a comenzar mi intervención expresando mi satisfacción porque una vez más este año hemos logrado aprobar el presupuesto de las demás Instituciones con una sola lectura, ya que el Consejo aprobó todas las enmiendas que presentamos. 
Esto demuestra la sintonía y la buena colaboración existentes que espero que no falten en los próximos años. 
En la propuesta de resolución que vamos a votar el jueves- hecho que demuestra que no tenemos problemas especialmente importantes o pendientes- se plantean algunas cuestiones que ya fueron abordadas antes y ello a fin de establecer unos puntos firmes, al objeto de que a lo largo del procedimiento presupuestario del próximo año, puedan resolverse problemas que están todavía pendientes de solución. En este sentido, y con referencia a lo que decía la Sra. Dükrop Dükrop, vuelvo a lamentar que el Consejo haya rechazado la posibilidad de crear un fondo de pensiones para los funcionarios de las Instituciones europeas. 
El Parlamento considera que ésta es una ocasión fallida para encontrar una solución a un problema que debería afrontarse y solucionarse con la máxima urgencia. 
Confiamos que la Comisión presente, antes del 31 de marzo, una propuesta de reforma del sistema de pensiones, ya que ésta sigue siendo una prioridad no solo para el Parlamento, sino también para todos los demás órganos de la Unión Europea. 
Otro problema todavía abierto, al que se hace referencia en la resolución, es el que afecta a los trabajos de traducción del Tribunal de Justicia. 
Considero necesario recibir por parte del Tribunal propuestas concretas para realizar un serio debate que permita adoptar medidas que al menos faciliten las labores de traducción. 
Invitamos, por tanto, al Tribunal a que ponga a punto un sistema de traducción informática a fin de reducir la acumulación de trabajo burocrático y administrativo para luego buscar soluciones que faciliten el trabajo, sin duda, gravoso de los lingüistas-juristas. 
La premisa de la que hay que partir es que la autoridad presupuestaria no está en condiciones de solucionar los importantes problemas planteados por el Tribunal con una intensa política de contrataciones que, caso de requerir un solo ejercicio, es más o menos que imposible. Sería, en cambio, posible si fuera escalonada según un plan plurianual. 
El Parlamento Europeo- éste es otro punto de la resolución que vale la pena señalar- también quiere lanzar una señal al Comité de las Regiones, ya que se nos ha planteado el problema de la resolución anticipada de la relación con su Secretario General y puesto que nos fue ventilada la posibilidad de recurrir al artículo 50, con un notable coste financiero, habida cuenta de que la operación, según los cálculos, tendría un coste de unos 320.000 ecus. 
Obviamente, nuestra resolución hace hincapié en la necesidad de encontrar otras soluciones que sean aceptables desde el punto de vista financiero, técnicamente viables y capaces de no dejar vacíos en la conducción de este organismo que, a raíz del nuevo Tratado de Amsterdam, deberá hacer frente a un cada vez mayor número de cometidos en los próximos años. 
La resolución reitera asimismo la necesidad de llevar adelante la política seguida hasta ahora en materia de inmuebles, una política que se puede resumir en la rapidez de las adquisiciones de los inmuebles para uso de las distintas Instituciones de la Comunidad y de los pagos correspondientes. 
Ayer constatamos con satisfacción la aprobación del presupuesto rectificativo y suplementario y la puesta a disposición de la ingente suma de 150 millones de euros que deberá servir para anticipar, por ejemplo, la compra del D3, lo que producirá un ahorro estimado de 40 millones de euros en los próximos diez años. 
Se trata de una política que ya dio sus frutos y que, de seguir así, producirá ulteriores e importantes ahorros para el presupuesto de la Unión. 
En consecuencia, estamos satisfechos por la aprobación de nuestra enmienda que prevé la construcción del edificio por parte del Tribunal de Cuentas. 
Señor Presidente, en el momento de concluir el debate sobre este primer presupuesto en euros de la Unión Europea, debemos expresar nuestra satisfacción por haber elaborado, también en el ámbito de las demás Instituciones, un presupuesto riguroso y equilibrado que respeta los esfuerzos presupuestarios realizados por los Estados miembros. 
Por último, agradezco a los colegas de la Comisión de Presupuestos la ayuda que me prestaron y al personal de la Comisión la estrecha cooperación que nos brindó a la hora de realizar nuestro trabajo. 
Señor Presidente, los debates presupuestarios parecen desarrollarse ciertamente bajo un signo algo tormentoso este año. 
El mar se calma a ratos, afortunadamente en el momento oportuno. 
Así puede afirmarse al menos en lo que respecta a la parte del Presupuesto para la que es competente la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, un ámbito en el que también ha habido considerable inquietud, sobre todo en relación con la ejecución de los programas de derechos humanos. 
El problema de los fundamentos jurídicos se pudo resolver, por fortuna, gracias al compromiso alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la fórmula de la asistencia técnica. 
Esto permitió despejar las principales preocupaciones en relación con el Presupuesto suplementario de 1998 y el Presupuesto para el ejercicio de 1999. 
Evidentemente, hubiésemos deseado algo más, pero es importante que estas cuestiones se hayan resuelto precisamente este año. 
En efecto, habría sido francamente una lástima para la Unión Europea que hubiesen surgido dificultades en este ámbito precisamente en el año del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y la semana en que se concede por décimo año consecutivo el Premio Sajárov. 
Nadie pretende negar que pueden mejorarse muchos aspectos, pero necesitamos todo el apoyo posible cuando se trata de los derechos humanos y de las relaciones con los demás países del mundo. 
Yo acabo de regresar de América Latina, donde he podido constatar una vez más el valor de esta labor, ya sea a través de la observación de elecciones, en relación con los derechos humanos o a través del trabajo de nuestros institutos. 
También examinaremos con gran atención la ejecución del Presupuesto de 1999 en estos aspectos. 
Finalmente, yo también quisiera manifestar mi agradecimiento a la Sra. Dührkop Dührkop por su extraordinaria colaboración en relación con este tema, que ha demostrado una vez más que el Parlamento Europeo es consciente de su importancia ante estos asuntos difíciles y que defiende, por encima de todas las fronteras, una causa que los buenos demócratas tenemos que apoyar en todo el mundo. 
Presidente, la rúbrica dedicada a la agricultura durante las distintas fases de la discusión sobre el presupuesto de 1999 no ha sido motivo de fuertes debates. 
¿Es esta la calma que precede a la tormenta o se puede decir que ya hay un procedimiento mejor? 
Mediante el análisis permanente de los gastos en el año corriente y el margen explícito en el procedimiento presupuestario para que en los momentos decisivos se saquen las conclusiones para el nuevo presupuesto evitamos que en el presupuesto se reserve demasiado dinero para la agricultura. 
Pero por otra parte queda la seguridad de que en caso de alguna evolución inesperada se tomarán las medidas oportunas. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Agricultura he controlado y colaborado para que se respetara también este año fielmente la forma de trabajo introducida el año pasado, basada en una nota rectificativa de la Comisión entre la primera y la segunda lectura. 
También este año recibimos unas enmiendas concretas de muchas líneas presupuestarias. 
En total se tendrían que añadir 513 millones de euros al importe total original para la rúbrica 1 del presupuesto. 
Sin embargo, el Consejo y la delegación parlamentaria europea acordaron no incorporar esta relativamente pequeña diferencia con el presupuesto propuesto en el importe total presupuestado para la rúbrica 1, pero sí modificar las diferentes líneas presupuestarias con arreglo a las más recientes estimaciones dentro del importe total anteriormente establecido. 
La Comisión hizo las propuestas necesarias para este objetivo. 
Así se actuó de acuerdo con un deseo del Parlamento Europeo de no buscar la solución en una reducción lineal de un pequeño porcentaje en todos los gastos presupuestarios para agricultura, sino en una clara reducción de una serie de líneas. 
Además, el hecho de que entretanto se hubiera detectado en el presupuesto de 1998 un superávit de 1, 4 de millardos de ecus en la rúbrica 1, fue un factor importante para relativizar en cierto modo las perspectivas más negativas para 1999. 
Por cierto, también para el futuro podemos comprobar ahora ya, basándonos en una observación minuciosa de la evolución del mercado hasta ahora, que tenemos que contar con cierta inseguridad con respecto a los gastos de agricultura. 
Sin embargo, este margen puede ser reducido considerablemente si se lo compara con el presupuesto de agricultura del pasado, con unos márgenes exagerados por los que cada año sobraban unos importes considerables que tenían que ser restituidos a los Estados miembros. 
Señor Presidente, Señorías, no hemos consignado en la reserva los fondos destinados a la seguridad en el interior de los edificios de las instituciones europeas y sus alrededores. 
Yo quisiera señalar, no obstante, que se requiere con la máxima urgencia una actuación en este ámbito. 
En mi calidad de ponente para el Presupuesto de la Comisión de Asuntos Económicos, yo creo que podemos estar muy satisfechos con los valores de referencia para el próximo presupuesto. 
La Comisión ya había previsto en su propuesta una dotación suficiente de recursos para las líneas económicas fundamentales. El Parlamento defendió con éxito este planteamiento. 
La línea B5-3, mercado interior, se incrementó en 13, 8 millones de euros y la línea B5-5, mercado del empleo e innovación tecnológica, en 12, 2 millones de euros. 
En este contexto, yo estoy particularmente satisfecho por el acuerdo alcanzado en favor del apoyo a las capas medias. La línea B5-512 prevista para este fin se incrementó nada menos que en un 60 %. 
No obstante, también hemos considerado las interrelaciones mutuas y los indicadores de un medio económico saludable dentro de un contexto más amplio. 
Así, por ejemplo, el ámbito de la formación y los programas de intercambio para jóvenes son requisitos importantes para el desarrollo de los recursos humanos tan urgentemente necesarios para la competitividad de nuestro mercado interior. 
La línea B3-1- educación, formación profesional y juventud- se ha dotado con recursos adicionales por un montante de 136, 4 millones de euros y si bien yo comprendo perfectamente que las asociaciones juveniles europeas soliciten un incremento adicional, con el presente presupuesto hemos sentado, no obstante, las bases para poder impulsar y ampliar la educación y la formación profesional. 
El principio de austeridad en la gestión presupuestaria es a fin de cuentas particularmente importante para la economía. 
No debemos olvidar que dentro de algo más de dos semanas once países se integrarán en la Unión Monetaria. 
Yo creo que esta es una de las bases para el éxito de Europa. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar yo quisiera expresar mi agradecimiento a los colegas de la Comisión de Presupuestos y a la ponente por el éxito con que finalmente se ha conseguido completar este complicado procedimiento presupuestario y el procedimiento de conciliación en el ámbito de la investigación, de manera que este mediodía podremos aprobar el Programa de investigación para incorporar luego el jueves los montantes correspondientes en el Presupuesto, con lo cual la política de investigación podrá continuar desarrollándose sin interrupción el año próximo. 
No obstante, yo quisiera señalar un problema: en su exposición de motivos del proyecto de presupuesto para la segunda lectura, el Consejo indica que, en su opinión- y, según la información de que dispongo, la Comisión se ha sumado a dicha opinión -, los comentarios relativos a las líneas presupuestarias sólo tienen carácter indicativo, es decir, que no son obligatorios en relación con la ejecución. 
Lo cual significa muy concretamente que todas las tareas y objetivos específicos incluidos por el Parlamento en los comentarios y los recursos y porcentajes reservados para los mismos no pasan de ser piadosos deseos. 
Pienso ahora, en particular, en el ámbito de la investigación. En tal caso, dispondríamos de unas pocas líneas presupuestarias con montantes elevados y nuestros comentarios se considerarían sólo indicativos. 
A mi parecer, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía no lo entendió así durante la elaboración del presente presupuesto. 
Señor Liikanen, he escuchado con atención su anterior intervención sobre el Informe Elles. 
También sería bueno que ofreciera una señal inequívoca al Parlamento en relación con este tema. 
Nuestros comentarios no son deseos piadosos, sino peticiones muy reales del Parlamento en el contexto del procedimiento presupuestario y lo mismo digo en lo que respecta a la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, o sea, que nuestros comentarios sobre la gestión de los recursos del Quinto Programa Marco de Investigación no son sólo indicativos, sino que deberán aplicarse obligatoriamente. 
Yo he elaborado en nombre de mi Grupo político una enmienda a la resolución en este sentido, la cual espero que pueda contar también con el voto afirmativo de la Asamblea. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en mi calidad de ponente de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores yo voy a limitarme a señalar dos aspectos que no pudimos abordar en octubre, en el momento de la primera lectura. 
Entonces presentamos varias enmiendas relativas a la concreción de los comentarios con vistas a la cooperación económica con América Latina, Asia y Suráfrica, incluidas también las inversiones. 
Nuestra propuesta contemplaba la participación en dichos programas de los grupos económicos y sociales, las Cámaras de Industria y de Comercio, las asociaciones de empresarios, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y las organizaciones de protección del medio ambiente. 
Presentamos dichas propuestas justamente con vistas a promover una mayor participación de los grupos económicos y sociales en la tarea de construcción siguiendo el modelo de los Estados ACP, por ejemplo, o sea, de conformidad con lo que ya se aplica en el caso de los Estados ACP o también de Turquía. 
Lamentablemente, la Comisión de Presupuestos no aceptó nuestras enmiendas, a pesar de que no tendrían ningún coste y sólo eran el reflejo de un amplio consenso en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que los diferentes Grupos políticos concretaron luego también en el marco de dicha Comisión. 
Yo quisiera pedirles encarecidamente al Presidente de la Comisión de Presupuestos y también a la ponente que, si es posible, incluyan ahora esta idea en la propuesta de resolución. Se trata de propuestas razonables y que en gran parte coinciden con la práctica ya es habitual en los Estados ACP. 
Además, también quisiera añadir una segunda observación. 
Sólo conseguiremos abrir el acceso al mercado japonés si se forma a directivos jóvenes, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, con vistas a las peculiaridades de dicho mercado y se les ofrece la oportunidad de prepararse para el mismo. 
La Unión Europea había subvencionado hasta ahora muy encomiablemente dicha formación. Lo cual permite la formación y preparación de 30-40 directivos cada año. 
Esta propuesta no se contempló porque en estos momentos no cuenta con un fundamento jurídico. 
Yo confío en que la Comisión presentará las propuestas necesarias y se establecerá lo más pronto posible de dicho fundamento jurídico, a fin de que podamos volver a instaurar dicha línea presupuestaria. 
Presidente, me alegra que el Consejo esté de acuerdo con el incremento del presupuesto destinado al medio ambiente propuesto por nosotros. 
De esta forma se dispone de más dinero, entre otras cosas para el quinto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y para LIFE. 
Todo perfecto, pero sin embargo la parte medioambiental del presupuesto supone sólo un 0, 2 por ciento del presupuesto total. 
Por eso, en lo que respecta al medio ambiente, dependemos de la integración en otros sectores. 
De ahí que me sorprenda que el Consejo justamente no haya aprobado esas propuestas que quieren hacer el presupuesto más verde. 
Por lo tanto, vuelvo a presentar cinco enmiendas, lo hará la Comisión de Presupuestos. 
Las enmiendas están relacionadas con los Fondos estructurales en lo que respecta al medio ambiente, a la protección de la naturaleza y a la ejecución de los medios financieros de los Fondos estructurales para la protección de la naturaleza en el marco de la directiva HABITAT y la relativa a las aves. 
También queremos que se dedique por lo menos un 10 por ciento de los fondos MEDA a proyectos medioambientales. 
Un medio ambiente mejor empieza por uno mismo, Presidente. 
Por esa razón he presentado una enmienda a la resolución, aceptada también por la Comisión de Presupuestos, sobre la concienciación verde de las instituciones mismas. 
El Consejo, la Comisión, el Comité de las Regiones y similares, pero también nuestro propio Parlamento Europeo puede hacer mucho en relación con el ahorro energético, el tratamiento de residuos y la movilidad. 
Si lo hacemos de una manera creíble, entonces seremos un ejemplo para los Estados miembros y podemos defender una auténtica política medioambiental. 
Por último, estoy contento de que el Consejo haya aprobado también el incremento del presupuesto destinado a la política de los consumidores y de salud pública. 
Lamento que el Consejo haya puesto sendos importes en la reserva pero afortunadamente, gracias a nuestra intervención, la política de consumidores será sacada de la reserva por la Comisión de Presupuestos para lo cual se espera el fundamento jurídico dentro de poco. 
Lamentablemente esto no se ha conseguido con la política de salud pública. 
A pesar de todo, también gracias a la buena colaboración con los ponentes Viola y Dührkop, estoy satisfecho con el resultado global. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, quisiera comenzar agradeciendo a Barbara Dührkop Dührkop, ponente general, su enorme ayuda y apoyo. 
También quisiera dar las gracias al coordinador de mi Grupo, Terence Wynn, y a la secretaría de mi comisión por su ayuda y estímulo. 
Como comisión, no hemos logrado todo lo que queríamos, pero, a fin de cuentas, hemos conseguido un presupuesto aceptable. 
Sin embargo, tengo varias preocupaciones. 
En primer lugar, en relación con la partida presupuestaria sobre los bosques tropicales, tomo nota de que las propuestas de la Comisión de aumentar las consignaciones para pagos en 5.000 millones de euros, no fueron aceptadas por la Comisión. 
Así, pues, espero que la Comisión, por un medio u otro, pueda transferir y completar las consignaciones que podrían ser necesarias por lo que se refiere a nuestra política exterior. 
En segundo lugar, en relación con las cuestiones relacionadas con la desigualdad de los sexos, espero que el próximo año haya un aumento en la partida presupuestaria. 
Esta vez ha habido una reducción que ha sido gravemente decepcionante para mi comisión. 
Por último, sobre la cuestión de las minas terrestres, hubo muchos debates sobre el número de partidas presupuestarias que debía haber. 
Se me ha informado de que actualmente hay unas 12 o 13 partidas presupuestarias que mencionan las minas terrestres. 
La Comisión me ha dicho que tiene planes para reunirlas todas en una sola partida y que propone una suma de unos 35 millones de euros para la ejecución de programas de barrido de minas y rehabilitación. 
Lo acojo con el mayor beneplácito, es algo que la Comisión de Desarrollo lleva tiempo propugnando. 
La suma de 35 millones de euros, si podemos conservarla durante varios años, contribuiría en gran medida a limpiar el mundo de lo que ha sido un horrendo flagelo para millones de personas en los países en desarrollo. 
Quisiera expresar mi agradecimiento una vez más a la ponente general. Ha sido un procedimiento presupuestario extraordinariamente logrado. 
Señor Presidente, queridos colegas, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas, puedo confirmar en el marco del debate para la segunda lectura del presupuesto la satisfacción que experimenté en la primera lectura. 
En este sentido, quisiera reiterar mi agradecimiento a nuestra ponente, Sra. Dührkop Dührkop, así como a nuestros colegas de la Comisión de Presupuestos y a su presidente, Sr. Samland, que este año se han mostrado mucho más receptivos que el año pasado a las solicitudes procedentes de nuestra comisión. 
Entre los motivos de satisfacción, quisiera destacar tres puntos que constituían tres prioridades de la Comisión de Libertades Públicas. 
En primer lugar, solicitábamos la continuación de las acciones y un aumento de los medios para luchar contra la violencia de que son víctima las mujeres y los menores, contra el turismo sexual y la utilización de Internet con fines criminales. 
Nos complace la solución adoptada para estas partidas. 
En segundo lugar, deseábamos la continuación de las acciones y el mantenimiento de los medios para la integración de los inmigrantes y la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
Como saben, queridos colegas, estas líneas presupuestarias se encontraban en una situación muy delicada, debido a la ausencia de fundamento jurídico. 
La solución que se ha adoptado nos complace igualmente. 
Pero nuestro principal motivo de satisfacción, señor Presidente, queridos colegas, es que, por primera vez, a raíz de la insistencia, en particular, de nuestro colega Sr. Brinkhorst, a quien reitero mi agradecimiento, la Comisión de Presupuestos aprobó ayer la creación del Fondo Europeo para los refugiados. 
Todos conocemos la importancia que tiene la problemática de los refugiados para la Unión Europea, todos sabemos también que el Consejo se comprometió a adoptar medidas de cara a una distribución equilibrada de los costes, y este Fondo Europeo para los refugiados es el mejor medio de realizarla. 
En consecuencia, no comprendo que el Consejo se obstine en rechazar la concesión para este instrumento que es a la vez necesario y saludable. 
Señor Presidente, yo quisiera elogiar la labor de la ponente, Sra. Dührkop Dührkop, que ha dedicado un gran esfuerzo a la elaboración del informe sobre este ejercicio presupuestario. 
También quisiera agradecerle la buena colaboración, agradecimiento que hago extensivo a la Comisión y a la Presidencia austriaca del Consejo. 
Desde el punto de vista de la Comisión de Control Presupuestario, todavía quedan muchas tareas pendientes. 
El hecho de que en el ejercicio de 1998 todavía tengamos un excedente de 1.400 millones de ecus en los gastos agrarios ya indica que existe aún un margen de maniobra. 
Puesto que en el procedimiento presupuestario de 1998 el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron al acuerdo de reducir esta dotación presupuestaria de la Comisión, todavía existe un excedente. 
Por consiguiente, yo también acojo con satisfacción que la Comisión haya aplicado en el contexto del procedimiento Notenboom un nuevo fundamento para las líneas presupuestarias ejecutadas, no ejecutadas o parcialmente ejecutadas. 
Yo quisiera instar a la Comisión a que continúe manteniendo esta práctica en los informes mensuales correspondientes a la ejecución del Presupuesto de 1999. 
Esto ofrecería al Parlamento Europeo la oportunidad de efectuar un seguimiento mensual más adecuado de los gastos. 
Se reforzaría la integración de las comisiones técnicas en el control de los recursos y la ejecución del Presupuesto. 
También permitiría mejorar la comunicación entre el Parlamento y la Comisión. 
Sin embargo, el Parlamento Europeo puede apuntarse al menos un éxito. El Consejo ha comprendido que debe respetar al Parlamento como socio y como parte de la autoridad presupuestaria. 
Ya no es admisible que en el Consejo se tomen en consideración única y exclusivamente los intereses de los diferentes Estados miembros, sino que en el futuro también se tendrá que respetar la voluntad del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Pesca, quisiera añadir nuestra propia satisfacción a las ya expresadas anteriormente a la ponente, la colega Bárbara Dührkop. 
La Comisión de Pesca ha colaborado con la ponencia general para el presupuesto 1999 a lo largo de las diferentes fases del procedimiento presupuestario, fundamentalmente por medio del que fue el ponente original de la Comisión de Pesca, el Sr. Apolinario, que ya no es miembro de este Parlamento. 
Aunque la única enmienda que presenta la Comisión de Pesca es una enmienda que propone un pequeño incremento en los créditos destinados a acciones de control, queremos aprovechar esta ocasión para reiterar una serie de prioridades que constituyen el núcleo de la acción de nuestra Comisión de Pesca. 
Las enumero sin que el orden signifique asignación de importancia: en primer lugar, las acciones de control para el cumplimiento efectivo de la normativa comunitaria; en segundo lugar, la acción específica en materia de pesca artesanal y de pesca costera; en tercer lugar, la cuestión de la investigación, que se encuentra en estrecha relación con el desarrollo del quinto programa marco; en cuarto lugar, los Fondos estructurales, tema sobre el cual ya hemos tenido ocasión de hablar en repetidas ocasiones y, finalmente, el tema de los acuerdos internacionales, en relación con el cual quiero detenerme un momento. 
En relación con los acuerdos internacionales, los créditos propuestos para el ejercicio de 1999 decrecen respecto a los de 1998, tanto en términos de créditos de compromiso como en créditos de pagos. 
Sin duda, se trata de una disminución que tiene justificación pero, en relación a ello, queremos hacer una observación importante: la Comisión de Pesca llama la atención de las autoridades presupuestarias sobre la dificultad que surgirá, en el momento de la elaboración del presupuesto para el año 2000, en relación con el acuerdo con Marruecos, que vence el 30 de noviembre de 1999 y que tiene un coste de 120 millones de ecus anuales, la mitad prácticamente de esta rúbrica. 
La autoridad presupuestaria deberá mostrar su capacidad de gestión para garantizar la disponibilidad de los créditos prespuestarios necesarios para el caso de celebración de un nuevo acuerdo, manteniendo la discreción sobre este importe para no poner en peligro las negociaciones con el Reino de Marruecos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo quisiera manifestar ante todo mi agradecimiento a la ponente, Sra. Barbara Dührkop, que se mostró muy abierta a aceptar las propuestas de la Comisión de Derechos de la Mujer y sobre todo a plasmar el mainstreaming, o sea, la inclusión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de las políticas europeas, en el procedimiento presupuestario. 
En parte tuvimos éxito en este empeño, como se desprende de la exhaustiva correspondencia con doce miembros de la Comisión. 
Esto ha quedado plasmado en dos documentos de trabajo. 
En mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer, mi segundo interés central, además del mainstreaming, era mantener el apoyo especial para las mujeres en el marco del Cuarto Programa de Acción y de los Fondos estructurales. 
Quiero destacar una vez más que las mujeres no somos un grupo marginal, sino que representamos el 50 % de la ciudadanía europea. Esto también ha quedado plasmado en el nuevo programa DAPHNE. 
Permítanme que recuerde que nosotros, es decir, 350 diputados de esta Asamblea, solicitamos mediante una declaración escrita la celebración de un Año Europeo contra la Violencia contra las Mujeres y una campaña europea. 
El Consejo ignoró esta petición y también suprimió en la segunda lectura el correspondiente comentario, a pesar de que la Presidencia austriaca ha apoyado muy firmemente este tema. 
El Parlamento Europeo mantiene su petición y esperamos que se destinen 5 millones de euros a una campaña sobre «la violencia contra las mujeres» y que el concepto de la igualdad de oportunidades, el mainstreaming, se incorpore con mucha mayor firmeza que hasta ahora en los nuevos ámbitos de las políticas de empleo y en relación con la ampliación al Este. 
Como ya ha declarado el señor Comisario, la igualdad de oportunidades y la no discriminación se encuentran inscritas en el Tratado de Amsterdam como una nueva base de trabajo y si las ciudadanas no se sienten reflejadas en la política del Parlamento Europeo- y esto es aplicable también, por otra parte, a las comisiones parlamentarias -, nos pasarán factura en el quinto Parlamento elegido directamente. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, creo que podré ser breve, puesto que ya expuse los argumentos principales de la Comisión de Peticiones en el primer debate en primera lectura. 
No obstante, quisiera aprovechar la oportunidad para resaltar en nombre de la Comisión de Peticiones que ésta se considera una bisagra entre el Parlamento y las ciudadanas y ciudadanos. 
Somos en cierto modo la bisagra que permite abrir la puerta a los ciudadanos. 
De conformidad con el Tratado de la Unión, toda ciudadana y todo ciudadano de la Unión tiene el derecho a presentar peticiones y quejas individuales o colectivas, y para que los parlamentarios y parlamentarias podamos atender dichas peticiones debidamente y en el plazo más breve posible, es necesario que nuestra Comisión disponga de recursos y personal suficientes. 
Por el mismo motivo también es imprescindible que la Comisión de Peticiones pueda seguir funcionando como una comisión independiente en el nuevo período legislativo. 
Yo agradezco a la Comisión de Presupuestos y al Sr. Viola que hayan considerado objetivamente justificadas las peticiones del Defensor del Pueblo y que la creación de un nuevo organismo del Defensor del Pueblo también permita poner a su disposición los recursos suficientes. 
Señor Presidente, Señorías, sin duda no será necesario que resalte que el procedimiento presupuestario para el ejercicio 1999 ha representado una tarea particularmente compleja por dos motivos. 
En primer lugar, el Presupuesto de 1999 es el último que se aprobará en el marco de los Acuerdos de Edimburgo y antes de la conclusión de las negociaciones que se están desarrollando entre nuestras dos instituciones, en el marco de la Agenda 2000, con objeto de establecer un marco financiero para los presupuestos a partir del año 2000. 
En segundo lugar, el Presupuesto de 1999 ha pasado a incluir también una decisión sobre el Presupuesto suplementario y rectificativo para 1998 y una decisión sobre la transferencia global para el ejercicio de 1998. 
A pesar de la complejidad a la que ha dado lugar la vinculación de estos temas diferenciados, finalmente conseguimos alcanzar un compromiso general con respecto al Presupuesto para 1999, el Presupuesto suplementario y rectificativo para 1998 y la transferencia global para el ejercicio de 1998. 
Yo quisiera recordar que el éxito de este compromiso general fue posible en gran parte gracias a los resultados alcanzados en las intensas discusiones sobre el tema de la flexibilidad que mantuvimos con la Delegación del Parlamento durante las reuniones del Consejo del 24 de noviembre y el 8 de diciembre. 
De conformidad con los deseos del Parlamento, dicha flexibilidad será una característica de los presupuestos que se elaboren en el marco de las nuevas perspectivas financieras. 
La conciliación que celebramos la semana pasada con varios de sus colegas ha allanado el camino para la ratificación del compromiso general en relación con el procedimiento presupuestario para el ejercicio de 1999. 
En efecto, el resultado de dicha conciliación fue un acuerdo entre ambas instituciones en el sentido de que en el Presupuesto de 1999 no se mantendrá la reserva estratégica, que ha puesto repetidamente en peligro el desarrollo del procedimiento presupuestario para el ejercicio de 1999. 
Esto indujo al Consejo a manifestarse dispuesto a aceptar la inclusión de elementos de flexibilidad en el marco de las negociaciones sobre un nuevo Acuerdo Interinstitucional. 
El alcance y las características de dicha flexibilidad dependerán del resultado global de las negociaciones y del montante del marco financiero acordado. 
Ambas partes de la autoridad presupuestaria podrán decidir por mayoría, de conformidad con el subapartado 5 del apartado 9 del artículo 203 del Tratado, activar estos elementos de flexibilidad a propuesta de la Comisión en el curso del procedimiento presupuestario, pero siempre antes de la primera lectura en el Parlamento como más tarde. 
El Consejo- y este es un punto que quiero destacar en particular- no adoptará acuerdos internos, que pudieran dejar sin efecto dicha mayoría, para aplicar a citada declaración. 
Yo quisiera resaltar especialmente este aspecto. 
El resultado positivo de la conciliación sobre la flexibilidad en los futuros presupuestos ha permitido que pudieran completarse con éxito las negociaciones sobre el Presupuesto general para 1999. 
Permítanme que me refiera ahora en primer lugar a los resultados del examen en segunda lectura en el Consejo del proyecto de presupuesto para el ejercicio 1999, destacando algunos aspectos. 
En su examen del proyecto modificado de presupuesto con las enmiendas incorporadas, el Consejo ha procurado, en general, limitar en la medida de lo posible el incremento del Presupuesto para 1999. 
En la valoración de los resultados de la primera lectura en el Parlamento, el Consejo se ha guiado además por los siguientes principios: cumplimiento del Acuerdo Institucional del 13 de octubre de 1998 sobre los fundamentos jurídicos y la ejecución del presupuesto; evaluación de las necesidades con vistas a una aplicación realista de los recursos presupuestarios que responda a las posibilidades de ejecución; y reparto equilibrado de las restricciones entre todas las rúbricas de las perspectivas financieras, es decir, que si se reducen los fondos para una de estas rúbricas deberán reducirse también para el resto. 
El Consejo ha respetado el contenido del compromiso general alcanzado con una delegación del Parlamento atendiendo a dichos principios. Como habrán podido constatar, ha hecho suyas las propuestas del Parlamento en muchos aspectos. 
Yo les ruego que lo tengan en cuenta en sus votaciones. 
Como he señalado al principio, dicho compromiso general en relación con el procedimiento presupuestario para 1999 también incluye un acuerdo sobre el Presupuesto rectificativo para 1998 y sobre la transferencia global. 
Tanto el Presupuesto rectificativo como dicha transferencia global permitirán trasladar los recursos no utilizados, con lo cual será posible incrementar, en particular, los créditos de pago en 795 millones de ecus para el Fondo social europeo y en 150 millones de ecus para PHARE. 
También quiero recordar la ayuda alimentaria para Rusia, por un montante de 400 millones de ecus, aprobada en el marco del Presupuesto rectificativo. 
El procedimiento presupuestario para 1999 está llegando a su conclusión. 
Si el jueves proceden ustedes a la votación del Presupuesto una vez completada la segunda lectura- esa será la última vez que algunos de ustedes participarán en este procedimiento -, yo me congratularé especialmente de que en el curso de este procedimiento presupuestario hayan podido experimentar aún un grado de colaboración entre ambas partes de la autoridad presupuestaria que no solía ser habitual en el pasado, tal como señaló la semana pasada el propio Presidente de su Comisión de Presupuestos, Sr. Samland, cuando se cerró la conciliación. 
Yo quisiera manifestar mi especial agradecimiento al Sr. Samland por sus incansables esfuerzos para mejorar la calidad de dicha colaboración. 
También quiero agradecer la valiosa contribución de ambos ponentes, Sra. Dührkop Dührkop y Sr. Viola, y naturalmente también de la Comisión, a la conclusión favorable del procedimiento presupuestario para 1999. 
Yo me congratulo por su actitud constructiva que nos ha permitido lograr el resultado que todos deseábamos, o sea, la aprobación de un presupuesto para el año próximo. 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
El debate se reanudará a las 15.00 horas con la intervención del señor Comisario Liikanen. 
Pasamos ahora al turno de votaciones. 
Señor Presidente, quisiera plantear una cuestión de orden, de conformidad con el apartado 7 del artículo 24 y con el artículo 31, respecto de los escaños de la Asamblea. 
En vista de la guerra civil en marcha entre la facción del Sr. Le Pen del Frente Nacional y la del Sr. Mégret, quisiera preguntar a la Conferencia de Presidentes si tendría a bien examinar la posibilidad de separar a las dos facciones para evitar la posibilidad de altercados en la Asamblea. 
Entretanto, les agradeceríamos mucho que llevaran las etiquetas apropiadas para que sepamos si apoyan al Sr. Le Pen o al Sr. Mégret. 
Señor Presidente, intervengo, de algún modo, por alusión personal, porque el Sr. Ford me increpa que sea miembro del Frente Nacional. 
Quiero tranquilizarle enseguida: creo que todo el mundo será cortés en esta Asamblea, de acuerdo con la tradición, y también aquí en los escaños del Frente Nacional. 
Muy bien, se lo agradezco mucho, señor Blot. 
Votaciones 
Avancemos en las votaciones sobre la interpretación de las disposiciones que se aplican en el marco del procedimiento de la concesión de aprobación de la gestión- Anexo V del Reglamento. 
Ya que ésta se ha puesto en tela de juicio, someto a votación la interpretación que ha dado la Comisión de Reglamento a las disposiciones aplicables en el marco del procedimiento de la concesión de aprobación de la gestión. 
La interpretación de la Comisión de Reglamento- que se ha recogido en el Acta- refiere lo siguiente: «La Comisión de Reglamento ha considerado que las disposiciones del anexo V no invalidaban las disposiciones generales del Reglamento relativas a la presentación de enmiendas que son aceptadas de conformidad con el artículo 125. 
Ha precisado, en este sentido, que las enmiendas contrarias a la propuesta de la comisión competente no eran admisibles.» 
(El Parlamento aprueba la interpretación de la Comisión de Reglamento) 
Señor Presidente, como ponente del Parlamento, sólo deseo confirmar que la posición común es aceptable para nosotros, como también el acuerdo financiero fijado en 112, 5 millones de ecus. 
Quisiera agradecer a la Presidencia austríaca y a la DG XXIV su labor al respecto. 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Antes de avanzar a las explicaciones de voto, quisiera felicitar a la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y a los ponentes por la forma en que han organizado las votaciones, permitiendo al Parlamento, tal como lo han propuesto y como el Parlamento lo ha aceptado ¡aprobar en 40 minutos tantos informes y 320 enmiendas! 
Es un récord inusual, que se lo debemos dicha comisión. 
Consideramos que es interesante la situación de las monedas de los países que actualmente no participan en la moneda única. 
Debe darse un espacio importante a este tema en el debate político en esos países miembros. 
No obstante, opinamos que el informe, a pesar de que su intención ha sido crear opinión y que la comisión lo ha aprobado unánimemente, contiene posiciones que son injustificadas y que en algunos casos se fundamentan solamente en presunciones sobre la evolución en los países que no participan en la moneda única. 
Además de que es deseable una futura adhesión sueca a esta moneda, creemos que la introducción de la moneda única tiene gran importancia para el empleo, la competitividad, el crecimiento y la moneda única política,. 
Sin embargo, opinamos que no es misión del Parlamento Europeo indicar a los ciudadanos suecos, como se hace en el informe, que Suecia debe adherirse a la moneda única, por ejemplo. 
En el caso de Suecia, la posible adhesión a la moneda única debe ser decidida por el propio pueblo sueco en un plebiscito o mediante una elección parlamentaria. 
A través del informe del Sr. Stevens, el Parlamento Europeo se preocupa caritativamente de los infortunios susceptibles de acaecer a los países miembros que no han querido participar en el euro (Reino Unido, Suecia y Dinamarca) y al país que no ha podido calificarse (Grecia). 
Al parecer, sus monedas nacionales se volverán más inestables, y puesto que todos los agentes de la vida económica de dichos países prefieren el euro, éste podría convertirse en una auténtica «moneda paralela». 
La conclusión del informe es elocuente: «habida cuenta de que el único modo en que el Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Grecia pueden eliminar los riesgos inherentes a la utilización paralela del euro es su adhesión a la UEM, es conveniente que los países en cuestión lo hagan cuanto antes». 
Estamos estupefactos ante la arrogancia que se desprende de este informe y el desprecio que se exhibe respecto a la elección democrática que se adoptó en tres de dichos países. 
Porque si debiéramos rendir homenaje al Reino Unido, a Suecia y Dinamarca sería porque sus gobiernos supieron organizar un auténtico debate sobre la moneda única y, a continuación, respetaron la elección que tomaron sus ciudadanos. 
No todos pueden decir otro tanto. 
Cabe preguntarse, por otra parte, si el informe Stevens no tiene por objeto calmar el sentimiento de culpabilidad de los que, en la zona euro, han pisoteado la democracia, demostrándoles que ellos no se han equivocado, porque a fin de cuentas, los que la respetaron han llegado en un segundo tiempo a las mismas conclusiones. 
Pero este informe presenta una enorme laguna: no es en absoluto cierto que los países que no han elegido el euro vayan a arrepentirse de ello. 
Por ejemplo, en la hipótesis de un «euro fuerte» respecto al dólar, los países europeos que no participan en el euro pueden encontrarse en una situación ventajosa para conservar unas paridades de cambio más razonables. 
Asimismo, la unificación de las condiciones monetarias en el interior de la zona euro no será rentable, ni incluso indolora, para todos sus miembros. 
Sin duda habrá quien lamente entonces no haber sabido mantener tipos de cambio flexibles para, como quien no quiere la cosa, ajustar sus economías a las de sus vecinos. 
Envidiarán a los países que han quedado libres fuera de la zona euro. 
Pero precisamente puede que otro objetivo no confesado del informe Stevens sea el de intentar hacer desaparecer, mediante su integración, a estos países reacios que mañana pueden convertirse en testigos molestos del error de la moneda única. 
Los socialdemócratas daneses votamos hoy en contra del informe del Sr. Stevens sobre el euro como moneda paralela. 
El informe exhorta a los gobiernos que no participan en la tercera fase de la UE a que tomen parte en ella lo antes posible y prevé toda suerte de catástrofes y males para éstos en caso de no hacerlo inmediatamente. 
Además, se afirma que la población de los países en cuestión se muestra deseosa de ingresar en la unión monetaria de inmediato. 
Sólo un referéndum mostrará si éste es el deseo de la población danesa. 
Lindqvist (ELDR) , Eriksson y Svensson (GUE/NGL) , Gahrton, Holm y Schörling (V) , Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk, por escrito. 
(SV) Es una provocación que en un informe el Parlamento Europeo diga a los países qué política económica deben seguir. 
El informe señala que es «altamente deseable» que Dinamarca, el Reino Unido, Grecia y Suecia participen en la UEM desde el comienzo, en consideración a sus propios intereses y a lo que es más provechoso para los demás países miembros. 
Aún más lamentable es que en el informe se destaque que una gran mayoría de ciudadanos en los cuatro países cuentan con que van a adherirse a la UEM. 
También es extraño que se diga que el uso paralelo del euro en esos países va a conducir a que tácitamente aceleren su adhesión a la UEM. 
Es inaceptable que el BCE cree un comité especial para estudiar el uso paralelo del euro en los cuatro países como una «ayuda» a la adhesión de ellos a la UEM. 
Tampoco podemos aceptar que el Parlamento Europeo imponga directivas a los Bancos Centrales de esos cuatro países, señalándoles cómo deben manejar el uso paralelo del euro y los «riesgos» que implica que no sean «claros» en su política del euro. 
Indicarle a esos cuatro países que lo mejor que pueden hacer es adherirse a la UEM tan pronto como sea posible, es algo que sobrepasa los límites del decoro. 
Hemos votado en contra del informe. 
El Partido Laborista en el Parlamento Europeo se ha abstenido en la votación final sobre el informe Stevens relativo a «El euro como moneda paralela» por las siguiente razones. El ponente es innecesariamente alarmista respecto de las consecuencias del euro como moneda paralela para los países «pre-in». 
Los estados que han optado por no participar en la tercera etapa de la Unión Monetaria han tomado su decisión después de haberlo sopesado y de acuerdo a normas democráticas. 
El Parlamento Europeo no tiene motivos para expresar su disgusto por estas determinaciones; sobrepasaría sus funciones. 
Cabe a los parlamentos de los estados, a los gobiernos y a los pueblos decidir sobre la participación en la UEM. 
En cuanto al uso del euro como moneda paralela, también cabe a los respectivos estados el poder de decisión. 
El Parlamento no debe manifestarse acerca de las restricciones que son adecuadas para los estados y para sus políticas monetarias nacionales. 
Sobre el informe Castagnetti (A4-0471/98) 
Queremos subrayar la importancia de los esfuerzos comunitarios para fortalecer los derechos de los minusválidos, siendo el Programa Helios II uno de tales esfuerzos. Apoyándonos en lo establecido en el Tratado de Amsterdam sobre los minusválidos, queremos destacar la importancia de que la Comisión adopte nuevas medias comunitarias para reforzar los derechos de los minusválidos y para poder desarrollar lo ya conseguido mediante el Programa Helios II. 
Sobre el informe Quisthoudt-Rowohl (A4-0493/98) 
Los programas marco de IDTD siempre dan lugar a largos y tumultuosos debates con la Comisión Europea, especialmente cuando se trata de alcanzar un acuerdo sobre cuestiones presupuestarias. 
En cada ocasión se le brinda al Parlamento Europeo la oportunidad de defender aquello que nos parece la justa proporción financiera. 
Hasta ahora hemos sido siempre el elemento determinante que permite a la Unión Europea dotarse de una auténtica política de investigación y desarrollo tecnológico. 
Hoy, el cuarto programa marco ha dado prueba de sus aptitudes. 
La cooperación científica y las transferencias de tecnologías se han organizado en torno a este programa único que abarca todos los ámbitos. 
Gracias a su vasta gama de actividades, las posibilidades que se les brindan a investigadores, docentes y empresas se han multiplicado por diez, lo que ha dado lugar a la aparición de un auténtico sentimiento de identidad europea. 
Se han alcanzado resultados positivos que han gozado de un reconocimiento unánime. 
Esta gran popularidad en el seno de la comunidad científica europea no debe verse comprometida en unos momentos en que se elabora un nuevo programa marco y precisamente cuando once nuevos países llaman a la puerta de la Unión Europea para nuestro enriquecimiento científico y técnico recíproco. 
Por ello es necesaria una financiación apropiada que tenga en cuenta los últimos avances tecnológicos. 
Apruebo, por consiguiente, el informe Quisthoudt-Rowohl y el compromiso que el mismo representa para 1998-2002. 
Me incluyo entre los que habrían deseado ir más lejos. 
Pero no es posible. 
Aceptemos pues un compromiso de calidad y que hace suya la mayoría de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo. 
Los investigadores científicos y el desarrollo tecnológico se han convertido en el punto central del futuro económico europeo. 
Favorecer su difusión entre las pequeñas y medianas empresas equivale a trabajar por el progreso de la Unión Europea. 
Hemos votado a favor del resultado de la conciliación relativa al Quinto Programa Marco para la investigación. 
Sin embargo, deseamos señalar que hay muchos problemas en la política de investigación de la UE que deben resolverse. 
Por ejemplo, hay que simplificar los trámites administrativos relacionados con las investigaciones en el ámbito de la UE. 
Además, es un problema que las subvenciones comunitarias no cubran la totalidad de los costes. 
Es importante que se alcancen puntos de vista uniformes en lo concerniente a la cofinanciación nacional en el ámbito de la UE. 
Sería deseable que la investigación comunitaria tuviese, en mayor medida, carácter de investigación guiada por los investigadores, es decir, que ella debería basarse en las iniciativas propias de los investigadores y debería ser asignada por organismos nombrados por los colegios profesionales, fundamentándose en criterios científicos. 
El Partido de Izquierda quiere dar primacía en su política de investigación a la formación de investigadores, a la investigación básica y a la creación de ambientes universitarios que fomenten la creatividad. 
Es importante que la sociedad tenga mayor contacto con la investigación. 
La colaboración entre la universidad y la empresa es beneficiosa para ambas partes, pero no todas la investigaciones resultan igualmente interesantes para los agentes externos. 
Es preocupante que el equilibrio entre la investigación básica libre y la investigación dirigida a objetivos directamente utilizables se haya roto, perjudicando a la investigación básica. 
Éste es un asunto que la UE también tiene que tomar en cuenta en su política de investigación. 
Una fuerte apuesta por la investigación básica y por la formación de investigadores constituye la principal ayuda para la industria y para la investigación y desarrollo que se realiza en su seno. 
El Partido de Izquierda opina que la investigación y sus resultados son importantes para todo el pueblo. 
En último término son los ciudadanos quienes financian y encargan sus tareas a los investigadores. 
Por eso apoyamos especialmente las normas del Quinto Programa Marco que hacen hincapié en la divulgación de los resultados de las investigaciones (capítulo II, artículos 13 a 20). 
La descripción del informe de conciliación acerca del procedimiento de decisión del Consejo se refiere a la «maldición de unanimidad del Consejo». 
Es una descripción que rechazamos. 
Hubiéramos querido ver en el Quinto Programa Marco una intensificación del trabajo para conseguir representación femenina en los diferentes campos de la investigación y en los diversos niveles de las jerarquías de investigadores. 
Sobre el informe Tannert (A4-0451/98) 
Queremos dar las gracias al ponente por su excelente trabajo en un asunto de particular importancia para el futuro de la investigación comunitaria. 
El trabajo del Parlamento Europeo en relación con el Quinto Programa Marco para la investigación se caracteriza por éxitos significativos. 
Con satisfacción tomamos nota de que el informe, entre otras cosas, destaca aún más claramente aspectos referentes a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, da orientaciones para la investigación sobre materias específicas del género, intensifica la investigación acerca de la tolerancia del medio ambiente, señala iniciativas en relación con la investigación sobre los ancianos y los minusválidos y profundiza los aspectos éticos de la investigación sobre técnica genética, subrayando que no se considera importante ni se destinarán fondos a la clonación o a la investigación con material genético humano. 
Desde luego, es hora de que la UE y los gobiernos nacionales examinen, con carácter urgente, todos los reglamentos que rigen el funcionamiento de la investigación genética. 
En el marco de este debate se deben tener presentes los siguientes aspectos: 
La reciente decisión del Gobierno británico de permitir experimentos con «embriones humanos» está reñida con los valores y el espíritu de la inmensa mayoría de los diputados al Parlamento Europeo. 
Hay que parar los pies a quienes pretenden cruzar ese umbral de inadmisibilidad ética mediante la aplicación del Derecho comunitario y nacional.-Los científicos que utilizan indebidamente los avances, tan dignos de beneplácito, en materia de investigación genética hacen un flaco favor a la Humanidad desacreditando una labor que podría brindar tratamiento para las enfermedades, el hambre en el mundo y la calidad de los alimentos.-La «clonación terapéutica» puede ser el principio en la vía para la clonación humana, que constituye una afrenta a los valores éticos y morales de la sociedad.-La complacencia de que a veces dan muestras las autoridades puede dejar a la Humanidad expuesta a los antojos de quienes desconocen el origen y la sacralidad de la vida humana y la existencia de Dios como creador de toda la Humanidad.- Sobre el informe Estevan Bolea (A4-0454/98) 
Votamos «en contra» de la enmienda 9 porque los montantes son demasiado bajos; debería destinarse a las PYME un 30 % como mínimo. 
Sobre el informe Marset Campos (A4-0455/98) 
La comisión señala en la enmienda 33 que debería «ser necesario editar una revista científica europea similar a «Science» o «Nature» para divulgar de manera adecuada los descubrimientos científicos europeos en el resto del mundo». 
No pensamos votar en contra de este informe pero, aún así, deseamos dejar claro que nuestra opinión es, por una parte, que la investigación tiene carácter internacional no existiendo motivos, por tanto, para distinguir entre los descubrimientos científicos «europeos» y los demás y, por otra parte, que no es misión de la UE decidir qué revistas deben editarse. 
Sobre el informe McNally (A4-0458/98) 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo votamos hoy a favor del informe de la Sra. McNally. 
Nuestro apoyo se produce a pesar de anteriores investigaciones del Centro Común de Investigación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica sobre las capacidades energéticas tanto de la fusión como de la fisión nuclear, unas fuentes de energía que Dinamarca ha juzgado demasiado peligrosas y perjudiciales desde el punto de vista medioambiental desechando por ello la construcción de centrales nucleares en suelo danés. 
Por ello supone un motivo de alegría ver este cambio de prioridades dentro del Centro de Investigación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y cómo ahora se quiere reducir la investigación sobre la energía por fusión y aumentar la relacionada con el campo del tratamiento y almacenamiento de residuos radioactivos. 
Nos alegra este cambio de actitud, pues trae consigo la esperanza de que en el futuro podamos prescindir de las centrales nucleares europeas y en su lugar apostar por soluciones sostenibles a largo plazo, tales como la energía solar, eólica o hidroeléctrica. 
Sobre el informe Matikainen-Kallström (A4-0459/98) 
Queremos dar las gracias al ponente por este interesante informe acerca de importantes materias en relación con la investigación en el campo de la fusión y la fisión. 
En relación con la energía generada por la fisión, queremos dejar en claro que deseamos ver un desmantelamiento de las centrales nucleares. 
Sin embargo, éste es un asunto que consideramos que debe ser resuelto en el ámbito nacional. 
Por este motivo, no podemos dar nuestro apoyo a investigaciones sobre fisión que conducen al desarrollo de nuevas centrales nucleares. 
Damos la bienvenida a la orientación de la Comisión que hace hincapié en la importancia de los aspectos de fiabilidad y también cuando se preocupa del ciclo del combustible atómico en su totalidad, incluyendo también el manejo de los residuos radiactivos. 
Damos nuestro apoyo a las propuestas que se han presentado sobre investigación en relación con el cierre de reactores nucleares, la supresión gradual de la energía atómica y el almacenamiento de material radiactivo. 
Es beneficioso que se hagan esfuerzos en la investigación sobre aspectos de seguridad nuclear y manejo de residuos. 
No obstante, no hay motivos para que la UE a través de Euratom destine recursos para la investigación de nuevos reactores basados en la fusión y la fisión, para construir finalmente «prototipos de reactores seguros, limpios y económicamente competitivos». 
Es muy difícil determinar la frontera entre la investigación destinada a la seguridad nuclear y la que tiene por objeto desarrollar nuevos reactores. 
Es importante que se haga esta distinción antes de que se inicien nuevos proyectos de investigación, para impedir la proliferación de nuevas centrales nucleares. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 12.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Presupuesto general 1999 (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre el Presupuesto general 1999. 
Señora Presidenta, el presupuesto general de la Unión Europea para 1999 es el último que aprobará este Parlamento. 
Así, pues, permítaseme situarlo en una perspectiva más histórica. 
El presupuesto para 1999 concluye un notable proceso de consolidación cuantitativa y cualitativa. 
En el futuro, la Unión estará en mejores condiciones para justificar sus necesidades financieras. 
Cualitativamente, este procedimiento presupuestario ha resuelto tres problemas importantes que se han debatido durante muchos años. 
En primer lugar, el presupuesto para 1999 está establecido a partir del nuevo acuerdo interinstitucional sobre fundamentos jurídicos. 
El nuevo procedimiento presupuestario ha demostrado que el acuerdo funciona. 
Actividades nuevas y experimentales aún pueden encontrar su punto de partida en el presupuesto de la Comunidad. 
La Comisión y las organizaciones interesadas se beneficiarán de la claridad para la ejecución del presupuesto. 
Se trata de un logro importante. 
En segundo lugar, también se han logrado avances importantes respecto de las subvenciones comunitarias. 
La reciente comunicación de la Comisión impone reglas mínimas obligatorias para la publicidad y la adopción colectiva de decisiones sobre las subvenciones comunitarias. 
Se trata de algo que el Parlamento ha pedido en muchas ocasiones. 
Las nuevas normas entran en vigor para la ejecución del presupuesto para 1999. 
Se ha distribuido un vademécum. 
Hemos celebrado un seminario con éxito para el intercambio de información y debates con los beneficiarios reales y potenciales y están en preparación otros seminarios. 
En tercer lugar, las oficinas de asistencia técnica. 
La intensa labor de la Comisión de Presupuestos y de los expertos por las dos partes ha propiciado un grado de transparencia y control sin precedentes en el presupuesto para 1999. 
A este respecto, la falta de claridad ya no puede ser una excusa. 
La Comisión de Presupuestos lo ha expuesto con mucha claridad a la Comisión. 
Debe continuar la labor para fortalecer los vínculos entre las decisiones sobre recursos humanos y financieros correspondientes a cada acción comunitaria. 
Por esa razón, la Comisión está elaborando actualmente los primeros elementos de la presupuestación basada en actividades. 
Los fundamentos jurídicos, las subvenciones y las oficinas de asistencia técnica son mejoras cualitativas que, aunque parezcan pequeñas a algunos, resuelven problemas que durante mucho tiempo han ensombrecido el presupuesto de la Comunidad. 
Lo que también permanecerá es una serie de presupuestos comunitarios rigurosos. 
Desde 1996 el presupuesto comunitario ha crecido menos que el gasto público en los Estados miembros. 
De ese modo la Unión ha contribuido al esfuerzo de consolidación para el lanzamiento con éxito de la Unión Económica y Monetaria. 
Al mismo tiempo, en el marco riguroso, se han establecido prioridades más claras. 
Por una parte, el apoyo financiero a la cohesión, acordado en Edimburgo; por otra, el gasto encaminado a la creación de empleo: por ejemplo, las redes transeuropeas, la investigación y la educación. 
El gasto externo ha aumentado rápidamente, impulsado por los Estados miembros y los acontecimientos. 
Se tardó un tiempo en establecer los reglamentos y las estructuras administrativas para permitir una ejecución satisfactoria y, como hoy se ha dicho en el debate anterior, siguen siendo necesarias otras medidas. 
Cualitativa y cuantitativamente, el Parlamento Europeo se ha granjeado una reputación de ser un socio, ya que no siempre fácil, al menos creíble en el procedimiento presupuestario. 
Debemos fortalecer esa cooperación con el Consejo. 
A ese respecto ha sido también afortunado en relación con las últimas presidencias. 
Espero toda clase de venturas para el futuro. 
La esperanza es que esa cooperación permita la conclusión con éxito de un nuevo acuerdo interinstitucional el año próximo. 
Ya se han logrado avances importantes: acuerdo sobre un fundamento jurídico, el elemento de la flexibilidad, concertación mediante el procedimiento presupuestario. 
No es exagerado decir que se han logrado más avances en la esfera presupuestaria que en ningún otro sector de la Agenda 2000. 
Ello me hace sentirme bastante optimista en el sentido de que se pueden alcanzar nuevos acuerdos interinstitucionales con este Parlamento. 
En conclusión, permítaseme felicitar a los ponentes, Sra. Dührkop Dührkop y Sr. Viola. 
Como éste es el último presupuesto que se aprueba bajo su presidencia, quisiera dar las gracias en particular a Detlev Samland. 
Creo que Sus Señorías convendrán conmigo en que sus años al timón de la Comisión de Presupuestos no serán olvidados. 
Sin embargo, aún tenemos mucho trabajo por hacer durante la primavera para que el acuerdo sobre la Agenda 2000 esté listo antes de que concluya esta legislatura del Parlamento. 
Señor Presidente, este presupuesto ha sido diferente en muchos sentidos de cualquier otro presupuesto en el que he participado. 
El Comisario acaba de poner de relieve los tres temas más importantes que han resultado de los debates entre las tres instituciones. 
Lo que se me ha quedado grabado en la cabeza es que celebramos una conciliación antes de la segunda lectura del Consejo, cosa que no había ocurrido nunca. 
Una de las razones para ello y parte del proceso es que estamos intentando lograr que el Parlamento y el Consejo cooperen mucho más estrechamente en materia de presupuesto para que no vuelva a haber el juego de ping-pong que ha habido en los últimos años al intentar velar por que el presupuesto que consigamos refleje lo que quiere el Consejo y lo que quiere el Parlamento. 
Durante el proceso de conciliación antes de la segunda lectura, la gran decisión fue la de abandonar la enmienda estratégica. 
Los que formábamos parte de la delegación lo hicimos a partir del supuesto de que, cuando lleguen las negociaciones para el próximo acuerdo interinstitucional, la flexibilidad formará parte de él. 
El Consejo hizo esa declaración y el Presidente en ejercicio lo ha declarado claramente esta mañana. 
La consecución de ese acuerdo preparó también el terreno para el presupuesto rectificativo y suplementario. 
Los participantes adoptamos esa posición por varias razones, una de las más importantes de las cuales fue una amenaza del Consejo de quebrantar unilateralmente el acuerdo interinstitucional y declarar que el presupuesto para 1999 habría sido ilegal. 
Algunos de mis colegas dicen que deberíamos haber mantenido esa línea de acción, que deberíamos haber aceptado el farol del Consejo y haber continuado con la enmienda estratégica. 
Si así hubiera sido, habríamos tenido que afrontar todas las consecuencias de que en 1999 no hubiera presupuesto: doceavos provisionales, etc. Francamente, muchos de nosotros no queríamos eso. 
Estamos intentando ser sensatos, cooperativos y prudentes, cosa que deben tener presente quienes en el Consejo creen haber logrado una gran victoria sobre el Parlamento. 
Por nuestra parte, fue un espíritu de responsabilidad y sentido común lo que nos ayudó a adoptar esa decisión. 
El Grupo Socialista lo aceptó con un nuevo espíritu- esperamos- de cooperación entre esas dos instituciones. 
Ahora bien, tenemos un problema que no se mencionó durante el proceso de conciliación. 
Afecta a la Categoría 2, en la que el Parlamento estableció su posición en primera lectura. 
Nada se dijo en nuestros debates, pero, a fin de cuentas, cuando el Consejo hizo su primera lectura, descubrimos que había hecho una reducción. 
Aceptó la reducción de 500 millones de ecus en pagos, pero al mismo tiempo eliminó también la reserva. 
Ahora tenemos el problema de qué hacer. 
Quienes asistieron anoche a la reunión de la Comisión de Presupuestos dirán que el problema está ahora exacerbado, porque íbamos a volver a la primera lectura y la Comisión de Presupuestos no lo aceptó. 
La Comisión de Presupuestos no ha acordado la reserva, pero ha acordado el gasto suplementario de 500 millones de ecus. 
Nuestro Grupo va a debatirlo esta noche y entonces adoptaremos una posición al respecto. 
Así, pues, no puedo hacer una declaración concluyente sobre cuál será nuestra posición hasta que se haya decidido y hasta que votemos el jueves. 
He de decir que, si no sale bien el acuerdo interinstitucional, la reducción de la reserva no ayuda a nuestra posición a favor del tipo máximo de aumento. 
Por último, tenemos que felicitar a la Sra. Dührkop Dührkop. 
En todos los discursos se la ha felicitado, pero hemos de reconocer el denonado trabajo que el Sr. Viola y ella han hecho. 
El informe del Sr. Viola es una formalidad en esta segunda lectura, pero la Sra. Dührkop es una madre trabajadora y sin pareja de la región vasca, con todo lo que ello entraña. 
¡A la mitad del proceso se encontró en el primer puesto como blanco en una lista de asesinos! 
Debemos agradecer la labor que ha llevado a cabo este año: la verdad es que no ha sido fácil para ella. 
Presidenta, yo también quisiera dar las gracias a la ponente por el enorme trabajo que ha realizado en este tema. 
Los debates sobre el presupuesto han sido muy movidos en la segunda lectura y ahora de verdad son relativamente tranquilos. 
Especialmente la discusión sobre las enmiendas estratégicas ha costado mucho tiempo. 
Hemos aprobado la estrategia de la ponente. 
Como PPE siempre hemos querido que las enmiendas estratégicas no conllevaran costes adicionales y de esta manera estaban redactadas. 
Servían, por lo que respecta a nosotros, para que se realizaran negociaciones. 
Eso se ha conseguido. 
Nunca antes ha habido un acuerdo de este alcance entre la primera lectura del Parlamento y la segunda lectura del Consejo como ahora. 
En efecto, esto se ha producido gracias a esas enmiendas estratégicas. Tenemos que agradecérselo a nuestra ponente y también a la Presidencia del Consejo austriaca. 
Sí me queda a mí, como neerlandés, cierta sensación amarga porque el Ministro de Hacienda neerlandés interpretó una estrategia de negociación corriente de una forma tan equivocada. 
Los diputados neerlandeses han sido calificados por él como una especie de traidores. Eso fue entonces completamente injusto y lo es sobre todo ahora como ha reconocido el Gobierno neerlandés. 
También, Presidenta, se ha arreglado el tema de las líneas sociales. 
No obstante, sigue habiendo un problema: los gastos del Fondo Social, como también los de los otros Fondos. 
También el Sr. Wynn acaba de señalarlo. 
Hay muchos países que deben gastar todavía más del 33 por ciento de los créditos de compromiso. 
Los Países Bajos son uno de esos países. 
Los Países Bajos, según las cifras más recientes, deben gastar todavía el 45 por ciento del objetivo 2, aún el 37 por ciento del objetivo 3 y todavía el 42 por ciento de la parte de agricultura del objetivo 5 A e incluso todavía el 67 por ciento de la parte de pesca del objetivo 5 A y el 57 por ciento del objetivo 5 B. Estas son unas cifras muy deplorables. 
Otros países del norte de Europa están en la misma situación. 
El año pasado resultó que a finales del año no había ya dinero suficiente en el Fondo social. 
Eso también pasará este año. Eso significa que se pagarán los proyectos demasiado tarde. 
También, y tal vez tenga que decir sobre todo, en los Países Bajos. Eso sólo se puede evitar poniendo a disposición suficientes créditos de pago. 
Por eso, estoy contento de que la Comisión de Presupuestos haya adoptado la enmienda para poner a disposición esos créditos de pago. 
De lo contrario se pondrían en peligro muchos proyectos, Señora Presidenta, y eso no lo deseamos. 
Señora Presidenta, el debate de esta tarde sobre el presupuesto tal vez sea menos emocional que el relativo a la aprobación de la gestión del presupuesto, pero creo que no es menos importante. 
Las enmiendas substantivas no son, en realidad, la cuestión de hoy. 
A lo largo de los cinco últimos años, el Consejo ha ido acostumbrándose gradualmente a la idea de que se debe fomentar un diálogo con la sociedad civil, en la que su presencia ha sido siempre insignificante. 
El Parlamento, lejos de ser gastador, ha demostrado ser responsable. 
Así, pues, la cuestión no es tanto las finanzas cuanto las cuestiones institucionales. 
Algunos, incluida nuestra ponente, han dicho que se está desarrollando una nueva actitud. 
Usted, Comisario, ha dicho que en la esfera presupuestaria hay más avances que en ninguna otra. 
No acabo de estar de acuerdo. 
No cabe duda de que todos los Grupos, incluido el Grupo Liberal, aprobarán el abandono de la enmienda estratégica. 
Pero, si observamos lo que en realidad se ha conseguido, podemos formular algunas preguntas. 
Hay una transacción muy frágil. 
A fin de cuentas, el Consejo ha acordado votar en el futuro por mayoría cualificada, cosa que ya existía. 
Por eso, mi observación principal es la de que, en relación con el acuerdo interinstitucional- el nuevo acuerdo interinstitucional, en particular -, el próximo Parlamento deberá ser mucho más cuidadoso para ver qué sucede. 
Desde la perspectiva de la enmienda estratégica, siempre ha habido compatibilidad con el acuerdo interinstitucional. 
El artículo 17 lo establece con mucha claridad. 
No hemos rebasado las perspectivas financieras. 
Pero el de si dábamos nuestra conformidad con arreglo al Tratado era un asunto diferente. 
Siempre he entendido que durante el período de un acuerdo interinstitucional no sería posible que el Consejo o el Parlamento lo denunciaran. 
Esa amenaza particular a la que el Sr. Wynn se ha referido con toda claridad indica que ése fue el argumento principal para que cambiara el Comité de Conciliación. 
No debemos repasar la historia antigua. 
La historia para el futuro es la de que de momento el margen del Parlamento Europeo para el gasto futuro sigue siendo en gran medida cercano a cero. 
Así, pues, creo que hemos logrado un armisticio, en lugar de que se haya ganado la batalla. 
La batalla por la nueva estructura volverá a surgir en los tres o cuatro próximos meses cuando haya que acordar la Agenda 2000. 
No se va a acordar una flexibilidad en materia de definición. 
En resumen, la cuestión de los futuros derechos presupuestarios de este Parlamento sigue pendiente, aunque la actitud ha cambiado, desde luego. 
Señora Presidenta, la aceptación por el Consejo de buena parte de las propuestas formuladas por el Parlamento en primera lectura y la propuesta de reintegración de algunas otras por nuestra comisión me dispensan de cualquier nuevo comentario al respecto. 
Por eso, voy a centrarme en algunas cuestiones que considero de particular relieve en esta última fase del proceso. 
Y voy a comenzar exactamente por algo de lo que mucho se habló en la primera lectura: el hecho de que este presupuesto, por ser el último de esta legislatura, se puede entender como puente para los que lo sucederán. 
No olvido que esa afirmación se hizo en torno a la llamada «reserva estratégica» y a la posibilidad de que no hubiera coincidencia en materia de acuerdo interinstitucional. 
De cualquier modo, casi terminado ese proceso, no voy a dejar de señalar a la atención de Sus Señorías el valor extraordinariamente bajo en que se fija el presupuesto y la distancia a que se sitúa de las Perspectivas Financieras delineadas en Edimburgo y, fundamentalmente, el significado negativo que ello entraña tanto desde el punto de vista del sacrificio de políticas comunitarias que todos consideramos fundamentales como también, y esencialmente, si se insiste en tomarlo como referencia para la formulación de las Perspectivas Financieras futuras: con o sin acuerdo interinstitucional. 
Ése es, para nosotros, el aspecto más negativo de todo este proceso. 
Abordemos ahora la cuestión de las reservas estratégicas: llegados al fin del proceso, no oculto las muchas dudas y la gran dosis de aprehensión que me suscitan hoy la estrategia adoptada y, sobre todo, los resultados obtenidos con ella. 
En nombre de un punto de partida que se pretendía más elevado con vistas al futuro y para prevenir una posible necesidad de recurso al artículo 203 del Tratado, se acabó adoptando, eso sí, una rigurosa contención presupuestaria. 
Eso fue lo que se obtuvo del Consejo, una vez que éste rechazó las reservas. 
Además de esa contención presupuestaria, quedó tan sólo un vago acuerdo con el Consejo, a partir de una declaración de principios imprecisa sobre la flexibilidad, cuyo significado y alcance nos parecen también extraordinariamente indefinidos. 
Hay que concluir que es muy poco, pero el futuro confirmará si es o no poco. 
Permítaseme una nota final para decir que me parece de razonable sentido común la propuesta aprobada en la Comisión en el sentido de reintroducir en pagos los 500 millones de ecus de los Fondos estructurales que se habían anulado en la primera lectura y también por el Consejo. 
Resulta indiscutible que se trata de pagos, por lo que la cuestión puede parecer meramente técnica. 
No lo es para la opinión pública. 
Y no es menos verdad que, también en la esfera técnica y apartada la reserva estratégica también en ese sector, la no inclusión de ese importe daba inevitablemente como resultado un abismal e incomprensible desnivel entre autorizaciones y pagos. 
Por eso, es de esperar que el sentido común prevalezca también aquí, en el Pleno, para que se pueda confirmar esa propuesta. 
Señora Presidenta, queridos colegas, lamento un poco que un debate tan importante como es el presupuestario se desarrolle en semejantes condiciones en las que me veo prácticamente obligado a intervenir ante la falta de colegas. 
En mi opinión, es en cierto modo la consecuencia de haber querido dar un giro demasiado político a otro debate de esta mañana. 
Respecto al presupuesto para 1999 teníamos muchos retos y reivindicaciones que presentar al Consejo. 
Lamentablemente, no hemos estado en condiciones de hacerlo, porque hemos debido ceder ante los requisitos de una cierta realidad política y abandonar la enmienda que habíamos aprobado en primera lectura, encaminada a hacer pesar nuestra influencia sobre el proceso de negociación y alcanzar así un acuerdo interinstitucional creíble, es decir, un acuerdo interinstitucional que incluya también al Consejo. 
Estamos ahí. 
Personalmente, lamento que, obnubilados por una querella que a pesar de tener una cierta importancia para el buen funcionamiento de la institución, en mi opinión, no deja de ser bastante estéril desde el punto de vista político, hayamos dejado un poco de lado el auténtico debate institucional con el Consejo. 
El resultado es que nos disponemos a aprobar un presupuesto en segunda lectura que, bien mirado, tiene más en cuenta- y lo digo con toda sinceridad- los actuales intereses del Consejo que aquéllos del Parlamento, que han sido sacrificados en aras de otro debate. 
Ya veremos si era la acertada, esta táctica elegida por aquellos de nuestros colegas que, repito, han querido situar otro debate en el centro de las preocupaciones del Parlamento. 
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, mis queridos y poco numerosos colegas, por primera vez desde hace cuatro años, me he acercado en la Comisión de Presupuestos a la posición del presidente, Sr. Samland, que rechazaba el proyecto que nos había sido presentado. 
A decir verdad, no estoy seguro de que nos hayamos visto movidos las mismas razones: el presidente de la Comisión de Presupuestos ha rechazado el proyecto porque no le satisfacían las condiciones en que fue retirada la enmienda estratégica, y yo lo he rechazado a pesar de haberse retirado la enmienda estratégica. 
En primera lectura denuncié el hecho de que al llevar artificialmente el presupuesto hasta el 1, 17 % del PNB estábamos tomando como rehenes a los contribuyentes de nuestros Estados y me referí al farol que se marcó la Comisión de Presupuestos. 
Pues bien, el farol ha salido mal. 
El servicio jurídico, acertadamente, ha declarado que la enmienda estratégica no se ajustaba a las reglas presupuestarias, a los principios de especialidad y de sinceridad presupuestarios. 
Entonces, el Consejo nos conduce a la razón. 
Y lo hace- debo reconocerlo- sin concesiones importantes. 
Así, no ha aceptado negociar con el Parlamento Europeo los gastos obligatorios. 
Se ha limitado a aceptar la eventualidad de una cierta flexibilidad y simplemente ha aceptado la idea de pronunciarse eventualmente por mayoría, es decir, que al final aplicaría el Tratado. 
Para que nuestro Grupo vote a favor, el presupuesto que el Consejo propone en segunda lectura deberá ser aprobado en las condiciones y según las sumas que han sido fijadas en el mismo. 
En caso contrario, nos opondremos al proyecto de la segunda lectura. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Fabre-Aubrespy, su Grupo no se ha caracterizado nunca hasta ahora por su participación constructiva en el debate. 
En consecuencia, tampoco me sorprende la actitud que ha mantenido hoy. 
En segundo lugar, en lo que se refiere al tema de la cultura, lo cierto es que yo también quisiera dedicarle un minuto. 
Yo creo que entre el Parlamento y el Consejo, con el apoyo de la Comisión, se ha conseguido desarrollar, no sólo a partir de la Presidencia austriaca- los laureles se han prodigado en exceso en este sentido -, sino ya desde la Presidencia luxemburguesa y durante la anterior, un procedimiento que apunta en el sentido de la cooperación. 
El procedimiento ad hoc en el ámbito de la agricultura no se estableció, por ejemplo, este año, sino el año pasado, aunque también lo hemos practicado con éxito el presente año. 
Por otra parte, apreciada Presidencia del Consejo y apreciado Consejo en general, su actuación no ha sido gloriosa. 
Se han arriesgado a romper unilateralmente el Acuerdo Interinstitucional si no hubiésemos llegado a un acuerdo en la segunda lectura. 
En efecto, el anuncio de que si se aceptaba la enmienda estratégica, ustedes se opondrían y declararían que se había superado la «tasa máxima» , significa nada menos que la ruptura del Acuerdo Interinstitucional por su parte. 
Éste prevé explícitamente, en efecto, que los límites máximos de gasto fijados en el mismo son aquellos que se aplicarán en el momento de determinar el «montante máximo» y que ustedes también aceptaron simultáneamente. 
Ustedes no se mostraron dispuestos a aceptarlo. 
Pueden agradecernos que, a pesar de los magros resultados de la semana pasada, nos hayamos mostrado dispuestos a alcanzar un compromiso ya que, hablando claro, su declaración de que no aceptarían el montante máximo desde luego no constituía una invitación para que el Parlamento se aviniera a negociar con ustedes un Acuerdo Interinstitucional para el período 2000-2006 en los próximos tres meses. 
La forma en que han eludido sus compromisos deja mucho que desear. Tengo que decirlo con toda franqueza. 
En efecto, después de las conversaciones y negociaciones mantenidas con los austriacos, yo sólo puedo decir que esperaba algo más. 
El Sr. FabreAubrespy tiene razón en este sentido. Los resultados son extraordinariamente pobres. 
Tendremos que recuperar mucho trabajo en tres meses para completar lo que ahora no hemos conseguido. 
Porque pueden dar por sentado- lo digo con toda claridad- que el Parlamento Europeo no volverá a aceptar un Acuerdo Interinstitucional que limite su margen de maniobra, para el que dispone de absoluta flexibilidad sobre la base del artículo 203. 
Apreciada Presidencia, ustedes tienen que estar interesados en estas nuevas perspectivas financiera, pues de lo contrario esta Asamblea se sentirá llamada a aplicada en cada ocasión el límite máximo del gasto al correspondiente presupuesto, sólo para tener la garantía de que los gastos no se reducirán el año siguiente. 
En este sentido, estimadas y estimados colegas, apreciada Presidencia del Consejo, hemos dado un paso en la dirección adecuada, aunque más bien parece un salto, sólo que demasiado corto. 
Yo quisiera expresar, no obstante, mi sincero agradecimiento a los colaboradores que han prestado su apoyo en las deliberaciones presupuestarias. 
Deseo hacerlo sobre todo porque este será el último presupuesto completo en el que voy a participar, ya que desempeño la función de Presidente de la Comisión de Presupuestos en mi calidad de diputado del Parlamento Europeo. 
En cualquier caso, mi deseo es poder recorrer con ustedes una parte de ese camino; no se preocupen, me propongo dejar todavía mi rastro en la Agenda 2000, para que sigan recordando durante siete años mi colaboración. 
A las y los colegas que deberán seguir ocupándose del Presupuesto, les deseo mucho éxito. 
De ellos depende, en efecto, una enorme tarea. 
Tengan siempre presente que el debate presupuestario significa realmente hacer política en el Parlamento Europeo. 
Si, como ha dicho la Sra. Müller esta mañana, con la aprobación de la gestión ha sonado la hora del Parlamento, ésta suena cada año cuando se debate el presupuesto. 
Señora Presidenta, Señorías, afrontamos esta votación final sobre el presupuesto para 1999 con cierta aprensión. 
En su primera lectura, en octubre, el Parlamento Europeo hizo un trabajo positivo al restituir las dotaciones necesarias para algunos de los principales programas de desarrollo regional, social, lucha contra el desempleo, promoción del medio ambiente y ayuda humanitaria. 
Gracias a la labor de la ponente, la Sra. Barbara Dührkop Dührkop, votamos entonces una reserva estratégica, que aumentó el valor global del presupuesto de 1999 hasta un importe más próximo al previsto, a fin de que la posible base de partida del presupuesto para el año 2000 represente importes más realistas ante los imperativos del euro, la ampliación y los antiguos problemas de desigualdad entre regiones ricas y pobres de Europa. 
Por desgracia, el Consejo no aceptó la reserva estratégica, lo que nos crea una situación de incertidumbre para el futuro. 
En cuanto a la categoría 2 de los Fondos estructurales, el Consejo parece desconocer que hay atrasos muy grandes en el nivel de los pagos. 
En cuanto a proyectos ya terminados, se da una situación de ausencia de pago que es inaceptable y que acarrea el descrédito de la Unión Europea. 
En enero de este año, tuvimos que utilizar 230.000 millones de escudos (1.170 millones de ecus) del presupuesto de 1998 para pagar lo que se debería haber pagado en 1997. 
Como la colcha era corta, tapamos la cabeza y dejamos los pies fuera. 
A lo largo de este año, la Comisión intentó hacer malabarismos para pagar lo atrasado, pero no resolvió el problema. 
¿Cómo es que algunos quieren reducir ahora o dejar en reserva importes que ya faltan? 
En cuanto al resto, sólo unas palabras para dejar expresadas nuestra preocupación por la mala gestión del programa de asistencia a Rusia- en particular, TACIS- y nuestras dudas en cuanto a los objetivos y resultados de la ayuda alimentaria ahora propuesta. 
Por último, quiero declarar el apoyo de nuestra delegación a la creación de mecanismos más rigurosos de lucha contra el fraude y la mala utilización de dinero público. 
Señora Presidenta, desearía felicitar en primer lugar a los ponentes, la Sra. Dührkop Dührkop y el Sr. Viola, por la excelente labor que han realizado. 
Al mismo tiempo, querría expresar mi profundo agradecimiento al Presidente de la Comisión de Presupuestos, el Sr. Samland, quien ha venido presidiendo esta comisión de manera casi legendaria. 
También desearía agradecer al Comisario responsable del presupuesto, el Sr. Liikanen, por la buena colaboración que ha mantenido con el Parlamento. 
Finalmente, está a punto de llegarse a un presupuesto para el próximo ejercicio de una manera bastante unánime, sin mayores discrepancias entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Se trata de un presupuesto estricto. 
Su proporción con arreglo al PNB es únicamente del 1, 1 %, aun cuando el techo está fijado en un 1, 27 %. 
A título personal, estoy satisfecho de que no hayan prosperado los planes para asignar a la reserva los 130 millones de euros correspondientes a los créditos del programa TACIS, ya que esta medida habría paralizado este importante programa y puesto en peligro, entre otras, las medidas destinadas a mejorar la seguridad nuclear. 
Éste es el último presupuesto de la UE del presente período de programación. 
Para elaborar el siguiente presupuesto se deberán someter a negociación tanto las distintas posturas sobre la financiación como el acuerdo interinstitucional. 
En este orden de cosas, se deberá encontrar una solución también a los fundamentos para la financiación de la UE y, entonces, saldrán a la palestra igualmente las cuotas netas de participación. 
Las soluciones que se recogen en la Agenda 2000 revisten una importancia vital de cara a los presupuestos de los próximos años. 
Podemos afirmar que la Agenda 2000 representa el mayor acuerdo económico internacional en Europa en tiempos de paz. 
Por este motivo, debemos centrar nuestros esfuerzos en alcanzar dicho acuerdo. 
Lo peor que podríamos hacer en este Parlamento sería dejar a la Comisión sin posibilidades de actuación, por ejemplo, negándole la aprobación de la gestión del ejercicio correspondiente a 1996. 
Esta medida significaría acabar casi con el señor de la casa, precisamente con ocasión de las decisivas negociaciones de la Agenda 2000, con lo que el Parlamento carecería de interlocutor durante estas negociaciones. 
Por todo ello, espero que, al igual que con el anterior asunto, podamos examinar esta cuestión en un clima de buena cooperación, por el bien de la UE y, sobre todo, de sus Estados miembros y de sus ciudadanos. 
Señora Presidenta, señorías, les recuerdo que hace dos años, cuando debatíamos el presupuesto de 1997, el compromiso del Consejo fue que dicho presupuesto sería el último presupuesto riguroso. 
Y recuerdo al carismático Presidente de la Comisión de Presupuestos, al Sr. Samland, en su ponencia, moviendo la mano y diciéndoles: «cuídense de engañarnos». 
Igual que el año pasado nos engañaron, este año también nos han engañado y así hemos llegado a debatir ahora un presupuesto que está adaptado a las órdenes del pacto de estabilidad, que está obligado a apoyar una Unión Económica y Monetaria falsa, que está sometido a las órdenes de los banqueros, de los bancos y de los lobby económicos y que no tiene nada, absolutamente nada, que ver con lo que algunas veces soñamos. 
Es decir, con la Europa de la solidaridad, la Europa del empleo, la Europa Social. 
Y sé lo que va a pasar ahora. 
Todos los que han hablado, incluso la ponente, la Sra. Dührkop, a quien no veo para darle mi enhorabuena- parece que hasta ella se ha aburrido y ha abandonado la sala- ha dicho que no está satisfecha del presupuesto, y el Sr. Samland ha dicho lo mismo al terminar su intervención, y cuantos han hablado lo mismo han dicho; sin embargo, ustedes van a aprobar el presupuesto, lo van a aprobar igual que el año pasado, igual que hace dos años. 
Pero yo, como quiero ser consecuente con lo que creo y con lo que voto, no voy a dar un voto afirmativo al presupuesto. 
Y sus votantes deberán preguntarles cómo es posible que apoyen unas cosas, que digan otras y que al final aprueben otras y que den, con vistas a las elecciones, manifiestos ideológicos con falsas promesas que ustedes saben que no podrán cumplir mientras el presupuesto siga en el 1, 10. 
Señora Presidenta, en el Parlamento Europeo se escuchan en numerosas ocasiones bonitos discursos que, sin embargo, no tienen ninguna incidencia en el curso de los acontecimientos. 
En la Comisión de Presupuestos del Parlamento hemos condenado firmemente las decisiones del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones de abonar a sus funcionarios el salario correspondiente al período de huelga que tuvo lugar en el mes de mayo, pero, al no recogerse en el presupuesto, la posición del Parlamento a este respecto no tiene la mínima importancia. 
El pago de los salarios correspondientes al período de huelga es un asunto menor. 
En cambio, la denominada reserva estratégica constituye una cuestión de gran importancia en la que el Parlamento deseaba aumentar su poder de decisión. 
Sin embargo, el Parlamento perdió el pulso que mantuvo con el Consejo. 
El Parlamento se acomoda humildemente, en todo momento y hasta el final, a los designios de la élite política de la UE. 
El Parlamento no ofrece ninguna resistencia a nadie. 
En el transcurso de esta mañana, el Parlamento ha criticado a la Comisión a causa de su ineficacia en materia de control económico. 
Hoy, tras haberse propuesto en numerosas intervenciones a la Comisión que no diera su visto bueno a la aprobación de la gestión, el Parlamento ha aprobado, evidentemente por una gran mayoría, la concesión de productos agrícolas por valor de 400 millones de ecus a las organizaciones mafiosas rusas. 
El Parlamento Europeo no establece ningún tipo de condiciones a estas ayudas con el fin de poder controlar, como corresponde, la venta de estos alimentos. 
Así pues, el Parlamento pierde por sí mismo toda su fuerza cuando, en el futuro, se disponga a buscar culpables de las malversaciones que se produzcan en las ayudas concedidas para la comercialización de los excedentes agrícolas de la UE. 
Al venderse ayuda en forma de alimentos a un país como Rusia, que no dispone de mecanismos de mercado eficaces, estamos tirando el dinero del contribuyente. 
El mismo resultado se conseguiría si, en lugar de vender alimentos de la UE por valor de 400 millones de ecus, se entregara directamente a los rusos una suma de 150 millones de ecus. 
De acuerdo con el modo de trabajar que tiene el Parlamento, es más fácil tirar a la basura mucho dinero de una sola vez que de manera reiterada en pequeñas partidas. 
La Comisión de Presupuestos vigila únicamente estas partidas reducidas. 
Señora Presidenta, en la primera lectura me opuse a la reserva estratégica de 3, 75 millardos de ecus. 
La llamé «una señal equivocada que llevará a la maximalización de los gastos en 1999 y posteriormente. Y eso cuando las perspectivas financieras tienen justamente por objetivo controlar los gastos». 
La Comisión de Presupuestos propone ahora prescindir de la megareserva. Esto es prudente, ya que en el caso de mantener este rumbo peligroso, el Parlamento corre el peligro de una condena por parte del Tribunal. 
Con tal reserva adicional se superaría ampliamente el porcentaje máximo de subida de acuerdo con el Tratado. 
La promesa del Consejo de incorporar en el nuevo acuerdo interinstitucional «elementos de flexibilidad» proporciona al Parlamento la excusa para revocar su decisión. 
¿Ha conseguido el Parlamento realmente algo? 
El Consejo no ha hecho ninguna promesa sobre el carácter y el volumen de la flexibilidad. 
¿Habrá posibilidades de hacer transferencias entre las categorías presupuestarias? 
¿Va a haber mayor flexibilidad de lo que ofrecen las actuales perspectivas financieras? 
Todo esto es una gran incógnita. 
A pesar de todo, el Parlamento se conforma con esta promesa tan frágil. 
Me atrevo a poner en duda si para eso hemos tenido que poner en juego nuestra credibilidad. 
No debemos repetir este tipo de acrobacias. 
No obstante, opino que el Consejo, justamente, no ha hecho promesas concretas. 
La distribución del marco financiero en los límites máximos de gastos para las diferentes categorías ha contribuido a una evaluación controlada y equilibrada del presupuesto. 
La disciplina presupuestaria requiere un respeto estricto de estos límites máximos. 
Hace falta cierta flexibilidad para poder marcar las prioridades presupuestarias anuales. 
Pero eso se puede llevar a cabo sin la transferencia de fondos entre las rúbricas, como reclaman muchos aquí. 
Las rúbricas son lo suficientemente amplias como para absorber las necesidades variables de crédito dentro de ellas. 
Para terminar, los Fondos estructurales. 
En Edimburgo se estableció que se trata de un objetivo presupuestario. 
Ahora recogemos los frutos agridulces de ello. 
Al final del periodo de programación se espera una gran reserva de créditos sin destino. 
Esto requiere una solución. 
Si transferimos los créditos al 2000, como propone la ponente, éstos deberían descontarse del paquete financiero para el periodo 2000-2006. 
Señora Presidenta, ciertamente, como ya se ha dicho, este presupuesto es histórico, pero, en mi opinión, es histórico no porque la Sra. Dührkop sea la primera diputada ibérica que es ponente general- aunque la felicito por su labor -, no es histórico tampoco porque sea el último presupuesto de las perspectivas financieras 1993-1999 vigentes y que va a influir en las siguientes- por cierto, si las hay, que no es seguro -, y tampoco es histórico, en mi opinión, sólo porque sea el primer presupuesto en euros. 
Todo esto lo sabíamos al comenzar el procedimiento presupuestario. 
Es histórico, en mi opinión, porque, en el curso de este procedimiento presupuestario, el Consejo se ha comprometido por escrito, y esta mañana lo ha reiterado verbalmente, a respetar lo que ha firmado. 
Hemos «arrancado» que el Consejo haga una transcendental declaración en tal sentido. 
Quizá algunos se sorprendan, pero es la primera vez en cuarenta años que el Consejo hace una declaración unilateral en el sentido de que respetará sus compromisos. 
Quizá les parezca a algunos evidente y tautológico, pero no ha sido así en la historia de la Comunidad. 
Esta declaración del Consejo está relacionada con la cuestión de la flexibilidad de las futuras perspectivas financieras que quisiéramos firmar y tener, pero- insisto- no a cualquier precio. 
Señorías, la base de mi mandato de negociación actual es la Resolución de 4 de diciembre de 1997. 
En ella el Parlamento se pronunciaba a favor de unas nuevas perspectivas financieras adecuadas a los retos que debe afrontar la Unión Europea en los próximos años. 
El Parlamento acepta pragmáticamente el 1, 27 % como techo de los recursos propios y exige mecanismos de flexibilidad: por un lado, cláusulas de revisión de las perspectivas financieras; por otro, mecanismos que agilicen la transferencia entre categorías y la movilización de nuevos recursos cuando así sea necesario. 
En un documento de trabajo de hace meses señalé que el problema venía ya del artículo 12 del Acuerdo interinstitucional vigente, que prevé la revisión de las perspectivas financieras de acuerdo con las mayorías previstas en el apartado 9 del artículo 203 del Tratado, pero que el Consejo aplicaba la unanimidad por una decisión interna que impedía toda flexibilidad. 
Para acabar con esta rigidez introducimos las llamadas enmiendas estratégicas. 
Con el acuerdo de la semana pasada se pueden retirar, a mi juicio. 
Sobre la enmienda 708 de la primera lectura, referida a Fondos estructurales, debo señalar que tenía una lógica. 
Una lógica que el Consejo ha roto. 
Ha sacado los créditos de compromiso, que estaban en la reserva, y los ha puesto en la línea y, en cambio, ha mantenido el recorte de los créditos de pago. 
Francamente, en estos términos, prefiero volver al anteproyecto de presupuesto. 
¿Qué pretenden ahorrar con ello los Estados miembros? 
En el mejor de los casos, los intereses sobre 500 millones de ecus al 3 %. 
A lo sumo, Alemania ahorraría de 2 a 3 millones de euros a lo largo del año. 
Es lo máximo que se puede ahorrar. 
¿Es simbólico esto? 
Evidentemente, lo que cuenta son los créditos de compromiso, pero vayan ustedes a explicar que sólo hemos recortado los créditos de pago, que no afectan de verdad, señora Presidenta. 
La interpretación ya está en la prensa y de ella parece deducirse una reducción de los Fondos estructurales. 
Y, símbolo por símbolo, señora Presidenta, prefiero el de la solidaridad. 
Señora Presidenta, es una gran ventaja ser el último en intervenir, porque ello me permite dirigirme a la ponente general que ha vuelto y a quien precisamente quería darle mi enhorabuena. 
En primer lugar, como ustedes comprenderán, porque opino que la ponente general en calidad se merece el apoyo, la consideración y el respeto de la Asamblea. 
Es una cuestión de principio. 
Pero también porque debo reconocer que la Sra. Dührkop Dührkop ha ilustrado con especial brillantez algo fundamental. A saber, que el procedimiento presupuestario, la guerra interinstitucional no es una fatalidad, que entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión se producen a veces situaciones propias del vodevil, pero sin llegar al drama. 
Y debemos alegrarnos de que así sea. 
Usted ha demostrado, señora Dührkop, que es posible llegar a un acuerdo saludable con la otra rama de la autoridad presupuestaria. 
Dicho acuerdo se resume en dos palabras: rigor y flexibilidad. 
Rigor, porque es la ley de los colectivos públicos europeos desde hace años y por muchos años más. Flexibilidad, porque es el requisito de un rigor inteligente. 
No existe un rigor inteligente sin una asignación óptima de los recursos, no existe asignación óptima de los recursos sin una afectación libre, por parte de la autoridad presupuestaria, de unos recursos escasos entre todos los gastos potenciales. 
Existe una gran diferencia entre el Consejo y el Parlamento en este asunto. 
Nosotros hemos demostrado rigor. 
En el curso de los pasados años, hemos demostrado que éramos capaces de llevar nuestra parte de la carga, porque sabemos que detrás del beneficiario de los créditos comunitarios existe también un contribuyente, y que detrás del uno y del otro hay un elector. 
Pero lo hemos demostrado. 
Al término de la legislatura, llegamos a un nivel de gastos muy por debajo del techo de los «recursos propios» que se decidió en Edimburgo. 
En cambio, respecto a la flexibilidad, el Consejo debe demostrar su buena voluntad, demostrar su buena disposición al cambio. 
Sí, hay acuerdo entre el rigor y la flexibilidad. 
Nosotros hemos recorrido nuestra parte del camino. 
Señoras y señores del Consejo, ahora les toca a ustedes recorrer la suya. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 9.30 horas. 
Balance del año 1998 y programa anual 1999 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el balance del año 1998 y el programa anual 1999. 
Doy la bienvenida al señor Comisario Santer, que intervendrá enseguida. 
Señor Santer, tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, señora Presidenta, cuando el asunto Lewinsky se encontraba en su momento más álgido, un comentarista de la televisión estadounidense dijo: «¡Malos tiempos para el Presidente! ». 
Parafraseando estas palabras, yo diría hoy: «Malos tiempos para la Comisión». 
Y me refiero únicamente al debate sobre la aprobación de la gestión, porque cada día, la prensa y los medios de comunicación aportan nuevos datos, hacen revelaciones, verificadas o no, relativas a irregularidades, más todavía, en el seno de la Comisión. 
Estas revelaciones afectan evidentemente a la credibilidad y, por lo tanto, a la eficacia de la Comisión. 
También el Grupo Socialista exige con firmeza que usted ponga en práctica, con rapidez y determinación, las intenciones que usted ha manifestado en lo relativo a la reforma de la Comisión, sus métodos de trabajo, la flexibilidad de sus procedimientos y, sobre todo, sus medios de transparencia y control. 
Porque si bien es cierto que nuestras dos instituciones se acercan al final de sus respectivos mandatos, también es cierto que a ambas les queda aún mucho por hacer y que para lograrlo, necesitamos, todos juntos, una Comisión fuerte, una Comisión decidida, porque no es menos cierto que esta institución sigue siendo el motor de la construcción europea y que ha prestado grandes servicios desde 1957. 
Si pasamos ahora a emitir un dictamen sobre el balance de 1998, podríamos tomar la imagen de la botella medio llena o medio vacía. 
Seamos buenos jugadores y reconozcamos que el balance legislativo de 1998 es relativamente positivo, con dos carencias sin duda. 
La primera es que cuando la Comisión estableció el balance legislativo, no insistió- o muy poco- en el papel que ha desempeñado el Parlamento en esta obra legislativa a través de sus añadidos y sus aportaciones. 
Creo que el balance habría ganado en objetividad si se hubiera mencionado esta acción legislativa del Parlamento, cada vez más decisiva, especialmente desde el Tratado de Maastricht. 
Segundo elemento también, ha sucedido- lo que es normal- que una serie de propuestas legislativas previstas en el programa de trabajo anunciado no han podido ver la luz. 
Se han quedado en el camino. 
Una vez más, deberían haberse indicado los motivos al Parlamento Europeo, justificar por qué precisamente estas propuestas no han aparecido sobre la mesa de trabajo. 
Y también por qué estas propuestas que no pudieron ver la luz en 1998 no aparecen en el programa de 1999. 
Existe aquí una cierta incoherencia, digámoslo, que nos inquieta un poco y, naturalmente, esperamos sus respuestas en la materia. 
Cuando el año pasado presentó su programa para 1998, señor Presidente, anunció la intención de la Comisión de realizar periódicamente una evaluación del ritmo de avance de los trabajos legislativos. 
En lo relativo a esta cuestión nos hemos quedado con las ganas. 
Es muy poco lo que se ha hecho. 
En todo caso, mucho menos de lo que la Comisión se había propuesto. 
Y por último, para terminar con 1998, quisiera insistir en el hecho de que a usted corresponde, como guardián de los Tratados, mantenerse atento a esta deriva, de la que el Consejo es el principal responsable y que consiste en reservarse, en guardar en sus cajones, de algún modo, una serie de propuestas legislativas a las que la Comisión y el Parlamento atribuyen gran importancia. 
Existe aquí una especie de carencia que merece su atención. 
Del mismo modo que puede considerarse una deriva en la materia, el hecho de que el Consejo se arroga cada vez más el derecho, de algún modo, los actos legislativos, incluidos los que se toman en codecisión, mediante una serie de declaraciones unilaterales, como si correspondiera al Consejo y sólo a él crear no sé qué jurisdicción terciaria en el orden jurídico europeo. 
Señor Presidente, le pido que, en su calidad de Comisión, vele por que cese esta práctica. 
Pasemos a continuación a su programa para 1999. 
Está claro que la primera prioridad- como ha anunciado, señor Presidente, y que nosotros compartimos- es la de realizar la Agenda 2000. 
La Agenda 2000 es un dispositivo indispensable, sin el cual no será posible ninguna ampliación de la Unión Europea en un plazo previsible. 
Naturalmente, esta Agenda 2000 está ligada muy estrechamente al debate sobre las perspectivas financieras y el futuro acuerdo interinstitucional esbozado hace un momento en el debate presupuestario. 
Es absolutamente fundamental, por lo tanto, que la Comisión y el Parlamento trabajen juntos con decisión para llevar a buen puerto esta empresa que es difícil, pero que tenemos el deber de legar a los que nos sucederán. 
Segunda prioridad, el Tratado de Amsterdam. 
Es cierto que algunos Estados no han ratificado aún el Tratado de Amsterdam. 
Es cierto que algunos se sienten atrapados por la lentitud o las dificultades de sus procedimientos institucionales. 
Pero a fin de cuentas, nada impediría a la Comisión y nada le impide preparar ya desde ahora con determinación la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y, por consiguiente, los instrumentos que permitan aplicar cuanto antes dicho Tratado, en el momento en que se consiga la última ratificación. 
Naturalmente, me refiero a los nuevos fundamentos jurídicos de los que habrá que dotar a toda una serie de propuestas legislativas en suspenso, a la problemática de la publicación o a la publicidad de los documentos y de los actos, así como a la problemática de las regiones ultraperiféricas, a la que mi colega Medina se referirá dentro de un momento. 
Es un punto en el que también queremos insistir. 
Y para terminar, una última observación que para nosotros es una prioridad entre prioridades y que es la lucha que debe librar Europa contra el desempleo y la exclusión social a través de una política de empleo dinámica. 
La brisa favorable que estos últimos tiempos ha impulsado a los gobiernos europeos ha dado paso ahora a vientos más fuertes que soplan en la dirección acertada. 
Es importante que la Comisión despliegue ahora todas las velas posibles para que los vientos permitan a la Comunidad Europea se acerque lo más posible a este objetivo, que para nosotros es fundamental, a saber, el de la Europa social, el de la lucha en favor del empleo y contra la exclusión. 
Señora Presidenta, colegas, permítanme empezar dando las gracias al Presidente de la Comisión Europea por la forma tan política en que ha intentado abordar las preocupaciones que existen en ambas instituciones, relativas a la manera en que nos tratamos. 
El programa de trabajo que hoy estamos debatiendo refleja nuestra negociación institucional. 
Es un acuerdo al que llegamos una vez para establecer las prioridades políticas de la Comisión Europea, después de haber oído al Parlamento Europeo. 
Ese fue un acuerdo entre nuestras dos instituciones. 
Llevo ya unos años comprobando que ese procedimiento no funciona bien del todo. 
El año pasado, el Sr. Desama ya lo ha dicho también, intentamos introducir unas mejoras. 
Dijimos: habrá que ver si por medio de informes trimestrales o semestrales nos podemos anticipar a los cambios que sean necesarios, que sean posibles también con el conocimiento del Parlamento. 
Creo que ahí no ha estado el fallo. 
Creo que esto se ha producido porque la Comisión Europea no ha hecho lo que había prometido. 
Yo responsabilizo al Presidente de la Comisión Europea de esto y posiblemente debo culparnos un poco a nosotros mismos, Señor Desama, también nosotros deberíamos haber controlado mejor que la Comisión cumpliera sus promesas. 
Hemos de afrontar la cuestión de la culpabilidad desde ambos lados. 
No le hemos recordado los acuerdos. 
Usted ha intervenido hoy con bastante dureza. 
Con ello establece implícitamente que algo va mal entre nuestras instituciones. 
Hemos sido siempre aliados naturales a la hora de presentar y defender Europa. 
Justo en el momento en que se va a producir la introducción del euro, un hecho político mayor, nos llevamos un poco peor y hay menor confianza. 
Esto es lo que compruebo. 
Si, en la víspera de esa decisión política mayor, falta algo entre nosotros, entonces debemos poder decirnos: ¿a qué se debe esto y cómo podemos crear una nueva confianza? 
Compruebo que el Parlamento Europeo va a tener que aguantar críticas. 
Hemos intentado solucionar unas cuestiones por medio del estatuto. 
Compruebo que los ministros, cuando vuelven a los Estados miembros, reclaman todos los honores por las buenas cosas de Europa y que culpan de todo lo que va mal a la Comisión y al Parlamento Europeo. Esto significa que ambas instituciones están en la picota. 
Cuando pasado mañana votemos sobre la aprobación de la gestión de 1996, personalmente creo y espero que le den esa aprobación. 
Pero no sé que aparecerá al día siguiente aparecerá en los periódicos sobre lo que otra vez está fallando. 
Eso quiere decir que hemos de encontrar juntos las soluciones. 
Usted ha propuesto una serie de cosas con las que estoy de acuerdo. 
Ha dicho: tenemos que modernizar la Comisión Europea. 
Al tener más tareas asignadas, debemos disponer también de gente para ellas. 
Hemos de procurar que haya unos procedimientos de contratación decentes para nuestros funcionarios, y esto no sólo es válido para la Comisión Europea, sino también para el Consejo, y para el Parlamento Europeo, y hemos de procurar que dispongamos de unas reglas decentes para despedirles cuando haga falta. 
Por cierto, eso lo he echado en falta en su intervención. 
Esos «codes of conduct» son muy importantes para ambas instituciones. Pero para mí de lo que se trata al oír sus propuestas, lo que me pregunto, es cómo vamos a poder ejercer el control efectivamente nosotros, de modo que se mantenga también la confianza en los próximos años y que no tengamos que entrar en el proceso electoral diciendo: sí, había promesas pero no se cumplen. 
Por lo tanto, en lo que se refiere a esto, me parece que tenemos bastante que hacer. 
Quisiera mencionar tres puntos, muy brevemente. 
Hay unos temas políticos que me están preocupando. 
Me preocupa la Agenda 2000 y el plazo tan ajustado. 
Me pregunto si no hace falta que lleguemos a unos acuerdos más claros entre usted y nosotros. 
En segundo lugar, estoy preocupada por el crecimiento, por el empleo y por todos los esfuerzos sociales. 
Usted acaba de hablar de la modernización. 
Tengo la sensación de que sobre todo los trabajadores de la primera hora, aquellos que pasan diariamente la frontera, no se benefician como quisiéramos que se beneficiaran. 
Estoy preocupada por la seguridad, por la alimentación y por todo lo que esté relacionado con ella. 
Una de las conclusiones de la crisis de la EEB fue que deberíamos tener en Europa también una especie de «Food and Drug Administration». 
En ese terreno se está quedando a medias. Esto me llena de preocupación. 
No todo es culpa suya. 
También es responsabilidad del Consejo. 
Por último espero, y en muchos parlamentos tenemos una mesa de edad, de seniors o de presidentes de grupos parlamentarios- o cómo se les llame -, que encontremos después de la votación del próximo jueves una manera mejor de controlar las crisis y que usted llegue a un acuerdo con el Presidente del Parlamento y con la Conferencia de Presidentes sobre cómo podemos procurar entrar bien en el proceso electoral para que usted pueda entrar con la cabeza alta también en este último semestre. 
Porque esto es en realidad, Presidenta, lo que mi grupo parlamentario y yo le deseamos. 
Señora Presidenta, hoy, después de la Cumbre de Viena, resulta un poco frustrante discutir programas. 
Sabemos que la Comisión y el Consejo elaboran programas pero me parece que lo más importante es la realización de la Agenda 2000 y de todos los demás proyectos con el añadido 2000, por ejemplo, MAP 2000 y SEM 2000, que también nombró el Presidente de la Comisión. 
Para poder hacer una evaluación de este período, creo que es importante que alcancemos verdaderos resultados en este punto. 
El Presidente de la Comisión hizo referencia también a los codes de bonne conduite, pero yo eché en falta uno relacionado con las buenas prácticas administrativas que la Comisión ha usado en algunas ocasiones y que yo considero que habría sido de gran importancia hoy, por ejemplo, cuando nos proponíamos dictar normas sobre parcialidad y transparencia, a propósito de la diferenciación entre política y administración. 
Esto es esencial para nuestra credibilidad, para la credibilidad de todos nosotros. 
También espero que la Comisión, bajo la dirección del Comisario Oreja, presente rápidamente las propuestas sobre transparencia que se necesitan para hacer realidad el Tratado de Amsterdam. 
Repito por tercera o quinta vez en este Parlamento: la transparencia es lo que conduce a una mejor eficiencia. 
De manera bastante rápida pasamos a otra materia en esta discusión, es decir, a la funcionalidad del euro. 
Creo que la forma externa de representación a la que se llegó no ha sido un buen acuerdo. 
Espero que no pensemos en soluciones antiguas ahora cuando hablamos de nuevos objetivos para el empleo en Europa. 
Me alegré al escuchar que el Presidente de la Comisión dijo que tendremos un nuevo programa con medidas de fomento de la salud. 
Ha sido muy provechosa la decisión adoptada esta semana por los Ministros de Agricultura en el sentido de prohibir determinados antibióticos. 
Espero que el programa de salud que ahora se ha avisado pueda encargarse de la lucha contra las formas resistentes de la tuberculosis y la salmonella, que constituyen realmente problemas sanitarios tanto en la UE como en los países periféricos. 
Finalmente quiero manifestar mi satisfacción por la mención que hizo el Presidente de la Comisión a la Cumbre de Tammerfors (Tampere) que estudiará la seguridad interna. 
Espero que el Comisario y la Comisión utilicen plenamente su derecho a tomar iniciativas en materias del tercer pilar y que se tome en cuenta la dimensión nórdica en la política de la Comisión. 
Señora Presidenta, quienes tenemos el cometido de representar al sector agropecuario de nuestros respectivos países debemos estar preocupados, si no alarmados, ante el alcance de la crisis económica que padecen en particular los ganaderos. 
Si no podemos reaccionar ante una situación de emergencia, consecuencia de una serie sin precedentes de circunstancias que no se podían prever en el marco de la reforma de la PAC de 1992, estamos incumpliendo gravemente nuestros deberes. 
Si bien reconocemos la preocupación y las gestiones del Comisario Fischler para modificar reglamentos a fin de aligerar la carga de los ganaderos, la realidad es que se está vendiendo ganado bovino, ovino y porcino a precios inferiores a los de coste o, en el mejor de los casos, con beneficios marginales. 
La situación en Irlanda es extraordinariamente grave y, si no se produce cierta recuperación de los precios, muchos ganaderos no sobrevivirán. 
No beneficia a nadie, en particular en Irlanda, con nuestra gran dependencia de las exportaciones agropecuarias, que la infraestructura básica del sector alimentario- la explotación familiar- se encuentre en semejante aprieto. 
Respecto del sector de la carne de ovino, la Comisión debería suspender, como medida de emergencia, el estabilizador al menos con carácter temporal para permitir que el sistema refleje la realidad del mercado para los ganaderos irlandeses de ovino, que lo están abandonando a un ritmo alarmante. 
Esa inestabilidad no beneficia, desde luego, a largo plazo al modelo europeo de explotación que pretendemos representar en el marco de la Agenda 2000. 
Para que la explotación familiar irlandesa sobreviva en el marco de un modelo europeo, como prevé la Agenda 2000, se deben lograr mayores eficiencias mediante la cooperación y partenariados bien planificados. 
Las propuestas agrarias, representadas en la Agenda 2000, no son satisfactorias, en particular desde una perspectiva irlandesa. 
Es imposible proyectar otras reducciones de precios sin un aumento correspondiente en el apoyo directo a la renta por parte de la UE y con cargo al presupuesto agrario. 
Señora Presidenta, yo también quisiera intervenir únicamente sobre las cuestiones agrícolas, primera política financiera de la Unión y dossier determinante de la Agenda 2000. 
Señor Presidente de la Comisión, ¿cuándo aceptará reconocer que la reforma de la PAC que usted nos propone conduce al estancamiento? 
En primer lugar, porque refuerza una lógica productivista que no responde a las necesidades de los agricultores, del sector rural ni de la sociedad europea en materia de empleos, calidad y diversidad de la alimentación, ocupación equilibrada del territorio y cooperación internacional. 
Además, este proyecto se anticipa al resultado de las negociaciones sobre la OMC y la ampliación, penalizando por adelantado los intereses de la Unión, especialmente aceptando nuevas concesiones a las exigencias estadounidenses. 
Por último, ¿qué futuro tiene esta reforma, teniendo en cuenta que se basa sobre previsiones financieras y mercados internacionales violentamente sacudidos por la crisis financiera y los condicionantes de estabilidad presupuestaria relacionados con el euro? 
Todo esto explica por qué este proyecto ha sido rechazado masivamente, no solamente por la mayoría de las organizaciones agrícolas nacionales y europeas, sino también por la mayoría de nuestra Asamblea. 
En dos ocasiones, el Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de una concepción diferente de la PAC, que esté basada en el empleo, la adaptación de las ayudas a los ingresos, la ordenación territorial equilibrada en el respeto de la preferencia comunitaria. 
La Comisión de Agricultura acaba de rechazar las propuestas de reforma de las organizaciones comunes de mercado de la carne bovina, la leche y los cereales, pero hasta ahora, la Comisión presta oídos sordos a estas señales que le dirigimos. 
No sólo se aferra a sus proyectos iniciales sin introducir ninguna modificación digna de mención, sino que insiste en negociar acuerdos de libre comercio con países terceros en condiciones que entrañan nuevos debilitamientos de la preferencia comunitaria y del modelo europeo. 
¿Cuándo se decidirá la Comisión a sacar la reforma de este atolladero y a tener en cuenta las propuestas de nuestra Asamblea para hacer la PAC más justa y equitativa, en beneficio de los agricultores y de toda la sociedad? 
Por último, ¿cómo puede justificar la Comisión su propuesta de levantar el embargo sobre la carne británica, a pesar de que la mayoría de los científicos ponen grandes reservas y que no se dan todas las garantías sanitarias? 
Éstas han sido algunas observaciones y preguntas a las que desearía recibir respuestas de la Comisión. 
Señora Presidenta, el contexto en el que se sitúa nuestro debate para este año 1998 es especial. 
Y lo es por dos motivos. 
En primer lugar, porque como ha dicho nuestro colega Desama, la grave crisis de confianza respecto a la Comisión, enredada en un fárrago de acusaciones o alegaciones de mala gestión, evidentemente impide a esta última tener un funcionamiento dinámico. 
El segundo punto es el contexto político. 
1999 es un año electoral importante en el que los ciudadanos esperan oír mensajes claros de las diferentes fuerzas políticas que compiten por los votos y de la Comisión para poder decidirse. 
Por último, es también un año en el que se preparará la nueva negociación de la Organización Mundial del Comercio, la revisión del Convenio de Lomé y la aprobación de la Agenda 2000. 
Se trata de muchos retos, de un contexto difícil, y creo que hay tres preguntas que necesitan respuesta en este contexto. 
Tres preguntas que muchos ciudadanos se hacen. 
Primera pregunta: ¿hacia dónde va Europa? 
Segunda pregunta: ¿cuáles son las respuestas que aportan la Comisión y las diferentes instituciones a los retos actuales? 
Y tercera pregunta: ¿existen respuestas originales y creíbles ante la crisis de lo político? 
Respecto a la primera pregunta, hacia dónde va Europa, considero que hay dos perspectivas. 
O Europa se desvanece en una especie de zona de libre comercio sin gran contenido político- y lamentablemente es una perspectiva que corre el riesgo de realizarse si, como me temo, la reforma de las instituciones no está a la altura del dossier -, o bien logramos una construcción política democrática con un proyecto común para todos los europeos, incluidos aquellos que se unan a nosotros en los próximos años. 
Lamentablemente, hoy debemos constatar que sólo se habla de la ampliación. 
La Comisión no se pronuncia más que de una manera muy técnica sobre la reforma institucional prevista. 
Habla de modificación de la composición de la Comisión, de la ampliación de la mayoría cualificada, de la nueva ponderación de los votos en el seno del Consejo, pero no hay gran cosa respecto a lo que todos esperamos, es decir, una reforma en profundidad del funcionamiento de la Unión Europea. 
Se impone un nuevo Tratado, mucho más ambicioso que el Tratado de Amsterdam y, en mi opinión, la Comisión es la institución mejor situada para presentar hoy una propuesta, a pocos meses de las elecciones. 
Hay que constatar que la respuesta no está presente ni en su discurso ni en los textos. 
Segunda pregunta: ¿cuáles son los retos principales? 
Usted, señor Presidente, se ha referido a ellos: la mundialización, el desarrollo sostenible, las mutaciones tecnológicas y la inestabilidad internacional. 
Me sorprende que dichos retos sean presentados como si no dependieran unos de otros y como si la Unión Europea se enfrentara a una especie de fatalidad venida de fuera, a la que debemos adaptarnos lo mejor posible sufriendo los mínimos daños posibles en el plano ecológico y social. 
Esta concepción me parece errónea y peligrosa, y personalmente creo que el reto es fundamental. 
Es probablemente el principal. 
La mundialización, tal y como se presenta actualmente, ¿es compatible con una Unión Europea democrática, portadora de un proyecto de desarrollo original, es decir, un modelo de desarrollo ecológica y socialmente sostenible? 
En el contexto actual, eso no es posible, porque deben implantarse numerosos mecanismos de regulación de las inversiones, del comercio mundial, de las elecciones tecnológicas y es a eso a lo que la Comisión debería proporcionar, cuando menos, embriones de respuesta. 
Tampoco los veo en su texto ni los oigo en sus discursos. 
Y por último, tercer punto, la transparencia y la confianza. 
Usted mismo ha afirmado que no se puede obtener resultados sin la participación y la confianza de los ciudadanos en el modelo democrático. 
Varios de mis colegas han denunciado las irregularidades de las relaciones entre el Parlamento y la Comisión, y es cierto que a pesar de los compromisos asumidos por su predecesor el Sr. Delors y por usted personalmente en lo relativo a las relaciones Parlamento-Comisión, no siempre se han respetado dichos compromisos, y diría más, a menudo no se han respetado. 
En estas condiciones, señor Presidente, reconocerá que es difícil pedir confianza. 
Por ello le pido una reacción, le pido un «coletazo» , y parafraseando a uno de sus célebres predecesores, el belga Paul Henri Spaak, que dijo: «Aún no es demasiado tarde, pero ya es hora» , quisiera repetirle sus palabras: ¡aún no es demasiado tarde, pero ya es más que hora! 
Señor Presidente, usted, señor Presidente de la Comisión, prometió anteriormente menos normas, pero en cambio, mejor elaboradas, lo que me parece muy bien. 
Sin embargo, no puedo saber si usted piensa mantener su palabra. 
Las modificaciones de directivas existentes, los libros verdes en proyecto, los programas de acción y las comunicaciones importantes no han sido incluidas en la exposición de la Comisión. 
La versión larga- la que corresponde al discurso de apertura de un primer ministro- ha sido elaborada en la Dirección General de la Comisión, pero no es oficial. 
En el caso de la presentación del catálogo legislativo de un gobierno, quizá pueda aceptarse esta circunstancia. 
Los electores pueden optar por cambiar de gobierno en las elecciones siguientes si no están satisfechos con los resultados de su gestión. 
Nosotros no tenemos esa posibilidad, pues son los funcionarios de la Comisión quienes tienen el derecho de iniciativa en la UE. 
Por ello pensamos que, en lugar de a ellos, el derecho de iniciativa debería corresponderles a los parlamentos nacionales y que, al menos, la versión completa también debería ser presentada por escrito a los representantes populares. 
A la luz del debate que actualmente tiene lugar en Dinamarca sobre la jubilación anticipada, me gustaría conocer, por ejemplo, más detenidamente la postura de la Comisión en lo relativo a la propuesta de directiva sobre el tratamiento fiscal de los derechos de pensión adicionales de empleados y autónomos en caso de traslado dentro de la UE. 
Señor Presidente, el programa de la Comisión para 1999, como se ha señalado con anterioridad, tiene la peculiaridad de que no se aplica sólo al desarrollo de los Tratados vigentes, sino que también se aplica al desarrollo del Tratado de Amsterdam de 1997. 
Se ha producido ya un retraso notable, que es normal dentro del proceso de ratificación de Tratados comunitarios, pero es previsible que el Tratado de Amsterdam entre en vigor a principios del próximo año. 
A consecuencia de esto, la Comisión, evidentemente, tendrá que dedicar parte importante de su trabajo a la preparación y el desarrollo de ese Tratado de Amsterdam. 
En algún aspecto ya se ha hecho algo, porque, concretamente, en la Cumbre de Luxemburgo de noviembre de 1997 sobre el desempleo, la Comisión consiguió que los Estados asumieran el compromiso de la aplicación provisional de las disposiciones del Tratado de Amsterdam en materia de empleo, con lo cual dicho Tratado, en algunos aspectos, se puede considerar ya vigente. 
Pero hay otros aspectos en los que no hay tal disposición, y, concretamente, el Sr. Desama, en su exposición, tuvo ya la gentileza de referirse a alguno de ellos, que es, por ejemplo, el del régimen especial para las regiones ultraperiféricas. 
El párrafo segundo del artículo 299 del Tratado de Amsterdam establece la aplicación inmediata de todo el Derecho comunitario en esas regiones. 
Me refiero a Canarias, Madeira, Azores y los Departamentos franceses de ultramar. 
Si la Comisión de las Comunidades Europeas no prepara las normas especiales de aplicación, pudiera ocurrir que esas regiones se vieran privadas de su actual estatuto especial y se vieran sometidas al Derecho comunitario común, de una manera implacable, desde el primer día de la aplicación del Tratado, lo que tendría efectos negativos sobre el desarrollo de esas regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. 
Por tanto, yo creo que es importante, como hace la propuesta de resolución del Grupo socialista al respecto, que la Comisión incluya en su programa de trabajo para el año 1999 unas disposiciones específicas sobre la aplicación del apartado 2 del artículo 299 a las regiones ultraperiféricas de la Comunidad. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, permítanme que comente algunos aspectos. 
Yo creo que es importante dejar constancia de que, a diferencia de los grandes tiempos de la regulación legislativa del mercado interior, la Comisión ahora sólo presenta 31 propuestas legislativas, algunas de las cuales son sólo actualizaciones de directivas ya existentes. 
Esto indica que hemos entrado en un proceso razonable, en el sentido de la aplicación del principio de subsidiariedad, y yo creo que es algo que también deberíamos hacer constar ante la opinión pública y los Gobiernos. 
En segundo lugar, tal como solicitamos también en nuestra resolución, yo ruego a la Comisión que nos informe más claramente de los motivos por los que hay 181 procedimientos pendientes de la decisión definitiva del Consejo y por qué éste todavía no ha adoptado una posición común en 85 casos. 
Yo pienso que tal vez se podría impulsar una nueva dinámica en este contexto si la Comisión informase más detalladamente al Parlamento sobre las causas del bloqueo. 
De ello se desprende claramente el siguiente punto que deseo abordar, a saber, la exigencia de una mayor transparencia. 
La Comisión ha incluido la transposición de la norma de transparencia inscrita en el Tratado de Amsterdam como un objetivo de su programa de trabajo. 
Yo considero que este es un tema esencial para la futura aceptación de la Unión Europea y quisiera rogar a la Comisión que cuando proceda a la definición de dicha transparencia, en lo que respecta a la definición y la aplicación de las normas, mantenga pronto contacto con el Parlamento, o sea, a ser posible antes de hacer públicas sus directrices, con objeto de que podamos alcanzar un planteamiento común sobre esta base, ya que en el fondo también se trata de encontrar la manera de exigir una mayor transparencia al Consejo, incluida la creación de un Consejo legislativo. 
Yo creo que deberíamos colaborar estrechamente en este aspecto. 
Esto enlaza con el siguiente punto: la transposición del Tratado de Amsterdam. 
Hasta el momento yo también he echado mucho a faltar en el debate con el Parlamento algunas propuestas de la Comisión con vistas a la transposición de la Política Exterior y de Seguridad Común en el marco del Tratado de Amsterdam y también información, por ejemplo sobre cuál será la composición de la Unidad de planificación. 
La información, el diálogo quizá podrían contribuir a crear también una conciencia pública, de manera que los Gobiernos de los Estados miembros no resuelvan este asunto entre ellos, del mismo modo que también desearíamos considerar una posible cooperación en el procedimiento de elección de la futura Comisión y en otros ámbitos análogos. 
También quisiéramos pedirle muy cordialmente a la Comisión que ya empiece a aplicar en la medida de lo posible las normas del Tratado de Amsterdam antes de su ratificación y a adoptar iniciativas con vistas a que los ámbitos de la Política de Justicia y Asuntos de Interior puedan ser transferidos al procedimiento de codecisión tras un período de transición de cinco años. 
Ya deberían iniciarse los preparativos para que esta transferencia pueda realizarse antes de la conclusión de los Tratados de ampliación. 
Como último punto, yo considero de suma importancia que la Comisión responda a la propuesta del Parlamento de que presente propuestas concretas para la nueva reforma institucional. 
Yo comprendo muy bien que debido al retraso en la ratificación del Tratado de Amsterdam no haya podido cumplirse el plazo de diciembre de 1998. 
No obstante, me parece necesario que se presenten dichas propuestas antes del mes de marzo, con objeto de que ya se puedan empezar a discutir durante la campaña electoral europea y de situar así el tema en el centro del debate. 
Señor Presidente, el programa legislativo de este año debería servir para responder a las demandas de los ciudadanos en materia de empleo, de justicia social y de cohesión económica y social. 
Debería servir para que la construcción del proyecto europeo gane en transparencia y en cercanía a los ciudadanos, y esté más atento a la concreción política de sus aspiraciones inmediatas, aquéllas que tienen que ver con su vida cotidiana y su felicidad. 
En el programa no se dan pasos significativos en este sentido, aunque se expresa un compromiso con ello. 
Para darlos sería necesario dar prioridad en el mismo al reforzamiento de la justicia social a todos los niveles, así como dar prioridad a la solidaridad interregional, especialmente necesaria en este delicado momento en el cual la preparación de la ampliación ha hecho aflorar los riesgos de un aumento de los desequilibrios. 
Se han dejado de lado cuestiones que ejemplificarían la apuesta por la cohesión, como sucede con el estatuto de las regiones ultraperiféricas. 
Quiero señalar, por último, que este programa- un programa del último año de esta legislatura- no aumenta la adhesión de los ciudadanos al proyecto europeo y a su construcción, y sería necesario ganársela. 
Ha dicho el señor Presidente de la Comisión que la construcción europea no es un fin, sino un medio. 
El fin, desde luego, es la felicidad de los ciudadanos, y este programa está necesitado, para cumplir con ese objetivo, de mayores grados de democracia y de justicia. 
Señor Presidente, yo quisiera destacar una acción quizá muy modesta dentro del contexto general, pero a mi parecer muy significativa y muy positiva, que ha realizado este año la Comisión y más concretamente la Dirección General XXIII. 
Con un presupuesto de 500.000 ecus se adoptaron, en colaboración con algunas organizaciones no gubernamentales y la industria turística, medidas preventivas concretas y eficaces contra el turismo sexual asociado al abuso de menores. 
Se trata de videos informativos que se exhiben en los vuelos de largo recorrido, folletos informativos que se reparten entre los viajeros y otras medidas análogas. 
Esto constituye un encomiable primer paso concreto en la lucha contra un terrible fenómeno, que se ha agravado más aún debido a la crisis económica y financiera en Asia. 
Los turistas europeos tienen una considerable participación en este fenómeno. Por esto yo quiero instar a la Comisión a que prosiga e intensifique todavía mucho más esta labor positiva. 
Señor Presidente, los objetivos para el año 1999, que es un año de transición tanto para el Parlamento como para la Comisión, no deberían ser radicalmente distintos a los tratados en la Cumbre de Viena: la lucha contra el desempleo, el nacimiento del euro y la consolidación del mercado interior y, sobre todo, las propuestas hechas por la Comisión en la Agenda 2000, que la Comisión debería esforzarse para que prosperen en el seno del Consejo y, en este sentido, yo pediría también que la Comisión otorgase una prioridad muy especial a la presentación de medidas específicas dirigidas a las regiones ultraperiféricas y un plan de rehabilitación y de reconstrucción para los países de América Central. 
Somos muchos, señor Presidente- yo diría que mayoría en este Parlamento -, los que pensamos que la Comisión no es un aerópago de burócratas apátridas sino que es una institución clave que tiene contraídos méritos relevantes en el grado de desarrollo alcanzado por el proceso de integración europea. 
Pero esto no quiere decir, señor Presidente, que la Comisión no tenga que cambiar algunas de sus pautas de comportamiento. 
El señor Santer, en su discurso de investidura, se comprometió a llevar una lucha sin cuartel contra el fraude. 
El fraude, hay que combatirlo, entre otras razones, porque mina la credibilidad y la imagen de la Unión Europea. 
La Comisión tiene que colaborar e informar rápida y eficazmente a este Parlamento. 
En determinados servicios de la Comisión se está llegando a una parálisis administrativa. 
Urge también una política sana de personal que evite la frustración y contemple las legítimas aspiraciones de los funcionarios de la Comisión. 
Celebro las palabras del señor Presidente de la Comisión en este sentido. 
Ya es hora de que la Comisión o, mejor dicho, algunos Comisarios- puesto que otros cumplen ejemplarmente y de ello nadie se acuerda- den, como ha dicho el señor Santer, un paso decidido en la buena dirección, y esta buena dirección no puede ser otra, señor Presidente, que la de marcar un rumbo al proceso de integración europea. 
Y este rumbo tiene que mantenerse, como ha sido siempre la tradición, formando un tándem armónico con este Parlamento para que las discordias del presente puedan constituir las armonías del futuro. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, gracias a este programa, tenemos la oportunidad de abordar cuestiones apasionantes. 
Hasta ahora, los problemas europeos, con el gran mercado único de 1993, eran problemas técnicos, problemas de legislación, saber, por ejemplo, si el 80 o 90 % de la legislación era europea o nacional. 
Por fin abordamos los diputados auténticas cuestiones, cuestiones estratégicas y todas ellas muy apasionantes. 
El euro: las apuestas están hechas, si me permite la expresión, se ha lanzado la bola. 
Con todos los choques asimétricos que esto podrá producir, no sabemos cuáles serán las consecuencias ni de dónde vendrán. 
Lo deseo. 
Y luego vendrá Pascua y, quizá, el tiempo de las resurrecciones. 
También está Amsterdam. 
Ustedes no han sido razonables o este Tratado no es razonable, con la inmigración, el grifo abierto del todo, una inmigración que mana a borbotones. 
Todo ello en manos de una mayoría simple. 
En cinco años, con nuestros amigos finlandeses y suecos que, protegidos por el clima, evidentemente, no tienen tantos problemas de inmigración. 
Luego están las negociaciones, la Organización Mundial del Comercio en el horizonte 2000. 
Espero que se porten mejor que durante las negociaciones del GATT, en las que el Sr. Brittan no dejó más que grandes recuerdos. 
Pero estamos algo preocupados, debido a la articulación de todas las zonas de libre comercio. 
Luego, este gran y bello proyecto de la apertura al Este, a pesar de que tememos que nuestros amigos polacos o húngaros se embarquen en nuestra galera. 
Luego, los problemas más técnicos, evidentemente, debido a todos los racionamientos que usted ha establecido, gran preocupación acerca de la salud. 
En cuanto al balance, señor Santer, no insistiré. 
A fin de cuentas, usted sólo viene después de muchos otros. 
Pero a pesar de todo, ahí están esos dieciocho millones de parados. 
Esos niños, según he leído en la prensa, quinientos mil niños británicos menores de doce años que se ven obligados a trabajar. 
Nos recuerdan a Los Miserables de Victor Hugo. 
Por último, ahí están esos cincuenta millones de excluidos y además usted dedica una gran parte de su programa de trabajo, el punto 3, siempre a esta cuestión lancinante del empleo. 
Señor Santer, yo creo que si usted quisiera reflexionar sobre los errores filosóficos, desde el inicio de la Comisión, desde los años cincuenta, podría encontrar el buen camino. 
El error filosófico proviene del maltusianismo. 
En el fondo, su ideología predominante es la del Club de Roma de los años sesenta. 
Cuando hay un problema, usted lo resuelve de manera negativa. 
¿El carbón? 
Se cierran las minas. 
¿El acero? 
Se cierran las acerías. 
Luego se trae de Vietnam o de Tailandia. 
¿Los astilleros? 
Se cierran los astilleros. 
¿Los terneros pequeños? 
En cada ocasión, usted sucumbe al vértigo de la nada. 
Siempre, la política europea es una política maltusiana. 
Y así, hasta los aspectos más técnicos, como el pacto de estabilidad presupuestaria, que es un pacto de racionamiento presupuestario. 
Su ideología es que al gran banquete de la humanidad europea no se puede invitar a muchos y, por consiguiente, hay que racionar, racionar las devoluciones, racionar la protección social, racionar las ayudas, racionar la salud. 
Eso produce las consecuencias que están a la vista. 
Oh, si usted ejerciera otra política que se guiara por una filosofía distinta, que se guiara por la filosofía de la vida, la creencia de que la vida es bella, que el mañana es portador de futuro, que hay cosas que van más allá y que a fuerza de limitarse, de impedir el desarrollo, se llega a la situación actual. 
Oh, si usted quisiera ocuparse de las causas, el paro. 
El paro no es cosa de Dios ni del diablo, es la apertura irrazonable de las fronteras, la sobrefiscalidad, la carrera desenfrenada hacia la hiperproductividad, eso es lo que ha traído el paro... 
Y si Europa quisiera ser europea. 
Por ejemplo, en materia de política europea de seguridad común, si dejáramos de alinearnos detrás de los Estados Unidos: derechos humanos, Iraq y los niños iraquíes, por ejemplo. 
Europa se humilla, se contradice, cuando transforma a Iraq en un campo de concentración de dieciocho millones de habitantes que están a punto de morir, sin que levantemos la voz contra el Sr. Clinton y contra los Estados Unidos. 
En el plano de la financiación- puesto que todo se reduce a las finanzas -, el Sr. Monti nos propone cosas banales, la fiscalidad, el ahorro. 
Oh, si usted tuviera una gran ambición fiscal. 
Aligerar la carga fiscal de Europa, prever una especie de constitución fiscal de Europa con un límite máximo de deducciones obligatorias para liberar las energías. 
Luego, usted tiene todo su programa sobre la financiación europea bien con unos recursos sobre el PNB que sustituiría todo, sea la nivelación o la cofinanciación de los gastos- por otra parte, por error, tras haber estado en contra de la cofinanciación, por error material, mi Grupo no ha votado a favor de la cofinanciación... 
Oh, si usted tuviera una gran ambición, señor Santer, una gran ambición y una Europa europea- no somos antieuropeos estúpidos como usted piensa -, si tuviera la gran ambición de una Europa europea, de una Europa que deje de ser maltusiana y quiera tender puentes hacia el futuro y que sea ella misma, entonces podríamos reunirnos, señor Santer. 
Es el milagro de la Navidad. 
Presidente, en mi intervención quiero relacionar en primer lugar el programa de trabajo del próximo año con los resultados de la cumbre del fin de semana pasado. 
Si uno se ocupa del empleo, como yo he hecho, en los últimos años sobre todo, entonces la primera impresión cuando se leen las conclusiones es que tendría que estar extraordinariamente satisfecho porque, me parece, nunca he leído unas conclusiones con tantas páginas dedicadas al tema del empleo. 
Sin embargo, pocas veces he leído tantas páginas tan poco concretas cuando se trata del empleo. 
Por lo tanto, creo que una de las principales tareas de la Comisión Europea es mantener la Unión en el rumbo de un proceso como el que desarrollamos el año pasado en Luxemburgo. 
Veo como una de las principales tareas de la Comisión mantener el rumbo del «benchmarking» y de los objetivos concretos. 
Un rumbo que por otra parte, ha sido abandonado en mayor o menor medida por ella misma en sus propuestas. Lo lamento pero espero que se pueda mejorar el próximo año. 
Un objetivo importante para el año que viene, y esto podría ser muy importante para las próximas generaciones, es el desarrollo de una coordinación eficaz de la política económica y de la política de empleo en las que estén implicados los diferentes interlocutores. 
Me puedo imaginar que queda un largo proceso por culminar pero sí espero que esto tome cuerpo con anterioridad a la cumbre bajo Presidencia alemana. 
Ahora que por fin hemos logrado hacer del empleo una prioridad absoluta, tengo la sensación de que es la única en el ámbito social. 
Pero el empleo no es ni puede ser la única salvación. 
La política social es más que la política de empleo. 
La integración social, la lucha contra la pobreza, ahora incorporada como pauta de los programas de acción nacionales, son también políticas salariales. 
Es muy bonito hablar de empleo y de pobreza pero hablar de la lucha contra la pobreza sin, por ejemplo, integrar un mínimo de la política salarial, significa realmente que la política no tiene una base y espero que la Comisión consiga presentar unas propuestas también en ese ámbito, la política social es también desarrollar una legislación y me parece que en ese aspecto la Comisión ha sido demasiado discreta los años anteriores. 
Quisiera pedir que se ponga la convergencia de la protección social también en un lugar más prioritario en la agenda del próximo año y también que se vea si el sistema que hemos desarrollado para la estrategia de empleo, es decir el preparar el camino hacia adelante a través de «benchmarking» y «targets» concretos, ver si esto no sería también un buen camino en el caso de la convergencia social. 
En cuanto a la protección social nos hemos movido durante demasiado tiempo en un nivel desalentador de niveles mínimos de protección y directivas mínimas, lo que sobre todo en países con un sistema bastante desarrollado era muchas veces dificilísimo de defender. 
Espero que podamos continuar el proceso de la política de empleo, un camino hacia adelante basado en «benchmarking» y objetivos. 
Le deseo mucha suerte. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, usted ha dicho que ha puesto en marcha un amplio programa en la Comisión para el próximo año. 
Es bueno que así sea, pues no sólo se trata del último año del presente período legislativo, sino probablemente también del más importante, a la vista de los retos con los que se enfrenta la Unión Europea y por consiguiente también la Comisión. 
La dinámica europea está en juego aquí, como ha afirmado usted con razón, y serán necesarios todos nuestros esfuerzos para que esta dinámica europea dé realmente algún fruto. 
La Comisión tiene asegurada la colaboración del Parlamento Europeo precisamente en este importante ámbito si por su parte la busca y, sobre todo, si concede al Parlamento Europeo las posibilidades jurídicas, que sólo nos otorgará definitivamente el Tratado de Amsterdam, en relación con las decisiones sobre las importantes reformas en el marco de la Agenda 2000, en la política agraria, en la política estructural y también en lo que se refiere a las decisiones financieras. 
Otro punto importante es la transposición de la cooperación económica transatlántica. 
Este es un tema que se plantea repetidamente, pero en relación con el cual es preciso que en el futuro, el año próximo y en los años siguientes, se avance algo más y no se vuelva a repetir simplemente lo que de hecho sucede con demasiada frecuencia, o sea, un bloqueo mutuo por pequeñas discrepancias sobre temas relativamente poco importantes, léase los plátanos. 
Paso ahora al tercer y último punto, y a mi parecer el más importante: usted ha comentado que la Comisión debe poner orden en su casa. 
Esta mañana, en el debate sobre la aprobación de la gestión, se ha expresado la voluntad de esta Asamblea de proponer a la Comisión Europea una tarea particularmente importante en este contexto, en la línea de una mayor integridad. 
Es preciso que se demuestre que se aplica un nuevo procedimiento, distinto del que se ha seguido con demasiada frecuencia en el pasado, tanto en el proceso de selección como en el nombramiento para los puestos directivos. 
La palabra clave, transparencia, no debe quedarse sólo en una mera palabra, sino que también se tiene que poner en práctica. 
Finalmente, un último punto que no es posible dejar de lado: sería importante que la Comisión también se propusiera sancionar directamente cuando sea necesario la responsabilidad individual de los Comisarios en determinados casos. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, yo voy a limitarme en mi intervención a la política de transportes y al programa de trabajo de la Comisión para 1999 en este ámbito. 
Ante todo, yo quisiera señalar que todavía recuerdo muy bien el período anterior al nombramiento de esta Comisión, en 1994/95, cuando la actual Comisión prácticamente juró que siempre escucharía al Parlamento. 
A continuación quisiera recordárselo en relación con dos puntos. 
Concretamente, quiero pedirles que no lleven adelante dos propuestas que figuran en el programa de trabajo para 1999. 
En el ámbito de la política de transporte, la Comisión, concretamente el colega Kinnock, se propone presentar una propuesta de directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios. 
La Comisión de Transportes y Turismo aprobó por unanimidad, en mi informe sobre el Libro verde sobre los puertos marítimos, que en estos momentos no es en absoluto necesaria una iniciativa legislativa de ese tipo. 
Sería preferible que la Comisión hiciese uso de sus competencias en el marco de la regulación de las subvenciones y la competencia para facilitar y hacer posible el acceso al mercado en caso de dificultades. 
Pero no deseamos en absoluto una iniciativa legislativa. 
En segundo lugar, la Comisión se propone elaborar un Libro blanco sobre las redes transeuropeas de transporte. 
¡No lo necesitamos, señor Presidente de la Comisión! 
No necesitamos una nueva base general de discusión, sino una propuesta concreta de modificación de las directrices adoptadas por el Parlamento y el Consejo en 1996, tal como se expresa en el artículo 21. 
Éste dice que en 1999 se presentará una propuesta de revisión, no un Libro blanco. 
Yo comprendo que, debido a las nuevas elecciones para el Parlamento y al nuevo nombramiento de la Comisión, no se desee presentar una nueva propuesta en relación con las redes transeuropeas. 
Sin embargo, en ese caso, tampoco es necesario que el Parlamento tenga que ocuparse de un Libro blanco superfluo. 
Sería preferible que anunciaran la presentación de una propuesta legislativa muy concreta para el año 2000. 
Señor Presidente de la Comisión, quizá debería hablar usted con el colega Kinnock, pues si ambos órganos, el Consejo y el Parlamento, no desean que se presente una propuesta legislativa, ¿por qué habría de elaborar una la Comisión? 
¡Podrían ahorrarse mucho tiempo si escuchasen previamente la opinión del Parlamento! 
Señor Comisario, Señorías, el Derecho económico privado de los Estados miembros de la Unión está cada vez más sujeto a la influencia de la legislación europea. 
Podemos citar ejemplos actuales en este sentido en los ámbitos de la responsabilidad por el producto, la garantía de los bienes de consumo y la demora en los pagos. 
La labor que ha realizado hasta ahora la Unión en el ámbito del Derecho privado se ha caracterizado hasta el momento por la multiplicidad de proyectos individuales de este tipo. 
La Comisión debería plantearse si esta vía de la multiplicidad de pequeños pasos aislados sigue siendo realmente la más adecuada para el futuro. 
Evidentemente, la Unión suele seguir habitualmente el procedimiento de regular ámbitos individuales concretos en el momento en que esto resulta necesario y también puede contar con la mayoría necesaria. 
Sin embargo, este proceder no contribuye necesariamente a reforzar la confianza de los ciudadanos, ya que éstos por fuerza han de interpretarlo como una socavación paulatina, por la puerta trasera, por decirlo así, de su Derecho nacional privado. 
Falta un sistema visible, un marco sistemático visible, que inspire confianza. 
Por lo tanto, se repiten continuamente, con razón, las quejas contra la falta de coherencia de la armonización del Derecho privado europeo. 
La Comisión debería desarrollar, por consiguiente, antes de emprender nuevas iniciativas aisladas, un proyecto explícito, pero que a la vez también responda a unos principios básicos susceptibles de consenso, con vistas a la adopción de un Derecho privado comunitario. 
Es preciso retomar el debate impulsado por la llamada Comisión Lando e incorporarlo a los trabajos en curso de la Comisión; de lo contrario no cabe esperar que la labor legislativa europea obtenga aceptación. 
Señor Presidente de la Comisión, sin lugar a dudas su programa se mueve en la dirección correcta: es un programa ambicioso que afronta los problemas que se nos van a plantear en los próximos años. 
Sin embargo, para poder ser realizadas, las ambiciones, así como las buenas intenciones precisan un clima político y algunas condiciones generales que, en mi opinión, no existen en este momento y que la Comisión debería preocuparse de implementar. 
¿Cómo se puede pensar en afrontar el problema de una mayor cohesión con menos recursos? 
¿Cómo es posible hacer frente al problema de la mejora de la política agrícola con una propuesta que, en realidad, destruye lo bueno que existe? 
¿Cómo es posible pensar en que, por ejemplo, el buen vino que se produce en las colinas de Europa se deba sustituir por la chaptalización de los centros de elaboración químicos? 
El discurso podría continuar. 
Existen algunos rebrotes de egoísmo nacional que no prometen nada bueno y que la Comisión, en su calidad de Gobierno de Europa, debería tratar de contrarrestar con gran determinación y coraje. 
El problema del desempleo reviste una importancia fundamental y no creo que se pueda afrontar sólo con medidas financieras y medidas de carácter administrativo, por más que sean flexibles. 
Un aspecto central debe ser el que atañe a la investigación científica, la innovación y la transformación de los sistemas culturales y formativos que suponen una gran apuesta de cara al futuro. 
Para poder conseguir estos objetivos no solo hace falta transferir tecnologías a las pequeñas y medianas empresas, sino también disponer de grandes proyectos, ya que sólo con grandes proyectos es posible transformar, innovar e impulsar la investigación científica e innovadora dentro de Europa. 
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de los oradores que han intervenido en el debate y han contribuido con ello al enriquecimiento del programa de acción de la Comisión para el año 1999. 
Evidentemente no responderé in extenso a todas las cuestiones planteadas, pero no duden de que las transmitiré a mis colegas que se ocupan directamente de los ámbitos más concretos. 
Este debate se inscribe entre el debate que ha celebrado el Parlamento este mañana sobre la aprobación de la gestión y el que celebraremos mañana por la mañana sobre las conclusiones del Consejo Europeo de Viena. 
Ciertamente ya han soportado muchas en el curso del día. 
Quisiera, no obstante, limitarme a responder a algunos interrogantes, a algunas preguntas o precisiones que se han formulado. 
En primer lugar, pido disculpas a la Sra. Oomen-Ruijten por no haber insistido en el balance: ello se debe a que, deliberadamente, quería referirme más bien al futuro, es decir, situarme más bien en una perspectiva política. 
No obstante, con respecto al balance debo reconocer que por primer vez, y lo digo con cierto orgullo, puede que no siempre legítimo, pero con cierto orgullo a pesar de todo, debo reconocer, digo, que de nuestro programa de acción propuesto para el año 1998, de las 34 nuevas iniciativas legislativas de 1998, 30 han sido propuestas, o sea el 88 %. 
Las que no se hayan realizado a final de año serán, evidentemente, transferidas a 1999, que pasarán a unirse a las 26 del programa de 1999. 
No quisiera inundarles con cálculos estadísticos, pero tengo aquí todo el cuadro que permite ver cuáles son las iniciativas nuevas. 
30 de 34 han sido realizadas. 
Lanzamiento del debate: 14 han sido realizadas. 
Planes de acción y otras iniciativas: 29 han sido realizadas, etc. Dejo de lado este asunto. 
Puede que le interese a los funcionarios y secretarios de las comisiones. 
Pero no siempre interesa a los políticos. 
Por otra parte, quisiera confirmarles que la Comisión garantiza el seguimiento del programa legislativo. 
En el curso de este año he asistido a la Conferencia de Presidentes para presenciar la evaluación de los programas, y mi colega Oreja también ha asistido a la Conferencia de presidentes de comisión para tratar sobre los programas legislativos y el programa de trabajo. 
Pueden estar tranquilos de que tanto yo como mi colega Oreja, que es el responsable de las relaciones con el Parlamento Europeo, sin duda estaremos a su disposición siempre que nos lo soliciten, ya sea en la Conferencia de Presidentes o la Conferencia de presidentes de comisión. 
Creo que haremos todo lo posible para que este programa se ejecute, y ello por razones que ustedes conocen perfectamente, porque 1999 seguirá siendo un año importante. 
Algunos de ustedes han hecho referencia también a la cuestión de la reforma de la Comisión. 
Debo decirles que es un tema que me ha preocupado desde que asumí el cargo, porque cuando lo hice en enero de 1995, como les he dicho en múltiples ocasiones, constaté que en el seno de la Comisión existía un problema de gestión. 
He tenido sobre mi mesa algunos dossiers, como el dossier del turismo, por ejemplo. 
Es el motivo por el que, desde el inicio, hemos introducido una serie de iniciativas precisamente para dejar a la Comisión en condiciones de velar por los problemas de gestión. 
Es lo que denominamos- ya lo he dicho y no quiero volver sobre ello- la cuestión de la SEM 2000, Sound Economic Management, MAP 2000 y todo lo que ustedes quieran. 
Bajo la actual Comisión también hemos hecho operativa nuestra UCLAF, nuestro organismo antifraude. 
Había sido creada un poco antes, pero entró en funcionamiento con la actual Comisión. 
Quiero decirles y repetir una vez más que gracias a la UCLAF, gracias a nuestros propios servicios se descubrieron algunos elementos, sobre todo los casos de fraude. 
Lo que podemos reprocharnos es habernos convertido en víctimas de nuestra propia buena fe y, quizá, de nuestra ingenuidad. 
Porque los elementos que ahora aparecen en grandes titulares en todos los periódicos, los elementos que han desencadenado una serie de noticias- por otra parte, hay que hacer caso omiso de los euromitos que aparecen en los titulares de prensa, de los que yo desconfío y sé de lo que hablo -, son en efecto euromitos, aunque por otra parte son también hechos reales y son los hechos reales que nosotros hemos descubierto, precisamente porque queremos transparencia. 
Ya lo he dicho, queremos una lucha eficaz contra el fraude. 
Ustedes han podido comprobar que en todos los dossiers que contienen un elemento de fraude hemos sacado todas las consecuencias, a la vez, todas las consecuencias disciplinarias para los funcionarios y también todas las consecuencias judiciales en el caso de los dossiers que, por otra parte, están sub judice en estos momentos, ya sea el turismo, ECHO y otros. 
Pues bien, todos estos dossiers se remontan a los años 1990, 1992 y 1993, o sea, como decía hace un momento, a la época en que la Comisión recibió una serie de nuevas funciones, a pesar de que la intendencia no estaba capacitada para mantener el ritmo, no estaba en condiciones de hacer un seguimiento de estas operaciones, de hacer un seguimiento de los fondos cuya gestión le había sido confiada. 
Figúrense que la Oficina Humanitaria, ECHO, disponía en 1993 de 38 agentes para la gestión de un presupuesto de 100 millones de ecus anuales en unas condiciones muy difíciles. 
Ustedes saben cómo funcionan los voluntarios de nuestras ONG, ya sea en Ruanda, la región de los Grandes Lagos, Bosnia, China o Corea del Norte, etc. A veces, las reglas de contabilidad, tal y como las conocemos actualmente o en las relaciones con nuestros diferentes Tribunales de Cuentas, no siempre son aplicables de la misma manera. 
Por eso considero fundamental que hayamos hecho una evaluación de todas las Direcciones Generales y hayamos sacado una serie de consecuencias que, por otra parte, están a punto de comenzar a dar frutos. 
Les aseguro que queremos que esta Comisión haga el trabajo de fondo, que saquemos todas las consecuencias para que la nueva Comisión, en el año 2000, tenga a su disposición una serie de instrumentos con los que poder trabajar. 
Esto es asimismo importante en la medida en que- creo que ha sido el Sr. Rack o el Sr. Desama, no estoy muy seguro, que ha planteado la cuestión- se trata de la responsabilidad individual de los Comisarios. 
En estos momentos éste no es el caso. 
La Comisión funciona como colegio. 
La Comisión tiene por tanto una responsabilidad colectiva respecto al Parlamento. 
Pero en el marco del nuevo Tratado de Amsterdam, el Presidente de la Comisión tendrá una posición completamente diferente de la actual. 
Definirá la política de la Comisión y ello tendrá consecuencias en lo que respecta, en primer lugar, al nombramiento de los Comisarios, que sólo podrán ser nombrados con la aprobación, con el consentimiento del Presidente, mientras que en la actualidad basta con una consulta. 
A continuación, en virtud de las disposiciones del Tratado y de su protocolo, el Presidente podrá hacer la repartición de las carteras según su propio criterio y podrá también, en su caso, modificar dicha distribución durante la legislatura. 
Por consiguiente, con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam cambiará la posición del Presidente, se verá reforzada, y así será el Presidente el que lleve la voz cantante y ejerza su autoridad sobre la Comisión, mientras que ahora no la tiene ni puede tenerla, habida cuenta de que las reglas institucionales no le dan esta posibilidad. 
Por tanto, teniendo en cuenta el conjunto de este arreglo, el esfuerzo que en estos momentos estamos haciendo para introducir las modificaciones necesarias, la transparencia que queremos garantizar con la ayuda del Parlamento, sin la cual fracasaríamos, habida cuenta de que somos responsables ante el Parlamento, estoy seguro de que encontraremos los medios para remediar algunas situaciones de las que, quizá con razón, el Parlamento nos acusa actualmente. 
En lo que respecta a las preguntas formuladas en este sentido, como acertadamente ha dicho la Sra. Oomen-Ruijten, lo importante son los códigos de conducta, que se encuentran en fase de elaboración y algunos de los cuales ya han alcanzado la fase final. 
No hemos esperado a las disposiciones sobre la aprobación de la gestión. 
Los trabajos se iniciaron hace ya algunos años y son fundamentales para garantizar dicha transparencia. 
Evidentemente, queda por ver cómo se efectuará la vigilancia de esta transparencia. 
Ciertamente existen posibilidades para hacerlo. 
Existen propuestas sobre el acceso a los documentos de las instituciones. 
Existe asimismo una propuesta sobre la protección de los datos personales. 
Todo ello debe ser analizado en su conjunto. 
Me quedo aquí, porque ustedes ya han debatido largamente esta mañana sobre el tema. 
Ni que decir tiene que nuestro programa de acción para 1999 se sitúa en la línea política trazada. 
En este sentido, de las diferentes intervenciones surge un amplio acuerdo que permite determinar los puntos importantes que definirán nuestra acción y la acción política del Parlamento durante el año 1999. 
Se trata fundamentalmente de la Agenda 2000. 
Estoy de acuerdo con todos los que han dicho- como hice yo en el Consejo Europeo de Viena y como volveré a hacer mañana por la mañana, cuando debatamos sobre ello- que si a finales de marzo no existe acuerdo sobre la Agenda 2000, señoras y señores, no habrá ampliación. 
Y en ese caso, la acción de nuestra Comunidad se verá seriamente hipotecada. 
Nos sobrevendrá una crisis y en unos momentos en que necesitamos que Europa sea fuerte, porque deberá hacer frente a las dudas respecto a su credibilidad, y estoy seguro de que todo ello repercutirá sobre la gestión del euro. 
No debemos subestimar todos los esfuerzos que quedan por hacer para alcanzar un acuerdo sobre la Agenda 2000. 
La Comisión ha colocado todas sus cartas sobre la mesa para que la negociación permita resolver el conjunto de los problemas. 
Por favor, como dije anteayer a los Estados miembros en Viena, dejemos de parapetarnos tras nuestras posiciones de principio y comencemos a entrever los ámbitos en los que existe la posibilidad de negociación, en los que puede alcanzarse un acuerdo, en los que puede establecerse un compromiso. 
Persisto en mi opinión de que existe la voluntad política, y me alegra enormemente haber constatado que está ahí. 
Nuestros Jefes de Estado y de Gobierno fueron unánimes en Viena en su reconocimiento de la necesidad de que este asunto quede zanjado antes de finales de marzo de 1999, pero para alcanzar un acuerdo definitivo, todos deberán estar dispuestos, naturalmente, a colocar todo sobre la mesa y no parapetarse tras los acervos que actualmente ya no se justifican. 
Por tanto, estoy de acuerdo con ustedes cuando afirman que antes de la próxima ampliación debe llevarse a cabo una reforma institucional en profundidad. 
Si han leído nuestra Agenda 2000, habrán podido comprobar en dicho documento que la Comisión propone una nueva Conferencia Internacional. 
No obstante, habrá que esperar a la ratificación y a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, y no entorpecer ahora, quizá con nuevas propuestas, dicha ratificación en este o aquel país que pueda ser más sensible a las cuestiones institucionales. 
Es cuestión de tiempo, pero estoy de acuerdo con los que han dicho que una vez que el Tratado sea ratificado y entre en vigor, deberemos presentar propuestas para profundizar más en las reformas institucionales. 
Algunos han preguntado cuál es la actitud de la Unión Europea, y más particularmente de la Comisión, respecto al fenómeno de la mundialización. 
No es posible desarrollar el conjunto de los problemas en unas cuantas palabras, pero hemos presentado una comunicación al Consejo Europeo sobre la mundialización. 
Es un documento que considero muy interesante; analiza el fenómeno de la mundialización y además proporciona las respuestas de la Unión Europea a dicho fenómeno. 
Les invito a leerlo, en él encontrarán la respuesta que da la Comisión a estos problemas. 
No tenemos ningún motivo para sufrir por la mundialización, a pesar de que es un hecho consumado, y debemos reaccionar, sacar las conclusiones necesarias y ser protagonistas de este hecho en el panorama internacional. 
Por ello es tan importante que la Unión Europea esté presente a nivel internacional y que saque conclusiones políticas propias de su dimensión económica para reafirmarse de cara al resto del mundo. 
Otros oradores han formulado preguntas más precisas respecto a las zonas periféricas. 
Algunos oradores, creo que ha sido el Sr. Medina y también otro colega, han hablado de estas regiones ultraperiféricas. 
Puedo garantizarles sencillamente que la Comisión está preparando la entrada en vigor del nuevo artículo 299 de Amsterdam. 
Un grupo de trabajo interservicios está trabajando en ello. 
En estos momentos está haciendo balance y prepara un programa de cara al futuro. 
Sobre esta base y una vez ratificado el Tratado de Amsterdam, convocaré una reunión sobre asociación con las regiones y los Estados interesados para organizar juntos el futuro, la puesta en marcha del nuevo estatuto de dichas regiones, en este caso, del artículo 299. 
Otros oradores han intervenido a propósito del medio ambiente. 
Hemos presentado una serie de propuestas en este sentido y debemos trabajar en ellas. 
Esto es asimismo válido para otras iniciativas que han sido solicitadas, sobre todo- estoy completamente de acuerdo sobre este punto- para nuestras relaciones exteriores, y más especialmente la Asociación Económica Transatlántica que debemos desarrollar. 
Es cierto, el contencioso comercial se ha agravado últimamente, pero no debemos centrarnos exclusivamente en los problemas. 
Debemos preguntarnos cuál es la esencia de nuestra cooperación con los Estados Unidos de América y examinar posibilidades que nos permitan superar las dificultades que pueden estorbarnos en estos momentos, porque somos asociados. 
Nuestras relaciones están relativamente equilibradas, tanto en lo relativo a nuestro comercio, como a las inversiones directas en el mundo. 
En consecuencia, nos interesa desarrollar un diálogo político. 
El viernes 18 de diciembre se celebrará una cumbre en Washington entre el Presidente Clinton y el Presidente Klima. 
Ciertamente se examinará la marcha de las relaciones transatlánticas. 
El tercer punto evocado es relativo, evidentemente, al empleo. 
Comparto plenamente la idea de aquellos que afirman que debemos seguir adelante y consolidar el proceso y la estrategia definidos en Luxemburgo. 
El primer intento ya ha dado sus frutos. 
Mañana, es decir, el año próximo, los programas de acción nacionales serán evaluados sobre la base de las 19 líneas de orientación, al tiempo que son ajustados y adaptados. 
A partir de ahí, vamos a perfeccionar asimismo este proceso. 
Espina dorsal del Pacto Europeo en favor del empleo- ustedes saben hasta qué punto estoy a favor de semejante iniciativa, puesto que en enero de 1996 lancé un Pacto de confianza en favor del empleo, precursor del pacto actual -, deberá quedar el proceso y la estrategia tal y como fue definida en Luxemburgo, aunque haya que ampliarla y dar más consistencia a dicha estrategia. 
Asimismo me complace enormemente- mañana tendremos ocasión de debatir sobre Asuntos de Interior y Justicia- que la idea de convocar un Consejo Europeo extraordinario «Asuntos de Interior y Justicia» , que lancé ante el Parlamento, haya sido retomada por el Consejo Europeo. 
Creo que estos ámbitos no deben ser patrimonio de los ministros de Justicia y de Asuntos de Interior. 
Son temas muy delicados que deben depender de los Jefes de Estado y de Gobierno, que deberán asumir sus responsabilidades. 
Esto es todo, señoras y señores, no los retendré más tiempo. 
Solamente quisiera decirles, y en particular a aquellos que quizá se han mostrado más pesimistas, que constato que el entorno internacional ha experimentado fuertes cambios desde enero de 1995, cuando la Comisión asumió sus funciones. 
Por aquel entonces reinaba en Europa un ambiente de melancolía; el paro crecía. 
Pronto, en cambio, la entrada en vigor del euro, el 1 de enero de 1999, dará a la Unión Europea una nueva dinámica, situándola asimismo en una posición distinta en sus relaciones internacionales en los ámbitos económico, monetario y político. 
El paro está bajando. 
Por primera vez, la curva del paro ha descendido por debajo del 10 % y ha alcanzado el nivel de 1992. 
Ni que decir tiene que la tasa de desempleo sigue siendo demasiado alta y ése es el motivo por el que aplicamos esta estrategia en favor del empleo. 
Debemos consolidarla y seguirla. 
A pesar de todo, el año pasado creamos 1.700.000 nuevos puestos de trabajo, algo que no sucedía desde hace cinco años, y creo que debemos trabajar sobre esta base. 
Me siento muy esperanzado, porque, como publicó hace unos meses un periódico norteamericano que no se destaca precisamente por ser demasiado eurófilo, Europe is back. 
Por eso, por favor, continuemos por esta vía y no nos dejemos desviar por otras aspiraciones. 
Gracias, señor Presidente de la Comisión. 
He recibido seis propuestas de resolución, presentadas con arreglo al apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Señor Presidente, pedí la palabra anteriormente, pero nadie miraba hacia aquí. 
Me gustaría saber cuál es el motivo de que vayamos tan retrasados con respecto a nuestro horario. 
Me han dicho que el informe del Sr. Metten sería debatido a eso de las cuatro. 
Me gustaría saber a qué hora se va a proceder a su debate. 
¿Cuál es la razón de que llevemos de retraso dos informes completos con respecto a nuestro horario? 
Señoría, si usted examina el orden del día, verá que, con cinco minutos de retraso, lo que iniciamos es el turno de preguntas a la Comisión. 
Como usted sabe muy bien, el debate de los informes sufre a veces un cierto retraso, pero lo que no podemos hacer es retrasar las preguntas a la Comisión. 
En este momento yo no puedo darle respuesta a su pregunta. 
Lo único que puedo decirle es que, en este momento, lo que corresponde es iniciar el turno de preguntas a la Comisión. 
Ahora bien, puedo informarle complementariamente de que el informe del Sr. Metten será debatido a partir de las 21.00 horas. 
Por lo tanto, señora Sandberg-Fries, sepa usted que en la sesión de esta noche, a partir de las 21.00 horas, tendrá lugar el debate del informe del Sr. Metten. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0713/98). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas 46 y 47 decaen. 
Pregunta nº 48 formulada por Brian Crowley (H-1146/98): 
Asunto: Sistemas informáticos y el año 2000 
A tan sólo un año del 2000, los preparativos de cara al mismo en el ámbito de la informática distan mucho de haber concluido. 
En septiembre de 1998, la OCDE señalaba que «mientras que la concienciación ha aumentado, el número de soluciones al problema sigue resultando desalentador, el problema sigue subestimándose... Especialmente preocupante resulta el nivel de preparación de las industrias sanitarias, las pequeñas empresas y ciertos sectores de la Administración». 
Otras fuentes parecen sugerir que los especialistas autónomos en software están introduciendo tantos errores como los que subsanan mientras ponen a punto los sistemas informáticos de cara al nuevo milenio (Financial Times de 26 de noviembre de 1998). 
¿Podría indicar la Comisión cuál es en su opinión del estado de preparación de la UE para la transición al año 2000 en los ámbitos previamente citados, así como en las industrias del transporte, de la energía nuclear, de la banca y de las telecomunicaciones? 
¿Cuál es su reacción a la opinión de que «a medida que se aproxime el año 2000, empezarán a manifestarse con más frecuencia los primeros fallos del sistema informático, simplemente porque, por lo general, los sistemas informáticos están programados para adelantarse en lo que se refiere a previsiones de ventas, pedidos y otras funciones empresariales» (Suplemento del Financial Times de 2 de diciembre de 1998)? 
Señor Presidente, la Comisión ya hace años que llamó la atención sobre este problema. 
Además de crear grupos de trabajo en los Estados miembros, también advertimos a las empresas y las administraciones por diversos medios, a través de nuestros servicios, de la necesidad de que se preparasen para hacer frente a estos problemas técnicos. 
Por consiguiente, hemos hecho realmente todo lo posible. 
Entre tanto también se han desarrollado soluciones para los diferentes equipos informáticos, que permiten solventar plenamente el problema. 
Sin embargo, todavía no se presta suficiente atención a este problema y la Comisión ha dirigido por este motivo una nueva comunicación al Consejo Europeo. 
En dicha comunicación indicábamos una vez más lo que se puede hacer en el ámbito de las administraciones públicas y las medidas adicionales que es preciso adoptar para que los afectados de la industria privada se hagan cargo del problema. 
En la industria privada todavía no existe suficiente conciencia al respecto. 
Yo tampoco sé el motivo, pues en realidad todos deberían saber que ellos mismos serán los más afectados si no adoptan las medidas necesarias. 
Su Señoría debe comprender que nosotros sólo podemos actuar en lo que nos afecta. 
Los Estados miembros sólo pueden actuar en lo que se refiere a su administración pública. 
No podemos acudir a cada empresa e instalar el software necesario para resolver el problema. 
Por otro lado, tampoco hay que exagerar. 
Yo he leído o oído que alguien está considerando la idea de acumular reservas de alimentos para hacer frente al problema del año 2000. 
Aunque esta propuesta pudiera resultarle atractiva a la Comisión desde el punto de vista de la política agrícola, sin embargo sería desde luego una exageración. 
Quisiera agradecer al Comisario su respuesta: comprendo lo difícil que le resulta hablar sobre esta cuestión cuando tanto depende de las medidas adoptadas por otras personas y otras instituciones. 
Sin embargo, el pasado fin de semana el Gobierno británico aconsejó al público que hicieran provisión de alimentos en relación con el efecto del año 2000. 
Además, con la introducción de la moneda única el año próximo y el cambio en los mercados financieros y otras situaciones similares, existe un gran temor, y peligro, entre los Estados miembros, los particulares y las instituciones, a que no se haya llevado a cabo toda la labor necesaria. 
Quisiera preguntar al Comisario si, dentro de su ámbito de competencia, ha presentado códigos de proceder idóneo que deban adoptar los Estados miembros o las pequeñas y medianas empresas, en particular si tenemos en cuenta que en su resolución final el Consejo de Viena insistió en particular en ayudar a las pequeñas y medianas empresas con vistas al cambio en el año 2000. 
Mucho me temo, señor Crowley, que un código de conducta, a menos que consista en declaraciones muy generales, no serviría de gran cosa, dado que los sistemas son muy distintos. 
Los equipos son muy distintos. 
Las diferentes empresas trabajan con sistemas informáticos muy distintos. 
Es lógico que la adaptación de los sistemas más modernos sea más sencilla. 
Repito: no hemos empezado a trabajar ahora en este tema, sino desde hace ya cuatro años. Entonces también constatamos que es imposible- o en cualquier caso muy caro- renovar todos los equipos. 
Por consiguiente, insistimos- y nuestros programas de investigación también apoyaron los proyectos en este sentido- en la necesidad de que se desarrollara un nuevo software, compatible con los equipos existentes y que pudiera instalarse en los mismos, para superar el problema del año 2000. 
Lo cual significa, en primer lugar, que existen soluciones y, en segundo lugar, que estas soluciones son caras, y esta es probablemente la dificultad principal, ya que cualquiera que esté al corriente de dicho problema, puede instalar el software y superar el problema del año 2000, pero esto le costará dinero. 
Hay muchas pequeñas y medianas empresas que posiblemente confían en que lograrán salir del paso de algún modo sin tener que gastar ese dinero. 
Entre tanto he leído anuncios de empresas aseguradoras que se muestran dispuestas a asegurar, bajo determinadas condiciones, contra los daños causados por un fallo, o sea, que incluso en este ámbito están surgiendo ofertas. 
No se puede hacer nada más. 
Nos encontramos ante un fenómeno en el que las administraciones públicas pueden actuar hasta un cierto límite, pero luego son las propias personas quienes deben reaccionar. 
Si no lo hacen, las administraciones no pueden reaccionar por ellas. 
Todo el mundo sabe o debería saber que existe un problema y que hay soluciones para el mismo. 
Cualquiera puede informarse directamente sobre la manera de resolverlo a través de las empresas con las que trabaja. 
Evidentemente, tanto nosotros como los Estados miembros hemos adoptado las medidas correspondientes. 
Francamente, no podemos hacer más. 
Aunque las sugerencias procedan del Gobierno británico- que me merece el máximo respeto -, la acumulación de reservas de alimentos en realidad sólo beneficiará a la política agrícola europea, aunque quizá esto ya sería mucho. 
Pregunta nº 49 formulada por Graham R. Watson (H-1158/98): 
Asunto: Protección de los menores que participan en intercambios en el extranjero contra los abusos 
Los menores de 18 años representan un 20 % del mercado mundial del turismo. 
Se estima que en 1998 cuatro millones de turistas europeos serán visitantes de menos de 18 años, de los cuales al menos un millón serán visitantes que participarán en estancias independientes organizadas por escuelas de lenguas extranjeras y actividades diversas. 
¿Reconoce la Comisión que en toda Europa este sector está casi totalmente sin regular? 
¿Va la Comisión, por consiguiente, a reflexionar sobre la mejor manera posible de luchar contra los abusos contra los menores en este sector y a considerar cuidadosamente la posibilidad de fomentar un código de conducta a escala europea? 
Doy la bienvenida al Comisario Sr. Monti y le invito a que responda a la pregunta formulada por el Sr. Watson. 
La Comisión es consciente de la importancia que reviste el turismo juvenil y de las ventajas que ofrece para la formación de los jóvenes que lo practican, así como de las actividades económicas del sector turístico en general. 
Asimismo la Comisión es consciente de las preocupaciones, expresadas al menos en un Estado miembro, por el escaso control de las actividades de quien organiza viajes anuales al extranjero para un gran número de jóvenes deseosos de realizar cursos de lengua extranjera y otras actividades, especialmente en lo que a la seguridad personal de los participantes se refiere. 
Con vistas a la adopción de un nuevo programa comunitario en materia de turismo, cabría la posibilidad de examinar esta cuestión en el contexto de las actividades orientadas a establecer y difundir las mejores prácticas, sobre todo porque, presumiblemente, muchas organizaciones, personas y autoridades responsables han adoptado válidas medidas de protección en este sector. 
En el ámbito de programa DAPHNE que apoya a las organizaciones no gubernamentales en la lucha contra la violencia contra los niños y los jóvenes, la Comisión fomenta la creación de líneas telefónicas de ayuda en todos los Estados miembros que faciliten consejos e informaciones útiles a los jóvenes que se encuentran en dificultades y que les presten asistencia cuando viajan al extranjero. 
Por otra parte, en lo que atañe a los aspectos normativos, la Comisión desea señalar que estos últimos incumben a las autoridades responsables de los Estados miembros. 
Quisiera preguntar al Comisario cuál es la situación a este respecto. 
La inmensa mayoría de los jóvenes que cruzan nuestras fronteras para asistir a cursos de idiomas disfrutan de una experiencia muy buena y su primera visita al extranjero es muy feliz. 
Para los pocos que no tienen suerte puede ser una pesadilla. 
No es el tipo de problema sobre el que queramos adoptar una actitud sensacionalista: desde luego, no queremos disuadir a los jóvenes o a sus padres de que aprovechen los beneficios de una Europa unida. 
Sin embargo, existen pruebas de la infiltración en este sector de delincuentes organizados y bandas organizadas de pedófilos y, como padre que soy yo mismo, me preocupan los peligros que ello entraña. 
Me complace mucho que la Comisión vaya a abordarlo mediante el nuevo programa sobre el turismo, pero, ¿no consideraría oportuno la Comisión hacer un estudio sobre cuál puede ser el alcance de ese problema y cómo se podría abordar eficazmente? 
La Comisión se toma muy en serio esta cuestión. 
Las cuestiones relativas a la seguridad de las personas y a las normas y procedimientos que deben observar los establecimientos educativos son competencia de los Estados miembros. 
No sería adecuado que la Comisión intentara ocuparse de ese aspecto. 
Lo mismo es aplicable a la cuestión de la cooperación judicial, si no se trata de una actividad delictiva organizada que abarque más de una jurisdicción. 
En sentido más optimista, si podemos lograr un acuerdo sobre un programa comunitario relativo al turismo, podríamos hacer alguna contribución en el marco del turismo juvenil, en caso de que se considere un sector prioritario para la acción de la Comunidad. 
De lo contrario, dada también la ausencia de apoyo presupuestario alguno, no existe la posibilidad de hacer una contribución al respecto. 
Sin embargo, existe una partida presupuestaria específica con observaciones asociadas que nos permite apoyar las gestiones de las organizaciones participantes en la campaña contra el turismo sexual infantil. 
Naturalmente, con ello se contribuye en parte a abordar el importante problema que Su Señoría tan acertadamente señala a nuestra atención. 
Pregunta nº 50 formulada por Angela Theodora Billingham (H-1062/98): 
Asunto: Monitores de esquí británicos en los Alpes franceses 
Parece que los Gobiernos del Reino Unido y de Francia no han alcanzado un consenso durante las dos series de reuniones bilaterales sobre el reconocimiento de las aptitudes de los monitores de esquí británicos en Francia, y que Francia no ha podido probar que existe una diferencia considerable entre el BASI Grade 1 Diploma que poseen los monitores británicos y el diploma francés Brevet d ' Etat que poseen los monitores franceses. 
A la luz de estos hechos, ¿tiene intención la Comisión Europea de intervenir para poner fin a la discriminación que sufren los monitores de esquí británicos y permitirles la enseñanza en los Alpes franceses? 
Señor Monti, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Billingham. 
La Comisión ya está trabajando para fomentar el diálogo bilateral entre las partes interesadas, a saber, BASI- British Association of Skiing Instructors- y las autoridades británicas, por un lado, y sus homólogas francesas, por otro, para tratar de alcanzar un acuerdo sobre los requisitos para el reconocimiento del diploma BASI-grade one en Francia. 
A finales del año 1997, se celebró en Bruselas la primera reunión entre BASI y las autoridades competentes francesas. 
A raíz de la iniciativa de la Comisión, se decidió crear un grupo de trabajo franco-británico, al objeto de examinar las cuestiones relativas a los sistemas de formación de ambos países. 
Hace pocas fechas, la Comisión fue informada de que dicho grupo presentó un informe. 
Sin embargo, las autoridades francesas y británicas han decidido de común acuerdo debatir dicho informe y remitir a continuación y en caso de ser posible sus conclusiones comunes a la Comisión. 
Como su Señoría comprenderá fácilmente, no sería oportuno para la Comisión anticipar el resultado de este proceso, antes de que el grupo de trabajo haga públicas sus conclusiones. 
Actualmente, por tanto, sólo puedo garantizar a su Señoría que la Comisión se está empleando a fondo para encontrar una solución a los problemas que están pendientes. 
Para conseguir este resultado, y en caso de ser posible, es necesario intensificar la cooperación entre los profesionales, sus asociaciones y las autoridades competentes interesadas. 
Al mismo tiempo, la Comisión es plenamente consciente de que ha de velar para que el Derecho comunitario se aplique correctamente en relación con las actividades deportivas y recreativas en las regiones alpinas. 
Quiero añadir que los contactos entre los principales interesados han permitido alcanzar un acuerdo sobre un considerable número de medidas prácticas que ya se han adoptado. 
Dichas medidas han dado lugar a sensibles mejoras respecto a la situación anterior y las partes interesadas merecen ser felicitadas por el trabajo realizado hasta el momento. 
La Comisión espera que en un futuro próximo puedan realizarse ulteriores progresos que valoricen los resultados alcanzados gracias al gran empeño de los responsables tanto franceses como británicos. 
Comisario, acojo con beneplácito su respuesta y le agradezco el trabajo que ha hecho, lo sé. 
Pero hay que decir que hasta ahora ni a un solo instructor de esquí británico se le ha permitido trabajar en los Alpes franceses. 
Hace dos años y medio que hablamos de esto por primera vez en la Asamblea y me aseguró usted que los instructores de esquí franceses permitirían trabajar a los británicos aquel año. 
Dos años después, nada se ha hecho. 
¡Se trata de una situación absolutamente desastrosa! 
Hay una novedad al respecto; una escuela francesa de esquí ha intentado dar trabajo a 15 instructores de esquí británicos y se le ha impedido. 
Ella misma ha llevado ahora a la Asociación Francesa de Esquí ante los tribunales. 
Evidentemente, se trata de una situación terrible, que pone en entredicho nuestra capacidad en la Unión Europea para plasmar el Tratado en medidas apropiadas. 
Lamento decir que en este caso tenemos un ejemplo de proteccionismo francés al que hay que poner fin. 
Está un poco fuera de pista ponerse a hablar de si se está sobre el terreno o sobre la nieve. 
Se trata de un terreno muy familiar para quienes han trabajado en el sector de la libre circulación de trabajadores y del reconocimiento mutuo de títulos en toda la Comunidad Europea. 
Me parece que algunas autoridades siguen prevaricando, al menos en un país. 
¿Acaso no hay razones para volver al status quo al menos de hace dos años y medio? 
Si hay un problema a la hora de reconocer los criterios y constituye una señal de desacuerdo en las conversaciones bilaterales, la Comisión debería participar en gran medida para contribuir a que se logre un acuerdo sobre los criterios de modo que nos haga salir de este atolladero. 
Se trata de un problema complejo, porque en principio las autoridades francesas pueden imponer exámenes de aptitud a los instructores de esquí extranjeros. 
De conformidad con el Derecho comunitario- Directiva 92/51 CEE -, las autoridades nacionales pueden imponer medidas compensatorias, pero sólo en los casos en que haya diferencias importantes en los niveles de aptitudes. 
En el caso de los instructores de esquí, en el que está en juego la cuestión de la seguridad, pueden imponer exámenes de aptitud. 
Ésa es la razón por la que no resulta fácil precisamente a la Comisión entrar en semejante debate, que entraña, como ha de comprender Su Señoría, la comparación de cursos muy técnicos. 
Si la BASI lo considera apropiado, se podría resolver el problema mediante un tribunal nacional encargado de la aplicación correcta del Derecho comunitario. 
Naturalmente, una forma de resolver el problema es también el diálogo bilateral. 
Ésa es la vía por la que avanzar- como he explicado con cierto detalle en mi respuesta inicial- que ha seguido la Comisión y continuará siguiendo. 
Pregunta nº 51 formulada por Reinhard Rack (H-1057/98): 
Asunto: Procedimientos de concurso simplificados para agentes temporales de la Comisión 
En relación con el último concurso-oposición general de la Comisión Europea, en el que se produjeron irregularidades, se plantea la cuestión de modalidades alternativas de selección de personal por parte de la Comisión Europea como, en particular, unos procedimientos de concurso simplificados para agentes temporales. 
¿Cuál es el volumen de agentes temporales que contrata normalmente la Comisión Europea? 
¿Cuántos de estos contratados se convierten en funcionarios por el procedimiento de concurso simplificado? 
Damos la bienvenida al Comisario Sr. Liikanen y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Rack. 
Tiene usted la palabra, señor Liikanen. 
Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias por su detallada respuesta, en la que no se ha limitado a ofrecer los datos numéricos sino que incluso se ha anticipado a una posible pregunta complementaria, concretamente la relativa al actual procedimiento de selección y cómo se desarrollará éste en el futuro. 
A pesar de todo, si usted me lo permite, yo quisiera hacerle otra pregunta complementaria. 
Ésta apunta en la misma dirección. No espero que me dé cifras concretas, sino sólo una consideración general. 
¿Existen determinados Estados miembros cuyos nacionales hayan sido contratados como funcionarios regulares en una proporción particularmente superior al citado enfoque en relación con la presencia de nacionales de cada Estado? 
Señor Presidente, de acuerdo con la normativa de la UE y su legislación en materia de personal, no es posible favorecer ni discriminar en función de la nacionalidad. 
Naturalmente, este principio sigue aún vigente. Sin embargo, no cabe la menor duda de que las estadísticas relativas al personal y a las nacionalidades demuestran que, dependiendo en alguna medida de los puestos, algunos países tienen una mayor representación que otros. 
No tengo el menor inconveniente en mostrar al señor diputado estas estadísticas para que las examine. 
Por lo que respecta a los concursos de los nuevos Estados miembros, puedo afirmar que, tras haberse organizado concursos destinados a unas nacionalidades específicas, los finlandeses han demostrado el mayor interés a la hora de presentarse a estos concursos de la UE, por lo que la selección ha sido más rápida. 
Los suecos no han mostrado tanto interés como los finlandeses, pero sí más que los austríacos. 
Hemos intentado corregir este problema organizando ahora nuevos concursos para los candidatos suecos y austríacos, y esperamos que la Comisión pueda a finales de 1999 cumplir todos los objetivos que se notificaron a estos tres países con motivo de su adhesión a la UE en enero de 1995. 
Pregunta nº 52 formulada por Alexandros Alavanos, a quien sustituye el Sr. Papayannakis (H-1054/98): 
Asunto: Trata de blancas en Europa 
Quinientas mil mujeres son víctimas de esa forma de esclavitud moderna que se llama trata de blancas. 
Se trata de un fenómeno que está en constante progresión. Como subrayó la Comisaria competente Anita Gradin, en la reciente reunión Oriente-Occidente sobre la trata de blancas, celebrada en Viena, este tráfico rinde buenos beneficios y no tiene mucho riesgo ya que no existen sanciones fuertes. 
Dado que los programas STOP, DAPHNE y OISIN no pueden hacer frente al constante incremento de la trata de mujeres y muchachas adolescentes, ¿puede indicar la Comisión qué medidas urgentes adicionales tiene intención de adoptar para la protección de las mujeres de países de fuera de la Unión Europea que son víctimas de este tráfico y para lograr el castigo de los traficantes? 
Le doy la bienvenida a la Sra. Gradin y le propongo que responda a la pregunta del Sr. Papayannakis. 
Comparto totalmente la preocupación del Sr. Alavanos por la trata de blancas continua y en aumento con dirección a la Unión Europea. 
La lucha contra esa vergonzosa forma de delincuencia organizada y violación de los derechos humanos de las mujeres es una cuestión a la que he dedicado mucho tiempo y energía desde que fui nombrada Comisaria en 1995. 
Antes de entonces nadie había pensado que la Unión Europea pudiera abordar esa cuestión. 
En junio de 1996 organicé la Conferencia europea sobre trata de blancas en Viena. 
Fue la primera vez en que las principales instancias europeas tanto del Este como del Oeste se reunieron para examinar ese grave problema. 
A partir de su recomendación, en noviembre de 1996 presenté un plan de acción contra la trata de blancas. 
Desde entonces se han llevado a cabo varias acciones importantes. 
En primer lugar, en noviembre de 1996 el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior decidió ampliar el mandato de la unidad de drogas de Europol para incluir el tráfico de seres humanos. 
En 1999 Europol apoyará investigaciones conjuntas para desmantelar organizaciones delictivas que participan en dicho tráfico. 
Europol se propone también elaborar un informe sobre la situación general en la Unión Europea en materia de trata de blancas. 
La segunda decisión importante fue la creación en diciembre de 1996 del programa multianual STOP, que tiene un presupuesto de 6, 5 millones de ecus para un período de cinco años. 
Va encaminado a promover la investigación, campañas de información, formación e intercambio de proyectos y dirigido a todos los profesionales participantes en la lucha contra el comercio de seres humanos. 
Desde 1996 hemos podido apoyar 30 proyectos. 
En tercer y último lugar, en febrero de 1997 el Consejo aprobó una acción común para tipificar penalmente el tráfico de seres humanos. 
También acordó medidas concretas para la cooperación judicial y la protección de testigos. 
Otro factor crucial en la lucha contra el tráfico y para prestar apoyo a las víctimas es la labor y el papel de las organizaciones no gubernamentales. 
Para apoyar su labor creamos la iniciativa DAPHNE en mayo de 1997 con vistas a luchar contra la violencia de que son víctimas los niños, los adolescentes y las mujeres. 
El objetivo principal es el de apoyar la creación de redes de ONG en toda Europa y proyectos experimentales. 
Diez de dichos proyectos se refieren a la lucha contra la trata de blancas. 
La Comisión ha podido también prestar apoyo directo al desarrollo y la labor de las ONG en la Europa central y oriental. 
Ha sido posible mediante los programas PHARE y TACIS en pro de la democracia. 
Luchar contra la trata de blancas es luchar contra un objetivo en movimiento. 
Casi diariamente se crean nuevas redes delictivas y nuevas estrategias y sus métodos resultan cada ves más despiadados. 
De modo que debemos fortalecer y revisar constantemente nuestras estrategias y crear nuevos instrumentos. 
Ésa es la razón por la que me complace mucho informar a Sus Señorías de que el 9 de diciembre la Comisión aprobó una nueva comunicación para la adopción de medidas suplementarias contra la trata de blancas. 
Dicha comunicación, encaminada a abarcar todas las diferentes fases de la cadena del tráfico- reclutadores, traficantes y explotadores- completa la de 1996 y refuerza el planteamiento multidisciplinario. 
Examina los avances logrados hasta ahora en esa esfera y a partir de la experiencia conseguida hasta ahora propone que se profundicen las actividades en marcha y se inicien otras nuevas. 
Dicha comunicación responde también a la petición formulada por el Parlamento Europeo y que figura en el informe de la Sra. Waddington de que se presentara antes del final de 1998. 
El objetivo principal es el de velar por que la lucha contra la trata de blancas ocupe un lugar destacado en el orden del día de la Unión y fortalecer la cooperación entre países de origen, tránsito y destino, incluidos los gobiernos y las ONG. 
El objetivo es también el de alentar a los Estados miembros a aplicar, al final de 1999 a más tardar, sus obligaciones legales de conformidad con la acción común de febrero de 1997. 
Las principales iniciativas nuevas que figuran en la comunicación son las de elaborar en 1999 una comunicación sobre la asistencia a las víctimas del delito, incluidas las víctimas del tráfico; hacer una propuesta de acciones legislativas en relación con los permisos temporales de residencia para las víctimas que estén dispuestas a actuar como testigos; reorientar las directrices vigentes del programa STOP para incluir la información a las víctimas sobre las formas de buscar asistencia y la investigación sobre los diversos intermediarios de la cadena del tráfico; lanzar proyectos de formación para prevenir la trata de blancas y la lucha contra ella en los sectores de la migración y el descubrimiento de documentos falsos y fraudulentos; hacer publicidad entre los grupos interesados sobre la posibilidad de recibir apoyo con cargo a varios otros programas comunitarios, tales como INTEGRA y Leonardo da Vinci; y promover una mayor cooperación e intercambio de información sobre la cuestión de la trata de blancas en la estrategia de preadhesión y en cooperación con los Nuevos Estados Independientes. 
Espero que ahora tengamos una nueva plataforma para nuestra lucha común contra la trata de blancas y estoy deseosa de seguir cooperando estrechamente con el Parlamento Europeo en la lucha contra esa vergonzosa violación de los derechos humanos de las mujeres. 
Señor Presidente, quisiera agradecer a la Sra. Comisaria su extensa y detallada respuesta. 
Sin embargo, señora Presidenta, y usted también lo sabe, este fenómeno continua dándose y aumenta constantemente. 
En mi país, particularmente, constatamos también la complicidad de las autoridades públicas o, en cualquier caso, de algunas autoridades públicas- en especial de las autoridades policiales- en la difusión de este- llamémoslo- comercio. 
Creo que lo que ha dicho la Sra. Comisaria es alentador. 
Con todo, hay dos preguntas muy precisas que quisiera hacer: primera, ¿puede la Comisión denunciar ante el Tribunal de Justicia Europeo por violación de los derechos humanos a países en los que podemos constatar que no se persigue la trata de blancas con bastante eficacia? 
Creo que puede haber denuncias y que la Comisión, como guardiana de los Tratados, puede hacerlo. 
Y, segunda, ¿puede la Comisión imponer a los países candidatos a la adhesión la persecución eficaz de la trata de blancas como condición para su adhesión en la próxima ampliación? 
Muchas gracias por su pregunta. 
Naturalmente, debemos trabajar juntos y más intensamente para convencer a algunos de esos funcionarios y miembros del Gobierno que no están demasiado comprometidos con estas cuestiones. 
Con los países de la Europa central y oriental la mejor forma como lo hacemos es mediante proyectos. 
Los proyectos que ejecutamos con ellos están dando muy buenos resultados y las redes que se están creando entre organizaciones no gubernamentales de los 15 Estados miembros y de los países candidatos a la adhesión están resultando muy útiles. 
Ésa es la forma mejor de avanzar con estas cuestiones. 
Pregunta nº 53 formulada por Clive John Needle (H-1086/98): 
Asunto: Incremento de las importaciones de cigarrillos en Andorra 
Según datos publicados por las autoridades aduaneras de Andorra, en 1997 se importaron a dicho país 3.100 millones de cigarrillos procedentes de la UE. 
Conforme a dichas cifras, cada hombre, mujer y niño en Andorra fuma 140 cigarrillos al día. 
¿Qué medidas propone adoptar la Comisión para impedir el contrabando de productos del tabaco a la UE? En particular, ¿qué medidas tiene intención de adoptar contra empresas tabaqueras como Gallaher, que tiene que haber sido consciente de que el repentino incremento de sus ventas a Andorra no podía deberse a un suministro legal a un mercado comercial normal? 
Señora Gradin, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Needle sobre este sorprendente incremento de la importación de cigarrillos. 
Señor Presidente, el estimado diputado Needle ha preguntado sobre el contrabando de cigarrillos desde Andorra y acerca de las medidas que piensa adoptar la Comisión para impedirlo. 
A finales de 1977 fue informada la Comisión acerca de una importante exportación de cigarrillos de fabricación británica hacia Andorra. 
Al mismo tiempo recibimos información proveniente de muchos Estados miembros que coincidía en mencionar la incautación de cigarrillos ingresados ilegalmente a la Unión desde Andorra. 
A la luz de estos antecedentes nos quedaba claro que Andorra se había convertido en un centro de contrabando de cigarrillos hacia la Unión. 
El director del grupo de la lucha antifraude (UCLAF) visitó Andorra en diciembre de 1977 para tomar contacto con el gobierno del país. 
El objetivo de la visita era conseguir un acuerdo que permitiese evitar el contrabando de cigarrillos. 
Se acordó que la comunidad realizaría una serie de controles en Andorra durante la primera mitad de 1998, por medio de funcionarios del grupo de lucha antifraude, UCLAF, y de personas designadas por las autoridades correspondientes de Francia, Irlanda, España y Gran Bretaña. 
Esos controles demostraron que Andorra había producido e importado grandes cantidades de cigarrillos de marcas americanas, fundamentalmente desde Gran Bretaña. 
Había muchos indicios también de que una gran parte de los cigarrillos estaba destinada al contrabando hacia la Unión, especialmente hacia España. 
También se comprobó que el contrabando estaba organizado por bandas de delincuentes, tanto en Andorra como en muchos Estados miembros. 
Sin embargo, las autoridades de Andorra manifestaron que no podían mostrar estadísticas de ventas de cigarrillos ni precisar el destino final de éstos. 
La Comisión ha estado en permanente contacto con las autoridades de Andorra después de esos controles. 
Esto nos ha llevado a tomar medidas para terminar con el comercio ilegal. 
Entre otras cosas, actualmente vemos que los Estados miembros hacen considerablemente menos incautaciones de cigarrillos presuntamente ingresados ilegalmente desde Andorra. 
La exportación de cigarrillos de Gran Bretaña a Andorra también ha descendido sensiblemente en comparación con la de los años 1996 y 1997. 
Resulta particularmente preocupante que los productores de cigarrillos de Gran Bretaña hayan tenido conocimiento del contrabando, ya que la exportación aumentó tanto en tan corto tiempo. 
Las autoridades de los Estados miembros que participaron en los controles en Andorra y la UCLAF, órgano de la Comisión, investigan actualmente esas circunstancias. 
Quisiera expresar mi gratitud a la Comisaria Gradin por su respuesta, muy informativa y positiva. 
Espero encarecidamente que podamos obtener información suplementaria sobre las medidas que den buenos resultados y el grado en que se vaya reduciendo el alcance de ese problema. 
Agradezco a The Independent del Reino Unido que planteara esta cuestión, pues resulta extraordinariamente importante sensibilizar al público sobre esta cuestión, por la labor que la UCLAF está llevando a cabo. 
En la situación actual es importante hablar de posibles éxitos, además de problemas. 
En sentido más amplio, desde el punto de vista del debate sobre la salud en el Parlamento Europeo y las medidas que la Comisión está adoptando en la lucha contra el tabaco, en la que espero que mañana se logren más avances en la Comisión, se están logrando avances en Estados miembros como Gran Bretaña, donde el Gobierno ha presentado propuestas para abordar el contrabando como prioridad. 
Me encanta saber que la Comisión va a trabajar en cooperación a ese respecto y espero que se conceda la suficiente prioridad a esa tarea para velar por que directivas, como la relativa a la publicidad del tabaco, sean eficaces y no resulten contrarrestadas por esos delincuentes, en particular en las empresas tabaqueras, que deben asumir la responsabilidad por lo que están haciendo: aumentar el número de fumadores. 
Me complace mucho que haya podido haber una buena cooperación entre la UCLAF y los diferentes Estados miembros. 
Ésa es la única forma de luchar contra el tráfico de cigarrillos. 
Como puede que sepan Sus Señorías, también hemos tenido mucho éxito en las acciones a ese respecto en el Mediterráneo y ahora tenemos una unidad especializada en la UCLAF que se ocupa del tráfico de cigarrillos. 
Siempre estaremos dispuestos a dar información al Parlamento sobre nuestra labor en este sector. 
Pregunta nº 54 formulada por Maj Britt Theorin (H-1099/98): 
Asunto: Inmigración ilegal 
La inmigración ilegal constituye un grave problema para la Unión Europea y sus Estados miembros. 
Por ello, el Consejo ha adoptado una serie de medidas para armonizar los métodos de control y aumentar el grado de consulta y de cooperación entre los Estados miembros mediante la devolución al Estado de procedencia y la lucha contra el contrabando de personas. 
En la actualidad, en la UE vive un número muy elevado de refugiados ilegales. 
Entre 1991 y 1993 llegaron a Europa unos tres millones de refugiados ilegales, que frecuentemente viven (tanto los niños como los adultos) en unas condiciones infrahumanas más que deficientes desde el punto de vista sanitario, como se narra, entre otras fuentes, en el libro de Chris de Stoop «Sin papeles». 
¿Cómo considera la Comisión que podrían mejorarse las condiciones de vida de estas personas? 
Señora Gradin, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Theorin. 
Señor Presidente, comparto la inquietud de la diputada Theorin respecto a los ciudadanos de terceros países que residen ilegalmente en nuestros países miembros. 
Algunos han sido víctimas de contrabandistas de personas y otros han llegado aquí por su propia iniciativa. 
La mayoría busca realizar el sueño de una vida decente y un futuro aceptable. 
A menudo la realidad es diferente y muchos de ellos tienen que vivir en condiciones muy difíciles. 
Actualmente las reglas sobre inmigración son diferentes en los distintos Estados miembros. 
Hay muchas recomendaciones y otros acuerdos en el ámbito de la UE que tienen relación con la política de inmigración y que cubren la mayoría de las categorías de inmigrantes; no lo cubren todo y tampoco son coincidentes. 
Por eso presenté el año 1997 una propuesta de convención sobre normas comunes para la inmigración a la Unión. 
Tengo la esperanza de que una normativa sobre inmigración más clara y uniforme contribuya a disminuir la inmigración ilegal. 
Esta propuesta ha sido enviada al Parlamento Europeo que tiene que dar sus puntos de vista y yo espero poder discutir el informe parlamentario posiblemente durante el próximo año. 
En la década de los noventa hemos visto manifestaciones del contrabando de personas que son cada vez más inquietantes. 
La trata de blancas tiene lugar en toda Europa, se hacina a inmigrantes en maleteros de autobuses y en contenedores para pasar las fronteras de la UE. 
Son personas que corren el riesgo de morir muy cruelmente a causa de la sed o de la falta de oxígeno. 
También se envía a gente por vía marítima en pleno invierno y en frágiles embarcaciones. 
Actualmente nadie sabe cuántas personas mueren ahogadas cada año en este tráfico. 
El contrabando de personas está dirigido por bandas de delincuentes bien organizadas. 
Ellos se aprovechan sin contemplaciones del abandono de personas débiles para obtener ganancias. 
Ganan mucho dinero y los riesgos son relativamente pequeños. 
Para combatir esas bandas se necesita una movilización simultánea en diferentes frentes, tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión. 
Para atajar este proceso es necesario combinar medidas de política de inmigración con pautas provenientes de otros sectores políticos. 
Las medidas aisladas en relación con la política de visados, los controles fronterizos, las devoluciones al lugar de procedencia o las expulsiones tienen efectos limitados. 
Por eso, hay que combinarlas con otras medidas en otros terrenos. 
Pienso especialmente en la política de exterior y de seguridad común, en la política comercial, en la política de ayuda a los países en desarrollo y en nuestros programas de ayuda humanitaria. 
También constituyen una parte de la estrategia para disminuir la inmigración ilegal a la UE el trabajo de carácter general en favor del desarrollo y la justicia social. 
No debemos olvidar nunca que se trata de individuos que se encuentran en situaciones difíciles. 
Aunque no tengan derecho a la inmigración, en cualquier caso sus derechos y sus libertades fundamentales deben ser garantizados. 
Esto tiene que ser lo que oriente la estrategia europea en la lucha contra la inmigración ilegal. 
La situación de los solicitantes de asilo y de las personas provenientes de regiones afectadas por guerras es algo diferente. 
En este caso se trata de personas que no han abandonado sus hogares de manera voluntaria. 
Quizás huyen de una guerra civil o porque sus gobiernos no son capaces de ofrecerles una protección adecuada. 
Esos individuos aparecen a menudo en relación con situaciones de huidas masivas. 
Para poder manejar esas situaciones, la Comisión, como es sabido, ha presentado dos propuestas al Consejo de Ministros: una que se refiere a los permisos provisionales de residencia y otra acerca de una distribución solidaria de las responsabilidades entre los Estados miembros frente a situaciones de huidas masivas. 
Ambas propuestas están en la mesa del Consejo de Ministros y, como es de todos conocido, el Parlamento ha debatido estas materias en dos oportunidades. 
Como ustedes saben, mi propuesta pretende, entre otras cosas, el establecimiento de niveles mínimos para la protección social que esas personas podrían obtener desde que ingresen a nuestros Estados miembros. 
Si el Consejo de Ministros aprobase esta propuesta, sería posible garantizar condiciones de vida decentes a las personas que buscan protección en la Unión. 
Doy las gracias a la Comisaria por su muy positiva y completa respuesta. 
Parece que estamos de acuerdo en muchos aspectos, lo cual me satisface mucho. 
Especialmente me satisface su mención acerca de que los esfuerzos también deben contemplar aspectos sociales y fomentar progresos de carácter social. 
Sin embargo, en Europa y en la UE hay una catástrofe de grandes proporciones. 
Como señalara la Comisaria, en este asunto también la mafia se ha procurado una fuente de ingresos enorme mediante el contrabando de personas. 
Esto no existía antes. 
Pero considero que también hay otro asunto fundamental, que es el de las personas que se esconden en la UE y en Europa. 
Es muy grave esta situación que a menudo implica que los niños no asisten a la escuela, ni reciben la atención sanitaria ni los cuidados que necesitan y están expuestos a una presión psíquica enorme. 
Por lo menos deberíamos ponernos de acuerdo en que los derechos humanos también rigen para los inmigrantes ilegales en la UE. 
Es un asunto muy complicado saber qué vamos a hacer con las personas que viven ilegalmente en nuestros 15 países miembros, especialmente en la situación en que nos encontramos, con 18 millones de parados y, simultáneamente, sin una inmigración de fuerza de trabajo de corte clásico hacia nuestros países. 
Tenemos que cumplir nuestras obligaciones con los refugiados, lo que hace la situación aún más difícil. 
Estoy de acuerdo en que tenemos que tratar de encontrar soluciones humanas para esas personas, de modo que la mayoría de ellas pueda volver a sus países y así también encontrar soluciones para su situación. 
Muchas gracias, señora Gradin. 
Con la pregunta de la Sra. Theorin, hemos agotado el tiempo asignado a este bloque de preguntas. 
Por lo tanto, las preguntas 55, 56 y 57 se contestarán por escrito. 
Antes de proceder a examinar la pregunta nº 58, le doy la palabra a la Sra. García Arias para una cuestión de orden. 
Señor Comisario, quiero plantear una cuestión de procedimiento que, a mi parecer, es de importancia, no sólo para las preguntas que habíamos formulado algunos diputados al Comisario responsable de la política de competencia, sino, en general, para el procedimiento de control de la Comisión Europea sobre el turno de preguntas. 
Por eso, señor Comisario van Miert, ¿se está analizando en sus servicios el desarrollo del artículo 24 de la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que habla de transición a la competencia? 
Si el señor Comisario pudiera contestar a esta pregunta, entonces yo sabría si puedo protestar ante la Comisión Europea respecto a quién es el Comisario competente para las preguntas que hemos formulado algunos diputados. 
Señora García Arias, usted acaba de formular una pregunta. 
Esta pregunta, por el tipo de respuestas que ha propuesto la Comisión, no está dentro del orden del día. 
Usted ha formulado hoy ante el Pleno incluso una protesta por que su pregunta no ha sido recogida en las preguntas contestadas por el Sr. van Miert. 
En este momento, usted formula una pregunta que no está en el orden del día. 
Introducir esta pregunta sería vulnerar el orden del día establecido. 
Si el Sr. Comisario quiere darle una explicación, le daría unos momentos para ello pero, en todo caso, teniendo en cuenta que no está dentro del orden del día y que hay otras preguntas que están formuladas dentro del orden del día y que necesitan su tiempo. 
Señor van Miert, vulneramos un poco los hábitos, pero cuento un poco con la benevolencia de los demás miembros de la Asamblea y con la suya propia, y le pregunto si desea responder. 
Puedo responder a esta pregunta cuando haga lo propio a la pregunta del Sr. Pérez Royo. 
Lo hago a título personal, naturalmente. 
Me parece muy bien, señor van Miert. 
Así no rompemos el orden. 
El Sr. van Miert se ha comprometido a responder a la Sra. García Arias en el ámbito de la pregunta del Sr. Pérez Royo y, si nos damos prisa, podremos llegar a la pregunta del Sr. Pérez Royo. 
Pregunta nº 58 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-1052/98): 
Asunto: Concentración de actividades empresariales en el sector de los autobuses 
La Comisión Europea ha autorizado recientemente uniones de actividades empresariales, en la Unión Europea, referidas al sector de los autobuses. 
¿En qué medida pueden afectar tales concentraciones a la competencia y a la creación de empleo? 
Señor van Miert, tiene usted la palabra para responder a la pregunta formulada por el Sr. Camisón Asensio. 
Puedo dar una respuesta bastante breve a esta pregunta. 
En efecto, la Comisión ha aprobado la unión entre Iveco y Renault pero sólo referida al sector de autobuses, para los tres sectores principales en los se utilizan, es decir los autobuses de turismo, autobuses para el uso en ciudades y zonas urbanas y naturalmente también los autobuses que se emplean más específicamente en el transporte público en general. 
Ahora bien, después de haber investigado el referido asunto hemos podido comprobar que esto no ha suscitado problemas de competencia. 
Usted sabe que este asunto se ha investigado basándonos en la normativa en materia de fusiones de actividades empresariales y resulta que, en primer lugar, ambas empresas tienen una cuota de mercado decreciente en sus respectivos Estados y que, en segundo lugar, queda suficiente competencia. 
Debo decirle, en lo que respecta al sector de autobuses de turismo, que esa competencia es feroz. 
En lo relativo a los otros sectores en los cuales se emplean autobuses, se está abriendo el mercado que tradicionalmente ha sido bastante nacional, como usted sabe. 
Pero también ese mercado se está abriendo de tal forma que se puede hablar ya, poco a poco, de un mercado europeo, de modo que desde el punto de vista de la competencia no hemos tenido ningún problema porque queda suficiente competencia. 
Tengo que añadir que si se puede dar una respuesta a las preocupaciones relativas a la competencia que tenemos o que posiblemente tengamos, por supuesto estaremos dispuestos a analizar también otros aspectos eventuales, como los aspectos de empleo. 
Pero nuestro primer cometido, basándonos en la normativa en materia de la concentración o la unión de actividades empresariales, es, efectivamente, el análisis de los problemas de competencia y dar una respuesta a ello, que en este caso ha sido positiva. 
Señor Comisario, en el expediente seguido en la Comisión para autorizar la unión de actividades, referidas a autocares, de Renault y la filial Iveco, concentración que, por cierto, supone constituirse en el segundo fabricante en importancia en el mercado europeo, en dicho expediente- repito- ¿se ha tenido en cuenta la disponibilidad o voluntad empresarial de facilitar el acceso de los discapacitados a los autobuses mediante la implantación de plataformas retráctiles? 
¿Se ha tenido en cuenta asimismo en dicha concentración, en la actuación referida a creación de empleo que ha citado el Sr. Comisario, el traslado de actividades al Reino Unido, Alemania o España? 
En este caso ambos notificantes no han comunicado ningún aspecto en relación con el empleo. 
Sí nos han indicado dónde desean concentrar sus actividades. 
La normativa de fusiones permite que nuestros servicios o yo mismo escuchemos a los sindicatos, pero que yo sepa tampoco ha habido preguntas al respecto en este caso. 
De lo contrario, estaríamos muy dispuestos a escuchar sus preocupaciones y de incorporarlas, como acabo de decir, en la medida de lo posible en el análisis. 
Por otra parte, en otro caso muy típico, el de Kässbohrer/Mercedes-Benz, uno de los competidores de este nuevo grupo, entonces sí hubo mucho interés por parte de los sindicatos y eso se incorporó entonces en el procedimiento. 
Esto nos llevó, en parte, a una determinada decisión que se tomó en su momento en otro expediente. 
Pero, repito, en este caso no ha habido ninguna petición de los notificantes, ni- que yo sepa- por parte de los sindicatos de ser escuchado. 
Pregunta nº 59 formulada por Paul Rübig (H-1068/98): 
Asunto: Discriminación tarifaria en los transbordadores 
La compañía naviera británica que organiza los trayectos entre Dover y Calais aplica una política tarifaria selectiva. 
Haciendo uso de algunas ofertas especiales se puede realizar el trayecto, en determinadas condiciones, a partir de 16 libras. 
Pero estas ventajas se aplican únicamente a ciudadanos del Reino Unido. Ciudadanos de otros países de la Unión han de pagar la tarifa normal de 79 libras. 
¿Tiene la Comisión objeciones contra esta práctica por cuanto pudiera no ser conforme con las normas de competencia consagradas en el artículo 85 y siguientes del Tratado CE y con el principio de eliminación de restricciones cuantitativas entre los Estados miembros u organizaciones sobre los que éstos ejercen una influencia decisiva (artículos 30 y siguientes del Tratado CE)? 
Tiene usted la palabra, señor van Miert, para responder a la pregunta del Sr. Rübig. 
Parece que se trata de la estrategia comercial de una compañía de transbordadores que prestan servicios en el Canal de la Mancha. 
Si es así- y muy bien podría ser que formara parte simplemente de una estrategia comercial- y si recibimos quejas, en su momento examinaremos ese asunto más detenidamente. 
Que yo sepa, no es así, pero podría indicar que la compañías de transbordadores hayan concertado ciertos acuerdos. 
Como he dicho, no hay indicios de que así sea. 
Otra cuestión que podría plantearse está relacionada con el artículo 86: la de si ha habido un abuso de posición dominante. 
Como la compañía interesada no tiene una posición dominante, no es aplicable. 
Así, pues, de momento, según nuestra información, no hay problema en relación con la observancia de las normas de la competencia. 
Señor Comisario, el problema consiste en que los viajeros que se trasladan de Europa a Gran Bretaña se encuentran de improviso con dos tarifas, una tarifa reducida para los ciudadanos británicos y una tarifa normal. 
Es un problema que sé que también se da en las zonas de esquí austriacas, donde existe la misma problemática con los pases de los telesillas. 
Por lo tanto, yo creo que es importante que se hagan algunas consideraciones de principio sobre este tema de la discriminación según la nacionalidad. 
Por otro lado, sabemos que naturalmente también existen descuentos y que éstos pueden hacerse para determinados grupos profesionales, niveles de formación, empresas, autoridades, etc. Sin embargo, yo creo que sería muy conveniente que la Comisión adoptase una posición clara al respecto. 
Señor Presidente, los descuentos suelen acogerse con satisfacción, como es lógico, y de esto se trata en este caso. 
Por otra parte, es preciso comprobar exactamente que no intervenga algo más, por ejemplo que exista un acuerdo entre determinadas empresas navieras. 
Entonces, en ciertas circunstancias, podría tratarse de un cartel. 
Esto ya ha ocurrido, tanto si se trata del túnel o de estas travesías. 
Sin duda ya saben que la semana pasada mismo decidimos imponer una multa a las compañías de viajes que realizan la travesía entre Bari, en Italia, y Grecia. 
Evidentemente, realizamos una investigación cuando recibimos quejas. 
Sin embargo, en este caso- por lo que hemos podido comprobar mis servicios y yo- no existe por el momento ningún indicio de que se haya ido más allá de lo que se podría describir como una política normal de descuentos. 
Si usted dispone de mayor información, estamos a su disposición. 
Acojo con beneplácito la respuesta del Comisario. 
No sé si vería- sé que ve la televisión con avidez en su tiempo libre- el programa «Money» en la BBC 2 el sábado por la noche, en el que se indicó que ese proceder no es exclusivo de las compañías de transbordadores. 
El procedimiento de cobrar precios diferentes para vuelos diferentes, según el país en el que se inicie el viaje, está muy extendido en el sector de las líneas aéreas de la Unión Europea. 
Cuando el 1 de enero entre en vigor el euro y haya que citar los precios en euros, ¿tendrá a bien comprometerse a velar por que no se dé ese uso en todo el sector del transporte aéreo? 
Si es así y se le comunican casos o si la investigación de su departamento indica que se trata de un uso muy extendido, ¿tendrá a bien utilizar los poderes que le confiere el Tratado? 
Su Señoría menciona una cuestión más amplia, que es muy real, probablemente más real en el sector de la aviación civil que en el de los transbordadores. 
He de repetir que, si se trata simplemente de billetes de promoción, no hay problema. 
Al público le gusta. 
Pero, si hay algo más detrás y si obtenemos pruebas e información coherente al respecto, insistimos en que lo examinaremos. 
Hay otra pregunta sobre Sabena. 
Mi respuesta es que hay, en efecto, razones para lanzar una investigación más amplia sobre ciertos usos, en particular en el sector de la aviación civil. 
Como diputado al Parlamento Europeo por East Kent, represento a Dover. 
Tengo mucho interés en contribuir a tranquilizar al Sr. Rübig, en el sentido de que todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen a su disposición ofertas interesantes para las travesías entre las dos riberas del Canal de la Mancha. 
Ofertas especiales de unas 16 libras esterlinas están a disposición de todos los ciudadanos de la Unión Europea para viajes de ida y vuelta en el mismo día. 
En la práctica, muchos ciudadanos de la UE se benefician de esa oferta, entre ellos, naturalmente, nuestros amigos los franceses de la otra orilla, que aprovechan sistemáticamente esas interesantes ofertas y muchas gangas de última hora. 
Naturalmente, cuando desaparezcan las ventas libres de impuestos, muchas de esas gangas desaparecerán con ellas. 
Espero que se mantengan las ventas libres de impuestos y el Sr. Rübig y sus compatriotas acudan a Nord/Pas de Calais, hagan una travesía a través del Canal en esos transbordadores que resultan muy ventajosas. 
Si visitaran mi circunscripción, recibirían muy buena acogida. 
Puedo tranquilizarlo a ese respecto. No discriminamos con los precios. 
Tengo la impresión de que no se trataba en realidad de una pregunta, sino de un anuncio de un minuto. 
Felicito a Su Señoría por no tener pelos en la lengua a la hora de hablar de su región. 
Ahora bien, no hay discriminación entre los ciudadanos de la Comunidad. 
Si la hubiera, tendríamos problemas, evidentemente, y actuaríamos. 
No es así. 
No debe haber malentendidos al respecto. 
Si resultara haber algún abuso de algún tipo o un cartel oculto o lo que fuere, actuaríamos. 
Que yo y mis servicios sepamos hoy, no es así. 
Pregunta nº 60 formulada por Fernando Pérez Royo (H-1069/98): 
Asunto: Situación oligopolista del sector eléctrico español 
En España, parece consolidarse una situación de oligopolio donde cuatro empresas monopolizan el 90 % del mercado eléctrico y sólo dos, ENDESA e Iberdrola el 80 %. 
Recientes alianzas, como la de ENDESA y Gas Natural, suponen una nueva concentración horizontal que viene a agravar esta tendencia. 
¿Considera la Comisión que estos movimientos y acuerdos empresariales se contradicen con el espíritu y la letra de los Tratados y perjudican a la libre competencia y a los consumidores? 
Como había anunciado ya el Sr. Comisario, vamos a tratar esta pregunta y para esto tiene la palabra. 
Lamentablemente, no puedo serle de gran ayuda, Señoría, porque, como usted, nos hemos enterado de las intenciones de ambas empresas por la prensa. 
Por ello, mis servicios están intentando en estos momentos reunir todos los datos posibles y necesarios, porque por ahora ni siquiera estoy en condiciones de comunicarle si se trata de una operación de concentración o de una operación que se inscribe en el artículo 85, es decir, una especie de joint venture o cooperación. 
Por tanto, por ahora, lamentablemente, repito, no puedo decirle nada más. 
Pero he encargado a mis servicios que insistan ante las empresas en cuestión para que nos proporcionen cuanto antes la información, porque puedo asegurarle que seguimos muy de cerca lo que sucede en el sector eléctrico, no solamente en España, sino también en otros Estados miembros. 
Ahora quisiera responder a la otra pregunta que ha sido formulada y que aparece más abajo en la lista de preguntas. 
En primer lugar, efectivamente, este asunto concierne a la DG IV, pero también a mi colega el Sr. Papoutsis, porque está sujeta a la directiva y, por consiguiente, los Estados miembros deben informar a la Comisión, en particular al Sr. Papoutsis, sobre sus intenciones relativas a los costes de transición a la competencia, lo que en inglés se denomina stranded costs. 
A continuación, como la mayoría de las veces puede tratarse de ayudas públicas, este tipo de asuntos debe ser notificado asimismo a mis servicios. 
Puedo decirle, por otra parte, que con ocasión de mi última visita a Madrid, a comienzos de mes, conversé largo y tendido con el Sr. Piqué, el ministro responsable, quien me prometió que el asunto sería notificado con todo lujo de detalles a mis servicios para que podamos examinarlo, paralelamente con el resto de los demás dossiers, porque el problema se plantea prácticamente en todos los Estados miembros. 
En los próximos meses tenemos previsto examinar, en un afán de coherencia y transparencia, el conjunto de los dossiers de costes de transición a la competencia. 
Por consiguiente, no puedo decirle nada más, salvo que, efectivamente, hemos insistido ante el Gobierno español para que este asunto nos sea notificado con el fin de que a mis servicios, naturalmente en total cooperación con los servicios del Sr. Papoutsis, es decir, la Dirección General XVII, puedan examinar la totalidad de los casos pertinentes. 
Señor Comisario, permítame que retenga su atención todavía sobre esta cuestión porque, en primer lugar, tengo una pregunta complementaria por parte del Sr. Pérez Royo y, luego, dos preguntas complementarias más; una de la Sra. Estevan Bolea y otra de la Sra. García Arias. 
Por lo tanto, tiene la palabra en primer lugar por el tiempo de un minuto el Sr. Pérez Royo. 
Señor Comisario, en mi pregunta escrita hay una referencia a la situación de oligopolio en el sector eléctrico español. 
A la vista de las medidas que el Gobierno español está impulsando estos días, habría que hablar más bien de una especie de capitalismo de compadres o de reparto del botín. 
Efectivamente, en vísperas de la liberalización del sector eléctrico, las empresas han conseguido que el Gobierno proponga una compensación de 1, 3 billones de pesetas, es decir, unos 6.200 millones de euros, en concepto de costes de transición a la competencia. 
Esta compensación, que el Gobierno en connivencia con las empresas pretende adelantar antes de cuantificar los costes, antes de saber ni siquiera si existen costes, va a suponer un incremento notable en la tarifa de los usuarios. 
El organismo regulador del sector, la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, se ha pronunciado en contra de esta medida, que considera infundada. 
Las consideraciones del organismo regulador han merecido como única respuesta del Gobierno la afirmación de que el presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico es un socialista. 
Aparte del bochorno que me causa esta actitud del Vicepresidente del Gobierno, me dirijo al señor Comisario para preguntarle, en concreto, si el Gobierno ha comunicado a la Comisión su intención de aprobar estas medidas mediante un procedimiento de urgencia, en menos de unas semanas, y en segundo lugar, si los servicios de la Comisión consideran este tipo de prácticas compatibles con las reglas sobre la competencia. 
Vemos perfectamente que las preguntas se complementan. 
Primero, en lo que respecta al movimiento de concentración, una vez más, en estos momentos no puedo decirle de qué se trata exactamente, porque no dispongo de información suficiente. 
Pero, naturalmente, estamos insistiendo ante las empresas para que nos proporcionen información exhaustiva que nos permita verificar si se trata de un caso de concentración y ver si debemos examinarlo o si es competencia de las autoridades nacionales. 
A continuación, si se trata de un acuerdo de cooperación, puede que también lo examinemos, en este caso, a la luz del artículo 85 y no del Reglamento sobre concentraciones. 
Esto en lo que respecta al primer aspecto de la pregunta que, en realidad, se complementa con la pregunta formulada inicialmente. 
En cuanto al otro aspecto, como les decía hace un momento, cuando estuve en Madrid hace unas semanas insistí ante el Sr. Piqué, que por otra parte aceptó ocuparse de que se notifique a mi colega Papoutsis, no solamente sobre la financiación del régimen transitorio en virtud de la directiva, sino también en concepto de las ayudas estatales. 
Es posible que este extremo haya sido verificado mientras tanto, pero vamos a examinar todo este asunto a la luz de las ayudas estatales y también a la luz de los costes de transición a la competencia, como suele decirse, los stranded costs. 
Pero eso es todo lo que puedo decirles por el momento, salvo confirmar que efectivamente no podemos aceptar que no se nos informe sobre esta cuestión para que podamos examinarla debidamente. 
Como usted sabe, en España es donde ha habido una mayor y más amplia apertura en el mercado eléctrico. 
Actualmente, el 18 % de los suministros procede de los cogeneradores, esto es, de los autoproductores, así es que las cifras que maneja el Sr. Pérez Royo son algo antiguas. 
Y además hay proyectos nuevos, incluso con muchas empresas americanas. 
Pero yo quería preguntarle por el caso de Francia. 
En Francia existe Electricité de France, y mi pregunta es: ¿cree usted que en Francia se cumple la Directiva con respecto a transición a la competencia? 
Estoy muy agradecido por esta pregunta, porque me permite añadir algunas precisiones. 
En primer lugar, hay que evitar cualquier equivocación. 
Acogemos con gran satisfacción las intenciones, como tales, del Gobierno de liberalizar el mercado del sector eléctrico. 
No debe existir la menor duda al respecto. 
Pero, al mismo tiempo, hay que respetar también las reglas del juego, en particular, verificar si el importe que se destina a los stranded costs, a los costes de transición a la competencia, es real y no sobrepasa los costes de dicha transición. 
Eso está pendiente de verificación en España, al igual que en otros países, en Francia como en Bélgica. 
En segundo lugar, usted está en lo cierto, la situación es en cierto modo aún más complicada en otros países. 
En Francia, todo el mundo conoce la situación de EDF. 
Pero también en este caso será necesario abrir el mercado, tanto más cuando EDF acaba de adquirir una empresa eléctrica en Gran Bretaña. 
Por consiguiente, si queremos abrir nuevos mercados, acceder a otros mercados, naturalmente debemos aceptar que los demás hagan lo propio en el nuestro. 
Esto va en ambos sentidos. 
No debe existir ningún malentendido al respecto. 
Una vez más, de manera global, acogemos favorablemente la política del Gobierno. 
Ello no impide que haya que verificar si la manera de hacerlo plantea o no problemas. 
Pero no quiero pronunciarme ahora sobre este tema, lo haré cuando disponga de una notificación exhaustiva del sistema en cuestión. 
En los próximos días, antes de que termine este año, el Congreso de los Diputados de España va a votar una enmienda al proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos que permitirá a las compañías eléctricas obtener inmediatamente alrededor de un billón de pesetas del mercado financiero que los bancos recuperarán a través de un recargo adicional en la tarifa de los consumidores en los próximos años. 
Este dinero que se van a embolsar las compañías eléctricas se va a poder utilizar contra otros competidores, no sólo en el sector eléctrico, sino, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, donde ya están presentes estos monopolios eléctricos. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿no cree que es urgente, antes de esa votación, hacer una advertencia- desde la legalidad comunitaria que usted representa- a los legisladores españoles señalando que esa importante ayuda o subvención debería ser autorizada previamente por la Comisión Europea y que, por lo tanto, debería retrasarse la votación? 
Naturalmente, puedo comunicarle que hemos hecho saber al Gobierno que esta operación se realiza a riesgo de las empresas en cuestión. 
Porque, como usted bien dice, la Comisión debe verificar si la ayuda concedida por las autoridades en compensación por los costes de transición a la competencia es la correcta y, por consiguiente, mientras la Comisión no haya podido realizar esta función, no existe autorización y, por tanto, si se sigue adelante se hará a riesgo de las autoridades y de las empresas pertinentes. 
Esto debe quedar perfectamente claro. 
Por tanto, no le escondo que he defendido ante el Gobierno el aplazamiento de esta operación. 
Ésa es la situación en que nos encontramos. 
En cuanto a la puja por la transacción- y qué no haya malentendidos, lo que se examinará será el sistema global -, la puja por la transacción- y usted ha mencionado la suma -, no sólo se hace a riesgo de las empresas, sino que además sería prudente no proceder antes de que la Comisión haya realizado su trabajo. 
Quisiera pedirle a su Señoría, que efectivamente ha hecho esta pregunta con razón, que nos facilitara más información, porque no me ha quedado claro si se trata de un caso en que todas las plazas de clase turista se habían vendido o si se comunicó que solamente quedaban plazas en business. 
Eso puede ser. 
Eso pasa. 
O bien que efectivamente aún quedaban plazas en clase turista, pero que se obliga, por así decirlo, al viajero a que pague un precio de clase business. 
A mí me pasó también alguna vez, no en este vuelo pero por ejemplo en un vuelo de Bruselas a Milán. 
Debo decir que por lo visto hay de vez en cuando ciertas prácticas, y de ahí la respuesta que acabo de dar a la Sra. McIntosh, que nos parecen motivo suficiente como para investigar estas cosas en un marco más amplio, no sólo en un vuelo determinado. 
Voy teniendo la sensación de que están ocurriendo ciertas cosas en algunas partes que no son como deberían ser. 
Pero en este caso no me quiero pronunciar todavía, porque naturalmente hemos pedido a Sabena que nos facilite más información, pero si su Señoría nos pudiera facilitar una información más precisa, tal vez también nos ayudaría. 
Señor Presidente, le agradezco al Sr. Comisario su respuesta. 
La cuestión estriba realmente en el hecho de que Sabena ofrece para este trayecto única y exclusivamente billetes de clase «business». 
No obstante, dado que se nos está acabando el tiempo, no quiero prolongar la sesión. 
Insistiré de nuevo en esta cuestión más adelante. 
Muchas gracias, señor Otila. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 62 a 113 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.00 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Estrategia de información sobre el euro 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0485/98) del Sr. Arroni, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión acerca de la estrategia informativa sobre el euro (COM (98) 0039- C4-0125/98). 
Tiene la palabra el ponente, Sr. Arroni. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la moneda interviene en números actos de la vida cotidiana. 
La misma no es sólo una pieza fundamental de los mecanismos económicos, sino que también es portadora de valores y de ideales. Si además la moneda de la que estamos hablando es el euro, estas consideraciones tienen un significado mucho más profundo y claro. 
De ahí la importancia de saber informar sobre el euro y de transmitir a los ciudadanos europeos el sentido de esta opción. 
La apuesta es muy alta: el euro ya está decidido y debe ser un éxito. 
Sin embargo, su éxito está subordinado en gran medida a su aceptación por todos los ciudadanos europeos. 
Esta aceptación, a su vez, dependerá de la capacidad que tuvimos y que tendremos de informar y comunicar acerca del euro. 
Aceptación, por tanto, de todos los europeos: éste es el primer aspecto que quiero abordar. 
Al examinar por encima el presupuesto del programa PRINCE, se comprueba en seguida que las inversiones previstas van en aumento hasta el momento culminante del 1 de enero de 1999 y descienden inexplicablemente después de esa fecha. 
¿Esto qué significa? 
¿Quiere decir quizás que habremos acabado nuestra tarea una vez satisfecha la necesidad de informar a esa parte de población que tendrá la posibilidad y el interés, pero también el privilegio de utilizar el euro virtual desde el año 1999? 
¿Qué haremos por aquella parte de población, las capas más débiles, el ciudadano corriente que se topará con el euro sólo en el momento en que se lo encontrará en su bolsillo en el año 2002? 
No debemos olvidar que para muchos ciudadanos europeos el euro no entrará en circulación en 1999 sino en el año 2002. 
Hasta ahora hemos hecho muy bien en concentrar nuestro esfuerzo en quien utilizará el euro desde el 1 de enero de 1999, pero no debemos cometer el error de creer que esto es suficiente. 
Si lo cometiéramos, correríamos el riesgo de hacer percibir el euro aún más como una moneda para los ricos o para una parte- sólo una parte- de los ciudadanos, y esto no solo significaría cometer una injusticia social, sino que, de hecho, podría comprometer el éxito de toda la operación que, por otra parte, todos deseamos. 
Por eso, Señorías, en un apartado de mi informe van a encontrar la propuesta de mantener el esfuerzo presupuestario- 38 millones de ecus- también después del año 1999. 
Pasemos ahora a examinar el segundo problema: ¿cambiando el tipo de objetivo podemos mantener el mismo tipo de información? 
En la Comisión de Asuntos Económicos propuse transmitir, después del año 1999, una información más emocional y menos técnica: más emocional que supiera tocar los sentimientos. 
La Comisión de Asuntos Económicos no consideró oportuno comprometerse en este sentido y yo respeto esta posición. 
Quiero decir, sin embargo, que no solo se trata de una cuestión de diferente calidad de información, sino también de otro tipo de lenguaje y de otros medios materiales a emplear. 
Hasta ahora, la comunicación que hemos tratado de transmitir se basaba en medios de información eminentemente técnicos, en consideraciones de carácter económico y financiero y en poner el acento en la potencialidad económico-financiera de la nueva moneda única. 
Éste era, sin duda, un tipo de enfoque destinado al éxito, porque estaba dirigido a una franja de la sociedad europea que estaba en condiciones de entender y de beneficiarse de ello. 
No obstante, como ya he dicho, el éxito del euro dependerá de la aceptación que sabremos crear en el ciudadano medio. 
Por eso, hace falta utilizar otro tipo de lenguaje y estudiar cómo lograr hablar al ciudadano corriente con su lenguaje y comprender cuál es el tipo de información que necesita. 
En cuanto a los medios, debemos tener en cuenta que el 25 % de la población europea, repito, el 25 %, es un objetivo que no se puede alcanzar ni siquiera a través de los sistemas utilizados hasta ahora. 
Un informe de la OCSE afirma que entre el 30 y el 45 % de los ciudadanos europeos son analfabetos o analfabetos funcionales: esto no significa que sean totalmente iletrados, sino que son personas que, aun sabiendo leer y escribir, tienen dificultades para entender el significado de un texto escrito. 
Podríamos enviar cientos de miles de folletos informativos o poner a punto los sitios Internet más sofisticados: sería totalmente inútil. 
No se trata de renegar lo que tan magníficamente hemos hecho hasta ahora y que también ha servido para nuestro fin; se trata, por el contrario, de integrarlo con otros medios más idóneos. 
Precisamente con referencia a las capas más débiles, uno de los medios de más probada eficacia es, sin duda alguna, la utilización de los llamados mediadores de confianza, personas que, gracias a la función social que desempeñan, están en estrecho contacto con estas capas más débiles: el médico de familia, los farmacéuticos, los carteros, los operadores sociales. 
Y termino pensando en los jóvenes que, por su naturaleza, tienden a transmitir positivamente los mensajes que podemos dirigirles. 
Señor Presidente, señor Comisario, ya hemos debatido con frecuencia el tema del euro y la campaña informativa PRINCE del Parlamento Europeo. 
Los colegas presentes, casi todos ellos expertos, ya saben que el programa PRINCE es una iniciativa del Parlamento Europeo y que precisamente este mismo año 1998 mantuvimos también un fuerte enfrentamiento con la Comisión con motivo del desarrollo de su política informativa. 
Por consiguiente, en la opinión de la Comisión de Presupuestos para el informe que hoy se debate y que ya data del 15 de junio de este año, nuestro primer objetivo fue solicitar una campaña PRINCE independiente con objeto de continuar asegurándonos- puesto que el Presidente no aceptó en su momento las enmiendas ni tampoco el Informe Pex- el derecho de codecisión en el contexto del programa PRINCE. 
Por otra parte, como es natural, no elaboramos la iniciativa PRINCE con la sola finalidad de desarrollar una campaña sobre el euro, sino con objeto de abarcar también otros dos ámbitos de acción. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial se ha inclinado finalmente por no hacer tanto hincapié en ello, pero al mismo tiempo es una satisfacción para mí que el ponente haya hecho suyos los importantes puntos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de mi opinión, que son los puntos centrales aprobados por el grupo de trabajo competente, el grupo de trabajo común del Parlamento Europeo y la Comisión. 
Yo quiero rogar a la Comisión y al Comisario competente, Sr. de Silguy, que hagan valer también sus competencias en relación con el marco presupuestario. 
Ustedes ya saben cuál es el problema. 
A continuación siempre surgen problemas entre el Parlamento y la Comisión, si bien el Parlamento siempre ha prestado hasta ahora un firme apoyo a la Comisión para la liberación de los recursos necesarios. 
Justamente ayer aprobamos una dotación adicional de recursos para la campaña sobre el euro en el contexto del Presupuesto suplementario, con lo cual su realización ha quedado garantizada. 
Yo espero que en el futuro la Comisión formule sus propuestas de manera que el Parlamento Europeo no tenga que subsanar luego los fallos. 
Señor Presidente, el ponente destaca con razón en su informe la importancia de la labor informativa y de comunicación en el contexto de la introducción del euro. 
El Parlamento Europeo señaló con mucha antelación la falta de información sobre el euro y afortunadamente encontró en la Comisión Europea el interlocutor adecuado para organizar la colaboración entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión. 
Yo lamento hoy como ayer que la labor informativa en los Estados miembros y también a escala de las regiones y los municipios no haya sido tan intensa como hubiese debido serlo. 
Podemos constatar que muchas personas de la Unión Europea no han sido «puestas al día». 
Estas personas se consideran mal informadas o insuficientemente informadas. 
Consideran que no han recibido suficiente información sobre las oportunidades y los riesgos de la Unión Monetaria. 
En cualquier caso, sólo faltan 17 días para el comienzo de la Unión Monetaria. 
Por lo tanto, el Parlamento Europeo debe velar- y es lo que se ha propuesto hacer acertadamente el ponente- por la continuidad de esta labor informativa. 
Ésta debe proseguir sobre todo durante el año próximo, durante el cual la gente vivirá en la Unión Monetaria pero sólo se desarrollarán en euros las operaciones que no se efecúen al contado. 
¿Saben ustedes que muchas personas creen que a partir del 4 de enero podrán disponer de monedas y billetes en euros? 
¿Saben la frustración que esto representa? 
¿Tienen idea de lo difícil que resulta adaptarse a una nueva moneda? 
Todas estas cuestiones nos incumben particularmente en nuestra calidad de diputados del Parlamento Europeo. 
Por este motivo debemos seguir impulsando mesas redondas sobre el euro, círculos de debate y también folletos informativos consistentes. 
También debemos procurar involucrar, no obstante, a las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de protección del consumidor, las asociaciones juveniles y de mujeres con objeto de persuadir a estos sectores. 
Yo creo que con el apoyo de estos enfoques podría hacerse mucho más de lo que prevé el informe y, por consiguiente, es necesario y posible ampliar los enfoques realmente positivos de la campaña informativa y de comunicación sobre el euro. 
Es justo que también pensemos en los grupos con dificultades de nuestra sociedad, en los desfavorecidos de la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, sería bueno que la Comisión pudiera anunciar hoy al Parlamento su voluntad de poner a disposición de dichos grupos menos favorecidos el 10 % de los recursos, y ahora contamos con una nueva estrategia, más allá de los primeros proyectos, que nos permitirá incluir realmente a todo el mundo. 
Ya hemos demostrado asimismo que no nos preocupan únicamente las personas con discapacidades, sino también las que viven en regiones alejadas y no tienen demasiadas oportunidades de viajar, al igual que las analfabetas y analfabetos, por ejemplo. 
Por esto necesitamos un montante más elevado y también un mayor compromiso de los Estados miembros. 
Yo insto desde aquí a los Ministros de Finanzas y sobre todo también a los Ministros de Educación de la Unión Europea para que incluyan el euro en los programas escolares y de formación de adultos y destinen recursos para este fin. 
Tenemos que llegar a los jóvenes y a las personas de edad avanzada e incluirlos para que sepan que la Unión Monetaria Europea les favorece. 
No podemos dejar toda la responsabilidad de la información sobre el euro en manos del sector privado. 
El sector público tiene que desempeñar por fin el papel precursor que le corresponde también en las regiones y en los Estados miembros. 
Señor Presidente, estimados colegas, el Informe Arroni ha dejado de manifiesto que la información sobre el euro desempeña un papel fundamental. 
Ello no obstante, querría destacar un aspecto relativo a los grupos específicos a los que la campaña va dirigida. 
Los Estados miembros no podrán sino ajustar gran parte de su campaña informativa a la forma en la que el euro será introducido como moneda de uso práctico entre el 1 de enero y el 1 de julio del 2002. 
En mi opinión, el hecho de que se opte por un plazo transitorio de unas semanas o por un único día de cambio determina en gran medida la forma en la que la información sobre el euro ha de facilitarse a los ciudadanos. 
Por eso, la información ha de centrarse en el cambio físico real. 
Pero el problema es que la mayoría de los países implicados aún no han tomado una decisión al respecto. 
En caso de que determinados Estados miembros apuesten por la introducción del euro mediante un big bang, tal y como ha señalado mi colega Peijs, la campaña informativa deberá dirigirse principalmente a las personas mayores con objeto de incitarlas a adquirir euros con la debida antelación, puesto que la opción por un gran cambio generalizado requiere una distribución previa de euros. 
En este caso, los euros habrán de repartirse unos días antes del 1 de enero del 2002. 
Es preciso evitar que el cambio en un solo día coja desprevenidas a las personas mayores. 
Los estudios han demostrado que estos ciudadanos son menos propensos a utilizar euros antes de la fecha límite que los demás. 
La fijación de un plazo más amplio permitiría que la gente pueda seguir pagando en la moneda antigua o en euros. 
Al abogar por este método, gran parte del cambio efectivo correrá por cuenta de los comercios al por menor. 
Por tanto, caso de que se apueste por un plazo de transición más holgado, la campaña informativa deberá tener como principal objetivo fomentar entre el gran público las formas de pago electrónicas mediante el uso de cajeros automáticos, tarjetas de débito y tarjetas de crédito. 
Es la mejor manera de reducir en la medida de lo posible la carga que la introducción del euro supone para el comercio al por menor y las pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, la redacción de este informe del Sr. Arroni se ha hecho en un momento determinante de la Historia, cuando avanzamos hacia la introducción del euro. 
La llegada de la moneda única requiere un planteamiento revolucionario no sólo en nombre de las instituciones, sino también de todos los ciudadanos de esta Unión. 
Nuestros hábitos y nuestras tradiciones tendrán que cambiar. 
Para ser eficaz, dicho cambio debe ir acompañado de una política informativa real y eficaz. 
El paso al euro va a cambiar toda una escala de valores. 
Los símbolos de las monedas a las que estamos acostumbrados desde la infancia desaparecerán. 
No me cabe duda de que con una campaña informativa adecuadamente organizada nos adaptaremos rápidamente al nuevo símbolo. 
Europa avanzará en unión en relación con el euro. Se ha llegado al punto sin retorno. 
Es legítimo dedicar la mitad del presupuesto para información a una campaña de sensibilización pública sobre el euro a fin de velar por que la transición sea lo menos problemática posible. 
El paso al euro no es sólo una cuestión económica para banqueros e instituciones financieras. La opinión pública también cuenta. 
Sin demora, sin excepciones y, en caso necesario, mediante ensayos en gran escala, debemos velar por que los menos favorecidos, los ciegos, los discapacitados y los aislados sean destinatarios de una gran campaña informativa y práctica. 
A los Gobiernos y a las autoridades locales- cercanas a los ciudadanos- les corresponde un papel en esa campaña informativa. 
Se debe centrar en las escuelas, las universidades, los pequeños tenderos y los medios de comunicación. 
A partir del año 2001 se debe lanzar una gran campaña de sensibilización pública en toda la Unión encaminada a promover la identidad del euro. Debe tener en cuenta las cuestiones que se planteen desde ahora hasta entonces. 
Mi Grupo apoya totalmente un aumento en los niveles de financiación para el programa PRINCE. 
Señor Presidente, señor Comisario, aprovecho el escaso tiempo de uso de la palabra para subrayar que, según afirma la propia Comisión, las PYME no están tan bien informadas sobre las consecuencias del euro como las grandes empresas. 
¡Es natural, dado el origen del euro y los intereses a cuyo servicio está su creación preferentemente! 
Para subrayar que es también la Comisión la que dice que la preparación de las administraciones locales y de los representantes elegidos democráticamente está a veces poco adelantada. 
¡Es natural! 
Y resulta benevolente la expresión suavizada con la frase intercalada «a veces». 
Para subrayar que las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos representantes elegidos democráticamente, los pequeños y medianos consumidores, las pequeñas y medianas personas que no tienen suficiente información sobre el euro. 
Es natural, porque no se ha creado el euro para los pequeños y medianos, ¡aunque éstos vayan a tener que usarlo en sus pequeñas y medianas vidas cotidianas! 
Para subrayar también el considerando J del informe Arroni, que pone de relieve las dimensiones psicológicas, sociales, políticas y nacionales, al considerar con razón que la moneda no constituye sino un instrumento técnico para facilitar los intercambios. 
Y añado yo, en el caso del euro: «entre los grandes grupos en las relaciones económicas y financieras internacionales». 
Como también pongo de relieve el considerando L, que tal vez exagere al afirmar que «el paso al euro va a destruir todas las escalas de valores existentes, la memoria de los precios y los hábitos». 
Todo esto subrayo y más podría subrayar, recordando que en Francia aún se hacen las cuentas en francos antiguos y en Portugal en 1.000 reis o «tostones». 
Seguro que en todos los países hay ejemplos de quienes corren el grave riesgo de quedar aún más discriminados o incluso excluidos. 
Por nuestra parte, pasando al euro, de ellos hacemos objetivos privilegiados que orientarán nuestra información sobre el euro. 
Señor Presidente, cuando faltan diecisiete días para la fecha de la entrada en el euro, a primera vista puede parecer extraño y tardío que, en este Parlamento Europeo, nos ocupemos de la estrategia de información sobre el euro. 
No obstante, debemos recordar que, desde 1996, se vienen haciendo muchos y costosos esfuerzos para informar a los ciudadanos de la Unión sobre la introducción de la moneda única europea, que les afectará más que cualquier otra medida que adopte la Unión Europea. 
La introducción del euro, pues, debe ser perfectamente comprendida por todos los ciudadanos, sean asalariados, empresarios o consumidores, y tanto en lo referente a los objetivos políticos, económicos y sociales como en lo referente a los métodos de utilización durante el periodo transitorio y hasta el 2002. 
Se han gastado aproximadamente 150 millones de ecus durante las campañas organizadas desde 1996 hasta hoy. 
Desde el año próximo y hasta el 2001 se dispondrán otros 100 millones. 
Nuestro ponente, el Sr. Arroni, al que felicito por su informe y al que doy las gracias sobre todo por haber aceptado la mayoría de mis enmiendas, ha debido comprobar que, a pesar de estos gastos, una buena parte de la población de la Unión Europea considera mala la información que tiene sobre el euro, y que según la OCDE entre un 30 y un 40 % de la población europea tiene dificultades para comprender la información difundida por escrito. 
Esto es asombros, en especial si se admite que todo el mundo, normalmente, tendría que estar interesado por el dinero, tanto si se tiene como si no se tiene o no se tiene el suficiente. 
Nuestro ponente ha insistido en que el gran público sea uno de los principales objetivos de la campaña de información sobre el euro, en que se otorgue una atención particular a ciertos componentes de la sociedad y en que para esta información se utilicen ciertos grupos sociales específicos. 
He pedido que, como multiplicador para difundir y centrar la información, se añadan las organizaciones femeninas, pues existe la pésima tendencia a ignorar las grandes organizaciones femeninas, nacionales y europeas, que tienen millones de afiliadas en los Estados miembros y que disponen de medios muy concretos y directos para llegar a ellas e informarlas. 
¿Por qué la Comisión no las insta a participar en estas campañas de información ofreciéndoles un partenariado? 
Sería un dinero muy bien gastado, mejor gastado que el que se desembolsa en ciertos folletos impresos en papel cuché, que la gente no lee o no entiende. 
Señor Presidente, la introducción física del euro afecta en realidad a todos los ciudadanos de los países que participarán en la Unión Monetaria. 
El cambio de las monedas y billetes hasta ahora habituales por otra moneda totalmente nueva y distinta constituirá un acontecimiento importante en la vida de las personas. 
Esta reconversión requiere un cambio de mentalidad y una actitud constructiva frente a dicho acontecimiento. 
El informe del Sr. Arroni, un informe excelente y de una calidad técnica también destacable, es por lo tanto un documento de indiscutible importancia con vistas a cubrir la necesidad de informar de manera eficiente a los agentes económicos y a los ciudadanos. 
Habida cuenta de las grandes sumas de dinero que se destinarán a esta campaña informativa, es importante que esta Cámara, que el Parlamento Europeo, exponga con claridad cómo deben concretarla las agencias encargadas de la misma. 
Toda vez que todos los grupos de población, todas las capas sociales, todos los grupos de edad, incluidas también las personas con discapacidades visuales o minusvalías intelectuales tienen que convivir con el dinero y manejarlo, la información no puede limitarse a los anuncios con mensajes de carácter general. 
Es mucho más importante intentar establecer un diálogo con las personas y ofrecer información orientada hacia grupos concretos. 
Si los ciudadanos poseen antes de esa fecha un grado elevado y completo de información, ello permitirá evitar una prolongada y costosa duplicidad durante el primer semestre del 2002. 
Las instituciones y empresas particularmente idóneas para actuar como difusoras deben desempeñar un papel central en la tarea informativa. 
Entre éstas es preciso citar en particular las escuelas, administraciones públicas, bancos o empresas turísticas con una clientela internacional. 
Con vistas a la aceptación de la nueva moneda es muy importante que durante esta fase no se cree ya la impresión de que se hace propaganda en favor del euro, sino de que se ofrece información al respecto. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo y en nombre de la Comisión, quiero dar la enhorabuena al Sr. Arroni por su informe relativo a la estrategia de información sobre el euro. 
Creo que existe una gran coincidencia de criterios en este asunto, y yo comparto las preocupaciones que se han expresado en este hemiciclo con respecto a los temores, las expectativas e incluso las esperanzas del gran público en cuanto al advenimiento del euro. 
También creo que la acción conjunta que venimos realizando desde 1996 ha cumplido con amplitud su objetivo de movilización, tras el Consejo Europeo de Madrid, celebrado a fines de 1995. 
Al Sr. Tillich le diría que la cooperación entre la Comisión y el Parlamento Europeo y los Estados miembros es útil. 
Creo que ha pasado por sus pruebas y que, en el futuro, será determinante para el buen desarrollo del periodo de transición. 
Muy rápidamente, quiero plantear dos tipos de comentarios derivados de las intervenciones y la lectura de este informe, uno relativo al modo de funcionamiento de la campaña y el otro, a los objetivos prioritarios. 
Sobre el modo de funcionamiento, les recuerdo que nuestras campañas se basan en dos principios: el partenariado y la descentralización. 
Creo que el partenariado es una idea inteligente, porque es preciso que los Estados miembros estén realmente lo más cerca posible de los ciudadanos. 
Por esta razón se han firmado acuerdos, acuerdos que han funcionado bien. 
Así ha sido con los once Estados de la zona euro. 
El año próximo se prorrogarán y yo diría que, en consonancia con sus deseos, Sr. Arroni, la Comisión no se limita a los países del euro, sino que está dispuesta a discutir con los distintos Estados pre-in para cofinanciar, si ellos así lo desean, acciones de información sobre el euro desde 1999. 
No obstante, Sr. Arroni, usted sugiere que se limite la cofinanciación comunitaria al 50 % del total del presupuesto. 
Esto me parece un tanto extraño pues, precisamente según la recomendación del grupo de trabajo organizado por la Comisión y el Parlamento, unos dos tercios de los créditos anuales disponibles se reservaron para el partenariado, y las evaluaciones que hemos hecho dan testimonio del éxito de este partenariado que, repito, en el marco de los acuerdos permite tener un efecto incentivador sobre las acciones realizadas por los Estados miembros, realizadas, diría yo, en cada Estado miembro, ya se trate de acciones emprendidas no sólo en el campo de los Estados sino también en el de las colectividades locales, en el sector de las PYME, de la distribución y de las personas más vulnerables, por quienes usted, con razón, tanto se preocupa. 
Por tanto, el partenariado es la mejor manera de asegurar una información próxima y, al mismo tiempo, diría yo, la manera en que se pone en marcha mediante células tripartitas en las que participan sus representantes: esas células tripartitas permiten orientar, Sra. Randzio-Plath, este partenariado, orientar estas acciones y, por consiguiente, asegurar un control y un seguimiento necesarios. 
Acerca del segundo objetivo- la descentralización -, también quiero recordar que la Comisión propuso la creación de centros de observación locales, que se establecen y deben proporcionar unas estructuras en cada Estado miembro, a fin de seguir mejor el impacto de las acciones informativas y, así, responder a esta necesidad de información y a esta necesidad de dar seguridad a la opinión pública, al gran público en general. 
El presupuesto de 100 millones de ecus que se ha previsto en el plan PRINCE para el periodo de transición- es decir, 38 millones de ecus, 38 millones de euros en este momento, para 1999, 32 para el 2000 y 30 para el 2001- nos parece suficiente a fin de secundar los esfuerzos de los Estados miembros. 
Dicho esto, he tomado buena nota de los deseos del ponente en cuanto a aumentar esta línea. 
La autoridad presupuestaria tendrá que adoptar esta decisión de manera anual. 
En cuanto al segundo tema, creo que, como muchos entre Sus Señorías y el ponente mismo lo han mencionado, los objetivos prioritarios deben ser las PYME, sobre todo en el sector de la distribución y del turismo, pero también, Sr. Arroni, el gran público y en particular los grupos más vulnerables. 
Le doy las gracias por subrayar el importante papel de las recomendaciones de la Comisión, en esta primavera, en cuanto a las anotaciones dobles en los gastos de las transacciones bancarias, en cuanto al seguimiento de la puesta en marcha del euro. 
Estas recomendaciones se establecieron sobre la base del voluntariado, y permitieron crear códigos de buena conducta y acuerdos de buena práctica entre los distintos sectores involucrados. 
Como prueba, cito el acuerdo entre los distribuidores y los consumidores, en especial para los dobles precios, que se materializará con un logo para el euro: próximamente lo veremos en toda Europa, con su gran sonrisa, y se supone será bien aceptado por la población; asimismo, se pondrá en marcha este código de buena conducta, de buena práctica, que empieza a desarrollarse en el sector bancario para los gastos de conversión. 
Pero más allá de estos acuerdos, la Comisión comparte el criterio del ponente sobre la necesidad de adaptar su estrategia de información a las necesidades de los grupos más vulnerables. 
A la Sra. Peijs, en lo relativo al big bang, puedo decirle que la idea a punto de ser estudiada en Europa consistiría, de hecho, en hacer que los comerciantes entreguen euros a partir del 1 de enero del 2002. 
Por lo tanto, se deberá poner a su disposición justo antes del 1 de enero del 2002 la cantidad de monedas y de billetes en euros suficientes para que puedan entregar euros a partir del 1 de enero del 2002, mientras que los ciudadanos podrán seguir pagando en su moneda nacional durante algunas semanas más. 
Esta fórmula es la que se está estudiando en la actualidad. 
En cuanto al público, y muy en especial a los integrantes de los grupos más vulnerables, a los menos favorecidos, creo que nuestra estrategia de información tendrá que traducirse, en los meses próximos y en el futuro, en los partenariados con los Estados miembros, en la prioridad que se aplicará a estos sectores. 
Por ejemplo, hemos previsto que se desarrollen acciones específicas entre los jóvenes y en el mundo de la educación. 
Señora Lulling, de igual manera hemos previsto, basándonos en estudios cualitativos que están en curso, una acción específica entre las mujeres, sobre todo entre las que no desarrollan una actividad profesional. 
En cuanto a los grupos llamados sensibles, en estos momentos están en vías de desarrollo varios proyectos piloto. 
No obstante, no creo que sea oportuno fijar un umbral predefinido del 10 % para los créditos. 
De otra parte, creo que en algunos casos ya se ha hecho más y creo que en todos los casos es preciso mantener cierta flexibilidad para adaptar el esfuerzo en función de las necesidades que se manifiestan y que se manifestarán, con la firme idea de que la presión política a favor de estos grupos desfavorecidos se debe mantener. 
Esto es lo que hará la Comisión. 
Para terminar, celebro por la colaboración ejemplar de nuestras dos Instituciones, que ha permitido el desarrollo de una estrategia coherente de información sobre el euro desde 1996. 
Hay que continuar por este camino y debemos decirnos que en última instancia nuestro objetivo, para no reproducir lo que ocurrió en Francia en el decenio de 1960, nuestro objetivo es lograr que el 1 de enero del 2002, cuando se pongan en circulación las monedas y los billetes, esa etapa sea para todos y cada uno la última etapa de un proceso para el que hayan sido bien preparados, un proceso que se haya explicado bien, de modo que este paso al euro se produzca con suavidad. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Mecanismo de ajuste en caso de choques asimétricos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0442/98) del Sr. Metten, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el mecanismo de ajuste en caso de choques asimétricos. 
Tiene la palabra el ponente, Sr. Metten. 
Señor Presidente, ¿cómo debe un país afrontar una crisis económica después de la llegada del euro? 
Mi informe gira sobre esta pregunta fundamental. 
El próximo 1 de enero, once países de la Unión Europa pasarán a tener una sola moneda común. 
Al mismo tiempo, aplicarán una sola política monetaria tras haberse fijado sus mutuos tipos de cambios. 
El resultado de todo ello es que mientras dichos países ganan una moneda común, pierden la posibilidad de paliar las consecuencias de una crisis económica que solamente les afecta a ellos y no a los demás miembros de la zona euro mediante una política monetaria adecuada a sus circunstancias nacionales o a través de la adaptación del tipo de cambio de su moneda nacional. 
A partir del 1 de enero, la política monetaria se amoldará a la situación media de toda la zona euro en tanto que el valor del euro fluctuará únicamente con respecto a las monedas ajenas a la zona común. 
Desde un punto de vista económico, los Estados miembros de la zona euro no son sino regiones dentro de un conjunto más amplio. 
Las crisis que azoten a estas regiones no podrán ser superadas con una política nacional. 
Aunque los Estados miembros europeos pierdan dos instrumentos nada desdeñables en su lucha contra las crisis regionales, conservan el instrumento más importante, a saber, su presupuesto. 
En caso de que se produzca una crisis regional, pueden echar mano de su propio presupuesto para combatirla. 
Sin embargo, el pacto de estabilidad ha restringido el ámbito de aplicación del presupuesto. 
Un déficit presupuestario del 3 % agota todas las posibilidades. 
Métodos alternativos para poner fin a las crisis regionales específicas de un determinado país y el desempleo correspondiente podrían ser la movilidad laboral y la flexibilidad salarial. 
Es de suponer que la movilidad laboral en Europa siempre tendrá una incidencia más bien restringida debido a la existencia de diversas áreas lingüísticas, mientras que la flexibilidad salarial europea está sujeta a límites muy claros cuya superación ya no es aceptable. 
Todo ello significa que la zona euro se muestra bastante vulnerable ante crisis económicas que afectan únicamente a uno o a algunos países. 
Pues bien, en mi informe propongo dos soluciones. 
En primer lugar, los Estados miembros tienen la posibilidad de acordar sus propias medidas preventivas como han hecho los interlocutores sociales en Finlandia. 
En dicho país, los agentes sociales utilizan los fondos de pensiones como parachoque. 
En tiempos de crecimiento económico saludable aumentan las cotizaciones a los fondos de pensiones con objeto de poder reducir las cuotas en épocas de recesión. 
Puesto que en la zona euro, que se caracteriza por su avanzada integración, las crisis económicas nacionales pueden llegar a afectar a otros Estados miembros en caso de que no se combatan eficazmente, propongo la creación, a escala europea y a modo de red de seguridad, de un instrumento de estabilización que pueda alimentarse con préstamos en el mercado financiero. 
El apartado 2 del artículo 103 A del tratado prevé un mecanismo de este tipo. 
En el fondo, no es más que un instrumento de seguridad destinado a hacer frente a las consecuencias derivadas de graves crisis de dimensiones nacionales. 
Aunque no permita solucionar la crisis, ofrecerá a los Gobiernos el tiempo complementario que necesiten para restablecer el equilibrio con la ayuda de medidas estructurales. 
Podría decirse, pues, que sustituye al instrumento de tipo de cambio que cumplía prácticamente la misma función antes de la llegada del euro. 
Como se trata de recursos procedentes del mercado financiero y de préstamos que han de ser reembolsados y no de transferencias espero que, en este caso, podamos contar con el visto bueno de los Estados miembros. 
El viejo temor de que un mecanismo de estabilidad de estas características se convertiría en competidor del pacto de estabilidad ha quedado relegado al pasado, puesto que las condiciones previas a la concesión de los préstamos correrán sin duda parejas con los requisitos que impone el pacto de estabilidad. 
Me complacería que la Comisión confirmara su intención de cumplir su promesa de 8 de abril del año pasado según la cual tiene previsto- cito- averiguar junto con el Consejo y con el Parlamento antes de que finalice este año cómo las disposiciones del apartado 2 del artículo 103 A han de ser llevadas a la práctica. 
Habida cuenta de que dicho artículo del Tratado prevé la creación de un mecanismo de estabilidad y que se requiere la unanimidad del Consejo para la aplicación del mismo, nosotros, en nuestra calidad de diputados al Parlamento Europeo, consideramos importante que ya se vaya preparando el marco de actuación. 
Pues, cuando un país se ve obligado a hacer frente a una perturbación que no puede combatir eficazmente con los medios que están a su alcance, la asistencia comunitaria debe ser inmediata, sin que sea necesario negociar medio año sobre el cómo y el por qué. 
Apelando a esta misma necesidad de actuación rápida sería igualmente útil que se desarrollara un sistema de alerta temprana. Instamos a la Comisión a que también asuma este cometido. 
Señor Presidente, las perturbaciones específicamente nacionales que se puedan producir en la zona euro no constituyen un problema que haga perder el sueño a los políticos, por no hablar del gran público. 
No obstante, este Parlamento está convencido de que esta actitud no está justificada, como demuestra el amplio apoyo que ha recibido mi informe. 
Ello obliga a la Comisión y al Consejo a poner manos a la obra. 
Señor Presidente, en Portugal hay este dicho popular: «Casa asaltada, trancas en la puerta» , lo que significa que sólo después del desastre consumado se buscan soluciones para evitarlo. 
Antes de que se produzcan conmociones imprevisibles en las economías nacionales después de la introducción del euro, hay que prever uno o varios mecanismos para afrontarlos. 
No se deben buscar soluciones después de que estalle una crisis. 
Ése es el objetivo y el mérito del presente informe de iniciativa a cargo de nuestro colega Alman Metten, a quien felicito: partiendo del artículo 103 A del Tratado de la Unión Europea, establece un fondo de estabilización para afrontar choques nacionales y nos propone varias soluciones. 
En primer lugar, es preciso tener en cuenta que sólo se podrán conceder esos apoyos a consecuencia de sucesos excepcionales, que los países no puedan controlar, y por decisión del Consejo, por unanimidad. 
El instrumento cuya creación ahora se propone será particularmente útil cuando esas crisis sobrevengan en Estados miembros que aún no hayan reducido suficientemente sus déficit presupuestarios y, por tanto, no dispongan de reservas propias para afrontar esas situaciones. 
Así, pues, nos parece que la solución propuesta de que la Unión Europea se dote de un presupuesto más fuerte, que le permita actuar con eficacia contra las depresiones coyunturales asimétricas, es la solución más adecuada. 
Es preciso que la Unión Europea esté dotada de los instrumentos que permitan defender la economía de cada uno de sus Estados miembros. 
Por eso, la Comisión deberá presentarnos propuestas de directivas que inventaríen las soluciones posibles para afrontar ese peligro potencial. 
Pero en ningún caso se deberá poder retirar esas asignaciones de los fondos comunitarios, pues éstos tienen otro objetivo y se aplican en las regiones que ahora ya son las menos desarrolladas de la Unión. 
Señor Presidente, ahora que está en marcha la Europa monetaria, debemos profundizar en cierto número de consecuencias. 
¿Cómo funcionará la UEM? 
¿Cuáles son los problemas que pueden surgir y cómo se deben resolver? 
En esta perspectiva, la cuestión de las crisis asimétricas es, sin duda, esencial. 
Sabemos que con el euro los Estados perderán dos elementos de libertad en su política económica: la manipulación de los tipos de cambio y la política monetaria. 
Por lo tanto, es conveniente preguntarse si la zona euro está lo bastante dotada de instrumentos para hacer frente a eventuales crisis asimétricas. 
En primer lugar, una aclaración, a la que ha aludido el Sr. Metten: los riesgos de crisis asimétricas quedarán reducidos gracias a la moneda única. 
¿Por qué? 
Simplemente porque los Estados ya no podrán distinguirse, como antes, aplicando políticas económicas a contra corriente de las de los demás países de la zona euro, y sabe Dios si no lo han hecho algunos, algunos que están muy cercanos. 
Dicho esto, aun cuando el riesgo de las crisis asimétricas sea menor, no hay que llamarse a engaño: no se eliminará por completo. 
¿Qué hacer, pues? 
Aplicar la vieja y excelente máxima de «mejor prevenir que curar». 
Para ello, en primer término, se ha de reforzar la coordinación de las políticas económicas para que, si no se pueden evitar, al menos se minimicen las famosas crisis asimétricas. 
En segundo lugar, hay que poner en marcha reformas estructurales importantes en cierto número de Estados miembros, sobre todo en cuanto al funcionamiento del mercado de trabajo y al peso de la carga fiscal y social. 
Pero si también hace falta curar, se imponen los remedios, que en particular consisten en una buena coordinación de las políticas presupuestarias y fiscales, e incluso, en su momento, en una transferencia más importante de ciertos gastos e ingresos fiscales de los Estados al presupuesto comunitario. 
En su momento. 
No soy un ingenuo total, sé muy bien que si esta solución sería la óptima en un plano económico, a día de hoy, no es tal en el plano político. 
El ponente propone la creación de un fondo de estabilización, y para hacerlo invoca el artículo 103 del Tratado. 
Debo decir al Sr. Metten que este artículo no va tan lejos. 
Autoriza una asistencia financiera comunitaria al Estado miembro en cuestión. 
Por este motivo, en el Grupo del Partido Popular Europeo pensamos que deberíamos atenernos a un instrumento de garantía, y proponemos enmiendas en este sentido. 
Señor Presidente, el Grupo liberal ha leído con interés la propuesta de iniciativa del Sr. Metten sobre el mecanismo de ajuste en los casos de perturbaciones asimétricas. 
Tal y como el ponente ha señalado en su breve introducción, su informe tiene por objeto ofrecer una alternativa para las devaluaciones y la política monetaria local. 
A este respecto también el Grupo liberal se pregunta si al comparar la situación anterior con la actual el cambio realmente ha sido tan grande; además, se plantea la cuestión acerca de quién asumía la responsabilidad antaño y quién la asume ahora. 
La causa más profunda de este tipo de perturbaciones radica a menudo en la política llevada a cabo por el país afectado. 
Cabe preguntarse, como ya han hecho algunos otros oradores, si se realizan los debidos esfuerzos para que dicha política sea lo suficientemente equilibrada desde un punto de vista fiscal así como en los aspectos técnicos del presupuesto y con respecto a la deuda pública. 
Por otra parte, no se debe olvidar que el Tratado prevé la posibilidad de tomar medidas en situaciones especiales. En determinados casos incluso se admiten déficits superiores al 3 %. 
Pienso que también desde una óptica liberal debe tratarse de circunstancias muy especiales y que en estas situaciones podría estar justificada una intervención de tales características siempre y cuando sea de corta duración y a pesar de que ello genere un aumento del déficit presupuestario. 
A esto se añade que la responsabilidad en este asunto reside en primera instancia en la política llevada a cabo por los Estados miembros nacionales y que, por ello mismo, son estos Estados los que han de asumir los gastos. 
Así las cosas, no suscribimos la idea de que la operación aquí comentada haya de financiarse principalmente a partir de un fondo de estabilidad a escala europea. 
En consecuencia, no podemos apoyar este punto de la propuesta. 
Señor Presidente, este informe sostiene que la asimetría en la economía de la Unión disminuirá en relación con la implantación del euro. 
Sin embargo, los hechos dicen lo contrario. 
En realidad, las diferencias entre las regiones de la Unión aumentan y han aumentado desde hace mucho tiempo. 
Hay una clara tendencia a la concentración de actividades. 
La dependencia de productos foráneos en los países es muy desigual y el propio mercado común genera crecientes diferencias. 
Todo el concepto de gran mercado es precisamente especialización y concentración, es decir, mayor asimetría. 
En mi opinión este informe sólo constituye un ejemplo más del escaso análisis que se ha hecho de las condiciones de este azaroso proyecto monetario. 
Señor Presidente, el Informe Metten demuestra que, finalmente, la zona euro corre el riesgo de resultar bastante inestable a causa del impacto de las diversas crisis asimétricas, crisis llegadas desde el exterior, quizá, pero también y sobre todo de las crisis producidas en el interior- no lo olvidemos, Sr. Fourçans, crisis surgidas del sistema mismo, que impondrá políticas uniformes a economías nacionales en situaciones distintas. 
En este sentido, será muy interesante para los economistas observar si, en los meses próximos, la primera de esas crisis desestabilizadoras no será el reajuste de los tipos de interés a corto plazo, que ya se hizo el 3 de diciembre último entre los distintos países de la zona euro. 
El Informe Metten, en la exposición de motivos, también se refiere a esta hipótesis y se inquieta en especial por la situación de Irlanda. 
¿Qué pasará si la bajada brutal de los tipos de interés ocasiona un recalentamiento de la economía de ese país? 
El ponente propone que se equilibre el efecto de la bajada de los tipos de interés con un aumento de los impuestos en Irlanda, solución que, nos tememos, no gustará nada a los irlandeses de tal modo sacrificados en el altar de la moneda única. 
Con mayor amplitud, el Sr. Metten propone que se recurra al artículo 103 del Tratado para garantizar un fondo europeo de estabilización, para ayudar a los países que sufran choques asimétricos. 
Es verdad que- como es norma siempre en esta clase de ejercicios- nos promete que será un organismo ágil, que dará garantías pero no que no hará redistribuciones financieras entre los países. 
Nosotros no lo creemos así. 
La lógica del sistema de la moneda única consiste en ir progresivamente hacia un presupuesto comunitario de redistribución para compensar la inestabilidad interna de la zona. 
Los países contribuyentes que ya hoy se quejan de la carga de sus desembolsos harían bien en reflexionar al respecto. 
Señor Presidente, en estos momentos resulta, en realidad, casi imposible responder a la pregunta sobre si la introducción de la moneda única incrementará o reducirá el riesgo de choques asimétricos. 
Lo que es seguro, en cualquier caso, es que esta posibilidad existe. 
Por otra parte, también se sabe que no se cuenta con el instrumento de la devaluación. 
El informe del Sr. Metten presenta una serie de recomendaciones razonables dirigidas tanto a los Estados nacionales como a la Comunidad. 
La coordinación de las políticas económicas es, no obstante, sin duda el instrumento más adecuado para reducir los riesgos. 
Yo comprendo que se considere que el artículo 103 A puede constituir un instrumento de seguridad. 
La idea de dotar en el futuro a la Unión de un presupuesto más amplio que permita actuar eficazmente contra las depresiones coyunturales me parece cuando menos totalmente ilusoria en estos momentos. 
El único medio eficaz de intervención seguirá siendo la voluntad política de los Estados miembros. 
Señor Presidente, sin duda, la que nos plantea el Sr. Metten es una cuestión central, que todos los economistas estudian desde hace unos años. 
Hoy tendrán que encontrar soluciones, pues la unidad de la política monetaria prohíbe el uso del arma de la devaluación, y constituye el origen del problema que se nos plantea en el informe de nuestro amigo Alman Metten. 
Simplemente, se constata que, dentro de los Estados miembros, hubo crisis que tuvieron consecuencias para el conjunto de la Unión, cuando existían los tipos de cambio. 
Es decir que consideramos la importancia de anticiparnos a la posibilidad de tales crisis asimétricas dentro de un país o, como muy acertadamente lo ha señalado nuestro compañero, el Sr. Metten, entre regiones, entre sectores y no sólo dentro de una estructura estatal. 
Estas crisis existen en nuestros Estados miembros. 
Dentro de un Estado miembro, ahora mismo, puede ocurrir que una región se encuentre en una situación asimétrica con respecto a su país. 
¿Cuál es la solución que se aporta? 
Es una solución de cohesión, es una solución de solidaridad. 
Con este mismo espíritu, manteniendo las distancias, debemos movernos en el campo europeo. 
Esto nos exigirá aún mucho trabajo. 
En primer lugar, debemos trabajar para conseguir una mejor coordinación de las políticas económicas. 
Si se aplican de modo coordinado políticas de reactivación, políticas de crecimiento y políticas de solidaridad, contribuiremos a la reducción de los riesgos de las crisis asimétricas. 
A continuación, paralelamente, también deberemos reforzar los medios de la Comisión, porque creo que, dentro de un marco preventivo de los choques asimétricos, hay que armonizar los medios de la Comisión en cuanto a evaluación y escenario para que no dependa tan sólo de los medios de los diferentes Estados miembros. 
La Comisión tiene que disponer de sus propios servicios de expertos. 
Además, para abarcar un espectro más amplio, nuestro colega Metten habla del tema de la libre circulación. 
Creo que, en efecto, más allá de la libre circulación de los trabajadores, la libre circulación de los ciudadanos debe contribuir a la fluidez de nuestras economías. 
Ampliaré aún más el razonamiento: en lo relativo a las universidades, debemos llegar a planes de estudio que sean troncos comunes. 
Por último, las soluciones que nos ofrece el ponente se refieren sobre todo al tema presupuestario. 
Creo que, con toda razón, propone el asunto del techo presupuestario tal como existe hoy en la Unión Europea. 
Si no nos lo planteamos hoy, se nos planteará por sí mismo más adelante, porque si queremos luchar con eficacia contra las crisis asimétricas, más allá del instrumento de garantía o del fondo de estabilización, necesitaremos medios suplementarios. 
Creo que la pista que nos ofrece el ponente, sobre la base del artículo 103a merece ser explorada para encontrar soluciones para esas crisis asimétricas. 
Señor Presidente, el informe que ha redactado el Sr. Metten no es, ciertamente, el informe que yo hubiese deseado. 
No es lo suficientemente audaz, pero sí es el único posible en estos momentos. 
Doy las gracias al Sr. Metten por el esfuerzo que ha hecho y por haber aceptado buena parte de las enmiendas que he presentado. 
Como aviso a los navegantes, quiero decir que en esta intervención no estoy defendiendo los intereses nacionales españoles. 
Ni siquiera entro en la dialéctica entre países ricos y países pobres, tan de moda en la Cumbre de Viena. 
Estoy defendiendo exclusivamente un interés europeo. 
¿Por qué digo que no defiendo intereses españoles? 
Porque, como subraya el informe Metten, en el pasado las crisis asimétricas han afectado, sobre todo, al Reino Unido en 1980, a Alemania después de la reunificación y a los Países Bajos, y, en el futuro, aunque no se diga en el informe, los expertos señalan que los candidatos a sufrir más en las crisis asimétricas son Portugal, en el supuesto de una crisis del sector textil, o Irlanda, en el supuesto de una recesión en el Reino Unido, que eliminaría las compras a Irlanda y las remesas de los emigrantes. 
¿Por qué digo que defiendo un interés europeo? 
Porque se trata aquí de prevenir un riesgo que puede afectar a cualquiera. 
Los que creen que se puede hacer más Europa cada vez con menos dinero, cuando se enfrentan al problema de la crisis asimétrica, a la pregunta ¿qué hacer? -como decía Lenin- dicen simplemente: nada. 
Los que creemos que Europa tiene que avanzar cada vez más deprisa subrayamos y aplaudimos las enmiendas, algunas tímidamente apuntadas por el Sr. Metten, otras firmemente defendidas y apoyadas en su texto. 
El Sr. Metten apunta que es necesaria una mayor movilidad de los factores de producción. 
Subrayo lo que ha dicho la Sra. Berès: el aprendizaje de lenguas y la coordinación de las enseñanzas académicas harán que Europa sea cada vez más un espacio abierto a las personas. 
La cohesión como principio es uno de los elementos básicos, el presupuesto también, así como el sistema de alerta y el sistema de red de seguridad que el Sr. Metten ha incluido en su informe, por el cual le felicito muy calurosamente. 
Señor Presidente, afortunadamente esta noche somos pocos y podemos hablar abiertamente, incluso oigo mencionar el nombre de Lenin en este respetable hemiciclo. 
Yo quisiera seguir a partir del punto en que ha dejado el tema el Sr. Fourçans, quien nos ha dicho, muy correctamente, que dos de los tres instrumentos de la política económica que los Estados miembros tenían a su disposición, ya no los tienen, y, por supuesto, no tienen la política monetaria ni la política de cambios. 
Deberá añadirse que también la política financiera, que es el tercer instrumento, está muy hipotecada- si no desaparecida- por el famoso pacto de estabilidad; y diría que hay que prestar una atención especial al análisis que nos ha hecho el ponente sobre el pacto de estabilidad. 
Según el ponente, los márgenes del déficit del 3 % que dicho pacto permite, son suficientes para cubrir el funcionamiento de los estabilizadores automáticos de la economía, con la condición de que partamos de la base de un déficit cero. 
Tal como observa muy correctamente el ponente, es improbable que en los próximos años consigamos un déficit cero. 
Por esta razón la ayuda del Fondo de estabilidad que el ponente propone, puede ser especialmente útil en la primera fase crucial del funcionamiento del euro. 
La interpretación vigente del pacto de estabilidad, señor Presidente, como seguramente usted sabe, es que las inversiones públicas, si no son cubiertas por la fiscalidad, también están sujetas a los márgenes del 3 % del pacto de estabilidad. 
Actualmente, las inversiones públicas en Europa se encuentran por término medio en el 2 % de la renta nacional, punto al que han descendido desde el 3 % en que estaban al comienzo de la década. 
Si las inversiones públicas son parte del pacto de estabilidad, entonces, o no hay lugar para el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, o no hay lugar para las inversiones públicas, o un aumento de la fiscalidad deberá financiar dichas inversiones, cosa que constituye una locura- como todo el pacto de estabilidaden una época en que se está reduciendo la actividad económica en Europa. 
En cualquier caso, señor Presidente, si realmente se aplica el pacto de estabilidad- cosa que dudo, porque el pacto me parece inaplicable- va a constituir una fuente de penalidades para la economía europea. 
En este sentido, medidas como las que introduce nuestro colega, el Sr. Metten, pueden reducir el mal y nosotros deberemos apoyarle aunque sea por el significado claramente simbólico de su propuesta pues tales medidas no pueden tener valor práctico porque dependen del principio de la unanimidad en el Consejo. 
Y, como esta noche es una noche de dichos, alguien podría decir- tal como ha dicho el Sr. Fourçans- que para sacar a Europa del callejón sin salida en el que hoy se encuentra necesitamos «de l´audace, de l´audace et encore de l´audace» , tal como dijo su famoso compatriota, señor Fourçans. 
Pero ¿dónde podemos encontrar «audace» cuando todos hemos esclavizado nuestro pensamiento a este monetarismo loco que, si no reaccionamos, nos llevará directamente a una catástrofe? 
Por lo menos demos una muestra de que rechazamos esta mentalidad. 
Señor Presidente, hablar de choques asimétricos es hablar de la próxima ampliación de la Unión. 
Será un choque programado, asumido e ineludible. 
Es un ejemplo de cómo un mismo hecho afectará desigualmente la economía de los quince Estados miembros, lo que pondrá de relieve sus vulnerabilidades y sus desigualdades en los planos nacional y regional. 
Se han acabado los días dorados de las devaluaciones cambiarias o de la danza de los tipos de interés de las monedas nacionales, como arma monetaria arrojadiza de los Gobiernos. 
El riesgo de choques asimétricos sigue latente y no siempre respetará el mensaje de aviso previo como en el caso de la ampliación. 
Puede ocurrir intempestivamente. 
A eso se debe la importancia de ese fondo de estabilización del que ahora se habla, pues estriba, por lo demás, en la legitimidad analógica que el artículo 103 A del Tratado le confiere. 
Podría cobrar la forma de empréstitos contraídos en el mercado de capitales y anclados en garantías sólidas proporcionadas por los Estados miembros de la Unión. 
La bonificación de intereses en el marco presupuestario de la Unión es una posibilidad por estudiar. 
No vemos señales de incompatibilidades entre ese fondo de estabilización y el Pacto de Estabilidad. 
Vislumbramos, eso sí, como sostiene el ponente, el refuerzo de una red de seguridad para las situaciones de dificultad macroeconómica de uno o más países, sin que se ponga en entredicho el objetivo global de dotar a la Unión de un conjunto de sistemas de finanzas públicas sanas. 
Todos los estudios realizados hasta la fecha indican que Portugal es el país simultáneamente más distante de los beneficios de la ampliación de la Unión al Este y el más directamente perjudicado por sus repercusiones. 
De la industria tradicional al turismo, pasando por las reducciones en los Fondos estructurales, el cumplimiento de la Agenda 2000 en su versión original hará del segundo Estado menos desarrollado de la Unión la víctima principal de ese choque asimétrico previsible. 
Sería una injusticia, pero, de suceder, este mecanismo de ajuste aquí propuesto hoy puede contribuir a repararla. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el texto que hoy se nos presenta es el fruto de un trabajo serio y profundo del ponente, Alma Metten, y de nuestra Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
Una vez más, señor Comisario, esta iniciativa parlamentaria demuestra no sólo nuestra capacidad de captar los grandes problemas que Europa tiene o corre el riesgo de tener, sino también, por supuesto, nuestra capacidad de proponer soluciones serias y realistas. 
Apoyo, pues, este informe, y doy la enhorabuena a Alman Metten porque, convencido como él del valor protector del euro, pienso que desde hoy hay que prevenir los riesgos, aun los más pequeños, pero siempre presentes, posteriores al 1 de enero de 1999. 
En este sentido, la creación de un fondo comunitario, de un sistema de garantía y de asistencia para ayudar a los países de la zona euro en caso de crisis en uno de esos países, debe permitirnos reforzar nuestra moneda única y, sobre todo, ayudar a los países que han decidido entrar en ella. 
Agrego que este fondo también sería una garantía de estabilidad para el euro, frente a otras divisas que tienen importancia en el mundo, ya sean fuertes o inestables, dominantes o especulativas. 
Por otra parte, si se puede pensar que las crisis asimétricas serán mínimas, lo que confirma la gran estabilidad de las monedas de la zona euro, no se puede negar la heterogeneidad de las legislaciones y de las políticas. 
Para terminar, me uno sin reservas a las voces que piden una mejor coordinación de nuestras políticas económicas, una equiparación de las cargas fiscales y sobre todo, por último, una armonización de nuestras medidas contra el paro y de nuestros esfuerzos por crear empleo. 
También en esto necesitaremos de la Comisión. 
En resumen, y termino con esto, una vez más en este empeño, para multiplicar nuestros triunfos y limitar nuestros riesgos, necesitamos de otro esfuerzo de Europa. 
Señor Presidente, creo que el pensar que todos los países europeos se podrían librar de los denominados problemas asimétricos es una muestra de gran ingenuidad. 
En el ámbito de la UE, es necesario prepararse a tiempo para luchar contra la aparición de este tipo de problemas. 
Está claro que los choques asimétricos pueden afectar de manera individual a las estructuras de producción de algunos países. 
Ahora que la Sra. Metten ha mencionado el ejemplo de Finlandia, me gustaría resaltar que el fundamental papel que han adquirido Nokia y las empresas exportadoras de alta tecnología ha logrado diversificar las estructuras de producción y las tendencias exportadoras de este país. 
No puedo compartir el planteamiento de la Sra. Metten cuando afirma que la lucha contra las crisis ha de tener lugar dentro del marco presupuestario de la UE. 
La adopción de decisiones es demasiado lenta. 
Tampoco creo que la armonización de la política monetaria constituya un elemento aplicable. 
Por todo ello, resulta imprescindible contar con una suficiente libertad de acción a escala nacional. 
La Sra. Metten tiene toda la razón cuando hace referencia a los planes del sistema de pensiones finlandés para variar el nivel de las cotizaciones, de manera que fuera más reducido en tiempo de recesión y más elevado en época de bonanza coyuntural. 
Por mi parte, desearía hacer hincapié en el uso keynesiano de la política presupuestaria como un instrumento para combatir la recesión. 
Es necesario fomentar la presencia de estabilizadores automáticos en el presupuesto. 
Querría recordar que el Parlamento aprobó hace más de un año, por medio de la Comisión de Presupuestos, mi propuesta de examinar el déficit del 3 % en el marco de todo un ciclo coyuntural, en vez de hacerlo momento a momento. 
De este modo, ante la amenaza de una recesión asimétrica, el país en cuestión podría, haciendo uso de un presupuesto deficitario, revitalizar la economía y volver a registrar un superávit global con arreglo al mencionado 3 %. 
Ahora ha llegado el momento de que la Comisión y el Consejo adopten la misma línea para modificar el acuerdo de estabilidad con el fin de permitir a los distintos países prepararse de antemano, por medio de los programas que sean necesarios, para luchar contra los choques asimétricos. 
Señor Presidente, deseo enviar desde aquí mi agradecimiento a la Sra. Metten por la profesionalidad de este buen informe en el que recoge algunas propuestas favorables. 
Los choques de más importancia y repercusión han sido los conflictos bélicos. 
Si bien hemos logrado evitar este tipo de conflictos, cabe señalar que también los choques económicos son graves y afectan siempre a las poblaciones de menos recursos. 
El estallido de las crisis del petróleo de los años 1973 y 1981 difundió el temor por todo el mundo. 
La caída radical del precio del dólar también fue un choque, no sólo para los americanos, sino también para nosotros. 
A pesar de que estos choques afectaron a toda la Unión Europea, es cierto que sus repercusiones se dejaron sentir en mayor medida en unos países que en otros. 
Como consecuencia de todo ello surgió una situación de asimetría que podría compararse al fraude fiscal. 
Cuando un choque de este tipo afecte a un solo país de la Unión Económica y Monetaria estaremos ante una situación grave, y necesitaremos urgentemente medidas para corregirla. 
A este respecto, estoy de acuerdo con el anterior orador, aun si ya no disponemos de medidas para la devaluación. 
Tuve el honor de participar, en representación de mi grupo político, en las entrevistas que se realizaron a los candidatos para dirigir el Banco Central Europeo. 
Me produjo una gran sorpresa escuchar a uno de estos candidatos decir que no creía que los choques asimétricos fueran un cuestión de importancia. 
En caso de que este distanciamiento se propagara en el seno del BCE, es seguro que sus actividades ocasionarían una conmoción en este Parlamento. 
La política monetaria del BCE no es una política neutral, por lo que este banco ha de asumir unas responsabilidades en lo relativo a la cuestión del desempleo y de los choques asimétricos. 
Como ejemplo de choques de carácter local, la ponente menciona las repercusiones de la producción petrolífera del mar del Norte en el Reino Unido, la reunificación alemana, las inundaciones en Europa y las crisis de las vacas locas y de la peste porcina en los Países Bajos. 
Por lo que respecta a Finlandia, es posible comparar los anteriores ejemplos con la crisis de Rusia. 
La situación en este país puede estallar en cualquier momento y convertirse en un choque asimétrico. 
Por este motivo, la ayuda de la Unión a Rusia debería destinarse para mitigar ahora la crudeza de los estallidos sociales, y no para favorecer este sistema oligárquico cuyos representantes depositan su dinero, es decir, nuestro dinero, en cuentas en el extranjero. 
En Finlandia, un motivo de choque podría venir dado por las diferencias existentes en la industria de la madera. 
Afortunadamente, la importancia de la madera para nuestro país es en la actualidad mucho más reducida que en el pasado. 
Las industrias del metal y la electrónica se han convertido en el sector más importante en términos de exportación. 
A pesar de ello, la situación de la industria maderera es importante, y el hecho de que la crisis rusa no afectó a Finlandia es una buena muestra de los cambios que se han producido. 
Necesitamos un fondo e instrumentos de estabilidad. Asimismo, también sería necesario un mecanismo de alerta ante los choques asimétricos. 
Señor Presidente, la creación de un mecanismo de ajuste para afrontar choques asimétricos, pese a ser seductora a primera vista, justifica reservas e inquietudes a los que debemos estar atentos, sin por ello poner en entredicho el mérito del ponente, al que felicito. 
Nadie pondrá en tela de juicio que sería preferible atacar el mal por la raíz, anulando o al menos atenuando las circunstancias que podrían provocar tales choques gracias a la diversificación sectorial, al fortalecimiento estructural y a la flexibilización de las economías, en particular de los mercados de los factores, por un lado, y gracias a políticas presupuestarias rigurosas, por otro. 
Es deseable que se tenga éxito por esas vías, entre otras cosas porque sería de temer que la dimensión de los choques asimétricos (o simétricos, sobre toda la economía) fuera tal, que superara con mucho la capacidad del presupuesto de la Unión, que ni siquiera llega al 1, 2 % del PIB de este espacio. 
Al no ser- por desgracia- realista la esperanza del Sr. Metten de que «la Unión Europea se dote de un presupuesto más fuerte que el actual» , la lucha contra las depresiones coyunturales acabaría haciéndose, seguro, con recursos que deberían ser destinados a soluciones estructurales. 
Se trata de un temor que no se disipa con las reservas del ponente, al decir que no sería un mecanismo de transferencia, sino sólo de garantía de créditos por reembolsar con intereses y que estaría condicionado a políticas de equilibrio presupuestario (en la exposición de motivos habla, sin embargo, de bonificaciones de intereses... ) 
Y se pregunta: ¿a qué vendría la necesidad de un fondo o la necesidad de aumento del presupuesto, si, de hecho, no se necesitaran recursos? 
Podría acabar siendo una puerta abierta a situaciones muy injustas de transferencia de recursos, en mayor medida para los países ricos (se dice que los más pequeños tal vez no necesiten ese mecanismo... ) o de premio a países menos correctos en sus políticas, a costa de países necesitados de apoyos estructurales y que, por haber seguido políticas correctas, hayan conseguido evitar los choques asimétricos. 
Así, pues, por tratarse de una cuestión de prioridades, se deben promover prioritariamente las políticas estructurales, inequívocamente correctas, pero que están poniendo incomprensiblemente en entredicho políticos con visiones limitadas del proyecto europeo. 
Con esta salvaguardia rigurosa, se debe avanzar hacia la creación del fondo que se propone en el informe del Sr. Metten. 
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Metten nos invita a reflexionar sobre un problema que a menudo se señala dentro del marco de la Unión Económica y Monetaria: el problema de las crisis asimétricas. 
En primer término, quiero darle la enhorabuena por su trabajo- si bien no comparto todas sus conclusiones- y por la labor que ha desarrollado en el seno de la subcomisión correspondiente. 
Había preparado una versión larga para esta intervención, pero por lo avanzado de la hora voy a recortarla al máximo. 
A quienes de Sus Señorías lo deseen, entregaré mis reflexiones detalladas sobre las crisis asimétricas. 
Lamento no disponer de más tiempo, pues me habría gustado tratar de convencer al Sr. Berthu. 
Pero creo que, en especial en esta etapa, eso corresponde a la incidencia particular en los mecanismos económicos de base, incidencia que me dispongo a explicar. 
Cuando se habla de crisis asimétricas, lo primero es saber de qué se habla. 
Es decir que hace falta una definición. 
También es necesario saber qué probabilidades hay de que esas crisis se produzcan en Europa y, por último, qué soluciones se pueden aportar. 
Estas son las tres ideas que quiero desarrollar brevemente. 
Ante todo: ¿qué es una crisis asimétrica? 
Hay una respuesta teórica, simple pero en realidad bastante vaga, para la que esta expresión representa una crisis de oferta o de demanda que afecta en forma diferente a una parte o a un sector determinado de una zona económica. 
Como en la Comisión trabajamos mucho, para aclarar esta definición hemos tratado de esbozar una tipología, una clasificación de las crisis asimétricas. 
Se distinguen cuatro tipos. 
En primer término, tenemos las crisis de origen natural, por ejemplo las que se derivan de un seísmo o de una epidemia. 
Su carácter asimétrico proviene del carácter muy localizado del fenómeno generador, que afecta a una región específica. 
En segundo lugar, están las crisis ocasionadas por una evolución histórica excepcional, imposible de prever. 
Pienso, por ejemplo, en la reunificación de Alemania. 
En tercer término, se sitúan las crisis causadas por la caída de la demanda de un bien o de un servicio en el que un país se ha especializado. 
Para dar un ejemplo que se acaba de citar, tomo la caída del precio de la madera, y por tanto de todo el mercado de la madera, que representa el 15 % del PIB de Finlandia. 
En este tipo, por supuesto, la asimetría depende del grado de especialización del país. 
Por último, el cuarto tipo es el de las crisis cuya asimetría proviene de respuestas distintas, en términos de política económica, a hechos generadores simétricos. 
Por ejemplo, con motivo de la primera crisis del petróleo en 1973, en principio todos los países industrializados tendrían que haber abordado el problema de igual modo. 
Pues bien: no fue así. 
Se vio que las respuestas nacionales eran muy distintas de un país a otro. 
Así fue como hubo asimetría en la crisis. 
En algunos países, se pusieron en marcha políticas de relanzamiento, en tanto que en otros se procuró la estabilización. 
Aquí tenemos, pues, lo que se entiende por crisis asimétrica. 
Pero saber qué es una crisis asimétrica no lo es todo: aún queda por evaluar su grado de probabilidad. 
Ante todo, quiero anticipar a la Sra. Berès que la Comisión está a punto de dotarse de elementos de análisis. 
Puedo decirle que hoy precisamente se firmó el nuevo organigrama de la DG II, en el que hemos reforzado mucho las competencias en materia de análisis económico, y hemos puesto en marcha un sistema para «razonar como zona euro». 
Pienso que tendremos ocasión de volver a hablar de ello, pero me interesaba tranquilizar a Su Señoría sobre este punto. 
Para apreciar la probabilidad de las crisis asimétricas, dos son los factores pertinentes: la integración de las economías de los países miembros y la coordinación de las políticas económicas. 
Precisamente gracias a la combinación de estos dos factores, las crisis asimétricas son muy poco probables en el seno de la Unión Económica y Monetaria. 
Respecto al primer factor, es decir, a la integración de las economías de los Estados miembros, es obvio que la realización de un mercado único hace que las economías sean cada vez más interdependientes, más aún con una moneda única, lo que debilita la especialización de las economías nacionales. 
De otra parte, las políticas estructurales y de cohesión acercan los niveles de desarrollo en la Comunidad. 
Es decir que estos dos factores contribuyen a evitar las crisis asimétricas, y yo diría que, en este sentido, la situación en Europa es por lo menos tan favorable como la de otras uniones monetarias. 
Finlandia, Sr. Berthu, no está más amenazada por una crisis del sector de la madera que Alabama por una crisis del algodón, o Michigan por una crisis del sector automovilístico. 
Por último, diré que el grado relativamente débil de la especialización nacional en Europa determina que sea muy poco probable la aparición de crisis asimétricas nacionales. 
Esto no significa que no pueda haber crisis en una localidad o en una región afectada por una catástrofe natural o muy especializada en una producción. 
En efecto, allí puede haber una crisis, pero esto no concierne a un solo Estado miembro. 
Segundo factor: la coordinación de las políticas económicas, y creo que es una de las características de la UEM, significa, justamente, aportar respuestas políticas coherentes y coordinadas. 
Ante todo, la política monetaria común excluye toda posibilidad de que un franco tirador, un sniper si lo prefieren, agrave las consecuencias de una crisis sobre la economía de los demás Estados miembros. 
O sea que la situación es muy distinta de la que se produjo entre 1992 y 1995 en la Unión Europea. 
Por otra parte, la coordinación de las políticas presupuestarias- pienso sobre todo en lo que se hizo en el marco del pacto de estabilidad y de crecimiento- permite soslayar, precisamente, las respuestas nacionales divergentes, como ocurrió en el caso de la primera crisis del petróleo. 
Pero el pacto de estabilidad y de crecimiento también consiente la recuperación de los márgenes de maniobra presupuestarios, eliminando los déficit estructurales de las finanzas públicas. 
Por todas estas razones, pues, al estar acompañada por la convergencia y la coordinación de las políticas económicas, la UEM refuerza la capacidad de la Unión para evitar la aparición de crisis asimétricas, o para limitar sus efectos mediante respuestas políticas apropiadas. 
Dicho esto, hay que añadir que las crisis asimétricas no son totalmente imposibles. 
¿Cuáles son, por tanto, las medidas de las disponemos para hacerles frente? 
Hay dos clases: las medidas relativas al mercado, que curiosamente nadie ha citado, creo, en esta Asamblea, y las medidas de carácter presupuestario, sobre las que, en cambio, todos se han extendido bastante. 
Permítanme que, en primer lugar, hable un poco del mercado. 
Yo diría que el mercado es un amortiguador de las crisis asimétricas. 
Los análisis muy a menudo muestran una tendencia a centrarse tan sólo en las respuestas públicas a las crisis económicas. 
Pero esta subdivisión del análisis no corresponde ya a la estructura moderna de las economías industrializadas. 
Las capacidades de adaptación y de financiación no provienen ya, en nuestras economías, de la potencia pública sino del mercado. 
He encontrado un estudio hecho en 1996 por la Brown University sobre las crisis asimétricas, en el que se demuestra que las financiaciones necesarias para remediar los efectos de una crisis provenían, en el 62 % de los casos, de los mercados de capital y, en un 13 % de los casos, del presupuesto federal. 
Es decir que la acción del mercado es decisiva. 
Pues bien, la UEM aporta a Europa nuevas bazas en dos espacios esenciales del mercado: el mercado del capital y el mercado del trabajo. 
En cuanto al primero, allí está el euro, desde luego. 
El euro es también y ante todo un gran mercado de capital y de créditos. 
De modo que la concreción del euro es la puesta en marcha de este gran mercado de gran liquidez y, de hecho, por supuesto, de una liquidez y de una seguridad comparables a las del mercado americano. 
Hoy están en curso negociaciones destinadas a constituir una verdadera plaza bursátil europea. 
Además, asistimos a la promoción del mercado europeo de financiación del capital de riesgo. 
Un gran mercado europeo de los capitales y del crédito será mejor incluso para disponer de la financiación necesaria para amortizar una crisis económica. 
Respecto al mercado del trabajo, remito a Sus Señorías a nuestras orientaciones generales de política económica, a las líneas directrices para el empleo, que expresan un solo e idéntico mensaje: los Estados miembros, la Comisión y también esta Asamblea quieren mejorar la capacidad de reacción del mercado europeo del trabajo a efectos de la mundialización. 
Creo que esta mayor flexibilidad será un elemento importante para amortiguar el efecto negativo que en el empleo puedan tener las eventuales crisis asimétricas futuras. 
No voy a desarrollar las conclusiones del Consejo Europeo de Viena. 
Pienso que el Presidente Santer debió hacerlo, pero la propuesta del Pacto Europeo para el empleo tiene ese mismo sentido. 
Para completarlo, me gustaría agregar que el perfeccionamiento del mercado único de bienes y servicios que el Consejo pone bajo la denominación «reforma económica» contribuye, asimismo, a reforzar la capacidad de respuesta de la economía europea en caso de crisis. 
Todo esto equivale a decir que la capacidad de respuesta del sector privado es esencial y no hay que desdeñarla. 
La otra posibilidad, el otro medio de lucha consiste en el uso de la política presupuestaria. 
La política presupuestaria puede utilizarse de dos modo. 
En todo esto, sin duda, me mantengo dentro del marco del Pacto de estabilidad y de crecimiento del Tratado. 
Se puede utilizar, pues, de dos maneras: dentro del marco de la política presupuestaria nacional y dentro del marco de la solidaridad financiera, y se trata del artículo 103a, al que se ha aludido. 
En lo relativo a la política presupuestaria nacional, recuerdo a Sus Señorías que, al evitar los déficit excesivos, al fijar como objetivo a mediano plazo una situación presupuestaria cercana al equilibrio o en excedente ligero, el Pacto de estabilidad y de crecimiento pretende otorgar a los Estados miembros, a más tardar en el 2002, un margen de maniobra presupuestaria suficiente para dar una respuesta de gran amplitud a las crisis económicas. 
Cuatro programas nacionales de estabilidad y convergencia, que ya hemos analizado y que han sido aceptados por el Consejo, responden a estos objetivos. 
Aún esperamos otros once que, en principio, deberían ser enviados antes de fin de año. 
Los examinaremos desde una misma perspectiva. 
El ponente, el Sr. Metten, que ha advertido que estos márgenes de maniobra no estarán constituidos hasta el 2002, sugiere con ingenio que el presupuesto comunitario también se use para acelerar artificialmente este proceso, por ejemplo retardando o anticipando las contribuciones nacionales. 
Dicho esto, estoy obligado a señalar que nada de ello está previsto por la legislación presupuestaria de la Unión Europea, y que tal disposición sería, en mi opinión, injusta, pues transferiría la carga de ciertos países a otros, sin aportar una solución duradera. 
Por esta causa, lo mejor será aplicar estrictamente el Pacto de estabilidad y de crecimiento y, en lo posible, como usted mismo lo subraya, señor Metten, crear reservas presupuestarias en momentos de buena situación económica, como en Finlandia, para utilizarlas en caso de crisis. 
De manera general, la Comisión recomienda a los Estados miembros que, más allá de la situación de equilibrio estructural de las cuentas públicas, se pueda contar con un margen de maniobra adicional, utilizable en caso de crisis o de cambios serios en la situación económica. 
Por último, para terminar este punto, recuerdo a Sus Señorías que el pacto de estabilidad prevé que, de manera temporal y excepcional, un Estado miembro pueda utilizar su política presupuestaria más allá del 3 % máximo de déficit en caso de circunstancias económicas excepcionales. 
Esta definición abarca el concepto de crisis asimétrica de una amplitud particular. 
Esto en cuanto a los «presupuestos nacionales». 
Ahora quedan el aspecto Tratado y el aspecto artículo 103 del Tratado. 
Es un punto importante. 
Debemos recordar que el artículo 103 del Tratado dispone que, «sin perjuicio de otros procedimientos previstos por este Tratado, el Consejo, por unanimidad a propuesta de la Comisión, puede adoptar medidas adecuadas a la situación económica, en especial si se producen graves dificultades en el aprovisionamiento de ciertos productos». 
En segundo lugar, prevé que «si un Estado miembro experimenta dificultades a causa de acontecimientos excepcionales que escapan a su control, el Consejo, por unanimidad a propuesta de la Comisión, puede otorgar, con ciertas condiciones, una asistencia financiera comunitaria al Estado miembro afectado. 
Cuando estas dificultades sean causadas por catástrofes naturales, la decisión se tomará por mayoría calificada y el Presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo». 
El alcance de este texto está muy claro. 
En ningún caso se puede interpretar que autoriza cualquier acción para sacar de apuros a un Estado miembro cuya política económica no sea acorde con el Tratado. 
El texto está muy bien enunciado. 
Ante una crisis imprevisible, otorga a la Comisión y al Consejo un gran espacio para organizar la solidaridad financiera. 
No es posible, evidentemente, preparar con exactitud los remedios para lo imprevisible. 
No obstante, la Comisión ya está pensando en el mejor modo de organizar la solidaridad financiera de la zona euro en caso de una catástrofe natural, por ejemplo, y tendré ocasión de volver sobre ello algún día ante esta Asamblea. 
Hago notar a Sus Señorías que el mayor problema del artículo 103a es que requiere la unanimidad del Consejo, si bien por su naturaleza un mecanismo eficaz de absorción de las crisis debería ser inmediato y automático. 
Además, para poner fin también a este punto, añado que conforme a los artículos 109k y 109k.6 del Tratado, los Estados pre in y out, los que no están en el euro, y sólo ellos, pueden beneficiarse de una ayuda comunitaria en la balanza de pagos. 
Haremos propuestas en este sentido antes del año 1999, o en su transcurso. 
Para terminar- y me disculpo por haberme extendido demasiado, pero este tema podría abarcar muchas horas -, diré primero que, si hay una crisis asimétrica, habrá que ajustar y no sólo financiar. 
Es un error centrarse exclusivamente en la búsqueda de la financiación comunitaria, mientras que el problema es, sobre todo, responsabilidad de los países que deben llevar adelante las reformas que impone la adaptación a una situación de hecho. 
En resumen, las crisis asimétricas son, como se suele decir, no totalmente improbables. 
Hay menos posibilidades de que se produzcan con el euro que sin el euro, y creo que la coordinación de la policy mix generada por la UEM dará a la Comunidad las mejores armas para luchar contra las crisis asimétricas. 
En este sentido debemos trabajar en los meses próximos desde ahora, cuando faltan 16 días para la implantación del euro. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario su amplia respuesta, pero he de señalar que no ha respondido a mi muy concreta pregunta sobre cómo piensa la Comisión cumplir su promesa de 8 de abril del año pasado, relativa a un informe que elaboré sobre este mismo tema, por la que se comprometió a averiguar junto con el Consejo y el Parlamento antes de que finalizase el año en curso, 1998, cómo las disposiciones del apartado 2 del artículo 103 A han de ser llevadas a la práctica. 
El Comisario no ha dicho nada en este sentido. Tampoco ha dejado entender que piense seguir adelante con su propósito. 
No obstante, el verdadero mensaje del informe que estamos debatiendo era ése. 
Señor Presidente, quizá el Sr. Metten pueda leer con detalle mi primera intervención. 
Creo que encontrará la respuesta a su pregunta. 
En primer lugar, en lo relativo al apoyo financiero comunitario en caso de dificultad en la balanza de pagos o, dicho de otro modo, en lo que respecta a la prórroga del sistema del artículo 109h para los países que no integran la zona euro, nos hemos comprometido a hacer un balance y a presentar propuestas. 
Esto, como he dicho, se hará en el curso de las próximas semanas o los próximos meses. 
En segundo lugar, en lo relativo al procedimiento acelerado que permite aplicar este artículo en caso de catástrofe natural con sus aspectos microeconómicos, diré que estamos examinando la posibilidad de un procedimiento que aceleraría la decisión del Consejo, que se expresaría a través de la mayoría calificada para contribuir, primero, a las ayudas de primera necesidad mediante una línea presupuestaria especial y, segundo, mediante préstamos, sobre todo del BEI, a la reconstrucción de las zonas siniestradas. 
En tercer lugar, en cuanto a los puntos más polémicos- aunque creo que aquí hay un problema de fondo y de doctrina -, las crisis económicas asimétricas, primera parte del artículo 109a, apartado 2, los trabajos de análisis y de reflexión se han hecho considerando varios casos concretos de crisis asimétricas, incluido el desarrollo de las diversas argumentaciones económicas y jurídicas. 
En mi presentación, tuve oportunidad de exponer los elementos de respuesta. 
Estoy siempre a disposición de Su Señoría para continuar esta reflexión privada o públicamente. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0486/98) de la Sra. Lulling, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la posición común establecida por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo por el que se modifica el intercambio de bienes entre Estados miembros (C4-0492/98-97/0155 (COD) ). 
Tiene la palabra la ponente, Sra. Lulling. 
Señor Presidente, señor Comisario, el 31 de marzo pasado presenté aquí mi informe sobre las dos propuestas de reglamento que la Comisión Europea nos había sometido a fin de simplificar el reglamento Intrastat, para aliviar la carga declarativa de las empresas, sobre todo de las PYME, y para reducir los costos de esas obligaciones que deben proporcionar a Eurostat los datos destinados a elaborar las estadísticas, tan indispensables como apreciadas, sobre los intercambios de bienes entre los Estados miembros en el mercado único. 
En esa ocasión lamenté que las propuestas no conservaran todas las buenas sugerencias de la iniciativa SLIM, y que no fueran más que un primer paso en la buena dirección, a la espera de una simplificación más radical, tanto más cuanto que la fiabilidad de las estadísticas Intrastat es inversamente proporcional a los costos soportados por las 450.000 empresas que deben entregar los datos, gastos del orden de 500 millones, a los que se suman 100 millones para la explotación por parte de los recolectores nacionales. 
En la primera lectura, pues, propusimos enmiendas, adoptadas aquí por unanimidad, para las que, exceptuados algunos detalles, obtuvimos la bendición de la Comisión. 
El Comisario de Silguy, en efecto, había declarado ante esta Asamblea que estaba dispuesto a admitir el conjunto de nuestras enmiendas. 
Infortunadamente, no ha sido ése el caso en el Consejo, que nos transmitió una posición común por la que incluso se debilita la propuesta inicial de la Comisión, en tanto que nosotros y la Comisión queríamos reforzarla. 
Si siguiéramos al Consejo, o sea a los gobiernos, en su actitud negativa- enteramente incomprensible si se piensa que sus responsables en estadística colaboraron en la iniciativa SLIM -, haríamos que la carga declarativa se volviera más pesada para las empresas. 
El Consejo ha llegado a rechazar incluso, pura y simplemente, la adopción de una posición común sobre la propuesta de reglamento que se refiere a la nomenclatura. 
Ante una actitud tan negativa del Consejo, podríamos habernos resignado y podríamos haber capitulado frente a la imposibilidad de producir algún temblor en la montaña de las exigencias burocráticas de los Estados miembros, y por tanto podríamos haber desacreditado la operación SLIM y hecho caso omiso de los intereses de las empresas, que no dejan de suplicarnos que aliviemos sus cargas administrativas. 
Hemos preferido mantener nuestras enmiendas sobre las dos propuestas de modificación del reglamento Intrastat. 
Sé que, a falta de una posición común del Consejo, la Comisión podrá decirnos que, por razones formales, no puede aceptar ciertas enmiendas, aunque en el fondo está a favor, aunque sin duda no ha cambiado de opinión desde el 31 de marzo hasta hoy. 
El mantenimiento de estas enmiendas es para nosotros un signo político en el Consejo, que debe darse cuenta de la confianza y de la solidaridad que existe entre la Comisión y nuestro Parlamento en este asunto. 
Como ponente, he sido objeto de cierto acoso por parte de los usuarios de estas estadísticas, que están legítimamente interesados en disponer de informaciones detalladas y de calidad sobre los intercambios de bienes entre Estados miembros, y que son partidarios del mantenimiento de un nivel muy alto, con ocho cifras, para disponer de una información económica fiable y poco costosa. 
Como por parte de ellos hay un malentendido sobre el alcance de nuestras enmiendas, tengo gran interés en tranquilizarlos, y al respecto les señalo que, en nuestra enmienda 8, la nomenclatura combinada se reconoce como la nomenclatura básica para la clasificación de las mercancías. 
Una sola nomenclatura, la nomenclatura combinada, se empleará para la estadística extra e intra. 
Nuestra enmienda es consecuencia de la renuncia a la idea de una nomenclatura específica Intrastat. 
Además, en lo que se refiere a la simplificación preconizada por la aplicación de un código de seis cifras en lugar de ocho, el sistema armonizado para la identificación de ciertas mercancías, las condiciones para beneficiarse de esta simplificación han quedado detenidas por la Comisión en comitología, tomando en cuenta un partenariado entre las administraciones nacionales y los usuarios, y destacando la importancia crucial de que, desde el primer momento, se refirme una cooperación estrecha con todas las partes indicadas a través de un texto legislativo. 
Este partenariado podrá garantizar que se cubran ciertas necesidades particulares, en especial en el sector agroalimentario. 
De este modo, mis amigos del sector del vino podrán estar tranquilos: seguirán disponiendo de estadísticas que les permitan saber de cuánto vino tinto y de cuánto vino blanco y de qué origen se ha dispuesto en los intercambios entre Estados miembros. 
Al mantener nuestras enmiendas, no nos disparamos a los pies autolimitando nuestra competitividad por falta de inteligencia estratégica. 
Además, se están realizando trabajos dentro del marco de SLIM II con el fin de simplificar, de modernizar la nomenclatura combinada. 
Está a punto de concretarse el establecimiento de un código de conducta para la gestión de la nomenclatura combinada, y las federaciones profesionales europeas saben que una colaboración sectorial estrecha en esa gestión ha permitido una reducción de la nomenclatura. 
Pero, Sr. Presidente, en vista de que hay que ir más lejos y adoptar medidas para que, en ciertos casos, se exima a los que están obligados a proporcionar datos según la nomenclatura en su versión detallada, hemos decidido continuar en la buena dirección escogida en la primera lectura. 
Espero que la Comisión nos siga. 
Señor Presidente, Señorías, las empresas europeas necesitan nuestra ayuda. 
El medio empresarial, que se caracteriza por una diversidad de marcos jurídicos estrictamente regulados, se ha vuelto sin duda cada vez más complejo y difícil en los últimos años. 
Yo sé demasiado bien, a través de la experiencia de mi propio país y de mi propia empresa de forjado, que los gastos administrativos que generan las normas nacionales y también las europeas plantean muchos problemas precisamente para las medianas empresas. 
En este sentido, la presente posición común, con la inclusión de las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y las que ha introducido la Sra. Lulling, constituye un fundamento positivo para la simplificación de las tareas administrativas. 
Es un pequeño paso, pero un paso acertado y, sobre todo, que apunta en la dirección adecuada. 
De ahí que la distinción entre Intrastat y Extrastat siga siendo una tarea esencial pendiente. 
La simplificación de la nomenclatura en el ámbito del mercado interior constituye un paso intermedio. 
El objetivo final ha de ser una desregulación, al igual que en el caso de las demás estadísticas. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario de Silguy, y decirle que, en cuanto a los pequeños detalles, sin duda podremos ponernos de acuerdo sobre los retrasos. 
Señora Lulling, no estamos en un debate. 
Usted puede formular una pregunta, pero no reabrir el debate. 
Señor Presidente, tengo que responder al Comisario... 
No, el debate está cerrado y ya no se pueden dar respuestas. 
La hora es muy avanzada y usted conoce muy bien el reglamento. 
Sólo puede hacer una pregunta. 
Señor Presidente, quiero decir al Comisario que podremos ponernos de acuerdo. 
Estamos en la segunda lectura, señor Presidente, y no veo por qué no puedo responderle, pues ha dicho que no puede haber acuerdo sobre los plazos, sobre los que espero que en conciliación logremos ponernos de acuerdo... 
Lo siento, Sra. Lulling, pero el debate está cerrado. 
(El Presidente retira la palabra a la Sra. Lulling, que continúa protestando fuera del micrófono) 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Tránsito externo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4/0442/98) de la Sra. Peijs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la posición común establecida por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2913/92 en lo que se refiere al régimen de tránsito externo (C4-0536/98 97/0242 (COD) ). 
Tiene la palabra, como ponente, la Sra. Peijs. 
Señor Presidente, en la sesión plenaria de mayo el Parlamento aprobó en primera lectura unas siete enmiendas. 
El Consejo ha recogido gran parte de ellas, ya sea íntegra o parcialmente. 
Quedan dos puntos importantes que, a mi juicio, debemos incorporar de nuevo. 
Pero primero quiero hacer una observación de índole administrativa. 
La representación sueca en el Consejo me ha comunicado que la traducción sueca de la primera enmienda contiene un error. 
La versión inglesa ha de considerarse como texto original. 
Yo no hablo sueco, así que no puedo opinar al respecto. 
Ahora quisiera pasar a comentar las dos enmiendas. 
Comenzaré por la transparencia de las decisiones tomadas por la comisión, un asunto que es fuente de preocupación desde hace años, también para el Parlamento. 
En el seno de la comisión se toman decisiones importantes sobre las normas de conducta que han de adoptar los operadores de tránsito ante las autoridades aduaneras. 
A este respecto los requisitos que han de reunir las empresas a fin de que puedan servirse de procedimientos simplificados en materia de garantías ocupan un lugar central. 
Pueden llegar a tener una incidencia crucial sobre el funcionamiento de las diferentes empresas. 
El Parlamento ha incorporado en el texto legislativo las grandes líneas de dichos requisitos, pero la comisión se encargará de elaborarlos más en detalle. 
Señor Presidente, es necesario que exista total claridad en este asunto a fin de garantizar una aplicación uniforme de la legislación a empresas que se hallan en situaciones similares. 
En segundo lugar, he vuelto a incorporar una enmienda relativa al plazo del que disponen las autoridades aduaneras para llevar a cabo los trámites necesarios. 
En este momento, el sistema de tránsito continúa siendo una labor de lápiz y papel y, en no pocas ocasiones, las operaciones se realizan manualmente, lo cual resulta difícil de creer en los albores del siglo XXI. 
En el futuro, todo este sistema ha de informatizarse. Se hablaba del año 2000 e incluso de 1998. 
Pero este proyecto de informatización aún tardará unos años en hacerse realidad. 
La consecuencia de ello es que a veces pasan meses e incluso años antes de que se tramite un solo procedimiento en el que está implicada una sola carga; en la jerga se habla de liquidación. 
Aunque el Parlamento no tiene más remedio que aceptar este retraso, está autorizado para investigar las causas de esta tardanza difícilmente aceptable. 
La ausencia de un sistema informático es uno de los aspectos que entran en juego en la aprobación del presupuesto de 1996. 
Es preciso reconocer que el mercado interior no puede ser ampliado a nuevos países candidatos mientras no se disponga de un sistema aduanero completamente informatizado. 
A este respecto quisiera instar a algunos Estados miembros a que abandonen su resistencia pasiva ante la vinculación de sus sistemas nacionales con el sistema europeo. 
Las quejas sobre acciones fraudulentas en materia de tránsito en las fronteras no pueden resultar creíbles cuando no existe una estrecha colaboración entre los servicios nacionales y europeos. 
La Comisión ha dado a entender que en las disposiciones de aplicación destinadas a las autoridades aduaneras piensa establecer un plazo de 30 días. 
Habida cuenta de que la Comisión se ha comprometido a cumplir este propósito propongo incorporar mi enmienda como considerando en esta segunda lectura. 
Personalmente, considero inaceptable que las autoridades impongan todo tipo de obligaciones y restricciones al mundo empresarial sin que ellas mismas se atengan a plazo administrativo alguno. 
Debe haber cierto equilibrio en las obligaciones de todas las partes implicadas. 
La semana pasada, el grupo de trabajo del Consejo responsable en la materia debatió las enmiendas y estimo, señor Presidente, que debe ser posible evitar un procedimiento de conciliación. 
Ello nos permitiría ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. 
Espero que esta Asamblea prestará su apoyo a las enmiendas propuestas. 
Señor Presidente, he reservado algo de tiempo para comentar algo que me preocupa profundamente. 
El informe que estamos debatiendo aquí es un tanto particular, es sumamente técnico. 
Es curioso cómo un expediente tan extremadamente técnico aborda todas las preguntas y todas las cuestiones fundamentales de la Unión Europea. 
Es señal de transparencia y democracia, dos principios primordiales que la Comisión no siempre respeta y que han sido tenidos en cuenta en las enmiendas. 
Esta tarde he recibido una carta de la plataforma de tránsito de mercancías, o como quiera que se llame. Pues bien, esta plataforma se ha unido a nuestra petición. 
No se puede dialogar con una industria que se dirija a la Comisión con varias propuestas en vez de hablar con una sola voz. 
Y las empresas han aprendido la lección. 
En la actualidad se dirigen a la Comisión con una sola voz. 
Pero cada vez que los procedimientos de la comisión deberían ser realmente transparentes, la transparencia brilla por su ausencia. 
En estos casos, la Comisión dice: «bueno, pero siempre os consultamos». Evidentemente. 
Si hubiéramos querido vivir en una dictadura, no hubiéramos necesitado crear una Unión Europea. La habríamos instituido nosotros mismos. 
Pero no queremos vivir en una dictadura, siquiera sea de tecnócratas. 
Pretendemos que también en los procedimientos del Comité la Comisión Europea garantice la máxima transparencia ante la plataforma de tránsito. 
Apreciaría que el Comisario transmita este mensaje a sus servicios. 
Estaremos muy pendientes de este asunto. 
Pedimos a la Comisión Europea que se tome muy en serio este problema. 
Que no confunda un procedimiento normal de consulta al mundo empresarial con la transparencia propia de los procedimientos de la comisión. 
Señor Presidente, Señorías, yo quisiera felicitar ante todo a Karla Peijs por la dedicación con que ha luchado para conseguir una simplificación en este ámbito. 
No deberíamos limitarnos a citar la iniciativa SLIM, sino que tenemos que aplicarla también en la práctica. 
Tendríamos que considerar la evaluación del efecto como algo evidente. 
Se trata de comprometer a las partes interesadas a que examinen con realismo las objeciones justificadas. 
Yo mismo formé parte de la comisión de investigación que examinó el tema del fraude en relación con el régimen de tránsito y sé que existen problemas en este ámbito, pero no deberíamos «tirar el niño con el agua del baño». 
Necesitamos sencillamente un procedimiento simplificado. 
Necesitamos normas de garantía adecuadas y también un plazo de 60 días para que el sistema sea eficiente y el procedimiento arancelario pueda desarrollarse en el futuro de manera que la Unión Europea recupere el dinero que pierde en este ámbito. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a la Sra. Peijs por este informe. Es un trabajo excelente en verdad. 
Este plan de acción para el tránsito aduanero es enormemente importante. 
Con la llegada del euro, esperamos un aumento del comercio transfronterizo y debe haber los procedimientos para abordar eficazmente dicho comercio. 
Objetivos tales como la creación de procedimientos de recuperación más eficientes en las operaciones de tránsito y reducción del tiempo necesario para los trámites revisten considerable importancia para nuestra industria con vistas a reducir sus cotos y cargas, en particular teniendo en cuenta que actualmente el procedimiento puede tardar hasta cinco años en concluir. 
Para esas propuestas es fundamental la necesidad de reprimir los métodos fraudulentos en el procedimiento del transporte. 
Recientemente hemos oído hablar mucho de fraude y los problemas que el fraude representa para el presupuesto comunitario. 
La falta de transparencia en la adopción de decisiones no ayuda precisamente, razón por la cual mi Grupo apoya la enmienda nº 1 en particular. 
Como ha señalado el Sr. Peijs, resulta asombroso que a estas alturas haya que hacer tanto papeleo. 
He oído decir que errar es humano, pero para que haya un embrollo de verdad hace falta una computadora. 
Creo que probablemente hayamos pasado a la fase en que la informatización es esencial y que los procedimientos introducidos por los Estados miembros deben ser compatibles con las normas que rigen los procedimientos de tránsito comunitario. Dichas normas deben estar claramente formuladas. 
Los cálculos deben basarse en la responsabilidad de los agentes y los riesgos que entrañan las mercancías. 
Señor Presidente, señorías, desearía felicitar a la ponente por su informe. 
Las modificaciones del tránsito externo se basan en los trabajos de la comisión de investigación del Parlamento que ya fueron aprobados en 1997. 
Al igual que el Sr. Rübig, también yo participé en dichos trabajos. 
El sistema de tránsito se ha renovado en diversos aspectos. 
Se ha revisado y modificado la legislación. 
Han aumentado las actividades de cooperación entre los Estados miembros gracias a las actividades y la automatización de Aduana 2000. 
Y esta automatización, es decir, esta informatización e interconexión mediante redes de las actividades aduaneras a las que ya se ha hecho referencia aquí, resulta indispensable. 
Hoy por hoy, no es posible una actividad aduanera competente en la Unión Europea sin una cooperación eficaz por medio de las redes informáticas. 
Señorías, tanto la Comisión como nosotros en el Parlamento estamos permitiendo las actividades de estafadores y delincuentes. 
Resultaría verdaderamente muy extraño que no se comprendiera este punto en los Estados miembros y en la Comisión. 
Estamos hablando de la sociedad de la información, que no está funcionando en el ámbito aduanero. 
Estoy de acuerdo con la ponente cuando afirma que todas las decisiones basadas en los procedimientos del comité han de ser lo más transparentes posibles. 
Sin embargo, es importante que en estos procedimientos no se incluyan cuestiones fundamentales que, por el contrario, sí deberán poder someterse a debate por parte del Parlamento ya que, si no fuera así, no estaríamos hablando ya sólo de una falta de transparencia, sino también de déficit democrático. 
Señor Presidente, antes que nada deseo agradecer a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y, en particular, a la ponente, Sra. Peijs, su importante contribución para alcanzar un compromiso justo con miras a la modificación del Código aduanero comunitario en el ámbito de la reforma del régimen de tránsito. 
La Comisión y el Parlamento pudieron poner de manifiesto su común interés en convertir los trámites de tránsito en más seguros y en facilitar a los operadores económicos un sistema más flexible. 
Por lo tanto, como se anunció en la Comunicación de 30 de abril de 1997 al Parlamento y al Consejo, con ocasión de la presentación del plan de acción en materia de tránsito en Europa titulado «Una nueva política aduanera» , la Comisión ha emprendido un ambicioso proyecto de reforma del régimen de tránsito, especialmente encaminado a poner en práctica las recomendaciones de la Comisión parlamentaria de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario. 
La reforma abarca medidas legislativas y disposiciones operativas, así como y fundamentalmente la informatización del servicio. 
La propuesta de modificación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 que creó el Código aduanero comunitario, se presentó en el mes de septiembre de 1997. 
La Comisión aceptó la mayor parte de las enmiendas propuestas por el Parlamento en la primera lectura modificando al efecto su propuesta el 3 de julio de 1998. 
La Comisión aprueba ahora todas las enmiendas a la posición común fijada por el Consejo, propuestas por el Parlamento en segunda lectura, pues considera que están en total consonancia con los objetivos del plan de acción en materia de tránsito. 
La primera enmienda, relativa a la transparencia de las decisiones adoptadas en el marco del procedimiento del Comité, es coherente con los principios aplicados por la Comisión en materia de consulta de los operadores comerciales y en materia de transparencia en cuanto a la realización y la puesta en práctica de la reforma del régimen de tránsito. 
En consecuencia, esta enmienda propuesta por el Parlamento en primera lectura, fue incluida en la propuesta modificada de la Comisión de 3 de julio de 1998. 
La segunda enmienda guarda relación con uno de los objetivos más importantes de la reforma del tránsito, ya que tiene por objeto las disposiciones operativas que garantizan un procedimiento más seguro y eficaz. 
La revisión en tiempo real del régimen de tránsito es una condición esencial para el control de las operaciones y necesaria para asegurar a los beneficiarios del régimen la exención de las obligaciones financieras en un plazo adecuado. 
Por ello, la Comisión también aprueba esta enmienda. 
La Comisión expresa su satisfacción por los progresos conseguidos por la propuesta en el procedimiento de codecisión, ya que demuestran el interés común, compartido por el Parlamento, el Consejo y la Comisión, en que la reforma del régimen de tránsito- tan importante y, como todos sabemos, tan objetivamente difícil- pueda por fin ponerse en práctica. 
Y termino volviendo a expresar mis más sentidas gracias a la ponente, Sra. Peijs. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Reconversión de determinadas actividades de pesca 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0463/98) del Sr. Souchet, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo sobre una medida específica para fomentar la reconversión de determinadas actividades de pesca y por la que se modifica la Decisión nº97/292/CE del Consejo de 28 de abril de 1997 (COM (98) 0515- C4-0543/98-98/0274 (CNS) ). 
Tiene la palabra, como ponente, el Sr. Souchet. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el 8 de junio de 1998, tras un largo debate, el Consejo adoptó un reglamento por el que se prohíbe la actividad pesquera con redes de enmalle y de deriva en el Atlántico y en el Mediterráneo desde el 1 de enero del 2002. 
Para compensar una parte de la pérdida económica que sufrirán los pescadores (obligación de adaptación de los barcos para continuar la pesca de altura del atún mar con nuevas técnicas, cese de actividades) , el Consejo ha elaborado la presente proposición basada en el artículo 43 del Tratado. 
Este proyecto recupera las grandes líneas del plan Spadare, concebido para Italia en 1997, que preveía medidas en las que estaban considerados los marineros y los armadores. 
Los planes propuestos disponen la indemnización de los pescadores, ya sea que cesen toda actividad económica antes del 1 de enero del 2002, o bien se acojan a la reconversión en otra actividad pesquera. 
Estas indemnizaciones están destinadas a los armadores y pescadores que hayan practicado una actividad de pesca con redes de enmalle y de deriva en 1995, 1996 ó 1997. 
Se podría haber incluido el año 1998, para que ante todo sean los pescadores en plena actividad los que se beneficien de esta medida, como sería normal. 
Cinco Estados miembros están afectados por esta prohibición: España (exclusivamente en el Mediterráneo) , Irlanda, Francia, Italia y el Reino Unido. 
Para limitar los costos presupuestarios y evitar un desvío eventual de las inversiones realizadas, la presente propuesta sólo establece los montos máximos de las primas. 
Los Estados miembros son los que ajustarán esas primas en función del perjuicio real, económico y social, que resulta de la prohibición de pescar con redes de enmalle y de deriva. 
Señor Presidente, debo subrayar que la prohibición de usar redes de enmalle y de deriva puede ocasionar el fin prematuro de la actividad de algunos pescadores, pues las medidas propuestas prevén la atribución de una prima uniforme complementaria en los casos de cese definitivo de toda actividad pesquera antes del 1 de enero del 2002. 
Sin embargo, tanto las colectividades territoriales como los pescadores han invertido, hace poco y en grandes cantidades, en infraestructuras como las subastas, sobre todo para adaptarlas a las normas comunitarias. 
La rentabilidad de estas inversiones caerá a causa del cese de actividad de cierto número de pescadores, en particular en los puertos específicos, donde los barcos afectados por esta prohibición concentran el desembarco de sus capturas. 
La Comisión de Pesca ha adoptado 8 enmiendas, que yo he propuesto en mi carácter de ponente. 
Las enmiendas 1 y 8 pretenden restablecer la igualdad entre los pescadores italianos que entraron en el plan Spadare y los pescadores de los otros Estados miembros que deben respetar las decisiones de supresión de las redes de enmalle y de deriva. 
Estas medidas de reconversión en ningún caso han de provocar una distorsión de la competencia. 
La finalidad de las enmiendas 2 y 7 es la de posibilitar la globalización de la masa financiera, para permitir la financiación de la reconversión de los pescadores en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de diciembre del 2001. 
Estas enmiendas son importantes, porque varios Estados miembros han puesto en marcha estudios y están haciendo experimentos para perfeccionar las artes de pesca que puedan sustituir a las redes de enmalle y de deriva. 
Un gran número de pescadores afectados esperan las conclusiones de estos estudios para saber qué inversiones exigirá la modificación de sus barcos. 
La enmienda 3 explicita que sólo los pescadores embarcados que tengan más de 50 años podrán beneficiarse de la prima fija de 50.000 ecus en caso de cese de toda actividad económica antes del 1 de enero del 2002. 
Esta enmienda permite evitar el fenómeno de aprovechamiento indebido, el riesgo de fraude y la derivación de un dispositivo que no está concebido para apartar a los jóvenes pescadores de la profesión que han elegido. 
La enmienda 4 prevé la necesidad de reservar las medidas establecidas en esta decisión tan sólo a los pescadores y propietarios de barcos que sufran un perjuicio real a causa de la prohibición de pescar con redes de enmalle y de deriva. 
La enmienda 5 determina que se tomará en cuenta la antigüedad de los barcos de pesca únicamente en el caso específico de una prima otorgada por cese de actividad. 
Por ejemplo, si el propietario debe hacer inversiones para reconvertir su barco de modo que pueda usarlo con otras artes de pesca, es indispensable tomar en cuenta el conjunto de las inversiones necesarias para esta reconversión, sin que se aplique el coeficiente de deducción relativo a la antigüedad del barco de pesca. 
Por último, la enmienda 6 pide que la Comisión disponga los medios financieros necesarios para que todos los pescadores afectados por esta prohibición puedan beneficiarse del dispositivo de reconversión. 
Algunos Estados miembros, en especial Irlanda, han utilizado o utilizarán el conjunto de los créditos presupuestarios que se les han acordado en el marco de IFOP. 
Creo, señor Presidente, que estas enmiendas, aceptadas por la Comisión de Pesca, corresponden al espíritu de las disposiciones que el Consejo se ha sentido obligado a adoptar para facilitar la reconversión de los pescadores, muy perjudicados por una medida que consideran particularmente injusta. 
En efecto, esta disposición no pretende disuadir sino, por el contrario, alentar a los jóvenes pescadores de nuestros Estados miembros que con barcos nuevos se dedican a la pesca del bonito. 
Sin duda, es esencial que alentemos la práctica de una pesca de altura que proporciona un elemento particularmente sano e interesa a especies que están, a su vez, en situación difícil. 
Señor Presidente, mi Grupo apoya este informe con las enmiendas. 
Es un informe muy necesario. 
Ahora que los Gobiernos de la Unión Europea lo han decidido y la Unión Europea y este Parlamento han apoyado esa medida para abolir las redes de deriva, deben hacer algo para resolver el problema que representa para los pescadores afectados y que se ganan la vida con ellas. 
Es absolutamente necesario que lo hagamos. 
Este Parlamento consideraba perjudicial la pesca con redes de deriva. Se consideraba que las capturas incidentales de delfines y otros animales marinos era demasiado importante, por lo que abandonamos la pesca con redes de deriva. 
En primer lugar, debemos aportar una compensación, jubilación o llámese como se quiera, para esos pescadores que se quedan sin trabajo y no pueden seguir pescando. 
Ése es un aspecto. 
El segundo aspecto es el cambio de método, para que los pescadores sigan saliendo a pescar, capturando su atún, pero utilizando métodos diferentes para hacerlo, que no tengan las consecuencias incidentales que tienen las redes de deriva. 
Hemos de recordar que, aunque la pesca es una parte muy pequeña del producto interior bruto total de la Unión Europea, o como quiera que deseemos medirlo, para esas comunidades de la Francia occidental, Italia e Irlanda, algunas zonas del Reino Unido y algunas de España, la pesca es prácticamente lo único que tienen. 
Hay muy pocas opciones substitutivas. 
Convengo totalmente con el ponente en que la Unión Europea debe ofrecer una compensación a los que abandonen la actividad, para el reciclaje de los que deseen continuar con ella y para reequipar los barcos con vistas a que utilicen métodos de pesca diferentes. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Souchet su informe y decir que, si se aceptan sus propuestas, el conjunto de medidas que se ofrecerán a los pescadores privados de su medio de vida será más generoso y más aceptable. 
El Parlamento acordó la prohibición en primer lugar junto con la Comisión de Pesca. 
Yo fui uno de los que abrigaban poderosas dudas al respecto, en el sentido de que, en mi opinión, eran consideraciones políticas más que conocimientos científicos las que nos hacían creer que ese método de pesca estaba perjudicando gravemente a la vida marina. 
Ahora bien, me parece que muchos pescadores creían que esa prohibición no era necesaria, por lo que, si la Comisión va a proponer- y la Unión va a acordarimpedirles ganarse la vida y no va a proponer una compensación, esa medida, sin las propuestas del Sr. Souchet, no aporta nuevos fondos ni nueva asistencia a los pescadores. 
Se espera que los Estados miembros utilicen el dinero que ya se había asignado para la mejora de sus flotas y de la comercialización y la elaboración y los servicios portuarios para compensar a las personas que han perdido su medio de vida. 
Se trataba de una medida imaginaria y sigue siéndolo para la mayoría de los pescadores afectados. 
Si no se aportan fondos suplementarios en el caso de países que han facilitado sus planes para el desarrollo de su industria pesquera y han gastado sus Fondos estructurales, no vamos a ofrecerles nada. 
Se acerca el momento del año en que habrá nuevas cuotas y nuevos acuerdos sobre las capturas permitidas. 
Los pescadores se sienten extraordinariamente frustrados. 
A veces existe la sensación injustificada en las zonas pesqueras de que la Unión Europea está resultando bastante opresiva y se dedica a concebir restricciones y reglamentos. 
Hacerlo sin conocimiento científico y no aportar la compensación sería un error. 
Sólo hay una disposición que no aceptamos en el informe Souchet y es la que hace referencia a que no se deben aplicar hasta que el Tribunal de Justicia haya adoptado su decisión. 
Naturalmente, no se puede aplicar hasta que la propia prohibición entre en vigor y creemos que se debe dejar la situación tal cual. 
Si la prohibición entra en vigor cuando debe, su compensación debe entrar en vigor automáticamente y no se debe hacer referencia a las decisiones que el Tribunal puede adoptar o no. 
Señor Presidente, este Parlamento ya pidió en 1994 que se prohibiera el uso de redes de enmalle de deriva. 
El 8 de junio del año en curso, o sea, cuatro años después de nuestra solicitud, el Consejo por fin aprobó una modificación del reglamento correspondiente que prohibe la pesca con redes de enmalle de deriva en el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo a partir del 1 de enero del 2002. 
Con esta medida, el Consejo finalmente accede, al menos parcialmente, al deseo del Parlamento. 
Digo parcialmente porque aún no hemos alcanzado la meta final. 
En el Mar del Norte y el Mar Báltico aún existe la posibilidad de pescar con redes de enmalle de deriva. 
Por mucho que estos dos mares no estén poblados de delfines que puedan quedar atrapados en dichas redes ni se vean afectados por esta situación, sigue sin solucionarse el problema de la captura accesoria. 
En vista de todo ello quisiera formular la siguiente pregunta a la Comisión. ¿Cuándo piensa la Comisión presentar propuestas destinadas a ampliar la aplicación de dicha prohibición al Mar del Norte y al Mar Báltico? 
Se ha dado un primer paso en la buena dirección. 
Ahora lo importante es que esta prohibición se lleve a la práctica y se respete. 
Asimismo quisiera preguntar a la Comisión cuáles son las medidas de control suplementarias que piensa acordar. 
También me gustaría saber cómo pretende evitar que las actividades se desplacen a terceros países. 
Considero oportuno que se compense parte de los perjuicios financieros sufridos por los pescadores, pero a este respecto me complacería que la Comisión me informara de las condiciones correspondientes, es decir, ¿deberán ser destruidas las redes para evitar que éstas se trasladen a terceros países? 
Obviamente, señor Presidente, mi Grupo suscribe plenamente las propuestas del ponente, el Sr. Souchet, así como las enmiendas presentadas por la Comisión de Pesca. 
Señor Presidente, todos nosotros sabemos que la decisión de prohibir el uso de las redes de enmalle y de deriva fue una decisión política, científicamente infundada. 
Una prueba de este error nos llega hoy a través de los que ayer veían, en una pretendida escasez de los recursos atuneros, una razón para prohibir las redes de enmalle y de deriva y hoy descubren, al parecer, que es importante que los pescadores de atún del Golfo de Vizcaya ser reconviertan... al atún. 
Dentro de esta perspectiva, que nosotros suscribimos, por supuesto, consideramos que las enmiendas presentadas por el ponente aportan las mejoras indispensables a la propuesta de la Comisión. 
En cuanto a los pescadores, desde luego que es deseable reservar una prima de cese de actividad a los que cumplan las condiciones, es decir, a los que efectivamente estén en edad de jubilarse. 
En lo relativo a los barcos, si en el cálculo de las primas por cese de la actividad es razonable tomar en cuenta la antigüedad de un barco, en cambio sería injusto disminuir las ayudas destinadas a la transformación de algunos barcos antiguos, pues se trata de adaptarlos a otras técnicas para que puedan continuar pescando atún, y esto con el objeto de evitar que su actividad se derive hacia especies vulnerables. 
Para terminar, nos parece perfectamente coherente globalizar las ayudas para que el periodo de reconversión se extienda hasta fines del 2001, y esto con el fin de aprovechar en plenitud los estudios y experimentos que se están haciendo para adaptar otras artes a la pesca del atún. 
Descuidar este punto implicaría alentar la reconversión prematura y catastrófica de algunos pescadores hacia otra pesca, en particular de especies costeras amenazadas. 
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes acoge con beneplácito la decisión que se adoptó en junio de suprimir las redes de deriva para el bonito, el atún y otras especies. 
También acogemos con beneplácito la propuesta de la Comisión de aportar fondos para los pescadores afectados por dicha decisión. 
Es importante que se aporte una financiación idónea y suficiente como compensación para que los pescadores adopten artes de pesca más selectivas e idóneas. 
Esperamos que la UE extraiga una enseñanza de toda esta experiencia. 
En varios países los Gobiernos nacionales y la UE fomentaron la utilización de redes de deriva, pese a que la experiencia en otros países había revelado que dichas redes provocaban gran cantidad de capturas incidentales. 
Se debería haber hecho una evaluación idónea antes de utilizarlas en la UE, pero no se hizo. 
Se introdujeron las redes a escala comercial y después se extendieron. Existían artes de pesca más selectivas que se deberían haber fomentado en su lugar. 
Mis otras observaciones se refieren al proyecto de resolución. 
Como han dicho otros oradores, figura en él una cláusula muy inhabitual en el sentido de que el Consejo debe retrasar la aplicación de esta decisión hasta que el Tribunal de Justicia haya emitido su fallo sobre la demanda interpuesta por unos pescadores franceses. 
Conviene señalar que el Gobierno francés tenía intención de interponer una demanda similar, pero renunció a hacerlo, pues resultaba evidente que no tenía posibilidades de prosperar. 
El Gobierno francés adopta una actitud extraordinariamente cínica en este caso al encargar a sus abogados que asesoren a los pescadores en una demanda que, como sabe el propio Gobierno francés, no prosperará. 
Creemos que, si no se suprime esa cláusula de la resolución, no tendremos más remedio que votar en contra de toda la resolución. 
Es muy importante que se suprima esa cláusula para que una gran mayoría del Parlamento pueda aprobar la resolución. 
Como ha dicho otro orador, no es correcto incluir una cláusula así relativa al Tribunal de Justicia y a una decisión que se debe adoptar en él. 
Debemos mantener separados esos dos asuntos. 
Señor Presidente, señor Comisario. Señor Monti, si no tuviera que ocuparme esta noche de otro tema de gran interés, le preguntaría gustoso por los nuevos acontecimientos en relación con las tiendas libres de impuestos. 
Este no es, sin embargo, el momento adecuado y, por consiguiente, voy a centrarme en el Informe Souchet. 
Después de haber oído hablar durante tanto tiempo de ello y de haber luchado tanto para conseguirlo, en junio de este año se decidió finalmente la prohibición de pescar con redes de enmalle de deriva en el Atlántico y el Mediterráneo. 
Hace tiempo que esto era necesario para una protección razonable y sostenible de nuestros escasos recursos pesqueros. 
No obstante, no es posible olvidar que esta prohibición causa nuevas pérdidas económicas a los pescadores ya duramente castigados de los países afectados. 
Ahora se trata de compensar al menos en parte estas pérdidas. 
De conformidad con la propuesta de la Comisión, tanto los pescadores embarcados como los armadores recibirán compensaciones. 
No obstante, también las colectividades territoriales y otros inversores sufrirán pérdidas financieras, puesto que en los últimos años se ha invertido mucho dinero en mejoras estructurales, como instalaciones portuarias y lonjas. 
La rentabilidad de estas inversiones disminuirá, sin embargo, con la reducción de la actividad pesquera. 
Todo ello, además, en el contexto de las primas a tanto alzado complementarias que se pagarán a los pescadores en caso de cese definitivo de toda actividad pesquera. 
Lo cual posiblemente favorecerá el abandono prematuro. 
Sin embargo, queremos que se mantenga esta profesión. 
Por lo tanto, es preciso ofrecer estímulos que permitan ayudar sobre todo a la generación de pescadores más jóvenes a efectuar la reconversión a otras técnicas de pesca alternativas. 
Recordamos al Consejo su propósito de apoyar la reconversión a otras técnicas de pesca. 
Ahora tiene la oportunidad de hacerlo. 
La Comisión de Pesca considera, asimismo, que se debería hacer posible la globalización de la masa financiera con objeto de que permita financiar la reconversión de los pescadores más allá del plazo establecido para el IFOP, que concluye a finales de 1999. 
El grupo del Partido Popular Europeo apoya hasta aquí las enmiendas del ponente, Sr. Souchet. 
Sin embargo, en opinión de mi Grupo, la reconversión debería iniciarse de inmediato, sin tener que esperar una decisión del Tribunal de Justicia Europeo. 
Señor Presidente, aun reconociendo el mucho trabajo que ha tenido que hacer el ponente, quiero, sin embargo, como algunos de mis colegas, mostrar mi desacuerdo con un punto muy importante de su informe. 
En el apartado 4 de la propuesta de resolución legislativa se solicita que las medidas financieras de la propuesta de decisión del Consejo no entren en vigor hasta que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronuncie sobre el recurso presentado por algunos usuarios de redes de malla a la deriva contra el Reglamento que les prohíbe utilizar estas artes de pesca a partir del año 2002. 
Al contrario de lo manifestado por el ponente y en el informe, creo que esta petición no tiene ninguna lógica y es, además, enormemente perjudicial para los pescadores afectados. 
La propuesta del Consejo está destinada a paliar los efectos económicos que conlleva para los pescadores la prohibición de las redes de malla a la deriva y a fomentar su reconversión. 
Por ello, permite ir indemnizando a los pescadores a medida que vayan abandonando esta forma de pesca hasta el 2002, en que estará totalmente prohibida. 
A nadie se le escapa- y menos a los pescadores- que la pesca con redes de malla a la deriva no tiene ningún futuro en la Unión Europea. 
Cabe pensar, por tanto, que para cuando el Tribunal se haya pronunciado respecto al recurso presentado, la mayor parte de los pescadores ya habrá abandonado esta actividad y muchos querrán hacerlo cuanto antes a fin de estabilizar sus nuevas actividades lo más pronto posible. 
No se entiende, en consecuencia, por qué privar de estas ayudas a quien desea utilizarlas. 
Ni todos los pescadores han recurrido al Tribunal de Justicia ni su derecho a cobrar las ayudas establecidas tiene por qué quedar condicionado por la actitud de otros que, por su cuenta y riesgo, han decidido acudir a los tribunales. 
Así pues, como yo considero que perjudica a todos sin beneficiar a nadie, pido el voto en contra del apartado 4 de la propuesta de resolución. 
Señor Presidente, la Comisión ha tomado nota del informe del Sr. Souchet, a quien su estima. 
Existe un amplio consenso entre las tres Instituciones respecto al dossier relativo a la indemnización y a la reconversión de los pescadores afectados por la prohibición de utilizar redes de malla a la deriva, para los cuales el Consejo otorgó mandato a la Comisión en la reunión del día 8 de junio de 1998. 
En cuanto a las enmiendas presentadas en el informe del Sr. Souchet, la Comisión siente no poder admitir las siguientes: las enmiendas 1, 2 y 7 que son enmiendas de carácter formal y sin alcance práctico; las enmiendas 5 y 8 que limitan el ámbito de aplicación de la decisión y la enmienda 6 que sobrepasa el mandato conferido por el Consejo a la Comisión. 
La Comisión, por el contrario, comparte plenamente el contenido de la enmienda 4. 
Merece especial atención la enmienda 3, dirigida a establecer una edad mínima para los beneficiarios de algunas medidas. 
Las diversas normas existentes en los Estados miembros en materia de edad de jubilación, sin embargo, hacen imposible fijar una edad mínima igual para todos. 
La Comisión, por tanto, tomará medidas con el fin de que se respete el espíritu de la enmienda 3 en el ámbito de las negociaciones bilaterales con los Estados miembros sobre los planes de reconversión y su ejecución. 
Quiero asimismo abordar brevemente dos o tres puntos que se han planteado a lo largo del debate. 
En lo que se refiere a la adopción de las medidas de acompañamiento, la Comisión velará para impedir que las redes prohibidas puedan ser aprovechadas en otra parte. 
Ésta será una cláusula obligatoria en los planes de reconversión de los Estados miembros. 
Con respecto al otro punto planteado que se refiere a una posible prohibición de estas redes en el Mar del Norte o en el Mar Báltico, evidentemente, el mismo no es objeto de este debate. Hoy el discurso afecta a las medidas de acompañamiento de la prohibición decidida el 8 de junio; por el momento, la Comisión no tiene intención de ampliar la prohibición a otras zonas marinas en las que el impacto de este arte de pesca de los mamíferos marinos no está demostrado. 
Por último, varios diputados han planteado el tema del calendario. 
En este sentido, puedo observar que cada Estado miembro tiene la facultad de designar un organismo intermediario responsable de la ejecución de las medidas de acompañamiento. 
Conforme a las disposiciones generales en vigor en materia de Fondos estructurales, un organismo similar puede considerarse el beneficiario final de las ayudas estructurales y es suficiente que el conjunto de los créditos necesarios se asigne a dicho organismo antes del 31 de diciembre de 1999. 
Los créditos resultan así comprometidos y los pagos a los beneficiarios finales- pescadores y armadores- podrán efectuarse por todo el año 2001. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0506/98) del Sr. Colino Salamanca, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a un programa de suministro de productos agrícolas destinados a la Federación Rusa (COM (98) 0725- C4-0678/98-98/0343 (CNS) ). 
Tiene la palabra, como ponente, el Sr. Colino Salamanca. 
Señor Presidente, la decisión de la Comisión de Agricultura, que yo creo que mañana será respaldada por el Pleno, es de apoyo total a la propuesta de la Comisión sobre el programa de suministros alimentarios a la Federación Rusa. 
Creo, además, que la Comisión, el Consejo y el Parlamento compartimos las mismas preocupaciones en torno a esta propuesta. 
La primera de ellas es que esta propuesta sea capaz de alcanzar sus objetivos, esto es, suministrar materias primas o productos transformados alimentarios esenciales para la supervivencia de las poblaciones en la Federación Rusa, que lleguen a las regiones desfavorecidas a las que esta ayuda alimentaria va destinada- y hemos tenido ocasión de ver en el memorándum que hay un reparto de estas cantidades según las regiones más necesitadas -, y que, en la medida de lo posible, se dirija la ayuda a la población más desfavorecida mediante la distribución gratuita. 
La segunda preocupación- que creo que también es compartida- es que haya transparencia en la operación, que existan los controles necesarios para que la ayuda cumpla sus objetivos. 
Cuando se oyen tantas voces en relación con las posibles mafias que operan en la Federación Rusa es bueno que la ayuda alimentaria- que va a prestar la Unión Europea por un importe de 400 millones de euros- sea capaz de cumplir esa finalidad y, lógicamente, el Parlamento y especialmente la Comisión de Agricultura y la propia Comisión de Presupuestos han hecho hincapié en que se cumplan las medidas de control que aseguren que esta ayuda se destinará a la finalidad para la cual dicha iniciativa se ha tomado. 
Y, lógicamente, vinculado a esto, hay que evitar que la ayuda alimentaria- que es importante, porque son un millón de toneladas de trigo blando, 500.000 de centeno, 50.000 de arroz, 100.000 de carne de porcino, 150.000 de vacuno o las correspondientes a leche desnatada en polvo- distorsione los propios mercados de la Federación Rusa. 
Yo creo que estas condiciones que, insisto, han sido establecidas por la Comisión de Presupuestos y aceptadas por la Comisión de Agricultura, son de sumo interés. 
Esto significa que habrá un control de la operación tanto por parte de la Unión Europea como dentro de la propia Federación Rusa. 
La intención es que tanto por medio de la Comisión como del Tribunal de Cuentas podamos hacer un seguimiento de esta operación incluso dentro de la propia Federación Rusa, para asegurar el cumplimiento de esos fines. 
De ahí que las enmiendas presentadas vayan dedicadas directamente a estos objetivos: a cumplir la finalidad para la cual se pone en marcha el programa y a que el importante esfuerzo financiero que va a hacer la Unión Europea se refleje con eficacia en la consecución de los objetivos de dicha ayuda. 
Yo creo que con esto, además, se da cumplimiento a la propia resolución que aprobó el Parlamento hace pocos días, el 19 de noviembre, en la que tomaba nota de las circunstancias que han sido transmitidas básicamente por las autoridades rusas y el compromiso que asume la Unión Europea, junto con los Estados Unidos, de socorrer y ayudar a unas regiones que se encuentran en una verdadera penuria desde el punto de vista del suministro de alimentos. 
Señor Presidente, se ha pedido a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores que exprese una opinión relativa a la ayuda alimentaria a la Federación Rusa pero, en vista de la urgencia del tema, no hemos podido reunirnos en Estrasburgo para deliberar y elaborar una opinión. 
Por esta razón, intervengo como presidente de la Comisión para hacer algunas observaciones que, pienso, muy probablemente serán compartidas por la mayoría de los miembros de nuestra Comisión y que, por otra parte, concuerdan con lo que el Sr. Colino acaba de decirnos. 
Primero, como es obvio, estamos totalmente a favor de una ayuda alimentaria de urgencia a la Federación Rusa, que además se basa en las peticiones rusas formuladas con motivo de la visita del Presidente de la Comisión Europea a Moscú, en octubre pasado. 
La situación de penuria es realmente dramática en ciertas regiones de la Federación Rusa y nosotros tenemos, evidentemente, un deber de obligación humanitaria para con una población amenazada por el hambre. 
Añado que está en nuestro propio interés conseguir que esa situación política y social se estabilice. 
En cuanto a los efectos positivos de la reducción de los excedentes de productos agrícolas en la Unión Europea, quede claro que no los tomo en consideración. 
Segundo, no podemos sino aceptar la manera de proporcionar y distribuir la ayuda alimentaria, con la esperanza de que efectivamente los colectivos públicos rusos sepan distribuir los productos gratuitamente a la población más desfavorecida. 
Tercero, obviamente tenemos que estar muy atentos a la ejecución. 
Recuerdo a Sus Señorías que, en vista de la situación política y financiera en la Federación Rusa, nuestro Parlamento, en ocasión de la primera lectura del presupuesto de 1999, ha establecido una reserva significativa destinada a la ayuda a la Federación Rusa, cosa que además se basa en una enmienda propuesta por nuestra Comisión. 
Es verdad que no tenemos la certeza de que nuestra ayuda llegue a los destinatarios previstos y que se utilice para los objetivos fijados. 
Estas mismas preocupaciones valen, desde luego, para la ayuda alimentaria, y pedimos a la Comisión que aplique el memorándum al pie de la letra e informe al Parlamento Europeo de inmediato acerca de los posibles casos de fraude o de especulación. 
Una última observación: quede claro que la financiación de este suministro de ayuda alimentaria a través del presupuesto comunitario, que asciende a un monto elevado- 400 millones de euros- no debe considerarse como una exportación subvencionada. 
Recuerdo a Sus Señorías el compromiso de la Unión Europea suscrito en el marco del acuerdo OMC de reducir las cantidades y los volúmenes presupuestarios de las exportaciones agrícolas subvencionadas. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias al Parlamento por haber aceptado la idea de un procedimiento de urgencia y manifestar lo mucho que la Comisión aprecia el informe del Sr. Colino Salamanca. 
Me limitaré a llamar su atención sobre los puntos más significativos, a saber, quien asumirá la responsabilidad de la operación, las regiones beneficiarias y los aspectos relativos al control. 
Dada la envergadura de la operación, la Comisión está firmemente convencida de que la misma no puede ser gestionada por organizaciones no gubernamentales, como suele suceder para las ayudas humanitarias. 
También los Estados Unidos mantienen la misma opinión en lo que a su programa de ayuda alimentaria se refiere. 
La operación, por tanto, ha de realizarse necesariamente bajo el control del Gobierno de la Federación Rusa. 
En cuanto a las regiones beneficiarias del programa, los productos serán distribuidos a las regiones más desfavorecidas y más afectadas por la hambruna. 
Entre ellas no figuran San Petersburgo ni las regiones limítrofes, ni tampoco Moscú y sus alrededores. 
El programa de ayuda alimentaria incluye en total unas cuarenta regiones. 
Evidentemente, el gran número de regiones beneficiarias convertirá en mucho más compleja la supervisión de la operación. 
En materia de control, quiero recalcar que la Comisión no puede ejercer ningún control sobre la ejecución del programa dentro de la Federación Rusa. Esto último fue confirmado en el Consejo de «Asuntos Generales» , en el Consejo «Presupuesto» y ayer por el Consejo de «Agricultura». 
Según la Comisión, es imposible vigilar de cerca la marcha del programa en las más de cuarenta regiones interesadas. Es imposible, en primer lugar, por la enorme extensión geográfica y, en segundo lugar, porque Rusia se encuentra actualmente sumida en un estado de agitación interna. 
La distribución de las ayudas alimentarias en el territorio ruso es una operación que supone un alto riesgo, un riesgo que ninguna medida de control podrá eliminar totalmente. 
La Comisión, sin embargo, ha tomado nota de las posiciones extremadamente firmes del Parlamento Europeo y de los distintos Estados miembros en favor de la incorporación de medidas de control en el programa y, en consecuencia, ha incluido en el reglamento una disposición que prevé el recurso a la asistencia técnica exterior en materia de supervisión, comprobación, control y evaluación dentro de la Federación Rusa. 
Esta disposición ya fue aceptada por el Gobierno ruso. 
Las demás disposiciones en materia de control, originariamente previstas en el Memorándum de acuerdo serán, sin duda, mucho más importantes que la asistencia técnica exterior. 
En primer lugar, las regiones y las zonas que se benefician del programa figuran en el anexo al Memorándum con la indicación de los productos que serán distribuidos a cada una de ellas. 
Dicho anexo será objeto de una decisión oficial del Gobierno ruso que va a ser publicada. 
En consecuencia, todos los gobernadores de las regiones estarán en disposición de comprobar si se entregan las cantidades exactas de cada producto asignadas a su región. 
Está claro que, de no ser así, se pondrán en marcha sistemas de impugnación. 
En segundo lugar, los productos serán entregados en varios lotes consecutivos. 
En tercer lugar, el Gobierno ruso remitirá informes mensuales a la Comisión sobre la ejecución del programa. 
En dichos informes constarán todos los datos útiles acerca de la forma en que se desarrolla la operación, por producto y por región, así como un estado de la gestión y de la utilización de la cuenta especial. 
En cuarto lugar, el Tribunal de Cuentas europeo tiene la facultad para efectuar controles contables en la Federación Rusa respecto al programa de suministros alimentarios. 
Por último, deseo recalcar que la Comisión, en caso de recibir informaciones que den lugar a dudas fundadas respecto a la correcta ejecución del programa, podrá suspender la prestación de las ayudas. 
Y termino afirmando que, según la Comisión, el programa de suministro alimentario en favor de Rusia podrá realizarse en condiciones óptimas sólo si la responsabilidad de la operación será compartida por todas las Instituciones y si todas las Instituciones serán conscientes, desde el principio y antes de adoptar cualquier decisión, de que el programa implica cierto riesgo. 
Hemos hecho todo lo humanamente posible para tratar de reducir dicho riesgo, sin embargo, no podemos eliminarlo del todo. 
Por otra parte, no podemos seguir sin reaccionar ni tampoco renunciar a ayudar a Rusia por miedo de que la operación falle en algún punto. 
Señor Presidente, quiero pasar ahora a examinar rápidamente las enmiendas que, por desgracia, la Comisión no puede aceptar. 
En relación con la enmienda 1 hay que tener en cuenta que nosotros, con los rusos, especificamos las cantidades que deben ser envíadas y que debemos respetar. 
Las cantidades que deben esperarse son estimaciones de los servicios de la Comisión basados en valores regulares que pueden ser mayores de lo previsto, especialmente si se tiene en cuenta el transporte en condiciones invernales. 
Una cantidad máxima preestablecida conllevaría por tanto el riesgo de reducir la cantidad de productos que se deben distribuir, lo que no desea nadie. 
En lo que concierne a la enmienda 2 sobre el procedimiento de concurso el único concurso que esta previsto es el que designa las instituciones y operadores que en nombre de las autoridades rusas van a llevar a cabo el trabajo necesario para encargarse del transporte procesado y envío de las mercancías a los destinos finales. 
Este concurso ya ha sido celebrado por los rusos tanto para las acciones de ayuda alimentaria de la Unión Europea como de los Estados Unidos. 
En lo que respecta a la participación de las O.N.Gs en esta operación la Comisión opina que debido a la enorme dimensión de las transacciones sólo los operadores profesionales cuentan con la infraestructura necesaria para acometer esta tarea de forma efectiva. 
En relación a las enmiendas 3 y 7, entre las condiciones específicas acordadas en el MOU, la reexportación de la ayuda alimentaria así como la exportación de los mismos productos producidos en Rusia o importados de un tercer país, están explicitamente prohíbidas. 
A la Comisión le parece que subrayar una de las condiciones debilitaría a las demás o supondría un riesgo de otorgarles menos importancia. 
Respecto de la enmienda 4 en la normativa se indica claramente que la Comisión debería apelar a la existencia técnica externa para el seguimiento, la auditoría, el control y la evaluación de la gestión correcta incluyendo la realizada en territorio ruso. 
Especificar que esta asistencia técnica debiera ser provista por una oficina de asistencia técnica no reforzaría el texto si no que restringiría la naturaleza del organismo de control externo que podría ser involucrado. 
En lo que concierne a la cantidad prevista para este tipo de asistencia técnica son válidos los comentarios realizados a próposito de la enmienda 1. 
No es necesario incluir la enmienda 5 en el texto puesto que la Comisión ya ha puesto a disposición del Parlamento el memorandum of understanding provisional. 
También está claro que la Comisión, en el marco del sistema de alerta temprana, facilitará como de costumbre toda la información relativa a la ejecución de la operación a la autoridad presupuestaria. 
En cuanto a la enmienda 6, esta previsión ya está incluída en el memorandum of understandig y no es necesairo que se repita en la regulación. 
Enmiendas 8 y 9: los productos pesqueros nunca han sido mencionados por los rusos como unos productos de los que Rusia vaya a carecer durante el próximo invierno. 
Por lo tanto la Comisión no puede incluir tales productos en el actual programa de ayuda alimentaria. 
Finalmente, en relación a la enmienda 10, hay muchas personas necesitadas en la Federación Rusa. 
Especificar cada grupo o destacar uno en especial nos parece inapropiado. 
Muchas gracias, señor Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.51 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, con respecto al Acta, en la página 12. Ayer pregunté al presidente de sesión sobre la aplicación del anexo 5 del reglamento, ya que todos estamos interesados en lo que se refiere a la aprobación de la gestión para 1996. 
He solicitado que, de conformidad con el artículo 3 de este artículo, las enmiendas que se habían presentado se remitan a la Comisión de Control Presupuestario con el fin de que ésta pueda emitir la opinión que requieren las disposiciones de este artículo. 
La Comisión de Control Presupuestario se reunió ayer, pero no disponía de estas enmiendas ya que no estaban traducidas en el momento de la reunión, cuando se me había asegurado que eso se haría y por tanto la Comisión de Control Presupuestario podría emitir su opinión. 
¿Qué disposiciones va a adoptar para que no se tenga que adoptar una actitud diferente en lo que respecta a los distintos puntos de este anexo y se aplique íntegramente el reglamento en esta importante votación de la aprobación o no de la gestión para 1996? 
Señor Fabre-Aubrespy, ¿qué artículos ha mencionado usted? 
El anexo 5 del Reglamento, el artículo 3, que es aplicable en este caso, ya que se nos ha sometido una propuesta de aprobación de la gestión y, creo recordar, el párrafo 2, ó 3, que dice que se ha sometido a la Comisión de Control Presupuestario para opinión sobre las enmiendas antes de que éstas se sometan a votación en sesión plenaria. 
Muy bien, voy a verificar qué ocurre en este caso. 
Una vez que tengamos toda la información, se la comunicaremos. 
Señor Presidente, ayer hablamos sobre este punto en la reunión de la Comisión de Control Presupuestario. 
Tal como ha dicho acertadamente el Sr. Fabre-Aubrespy, como no se disponía de las enmiendas, en la Comisión de Control Presupuestario se acordó que el ponente anuncie aquí en el Pleno en la votación la opinión de la comisión. 
No hubo ninguna oposición al respecto. 
Pero si revisa de nuevo esto, ruego que se me informe lo más rápidamente posible para el caso de que se hubiesen de aplicar otras modalidades. 
Señora Theato, usted misma ha explicado que, si la Comisión de Control Presupuestario ha escogido ese sistema para presentar su informe, no es un sistema contrario al Reglamento. 
Por tanto, la objeción del Sr. Fabre-Aubrespy está convenientemente contestada. 
El ponente se pronunciará en el Pleno sobre cada una de las enmiendas, como su comisión ha decidido. 
Muchas gracias por su información. 
Señor Presidente, yo también estuve presente ayer y no figuro en la lista de presencia. 
Y quería añadir algo más importante: nuestra preocupación por lo que ha sucedido con la Sra. Hebé de Bonafini, que no puede estar hoy con nosotros debido a la actuación de la policía en el aeropuerto internacional de Eceiza, en Buenos Aires. 
Sabemos que usted ha hecho gestiones ante el Gobierno argentino, pero ya no es posible que esté con nosotros, y se suma a esas otras personas, galardonadas con el Premio Sajarov, que están en la cárcel. 
Yo quisiera, en nombre de mi Grupo- y seguro que represento la sensibilidad de muchos diputados y diputadas -, que se eleve una protesta formal ante las autoridades argentinas por esta situación. 
Gracias, señor Puerta. 
Quiero darle a usted las últimas informaciones. 
La Sra. Hebé de Bonafini estará hoy con nosotros. 
Está llegando al aeropuerto de Francfort. 
Las gestiones que se hicieron ayer con las autoridades argentinas disiparon la actuación deficiente de uno de los funcionarios y, ayer mismo, embarcó en un avión que debe llegar a las 10.30 horas a Francfort, donde la recogerá un coche de este Parlamento para que pueda estar aquí. 
Quiero expresar públicamente mi agradecimiento al representante de la Unión Europea en Buenos Aires, que colaboró al máximo y con gran rapidez para hacer posible que esta señora dispusiese de un billete y de la oportunidad de desplazarse, y también quiero agradecer a las autoridades argentinas la rapidez con que reaccionaron ante mi protesta. 
Señor Presidente, colegas, estamos celebrando la Declaración de los Derechos Humanos y entregamos el Premio Sajarov con el mismo ánimo. 
Aquí, en esta Asamblea, tenemos por norma condenar todos los actos de terror y violencia cometidos por individuos o por grupos. 
Por este motivo, quiero peguntar cómo puede ser posible que el movimiento Pro- Life nos haya hecho una invitación para visitar esta tarde una exposición en este edificio. 
Los miembros del movimiento Pro-Life se han hecho famosos, entre otras cosas, por ser partidarios de la pena de muerte, por no tener consideración con las personas, dando muerte incluso a médicos que van a hacer su trabajo. 
Señor Presidente, me pregunto si es posible que, de alguna manera, se traslade esta exposición a locales comerciales y que, consecuentemente, ella no se realice en los locales del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. 
(Aplausos) 
Señora Eriksson, transmitiremos su petición a la Junta de Cuestores, pero, naturalmente, este Parlamento, cuando concede salas a petición de alguno de los diputados, no discrimina entre posiciones políticas, sino que la Junta de Cuestores concede las salas según lo estima necesario en cada momento, sin intervenir en cuanto a cuestiones políticas de fondo. 
Señor Presidente, quiero pedir a los colegas que pongan su firma debajo de la declaración escrita que ha presentado el Vicepresidente David Martin sobre los efectos que tiene la OMC sobre la protección de los animales. 
En esta Asamblea siempre nos hemos pronunciado en favor de la protección de los animales y de las consumidoras y consumidores. 
Creo que esta declaración va a obtener suficientes firmas... 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señora Graenitz, esto no es una moción de orden y este Pleno no puede convertirse en un espacio de anuncios de lo que cada uno quiera. 
Seamos correctos con el Reglamento. 
Señor Presidente, quiero señalar a la atención de Sus Señorías algo extraordinariamente ofensivo e insensible que he recibido en mi buzón esta mañana: una invitación para catar foie-gras. 
Teniendo en cuenta que se acerca la Navidad, esa cruel e inhumana forma de producir un supuesto alimento es inaceptable. 
No se nos deben enviar invitaciones para catar algo producido... 
Señora McKenna, le repito lo mismo: éste no es el momento de iniciar un debate sobre sus cuestiones políticas preferidas. 
Señor Presidente, quisiera decir a la Sra. McKenna que, si no lo desea, no tiene por qué ir. 
El foie gras es un producto nacional en muchos países. 
Si no quiere probarlo basta con no ir. 
(Vivos aplausos) Señor Presidente, sin embargo quisiera intervenir con respecto al Acta porque ayer presenté, en la sesión de noche, la recomendación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, como ponente para la segunda lectura, a propósito de un reglamento relativo a las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros. 
Tras la intervención del Sr. Comisario de Silguy sobre nuestras enmiendas, he intentado presentar mi posición. 
Sin embargo, el presidente en ejercicio me retiró la palabra con el pretexto de que sólo podía plantear preguntas al Sr. de Silguy cuando yo debía presentar mi posición con respecto a la posición de la Comisión sobre nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, protesté. Quisiera protestar de nuevo. 
Quizá haya razones para organizar cursos de formación para algunos vicepresidentes con el fin de que comprendan cuáles son las costumbres en los parlamentos. 
Durante 25 años he sido miembro de un parlamento normal y no puedo entender que aquí no se pueda discutir con normalidad, sobre todo cuando se trata de una segunda lectura, en la que tenemos dificultades con el Consejo sobre la posición común. 
Por tanto, señor Presidente, ¿podría sugerirle que recurra a cursos de formación para ese presidente? 
Tomaré nota y verificaré con el presidente de sesión cuál es el problema, y tendrá usted explicaciones en el momento oportuno. 
No volvamos a abrir el debate sobre la asociación Pro Vida, porque le retiro la palabra si éste es el tema. 
No va a haber debate sobre esa cuestión. 
Señor Presidente, he pedido intervenir sólo para manifestar que la afirmación de que el Movimiento Pro Vida es favorable a la pena de muerte es falsa. 
Nosotros que llevamos el nombre de «Movimiento Pro Vida» en Italia estamos en contra de la pena de muerte y lo demostramos a través de la participación en todas las asociaciones contra la pena de muerte. 
Nosotros fuimos los primeros que en Italia firmamos la petición de puesta en libertad de Paula Cooper que al final fue concedida. 
Somos nosotros, por tanto, los que en Italia hemos emprendido la lucha contra la pena de muerte. 
Señor Presidente, quería preguntar si se ha enviado invitación a Leyla Zana, ya galardonada con el Premio Sajarov, para participar en esta celebración del 50º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y del 10º aniversario del Premio Sajarov; si se ha solicitado al Gobierno turco su presencia aquí y cuál ha sido su reacción. 
Se ha enviado la invitación, pero voy a comprobarlo. 
Me parece que se me informó ayer de que hubo al principio alguna dificultad- que fue subsanada- pues tenía que cuidar a un miembro de su familia y eso impedía que ella pudiese desplazarse. 
Pero voy a verificar esta información y se lo diré a usted inmediatamente si es verdadera. 
Si no, le daré la información real, señor Alavanos. 
Señor Presidente, a pesar de que deseo que todos los miembros de la familia de Leyla Zana se encuentren bien de salud, ¡ojalá sea ésta la razón! 
Pero por lo que sabemos, Leyla Zana sigue en la cárcel de Ankara, además se le ha impuesto una nueva condena, de dos años si no me equivoco. 
¿Significa su respuesta que las autoridades turcas le dan la posibilidad de presentarse y que por razones familiares no se encuentra aquí, o sigue existiendo el problema del encarcelamiento de Leyla Zana? 
No lo sé. 
Le he dicho a usted que, en este momento, no le puedo dar la información exacta pero que se la daré tan pronto como la tenga. 
Es lo único que le puedo decir. 
No quiero hacer afirmaciones que luego sean equivocadas. 
Yo le daré exactamente la información que nosotros tengamos. 
(El Acta queda aprobada) 
Bienvenida 
Tengo el placer de dar la bienvenida al Parlamento Europeo a la delegación de la Asamblea Nacional de la República de Eslovenia, presidida por la Sra. Darja Lavtizar-Bebler. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, es para mí un motivo de satisfacción tener por segunda vez en el plazo de pocas semanas la oportunidad de debatir con ustedes aquí en el Parlamento Europeo sobre el desarrollo de nuestra Unión. 
Quiero expresarles ya desde el principio mi agradecimiento por la positiva cooperación que ha permitido solucionar entre la Presidencia austríaca del Consejo y el Parlamento Europeo numerosos temas, por ejemplo, el Quinto Programa Marco de investigación y desarrollo, la base jurídica para los programas especiales de las ONG así como los esfuerzos conjuntos relativos al presupuesto de 1999. 
Cuando hace pocas semanas me presenté ante sus Señorías poco antes del encuentro de los Jefes de Estado y de Gobierno en Pörtschach, detecté en numerosas intervenciones suyas una cierta preocupación sobre una posible paralización del proceso de integración, sobre ciertas declaraciones que permiten adivinar tendencias renacionalizadoras y algunas otras cosas similares. 
Me alegra poder informarles que durante la Presidencia austríaca la realidad ha sido exactamente la contraria, lo que ha quedado demostrado patentemente en la cumbre de Viena. 
Hemos aprovechado este encuentro informal entre los Jefes de Estado y de Gobierno en Pörtschach para discutir sobre el futuro de Europa y estuvimos de acuerdo en que el mejor modo de servir a la idea de Europa consiste en colocar en el centro de nuestra futura política los campos que son de importancia esencial para las personas, como por ejemplo, la cuestión del trabajo, el empleo, la seguridad interna y la calidad de vida. 
Creo que lo especial en esta cumbre de Viena fue que tuvo lugar ante un acontecimiento que se puede calificar justificadamente de histórico, la introducción de la moneda común. 
El euro ha demostrado su viabilidad ya antes de su introducción real. 
Ante las crisis de los mercados financieros internacionales del semestre pasado, Europa se ha mostrado como un centro de estabilidad. Este éxito se basa en la confianza, la confianza que hace posible conservar la estabilidad lograda con grandes esfuerzos y, al mismo tiempo, señalizar que es posible fortalecer el crecimiento y, en consecuencia, el empleo. 
Pero el euro nos obliga también a mejorar la cooperación en la totalidad de la política económica así como en otros campos políticos. 
En el futuro los contenidos de nuestra política y el modo cómo solucionamos entre nosotros los problemas va a ser objeto no sólo de análisis políticos y comentarios críticos sino que va a ser también observado por los mercados financieros. 
Por ello, el enfrentamiento, la división, la euroesclerosis o como quieran llamarlo, que tuvo lugar hace cinco años fue algo desagradable. 
A partir del 1 de enero de 1999 puede tener consecuencias muy negativas para nuestra moneda común, para la estabilidad, la economía y el empleo en Europa. 
Por ello, es necesario que solucionemos nuestros problemas de tal modo que los mercados financieros y los analistas en el mundo vean que Europa coloca en primer plano la cooperación y no la confrontación. 
En la cumbre de Viena se marcaron unas pautas determinantes desde mi punto de vista. 
Hemos formulado una estrategia para Europa que determina con precisión las tareas y calendarios para seguir desarrollando los sectores políticos dentro de la Unión Europea. 
Esto es una respuesta al escepticismo existente frente a los subsiguientes pasos de integración. 
Esta estrategia de Viena como resultado de Pörtschach muestra muy claramente los puntos centrales: empleo, crecimiento y estabilidad, mejora de la seguridad interior y de la calidad de vida, aseguramiento de la estabilidad y del bienestar, fortalecimiento del papel político de Europa en el mundo y, naturalmente, las necesarias reformas de las políticas e instituciones. 
Voy a referirme muy brevemente a algunos detalles, por ejemplo, a la Agenda 2000, tema que nos interesa a todos. Ha sido una tarea central para la Presidencia austríaca. 
Se trata por tanto de una reforma sustancial de la política europea. Sin duda, estas reformas se llevan a cabo en el espíritu de la economicidad- pues a nivel nacional hemos realizado todos los esfuerzos para consolidar los presupuestos- pero también de la solidaridad, el pilar fundamental de esta integración europea. 
En Viena hemos logrado lo que se exigió de la Presidencia austríaca en Cardiff, a saber, presentar en un documento específico los componentes básicos, los key elements, de una unificación final y poner sobre la mesa también alternativas de actuación al respecto. 
Para cualquiera que se ocupe del tema detalladamente está claro que la parte técnica del estudio de los textos jurídicos ha concluido. 
Los instrumentos de la estrategia de preadhesión se han podido concluir de mutuo acuerdo exceptuando una reserva. 
También ha existido acuerdo en lo tocante al reglamento de las redes transeuropeas y al reglamento de los Fondos de garantía. 
Creo que se está formando un consenso en las cuestiones clave esenciales relacionadas con la política estructural y los Fondos estructurales, si bien hay que tener en cuenta por supuesto las situaciones especiales. 
En lo referente a la reforma de la política agraria común, en especial al desarrollo del área rural y partes del reglamento de mercado, aunque se adivina ya una solución no muy lejana, sin embargo quedan aún muchas cuestiones por debatir y existen opiniones diferentes. Hay que decirlo claramente. 
En dos cuestiones determinantes hay aún unas diferencias de opinión básicas. 
Me refiero al volumen total de los gastos y su distribución entre las diferentes categorías así como a la distribución de las cargas entre los diversos Estados miembros que han planteado algunos Estados miembros y que también ha expuesto la Comisión en el informe sobre los recursos propios. 
En base a este documento que toca los aspectos políticos clave y debido al hecho de que todos reconocen que se han puesto sobre la mesa propuestas de reforma, creo que en los próximos tres meses va a ser posible mediante negociaciones constructivas, tal como hemos confirmado de nuevo en Viena, llegar a una conclusión de este paquete de reformas de la Agenda 2000 bajo la Presidencia alemana. 
El segundo punto es la ampliación. 
Estoy convencido de que la Presidencia austríaca ha logrado mantener la dinámica del proceso de ampliación. 
La Comisión ha presentado un excelente informe que destaca y saluda con palabras muy claras los progresos de los diversos Estados miembros pero expone también con palabras nítidas dónde se ha ralentizado algo este proceso de reformas en algunos países miembros. 
En base a este excelente informe de la Comisión, en la cumbre de Viena fue muy fácil para nosotros poder decir que saludamos el hecho de hayan comenzado ya negociaciones con seis países. 
Saludamos los progresos de reforma en los otros Estados, si bien van a ser necesarios más esfuerzos en este contexto. 
Podemos ofrecer como nuevo elemento el comienzo de la fase bilateral de los exámenes aquis para los otros cinco Estados de la Europa central y oriental durante el primer trimestre del año próximo. 
En este contexto, el Consejo Europeo ha fortalecido también la ampliación de las relaciones con Turquía siguiendo la línea marcada en Cardiff. 
Se constató la necesidad política de que Turquía mantenga su orientación y perspectiva europea. 
Sin embargo, también se señaló que van a ser necesarios aquí aún numerosos esfuerzos y llegamos al acuerdo de intensificar la estrategia europea de Turquía. 
El tercer punto es la Unión Monetaria. 
Estoy muy satisfecho de que se haya logrado una voz común para nuestra moneda común en los mercados financieros mundiales, de que se haya logrado regular la representación exterior del euro- si bien, no de un modo perfecto, pues aún habría que mejorar algunas cosas, en especial, en lo que se refiere al apoyo del trabajo de la Comisión y aspectos similares. Pero presupone un primer paso y hemos podido llegar a un acuerdo sobre la representación exterior del euro. 
Dentro de dos días, durante la cumbre EE.UU/UE, tendré la ocasión de hablar sobre este tema de la representación del euro en el G7. 
Pero lo que considero al menos tan importante es que existan los primeros enfoques de una posición europea para la reforma del sistema financiero mundial y para la reforma del Fondo Monetario Internacional. 
Está claro que necesitamos unos controles mejores, mayor transparencia y un sistema de alerta en el sistema financiero internacional para que no pueda ocurrir que unos acontecimientos aparentemente sorprendentes y dramáticos en algunos Estados destruyan totalmente economías nacionales y desestabilicen la economía mundial. 
En este aspecto, se está desarrollando una posición europea que tiene en cuenta su fuerza y que se deberá incluir en los debates internacionales sobre la reforma de los mercados financieros. 
El cuarto punto es el papel político de Europa en el mundo, la cuestión de la política exterior y de seguridad. 
Lamentamos sobremanera que debido al hecho de que aún no todos los Estados han ratificado el Tratado de Amsterdam, en Viena no haya sido posible determinar la CFSP y la PESC. 
Sólo porque no se ha realizado la ratificación, no lo hemos logrado en Viena a pesar de que nos habría gustado mucho hacerlo, pero debemos tomar nota de que algunos Estados miembros no estaban aún dispuestos a ello. 
Lo que se debe indicar muy positivamente es el hecho de que en Viena se adoptó una resolución sobre las primeras estrategias comunes en la política exterior de la Unión Europea, es decir, por fin una base común algo más amplia. Por ejemplo, una estrategia para Rusia que incluya todas las cuestiones relativas a las relaciones de política económica, de política exterior y de seguridad entre Europa y Rusia como interlocutor importante para la estabilidad en Europa. 
En Viena se determinaron estrategias para Rusia, Ucrania, el área del Mediterráneo, inclusive Oriente Medio y los Balcanes occidentales como temas de una política exterior y de seguridad común. 
Lo que al mismo tiempo considero como muy importante- y lo digo muy conscientemente como Canciller de un país neutral-es que hemos iniciado un debate sobre el fortalecimiento de la estructura de seguridad europea en cooperación con los interlocutores de la OTAN. El punto de partida para ello fue en Pörtschach en base a una bien recapacitada aportación de Tony Blair y los subsiguientes debates mantenidos en Francia, Alemania y en muchos otros Estados. 
A ello viene a añadirse la certeza de que una Europa políticamente fuerte tiene que estar también en situación de solucionar ella misma crisis regionales en el sentido de las misiones Petersberg, además de tal forma que los 15 Estados miembros de la Unión Europea puedan participar en esta solución en estrecha cooperación con los interlocutores atlánticos. 
Se trata de un debate del que no me habría atrevido esperar que obtuviese tal dinamismo con tanta rapidez y que considero muy importante para una Europa políticamente fuerte en el próximo siglo. 
Otro aspecto central ha sido el de la seguridad interior. 
Sería sin duda un gran logro para Europa si pudiésemos combatir conjuntamente a nivel europeo el crimen organizado internacional. 
Europol ha entrado en vigor y ha iniciado sus actividades durante la Presidencia austríaca. 
Tenemos un plan de acción para este espacio común de la libertad, la seguridad y el derecho. 
Estamos convencidos de que tenemos que desarrollar también conjuntamente estrategias sobre la política de migraciones y hemos acordado y creado para ello una Task Force propia en Viena. 
En este contexto ha sido posible adoptar medidas concretas y proporcionar orientaciones políticas que deben constituir un punto central el próximo año y prever ya ahora que en Tampere se celebre una cumbre especial bajo la Presidencia finlandesa. 
Respecto a la política de medio ambiente, en Viena hemos llegado al convencimiento con claras resoluciones de que la política de medio ambiente es una tarea horizontal, una tarea «Mainstreaming» que no debe tratarse solamente en la Comisión de Medio Ambiente sino que debe reflejarse en todos los campos políticos. 
Adicionalmente a lo que han presentado los ministros de transporte, de energía y de agricultura, hemos exigido que se incluya también el sector de la industria, el mercado interior, etc. 
Tema central ha sido y es la cuestión del empleo. 
Les digo muy abiertamente que cuando tuve por primera vez la ocasión de participar en un Consejo Europeo, la política de empleo era una palabra tabú. 
Para muchos era inimaginable la existencia de una dimensión europea en la política de empleo. 
Si miramos los resultados que hemos logrado durante la Presidencia austríaca, partiendo de los buenos trabajos de Luxemburgo y proseguidos por nuestros amigos británicos, se puede ver con toda claridad que necesitamos una política de empleo nacional y que en este proceso de supervisión multilateral queremos y podemos aprender unos de otros, comprometernos recíprocamente mediante los objetivos adicionales marcados en Viena y sobre todo reconocer con toda claridad que el empleo es un factor que revaloriza a Europa. 
No creo en las ideas populistas y milagrosas de alguien en particular sino en la cooperación estrecha y coordinada en los campos de la política fiscal, de investigación y de política exterior, en la política de las reformas estructurales, en la política de la disposición y capacitación de los trabajadores así como también en una política de crecimiento que no ponga en peligro la estabilidad. 
De la cumbre de Viena partieron estas importantes señales y estoy muy satisfecho de que se haya logrado fortalecer las directrices para la política de empleo en lo tocante a los trabajadores de edad, a la igualdad de oportunidades de las mujeres en el mercado laboral y al espíritu empresarial. 
Hasta hace poco para mí era inimaginable poder decir ahora que junto al pacto de estabilidad queremos tener un pacto por el empleo en la Unión Europea. Esto se va a acordar en marzo en Colonia. 
Hemos tenido también una reunión muy positiva con el Presidente Santer, una especie de minicumbre sobre el tema del diálogo social. 
Ahora existe un acuerdo por el que por primera vez trabajan también las pequeñas y medianas empresas con UNICE y, en segundo lugar- lo que es para mi muy significativo -, un acuerdo de los interlocutores sociales a nivel europeo por el que se comprometen a elaborar un catálogo de temas concretos para decir qué temas quieren tratar a nivel europeo en su ámbito de responsabilidad y qué soluciones quieren encontrar, pues es importante que no siempre sea la política la que regule cuando es mejor que en un debate entre trabajadores y empresarios se pueda encontrar una solución a nivel europeo. 
Creo que la Presidencia austríaca ha logrado proseguir este espíritu de Pörtschach con el claro objetivo de seguir profundizando en los campos políticos que se marcó la Unión Europea en Viena. 
Me congratula también que los diputados hayan presentado un proyecto muy positivo y constructivo sobre el Estatuto del Diputado. 
En Viena hemos pedido que se siga tramitando con rapidez en las correspondientes instituciones. 
Creo que el objetivo primordial de la primera Presidencia de uno de los más jóvenes países miembros ha sido el de mostrar claramente a las personas en Europa que tiene sentido cooperar, que repercute en beneficio de Europa si hacemos de la política de empleo europea nuestro más importante objetivo, que tiene sentido mejorar la seguridad europea y conceder mayor importancia a la cooperación en materia de seguridad interior y que es también importante cooperar para fortalecer el papel político de Europa en el mundo. 
Por ello, el objetivo primordial de la Presidencia europea ha sido mostrar algo más de cerca a los ciudadanos europeos la fuerza adicional de esta idea de Europa. 
Espero que esto repercuta también en una gran participación electoral en las elecciones de junio al Parlamento Europeo. 
Quiero expresarles en este sentido mi agradecimiento por la positiva cooperación mostrada durante la Presidencia austríaca con la Comisión, el Consejo y, en especial, señor Presidente, con el Parlamento Europeo. 
Señor Presidente del Parlamento Europeo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señoras, señores diputados, el Consejo Europeo de Viena daba fin a la primera presidencia de la Unión de uno de los países que ingresó en 1995 y saludo el trabajo realizado por la Presidencia austríaca. 
Este semestre quedará seguramente para la historia de la construcción europea como el semestre de Pörtschach, y creo que con toda justicia. 
Al contrario de lo que preveían todos los analistas expertos, la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno en Pörtschach ha permitido un debate sincero y constructivo sobre el futuro de la Unión. 
El éxito de esta reunión, de una naturaleza nueva, no estaba sin embargo garantizado. 
Se ha alcanzado ampliamente el objetivo. 
Estamos recogiendo ya los frutos en la forma de abordar las cuestiones comunitarias a fin de siglo y este resultado ha de incluirse en el activo de la Presidencia austríaca. 
La Comisión se felicita de haber trabajado con ésta en la preparación de esta reunión. 
Pero la reunión de Pörtschach no debe enmascarar los progresos registrados en los otros grandes frentes de la construcción comunitaria. 
No haré la relación, dejaré a la Presidencia en ejercicio esa tarea. 
Sólo mencionaré algunos éxitos que dan una visión de las direcciones en las que progresa la Unión: el acuerdo con Suiza, el Quinto Programa Marco para la Investigación y Desarrollo, el presupuesto para 1999, que ustedes votarán mañana. 
El Consejo Europeo de Viena, por su parte, ha llevado a concretar el espíritu de Pörtschach en una nueva estrategia: la estrategia de Viena para Europa. 
Esta estrategia ha de permitir responder a «la necesidad de Europa» , tal como la reunión informal de Pörtschach había señalado claramente. 
Los ciudadanos quieren menos de una cierta Europa y más de otra: una Europa más democrática, mejor gestionada, más eficaz y que proclame verdaderas ambiciones. 
¿Cuáles son, pues, las grandes orientaciones de Viena? 
Señalaré personalmente tres, que por cierto coinciden con las que acaba de manifestar el Canciller federal: en primer lugar, el empleo, el crecimiento y la estabilidad económica, después la Agenda 2000 y, finalmente, la ampliación. 
El Consejo Europeo ha debatido en detalle sobre el empleo, el crecimiento y la estabilidad económica. 
Existe ya un amplio consenso entre Jefes de Estado y de Gobierno sobre las opciones que hay que considerar en materia de lucha por el empleo y sobre la necesidad bien entendida de un marco europeo común. 
Lo digo con más satisfacción en la medida en que estoy defendiendo ante ustedes, señoras y señores, la mayoría de estas opciones desde hace ahora cuatro años y que, desde la Cumbre de Luxemburgo, el empleo es un tema de debate comunitario. 
En Viena, la estrategia europea por el empleo ha recibido un impulso nuevo y ambicioso. 
Los Jefes de Estado y de Gobierno han decidido llegar más lejos en la convergencia de las políticas de empleo y las líneas directrices para el empleo estarán a partir de ahora en el centro de las estrategias nacionales. 
Con este fin, se irán precisando y afinando paralelamente a la experiencia adquirida a nivel europeo, sobre todo mediante la definición de objetivos sectoriales. 
Éstos permitirán verificar que los Estados han respetado adecuadamente sus compromisos. 
La necesidad de apoyar el crecimiento, el empleo y la competitividad ha conducido también al Consejo Europeo a examinar el expediente de inversión. 
Saben ustedes que la Comisión había presentado una comunicación sobre la «Inversión pública en el marco de la estrategia económica». 
En la línea de los esfuerzos constantes de la Comisión, han podido extraerse algunas conclusiones sobre este expediente. 
Entre éstas, señalaré el papel del Banco Europeo de Inversiones, la importancia del desarrollo de un mercado paneuropeo del capital riesgo, la función de la inversión en recursos humanos y la prosecución de nuestra estrategia de culminación y profundización del mercado interior. 
Esta convergencia de puntos de vista sobre el crecimiento y el empleo está naturalmente vinculada a la llegada del euro. 
Todo está a punto para la llegada del euro. Éste entra en vigor el 1 de enero del próximo año. 
No incidiré en las ventajas que esperamos en el plano interno. 
El Consejo Europeo ha conocido el informe sobre la coordinación de las políticas económicas. 
Se trata de un desafío crucial para el éxito de la Unión Económica y Monetaria y creo que todos los miembros del Consejo son conscientes de ello. 
Hemos tenido además un debate constructivo sobre la política fiscal, sobre la base del informe del Consejo. 
En el plano externo, quisiera señalar hasta qué punto son grandes las posibilidades de hacer valer los intereses europeos con la llegada del euro. 
En este sentido, las decisiones adoptadas con relación a la representación externa de la Comunidad constituyen un primer, e importante paso adelante. 
Éstas indican que la Unión está enterada de la responsabilidad internacional que representa para ella la innovación de la moneda única. 
Hemos mantenido un primer debate sobre el fortalecimiento del sistema económico y financiero internacional. 
Se ha dado un mandato al Consejo para que examine después la reforma de este sistema. 
Como la Comisión ha comenzado a hacerlo en un documento que ha sometido al Consejo Europeo, el informe deberá analizar también las repercusiones más amplias de la globalización. 
En este sentido también, creo que el Consejo es consciente de que la Unión Europea tiene una responsabilidad que asumir. 
Señor Presidente, el segundo expediente en el que se han concentrado los debates del Consejo era naturalmente la Agenda 2000. 
Les repetí ayer que su adopción sería una de mis principales prioridades en 1999. 
¿Dónde nos encontramos tras el Consejo Europeo de Viena? 
Las conclusiones del Consejo sobre la Agenda 2000 son, ciertamente, modestas. 
Pero, y lo digo de entrada, sería erróneo concluir que no se ha movido nada o que no hemos hecho ningún progreso. 
El avance de Viena en este sentido no ha de buscarse en un principio de acuerdo: he dicho y repetido que, en este tema, en tanto no haya acuerdo sobre la totalidad, no lo habrá sobre nada. 
Por consiguiente, sería inútil buscar acuerdos parciales allí donde es necesario un acuerdo de conjunto. 
Desde este punto de vista, podemos alegrarnos de se haya abordado la cuestión desde un espíritu razonable por primera vez. 
Todo el mundo sabe que es necesario un acuerdo. 
Todo el mundo sabe que ambas partes deberán hacer concesiones. 
Eso es tanto como comenzar el debate y proceder a las primeras rondas de opiniones, cuando uno se dirige más a sus tropas que a los negociadores. 
Era importante que el verdadero debate diera comienzo, que todos los elementos estuvieran sobre la mesa y que todo el mundo se mostrara dispuesto a hacer esfuerzos con el fin de llegar a un acuerdo global. 
Es eso lo que he constatado: todos los Jefes de Estado y de Gobierno han entendido que se ha pasado el momento de las posiciones puramente tácticas. 
Añadiré una impresión que he tenido en Viena. 
He oído a todos los Jefes de Estado y de Gobierno y mi convicción es que las propuestas de la Comisión estarán en el centro del acuerdo final, cualquiera que éste sea. 
Todo el mundo sabe que será necesario llegar a un acuerdo y se llegará a un acuerdo. 
Será difícil pero se conseguirá, ya que ése es el interés de todos los Jefes de Estado y de Gobierno. 
Señor Presidente, la ampliación, no nos engañemos, está en el fondo de esta negociación. 
El proceso está iniciado. 
El Consejo ha renovado su apoyo. 
Los progresos de la negociación han sido saludados por el Consejo, el proceso está en marcha. 
Se trata de un buen proceso, un proceso inclusivo. 
La Comisión desempeña plenamente su doble papel. 
Contribuye a preparar las negociaciones emprendidas por los Estados miembros y alienta activamente las reformas en los países candidatos, con la puesta a punto de estrategias coherentes de cara a la preparación para la adhesión. 
Hoy- el Consejo Europeo lo ha reconocido- la Unión Europea y los países candidatos han aceptado los grandes factores determinantes para este proceso. 
Lo esencial es respetar los compromisos asumidos por ambas partes. 
Están previstas citas anuales para proceder a evaluaciones concretas de los progresos registrados. 
Viena ha sido el primero. 
El segundo lo marcará Helsinki, a finales de 1999. 
Este trabajo paciente no ha de interrumpirse permanentemente por unas especulaciones sobre las fechas en las que tendrán lugar las ampliaciones. 
Señor Presidente, quisiera terminar esta presentación de los resultados del Consejo Europeo de Viena insistiendo en el carácter exhaustivo de la estrategia de Viena para Europa. 
El Consejo Europeo ha experimentado la necesidad de explicar a los ciudadanos las grandes líneas de su actuación. 
Ésa era una de las prioridades de la Presidencia austríaca. 
Estas grandes líneas son, creo yo, cuatro. 
En primer lugar, promover el empleo, el crecimiento económico y la estabilidad- ya les he hablado de ello. 
En segundo lugar, mejorar la seguridad y la calidad de vida. 
En tercer lugar, reformar las políticas y las instituciones de la Unión. 
En cuarto y último lugar, promover la estabilidad y la prosperidad por todas partes de Europa y del mundo. 
Para cada una de estas grandes líneas, el Consejo Europeo se ha fijado objetivos y se ha dado plazos. 
Esta forma de jalonar el futuro es el mejor medio de concentrar las energías en objetivos concretos. 
Se da así el impulso a citas importantes, en Colonia, en Tampere y en Helsinki. 
Al progresar simultáneamente en estos cuatro grandes ejes, estamos dibujando el futuro de la Unión Europea y el rostro que tendrá al principio del próximo milenio. Éste emergerá de estos trabajos emprendidos con constancia y determinación. 
La Presidencia austríaca ha contribuido a ello durante seis meses. 
Les felicito de nuevo. 
Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión. 
Tiene la palabra el Sr. Haarder para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, todos sabemos por los medios de comunicación que una de las cuestiones principales fue la de las ventas libres de impuestos, a la que se dedicó mucho tiempo. 
¿Por qué no se nos ha dicho nada al respecto? 
Espero que sea porque el Consejo se siente avergonzado de haber desperdiciado tanto tiempo al respecto, pero el Parlamento debe saber a qué dedico el tiempo en Viena. 
No es exactamente una cuestión de orden, pero, en cualquier caso, el Presidente en ejercicio del Consejo sigue aquí y puede responder a las preguntas no abordadas por el Canciller Klima. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Presidente del Consejo Europeo y al Presidente en ejercicio sus informes que tenemos aquí esta mañana. 
Quisiera felicitar al Sr. Klima. Ha traído una evaluación novedosamente realista a este Parlamento, al reconocer los éxitos de la Presidencia austríaca, pero también las discrepancias que existen en la Unión y que le habrán hecho sentir- estoy segura- las mismas frustraciones que nosotros, en este Parlamento, sentimos a consecuencia de ellas. 
No es frecuente ese tipo de evaluación sincera en esta Asamblea y espero que sea una señal de lo que nos deparará el futuro. 
De modo que quiero expresar al Sr. Klima y al Sr. Schüssel mi profundo agradecimiento al respecto y también la eficiencia, la diligencia y la denonada labor de la Presidencia austríaca durante su primera presidencia. 
Señor Presidente, en su discurso en el Consejo Europeo del viernes- y también esta mañana- expresó usted su agradecimiento por la cooperación de la Presidencia con el Parlamento. 
En nombre de mi Grupo, quisiera sumar mi agradecimiento a los numerosos ministros que han comparecido aquí y han contribuido a la labor de este Parlamento y la han apoyado. 
Agradecimiento particular merece la Sra. Ferrero-Waldner, que ha sido nuestra compañera muy asidua aquí durante los seis últimos meses. 
Se lo agradecemos. 
La Presidencia austríaca coincidió con un momento particularmente delicado, emparedada, por decirlo así, entre la británica y la alemana. 
En la Presidencia anterior se iniciaron las negociaciones para ampliar la Unión- acontecimiento transcendental -, junto con una decisión sobre los países que debían formar parte de la zona del euro, la creación de un banco central, acontecimiento- podríamos decir- aún más transcendental. 
La próxima Presidencia ha de concluir la Agenda 2000, que reviste una importancia inmensa para los Estados miembros actuales de la Unión y para la ampliación. 
De modo que la Presidencia tuvo que abrirse camino entre una y otra serie de acontecimientos inmensos sin que le correspondiera ninguno de ellos. 
Hay que felicitar al Gobierno austríaco por haber velado por que el camino por el que avanzar esté claramente programado con vistas a Colonia y a Helsinki, se hayan determinado las decisiones necesarias y se hayan establecido las líneas generales de muchas iniciativas. 
Nunca hubo la intención de que en Viena se adoptaran decisiones importantes que han acaparado a la prensa europea en los últimos días. 
En particular, nunca hubo la intención de que se adoptaran decisiones sobre la financiación futura de la Unión. 
Eso debe quedar bien claro. 
Pero ha sido posible continuar el debate sobre algunas de las cuestiones fundamentales que afronta la Unión: la nueva fase en nuestra estrategia en materia de empleo y un pacto europeo por el empleo. 
Mi Grupo espera encarecidamente que la iniciativa que el Consejo esbozó en Viena nos permita establecer un contrapeso para el pacto de crecimiento y estabilidad, que garantizará la futura seguridad monetaria en la zona del euro. 
Si bien la moneda única tendrá una gran repercusión en las vidas de nuestros ciudadanos, el empleo es aún más decisivo de forma inmediata para todas las familias de la Unión Europea. 
A ese respecto, mi Grupo acoge con particular beneplácito la petición expresa al Consejo de que permita a los Estados miembros que deseen iniciar la reducción de los tipos del IVA para los servicios con gran densidad de mano de obra y que no estén expuestos a la competencia transfronteriza. 
Se trata de una propuesta que se presentó a la cumbre extraordinaria de Luxemburgo en un informe de este Parlamento preparado por mi colega Win van Velzen y que, según consideró el Consejo en aquel momento, requería más análisis y evaluación. 
El acuerdo respecto de que semejante idea podría ser importante para la creación de empleo nos satisface mucho y, desde luego, haremos todo lo que facilite los avances a ese respecto en esta Asamblea. 
Señor Canciller, tomo noto de que en las conclusiones el Consejo presta atención especial al hecho de que este momento coincida con el 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
De hecho, el propio Sr. Schüssel acaba de mencionarlo ahora mismo. 
El Consejo pide a la Comisión que elabore propuestas para contrarrestar el racismo en los países candidatos y pide a los Estados miembros que examinen medidas similares dentro de la Unión. 
Quiero elogiar al Consejo por pedir la adopción de medidas relativas a ese sector tan delicado e importante. 
Tal vez podríamos pedirle que transmita una petición por nuestra parte de que emita una declaración firme en el sentido de que velará por que en las campañas electorales para las elecciones europeas de toda la Unión Europea no haya manifiestos ni programas que promulguen el odio o el miedo racista o xenófobo. 
Semejante declaración formulada en la cumbre extraordinaria de marzo, en vísperas de la campaña electoral para las elecciones europeas, sería una importante señal de la seriedad con que el Consejo se propone luchar contra la política del odio, dondequiera que se dé en la Europa del próximo milenio. 
Una cuestión particularmente importante y ya mencionada en esta Asamblea y a la que hemos dedicado una cantidad desmesurada de nuestro tiempo es la del Estatuto de los diputados. 
Quiero agradecer al Sr. Klima en particular su buena disposición para recibir el proyecto de estatuto tan cuidadosamente preparado por nuestro colega el Sr. Rothley. 
Reconozco, como todos nosotros, que en el estatuto figuran elementos que requerirán una negociación detallada, pero no puedo subrayar bastante la importancia que reviste que se logren avances rápidos para que lo tengamos listo con vistas a las elecciones de junio. 
Acogemos con beneplácito que el Consejo considere que ese proyecto es adecuado para iniciar el debate. 
Tenemos preparado nuestro equipo negociador. 
Permítanos que le pidamos que apremie a la secretaría del Consejo para que se ponga manos a la obra. 
Lo que importa es la voluntad política. 
Tenga la bondad de instar a sus sucesores a que se pongan manos a la obra. 
Algunos en esta Asamblea y muchos fuera de ella han sostenido siempre con cinismo que nunca lograríamos el acuerdo del Consejo para que en el Tratado figurara la necesidad de un estatuto. 
Así se hizo en Amsterdam. 
Después sostuvieron que nunca llegaríamos a un acuerdo entre nosotros sobre un proyecto de estatuto. 
El Sr. Rothley lo consiguió. 
Sostuvieron que el Consejo nunca lo abordaría en Viena. 
Y así lo hizo. 
Ahora sostienen que, si creemos que podemos lograr un resultado final antes de las elecciones europeas, nos engañamos a nosotros mismos. 
Juntos podemos lograrlo. 
Insto al Consejo a que nos ayude a demostrar que ahora podemos concertar esa cuestión rápida y equitativamente. 
Quisiera mencionar simplemente unas pocas cuestiones relativas a terceros países. 
El acuerdo con Suiza constituye un éxito particular. 
Resulta particularmente notable que haya sido la Presidencia austríaca la que haya resuelto ese problema, lo que demuestra el valor de la utilización de la pericia y las experiencias compartidas de determinados Estados miembros con terceros países. 
Sin embargo, mi Grupo se siente cada vez más irritado y perturbado por el tiempo que se está tardando en encontrar una solución para las negociaciones con Sudáfrica sobre el acuerdo de comercio y cooperación. 
Sé que está usted de acuerdo conmigo, pero tomamos nota de que el Consejo espera que concluyan en los seis próximos meses. 
La verdad es que debemos lograrlo. 
En el día en que el Parlamento Europeo concede el premio Sajarov a la libertad de expresión a Ibrahim Rugova, que tan valerosamente ha luchado por la paz en Kosovo, sería un error no rendir homenaje a la labor de la Unión Europea en pro del diálogo político, las soluciones pacíficas y el apoyo humanitario en esa turbulenta parte de nuestro continente durante los seis últimos meses. 
Este debate no debe ser sólo sobre el Consejo Europeo de Viena. 
Todos sabemos que no todos los Consejos pueden propiciar cambios espectaculares y transcendentales. 
Aquí estamos siempre demasiado preparados para exigir esa clase de resultados, con bastante ingenuidad, en mi opinión. 
De modo que quiero rendir un homenaje a la labor en curso del Consejo, de la que la Presidencia austríaca puede enorgullecerse en particular. 
Ya he mencionado el acuerdo con Suiza, demasiado demorado. 
Otro gran éxito fue el quinto programa de acción en materia de investigación. 
Durante un año ha permanecido pendiente sobre la mesa: un programa que abarca un sector del presupuesto comunitario que ocupa el cuarto lugar por la importancia del gasto que representa. 
Dice mucho en favor de sus ministros que por fin se alcanzara un acuerdo sobre este programa y muchos otros en los seis últimos meses: seis meses de los que Austria puede enorgullecerse. 
Señor Presidente, señores Presidentes del Consejo y de la Comisión, en líneas generales estamos decepcionados con los resultados del Consejo de Viena. 
No obstante, ustedes han preparado bien este Consejo y el pobre resultado seguramente no haya que achacárselo a ustedes. 
Quizá fuera ésta la cumbre europea de la consolidación y de la nueva armonía. 
Sin embargo, tenemos la impresión de que las decisiones importantes han vuelto a aplazarse. Peor aún, las orientaciones que deben dar a la Presidencia alemana la oportunidad de decidir han seguido siendo vagas y poco claras. 
Todavía no se ha alcanzado ningún resultado en las propuestas de la Comisión para su Agenda 2000. 
La reforma de la política estructural y agraria y la financiación de la Unión Europea no se pueden llevar a cabo si los Estados miembros no están dispuestos a aceptar un arreglo. 
Esta disposición al compromiso es una condición absoluta para prorrogar y fortalecer el contrato que une a los países y, a través de ellos, a los pueblos de la Unión Europea. 
Ésta es la verdadera causa del retraso y de la demora. 
En el alegato de algunos gobiernos en favor del muy discutible principio del «contribuyente neto» , de hecho se han adoptado posiciones insolentes. 
Me temo que, si no hay un giro espectacular en la Cumbre Europea de Bruselas en marzo de 1999, las elecciones europeas se verán contaminadas por una confrontación entre egoísmos nacionales. 
El interés común europeo debe prevalecer por encima de la unión simplista de las preocupaciones nacionales y por encima del falso principio del juste retour. 
¿Será capaz la Presidencia alemana de superar este impedimento que dificulta hoy la adhesión a la Unión de los países de la Europa Central? 
Nuestro partido jamás aceptará que esta integración- un proyecto histórico de nuestro continente- sea obstaculizada por la ineptitud de los gobiernos a la hora de resolver sus disputas financieras. 
Europa no puede reducirse a su elemental expresión presupuestaria. 
Debemos recobrar los ideales y la inspiración de los fundadores, que estaban animados por una amplia visión del concepto de Europa. 
Por eso, nuestro partido se congratula especialmente con la decisión de proclamar a Helmut Kohl «ciudadano de honor europeo» y concederle el mismo papel histórico que a Jean Monnet. 
Sin un retorno a estas ideas, al método comunitario, no se puede esperar ningún provecho, y las dificultades actuales de la Unión no tendrán solución alguna. 
El «Pacto Europeo para el Empleo» es, sin duda, positivo. 
Los gobiernos deberían primero convertir en hechos las directrices aprobadas en Luxemburgo. 
Ustedes han reforzado el afán de superación de Luxemburgo y quieren incrementar la evaluación de los resultados obtenidos. 
Este «Pacto para más trabajo» es un complemento imprescindible para el pacto de estabilidad. 
Señor Presidente, en un tono más optimista quisiera felicitarlos por los resultados en política de seguridad y defensa, gracias a las iniciativas del Presidente del Consejo. 
Los encuentros entre los ministros de Defensa de la Unión, entre el Secretario General de la ONU y el Presidente del Consejo, y las orientaciones de las reuniones en La Rochelle entre Francia y el Reino Unido, abren el camino hacia una identidad europea en materia de defensa. 
Este gran proyecto anuncia el comienzo de una nueva fase hacia la presencia de Europa en el mundo y hacia una unión política real. 
Estas perspectivas y estos nuevos intereses deben conformar el patrón de las discusiones en los futuros Consejos Europeos. 
Sólo entonces se podrá convencer a la opinión pública de que el Consejo Europeo sigue fiel a su tarea fundamental y determina la estrategia y la orientación de la Unión en lugar de tener que gastar tiempo y energía con las tiendas libres de impuestos. 
También quiero agradecerle, Presidente, lo que ha hecho por el estatuto de los diputados. 
La Sra. Green lo ha señalado. 
Se lo agradezco de corazón. 
Hay una gran preocupación al respecto y usted, sin duda, lo ha llevado por muy buen camino. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo ELDR, quisiera comenzar felicitando al Canciller Klima y al Sr. Schüssel por haber concluido la primera Presidencia austríaca. 
Desde el punto de vista organizativo, esta Presidencia ha sido un gran éxito. 
Usted y sus colegas y, de hecho, su administración, pueden sentirse justamente orgullosos de ella. 
Sin embargo, políticamente lamento el fracaso del Consejo de Viena a la hora de aprobar decisiones esenciales y concretas. 
El Consejo ha continuado e intensificado- me parece a mí- una tendencia en aumento, que también se vio en Cardiff, a transmitir innumerables cuestiones importantes a las presidencias futuras. 
Inevitablemente, cada Primer Ministro imprime su propio efecto a los logros de una cumbre. 
Esta vez, en el Reino Unido y en otras partes, muchos de los titulares señalan la lucha para salvar las ventas libres de impuestos. 
En Holanda, la posible reducción de los tipos del IVA y de los servicios con gran densidad de mano de obra inspiraron titulares sobre la rebaja de los cortes de pelo. 
En el marco de los imperativos que afronta la Unión, esos diversos titulares, pese a ser deprimentes, reflejan más vívidamente de lo que puedo hacerlo yo la falta de avances estratégicos. 
La Comisión propuso la Agenda 2000 hace dos años y medio. 
Resulta alarmante observar qué pocos avances políticos reales se han logrado hasta ahora para sacar adelante ese programa; no es necesario adoptar una decisión, pero no se ha avanzado demasiado. 
Resulta particularmente cierto en el marco de la fórmula «nada se acuerda hasta que no se haya acordado todo» con un plazo fijado para el próximo mes de marzo. 
La Unión corre el riesgo de un prolongado período de incertidumbre y crisis y está a punto de enviar señales profundamente negativas y desalentadoras a los Estados candidatos. 
Esa deriva desde el punto de vista de la formulación de políticas debe acabar. 
El ELDR reconoce que el cometido primordial en materia de creación de empleo corresponde a los Estados miembros. 
Si bien acoge con beneplácito la comparación de resultados en materia de competitividad y el aprovechamiento conjunto de los procedimientos óptimos en el nivel de la Unión, consideramos esas medidas complementarias, pero no substitutivas, de un ajuste estructural en los mercados de trabajo, productos y servicios y una política fiscal que favorezca el empleo en el nivel de los Estados miembros. 
Reciclar las directrices de Luxemburgo de forma grandilocuente como un pacto por el empleo dará igual a los desempleados de Europa. 
Se necesita algo más profundo que poner una nueva etiqueta a un vino añejo y en nuevas botellas. 
Es importante que la insistencia en el valor añadido europeo en cuanto a la política de empleo no se convierta en una cláusula evasiva encaminada a ocultar la falta de voluntad de varios gobiernos encabezados por socialdemócratas a la hora de adoptar la necesaria reforma económica nacional. 
Mi Grupo lamenta que, quince meses después de la firma de Amsterdam, el Consejo no haya integrado Schengen en el acervo comunitario. 
Como otros, insto al Consejo a acelerar el estatuto para que, como diputados al Parlamento Europeo, podamos hacer nuestras campañas electorales para las próximas elecciones en relación con la política de Europa y no la política de los gastos. 
Señor Presidente, Señorías, la cumbre de Viena marca una transición entre un período que se termina y que consagrará, en unos días, el nacimiento de la moneda única que, nadie lo duda, modificará profundamente la acción europea. 
Un nuevo período que estará dominado por las cuestiones relativas a la ampliación de Europa al Este y al Sur, que significa el esperado nacimiento de la «gran Europa». 
Esta cumbre habrá permitido certificar algunas satisfacciones y principalmente la afirmación renovada de la prioridad que se concede al empleo, que responde a las demandas reiteradas del Parlamento Europeo y de la opinión pública en nuestros diferentes Estados. 
Falta dar un contenido operativo a esta actuación voluntarista, algo que será la tarea de las futuras presidencias alemana y finlandesa. 
Si nos referimos, por el contrario, al futuro inmediato, sólo podemos lamentar que no se haya certificado ningún progreso en lo que respecta a la Agenda 2000, a la financiación futura y a la reforma institucional que ha de producirse imperativamente antes de la primera ampliación. 
En realidad, las negociaciones sobre estos diferentes expedientes ni siquiera han comenzado y la Presidencia austríaca sólo ha podido hacer un análisis de la situación. 
Pero esto no es una crítica, ya que sabíamos que el contexto político no permitía llegar más lejos. 
Con respecto a la futura financiación, se parece a la cuadratura del círculo. 
Algunos Estados pretenden reducir su contribución al presupuesto de la Unión, pero nadie quiere pagar más o recibir menos. 
Sera necesario sin embargo conseguir con rapidez un equilibrio dinámico entre la exigencia de rigor presupuestario que se impone a la Unión y la voluntad de preservar el esfuerzo de solidaridad y de cohesión que ha marcado el decenio pasado, haciendo frente a las exigencias de la ampliación. 
Es difícil, incluso muy difícil, pero no está prohibido ser imaginativo. 
La solución a estas dificultades se facilitaría sin duda si la Unión llegara simultáneamente a definir mejor las políticas comunes que pretende desarrollar en el respeto por el principio de subsidiariedad. 
Deseo, como conclusión, felicitar a la Presidencia austríaca que no ha escatimado esfuerzos para hacer que avance la construcción europea en cuestiones tan esenciales para el futuro como el empleo, la política de investigación, o también otros expedientes. 
Habrá contribuido así a pasar en buenas condiciones el testigo a la presidencia siguiente y debemos agradecérselo. 
Señor Canciller, perdone que no me una al concierto de alabanzas. 
Creo que los resultados de la Cumbre de Viena son extremadamente limitados. 
Dan una sensación de inmovilismo preocupante dejando para más tarde todas las cuestiones sobre las que hay desacuerdo lo que, por supuesto, no depende de la responsabilidad de la Presidencia. 
Ése es especialmente el caso de la futura financiación de la Unión Europea. 
En este sentido, deseo expresar la oposición de mi grupo a la teoría de la justa compensación y a la cofinanciación de los gastos agrícolas así como su adhesión a la solidaridad entre países, sin la cual no existe Europa. 
El Consejo ha dedicado una gran parte de sus trabajos a la cuestión del empleo y ha planteado el principio de un pacto europeo por el empleo. 
Eso es bueno. 
Pero, un año después de Luxemburgo, deberían haberse decidido objetivos concretos y desafortunadamente no se ha hecho. 
Sin duda, es positivo que se dejen de argumentar como única verdad los dogmas monetaristas. 
Pero ese 10 % de la población activa, ese 20 % de jóvenes a la espera de un empleo necesitan resultados más evidentes en la lucha contra el desempleo. 
No tengo la sensación de que el Consejo haya tomado toda la medida a los riesgos de la ralentización del crecimiento desde 1999, y ello en el momento del lanzamiento del euro. 
Según el Consejo, el pacto por el empleo ha de completar el pacto de estabilidad, pero eso es como querer mezclar el agua y el fuego. 
Es necesario invertir la actuación y la lógica. 
El pacto de estabilidad, que es un verdadero yugo de las economías nacionales, ha de levantarse para permitir el relanzamiento de la demanda interior y la posibilidad para los Estados de dedicar sus recursos al crecimiento. 
En este espíritu, la misión y el poder del Banco Central han de redefinirse. 
Debe instaurarse un contrapeso político, un control democrático. 
La bajada de los tipos de interés- de la que me alegro- ha de ser selectiva con el fin de favorecer el empleo y no la especulación, que ha de gravarse. 
Finalmente, la obligación del BEI de contribuir y el lanzamiento de un empréstito europeo podrían ayudar de forma útil a favorecer inversiones creadoras de empleos. 
El contenido del futuro pacto europeo por el empleo ha de extraer enseñanzas de la experiencia. 
La reducción del coste del trabajo, con la flexibilidad, la precariedad, se encuentra entre las principales causas de la pobreza. 
La reducción del trabajo, un empleo estable, unos salarios correctos, una buena formación no pueden considerarse, en los albores del año 2000, como utopías irrealizables sino como derechos para todos. 
Para concluir, señalaré esta frase importante de las conclusiones de Viena: «el empleo es la primera prioridad de la Unión Europea. Está en la base misma del modelo social europeo». 
Pues bien, creo que el movimiento social en Europa ha de amplificarse aún para que esta frase se haga realidad. 
Señor Presidente, al final de esta Presidencia del Consejo podría figurar una frase con la que el crítico literario alemán Reich-Ranicki acostumbra finalizar una famosa emisión televisiva: «La representación ha concluido y vemos consternados que el telón se cierra y ninguna pregunta se ha contestado». 
Ciertamente, la cumbre de Viena ha sido una representación escenificada con gran pompa y hoy nos frotamos los ojos y nos preguntamos: ¿era esto todo lo que ha resultado de las grandilocuentes y ampulosas promesas? 
Señor Canciller Klima, usted ha dicho lo siguiente: «En Viena hemos debatido sobre el futuro». 
Esto es cierto, pero esta no era su tarea. 
Su tarea era la de solucionar los problemas actuales. 
Esto es lo único que la política puede hacer para el futuro. 
Los problemas que usted tiene que solucionar son totalmente conocidos y tras la cumbre de Viena han aumentado y no se han reducido. 
La política de empleo europea se está convirtiendo lentamente en una farsa. 
Recordemos: la cumbre de Luxemburgo encargó a la cumbre de Viena que acordase un pacto por el empleo. La cumbre de Cardiff encargó a la cumbre de Viena que acordase un pacto por el empleo. 
La cumbre de Pörtschach encargó a la cumbre de Viena que acordase un pacto por el empleo. 
¿Y que ha hecho la cumbre de Viena? 
Ha encargado a la cumbre de Colonia que acuerde un pacto por el empleo. 
¡Esto es una tomadura de pelo para millones de desempleados en Europa! 
Y la reforma de las instituciones: el mayor obstáculo en el camino para el desarrollo de la UE. 
Han pasado seis meses y no se ha logrado siquiera acordar unos objetivos y fechas concretas. 
La urgente tarea de llegar a una amplia reforma democrática de la Unión, a unos derechos fundamentales y cívicos europeos, no ha penetrado por lo visto aún en la consciencia del Consejo. 
La ampliación de la UE, la tarea histórica de superar la división de Europa, de eliminar los desastrosos daños de los regímenes comunistas y de crear un espacio común de libertad y estabilidad, se ha hundido en una pugna de cortas miras por los intereses de los contribuyentes netos. 
En los últimos años, el Consejo ha acumulado cada vez más poder haciendo de la Unión cada vez más y más un mercadillo de intereses nacionalistas. 
Permítanme que para finalizar dé un consejo al Consejo: encomiende la tarea de... 
(El Presidente interrumpe al orador )... a los Parlamentos. 
Créame, lo saben hacer mejor. 
Señor Presidente, señor Canciller, señor Presidente de la Comisión, en este fin de año y de presidencia no se puede ocultar una cierta decepción. 
Sin duda, el próximo 1 de enero marcará un gran acontecimiento, el lanzamiento del euro, pero este avance realmente muy positivo no puede borrar la falta de resultados del Consejo Europeo de Viena, debida a las divergencias entre los Quince y a su falta de voluntad política común. 
Prácticamente todos los expedientes se han paralizado. 
Se verán más adelante. 
Eso ocurre con la reforma de las instituciones. 
Somos muchos los convencidos de que el Tratado de Amsterdam ha de completarse rápidamente con reformas que afecten al Consejo de Ministros, principalmente en lo que se refiere a su composición y a la votación por mayoría cualificada, y que afecten también a la Comisión. 
En Viena, estas reformas no han progresado en absoluto. 
En segundo lugar, el expediente de la ampliación tampoco ha progresado, al limitarse el Consejo Europeo a reafirmar lo que ya había dicho. 
Incluso un expediente en la actualidad mal controlado como el de Turquía, no ha sido objeto de ninguna verdadera aclaración. 
Sobre el importante expediente de la Agenda 2000, habrá que esperar a un próximo Consejo Europeo para saber dónde quieren los Gobiernos situar exactamente el punto de equilibrio entre lo que las conclusiones de la Presidencia llaman el espíritu de solidaridad y el rigor presupuestario. 
Por el momento, nos limitamos a especulaciones y a temores frente al resurgir de los egoísmos nacionales. 
Como ha dicho el señor Presidente de la Comisión, los resultados de Viena sobre la Agenda 2000 son modestos. 
Quisiera terminar con dos notas optimistas. 
En primer lugar, el Consejo de Viena ha pretendido hacer hincapié en el empleo. 
Sin duda, no todo es perfecto. 
Pero como acaba de decir usted mismo, señor Canciller, los Gobiernos han tomado conciencia de la dimensión europea del empleo, que no depende únicamente de las políticas nacionales. 
Al igual que usted, saludo las líneas directrices del empleo para 1999 que, en el marco europeo, están orientadas a influir positivamente en las políticas nacionales. 
Saludo también la voluntad de reforzar el proceso de Luxemburgo y acentuar las funciones del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo con el fin de ir hacia una estrategia global por el empleo, el crecimiento y la estabilidad. 
En este sentido, he oído con agrado hace unos instantes al señor Presidente de la Comisión insistir en la necesidad de tener una política, o al menos una convergencia de políticas, sobre las inversiones, principalmente las inversiones de riesgo. 
El segundo punto positivo que yo quisiera señalar tiene relación con los derechos humanos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Ministro, piden nuestro apoyo a sus propuestas sobre los derechos humanos. 
Tiene el mío, sin reservas y con convicción. 
Señor Presidente, a los sones del himno de proximidad ahora se proyecta aumentar aún más la presencia de la Unión; un nuevo tema, la política fiscal común, está en camino y la cumbre de Colonia incluirá en el orden del día la propuesta de un cuarto pilar, un ejército común. 
La cumbre de Helsinki deberá desarrollar la política común y poner en marcha una conferencia gubernamental en el que se discuta el aumento de las decisiones por mayoría y del número de votos para los países de mayor tamaño. 
De puertas afuera la Unión estará representada por un político de peso. 
Las estrategias comunes se levantan poco a poco, las máquinas preparan el camino. 
Asistimos en primera fila al nacimiento de una nueva superpotencia, unos Estados Unidos de Europa, aunque sin la democracia norteamericana. 
Una superpotencia militar sin democracia supone un peligro por su tamaño y en cualquier caso tampoco es lo que un gran número de electores europeos pide en la calle. 
Ya es hora de dar la voz de alarma frente a estos planes, de impedir que eurócratas, funcionarios y ministros que no aman a su patria creen un Estado comunitario sin democracia. 
La alternativa a estos planes pasa por que dirijamos nuestros pasos hacia una Europa de las naciones y de las democracias, en la cual acojamos hospitalariamente a los pueblos de la Europa central y oriental. 
Preferiría haber visto un itinerario para la ampliación mucho más concreto antes que el itinerario ahora aprobado para política, ejército y moneda. 
Un itinerario que supone más poder para la Unión. 
Nosotros defendemos una Europa de las naciones y de las democracias. 
El futuro mostrará si esta cumbre ha marcado una dirección innovadora. 
No quiero criticar a la Presidencia del Consejo por no haber hecho todo lo que se había propuesto. 
Es comprensible que el difícil y controvertido paquete de la Agenda 2000 no se haya podido llevar a término. 
En la Agenda 2000 priman también los intereses y no los proyectos de futuro. 
Esto hace tan difícil la cosa que una decisión política se adoptará sin duda en una «noche de los cuchillos largos» tal como han indicado algunos comentaristas. 
La decepción de Viena se refleja también en otros campos, sobre todo en la cuestión del empleo. 
La estrategia de Viena coloca como máxima prioridad la cuestión del empleo, pero se caracteriza también por una carencia de propuestas concretas. 
No se han marcado objetivos cualitativos ni cuantitativos. 
Es decir, desde Luxemburgo no se ha presentado nada concreto. 
Haciendo honor al lema «lo que no hagamos ahora lo aplazamos para la próxima vez» , el encuentro de Viena ha aportado por fin un resultado: ha determinado el orden del día del próximo encuentro. 
Para 17 millones de trabajadores esta es una respuesta muy insuficiente. 
Los discretos comentarios de la familia socialdemócrata europea no van a ser un consuelo para estos parados. 
Señor Presidente, a esta altura de la discusión estoy seguro de que ni el Presidente en ejercicio del Consejo ni el Presidente de la Comisión están en condiciones de oír demasiado. 
Yo quisiera, en primer lugar, expresar un poco de nostalgia porque perdemos la Presidencia austriaca, una Presidencia amable, una Presidencia dedicada y una Presidencia que debería tener, o tiene, un enorme valor simbólico. 
Una de las concepciones políticas más antiguas de Europa, que es al mismo tiempo saludada como una de las más nuevas. 
Austria tiene la peculiaridad de unir lo antiguo y lo moderno, y no sabemos, a veces, si estamos hablando de la Austria milenaria o de la joven república que ha surgido durante este siglo. 
Pero, en todo caso, la Presidencia ha demostrado siempre durante estos últimos meses este espíritu austriaco de cordialidad y de buena voluntad. 
Y, además, yo creo que ha sido apropiado porque, en realidad, estamos en un momento de transición. 
Yo creo que los austriacos tienen esa perspectiva, por un lado milenaria y por otro más moderna, de ver que los tiempos cambian y que, en este momento, estamos en un momento de cambio. 
Estamos pasando de un siglo a otro, quizá esto no tenga mucha significación, pero, simbólicamente, para los que vivimos esta experiencia, sí la tiene. 
Y, en segundo lugar, estamos pasando de una Europa a otra. 
Pasamos de la Europa del mercado interior, la Europa más mercantilista, de los servicios, a la Europa de la unión económica y monetaria y a una Europa que se adentra en los temas sociales que afectan al individuo: temas ambientales y temas sociales. 
Creo que en esta coyuntura la Presidencia austriaca ha actuado de una manera muy inteligente. 
Tengo la costumbre de leer siempre las actas de las declaraciones de la Presidencia del Consejo, con detalle, y reconozco que han sido hechas con una gran inteligencia porque, en primer lugar, nos dan lo que nos hace falta en este momento, un calendario, un itinerario, es decir, Europa pasa de una situación a otra y, en este momento, necesitábamos un calendario y un itinerario para saber qué es lo que vamos a hacer. 
Yo creo que eso lo ha hecho muy bien con la denominada «Estrategia de Viena para Europa». 
Los austriacos nos han mostrado un calendario, un calendario pesado y cargado pero que todavía podemos cumplir. 
Yo creo que la experiencia en Europa es que todo se resuelve siempre a última hora y que, si tratamos de adelantarnos, normalmente no hay posibilidad de conseguir nada. 
Yo creo que los austriacos han hecho una gran labor de preparación y que, el año que viene, la Presidencia alemana y la Presidencia finlandesa podrán acabarla. 
Esa estrategia de Viena para Europa es una estrategia que está muy bien explicada. 
Recomendaría a muchos de mis colegas, que han criticado a la Presidencia como poco eficaz, que vieran cómo en las sucesivas reuniones, primero en Bruselas, luego en Colonia, luego en Tampere y luego en Helsinki se van a poder conseguir todos y cada uno de esos resultados. 
Está claro que la Presidencia alemana va a tener una labor muy difícil. 
Todos conocemos los complicados temas económicos que en estos momentos están planteados- y no creo que sea cuestión de que yo ahora trate de adelantar la discusión -, pero, evidentemente en cada una de esas sesiones hay un temario que las Presidencias podrán preparar, y podrán preparar desde ahora, de forma que se dé esa continuidad entre las dos Presidencias siguientes, que serán la alemana y la finlandesa. 
La presidenta de mi Grupo, la Sra. Green, ha hablando antes que yo, con lo que, prácticamente, me ha quitado materia para hablar como socialista. 
Pero, frente a alguna observación reciente, quisiera decir a la Presidencia austriaca que, en el Grupo socialista, consideramos que esta Unión, en este momento, tiene una prioridad y esa prioridad se llama empleo y que, concretamente, los Gobiernos que en este momento son mayoría en la Unión, que son unas veces socialistas, otras de coalición entre socialistas y demócrata-cristianos, están realmente preocupados por este tema, porque es el tema que nos preocupa también a los ciudadanos. 
No se le puede decir al Consejo que no tenga valor representativo. 
A los Gobiernos les llegan las quejas de los ciudadanos igual que a nosotros y, en este momento, lo que nos dice todo el mundo es «¿qué pasa con el empleo? , ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? , ¿dónde los colocamos? , ¿cómo garantizamos su inserción en la sociedad? ». 
Aquí, evidentemente, no hemos avanzado mucho, pero estamos avanzando algo. 
Yo diría que hay un tema decisivo, que es el Libro Blanco de Delors. 
En mi opinión, el Libro Blanco de Delors teníamos que haberlo defendido mejor de lo que lo hemos defendido. 
En mi opinión- y hay que leerse las conclusiones de la Cumbre de Essen -, en Essen se le dio un corte demasiado grande al Libro Blanco de Delors y creo que ahora estamos en condiciones de relanzarlo de nuevo. 
Hay toda una serie de propuestas sobre la mesa- no quiero aburrir a la Presidencia y a los restantes colegas del Parlamento-pero, evidentemente, hay que relanzar las ideas del Libro Blanco de Delors porque sin inversión no hay empleo y, para que haya inversión, hace falta proporcionar medios financieros. 
Esto- si ustedes quieren- es una perogrullada, pero es así. 
Y, por último, señor Presidente, creo que han sido también muy importantes las declaraciones sobre el tercer pilar, sobre la creación de un espacio de libertad y de justicia que, como señaló la Presidencia con motivo precisamente del 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adquiere una enorme importancia. 
Europa puede ser un país de asilo y de libertad, pero lo que no va a ser nunca, desde luego, es un asilo para delincuentes, terroristas, narcotraficantes, dictadores y torturadores. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, quien haya depositado demasiadas esperanzas en la Presidencia del Consejo de Viena, puede estar naturalmente decepcionado. 
Pero quien haya apreciado con realismo la situación dentro de la Unión Europea tomará nota con satisfacción de que esta Presidencia del Consejo en Viena ha sido un camino entre dos cumbres a un elevado nivel. 
Este elevado nivel estaba ya indicado por la decisión básica de introducir en la Unión Europea una moneda única. 
Esta moneda única europea que va a ser realidad hasta el final de nuestra Presidencia, ofrece una oportunidad inmejorable para la integración europea, para una profundización de la misma, y se ve ahora complementada por una voluntad creciente de crear empleo y trabajo. 
No puedo ocultar que yo también he registrado una cierta decepción aquí en el Parlamento Europeo y que yo misma estoy decepcionada, pues no se puede inventar en realidad nada mejor que las directrices de la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo. 
En primer lugar, hay que fomentar de nuevo el espíritu empresarial en Europa y, en segundo lugar, la capacidad de encontrar trabajo mediante una mejor formación y cualificación. 
Un tercer punto es la capacidad de adaptación. 
Aquí desempeña un papel el reciclaje profesional. 
Hay que mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores y, lo que es muy importante para la mujer, garantizar l igualdad de trato de la mujer en el mercado laboral. 
Más allá de esto, solamente se pueden destacar cuestiones de detalle y subrayar la cooperación y diálogo social, lo que es muy importante a nivel europeo. 
Debe subrayarse esto muy marcadamente. 
Estoy muy comprometida en el proceso de ampliación y he saludado mucho que usted, señor Canciller Klima, haya realizado una visita de trabajo a Polonia. Señor Vicecanciller Schüssel, también saludo que usted haya visitado todas las capitales de los países candidatos a la adhesión. 
Ha sido una señal positiva. 
Usted ha sido quien ha llevado el proceso screening a una fase sustancial de negociación. 
Personalmente habría deseado unas palabras de aliento más claras al nuevo Gobierno eslovaco y también que se acelere algo el proceso de acercamiento de nuevos candidatos y que no se aplace hasta dentro de dos cumbres en Helsinki. 
Durante la Presidencia alemana debería pasar ya algo. 
Sería una señal positiva en el sentido de nuestra integración europea y del afianzamiento de Europa en su totalidad. 
Señor Presidente, Señorías, mi enjuiciamiento de la cumbre de Viena es menos eufórica de lo que usted, señor Canciller, ha hecho. Pues en lo esencial ha sido una repetición de objetivos ya determinados, de declaraciones de intenciones, de encargos, es decir, expresado en conceptos parlamentarios, una cumbre que se ha dedicado a asignar puntos de orden del día a realizar. 
Ni más, ni menos. Pero yo también lo achaco menos a la Presidencia austríaca que a una cejación general en la voluntad de reformas dentro de la Unión Europea. 
Señor Canciller, si usted no puede detectar tendencias renacionalizadoras, tengo que contradecirle con total claridad poniéndole el ejemplo del debate sobre la financiación. 
Aquí se ha mostrado nítidamente que sobre todo los dirigentes socialdemócratas, quienes se han colocado tan intensamente en primer plano, plantean intereses totalmente opuestos y, en la mayoría de los casos, exclusivamente nacionales. 
Si echa un vistazo: Schröder quiere reducir, usted también, Blair dice que quiere sacar algo de la agricultura y Jospin le contradice precisamente en este punto. 
Este es el motivo por el que la Agenda 2000 no ha avanzado nada excepto un nuevo aplazamiento del debate. 
Quiero referirme a un segundo punto, a la política de empleo. 
Señor Canciller, creo que un punto decisivo en este importante campo es que no se limite solamente a un intercambio de ideas. 
No entiendo porqué no se ha proclamado sencilla y llanamente la obligatoriedad del pacto por el empleo. 
Pues mencionar de una tirada el pacto de estabilidad y el pacto por el empleo solamente tiene sentido y justificación si está establecida la obligatoriedad. 
En suma, señor Canciller, mi juicio es por ello el siguiente: en esta cumbre no hemos aflojado el bloqueo de las reformas en la Unión Europea en lo tocante a la ampliación, a la capacidad de decisión de la Unión Europea y a la superación de los problemas. 
Esto ha sido aplazado, lo que lamento y es una pena de cara a la necesidad de la posterior integración europea. 
Señor Presidente, los jefes de Estado o de Gobierno han fijado un ambicioso objetivo al intentar llegar a un acuerdo sobre la Agenda 2000 en la cumbre del próximo mes de marzo. 
Ese conjunto de propuestas representa el examen más amplio y fundamental de todas las cuestiones políticas más importantes abordadas en el nivel de la Unión Europea: presupuesto y financiación, políticas comunes, el proceso de ampliación, así como la perspectiva de la cohesión económica y social. 
En la Cumbre de Viena resultó claro que al menos algunos Estados miembros preferían considerar ese conjunto de propuestas con las miras más estrechas posibles, es decir, como una operación contable. 
Creo que debemos incluir en el debate no sólo asuntos puramente presupuestarios, sino también los numerosos factores que también son pertinentes para la Agenda 2000 y el proceso de ampliación. 
La propuesta presentada por algunos Estados miembros de que se congele el gasto de la UE en los niveles actuales hasta el año 2006 significa, en efecto, que los Estados miembros más ricos pretenden que el costo de la ampliación recaiga sobre los países menos desarrollados. 
Apoyo la posición de que el gasto de la UE siga siendo un porcentaje del producto interior bruto y no deba estabilizarse en los niveles de gasto actuales. 
Con el tiempo eso significaría una reducción del presupuesto de la UE. 
Congelar el nivel presupuestario en la práctica significa desviar fondos de la PAC y de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión a la Europa oriental. 
Cualquier propuesta de renacionalización del gasto correspondiente a la Política Agraria Común contribuiría también a socavar la estructura de la PAC, que supondría una bofetada para los intereses de los agricultores y ganaderos europeos y de las regiones rurales de Europa. 
Creo que a los países que actualmente son beneficiarios netos de los fondos les costará mucho aceptar semejante propuesta en marzo. 
Conviene observar que los países que son actualmente beneficiarios están situados en el sur y el oeste de la Unión, por lo que lo más probable es que se beneficien mucho menos de la ampliación que los países ya más ricos de la Europa central y septentrional, que podrán aprovechar mejor la ventaja de su proximidad a los mercados de esos nuevos Estados miembros. 
También es importante tener en cuenta en los cálculos los enormes beneficios resultantes de cuestiones tales como la mejora de la seguridad para países como Alemania y Austria, al trasladarse al Este la frontera exterior de la Unión. 
En conclusión, no se debe limitar toda la cuestión de la financiación de la ampliación de la Unión a una estrecha operación contable, sino que se deben tener en cuenta también factores menos tangibles, pero no menos importantes, como las cuestiones de seguridad y los probables cambios en las corrientes comerciales. 
Señor Presidente, antes de empezar, quisiera que el Sr. Ministro y el Sr. Presidente de la Comisión se pusiesen los auriculares, a no ser que hablen griego. 
Señor Presidente, su Presidencia comenzó con optimismo y esperanza, sin embargo ha terminado con una gran intranquilidad. Porque durante esta Presidencia hemos observado una posición neo-thatcherista por parte de gobiernos socialdemócratas- también ha subrayado esto el Presidente de nuestro Parlamento -, hemos presenciado una exhibición de interés propio en relación con los recursos y hemos contemplado un esfuerzo por construir más Europa con menos dinero. 
Esperábamos y, si quiere, seguimos esperando una mayor resistencia por parte del Gobierno austriaco en el futuro, del Gobierno austriaco que representa a un país con historia, con cultura, con tradición, sin complejo de gran potencia y sin complejo de filial de una gran potencia en la Unión Europea. 
Hemos examinado con gran disgusto el documento de la Presidencia austriaca sobre las financiaciones de la Unión Europea. 
Y quisiera dirigirme al Sr. Schüssel, Presidente del Consejo, y pedirle que en su réplica ante este Parlamento, y no en reuniones secretas de gobiernos, hable directamente a los agricultores griegos- propongo este tema especial- y que dé una garantía... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, el Presidente del Consejo ha enumerado de un modo muy sugestivo todo lo que se habló en la cumbre de Viena. 
Deseo reconocerlo, pero lamentablemente no ha salido nada al exterior. 
Lo que ha salido hacia el exterior es la negociación sobre el dinero. 
Probablemente se deba también esto a la nueva actitud alemana. 
No quiero discutir al respecto. 
Sin duda, antes se actuaba de otro modo. 
Salían más al exterior los contenidos y sobre el dinero se regateaba a las 12 alrededor de la chimenea. 
Quizás era mejor. 
De las ideas de futuro que habría que abrir a los ciudadanos y de las que ha hablado el Canciller Klima, no ha salido mucho en cualquier caso en esta cumbre. 
Hay que reconocer que en el sector de la política agrícola, el Gobierno austríaco en sus debates con el Parlamento- al menos cuando Molterer se encontraba en la comisión- ha hecho mucho, ha tenido también ideas de futuro, ha indicado direcciones y diseñado líneas generales. 
No lo quiero negar, pero en esta cumbre no se ha dicho que el empleo depende también de la estabilización de las estructuras y de su ampliación en el área rural. 
Esto no ha salido aunque abriría perspectivas. Siento mucho que a este elevado nivel no se tenga por lo visto en cuenta el acceso a la población. 
Presidente, a pesar de haberse logrado una moneda común, en la cumbre los dirigentes no se han puesto de acuerdo en el ámbito financiero. 
La financiación y el reparto impositivo eran demasiado difíciles y, por eso, se han aplazado para más tarde. 
El Consejo se ha endosado así una agenda muy cargada para 1999. 
Confío en que se tomará una decisión sobre el acuerdo de la Agenda 2000 en marzo de 1999. 
No es de recibo que los países candidatos sufran las consecuencias de la congelación de los gastos. 
El Parlamento Europeo ha trabajado duro para tener preparado a tiempo un proyecto para el estatuto de los diputados. 
Confío en que los presidentes de Gobierno, que han recalcado el interés de semejante regulación, mantengan la tensión. 
Me congratulo con el acuerdo de proyecto que la Presidencia ha firmado con Suiza acerca de la viñeta europea y las tarifas para el tráfico de tránsito. 
Estoy satisfecho con la posibilidad de experimentar con los servicios de trabajo intensivo. 
Estoy decepcionado con la prórroga y la supresión de las tiendas libres de impuestos, puesto que ya se había tomado una decisión al respecto en 1991. 
El Presidente del Parlamento Europeo dijo en su discurso en Viena que la UE había creado 1, 7 millones de puestos de trabajo suplementarios. 
Me preguntó qué es lo que ha aportado la UE en este aspecto aparte de la coyuntura. 
Si en el próximo período de recesión vuelven a desaparecer puestos de trabajo, ¿la UE habrá destruido también esos puestos de trabajo? 
Para concluir, quisiera manifestar mis dudas en lo concerniente a los planes para la creación de un poder de defensa europeo. En este terreno tenemos a la OTAN, que puede cumplir de maravilla esta tarea defensiva. 
Señor Presidente, es por respeto hacia el Pleno que no repito uno de los discursos pronunciadas con ocasión de las últimas tres reuniones del Consejo, sin embargo, lo cierto es que los resultados de la Cumbre de Viena no se apartan de los de las tres reuniones anteriores. 
A pesar de que en el orden del día figuraba el grave tema del desempleo, las conclusiones han sido meras afirmaciones verbales y no decisiones que llevan a la creación de puestos de trabajo. 
La Cumbre, según el Canciller austríaco, ha allanado el camino para fijar nuevos objetivos; la prioridad principal, en su opinión, es el empleo y la coordinación de las políticas económicas más urgentes. 
Frases todas ellas que venimos escuchando desde hace al menos dos décadas. 
Pese a los grandes sacrificios realizados por los pueblos de la Unión para lograr la moneda única, no se han resuelto los problemas de desarrollo y, en consecuencia, los niveles de desempleo siguen siendo intolerables. 
El Pacto para el empleo se ha vuelto a aplazar hasta el próximo mes de junio. 
Tras la iniciativa lanzada a bombo y platillo por el Gobierno del Sr. Jospin con vistas a la Cumbre de Amsterdam, esperábamos que fuera operativo un acuerdo desde la reunión del Consejo de Luxemburgo del mes de diciembre del año pasado. 
Desde entonces, otras dos Cumbres fueron infructíferas. 
Mientras estamos a punto de entrar en el euro con amplios sectores de la opinión pública preocupados por el futuro, en Viena se ha formulado la propuesta de reducir el gasto agrícola sembrando de forma desmedida el descontento en el campo. 
Será una batalla terrible, declaró a la prensa el primer ministro irlandés, Sr. Bertie Ahern; será un atentado contra el acervo comunitario, manifestó el Sr. Chirac, y Alianza Nacional comparte sus afirmaciones. 
Por último, y quizás para reducir la tensión desencadenada por tales inquietudes, el Canciller Schröder anunció que Alemania quiere reducir su aportación neta al presupuesto comunitario. 
Todas éstas son señales preocupantes; cada vez más los ciudadanos consideran a esta Europa ajena a sus problemas cotidianos, y también para mi país el desempleo es el problema más acuciante, sobre todo para los jóvenes. 
¿Por qué esta incapacidad para resolver los problemas que se acumulan y se complican? 
A lo mejor la explicación está en el hecho de que 13 de los 15 Gobiernos, o sea, los Gobiernos socialistas, al no haber compartido los principios que informan el Tratado de Maastricht, están intentando, con dificultades y sin conseguirlo, soslayarlo torpemente volviendo a caer en los errores idealistas que Maastricht pretendió eliminar para siempre. 
Si Viena no ha solucionado el problema del desempleo, tampoco ha ofrecido resultados concretos de cara a la realización del tercer pilar que se convierte en cada vez más importante, habida cuenta de los enormes problemas que está provocando la inmigración ilegal o la connivencia política con los responsables del terrorismo. 
Esto no sólo debe preocupar cuando se producen atentados, sino también cuando hay que prevenir y desmitificar una cultura política que encubre de forma indirecta el terrorismo y sus cabecillas. 
Los diputados siguen formulando preguntas, el Consejo continúa sin contestar: ¡confiemos en el futuro! 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, cuando la Presidencia austríaca inició sus actividades algunos querían que realizase algunas cosas: por ejemplo, tenía limitar la omnipotencia de la Comisión, renacionalizar y descentralizar Europa. 
Y, de hecho, si hoy se contempla la situación- el Canciller ha llamado la atención al respecto- no sólo se ha impedido una deseuropeización sino que Europa es hoy más fuerte de lo que era al comienzo de la Presidencia austríaca. 
Algunos ejemplos: la política de empleo. 
Algo ha ocurrido en la política de empleo. 
Naturalmente, antes ya se habían iniciado algunas cosas- Luxemburgo, etc.-, pero que ha ocurrido algo lo ha mostrado el ejemplo que nos ha dado el diputado liberal austríaco Frischenschlager. 
Cuando llegó a este Parlamento rechazaba vehementemente que debiese haber una política de empleo a nivel europeo. 
Hoy ha criticado que el pacto por el empleo no sea vinculante. 
Esto muestra que ha ocurrido algo en el modo de pensar de algunos diputados y en este cambio tienen algo que ver las iniciativas austríacas que comenzaron ya antes de la Presidencia. 
El diálogo social está vinculado a la política de empleo. 
Sabemos que necesitamos a las fuerzas sociales; en Viena se ha subrayado también esto y espero que los interlocutores sociales impulsen de modo creciente a nivel europeo las correspondientes regulaciones. 
En segundo lugar, siempre se ha subrayado que Europa es un gigante económico pero un enano político y ciertamente nos hemos comportado así con frecuencia. 
Pero precisamente también con la representación exterior del euro- a pesar de todo lo críticamente que se vean algunos elementos, pues yo desearía por ejemplo más posibilidades para la Comisión- ha quedado claro que no podemos renunciar al hecho de ser o de poder ser una potencia global o, digamos, un factor global. 
Tenemos que hablar con una voz fuerte en la reforma de las instituciones financieras internacionales y en las acciones a llevar a cabo en el marco de la Organización Mundial de Comercio pues tenemos también algo que decir sobre los contenidos. 
No se trata solamente de mostrar fuerza sin más en un juego de poder. 
En esta Europa hemos creado, formulado y establecido tras 1945 una economía social de mercado, con ciertos defectos aquí y allá que debemos subsanar, pero podemos ofrecer un modelo que no es solamente un modelo europeo. 
No queremos imponérselo a nadie, pero podemos contemplarlo como un modelo presentable y estos elementos de la economía social de mercado deben reflejarse también en las regulaciones financieras y comerciales internacionales. 
Si se hubiese hecho antes no habría ocurrido lo que ha ocurrido en Asia y en Rusia, que solamente se liberalice superficialmente pero que no se disponga de instituciones adecuadas que sostengan esa liberalización. 
Por ello, considero muy importante que hablemos con una sola voz en temas de economía y política exterior. 
El Ministro de Asuntos Exteriores ha mencionado una serie de estrategias comunes, en especial, para Rusia, país que nos preocupa especialmente y donde nos esforzamos también especialmente en hacer algo. 
Aprovecho esta ocasión para indicar- ya que el ministro de Asuntos Exteriores Schüssel ha hablado al respecto- que tenemos que decidir con mayor rapidez. 
Estamos muy a favor de ello. Este Parlamento debe también hacerlo pero también el Consejo. 
Ayer hemos tratado en una primera fase con el Comisario van den Broek sobre la regulación de TACIS. 
A este Parlamento le gustaría debatir y adoptar una resolución sobre la nueva regulación de TACIS antes del verano siempre que la recibamos a tiempo del Consejo y no se quede detenida por allí durante meses pues los diversos países quieren influir en tal o cual punto. 
Le ruego encarecidamente que diga a los colegas alemanes que envíen con rapidez a este Parlamento las correspondientes medidas que queremos aplicar para que podamos adoptar decisiones con rapidez también en el campo de la política exterior. 
La seguridad europea ha fortalecido asimismo a esta Europa. 
Tenemos que recoger las propuestas que han llegado, especialmente tras el encuentro de Francia y Gran Bretaña. La mayor sorpresa radica en Gran Bretaña al pronunciarse muy claramente en favor de una política europea de seguridad en cooperación con los norteamericanos. 
Esto proporciona a todos los países miembros de la Unión Europea la oportunidad de hacer de esta política europea de seguridad una política común de seguridad. 
No necesito referirme ahora de modo especial a los intereses especiales de Suiza y a las medidas de tráfico derivadas de ello. 
Creo que es erróneo, o incluso casi prepotente decir que ha sido «solamente» una Presidencia de transición. 
Quizás no haya sido un Presidencia para los medios con los correspondientes puntos álgidos, quizás ha sido una Presidencia antisensacionalista, pero ha sido una Presidencia que ha aportado progresos en muchos campos que con frecuencia llevaban paralizados varios años. Me refiero, por ejemplo, al dossier sobre el tráfico o al programa marco de investigación. 
Hay que mostrar a los ciudadanos que al margen de los grandes acontecimientos para los medios hay una Europa que vive, una Europa que es más fuerte y esto lo ha mostrado hoy la Presidencia austríaca. 
Señor Ministro Schüssel, hemos apreciado y apreciamos su inteligencia y su dinamismo; no obstante, debemos preguntarnos por qué se han conseguido estos resultados que han amargado y decepcionado a casi todo el mundo. 
El Consejo Europeo de Viena fue, en mi opinión, importante, pues hizo comprender que existen nuevos problemas que no se pueden soslayar- trabajo, ampliación, armonización fiscal -, pero que es difícil afrontar. 
Lo cierto es que esperábamos algo más. 
La responsabilidad, sin embargo, no es de la gestión de la Presidencia austriaca; el problema es político y es preciso recalcarlo. 
El Consejo Europeo de Viena fue el primer Consejo Europeo tras la ampliación de los límites de la llamada «Europa socialdemócrata». 
Ahora, hay que reconocer que la nueva Europa socialdemócrata muestra, sin duda, una evidente sensibilidad ante algunos problemas como, por ejemplo, el empleo que, por otra parte, compartimos, aunque de todos modos tiene dificultades y demuestra no tener todavía la fuerza suficiente para hacerles frente. 
Ésta es la novedad política. 
Además, la nueva Europa socialdemócrata está modificando la geografía interna de Europa, con el resultado de que falta una geografía homogénea. En Viena se creó el eje París-Bonn al cual se ha contrapuesto el eje Madrid-Londres. 
Constatamos que son ejes políticamente no homogéneos y que, por tanto, no existe una Europa socialdemócrata. Son ejes que prefiguran posibles divisiones futuras entre el Norte y el Sur de Europa; son ejes que prefiguran la división entre quien quiere afrontar los problemas desde el principio y quien quiere hacerlo al final. 
La cuestión misma de la financiación, planteada con dureza por el Canciller Schröder, es una cuestión real que ya planteó el Canciller Kohl. 
En cuanto al calendario impuesto por el Canciller Schröder, el mismo puede trastornar los equilibrios europeos y esto es muy inquietante. 
Lo anterior confirma, como acabo de decir, que la Europa socialdemócrata es, sin duda, capaz de vencer las elecciones, sin embargo, demuestra que no es capaz todavía de guiar el Continente. 
Presidente, es una lástima, en la Cumbre de Viena no se bailó, sino que hubo disputas por el dinero. 
Faltando sólo tres semanas para la entrada del euro, la Unión se caracteriza por la falta de resolución. 
Esto no es ningún reproche a la Presidencia austriaca. 
Al contrario, la Presidencia ha desempeñado un buen papel de mediador y ha intervenido en muchos terrenos de manera sensata. 
Mi valoración especial, además, para la Sra. Ferrero y el Sr. Schüssel. 
El ambicioso programa de reformas para el siglo XXI concita protestas entre las partes y en algunos Estados miembros. 
Ya no hay cheques en blanco de los Estados miembros para la Unión. 
La lucha por un reparto equilibrado de la carga financiera bien vale, a mi modo de ver, una crisis. 
Precisamente así, el ciudadano se podrá involucrar más en Europa; pero me parece, Presidente, que no podemos convertir en víctimas de ello a los campesinos, que desempeñan un papel importante en la calidad de nuestras vidas. 
El gran problema es ahora cómo desarrollará la Presidencia alemana esta tarea. 
El anterior orador, el Sr. Castagnetti, también ha dicho algo al respecto. 
Mi pregunta es: ¿el Sr. Schöder, que todavía no tiene bien cogidas las riendas políticas dentro de su propio país, podrá, querrá y, en efecto, desempeñará el papel dirigente europeo al que estamos acostumbrados por parte de este importante Estado miembro? 
Después de leer el Süddeutsche Zeitung de esta mañana, no he podido quedarme tranquilo. 
¿Cuándo entonces, Presidente? 
Esto me preocupa. 
Señor Presidente, creo que las informaciones que se nos han dado por parte de la Presidencia austríaca no sorprenden a nadie y Europa va a seguir el curso que mantenía en los años anteriores. 
Ahora bien, la situación se va a convertir en extremadamente preocupante. 
Se ve muy bien, con la evolución de la burbuja financiera, que el sistema económico mundial se convierte en extraordinariamente inestable. 
En ese contexto vamos a poner en marcha el euro el año próximo y durante los siguientes. 
Con el euro, los Estados miembros ya no van a disponer del instrumento monetario que les permita regular la coyuntura. 
Deberán hacer frente a choques asimétricos que podrán sacudir a una u otra economía, a la vista de la disparidad de estructuras económicas de los Estados miembros, mediante la política fiscal y la política de salarios e ingresos. 
Ello significa que cuando haya que luchar contra un repunte inflacionista en un país miembro, será necesario o bien subir los impuestos o bien congelar los salarios, es decir, practicar de algún modo una política de austeridad social especialmente brutal que únicamente podrá desestabilizar socialmente al país afectado. 
Por consiguiente, vamos hacia una situación que sólo hace que agravarse y que se completa, de alguna manera por la situación cuasi colonial en la que se encuentra en la actualidad la Unión Europea con respecto a Estados Unidos. 
Por supuesto, han existido a pesar de todo algunas veleidades de resistencia en lo que respecta a las negociaciones en materia de relaciones comerciales internacionales a propósito de la ley d ' Amato y otras cosas de este tipo, pero no es menos cierto que esta situación de dependencia se acrecienta diariamente. 
La economía americana muestra una salud absolutamente indiscutible y nosotros hacemos un pobre papel en todo ello. 
Por consiguiente, sería necesaria una profunda reflexión para cambiar el curso de la evolución de la política europea, tanto en el plano de sus relaciones con Estados Unidos como en el ámbito de su política económica interna. 
No estamos en el buen camino. 
Desde este punto de vista, temo que el año próximo sea un año en el que las cosas no hagan más que agravarse para la mayoría de los europeos, al menos en el plano económico. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la Presidencia austríaca ha sido naturalmente una típica Presidencia de trabajo. 
En las políticas nacionales ocurre también que tras una fase de mucho trabajo y preparativos se llega a las decisiones. 
Así es. 
Una Presidencia del Consejo puede ser todo lo aplicada e ingeniosa que quieran- y ambas cosas ha sido la Presidencia austríaca -, pero no puede producir más de lo que los otros 14 están dispuestos a dar. 
Por ello, debemos tener siempre presente que 15 políticas nacionales no son una política europea. 
Esta es una verdad de Perogrullo, pero tenemos que recordarla continuamente. 
Con este condicionamiento, la Presidencia del Consejo- no hablo sólo de Viena sino de toda la Presidencia, si bien al señor Presidente del Consejo le habría gustado tener algún que otro highlight- ha logrado un cambio en un punto decisivo que se ha elogiado en varias ocasiones, a saber, que la Unión no hable solamente de dinero y sobre el euro sino sobre las personas y la política de empleo. 
Los resultados han sido algo más que cumplir un mandato de trabajo. 
Bajo la Presidencia austríaca se ha logrado que se realicen promesas firmes de poner al servicio de la política de empleo la política económica y financiera. 
Se trata de un auténtico cambio. 
Esto es para mí un enorme mérito de esta Presidencia. 
Pero mi pregunta se refiere a un punto que casi no se ha tocado. 
En Viena y durante la Presidencia se ha hablado de la reforma y agilización de las instituciones. 
¿Qué significa esto? 
Si contemplamos la enorme montaña de trabajos que tenemos que realizar conjuntamente en los próximos años- tampoco se puede esperar milagros de los alemanes y de la Presidencia alemana que va a venir -, sabemos que tenemos que reformar las instancias decisivas, las instituciones. 
Esto es aplicable a la Comisión- lo que tiene que ver con el debate sobre la aprobación de la gestión que debemos mantener esta semana -, a nosotros como Parlamento y naturalmente también al Consejo. 
¿Qué significa ser más eficiente en la política? 
Creo que no debe quedarse solamente en lemas. 
Se trata también del modo de trabajo del Consejo en el futuro y no sólo de que el Parlamento se ponga de acuerdo con la Comisión sobre cuál es el modo más eficiente de configurar la política sino que se trata también del Consejo. 
Si vemos los numerosos trabajos realizados y las positivas resoluciones de la Presidencia austríaca, como alemán uno puede sentir casi miedo ante las expectativas que se depositan en la Presidencia alemana. 
Se puede lograr, pero repito: sólo se logrará si a los 15 intereses nacionales viene a sumarse un denominador común para las cuestiones europeas. 
En Europa siempre habrá intereses nacionales, incluso en cada país miembro existen intereses diferentes según las regiones. 
Mis paisanos de Meklenburgo-Pomerania Occidental tienen naturalmente otros intereses que los bávaros, por ejemplo en la agricultura. 
Sin embargo, en el marco nacional viene a sumarse siempre muy intensamente un interés común y esto sólo se puede compensar dedicando más atención a las cuestiones europeas. 
Me dirijo muy conscientemente a la próxima Presidencia alemana: es necesario formular intereses nacionales, hay que encontrar compromisos, pero siempre tiene que encontrarse también el interés común europeo. 
Ya no nos llamamos Comunidad sino Unión, pero a veces tengo la sensación de que al desaparecer la palabra Comunidad, la conciencia de comunidad ha pasado algo a segundo plano. 
Las próximas Presidencias deberán medirse en el ejemplo de los austríacos e incluirlo más intensamente en las negociaciones. 
Señor Presidente, me sumo a la aprobación de la Presidencia austríaca. 
Todo lo que el entusiasmo, la energía y el encanto podían hacer se ha hecho. 
En los sectores de que me ocupo- los asuntos exteriores y la defensa- se han logrado, en mi opinión, avances reales. 
Pero nada de eso podía impedir que la Cumbre de Viena fuera inevitablemente una cumbre de transición, un interludio pastoral antes de la tormenta de la primavera. 
Lo único que espero es que tras la fachada los dirigentes de Europa tengan conciencia de cómo se debe lograr ese acuerdo en la primavera. 
Va a requerir valor y concentración, no fachada para los auditorios nacionales y no divagaciones filosóficas sobre lo inalcanzable, como, por ejemplo, la armonización fiscal: perdón, debería decir coordinación fiscal. 
Lo que afrontamos en la primavera es una crisis de primer grado, una crisis interna en la Unión y en un marco internacional muy difícil: la reforma de la Política Agraria Común, un nuevo acuerdo presupuestario, el debate decisivo sobre el calendario para la ampliación, sobre un fondo de una Rusia en crisis, un Oriente Medio que se arrastra hacia el 4 de mayo, una tragedia no resuelta en Kosovo, una cumbre de la OTAN en Washington. 
Hago un llamamiento no sólo a usted, Canciller, sino a todos los miembros del Consejo Europeo para que se centren en los asuntos esenciales: en la ampliación, la defensa y la política exterior. 
No voy a unirme al coro de críticas sobre las ventas libres de impuestos. 
Recuerdo a mi Primer Ministro, en vísperas de un acontecimiento transcendental en Irlanda del Norte, condenando las fórmulas rimbombates y después diciendo que sentía la mano de la Historia sobre su hombro. 
He de decir que, cuando el Consejo se reúna en marzo, no tendrá la mano de la Historia sobre sus hombros; la mano de la Historia está en nuestras gargantas. 
La verdad es que tenemos que resolver esa importante crisis antes de las elecciones para que Europa pueda reanudar sus avances hacia el final de este siglo. 
Buena suerte y gracias. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, me complace mucho hablar después del Sr. Spencer, tras una intervención moderada y razonada. 
Felicito a la Presidencia austríaca por la labor que ha llevado a cabo. 
En particular, me refiero a la labor emprendida por la Presidencia en la lucha contra el desempleo. 
Es de lamentar que las crónicas de prensa sobre la cumbre celebrada en Viena no recogieran los enormes avances logrados durante la Presidencia austríaca para abordar el desempleo. 
Quisiera decir en nombre del Grupo Socialista y en nombre- estoy seguro- de esta Asamblea que esperamos que el Gobierno austríaco siga insistiendo durante la Presidencia alemana en la aplicación de medidas que contribuyan a abordar el desempleo. 
Es necesario adoptar medidas en materia de empleabilidad, formación y educación para nuestros ciudadanos, pero también es necesario que mejoren los niveles de inversión en los sectores público y privado. 
Desde ese punto de vista, lo que necesitamos en el marco de la nueva moneda única es entender que al activar el pacto de estabilidad y crecimiento no debemos estrangular la inversión en los sectores privado o público. 
Uno de los problemas que tenemos en las cumbres es el de la ideología y el dogma. 
Mi país estuvo gobernado por un partido que consideraba todas las cumbres como si fueran una operación de combate con nuestros vecinos de la Unión Europea. 
Lo bueno ahora en la Unión Europea es que procuramos cooperar para mejorar la sociedad. 
Pero reconocemos que también hay cosas que los Gobiernos deben lograr por su cuenta. 
Así, pues, no debemos considerar todas las reuniones en la cumbre como si fueran una prueba de fuerza entre los Gobiernos nacionales. 
Lo que tenemos que hacer es compartir la soberanía en los casos en que podamos mejorar la sociedad, pero acordar que se deben dejar los asuntos en manos de los Gobiernos cuando proceda. 
Así, pues, lo importante de Viena fue que ahora estemos empezando a abandonar el dogma y la ideología y reconociendo que hay algunos sectores con importantes problemas en los que la Unión Europea debe actuar. 
A ese respecto, quisiera referirme concretamente a las cuestiones de las relaciones exteriores, la crisis financiera internacional y las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio. 
Vemos ahora que el Congreso de los Estados Unidos adopta posiciones cada vez más proteccionistas. 
La Unión Europea no puede ser proteccionista. 
Espero que, cuando se celebre la reunión en la cumbre entre Europa y los Estados Unidos en las próximas semanas, el Presidente en ejercicio del Consejo insista en que necesitamos urgentemente una nueva ronda de negociaciones comerciales mundiales. 
Si queremos hacer arrancar la economía mundial después de la crisis de los 12 últimos meses, el comercio internacional desempeña un papel extraordinariamente importante. 
Pero también debemos hacer hincapié ante los EE.UU. en que necesitamos un comercio justo. 
Eso significa que en relación con las naciones en desarrollo debemos velar por que las relaciones comerciales puedan ayudar en realidad a sus economías. 
Como saben Sus Señorías, el régimen del plátano es algo que ha causado importantes problemas entre Europa y los Estados Unidos. 
Pero debemos hacerles entender que o ayudamos a las comunidades del Caribe mediante vínculos comerciales especiales con la Unión Europea o entregamos a esas naciones caribeñas a los traficantes de drogas y a la delincuencia organizada. 
Le deseo suerte y le felicito por su Presidencia, pero también le pido concretamente que haga hincapié en esos aspectos ante los Estados Unidos de América. 
No podemos tener un socio transatlántico proteccionista cuando nos acercamos al siglo XXI. 
El debate se reanudará esta tarde a las 15.00 horas. 
Votaciones 
Señora Presidenta, como ponente del programa de previsión de lesiones, quisiera informar al Parlamento de que propuse la aprobación de la posición común con un procedimiento simplificado por dos razones fundamentales: primero porque la posición común incluye la mayoría de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo y, por supuesto, incluye el presupuesto que alcanza el importe de 14 millones de ecus. 
Segundo, porque de esta forma el programa puede comenzar inmediatamente, sin pérdida de tiempo- y recuerdo al Parlamento que sufrimos 22 millones de lesiones al año y 130.000 muertes. 
Quisiera elogiar la postura de la Comisión, y también del Consejo en la constitución de este programa- diría una aplicación interinstitucional con el Parlamento en el ámbito del procedimiento de codecisión- y estoy convencido, señora Presidenta, de que este programa contribuye a lograr nuestro objetivo, que es la protección de la salud del ciudadano europeo. 
Gracias, señor Trakatellis, por esta declaración. 
Me habría gustado que la Comisión la oyera, pero sin duda será leída muy atentamente. 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Señorías, les propongo que interrumpamos ahora las votaciones para poder preparar la tribuna y la sala. 
La sesión solemne merece prepararse con todo cuidado. 
(La sesión, interrumpida a las 11.15 horas para la sesión solemne, se reanuda a las 12.35 horas) Informe (A4-0506/98) del Sr. Colino Salamanca, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (98) 0725- C4-0698/98-98/0343 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Suecia goza de una excepción para mantener normas de etiquetado más rigurosas para algunas sustancias peligrosas, entre otras, para materias cancerígenas. 
La excepción se ha ampliado desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre del año 2000. 
Si durante este tiempo las normas de la UE no llegan a coincidir con las suecas, habrá que extender la excepción sueca. 
Ningún país debe verse obligado a reducir sus exigencias medioambientales y de seguridad establecidas por las instituciones nacionales. 
Informe Eisma (A4-0449/98) 
Queremos subrayar la importancia de que se dicten más normas que impidan las actividades pesqueras ilegales en la Antártida. 
La actividad pesquera es de vital importancia para el abastecimiento global de alimentos y debe estar regida por normas rigurosas para impedir la pesca indiscriminada y la amenaza constante a la diversidad biológica. 
Por este motivo, damos la bienvenida a esta nueva situación. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Eisma. 
Apoyamos que los buques que faenan ilegalmente en las aguas de esta región estén sujetos a una inspección y por eso hemos votado a favor. 
Es injustificable que la merluza austral esté siendo exterminada a causa de esta pesca ilegal. 
Además, estos buques emplean a menudo el método del palangre y así, lanzan restos de pescado delante del barco para atraer más peces. 
Este método es especialmente dañino para la vida animal. 
Cada año ocasiona el fallecimiento de numerosos albatros al zambullirse éstos delante del barco para comer los restos lanzados. 
Rechazamos rotundamente este método, que a menudo es utilizado en la pesca ilegal en las aguas de esta región, por cuanto supone una amenaza para los albatros. 
Informe Lulling (A4-0486/98) 
Es evidente que los Estados miembros de la UE están obligados a reunir y elaborar estadísticas de todos los sectores económicos relevantes en sus sociedades. 
Sin embargo, también es importante al mismo tiempo que la carga administrativa impuesta a las personas que deben suministrar la información a los sistemas estadísticos sea lo más pequeña posible. 
En este sentido resulta importantísimo tener muy en cuenta a las pequeñas y medianas empresas. 
Desgraciadamente el Consejo ha rechazado esta idea en su posición común. 
Por ello me parece perfecto que la comisión haya puesto en su informe mucho énfasis en volver a proponer las exigencias fundamentales de la primera lectura. 
Informe Souchet (A4-0463/98) 
Deseamos subrayar la importancia de la propuesta de la Comisión para realizar en la práctica los cambios destinados al fomento de un desarrollo sostenible de las actividades pesqueras en el Atlántico y en el Mediterráneo. 
Opinamos que es de vital importancia que se hagan reformas profundas en el sector pesquero para fomentar un desarrollo sostenible y, en este contexto, tienen gran importancia las normativas dentro del marco de la Unión Europea. 
La política pesquera comunitaria no debe menospreciar la importancia de la actividad pesquera para el abastecimiento global de alimentos y para el desarrollo medioambiental sostenible. 
Todos, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, la Comisión, tienen mala conciencia ante esta mala acción que representa la supresión de redes de deriva en el Atlántico y en el Mediterráneo, sólo para los pescadores europeos. 
Para olvidarla lo más rápidamente posible, están dispuestos a mostrarse generosos y a lanzar algunos sacos de ecus a los desgraciados pescadores y armadores, que son las víctimas principales. 
Pero lo que esperan los pescadores no es que se les indemnice. Es poder continuar ejerciendo su oficio de volanteros en unas reservas que son de las más sanas del mundo, con unos útiles que son de los más selectivos que existen, preservando de este modo reservas más frágiles y contribuyendo por tanto a asegurar una mejor gestión duradera de los recursos. 
Lo que no admiten los pescadores, ni una gran mayoría de nuestras opiniones públicas detrás de ellos, es la injusticia que se les ha hecho. 
Ni las votaciones por mayoría, ni las indemnizaciones al vuelo pueden hacer que una injusticia no sea una injusticia. 
Incluso votada por mayoría, una injusticia sigue siendo una injusticia. 
Nuestros pescadores no admiten que la Comisión y el Consejo rechacen los fundamentos de la Política Pesquera Común adoptando sus decisiones por pura oportunidad política, para agradar a grupos de presión y a intereses egoístas, abandonando las bases científicas sobre las que habían basado hasta entonces sus decisiones. 
Los volanteros del Atlántico y del Mediterráneo no admiten la discriminación de que son objeto. 
Discriminación de la que el Comisario Monti, al concluir esta noche el debate, ha confirmado aquí mismo la existencia y el mantenimiento de la forma más clara. 
Presionado por una serie de diputados que solicitaban que se pusiera fin a esta discriminación, el señor Monti declaró que «la Comisión no tiene en ningún caso la intención de ampliar esta decisión a otros mares». 
Dicho de otro modo, para la Comisión y para el Consejo, si bien es abominable pescar en el Atlántico con una red de 2, 5 kilómetros, cuando los estudios científicos han demostrado la falta de capturas colaterales significativas de mamíferos marinos, sigue siendo altamente recomendable pescar con redes de 21 kilómetros en el Báltico, donde las poblaciones de mamíferos marinos (marsopas... ) están en vías de extinción. 
Me alegra que esta Asamblea haya aprobado de forma masiva mi informe y las enmiendas que he presentado. 
Doy las gracias también a los 52 diputados que han apoyado mi propuesta, adoptada por la Comisión de Pesca, de esperar a que se cumpla el derecho para comprometer alguna indemnización, de forma que pescadores y armadores no tengan que reembolsar después unas ayudas que ya no tendrían fundamento jurídico. 
Pero lamento que el Parlamento Europeo en su mayoría se haya alineado con el Consejo de Ministros europeo y la Comisión con aquellos que pretenderían hacer creer que los pescadores afectados no son más que un puñado de viejos esperando a jubilarse y que proponen una política de hechos consumados, para intentar hacer inoperante por adelantado una decisión de justicia que temen contraria a sus deseos. 
Creo que, al contrario, es urgente no anticipar nada y esperar a que se haga justicia, tras la presentación de los cuatro recursos contra la decisión del Consejo de 8 de junio. 
Con la misma intensidad con la que hemos venido luchando durante los últimos cuatro años para erradicar las denominadas «Redes de la Muerte» , hemos venido defendiendo, también, la generosidad que, dentro de las normas legales y financieras, debería aplicarse para compensar la lógica readaptación del sector que utiliza estas redes. 
Felicito al Sr. Souchet por su empeño en buscar soluciones que preserven la equidad entre todos los pescadores afectados de los Estados miembros, aunque debo manifestar también mi clara oposición a que una medida tan largamente deseada por este Parlamento y apoyada por una tan amplia mayoría que tanto tiempo costó lograr, se pudiera ahora ver suspendida en virtud de un recurso judicial, quebrando así el principio general de no suspensión de los actos recurridos proclamado en el artículo 185 del Tratado, como pide el punto 4 del Proyecto de Resolución Legislativa, por lo que votaré en contra de dicho punto y, si éste prosperase, me vería obligado a votar en contra de la Resolución Legislativa. 
Informe Colino Salamanca (A4-0506/98) 
Comparto la preocupación de este Parlamento ante la difícil situación del pueblo ruso a raíz del hundimiento de su economía. 
Como suele ocurrir, las mujeres y los niños y, en particular, estos últimos, son las víctimas de la mala administración política. 
Espero que la decisión del Parlamento de aportar ayuda alimentaria a Rusia contribuya en parte a aliviar el sufrimiento de su población en este momento. 
La ayuda alimentaria es, naturalmente, una medida de emergencia a corto plazo y no puede substituir una reforma política y económica muy necesaria de los sistemas bancario, de seguridad social y de recaudación de impuestos de Rusia. 
Los problemas económicos de ese país tienen consecuencias graves para la UE y, en particular, para Irlanda, por nuestras exportaciones agropecuarias y cárnicas a ese país. 
Resulta totalmente irónico que la ayuda alimentaria a Rusia coincida con la existencia de excedentes alimentarios en algunos Estados miembros y vuelve a plantear la cuestión de cómo se debe gestionar la producción agropecuaria en los primeros años del próximo milenio. 
En el marco del debate sobre el programa de la Agenda 2000, he de expresar algunas reservas sobre el potencial previsto de los mercados mundiales. 
Si bien se debe aprovechar y desarrollar todo su potencial, sería extraordinariamente temerario considerar nuestra dependencia de ese mercado como un medio de salvaguardar las rentas agrarias a corto plazo. 
En mi opinión, para asegurar el futuro de las familias del sector agropecuario europeo, hay que modificar radicalmente las propuestas que figuran en la Agenda 2000. 
Resolución común sobre el programa anual 1999 
Señora Presidenta, quisiera pronunciarme en nombre de mi grupo, y principalmente en nombre de Georges Berthu, para decir que el programa de trabajo de la Comisión para 1999 nos ha parecido extremadamente intenso, y nos preguntamos cómo podrá asumirlo ésta cuando veamos en qué estado termina el año 1998. 
Para poner en marcha un programa de tal amplitud, es preciso un instrumento eficaz. 
La Comisión parece hoy afectada por sus fallos de funcionamiento, sin hablar de los fraudes, y las reformas consideradas por el programa de trabajo que no parecen estar a la altura del problema. 
Sin duda, es loable buscar la modernización de las estructuras, reconsiderar los métodos de gestión interna. 
Son las iniciativas SEM 2000 y MAP 2000. 
Es igualmente útil- nosotros nos pronunciamos favorablemente- poner en marcha un órgano de control financiero independiente, tal como ha prometido el Presidente de la Comisión. 
Pero todo esto no resuelve el problema máximo de la Comisión. 
Esta administración está animada por una sed de poder. No acepta el control de las naciones que, sin embargo, le pagan. 
Ésta querría presentar el primer ejemplo de éxito de una institución «todopoderosa» , regulada sólo por la virtud de sus miembros. 
Los últimos acontecimientos muestran que eso no funciona. 
Cuando se mira el propio programa, el diagnóstico no mejora. 
La gran prioridad que prima sobre las demás es la consecución de un acuerdo sobre la financiación del programa Agenda 2000 para el período 2000-2006. 
Pero este acuerdo corre el riesgo de tardar, al terminar la bulimia de poder de las instituciones europeas encontrando resistencias financieras. 
La Comisión espera sin embargo cerrar este expediente antes de las elecciones europeas confiando visiblemente en colocar a los ciudadanos de los Estados miembros ante los hechos consumados, según los buenos y viejos métodos federalistas. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones espera, al contrario, que sea posible hablar de ello durante la campaña electoral; que los ciudadanos tengan algo que decir, y que eso sea una buena indicación para las reformas institucionales que será necesario retomar en algún momento, con el fin de restablecer el indispensable control de las naciones sobre Europa. 
Mediante esta explicación de voto, queremos dejar en claro que no podemos dar nuestro apoyo a las enmiendas 9 y 11, puesto que sus enunciados dan la impresión de que la Unión Europea va a injerir en la política salarial. 
Opinamos que esta materia es propia del derecho de negociación de las partes. 
Estamos de acuerdo con la idea fundamental de la enmienda acerca de la necesidad de una mejor cooperación entre la política económica y otros campos políticos de relevancia, además de la necesidad de aumentar los ingresos para combatir la pobreza. 
Por el contrario, no estamos de acuerdo con los enunciados que pueden interpretarse como que la Comunidad va a limitar el derecho de las partes a negociar los salarios. 
Tampoco estamos de acuerdo con las propuestas que se refieren a la política de defensa, en el punto 24 de la resolución. 
Comprobamos que en el punto 21 de la resolución nuevamente se trata el asunto de una unidad independiente para combatir el fraude (OLAF). 
En razón de la necesidad de hacer una crítica muy severa a la Comisión por el manejo de los fondos comunes, hemos optado por seguir la posición de nuestro Grupo en esta materia. 
No puedo dar mi voto a esta resolución en su conjunto. 
Tanto la resolución como las enmiendas presentadas contienen aspectos que son inaceptables desde el punto de vista de la socialdemocracia sueca. 
En el punto 28 de la resolución el Parlamento insta a la Comisión a «acelerar su programa sobre el sistema común de impuestos sobre el valor añadido». 
Mi opinión es que tanto el IVA como los demás impuestos son asuntos de carácter nacional. 
Tiene que ser posible para los Estados miembros establecer, por ejemplo, un IVA más alto para las bebidas alcohólicas o regular el IVA de los alimentos.-En el punto 34 el Parlamento pide a la Comisión que precise sus propuestas sobre «cómo se fomentará la realización de las propuestas franco-británicas sobre política de defensa con el espíritu de una política común de la UE». 
Opino que no hay motivos para que la UE tenga una política de defensa común. 
Esto también constituye un asunto de carácter nacional.-En las enmiendas 9 y 11 (puntos 14 y 15 respectivamente) se insta a la Comisión a «asegurar una mejor colaboración entre la política económica, la política social y la política salarial» y, además, a «presentar propuestas sobre salarios mínimos». 
Mi opinión es que los salarios y su fijación no son materias propias de la UE sino que de las partes del mercado de trabajo. 
La pobreza es un problema para la UE, pero la mejor manera de resolverlo es creando nuevos puestos de trabajo. 
Para esto se necesita una política económica más orientada a la demanda tanto en los países miembros como en el ámbito comunitario, además de que los países trabajen mancomunadamente y no como hasta ahora, compitiendo entre ellos, sin que nadie obtenga ganancias y que las ventajas en un país sean desventajas en otro. 
El resultado amenaza con transformarse en una espiral descendente en que los salarios y las condiciones sociales paulatinamente se van empeorando. 
Sin embargo, la Comisión podría trabajar para obtener estadísticas que permitan comparar sueldos, costes de mano de obra y otros costes sociales y no hacer una política antiinflacionaria rígida, sino otra que contrarreste el dumping social. 
Opinamos que es de trascendental importancia que la implantación del euro se haga proporcionando la mejor información posible a los ciudadanos. 
Especialmente, pensamos que los grupos más desposeídos necesitan información objetiva sobre el euro para que el manejo de la nueva moneda no sea un paso demasiado difícil. 
En nuestra opinión, la campaña de información sobre la implantación del euro tiene que verse en este contexto y no como una campaña política dirigida a convencer políticamente a los ciudadanos acerca de la participación de determinados países en la moneda única. 
El paso al euro, que entrará en vigor a partir del primero de enero próximo, nos afecta a todos, ya estemos en activo o jubilados, ya seamos adultos o niños. 
Sin embargo, a unos días de este acontecimiento sin precedentes, muchos europeos siguen estando mal informados, indiferentes o claramente hostiles. 
El Parlamento Europeo no puede conformarse con este estado de hecho, porque corre el riesgo de llevar la moneda única al fracaso; pero también porque el euro «conseguido» es un potente factor de identidad europea común. 
Hasta el momento, las bazas de que disponemos para informar sobre el paso del euro están, a mi juicio, mal utilizadas. 
La información sigue siendo demasiado parcelada, demasiado imprecisa con respecto a los profesionales, a los comerciantes, a las PYME. 
Está mal objetivada con relación al hombre de la calle. 
Los 370 millones de europeos, que participarán o no en el euro, no piden grandes generalidades salpicadas de retrospectivas sobre la historia monetaria desde la Edad Media. 
Pretenden, según su país de origen, informaciones concretas que les den confianza. 
Las campañas de información son útiles, sobre todo cuando no son generales y están dirigidas a las necesidades específicas de las personas de edad, a los discapacitados, a las personas con dificultades económicas y sociales. 
Vamos a necesitar todos reconstruir nuestra escala de valores, con relación a nuestros salarios, a nuestros gastos diarios. 
Para algunos será más fácil. 
Para otros será más desconcertante. 
En estos últimos habremos de concentrar nuestros esfuerzos para llegar a buen puerto. 
Las autoridades regionales y locales no están suficientemente implicadas en esta actuación. 
La Unión Europea ha de utilizar mejor sus competencias que, en esta materia, son casi inagotables. Constituyen también la mejor relación con las asociaciones que no han sido demasiado movilizadas a pesar de sus ofertas. 
En este contexto, sólo puedo dar mi apoyo al Informe Arroni. 
Únicamente estamos en el inicio de la instalación del euro. 
A partir de este momento la estrategia ha de plantearse y evaluarse permanentemente para un gran número de países participantes y una gran duración. 
La votación de este informe me permite insistir en la dimensión ciudadana que ha de adquirir la introducción del euro. 
Es preciso informar a los ciudadanos, sin duda, pero también implicarlos en ello. De ahí procede la creación, en el Norte y bajo mi iniciativa de las asociaciones de «Ciudadanos euroconvencidos». 
Esas asociaciones, que agrupan a ciudadanos interesados, de todas las sensibilidades y horizontes, observan las campañas de información, proponiendo inflexiones y modificaciones. Sugerirán nuevas acciones. 
Se asociarán a esas campañas de manera militante. 
Otro objetivo fundamental de estas asociaciones es el de desenmascarar y desalojar todos los pequeños «chanchullos» que no faltarán con la llegada del euro. 
Entre los que intentarán facturar servicios «por causa del euro» y los que intentarán abusar de las poblaciones menos fuertes... habrá sin duda mucho que hacer. 
Para comenzar, y para terminar, deseo insistir especialmente en el período que se iniciará para Europa dentro de dieciséis días... y que no tiene parangón hasta el momento. 
El Reino Unido participa en la estrategia informativa sobre el euro, que causará confusión, pues el Reino Unido no se propone entrar en la UEM ni va a fijar siquiera una fecha para su entrada. 
Apoyo la orientación principal de este informe, que pide un aumento considerable del presupuesto para las amplias campañas informativas relativas a las cuestiones que se deben abordar en el marco de la introducción de la moneda única europea en Europa. 
El Gobierno irlandés se ha puesto, desde luego, a desempeñar su tarea de informar al pueblo irlandés de forma estructurada y coherente y quisiera elogiar las medidas adoptadas por el Consejo del Paso al Euro, que se ha creado para supervisar esa tarea informativa. 
El euro afectará a todos los aspectos de la vida empresarial y provocará una gran reorganización de las políticas y los procedimientos empresariales. 
La creación de un mercado único con una moneda unificada tendrá consecuencias transcendentales para la comercialización, la producción y las estrategias de las empresas irlandesas en materia de oferta. 
El hecho de que los billetes y monedas metálicas de euros no vayan a entrar en circulación hasta el 1 de enero de 2002 no debe ocultar que la moneda euro pasa a ser realidad en forma no monetaria el próximo 1 de enero. 
Eso significa que las empresas tendrán que cambiar sus procedimientos apropiadamente. 
La tecnología de la información desempeñará también un papel decisivo para contribuir a reorganizar la actividad empresarial. 
La llegada de la moneda única tendrá consecuencias que superarán con mucho los departamentos de tecnología de la información. 
Además, las empresas tendrán que determinar muchas medidas que se puedan adoptar a corto y a medio plazo para proteger sus actividades en todo momento durante el período en el que Irlanda participe en la Unión Económica y Monetaria y Gran Bretaña permanezca fuera de la zona del euro. 
Un gran temor previo a la llegada de la moneda única- el de que se produzca un gran desastre de los sistemas- se ha disipado, al acercarse la fecha del lanzamiento. 
Ahora la cuestión es quién ganará y quién perderá en el nuevo mercado y mucho dependerá de cómo aborden las empresas el período de transición entre enero de 1999 y enero de 2002. 
La difusión de información a una población de 291 millones de personas dentro de los once países participantes no es una operación barata. 
El presupuesto europeo debe reflejarlo procurando que se hagan aumentos importantes en las campañas de información relativas a la nueva moneda euro. 
Además, se deben aportar fondos para amplias campañas informativas en los cuatro países que no van a participar en el nuevo régimen de moneda única europea a partir del 1 de enero de 1999, a saber, Grecia, Gran Bretaña, Finlandia y Suecia. 
Para que la moneda única europea complemente plenamente el funcionamiento del Mercado Interior en Europa, se debe aplicar en los quince Estados miembros de la UE. 
Las campañas de información deben desempeñar su papel a ese respecto para velar por que en un futuro próximo la Unión Europea tenga una moneda única en circulación en todos sus Estados miembros. 
La estrategia para la información sobre el euro afecta tanto a los países miembros que participan en la unión monetaria como a aquellos que libremente están fuera de ella. 
También estamos de acuerdo en la comprobación de que la implantación del euro va a afectar a los ciudadanos de la UE más que ninguna otra medida comunitaria aislada. 
Justamente por este motivo es importante que la información sea propiamente información y que no se convierta en propaganda. 
Los esfuerzos para crear «una identidad europea» están, en nuestra opinión, fuera de lo que debiera ser información sobre el euro. 
También despiertan dudas tanto el papel de los niños como difusores de información sobre el euro y las instituciones comunitarias en general como el colectivo de «amas de casa». 
La regla general debería ser que la información sea propiamente información, que sea de carácter general y que no se mezcle con propaganda de las instituciones de la UE y su construcción. 
La UEM es un proyecto político que afecta en gran medida la vida cotidiana de los ciudadanos de los países miembros. 
Por este motivo, la UEM tiene que ser debatida y discutida, pero el informe no versa sobre esto. 
En cambio, si trata el euro. 
El euro es una moneda, es decir, dinero, y la gente sabe cómo usar el dinero. 
Por eso estimo que no se necesitan estrategias de información. 
Sin embargo, soy crítico respecto de algunas partes del informe que dicen que el euro será un eslabón en la construcción de una identidad europea común y, de otras, que ridiculizan a los ciudadanos de los Estados miembros, diciendo que una porción significativa de la población tiene dificultades para entender la comunicación normal, por ejemplo, en relación con posturas políticas o filosóficas. 
Como he dicho, no hay necesidad de campañas de información del euro. 
No obstante, parece que en el informe se intentase deslizar cosas que tienen indudablemente carácter de propaganda política. 
El punto 19 es un ejemplo claro de lo que digo. 
Esta clase de actividad propagandística que se propone en el informe no es digna de una sociedad democrática y civilizada. 
Europa debiera dejar tras de sí, abandonado en el rincón de las basuras históricas, este método para convencer a los ciudadanos de la excelencia de la política elegida. 
El paso a la moneda común europea traerá consigo el mayor cambio monetario de la historia. 
Semejante adaptación obliga a exigir mucho a la estrategia informativa. 
Además, una política informativa bien orientada es parte decisiva en los esfuerzos encaminados a lograr la implantación del euro en Dinamarca, donde el escepticismo de la población responde en parte a la falta de información sobre las ventajas que la moneda común representa. 
Por ello supone un motivo de alegría que la Comisión y el Parlamento Europeo lleven a cabo un esfuerzo político y financiero tan considerable en materia informativa. 
Comparto el informe del Sr. Arroni en cuanto a la necesidad de emprender una acción adecuada de asistencia y de información en favor de los ciudadanos y de los operadores tanto públicos como, al objeto de que la transición al euro no les ocasione ninguna dificultad. 
Quiero asimismo subrayar la importancia de las acciones de cada uno de los Estados miembros que, de acuerdo con la Comisión Europea, tienen que promover campañas de información dirigidas a algunas capas desfavorecidas de la sociedad- minusválidos, personas mayores, etcétera- e insisto en la necesidad de que, frente a todas las acciones programadas, se proceda a actuaciones periódicas de seguimiento y de control de los resultados obtenidos. 
Informe Metten (A4-0422/98) 
Queremos dar las gracias al ponente por este importante informe. 
En nuestra opinión, la implantación de la moneda común va a tener importancia para la creación de empleo, para fortalecer el crecimiento sostenible y para mejorar la competitividad. 
Al mismo tiempo, estamos conscientes de los riesgos que puede implicar la moneda única. 
Opinamos que los aspectos que resalta el informe acerca de los riesgos de choques asimétricos deben ser tratados con mayor atención y con decisiones más claras acerca de la necesidad de mecanismos reguladores. 
El riesgo de choques asimétricos es un asunto que tiene relevancia para toda la Unión Europea y no únicamente para el sector de los once países euro. 
Los socialdemócratas daneses votamos hoy a favor del informe del Sr. Metten sobre mecanismos de ajuste en los casos de perturbaciones asimétricas, ya que los mecanismos de ajuste propuestos ayudarán a asegurar la estabilidad de la economía europea cuando la tercera fase de la UEM dé comienzo, lo cual redunda en interés de todos los países comunitarios. 
Cuando los once países que participan en la moneda común cierren el 1 de enero de 1999 sus tipos de cambio mutuos y reemplacen en el 2002 sus monedas nacionales con el euro, ya no podrán beneficiarse de una política de tipo de cambio, es decir, no podrán devaluar o revalorizar sus monedas. 
Esto les sitúa teóricamente en una peor situación en los casos en que sus economías se vean afectadas por una llamada perturbación asimétrica. 
Que la perturbación sea asimétrica indica que sólo afecta a un único país o una única rama de la industria. 
Para recuperar la competitividad perdida como resultado de la perturbación económica antes se podía recurrir, entre otros instrumentos, a una devaluación de la moneda. 
Puesto que este instrumento ya no está disponible, la oferta de alternativas económicas que pudieran emplearse se ha visto reducida a grandes rasgos a la política de gasto público. Sin embargo, aquí también se ve limitada la libertad de acción de los países del euro, ya que éstos deben cumplir los requisitos recogidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que implican, entre otras cosas, unos límites máximos para el déficit público y la deuda pública: el 3 % del producto nacional bruto (PNB) y el 60 % del PNB, respectivamente. 
De ahí que el informe proponga la creación de un fondo de estabilización que, en los casos de que un país o una industria se vean afectados por una perturbación asimétrica semejante, pueda prestarles a éstos dinero y con ello evitar el choque. 
El reparto de estos préstamos sólo tendrá lugar de existir unanimidad en el Consejo, el cual decide también las condiciones para la utilización de esta ayuda. 
El texto que se nos presenta en el día de hoy es fruto de un trabajo profundo de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial y de su ponente, Alman Metten. 
Una vez más, esta iniciativa parlamentaria es testimonio del espíritu de creatividad de esta Asamblea, cualquiera que sea la naturaleza de los problemas. 
Doy mi apoyo a este informe ya que, aún convencido del carácter «asegurador» del euro, creo que es preciso prevenir los riesgos, mínimos, sin duda, pero siempre presentes. 
En este sentido, la creación de un fondo comunitario para ayudar a los países de la zona euro en caso de choques asimétricos ha de permitir que se proporcione a nuestra moneda única, y sobre todo a los países que han decidido adoptarla, una base sólida para el futuro. 
También es un testimonio de estabilidad para el euro frente a divisas fuertes como el yen y el dólar. 
Por otra parte, si bien se puede pensar que los choques asimétricos serán mínimos desde el 1 de enero de 1999, previsión confirmada por estos últimos meses que han vivido una gran estabilidad de las monedas de eurolandia, hemos de tener en cuenta la heterogeneidad de las legislaciones y de las políticas. 
Sí, las fuertes disparidades pueden debilitar el edificio comunitario. 
Sumo también mi voz a la de aquellos que exigen una mejor coordinación de nuestras políticas económicas y una aproximación de los impuestos sociales, y muy especialmente los indirectos. 
Como es bien sabido, Dinamarca no va a participar en la tercera fase de la UEM que arranca el 1 de enero de 1999. 
Sin embargo, el Sr. Ministro de Economía danés aboga por ello de manera ferviente y lleva a cabo una política «orientada a la estabilidad» , como si nosotros también fuéramos a tomar parte en ella. 
Algo que no menciona el Sr. Ministro de Economía en el debate danés queda claro en el informe del Sr. Metten, es decir, que en la implantación de la UEM puede resultarles necesario a los países participantes disponer de un instrumento que posibilite la superación de crisis económicas dentro del sistema del euro. 
De ahí que deba crearse un fondo de estabilización destinado a paliar los peores daños. 
Al mismo tiempo se propone la conveniencia de llevar a cabo una política de empleo y presupuesto más activa y en especial a los países pequeños, entre los que se puede incluir a Dinamarca, se les recomienda directamente moderación salarial. 
Ahora bien, en Dinamarca dejamos a los interlocutores sociales que negocien las condiciones salariales y así creo que debe permanecer en el futuro- ¡sin intromisiones de la UE en este campo! 
Se señala en el informe la pérdida de influencia de los Estados miembros en la política monetaria y también en la política financiera. 
Esto ya queda claro con los recortes producidos dentro del sector público. 
En Dinamarca, donde la inmensa mayoría de los servicios sociales están financiados por el Estado, este proceso tiene considerables consecuencias para aquellas personas que dependen de los servicios públicos. 
En los últimos tiempos, y a raíz de la tramitación de la ley de presupuestos, hemos asistido a una privatización gradual del régimen de jubilación anticipada. 
Me refiero muy especialmente a la cuota especial de jubilación anticipada, que de ahora en adelante deberá abonar todo perceptor del subsidio de desempleo que desee en un futuro jubilarse anticipadamente. 
Éste es el primer paso y seguramente no será el último que veamos de continuar esta evolución. 
No puede sorprender a nadie que este acontecimiento casi coincida en el tiempo con una carta crítica enviada desde la Comisión que hacía referencia al régimen existente. 
Tampoco puede sorprender a nadie que la modificación del régimen de jubilación anticipada refuerce su carácter de seguro individual. 
¡Lo único llamativo a este respecto es que la modificación no haya sido lo suficientemente drástica como para satisfacer a la Comisión Europea! 
El informe del Sr. Metten sobre el mecanismo de ajuste en los casos de perturbaciones asimétricas contiene una serie de referencias a la necesidad de una mayor coordinación de las estrategias económicas de los 11 países de la zona euro en lo que se refiere a políticas salariales y presupuestarias a las que nos oponemos. 
Se señala en el informe que el riesgo de perturbaciones económicas específicamente nacionales tras la introducción del euro no desaparecerá y que por ello resulta necesario crear un fondo de estabilización del que puedan pedir prestado dinero los países de la zona euro en los casos de perturbaciones asimétricas. 
Estamos de acuerdo en que el riesgo de perturbaciones asimétricas específicamente nacionales no desaparecerá dentro de la zona euro. 
A pesar de la considerable integración vertical realizada estos últimos años dentro de esta coordinación de las economías de los Estados miembros, ha habido numerosos ejemplos de perturbaciones específicamente nacionales. 
La introducción del euro traerá consigo el cierre definitivo de las políticas monetaria y de cambio de los once países de la zona euro. 
Con ello perderán estos once países miembros una herramienta económica fundamental en caso de crisis económica. 
Se abandona irremediablemente la posibilidad de devaluar o permitir que la corona fluctúe libremente, como sucedió, por ejemplo, con la corona finlandesa a comienzos de la década de los noventa y con gran éxito económico posterior (aumento en las exportaciones y baja inflación). 
Como alternativa, los países miembros puede tratar de mejorar la competitividad haciendo que la crisis económica se refleje en la estructura salarial mediante salarios mínimos más bajos y peores condiciones laborales. 
Esta situación se verá reforzada por el hecho de que la UE no es un territorio de cambio óptimo, entre otros factores, porque la mano de obra no es especialmente móvil de un país a otro. 
Al mismo tiempo, un fondo de estabilización no modificará de manera llamativa las perturbaciones específicamente nacionales, puesto que se ha fijado un techo para el presupuesto comunitario del 1, 27 % del PNB total. 
Por ello, no podrán ser canalizados fondos líquidos suficientes a las regiones o países que sufran una crisis económica. 
Dinamarca y Suecia, junto al Reino Unido, han elegido permanecer fuera de la tercera fase de la UEM. 
Mantendremos esta política, puesto que damos la máxima importancia a que sean los ciudadanos de cada país miembro quienes decidan los recursos y objetivos socioeconómicos. 
Este poder regulador no deber ser cedido a la élite dirigente europea y al BCE. 
El informe del Sr. Metten, que hace hincapié en el fortalecimiento de la competencia económica de la UE en lo referido a la UEM, en la necesidad de llevar a cabo una «coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros» y en la conveniencia de promover una «coordinación de las enseñanzas académicas y profesionales y de remover los obstáculos que dificultan el traslado de las prestaciones sociales» , es un paso en la dirección errónea. 
En el primer punto, se señala la regulación rigurosa de la política monetaria como uno de los problemas fundamentales. 
En el informe hay otras ideas buenas pero no comparto gran parte del informe y por eso no puedo darle mi voto. 
La UEM es un proyecto político que conlleva una política monetaria común. 
En el punto 2 del informe también se dice que va a ser «necesaria una coordinación más estrecha de la política económica de los Estados miembros». 
La política económica es el medio de gestión que tenemos para asegurar el empleo y para garantizar el estado del bienestar. 
Una política económica ceñida a los criterios existentes en el Tratado de la UEM no beneficiaría en primer lugar al empleo ni al estado del bienestar. 
Además, hay Estados miembros que han optado por no participar en la tercera fase de la unión monetaria. 
En el informe se menciona también que se necesita una adecuación salarial, cosa a la que obviamente me opongo. 
El tema de los choques asimétricos ha logrado un estatuto prioritario en el cruce de la próxima llegada del euro con la crisis económica que caracteriza la coyuntura internacional. 
No se diga, como resulta implícito o explícito en el informe, que, a pesar del euro, los Estados miembros pueden llegar a afrontar choques asimétricos, en el supuesto de que la moneda única haga disminuir la posibilidad de que se produzcan. 
Los choques asimétricos tienen su origen en la asimetría de las economías nacionales, realidad que el euro no borra, y en la forma como pueden reaccionar ante situaciones y choques que asimétricamente los alcancen. 
Con el euro lo que ha desaparecido, para algunos países, ha sido la posibilidad de utilizar un instrumento, la moneda propia de esas economías y su relación cambiaria con otras monedas. 
Por lo que los choques se pueden agravar, por el lado que provoca los choques, porque haya un instrumento que pueda ampliarlos y, por otro lado, por el de quien sufre los choques, porque las defensas estén diluidas en un conjunto que no valorice, sino que desconozca, las asimetrías resultantes de realidades nacionales. 
Pese a las reservas de fondo sobre la propuesta de resolución, apoyamos la creación de un fondo de estabilización. 
Ahora bien, parece como una forzada aceptación de lo que se debe considerar inevitable, debería ser compatible con el Pacto de Estabilidad, viga maestra de la estrategia, y configuraría un mecanismo de garantía, de empréstitos reembolsables con intereses, cosa a la que nos oponemos. 
Exceptuando el aspecto positivo de la creación de un fondo de estabilización para afrontar choques asimétricos, todo el principio de la propuesta de resolución y las inaceptables características de ese indispensable fondo han motivado nuestro voto. 
Este informe cuya iniciativa corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios muestra una fuerte voluntad de tener en cuenta todos los problemas que pueden surgir en los mercados financieros tras la entrada en vigor del euro. 
Además, refleja una gran perspicacia y un análisis económico muy a fondo que merece nuestro elogio. 
La moneda común sólo podrá ser el factor económico de estabilización que todos deseamos si se consideran debidamente y a tiempo todas las señales de peligro que surgen dentro y fuera de la UE. 
Este informe es un paso más de la evaluación rutinaria de todos los factores relevantes para una eventual influencia del euro. 
A apenas quince días antes del comienzo de la tercera fase de la UEM y de la creación del euro, el Parlamento Europeo se ocupa, aunque sea en parte, de las consecuencias que ambas cosas van a tener en los distintos Estados miembros y regiones de la Comunidad y también en los sectores industriales y de la economía. 
Lo característico es que a pesar de las continuas demandas, incluso del propio Parlamento que ha adoptado algunas de nuestras enmiendas relativas a informes anteriores, la Comisión sigue callando y sin presentar estudios, que estamos seguros que están en sus manos, sobre las consecuencias de la UEM en la economía de los Estados miembros, en las distintas ramas y sectores económicos, en el empleo, en las relaciones laborales, en la seguridad social y en las rentas populares. 
Por el contrario, está derrochando miles de millones en propaganda a favor del euro, intentando que lo acepten los trabajadores, los cuales se resisten vehementemente manifestando su desaprobacióna través de luchas masivas en todos los Estados miembros de la Unión para defender sus derechos. 
En el Informe Metten se hace referencia, quizás por primera vez, a determinadas consecuencias de la UEM y del euro que van a afectar a los Estados miembros, especialmente a aquellos que soportan las economías más débiles. 
Se trata de la aceptación pública de la ley del desarrollo asimétrico que encontramos en la naturaleza misma del sistema capitalista y que observamos incluso en el interior de los Estados. 
Sin embargo, incluso si los Estados hacen uso del mismo, tienen en sus manos un medio importante para combatirlo, los presupuestos nacionales que llegan casi al 50 % de su PIB. 
Aparte de una tímida referencia al presupuesto comunitario, en el informe Metten se propone la creación de un Fondo de préstamos como medio para combatir las próximas crisis, fondo al que podrán recurrir los Estados miembros víctimas de la crisis para poder recibir un préstamo para combatirla, un préstamo con intereses. 
El propio informe reconoce que las políticas monetarias nacionales dejarán de existir en la zona del euro, cosa que esencialmente sucederá también en los Estados miembros de fuera de su zona, y el soberano absoluto de la política monetaria será ya el Banco Central Europeo, el cual determinará los tipos de interés uniformes, que serán totalmente inadecuados para algunos Estados miembros, generando así factores de crisis. 
Lo mismo va a suceder en el caso de que algunos Estados miembros sean incapaces de mantener el índice del déficit y, aplicando el pacto de estabilidad, tengan que pagar una multa, mientras en el mismo momentopiden un préstamo al Fondo propuesto. 
Para combatir la crisis a nivel nacional y comunitario y para armonizar las economías se presenta como elemento esencial la armonización de la política fiscal que va a significar nuevos recargos para los trabajadores, quienes, de cualquier forma y en cualquier caso, son los que van a pagar el coste de la UEM, del euro, de la recesión económica y de la crisis. 
La gran verdad de este informe es que subraya que «una vez desaparecida la soberanía monetaria nacional, serán necesarias políticas más activas en materia de presupuesto y salarios». 
Tras el control de los gastos de los presupuestos nacionales, mediante la disciplina presupuestaria y el Pacto de estabilidad, tras la reducción de los gastos públicos para la educación, la salud, la seguridad social y el desarrollo regional, los Estados miembros deben someter a control, también ahora, los recursos de sus presupuestos, aumentando aquellos que proceden de las capas populares, de los trabajadores, de los agricultores, de los no asalariados, así como también habrán de intensificar su presión para mantener unos sueldos reducidos o incluso habrán de reducir los salarios modificando las relaciones laborales. 
Los trabajadores de toda Europa, que con su lucha se sitúan en contra de esta política completamente contraria a sus intereses y que expresa las opciones del capital monopolístico, no pueden aceptar estos proyectos. 
(La sesión, suspendida a las 13.05 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe del Consejo Europeo y la declaración de la Comisión tras la reunión del Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 1998 en Viena y sobre la declaración del Consejo sobre el semestre de actividades de la Presidencia austriaca. 
Señor Presidente, la tarea de la Presidencia austríaca del Consejo se ha visto sin duda dificultada por circunstancias externas. 
A pesar de ello, hoy puedo constatar que se ha alcanzado un acuerdo sobre las directrices políticas para el empleo en 1999. 
También es positivo el balance provisional realizado por el Banco de Inversiones Europeo sobre la aplicación del programa de medidas especiales para el empleo. 
El Consejo está a punto, así lo espero, de ponerse de acuerdo sobre la directiva para una S.A. europea. 
Por el contrario, apenas se pueden apreciar progresos en la Agenda 2000. 
Aquí no comparto el optimismo de la Presidencia de Consejo. 
La propuesta del Comisario competente para la política agrícola que se encuentra presente en estos momentos no se puede aceptar del modo que se nos ha presentado. 
Para mis agricultores, que producen fundamentalmente leche y carne esto significa la ruina segura. 
Un enfoque razonable para lograr una solución sería una cofinanciación nacional- en Alemania, regional- por el correspondiente importe de los pagos compensatorios. 
La futura Presidencia alemana del Consejo puede demostrar ahora si está al lado de los agricultores ya que Austria no ha solucionado esta cuestión. 
Al mismo tiempo, se podría desactivar el problema de los contribuyentes netos. 
Las propuestas sobre política estructural que figuran en el objetivo 2 perjudican abiertamente a las áreas rurales. 
No veo aquí tampoco progresos, a pesar de que precisamente Austria debería tener un gran interés en esta cuestión. 
En el marco de la subsidiariedad se debería conceder a nivel regional y local unas libertades sensiblemente más amplias para la utilización de los fondos de ayuda nacionales. 
Lo que diferencia positivamente a Europa es la cercanía al ciudadano. 
Cuanto más se aleje la Unión de ello tanto más se pondrá en peligro la misma Unión. 
Todas las decisiones futuras se deberían adoptar bajo este importante aspecto. 
Esto es aplicable también a la ampliación. 
Es de saludar, pero los países candidatos deben realizar primero su aportación. 
Son necesarios plazos de transición para la agricultura y la libertad de circulación de los trabajadores en interés de los actuales y futuros países miembros. 
Lamentablemente, el Presidente del Consejo no se ha expresado al respecto. 
Pero ignorar los problemas no nos sirve de nada. 
Por ello, el Grupo de la CSU en el Parlamento Europeo va a seguir con atención el futuro desarrollo de estas cuestiones bajo la Presidencia alemana del Consejo. 
Señor Presidente, señor Comisario, valorar la ejecutoria de una Presidencia requiere ponderar, por una parte, los avances objetivos que se han registrado en el proceso de construcción europea y, por otra, la dedicación y el talante con los que la Presidencia ha desarrollado sus tareas de impulso y arbitraje. 
En esta ocasión, la Presidencia austríaca tenía ante sí, entre otros retos, una tarea de enorme dificultad: impulsar la conclusión en plazos razonables de los distintos pilares que integran la Agenda 2000, y ello en un marco de grandes tensiones presupuestarias en el seno de la Unión. 
Nadie que conociera la dificultad objetiva de las cuestiones pendientes habría exigido a la Presidencia austríaca que cerrara los elementos más importantes de la Agenda 2000. 
La reflexión interna en el Consejo, en un paquete que debe ser abordado de modo global, aún no estaba madura. 
Se pueden valorar, sin embargo, positivamente los avances que en numerosos aspectos técnicos de la Agenda 2000 se han registrado y que van a contribuir eficazmente a posibilitar el acuerdo global final sobre la misma en esta legislatura. 
Ahora bien, lo que es más discutible, señor Presidente, es que en algún momento la Presidencia ha apoyado en las áreas financiera y presupuestaria iniciativas desequilibradas que, lejos de facilitar un consenso entre las distintas posiciones de los Estados miembros, se alineaban abiertamente con alguna de las posiciones nacionales enfrentadas. 
Nos felicitamos, sin embargo, por el hecho de que en el Consejo Europeo de Viena se haya recuperado el equilibrio y se vuelva a considerar la propuesta inicial de la Comisión como una buena base de negociación que deberá estar presente en el núcleo del acuerdo final, como esta mañana señaló el Presidente Santer. 
Finalmente, quiero felicitar a la Presidencia austríaca por el acento puesto en las políticas activas de empleo, invitando a los Estados a que en sus planes nacionales de acción definan políticas y fijen objetivos adicionales y plazos más precisos. 
Ello puede suponer el comienzo de una verdadera política social comunitaria que sea contrapunto de la moneda y mercado únicos. 
Es posible que los avances conseguidos no hayan sido espectaculares, pero lo que nadie, en este Parlamento, podrá negar es el esfuerzo, dedicación y profesionalidad que la Presidencia austríaca ha desplegado en este semestre. 
Señor Presidente, la Cumbre de Viena tuvo menos éxito debido a que, en contradicción con el objetivo originario de esas reuniones, no se afrontaron materias estratégicas. 
Se dedicó tiempo a revocar una decisión sobre ventas libres de impuestos que se había adoptado hacía mucho tiempo, en el convencimiento de que la liberación de impuestos para el tabaco y el alcohol es beneficiosa para el empleo. 
Algo provechoso hubiese salido de la discusión si los gobiernos partidarios de los altos impuestos hubiesen llegado a la conclusión de que las tasas de impuestos más bajas- de modo general y no solamente en este frívolo rincón de la economía- son favorables para el empleo. 
Es lamentable si se ha frenado la ampliación hacia el Este en la Cumbre de Viena. 
Lo más evidente es que la posición de la Comisión en lo que atañe a Letonia y Lituania ha desparecido. 
La ampliación hacia el Este no es algo que tenemos que hacer para agradar a esos diez países en la Europa central y oriental. 
No es un regalo para nuestros vecinos pobres. 
Antes de que esos países hayan llegado a ser miembros, ya tenemos ventajas de la ampliación hacia el Este. 
Ellos han realizado reformas económicas que nos han dado nuevos mercados y nuevos puestos de trabajo. 
Las reformas políticas han fortalecido la democracia. 
Los países candidatos saben lo que se espera de ellos. 
El deseo de mejorar la democracia y los derechos humanos ha dado lugar a una Europa más pacífica. 
Si se aplaza la ampliación hacia Europa se pueden perder todas esas ganancias. 
Es importante que haya objetivos más o menos cercanos y, en consecuencia, presión para dominar a las fuerzas que se oponen a las reformas. 
La situación de seguridad política en el Báltico es delicada. 
Desde mi punto de vista, lamento especialmente que en la Cumbre el gobierno sueco haya aceptado incluso el debilitamiento de la postura de la Comisión respecto a Letonia y Lituania. 
Señor Presidente, creo que todos tenemos que felicitarnos de que cada vez con mayor frecuencia el Consejo, en sus distintas modalidades y, en esta ocasión, esta mañana, el propio Consejo Europeo, participe en nuestros debates. 
Así se visualiza la auténtica naturaleza de las instituciones comunitarias. 
Pero, precisamente para que no se produzca confusionismo en la opinión pública, cada institución debe reflejar su auténtico papel, y el Consejo, cuando hace ruedas de prensa y declaraciones, haría muy bien en recordar que el papel del Consejo de la Unión Europea es el de trazar las grandes direcciones de la política, y que después corresponde a las instituciones de la Unión ejecutar y aprobar esas políticas, y así evitaríamos el confusionismo que se está produciendo en estas últimas semanas, sobre todo en lo que hace referencia a la financiación. 
Y cada una de nuestras instituciones debe asumir su propia responsabilidad. 
Y en el ámbito de la financiación, bien es verdad que el Consejo Europeo, hace ya bastantes meses, indicó que no estaba dispuesto a aumentar los recursos propios de la Unión Europea. 
Es una orientación política. 
Pero después le correspondía a la Comisión haberla aceptado o haberla discutido o haber hecho una propuesta suficientemente ambiciosa. 
La Comisión, en esta ocasión, no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha tenido la ambición precisa, y ha sorprendido a toda la opinión pública y, por supuesto, a este Parlamento que la Comisión hable de perspectivas financieras para un septenio más sin haberse llegado siquiera a lo que estaba establecido para el final del año próximo. 
Esto es el origen de todos los problemas y tensiones que vamos a vivir en los próximos meses y, por supuesto, se olvida que, frente a los principios que invocan los Estados miembros respecto a la construcción europea, también está el principio de la exacta adecuación. 
Es decir, que cada institución debe tener los medios suficientes para cumplir las competencias que tiene asignadas. 
Si no tenemos suficiente presupuesto, no podemos cumplir nuestros objetivos. 
Señor Presidente, estamos de nuevo inmersos en la cotidianidad. 
De nuevo se ha declarado en una cumbre que el empleo tiene la máxima prioridad. 
De nuevo se han frustrado las esperanzas que tenía el Parlamento Europeo de que se mandasen nuevas señales en lo tocante a la coordinación de la política monetaria y económica. 
Hay que alabar la recomendación de determinar a nivel nacional objetivos adicionales cuantificables y plazos precisos. 
Pero no se han realizado acuerdos concretos. 
Señor Fischler, una excepción es la Comisión Europea. 
Jacques Santer ha dicho que los programas existentes se van a unir y que se orientarán al FSE y al empleo. 
Sin duda, se trata de una importante iniciativa y de un elemento positivo para Europa. 
Lo que es altamente cuestionable es si el pacto por el empleo a nivel europeo va a venir, lo que los alemanes quieren hacer realidad hasta marzo. 
El nuevo Gobierno Federal alemán predica a nivel nacional este pacto pero los resultados concretos son escasos. 
El Canciller Schröder, inexperto en su cargo y aún más a nivel europeo, se previene ya cuando dice que no hay que esperar demasiado de la Presidencia alemana del Consejo. 
En una cosa tiene razón el Ministro de Asuntos Exteriores austríaco, cuando al hablar sobre la política exterior y de seguridad- lo que es también aplicable al empleo- dijo que hay que mejorar aún muchas cosas. 
No podemos añadir nada a ello. 
Señor Presidente, en el último semestre no se han producido en el Consejo de Ministros decisiones espectaculares y, a pesar de ello, la diligente diplomacia austríaca ha hecho avanzar a la Comunidad. 
Me voy a centrar en un campo especial: el de la ampliación del diálogo social. 
A nivel empresarial me remito a la propuesta de compromiso para una Sociedad Anónima Europea tras decenios de debates. 
En 1997 el Parlamento Europeo dijo claramente que hay que evitar que se exporten sencillamente determinados modelos de cogestión y también que en los países que tienen amplios derechos no se produzca una huida- de la cogestión. 
El compromiso austríaco hace justicia en gran medida a esta exigencia. 
Pero ya hemos discutido suficiente. 
Esperamos de la próxima Presidencia alemana que, en base a la buena propuesta austríaca, llegue por fin a un acuerdo político. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Viena se ha saldado con un considerable fracaso, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia austríaca. 
Al quedar todo aplazado para la Presidencia alemana, queda un saldo negativo marcado por un polémico memorando sobre la financiación de la Unión, que provocaría una reducción del 10 % en los gastos agrarios y del 25 % en los Fondos estructurales. 
No debemos tener miedo de afrontar los problemas más delicados que hemos de resolver, como la financiación de la ampliación o la corrección de los desequilibrios contributivos de algunos Estados miembros más ricos a la financiación de la Unión Europea. 
Pero sería políticamente inexplicable que esos dos problemas se resolvieran a costa de los fondos destinados a los países y las regiones más pobres de la actual Unión Europea de quince miembros, dejando como letra muerta el artículo 2 del Tratado de Maastricht, relativo a la cohesión económica y social. 
En este sentido, el memorando sobre la financiación, presentado por la Presidencia, es un documento que no honra a quien lo ha elaborado y, por eso, resulta políticamente irresponsable. 
Digo esto, porque, al presentarlo, la Presidencia sabía muy bien que no podía constituir una base de trabajo creíble, por ser injusto y corto de miras. 
Por eso, sólo puedo concluir que lo ha hecho por razones tácticas, con el objetivo de obligar a los Estados miembros de la cohesión a reducir sus aspiraciones en relación con la Agenda 2000. 
Porque entonces entre una desgracia y un cataclismo la primera opción sería, evidentemente, el mal menor. 
Por todo esto, me queda la angustiosa duda sobre si esta posición ha sido o no concertada con la próxima Presidencia del Consejo. 
Si lo ha sido, estamos ante una grave crisis en la historia de la Unión Europea y, curiosamente, en una época en que once de los quince primeros ministros son socialistas. 
Todos tenemos conciencia de la complejidad de la negociación sobre la Agenda 2000 y de las dificultades del Consejo para encontrar soluciones justas y razonables. 
Pero para eso fueron elegidos los diferentes Gobiernos que componen el Consejo. 
Respetamos el trabajo de la Presidencia austríaca, aun discordando de algunas de sus opciones, y deseamos el mayor éxito a la Presidencia alemana, que entrará en funciones dentro de dos semanas. 
Presidente, desgraciadamente no podemos decir que la Cumbre de Viena haya sido un éxito. 
En realidad ha sido aún peor; de hecho fue un fracaso. 
Fue un fiasco. 
Por lo demás, no me parece que debamos imputárselo a la Presidencia austriaca. Sinceramente, creo que la Sra. Ferrero, el Sr. Schüssel y también el Sr. Klima lo han hecho lo mejor que han podido. 
Pero de cualquier forma, la dirección desde fuera tampoco fue una dirección que pudiera mejorarlo. 
Para mí es incomprensible que la Cumbre Europea de Presidentes de Gobierno se ocupe de los establecimientos libres de impuestos y del IVA en las profesiones de peluqueros y zapateros. 
No es que éstos no sean temas útiles, pero pueden ser tratados en los consejos específicos de los ministros competentes en la materia. 
Y eso, mientras más allá de nuestras fronteras la lucha estalla en Kosovo, mientras la situación en Oriente Medio es extremadamente tensa, mientras la crisis financiera y económica en Asia y Sudamérica se propaga a Rusia, mientras el paro sigue siendo elevado. 
Aún más grave es el hecho de que la Cumbre de Viena haya sido también una muestra de la discusión que se espera sobre la futura financiación. 
Se ha originado un enorme revuelo entorno a este aspecto, entorno a esas contribuciones. 
Eso significa, en realidad, que toda la cuestión de las contribuciones va a bloquear en medida creciente uno de los proyectos más importantes de la Unión Europea, a saber, el de la adhesión de nuevos países. 
Eso es algo que me parece bastante dramático. 
Creo que sería útil que, por ejemplo, la Comisión nombrara personas prominentes que intentaran resolver toda la problemática relativa a la financiación e intentaran realizar una propuesta objetiva y sincera sobre el tema. Eso evitaría que este asunto predeterminara durante meses la agenda. 
Presidente, por primera vez hemos tenido una cumbre con once presidentes de Gobierno socialdemócratas; pero si miro el resultado, debo decir en justicia que no se ha distinguido por una buena dirección ni por firmes decisiones. 
Hay que confiar en que en el futuro sea mejor y que el espíritu de Jacques Delors y de Helmut Kohl llegue también de nuevo a estos presidentes de Gobierno; de lo contrario, en el futuro nos enfrentaremos a un considerable desastre. 
Señor Presidente, a pesar de los modestos resultados que se han alcanzado en la cumbre de Viena, éstos permiten poner de manifiesto de manera especial la dimensión septentrional. 
El documento de la Comisión sobre la dimensión septentrional de la Unión, que ahora se ha presentado de manera oficial en Viena, es extraordinario. 
Engloba diversos ámbitos políticos, desde el futuro en los campos nuclear y medioambiental hasta la cooperación regional y local. 
En el documento se presentan propuestas claras y operativas sobre cómo lograr avances en el desarrollo de los mecanismos de cooperación. 
No se puede subestimar la importancia de la dimensión septentrional como elemento estabilizador. 
La crisis económica y política en Rusia ha dejado de manifiesto que es necesaria una actuación activa por parte de la Unión para mitigar las repercusiones de las crisis. 
El recrudecimiento de la situación rusa tendrá graves consecuencias, entre otros aspectos, en el ámbito de la seguridad nuclear y en las cuestiones relativas a la ampliación de la Unión, especialmente por lo que respecta a los países bálticos. 
Resulta indispensable que se hagan realidad estas propuestas operativas que ha presentado la Comisión. 
Hay que desarrollar la cooperación entre los Estados ribereños del mar Báltico. 
Es necesario adoptar urgentemente medidas que detengan la contaminación marina. 
Hay que establecer como uno de los objetivos más importantes de la dimensión septentrional un mejor aprovechamiento de los enormes recursos energéticos del noroeste ruso y, en particular, de la región de Barents. 
Me preocupa de manera especial el desarrollo de la cuestión de la seguridad nuclear en Rusia en medio de la vorágine de la crisis. 
Cabe esperar que la Comisión haga realidad urgentemente la seguridad nuclear que expone en su documento, incluidos los proyectos de investigación acerca del tratamiento de los combustibles usados, con el fin de aclarar el verdadero estado de estas cuestiones y solucionar cuanto antes los problemas por medio de la cooperación. 
El debate conjunto queda cerrado. 
Sobre este tema he recibido siete propuestas de resolución, sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana jueves, a las 9.30 horas. 
Derechos humanos en el mundo 
Señor Presidente, con este informe quiero rendir un homenaje a los numerosos amigos que he perdido, víctimas de la brutalidad que ha caracterizado una gran parte de nuestra historia reciente. 
A Felipe, el pintor, a su mujer Elpida y a su hijo Ernesto, de dos años, quienes desaparecieron en el Chile de Pinochet. 
A Moustapha y a Akim de Van y de Diyarbakir, a quienes asesinaron los Lobos Grises en Adana. 
A Thodoro, mi compañero de estudios, que fue asesinado en la invasión turca a Chipre. 
A Shasha, el juez de Nis, que murió en algún lugar cerca de Split, tras sufrir horribles torturas, como supimos después. 
A Mate, el médico de Zagreb, a quien encontraron con una bala en la cabeza fuera de Tuzla, donde trabajaba como voluntario porque, como él decía, la sangre es roja sea de quien fuere y los médicos no debemos dejarla correr. 
Y a los de Timor oriental, de Nigeria, de Tibet, a quienes no llegué a conocer porque los asesinaron. 
Ustedes saben que sólo si personalizamos la barbarie podemos entender qué significa la pérdida de una vida humana. 
Solo viendo casos de determinadas personas al término de cada política que decidimos, podremos entender las consecuencias de las políticas que hayamos proclamado. 
Sólo entonces comprenderemos que con expresiones grandilocuentes y refinadas no podemos suavizar nuestra culpa cuando, bajo nuestra responsabilidad, nuestras declaraciones no se convierten en acciones. 
Desgraciadamente, aún hay una gran distancia entre declaraciones y acciones. 
Hay diversidad de reacciones de la Unión Europea en el tema de los derechos humanos. 
Así como hay una gran fragmentación entre las personas dedicadas a los temas relacionados con los derechos humanos, así también en los fondos comunitarios destinados a acciones relacionadas con dichos derechos. 
Por lo tanto, es necesario que las estructuras administrativas y las estructuras decisorias sean organizadas por la Comisión Europea, como unidad; debe evaluarse de nuevo la posibilidad de crear una verdadera agencia para los derechos humanos y la democracia; se debe atribuir a un Vicepresidente la coordinación de las relaciones exteriores y transferir las competencias sobre cuestiones de derechos humanos a un Comisario. 
Para subsanar un déficit de los más importantes de la estructura institucional vigente, en mi opinión, debemos crear un sistema global de evaluación y control de los derechos humanos. 
Y debemos hacer esto antes de materializar cualquier decisión o acuerdo que afecte a países terceros. 
Una evaluación tal, que esté caracterizada por la coherencia y la cohesión, será la base de una supervisión posterior de la situación de los derechos humanos. 
Este sistema global de evaluación y de control de los derechos humanos estará guiado por los principios fundamentales que la Unión Europea ha aceptado. 
Principios que no deben quedar invalidados a causa de intereses económicos, estratégicos o políticos de la Unión o de uno de sus miembros. 
Ya saben, es mucho más fácil ser estrictos con países con recursos limitados. 
Pero si realmente creemos en los principios que declaramos, entonces en el debate sobre los derechos humanos no pueden tener lugar los intereses a diversos niveles, la consideración de las diversas posibilidades contrarias a los requisitos de la coherencia, las referencias a argumentos sin base, a argumentos estratégicos, etc. Porque entonces nuestras declaraciones no se hacen realidad y se vuelven perjudiciales. 
Creo que no podemos continuar de la forma en que hemos avanzado hasta ahora, es decir, haciendo referencias grandilocuentes a principios y a valores pero con falta de acción. 
Y no podemos hacerlo, siquiera por tranquilizar nuestra conciencia por dicha falta de acción. 
Una postura coherente exige que dejemos muy claro que en ningún lugar hay asilo para los tiranos, para los déspotas, para ninguno de estos líderes que fingimos que han sido elegidos democráticamente en situaciones totalmente antidemocráticas. 
Son verdades duras, pero haremos bien en afrontarlas. 
Nuestras declaraciones han de convertirse en operativas. 
El parámetro de los derechos humanos constituye un factor y un elemento esencial en la política exterior de la Unión Europea. La declaración de buenas intenciones no es suficiente. 
Los derechos humanos deben estar presentes en el corazón de la política exterior de la Unión Europea. Y hago un llamamiento, no sólo al Consejo sino también a la Comisión, para que abandonen cualquier contexto que no sea así, para que consideren los derechos humanos como algo especial y para que actúen en consecuencia. 
Señor Presidente, Señorías, en el momento de presentar este informe, quisiera comenzar agradeciendo a todos cuantos han cooperado en su elaboración, en particular los colegas de la Comisión de Asuntos Exteriores y, en primer lugar, los colaboradores de la Secretaría, cuya gran competencia técnica y profesionalidad tanto valorizan el patrimonio de la cultura democrática y de los derechos humanos que honran al Parlamento Europeo. 
Se debate este informe en un momento particularmente importante para los derechos humanos: conmemoramos el 50º aniversario de la Declaración Universal y el 10º de la concesión del Premio Sajarov. 
Podemos celebrar, con las decisiones relativas al caso Pinochet, un paso gigantesco contra la impunidad que pone término a lo que se podría llamar «la libre circulación de los dictadores». 
Que anden con cuidado Suharto y los demás. 
Comprobamos así que la fuerza de la opinión pública democrática puede prevalecer sobre las exigencias de la realpolitik y hacer funcionar los elementos- aún incipientes, con todo- de un orden internacional de los derechos humanos que está esbozado en la Unión Europea, con sus instituciones supranacionales basadas en los principios del Estado de derecho en su espacio de libertad, seguridad y justicia. 
El informe no oculta ni endulza la realidad. 
En el nivel de los derechos humanos más elementales, como el derecho a la vida, la libertad y la dignidad, la Declaración Universal sigue siendo, en gran medida, letra muerta. 
Pero, a pesar de cierta posición pesimista oída en los últimos días, me parece importante y pedagógico poner de relieve aspectos positivos: el movimiento de ratificaciones de los pactos internacionales que se ha producido, la creación o aprobación del estatuto del Tribunal Penal Internacional, que, a pesar de sus limitaciones, abre una puerta a la creación de un orden jurídico internacional y, por último y por encima de todo, la fuerza de la opinión pública democrática, de una opinión universal que supera las fronteras nacionales y es capaz de batirse e imponer con mucha frecuencia los principios fundamentales por los que luchamos aquí. 
Y éste es el movimiento que debería dar esperanza a todos y que está muy vivo ahora, en el momento de la celebración del 50º aniversario de la Declaración Universal. 
Ahora que la guerra fría ha terminado, es hora de disociar la lucha por los derechos humanos del conflicto ideológico para hacer valer los derechos humanos, efectivamente, en su universalidad, interdependencia e indivisibilidad. 
No hay prejuicios de tipo ideológico o geopolítico que puedan legitimar grados diversos de exigencia en materia de derechos humanos. 
Dos pesos y dos medidas, como en la época de la guerra fría, en que se disculpaba a Salazar, Franco, Mobutu o Suharto en nombre de la disciplina del bloque antisoviético. 
Por otro lado, no es admisible la contraposición de los derechos individuales con los derechos de los pueblos, ni la contraposición de derechos civiles y políticos con derechos económicos, sociales y culturales, como tampoco hay una democracia substancial, económica y social que prescinda de la llamada «democracia formal». 
Como dijimos hace mucho, nosotros, al menos, con Gorbachov, los derechos humanos son un fin en sí mismos. 
El informe que presento a Sus Señorías en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores aborda algunos de los temas clásicos de la temática de los derechos humanos: la pena de muerte, los derechos de los niños, la trata de blancas, los refugiados. 
Pero he pretendido, y conmigo la Comisión de Asuntos Exteriores, que el informe fuera un poco más allá y que, además de la responsabilidad de los Gobiernos y de los Estados, apreciase las consecuencias del funcionamiento de la economía y de las finanzas globalizadas para la democracia de los derechos humanos. 
A pesar de que considero la globalización un fenómeno en sí positivo, la situación ofrece peligros. 
Y reclama la creación de mecanismos supranacionales aptos para ejercer una regulación política que preserve la democracia y afirme, en su substancia fundamental, los derechos humanos. 
El informe propone que la política europea se base en los derechos humanos. 
Pero no propone la exportación de un orden político eurocentrado. 
Propone que se conciba la Unión Europea como una potencia civil que en el nivel internacional promueva los valores de la solidaridad y de la justicia, no para imponer un orden, sino para preservar de ese modo su propio modelo europeo de democracia y de derechos humanos contra las tendencias a una nivelación por abajo y sin imponer con ello un proteccionismo. 
Pero eso exige, Señorías, eso exige- lo dice el informe-que la Unión Europea tenga coherencia entre su política exterior en materia de derechos humanos y la exigencia que debe tener en el interior de sí misma respecto de los derechos de los oriundos de terceros países a los que aquí se acoge. 
Señor Presidente, considero que la Unión Europea tiene los medios, tiene los instrumentos y puede actuar. 
Será necesario que lo haga, siempre que haya voluntad política para ello. 
Pido a la Comisión que responda a las propuestas concretas que presenta este informe. 
Informo también de que voy a presentar una enmienda oral para proponer que se consagre aquí el esfuerzo internacional propuesto por nuestro Presidente para la llamada «Amnistía del Milenio» , que de esa forma celebre, desde el punto de vista de la promoción de los derechos humanos, los valores por los que luchamos. 
Señor Presidente, Señorías, hoy estamos examinando las normas futuras de ejecución de las acciones de la Comunidad que, en el ámbito de su política de cooperación para el desarrollo, contribuyan a un objetivo general de desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de derecho, así como de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la gestión idónea de los asuntos públicos. 
Con la aprobación de este reglamento, la Comisión fijará las condiciones de asignación, movilización y ejecución de la ayuda, así como las condiciones de sostenibilidad de las acciones necesarias para que resulten más visibles sus efectos en la democracia y en los derechos humanos. 
En adelante, tendrá consagración plena la preocupación sucesivamente manifestada por el Parlamento Europeo de que, en las relaciones de cooperación que mantiene con el conjunto de los países en desarrollo, la Unión Europea debería conceder la mayor importancia al fomento de los derechos humanos y los valores democráticos en esos países. 
Podríamos decir incluso que la promoción de los derechos humanos, los valores democráticos, el Estado de derecho, la buena administración y la lucha contra la corrupción deben pasar a ser elementos esenciales de cualquier acuerdo futuro. 
Cuando observamos el continente africano y comprobamos que en 16 países se mantienen conflictos que cuestan millares de víctimas diarias y desperdician en material de guerra recursos necesarios para la salud, la educación y el abastecimiento de agua a las poblaciones, y cuando sabemos que 1.300 millones de personas de los países en desarrollo tienen un poder adquisitivo inferior a un dólar por día no podemos permitir el mantenimiento de algunos equívocos que han impedido que la ayuda a la cooperación persiga objetivos y causas nobles en los principios y con resultados palpables en el alivio de la pobreza extrema de las poblaciones. 
En países subordinados durante decenios a dictaduras feroces, tantas veces apoyadas e incluso alimentadas por Estados europeos, y en otros, sujetos a largos y sangrientos conflictos armados, no basta con que la Unión Europea se contente con la materialización de elecciones libres como medio suficiente y duradero de transición a la democracia. 
La celebración de elecciones debe ir acompañada de las necesarias reformas constitucionales y legislativas que promuevan el fortalecimiento del Estado de derecho y, en particular, el apoyo a la independencia y al fortalecimiento del poder judicial, el apoyo a un sistema penitenciario que respete a la persona humana y el fomento del pluralismo, tanto en el nivel político como en el de la sociedad civil, mediante el fortalecimiento de las instituciones necesarias para garantizar el carácter pluralista de la sociedad, incluidas las organizaciones no gubernamentales; también debería ir acompañada del fomento de la independencia, del pluralismo y de la responsabilidad de los medios de comunicación social y del apoyo a la libertad de prensa y al respeto de los derechos de libertad de asociación y reunión y del fomento de la igualdad de oportunidades y de métodos no discriminatorios, incluidas medidas de lucha contra el racismo, la xenofobia y el sexismo, así como el apoyo a iniciativas a favor de la abolición de la pena de muerte. 
Si no se garantiza todo ese conjunto de transformaciones, los dictadores y detentadores del poder, en países con regímenes de partido único, se limitarán a tener un bautismo democrático sin que se modifiquen la esencia y los métodos políticos, sin que se garanticen reglas de alternancia democrática, lo que exige el apoyo a la consolidación de partidos políticos democráticos. 
Sin la existencia de parlamentos con poderes efectivos de fiscalización, sin la existencia de tribunales y de un sistema judicial independiente, sin prensa y comunicación social libres, nunca se conseguirá consolidar la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos fundamentales, las libertades públicas y la buena gestión de los asuntos públicos, condiciones sine qua non del crecimiento económico y de la lucha contra la pobreza. 
En toda esta problemática, insisto en particular en la lucha contra la corrupción y en la buena administración como elementos esenciales de todos los acuerdos de cooperación y desarrollo con terceros países. 
El último informe del Banco Mundial -» Assesing Aid» -es claro al respecto: la ayuda puede ser extraordinariamente positiva y efectiva en el fomento del crecimiento y la reducción de la pobreza, siempre que se aplique en un ambiente económico saludable. 
Una gestión económica rigurosa es más importante para los países en desarrollo que la ayuda financiera internacional, que sólo tiene repercusiones positivas en los países que han hecho las necesarias reformas políticas e institucionales. 
Véase el caso paradigmático de Mozambique como ejemplo que retener, promover y premiar. 
La ayuda es útil cuando va a manos de los que saben utilizarla. 
Si, en cambio, va a parar a las manos de los muchos Mobutus y Mugabes de este mundo, sólo se beneficiarán los paraísos financieros, donde se producen los grandes lavados de dinero, además de algunos dirigentes políticos y económicos occidentales que los apoyan, porque, conviene no olvidarlo, sólo porque existen corruptores activos en los países ricos existe corrupción pasiva en los países en vías de desarrollo. 
Sólo existen o sólo existió el genocidio en Ruanda y la guerra en Angola por culpa de algunos países y dirigentes europeos. 
En este momento, señor Presidente, mueren niños y poblaciones indefensas en la meseta central angolana, porque en Amberes hay quien sigue comprando los diamantes con total impunidad, despreciando las sanciones impuestas por la Unión Europea y por la comunidad internacional. 
Por desgracia, son innumerables los casos en que los intereses se superponen a los deberes, con lo que contribuyen a la agravación de la desgracia en que viven millones de seres humanos. 
Noticias de dictadores con fortunas personales iguales o superiores a las deudas externas de sus países, son constantes. 
También son frecuentes ejemplos de países como Tanzania, a donde llegaron 2.000 millones de dólares para carreteras, sin que las redes de comunicación funcionen por falta de mantenimiento. 
Señor Presidente, Señorías, en el futuro los donantes deberán vender buenas ideas y no malos proyectos. 
No se debe seguir beneficiando al infractor. 
Al contrario, países que con enormes sacrificios han venido aplicando marcos macroeconómicos estables- la apertura del comercio, el imperio de la ley y del Derecho, la lucha contra la corrupción- deben ser premiados con el fortalecimiento de la cooperación y el perdón total de la deuda externa. 
Como mensaje, parafraseando a Martin Wolf, debemos ayudar prioritariamente a los que quieren ayudarse a sí mismos. 
Señor Presidente, los acontecimientos han demostrado que el empeño de este Parlamento por dotar de una base jurídica sólida a la cooperación en materia de democracia y de derechos humanos de la Unión Europea estaba plenamente fundamentado. 
Nosotros hemos intentado, a lo largo del debate parlamentario, mejorar el texto de la Comisión Europea. 
En primer término, se han sentado las bases para establecer procedimientos adecuados, para efectuar una planificación de conjunto de la cooperación europea que permita programar las acciones de forma coherente, señalar estrategias y prioridades y acotar el modo de detección y selección de las acciones concretas que deberán realizarse para maximizar la incidencia, la sostenibilidad y la visibilidad de los recursos destinados a su ejecución. 
Otro objetivo básico consiste en generalizar instrumentos de coordinación a todos los niveles, especialmente en lo que se refiere a la cooperación con los Estados miembros de la Unión. 
Capítulo especial merecen, a mi juicio, las propuestas sobre las responsabilidades que corresponden a la Comisión, los procedimientos que se deben seguir para la aprobación y el seguimiento de los proyectos, la intervención del previsto comité consultivo y, sobre todo, el papel que corresponde al Parlamento Europeo en el desarrollo de estos programas. 
Por una parte, se han planteado modificaciones de gran calado de los sistemas de seguimiento y evaluación y de posterior información y control, tanto político como de gestión, y ello permitirá sin duda potenciar el impacto de las acciones, corregir sus disfunciones y mejorar su realización futura. 
Ligado a ello- y muy especialmente -, se ha transformado el papel que ha de jugar el Parlamento Europeo, evidentemente insuficiente en la redacción inicial de la propuesta. 
Yo me detengo solamente en el informe anual, que contendrá detalles sobre la ejecución de los programas del ejercicio anterior y sobre la programación y selección de los programas del presente ejercicio, y que la Comisión deberá remitir al Parlamento Europeo con antelación suficiente para que éste pueda celebrar un debate anual en sesión plenaria durante el primer semestre del año y antes de que se examine la partida presupuestaria correspondiente dentro del debate general sobre los presupuestos anuales. 
Finalizo diciendo que me parece imprescindible que la aprobación de este reglamento venga acompañada de acciones simultáneas que permitan dotar de efectividad real a su contenido. 
Y me detengo solamente en dos de capital de importancia a mi juicio: la necesidad de revisar el organigrama de la Comisión para conseguir una mayor coordinación de las unidades implicadas en materia de cooperación, en línea con la propuesta de una estructura coordinadora horizontal, a la que ya se han referido con anterioridad diversas resoluciones de este Parlamento, y, por último, la urgencia de mejorar la dotación de recursos humanos, que en la actualidad es manifiestamente insuficiente para afrontar el ambicioso programa que, en ejecución del reglamento, ha de desarrollarse en materia de cooperación en democracia y derechos humanos. 
Señor Presidente, el respeto de los derechos humanos y los derechos fundamentales y la consolidación del estado de Derecho constituyen principios fundamentales de la UE. 
El informe del Sr. Torres Couto trata sobre un reglamento que permite reforzar el fundamento jurídico de estas acciones en los países en desarrollo. 
Desearía agradecer al ponente la elaboración de este buen informe. 
La Comisión de Presupuestos ha emitido una opinión acerca de esta cuestión en la que se ha centrado principalmente en los procedimientos de financiación. 
En primer lugar, la comisión propuso que no se fijaran restricciones en cuanto a la duración del programa. 
Este punto ha sido aprobado en el informe. 
Del mismo modo, también se ha aprobado en comisión una posición en el sentido de que las decisiones acerca de los créditos han de adoptarse cada año con ocasión del debate presupuestario en el Parlamento. 
Asimismo, la Comisión de Presupuestos ha mostrado su preocupación por que se distingan claramente las ayudas técnicas. 
Por este motivo, la comisión se ha mostrado favorable a la inclusión de un punto en el artículo 3 en el que se establezca una clara distinción de estos fondos en el presupuesto. 
Al mismo tiempo, la Comisión de Presupuestos exige que la Comisión presente una propuesta sobre si se va a utilizar la parte A o la parte B del presupuesto. 
Entre las modificaciones más importantes que ha propuesto la comisión en materia de organización, cabe destacar el punto en el que se aboga por prestar una mayor importancia al grupo de trabajo interinstitucional. 
En el marco presupuestario del presente ejercicio, se ha creado un grupo de trabajo de carácter consultivo especializado en la cuestión de los derechos humanos, cuyas actividades para el próximo año se han consolidado tanto por parte del Consejo como del Parlamento. 
Este grupo de trabajo tiene por objeto la coordinación de las actividades anuales y el informe recoge las disposiciones relativas al mismo. 
Estos grupos de trabajo se han saldado con buenos resultados, entre otros, en el marco del programa MEDA, por lo que cabría deparar a este grupo de trabajo el mismo trato que se da a un comité compuesto por los Estados miembros. 
Es muy importante lograr la aprobación del presente informe para dotar a estos créditos de fundamento jurídico. 
Por consiguiente, hemos de apelar firmemente al Consejo para que este reglamento pueda entrar en vigor con la mayor brevedad y permitir, de este modo, la utilización de los créditos. 
Presidente, estoy totalmente de acuerdo con los informes Roubatis, Barros Moura y Torres Couto. 
No voy a entrar en detalles, el Comisario sabrá con seguridad que es lo que hará después. 
Son buenos informes. 
Quisiera expresar brevemente mi estima por el trabajo que mi colega Lenz ha realizado durante los pasados años en este Parlamento. 
Quizá tengamos otra ocasión antes del final del mandato, pero sus servicios no pueden quedar sin mención. 
También doy las gracias a los funcionarios que tan bien le apoyan a usted en su trabajo. 
Quisiera tocar simplemente un par de puntos. 
Presidente, ¿quién hubiera podido pensar, hace 50 años, que una recomendación en la Asamblea General de la ONU iba a desempeñar un papel tan grande? 
Es una recomendación con ideas utópicas, con paradojas. Todavía una flor de invernadero, pero se respeta. 
Sin embargo, no se ha cumplido el «nunca más» del genocidio. 
Pensemos en Bosnia, Ruanda, Kosovo y, lo que también el Sr. Torres Couto acaba de decir, lo que está pasando en Angola sin que los medios de comunicación estén encima. 
La plena consecución del cumplimiento de los derechos humanos va por dos caminos: el jurídico y el político. 
En lo tocante al jurídico tengo un par de comentarios. 
La Unión insiste mucho en que se lleven a cabo fuera de la Unión. 
Pero me parece, Presidente, que su mejora se encuentra un poco amenazada, sobre todo porque hay demasiados derechos humanos. 
Para cualquier mal existe actualmente un derecho humano. Derecho a las vacaciones, derecho al sueño; me parece un poco exagerado. 
Si se quiere, puede llegar también el derecho a la inmortalidad y ya sabemos de antemano que no lo podremos cumplir. 
Así que yo abogaría por la delimitación para que no se diluyan los derechos clásicos que tienen que ver con el individuo, ya que están amenazados y eso es peligroso. 
Luego está la vía política. 
Hay un Alto Comisario y hay un Consejo de Seguridad que pesan, sopesan y deciden demasiado tarde en el caso de Ruanda. 
Se sabía que allí estaba teniendo lugar un genocidio, pero no se le quiso llamar así. 
Trágico. 
La política exterior de la UE es inestable. 
Ocalan no es procesado, Pinochet sí, Castro no, Kabila tampoco. 
Ya no me acuerdo de más. 
Los disidentes chinos decían: sigue presionando desde abajo, luego el Estado de derecho y la vía política lo arreglarán todo. 
Estoy totalmente de acuerdo con esto, Presidente. 
Sin embargo, el ciudadano quiere ver algo más concreto. 
El 10 de diciembre vi este mapa en el periódico con los países del mundo donde aún se practica la pena de muerte. 
Usted quizá no pueda verlo, señor Comisario, pero las partes coloreadas no son muchas. 
¿Lo ve? , ese color azul claro. 
Los ciudadanos quieren ver que esto se cumpla y ya no quieren más niños soldados en la guerra. 
Sin embargo, hay que decir cosas positivas acerca de las multinacionales. 
Los Países Bajos han editado un pequeño libro acerca de los derechos humanos y eso es importante. 
Presidente, estoy de acuerdo con lo que dijo Gil-Robles el 10 de diciembre en Viena: amnistía para los objetores de conciencia. 
Eso sería algo concreto y bueno. 
Señor Presidente, en ningún campo es la Unión Europea tan visible e influyente a nivel internacional como en el de la economía exterior. 
Apenas existe otro campo con el que se puedan fomentar los derechos humanos con tanta necesidad y perspectivas de éxito. 
No sólo mediante el apoyo a elecciones libres, la construcción de un sistema jurídico o la prevención de crisis influimos sobre la situación de los derechos humanos en terceros países. 
Con frecuencia lo hacemos mucho más intensamente mediante nuestras relaciones comerciales, mediante importaciones y exportaciones, inversiones, seguros de créditos a la exportación y last but not least, mediante nuestra política agrícola. 
Aquí podemos y tenemos que intervenir regulando y dirigiéndonos a nuestros interlocutores en terceros países, a los actores en la Unión Europea y a los consorcios transnacionales. 
Sin embargo, no es suficiente con invocar en los preámbulos de los Tratados bilaterales y multilaterales a los dos pactos sobre derechos humanos así como a los Convenios de la OIT- véase el último acuerdo con México. 
Aquí exigimos por ejemplo un informe anual de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos y, si es necesario, sanciones concretas. 
A la inversa, también queremos apoyar activamente los desarrollos positivos. 
El nuevo SPG con su positiva cláusula democrática que premia el respeto de los derechos humanos mediante la reducción de los aranceles es un importante avance. 
Pero países como Colombia, que gozan ya de la exención arancelaria deben perder esta ventaja si se violan constantemente los derechos humanos. 
Pero cuando se niega la libertad sindical, se pone en juego la salud de los trabajadores o se recortan las áreas donde viven pueblos indígenas, con frecuencia participan en estos desmanes consorcios europeos. 
Por ello, necesitamos urgentemente como primer paso un código de conducta vinculante para los consorcios transnacionales que tengan su sede en la Unión Europea. 
Sin embargo, todas estas medidas propuestas se deben aplicar con coherencia y transparencia. 
Pero esto significa también más derechos de participación para el parlamento Europeo, pues el camino no conduce solamente de Roma a Amsterdam pasando por Maastricht sino que va mucho más allá. 
Quiero añadir una cosa para concluir: una no injerencia es en muchos casos una injerencia brutal. 
Señor Presidente, yo también quiero alabar la positiva cooperación mostrada por los colegas de todos los grupos políticos en estos informes en las diversas comisiones. 
Sin embargo, no quiero alabar el modo de proceder de la Mesa que nos obliga a estar aquí sentados mientras abajo discuten los portadores del premio Sajarov. 
¡Ha estado de nuevo muy logrado! 
Señor Presidente, dos minutos de tiempo de intervención. Sabemos algo más sobre los derechos humanos y no podemos debatirlos aquí a fondo. 
La declaración de la ONU que hoy celebramos fue consecuencia de una guerra criminal. 
El premio Sajarov era una distinción por la lucha contra sistemas criminales caracterizados por su ausencia de libertad. 
Originariamente, los derechos humanos eran sólo objeto de la política nacional, no había derecho a la injerencia. 
Hoy están indisolublemente unidos al estado de derecho y a la democracia, a la actividad de las ONG, de la sociedad civil en su variedad y de la política exterior de la UE. 
Los derechos humanos solamente pueden entrar en una fase decisiva de aplicación si van más allá de la lucha muy concreta por la violación de la dignidad del individuo en particular hasta llegar a ser un instrumento de la política de los Estados libres y no se orientan solamente a sus propios intereses. 
Por ello, en la UE tenemos que aprenderlos y vivirlos como una parte componente concreta de toda política interior y exterior. 
El debate de hoy no trata solamente de los derechos humanos en los últimos años sino de lo que va más allá, sobre todo de lo que esperamos tras Amsterdam. 
Tienen que ser una parte importante de la política exterior de la Unión Europea y precisamente porque hoy pueden ser aún instrumentalizados por la política nacional, precisan de la atención de nuestro Parlamento. 
No se trata solamente de dinero sino de directrices de nuestras comisiones. 
En nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales quiero decir que apoyamos las líneas generales del informe Roubatis así como también las exigencias allí planteadas de reforzamiento y concentración del potencial logístico de personal existente en la Comisión en forma de un vicepresidente y de la responsabilidad de un único Comisario así como de un profundo análisis e información ante el Parlamento Europeo y, en su caso, mecanismos de sanciones. 
No obstante, tengo reparos frente a un centro de derechos humanos. Quiero decir claramente que estas cuestiones se desplazarían de nuevo hacia fuera y no tendríamos en el Parlamento Europeo el control que necesitamos. 
A veces somos contradictorios, pero en la política de derechos humanos no debe producirse ningún parón ni tampoco tiempos de intervención tan cortos sino que hay que crear perspectivas de futuro. 
Señora Lenz, la Mesa aplica, pero no define el procedimiento. 
Lo define la Conferencia de Presidentes. 
Le rogaría, pues, que dirigiera allí su protesta. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a los tres ponentes por sus excelentes informes si bien reconozco que conozco mejor personalmente los informes Roubatis y Barros Moura, por lo que los puedo apreciar mejor. 
El colega Roubatis ha comenzado muy poéticamente al rememorar a aquellas muchas mujeres y hombres que han luchado en sus países por los derechos humanos. Es a estas personas a las que dedica su informe. 
Han hablado portugueses y un griego y yo como austríaco sé también que en las oscuras horas de nuestra historia, cuando éramos reprimidos, era muy alentador percibir señales de solidaridad de los demás países del mundo. 
En el caso de Austria esta solidaridad vino incluso de México, es decir, de muy lejos. 
Es una importante tarea del Parlamento Europeo y de la Unión Europea en general mandar estas señales de solidaridad. 
La mención de aquellas mujeres y hombres o de algunos de ellos que luchan, tal como hemos hecho hoy, es importante porque debemos dejar clara una cosa: no se trata de que Europa haga algo en contra de Argelia, Turquía, Indonesia u otros países. 
Por el contrario, en realidad apoyamos en gran medida los intereses a largo plazo de esos países. 
Quizás estamos en contra de Gobiernos, de militares o de detentadores del poder, pero estamos a favor de las personas que luchan en esos países en pro de la libertad y de los derechos humanos. 
Debemos dejar siempre esto claro. Queremos ayudarles y no desde una posición paternalista como si fuésemos mejores que ellos. 
A pesar de todo lo necesario que a veces debe ser adoptar sanciones, debemos ser realistas. 
Lo que podemos y debemos hacer- en los informes se dan muy buenas ideas- es ayudar a aquellos que mantienen in situ una difícil lucha bajo la amenaza de cárcel, sanciones e incluso quizás la muerte. 
Por ello- lo sabe el Comisario y nosotros también -, es muy importante que pongamos a disposición suficientes créditos presupuestarios para poder ayudar a aquellos que luchan in situ, que demos publicidad a las necesidades y padecimientos de esas personas y que les proporcionemos apoyo político y moral. 
No podemos mantener la lucha desde aquí sólo mediante resoluciones o discursos. 
Sólo podemos llamar la atención sobre dónde es mantenida esa lucha por las mismas personas afectadas. 
Podemos proporcionarles apoyo moral y político así como financiero para que esta lucha tenga éxito finalmente. 
Pues una lucha con éxito en defensa de los derechos humanos es una aportación a la paz y todos tenemos el derecho a la paz. 
Señor Presidente, Señorías, unas palabras, en los momentos finales de un siglo que ha vivido en el continente europeo tantas masacres y tentativas de exterminio de pueblos diferentes. 
Sin duda, tenemos- y como decía nuestro colega Swoboda hace unos instantes- sin dar lecciones a nadie, una serie de cosas que decir al resto del mundo. 
De qué jactarnos, nosotros que somos la primera potencia comercial del mundo si, en el minuto en que hablamos, un hombre está sufriendo en el fondo de una prisión, una mujer está quizá siendo asesinada. 
De qué serviría pronunciar aquí palabras si, precisamente en el cuerpo de doctrina que nos hemos dado en el transcurso de los últimos cincuenta años, y especialmente en los diez últimos, no éramos capaces de decir, nosotros, potencia industrial, cualquiera que sea nuestro país de origen: «ya no aceptamos trabajar con vosotros, si no termináis con esas masacres, si no dejáis de torturar. 
Por tanto, no tendréis ninguna posibilidad de trabajar con ninguna empresa de Europa». 
Si no somos capaces de decir esto, que no es dirigismo, ni una dictadura moral, no seremos lo que, sin embargo, parecemos a los ojos del mundo, el núcleo duro de la democracia. 
¿Cuántas democracias existen hoy en el mundo? 
En todo caso no muchas más del doble de los que somos nosotros, quince países. 
Lo que determina precisamente nuestros deberes. 
Cero que es reconfortante que hoy hayamos acogido- y en este momento están hablando en otra sala- a una serie de hombres y mujeres que han luchado por la libertad. 
Imaginemos simplemente, en el momento en que voy a callarme, que esta libertad es frágil y puede irse dando un portazo. 
Señor Presidente, señor Comisario, los cincuenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un momento importante. 
Naturalmente, aquí estamos hablando de asuntos a largo plazo. 
Todos nos hemos esforzado en este aspecto, cada Grupo, cada europarlamentario, lo sabemos. 
Pero las notificaciones a más largo plazo no nos deben llevar, naturalmente, a que cerremos los ojos ante asuntos más inmediato plazo. 
Debemos recordar aquí la resolución tomada hace diez días y el Comisario también sabe, por supuesto, que estamos atentos. 
Por lo demás, la Unión debe hacer más operativa su política de derechos humanos. 
¿Puedo saber cuándo la violación de los derechos humanos ha motivado la suspensión de un tratado de cooperación o de un acuerdo normal? 
En seguida se ha intentado registrar esto en una nueva Convención de Lomé. 
Algo semejante debe ocurrir también para los países que no están en la Convención de Lomé. 
Los derechos universales de la humanidad significan también normas universales y están abiertos a una posible crítica. La Unión debe dejar claro, durante la Cumbre Transatlántica con los Estados Unidos, que ella también espera del gran defensor de la universalidad de los derechos humanos- los Estados Unidos- que no mine esa misma universalidad. 
De los Estados Unidos se puede esperar, por ejemplo, que forme parte del Tribunal Penal Internacional, y de la Unión se puede esperar que le plantee este asunto a las autoridades norteamericanas. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero felicitar a los Sres. Roubatis, Barros Moura y Torres Couto por su excelente trabajo, sin embargo, también creo que hay muy poco de que alegrarse en el momento en que se celebra el quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Hay poco de que alegrarse por algunas razones que ya se han señalado, pero que quiero repetir. 
En primer lugar, se vulnera el principio de universalidad. 
Precisamente en estos años y habida cuenta de que existen tradiciones diferentes, trata de abrirse paso la idea de que las normas no pueden ser consideradas universales porque existen valores diferentes de los occidentales, por ejemplo, los valores asiáticos, los valores islámicos. 
Como es obvio, éste es un concepto que ha de rechazarse, aunque, evidentemente, en este sentido, Europa debe hacer un gran esfuerzo para no parecer siempre y sólo la que golpea en los dedos, como hace el profesor con el alumno. 
Asimismo, se vulnera el concepto de indivisibilidad, ya que trata de abrirse camino la idea de unos derechos humanos a la carta, según la cual cada uno escoge los derechos humanos que prefiere y no respeta, por el contrario, los económicos y sociales, considerados en su contexto. 
Además de esto, me parece que tampoco se acepta el concepto de interdependencia, es decir, el hecho de que, también desde el punto de vista económico, conviene proclamar firmemente y emplearse a fondo en pos de la democratización, el respeto del Estado de derecho y de los derechos humanos, porque sólo a través de una sociedad abierta y libre se puede lograr un verdadero desarrollo incluso económico. 
Por otra parte, me parece que también dentro de nuestras fronteras las cosas no andan muy bien, si Europa no consigue ser la protagonista de todo esto; si es cierto, y lo es, que tenemos todavía una estructura tripartita de las actividades externas de la Unión Europea, cada una con sus propios procedimientos administrativos y ejecutivos; si es cierto, y lo es, que se registran muchos casos de falsas democratizaciones; si es cierto, y lo es, que los dictadores jubilados son procesados y que los dictadores que siguen estando en todo su apogeo permanecen en sus puestos. 
Señor Presidente, en sesenta segundos quiero subrayar algunos conceptos para mí fundamentales: universalidad e interdependencia de los derechos humanos y, a la vez, dos que les son complementarios, defensa y promoción de los mismos. 
Para defender los derechos humanos es imprescindible un instrumento para acabar con la impunidad. 
Poniendo en manos de la justicia al dictador chileno Augusto Pinochet, hemos lanzado una fuerte pedrada contra el cristal blindado tras el cual se han escondido durante mucho tiempo los genocidas, los dictadores y los autócratas. 
Pero también, y con respecto a la interdependencia y la promoción de los derechos humanos, no hay que olvidar que el desarrollo, las libertades políticas son tan importantes como las libertades económicas y, sobre todo, el derecho a vivir dignamente. 
La Unión Europea debe actuar en consonancia con ese concepto. Y además, aplicando lo que a nosotros mismos nos hemos dado con coherencia: la cláusula democrática y medidas constructivas de fomento de los derechos humanos en todos los sentidos. 
La Unión Europea tiene que estar a la altura de la demanda de la diplomacia de los ciudadanos. 
Esa diplomacia de los ciudadanos que ha sido capaz de conseguir, por ejemplo, que se firmen tratados para prohibir las minas antipersonales o que se cree un insuficiente Tribunal Penal Internacional, aunque sea válido. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, todos deben reconocer a los demás su dignidad. 
Esta frase la escribieron jóvenes partidos democráticos en Brandeburgo en su primera Constitución democrática. 
¿Por qué? 
Esta frase indica claramente que la política de derechos humanos no tiene que ver solamente con apelaciones morales sino que se trata de política práctica. 
Los Gobiernos dictatoriales ensalzan también la política de derechos humanos pero una política creíble de derechos humanos es la política activa que se refleja en la realidad vital de las personas. 
La Unión Europea es medida en todo el mundo en función de sus hechos y de cómo respeta los derechos humanos. 
La política comercial y económica debe estar sometida al primado de la política de los derechos humanos y los dictadores del mundo no deben poder confiar en que no sean llamados a rendir cuentas. 
También la Unión Europea va a ser medida en función de si mediante la ratificación y la ayuda financiera al proyecto del «Tribunal Internacional» hace de éste una institución eficaz. Los Estados miembros de la Unión Europea deben tener el valor de detener las exportaciones de armas a Gobiernos que pisotean los derechos humanos, como en el caso de Indonesia y Turquía. 
Es nuestra obligación internacional no callar ante cualquier caso de violaciones de los derechos humanos. 
La Comisión debe adoptar las medidas necesarias para que la cláusula de los derechos humanos acompañe y llene de vida los tratados y no se nos cuente continuamente que los intereses económicos son más importantes. 
Los derechos humanos son universales e inviolables. 
Señor Presidente, los derechos humanos no deben llevarse a cabo en la luna, sino en este mundo ciertamente oscuro. 
Donde mejor se puede dar esto es en un triángulo de paz, desarrollo y democracia. 
Tres pilares que están unidos indisolublemente entre sí y que son determinantes para las posibilidades de garantías en cuestiones de derechos humanos. 
De los informes presentados por las comisiones resulta que los colegas de este Parlamento son conscientes de ello, pero en la política hay que ir a buscar muy lejos esa realidad. 
También la Unión hace reproches justificadamente a la Comisión por la ambigüedad de la cooperación al desarrollo.Cuando hay que decir a menudo que se toman más en consideración los intereses comerciales y estratégicos que los intereses de los derechos humanos. 
Significaría un enorme paso adelante que la política comercial se implicara más íntimamente en la estrategia de los derechos humanos de la Unión. 
Esa política debe ser condicionante y coincidir o formar parte del control sobre los acuerdos en materia de derechos humanos. 
Naturalmente, estamos de acuerdo con las prioridades en el ámbito de los derechos humanos. 
Pero no estemos señalando siempre con el dedo acusador a otros. 
También en Europa hay gran número de violaciones y nosotros somos responsables de las mismas. 
Los derechos humanos de los refugiados se ven amenazados. 
La presión para endurecer la política está tomando tales proporciones que la manera como tratamos a algunos refugiados- también llamados ilegales o personas sin papeles- a veces sobrepasa el límite de lo humanamente aceptable. 
Los derechos de las minorías todavía se siguen violando en Europa. 
No sólo en Turquía, sino también en la parte macedonia de Grecia. 
Todavía no podemos garantizar honradamente los derechos de los niños, y el tráfico de personas continúa ante nuestros ojos mientras hablamos de combatir la violencia contra las mujeres. 
Existe un código de conducta en materia de tráfico de armas, pero usted sabe también que es vulnerado. 
Podría continuar, pero para concluir, señor Presidente, confío en que, cuando llegue el caso, si hablamos mañana de la Agenda 2000, pensemos en los derechos humanos. 
Señor Presidente, la crisis económica y financiera internacional ha hecho que el trabajo infantil y el turismo sexual hayan ascendido dramáticamente. 
Me refiero al punto 26 del informe del señor Roubatis y considero que la exigencia de introducir cláusulas estándar sobre los derechos humanos es extraordinariamente importante y necesaria. 
En especial, la Unión Europea no debe tolerar tácita o indirectamente el abuso social o sexual de los niños. 
El respeto de los derechos humanos y muy en especial la protección de los niños frente a cualquier abuso se debe establecer por ello como condición previa para la entrega de ayudas públicas o para que una empresa pueda ser tenida en cuenta a la hora de participar en licitaciones públicas. 
No debemos tolerar que nuestros mercados europeos sean inundados con productos de terceros países que han sido elaborados por niños mantenidos como esclavos y que turistas europeos puedan actuar sin trabas como corruptores de menores en Estados que perciben ayudas de la UE. 
Señor Presidente, creo que es significativo que el Parlamento haya querido celebrar de manera informal el 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tanto concediendo esta mañana el Premio Sájarov a Ibrahim Rugova como manteniendo un enfoque coincidente en este debate conjunto, al objeto de establecer una línea política firme en lo que respecta a las problemáticas de los derechos humanos. 
Creo que los tres informes objeto de debate están a la altura de la situación y, sobre todo, que son el signo de un desarrollo de las competencias y de la voluntad política dentro de la Unión Europea de intervenir concreta y activamente en pos de la promoción de los derechos humanos. 
Me refiero en particular al excelente informe del Sr. Torres Couto, a quien le doy las gracias, sobre la propuesta de reglamento relativa a las modalidades de ejecución de las acciones de cooperación al desarrollo para cumplir el objetivo de la democracia, de los derechos humanos y de la afirmación del Estado de derecho. 
Me parece que en el mismo se hace hincapié en un concepto que considero fundamental, o sea, la existencia de un nexo imprescindible entre el desarrollo de los derechos humanos y de la democracia y el desarrollo como tal. 
Si, como siempre afirmamos, el desarrollo debe ser humano, participativo y sostenible, el mismo no puede lograrse vulnerando los derechos humanos o negando los derechos democráticos. 
En consecuencia, creo que es preciso tomar conciencia de que la promoción de los derechos humanos es, obviamente, la confirmación del derecho inalienable de todo individuo y de todo grupo social, étnico, etcétera; sin embargo, no es solo esto, sino también una condición para el desarrollo de cada pueblo, de cada colectividad y de la humanidad entera. 
La promoción de los derechos humanos, así como la promoción de la democracia, del Estado de derecho y del buen gobierno, por tanto, están lógica e íntimamente ligadas y en la afirmación de las mismas no existe ni ingerencia ni tampoco eurocentrismo. 
Ahora es importante establecer una acción coherente de la Unión Europea y de sus Estados miembros que se desarrolle en torno a diversos ejes, a saber: el desarrollo del Derecho internacional, especialmente en lo referente a sus instrumentos concretos y de aplicación; la plena incorporación de los derechos humanos como objetivo de todos los instrumentos de cooperación internacional; el desarrollo de las acciones específicas y directas, referidas en la propuesta de reglamento. 
Es obvio que es necesario tener una amplia visión de los derechos humanos que incluya asimismo los derechos económicos, sociales y culturales, además de los derechos civiles y políticos, y que es preciso trabajar para llevar a cabo procesos concretos de transición y de creación de las condiciones humanas e institucionales para que se cumplan estos principios. 
Quiero terminar diciendo que la inversión en derechos humanos es actual y seguramente la más beneficiosa tanto porque hoy sufre las vulneraciones más evidentes como porque hay quien desea un mundo en que, en el centro, se encuentre el ser humano. 
Es también el mejor seguro de nuestra vida. 
Señor Presidente, como afirma el ponente, señor Torres Couto, en la exposición de motivos de su informe, yo quiero destacar también que este Parlamento y su Comisión de Desarrollo y Cooperación siempre han concedido la máxima importancia a la promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos como elementos que inspiran sus relaciones con los países en vías de desarrollo. 
Existe un larguísimo número de precedentes que no repetiré ahora. 
Sí debo citar los recientes informes de los Sres. Rocard y Martens a propósito del nuevo marco de nuestras relaciones con los países ACP, y citaré también el informe sobre democratización, derechos humanos y buen gobierno en el nuevo marco de nuestras relaciones con los países ACP, del que yo mismo soy ponente y que debatiremos en la sesión plenaria del mes próximo. 
Como es, por desgracia, tan frecuente, las instituciones y los legisladores vamos a veces a remolque de los acontecimientos. 
La sociedad civil tiene su propia dinámica, genera expectativas, ilusiones y problemas a los que nosotros debemos dar respuesta. 
Éste es un caso típico. 
Más de dos décadas de experiencia en nuestra política de cooperación nos hacen ahora poner el énfasis en aspectos nuevos, en una visión diferente, en un nuevo impulso a nuestras relaciones con los países en vías de desarrollo. 
El fortalecimiento de una sociedad civil más madura, de instituciones democráticas que actúen de contrapoder, de mecanismos de vigilancia y control de las actividades públicas, la lucha contra la corrupción en todas sus formas, son objetivos por los que no sólo vale la pena luchar, sino que, en el seno de nuestra comisión, inspiran el trabajo de cada día. 
El Sr. Torres Couto, en su informe, realiza una serie de propuestas interesantes que pueden contribuir a la creación de un cuerpo jurídico normativo que nos permita pasar de las grandes declaraciones de principios al terreno de la acción y de los hechos concretos. 
En el quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan pisoteados cada día a lo largo y a lo ancho del mundo, creo que ésta es la mejor contribución que podemos hacer en defensa de ellos. 
Señor Presidente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, base de los valores democráticos, ha celebrado su cincuenta aniversario. 
Fue un momento de múltiples celebraciones en todo el mundo, ocasiones para hermosas palabras y deseos sobre el respeto de los derechos humanos y sobre la construcción de un mundo más justo. 
El balance en materia de derechos humanos está sin embargo bastante mitigado. 
Porque, en definitiva, cincuenta años más tarde, la Declaración se respeta solamente en realidad en unos treinta países democráticos con una población de unos mil millones de habitantes. 
Por el contrario, se ve ridiculizada por los regímenes autoritarios de otros treinta países, en los que viven cerca de dos mil millones de personas. 
El informe de Amnistía Internacional está ahí para confirmar este cuadro abrumador en materia de torturas, de ejecuciones extrajudiciales, de presos de conciencia detenidos en un gran número de países. 
¿Cincuenta años es demasiado, para cerrar nuestros corazones, para agazaparse en la indiferencia y en el egoísmo, que aceptan la crueldad del mundo y la desigualdad de oportunidades? 
Temo que todos los instrumentos políticos y jurídicos no sirvan para nada si persiste tanta injusticia entre los seres que habitan en este mundo. 
Señor Presidente, cincuenta años después de la Declaración de los Derechos Humanos, el debate que estamos celebrando ahora, normalmente, no debería siquiera hacer falta. 
La Sra. André- Leonard lo ha subrayado hace sólo dos minutos. 
Sin embargo, desgraciadamente el problema sigue existiendo y además en su forma más aguda en la mayor parte del mundo; por esta razón los dos informes, tan significativos, que analizamos hoy son siempre de actualidad. 
El Parlamento Europeo siempre ha mostrado sensibilidad hacia los derechos humanos, al menos en los debates. 
Ante todo, quisiera subrayar que nuestro grupo apoya los dos informes y comparte la opinión de que el respeto de los derechos humanos depende de muchos factores que no son sólo políticos, sociales, económicos o culturales. 
Así, no cabe sino alabar la opinión del Sr. Roubatis sobre la necesidad de crear un sistema global de programas anuales para los derechos humanos, que estará inserto en el marco de la política exterior. 
Este sistema global estará en situación de proteger más la esencia de los derechos humanos y de ayudar así a que ningún interés tenga prioridad sobre la ética- y esto se ha debatido extensamente aquí- y de ayudar a que las buenas intenciones en la política exterior no sustituyan a las acciones positivas. 
Tal como el ponente subraya, los derechos humanos son una parte integrante de esta política de la Unión y deben concienciarse de ello todos los órganos y a todos los niveles. 
Por su parte, el Sr. Barros Moura, pone muy correctamente el énfasis en la mundialización, que tal como él dice, limita la efectividad de la democracia y de los derechos humanos a nivel práctico. 
Debemos prestar una atención especial a esto porque, por desgracia aquí también, la evaluación de la violación de los derechos humanos parece depender a menudo de la magnitud de determinados intereses y oportunidades internacionales de carácter político-económico. 
Para terminar quisiera felicitar a los dos ponentes por sus comentarios tan oportunos y por las propuestas que han presentado, las cuales ayudan a que nos enfrentemos esencial y positivamente a un problema tan grave. 
Señor Presidente, no hay ninguna duda de que los informes que estamos debatiendo expresan ideas muy importantes e interesantes sobre los derechos humanos. 
Se podría decir lo mismo sobre las comunicaciones de la Comisión y de los demás órganos de la Unión Europea. 
Pero se plantea la cuestión siguiente: ¿con qué credibilidad cuentan estas declaraciones? 
En mi opinión hay un ejemplo que puede ilustrar el grado de hipocresía que existe. 
Motivada por el 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la prensa turca manifiesta la trágica situación que sufre este país. 
No hay, subraya, derechos, sólo violaciones, las autoridades ejercen prolongadas torturas. 
Este año, 150 personas han sido víctimas de asesinatos por parte de desconocidos, 86 han sido ejecutadas sin mediar un juicio durante su reclusión, han sido prohibidas 118 organizaciones sociales, 275 publicaciones han sido secuestradas, 3000 miembros del partido legal HADEP han sido arrestados tras la aparición del caso Otsalan. 
¡Eh! Mientras ocurre todo esto, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Consejo y algunos de los países más poderosos de la Unión buscan la forma de situar a Turquía en el proceso del diálogo previo a la adhesión como el décimo segundo país candidato a esta adhesión. 
Es evidente que cuando hay intereses económicos, los derechos humanos pueden esperar. 
Señor Presidente, cuando hablamos de violaciones de los derechos humanos en el mundo, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver de qué somos responsables. 
Tenemos que ver cómo los Estados miembros de la Unión Europea avivan conflictos por el mundo y violaciones de los derechos humanos. 
Por ejemplo, necesitamos un código de conducta sobre las exportaciones de armas. 
Quiero citar los siguientes ejemplos: la capacitación por los franceses de las fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte en Ruanda; la venta de armas por los belgas a Ruanda; la capacitación de tropas indonesias por los británicos; la utilización de metralletas alemanas en la matanza en una cárcel del Brasil; el envío de reactores Hawk a los indonesios para que puedan perseguir al pueblo de Timor Oriental; las ventas de armas por parte del Reino Unido a países como Túnez y Arabia Saudita; la venta de armas para cometer torturas a ciertos países a fin de que puedan infligir violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. 
Tenemos que examinar eso y preguntarnos si es moralmente correcto. 
¿Podemos adoptar una actitud de altura moral cuando la Unión Europea, en busca del beneficio- y sólo del beneficio -, vende armas e instrumentos en todo el mundo con los que infligir castigos y la muerte a las personas? 
Tenemos que mirarnos primero a nosotros mismos y ver lo que estamos haciendo para avivar las violaciones de los derechos humanos en el mundo. 
Señor Presidente, en estos días celebramos el 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Hoy los resaltamos con este debate y lo hacemos porque siguen representando el sueño de todos nosotros y porque poblaciones enteras de nuestro cansado planeta ignoran sus principios que son, a la vez, compromiso político y aspiración espiritual. 
Muchos de nosotros asistirán a estas celebraciones sin sentir emoción alguna, en primer lugar, porque los derechos humanos forman parte de los principios que se enseñan en las escuelas y en los hogares, unos principios que no sólo se han convertido en moral política, sino incluso en historia escolar; en segundo lugar, porque los hombres se fían muy poco de las palabras y de las promesas en este final de siglo. 
¿Por qué tenemos que olvidarnos que después de 1789 vino, por desgracia, 1893 con el terror? 
¿Podemos seguir creyendo en el significado de las palabras? 
Y por último, ¿por qué la televisión nos transmite cada noche imágenes de terror, caras y seres humanos que siembran el terror en Ruanda, Bosnia, Kosovo, Argelia y en el conjunto del mundo comunista? 
¿Quién se preocupaba de los derechos humanos en Rusia en la época de Stalin, en China en la época de Mao y todavía hoy en la Camboya de Pol Pot, en Sudamérica, en Haití, en la Alemania del Este de Honecker? 
En los albores del siglo XXI, los derechos humanos siguen viviendo un triste otoño. 
Lamentablemente, sigue existiendo la necesidad de establecer tribunales internacionales encargados de juzgar a los criminales de guerra. 
Quedan la esperanza de un mundo en que la democracia se propague cada vez más y la conciencia de que, antes o después, gracias a la justicia superior, lenta pero inexorable, se imponga realmente el respeto de los derechos humanos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a los ponentes de estos informes porque creo que contienen una información y unas propuestas que nos son absolutamente útiles y yo creo que contienen, prácticamente, la totalidad de lo que deberíamos hacer y decir, y digo prácticamente por no decir la totalidad, que siempre es mucho. 
Pero quisiera comentar un par de cosas. 
Tenemos que ser mucho más estrictos, y yo quiero enfatizar esto, en todo aquello que podemos hacer dentro de la Unión Europea y desde la Unión Europea. 
No quiero adelantar el debate que tendrá lugar más tarde, pero hay cuestiones- y quiero señalar la de los derechos de las mujeres, la del turismo sexual, que, como recordaba algún orador, tiene mucho que ver con la actitud de los europeos, y el trato que damos a los ciudadanos de terceros países- con respecto a los cuales deberíamos estar muy vigilantes porque, además, sobre todo esta última cuestión, tiene un gran efecto sobre nuestra credibilidad en el exterior. 
Por ejemplo, en mi país, el espectáculo de los inmigrantes agolpándose en Ceuta o en Melilla no nos ayuda a defender los derechos humanos con el énfasis y con el entusiasmo con que lo venimos haciendo. 
Hay que apoyar los programas de apoyo a la democracia y los programas de apoyo al respeto de los derechos humanos en el exterior. 
Hay que apoyarlos políticamente, y el Parlamento lo hace, pero también hay que apoyar a la Comisión para que pueda actuar eficazmente y tener en cuenta qué es lo que cuestan estos programas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de su gestión, porque a veces no somos del todo conscientes o, si lo somos, no actuamos en consecuencia. 
Y, en tercer lugar, quiero insistir, como se ha hecho tanto aquí, pero me parece que no es inútil, en la creación de un Tribunal Penal internacional y de una legitimidad internacional porque sólo esto nos puede permitir actuaciones eficaces que no conlleven el germen de nuevos problemas o de un nuevo ideologismo o patrimonialismo sobre los derechos humanos y que puedan llegar a todas partes del mundo. 
Creo que el caso Pinochet demuestra que sólo con esta legitimidad internacional, que habrá que generar por consenso, podremos avanzar. 
Señor Presidente, en el estrechísimo margen de tiempo que se me ha dado para hablar sobre un tema tan amplio y crucial, me limito a subrayar un punto del detallado y realista informe del Sr. Roubatis. 
El artículo 31, que advierte de no se sacrifiquen los principios universales sobre los derechos fundamentales en aras de los intereses económicos o estratégicos o políticos de la Unión o de uno de sus miembros. 
Esta es exactamente la prioridad que se da a los diversos intereses, la razón por la cual, mientras celebramos el 50º aniversario de esta histórica proclamación y de este acuerdo internacional, nos hacemos ciegos voluntariamente a las flagrantes y continuas violaciones de estos derechos incluso en nuestro propio vecindario. 
Sin embargo, la tolerancia que mostramos repetidamente, no sólo no enseña nada sobre el respeto de los derechos humanos a países que históricamente están muy lejos de los modelos democráticos, sino también les permite acusarnos de hipocresía y de política discrecional. 
La Unión Europea debe, y puede, desempeñar un papel básico en la imposición mundial del respeto de estos valores esenciales. Sin embargo, una condición indispensable es que deje de adulterarlos con otros criterios egoístas y de poca visión. 
Señor Lambrías, voy a aprovechar la ocasión para repetir una recomendación que hago constantemente a los grupos políticos, que no den menos de dos minutos a los oradores para que puedan formular su opinión en esta Asamblea. 
Considero que dar menos de dos minutos es contrario a la dignidad de diputado al Parlamento Europeo. 
Y, personalmente, he declarado que no estoy dispuesto a interrumpir a los oradores cuando se haya cumplido un minuto porque lo considero inhumano y contrario a su dignidad. 
Señor Presidente, una amplia mayoría de este Parlamento considera que cuando un estado ejecuta a un ciudadano se comete una grave violación de los derechos humanos. 
Por eso saludamos con alegría que Bulgaria recientemente aboliese la pena de muerte. 
Entre los países solicitantes de adhesión a la UE son actualmente sólo Letonia, Lituania y Turquía los que mantienen esta pena, profundamente injusta, en sus legislaciones. 
Como dijese nuestro Presidente Gil Robles hoy en el Parlamento, el respeto a los derechos humanos tiene que caracterizar especialmente a los países que desean ser miembros de la Unión Europea. 
Por eso, subrayemos todos la importancia de que los países candidatos que realmente están interesados en llegar a ser miembros colaboren para que la pena de muerte en Europa se transforme en un recuerdo- atroz- pero cada vez más lejano y descolorido. 
Señor Presidente, ahora que discutimos los derechos humanos, hay que poner algunos hechos sobre la mesa. 
Las tres personas más ricas del mundo tienen fortunas que sobrepasan el PNB de los 48 países más pobres. 
Las injusticias en el mundo han aumentado notoriamente durante los dos decenios de liberalismo. 
En más del 70 por ciento de los países el ingreso medio es actualmente más bajo que el de hace 20 años. 
De los cuatro mil quinientos millones de personas que viven en países en desarrollo, una tercera parte no tiene acceso al agua potable. 
¿Es ésta una situación de predestinación? ¡Definitivamente no! 
Según cálculos de la ONU, bastaría con una tasa de impuesto del cuatro por ciento a las 225 mayores fortunas para que toda la gente pudiese satisfacer sus necesidades de alimentos básicos, agua y salud. 
Dar a todos los necesitados alimentos y asistencia sanitaria costaría 13 mil millones de dólares, lo que corresponde a lo que gastamos en perfumes en EE.UU. y en Europa cada año. 
Treinta millones de personas mueren de hambre y 800 millones sufren constantemente de desnutrición, no como consecuencia de catástrofes inevitables, sino que el hambre se ha convertido en un arma política que se utiliza para concentrar la atención de los medios de comunicación. 
Somalia, Liberia, Sudán, Corea del Norte, Birmania y Afganistán son países en que los gobiernos responsables o los señores de la guerra han tomado a inocentes como rehenes de guerra. 
Las catástrofes climáticas y de la naturaleza son sólo causas marginales de las grandes hambrunas. 
Por el contrario, son las personas quienes matan de hambre a sus semejantes. 
Las actuales violaciones a los derechos humanos son causa de los conflictos del futuro. 
Este círculo vicioso de violaciones y conflictos puede y debe detenerse, según las palabras de Kofi Annan, Secretario General de la ONU. 
Después de cincuenta años, los derechos humanos se han consolidado y ha llegado la hora de dar el próximo paso. 
El próximo siglo tiene que ser el siglo de la prevención. 
Ya no podemos seguir aduciendo que la falta de recursos nos impide actuar. 
Este círculo vicioso de violaciones y conflictos que conduce a nuevos conflictos, puede y debe detenerse. 
Los derechos humanos están profundamente integrados en la paz y la seguridad, en el desarrollo económico y en la igualdad social y la UE tiene grandes posibilidades de estar a la vanguardia en este nuevo paso a favor de los derechos humanos. 
Presidente, hoy celebramos los 50 años de existencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
También celebramos el décimo aniversario del premio Sajarov. 
En seguida añado que celebrar es un término equivocado porque, desde 1948, se han violado numerosas veces los derechos humanos gravemente. 
También es bueno que hoy se haya concedido el premio Sajarov a Rugova, porque con ello se llama la atención sobre la injusta situación en la que se halla Kosovo y también sobre las personas que tienen el valor de denunciarla. 
El hecho de que ese premio Sajarov no siempre signifique que la situación mejora realmente, se puede comprobar en la situación de Aung San Suu Kyi, que sigue todavía secuestrada en Birmania. Se puede comprobar también en la posición de Taslima Nasreen, que todavía corre peligro en Bangladesh; 
Presidente, la situación en el mundo sigue siendo aún muy grave. Una de las razones de que podamos hacer tan poco desde la Unión Europea es que, en realidad, en esta Unión Europea todavía se debe decidir por unanimidad sobre asuntos de derechos humanos. 
Al menos sobre acciones en materia de derechos humanos. Presidente, en este sentido he presentado una enmienda a los informes que tenemos ante nosotros para hacer un llamamiento al Consejo de Ministros Europeo con el objeto de que suprima de una vez por todas esa unanimidad. 
Creo que ése sería tal vez uno de los mejores regalos que se podrían hacer en su aniversario a las Naciones Unidas y al premio Sajarov. 
Señor Presidente, pienso que con una distancia de cincuenta años se puede hacer un balance crítico. 
Así y todo, si se mira hacia atrás, se puede decir que el mundo ha dado unos pasos adelante: ya no existe el comunismo en el Este, ya no existe el apartheid en Sudáfrica ni tampoco existen los regímenes tiránicos en América del Sur. 
Sin embargo, si miramos alrededor nuestro, la decepción es grande, porque cada día nos damos cuenta de que los derechos humanos se siguen vulnerando en muchos países. 
En consecuencia, y como se afirma con mucha claridad en nuestros informes y en nuestros textos, aún queda mucho por hacer en este sentido. 
Considero, no obstante, que algún elemento de confianza nos lo puede ofrecer el reciente y extraordinario caso de la detención de Pinochet, decretada por un juez español y practicada por las autoridades inglesas, en nuestro espacio de libertad europeo. 
Esto significa que, en el futuro, los tiranos y los dictadores ya no podrán pensar en salvarse permaneciendo en su casa. 
De ahora en adelante, a lo mejor podremos decir que la justicia podrá cruzar las fronteras sin las trabas que ha encontrado hasta ahora. 
Evidentemente, esto no quiere decir que lo más está hecho; en realidad, aún queda mucho por hacer. 
Pienso que la clave para conseguir superar realmente la enorme diferencia que existe entre las palabras y los hechos, está en que los derechos humanos dejen de ser una gran declaración universal para convertirse en programa político. 
Los Gobiernos nacionales, nuestra Unión Europea, los Gobiernos del mundo deberían incluir en sus programas políticos la afirmación de los derechos humanos. 
De este modo quizás el optimismo podría trocarse en confianza razonable en nuestro futuro. 
Señor Presidente, Señorías, la vida de cada ser humano es única e insustituible. 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 
Qué duda cabe de que el respeto de los derechos humanos y el deber de emprender acciones humanitarias se convierten en valores fundamentales de una sociedad que se considera, como es obvio, libre, civilizada, demócrata y justa. 
Todo individuo goza de unos derechos llamados esenciales que garantizan los principios fundamentales de la vida y del desarrollo de la persona. 
Dichos derechos, además de esenciales, se consideran y definen inviolables, en el sentido de que nada ni nadie puede vulnerarlos o ponerlos en tela de juicio, es decir, ofenderlos, limitarlos y eliminarlos. 
La Unión Europea persigue el objetivo de poner en el centro de sus políticas la defensa de los derechos, sin embargo, el camino a seguir es todavía muy largo. 
Es extremadamente necesaria una coordinación de las intervenciones y de las acciones de prevención y de control que deberá llevarse a término mediante una política exterior de seguridad común y eficaz que, junto con una acción de diplomacia preventiva, permita prevenir los conflictos causados por graves crisis políticas que generan instabilidad, xenofobia, genocidio, limpiezas étnicas, retorsiones, torturas, abusos, tensiones sociales y violaciones de los derechos humanos fundamentales. 
Hay que crear estructuras institucionales adecuadas y dotarlas de poderes y recursos financieros suficientes para garantizar el respeto de los derechos del hombre, la mujer y la infancia, con especial referencia a los derechos humanos de los niños, la protección de los menores y de la dignidad humana en el ámbito de los servicios audiovisuales y de información, incluyendo Internet, la lucha contra el turismo sexual que implica a la infancia, el establecimiento de un tribunal penal internacional permanente, la aplicación de la cláusula social. 
De todos modos, es importante que el respeto de los derechos humanos se reconozca y proteja ante todo en nuestros países. 
Señor Presidente, deseo expresar mi felicitación a los tres ponentes cuyos informes tenemos hoy ante nosotros y decir que no debemos ser demasiado pesimistas por que quede tanto por hacer cincuenta años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Pese a que ha seguido habiendo enormes violaciones de los derechos humanos, ahora hay normas mundiales aceptadas en materia de derechos humanos, cuya infracción es condenada internacionalmente. 
Si bien es trágico que siga habiendo discriminación, encarcelamiento, malos tratos, tortura, lesiones y muerte con flagrante desprecio de los derechos humanos fundamentales, ahora esos actos están considerados en todas partes delictivos y, de hecho, muchos regímenes tiránicos han caído. 
Los procesamientos de algunas personas por sus acciones en la antigua Yugoslavia y del general Pinochet de Chile demuestran que ahora se considera que la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos transciende las fronteras nacionales. 
Según la Declaración Universal, los derechos a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, a la asistencia médica, a la seguridad social, a la educación y al empleo son también derechos humanos. 
En un reciente informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo se detallaba la prevalencia de la pobreza en el mundo y se declaraba que 358 millonarios poseían un capital equivalente a los ingresos anuales de casi la mitad de la población mundial. 
Eso demuestra lo imponente que sigue siendo el imperativo para nosotros, si queremos lograr unos derechos humanos básicos para los pobres y desvalidos del mundo. 
Pese a sus deficiencias, la Unión Europea y el Parlamento Europeo han hecho una contribución de lo más valiosa a la promoción de los derechos humanos. 
El examen de éstos, propiciado por las cláusulas relativas a los derechos humanos que figuran en los acuerdos, los informes, las propuestas de urgencias y otras formas en países de todo el mundo reviste gran importancia y, como bien sé yo, es acogido con beneplácito por los demócratas de esos países. 
Al apoyar los informes que tenemos ante nosotros ahora, espero que nos comprometamos todos a continuar e intensificar aún más nuestra labor en materia de derechos humanos, que beneficia a toda la Humanidad. 
Señor Presidente, estimados miembros del Parlamento, quisiera comenzar manifestando mi adhesión a las muchas palabras de encomio que se han expresado en favor de los tres ponentes por sus minuciosos informes. 
Creo que todos estamos de acuerdo con que la redacción de semejantes informes es una labor extremadamente complicada, porque estamos hablando de un tema que prácticamente no se puede limitar. 
Eso es inherente al carácter de la problemática de los derechos humanos. 
En esta problemática hay muchas facetas y también hay un tema muy amplio de discusión, como por lo demás en todos los asuntos en los que se trata de buscar y encontrar una política que también pueda seguir estando orientada a los resultados. 
A la Comisión también le parece extraordinariamente oportuno este diálogo que, en realidad, es la continuación del intercambio de ideas que pudimos mantener con su Parlamento durante el anterior período de sesiones en Estrasburgo. Sobre todo, teniendo lugar justo un día después de la conmemoración de los 50 años de la Declaración Universal y en el día en que se ha entregado aquí, esta mañana en una ceremonia, el premio Sajarov a Ibrahim Rugova, un hombre que debe intentar conducir a su pueblo a una solución política pacífica y a un futuro mejor. 
No es tarea pequeña, y la Comisión se alegra en grado sumo de que el Parlamento haya tenido a bien conceder el premio a este hombre. 
La semana pasada en Austria, en Viena, su Presidente Gil-Robles pronunció también un discurso impresionante, cuyo contenido es bien conocido por usted. En cualquier caso, quisiera hacer uso de esta oportunidad para apoyar también en nombre de la Comisión el llamamiento que, en esa ocasión, hizo para liberar antes del fin de milenio a los prisioneros por motivos de conciencia y a los prisioneros políticos. 
Me parece que fue un llamamiento muy a propósito que encaja ciertamente en este tiempo, ahora que nos encaminamos hacia el nuevo milenio y con ello cerramos también, realmente, un período en el que semejante llamamiento desde este Parlamento justifica también los esfuerzos del mismo por conseguir la puesta en libertad de estas personas. 
Contra este trasfondo algo más amplio, también quisiera considerar las propuestas que se contienen en los cuatro informes del Parlamento Europeo, tratando ahora los informes del Sr. Roubatis, el Sr. Barros Moura y el Sr. Torres Couto e inmediatamente después el informe de la Sra. Schaffner. 
Pero nosotros vemos honestamente estos informes como un todo en el que se reflejan las diferentes facetas de la política de derechos humanos. 
Me gustaría hacer primero un par de observaciones sobre los dos informes acerca de los aspectos estratégicos de la política de derechos humanos y, a continuación, sobre el informe del Sr. Torres Couto acerca de los instrumentos para esa estrategia y, como ya he dicho, el informe de la Sra. Schaffner vendrá después. 
La Comisión puede estar muy satisfecha con la mayoría de las recomendaciones y las ideas internas que se han expresado en los dos informes mencionados primeramente. 
En primer lugar, estoy de acuerdo con el Sr. Barros Moura en que el mayor avance conseguido por la Unión Europea en el ámbito de los derechos humanos se ha dado cuando existía un consenso entre el Parlamento y las otras instituciones. 
Gracias a ese entendimiento entre Parlamento, Consejo, Comisión y también Tribunal de Justicia, fue posible formular y elaborar una política activa para los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Además, me gustaría recalcar y reconocer que este Parlamento desempeñó al respecto un papel precursor denunciando una y otra vez las graves violaciones de los derechos humanos. 
En realidad, no hay ninguna sesión del Parlamento en la que no aparezca en la agenda el tema de los derechos humanos de una u otra manera, ya sea en la sesión plenaria, ya sea en las diferentes comisiones. 
Gracias a las iniciativas de las instituciones, la política de derechos humanos de la Unión ha ido profundizando en el curso de los años. 
Actualmente, los derechos humanos son un objetivo prioritario en nuestras relaciones exteriores y en la cooperación para el desarrollo. Esto es ciertamente muy importante, también una condición esencial para ser miembro de la Unión, de manera que los derechos humanos también desempeñan su propio papel en el proceso de ampliación. 
Por lo demás, he oído señalar a gran número de estimados diputados que sería interesante incluir en todos nuestros acuerdos con terceros países una cláusula de derechos humanos. 
Como usted sabrá, desde hace ya unos cuantos años todos los nuevos acuerdos con terceros países contienen efectivamente esa cláusula. 
Los socios de la Unión en la puesta en funcionamiento de todas esas iniciativas, naturalmente, son en primer lugar los propios Estados miembros, que son los primeros responsables del respeto de los derechos humanos. 
Otros socios son también, por supuesto, las organizaciones internacionales. Estoy pensando en el Consejo de Europa, con el que estamos colaborando cada vez más estrechamente en este terreno. 
Estoy pensando en la OSCE y en las Naciones Unidas. La Unión apoya también en este propósito al Tribunal Penal Internacional y a los tribunales especiales, al antiguo tribunal de Yugoslavia y al tribunal de Ruanda. 
Particularmente, la Unión ha contribuido a la participación activa de países en vías de desarrollo y organizaciones no gubernamentales en la conferencia diplomática que llevó a la creación del Tribunal Penal Internacional. 
Una parte muy importante de las actividades de la Unión en el ámbito de los derechos humanos es, paralelamente, la de prestar apoyo a las organizaciones no gubernamentales que están implicadas en la defensa de los derechos humanos en terceros países y que también ofrecen ayuda concreta a las víctimas de las violaciones. 
Esas víctimas, naturalmente, son sobre todo minorías, mujeres y niños. 
La violación de sus derechos lleva asimismo en muchos casos a conflictos violentos, a juzgar también por los trágicos acontecimientos que volvemos a sufrir ahora en Kosovo. 
Sobre las propuestas en los informes Barros Moura y Roubatis que se han dirigido específicamente a la Comisión, quiero decir lo siguiente. Conforme a la propuesta del ponente, la Comisión ha prometido en su programa para 1999 presentar al Consejo y al Parlamento una notificación sobre una estrategia general para derechos humanos y democratización. 
Ahora, esa estrategia guardará, naturalmente, estrecha relación con el enfoque presentado en el proyecto de reglamento para nuestros programas de derechos humanos que, como usted sabe, se están tratando en este momento. 
La Comisión ofrecerá también al Consejo y al Parlamento un resumen del gasto del capítulo B 7, artículo 70 del presupuesto, más conocido como la iniciativa europea para la democratización y la protección de los derechos humanos. 
Un resumen de las actividades llevadas a cabo entre los años 1996 y 1998. Ese resumen se redactará, por otra parte, según los modelos recogidos en el informe del vicepresidente Imbeni. 
Además, se pide a la Comisión que redacte un informe general de la Unión sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo. 
La posibilidad de semejante informe se puede encontrar también en la Declaración de Viena y será estudiada por la Comisión. 
Quisiera aprovechar esta ocasión, Presidente, para decir que en este sentido se debe tener en cuenta que los datos sobre la situación de los derechos humanos están sometidos, naturalmente, a una actualización continua, así que se deben actualizar una y otra vez. 
En ese punto estamos siempre dispuestos a debatir con el Parlamento, se trate del país que sea. Eso ya lo hacemos, en realidad, durante la asamblea plenaria y los debates de urgencia y, por lo demás, también en las respuestas a sus preguntas orales y por escrito. 
Junto a esto, debemos pensar también en que hay otras fuentes de información que ya contienen este tipo de datos. 
Por tanto, queremos esforzarnos en vigilar, vistos también los limitados medios humanos y financieros de que disponemos, que no surjan repeticiones. 
Pienso también en la gran cantidad de material disponible en este campo, gracias a los informes de, por ejemplo, Amnistía Internacional y The Human Rights Watch. 
También sabemos que la administración norteamericana edita todos los años un anuario sobre la observancia de los derechos humanos que, en efecto, cubre aproximadamente al mundo entero; pero ellos tienen un enorme aparato para redactarlo. 
Asimismo se nos solicita preparar un informe de las acciones en apoyo de la democracia. 
También lo cumpliremos. 
Junto a un informe general sobre las ya mencionadas acciones en favor de los derechos humanos entre 1996 y 1998, el documento contendrá una información sobre las acciones de la Unión como observadores durante períodos de elecciones y, desde luego, también en el ámbito de otros aspectos de la política de derechos humanos. 
Luego están las sugerencias realizadas en los informes en materia de logística y gestión. Hablo sobre todo del informe del Sr. Roubatis, y al respecto ya he hecho unos cuantos comentarios durante el período de asamblea del Parlamento en el mes anterior. 
En esa ocasión señalé las medidas que se han tomado para asegurar una buena gestión o para conseguir una mejor gestión. 
Además, creo que ya comenté también que el Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, tiene el propósito de comparecer en el curso del año que viene con una descripción de cómo se piensa reorganizar la Comisión a partir del año 2000 en el ámbito de las relaciones exteriores. Al igual que se sugiere aquí con la propuesta de designar un vicepresidente responsable para las relaciones exteriores. 
Junto a esto, puedo imaginarme muy bien, y esto aparece también en el informe del Sr. Roubatis, que habrá además un comisario con responsabilidad sobre sobre los derechos humanos. 
El Sr. Roubatis sabrá, por lo demás, que en realidad esto ya existe ahora mismo, porque el Presidente de la Comisión es el Comisario de Derechos Humanos y, además, es considerado signatario para seguir la ejecución de esos derechos; si bien admito que en nuestra actual organización la coordinación horizontal tal vez no siempre sea fácil. 
El mes pasado también señalé la necesidad de proveer en 1999 a las líneas presupuestarias correspondientes de un comentario del presupuesto que capacitara a la Comisión para contratar asistencia externa, con el fin de llevar a cabo la realización de los programas. 
Eso ya se realizará en 1999, pero soy de la opinión de que también se debe tomar una medida en el fundamento jurídico, es decir, en el tratamiento de los proyectos de reglamento en curso. 
Eso me lleva al Informe Torres Couto y a las enmiendas presentadas al proyecto de reglamento basado en el artículo 130 B. Acaso haya que tocar primero el punto de esa asistencia exterior, tratada en la enmienda 16 en relación con el artículo 3. 
La Comisión cree que el techo fijado para los gastos, propuesto anualmente, debería tener relación exclusivamente con las actividades mencionadas en el párrafo 4 del artículo 3, bien entendido que en él se recoge una referencia explícita a la asistencia en pro de la Comisión para la gestión de los programas; por tanto, en pro de la Comisión y de los beneficiarios colectivos. 
La Comisión está dispuesta a aceptar gran número de las restantes propuestas, pero, naturalmente, no puede adoptar enmiendas que sometan a discusión las competencias de las diferentes instituciones; y hablo, por supuesto, de competencias existentes. 
La Comisión está de acuerdo con las enmiendas que concuerdan con la propuesta original, ya se trate de la institución de un comité asesor, la anulación de la limitación en el intervalo de aplicación del reglamento o la supresión de la cantidad del nivel de referencia financiero. 
Eso significa un suministro de información oral al Parlamento, porque la Comisión adopta una actitud reservada cuando se trata de sacar a la luz pública las discusiones del comité, puesto que haciéndolo se vería amenazada la confidencialidad que es inherente a la selección de los proyectos. 
La Comisión no se muestra negativa ante las enmiendas relacionadas con la programación o la evaluación anual de las medidas ni con la liberalización del criterio de experiencia de posibles beneficiarios, pero le gustaría recibir algunas aclaraciones relativas a unos cuantos puntos. 
La referencia a un grupo de trabajo interinstitucional, un tema sobre el que ya hemos intercambiado ideas con anterioridad, genera problemas. 
El cumplimiento de las propuestas hechas significaría una violación de las competencias gestoras y ejecutivas y posiblemente podría llevar a una falta de aplicación del reglamento o a la violación del mismo. 
Este grupo de trabajo, mencionado también en el informe Barros Moura, no puede ser una nueva estructura interinstitucional que deba investigar previamente o con posterioridad la actuación de la Comisión en la identificación de proyectos. 
Desde luego, sí que estoy dispuesto, y también hemos hecho ese ofrecimiento antes, a intercambiar por ejemplo opiniones dos veces al año con el Parlamento o con las comisiones sobre la política de derechos humanos, los temas, el enfoque, las situaciones de los países en sentido más general. 
En una fase anterior he hablado también con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo sobre una estructura informal. 
Creía que era con la Sra. Lenz con quien teníamos que intercambiar opiniones al respecto, y el ofrecimiento que acabo de formular ya fue transmitido también entonces. 
Por último, quisiera comunicar, en relación con los tres informes, que el pasado año la colaboración y el diálogo entre las instituciones ha brindado sinceramente la ocasión a la Comisión de seguir desarrollando su política para el fomento y la protección de los derechos humanos. 
Es una ardua tarea que, por lo demás, requiere sólidos fundamentos dentro del marco jurídico, administrativo y también presupuestario. 
En este contexto- creo- la declaración de Viena nos ha dado gran número de directrices, pero también sus sugerencias conforman una valiosa contribución. 
Por tanto, debemos tener en cuenta las esperanzas que se han despertado en los ciudadanos europeos. 
El diálogo y la cooperación institucional son necesarios si realmente queremos conseguir resultados. 
La Comisión espera, además, el apoyo del Parlamento Europeo en lo tocante al desarrollo de la política comunitaria en derechos humanos. 
Seguimos siendo de la opinión, y también queremos esforzarnos por esta causa, de que los derechos humanos deben encontrarse en el corazón tanto de la política interior como de la política exterior de la Unión. 
En ese sentido, vemos y esperamos también con ilusión un intenso diálogo futuro con el Parlamento Europeo en el aspecto político referente a la protección de los derechos del hombre. 
El Sr. Van den Broek realmente se ha esforzado por contestar a todas las observaciones de muchos de nuestros colegas y a tres informes y debemos tenerlo en cuenta. 
Sinceramente no puedo protestar porque haya hecho un uso prolongado de la palabra. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 9.30 horas. 
Derechos humanos en la Unión 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0468/98) de la Sra. Schaffner, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1998). 
Señor Presidente, el mundo libre celebra con brillantez, en este fin de año 1998, el cincuenta aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Si bien en la casi totalidad de Estados del mundo el concepto de derechos humanos figura inscrito en las constituciones, en los tratados internacionales o en los discursos políticos, la actualidad cotidiana es la prueba de la distancia que hay entre las proclamaciones bienintencionadas y los hechos. 
Esta Asamblea no pierde ninguna ocasión para señalar estas derivas, con algunas tendencias importantes y recurrentes, pero también algunas miopías preocupantes. 
¿Es preciso ver en ello en ocasiones una falta de objetividad en nombre de lo políticamente correcto? 
Nuestra credibilidad está en juego. 
De la misma manera, si esta Asamblea pretende evitar el escollo de aparecer como un simple donante de lecciones, los Estados miembros de la Unión deben ser irreprochables y nosotros no podemos cerrar los ojos a los fallos que podamos constatar. 
Pero en este informe hemos de señalar igualmente los avances que se han podido producir en algunos Estados. 
Hemos sabido condenarlos. 
Reconozcamos sus esfuerzos. 
¿Estamos aquí para algo? 
No sabría pronunciarme. 
Me felicito simplemente por el resultado. 
Hemos de alegrarnos de que el proyecto de tratado de Amsterdam venga a reforzar el peso del respeto por los derechos humanos como fundamento ético y político de cualquier acción interior y exterior de la Unión. 
Este planteamiento de los derechos humanos ha de concluir en progresos en una serie de ámbitos. 
El primero de ellos es el derecho a la vida. 
Todos los Estados miembros de la Unión han abolido la pena de muerte y sólo podemos alegrarnos por ello. 
Pero este derecho implica igualmente el derecho a no sufrir un trato inhumano, el derecho a asistencia sanitaria y a una muerte digna. 
El problema de la eutanasia es más un debate de sociedad. 
Se puede considerar, sin imaginar todas las derivas posibles, la autorización de la eutanasia activa, pero hay que permitir que se vivan los últimos días con dignidad y serenidad, mediante la puesta en práctica de unidades de cuidados paliativos, mediante los métodos más modernos de lucha contra el dolor y sin agresión terapéutica. 
El derecho a la vida conduce también al derecho a la seguridad y por consiguiente a la condena del terrorismo. 
En este marco, los Estados miembros han de cooperar estrechamente, pero esta lucha implacable no puede hacerse más que en el respeto por el estado de derecho. 
Ya sea en materia de terrorismo o en materia de criminalidad en general, el respeto por el estado de derecho impone la presunción de inocencia, la exigencia de un proceso justo y equitativo y el respeto por los derechos del detenido, y si se dicta pena de prisión, el de los derechos del preso. 
Ahora bien, en esta materia, muchos Estados miembros están lejos de mantener una actitud irreprochable, tanto en el ámbito de la prisión preventiva, de la duración del proceso, del procedimiento acusatorio como de las condiciones de los presos en las prisiones superpobladas. 
Este último punto lo tratará en unos momentos mi colega Pradier. 
La vida privada, la libertad de expresión, de religión y de conciencia han de ser escrupulosamente respetadas y defendidas, ya que se trata de valores frágiles, porque resultan con frecuencia de un sutil equilibrio de los derechos entre sí. 
Aún cuando persisten algunas dificultades, hemos de alegrarnos de que Grecia haya adoptado una legislación que reconoce el derecho a la objeción de conciencia. 
En el ámbito de los derechos económicos y sociales, un triunfo y una preocupación. 
El triunfo: la firma por el Reino Unido de la carta de derechos sociales de 1989. 
Una preocupación: la no adopción por el Consejo del programa de lucha contra la pobreza. 
A pesar de la aceptación de los Estados miembros de incluir en el Tratado de Amsterdam algunas disposiciones que permiten combatir todas las formas de discriminación, en la realidad se constatan aún muchas distorsiones entre los principios y los hechos: en el ámbito de los derechos de la mujer, de los niños, de la protección de la familia, pero también en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia. 
Estas infracciones contra los derechos esenciales resultan aún más inadmisibles cuando son consecuencia de actuaciones realizadas por agentes del Estado o administraciones territoriales: agentes administrativos, enseñantes o representantes de las fuerzas de policía, del personal judicial o penitenciario e incluso a veces trabajadores sociales, de ahí la exigencia de programas de formación. 
Existen, en el informe y en determinadas enmiendas que se nos han presentado, algunos puntos duros sobre los problemas de asilo y de inmigración. 
Desearía, por mi parte, que todos evitaran los excesos, por no decir las provocaciones. 
Pienso en particular que la propuesta de conceder el derecho de voto en las elecciones locales para los inmigrantes, incluso en situación regular e incluso si residen desde hace más de cinco años en un Estado miembro, es prematura. 
Si bien es cierto que esta decisión sería un factor de integración, hay que ser conscientes del riesgo de cristalización, entre estos extranjeros, de manifestaciones de racismo y xenofobia. 
Al día de hoy, estoy convencida de que este tema ha de ser abordado por cada Estado a su ritmo, en función de su situación política y de la influencia de los partidos extremistas. 
Esta Asamblea se honraría aprobando este año, por amplia mayoría, nuestro informe anual, evitando a la vez las incertidumbres de algunos informes pasados y una cierta visión pusilánime de la universalidad de los derechos humanos. 
Señor Presidente, el informe sobre el que debatimos en el día de hoy tiene una importancia simbólica excepcional. 
El contexto particular del cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene el mérito de refrescar la memoria de nuestros conciudadanos y de los responsables políticos con respecto al contenido de esta declaración, que nuestros Estados miembros se han comprometido a respetar. 
A la luz de sus treinta artículos, se puede apreciar el análisis realizado en el día de hoy por la señora Schaffner, el estado de equilibrio entre, por una parte, derechos civiles y políticos y, por otra, los derechos económicos, sociales y culturales. 
Como la Declaración Universal, el Informe Schaffner dedica una parte importante a estos últimos, que considera que la pobreza y la exclusión son indignas de sociedades democráticas y prósperas e invita a las instituciones europeas a ponerle remedio. 
Sin embargo, el informe no permite creer que todo es para mejor en lo que se refiere a los derechos llamados fundamentales. 
Fórmula poco satisfactoria por otro lado, porque no hay jerarquía en la materia. 
Por falta de tiempo, me limitaré a un único ejemplo, enormemente significativo y que por cierto señala el informe de Amnistía Internacional, el de la violencia policial y de los malos tratos y tratos degradantes infligidos por los agentes de la fuerza pública, en las interpelaciones o detenciones preventivas, contra extranjeros o morenos frecuentemente. 
Una cuestión previa, sin embargo: ni generalización ni mezcla. 
Los deslices de una pequeña minoría no deben arrojar sospechas sobre las fuerzas del orden en su conjunto, cuya tarea es cada vez más difícil. 
En Francia, algunos sindicalistas de la policía se alarman también por la proliferación de esos comportamientos brutales, antidemocráticos, que pisotean las leyes y la Declaración de los Derechos Humanos, que figura sin embargo en todas las comisarías francesas. 
Por consiguiente, es primordial que todos los Estados manifiesten sin equívocos su rechazo a todo trato cruel, inhumano o degradante. 
Que aquellos que aún no lo han hecho, ratifiquen la convención de la ONU contra la tortura, reconozcan la competencia del Comité contra la tortura y velen porque se sancionen todo tipo de abusos, algo que en la actualidad es poco frecuente. 
Es preciso decir que esos actos, indignos de las fuerzas de policía de países democráticos, se ven alentados, avalados, absueltos por la ideología totalitaria y racista vehiculada por los movimientos de extrema derecha. 
No es por casualidad si en algunas comisarías francesas se coloca la foto de Le Pen en un lugar preferente a la Declaración de los Derechos Humanos. 
Éste, en una reciente entrevista, se negó de forma obstinada a reconocer cualquier obligación con respecto a la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, que sin embargo figura en el preámbulo de la Constitución francesa, lo que da una pequeña idea del régimen con el que sueña. 
Los discursos de extrema derecha, ampliamente difundidos por la prensa, preconizan la discriminación, la exclusión, la intolerancia, un orden moral integrista que estimula el racismo y el antisemitismo. 
Evidentemente, sólo pueden desembocar en la violencia y en la rehabilitación de la fuerza bruta. 
Pero, en nombre de la libertad de expresión, las sociedades democráticas tienen dificultades para oponerse y se pueden seguir con interés las iniciativas de la sociedad belga que van en la actualidad en este sentido. 
Ah, la libertad de expresión. 
Al menos éste es uno de los derechos del hombre claramente reivindicado por los partidos de extrema derecha. 
Reclaman, en nombre de nuestros principios, el beneficio de lo que ellos nos negarían en nombre de los suyos, que prefieren ignorar las limitaciones inscritas en las diferentes declaraciones, limitaciones que son las leyes, los derechos del otro y el interés general. 
Para concluir, quisiera explicar la posición del Grupo Socialista con respecto a las enmiendas presentadas en sesión plenaria. 
Me parece esencial que se vote este informe. 
A unos días del 10 de diciembre, sería deplorable que no pudiéramos ponernos de acuerdo. 
El informe de la Sra. Schaffner me parece, en este caso, totalmente positivo y equilibrado. 
Probablemente no es el que nosotros hubiéramos hecho. 
Un texto de este tipo no debe ser el de un grupo, de una sensibilidad, sino un mensaje fuerte, dirigido a los Estados miembros para que tomen conciencia de una situación poco satisfactoria y estén más atentos para concretar los principios que ellos mismos han aprobado. 
Este mensaje será más eficaz en la medida en que el informe se vea votado ampliamente, y por tanto si cada grupo quiere tomar en consideración las reticencias de los demás. 
Por nuestra parte, rechazaremos muchas enmiendas que cuentan con nuestro acuerdo en cuanto al fondo, pero que harían difícil su adopción final. 
Espero poder contar con un esfuerzo parecido de los demás grupos para que podamos, mañana, enviar una señal fuerte al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros, una señal digna del aniversario emblemático que hemos celebrado la semana pasada. 
Señor Presidente, voy a intervenir en nombre de mi colega y compañera, Laura de Esteban, que ha tenido que ausentarse. 
En primer lugar, quiero felicitar a la Sra. Schaffner como ponente de este informe. 
Una vez más nos enfrentamos a un informe anual sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión que, en su versión original, presenta una excelente exposición de motivos, bien estructurada y con datos fidedignos procedentes de las instituciones europeas, y que se centra en los aspectos jurídicos y reales del respeto de los derechos humanos en la Unión. 
La propuesta de resolución es, asimismo, coherente con la exposición de motivos y contiene 62 apartados cuya base jurídica es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, guía fundamental de respeto de los derechos humanos en la Unión, como establece nuestro Tratado. 
Sin embargo, el resultado final del informe, tras el voto en comisión, ha desvirtuado en parte la estructura y coherencia del mismo, respondiendo como en años anteriores a la introducción de enmiendas que incluyen otros aspectos no relacionados con el concepto clásico de derecho fundamental y que responden, probablemente, a motivaciones políticas distintas de las que deberían guiar los objetivos de este documento. 
Nuestro deber como miembros de esta Asamblea es dotar a las resoluciones del Parlamento Europeo de un riguroso respeto a la imparcialidad ideológica y al Derecho en su más amplio sentido. 
Y más en este año en que la aprobación del informe coincide con el 50º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. 
Nosotros, desde el Grupo Popular, confirmamos nuestra tradición de vanguardia en la defensa de los derechos humanos. 
Reiteramos el absoluto respeto a la dignidad y al valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres y reafirmamos que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e independientes. 
Por eso, en este informe, votaremos a favor de aquellos apartados en los que efectivamente se reflejan los problemas relacionados con los derechos humanos, tales como las libertades individuales, los derechos del acusado o el derecho a la vida y a la dignidad de la persona, así como el derecho al respeto a la vida privada y familiar, el domicilio y la correspondencia, la protección de datos de carácter personal, la libertad de expresión o la limitación en el respeto de las leyes y la libertad de pensamiento y de asociación, excluyendo de esta última las sectas o movimientos peligrosos, en justa defensa de sus víctimas. 
Compartimos la preocupación por promover y proteger los derechos de los niños y garantizar que se protejan los derechos de las personas que puedan ser particularmente vulnerables al maltrato o al abandono, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidades o las personas de edad. 
Estamos a favor del absoluto respeto de los derechos del detenido y recalcamos la importancia de las medidas de reeducación y reinserción. 
Volvemos a reiterar nuestra condena del racismo y de la xenofobia y de cualquier forma de discriminación. 
Igualmente, estamos a favor de restablecer los derechos de los ciudadanos víctimas del sistema judicial, en particular, en casos, demasiado frecuentes en los Estados miembros, que se refieren a la lentitud procesal de los sistemas jurisdiccionales, y defendemos los principios generales del Derecho que constituyen el fundamento de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, como el principio de non bis in idem o el de presunción de inocencia. 
Sin embargo, tendremos que oponernos a aquellos apartados del informe que no respetan el concepto de derechos humanos, o que van más allá de nuestras competencias, o que contravienen el Derecho comunitario. 
Me refiero a los apartados en los que se pretende incluir en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros la atribución de derechos civiles que no son competencia de la Unión, o aquellos que se refieren a la nacionalidad. 
En este sentido mi Grupo presenta una enmienda en la que se recuerda un principio tan obvio como el de que el reconocimiento y la reglamentación de la nacionalidad son competencia de los Estados miembros y que el ejercicio de los derechos civiles está vinculado a la adquisición de la nacionalidad. 
Espero que con el adecuado voto de este Parlamento podamos finalmente aprobar una resolución digna de esta institución en esta importante conmemoración del 50º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. 
Señor Presidente, debo felicitar en nombre de mi Grupo a la Sra. Schaffner por su informe, en el que ha realizado un trabajo muy delicado. 
Este informe forma parte de esos ejercicios anuales que nos interpelan sobre la mejor manera de respetar los derechos humanos en el interior de la Unión Europea. 
El ponente nos presenta un trabajo muy detallado. 
No podría yo, en mi breve intervención, más que quedarme en generalidades y recordar en principio que los derechos humanos son un fin y no un medio. 
Importa por consiguiente, si compartimos esta constatación, hacer lo posible por prevenir no solamente los atentados más manifiestos y directos, sino también las amenazas más solapadas que corren el riesgo de minar los derechos del hombre. 
Sería ilusorio creer que la democracia por sí misma fuera garante del respeto por los derechos humanos. 
La democracia es un medio, del que puede desprenderse lo mejor y también lo peor. 
A modo de ejemplo, quisiera recordar que Hitler llegó al poder como resultado de un proceso electoral, y por tanto democrático. 
A continuación, puesto que los derechos humanos son un fin, su aplicación ha de permanecer separada lo más posible del campo de la Realpolitik, que es, en este caso, el ámbito del compromiso, del pragmatismo, de la concesión, de la relación de fuerzas, del doy para que des, de la astucia, de la tensión, incluso de la complicidad. 
La acción política ha de preguntarse sobre los medios a poner en práctica para asegurar el respeto por los derechos humanos y, además de la caja de instrumentos múltiples del que ya dispone, ha de preguntarse sobre la capacidad que nuestras sociedades preocupadas por preservar los derechos humanos tienen para resistir a los choques económicos, a rupturas sociales o a un envenenamiento ideológico que propone la exclusión, el odio racial o el antisemitismo. 
Ésta es la cuestión fundamental que ha de interpelar a los actores políticos, cuya acción no puede ser indiferente ni pasiva ante los millones de ciudadanos europeos que se sienten abandonados o traicionados por su empresa, su entorno social, su partido, su sindicato, en resumen, que se sienten excluidos y, por consiguiente, muy receptivos a los falsos profetas, siempre prestos a invitar a una sociedad que se encuentra al borde del precipicio a dar un paso decisivo adelante. 
Sin duda, aún no nos encontramos en ese caso, pero el pasado y la historia están ahí para recordarnos que bolsas que hacen el efecto yo-yo y que miles de personas que no encuentran un sentido a su vida no son necesariamente el mejor medio para hacer que triunfen los derechos humanos y hacer de ellos la prioridad de las prioridades. 
Señor Presidente, en primer lugar debemos reconocer y agradecer a la Sra. Schaffner el gran esfuerzo y el excelente trabajo que ha realizado; sin embargo, también debemos reconocer que este año, lamentable y nuevamente, no hemos logrado evitar la habitual y gran cuestión de los derechos humanos y de lo mucho que estos acaparan todos los graves problemas que afectan a nuestros Estados europeos, ni tampoco esquivar la habitual politización del problema de los derechos humanos, basada en las divisiones ideológicas y en el hecho de que la respuesta a la vulneración de dichos derechos puede variar según la actitud política. 
No me apasiono con este debate, pero considero que el tema de la indivisibilidad de los derechos humanos, de la Declaración Universal, del mismo modo que vale para los países que no pertenecen a la Unión Europea, debe valer dentro de la misma y, por tanto, también deben valer las cuestiones vinculadas a los derechos sociales, económicos y culturales. 
No obstante, está claro que debemos ponernos de acuerdo sobre lo que significa todo esto. 
No podemos pensar que la lucha contra la pobreza o incluso el desempleo pueden ser motivo de sanción, porque existe un derecho si existe una sanción. 
Me pregunto entonces qué se hace con los Estados que tienen el 12, 13, 14 % de parados. 
¿Qué hacemos? 
¿Los llevamos ante el Tribunal Internacional de los Derechos Humanos? 
A mi juicio, existen unos problemas reales de vulneración de los derechos humanos dentro de nuestros países: existe la cuestión de la justicia, existe el Estado de derecho que pretendemos enseñar a los países que no pertenecen a Europa y, en consecuencia, las cuestiones de la opresión de los derechos de defensa, de las garantías individuales, de las condiciones en las cárceles, el hecho de que no existe ninguna actividad de reinserción de los detenidos, lo que supone, sin duda, un agravio social para todos los Estados miembros de la Unión. 
Nos debemos centrar en esto y convertir en objeto de sanción las vulneraciones que existen- y que son muchas- en nuestros países. 
Señor Presidente, si no tuviera más que una imagen para retener de la conmemoración del cincuenta aniversario de la Declaración de los derechos humanos, ésa sería la plaza del Trocadero en París, el jueves 10 de diciembre. 
Una plaza vacía, vaciada de cualquier presencia humana, rodeada de barreras metálicas y de CRS para impedir a los sin papeles, a los sin empleo, a los sin hogar, acompañados de abogados y de representantes, acercarse al Palacio Chaillot, el lugar de conmemoración en el que los discursos sucedían a las hermosas resoluciones. 
Temo que de este cincuenta aniversario sólo quede esta imagen siniestra. 
Algunos puntos brillantes de discurso y mucho cinismo por parte de nuestros Gobiernos. 
Lionel Jospin hubiera podido aprovechar esta conmemoración para comprometer la regularización de los sin papeles. 
No ha hecho el gesto esperado para salir del actual callejón. 
Comparto lo que ha dicho Robert Badinter en una entrevista al diario l ' Humanité: «los discursos del domingo y la política real el lunes, con eso basta». 
Esta observación afecta a todos los gobiernos como muestra de nuevo el informe de la Comisión de Libertades que denuncia las numerosas violaciones de los derechos humanos en la Unión Europea. 
Conmemorar no es solamente declamar, también es hacer balance. 
Basta con leer algunos artículos de la declaración de 1948 y compararlos con la realidad de nuestros países y la constatación es terrible. 
Artículo 1: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». 
Los sin papeles, los sin empleo, los sin hogar no tienen derechos. 
Pero con su lucha nos dan lecciones de dignidad. 
Artículo 13: «Toda persona tiene derecho a abandonar su país de residencia, incluido el suyo propio, y el de regresar». 
La guerra o la miseria obligan a algunos a abandonar sus países. 
Los países de acogida se convierten con demasiada frecuencia en países obstáculo. 
Se les impone el regreso sin derechos, amordazados hasta la asfixia o la muerte en aviones. 
Artículo 22: «... toda persona tiene derecho a la seguridad social... ». 
Salvo los clandestinos, los sin papeles que están excluidos. 
Artículo 23: «Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo... » 
Hay 17 millones de desempleados en la Unión Europea. 
Artículo 25: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado... ». 
Hay 57 millones de pobres en la Unión Europea. 
Evidentemente, no terminaré toda la lista de artículos. 
Habría mucho que decir, pero sobre todo se necesita una voluntad política más fuerte por parte de nuestros gobiernos para barrer delante de su puerta y limpiar todas las escorias inhumanas que llevan a muchos ciudadanos a dar la espalda a la política. Y esto es un peligro real para nuestras democracias. 
Por todas estas razones sigo rebelándome y por ello lucho por los derechos humanos, por la regularización de los sin papeles, por los derechos de las mujeres pero también por el incremento de los derechos sociales y por las 35 horas, sin que eso sea, por supuesto, sinónimo de flexibilidad. 
Cuánto comparto e intento que se comparta esta hermosa reflexión de Albert Camus: «Me rebelo, luego somos». 
Presidente, mi más sincero agradecimiento a la Sra. Schaffner y mi valoración por su concienzudo informe. 
Creo ciertamente que los informes anuales que se presentan al Parlamento desde 1992 en relación con los derechos humanos en la Unión Europea también contribuyen a una mayor coherencia de la actuación comunitaria. 
Todos sabemos también que el Tratado de Amsterdam vuelve a enfatizar mucho cómo el concepto de Europa se ha basado en los principios de libertad, democracia, respeto a los derechos del hombre y a las libertades fundamentales. 
Nobleza obliga y, desde luego, los instrumentos que están a nuestra disposición acaso sean susceptibles de mejora. 
Frente a esto nos encontramos con que tenemos que ver con el convenio europeo para los Derechos del Hombre, al que todos estamos ligados, la Carta Social Europea y también el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y el trato inhumano y vejatorio. 
También quiero señalar otra vez la reciente creación de un nuevo tribunal permanente. 
Se ha inaugurado hace unos días y, ciertamente, en el marco del Consejo de Europa contribuirá a una ejecución más eficaz de las disposiciones en materia de derechos humanos dentro de Europa. 
Los problemas actuales tales como la intolerancia, el racismo y la xenofobia. Está bien constatar que nuestros presidentes de Gobierno en Viena han vuelto a subrayar una vez más la importancia de la lucha contra estos problemas y también han solicitado de nuevo a la Comisión la elaboración de propuestas más detalladas en cuanto a la lucha contra esta clase de abusos. 
En este momento hay en curso una activa discusión con respecto a los refugiados y la problemática de los solicitantes de asilo. 
Muy recientemente también, el Consejo de Ministros ha tomado una resolución sobre la creación de un grupo de trabajo para el asilo y la migración que intentará emprender una política integrada, basada tanto en la política comunitaria como en la política exterior y de seguridad y el tercer pilar, también encaminada a esta problemática de los solicitantes de asilo, pero que se dirige sobre todo a los países de origen. 
Los derechos de las minorías nacionales. Se nos recuerdan diariamente las violaciones de los derechos humanos en este ámbito. 
Naturalmente, también se trata de dar buen ejemplo dentro de la Unión para optimizar la protección de esos derechos. 
Otros problemas tales como explotación sexual de mujeres y niños. Se desplegaron innumerables iniciativas y me limito por tanto a señalar la comunicación, dirigido al Consejo, que la Comisión difundió al respecto el pasado mes de mayo. 
Presidente, durante nuestro anterior debate acerca de los informes, he tenido la oportunidad de exponer una posición acerca de las solicitudes que se hicieron en los informes del Sr. Barros Moura, del Sr. Roubatis y del Sr. Torres Couto. 
Muchos de esos temas se repiten también en el informe de la Sra. Schaffner. 
Y, mutatis mutandis, en lo que respecta a las sugerencias y propuestas que se hacen por su parte en esos puntos, me permito remitirla a mis respuestas en el debate anterior. 
Lo único que quisiera repetir, y esto ya para concluir, es que la Unión Europea y sus Estados miembros están obligados a dar ejemplo si quieren poder seguir pronunciándose de manera convincente sobre la situación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. 
Interrumpo el debate sobre el informe (A4-0468/98) de la Sra. Scaffner para pasar al turno de preguntas. 
Dicho debate se reanudará a las 21.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0713/98). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Iniciamos el turno de preguntas con siete minutos de retraso por lo que les pido a ustedes disculpas, y de una forma muy especial a la Sra. Ferrero-Waldner. 
Señorías, quiero advertirles que hoy, en las preguntas al Consejo, existen diversas agrupaciones de preguntas en su conjunto. 
Les advierto ya que, cuando lleguemos a este momento, para facilitar nuestro trabajo y para que estas preguntas no se conviertan en el único tema de nuestro debate, daré la palabra en primer lugar, como corresponde, a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo y, luego, sólo si hay preguntas complementarias, a los autores o autoras de las preguntas y, en el caso de que hayan sido sustituidos reglamentariamente, a aquel diputado o diputada que les sustituya. 
Les advierto esto, Señorías, porque, en caso contrario, una sola pregunta podría ocuparnos todo el tiempo dedicado al turno de preguntas. 
Pregunta nº 1 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-1051/98): 
Asunto: Posible sustitución de materiales de aislamiento en los aviones de pasajeros 
¿Proyecta el Consejo alguna acción específica para sustituir los aislamientos metalizados tipo «mylar» o «tedlar» de los aviones de pasajeros, a la vista de los últimos accidentes ocurridos? 
Señora Ferrero-Waldner, tiene usted la palabra para responder al Sr. Camisón. 
Señor Presidente, Señorías, respecto a la primera pregunta tengo que decir que el Consejo concede una gran importancia a la seguridad de la navegación aérea y se remite en lo que se refiere a este campo sobre todo a la última propuesta de la Comisión relativa a los controles de seguridad de los aviones de terceros países, a la iniciativa para la creación de una nueva autoridad europea para la seguridad en la navegación aérea así como a los actuales trabajos encaminados a reducir las emisiones y la carga acústica de los aviones. 
Quiero indicar que la seguridad del transporte aéreo en la Comunidad depende de la cooperación entre las autoridades nacionales, las organizaciones internacionales y la industria. 
Es además evidente que tanto la industria de la navegación aérea como las autoridades nacionales tienen que investigar muy a fondo todos los accidentes e incidentes para aumentar la seguridad del tráfico aéreo mediante controles propios y otras medidas vinculantes provenientes de las autoridades. 
Respecto al tema de la pregunta «material de aislamiento en los aviones» hay que observar lo siguiente: según las informaciones actuales, se ha investigado un material de aislamiento metalizado tipo «mylar» como una de las posibles causas de un accidente aéreo ocurrido hace poco. 
Las autoridades de navegación aérea de Canadá y de los Estados Unidos así como los mismos fabricantes del avión están analizando este punto. 
Si se comprobase que este material puede entrañar peligros, depende directamente de las autoridades nacionales competentes para la navegación aérea el decretar las necesarias directivas e instrucciones para subsanar esta situación. 
Actualmente, a pesar de que las investigaciones están muy avanzadas, no hay pruebas de que el aislamiento empleado sea realmente la causa del accidente. 
Es de esperar que próximamente se disponga de más datos. Sólo entonces se podrán y deberán aplicar las correspondientes medidas. 
El Consejo sabe que hay unos 12.000 aviones comerciales operando en todo el mundo, la mayoría de los cuales dispone de este aislamiento tipo «mylar» o «tedlar» que, de acuerdo con las últimas experiencias, comienza a arder más fácilmente de lo que se había previsto. 
Esta circunstancia parece estar más clara a la luz de lo realmente ocurrido en el reciente accidente de Suisse Air en Canadá, cuestión que ya se había sospechado con anterioridad. 
El hecho está provocando, como sabe el Consejo, bastantes reacciones en el mundo que aconsejan que se modifique urgentemente tal sistema de aislamiento, que es proclive a inflamarse a altas temperaturas. 
Veo que el Consejo está al tanto de este asunto, pero también está llevando el liderazgo la FAA, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, y mi pregunta concreta es si desde Europa se están siguiendo las investigaciones que al respecto se están realizando en los Estados Unidos. 
Señor Presidente, señor Camisón Asensio, no es tan sencillo como usted lo expone. 
Ante la importancia que el Consejo concede a la seguridad de los pasajeros en la navegación aérea civil, es evidente que trate con preferencia las propuestas que le presente en su caso la Comisión. 
Como su Señoría seguramente sabrá, en base a las disposiciones del Tratado, sobre el que se basa cualquier actuación de la Unión Europea, es asunto de la Comisión formular las propuestas que considere necesarias para cumplir sus tareas. 
Actualmente, la Comisión no ha presentado aún al Consejo la correspondiente propuesta o comunicación. 
Pero permítame añadir lo siguiente: el motivo concreto es- tal como usted ha dicho y como yo naturalmente también he supuesto- la cuestión del accidente de un avión de «Swiss Air» en Canadá. 
Pero como ya he indicado, la causa de esta desgracia no se ha aclarado aún. 
Las investigaciones se concentran no sólo en los materiales «mylar» y «tedlar» sino en tres campos: 
En primer lugar, el aislamiento de cables en la zona de la cabina de los pilotos con el material «kapton» , el material de aislamiento «mylar» y «tedlar» y el sistema interactivo audio-video del aparato. 
Las piezas rescatadas hasta ahora de los materiales aislantes mencionados no permiten extraer conclusiones sobre reacciones debidas a elevadas temperaturas que hubiesen podido ocasionar el accidente. 
Estos materiales fueron comprobados y certificados por la Federal Aviation Authority de los Estados Unidos en lo tocante a su resistencia a la temperatura ya antes de autorizarlos para su empleo en aviones civiles. 
Estos ensayos se van ahora a hacer más estrictos y el material aislante tiene que ser naturalmente inspeccionado para poder ser excluido como causa del accidente. 
Pero repito: actualmente parece aún muy pronto para excluir un determinado material como causa del accidente y esto debe ser así pues se tienen que analizar todas las posibles causas para no extraer conclusiones precipitadas y dejar sin detectar un posible foco de peligros. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, nos acaba de proporcionar una información altamente interesante. Por ello, me permito de nuevo plantear uno de los más antiguos problemas, me refiero al peligro que suponen para la navegación aérea los excesivos bultos de mano que se llevan en los aviones. 
Sé que está preparando algo para hacer por fin realmente segura la aviación en toda Europa. Siempre se ha dicho que los países o la compañías de aviación deben adoptar decisiones. 
Por ello, sería importante que se cumplan por fin a cabo las normas que en su día debatió la IATA, consistentes en que se limite a un bulto de mano lo que se puede llevar en un avión un pasajero. 
Señor Presidente, señor diputado von Habsburg, permítame decir lo siguiente: todos los que volamos mucho sabemos que tiene toda la razón, pues demasiados bultos de mano pueden causar graves peligros. 
Sin embargo, me permito decirle que tanto las líneas aéreas como las diversas organizaciones internacionales que se ocupan de la seguridad en la aviación dedican continuamente su atención a este tema, de modo que va seguir siendo analizado y en el futuro se va a marchar en la dirección que usted desea pero que para todos los que volamos mucho sin duda no siempre va a ir unida a unas consecuencias muy sencillas. 
Señor Presidente, me permito decir respecto a esta pregunta lo siguiente: el Consejo está preocupado por el caso expuesto por su Señoría. 
Sin embargo, tal como ha indicado ya antes en la respuesta a la pregunta por escrito del señor diputado, el Consejo no tiene ninguna competencia para supervisar sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
El Consejo es de la opinión de que para evitar más violaciones de los derechos humanos lo mejor sería buscar una solución bajo el patronazgo de las Naciones Unidas. 
A este respecto, el Consejo sigue considerando como objetivo una Federación formada por dos comunidades y dos zonas sobre la base de una regulación política general en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. 
La Unión es asimismo de la opinión de que los progresos en el camino a la adhesión a la UE y los progresos en lo tocante a una solución justa y duradera de la cuestión chipriota se van fortalecer recíprocamente de modo natural. 
Lamenta extraordinariamente que no haya sido posible lograr una solución política a tiempo antes del inicio de las negociaciones, pero es de la opinión de que la adhesión de Chipre a la UE deberá contribuir en provecho de todas las comunidades, a la paz interna y a la reconciliación en la isla. 
Además, la Unión Europea insta a ambas partes para que adopten medidas generadoras de confianza en el marco de una solución global y para que comiencen un desarme paulatino. 
El Consejo recuerda además que el cuarto protocolo financiero persigue en lo esencial el objetivo de apoyar los esfuerzos por una solución política en la cuestión chipriota. 
Sin embargo, la financiación práctica no ha sido siempre posible hasta ahora debido al fracaso del reinicio de las conversaciones entre ambas comunidades. 
En lo que se refiere al papel de Turquía, a la luz de las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo, existe un acuerdo general en que la intensificación de las relaciones de Turquía con la Unión Europea exige también una actitud positiva de Turquía y su cooperación activa en la cuestión chipriota. 
Señor Presidente, doy las gracias también a la Sra. Ministra. Su respuesta ha sido extensa y ha contestado a todos los temas, y quizá sea por eso que dificulta mi segunda pregunta. 
A pesar de todo, voy a insistir en la cuestión política. 
¿Puede decirnos el Consejo si está de acuerdo con los comentarios del Comisario Sr. Van den Broek y de la Comisión en conjunto, a saber: que el gobierno chipriota ha hecho todas las propuestas constructivas que podía sobre la participación de la comunidad turco-chipriota en las negociaciones para la adhesión? ¿Está de acuerdo en que la responsabilidad es, desgraciadamente, de la comunidad turcochipriota y de Turquía y en que el proceso y las conversaciones sobre la adhesión de la República de Chipre no pueden llegar a ser rehenes de una postura intransigente de Turquía? 
Señor Presidente, puedo decir al señor diputado Alavanos que nos alegramos de que el Gobierno greco-chipriota haya realizado unas propuestas constructivas en lo tocante a la participación de la delegación del Norte de Chipre en las negociaciones de adhesión. 
Naturalmente, es lamentable que no hay tenido éxito. 
Me permito repetir que nuestro objetivo es la adhesión de una isla no dividida. 
Como miembro de la UE queremos un Chipe que haya alcanzado una solución política permanente. 
Cualquier otra opción sería menos buena. 
Pregunta nº 3 formulada por Anne Caroline B. McIntosh (H-1060/98): 
Asunto: Adhesión de Chipre 
¿Podría indicar el Presidente en ejercicio del Consejo el calendario propuesto para la adhesión de Chipre a la Unión Europea? 
Señora Ferrero-Waldner, tiene usted la palabra para responder a la Sra. McIntosh. 
Señor Presidente, como sabrá la señora diputada, el Consejo Europeo, en su reunión de diciembre de 1997 en Luxemburgo acordó iniciar negociaciones de adhesión con Chipre. 
Esto es parte de un proceso de adhesión que tiene un sentido global evolutivo y que incluye a todos los países candidatos, entre los que se incluye a Chipre y los 10 países de la Europa central y oriental. 
Estos países son enjuiciados en base a los mismos criterios. 
A qué velocidad va a tener lugar este proceso depende naturalmente de cada país en función de su grado de preparación. 
Las negociaciones para la adhesión de Chipre y los demás Estados se iniciaron el 31 de marzo de 1998. 
En la segunda reunión de la Conferencia para la adhesión que se celebró a nivel de ministros el 10 de noviembre de 1998 se iniciaron al igual que con los otros cinco solicitantes unas negociaciones sustanciales sobre los siete primeros capítulos del acervo comunitario de la Unión Europea y cuyo examen ha concluido. 
Se trataba de ciencia e investigación, telecomunicaciones y tecnologías de la información, formación inicial y continuada, cultura y política audiovisual, política industrial, pequeñas y medianas empresas así como la política exterior y de seguridad común. 
Más allá de estos cinco capítulos, en la Conferencia se determinó que en este estadio no son necesarias más negociaciones con Chipre, si bien en una fase posterior se deberá tratar de nuevo. 
Sin embargo, dos capítulos, las telecomunicaciones y la política exterior y de seguridad común, se encuentran aún sobre la mesa y se deberán tratar en su tiempo en el marco de la Conferencia. 
Como el examen del acervo comunitario en lo tocante a los 31 capítulos de negociación dura aún y, por lo tanto, ahora no se pueden determinar aún posiciones comunes de la Unión Europea en lo referente a las negociaciones, en este estadio no es posible determinar un calendario para el final de las negociaciones o para una adhesión. 
Esto es aplicable tanto a Chipre como a todos los demás países candidatos. 
Acojo con beneplácito la respuesta de la Presidenta en ejercicio. 
Sin embargo, en respuesta a la pregunta del diputado anterior, ella misma ha dicho que el Consejo esperaba conseguir la adhesión de una sola isla. 
Es evidente que interesa a la Unión que la adhesión sea la de una sola isla. 
Si no es posible, ¿reconoce la Presidenta en ejercicio del Consejo hoy que por esa razón puede haber un retraso en la adhesión de Chipre? 
¿Impediría eso a Chipre formar parte de la primera ola de nuevos miembros? 
Eso tiene consecuencias importantes para los ciudadanos de Chipre y también para aquellos de nuestros ciudadanos que deseen hacer negocios o posiblemente vivir en Chipre. 
Me gustaría saber si puede confirmar que la falta de un acuerdo interno no será una barrera para la adhesión de Chipre en la próxima ola y que se mantendrá el calendario original. 
Señor Presidente, señora diputada McIntosh, insisto en mi positiva fórmula. 
Nuestro objetivo es la adhesión de una isla no dividida. 
Al mismo tiempo, tiene que estar claro que ningún tercer país puede imponer ningún veto en el proceso de ampliación de la UE. 
Si no se logra una solución política, se deberá plantear la pregunta de quién tiene la responsabilidad principal de ello. 
En estos momentos no puedo añadir nada más a su pregunta de si se produjese un retraso. 
Pero actualmente existen esperanzas y animamos a ambas partes para que trabajen en el marco del proceso de las Naciones Unidas en una solución que lleve a una unión política. 
Señor Presidente, básicamente quiero retomar la pregunta suplementaria de la Sra. McIntosh. 
La Sra. Ministra ha contestado- es interesante este punto y quisiera que lo repitiese- que se tomará en cuenta la responsabilidad de la posible no participación de toda la isla o, concretamente, de la comunidad turcochipriota en el proceso de adhesión. 
Creo que es un dato importante, y querría preguntar a la Sra. Ministra: Si la solución política se pone como condición para la adhesión, ¿no será empujar a la propia Turquía, -que no desea la adhesión- a no dar un paso hacia la solución política de la cuestión de Chipre, paso que posiblemente daría en otra situación? 
Señor Presidente, señor diputado Alavanos, sólo puedo decir de nuevo lo que acabo de subrayar, que naturalmente ningún tercer país- lo que incluye a Turquía- puede imponer un veto en este proceso de ampliación de la UE. 
Siempre hemos lamentado que no haya sido posible llegar a tiempo antes del inicio de las negociaciones de adhesión a una solución positiva en lo referente a la división de Chipre. 
El Consejo de Asuntos Generales del 5 de octubre de 1998 ha recordado de nuevo que el objetivo de la Unión Europea debe seguir siendo el establecimiento de una Federación bicomunal y bizonal sobre la base de una amplia solución política en consonancia con las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Una solución política permitiría aplicar las disposiciones de las negociaciones de adhesión a toda la isla. 
En mi primera respuesta ya he indicado que los progresos alcanzados en el camino a la adhesión así como una solución justa y viable al problema de Chipre se complementarían recíprocamente. 
Al mismo tiempo, siempre hemos subrayado que los esfuerzos por lograr una solución bajo el patronazgo de las Naciones Unidas son apoyados sin trabas por la Unión Europea. 
El Consejo Europeo subrayó también su apoyo a los esfuerzos del Secretario General de la OTAN por lograr una regulación general en Chipre, en especial en lo que se refiere al proceso que actualmente es impulsado por su enviado especial, para reducir la tensión y lograr progresos hacia una solución justa y duradera. 
Pregunta nº 4 formulada por Patricia McKenna (H-1066/98): 
Asunto: Seguridad electrónica y electromagnética de las instituciones de la UE 
¿Recibe el Consejo información actualizada sobre el estado de evolución de las armas electromagnéticas como, por ejemplo, las utilizadas contra la Embajada de los Estados Unidos en Moscú durante la era soviética, cuya tecnología está, a estas alturas, mucho más avanzada y extendida? 
¿Efectúa el Consejo inspecciones o un control permanente para garantizar que no se utilizan tales armas contra ninguna de las instituciones de la UE, o contra diputados del Parlamento o miembros de la Comisión, del Consejo, del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Cuentas, o contra funcionarios clave en sus vidas privadas? 
Si no es así, ¿preparará el Consejo un procedimiento de consulta general en materia de seguridad con la Comisión, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo y otras instituciones para tratar este asunto, en el que también se incluiría el problema de la vigilancia electrónica que recientemente han puesto de relieve las revelaciones sobre el sistema ECHELON, con el fin de informar a las instituciones sobre el nivel de todos estos tipos de riesgo para la seguridad, de establecer varias formas de control permanente según sea necesario, y de considerar la posibilidad de proveer al personal clave, incluidas las personas que tratan estas cuestiones, de algún tipo de mecanismo de control personal que garantice su seguridad frente a la radiación electromagnética emitida por tales sistemas de armamento en el hipotético caso de que fueran utilizados? 
Señora Ferrero-Waldner, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. McKenna. 
Señor Presidente, señora diputada, permítame que realice la observación sobre esta interesante pregunta de que el Consejo naturalmente sabe que es necesaria una atención y control permanentes para que se pueda garantizar un grado especialmente elevado de seguridad para las personas, bienes e inmuebles que pertenecen a las instituciones europeas. 
El Consejo sabe también que hay un considerable número de aparatos electromagnéticos y otros de alta tecnología que pueden ocasionar de modo dirigido o como efecto secundario daños corporales o psíquicos en las personas. 
Pero no se debe creer que tales sistemas se pueden emplear a gran escala sin que se note. 
Son técnicamente complejos, muy caros y los resultados que pudiese lograr su empleo se podrían obtener también de un modo más sencillo y barato. 
No nos es conocido un empleo general de tales sistemas contra estructuras administrativas. 
En las instituciones europeas, tales sistemas- que naturalmente, no se deben infravalorar -, según mis informaciones, no han ocasionado hasta ahora ningún incidente. 
Naturalmente, el Consejo hace todo lo que está en su mano por elevar la seguridad de sus redes de comunicación y de todas las personas que trabajan con él. 
Incluirá en sus consideraciones todas las propuestas en este sentido. 
Pero le ruego comprenda que se trata de un campo en el que las medidas en contra exigen una cierta discreción. 
Quisiera agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo su respuesta. 
Es muy interesante que reconozca usted que existe ese potencial. 
Cuando se habla sobre cosas así, resulta difícil creer que pueden suceder, pero sin supervisión ni verificaciones no se puede estar seguro de que no sea así. 
Sucedió en época tan lejana como 1976. 
Lo confirma el propio Kissinger en la correspondencia con la embajada de los EE.UU. en Moscú, en la que confirmó los permanentes efectos negativos de esas armas en el personal de la embajada. 
Creo que es posible. 
Creo que es difícil decir que no hay peligro ni amenaza al respecto, sin algún tipo de supervisión y evaluación de la situación. 
Señor Presidente, señora McKenna, ya he indicado aquí que se trata de sistemas extremadamente complejos y muy caros. 
Existe una diferencia con lo que ocurrió entonces cuando Kissinger se refirió a este problema. 
Se trataba de un edificio en la Unión Soviética, rodeado de otros edificios, donde era mucho más sencillo montar tales instalaciones. 
Ahora hablamos de edificios europeos en países europeos y en una situación totalmente diferente. 
Se debe tener en cuenta esta situación. Yo reduciría algo los temores expresados. 
Quiero aclarar lo que acaba usted de decir sobre cómo iba a abordar este asunto. 
Ha dicho que aceptaría preguntas complementarias formuladas por los autores que estén presentes. 
Sin embargo, yo entiendo que el Reglamento permite a quienes no somos los autores de las preguntas formular preguntas complementarias, de todos modos. 
De lo contrario, no habríamos venido aquí hoy. 
La razón de venir aquí es para formular preguntas complementarias de las preguntas presentadas. 
Así, pues, doy por descontado que nos permitirá hacerlo. 
He advertido ya- usted no estaba aquí al comienzo del turno de preguntas- que por motivos estrictos de tiempo, sólo daría la palabra para preguntas suplementarias a los autores de las preguntas.. 
Si a 10 preguntas le permitimos 20 preguntas suplementarias más, no es posible avanzar. 
Por lo tanto, las especiales circunstancias que se dan en este debate han llevado a esta Presidencia a tomar esta decisión. 
Por lo tanto, le advierto ya que, bajo mi responsabilidad, con la autoridad que me da la situación actual de interpretar el Reglamento, yo no voy a dar la palabra más a los que han formulado las preguntas, estén presentes y, en su caso, la soliciten. 
Tiene la palabra el Sr. Smith para formular una cuestión de orden. 
Señor Presidente, ha dicho usted que ha adoptado una decisión según su discreción y no aplicando el Reglamento al pie de la letra. 
Si bien reconozco que la agrupación de esas preguntas es lógica desde el punto de vista de la eficacia y buen número de los autores de preguntas no están presentes, no veo razón para excluir las preguntas complementarias por parte de miembros que tengan un interés. 
Piense en el precedente que va sentar. 
En lugar de que se presenten catorce preguntas esta noche, habrá 24, porque sabemos que, si no formulamos una pregunta, no podremos formular una complementaria. 
Le pido que reconsidere, a su discreción, el derecho a formular preguntas complementarias a quienes no hemos presentado preguntas, pero tenemos interés en el asunto y queremos formular preguntas complementarias basadas en las respuestas que recibiremos del Consejo. 
Señor Smith, no voy a dar más la palabra para cuestiones de orden. 
Aquellos que no estén de acuerdo con la decisión que esta Presidencia ha tomado están en su pleno derecho de acudir a la Comisión de Reglamento para que examine esta cuestión. 
Pero yo no extiendo más el debate para, precisamente, poder escuchar las preguntas de los ocho diputados que han formulado una pregunta, que están presentes y que tienen pleno derecho a formular una pregunta suplementaria. 
Si ustedes hacen una simple cuenta aritmética, se darán cuenta de que no podríamos ir más allá en este turno de preguntas, el último en el que vamos a contar con la Sra. Ferrero-Waldner para conocer su opinión sobre otras preguntas. 
Por lo tanto, señora Ferrero-Waldner, tiene usted la palabra y, bajo mi responsabilidad, plenamente asumida, y comprendiendo las razones que ustedes dan y que es posible que la Comisión de Reglamento les dé la razón, en este momento, yo asumo esta responsabilidad y le pido a la Sra. Ferrero-Waldner que responda conjuntamente a las 8 preguntas de los diputados y diputadas que están presentes. 
El gran número de preguntas sobre el Sahara Occidental muestra la importancia que conceden los diputados del Parlamento Europeo a este tema y también que el mismo es enormemente complejo y que tiene un gran número de aspectos históricos, políticos y humanitarios. 
Voy a exponer mi opinión respecto a estas preguntas con la brevedad necesaria. 
El Consejo sigue también con atención la evolución en esta región y se esfuerza por contribuir a una solución pacífica y global de este largo problema. 
El Consejo apoya plenamente el Plan de paz aceptado por ambas partes y aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU que contempla la ejecución de un referéndum libre y justo sobre la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental. 
Hace poco, en la 53ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de octubre de 1998, la Unión Europea tuvo la oportunidad de expresar de nuevo su pleno apoyo al plan de las Naciones Unidas. 
Ha tomado nota de los progresos logrados, por ejemplo, en la identificación de más de 147.000 solicitantes en el marco del proceso de identificación para la participación en el referéndum, pero al mismo tiempo ha expresado su preocupación porque aún no se ha solucionado la cuestión de los tres clanes. 
El Consejo comparte la preocupación expresada también por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los retrasos en la ejecución del Plan, debidos sobre todo a la deficiente cooperación de las partes con el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados- ACNUR -, así como también sobre los retrasos debidos al hecho de que aún no se ha firmado el acuerdo sobre la situación jurídica de las tropas, el llamado SOFA. 
La Unión Europea ha recomendado además a las partes que cooperen ampliamente con Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados para que se puedan realizar sobre todo las necesarias actividades previas para el retorno de los refugiados saharauis. 
La Unión ha valorado además positivamente el trabajo de la Misión de las naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental, MINURSO, que va a seguir desempeñando un papel decisivo en el proceso de paz. 
Hay que observar que los Estados miembros de la Unión han realizado una aportación al visitar varias veces el territorio durante el proceso de identificación y expresar de este modo su apoyo al Plan de paz. 
La unión ha valorado además positivamente el papel de MINURSO, en el que participan también los Estados miembros. 
Esta misión, cuyo mandato se va a prorrogar próximamente, sigue realizando una constructiva aportación al proceso de paz. 
Entretanto, la Presidencia del Consejo mantiene un estrecho contacto con el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, sobre todo para las posibles acciones de apoyo de la Unión, que aún no se han determinado, al menos hasta ahora. 
Creo que la contestación, que agradezco, de la Presidencia se ha estado centrado en el momento de la celebración del referéndum. 
Pero la pregunta que plantea mi colega, la Sra. Sauquillo, está orientada en otra dirección, y es que, una vez celebrado el referéndum, sea cual sea su resultado, se necesita un plan realmente importante de desarrollo, de cooperación con el Sahara. 
Yo creo que la Presidencia ha sido poco explícita y me gustaría saber si realmente figura entre sus planes llevar a cabo una colaboración y, en consecuencia, completar el plan global que está desarrollando la Oficina de Ayuda Humanitaria. 
Por tanto, ¿qué planes complementarios de futuro tiene para después del referéndum? 
Señor diputado, me permito decirle lo siguiente: me parece que es un poco pronto para hablar ahora sobre acciones futuras cuando todos sabemos lo difícil que va a ser llevar a cabo el referéndum en un momento en que todos estamos luchando para que se celebre. 
Está totalmente claro que después del referéndum habrá una serie de proyectos y de acciones de ayuda, tanto más cuando ya existe actualmente una serie de proyectos de ayuda. Sólo puedo decir que yo misma soy Ministra para la Cooperación al Desarrollo e independientemente de los programas especiales de la Unión Europea, de ECHO, existen también programas bilaterales. 
Pero es realmente demasiado pronto para realizar especulaciones sobre lo que va a pasar después. 
Esperemos primero a los resultados del referéndum y apoyemos aquí a las Naciones Unidas plenamente para que se pueda llevar a cabo. 
Todos sabemos que aún hay algunos obstáculos en este camino y cuando se hayan superado recapacitaremos gustosamente al respecto y estaremos en situación de presentar un plan concreto. 
Muy rápidamente y sin ánimo de tomar partido más que a favor de las resoluciones de las Naciones Unidas, me gustaría preguntar al Consejo si es consciente de que, en política internacional, hay olvidos, negligencias o ausencias que, a veces, esconden posiciones políticas no declaradas, y da la impresión de que la ausencia de la Unión Europea como tal en el desbloqueo y en el proceso de negociación para la resolución del conflicto es una de estas situaciones. 
¿Es consciente el Consejo de que mantener el status quo favorece a una de las partes y de que, por falta de presión suficiente para desbloquear la situación, se está condenando a una población a continuar en el exilio y privada de sus derechos, y que esta situación sólo afecta, de todos los posibles votantes en el censo, a los que están a favor de la independencia? 
Señor Presidente, señor diputado, permítame decirle lo siguiente: no es cierto que la Unión Europea esté ausente. 
Me lo he guardado muy conscientemente para poder decir algo en el debate. 
Yo misma he tocado este tema con el Secretario General de la ONU, a quien conozco muy bien de mi anterior actividad en las Naciones Unidas, durante la última Asamblea General y me he pronunciado en favor de que se celebre una acción conjunta entre las Naciones Unidas, el Secretario General y el enviado especial Baker. 
Tengo que decir que lamentablemente no estaba aún maduro el momento. 
Pero usted sabe que el Secretario General ha visitado hace poco la región- lo consideró más razonable en ese momento y nos hemos adherido gustosamente a esa opinión pues queremos que la situación avance en sentido positivo- y ha mantenido extensas conversaciones con las partes en conflicto. 
Su informe al respecto se ha presentado y ayer, 15 de diciembre, ha sido debatido en el Consejo de Seguridad. 
Estos acontecimientos eran totalmente de esperar ya que las Naciones Unidas son competentes para el referéndum previsto y ahora la Unión Europea se va a poner en contacto de nuevo con Kofi Annan para deliberar a fondo con él sobre esta cuestión. 
En este encuentro se van a tratar también las cuestiones relativas a la utilidad, por ejemplo, de una declaración de la UE sobre el problema del Sahara Occidental así como del mejor momento posible para la misma. 
Permítanme decir también que después de que el proceso de identificación se ha detenido hace algún tiempo debido a la falta de acuerdo entre los marroquíes y los saharauis sobre los grupos étnicos H41, H61 y HJ51 y J52- se trata aproximadamente de 65.000 personas -, el Secretario General de la ONU ha presentado una propuesta de compromiso, un llamado paquete. 
Este paquete fue aceptado tanto por el Polisario como por Argelia y Mauritania si bien Marruecos lo puso en cuestión al principio. 
En un escrito dirigido al Secretario General de la ONU junto con el memorándum del 20 de noviembre de este año, Marruecos planteó una serie de cuestiones para que se aclarasen. 
En otro escrito del 15 de diciembre de este año, Marruecos expuso su actitud de rechazo a la posibilidad de que estos 65.000 candidatos fuesen considerados como candidatos de una segunda categoría. 
Todavía no se ha producido una respuesta formal marroquí a la propuesta de compromiso del Secretario General de la ONU. 
La prórroga del mandato de MINURSO propuesta por el Secretario General hasta finales de enero de 1999 se quiere aprovechar para realizar consultas con Marruecos. 
No obstante, las perspectivas de éxito parecen relativamente pequeñas. Cito literalmente de un informe de las Naciones Unidas que acabamos de recibir: "... unless Morocco gets what it wants». 
No existe ningún motivo razonable para esperar una nueva participación del personal envoy del Secretario General, James Baker, hasta finales de enero. 
Creo que está claro que James Baker debe intervenir de nuevo en este asunto. 
Hasta aquí mi respuesta, señor Presidente. 
En la respuesta de la Presidencia austriaca se echa en falta, desde luego, una referencia a la recomendación aprobada por este mismo Parlamento. 
Teniendo en cuenta que esa recomendación es tan antigua, es todavía más «clamoroso» que en las conclusiones del pasado Consejo Europeo de Viena y en la estrategia de acciones exteriores aprobada por el mismo no se haga ni una sola referencia a la situación en el Sahara Occidental. 
Me gustaría que la señora Presidenta respondiera a tres cuestiones. 
En primer lugar, ¿va a transmitir la Presidencia austriaca a la próxima Presidencia del Consejo de la Unión, es decir, a la Presidencia alemana, la inquietud que está manifestando el Parlamento Europeo con respecto al conflicto del Sahara Occidental? 
En segundo lugar, ¿no cree la Presidencia del Consejo que la Unión Europea debería celebrar entrevistas y reuniones con las partes, es decir, con el Reino de Marruecos y con el Frente Polisario? 
Y, en tercer lugar, ¿podría decir la Presidencia si el país responsable como antigua potencia colonial, España, ha planteado en algún momento el asunto del Sahara en el seno del Consejo? 
Señor Presidente, señor diputado, respecto a la primera pregunta, está totalmente claro y es evidente que no sólo la Presidencia austríaca se ha ocupado de este importante tema y, como ya he dicho, no siempre hay que hacer público todo. 
En este contexto hemos determinado discretamente en contacto permanente con las Naciones Unidas dónde podemos intervenir para prestar ayuda. 
Lo mismo puedo decir sin duda para la Presidencia alemana pues este es un tema que nos ocupa a todos de modo especial y en el que tenemos que avanzar. 
Respecto a las otras preguntas, solamente puedo repetir lo siguiente: el hecho de que no figurase en las conclusiones de Viena se debe sencillamente a que muy conscientemente no se quería introducir de nuevo en las conclusiones cualquier cuestión política en las que existe un conflicto o problema. 
Nos hemos ocupado en Viena de la cuestión de la eficiencia, lo que también ha hecho el miembro español del Consejo. 
Señor Presidente, con ello creo que he respondido a la pregunta. 
Gracias. 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, usted está dando una explicación muy detallada, lo cual demuestra su interés personal y el interés de su país. 
Ojalá que este bagaje se sepa transmitir a la Presidencia alemana- de ello estamos seguros -, pero, en esta celebración del 50º aniversario de las Naciones Unidas y ante la última descolonización pendiente en el continente africano, una no puede dejar de pensar en esa generación perdida para el desarrollo, que es la de los saharauis actualmente en el exilio y en los territorios ocupados por la administración marroquí. 
Y debo mencionar mi preocupación también, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, porque ya son demasiadas las ocasiones en que siempre encontramos mediadores norteamericanos: en Bosnia, en Oriente Medio, en Kosovo, ahora en el Sahara. 
Estamos hablando de 15 países, y todos ustedes deberían contraer el compromiso de asumir más seriamente su participación en este proceso. 
Señor Presidente, señora diputada, permítame decir que sí que nos ocupamos de este conflicto. 
Voy a leer unas cifras sobre la ayuda humanitaria proporcionada a los refugiados saharauis, pues también hay que decirlo: el 1 de marzo de 1998 ECHO ha puesto a disposición de nuevo 7.200.000 ecus y el 2 de octubre de este año 10 millones de ecus. 
Ambas sumas están destinadas preferentemente a la ayuda alimentaria, la atención médica y sanitaria así como a la mejora del suministro de agua en los campamentos de refugiados en la región de Tinduf en Argelia. 
En total se encuentran allí 150.000 refugiados que dependen totalmente de la ayuda internacional. 
Debido al aplazamiento del referéndum, ECHO no ha adoptado aún ninguna decisión sobre el apoyo al retorno de los refugiados, a pesar de que los planes para ello están preparados ya desde hace tiempo y ECHO se ha puesto en contacto con la ACNUR a través de su representante en el lugar, para coordinar las actuaciones a realizar. 
Ya he dicho que nosotros mismos tenemos algunos proyectos bilaterales que proseguimos allí desde hace muchos años. 
En segundo lugar, quiero decir que precisamente en mi país, el país de la Presidencia, se encuentra preparada desde hace casi un año una tropa de 260 soldados para viajar en la fase previa del referéndum a esa región de Tinduf, para ayudar a prepararlo y a facilitar la transición. 
Tenemos pues esas tropas que esperan- lo que cuesta una fortuna- y tenemos que mantenerlas listas para partir. 
Respecto al tercer punto que ha planteado, tenemos un mediador norteamericano, James Baker, nombrado por las Naciones Unidas y tengo que decir que ha logrado algo positivo, que los marroquíes hayan dado su apoyo a este referéndum. 
Por ello, a pesar de lo mucho que estoy a favor de que los europeos desempeñemos un papel político global, creo que no es oportuno intervenir en cuestiones donde ya existen buenos mediadores, pues si duplicamos tendremos también diferentes personalidades. 
No creo que esta sea una solución al tema que nos ocupa. 
Quería decir esto y añadir para finalizar un observación de carácter general: en el marco de mi cooperación para el desarrollo- campo que es de mi competencia- en el último Consejo de Ministros para el Desarrollo he sido precisamente yo quien ha planteado por primera vez la cuestión de la prevención de conflictos de un modo general como una cuestión también de desarrollo pues creo que en las ayudas al desarrollo que proporcionamos si se produce un conflicto se puede destruir en el tiempo más breve el trabajo de años. 
Por ello, en el fondo soy de su opinión, pero allí donde ya hay mediadores positivos- y creo que James Baker es una buena personalidad que ha logrado mucho y que es reconocido también entre las partes en conflicto -, debemos intervenir más bien ayudando y esto es lo que hacemos. 
Siento mucho que tenga usted que levantarse tantas veces, pero yo sólo quería- muy brevemente- hacer una pregunta para pedirle más precisión sobre qué medidas concretas, políticas y humanitarias, está tomando el Consejo para que el referéndum de autodeterminación del Sahara sea libre, transparente y democrático y para que no sufra un aplazamiento sine die que sólo va en detrimento de una de las partes en conflicto. 
Señor Presidente, señora diputada, acabo de llamar la atención sobre la ayuda humanitaria puesta a disposición mediante ECHO y también sobre la puesta a disposición por muchos Estados a nivel bilateral. 
También quiero recordar que la totalidad del proceso para lograr la paz en el Sahara tiene lugar bajo el patronazgo de las Naciones Unidas y que los Estados miembros realizan actualmente en este marco su aportación material y política para superar estos difíciles problemas. 
En cualquier caso, le puedo asegurar que la Unión Europea está presente en esta parte del continente africano que mantiene desde hace siglos unas relaciones privilegiadas con Europa y que tiene una extraordinaria importancia estratégica para este continente. 
Esto es lo que puedo responderle. 
Que sepa la señora Presidenta en ejercicio del Consejo que, cuando hay una lluvia de preguntas así, algunos nos sentimos mal por seguir haciendo preguntas, pero no se le escapa a la señora Presidenta en ejercicio del Consejo que con esta serie de preguntas pretendíamos hacer un debate sobre el Sahara. 
Yo creo que es un debate que está ausente de la Unión Europea y por eso insistimos. 
En vez de plantear una pregunta, porque ya ha respondido a varias preguntas, incluso a aquellas que pretenden hablar de «después» , yo quiero manifestar que a mí me preocupa más el «antes» del referéndum porque quienes seguimos desde el año 1992, en que tenía que haberse celebrado el referéndum, los destinos del pueblo saharaui y estuvimos en los campamentos y vimos las dificultades que este pueblo tiene para sobrevivir, para educar a los niños- y los educa, allí salen los escolares con 16 años, bien educados, los educa para que puedan seguir estudiando -, el esfuerzo que tienen que realizar para alimentarse, para sobrevivir, nos preguntamos si la Unión Europea puede seguir teniendo en cuenta los inconvenientes de Marruecos. 
Marruecos ha puesto inconvenientes a este referéndum siempre, porque lo que quiere Marruecos es anexionarse el Sahara. 
Seamos perfectamente conscientes de la situación. 
Lo que nosotros quisiéramos- y termino- es una posición unitaria de la Unión Europea, enérgica, que le diga a Marruecos- porque puede -: «mire usted, es justo que el referéndum se haga ya, y no son sólo las Naciones Unidas sino la Unión Europea, históricamente tan vinculada al Sahara, quien le pide que así se haga». 
Señor Presidente, señora diputada, permítame decir que para mí la fase previa al referéndum es al menos tan importante como la posterior. 
Ya he dicho antes que los problemas seguirán existiendo mientras no se realice el referéndum. 
Somos plenamente conscientes- acabo de intentar exponerlo- de lo mucho que Marruecos intenta aplazarlo planteando continuamente nuevas cuestiones. 
Sin embargo, creo que debemos proseguir por esta vía. 
En base a las listas de identificación ya presentadas, el resultado del referéndum se decantaría muy probablemente en favor del Polisario. 
Naturalmente, existe el peligro de que Marruecos no lo acepte. 
Es decir, si hasta finales de 1999 no hubiese ningún movimiento en todo este proceso, el Secretario General de la ONU propone en su último informe: «Should the prospects for completing the identification process remain uncertain by that time, it would be my intention to revert to the Security Council and to ask my personal envoy- James Baker- to reassess the situation and the viability of the mandate of MINURSO». 
Así pues, si hasta finales de enero no se produjese ningún resultado, se planteará también la cuestión del interés de la comunidad internacional en la prosecución de MINURSO. 
También en el Congreso norteamericano se escuchan voces que preguntan hasta qué punto tiene sentido esta tarea. 
Por ello, quizás se deberán plantear también otras consideraciones políticas para las que hoy es aún muy pronto. 
Agradezco al Presidente en ejercicio del Consejo las numerosas respuestas detalladas, el estrecho contacto mantenido con la Naciones Unidas y el decisivo papel desempeñado por James Baker. 
Sin embargo, si bien reconozco la necesidad de evitar la duplicación de gestiones, ¿mantiene el Consejo estrechos y continuos contactos con las autoridades marroquíes y el Polisario para apremiar en pro de la resolución de cualesquiera dificultades que surjan? 
Como tenemos un interés particular, puede que, al mantener ese contacto, podamos apoyar el proceso de forma muy constructiva. 
¿Tendría a bien el Presidente en ejercicio hacer observaciones sobre nuestros contactos con las dos partes? 
Señor Presidente, señor diputado, naturalmente la Presidencia está plenamente en contacto con las partes en conflicto pero, como he dicho, de una forma totalmente discreta. 
Ya he dicho al principio que yo misma ofrecí al Secretario General de la ONU la creación de una misión conjunta con él o con James Baker. 
Al comienzo de nuestra Presidencia pensé que habría llegado el momento, pero no fue posible debido a las dificultades en la identificación. 
Pero permítame decir que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorroga conscientemente siempre muy a corto plazo la operación MINURSO, por lo general sólo entre 6 y 8 semanas, para poder comprobar regularmente los progresos en el proceso de paz y ejercer de este modo una cierta presión sobre Marruecos y obligarle a mover ficha. 
De este modo, las partes en conflicto son impulsadas a proseguir los esfuerzos por una solución del proceso de paz y a seguir moviéndose. 
Creo pues que debemos proseguir esta vía y si tal como el mismo Secretario General de la ONU dice, hasta finales de enero se demostrase que esta vía no es factible entonces tendremos que llegar probablemente a otras soluciones políticas que se deberán debatir de nuevo, también en el Consejo. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, estoy decepcionado por su respuesta a mi pregunta. 
Usted ha dicho que la Presidencia del Consejo va a apoyar las medidas, las iniciativas de Kofi Annan ante la ONU. 
Yo he preguntado hasta qué punto está dispuesta la troica a apoyar a la ONU activamente en la ejecución del referéndum. 
Usted ha dicho que aún no se han adoptado medidas, tampoco para el futuro. 
Creo que para la ejecución del referéndum- un año es un período breve- hay que presentar ahora el plan y había esperado que usted iba a decir que se había puesto a disposición un contingente de la UE de 2000 ó 3000 observadores o una infraestructura. 
Creo que las personas lo merecen. 
Viven desde hace decenios en campos de refugiados. 
Este territorio ha sido ocupado. 
Desde que se fueron los españoles, la UE... -señor Presidente, desde este momento tiene que mirar el reloj, pues lo anterior se refería a mi pregunta que no ha sido contestada. 
Mi pregunta adicional es la siguiente: el próximo año se va a firmar un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos. 
¿Está dispuesta la Presidencia del Consejo a considerar esto de modo relacionado, es decir, que si Marruecos no permite la ejecución del referéndum, no haya tampoco ningún nuevo acuerdo de pesca? 
¿Dónde está la frontera, dónde se encuentra la latitud que separa el territorio en la costa entre Marruecos y el Sahara Occidental? 
Esta sería mi pregunta adicional. 
Señor Presidente, señor diputado, me temo que usted no estaba presente antes aquí cuando dije que, por ejemplo, Austria, que aún tiene la Presidencia, desde hace un año tiene preparado en «stand-by» un contingente de 260 soldados- por cierto, aprobado por el Parlamento -, para estar dispuestos lo antes posible para preparar del mejor modo el referéndum ya seis meses antes de que se celebre. 
Lamentablemente, no ha sido posible debido sobre todo a los reducidos progresos obtenidos en el proceso de identificación. 
Pero todo esto ya lo he expuesto antes. 
¿Porqué no se ha llegado a establecer la troica? 
En mi primera intervención he dicho también que yo misma estuve en estrecho contacto con el Secretario General de la OTAN sobre este tema desde la última Asamblea General de la ONU. 
Al fin y al cabo, la ONU es una institución reconocida en todo el mundo que además ha realizado una aportación muy positiva en un tema determinado, me refiero al «special envoy» , James Baker, al que por cierto también he mencionado. 
Hemos considerado si no deberíamos llevar a cabo una misión conjunta con las Naciones Unidas y con James Baker. 
Esto fue considerado por la ONU como demasiado precipitado en estos momentos. 
He dicho que no queremos duplicar acciones pues no aporta nada, sino contribuir a la solución de la cuestión. 
En lo tocante al acuerdo de pesca debo decir que previsiblemente será la próxima Presidencia la que tenga que adoptar una decisión al respecto. 
Actualmente es demasiado pronto para dar una respuesta a esta pregunta. 
Muchas gracias, señora Ferrero-Waldner. 
Señorías, doy por cerrado el ámbito de estas 10 preguntas que han ocupado 40 minutos del tiempo de nuestro turno de preguntas. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 15 caduca. 
Pregunta nº 16 formulada por José Valverde López (H-1090/98): 
Asunto: Medidas tomadas por el Consejo a favor de la utilización de papel permanente y la protección de los derechos de los consumidores 
En la Resolución del Consejo de mayo de 1989 relativa a la promoción del libro y la lectura se señalaba la necesidad de la utilización de papel permanente para evitar que se sigan editando millones de libros que llevan el germen de la autodestrucción. 
El Consejo y los Ministros de Cultura, en noviembre de 1991, estudiaron un informe sobre conservación de libros en papel ácido y utilización de papel permanente. 
¿Qué acciones ha adoptado el Consejo para iniciar la utilización de papel permanente, dentro de sus competencias y en la promoción entre los Estados miembros, y para la protección de los consumidores? 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Valverde López. 
Señor Presidente, señor diputado, permítame decir lo siguiente al respecto: las acciones comunitarias en el campo de la cultura están sometidas al artículo 128 del Tratado Fundacional de la Comunidad Europea. 
Esto significa que el sector de la cultura no representa ninguna excepción a la regla y ésta dice que el Consejo solamente puede actuar en base a una propuesta de la Comisión. 
Pero hasta hoy no se ha presentado al Consejo ninguna propuesta sobre el tema que ha planteado el señor diputado en su pregunta. 
Agradezco la contestación del Consejo, pero el tema del papel, de la utilización de papel permanente, y el hacer una norma europea de normalización de la fabricación de papel permanente y su utilización en libros y la protección de los consumidores no es un tema de cultura. 
Es un tema de comercio interior, de materias primas y de comercialización de libros, que tiene, después, influencia en los programas de cultura. 
Llevo doce años intentando sensibilizar al Consejo y a la Comisión en este ámbito. 
Ya conseguí que se mencionase en un Consejo de Cultura del año 1989, y después en 1991, pero es un tema de mercado interior. 
Y también el Consejo podría tomar medidas en su propio ámbito para su utilización, por ejemplo, en sus registros. 
Para que la Historia los conserve deberían tomar esas medidas, igual que nosotros en este Parlamento también deberíamos hacer lo mismo. 
¿Puede hacer algo para transmitir esta preocupación a sus sucesores, para ver si podemos hacer algo en diez años? 
Muchas gracias, señor Valverde. 
Que las futuras elecciones le permitan a usted seguir de nuevo cinco años más insistiendo sobre esta cuestión o, al menos, controlando su cumplimiento. 
Señora Ferrero-Waldner, tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, señor diputado Valverde, naturalmente que el Consejo es consciente de la importancia que tiene la conservación de los libros, que hasta ahora representan el medio principal para transmitir y difundir la cultura, tanto más cuando los libros de hoy van a ser la memoria colectiva de mañana para las generaciones futuras. 
Ante esta realidad, me permitirá que llame la atención sobre uno de los principios básicos de actuación de la Unión Europea. 
En base a las competencias que el Tratado asigna a los diversos órganos, es asunto de la Comisión elaborar las propuestas cuya realización considere oportuna. 
Nosotros, el Consejo, somos de la opinión de que se debe dejar en manos de cada órgano atender sus obligaciones del modo que considere mejor para lograr los objetivos que se ha marcado en el marco de sus tareas. 
No obstante, señor diputado, voy a recoger gustosamente su sugerencia y transmitirla al menos a la Comisión, pues cuando he escuchado que ya llamó la atención por primera vez al respecto en 1989, comprendo naturalmente su preocupación. 
Pregunta nº 17 formulada por Karl Habsburg-Lothringen (H-1094/98): 
Asunto: Aplicación del Tratado de Dayton 
¿Qué opinión le merece al Consejo la actual aplicación del Tratado de Dayton? 
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Habsburg-Lothringen. 
Señor Presidente, señor diputado, Bosnia-Herzegovina ha dado unos importantes pasos en el pasado año. 
Las instituciones políticas y económicas esenciales van tomando formas concretas. 
Se han aprobado importantes leyes sobre inversiones extranjeras y las privatizaciones. 
Ha mejorado sensiblemente la libertad de movimientos en el país. 
La reforma básica de los medios de comunicación está en marcha, lo que contribuye a la construcción de una sociedad más democrática. 
En las últimas elecciones de septiembre se pudo apreciar una tendencia hacia un mayor pluralismo y tolerancia. 
Sin embargo, la comunidad internacional en general y la Unión Europea en particular deben proseguir sus esfuerzos para lograr una paz realmente duradera. 
Aún quedan muchas cosas que hacer. 
La paz en Bosnia-Herzegovina sigue estando sustentada sobre unos pies de barro y sin la actual ayuda internacional no se mantendría. 
Hay en especial tres factores de riesgo que se deben tener en cuenta: deficiente integración entre las diferentes comunidades, la necesidad de una delimitación completa y exacta de responsabilidades del Estado y de la unidades territoriales así como la existencia de monopolios de partidos sobre los medios de producción. 
Tras la finalización de la fase de consolidación, los próximos años van a ser decisivos para el fortalecimiento de la democracia. 
Bosnia-Herzegovina es actualmente uno de los países del mundo que perciben más ayuda. 
La ayuda internacional, en la que sigue teniendo la parte del león la UE, ha llegado a su punto álgido y se deberá necesariamente reducir próximamente. 
Bosnia-Herzegovina deberá utilizar por ello el tiempo restante en prepararse para existir sin ayuda exterior y para enfrentarse a los desafíos de una transformación de la economía en lo tocante a la creación de puestos de trabajo y el logro de un mayor nivel de vida. 
Paralelamente a ello, las autoridades locales tienen que ir haciéndose cargo cada vez de una mayor responsabilidad. 
El Consejo por la aplicación de la paz y que se va a celebrar en Madrid los días 15 y 16 examinará los avances logrados en la ejecución del acuerdo de paz. 
Se aclarará qué es lo que hay que hacer aún para que la paz se mantenga sin ayuda exterior. 
El Consejo para la aplicación de la paz, es decir, la llamada Conferencia PIC, aprovechará sin duda el próximo y decisivo calendario para impulsar el retorno de los refugiados y desplazados, fortalecer a Bosnia-Herzegovina tanto interior como exteriormente y establecer unos fuertes vínculos entre las instituciones de Bosnia-Herzegovina y las europeas. 
Por lo demás, el alto enviado ha contribuido a que en el proceso de paz de Dayton se lograsen unos progresos esenciales. 
Se debe destacar su positivo papel como última autoridad a la hora de interpretar los aspectos civiles del acuerdo y como coordinador de las instancias ejecutivas civiles. 
Sin su trabajo y su autoridad durante los últimos 12 meses habríamos logrado muchos menos progresos. 
Señora Presidenta del Consejo, muchas gracias por la exposición de la situación en Bosnia-Herzegovina. 
Sin embargo, deseo plantear dos breves preguntas adicionales. 
Una se refiere al problema de los refugiados, a los que se ha referido brevemente al final. 
Este problema se debe también en gran medida a la legislación no sólo en Bosnia-Herzegovina sino también en los países vecinos. 
Por ejemplo, sé que Croacia ha anulado ciertas leyes que afectaban a casas que se habían entregado a largo plazo a refugiados pero a las que quieren regresar ahora otros refugiados y espero que en Bosnia-Herzegovina exista pronto una situación jurídica que lo permita. 
¿Sabe usted si existen señales de algún tipo que indiquen que la situación jurídica esté cambiando del modo correspondiente? 
Al hablar de los países firmantes del acuerdo de Dayton- y aquí se incluye, por ejemplo, a Croacia -, quiero preguntarle en segundo lugar cuál es en su opinión la situación de Croacia y qué es lo que tiene que hacer este país para que se aplique allí de nuevo el programa PHARE y Croacia pueda marchar por una vía europea normalizada. 
Señor Presidente, señor diputado, respecto a la pregunta sobre la situación legal en Bosnia-Herzegovina, tengo que decir que lamentablemente no se ha hecho aún todo tal como sería necesario. 
Por ello, el Presidente del Consejo, Schüssel, ha criticado en la Peace Implementation Conference la mala cooperación de las autoridades bosnias, entre otras cosas, también en este asunto así como en el del retorno de los refugiados. 
Ha dicho que el retorno de ciudadanos bosnios, sobre todo los pertenecientes a minorías, sigue siendo impedido por la falta de disposición a cooperar a todos los niveles administrativos y, sobre todo, por una situación de seguridad en general mala. 
Ha expresado su decepción por los defectuosos avances en este campo y espera para 1999 unos resultados sensiblemente mejores. 
Tenemos que lograr que regrese una masa crítica de refugiados pertenecientes a minorías para que el proceso sea irreversible. 
Este es el punto central. 
Respecto a la pregunta sobre Croacia y al programa PHARE le puedo decir que Croacia tiene que cumplir las condiciones determinadas en el marco del concepto regional para poder beneficiarse plenamente del programa PHARE y para ser incluida en las negociaciones, ante todo, sobre un acuerdo de comercio y cooperación como fase previa a un Acuerdo Europeo. 
Como usted seguramente sabrá, el Consejo aprobó ya en abril de 1997 una estrategia global, el llamado concepto regional, para las relaciones con los países de los Balcanes Occidentales, es decir, Croacia, Bosnia-Herzegovina, la República Federal de Yugoslavia, la antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania. 
En el marco de los esfuerzos por consolidar la paz y estabilidad en la región y contribuir a su reconstrucción económica y, sobre todo, de impulsar los esfuerzos europeos, se acordó que la UE fuese ampliando paulatinamente sus relaciones también con estos países. 
Como sabrá, la Unión Europea ha determinado con este objetivo unas condiciones políticas y económicas que deberán cumplirse para que se puedan obtener primero unas preferencias comerciales autónomas, a continuación un acceso a PHARE para llegar finalmente a unas relaciones contractuales. 
El Consejo supervisa regularmente los progresos en el cumplimiento de estas condiciones y últimamente, el 9 de noviembre, ha aprobado unas conclusiones sobre este tema. 
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, muchas gracias por la competencia con que ha respondido no sólo a esta pregunta sino a todas las que le hemos planteado en este semestre. 
No obstante, quiero realizar una observación crítica, no a usted personalmente pero sí al Consejo. 
Considero que la expresión Balcanes Occidentales es una expresión muy poco afortunada. 
Es un concepto totalmente sintético que nunca ha existido. 
Croacia nunca ha pertenecido a los Balcanes pero Macedonia sí. 
Nunca han existido los Balcanes Occidentales, se trata de un concepto totalmente artificial. 
Quiero decir que debemos desarrollar algo así como una teoría del dominó positiva y democrática, es decir, estabilizar un país después del otro. 
Si queremos estabilizar Bosnia-Herzegovina, primero tenemos que hacerlo con Croacia y no pueden estar en una situación peor en lo que se refiere al programa PHARE y al acuerdo de comercio y cooperación que, por ejemplo, Albania. 
No existe para ello ningún motivo objetivo. 
Creo que en el Consejo se debería recapacitar sobre estos criterios e intentar romper el aislamiento de Croacia, pues con el aislamiento no vamos a seguir avanzando. 
Señor Presidente, señor diputado Posselt, permítame que diga lo siguiente: creo que el nombre de Balcanes Occidentales se deriva de la idea de que debe existir precisamente un concepto regional. Esto quizás se pueda interpretar como lo hace usted, diciendo que nunca ha existido históricamente. 
Pero también se puede interpretar positivamente, diciendo que hay que crear una perspectiva para toda la región y en este sentido se trata de un enfoque positivo. 
En cualquier caso, me permito decirle que la Unión Europea está firmemente decidida a lograr la plena aplicación del Acuerdo de Dayton y también quiere lograr que todas las fuerzas reconozcan la necesidad de la aplicación de Dayton. 
Naturalmente, esto depende en gran medida de la cuestión de qué es posible seguir haciendo en Croacia. 
Permítame decir también que sobre todo la Peace Implementation Conference ha exigido siempre a Croacia que cree ciertas condiciones para facilitar el retorno de los refugiados. 
Usted sabe que precisamente desde la expiración del mandato de la administración provisional de la ONU en la Eslavonia Oriental- es decir, el Danubio y el Theis- ataques físicos y obstáculos burocráticos contra serbios han ocasionado un continuo flujo de refugiados en su mayor parte hacia Bosnia, a la República Federal de Yugoslavia y también a Europa Occidental. 
Lamentablemente, hay que decir que sólo como consecuencia de una continua presión internacional, Croacia ha aceptado finalmente un plan aceptable y amplio para el retorno de los refugiados. 
Sin embargo, hay que esperar a ver cómo se aplica el plan. 
He citado antes al Ministro de Asuntos Exteriores Schüssel, quien ha participado ayer en la Conferencia PIC en Madrid y desgraciadamente tengo que decir que precisamente un país que siempre ha tenido una actitud muy amistosa con Croacia, es decir, mi país, Austria, ha tenido que ejercer la crítica porque en esta cuestión no ha avanzado lo suficiente. 
Hay que destacarlo. 
La intervención mantenida el 21 de febrero por el Presidente Tudjman en el Congreso del Partido HDZ ha sido acogida también con grandes críticas por la comunidad internacional, tanto por su tono como por su contenido, pues estuvo en clara contradicción con los compromisos de Dayton. 
Por ello, no soy de la opinión de que ciertos círculos en la UE persigan sistemáticamente una política hostil frente a Croacia. Más bien creo que este país tiene que hacer aún mucho para cumplir todos los criterios objetivos prescritos, si bien también sé que ciertos miembros del Gobierno tienen una actitud más abierta que otros en esta cuestión. 
Muchas gracias, señora Ferrero-Waldner. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 18 a 45 se contestarán por escrito. 
Señorías, esta es la última ocasión en que vamos a tener aquí a la Sra. Ferrero-Waldner para responder a las preguntas dirigidas al Consejo. 
Permítanme que le agradezca la atención, el rigor, el cuidado que durante las cinco sesiones que hemos tenido en este semestre- no hemos conseguido la seis -, le agradezca muy sinceramente desde la Presidencia esta atención, este rigor, esta voluntad de comunicación, de debate y de complementación interinstitucional que representa el turno de preguntas en la relación entre el Consejo y el Parlamento. 
Señora Ferrero-Waldner, muchas gracias. 
Y dado los días en los que estamos, permítame que le desee unas felices Pascuas con todos los suyos y un feliz año nuevo junto al Mediterráneo, señora, que yo sé que usted ama mucho el Mediterráneo, y en esta y en otras cosas coincidimos plenamente. 
(La sesión, interrumpida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Derechos humanos en la Unión (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate sobre los derechos humanos en la Unión Europea. 
Señor Presidente, quiero felicitar a Schaffner por este excelente informe, al que el Grupo V da su apoyo. 
También deseo pedir a mis colegas que presten atención a la enmienda 58 referente al principio de transparencia. 
La existencia de un principio de transparencia que funcione, incluida la protección al denunciante, constituye una efectiva arma en la lucha contra el fraude y las estafas, lo cual da derecho, tanto a los ciudadanos como a los políticos y a los medios de comunicación, para obtener información y ejercer control democrático. 
Si hubiese existido semejante principio, posiblemente las deficiencias de la Comisión se hubiesen descubierto mucho antes o, quizás, nunca hubiesen tenido lugar. 
Es satisfactorio que la comisión haya dado su apoyo al reconocimiento de las parejas homosexuales. 
Espero que esto contribuya al cese de las discriminaciones de las parejas homosexuales en algunos países miembros y en determinadas instituciones comunitarias. 
En estos tiempos de liberalismo de mercado que vivimos es muy importante, desde el punto de vista humano y democrático, que no se descuiden los derechos sindicales, incluido el derecho a huelga, cosa que también el informe se encarga de subrayar. 
Nos preocupa la cantidad de registros y de sistemas informáticos de datos que aumentan constantemente. Especialmente nos inquieta el sistema Echelon que, en nuestra opinión, es absolutamente inaceptable. 
Los suecos del Grupo V votamos absolutamente en contra de las enmiendas que proponen la liberalización de los narcóticos y de las enmiendas que critican el derecho al aborto libre. 
Señor Presidente, señora Comisaria, cada año, como un ritual bien organizado, vuelve a esta Asamblea el informe sobre los derechos humanos en la Unión Europea. 
Al ser 1998 el año del cincuentenario de la Declaración Universal, era importante que este informe estuviera impregnado de seriedad y credibilidad. 
Eso es lo que pretendía hacer, por otra parte, nuestra colega Anne-Marie Schaffner, y, como cada año, se han presentado una gran cantidad de enmiendas de las cuales algunas nos parecen fuera de lugar y profundamente ideológicas, sin vínculos reales con la cuestión de los derechos humanos. 
Nuestra posición sobre este informe dependerá por tanto de su aceptación o de su rechazo por esta Asamblea. 
Por el contrario, debo señalar la gran calidad de las enmiendas 35, 36 y 37, presentadas por nuestros colegas, Colombo, Svevo y Stefan Martin, en nombre del PPE. 
De una forma general, aprobamos las enmiendas de este grupo, al igual que las presentadas por el ponente. 
En verdad, está claro que los derechos humanos, que deberían ser un tema de unidad o de unión, están concebidos de forma diferente según las opciones políticas de unos y otros. 
Encuentro muy curioso por otro lado, incluso divertido, que los mismos que persiguen al general Pinochet adulen a Castro que tiene diez veces más muertos en su conciencia. 
Los que pretenden desalojar el extremismo pretendidamente de derecha nunca se interesan por el extremismo de izquierda. 
Carlos, del que se sabe que estaba pagado por Ceaucescu, no era sin embargo un monaguillo, no más que Bader y su banda. 
Pero es cierto que algunos en este hemiciclo han tenido atenciones culpables hacia estos terroristas. 
Admiraban a Mao en plena revolución cultural, que no costó al pueblo chino más que la friolera de diez millones de muertos. 
Y los lectores de un gran diario vespertino francés se pasmaban leyendo en primera página: «Phnom Penh liberada» , cuando el comunista Pol Pot se apoderó de la capital Jemer. 
Sería deseable que algunos defensores de los derechos humanos pusieran de acuerdo su pasión declarada por los derechos humanos y su comportamiento. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Schaffner encuadra claramente la cuestión del respeto de los derechos humanos en la Unión Europea, unos derechos que no pueden considerarse como simples declaraciones de principio, sino que deben insertarse en la realidad concreta porque, tal como demuestra el informe, los derechos humanos han de invocarse en las situaciones extremas y más graves, así como deben calar hondo en la vida cotidiana para convertirse en parte integrante de la mentalidad común. 
Haré unos cuantos ejemplos: los derechos de las mujeres deben ser protegidos mediante la lucha contra los abusos y la violencia sexual, así como reconociendo por fin la igualdad de acceso al mundo del trabajo y el derecho a una retribución justa; los derechos de la infancia han de orientarse contra la explotación sexual, así como contra el trabajo infantil y en favor del derecho a la educación; lo mismo vale para los discapacitados que no solo precisan una asistencia social y sanitaria justa para sentirse iguales y plenamente integrados en la sociedad, sino también el derecho al trabajo. 
Constato, sin embargo, cierta carencia cuando se habla del derecho a la vida. 
En este sentido, se hace referencia a la lucha contra la pena de muerte, el terrorismo y la eutanasia olvidando el problema de la interrupción del embarazo. 
Evidentemente, en esta ocasión, no quiero organizar una cruzada contra el aborto, pero me parece francamente exagerado que el Parlamento Europeo llegue incluso a deplorar el hecho de que algunos Estados miembros prohíban o simplemente limiten la información en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, como resulta en el apartado 56 del informe. 
No se pueden equiparar el derecho a la vida y el derecho al aborto. 
En un informe que atribuye gran importancia a la defensa de los derechos de todos los seres humanos, en particular los más indefensos y desfavorecidos, sería necesario emplear alguna palabra para defender los más indefensos de los seres humanos, o sea, los embriones. 
Y termino diciendo que no se registrarían tantas interrupciones del embarazo si los Estados miembros y la Unión Europea en su conjunto ofrecieran a las mujeres medidas alternativas al aborto y, por tanto, ayudas económicas y sociales adecuadas y una sería política de información y de prevención. 
Señor Presidente, forma parte de los ejercicios de estilo felicitar al ponente. 
Sin embargo, creo que el ejercicio de equilibrio al que se ha entregado la señora Schaffner merece no solamente nuestro respeto sino nuestra adhesión. 
Creo además que este informe será votado con entusiasmo, ya que tiene como interés atraer la atención sobre los derechos de aquellos que no están generalmente muy defendidos, principalmente los extranjeros. 
Es cierto que la obligación de respetar las convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales es un elemento que tiene mucha importancia. 
El derecho de asilo y la protección temporal que exigen las desgracias que acaban de sacudir nuestro continente en unos pocos años son elementos que se señalan y que merecen nuestra total adhesión. 
Este ejercicio del informe sobre los derechos humanos, que nos permite barrer delante de nuestra puerta antes de dar lecciones a las demás naciones del mundo, es un ejercicio saludable. 
El inconveniente es que nos hace un poco esclavos de un cierto consenso. 
He presentado una enmienda, el Grupo Radical ha presentado una enmienda. 
Tienen pocas posibilidades de prosperar. 
La prostitución, femenina o masculina- en los tiempos que corren, el número de hombres que se prostituyen aumenta casi tan rápido como el de las mujeres- merece que una legislación, una reglamentación de protección de sus libertades y de su dignidad se pongan en práctica. Ésta no existe en todos los Estados y sería necesario pensar en ello con seriedad. 
Un segundo elemento es la laicidad y el respeto por la religión. 
En materia de nuevas religiones, parece que hay en la actualidad una confusión molesta entre el código penal y los ataques manifiestos contra la ley, la caza de brujas que está en la actualidad organizada contra ellas. 
Perdónenme, los homosexuales, los consumidores de drogas, actualmente aún ilegales, son también personas que necesitarían ver defendidos sus derechos. 
No tengo tiempo para hablar de ello, lo lamento. 
Señor Presidente, intentaré hacer algunas observaciones ante esta numerosa asistencia aún presente. 
Es tradición elaborar todos los años un informe sobre los derechos humanos en el que evaluamos cómo está la situación en otros lugares del mundo, y otro donde nos miramos a nosotros mismos y en el que nos preguntamos: ¿Cuál es el estado de los derechos humanos en la Unión Europea? 
También es tradicional, señor Presidente, que nos resulte mucho más fácil ponernos de acuerdo sobre el informe acerca del estado de los derechos humanos en el exterior, que sobre nuestra propia situación. 
Quiero expresar mi esperanza de que, por una vez, mañana sea un día diferente y que podamos apoyar de forma unánime el informe de la señora Schaffner. Porque yo opino que no se nos podrá tomar en serio hasta que no nos atrevamos a ser críticos también con respecto a la situación interior de la Unión. 
Esto significaría un gran paso adelante en comparación con experiencias anteriores sobre este tema. 
Sin embargo, considerándolo bien, también me parece que la separación entre los derechos humanos fuera y dentro de la Unión tiene algo de artificial; ya no me parece tan adecuada. 
Tengo la sensación de que muchas veces precisamente nos vemos implicados en una confrontación entre esta próspera parcela del planeta donde nos encontramos nosotros y el resto, y de que las violaciones de los derechos humanos se producen cada vez más justamente en torno a esta confrontación. 
Nuestro colega, el señor Pradier, ya lo dijo antes; habló de asilo y de migración. 
Naturalmente es lógico que cuando uno vive en un lugar tan extremadamente próspero en comparación con el resto del mundo, atrae a gente. 
Si bien el fenómeno en si es problemático, no tiene nada de extraño. 
Cuando no somos capaces de responder a sus peticiones, no todas esas personas vuelven a sus lugares de origen, sino que muchas pasan a tener el estatus de ilegal. 
Son como personas inexistentes. Pues bien, si hablamos de las violaciones de los derechos humanos, repito, deberíamos considerar también a ese grupo. 
Se trata de gente explotada a consecuencia de su situación de privación de derechos, y eso está mal. 
Asimismo ocurre, y ya lo hemos comentado aquí, que esas personas efectivamente han de volver y que se les envía a la fuerza a sus países de origen. 
Y también ahí ocurren accidentes. 
Pero también hay otras consecuencias de esa diferencia entre los ricos y los pobres. 
Por suerte tenemos aquí con nosotros a la Comisaria que ha dedicado grandes esfuerzos a este tema; quiero felicitarla por su trabajo. 
Por último, señor Presidente, quisiera expresar mi especial aprecio por todas esas ONGs que están activas en este campo; no pienso sólo en Amnesty, sino también merece ser mencionado ACNUR, menciono también ECRE, y seguro que se me olvidan algunas más. 
Es bueno que tomemos en serio cada vez más los informes y las noticias desde la sociedad que nos llegan a través de esas ONGs; lo considero positivo y desde aquí quiero agradecer de nuevo a todas esas personas que se esfuerzan desinteresadamente por mantener dichas ONGs. 
Creo que la política, es decir nosotros, estamos funcionando mejor gracias a ellas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, yo también quisiera comenzar felicitando a la Sra. Schaffner, porque ha puesto todo su empeño en analizar la situación de los derechos humanos en la Unión Europea. 
Al contrario, no manifiesto mi gratitud ni mi reconocimiento a quienes, tal y como ocurrió en los años anteriores, se han servido del pretexto de los derechos humanos para incluir como enmiendas todas las propuestas políticas y deseos ideológicos posibles. 
Actuando de esta manera han falsificado, desgraciadamente, el informe elaborado por la Sra. Schaffner. 
Hay algunas otras enmiendas que no puedo aceptar o que al menos son inaceptables en el marco de un debate sobre los derechos humanos. 
Solamente querría destacar algunos puntos, como por ejemplo la petición de que se legalice el consumo de drogas- en este ámbito existen opiniones radicalmente opuestas- o la reivindicación del derecho electoral activo y pasivo para trabajadores extranjeros o la equiparación de las parejas homosexuales con las familias normales, reconociendo a las parejas del mismo sexo como familias y lo que es más, la reunificación familiar en el caso de las parejas del mismo sexo. Por último, lo que a mi modo de ver es lo más grave de todo, la solicitud de suprimir las disposiciones que protegen a los jóvenes contra los abusos homosexuales reduciendo la edad de protección. 
Yo estoy en contra de todo tipo de discriminación, pero ello no obsta para que las reivindicaciones propuestas me resulten totalmente inaceptables. 
La protección de los jóvenes, la protección de los niños siempre ha de prevalecer sobre el deseo de ceder ante las tendencias sexuales individuales, dándoles rienda suelta. 
La protección de los jóvenes que ustedes proclaman, estimados señores, corresponde en mi opinión a un derecho humano. 
Y yo opino que los derechos humanos son demasiado valiosos para ser rebajados a un mero vehículo de transporte de una ideología cualquiera o para ser objeto de abuso. 
Señor Presidente, abordamos una vez más el informe anual del Parlamento Europeo sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión y me felicito, ante todo, de que en el informe se sigan afianzando los derechos sociales y económicos, así como los derechos culturales, como parte integrante de los derechos fundamentales. 
En este sentido, me gustaría destacar una aportación de nuestro Grupo al informe, en la que se solicita el reconocimiento y la promoción de las lenguas regionales y la ratificación, por parte de los Estados miembros, de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. 
No podemos olvidar el hecho de que debatimos este informe anual en el 50º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, marco de referencia indiscutible en el que debe moverse la actuación pública de todas las instituciones y organismos nacionales o internacionales. 
Tampoco quisiera olvidar en este momento la encomiable labor desarrollada por las distintas organizaciones no gubernamentales- a las que se ha referido mi colega en la intervención anterior- en la lucha por la implantación y el respeto de los derechos humanos en nuestras sociedades. 
El constante trabajo de denuncia y reivindicación de estas asociaciones ha contribuido en gran manera a una mejor aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Me gustaría, por último, abordar un punto que figura en el informe a iniciativa de nuestro Grupo, como es la necesidad de instaurar una alta autoridad, independiente de los poderes públicos y encargada de velar por el respeto de las normas deontológicas por parte del conjunto de las fuerzas de seguridad, a la que los ciudadanos puedan dirigirse directamente. 
Con la presencia de esta alta autoridad, en casos como los sucedidos hace unas semanas en Melilla, donde se procedió a la detención de dos policías locales acusados de presunta violación de una marroquí, o el sucedido esta semana en Toulouse, en que resultó muerto un ciudadano magrebí por la policía de esta localidad, se podrían determinar mejor las responsabilidades de las fuerzas de seguridad. 
Señor Presidente, cuando hablamos de derechos humanos, debemos hablar del derecho de todo el mundo a recibir un trato igual ante la ley y en la propia sociedad. 
Éste es un informe extraordinariamente importante, porque la Unión Europea tiene que examinar sus propias faltas antes de poder señalar con el dedo a otras partes del mundo. 
Todos los años examinamos informes en el Parlamento sobre esta cuestión, pero se siguen desconociendo los derechos de ciertos sectores de la sociedad. 
Por ejemplo, los gays y lesbianas siguen discriminados en muchos países europeos por su orientación sexual. 
Las mujeres, pese a constituir más del 50 % de la población, siguen discriminadas. 
Cuando examinamos los sistemas jurídicos de muchos países, vemos que la aplicación real de la ley es inaceptable. 
En mi país, Irlanda, tenemos tribunales penales especiales que han sido condenados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Se siguen utilizando no sólo para lo que estaban justificados- los delitos terroristas -, sino también para delitos comunes. 
En algunos Estados miembros de la Unión Europea las personas pueden estar detenidas por períodos muy largos sin una acusación. 
Se trata de una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos. 
Tenemos que examinar esas cuestiones y adoptar la decisión de no permitir que esos países sigan funcionando así. 
Todo el mundo debe respetar los pactos internacionales de derechos humanos y todos los Estados miembros de la Unión Europea deben responder a preguntas acuciantes sobre la aplicación de la ley. 
Señor Presidente, qué duda cabe de que los derechos humanos son la gloria de nuestro siglo y para darnos cuenta de ello basta recordar algunas de las preguntas que se han planteado a lo largo de la historia de la humanidad como la que se hizo Sócrates la noche anterior a su ejecución: «¿Qué es justo? 
¿Respetar la ley? »; y la de San Agustín: «Qué diferencia el Estado de una asociación delictiva bien organizada» ; y la que se formuló a raíz de los juicios de Nuremberg hace medio siglo, cuando los criminales nazis se defendieron diciendo: «Nosotros hemos aplicado la ley». 
«Precisamente por esto os condenamos» , contestaron los jueces. 
Entonces, ¿qué es justo? 
En el corazón de nuestro siglo, la Declaración de 1948 responde no tanto con los artículos sino con el preámbulo: «El fundamento y la libertad de la justicia y de la paz del mundo consiste en el reconocimiento de la dignidad de todos los seres pertenecientes a la familia humana». 
La Unión Europea está vinculada a los derechos humanos; su verdadera gloria no está en el euro ni en el mercado, sino en la dignidad humana. 
Sin embargo, volviendo a leer el preámbulo de la Declaración de 1948, nos damos cuenta de que estamos en presencia de un cambio de trágicas consecuencias: toda la teoría de los derechos humanos está destinada a venirse abajo como un castillo de arena si no sabemos quién es el titular de los derechos. 
En otros términos, precisamente aquí en el corazón de la Unión hay que formular la pregunta definitiva que es más inquietante que las de Sócrates, de San Agustín y de Nuremberg, aunque es la pregunta definitiva: ¿Quién es el hombre, quién es miembro de la familia humana, en qué consiste la dignidad? 
Los momentos más infelices de la humanidad, los de la marginación, de la minusvalía, del nacimiento, de la muerte, los momentos en que nos llaman embriones, moribundos, no son quizás los momentos en que se formula la pregunta fundamental: ¿Quién es el hombre, quién es el titular de los derechos humanos? 
Por ello, lamentamos que el informe, por otra parte apreciable, hable de la pena de muerte y no de la condena a muerte de aquellos que no pueden sino ser presuntos inocentes, hable de los niños, pero no de los que son más niños que todos los demás. 
Es por eso que trataremos de mejorar el texto, al objeto de que sea un texto que defienda a todo el mundo y pueda ser aprobado por el mayor número posible de diputados. 
Señor Presidente, estimados colegas, estimada señora Gradin, este año el informe anual del Parlamento Europeo sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea reviste una importancia especial ya que coincide con el cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Me alegra mucho que con motivo de este aniversario hayamos logrado finalmente tratar conjuntamente los derechos humanos dentro y fuera de la Unión. 
Así, la opinión pública podrá asegurarse de que los miembros del Parlamento Europeo velan por el respeto de los derechos humanos en todas las partes del mundo. 
El impacto de esta señal no ha de infravalorarse. 
En demasiadas ocasiones, los Estados miembros son acusados ellos mismos de violar los derechos humanos en su propio territorio al tiempo que pretenden obligar a sus socios comerciales a respetarlos mediante la inserción en los acuerdos comerciales de las llamadas cláusulas de condicionalidad sobre el respeto de los derechos humanos. 
Gracias a este informe también queda de manifiesto que son sobre todo los débiles y los marginados de la sociedad quienes ven perjudicados sus derechos personales. 
De acuerdo con el espíritu tradicional europeo, el Parlamento Europeo nunca ha dejado de poner el dedo en la llaga de nuestra democracia a pesar de las amenazas, incluso las que procedían de sus propias filas. 
Es por lo que considero sumamente importante que el informe sobre los derechos humanos también preste atención a la situación de los refugiados, los inmigrantes, los niños y las minorías. 
Por regla general, estas personas no tienen derecho a voto, de modo que no pueden participar en la elección de los gobernantes. 
Cuando se convierten en víctimas del incumplimiento de los derechos humanos, las agresiones sufridas quedan impunes. 
A modo de justificación se suele decir que la culpa la tienen ellos por haber provocado a los demás, por no querer adaptarse. 
Son éstas las disculpas que se aducen con demasiada frecuencia para justificar abusos descomunales. 
Pero independientemente de ser extranjero, de ser normal o de no serlo, un hombre es un hombre y por naturaleza tiene derechos que, por tanto, deben ser respetados. 
Eso, ni más ni menos, es lo que queremos dejar claro a los Gobiernos de Europa a través de nuestro mensaje. 
Señor Presidente, señora Comisaria, colegas, ¿Pueden equipararse el derecho a la vida y el derecho a vacaciones? 
¿Tienen el mismo rango los derechos políticos absolutos y los económicos y culturales? 
Los derechos humanos constituyen actualmente una parte del diálogo diplomático, pero han tomado la forma de derechos clásicos, tales como el derecho a proceso y sentencia, a la protección de la vida y de la integridad, el derecho a voto y la igualdad ante la ley. 
Los derechos económicos se basan en recursos limitados y la mayor parte de la población mundial no puede entenderlos como pretensiones irrenunciables, sino más bien, como objetivos deseables. 
El Derecho de todos al trabajo es una hipocresía, incluso en algunos países de la Unión. 
Cuando se redactó la Declaración de la ONU, la Unión Soviética trató de mezclar los derechos para esconder la traición a los derechos fundamentales. 
Esta clase de tácticas desvirtúa los fundamentos del estado de derecho. 
Vamos por mal camino cuando los derechos económicos se transforman en tapadera para las deficiencias e imperfecciones de los derechos políticos. 
Los derechos políticos, tales como la democracia, la libertad de expresión, el derecho de propiedad y la libertad de empresa, son condiciones para desarrollar la industria, el empleo y el estado del bienestar, que todos deseamos. 
Los derechos humanos no tienen nada que ver con las vacaciones pagadas. 
Volvamos a los orígenes: a John Locke y sus derechos humanos basados en los conceptos de vida, libertad y propiedad, que los americanos han desarrollado y expresan como life, liberty and the pursuit of happiness y que la ONU llama vida, libertad y seguridad personal. 
El aborto, las regulaciones para las parejas de hecho entre homosexuales y sus exigencias para adoptar niños son asuntos de valoraciones que apuntan directamente contra las normativas familiares nacionales. 
Por estos motivos, vamos a votar en contra de la discriminación, pero nos abstendremos cuando se voten los asuntos de familia nacionales. 
Aunque casi no podemos dar nuestro apoyo a este informe, quiero felicitar a Schaffner por su calificado trabajo cuya misión es prácticamente imposible. 
Señor Presidente, los derechos humanos son competencia de todos. 
O eso es, al menos, lo que decimos. 
En este mismo foro hemos podido comprobar que no todos son necesariamente de la misma opinión por lo que respecta, por ejemplo, a los homosexuales. 
Al mismo tiempo, me gustaría que nos fijáramos en la situación que viven en nuestros propios países las poblaciones gitanas. 
A todos los países les queda algo por mejorar a este respecto. 
Los derechos humanos de los gitanos no se aplican de manera plena. 
El artículo 13 del Tratado de Amsterdam nos ofrece la posibilidad de actuar activamente en el futuro para alcanzar una directiva marco que prohíba la discriminación y una directiva en contra del racismo. 
Éstas serían las medidas concretas que esperan los ciudadanos de la Comisión, el Parlamento y el Consejo. 
La reunión de ciudadanos que se celebró en Viena examinó el artículo 13 y planteó unas grandes expectativas, también al Parlamento Europeo, acerca de esta cuestión. 
Señor Presidente, habida cuenta de que hoy estamos debatiendo el informe anual sobre los derechos humanos en el contexto del cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es de extrañar que la preocupación por mejorar la protección institucional y jurídica de los derechos humanos ocupe un lugar primordial en el orden del día. 
Gracias a los grupos de expertos de alto nivel, la Presidencia austríaca y la iniciativa tomada por mi Grupo político en esta Asamblea, dicha cuestión vuelve a estar sobre la mesa. 
Como ya se ha señalado reiteradamente en el día de hoy, el Tratado de Amsterdam ha supuesto una serie de avances por lo que a la protección jurídica de los derechos humanos en la Unión Europea se refiere. 
Sobre todo el artículo 13 significa un gran paso adelante a pesar de todos los obstáculos propios del derecho procesal que conlleva. 
En una conferencia pronunciada en Viena, dicho artículo llegó a caracterizarse como sleeping child. 
Creo que corresponde a nosotros despertarlo. 
Pese a ello seguimos echando en falta el firme anclaje de los clásicos derechos humanos en el Derecho comunitario. 
Esta ausencia es tanto más triste y preocupante cuanto que la Unión asume cada vez más cometidos directamente relacionados con los derechos fundamentales, concretamente en el ámbito del tercer pilar, por ejemplo los que se refieren al desarrollo de una política común de asilo e inmigración, medidas comunes en la lucha contra el crimen organizado, nuevos procedimientos de control así como la cooperación policial y jurídica a escala comunitaria. 
Estas políticas deben ir acompañadas de derechos fundamentales y humanos cuyo respeto se impone en virtud del Derecho comunitario a fin de evitar posibles excesos. 
Desafortunadamente, sabemos por experiencia que no resulta posible desarrollar una política duradera si se carece del marco institucional correspondiente. 
Por ello, proponemos mediante una enmienda que el miembro de la Comisión Europea que se ocupa del espacio de libertad, seguridad y derecho vele asimismo por el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea y que el Observatorio de los Fenómenos Racistas y Xenófobos con sede en Viena se transforme en el observatorio general de los derechos humanos de la Unión. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la necesidad de que los Estados miembros fortalezcan las disposiciones y los métodos en el sentido del respeto de los derechos humanos en la Unión Europea. 
Del mismo modo, no aceptamos que tiren piedras contra tejados ajenos sin que se vea siquiera con qué material está hecho nuestro propio tejado. 
En los derechos humanos no se pueden olvidar ni desvalorizar los derechos sociales. 
La ponente se refiere a ellos, cosa que ponemos de relieve, aunque, como siempre, esas referencias nos parezcan insuficientes. 
Entre otras cosas, porque en Europa hay que abandonar la posición defensiva en relación con los derechos sociales, como si fueran excesivos y la globalización y la competitividad obligasen a supuestas revisiones realistas. 
Dos notas por el lado positivo, sobre dos propuestas: la de 1999 para el año europeo de lucha contra la violencia que padecen las mujeres y la de intensificación de la lucha contra las redes internacionales y los traficantes de la emigración clandestina. 
Por último, por hablar de tejados de vidrio aún más particulares, esperamos que Portugal deje de contribuir a las referencias a casos de tortura y de tratos inhumanos sobre personas presas o en régimen de detención policial perpetrados por agentes de las fuerzas del orden. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 9.30 horas. 
Condiciones carcelarias 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0369/98) del Sr. Pradier, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre las condiciones carcelarias en la Unión Europea: reorganización y penas de sustitución. 
Señor Presidente, señora Comisaria, me siento muy honrado de hablar ante ustedes porque creo que, tanto el Consejo, como la Comisión y el Parlamento tendrán que adoptar decisiones importantes sobre el tema que nos afecta. Efectivamente, este tema no es extremadamente popular. 
No es muy electoral. 
Pero permítanme a pesar de todo decirles hoy, a la hora que es, a las nueve de la noche, que 400.000 de nuestros ciudadanos están en prisión. 
A poco que uno u otro tengan la mala suerte, o quizá la suerte, de tener cónyuge, uno o dos niños, o unos padres ancianos, hay entre un millón y medio y dos millones de europeos que están directamente afectados ahora mismo por su condición de presos. 
Hoy, la prisión es un mal necesario. 
Su función, que es la de, por una parte, privar de su libertad a una serie de delincuentes, es decir, un papel punitivo, ha de duplicarse, con toda evidencia, con una preparación para la salida, con una rehabilitación y una reeducación. 
Vale la pena decirles, Señorías, que esa misión, la prisión en Europa no la cumple o la cumple deficientemente, salvo en muy pocos países, y tendremos de paso ocasión de rendirles homenaje. 
¿Quién está en prisión? 
Voy a decirles quien está en prisión. 
No se trata de hacer un planteamiento angelical. 
Los que están en prisión son culpables, son condenados. 
Y quizá sea para bien. 
¿De quién se trata? 
Se trata de pobres, y la mayoría se encuentran por debajo del umbral de pobreza. 
Son iletrados, o personas cuya educación es manifiestamente deficitaria. 
Son personas sin referencias éticas, internas o familiares, son personas también desempleadas, víctimas de la delincuencia antes de haber sido los autores. 
Finalmente, son personas cuya salud somática o psicológica está gravemente comprometida. 
El 95 % de los que hoy están en prisión responden al menos a tres de estos criterios. 
Las prisiones están superpobladas, es cierto. 
Están superpobladas porque se condena cada vez con más dureza. 
Se ha hablado de la necesidad de construir prisiones. 
Acaso sea necesario construirlas, y hasta es seguro. 
Sin duda, para no aumentar el número, pero para dar mejores condiciones de alojamiento a las personas que son sus huéspedes. 
Dos o tres elementos me parecen importantes. 
El primero es que se dé un mayor espacio a las penas sustitutivas a la pena de prisión. 
Ir dos años a prisión no tiene sentido. 
Y ahí, una serie de países, mediante penas sustitutivas, trabajos de interés general, días-multa, han visto posibilidades de encontrar una rehabilitación de mejor calidad que la de la prisión. 
Un segundo elemento, que me parece al menos tan importante, es la reparación. 
Cuando un delincuente ha ocasionado un daño a alguien, es preciso que esta reparación se produzca no con respecto al Estado- todo el mundo se burla, de la misma manera que a toda la población le traen sin cuidado los presos. 
Por el contrario, el establecimiento de un vínculo preciso entre el delincuente y su víctima es la reparación directa, y probablemente una de las vías en las que deberíamos avanzar. 
Quisiera señalarles dos elementos que van a ser objeto de enmiendas. 
El primero es que aún hoy, en una serie de Estados, el consumo de una sustancia ilegal es suficiente para enviar a alguien a prisión. 
Eso es un error. 
Es preciso volver sobre este error. 
En este contexto, creo que el encuentro, en el seno de la Comisión, que ha sido un encuentro extremadamente interesante, extremadamente vivo, ha permitido obtener un relativo consenso. 
El segundo es la privatización de los establecimientos. 
La violencia institucional que constituye la privación de libertad es y ha de seguir siendo un ámbito estatal. 
Es la función positivizadora del Estado la que debe asegurar la disciplina, el reglamento y la seguridad en el interior de los establecimientos. 
Sabe Dios que estoy a favor de la empresa privada, pero en ese caso es un ámbito del Estado que no se debe dejar de lado. 
En todo caso, sería noble por nuestra parte no delegarlo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si hay un lugar donde el riesgo de violación de los derechos humanos es especialmente alto, ese es la cárcel; porque allí el control es mínimo; porque, como ya lo dijo Pradier, no es un tema popular, y porque las cárceles están desbordadas. 
Por ello creo que es muy bueno que celebremos este debate junto con los debates de los derechos humanos. 
Porque a pesar del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los países europeos en este momento no pueden, ni mucho menos, presentar todavía un balance decente de la situación de los derechos humanos en las cárceles. 
Por tanto, en nombre de mi Grupo parlamentario quiero agradecer de todo corazón y muy sinceramente al colega Pradier su informe, y también la buena disposición que ha mostrado a la hora de tener en cuenta nuestras enmiendas. 
Le puedo informar además que en estos momentos su informe ya está siendo utilizado en unas campañas de publicidad a página completa de, por ejemplo, la Liga Belga para los Derechos Humanos. Y eso, me parece a mí que significa algo. 
En nombre de mi grupo parlamentario, quiero mencionar dos líneas básicas que para mí, y para nosotros, son muy importantes. 
En primer lugar, y de hecho así ya lo dijo Pradier, la pena de prisión sólo constituye una entre muchas de las respuestas posibles de la sociedad ante la delincuencia. 
Pradier dijo: un mal nécessaire. 
Pero ni desde el punto de vista ético, ni social, y ni tan siquiera desde el punto de vista de la efectividad es el remedio más apropiado. 
Aquellos que demandan más penas de mayor duración como respuesta ante la delincuencia sobrestiman enormemente el efecto disuasorio a nivel individual y colectivo de las penas de cárcel. 
Olvidan que con ellas no se reparan los daños infringidos a los implicados, y olvidan también que con ellas no se hace ningún bien a la sociedad, una sociedad donde el delincuente, estigmatizado por su encarcelamiento, ha de reinsertarse. Esto significa que tanto en la política penal como en la política de ejecución de las sentencias debe optarse, siempre que sea posible, por la aplicación de penas alternativas, por castigos sustitutivos que estén enfocados mucho más en la reparación del daño y en la reinserción en la sociedad. 
Así, mi grupo parlamentario es de la opinión de que las personas que hayan sido detenidas exclusivamente por tenencia de drogas no deben estar en las cárceles. 
Y así opinamos también que las personas jóvenes no deben estar en las cárceles. 
Seguimos convencidos de que para los jóvenes la reclusión en un presidio tiene unos efectos contrarios a los deseados, si bien naturalmente somos conscientes de la existencia de grandes problemas con delincuentes que a veces son de muy corta edad. 
Defendemos por tanto un sistema de sanciones constructivas y humanas que, aún haciéndoles responsables por sus actos a los jóvenes, a su vez les den las máximas oportunidades para volver a insertarse en la sociedad. 
En segundo lugar, las penas de cárcel deben ejecutarse de forma humana, y esto, para nosotros, significa que los estados miembros no deben atenerse únicamente a las normas jurídicas del Consejo de Europa sino, por favor, también a las recomendaciones del comité europeo para la prevención de la tortura que incluyen algunas indicaciones muy concretas. 
Significa también que aquellos países, como Bélgica, que aún no han elaborado una ley básica donde se recojan los derechos y las obligaciones de los detenidos, ni han establecido tampoco un mecanismo independiente para el control de las violaciones de los derechos humanos, deben hacerlo sin más demora. 
Si los estados miembros hubiesen seguido desde el principio las recomendaciones de este comité y del Consejo de Europa, al igual, dicho sea de paso, que las del propio informe de Pierre Pradier, éste último no habría tenido la necesidad de redactar ese informe, ni nosotros habríamos tenido que reunirnos aquí. 
Así pues, nuevamente quiero felicitarle por su informe y espero que esta iniciativa del Parlamento Europeo tenga una respuesta positiva. 
Señor Presidente, si hoy aprobamos este informe se deberá en gran parte a su clarividencia política y a su capacidad de captar lo esencial y de dejar de lado las rigideces ideológicas para aprovechar sobre todo la oportunidad que nos brinda un informe que merece un amplio acuerdo. 
Pienso que antes que nada debemos interrogarnos sobre un hecho: en todos los sondeos nacionales y europeos realizados en Europa, el problema de la llamada seguridad interesa muy especialmente a los ciudadanos. 
Los ciudadanos piden una convivencia pacífica; por lo tanto, hay un contraste entre este legítimo deseo y este informe. 
En primer lugar, he de decir que la seguridad de los ciudadanos interesa a todo el mundo y no sólo a algunos de nosotros. 
Sin embargo, los ciudadanos saben que una buena organización carcelaria, junto con la certeza de la pena, la seguridad de las cárceles y unas penas alternativas claras y conocidas por la opinión pública forman parte de esta convivencia pacífica. 
No formular preguntas acerca de las condiciones de vida en la cárcel, a menudo duras, no favorece la seguridad de los ciudadanos, es más, con frecuencia, la dureza de la pena encubre una falta de capacidad política para garantizar una convivencia pacífica. 
En segundo lugar, es preciso recordar los objetivos que nos propusimos con este informe. 
Teniendo en cuenta las diferencias, así como los cambios positivos que han sufrido los ordenamientos jurídicos y mostrando preocupación por algunos derechos que siguen negándose como, por ejemplo, el empleo equivocado de la detención preventiva y la masificación carcelaria en algunos países, pretendimos elegir algunas líneas que ya existen en algunos países y someterlas a la atención de los demás países. 
Se trata de una operación que podríamos llamar de buena práctica, que no lesiona ni restringe las soberanías nacionales, sino que marca un objetivo concreto al Parlamento Europeo. 
Lamentamos que la vexata quaestio de la droga se haya incluido en este informe y haya puesto en tela de juicio una unanimidad que espero que pueda alcanzarse nuevamente. 
Deseo aclarar que todas las enmiendas que he examinado, en particular la de la Sra. Ana Palacio y la mía, iban encaminadas a llamar la atención del Parlamento sobre el hecho de que quien consuma droga no necesita la cárcel, sino penas alternativas y sustitutivas, por ejemplo, la recuperación en centros o servicios especializados. 
Éste era el sentido de nuestra enmienda. 
Constato que se han presentado varias enmiendas y considero que las mismas ayudan a volver a encontrar la vía del sentido común y del equilibrio también dentro de los Grupos. 
Si se vuelve a encontrar este equilibrio respecto a una de las enmiendas, entonces habremos conseguido juntos nuestro objetivo que es el de alcanzar el máximo acuerdo político sobre este informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el tiempo es tan corto y el informe del Sr. Pradier es tan excelente, inteligente y clarividente que me limitaré a hacer sólo dos consideraciones. 
En primer lugar: es cierto, éste no es un asunto electoral, sin embargo, existe una idea equivocada que debemos refutar, esto es, la idea que meter a unos ciudadanos en la cárcel puede resolver sus problemas y, en cierto modo, también los nuestros. 
Nada más lejos, dando por descontado lo que no lo es, apreciado Pierre: hay también muchos ciudadanos que están en la cárcel que no son culpables, sino inocentes y que sufren una detención cuya duración es inaceptable. 
Pues bien, los que sufren esta desgracia- al igual que los que son realmente culpables- en la cárcel sólo aprenden a cometer más y mejores delitos, porque hoy muchas de nuestras cárceles se han transformado en scholae criminis, donde se aprende a convertirse en criminales más duros, mejores, más decididos y más peligrosos para la sociedad. 
El segundo punto, apreciado Pierre, es que aquí no existen dos sociedades: no existen los que están dentro y los que están fuera de la cárcel. 
Tú, justamente, has facilitado las cifras de todos aquellos ciudadanos europeos que en cierto modo sufren el problema porque son familiares de gente que está en la cárcel. 
Es bueno explicar, una vez por todas, al ciudadano europeo que el problema de crear la posibilidad de rehabilitar los detenidos que hoy se encuentran en las cárceles, de procurar reinsertarles en la vida civil es un hecho que nos sirve a todos nosotros, que sirve a la sociedad, que sirve para crear una sociedad más justa y más ecuánime. 
Señor Presidente, en su vertiente descriptiva este informe tiene virtualidades. 
Procura pistas, explicaciones, orígenes, denuncia los problemas. 
No obstante, cuando entra en el ámbito de las propuestas concretas sufre algunos deslizamientos, porque se adentra por ámbitos que no son los suyos. 
Podrían invocarse todos los argumentos sociales, políticos e incluso económicos para que se justifiquen los defensores de la despenalización del consumo de las drogas ilícitas. 
Ahora bien, el argumento de que esa despenalización servirá para aliviar la sobrecarga de población carcelaria, no es aceptable, porque ése es otro debate. 
La comunicación social sólo se sobresalta de vez en cuando con las llagas y las debilidades del sistema a propósito de alguna fuga espectacular, de un motín sangriento o del encarcelamiento de alguna celebridad. 
Pero raras veces baja a las catacumbas de la preocupante contaminación del HIV, de la hepatitis o de la tuberculosis. 
Raras veces se advierte lo dramáticas que son la superpoblación carcelaria, las condiciones sanitarias, la violencia reinante, la insignificancia de los medios de reinserción social o de acompañamiento de jóvenes, madres, enfermos mentales, alcohólicos o toxicómanos. 
En todo ese conjunto, incluso desconoce el número de suicidios que ocurren entre cuatro rejas de gente perdida en la desesperación de la escala cero de la dignidad humana. 
Como portugués, me siento avergonzado de que Portugal ocupe el primer lugar en el ranking de las peores condiciones carcelarias. 
El 15 de octubre de este año, Portugal tenía un población carcelaria de 14.592 reclusos entre condenados, preventivos e inimputables. 
La capacidad de las 52 cárceles portuguesas era de tan sólo 10.763 plazas. 
Si decimos que 4.111 de esos presos son preventivos, muchos de ellos detenidos por períodos superiores a lo deseable y a lo que la ley establece, tendremos que convenir con el ponente, cuando señala la falta de moderación en la utilización de la detención preventiva por parte del sistema judicial como una de las causas principales del hacinamiento carcelario, pues una medida que debería ser una excepción se ha convertido en la regla. 
Señor Presidente, nuestro muy apreciado colega Pradier nos ha presentado un informe que naturalmente merece una lectura muy seria, ya que se trata de un asunto de gran transcendencia. 
Para su comentario iré directamente a un punto específico de dicho informe, el punto 35. 
Dicho punto recoge en su texto original una razón para no encarcelar a las personas, que es la superpoblación. 
Pues tengo que decir que, al menos en mi país, y supongo que será así en la mayoría de los países, uno tiene que haber cometido muchísimas fechorías, tiene que haberse pasado muchísimo para terminar con los huesos en la cárcel. 
Tiene que haber violado un buen número de derechos humanos. 
No creo que nadie pueda decir que una razón para no encarcelar a una persona pueda ser la superpoblación de las cárceles. 
Si uno dice que a los yonquis no debemos encerrarlos en la cárcel por el mero hecho de que hayan consumido drogas, digo yo que eso es muy lógico, pero que no sea por razones de superpoblación de las cárceles sino por otros motivos distintos; me parecería muy extraño que se empezaran a utilizar medios equivocados para reeducar a esas personas. 
Esa razón de la superpoblación consta en el texto original, y consta también en varias de sus enmiendas. 
A mí eso me parece insólito. 
Eso coincide con una postura que nosotros en los Países Bajos venimos defendiendo desde hace mucho tiempo; un consumidor de drogas ante todo es un paciente, el traficante es el gran criminal que debe ser perseguido severamente. 
Esto significa que el que estén los traficantes en la cárcel a mí me parece lógico, pero no encontrarás allí a las personas que no han cometido ningún acto criminal y que sólo han fumado o consumido drogas. 
Sin embargo, está claro que las cárceles están repletas de gente que ha consumido o que sigue consumiendo drogas. Eso se debe a que, además, han cometido otros actos criminales. 
Pero ese es otro asunto. Me gustaría que esto se reflejara claramente en el informe. 
De hecho, me falta también una respuesta a la pregunta de cómo podemos mantener libre de drogas una cárcel, o un ala de una cárcel. 
Ahí está el quid de la cuestión. 
Lo que echo mucho de menos en el informe es una descripción en profundidad de cuáles son y han de seguir siendo las competencias nacionales propiamente dichas, y de qué es lo que aún podemos hacer desde aquí como Unión Europea. 
Me parece que en cuanto a esto último, se tratará fundamentalmente del intercambio de experiencias, etcétera, y no creo que vayamos a hacer una legislación penitenciaria común. 
Culturalmente hablando, no me parecería correcto. 
Señor Presidente, la Comisión acoge con beneplácito el informe del Sr. Pradier y sus propuestas de mejorar las condiciones en las cárceles de la Unión. 
Convenimos con el ponente en que se debe prestar más atención a las 400.000 personas, aproximadamente, que están encarceladas en los diferentes Estados miembros. 
Es necesario un gran esfuerzo para lograr la rehabilitación de los presos y se debe prestar atención particular al respeto de los derechos humanos. 
Se debe velar por el cumplimiento de las normas uniformes para el trato a los presos aprobadas por el Consejo de Europa. 
Así se expone también en el informe sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea correspondiente a 1997. 
Con el Tratado de Amsterdam, la Unión Europea tendrá la posibilidad de aproximar las normas relativas a las condiciones de las cárceles. 
Entre ellas, figura la posibilidad de fortalecer la cooperación en materia de imposición del cumplimiento de las decisiones. 
También podrían figurar las liberaciones anticipadas o condicionales de los presos y la integración de los presos. 
Eso es importante para garantizar un trato igual de los presos dentro de la Unión. 
Esas posibilidades de una cooperación más estrecha entre los Estados miembros en el sector de las condiciones carcelarias son un factor importante para la consecución de un alto nivel de seguridad dentro de la zona de libertad, seguridad y justicia que todos- el Parlamento, la Comisión y el Consejo- tenemos que poner en práctica ahora. 
La Comisión examinará este informe muy detenidamente en el marco de sus poderes posteriores a Amsterdam en esta esfera. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 9.30 horas. 
Venta y garantías de los bienes de consumo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0469/98) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, relativa a la posición común adoptada por el Consejo (C4-0533/98-96/0161 (COD) con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (Ponente: Sra. Kuhn). 
Señor Presidente, estimados colegas, todas las instituciones europeas apuestan por la Europa de los ciudadanos. 
En esta votación de la directiva relativa a la garantía de los bienes de consumo, el Parlamento tiene la oportunidad de mostrar su preocupación por los ciudadanos. 
Acogemos con satisfacción la acción común, que constituye una buena base para la segunda lectura. 
El Consejo ha incorporado importantes modificaciones propuestas por el Parlamento, aunque desgraciadamente no han sido incluidas todas las enmiendas. 
Por otra parte, el Consejo también ha introducido algunas novedades. 
Es positivo que el Consejo haya incluido el período de garantía de dos años. 
Estoy de acuerdo con la modificación relativa a los vehículos de segunda mano. 
Permite a los Estados miembros estipular que el vendedor y el comprador pueden acordar un plazo más breve aunque en ningún caso pueda ser inferior a un año. 
El Consejo confirma asimismo que la carga de la prueba se invierte durante los primeros seis meses posteriores a la compraventa. 
Es decir, en caso de que el producto no sea conforme con lo convenido en el acuerdo se presupone que el defecto ya existía en el momento de la compra a no ser que el vendedor demuestre lo contrario. 
También se mantiene que el vendedor es el responsable de las declaraciones públicas que conciernen al producto, por ejemplo las que aparecen en anuncios publicitarios, a menos que pruebe que no tenía conocimiento de ellas. 
Aunque el Consejo propone una normativa menos estricta en la garantía comercial concedida por el fabricante o el vendedor, ésta será más transparente en el futuro. 
Es forzoso respetar cuanto se dice en el certificado de garantía. 
Es importante señalar que el consumidor tiene derechos legales de garantía que no pueden ser violados por la garantía ofrecida, lo cual quiere decir que el Consejo ha accedido a la solicitud de este Parlamento. 
El Consejo ha tomado nota de la jerarquía reclamada por el Parlamento en las medidas encaminadas a ofrecer soluciones para mercancías defectuosas, aunque, a mi parecer, la redacción de estas disposiciones es sumamente confusa. 
El consumidor tiene derecho a reparación siempre y cuando ello sea viable o útil o a la sustitución del producto en caso de disponibilidad. 
En aquellos casos en que ninguna de estas dos vías resulte operativa, el consumidor está autorizado para rescindir el contrato o reclamar una reducción del precio. 
Hasta aquí podemos aceptar todo lo que se nos propone. 
Sin embargo, el Parlamento no debe aprobar que el comprador no tiene derecho a rescindir el contrato en los casos de falta de conformidad de escasa importancia. 
En la práctica, ello viene a significar que cuando resulte imposible reparar el producto defectuoso y éste no pueda ser sustituido por otro, el comprador, por mucho que le hagan un descuento, no tiene más remedio que quedarse con el bien defectuoso. 
A mi juicio, esta situación es insostenible. 
Además, se plantea el problema de la definición del concepto de falta de conformidad de escasa importancia. 
No creo que la directiva tenga por objeto crear empleo para abogados. 
Por lo tanto, ruego al Parlamento que suprima el apartado 5 del artículo 3. 
Aprovecho para hacer la siguiente observación. En el apartado 4 de dicho artículo los textos alemán e inglés contienen un error de traducción. 
Al igual que en francés, debe decirse «en un plazo razonable, o sin mayores» y no «en un plazo razonable, y sin mayores». 
Con esta directiva, la Comisión, el Parlamento y el Consejo han querido establecer una armonización mínima para la garantía relativa a los bienes de consumo. 
No obstante, parece ser que el Consejo se ha olvidado de este punto en sus debates. 
La acción común pretende que sean los Estados miembros quienes determinen si el consumidor que desee hacer valer sus derechos ha de notificar el defecto al vendedor en un plazo de dos meses a partir del momento en que se haya percatado de la no conformidad. 
Esta norma es contraria a una armonización mínima. 
Son pocos los Estados miembros que están dispuestos a introducir esta obligación de denuncia. 
En el fondo dicha medida no era más que un reclamo para un Estado miembro en la espera de que así apoyara la acción común, cosa que al final no hizo. 
El que la obligación de notificar el defecto en un plazo de dos meses se aplique en unos Estados miembros de la UE, y en otros no, atenta contra la normativa comunitaria del mercado interior. Incita al consumidor informado a mentir- cómo puede averiguar el vendedor en qué momento se ha averiado el producto- y confunde al consumidor que efectúe una compra en otro país de la UE. 
Un francés, en cuyo país no existe la obligación de denuncia, que compre una mercancía en Alemania y que por razones de tiempo o de distancia no notifique el defecto en su debido tiempo y para colmo diga la verdad por ignorancia pierde todos sus derechos. 
El comprador que adquiera sus bienes a la vuelta de la esquina informará al vendedor en cuanto descubra el fallo puesto que no tardará en utilizar el producto. 
Es de suponer que ésa sea la situación más habitual. 
Por lo tanto, la comisión ruega que dicha normativa se suprima por completo y solicita el apoyo del Parlamento al respecto. 
Para la transposición de esta directiva al derecho nacional, el Consejo establece un plazo de 36 meses, mientras que nosotros optamos por 24 meses. 
La llegada del euro garantiza una mayor transparencia de los precios. 
Espero que gracias a ello el consumidor aproveche plenamente las posibilidades que le ofrece el mercado interior. 
En consecuencia, la armonización mínima de la garantía relativa a los bienes de consumo ha de instaurarse como muy tarde a partir del momento en que el euro pueda utilizarse para realizar pagos en efectivo. 
La comisión ha vuelto a introducir otras enmiendas de la primera lectura. 
La enmienda 25 ya ha sido aprobada reiteradas veces en otras directivas. 
Sé que hay un Grupo político que ya no la suscribe. 
Lo mismo digo con respecto a la enmienda 27. 
Fue aprobada por este Parlamento por mayoría abrumadora con motivo del informe sobre el derecho del consumidor a recursos judiciales. 
Al igual que yo, todos ustedes han recibido cartas procedentes de entidades de crédito con motivo de la propuesta de enmienda 17. 
Sin embargo, la enmienda 17 establece claramente que se trata de pagos a plazos acordados con el vendedor que pueden ser suspendidos hasta que el vendedor subsane el defecto denunciado. 
No se trata de un crédito bancario, puesto que esta forma de pago no puede ser suspendida por causa de una falta. 
Desgraciadamente, no puedo justificar cada una de las enmiendas propuestas por falta de tiempo. 
Pero de todos modos les puedo asegurar una cosa: en la primera lectura, tanto la comisión como el Parlamento siempre han procurado salvaguardar el equilibrio entre compradores, vendedores y fabricantes. 
Para concluir quisiera manifestar mi gratitud a todos, a la Comisión, a las Presidencias británica y luxemburguesa y a todos los colegas que han prestado su colaboración. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a mi colega, Annemarie Kuhn porque éste puede ser el último informe importante que prepare en el Parlamento. 
Lo ha llevado a término desde el principio y ahora hemos llegado a un punto en que podemos decir en verdad que hemos tenido presente el principio «caveat emptor». 
Hemos brindado al comprador/consumidor el acceso apropiado a los medios para obtener reparación, presentar reclamaciones y obtener información a este respecto. 
En este Parlamento ha habido un grupo de presión muy insistente, según el cual la posición común está bien en su forma actual, que no debe haber cambios y que sería muy fastidioso en esta fase que hubiera algún tipo de codecisión. 
Naturalmente, si hubiera una fase de codecisión, resulta perfectamente lógico que tardara más. 
Sin embargo, también podría brindar algunas mejoras marginales a lo que ahora es un instrumento legislativo fundamentalmente válido y que ha establecido un nuevo equilibrio en las relaciones entre productores y consumidores. 
La mayoría de las enmiendas propuestas por la ponente mejoran, dentro de ese margen, esta directiva. 
Recomiendo en particular las que suprimen secciones relativas a la obligación del consumidor de notificar cualquier defecto en el plazo de dos meses, porque resulta claramente inviable; la renovación de las garantías para los artículos suministrados con vistas a substituir las mercancías defectuosas, porque es evidente que deben aplicarse las mismas condiciones; y la supresión del apartado 5 del artículo 3 de la posición común, que impide al consumidor rescindir el contrato de venta, si el defecto es de menor importancia, porque un defecto de menor importancia podría repetirse una y otra vez durante todo el período de garantía. 
Abrigo bastantes más dudas respecto de la situación en el Reino Unido en relación con una o dos de las demás enmiendas, en particular las que permiten al consumidor suspender los pagos a plazo unilateralmente en cualesquiera circunstancias, lo que puede provocar dificultades en algunos casos. 
También está la enmienda del Grupo Liberal que establecería la responsabilidad conjunta entre el productor y el vendedor que haya cesado en el negocio o no se haya enterado del alegado incumplimiento. 
Si se aprueba, nos brindará una oportunidad para reflexiones suplementarias en la fase de codecisión. 
Por último, quisiera citar la enmienda que he presentado, junto con la Sra. Jackson y otros diputados de todos los sectores del Parlamento. 
Versa sobre la exención de las casas de subastas que venden mediante subastas en las que el precio es fijado exclusivamente por dicha subasta y que suelen hacer de agentes de antigüedades y obras de arte. 
Nuestra enmienda 34 a ese respecto se refiere concretamente a algunas disposiciones que ya figuran en la posición común y espero que sea aceptada. 
Se la recomiendo a la Asamblea. 
Señor Presidente, permítame comenzar agradeciendo de corazón a la señora Kuhn la forma tan leal en la que hemos podido colaborar siempre con ella. 
Lo digo con toda sinceridad; la echaremos de menos como compañera de trabajo cuando ya no esté con nosotros en este Parlamento y haya dejado de ocuparse de los asuntos del consumidor. 
En segundo lugar: el lobby. Creo que lo he sufrido menos que el señor Whitehead. 
Si observo el lobby, compruebo que hoy, por ejemplo, se debate una enmienda sobre las garantías de los bienes de consumo, y que dicha enmienda ha sido presentada por Sothebyʼs, que no es precisamente el más insignificante. 
En cuanto a los lobby, no creo que podamos decir que estemos completamente limpios. 
De todas formas, nuestro Grupo parlamentario apoyará la enmienda, aunque yo sigo pensando que no es necesaria. 
Lo que nosotros pretendemos con esta directiva, es mejorar la posición del consumidor que en el mercado interior comprará, cada vez más, sus artículos de lujo a través de las fronteras. 
Esto significa que cuando compre algo pueda contar con unas garantías, y que ya no sólo dependa de la garantía de fábrica, sino que tenga unas garantías por un periodo de dos años sobre los artículos nuevos y de un año cuando se trata de artículos de segunda mano. 
Existe una sola restricción, plasmada en el artículo 3, párrafo 3º, que regula la forma de indemnización cuando algo falle en un bien de consumo. 
Cuando se trata de un coche de segunda mano barato, de la categoría de precios de 500 florines, se considera que en términos razonables una exigencia de un año de garantía quedaría fuera de toda proporción. 
Creo yo que cualquier persona preocupada por esto habrá encontrado en esta directiva una serie de cosas que, si bien regulan correctamente los derechos del consumidor, no provocarán problemas al minorista o vendedor. 
Un aspecto nuevo de esta directiva es la inversión de la carga de la prueba. 
Estoy satisfecha con la manera en que ha sido formulada aquí. 
Quiero aprovechar la oportunidad para tocar otro tema: el de la pequeña y mediana empresa. 
En cuanto a la pequeña y mediana empresa hemos regulado algunas cosas mediante el derecho de repetición contra el apurado detallista. 
Se trata de una enmienda de nuestro grupo. 
Lo que no deseamos para la pequeña y mediana empresa es que el detallista, que ya de por si frecuentemente se encuentra en situaciones difíciles, cada vez que un cliente le compre algo, tenga que darle necesariamente unas largas relaciones de servicios técnicos en los distintos países. 
Opinamos que eso no es necesario. Si un cliente compra un bonito aparato de Philips, o de Siemens, o de la marca que sea, ya se habrá encargado el propio fabricante de que esté incluida esa lista de servicios técnicos. 
Pero no debemos exigirlo en todos los casos; en cuanto a esto, creo que se pide demasiado. 
Tengo mis preocupaciones en cuanto a un punto; se trata del artículo 3, el corazón de la ley, y del artículo 5. 
Estoy preocupada, porque se me ha dicho que yo socavaría los derechos del consumidor. 
Hice lo siguiente: en nombre del Grupo del EVP he presentado una enmienda sobre el artículo 3, párrafo 3º. 
Y he presentado otra enmienda para suprimir el artículo 3, párrafo 5. 
Se trata de la diferencia entre a reasonable time y without any significant inconvenience y un appropriate period having regard to. 
Yo sigo diciendo que mi appropiate sigue siendo más estricto que «un plazo razonable» , tal y como se pide en esa malísima fórmula legislativa. 
Pido al grupo socialista que si quieren apoyarnos para suprimir el artículo 3, párrafo 5º, también se hagan cargo de lo otro. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en opinión de nuestro Grupo, en la primera lectura no hemos podido alcanzar un buen equilibrio entre los intereses del consumidor por un lado y, por otro, los de los vendedores y productores. 
Por tanto, de nuevo llamamos a la reflexión sobre las consecuencias que conllevan los puntos de vista tanto de la Comisión, como del Consejo, como de este Parlamento. 
Por esta razón, hemos formulado nuevamente unas enmiendas; en primer lugar en lo que afecta al comercio de bienes de segunda mano. 
Éramos partidarios de su total exclusión, pero ya que en vista de que el estado actual del procedimiento ya no lo permite, proponemos una limitación obligatoria a un año de duración con la posibilidad de mayor exención mediante contrato. 
El segundo texto del Consejo sobre las posibilidades de reclamación es poco claro. 
A nadie le conviene tener un texto legal de borroso significado. 
Sólo serviría para dar de comer a los abogados. 
Creemos que nuestro texto comprende una clara jerarquía y se expresa en un lenguaje más transparente. 
Por último, en un limitado número de casos proponemos la responsabilidad del productor en lugar de la del vendedor. 
La legislación propuesta protege de forma desproporcionada al consumidor, pero se ve que a nadie le preocupa ese mismo consumidor cuando compre algo en el extranjero y ya no pueda volver al vendedor o a la tienda. 
Si no puede llegarse a un mejor equilibrio, el Grupo liberal votará en contra. 
Dicho sea de paso que al consumidor no le conviene tampoco un exceso de protección por el que con toda probabilidad sea él quien pague a través de una subida de los precios. 
Señor Presidente, estimados colegas, nosotros, los Verdes, hubiéramos preferido que la protección del consumidor hubiera salido más reforzada de la primera lectura. 
Apostamos por un plazo de cinco años con objeto de estimular la producción de bienes duraderos porque debe quedar claro que el principio de durabilidad debe entrar a formar parte de la normativa relativa a la protección del consumidor. 
Por todo ello, lamentamos que sobre este punto no hubiera mayoría. 
Por otra parte, pienso que en todo caso un plazo de garantía de dos años es preferible a uno de medio año, tal y como ocurría antaño en la República Federal, situación que nos relegó al último puesto de la lista. 
En mi opinión, es fundamental que consolidemos la protección del consumidor en este ámbito, lo cual consiste entre otras cosas en garantizar al consumidor este plazo de garantía. 
No obstante, ello no puede dar lugar a que en los casos de defecto desproporcionado se vuelva a violar el principio de durabilidad. 
Así, no es aceptable que se deseche la moqueta entera cuando solamente tiene una pequeña mancha, dado que esta actitud no garantizaría el respeto del medio ambiente. 
Asimismo estimamos esencial que el fabricante y el vendedor compartan la responsabilidad- es imprescindible que este aspecto sea incorporado en la directiva- y, por supuesto, también es fundamental que no se reduzca el plazo previsto para la denuncia del defecto a fin de no socavar los derechos del comprador y del consumidor. 
Nosotros éramos más bien partidarios de que estos derechos se ampliaran. 
A mi juicio, hubiera sido mejor añadir la obligación de marcar la vida útil total del producto a fin de que el consumidor pudiera ejercer presión con el carro de la compra para que se fabriquen realmente bienes duraderos. 
Ése es nuestro deseo y está claro que a través de la vinculación entre protección del medio ambiente y protección del consumidor debemos procurar que este objetivo se cumpla. 
Señor Presidente, desgraciadamente debo señalar que mi postura ante esta propuesta no ha cambiado mucho desde que el Parlamento la tramitara en marzo del pasado año. 
Sigo cuestionándome mucho la necesidad de una armonización y me opongo rotundamente a que la presente directiva suponga un menoscabo de la condición jurídica de los consumidores en varios países, Dinamarca, entre ellos, donde ésta socava directamente las normas de la legislación danesa de compra y comercialización. 
La condición jurídica de los consumidores europeos debería estar en el centro del debate, en lugar de discutir cómo la UE puede estimular la demanda de los ciudadanos cuando visitan otros países miembros. 
A fin de proteger a los consumidores, deberían ser suprimidas algunas de las disposiciones de la directiva. 
Me refiero a la letra b del apartado 2 del artículo 1; la letra b de la última parte del artículo 2; la primera frase del apartado 4 del artículo 2 y el apartado 5 del artículo 3. 
Las mayores faltas de la directiva consisten en que sólo toca la relación entre consumidor y vendedor y no incluye la responsabilidad de fases anteriores en el caso de productos defectuosos. 
También resulta problemático que el vendedor no esté obligado a informar lealmente. Del mismo modo, no resulta lógico que el consumidor aparezca sólo como un aspecto más a tener en cuenta. 
El consumidor debe recibir siempre la máxima atención. 
Además, la propuesta presenta muchos puntos oscuros, que el tiempo no me permite abordar más detenidamente. 
Naturalmente las enmiendas del informe que tratan de corregir las carencias y puntos oscuros, sin embargo, éstas no son suficientes y lamentablemente no puedo apoyar la propuesta en su conjunto. 
Señor Presidente, creo que la idea en que se basa esta directiva es buena. 
Sabemos que en la Unión Europea un número cada vez mayor de consumidores compran productos en otros países de la Unión y con la utilización de la moneda única es probable que aumente. 
También sabemos que, cuando lo hacen, muchas veces los consumidores no cuentan con frecuencia con información suficiente ni tienen clara la naturaleza de las garantías que acompañan a los productos que compran. 
Comparto el punto de vista expresado por la Sra. Sandbaek. 
La forma más fácil de abordar este problema habría sido la de introducir una medida sencilla en la que se dijera que en el momento de la adquisición los consumidores deben ser informados sobre sus derechos respecto de las garantías en el país en que adquieren los productos. 
Si compran algo en Dinamarca, saben que están en Dinamarca. 
Pueden asomarse a la ventana y ver a daneses paseándose y hablando danés. 
No van a recibir una garantía francesa, van a recibir la garantía danesa. 
Creo que esa simple medida habría sido una gran mejora de la situación existente en este momento en muchos Estados miembros. 
La dificultad que habría entrañado habría sido la de que habría dejado sin trabajo a la dirección encargada de los consumidores en la Comisión Europea. 
El señuelo de una directiva de armonización ha sido demasiado para ellos. 
De modo que en este proyecto de directiva la Comisión ha pretendido armonizar la naturaleza de la garantía ofrecida en todos los Estados miembros y los derechos de los consumidores con arreglo a dicha garantía. 
La participación de la Comisión en la directiva no ha sido afortunada. 
Ahora el Consejo ha mejorado los textos. 
Hemos de decir que la posición común es preferible al original y a lo que he de calificar de «apaño chapucero» del texto por parte de la ponente. 
La Comisión ha ampliado también el ámbito de aplicación de la directiva para que abarque todos los artículos de segunda mano. 
¿Hasta qué punto es eso realista? 
¿Se aplicaría a los artículos vendidos, por ejemplo, en tiendas de organizaciones caritativas y mercadillos? 
Si los vendedores de esa clase tuvieran que ofrecer una garantía mínima de un año, como dispone la directiva, no cabe duda de que ésta amenazaría el futuro de sus actividades. 
Ni la Comisión ni el Consejo de Ministros han considerado detenidamente las consecuencias de hacer extensiva una garantía mínima de un año a los artículos de segunda mano. 
En el artículo 7 se dice con toda claridad que esa garantía abarcaría todos los artículos de segunda mano durante al menos un año. 
¿Lo sabrán en el Oxfam? 
¿Les habrá hecho gracia a los vendedores del mercadillo cercano al domicilio de Sus Señorías? 
Al optar por abarcar los artículos de segunda mano, la Comisión ha incluido sin darse cuenta en el ámbito de aplicación de la directiva las ventas de arte, antigüedades y objetos de coleccionismo. 
Tres de las cuatro vías de recurso establecidas en el proyecto de directiva no serían aplicables a ellos. 
¿Cómo se substituye o repara un Canaletto? 
La reducción del precio sería muy difícil de acordar. 
La enmienda nº 34, que he presentado junto con el Sr. Whitehead, brinda la posibilidad de excluir la responsabilidad del vendedor por cualquier incumplimiento en esos casos. 
Espero que esta enmienda de sentido común reciba apoyo. 
Por último, la directiva y la ponente muestran una fe conmovedora en la naturaleza humana. 
La directiva intenta, pero no lo consigue, aclarar los derechos del consumidor ignorante, pero, en realidad, ofrece ayuda y alivio al consumidor sin escrúpulos, que estará más que encantado de poder utilizar todos los vacíos legales creados para pedir la substitución de los artículos o el reembolso del precio de compra. 
La Sra. Kuhn la ha empeorado mucho. 
En resumen, hay un grupo de personas- y sólo uno- que se beneficiarán de esta directiva: los abogados de Europa. 
Si se aprueba, esta directiva fomentará- puedo predecirlo sin temor a equivocarme- la incertidumbre jurídica y provocará un aumento de los litigios. 
Los consumidores de Europa se van a beneficiar poco de ella y las pequeñas empresas de Europa pagarán las consecuencias. 
El Sr. Santer promete menos legislación, pero mejor. 
Esto es más legislación y peor. 
Señor Presidente, nuestro trabajo también consiste en mediar entre las exigencias del mercado y las consiguientes y necesarias leyes que lo regulan. 
Esto es verdad especialmente hoy con la creación de un gran mercado de 370 millones de ciudadanos consumidores. 
Trabajamos para un consumidor que hoy pide productos y servicios nuevos o renovados, pero que mira hacia el pasado porque quiere pruebas respecto a los productos que nunca le han defraudado, un consumidor que, al mismo tiempo, pide información sobre lo que consume, embalajes más simples y menos peligrosos, etiquetas más claras y materiales ecocompatibles y cada vez menos contaminantes. 
En definitiva, hoy el consumidor pide más pruebas y mayores garantías que son exactamente los temas que aborda el texto que estamos debatiendo. 
Creo que, gracias a las aportaciones del Parlamento, se ha mejorado la propuesta de la Comisión, pese a que sigue manteniendo disposiciones discutibles como la que atañe a los bienes de segunda mano. 
Tal vez no sea necesario apoyar todas las enmiendas, porque seguramente producirían alteraciones del mercado, sumirían en un mar de confusiones a los consumidores y comerciantes y añadirían costes adicionales a los sectores del comercio y de la industria sin ofrecer beneficios prácticos al consumidor final. 
Por último, votar más enmiendas difíciles o modificaciones, retrasaría la conclusión del procedimiento legislativo. 
Por el contrario, ha llegado el momento de eliminar las incertidumbres del usuario final y de evitar un procedimiento de conciliación que, sin duda, sería largo y difícil. 
Considero, por lo tanto, que la posición común ha tenido en cuenta las principales demandas del Parlamento Europeo en su primera lectura. 
Quizás sea mejor adoptar en seguida la posición común y garantizar que la directiva quede aprobada antes del final de la presente legislatura. 
Ésta será nuestra necesaria contribución a la defensa del consumidor. 
Señor Presidente, la propuesta de directiva presentada ahora a segunda lectura tiene una trascendencia especialmente grande de cara al buen funcionamiento del mercado interior y a la protección de los consumidores. 
Me gustaría expresar mi agradecimiento hacia la Sra. ponente, la Sra. Kuhn, quien al igual que durante la primera lectura ha trabajado mucho, además de sensata y concienzudamente. 
A este respecto, me gustaría explicar brevemente la posición que la Comisión tomó en la cumbre del Consejo celebrada en abril del pasado año sobre cuestiones relacionadas con los consumidores con vistas a la posición común adoptada por el Consejo. 
La Comisión se sumó al final al acuerdo político que reflejaba un compromiso general entre una mayoría cualificada de los Estados miembros. 
Cuando la Comisión estableció su posición, había hecho balance de los puntos positivos y negativos de la propuesta en cuestión. 
Entre los puntos positivos más importantes están una armonización del concepto de «no conformidad con el contrato de compra» , un sistema aceptable para los derechos de los consumidores adaptado a la situación existente en el mercado, un período de garantía de dos años, un cambio de quién tiene la carga de la prueba y las primeras disposiciones sobre garantías comerciales, que aseguran a los consumidores una cierta protección en relación con la cuestión de la transparencia. 
Un punto negativo es que los Estados miembros pueden obligar al consumidor a comunicar cualquier falta de conformidad como condición para poder hacer valer estos derechos. 
Es difícil conciliar esta disposición con la idea de una protección mínima común de los consumidores. 
Queda claro de lo anterior que había más puntos positivos que negativos en la posición común, lo cual fue el motivo de que la Comisión se sumara a ella. 
Como consecuencia de esta posición, la Comisión puede aceptar las enmiendas 7, 8, 9, 19, 20, 24, 25 y 26, eso sí, la enmienda 26 con una modificación en su redacción. 
La Comisión acepta también la enmienda 15, pero con una pequeña modificación, de forma que tenga en cuenta el problema señalado por el Consejo. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 1 en su forma actual, pero propone modificarla a un considerando que reproduzca el contenido del nuevo artículo 153, que reemplaza el anterior artículo 129 A del tratado. 
Entre las modificaciones que la Comisión acepta, me gustaría subrayar especialmente la transcendencia de las enmiendas 7, 8 y 20, que también han recibido una especial atención durante el debate de esta tarde. 
Eliminan la posibilidad de los Estados miembros de obligar al consumidor a comunicar cualquier falta de conformidad como condición para hacer valer sus derechos. 
Estas enmiendas contribuyen así a conciliar el contenido de la directiva con la idea del mercado interior y con el objetivo de fijar una protección mínima de los consumidores a través de esta directiva. 
En lo que se refiere al futuro de esta propuesta de directiva durante la segunda lectura y al eventual procedimiento de conciliación, puedo señalar con gran satisfacción por mi parte que, considerando las enmiendas presentadas por la señora ponente y los motivos para ello, las posiciones en principio del Consejo y el Parlamento Europeo con respecto a los problemas existentes no son tan diferentes. 
Por ello pienso que hay muchas posibilidades de que esta propuesta de directiva sea aprobada muy rápidamente y de este modo pueda garantizárseles a los consumidores europeos una serie de derechos necesarios y convenientes. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 9.30 horas. 
Emisiones de CO de los turismos nuevos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0492/98) de la Sra. González Álvarez, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo por la que se establece un plan de seguimiento de las emisiones específicas medias de dióxido de carbono de los turismos nuevos (COM (98) 0348- C4-0425/98-98/0202 (SYN) ). 
Señor Presidente, posiblemente uno de los retos más importantes de los próximos años para el planeta y para la Unión Europea sea la reducción de las emisiones de los gases que afectan al clima. 
Y esta propuesta, que es parcial, que es modesta, tiene que ver con la medición de las emisiones de CO2 de los coches nuevos. 
El informe, por lo tanto, recuerda el compromiso de la Conferencia de Río de Janeiro, -ya tan antiguo- de estabilización de las emisiones de CO2 en el 2000 a los niveles del año 1990. 
Recuerda también el compromiso de Kyoto: un 8 % de reducción de las emisiones de 6 gases que producen el efecto invernadero entre el 2008 y el 2012. 
Nos pareció que, a pesar de ser una propuesta tímida, era la mejor propuesta. 
Teniendo en cuenta que las emisiones de CO2 de los turismos son el 50 % de las emisiones de CO2 del transporte y el 12 % de todas las emisiones de CO2 en la Unión Europea, se recuerda que en la posición del Consejo en 1996 ya se propuso la reducción de las emisiones de CO2 en el 2005, o todo lo más en el 2010, a 120 gramos por kilómetro. 
En el documento presentado por la Comisión se afirma que, en este momento, las emisiones de CO2 son 170 gramos por kilómetro, mientras que según Eurostat son, por lo menos, 186 gramos por kilómetro. 
El informe recuerda la necesidad de incentivos fiscales, el ahorro de combustible y también el etiquetado y la información al consumidor, que nos parece fundamental y que también está recogida en otro informe que se estaba debatiendo al mismo tiempo y cuyo ponente es el Sr. Fitzsimons. 
El informe saluda la propuesta de un plan de seguimiento, aunque no entiendo muy bien la insistencia en que no se van a armonizar los diferentes planes de los países porque parece necesaria una cierta armonización. 
El informe recuerda también las reticencias del Parlamento Europeo con respecto a los acuerdos voluntarios- aunque sé muy bien que la señora Comisaria los defiende, yo creo que como un mal menor- y también saluda este plan porque, bien a base de los acuerdos o con la normativa, este plan de seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos será necesario. 
Creemos, y así lo decimos en la exposición de motivos, que la diversidad de propuestas y directivas complica la comprensión por parte de los ciudadanos y su transposición a los Derechos de los diferentes países- hay un montón de directivas que se refieren a temas que están interrelacionados-. 
El informe constata que, si no se toman medidas y se realizan controles, en los próximos años las emisiones aumentarán en un 40 %. 
Recuerda la necesidad de disponer de una normativa por si el acuerdo con la industria del automóvil no tuviera éxito. 
Manifiesta su preocupación porque no se garantice una evaluación antes del año 2003 y por eso propone adelantar un poco el plazo. 
El informe considera los problemas que en el futuro pueden plantear algunos coches que utilizan electricidad y otros combustibles como el gas, y vemos que en la propuesta de la Comisión se plantea la posibilidad de incluir en el futuro esos coches. 
Y no estamos de acuerdo tampoco con excluir los coches matriculados fuera de la Unión Europea, un sector que va en aumento y que quedaría fuera de control, por lo tanto, aprobamos una enmienda que propuso el Sr. Lange en esa dirección. 
Termino ya, señora Comisaria, diciendo que algunas de las enmiendas que nosotros aceptamos, que presentó el Sr. Lange, se refieren a la inclusión de los vehículos industriales ligeros en este método de seguimiento y adelantan un poco los plazos- el representante de la Comisión nos dijo claramente en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente que adelantar los plazos no iba a ser posible pero, como siempre hay retrasos en los plazos, insistimos en que se adelanten un poco-. 
Recordamos que sería necesario, y presentamos dos enmiendas a última hora, evaluar la calidad de los datos y si los datos no son suficientemente buenos para realizar un seguimiento riguroso habría que decirles a los Estados miembros que modifiquen el método de recogida y que se incluya también a los coches de más potencia y de mayor cilindrada en este método de seguimiento. 
En definitiva, señora Comisaria, nosotros sabemos las dificultades que pueden tener el Consejo o la Comisión para aceptar alguna de nuestras enmiendas pero la Comisaria sabe muy bien que el Parlamento siempre insiste en sus propuestas políticas y sus propuestas de adelantamiento de plazos, porque sabe muy bien que puede ocurrir que las cosas se atrasen si no lo hace así. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, me alegro de que podamos discutir sobre esta legislación en un marco tan íntimo. 
Tal vez sería aún más agradable debatirlo fuera de este marco tomando una cerveza aunque esto desgraciadamente resulta imposible. 
Últimamente, la actitud de la industria del automóvil europea me parece ser más proactiva que en los años anteriores, algo que no sólo ha quedado de manifiesto en la legislación sobre aceite para automóviles, sino también respecto a la reducción de la emisión de CO2 en el caso de los automóviles. 
Me ha sorprendido gratamente la propuesta de autocomprometernos a 140 g en el año 2008, aun cuando no responde plenamente a nuestros deseos. 
No quiero citar al Sr. Lenin con las palabras «más vale controlar que confiar» , pero es cierto que debemos actuar en este sentido velando por el cumplimiento de dicho autocompromiso. 
Necesitamos un sistema de tratamiento de datos objetivo e ingenioso que nos permita ejercer dicho control. 
A este respecto, el informe de la Sra. González, que en numerosos aspectos supone una mejora de la propuesta de la Comisión merece todo mi apoyo. 
Necesitamos para cada fabricante y para cada modelo los datos de consumo medio para que, llegado el caso, aún podamos decidir cambiar de rumbo en el momento de revisar el autocompromiso. 
Hemos de tomar medidas legales reguladoras. 
En este sentido quisiera instar a la Comisión a que indicara la dirección que habría de seguir dicha normativa. 
Aunque la velocidad máxima se sitúe en 50km/h, algunos conducen más deprisa. Cuando un agente de policía nos recuerda que ello no está permitido nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. 
En mi opinión, ha de estar claro desde el principio que se impone una multa, se retira el carnet de conducir o se toma una medida similar al rebasar el límite de 50 km/h. 
Al disponer de un instrumento de control, hemos de saber qué ocurre cuándo los hechos nos obligan a admitir que nuestro modo de actuar no es el correcto. 
Debemos incorporar los vehículos industriales ligeros puesto que evidentemente también emiten CO2 y además, adquieren un especial relevancia en el ámbito urbano. 
Existe sin embargo una pequeña trampa. 
Así por ejemplo un Estado miembro que conozco bastante bien ha fijado un autocompromiso. 
Pero de alguna manera, dicho país se ha dado cuenta de que ésta no era la solución adecuada, de modo que han decidido suprimir algunos vehículos, incluso los que podrían ser incorporados como vehículos industriales ligeros. 
Bajo ningún concepto podemos perder de vista esta vía de escape. 
Es la razón por la que solicitamos que los vehículos industriales ligeros sean incluidos en la normativa y que se modifique la Directiva 70/156/CEE. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, quienes se preocupan por el medio ambiente y la evolución positiva del mismo están convencidos de que el protocolo de Kyoto permite crear las condiciones básicas para reducir las emisiones de CO2. 
La Unión Europea se ha comprometido junto con las demás partes firmantes del acuerdo a fijarse objetivos vinculantes en el ámbito de la reducción de la emisión de dióxido de carbono. 
La comprobación de que las emisiones de los turismos constituyen el 12 % de la emisión total de CO2 en la Unión Europea obliga a todo político de medio ambiente responsable a entrar en acción sin más tardar. 
Hasta el año 2000, la Comunidad tiene como objetivo reducir las emisiones específicas de CO2 de los turismos nuevos a 120 g/km. Desafortunadamente, hasta la fecha no existe sistema alguno que permita controlar de forma eficaz el cumplimiento de este objetivo. 
A fin de evaluar lo antes posible la eficacia de las diferentes acciones y de poder tomar medidas correctoras en caso necesario, es realmente imprescindible que se elabore un sistema de monitoring adecuado. 
Tal y como propone el informe que tenemos sobre la mesa, la única manera de alcanzar dicha meta consiste en registrar oficialmente los valores de consumo, el peso sin carga, la potencia nominal y la cilindrada específicos de cada turismo nuevo. 
Las ventajas de tal registro no radican únicamente en la posibilidad de evaluar el éxito de las medidas destinadas a reducir el consumo sino que asimismo permiten destacar de forma eficaz las tendencias fundamentales de la política en materia de tráfico. 
Las acciones propuestas en el informe que nos ocupa significan un paso importante en el camino hacia la asimilación del protocolo de Kyoto, puesto que los objetivos por sí solos no bastan para paliar las repercusiones negativas sobre el clima del planeta. 
Es imprescindible que se establezcan las debidas normas de inspección y que éstas se sometan a un severo control. 
Es la única manera de que la Unión Europea pueda contribuir de forma significativa a que el protocolo de Kioto no se quede en agua de borrajas. 
Señor Presidente, el señor ponente del grupo, Sr. Eisma, hoy no puede estar presente y por ello seré yo quien hable en su lugar. 
A propósito del comentario del Sr. Lange, espero- sé que está acompañado, entre otras personas, por su hija- que tenga la bebida que ahora otros quizá echamos en falta durante la sesión plenaria. 
Voy a comenzar elogiando también a la señora ponente, quien ha presentado, en nombre de la comisión, algunas enmiendas importantes. 
Al Grupo Liberal siempre le ha producido un cierto reparo, por no decir un claro disgusto, la firma de un acuerdo voluntario entre la Comisión Europea y la industria automovilística, sin embargo, ahora que éste ya existe, lo mínimo que se puede hacer es asegurarse de que éste reciba un seguimiento adecuado. 
El acuerdo voluntario implica una reducción de las emisiones hasta los 130 gramos de CO2 por kilómetro en el año 2008. 
El Parlamento ha opinado siempre que ésta debería situarse en los 90 gramos por kilómetro a fin de poder alcanzar los objetivos de Kioto. 
La reducción máxima actual se sitúa en el 25 %, sin embargo, es necesario seguir avanzando, sabiendo, además, que el mayor desafío al que se enfrenta el medio ambiente en años venideros se halla en la evolución del transporte. 
Por ello estamos de acuerdo con la Sra. ponente en la conveniencia de disponer de una legislación de reserva en caso de incumplimiento de los acuerdos y nos gustaría apoyar estas opiniones de la Sra. ponente. 
Finalizaré diciendo, señor Presidente, que los acuerdos voluntarios pueden ser excelentes y elogiando por ello a la industria automovilística, sin embargo, también sabemos que para el éxito a largo plazo de estos acuerdos resulta imprescindible disponer de mediciones y sanciones. 
Señor Presidente, resultan completamente apropiadas las exigencias del ponente para la inclusión en este acuerdo de los vehículos industriales ligeros. 
Como acaba de decir el Sr. Lange, se trata de un claro subterfugio. 
Apoyamos sin resquicios las enmiendas que ha presentado el ponente. 
Desearía señalar igualmente que el nivel de los objetivos de este acuerdo voluntario es extremadamente modesto. 
¿Es posible verdaderamente que, habida cuenta de que el consumo medio de los turismos era en 1986 de siete litros cada cien kilómetros, la Comisión acepte ahora una reducción por parte de la industria automovilística a un promedio de seis litros por cien kilómetros en un plazo de 22 años, es decir, hasta el año 2008? 
Las estadísticas dejan bien claro que en Europa se fabrica un número excesivo de automóviles grandes. 
Y deberíamos poder hacer algo al respecto. 
Señor Presidente, permítame en primer lugar agradecer a la Comisión de Medio Ambiente y especialmente a su ponente, la Sra. González Álvarez, el extraordinario trabajo llevado a cabo con esta propuesta. 
Es cierto, tal y como han dicho la señora ponente y el Sr. Lange, que éste es un paso más en nuestra estrategia climática y al mismo tiempo una continuación de los programas de aceite para locomoción y con ello implica una mejora en conjunto de la calidad del aire en Europa. 
La Comisión está de acuerdo en varias de las constructivas enmiendas que la comisión ha presentado. 
Especialmente, la Comisión acepta las enmiendas 1 y 2, la 6 en la parte que subraya la necesidad de un seguimiento, las 7, 8 y 27 en principio, la 29 con un cambio en su redacción, las 33 y 35, de la 42 a la 45 en las partes que aumentan el número de categorías de datos para los coches más grandes y por último, la 46 en principio. 
Luego hay un grupo de enmiendas que lamentablemente la Comisión no puede aceptar. 
Lo cual no obedece a razones políticas, sino a limitaciones técnicas. 
Son las partes de las enmiendas que van de la 9 a la 26 y de la 36 a la 45 que tienen como finalidad incluir las furgonetas en el programa de seguimiento. 
En principio, no nos oponemos a incluir estos vehículos en el programa de seguimiento, y desde el punto de vista medioambiental, nos parece una idea sensata. 
Sin embargo, el caso es que la medición de las emisiones de CO2 no forma parte del procedimiento de homologación comunitario y por ello simplemente no podemos incluirlo en el momento actual. 
Reconocemos que las enmiendas 47 y 48 tratan de reforzar el papel de la Comisión asegurando que los Estados miembros nos entreguen datos correctos. 
De todas formas, no podemos aceptarlas, y la razón para ello es que creemos que la redacción actual mantiene el equilibrio adecuado entre un papel eficaz de la Comisión y el derecho permanente de los Estados miembros a emplear sus propios sistemas. 
Tampoco podemos aceptar las partes de las enmiendas 28, 29 y 30 que tienen como objeto adelantar la entrada en vigor. 
Las fechas propuestas por la Comisión ya dan a los Estados miembros muy poco tiempo para poner en práctica la decisión. 
Luego está la enmienda 31, que adelanta la fecha del informe sobre el funcionamiento del programa. 
Tampoco podemos aceptarla, puesto que nos gustaría disponer de datos suficientes para elaborar un informe de la suficiente calidad. 
Tampoco podemos aceptar la enmienda 34. 
Luego están las enmiendas 12, 14 y 38 que tampoco podemos aceptar. 
Incluir los coches que se matriculen por segunda vez, incluso aunque sea dentro de los seis meses siguientes a la primera matriculación, no nos parece conveniente. 
Sólo dificulta aún más el uso de los datos. 
Luego está la futura expresión del formato detallado en el que se enviarán los datos. 
Aquí la Comisión no puede aceptar estas partes de las enmiendas 28 y 38, lo cual obedece a que, visto así, tenemos descrito el formato detallado en el anexo 4 de la propuesta. 
La enmienda 32 fija el año 2002 como año de referencia para el seguimiento del acuerdo medioambiental con los fabricantes de automóviles. 
El acuerdo está basado, sin embargo, en un objetivo numérico fijo, luego el año de referencia no es necesario. 
Si el acuerdo hubiera estado basado en una reducción porcentual, un año de referencia habría sido de vital trascendencia. 
Esta es la razón de que no aceptemos la propuesta. 
Por otro lado, me gustaría asegurarle al Parlamento que la evolución de este acuerdo será seguida muy de cerca cada año. 
No sorprenderá demasiado al Parlamento que la Comisión no acepte las enmiendas 3, 4 y 5 que critican el acuerdo. 
Tuve la oportunidad de discutir este punto bastante acaloradamente- he de decir- con la Comisión de Medio Ambiente no hace mucho tiempo. 
Y por motivos similares, la Comisión tampoco puede aceptar la parte de la enmienda 6 que implicaría el inicio por parte de la Comisión del trabajo técnico con vistas a la presentación de la propuesta legislativa. 
También tuvimos oportunidad de discutir este punto bastante a fondo en el mismo encuentro. 
Sin embargo, y a modo de resumen, puede decirse, señor Presidente, que la Comisión apoya parte de las enmiendas presentadas y que por supuesto, estamos muy satisfechos con la positiva recepción que la señora ponente y la Comisión de Medio Ambiente han dado en general a nuestra propuesta. 
Señora Comisaria, permítame que le haga una pregunta con respecto a los vehículos industriales ligeros. 
Obviamente, somos conscientes de que en el marco de la clasificación 70/156/CEE no se prevé ninguna medida relativa al registro de la emisión de CO2 de vehículos industriales ligeros. 
Evidentemente pueden elaborarse medidas de este tipo. 
Decir que necesitamos medidas por el estilo nos obliga a modificar la Directiva 70/156/CEE. 
En este sentido, es preciso señalar que la nueva normativa sobre aceite para automóviles, la nueva Directiva 98/69/CEE, incluye una consideración en la que se reclama precisamente eso. 
¿Qué inconveniente tiene la Comisión en presentar una propuesta que incorpore las modificaciones correspondientes? 
Señor Presidente, estoy segura de que el Sr. Lange se dio cuenta de que dije que no podíamos incluir estos vehículos en este momento y es natural porque comparto la opinión del Sr. Lange, es decir, que su inclusión sería sumamente útil. 
Por ello vamos a iniciar el trabajo técnico que esto exige. 
No voy a tratar de adivinar cuánto tiempo nos llevará éste, aunque sí puedo decir que tardaremos algún tiempo. 
Sin embargo, haremos lo que podamos y estamos de acuerdo en que sería positivo que pudiéramos sacar adelante estas enmiendas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas. 
Información sobre el consumo de combustible de los vehículos de turismo nuevos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate (A4-0489/98) de la Sra. Kestelijn-Sierens, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la información sobre el consumo de combustible facilitada al consumidor al comercializar vehículos de turismo nuevos (COM (98) 0489- C4-0569/98-98/0272 (SYN) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, también la medida que estamos debatiendo ahora debe ser considerada dentro del marco del compromiso contraído por la Unión en Kyoto, para reducir las emisiones del CO2 y de otros cinco gases de invernadero durante el periodo de 2008 a 2012 en un 8 % con respecto a 1990. 
Como ya se dijo en el debate anterior, los vehículos de turismo son responsables de casi un 12 % de las emisiones totales del CO2 en la Unión. 
La triple estrategia de la Comisión para reducir las emisiones del CO2 incluye la propuesta de proporcionar a los compradores de vehículos nuevos, información sobre el consumo de combustible. 
¿Qué es lo que abarca tal sistema de información? 
Hay cuatro instrumentos. En primer lugar deberá aparecer en el parabrisas de cada vehículo en venta una pegatina que habrá de ofrecer los datos siguientes: el consumo de combustible, la emisión de CO2 y una advertencia sobre la relación entre la emisión del CO2 y el cambio climático por un lado, y por otro entre la eficacia del consumo de combustible y el comportamiento al volante. 
También deberá editarse una guía de consumo de combustible de distribución gratuita, donde se ofrezcan los datos anteriores de todos los modelos de automóviles existentes en el mercado. 
Dicha guía incluirá también una relación de los vehículos de mayor eficacia energética. 
En tercer lugar, la Comisión quiere que en las salas de exposición de automóviles aparezca un cartel con un resumen del consumo de combustible de todos los vehículos expuestos en dichas salas. 
Por último, dicha información sobre el consumo de combustible deberá aparecer igualmente en todo el material de publicidad impreso. 
El 8 de diciembre, la Comisión de Medio Ambiente aprobó por unanimidad mi borrador de informe, con algunos añadidos útiles de mis colegas. 
Nuestras propuestas deberán hacer aún más claro el sistema de información al consumidor, hacerlo aún mejor, más eficaz. Las aclararé brevemente. 
Proponemos suprimir los gastos estimados de combustible por los siguientes motivos. 
En todos los estados miembros, con excepción del Reino Unido, el gasóleo cuenta con una ventaja fiscal. 
Por tanto, los gastos de combustible de los vehículos Diesel son considerablemente más bajos que los de un vehículo comparable de gasolina. 
Sin embargo, sabemos que los vehículos Diesel no son menos nocivos para el medio ambiente, porque las emisiones del gasóleo contienen partículas y óxido de nitrógeno. 
Haciendo una mención explícita de los gastos de combustible podríamos motivar equivocadamente al consumidor para elegir un vehículo Diesel, lo cual en realidad tendría un efecto contrario sobre el medio ambiente y la salud pública. 
Así, Suecia, país donde el sistema de información es obligatorio desde hace años, recientemente suprimió la información sobre los gastos de combustible. 
Es decir, mientras exista una diferencia de precio entre el gasóleo y la gasolina, la indicación de los gastos de combustible no tiene ningún sentido. 
Además frente a la indicación de los gastos estimados de combustible se producirían variaciones en función del comportamiento al volante, la conducción en casco urbano o en autovía, y el estado de mantenimiento del vehículo. Por último, están las posibles fluctuaciones de los precios del combustible. 
Con mi segunda serie de propuestas, lo que persigo es un etiquetado lo más sencillo y claro posible. 
Así, el consumo de combustible debe indicarse de una forma única. Deben ofrecerse, además, indicaciones distintas sobre el consumo dentro y fuera del casco urbano. 
Defendemos, también, una advertencia más llamativa para el consumidor sobre las consecuencias del CO2. 
Asimismo hemos apoyado una enmienda sobre la advertencia de que el acondicionador de aire y otras opciones de los vehículos pueden repercutir negativamente en el consumo de combustible. 
Otra propuesta importante afecta a la lista de los diez vehículos de mayor eficacia energética en la guía de consumo de combustible. 
Yo defiendo la publicación de unas relaciones de los diez principales por cada categoría, porque el ahorro de combustible sólo será argumento para que el consumidor compre otro vehículo dentro de la categoría de vehículos que cumpla la misma función; sin embargo nunca hará que un comprador de un vehículo monovolumen pase a comprar un minicar o smartcar. 
En cuanto a la promoción opinamos que en la publicidad impresa no sólo debe indicarse el consumo de combustible, sino también la emisión de CO2. 
Es cierto que el consumidor aún no conoce bien conceptos como el de la emisión de CO2, así que ya es hora de que algo cambie. 
Esa directiva quisiéramos verla aplicada también en la publicidad en Internet. 
Una quinta propuesta afecta a la evaluación. 
Deseo que en un plazo de tres años la Comisión evalúe si la armonización tiene que ir más lejos. 
Espero que estas propuestas puedan ser aceptadas por todo el mundo, para que la presente directiva pueda entrar en vigor según lo previsto el 1 de enero del año 2000. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la directiva que hemos comentado anteriormente remite una vez más al autocompromiso de la industria del automóvil de reducir las emisiones de CO2 por medio de medidas técnicas. 
Lo que estamos debatiendo ahora se refiere más bien a la modificación de la actitud del consumidor, tratándose por tanto de medidas complementarias. 
Estimo correcto que en este caso se opte por la vía informativa en lugar de elaborar una disposición legal, puesto que en lugar de imponer una dictadura en materia de necesidades pretendemos informar para que los ciudadanos puedan tomar la decisión adecuada. 
Me parece muy interesante que en los concesionarios de automóviles aparezcan enormes letreros sobre los vehículos que ya no indiquen el número de caballos del automóvil, la velocidad que pueda alcanzar u otras características impactantes, sino que señalen en un caso 3 litros de consumo de combustible y en otro, para un automóvil igual de grande, 15 litros, tal vez sobre un fondo de color vivo, ya sea amarillo, negro, rojo o verde- ne me corresponde a mí fijar el color, puesto que el tema de los colores es más bien una cuestión de política- pero que de todos modos fuera un color llamativo. Estoy seguro de que en estas circunstancias el comprador reaccionaría de otra manera. 
Evidentemente, tal y como ya ha señalado la ponente del informe, la información ha de ser completada por razones de honestidad, puesto que el ciclo de ensayos, que desafortunadamente aún no existe en el caso de los vehículos industriales ligeros, no prevé la incorporación de complementos especiales como aire acondicionado o calefacción en estado de reposo, que pueden ocasionar un aumento del consumo del 20 %. 
En mi opinión, es fundamental que se informe al consumidor al respecto, sin entrar en detalles, pero a modo de consejo, para que se dé cuenta de que al incorporar uno de estos componentes el consumo irá en aumento. 
De la misma manera, pienso que con objeto de incrementar aún más la transparencia es deseable que en este ámbito se permita y se fomente una mayor oferta por Internet, de suerte que el consumidor que desee adquirir un coche nuevo tenga la posibilidad de averiguar en el PC de su casa cuánto consume este o aquel automóvil equipado con tal o cual complemento y cuál es la emisión de C02 correspondiente. 
Así las cosas, también debería ser posible verificar en el mismo concesionario cuánto consume un coche con unas características determinadas. 
Habida cuenta de que las ventajas fiscales derivadas de la adquisición de un automóvil de bajo consumo constituyen el tercer pilar de la estrategia, éste es un aspecto nada desdeñable. 
A este respecto, el consumidor ha de saber exactamente cuánto consume cada coche y las ventajas fiscales que ello supondría. 
En este sentido acojo con gran satisfacción la ampliación realizada por la ponente del informe, que merece todo mi apoyo, orientada a garantizar una mayor transparencia para el consumidor. 
Señor Presidente, estimados colegas, la propuesta que tenemos ante nosotros y que tiene por objeto elaborar un sistema de información para el consumidor sobre el consumo de combustible de automóviles nuevos incluye aspectos importantes. 
Se trata antes que nada de un componente fundamental en el marco de la estrategia comunitaria destinada a reducir las emisiones de C02 de los turismos. 
No es una idea nueva. 
En mi país ya existen desde hace varios años acuerdos voluntarios para dar a conocer el consumo de combustible en los anuncios publicitarios. 
Esta idea incluso interesa a los propios fabricantes, especialmente a los que pueden ofrecer vehículos económicos. 
Estoy convencido de que la fijación de una etiqueta, que no sólo debería estar presente en el momento de la compra sino que debería figurar asimismo en los vehículos que circulan por la carretera, acabará teniendo un impacto sensiblemente mayor en la decisión de compra del consumidor. 
Por tanto, desearía asimismo que este tipo de estrategias se fundamentaran principalmente en sistemas de estímulos y no de castigos. 
Se trata precisamente de una cuestión en la que el mercado puede autorregularse sin mayores problemas. 
Se regularía antes si las autoridades crearan estímulos positivos como por ejemplo la elaboración de sistemas de bonificaciones o apoyos fiscales que favorecieran la información al consumidor e incitaran la economía. 
Con la ayuda de esta etiqueta para el consumidor también se verían premiados los esfuerzos de los fabricantes de vehículos. 
El principal objetivo de todo esto es reducir la emisión de sustancias dañinas de acuerdo con los compromisos adquiridos en el acuerdo de Kioto. 
En este sentido acojo con gran satisfacción el autocompromiso de la federación de los fabricantes de automóviles mediante la cual se obligan a garantizar la disminución de CO2 en los años venideros mediante un plan por etapas. 
Esta declaración redunda en beneficio de los fabricantes y de los consumidores y beneficia muy en especial al medio ambiente. 
Al mismo tiempo supone una gran simplificación de la legislación. 
Por último, es preciso señalar que han sido los expertos quienes han establecido las normas vinculantes, un objetivo similar al que pretendimos alcanzar con la directiva relativa a la fabricación de autobuses en el informe Murphy. 
Es fundamental que los organismos que protegen al consumidor, por ejemplo la organización de inspección que se encarga de realizar ensayos de mercancías o el Club General Automovilístico Alemán, establezcan criterios de competencia comparativa, de modo que el consumidor pueda disponer de una información fiable que no solamente proceda de los fabricantes del vehículo sino también de organizaciones altamente especializadas en la materia. 
Es un aspecto que también hemos abordado en el Libro verde «Por unos precios más justos y eficaces en el ámbito del transporte». 
Los principales problemas tienen su origen en los atascos que se forman en la ciudades. 
En dichas circunstancias, el consumo se dispara y, por tanto, es preciso que se preste especial atención a los efectos de los embotellamientos que se producen en las grandes aglomeraciones. 
Por todo ello, es sumamente importante que en este ámbito se realicen serios esfuerzos a fin de subsanar dichas situaciones. De la misma manera, opino que, tal y como se expone en el Libro verde «Por unos precios más justos y eficaces en el ámbito del transporte» , hay que evitar la concesión de subvenciones cruzadas, puesto que los turismos nos causan suficientes problemas, obligándonos a fijar como primer objetivo paliar las repercusiones negativas sobre el medio ambiente y las ciudades. 
En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y especialmente a su ponente, la Sra. Kestelijn-Sierens, no sólo por haber elaborado un informe de altísima calidad, sino también por haber tramitado la propuesta tan rápidamente. 
La Comisión está de acuerdo en algunas de las constructivas enmiendas que la comisión ha presentado y aceptamos totalmente las siguientes enmiendas: 1, 2, 5, 7, la primera parte de la 15, 18, 20, 22 y la segunda parte de la 23. 
Las enmiendas 9, 12, 14, la primera parte de la 19 y la primera parte de la 23 pueden ser aceptadas en principio, y por último la enmienda 17 puede ser aceptada por lo que se refiere al efecto de los equipamientos adicionales. 
Ahora explicaré los motivos para no aceptar algunas de las restantes enmiendas. 
Puesto que el propósito de la propuesta es informar a los consumidores- estoy de acuerdo con el Sr. Lange quien dijo algo sobre que la propuesta suponía más transparencia y que ésta beneficiaba a los consumidores- no podemos aceptar las enmiendas 10, 11, 16 y 21 o las partes de las enmiendas 19, 23 y 24 encaminadas a eliminar cualquier mención de cifras de coste del combustible a los 10.000 kilómetros. 
En opinión de la Comisión, estas cifras son una clara señal que puede llevar a los consumidores a modificar su conducta. 
La Comisión es consciente de que el diesel está sometido a una tributación inferior a la de la gasolina en muchos de los países miembros, sin embargo, los Estados miembros pueden calcular libremente otros impuestos en los costes y en la actualidad mantenemos negociaciones con el Consejo sobre cómo especificar éstos en la misma directiva. 
Y puesto que la Comisión contempla conservar los datos sobre los impuestos de los combustibles en la propuesta, tampoco podemos aceptar la enmienda 3. 
Además, la Comisión tampoco acepta la enmienda 8. 
Visto así, estamos de acuerdo en que los anuncios en Internet deben estar incluidos dentro de la expresión «material publicitario» , sin embargo, han de ser los Estados miembros quienes decidan si un anuncio en Internet está incluido dentro de estos anuncios. 
Luego están las enmiendas 4 y 6, que amplían la directiva para que ésta incluya también coches casi nuevos. 
No podemos aceptarlo. 
La directiva sólo debe incluir en un primer paso los turismos nuevos, sin embargo, es probable que los coches usados pudieran entrar en un futuro. 
Además, estas enmiendas pretenden que los coches con permiso de matriculación de un día también estén incluidos. 
La definición actual de la directiva de turismos nuevos ya cubre este caso. 
Luego están las partes de las enmiendas 15, 18, 24 y 28 que giran en torno a la simplificación de la forma en que habrá de presentarse el consumo de combustible, es decir, habrá de darse siempre en litros a los 100 km y no en litros a los 100 km o en kilómetros por litro. 
Esto no es aceptable, y en parte es debido a las diferentes tradiciones de cada Estado miembro a la hora de dar el consumo de combustible, luego es importante ser flexible si queremos gozar del apoyo de los consumidores de los diferentes Estados miembros. 
Los cambios en la redacción de las enmiendas 17 y 25 no pueden ser aceptados. 
Pensamos que la redacción actual sobre cambios climáticos y automóviles es una forma adecuada de llamar la atención sobre el problema y al mismo tiempo explicar su papel a los fabricantes de automóviles. 
A modo de resumen, la Comisión se suma a gran parte de las enmiendas. 
Nos alegra el rápido tratamiento y la positiva recepción dada a la propuesta por la Comisión de Medio Ambiente y por su ponente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas. 
Sustancias que agotan la capa de ozono 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0465) de la Sra. Graenitz, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (COM (98) 0398- C4-0580/98-98/0228 (SYN) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, la capa de ozono, que protege a los hombres, los animales y las plantas de nuestra Tierra de los perjudiciales rayos ultravioletas del Universo, ha adelgazado un 10 % desde el principio de las mediciones a comienzos de los años ochenta, habiéndose producido una reducción del 45 % en el hemisferio norte por encima de Escandinavia y Siberia. 
Con el Protocolo de Montreal hemos encontrado el camino que nos permite tomar medidas destinadas a reducir de forma controlada y en un espacio de diez años las sustancias que perjudican a la capa de ozono. 
Hace unas semanas, en la XII Conferencia celebrada por las partes firmantes del Protocolo de Montreal, se inauguró el capítulo del protocolo en la que los países en vía de desarrollo también se comprometen a suprimir el uso de hidroclorofluorocarburos. 
En la Unión Europea la eliminación de los HCFC totalmente halogenados entró en vigor en 1995. 
En la actualidad comenzamos a reducir los HCFC parcialmente halogenados. 
Considero muy positiva y muy adecuada la propuesta de la Comisión, ya que pretende iniciar la reducción de dichas sustancias antes de la fecha prevista para la UE en el Protocolo de Montreal. 
He introducido en mi informe algunas modificaciones con respecto a la propuesta de la Comisión, porque pienso que en muchos ámbitos resulta perfectamente posible acelerar la supresión, porque pienso que existen sustancias sustitutivas y porque pienso que es necesario que en algunos ámbitos exista cierta unificación a la hora de abandonar la utilización de determinadas sustancias para evitar que coexistan plazos muy variados para las diferentes clases de productos. 
Además, es preciso que las sustancias se supriman progresivamente a fin de que la industria pueda organizarse para llevar a cabo una reducción escalonada de la producción. 
Creo que es lo más apropiado para nuestra industria. 
En mi informe he procurado abordar otros problemas mediante la incorporación de enmiendas. 
Por una parte, me he referido a la cuestión cada vez más importante del tráfico de sustancias. 
Las antiguas instalaciones albergan sistemas cerrados de las que siguen saliendo sustancias dañinas. 
Cantidades mínimas del orden de 20 I ó 50 I HCFC bastan para que dichas instalaciones puedan seguir funcionando algunos años más, lo cual fomenta el tráfico de HCFC. 
Por tanto, espero que nuestros deseos de implantar controles más severos y de conceder ayudas a las empresas para que abandonen lo antes posible la utilización de sustancias perjudiciales puedan ser llevados a la práctica de forma eficaz. 
Por otra parte, pienso que necesitamos asimismo una normativa para la exportación de sustancias que en este momento ya están prohibidas en el seno de la Unión. 
Yo he propuesto un plazo transitorio determinado para que sobre todo los países en vía de desarrollo, que según lo estipulado en el Protocolo de Montreal tienen derecho a utilizar HCFC durante más tiempo que la Unión Europea, no se vean obligados a desarrollar industrias propias o suprimir sustancias a nuestro ritmo, sino que tengan la posibilidad de buscar sustitutivos y mejorar el desarrollo de sus industrias nuevas basadas en productos alternativos. 
Quisiera detenerme en otros dos puntos más que me parecen sumamente importantes y para los cuales no he encontrado una solución convincente. 
El primer problema concierne al uso de HCFC en extintores. 
A este respecto, lamento que haya tenido que esperar hasta el día de hoy para que la Comisión me informase de un dictamen del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del verano pasado en el que se prohibe dicho uso de HCFC. 
Lamento profundamente que nuestra comisión no dispusiera de dicha información en el momento de la votación. 
Creo asimismo que la autora de la propuesta, aceptada por la comisión, que siguió en todo momento los consejos de su ministro de Medio Ambiente, ignoraba este asunto. 
Siento haberme enterado esta tarde y no haber podido comentar el tema con el presidente de la comisión. 
Mañana, antes de que procedamos a la votación de este punto, informaré al Parlamento de todas estas circunstancias a fin de que puedan tenerse en cuenta en el momento de la votación. 
Quisiera concluir mi intervención con una reflexión acerca del bromuro de metilo. 
Tras las reuniones de la comisión y las votaciones consiguientes se llegó a un compromiso en virtud del cual se concede a los Estados miembros del Sur de Europa un mayor plazo en lo que al uso de esta sustancia para la fumigación del suelo se refiere. 
Soy consciente de que un compromiso de estas características causa problemas y debería ser rechazado en el marco de la política medioambiental, pero, pese a ello, rogaría a la Comisión que busque una salida en el sentido de lo que se está debatiendo actualmente en el Consejo a fin de garantizar una transición apropiada en este ámbito. 
Señor Presidente, en octubre de este año se descubrió el mayor agujero jamás visto en la capa de ozono sobre la Antártica. 
La protectora capa de ozono está actualmente tan dañada que el agujero es tres veces mayor que la superficie de Australia. 
Estamos ante una enorme amenaza para la supervivencia de los seres humanos, una situación que tenemos que resolver. 
Actualmente la capa de ozono se debilita tan rápidamente que ni siquiera podemos percatarnos de las consecuencias para el futuro. 
Sabemos también que la capa de ozono debilitada ya produce grandes consecuencias, en las regiones en que sabemos que la capa de ozono es delgada y donde los casos de cáncer aumentan cada vez más. 
La importancia de la colaboración internacional no puede ser más clara que en esta materia, y tenemos que conseguir cambios rápidamente. 
Sabemos que si no nos ponemos de acuerdo para disminuir radicalmente las emisiones de las sustancias que descomponen la capa de ozono, en los próximos años se producirá un rápido agotamiento de ella. 
Por esto doy la bienvenida a las iniciativas de la Comisión para proponer mejoras y hacer más severas las normas sobre sustancias que afectan al ozono. 
También quiero dar las gracias a Graenitz por la excelente forma como ha afrontado esta altamente tecnificada y difícil materia y por haber presentado, en muchos campos, enmiendas que van a conducir a que la propuesta de la Comisión se haga aún más rigurosa. 
Hay un asunto que quisiera destacar especialmente en este contexto. 
Constantemente se están descubriendo nuevas sustancias que descomponen el ozono. 
Son sustancias cuyo uso aún no ha sido incluido en el Protocolo de Montreal y que tampoco están reguladas en el Tratado de la Unión sobre sustancias que descomponen el ozono. 
Por ejemplo, actualmente conocemos sustancias que tienen efectos mucho más nocivos que algunas de las sustancias contempladas en acuerdos y legislaciones. 
Para poder cumplir los objetivos que hemos acordado en el Protocolo de Montreal es importante que resolvamos los problemas relacionados con las nuevas sustancias que afectan al ozono. 
Para que todo esto llegue a ser posible, tenemos que encontrar un modo rápido y sencillo de regular los asuntos que hacen referencia a las sustancias que descomponen la capa de ozono, de modo que éstas puedan formar parte de los reglamentos en cuanto se descubran. 
Por eso, quiero instar al Parlamento para que apoye la propuesta de la Comisión en relación con la forma cómo se deberán contemplar en los reglamentos las nuevas sustancias que descomponen la capa de ozono. 
Hemos dicho que sabemos que el agujero de ozono es más grande que nunca. 
Por eso, quisiera decir que ciertas cosas en la vida no se pueden transigir. 
El agujero en la capa de ozono es una de ellas. 
No ayuda el hecho de que haya industrias que probablemente producen esas sustancias y que, si se prohíben, se pueden ver obligadas a cerrar. 
A pesar de todo, quizás es más importante prohibir las industrias, ya que conocemos sus efectos. 
Por eso, soy muy escéptica respecto de los pactos a los que se ha llegado, tanto desde el punto de vista ecológico como del de la competencia. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Graenitz por su informe. 
Su tarea no ha sido nada fácil, pero a pesar de ello no ha escatimado esfuerzos. 
El resultado es sumamente satisfactorio. 
Pienso que siendo austríacas hubiera sido muy sencillo, tanto para la Sra. Graenitz como para mi, presentar un informe completamente distinto. 
Pero al formar parte de la Unión Europea, los austríacos debemos aprender a aceptar, aunque a veces nos duela, que las cosas no siempre son como nosotros quisiéramos. 
Tanto más porque en el Sur tenemos vecinos que aún no están lo suficientemente preparados. 
El hecho de que en los últimos años se haya producido cierta disminución de la velocidad con la que se agota la capa de ozono- para que no me mal interpreten- ha de considerarse sin duda como un gran logro del Protocolo de Montreal. 
Aunque el agujero no se haya reducido, la capa de ozono parece deshacerse a un ritmo algo inferior. 
El informe que tenemos delante reconoce el problema de la destrucción de la capa de ozono y se pronuncia claramente a favor de la supresión de la producción y utilización de las sustancias perjudiciales para el ozono. 
Todos sabemos que pueden causar por ejemplo cáncer de la piel o problemas de visión. 
Y también repercuten en el conjunto de los ecosistemas naturales. 
Por todo ello, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se ha esforzado por buscar un consenso lo más amplio posible para este asunto tan sumamente importante, concediendo especial atención a cuestiones más específicas. 
Es por lo que he puesto todo mi empeño en intentar alcanzar un compromiso con mis colegas de los Estados miembros del Sur de Europa en lo que al uso de bromuro de metilo en la agricultura se refiere. 
No se trata precisamente de una preocupación austríaca. 
No necesitamos esta sustancia, no es imprescindible, pero hay Estados con un clima específico que creen no poder prescindir de ella en vista de su situación particular. 
En mi opinión, el Parlamento Europeo debe procurar garantizar una rápida transposición de las disposiciones medioambientales fundamentales. 
Todos somos conscientes del omnipresente riesgo de quedarnos con una solución descafeinada y de la necesidad de evitar este tipo de medidas insatisfactorias. 
De todos modos también quisiera dar las gracias a mis colegas del Sur por su colaboración y en este sentido es interesante destacar que hemos recibido propuestas de colegas italianos de diferentes partidos políticos; algunos forman parte de mi Grupo y otros pertenecen al Grupo de la Sra. Graenitz. 
Aquí sí se plantea un problema para la agricultura. 
En nuestra calidad de diputados del Parlamento Europeo, encargados de luchar por un medio ambiente saludable, nos corresponden el deber y el cometido de prevenir circunstancias perjudiciales para nuestro medio de vida y procurar reducir o evitar en el futuro los errores que hemos cometido irremediablemente en el pasado. 
Señor Presidente, a pesar de los numerosos e importantes esfuerzos realizados en las últimas décadas a escala internacional, a los que han hecho mención varios oradores, queda todavía un largo camino por recorrer, y siendo mayores las posibilidades de recurrir a sustancias de sustitución, es necesario que tratemos de hacer más todavía. 
Esta propuesta es otro paso más en la dirección correcta. 
Hablamos de limitaciones o prohibiciones directas y de un control sobre la aprobación de las exportaciones. 
Lamentablemente en la UE seguimos sin recurrir- y creo que la señora Comisaria estará de acuerdo conmigo cuando digo lamentablemente- a una herramienta muy eficaz a la hora de modificar conductas, me refiero a los impuestos. 
En Dinamarca empleamos este recurso y creímos que al comienzo ingresaríamos más dinero en las arcas públicas, y aunque me vea obligada a reconocer que este dinero no llegó, debo decir que inmediatamente se comenzó a hacer uso de las sustancias de sustitución. 
Esto demuestra de qué trata todo esto. 
Como se ha dicho, no podemos recorrer este camino. 
Quiero dar las gracias a la señora ponente por el trabajo que ha hecho con el informe y decir que nuestro grupo vota a favor de las enmiendas en las que se habla de restricciones. 
Entiendo la propuesta de compromiso de la señora ponente con el Grupo PPE. 
Al igual que la señora ponente, me gustaría considerarla una buena idea, sin embargo, al igual que mi grupo, abogo por unas normas más estrictas. 
Creemos ya posible la sustitución del bromuro de metilo. 
Así ha sucedido, por ejemplo, en los invernaderos de los países septentrionales sin que el uso de estas alternativas plantease ningún problema. 
Luego también puede hacerse en los países meridionales. 
Señor Presidente, hay muchas partes de este informe que implican una normativa más rigurosa, algo que evidentemente apoyamos, pero también hay algunos aspectos decepcionantes. 
Se trata, por ejemplo, de las normas que regulan el metilo de bromuro. Especialmente me parecen dudosas las propuestas de acuerdo números 32 y 33 entre los Grupos PSE y PPE que implican que se otorga una excepción bastante considerable, perjudicial para la capa de ozono. 
Además, se concede una excepción a una sustancia bastante dañina, a pesar de existir otras alternativas que pueden usarse. 
Lamento que no se haya buscado un pacto con los otros Grupos, cosa que habría sido posible en el seno de este Parlamento. 
También quisiera destacar las enmiendas de los Grupos V y GUE/NGL que, en mi opinión, constituyen mejores alternativas. 
También creo que es interesante que este tipo de directivas se adopten como un artículo de la directiva 130, puesto que se trata de productos químicos. 
Seguramente hay posibilidades de aplicar esto a muchas directivas que tratan de productos químicos, que no se relacionan con la armonización sino que posibilitan legislaciones más progresistas en los diferentes países. 
Esa posibilidad debería usarse. 
Señor Presidente, estimados colegas, a mí también me decepciona este informe. 
En mi opinión, es vergonzoso permitir que el peor enemigo de la capa de ozono, el bromuro de metilo, siga en el mercado por mucho que hablemos aquí de proteger la capa de ozono. 
El Parlamento Europeo se ha convertido en el juguete de los intereses nacionales mezquinos que defienden los grupos de presión, lo cual me parece ser un hecho sumamente deplorable. 
Es sabido que el bromuro de metilo es una de las sustancias más perjudiciales para la capa de ozono. 
No tiene ningún sentido lamentarse de que el agujero de la capa de ozono se haya ampliado si no se toman las medidas apropiadas. 
Lamento profundamente que la Comisión Europea no haya propuesto imponer la correspondiente prohibición a partir del 2001. 
Los grandes Grupos políticos no quieren introducirla antes del 2004. 
Me parece a mí que eso es incompatible con la política llevada a cabo en los diferentes Estados miembros. 
La considero tanto más inadecuada cuanto que existen alternativas válidas. 
Es lo que ha quedado demostrado en varios Estados miembros. 
Considero inadmisible que estemos dispuestos a aceptar que se produzcan daños irreversibles en el ecosistema y que nuestra salud esté en peligro, por ejemplo como consecuencia de enfermedades dermatológicas, sólo por acceder a las peticiones de los grupos de presión. 
Señor Presidente, en la propuesta de la Comisión sobre las substancias que agotan la capa de ozono figura un grave vacío legal que algunos de nosotros hemos descubierto. 
Una empresa multinacional que regenta una fábrica en mi país, Luxemburgo, está autorizada a seguir utilizando CFC-11 como disolvente en un proceso industrial, aunque existe un substituto que no agota la capa de ozono y se está utilizando desde 1995 en una segunda línea de producción de la misma empresa. 
Durante al menos 15 años Du Pont de Nemours ha utilizado CFC-11 como disolvente para producir una lana de poliuretano. 
Las emisiones anuales han representado, por término medio, 15 toneladas de CFC-11, lo que es bastante considerable. 
Recientemente se concedió una prórroga de la autorización. 
Du Pont de Nemours llama ahora a su disolvente agente depurador, pero es un simple truco para que se le permita seguir utilizando CFC-11. 
No debemos permitir una nueva prórroga de las autorizaciones, sobre todo porque existe un substituto, el pentano, que se ha utilizado con éxito en una línea de producción paralela. 
Mi Grupo ha pedido votación por partes del último párrafo del Anexo IV de la propuesta, en el que figura una lista de procesos en los que aún se puede permitir la utilización de CFC-11 como agente depurador. 
Propongo que suprimamos ese párrafo votando «no» mañana. 
Por último, los HCFC siguen teniendo un gran potencial de agotamiento de la capa de ozono y de calentamiento de la atmósfera. 
Insto a Sus Señorías a que no permitan la utilización de HCFC como agentes depuradores. 
Señor Presidente, gracias entre otras cosas al Protocolo de Montreal, las sustancias que agotan la capa de ozono podrán ser suprimidas rápidamente. 
El efecto deseado, que se cierre el agujero en la capa de ozono, sólo se alcanzará dentro de cien años. 
Esperemos asimismo que para entonces haya descendido también el índice de cánceres de piel. 
Es positivo que la Unión Europea quiera tomar medidas para acelerar dicho proceso de supresión. Si atendemos al rápido aumento de las alternativas disponibles, eso será también posible. 
Un incentivo adicional es que las ganancias son claramente mayores que los costes de la transición. 
Para el año 2001 debe haberse detenido la producción, utilización e introducción en los mercados, del bromuro de metilo. 
No podemos aceptar excepciones por razones de condiciones climatológicas. 
En los invernaderos holandeses y alemanes reinan las mismas condiciones climatológicas que en los estados del sur, cuando el bromuro de metilo ya quedó suprimido en 1992 en los Países Bajos y actualmente ya no se utiliza tampoco en Alemania. 
Si se aplican las técnicas apropiadas, esto no conlleva ninguna pérdida de producción, y además beneficia la salud de los empleados. 
En cuanto a la utilización de los HCFC como alternativa para los halones en los extintores de incendios, puedo comunicarles que ya están prohibidos, así que esto también vale para Italia que, a pesar de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia no respeta la normativa. 
Ya existen alternativas para los HCFC que, encima, no tienen efectos carcinógenos. 
La única excepción que en nuestra opinión es admisible afecta a las «aplicaciones esenciales» como la utilización de los CFC en inhaladores o en sustancias utilizadas para los productos farmacéuticos. 
Puesto que fuera de la UE estas sustancias no están disponibles en forma suficientemente pura, todo el comercio de sustancias nocivas para la capa de ozono con países fuera de la UE debe ser prohibido. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y especialmente a la Sra. ponente, Sra. Graenitz, por el informe que tramitamos esta tarde. 
Casi todas las enmiendas tienen como objeto promover la sustitución de las sustancias que agotan la capa de ozono. 
Un objetivo al que naturalmente me sumo. 
Sin embargo, nos hallamos en medio de negociaciones bastantes avanzadas en las que también se están teniendo en cuenta los puntos de vista del Consejo. 
Por ello, la Comisión no puede en este momento avanzar tanto como el Parlamento desearía en alguno de estos campos. 
No obstante, en cualquier caso espero poder volver a algunas de estas propuestas en una fase posterior del procedimiento. 
Sobre esta base, puedo comunicar que la Comisión acepta las enmiendas 14, 21, 22, 23 y 28 completamente y las enmiendas 1, 2, 3, 4, 19, 24, 25, 26, 27 y 30 en principio. 
Y explicaré brevemente las razones por las que no podemos aceptar las restantes enmiendas. 
Algunas de las enmiendas van dirigidas a extremar los procedimientos de vigilancia, información e inspección. 
Aceptamos la mayoría, sin embargo, pensamos que la enmienda 20 contribuiría a solapar procedimientos ya existentes y resulta por ello innecesaria. 
En lo que respecta a la sustitución del bromuro de metilo, la Comisión no puede aceptar la enmienda 5, pues la prohibición de excepciones para casos urgentes en la agricultura después del año 2006 atentaría contra el protocolo de Montreal. 
Si los criterios que permiten este uso excepcional en casos urgentes son empleados correctamente, éste debe ser seguir siendo posible más allá del año 2006. 
Luego están finalmente las enmiendas 32 y 33 que pretenden que la sustitución del bromuro de metilo sea postergada hasta el año 2005 en los Estados miembros que presentan circunstancias climáticas especiales. 
Esto ya ha sido debatido esta tarde y puedo decir que estoy completamente de acuerdo con las observaciones realizadas por la Sra. Dybkjær, el Sr. Sjöstedt, la Sra. Breyer y el Sr. Blokand y no con los comentarios de la Sra. Flemming. 
Una excepción conjunta para todos los países meridionales significará que hasta el 80 % del consumo comunitario de bromuro de metilo quede a salvo por lo que ya no podríamos cumplir nuestros compromisos para con el protocolo de Montreal. 
El protocolo exige la prohibición total del bromuro de metilo y no permite mantener su uso tras su supresión, tampoco aunque para ello se utilicen tipos específicos de hojas de plástico. 
El control sobre la producción de HCFC forma parte de la política comunitaria en materia de ozono. 
La Comisión ha propuesto llevar a cabo un examen de la situación antes del año 2000 a fin de comprobar si la evolución del consumo global permite reducciones adicionales. 
Las enmiendas 6, 7, 8, y 9 limitarían esta flexibilidad, porque ya introducen recortes adicionales en este momento, antes de que sepamos si éstos son convenientes. 
Por ello la Comisión no puede aceptar ahora estas enmiendas. 
Luego están las enmiendas que pretenden aumentar el control sobre el empleo de HCFC. 
No podemos aceptar las enmiendas 11, 12, 13 y 31, pues agravarían los problemas y los costes para las pequeñas y medianas empresas adelantando las fechas de la prohibición de HCFC en disolventes para refrigeración y pantallas de poliuretano. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 16 por la que se prohibiría la venta de equipos usados que contengan HCFC, pues ésta aumentaría las posibilidades de un tráfico ilegal y de emisión de HCFC a la atmósfera. 
Las enmiendas 17 y 29 pretenden dirigir la fabricación de productos que contengan HCFC a la exportación a países en los que su empleo siga estando permitido. 
Nos preocupa que una legislación demasiado estricta en la Comunidad puede llevar fácilmente a situar las plantas de producción en otros lugares. 
La Comisión comprende la finalidad de la enmienda 18, pero ésta chocaría con la excepción en casos especiales recogida en el apartado 6 del artículo 5. 
Luego están las enmiendas 10 y 15 relativas al halón y a los HCFC de los sistemas de prevención contra el fuego. 
La prohibición del halón figura entre las prioridades de nuestro orden del día, sin embargo, es importante tratar de evitar emisiones innecesarias a la atmósfera. 
Muchos de los Estados miembros lamentablemente no disponen todavía de plantas en las que reciclar, almacenar o recuperar o en su caso, destruir el halón de forma segura. 
Pasará tiempo antes de que éste sea el caso. 
Por este motivo, la Comisión no puede aceptar la enmienda 10. 
La enmienda 15 pretende introducir una nueva excepción, según la cual los HCFC podrán sustituir al halón empleado en los sistemas de prevención contra el fuego. 
Creo que ésta era la propuesta a la que la Sra. Graenitz se refirió en sus comentarios. 
Por último, me gustaría dar las gracias a la Sra. Graenitz y también a la Comisión de Medio Ambiente por su informe y por el análisis a fondo que han llevado a cabo de la propuesta de la Comisión objeto de debate. 
Espero mantener esta fructífera colaboración a fin de poder asegurarle a la Comunidad un papel predominante en la protección de la capa de ozono. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas) 
Señoras y señores, les doy la bienvenida y declaro abierta la última sesión del año 1998. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la última sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, quisiera hacer un comentario sobre el Acta relativo al Informe Oostlander. 
Felicito al recién elegido diputado por Escocia por su contribución al debate sobre racismo y xenofobia. 
No obstante, ¿puedo preguntar si está dispuesto, junto conmigo, a condenar a aquellos nacionalistas de mente estrecha que continúan pronunciando y perpetrando comentarios racistas contra los ingleses en el seno de su propio partido? 
Es, ciertamente, la última sesión antes de Navidades, pero eso no está en el Acta, Sr. Miller. 
Sr. Wijsenbeek, por favor. 
Puede usted decir tranquilamente Wijsenbeek, señora Presidenta, lo ha pronunciado correctamente. 
Como la Sra Fontaine no siempre lo consigue, hace ya tiempo que lo he dejado por imposible. 
(Risas) 
(NL) Es el Sr. Goedbloed para hacerlo todavía más difícil. 
Señora Presidenta, quiero hacer referencia a las páginas 11, 12 y 13 del Acta. 
Ayer ya hice referencia a esto mismo. 
El Sr. Elles, ponente de la Comisión de Control Presupuestario, y el Presidente han indicado que nuestro Reglamento les parece un poco extraño. 
Puedo deducir de esto último, señora Presidenta, que conseguiremos que la Presidencia de esta Asamblea, o si no esta Mesa, modifique el Apéndice V de este Reglamento. 
¿No habría tenido que discutir la Mesa este asunto con anterioridad y, por consiguiente, haberlo discutido también dentro de la Comisión de Reglamento, en lugar de convocarnos el lunes a mediodía, en una especie de situación de emergencia, cuando nosotros naturalmente ya no podíamos hacer nada? 
Tomamos nota de ello. 
Señora Presidenta, quisiera unirme a lo dicho por el Sr. Wijsenbeek. 
En su momento ya había yo señalado, en representación de la Comisión de Control Presupuestario, que aquí se estaban produciendo incompatibilidades. 
Pero sobre el Acta diré lo siguiente: veo que los votos sobre la aprobación de la gestión y sobre el informe Elles han sido recogidos en Acta, sin embargo no encuentro los textos sobre los que se votó y que, en mi opinión, deberían constar en Acta por cuanto, según el Artículo 6 del Anexo V del Reglamento, debemos comentar el resultado de la votación del Parlamento en la sesión siguiente y, así, remitirlo de vuelta a la Comisión. 
Pero si no disponemos de los textos tal y como fueron votados en el Parlamento, difícilmente podemos cumplir con un cometido semejante. 
Por estos motivos, debería examinarse la cuestión detenidamente, e insisto en que los textos sobre los que se procedió a la votación deben aparecer en el Acta. 
Si no, no veo posibilidad de que la Comisión de Control Presupuestario pueda actuar al respecto. Sólo tenemos los resultados de la votación en la Parte 1 del Acta. 
El problema es que no ha habido ningún resultado definitivo de la votación, y los textos, por norma, son recogidos en Acta siempre que se alcance un resultado final. 
Esto significa que se conoce el resultado, y los textos sobre los que se ha debatido pueden ser remitidos a la Comisión de Control Presupuestario. 
Están aprobados y así figura en el Acta. 
Propongo que estudiemos una vez más cómo podemos reglamentar sustantivamente el procedimiento de su trabajo. 
Señora Presidenta, pido que esto se produzca en breve, porque en enero tenemos que dirigir una Comunicación al Pleno, según lo que actualmente está previsto en el Reglamento. 
Pero no me parece posible si los textos que deberían estar recogidos en el Acta, no lo están. 
De este modo, tengo sólo el resultado que figura en la primera parte del Acta, por lo que, naturalmente, pueden surgir ciertos desacuerdos respecto de los textos. 
Estudiaremos esto y nos ocuparemos de que la Comisión de Control Presupuestario pueda trabajar como marca el Reglamento. 
Señora Presidenta, como no pude intervenir en el Acta de ayer, quisiera hoy poder repetirlo una vez más: es la última oportunidad para los señores parlamentarios para firmar la explicación por escrito del Sr. Martin sobre los efectos perjudiciales de la Organización Mundial del Comercio para la protección de los animales. 
Les ruego encarecidamente que la apoyen con su firma. 
Ya lo hicimos, ¡y era la última vez en este año! 
Señora Presidenta, quisiera hacer referencia a la presentación que tuvimos al comienzo de la semana en conmemoración del 10 aniversario del Premio Sajarov. 
Ayer tuve la oportunidad de hablar con nuestro Presidente en los pasillos. Quise recordarle el hecho de que fue Lord Bethell quien instituyó el Premio Sajarov. 
Me pareció inapropiado que el Parlamento no hubiese reconocido este hecho mientras contábamos entre nosotros con los ponentes y uno o dos distinguidos invitados. 
De modo que, para que quede constancia, pienso que vale la pena repetir que fue gracias al ingente trabajo realizado por Lord Bethell, amigo personal de Sajarov, que se instituyó el premio, y el ponente lo mostró apropiadamente en el Parlamento. 
Muchas gracias, señor Provan. 
Señora Presidenta, intervengo a propósito de la página 12 del Acta, donde constan las diferentes intervenciones en nombre de los grupos antes de la votación del artículo 23, es decir, sobre el dispositivo relativo a la aprobación de la gestión. 
En la misma se menciona, con respecto a mi persona, que indiqué, en nombre de mi Grupo, que presentaríamos igualmente una moción de censura en caso de que se concediera la aprobación de la gestión. 
Lo que dije es, evidentemente, lo contrario. 
Antes de la votación final, manifesté que para nosotros el rechazo de la aprobación de la gestión estaba claramente relacionado con la presentación de una moción de censura y que nosotros presentaríamos- esto es lo que, por otra parte, vamos a hacer, puesto que ya tenemos las firmas- una moción de censura en caso de que no se concediera la aprobación de la gestión. 
Por lo tanto, le ruego que se rectifique. 
Lo corregiremos. 
Señora Presidenta, desearía hacer una observación sobre la página 33 del Acta, a propósito de la discrepancia que tuve con el Sr. Jean-Pierre Cot- quien presidía la sesión- con respecto a las explicaciones de voto sobre el Informe Elles, que rechazó sistemáticamente. 
La interpretación del Reglamento fue totalmente autoritaria y estamos en desacuerdo con ella. 
Además, una vez levantada la sesión pasé por el servicio de la sesión y una cantidad considerable de explicaciones de voto de diputados se habían acumulado o llegaban por correo electrónico. 
De la interpretación espontánea del Reglamento se deduce que los políticos pueden explicar su voto ante una votación políticamente tan importante. 
Como dije al Sr. Jean-Pierre Cot, he enviado una carta al Presidente del Parlamento Europeo con objeto de que someta esta cuestión a la Comisión de Reglamento. 
Naturalmente, no se trataba de una devolución a comisión en el sentido habitual del artículo 129, sino de una devolución en aplicación del artículo 5, tratándose de un efecto secundario del rechazo de la votación del Informe Elles. 
Por lo tanto, era un caso totalmente diferente de los casos de devolución a comisión a los que estamos habituados. 
Señor Berthu, la base legal no parece estar del todo clara. 
Esto debe ser estudiado y entonces será tratado como corresponde. 
Señora Presidenta, estaba intrigado por lo que el Sr. Berthu ha dicho sobre explicaciones de voto que llegan vía e-mail. 
Estoy completamente a favor de la tecnología moderna pero pensaba que los diputados debían estar presentes para entregar una explicación de voto. 
Me pregunto si yo también podría tener una terminal con e-mail. 
Señor Ford, las explicaciones de voto por escrito se entregan, naturalmente, por escrito. 
Como nuestros parlamentarios son muy modernos, usan también, lógicamente, medios de comunicación modernos. 
Diría que todo esto es, en verdad, muy interesante. 
Señora Presidenta, el Grupo de los Socialistas Europeos interpuso ayer una moción de censura contra la Comisión con el objeto de retirale la confianza. 
Quisiera pedirle que encargue a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades que revise la admisibilidad de esa moción. 
A mi parecer, la moción no contradice la letra, pero sí, con toda certeza, el espíritu del Tratado Europeo. 
Por ello le pido preventivamente- para que en enero no caigamos en un dilema- que haga revisar la moción por la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
(Aplausos) 
Señora Müller, tomamos nota de ello. 
Usted ha dicho hace un momento que lo quería ver resuelto antes de enero, y hoy es la última sesión antes de Navidades. 
No puedo imaginarme que esta Asamblea vote a favor de que vengamos a reunirnos en Navidades. 
Señora Presidenta, quería decir antes de la sesión plenaria de enero, para que no vivamos ningún dilema. 
Gracias, señora Müller, ya ha quedado algo más claro. 
Señora Presidenta, el último orador me ha sorprendido verdaderamente, porque esta Institución se encuentra entre la espada y la pared, de modo que no sé realmente cuál es su problema. 
Como usted sabe la moción de censura se presentó correctamente de acuerdo con el Reglamento. 
No obstante quería referirme al Acta del día de ayer. 
Notará que en el punto 7 sobre la aprobación, en el segundo parágrafo después de Los siguientes intervinieron durante la votación: , el Acta es muy explícita al describir las acusaciones de chantaje de varias personas y, en una ocasión, al acusar de chantaje a mi Grupo. 
Sin embargo, no reflejan adecuadamente que o acusé a aquellos que me acusaban de hipocresía. 
Si la palabra «chantaje» va a ser empleada en el Acta, mi palabra «hipocresía» también debe ser empleada contra aquellos que me acusan. 
Señora Presidenta, en la página 12 del Acta se podría hacer una leve modificación con respecto a mi intervención. 
Tras haber subrayado lo desacertado del texto de la declaración de la Comisión, yo no dije que mi Grupo votaría a favor de la aprobación de la gestión. Dije que éste estaba dividido y que yo misma, a título personal, votaría a favor de la aprobación de la gestión. 
Pero yo manifesté que mi Grupo estaba dividido. 
Por lo tanto, hay que precisarlo. 
También corregiremos eso. 
Señora Presidenta, aun a riesgo de arruinar las navidades de todos nosotros, esta mañana oí en la peluquería... 
que se habla de posibles obras en los aeropuertos. 
Me pregunto si nos podría confirmar que los vuelos van a despear del aeropuerto de Estrasburgo o si va a haber algún problema. 
Aunque esto nada tiene que ver con la aprobación del Acta, me alegro de que a Mary, como a todos nosotros, le guste ir al peluquero para estar más guapa. 
Señora Presidenta, me gustaría que quedase constancia de lo bien que luce el peinado de la Sra. Banotti. 
Muchas gracias, señor Martin. 
A todos nos embarga ya un ánimo navideño, pero, no obstante, tenemos que terminar ahora con nuestra tarea. 
(El Parlamento aprueba el Acta.) 
Votaciones 
A pesar de algunas preocupaciones expresadas durante los debates y en algunas enmiendas presentadas a la Comisión de Transportes y Turismo, el Grupo de los Verdes ha votado hoy a favor del informe elaborado por el Sr. McMahon incluyendo todas las enmiendas de la Comisión de Transporte y Turismo. 
Hemos procedido de este modo porque creo que la propuesta de directiva presentada por la Comisión significa un paso adelante en la armonización de la normativa nacional e internacional sobre el transporte de mercancías peligrosas en las vías de navegación interior de la Comunidad. Esto va a mejorar la seguridad y a promover una competencia leal entre los transportistas. 
Las enmiendas introducidas por la Comisión de Transportes no hacen más que mejorar la directiva al pedir el establecimiento de un régimen transitorio en el que la mayoría de las actuales normas del Rhin se apliquen a todas las vías de navegación interior cubiertas por la directiva en tanto no haya un acuerdo internacional. 
Los Verdes tenían, no obstante, y siguen teniendo algunas dudas sobre el ámbito de aplicación de la directiva. 
El artículo 1 (2) y (3) permite a los Estados miembros excluir del ámbito de la directiva a las aguas interiores nacionales que no estén en contacto con aguas interiores de otros Estados miembros (§2) y a las naves militares que transporten mercancías peligrosas (§3). 
Dado el objetivo general de proteger las vías fluviales del daño producido por sustancias peligrosas, pienso que las mismas reglas deberían ser aplicadas a todo el transporte de mercancías peligrosas, por ejemplo, al transporte fluvial comunitario y nacional. 
La misma lógica debería aplicarse a los barcos militares ya que no hay ninguna razón, desde el punto de vista ético o medioambiental, para excluir a estos barcos de la obligación de respetar ciertos requisitos de seguridad. 
Por ello confío en que la mayoría de los Estados miembros vayan a aplicar la directiva de forma automática a todas sus aguas interiores y en que los barcos militares vayan a seguir en la medida de lo posibles las reglas aplicables al resto de las embarcaciones. 
Informe Cot (A4-0460/98) 
De conformidad con el Orden del día, se procede al debate del informe (A4-0464/98) del Sr. Evans en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la adopción de la tercera fase del programa de cooperación transeuropea en materia de enseñanza superior- Tempus III (COM (98) 0454- C4-0554/98-98/0246 (CNS) ). 
Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo saludo este informe de la Comisión y confío en que vaya a ser aprobado hoy junto con las enmiendas que he propuesto. 
En primer lugar quisiera pedir disculpas a mis colegas de la comisión y a la Comisión por no haber podido estar presente en la comisión cuando se adoptaron las enmiendas, en el momento previsto me encontraba en una pista de Heathrow sentada en una avión esperando para despegar, y allí me quede dos horas sentada. 
Estoy, por no decir más, sorprendida de que el Consejo parezca o bien ignorar el papel del Parlamento o bien no haber previsto este debate. Parece ser que elaboraron su posición común el 4 de diciembre. 
Su nuevo texto, en francés, no lo he recibido hasta ayer. 
Este no es un modo satisfactorio de proceder. 
Es discutible si se debería reenviar el informe a la comisión para que pudiéramos discutir el nuevo texto, pero pensándolo bien no voy a recomendar esa vía. 
No obstante, a la luz del documento que recibí ayer voy a retirar las enmiendas 10, 11 y 12 ya que ahora están cubiertas. 
Desempeña, y va a continuar haciendolo, un papel esencial en el desarrollo de los países de Europa del este: países que estuvieron durante demasiado tiempo apartados del oeste. cuando estas nuevas democracias estaban emergiendo se pensaba que una universidad era una universidad, estuviera en Praga o en Paris, en Budapest o en Birmingham. 
Pero la realidad se ha mostrado muy diferente. 
La educación, como muchos otros aspectos de la vida en el bloque este, ha sufrido. 
El proyecto Tempus perseguía tender un puente sobre esa fosa y construir un puente hacia los 90: un puente construido sobre los pilares de la financiación de la UE, subvenciones para ayudar al profesorado a viajar y compartir sus experiencias y subvenciones para proyectos conjuntos e iniciativas de mutuo beneficio. 
El proyecto Tempus también ha sido el proveedor de equipamiento actualizado, facilitando que los estudiantes y a sus profesores estuvieran conectados a las mejores oportunidades de formación. 
Precisamente he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, en Rumania algunos edificios muy estropeados que en el interior contaban con ordenadores modernos provistos por el dinero comunitario de Tempus. 
Las instituciones individuales que son receptoras de ayudas Tempus reconocen abiertamente la deuda que tienen con este programa y con la Unión en general. 
En un contexto más amplio, la educación tiene un papel esencial en el desarrollo de la economía y en la reconversión de la industria y regiones enteras. 
Para construir un país con éxito se necesita una economía próspera y para conseguir esta es necesario invertir en educación a todos los niveles. 
Tempus estimula y permite mejorar a aquellos países que precisan ayuda. 
Sin éste habría serias deficiencias en sus sistemas educativos y nosotros, los pueblos de Europa occidental y las naciones más prósperas sufriríamos sin duda los efectos. 
Las nuevas propuestas Tempus se fundamentan en la experiencia de los últimos años. 
Muchos de los anteriores países receptores ya no son elegibles puesto que ahora están involucrados en Sócrates o Leonardo. 
Mis enmiendas al documento de la Comisión solicitan que los nuevos programas se conecten con Sócrates y Leonardo, entre otras medidas, confiando en que todo el valioso trabajo y los lazos tendidos no vayan a perderse. 
Pero los nuevos países receptores, los antiguos estados soviéticos, Mongolia, Bosnia-Herzegovina, Albania y la antigua república yugoslava de Macedonia van a ser ahora receptores de dineros de Tempus. 
Me consta y he visto como Tempus ha contribuido en otros países al desarrollo de sus sistemas educativos y ahora debemos asegurarnos y hacer todo lo posible para que Tempus ayude a estos nuevos países receptores y a los que continúan. 
También propongo en mis enmiendas que se haga un esfuerzo especial por involucrar a más estudiantes que provengan de minorías étnicas, poniendo en contacto a personas de minorías culturales, étnicas y lingüísticas con personas de otros países que estén en situación parecida. Este sería un modo excelente de construir una Europa de los pueblos. 
También es esencial, como he expresado en otra enmienda, que ningún grupo quede en desventaja. 
Hemos de procurar que Tempus y todos los programas europeos sean lo más inclusivos posible y no excluyan a ningún grupo. 
Especialmente aquellos proyectos que se basan en la educación y la gente joven deben unir a la gente e incluir a tantos grupos sociales como sea posible. 
El último informe contable fue muy crítico con la manera en que se gastaron algunos de los dineros de Tempus. 
Es cierto que algunas autoridades académicas se preocupen, comprensiblemente, quizá más por los aspectos educativos y no tanto por las minucias exigidas en los procedimientos contables y de las subvenciones. 
Espero que a la luz del informe contable nos vamos a asegurar de que los receptores de dinero de Tempus proporcionen respuestas precisas para confirmar que deseamos transparencia y que podemos dar información sobre el dinero gastado. 
Pero se trata de dinero que está bien y sabiamente gastado y a pesar de que lamento el modo en que el Consejo ha presentado su nuevo documento confío en que el Parlamento vaya a dar esta mañana su apoyo al informe. 
Señora Presidenta, como muy bien ha analizado antes el ponente, Sr. Evans, dicho programa contribuye fundamentalmente a que para los países que tienen gran necesidad la enseñanza se convierta en un bien económico. 
Ahora, desde un punto de vista puramente financiero el programa TEMPUS, como en las fases anteriores, no dispone de un marco financiero específico o de un paquete financiero específico. 
Sin embargo, la financiación de sus acciones depende de los dos programas- PHARE y TACIS- y, por consiguiente, la posibilidad de su aplicación está en función de los recursos disponibles para esos dos programas, a condición, por supuesto, de que éstos sigan existiendo y desarrollándose. 
Y eso es algo que debemos tener en cuenta cuando examinamos la forma de aplicación del programa. 
Una segunda observación tiene que ver con la estimación de la cuantía de la financiación. 
Ello, por supuesto, no puede basarse en la financiación de las fases anteriores porque los estados, como ya se ha dicho, son diferentes. 
Una cosa era lo de antes y otra diferente lo de ahora. 
Pero también son diferentes los objetivos. 
Por supuesto, eso requiere que haya recursos disponibles. Es indispensable que la Comisión garantice la existencia de informaciones financieras que, desgraciadamente, no se incluyen en las comunicaciones que ésta ha realizado. 
De ahora en adelante estas informaciones deberán facilitarse para saber exactamente dónde nos encontramos. 
Se garantizará así la transparencia necesaria, más aún debido a que normalmente existe una doble fuente de financiación y eso genera un problema: los gastos de funcionamiento por parte de PHARE o TACIS y los de administración por la Fundación de Educación Profesional. 
Y, sobre este particular, señora Presidenta, desearía señalar que es muy grande la responsabilidad que tiene la Comisión competente de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación de realizar un seguimiento de la ejecución de dichos programas para que no suceda lo que ha sucedido en ciertos casos en períodos anteriores. 
Asimismo, deberá haber una mayor flexibilidad y adaptabilidad cuidando, por supuesto, de que siempre se elijan acciones que puedan aplicarse. 
Y eso lo ha analizado muy acertadamente el Sr. Evans y es importante desde un punto de vista financiero. 
Además, deberá garantizarse la cohesión y complementariedad con otras acciones para que se dé la mayor eficacia posible de la combinación de las diferentes acciones sobre el objeto concreto. 
Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo, quisiera felicitar calurosamente al Sr. Robert Evans por su informe y, también, destacar la importancia del programa TEMPUS. 
Precisamente para las nuevas democracias del Este es de gran importancia la cooperación en el terreno de la educación y de la cultura. 
Estos son dos terrenos donde podremos cooperar verdaderamente y de igual a igual con las nuevas democracias y los futuros miembros de la Unión Europea. 
Por ello he querido resaltar la especial importancia de este programa. 
Señora Presidenta, siendo el último día del período de sesiones anterior a la Navidad, al Sr. Evans le gustará saber que coincidimos completamente con él. 
Es la primera noticia que tengo sobre la posición común llegada ayer y estoy totalmente de acuerdo con su apreciación de que eso no es en absoluto aceptable. 
Apoyo completamente el Informe Evans, pero quisiera hacer un par de comentarios. 
Dice muy bien que la educación es una parte esencial del desarrollo de estos países. 
Hace algunos años tuve ocasión de ver el lamentable estado de los equipamientos, especialmente los equipos científicos, de muchos de los países que han recibido ayuda. 
Ahora estamos extendiendo nuestra red mucho más allá y confío en que no sea demasiado débilmente. 
Si nadie sabe lo que estamos haciendo excepto uno o dos en un área enorme y con muchos países, entonces el valor del programa se perderá. 
Aun queda un punto al que hacer referencia y ese es nuestro conocimiento sobre lo que está pasando en los sistemas educativos de esos países. 
Hemos comprobado la enorme influencia que el programa Sócrates ha tenido en nuestros propios países. 
Esa es la razón por la que estamos profundamente disgustados- especialmente en mi Grupo- por el reducido presupuesto que hemos recibido para intentar poner en práctica el que es, de hecho, uno de los mayores éxitos de la Comunidad. 
Espero que, en el contexto del informe del Sr. Evans, haya algún medio por el que podamos saber de forma precisa- preferiblemente de forma directa de las personas que se han beneficiado de esto- el efecto que el programa TEMPUS ha tenido en esos países. 
Hay un proverbio chino que dice que si amas a tu hijo, mándale de viaje. 
No hemos experimentado visitas en contraste con los viajes que nuestros estudiantes han realizado a países del este de Europa y ese es un ámbito en el que nuestra educación podría ser considerablemente mejorada. 
Nos sentimos muy complacidos por apoyar todas las enmiendas del Sr. Evans y le deseamos y a todos aquellos que se benefician del programa TEMPUS una felices navidades. 
Señora Presidenta, me ha gustado el comentario de la Sra. Ryynänen sobre la existencia de muchos matices políticos, y he aquí que hay un Hugh político procediendo a su intervención de esta mañana. 
En primer lugar, como profesor con más de 25 años de experiencia me satisface ver montones de dinero yendo a parar a mis viejos amigos para que puedan conservar sus empleos, aunque sólo sea por si el año que viene tenga que unirme a ellos. 
Desde luego eso no va ocurrir, como bien sabe el Sr. Evans. 
En segundo lugar, lo saludo porque TEMPUS I fue gestionado- me lo ha dicho el Sr. McMahon- por una buena mujer de Ayshire, Leslie Wilson. 
El éxito del programa es claramente atribuible al hecho de que fue creado y administrado por un escocés. 
Como número uno del Partido Socialista Escocés para las próximas elecciones europeas, lo que asegurará mi vuelta el año que viene celebro esto de forma especial. 
En tercer lugar, lo saludo porque lo ha hecho un amigo, el Sr. Evans, quien es, él mismo, un homenaje a la educación superior. 
Me cuenta que tiene dos licenciaturas de la Universidad de Londres y un doctorado honorario de la Universidad Brunel. Esto arroja un interrogante acerca de la calidad de esa universidad en particular, pero estoy seguro de que es un buen participante del programa Tempus. 
Lo saludo porque difunde la educación por toda la Unión Europea y porque la conecta con los países entrantes. 
Pero tengo algunas dudas sobre la cantidad y dimensión de los recursos necesarios, tal y como las tiene el Sr. Evans. 
Necesitamos más dinero para este programa y todos los programas de educación para hacerlos realidad, especialmente para los nuevos Estados miembros. 
Lo saludo porque mi amiga, la Sra. Müller, quien es el azote de la Comisión, me cuenta que es un programa que es bastante bien gestionado y que el dentista de la Sra. Cresson no tiene nada que ver con el mismo. 
Por ello deberíamos confiar en su administración. 
Por todas estas razones deberíamos apoyar este programa. 
Pero como el Sr. Evans me gustaría decir que el Consejo resulta insultante al adoptar esta posición común sin tener en cuenta la posición del Parlamento. 
Sospecho que esto es una quiebra de las normas del acuerdo interinstitucional. 
Estaría bien que nosotros retirásemos nuestra opinión, Sr. Evans, y retenerlo durante seis meses más, pero no queremos penalizar a las universidades sólo porque el Consejo se haya comportado mal. 
Pero desde luego deberíamos comunicarles nuestro malestar. 
Señora Presidenta, mediante la forma de la cooperación prevista por TEMPUS se abren para la Unión Europea regiones completamente nuevas. 
En relación al programa en curso TEMPUS III me parece de particular importancia que se ponga todo el cuidado en que el establecimiento de las prioridades respectivas esté estrechamente vinculado con las necesidades nacionales de los países destinatarios. 
La Comisión debe velar por que la puesta en práctica del nuevo programa se haga de un modo sustancialmente más eficiente, haciéndose eco de las críticas recogidas en el informe de evaluación. 
Justamente porque las medidas que se tomen en el ámbito de la enseñanza superior habrán de jugar un papel clave en el proceso de integración, corresponde a la Comisión, así como a todos los demás actores institucionales, una responsabilidad de extrema importancia. 
Apoyo expresamente al ponente en su opinión de que habría que subvencionar también la movilidad de los estudiantes. 
No sólo ellos no son una " quantité négligeable» , como él dijo, sino que son el software en torno al cual todo se mueve. 
Señora Presidenta, el programa Tempus ha sido un éxito; ha hecho una contribución única al sistema educativo de tercer grado de los países de Europa central y oriental. 
Dadas las enormes transformaciones del contexto político en el que opera, especialmente mientras el proceso de ampliación gana impulso, es un buen momento para evaluarlo y para ponerlo al día ya que estamos a punto de entrar en su tercera fase. 
Es muy importante que, mientras estos países hacen su transición hacia las economías de libre mercado, que les asesoremos en el desarrollo del currículum para responder a la nueva situación económica y, en especial, que les dotemos de las habilidades necesarias para la actividad empresarial. 
Además, iniciativas curriculares deberían dar la oportunidad, a profesores y alumnos de tercer grado, de aprender sobre el carácter de la Unión, su papel en el mundo, nuestras prioridades políticas y las responsabilidades derivadas de la ciudadanía europea y de la calidad de miembro de la Unión. 
El programa Jean Monnet a tenido éxito al alcanzar algunos de estos objetivos dentro de la propia Unión Europea. 
Podríamos aprender algo de ello y podríamos aplicar sus mejores elementos a Tempus III. 
Felicito al ponente y espero la respuesta del Parlamento y del Consejo respecto de la pésima forma en la que han actuado en relación con la decisión que adoptaron ayer. 
Señora Presidenta, el informe Evans que ahora se somete a debate trata sobre la remodelación de la política de juventud y cultural de la Unión Europea. 
Hasta el momento, el Parlamento ha examinado en una ocasión el nuevo fundamento legislativo de los programas SÓCRATES y LEONARDO, del programa de juventud y del Programa marco en el ámbito de la cultura. 
Ahora se trata de la continuidad del programa TEMPUS. 
La Comisión de Cultura ha llevado a cabo una enorme labor en la preparación de estas medidas de cara a los desafíos del próximo milenio. 
Por este motivo, es necesario otorgar nuestro mayor reconocimiento a esta labor y, personalmente, desearía expresar mi agradecimiento al Sr. Evans por el presente informe. 
La educación superior y la investigación son el fundamento de una nueva sociedad. 
A través de los siglos, estas actividades han tenido un carácter internacional, ya que han permitido reunir y hacer un uso común de los conocimientos más avanzados de cada sociedad. Por este motivo, resulta natural que la Unión Europea otorgue una gran importancia precisamente al desarrollo de la cooperación entre los centros de educación superior. 
Relacionado con los países de la Europa Central y Oriental, el programa TEMPUS inició su andadura en 1990 y, desde entonces, ha venido desarrollando sus actividades sin interrupciones. 
Desde un punto de vista geográfico, el programa que se inicia ahora abarca un territorio más restringido, puesto que la mayor parte de los países candidatos a la UE ya participan en los programas SÓCRATES y LEONARDO. 
Es extremadamente importante atraer a la juventud, especialmente a la juventud con formación superior, para que participe en las actividades internacionales. 
Los universitarios de hoy serán quienes construyan la sociedad del mañana. 
Aunque el período de estudios en el extranjero sea breve, una estancia fuera del propio país ofrece expectativas completamente nuevas de cara a la creación de una comunidad internacional y al establecimiento de relaciones entre los pueblos. 
A pesar de que el objetivo principal es la profundización de conocimientos y aptitudes, el intercambio de estudiantes proporciona un planteamiento completamente nuevo para abordar las cuestiones y los problemas internacionales. 
Naturalmente, tanto el intercambio de estudiantes y profesores como el desarrollo de la administración y los métodos de enseñanza supondrán también un nuevo beneficio de carácter inmediato. 
Se producirá una equiparación y una potenciación de los conocimientos y las aptitudes. 
Sin embargo, hemos de comprender de manera particular en la Unión Europea que no estamos siempre para dar, sino también para recibir. 
Señora Presidenta, señoras y señoresdiputados, como saben, TEMPUS es el resultado de una voluntad política expresada por los Jefes de Estados y de Gobierno durante su reunión en París en noviembre de 1989, pero también con posterioridad, en diciembre del mismo año aquí en Estrasburgo. 
El apoyo y la colaboración de todos los órganos institucionales, del Parlamento, del Consejo, del Comité Económico y Social, condujeron, con gran rapidez- el 7 de mayo de 1990- a decidir adoptar el programa TEMPUS, esto es, el marco legal necesario para la adaptación a las condiciones específicas de los países del este de los estados en función de las experiencias adquiridas en los programas ERASMUS y COMET. 
Como resulta de los numerosos balances y de los informes anuales que han recibido, TEMPUS, desde su aplicación- 1990 en los países PHARE y 1994 en los países TACIS- y a través de las diferentes fases de las que constaba su desarrollo, contribuyó con éxito a la reestructuración y a la modernización de los sistemas de enseñanza de tercer grado en los países beneficiarios. 
Y así, podemos decir, con toda seguridad, que ha estado a la altura de nuestras esperanzas. 
TEMPUS estaba dirigido a las fundaciones universitarias en un marco establecido de preferencias y siempre de acuerdo con las autoridades nacionales. 
De esa forma cubrimos eficazmente las necesidades de nuestros socios. 
Así, la mayoría de los países conectados de Europa central y del Este que participan en TEMPUS desde su comienzo ya han entrado en una nueva fase de sus relaciones con los países de la Unión Europea, en su participación total y completa en los programas SOCRATES y LEONARDO. 
Sin embargo, los países no conectados de Europa Central y del Este, así como los estados independientes de la antigua Unión Soviética y Mongolia se beneficiaron más tarde de estos programas. 
En estos países sigue existiendo un marco de acción amplio para TEMPUS, el único órgano que hoy tiene la posibilidad de impulsar eficazmente en dichas zonas geográficas la adaptación del sector universitario a los nuevos hechos económicos y sociales. 
Y precisamente a esos países va dirigida la propuesta TEMPUS III. Y para dar una respuesta a la pregunta formulada por la Sra. Banotti, desearía decir que la Comisión Europea prepara un informe sobre las repercusiones que tuvimos en los sistemas educativos de los estados beneficiarios y, por supuesto, dicho informe concierne a cada país por separado. 
Señora Presidenta, desearía agradecer de manera especial al ponente, Sr. Evans por la calidad de su informe, calidad que queda patente en todo el espectro del informe y que da a conocer todos los objetivos del programa que hoy debatimos. 
Ahora, en lo que concierne a las enmiendas presentadas por el Parlamento, la Comisión considera que muchas de ellas enriquecen y aclaran más aún la propuesta inicial y, por consiguiente, la Comisión Europea puede admitir las enmiendas núms. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 17 presentadas por el ponente, Sr. Evans, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, así como la enmienda 14. 
Por el contrario, la Comisión no puede admitir la enmienda 6 sobre los datos financieros, que la Comisión no puede prever. 
Las cuantías disponibles para TEMPUS se deciden todos los años en el marco de la distribución del presupuesto a los países beneficiarios para los programas PHARE y TACIS. 
En su informe motivado, la Comisión hizo referencia, a modo indicativo, a las cuantías disponibles para TEMPUS en los años anteriores. 
Sin embargo, no puede prejuzgar las cantidades disponibles para TEMPUS de los programas de ayuda después del 2000, ya que todavía no existe una planificación de financiación para la normas que deben aplicarse en dichos países concretos desde el 2000 en adelante. 
Además, no puede admitir la enmienda 16 sobre el carácter y el papel del comité que ayudará a la Comisión Europea en la aplicación del programa. 
Y, desde ese punto de vista, estamos a la espera de las nuevas decisiones que se van a tomar sobre la comitología. 
Sin embargo, la Comisión desea que persista en el texto de su propuesta, elaborado de acuerdo con la propuesta para la comitología que aprobó el 24 de junio de 1998. 
Asimismo, la Comisión no puede admitir la enmienda 13 sobre el establecimiento de un grado de flexibilidad en la gestión de las obras, ni tampoco la enmienda 15 sobre la introducción de condiciones que tendrán como resultado indirecto tanto la reducción de la flexibilidad solicitada como del intercambio de informaciones sobre todas las iniciativas. 
La Comisión Europea entiende el espíritu de dichas enmiendas- eso es evidente- pero consideramos que la propuesta inicial de la enmienda 15 da al texto un alcance más claro y completo. 
Por último, en lo referente a la enmienda 18 sobre la introducción de una serie de actuaciones, así como de medidas estructurales, la Comisión considera que no es oportuno que incluyamos dichas añadiduras. 
Desde luego, la definición de las medidas con carácter estructural o complementario, según su formulación exacta, entra en la competencia del comité TEMPUS que se constituirá con la decisión. 
Dichas medidas están estrechamente relacionadas con las medidas acordadas todos los años con las autoridades competentes de dichos países. 
La Comisión presentará próximamente una propuesta modificada sobre TEMPUS III que, aparte de incluir las diez enmiendas del Parlamento que han sido admitidas, tendrá también seriamente en cuenta los otros deseos del Parlamento, en la medida, por supuesto, que se nos permita presentar nuestra propuesta al Consejo. 
Muchas gracias, señor Comisario Papoutsis. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución legislativa) 
Quiero dar las gracias al ponente por su excelente trabajo en relación con este importante informe. 
El Programa Tempus de intercambio transeuropeo en materia de enseñanza superior constituye una importante contribución al desarrollo no sólo en la educación superior, sino también para las estructuras democráticas en los países no asociados de Europa Central y del Este y en países de la antigua Unión Soviética. 
En cuanto a los países contemplados en el Programa Tempus y que no tienen en cuenta la democracia y las libertades y derechos ciudadanos, entre los que se puede mencionar a Bielorrusia, quiero destacar especialmente el significado del objetivo del Programa consistente en fortalecer la independencia de la enseñanza superior, mejorar su administración y hacer visible su trascendental papel en el proceso de reformas económicas, sociales y políticas. 
Participación de Hungría en la política audiovisual 
De conformidad con el Orden del día, se procede al debate del informe (A4-0467/98) de la Sra. Leperre-Verrier en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la posición de la Comunidad dentro del Consejo de Asociación sobre la participación de Hungría en un programa comunitario dentro del marco de la política audiovisual de la Comunidad (COM (97) final- C4-0637/97-97/0311 (CNS) ). 
Señora Presidenta, se trata, pues, de asociar a Hungría a nuestro programa comunitario MEDIA II. Situada inmediatamente después de las decisiones sobre los sectores de la educación, de la juventud y de la cultura- que han permitido la participación de algunos PECO en nuestros programas, entre los que figura Hungría -, esta decisión se refiere a otro ámbito primordial para la preadhesión: el ámbito audiovisual. 
Este sector en plena mutación es particularmente interesante, ya que se beneficia de progresos tecnológicos muy importantes, y sigue siendo un potente medio de expresión, incluso desde el punto de vista de los elementos de identidad y de ciudadanía. 
Ese es, al menos, el objetivo que persigue la creación de este espacio audiovisual europeo. 
Hay que señalar, por otro lado, que el programa MEDIA II es sólo uno de los capítulos de esta política europea audiovisual, cuya parte esencial está contenida en la Directiva «Televisión sin fronteras». 
Pero se trata de dos aspectos que tienen muchos objetivos en común. 
Por eso es evidente que la participación de los países candidatos en el programa MEDIA está condicionada a los avances de estos países en la armonización e incluso en la adaptación legislativa respecto a las directivas europeas. 
Es conveniente preguntarse si los procedimientos de aplicación de esta decisión, cuyo alcance político no es nada desdeñable, están a la altura de estos desafíos y si están encaminados a lograr el objetivo fijado. 
Recordemos el principio de la participación. 
Hungría estará asociada a todas las acciones incluidas en el marco del programa MEDIA II, según las condiciones definidas por el programa y aplicables en todos los Estados miembros. 
Corresponde a Hungría, no obstante, crear las estructuras adecuadas a escala nacional. 
En este sentido, Hungría deberá crear, en colaboración con la Comisión, una estructura MEDIA. 
En el plano financiero, Hungría abonará cada año una contribución para cubrir su participación en el programa. 
Esta contribución se elevará, para el período 1998-2000, a aproximadamente 650.000 ecus, pero ha sido autorizada, como lo establece el protocolo adicional, a utilizar créditos PHARE, por un importe equivalente al 50 % de su presupuesto. 
Sin embargo, hay que ser conscientes de que la adaptación legislativa de Hungría respecto a los textos europeos sobre el ámbito audiovisual- y en particular a esta excelente directiva «Televisión sin fronteras» -aún plantea problemas, por lo que deberá ser objeto de una estrecha coordinación entre la Unión Europea y este país. 
En efecto, la evolución del panorama audiovisual húngaro es todavía frágil y algo paradójico. 
La supresión del monopolio estatal en los medios de comunicación se ha convertido, desde los grandes cambios políticos de 1989, en uno de los objetivos más importantes de la reforma. 
Pero fueron necesarios siete años, con la promulgación en 1996 de una ley sobre los medios de comunicación, para poder alcanzar este objetivo. 
Ya que, por encima de la afirmación de un principio, se trataba de poner fin a un monopolio de la información, de la producción y de la difusión, así como de reorganizar el sector audiovisual. 
Este nuevo dispositivo, que sitúa a Hungría entre los países del Este mejor preparados para garantizar la libertad de información, hasta ahora ha servido sobre todo al servicio público, ya que, fuera del servicio público, las retransmisiones por satélite, así como la difusión por cable, no están sometidas a reglamentación alguna. 
Esta libertad, sin embargo, debido incluso a veces a sus excesos, podría desviar a Hungría de la expresión de su identidad nacional y beneficiar sólo a producciones no europeas. 
Naturalmente, existen en el marco de la ley actual tímidos esfuerzos para fomentar la industria cinematográfica local y se estudia una nueva ley específica sobre el cine. 
Por otro lado, la ley de 1996 necesita ser enmendada para responder a las exigencias europeas. 
Es en este contexto donde han surgido las dificultades que, en un primer momento, han llevado a aplazar la votación, en la Comisión de Cultura, de este proyecto de participación. 
En efecto, cuando Hungría ya había iniciado el proceso de preadhesión y cuando había comunicado su deseo de participar como socio de pleno derecho al programa MEDIA II, en la primavera pasada tomó la decisión de autorizar la instalación en su territorio de la sociedad de radiodifusión HBO, filial de la sociedad norteamericana Time Warner, que emite para Polonia por vía satélite. Y ello, al margen de cualquier tipo de reglamentación europea y constituyendo una competencia desleal frente a sociedades europeas, que respetaban sus obligaciones. 
No insistiré en las diferentes etapas de las negociaciones posteriores. 
Yo misma viajé a Hungría, invitada por el secretario de Estado de Cultura, el mes de octubre pasado. 
Esos días que pasé en Budapest, en que me reuní con los responsables húngaros, me han convencido de la buena voluntad de las autoridades húngaras y de que eran conscientes de que debían adaptar su legislación. 
Pero quizá no eran conscientes ni de la urgencia ni del hecho de que, a fin de cuentas, solucionando el problema del asunto HBO también servían a sus intereses, y que no era solamente para satisfacer a la Unión Europea y adherirse a ésta. 
Desgraciadamente, temo que todavía haya algunos malentendidos. 
Dicho esto, he observado con satisfacción la promulgación del Convenio del Consejo de Europa sobre la televisión transfronteriza, que permitirá a su organismo de regulación (ORTT) adoptar las medidas necesarias. 
En el plano de la adaptación legislativa, las perspectivas de evolución siguen siendo más bien vagas, a veces contradictorias, y sería deseable una mayor rigurosidad. 
Debo decir que, a la luz de estos acontecimientos, me interrogo, en parte, sobre el método que consiste en hacer participar desde el principio a los países candidatos al programa MEDIA. 
Acabamos de verlo antes. 
Para algunos países de Europa central y oriental, el programa Tempus ha sido, en cierto modo, la antesala de la participación en el programa SÓCRATES. 
También en materia audiovisual, se habría podido imaginar un período de transición para ayudar a estos países en este ámbito. 
Y, una vez más, lamento que el programa PHARE ya no esté destinado a financiar acciones en materia cultural. 
En conclusión, si bien considero que Hungría ha efectuado grandes progresos en materia audiovisual, si bien se trata de un país de una gran cultura, concretamente en materia cinematográfica, es imprescindible que manifieste una mayor voluntad tendente a aceptar nuestros valores culturales comunes y que se dote de los medios para cumplir las promesas que nos ha hecho en materia de reformas legislativas. 
En particular, convendría que respetara el calendario que se ha fijado y que, desgraciadamente, parece no cumplir en su totalidad. 
Por eso, junto con una opinión favorable a la participación de Hungría en el programa MEDIA II, he presentado enmiendas- pienso en particular en las enmiendas 1 y 3- que introducen algunas condiciones en cuanto a dicha participación. 
Espero que el Consejo y la Comisión me apoyen en esta iniciativa, y desearía, por otra parte, señor Comisario, que me diera el punto de vista de la Comisión. 
En efecto, debemos dar una señal política importante. 
No olvidemos que Hungría se convertirá, de este modo, en el primer país que participará en el programa MEDIA. 
No olvidemos que otros países candidatos a la adhesión también han iniciado este delicado proceso de ajuste legislativo. 
Estos países nos miran, observan lo que ocurre en Hungría y Polonia. 
No dejemos que se conviertan en los «caballos de Troya» de los intereses audiovisuales norteamericanos en Europa. 
Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendole a la ponente su trabajo y el excelente informe que nos ha presentado esta mañana. 
Es importante que venga a continuación del anterior Informe Tempus. 
Es muy importante que todo lo relacionado con Hungría y los otros países sea traído a colación lo antes posible. 
La participación de Hungría en un programa comunitario sobre medios de comunicación es muy importante porque, como sabemos, unos medios de comunicación libres son vitales para la democracia. 
De todos los estados emergentes de Europa del este, Hungría es el más avanzado y el mejor preparado para participar en el programa MEDIA II, ya que sus estructuras administrativas y técnicas están en un estadio más avanzado. 
Estuve hace poco en Budapest y, en comparación con otros países de Europa del este, Hungría se está desenvolviendo muy bien. 
Además, también está en posición de seguir contribuyendo al mismo financieramente. Desde luego que saludamos este hecho. 
Más allá, está equipada con lo necesario para garantizar la libertad de prensa. 
Siempre estamos interesados y preocupados por cerciorarnos de que se garantiza la libertad de prensa. 
El informe destaca que tales libertades podrían desviar a Hungría de expresar su identidad nacional. 
Esta es una cuestión muy seria sobre la que nos deberíamos preocupar. 
En mi opinión en demasiadas ocasiones, en Hungría y también en otros países, escuchamos canciones de Europa occidental y vemos películas que son mayoritariamente americanas y de otros países. 
Suprimir la cultura, la lengua o la identidad de un Estado miembro o de un candidato no es interesante para construir una Europa fuerte y más unida. 
Esta es la razón por la que saludo especialmente la enmienda n. 7 del ponente, que señala que el húngaro puede ser utilizado como un idioma de comunicación. 
Personalmente preferiría que fuera más allá, porque no creo que el modo de dar la bienvenida a nuevos estados a la Unión Europea- independientemente de que sea al programa MEDIA II o cualquier otro- sea decir: «podéis entrar en tanto conozcáis una de las lenguas que utilizamos». 
Soy consciente de que es problemático decir esto del húngaro. 
Cualquier nueva lengua crea problemas. 
Pero una Europa con éxito no puede ser construida si la identidad cultural o lingüística de cualquier país es suprimida. 
Sé que esto es un gran desafío pero tenemos que trabajar en esa dirección. 
Desde luego la participación de Hungría en MEDIA II es importante, pero además va a ayudar a poner en práctica la directiva de la televisión sin fronteras. 
Debemos averiguar por qué la industria audiovisual es tan importante, y el ponente ha tratado esta cuestión en primera línea. 
En la sociedad actual todos somos conscientes de que la industria audiovisual desempeña un papel enorme y es importante por razones económicas y por la creación de empleo por ser una herramienta de comunicación. 
Un comentario que nuestra comisión ha mencionado numerosas veces en este y otros informes es que la industria audiovisual también es relevante para los aspectos culturales de la vida y el desarrollo cultural. Además, contribuye a preservar la identidad nacional. 
Si es empleada adecuadamente puede reservar un espacio y respetar lenguas y cultural minoritarias y pueblos y minorías étnicas de esos países en particular. 
Me satisface resaltar, por relevante, que tenemos que cerciorarnos de que hacemos todo lo posible por dar la bienvenida a nuevos países a la Unión Europea a través del programa MEDIA II, que no es más que un ejemplo, para asegurarnos que no sólo respetan sus minorías culturales, lingüísticas y religiosas, sino que también hacen todo lo posible por estimularlas, pues una Europa fundada sobre culturas prósperas respetuosas de la cultura y la lengua minoritarias de otros pueblos será una Europa más próspera y con más éxito en el futuro. 
Con estos comentarios saludo el informe y felicito a la ponente por su presentación. 
Señor Presidente, mi interés por este asunto no deriva solamente de mi participación en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sino también de mi participación en la Comisión Parlamentaria Conjunta con Hungría. 
Creo que hay un papel para ésta en la monitorización de programas como MEDIA II y otros programas comunitarios en los que ya participan los países candidatos a la adhesión. 
Ese es un papel para las CPCs. 
Todos sabemos que Hungría ha pretendido ser miembro de la Unión Europea desde 1989. 
Pero los gobiernos húngaros, los políticos húngaros y el pueblo húngaro ha querido dejar muy claro que ha formado parte de Europa desde siempre y que lo que busca ahora no es más que el ingreso en la Unión Europea. 
Durante los últimos diez años hemos acudido a una destacable transformación de ese país y a través del cambio del sistema político y las reformas económicas ya ha alcanzado una base política y económica para la adhesión. 
La Unión Europea debe hacer todo lo posible por estimular y promover la adhesión de Hungría a la Unión y la participación en estos programas como anticipo de la calidad de miembro significa un paso adelante de gran importancia. 
Nos encontramos, no obstante, en un punto crítico de los prolegómenos de la adhesión y la importancia de abrir la puerta a países candidatos para que participen en programas comunitarios, a la vez que se les estimula para adoptar normativas comunitarias, es máxima. 
La inclusión de Hungría en el programa MEDIA II es algo que apoyo incondicionalmente. Estoy a favor y me uno a las felicitaciones a la ponente por su informe. 
El papel del conjunto del sector audiovisual de fomentar el desarrollo de la sociedad civil, en especial en las nuevas democracias de Europa central y oriental, es vital. 
Sabemos que la programación audiovisual no es fácil en el seno de la Unión Europea. De modo que con toda seguridad tampoco va a ser fácil en los nuevos países que buscan la adhesión. 
El impulso principal de las políticas audiovisuales europeas lo ha provisto la directiva de la televisión sin fronteras. 
Comparto la inquietud de que estos países sean ayudados y estimulados a conservar sus culturas. Quiero pensar que esto no acaece mediante cuotas, racionamientos o controles sino con el estimulo, la promoción y la producción de programación local. 
Espero que el programa MEDIA II sea capaz de contribuir a ello. 
Habiendo dicho esto quiero unirme a mis colegas que piden un mayor esfuerzo de la Comunidad y de los candidatos para asegurar que adquieren todo el acquis audiovisual. 
Cuando esto se consiga todos podremos esperar que Hungría acceda a la Unión y que disfrute de un buen sector audiovisual. 
Muchas gracias, señor Perry. 
Señorías, un momento todavía porque falta el Grupo de los Verdes. 
Por una cuestión administrativa no lo habíamos incluido. 
Por lo tanto, antes de darle la palabra al Sr. von Habsburg, permítanme que le dé la palabra, por el tiempo de dos minutos, al Sr. Kerr. 
Señor Presidente, el nuevo laborismo está intentando claramente borrarme de las páginas de la historia en el debate cultural. 
En primer lugar, quisiera felicitar a la Sra. Leperre-Verrier por otro excelente informe. 
En realidad, en la reunión de coordinadores, cuando ella no estaba presente, sugerí que debía ser ella quien hiciese el informe y sabía que iba a hacer un excelente trabajo. 
Me doy cuenta de su preocupación especial por la monitorización y es muy importante que no perdamos de vista todas las cuestiones a las que hace referencia. 
Hago mención de su comentario acerca de un programa de preadhesión que podía haber sido una idea muy útil. 
También quisiera aprovechar esta oportunidad para mencionar que la cuestión de los recursos es muy relevante. 
Me acaban de informar que los holandeses solamente han acordado 90 millones de Ecus para el programa marco de cultura, lo que es un insulto al Parlamento que solicitó 250 millones para un programa de gran importancia. 
Realmente la Comisión acordó 167 millones y la cantidad acordada por los holandeses es una desgracia. 
Esto muestra la importancia de subrayar los recursos para alcanzar las necesidades de estos programas. 
El programa MEDIA II más bien goza de más recursos que este. Esta es una cuestión importante. 
La cuestión del poder de los medios de comunicación en Hungría es muy relevante. 
Cuando estaba creciendo, las compañías de cine británicas reconocían que el cine húngaro constituía una parte importante del cine europeo. 
Tal y como ha destacado la Sra. Leperre-Verrier eso se fundaba sobre la antigua maquinaria estatal que por supuesto ha sido desmantelada al igual que otros muchos aspectos de la antigua maquinaria estatal húngara. 
Debemos intentar ayudar, renovar y revitalizar el cine húngaro, lo que sería una gran contribución al cine europeo dentro de la UE. 
Saludo el informe y, como el Sr. Evans, voy a terminar dentro de mi tiempo para mostrar mi espíritu navideño. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera felicitar también de mi parte a la Sra. Leperre-Verrier por su informe. 
Es un informe excelente, y no tenemos demasiados de esa calidad. 
¡Puede estar orgullosa de él! 
Pero quisiera, no obstante, entresacar algunos puntos del mismo porque, a mi entender, son de especial importancia. 
El desarrollo de Hungría- y en este terreno precisamente no hay duda alguna- es verdaderamente bueno, especialmente a partir de 1996, cuando, lentamente, empezó a ponerse en marcha la nueva legislación sobre medios de comunicación. 
Hubo grandes dificultades, porque, como ustedes saben, los medios de comunicación son muy importantes políticamente y, por tanto, los partidos políticos luchan entre sí, aunque, gracias a Dios, ahora puede existir la lucha partidista en Hungría en lugar de las órdenes desde arriba. 
Esto ha sido un freno, pero la cosa salió adelante y ahora va bien. 
Quisiera tan sólo llamarles la atención sobre el hecho de que ha habido un progreso en un sentido típicamente liberal y que, por tanto, se puede hablar de un progreso real en Hungría. 
En este punto quisiera dar las gracias a la ponente porque sobre el transfondo de ese desarrollo ha llamado la atención sobre el peligro que puede representar la muerte de una cierta cultura nacional pequeña. 
En Hungría, como ya ha señalado acertadamente mi antecesor en el turno de palabra, la cultura cinematográfica y mediática está ya desarrollada desde hace tiempo. 
Yo tengo recuerdos aún más lejanos que él- probablemente, por entonces él no era más que un niño- referentes a ese desarrollo. 
Cuando, por ejemplo, durante la II Guerra Mundial participaba en Hollywood en las reuniones de Hungría, estaban representados todos los grandes del celuloide, pero no hablábamos inglés, sino húngaro, porque por regla general hablaban un inglés tal que yo prefería que me hablasen en húngaro para poderles entender. 
Aquí hay todavía mucho talento que puede ser aprovechado magníficamente para el desarrollo general de la cultura europea. 
Por ello quiero agradecer a la ponente que se haya referido en tono amistoso y diplomático a la competencia internacional en este campo. 
La competencia es de una brutalidad inimaginable. 
Se está luchando con inversiones de millones de dólares para controlar todo el sector de los medios de comunicación de estos nuevos Estados. En algunos Estados, tales fuerzas económicas tuvieron un éxito completo. 
Por ejemplo, no hay más que referirse a la situación de la República Checa, donde prácticamente todos los medios son controlados desde ultramar, aunque sean sociedades privadas. 
En Hungría, gracias a Dios, no es éste el caso, pues el canal de televisión más grande, también el canal privado más grande, está hoy en manos húngaras mayoritariamente y también en manos europeas. 
Esto es saludable si lo que queremos es conservar la cultura europea. 
Pero debemos esforzarnos en ello, porque hay otros países bajo poderosa amenaza. 
Si miro el desarrollo, por ejemplo, de Croacia, veo cómo se está intentando por todos los medios poner el control de la prensa, de la televisión y de los diversos medios en manos de compañías norteamericanas. 
No quiero hacer ningún reproche al Gobierno, porque son compañías privadas las que lo están intentando y las que se aprovechan del monopolio en su beneficio. 
Ante esta situación hemos de hablar de un cierto peligro. Creo que esto es una de las cosas importantes. 
No queremos cuotas- esto ha sido dicho aquí con toda la razón -, pero sí capacitar a nuestros conciudadanos para que puedan desarrollar su talento y puedan afrontar la competencia. 
Finalmente quisiera añadir una observación. 
Tenemos diversas enmiendas a este informe, y querría decir que, en general, están bien, pero quisiera manifestar especialmente mis reservas respecto de las enmiendas 1 y 6, porque la enmienda 6 en especial, y hasta un cierto punto la 1, no son nada realistas. 
No puede esperarse de la gente que hagan un informe completo cada seis meses. 
Quien ha tenido contacto con la televisión y los medios de comunicación sabe que esto no es posible. 
Deberíamos volver en este punto al texto original propuesto por la ponente. 
Ese texto es bueno, porque nos lleva de vuelta al realismo. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, permítanme comenzar dando las gracias a la ponente Sra. Leperre-Verrier por su informe. 
La Comisión Europea propuso en 1997 la participación de Hungría en el programa MEDIA II tras constatar el considerable grado de adaptación del marco reglamentario húngaro para la retransmisiones radiotelevisivas a la directiva sobre la televisión sin fronteras. 
Sin embargo, dicha constatación fue puesta parcialmente en duda por las informaciones recabadas posteriormente, cuando realizamos el estudio analítico del acervo comunitario dentro del proceso de revisión de la legislación, del proceso conocido como screening, especialmente en relación con las retransmisiones radiotelevisivas transfronterizas vía satélite y la capacidad de Hungría de garantizar el impulso de las obras europeas. 
Sin embargo, debido a que Hungría asumió la obligación de dar soluciones concretas a medio plazo a dichos problemas y, más concretamente, asumió la obligación de dar soluciones antes del 2000, la Comisión Europea decidió no retirar la propuesta para la participación de Hungría en el programa MEDIA II, y el primer paso importante en la dirección correcta se dio el 20 de Octubre con la adopción por parte de Hungría del Convenio Europeo para la Televisión Transfronteriza. 
La participación de Hungría en el programa MEDIA II constituirá un incentivo importante para el ulterior ajuste de Hungría al derecho comunitario en el sector audiovisual. 
Hungría tendrá la oportunidad de conocer procedimientos relacionados con el programa comunitario en cuestión y, además, tendrá la oportunidad de familiarizarse más con el acervo comunitario en el sector audiovisual, así como con la filosofía básica del sector audiovisual europeo. 
Además, Hungría tendrá la oportunidad de desarrollar vínculos más estrechos con la industria europea de los medios audiovisuales, hecho que estoy seguro que resultará de gran utilidad en el futuro inmediato. 
La Comisión Europea continuará haciendo un seguimiento estrecho de la evolución de la situación en el marco de la estrategia de preadhesión, y el Parlamento será informado permanentemente, especialmente por medio de la Comisión Parlamentaria Común que se reúne dos veces al año y constituye un foro excelente para el intercambio de puntos de vista sobre el progreso logrado por Hungría durante el año. 
Por consiguiente, no hay necesidad de crear un órgano de seguimiento adicional, con tal de que el que hoy está en vigor en el marco del Acuerdo Europeo esté, de hecho, en posición de seguir dicho proceso y de proporcionar a todos los órganos de la Unión Europea todas las informaciones necesarias sobre el progreso en dicho sector. 
Dirigiéndome al Sr. Evans, quiero constatar que la Comisión Europea comparte la necesidad de respetar y consolidar todas las lenguas y la tradición cultural de los pueblos de Europa. 
En especial, por supuesto, para la aplicación del programa MEDIA, la Comunidad cofinancia el funcionamiento en Hungría de un media desk, esto es, de una oficina especial que tiene la misión de asistir en las traducciones a la lengua húngara. 
De esa forma creemos que podemos cubrir los problemas que puedan generarse. 
Ahora, en lo que concierne a las enmiendas propuestas por la señora ponente, desearía decir que, aparte de ciertas correcciones sintácticas relativas a la enmienda número 1, es oportuno que la referencia al Acuerdo Europeo se formule como sigue: «... obligaciones que impone el artículo 91 del Acuerdo Europeo entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros por una parte y la Democracia de Hungría por otra, de 31 de diciembre de 1993, sigue requiriéndose un progreso... ». 
La Comisión admite la mayoría de las enmiendas, salvo las enmiendas número 5 y 6. 
No admite la enmienda número 5 encaminada a imponer la obligación de la Comisión de informar al Parlamento Europeo sobre los resultados de las reuniones regulares del comité de gestión del programa. 
Dicha enmienda no puede ser admitida porque no guarda relación con la participación de Hungría en el programa. 
Además, no se admite la enmienda número 6. 
Dicha enmienda hace referencia a la obligación de Hungría de participar en las actividades de seguimiento establecidas en el artículo 4 de la directiva para la televisión sin fronteras, y ello no puede admitirse porque implicaría obligaciones específicas para Hungría, algo que no se corresponde con lo que está en vigor para los demás Estados miembros. 
Por ejemplo, Chipre, que también participa en el programa MEDIA, no tiene esas obligaciones específicas. 
La enmienda también hace referencia a una forma institucional y de participación permanente en los trabajos del comité de contactos constituido en función de dicha directiva. 
No puede admitirse porque va en contra tanto de la directiva como del reglamento interno del comité de contactos que prevé la posibilidad de invitar a representantes de Europa Central y del Este para que participen en algunos de sus trabajos. 
En cualquier caso, señor Presidente, creo que el hecho de que la Comisión admita todas las demás enmiendas presentadas por la ponente confirma el hecho de que el informe presentado por la señora Leperre-Verrier es, realmente, un informe extraordinario por el cual, permítanme felicitarla una vez más. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Antes de procederse a la votación de la propuesta de resolución legislativa 
Tiene la palabra el Sr. Robles Piquer para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, quisiera hacerle una pregunta, porque me dicen algunos compañeros que estas votaciones de los viernes están sometidas a la misma norma que las de otros días respecto a la participación en votaciones nominales a efectos de la percepción de nuestras dietas. 
Me gustaría saber si es así. 
Si fuera así, hoy ha habido solamente una votación nominal. 
Algunos no hemos podido participar en ella por tener otros compromisos, y parecería razonable que hubiera otra votación nominal que, al menos, nos diera la oportunidad de demostrar que estamos aquí. 
Señor Robles Piquer, la calidad de las votaciones de los viernes es exactamente la misma que la de cualquier otro día. 
En lo que hace referencia a la estimación de los votos nominales, el lunes y el viernes son excepción. 
Por lo tanto, en este sentido, no es necesario hacer otra votación nominal. 
Señorías, procedemos a la votación de la resolución legislativa. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Felicito a la Sra. Leperre-Verrier. 
Tiene la palabra el Sr. Hallam para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, sólo quería recordar a la Asamblea que debemos comportarnos bien los viernes pues, a partir de ahora, vamos a ser televisados por primera vez desde hace mucho tiempo. 
Señor Hallam, no sé a qué se refiere usted, pero, desde esta Presidencia, tengo que decirle que, al menos yo, me siento muy satisfecho de este viernes y de todos los viernes. 
En ningún caso entiendo que hoy haya habido cualquier comportamiento que no correspondiera con la marcha normal de la Asamblea y, sobre todo, con el sentido de amistad y familiaridad con que discurren, afortunadamente, los viernes por la mañana, que son días privilegiados. 
Marcador del Mercado Único 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0402/98) del Sr. García-Margallo y Marfil, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el marcador del Mercado Único nº 2 ((98) 0889- C4-0444/98) ). 
Tiene en primer lugar la palabra, como ponente, el Sr. García-Margallo y Marfil. 
Señor Presidente, voy a exponer las ideas de la Comisión de Asuntos Económicos sobre el documento enviado por la Comisión, el marcador del mercado único nº 2, que hace referencia a los progresos realizados en la construcción del mercado interior y- lo que es más relevante- a los obstáculos y desafíos que nos toca abordar a partir de este momento. 
Como sus Señorías recuerdan, el Libro Blanco de 1985, el famoso Libro Blanco sobre el mercado interior, estaba cuasi completado en la nochevieja, el 31 de diciembre, del año 1992. 
Pero quedaban pendientes de adoptar algunas medidas y, sobre todo, habían aparecido nuevas necesidades que no habían podido ser cubiertas. 
¿Cuál fue la respuesta de la Comisión ante estas insuficiencias y ante estas nuevas asignaturas pendientes? 
En 1993 creó dos comisiones para informar al Parlamento y al Consejo Europeo sobre los progresos realizados, pero pronto la Comisión se percató de que esta información era insuficiente y en 1996 se dio un paso más. 
Envió una comunicación «Impacto y efectividad del mercado único» , que fue la base y el impulso para el plan de acción para el mercado único aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam en junio de 1997 y que cubre un período tan crucial en la construcción europea como el que termina el 31 de diciembre de 1998, fecha de la introducción del euro. 
¿Qué contenía este plan? 
¿Qué pretendía este plan? 
Este plan pretendía conseguir un mercado interior similar a un mercado nacional que contase con los siguientes elementos: una moneda única, un régimen fiscal armonizado, infraestructuras integradas, libre circulación de las personas y, en último lugar- pero no menos importante -, instrumentos para que las empresas pudiesen vivir en este marco- me estoy refiriendo al estatuto de la sociedad europea-. 
¿Cómo se articula el plan? 
A través de una definición clara de los objetivos estratégicos porque- como dice un poeta español- no hay viento favorable para el que no sabe adónde va; el establecimiento de unas acciones concretas en un calendario preciso y, en tercer y último lugar, el establecimiento de un procedimiento que permita realizar el seguimiento de los progresos realizados y de las deficiencias que pudiesen aparecer. 
Ese es el origen de los marcadores que estamos discutiendo hoy, el tercero que estamos discutiendo hoy, y que, a mi juicio, tiene una singular importancia porque estamos a muy pocos días, a menos de 10 días, de que termine el plan de acción. 
¿Qué es lo que revela el documento de la Comisión? 
Del documento de la Comisión, de los progresos que se han realizado, se deducen- a mi juicio- cuatro observaciones importantes. 
La primera es que se ha alcanzado un número importante de los objetivos previstos, y quiero subrayar aquí dos: la liberalización del suministro del gas y la protección de los inventos tecnológicos. 
La segunda observación es que la Comisión cree que otros objetivos se alcanzarán pronto, y subraya aquí la Directiva sobre los instrumentos de inversión colectiva, capital en el nuevo mercado de capitales- y perdonen la redundancia -, que entrará en vigor el 1 de enero y, en segundo lugar, la Directiva sobre los derechos de autor en la sociedad de la información. 
La tercera observación es que otras cosas no han ido tan bien. 
Por eso, la Comisión de Asuntos Económicos- y espero que este Parlamento- hace constar su dolor, su lamentación, porque no se ha avanzado demasiado, o por lo menos todo lo que sería conveniente, en materia de libre circulación de personas y en materia de armonización fiscal. 
La cuarta y última observación es que este Parlamento observa con preocupación que casi un 15 % de la legislación sobre el mercado interior no ha sido transpuesta, no ha sido incorporada a los ordenamientos internos por los Estados nacionales. 
¿Qué hacer- como diría Lenin -? 
En primer lugar, este Parlamento pide un nuevo plan de acción que cubra el período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y 31 de diciembre del año 2002, período que, como el señor Presidente podrá comprobar, coincide con el de la introducción del euro. 
En segundo lugar, establece dos fases. 
En la primera, en 1999, deberán cumplirse los deberes pendientes, los deberes atrasados, y en la segunda, en el año 2000, la libre circulación de personas. 
Como medios, propone que, cuando haya fundamento jurídico, se opte por el reglamento y no por la directiva- para evitar retrasos en las transposiciones -, así como por la mayoría cualificada y no por la unanimidad. 
Termino, señor Presidente, deseando a los creyentes feliz Navidad y a los no creyentes un feliz solsticio de invierno. 
Señor Presidente, sólo sectores muy minoritarios e intereses muy concretos pondrán hoy en duda las enormes ventajas que la apertura de las fronteras ha tenido para la generalidad de los ciudadanos y las empresas europeas. 
La producción y los intercambios comerciales no han cesado de crecer, los precios han disminuido, la variedad de la oferta ha aumentado de forma extraordinaria. 
Estamos ante el mayor mercado integrado del mundo, con 370 millones de consumidores que, por sí solo, contribuye con el 1, 1 % al 1, 5 % al crecimiento del PIB en el espacio de la Unión, por lo que es una pieza fundamental en la convergencia de las economías y en la reducción de las disparidades de desarrollo entre los diferentes Estados miembros. 
El 70 % del comercio de estos quince países se hace en el espacio comunitario, que dentro de dos semanas dispondrá de una moneda única. 
Los firmantes del Acta Única Europea pueden tener razones de satisfacción a la hora de hacer el balance de la integración europea. 
Pero este Parlamento tiene que funcionar como una campanilla de alarma e insatisfacción. 
Tiene que agitar las aguas del olvido y la inacción y eso es lo que nuestro compañero García Magallo hace aquí. 
Tiene que denunciar el retraso en la aplicación de algunas medidas importantes que ya figuraban en el Libro Blanco de 1995 y de otras que resultaron imprescindibles después de esa fecha. 
Tiene que denunciar el retraso- y la obstrucción incluso- de los Estados miembros en la transición de la legislación comunitaria al Derecho nacional, pasando por alto los avisos de la Comisión y no respetando siquiera las decisiones del Tribunal de Justicia, pues quedan por transponer 220 textos legislativos, lo que significa el 15 % del total. 
A este respecto podrían aplicarse multas a los Estados miembros recalcitrantes. 
Pero nos parece que la sanción más eficaz sería la de publicar la lista de los retrasos y los retrasados y someterlos al vejamen de la apreciación de su deficiente cumplimiento europeo por parte de la opinión pública. 
El Parlamento tiene que denunciar el retraso de esos grupos de evaluación que la Comisión debería presentar semestralmente desde junio de 1997 y que se deben, a su vez, al retraso en la plasmación del primer plan de acciones para el Mercado Único: en 39 de los 62 compromisos ya ha vencido el plazo previsto. 
Hay todavía un largo camino por recorrer para superar las distorsiones del mercado y para hacer que las cuatro libertades de circulación resulten accesibles a toda la población de la Europa de los Quince. 
En este momento hay, a nuestro juicio, una cuestión fundamental para el avance inmediato del Mercado Único: se trata de la materia fiscal. 
Y en esa esfera las últimas orientaciones de este Consejo de la tercera vía son poco reconfortantes. 
Donde ayer se hablaba de armonización fiscal hoy se habla de una vaga coordinación de las políticas fiscales. 
Se dan pasos atrás incluso, como ha sucedido ahora en el Consejo Europeo de Viena, en el caso del fin previsto de la derogación fiscal de que gozan las ventas exentas para viajeros intracomunitarios, vulgo duty free. 
El aplazamiento del cumplimiento de una decisión de 1991 es un verdadero atentado contra el Mercado Único. 
Es un precedente extraordinariamente peligroso, es un escándalo proteccionista de un sector privilegiado y dotado de un lobby activo, poderoso y, por lo visto, eficaz. 
Puede que no se quiera ir más lejos en materia fiscal, pero al menos un nuevo sistema fiscal armonizado del IVA y una mayor coherencia en el sector de la fiscalidad de los capitales son absolutamente necesarios. 
Señor Presidente, este informe trata acerca de la forma en la que se introducen en los países miembros las normas comunitarias. 
Está bien que se haga esta clase de evaluaciones. 
Se demuestra también que se han cumplido sólo 23 de un total de 62 compromisos en esta materia. 
Evidentemente que esto no está bien. 
Me pregunto por qué no se cumplen las reglas. 
Puede ser porque las decisiones no han sido afianzadas o no pueden afianzarse en los países miembros o porque la toma de decisiones es tan rápida que ellos no alcanzan a reaccionar. 
En este caso, no es seguro que las decisiones por mayoría sean una buena solución. 
Opino que hay que estudiar los motivos del incumplimiento de las normas. 
En alguna medida no estoy de acuerdo en que se impongan multas a los países que incumplen las normas comunitarias. 
La pregunta se puede invertir. 
Hay una situación opuesta y que es cuando la UE, en las negociaciones de adhesión, ha concedido excepciones a los países miembros. 
Por ejemplo, se ha concedido a Suecia una excepción limitada a cuatro años para mantener las prohibiciones de antibióticos en los piensos. 
La UE ha manifestado que su afán es acercarse a las normas suecas, cosa que ha ocurrido, pero en una medida muy escasa y muy lentamente. 
¿Sería una forma de resolver el problema imponer multas en el sentido inverso? 
No, difícilmente, todos lo entendemos. 
La conclusión de esto es que las decisiones comunes contenidas en este excelente informe evidentemente tienen que cumplirse, puesto que han sido adoptadas por todos. 
Sin embargo, hay que estudiar mejor las causas por las que no se cumplen. 
La colaboración es mejor que las multas y las órdenes para conseguir resultados y confianza. 
Las reglas son siempre mejores si han sido afianzadas en los países miembros; así también es posible aplicarlas de manera más adecuada. 
Señor Presidente, esta mañana sustituyo al Sr. Wolf pero con mi infinita sabiduría y flexibilidad voy a intentar hacer algún comentario sobre el mercado único. 
De hecho me satisface mucho hablar sobre esto porque es algo muy querido por mi Primer Ministro, el Sr. Blair. 
Cuando deje de bombardear Bagdad puede que tenga un momento para echar un vistazo a esta resolución y a este informe. 
A pesar de tener tanto entusiasmo por el mercado único encontrará muchas cosas con las que no podrá estar de acuerdo. 
Por ejemplo está la cuestión de la moneda única sobre la que el informe bien dice que es muy importante para completar el mercado único. 
Desde luego el Sr. Rupert Murdoch no permite por el momento que Gran Bretaña se una a la misma. 
El asunto de la armonización fiscal está horrorizando a los medios de comunicación británicos a causa del hecho de que, de alguna manera, deberíamos cierta soberanía en la armonización del IVA. 
Esto es claramente necesario para el mercado único. 
Quiero destacar la importancia política de la libre circulación de trabajadores y la protección de los trabajadores en el mercado único. 
Esto no se resalta suficientemente en este informe. 
El mercado tiene dos caras y debemos proteger ambas. 
Para terminar quiero desear a todo el mundo unas felices navidades y un próspero año nuevo. 
Presidente, el marcador del Mercado Único es un instrumento útil. 
Cada medio año se da a conocer cuánto se ha avanzado con la implantación de la legislación dentro del Mercado Único. 
Requiere atención, sobretodo, la conversión de directrices europeas en legislación nacional. 
Es un asunto incuestionable que los Estados miembros tienen que cumplir acuerdos alcanzados y obligaciones contraídas. 
La particularidad de este asunto es que son tareas que los Estados miembros mismos se han impuesto ya que es siempre el Consejo de Ministros, en colaboración o no con el Parlamento Europeo, quien determina la normativa europea. 
En la resolución de proyecto no se ha tenido en cuenta suficientemente el carácter propio del proceso de toma de decisiones a nivel de la Unión. 
Si todos los Estados miembros tienen que estar de acuerdo puede pasar mucho tiempo hasta que se llegue a una resolución. 
Esto es una desventaja. 
Sin embargo, la supresión del requisito de unanimidad lleva implícito aún más obstrucciones a nivel de los Estados miembros y suscita más procedimientos de violación. 
Parece ser un juego hábil el refugiarse en el instrumento del decreto. 
Pero qué queda entonces del principio de subsidiariedad. 
Las resoluciones no se toman próximas a los ciudadanos. 
Los artículos 9 y 10 suscitan equívocos. 
Hay quienes defienden la introducción de un sistema conjunto de IVA según el sistema inicial alrededor del año 2000. 
Los gastos para la ejecución y las cargas administrativas para la conversión son tan grandes que debemos aparcar el asunto de momento, a no ser que la Comisión disponga de una reserva secreta. 
Si esto es así, me gustaría que me lo comunicase el Comisario. 
Para finalizar, pienso que es irrealizable el deseo de que el Mercado Único tenga dentro de tres años todas las características de un mercado nacional. 
Hay que dar prioridad a reforzar la normativa actual. 
Se puede conseguir un mejor funcionamiento del Mercado Único al mismo tiempo que se valora la diversidad cultural. 
Por cierto, Presidente, le deseo a Vd. y a sus Señorías Feliz Navidad y un Próspero Año 1999. 
Esto mismo se lo deseo a la Comisión y al Consejo, a pesar de que en el artículo 5 de la resolución se pida que se cumplan todos los objetivos posibles antes del 31 de diciembre de 1998. 
Señor Comisario, tómese un par de días libres. 
Señor Presidente, cuando en pocos días se introduzca en los 11 Estados la unión económica y monetaria, la existencia de un mercado único que funcione al 100 % dejará de ser un objetivo a alcanzar y pasará a ser una auténtica necesidad. 
La ausencia de disciplina de los Estados miembros que no cumplen sus obligaciones con el mercado único tendrá que ser, tras la entrada en vigor de la moneda única, combatida aún con más rigor. 
Con todo, debido a la total transparencia y a la comparabilidad, las distorsiones de la competencia se vuelven tanto más contraproducentes. 
Aunque se han conseguido progresos, el esfuerzo de los Estados es aún claramente insuficiente. 
Quien dice A, debe decir también B. Los mismos Gobiernos que se han sometido a estrictas restricciones presupuestarias para cumplir los criterios de convergencia, deben también someterse a un mecanismo de intervención dirigido a superar los obstáculos al comercio así como, además, han de estar dispuestos a armonizar sus impuestos de modo que no haya que temer desplazamientos de capital y de empresas nocivos para la sana competencia económica. 
Señor Presidente, permítame de modo excepcional, dado que he hablado de falta de disciplina, que falte yo a la disciplina alargando mi intervención más allá del minuto que me corresponde para desearles a todos unas felices Navidades. 
Señor Presidente, estimados colegas, desde hace mucho tiempo queríamos conseguir con la integración europea un espacio económico sin fronteras. 
La idea de crear un mercado único fue, incluso, algo así como el plan básico para poner en práctica nuestros deseos de paz para la Comunidad Europea. 
Hoy hemos avanzado un paso más. El mercado único es ya, en gran medida, una realidad. 
El gran desafío que tenemos delante de nosotros es llegar al mercado doméstico europeo. 
El segundo marcador del mercado único constituye una oportunidad idónea para informar sobre el estado de la integración económica en la Unión Europea. 
Con la entrada en la tercera fase de la unión monetaria en menos de dos semanas, se alcanzará un nuevo grado en la integración. 
También hemos realizado o, cuando menos, acometido una serie de tareas necesarias para lograr el mercado doméstico europeo. 
Primero se inauguró el mercado eléctrico y luego el gasístico para el mercado único. 
Se aseguró la protección de inventos biotecnológicos. 
Todos recordamos las intensas discusiones que tuvieron lugar al respecto en esta Asamblea. 
Ayer votamos en segunda lectura sobre el derecho de garantías europeo, y también fue aprobada en primera lectura la Directiva sobre pagos con demora que se encuentra en estos momentos en el Consejo para ser discutida. 
Personalmente, tengo la esperanza de que estos debates conduzcan cuanto antes a un resultado global. 
Esto sería especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas, porque la demora en el pago especialmente por parte de la Administración representa un problema enorme que provoca que se pierdan muchos puestos de trabajo al año. 
Otros proyectos se encuentran también en el disparadero. 
Al inicio del próximo año, esta Asamblea tendrá que debatir la armonización del derecho de autor, así como algunas cuestiones en materia de medio ambiente como las contenidas en la Directiva de vehículos viejos. 
Seguimos esperando que se produzca acuerdo sobre el estatuto de la sociedad europea de acciones, porque se trata de una pieza importante para la actividad regular de las grandes empresas de ámbito europeo. 
En el futuro, habremos de pensar con más atención cuántos instrumentos legales, y en qué niveles, queremos incorporar. 
Desregulación por un lado y subsidiariedad por el otro fueron desde hace algún tiempo exigencias concretas que desembocaron precisamente en estos días en proyectos concretos como la iniciativa SLIM. 
Con motivo precisamente de la estadística que hemos aprobado esta semana hemos señalado nuevamente que hay que poner en práctica necesariamente la iniciativa SLIM en este ámbito, y deseamos que en él aparezca también un libro verde. 
También quisiera yo agradecer a la Presidencia y a los colaboradores su trabajo y desear mucho éxito para el año que viene y para éste aún unas felices Navidades. 
Señor Presidente, el informe de nuestra Asamblea sobre el establecimiento por la Comisión de un marcador del Mercado Único revela una concepción muy disciplinaria de la cooperación europea. 
Por una parte, para evitar los retrasos de transposición de las directivas a los Derechos nacionales, preconiza utilizar la forma de reglamento, de aplicación directa, uniforme y por decisión mayoritaria, lo que me parece contradecir los llamamientos a la flexibilidad y a la subsidiariedad que se lanzan periódicamente. 
Por otra parte, pide a la Comisión, una vez más, que estudie la posibilidad de imponer multas a los Estados que hayan incumplido sus obligaciones de transposición. 
En nuestra opinión, se trataría de un dispositivo absolutamente ilegítimo y antidemocrático si se permitiera que un órgano administrativo pudiese imponer estas sanciones a Estados soberanos. 
Por otra parte, en el Tratado no existe ningún fundamento jurídico que autorice a la Comisión a actuar de este modo, y el Consejo no podría ni siquiera delegarle tales derechos, porque tampoco los tiene. 
Sólo el Tribunal de Justicia, según el artículo 171 del Tratado, posee algunos poderes de sanción, e incluso, en nuestra opinión, son exorbitantes, ya que sus decisiones no pueden ser apeladas ni suspendidas por una voluntad nacional democrática y legítimamente expresada. 
Estas consideraciones no han impedido que la Comisión propusiera recientemente al Consejo que la autorizara a aplicar un mecanismo de intervención autoritaria para eliminar ciertos obstáculos a los intercambios. 
El Consejo la ha remitido enérgicamente a sus expedientes, y ha hecho muy bien. 
Pero es cierto que el propio Consejo ha aceptado la aplicación de controles multilaterales- ayer respecto a los déficits públicos, hoy al empleo -, que también son de inspiración disciplinaria. 
Esta desviación es resultado de un doble error, en el que reincide, por otra parte, el informe que hoy se somete a nuestro examen. 
Primeramente, Bruselas dispondría de una legitimidad superior a la de las naciones; en segundo lugar, el Mercado Único debería convertirse en un mercado doméstico, es decir, un mercado interior totalmente integrado, como un mercado nacional. 
Es evidente que este doble error contiene en cierne la negación de cualquier tipo de margen de maniobra nacional y, por lo tanto, la negación de la soberanía nacional, en todas las cuestiones. 
El Consejo se honraría y cumpliría con su deber si acabara de una vez por todas con esta situación en la próxima ocasión. 
Señorías, les deseo una feliz Navidad en una Europa que aún no es completamente disciplinaria. 
Algunas de las conclusiones del ponente son ciertamente inquietantes. 
Destaca el hecho de que el 15 % de la legislación adoptada sobre el mercado único no ha sido aun transpuesta por los Estados miembros. 
Además, es muy crítico con el hecho de que las propuestas sobre la libre circulación de personas y la armonización fiscal no han sido adoptadas. 
Al igual que el ponente saludo el marcador de la Comisión para medir el nivel de implementación del plan de acción para el mercado único. 
Espero que la Comisión lo examine cuidadosamente. 
Los fanáticos políticos de la Comisión y del Consejo que apoyan la abolición del duty-free nos dicen que la existencia del duty-free es incoherente con el mercado único. 
Les instaría a leer este informe; a analizar con detalle el marcador de la Comisión y cuando comprueben que el mercado único aun está muy lejos de ser completado, especialmente en el ámbito de la armonización fiscal, puede que cambien de opinión, sobre todo antes de la decisión de la cumbre de Viena de llevar a cabo un estudio sobre el impacto de los efectos de su abolición. 
Creo que cuando se complete el estudio confirmará los peores temores de muchos diputados de que se perderán unos 140.000 puestos de trabajo en toda la UE, de que los precios de ferris y aviones aumentarán y de que el turismo y la política regional serán socavados. 
Con la presentación de esta información espero que el ECOFIN y la Comisión estén lo suficientemente persuadidos como para extender el duty-free más allá del 30 de junio del año próximo. 
Ese sería el mejor regalo de navidad que tato la Comisión como el Consejo podrían hacer a los ciudadanos europeos. 
Como conclusión permítanme, junto con otros diputados de esta Asamblea, desearles a todo el personal del Parlamento, al Comisario, a todos los miembros de la Comisión y a todos los que sirven a este Parlamento una muy feliz navidad y un próspero año nuevo. 
Señor Presidente, Señorías, antes de nada les agradezco el balance positivo del marcador, cuya tercera edición se publicó en octubre. 
Y permítanme además agradecer al ponente García-Margallo y Marfil su excepcional trabajo. 
El marcador semestral tiene dos objetivos: En primer lugar, presentar una imagen de la situación actual del mercado único y, en segundo lugar, evaluar en qué medida los Estados miembros, el Consejo, el Parlamento y la Comisión cumplen los objetivos propuestos por el programa de acción para el mercado único y con los que todos hemos estado de acuerdo. 
Por consiguiente, ese cuadro de resultados es un instrumento de gestión con un objetivo político claramente establecido, la mejora del funcionamiento del mercado único. 
Al publicar informaciones objetivas sobre los logros del mercado único, podemos ayudar a hacer frente a los obstáculos que persisten para la culminación total del mercado. 
El impacto del cuadro de resultados es más fuerte en lo referente al déficit de trasposición, esto es, el porcentaje de las directivas que aún no se han aplicado en uno o más Estados miembros. 
De acuerdo con los últimos datos presentados en el Consejo de Mercado Interior el 7 de diciembre, hoy sólo el 13 % de las directivas no se han aplicado aún en toda la Unión, y ello debe compararse con el alto porcentaje del 35 % que teníamos hace un año y medio, en junio de 1997. 
Además, la incorporación de la legislación a los Estados miembros ha mejorado muy considerablemente. 
Hoy su déficit oscila en niveles bajos, del 0, 7 % en Finlandia, a la que siguen con escasa diferencia Dinamarca, Suecia, España y Holanda y, con el porcentaje más alto, Portugal. 
A pesar del progreso alcanzado por la mayoría de los Estados miembros, es evidente que hasta finales de 1998 no se habrán aplicado todas las demás directivas. 
Los Estados miembros deberán mantener el ritmo de las últimas semanas en lo relativo a la notificación de la aplicación de directivas a nivel nacional. 
Si eso sucediera, entonces el mercado único podría salvar finalmente ese gran obstáculo antes de mediados del próximo año, de aquí al próximo junio y, evidentemente, entrar en completo y correcto funcionamiento. 
La Comisión Europea continuará siguiendo de cerca dicha situación con el marcador del mercado único, a pesar de la finalización inminente del programa de acción a finales de año. 
Otro dato también positivo es que existen otros nuevos desarrollos en lo relativo a la aplicación del programa de acción para el mercado único, tanto en el sector legislativo como en el no legislativo. 
Desearía destacar la reciente publicación por parte del Consejo del reglamento para el funcionamiento del mercado único en relación con la libre circulación de mercancías en los Estados miembros, así como del reglamento que regula los procedimientos para las ayudas estatales. 
Asimismo, el Parlamento Europeo emitió su dictamen sobre el Libro Verde de las patentes, haciendo posible la publicación de una comunicación de la Comisión antes de fin de año. 
El programa de acción requería además que se realizara un esfuerzo para hacer frente a las debilidades en sectores determinados: Los convenios públicos, el reconocimiento mutuo, los modelos europeos, la indicación de la conformidad, las patentes, los productos de construcciones estructurales, así como la modernización y la aplicación más coherente del impuesto sobre el valor añadido e, incluso, la materialización del programa ADUANAS 2000 y las medidas para la reforma del tránsito. 
Como saben, se realizan muchos trabajos en esos sectores. 
En algunos se han emitido comunicaciones que presentan más programas de trabajo para los próximos años. 
Sin embargo, en otros sectores, como son las firmas digitales, los derechos de autor en la sociedad de la información, las normas de distribución de los trabajadores y la venta de servicios financieros a distancia, continúan todavía dichas conversaciones tanto en el Consejo como en el Parlamento. 
Por el contrario, el fracaso del Consejo de Asuntos Sociales para concluir un acuerdo sobre el problema de la participación de los trabajadores significa que se ha realizado un escaso avance en relación con la directiva propuesta para el estatuto de la empresa europea y para las propuestas afines en el sector del derecho empresarial. 
Asimismo, se ha realizado un progreso importante en la mejora de los instrumentos de gestión e interacción que persiguen fortalecer la eficacia de las normas del mercado único. 
Y aquí se incluye, por ejemplo, la aceleración de los procesos de intervenciones por parte de la Comisión, la coordinación de centros de coordinación en los Estados miembros para acelerar la solución de los problemas, la creación de puntos de contacto para las empresas y los ciudadanos en los Estados miembros y, además, el comienzo del diálogo con las empresas y los ciudadanos. 
Quiero asegurarles, en este punto, que concedemos mucha importancia al diálogo con las empresas. 
Es una acción que comenzaremos en conjunto con mi compañero, el Sr. Monti, en los próximos días. 
Nuestro objetivo es el fortalecimiento de la información de las empresas en relación con el mercado único y, especialmente, de las pequeñas y medianas empresas que no tienen siempre todas las posibilidades para obtener todas las informaciones necesarias. 
Es un sistema completamente amigable para el usuario, un sistema que se basará en los contactos directos a través de internet y también por medio del teléfono. 
La primera fase del desarrollo del sistema se pondrá en funcionamiento dentro de unos días, el próximo lunes 21 de diciembre. 
Como sistema de diálogo, ofrecerá también la posibilidad de interacción por parte de las empresas en relación con los problemas a los que se enfrentan. 
Y creo que ello será una valiosa contribución a nuestros esfuerzos por mejorar el funcionamiento del mercado único. 
Dado que en la mayoría, pero no en todos los casos, se ha logrado el gran avance que perseguíamos con el programa de acción, en opinión de la Comisión, el programa de acción ya puede considerarse plenamente exitoso. 
El marcador del mercado único continuará realizando un seguimiento del avance en todos los objetivos que aún no se han cumplido. 
Señoras y señores, el programa de acción para el mercado único se encuentra ahora en los últimos días de su aplicación. 
Podemos mantener con motivo que, en pocas semanas, el mercado único entrará en la época de la moneda única y en una situación mucho mejor a la que se encontraba hace 18 meses. 
Sin embargo, no se puede bajar la guardia. 
La Comisión Europea redactará un documento de debate en febrero de 1999 para volver a examinar la situación y presentar sus consideraciones sobre la estrategia total para el mercado único. 
La opinión que hoy debatimos incluye propuestas concretas sobre la forma de hacer frente a las desventajas del mercado único que la Comisión Europea examinará de forma detallada los próximos meses. 
Sin embargo, es indispensable que se celebren otros debates en los próximos meses para presentar a tiempo una propuesta definitiva para su aprobación por el Consejo Europeo de Colonia al término de la Presidencia alemana. 
Señor Presidente, permítame expresar ahora mis mejores deseos a usted personalmente, a las señoras y señores diputados, a los intérpretes, a los trabajadores de la Comisión Europea, del Consejo y, por supuesto, del Parlamento para que disfruten de las mejores Navidades posibles, de las Navidades más felices. 
Deseo también que todos reciban el nuevo año con salud y alegría. 
Muchas gracias, señor Papoutsis. 
Permítame también que, en nombre de la Asamblea, le desee lo mejor, no sólo para estas fiestas sino para el año próximo y toda la colaboración que esperamos seguir teniendo con usted. 
Por lo tanto, muchas felicidades para usted y para sus familiares. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, aún quisiera expresar un deseo acerca del mercado único, a saber: que el fraude y el crimen sean combatidos el año próximo con la misma eficiencia que hasta ahora, y que avancemos ejemplarmente en la seguridad de la Casa Europea. 
El informe presente hace ver con claridad un problema sin entrar realmente en él: la realización del mercado único europeo se ha revelado como un asunto de regulación política mucho más complejo de lo que estaba previsto en la concepción original, que apostaba básicamente por el desenvolvimiento independiente y apolítico de las fuerzas desregularizadas del mercado. 
Este problema, en la medida en que hoy en día nos resulta evidente, no podrá resolverse de manera estable sin un nuevo comienzo político mediante el cual pueda fundarse un consenso básico suficiente de carácter político-social entre los Estados miembros de la UE y un marco de regulación comunitario capaz de funcionar. 
A partir del cambio de gobierno en Alemania, esto se ha hecho posible. 
Se trata tan sólo de aprovechar decididamente esa posibilidad y de no perderla en discusiones dirigidas al corto plazo. 
El informe del Sr. García-Margallo y Marfil está todavía demasiado dominado, desgraciadamente, por una perspectiva tecnocrática orientada a la minimización de daños, y, a veces, incluso por ilusiones propias de una confianza ilimitada en el mercado sobre la «autogeneración» del mercado único como para tomar postura ante esa oportunidad política central. 
Lamentamos esto. 
Pero como el informe no contiene nada realmente equivocado, nuestro Grupo se abstendrá en la votación. 
Señorías, el Parlamento ha agotado el orden del día. 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 18 de diciembre de 1998. 
Orden de los trabajos 
Señalo a sus Señorías que acabo de recibir una segunda moción de censura contra la Comisión presentada, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento, por los diputados Sr. Fabre-Aubrespy y otros 68 firmantes. 
De acuerdo con los autores de esa moción de censura y con la Comisión, propongo a sus Señorías que se examine esta moción de censura conjuntamente con la que ya estaba incluida en el orden del día y con las preguntas orales que figuran también en el orden del día de hoy. 
Tiene la palabra el Sr. Striby. 
Señor Presidente, vuelvo a la carga para plantearle, como hace dos meses, la enojosa cuestión de nuestra sede en el IPE IV. En efecto, la Asamblea no puede contentarse con rumores de pasillo en relación con su sede. 
Sabemos que esa cuestión está zanjada en los Tratados, pero aún no en su dimensión material, compuesta de madera, cristal y cemento. 
Señor Striby, estamos examinando el orden del día. 
La cuestión del IPE IV y de su conclusión no figura en el orden del día. 
Puede usted formular preguntas con arreglo al artículo 28 del Reglamento. 
No le concedo el uso de la palabra. 
Señor Fabre-Aubrespy, ¿está de acuerdo Su Señoría en que sumemos su moción de censura a la que ya figura en el orden del día? 
Señor Presidente, creo, en efecto, que es oportuno celebrar un debate común, pues no quisiera imponer un nuevo debate mañana por la mañana, seguido de una votación el jueves, es decir, 48 horas después. 
Habida cuenta de la solemnidad del procedimiento y de que la presentación de una moción de censura es excepcional, creo que convendría, que los autores de las dos mociones, es decir, la Sra. Green y yo, hicieran uso de la palabra en primer lugar en este debate. 
He de recordar que los autores de la moción que acaba usted de citar proceden de todos los Grupos políticos de la Asamblea, sin excepción, es decir, 69 personas en total. 
Gracias, señor Fabre-Aubrespy. 
La Comisión debe estar de acuerdo también para que se sometan a debate, juntas, las dos mociones de censura. 
Señor Presidente de la Comisión, ¿estaría usted de acuerdo con esa propuesta? 
El Presidente de la Comisión indica su conformidad con esta propuesta 
Señor Presidente, el artículo 34 del Reglamento dice que el debate sobre una moción de censura no tendrá lugar hasta transcurridas veinticuatro horas como mínimo desde la comunicación a los diputados de su presentación. 
Sentía gran curiosidad por conocer los motivos que han llevado a algunos diputados a presentar una moción de censura, a pesar de que ya se había presentado una y que, al menos en virtud de nuestro Reglamento, no debe ni puede tener lugar al mismo tiempo. 
Pero ahora comprendo el motivo: se debe a que el Sr. Fabre-Aubrespy quiere servirse de dicha moción para poder intervenir en el debate antes de lo que le habría correspondido de no haberla presentado. 
Someto a votación la propuesta de proceder al debate conjunto de las dos mociones de censura. 
El Parlamento aprueba la propuesta 
Martes y miércoles: sin modificaciones 
Jueves: 
El Grupo de los Verdes solicita que se proceda a la votación de los cinco informes de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural relativos a la Agenda 2000, es decir, los informes de los Sres. Mulder, Garot, Goepel, Fantuzzi y Graefe zu Baringdorf, el próximo jueves, en vez de aplazarlos hasta la sesión del 28 de enero próximo, como está previsto actualmente. 
Tiene la palabra el señor Graefe zu Baringdorf para motivar la solicitud. 
Señor Presidente, nuestro Grupo solicita que no se separe en el tiempo el debate acerca de la Agenda 2000, es decir, la reforma de la política agrícola, y la votación de los informes sobre los que se ha discutido. 
Hemos presentado la solicitud de que se disponga la celebración de la votación en esta semana. 
Pero si esto no fuera posible por razones de tiempo, sería mejor, en nuestra opinión, aplazar todo el debate y la votación a la sesión de Bruselas. 
La votación no es un acto técnico sino altamente político. 
No debemos separar de la votación el debate, en el que se trata, sobre todo, de las enmiendas y del enfrentamiento en cada uno de los ámbitos. 
Espero que esta Alta Asamblea siga nuestra propuesta. 
Muchas gracias, señor Graefe zu Baringdorf. 
Tiene la palabra el Sr. Goepel para intervenir en contra de la solicitud. 
Señor Presidente, aunque considero, ciertamente, muy importante la discusión sobre un eventual voto de censura, la Agenda es también un tema altamente político y aquí, señor Graefe, tiene usted toda la razón. 
Por lo que respecta a esta Agenda, no deberíamos quitarnos de encima todo ahora, sino que- con independencia de otros acontecimientos- deberíamos debatir el miércoles, como está previsto, sobre los sectores del mercado. 
Constituiría un claro desprecio del tema más importante del ámbito agrícola que hay que discutir en este Parlamento antes del 2006, si lo aplazásemos y dijéramos que lo liquidamos en dos días en Bruselas durante la minisesión. 
Comprendo que con más de 400 enmiendas no es posible realizar temporalmente una votación. 
Se podría acometer absolutamente la votación en Bruselas, pero el miércoles deberíamos debatir sobre la Agenda. 
Someto a votación la solicitud del Grupo de los Verdes. 
El Parlamento rechaza la solicitud 
Señor Presidente, comprendo que se haya aplazado la votación sobre la Agenda 2000 con 400 enmiendas sobre la misma. 
Sin embargo, no comprendo que se vote el Informe Hermange en la noche del jueves en lugar del viernes por la mañana, como es usual. 
Me gustaría saber qué razones existen para ello y considero que éste es un procedimiento que no debería aplicarse más en el futuro. 
Esta vez la Conferencia de Presidentes ha estimado que era mejor proceder a la votación por separado y en otro día, concretamente el día 28, y celebrar el debate esta semana. 
Al no haberse presentado ninguna propuesta en sentido contrario, no podemos alterar nada en este momento puesto que no se ha pedido la modificación del orden del día en el momento oportuno. 
Viernes: sin modificaciones 
Bruselas 
Miércoles 27 de enero de 1999 y jueves 28 de enero de 1999: sin modificaciones 
El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado 
Moción de censura- Negativa a la aprobación de la gestión 1996 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
dos mociones de censura contra la Comisión presentadas, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento, por la Sra. Green y otros firmantes y por el Sr. Fabre-Aubrespy y otros 69 firmantes; -las siguientes preguntas orales a la Comisión relativas a la aprobación de la gestión 1996: -B4-0012/99 de la Sra. Green, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la mejora de la gestión financiera de la Unión Europea; -B4-0011/99 de los Sres. Martens y Elles, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la aprobación de la gestión 1996; -B4-0009/99 del Sr. Cox, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la reacción a la negativa del Parlamento Europeo a aprobar la gestión del presupuesto 1996 de la Unión Europea; -B4-0013/99 del Sr. Pasty, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre las consecuencias para la Comisión por la negativa a la aprobación de la gestión para el ejercicio 1996; -B4-0014/99 del Sr. Puerta, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre las consecuencias para la Comisión de la negativa a la aprobación de la gestión para el ejercicio 1996; -B4-0016/99 de los diputados Aelvoet, Holm y Müller, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la aprobación de la gestión 1996; -B4-0015/99 de la Sra. Lalumière, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la devolución por parte del Parlamento Europeo a la Comisión de Control Presupuestario del informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 1996.Voy a dar la palabra, en primer lugar, a los dos diputados que encabezan las mociones de censura y, después, a los Grupos que han presentado preguntas respecto a la no aprobación de la gestión. 
Después, el Presidente de la Comisión hará uso de la palabra y, luego, continuaremos con el debate. 
Le daré la palabra en primer lugar a la Sra. Green como primera firmante de una moción de censura, la depositada en primer lugar. 
Tiene la palabra la Sra. Berès para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, quienes han retirado su firma, en nombre de mi delegación, son Gérard Caudron, Danielle Darras, Marie Noëlle Lienemann y yo, es decir, todos los socialistas franceses. 
Así, pues, queda uno más del mínimo. 
En todo caso, el número de firmas es superior al mínimo exigido para la votación sobre la validez de la moción de censura. 
Señor Presidente, el 17 de diciembre, inmediatamente después de la votación sobre el informe Ellis, presenté una moción de censura contra la Comisión Europea en nombre del Grupo parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos. 
Durante varias semanas antes de la votación, mi posición pública ante esta Asamblea y ante los medios de comunicación había sido que la decisión sobre la aprobación de la gestión del presupuesto de 1996 era una clara declaración sobre la competencia financiera o de otro tipo de la Comisión Europea. 
Aquellos diputados a esta Asamblea que estén dispuestos a declarar a la Comisión financieramente incompetente deben dar el único paso institucional posible e intentar echarla. 
Presenté la moción de censura para pedir que aquellos que opinan que la Comisión es culpable en lo relativo al presupuesto de 1996 asuman sus responsabilidades. 
Los próximos tres meses son decisivos para el desarrollo de la Unión Europea y el proceso de ampliación. 
A medida que avanzamos hacia la cumbre especial de final de marzo, que deberá presentar una posición común sobre la reforma de la política agrícola, el nuevo reglamento para la distribución de los fondos entre las regiones y que deberá garantizar que la futura financiación de la Unión es justa para todos los Estados miembros, es fundamental que la Comisión Europea trabaje con la máxima eficiencia en estrecha asociación, una asociación de confianza y responsabilidad, con el Parlamento y el Consejo. 
Esta Asamblea no puede prolongar esta crisis hasta las próximas semanas. 
Uno de los motivos fundamentales de la presentación de la moción de censura es que se decida ahora, con carácter inmediato, si la Comisión Europea podrá realizar su trabajo o no. 
Si no va a poder realizarlo, debemos decirlo ahora. 
Quisiera decir a los autores de algunas resoluciones presentadas para el debate conjunto con esta moción de censura que su planteamiento conducirá sin duda a una crisis que se prolongará durante semanas, sino meses. 
Eso no beneficia a nadie y ciertamente tampoco a los que dependen del resultado de las políticas de la Unión Europea; la población de la Unión Europea. 
Durante la votación sobre la aprobación de la gestión del presupuesto de 1996 en diciembre, la gran mayoría de mi Grupo votó a favor, porque creíamos que la Comisión había satisfecho al Parlamento en tres de los seis ámbitos en los que habíamos expresado nuestra preocupación y había hecho algunos progresos en otros tres ámbitos. 
Éramos de la opinión de que en algunos aspectos, la Comisión Europea sencillamente no podía dar cumplimiento a todas nuestras exigencias, como por ejemplo, en los casos en que existen responsabilidades compartidas o comunes con el Consejo o los gobiernos nacionales. 
Habíamos apoyado las solicitudes de la Comisión de Control Presupuestario cuando aplazó la aprobación de la gestión en marzo y pidió más clarificación y acción. 
Creímos que cuando nos llegó el momento de la votación en diciembre, ya habíamos ejercido considerable influencia en favor del cambio, y ante la perspectiva que se nos presentaba de una aprobación de la gestión del presupuesto de 1997 igualmente difícil, cabía esperar que fueran inevitables más cambios. 
El Parlamento estaba actuando de manera responsable y presionando por un cambio del orden del día. 
Tras apuntarnos algunos tantos, gracias al trabajo de la Comisión de Control Presupuestario, y la oportunidad de logros aún mayores en los próximos meses en el contexto de la aprobación de la gestión de 1997, la gran mayoría de mi Grupo desea que la Comisión continúe con su trabajo en favor de la Agenda 2000. 
Ésta era la base de nuestra posición en diciembre. 
Hay que decir que hay colegas en esta Asamblea pertenecientes a todos los grupos- incluido el mío- que consideran que la gravedad de los problemas de la Comisión Europea que salieron a la luz durante la aprobación de la gestión de 1996 es tal, que no pueden conceder dicha aprobación y votarán a favor de la moción de censura. 
Creo que esos colegas son sinceros y los respeto, aunque que no comparto su opinión. 
Existen otros, sin embargo, cuyos motivos obedecen más al tufillo de unas elecciones en sus narices o que actúan de acuerdo con un determinado plan nacional. 
Murmullos de descontento 
Así sea. 
Lo fascinante de la política es que no es estática: es un proceso dinámico y avanza con rapidez. 
Una de las principales debilidades de nuestros acuerdos constitucionales que han salido a la luz con la actual crisis es que, a diferencia de los ejecutivos de casi cualquier otra extracción, la Comisión Europea no tiene capacidad de venir a esta Asamblea y pedir un voto de confianza. 
Escuché divertida la reacción de los diputados la víspera de la votación sobre el informe Elles, cuando la Comisión dejó claro en su declaración que consideraba la votación una cuestión de confianza. 
La opinión de que, de algún modo, todo aquello estaba suponiendo una presión excesiva es sin duda demasiado susceptible. 
En cualquier proceso parlamentario democrático que conozco, este tipo de cosas forman parte de la interacción normal y vigorosa entre el ejecutivo y el parlamento ante el que democráticamente debe dar cuenta. 
Pero en la sala de juntas de una empresa, una organización de voluntariado o los gobiernos nacionales, si el parlamento, los accionistas o los diputados declaran que el ejecutivo es financieramente incompetente, ese ejecutivo sin duda tendría derecho a saber si cuenta con la confianza de dicho parlamento, de dichos accionistas o miembros, y habría un procedimiento mediante el cual podrían pedir un voto de confianza o de otro modo. 
Mi primera petición, en nombre de mi Grupo, es que se modifique el Tratado y/o el Reglamento para incluir dicho procedimiento. 
En las tres semanas que han transcurrido desde la presentación de la moción de censura, las cosas han cambiado. 
En ese tiempo ha habido un gran número de nuevas acusaciones que exigen una investigación rigurosa y una acción rápida, además de las continuas especulaciones de la prensa sobre las actuales acusaciones. 
Como ya he explicado, la moción de censura se planteó ante la negativa de conceder la aprobación de la gestión en diciembre. 
No obstante, las recientes acusaciones demuestran los problemas que radican en el centro de la actual crisis. 
No se trata de si tenemos diferencias políticas con la Comisión Europea. 
Naturalmente tenemos dichas diferencias, al igual que entre una institución y otra, y al igual que entre las familias políticas con una visión clara de hacia dónde queremos que avance Europa en el futuro. 
Pero las diferencias políticas de este tipo son la esencia de la democracia y lo aceptamos como parte de la batalla de ideas. 
Tampoco es una cuestión exclusivamente de competencia. 
Seamos sinceros y reconozcamos que una Comisión que ha sido responsable de allanar la introducción sin sobresaltos de la moneda única, que ha resuelto la complejísima y monumental tarea de iniciar las negociaciones con seis Estados candidatos y de mantener otras cinco candidaturas en activa consideración- por mencionar únicamente dos acontecimientos excepcionales de los pasados días y meses- no puede ser declarada totalmente incompetente. 
Se trata mucho más del ambiente, del espíritu de secretismo, patrocinio, nepotismo y obstruccionismo que parecen rodear a la Comisión y a sus miembros. 
Se trata de esa sensación más extendida de corruptelas que están causando un daño tan devastador a la Comisión y a sus funcionarios, de eso es sencillamente de lo que debemos ocuparnos. 
Quisiera decir al Presidente Santer que desde hace algún tiempo- y ya he tratado de ello con él en anteriores ocasiones- tengo la sensación de que la Comisión Europea se ha convertido actualmente en la acumulación de 15 culturas administrativas nacionales. 
Estas 15 culturas nacionales están creando cada vez más tensiones en las prácticas de trabajo en términos de las expectativas culturales, las normas y los valores que las acompañan. 
En demasiadas ocasiones dichas culturas sencillamente no se cristalizan en un todo coherente. 
Existe ahora una auténtica oportunidad de coger al toro por los cuernos y de establecer los parámetros de una cultura administrativa europea. 
Un cambio semejante infundiría confianza a los funcionarios de la Comisión, desde los más altos hasta los más bajos, les haría sentir que tienen unas normas comunes de compromiso en su trabajo, bien definidas, comprendidas y, lo que es más importante, respaldadas, aprobadas y aplicadas desde arriba. 
En este sentido, este Parlamento también tiene mucho que ganar y aprender de este planteamiento. 
Deberemos respetar dichos parámetros y aportar madurez a nuestro trabajo de vigilancia y control sobre el gasto y la ejecución de las políticas por parte de la Comisión. 
Reconozco que en algunos ámbitos se nos puede acusar de duplicidad: de cambiar las reglas de juego una vez que se han cumplido las peticiones; de utilizar normas y valores nacionales diferentes como indicador y, en ocasiones, de actuar indebidamente como juez y parte. 
Todos los que estamos aquí presentes coincidimos plenamente en que el fraude y la corrupción son totalmente inaceptables, aunque sean minúsculos. 
Todos los que componemos esta Asamblea estamos comprometidos a eliminar los abusos, haciendo uso de nuestros poderes para exponer el fraude y llevar a los responsables ante la justicia de la manera que corresponda y ante los tribunales competentes. 
Mi Grupo ha cumplido con creces con su parte en este sentido y apoyaremos todos los esfuerzos para seguir adelante. 
Todos los que componemos esta Asamblea sabemos perfectamente qué significa ser objeto de campañas de prensa y, en ocasiones, de vilipendio en base a acusaciones no demostradas. 
Si vamos a pedir las cabezas de algunas personas sobre la base de campañas públicas antes de que se haya completado una investigación adecuada, o a veces incluso antes de que se inicie, entonces deberíamos haber dimitido en masse cuando los medios de comunicación acusaban con su mayor virulencia que los diputados al Parlamento Europeo estaban abusando de su régimen de dietas y gastos. 
Naturalmente, todos reconocemos que actuar en base a las especulaciones que aparecen en los medios de comunicación sería impropio. 
Pero también debemos reconocer que la falta de un reglamento transparente, por el que se rijan las relaciones entre los Comisarios, sus gabinetes y sus Direcciones Generales, ha agudizado las acusaciones de nepotismo, patrocinio y beneficios financieros. 
Es un asunto que debe quedar resuelto ahora. 
Espero que cuando el Presidente de la Comisión responda a este debate, reconozca la necesidad de una acción inmediata en este ámbito y nos diga qué se propone hacer. 
La segunda petición de mi Grupo es un reglamento transparente por el que se rijan las relaciones entre los Comisarios, sus gabinetes y sus Direcciones Generales antes de final de marzo de 1999. 
Mi Grupo no tolerará que las personas, ya sean Comisarios o funcionarios noveles, sean juzgados por la prensa. 
Pero quiero dejar perfectamente claro que si se demuestran las acusaciones contra alguien- independientemente de si es poderoso o humilde, independientemente de si es hombre o mujer y de su afiliación política- exigiremos que se le pidan cuentas. 
No tenemos el derecho institucional de escoger entre el Colegio de Comisarios. 
Podríamos desear tenerlo. 
Defendimos ese derecho en la CIG en el pasado y sin duda volveremos a hacerlo con renovado vigor en el futuro. 
Pero actualmente no tenemos ese derecho. 
Por este motivo no apoyaremos las resoluciones de otros grupos políticos encaminadas a distribuir la culpa de todos los males de la Comisión entre las cabezas de algunos contra los que aún no se ha demostrado ninguna causa. 
Aplausos 
De todos modos, si debemos elegir a personas o ámbitos que están bajo sospecha de fraude o corrupción, ¿por qué no se hace ninguna referencia a la Política Agrícola Común, en la que el fraude está bien documentado y es constante? 
Aplausos 
¿Por qué no se hace referencia a los programas PHARE y TACIS, en los que los rumores son igual de graves y están igual de extendidos? 
Aplausos 
Si queremos preservar e incrementar nuestra integridad como organismo de vigilancia y control ante el que la Comisión debe dar cuenta, no debemos ser parciales en nuestras críticas. 
Existe otra cuestión importante relativa al trato que reciben los que denuncian la existencia de prácticas corruptas. 
Mi Grupo apoya el concepto de que se denuncie este tipo de prácticas. 
En realidad, esta Asamblea ha tenido un papel decisivo en su introducción. 
Toda persona que se ocupe de los que denuncian las prácticas corruptas tiene dos responsabilidades principales. 
En primer lugar, debe proteger al denunciante y su identidad, y en segundo lugar, debe proteger a las personas contra las que se hacen las acusaciones hasta que hayan sido investigadas debidamente. 
Ciertamente esto es justicia natural. 
En el caso de Paul van Buitenen no se han cumplido esas dos responsabilidades. 
Lamento que se haya visto dañada su integridad personal. 
Tras haber hablado con él, no tengo la menor duda de que él cree que su causa es honesta. 
No tengo ninguna duda tampoco de que ha sido utilizado por algunos políticos y algunos medios de comunicación y, en consecuencia, se ha abusado de él. 
Observo que el dossier que el Sr. van Buitenen entregó a un diputado a este Parlamento incluía información que ya era objeto de investigación en el Parlamento, la Comisión y, en algunos casos, ante los tribunales. 
Tengo entendido que ha proporcionado otra información que contiene nuevas acusaciones que ahora deberán ser investigadas. 
Pero si la Comisión hubiera dispuesto de unos procedimientos y estructuras que permitieran identificar los abusos y hacer un seguimiento con rapidez y eficiencia, el caso van Buitenen no habría sido necesario. 
Es en este ámbito en el que creo que la Comisión es vulnerable y debe demostrar gran determinación. 
El momento es oportuno para reconocer que es tal el grado de preocupación, que sólo una revisión independiente puede restablecer la confianza en el modo en que la Comisión hace frente a los abusos que se producen en sus propios programas. 
Señor Presidente Santer, a comienzos de diciembre, después de las dos conversaciones que mantuvimos, usted me escribió ofreciéndome la oportunidad de que el Parlamento participe en sus reformas de la gestión. 
Creemos que eso es importante y volveré sobre ello. 
Pero quisiera pedirle que dé un paso más y apruebe una revisión independiente bajo los auspicios conjuntos de nuestras dos instituciones. 
Nada por debajo de eso infundirá la confianza a la población de Europa de que se está haciendo todo lo posible para erradicar los abusos tan pronto como son detectados y tenemos conocimiento de que existen. 
Por tanto, nuestra tercera petición es una revisión independiente que evalúe y haga recomendaciones sobre la detección y el seguimiento de abusos antes de que finalice este año. 
Señor Presidente Santer, habida cuenta de su oferta a este Parlamento de participar en sus planes de reforma de la gestión, es importante que la Comisión y el Parlamento elaboren un calendario esta misma semana para tratar a fondo sobre dichos planes y se programe un debate completo en el último período parcial de sesiones de mayo aquí, en Estrasburgo. 
El objetivo sería que antes del informe que usted ha prometido al Consejo que se reunirá en Colonia en junio, disponga de la opinión, la participación y espero que el apoyo de este Parlamento para la creación de una Comisión que refleje una estructura y un sistema de gestión modernos, transparentes y eficientes. 
La cuarta petición de mi Grupo, por consiguiente, es que se elabore un calendario para las negociaciones entre el Parlamento y la Comisión esta misma semana que determine la forma definitiva de la estructura de la futura gestión de la Comisión. 
La presentación de una moción de censura no es una medida que me haya tomado a la ligera. 
Es el arma más poderosa de que dispone el Parlamento. 
Pero el rechazo de la gestión del presupuesto de 1996 no es un simple problema de carácter técnico, como algunos en esta Asamblea intentan presentarlo ahora. 
En las semanas anteriores a la votación sobre la gestión, este asunto se convirtió en una importante cuestión de confianza- y con razón, en mi opinión. 
Muy pocas cosas son tan importantes como la utilización que hace la Comisión de los fondos públicos en unos momentos en que dichos fondos están sujetos a un control muy estricto por las razones que todos conocemos. 
Es sencillamente inadmisible afirmar que no confiamos en la Comisión en lo relativo a la utilización de los fondos públicos, pero que no estamos dispuestos a hacer nada más al respecto. 
El único poder institucional que tiene esta Asamblea es la suspensión de toda la Comisión, si creemos que la situación es tan grave y que no tiene arreglo. 
Es inadmisible limitarse a no hacer nada, no reaccionar. 
Este debate- y en particular la respuesta de la Comisión- es nuestra oportunidad de emitir este dictamen. 
Aplausos 
Señor Presidente, queridos colegas, señor Presidente de la Comisión, señoras y señores Comisarios, voy a hablar, pues, durante tres minutos en nombre de 69 diputados, ¡después de haber escuchado a la Sra. Green hablar durante 17 minutos y medio en nombre de 64 o 65 diputados! 
Pero permítaseme, de todos modos, comenzar expresando mi efusivo agradecimiento a los 69 diputados que han tenido el valor de firmar otra moción de censura, una moción de censura de verdad. 
Esos 69 diputados proceden de todos los Grupos políticos de nuestra Asamblea: nueve diputados del Grupo GUE, uno del Grupo Socialista, 13 diputados del Grupo de los Verdes, dos diputados del Grupo ARE, dos diputados del Grupo ELDR, cuatro diputados del Grupo UPE y 11 diputados del Grupo PPE, y me han anunciado muchos más: 16 del Grupo I-EDN y 11 diputados NI. 
Esos diputados representan a todos los países de la Unión Europea, exceptuado únicamente Luxemburgo. 
Al presentar esta moción de censura, que, a diferencia de la moción socialista, es una moción de censura sin ambigüedad y no una moción de confianza disfrazada, los diputados firmantes, habida cuenta de la gravedad de los reproches que se hacen a la Comisión, sacan, con toda lógica, la consecuencia del voto emitido el 17 de diciembre. 
Pues de eso se trata. 
Desde hace cuatro años, el Tribunal de Cuentas nunca ha hecho una declaración de garantía positiva sobre la legalidad y la regularidad de los pagos hechos por la Comisión. 
El Tribunal de Cuentas nos ha denunciado en sus informes el escándalo de los créditos del turismo, el escándalo de los programas mediterráneos; más recientemente, el escándalo de la Oficina Humanitaria de la Unión Europea, pero también el de las mercancías en tránsito, el de la seguridad de los edificios de la Comisión; más recientemente, la anulación de un concurso de reclutamiento por fraude. 
Y acabamos de recibir, Señorías, por primera vez, un documento de fecha 8 de enero, que les invito a hojear, porque traza el conjunto de los hechos reprochados a la Comisión, con los procedimientos judiciales que se han puesto en marcha, pero a veces con retraso. 
E invito a Sus Señorías a hacerse preguntas muy simples: ¿cómo es que, por ejemplo, el Sr. Perry ha podido tener, durante 28 años, relaciones privilegiadas con la Comisión de la Unión Europea hasta el punto de que su nombre figuraba en el anuario de los servicios de la Comisión? 
¿Cómo es que ha podido tratar con 17 direcciones generales para contratos cuyo importe total se elevaba a varios centenares de millones de ecus? 
Lo que está en entredicho no es la posición de tal o cual Comisario, no es siquiera la posición del Presidente de la Comisión, lo que está en entredicho es el crédito del Parlamento Europeo y la confianza de los ciudadanos de los Estados miembros en las instituciones europeas. 
Eso es lo que nosotros, los autores de la moción de censura de verdad, pretendemos devolver: devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones europeas y, al contrario de lo que he dicho, con ello se fortalecerá la construcción europea, en lugar de perjudicarla. 
Por eso, les pido, Señorías, que, independientemente de lo que ocurra los próximos días, voten la moción de censura, la única verdadera, presentada por mí y 68 diputados. 
Aplausos en algunos escaños 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señores Miembros de la Comisión, Señorías, no es mi intención utilizar los veinte minutos enteros. Luego hablaré de nuevo, después de la intervención del Presidente de la Comisión. 
Nos encontramos inmersos sin duda- me parece que nadie debe hacerse ilusiones sobre esto- en una grave crisis dentro de la Unión Europea entre el Parlamento y la Comisión. 
Lo primero que debo decir, es que el apoyo indirecto o moral que la Comisión Europea prestó a la idea de presentar una moción de censura fue un gran error político. 
Bajo la dirección de la Presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, la Sra. Theato, y basándonos en el informe del Sr. Elles y también basándonos en el informe del Sr. Bösch, hemos intentado establecer un diálogo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea de forma más determinada. 
Pedimos que se respetaran las reglas de este Parlamento que establecen que los debates, si no se aprueba la gestión económica de un año, deben continuar entre la Comisión y la Comisión de Control Presupuestario. 
Este, señor Presidente de la Comisión, es también el primer punto en nuestra pregunta oral: queremos que usted nos dé una explicación al respecto. 
Nos parece que se ha metido en una maniobra política que no le ha venido bien ni a la Comisión, ni al Parlamento y que nos ha llevado ante las puertas de una profunda crisis política. 
Creo que debo decir esto en honor a la verdad. 
Toda esta cuestión ha sido politizada de forma extrema y creo que esto fue un gran error. 
Efectivamente, el jueves 17 de diciembre dije, en nombre de nuestro grupo parlamentario, que manteníamos nuestra confianza en el Presidente de la Comisión para llevar a cabo las reformas, cuya necesidad se veía clarísimamente, y para reestablecer de esta forma la verdadera confianza entre el Parlamento y la Comisión. 
También manifesté entonces- y por eso la Sra. Green me tachó de hipócrita, pero no fue hipocresía, fue justo lo contrario- que queríamos basarnos en los puntos 26 y 27 de la propuesta de resolución del informe del Sr. Elles. 
Ahora estamos, como acabo de decir, ante las puertas de una gran crisis política. 
Asumimos el riesgo de una gran crisis política. 
Y este es por lo tanto, en el sentido exacto de la palabra, un debate sobre la confianza del Parlamento en la Comisión. 
Coincido con aquellos que dicen- lo diré yo también al final- que la confianza entre el Parlamento y la Comisión es de una importancia vital para la Unión Europea. 
Ambos estamos jugando un papel como motor, como fuerza de propulsión, en el proceso de unificación de la Unión Europea. 
Queda todavía, señor Presidente de la Comisión, una mayoría muy amplia de más de dos tercios de este Parlamento para realizar, bajo su inspiración y basándose en sus propuestas, esta labor de unificación, esta Unión Europea. 
No tenemos la posibilidad, usted tampoco la tiene, de plantear hoy la cuestión de confianza. 
El Tratado no prevé esto. 
No disponemos de la posibilidad de presentar una moción de confianza. 
El Tratado no prevé esto. 
Tenemos la impresión de que se utiliza la moción de censura, se le ha llamado «déguiser» en francés, para proteger a ciertos Comisarios. 
Aplausos 
Ahora bien, he de decirle con toda claridad que sería catastrófico para la Comisión si una mayoría de este Parlamento se pronunciara en contra de la Comisión. 
Las reglas formales del artículo 144 del Tratado no le ayudarán. 
No obstante- y quiero que mi intervención sea lo más imparcial posible -, lo que está en juego hoy no son las actividades políticas de la Comisión. 
Esta Comisión se puede jactar de grandes e importantes logros políticos. 
El euro. 
¿Qué hubiera sido de esto sin la labor inspiradora de la Comisión? 
La ampliación, la intensificación del mercado interior, donde se han abordado nuevos sectores como los de la energía y de las telecomunicaciones. El pacto de confianza por el empleo que se anunció ya en enero de 1996 y que por fin fue confirmado ahora en Viena por el Consejo Europeo y también el trabajo que usted ha hecho y que ha preparado con vistas a la ampliación de la Unión Europea, la Agenda 2000 y tantas otras cuestiones. 
No se trata hoy de eso. 
Sin embargo, la imparcialidad nos obliga a decir que esta Comisión Europea ha realizado un trabajo importante en ese campo. 
Esta Comisión se ve enfrentada brutalmente con la herencia de una mala gestión. 
Es también una herencia del pasado. 
Usted, señor Presidente, ha repetido en varias ocasiones que el reforzamiento o la realización de una nueva cultura presupuestaria y administrativa formaba parte de sus prioridades. 
Usted ha dicho que quería luchar contra el fraude y además ha manifestado que sus servicios de la Comisión acusan la herencia de la mala gestión. 
Por lo tanto, no está en juego su acción política. 
Lo que sí está en juego- y toda la cuestión de confianza está relacionada con esto- es la gestión. 
Tal vez sea injusto, porque muchas cosas tienen que ver con el pasado, pero usted carga, y cada miembro de su colegio, con la responsabilidad política de llegar a una solución. 
Se tiene que comprometer para volver a ganar la confianza de este Parlamento. 
En las semanas anteriores usted ya habló de la Comisión del futuro. 
Nos dirá luego que usted quiere construir y ver llegar esta Comisión del futuro en colaboración con este Parlamento, en la que la lucha contra el fraude, la transparencia, el llevar los casos a los tribunales, cuando sea necesario, sean una evidencia para la realización de este saneamiento y reforma. 
Nos parece de una importancia vital que se redacten por fin códigos de conducta: unos códigos de conducta para los Comisarios, códigos de conducta sobre la relación entre los Comisarios, sus oficinas y servicios, códigos de conducta para los funcionarios; que se reflexione y se debata en estrecha colaboración con este Parlamento sobre la reforma del estatuto del personal; que haya transparencia y buena fe en el nombramiento de funcionarios, esencialmente con los A1 y A2; que haya reglas muy claras y limitaciones para los nombramientos externos; que se redacten reglas claras en relación con la gestión presupuestaria, sobre todo para las oficinas de asistencia técnica; que el Reglamento Financiero se reforme; que también en este ámbito haya unas reglas claras para el personal externo. 
Pero sobre todo la lucha contra el fraude es una obligación absoluta. 
Por consiguiente, estamos hablando en esta Casa de tolerancia cero. 
Se debe aplicar la tolerancia cero. 
Deseamos que usted se comprometa a que, en colaboración con este Parlamento, se celebre a muy corto plazo un debate abierto sobre una UCLAF independiente y que usted se comprometa también a defender esto delante de las otras instituciones. 
Deseamos también que se tome por fin la iniciativa de llegar a un acuerdo interinstitucional en colaboración con nosotros. 
Señor Presidente de la Comisión y estimados Miembros de la Comisión, ustedes afrontan un doble reto. 
Ante estos problemas ya no cabe actuar de forma blanda. 
En segundo lugar, éste es quizás el mayor problema, sólo le queda un tiempo muy limitado. Muy poco tiempo; le insistimos en que en todas las propuestas que anuncie proponga un plazo de tiempo inequívoco. 
Quisiera terminar esta intervención con lo siguiente. Los que han querido realizar la unificación europea con convicción y esfuerzo, los que se han unido para este fin- y hemos estado tantas veces juntos, también con algunos de sus colegas de años anteriores -, se sienten, ahora que nos vemos forzados a vivir todo esto, abandonados. 
Yo me siento abandonado. Que ahora al final de este periodo de sesiones, después del alumbramiento del euro, después del reto histórico y de la ampliación, después de las discusiones que hemos tenido sobre nuestra propia remuneración, tengamos que afrontar esto de nuevo. 
El plazo del que dispone, señor Presidente de la Comisión, es extremadamente corto y sus compromisos han de ser extraordinariamente claros. 
Para mí no cuentan los intereses personales, electorales ni partidistas. No cuentan para mí. 
El futuro de la Unión Europea es lo que cuenta para mí y me siento también a menudo abandonado. 
El futuro de la Unión Europea. 
Y es allí donde la Comisión desempeña un papel esencial. 
Una Comisión que sea una unidad, solidaria y que tenga el valor de tomar las medidas que esperamos ahora de usted. 
Aplausos 
Señor Presidente, este debate es importante, es necesario, y para muchos de nosotros es inevitablemente un debate doloroso. 
Trata de la obligación de rendir cuentas públicamente y de cómo y dónde poner los límites. 
Se produce cuando los asuntos de la UE atraviesan por una fase crítica. 
En nombre de mi Grupo, quiero decir que todos somos conscientes de la realización de una agenda estratégica: la posición del euro, la explotación de los nuevos poderes previstos en el Tratado de Amsterdam, la Agenda 2000 y la ampliación, por nombrar sólo algunos aspectos. 
En este sentido, como instituciones con vocación europea, la Comisión y el Parlamento son aliados naturales. 
Pero además de su agenda legislativa y estratégica, la Comisión es asimismo responsable de la gestión diaria de los asuntos de la UE. 
La misión de este Parlamento es garantizar que dichos asuntos están sujetos a un control democrático y a la transparencia pública. 
Esta Asamblea es el tribunal de transparencia pública ante el que la Comisión debe dar cuenta de su conducta en el desempeño de su cargo. 
En este ámbito es natural que se produzca un cierto grado de tensión creativa entre la Comisión, como ejecutivo, y el Parlamento. 
Es algo sano en cualquier democracia. 
Estamos celebrando este debate ahora, porque en dos ocasiones durante los últimos 12 meses, la Comisión no ha conseguido obtener la aprobación de su gestión del presupuesto para 1996, y porque con anterioridad a nuestra votación de 17 de diciembre de 1998, la Comisión insistió en que, si obtenía un resultado negativo, el Parlamento debía aclarar la situación sometiendo a votación una moción de censura. 
Muchos colegas, pertenecientes a todos los grupos políticos, a pesar de que respetan el derecho de la Comisión a adoptar la estrategia política que estime oportuna, lamentaron lo que consideraban una injerencia que se adelantaba al procedimiento y la soberanía del Parlamento. 
Aplausos 
A pesar de que nadie puede saberlo a ciencia cierta, tengo la firme convicción personal de que la Comisión convirtió un posible triunfo en una derrota segura cuando hizo aquella inoportuna intervención. 
Ha sido la Comisión Europea la que ha atraído sobre sí este debate. 
En opinión del Grupo ELDR, un debate sobre la confianza abre un campo más amplio de visión política y de perspectivas. 
No se trata sencillamente de un recalentamiento ni de un reciclaje del debate sobre el presupuesto de 1996. 
Los procedimientos adoptados por la Comisión de Control Presupuestario proporcionan la perspectiva de ocuparse de este asunto en su debido momento y por el proceso adecuado. 
En este debate hemos cruzado la línea que separa la política contable de la política de rendir cuentas. 
El Tratado confiere al Parlamento el derecho a censurar únicamente a todo el Colegio de Comisarios. 
Es un instrumento burdo e indiscriminado. 
En términos populares, a menudo es descrito acertadamente como la opción nuclear, en la que al pulsar el botón de la censura, toda la Comisión tiene que desaparecer. 
Al igual que las propias armas nucleares, es una medida tan drástica que exige ser utilizada con cautela. 
Mi Grupo cree que la Comisión Europea es un organismo político. 
Algunos sostienen que la Comisión es sólo un organismo de burócratas designados. 
Existen algunas características clave que distinguen a los sistemas burocráticos de los políticos. 
Pasarse la pelota, pasarse los problemas de unos a otros y no asumir la responsabilidad personal última son algunas de las características negativas que, en la mente del público, se asocian a menudo con los burócratas. 
En política, la pelota tiene que pararse en algún sitio. 
Es de lo que trata precisamente la política de control democrático y la obligación de rendir cuentas públicamente. 
El Tratado confiere a la Comisión la categoría de colegio. 
Esta categoría de colegio de la Comisión está basada en el concepto de responsabilidad colectiva. 
En cada uno de los Estados miembros, el gabinete del gobierno funciona sobre la base de responsabilidad colectiva. 
En ocasiones, los gabinetes nacionales y su credibilidad se ven amenazados por el fracaso de algún ministerio o de alguna política concreta por un motivo u otro. 
En todos nuestros sistemas democráticos, cuando los ministros asumen su responsabilidad personal por alguna deficiencia o conflictos de intereses y, ocasionalmente, presenta su dimisión, se considera una muestra de fortaleza y no de debilidad del sistema. 
Aplausos 
Esto demuestra que, a veces, hacer a todos responsables significa efectivamente que nadie es responsable. 
¿Por qué debería ser así en la Comisión Europea? 
Algunos responderán: «Así es la ley». 
No obstante, el artículo 159 del Tratado prevé la posibilidad de que los Comisarios dimitan sin hacer referencia a circunstancias específicas. 
El artículo 160 prevé un remedio más implacable con respecto a los Comisarios a nivel individual. 
Aunque reconozco que el Tratado no contempla el derecho del Parlamento a censurar a los Comisarios a nivel individual, guarda silencio sobre el derecho del Parlamento a exigir una preferencia política clara individual con respecto a la gestión de los asuntos de un Comisario. 
El mes pasado, la Comisión se otorgó a sí misma el poder para exigir a esta Asamblea un voto de confianza a través de la vía de la censura. 
La Comisión, como se ha dicho, no tiene derecho legal a hacerlo. 
Pero políticamente hizo esa elección. 
Este mes podemos seguir el ejemplo de la Comisión. 
Dotemos al Parlamento del poder necesario para hacer un llamamiento a los distintos Comisarios para que reconsideren sus posiciones, a pesar de que no existe ningún fundamento jurídico formal. 
El Parlamento viene pidiendo desde hace ya varios años el derecho a la censura individual. 
Esta aspiración aún no ha sido acomodada en la ley. 
Hoy ha encontrado una expresión por nuestra parte únicamente de una manera abstracta. 
El debate de hoy, de una manera concreta, reta a cada uno de los diputados al Parlamento Europeo a considerar si, políticamente, se dan las circunstancias para justificar una declaración política clara exigiendo la responsabilidad individual. 
Mi Grupo se sintió consternado, políticamente hablando, ante lo insulso de los términos de la pseudomoción de censura de los Socialistas de diciembre. 
Daba carte blanche política a toda la Comisión, y a la luz de la información de que disponemos, habría sido incomprensible para nosotros apoyar su simplicidad. 
Del mismo, parecería desproporcionado echar a toda la Comisión. 
Por consiguiente, nuestra estrategia consistió en añadir al debate sobre la censura una pregunta oral. 
En nuestra propuesta de resolución hacemos un llamamiento a dos Comisarios con nombres para que reconsideren sus posiciones. 
Quiero que quede perfectamente claro que no estamos actuando en lugar de un tribunal de justicia ni de un fiscal; no hacemos ninguna presunción de culpabilidad o inocencia, porque éstas pertenecen al ámbito judicial. 
No estamos acusando a nadie de fraude personal o de corrupción en sus filas. 
Sencillamente estamos emitiendo la opinión política que la podredumbre en términos de mala gestión, irregularidades, fraude y corruptelas no cesarán jamás si cada Comisario puede protegerse constantemente en el escudo jurídico de colegio y eludir su responsabilidad personal. 
Vivos aplausos 
Ésta es la cuestión política que está en juego. 
Ésta es la elección que debe hacer la Asamblea. 
Debemos resolver este problema; debemos pasar de las aspiraciones y de lo abstracto a exigir de manera concreta que las personas individuales den cuenta de la mala gestión en sus propios ámbitos de responsabilidad. 
Vivos aplausos 
Señor Presidente, Señorías, la moción de censura presentada por la Sra. Green y unos 70 diputados socialistas, que ahora ya son sólo 65, y que pretende ser, en realidad, una moción de confianza en la Comisión, constituye una auténtica falsificación del procedimiento. 
Si bien parece respetarse formalmente el Reglamento de nuestra Asamblea, ya que el texto presentado lleva el título de «moción de censura» , el contenido del frasco no corresponde a la etiqueta y hay un engaño con la mercancía, cosa que debería haber propiciado- creo yo- la inadmisibilidad de ese texto por la contradicción fundamental existente entre el dispositivo jurídico y su justificación. 
Por lo demás, eso ha movido a algunos de nuestros colegas, por iniciativa del Sr. Fabre-d ' Aubrespy, a presentar una verdadera moción de censura. 
La finalidad política del texto socialista merece- me parece a mí- críticas aún más severas. 
El objetivo perseguido es pura y simplemente el de anular las repercusiones políticas del voto emitido en diciembre por una gran mayoría- 270 votos a favor, 225 votos en contra- para denegar la aprobación de la gestión a la Comisión por la gestión de los créditos presupuestarios de 1996. 
Los socialistas tienen mal perder. 
Más aún: parecen instrumentalizados por la Comisión, que, antes de la votación de diciembre, desafió al Parlamento Europeo a que presentara una moción de censura. 
Nuestra Asamblea se ridiculizaría ante la opinión pública, si, después de haber denegado sin ambigüedad la aprobación de la gestión a la Comisión en diciembre, le concediera en enero su confianza sin pararse en barras. 
Todo eso representa una gigantesca hipocresía y nuestro Grupo no se asociará a ella. 
Aplausos en algunos escaños 
Por esa razón, igual que el Grupo Liberal y el Grupo PPE, deseamos que la Comisión se explique sobre las medidas que piensa adoptar en relación con el voto de diciembre y que asuma plenamente sus responsabilidades, cosa que no ha hecho hasta ahora de forma convincente. 
Sólo en función de esas respuestas estaremos en condiciones de apreciar si debemos o no censurarla: ése es el objeto de nuestra pregunta oral. 
Las múltiples disfunciones reveladas en la gestión financiera de la Comisión son de tal gravedad, que requieren una reacción firme y rápida por su parte. 
Se juega su crédito. 
Cierto es que esas disfunciones no son nuevas. 
Sus raíces son muy anteriores a la entrada en funciones de la Comisión actual, pero ello no exonera al Colegio de Comisarios de sus propias responsabilidades ni, a título individual, a tal o cual Comisario, ya estuviera en funciones antes de 1994 o después de esa fecha. 
Pero, mientras hechos indudables no hayan establecido su responsabilidad exacta no voy a citar, deliberadamente, ningún nombre. 
Lo que hoy se reprocha principalmente a la Comisión es el opaco secretismo en el que se encierra frente a las revelaciones que resultan de filtraciones diversas procedentes de sus propios servicios. 
Al seguir la táctica del avestruz, al parapetarse abusivamente, respecto a los órganos oficiales de verificación de cuentas y de control, tras el biombo de la confidencialidad, ha dado pie a las peores sospechas. 
Si desde el principio hubiera tomado la Comisión por sí misma la iniciativa de adoptar una actitud de transparencia ante los órganos externos de verificación de cuentas y de control que son el Tribunal de Cuentas y el Parlamento Europeo, no se habría colocado en la lastimosa situación en que se encuentra hoy. 
Le resultaría más fácil refutar, pruebas al canto, ciertas alegaciones infundadas o puramente motivadas por consideraciones políticas que pueden aparecer de vez en cuando en la prensa, en lugar de contentarse, como hace, con apartarlas de un manotazo indignado. 
En cambio, si, a raíz de las investigaciones judiciales o internas en curso, haces de presunciones serias revelan que algunos Comisarios, actuales o antiguos, o funcionarios han faltado a sus deberes, la Comisión debe tener el valor de sacar todas las consecuencias de ello. 
Si se trata de miembros del Colegio de Comisarios, debe pedirles que dimitan, so pena de que se les incoe el procedimiento de dimisión de oficio, establecido en el artículo 160 del Tratado. 
Si se trata de un funcionario, sea cual fuere su grado, se debe aplicarle las sanciones disciplinarias requeridas y no limitarse a algunos funcionarios subalternos que sirvan de fusibles para responsables más altos. 
Aplausos en algunos escaños 
Sólo a costa de semejante cambio radical de comportamiento podrá la Comisión restablecer un clima de confianza con el Parlamento Europeo y todas las instituciones de la Unión. 
Debe dejar de ofrecer la imagen de un mundo cerrado que favorece el nepotismo y el amiguismo. 
Debe también llevar a cabo una investigación minuciosa sobre las condiciones en las que se otorgan los contratos de prestación de servicios, incluido el sector de la informática. 
Sólo podando las ramas malsanas, haciendo limpieza, podrá recuperar la autoridad moral que necesita para afrontar los grandes imperativos que hoy afronta la Unión Europea. 
Actuando de ese modo devolverá la confianza a la gran mayoría- siento la tentación de decir a la inmensa mayoría- de los miembros y los funcionarios de la Comisión, cuya integridad moral no está en tela de juicio. 
Por lo que se refiere al Grupo UPE, en las próximas semanas juzgaremos no sólo en función de sus palabras, sino también de sus actos, si se dan las condiciones para una devolución de la confianza, pero no hay ni que pensar en que el jueves le concedamos un voto de confianza «en blanco» , como proponen algunos diputados socialistas. 
Aplausos del Grupo UPE 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, en el pasado período parcial de sesiones de diciembre, el Parlamento Europeo consideró que no se daban las condiciones para conceder la aprobación de la gestión a la Comisión en lo relativo al ejercicio 1996 y, en consecuencia, decidió denegarla por una importante mayoría. 
Se trató, a nuestro entender, de una decisión de gran importancia y de innegable alcance político, con mayor razón cuanto que se basaba en acusaciones de enorme gravedad en que se combinaban, a un tiempo, la falta de transparencia y de información, irregularidades diversas, abuso de poder y nepotismo y diversas situaciones de fraude que ascienden a importes enormes. 
En un momento en que de nuevo debemos adoptar una decisión al respecto, convendría, ante todo, repetir lo que entonces afirmamos: la decisión del pasado mes de diciembre es válida por sí misma. 
Por eso, independientemente de los resultados de las votaciones de las mociones de censura que hoy examinamos, el Parlamento Europeo no puede dejar de dar continuidad y profundizar las cuestiones que determinaron aquella decisión suya, de igual modo que la Comisión, ahora con más razón, no puede eximirse de una respuesta suficiente, fundamentada y oportuna a las acusaciones que se le dirigen. 
Y, si subrayamos estos aspectos, que parecen evidentes, es tan sólo porque las razones y los objetivos que motivaron al Grupo Socialista a presentar la moción de censura que desencadenó este debate nos parecen de dudosa aceptabilidad y credibilidad. 
No voy a detenerme por extenso en cuestiones de procedimiento, ya que considero que son las de fondo las que interesa particularmente abordar. 
Aun así- y porque, además de ser de procedimiento, no dejan de tener una importante vertiente política -, no puedo dejar de decir que en las motivaciones y en los términos según los cuales se ha presentado esta moción de censura hay un equívoco deseo subyacente de responder afirmativa y apresuradamente a la disparatada declaración de la Comisión que precedió a la votación sobre la aprobación de la gestión, de tal modo que más parece ser el Parlamento Europeo el que responde ante la Comisión que lo contrario, como se desprende de los Tratados; como también hay una manifiesta voluntad subyacente de poner punto final al examen completo de los asuntos que determinaron la decisión de no conceder la aprobación; además, tal vez, de un deseo no explicitado de impedir la presentación de una verdadera moción de censura a su debido tiempo y una vez concluido el examen cabal de las responsabilidades de la Comisión. 
Evidentemente, no compartimos semejantes motivaciones del Grupo Socialista. 
Entre otras cosas, porque pueden significar- e incluso significan- corresponsabilización en todo este problema. 
Por lo demás y a este respecto, convendría subrayar que esta iniciativa del Grupo Socialista ha tenido la virtud- seguramente no prevista y mucho menos deseada por él- de dar a conocer a la opinión pública de todos nuestros países lo que hasta entonces estaba circunscrito a las instituciones y a alguna opinión pública de un número reducido de países, cosa que, naturalmente, confiere a este debate, y en particular a las cuestiones de fondo, una relevancia mayor. 
Entretanto, se ha alegado la necesidad de cierta estabilidad, dado el momento de grandes decisiones que se aproxima. 
De ahí- afirman algunos- la necesidad de conceder un voto de confianza a la Comisión. 
Rechazamos totalmente semejante alegación. 
Sin duda alguna, porque, de haber un peligro real, consistirá- en caso de que se mantenga el clima actual de sospecha y con una Comisión debilitada y desacreditada- en el riesgo de transferir y contagiar ese otro debate con los estigmas del presente. 
Por lo demás, y a nuestro entender, no hay momentos buenos y momentos malos para abordar de forma seria y profunda cuestiones tan graves como las del fraude. 
Además de que, como ya dijimos a propósito de la aprobación de la gestión, también éste es un proceso que no se puede analizar en función de intereses inmediatos, de mayor o menor proximidad de actos electorales o de la fase en que se encuentra el mandato de la Comisión, sino esencialmente a partir de lo fundamental que está en entredicho. 
Y llegados a este punto y ante lo que se pretende que sea un voto de confianza a la Comisión, se nos presenta como ineludible la gravedad de las acusaciones que penden sobre ella: acusaciones del propio Parlamento Europeo en sucesivos informes votados, en muchos casos, por amplias mayorías, también del Tribunal de Cuentas, e incluso de altos funcionarios de la Comisión. 
Acusaciones relativas a irregularidades diversas, en particular en los dossiers del turismo, ECHO, PHARE, TACIS, MED y LEONARDO, relacionadas con clientelismos (en particular con los llamados «submarinos» ) y referentes a situaciones de fraude por importes elevadísimos; acusaciones en que se subraya una- como mínimo- deficiente colaboración con las autoridades judiciales de algunos países y en que se evidencian innegables dificultades y omisiones en la transmisión de información al Parlamento Europeo y a los que se suma ahora el ya citado y desafortunado proceso contra un funcionario de la Comisión. 
¡¿Cómo es posible, desde este punto de vista y de forma sesgada, conceder un voto de confianza a la Comisión?! 
No lo tendrá, evidentemente, de una gran mayoría de los miembros de mi Grupo. 
Entre otras cosas, por coherencia con el voto del pasado mes de diciembre. 
Y queremos afirmar muy directamente que, para nosotros, la Comisión, independientemente de las responsabilidades individuales, es, toda ella, políticamente responsable por todo este conjunto de situaciones. 
Y no puede dejar de asumir, en este momento, esas sus responsabilidades colectivas. 
Por eso, esperamos, señor Presidente Santer, mucha claridad, ninguna evasiva y muy en particular gran sentido de la responsabilidad. 
Y esperamos sobre todo que de este caso resulte una mayor eficacia futura en la aplicación de las políticas y esencialmente un replanteamiento profundo y una modificación substancial de las razones que han conducido a una serie tan vasta de irregularidades- no pocas veces asociadas con una política de privatización de servicios -, pero que fundamentalmente son indisociables de la disconformidad entre los importantes poderes conferidos a la Comisión y la limitada fiscalización democrática de que son objeto. 
Aplausos 
Señor Presidente, colegas, hoy tenemos entre manos un duro enfrentamiento entre el Parlamento y la Comisión con motivo de la negativa a la aprobación de la gestión. 
Ha sido la Comisión misma la que ha llevado las cosas a un extremo y que ha recibido por eso también el apoyo del mayor grupo parlamentario de esta Casa, equiparando la negativa a la aprobación con una moción de censura. 
Sin embargo, es la Comisión la que carga con la responsabilidad determinante de esta metedura de pata. 
Entretanto se han ido sumando más cosas, de tal forma que la posición de la Comisión se ha visto más debilitada. 
No ha sido el único enfrentamiento que hemos tenido. 
Ha habido más en esta legislatura. 
Todo tiene que ver con un Parlamento que ha conseguido más poder y que también está dispuesto a utilizar ese poder conscientemente. 
Somos nosotros quienes tenemos que rendir cuentas de cara a la población europea de si se hace un uso eficiente y honrado del dinero público o no. 
El motivo por el cual queremos llevar hasta el fondo ese enfrentamiento es que somos de la opinión de que necesitamos una Comisión fuerte para dar forma real a Europa, para construir la Unión. 
Pero el problema en este momento no es la cuestión de si necesitamos una Comisión para ayudar a llevar a adelante a la Unión, sino si una débil Comisión que está en el punto de mira será todavía capaz de ayudar a sobrevivir a esa Unión Europea. 
Ese el problema. 
La manera en que la Comisión abordó el problema del funcionario Van Buitenen simplemente nos repugna. 
El único crimen que cometió fue acudir al Parlamento después de haber esperado meses en balde a que sus superiores emprendieran una acción. 
Inmediatamente se suspende a este hombre y la tormenta de protestas no se produjo porque saliera a la luz el expediente, sino porque se supo de su suspensión. 
También en esta cuestión la Comisión carga con una gran responsabilidad, no solamente por la mala gestión financiera, sino también por una serie de expedientes políticos duros. 
Me refiero a la crisis de la EEB, me refiero a la manera en que la Comisión ha permitido que entraran en el mercado los alimentos genéticamente modificados en contra de una mayoría de la población europea, la forma en que se negocian los expedientes económicos, por todos estos motivos mi grupo parlamentario dice «sí» a la moción de censura. 
Pero aparte del resultado final de la moción de censura, los Verdes quieren colaborar para redactar una resolución de lo más severa posible, porque esta Unión debe funcionar con una Comisión que sea capaz de poner las cosas en su sitio y de asumir los retos que se le avecinen, y en su forma actual eso es muy cuestionable. 
Aplausos del Grupo de los Verdes 
Señor Presidente, no es fácil ser justo en un clima deletéreo en el que todos los golpes parecen permitidos. 
Para nuestro Grupo, ser justo hoy es en primer lugar pedir a la Comisión que dé, por fin, todas las explicaciones necesarias para el conocimiento de lo ocurrido y reconozca sus errores, en particular de gestión. 
También necesitamos saber exactamente si ha habido fraudes o malversaciones y, en caso afirmativo, quién los ha cometido. 
Por último, queremos también que la Comisión emprenda firmemente las reformas de sus métodos de gestión y sus métodos de trabajo. 
Esa necesidad de transparencia y claridad es una exigencia democrática. 
El Parlamento tiene no sólo el derecho, sino también el deber, de conocer la verdad y sacar de ello las consecuencias políticas que sus competencias le permitan sacar, en particular votar una moción de censura. 
Pero ser justo no es lanzarse a acusaciones desmedidas. 
Luchar contra la mala gestión, contra los fraudes, ¡sí! 
Pero sólo se puede hacer respetando las reglas del Estado de derecho. 
Ahora bien hoy presenciamos un pugilato que no respeta gran cosa. 
Se lanzan acusaciones sin pruebas, a partir de rumores o incluso de chismes. 
Ya es grave cuando se trata de la responsabilidad colectiva de la Comisión, pero resulta aún más grave cuando se cita y acusa en particular a personas con el mayor desorden. 
Cuando se acusa a una persona, son necesarias pruebas. 
También es necesario seguir procedimientos legales, respetar los derechos de defensa, etc. Así, en ningún caso podríamos nosotros aprobar un proyecto de resolución como el que circula en esta Asamblea y que apunta, en particular, a dos Comisarios, sin que se hayan respetado las normas del Derecho a que me he referido. 
Aplausos 
No pasemos de Caribdis a Escila, de la impunidad inadmisible a condenas sin pruebas, que serían insoportables, tanto más cuanto que esas acusaciones individuales substituirían la responsabilidad colectiva de la Comisión que no se tendría valor para poner en entredicho. 
El clima que reina hoy en las instancias europeas es malsano y perjudicial para la construcción europea. 
La explotación política de estos asuntos no mejora la situación. 
Espero, señor Presidente de la Comisión, que sepa por fin dar en su respuesta al Parlamento las garantías que éste espera desde hace demasiado tiempo a fin de restaurar la serenidad que nosotros necesitamos y usted necesita. 
Nuestro Grupo- en cualquier caso, la gran mayoría de nuestro Grupo- decidirá sus posiciones de voto con la preocupación de garantizar, en la medida de lo posible, el crédito de las instituciones europeas. 
Pero ese crédito está desgraciadamente muy menoscabado. 
Siempre hemos deseado, siempre hemos querido, una Comisión fuerte. 
Desde ese punto de vista, estamos en la situación exactamente inversa. 
Aplausos 
Señor Presidente, en febrero de 1997, en el momento en que el Parlamento Europeo llevaba a cabo su investigación sobre el asunto de las vacas locas, nuestro colega Jean-Claude Martinez denunció el «silencio ensordecedor» de la Comisión. 
Denunció las faltas graves, las mentiras, los disfunciones, y ese silencio cuyo objetivo era el de no poner en entredicho el Mercado Único europeo de 1993 y la moneda única establecida por el Tratado de Maastricht. 
Si el 20 de septiembre de 1992, los electores franceses hubieran sabido la verdad sobre la EEB, ¿quién puede creer que se hubieran recibido los millares de votos que permitieron la victoria del sí? 
Como subrayó entonces Jean-Claude Martinez, los fines ideológicos de la construcción federal justificaron la pasividad política. 
El Sr. Mac Sharry, Comisario europeo de Agricultura, se justificó diciendo que quería proteger el mercado de la carne de bovino frente a la terrible epizootia. 
El comercio antes que la salud: ésa fue la consigna de la Comisión Europea. 
Según el informe Elles, la Comisión no parece haber aprendido nada de aquella severa lección. 
Los fraudes y malversaciones de fondos están generalizados ahora en todos los servicios de la Comisión: Dirección General de Turismo, programa MED, programa ECHO, servicios de seguridad, gabinete de Edith Cresson. 
Por ejemplo, por mediación de la Oficina Humanitaria de la CEE, denominada ECHO, la Unión Europea contribuye con una cuarta parte de la ayuda humanitaria mundial. 
Se ha malversado una parte de las ayudas a la antigua Yugoslavia y a la región de los Grandes Lagos de África, cuyos importes oscilan, al parecer, entre 500.000 y 1.500.000 ecus. 
En cuanto al programa MED de ayuda a los países mediterráneos, vemos también graves irregularidades, que parten de la sociedad ARTM, adjudicataria sin licitación de la mayoría de los contratos destinados al programa MED. 
Y se podrían multiplicar los ejemplos. 
En su descargo, si podemos decirlo así, el Sr. Santer puede afirmar que los fraudes no comenzaron con él, sino con su predecesor socialista, Jacques Delors, para quien la intendencia no tenía la menor importancia. 
Es cierto que las malversaciones de dinero público son una especialidad socialista, desde la época de Miterrand/Dumas hasta hoy, cuando los dos Comisarios implicados en los casos recientes son socialistas: la Sra. Cresson y el Sr. Marín. 
Así, se comprende por qué la Sra. Green, en nombre del Grupo Socialista, protege a esta Comisión que ha faltado gravemente a su misión y debería dimitir en bloque. 
Se correría el riesgo de que, de rebote, se manifestara interés después por el Parlamento Europeo y quién sabe... 
En efecto, la Comisión Europea, al encubrir, por reflejo corporativista, faltas graves de carácter penal, irregularidades manifiestas, sin desencadenar, o haciéndolo con retraso, los procedimientos disciplinarios internos y obstaculizando el buen funcionamiento de la justicia, no puede invocar la menor circunstancia atenuante. 
Resulta inaceptable e injustificable que semejante institución, irresponsable en el sentido propio del término, reivindique nuevos poderes, como establecen los Tratados de Maastricht y de Amsterdam y, al mismo tiempo, dilapide el dinero de los contribuyentes europeos, sin sancionar a las ovejas negras. 
En cambio, suspende a un eurócrata neerlandés culpable de haber revelado sus métodos mafiosos. 
Es la técnica, de sobra conocida, del chivo expiatorio. 
Señores Chirac, Seguin, Pasqua, Madelin, Bayrou, Jospin, Cohn-Bendit, Hue, que defienden, todos, la Europa federalista y los vergonzosos Tratados de Amsterdam y de Maastricht, son ustedes a la vez responsables de los poderes exorbitantes de la Comisión Europea, auténtica burocracia con aspiración totalitaria, y de la culpable debilidad de que dan muestra respecto a esa institución descarriada. 
Antes he hablado de los socialistas. 
Pero los demócratas cristianos son aún más hipócritas. 
Deniegan la aprobación de la gestión, pero para decir en seguida que ello equivale a una simple devolución a la Comisión de Control Presupuestario. 
Volvemos a la censura condicional sobre las vacas locas, como una espada de Damocles de cartón, que no engaña sino a los que quieren dejarse engañar. 
Señorías, denegar la aprobación de la gestión a la Comisión Europea y votar la censura son dos actos jurídicamente distintos, pero del todo vinculados políticamente. 
No se puede sancionar a una autoridad sin sacar las consecuencias políticas que de ello se desprenden, so pena de desacreditar a la institución a la que se pertenece. 
El Frente Nacional francés, con Jean-Marie Le Pen, al que hoy represento, votará a favor de la censura contra la Comisión Europea para denunciar a esa institución, motor de la construcción europea supranacional y federalista, que, por creerse por encima de las leyes, se propone mofarse de ellas impunemente. 
A unos meses de las elecciones europeas, la Europa de las patrias y de las naciones europeas que nosotros encarnamos rechaza esta Europa inicua, esta Europa de los privilegios, los chanchullos y los abusos, a cuyos incondicionales y lacayos sancionarán los pueblos europeos, apegados a su soberanía nacional y a su identidad, el próximo mes de junio. 
Por otra parte, me asombra, señor Fabre-Aubrespy, no haber visto mi nombre entre los firmantes de su moción, pese a haberla firmado y haberle entregado mi firma la semana pasada. 
Permítame asombrarme también de que no se comunicara su moción a algunos de nuestros colegas. 
¿Se trata de un deseo de apartar a algunos diputados, los del Frente Nacional, a riesgo de hacer el juego a nuestros adversarios aquí presentes? 
Prefiero creer que se trata de un olvido, de una negligencia, que, sin embargo, no es habitual en Su Señoría y que procurará reparar ante la administración del Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, el pasado mes de diciembre el Parlamento Europeo celebró un profundo debate sobre la concesión de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 1996. 
Hoy abordamos otro debate. 
Están sobre la mesa mociones de censura y varias preguntas orales. 
Lo que de verdad está en juego es la confianza entre nuestras dos instituciones y en los últimos tiempos dicha confianza ha resultado menoscabada, por lo que estoy dispuesto a asumir mi parte de responsabilidad al respecto. 
Resulta del todo evidente que ha llegado a ser necesaria una aclaración. 
Lo digo porque respeto profundamente el papel institucional del Parlamento Europeo. 
Desde hace ya más de cuatro años, he podido calibrar hasta qué punto resulta decisiva para la Unión Europea una relación de confianza entre nuestras dos instituciones. 
Los éxitos de estos últimos tiempos no habrían sido posibles sin la estrecha cooperación entre el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Estoy seguro de que los diputados a este Parlamento juzgarán a la Comisión por su actuación de conjunto y su balance real como Colegio. 
Voy a intentar demostrar que la confianza del Parlamento Europeo está justificada y que es indispensable para llevar a término el ambicioso programa de la Unión durante los próximos meses. 
Señor Presidente, siempre he dicho que quería ser juzgado por mis actos y mi balance. 
Les ruego que relean el discurso de investidura que pronuncié ante Sus Señorías en enero de 1995 y juzguen por sí mismos si he mantenido mi palabra. 
Hace cuatro años, dije que, si queríamos una economía fuerte, necesitábamos una moneda fuerte y añadí: «Soy optimista, la Unión Económica y Monetaria llegará y cambiará la vida de nuestros pueblos». 
Hace once días, el euro pasó a ser realidad. 
Es la expresión de una Europa que gana. 
Una cosa es segura: desde el comienzo, la Comisión desempeñó un papel de primer plano antes de 1995, naturalmente, gracias a mi predecesor, Jacques Delors, pero también desde 1995. 
¿Dónde estaríamos hoy, si no hubiéramos presentado, en mayo de 1995, nuestro Libro Verde sobre el paso a la moneda única? 
¿Si, junto con mis colegas, no hubiera yo hecho avanzar, semana tras semana, los preparativos técnicos, si no hubiera contradicho a los detractores, si no hubiera pedido disciplina presupuestaria, si no hubiera desmentido a los muchos que aún dudaban? 
En esta lucha, siempre he contado con la confianza del Parlamento Europeo y eso fue decisivo. 
En mi discurso de investidura, subrayé que el Mercado Interior era el centro de las medidas en pro del crecimiento. 
Como anuncié entonces, hemos abierto los mercados de la energía y las telecomunicaciones. 
Hemos mejorado, de forma espectacular, la tasa de transposición de las directivas, recurriendo, cuando era necesario, a las sanciones del artículo 171 del Tratado. 
Y, según lo prometido, hemos aplicado una política de competencia rigurosa. 
Hace cuatro años, califiqué el empleo de prioridad de prioridades. 
Compruebo con satisfacción que el Consejo Europeo comparte entretanto ese punto de vista. 
En enero de 1996, lancé ante Sus Señorías la idea de un pacto europeo de confianza en pro del empleo. 
Sus Señorías lo acogieron con entusiasmo. 
No obstante, en Florencia, en el Consejo Europeo, la acogida fue cortés, ¡pero reservada! 
Había un gran escepticismo. 
Gracias a nuestra acción conjunta y la de ciertos Estados miembros, se introdujo por fin un capítulo sobre el empleo. 
Un nuevo salto cualitativo se dio en la cumbre extraordinaria de Luxemburgo con la aprobación de las directrices propuestas por la Comisión. 
En Viena, los Jefes de Estado o de Gobierno dieron otro paso, al ratificar el concepto de pacto. 
Y, gracias a la reanudación del crecimiento, gracias a la estrategia aplicada, el desempleo retrocede y Europa ha bajado por fin del nivel del 10 %. 
La batalla dista de haber concluido, pero la Unión dispone ya de los medios para ganarla. 
En 1995, la reflexión institucional post-Maastricht estaba en sus balbuceos. 
En junio de 1997, nació el Tratado de Amsterdam. 
Se trataba de un nuevo paso importante por la vía de la unificación europea. 
La cooperación entre nuestras dos instituciones fue ejemplar durante las negociaciones. 
Y eso se refleja en el resultado final que, sin satisfacer todos nuestros deseos, es positivo. 
Un capítulo sobre el empleo, un avance importante hacia un espacio de libertad, seguridad y justicia: son respuestas concretas a las preocupaciones de los ciudadanos, poderes mayores para el Parlamento Europeo y para el Presidente de la Comisión. 
La Unión, siguiendo la estrategia elaborada por la Comisión, ha lanzado el proceso de adhesión más ambicioso de su historia. 
En adelante, gracias a dicho proceso, gracias a la estrategia de preadhesión formulada, los países candidatos forman parte de la familia común. 
¿Quién lo habría creído hace tan sólo unos años? 
Queda mucho por hacer, naturalmente, por parte de los candidatos, cierto es, pero también por nuestra parte. 
Eso explica la importancia de la Agenda 2000, expresión de un planteamiento global que integra a la vez la ampliación, las reformas de las políticas y el marco financiero. 
Se trata del mayor plan de medidas jamás propuesto por la Comisión. 
Señor Presidente, en enero de 1995, mencioné una esfera de acción que requería medidas particulares, a saber, la gestión interna. 
Prometí mejorar la cultura presupuestaria y administrativa de la Comisión. 
También prometí que una de mis prioridades sería la lucha contra el fraude. 
Los acontecimientos que han rodeado la concesión de la aprobación de la gestión demuestran que tenía razón al conceder tanta importancia a ese aspecto de la situación, demasiado preterido en el pasado. 
Demuestran también que las reformas, ya realizadas, distan de ser suficientes y que falta mucho por hacer. 
Junto con mis colegas, he emprendido programas ambiciosos de modernización y su objetivo es claro: restablecer una buena gestión, mejorar la eficacia y el control, descentralizar la acción de nuestros servicios, responsabilizar a nuestros funcionarios. 
Hemos hecho más reformas en cuatro años que en los cuarenta años anteriores. 
Hemos luchado contra las irregularidades y hemos intensificado la lucha contra el fraude. 
Protestas 
En 1994, Señorías- esperen a los resultados -, la UCLAF empleaba a 50 personas, ahora son 140. 
En 1994, la UCLAF abordaba 220 investigaciones. 
Hoy, la cifra es de 950 y los resultados están ahí, como atestiguan los informes anuales de la UCLAF. 
Al mejorar la labor de la UCLAF, hemos descubierto casos en los que estaban implicados funcionarios de la Comisión y cada uno de esos casos me duele. 
En todos los casos la que pierde es Europa. 
Se nos ha criticado en la gestión de esos expedientes. 
Aseguro a Sus Señorías que no hay la menor mala voluntad por nuestra parte, no hay intención alguna de ocultar nada. 
Estoy en la vida pública desde hace treinta años. 
Siempre lo he considerado un privilegio y una obligación de integridad absoluta. 
Respeto el dinero del contribuyente. 
Los defraudadores deben ser sancionados con la ayuda del Parlamento. 
Estoy decidido a ello, más que nunca. 
Señor Presidente, vuelvo a la idea de confianza, 
Reacciones diversas 
Sus Señorías nada pierden con escucharme -, la Comisión la necesita para trabajar, para lograr resultados positivos. 
Hay mucho que hacer. 
Hay cosas importantes que lograr juntos con un auténtico contrato de confianza entre nuestras dos instituciones.La Unión se dispone a afrontar nuevos imperativos. 
El nacimiento del euro es un éxito. 
El mundo entero nos admira por haber transformado en realidad lo que parecía, hace poco, un sueño lejano. 
Sigamos juntos por esa vía. 
Creo también que deberíamos reflexionar juntos, en los meses próximos, en pro del futuro institucional de la Unión. 
Habrá que sacar las conclusiones necesarias del alto grado de integración al que hemos llegado y preparar las ampliaciones por venir. 
Pienso presentar a Sus Señorías nuestras ideas y propuestas al respecto, antes de las elecciones para el nuevo Parlamento Europeo. 
Me refiero a la negociación sobre la Agenda 2000. 
Un acuerdo hará dar a la Unión un nuevo paso decisivo. 
También en ese caso, se trata de una cuestión de confianza. 
No tenemos el menor interés en reeditar la experiencia del comienzo del decenio de 1980 en que la disputa presupuestaria paralizó la vida de la Unión. 
Fue grave en aquella época. 
Sería catastrófico hoy. 
Por tanto, hay que concluir. 
Otro gran expediente nos espera en 1999: me refiero a la esfera de la justicia y los asuntos de interior. 
A lo largo de los años, esa esfera ha cobrado relieve. 
Con Amsterdam, se dio un salto cualitativo, al menos sobre el papel. 
Deberán seguir los actos. 
Por eso, he propuesto a los Jefes de Estado o de Gobierno que dediquen una cumbre extraordinaria al espacio de libertades, seguridad y justicia, como hicimos en Luxemburgo en relación con el empleo. Sería en Tampere, en Finlandia, en octubre. 
Habrá que prepararla minuciosamente y así lo haremos. 
Señor Presidente, la iniciativa de la Comisión del futuro, lanzada por mí, es la última gran ambición de mi mandato. 
Puede ser útil recordar sus grandes ejes. 
Hay que hacer una reflexión a fondo sobre el papel futuro de la Comisión en una Unión que evoluciona rápidamente. 
Ése es nuestro primer eje. 
El segundo incumbe a las estructuras futuras de la Comisión, su organización interna. 
Se debe adaptarlas a la evolución de la Unión y de la sociedad, a los avances del nuevo Tratado, a la formulación de las prioridades de la acción de la Unión. 
Además- tercer eje -, pienso proseguir y profundizar las reformas en la esfera de la gestión financiera y de personal. 
Señor Presidente, las críticas expresadas por el Parlamento Europeo en el marco del debate sobre la concesión de la aprobación de la gestión, nos servirán de acicate suplementario. Nos interpelan, nos incitan a echar un vistazo crítico a nuestro funcionamiento y nuestra gestión. 
A la Comisión corresponde organizar por sí misma su casa. 
Naturalmente, el Parlamento Europeo, como órgano de control político, tiene un interés legítimo que esgrimir. Y propongo, para los próximos meses, un diálogo profundo sobre esas cuestiones. 
Hoy todos los Grupos han formulado preguntas orales a ese respecto. 
He de recordar también los puntos 26 y 27 del proyecto de resolución del Sr. Elles sobre la concesión de la aprobación de la gestión correspondiente a 1996. 
Respondo al respecto de forma precisa presentando un programa en ocho puntos. 
En primer lugar, presentaré al futuro presidente designado una propuesta completa y argumentada sobre la estructura de las carteras y la organización de los servicios. 
A partir del final de 1997, se ha llevado a cabo un exhaustivo examen preliminar de las actividades y los servicios de la Comisión. 
Sus resultados, ultimados en este momento, servirán de base para mi propuesta. 
La haré pública y la transmitiré al Parlamento Europeo. 
En efecto, las estructuras de la Comisión tienen consecuencias para las demás instituciones. 
Aplicaré ese nuevo concepto de conjunto antes del fin de mi mandato, con el acuerdo del futuro presidente designado. Será muy útil para las comparecencias de futuros miembros de la Comisión que el Parlamento organizará hacia el final de este año. 
Mi segundo punto se refiere a las prioridades y los medios para aplicarlos. 
Desde hace cuatro años, la Comisión, con el apoyo de la Autoridad Presupuestaria, ha aplicado una política de crecimiento cero de sus efectivos no relativos a la ampliación. 
Ese planteamiento forma parte de las medidas de rigor de los Estados miembros. 
Nos ha obligado a una utilización más racional de nuestros recursos humanos y a una mayor concentración en las tareas prioritarias. 
Esa actuación tiene límites, si no va acompañada por el Parlamento y el Consejo, cuyas peticiones condicionan, en gran medida, el programa de trabajo de la Comisión. 
Debo decirlo: con los recursos humanos actuales, hemos alcanzado los límites de lo viable. 
Si hemos tenido dificultades de gestión, ha sido también porque con demasiada frecuencia la Comisión ha aceptado misiones sin disponer de los medios suficientes desde el punto de vista del personal. 
En adelante habrá que plantearse sistemáticamente la cuestión de los medios en materia de personal. 
En tercer lugar, me propongo crear un dispositivo de conjunto por el que se rija el trabajo de los Comisarios, los gabinetes y los servicios. Entrañará tres códigos de conducta. 
Su preparación está, por lo demás, muy avanzada. 
Servirán de peana a una auténtica cultura administrativa europea. 
Comienzo en el nivel político con los Comisarios. 
Esta Comisión ha sido la primera en fijar, desde el 22 de noviembre de 1995, normas de conducta relativas a la interpretación del artículo 157 del Tratado. 
Cito, por ejemplo, la prohibición de ejercer cualquier otra actividad profesional, remunerada o no; la prohibición de aceptar retribución alguna por discursos, conferencias y otras intervenciones de ese tipo, la obligación de declarar todos los gastos de viaje y alojamiento ofrecidos por los organizadores de un acto. 
Los miembros de esta Comisión han sido los primeros en hacer una declaración de sus intereses financieros. 
Esas declaraciones están a disposición del público. 
Voy a integrar esas diferentes medidas en un código de conducta ambicioso, que se inspire en los mejores procedimientos y que se entregará al futuro presidente designado. 
El segundo código de conducta se refiere a las relaciones entre los Comisarios, sus gabinetes y los servicios. 
Servirá para determinar claramente los papeles respectivos de cada cual; establecerá normas transparentes en materia de composición de los gabinetes y de nombramientos a partir de ellos. 
Así, pues, puedo ya decir a Sus Señorías que recomendaré la reducción del número de miembros de los gabinetes, el fortalecimiento del aspecto multinacional de su composición y la limitación del número de agentes temporales. 
Entregaré dicho código al futuro presidente designado. 
En el nivel de los funcionarios, lancé, hace unos meses, la elaboración de un código de conducta en el que se formulan normas claras de comportamiento. 
Dicho código, que estará ultimado antes del final del mes de febrero, constará de tres componentes; los principios éticos y profesionales aplicables al personal de la Comisión; los derechos y obligaciones de los funcionarios y las sanciones en que incurrirán en caso de infracción; las normas de comportamiento en las relaciones con el público. 
En cuarto lugar, respecto al proceso de la reforma de la gestión del personal que está en curso, de aquí al final de enero de 1999 propondré un calendario sobre la modernización de la administración. 
Se han adoptado o están en curso muchas medidas. 
Preveo reformas profundas en materia de reclutamiento, movilidad, formación, gestión de las carreras, incentivos y sanciones. 
Ciertas medidas requerirán una modificación del estatuto, otras no. 
A ese respecto, desde el pasado 9 de noviembre disponemos de un informe muy útil, elaborado por un grupo de reflexión, presidido por el antiguo Secretario General, David Williamson. 
Dicho informe, que aborda cuestiones relativas también a otras instituciones, es objeto de concertaciones estrechas con éstas y en particular el Parlamento. 
Se establecerá de común acuerdo un calendario para la reforma del estatuto, respetando el diálogo social. 
Mi quinto punto se refiere más concretamente a la cuestión de los nombramientos. 
Por lo que se refiere a la delicada cuestión de los nombramientos A 1 y A 2, siempre he velado por que se conceda prioridad a la promoción interna. 
Sin embargo, para aclarar las cosas, pienso elaborar normas de conducta claras sobre los nombramientos externos. 
Entretanto, no daré mi acuerdo a ningún nombramiento externo a partir de los gabinetes. 
También tengo intención de instaurar, de forma general, un período de prueba para los nombramientos a puestos de dirección. 
Por último, velaré por que todo candidato a uno de dichos puestos cuente con una experiencia profesional en materia de gestión. 
En sexto lugar, la gestión presupuestaria, que es el tema central del informe Elles. 
No voy a volver a referirme a las reformas ya aplicadas en el marco de SEM 2000. 
Tengo tres puntos suplementarios que anunciar: en primer lugar, una propuesta oficial, antes del fin del primer semestre de 1999, sobre reforma del Reglamento Financiero; por último, respecto al establecimiento rápido de normas claras y transparentes en materia de recurso a personal exterior. Por último, respecto a las oficinas de asistencia técnica, me felicito de la decisión del Parlamento Europeo de aclarar la situación respecto a los créditos administrativos imputables a la parte B del presupuesto. 
En la primavera, presentaremos un vademécum general sobre dichas oficinas. 
Por lo que se refiere más en particular a la oficina de asistencia técnica relativa a Leonardo, mencionada en ciertas preguntas orales, antes de Navidad se presentó un informe de nuestro Interventor a la Comisión de Control Presupuestario. 
En dicho informe se revelan ciertos problemas de gestión financiera y de control interno para dicha oficina; no se refiere a la gestión de la Dirección General XXII, que, por lo demás, ha rechazado ciertos gastos declarados por esa oficina. 
La prosecución o no de la cooperación con la oficina de asistencia técnica interesada dependerá de una clara mejora de su gestión. 
En séptimo lugar, la lucha contra el fraude es uno de los aspectos más controvertidos de nuestras relaciones en los últimos tiempos. 
Como ya he dicho antes, hemos fortalecido en gran medida la lucha contra el fraude. 
Diez veces en cuatro años hemos presentado a las autoridades judiciales casos de presuntos fraudes en los que estaban implicados agentes de la Comisión. 
Hemos multiplicado por tres el personal de la UCLAF. 
Ahora bien, comparto su posición: a ese respecto, hay que practicar la tolerancia cero. 
No basta con ser bueno, hay que ser irreprochable. 
Hay que sacar todas las enseñanzas que se desprenden de la experiencia de estos últimos meses, también en cuanto a la transparencia ante el Parlamento Europeo. 
Si hay un ámbito en el que debemos trabajar cogidos de la mano, es ése sin duda. 
Respecto a la propuesta que hemos hecho, encaminada a la instauración de una oficina interinstitucional autónoma, sé que Sus Señorías se hacen preguntas. 
Hablemos de ello juntos. 
Es importante que se llegue a un acuerdo lo antes posible y esta mañana he mencionado esa cuestión con el Presidente del Consejo Europeo, el Canciller federal Gerhard Schröder. 
Por lo demás, acojo con beneplácito la propuesta del Canciller de constituir un grupo de alto nivel con representantes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, para examinar la propuesta de la Comisión y buscar un acuerdo antes del fin de marzo. 
Añado que estoy dispuesto a examinar todas las variantes posibles, a condición de que la eficacia esté garantizada y los dispositivos acordados disipen toda sospecha de injerencia en la independencia de las investigaciones. 
También en el marco de la lucha contra el fraude, quisiera responder brevemente a las preguntas relativas a la suspensión de un funcionario de la Comisión. 
Comenzaré subrayando que todos los funcionarios, sean quienes fueren, tiene el derecho, e incluso el deber, de informar a sus superiores o a la UCLAF de las irregularidades o fraudes de que tengan conocimiento. 
Ahora bien, el procedimiento disciplinario aplicado al Sr. Van Buitenen no ha sido incoado porque haya señalado casos de fraude, su razón de ser es la de que ese funcionario ha hecho públicos documentos confidenciales por su propia iniciativa y pasando por alto las disposiciones estatutarias y administrativas. 
Añado que algunos de dichos documentos están protegidos por el secreto de la instrucción penal. 
Al actuar de ese modo, sustituyendo a la vez a sus superiores, a las autoridades de control y a las instancias judiciales, se ha erigido él mismo en juez. 
Última observación a ese respecto: el 9 de diciembre de 1998 yo mismo escribí ya al Presidente del Parlamento Europeo para subrayar la disponibilidad plena y total del director de la UCLAF y del Interventor con vistas a facilitar al Parlamento Europeo todas las aclaraciones necesarias relativas a esos expedientes. Por lo demás, se han transmitido dichos expedientes, para verificación inmediata, a nuestras instancias de control interno y quisiera repetir solemnemente aquí que estamos dispuestos a responder a todas las preguntas que la Comisión de Control Presupuestario quisiera formularnos. 
Por último, octavo punto, el de la información al Parlamento por parte de la Comisión. 
Soy consciente de que Sus Señorías tienen la sensación de que existen lagunas, de que las condiciones del ejercicio de su control político y presupuestario no son óptimas. 
Hay que aclarar las cosas. 
Reitero mi ofrecimiento de elaborar un acuerdo interinstitucional sobre las modalidades prácticas para facilitar información al Parlamento. 
Por lo demás, se podría muy bien integrar en ella la propuesta que he oído aquí de establecer un seguimiento periódico por parte de las comisiones parlamentarias competentes de los programas de gastos. 
Por lo demás, se debe prestar atención particular a los expedientes delicados en materia de fraude y disciplina. 
Éste es, señor Presidente, mi programa en ocho puntos. 
Es ambicioso y va encaminado a responder a las propuestas y las críticas de Sus Señorías. 
Sobre cada uno de los puntos mencionados, me he fijado un calendario, como pide el informe Elles y como acaban de pedir Sus Señorías en sus intervenciones. 
También he oído la petición de Sus Señorías de participar en el seguimiento de esas reformas. 
Me parece legítimo, por lo que les hago dos propuestas muy concretas: en primer lugar, la de comparecer en persona, y periódicamente, ante la Conferencia de Presidentes para hacer balance del programa y, además, la formulada por algunos de Sus Señorías de crear un comité de expertos con vistas a reflexionar sobre toda la problemática de la gestión, del control y de la evaluación de los gastos comunitarios. 
Los expertos independientes de dicho comité restringido deberían ser designado de común acuerdo por nuestras instituciones respectivas, incluidos el Consejo y el Tribunal de Cuentas. 
Por último, estoy totalmente de acuerdo con la idea de un debate sobre las reformas en el Pleno del mes de mayo. 
Señor Presidente, Señorías, hoy he querido bosquejarles un rápido panorama de lo que hemos realizado en estos cuatro últimos años y mencionar los grandes objetivos que me fijo para el fin de mi mandato. 
A Sus Señorías, a su conciencia, corresponde juzgar si nos conceden la confianza política para acabar nuestro trabajo. 
La confianza para hacer ganar a Europa: eso es lo que les pido hoy. 
Aplausos 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, después de la segunda parte de su discurso me viene a mientes un clásico alemán, Friedrich Schiller, el cual dijo una vez en un drama: ¡venís tarde, pero venís! 
Modificando un tanto al clásico he de decir que no existe ningún largo camino que excuse la tardanza. 
Sé que así es difícil iniciar algo concreto, pero tenía que soltarlo. 
No obstante, se impone, sobre todo, la siguiente pregunta concreta: ¿por qué en el programa de trabajo de la Comisión para 1999 no se encuentra contenido lo que usted ha propuesto en la segunda parte de sus explicaciones? 
Aplausos 
Señor Presidente de la Comisión, debe al menos la razón en que- lo voy a formular con toda cortesía- esto podría tener algo que ver con la presión que el Parlamento ha ejercido en los últimos meses. 
Aplausos 
Y me pregunto entonces si se habría dicho también esto si no hubiéramos tenido este enfrentamiento entre el Parlamento y la Comisión. 
No obstante, quiero ser bienintencionado, pues todos necesitamos una Comisión fuerte. 
Nadie en esta Asamblea- ni siquiera los que en Diciembre votaron contra la aprobación de la gestión- desea una Comisión débil. 
Queremos y necesitamos una Comisión fuerte. 
Aplausos 
Señor Presidente de la Comisión, esta mañana ha afirmado usted en una conferencia de prensa- creo que ha sido en Bonn-que la Comisión es víctima de su propia transparencia. 
Le creo, ciertamente, que tenga esta visión de las cosas, pero ¿no podría uno traer a la memoria sus propias realidades, también usted, por favor, y las comisarias y comisarios? 
Mantuvimos acaloradas discusiones sobre minipresupuestos, sobre la EEB, tuvimos también encendidas discusiones sobre fallos concretos en todo el aparato de la Comisión, cosa que, aunque suene muy duro, considero que es un problema mínimo. 
Todo esto se ha hecho también público pieza a pieza en el enfrentamiento entre el Parlamento y la Comisión y la opinión pública. 
No obstante, no quiero afirmar que muchas cosas no se hayan investigado por propia iniciativa de la Comisión, pero establecer la transparencia frente al Parlamento ha requerido siempre enormes discusiones y también la presión parlamentaria. 
Sólo quiero que ustedes no vuelvan a decir con toda arrogancia: naturalmente, el Parlamento tiene derecho a manifestarnos su desconfianza pero mientras no se alcance una mayoría de dos tercios, no debemos tenerla en cuenta. 
Desde el punto de vista de la normativa de los Tratados ustedes tienen, naturalmente, razón pero ¿es sensato decir algo así en esta situación tan crispada? 
Aplausos 
Esto es una invitación, señor Presidente, para que ahora esto no se le vuelva a atragantar. 
La considero una invitación a aquellos que quieren jugar un mal juego con Europa y con la Comisión, al decir lo siguiente: si, de todas formas, ellos no van a hacer una reflexión previa sobre esto, podemos alcanzar al menos una mayoría relativa. 
¿No se le ha ocurrido pensar a usted en sus cavilaciones políticas que su carta, probablemente bienintencionada, de diciembre del pasado año podría tener efectos contraproducentes en muchos diputados? 
Me ha complacido que usted haya dicho que asume su parte de responsabilidad. 
Me gustaría escuchar algo más sobre el particular. 
Podría ser que la Comisión, como órgano colegiado, dijese: efectivamente, muchas cosas han ido mal, pero el Parlamento- y yo aceptaría todavía esto- no ha ejercido siempre el mejor control posible. 
Agitación 
Alguna vez habrá que decir: ciertamente reconocemos nuestra responsabilidad sobre lo que ha ido mal. 
Aplausos 
Necesitamos también propuesta claras para un cambio. 
Ustedes han hecho propuestas ahora, pero ¿por qué no un poco antes? 
En cada crisis se esconde siempre la oportunidad de un nuevo comienzo. 
Esto es cierto. Pero no siempre se utiliza la crisis para un nuevo comienzo. 
Tenemos ahora una posibilidad, pero creo que hasta el jueves habrá todavía alguna más. 
Aplausos 
Señor Presidente, señor Presidente Santer, en primer lugar quisiera darle las gracias por las buenas palabras que usted ha encontrado, buenas palabras que nosotros hemos esperado durante largo tiempo, quizá- y aquí me sumo a mi colega, el Sr. Görlach- quizá durante demasiado tiempo. 
En efecto, la confianza de la que usted ha hablado tanto y con la que todos contamos, esta confianza se ha visto enfrentada a una dura prueba, y algunas preguntas permanecen todavía abiertas. 
Hacer ahora un anticipo de confianza va a resultar difícil a muchos. 
Pero la Comisión de Control Presupuestario y, sobre todo, mi Grupo no han querido recurrir jamás a un medio destructivo, sino a un medio constructivo mediante el cual se reformen las cosas que han sido reconocidas como erróneas y que hasta un cierto grado han sacudido la confianza. 
Creo que juntos podremos conseguir esto todavía. 
Por consiguiente, un voto de censura no es el camino acertado, sino que hemos de restablecer juntos la confianza. 
Es lamentable que se haya llegado tan lejos, que hayamos aplazado la aprobación de la gestión, que le hayamos marcado un plazo a usted para que nos explicase cómo marchan las cosas en la Comisión y no nos contase sólo verdades a medias. 
Así teníamos que verlo y así lo hemos percibido. 
Las cosas que están planteadas todavía deben ser aclaradas, pues nos resulta realmente desagradable escuchar y leer cada día que en alguna parte una vez más algo no está en orden. 
Somos el órgano de control. 
Nuestras tareas como Parlamento han aumentado. 
Hemos tomado una mayor conciencia de nosotros mismos y esto de manera legítima, pues hemos sido elegidos de manera directa para esto por los ciudadanos de esta Unión Europea. 
Asumimos esta responsabilidad pero necesitamos también una Comisión fuerte, pues usted ha mencionado muy bien los grandes asuntos que están pendientes. 
Señor Presidente Santer, usted nos ha prometido algunas cosas del programa que ha elaborado la Comisión de Control Presupuestario y que ha expuesto nuestro ponente, el Sr. Elles, pero que no ha llegado a ser votado. 
Para darle énfasis al mismo quisiera plantearle a usted como piedras de toque cuatro preguntas que, en mi opinión, usted debería poder contestar. 
¿Puede usted presentarnos la lista de los 27 casos en los que está investigando la UCLAF? 
Sólo sabemos de cinco y de éstos sólo ciertos detalles. 
¿Qué ocurre con los demás? 
¿Puede decirnos si recibiremos de la Sra. Cresson una respuesta a la carta que la Comisión de Control Presupuestario le dirigió a usted en noviembre al término de una sesión conjunta que discurrió de manera muy abierta? 
De todos modos, quedaron aún muchas cuestiones sin respuesta. 
Lamentablemente, hasta hoy no se ha dado aún respuesta a esta carta. 
Aplausos 
A pesar de todo, nos han llegado más informaciones, aunque muy tarde. 
¿Puede usted decirme si va a retirar la propuesta Olaf, ya que no es compatible con lo que hemos elaborado y aprobado? 
Usted ha dicho que quieren cooperar. 
Nosotros entendemos esto como una oferta pues consideramos impracticable su propuesta, pues en lugar de reforzar las competencias en la lucha contra el fraude las debilita. 
Como última pregunta: ¿Qué pasa con los dossiers que hay que enviar a las autoridades judiciales? 
¿Puede usted decir si están ya ante los tribunales de conformidad con el acuerdo el Parlamento ha dictado por tres veces? 
Según sea la respuesta de usted, así nos comportaremos también nosotros. 
Aplausos 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden, al hilo de lo que dijo antes la Sra. Lalumière. 
Dijo que uno de los problemas de este debate es que hay personas que están siendo acusadas sin que tengan la oportunidad de defenderse. 
¿Podría determinar, señor Presidente, si sería posible, incluso en el marco de colegio, que los dos Comisarios que han sido nombrados en la resolución del Sr. Cox, que han sido señalados como responsables en buena medida de muchos de los problemas sobre los que estamos tratando, se expliquen ante el Parlamento esta noche? 
Aplausos 
El mundo tiene puesta su mirada en nosotros. 
Ahora o nunca es el momento de que la Sra. Cresson y el Sr. Marín digan que fue lo que falló, si tenían conocimiento de ello y por qué no hicieron nada para evitarlo. 
Aplausos 
Señora Jackson, como usted sabe, los Sres. Comisarios pueden hacer uso de la palabra cuando lo estimen conveniente y, naturalmente, cuando ellos mismos lo soliciten. 
No es el Parlamento quien puede forzarles a intervenir. 
También quiero destacar que no estamos procediendo a ningún tipo de juicio penal, sino considerando un problema de responsabilidad política, y les corresponde a ellos administrar la posibilidad de intervenir o no, como lo estimen más pertinente. 
Tiene la palabra el Sr. Cox por el tiempo de tres minutos. 
Señor Presidente, quiero decir en primer lugar al Presidente de la Comisión que mi Grupo estudiará detenidamente lo que él nos ha propuesto aquí esta noche. 
Observo que, con cierta convicción y mucha razón de su lado, ha enumerado para nosotros muchos de los logros del Colegio que, como Presidente, ha tenido el privilegio de dirigir. 
No obstante, me veo obligado a decir en lo relativo a los temas que están siendo examinados en materia de fraude, corrupción y mala gestión que la contribución de esta noche no ha llegado a ser un tour de force. 
Irónicamente, señor Presidente de la Comisión, usted informa- pero sin asomo de ironía- sobre el volumen adicional de trabajo que ha supuesto el fraude para la UCLAF. 
Usted se jacta- y es algo positivo- que estamos ante un asunto que incluye 950 casos. 
Acojo con satisfacción que no se deje nada de lado, como se hacía antes. 
Pero sin manifestar la menor traza de bochorno, esto representa un nivel atroz de presuntos fraudes, mala gestión y corrupción sistemáticos. 
Usted nos dice hoy cómo el Parlamento Europeo le alienta y le ofrece a su Comisión incentivo para seguir adelante con su programa de reformas. 
¿Por qué no lo dijo el pasado marzo? 
¿Por qué no lo dijo entre marzo y diciembre? 
¿Por qué no lo dijo antes de la votación de diciembre? 
¿Por qué tienen siempre que ser obligados a venir aquí como Colegio, como Presidente, ante el tribunal de transparencia pública? 
Aplausos 
En el contexto de este debate, señor Presidente de la Comisión, como decía antes, mi Grupo cree que éste es un debate más amplio que trasciende las meras cuestiones del presupuesto de 1996. 
Usted eligió las reglas de juego. 
Insistió en dar un enfoque más amplio. 
Insistió, como Comisión, en que procediéramos a una moción de censura. 
Estoy estupefacto ante la ausencia de una única y solitaria palabra de referencia al programa ECHO. 
Usted no puede desconocer su significado para algunos de los que nos encontramos aquí esta noche. 
En la lucha contra el fraude, usted propone que un nuevo grupo de alto nivel realice su trabajo antes de finales de marzo. 
Una vez más, pregunto ¿por qué tenemos que esperar a que surja una crisis que provoque la acción? 
Usted se ha referido al hecho de que existen lagunas y que desea suplirlas, pero la mayor laguna es la que existe en la voluntad de su organismo colegiado de acudir ante esta Asamblea constantemente de una manera abierta, transparente y clara. 
Hay un pequeño detalle con el que me gustaría terminar. 
Quisiera citar su propuesta por lo que se refiere a la Oficina de Asistencia Técnica de Leonardo- y cito -: «la prosecución o no de la cooperación con esa Oficina de Asistencia Técnica dependerá de una profunda mejora de su gestión». 
Me gustaría comparar eso con el informe de auditoría sobre esa misma OAT. 
Habida cuenta de los resultados generales de dicha auditoría: «El equipo auditor propone que la DG XXII reconsidere seriamente la continuación de la OAT.» 
¡Cómo puede el Presidente Santer ser tan anodino! 
Aplausos 
Señor Presidente, Señorías, en estos tres últimos años el Tribunal de Cuentas ha denegado la declaración de garantía por considerar que, en vista de la incertidumbre respecto al destino final de una parte de los fondos, no se podía conceder. 
Así, pues, debía producirse por fin la denegación de la aprobación de la gestión, cosa que ocurrió hace tres semanas. 
Señor Presidente de la Comisión, ha venido usted acompañado de todos sus Comisarios, a los que saludo, para mostrar claramente- me parece- la cohesión y la solidaridad de su equipo y nuestro Grupo va a examinar detenidamente, en su próxima reunión, las afirmaciones que acaba usted de hacer y que se nos han distribuido. 
Señor Presidente de la Comisión, temo que no haya usted interpretado bien el mensaje que esta Asamblea le envió el 17 de diciembre. 
La verdad es que las opiniones públicas ya no soportan lo que en lenguaje diplomático se llaman arreglos, como lo ha demostrado el caso Périlux, pues la Comisión, como la mujer del César, no debe inspirar sospechas. 
A partir del momento en que se comprobó que había altos funcionarios culpables de malversaciones, había que apresurarse a hacer una investigación muy firme y enérgica y acallar el rumor antes de que se inflara hasta resultar creíble. 
En la reunión oficiosa de los coordinadores de la Comisión de Control Presupuestario y de los Comisarios encausados en la prensa, celebrada el pasado mes de septiembre, yo ya lo dije: la Comisión debe actuar rápida y enérgicamente, y añado que el método consistente en alimentar a la prensa mediante el anonimato me parece detestable. 
En Europa sigue existiendo la presunción de inocencia y los Comisarios europeos, como todos los ciudadanos de Europa, tienen derecho al respeto de su integridad profesional. 
Cuando, a raíz de la misión llevada a cabo el pasado 21 de febrero en Sarajevo por Tom Spencer y de la que formamos parte Edith Müller y yo, le enviamos una severa amonestación en el informe crítico que redactamos, el Comisario Van den Broek, aquí presente, supo hacer concesiones, aun cuando resultaran, a nuestro juicio, insuficientes. 
Se nos propuso un nuevo reglamento, se adoptaron medidas de desconcentración y se encontró una vía intermedia entre lo que se hacía entonces y lo que deseaba el Parlamento. 
Cuando comenzaron a acumularse los nubarrones, debería usted haber seguido su ejemplo proponiendo inmediatamente medidas concretas y enérgicas. 
Señor Presidente, permítame que, después de haberlo escuchado, le comunique mi decepción. 
Por mi parte, considero que la moción de censura es un arma prematura y desproporcionada respecto a las quejas que se le pueden hacer a usted, mientras no se haya hecho la luz totalmente y que en este asunto la Sra. Green le ha hecho un flaco favor creyendo correr en su socorro. 
La mayoría de nosotros deseamos que la Comisión de Control Presupuestario continúe su labor, que Diemut Theato y James Elles estén de verdad en condiciones de ejercer su magisterio en conexión con la Comisión. 
Pero, al encontrarse en una situación excepcional, esperábamos de su parte medidas excepcionales que no hemos escuchado. 
Nuestro Grupo decidirá el miércoles si le satisfacen sus explicaciones. 
Señora Presidenta, voy a ser muy breve. 
En una primera consideración, para decir, respecto al conjunto de cuestiones que nos ha planteado el Presidente Santer, que casi nos parecen un nuevo programa y, por eso mismo, lo consideramos totalmente disparatado y algo extemporáneo. 
¿Y por qué? 
Primero, porque- como, por lo demás, ya se ha dicho- este conjunto de medidas, de ocho medidas que se nos presentan, no constan en su programa y, simultáneamente, como sabemos, tampoco será esta Comisión y tal vez no será siquiera este Presidente el que presente un próximo programa a este Parlamento. 
Me parece un poco extemporáneo. 
En segundo lugar, quisiera hacer constar los siguiente. Es un hecho que hay la presentación de ocho medidas, podríamos decir, u ocho sectores de intervención. 
Pero, en cualquier caso, no puedo dejar de hacer constar que, si analizamos detenidamente cada uno de esos sectores o cada una de las medidas que se proponen para cada uno de dichos sectores, vemos muy poca cosa. 
Muy poca cosa. 
Vemos intenciones, intenciones muy vastas en ocho esferas, pero con medidas muy poco concretadas en el nivel de cada uno de ellos. 
Pero hay otro aspecto que yo, en cualquier caso, quisiera también subrayar, que es el siguiente y es motivo de cierta desilusión por nuestra parte. Nosotros esperaríamos que, además de medidas de fondo que el Presidente Santer aquí nos presentara, surgieran también respuestas concretas y objetivas respecto a los problemas concretos y objetivos que nos tienen aquí en este momento. 
Es decir, que hay situaciones de gran actualidad, situaciones que determinaron la negativa a conceder la aprobación de la gestión y que exigen respuesta y nos gustaría saber si la Comisión se propone o no dar respuestas distintas a esos problemas de las que dio en su momento y que el Parlamento consideró insuficientes y, por eso mismo, decidió no conceder la aprobación de la gestión. 
Ésa es una cuestión que se plantea y para la que, naturalmente, también queremos una respuesta. 
Señor Presidente, he de decir que, habiendo escuchado la intervención del Comisario Santer en medio de esta crisis, esto tiene por momentos casi algo de irreal. 
Porque en el fondo no estamos inmersos en cualquier debate superficial en el cual se pueden hacer unos cuantos acuerdos, acuerdos sobre cómo se pueden abordar mejor las cosas, sino de verdad estamos ante la cuestión de qué análisis político hace la Comisión misma de la situación a la que se ha visto abocada. 
¿Quién carga realmente con la responsabilidad de todo lo que se le ha ido de las manos? 
De verdad, no he recibido una respuesta satisfactoria a esto. 
Es cierto lo que dice la Sra. Theato, que la Comisión solamente bajo presión, bajo mucha presión, se muestra dispuesta a dar información con agilidad, y ni siquiera tanto. 
Efectivamente, estudiaremos los textos. 
Pero permanece la sensación de que no se toma verdaderamente «au sérieux» a este Parlamento porque compartimos la responsabilidad. 
En segundo lugar, por lo que se ha dicho en relación con el Sr. Van Buitenen, me parece alucinante decir que ha buscado la publicidad cuando ha venido al Parlamento después de haber hecho todos esos esfuerzos. 
Creo que este Parlamento espera en efecto una señal de buena voluntad hacia alguien que no quiere otra cosa que la Comisión funcione bien. 
Por último, me parece que un «comité des sages» , que no presentará sus propuestas hasta mayo, va a trabajar para la Comisión siguiente, pero no para esta. 
Por consiguiente, nos quedamos de verdad con las ganas de comer. 
Señor Presidente de la Comisión, nos plantea usted un caso de conciencia. 
Después de haberlo escuchado, veo perfectamente su buena voluntad y nuestra identidad de objetivo: restaurar la confianza, la confianza en la Comisión. 
También veo perfectamente que su exposición- en blanco los éxitos, en gris, si no en negro, las insuficiencias-contiene también compromisos y promesas. 
Las examinaremos muy detenidamente. 
Pero el balance de lo que se ha hecho desde hace cuatro años no es preciso y veo perfectamente las vacilaciones de los miembros de mi Grupo. 
En realidad, elegiremos en cierto modo entre los inconvenientes. 
Y repito lo que decía antes, elegiremos lo que nos parezca mejor o menos malo para restaurar la confianza y consolidar, de ser posible, su Comisión. 
La votación de la moción de censura constituye una tentación enorme, pero, habida cuenta de todas las circunstancias antes mencionadas, hoy seguramente no es el medio más idóneo. 
Pero, ¡qué lástima, señor Presidente, que haya esperado usted tanto! 
Si la Comisión hubiera reaccionado con rapidez, franqueza y firmeza, no habríamos llegado a esto. 
Señor Presidente, el jueves tenemos una oportunidad histórica de tomar en serio la cuestión democrática en el seno de la cooperación comunitaria. 
El Parlamento siempre ha luchado por ver aumentados sus poderes dejando a un lado hasta la fecha la única función por la que debe velar: la función de control. 
No han faltado las amenazas jactanciosas y el ruido de sables. 
El Parlamento ha gritado «que viene el lobo» tantas veces que es corresponsable en cierta forma de que la Comisión se creyera autorizada a hacer lo que le viniera en gana. 
No me han impresionado demasiado las palabras del Sr. Santer, pues siempre que ha habido problemas con el presupuesto se nos ha prometido mejoras y en ellas tampoco queda claro que vaya a asumirse la responsabilidad de los fallos acaecidos en el pasado. 
Así pues, a no ser que la Comisión adopte una posición mucho más clara antes del jueves, sigo pensando que debemos votar a favor de la moción de censura. 
A ello nos obligan nuestros electores. 
Señor Presidente, al principio, tras el rechazo de la aprobación de la gestión, no le di ninguna posibilidad real a una moción de censura. 
Muchos colegas sólo quisieron hacerle un recordatorio a la Comisión. 
Pero, entretanto, la actitud insensible de la Comisión y otras vicisitudes que se han conocido han modificado la imagen y por ello esta moción de censura se ha vuelto más probable. 
Es indicativo, que el señor Presidente de la Comisión, anticipándose al resultado de la votación, haya interpretado como prueba de confianza un resultado favorable a la moción de censura sin una mayoría cualificada. 
Indicativa es también la conducta del Grupo Socialista que volviendo del revés el instrumentario quiere convertir la moción de censura en un voto de aprobación. 
El Parlamento Europeo debe ejercer concienzudamente su función de control y en esta tarea debe dejarse llevar solamente por hechos y realidades sin tener en cuenta la razón de partido. 
Pero, a nuestro juicio, los hechos están sobre la mesa. 
Hablan un lenguaje claro- y, por cierto, incluso después de la declaración de hoy del Presidente de la Comisión- y demandan que se saquen consecuencias. 
Si en la presente situación no ponemos en primer lugar los intereses de los ciudadanos, continuará esfumándose la confianza de éstos en las instituciones de la Unión, y el Parlamento Europeo perderá su credibilidad y se alejará de los electores. 
En esta situación me viene a la memoria mi antigua profesión. 
El juez de lo criminal, cuando las circunstancias lo permiten, puede conceder una suspensión condicionada de la pena. 
Pero aprende rápidamente que en caso de que esta suspensión se vea burlada debe ser consecuente si no quiere perder su credibilidad. 
La relación entre el Parlamento Europeo y la Comisión es comparable con esto. 
El Parlamento llamó la atención a la Comisión, pero la Comisión no se tomó suficientemente en serio el aviso. 
Por esta razón, el Parlamento tiene que sacar las consecuencias. 
El argumento, tan manido, de que no se podía hacer nada porque se necesitaba una Comisión fuerte, es doblemente falso. 
Por un lado, este problema está regulado en el apartado 2 del articulo 144 del Tratado, en el que se dice que los miembros de la Comisión seguirán gestionando los asuntos en curso hasta que se produzca el nombramiento de sus sucesores. 
Por otro lado, si se otorgase validez al argumento, ello constituiría una carta ilimitada de inmunidad para la Comisión y dejaría sin efecto cualquier tipo de control democrático y, en último término, perturbaría también así el equilibrio institucional. 
Por estas razones nosotros, los Liberales, no sólo apoyaremos la moción de censura sino que informaremos también a los ciudadanos, de cuyo dinero se trata en definitiva, acerca de la conducta de voto de aquellos diputados para quienes los intereses del partido y de sus compañeros de partido sean más importantes que los intereses de los electores. 
Los casos crecientes de fraude, de nepotismo, de mentalidad de autoservicio y de incapacidad no deben ser tolerados por el Parlamento. 
Quien no esté interesado seriamente en esclarecer sin excepción todas estas situaciones anómalas habrá dilapidado la confianza. 
Señor Presidente, Presidente de la Comisión, estimados miembros de la Comisión, naturalmente vamos a examinar mañana en nuestro grupo parlamentario las propuestas y compromisos radicales que usted ha presentado y vamos a determinar nuestra postura. 
Están relacionados con el contenido y creo que todo el mundo de buena fe debe reconocer que son propuestas importantes. 
Por lo tanto, vamos a determinar nuestro punto de vista acerca de esto en nuestro grupo parlamentario. 
Sin embargo, tengo una pregunta. 
Señor Presidente de la Comisión, usted ha manifestado, le cito en francés: «... que vous avez accepté une part, ma part, de responsabilité». 
Hago la pregunta de si los otros Miembros de la Comisión están también dispuestos a asumir su parte de la responsabilidad. Y si tienen motivos o argumentos para no hacerlo, ¿en ese caso estarían dispuestos a tomar la palabra y defenderse? 
Esta es la pregunta muy precisa que quiero hacer. 
Señor Presidente, señoras y señores, señor Presidente de la Comisión, Santer, estoy de acuerdo con usted en que se trata de la confianza entre nuestras instituciones pero, en mi opinión, la confianza presupone que se asuma claramente la responsabilidad. 
¿Cuál es la historia? 
Dos Comisarios son acusados de negligencias graves, y entran en el campo de tiro de la crítica. 
¿Qué hace la Comisión, qué hace el Presidente de la Comisión? 
Todos, como están ustedes sentados ahí abajo, no tienen nada más sensato que hacer, que practicar el codo con codo. 
Pero haciendo eso olvidan ustedes con cuánta facilidad puede ocurrir que la mancha de unos pocos afecte a todos ustedes. 
Señoras y señores Comisarios, ustedes se dejan empujar innecesariamente hacia la responsabilidad colectiva por colegas que, al menos en un caso, se han convertido en un símbolo de nepotismo en la Unión Europea. 
Aplausos 
En vez de coaligarse codo con codo, deberían haberse armado ustedes de coraje y haber asumido, de una vez por todas, su responsabilidad política en este conflicto. 
Por muy verdad que sea que la Comisión actúa de manera colegiada, no deja de ser errado encubrir los fallos de los Comisarios individuales y negar su responsabilidad política. 
Todos ustedes pierden así la credibilidad. 
También usted, señor Santer. 
Haga usted lo que hay que hacer. 
Sugiera al Sr. Marín que saque las consecuencias políticas, sean cuales sean. 
Señor Marín, existen muchas posibilidades de decir, sorry, I feel guilty o me he equivocado, asumo la responsabilidad. 
Descubra las irregularidades que existen en el ámbito de la Comisaria Cresson. 
A nivel europeo no debe quedar sin investigar lo que probablemente constituya un caso de favoritismo. 
Dé usted una señal de buena voluntad en el caso de Paul van Buitenen. 
Su lealtad ha sido para con las cosas, no para con la jerarquía. 
Usted tiene tiempo hasta el jueves. 
Demuestre usted que a estas alturas está dispuesto a asumir la responsabilidad política. 
Aplausos 
Señor Presidente, hablo en mi propio nombre y hablo con decepción. 
En los pocos meses que he podido ser miembro de este Parlamento y de la Comisión de Control Presupuestario, he podido comprobar cómo se esfuerza este Parlamento por investigar lo que va mal. 
Gracias a esta labor es posible ver, para mí y para los ciudadanos de Europa, que se siguen unas pautas en esto. 
Esas pautas siempre están relacionadas con lo mismo. 
Se crean zonas clarioscuras dentro de las cuales puede haber prácticas que en ninguno de sus países se permitirían. 
Pero usted las sigue tapando todavía. 
Si sale a la luz pública, entonces es porque se ha publicado algún artículo en la prensa. 
Sólo adopta una medida directa. Eso es cuando cree conocer la fuente de ese artículo y de esa información. 
Esa persona ha de recibir el más severo castigo. 
Hablemos todos de responsabilidades. 
Hoy se trata de la suya, la colectiva como Comisión, porque ustedes asumieron juntos la responsabilidad de todo lo que ha ido mal, y de todo lo que se ha denunciado en este Parlamento. 
Tengo la impresión, señor Presidente, que el ciudadano no puede estar satisfecho con lo que usted hoy vuelve a prometer. 
Queremos más Europa. 
Queremos también una Europa fuerte, pero tiene que ser una Europa democrática con una Comisión informada y controlada democráticamente y con un Parlamento que tenga el valor de hacerlo. 
Señor Presidente, yo también estoy profundamente decepcionado por la respuesta del Presidente de la Comisión Europea. 
Su defensa pasa completamente por alto la esencia de nuestro planteamiento. 
Queremos medidas contra los Comisarios principalmente responsables y contra los altos funcionarios por la mala gestión financiera que se ha llevado a cabo en algunos puntos dentro de la Comisión. 
La resolución del ELDR es muy clara al respecto. 
No voy a negar ciertamente que la Comisión no haya trabajado duramente y que haya conseguido resultados. 
Pero no se trata ahora de una evaluación política. 
Se trata ahora de si la Comisión Europea está dispuesta a ahuyentar el tufo de la podredumbre. 
Las sospechas de hechos punibles, el nepotismo y la mala gestión no pueden quitarse de encima apelando a los resultados políticos. 
El Tribunal de Cuentas y la Comisión de Control Presupuestario han sacado a luz pública lo suficiente para que ahora se exijan medidas de saneamiento. 
Si no, sólo nos queda dar nuestro apoyo a la moción de censura. 
Señor Presidente, la decisión de no aprobar la gestión se adoptó, con buena base, en el mes de diciembre. 
Yo contaba con que la Comisión presentaría un programa bueno y ambicioso. 
Es una lástima que se necesiten medios tan drásticos como una moción de censura para que la Comisión reaccione. 
Lo que se ha presentado es, en mi opinión, un poco débil. 
Además, no se nombran los grandes asuntos que hemos criticado, por ejemplo, ECHO y la seguridad. 
Yo quisiera que se me dé una respuesta acerca de lo que se piensa hacer en estas materias. 
Además, opino que es un poco impropio que Santer diga que la suspensión del funcionario ha sido motivada porque dio a conocer documentos secretos. 
¿Existe realmente algún documento público en la Comisión? 
Éste es el gran problema, es decir, la falta de transparencia. 
Hubiera deseado que se contemplasen más medidas concretas para conseguir más transparencia y mejor información al Parlamento. 
Esto es lo que también se necesita para que yo pueda dar mi voto de confianza a la Comisión el jueves. 
También espero que los Comisarios involucrados digan algo esta tarde para aclarar su culpabilidad en lo que ha sucedido. 
Señor Presidente, quisiera responder a la Sra. Theato, que me ha formulado antes una pregunta: efectivamente, hace un tiempo comparecí ante la Comisión de Control Presupuestario para responder a una serie de preguntas relativas al Centro Común de Investigación y algún tiempo después me llegó la carta que me dirigió dicha comisión. 
En ella figuraban numerosas preguntas para las que mis servicios prepararon las respuestas y antes he firmado la respuesta a la carta de la Sra. Theato. 
La recibirá con la mayor brevedad. 
Se ha formulado otra pregunta, a la que quisiera responder, relativa a la oficina de asistencia técnica de Leonardo. 
¿Qué es una oficina de asistencia técnica? 
Es una oficina que se elige por licitación. 
Por lo demás, la licitación sobre Leonardo se celebró antes de mi llegada. 
Esa oficina de asistencia técnica de Leonardo ha trabajado tan bien, que el programa Leonardo está considerado en general un éxito y el Consejo de Ministros de Educación acaba de aumentar su presupuesto en proporciones considerables. 
La oficina de asistencia técnica de Leonardo ha sido en varias ocasiones objeto de observaciones y controles por parte de la DG XXII sobre ciertas propuestas o solicitudes de pagos de dicha oficina. 
La DG XXII ha rechazado dichas solicitudes y hemos observado la larga lista de observaciones que han confeccionado los funcionarios de la DG XXII. 
Últimamente, el 5 de enero, comparecí ante la Comisión de Asuntos Sociales. 
Di aclaraciones y mañana volveré a comparecer ante ella. 
Interrupción 
Miren, si no les interesa, ¡no hace falta que me formulen una pregunta! 
Así que volveré mañana ante la Comisión de Asuntos Sociales para examinar a fondo el contenido del informe Van Buitenen sobre la oficina de asistencia técnica de Leonardo. 
En el día de hoy, lo que puedo decir es que siempre he contado, por parte de las comisiones interesadas, en particular las de Educación e Investigación, con el apoyo del Parlamento y que, gracias a ese apoyo y a esa confianza, hemos logrado buenos resultados por parte del Consejo, que en el período actual se nuestra extraordinariamente renuente en materia de gastos. 
Hemos logrado que avanzaran los expedientes en esferas nuevas para la educación, ya que hasta después de Maastricht no ha contado la Comisión con la competencia en materia de educación. 
Hemos creado las escuelas de la segunda oportunidad y los sistemas de acreditación de las competencias. 
Hemos lanzado el servicio cívico voluntario, con ayuda del Parlamento, pues, si no hubiera recibido la ayuda del Parlamento, yo nunca lo habría conseguido del Consejo y creo que, por lo que a mí respecta y también por lo que respecta a mis colegas, podemos felicitarnos de la cooperación que ha existido entre la Comisión y el Parlamento respecto a todos esos asuntos. 
Espero haber respondido a algunas de sus preguntas. 
Por lo demás, estoy dispuesta a comparecer ante todas las comisiones que Sus Señorías deseen. 
Por lo demás, el otro día comparecí ante la Comisión de Control Presupuestario. 
Estoy dispuesta a comparecer donde Sus Señorías quieran, cuando quieran, para que nos expliquemos muy a fondo sobre estos expedientes. 
Señor Presidente, una cuestión relativa al Reglamento. 
¿En el futuro podemos permanecer sentados cuando usted nos conceda la palabra? 
La Sra. Cresson, por dificultades de espacio, esta vez ha hablado sentada. 
Pero, naturalmente, no es la regla y usted lo sabe. 
Doy la palabra al Sr. Marín, también a petición propia. 
Señor Presidente, gracias por haberme concedido el uso de la palabra. 
Voy a hacer simplemente una pequeña declaración, porque, naturalmente, al Presidente Santer, que representa a la Comisión, corresponde responder a los diferentes oradores a partir de las propuestas que se han hecho. 
No obstante, quisiera reaccionar ante la petición de Sus Señorías y sé que se trata de una petición correcta. 
¿Cómo, siendo el Comisario más antiguo, no iba a ser sensible a lo que ocurre en la Comisión? 
Asumo, naturalmente, mi parte de responsabilidad, se lo digo claramente. 
No obstante, quisiera señalar una cosa. 
Señorías, seguramente, a lo largo de mis 14 años de gestión, si bien he hecho cosas buenas, también he cometido errores. 
Es normal en política, pero no puedo aceptar, Señoría, oír decir que puedo encubrir un caso de fraude. 
No he encubierto ningún caso de fraude. 
Tal vez me haya equivocado en mis decisiones, cosa muy probable. 
Por lo que se refiere al primer punto- la Sra. Theato y el Sr. Fabra Vallès lo saben -, cuando se me comunicó que había un conflicto de intereses, yo, el Comisario Marín, suspendí toda la programación. 
Eso es lo que hice. 
Y en aquella época Sus Señorías se manifestaron convencidos de que, al no prorrogar el contrato vigente y al suspender, hasta la conclusión de un examen detallado, la ejecución del programa, la Comisión había adoptado la decisión idónea. 
He hecho tabla rasa de dos asistentes técnicos, señor Martens; ése es el verdadero drama que tenemos en la Comisión. 
El Sr. Santer lo ha dicho: en vista de la falta de personal y de la improvisación que hemos practicado, en particular estos cuatro últimos años, la ejecución de gran parte de nuestros programas corre a cargo de consultores exteriores. 
¿Significa eso que todos los consultores exteriores son malos? 
No. 
Hay consultores exteriores que son muy valiosos, muy sólidos, y muy profesionales, pero dentro de ese sistema, evidentemente, hay gente que nos ha engañado. 
Naturalmente, señora Müller, lo lamento, pero lo asumo. 
Una sola diferencia nos separa, una sola. 
La de saber si debíamos transmitir o no el expediente a las autoridades judiciales. 
Ése es el aspecto que nos ha separado, señora Theato, pues en aquel momento el Parlamento Europeo consideró ejemplar lo que yo hice. 
Así, pues, sancioné a los consultores exteriores, los remití a la justicia. 
Debe decírselo a sus colegas, Señoría. 
Ya está hecho. 
El problema era saber si debíamos o no enviar a nuestros funcionarios ante la justicia. 
Es una cuestión delicada. 
Yo no quiero continuar así. 
El señor Presidente ha ofrecido una fórmula a Sus Señorías. 
Examinémosla. 
Pero una parte del trabajo se ha hecho. 
Pero, evidentemente, se lo aseguro, señor Martens, lamento mucho lo que ocurre en esta situación. 
Puedo equivocarme, pero no me considero, personalmente, una persona carente de probidad. 
Su Señoría me conoce desde hace mucho. 
Puedo haber cometido muchos errores. 
Puedo haber hecho cosas que, desde el punto de vista de la concepción política, fueran inexactas. 
Pero, en cualquier caso, sepa Su Señoría que, por ser el más antiguo y en todo mi trabajo en la Comisión, nunca, nunca he consentido, en conciencia, nada relativo al fraude. 
Aplausos 
Señor Presidente, Señorías, quisiera responder brevemente a ciertas intervenciones, comenzando por las que nos preguntan por qué presentamos ahora nuestro programa y si no habríamos podido hacerlo antes del mes de marzo de 1998. 
A ese respecto, he de decir que ya en 1995 esta Comisión se comprometió a modernizar su administración, a formular, con la sigla Sound Economic Management, SEM 2000, un programa encaminado a una gestión financiera y económica convincente. 
También hemos vuelto más operativa la UCLAF. 
Lo he dicho antes: en 1994, la UCLAF contaba con un personal de 40 personas y hoy hemos triplicado los efectivos. 
La UCLAF está investigando actualmente 950 asuntos, de los cuales tan sólo 27 afectan a la Comisión. 
Las demás investigaciones afectan a los Estados miembros. 
Hay que tener en cuenta esa proporcionalidad. 
Además, gracias a las actividades de la UCLAF y también a los controles y a las investigaciones que se han hecho, se han podido descubrir casos de fraude que se remontan a 1992, 1993 y 1994. 
Por eso he dicho que nos habíamos convertido en cierto modo, señor Görlach, un poco en las víctimas de nuestra propia política de transparencia, porque, en cualquier caso, en lo relativo a ECHO- y, como recordarán Sus Señorías, todo comenzó con ECHO- han sido nuestros servicios, es decir, los servicios de la UCLAF, los que han descubierto los fraudes. 
No hay que olvidarlo. 
Por otra parte, tampoco hay que caer en la generalización. 
En el marco de ECHO, se han descubierto cuatro casos de fraude y se han transmitido a la justicia, con todas las consecuencias que ello entraña. 
Se trataba de cuatro contratos que representaban de 400.000 a 600.000 ecus, o euros ahora, de un presupuesto total correspondiente a ECHO de más de 500 millones de euros al año. 
Así, pues, no quisiera que, al generalizar el asunto, se arroje descrédito sobre todos nuestros cooperantes, sobre las innumerables organizaciones no gubernamentales que participan en la ejecución de ECHO. 
ECHO, nuestra oficina humanitaria, es, de todos modos, la expresión más visible y- podríamos decir- más bella de Europa, de la Unión Europea, en el exterior; ECHO interviene a veces en condiciones muy difíciles, en situaciones de crisis, ya sea en Bosnia-Herzegovina, en la región de los Grandes Lagos, en la India, en América Latina o en otros partes, no hay que olvidarlo. 
Así, pues, hay que ver claramente lo que se oculta bajo este asunto de fraude. 
En el caso de ECHO, están afectados cuatro expedientes, que se remontan a los años 1993-94, por la razón principal- lo he dicho antes- de que en los años 1991-92 la Comisión tuvo que afrontar múltiples asuntos y misiones nuevas: la caída del muro de Berlín; el lanzamiento y el desarrollo de nuevas democracias en la Europa central y oriental, con la concepción del programa PHARE; las guerras fratricidas en la antigua Yugoslavia; por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un fenómeno enorme de refugiados, etc. En aquella época, hubo una falta indudable de recursos humanos, por lo que hay que abstenerse- creo yo- de toda generalización. 
Hubo, efectivamente, irregularidades, pero no fraudes. 
Como en cada uno de los Estados miembros, hay que trabajar para eliminar las irregularidades. 
Quien en su Estado miembro lea el informe del Tribunal de Cuentas comprobará asimismo cierto número de irregularidades. 
Pasemos ahora a las preguntas formuladas por la Sra. Theato. 
Naturalmente, estoy dispuesto a comunicar la lista de los 27 casos internos que pueden implicar a agentes y funcionarios. 
Por lo demás, conviene decir que ha habido un acuerdo entre la Comisión de Control Presupuestario, si no estoy mal informado, y la Sra. Gradin, según el cual la Comisión debería facilitar trimestralmente estadísticas sobre el número de casos internos y su evolución: presentación ante las autoridades judiciales o la AFPN, etc. Según nuestras informaciones, el pasado 23 de noviembre se envió el primer cuadro. 
Es cierto que no es nominal, dado que hay que tener en cuenta los derechos de la defensa de las personas individuales o de las empresas. 
A ese respecto tenemos también obligaciones que respetar. 
Respecto a la OLAF, he dicho antes que habíamos hecho una propuesta. 
Sé que el Parlamento Europeo tiene críticas que emitir o propuestas que formular. 
Hablemos de ello para realizar del mejor modo nuestro objetivo, es decir, crear una agencia independiente y neutra encargada de la represión de los fraudes. 
Reunámonos y debatamos, no sólo el Parlamento Europeo y la Comisión, sino también el Consejo, y creemos ese órgano interinstitucional, que, por lo demás, se pidió en el último Consejo Europeo de Viena. 
¡Hagámoslo! 
También he propuesto un comité de expertos para ver de qué forma examinar esos asuntos. 
Pero, volviendo a la OLAF, no corresponde a nosotros retirar nuestra propuesta. 
Examinémosla juntos, con el Parlamento, para ver de qué modo modificarla y estoy seguro de que, si hay voluntad común de alcanzar el objetivo que nos hemos fijado todos, debemos encontrar los medios para alcanzarlo. 
Respecto a la cuarta pregunta que Sus Señorías han formulado, la transmisión a la justicia de los diferentes expedientes, el Sr. Marín ya ha respondido en parte al respecto. 
Transferimos los expedientes a las autoridades judiciales en el momento en que hay presunción de fraude. 
Sólo a partir de ese momento se puede transmitir a las autoridades judiciales el expediente. 
Por razones de defensa y protección evidentes, creo que no podemos pasar por alto ese principio. 
Éstas son, señor Presidente, Señorías, algunas consideraciones que quería hacer para demostrarles perfectamente que nuestras propuestas son serias. 
No hemos esperado para ello a la presión del Parlamento Europeo y sobre esa cuestión no quiero extenderme, por lo demás, porque tendría mucho que decir. 
La Sra. Green ha hablado al respecto. 
Ahora bien, este debate debe darnos también el impulso necesario para encontrar los medios con vistas a garantizar efectivamente la transparencia de nuestra gestión interna. 
El Parlamento Europeo tiene cierto número de controles a ese respecto. 
Creo que lo esencial ahora es abandonar los caminos trillados, dejar de mirar al pasado, porque tenemos una labor importante que hacer para el futuro, una labor política, y para llevar a cabo esa labor política pido la confianza política de Sus Señorías. 
Eso es lo esencial de este debate. 
En ningún momento- puedo asegurarlo a Sus Señorías en conciencia- quiso la Comisión ejercer, con su declaración del 16 de diciembre, presión alguna sobre los diputados. 
En efecto, creo íntimamente- por haber vivido yo también, como Sus Señorías, la vida parlamentaria, y no sólo aquí, en el Parlamento Europeo, sino también en el plano nacional- que se deben establecer relaciones de confianza entre el ejecutivo y el legislativo, porque mediante esas relaciones institucionales de confianza se puede ganar la apuesta del futuro. 
Aplausos 
Muchas gracias, señor Santer. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas. 
Se levanta la sesión a las 20.00 horas 
1.- Programa de actividad de la Presidencia alemana y la situación en Kosovo 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Presidencia en ejercicio del Consejo sobre el programa de actividad de la Presidencia alemana y sobre la situación en Kosovo. 
Doy la palabra al Sr. Fischer, en nombre del Consejo, agradeciéndole su presencia aquí entre nosotros esta mañana. 
Aplausos 
Señor Presidente, señores y señoras diputados, el 1 de enero de 1999, con la entrada del euro en once Estados miembros, Europa ha dado un paso histórico, y hasta podría llamarse revolucionario, que otorgará una nueva calidad a la integración europea. 
Por primera vez en la historia del proceso de unificación europea, la respuesta yo diría milagrosa del pueblo europeo a un siglo caracterizado por un equilibrio precario de las potencias de este continente, violentas ambiciones hegemónicas y temibles guerras, se transfiere una parte significativa del ámbito clave de la soberanía nacional, es decir, la soberanía monetaria, a una institución europea. 
Este acto crea, de hecho, una nueva calidad política. 
La moneda, la seguridad y la Constitución constituyen las soberanías fundamentales de los Estados nacionales modernos y con la entrada del euro se da un primer paso hacia la incorporación de las mismas en la UE. 
A medida que avance el tiempo seguramente nos iremos dando cuenta de la enorme importancia que tiene esta decisión para Europa y la política internacional en su conjunto. 
Más que un acto económico, la introducción de la moneda común debe considerarse un acto soberano y, por tanto, eminentemente político. 
A esto se añade que con la moneda común, Europa ha dejado claro que en el futuro piensa seguir su propio camino, optando por desempeñar un papel independiente en el mundo del mañana, aunque en estrecha colaboración con nuestros socios del otro lado del Atlántico. 
Bien es cierto que hasta el día de hoy la UE reviste tan sólo en parte carácter de sujeto político y, por eso mismo, la unificación de la moneda chocará con las estructuras comunitarias políticas y democráticas aún deficientes, creando una fuente de tensión cuya dinámica acabará sacudiendo en un futuro no muy lejano el statu quo actual. 
Comparto la opinión de los observadores que, con motivo de la introducción del euro, advierten que los riesgos que supone la moneda común para la UE serán al menos igual de grandes que los beneficios, dependiendo de la forma en que los Estados miembros asuman los demás aspectos del proceso de integración política. 
Según dicen los expertos, predominarán los beneficios cuando la introducción del euro se aproveche para avanzar en el camino de la unificación hasta alcanzar la culminación de la Unión Política. 
Al contrario, si este avance decisivo de la UE no va seguido de otros pasos igualmente decisivos orientados a culminar la integración- entre ellos la urgente ampliación de la Unión Europea hacia la Europa central y oriental -, la introducción conllevará serios riesgos. 
Aplausos 
La perspicacia política y los propios intereses nacionales de todos los Estados miembros nos llevan a la conclusión de que no podemos permitir que esta alternativa se imponga, sino que debemos aunar nuestras fuerzas para aprovechar enérgicamente las posibilidades que ofrece la exitosa introducción del euro. 
A este fin debemos reforzar la capacidad de acción política de la UE, ajustando su organización interna a los nuevos cometidos. 
De ahora en adelante hemos de fijar toda nuestra atención en la Unión Política ampliada con nuevos Estados miembros. 
Es ésta la lógica consecuencia de la Unión Económica y Monetaria. 
La principal tarea de la Presidencia alemana del Consejo consiste en adaptar las estructuras y los procedimientos propios de la UE para que la Unión de la Europa occidental pueda transformarse en una Unión paneuropea cuya capacidad de acción se extienda a todos los niveles. 
Para este semestre nos hemos planteado cuatro objetivos fundamentales. 
En primer lugar pretendemos concluir con éxito las negociaciones sobre la Agenda 2000 el 24 y el 25 de marzo, durante la cumbre extraordinaria de Bruselas. 
No es una fecha arbitraria. 
Si para entonces no logramos un acuerdo en este ámbito, la Unión pondría seriamente en duda su capacidad de reforma, condición previa para la ampliación. 
No cabe duda de que las negociaciones serán sumamente arduas. 
Para encontrar una solución será necesario garantizar el equilibrio entre los intereses de los diferentes Estados miembros. 
A este respecto, la Presidencia alemana evitará a toda costa que los socios más débiles salgan perjudicados y hará todo lo posible porque el Consejo Europeo de finales de marzo acuerde una solución equilibrada. 
Aplausos 
Aun cuando sigan existiendo opiniones divergentes sobre cuestiones fundamentales, mi viaje con motivo de la Presidencia alemana me ha llenado de optimismo y estoy convencido de que podremos acercar posiciones. 
Durante mi recorrido exploratorio de antes de Navidad pude comprobar cómo todos los Estados miembros se disponían a adoptar una actitud constructiva de cara a las negociaciones, comprometiéndose a alcanzar un acuerdo en marzo. 
Todos saben que para obtener buenos resultados es imprescindible que la Agenda 2000 se trate en su conjunto y que cada uno aporte su grano de arena. 
No puede haber ganadores ni perdedores. 
A la Presidencia alemana le espera un complicado ejercicio de equilibrio. 
Confiamos en que para todo ello podamos contar con el apoyo y la comprensión del Parlamento Europeo, con el que deseamos colaborar muy estrechamente. 
Ahora nos corresponde abordar lo antes posible las cuestiones sustanciales. 
Considero fundamental que en el ámbito de la política estructural concentremos toda nuestra atención en las regiones más débiles y más necesitadas. 
Debemos simplificar y descentralizar los sistemas de ayuda, que han de tener una mayor incidencia en la protección del medio ambiente y la creación de empleo. 
Para poder hacer frente al futuro y salvaguardar su legitimidad, la UE debe garantizar una distribución equitativa de los gastos. 
En su calidad de mayor potencia económica europea, Alemania no dudará en seguir asumiendo su responsabilidad económica en el futuro, manteniendo su situación de mayor contribuyente neto. 
Ello no impide que en el marco del reparto de las cargas financieras se hayan cometido injusticias que debemos reparar. 
Esta solicitud, que Alemania comparte con otros Estados miembros, es reconocida como legítima por la Comisión y finalmente también por varios socios. 
Tanto la ampliación como la próxima ronda de negociaciones en el marco de la OMC requieren una profunda reforma de la política agrícola y una reducción de los gastos en materia de agricultura. 
Si pretendemos que se incorporen los países de la Europa central y oriental, con sus estructuras predominantemente agrarias, no podemos aplicar la política agrícola europea tal y como se lleva a cabo actualmente. 
La agricultura europea ha de ser más competitiva y más ecológica. Y al mismo tiempo tenemos que salvaguardar los intereses de nuestros agricultores. 
En segundo lugar, nos proponemos lograr serios avances en dirección a una política de empleo eficaz. 
La lucha contra el desempleo constituye la mayor preocupación de los ciudadanos europeos. 
Exigen con razón que las acciones desplegadas por los gobiernos nacionales sean completadas con medidas a escala europea. 
Por todo ello, tenemos previsto lanzar en el Consejo Europeo de Colonia un pacto europeo sobre el empleo. 
Este pacto propugnará una política activa en el ámbito del mercado laboral que se centrará más que antes en la prevención, la progresiva eliminación del desempleo juvenil y del desempleo de larga duración y la no discriminación de la mujer en el mercado laboral. 
En tercer lugar queremos y debemos llevar a cabo lo antes posible la ampliación de la Unión Europea. 
Una vez acabada la guerra fría, la UE no puede ceñirse a la Europa occidental. Por naturaleza, el principio de la integración europea engloba a toda Europa. 
Aplausos 
Además, la realidad geopolítica no nos deja otra opción seria. 
La historia de 1989/1990 ya ha dilucidado la cuestión de si habrá o no habrá ampliación hacia el Este; solamente nos queda por determinar QUIÉN la llevará a cabo y CUÁNDO se hará. 
La ampliación hacia el Sur de la Unión Europea fue un gran éxito económico y político-democrático. 
Aquella ampliación aportó prosperidad económica y estabilidad democrática a los nuevos Estados miembros y a toda Europa, y con la ampliación de la Unión Europea al Este pretendemos repetir dicho éxito. 
Sólo mediante la adhesión de los socios de la Europa central y oriental podremos garantizar de forma duradera el bienestar, la paz y la estabilidad de toda Europa. 
No es sino con la apertura hacia el Este que la Unión Europa podrá cumplir plenamente su pretensión de convertirse en espacio cultural y comunidad de valores representativos de toda Europa. 
Los alemanes tampoco olvidaremos la inestimable contribución de los pueblos de la Europa central y oriental a la reunificación de Alemania y Europa. 
Desde un punto de vista político y habida cuenta de lo que sucedió en los países balcánicos, no sería nada oportuno que más allá de las fronteras de la actual Unión Europea existiera una zona inestable. 
Además, con ello daríamos muestras de una gran deslealtad hacia las nuevas democracias que tendría consecuencias desastrosas para Europa. 
Desde esta perspectiva, todo atraso intencionado o impedimento a la ampliación de la UE no supone más que un rodeo política y económicamente peligroso y caro al final del cual la ampliación de todos modos acabará asomándose algún día, impuesta por la realidad y los riesgos. 
Por todo lo anterior, estimo, señores y señoras diputados, que no nos queda otra opción que ampliar la Unión Europea con los nuevos candidatos. 
Aplausos 
Para el proceso de ampliación nos harán falta una visión estratégica y mucho sentido de la realidad. 
Debemos procurar que las negociaciones sobre la ampliación den resultado cuanto antes. 
Por tanto, deberíamos dejarnos ya mismo- repito, ya mismo- de debates visionarios a largo plazo. 
Preocuparnos por adaptar las estructuras de la Unión Europea a las necesidades de la ampliación- y para ello es imprescindible que lleguemos a un acuerdo satisfactorio sobre la Agenda 2000- no significa dar largas a la ampliación. 
Más bien todo lo contrario. 
Los ajustes en la capacidad de ampliación y la capacidad de adhesión deben progresar paralelamente. 
La velocidad con la que avance el proceso de ampliación y el número de complicaciones que puedan producirse dependen en gran medida del tiempo que tarde la Unión Europea en llevar a cabo las reformas y el ahínco con el que los países candidatos implanten sus reformas internas. 
En virtud de las razones antes mencionadas, Alemania se muestra partidaria de una rápida ampliación de la Unión Europea hacia el Este. 
Durante nuestra Presidencia pensamos dar absoluta prioridad a las negociaciones sobre la adhesión. 
Es fundamental que brindemos a los candidatos que aún no han negociado su incorporación la oportunidad de reunirse con los demás. El carril de adelantamiento debe quedar libre. 
Aún es demasiado pronto para fijar la fecha de la adhesión. 
Sin embargo, en cuanto aparezca la luz al final del túnel de las negociaciones, habida cuenta de los avances que se producirán próximamente en este ámbito, y en el supuesto de que el próximo mes de marzo podamos concluir con éxito el debate sobre la Agenda 2000- nos situamos hacia finales de 1999 o en el año 2000- será justificado, si no urgente, acordar una fecha concreta para garantizar una rápida finalización de las negociaciones. 
En cuarto lugar, pretendemos reforzar la capacidad de acción de la Unión Europea en materia de política exterior. 
Sólo una Unión que tenga poder de acción en política exterior podrá garantizar la paz en Europa y hacer valer su creciente peso en la escena internacional. 
Incluso los Estados miembros más grandes de la Unión Europea verán menguar su capacidad de defender sus intereses y de salvaguardar la paz en un mundo cada vez más global. 
En el mundo multipolar del siglo XXI, la Unión Europea está, por tanto, llamada a convertirse en un sujeto autónomo que goce de capacidad de acción política. 
Debemos comenzar a prepararnos para ello sin más tardar, desplegando una política exterior y de seguridad común digna de este nombre. 
En cuanto entre en vigor el Tratado de Amsterdam- según el estado de las ratificaciones, como muy tarde el 1 de junio- pretendemos que se aplique inmediatamente en todos los ámbitos. 
En el terreno de la política exterior y de seguridad común, el Tratado prevé un paquete de instrumentos nuevos destinados a reforzar la capacidad de acción de la Unión en materia de política exterior. 
Es de esperar que el nombramiento del Alto Representante de la PESC signifique un gran paso adelante. 
Éste solamente será el caso si se designa para este cargo a un hombre o una mujer de gran peso político y con capacidad para imponerse... 
Protesta 
... también hay funcionarios que reúnen estas dos condiciones; es algo que quiero dejar muy claro. 
Bajo nuestra Presidencia quedará establecida la unidad de planificación estratégica y de alerta rápida y se introducirá el nuevo instrumento de la «estrategia común» , junto con las decisiones por mayoría en el ámbito de la PESC. 
Pretendemos aplicar este instrumento lo antes posible a las regiones vecinas de la Unión Europea con objeto de acordar durante el Consejo Europeo de Colonia una primera estrategia común para Rusia- y, de ser posible, también para Ucrania-. 
La formación a largo plazo de una sociedad civil próspera y democrática en Rusia reviste una gran importancia para la estabilidad de toda Europa. 
En la fase actual de la PESC, lo importante es que actuemos en común siempre que ello sea posible y que hagamos un uso intensivo de los nuevos instrumentos. 
Es fundamental que identifiquemos con mayor precisión los intereses europeos, entre otras cosas para que podamos fortalecer la conciencia de una Europa común en el ámbito de la política exterior y de seguridad común. 
A lo largo del semestre en curso debemos, por tanto, transformar nuestras visiones políticas en un firme tramo de construcción, aunque sin perder de vista el trabajo del día a día. 
Pues la fuerza de Europa radica en esta mezcla fructífera de ideas y su posterior realización práctica. 
Precisamente en este semestre debemos tener presente un horizonte más amplio de cara a las tareas prácticas que se avecinan. 
La siguiente fase de la construcción, posterior al cierre de la Agenda 2000, -otra razón por la que es fundamental que las negociaciones sobre la Agenda 2000 lleguen pronto a buen término- consistirá en llevar a cabo la reforma institucional de la Unión Europea. 
A la vista de la ampliación, dicha reforma es imprescindible para evitar que la Unión Europea sufra un infarto institucional. 
Si queremos que la Unión Europea, el día que cuente con 21 o más miembros, continúe siendo viable, estamos obligados a realizar las reformas necesarias. 
La cuestión clave para garantizar la capacidad de acción de una Unión más amplia está en la disponibilidad de aceptar decisiones por mayoría en el mayor número de ámbitos posible. 
Aplausos 
A más largo plazo, el nuevo Gobierno alemán se empeña en limitar el principio de la unanimidad en el contexto de la Unión Europea a las cuestiones de especial relevancia, como por ejemplo la modificación de los Tratados. 
En el Consejo Europeo de Viena se acordó que se decidiría sobre el tratamiento de los temas institucionales para los que no se encontró una solución en Amsterdam en el Consejo Europeo de Colonia. 
Me imagino que en Colonia daremos la señal de salida para una nueva conferencia gubernamental, que podría celebrarse en el año 2001. 
Aplausos 
A largo plazo también hemos de reflexionar acerca de los objetivos y los métodos de una integración más amplia. 
Llevamos funcionando más de cuarenta años con el método Monnet, un método genial, que consiste en avanzar paso a paso hacia una mayor integración, sin que dispongamos de una prueba definitiva de cuál pueda ser la meta final. 
Este procedimiento ha demostrado ser sumamente eficaz. 
Los objetivos formulados en los años cincuenta «No más guerras, reconstrucción económica y prosperidad» se han cumplido. 
En el seno de la Unión Europea, ha dejado de ser posible que estalle la guerra, tanto desde un punto de vista político como desde una perspectiva militar. 
Es el mayor logro que ha conseguido el proceso de integración europea en un continente propenso a las guerras, algo que no podremos olvidar nunca. 
Aplausos 
Con la introducción del euro hemos llegado prácticamente al final de la integración económica y monetaria. 
Quedan pocos cabos sueltos. Uno de ellos sería crear una coordinación más estrecha en materia fiscal, objetivo que persigue Alemania. 
Así las cosas ¿por qué nos empeñaríamos en seguir adelante con la integración? 
Por dos razones fundamentales. Primero porque en la era de la globalización los Estados nacionales europeos- ni siquiera los más grandes- no podrán salir del paso por sí solos- sólo uniéndonos seremos capaces los europeos de afrontar los retos de la globalización -, y segundo porque la exportación de estabilidad a nuestras regiones vecinas no es solamente un deber histórico-moral, sino que también nos interesa a nosotros mismos. 
Prevenir las crisis antes de que se manifiesten siempre es mejor, más barato y sobre todo más humano que combatir conflictos agudos. 
Aplausos 
Hoy día, las mayores deficiencias de la Unión Europea se sitúan en el ámbito de la integración política y la democracia europea. 
¿Cómo podemos progresar en estas materias? 
Después de Maastricht y Amsterdam, la necesidad de abordar el tema de la Constitución europea se impone mucho más que antes. 
Abrir un debate público en los diferentes Estados miembros sin duda daría nuevos impulsos a la integración política. 
Creo que en este contexto es más urgente fijar los contenidos y los objetivos que elaborar las bases jurídicas. 
En la actualidad tenemos una visión más bien borrosa de lo que debe ser el futuro común europeo, la finalidad de Europa. 
Una discusión acerca de los estatutos europeos podría despejar estas dudas y orientarnos al respecto. 
El futuro de Europa plantea numerosas incógnitas. 
¿Cuál será la idea- esta pregunta me parece fundamental, puesto que, en última instancia, definirá el alma de la Europa del futuro- que sabrá movilizar a la gente para la causa europea? 
¿Hacia qué lado se inclinará la balanza del triángulo Europa, nación y región? 
¿En qué aspectos necesitamos más o, tal vez, menos Europa? 
¿Hasta dónde llegan las fronteras de Europa? 
¿Cómo podemos fomentar el nacimiento de una opinión pública europea y cómo podemos fortalecer la legitimación democrática de la Unión Europea y de sus instituciones? 
Los ciudadanos quieren con razón una respuesta a estas preguntas. 
Y entre todos tendremos que afrontarlas. 
Si queremos que la Unión Europea llegue a ser un sujeto fuerte que pueda imponerse, debemos reforzarla en cuatro ámbitos políticos clave. 
En primer lugar, hay que reforzar la dimensión democrática de Europa. 
Los procesos de decisión de la Unión deben ser más transparentes y más comprensibles. 
De cara a los ciudadanos debe quedar claro quién decide sobre qué y con qué legitimidad en Bruselas. 
Aunque el Tratado de Amsterdam confiere nuevos e importantes derechos y competencias al Parlamento Europeo, ello no puede sino considerarse como una situación transitoria. 
Cuanto mayor sea la capacidad de acción de la Unión, tanto mayor habrá de ser la legitimación democrática de sus actuaciones. 
Aplausos 
Los derechos del Parlamento Europeo- permítanme que lo diga como europeísta empedernido y no con intención de andar a la caza de cumplidos- han de ser ampliados. 
Es un aspecto que debería incluirse en la agenda de la próxima conferencia intergubernamental. 
Por legitimación ampliada se entiende que el Parlamento Europeo codecide con el Consejo en todos los ámbitos en los que éste puede tomar decisiones por mayoría, con los mismos derechos y el mismo peso. 
Aplausos 
Podría considerarse la posibilidad de que el papel del Parlamento Europeo en el nombramiento de la Comisión fuera más allá de lo estipulado en el Tratado de Amsterdam. 
Asimismo deberíamos reflexionar acerca de la mayor implicación de los parlamentos nacionales, tal y como se prevé en el Tratado de Amsterdam. 
Para fortalecer los derechos de los ciudadanos, Alemania propone a largo plazo la elaboración de una carta europea de los derechos fundamentales. 
Aplausos 
En este marco tenemos previsto presentar una iniciativa bajo nuestra Presidencia. 
Nuestro objetivo es consolidar la legitimidad y la identidad de la Unión Europea. 
En la redacción de esta carta de los derechos fundamentales no sólo participará el Parlamento Europeo, que con su borrador de 1994 ha realizado un importante trabajo preliminar, sino también los parlamentos nacionales y, de ser posible, diversos grupos sociales. 
En segundo lugar, es imprescindible que la política exterior y de seguridad común se fundamente en los valores europeos de defensa de la paz y respeto de los derechos humanos y que permita actuar con eficacia ante situaciones de crisis. 
En la era de la globalización, los derechos humanos, además de su dimensión humanitaria, adquieren una importancia política y económica. 
Es lo que nos ha demostrado recientemente la crisis asiática. 
Para reducir los riesgos que acompañan a las inversiones en los llamados mercados emergentes éstas deben ir acompañadas necesariamente del respeto del medio ambiente y de los derechos humanos, no de lo contrario. 
Aplausos 
El desarrollo de mercados libres solamente puede surtir efectos positivos si se enmarca en una cultura de libertad, basada en los derechos humanos, la separación de los poderes, el Estado constitucional, la existencia de partidos democráticos, sindicatos libres, medios de comunicación independientes y una opinión pública crítica. 
Bajo nuestra Presidencia nos empeñaremos en reforzar la defensa de los derechos humanos por parte de la Unión Europea. 
El nuevo informe de la Unión sobre los derechos humanos debe aumentar la transparencia en esta materia al tiempo de instar a la Unión Europea y a los Estados miembros a que actúen en consecuencia. 
La llave para una gestión eficaz, preventiva y operativa de los conflictos reside en un mayor uso de las decisiones por mayoría y una actuación común de cara al exterior- sobre todo en momentos como los actuales- en el Grupo de los 8, en las instituciones financieras internacionales y en las Naciones Unidas. 
Amsterdam no puede ser más que una fase transitoria si lo que queremos es una Unión más amplia con capacidad de acción en el plano de la política exterior. 
En tercer lugar, está claro que el desarrollo de una política exterior y de seguridad común requiere una definición de la identidad europea en materia de seguridad y defensa. 
En los últimos tiempos hemos asistido en el contexto internacional a un notable aumento de las actitudes unilaterales en detrimento de las soluciones multilaterales. 
Esta tendencia ha adquirido dimensiones preocupantes en el marco de las Naciones Unidas. 
La consolidación de la paz a escala mundial también requiere la legitimación por parte de organizaciones multilaterales. 
Todo ello se basa en la presencia de sujetos políticos que, gracias a su capacidad para imponerse, quieren y pueden perfilar el sistema político internacional como estructura de paz asentada sobre los cimientos del Derecho internacional público, de forma multilateral, conjuntamente con otros socios. 
Es otro desafío clave sumamente importante que deberá afrontar la Europa del futuro. 
La OTAN continuará ocupándose de la defensa colectiva. 
Ello no obsta para que la Unión Europea desarrolle su propia gestión de crisis militares para poder desplegarla en momentos en que la UE desee intervenir mientras que sus socios norteamericanos prefieren no implicarse. 
La iniciativa de Tony Blair en Pörtschach y el encuentro franco-alemán en St. Malo han dado nuevos impulsos a este tema. 
La creación de una identidad europea de seguridad y de defensa puede cobrar una mayor importancia para la profundización de la Unión Europea tras el nacimiento del mercado interior y la Unión Económica y Monetaria. 
Bajo nuestra doble Presidencia de la Unión Europea y la UEO pondremos todo nuestro empeño en aprovechar a fondo esta nueva dinámica creada en Pörtschach. 
Al Consejo Europeo de Colonia pretendemos llevar un informe sobre las posibilidades de desarrollo de la identidad europea de seguridad y de defensa. 
En cuarto lugar, quisiera recordar que en materia de justicia y política interior el Tratado de Amsterdam invita a crear un espacio de libertad, seguridad y derecho. 
A este objetivo queremos ir acercándonos poco a poco. 
Está previsto hacer balance de la situación y establecer nuevas líneas directrices en la cumbre extraordinaria de Tampere, que se celebrará en el próximo mes de octubre. 
Durante nuestra Presidencia pensamos abordar el tema de la distribución de los gastos en materia de política de asilo así como el trato humano de los flujos masivos de refugiados. 
La lucha eficaz contra el crimen organizado a escala internacional ocupa un lugar central en el marco de la capacidad de acción de Europa y la credibilidad ante los ciudadanos. 
A este fin es preciso que se siga intensificando la colaboración transfronteriza de la policía y que se fortalezca el poder operativo de Europol. 
Es obvio que las últimas cuestiones requieren la urgente entrada en vigor de una carta europea de los derechos fundamentales. 
Aplausos 
Señor Presidente, señores y señoras diputados, con ocasión del viaje que emprendí antes de Navidad como Presidente en ejercicio de la Unión tuve la oportunidad de entrevistarme con mi colega español en el Palacio de Congresos de Madrid, donde en ese mismo momento se estaba celebrando la Conferencia de Paz para Bosnia. 
Mientras nosotros, los ministros de Asuntos Exteriores de España y Alemania y nuestras respectivas delegaciones, negociábamos con objeto de ir preparando futuras decisiones de la Unión Europea sobre la Europa del siglo XXI, la Europa de la integración, la Conferencia se esforzaba por buscar soluciones para la Europa del pasado, la Europa del nacionalismo y de la guerra. 
Aquel día en Madrid quedó de manifiesto el desgarramiento histórico de Europa, aunque al mismo tiempo vislumbramos la tarea histórica que nos esperaba. 
En este momento, ambas alternativas conforman la realidad europea. 
Pero nosotros, la Europa de la integración, no podemos de ninguna manera dar cuartel a la Europa del pasado, puesto que sería una enorme desgracia para nuestro continente. 
El futuro está en manos de la Europa de la integración y solamente esta Europa será capaz de encontrar respuestas pacíficas para los conflictos de nuestro continente, transformando la Unión Europea, que se halla en un mundo sometido a cambios radicales, en un sujeto con peso político. 
Los logros políticos actuales son fruto del empeño de varias generaciones que han colaborado en la construcción de la Casa europea de la UE. 
Corresponde a nuestra generación culminar esta Europa de la integración. 
Vivos y prolongados aplausos 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente en ejercicio del Consejo, voy a ser muy breve hoy. 
En primer lugar, porque en mi discurso de ayer, ya tuve ocasión de subrayar los puntos principales de la Presidencia alemana y, además, porque puedo subscribir enteramente el programa que el Presidente del Consejo acaba de exponer a Sus Señorías. 
Ayer por la mañana estuve con todo mi equipo en Bonn para la tradicional reunión del comienzo de la Presidencia. 
Debo decir que el clima en el que se desarrollaron los trabajos fue muy constructivo. 
Me impresionó la determinación del Gobierno alemán de poner toda su energía al servicio de Europa. 
Cierto es que hace falta determinación, pues la estrategia de Viena establece un programa muy cargado para la Presidencia alemana. 
En efecto, el primer semestre de este año constituirá un momento bisagra en el desarrollo de la Unión. 
A ello se suma, evidentemente, el hecho de que Alemania vaya a presidir también el destino del G7-G8, de la Unión Europea Occidental y de Schengen. 
Me parece una carga muy pesada, pero también una oportunidad única para hacer avanzar expedientes importantes, tales como la puesta en práctica del euro, la integración de Schengen en el Tratado, la formulación de una auténtica política de defensa. 
Señor Presidente, la Agenda 2000 será, naturalmente, el imperativo más importante de los próximos seis meses. 
Ya se ha dicho todo o casi al respecto. 
Actualmente, hay que negociar y negociar. 
No se puede negar que la Agenda 2000 tendrá un efecto determinante para el futuro de la Unión, pues, sin una reforma sería de la Política Agrícola Común, al cabo de unos años nos encontraríamos confrontados, una vez más, con excedentes ingestionables. 
Sin reforma de los Fondos estructurales, el tan importante esfuerzo de cohesión económica y social se desinflaría poco a poco y, sin un acuerdo sobre el futuro marco financiero, la Unión caería en el antiguo achaque de las disputas presupuestarias incesantes y las acrimonias nefastas para el desarrollo de la Unión. 
Naturalmente, un fracaso hipotecaría gravemente la perspectiva de la ampliación, que actualmente es sin duda la mayor ambición del comienzo del siglo XXI. 
Estoy convencido de que la Presidencia, el Parlamento y la Comisión, juntos, lograremos afrontar con éxito ese imperativo. 
La voluntad política para hacerlo existe en todas las capitales y el Presidente Fischer acaba de recordarlo. 
Todo el mundo es consciente de que hay que aceptar transacciones. Así quedó claramente demostrado en Viena y se ha confirmado asimismo en los contactos bilaterales que he celebrado. 
El segundo tema fundamental de la Presidencia hace referencia, en mi opinión, a toda la problemática del crecimiento y del empleo. 
El euro está ahí- cierto es- y ahora hay que hacerlo vivir. 
Eso quiere decir que en el plano interior hay que reforzar la coordinación económica en todos los ángulos, incluido- y lo subrayo- el plano de la fiscalidad. 
En el plano exterior, la Unión debe hablar con una voz, ya sea en el marco del G7-G8 o en el de las organizaciones financieras internacionales, hablar con una sola voz y mostrarse presente. 
Sus Señorías saben de la importancia que, desde el comienzo de mi mandato, he atribuido a la lucha en pro del empleo. 
El camino recorrido en estos últimos tiempos es considerable y me congratulo de la decisión de Viena de avanzar hacia un auténtico pacto, como reclamo yo desde 1996. 
A ese respecto, la reunión de Colonia será importante. 
Durante la Presidencia alemana se producirá la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Para lograrla, habrá que mantener relaciones muy constantes con el Parlamento Europeo a fin de garantizar una decisión sin tropiezos, sobre todo en relación con los expedientes que cambiarán de procedimiento con el nuevo Tratado, lo que también afecta, por lo demás, a la Agenda 2000. 
Una de las innovaciones más importantes del Tratado se refiere a la creación de un auténtico espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Sé de la importancia que la Presidencia alemana le atribuye: resulta urgente, por ejemplo, una respuesta coordinada en materia de inmigración y asilo. 
La lucha contra la delincuencia organizada es una prioridad en todos los Estados miembros; hay que abordarlo todo ello: eso es lo que esperan nuestros conciudadanos. 
Ya durante la Presidencia alemana habrá que preparar a fondo la cumbre extraordinaria de Tampere que se celebrará durante la Presidencia finlandesa. 
Y, como acaba de decir el Presidente Fischer, cuando el Tratado de Amsterdam está a punto de entrar en vigor, ya se perfila la próxima reforma institucional: así es la vida de la Unión Europea. 
Las relaciones exteriores van a ocupar un lugar preferente durante la Presidencia alemana. 
Lo he dicho con frecuencia: si hay una esfera en la que faltan avances por lograr y en la que Europa tiene el deber de fortalecer su papel, es sin duda ésa. 
En el pasado, ha faltado a veces la voluntad política para hacerlo. 
Con el alto grado de integración que hemos alcanzado, con la llegada del euro, de un mundo multipolar, resulta ya insostenible. 
Evidentemente, no voy a pasar revista aquí a la larga lista de nuestras relaciones con las regiones del mundo entero. 
Citaré sólo dos o tres ejemplos. 
Nuestras relaciones con los Estados Unidos han cobrado una importancia de una densidad sin igual. 
No es anormal que en semejante relación puedan nacer discrepancias y cito, a título de ejemplo, el expediente de los plátanos, que, a decir verdad, entraña consecuencias que superan en gran medida la cuestión estricta de ese simpático fruto. 
Hay que resolver ese problema, seguir nuestras normas, que, en este caso, son las de la Organización Mundial del Comercio. 
Expedientes de ese tipo no deben envenenar unas relaciones que, de todos modos, tienen, a decir verdad, otra dimensión. 
Pienso, entre otras, en la de la defensa, en la que, desde hace decenios, trabajamos cogidos de la mano con nuestros socios americanos y en la que incumbe a los europeos fortalecerlas en beneficio mutuo de su identidad. 
El segundo ejemplo que citaré se refiere a nuestras relaciones con Rusia, ese gran país que, pese a sus dificultades actuales, seguirá siéndolo. 
En estos últimos tiempos hemos alcanzado una nueva calidad en nuestras relaciones entre la Unión y Rusia y confío en que la Presidencia alemana continúe por esa vía. 
Señorías, me detengo aquí, pues el Presidente Fischer ha bosquejado un panorama que subscribo enteramente. 
Señor Presidente, esta breve exposición por mi parte basta- creo yo- para atestiguar la importancia que va a revestir la Presidencia alemana para la Unión. 
Quisiera reafirmar con fuerza que, en los seis próximos meses, la Comisión estará junto a la Presidencia alemana para desempeñar el papel que le corresponde con arreglo a los Tratados y las tradiciones acrisoladas. 
Por mi parte, estoy seguro de que en el momento en que hagamos balance, en el próximo mes de junio, la Unión habrá salvado una nueva etapa, una etapa decisiva, en la vía de la unificación de nuestra Europa. 
Aplausos 
Señor Presidente, el primer orador de mi Grupo debía ser hoy el Sr. Görlach. 
Tengo entendido que ha sufrido un accidente a causa del hielo en los aledaños de este edificio y ha sido trasladado al hospital con una lesión en la cabeza, que espero no revista gravedad. 
Pido la indulgencia de la Asamblea para reorganizar la lista de intervenciones de mi Grupo. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Consejo, estimados colegas, el inicio de la Presidencia alemana del Consejo coincide con un momento histórico, el 1 de enero de 1999, el día en el que se hizo realidad la Unión Monetaria Europea. 
En un principio, este proyecto visionario fue acogido con escepticismo, pero, gracias a la decisión y el empeño con el que se llevó a cabo, pudo ser llevado a la práctica. 
Fueron muchos los que con su trabajo hicieron posible el advenimiento de la Unión Monetaria. 
Pero con motivo del comienzo de esta Presidencia alemana quisiera sobre todo expresar mi gratitud, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, a la persona que ha guiado a Alemania a lo largo de tres Presidencias, en 1983, 1988 y 1994. 
Quiero dar las gracias a Helmut Kohl, el antiguo canciller de la República Federal Alemana, ciudadano de honor europeo. 
Aplausos 
Señor Presidente del Consejo, esperamos que esta Presidencia alemana dé muestras de la misma resolución, de la misma energía y del mismo valor que ha desplegado Helmut Kohl en beneficio de Alemania y de Europa. 
Esperamos, señor Presidente del Consejo, que con sus palabras y sus actos consiga no sólo conservar sino incluso aumentar la confianza que depositan los socios europeos en la política europea alemana. 
Lamentamos- y no se trata de una cuestión político-partidista- que el uso del término «realismo» haya causado la impresión de que el proceso de ampliación quedaría aplazado. 
Afortunadamente, hoy se ha expresado de tal forma que podemos suscribir su punto de vista, pero ello no obsta para que esa impresión nos siga rondando. 
Debe interpretarse sin duda como un serio aviso el que el pasado 18 de noviembre el Presidente de Polonia, Kwasniewski, haya hablado aquí en el Parlamento Europeo de una señal equivocada, que podría desanimar a los pueblos de la Europa central en su proceso de reforma. 
¡Tenemos que dar ánimo a los pueblos de la Europa Centra! 
¡Y, por tanto, le instamos a que acelere el proceso de adhesión! 
Es nuestro deber político y moral hacer todo lo posible para que los pueblos de la Europa central puedan adherirse lo antes posible a la comunidad de valores de la Unión Europea. 
Es asimismo una cuestión de confianza. 
¡Todo lo que la política alemana ha conseguido en los últimos 16 años y antes no puede echarse a perder! 
Por otra parte, significa igualmente que no podemos permitirnos el lujo de perdernos en debates superficiales sobre la modificación de la estrategia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
Esto también tiene que ver con la confianza que los pueblos de la Europa central depositan en nosotros. 
Obviamente, somos conscientes de la dificultad que supone para nuestra propia población aceptar la necesidad de una rápida adhesión. 
Pero lo que importa en política no son las encuestas puntuales, sino el empeño en hacer lo correcto ganando a los ciudadanos europeos para esta causa. 
Aplausos 
Señor Presidente del Consejo, usted ha mencionado que tiene previsto presentar propuestas para una reforma institucional. 
Es una noticia que acogemos con satisfacción y le animamos a que haga partícipe de estas consultas al Parlamento Europeo, confiriéndole a este respecto los mismos derechos que la Comisión. 
Pretende usted concluir la Agenda 2000 durante la cumbre de marzo. 
Nos congratulamos de este propósito y esperamos que pueda hacerse realidad. 
Ha puesto sobre el tapete el tema de la contribución alemana. 
No tiene vuelta de hoja que todos tendremos que contribuir si queremos lograr una solución equitativa. 
La contribución neta de Alemania es sin duda excesiva y, por tanto, deben introducirse correcciones para normalizar esta situación. 
Pero por otra parte, apreciaríamos, en el marco del foro de discusión interno alemán, que el Presidente del Consejo y sus más altos representantes subrayara de vez en cuando que en 1997, por ejemplo, el superávit de la balanza comercial alemana con los demás socios de la Unión Europea ascendía a 81 mil millones de marcos alemanes. 
Si pretendemos decir toda la verdad, no podemos pasar por alto este dato. 
¡Es algo que la gente debe saber! 
Alboroto, protestas 
La elevada cifra de desempleo es sumamente preocupante, también para nosotros. 
A este respecto es importante que los socios europeos intercambiemos experiencias que nos permitan crear más puestos de trabajo. 
Pero, por otra parte, estimamos que no se puede causar la impresión de que el refuerzo de la política de empleo a escala europea sea la panacea para acabar con este problema, para que, de este modo, se pueda culpar a Europa en caso de que no se logre atajar el desempleo con medidas nacionales. 
¡Europa no se puede convertir en chivo expiatorio! 
No estamos dispuestos a prestar nuestra colaboración a una política destinada a servir de coartada. 
Permítanme que haga una última observación. 
El acuerdo de la coalición en Bonn- tiene implicaciones a escala europea- prevé que en la próxima Comisión Europa los dos cargos reservados a Alemania sean ocupados por los partidos del Gobierno. 
Queremos ser muy claros: tenemos la esperanza de que ésta no sea la última palabra del Gobierno federal, pero en caso de que este ejemplo alemán siente precedentes y la próxima Comisión Europea sea de un solo color político, no tendrá la confianza del Partido Popular Europeo. 
¡Le rogamos tengan en cuenta este aviso! 
Protestas 
Señor Presidente del Consejo, le deseamos mucha suerte con la Presidencia, ya que su suerte es la de Europa. 
Gracias a nuestro común esfuerzo por desarrollar una Unión Europea fuerte, democrática y dotada de capacidad de acción podremos salvaguardar en el siglo XXI la paz y la libertad en este nuestro viejo continente europeo que siempre está sujeto a cambios. 
Aplausos 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Fischer, en términos generales, puedo identificarme con las ideas básicas de su programa que, en gran parte, coinciden con los objetivos perseguidos desde hace tiempo por el Grupo Liberal de esta Asamblea. 
No obstante, debo llamar su atención sobre la discrepancia que existe entre su discurso de hoy y la impresión que va dejando su Canciller federal- cuya opinión también es decisiva para la Unión Europea- en los debates en Alemania y en Europa, haciendo como si la discusión sobre las contribuciones netas fuera el punto clave del que dependiera todo lo demás. 
Lamento profundamente esta actitud, puesto que opino que Europa es más que la suma de los intereses de los Estados nacionales y me pone un tanto nervioso que su Canciller federal, como hizo ayer mismo, insista en la necesidad de defender, públicamente si cabe, los derechos alemanes. 
Todos defendemos intereses nacionales. 
Pero no lo considero muy oportuno como lema de una Presidencia. 
Creo que el tema de las contribuciones netas ha de abordarse con mucha cautela. 
Pero yo le propondría que habláramos de este asunto al final de nuestras discusiones sobre las reformas, no al principio. 
Primero debemos ponernos de acuerdo sobre el contenido de nuestros programas de ayuda. 
Luego debemos calcular los recursos que necesitamos para financiarlos y, por último, debemos averiguar cómo se puede garantizar el reparto equitativo de las cargas. 
Puede estar seguro, señor Presidente, de que en ese debate final nosotros, los liberales, seremos unos interlocutores objetivos y ansiosos de que se haga justicia. 
Por lo que a los demás puntos se refiere, quisiera destacar lo que ha dicho respecto a la política exterior y de seguridad común y, muy en especial, lo que ha dicho sobre los derechos humanos y la Constitución de la Unión Europea. 
En este ámbito le deseo mucho éxito. 
Pero tenga usted cuidado de que con su debate sobre las contribuciones netas no vaya a parar ahí donde nos pretenden llevar quienes están removiendo cielo y tierra para convencernos de que el futuro está en una Europa ficticia, la de los Estados nacionales. 
¡No caiga en la trampa! 
Aplausos 
Señor Presidente, el Gobierno alemán asume la Presidencia de la Unión Europea en un momento muy delicado. 
Muchas políticas europeas clave están siendo reconsideradas en el contexto del programa de la Agenda 2000, que se pondrá en marcha para encargarse de la inminente ampliación de la Unión Europea. 
El logrado lanzamiento del euro estos últimos días debe servir de clara indicación al Gobierno alemán de que la estabilidad es la clave del éxito de las políticas de la Unión Europea. 
El éxito de la moneda única europea se consiguió a través de una planificación cuidadosa y coherente, que ahora aportará beneficios económicos a los 290 millones de personas de los once países participantes. 
Deseo hacer hincapié en que el Gobierno alemán debe afrontar los temas de la reforma de la Política Agrícola Común y de los Fondos estructurales, así como los futuros acuerdos sobre la financiación de la Unión de una manera equilibrada y ecuánime. 
Debe prevalecer siempre el enfoque de asociación que incluya a todos los gobiernos europeos y a todas las instituciones de la UE en la formulación de las políticas clave de la Unión Europea. 
En primer lugar, quisiera llamar la atención sobre el debate que está teniendo lugar en relación con la futura financiación del presupuesto anual de la Unión Europea. 
Una opción que debe descartarse es una posible vuelta a la nacionalización de la financiación de la Política Agrícola Común. 
Esta política es un programa uniforme de alcance europeo, y obligar a los gobiernos nacionales a contribuir hasta en un 25 % del presupuesto agrícola, fragmentaría y distorsionaría claramente el funcionamiento de la PAC. 
La reciente crisis de la EEB, al igual que el derrumbe del mercado ruso para los productos agrícolas de la UE, ha afectado gravemente la marcha de muchas explotaciones agrícolas individuales, en particular en el sector de la carne de bovino, y volver a nacionalizar parte de la PAC traería aún más incertidumbre a una situación de por sí difícil. 
En segundo lugar, no puede haber una reforma de los programas de los Fondos estructurales de la UE, a menos que exista un compromiso continuo de apoyar financieramente a los cuatro países del Fondo de Cohesión. 
Los Fondos estructurales europeos han desempeñado un papel considerable en la tarea de ayudar a los países menos desarrollados y periféricos a prepararse para la culminación del mercado único y la introducción de la moneda única europea. 
Desde la perspectiva irlandesa, a pesar de que estamos satisfechos del progreso económico realizado durante estos últimos años, existe la necesidad de apuntalar este progreso. 
Hay que seguir trabajando para mejorar la infraestructura irlandesa del transporte y la protección del medio ambiente, y acercarlos a los niveles europeos. 
De este modo, la economía irlandesa podrá hacer una aportación positiva para la generación de riqueza en la zona euro. 
Por último, esta misma situación es aplicable a todos los países y regiones periféricos de la Unión y es de vital importancia para el éxito del euro y del mercado único que el buen trabajo de los últimos años se consolide a través de la continuada disponibilidad de los recursos para la cohesión estructural hasta que dichas regiones alcancen los niveles medios europeos. 
Señor Presidente, todos los temas que ha mencionado usted- democracia, derechos humanos fundamentales, paz, mundo multipolar- interesan a nuestro Grupo. 
Sin embargo, el avance hacia el euro y la integración no pueden constituir en sí los medios, los únicos medios, para servir a esos objetivos que, al menos, reclaman orientaciones nuevas, diferentes de las adoptadas hasta ahora, que han producido un déficit social y democrático que nadie puede negar. 
Si siguen extendiéndose el desempleo y la pobreza, no habrá una Europa próspera y pacífica. 
La Cumbre de Pörtchach, al establecer la prioridad del empleo y del crecimiento, indicó un cambio de tono del que nos felicitamos. 
Por desgracia, dicho cambio no se plasmó en actos en Viena. 
La próxima cumbre de Colonia, que la Presidencia alemana está encargada de preparar, no debe acabar en una nueva decepción. 
La lucha contra el desempleo es la preocupación nº 1 de nuestros pueblos, una preocupación avivada por la previsible aminoración del crecimiento y que requiere medidas importantes. 
Sí al pacto europeo por el empleo, pero no hay que quedarse en las fórmulas. 
En primer lugar, es indispensable aflojar el torno que constituye el Pacto de Estabilidad para poder consolidar la demanda interior, fundamento de una economía sana. 
Se deben revisar las misiones y los poderes del Banco Central Europeo, porque la estabilidad de los precios no puede constituir el ideal principal de la Unión Europea, porque los banqueros no deben contar con un poder tal, que los Gobiernos democráticamente elegidos ya sólo tengan la misión de curar las heridas de la sociedad. 
Nuestro Grupo presentó en la cumbre de Viena 13 propuestas inspiradas en las de los sindicatos, las asociaciones, y deseo que la Presidencia alemana las tenga en cuenta. 
A propósito de la financiación futura de la Unión, creo que no hay que limitarse en absoluto a una apreciación contable estrecha. 
Europa sólo puede basarse en la solidaridad y la generosidad y no en los egoísmos y la mezquindad. 
Más que pensar en una reducción de los gastos agrarios, que afectará a Francia y a los países meridionales, cosa a la que nuestro Grupo se opone, ¿por qué no buscar nuevas fuentes de financiación, por ejemplo, con la fiscalidad de los movimientos de capitales? 
Para concluir, quiero mencionar dos problemas de política exterior, el papel del Consejo a favor del proceso de paz en el Oriente Medio, que encuentra tantas dificultades, y el compromiso, por fin, del Consejo en pro del éxito del plan de paz en el Sahara Occidental presionando al Gobierno marroquí para que acepte las propuestas de las Naciones Unidas hasta la organización de un referéndum de libre determinación justo y libre. 
Señor Presidente del Consejo, señores Presidentes de la Comisión y del Parlamento, estimados colegas, créanme si digo que para mi Grupo es un día especial que forma parte de la historia con mayúscula del movimiento ecologista y ocupa, incluso, un lugar destacado en la historia europea de hoy y mañana. 
No from a jack to a king, pero sí de alborotador callejero a ministro es en sí una evolución que apela a la imaginación. 
Sólo falta que la imaginación llegue al poder y se intensifique, entonces podremos ser felices ¡Bienvenido Joschka Fischer! 
Su presencia aquí como representante del Consejo tiene un alto valor simbólico. 
Por ahora, constituye un punto culminante en la historia de una generación que, en el año 68, se lanzó a poner en marcha un cambio radical de la sociedad europea y mundial. 
De ahí han surgido muchos movimientos que han dado lugar a la aparición, entre otros, de la corriente verde en Europa. 
Y, así, estamos ahora en las instituciones europeas, naturalmente, en puestos diferentes, para desarrollar el poder de protesta, el poder de decisión y el poder de ejecución. 
Su larga experiencia no le lleva, por supuesto, a creer que vamos a portarnos como obedientes niños de coro que solamente van a alabar la misa solemne de la Presidencia alemana. 
Será agua y fuego, sol y viento huracanado, eso hará el debate emocionante. 
La lucha contra el paro es una de las preocupaciones principales de la Presidencia. 
Si los Gobiernos europeos logran adoptar una acción común coordinada, podrá abordarse con éxito el problema del paro masivo. 
Tras la Cumbre de Luxemburgo hay que ocuparse plenamente de que se continúe de forma convincente y no se produzca ningún aplazamiento de Viena a Colonia y de Colonia a Helsinki. 
Nos satisface la iniciativa alemana de adoptar un manifiesto de la UE sobre derechos fundamentales, al igual que la inclusión de una estrategia internacional para combatir las violaciones de los derechos humanos y sus causas. 
Respecto del asilo y de Schengen, somos mucho menos entusiastas, pero el modelo de la doble nacionalidad del programa de gobierno alemán es innovador y puede imponerse como un nuevo modelo en y para Europa. 
Es significativo que los colegas de la CDU consideren necesario socavar esta iniciativa innovadora que otorga derechos políticos a los conciudadanos con una campaña de recogida de firmas. 
Con eso, efectivamente, el pensamiento de extrema derecha se refuerza. 
Desde luego esperamos que durante su Presidencia se puedan dar los pasos necesarios hacia la introducción de un ecoimpuesto europeo sobre la energía. Esto permite que se abandone el impuesto sobre las rentas del trabajo, un mortal aniquilador de empleos. 
No obstante, nuestra principal preocupación se refiere al futuro de la Agenda 2000. 
Naturalmente que la trasnochada estructura de gastos debe ser evaluada y la política agrícola, profundamente reformada. 
Está fuera de toda duda. 
Es justo que también el Parlamento Europeo tenga dificultades a la hora de elaborar algo coherente respecto de la reforma agrícola. 
Sin embargo, la cuestión central es: ¿cómo se va a desarrollar el debate sobre los contribuyentes netos? 
Como usted muy bien dice, debe revisarse el reparto de los gastos. 
No obstante, sería un verdadero desastre que el Consejo pasara por alto el debate sobre los contribuyentes netos a costa de los planes financieros de la ampliación. 
Europa no puede querer todo a la vez: estabilidad, ausencia de movimientos de inmigración y una ampliación a la que se dé largas y que cueste lo menos posible. 
Le deseamos, a pesar de estas críticas, que su Presidencia tenga mucho éxito y que cuente con nuestra colaboración crítica, pero constructiva. 
Aplausos 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, lo saludo y saludo su Presidencia en nombre de mi Grupo. 
Su Presidencia, que es la última de nuestra legislatura, suscita por múltiples razones muchas esperanzas y su discurso, rico y constructivo, refuerza esas esperanzas. 
Suscita usted esas esperanzas en primer lugar porque Alemania es un gran país, el más poblado de Europa, económicamente el más potente. 
No es una razón para abrumarlo con cargas y responsabilidades excesivas, pero se trata de una realidad que se impone a ustedes y a nosotros. 
Suscita usted también esperanza y curiosidad, porque su Gobierno y su mayoría llegan al poder después del largo reino del Canciller Kohl. 
Para nuestro Grupo, está claro que nos congratulamos de esa nueva mayoría de izquierdas y esperamos que se tengan en cuenta mejor que antes los problemas sociales, el empleo, la justicia social, los derechos de los ciudadanos: pienso en particular en las normas para la adquisición de la nacionalidad alemana. 
Pero sabemos también que el balance europeo del antiguo Canciller ha sido bastante notable y no será fácil recoger la antorcha. 
Conocemos sus compromisos personales muy europeos. 
Acabamos de escucharlo. 
Pero por los actos es- todo el mundo lo sabe- por los que se juzga una política, y no sólo por los discursos, y esperamos con impaciencia a ver si podrá, si sabrá, en particular en los próximos Consejos Europeos, desbloquear varios expedientes paralizados. 
Pienso, en particular, en todo el componente financiero y presupuestario de la Agenda 2000. 
Pienso en el futuro de las grandes políticas de la Unión: por ejemplo, la Política Agraria Común. 
Pienso también en la reforma de las instituciones de la Unión, que, como ha dicho usted, resulta indispensable, si se quiere lograr la próxima ampliación en la que estamos todos comprometidos y que hay que realizar, sean cuales fueren las dificultades por superar. 
Permítaseme volver a referirme a ese componente financiero de la Agenda 2000. 
Conocemos los problemas que plantea en Alemania. 
La opinión alemana expresa cada vez más su «hartazgo» ante una carga que considera excesiva, lo que recientemente ha propiciado incluso que la prensa alemana alimentara todas las críticas dirigidas a la Comisión a propósito de los despilfarros, de la mala gestión, o incluso los fraudes y malversaciones. 
Poco a poco, se hacen amalgamas en las que se mezcla todo: los reproches fundados y los falsos procesos. 
Mi temor es que la consecuencia de todo eso sea una ruptura de sus compromisos por parte de Alemania y un retroceso del espíritu de solidaridad: para con las regiones desfavorecidas de la Unión, para con los países en vías de desarrollo, para con los países de Europa central y oriental. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, las palabras que acaba usted de pronunciar ante nosotros tranquilizan, pero conserven la reputación que ha tenido Alemania- insisto- desde la segunda guerra mundial: la de un país eficaz, potente, rico y solidario, pero sobre todo solidario. 
Señor Presidente, señor Presidente Santer, señor Presidente del Consejo de Ministros, bajo su Presidencia las cosas están claras ahora: tenemos una moneda única, deseada por Alemania, un Banco Central en Francfort, cuyos ejecutivos proceden del Bundesbank, una política exterior en los Balcanes inspirada por Alemania, una apertura al Este que va a beneficiar geopolíticamente a Alemania. 
Así, pues, era normal que el derecho se sumara a los hechos, ¡y que Europa estuviera presidida por Alemania! 
Así, pues, su Presidencia hablará de empleo, hablará de la PAC y, evidentemente, de lo que interesa a Alemania, es decir, de la financiación de la Unión Europea. 
Se ha observado de sobra: hay unos ganadores de Europa, los países de la cohesión, en los que se pueden recibir hasta 300 euros o incluso 600 euros por habitante y año, y después están los perdedores- los Países Bajos, su país, Alemania- y, como francés, los comprendo perfectamente, pues nosotros podemos haber perdido 4.000 millones de euros al año, es decir, el equivalente del costo de la inversión en un tren rápido como el París-Burdeos en un solo año. 
Sé, evidentemente, que Europa debe descansar sobre la solidaridad. 
Por lo demás, el Sr. Cohn-Bendit la practica incluso con los terroristas, como lo es él. 
Pero el caso es que las desigualdades actuales van a agravarse y van a resultar escandalosas. 
¿Cómo se va a explicar a los seis millones de desempleados franceses que deben sacrificarse por los irlandeses, que, en proporción, tienen una tasa de desempleo menor? 
¿Cómo explicar a mujeres y a hombres víctimas del pacto de racionamiento presupuestario, cómo explicar a unos pobres, que deben ser aún más pobres en nombre de la solidaridad, tanto más cuanto que esa pobreza y esa solidaridad van a agravarse con el costo de la ampliación al Este? 
Sé que hay que encontrar una transacción. 
Van ustedes a dedicarse a ello con la renacionalización de la PAC, el límite de los gastos, etc. Tal vez su Presidencia aporte un suplemento de claridad, puesto que Goethe murió diciendo: «Luz, más luz». 
Ese suplemento de claridad sería decir la verdad. 
No se mantendrá el límite de 1, 27 % del PNB. 
Y el Sr. Santer ha dicho la verdad con mucha sinceridad: se está pensando en un impuesto comunitario de sociedades, un impuesto comunitario sobre la renta y, en el marco de su estupidez fiscal, un impuesto verde, ¿por qué no? 
La verdad es ésa: Europa tiene un costo y acabará plasmándose en más impuestos. 
Señor Presidente, señores y señoras diputados, me corresponde volver a tomar la palabra, pero no para contestarles, aunque el parlamentario que hay en mí siente unas ganas enormes de responder ya mismo a las numerosas contribuciones que se han escuchado aquí. 
Reservo mis respuestas para el final del presente debate. 
Habida cuenta de los últimos acontecimientos me corresponde referirme a Kosovo en mi calidad de representante de la Presidencia. 
La consideramos extremadamente preocupante. 
En principio, no sólo debía haberse perfilado ya hace tiempo el arreglo político transitorio para Kosovo, sino que, además, ya debía haber sido llevado a la práctica, tal y como acordaron Holbrooke y el Gobierno de Belgrado. 
Dicho acuerdo desempeña un papel central, sumamente importante en vista del cariz que tomará la situación de Kosovo en el futuro, puesto que sin este acuerdo transitorio resultará harto difícil lograr un proceso duradero en las circunstancias iniciales no pacíficas que, a la larga, debería desembocar en un proceso duradero basado en el acuerdo pacífico y la paz. 
Nos vemos obligados a lamentar un escalada de las confrontaciones militares con secuestros, atentados y muertos. 
Espero que se encuentre una rápida solución para esta situación sangrante, una solución que solamente se podrá alcanzar por la vía diplomática. 
Junto con nuestros socios, la República Federal de Alemania está poniendo en ello todo su empeño. 
Participamos tanto en la verificación civil del conflicto en el marco de la OSCE como en la vigilancia militar sin armas del espacio aéreo, que no sólo forma parte de la verificación general sino también del acuerdo alcanzado entre Holbrooke y el Gobierno de Belgrado, al igual que la extraction force. 
La misión de la extraction force no consiste en vigilar el conflicto en el marco de la OSCE sino que se trata de tropas de emergencia, tropas que han de entrar en acción en caso de que los colaboradores civiles de la OSCE, que no disponen de armas, lleguen a hallarse en una situación de emergencia. 
Sería fundamental que alcanzáramos un acuerdo que permitiera un desenlace pacífico. 
La amenaza de la OTAN tenía por objeto prevenir una catástrofe en el aspecto humanitario entre la población civil albanesa de Kosovo. 
Este objetivo se ha cumplido, pero ahora debemos lograr avances políticos, algo que es sumamente complejo. 
Uno de los problemas principales estriba en que resulta muy difícil formar una delegación negociadora en representación de los albaneses. 
Es increíblemente complicado, entre otras cosas por causa de los conflictos estratégicos que tienen divididos a los implicados. 
La parte albanesa pide la independencia mientras que la alianza de los Estados occidentales está en contra de esta independencia por razones muy bien meditadas. 
Belgrado tampoco la admite, pero sus métodos, la flagrante violación de los derechos humanos y de los derechos de la minoría, que en Kosovo es mayoría, son absolutamente inaceptables. 
A esto se añaden los comportamientos contradictorios de la comunidad de Estados occidentales, que complican aún más el asunto. 
A pesar de todo ello, creo que la única opción viable es la de una estrategia de estabilización- y esta estrategia de estabilización debe fundamentarse en el cumplimiento del tratado suscrito por Holbrooke y Belgrado- puesto que las posibles alternativas son malas e incluso temibles. 
Por todo ello, doblaremos nuestros esfuerzos en el marco del Grupo de Contacto, después de que la diplomacia pendular de Hill no lograra implantar antes de Navidad, tal y como estaba previsto en el acuerdo, la fase política transitoria de tres años de duración. 
Permítanme abrir un pequeño paréntesis para subrayar la importancia de dicho arreglo provisional. Es preciso que en Kosovo exista una autoridad civil legítima. 
Sin la presencia de una autoridad civil legítima, es decir, sin la presencia de un parlamento regional, sin un poder ejecutivo y un poder judicial correspondientes, sin una policía y una justicia en toda regla, sin esta autoridad fundamental, legitimada política y democráticamente, será difícil o incluso imposible llevar a cabo un proceso de paz duradero en la provincia de Kosovo. 
Así las cosas, es fundamental que el acuerdo político al que me he referido antes se formalice y se lleve a la práctica. 
Quisiera aprovechar este debate para hacer un llamamiento a todas las partes implicadas, incluida la parte albanesa, rogándoles que no hagan oídos sordos a este proceso y que ante todo respeten las reglas de la no violencia. 
La violencia no podrá solucionar el problema de Kosovo. Al contrario, solamente servirá para producir más sufrimiento. 
Intentaremos avanzar a través del Grupo de Contacto. 
No es nada fácil. 
A raíz del secuestro de los soldados serbios debemos evitar a toda costa una confrontación militar. Espero que podamos conseguirlo por la vía diplomática. 
Resumiendo, y con esto quisiera finalizar mi intervención, es preciso dejar de manifiesto que el arreglo político ocupa un lugar central. 
No podemos olvidar, y quisiera dejarlo muy claro aquí en el Parlamento Europeo, que Kosovo forma parte de Europa. 
Los problemas de Kosovo son nuestros problemas y la búsqueda de una salida política para este conflicto- que va más allá de la situación en Kosovo- tiene una mayor incidencia en el desarrollo de una política exterior europea y de una identidad de seguridad y de política exterior que la redacción de resoluciones, explicaciones y discursos programáticos. 
Por todo lo anterior, nosotros, como Presidencia y miembro del Grupo de Contacto, aunaremos todas nuestras fuerzas para hacer avanzar este proceso. 
No obstante, quisiera insistir una vez más en que no va a ser nada fácil. 
Aplausos 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, en el pasado ha habido numerosas desavenencias y discusiones entre el Consejo y el Parlamento con respecto al problema de Kosovo. 
Ello no obstante, le puedo asegurar que tiene el apoyo del Parlamento Europeo en este asunto y que puede contar con nosotros para buscar posibles soluciones a este conflicto que ha de resolverse cuanto antes. 
Aplausos 
Volvamos a la Agenda 2000. Me alegro de que no se haya dedicado a exponernos la contabilidad de los próximos seis meses, sino que nos haya informado acerca de las decisiones que habrán de tomarse bajo la Presidencia alemana, enmarcándolas en la perspectiva a más largo plazo del futuro desarrollo de la Unión Europea. 
La Agenda 2000 constituye un paquete integrado y usted reclama que se cumpla el plazo previsto. 
Mi Grupo- y estoy convencido de que la gran mayoría de los miembros del Parlamento Europeo comparte nuestro punto de vista- es partidario de que el calendario establecido para la aprobación de la Agenda 2000 se respete. 
En nuestros preparativos hemos tenido en mente las fechas previstas y entre abril y mayo estaremos preparados para tomar las decisiones correspondientes. 
Sin embargo, ello requiere que el Consejo esté en condiciones de discutir, puesto que lo que usted vaya a presentar en la cumbre de marzo ha de pasar en gran parte por el Parlamento Europeo. 
Sería aconsejable que el Consejo dialogara con el Parlamento Europeo antes y no después. De lo contrario, podrían producirse enfrentamientos. 
En segundo lugar, quisiera dejar claro que nosotros vemos la Agenda como un paquete indivisible, considerando que la propuesta de la Comisión es un buen compromiso que permitiría ciertas variaciones y que tal vez pudiera mejorarse en algunos puntos. 
Sin embargo, el paquete integrado como tal no es sustituible. 
Éste es el punto de partida sobre el cual el Parlamento y también los Estados miembros deben ponerse de acuerdo. 
Señor Presidente del Consejo, permítame que haga una pequeña observación respecto a las discusiones que están teniendo lugar en nuestros Estados miembros y al debate interno de nuestro propio país. 
Con ello me dirijo asimismo a mis colegas que siempre reclaman la solidaridad de la República Federal Alemana. No tiene sentido exigir una reforma de la política agrícola y declarar al mismo tiempo en el ámbito de la política interior que en la política agrícola las cosas seguirán como estaban. 
¡Es imposible! 
Aplausos 
No es viable pretender reformar los Fondos estructurales, concentrarse en la lucha contra el desempleo y, al mismo tiempo, reclamar que todos los que hasta la fecha se han beneficiado de los Fondos estructurales, es decir, el 51 % de la población, puedan seguir haciéndolo en el futuro. 
¡Esto tampoco puede funcionar! 
Es una incongruencia afirmar que el marco financiero debe mantenerse invariable al tiempo que se pide más dinero para la ampliación hacia el este. 
No es posible ganarse a los socios de la Unión para la causa de la ampliación al este reclamando al mismo tiempo no sólo justicia contributiva sino también una reducción drástica de las contribuciones netas a la Unión Europea. 
En las negociaciones que se desarrollen de aquí a marzo aún podemos y sobre todo debemos hacer muchos progresos. 
Sin embargo, hay algo que en Bruselas no se puede hacer, a saber, derogar los cálculos básicos de la Comunidad. 
Ni siquiera alguien que esté habituado a tratar con fundamentalistas lograría este objetivo. 
Nos hemos hecho a la idea de que aprobaremos el paquete integrado entre abril y mayo. 
Y con eso, señor Presidente, somos el único Parlamento que se arriesga a pronunciarse sobre todas estas atrocidades que están relacionadas con la Agenda 2000 justo antes de que se celebren las elecciones. 
¡Ojalá algún día quedase recompensado nuestro valor! 
Espero que usted también ponga algo de su parte. 
La Agenda 2000 necesita reformas, entre otras cosas, en lo que se refiere a las perspectivas financieras, ya que la Unión Europea debe poder hacer frente a la ampliación hacia el Este. 
No es, sin embargo, el único punto que requiere una reforma, no quiero dar lugar a malentendidos. 
Evidentemente, la Unión debe reformarse de por sí, pero al mismo tiempo necesitamos dicha reforma para permitir su ampliación, el gran reto histórico que nos espera después de la introducción del euro. 
La Agenda 2000 sólo es parte de la reforma. 
Me felicito de que usted haya aludido igualmente a las reformas institucionales que deben preparar junto con la Agenda 2000 la ampliación de la Unión, y que haya esbozado para ello una visión de conjunto. 
Con su permiso quería hacer algunas observaciones respecto a la reforma institucional. 
Creer que menos Europa equivale a una Europa más próxima a los ciudadanos es un gran error. 
¡Al contrario! 
Una Unión que esté capacitada para hacer las cosas que los ciudadanos esperan de ella está más cerca de los ciudadanos que todas las declaraciones que los ministros de Asuntos Exteriores hacen en sus conferencias o las declaraciones de subsidiariedad de nuestros Estados miembros. 
Cuanto mayor sea la cohesión de la Unión, tanta mayor flexibilidad podrá desplegar en sus decisiones y en sus instituciones. 
Al mismo tiempo, el fortalecimiento de los órganos de la Unión requiere un mayor anclaje democrático. 
También me refiero con esto al debate que aún nos queda por celebrar esta semana. 
Una mayor credibilidad de los órganos comunitarios redundará sin duda en beneficio de su capacidad de acción a escala europea. 
¿Que cuál es el objetivo que ha de perseguir Europa? 
Es cierto que en los últimos cuarenta años la construcción de Europa tenía por objeto impedir el retorno del pasado. 
Era lo correcto, era positivo y seguirá siendo una tarea a largo plazo. 
Sobre el trasfondo de una historia de mil años de guerras europeas, cincuenta años de paz en la mayor parte de Europa es muy poco tiempo y no tenemos ninguna garantía de que esta situación se mantendrá si en el seno de la Unión Europea no nos preocupamos diariamente por el equilibrio de los intereses, la comprensión, los órganos comunes y las decisiones comunes. 
Es un proceso muy complejo. 
Por todo ello, me agradaría que no solamente los diputados y este Parlamento Europeo, sino también los gobiernos de los Estados miembros defendieran en todo momento- no sólo los domingos, sino también entre semana- la política europea que acuerdan durante la semana en Bruselas. 
En nuestros Estados miembros, los mismos ministros- señor Presidente del Consejo, no es un reproche personal, pero son cosas que en el marco de un debate como éste deben decirse de vez en cuando- que de lunes a viernes aprueban en Bruselas las normativas, reglamentos y directivas europeos se quejan los sábados y los domingos de los errores que se han cometido en Bruselas. 
¡Basta ya! 
Aplausos 
¡Así no pueden seguir! 
De esta manera, acabarán desconcertando a la población, a los ciudadanos, en lo que se refiere a Europa. 
Dicho sea esto también de los gobiernos de todos los Estados miembros, sean del color político que sean, para que no haya lugar a malentendidos. 
¿Cuál es, pues, la idea que da fuerza a Europa, en un momento en que ya no debemos unificar Europa para evitar la reaparición de los fantasmas del pasado, sino más bien para poder afrontar los retos del futuro? 
No se trata solamente de convertir el euro en un éxito, sino que también debemos encontrar una respuesta satisfactoria para las consecuencias, los gastos, los riesgos que supone la introducción de la moneda común para toda la Unión Europea. 
Aquí se impone, entre otras cuestiones, una necesidad básica, la de redactar una carta de los derechos fundamentales. 
Me complacería que el Parlamento Europeo desempeñara próximamente un papel clave en la elaboración de dichos derechos fundamentales. 
Sería una de las tareas del nuevo Parlamento. 
La segunda idea- un idea que ya existe, sólo tenemos que darle forma y explicarla- es que Europa se fundamenta en un equilibrio, amenazado siempre y continuamente sujeto a reajustes, entre el imprescindible rendimiento económico y la justicia social, que sienta las bases para la prestación económica. Es más que una mera addenda social. 
Europa, este equilibrio delicado pero siempre renovado entre la libertad del individuo, su búsqueda de la verdad y la justicia y la responsabilidad del individuo ante el conjunto, ante la comunidad. 
Esto es Europa, éstos son los cimientos sobre los cuales podemos construir y sobre los cuales podemos levantar una Unión Europea que sepa imponerse en la escena internacional, que deje de manifiesto que Europa desempeña un papel en el mundo, no por el mero hecho de querer desempeñar un papel, sino para hacer partícipe al mundo entero de nuestros principios básicos y de nuestra amplia tradición en el ámbito de los derechos humanos y de los derechos sociales, fomentando su implantación dondequiera que sea. 
Una Europa que no sólo se dirija a la razón sino que, además, sea capaz de conquistar el corazón de la gente. 
¡Señor Presidente del Consejo, pido su colaboración para que, avanzando por este camino, podamos alcanzar nuestra meta final! 
Aplausos 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, nadie puede negar que a la Presidencia alemana le ha tocado gestionar una etapa especialmente exigente. 
Yo espero y deseo que sepamos resolver bien el problema suscitado por la presentación de la moción de censura. 
Lo digo sinceramente, porque a nadie le interesa complicar más las cosas y supongo que menos aún a la Presidencia de turno. 
Empiezo diciendo que no tengo dificultades en coincidir con las prioridades expuestas esta mañana por el Sr. Fischer, es decir, más empleo para una Europa en competencia globalizada. 
Hay que insistir en el proceso de coordinación de políticas de empleo iniciado en Luxemburgo, así como en la puesta en marcha de una política activa de creación de empleo a nivel europeo- mencionó usted un pacto europeo para el empleo. 
Sobre el fortalecimiento de las relaciones exteriores de la Unión, nosotros apoyamos sin reserva la apuesta que usted ha hecho esta mañana por la Unión política, y en este marco la apuesta también por la adhesión de los países de la Europa central y oriental y Chipre. 
Sobre el ámbito extraeuropeo me interesa subrayar el especial interés en el desarrollo de los procesos de cooperación en el Mediterráneo e Iberoamérica, con importantes citas en los próximos meses. 
Y por lo que respecta a la Agenda 2000, su empeño- que compartimos- de finalizar las negociaciones durante el presente semestre- ¡ojalá así sea! -no puede perder de vista, para tener éxito, los siguientes principios: en primer lugar, todos los Estados miembros deben contribuir financieramente a la ampliación y a los gastos que se deriven de la misma. 
En segundo lugar, la Unión debe seguir dotándose de los medios necesarios para el desarrollo de sus políticas comunes, lo que implica respetar el esfuerzo financiero que se acuerde en materia de cohesión. 
En tercer lugar, hemos de ser capaces de articular un sistema de ingresos que refleje mejor la capacidad contributiva de los Estados miembros. 
En cuarto lugar, no son aceptables reducciones arbitrarias de los gastos. 
En quinto lugar, la negociación de la Agenda 2000 tiene un límite, que es el respeto de las disposiciones del Tratado. 
Apuesten ustedes por la convergencia real, señor Fischer, que es una buena inversión para Europa. 
Aprecio el tono y el equilibrio de sus palabras y le deseo mucho éxito y mucho acierto. 
Señor Presidente, ha llegado el invierno a Europa pero en ningún sitio es más difícil soportar el frío que entre los miles, quizás cientos de miles, de habitantes de Kosovo que se han visto obligados a huir a las montañas, lejos de los esbirros de Milosevic. 
Los refugiados que han bajado de las montañas a menudo encuentran sus hogares quemados y sus pozos envenenados. 
Además, hay motivos para pensar que la lucha en Kosovo arreciará con la llegada de la primavera. 
Por eso, no olvidemos las causas de esta situación. 
La causa es la represión serbia que se ejerció durante diez años sobre los kosovares, sobre el 90 por ciento de los habitantes de Kosovo. 
Europa guardó silencio en tanto los kosovares protestaron con medios pacíficos. 
Ahora les pedimos que acepten la paz, siempre bajo soberanía serbia. 
El Grupo Liberal cree que las negociaciones de paz que tienen que producirse, deberán ser sin condiciones. 
Veríamos con beneplácito que se llegase a una tregua en poco tiempo, pero no queremos adelantarnos a lo que la solución definitiva del conflicto pueda significar para el futuro de Kosovo y de los kosovares. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, reciba mi cordial enhorabuena por su elección y por las líneas generales de su programa, que comparto en gran medida. 
Deseo que comience y que avance. 
Señor Ministro, la Europa del ayer, del nacionalismo, de la división y del anacronismo no existe sólo geográficamente, no la encontramos sólo en algunos Estados, está en el cerebro de la gente, en las prácticas políticas en toda Europa y en la Unión Europea y ahí es donde debemos combatirla políticamente. 
La Europa del futuro, de la integración, tal como usted ha dicho muy correctamente, debe abrirse y proponer perspectivas a todos sus ciudadanos, abrirse y proponer perspectivas a todos los Estados y a todas las naciones de Europa. 
Y cuando hablamos sobre Kosovo, señor Presidente, y sobre los Balcanes en general, permítame decir que esta Europa del futuro sobre la que estamos hablando, no ofrece ninguna perspectiva, ninguna propuesta, ninguna posición en los estados y en las naciones de la región para el futuro. 
La política de la ampliación no incluye esta región de Europa ni siquiera como un objetivo a largo plazo. 
Exactamente esta ausencia, señor Presidente, pertenece a la Europa del pasado y, por favor, piense en ello un poco más. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Además de usted, parece que no hay más que un único diputado del Partido Popular Europeo en la Asamblea. 
¿Están los democristianos boicoteando este debate? 
¿Cómo puede llegar a semejante conclusión? 
Señor Presidente del Consejo, el Grupo del Partido Popular Europeo aún está deliberando, puesto que todavía no se ha aclarado sobre el problema del comportamiento de dos comisarios socialistas. 
Risas 
Señor Presidente, ¿de la presencia del Sr. Brok se puede deducir que aprueba el comportamiento de los dos comisarios socialistas? 
Risas 
Colegas, siempre he acogido con satisfacción este tipo de debate, pero no debería prolongarse demasiado. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, primero quisiera referirme a nuestra institución. Independientemente de que el Grupo del Partido Popular Europeo esté representado por dos o por tres personas o que nuestra presencia se limite a diez parlamentarios, está claro que la opinión pública no aceptará excusa alguna de nuestra parte y criticará al Parlamento Europeo cuando vea el panorama en que se desarrolla este importante debate. 
Siempre somos los primeros en criticar a los demás, entre ellos la Comisión, pero haríamos mejor en analizar el comportamiento adoptado por nosotros mismos en las sesiones plenarias. 
Éstas no eran sino observaciones preliminares. 
Por otra parte, el Sr. Poettering, que dice cosas tan inteligentes, podía haber puesto como ejemplo los nombres de Schmidhuber y Bangemann que en su día también ocuparon puestos de comisario. 
No me cabe en la cabeza cómo el Grupo del Partido Popular Europeo y otros Grupos más pueden estar ausentes en un momento como éste, en el que se discute gran parte del futuro de Europa. 
¡Pero es su problema, no el mío! 
Ahora quisiera hacer tres pequeñas sugerencias al Presidente del Consejo para que la Presidencia alemana pueda cumplir con éxito los objetivos que se plantea. 
En primer lugar, el debate sobre la finalidad de la Unión es importante y debe implicar asimismo un análisis social. 
Pero por otra parte, también es verdad que la Unión Europea existe en la actualidad y no puede limitarse a esperar el resultado de dicho debate. 
Por tanto, es imprescindible que en Colonia se apruebe una decisión, una resolución que determine que la nueva conferencia gubernamental prevista para el año 2001 ha de ir acompañada de la redacción de una carta que recoja los derechos fundamentales de la Unión Europea. 
No puede haber conferencia gubernamental sin carta de los libertades fundamentales, de lo contrario Europa no será posible ni imaginable. 
En segundo lugar, considero peligroso que la Presidencia alemana- por las razones que sean- no mencione en ningún momento la política con respecto al Mediterráneo. 
Y digo esto porque en Europa existe el temor, tal vez infundado, de que Europa y Alemania pondrán su mirada únicamente en el Este, olvidándose de los problemas ocasionados por las relaciones con el Sur. 
Es la razón por la que estimo fundamental que en relación con el Sur, con el Mediterráneo, volvamos a poner sobre el tapete el tema de los derechos humanos con socios como Argelia. 
No se trata únicamente de la lucha contra el terrorismo, sino también del respeto de los derechos humanos y, por consiguiente, de la forma en la que los Estados combaten el terrorismo. 
Éste es el futuro de la democracia y habrá que dejarlo muy claro, también a los socios de la región Mediterráneo y muy especialmente a Argelia. 
El tercer aspecto atañe al famoso problema que acapara el debate en torno a los contribuyentes netos y las contribuciones netas. 
Dar más trabajo a una institución política, cualquiera que sea, y reducir al mismo tiempo su margen de acción a través de recortes financieros no lleva a ningún lado. 
En los días anteriores hemos podido comprobar a raíz de la crisis que ha atravesado la Comisión cuál es el resultado de este procedimiento. 
La Comisión dijo que no contaba con personal suficiente para llevar a cabo las tareas que se le conferían. 
Así surgen los problemas que, de hecho, han surgido. 
Por todo ello, conviene reflexionar mucho. 
¿Cuáles son las reformas que necesita la agricultura? 
¿Cuáles son los gastos que hay que eliminar? 
¿Cuánto debe pagar Inglaterra de más? 
Más igualdad, más justicia. De acuerdo, pero también tenemos que preguntarnos sobre la cantidad que ha de pagar de más la Unión en su conjunto para que pueda hacer frente a las tareas que le corresponden. 
Aplausos 
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, agradecer muy efusivamente al Presidente en ejercicio su discurso y su presentación del programa de la Presidencia alemana. 
Hacía mucho tiempo que ya no oíamos aquí, en el Parlamento Europeo, un discurso inspirado por semejante ambición federalista. 
Mi Grupo no dejará de hacerle propuestas concretas en las próximas semanas. 
No dispongo de tiempo para mencionarlas todas y me limitaré sólo a una. 
Hoy existen en la comunidad internacional más de cien países que han abolido de facto la pena de muerte. 
Una mayoría, por tanto. 
Por consiguiente, existen las condiciones para que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe este año una moratoria universal sobre las ejecuciones capitales. 
Quisiera que, si es posible, la Presidencia alemana nos dijese si piensa adoptar una iniciativa en ese sentido en las próximas semanas, para que no tengamos un fracaso como el año pasado y para no desaprovechar esta ocasión de lograr la creación de las condiciones favorables con vistas a la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de una moratoria universal sobre las ejecuciones capitales en el año 2000. 
Señor Presidente del Consejo, es usted el primer Presidente del Consejo cuya legitimidad política descansa en el movimiento ecologista. 
Quisiera advertirle de que, de entrada, todas las manifestaciones de la política y todas las acciones políticas estarán abocadas al fracaso y carecerán de todo sentido si se deja de lado el tema fundamental, es decir, la solución del problema ecológico. 
Estamos llegando al final del siglo XX y nos hallamos en los albores del siglo XXI. 
Fíjese: no nos podemos permitir que se vuelva a repetir el siglo XX, ni desde el punto de vista del derroche de los recursos ni desde la perspectiva de la destrucción del medio ambiente. 
Me pregunto dónde está su influencia en pro de una visión de futuro ecologista. 
Espero que no haya relegado estas ideas ecologistas, que le han permitido llegar a donde está ahora, junto con sus legendarias zapatillas de deporte, al sótano, donde posiblemente estén pudriéndose. 
¡De ser cierto este supuesto, le rogaría que salve al menos sus ideas ecologistas! 
Señor Presidente, la Cumbre de Luxemburgo puso fin a la serie de explicaciones casi interminables y no obligatorias sobre el empleo. 
Al menos, pareció haber puesto fin a estas explicaciones, puesto que si analizamos los resultados de la Cumbre de Viena, se observa que se dedican muchas páginas al empleo, un ámbito que a mí y a todos nos preocupa mucho, pero no se ha adoptado ninguna decisión concreta y, de hecho, se han dado muchos encargos a la actual Presidencia. Por supuesto, le deseo muchísimo éxito en su ejecución. 
Espero que pueda retomar el espíritu de Luxemburgo. Esto implica lograr objetivos concretos con ayuda del benchmarking, no sólo en al ámbito nacional, sino también en el europeo. 
Luxemburgo fue un comienzo, un comienzo importante, pero todavía hace falta muchísimo para ampliar y profundizar ese proceso. 
En este momento, noto un cierto desgaste que provoca el inicio de un proceso burocrático respecto de la ejecución de lo que en Luxemburgo ya se decidió y que se conceda poca atención a la renovación que allí en primer lugar se pretende. 
De los muchos encargos que se han dado a esta Presidencia, por supuesto, sólo puedo destacar algunos. 
Considero muy importante que la Presidencia alemana logre llevar a cabo una coordinación seria de las políticas económica y social. 
Al asumir el poder en su propio país, se han dado a conocer, en mi opinión, muchísimas ideas muy renovadoras. 
Éstas se moderaron al acercarse la Presidencia, pero espero que usted no utilice estas observaciones, esta política, exclusivamente en el ámbito nacional sino que también la aplique en el ámbito europeo. 
Estoy convencido de que una coordinación de las políticas económica y social únicamente en el ámbito nacional no tiene sentido si no logra crear también una sólida estructura europea. 
En otras palabras, espero que sus tentativas de Bündnis für Arbeit, de pactos por el trabajo o por el empleo, se puedan acometer de forma enérgica en el ámbito europeo y, así mismo, espero que con éxito. 
Pese a que la política de empleo me preocupa mucho, empiezo a tener la impresión de que se piensa que toda la política social está exclusivamente integrada por el empleo o por la política del mercado de trabajo. 
Sin embargo, la política social es más. 
Hemos pedido siempre, no un pacto por el empleo sino un pacto por el empleo, por la estabilidad y por la solidaridad. 
Parece algo así como buscar la tercera vía, como si la solidaridad fuera tabú, pero agradecería extraordinariamente al Gobierno alemán que lograra introducir de forma concreta la cuestión de la solidaridad en el orden del día. 
La cohesión interna de Europa es todavía uno de los encargos más importantes que tenemos. 
En toda la cháchara y lamentación por las obligaciones financieras, creo que se ha hecho muy poco hincapié en la cuestión de la cohesión. 
En este ámbito, la Presidencia, puede realizar, en mi opinión, una excelente contribución. 
Me alegra que la intervención del Sr. Brok preceda a la mía y espero que en su discurso aclare que la escasa presencia de su Grupo no constituye un problema en el sentido descrito por el Sr. Cohn-Bendit, sino un problema para todo el Parlamento. 
Es un escándalo que se contemple una Presidencia como algo que concierne exclusivamente a un Grupo y no a todo el Parlamento. 
Estimado Daniel Cohn-Bendit, me alegra poder saludarle por una vez en este Pleno. 
Protestas 
Estos días nos hallamos en una situación muy particular. 
Señor Presidente del Consejo, espero que comprenda que nos encontramos en una situación un tanto confusa. 
Los partidos de la oposición alemana, el CDU/CSU, seguirán poniendo todo su empeño en la continuidad de la política europea alemana desde el Parlamento Europeo. 
Creo que el discurso que usted ha pronunciado hoy se enmarca en esta línea de continuidad de la política europea alemana y sienta las bases para una colaboración constructiva en muy diversos ámbitos para los próximos meses. 
Evidentemente, también nos gustaría saber si usted es el Presidente del Consejo para Asuntos Exteriores y el si Canciller federal es el Presidente guillermino del Consejo para Asuntos Interiores. 
Es obvio que estas contradicciones, que asoman a veces, deben evitarse. 
Señor Presidente, le será más difícil lograr compromisos necesarios a escala europea cuando en Alemania se está creando un ambiente muy distinto. 
¡Espero que consiga aclarar este asunto! 
Le agradezco especialmente sus declaraciones sobre la reforma institucional. 
La cumbre de Colonia debe centrarse sobre todo en la ampliación de las decisiones por mayoría y del procedimiento de codecisión, así como en la elaboración de un catálogo de derechos fundamentales. 
A este respecto yo entiendo que en los próximos dos años deben darse en este ámbito los pasos necesarios- con la ayuda del Parlamento Europeo- para que la Unión Europea pueda enfrentar con éxito la ampliación. 
Deberá modificar algunos aspectos de su Presidencia del Consejo, por ejemplo la política exterior y de seguridad común. 
Quería pedirle que para el nombramiento del alto representante y la composición de la unidad de planificación y de análisis tuviera en cuenta los consejos de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo en lugar de dejarse convencer por sus diplomáticos a fin de que todo esto se convierta en una plusvalía para Europa y no se reduzca a una mera representación de directores políticos. 
Quisiera hacer una última observación. Todos estamos de acuerdo en que la política de empleo es un tema fundamental. 
Por eso mismo, el antiguo Gobierno federal prestó en Amsterdam y en Luxemburgo su apoyo y su colaboración a la coordinación de la política de empleo europea. 
Pero por falta de instrumentos no podemos hacer más que coordinar, fijar objetivos y establecer criterios de eficiencia comparativa. 
En el pacto sobre el empleo no se debería causar la impresión de que fuera posible llevar a cabo una política salarial común desde Finlandia hasta Portugal o garantizar la financiación de la política del mercado laboral. 
Usted ha aludido en su discurso a la política del mercado laboral. 
A veces tenemos la impresión de que unos días antes de las elecciones europeas se montará un gran espectáculo con motivo de la política de empleo a fin de ir preparando sobre esta base una coartada para las elecciones nacionales, culpando a Europa del fracaso de las políticas de empleo nacionales. 
Europa no se merece tener que cargar con una falsa responsabilidad. 
Señor Presidente, los socialdemócratas saben aplaudir muy bien cuando se elogian los méritos del Sr. Kohl, pero a pesar de ello nos alegramos de poder saludar hoy al ministro de Asuntos Exteriores de este Gobierno. 
Aplausos 
Señor Fischer, le he escuchado con mucha atención. La calidad y la dimensión del debate que estamos celebrando hoy me impiden comenzar a enumerarle los valores límite que usted habría de modificar o las normas medioambientales que necesitan una urgente renovación, aun cuando lo haría con mucho gusto y evidentemente podría hacerlo con todo detalle. 
Quisiera, no obstante, detenerme en algunos puntos que se ajustan perfectamente a la dimensión que usted ha perfilado en su intervención. 
Cuando usted habla de una Europa cada vez mayor, de una Unión Europea cada vez más amplia y de una creciente unificación europea, objetivos que compartimos todos, hay algo que debe quedar muy claro. Debemos tener muy claro que debe haber y que hay políticas transversales, que han de considerarse como tal y que requieren un tratamiento distinto. 
Mi colega Wim van Velzen se ha referido a la política social. 
Es un claro ejemplo de lo que acabo de decir. 
En este Parlamento y en el seno de mi Grupo político soy el responsable de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Si nos tomamos en serio la integración europea, también nos tenemos que tomar en serio la integración de este tipo de políticas transversales en los demás ámbitos de acción. 
Ello significa por ejemplo que la política de medio ambiente debe formar parte integrante de la política de transportes, la política energética y la política económica- además, la política de medio ambiente sirve de motor para la política de empleo. 
Todo el mundo- también este Gobierno federal- acata esta idea, pero luego nadie la cumple. 
Sin embargo, espero que al cabo de estos seis meses pueda comprobarse que la pasada cumbre de Cardiff y la cumbre de Colonia sí han dado resultado, que existe una normativa integral que obliga a la Comisión a incorporar la política de medio ambiente en otros ámbitos, entre ellos la política estructural. 
Señor Presidente, también ha hecho alusión a la transparencia. A este respecto le he interrumpido de forma insolente, por lo que le pido disculpas. 
Me doy cuenta de que en muchos casos los ciudadanos no saben cómo se desarrolla el proceso legislativo en la Unión Europea. 
Pero tampoco saben muy bien cómo se lleva a cabo en los Estados miembros. 
No me parece bien y, por tanto, compruebo con satisfacción que usted es partidario de la transparencia. 
No podemos olvidar, sin embargo, que transparencia significa asimismo tener claro lo que los Estados miembros hacen con la legislación de la Unión Europea una vez que la hayan aprobado. 
Se atenta igualmente contra el principio de la transparencia cuando sucede lo que solía suceder en Alemania- algo que es fácilmente demostrable- en el sentido de que Alemania aprobaba la legislación- sobre todo en el ámbito del medio ambiente -, pero luego no la incorporaba en el Derecho nacional o no controlaba si las disposiciones se respetaban o no. Señor Presidente, le ruego intente corregir esta situación. 
Si queremos hacer algo que beneficie a los ciudadanos de toda Europa- incluidos los habitantes de los países candidatos a la adhesión- debemos ofrecerles un medio ambiente en el que es grato vivir. 
Hoy hemos hablado mucho de política exterior y de contextos muy amplios. 
Ello siempre me hace sentir muy humilde y muy insignificante y en estas circunstancias procuro no hablar demasiado, pero al final del día siempre volvemos a centrarnos en las personas que viven en este mundo, en esta Europa. 
Estas personas respiran, estas personas comen y beben y deben vivir en el medio ambiente. 
Si no logramos conservar un medio ambiente digno, tampoco podremos seguir hablando de política exterior. 
Por todo ello, Señor Presidente, quería pedirle que se lleve a su casa y a Bonn la idea de que la política de medio ambiente debe ocupar un lugar central en la política alemana y en el proceso de integración europea. 
Aplausos 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, la Presidencia de la República Federal de Alemania ha comenzado con los mejores auspicios. 
En opinión, por decirlo así, unánime tanto en Europa como en el mundo, el lanzamiento del euro ha sido un éxito que indicará una auténtica etapa histórica en la larga marcha de la construcción europea. 
Alemania no escatimó esfuerzos ni sacrificios incluso para lograrlo y comprenderá usted, señor Presidente, que yo asocie en este homenaje al Canciller Kohl, que mantuvo ese rumbo con tanto valor y determinación. 
Hoy formulo mis votos más efusivos por el éxito de la Presidencia alemana. 
Se trata de una difícil responsabilidad, pues esta Presidencia estará jalonada de decisiones estratégicas que determinarán los contornos de la Europa futura. 
Una Europa que queremos ampliar, naturalmente, a los países de la Europa central y oriental que desean unírsenos, pero que en adelante debe afirmar su dimensión política y, por tanto, renovar sus instituciones para responder mejor a las esperanzas de nuestros conciudadanos. 
Tengo la sensación, señor Presidente, después de haberlo escuchado, de que las prioridades de su Presidencia coinciden, en muy gran medida, con esos objetivos. 
Pero hay dos tareas sobre las que quisiera presentar algunas reflexiones. 
En primer lugar, la conclusión de la Agenda 2000. 
Aprobamos su voluntad de intentar lograrlo, a ser posible, en la cumbre que se celebrará los días 24 y 25 del próximo mes de marzo. 
Se trata de un calendario muy imperativo, si queremos que el Parlamento Europeo pueda desempeñar plenamente el papel que le corresponde, en un timing que, con toda probabilidad, será muy apretado, habida cuenta de nuestras elecciones el próximo mes de junio. 
Apruebo asimismo la idea de que el futuro marco financiero de la Unión Europea, la reforma de la política estructural, la de la Política Agraria Común, constituyen un plan global que no se puede disociar. 
Para lograr las soluciones duraderas que desea usted, será necesario que se respete la sensibilidad de todos. 
Lo sabe usted, lo sabemos nosotros, algunos de los Estados miembros son más sensibles- con razón, por lo demás- al problema de la contribución financiera; otros, en el fondo, han velado durante todos estos años, a la cohesión de nuestra Comunidad; otros, por último, a la de las políticas comunes, que fue el primer fundamento de nuestra Unión. 
Como habrá comprendido usted, sin duda, señor Presidente, me refiero a la Política Agraria Común y quiero decirle muy sencillamente mi parecer. 
La introducción de medidas que proporcionarían en los hechos una renacionalización, aun parcial, de la Política Agraria Común, sería un error político que arruinaría a la Unión Europea ante un número importante de nuestros conciudadanos. 
Querido Klaus Hänsch, nadie ha dicho nunca, naturalmente, que no hubiese que cambiar nada. 
Pero me parece que el imperativo supera los intereses nacionales de cualquiera, dado que el desarrollo rural es indispensable para el propio equilibrio de nuestro espacio europeo. 
Le agradezco, señor Presidente, que tenga a bien reflexionar al respecto. 
Mi segunda observación se refiere a las instituciones. 
Si optamos por una Europa abierta, desde luego, pero también fuerte y unida, necesitamos instituciones que preserven su capacidad para actuar; de lo contrario, corremos el riesgo, como ha dicho usted, de un infarto institucional. 
Ha hablado usted con claridad sobre los aspectos delicados en los que debíamos insistir. 
Nos ha precisado que en la cumbre de Colonia se lanzará una nueva conferencia intergubernamental, pero quisiera formularle, de todos modos, una pregunta. 
¿No cree usted que el método de las conferencias intergubernamentales ha mostrado sus límites? 
Quisiera, señor Presidente, que nos dijese usted si no hay medios más creativos que permitan alcanzar el resultado deseado. 
Una vez más, formulo votos muy efusivos por su Presidencia. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, estimados colegas, aún quisiera hacer saber al colega Brok, que ya se ha dado a la fuga en dirección a la sala de su Grupo, que el SPD también se diferencia del Grupo del Partido Popular Europeo y de sus miembros en que nosotros no somos el partido que enseguida olvida las cosas. 
Por tanto, me extraña que después de haber gobernado Alemania durante 16 años, anuncien proféticamente que el Gobierno federal en ejercicio tendrá que responder del fracaso de la política de empleo. 
Es realmente absurdo y todo el mundo, también en Europa, lo sabe. 
Lo que algunos en Europa no comprenden son las ayudas al medio rural, la política agrícola. 
Quien, en el marco de la necesaria puesta al día de la Unión Europea, aborde la cuestión de la reforma de la política agrícola ha de saber dos cosas. En primer lugar, esta reforma debería haberse llevado a cabo mucho antes y es realmente necesaria como tal. 
No se ha incluido en la agenda porque se está aproximando la fecha de la ampliación hacia el Este. 
En segundo lugar, conviene saber que dicha reforma no sólo implica cuestiones como los precios agrícolas, las ayudas a la exportación y los pagos compensatorios, aun cuando estos temas sean muy importantes. 
Lo que realmente está en juego es el futuro del medio rural, que representa el 80 % de la Unión Europea, y más especialmente la pregunta de cómo podemos mantener los puestos de trabajo, crear nuevos puestos de trabajo y conservar el medio ambiente en el medio rural, ya sea en el ámbito de la agricultura o fuera de él? 
La opinión pública europea no cuestiona estos objetivos. 
Lo que sí cuestiona cada vez más y lleva cuestionando con razón desde hace mucho tiempo, son el método y la forma en que los recursos financieros de la Unión Europea se emplean en este medio rural. 
Recientemente, el Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido que la situación sigue siendo insostenible si se tiene en cuenta que el 80 % de los recursos de los contribuyentes europeos destinados al medio rural, a la política agrícola, se distribuye entre un 20 % de los destinatarios, que, además, son los más acomodados. 
Es lógico que ningún ciudadano europeo entienda nada de este asunto. 
Por todo ello, es fundamental que la Agenda 2000 ponga de manifiesto que la política de subvenciones en el ámbito agrícola debe integrar importantes medidas sociales. 
No es aceptable que un millonario del medio rural, que haya transformado su empresa en unas circunstancias sumamente favorables en un negocio unipersonal tras llevar a cabo una racionalización masiva, que disponga de los mejores contactos en el mercado mundial y, por tanto, consiga los mejores productos, siga gozando de los mismos derechos de ayuda que un agricultor de una zona menos desfavorecida que en muchos momentos tan sólo logra sobrevivir gracias al autoabastecimiento. 
Nosotros, los socialdemócratas, no envidiamos al global player europeo su éxito económico. 
Únicamente reclamamos que el emprendedor agrícola de las zonas menos desarrolladas, que nunca podrá convertirse en global player pero que ayuda a conservar el medio rural gracias a sus valiosos servicios ecológicos, reciba por los servicios prestados la remuneración que le corresponda, que es superior a la que percibe actualmente. 
Aquí se cierra el círculo. 
Señor Presidente, usted ha señalado con razón que no sólo tenemos que ser solidarios con los Estados miembros menos desarrollados sino también con los más desprotegidos del espectro social, y, evidentemente, ahí también entran a formar parte las zonas rurales. 
Aplausos 
Señor Presidente del Consejo, usted ha dicho cosas importantes y ha ofrecido unas perspectivas, sin lugar a dudas, ambiciosas: una nueva conferencia intergubernamental, una nueva constitución europea, una política exterior y de defensa común autónoma e independiente, fortalecimiento de la Unión Europea Occidental, decisiones por mayoría del Consejo, reforzamiento de los poderes del Parlamento. 
Señor Presidente, no cabe duda de que son afirmaciones importantes, sin embargo, se trata de intenciones y un viejo refrán dice: «De buenas intenciones está empedrado el infierno». 
El problema es otro y estriba en entender qué conexión existe entre la coherencia de los objetivos que usted ha propuesto y las decisiones concretas que el Gobierno alemán parece dispuesto a tomar. 
Son interrogantes que también el Presidente Hänsch ha planteado en una entrevista concedida a Die Zeit. 
Algunas declaraciones del Canciller Schröder, la frialdad de uno de sus ministros con respecto al euro, la reivindicación de reducir las contribuciones, la amenaza de reducir las contribuciones en favor de los países del Mediterráneo del Sur no son buenas señales. 
Cierto que usted ha disipado algunas de estas dudas- creo que debemos reconocérselo- no obstante, las dudas siguen siendo legítimas. 
Señor Presidente, quisiera recordarle que esta Europa ha sido construida en gran parte por algunos líderes que proceden de cierta cultura, una cultura democratacristiana. 
¿Los Gobiernos con mayoría socialista serán capaces de terminar el edificio? 
Su perspectiva va en esta dirección, sin embargo, esperamos que usted pueda también seguir en esta dirección. 
Los problemas del desempleo sólo pueden afrontarse en un contexto europeo. 
Pero ¿cómo hacer frente al desempleo? 
Acabo de escuchar la intervención de un colega socialista que sigue planteando los problemas de la presión sobre el Banco Central y alentando el rigor presupuestario a través de procedimientos que parecen estar inspirados en un nuevo dirigismo. 
¿Estos son los caminos a seguir? 
No. 
Señor Presidente, una vez más tengo que decir, al igual que el Sr. Cohn-Bendit, que el silencio sobre el Mediterráneo me sorprende. 
Por otra parte, le agradezco sus declaraciones acerca de Kosovo. 
Y ahora, si me lo permite, una última recomendación. 
Habida cuenta de que el Presidente habla griego, me permito expresarla en latín y traducirla con un refrán en alemán: «Laus nova nisi oritur etiam virtus amittitur». 
El refrán alemán dice: «Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurück». 
Pienso que esto también le puede suceder a Europa, si no sigue avanzando. 
Debo precisar, a título puramente anecdótico, que el Presidente, como, por lo demás, muchos otros colegas, tuvo que aprender latín para estudiar derecho. 
Conque nadie tiene problemas para seguir a Su Señoría. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en su discurso- un discurso ciertamente político- ha concedido usted mucha importancia a los aspectos presupuestarios. 
Permítame, pues, que comience con una advertencia: en la Unión Europea, los grandes acuerdos financieros los han logrado los Estados pequeños. 
Las perspectivas financieras vigentes no se aprobaron en Edimburgo, aunque algunos así lo crean, sino en Bruselas, un año después, bajo la Presidencia belga. 
El Gobierno alemán- el nuevo Gobierno alemán- tiene ante sí el reto de romper esta racha, esta tradición. 
Y yo, como ponente para la Agenda 2000, le deseo toda suerte de venturas y mucha suerte. 
Espero que lo consigamos. 
Le he escuchado con profunda atención, señor Presidente, porque en su documento de prioridades se dedican doce líneas a la política financiera y presupuestaria de la Unión y en el resto se abordan muchísimas políticas, «tropecientas» políticas, pero sin dinero. 
El Consejo Europeo de Viena acordó que la Agenda 2000 debía abordarse- cito- «con espíritu de solidaridad y garantizando el rigor presupuestario». 
Usted ha hablado- y yo he tomado muy buena nota- de una solución equitativa que no vaya en detrimento de los socios más débiles, y ha pedido la colaboración del Parlamento. 
Creo, señor Presidente, que la pregunta está mal formulada. 
La colaboración del Parlamento la tiene. 
La pregunta es: ¿tenemos la colaboración del Consejo? 
Porque el 8 de diciembre, señor Presidente, el Consejo tuvo que emitir un comunicado confirmando que pensaba cumplir y no vaciar de contenido los acuerdos que acababa de suscribir esa misma mañana con la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Son ustedes, el Consejo, los que plantean dificultades, señor Presidente. 
Rigor no es sinónimo de ahorro. 
Rigor es sinónimo de gestión austera y eficiente. 
No hay que confundir los términos. 
Sin el Parlamento, además, no puede haber perspectivas financieras. 
Por eso le voy a recordar brevemente algunos puntos a los que el Parlamento concede especial importancia y que el Consejo no parece entender siempre bien. 
En su Resolución del 4 de diciembre de 1997, el Parlamento se pronunció contra las contribuciones nacionales y contra el principio de justo retorno. 
Usted ha dicho justamente que el euro es un paso adelante en la construcción de una nueva soberanía europea. 
Tengan el valor de dar un paso adelante también en ese sentido de soberanía europea y presenten una propuesta de recursos propios auténticamente europeos. 
Reconozca que lo de las contribuciones nacionales no es muy europeísta, más bien es un paso atrás en la construcción política europea. 
El Parlamento Europeo se ha pronunciado ya a favor del Fondo de Cohesión tal como se pronunció en su día la Comisión Europea, y contra la cofinanciación de la PAC. 
Es necesario un mayor grado de flexibilidad, señor Presidente. 
El Parlamento ha manifestado sus dudas sobre las consecuencias financieras de las reformas propuestas en la Agenda 2000. 
Ahora se dispone del dictamen del Tribunal de Cuentas de diciembre, nº 10/98, sobre la Agenda 2000, que es aún más escéptico. 
Harán falta cláusulas e instrumentos de flexibilidad. 
En ello se juegan las perspectivas financieras. 
Por último, señor Presidente, la ampliación es un gran capítulo. 
Los que fuimos excluidos de la construcción europea en su día, porque nuestro país estaba bajo una dictadura, somos fervientes partidarios de la ampliación al Este. 
Usted ha mencionado los costes de la no ampliación, y estoy de acuerdo. 
Pero, ¿cree usted, señor Presidente, que podemos preparar esta ampliación con los miserables créditos de que disponemos en el marco financiero, recortando Europa y los presupuestos actuales? 
Una mayor Europa territorial no se logra con una menor Europa presupuestaria. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, antes que nada quisiera dejar claro que prácticamente todos los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo han presenciado el discurso del Presidente del Consejo y que todos le han aplaudido firmemente, también los cristianodemócratas alemanes, ya que lo que usted ha dicho- siempre y cuando cumpla su palabra- merece nuestro pleno apoyo. 
Por tanto, considero que el comentario que se ha hecho desde ahí arriba no viene a cuento y, si me fijo en los socialistas, llego a la conclusión de que sólo hay cuatro más que en nuestro Grupo, con lo cual tampoco es para tanto. 
Retomemos el hilo de nuestro debate. 
Señor Presidente del Consejo, me detendré en un solo punto: el tema de Kosovo. 
Tras conocer el resultado poco glorioso de las negociaciones entre Holbrooke y Milosevic, yo dije aquí que no se haría esperar el día en que Occidente reprocharía a los albaneses de Kosovo que por qué no acaban cediendo. 
¿Cómo están las cosas en Kosovo? 
Los soldados serbios, que en un principio pueden haberse retirado, ya han vuelto hace tiempo. 
La policía serbia en Kosovo está armada hasta los dientes. 
Los atentados selectivos contra pueblos y civiles albaneses son moneda corriente. 
Las acciones desesperadas y no siempre aceptables del ELK no son sino una reacción a estos actos terroristas de los serbios y deben interpretarse más que nada como una señal de la creciente impotencia de los albaneses, como un grito de socorro. 
¿Dónde se ha dado un paso en esa dirección política que usted ha propugnado antes? 
Ya en octubre de 1998 nos vimos obligados a comprobar que Milosevic no quiere una solución política. 
Lo que quiere es llevar a cabo una limpieza étnica en Kosovo e invertir las relaciones de fuerza entre albaneses y serbios en favor de los serbios. 
Y la jugada le está saliendo muy bien, señor Presidente del Consejo y estimado colega Daniel Cohn-Bendit. 
Refugiados por doquier, no sólo en el bosque, no sólo en Albania, no sólo en Macedonia. 
También hay refugiados procedentes de Kosovo en Bosnia y no digamos en Alemania y en Italia. 
La misión de los observadores de la OSCE es una farsa y está abocada al fracaso. Debemos sacar a los observadores de ahí. 
De lo contrario, los medios de comunicación se verán inundados por noticias que giran en torno al peligro de muerte que corren estos señores, en lugar de centrarse en la miseria y el desamparo de los albaneses cuya vida ya corre peligro desde hace nueve años. 
Señor Presidente, cuando ha dicho que la extraction force destacada en Macedonia está llamada a proteger a estos observadores de la OSCE me ha parecido que el asunto no le deja totalmente indiferente. 
Es un verdadero insulto para quienes llevan sufriendo desde hace nueve años el apartheid de los serbios. 
Estas tropas no están para proteger a los civiles albaneses, sino para garantizar la protección de los pocos observadores de la OSCE, que, a decir verdad, estarían mejor allí de donde han venido, o sea, en casa, porque sobre el terreno no pueden hacer nada. 
En este momento se sabe que algunos soldados serbios han sido capturados por los albaneses. 
¿Pero qué ha hecho la opinión mundial en los últimos nueve años? 
¿Ha puesto el grito en el cielo cuando todos los días había albaneses que eran capturados y torturados? 
Yo tengo mis dudas sobre la oportunidad del presente debate. 
En los últimos meses, el Grupo de Contacto ni siquiera ha establecido contactos. 
Por favor, retire a los observadores de la OSCE y deje que una representación de fuerzas militares internacionales, soldados rusos incluidos, restablezca la paz en Kosovo para que, por fin, se pueda implantar con éxito un acuerdo político transitorio que pueda conducir a una solución definitiva para este conflicto regional. 
De lo contrario, acabaremos viviendo en nuestra propia carne lo que vemos a diario en los medios de comunicación. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, yo también quisiera referirme al conflicto de Kosovo. 
En primer lugar, quería decirle que mi Grupo y yo suscribimos también las líneas generales de su discurso. 
Estimo que los temas que usted ha destacado, y muy especialmente las cuestiones relacionadas con la política exterior, son los que uno podría esperar y desear con razón que abordara una Presidencia alemana. 
Sobre Kosovo ha dicho pocas cosas concretas. 
Señor Presidente del Consejo, quería animarle a darnos algunas explicaciones más para que su postura al respecto no deje lugar a dudas, sobre todo a la vista de las afirmaciones de la Sra. Pack, a quien tengo mucha estima, aunque en este punto no comparto su opinión. 
Creo que debemos tener claro que la única vía de solucionar el conflicto de Kosovo pasa por el consenso y por un arreglo pacífico, por difícil que sea el camino. 
Tendremos que hacernos a la idea de que pasaremos muchos años- en Bosnia cometimos el gran error de pensar que el conflicto podría resolverse en poco tiempo- diciendo a los serbios que sus agresiones son intolerables y al ELK que sus acciones, que ahora también van dirigidas contra los albaneses y el Sr. Rugova, son inaceptables. 
Aquí en esta misma sala hemos rendido homenaje a Rugova y al mismo tiempo apoyamos verbalmente al ELK en sus acciones, lo cual constituye una flagrante contradicción. 
Esto es intolerable e inaceptable y la Presidencia ha de pronunciarse claramente al respecto. 
En segundo lugar, señor Presidente, quisiera recordarle que en muchas entrevistas ha puesto de manifiesto que las organizaciones como la OSCE no son un elemento meramente secundario del que se podría prescindir con facilidad. 
Todos conocemos los defectos de la OSCE, pero, en mi opinión, se trata de fortalecer dicha organización, no de hacerla desaparecer. 
Por tanto, no creo que haya que retirarla. 
Estoy convencido de que necesita protección y hay que hacer todo lo posible para que las tropas que se encuentran en la zona, concretamente las que están en Macedonia o en Fyrom, reciban refuerzos y puedan proteger a esta organización. 
Sería catastrófico que la misión de la OSCE fracasara entre otras cosas por no contar con la necesaria protección militar. 
Kosovo puede ser un ejemplo de cómo la UE, la OTAN y la OSCE colaboran para alcanzar una solución pacífica. 
Señor Presidente, quisiera apoyarle en otro punto más. 
Ha aludido a los peligros que amenazan a las relaciones multilaterales como consecuencia de una tendencia hacia las soluciones unilaterales. 
Admito- y también lo dije alguna vez con respecto a Kosovo- que pueda haber situaciones excepcionales en las que conviene tomar una decisión distinta, pero considero sumamente peligrosa la tendencia de algunos norteamericanos a convertir la excepción en regla y la regla en excepción. 
Por último, quisiera comentar lo que usted ha dicho sobre Rusia. 
La Presidencia alemana tendría que afrontar el reto de volver a encajar a Rusia en el acuerdo de asociación con la UE, recuperando a este país como socio capaz y dispuesto a cooperar y volver a implicarlo más fuertemente en la OTAN, incluso después de la crisis que este país está atravesando en la actualidad. 
Necesitamos a Rusia como socio, no se lo puedo negar. 
Pero por otra parte no podemos confiarnos ni entregarnos a merced de la suerte de las decisiones puntuales de Rusia. Ello no obsta para que el objetivo de convertir a Rusia en un socio sólido a la hora de restablecer la paz en Europa y fuera de Europa deba ocupar un lugar prioritario en la agenda de la Presidencia del Consejo. 
Señor Presidente, estimados colegas, el acontecimiento más significativo del comienzo de la Presidencia alemana del Consejo fue sin duda la introducción de la moneda europea. 
Este suceso ha abierto una nueva era para Europa. 
Señor Presidente, permítame que comience diciendo que me hubiera alegrado que en este acontecimiento sumamente importante, que tuvo lugar el 31 de diciembre del año pasado, también hubiera estado presente el ministro de Hacienda alemán, así como los demás ministros de Hacienda. 
¿Cuál es el reto más importante que debemos afrontar en el futuro? 
El desarrollo de una política económica común para Europa, la lucha común contra el desempleo. 
Muchos de los aspectos que forman parte de la lucha contra el desempleo deben llevarse a cabo a escala nacional. 
En el marco de la lucha contra el desempleo debe garantizarse asimismo el crecimiento futuro. 
Aquí se plantean algunos problemas. 
El Instituto Económico Alemán ha emitido un pronóstico según el cual es probable que el crecimiento retroceda este año un 1, 4 %. 
No descarto que esto pueda ocurrir, pero ello no obsta para que discutamos sobre el porqué de este retroceso. 
Esta situación se atribuye en parte a la crisis económica, a lo que ha sucedido en Asia, América y en otras partes del mundo. 
Pero yo estoy convencido de que en cierta medida los atrasos en el crecimiento tienen causas más cercanas y ahí se presenta una de las grandes tareas del nuevo Gobierno de la República Federal Alemana, a saber, explicar a las empresas qué es lo que se pretende hacer. 
Señor Presidente, mis conversaciones con los empresarios casi siempre terminan de la misma manera. 
Cuando les pregunto: «¿Por qué no aprovechan este momento que se caracteriza por unos tipos de interés sumamente bajos y unas condiciones generales muy favorables para invertir? », son cada vez más los que contestan: «Yo no pienso invertir mientras no se aclaren las condiciones generales y el periódico deje de contarnos una cosa distinta todas las semanas». 
Es uno de los principales retos a los que tiene que hacer frente su Gobierno. 
A continuación quisiera abordar otro punto importante que requiere medidas de índole legislativa en este semestre. 
Con respecto a la introducción del euro quedan pocos cabos sueltos. 
Sin embargo, hay una pregunta que aún carece de respuesta y que remite al año 2002: ¿Optaremos por la conversión en un solo día o por un período transitorio en el que ambas monedas coexistan? 
Tras intercambiar ideas con minoristas, artesanos y municipios estoy cada vez más convencido de que un período transitorio de coexistencia entre la moneda nacional y la moneda europea ocasionaría gastos innecesarios a los que difícilmente podrían hacer frente los implicados. 
Por todo ello, considero que aún antes de que finalice este semestre debemos presentar entre todos- la Comisión, la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo- una iniciativa que garantice que la introducción de los billetes y las monedas el 1 de enero del año 2002 se hará en un solo día. 
Señor Presidente del Consejo, supongo que no soy el único que ha acogido su discurso sobre las metas de la Presidencia alemana con sentimientos contrarios. 
Considero muy buena y muy fundada la parte visionaria de su intervención en la que hace referencia a la Europa de la integración frente a la Europa del pasado, los derechos humanos, las reformas institucionales, la necesidad de convertir en regla las decisiones por mayoría en el seno del Consejo, un Parlamento Europeo fuerte. 
¿Por qué- y en las circunstancias actuales se impone un doble porqué- no ha aludido en ningún momento a la reforma de la Comisión, por qué ha dejado totalmente de lado el tema tan sumamente importante de la comitología? 
Además, su discurso también deja bastante que desear en lo que a la parte operativa se refiere. 
Usted ha hablado de un acuerdo global sobre la Agenda 2000 en marzo, de pagar menos, sobre todo en lo que respecta a los contribuyentes netos, de reducción de los gastos agrícolas. 
En mi opinión, las contradicciones que se han ido acumulando en los últimos meses a raíz de sus discursos y las afirmaciones de otros miembros de su Gobierno se han visto confirmadas en su discurso de hoy. 
Solamente espero que esta impresión no influya en otro tema que usted también ha abordado hoy, es decir, la ampliación. 
Señor Presidente, usted ha dicho que la ampliación es la única opción posible, pero Schröder ha emitido en los últimos meses señales muy distintas. 
Expreso mi esperanza de que lo que anunciaron conjuntamente en nombre de la Presidencia se convertirá en programa oficial y seguirá teniendo validez. 
Su antecesora en la Presidencia del Consejo, la Presidencia austríaca, optó conscientemente por defender la ampliación y tomar medidas concretas en este ámbito. 
Es de esperar que su política se convierta asimismo en uno de los pasos significativos hacia la realización de este objetivo, porque es la única forma en que podremos ser fieles al principio que usted también ha formulado y según el cual la Europa del siglo XXI tiene que ser una Europa de la integración y no del pasado. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, tanto usted como el Gobierno federal han acertado al convertir la lucha contra el desempleo en el objetivo central de la Presidencia alemana. 
Evidentemente, no se trata de elaborar programas de subvenciones millonarios. No son adecuados para combatir el desempleo estructural. 
Hace poco el Canciller federal facilitó el titular correcto en el diario de economía Handelsblatt. De lo que se trata es de coordinar las diferentes políticas de empleo de la Unión Europea. 
Yo rectifico y digo que lo que importa es que dichas políticas se coordinen mejor, puesto que tampoco es necesario volver a hacer lo que ya está hecho. 
Ya se llegó a un acuerdo sobre la coordinación de las medidas nacionales bajo la última Presidencia alemana en 1994. 
En la cumbre extraordinaria de Luxemburgo, que presidió Jean-Claude Juncker, el método de Essen experimentó una notable mejora gracias a las líneas directrices y los planes de acción nacionales que ahí se acordaron y para los cuales es necesario que se elabore un sistema de control, como bien ha dicho nuestro colega Wim van Velzen. 
En 1994 se consiguió otro logro importante con la directiva relativa al Comité de Empresa Europeo. 
En ella ocupa un lugar central la información y la consulta a los trabajadores y en el marco de la sociedad anónima europea- objetivo prioritario de la Presidencia- desempeña un papel clave el problema de la cogestión, que durante mucho tiempo fue un tema sumamente polémico. 
Como procedimiento básico para la sociedad anónima europea, el Parlamento recomendó la receta del Comité de Empresa Europeo, que había dado buen resultado: flexibilidad, negociaciones entre los interlocutores sociales sobre los derechos a la cogestión y en caso de fracaso la fijación de unas normas mínimas europeas. 
Con este método, la propuesta de compromiso austríaca nos ha dejado a 100 m de la meta final. 
Ahora necesitamos un acuerdo político en el Consejo de Ministros. 
Espero que la capacidad diplomática del ministro de Trabajo Riester tenga el mismo éxito que el que obtuvo su antecesor Blum en 1994 en el Comité de Empresa Europeo. 
Señor Presidente, señores y señoras diputados, permítanme que comente primero las intervenciones relativas a Kosovo. 
No comparto en absoluto la opinión del Sr. Pack- por más que entienda su compromiso emotivo- porque creo que debe reflexionar profundamente sobre cuáles son las consecuencias finales de su postura. 
A mi modo de ver, la consecuencia de su postura- es decir, la retirada de la misión de la OSCE- no puede ser otra que la guerra. 
Ahí está el problema clave: volvería a estallar la guerra, volvería a haber un sinfín de víctimas. 
Quisiera abordar la cuestión desde un punto de vista histórico. 
Desde 1989/1990 tenemos la experiencia de que los conflictos no solucionados que se remontan en parte a épocas anteriores- a fin de cuentas estamos ante los resultados de la guerra de los Balcanes que data de antes de la Primera Guerra Mundial- y la antigua fijación de fronteras que hoy día está relacionada con regímenes autoritarios o incluso dictatoriales, que no tienen ningún reparo en cometer las más crueles violaciones de los derechos humanos, conducen a una situación que, caso de que siguiera viva la vieja Europa, de hecho desembocaría en una situación de guerra, en la que las nuevas fronteras se trazarían a costa de múltiples expulsiones, sacrificios indescriptibles de personas inocentes y muchos daños materiales. 
Desgraciadamente, todo eso lo hemos vuelto a vivir en Bosnia. 
Lo fundamental sería que se luchara hasta el final. 
Ésa era la lógica europea del pasado. 
Sus consecuencias fueron desastrosas puesto que las partes que están amenazadas con ser vencidas tienden a internacionalizar estas guerras. 
Por regla general, una guerra civil conduce por naturaleza a una ampliación del conflicto, con el resultado de que las potencias regionales no tardan nada en implicarse y al final la región en la que estalló la guerra se ve envuelta en un conflicto distinto, donde acaban apareciendo en escena los Estados grandes y poderosos, cada uno de los cuales con su propia historia, sus propios conflictos de intereses aún sin resolver y sus propios conflictos fronterizos. 
Existiría pues el peligro de una gran guerra balcánica. 
¡Europa no puede permitir que esto suceda! 
Sería volver al pasado, y no se trata en todo esto de los daños materiales, ni de la miseria indecible, sino de la desaparición de la seguridad europea y de la integración. 
No podemos olvidarlo. 
Por tanto, no tenemos más remedio que pasar por un proceso de estabilización. 
A todo esto yo me pregunto si Europa es lo suficientemente fuerte como para ocuparse de sus propios asuntos interiores. 
Todos los indicios apuntan a que hoy en día éste no es el caso. 
Uno de los puntos fundamentales es la prevención de conflictos. 
¿Cuál será la verdadera consecuencia- hablando en términos poco técnicos- de estas guerras balcánicas? 
Que en realidad la Unión Europea acabará responsabilizándose de la región entera. 
Es lo que sucede en Bosnia. 
Sin el trabajo de los altos representantes y su preocupación por los más mínimos detalles, sin la presencia de las tropas aliadas, sin los esfuerzos civiles, sin la asunción de la responsabilidad por parte de los altos representantes de la Unión Europea ya nos hallaríamos de nuevo en una situación de conflicto o incluso se habría producido un nuevo enfrentamiento sangriento. 
Ello quiere decir que nosotros, los europeos- convendría reflexionar en algún momento, no hoy, sobre este punto- debemos buscar soluciones. 
En el Consejo Europeo de Viena, durante la cena, los ministros de Asuntos Exteriores tuvieron una primera discusión detenida, abierta y, en mi opinión, importante sobre estas cuestiones. 
¿Cuál debe ser la estrategia a largo plazo que pretenda solucionar estos conflictos sin guerras, sin expulsiones, sin violencia masiva y sin violaciones de los derechos humanos? 
Tenemos que encontrar una rápida respuesta a esta pregunta. 
Apoyo expresanmente que prestemos especial atención a las relaciones con Rusia. 
Considero que en este momento este país no adopta una actitud muy constructiva en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque en el fondo aún no ha sabido deshacerse de la antigua fijación de la superpotencia en otra superpotencia, que es Norteamérica. 
Si Rusia desempeñara un papel constructivo tendría una gran oportunidad, que desafortunadamente está desperdiciando. 
Procuramos hacer progresos estableciendo un diálogo constructivo con Rusia, iniciando un debate abierto sobre todos estos problemas. 
Por otra parte, estimamos muy importante, y a este respecto todos los ministros de Asuntos Exteriores estaban de acuerdo, que se desarrolle una estrategia general de la que no puede entrar a formar parte la tradicional categoría de la ayuda, ya que la geografía rusa es demasiado extensa como para abordar el problema desde el punto de vista de la ayuda. Rusia es un socio demasiado importante e imprescindible para la seguridad europea, para la estabilidad europea. 
Consideramos absolutamente prioritario el desarrollo de una estrategia común. 
Ello no es incompatible- quisiera agradecer a todos que han llamado mi atención sobre este tema- con los problemas del Mediterráneo. 
Hace poco recibí al ministro de Asuntos Exteriores Sharon y próximamente me reuniré con el Presidente Arafat. 
En febrero, la Comisión viajará a Oriente Próximo. 
Es la segunda visita y no se limitará al Norte de África sino que también tendrá en cuenta el proceso de paz en Oriente Próximo. 
Estos países no dejan de constituir nuestra segunda región vecina, aun cuando la Unión Europea no puede y no quiere asumir la función que desempeña Estados Unidos en la zona. 
Pero según avance el proceso de paz- cualquier alternativa al mismo me parecería menos adecuada- todos los implicados de Oriente Medio se darán cuenta cada vez más de que somos vecinos. 
Uno de los objetivos que nos fijamos en la continuación del proceso de Barcelona en Stuttgart es precisamente delimitar el papel exacto de la Unión Europea en este proceso y reforzarlo. 
La oposición entre la ampliación hacia el Este y los problemas del Sur es funesta. 
¡Lo que queremos es Europa! 
Y desde el punto de vista de los intereses, Europa tiene que diferenciarse de Alemania o de España por citar dos posiciones distintas en el plano geográfico. 
Tenemos estos intereses comunes. 
El interés europeo es un interés común y así es como hay que plantearlo. 
Permítame ahora que conteste concisamente a algo que considero de suma importancia. 
No cabe duda sobre la orientación europea de la política alemana. 
Esta observación vale asimismo para la política llevada a cabo por el actual Gobierno federal. 
Continuamos la línea mantenida por nuestros Gobiernos que nos han precedido y Alemania vería seriamente perjudicados sus intereses nacionales si decidiera modificar esta conducta. 
Ante quienes consideran que el concepto de interés nacional sigue teniendo razón de ser, puedo afirmar con respecto al Gobierno federal que el proceso de integración europea ocupa el primer lugar en la lista de nuestros intereses nacionales. 
Eso fue así antes y seguirá siendo así ahora, puesto que nuestro interés europeo no se ha visto afectado por la nueva composición de las mayorías en el Parlamento alemán. 
Alemania continuará cumpliendo con su deber europeo bajo el nuevo Gobierno federal. 
Aplausos 
Quisiera dejar de manifiesto que lo que he expresado aquí es la postura del Gobierno federal y del Canciller federal. 
Quienes ayer estuvieron presentes en la discusión entre el Canciller y la Comisión podrán confirmarlo sin reservas. 
No hay discrepancia alguna. 
Como Gobierno federal representamos un solo punto de vista que compartimos todos. 
Y el proyecto de reforma que nos espera no es ni mucho menos una operación contable. 
Permítanme que vuelva a explicarles claramente la postura que adopta Alemania. 
Tenemos que preparar la Unión para que pueda hacer frente a la ampliación. 
El siguiente paso histórico después de la introducción del euro será la ampliación de la Unión Europea. 
Sería inconcebible que tras el final de la guerra fría la Unión Europea siguiera siendo una Unión occidental. 
Sería un error histórico sin precedentes que heriría el alma de Europa, es decir, el concepto de la integración. 
Aparte de ello, también sería una injusticia histórica sin precedentes de cara a los países de la Europa central y oriental candidatos a la adhesión. 
Por todo ello, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para dar este paso. 
El segundo reto importante al que tenemos que hacer frente es el de la formación del sujeto político de la Unión Europea. 
Personalmente, no creo que podamos jugar a global player, o como quiera que se llame en alemán o europeo modernos, en el ámbito monetario y político-financiero de la liga mundial, cuando al mismo tiempo nuestras estructuras políticas se mueven en una dimensión- voy a exagerar un poco- que, en comparación con nuestros logros en materia de política monetaria, recuerda a la liga regional. 
Aplausos 
No sería bueno para Europa y tampoco sería bueno para la estabilidad de la moneda. 
Por todo ello, estoy totalmente convencido de que nuestra segunda prioridad tiene que ser el fortalecimiento de las instituciones europeas. 
Para mí, democracia implica siempre fortalecimiento de la democracia. 
Es un punto fundamental. 
Fíjense ustedes, mucho de lo que se presenta como estrategia presuntamente alemana- más adelante volveré sobre este tema- tiene que ver con una falta de legitimación ante nuestra opinión pública alemana- y ahora solamente me refiero a nuestra opinión pública nacional -, que ha de ser sometida a un serio análisis si pretendemos seguir desarrollando las instituciones europeas como instituciones democráticas. 
Éstos son los dos retos más importantes que debemos afrontar. 
¿Cómo podemos hacerlo? 
Guiándonos por el concepto de la formación de un sujeto político de Europa: ampliación y fortalecimiento de este sujeto político haciendo los deberes que tenemos encima de la mesa. 
El Consejo de Cardiff decidió celebrar la cumbre extraordinaria en marzo entre otras cosas y sobre todo porque en esa fecha coinciden tres grandes acontecimientos. Está previsto que entre en vigor el Tratado de Amsterdam, lo cual implica una mayor necesidad de introducir reformas y no sólo de reforzar la capacidad de acción. 
En junio se celebran las elecciones europeas. 
Ello no obsta para que el Parlamento Europeo aún deba poder realizar la tarea que le corresponde en cuanto a la transposición de la reforma de la Agenda 2000. 
A este respecto también necesitamos decisiones presupuestarias hasta final de año por lo que se refiere a la reorganización de los ámbitos que necesitan un nuevo impulso y otras cosas más. 
Así pues, la fecha fue elegida conscientemente. 
Pero desde la perspectiva del reto histórico, es decir, ampliación y al mismo tiempo formación del sujeto político, también es importante que las próximas Presidencias inicien las reformas institucionales a fin de que no nos salgamos del calendario que nos hemos marcado. 
El nuevo Gobierno federal se ha mostrado dispuesto en unas circunstancias que para nosotros son muy poco favorables- hace poco tiempo que hemos tomado posesión de nuestro cargo, y éste no es un hecho sin importancia para las labores europeas- a convertir la Agenda 2000 en el punto central de la Presidencia y lograr un acuerdo en marzo, en la cumbre extraordinaria. 
Fracasado el intento, los jefes de Estado y de Gobierno aparecerían el 26 ó 27 de mayo a primera hora ante la opinión pública y declararían que no han logrado ponerse de acuerdo. 
Esta declaración incidiría inmediatamente en las cotizaciones en bolsa. 
No sería una de estas decisiones poco transcendentes como cuando fracasaba alguna cumbre en el pasado. 
El 1 de enero de 1999 ha creado una nueva dimensión y, por tanto, una nueva responsabilidad. 
Y yo creo que todos somos conscientes de esta responsabilidad. 
Solamente podremos lograr nuestro propósito- y ahora he llegado al tema del dinero- cuando todos estemos dispuestos a poner nuestros intereses nacionales, que son totalmente legítimos, también para Alemania, puesto que Europa se fundamenta precisamente en la relación de tensión entre la formulación de los intereses nacionales y los intereses comunes, al servicio del compromiso de la integración. 
Solamente podremos lograr nuestro propósito cuando todos, equilibradamente, decidamos renunciar a estos intereses nacionales. 
Somos partidarios de una solución equilibrada y, por ejemplo, no sería aceptable, como he dicho antes en mi discurso, que los países del sur cargaran con los gastos de la ampliación hacia el este. 
La ampliación hacia el sur- al igual que la adhesión de Irlanda- fue todo un éxito y sigue siéndolo, tanto desde el punto de vista económico y social como desde la perspectiva democrática y en el ámbito de la política de seguridad, y eso es lo que queremos y debemos repetir con la ampliación hacia el este. 
Ya tengo cierta edad y me acuerdo del golpe militar en Grecia. 
Me acuerdo de las dictaduras militares en España y Portugal. 
Recuerdo perfectamente las discusiones de si en los años setenta se produjo en Italia un golpe militar o no. 
Todo eso es historia. 
Y en este contexto la integración europea es una historia coronada de éxito y debemos repetirla, nos tenemos que obligar a repetirla. 
Aplausos 
El papel que desempeña Alemania refleja en parte nuestra fuerza económica y es un tema del que uno no debería lamentarse sino alegrarse. 
Desde nuestra historia nos damos cuenta de lo mucho que debemos a Europa, no sólo en el plano material, sino también desde el punto de vista político-cultural. 
Es algo que también sabe el nuevo Gobierno federal y, por tanto, no faltará a su deber europeo. 
No me traiciono a mí mismo si digo que para estos aspectos de la política me he basado en la oposición, y especialmente en la política europea del Canciller Kohl. Aun cuando había algunos puntos con los que no estaba del todo conforme, siempre he apoyado las cuestiones fundamentales. 
Y esto no me parece nada extraño, sino que, en mi opinión, es la actitud que uno debe adoptar en el Parlamento cuando está convencido de algo, sobre todo cuando se trata de cuestiones históricas. 
Durante el anterior período legislativo, mi Grupo en el Parlamento alemán fue el primero en pronunciarse a favor de la Europa de los Once, a favor de la participación de Italia, mientras que otros, como por ejemplo el Canciller Kohl, tardarían aún mucho tiempo en dar su visto bueno. Nosotros también mostramos nuestra disconformidad con el debate del 3 % y todo lo que se escondía detrás. 
Así que el Sr. Kohl se merece mi más sincero reconocimiento, lo digo claramente, sin tener que reprocharme nada y sin sentir vergüenza. Con toda razón ha sido nombrado ciudadano de honor de Europa en el Consejo Europeo de Viena. 
Es en Amsterdam cuando este papel ha comenzado a quebrarse. 
En Amsterdam la República Federal de Alemania hizo de freno por vez primera. 
Protestas 
No podemos olvidarlo. 
Y la coalición- y ahora no estoy hablando de la política interior, sino de la política europea- asumió en la campaña electoral una postura- ellos lo saben mejor que yo- que ya entonces no estaba libre de contradicciones. 
Esta postura propugnaba que la ampliación hacia el Este se llevara a cabo lo antes posible, que Alemania pagara menos y que los agricultores alemanes recibieran más. 
Estas reivindicaciones no son compatibles en un mundo dominado por la ley de la lógica. 
Es la razón por la que debemos definir clara y unívocamente la postura mantenida por Alemania, y esto es lo que he hecho hoy en nombre del Gobierno federal. 
Nosotros no pretendemos dejar de pagar contribuciones netas. 
Para nosotros no se trata de un debate entre países que llevan la delantera y países más pobres. 
No se puede negar, sin embargo, que el sistema presenta desequilibrios que han de corregirse. 
A un político alemán le resulta harto difícil explicar en el marco de la política interior por qué países que tienen un producto nacional bruto per cápita superior al nuestro contribuyen menos o incluso no pagan contribución neta alguna. 
Evidentemente, todos estos aspectos intervienen en la política interior, qué le voy a contar a mis colegas alemanes. 
Pero pensando en los demás diputados quisiera hacer la siguiente observación. Debido a la situación particular en que se hallaba Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, la política europea no se cuestionaba y era coto privado de la clase política, hasta Maastricht. 
En el futuro, cada Gobierno alemán tendrá que ganarse al pueblo tal y como ocurre en sus respectivos Estados miembros, en sus propias democracias. 
Antes nadie se planteaba este tema, no necesitaba mayor atención, como bien saben mis colegas alemanes. 
Pero desde Maastricht todo eso ha cambiado. 
Por todo lo anterior, el debate sobre las contribuciones netas adquiere una dimensión especial en la política interior que no se puede perder de vista y que considero absolutamente legítima. 
Pero nuestro principal objetivo es preparar las estructuras de la Unión Europea para que puedan hacer frente a la ampliación. 
Más que la situación actual, tal y como la conocemos ahora, con su necesidad de corrección, me preocupa el desequilibrio en el reparto de los gastos al que tendremos que hacer frente en el contexto de la ampliación si no modificamos la estructura que tenemos ahora, ya que en tales circunstancias dicho desequilibrio será simplemente inaceptable y será demasiado tarde para remediar el problema. 
Puesto que soy partidario de la ampliación necesito la corrección a la que me he referido antes. 
Considero que se trata de una reclamación fundada desde el punto de vista político que no va de ninguna manera en contra de Europa y que no da muestras de egoísmo nacional, sino todo lo contrario. 
Es un aspecto fundamental de la tan necesaria reforma estructural. 
Si queremos lograr un acuerdo sobre la Agenda 2000, tendremos que poner encima de la mesa todos los temas que en ella se plantean. Se trata de un conjunto de cinco paquetes. 
La cuestión de la disciplina real, de la disciplina presupuestaria, seguramente requiere una compromiso. 
Aunque coexistan cinco interpretaciones diferentes, creo que se puede llegar a un acuerdo. 
El ministro alemán de Asuntos Exteriores dijo ayer que es inconcebible que el crecimiento del presupuesto de la Unión Europea sea superior al de los presupuestos nacionales. 
Es una observación que sin duda habrá de tenerse en cuenta en la discusión. 
Evidentemente, también concedemos mucha importancia al problema de la estructura del presupuesto. 
Antes se ha señalado que las zonas rurales representan el 80 % de la superficie total de la Unión Europea, pero no podemos olvidar que en estas regiones no vive el 80 % de nuestra población. 
El segundo punto importante en este contexto es la política agrícola común. A este respecto disponemos de las propuestas de la Comisión. 
Con el permiso de ustedes vuelvo a referirme al tema de la renacionalización de la política agrícola. La cofinanciación no implica una renacionalización de la política agrícola. 
Si alguien pretendiera lo contrario, el Gobierno federal alemán afirmaría que no es correcto. 
No abogamos ni por una renacionalización total ni por una renacionalización parcial de la política agrícola. 
La cofinanciación implica una contribución nacional, pero la decisión política queda en manos de Bruselas. 
En esto no podemos ceder. 
Y de esta forma, no hay lugar para ningún tipo de renacionalización. 
Además, pretendemos limitar este mecanismo a las ayudas a las rentas. 
Es el segundo punto importante. 
Consideramos realmente urgente poder disponer de una contribución financiera nacional en este ámbito, también de cara a la futura Unión Europea, la Unión Europea más amplia y el futuro del mercado agrícola. 
Por lo demás, no nos hagamos ilusiones. Como bien saben todos los responsables de Agricultura, las negociaciones en el marco de la OMC, previstas para el año 2002, impondrán serias adaptaciones. 
Si no llevamos a cabo esta reforma, lo que estamos viviendo actualmente en relación con el conflicto del plátano o el problema de la carne cebada con hormonas será poco en comparación con lo que nos espera en el futuro, puesto que muchas de las subvenciones agrícolas que concedemos hoy día simplemente no entran en los cálculos de la OMC. 
Así que en este sentido también nos presionarán para que llevemos a cabo reformas. 
No podemos descartar ninguno de los tres modelos que la Comisión ha propuesto en el marco de la Política Agrícola Común. 
Debemos discutir las tres aportaciones. 
Existen diferentes preferencias nacionales. 
Además, también entran en juego los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión. 
Soy consciente de la importancia y de la productividad de estos instrumentos, pero, por otra parte, pienso que aquí también es preciso hacer un esfuerzo prestando especial atención a los problemas particulares, como por ejemplo las dificultades de Portugal con respecto a los fondos estructurales. 
A mi juicio, la situación española requiere asimismo un estudio detallado y una consideración especial. 
Pretendemos obtener una solución equilibrada. 
Obviamente, la rebate, la rebaja de Gran Bretaña tampoco puede faltar en una solución equilibrada, y por último, llegamos al quinto punto importante, la cuestión de las contribuciones netas, que no solamente reviste especial relevancia para Alemania, sino que, como he podido comprobar durante mi visita presidencial, también preocupa a los Países Bajos y a otros contribuyentes netos. 
Pretendemos integrar todos estos factores en un solo paquete conjunto, lo cual no será nada fácil. 
El Primer Ministro portugués señaló durante el Consejo Europeo de Viena, en el lugar histórico donde se celebró el Congreso de Viena, en el Hofburg, que Talleyrand contestó en su día a la pregunta de cuánto tiempo había durado el Congreso de Viena con las siguientes palabras: el último cuarto de hora. 
Estas mismas palabras podrán aplicarse al Consejo Europeo, a la cumbre extraordinaria. 
Señores y señoras diputados, lamento que la persona que ha citado a Goethe ya no se encuentre en la sala. 
Ha citado las últimas palabras que Goethe pronunció en su lecho de muerte. 
No sé si esta cita de Goethe es muy apropiada y si el orador se da cuenta de ello. 
«¡Más luz, más luz! » puede interpretarse de dos maneras. Es posible que la oscuridad se fuera apoderando del más grande de los poetas alemanes, pero también es posible que al final de sus días volviera a su dialecto de Frankfurt. 
En opinión de varios especialistas prestigiosos quería decir: «me molesta la luz». 
Lo que sí se puede citar es que Goethe era un europeo en cuerpo y alma y que optaba por Europa. 
No quería saber nada del nacionalismo. 
Creo que éste es el Goethe al que conviene citar aquí. 
Señor Hänsch, quisiera agradecerle expresamente su apoyo en lo que a la solución del conflicto de Kosovo se refiere y a este respecto quisiera decir al Parlamento Europeo que pretendemos colaborar estrechamente con ustedes. 
Mañana mismo continuará el debate tripartito con el ministro Verheugen. 
En este contexto se profundizará en una serie de preguntas que han sido planteadas aquí. 
Tenemos mucho interés en desarrollar un diálogo intenso. No solamente somos partidarios del refuerzo del Parlamento Europeo, sino que también pretendemos que desempeñe un papel activo en la gestión de las tareas importantes que tenemos encima de la mesa. 
En todo ello, el Parlamento ha de ocupar un lugar central. 
Señor Brok, permítame, sin embargo, que le diga una cosa, que, por otra parte, también va dirigida a todos sus colegas: he permanecido mucho tiempo en la oposición y sé que es un trabajo muy duro. 
Pero no olviden que estar en la oposición también implica actuar de forma inteligente y no facilitarle al Gobierna la réplica. 
Cuando al cabo de doce días de Presidencia se nos reprocha que lo único que hacemos es anunciar lo que vamos a hacer, yo contesto: pues sí. 
Si yo después de doce días fuera capaz de otra cosa, no estaría en la política, porque si yo pudiera hacer milagros este no sería mi sitio, sino que me dedicaría a fundar una iglesia o algo por el estilo. 
Risas 
¿Quién puede hacer milagros? 
Así que ni con la mejor voluntad del mundo podemos hacer más que anunciar nuestros proyectos en un discurso que más tarde podrá servir como punto de referencia para evaluar los resultados obtenidos. 
Pero me doy cuenta de que la oposición nos tiene una enorme estima y nos pone el listón muy alto. 
Cuando el Sr. Brok, que ha manifestado expresamente su gratitud hacia el Sr. Kohl, cosa que yo también he hecho en reiteradas ocasiones, nos reprocha que el objetivo de la cumbre de Colonia es desviar la atención del fracaso de la política de empleo nacional pocos días antes de que se celebren las elecciones europeas, revela aparentemente sin querer una estrategia de nuestros antecesores en el Gobierno, puesto que nosotros no hemos fijado esas fechas. 
Ahí no estaba el nuevo Gobierno, ya que aún no estábamos capacitados para ello y tampoco hemos hipnotizado desde la oposición a nuestros antecesores en el Gobierno. 
Por más que quisiéramos, no hubiéramos podido hacerlo. 
Esta decisión se tomó en la cumbre de Luxemburgo y el que hasta la fecha no se haya progresado más depende del Consejo de Viena. Hablando en serio, no son asuntos que se puedan reprochar al nuevo Gobierno, ya que asumimos nuestro cargo hace muy poco tiempo. 
Para favorecer nuestra colaboración propondría que renunciáramos a este tipo de polémicas gratuitas que no aportan nada a la solución de los problemas que tenemos delante. 
Creo que las coincidencias son mucho más numerosas. 
Para concluir quisiera insistir una vez más en algo que uno de los diputados ha dicho con respecto al papel de Alemania. 
Vuelvo a subrayarlo: sabemos que mantendremos nuestra posición de contribuyente neto. 
Alemania no faltará a su compromiso. 
Desde el punto de vista de nuestros intereses sería absurdo e incorrecto. 
Tenemos interés en que nazca esta Europa con identidad política. 
El hecho de que el marco alemán entre a formar parte del euro no es tan evidente si se tiene en cuenta que el peso del marco alemán como moneda nacional supera con mucho el significado habitual que tienen las monedas, no sólo para los alemanes occidentales sino, después de la unificación de 1989/1990, sobre todo para los habitantes de la Alemania oriental. 
Dimos este paso, que fue aprobado con amplia mayoría en el Parlamento alemán, y corresponde al nuevo Gobierno acatarlo. 
Bajo nuestra Presidencia nos vemos obligados a dejar a la Unión Europea preparada para que pueda recorrer sin problemas el camino hacia la ampliación, nos vemos obligados a hacer frente al desempleo, a dar el primer paso hacia las reformas institucionales, a contribuir al fortalecimiento de la democracia en Europa y a desarrollar el sujeto político que debe ser la Unión Europea hasta lograr la culminación del proceso de integración. 
Aplausos 
Le doy las gracias en mi calidad de Presidente y le deseo mucha suerte. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, ha hecho uso de la palabra durante 30 minutos, pero creo que nuestros señores colegas, que le habían escuchado durante dos horas, le han prestado mucha atención. 
Señor Presidente del Consejo, me temo que se le han escapado algunas cosas mientras estaba hablando con el Sr. Cohn-Bendit. 
Se lo perdono. 
Sin embargo, quisiera decirle que desentenderse de mis palabras relegándolas al terreno de lo emocional es dar muestras de arrogancia masculina y no tengo ningún reparo en contestarle con la misma moneda. 
Me preocupo por Kosovo desde hace diez años, probablemente llevo más tiempo que usted en este tema, y no se lo echo en cara al igual que usted no me debería echar en cara mi emotividad. 
Solamente opino que cuando yo llevo años pidiendo medidas preventivas para Kosovo y nadie me hace caso, al cabo de diez años no pueden venir diciendo que debemos ser preventivos. 
En segundo lugar, quería precisar que no he dicho que la OSCE deba desaparecer por completo. 
Tal vez no lo haya oído. Lo que sí he dicho es que tal como se concibe ahora no sirve para nada, puesto que no puede hacer nada. 
Puede hacer menos que lo que han hecho los soldados de la ONU en Bosnia. 
A mi modo de ver, debemos desplegar tropas internacionales previa consulta a los rusos a fin de ir preparando el terreno para soluciones pacíficas. 
Permítame que le corrija otro poquito más. 
El Sr. Westendorp no es el representante de la Unión Europea, sino de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea. 
Le agradecería que la próxima vez me escuche con más atención. 
Aplausos 
Señor Presidente, señora Pack o estimada Doris, los dos somos muy emocionales, y no es un rasgo típicamente femenino, sino una postura que en esta cuestión está totalmente legitimada. 
De lo que se trata es de que en estos nueve años en los que no ha habido política preventiva no fue este Gobierno federal sino otro el que siempre negaba que la prevención fuera una política necesaria. 
¡Eso también lo tienes que decir! 
Señora diputada, creo que no debemos pelearnos tanto. 
Me gustaría subrayar otra vez más que al referirme al tema de la emotividad en el contexto de Kosovo y también de Bosnia no tenía intenciones sexistas ni discriminatorias, tanto más cuanto que yo también me siento implicado emocionalmente. 
Y pienso que aquel que se ocupe de estos temas no puede sino emocionarse. 
Comprendo que uno se deje guiar por las emociones- y reitero que en lo que se refiere a Bosnia la emotividad no fue el peor consejero -, pero incluso en este caso hay que ponderar la situación. 
Señora diputada, tendrá que admitir que no sirve de nada movilizar tropas internacionales contra la voluntad del gobierno soberano del estado de que se trata. En Bosnia sí había un gobierno soberano que creó la situación jurídica adecuada para el despliegue de tropas internacionales. 
Es un problema gigantesco. 
Una tropa internacional que por primera vez interviene en el territorio de un estado reconocido por todos los Estados miembros de la UE y por la comunidad internacional, cuyo gobierno se opone a dicha acción, plantea un enorme problema. 
El segundo punto atañe a la participación rusa. 
En la actualidad los rusos defienden la opinión contraria. No creo que usted pudiera lograr dicha participación. 
Tercer punto: ¿Con qué fin? 
¿La secesión? 
¿Pero qué se entiende por secesión? 
¿Qué quiere decir este término en una situación en la que la tercera parte de la población de Macedonia es de origen albanés? 
Con estas preguntas le quiero hacer ver que no ganaremos nada con librar aquí una batalla de falsos ataques. Son preguntas que todos los responsables se hacen centenares de veces todos los días. 
Precisamente mi Grupo y también el responsable de derechos humanos del Gobierno federal, el ex-diputado Popper, han puesto todo su empeño durante años en que nos comprometiéramos más con Kosovo y que buscáramos soluciones que nos permitieran progresar. 
Y en un momento en que el ELK no existía aún nos esforzamos por fortalecer a Rugova e hicimos muchas cosas más. 
Desafortunadamente, las cosas no marchaban como nosotros hubiéramos querido que marcharan. 
Hoy día nos hallamos en una situación distinta. 
Hemos dialogado con los interlocutores albaneses en Bonn; mantenemos un contacto muy estrecho. 
Por otra parte, es evidente que la parte albanesa considera la posibilidad de movilizar a Occidente para su causa estratégica, que Occidente, sin embargo, no comparte. 
Es algo que deben saber. 
Ello no impide que la comunidad de estados occidentales abogue por un estatuto de autonomía que, a nuestro modo de ver, es necesario y urgente que se conceda. 
La pregunta de cuál es la perspectiva histórica de todo ello, si es que la tiene, es una pregunta legítima planteada por diputadas y diputados libremente elegidos. 
Habido cuenta de nuestras experiencias, me parece obvio que este tema se discute y que este problema se aborda en público. 
Ahora bien, señora diputada, enfocando la cuestión desde un punto de vista práctico- y le ruego no malinterprete mi actitud como si fuera una crítica negativa hacia su postura, que comprendo perfectamente- tenemos que pasar necesariamente por la vía de la estrategia estabilizadora, aun cuando en este momento presente numerosos defectos. 
Y en este marco, la elaboración y la implementación de una solución política transitoria común para Kosovo, aceptada tanto por los kosovares como por la parte yugoslava, adquiere una especial relevancia. 
A mi juicio, las alternativas para esta estrategia de estabilización son todas insatisfactorias. 
Es por lo que le he explicado aquí que debemos hacer todo lo posible por encontrar una salida pacífica, no sólo en colaboración con nuestros socios del Grupo de Contacto, sino también en el seno de la Unión Europea y en otras instituciones. 
Y con eso me refiero tanto a Noruega, que ocupa la Presidencia de la OSCE, como a todos quienes se preocupan por la situación en Kosovo. 
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
El debate queda cerrado. 
Quisiera desear una pronta mejoría, después de su accidente, a nuestro estimado Willy Görlach, a quien he visto llegar, por lo menos, al final del debate. 
Transparencia en la Unión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0476/98) de la Sra. Lööw, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre la transparencia en la Unión. 
Señor Presidente, el motivo de este informe es que el Tratado de Amsterdam hace avances relevantes en cuanto a la transparencia. 
Ésta fue también, por lo demás, una enérgica exigencia formulada por el Parlamento durante y después de la preparación del nuevo Tratado. 
Puesto que éste es un asunto que en gran medida interesa a los ciudadanos y se relaciona con la legitimidad democrática de la UE, estimamos en la Comisión de Asuntos Institucionales que el Parlamento debería señalar, en un informe de propia iniciativa, los principios que rijan esta nueva transparencia, antes de que la Comisión presente su primera propuesta de normativas, etcétera. 
Se espera que la Comisión lo haga cuando el Tratado sea ratificado. 
Entonces el Parlamento tendrá una nueva oportunidad para debatir este tema. 
Hemos trabajado concienzudamente en la comisión, tanto mediante audiencias como a través de la denominada round- table. 
Además, el departamento de estudios del Parlamento ha hecho un análisis comparativo de las legislaciones de los países miembros en materia de transparencia. 
Las normas son muy diferentes en los distintos países. 
Tal vez aquí convendría señalar que en el informe y en el Tratado de Amsterdam no se pretende cambiar la situación en los países miembros sino que se trata de crear una legislación, una nueva cultura de transparencia en las instituciones comunitarias. 
El Tratado habla exclusivamente de transparencia en la Comisión, en el Consejo y en el Parlamento, pero en este informe decimos que el Parlamento estima que también debe comprender a todas las instituciones de la UE, aunque hay que estar conscientes de que puede ser más o menos difícil conseguirlo. 
Es obvio que Europol, por ejemplo, tendrá menos posibilidades de hacer públicos sus documentos que muchas otras instituciones. 
El Tratado de Amsterdam destaca especialmente el derecho de los ciudadanos a conocer los documentos. 
Es a esto lo que yo he dedicado la mayor parte de mi informe. 
Comparto el criterio de que justamente el acceso a los documentos por parte de los ciudadanos es la piedra angular del principio de transparencia. 
Los ciudadanos, para poder juzgar si una decisión ha sido correcta, tienen que poder saber en qué se ha fundamentado ésta. 
Además, la transparencia sirve para combatir la corrupción, los abusos de poder y los fraudes. 
A grandes rasgos, esta propuesta conlleva que todos los documentos importantes que entren y salgan de las instituciones de la UE deberán ser públicos. 
Es evidente que pueden existir motivos para calificar un documento como secreto, pero las leyes tienen que definir los fundamentos de tal calificación. 
No deben ser motivos vagos ni motivaciones de carácter general, en ese caso sería preferible una larga y detallada lista con los criterios para la calificación. 
Para que los ciudadanos puedan saber qué documentos son públicos, se tendrá que hacer registros y, naturalmente, también habrá que desarrollar métodos para ubicar esos documentos en las instituciones. 
La nueva técnica, Internet, debe hacer posible a todos los ciudadanos de la UE acceder a esos registros. 
La distancia a Bruselas ya no necesita ser un escollo para hacer pleno uso del derecho ciudadano a conocer los documentos. 
Hubo gran unidad de criterios en la comisión, a pesar de que durante el trabajo ha habido quienes han dudado de que se alcance un apoyo mayoritario para cambios tan radicales como estos y a pesar, también, de que las propuestas van mucho más allá de lo que es habitual en los países de muchos diputados. 
También me atrevo a creer que conseguiremos un amplio apoyo en la votación, lo que evidentemente significaría una fuerte presión sobre la Comisión para presentar una propuesta que sea acorde con las demandas del Parlamento. 
También he escuchado dudas acerca de si la Comisión realmente llegará a realizar el principio de publicidad de los documentos ya que esto requiere una cultura totalmente nueva. 
Quisiera confirmar que se van a necesitar muchos esfuerzos y que no va a ser gratis. 
No es tan fácil como sentarse y escribir una nueva normativa. 
Se necesitan nuevos hábitos administrativos, posiblemente también nuevos aparatos técnicos, pero, sobre todo, se precisan recursos para la formación del personal. 
No puedo evitar pensar en que esto realmente se acomoda al necesario proceso de reformas que el Presidente de la Comisión prometió ayer. 
Ahora estoy hablando mucho acerca de la Comisión pero, tengo que decirlo una vez más, esto comprende a todas las instituciones de la UE. 
Incluso el Consejo tiene que considerar cómo va a hacer para cumplir con su propia propuesta en el Tratado, y el Parlamento también tiene que hacer más. 
En el informe destacamos también una serie de asuntos relacionados con otras partes constitutivas de la transparencia, por ejemplo, mayores posibilidades de usar Internet para divulgar información y conocimientos acerca de los asuntos que se discuten. 
No profundizaré en esta materia puesto que aparece en el informe. 
Sin embargo, quiero usar la última parte de mi intervención para comentar las enmiendas. 
Todas han sido estudiadas y rechazadas por una amplia mayoría en la comisión. 
Si los ponentes tienen que prestar oídos también a lo que opina la comisión en su conjunto, opino que no debo apoyarlas, aunque siento simpatía por un par de ellas. 
Se trata, especialmente, de las dos enmiendas que se refieren a la libertad de información, que es una pieza central y también especial del principio de transparencia sueco. 
Se trata de una protección al funcionario que entrega informes a los medios de comunicación. 
Es una norma que ni siquiera tiene parangón en el resto de los países nórdicos y creo que, al menos en esta etapa, es inútil tratar de introducirla en la UE. 
Una enmienda señala también que las normas comunitarias no deben anular a las nacionales. 
Puede ser oportuno concluir con un comentario al respecto. 
Tengo el anhelo de que con este informe las normas comunitarias que regulan esta materia lleguen a ser tales que todos los países puedan vivir con ellas, sin que se produzcan conflictos con las legislaciones nacionales, aunque éstas tengan un carácter muy nacional. 
Señor Presidente, estimados colegas, en nuestros países siempre nos reprochan que estamos demasiado alejados de los ciudadanos y que nos movemos en esferas elevadas. 
Podemos defendernos de esta crítica fomentando la transparencia y el control democrático. 
Los ciudadanos de Europa tienen derecho a ello. 
Gracias a una mayor transparencia y control democrático podremos acercarnos más a los ciudadanos, en los que no solamente debemos pensar cada cinco años justo antes de las elecciones. 
Nos queda mucho por hacer. 
No solamente lo demuestra el informe de nuestra colega Lööw, sino también las 20 conclusiones de mi dictamen que han sido aprobadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
A mi modo ver, mejorar las posibilidades de información del ciudadano debe ser el objetivo principal de toda transparencia. 
En este sentido, Finlandia y Suecia han desarrollado una cultura envidiable. 
Haríamos muy bien en seguir este excelente ejemplo escandinavo en el resto de la Unión Europea. 
¿Qué sentido tiene negar a los ciudadanos el más amplio acceso posible a los actos y a los documentos? 
¿Qué es lo que nos impide extender este derecho por ejemplo a los ponentes del Parlamento y a otros interesados? 
¿Por qué el Consejo no puede trabajar con la misma apertura pública que el Parlamento Europeo? 
¿Por qué los representantes del Consejo y de la Comisión pueden asistir a nuestras Comisiones y el Parlamento, o al menos los ponentes, no pueden estar presentas en las suyas? 
Si pretendemos que la Unión Europea se aproxime más al ciudadano, no basta con aumentar la transparencia. 
Debemos ofrecerle la posibilidad de colaborar haciendo más comprensibles los procedimientos políticos y los procesos de toma de decisiones. 
Las instituciones de la Unión Europea están llamadas a desarrollar mecanismos que permitan a los ciudadanos aportar sus propias ideas y consideraciones. 
Es un deber democrático básico. 
Para construir la Europa del futuro necesitamos la colaboración de todos, entre otras cosas por el bien de nuestra propia credibilidad. 
Señor Presidente, estimados colegas, en el último debate he acogido con gran satisfacción las afirmaciones del nuevo Presidente del Consejo sobre la necesidad de iniciar un proceso encaminado a redactar una Constitución europea y el anuncio de desarrollar un catálogo de derechos fundamentales. 
Los miembros y colegas de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores son sin duda las personas más indicadas para valorar el alcance de mi alegría, ya que llevo cuatro años importunándoles con esta petición y en no pocas ocasiones me han dado largas con la respuesta de que aún no era el momento propicio para ello. 
Fíjense, señor Herman, señor Bourlanges, lo poco que ha tardado en presentarse el momento oportuno. Tal vez hiciera falta un Presidente del Consejo perteneciente al Grupo de los Verdes. 
La cuestión que se plantea en el presente informe también forma parte integrante de este imprescindible y profundo proceso de democratización que estamos discutiendo hoy, pero quizá sea preciso aclarar un malentendido a este respecto. 
En esta Casa, así como en las Comisiones correspondientes, no paramos de hablar de transparencia, relaciones públicas y servicios de información. 
Pero de esta forma damos a conocer el estado de emergencia en el que se encuentra la Unión Europea en lugar de remediarlo. 
Transparencia significa claridad. 
En términos democráticos se habla de acceso público a la información. 
Los ciudadanos de Europa tienen derecho a este acceso público a la información: el conocimiento público de la legislación, no la transparencia, el acceso a la legislación, la justificación pública por parte de la administración de todos sus actos, los derechos de control e información del Parlamento, incluso en el segundo y en el tercer pilar, el carácter público de las decisiones y de las bases de las mismas, también en el ámbito de la seguridad interior y la política exterior, los derechos a la información del ciudadano, no los servicios de información, los servicios de prensa y la información pública sobre las instituciones europeas. 
No se trata de la transparencia ni de conceptos que no desempeñan papel alguno en la tradición democrática y que pertenecen más bien al ámbito de las relaciones públicas. 
¡De lo que se trata es del derecho de la persona al acceso a la información como principio básico de la democracia! 
Señor Presidente, es una coincidencia que discutamos precisamente esta semana un informe sobre la apertura en la Unión Europea, pero a la vista de las circunstancias el texto de la Sra. Lööw ciertamente adquiere un carácter muy actual. 
Si hubiera habido más transparencia y más apertura, la Comisión y el Parlamento posiblemente no hubieran llegado a celebrar los debates que estamos celebrando aquí esta semana. 
Pero en este marco también han de respetarse las reglas del juego, dado que la apertura debe estar antes que nada al servicio de proporcionar información fiable al ciudadano, algo que realmente necesitamos. 
Las lagunas que quedan por colmar en este ámbito suelen saltar a la vista durante las campañas electorales. 
De todos modos, no es cuestión de publicarlo todo a los cuatro vientos; lo que necesitamos son informaciones exactas. 
El informe Lööw sobre la apertura en la Unión Europea tiene precisamente por objeto dar esta forma exacta a las disposiciones contenidas en el Tratado de Amsterdam. 
A este fin se pretende establecer un código de carácter interinstitucional. 
Es una tarea harto difícil, pero realmente imprescindible. 
No cabe duda de que las disposiciones previstas conducirán a un mayor conocimiento público. 
Seguramente habrá que seguir discutiendo algunas propuestas, sobre todo cuando éstas se extiendan a otras instituciones como el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. 
Sería sin duda deseable- y también en este contexto aplaudimos el informe Lööw- que las decisiones del Consejo y del COREPER fueran más transparentes, garantizando un mayor acceso a los documentos, que la administración de la UE informara al ciudadano con mayor celeridad y mayor cortesía- lo cual, en el fondo, ni siquiera tendría que decirse- y que la conservación del multilingüismo contribuyera a alcanzar el objetivo de la transparencia. 
Hoy día está claro que para lograr este fin hay que recurrir a las técnicas electrónicas más modernas. 
No obstante, no pretendemos ir tan lejos como la mayoría de las enmiendas propuestas y la enmienda 4 en especial. 
Ello no impide que mi Grupo apruebe las líneas generales. 
El informe reclama muchas cosas y, naturalmente, el Parlamento Europeo ha de tener muy claro que para lograr todos estos propósitos será preciso crear los recursos financieros y humanos correspondientes, a fin de evitar que la Comisión y las demás instituciones vuelvan a decirnos luego que la falta de eficiencia tiene su origen en una falta de medios. 
Porque ahí está el problema del dilema actual. 
Es lo que quisiera que se evitara en el futuro y espero que el presente informe sobre la apertura en la Unión siente las bases necesarias para ello. 
Señor Presidente, como dijimos, es una coincidencia bastante interesante que ayer hayamos debatido sobre la administración y que hoy discutamos sobre la transparencia y sobre la manera de cómo podemos hacer a la Unión más digna de crédito. 
Ayer surgió una verdad fundamental: necesitamos uniformar los hábitos administrativos, no podemos seguir viviendo con quince culturas distintas y con quince conceptos diferentes. 
Esto solamente da pábulo a rumores y equivocaciones. 
Lo que me preocupó ayer fue que el Presidente de la Comisión no dijese una sola palabra acerca del calendario para las normas sobre transparencia a que aludieron los ponentes. 
¿Cuándo lo veremos? 
Esto significa que la responsabilidad recae en el Parlamento. 
Temo que la Comisión todavía se aferra a que il faut faire une profonde réflexion. 
Significa que todos tenemos que aprobar los principios presentados por Lööw en su excelente informe. 
Son cosas extraordinarias que también aparecen en el informe Gebhardt. 
Las normas tienen que contener derechos claros para los ciudadanos y obligaciones para las instituciones. 
Esto es lo más importante para eliminar la desconfianza y para restituir la credibilidad en las instituciones comunitarias. 
Señor Presidente, Señorías, el que nos presenta la Sra. Lööw es un informe excelente, que combina prudencia y audacia en una esfera en la que conviene mantener el equilibrio y la moderación. 
Los debates de ayer nos lo han demostrado de sobra. 
La ponente nos indica que una transparencia mayor es determinante para el futuro de la Unión Europea. 
Los ciudadanos de la Unión la perciben con frecuencia como lejana y burocrática. 
La Sra. Lööw nos indica asimismo que la transparencia puede contribuir a prevenir la corrupción y los abusos de poder. 
Así, pues, en este informe hay dos aspectos preponderantes: el de la forma y el del fondo. 
La forma no estriba sólo en la redacción, sino también en los comportamientos. 
Creo que nuestra ponente lo ha formulado muy bien. 
El segundo aspecto se refiere al fondo. 
Mientras las instituciones europeas, nosotros mismos, pero también la Comisión- ayer se debatió ampliamente al respecto -, no aporten en la labor que les corresponde, como en todas las informaciones facilitadas a los ciudadanos de la Unión, los elementos de comprensión necesarios, Europa no avanzará. 
Si queremos que los juicios que se emitan sobre la acción y el desarrollo de Europa sean los que esperamos, nuestro deber de diputados europeos es el de mejorar la información de los ciudadanos. 
Como este informe nos parece particularmente equilibrado, el Grupo UPE tendrá mucho gusto, señor Presidente, en votar a su favor. 
Señor Presidente, una mayor transparencia en la legislación y en la administración es imprescindible para la democratización de la UE. 
La transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción y la mala administración. 
Sin transparencia la gente no puede controlar a sus legisladores y exigirles responsabilidades. 
Por este motivo doy la bienvenida al informe Lööw. 
Comparto la mayoría de sus opiniones aunque opino que pudo haber llegado más lejos y ser un poco más claro en algunos aspectos importantes. 
Es evidente que la Comisión todavía no ha entendido lo que implica una verdadera transparencia. 
Esto lo demuestran al menos dos ejemplos actuales. 
En primer lugar, el caso de Van Buitenen, el funcionario suspendido que contó al Parlamento la verdad acerca de los fraudes, demuestra la actitud autoritaria de la Comisión. 
Por eso se necesita libertad de información que proteja el derecho de los funcionarios a informar a la opinión pública sin correr riesgo de ser sancionados, y que es algo que he propuesto en una enmienda. 
En segundo lugar, la carta de Santer al Primer Ministro sueco, Göran Persson, es un hecho muy extraño. 
Es totalmente inaceptable que la Comisión actúe como un agente de policía de opinión cuando uno de los jefes de gobierno de la Unión critica su conducta. 
La parte más débil del informe Lööw es la concerniente a las reuniones abiertas del Consejo. 
Debería ser obvio desde el punto de vista democrático que toda la legislación se realice con transparencia. 
Sin embargo, no es esto lo que demanda Lööw. 
¿Por qué tendrían que conformarse los pueblos de la UE con algo que no fuese el control total cuando se adoptan decisiones y se dictan nuevas leyes, como ocurre en una democracia normal? 
También el informe puede mejorarse en otros dos campos, mediante las enmiendas del Grupo GUE/NGL. 
Es importante que la UE no limite las normas nacionales sobre transparencia. 
Se demuestra que esto puede llegar a ocurrir por la intervención del Consejo en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el llamado caso del periodista. 
Allí se cuestionan directamente las normas nacionales sobre transparencia y la constitución nacional. 
Este caso, igual que muchos otros, demuestra la necesidad de que se incorporen métodos más rápidos y más baratos para recurrir las decisiones de instituciones comunitarias que se han negado a proporcionar documentos. 
Una mayor transparencia es imprescindible para democratizar la UE. 
Por eso es lamentable que el interés por el tema y las enmiendas provengan principalmente de diputados de los países nórdicos y no de más países. 
Un informe importante y provechoso como el de Lööw merece más atención que la que ha tenido. 
Señor Presidente, el Tratado de Amsterdam ha introducido expresamente el concepto de transparencia de las administraciones europeas. De hecho, el mismo se refiere explícitamente a la publicidad de los documentos de las tres Instituciones. 
Consideramos oportuno que esta transparencia se amplíe a todos los estamentos europeos y se aumente a través de otros medios, por ejemplo, la publicidad de las sesiones, la disponibilidad de las administraciones, la redacción de textos más claros y más simples, la solución al problema del plurilingüismo, etcétera. 
Estamos convencidos de que esta transparencia ha de quererse efectivamente y no sólo de palabra, como expresión de una voluntad y de una mentalidad políticas y no como un mero acto burocrático que, a la postre, sirve para confundir las ideas precisamente para no hacer limpieza y alejarnos de la verdad. 
Nos preguntamos: ¿Hasta qué punto el ciudadano puede sentirse, hoy, parte integrante de una realidad institucional europea cada vez más enmarañada y compleja? 
¿Hasta qué punto podemos animarle a entender los mecanismos institucionales en el momento en que más le afectan, en el momento en que las decisiones tomadas en el seno de las instancias comunitarias entran a formar parte del día a día e inciden en las elecciones cotidianas, si luego no existen los medios para que el ciudadano participe en los procedimientos y para hacerle entender los motivos en que se basan las decisiones tomadas? 
¿Hasta que punto hay que subrayar lo alejadas que están las Instituciones del ciudadano, sin correr el riesgo de producir esa náusea, ese rechazo de Europa, hoy por hoy, lamentablemente tan evidentes? 
¿Hasta qué punto hay que tirar de la cuerda de la desafección, sin correr el riesgo de alejar definitivamente al ciudadano de los centros de toma de decisiones? 
Si bien es cierto que el asunto, tristemente actual, de los casos de fraude y de malversación del dinero de los contribuyentes europeos, puesto de manifiesto a través del rechazo por parte de nuestro Parlamento de la aprobación de la gestión presupuestaria de 1996, hace planear graves sospechas sobre todo el Ejecutivo comunitario, sin embargo, precisa ser dado a conocer a la opinión pública. 
Se trata de un deber de oficio, precisamente en virtud de la tarea que el ciudadano nos ha encomendado al elegirnos sus representantes en este Parlamento. 
El reverso de la medalla está en el riesgo de contribuir a aumentar la desafección de los mismos ciudadanos. 
En efecto, los datos relativos al abstencionismo, registrado en casi todas partes en Europa con ocasión de las más recientes contiendas electorales, son una grave señal de alerta y demuestran que el ciudadano ya no se fía y que el domingo prefiere ir de excursión en vez de ir a votar; sin embargo, esta actitud se convierte en peligrosa porque si, por un lado, le deja a merced de las decisiones que otros- por lo general, los más militantes y orgánicamente estructurados en los partidos tradicionales-toman en su lugar, por otro, le acaba por dejar, a la larga, a merced de los pregoneros demagogos y populistas de última hora. 
La peculiaridad de nuestra sociedad contemporánea, basada en la supremacía del Derecho, radica en hacer participar al ciudadano en las decisiones políticas, hasta hace poco tomadas por los gobernantes nacionales y hoy prerrogativa de nuestras instancias comunitarias. 
Los ciudadanos, por tanto, no solo tienen derecho a conocer los efectos de las decisiones políticas, sino también a participar en dichas decisiones. Si la transparencia debe ofrecer todas esas facilidades que permiten al ciudadano acceder a la información o conocer los sistemas de toma de decisiones, el control democrático abarca, además de la participación de los ciudadanos, también el ejercicio de los mecanismos de control que, a la postre, acercan al ciudadano a las Instituciones. 
Señor Presidente, los informes de la Sra. Lööw y del Sr. Brok sobre la transparencia de las instituciones europeas y la forma en que el Presidente de la Comisión es elegido no han podido exponerse en un momento mejor. 
En lo que respecta a la transparencia, el lunes se ha puesto una vez más de manifiesto que el cerrado bastión de la burocracia europea debe ser forzado. 
El Parlamento lo ha intentado mediante el Tratado de Amsterdam, solicitando el libre acceso obligatorio a todos los actos legislativos preparatorios europeos y el libre acceso a las reuniones del Consejo cuando éste actúa como legislador. 
Estos deseos solamente se han satisfecho en parte. 
El duro debate de ayer muestra una vez más la necesidad de dar un nuevo paso. 
En mi opinión es necesaria una ley, una directiva europea, sobre el libre acceso a la administración en el ámbito europeo, de manera que los ciudadanos y este Parlamento no dependan de promesas ocasionales, sino de un Derecho europeo transparente. 
Deseo hacer una pequeña observación en lo que respecta al Presidente de la Comisión. 
Apoyo también el informe Brok, pero creo que debe señalarse una vez más que el código que ahora propone la Comisión establece que los Comisarios europeos ocupan el cargo en nombre de la Administración europea y de Europa y no en nombre de sus respectivos Estados miembros. 
Este último constituye uno de los motivos que ha conducido a la degradación y es una cuestión que también cuanto antes debe estipularse en un código interno de la Comisión. 
Es lo que quisiera subrayar como continuación del informe Brok. 
Ésas son mis observaciones. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo dar las gracias a Lööw por su excelente informe. 
Es un buen punto de partida, pero no llega suficientemente lejos. 
Refuerzan el informe las propuestas sobre libertad de información, las reuniones legislativas públicas del Consejo y la posibilidad de recurrir gratuitamente ante el Tribunal de Justicia las resoluciones de denegación de documentos. 
Actualmente vemos a lo que nos puede llevar la falta de transparencia. 
Quizá no hubiésemos llegado a este debate sobre una moción de censura si hubiésemos contado con reglas sobre transparencia, libertad de información, etcétera. 
La mejor manera, tal vez la única, de evitar debates similares es que en el futuro se abra la administración, que se hagan registros de los documentos recibidos, con reglas claras acerca de lo que es público y de lo que es secreto, además de libertad de información de los funcionarios y sesiones públicas del Consejo. 
¡Aplausos para el informe y para las cinco enmiendas! 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente del informe por dos razones: primero porque aborda un tema que es una vergüenza para la Unión Europea, y segundo porque lo hace con propuestas muy concretas. 
Quisiera referir a mis señores colegas dos ejemplos. 
El primero es que en todo el mundo, en todo el planeta, solo dos instituciones se reúnen a puerta cerrada: una es el Consejo de Ministros de la Unión Europea y la otra es la Asamblea Nacional Popular de China. 
Y me pregunto, señores colegas, por qué aprobamos resoluciones contra China y la acusamos de falta de democracia y de transparencia, cuando el Consejo de Ministros de la Unión practica justamente lo mismo. 
El segundo ejemplo es el procedimiento contra el funcionario concreto de la Comisión. 
¿Saben cuál es el mensaje de este procedimiento? 
Que, señores funcionarios, les estamos pagando, y además un sueldo muy bueno, para que ustedes trabajen, vean, oigan, pero no hablen. 
No hablen ni siquiera al Parlamento Europeo, porque no nos interesa que se escuchen cosas que suceden dentro de la Comisión. 
Doy, pues, mi enhorabuena a los ponentes. 
Mi grupo votará a favor de su informe. 
Señor Presidente, el carácter democrático de una sociedad se define por la posibilidad de que el ciudadano conozca la identidad de sus administradores y sus acciones y por que pueda, como resultado de este conocimiento, imputar responsabilidades cuando haya lugar a ello y fiscalizar los fines que se persiguen con las acciones políticas. 
No existe otro procedimiento para impedir los abusos de poder. 
Pero en la Unión Europea, hasta hoy, se sigue hurtando al conocimiento de los ciudadanos cuestiones básicas concernientes a justicia e interior, elaborando textos normativos en secreto, tomando decisiones sin que se conozcan las razones de las mismas, amparándose para hacerlo en conceptos como orden público y seguridad interior que han permitido y permiten a las instituciones extender discrecionalmente el principio de confidencialidad. 
Se dice que hay que ir hacia una mayor transparencia y publicidad para acercar las instituciones de la Unión Europea al ciudadano, pero de lo que se trata es de dar legitimidad democrática a la construcción europea y a sus instituciones. 
Esa es la cuestión. 
Se han dado pasos en esta dirección en el Tratado de Amsterdam, pero no son suficientes. 
La discrecionalidad de la administración para limitar la información se sigue manteniendo y esa discrecionalidad debe desaparecer. 
En este informe- y por eso lo apoyamos- se intenta limitar la discrecionalidad de la administración europea, y creemos que esa es la dirección y el sentido que se ha de seguir. 
Aplausos 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar inmediatamente. 
3.- Votaciones 
La recomendación de decisión preparada por la Comisión para el Consejo sobre los acuerdos de cambios subscritos entre Francia y ciertos países africanos para la gestión del franco CFA y del franco comorano es un texto de apariencia técnica, pero muy revelador de los métodos bruselenses. 
Muestra cómo, pese a lo dispuesto en el Tratado, el franco CFA se ve atraído a las competencias comunitarias, cómo se violan las prerrogativas nacionales y cómo se van a ver comprometidos poco a poco los intereses franceses. 
En primer lugar, esos acuerdos de cambios no ponen en entredicho el Banco de Francia, ya que se trata de una garantía de convertibilidad a tipo fijo concedida al franco CFA por el Tesoro francés, es decir, por el presupuesto nacional de nuestro país. 
En esas condiciones, aunque el franco sea substituido por el euro, habríamos podido imaginar, al leer el Tratado, que dichos acuerdos seguirían siendo incumbencia francesa completamente, ya que nuestra garantía financiera es la que está en juego y a priori el Banco Central Europeo nada tendrá que ver al respecto. 
Ése era sin duda el sentido que los franceses habían atribuido, en la época de Maastricht, al artículo 109-5 del Tratado, que dispone que, «sin perjuicio de las competencias y los acuerdos comunitarios en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria, los Estados miembros podrán negociar en las instancias internacionales y concluir acuerdos internacionales». 
Pero no se había contado con el apetito de poder de las instituciones europeas y, en particular, de la Comisión. 
Cuando resulta que la gestión del franco CFA no presentará nunca riesgo alguno de poner en entredicho la estabilidad del euro, habida cuenta de las mínimas sumas de que se trata, la Comisión ha decidido, contra toda verosimilitud y contra toda lógica jurídica, no aplicar el artículo 109-5, sino el 109-3, que organiza el procedimiento de aprobación de los acuerdos subscritos por la Comunidad en la esfera monetaria. 
Así, el artículo primero de la recomendación nos concede generosamente el derecho a mantener los acuerdos relativos al franco CFA, cuando ese derecho nos pertenece, en cualquier caso. 
Además, deberíamos informar a la Comisión y al Comité Económico y Financiero sobre todo proyecto encaminado a modificar esos acuerdos e incluso en ciertos casos a someterlos a la aprobación del Consejo. 
Todo ello constituye una violación flagrante de las competencias nacionales de Francia. 
Esa violación jurídica se suma a la de los intereses franceses que resultará de la substitución del franco por el euro en las relaciones con el franco CFA. 
En efecto, la garantía financiera que concedía Francia al franco CFA entrañaba para nuestro país una ventaja comercial importante, ya que los agentes económicos podían organizar más fácilmente sus transacciones a partir de cambios fijos. 
En adelante, Francia va a seguir concediendo su garantía financiera, pero ésta beneficiará comercialmente a todos los países de la zona del euro. 
Por último, los acuerdos de cambios con el franco CFA tenían en el pasado cierta coherencia, ya que se podía poner en juego la garantía del Tesoro francés mediante variaciones del franco, gestionado, a su vez, por el Banco de Francia. 
Pero en adelante la garantía francesa podrá ponerse en juego a consecuencia de las variaciones del euro, sobre las cuales las autoridades francesas no tendrán el menor control sino marginalmente. 
Algo se ha roto en la lógica interna del sistema. 
De ese abandono de las competencias de Francia, sumado a la pérdida de nuestra ventaja comercial, va a resultar, sin duda alguna, una reducción paulatina de la influencia francesa de esos países de África. 
La vinculación de las monedas de África con el euro es un factor suplementario de proyección de éste, que justifica un esfuerzo suplementario de promoción. 
Me incumbe en particular y será una forma de aproximación de los países africanos de lengua portuguesa. 
Informe Lööw (A4-0476/98) 
Este informe llega de forma oportuna en un momento en que el escepticismo o incluso la condena de la Unión Europea en cierta prensa y en una parte de la opinión pública parece de buen tono. 
Los antieuropeos critican el Tratado de Amsterdam, pese a que introduce explícitamente el concepto de transparencia en el Tratado de la Unión, al garantizar el derecho de acceso del público a los documentos de la Unión Europea y disponer que las decisiones comunitarias se adoptan «con el mayor respeto posible del principio de apertura y lo más cerca posible de los ciudadanos». 
Así, pues, agradezco a la ponente su trabajo, que prepara el camino para el período posterior a Amsterdam intentando establecer los medios necesarios para la mejora del proceso de transparencia. 
Su informe pide que se aplique el nuevo código de conducta no sólo a los documentos de la Comisión, del Consejo y del Parlamento, sino también a todas las demás instituciones de la Unión, se amplíe considerablemente la práctica de las reuniones públicas del Consejo y se ponga fin a la de las declaraciones secretas. 
Asimismo, su informe pide que las propuestas legislativas, los textos de comitología y otros documentos importantes figuren en la red Internet para que los ciudadanos puedan estar informados al respecto. 
Todo un abanico de medidas que me parecen indispensables para un mejor funcionamiento de la Unión Europea y una mejor comprensión de sus actos por los ciudadanos europeos. 
Así, pues, voy a votar a favor de este informe e insto a la Asamblea a que haga lo propio. 
Hace unas semanas, al cruzar la Rue Wiertz, me detuvo una persona que me preguntó de sopetón: «Pero, ¿qué hay que hacer para tener acceso a la biblioteca del Parlamento Europeo?» 
Era una estudiante alemana que preparaba una memoria y había podido consultar sin dificultad los documentos de la Comisión, pero se encontraba cerradas las puertas de nuestra institución. 
Naturalmente, le firmé una autorización de entrada y pudo ponerse en contacto con nuestros bibliotecarios, que se desvivieron para ayudarla en sus investigaciones sobre el espacio europeo. 
Pero, con motivo de ello, me pregunté por la transparencia de las instituciones europeas en general y de la nuestra en particular. 
El acceso del público a los documentos es esencial para ese fin y así lo dispone el Tratado de Amsterdam en el apartado 2 de su artículo 191 A. De modo que la ponente se formula con razón interrogaciones sobre nuestro propio sistema. 
¿Quién establece las reglas del juego? 
La Conferencia de Presidentes decide a ese respecto sin que intervenga ninguna comisión. 
Reconozco que la decisión del 10 de julio de 1997 «relativa al acceso público a los documentos del Parlamento Europeo» va indudablemente bien orientada. 
Más recientemente, el 17 de abril de 1998, la Mesa adoptó una decisión relativa a los costos relacionados con la transmisión de documentos. 
De acuerdo... 
Pero la cuestión del acceso es tan importante, que afecta de hecho a todos los diputados, pues está estrechamente relacionada con la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea y con la idea que de ella tienen. 
¿Hacemos bastantes esfuerzos para dar a conocer nuestra labor? 
Me sorprende el contraste existente entre la masa de documentos que emanan de la labor, con frecuencia excelente, de nuestras comisiones y sus repercusiones en los medios de comunicación y en la opinión pública. 
En el informe Dury/Maij-Weggen de preparación para la CIG se expresaba el deseo de que figurara en el Tratado el acceso a los documentos de la UE. 
A ese respecto, esas dos colegas se han salido con la suya. 
Pedían también que los documentos fueran legibles, que se resumieran, reestructuraran y simplificaran los Tratados y que también se hicieran públicas las observaciones especiales y las reservas expresadas por los países miembros en relación con la legislación de la Unión. 
Debemos lograr avances respecto de todos esos aspectos. 
Por último, conviene recordar que otros informes deben completar la transparencia. 
Ésta no se limita al acceso a los documentos, por importante que sea ese aspecto. 
Con ocasión de la ratificación de Maastricht, ciertos Estados distribuyeron el Tratado a cada una de las familias. 
Olvidaban que debe simplificar y traducir la jerga europea para que los ciudadanos comprendan lo que está en juego. 
Esa simplificación es también necesaria en el nivel de los procedimientos de decisión. 
Cuanto más se acerque Europa al modelo democrático de los Estados que la constituyen, mejor se orientará el ciudadano. 
El Tratado de Amsterdam constituye un progreso en ese sentido, pero el camino hacia la transparencia y la democracia sigue siendo largo... 
Es el problema de la Europa en construcción entre naciones y federación. 
Pero el caso es que el principio de las listas transnacionales puede intensificar el sentimiento de la conciencia europea. 
La construcción europea padece una falta de confianza en la opinión pública, hoy alimentada por el execrable clima que envenena la atmósfera europea desde hace unos meses. 
Así, pues, el informe que hoy examinamos llega al pelo. 
La transparencia es más que nunca necesaria para la prosecución correcta de la construcción europea. 
Me congratulo de que nuestra ponente no limite el aumento de la transparencia exclusivamente al acceso del público a los documentos comunitarios y que haga extensiva la aplicación de ese concepto a una mayor apertura de las reuniones del Consejo, cuando aprueba disposiciones de carácter legislativo, a una utilización más amplia de los medios perfeccionados de comunicación rápida o en tiempo real, a una mayor simplicidad de los textos, al mantenimiento del multilingüismo en las instituciones y a la mejora de las campañas de información sobre la Unión Europea. 
Por mi parte, quisiera insistir muy en particular en que las actuales causas de derogación de la transparencia deberían estar mejor formuladas y de forma más restrictiva, aun cuando resulte evidente a todo el mundo que cierta confidencialidad- e incluso una confidencialidad absoluta- es a veces no sólo deseable, sino también indispensable para la gestión de los expedientes difíciles o cruciales. 
Más en general, me cuento entre quienes piensan que la elaboración de un nuevo código de conducta y su ampliación a todas las instituciones comunitarias contribuirán sin lugar a dudas y en gran medida a una importante aclaración y a una muy necesaria renovación del crédito que merecen. 
Por último, considero asimismo deseable lo que nuestra ponente llama «una mejora de la calidad en la elaboración de la legislación comunitaria que propicie una simplificación y una aclaración de los textos». 
La ilegibilidad de los textos legales y reglamentarios no es, por desgracia, patrimonio de las instituciones europeas. 
En efecto, muchos Estados miembros se beneficiarían de una consolidación y codificación de su legislación. 
¡Razón de más para que la Unión dé ejemplo! 
Espero que el Parlamento, a la luz de las denuncias de este último tiempo sobre fraudes e irregularidades en la Comisión, apruebe con amplia mayoría el informe Lööw sobre transparencia en la UE. 
Estoy convencida de que un verdadero principio de publicidad sería un instrumento eficaz en la lucha contra el fraude y las estafas en las instituciones comunitarias y, así, contribuiría a disipar las justificadas sospechas y desconfianza actuales de los ciudadanos. 
Lo que falta es la llamada protección a la información, que en realidad es una condición para que la transparencia y el principio de publicidad puedan funcionar completamente. 
Los acontecimientos de este ultimo tiempo- la suspensión de un funcionario que informó al Parlamento sobre cosas extrañas en la Comisión- demuestra con toda claridad la necesidad de proteger a los informantes. 
Por eso, tengo la esperanza de que pronto se establezca la protección a la información en la UE. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
La sesión, interrumpida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas 
Aprobación del Presidente de la Comisión por el Parlamento 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0488/98) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre las repercusiones institucionales de la aprobación de la designación del Presidente de la Comisión por parte del Parlamento Europeo y la independencia de los miembros del Colegio. 
Señor Presidente, estimados colegas, la puesta en práctica del Tratado de Amsterdam abre nuevas posibilidades al Parlamento Europeo por lo que a la definición de las relaciones entre las diferentes instituciones se refiere. 
Así, se comprueba que la esencia del Tratado de Amsterdam se puede resumir como sigue. Mientras que el Consejo Europeo se reserva el derecho de proponer al Presidente de la Comisión, la decisión final reside en el Parlamento Europeo. 
De esta forma, se otorga una nueva calidad a las relaciones y a la vista de todo ello debemos seguir acercando posiciones en el procedimiento que tendremos que introducir a este fin a lo largo del verano y del otoño. 
En este contexto, también es fundamental que las familias políticas aprovechen desde el principio esta nueva oportunidad. Por eso mismo, la Comisión de Asuntos Institucionales y yo personalmente consideramos oportuno que a largo plazo acabe implantándose la propuesta de Jacques Delors, según la cual cada una de las grandes familias políticas propondría durante la campaña electoral a su propio candidato para el cargo de Presidente de la Comisión. 
Creo que es sumamente importante, ya que este procedimiento garantizaría la personalización de la política europea y despertará el interés de la población por la causa europea. 
En este sentido parecería esencial que el Consejo Europeo y los Gobiernos aceptaran el resultado de las elecciones europeas como factor decisivo para el nombramiento. 
Desde esta perspectiva, consideramos un error que la Presidencia pretenda designar al candidato del Consejo nueve días antes de que se celebren las elecciones europeas, puesto que en este momento el Consejo Europeo aún desconoce el resultado de las elecciones europeas. 
De este modo podría presentarse una propuesta que no fuera coherente con dicho resultado. 
Por todo ello, estimamos que después de las elecciones europeas debe celebrarse una cumbre extraordinaria en la que, de conformidad con las relaciones mayoritarias derivadas de estas elecciones, pueda proponerse un candidato que probablemente obtenga el voto de aprobación de esta Casa. 
Y aquí debemos iniciar una nueva vía si queremos lograr nuestro propósito. 
En este contexto consideramos imprescindible que se entablen negociaciones con el candidato nombrado por el Consejo Europeo a fin de establecer unos principios básicos, no sólo de acuerdo con los objetivos perseguidos por el Presidente designado y la calidad de las relaciones interinstitucionales, sino también de acuerdo con los criterios que piense manejar conjuntamente con los Gobiernos para el nombramiento de los demás miembros de la Comisión. 
Al Presidente de la Comisión, que ha sido nombrado y elegido por el Parlamento Europeo, se le abren nuevas posibilidades, ya que los Gobiernos de los Estados miembros sólo pueden preparar una propuesta previa consulta al Presidente de la Comisión. 
De esta forma, el Presidente de la Comisión asume la responsabilidad de hacer realidad otra solicitud del Parlamento Europeo, es decir, la garantía de que la Comisión Europea refleje un perfecto equilibrio entre sexos y entre las principales orientaciones políticas representadas en la Unión Europea a fin de que sus actividades puedan cubrir todos los terrenos. 
A nuestro modo de ver, este aspecto asimismo ha de ocupar un lugar central en la perspectiva desde la que debe enfocarse la comparecencia de los diferentes candidatos. 
Desde este punto de vista, es preciso introducir una serie de mejoras a la vista de nuestras experiencias de 1995. 
También es importante insistir en que la independencia de la Comisión sale reforzada gracias a la inclusión de medidas orientadas a prevenir los conflictos de interés como por ejemplo la declaración pública de intereses externos, la obligación de abstenerse de participar en deliberaciones y otras garantías similares mencionadas en el informe. 
Además, el informe ofrece nuevas posibilidades para reforzar la responsabilidad política de la Comisión- como es el caso de los ministros nacionales -, permite las dimisiones y considera la posibilidad de que el Presidente de la Comisión- tal y como queda estipulado en el Tratado de Amsterdam- exima de sus funciones a los comisarios que cometan errores políticos. 
Si contáramos con todos estos instrumentos, podríamos prescindir de muchas de las cosas que estamos discutiendo aquí en estas horas, ya que dispondríamos de un marco reglamentario más amplio. 
Sería oportuno que, después de las elecciones europeas, el Presidente de la Comisión presentara sus propuestas antes de las vacaciones del verano, siempre y cuando ello fuera posible. Una vez entregadas, dichas propuestas deberían votarse lo antes posible para que se pudiera dar comienzo al procedimiento de designación de cada uno de los comisarios. 
Estoy convencido de que el calendario que aquí proponemos nos permitirá encontrar un camino que también sea del agrado del Consejo y de la futura Comisión para sentar las bases de una nueva relación interinstitucional que dotará a Europa de una nueva calidad. 
Señor Presidente, el informe que, finalmente, presenta hoy al Parlamento nuestro estimado colega Elmar Brok es esencialmente la continuación y perfeccionamiento de otro proyecto de informe que había presentado otro colega, nuestro estimado Gianpaolo d´Andrea, que ahora es subsecretario en el gobierno italiano y nos ha abandonado algo prematuramente. 
Es un informe que creo que el Parlamento podría muy bien aprobar sin ninguna reserva en sus principios básicos, porque el Sr. Elmar Brok al final lo ha redactado, naturalmente con la opinión conforme de la Comisión de Asuntos Institucionales, para cubrir la mayor parte de los puntos sensibles que puede haber en esta Asamblea. 
Y es una muestra mas de que el Parlamento en algunos casos- y afortunadamente son bastantes casos -, avanza oportunamente y avanza incluso más rápido que los Tratados y que lo que posiblemente prescriban en el futuro. 
Estamos debatiendo sobre la aprobación del Presidente de la Comisión Europea por parte del Parlamento Europeo, aprobación que es un cambio de la mayor importancia que sobreviene del Tratado de Amsterdam, y que, si aceptamos la definición según la cual la Unión Europea es una unión de pueblos y de estados, legitima por lo menos, una de las partes de los dos poderes que componen la Unión Europea. 
En este caso, da la legitimación popular por medio de los diputados al Parlamento Europeo, de los miembros de dicho Parlamento, a la propuesta de los Estados, de los Jefes de Gobierno y de Estado para el nombramiento del Presidente de la Comisión. 
Es un paso institucional muy importante y si, tal como esperamos, la ratificación del Tratado de Amsterdam se completa hasta el final de marzo por parte de la Presidencia francesa, empezará a tener vigor en mayo e, inmediatamente después de las elecciones de los miembros del Parlamento Europeo, veremos la primera aplicación de esta importantísima nueva disposición. 
Estoy completamente de acuerdo con la observación del Sr. Elmar Brok de que la designación del Consejo Europeo en Colonia una semana antes de las elecciones al Parlamento Europeo no es apropiada. 
No puedo entender que el resultado de dichas elecciones no afecte a las propuestas de los Estados miembros sobre el Presidente de la Comisión. 
Debemos insistir y luchar para que esto cambie. 
Hagámoslo de una vez, estamos en enero y tenemos la obligación de hacerlo. 
No quisiera añadir muchas cosas, mi opinión y la de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, a la cual represento es que el Parlamento debe siempre interpretar con imaginación política los Tratados, pero sin alejarnos mucho de lo escrito, porque entonces podríamos crear más problemas de los que solucionáramos. 
Los Tratados tienen lagunas, lagunas que deben rellenarse; pero por el momento tiene prioridad aplicar correctamente el Tratado de Amsterdam en julio. 
Señor Presidente, el informe que se propone y a cuya ponente felicito, por lo demás, se refiere al futuro- lo que constituye un cambio respecto de los debates celebrados antes- y, en particular, a las relaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo con vistas a una mayor democratización de nuestras instituciones. 
¿A quién se dirige este informe? 
Creo que se dirige en primer lugar a nosotros, al Parlamento Europeo, es un documento de reflexión interna- y felicito, por lo demás, a la Comisión de Asuntos Institucionales, por haberlo promovido- y después a las demás instituciones con las que habrá que encontrar un equilibrio. 
Por una parte, lo relativo a las novedades del Tratado de Amsterdam; por otra, los elementos de dinamización de la campaña electoral- de hecho, las propuestas Delors- y, por último, un modelo de democracia más transparente, más clara, más igualitaria. 
A propósito del Tratado de Amsterdam, tres novedades han sacado el mayor partido, sin traicionarlo, del sufragio universal y, entre las innovaciones- ya lo ha citado el Sr. Brok -, figuran los dictámenes conformes, es decir, obligatorios para todas las partes: el primero sobre la personalidad que se propondrá para Presidente de la Comisión y que desempeñará, por tanto, un papel coadyuvante para elegir, junto con los Gobiernos, a los Comisarios; un segundo dictamen conforme sobre todo el Colegio, compuesto del Presidente y los Comisarios, con la particularidad de que esa Comisión trabajará según las orientaciones políticas formuladas por el Presidente. 
En eso se ve la importancia del papel que debe desempeñar el Parlamento Europeo y la necesidad de obtener una mayoría en él y se distingue el contorno de una Unión Europea en la que a un ejecutivo- la Comisión- darán posesión dos instituciones legislativas, una representante de los ciudadanos- el Parlamento Europeo- y otra representante de los Estados miembros, el Consejo. 
Se trata de una estructura tripolar frágil, por lo que habrá que hacer muchas concesiones para llegar a ese equilibrio. 
Pero lo que resulta evidente con la toma de posesión establecida en el Tratado de Amsterdam es que ni el Consejo ni el Parlamento Europeo tienen la capacidad para dar posesión por sí solos a su ejecutivo sin tener en cuenta la posición del otro. 
Están, pues, condenados, o al menos eso se les pide, a entenderse y a negociar la composición, las orientaciones políticas y los modos de funcionamiento de la Comisión. 
Así, pues, el Parlamento tiene hoy la capacidad para desempeñar un papel claramente más importante en la toma de posesión del Colegio de Comisarios. 
Es algo nuevo y creo que debemos acostumbrarnos a ello y probablemente no será sencillo. 
La segunda consideración es la relativa a la animación de la campaña. 
En el fondo, todo el mundo sabe que, para tener éxito en una campaña, hay que personalizarla y, por tanto, había receptividad a la propuesta de Delors. 
El problema es que nuestras estructuras no están aún totalmente listas para acogerla, en particular los partidos políticos. 
Así, pues, es probable que no funcione aún en estas elecciones, pero probablemente en las próximas habrá que adaptarse a ella. 
Me parece que, de todos modos, el proceso de designación del candidato a la presidencia no puede comenzar antes de que los electores se hayan pronunciado, aunque sólo sea por respeto al ciudadano que desempeña el papel de elector y al Parlamento Europeo. 
Por último, este último constituye un vivero al que los Gobiernos de los Estados miembros recurren cuando componen su gobierno, ya se trate de ministros o secretarios de Estado, y hay motivos para asombrarse de que las estructuras europeas no puedan hacer más, en particular, con vistas a la composición de la Comisión. 
Y, por último, quisiera decir, para concluir, que me ha sorprendido favorablemente la declaración hecha esta mañana por el representante del Consejo, que decía: «El Tratado de Amsterdam ha concedido al Parlamento Europeo nuevos derechos y poderes importantes» , y añadía: «En el marco de la CIG, es viable conferir al Parlamento Europeo un papel con vistas a la toma de posesión de la Comisión aún más importante que el establecido en el Tratado de Amsterdam». 
Así, pues, probablemente hayamos sido demasiado modestos hasta ahora. 
Señor Presidente, este informe aborda un aspecto fundamental de la constitución política de la Unión Europea, porque el día que se haga realidad, se llevará a cabo una verdadera parlamentarización y, por tanto, democratización de la Unión Europea. 
Debemos darnos cuenta de que la política de la UE ha sido durante mucho tiempo terreno exclusivo de los Gobiernos. 
Ahora estamos consiguiendo poco a poco que la Unión Europea se aproxime a determinados estándares de la democracia parlamentaria, lo cual es algo muy importante y muy positivo. 
Considero fundamental que, gracias a ello, las elecciones al Parlamento Europeo revistan también una mayor relevancia política. 
El que los representantes populares adquieran en el seno de la Unión Europea el derecho a participar de forma determinante en la designación de los altos cargos del ejecutivo de la Unión Europea, les permitirá ejercer una influencia mucho más profunda sobre la política de la Comisión. 
Ahora bien, me parece imprescindible que también demos el paso siguiente, que consistiría en consagrar la responsabilidad de la Comisión y de cada uno de los comisarios ante el Parlamento en el orden político de la Unión Europea. 
En el debate de los últimos días hemos podido comprobar hasta qué punto esto es necesario. 
Creo poder afirmar que la idea básica es la siguiente. Queremos una Unión Europea fuerte que se pueda imponer sobre los intereses nacionales. 
Ahora bien, una Unión Europea con tantas competencias y tanto poder de influencia necesita un hermano gemelo o una hermana gemela. 
La democracia. Este informe nos muestra de forma decisiva que por esta vía podemos progresar hacia una Unión Europea democrática, siempre y cuando las propuestas contenidas en el informe se hagan realidad. 
Señor Presidente, aunque suscribo las líneas generales de este informe, quisiera destacar un punto importante con el que no estoy de acuerdo, a saber, el deseo de entrelazar el nombramiento del Presidente con las elecciones al Parlamento Europeo, una propuesta que ya formuló en su día el Sr. Delors. 
No estoy conforme con esta idea porque nunca se ha reflexionado debidamente sobre las consecuencias constitucionales que tiene esta propuesta y porque pone de manifiesto de una manera dramática el dilema de nuestro método de integración. 
El Presidente del Consejo ha aplaudido hoy el método Jean Monnet, el pragmatismo de la política de integración. 
Éste fue el método que permitió abrir brechas y dar impulsos mediante proyectos aislados. 
Creo, no obstante, que en la actualidad nos hallamos en una situación totalmente distinta y, por tanto, me alegro enormemente de que el Presidente del Consejo haya hecho por primera vez hincapié en la necesidad de iniciar un proceso constitucional. 
Aquel método ya no tiene futuro. 
¿Qué sentido tiene esta elección, que no es elección, de un Presidente de la Comisión? 
¿Dónde se ha visto que un Parlamento desvirtúe sus propias elecciones convirtiéndolas en unas pseudoelecciones de un órgano ejecutivo? 
¿Qué camino toma esta pseudoelección de un Presidente de la Comisión? 
¿El de la democracia presidencial? 
¿El del federalismo? 
¿O es que el Presidente de la Comisión ha de ser miembro del Parlamento y, en caso afirmativo, por qué razón? 
¿En virtud de qué principio constitucional? 
En mi opinión, el tiempo de pretender transformar la acumulación de poderes de la UE en una democracia con este tipo de propuestas pragmáticas aisladas ha pasado. 
La Unión solamente puede ser convertida en una democracia a través de un proceso constitucional. 
Señor Presidente, Señorías, esta mañana el Presidente en ejercicio del Consejo ha realizado una intervención muy brillante e importante que, sin duda, ha cosechado muchos consensos. 
Sin embargo, en la tarde del martes, día dedicado a las relaciones con el Consejo, mientras se debate un texto que aborda las relaciones que el Consejo Europeo ha de mantener con el Parlamento en relación con una materia tan delicada en la que el propio Parlamento, después de Amsterdam, goza de unas competencias que han dado lugar al excelente trabajo del Sr. Brok, pues bien, el Consejo no está. 
No veo al Consejo y, francamente, si me lo permiten, también con respecto al ponente Sr. Brok, antiguo portavoz del Parlamento Europeo en el Grupo de trabajo que negoció el Tratado de Amsterdam, ésta me parece una actitud poco digna de un inicio de Presidencia que quizás habría podido prestar algo más de atención a un informe tan importante. 
Entonces, señor Comisario Oreja, haremos como se dice en Italia: hablaremos con la suegra para que comprenda la nuera, y luego remitiremos el Acta a la Presidencia alemana. 
Apoyo firmemente el informe del Sr. Brok que, en el caso de ser aprobado tal como está, sin esas enmiendas que pretenden convertirlo en un Brok-ligth, creo que es un camino excelente para afrontar los próximos cinco años, con una Comisión a la altura de los retos que la Unión Europea debe aceptar. 
Espero que el Pleno apruebe mi enmienda dirigida al Consejo Europeo, con la cual confío en que el Consejo se dé cuenta de que fijar la fecha del Consejo Europeo para los días 3 y 4 de junio supone perjudicar a todo el esquema que nos ofrece Amsterdam, y pido a la Presidencia alemana que reconozca la necesidad de aplazar o el Consejo o la fecha en que se elegirá al Presidente nombrado. 
Espero que esto pueda ocurrir también mediante el Acta. 
Señor Presidente, en la vida parlamentaria hay coincidencias terribles. 
Así ocurre hoy con el informe Brok. 
En el preciso momento en que todo el mundo reconocía que la Comisión Europea está podrida por dentro por las malversaciones, la Comisión de Asuntos Institucionales de nuestra Asamblea nos propone convertirla en cierto modo en un Gobierno de Europa aprovechando por adelantado el Tratado de Amsterdam. 
Se nos ofrece una vez más, en esta ocasión, la vieja teoría de la independencia de la Comisión, que los federalistas parecen considerar un pilar central de su doctrina y en la que, por mi parte, yo veo más bien una causa esencial del mal que roe las instituciones europeas. 
En efecto, la resolución sometida a votación de Sus Señorías propone que se refuerce el concepto de independencia de la Comisión, es decir- y cito -, «salvaguardar la independencia de la Comisión como sede del fomento del interés comunitario, en cuanto garante de los Tratados y titular del monopolio de la iniciativa legislativa». 
Se ve en ello una casi deificación de la Comisión, pura y virtuosa, que defiende el interés general y a la que sería lícito conceder poderes esenciales. 
Naturalmente, en la intención del diputado que ha redactado esas líneas, se trataba seguramente de fortalecer la independencia de la Comisión respecto del Consejo y los Estados miembros, pero no del Parlamento Europeo. 
Pero, por desgracia, la práctica es muy diferente y resulta revelador que la sanción más grave recientemente decidida por la Comisión contra uno de sus funcionarios se haya aplicado al Sr. Van Buitenen, que ha cometido el delito de transmitir documentos comprometedores a nuestra Asamblea, precisamente. 
Por último, la doctrina de la independencia ha inspirado a la Comisión un sentimiento de superioridad e impunidad que ha favorecido los comportamientos laxistas en un grado peor probablemente de lo que se puede imaginar hoy. 
Así, pues, para llegar a la causa del mal luchamos nosotros contra esa doctrina, queremos someter a la Comisión al control a fondo del Parlamento y de los Estados miembros reunidos en el Consejo y a ese respecto recuerdo a Sus Señorías la urgencia de que voten el jueves próximo la moción de censura presentada por iniciativa de mi Grupo, pero subscrita ahora por diputados de todos los Grupos del Parlamento. 
Señor Presidente, con este informe el ponente se ha visto obligado a afrontar una tarea harto complicada. 
No obstante, ha logrado superar las dificultades gracias a la introducción en comisión de las enmiendas de compromiso oportunas. 
Merece ser felicitado por su trabajo, aun cuando no se encuentre en la sala. 
Aparte de sumarme a la crítica restrictiva que ya ha manifestado el Sr. Voggenhuber, quisiera abordar en relación con este informe un tema que no se trata directamente y que no puede ser afrontado sobre la base del Tratado. 
Ya he reiterado en más de una ocasión que, a mi modo de ver, el nombramiento de los comisarios por los Estados miembros es un fallo inherente al sistema del mecanismo institucional de la Unión Europea. 
Esta situación crea necesariamente una tensión entre las expectativas de los ciudadanos respecto al comisario enviado por su Estado miembro y el deber de dicho comisario de dar prioridad a los intereses de la Unión. 
Creo que ésta es una de las causas de los problemas actuales y, en mi opinión, sería oportuno abordarla en el marco de la discusión sobre la reforma institucional. 
Señor Presidente, estimados colegas, en esta semana un tanto peculiar, el Parlamento Europeo define por duplicado su postura ante su órgano ejecutivo. 
Por una parte estamos decidiendo- valga el término- sobre la destructiva moción de censura contra la Comisión y, por otra, estamos averiguando cómo podemos hacer un uso constructivo de nuestros derechos de aprobación en el contexto de la futura Comisión. 
Se trata de una mayor parlamentarización. 
Constituye el mensaje principal del Tratado de Amsterdam. 
Parlamentarización equivale a igualdad de derechos en materia legislativa, plenos derechos presupuestarios y elección y control con respecto al órgano ejecutivo. 
El nuevo Presidente de la Comisión ha de someterse al voto del Parlamento Europeo. 
Por tanto, el candidato no puede ser nombrado antes de que se celebren las elecciones. 
Y lo que es más, de cara al futuro espero que en la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo las listas de los principales partidos políticos vayan encabezadas por un candidato supranacional que ambicione el cargo de Presidente de la Comisión. 
Entre los miembros del Colegio de Comisarios debe hallarse un número significativo de diputados del Parlamento Europeo. 
Como ustedes saben, en este momento ya son siete. 
Y asimismo es preciso aumentar el número de mujeres, que actualmente representan el 25 %. 
Además, sería oportuno que las diferentes orientaciones políticas que juntas soportan el espectro del consenso constitucional europeo tuvieran representación en la Comisión. 
Por último, es importante que se pueda hacer responsable a cada uno de los miembros de la Comisión del ámbito de su competencia. 
Durante la investidura de 1994, el Parlamento Europeo demostró que hacía uso de sus derechos tanto en cuanto a la comparecencia individual como en lo que respecta a la moción de confianza del Colegio de Comisarios en su conjunto. 
Desde entonces ha llovido mucho. 
La nueva relación entre el Parlamento y la Comisión debe sustentarse en un código de conducta y en acuerdos interinstitucionales. 
El informe Brok documenta nuestra mayor autoconciencia y nuestro deber de asumir conjuntamente la responsabilidad de la Unión Europea. 
Señor Presidente, entre las innovaciones del Tratado de Amsterdam se incluye el hecho de que, en lo sucesivo, el Parlamento elegirá al Presidente de la Comisión que habrá sido designado por los gobiernos nacionales, del mismo modo que Maastricht estableció que el Colegio de Comisarios estaría sujeto a un voto de confianza por parte del Parlamento Europeo. 
Es muy importante para la democratización de la Unión Europea. 
Pone de relieve el hecho de que los Comisarios no son funcionarios; constituyen un ejecutivo político que está obligado a rendir cuentas al Parlamento elegido por sufragio universal. 
En mi país, en particular, donde la prensa ofrece a menudo una imagen errónea de esa realidad, este paso adelante es importante para destacar la obligación democrática de rendir cuentas. 
La cuestión que ahora comienza a surgir en el debate es si deberíamos dar un paso más. 
En vez de que el Parlamento elija al menos al Presidente de la Comisión en base a la propuesta de los gobiernos nacionales, ¿no debería sencillamente elegir a quien guste como Presidente de la Comisión? 
Lo que seguiría de eso sería inevitablemente que los diferentes grupos de partidos, y luego las diferentes estructuras de los partidos políticos de Europa en general, tendrían que presentar candidatos antes de las elecciones europeas. 
Las diferentes federaciones de partidos dirían: «Fulano es nuestro candidato» o «Aquel otro es nuestro candidato». 
Eso daría emoción a las elecciones europeas. 
Si se paran a pensar en ello, la gran diferencia actualmente entre las elecciones europeas y las nacionales es que cuando votamos en las elecciones nacionales, votamos a favor o en contra de un gobierno, no votamos un parlamento aislado. 
De repente, cada cinco años, el electorado europeo debe ir a votar no un gobierno, no para cambiar o mantener un gobierno, sino para elegir a un parlamento aislado. 
No existe ninguna consecuencia visible de cuando se vota al ejecutivo. 
Dar ese paso más añadiría una nueva dimensión a las elecciones europeas, las haría más comprensibles al público y tendría un efecto visible, al menos en el jefe ejecutivo. 
La propuesta también tendría desventajas en las que no tengo tiempo de entrar ahora. 
Debe ser examinada detenidamente. 
El peligro puede ser que una mayoría del Parlamento pueda sentirse obligada a apoyar todo lo que desee hacer la Comisión que ha elegido- al igual que muchos de nuestros parlamentos nacionales se sienten obligados a apoyar a su ejecutivo, pase lo que pase. 
Pero el informe Brok representa un paso en la dirección acertada. 
Señor Presidente, Señorías, por las razones ya indicadas aquí, considero que el Tratado de Amsterdam entraña la necesidad de un fortalecimiento de la legitimidad democrática y la responsabilidad política de la Comisión y, desde luego, de su Presidente. 
Y debo decir que subscribo la propuesta de Jacques Delors, subscrita también por personalidades muy importantes de nuestra vida política, de que se organice una campaña para las elecciones europeas en torno no sólo a un programa político, sino también a la elección del Presidente de la Comisión, en la que corresponda a los partidos políticos europeos la presentación pública al electorado de su candidato a ese cargo. 
La primera consecuencia deseable sería la personalización de la campaña y, por esa razón, un mayor relieve público de las instituciones, una mayor comprensión racional e identificación emocional de los ciudadanos con la propia Unión Europea y sus objetivos y políticas. 
Creo que la Unión Europea ganaría seguramente en prestigio, acercamiento a los ciudadanos y responsabilidad democrática. 
Considero también que el informe Brok va en la buena dirección, va al encuentro de esos objetivos, pese a que las exigencias de la realpolitik, que quiere conservar intacto el poder de negociación y elección por los primeros ministros de la personalidad que proponer al Parlamento Europeo, han quitado claridad a la propuesta del informe en pro de formas de transacción, que siempre pueden decir todo y su contrario. 
En todo caso, ha quedado- y me felicito de haber contribuido a ello- la idea de la propuesta de que el Consejo Europeo elija a la personalidad que designar como Presidente de la Comisión, teniendo en cuenta los resultados electorales. 
Por eso, no es admisible que el Gobierno alemán tenga la pretensión de iniciar el proceso de elección del Presidente de la Comisión en el Consejo Europeo de Colonia, fijado para el 3 de junio, antes de las elecciones europeas. 
Yo creo que eso reduciría a nada el debate que estamos celebrando y la innovación introducida por el Tratado de Amsterdam. 
Lo que está ocurriendo, Señorías, con la Comisión Santer- por la forma como fue nombrada- y con la moción de censura- por la forma como se ha llevado- demuestra que es preciso avanzar y con claridad en el sentido propugnado en la propuesta Delors y, a pesar de todo, acogido- por lo que lo felicito- en el informe del Sr. Brok. 
Señor Presidente, uno de los objetivos fundamentales de este informe es ligar la voluntad popular expresada en las elecciones europeas y la personalidad del Presidente de la Comisión Europea. 
A mi juicio, cuando hagamos esto, habremos hecho una considerable mejora, no sólo para la institución y para el propio Presidente de la Comisión- que así tendrá un mandato popular de los ciudadanos europeos- sino que también, con ello, profundizaremos la democracia de Europa y avanzaremos hacia la Unión política. 
A mi juicio, esto será una clara mejora y, por tanto, cuanto antes lo hagamos, mejor. 
Debemos hacer que esto sea una realidad lo antes posible. 
Pero este buen informe tiene otras aportaciones importantes. 
Por ejemplo, la que da un mayor peso a las opciones políticas ideológicas, en detrimento de ese modelo de Europa, que queremos que quede en el pasado, que es meramente burocrático. 
Es importante, por tanto, este informe desde este punto de vista, y también en la manera de enfocar las elecciones europeas, superando estrechos nacionalismos y decantándose en favor de una idea común de Europa. 
Muy buena también, señor Brok, la actuación conjunta, en equilibrio constante, de las tres instituciones europeas: el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Importantísimo, a mi juicio, también el propugnar un equilibrio entre hombres y mujeres en la composición de la Comisión, porque evidentemente las fotografías de los Consejos Europeos en los que aparece un 99, 99 % de varones creo que son realmente un insulto a la representación democrática europea. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Brok aborda un tema de máxima importancia, que es, en definitiva, el tema de la relación de confianza entre el Parlamento Europeo y la Comisión, y esta idea, aunque muy lógica, sólo fue introducida en los Tratados en 1992- por el Tratado de Maastricht -, aunque hacía tiempo ya que el Parlamento Europeo había adoptado la costumbre de confirmar la investidura de la Comisión- que, a su vez, daba una gran importancia a la posición del Parlamento al respecto. 
La experiencia de 1995, es decir, la aprobación del Colegio de Comisarios por parte del Parlamento, permitió establecer un debate completo entre Comisión- su Presidente y cada uno de sus miembros- y el Parlamento. 
Yo tengo la experiencia de haber formado parte ya de la Comisión anterior, de haber sido nombrado, por consiguiente, de acuerdo con las viejas fórmulas, y realmente yo creo que la modificación del Reglamento que hizo el Parlamento para la aprobación de la Comisión fue un paso dado en la buena dirección. 
Recuerdo muy bien lo que fueron aquellas comparecencias, hechas en enero de 1995, que permitieron un cambio de impresiones y conocer exactamente, por parte de los miembros de las comisiones parlamentarias, cuáles eran las posiciones y el programa que presentaba cada uno de los miembros de la Comisión que iba a ser investida al poco tiempo. 
Posteriormente, el Tratado de Amsterdam ha mejorado el procedimiento. 
Sin duda alguna. 
Creo que uno de los pasos importantes que se han dado, aunque no se haya subrayado suficientemente, pero lo hace muy bien el informe Brok, es precisamente el que se refiere a lo que podríamos llamar la legitimidad de la Comisión. 
El Tratado de Amsterdam ha previsto que el Parlamento otorgue al Presidente de la Comisión una aprobación personal y específica, más que una simple apreciación consultiva previa a su nombramiento. 
En ese sentido, considero personalmente- pues la Comisión no se ha pronunciado respecto de ello- que las fórmulas que aquí se han mencionado- y la que ha mencionado concretamente el Sr. Brok y otros oradores- van en la buena dirección. 
Es decir, la fórmula de que haya una presentación, por parte de los grupos políticos, de unos candidatos, presentación que no impide al Consejo Europeo adoptar la decisión que quiera. 
No estamos, creo, en este momento ante una modificación del Tratado, sino ante una aplicación del Tratado, en el cual caben distintas fórmulas, y una de ellas sería la de que grupos políticos presentasen unas candidaturas que llegasen al Consejo Europeo, y el Consejo Europeo procedería luego, con plena independencia, a adoptar la decisión pertinente. 
Creo que, en todo caso, ateniéndonos estrictamente a lo que dice el Tratado, es positivo que haya esa propuesta al Consejo Europeo por parte del Parlamento- y efectivamente, alguno de los oradores aquí ha mencionado las palabras del Sr. Fischer esta mañana de que se le podían dar más competencias al Parlamento -, pues todo lo que sea dar más competencias al Parlamento en la legitimación de la Comisión es un paso positivo. 
Y esta fórmula permitirá luego que el Presidente de la Comisión discuta con los distintos Gobiernos la formación del Colegio de Comisarios. 
Creo que ese es un paso muy importante dado en el Tratado de Amsterdam. 
Y una consecuencia de todo ello es algo que aparece claramente en el Tratado de Amsterdam y es la función de dirección política que se reconoce al Presidente de la Comisión y que significa también un paso positivo con respecto a lo que existe en el momento presente. 
En un sistema institucional en el que la noción de estructura gubernamental es cada vez menos clara y en el que las consiguientes competencias están más bien dispersas, es esencial garantizar al menos la coherencia política del Colegio de Comisarios. 
En un momento de importancia para la construcción comunitaria como el que estamos viviendo actualmente, me parece esencial tratar de asegurar que los pilares básicos del sistema de la integración, es decir, los que representan los intereses de la Unión- los intereses comunes más que los intereses nacionales -, sean los que permitan, precisamente a través de ese desarrollo del método comunitario, una mejor defensa de los intereses europeos. 
Y ello es lo que va a permitir también desarrollar una relación eficaz. 
Como es natural, con motivo de las próximas reformas, habrá que reforzar el método comunitario. 
La Historia demuestra la inmensa superioridad, en términos de eficacia, de este método frente a los escasísimos resultados del método intergubernamental. 
A mi juicio, una Comisión que logre un buen clima de entendimiento con el Parlamento Europeo es una garantía para el buen funcionamiento institucional. 
Por estas razones, me parece que el informe del Sr. Brok es un informe importante, creo que debe ser muy tenido en cuenta y entiendo que, a través de estas ideas e iniciativas, se está preparando ya lo que será la futura modificación del Tratado, pero creo que, sin modificar el Tratado y ya desde ahora, podemos poner en práctica una serie de medidas que pueden reforzar precisamente esta relación de confianza entre la Comisión y el Parlamento. 
Yo terminaría ahí, pero no tengo más remedio que decir una cosa. 
Quiero decirle al Sr. Berthu que rechazo, en los términos más categóricos, el juicio emitido con respecto a la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
«Capital Europea de la Cultura» 2005-2019 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la propuesta de declaración de intención de rechazo (A4-0509/98) de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, de la posición común del Consejo (9268/98- C4-0493/98-97/0290 (COD) con vistas a la adopción de una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adopción de una iniciativa comunitaria en favor de la manifestación «Capital Europea de la Cultura para los años 2005 a 2019» (Ponente: Sr. Monfils). 
¿Por qué esta propuesta de declaración de intención de rechazo? 
Porque de lo que se trata en este caso es de salvaguardar nuestras prerrogativas parlamentarias y el equilibrio de las instituciones establecido en el Tratado. 
He de recordar que el texto inicial presentado por la Comisión establecía un procedimiento de reconocimiento de las capitales culturales basado esencialmente en la calidad de los proyectos presentados. 
El Parlamento había modificado ese texto reforzando aún más la exigencia cualitativa, en particular mediante una mayor independencia del jurado y criterios de elección más precisos. 
Con ello mostraba el interés que sentía por la designación de las capitales europeas de la cultura. 
En lugar de trabajar sobre esa base en la segunda lectura, el Consejo ha cambiado fundamentalmente el texto inicial, estableciendo, para el período comprendido entre los años 2005 y 2019, una designación de la capital europea por cada uno de los países que desempeñe sucesivamente la Presidencia de la Unión. 
Todo el procedimiento establecido en el primer texto queda substituido por un sistema rígido, en el que la elección de las ciudades ya no se basa en un criterio de calidad de los proyectos, sino en una simple decisión política adoptada por cada uno de los Estados sucesivamente. 
Ese sistema es, por lo demás, totalmente grotesco, pues, ¿quién puede decir cómo será la Europa del año 2015, en el momento en que Bélgica podrá designar a su capital europea, o en el año 2019, cuando le corresponderá a Italia? 
El Consejo de Ministros ha olvidado incluso que la ampliación de Europa se producirá antes del año 2019- es de suponer- y que en el sistema que ha adoptado, los nuevos miembros no tendrían siquiera la posibilidad de designar a su capital, a menos que, prosiguiendo en la línea de esta brillante reflexión, el Consejo se reúna de nuevo para organizar los turnos de los futuros once países de la Unión Europea en el período comprendido entre los años 2020 y 2031. 
Resulta, Señorías, profundamente surrealista. 
Sin embargo, al declarar como posición común un texto fundamentalmente diferente del proyecto inicial, el Consejo de Ministros desvirtúa el procedimiento parlamentario, ya que, por una parte, impide al Parlamento hacer dos lecturas del texto y, además, obliga al Parlamento, si quiere presentar enmiendas, a obtener para su aprobación una mayoría no de los diputados presentes, sino del total de diputados al Parlamento, es decir, 314 votos como mínimo. 
El Consejo de Ministros motiva su actitud en que era, según él, la única posibilidad para conseguir la unanimidad en él. 
Si es así, Señorías, podría haberse dado cuenta mucho antes y debatir, llegado el caso, ese problema con la Comisión. 
Pero, además y sobre todo, las dificultades del Consejo para ponerse de acuerdo sobre un texto no pueden servir de justificación para una desvirtuación del procedimiento institucional. 
Si no, en el futuro, a propósito de otros problemas, el Consejo, actuando del mismo modo, podría dejar que se presentara en primera lectura un texto que no correspondiera a su visión y después preparar una posición común totalmente diferente. 
Podría, así, saltarse la segunda lectura del Parlamento y colocarlo en la imposibilidad de desempeñar en serio sus funciones de colegislador. 
Esa tentación resulta manifiesta y se la debe considerar, evidentemente, inaceptable. 
Por consiguiente, presentamos esta declaración de intención de rechazo para inducir al Consejo a negociar en el Comité de Conciliación, como le impone la letra c) del apartado 2 del artículo 180 B del Tratado. 
Termino, señor Presidente, con dos observaciones importantes. 
La primera, la declaración de intención de rechazo, no se refiere a la designación de las capitales europeas de la cultura para el período 2001 a 2004, ya que la elección de dichas capitales se ha hecho mediante un simple método gubernamental. 
Los que hacen ver que la declaración pondría en tela de juicio dichas capitales no han leído siquiera el texto del Consejo. 
En el sistema propuesto, no tenemos, como Parlamento, competencia alguna para discutir la decisión intergubernamental. 
La declaración se refiere únicamente a la posición común en la que se establece el procedimiento de elección por el período comprendido entre los años 2005 y 2019, único texto, por lo demás, que tenemos ante nosotros. 
Segunda observación: consideramos que las capitales europeas son un elemento esencial de la política cultural de la Unión. 
Ésa es la razón por la que las ciudades elegidas deberían recibir, en nuestra opinión, una subvención europea importante. 
Deseamos una dotación correspondiente a dos millones de euros por ciudad. 
Por último, señor Presidente, Señorías, espero que esta declaración de intención de rechazo sea votada por este Parlamento, que demostrará así que hace hincapié en la calidad cultural de los proyectos y quiere salvaguardar las competencias institucionales que le concede el Tratado. 
Señor Presidente, Comisario, estimados colegas, a finales de 1997, la Comisión realizó una propuesta para designar las capitales europeas de la cultura a partir del año 2002 mediante una evaluación efectuada por un jurado independiente al que el Parlamento también podría dar su opinión y donde, finalmente, el Consejo por mayoría cualificada realizaría la elección definitiva. 
Dentro del plazo de seis meses, el Parlamento emitió un dictamen claro sobre la propuesta de la Comisión, un dictamen que puede resumirse de la siguiente forma: más calidad para el programa cultural, una selección más transparente de las ciudades candidatas y, por último, más dinero para las ciudades que finalmente son designadas; con todo ello, el Parlamento podría desempeñar más su papel de codecisor. 
Poco después, los Ministros presentaron lo que se llama una propuesta de posición común, una propuesta, señor Comisario, que no hizo caso de su propuesta inicial ni de las enmiendas del Parlamento Europeo, en la que las ciudades se designaban para el período de 2001 a 2004 y después, en efecto, como bien ha descrito el ponente, el Sr. Monfils, se daba una cierta situación grotesca al determinarse las ciudades para el período de 2005 a 2019 conforme a la asignación de un turno para cada una. 
Es normal que hoy nos distanciemos de eso, aunque sólo sea porque en esta posición común tanto la Comisión como el Parlamento han quedado completamente fuera de juego en lo que hasta ahora es un procedimiento de codecisión. 
No obstante, en segundo lugar, también tenemos problemas de fondo, ya que esta propuesta no contiene ninguna garantía respecto de la calidad, por lo que cada país es culturalmente igual a los restantes en Europa y, seamos realistas, hay países que verdaderamente albergan más ciudades culturales candidatas que otros. 
Tampoco se tiene en cuenta, como ya se ha dicho, que con la ampliación de la Unión o con una eventual modificación del Tratado en los próximos 20 años, se dejará de utilizar la unanimidad en el Consejo en materia cultural. 
Tenemos la intención de rechazar, aclarando, no obstante, que apoyamos la selección de las ciudades del período de 2001 a 2004. Menciono Brujas, Salamanca, Oporto, Rotterdam, Graz, Génova y Lille, ya que estas ciudades no deben sufrir las consecuencias de un prolongado debate entre las instituciones porque los Ministros de Cultura hayan procedido de una forma tan unilateral. 
Queremos, así mismo, que la cantidad de referencia se eleve a los dos millones de euros por ciudad designada, pero queremos abogar por otro sistema a partir del año 2005. 
Cuál es el mejor sistema, la conciliación lo podrá demostrar. 
Lo que deseamos- y éste es el objetivo- es una mayor garantía de calidad. 
Queremos una dimensión realmente europea, queremos la participación de amplias capas de la población en los proyectos y queremos más dinero para el proyecto cultural que más agrade. 
Colaboremos ahora en el logro de un compromiso honesto del que todos nos beneficiemos. 
Señor Presidente, como ya se ha dicho, la cuestión «Capital cultural» es un asunto importante para la política cultural y resulta ser, así mismo, muy importante para nuestros ciudadanos. Por ello debemos proceder con cautela en toda esta materia. 
El ponente, el Sr. Monfils, nos ha proporcionado un excelente informe para discutir la propuesta de la Comisión y me alegra que haya sido aceptado por este Parlamento. 
Lamento mucho cómo el Consejo ha tratado esta cuestión. 
Con el informe del Sr. Brok, el Comisario acaba de mostrar los logros de la vía comunitaria y la desventaja del método intergubernamental. 
Podemos añadir: las ventajas de la decisión mediante mayoría cualificada, tal como ha propuesto la Comisión en esta materia, y, por otra parte, el procedimiento de unanimidad tal como es manejado ahora por el Consejo. 
Quisiera señalar explícitamente que se trata aquí de una cuestión jurídica, fundamental y- como el Sr. Monfils acaba de explicar- muy importante. 
Por ello, estoy completamente de acuerdo con la propuesta que acaba de comentar. 
No obstante, quisiera limitarme insistentemente a la acción común prevista para el período de 2005 a 2019 y, al igual que los anteriores oradores, quiero recalcar que apoyo las candidaturas para las capitales europeas del período 2001 a 2004, lamentando, naturalmente, el método intergubernamental utilizado. 
Así mismo, celebro que la Comisión de Cultura haya decidido unánimemente esforzarse por duplicar el presupuesto, lo que también es una consecuencia lógica de la designación de dos ciudades en los años mencionados. 
Es importante que lleguemos cuanto antes a la conciliación con el Consejo, de manera que podamos utilizar el período para intentar reparar de alguna forma el daño. 
Sumándome a lo que ha dicho el Sr. De Coene, debe lograrse que el Consejo acepte los puntos centrales de la propuesta del Sr. Monfils y adopte una posición común aceptable. 
Espero que nos encontremos pronto en semejante situación a fin de evitar el desconcierto de todos aquéllos, y son muchísimos, que están involucrados en la cuestión «Capital cultural». 
Señor Presidente, mi Grupo apoya, por supuesto, el informe del Sr. Monfils y, consiguientemente, apoya la propuesta de intención de rechazo de la posición común relativa a la Capital Europea de la Cultura. 
Se ha dicho ya que el Consejo, ignorando ostensiblemente el procedimiento que se estaba desarrollando para tomar una decisión pertinente, adoptó su posición común, no sólo sin tomar en cuenta la postura del Parlamento sino también presentando un documento que está muy lejos de la propuesta modificada de la Comisión. 
Además designó, y esto es el colmo de la arbitrariedad y de la hipocresía- quizás sea dura la frase pero es así- el orden de los países anfitriones de la Capital Europea de la Cultura hasta el año 2019. 
Esto significa minar gravemente el procedimiento interinstitucional y también es un desprecio intolerable hacia el Parlamento Europeo. 
Y no hace falta explicarlo, es evidente y creo que lo han dicho, de una u otra forma, cuantos han hecho uso de la palabra hasta ahora. 
Con la propuesta de hoy, el Parlamento Europeo ambiciona obligar al Consejo a convocar al Comité de Conciliación y a restaurar el equilibrio interinstitucional. 
No queremos tampoco nosotros poner en tela de juicio el orden que se decidió hasta el año 2004, a pesar de que también en este caso el procedimiento fue bastante problemático. 
Pero decidir de esta manera hasta el año 2019, ¡Es tanto el tiempo que ha de pasar como grande es la arbitrariedad! 
El Parlamento Europeo insiste en querer desempeñar el papel que le corresponde. 
Nuestro Grupo se alegra por el hecho de que con este procedimiento se reanude el diálogo, que fue rechazado unilateralmente por el Consejo el 28 de mayo, para que podamos tomar una postura, rechazando la posición común o modificándola, y volvamos a determinar los criterios deseables de calidad y transparencia. 
Señor Presidente, ya se han dicho muchas cosas, por lo que no voy a volver a referirme a ellas. 
Simplemente, ¿cómo podemos aceptar que en un momento como el actual, en el que la cultura europea necesita tanto apoyo, el Consejo pueda liquidar como saldos en cierto modo la institución de una capital europea de la cultura? 
Y lo hace, por lo demás, tanto por ceguera como por voluntad de hegemonía. 
Así, pues, comparto totalmente el punto de vista de nuestro ponente, al que quisiera felicitar tanto por la calidad de su trabajo como por su pugnacidad para defender el modo de institución de esa capital cultural europea, símbolo de nuestra vitalidad cultural. 
Sé que las ciudades que ya han sido designadas y temen que su proyecto quede preterido no siempre comprenden de verdad esta posición. 
Pero yo quisiera que comprendiesen- y pienso en particular en las ciudades de Brujas o de Aviñón- que no van a verse afectadas y sobre todo que, al defender un verdadero equilibrio interinstitucional en el procedimiento de codecisión, luchamos también por ellas, para dar a conocer una cultura rica y creativa. 
Ése es, por lo demás, el objetivo que perseguimos en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y no queremos renunciar a él. 
Señor Presidente, tengo la impresión de que todos los participantes en el debate sobre la ciudad europea de la cultura se olvidan de que en última instancia estamos hablando de cultura. 
Lo importante es que la ciudad mejor preparada para el reto que le espera se lleve el título honorífico de ciudad europea de la cultura. 
El Consejo se ampara en argumentos y disposiciones formales que aparentemente no permiten otra solución. 
El informe que tenemos delante se fundamenta en argumentos de fondo que se echan en falta en las declaraciones del Consejo. 
Puede que el Consejo tenga razón desde el punto de vista del Derecho procesal, pero está claro que su postura no aporta la solución ideal. 
Habida cuenta de que al fin y al cabo se trata de la cultura y, por tanto, de la tarjeta de visita de Europa, todos los implicados deberían esforzarse por encontrar un compromiso que garantizara una correcta selección de la ciudad europea de la cultura. 
Señor Presidente, el rechazo del Parlamento no afecta a las ciudades que ya han sido seleccionadas para el período 2001-2004, sino al procedimiento de selección establecido por el Consejo, puesto que no tiene en cuenta las propuestas de modificación del Parlamento ni la excelente propuesta de la Comisión que tenía por objeto introducir una iniciativa comunitaria para nombrar la ciudad europea de la cultura a partir del 2002 con la ayuda de un jurado de altas personalidades independientes y previa consulta al Parlamento. 
No podemos aceptar que se olvide a menudo a los candidatos a la adhesión ni que se desestime el derecho a la codecisión del Parlamento. 
Sería crear un peligroso precedente. 
Sobre la financiación de los nuevos programas culturales, el Consejo no pudo alcanzar un acuerdo con el ministro de Cultura, pero la cuestión del nombramiento de las ciudades europeas de la cultura se zanjó en un santiamén, pisoteando los derechos del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, puedo presentar muy brevemente la posición de la Comisión sobre la intención de este Parlamento de rechazar la posición común del Consejo sobre la ciudad europea de la cultura. 
Ustedes saben muy bien que la Comisión ha manifestado claramente lo que piensa sobre esa posición común, que no ha seguido nuestra propuesta inicial y que ha creado un sistema de rotación por países. 
Sin embargo, lo que queremos es que, dada la importancia de esta iniciativa, pueda desarrollarse el proceso de codecisión, se pueda lograr un acuerdo entre las instituciones, con el fin de hacer que esta acción sea viable lo más rápidamente posible y sobre una base comunitaria. 
La Comisión no ha considerado oportuno retirar su propuesta inicial, a pesar de que las bases de la posición común no contribuyen ciertamente a reforzar el carácter europeo de la manifestación; pero desde el punto de vista jurídico, el criterio de nuestros servicios competentes era que la posición común del Consejo no reunía las condiciones para retirarla. 
El propósito de nuestra iniciativa es que se lleve a cabo en el ámbito cultural una acción europea de gran envergadura y notoriedad contribuyendo, de esta forma, al conocimiento mutuo de los pueblos europeos, de su riqueza y de su diversidad cultural. 
Recurrir a un sistema de rotación por presidencias ha modificado de manera significativa la propuesta de la Comisión, desde el momento en que elimina el jurado de altas personalidades independientes llamadas a juzgar el contenido cultural de los proyectos de las ciudades candidatas, y no se reconoce tampoco al Parlamento el papel que le había sido asignado en la propuesta de la Comisión. 
En consecuencia, la Comisión considera en este momento, con todo el respeto a las posiciones que han sido manifestadas, que, vistas las limitaciones impuestas por la regla de la unanimidad- porque estamos condicionados por la regla de la unanimidad -, la posición común adoptada por el Consejo parecía de alguna forma la única posibilidad de poder llegar a un acuerdo y poder establecer, sobre una base comunitaria, una acción cuyo valor e importancia culturales resultan evidentes para todos los ciudadanos europeos. 
Creo que lo importante en este momento es que el Parlamento y el Consejo establezcan un diálogo abierto y constructivo para hacer un último esfuerzo para intentar aproximar posiciones y llegar a un acuerdo que garantice el futuro de esta acción. 
Y así se lo manifesté ayer precisamente a la Presidencia del Consejo. 
En el encuentro que tuvimos ayer la Comisión, en su conjunto, con el Gobierno alemán, tuve un encuentro con el ministro de Cultura, Sr. Naumann, y así se lo hice saber. 
Me parece que es extraordinariamente urgente que se busque una fórmula inmediatamente, mediante un diálogo tripartito entre el Consejo, el Parlamento y, si se quiere, la Comisión para encontrar alguna fórmula que nos permita desbloquear la situación presente. 
Esto es lo que yo quería decirles en este momento, comprendiendo perfectamente el anuncio de rechazo de la posición común adoptada por el Consejo sobre la ciudad europea de la cultura, pero quisiera, sobre todo, animarles a buscar la fórmula para llegar a este encuentro y que encontrásemos una solución satisfactoria para todos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas. 
A4-0437/98 del Sr. Elchlepp, sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la posición que debe adoptar la Comunidad en el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo Europeo celebrado entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Lituania, por otra, por lo que respecta a la adopción de las normas necesarias para la aplicación de los incisos i) y ii) del apartado 1 y del apartado 2 del artículo 64 del Acuerdo Europeo (4216/98- COM (98) 0119- C4-0592/98-98/0075 (CNS) ), -A4-0443/98 del Sr. Seppänen, sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la posición que debe adoptar la Comunidad en el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo Europeo celebrado entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Letonia, por otra, por lo que respecta a la adopción de las normas necesarias para la aplicación de los incisos i) y ii) del apartado 1 y del apartado 2 del artículo 64 del Acuerdo Europeo (4215/98- COM (98) 0068- C4-0593/98-98/0076 (CNS) ), -A4-0472/98, del Sr. Van Dam, sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la posición que debe adoptar la Comunidad en el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo Europeo celebrado entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Estonia, por otra, por lo que respecta a la adopción de las normas necesarias para la aplicación de los incisos i) y ii) del apartado 1 y del apartado 2 del artículo 63 del Acuerdo Europeo (4214/98- COM (98) 0118- C4-0594/98-98/0077 (CNS) ), y-A4-0419/98 del Sr. Schwaiger, sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la posición que debe adoptar la Comunidad en el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo Europeo celebrado entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Rumania, por otra parte, firmado en Bruselas el 1 de febrero de 1993, por lo que respecta a la adopción de las normas necesarias para la aplicación de los incisos i) y ii) del apartado 1 y del apartado 2 del artículo 63 del Acuerdo Europeo y para la aplicación de los párrafos 1 y 2 del apartado 1 y del apartado 2 del artículo 9 del Protocolo nº 2 relativo a los productos CECA del Acuerdo Europeo (COM (98) 0236- C4-0275/98-98/0139 (CNS) ). 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores. En mi informe se habla de la incorporación del derecho de competencia de la UE en la República de Lituania, en el marco del artículo 64 de los Acuerdos europeos entre la UE y este país del año 1995. 
Me gustaría recomendar al Parlamento Europeo que apruebe la posición actual de la Comunidad en el Consejo de Asociación entre la UE y Lituania. 
Aunque el asunto que tenemos entre manos parece ser más bien de naturaleza técnica, sin embargo, en el marco de las relaciones de adhesión con Lituania, nos encontramos con un asunto de gran envergadura política. 
En definitiva la política de competencia es un instrumento esencial para garantizar el libre comercio y la transformación de la economía lituana en una economía de mercado que funcione bien socialmente, y que pueda existir en el Mercado Interior. 
En efecto la implantación del complejo derecho de competencia de la UE es un enorme desafío para todos los candidatos a la adhesión. 
Están ocupados con la construcción, en primer lugar, de un derecho nacional de competencia propio en el paso hacia una economía de mercado. 
Ruego que la Comisión tenga esto muy en cuenta cuando enjuicie el esfuerzo que realizan estos países para su adaptación. 
Por eso es necesario que, en los próximos años, seamos un tanto flexibles al llevar a cabo la implantación del derecho de competencia de la UE. 
La existencia de impuestos fijos puede ser más bien contraproducente. 
Habrá que prestar atención constantemente a los efectos sociales que produce la adaptación, al mismo tiempo que se debe asegurar que la población de estos países candidatos ejerza un amplio apoyo democrático y que tengan una economía de mercado social. 
Esto es muy importante para la estabilidad de Europa en su conjunto. 
En el camino hacia el acervo comunitario de la UE en el derecho de competencia, muchos ramos de la economía lituana no podrán renunciar, al menos durante algún tiempo, a ayudas de estado a la preadhesión. 
En vista de las estrategias agresivas de la competencia occidental hay que pensar en poner en práctica mecanismos de defensa y en que se den apoyos a ciertos ramos en particular. 
Sin embargo Lituania ha realizado grandes progresos para adaptarse al derecho de competencia de la UE y se esfuerza por conseguir estructuras de organización. 
El Gobierno presentó en 1998 el borrador de una nueva Ley de Competencia lituana. 
El pasado diciembre se aprobaron muchos apartados de esa ley en el Parlamento lituano. 
Las normas de competencia para las empresas se corresponden, en general, con el Derecho comunitario, y en 1997 se presentó una resolución para supervisar las ayudas de preadhesión públicas del Gobierno lituano. 
Entretanto Lituania ha realizado esfuerzos para facilitar el libre intercambio comercial con la UE, por ejemplo a través de las ansiadas reducciones aduaneras. 
Esta acción debe ser aplaudida. 
Llego a las siguientes conclusiones: con Lituania no se debería practicar una política rigurosa de adaptación a normas de competencia occidentales, para no dañar el proceso de transformación a largo plazo con pretensiones exageradas. 
En segundo lugar, la UE tiene que apoyar de forma más notoria la formación y siguiente desarrollo de los empleados profesionales del servicio lituano de supervisión de la competencia. 
Además es necesario solicitar al sector de economía privado del país que informe al aceptante del nuevo derecho de competencia y de las medidas de reestructuración y de liberalización económicas. 
Los aspectos sociales y de medio ambiente deben ser tenidos en cuenta en el proceso de adaptación. 
Para finalizar me gustaría dirigir mi atención a dos puntos: dado que la economía lituana, como en el resto de los países de Centro y Este de Europa, está subcapitalizada, la UE debería pensar de qué forma se pueden conseguir ayudas de capital para la formación y modernización de empresas partiendo de las medidas de ayuda estructurales tomadas hasta ahora, y, si se diera el caso, recurrir a ayudas del Banco Europeo de Inversiones o del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. 
En segundo lugar, es ciertamente lamentable que Lituania no esté, en este momento, dentro del primer grupo de los países candidatos a la adhesión. 
Considerando todas las dificultades que todavía existen con las diferentes opiniones, pienso que deberían empezar antes las negociaciones entre la UE y la República Lituana para su adhesión previstas para finales de 1999, y si fuera posible bajo la Presidencia alemana, puesto que sólo de esta manera se puede conservar en un país el optimismo logrado y el instinto creativo. 
Señor Presidente, la Comisión recomendó en julio de 1997 la apertura de negociaciones de adhesión con Letonia en cuanto este país hubiera registrado avances suficientes para cumplir los criterios establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague. 
En opinión de la Comisión, ningún país reunía completamente por entonces la totalidad de los requisitos que se habían confirmado en la capital danesa. 
A pesar de ello, se estableció un orden para las candidaturas de adhesión de los países candidatos en el que, por ejemplo, se fijaba un plazo de espera más largo para Letonia que para Estonia. 
Esta medida carece de fundamentos, al menos por lo que respecta a la aplicación de las disposiciones en materia de competencia. 
La UE pretende asegurar el elevado nivel de un mercado interior que permita prohibir las limitaciones en el ámbito de la competencia. 
No resulta nada obvio que los países candidatos vayan a salir bien parados en un mercado de estas características. 
De acuerdo con las estimaciones de la Comisión, la Letonia de hoy en día tendría dificultades para sobrevivir a las presiones competitivas del mercado común. 
De conformidad con estas mismas estimaciones, la integración de Letonia en la UE podría dar lugar a grandes transformaciones económicas estructurales en este país. 
En Letonia está vigente una nueva ley de competencia que se adapta en líneas generales a la legislación de la UE. 
Esta nueva ley requiere aún diversas modificaciones, ya que dicha ley permite ciertas ayudas vinculadas a la exportación y acepta determinados derechos especiales y situaciones de monopolio que no se ajustan a la normativa comunitaria. 
Con sus exigencias en torno a la armonización legislativa, la UE moldea la sociedad letona a su gusto, y se trata de una situación ante la que Letonia no dispone de alternativas. 
A causa de los problemas de calidad, los productos industriales letones se enfrentan con dificultades a la hora de acceder a los mercados occidentales de la UE. 
La competitividad de su economía se basa exclusivamente en un nivel salarial reducido, lo cual da lugar a un problema: para que Letonia fuera competitiva, sus salarios deberían ser bajos. 
Si los salarios fueran bajos, Letonia se convertiría en un país de producción barata dentro de la UE, una especie de país abanderado de las excelencias de la UE. 
En el momento en que desaparecieran las fronteras comerciales entre los países de la UE y Letonia, se establecería también un mercado laboral libre. 
En ese momento, y habida cuenta de las diferencias salariales y de calidad de vida, merecería la pena abandonar Letonia en busca de un puesto de trabajo en alguno de los países ya en la actualidad miembros de la UE, que registrarán un nivel de vida más elevado. 
Para Letonia, todo esto se traduciría en una fuga de la mano de obra cualificada; para la UE, esta situación conllevaría un problema de mano de obra barata. 
Se trata de un problema común en caso de que se lleve a cabo la ampliación de manera apresurada, y no afecta de manera especial sólo a Letonia, sino a todos los países candidatos. 
Los otros países que preceden a Letonia en la lista de adhesión ocasionarán exactamente este mismo problema a la UE. 
La estructura económica de todos los países candidatos es completamente distinta a la del mercado interior de la UE. 
Desearía recordar aún las estimaciones de la Comisión, de acuerdo con las cuales, si bien Letonia cumple los criterios relativos a las instituciones, el estado de Derecho, los derechos humanos y la protección de las minorías, es preciso que se emprendan medidas para agilizar la concesión de la ciudadanía a quienes no poseen la nacionalidad letona. 
Este problema es grave, pero lo es también en Estonia. 
No encuentro motivos para explicar por qué Letonia se encuentra en peor situación, en relación con otros países candidatos, por lo que respecta a su adhesión a la Unión Europea. 
El país está dispuesto a pagar un elevado precio por su adhesión a la UE al exponer su economía a las fuerzas del mercado y a la competencia de la Unión. 
Es el único país báltico que participa en la primera ronda de las negociaciones de adhesión. Ello no quiere decir que Lituania y Letonia hagan menos en el terreno económico y político. 
Una zona de libre comercio tiene interés económico solamente cuando los requisitos jurídicos descansan en principios uniformes. 
Esto también es aplicable a la política de competencia. 
En el Acuerdo Europeo celebrado con Estonia figura que la adopción de la legislación en materia de competencia debe haber terminado a más tardar a finales de 1997. 
Este plazo ha finalizado ya hace mucho tiempo. 
Por ello, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores se da prisa en aprobar la propuesta de la Comisión. 
En el marco de la futura adhesión de Estonia, cuyas negociaciones se iniciaron ya el año pasado, es importante que los estados candidatos estén a la altura del actual funcionamiento del mercado en la Unión. 
La competitividad de las empresas de Estonia debe, por tanto, aumentar. 
La presente propuesta pretende establecer las normas de ejecución de la actual política de competencia de la Comunidad en Estonia. 
Se trata de los artículos 85, 86 y 96 del Tratado CE. Éstos abarcan sucesivamente la prohibición de colusión entre empresas, la prohibición del abuso de posición dominante y la disciplina en materia de ayudas de estado. 
El principal objetivo del establecimiento de unas normas de ejecución de los artículos mencionados es la mejora del comercio entre la Unión Europea y Estonia. 
No obstante, ambas partes conservan la posibilidad adoptar medidas antidumping y de protección conforme al acuerdo de asociación. 
Que estas medidas todavía estén en vigor, tiene que ver con que las normas en materia de ayudas de estado de ambas partes muestran todavía grandes diferencias. 
A finales de 1999, ambas partes deben ajustarse a estas disposiciones. 
Mientras tanto, el objetivo de la Comisión no es, naturalmente, negar la entrada al mercado europeo de toda clase de productos estonios. 
Esto no mejoraría la competitividad de las empresas estonias y podría, por tanto, impedir una rápida ampliación de la Unión Europea. 
En un informe reciente sobre las ayudas de estado estonias, se observa que la ley estonia de competencia, que está en vigor desde octubre de 1998, establece mejoras en cuanto al seguimiento de las ayudas de estado y la recopilación de los datos relacionados con éstas. 
Las ayudas de estado son imprescindibles en el marco del paso a una moderna economía de mercado, pero éstas deben ser transparentes para poder controlar hasta qué punto las empresas estonias son suficientemente competitivas. 
Señor Presidente, como ponente, agradezco a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores su amable colaboración y extraigo las siguientes conclusiones. 
Anteriormente, he dejado clara la necesidad de una correcta ejecución en Estonia de la legislación relativa a la competencia, tanto más cuando Estonia forma parte de los primeros negociadores. 
Esto no significa que quiera establecer un criterio más de ingreso. 
Los requisitos concretos para la adhesión figuran claramente en los Acuerdos Europeos. 
En los últimos años, Estonia ha trabajado mucho en la preparación de su ingreso en la Unión Europea. 
Me refiero con ello, no sólo al crecimiento económico y la obligación que la misma Estonia ha adoptado mediante la firma del memorando económico con el FMI a fin de procurar lograr un crecimiento sin que se produzca un calentamiento de la economía. También en el terreno político Estonia ha realizado los esfuerzos necesarios para cumplir los criterios de ingreso. 
A pesar de que todavía existen importantes obstáculos como para poder hablar de una verdadera cultura política democrática, por ejemplo, cuando se trata de la reforma del poder jurídico, se han logrado numerosos progresos en el terreno político. 
A título ilustrativo, menciono la actitud dialogante entre el Gobierno y la oposición y los esfuerzos encaminados a la integración de la minoría rusa en Estonia. 
Estos esfuerzos del Gobierno estonio nos instan a que nos demos prisa con la entrada real de este país en la Unión Europea. Si solicitamos reformas, también debemos estar preparados para responder de una forma justa a las mismas. 
Señor Presidente, estimados colegas. La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores constata asimismo con agrado, que Rumania puede adaptar satisfactoriamente sus normas de competencia a las de la UE, y se puede establecer la colaboración entre las autoridades en materia de competencia. 
Se hace referencia con esto- Vd. lo sabe ya por otros informes- a los principios básicos empleados en la política de competencia, a las autoridades competentes, al procedimiento de consulta en casos transfronterizos y a la colaboración de la administración. 
La posición de la Comisión en cuanto a la solicitud de ingreso de Rumania muestra, por lo demás, que las normas de competencia en Rumania son compatibles, en general, con los modelos establecidos en la UE. 
De ese modo le propongo desde la posición de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores que apruebe la posición que tiene el Consejo con respecto a Rumania. 
Hay que valorar de forma positiva que la administración rumana, al igual que en otros aspectos, apuesta por una colaboración estrecha con las autoridades de la UE en materia de las normas de competencia y que ha realizado los esfuerzos legislativos correspondientes. 
Además también hace falta que se modernice la administración pública, que todavía deja que mucho que desear. 
El trabajo de la administración rumana se podría reducir si se diera una formación intensiva anticipada a ejecutivos rumanos en el Marco del Programa PHARE. 
Echemos un vistazo hoy en día a los esfuerzos de Rumania, al igual que a la necesidad de seguir aproximándose a la Unión Europea y de adoptar poco a poco el acervo comunitario. 
Al Gobierno rumano todavía le quedan por hacer la mayoría de las reformas en la economía. 
Un asunto complicado que todavía tiene que resolverse es la privatización, desde hace tiempo aplazada, de las grandes empresas públicas y la mejora de las condiciones básicas para la formación de pequeñas y medianas empresas. 
En la actualidad sólo cerca del 20 % de las empresas han pasado a manos de la propiedad privada. 
Únicamente de esta manera las normas de competencia, que después serán reglas comunes para Rumania y para la Unión Europea, tendrán la ocasión de extenderse y funcionar efectivamente. La evolución de los últimos días demuestra que el Gobierno rumano se esfuerza, seriamente, por disminuir el déficit dentro de las empresas públicas y por cerrar las empresas en el campo de la banca y de las telecomunicaciones que no son rentables. 
Al mismo tiempo hay que estimular, en gran medida, la formación de pequeñas y medianas empresas como hasta ahora se ha hecho, por medio de impulsos financieros estatales incluídos en los programas de la Unión Europea. 
Es del todo esperanzador que Rumania y la Unión Europea colaboren muy estrechamente para el mercado europeo en la utilización común, según se acordó, de las riquezas del subsuelo transcaucasiano, especialmente en Azerbayán y las Repúblicas de Oriente Medio. Rumania puede adoptar un papel clave tanto en el transporte como en el tratamiento del petróleo del mar Caspio, a lo que ya hice referencia en mi informe de principios de 1997 sobre la colaboración económica entre la UE y Azerbayán. 
Las instalaciones de Constanza como puerto más grande del Mar Negro y las refinerías de Ploiesti en el bajo Danubio podrían llevar a Rumania a que crease nuevos caminos de transporte, a que pudiera dedicarse al tratamiento de una amplia paleta de productos petrolíferos y, además, a que se ocupase del suministro del mercado europeo llegando a ser un punto de referencia de primer orden, no sin que antes se hubiera modernizado todo esto correspondientemente. 
Cuánto más activo sea el papel que juegue Rumania en los proyectos comunes de la UE con las Repúblicas transcaucasianas, sobre todo con Georgia y Azerbayán, por ejemplo en las redes de transporte, y también en las redes de transporte de energía, más pronto servirá su potencial para el mercado europeo, engrandecido dentro de unos años por Hungría, Polonia y el Canal del Rin-Maguncia-Danubio, y podrá mejorar su balanza comercial y de pagos. 
Los productos correspondientes pueden transportarse a través del Danubio y del Canal del Rin-Maguncia-Danubio hasta el Centro de Europa y después seguir por los países del Benelux, pasando por Francia. 
Por lo tanto, Rumania tiene que ajustar mucho más activamente su potencial geográfico, industrial y aún tecnológico, incluyendo la infraestructura del transporte del Danubio, al mercado europeo y agotar su capacidad de prestación de servicios a través de la vía fluvial del Danubio y por vía férrea. 
El tren de alta velocidad previsto, el TGV-ICE, que va de París pasando por Estrasburgo, Munich y Viena hasta Budapest, debería proseguir dentro de algunos años por Timisoara y Arad dirección a Bucarest. 
Así pues, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores me gustaría animar a Rumania- y hasta aquí estoy de acuerdo con los argumentos del colega Bernard-Reymond sobre las posibilidades de adhesión de Rumania- a que prosiga de forma resoluta su camino hacia Europa, siguiendo el ejemplo de otros países de Europa del Este, a que supere su período de flaqueza pasajero y a que afiance todo su potencial de desarrollo como gran país del Este de Europa. 
Nosotros queremos infundir ánimo, en cualquier caso, al pueblo rumano, a su Parlamento y a su Gobierno para que no se resignen, a pesar de la dificultades actuales, y a que aúnen todas sus fuerzas en pro de una colaboración más estrecha con la UE. 
Ellos tienen nuestro apoyo para que esto se haga realidad. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores. Creo que esta es la ocasión de discutir de un modo más general lo que sucede en este momento. 
Se puede decir- y sólo sería la mitad de la historia, pero sería completamente verdad- que la política de competencia de la Unión Europea es una historia que ha tenido éxito internamente. 
Esta política es el motor que ha dado impulso a la integración europea y que da por acabado el Mercado Interior. 
Esto es indiscutible, y está bien que así sea. 
En las relaciones que se han establecido con los países candidatos nos hemos encontrado con el problema añadido de una estructura económica desigual. 
Con las condiciones se tiene que pensar si se puede hacer simplemente otro tanto. 
Existe el riesgo adicional- y creo que hemos encontrado en los tres países indicios de ello- de que se practique un modelo sintético de las normas de competencia, que a penas se pueda implantar en la Unión, precisamente porque estos países, según su propia voluntad política, quieren que se haga realidad una economía de mercado pura. 
Sería una desigualdad que, en mi opinión, no es justificable. 
Quisiera hacer referencia al problema que surgió cuando se aplicaron en diferentes plazos temporales las normas de competencia en lo que se refiere al control del mercado y la norma de competencia en lo que se refiere a las ayudas públicas. 
Pero no sólo esto fue un problema, sino también el hecho de que no hayan ido de la mano, convenientemente, otras dimensiones que pertenecen a la consolidación y organización de los mercados. 
Esta es la cuestión de las infraestructuras públicas, esta es la cuestión- que ya se abordó en su momento- de la consolidación del techo del capital de las empresas y esto es- y creo que es muy importante para todos nosotros- la cuestión de la consolidación de la reglamentación y el logro de otros intereses como los intereses de beneficios inmediatos de las empresas dentro del proceso económico. 
Ya que la economía no sólo lleva implícito sacar beneficio, la economía lleva consigo también la reproducción de los fundamentos naturales de la sociedad. 
Con las condiciones nos tenemos que preguntar continuamente y muy en serio, si estamos favoreciendo el proceso de tal manera que los derechos homogéneos no sólo se anoten de forma abstracta, si no que perduren con efectividad. No debemos olvidar que esos países cerca del Mar Báltico- y esto lo digo como oriundo de Kiel con cierto fondo histórico- por primera vez en su historia se encuentran en una posición no colonial frente a Europa occidental. 
Creo que esta es la empresa que debemos acometer. 
Ya se que esto no es tarea fácil. 
Para esto hace falta, creo yo, que en primer lugar, dentro nuestra estrategia de preparación a la adhesión, estimulemos convenientemente el resto de las dimensiones como la de la política de competencia. 
Por lo demás felicito que algunos colegas hayan conseguido adelantos políticos y también que hayan abordado los distintos problemas que existen en determinados países bálticos. 
Estos problemas hay que discutirlos aquí. 
Nos tenemos que preguntar, también, si no deberíamos emprender trabajos específicos de solidaridad en estos países, y si no tendríamos que pasar por alto lo que se abordó aquí, de manejar con mayor flexibilidad las normas de competencia. 
Esto es lo mínimo. Es decir que manejar aquí las reglas más rígidamente, como pueden manejarse en Baviera o en Sajonia, por poner un ejemplo, sería realmente absurdo. 
Nos tenemos que preguntar también lo siguiente: ¿qué otras cosas podemos hacer además de esto? 
Creo que debemos pensar- esto ya se abordó también- cuáles son los instrumentos de los que disponemos para mejorar la estructura, y cómo podemos conseguir que estos se instalen de la forma más efectiva posible. 
A esto también se corresponde que no establezcamos entre los países ninguna jerarquía nueva. 
A mí me parece que estaría totalmente justificado, después de que se hubiera tomado esta decisión, que yo critico, que se renuncie a modelos de inicio y que se empiece a negociar con todos los países al mismo tiempo, aunque así como se trataron las cosas, se empezara a negociar primero con Estonia. 
En efecto se va adelantando algo en este país, lo que no sucede de forma tan evidente en otros países. 
Pero esto amenaza con solidificarse sólo por el hecho de que hasta ahora era así. 
¡Esto no puede seguir de este modo! 
Hay que dar a los demás países una ocasión en regla para que tengan un proceso de recuperación. 
No se puede consentir que los países que necesitan menos ayuda, sean los que más ayuda reciben, porque en éstos el efecto inmediato es mayor. 
En este sentido abogo por un cuidadoso examen de nuestra política. 
Conscientemente no he querido hablar de los países por separado, a los que se les podía hacer esta u otra observación. 
Sin embargo no es mi misión como parlamentario europeo decir a los estonios, letones o lituanos cuál debe ser su prioridad al comenzar a actuar, si no que me he concentrado en decir lo que nosotros debíamos hacer. 
Pienso que es necesario que abordemos el asunto en toda su amplitud, reflexionando de este modo y considerando esta problemática. 
Señor Presidente, después de haber escuchado a mi colega, el Sr. Wolf, me gustaría comenzar narrando un suceso que me aconteció en una fábrica de muebles de madera en Tartu, Estonia. 
En aquel entonces era presidente de la Delegación de Relaciones con Estonia y visitábamos esta fábrica. 
El director de la fábrica me preguntó: «¿Por qué debo marcar con unas extrañas E todos los muebles destinados a la división de Ikea en Alemania? 
¿Por qué debe ser vigilada mi pintura? 
¿Por qué deben ser controlados mis estándares? 
Vosotros podéis vendernos, aquí en Estonia, todos los artículos que queráis, sin embargo, a mí se me controla porque os vendo a vosotros.» 
Así es como lo ven en la práctica. 
Éste es el diálogo que tiene lugar cada vez que visitamos nuestros nuevos Estados miembros. 
Estos acuerdos que vamos a aprobar son una señal a la población de estos países de que no han sido olvidados y de que seguimos trabajando sobre los problemas con los que me topé en Tartu. 
Sin embargo, algunas veces la distancia entre los políticos y la vida diaria es muy grande. 
El intercambio comercial, como ha dejado claro el Sr. Wolf, no surge por sí solo. 
La cuestión es si no precisamos de un conjunto de reglas de juego comunes en materia de competitividad que ayuden a preparar a estos países de cara a su futura participación en esta cooperación. 
Pienso especialmente en el país del que soy ahora responsable, Lituania, el cual desempeña un papel fundamental como país de tránsito para los intercambios comerciales con Rusia y Bielorrusia. 
Si el país mantiene en orden su política de competencia y ha armonizado sus estándares y disposiciones dentro de este ámbito, está capacitado para aumentar los intercambios comerciales y entrar en liza con sus posibles competidores. 
Sin embargo, no debemos contemplar la política de competencia aisladamente. 
Debemos tener también en cuenta las políticas social y medioambiental, siendo fundamental que- cuando hablemos de los avances realizados en estos países- no sólo midamos, como a menudo hace la Comisión, los avances en las inversiones extranjeras y en la economía, sino que también veamos en qué posición se encuentran los países para introducir consideraciones en materia de política social y medio laboral dentro de sus políticas de competencia. 
Señor Presidente, las propuestas recogidas en cuatro informes distintos para que el Parlamento apruebe los acuerdos europeos a los que se ha llegado con los países correspondientes, y el hecho de que todo parece indicar que se va a proceder en este sentido, constituyen una buena base con vistas a la futura ampliación de la Unión. 
Sin embargo, el camino que nos queda por delante es aún largo. 
Tanto la armonización desde el punto de vista económico como la armonización política exigen aún mucho trabajo y tiempo por parte de estos países. 
De acuerdo con las estimaciones que ha presentado la Comisión, tanto Letonia como Lituania han neutralizado la ventaja que les había sacado Estonia. El potente crecimiento económico de Letonia y los esfuerzos activos que han llevado a cabo Letonia y Lituania con el fin de modernizar sus leyes de ciudadanía- y el informe del Sr. Seppänen recoge información contradictoria a este respecto- representan importantes pasos hacia adelante por lo que concierne a las condiciones necesarias para su adhesión a la UE. 
Por este motivo, parece probable que, a largo plazo, todos los países bálticos puedan incorporarse al mismo tiempo a la Unión Europea. 
A pesar de que se debe valorar a cada país candidato con arreglo a sus méritos propios, es importante resaltar que la adhesión simultánea de los países bálticos revestiría unas consecuencias favorables en ámbitos como el de la política de seguridad. 
Ahora que los países candidatos se preparan para su adhesión a la Unión, es importante hacer hincapié, entre otros aspectos, en la importancia que reviste la cooperación policial y aduanera para luchar contra la delincuencia internacional. 
En este ámbito no basta con promulgar leyes y aprobar acuerdos de cooperación. A efectos de los países candidatos, lo más importante y, quizás, lo más difícil sea la aplicación de estos acuerdos. 
Desgraciadamente, los finlandeses tuvimos el pasado año una mala experiencia a este respecto, al negarse la policía estonia a cooperar con la policía finlandesa después de que una banda de delincuentes llegada de aquel país vaciara varios cajeros automáticos en Helsinki. 
Son estas cuestiones- pequeñas en sí, pero, no por ello, menos importantes- las que nos quedan aún por corregir. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, en primer lugar quiero felicitar a los distintos ponentes por sus informes. 
Señor Presidente, cuando se inició el mandato de 1995, el Sr. Santer se refirió a la ampliación de la Unión como uno de los dos objetivos principales asumidos por la nueva Comisión europea. Describió la ampliación como una ocasión histórica. 
Así mismo, mi Grupo considera que la ampliación constituye una ocasión histórica. 
No obstante, dejénme señalar una cosa. Es una ocasión histórica, pero también puede desembocar en una metedura de pata histórica si la adhesión no se prepara cuidadosamente. 
Por ello, es crucial que la actual Unión ordene bien sus asuntos internos puesto que la ampliación que ahora defiende la Unión, y los informes de hoy lo avalan, es una ampliación completamente distinta de las que se han realizado hasta la fecha. 
Los países candidatos, ¿son países que cuentan con una economía de mercado todavía limitada? 
Además, sus sistemas de competencia y jurídico no están preparados todavía para adoptar plenamente el acquis communautaire. 
Señor Presidente, no sólo los países candidatos necesitan una administración que funcione bien. Especialmente, la propia Unión necesita un aparato equilibrado y eficaz para poder hacer frente a los problemas de la adhesión. 
Es doloroso tener que constatar que a corto plazo hemos de adoptar semejantes decisiones importantes y que, al mismo tiempo, nos encontramos desgraciadamente muy lejos de este objetivo. 
Espero, entonces, que el Consejo, tal como el Sr. Fischer ha anunciado aquí esta mañana, trabaje realmente en la convocatoria de una nueva CIG hacia el año 2000 para poner orden en su propia casa. 
Señor Presidente, los tres países bálticos han realizado, y continúan realizando en la actualidad, grandes esfuerzos con objeto de cumplir los criterios establecidos para su adhesión a la Unión Europea. 
Esta circunstancia implica grandes sacrificios y transformaciones para las sociedades de dichos países. 
He venido siguiendo con gran preocupación durante estos últimos días las noticias acerca del próximo estallido entre estos países de una «guerra del cerdo» , si se me permite citar los titulares de los periódicos. 
Este hecho ha motivado, incluso, el intercambio de notas diplomáticas entre dichos países. 
Así las cosas, Letonia tiene previsto limitar este año la importación de carne de porcino procedente de Estonia y Lituania. 
Es seguro que este intercambio mutuo de acusaciones y de notas diplomáticas no tendrá ni una sola consecuencia favorable para ninguno de los países bálticos. 
Cabe esperar, pues, que se alcance rápidamente una solución al problema y que, de esta manera, no se debilite el avance de los países bálticos en su camino de integración en la Unión Europea. 
Señor Presidente, estimados colegas. Es cierto que las normas de competencia son un componente importante del acervo comunitario, pero, hasta ahora, los estatutos de competencia de los Acuerdos europeos no le han impedido a la UE emplear medidas de antidumping y medidas preventivas comerciales frente a los países candidatos a la adhesión, con el resultado de un creciente déficit comercial para los países del centro y este de Europa, precisamente lo contrario de lo que sería la misión real de una Unión Europea, es decir, contribuir a una adhesión exitosa y a la estabilización de esas economías. 
Además de esto hay que añadir las elevadas subvenciones a la exportación concedidas a la producción agraria de la UE, las cuales originan trastornos en los mercados nacionales de los países candidatos a la adhesión. Realmente la cuestión es la siguiente: ¿quién tiene que hacer los deberes aquí? 
No sólo los países candidatos, ya que se requiere que la UE efectúe una reorganización de su política comercial y de competencia de cara a los países candidatos a la adhesión. 
Señor Presidente, Señorías, en vista del poco tiempo que se me concede, no voy a comentar los aspectos técnicos de los informes, por lo demás interesantes, que se nos presentan. 
Tal vez sea la influencia de la nieve que ha caído, pero voy a mencionar simplemente la situación en la que me encontré hace unos años. 
Estaba, en realidad, en la peor de las situaciones, junto al Presidente Landsbergis, en el cuartel general de Vilna, guardado, por decirlo así, por la guardia nacional lituana y el Ejército Rojo acababa de aplastar, bajo las orugas de sus tanques, a los resistentes lituanos. 
Con eso quiero decir que, en mi opinión, los países bálticos forman parte integrante de nuestra civilización europea y pagaron muy caro el precio de su libertad. 
Tan sólo Lituania vio morir a una cuarta parte de sus hijos en los gulags. 
Quiero decir también que seríamos partidarios de la ampliación de nuestra Comunidad Europea a los países bálticos, si ésta no fuera cada vez más, por desgracia, como una mezcla de Unión Soviética y Estados Unidos, si no ofreciera como única perspectiva un collar de hierro cada vez más burocrático. 
Ésa es la razón por la que decimos a nuestros amigos de los países bálticos, como, por lo demás, a los de Polonia, que tengan mucho cuidado, pues su llegada a una Europa confederal sería, desde luego, algo positivo, pero que harían bien en vacilar a la hora de entrar en esta Europa cada vez más burocrática, que cada vez intensifica más el peso de los decretos y reglamentos. 
No creo que sea algo bueno para ellos. 
No queremos cerrarles las puertas de esta Comunidad, sino que queremos otra Europa: aquella por la que luchamos. 
Éste es el mensaje que, mediante este rodeo, quisiera enviar hoy a nuestros amigos de los países bálticos. 
Señor Presidente, otros han hablado del Báltico, por lo que limitaré mis observaciones a Rumania, al informe del Sr. Schwaiger. 
Este acuerdo sobre el que estamos debatiendo entre la UE y Rumania tiene ya cuatro años. 
En este período, Rumania ha realizado enormes progresos, se han dado pasos de gigante para conducir al país hacia una posición que se asemeje más a Occidente. 
No puede ser ninguna coincidencia, sin embargo, que los países que tienen fronteras con la UE hayan avanzado más rápidamente hacia la integración en la UE que otros que se encuentran más apartados. 
En comparación con su vecino Bulgaria, por ejemplo, Rumania, que no comparte frontera con ninguno de los actuales 15 Estados miembros, está mucho más atrasado. 
En el pasado, bajo Ceausescu, Rumania era un país que se sentía incómodo consigo mismo, una nación distorsionada por unos ideales y una legislación poco realistas. 
Cualquier persona que hoy visite el país notará el progreso realizado hacia una economía de mercado. 
Hace falta más progreso, pero a un ritmo que sea realista y dé tiempo a la gente a adaptarse y a realizar los reajustes necesarios. 
El Sr. Schwaiger se ha referido al desarrollo de la competencia, las reformas de las empresas públicas, los bancos, etcétera. 
El Gobierno rumano debe reconocer también las reformas que él mismo debe llevar a cabo: reformas de la policía, la Constitución, por ejemplo del artículo 200. 
Debe corregir la escasa disposición de algunos de sus políticos a aceptar que mañana, la política será muy diferente de aquélla anterior a la revolución. 
Dicho todo esto, Rumania es hoy un país muy diferente, un lugar muy diferente de la Rumania de hace diez años. 
Sin embargo, hay cosas que no cambian: su posición geográfica es importante, como ha destacado el Sr. Schwaiger, y es un plus importante para su futuro desarrollo. 
Rumania es, naturalmente, y seguirá siendo europea por su cultura, su lengua, su historia y su población. 
Acojo este informe con gran satisfacción y, por mi parte, espero poder estar presente cuando demos la bienvenida al Parlamento Europeo a los diputados rumanos en calidad de colegas. 
Señor Presidente, quiero subrayar yo también que estos cuatro informes pueden desempeñar un papel positivo. 
Es importante que también en el sector empresarial haya unas normas comúnmente aceptadas de colaboración y de relaciones entre la Unión Europea y estos cuatro países, así como que haya una seguridad sobre las posibilidades que tienen las empresas de penetrar y de colaborar con ellos. 
Por otro lado, ciertamente, debemos tener en cuenta que estos países se encuentran en un momento de transición difícil en que, con seguridad, aparte de la imposición de determinados principios y regulaciones jurídicas, necesitan solidaridad, apoyo y que la Unión Europea comprenda sus particularidades. 
Quiero subrayar la importancia de la colaboración y de la evolución de las relaciones con Rumania, que es uno de los grandes países de la Península Balcánica, que se halla en un punto geográfico importante, que comienza quizás con mucho más retraso que otros países de Europa oriental y que, sin embargo, tiene grandes posibilidades de participar en las grandes redes de la Unión Europea, y en general de Europa, posibilidades que, por otra parte, ha explicado muy acertadamente el Sr. Schwaiger en su exposición de motivos. 
Señor Presidente, los países bálticos han realizado en corto tiempo una obra gigantesca. 
En diez años han pasado de la dictadura y de la economía planificada soviética a la democracia y a la economía de mercado. 
A esto se añade hoy la adaptación a la UE. 
Este proceso ha significado grandes retos, tanto para los ciudadanos como para los políticos, y ha sido difícil. 
Por eso, se necesita una gran flexibilidad y ayudas económicas de la UE para posibilitar y facilitar la continuación del proceso. 
Además, se necesita una adaptación recíproca, es decir, también por parte de la UE. 
La presión política y económica sobre esos países es enorme. 
Es preocupante que uno de los países bálticos estableciera la semana pasada protección aduanera para la carne de porcino, es decir, quebrantó el incipiente libre comercio entre esos países, y esto, desgraciadamente, no de forma totalmente inesperada. 
Desde el principio los Verdes han exigido que las negociaciones de adhesión se realicen con los tres estados bálticos simultáneamente, a fin de contribuir al desarrollo político y económico armónico en la región y para no dificultar la frágil colaboración entre ellos. 
Lamentamos muy profundamente que no haya sido así. 
Señor Presidente, me gustaría hacerle una pregunta adicional al Sr. Van Miert. 
Ya hice referencia anteriormente al hecho de que es conveniente que se modernicen las refinerías rumanas en Ploiesti, e indiqué qué papel juega Rumania como miembro intermediario entre los países productores de petróleo transcaucasianos como Kazajstán y, también, por encima de todo Azerbayán. 
¿Está dispuesta esta Comisión a forzar, en primer lugar, esta colaboración y, en segundo lugar, indicar a Rumania que la modernización tendría que ser compatible con la protección del medio ambiente? 
Si se mantienen cláusulas de excepción en el marco de las ayudas públicas, entonces el criterio del medio ambiente debería aplicarse mucho más conscientemente en las ayudas públicas y en las inversiones privadas, al igual que, por lo demás, también sería muy necesario para la República checa. 
Quizás me pueda contestar brevemente. 
Señor Presidente, este es un asunto muy importante y, como Vd. sabe, los problemas dentro de un contexto tal se resuelven, naturalmente, de forma bilateral. 
Del mismo modo que para otras cuestiones, para las cuestiones de medio ambiente, se tiene que proceder según las vías diplomáticas. 
Nosotros no tenemos al respecto ninguna responsabilidad directa. 
Hay que hablar recíprocamente, aunque se trate de ayudas de preadhesión. 
Si existe algún motivo para quejarse, entonces lo mejor es que se intente solucionar de modo discreto, pero se hace. 
Si deseara tener detalles más concretos podríamos entablar un diálogo bilateral o hablar del asunto con otros colegas. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas. 
7.- Acuerdo Marco de Comercio y Cooperación CE/República de Corea 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate (A4-0445/98) del Sr. Porto, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo Marco de Comercio y Cooperación entre la Comunidad Europea sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra parte (COM (96) 0141- C4-0073/97-96/0098 (CNS) ). 
Considero que debe ser motivo de congratulación el voto de este Parlamento sobre el acuerdo-marco de comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Corea, por otro. 
Después de resultar diezmado por una guerra fratricida hace poco más de cuarenta años, ese país tuvo un crecimiento impresionante y figura hoy entre las mayores potencias económicas del mundo, por lo que se granjeó el derecho a ser el primer país asiático en formar parte de la OCDE. 
Para la Unión Europea, es un socio importante con el que tenemos casi el 2 % del comercio total, pues es nuestro cuarto socio principal fuera del continente europeo, después de los Estados Unidos, el Japón y la China (mientras que nosotros somos el tercer socio comercial de Corea, después de los Estados Unidos y del Japón y por delante de la China). 
Se trata de un comercio que se ha duplicado en quince años, al alcanzar en 1997 27.500 millones de ecus, con una posición que hasta 1997 registró un superávit a nuestro favor, mientras que el déficit habido desde entonces ha sido consecuencia de la crisis asiática (sus importaciones descendieron de 11.700 millones de ecus en noviembre de 1997 a 7.700 millones en abril de 1998). 
Además, esta situación contrasta con la situación en relación con el Japón y la China, con déficit que no es realista considerar que se vayan a evitar en los próximos tiempos. 
Por lo que se refiere a la inversión extranjera directa, la Unión Europea ocupa la primera posición incluso, pues en 1998 superó a los Estados Unidos y al Japón y la inversión acumulada de Corea del Sur en la Unión es superior a nuestra inversión en ese país: 2, 3 y 1, 5 millones de ecus, respectivamente. 
Pese a la importancia del país y de las relaciones económicas que con él tenemos, este Parlamento, por mediación de las comisiones competentes, empezó a poner reservas en relación con la votación sobre el acuerdo firmado ya el 29 de octubre de 1996. 
Se trataba de reservas en los sectores del proteccionismo (en particular con preferencias nacionales al abrigo del «plan de frugalidad» o con dificultades en los circuitos comerciales) , de la propiedad intelectual, del respeto de los derechos humanos y principalmente de la falta de cumplimiento de normas mínimas en la esfera social. 
Siguiendo la propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, el ponente parlamentario y la comisión competente en cuanto al fondo, la Comisión REX, aceptaron entonces el aplazamiento de la apreciación del acuerdo. 
Con todo, la evolución habida en estos dos últimos años no ha sido demasiado apreciable. 
Así ha venido ocurriendo con la liberalización interna y externa y la reestructuración de la economía, al obligar a todos los sectores a una racionalidad que impedirá, por ejemplo, inversiones excesivas en la construcción naval que nos lanzan ahora las hipótesis de una competencia con Corea, en un proceso comenzado antes, pero que la crisis asiática ha vuelto más apremiante. 
Además, resulta digna de beneplácito la apertura en las esferas política y social, habida en mayor medida desde la elección del actual Presidente de la República, Kim-Dae-Jung. 
El apoyo que podría brindar este acuerdo resultó particularmente relevante con la crisis que la República ha venido padeciendo, manifestada, entre otros datos, en reducciones apreciables de la producción y en aumentos graves del desempleo, de 2, 6 % en noviembre de 1997 a 6, 7 % en abril de 1998. 
Pero a esas consecuencias contribuyen también, en una fase transitoria, las medidas de liberalización y reestructuración que, con nuestro beneplácito, se han venido adoptando. 
Incluso en la esfera sindical, blanco principal de nuestras preocupaciones, son sin duda dignos de beneplácito el acuerdo de la Comisión Tripartita a que se llegó el 6 de febrero de 1998 y las medidas concretas de liberalización que se adoptaron, como el reconocimiento de la KCTU (Confederación Coreana de Sindicatos) , el pluralismo sindical en el nivel de la empresa o incluso el derecho de los trabajadores despedidos a pertenecer a un sindicato. 
Con simbolismo especial, ya el 6 de enero de 1999- hace pocos días, por tanto- se aprobó la libertad sindical para los profesores. 
Pero hay que reconocer que algunas de esas medidas, sin duda deseadas, pueden provocar dificultades transitorias a los dirigentes empresariales y políticos. 
Por todo eso, tenemos, señor Presidente, una responsabilidad particular en el apoyo que dar a un acuerdo que, en un marco externo e interno muy delicado, podría contribuir al fortalecimiento y a la reactivación de la economía surcoreana y a la atenuación de las dificultades de sus habitantes. 
Se mantienen sin duda- y quisiera subrayarlo- puntos de crítica en todos los sectores citados: citemos, a título de ejemplo, la falta de adhesión de Corea a los convenios internacionales de respeto de la propiedad intelectual, como se subraya en la opinión del Sr. Pompidou. 
Pero la propia concertación de un acuerdo por el que se promueve una mayor cooperación comercial y económica acabará dándonos mayor legitimidad moral y política en relación con las exigencias que imponer a un país que, en época de crisis, no podría dejar de tener grandes dificultades para la apertura social y política y la reestructuración de su economía. 
Todos nos beneficiaremos más adelante con el compromiso de una Corea fuerte en su apoyo ya anunciado al Millennium Round de la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Presidente, el acuerdo marco de comercio y cooperación con la República de Corea se firmó el 29 de octubre de 1996, o sea, antes de la grave crisis financiera que ha afectado a algunos países de Asia oriental y que ha debilitado el extraordinario desarrollo económico de Corea, un país que, antes de la crisis, estaba asumiendo un peso económico y comercial cada vez más importante en la escena mundial. Piénsese, por ejemplo, que sus astilleros acaparaban el 25 % de la cuota mundial en el sector de la construcción naval y que su producción de vehículos alcanzaba el 5 % de la producción mundial. 
El artículo 7 del acuerdo relativo a los transportes marítimos establece el compromiso de conseguir un acceso ilimitado al mercado y al tráfico marítimo internacional de carácter comercial y en condiciones de competencia leal. El artículo 8 establece una cooperación en el sector de la construcción naval para crear un mercado justo y competitivo, teniendo en cuenta el actual desequilibrio estructural entre demanda y oferta de la construcción naval mundial, además de sancionar el compromiso de respetar los principios del Acuerdo OCDE en materia de construcción naval. 
En consecuencia, a pesar de que se puede expresar una opinión favorable acerca de la conclusión del presente acuerdo, sin embargo, no hay que olvidar los problemas inherentes a las prácticas y barreras comerciales en el sector del automóvil y de la construcción naval, considerados sectores sensibles del acuerdo, que han caracterizado hasta ahora las relaciones con Corea. 
Aunque la industria naval europea está viviendo una etapa de relanzamiento, el sector se caracteriza por una oferta excesiva por la sobrecapacidad productiva debida en particular a la irresponsable duplicación de la potencialidad de las instalaciones llevada a cabo por los coreanos en los últimos 4-5 años, tanto es así que, hoy por hoy, Corea es capaz por sí sola de producir más barcos que todos los astilleros europeos juntos. 
Que la oferta supera con creces la demanda lo demuestra, sin duda, el hecho de que los precios de las nuevas construcciones han registrado una reducción o como mucho un estancamiento en todas los ramos. 
A esta preocupante situación de desequilibrio estructural se ha añadido la devaluación del won coreano que ha llevado a una situación que podría tener consecuencias muy graves para los astilleros comunitarios y para el empleo en Europa. 
De hecho, se ha calculado que los coreanos podrían bajar los precios de sus barcos hasta un 30 % sin variar su margen. 
Por lo tanto, será necesario que la ayuda financiera internacional no sea utilizada por las autoridades coreanas para apoyar su industria naval, así como que la Unión Europea vigile atentamente el efectivo cumplimiento de los compromisos asumidos en este sentido por las autoridades coreanas. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento a las organizaciones sindicales, a la Comisión y también al embajador por la ayuda recibida durante mi investigación. 
Descubrí que la República de Corea no había cumplido la promesa que hizo con motivo de su incorporación a la OCDE en 1996 de adaptar su legislación en materia de trabajo a las normas laborales vinculantes a nivel internacional. 
También descubrí que existen ciertos problemas en materia de derechos humanos. La operación de la ley de seguridad nacional fue ciertamente un problema y estaba además el grave problema de los prisioneros políticos de larga duración. 
Se han hecho algunos progresos en el sentido de que, como han dicho los oradores que me han precedido, incluso la semana pasada, ha habido algunos intentos de legalizar el sindicato de los profesores. 
Se han producido además otros avances muy satisfactorios, si tenemos en cuenta que existían restricciones respecto al pluralismo sindical, la prohibición total de asociación y negociación colectiva para empleados del gobierno y profesores, y una de las dos principales confederaciones sindicales coreanas- la KCTU- era ilegal. 
Asimismo, la dirección del sindicato KCTU fue declarada ilegal cuando a los trabajadores despedidos se les retiró la categoría de afiliados sindicales. 
Ha habido problemas de todo tipo que están siendo analizados, pero me gustaría que las conclusiones que recojo en mi opinión, que me complace afirmar, el Sr. Porto ha incluido en su excelente informe, sean analizadas muy detenidamente y adoptadas por el Gobierno coreano. 
Deseo llamar su atención sobre algunas de estas conclusiones. 
Una es que el Gobierno coreano debería cumplir inmediatamente la promesa que hizo con motivo de su incorporación a la OCDE de enmendar su legislación laboral de cara a incluir las normas vinculantes en el plano internacional. 
También deseo que tomen nota de una cláusula en relación con la abolición de la pena de muerte. 
Me gustaría que el Comisario Leon Brittan, cuando haga su exposición, nos diga si, en nombre de la Comisión, se encargará de hacer un seguimiento de los tres puntos que dirigimos a la Comisión en las conclusiones de mi opinión y también en el informe del Sr. Porto. 
Señor Presidente, dentro del acuerdo marco entre la Unión Europea y la República de Corea es importante el impulso que éste da a las libertades, defendiendo la legalidad del pluralismo político así como el reconocimiento del derecho a sindicarse y a las actividades sindicales, cuyo ejercicio en dicha República, hasta ahora, estaba castigado con el ingreso en prisión- sin olvidar otros aspectos del acuerdo como la propiedad intelectual, las patentes, las marcas, etc. 
Tenemos que hacer también referencia a la pasada reunión de ministros de la Unión Europea y de Corea, presidida por Sir Leon Brittan, aquí presente, en la que se saludaron las primeras medidas de reforma económica adoptadas por el Gobierno de Corea, medidas todavía insuficientes pero que pueden mostrar el camino a seguir en los próximos años. 
Cabe señalar, asimismo, el compromiso por parte de las autoridades coreanas en cuanto a la no distorsión de la competencia con la Unión Europea en los sectores sensibles- entre ellos el sector de la construcción naval y del automóvil- tras las consultas de alto nivel entre la Unión Europea y Corea. 
Hay que vigilar estrechamente el cumplimiento de este compromiso. 
En cualquier caso, hoy por hoy, lamentablemente, Corea todavía tiene un gran déficit social, lo que además de constituir un anacronismo a las puertas del siglo XXI, conlleva también un dumping global respecto a los países que cumplimos las normas laborales y sociales. 
Es muy importante recalcar esto en el seno de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Por último, constatamos los avances a los que nos hemos referido antes y animamos al Gobierno de Corea a renovar esfuerzos para alcanzar los niveles sociales que requieren hoy los ciudadanos, esperando y deseando todos que se reconozcan los derechos humanos en Corea. 
Señor Presidente, el ponente y la Sra. Malone, muy acertadamente, han llamado la atención sobre el tema del trabajo y los derechos humanos. 
Al tiempo que creo que debemos alentar sin reservas el progreso en dichos ámbitos, quisiera indicar, sin embargo, que debemos mantenernos vigilantes y disponer de un sistema de vigilancia eficaz y fiable. 
Quizá el Comisario pueda comunicarnos cómo evaluará la Comisión las mejoras en dichos ámbitos. 
Por ejemplo, ¿tendrá en cuenta los informes de organizaciones como Amnistía Internacional y, en particular, me gustaría sugerir, de la OIT? 
La Comisión debería tener presente que el apoyo parlamentario a este acuerdo marco está supeditado a que se siga avanzando en el tema del trabajo y de los derechos humanos y que el apoyo de esta Asamblea no se sostendría si se deteriorase la situación. 
No permaneceremos de brazos cruzados si nuestros hermanos y hermanas en Corea continúan sufriendo malos tratos. 
Espero que la Comisión transmita este mensaje a las autoridades coreanas con toda firmeza. 
Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de recomendar este importante acuerdo al Parlamento Europeo. 
Estoy muy de acuerdo con las observaciones del ponente Sr. Porto, al que felicito por la elaboración de un informe equilibrado y bien razonado. 
El ponente tiene razón al señalar la importancia de nuestras relaciones con la República de Corea, y ha proporcionado a la Asamblea los datos económicos principales. 
También quisiera agradecer al Sr. Valdivielso de Cué sus amables observaciones sobre mis esfuerzos. 
Si queremos dar más relieve a la Unión Europea en el panorama mundial, es fundamental fortalecer las relaciones no sólo con las potencias de orden mundial, sino también con países clave que surgen con fuerza. 
Es el motivo por el que la Comisión aprobó una comunicación el 9 de diciembre en la que se revisaban las relaciones de la Unión con la República de Corea y se hacían recomendaciones integrales de cara al futuro. La República de Corea se ha convertido en un interlocutor clave para nosotros, y su importancia política va en aumento por derecho propio y debido también a la difícil situación de la seguridad en la península, que puede tener repercusiones sobre el resto del mundo. 
Por todos estos motivos es fundamental una mejora de nuestras relaciones bilaterales con la República de Corea. El Acuerdo Marco nos permite cumplir este objetivo, porque abarca aspectos económicos y el diálogo político. 
Contiene disposiciones detalladas que abordan directamente temas de importancia clave para la Unión Europea; temas económicos como los derechos de la propiedad intelectual, la construcción naval, el transporte marítimo, etcétera, pero también temas de otros ámbitos, como los derechos humanos, incluidos los derechos de los trabajadores, la cooperación contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero. 
El Acuerdo Marco establece la maquinaria institucional a través de la cual la Unión Europea puede perseguir sus intereses con respecto a Corea, y la Comisión está decidida a utilizar plenamente el acuerdo para hacer avanzar los intereses europeos. 
Quisiera señalar que el Acuerdo Marco no es una obra de caridad que abra nuestros mercados a Corea. 
No contiene concesiones comerciales. 
Es un acuerdo no preferencial de amplio alcance que crea nuevos canales bilaterales para el diálogo y la cooperación y, me gustaría señalar, para la resolución de disputas con este importante interlocutor comercial. 
Esto significa que, cuando tengamos un problema o cuando pensemos que han avanzado, pero no lo suficiente, tenemos la nueva oportunidad de tratar sobre ello de una manera estructurada. 
La votación de hoy es oportuna no sólo porque tiene lugar justo antes de que el Parlamento Europeo envíe a una delegación a Corea, sino también porque ha pasado un año desde el inicio de la crisis financiera y del cambio de gobierno en Corea. 
Bajo el Presidente Kim Dae Jung, Corea ha iniciado una reforma económica que ha comenzado por corregir algunas de las preocupaciones más antiguas. 
Es necesario hacer más y la Comisión se mantendrá sumamente vigilante, pero Corea merece nuestro apoyo y nuestro aliento en la vía que ha elegido. 
Los derechos laborales es claramente un ámbito que necesita mejorar, como acertadamente apunta el Sr. Porto. 
El Sr. Smith nos ha preguntado cómo vigilaremos el acuerdo y garantizaremos que se sigue avanzando en los derechos de los trabajadores. La respuesta es que tendremos en cuenta todo el material al que se ha referido y todo el material de que disponemos, y además contamos con una delegación in situ en Seúl, que se encargará de recopilar información para nosotros. 
Pero creo que es acertado señalar que ya se han dado una serie de pasos positivos bajo el Presidente Kim, que ha incluido a los sindicatos en un diálogo nacional tripartito para tratar sobre la reestructuración. La semana pasada, como ha señalado la Sra. Malone, la Asamblea Nacional aprobó una ley que ha marcado un hito, por la que se establece el derecho de los profesores a sindicarse. 
El hecho de que las cosas avanzan en la dirección acertada es tanto más notable y un logro tanto más positivo, si consideramos que han tenido lugar en unos momentos de fuerte contracción económica con un crecimiento de menos 6, 8 % y una tasa de desempleo que se ha triplicado en poco más de un año. La esencia del acuerdo y la necesidad de mejorar la posición política y económica de Europa en Asia son por sí solas razones suficientes para recomendar el apoyo del Parlamento a este acuerdo. 
No obstante, quisiera añadir que al apoyarlo, tenemos la oportunidad de enviar una señal política de apoyo al Presidente Kim y a sus aliados, que se han comprometido profundamente con la reforma económica, que se enfrentan a intereses muy arraigados contrarios a dicha reforma y que se han comprometido a erradicar la corrupción y a incrementar la democracia en Corea. El Sr. Valdivielso de Cué tiene razón al señalar que siguen existiendo dificultades, especialmente en el ámbito de la construcción naval, y el Sr. Jarzembowski también ha hecho referencia a ello. 
Es imposible ofrecer garantías de cara al futuro. 
Creo que la aplicación del acuerdo en el seno de la OCDE nos ofrecerá la mejor protección. Este aspecto se encuentra actualmente en punto muerto, porque los Estados Unidos no están dispuestos a ratificar el acuerdo. 
Existen razones contundentes para seguir adelante sin los Estados Unidos, porque dicho país representa una proporción muy pequeña de la construcción naval que existe en el mundo. 
Lamentablemente, el sector europeo no comparte esta opinión. 
Creo que el sector europeo está en un error, porque tiene la esperanza de que si este acuerdo no es ratificado, recibirá más ayudas estatales de los gobiernos nacionales. 
Mientras antes se desengañe al respecto y asuma el hecho de que no habrá más subvenciones estatales, antes dará su apoyo para seguir adelante sobre una base cuadripartita, incluso sin los Estados Unidos, que nos ofrezca la protección contra Corea que este Acuerdo de la OCDE nos proporcionaría. 
Por todos estos motivos, espero que el Parlamento apoye el Acuerdo Marco de Comercio y Cooperación con Corea. 
Señor Presidente, ¿debo entender de lo que ha dicho el Sr. Comisario que éste se compromete a presentar al Parlamento un informe anual y que tomará en consideración los otros dos puntos que incluyo en mis conclusiones? 
Ciertamente tendremos en cuenta todos los puntos que aparecen en las conclusiones y en lo que respecta al informe, no soy partidario- como quizá usted sepa- de presentar informes formales, pero sí lo soy mucho de informar al Parlamento. 
En lo que a mí respecta, me alegra acudir al Parlamento, como saben muchos de los presentes, y ofrecer un informe completo sobre la situación de Corea o sobre cualquier aspecto de la misma que pueda interesar al Parlamento en un momento dado. 
Pero soy menos partidario de formalizarlo... 
Interrupciones de la Sra. Malone 
Bien, lo único que puedo decir es que, a menos que los Estados miembros de la Unión Europea pierdan la cabeza, no nombrarán a nadie que defienda una opinión diferente. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
8.- Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0004/99). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Señorías, si ustedes no tienen inconveniente, les propondría que las preguntas 29 y 32 precedieran a la 30 y 31 porque así permitiríamos que el Sr. Monti respondiera a estas dos preguntas y pudiera ausentarse. 
Entiendo que no hay ningún inconveniente porque ello sólo supone un brevísimo retraso para las otras dos. 
Por lo tanto, invito en primer lugar al Comisario Sr. Monti, al que saludo y le deseo lo mejor para este año, a que responda a la pregunta nº 29. 
Pregunta nº 29 formulada por Jaime Valdivielso de Cué (H-1188/98) : Asunto: Comercio electrónico 
La Comisión Europea está completando el borrador de una directiva para promocionar el desarrollo del comercio electrónico. 
Este tipo de comercio implica el intercambio de datos confidenciales, tales como datos personales de las partes, incluidos los números de identificación de tarjetas de crédito, medio de pago utilizado habitualmente en las transacciones vía Internet. 
¿Podría informar la Comisión sobre las medidas que se van a tomar para garantizar la confidencialidad de estos datos y evitar su uso indebido? 
Tiene usted la palabra, señor Monti. 
Señor Presidente, yo también le deseo un próspero año nuevo y le agradezco su amabilidad a la hora de unir las dos preguntas. 
Empezando por la primera, la pregunta formulada por el Sr. Valdivieso plantea la delicada cuestión de la protección de los datos personales en las transacciones comerciales electrónicas. En particular, se hace referencia a los números de identificación de las tarjetas de crédito que constituyen uno de los principales instrumentos de pago por Internet. 
Para hacer frente a las necesidades de protección de la confidencialidad y evitar los riesgos ligados a las varias formas de piratería informática, el instrumento principal es la criptografía, tal como indica la Comisión en la Comunicación en materia de firma digital y criptografía. 
La Comisión, además de apoyar las actividades de investigación y de desarrollo de los instrumentos dirigidos a garantizar la seguridad de la transmisión de los datos referentes a las tarjetas de crédito, fomenta la promoción de las tecnologías orientadas a minimizar el empleo de los datos personales en las transacciones electrónicas. 
Desde el punto de vista técnico, por ejemplo, hay que recordar que el programa común de actividades, investigación y desarrollo tecnológico ha financiado diversos instrumentos dirigidos a garantizar la seguridad en la transmisión de los datos de las tarjetas de crédito como la norma SET, una norma abierta para la transmisión segura por vía electrónica, desarrollada por VISA y MASTERCARD, convertida actualmente en C-SET para permitir el empleo de tarjetas inteligentes. 
En lo que respecta al comercio electrónico, el programa ESPRIT ha financiado varios proyectos específicos en este ámbito. La Comisión apoya asimismo el desarrollo de instrumentos técnicos para transacciones electrónicas y la seguridad en el ámbito del Quinto programa marco de actividad IDT que dará especial realce al desarrollo de tecnologías encaminadas a ampliar la protección de la esfera privada. 
Por último, señor Presidente, quiero subrayar que la protección de los datos personales en las comunicaciones vía Internet se inscribe en el marco jurídico ad hoc para la regulación del tratamiento de los datos personales establecido en las Directivas 95/46/CE y 97/66/CE que entraron en vigor el 25 de octubre de 1998. 
En el marco de la pregunta anterior quisiera formular otras dos que me parecen de interés: 
¿Piensa la Comisión ampliar los instrumentos judiciales existentes para garantizar la defensa efectiva del consumidor ante los tribunales haciendo dichos instrumentos más rápidos y flexibles? 
En caso de que, a pesar de estas medidas, se produzca un daño al consumidor, ¿tiene la Comisión previsto un mecanismo para articular una defensa judicial efectiva? 
Le puedo asegurar que dichos aspectos están contemplados en las dos Directivas relativas al tratamiento de los datos personales que acabo de mencionar, es decir, la 95/46 y la 97/66. 
Pregunta nº 32 formulada por Karin Riis-Jørgensen a quien sustituye el Sr. Kofoed (H-1182/98) : Asunto: Directiva sobre armas 
En el artículo 17 de la directiva sobre armas (91/477/CEE) se dispone que la Comisión presente un informe al Parlamento y al Consejo sobre la situación derivada de la aplicación de la mencionada directiva. 
¿Se ha elaborado ya este informe o, en caso negativo, para qué fecha ha previsto la Comisión la elaboración del informe? 
En cuanto a la elaboración del informe, ¿es consciente la Comisión de las consecuencias en forma de trabajo y gastos extraordinarios que esta directiva comporta para los aproximadamente diez millones de cazadores y tiradores deportivos europeos en relación con el transporte de las armas de fuego en el interior de la Unión Europea? 
Señor Monti, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Kofoed en este momento. 
A lo largo del segundo semestre del año 1999, la Comisión tiene previsto presentar al Consejo y al Parlamento Europeo un informe sobre la aplicación de la Directiva 91/477/CEE relativa al control de la compra y tenencia de armas. 
En el marco de dicho informe, la Comisión pretende examinar el funcionamiento y la repercusión de la directiva desde varios ángulos. 
A dicho fin, la Comisión va a elaborar un cuestionario que será remitido a los sectores interesados y que abordará los aspectos planteados por su Señoría en su pregunta y que se refieren a la relación coste/eficacia de la aplicación de la directiva. 
Se abordará asimismo la problemática relativa a la utilización de la Carta Europea de las armas de fuego para la caza y el tiro deportivo. 
Señor Comisario, le doy las gracias por su amabilidad al responderme y por lo que dijo sobre este informe; sin embargo, me gustaría preguntarle si sabe cuántos países han implantando la directiva. 
Por lo que sé, la situación todavía obliga al danés que desee salir de caza en Gran Bretaña a cursar una solicitud un mes antes. 
Esto indica que Gran Bretaña no ha implantado la directiva. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿Cuántos países no han implantado todavía la directiva? 
Me es grato comunicar que todos los Estados miembros han procedido a transponer la directiva. 
Pregunta nº 30 formulada por Gary Titley (H-1177/98) : Asunto: EEE y ampliación 
El artículo 128 del Tratado por el que se establece el Espacio Económico Europeo dispone que cualquier Estado europeo que se adhiera a la Comunidad deberá solicitar ser miembro del EEE. 
¿Cuáles son las implicaciones institucionales de este hecho? 
Concretamente, si la adhesión a la UE exige automáticamente que los nuevos miembros se adhieran al EEE, ¿cómo van a participar los Estados EFTA del EEE en las decisiones referentes a la ampliación de la UE? 
¿Serán necesarias dos rondas de ratificación, una para la ampliación de la UE y otra para la ampliación del EEE? 
Le damos la bienvenida al Sr. Van den Broek y le invitamos a que responda a la pregunta del Sr. Titley. 
La pregunta de su Señoría se refiere a la relación que existe entre la pertenencia al Espacio Económico Europeo, por una parte, y, por otra, el ingreso de nuevos miembros de la Unión que, con su entrada adoptan, por supuesto, el acquis communautaire conforme a los criterios de ingreso acordados en el momento en que concluyen las negociaciones. 
Una parte de ese acquis que hay que negociar será el acuerdo respecto del Espacio Económico Europeo y, en ese sentido, la pertenencia a la Unión conlleva automáticamente la pertenencia al Espacio Económico Europeo. El artículo 128 del Acuerdo sobre el EEE prevé un mecanismo de procedimiento para el ingreso de nuevos miembros en el EEE. 
En este artículo 128 figuran tres puntos. 
Se establece, en primer lugar, que un nuevo miembro debe dirigir su solicitud al Consejo del EEE. En segundo lugar, que los criterios de participación serán objeto de acuerdo entre las partes que han firmado el Acuerdo del EEE y, por otra, el país candidato. 
En tercer lugar, que el acuerdo debe ser ratificado por todas las partes firmantes. 
Son los países candidatos, por tanto, los que deciden cuándo solicitan la pertenencia al EEE. 
Eso tiene que tener lugar, sea como sea, antes del ingreso en la Unión. 
La Comisión mantiene regularmente al tanto a los países AELC-EEE del avance conseguido por las actividades de ampliación y lo hace mediante un comité mixto al que transmite sus comunicados. 
El Consejo deberá considerar hasta qué punto pueden tenerse en cuenta los comentarios de los países AELC-EEE. 
Las negociaciones de adhesión se celebran, mientras tanto, en el marco de una conferencia intergubernamental. 
Considerando que el Acuerdo del EEE también forma parte del acervo comunitario, la ratificación por los Estados miembros del tratado de adhesión incluye, a su vez, la ratificación de la ampliación del EEE. 
Los socios AELC-EEE deben ratificar, así mismo, la entrada de los países candidatos en el EEE. 
Estas decisiones deben ser paralelas, de forma que los países candidatos también sean socios de pleno derecho del EEE en el momento de su ingreso en la Unión. 
Siento que sea una historia un poco complicada, pero espero que a su Señoría le quede claro lo que he querido decir. 
Quisiera agradecer al Comisario su minuciosa respuesta, aunque en realidad no ha respondido a la última parte de mi pregunta, a saber, serán necesarias dos ratificaciones- una para la adhesión a la UE y otra para la adhesión al EEE? 
Todos los países que pertenecen al EEE tuvieron que ratificar el acuerdo sobre el EEE, por tanto, ¿deberá el Reino Unido, por ejemplo, ratificar la adhesión de Polonia a la UE y al EEE? 
En segundo lugar, puede confirmar el Comisario que los países candidatos deben solicitar su adhesión al EEE- es decir, que es obligatorio, que están obligados a solicitarlo. 
Asimismo, ¿qué ocurre si se negocia una excepción en el marco de las negociaciones de adhesión con la que los países EFTA/EEE no estén de acuerdo? 
¿Tienen algo que decir si, por ejemplo, Polonia se uniera con excepciones específicas que, en lo que respecta a los países EFTA, debilitaría el acuerdo con el EEE? 
¿Deben limitarse sencillamente a aceptar un hecho consumado? 
Me gustaría comenzar por la última pregunta. 
¿La resumo bien si formulo la pregunta como sigue: pueden aplicarse condiciones diferentes a la adhesión a la UE y a la participación en el EEE? 
Habida cuenta de que el acervo del EEE será para los países candidatos idéntico al acervo comunitario, sería impensable que los candidatos tuvieran períodos de transición como miembros del EEE diferentes de aquéllos acordados en las negociaciones de adhesión como tal. 
Debe existir un paralelismo claro. 
En lo que respecta a la ratificación, he intentado dejar claro en mi primera respuesta que puesto que el acuerdo sobre el EEE forma parte del acervo comunitario, la ratificación por parte de los Estados miembros del Tratado de Adhesión implica igualmente la ratificación de la extensión del EEE. 
Espero que esto aclare mi posición. 
Respecto al artículo 128, si usted lee el texto, literalmente deben solicitarlo, pero en realidad, el Consejo les recordará que este acto oficial debe llevarse a cabo de todas maneras antes de la adhesión, que en realidad incluye también la participación en el EEE. 
Debe completarse esta formalidad. 
Pregunta nº 31 formulada por Brian Crowley (H-1216/98) : Asunto: Programa comunitario de distribución de leche en las escuelas 
En 1993, la Comisión efectuó una revisión en profundidad del programa comunitario de distribución de leche en las escuelas; la Comisión es consciente de que el Tratado de Amsterdam preceptúa que la Comunidad debe emprender acciones en el ámbito de la salud pública encaminadas a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro para la salud humana. 
¿Tiene la Comisión planes para la promoción con nuevos métodos del programa de distribución de leche en las escuelas, como parte del mandato en sentido amplio del artículo 152 del Tratado de Amsterdam? 
En caso afirmativo, ¿cuáles son estos métodos? 
Doy la bienvenida al Sr. Fischler y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Crowley. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, la actual regulación que dispone la distribución de leche en las escuelas persigue, en principio, dos objetivos: por una parte queremos conseguir el objetivo de regular el mercado de la leche y contribuir a un mayor consumo y, por otra parte, con esta acción de distribución de leche en las escuelas queremos animar especialmente a la generación más joven de la Unión Europea a que consuma leche, y queremos poner a disposición de los niños un alimento sano. 
No existe ninguna razón por la que debiéramos modificar algo en nuestros objetivos. 
Además no tenemos planeado que se produzca ningún cambio. 
Pero por supuesto tenemos que comprobar cuál será el resultado que se obtenga de las negociaciones sobre la Agenda 2000. 
Naturalmente puede ser necesario a la luz de la Agenda hacer una serie de modificaciones o adaptaciones. 
Además se ha encargado una investigación externa, que está a punto de finalizar, y veremos qué recomendaciones nos dan estos expertos externos y neutrales para poder ejecutar después nuestra política. 
Quisiera agradecer al Sr. Comisario su respuesta. Usted ya tiene una idea de lo que dirá la auditoría externa respecto al futuro funcionamiento del programa. 
¿Podría indicarnos esta noche cuál sería, en su opinión, la mejor manera de proceder para garantizar la continuación del programa de distribución de leche en los colegios y cómo podría modificarse en un futuro? 
Señor Presidente, me gustaría contestar a esta pregunta adicional del Sr. Crowley. 
Desde mi punto de vista tengo que decir que no dispongo de ninguna información sobre cuál será el resultado de esa investigación externa, pero, por supuesto, estoy dispuesto a publicar convenientemente los resultados, tan pronto como disponga de ellos. 
En lo que respecta a mis reflexiones personales acerca de la distribución de leche en las escuelas- quiero acentuar que son personales- se podría pensar a mi modo de ver, a la luz de la reforma, si no sería posible dar forma, con algo menos de burocracia, a este sistema no poco cargado de burocracia. 
Aparte de eso la industria lechera tiene que intentar, incluso, llamar la atención de sus productos correspondientemente a los futuros consumidores, ya que no es fácil dejar a cargo de la administración pública que se anime, por medio de subvenciones, a que los niños consuman más productos lácteos. 
Me puedo imaginar completamente que vaya a existir una colaboración entre iniciativas de la empresa privada y de la Comunidad, de la que se podrá extraer una situación óptima. 
Muchas gracias, señor Fischler. 
Señorías, después de agradecer al Sr. Fischler su respuesta, correspondería examinar la pregunta nº 33 formulada por la Sra. Heidi Hautala. 
Pero la Sra. Hautala no nos honra con su presencia por lo que su pregunta decae. 
Pregunta nº 34 formulada por Joan M. Vallvé (H-1191/98) : Asunto: Selecciones deportivas catalanas 
El artículo 129 del Tratado de la Unión establece la contribución de la Comunidad al florecimiento de las culturas dentro del respeto de su diversidad. 
Siendo las competiciones deportivas unas de las manifestaciones culturales de mayor difusión en la actualidad, y con el fin de poner de manifiesto la pluralidad de los pueblos dentro de la Unión Europea, ¿considera la Comisión que se adecua a los criterios establecidos hasta hoy en materia de eventos culturales el proyecto de Ley que tramita el Parlamento de Cataluña para, entre otros aspectos, crear un marco de apoyo a las selecciones deportivas catalanas, del mismo modo que existen las selecciones de Escocia y del País de Gales? 
Doy la bienvenida al Comisario, Sr. Marcelino Oreja. 
Personalmente, le deseo lo mejor para el año en curso y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Joan Vallvé. 
La Comisión considera que los objetivos previstos por el artículo 128 del Tratado en materia de cultura no pueden aplicarse a las competiciones deportivas entre equipos nacionales. 
En consecuencia, no es incumbencia de la Comisión pronunciarse sobre esta cuestión. 
La creación y el funcionamiento de los equipos nacionales depende, en primer lugar, de la legislación de cada Estado y de las organizaciones deportivas correspondientes. 
En el caso español, habrá de tenerse en cuenta la legislación española en la materia y, especialmente, la Ley del deporte, de 15 de octubre de 1990, y el Real Decreto 2075, de 20 de julio de 1982, sobre actividades y representaciones deportivas internacionales. 
Muchas gracias, Comisario, por su respuesta, en el sentido de que no hay una oposición a los criterios de la Unión Europea, que promueve, desde luego, el florecimiento de las culturas de los Estados miembros mediante el respeto de las diversidades regionales y nacionales, tal como expresa la letra de los Tratados. 
Yo únicamente he querido poner de manifiesto la voluntad de una parte importante de ciudadanos de Cataluña de tener unas selecciones deportivas similares a las que existen hoy en Escocia y el País de Gales y pueden existir también en el futuro en otros países, como por ejemplo Flandes, con el fin de que los ciudadanos puedan ver reconocida su identidad en estas competiciones. 
Intervengo porque simpatizo con el autor de la pregunta, proviniendo como provengo de Escocia y sabiendo cuánto significa la selección escocesa de fútbol para la población, y también como una personas que siente una gran admiración por Cataluña, porque cuando era pequeña, recuerdo la salida de Glasgow de la Brigada Internacional que se dirigía a Cataluña, en la que se encontraba mi primo. 
Fue un escocés quien escribió el libro Homage to Catalonia, o sea que tenemos un fuerte sentimiento de solidaridad. 
El deporte es un tema que tardó bastante en entrar en el ámbito del Tratado. 
¿Estaría el Comisario dispuesto a reconocer que quizá la Comisión debería estudiar la posibilidad de ampliar dicho ámbito? Porque de todos los juegos, no hay duda de que el fútbol parece despertar las pasiones más fuertes. 
Efectivamente, este es un tema que nos hemos planteado y muy especialmente porque tenemos algunos elementos nuevos: por una parte, una declaración en el Tratado. 
Hubo algún Estado que pensaba que habría que incluir el tema del deporte en el Tratado. 
Sin embargo, no se incluyó ni en el articulado ni en un protocolo, pero sí en una declaración. 
Por consiguiente, eso quiere decir, como sabe muy bien la señora diputada, que frecuentemente lo que primero es una declaración pasa luego a formar parte del cuerpo del Tratado. 
Pues bien, es posible que esto sea una premonición y por tanto esa inclusión pueda producirse en una reforma futura. 
Quiero decirle también que el Consejo Europeo de Viena, en el pasado mes de diciembre, examinó el tema del deporte, y lo hizo desde dos puntos de vista. 
Por una parte, en el reconocimiento de la función social del deporte y, por otra parte, en la necesidad de que se adopten algunas medidas en relación con el dopaje. 
Parece que en el tema del dopaje no debe darse una respuesta individual por cada uno de los Estados miembros, sino que debe haber algún tipo de coordinación entre los distintos Estados. 
Y, en este sentido, puedo decirle que animé a la Presidencia austríaca a que se celebrase un encuentro de tres ministros, el ministro alemán del Deporte, el ministro británico y el ministro austríaco, que ocuparía la Presidencia con la presencia de la Comisión. 
Yo personalmente estuve en Salzburgo donde tuvimos un cambio de impresiones sobre lo que podría ser el itinerario del deporte dentro del ámbito comunitario. 
Para los días 3 y 4 de febrero, el Presidente del Comité Olímpico Internacional ha convocado una reunión en Lausana para tratar del tema del dopaje y me parecía que la Unión Europea debería de ir a esa reunión con una preparación previa. Esta es la razón por la que me he dirigido a todos los ministros del Deporte pidiéndoles que tengamos una reunión antes de la convocada por el Comité Olímpico, para saber cuál es la posición de la Unión Europea. 
Porque no parece que tendría mucho sentido el que asistiéramos allí y cada uno hablara por su cuenta sin que hubiera una cierta concertación previa. 
Y este es el motivo por el cual el día 19 de enero tendremos una reunión previa para poder preparar este encuentro, que tendrá lugar los días 3 y 4 de febrero en Lausana. 
Por consiguiente, como ve la señora diputada, el deporte empieza a abrirse camino. 
Hay quien propone que se incluya el tema del deporte en el artículo 128 del Tratado. Ello significaría que el ámbito cultural contemplado en el Tratado incluiría también el deporte. 
Yo debo decirle que, aunque no es un tema respecto al cual se haya pronunciado aún el Colegio de Comisarios, personalmente abogo por ese enfoque y creo que es ir avanzando por un buen camino el intentar ir abriendo paso para que el deporte en su día, en el respeto- por supuesto- de la subsidiariedad, pueda estar incluido en el Tratado. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Todavía retengo su atención sobre esta pregunta porque, aunque me han pedido la palabra dos diputados, reglamentariamente, sólo puedo dársela a uno. 
Por lo tanto, tiene la palabra el Sr. Titley para formular una pregunta complementaria por el tiempo máximo de un minuto. 
Acojo con satisfacción las observaciones del Comisario y respaldo lo que acaba de decir. El ministro de Deportes británico, en particular, tiene mucho interés en que le demos un mayor relieve al deporte en el seno de la Unión Europea. 
¿Puede confirmar el Comisario que si el equipo nacional catalán compitiera en igualdad de condiciones que los equipos nacionales escocés o galés, significaría eso que cualquier jugador que representara a la selección catalana quedaría excluido permanentemente de la posibilidad de jugar en la selección española? 
Quiero decir a este respecto que la posición que he marcado antes, cuando he contestado al Sr. Vallvé, es que la creación y el funcionamiento de los equipos nacionales dependen de la legislación de cada Estado. 
Me pueden decir que qué pasa en el caso del País de Gales y de Escocia, pero es que esos equipos existían ya antes del Tratado. 
Por consiguiente, hoy, a partir del Tratado, el único criterio es que la legislación de cada Estado es la que adopta las decisiones correspondientes. 
Por consiguiente, yo no puedo ir más lejos que el Tratado, porque, entre otras cosas, la responsabilidad de la Comisión es precisamente ser garante del Tratado. Lo que sí le puedo decir es qué se puede contemplar, con vistas al futuro, para la integración del tema del deporte, pero ese es otro asunto. 
Lo que no puedo en este momento es darle otra respuesta. 
Es a la legislación de cada Estado a la que corresponde definir, lo mismo que a las organizaciones deportivas correspondientes, toda la cuestión de la creación y el funcionamiento de los equipos nacionales. 
Pregunta nº 35 formulada por Esko Olavi Seppänen (H-1204/98) : Asunto: Euronews 
Existe una relación especial entre las instituciones europeas, en particular el Parlamento Europeo, y Euronews. La actividad de este canal por satélite se ha financiado con el dinero de los contribuyentes de los países miembros de la UE. 
¿Qué importancia concede la Comisión a Euronews en su política de información y qué apoyo financiero se ha previsto concederle? 
Señor Comisario, le propongo que responda usted a la pregunta del Sr. Seppänen. 
Euronews es una emisora de televisión independiente, como es bien sabido. 
En su origen fue desarrollada mediante una cooperación entre cadenas públicas- algunas de las cuales todavía participan en su capital -, aunque hoy en día está controlada por la cadena privada ITN. 
En razón del carácter europeo de sus programas, de su capacidad de emitir en cinco idiomas comunitarios y de su red de difusión transnacional, la Comisión Europea, con el apoyo del Parlamento Europeo, viene cooperando con esta emisora desde hace varios años, en particular mediante contribuciones financieras anuales. 
El año pasado, sin embargo, a iniciativa del Parlamento Europeo, se buscó una nueva fórmula. El objetivo buscado consistía en introducir una mayor transparencia en la relación de la Unión Europea con la emisora y vincular directamente la financiación comunitaria con la producción y con la difusión de programas concretos. 
Por esa razón, la Comisión, con el acuerdo de la autoridad presupuestaria, negoció en 1998 un memorándum de acuerdo con esa emisora de una duración de tres años. 
Este acuerdo prevé la coproducción, la correalización y la difusión de programas destinados al gran público sobre diferentes aspectos de la actualidad europea. 
Un convenio anual fija la lista de acciones programadas y sus condiciones de financiación. 
Una reunión mensual entre la emisora y la Comisión- en la que participa también un representante de los servicios del Parlamento- permite el seguimiento de esta operación. 
En tanto que coproductora de los programas, la Unión se beneficia de los derechos de producción y de radiodifusión de los productos audiovisuales. Y esto le permite extender gratuitamente su uso a sus propias redes, en particular, a través de su sistema de difusión por satélite EBS, lo que acrecienta el interés de esta fórmula de cooperación. 
Aparte de estas coproducciones, la Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad particular respecto a esa emisora, ni en lo referente a su política editorial, ni en lo referente a su gestión. 
Esta fórmula ofrece, por eso, una base más transparente que establece una cooperación limitada a productos claramente identificados a los ojos del público y que respeta la independencia de la cadena. 
El convenio firmado en 1998 se refería a un volumen de actividad de 3, 250 millones de ecus y preveía la producción y difusión de 42 programas de información de cinco minutos con reportajes sobre el terreno, 168 productos de animación- cortos didácticos- de dos minutos y 222 temas de información cortos de tres minutos y medio. 
Actualmente, estamos negociando el convenio para el año 1999. La continuación futura de esta cooperación se decidirá en función de los resultados de la evaluación que tendrá lugar antes de que concluya el período de tres años previsto en el memorándum. 
Por el momento, la Comisión está satisfecha de la cooperación, que ha permitido la producción de numerosos programas y ha garantizado una buena cobertura de los acontecimientos. 
Quiero subrayar en particular que los servicios del Parlamento han manifestado recientemente a mis servicios que el tratamiento de la información en los programas coproducidos con Euronews había evolucionado hacia una cobertura más equilibrada de la acción de las instituciones. 
Esto es lo que puedo decirle al señor diputado respecto de Euronews en el momento presente. 
Señor Presidente, señor Comisario, desearía agradecerle la exhaustiva respuesta que nos ha ofrecido, si bien me gustaría hacerle una observación adicional y plantearle una nueva pregunta. 
De acuerdo con lo que ha dicho el señor Comisario, entiendo que Euronews ha dejado de pertenecer a empresas nacionales de radiodifusión general y, aunque él no lo ha dicho, creo haber entendido que se trata ahora de un canal privado, de propiedad igualmente privada. 
Por lo tanto, me gustaría preguntar al señor Oreja si la Comisión ha permitido la participación de otras empresas de canal por satélite en la licitación para la producción de los programas televisivos y, si no ha sido así, por qué motivo. 
Además, me gustaría pedir al señor Comisario que, si fuera posible, me hiciera llegar el memorándum en el que se han establecido estas reglas del juego para Euronews. 
Quiero informar al Sr. Seppänen de que yo, personalmente, soy un gran partidario de Euronews y he hecho todo lo posible para que se consolide. 
Al principio, me encontré con una situación en la cual la Comunidad participaba de una forma directa en Euronews. 
Participaba en una parte de la gestión de Euronews y se veía implicada, por consiguiente, en las consecuencias de todo lo que emanaba de Euronews. 
Yo visité Euronews en el año 1997, y nos pareció que no era un buen procedimiento. 
Nos pareció que era mejor establecer unos acuerdos entre la Comunidad y Euronews pero no implicándonos en la gestión de la misma, sino haciendo acuerdos sobre programas concretos, es decir, estableciendo cuáles eran los programas que podían interesarnos, haciendo, no spots de televisión, sino programas muy breves, aunque durante mucho tiempo, de tal manera que hubiera una cobertura lo más amplia posible, durante el mayor tiempo posible, con la mayor repetición posible, sobre temas que afectan y que interesan a las instituciones. 
Pues bien, esta es la fórmula que se acordó y yo he llevado esto de la mano en el ámbito de la coordinación que, como sin duda sabe el señor diputado, existe entre la Comisión y el Parlamento. 
Nos reunimos, cada mes y medio o dos meses, en un encuentro que está presidido, por parte del Parlamento, por el Sr. Anastassopoulos, y por mí, por parte de la Comisión, donde participan cinco o seis miembros del Parlamento y cuatro o cinco comisarios, y pasamos revista a todos los temas que afectan a la información, pero muy concretamente a los temas que afectan a Euronews. 
Por consiguiente, lo que sí tenemos es un control de la manera en que se lleva a cabo esta relación. 
Ahora, respecto del tema concreto que me dice, puedo decirle que una de las razones por las cuales yo propuse que nos retirásemos de la participación completa que teníamos antes en Euronews era que Euronews había pasado de las televisiones públicas, fundamentalmente, a ser una televisión privada. Eso no quiere decir que no haya una presencia de televisiones públicas- sigue habiendo un capital público- pero sin embargo, en este momento, es la cadena privada ITN la que tiene una presencia más significativa. 
Usted sabe que Euronews ha pasado por muchas manos a lo largo de su historia, pero yo lamento que las televisiones públicas no estén más implicadas en Euronews. 
Me he dirigido a algunas televisiones públicas. 
Me he dirigido a la televisión pública española, a la italiana, a algunas de las que ya participaban, y les he pedido que tuvieran una participación mayor y que se implicaran realmente en Euronews. 
Pero ha habido una gran reserva. 
Usted sabe que muchas veces, en los Estados miembros, de lo que se preocupan es de la televisión propia: a Euronews lo ven un poco lejos. 
Nosotros lo vemos más cerca, pero muchas veces los Estados lo ven más lejos. 
Por consiguiente, hemos acordado esta fórmula que he mencionado, y yo creo que, por ahora, es una fórmula satisfactoria. 
El Comisario ha dicho en sus observaciones finales que a la gente sólo le interesan los canales de su televisión nacional. 
Pues bien, a mí me interesaba Euronews. 
Superando no pocos inconvenientes personales y considerables gastos, pagué a la compañía de televisión por cable que tiene el monopolio en mi zona para instalar el servicio de la televisión por cable, de manera que por las noches podía sentarme ante el televisor y pasar horas felices escuchando y viendo Euronews. 
Le interesará saber, señor Comisario, dado su interés y apoyo a Euronews, que tras un período de seis meses, la compañía de cable escribió diciéndome que retiraban Euronews y que yo dejo de tener acceso a la misma. 
Es una triste pequeña historia, pero estoy seguro de que le interesará conocerla. 
Señor Presidente, simplemente tomo nota de la afirmación que ha sido hecha y debo decir que comparto con su Señoría el interés por Euronews. 
Yo puedo decirle que cuando llego tarde a mi casa, siempre intento conectar con Euronews para que me dé las últimas noticias. 
Comprendo, por consiguiente, que su Señoría esté interesado en ver cuáles son las últimas noticias de Euronews. 
Pregunta nº 36 formulada por María Izquierdo Rojo (H-1225/98) : Asunto: Futuribles de la Ciudad Europea de la Cultura 
El 30.10.1997, a demanda del PE y del Consejo, la Comisión presentó una propuesta de decisión sobre la Ciudad Europea de la Cultura. 
El Parlamento Europeo aprobó su primera lectura el 30.4.1998 y el Consejo adoptó su posición común el 24.7.1998. 
Como bien sabe la Comisión, el Consejo en su posición común se aleja categóricamente del contenido de la propuesta de la Comisión, además, al hacer una repartición por países desde el año 2005 al 2019, se aleja todavía más no sólo del espíritu de esa propuesta sino del objetivo primero de esta iniciativa que es la «comunitarización» de la acción Ciudad Europea de la Cultura. 
En consecuencia, ¿puede decirnos la Comisión cuáles han sido los motivos que le han llevado a no retirar su propuesta tras la adopción de la posición común por parte del Consejo? 
¿Qué posición va a adoptar la Comisión sobre dicha posición común? 
¿Por otra parte, no cree la Comisión que es un poco prematuro, en estos momentos, llevar a cabo un procedimiento de adopción de una iniciativa comunitaria que no debe poner en marcha hasta el año 2005? 
Señor Comisario, tiene usted la palabra para responder a la pregunta de la Sra. Izquierdo. 
Señor Presidente, agradezco a la Sra. Izquierdo Rojo la pregunta que me plantea- que ha sido objeto esta misma tarde de debate en este Parlamento- y la Sra. Izquierdo Rojo sabe bien que es un tema que me preocupa y que yo espero que pueda alcanzarse una solución satisfactoria. 
La Comisión ha manifestado claramente lo que pensaba sobre esa posición común. La Comisión presentó en su día una propuesta. 
Y nos parecía que era una propuesta razonable. 
¿Por qué? 
Porque permitía la «comunitarización» de un acontecimiento muy importante como es el de la capitalidad europea de la cultura. 
Probablemente, de los acontecimientos culturales que se llevan a cabo y que tienen un alcance verdaderamente europeo, yo no sé si el más importante es el de la capitalidad europea de la cultura, pero sí creo que es el que tiene una mayor visibilidad. 
Creo que se puede hacer mejor de lo que se está haciendo hasta ahora. 
Esta es una idea muy feliz que fue lanzada por la Sra. Mercouri, en el año 1985. 
Empezó en el año 1985 y ha seguido hasta el año 1999, hasta este año en que es Weimar, como saben, la capital europea de la cultura, pero a nosotros nos parecía, y a mí especialmente, que era posible mejorar el procedimiento. 
¿Cómo se podía mejorar el procedimiento? 
Pues primero haciendo que no fuese solamente un acontecimiento para la ciudad o para la región o para el país, sino que fuera un acontecimiento que tuviera un carácter verdaderamente europeo. 
Y esa es la razón por la cual, en la propuesta que hizo la Comisión, se pensaba primero que los Estados hicieran las propuestas de la o las ciudades que querían ser capital europea de la cultura, que en esas propuestas se incluyera cuál era la acción propiamente europea que iban a desarrollar durante ese año y que la Comisión consultara con el Parlamento y con un grupo de contacto- que fuera el que pudiera dar unos criterios -, y que, a la vista de ellos, la Comisión, con el informe del Parlamento y con ese grupo de contacto, pudiera decidir y hacer su propuesta al Consejo y que el Consejo decidiera por mayoría. 
¿Cuál era el problema que había habido hasta ahora y que hemos vivido, y sobre todo los años 1997 y 1998? Que el Consejo no se ponía de acuerdo cuando tenía que adoptar por unanimidad, porque un solo país, que tenía la presión de una ciudad, hacía imposible que se llegara a un acuerdo. 
Por consiguiente, este método de consultas por una parte y por otra y que, finalmente, la Comisión hiciera una propuesta al Consejo y que el Consejo la adoptara por mayoría, nos parecía que era un buen método. 
Sin embargo, este método no ha gustado al Consejo. Entonces el Consejo ha adoptado una posición común por unanimidad, en la cual yo he tenido dudas de si se desnaturalizaba o no la propuesta de la Comisión. 
Y como tenía dudas, apelé al Servicio Jurídico. Y el Servicio Jurídico me dijo que, estrictamente, no había desnaturalización y que, por consiguiente, era posible que siguiera el procedimiento. 
Esa es la situación en la que estamos en este momento. 
¿Qué ha habido ahora? 
Un anuncio, que se ha discutido hoy con la propuesta del Sr. Monfils, de rechazo de la posición común por parte del Parlamento. 
Ayer estuve en Bonn, en el encuentro que tuvo la Comisión con el Gobierno alemán, y tuve un encuentro con el Presidente en ejercicio del Consejo de Cultura, con el ministro alemán de Cultura, lo cual es un acontecimiento muy importante, como sabe la señora diputada, porque no ha habido nunca un ministro de Cultura en Alemania. 
Había ministros de los länder, pero no había un ministro de la República Federal y, actualmente, con el Sr. Naumann, yo traté casi monográficamente de este tema, y le animé a que pudiéramos tener un diálogo tripartito entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión para intentar desbloquear esta situación. 
Comprendo muy bien el enfado del Parlamento y lo comparto. 
Y lo comparto muy especialmente porque ha sido mía la propuesta para un método completamente distinto. 
Pero lamentaría que, de no llegarse a un acuerdo, ya no es que se redujese la «comunitarización» , sino que desapareciera totalmente, porque los Gobiernos siempre pueden tener la tentación de decir ¿por qué no seguimos como hemos estado hasta ahora con un método puramente intergubernamental? 
Por lo tanto, así estamos en este momento. 
Yo he animado al Consejo y animo al Parlamento a que se alcance una fórmula en la cual pueda haber, en una segunda lectura, unas enmiendas presentadas por el Parlamento- yo intentaré asumir el mayor número de esas enmiendas- y veremos cómo se puede llegar a alguna fórmula en virtud de la cual pudiéramos avanzar. 
Puede estar segura la Sra. Izquierdo Rojo de que si no hubiera habido unanimidad, yo no hubiera aceptado esa propuesta. 
Pero como hubo unanimidad, ésta se imponía, como usted sabe. 
Cuando hay unanimidad, prevalece la posición del Consejo sobre la posición de la Comisión. 
En realidad, esto que tan didácticamente nos explica el Comisario en cuatro minutos y medio, casi cinco, ya lo sabíamos. 
Yo dispongo sólo de un minuto para preguntarle algo que no sabemos, y es si el Comisario, en el futuro inmediato, va a continuar lavándose las manos, va a continuar tomando nota con pesar o si, por casualidad, va a adoptar ya por fin una actitud más responsable. 
Hasta ahora sabemos que la Ministra no lo ha podido hacer peor con Granada, que los Ministros de Cultura, con un método demencial, rotatorio de que «a todos nos toque» , han hecho, de algo que era importante, una situación grotesca. 
Todo esto ya lo sabíamos, señor Comisario, pero pedimos de usted que adopte una posición más consecuente con su cargo, con la responsabilidad que tiene la Comisión en un hecho tan importante en materia de cultura europea que es de su competencia. 
Yo lamento mucho, señora Izquierdo, que no esté usted conforme, pero yo he utilizado estos cuatro minutos y medio porque me parecía que era la manera de explicarle algo que, si ya lo conocía, quizá había otros miembros en el hemiciclo que no lo conocían. 
Pero, en todo caso, lo que he hecho es explicarles la historia de lo que ha ocurrido. 
Yo no puedo inventarme el Tratado. 
Si el Consejo adopta una decisión por unanimidad, yo no puedo hacer más que lo que hago. 
Lo que sí puedo hacer- y eso es una novedad, puesto que se produjo ayer- es hablar con el Presidente en ejercicio del Consejo y decirle: «Mire, usted, aquí hay un tema muy importante. Fuerce usted en este momento una reunión y convoque usted una pequeña conciliación, y vamos a ver si el resultado de esa pequeña conciliación es avanzar en una determinada dirección y que acuerden ustedes unas posiciones». 
Usted me dirá, señora diputada, qué otra cosa puedo hacer. Yo estoy limitado porque no tengo más competencias que las que tengo. 
Yo, en primer lugar, no voy a favorecer que desaparezcan las capitales europeas de la cultura y, en segundo lugar, voy a hacer lo posible para que se «comunitaricen» las capitales europeas de la cultura. 
Pero aquí el único riesgo que hay es que en un momento determinado, si no está de acuerdo el Consejo, el Consejo dé marcha atrás y actúe simplemente por medio de un acuerdo intergubernamental. Lo ha hecho desde el año 1985 hasta el año 1999, y puede seguir haciéndolo entre el año 2000 y el año 2019, o el fin del mundo. 
De manera que la única posibilidad que tengo en este momento es intentar convencer al Parlamento y al Consejo para que se pongan de acuerdo. 
Pregunta nº 37 formulada por Bernd Posselt (H-1230/98) : Asunto: Actos de celebración del año 2000 
¿En qué estado se encuentra la preparación de los actos de celebración del año 2000? 
¿Tiene intención el Comisario de dedicar una atención especial, dentro del programa correspondiente, al diálogo entre cristianos, musulmanes y judíos? 
Señor Comisario, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Posselt. 
La Comisión trabaja ya desde hace años en la organización de unas manifestaciones que tienen relación con el «Milenio». 
Estoy pensando en la Exposición Universal de Hannover, en las capitales europeas de la cultura del año 2000, en el 50º Aniversario de la Declaración Robert Schuman. 
En lo que se refiere a las iniciativas «Milenio» , que nos transmiten los operadores de los Estados miembros, he dado instrucciones a mis servicios para que se instituya un patrocinio europeo específico que será otorgado a aquellas manifestaciones que reflejen el espíritu de la construcción europea. 
Además, tengo la intención de proponer a la Comisión, al Parlamento y al Consejo que el conjunto de las instituciones europeas transmita a los ciudadanos un mensaje político común sobre el tema de la paz. 
Por otra parte, la indispensable colaboración con los Estados miembros se inició el 30 de junio pasado, fecha en la que la DG X reunió en Bruselas a los responsables nacionales de las celebraciones del Milenio. 
Tuve la satisfacción de constatar que los quince Estado miembros estuvieron presentes en la reunión, dejando patente su deseo de colaborar entre ellos y las instituciones europeas. 
Sin embargo, debo insistir en que todas las acciones llevadas a cabo por la Comisión se desarrollarán en el más estricto respeto del principio de subsidiariedad. 
Por consiguiente, la Comisión no se lanzará a una política de distribución de subvenciones, sino que, por el contrario, se concentrará en el tipo de manifestaciones a las que antes me he referido, es decir, aquellas que tengan un efecto duradero y se adapten a las expectativas de los ciudadanos. 
En lo que se refiere al diálogo islámico-judeo-cristiano, la Comisión no tiene prevista ninguna manifestación específica en relación con este tema. 
Señor Presidente, me gustaría hacer dos preguntas adicionales breves. 
¿Qué papel va jugar la música en estas ceremonias? 
Hay organizaciones como Europa musicale que preparan festivales muy intensivamente, incluso también con los países candidatos. 
Me gustaría preguntarle si se tiene planeado algún tipo de ceremonia como ésta o si habrá auténticos acontecimientos culturales. 
En segundo lugar he preguntado muy enérgicamente sobre el diálogo islámico-judeo-cristiano. El año 2000 hace alusión específicamente al Nacimiento de Cristo, con el que nosotros comenzamos nuestro calendario cristiano, y a mí me parece que deberíamos entablar un diálogo con nuestros vecinos, es decir con el pueblo islámico y judío, lo que para nosotros ya es cada vez más una cuestión de política interna. 
De ahí la pregunta de si se tiene previsto algún plan en relación con estos temas. 
En relación tanto con un tema como con el otro, no están incluidos dentro del programa que está previsto por la Comisión para el milenio por una razón: porque, en el tema del milenio, la participación que tendrá la Comunidad será una participación menor en cuanto política comunitaria. 
Es decir, nosotros tenemos nuestros programas y vamos a intentar desarrollarlos. 
Tenemos un programa marco cultural para el año 2000 al 2005, donde tenemos un problema muy serio en este momento como consecuencia de que un Estado miembro ha rebajado de tal manera la financiación, que hace verdaderamente inviable que se pueda hablar con rigor de un programa cultural. 
Hay catorce Estados miembros que han aceptado la propuesta de la Comisión, pero un Estado miembro se ha opuesto y, ante esa oposición, debido al criterio de la unanimidad, no va a ser posible, por ahora, que tengamos ese programa marco. 
Pero eso es una cosa, y otra son los programas en el marco del milenio. 
En el marco del milenio hay actividades ingentes que se van a desarrollar en todos los Estados miembros. 
Ahora bien, desde la visión comunitaria, nosotros nos vamos a concentrar solamente en esos tres grandes acontecimientos. 
Me parecen muy interesantes los otros temas que ha propuesto, pero no está previsto que la Comisión incluya entre sus actividades nada que quede fuera de los tres que he mencionado antes, sin perjuicio de que, si hubiera alguna propuesta en relación con estos temas, podría ciertamente examinarse por parte de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, se va a celebrar la Exposición Universal en el año 2000. 
En esta Exposición se va a llevar a cabo por primera vez el experimento de introducir el pago electrónico en una superficie cubierta amplia. 
Vendrán visitantes de todo el mundo- cerca de 40 millones-. 
¿Han pensado si podremos atender favorablemente, en el marco de las celebraciones, también un experimento de tal envergadura? 
La Comisión está examinando en este momento qué tipo de acciones puede desarrollar en la exposición universal de Hannover y, hoy por hoy- no me atrevo a que se escriba todavía con tinta, pero escríbanlo a lápiz- calculamos una cifra en torno a los 7 millones de euros- 6, 7 ó 7, 5 millones de euros- para la exposición universal. 
De todas formas, en los tres primeros meses de este año, es decir, antes del final de marzo, yo tendré lista una comunicación con todas las acciones previstas respecto a Hannover. 
He constituido un grupo de trabajo y yo quiero que este tema, antes del 30 de marzo, esté ya concluido y, con mucho gusto, transmitiré los datos al Parlamento, y a su Señoría concretamente con mucho gusto le transmitiré exactamente cuáles son las acciones previstas para ese momento. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Le recuerdo que el Acta literal se escribe con tinta, no con lápiz. 
Por lo tanto, va a ser un poco difícil que esta cifra quede escrita con lápiz, como era su deseo. 
Quizá le atiendan los servicios que confeccionan el Acta literal. 
En todo caso, muchas gracias por sus respuestas y por su presencia. 
Pregunta nº 38 formulada por Robert J.E. Evans (H-1178/98) : Asunto: Comportamiento de los pasajeros en los aviones 
¿Podría informar la Comisión si ha elaborado algún plan para introducir restricciones más severas en cuanto a la disponibilidad de alcohol y el comportamiento de los pasajeros en los vuelos europeos a la vista de los recientes actos de violencia contra el personal de cabina? 
Le doy la bienvenida al Comisario Sr. Kinnock y le invito a que responda usted al Sr. Evans. 
Agradezco al Comisario su respuesta tan completa y alentadora. 
Como sabrá, el Aeropuerto de Heathrow se encuentra en mi circunscripción y ésta es una de las razones por las que me interesa esa zona. 
Me siento animado por sus observaciones y por la acción que está emprendiendo la Comisión. 
No obstante, me preocupa cómo su acción puede encajar con la presión que se ejerce sobre los pasajeros para que consuman bebidas alcohólicas por parte de la tripulación de cabina- cuyos miembros son en muchos casos las propias víctimas. 
Los miembros de la tripulación, a su vez, son presionados por sus patronos- las compañías- para que vendan bebidas alcohólicas para obtener beneficios. 
Sabemos que el 99 % de los casos de mal comportamiento están relacionados con el consumo de alcohol. 
Si las modificaciones propuestas de las normas sobre la venta libre de impuestos significan que las personas serán alentadas a consumir durante el vuelo las bebidas alcohólicas libre de impuestos que han adquirido en el avión, esto podría agravar aún el problema. 
Me interesaría saber cómo piensa la Comisión aplicar la legislación que para mi gran satisfacción está preparando. 
Muchas gracias. 
No olvide que esta no és la Cámara de los Comunes. 
Le invito a que responda a la pregunta complementaria del Sr. Evans y todavía tengo dos preguntas complementarias más sobre esta misma cuestión. 
Su Señoría tiene razón al afirmar que las bebidas alcohólicas guardan relación con un gran número de estos incidentes, pero uno de los objetivos de la investigación que está llevando a cabo la Organización de la Aviación Civil Internacional es la obtención de estadísticas fiables sobre sus causas y su naturaleza y, por consiguiente, sobre los orígenes y los efectos de este tipo de incidentes que son de su incumbencia, al igual que lo son de la mía. 
Hay una conclusión muy preliminar que cabe sacar de estos estudios que se han llevado a cabo en parte, y es el hecho extraordinario de que, al parecer, la prohibición de fumar en el avión tiene como efecto crear un apetito adicional por la bebida. 
Aún no estamos en situación de afirmar la fiabilidad de esta evidencia. 
No creo que nadie sugiera que como respuesta a este problema vuelva a permitirse fumar en los aviones. 
Notificaré a su Señoría tan pronto como dispongamos de más información importante y puede que presentemos propuestas legislativas sobre la base de esa información. 
Acojo con satisfacción las observaciones del Comisario y me interesaría mucho conocer qué fundamento jurídico prevé el Tratado para este tipo de acción. 
El volumen del tráfico y el número de pasajeros que pasan por el Aeropuerto de Stansted, que en su mayoría son muy bienvenidos en mi circunscripción de North Essex y South Suffolk, va en aumento y, evidentemente, los pasajeros desean saber que su seguridad es la razón más importante. 
¿Se plantearía la Comisión la posibilidad de alentar a los Estados miembros a actuar de común acuerdo para impedir viajar a los pasajeros que se encuentren en un estado de intoxicación etílica grave, al que se ha referido el Sr. Evans? 
Suponen un riesgo para las vidas de otros pasajeros y también de la tripulación. 
Permítame, en primer lugar, darle un pequeño consejo. La compañía aérea en la que viajo a Bruselas ya ha encontrado una solución a su problema. 
Ofrece unos vinos tan malos, procedentes de fuera de la Unión, que nadie quiere consumirlos. 
Tengo una pregunta de orden práctico que para mí es de la máxima importancia. 
¿No podría la Comisión o algún otro organismo establecer una norma que prohíba a los pasajeros subir a bordo con dos equipajes de mano? 
Esto supone un peligro para todos en caso de producirse una situación de emergencia. 
Es una norma que deberían cumplir las compañías aéreas. 
Reconozco abiertamente que su Señoría es un excelente conocedor de vinos. 
Conozco, sin embargo, a algunas personas que consumen grandes cantidades de vino malo, sencillamente porque después de la quinta o sexta copa, ya no pueden saborearlo de todos modos. 
Por tanto, servir malos vinos no es realmente una protección contra la conducta indisciplinada. 
La cuestión del equipaje es ligeramente diferente y estoy seguro de que, en alguna ocasión, todos hemos incumplido las normas generales para nuestra mayor comodidad. 
Yo diría que mientras el segundo equipaje no consista en varias botellas de bebidas alcohólicas, debería ser posible que la tripulación de un avión intente acomodarlo. 
En general, tampoco es sensato para la seguridad personal o la seguridad de un avión que los pasajeros intenten llevar consigo demasiado equipaje. 
Muchas compañías aéreas cumplen efectivamente esta norma. 
Pregunta nº 39 formulada por Richard Stuart Howitt (H-1203/98) : Asunto: Redes transeuropeas de transporte y modalidades de acceso de los discapacitados 
¿Puede la Comisión indicar qué medidas se están proponiendo en el marco de la actual revisión de las directrices sobre las redes transeuropeas de transporte para garantizar que en las mismas se van a reconocer debidamente las modalidades de acceso de los discapacitados y que los Estados miembros las van a poner en práctica? 
Señor Comisario, le invito a usted a que responda a la pregunta del Sr. Howitt. 
Como sabrá su Señoría, el objetivo de las actuales directrices sobre las redes transeuropeas es intentar garantizar la movilidad sostenible de las personas y las mercancías en el interior de la zona sin fronteras internas en las mejores condiciones sociales y de seguridad posibles. 
El objetivo es aplicable asimismo a las personas con problemas de movilidad. 
Todas las decisiones relativas a la construcción de proyectos de infraestructura de transporte, incluida la selección de las normas técnicas, son, naturalmente, competencia principalmente de los Estados miembros. 
La Comisión está elaborando en estos momentos un Libro Blanco, que aparecerá este verano, en el que se presenta el enfoque que se dará al futuro desarrollo de la política de las RTE y se prepara una revisión de las directrices. 
En ese contexto, una posibilidad, que está en fase de negociación, es el desarrollo de unos criterios relativos a los niveles de servicio, que podrían incluir también una referencia al acceso a la red para personas con discapacidades. 
En la elaboración del Libro Blanco, la Comisión ha lanzado un amplio proceso de consulta y, naturalmente, acogemos con satisfacción las opiniones de esta Asamblea y de todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de discapacitados con las que gozamos de excelentes y frecuentes contactos. 
Ciertamente felicito al Comisario y respaldo lo que ha dicho sobre las relaciones que mantiene con las organizaciones de discapacitados como, por ejemplo, la labor que sus funcionarios están realizando en la directiva sobre autobuses y autocares. 
Los avances en ese ámbito son una excelente prueba de ello. 
Le apoyo y animo a seguir considerando las propuestas sobre los niveles de servicios y el acceso para los discapacitados. 
No obstante, quisiera pedirle que vaya más lejos. Cuando habla de interoperabilidad, ¿podría examinar las conexiones existentes? 
Por ejemplo, de nada sirve tener un tren que garantiza el acceso a los discapacitados, si éstos no pueden acceder a la estación. 
De nada sirve tener una red de carreteras, si no existen aparcamientos para personas discapacitadas. 
¿Podría estudiar este asunto y el tema de la información para discapacitados de manera que los invidentes, a través de Braille, y los sordos, a través de teléfonos de texto y otros dispositivos visuales, tengan pleno acceso a la información sobre las redes transeuropeas? 
Y a pesar de que el Comisario ha dicho en su respuesta que la aplicación de las normas es competencia de los Estados miembros, ¿hay algo en el Libro Blanco que pueda impulsar a los Estados miembros un poco más a garantizar que realmente las aplican? 
Estoy muy agradecido a su Señoría por su pregunta y por el modo en que la ha formulado. 
En el caso de las conexiones entre distintos medios de transporte y dentro del mismo medio, en el tema del diseño de los vehículos- por ejemplo, suelos bajos, en los que, como dice, los servicios de investigación de la Comisión y otros servicios han desempeñado un importante papel- y con respecto a la disposición de información clara y accesible para los pasajeros con discapacidades, podemos demostrar que nos mantenemos activos en todos estos frentes. 
En el caso de muchos Estados miembros no es necesario insistir. El grado de reacción estaba lejos de ser perfecto, pero ha mejorado de manera muy considerable en estos últimos años. 
A su Señoría quizá le interese saber que estamos trabajando sobre el sistema de ferrocarriles europeos de alta velocidad y hemos otorgado un mandato a la Asociación Europea para la Interoperabilidad de los Ferrocarriles para que evalúe los criterios de interoperabilidad de la infraestructura de los ferrocarriles, por ejemplo, los andenes. 
Esto pone de relieve la cuestión misma que su Señoría plantea en su pregunta complementaria. 
En particular, hemos solicitado a la asociación que utilice como ejemplo de legislación sobre el acceso de los discapacitados, la legislación sobre el transporte público y la legislación sobre los derechos civiles relativos a los discapacitados, que recientemente se ha convertido en ley en el Reino Unido. 
Esperamos que, en términos más generales, sea posible seguir avanzando sobre ese modelo. 
Para mantener limpio mi expediente, debo decir que mi pregunta ya ha sido formulada por el Sr. Howitt. 
Últimamente se ha manifestado en Irlanda una preocupación bastante considerable ante el escaso número de autobuses accesibles. 
¿Tiene usted conocimiento de ello, señor Comisario, y puede hacer algo al respecto? 
Nunca he asumido nada que no fuera que su Señoría tiene un expediente absolutamente impecable e intachable en todos los sentidos. 
No estoy en condiciones de llamar la atención sobre la facultad de la Comisión para intentar garantizar un mayor uso de autobuses más accesibles. 
Resulta irónico que una empresa que goza de una trayectoria absolutamente brillante en la producción de autobuses basculantes y de suelo bajo esté situada en Irlanda del Norte. 
Espero que el comercio transfronterizo se intensifique a medida que las autoridades responsables de los autobuses de la República de Irlanda aprovechan estos excelentes productos. 
Me complace afirmar que su adquisición y utilización se están extendiendo entre varias autoridades y compañías de autobuses del Reino Unido. 
Espero que se convierta en una práctica más extendida. 
Muchas gracias, señor Kinnock. Con esta pregunta se ha agotado el tiempo destinado a las preguntas dirigidas al Comisario Sr. Kinnock. 
Le agradezco su presencia, le deseo lo mejor para este año y le digo que estoy seguro de que, con un esfuerzo por su parte y por la mía, llegaremos a sincronizar. 
Las preguntas 40 a 42 se contestarán por escrito. 
Pregunta nº 43 formulada por Mary Banotti (H-1180/98) : Asunto: Costes de viaje- suplementos a personas solas 
¿Puede la Comisión informarme si los suplementos que se aplican a los costes de viaje de personas que viajan solas son contrarios al Derecho comunitario? 
Damos la bienvenida a la Comisaria Sra. Bonino y le invitamos a que responda a la pregunta de la Sra. Banotti. 
La pregunta formulada por la Sra. Banotti ya fue planteada el año pasado por la Sra. McNally y la Comisión respondió a esa pregunta en su momento. 
La Comisión tiene conocimiento de que un votante de la Sra. McNally, por ejemplo, ha creado un grupo de apoyo en el Reino Unido para protestar contra los suplementos a personas que viajan solas. La Comisión, sin embargo, recuerda que la única disposición comunitaria que puede guardar relación con la pregunta formulada por su Señoría, es la Directiva relativa a los viajes y las vacaciones, a los circuitos con todo incluido, una directiva que fue adoptada por el Consejo y que, en su artículo 2.4, define al consumidor como «la persona que adquiere o se compromete a adquirir servicios con todo incluido». 
Como su Señoría sabe, la Directiva define como «cesionario» a cualquier persona por cuenta de la cual el contratante principal se compromete a adquirir servicios todo incluido- se definen como otros beneficiarios- o cualquier persona a quien el contratante principal o uno de los demás beneficiarios cede los servicios todo incluido. 
Como su Señoría sabe éste es el planteamiento. 
Según la Comisión, la existencia de suplementos a los viajeros individuales es el resultado de un principio comercial- precios más altos para las personas que viajan solas- uno de esos principios generalmente aceptados por los mecanismos del mercado, ya que dichos viajeros tienen costes más elevados de alojamiento, hecho que, evidentemente, repercute en los precios. 
La Comisión, por lo tanto, no estima que los suplementos a las personas que viajan solas son contrarios al Derecho comunitario. 
Asimismo, y sin entrar en el ámbito de la subsidiariedad o de otros principios, está el hecho de que, en realidad, la Comisión considera que éstas son las dinámicas del mercado, por lo que seguramente una persona que viaja sola tiene costes más elevados, al menos de alojamiento, por ocupar una habitación. 
Además, normalmente el viajero es informado de este aumento de precio y, en consecuencia, tampoco se puede aplicar la Directiva sobre las cláusulas abusivas, habida cuenta de que en toda información o propaganda consta el precio individual y el suplemento. 
Por último, según los datos de que dispone, la Comisión estima que, por lo general, dichos suplementos a las personas que viajan solas son razonables. 
En particular, son conocidos por todos y, por lo tanto, no se puede invocar la Directiva sobre las cláusulas abusivas. 
Quisiera dar las gracias a la Comisaria. 
Da las malas noticias de la forma más agradable posible. 
Quisiera saber si existe alguna indicación de que los propios mercados están respondiendo al creciente número de personas solas que quizá sólo buscan «la bendita paz de la cama de soltero» , por citar a George Bernard Shaw. 
Me sorprende que sigan cobrando suplementos a las personas que viajan solas que en ocasiones les puede resultar difícil permitírselo. 
También he conocido y he sido abordada por electores sobre una situación en la que se ofrecen ofertas especiales, por ejemplo en el Reino Unido, que no están disponibles para alguien procedente de Irlanda, por ejemplo, que desee unirse al viaje en el Reino Unido. 
¿Se trata también de una situación que está regida por las fuerzas del mercado o existe realmente un problema respecto a su legalidad? 
Señora Banotti, tiene usted toda la razón: no existe nada más sensible al mercado o a la adaptación al mercado que las industrias que obtienen beneficios de él. 
Hemos comprobado que las ofertas en que no hay suplemento para las personas que viajan solas están aumentando, precisamente porque las agencias han comprendido que el número de personas que viajan solas es cada vez mayor. En consecuencia, la adaptación al mercado de las ofertas especiales es muy rápida. 
En cuanto a su segunda pregunta sobre las ofertas especiales destinadas a un tipo especial de público o de nacionalidad, me reservo pedir a los Servicios Jurídicos los datos acerca de una posible discriminación. 
De todas formas, antes de facilitar cualesquiera informaciones que puedan interferir en el mercado, creo justo pedir un dictamen jurídico, algo que la Comisión no dejará de hacer y respecto a lo cual, Señoría, se le informará por escrito. 
Pregunta nº 44 formulada por Daniel Varela Suanzes-Carpegna (H-1189/98) : Asunto: Resultado de las reuniones UE-Canadá en relación con el proyecto de ley de pesca canadiense C-27 
En la pasada Cumbre transatlántica UE-Canadá celebrada en Viena a instancias del Comisario Sir Leon Brittan, el Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá se comprometió a que una comisión mixta de expertos de la UE y de Canadá estudiaría detenida y conjuntamente el contenido del proyecto de ley de pesca canadiense C-27, a fin de dictaminar si dicho proyecto de ley se ajusta al Derecho Internacional. 
Con tal motivo, tuvo lugar una primera reunión en Ottawa los pasados días 7 y 8 de diciembre de 1998. 
¿Puede informar la Comisión de los resultados a los que se llegó en dicha reunión? 
Señora Bonino, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Daniel Varela. 
Creo que la determinación del Sr. Varela que, por término medio, me plantea el asunto de Canadá cada dos meses, es equiparable a la determinación de la Comisión que, por su parte, aprovecha cualquier ocasión- y citaré tres fechas muy recientes- para subrayar a la parte canadiense que la ley C-27 no puede ser aceptada por la Comisión. 
Recientemente, la cuestión fue planteada en tres ocasiones: el 22 de octubre, en el encuentro entre Sir Leon Brittan y el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá; el 7 de diciembre, con ocasión de una reunión en Ottawa entre altos funcionarios competentes en materia de pesca; por último, el 17 de diciembre, en la Cumbre UE-Canadá. 
Lo que la Comisión puede constatar en esta ocasión es que, como creo que ha quedado patente, Canadá no tiene intención alguna de modificar el proyecto de ley C-27. 
Me parece que se trata de una declaración reiterativa. Sin embargo, la novedad- y la Comisión está estudiando esta posible salida- estriba en el hecho de que Canadá estaría en disposición de considerar una declaración interpretativa cuyo fin sería aclarar que la ley C-27 se refiere sólo a la aplicación del acuerdo de las Naciones Unidas. 
Esta interpretación o declaración interpretativa, si llegáramos a ella, podría ser considerada como un gesto significativo por parte de Canadá. 
Así y todo, quiero añadir dos reflexiones más. La primera es que, por una desafortunada coincidencia de fechas, la reunión entre los funcionarios de pesca tuvo lugar poco después de que el Tribunal de Justicia se pronunciara respecto a la demanda formulada por España contra Canadá a raíz del apresamiento del pesquero «Styke» , ocurrido en el año 1995. 
Aunque el Tribunal tan sólo manifestó que carecía de competencia jurisdiccional sobre este asunto, su declaración fue acogida por Canadá como una resolución acerca de los puntos fundamentales de la reclamación y, por lo tanto, en cierto modo, ha bloqueado posibles aperturas por parte de la administración canadiense. 
En segundo lugar, estoy profundamente convencida de que, sin perjuicio de la declaraciones unilaterales canadienses tipo «sí» o «no» -y aún queda por ver su contenido- la única manera de solucionar las posibles controversias consiste en acelerar la ratificación del Convenio de las Naciones Unidas sobre los stock chevauchants. 
Como usted sabe, de hecho, el Convenio prevé un apartado específico relativo al trámite del dispute settlement que sería obligatorio, lo cual, evidentemente, impediría a Canadá desvincularse de la jurisdicción del Tribunal, como hizo en los años 1994 y 1995. 
De esta manera, más allá de la negociación y de seguir la cuestión día tras día o mes tras mes, la Comisión está profundamente convencida de que la ratificación acelerada del Convenio de las Naciones Unidas es el instrumento más consistente de que disponemos. 
Gracias, señora Comisaria, por su información. 
Yo tengo tanto interés como la Comisión- y usted lo sabe- en esta cuestión porque es una cuestión clave para la evolución de la pesca en aguas internacionales y, por lo tanto, para el Derecho internacional. 
Un Estado que no acepta la jurisdicción de un tribunal internacional de justicia, que dicta legislación interna que va contra el Derecho internacional, que la aplica apresando barcos y al que luego nadie puede juzgar, es un peligro enorme, en la sociedad internacional, para la pesca y puede ser un ejemplo para otros. 
Discrepo, sin embargo, en algo que me parece muy importante, señora Comisaria, y se lo digo en este tono porque las cosas no nos van bien, ni a la Comisión ni a mí. 
Seguiremos aquí no cada dos meses, cada mes, discutiendo esta misma cuestión, porque el Canadá emplea todos los argumentos para no darnos ningún tipo de razón. 
Y discrepo en el sentido de que la ratificación del Convenio- y lo ha dicho el Parlamento Europeo -, si se interpreta de manera distinta al Convenio de Nueva York, va a ser una fuente de conflictos permanente. 
Por lo tanto, con los argumentos que tenemos en NAFO podríamos resolverlo, y lo que habría que hacer es no ratificar ese Convenio, ya que es el propio Canadá el que tiene interés en que se ratifique. 
Por lo tanto, ahí discrepamos. 
Yo le ruego a usted que reflexione sobre esa cuestión, porque posiblemente tendremos que demostrar al Canadá que ésta es una piedra muy molesta en el zapato en las relaciones que mantiene con la Unión Europea. 
Tendremos, pues, que seguir adelante y, posiblemente, no debemos ratificar ese Convenio que tanto desea el Canadá para aplicarlo a su antojo. 
Conozco la posición del Parlamento, sin embargo, quisiera que se reflexionara sobre el hecho de que el diálogo institucional sirve exactamente para esto. 
Precisamente porque nos encontramos ante una situación en que la distinta interpretación del Convenio de las Naciones Unidas es, sin duda, fuente de conflictos y lo será cada vez más, me interesa- y se lo recalco, Señoría- la posibilidad de la ratificación, sobre todo en lo que respecta al pilar del Convenio que se refiere a un binding dispute settlement mechanism. 
De lo contrario, no tenemos instrumentos- y le invito a reflexionar sólo sobre esto-para solucionar las cuestiones que podrían plantearse no sólo en aguas canadienses o en aguas NAFO. 
Si el Convenio no fuera ratificado, careceríamos de instrumentos; piense, por ejemplo, en el caso de un Estado ribereño cualquiera, cuya interpretación fuera distinta. 
Como usted ha dicho, el ejemplo podría ser imitado por otros y entonces nos encontraríamos nada menos que sin instrumentos binding, vinculantes para la solución de los conflictos. 
Ésta, en mi opinión, es la parte del Convenio que deberíamos aprovechar. 
En realidad, como usted recordará, Sr. Varela, lo ocurrido en el último episodio de 1995 fue que Canadá había retirado su competencia del Tribunal de Justicia, que ahora en su sentencia ha declarado justamente que carece de competencia. 
Entonces, si no llegamos a mecanismos obligatorios para la solución de las controversias internacionales, temo que el ejemplo de Canadá pueda ser imitado por otros. 
Se trata de una materia que también han de abordar los Estados miembros. 
De todos modos, me interesa llamar especialmente su atención sobre el hecho de que la falta de sistemas vinculantes para la solución de los conflictos quizás no nos es totalmente favorable. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 45 decae. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 46, 47 y 48 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 46 formulada por Ian White (H-1222/98) : Asunto: Puerto Morazán- Huracán Mitch 
¿Puede la Comisión informar acerca de cuánto dinero ha facilitado la Unión Europea para ayuda de emergencia a Nicaragua y Honduras y qué cantidad de dicha ayuda se canaliza a través de ONG y agencias comunitarias e internacionales? 
Pregunta nº 47 formulada por Christine Oddy (H-1232/98) : Asunto: Puerto Morazán y el huracán Mitch 
¿Puede comunicar la Comisión la cuantía de la ayuda a la reconstrucción, en forma de equipos y material para la reparación de puentes y carreteras, que ha enviado a Nicaragua y Honduras? 
Pregunta nº 48 formulada por Glenys Kinnock (H-1239/98) : Asunto: Respuesta a catástrofes naturales 
Durante el presente ejercicio presupuestario, ECHO ha tenido que responder a una serie de catástrofes naturales y situaciones de emergencia trágicas y costosas. ¿Dispone ECHO de los suficientes recursos económicos para ocuparse de las nuevas crisis que puedan producirse en el futuro? 
Por lo tanto, le propongo, señora Comisaria, que, con los dos minutos que nos quedan todavía para las 19.00 horas, responda usted conjuntamente a las preguntas del Sr. White, y de las Sras. Oddy y Kinnock. 
Voy a responder brevemente también a la pregunta del Sr. Kinnock, ya que se refiere al mismo asunto. 
En primer lugar, la Comisión tiene a disposición de los diputados que lo soliciten todo el plan global para América Central recientemente aprobado, un plan que puedo facilitarles ya desde ahora junto con el detalle de todos los importes. 
Así y todo, muy rápidamente les puedo decir que la primera financiación de 6, 8 millones de ecus fue aprobada el 4 de noviembre, o sea, durante el huracán. Un nuevo paquete de 9, 5 millones de ecus fue aprobado en noviembre, poco después de mi visita; posteriormente, la Comisión ha transferido o desviado para esta catástrofe 3 millones de ecus que habían sido destinados a otros proyectos. 
Todos estos proyectos se canalizan a través de ONG, cuya lista está aquí a su disposición. 
Los dos planes fueron aprobados por el Comité unitario formado por todos los Estados miembros. 
Hace pocas fechas, la Dirección General I B, a cargo del señor Comisario Marín, ha desbloqueado 8, 2 millones de ecus para empezar con el gran plan global de reconstrucción que, como usted sabe, se presentará en la Conferencia de Donantes de Estocolmo. 
En cuanto a la otra pregunta, quiero hacer presente que, en realidad, uno de los problemas que debemos afrontar es que el presupuesto ordinario de la Oficina Humanitaria se agota a mediados de año y que una serie de catástrofes imprevisibles nos obliga a emprender procedimientos muy largos y engorros para emplear la reserva. 
Por ello, ya a partir de este año, hemos observado cierta mejora, en el sentido de que, a principios de año, disponemos de una financiación más consistente que nos permite, sobre todo para aquellas crisis que duran varios años, disponer de una planificación algo más ordenada y emplear la reserva para las crisis inesperadas, o sea, aquellas que no pueden programarse. 
Éste es un apartado del presupuesto que estamos tratando de definir con el Comisario Sr. Liikanen- ya se han realizado algunos progresos- para no encontrarnos en julio en condiciones que normalmente acostumbran a ser muy difíciles. 
Me gustaría saber cuánta ayuda de emergencia ha llegado ya a Centroamérica, qué dificultades se han encontrado para hacer llegar la ayuda y cuáles son las necesidades más urgentes ahora para la población de Centroamérica y qué podemos hacer para ayudarles. 
Los primeros proyectos que fueron decididos el 4 de noviembre se pusieron en marcha inmediatamente, porque decidimos recurrir a las ONG que ya estaban trabajando en la zona, por lo que no se produjo ningún vacío. 
Con el reciente plan por valor de 10 millones de ecus, hemos ampliado ligeramente la lista de ONG. 
Uno de los problemas al comienzo fue el transporte y cómo llegar a la población en zonas en las que los puentes se habían hundido y no existían carreteras. 
Finalmente tuvimos algún éxito con los helicópteros, pero los helicópteros no pueden transportar grandes cantidades de alimentos. 
La segunda cuestión es que a algunos gobiernos no les alegró precisamente que trabajásemos a través de las ONG, pero durante mi visita dejé perfectamente claro a los gobiernos que, les gustara o no, las reglas dicen que no puedo entregar fondos directamente a un gobierno, sino que debemos trabajar a través de la Cruz Roja o de las ONG. 
Al final lo aceptaron, a pesar de que seguía existiendo una cierta tensión política. 
Lo que estamos haciendo ahora es concentrarnos mayormente en Honduras y el norte de Nicaragua. Queremos centrarnos en el agua potable para evitar epidemias. 
No existen grandes necesidades de alimentos, salvo para los grupos más vulnerables. 
La auténtica gran necesidad es agua potable para evitar las epidemias. El nuevo plan se centra principalmente en atención sanitaria básica, la rehabilitación de las bombas de agua y el agua potable. 
Si están interesados, puedo ofrecerles detalles de lo que está haciendo cada una de las ONG en la zona. 
En unos momentos en que se cuestiona la eficacia de la Comisión, me gustaría alabar la rápida y eficiente respuesta que ha dado ECHO a la crisis de Centroamérica. 
A la luz de la información que nos ha ofrecido, señora Comisaria Bonino, me gustaría conocer qué fondos ha podido destinar a la recurrente crisis de Bangladesh, un país por el que mi país, el Reino Unido, siente gran preocupación y con el que se siente unido. 
¿Considera que ECHO ha podido y seguirá pudiendo dar prioridad a estas necesidades a medida que se repiten cada año en Bangladesh? 
No dispongo de las cifras exactas definitivas en el caso de Bangladesh, pero se las facilitaré. Lo que hemos descubierto durante el pasado año son las grandes repercusiones que tienen las catástrofes naturales recurrentes. 
En términos generales, en el plan de acción para 1999 queremos reforzar nuestra dotación para catástrofes naturales. 
Hemos pensado incluso en la posibilidad de disponer de una dotación para catástrofes o de un fondo para catástrofes. 
Seguimos estudiando si es una buena idea, si es posible o viable tener un fondo que pueda utilizarse con mayor facilidad para reaccionar, prevenir o prepararse en caso de las catástrofes naturales. 
Este pensamiento exige una modificación del Reglamento Financiero. 
No sé si el sentir político permite una mayor flexibilidad en los gastos. 
Estamos discutiendo cuál es el mejor medio. 
En lo que respecta a Bangladesh, le proporcionaré las cifras exactas. 
No quiero darle cifras inexactas. Lo comprobaré. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas núms. 49 a 79 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
La sesión, interrumpida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas 
Sistema comercial y normas de trabajointernacionalmente reconocidas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0423/98 del Sr. Sainjon, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo «Relación entre el sistema comercial y las normas laborales internacionalmente reconocidas» (COM (96) 0402- C4-0488/96). 
Señor Presidente, en el momento de la celebración del 50º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Europa, primera potencia comercial del mundo, debe seguir promoviendo la idea de lo que llamo «socialmundialización». 
Estoy convencido de que, si la Unión Europea quiere disponer de un gran crédito al respecto, debe ser irreprochable. 
En efecto, ¿cómo van a tomarnos en serio los países en vías de desarrollo, cuando en Gran Bretaña, por ejemplo, trabajan dos millones de niños, 500.000 de los cuales menores de quince años? 
¿Por qué se niegan las autoridades de ese país a ratificar el convenio 138 de la OIT, relativo al trabajo de los niños? 
Creo que no basta con haber ratificado la directiva europea, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo o la Carta Social; además, hay que aplicar los principios que en ella figuran y tener en cuenta la suerte de esos millares de niños que, en los sectores de la carga y descarga y la construcción, padecen condiciones de trabajo extraordinariamente difíciles. 
Podría citar también a Austria, que sigue sin ratificar el convenio 138; lo mismo ocurre con Irlanda por lo que se refiere al convenio 111, relativo a la no discriminación. 
Pero, incluso con los países candidatos a la adhesión a la Unión, creo que hay que adoptar una actitud igualmente severa. 
En estas condiciones, no vacilemos en apoyarnos en la Declaración de principios fundamentales, aprobada el pasado mes de junio por la OIT. 
Recoge los convenios relativos al trabajo forzoso, al trabajo de los niños, a la no discriminación y a la libertad sindical. 
Esa agrupación de convenios en un bloque único constituye un paso muy importante, en la medida en que los países que no han ratificado uno de ellos, habrán de afrontar, de todos modos, informes redactados al respecto. 
Así, pues, la Unión debe actuar con el objetivo de proponer con el tiempo que los miembros de la OMC hayan ratificado esa declaración de principios fundamentales de la OIT. 
Pero todos los intentos hechos hasta ahora en relación con los países en vías de desarrollo han fracasado por la actitud negativa adoptada la mayoría de las veces. El cambio se produjo cuando, por primera vez, en marzo de 1998 pasó a ser realidad una cláusula incitativa en el marco del SPG comunitario. 
Por primera vez se introducía la idea de un bono aduanero para los países que respetaban esas normas sociales mínimas, lo que contribuyó a dar un carácter positivo al planteamiento de la cláusula social. 
Esa actitud podría servir de modelo, de elemento precursor, en una palabra, para la estrategia de la Unión Europea en la Organización Mundial del Comercio. 
Otra estrategia para hacer avanzar sobre el terreno los derechos humanos en el trabajo, en el nivel mundial, los centenares de códigos de conducta establecidos por empresas multinacionales. 
Pero no queda más remedio que dejar constancia de que con frecuencia se olvidan la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. 
Por eso, hoy hay que ir más lejos. 
A mi juicio, el código que se apoyará en esa Declaración de principios fundamentales debe ser una plataforma mínima. 
Concretamente, el Parlamento pide a la Comisión Europea que reflexione sobre la elaboración de un código europeo en un foro que reúna a la Confederación Europea de Sindicatos, la patronal europea y ciertas ONG. 
Las multinacionales europeas podrán ratificarlo y su nombre se difundirá mediante el Diario Oficial de las Comunidades y de los sitios de la Comisión en la red Internet. 
Ese código no establecería sanciones, pero, gracias a la creación de una base de datos, una unidad especial de esta institución podría hacer un seguimiento eficaz de las empresas que se internen por esa vía. 
Pero donde la idea del código de conducta encontrará su lugar a largo plazo es en la Organización Mundial del Comercio. 
Por último, quiero aprovechar, señor Presidente, esta intervención en el Parlamento Europeo para lanzar un llamamiento solemne a todas las instituciones internacionales, a las personalidades más destacadas del mundo en los planos político, filosófico, religioso, cultural, para que juntas decidan emprender por fin una lucha sin piedad con vistas a erradicar definitivamente, a escala planetaria, el trabajo forzoso de los niños durante el primer decenio del siglo XXI. 
El aire de la modernidad acude a la cita de la Historia. 
No es tolerable dejar a millones de niños pudrirse en la miseria, la atrocidad y el sufrimiento. 
Todos deberían poder vivir una infancia a base de juegos, alegrías, esperanzas y felicidad. 
Nosotros, que tenemos responsabilidades políticas, debemos cumplir con el deber moral de actuar con determinación decidiendo medios excepcionales para alcanzar el objetivo que propongo, inspirado en el legado que nos dejaron quienes lucharon- con frecuencia ofreciendo su sangre- para defender los derechos humanos en todo el mundo. 
Seamos concretos y veamos lo que ha dado resultados. 
Promover la escolarización está bien, pero no basta. 
Los gobiernos de los países interesados deben conceder un subsidio de substitución a las familias cuyos hijos dejen de trabajar, es decir, unos dólares al mes. Ésa es la solución y no otra. 
Deberá, naturalmente, ir acompañada de una política de vigilancia muy estricta. El propio Unicef ha denunciado las consecuencias, por ejemplo, del cierre o del brutal traslado de una multinacional. 
Entonces los niños no se dirigen a la escuela, sino que se encuentran en la calle, buscando un trabajo para seguir manteniendo a su familia y, si no lo encuentran, caen en la mayoría de los casos en el horror de la prostitución. 
Aunque la lucha en pro de la cláusula social será larga y difícil, hoy se abre un campo fantástico ante nosotros. 
A la opinión pública corresponde tomar conciencia y a los políticos demostrar que no son simples espectadores ante la mundialización de la economía. 
Señor Presidente, como miembro de un partido que ostenta en su propia denominación la palabra social el término de economía social de mercado me interesa de manera especial. 
Por consiguiente, apoyo decididamente los criterios sociales mínimos a nivel europeo. 
Por otro lado, la globalización que se está produciendo en el comercio internacional, la cual conduce hacia la liberalización del comercio, de las inversiones y de los flujos de capital, nos empuja a tener en cuenta el desarrollo social a nivel mundial. El Banco Mundial en su Informe sobre el desarrollo mundial del año 1995 destaca la importancia de las buenas relaciones entre los interlocutores sociales para la eficiencia del mercado de trabajo. 
Sin embargo, esto presupone un sistema democrático en el que los trabajadores tengan derechos que les permitan obstaculizar a los gobiernos en su intento de conseguir ventajas competitivas a través de la discriminación, de la explotación y de la opresión. 
Pero se impone también necesariamente una segunda conclusión. 
Para que el comercio internacional pueda servir de estímulo al desarrollo económico de un país, ha de ser posible adoptar decisiones y manifestar preferencias. En otras palabras. 
A los ciudadanos en sus puestos de trabajo hemos atribuirles al menos los mismos derechos que les reconocemos como consumidores. 
Por esta razón, en mi opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales mantengo expresamente la exigencia de cláusulas sociales en el comercio internacional. 
Entre éstas se cuenta la cláusula de que los Estados miembros de la UE establezcan y fomenten las normas laborales fundamentales, sobre todo en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo de las organizaciones no gubernamentales en pro de estos objetivos debe ser apoyado incondicionalmente por la UE y por los Estados miembros. 
También es preciso establecer y reforzar estímulos a fin de poder motivar a los países en vías de desarrollo a cumplir las normas sociales fundamentales, por consiguiente, no más sanciones ni proteccionismo encubierto. 
Esto implica también el apoyo a las campañas en pro de marcas comerciales, como por ejemplo rug mark y muchas otras, que han sido establecidas a través de iniciativas de los consumidores, así como el autocompromiso de las empresas de respetar los derechos humanos fundamentales. 
La comisión apoya, además, la inclusión de clausulas sociales en los acuerdos comerciales y de cooperación de los Estados miembros de la UE. Mi opinión contiene la correspondiente propuesta de texto. 
Quiero dar las gracias al colega, Sr. Sainjon, por haber recogido ampliamente en su informe la exigencia que plantea mi opinión aunque creo que ha exagerado en sus exigencias. Lo excesivo es a veces insano. 
Sin embargo, no entiendo por qué en la enmienda 10 el Sr. Howitt quiere suprimir del texto en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos el buen ejemplo de los Estados Unidos. 
En realidad, no quisiera apoyar esta supresión. 
Señor Presidente, permítame decir que hoy siento personalmente un honor especial por empezar hablando como representante del gran Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y después de los dos ponentes, el Sr. Sainjon y el Sr. Schiedermeier, en calidad de miembro de las dos comisiones, de la Comisión REX y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, en las que tuve personalmente la oportunidad de colaborar durante todo el proceso de elaboración de estos informes. 
Así pues, puedo dirigir mi sincera enhorabuena a los ponentes y a las comisiones que, en un gran proceso abierto, han enriquecido los informes iniciales. 
No voy a intentar repetir o añadir nada a lo que han dicho los ponentes. 
Declaro mi apoyo subrayando dos puntos. 
Primero, quiero hacer hincapié en la importancia que tiene en la actualidad, unos pocos días después del comienzo del euro, que nosotros en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, manifestemos la dimensión real de la sociedad mundial. 
Y esto no quiere decir más que, junto al mercado globalizado también hay otra dimensión, la de la política social mundial de la solidaridad. A esto quiero añadir que organizaciones de reconocido prestigio, como es la OMC, han demostrado que esto no está en contradicción, no se opone a un desarrollo económico que constituye al mismo tiempo la condición previa del bienestar social. 
Segundo, quiero acentuar que en la actualidad en la Unión Europea, en esta fase que estamos atravesando hacia la ampliación, debemos insistir en aclarar y concretar los criterios de Copenhague, a fin de hacer patente que los derechos humanos en el empleo están incluídos también en ellos. 
Señor Presidente, ciertamente no es la única vez que discutimos en esta semana el tema de un código en el comercio internacional, sino que, además, mañana tendremos en el orden del día un informe de iniciativa de la Comisión de Desarrollo y Cooperación sobre el mismo tema. 
Creo que en el caso de estos informes deberíamos ponernos fundamentalmente de acuerdo en un par de puntos. 
Uno de ellos es el siguiente: no tenemos derecho a incluir, por un lado, en tales informes disposiciones extraterritoriales y criticar, por otro, a los EE.UU. en relación con la ley Helms-Burton. 
En segundo lugar: es preciso incluir también en esta discusión a los países en vías de desarrollo cuando esta discusión les ataña. 
Efectivamente, éstos tampoco quieren que se les impongan sobre sus cabezas normas en cuya elaboración no han tomado parte. 
En tercer lugar: el trabajo infantil es un punto esencial en todo este contexto. 
Si se trata aquí de un informe sobre normas laborales reconocidas, habría que tener en cuenta también en mayor grado las normas sociales y otras modalidades de trabajo, en vez de limitase aquí a un punto, sobrecargando así, en cierto modo, todo este informe. 
Las normas internacionales necesitan claridad y una orientación precisa para que puedan ser reconocidas y obedecidas, sobre todo si queremos exigir que éste sea un código voluntario. 
Presidente, colegas y Comisario, los acuerdos sobre las normas de trabajo internacionalmente reconocidas encajan excelentemente en la «International Labour Organization». 
Sin embargo, la puesta en marcha de los acuerdos internacionales es otra historia, sobre todo cuando hablamos de la eliminación del trabajo infantil. El ponente ve en este ámbito un papel claro para la Comisión Europea, mientras que este papel, lamentablemente, tiene que ser limitado porque la Unión Europea como tal no es miembro de la «International Labour Organization». 
A pesar de todo, el ponente atribuye bastantes competencias a la Unión. 
Esto me lleva directamente a mi segundo punto. 
En el punto 19 de la resolución, el ponente pide una iniciativa europea para la lucha contra el trabajo infantil. Me gustaría apoyarlo, pero él propone en primer lugar que se conceda un subsidio compensatorio a las familias de los niños obligados al trabajo forzado y, en segundo lugar, la escolarización de los niños en los países afectados y medidas complementarias. 
Presidente, colegas, esta sería una propuesta estupenda si la Unión tuviera competencias en este ámbito. 
Asimismo, me pregunto si el ponente se da cuenta cuáles serían las consecuencias financieras para la Unión si empezáramos a facilitar una garantía salarial a familias en países que están en vías de desarrollo. 
Calculo, Señorías, que el presupuesto de la UE se duplicaría. Mi grupo parlamentario liberal está por supuesto firmemente a favor de la eliminación del trabajo infantil. 
Pero el apoyo salarial no es el medio idóneo para ello. 
Sí lo es la escolarización y eso también lo ha reconocido el ponente. 
La escolarización, no solamente de los niños sino también y sobre todo de las niñas. 
Por lo tanto, hago un llamamiento a mis colegas para que apoyen la enmienda al punto 19 del Grupo Liberal. En ella se solicita una lucha contra el trabajo infantil por medio de medidas europeas de apoyo a la escolarización infantil. 
En este terreno, la Unión Europea debe asumir su responsabilidad, preferiblemente en colaboración con organizaciones internacionales como UNICEF y UNESCO. 
Señor Presidente, quiero en primer lugar felicitar a André Sainjon por su excelente informe. El respeto de los derechos sociales en los intercambios internacionales es una cuestión fundamental. 
Está planteado desde hace más de un siglo sin resultados importantes. 
Una de las causas mayores del fracaso radica sin lugar a dudas en el planteamiento proteccionista y unilateral de los países económicamente dominantes. 
Por eso, debe quedar claro que la afirmación del respeto de los derechos sociales no incumbe sólo a los países pobres y emergentes, sino también a los países desarrollados y en particular a los de la Unión, y exige una solidaridad concreta. 
Con esa intención el Parlamento Europeo ha emprendido verdaderamente una estrategia en los últimos años- y André Sainjon ha desempeñado en ella un papel eminente- para que la Unión Europea trabaje en cierto modo sobre dos pies: como fuerza regional capaz de promover los principios de una cláusula social para sus relaciones exteriores y, de forma complementaria, capaz de actuar en el plano multilateral, naturalmente, con el objetivo primordial de hacer progresar el multilateralismo. 
Así, pues, en el plano interno, además de lo que se había iniciado en el marco del sistema de preferencias generalizadas, la Comisión y su ponente desean que la Unión Europea desarrolle otras dimensiones de su acción propia, en particular en el caso de los acuerdos de comercio y cooperación, de los convenios de ayuda para la inversión. Sobre la cuestión de los códigos de conducta, adoptamos un planteamiento matizado y que se deberá completar posteriormente con una reflexión sobre la incitación a las sanciones, pero que sigue manifiestamente la orientación adecuada. 
Naturalmente, al mismo tiempo hay que actuar en el nivel multilateral- este segundo pie reafirma el primero y el primero no puede prescindir del segundo- con dos ideas fundamentales: por una parte, no sólo el reconocimiento de los derechos oficiales fundamentales, sino también un comienzo de aplicación de los medios para hacerlos respetar, en cooperación con la OIT y la OMC. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, me encuentro muy satisfecha de que poco a poco vayamos diciendo aquí que todas las trabajadoras del mundo tienen derecho a unas condiciones de trabajo dignas. 
Para esto son muy útiles las convenciones de la OIT. 
Sólo que ¿cuándo las vamos a poner en práctica? 
En el debate sobre la Organización Mundial del Comercio y sobre los tratados del GATT no hubo, en absoluto, ningún problema en aprobar todo, incluso las sanciones obligatorias, algo que sigue contribuyendo a la desregulación y a la liberalización. 
Sin embargo, si se trata de establecer para las personas condiciones aceptables en el proceso de trabajo, entonces aparecen convenciones que no son vinculantes y nos mostramos cautelosos para no sobrecargar las cosas. 
Sólo puedo decirles una cosa: si no nos decidimos a introducir, de una vez por todas, normas vinculantes tendremos aquí paulatinamente las mismas situaciones que en cualquier otra parte. 
Sin embargo, no puede ser que en todo el mundo se enfrente cada vez más a las personas en una competencia mutua para conseguir las condiciones de trabajo más miserables, los salarios más bajos y los peores estándares sociales. 
A esta situación va a conducir este desarrollo, y por esta razón celebro sobremanera que el Sr. Sainjon haya presentado un informe tan claro. 
Señor Presidente, señor Comisario Marín, Señorías, el debate sobre el excelente informe de nuestro colega Sainjon permite calibrar una vez más la distancia que separa a los progresistas de ciertos conservadores respecto de las cuestiones sociales y del lugar concedido a los asalariados en todo el mundo y en todas las empresas. 
La importancia de esa distancia puede preocuparnos. 
Pero, ¿puede de verdad asombrarnos? 
En efecto, el informe de André Sainjon puede permitir avances importantes en materia de normas sociales. 
Introduce en las relaciones económicas valores y normas que propician la negociación colectiva. 
Promueve la lucha contra la explotación de los niños, que se ven sometidos a ella incluso para fabricar los juguetes de nuestros propios hijos. 
Por eso, apoyo sin asomo de vacilación su llamamiento y sus propuestas, que demuestran a la vez pragmatismo y una voluntad política real. 
A ese respecto, me felicito muy en particular de la introducción de cláusulas sociales para las empresas que se beneficien de medidas comunitarias con vistas a las inversiones en terceros países. 
En conexión con esta propuesta, voy a expresar un deseo: el de que en el futuro se pueda hacer extensivo ese mecanismo a las empresas que respondan a las licitaciones para contratos públicos. 
Una colectividad debería poder estar en condiciones de enunciar principios básicos y condiciones sociales mínimas en sus pliegos de condiciones generales. 
En efecto, en un contrato público la adjudicación al proyecto menos costoso tiene con demasiada frecuencia como corolario- y Sus Señorías lo saben- un menoscabo de las condiciones sociales en la empresa seleccionada y eso no es bueno para nadie, en particular para los asalariados. 
Por último, para concluir, si bien apoyo la propuesta de citar en el Diario Oficial y en los sitios de la red Internet de la Comisión a las empresas que no respeten las normas sociales mínimas establecidas, confieso que, personalmente, habría preferido sanciones más tangibles, si no más severas, pero no por ello dejo de apoyar completamente- repito- el informe y las propuestas de André Sainjon. 
Señor Presidente, la Comisión se felicita por la presentación del excelente informe elaborado por el Sr. Sainjon que demuestra una vez más su sensibilidad por estas cuestiones, y que pensamos llega en un momento oportuno para elaborar un balance de la política de la Unión Europea en una materia sensible y en constante evolución y en la que yo pienso que el Parlamento y la Comisión siempre han colaborado activa y fructíferamente. 
En términos generales, la Comisión comparte los análisis, las preguntas, las preocupaciones establecidas por el Sr. Sainjon y, en general, por el Parlamento Europeo y, efectivamente, en este asunto estamos en una encrucijada. 
Desde el primer gran debate en el Parlamento sobre este tema, en 1994, hemos tomado las siguientes medidas: hemos descartado- y esto era un punto muy importante la primera vez que lo discutimos- el enfoque de la coerción, de la sanción o del proteccionismo que, además, fue claramente rechazado por la Conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Singapur, en 1996. 
Al contrario, la opción hecha por la Unión Europea y protagonizada por el Parlamento Europeo nos llevaba a definir una política de promoción de las normas sociales internacionalmente reconocidas precisamente a través de una incentivación positiva, tal como están consagradas por las cláusulas del sistema de preferencias generalizadas (SPG). 
Y, en este sentido, se emprendió, con nuestros socios de todo el mundo, un diálogo basado en la cooperación y la persuasión, que queda ilustrado en lo que pensamos es el avance más sustancial que se ha podido dar, que es la negociación con el Gobierno de Pakistán sobre el IPEC, que es un programa muy ambicioso donde hemos concentrado todos los esfuerzos de cooperación con Pakistán. 
Naturalmente- por responder a otras intervenciones que se han producido, como la del Sr. Kreissl-Dörfler -, por lo menos el acuerdo está firmado. 
Vamos a ver ahora cómo lo vamos a implementar pero, de todas maneras, esto es un ejemplo de que a veces la Comisión hace algunas cosas bien. La negociación con Pakistán- créame usted- no ha sido nada fácil, pero tenemos un proyecto muy importante que se va a aplicar en un país objetivo en un tema tan sensible como es el trabajo infantil. 
En consecuencia, señor Sainjon, yo creo que el enfoque que ha hecho la Comisión Europea está en línea directa con el informe que se aprobó aquí en el Parlamento Europeo en 1994. 
También hemos actuado en términos negativos como en el caso concreto de Birmania, donde tuvimos que desarrollar todo el sistema procesal, a la demanda de la Confederación Europea de Sindicatos y de ONGs, que nos ha permitido rodar el sistema, porque no existía en la Comisión jurisprudencia sobre cómo llegar a excluir a Birmania de los beneficios del SPG. 
Por consiguiente, el balance, en principio- y se necesita tiempo para desarrollar los programas- es positivo. 
Tenemos una política de incentivación, con un instrumento privilegiado para aplicarla que es el SPG. 
Pero, naturalmente, esto no es suficiente y pensamos que el Parlamento Europeo, y particularmente el Sr. Sainjon, hacen bien en insistir en ello. 
Quedan bastantes obstáculos por superar para que esta política se desarrolle convenientemente sobre el terreno. El primer obstáculo reside en el propio instrumento, el sistema de preferencias generalizadas. 
Este instrumento es limitado por definición. Y es limitado por definición porque tiene un margen preferencial adicional entre un 15 % o un 25 % según los productos y es, en este momento, muy limitado porque a medida que vayan avanzando las negociaciones de la OMC, el carácter preferencial del sistema de preferencias generalizadas lógicamente va a ir disminuyendo y cada vez será menos apetitoso- esta es una realidad que tenemos que contemplar- y, en consecuencia, los márgenes arancelarios serán progresivamente y a largo plazo cada vez menos atractivos. 
Siguiendo la invitación que el informe hace a la Comisión, sería especialmente interesante considerar cómo las dimensiones sociales y ambientales podrían tenerse plenamente en cuenta en los acuerdos comerciales que la Unión Europea negocia o ha previsto negociar, sobre todo allí donde estamos ofreciendo fórmulas de libre comercio o de liberalización progresiva de los intercambios. 
Estoy hablando, en primer lugar, de la zona que me afecta, los países mediterráneos, los países ACP- si finalmente esta idea es aceptada en la renovación del nuevo convenio- y en América Latina, caso de Mercosur, de Chile y de México. 
Naturalmente, es evidente que esta estrategia no debe poner en peligro los objetivos de la política comercial común. 
Además, hay una serie de precedentes interesantes y es que estas cláusulas figuran ya en el acuerdo del Tratado de Libre Comercio para la zona latinoamericana y, además, como sabe, cláusulas de este tipo también existen en los acuerdos bilaterales con Chile y Canadá. 
En consecuencia, no digo que mucho pero, poquito a poquito, esta filosofía se está extendiendo. 
Sobre el código de conducta para las empresas europeas está el informe Howitt que vamos a discutir mañana y, efectivamente, hay que progresar también en esta vía. 
La iniciativa europea sobre el establecimiento de las condiciones financieras de una verdadera política de acompañamiento en el ámbito de ayuda a las familias y a la escolarización de los niños es igualmente una idea estimulante, que la Comisión tendrá naturalmente que examinar. 
El verdadero obstáculo no es técnico sino, ante todo, político. El instrumento- sistema de preferencias generalizadas -, existe y podría utilizarse ya, pero no se utiliza o, en cualquier caso, no suficientemente. 
Desde el 25 de mayo de 1998, fecha de su adopción, solamente un país ha pedido los beneficios incitativos por la llamada cláusula social. 
Este país es Moldavia. 
Solamente hemos recibido esta petición. 
Moldavia es poco, pero es un pasito. 
Los otros países son reticentes a tomar la iniciativa y hay que establecer un diálogo político para eliminar esta reticencia que existe en muchos países terceros de vincular normas sociales y comercio. 
Hoy por hoy, todavía no hay un debate internacional que permita llegar a convencer a los países terceros que piden los beneficios del SPG de moverse en la dirección que todos queremos. 
Por otro lado, la cláusula social SPG tiene una cobertura geográfica insuficiente. 
Como usted sabe, nosotros habíamos propuesto en el Consejo ampliar la cláusula social. 
Sin embargo, el Consejo rechazó esta propuesta de la Comisión y, por una vez, demos al César lo que es del César y al Consejo lo que es del Consejo que normalmente no suele estar en este tipo de debate y, en consecuencia, siempre tiene que ser la Comisión la que asuma el coste de explicar estas cosas. 
Yo tampoco termino de comprender por qué el Consejo rechazó la propuesta de la Comisión, pero esta es una realidad. 
Nosotros pensamos que hay que apoyar a la OIT, que, como saben, en este momento, dentro de la propia OIT, está intentando aplicar una serie de mecanismos. El problema de los mecanismos de la OIT es que su alcance se ve limitado precisamente porque hay que poner de acuerdo a las tres partes. 
Yo he estado hablando con el Sr. Hansen y le propuse que, si la OIT lo deseara, podríamos convocar esta gran conferencia de Estados miembros, sindicatos y países terceros, al objeto de alumbrar precisamente elementos que motiven definitivamente para seguir esta política, y ellos los están estudiando. 
Creo que es bueno que la propia OMC, como usted señala en su informe, haya decidido modificar el artículo 20 y hacer de las normas sociales un criterio de acceso a la OMC. 
Esta es una cuestión que yo creo que merece discutirse dentro de la Unión Europea. 
Va a ser extraordinariamente delicada porque a usted no se le escapa que los Estados miembros están muy divididos sobre esta cuestión. 
En cuanto a la idea de someter la adhesión de los países candidatos a una condicionalidad específica relativa a los convenios de la OIT, ya está reflejada, en lo esencial, en el proceso de screening de los países candidatos. 
De hecho, lógicamente, un convenio de la OIT que ha sido suscrito por la Unión Europea o por sus Estados miembros cabe entender que es un elemento más del acervo comunitario y no creo que exista un problema particular para que los países candidatos o los que se quieran adherir finalmente terminen aceptando el mismo sistema general de la Unión Europea. 
Y luego, por último, tengo que decir que este es un debate que va a durar mucho. La Comisión, como les he dicho, comparte los criterios que hay en el informe Sainjon. 
Reconozco que estamos avanzando pasito a pasito, pero es la buena filosofía. 
No puede haber otra. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0372/98 del Sr. Danesin, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM (97) 0453- C4-0020/98) relativa a las asociaciones entre los sectores público y privado en los proyectos de la red transeuropea de transporte; -A4-0375/98 del Sr. Jarzembowski, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre el Libro Verde de la Comisión (COM (97) 0678- C4-0022/98) sobre los puertos y las infraestructuras marítimas; -A4-0413/98 de la Sra. Langenhagen, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la Comunicación de la Comisión (COM (98) 0029- C4-0188/98) «Hacia una red transeuropea de posicionamiento y navegación» -Incluye: Una estrategia europea para el desarrollo de un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS). 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en primer lugar, quiero dar las gracias como ponente por la colaboración colegial en la Comisión de Transportes y Turismo. Tras intensas deliberaciones entre los diputados individuales y entre los Grupos el informe fue aceptado por unanimidad en la comisión. 
Por consiguiente, se ve que en los comités especializados sigue existiendo una buena colegialidad y cooperación a pesar de todas las cuestiones que quizá se discutan hoy y mañana aquí en la Asamblea. 
En este sentido, muchas gracias a mis colegas. 
En nuestro informe hemos emitido nuestra opinión sobre el Libro Verde de diciembre de 1997. 
Hemos sido relativamente rápidos y hemos intentado recoger todas las informaciones existentes del ámbito de la economía portuaria y de los sindicatos. 
Por consiguiente, en la Mesa Verde no sólo hemos intentado reflexionar y trabajar sobre el Libro Verde. 
Junto con la Comisión somos de la opinión- y esto era diferente antes en los círculos portuarios- de que, con independencia del respeto al principio de subsidiariedad, debería haber una política europea de puertos que fuera eficaz y de contenido delimitado. 
Esto fue discutible durante muchos años. 
Para nosotros existen dos objetivos primordiales de esta política europea de puertos. 
En primer lugar, debemos establecer, de una vez por todas, condiciones de leal competencia entre los puertos europeos. 
Hay que afirmar todavía que la competencia leal entre los puertos se ve distorsionada por las subvenciones regionales y nacionales y esto, precisamente, contradice muy profundamente los principios de un mercado interior europeo. 
En segundo lugar, somos absolutamente de la opinión de que en el sentido de una movilidad sostenible a largo plazo la Comunidad no debe hacerse accesible desde pocos puertos, sino desde la periferia, de una manera absolutamente descentralizada, de suerte que podamos evitar muchas vías terrestres pues deseamos poder transportar de manera compatible con el medio ambiente. 
Esto significa, naturalmente, que deberíamos fomentar de esta manera numerosos puertos pequeños o nuevos, pero al mismo tiempo esto debe realizarse bajo el principio de que no se atente contra la competencia leal entre los puertos. 
¿Qué significan de manera concreta estas dos afirmaciones en relación con nuestras exigencias a la Comisión? 
En primer lugar: la Comisión debería presentar, definitivamente, un estudio de transparencia sobre las condiciones de competencia entre los puertos y dentro de los mismos. 
He comentado ya que las subvenciones nacionales y regionales distorsionan la competencia. 
Pero de esa manera desfavorecen también a los puertos y a las empresas portuarias que por su propio esfuerzo han aumentado su eficiencia y quieren seguir siendo eficaces. 
Es preciso evitar el socavamiento de la eficacia mediante subvenciones indebidas, pero para ello es necesario que haya hechos sobre la mesa. 
Ustedes tienen un montón de hechos, pero ustedes no han redactado juntos todos los hechos ni nos los han presentado. 
A esto le damos nosotros la máxima importancia. 
En segundo lugar: con independencia del estudio de transparencia la Comisión está obligada a castigar ya ahora las violaciones de la competencia y a perseguirlas. 
Esto lo deberían hacer ustedes en mayor medida. 
Ustedes saben mucho, pero nosotros somos de la opinión de que para conseguir un tratamiento leal de todos los puertos y empresas portuarias necesitamos directrices sobre el subvencionamiento de los puertos y sobre el control de la competencia y esto no en el año 2001, señor Comisario, tal como se deduce del documento de su institución. 
En realidad, deberíamos haberlo tenido ya hace cinco años. 
Necesitamos directrices claras para que en determinados usos que se han instalado en este o aquel Estados miembro, se diga claramente: esto no puede seguir así. 
Hay que cambiarlo. 
Necesitamos una competencia leal. 
Los puertos y las empresas deben adaptarse a ella. 
Para estas directrices debe regir también que la financiación de las instalaciones de infraestructura de los puertos y del transporte marítimo debe subdividirse en tres categorías: los puertos públicos, las medidas de infraestructura, las cuales no necesitan ser declaradas ni controladas, porque no constituyen subvenciones estatales. 
Las medidas de infraestructura portuaria relativas a las empresas sólo dejarán de ser subvenciones si son refinanciadas perdiendo así todo carácter de subvenciones. 
En los demás casos están sometidas a la legislación específica sobre subvenciones. 
Las medidas de superestructura portuaria relativas a las empresas están sometidas siempre, en nuestra opinión, a la legislación sobre subvenciones y, en realidad, están prohibidas siempre; no quiero mencionar los casos de excepción. 
Para terminar quisiera hacer algunas peticiones a la Comisión: creen ustedes transparencia, procedan contra los delitos, pero no creen una nueva legislación, señor Comisario. Nuestra comisión es de la opinión de que nosotros- al menos en el momento presente- no necesitamos que se dicte una directiva sobre infraestructuras, tasas o terminales portuarios ni una directiva sobre el acceso de los servicios portuarios al mercado. 
Puedo decirles lo siguiente: los remolcadores holandeses han invadido Hamburgo, pero los remolcadores de Hamburgo han irrumpido en Amberes. 
Se funcionará sin nueva legislación cuando la Comisión apoye las fuerzas del mercado. 
Por consiguiente, pedimos a la Comisión que siga trabajando con arreglo a la antigua legislación. 
Ahórrense una nueva tarea legislativa; en cambio trabajen ustedes con la legislación sobre subvenciones y sobre la competencia, protejan los puertos que se esfuerzan por sí mismos y protejamos conjuntamente los otros, aunque el objetivo supremo debe ser el siguiente: ninguna distorsión de la competencia. 
Señor Presidente, señor Comisario, Georg, he escuchado con mucho gusto tu frase sobre los puertos pequeños. 
El GNSS nos permite satisfacer las crecientes exigencias a los condicionantes de espacio y de tiempo en nuestro ámbito laboral e incluso en nuestro ámbito de ocio. 
Lograremos una mayor eficacia en la infraestructura del transporte, aumentaremos, al mismo tiempo, la seguridad y reduciremos la sobrecarga del medio ambiente. 
Dicho con brevedad, con un GNSS europeo podemos crear en Europa un sistema global de transporte más eficaz y más ecológico. 
Mediante la técnica de satélites- por nombrar un par de ejemplos- aliviaremos en su trabajo a los controladores de vuelo y se logrará así, gracias a una ordenación del tráfico controlada por satélites, una mayor seguridad para los pasajeros en el transporte aéreo. 
En el sector del transporte por carretera pueden determinarse con exactitud las cargas y las posiciones de los vehículos industriales, lo cual permite una planificación más precisa de la logística de la distribución. 
Quizá la más conocida sea la utilización de la técnica de navegación por satélite en el ámbito de la navegación marítima y de la pesca, que al principio fue boicoteada, pero luego, evidentemente, utilizada. 
En el ámbito del tiempo libre los aficionados a la navegación a vela han equipado cada vez su barco con la técnica de navegación por satélite. 
El conjunto de las posibilidades de utilización parece ser ilimitado. 
Piensese también en el escenario, absolutamente posible, de que en el futuro muchos aficionados al alpinismo no podrán valerse más sin un sistema de navegación por satélite. 
Por consiguiente, en el caso del GNSS no estamos hablando de un logro técnico para unos pocos, sino más bien de un nuevo mercado para todos. 
En este momento podemos utilizar en todo el mundo dos sistemas de navegación por satélite, el norteamericano GPS y el ruso GLONASS. 
Pero estos dos sistemas implican algunas desventajas precisamente para nosotros, los europeos. 
Ambos sistemas están controlados estatalmente y están concebidos para fines militares. 
Básicamente los norteamericanos ofrecen su sistema sólo de manera limitada para fines civiles y de esto se sigue para los usuarios europeos un déficit notable. 
Este se advierte en una deficiente precisión en casos de alta probabilidad de errores técnicos y en unos periodos de espera demasiado largos en casos eventuales de caída del sistema, que ya se han producido. 
Esto significa que no hay ninguna garantía de que el sistema esté disponible de manera permanente. 
Mediante la coutilización del GPS norteamericano nos encontramos en una gran dependencia respecto de los norteamericanos y de su voluntad de transmitirnos la señal de forma más o menos completa. 
Aquí hay un enorme potencial de crecimiento para la investigación espacial europea, y ésta es también la oportunidad para Europa de poner coto a la competencia internacional y de responder a los principales proveedores. 
Incluso podemos constituir aquí una posición de liderazgo. 
De esta suerte, tras el GNSS se esconde realmente un enorme potencial de mercado y Europa puede ser quizá el primer proveedor civil en este segmento del mercado. Se ha dado el primer paso: se acaba de regular en un convenio una estrecha cooperación de las tres instituciones europeas, la Comisión, la Agencia Espacial Europea, AEE, y la Organización Europea para la Seguridad en la Navegación Aérea, EUROCONTROL. 
La estrategia de la UE consta de dos fases. 
Primero habrá que apoyarse en las señales mencionadas. 
Sin embargo, la precisión y la integridad de las mismas deberá ser mejorada mediante una infraestructura adicional, apoyada desde tierra y desde el espacio, que ya existe. 
Luego, en la segunda fase, se llegará a un sistema europeo independiente para uso civil o a un sistema de cooperación internacional con el mismo objetivo, algo que yo prefiero. 
La industria europea va a conquistar un vasto campo de actividad para el desarrollo de estas nuevas tecnologías en un mercado global innovador y en constante expansión. De esto dependerán también nuevos puestos de trabajo en el ámbito de los mercados para la investigación, el desarrollo, la industria de armamento y los servicios. 
Mediante el modelo de dos fases se hará expedito el camino hacia este nuevo mercado. 
Sin embargo, existe un problema, en concreto, la cuestión de la financiación. El sector público no va a asumir todos los costes de tal sistema y, en consecuencia, se necesitan algunos nuevos planteamientos más concluyentes y de mayor amplitud. 
Pensemos, siquiera, en lo que el Sr. Sisó acaba de exponer, es decir, el modelo de public private partnership, que seguramente tendrá que encontrar aplicación aquí. 
Así, pues, me dirijo a todos los actores de la política, de la industria y de los centros de investigación. 
Con el desarrollo de un sistema de navegación por satélite para Europa han de lograr un acceso igual a todas las opciones de una tecnología básica de la que no es posible prescindir ya en nuestro tiempo. 
Señor Presidente, señor Comisario, desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Económicos, celebro que nuestra opinión y nuestras sugerencias hayan sido tomadas en cuenta de forma decisiva en el Informe Danesin, y esto es lo importante. 
Sin embargo, quiero hacer un comentario general sobre el asunto de la public private partnership como tal. 
El objetivo de movilizar el capital privado para la financiación de las RTE ha fracasado de plano en el primer intento, hemos de decirlo. 
Ha fracasado por falta de atractivo, y a causa de los obstáculos administrativos, jurídicos y, también, políticos. 
En su día se argumentó que estos proyectos son razonables y necesarios y que el desarrollo urgente de proyectos transeuropeos de transporte es un absoluto non plus ultra. 
Naturalmente, estos proyectos fueron saludados también a causa de sus efectos positivos sobre la situación de la economía. 
Pero esto fue todo. 
Hoy quisiera añadir un aspecto adicional e indicar, precisamente en vista de la ampliación de la Unión Europea, que justamente ahora es necesaria la construcción urgente de las redes transeuropeas de transporte. 
Si queremos responder en cierta medida a las tasas de crecimiento de los países que aspiran a la adhesión, desde el punto de vista del medio ambiente es absolutamente necesario impulsar proyectos de transporte, pues de lo contrario se potenciarán tanto los problemas de la política de medio ambiente que no seremos capaces de hacernos con el control de nada, y esto en el centro de Europa. 
Por consiguiente, es necesaria una mejor coordinación entre el BEI y el FED así como también posibilidades de financiación a largo plazo con vistas al risk capital, a fin de hacer atractivos en un segundo intento los partenariados publico-privados. 
Por lo demás, es necesario mejorar el intercammbio y la delimitación entre el sector público y el privado y responder mejor a las necesidades de los socios. 
Sólo así, y con un mayor acopio de recursos públicos podremos poner en marcha mañana proyectos que hoy necesitamos ya con carácter urgente. 
Señor Presidente, la competitividad de Europa en el sector marítimo depende cada vez más del sistema de transportes y de servicios portuarios, ya que los puertos gestionan más del 90 % de los intercambios de la Unión Europea con los terceros países y cerca del 30 % del tráfico intracomunitario. 
De ahí, por tanto, la necesidad de adoptar políticas adecuadas sobre todo en lo que respecta a la defensa de la competitividad de la industria marítima europea que proporciona empleo a 2, 5 millones de personas, y a las perspectivas de cooperación con los países candidatos a la adhesión y los países de la cuenca del Mediterráneo que suponen un gran desafío para el próximo futuro. 
La aplicación de políticas para que el desequilibrio generado entre los puertos meridionales y los puertos septentrionales sea subsanado es una premisa fundamental, que no resulta evidente en la estrategia planteada en el Libro Verde. La Comisión de Investigación Desarrollo Tecnológico y Energía, que tengo el honor de presidir, estima que el camino a seguir es el de recuperar los costes reales de prestación de servicios portuarios y que las infraestructuras deben ser financiadas a través de los ingresos generados con las actividades portuarias; de hecho, la autofinanciación es indispensable para conseguir la transparencia en las cuentas de los puertos que es la condición previa para establecer la libre competencia. 
El Quinto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico ha tomado en consideración las problemáticas de los puertos, de las estructuras y de las tecnologías marinas y ha deparado especial atención al estudio de la movilidad sostenible, a la intermodalidad y a la investigación sobre los ecosistemas marinos sostenibles. 
Por último, la Comisión de Investigación apoya el proyecto del Consejo de Europa de crear una Agencia marítima europea que se encargue de promover la cooperación entre los centros de excelencia europea, la industria marítima europea y los órganos de decisión política que podría inspirarse en el modelo de cooperación EUREKA.