Todos preferiríamos poder renunciar a todo ello, pero a la vista de que en el mundo todavía quedan personajes como Sadam Hussein y otros de su calaña, a mi parecer no podemos permitirnos privarnos por completo, por así decir, de todas las posibilidades de defensa, mientras que Sadam Hussein no tiene ninguna prisa por imitar el buen ejemplo que podríamos ofrecerle llegado el caso. 
Yo no he leído en ninguna parte que ninguno de los países que actualmente todavía producen armas de destrucción masiva, incluidas minas antipersonas, esté dispuesto a plantearse la posibilidad de adherirse al Tratado de prohibición y de destruir dichas armas de destrucción masiva, en el supuesto de que se decidiera la suspensión de las pruebas subcríticas. 
Yo pido que vuelva a considerarse esta prueba. 
Creo que es conveniente comentarle a la Sra. Günther que el motivo de nuestras críticas es que precisamente no se ha podido comprobar que estos ensayos sean verdaderamente subcríticos. 
Esta afirmación se basa en informes procedentes de los investigadores en armamento nuclear más prominentes del mundo. 
Esto es lo que exigimos, es decir, que se suspendan las pruebas, y no que se compruebe si son subcríticas. 
Tenemos todo tipo de motivos para cuestionar estas pruebas. 
Los americanos seguirán teniendo armas nucleares, todas las potencias nucleares las seguirán teniendo, ¡pero desarrollar nuevas armas, eso sí que no van a poder conseguirlo! 
Señor Presidente, la Comisión respalda la labor realizada por la Unión Europea y participa en la misma para convencer a los terceros países que aún no han firmado o ratificado el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares de que lo firmen y lo ratifiquen. 
A este respecto, dentro de la Unión, todos los Estados miembros han iniciado procedimientos nacionales de ratificación rápida del Tratado. 
La entrada en vigor de dicho Tratado va a suponer, sin duda, una etapa crucial del desarme y de la no proliferación nuclear a nivel internacional. Y cualquier elemento que obstruyera dicha ratificación o cualquier retraso que pudiera producirse en cualquiera de las ratificaciones, como señalaba el Sr. Fabra Vallés, sería un gran motivo de preocupación. 
Este es el punto de vista de la Comisión a este respecto. 
Queremos una ratificación rápida y por todos del Tratado. 
Señor Presidente, yo antes le he pedido al señor Comisario que nos expusiera los proyectos concretos de la Comisión. 
¿La Comisión se propone presentar una propuesta al Consejo de " Asuntos Exteriores» sobre las posibilidades comunes de garantizar de manera verdaderamente eficaz el cumplimiento de la prohibición de las pruebas, dando por sentada la voluntad general de ratificación, también a escala mundial? 
¿Existe alguna propuesta concreta en este sentido, existe algún proyecto? 
¿Y cuándo se propone presentarlo la Comisión al Consejo? 
Señora diputada, yo estoy tan a favor como pueda estarlo usted de que se suspendan los ensayos nucleares, lo que ocurre es que difícilmente la Comisión puede hacer una propuesta porque, como ustedes saben, no tiene competencias para ello. 
No le he respondido por eso; si pudiera hacerlo lo haría pero, como ustedes saben, no tenemos competencias en esta materia. 
Muchas gracias, señor Comisario Marín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Inundaciones de Grecia- B4-0216/98 del Sr. Trakatellis y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las inundaciones ocurridas en el norte de Grecia e islas del mar Egeo; -B4-0226/98 de la Sra. Daskalaki y del Sr. Kaklamanis, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre las inundaciones ocurridas en el norte de Grecia y en islas del mar Egeo; -B4-0238/98 del Sr. Alavanos, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la catástrofe provocada por inundaciones en Grecia; -B4-0251/98 del Sr. Avgerinos y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre las inundaciones en el norte de Grecia y en islas del mar Egeo; 
Tempestad en Málaga- B4-0257/98 de los Sres. Galeote Quecedo y Hernández Mollar, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre los temporales ocurridos en la provincia de Málaga. 
Inundaciones en Grecia 
Señor Presidente, los días 2 y 5 de febrero unas catastróficas inundaciones de gran intensidad han arrasado diversas regiones de Macedonia oriental y de Tracia y también algunas islas del norte y del este del Egeo. 
Las aguas han causado la muerte a cuatro personas y heridas a muchas más. Edificios, vehículos, cultivos y diversas infraestructuras de esas regiones, como carreteras y puentes, han resultado afectados. 
Mediante la resolución queremos expresar nuestra solidaridad y profunda comprensión a las familias de las víctimas y a los habitantes de las regiones afectadas. 
También queremos instar a la Comisión Europea y al Consejo de la Unión Europea a que contribuyan a la reparación de los daños mediante una ayuda económica urgente. 
Creo que las catástrofes naturales, que desgraciadamente ocurren cada año en diversas regiones de la Unión Europea y que ahora han tenido lugar en Grecia, dan la oportunidad a las instituciones de la Unión, y a todos nosotros, de estar cerca de los ciudadanos afectados. 
Señor Presidente, el asunto de la catástrofes naturales se presenta muchas veces en el Parlamento Europeo, donde se llevan a cabo numerosos debates cada vez que un Estado miembro o, incluso, un tercer país se ve afectado por situaciones como, los incendios, los terremotos, u otras por el estilo. 
Esta vez las afectadas son regiones de Grecia y es natural que solicitemos a la Comisión y al Parlamento Europeo que expresen su apoyo a los afectados y aquí radica el problema. 
Porque siempre que, de forma unánime, decidimos que se debe ayudar a los afectados- y la Comisión está de acuerdo con las ayudas- y solicitamos reparar los enormes daños que a menudo se producen, votamos todas esas cuestiones de forma unánime, pero la ayuda queda frecuentemente en palabras, porque, a partir de ese momento, la cuestión pasa a ser competencia de los gobiernos interesados y, por supuesto, se detiene allí. 
Además de adoptar resoluciones concretas- para lo cual, evidentemente, no hay objeciones y por eso estamos desarrollando este debate- deberíamos elaborar, quizás en el futuro, otro modo más eficaz que nos permita no sólo expresar nuestro apoyo sino ser de verdad más eficaces. 
En este caso concreto han sido inundadas regiones enteras del este de Macedonia y de Tracia y de las islas del Egeo, entre otros lugares, y no sólo se han destruido bienes sino que se han producido víctimas humanas y daños astronómicos. 
Por lo tanto, es preciso algo más que una resolución urgente, es necesario que lo que votemos y decidamos se lleve a cabo.Probablemente, además de la petición legal de una ayuda que sea aprobada por la Comisión, ésta es una oportunidad para volver a reflexionar sobre todo el proceso y ver cómo podemos hacer que nuestras actuaciones sean eficaces. 
Señor Presidente, queridos colegas, señor Comisario, el intenso mal tiempo que afecta últimamente a diversos países de Europa y de todo el mundo es el resultado de la intervención irracional del hombre en el medio ambiente. 
Se han arrasado enormes extensiones boscosas, se han desecado lagos, se han rellenado cauces con escombros. 
La naturaleza avisa y a veces se venga. 
Esto mismo ha ocurrido en Grecia, donde la semana pasada hemos tenido una terrible catástrofe debida a las intensas lluvias. 
Han perecido personas, se han arrasado cultivos y se han perdido bienes que se habían conseguido con esfuerzo. 
Queremos expresar nuestra condolencia a los familiares de las víctimas y a todas las personas que se han visto afectadas por la catástrofe y queremos solicitar, señor Presidente, a la Comisión Europea que exprese su sensibilidad con actuaciones y conceda una ayuda económica lo antes posible. 
Tempestad en Málaga 
Señor Presidente, supongo que usted, como vecino de la zona aunque de otro país, estará informado de las fuertes lluvias y los vientos huracanados que hubo en la provincia de Málaga del 31 de enero al 5 de febrero pasado. Ello produjo cuantiosos daños a producciones agrícolas y ganaderas, infraestructuras agrarias y forestales y bienes patrimoniales de toda índole. 
Los daños ascienden a más de 21.000 millones de pesetas. 
Yo, en nombre casi diría que de toda la delegación española, sea del Grupo que sea, quiero pedir a la Comisión, a través de esta resolución, que se desbloquee una ayuda de urgencia para paliar los daños en la provincia de Málaga. 
Yo estoy seguro de que el vicepresidente Marín se va a tomar con el mismo interés el problema de Grecia que el problema de España, pero la verdad, Sr. Marín, es que en este caso le tenemos como nuestro abogado defensor. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión participa del dolor de las familias de las víctimas, tanto en Grecia como en Málaga, y lamenta los daños materiales sufridos, pero les puedo asegurar que me han puesto en una gran dificultad, porque el problema es que la línea presupuestaria relativa a ayudas urgentes a las poblaciones de la Comunidad víctimas de catástrofes ha sido suprimida del presupuesto comunitario precisamente a iniciativa del Parlamento Europeo. 
Entonces, resulta un poco dramático para la Comisión tener que recordárselo a ustedes y tal vez pedirles que, para el año que viene, la vuelvan a incluir en el presupuesto. 
Muchas gracias, señor Comisario Marín. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
(Se suspende la sesión durante 15 minutos, mientras se espera al turno de votaciones) 
A continuación se procederá a la votación de los temas de actualidad y urgencia más importantes. 
Durante la votación sobre el accidente causado por un avión en Italia: 
Señor Presidente, acerca de estas cuatro resoluciones sobre las inundaciones que hace tres cuartos de hora ha votado el Parlamento, se ha hecho una jugada a costa de la dignidad del Parlamento. 
Tras el esfuerzo y tiempo invertido, el trabajo y el esfuerzo del Parlamento para desarrollarlos durante más de media hora, se ha levantado el Comisario competente, el Sr. Marín, que sin ser cínico, pero con cinismo, nos ha dicho que todo eso no valía un céntimo porque la línea del presupuesto que preveía indemnizaciones para ayudas ha sido suprimida y de ello es también corresponsable el Parlamento. 
Planteo el problema a modo de pregunta. 
En este caso ¿por qué los servicios han admitido que presentáramos resoluciones que están fuera de lugar? 
Además, cuando no se había suprimido dicha línea de presupuesto, esas ayudas eran inexistentes, muy limitadas o no alcanzaban su objetivo. 
Ahora nos dice, con cinismo, que no están previstas. 
¿Por qué se ha hecho esa pantomima en la Asamblea? 
Señor Presidente, no planteo la cuestión de manera personal, ni por egoísmo nacionalista. 
Hoy se trata de Grecia, mañana se puede tratar de otros países. 
¿Representaremos continuamente la misma pantomima? 
En caso de que dicha línea se hubiera suprimido no podemos aceptarlo y debemos, como Parlamento con competencia especial sobre el presupuesto, volver a recuperar dicha línea ya que es inaceptable que nuestros hermanos se vean afectados por inundaciones y otras catástrofes naturales y la Comunidad se esté tomando manzanilla. 
Señor Presidente, esta Asamblea debe saber que el Sr. Marín tiene razón: somos partidarios de eliminar esa partida del presupuesto. 
Este es uno de los motivos por los que el Sr. Avgerinos, su colega en la Mesa, está volviendo a examinar el sistema de las urgencias. 
O sea que no se trata de una novedad para la mayoría de nosotros. 
Lo ridículo es que seguimos presentando mociones para pedir dinero cuando no hay partida presupuestaria, y los diputados tienen que saber esto cuando presentan resoluciones. 
Presidente, nuestro colega griego tiene en parte razón. La Sra. Green también tiene sólo en parte razón. 
En la resolución sobre Grecia no pedimos dinero del Fondo para las catástrofes naturales, sino de los Fondos estructurales y por tanto no esos anteriores cinco millones de ecus. 
Eso lo primero. 
En segundo lugar, el martes por la tarde- pero quizá el informe que la Sra. Green ha recibido no haya llegado del todo biensu vecino de atrás, el que suscribe y cierto número de colegas, hemos acordado entre nosotros que solicitaríamos a la presidencia volver a examinar si en lo sucesivo tratamos estas resoluciones sobre los desastres y que regresaríamos con más detalle sobre este punto en la siguiente revisión de todo lo que tenga que ver con las urgencias. 
Las posibilidades griegas siguen existiendo. 
Efectivamente, antes de la votación he tenido que explicar, particularmente al Sr. Ephremidis- y creo que lo he hecho de una manera muy tranquila- que lamentaba tener que informarle- no he sido cínico, sino simplemente le he dicho la verdad- de que no podemos poner en marcha las ayudas por las catástrofes naturales porque la línea presupuestaria B4-3400 ha sido suprimida. 
En segundo lugar, en lo que concierne a los Fondos estructurales, hay otro problema, y es que el Reglamento de los Fondos estructurales no permite hacer pagos por catástrofes naturales. Y, en consecuencia, no hay base jurídica para hacerlo. 
Señor Presidente, yo ya había solicitado el uso de la palabra antes. 
Yo apoyo la intercesión del colega Ephremidis en favor de las víctimas de las inundaciones, pero no así su petición al Presidente para que no admita dichas resoluciones. 
A mi parecer, sería más conveniente que discutiésemos sobre la criminalidad realmente existente en los alrededores de nuestros edificios de Bruselas- no se aceptó celebrar un debate sobre este tema- en vez de debatir sobre una línea presupuestaria realmente inexistente. 
Yo creo que esta decisión no debe adoptarla el Presidente, sino la Asamblea. 
Señor Presidente, posiblemente ha habido un mal entendido o algún error de traducción. 
No he dicho que el Sr. Marín sea cínico, he dicho que " sin ser cínico» pero con cinismo, es decir, con frialdad absoluta, ha puntualizado que no lo prevé el presupuesto. 
Quiero comentar esto, Señor Presidente, porque en los 20 años que llevo en esta sala, no he ofendido jamás con mis comentarios a los colegas y mucho menos a los cargos del Consejo o de la Comisión Europea. 
Así concluye la votación sobre asuntos de actualidad y urgencia de importancia. 
Señor Presidente, sólo deseo poner en su atención que, a mi entender, no ha sonado el timbre para anunciar estas votaciones. 
He llegado con diez minutos de retraso. 
O, al menos, el timbre no se ha oído en todas partes. 
Porque tenía un compromiso, y he estado muy atento para oír el timbre. 
Debería haber mirado el reloj, pero considero que, teniendo en cuenta lo mucho que está en juego en los turnos de votaciones, sería bueno que alguien velara por que el timbre suene debidamente. 
Muchas gracias. 
Nos ocuparemos del asunto, pero su presencia quedará registrada. 
(Se levanta la sesión a las 17.50 horas, se reanuda a las 18 horas) 
Confianza en los medios electrónicos de pago (continuación) 
Se procede a la continuación del debate sobre la confianza en los medios electrónicos de pago. 
Señor Presidente, es posible tener muy presentes los intereses de los consumidores y permanecer, sin embargo, plenamente abiertos a las posibilidades que ofrecen los nuevos progresos técnicos. 
La señora ponente lo ha demostrado de manera convincente sacando a la luz del día en su informe los problemas jurídicos que plantea la Comunicación de la Comisión, como por ejemplo el tema, que hasta ahora no se ha resuelto de manera satisfactoria, de la definición de los instrumentos de pago incluidos en la Comunicación y en la directiva que deberá elaborarse. 
¿Deben incluirse sólo los servicios de pagos físicos o también los servicios de telepago, a través de Internet, por ejemplo? 
También son igualmente urgentes los problemas de la responsabilidad, prioritarios para el consumidor, que la ponente examina exhaustivamente. 
Yo considero urgente una respuesta de la Comisión sobre ambas cuestiones, también con vistas a una posible directiva. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos adoptó por unanimidad el informe de la colega Thors. 
Sería deseable que la Asamblea pudiese hacer otro tanto, en interés de los consumidores y en interés de la modernización de nuestros servicios de pagos. 
Señor Presidente, mis queridos colegas, el excelente informe de la Sra. Thors aborda con determinación un ámbito sumamente nuevo y complejo en el que la psicología tradicional del consumidor ocupa el lugar que le corresponde. 
La economía de mercado actual aún está basada mayormente en la apreciación física que hace el consumidor de la materialidad de la moneda y la calidad del comerciante. 
Apreciación que continúa determinando en buena medida la confianza del consumidor, con actitudes, por otra parte, que difieren bastante de un extremo a otro de la Unión Europea. 
Ahora bien, actualmente asistimos a una revolución que está zarandeando profundamente nuestra actitudes tradicionales, una revolución de la misma magnitud que aquella que, en otros tiempos, supuso la introducción de la moneda material, que sustituyó la economía del trueque por la economía de mercado. 
Hoy está claro que la moneda material está a punto de desaparecer para dar paso a un simple registro electrónico; se está desarrollando, sobre todo, lo que denominamos la " cibereconomía» , el comerciante desaparece para dar paso a una red de intercambios electrónicos que ya no está representada por la cara de millones de vendedores, sino por un puñado de multinacionales que se enfrentan al consumidor y que están fuera de su alcance. 
Este cambio despierta el recelo del consumidor, y es a él, por consiguiente, a quien debemos tomar en consideración si queremos establecer una nueva confianza en los procedimientos tecnológicos modernos. 
Dentro de unos años, como manifestaba el Presidente Clinton en su mensaje del 1 de julio de 1997, se intercambiarán de este modo cientos de miles de millones. 
No basta, por tanto, con que nos ocupemos de organizar la protección del consumidor en lo relativo al dinero electrónico, en primer lugar, debemos crear las condiciones de emergencia en un marco jurídico propio que permita la competencia en la provisión de los procedimientos de intercambio, y establecer las reglas que impidan la creación de monopolios de provisión de sistemas de programación y de servidores a través de procedimientos discriminatorios. 
Algunas sociedades, en efecto, ya están buscando la forma de controlar esta " cibereconomía» incipiente. 
Muchos palidecen ante el éxito de un Bill Gates, por ejemplo. 
El poder de estas sociedades escapa ya al alcance de la mayoría de nuestros gobiernos. 
Los Estados Unidos parecen ser los únicos que quieren establecer las reglas que ya son necesarias para atender al mismo tiempo lo mejor posible a los intereses de las sociedades norteamericanas. 
Pues bien, la Unión Europea debe asumir su categoría de gran potencia económica mundial. 
En nuestra opinión, debe establecer una directiva que defina, que clasifique, que normalice y que jerarquice los procedimientos de intercambio. 
Será éste un primer paso decisivo en la introducción de un derecho de la competencia en este ámbito nuevo y en el establecimiento de la confianza del consumidor en las nuevas tecnologías. 
En este espíritu, el Grupo de Coalición Radical Europa apoyará el informe de la Sra. Thors. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera expresar mi satisfacción por el informe y poner de relieve sus numerosos elementos positivos. 
En primer lugar, el informe coincide con la política de la Comisión en el ámbito de los nuevos medios de pago, incluidos los electrónicos. 
Así, la Comisión considera también conveniente evitar que se impongan requisitos administrativos innecesarios que obstaculicen la innovación, el crecimiento y la competitividad en el sector. 
Por ello, ante la llegada de esta nueva generación de productos- particularmente el dinero electrónico -, que todavía se encuentra en una etapa relativamente temprana, la Comisión decidió proponer una recomendación no vinculante. 
Antes de finales de 1998 la Comisión llevará a cabo un estudio que analice el grado de aplicación de los principios comprendidos en la recomendación. 
Si resulta que dicha aplicación es poco satisfactoria, propondrá una directiva. 
Huelga decir que la Comisión mantendrá informado al Parlamento de la evolución de este asunto. 
En segundo lugar, la Comisión está de acuerdo con el principio según el cuál en el sector debe imperar una economía de mercado libre y abierta, como dispone el Tratado, y que, por lo tanto, no debe en principio regularse indebidamente. 
En tercer lugar, la Comisión considera que los principales objetivos deberían ser aumentar la confianza y la aceptación del consumidor respecto a los medios electrónicos de pago así como promover el mercado único y fomentar el comercio electrónico en este área. 
La Comisión considera, en cuarto lugar, que para que el mercado único funcione a pleno rendimiento y se desarrollen el comercio electrónico y la sociedad de la información es necesario que los productos de dinero electrónico y los pagos electrónicos sean solventes, fáciles de utilizar, eficaces y seguros, tal como ha subrayado la Comisión en su comunicación relativa a una iniciativa europea de comercio electrónico. 
Finalmente, la Comisión estima que unos productos de dinero electrónicos transparentes y seguros facilitarían el paso a la moneda única, especialmente durante el periodo transitorio. 
Quisiera hacer a continuación, señor Presidente, algunas observaciones sobre el seguimiento que se piensa dar a la comunicación y al informe del Parlamento. 
Como se anunciaba en la comunicación, la Comisión está dispuesta a preparar iniciativas en el ámbito de los nuevos medios de pago con el fin de promover el comercio electrónico y la sociedad de la información. 
A este respecto, la Comisión emitió una recomendación en julio de 1997 en la que señalaba que la transparencia, la responsabilidad y la compensación por daños son los principios que deben regir las relaciones entre el emisor y el usuario de un instrumento de pago. 
Y para el futuro, la Comisión tiene la intención de esclarecer la aplicación de las normas de competencia comunitarias en estos mercados con el fin de lograr un equilibrio entre un nivel de interoperabilidad adecuado y una competencia sana y vigorosa y de presentar una propuesta de directiva sobre la emisión de dinero electrónico cuyo objetivo sería garantizar la estabilidad y la solvencia del emisor de los productos de pago, porque pensamos que esto servirá también para impulsar la confianza del consumidor. 
Por otro lado, para responder a una solución específica del Consejo Europeo de Amsterdam, la Comisión está estudiando también diferentes posibilidades en el ámbito del fraude y la falsificación de los medios de pago, incluido, naturalmente, el dinero electrónico. 
Finalmente, como se subraya en el informe, la Comisión tiene la intención de estudiar iniciativas específicas en el ámbito del sector electrónico digital cuyo objetivo sería establecer un marco comunitario en este ámbito y suprimir así los obstáculos dentro de la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0033/98) del Sr. Crowley, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados de la segunda fase de SLIM (simplificación de la legislación en el mercado interior) y el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la primera fase. (COM (97) 0618- C4-0660/97) 
Señor Presidente, en ausencia de mi colega el Sr. Crowley, quiero ante todo que conste en Acta su agradecimiento a la Secretaría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos por la ayuda y asesoría en la preparación de este segundo informe SLIM. También da las gracias a los otros redactores por sus agregados al texto. 
El Sr. Crowley también desea que haga constar su reconocimiento a la Comisión por haber aceptado algunas de las preocupaciones del Comité con respecto a la consulta previa. 
Estoy seguro de que es obvio para todos los diputados de este Parlamento que cuanto más sencilla y más accesible hagamos la legislación, tanto mayor será la oportunidad de que los negocios y el comercio se expandan, lo que redundará a favor de un mayor crecimiento y más empleo. 
Debemos tomar en serio nuestras responsabilidades según los Acuerdos, para no imponer cargas administrativas o financieras innecesarias a las pequeñas y medianas empresas, que se reconocen como el motor más potente para la creación de empleo. 
En el informe se mencionan específicamente distintos campos: la extensión del alcance de las acciones SLIM hacia el área agrícola; el uso de un lenguaje más directo y sencillo; también se señala que la codificación es una herramienta útil para mejorar la situación: por ejemplo, que se reduzcan a una sola las 16 directivas sobre fertilizantes. 
El informe también recomienda que los Gobiernos de los Estados miembros establezcan equipos SLIM, en vista de que hay pruebas de que algunas de las trabas del mercado interior resultan de que no se aplique o no se transponga la legislación de la UE. 
Se sugiere que la duración de los equipos SLIM se amplíe a un mínimo de seis meses y que la tercera fase de SLIM se dedique a la libertad de movimiento y a la seguridad social de los trabajadores migratorios. 
También tendría que ocuparse de la salud y la seguridad en el trabajo y de la compra por parte del sector público de sustancias peligrosas y de las directivas sobre el mantenimiento de esas sustancias. 
Para la cuarta fase, el ponente sugiere una directiva sobre maquinaria, una directiva sobre gestión ecológica de desechos, una directiva sobre equipamiento en telecomunicaciones, una directiva sobre compatibilidad electromagnética y la aplicación de controles de contaminación. 
Por último, como sabrán Sus Señorías, muchas veces los Estados miembros utilizan a la Unión Europea a modo de chivo expiatorio para la aplicación de la legislación nacional impopular. 
Esta práctica debe desaparecer y los funcionarios del Parlamento Europeo deben combatirla con firmeza en cada uno de los Estados miembros. 
El ponente me ha pedido que recomiende este informe a la Asamblea. 
Señor Presidente, empiezo por pedir disculpas en nombre del ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
Como al Sr. Hyland, me han pedido que intervenga, y se diría que el Sr. Hyland y yo somos los padrinos de este informe en el Parlamento Europeo, mientras sus verdaderos padres están en otro lugar. 
También quiero hacer notar el éxito con que la Presidencia de Luxemburgo puso en marcha el programa SLIM. 
Como diputado británico, creo con optimismo que la Presidencia británica puede mantener el impulso que originalmente dio la de Luxemburgo, y que tendrá que ser conservado a través de las sucesivas Presidencias austriaca y alemana, porque queda mucho por hacer en este campo. 
Este asunto representará una mejora en los negocios. Como la acción del mercado único lo puso en claro, constituye una parte esencial para completar ese programa. 
Cuando se reduce el papeleo y cuando se simplifican las normas burocráticas, las cosas se vuelven mucho más claras y más fáciles para los negocios y para su desarrollo dentro del mercado único. 
Será una gran ayuda para la pequeña y mediana empresa, que debe gastar proporcionalmente más dinero para cumplir con la legislación nacional y la de la UE, cuando esta última está transpuesta. 
En particular, hay que disponer de más dinero para la simplificación de ciertos textos complejos en el momento en que llegan a la lengua correspondiente a los respectivos Estados miembros. 
También se promoverá con este programa el fortalecimiento de la actividad económica, lo que será muy bueno para el mercado único, porque el resultado ha de ser un aumento de puestos de trabajo. 
Algunos de los primeros ejemplos de las áreas que se abarcan son, en especial, directivas que pueden codificarse en una sola: por ejemplo, en el caso de los fertilizantes o, asimismo, en la maquinaria, en la gestión ecológica de desechos, en el equipamiento de telecomunicaciones y la compatibilidad electromagnética del equipamiento eléctrico y, por supuesto, en el control de la contaminación. 
El otro asunto que hay que tratar con eficacia es la transposición. 
Gran parte de la legislación, cuando se transpone al nivel de cada Estado miembro, se convierte en algo muy pesado. 
En parte, esto se debe a la complejidad del texto original, pero creo que sobre todo se deriva de la interferencia burocrática a nivel nacional, pues los funcionarios quieren incluir elementos de su propia interpretación de las leyes, a la vez que sus propios proyectos favoritos en la legislación nacional. 
El programa SLIM pretende reducir el apetito de legislación de los burócratas y proponer otra legislación general que brinde un marco sano para la actividad del mercado único. 
Un mercado único sano es el que creará puestos de trabajo y, por lo tanto, recomiendo ante esta Asamblea el informe del Sr. Crowley. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo político, yo deseo expresar, aun en su ausencia, mi más sincero agradecimiento al ponente por su informe y por su compromiso continuado en favor de la iniciativa SLIM. 
Dicha iniciativa recibió el apoyo de todos los Grupos políticos en la Comisión de Asuntos Políticos y Derechos de los Ciudadanos del Parlamento, prácticamente sin objeciones salvo por algunas pequeñas diferencias. 
Aunque los trabajos realizados en el marco de la iniciativa SLIM puedan parecer muy técnicos y detallados, no debemos dejar de tener presente en todo momento que se trata de un proyecto fundamental para la aceptación de la Unión Europea por parte de sus ciudadanas y ciudadanos. 
Por grande que sea el entusiasmo en favor de Europa, cuando la vida cotidiana se ve condicionada, sobre todo en el caso de las empresas, por normas incomprensibles, incontables formularios estadísticos y complicados procedimientos de liquidación del IVA, hasta el mayor entusiasmo se trueca en desánimo y mal humor. 
Más allá de estos problemas de aceptación y de los costes asociados al cumplimiento de algunas disposiciones- y con frecuencia no se trata de normas comunitarias, sino precisamente de las normas nacionales -, también debe preocuparnos garantizar y mejorar la seguridad jurídica en Europa. 
Un aspecto absolutamente fundamental de la seguridad jurídica es que las normas legales sean comprensibles y que sea posible cumplirlas. 
Las iniciativas desarrolladas hasta ahora por la Comisión son, sin duda, muy de agradecer, pero todavía se quedan demasiado cortas y son excesivamente lentas. 
Por consiguiente, no puedo dejar de apoyar al ponente en su petición de que se acelere y se amplíe el proceso de simplificación de la legislación y que la transposición de las propuestas elaboradas por el equipo de la iniciativa SLIM sea más rápida. 
Un ámbito muy idóneo para cosechar muchos éxitos en este terreno sería sin duda el de la agricultura. 
No obstante, cuando nos quejamos de que la normativa es demasiado complicada, tampoco debemos perder de vista las causas más profundas de que así sea. 
Una de éstas reside sin duda en el hecho de que en muchas materias todavía se requiere la unanimidad del Consejo Europeo y aun en los casos en que ésta no es formalmente imprescindible se procura alcanzar un consenso lo más amplio posible. 
Para contentar a todos o al mayor número posible deben establecerse excepciones a las excepciones y regulaciones muy casuísticas. 
Yo creo igualmente que también en el Parlamento Europeo, en su calidad de colegislador, tenemos que aplicarnos la crítica y respetar más a menudo el principio de que " en la brevedad está el mérito». 
Para acabar, yo quisiera proponer, por lo tanto, que el Parlamento cree un instrumento que nos permita comprobar si no podríamos formular nuestras propuestas legislativas en términos más sencillos y comprensibles. 
Señor Presidente, Señorías, yo acojo con la máxima satisfacción las actividades de la Comisión en el marco del programa SLIM, que se inició ya en 1996. 
El informe que ahora se presenta constituye un paso más para mejorar y simplificar el Derecho comunitario, aun cuando sólo se trate de un pequeño paso, a la vista de la enorme y urgente necesidad de simplificar la legislación que regula el mercado interior. 
Yo también quisiera, naturalmente, que el programa SLIM se concretase de manera más rápida y visible en resultados sólidos y comprensibles para todos. 
La serie de proyectos sujetos al procedimiento SLIM también contribuirán, por otra parte, subsidiariamente a ello. 
Yo desearía que dicho programa suponga una simplificación perceptible para las empresas medianas, pequeñas y muy pequeñas, pero también para las grandes empresas, y que contribuya a reforzar de este modo su competitividad y haga crecer el empleo. 
La revisión de Intrastat y el ámbito del IVA son objetivos que pueden dar realmente muchos frutos en este sentido. 
Yo desearía que el programa SLIM sea acogido efectivamente como un mecanismo beneficioso y que actúe como un incentivo para que los Estados miembros poden y aclaren de manera análoga su propia legislación, voluntariamente y llegado el caso incluso dentro de un plazo establecido. 
Es necesario que nuestra legislación deje de aparecer como una expresión de un ciego afán regulador de Bruselas o de los burócratas nacionales. 
La legislación, con sus efectos todavía muchas veces inevitablemente gravosos para los ciudadanos y las empresas, no debe traspasar unos ciertos límites que puedan considerarse aún razonables. 
El destinatario de estos deseos y peticiones no puede ser, sin embargo, únicamente la Comisión. 
Los legisladores, el Consejo y el Parlamento Europeo, también han sido y son sus destinatarios. 
Desde el Parlamento Europeo tenemos que preguntarnos desde una perspectiva autocrítica: ¿cómo nos proponemos contribuir a la consecución del objetivo marcado? 
La lectura del proyecto de resolución que hoy se somete a votación resulta decepcionante si se le aplica la misma vara de medir, por lo que refiere a su claridad, legibilidad, rigor y concisión. 
No lo digo de ningún modo como un reproche al ponente, en absoluto. 
Se trata sobre todo de un resultado de nuestros procedimientos parlamentarios internos de votación, que muchas veces culminan con una sucesión de múltiples apartados inconexos. 
Esta constatación es absolutamente generalizable. 
Más allá de esta consideración, yo no alcanzo a ver qué sentido tienen los puntos 10 y 11, por ejemplo, en el contexto de la presente la resolución. 
Yo apoyo naturalmente sin reservas la petición de un estatuto de la sociedad europea. 
Sin embargo, los citados puntos 10 y 11 guardan, a mi parecer, poquísima relación con los objetivos del programa SLIM para la simplificación de la legislación existente. 
Si el Parlamento desea tener una intervención en el programa SLIM, tampoco me parece del todo justificado que, en los puntos 15 y 16, ésta se contemple ya en el contexto de las modificaciones concretas que deberá emprender la Comisión en el marco de SLIM. 
En su calidad de colegislador, debería concentrarse en la cooperación en el momento de las conclusiones, sin alargar el procedimiento previo. 
La iniciativa SLIM es un empeño que merece la pena. 
Yo quiero dar las gracias al ponente, a la Comisión y sobre todo al señor Comisario Monti por su perseverancia y me congratulo de que la actual Presidencia del Consejo conceda una importancia especialmente destacada al programa SLIM. 
Presidente, » slim» en neerlandés significa en inglés clever. 
Slim en inglés significa en neerlandés «delgado». 
Ambas calificaciones no son válidas para el programa que nos ha presentado la Comisión. 
Porque la Comisión todavía no ha cumplido su promesa. 
En verdad me parece una lástima que el Comisario Monti no esté aquí presente esta tarde, porque en realidad me hubiera gustado un compromiso más firme por parte de la Comisión del que ahora va a hacer realmente en serio tanto con la delegación de poderes como con la simplificación y con la consolidación de la legislación europea. 
Sólo tenemos un único ejemplo verdadero de consolidación. 
Es la legislación comunitaria de aduanas. Quien vea las partes gruesas que envuelven la legislación consolidada y quien sepa que la mayoría de las personas, instruidas de manera relativa y sencilla, deben trabajar con ella por toda la Comunidad, sabe que hemos fracasado en la simplificación y en la manejabilidad de la legislación comunitaria. 
Cuando vemos las tareas que nos ponemos a nosotros mismos en la legislación comunitaria; por ejemplo, la devolución de los documentos T en el plazo de quince días, y sabemos que más del 85 por ciento de esos documentos no estarán de vuelta a tiempo, ¿con qué tipo de legislación estamos tratando cuando sabemos que no se puede mantener? 
Si sabemos que cuando se trata por ejemplo de controles de horas de conducción y horas de descanso, que ahora, a principios de 1998, sólo disponemos de las cifras de 1993 y 1994, en las que cuatro Estados miembros tienen el atrevimiento de no entregar sencillamente cifra alguna y la Comisión que está aquí y dice: sí, vamos a simplificar, delegar poderes y mejorar la legislación, ¡yo quisiera ver de una vez por todas resultados de verdad! 
De eso deberá responder la Comisión. 
Señor Presidente, Sr. Wijsenbeek, yo diría que SLIM significa delgado en alemán- al menos es lo que veo escrito en las camisas que desgraciadamente hace ya tiempo que no corresponden a mi talla -, delgado también en el sentido de un " adelgazamiento» o estilización de las normas jurídicas y administrativas, que eran necesarios en toda Europa. 
El Ministro de Economía austriaco, coincidiendo con el representante británico del Consejo, ha señalado que éste será uno de los temas centrales de la Presidencia austriaca. 
Nosotros estaremos muy atentos para comprobar si la Presidencia austriaca del Consejo consigue superar la Ley de Parkinson en el segundo semestre de 1998, y por qué medios. 
También nos congratulamos ya desde ahora por los efectos positivos de la iniciativa anunciada por el Ministro de Economía austriaco, bajo el título: " Unas normas más adecuadas favorecen el empleo». 
SLIM es una iniciativa que permitirá continuar el camino iniciado y que puede impulsar la simplificación. 
La carga financieras de los costes burocráticos resulta sumamente elevada precisamente para las pequeñas y medianas empresas; limitarla simplificando la legislación es, por lo tanto, una necesidad. 
Sin embargo, el mandato general en favor de la Comisión que se propone en el punto 21 del informe constituye, a nuestro parecer, un traspaso de competencias que nosotros rechazamos. 
Aun así votaremos afirmativamente el informe, que nos parece excelente. 
Señor Presidente, señor Comisario, yo también me sumo gustoso, como es lógico, a las felicitaciones al Sr. Crowley por el trabajo verdaderamente excelente que ha realizado en favor de una simplificación administrativa en el marco del mercado interior. 
A la vista de las exigencias que también se imponen, en parte, a las pequeñas y medianas empresas en el contexto de las estadísticas coyunturales, uno tiene la impresión de que quienes idearon estas estadísticas desconocen la realidad y al parecer piensan que el precio que pagan los clientes está destinado a financiar la cumplimentación de formularios y no un producto. 
En resumen, se pide a las empresas algo que no pueden ofrecer. 
El resultado lógico es, sencillamente, que se pierden puestos de trabajo. 
No sería mucho mejor que el Estado, en vez de amenazar como de costumbre con penalizaciones a las empresas que no cumplan con su obligación estadística, estableciera por el contrario unos incentivos- en forma de primas, por ejemplo -, y en cualquier caso concediera a las empresas la libertad de presentar o no datos estadísticos en el marco de las estadísticas coyunturales. 
A las personas conocedoras de la historia, este sistema también nos recuerda inevitablemente, como es lógico, el tributo feudal medieval, si bien éste tenía la ventaja de que sólo obligaba a pagar un diezmo, mientras que ahora la aportación al Estado representa bastante más del 10 % del ingreso o del tiempo de trabajo la mayoría de las veces. 
Cuando, además, nos enteramos de que, como acaba de ocurrir en Austria, por ejemplo, el Ministro de Economía reflexiona en voz alta sobre la posibilidad de invertir la carga de la prueba en los casos de presunta evasión fiscal, cuesta hacerse una idea del coste adicional que esto supondría para las pequeñas y medianas empresas y las cifras astronómicas de paro en que se traduciría luego en Europa. 
En efecto, las pequeñas y medianas empresas son precisamente las que crean y mantienen los puestos de trabajo. 
En este sentido, el programa SLIM puede tener efectos realmente revolucionarios para el ciudadano europeo individual y yo espero que sus diversos padres y padrinos prosigan con constancia sus esfuerzos para impulsarlo y mantenerlo vivo. 
Señor Presidente, me pregunto cuánto tiempo vamos a poder seguir utilizando términos de alabanza sobre el programa SLIM. 
Estamos en 1998. 
El programa se lanzó en 1996, pero como ha dicho mi colega el Sr. Wijsenbeek, todavía no hemos visto una sola propuesta. 
Esta es la primera objeción seria. 
Me gustaría expresar una última advertencia: No hablemos más del programa SLIM antes de recibir unas propuestas concretas. 
¡Empiezan a cansarme todas estas " apologías del SLIM»! 
En segundo lugar, espero realmente que las señales le lleguen a la totalidad de la Comisión, es decir, que deseamos que estos principios se extiendan e incluyan toda la legislación dentro de la Comisión, puesto que esto también es necesario en esta institución. 
Además, me permito destacar lo que ha comprobado el Sr. Murphy a raíz de la consulta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y es que una de las propuestas presentadas en torno a SLIM con respecto al registro estadístico no es viable. 
Espero que la Comisión lo tome en serio y que vuelva a examinar este tema, ya que la propuesta nos llevaría a una burocracia por partida doble, nomenclatura doble para las empresas, y contravendría precisamente aquello en lo que todos mis colegas están de acuerdo en que hay que conseguir. 
Señor Presidente, Señorías, la iniciativa SLIM es muy importante porque despierta simpatía hacia Europa. 
La hace simpática porque está dedicada a examinar las posibilidades de simplificar las normas existentes y definirlas de manera más útil. 
Si se piensa que contamos con alrededor de 50.000 disposiciones relativas al mercado interior, puede apreciarse el alcance de la tarea que nos espera. 
Cuando se habla de nueva gestión pública, queda claro que la iniciativa SLIM debe cumplir un papel absolutamente fundamental en este sentido. 
En efecto, junto con el programa FICHE-IMPACT, cuyo objetivo es la simplificación de las nuevas disposiciones legales y su formulación de manera clara y comprensible para el ciudadano, el programa SLIM está pensado justamente para simplificar la legislación ya existente. 
Esto requiere, además, un sistema de evaluación que permita apreciar la evolución cuantitativa y cualitativa, en los diferentes ámbitos, o sea, unos criterios comparativos que nos permitan medir la eficacia de nuestro trabajo. 
El programa SLIM es necesario para que el mercado interior no se quede sólo sobre el papel y pueda convertirse también en una experiencia práctica. 
La simplificación y unificación de las disposiciones relativas al mercado interior no beneficia sólo a las empresas, ni mucho menos, sino sobre todo a los consumidores, ya que permite abaratar los productos. 
Las empresas podrán prestar mayor atención a la oferta de servicios y a la fabricación de los productos, en vez de dedicarse a rellenar estadísticas. En efecto, es posible obtener también de otras fuentes la documentación y los datos necesarios para elaborar las estadísticas. 
Ya comunicamos suficiente información a la Delegación de Hacienda, los bancos pueden medir el volumen de negocios, los organismos de la seguridad social reciben datos. 
Yo creo que tenemos algunas posibilidades de actuar en este ámbito. 
Yo propondría también que la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales, por ejemplo, dedique una mayor atención a estos problemas, pues cuando se alivia de una carga a la economía aumentan los puestos de trabajo. 
Señor Presidente, esto me parece un paso en la buena dirección, pero creo que hay que verlo desde una perspectiva mucho más amplia. 
Es bueno que se examine la legislación de sector en sector y que esto se extienda a varios sectores si fuera necesario. 
También está bien que se examine correctamente el grado que se dedica a los detalles, de modo que la normativa y la legislación de la UE se basen más en principios, mientras que los detalles se dejen más a los Estados miembros en cuanto a lo que se ha de cultivar, por ejemplo, si ha de ser pepinos, plátanos o fresas, de manera que podamos evitar estas discusiones. 
Tengo una seria objeción, y es que es cierto que empezamos a aplicar el principio del SLIM, que en sí mismo es excelente, pero no abordamos el problema grave: el de los continuos reglamentos nuevos de la UE. 
En 1992, fecha de la introducción del principio de subsidiariedad, había 8.050 reglamentos de la UE que afectaban a los Estados miembros. 
En 1996 la cifra era de 14.000, y sigue aumentando cada año. 
Se trata de una cantidad de nuevos reglamentos y detalles que hacen que el problema sea serio. 
Es aquí donde hay que empezar a trabajar dejando más principios a la competencia de la UE y más detalles a los Estados nacionales. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar al Parlamento el agradecimiento de la Comisión por el apoyo que ha prestado a esta iniciativa y, sobre todo, por la rapidez en emitir su dictamen, que va a permitir poner en marcha la nueva fase del programa SLIM en las próximas semanas. 
Ustedes saben que una de las prioridades de la Comisión es precisamente simplificar la legislación en el informe que se hizo sobre el Plan de acción para el mercado único bajo el lema «Legislar mejor». 
Este es un sentimiento que todos compartimos. 
La iniciativa SLIM viene funcionando, no sin dificultades, desde hace ya casi dos años. 
La Comisión lo reconoce aunque en general se ha realizado un considerable trabajo del que ya se empiezan a ver los primeros resultados tangibles. 
Tras completar con éxito dos ejercicios y con un tercero a punto de iniciarse, nos encontramos con cuatro propuestas legislativas sobre la mesa. 
En lo que se refiere a la próxima fase de SLIM y basándose en las peticiones de este Parlamento tras escuchar las opiniones de los Estados miembros y teniendo en cuenta los ámbitos mencionados en el Plan de acción para el mercado único, la Comisión ha seleccionado los siguientes sectores para que sean examinados en la fase 3 que comienza ahora: la Directiva sobre compatibilidad en electromagnética, los seguros y algunos aspectos de la legislación comunitaria sobre la seguridad social. 
Todavía no se ha efectuado la selección final para la fase cuarta pero actualmente consideramos que deberían incluirse el derecho de sociedades, una parte de la legislación medioambiental y un tercer sector, posiblemente de legislación sobre productos. 
En los próximos días los servicios de la Comisión van a presentar un documento de trabajo en el que se describen el alcance y los objetivos de los trabajos que se llevarán a cabo. 
Una de las principales preocupaciones de la Comisión, desde el inicio, ha sido, dentro del programa SLIM, mejorar y aumentar la transparencia de los trabajos para todas las partes interesadas, y comprendemos alguna de las críticas recibidas pero hay que pensar que se tiene que encontrar un equilibrio, de forma que los equipos SLIM puedan lograr su primer objetivo, que es la discusión entre las partes interesadas sobre la excesiva complejidad de la legislación actual en un entorno informal, y la preparación de recomendaciones de simplificación en un corto período de tiempo. 
Ello impide que todas las partes afectadas puedan participar directamente, aunque tratamos de garantizar que las consultas entre ellas sean lo más amplias posibles. 
En lo que se refiere a la solicitud de participación del Parlamento, la Comisión propone que los presidentes de los equipos SLIM les mantengan informados de los avances que se vayan realizando en el trabajo a lo largo del ejercicio y que la información disponible se remita al punto de contacto que ustedes designen en el Parlamento. 
Otra inquietud que ha sido manifestada es la necesidad de simplificar la legislación nacional relativa al mercado único. 
A la Comisión le gustaría mucho que se pudiera simplificar también la legislación nacional, para lo que haría falta, naturalmente, que los Estados miembros- porque ustedes han señalado que se decide por unanimidad- estuvieran también de acuerdo con objeto de simplificar la legislación comunitaria y la legislación nacional, pero no les oculto que esto es una tarea extraordinaria y se han empezado ya los trabajos pero esto, naturalmente, hay que verlo a largo plazo. 
La task force que se refiere al business environment también está analizando los avances realizados por los Estados miembros en la simplificación de la legislación nacional y tengo que señalarles que, hoy por hoy, la Comisión Europea no está en condiciones ni dispone de los medios, no solamente de hacer el trabajo de simplificación de toda la legislación comunitaria, que ya es suficiente, sino, suponiendo que los Estados miembros autorizaran a la Comisión a revisar toda la legislación nacional, de hacer esta tarea tan gigantesca. 
Y un último comentario respecto a algunas de las críticas recibidas. 
Yo creo que ésta es una cuestión de equilibrio porque en el procedimiento legislativo es responsable la Comisión, claro que sí, es responsable el Consejo, claro que sí, pero también es responsable el Parlamento Europeo. 
Yo estoy de permanencia esta semana y no les voy a contar qué tres días llevamos recibiendo toneladas de enmiendas. 
En consecuencia, yo creo que el programa SLIM, que en la versión inglesa quiere decir «fino y delgado» y en la versión holandesa quiere decir «listo y astuto» , si nos lo aplicamos todos seremos finos, seremos listos y seremos astutos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Estadísticas coyunturales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0047/98) del Sr. Gasòliba i Böhm, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, acerca de la propuesta de Reglamento del Consejo sobre las estadísticas coyunturales (COM (97) 0313- C4-0417/97-97/0171 (CNS)) 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, el tema de que tratamos, que es esta resolución legislativa sobre una propuesta de Reglamento del Consejo sobre las estadísticas coyunturales, tiene una dimensión técnica, pero también tiene una dimensión en función de la realización del mercado interior europeo y de la Unión Monetaria próxima con el euro. 
Cada vez más nuestra realidad económica a nivel de la Unión Europea ya sobrepasa lo que podría ser la simple operatividad de los Estados miembros porque, evidentemente, con el mercado interior, y sobre todo con la Unión Monetaria, será necesaria una orientación política en la política económica y en la política monetaria de la Unión y, por lo tanto, esta orientación se tendrá que basar en unas estadísticas que sean fiables. 
Esta propuesta de reglamento intenta asegurar la fiabilidad de estas estadísticas, es decir, que aquellos aspectos y aquellas magnitudes económicas con las cuales se tendrá que trabajar a nivel económico y monetario de la Unión sean comparables y fiables. 
Y ésta es la propuesta y la finalidad de este Reglamento. 
Para ello es significativo que haya habido dos tipos de consulta antes de hacer el presente Reglamento: una al Instituto Monetario Europeo, qué tipo de estadísticas necesita el Instituto Monetario Europeo- que es el embrión de lo que ha de ser el Banco Central Europeo- para orientar correctamente la política monetaria de la Unión, y otra a la Comisión, para ver en sus orientaciones económicas qué tipo de estadísticas coyunturales necesita, qué tipo de precisión hay que hacer y, por lo tanto, qué tipo de exigencias cabe establecer. 
Ello lleva a una serie de propuestas que están en la exposición de motivos. Once características diferentes, sobreindicadores mensuales de producción, información sobre los pedidos de las empresas, informaciones mensuales relativas a los stocks, la producción por actividad, por ocupación y horas trabajadas y, por parte de la Comisión, una serie de indicadores que hacen referencia a pequeñas y medianas empresas y a algún tipo de sectores específicos como la construcción y los servicios. 
Estos indicadores se establecen por unos tipos de módulos que permiten hacer esta comparación. 
En nuestra comisión se ha discutido sobre esta cuestión y ha habido un elevado consenso. 
Yo, como ponente, hice dos tipos de propuesta: la primera, que se tuviesen muy en cuenta los indicadores a nivel regional, entre otras cosas, porque hay regiones que tienen un peso igual o superior al de algunos Estados y, si se abandonaba esa dimensión regional, se perdía un tipo de indicador que, además, es muy necesario para la orientación de una serie de políticas de la propia Comisión Europea, por ejemplo en cooperación transfronteriza, en algunos aspectos de la aplicación de los Fondos estructurales, en el seguimiento de la evolución de la actividad económica, en la lucha por el empleo; y luego había otra mucho más técnica, que era la precisión de algunos módulos en referencia a la contabilización de, por ejemplo, el número de horas trabajadas por trabajadores a tiempo parcial, que es una de las cuestiones que ahora se están estudiando con más atención. 
En este segundo apartado hubo una serie de observaciones por parte de algunos colegas del PPE que hacían referencia al programa SLIM, es decir, no sobrecargar excesivamente a las empresas en el momento de tener que cumplimentar los cuestionarios de la estadística, y en la búsqueda de un consenso abandonamos este segundo aspecto. 
Hubo acuerdo en el resto y esto me permite, como ponente, expresar mi satisfacción porque las enmiendas que propongo al informe- aceptando la propuesta inicial de la Comisión, son propuestas o enmiendas que entiendo de mejora- recibieron el apoyo unánime de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, por lo cual presento un informe sin discrepancias a nivel de la comisión. 
Señor Presidente, un hombre o una mujer mal informados, un responsable mal informado y una sociedad mal informada reaccionan mal y no toman las decisiones acertadas. 
Esta perogrullada es válida, sobre todo, para los que toman decisiones en nuestra Unión Europea, que, si están mal informados o si las informaciones son erróneas y, sobre todo, si éstas no son comparables, corren el riesgo de tomar decisiones equivocadas, y ello, finalmente, en detrimento de los ciudadanos de nuestra Unión. 
Por ello, un reglamento relativo a las estadísticas coyunturales no es un asunto que solamente incumba a estadistas o técnicos, sino que reviste una gran importancia política. 
Es además la razón por la que nuestro Parlamento se ocupa de ello. 
Hacer un seguimiento de la evolución de las empresas que permita evaluar correctamente la evolución del mercado interior, definir las políticas monetarias, económicas, sociales e industriales reviste, efectivamente, una importancia política considerable, sobre todo en la fase de transición hacia la moneda única en la que nos encontramos. 
En la universidad aprendí que las estadísticas pueden ser el modo más sofisticado de mentir y que, en el fondo, sólo podemos confiar en aquellas que hayamos amañado nosotros mismos. 
Pero como en la Unión Europea debemos confiar en las estadísticas proporcionadas por quince Estados miembros, que conservan la responsabilidad de la recogida de datos, hay que fijar una normas, reglas y definiciones, indispensables para el establecimiento de estadísticas comparables. 
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el objetivo del reglamento y con la gestión propuesta por la Comisión. 
Aprobamos, especialmente, su afán de conciliar la carga que pesa sobre las empresas que deben proporcionar los datos, con el necesario aumento de información que satisfaga a la vez, por ejemplo, al Instituto Monetario Europeo y a las empresas. 
Como ponente sobre un aspecto del programa SLIM, relativo a las estadísticas de intercambio de bienes en el mercado único, sé que nos sentimos divididos, por una parte, por un afán de aligerar la carga de las empresas y, sobre todo, de las PYME, que deben proporcionar los datos, y por otra, por las necesidades de los usuarios, entre los que se encuentran las propias empresas que necesitan información, una información que algunas de ellas desean que sea muy detallada, porque es fundamental para las políticas comerciales y de inversión. 
Mostramos gran comprensión por algunas enmiendas al texto de la Comisión, en particular, en lo relativo a las estadísticas comparables, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, debido, naturalmente, a que las estadísticas coyunturales deberán abarcar en lo sucesivo no solamente el sector industrial, sino también el sector servicios. 
Sin embargo, no debemos exagerar y hay que garantizar que los datos recogidos a nivel regional puedan ser identificados en cuanto a su procedencia. 
Tampoco debemos exagerar en otro sentido, como hacen las enmiendas presentadas por los Verdes, que en lo relativo a las variables, sobrepasan lo necesario y lo que es de utilidad. 
No olvidemos que se trata aquí de estadísticas coyunturales que no están destinadas a sustituir a las estadísticas sociales ni a aquéllas sobre el mercado laboral. 
Quien mucho abarca, poco aprieta. 
Hay que garantizar la disponibilidad a corto plazo de unos indicadores que sean comparables a nivel de la Unión Europea, ni más ni menos. 
Lo superfluo es algo muy necesario, pero no es una fórmula que debamos seguir en este ámbito, y el ponente, a quien felicito, no lo hace. 
Le seguiremos. 
Señor Presidente, la posibilidad de disponer de datos estadísticos es de especial importancia precisamente en momentos como el actual. 
La introducción del euro también nos ofrecerá la oportunidad de observar detenidamente cómo evoluciona la situación económica y, sobre todo, la coyuntura. 
Por consiguiente, yo acojo con gran satisfacción el informe y también felicito al ponente, que ha realizado un excelente trabajo. También es motivo de especial satisfacción para mí que el informe señale que no se va a imponer una carga adicional a las PYME, sino que por el contrario nos proponemos aliviarla en el futuro. 
Para ello, tenemos que evitar una avalancha de papeles al estilo medieval- tal como ya se ha dicho antes- y procurar reunir, por el contrario, los datos mediante procedimientos lo más automatizados posible. 
Nuestro objetivo debería ser ofrecer el software electrónico-técnico adecuado, que permita introducir los datos en nuestros sistemas en el plazo más breve posible, de manera actualizada y directa. 
Cuando uno visita las empresas- yo mismo soy forjador y visito a menudo a mis clientes, que muchas veces me muestran estadísticas de 20 páginas que tienen que rellenar -, resulta comprensible la indignación de estas personas contra los estadísticos y contra Europa, que sólo les impone una carga de papeleo sin ninguna utilidad inmediata visible. 
Yo creo que realmente deberíamos intentar establecer un sistema de incentivos que permita disponer inmediata y rápidamente de los datos de manera automática, a ser posible vía modem, de manera que se evite el trabajo mecánico y un excesivo trasiego de papeles. 
En efecto, también para la Oficina Central de Estadística resulta enormemente gravoso tener que manejar toneladas de papel. 
Deberíamos encontrar otra solución inteligente y no engorrosa que ofrezca a nuestras empresas la posibilidad de presentar de manera sencilla dichos datos- a ser posible sin necesidad de incurrir en ningún gasto- y que a la vez nos permita obtener datos adecuados y exactos con vistas a un futuro realmente prometedor para Europa. 
Señor Presidente, no puede dejar de merecer el mayor apoyo la iniciativa adoptada por la Comisión encaminada a mejorar la comparabilidad de las estadísticas relativas a la evolución coyuntural de las empresas. 
Se trata de objetivos que cobran mayor importancia con la adopción de la moneda única y con la ampliación del mercado a consecuencia del actual plan de acción. 
Sólo así se puede tener la idea correcta y permanentemente actualizada de las evoluciones en curso, lo que permitirá adoptar las medidas de ajuste que sean necesarias. 
Se trata de una esfera en la que no podemos limitarnos al principio de subsidiariedad cuando principalmente con la Unión Monetaria no pueden dejar de asumirse responsabilidades en relación con el conjunto de la Unión. 
Por lo que se refiere al informe del Sr. Carlos Gasòliba i Böhm, al que felicito, parece deber merecer todo nuestro apoyo en especial en la defensa de una distinción más clara entre movimientos internos y externos y en la defensa de la presentación de estadísticas regionales. 
Se trata, por lo demás, de problemas en alguna medida vinculados, por lo que conviene conocer los movimientos fuera de la Unión, o fuera de la Unión Monetaria, entre los Estados miembros y también entre las regiones. 
Además de esos movimientos, sólo el conocimiento correcto y actualizado de todos los indicadores coyunturales en el nivel regional permitirá intervenir correctamente en relación con realidades tan diversas, por ser a veces mayores las diferencias de situaciones dentro de los países que entre los países. 
Por no hablar de la importancia de las diferencias de índole estructural entre las regiones, de las que no se ocupa el presente reglamento, pero donde hay también mucho que hacer con la responsabilidad y el apoyo de la Unión, velando por el rigor de una política que deberá tener una importancia cada vez mayor en una Europa más fuerte y más cohesionada. 
Señor Presidente, Señorías, el reglamento que hoy se somete a su consideración pretende facilitar a la Comunidad estadísticas coyunturales armonizadas para el conjunto de los sectores económicos. 
Las prácticas estadísticas nacionales en este ámbito difieren entre unos Estados miembros y otros, de modo que con frecuencia la información disponible o está incompleta o no es comparable. 
Mediante su Decisión de 18 de junio de 1992, el Consejo aprobó un programa para desarrollar las estadísticas de servicios y en particular del sector del comercio. 
La definición de nuevas políticas en relación con la economía, la competencia, los asuntos sociales y las empresas, exigen iniciativas y decisiones basadas- como decía el Sr. Gasòliba- en estadísticas. 
Además, resultan necesarias fuentes estadísticas completas y fiables para hacer un cálculo lo más exacto posible dentro del sistema de cuentas trimestrales. 
Por otra parte, nos vamos acercando a grandes pasos a la próxima etapa de la Unión Monetaria y el Tratado de la Unión Europea ha creado un nuevo usuario sumamente importante de estadísticas coyunturales, que es el futuro Banco Central Europeo. 
Y para aplicar una política monetaria eficaz y objetiva, es esencial que el BCE cuente con estadísticas coyunturales completas plenamente comparable entre los Estados miembros y que además se pueda disponer de ellas con rapidez. 
El proyecto de reglamento que estamos discutiendo sobre las estadísticas coyunturales pretende responder a todas estas exigencias. 
No obstante, las directivas anteriores se referían exclusivamente a los sectores de la industria manufacturera y de la construcción, mientras que el reglamento propuesto rectifica esta situación al incluir en su ámbito de aplicación todos los sectores y entre ellos los servicios y el comercio. 
Tengo que advertir que el reglamento propuesto no pretende satisfacer todas las necesidades de la Comisión y del Instituto Monetario Europeo- ya que ello supondría una carga excesiva para las empresas- sino que lo que pretende el reglamento es colmar las lagunas más obvias como, por ejemplo, las relacionadas con un asunto central que es el índice de precios al consumo. 
En lo que respecta a la mayor armonización de los resultados, el proyecto de reglamento establece por primera vez el nivel de desglose de los resultados y el plazo de transmisión de los datos. 
Los avances que han registrado las técnicas de recogidas de datos nos llevan a pensar que ahora ya es innecesario elaborar censos gravosos y exhaustivos, y el reglamento propuesto permite a los Estados miembros utilizar técnicas de muestreo y datos administrativos, ofreciéndoles así la posibilidad de limitar la carga impuesta a las empresas. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En cambio tenemos dificultades para aprobar la enmienda nº 8, puesto que en nuestra opinión resulta redundante a raíz de la adopción del Reglamento nº 322 del Consejo sobre la estadística comunitaria, en el que se precisan ya las normas de confidencialidad aplicables a todas las estadísticas comunitarias, el llamado secreto estadístico. 
En lo que se refiere a las restantes enmiendas, de la 9 a la 26, la Comisión estima que son estrictamente de precisión técnica y, dado que no queremos hacer algo excesivamente prolijo, las enmiendas implicarían tal vez que las empresas tuvieran que sufrir en sus trabajos normales. 
En consecuencia, aceptamos la parte más sustancial de las enmiendas propuestas por la comisión parlamentaria y por el ponente Sr. Gasòliba, con la diferencia que tenemos respecto a que consideramos que el secreto estadístico está resuelto ya en el reglamento anterior, y las otras nos parecen, sobre todo a Eurostat y a los servicios estadísticos de la Unión, que son precisiones excesivamente técnicas que crearían más problemas que beneficios. 
Gracias, pues, al Sr. Gasòliba y al resto de los miembros de la comisión parlamentaria por esta visión favorable que tienen respecto a algo que era necesario, que era dar seguridad, armonizar y darle más fiabilidad a las estadísticas coyunturales. 
Señor Comisario, ¿la Comisión está dispuesta a ofrecer un paquete informático que permita unificar las normas y las posibilidades de recogida de datos en todos los Estados participantes y posibilite su plena automatización? 
Me dicen los responsables de Eurostat que no habría ningún inconveniente. 
Y de hecho, el día en que entre en vigor este Reglamento, como todas las medidas del mercado interior, se alcanzará una armonización casi inevitable. 
Y no creo que haya ninguna dificultad con los avances técnicos, pues será posible tener acceso en tiempo real a cualquier tipo de estadística coyuntural que pueda ser registrada dentro del Eurostat. 
Señor Presidente, señor Comisario, si me permiten un breve comentario sobre la exposición de la posición de la Comisión que ha hecho el Sr. Marín, quiero mostrar, como es lógico, mi satisfacción por la posición expuesta y la aceptación de las enmiendas a que se ha hecho referencia. 
La enmienda 8 no recordaba el reglamento que he mencionado, pero seguramente hace redundante esta enmienda, y con respecto a las otras, mi posición como ponente también es contraria a que se acepten. 
Por lo tanto, mañana, a la hora de la votación mi recomendación será no votar a favor de ellas. 
Querría hacer mención a un tema en el cual hemos coincidido con el Sr. Comisario, que me parece que es muy importante tener en cuenta, que es el hecho de que habrá una política y una gestión monetaria por parte del Banco Central Europeo, y que esto nos obligará a revisar y analizar la precisión de las estadísticas coyunturales. 
Es decir, hay una política monetaria que, en la jerga de los economistas, llamamos fine tuning- es decir, el ajuste casi inmediato y muy preciso -, y el fine tuning no se puede hacer, evidentemente, si no se tienen unas estadísticas muy precisas. 
Por lo tanto, esto nos obligará a buscar este equilibrio entre no ejercer un peso excesivo sobre las empresas respecto de los datos necesarios, pero sin olvidar que el Banco Central Europeo exigirá una mayor precisión y, por lo tanto, tendremos que volver sobre este tema. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 7.05 horas.) 
Aprobación del Acta 
El acta de la sesión del jueves, 19 de febrero, ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, después de pasar las veinticuatro horas previas en agonía, mientras pensaba cómo debía votar acerca de Irak, me preocupó bastante ver que mi voto sobre la enmienda nº 12 quedaba mal registrado: voté en contra y no a favor de la enmienda nº 12. 
¿Se puede corregir, por favor? 
Señor Presidente, es cierto, tal y como el Sr. Habsburg-Lothringen y el Sr. Posselt dijeron ayer, que no ha habido ningún debate sobre la criminalidad en Bruselas, pero, no obstante quiero decir a los diputados que el Presidente Gil-Robles no ha expresado en su carta, " que estemos seguros de que, a pesar de todo, comparto su preocupación y que voy a tratar con las autoridades belgas para llegar a una solución satisfactoria en lo que respecta a la seguridad de los diputados y del personal del Parlamento europeo». 
Señor Presidente, como verá usted en el Acta de ayer, pregunté al Presidente en ejercicio que determinara si el ataque personal del Sr. Titley en mi contra, cuando me calumnió poniendo en duda mi salud mental, era una infracción del Reglamento de esta Asamblea, y ahora se lo pido a usted. 
Puede que usted comparta la opinión del Sr. Titley pero, por supuesto, confío en que, como buen guardián de las normas del Parlamento, pueda decirme si, ateniéndome al Artículo 108, tengo derecho a una intervención personal sobre esa respuesta. 
Sr. Kerr, es un asunto de interpretación determinar si el Sr. Titley puso en duda su salud mental. 
De la lectura de esa intervención no queda claro que ésa fuera la intención de sus observaciones. 
Señor Presidente, en el Acta se lee que pedí confirmación sobre si el Parlamento podría dar sus puntos de vista cuando se modifiquen las normas. 
Creo que ha habido bastante trabajo de edición, porque lo que dije fue que los cambios en las normas- pues considero que de eso se trata- tendrían que someterse a esta Asamblea para su confirmación antes de aplicarlos. 
Es una corrección muy importante. 
Señor Presidente, respecto al Sr. Kerr, todo lo que dije fue que ahora estoy convencido de que en el Reino Unido la asistencia pública ya no funciona. 
En nuestro país hay un dicho que asegura que si el sombrero te sienta bien, tendrías que llevarlo. 
¿Quiere hacer una intervención personal, Mr. Kerr? 
Señor Presidente, le doy las gracias por esta oportunidad. 
A modo de respuesta quiero decir que el hecho de que yo votara con seis de mis colegas del Grupo Laborista Británico y Diputados del Partido Laborista Independiente contra el bombardeo a Bagdad, mientras el Sr. Titley, con otros diputados laboristas británicos, votaba a favor del bombardeo a Bagdad, indica que mi salud mental quizá esté más vigorosa que la suya. 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
Señor Presidente, parece haber cierta confusión respecto a por qué no registré mi presencia en la última votación. 
El motivo es muy sencillo. 
No indico mi presencia cuando se produce una votación nominal insolidaria con usted y otros colegas que vienen de lunes a viernes con regularidad. 
En todo caso, los votos de los viernes son gratuitos. 
La votación nominal no cuenta en día viernes. 
Señor Presidente, en varias ocasiones esta semana se oyeron los teléfonos móviles en la Cámara, y fue particularmente embarazoso cuando estaba aquí el Presidente de Portugal. 
Me pregunto si los servicios no podrían poner carteles en las puertas de cristal para recordar a los diputados que desconecten sus teléfonos móviles antes de entrar en la Sala. 
Es fácil olvidarse de hacerlo y entrar, y con ese recordatorio se eliminarían estos inconvenientes en el futuro. 
Es una buena sugerencia. 
El ponente ha realizado bien su trabajo. 
No tengo nada que comentar con respecto a éste, pero pienso que los informes de este tipo no debe tramitarlos el Parlamento. 
Los diputados del Parlamento no tienen competencias en lo concerniente a (en el caso que nos ocupa) las estadísticas coyunturales, y esta es de todas formas una cuestión que debe remitirse a una autoridad y no a un parlamento. 
No creo que exista otro parlamento en el mundo que se ocupe de este tipo de cuestiones de detalle. 
Informe Thors (A4-0028/98) 
Existen muchos problemas relacionados con el rápido aumento de la utilización de los medios electrónicos de pago. 
El desarrollo tecnológico en este sector avanza con gran rapidez, y la legislación no puede seguirle el paso. 
Esto se aplica por ejemplo a las disposiciones en torno a la responsabilidad en casos de pérdida de tarjetas, y al incremento del comercio al detalle por Internet. 
No obstante, los ciudadanos pueden perder su tarjeta en otros países que no son los 15 de la UE, y la venta por Internet tampoco se limita a los países de la UE. 
Para conseguir una buena protección para el consumidor se requiere una normativa internacional. 
Informe Crowley (A4-0033/98) 
Hay que mejorar la calidad de la legislación de la UE y de la Comunidad Europea. 
La cuestión es sencillamente saber si SLIM constituye el método correcto para lograrlo. 
Exceptuando el uso de un lenguaje enrevesado, la incapacidad de hallar soluciones políticas a los problemas, además de unos compromisos de calidad insuficiente que dejan la legislación muy abierta a interpretaciones diversas, resumimos las críticas del programa SLIM desde los siguientes puntos de vista: 
La simplificación no debe ser un motivo por sí misma, si ello significa que se pone en peligro la seguridad jurídica y que se quita importancia a cuestiones complicadas. 
Sabemos en qué consisten los fallos reales de la legislación comunitaria, a saber: 
insuficiencias en la codificación, -referencias interminables a otras directivas, reglamentos, acuerdos y diversos tipos de normativas; cuando el contenido de las referencias además no siempre está bien coordinado con lo que figura en los textos a que se hace referencia esto lleva, aparte de que no es aplicable para el usuario, a problemas de aplicación e interpretación, -una indebida utilización de anexos, los cuales regulan partes esenciales de los ámbitos de reglamentación en cuestión, pero cuyo contenido a menudo pueden decidirlo otros comités de expertos sobre cuyas actividades nadie parece tener información o responsabilidad (véase el asunto de la EEB).En cambio, SLIM es en sí mismo una especie de régimen tecnocrático: un grupo de "expertos» , cinco de las administraciones nacionales y cinco de" representantes de aquellos que aplican la Directiva» (no se define quiénes son) , recortan una Directiva. 
Se considera que el resultado debe " tramitarse» rápida y ágilmente por parte del Parlamento y del Consejo. 
De hecho a mis colegas y a mí no nos ha resultado posible encontrar nada que necesite una simplificación siguiendo el modelo SLIM, exceptuando la Directiva de embalaje y de los residuos en relación con el embalaje. 
Posiblemente se pueden encontrar algunas más, pero lo que se necesita es una mejor legislación normal en lugar de nuevos procedimientos especiales. 
Sistema de recursos propios 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0041/98) del Sr. Bardong, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la propuesta de reglamento (CE, Euratom) del Consejo por la que se modifica el Reglamento (CEE; Euratom) nº 1552/89 del Consejo sobre la aplicación de la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (COM (97) 0343- C4-0395/97-97/0188 (CNS)) 
Señor Presidente, estimados colegas, como todos ustedes saben la financiación de la Unión Europea no se lleva a cabo ni con créditos ni con impuestos europeos, sino a través de los llamados recursos propios, sobre todo, aranceles y, una parte de los impuestos sobre el valor añadido así como una fracción del PIB. 
La Comunidad Europea establece el arancel común, pero la recaudación corre a cuenta de los Estados miembros y sus gobiernos. 
Los Estados miembros, debido a sus preceptos jurídicos y administrativos, tienen que acometer las medidas pertinentes para garantizar el establecimiento, registro, observancia y provisión de esos recursos propios. 
Por su trabajo administrativo también reciben a cambio un 10 % de los aranceles, que efectivamente corresponden al presupuesto comunitario. 
Los informes anuales del Tribunal de Cuentas hace tiempo que indican que la recaudación presenta claras deficiencias. 
También la Comisión de investigación sobre el fraude las transferencias ha descubierto importantes infracciones y abusos en el procedimiento de envío que todavía no han sido aclaradas satisfactoriamente. 
En el marco del SEM 2000 el Consejo Europeo de Madrid previó un fortalecimiento de la recaudación de recursos propios y la Comisión propone al respecto un reglamento que modifique el Reglamento 55/89 sobre el sistema de recursos propios y con ello pretende cumplir con ese objetivo. 
Se trata fundamentalmente de dos modificaciones. 
En primer lugar: hasta ahora en el reglamento sobre recursos propios no se había regulado el caso en el que la fijación de los recursos propios haya sido imposible a causa de un error de las autoridades aduaneras o que la declaración del importe de los aranceles no se haya transmitido a los deudores en tiempo debido. 
Los Estados miembros deben responder por estos errores solo atribuibles a ellos y a partir de un determinado volumen deben ser, también, restituidos. 
Estas cantidades podrían ser, con posterioridad y bajo determinadas condiciones, reclamadas por los Estados miembros. 
En segundo lugar, en los Estados miembros se condonan sumas pagaderas según prescripciones diferentes. 
La disposición de los Estados miembros ha facilitar información sobre estas condonaciones es marcadamente diversa. 
El Tribunal de Cuentas constató este hecho en 1995. 
Los Estados miembros precisan de cantidades que a causa de fuerza mayor, o por situaciones imprevistas o ajenas a su responsabilidad, no ponen a disposición de la Comisión. 
Pero la Comisión debe estar en disposición de juzgar la diligencia de los Estados miembros y dado el caso poder reclamar ciertas cantidades. 
Somos, por tanto, de la opinión de que la Comisión podría en este punto proceder de una forma más enérgica, en consonancia con nuestras resoluciones, quizá para el descargo de la Comisión en el presupuesto para 1995, y en consonancia con la posición del Tribunal de Cuentas relativa a esta propuesta de modificación. 
Este reglamento de modificación propuesto no constituye aun una aportación a la necesaria y por todos esperada reforma del reglamento financiero. 
Se trata únicamente del cumplimiento tardío de un elemento del reglamento financiero existente. 
En lo que respecta a la reforma del reglamento financiero, la Comisión continúa ocultándola en toda su extensión. 
En algunos Estados miembros se están preparando los frentes para la llamada discusión de los contribuyentes netos. 
Algunos Estados se quejan de que contribuyen al presupuesto comunitario en mayor cuantía de lo que pueden recibir. 
La Comisión tampoco hace nada para corregir públicamente esta falsa impresión, de que los Estados miembros deben recibir exactamente lo mismo que aportan. 
Muchos gastos comunitarios fluyen a terceros países o no son atribuibles claramente a un país determinado. 
Por ello, en ocasiones, los cálculos de las contribuciones netas parten de presupuestos erróneos. 
Los aranceles no deberían ser incluídos en los cálculos de las contribuciones netas, pues no son un rendimiento del país en el que se recaudan, son a lo sumo un rendimiento de los consumidores finales, que pagan el precio final, según las circunstancias, en otro país distinto. 
La Comisión ha rehusado constantemente hasta el momento hacer o publicar, a través del Parlamento o el Consejo, cálculos propios del orden de las contribuciones netas. 
Es por ello que la Comisión, en la situación actual de discusión en torno al reglamento financiero comunitario, también culpable. 
Ya es hora de que se informe mejor a este respecto a la ciudadanía. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, este informe del Sr. Bardong es un nuevo ejemplo de informe que, al tener un título tan horroroso, nadie lo va a leer. 
Será presentado en un día especialmente atractivo, a una hora especialmente atractiva y nadie va a tener constancia de ello, especialmente si nos ponemos todos de acuerdo y seguimos sin dudas, una a una, las propuestas del Sr. Bardong; y todos dirán: ¿qué ha pasado? ¿ha pasado realmente algo? 
No obstante el Sr. Bardong ha expuesto el problema básico. 
Se trata de los recursos propios de la Unión, de su gestión, de su correcta recaudación y su transferencia a la Unión. 
A pesar de que sean los estados miembros quienes lo recogen es nuestro dinero y no el suyo. 
Con relación a esto nunca está de más recordarlo y el trasfondo de la situación también lo ha descrito el Sr. Bardong. 
Respecto del informe hubo en la comisión un pequeño, pero interesante debate- sólo quiero hacer referencia al mismo. 
El debate no se desarrolló entre los estados miembros, sino entre éstos y la Comisión. Se trataba efectivamente de si se debía adoptar un determinado valor de umbral. 
La Comisión partía de 50.000 ECUs y nosotros de 10.000, como el Sr. Bardong ha propuesto. 
El argumento giraba en torno a la idea de que con un umbral de 50.000 en principio se abarca lo mismo que si se es tan meticuloso que se adopta 10.000 ECUs como umbral. 
Además tienen ustedes que tener en cuenta que esto es demasiado complicado. 
La administración es demasiado cara. No se trata ya de un cálculo de costes y beneficios, y alguna vez habrá que ver donde se deja de controlar; los controles se hacen demasiado caros. 
También se puede hablar de que la administración debería ser eficiente y que el cálculo de costes y beneficios debería ser igualmente importante en la administración. 
Apoyamos completamente esta idea. Pero con ello también se hace una señal determinada. 
Se dice con ello: lo que está por debajo de ese umbral no merece ni ser comentado. 
Sólo controlaremos cuando el control merezca la pena desde el punto de vista financiero. 
Así, pasamos por alto que algunas de las reglas que tenemos no se ponen en práctica porque merezcan la pena económicamente, sino porque con ellas deben ser conseguidos otros objetivos. 
Los aranceles no están ahí solamente para ingresar dinero, en cuyo caso debiéramos aumentarlos al máximo, sino que también son unos mecanismos de regulación. 
Nos protegemos, protegemos parcialmente a nuestra industria, protegemos nuestros estándares y cuando reducimos los aranceles lo asociamos a determinadas condiciones. Eso es política. 
No es contabilidad. 
En ese sentido si es importante qué estándares aplicamos para controlar la observancia de las prescripciones que, por ejemplo, se materializan en los aranceles. 
Es demasiado complicado controlarlo todo. 
Es demasiado costoso. 
Y si se trata de una determinada cantidad, pues borrón y cuenta nueva, tampoco nos fijamos tanto. 
Eso cuesta más de lo que beneficia. 
Además, żqué son en realidad 50.000 o 10.000 ECUs? 
¿Acaso son nuestras autoridades, incluyendo las autoridades fiscales de la Comunidad, tan indulgentes con sumas de 10.000 ECUs si se trata de los impuestos de un trabajador? 
Con 50.000 ECUs puede vivir una familia entera durante un año y 10.000 ECUs, żquién paga 10.000 ECUs de impuestos? 
¿Qué efecto tendría decir que no se pagan los impuestos? 
Es demasiado costoso perseguirlos. 
Eso cuesta más de lo que beneficia. 
Sería convincente; quizá pudiera verse de este modo- se que es una comparación injusta- y con ello llegar a otra conclusión. 
Señor Presidente, los recursos propios de la Comunidad se componen de la contribución correspondiente al producto nacional bruto, de la cuota proporcional del impuesto sobre el valor añadido y de los aranceles. 
Éstos últimos constituyen el elemento que se puede someter a mayores interpretaciones, ya que la Comunidad no dispone de mecanismos de control y se ve obligada a confiar plenamente en los mecanismos de vigilancia nacionales. 
Comparto la opinión del Sr. Bardong al no estimar justificado tampoco yo que se deban incluir estos aranceles como contribuciones netas de los Estados miembros. 
Por ejemplo, los Países Bajos ingresan considerables sumas en concepto de aranceles por tránsito y las incorporan a su contribución neta afirmando que paga dinero a la Unión Europea cuando, en realidad, no es así, ya que se trata de dinero de la Unión Europea por el que lo único que hace este país es rendir cuentas ante la Unión. 
Por este motivo, estos aranceles- abiertos a tantas interpretaciones- distorsionan también el pago de las contribuciones netas. 
De hecho, aun siendo radical, la mejor solución para solucionar este problema sería dejar de rendir cuentas a la Unión por el pago de aranceles, permitiendo que los propios países los ingresaran en sus arcas. 
Posteriormente, la Unión Europea recaudaría una cantidad equivalente en concepto de contribución proporcional al producto nacional bruto. 
Con esta medida, los países demostrarían un vivo interés por recaudar estos aranceles, ya que todo el dinero iría a parar a sus arcas. 
Además, de esta manera no podrían producirse abusos sobre si se recaudan y se rinde cuentas de los aranceles a la Unión Europea o no. 
Se solucionaría este problema, si bien, repito, se trata de una solución muy radical. 
El hecho de que los Estados miembros no recauden aranceles de conformidad con la normativa común no los beneficia en absoluto. 
No obstante, desde una perspectiva de común interés, resultaría justificado establecer normas para lograr que los Estados miembros sufrieran las consecuencias de sus negligencias. 
Los Estados miembros pueden intentar eludir sus responsabilidades por los errores que han cometido modificando su contabilidad. 
Por este motivo, este derecho de modificación no puede ser libre ni dejarse al arbitrio únicamente de los propios Estados miembros. 
Resulta especialmente oportuno dejar de investigar los derechos menores de modificación ocasionados por el aumento de los costes administrativos y pasar por alto pequeñas sumas resultantes de abusos. 
Lo importante ahora es prestar atención a las cuestiones de suficiente envergadura. 
Señor Presidente, como parte integrante de los trabajos enmarcados en el Sound and Efficient Management 2000, es necesario mejorar la gestión económica de los recursos propios de la UE. 
En este informe del Sr. Bardong, relacionado precisamente con los recursos propios de la UE, de cuya recaudación son responsables los Estados miembros, se dice que los Estados deben asumir una mayor responsabilidad por lo que se requiere en cuestiones de contabilidad, recaudación, etc. de los recursos, para garantizar que el sistema funcione. 
No obstante, existen fallos notorios en el sistema, lo cual ha demostrado entre otros el Comité temporal de investigación del Parlamento Europeo para la cuestión de tránsitos de aduanas. 
La propuesta de la Comisión de que los Estados miembros sean económicamente responsables por los errores administrativos graves que hayan cometido es lógica y bienvenida. 
No todo es culpa de la UE, aunque a menudo lo es. 
Este informe de carácter técnico no va a resolver todos los problemas, pero es un primer y sencillo paso en el buen camino. 
Es importante tomar nota de que al mismo tiempo que la Comisión intenta reforzar la legislación, la propuesta también contribuye a hacer la legislación aun más compleja, lo que no es tan encomiable. 
El Grupo de los Verdes apoya el informe en su totalidad. 
Personalmente pienso que la intervención del Sr. Seppänen sobre una reforma total es interesante y constituye una posibilidad que la Comisión debería examinar en el futuro. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores diputados, las propuestas de modificación a la propuesta de la Comisión sobre el fortalecimiento de las disposiciones sobre la administración de los recursos propios, contenidas en el informe del diputado Bardong, permiten reconocer el gran interés que tiene el Parlamento en el sistema de recursos propios y qué significado concede a una administración transparente de esos recursos propios. 
Respecto de las enmiendas presentadas, la Comisión tiene el siguiente punto de vista: aquellas enmiendas que apuntan a una simplificación de la redacción así como a un procedimiento más justo y transparente, serán aceptadas. 
Esto es válido, en primer lugar, para la primera parte de la enmienda número 1 que pretende precisar aquellos casos en los que los Estados miembros tiene responsabilidad financiera a causa de errores imputables a ellos y que conducen a una pérdida de recursos propios. 
En segundo lugar, para la parte de la enmienda número 2, que pretende clarificar bajo qué condiciones pueden dejar de cobrarse ciertas cantidades y cuáles de éstas pueden declarase no ejecutables. 
En tercer lugar, respecto de la parte de la enmienda número 4 que prevé que las cantidades condonadas y no aceptadas así por la Comisión sean registradas contablemente. 
Así mismo la Comisión cambiará el procedimiento de las condonaciones aprobadas por ella misma. 
En este caso la aprobación ya no será tácita, sino que deberá ser transmitida por escrito a loe Estados miembros. 
Por otro lado la Comisión no puede seguir al Parlamento ni en determinadas enmiendas ni en algunas partes de éstas. 
Esto es especialmente válido para la enmienda por la cual se quiere establecer un umbral de 10.000 ECUs para la notificación de condonaciones, es decir, la enmienda número 3. 
Si se aceptase esta enmienda se produciría un aumento enorme de la actividad administrativa en la Comisión. 
La propuesta de subir la cantidad a 50.000 ECUs supondría que se dejasen de controlar un 69 % menos de casos, pero que pero aun se diese cuenta del 90 % de los ingresos en juego. 
Sra. Wembauer, le tengo que decir que esto no significa que los casos por debajo de 50.000 ECUs queden sin control. 
Por supuesto que estos casos serán también controlados en el marco del resto de medidas de control. Sin embargo no deben ser incluídos en este procedimiento. 
Tampoco puede aceptarse una reducción del valor de umbral para los casos en los que las administraciones internas sean responsables financieramente, ya que acarreaba también un aumento desmesurado de la gestión administrativa. 
Este es un fragmento de la enmienda número 1. 
La enmienda número 5, en cambio, le parece a la Comisión un tanto superflua pues la información sobre las condonaciones está a disposición del Parlamento en el informe cuatrienal, es decir en el informe 19931996, y las correspondientes al año pasado en el informe que aparecerá, según la frecuencia aquí prevista, en el año 2000. 
La información relativa a los casos de fraude ya está contenida en el informe anual. 
La Comisión comprende la posición del Parlamento y la comparte totalmente, también respecto del sometimiento de los recursos propios de la Comunidad a un control exhaustivo y preciso. 
Pero también solicita su comprensión para tener en cuenta una relación costes beneficios razonable. 
Para concluir la Comisión reitera su agradecimiento al Sr. Bardong por su informe. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
No puedo dar mi apoyo a este informe. 
El ponente rechaza el límite de la Comisión de 2.000 ecus, y en su lugar desea mantener el límite no oficial de 10 ecus. 
No obstante esto significa, en mi opinión, que una cantidad exagerada de pequeñas diligencias (sin importancia económica) habrán de tramitarlas las autoridades nacionales. 
El coste de este aumento de la burocracia no lo compensan en absoluto los ingresos. 
La Unión no debe mostrarse mezquina en sus relaciones con las autoridades nacionales. 
Financiación del desarrollo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0050/98) del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el proyecto de Reglamento financiero aplicable a la cooperación para la financiación del desarrollo con arreglo al Cuarto Convenio ACP-CEE modificado por el acuerdo de 4 de noviembre de 1995 (COM (96) 0676- C4-0101/97-96/0307 (CNS)) 
Señor Presidente, éste es uno de esos informes de viernes por la mañana, en el que no hay enmiendas, que ha pasado por Comisión con tranquilidad y, supongo, por el nadie va a perder el sueño. 
Me resulta interesante verme apoyado por el Sr. Falconer, porque ayer miré el registro de votaciones. 
Algunas cosas cambian: ¡veo que por fin ha votado por el poder nuclear! 
Esto me complace mucho, Alex. 
Es estupendo que por fin se haya convertido. 
Este informe, en efecto, anuncia que llega una época en que el Parlamento tiene que decir que ya basta (" corta el rollo» , en términos coloquiales) , hasta aquí hemos llegado. 
Ya no seguiremos con las mociones para dar cierta legitimidad a algo en lo que no tomamos parte. 
Basta de simular; basta de burlarnos de nosotros mismos como si por el hecho de que demos una opinión sobre este Reglamento Financiero las cosas fueran a ser distintas: no lo serán. 
El octavo FED y nuestra reacción ante él en este informe no se pueden considerar aisladamente. 
Ustedes han de conocer la historia previa, y es simplemente que el Parlamento siempre abogó por que el FED se incluyera en el presupuesto. 
Es una postura coherente que siempre hemos mantenido. 
Si echamos una mirada a lo ocurrido en el pasado, y al escenario, para ver dónde estamos hoy, recurrimos al Artículo 199 del Tratado que dice que todas las partidas de ingresos y gastos de la Comunidad tendrán que estar asentadas en el presupuesto. 
Por lo tanto, hemos dicho que el FED tiene que estar en el presupuesto y que el Parlamento tendría que decir algo al respecto. 
Para ser justos con la Comisión, hay que recordar que en esto nos apoya. 
En realidad, la primera vez que vine aquí, en 1989, la Comisión dejó bien claro que esperaba que el octavo FED se incluyera en el presupuesto y expuso este punto de vista en Amsterdam. 
Por consiguiente, nuestra crítica no está dirigida a la Comisión sino al Consejo, que se ha negado a la inclusión del FED. 
Las propuestas se presentaron al Consejo en Amsterdam y fueron ignoradas. 
Cuando el séptimo FED llegó al Parlamento, una vez más se consultó al Parlamento y dijimos que, de conformidad con el Artículo 199 del Tratado, tendría que haberse incluido el FED en presupuesto y por eso nos demoramos en dar nuestra opinión. 
A causa de esta demora, entonces el Consejo adoptó el reglamento sin nuestra opinión. 
Eso no era nada bueno, de modo que fuimos al Tribunal de Justicia y dijimos que el Consejo no tendría que haber obrado así y esperamos que el Tribunal fallara a nuestro favor. 
Sin embargo, el caso derivó hacia si el FED era o no un gasto de la Comunidad. 
El Tribunal dijo que los FED no eran gastos de la Comunidad: eran una ayuda financiera de la Comunidad que se había aplicado en la Convención de Lomé. 
En otras palabras, la Comisión era subcontratista de los Estados miembros que estaban aportando dinero a la Convención de Lomé y la Comisión administraba ese dinero. 
Como dijo alguien en aquellos días: " No hay que esperar que el Tribunal falle en contra del Consejo en un litigio con el Parlamento». 
El Consejo, por supuesto, nombra a los jueces, pero lo más importante es que vuelve a designarlos. 
Por consiguiente, aunque pensamos que la nuestra era una argumentación lógica, no nos sorprendió que el fallo nos fuera adverso. 
Cuando lleguemos a las cuentas de 1996, aproximadamente el mes próximo, veremos que los dineros del sexto y del séptimo FED en realidad se están usando ya para financiar el octavo FED. 
No tenemos una norma financiera para el octavo FED, pero la Comisión ya está sacando dinero del sexto y del séptimo sin una base legal. 
Tengo que decir que estoy contento de que no estemos relacionados con esa práctica. 
Pero todos ustedes pueden ver la causa primera de esto. 
Incluso cuando tuvimos los fondos de 1994 y nos negamos a dar una parte al FED en 1994, el Tribunal de Cuentas dijo que el marco legal del FED era el responsable directo de muchos de los problemas de la gestión financiera. 
Pero ustedes tienen que saber lo que dice la Comisión para explicarlo: " El Consejo debe dar su opinión a través de una mayoría calificada, después de haber recibido las opiniones del Banco Europeo de Inversiones y del Tribunal de Cuentas sobre este borrador». 
No nos pide nuestra opinión. 
Pues que así sea: ¡no se la daremos! 
Señor Presidente, sólo quiero llamar la atención del Sr. Wynn al hecho de que participé en la votación de la Enmienda nº 3 sobre la Cumbre de Kyoto: era la enmienda del Partido Verde que, si usted votó a favor, sabrá que decía que la energía nuclear no puede considerarse como una fuente de energía segura. 
Yo, con la mayoría de los diputados laboristas y con mis colegas socialistas, voté por esa enmienda específica. 
Infortunadamente, el Sr. Wynn estuvo en la minoría en esa ocasión. 
Señor Presidente, me gustaría decirle al Sr. Falconer que en Acta consta quiénes trataron de votar en contra de la Enmienda nº 3, incluido el Sr. Falconer. 
Señor Presidente, estimados colegas, nuestro colega el Sr. Terence Wynn ha dicho lo esencial y lo ha dicho mucho mejor de lo que yo pudiera hacerlo. 
Sin embargo aun hay cosas que añadir. 
Se trata de una larga historia. 
En un punto concreto nos vamos a remontar a esa larga y triste historia. 
Hablo en nombre de mi grupo para darle públicamente las gracias al Sr. Terence Wynn por su trabajo, ya que sólo lo que se hace públicamente queda verdaderamente reflejado y no cae en el olvido. 
Terence se ha consagrado con gran compromiso a este ámbito y lo seguirá haciendo. 
Terence Wynn ha roto el perjuicio de que los expertos en presupuestos son gente que sólo se ocupan de números y nada más. 
Ha trabajado en este ámbito de tal modo que siempre ha sido un profesional comprometido pero que también lo estaba personalmente en la política de desarrollo y que ha logrado unir ambas cosas excelentemente. 
Esto se aprecia en sus alocuciones, en su informe y en su compromiso. 
Sé que no le podemos apoyarle aquí de otro modo que no sea aceptando completamente su informe y seguir apoyándole en el futuro. 
Necesitamos gente que pueda aunar de una forma tan convincente lo presupuestario con lo material. 
Si otros miembros de la Asamblea vieran de una vez que no nos ocupamos solamente de numeritos y de contabilidad cuadriculada, sino que también subyace un aspecto político que incluso podemos defender con sentimiento y pasión, entonces quizá la aceptación de nuestro trabajo y también el trabajo del Parlamento fuese mayor. 
Señor Presidente, si para el Sr. Wynn no fuera demasiado embarazoso, me gustaría felicitarlo con entusiasmo. 
Es agradable ver cómo se ruboriza. 
La Comisión ha respaldado siempre al Sr. Wynn en la posición que durante años él mantuvo sobre este punto en particular. 
Parece extraño que el Tribunal de Justicia falle que nuestra opinión puede no ser necesaria. 
Pero si recordamos el caso de la isoglucosa, entonces dijo que ninguna legislación puede promulgarse sin que el Parlamento haya dado su opinión. 
En este caso, el Sr. Wynn propone al Parlamento que no demos una opinión. 
¿Cómo surgió esta situación absurda entre el Parlamento y los Estados miembros? 
Creo que por dos cosas bastante simples. 
En primer término, los países donantes buscan alguna clase de gratitud, en vista de que sus dineros se gastan en ayudas en determinado lugar del mundo. 
Este argumento puede desmoronarse cuando todo el dinero se llame euro y ya no haya francos, libras, pesetas o liras. 
En segundo lugar, está el interesante tema de que los funcionarios civiles de los Estados miembros han convencido a sus ministros de que hay una mejor relación costo-beneficio en el caso de la ayuda nacional destinada a países en vías de desarrollo que en el de la ayuda proveniente de la Unión Europea. 
Creo que es un error, pero no esperamos que los funcionarios civiles, cuyos puestos de trabajo están comprometidos, no piensen así. 
Nos manifestamos en contra de estas dos cosas simples y nos hemos precipitado en una discusión muy complicada, legalista, con los Estados miembros y el Consejo. 
Hace tiempo que el Tribunal de Justicia vio algo de sentido en esto y argumentó que el dinero que se entrega de común acuerdo en nombre de los Estados miembros debe considerarse parte del presupuesto de la Unión Europea y, por consiguiente, quedar incluido en él. 
Apoyo el informe del Sr. Wynn y también lo hace mi grupo. 
Me dejaría perplejo que algún miembro de este Parlamento votara en contra. 
Señor Presidente, queridos colegas, no desmentiré al Sr. Kellett-Bowman. 
El debate que hoy dedicamos al examen del proyecto de Reglamento financiero para el octavo FED es completamente surrealista: comprendo y comparto la irritación del ponente que, sin andarse con rodeos, propone a nuestro Parlamento Europeo que se abstenga de emitir un dictamen. 
El Sr. Wynn tiene razón y estamos perdiendo el tiempo. 
En efecto, hace unos diez años fui el autor de un informe sobre el FED, y en aquel entonces aún acariciaba la esperanza de conseguir la integración del FED en el presupuesto general de las Comunidades Europeas. 
Fue en vano. 
Y ¿qué novedades se han producido desde entonces en lo relativo a la presupuestarización del FED? 
Ninguna. 
La situación no ha evolucionado, es más, ha empeorado. 
El Parlamento Europeo, acertadamente, siempre ha apoyado la inclusión del FED en el presupuesto de conformidad con el espíritu de los Tratados, en particular, en virtud del artículo 199 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y de las reglas de universalidad y de la unidad del presupuesto. 
En sus gestiones, el Parlamento Europeo se ha visto alentado por la Comisión Europea, pero por motivos contradictorios, el Consejo se ha negado siempre con obstinación al más mínimo avance por este camino; algunos países temen que la inclusión del FED en el presupuesto ponga en cuestión las financiaciones de estos fondos, y otros temen verse obligados a aportar una mayor contribución. 
El propio Tribunal de Justicia ha llegado a la conclusión de que los gastos del FED no constituyen gastos comunitarios y que la consulta al Parlamento europeo era optativa. 
En estas condiciones, el Consejo, al igual que hizo con el Reglamento del séptimo FED, puede seguir tomando decisiones sin el dictamen del Parlamento Europeo para proseguir este combate. 
Para el Parlamento Europeo supone una batalla parecida a la que Don Quijote libró contra los molinos de viento. 
Y ¿por qué razón, ¡diablos! debe seguir prestándose el Parlamento Europeo a esta farsa institucional que consiste en aceptar presentar un dictamen puramente formal, inútil, y dar al Consejo una fianza y una legitimidad falaz en cuanto a la ejecución de las financiaciones sobre las que no ejerce ninguna competencia presupuestaria propia? 
Apliquemos el proverbio: " no debemos ser más papistas que el Papa» y con el Sr. Wynn dejemos al Consejo toda la responsabilidad de la gestión de los gastos del FED, al tiempo que lamentamos profundamente esta difícil situación creada por esta nueva incongruencia presupuestaria. 
Señor Presidente, la propuesta del Sr. Wynn de que el Parlamento Europeo no se pronuncie sobre la propuesta de la Comisión de un Reglamento Presupuestario para los Fondos Europeos para el Desarrollo en la cuestión de la cooperación con los países ACP es una consecuencia lógica de la situación absurda en que nos encontramos. 
El Grupo de los Verdes apoya naturalmente la propuesta del Sr. Wynn. 
Este Reglamento Presupuestario va a aprobarse, con o sin la opinión del Parlamento, esto está claro. 
El FED no entra dentro de las competencias del Parlamento Europeo dentro del marco presupuestario, pero se espera de nosotros que acordemos la libertad de responsabilidad y que manifestemos nuestra opinión sobre la futura legislación en relación con el presupuesto. 
¡Este procedimiento es absurdo! 
El único motivo que ha dado origen a esta situación absurda del Reglamento en cuestión es que se intenta dar una coartada democrática a esta " historia». 
El Parlamento Europeo no debe prestarse a funcionar como coartada democrática. 
Al contrario, no debe quedar duda de que el Grupo de los Verdes respalda y participa muy activamente en los trabajos en favor del desarrollo de los países ACP. 
Señor Presidente, el estimado colega Wynn adopta en su informe una posición muy poco habitual. 
El Consejo pide al Parlamento opinión, pero si de él depende, el Parlamento se niega a emitirla. 
El razonamiento para esto es el siguiente: » ¡Queremos integrar el Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto comunitario. 
No nos contentamos con una pequeña y escueta opinión en lo referente a los reglamentos financieros!» 
Con esta postura, el Parlamento se muestra como un mal perdedor. 
En el Tratado Europeo no hay nada regulado sobre la inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo en los presupuestos comunitarios. 
Tampoco se ha introducido ningún cambio con el Tratado de Amsterdam. 
El Tribunal de Justicia ha desautorizado totalmente al Parlamento con respecto al carácter de los gastos. 
Según el Tribunal no se trata de gastos comunitarios. 
El Consejo, por lo tanto, no está ni siquiera obligado a pedir opinión al Parlamento en la cuestión de los reglamentos financieros del Fondo Europeo de Desarrollo. 
La negativa a emitir un dictamen me lleva a pensar en un niño caprichoso al que no le consienten el capricho y por eso rechaza enfadado todo lo que le dan. 
Negándose, el Parlamento tampoco ejerce ninguna presión política; si la ejerciera, al menos sí que podría entenderlo. 
Si yo fuera el Consejo esta postura no me quitaría el sueño. «¿No queréis emitir ninguna opinión? 
Está bien, entonces lo haremos sin vosotros». 
Mi crítica al informe no va dirigida sólo al procedimiento, sino que también está relacionada con el contenido. 
Por sí mismo es verdad que el Parlamento lleva años intentando que se incluyan los gastos del FED en el presupuesto. 
Pero también se han aportado bastantes argumentos en contra. 
Así tenemos que ser también conscientes de que en la Convención de Lomé se trata de obligaciones contractuales de los Estados miembros para con los países de Lomé. 
Los Estados miembros desempeñan por tanto un función importante en la ejecución de este acuerdo, que es de carácter intergubernamental. 
Atendiendo a esto se puede decir mucho para no dejar que se desarrolle la financiación a través del presupuesto comunitario. 
Naturalmente, es necesaria la coordinación entre la Comunidad y los Estados miembros. 
Pero esa necesidad sigue también presente si el FED se incluye en los presupuestos de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señoras y señores, durante esta semana hemos tenido algunas oportunidades de resaltar, sobre todo con los informes sobre turismo, la seriedad con que en esta casa nos tomamos la defensa de los intereses de los contribuyentes de la Unión Europea. 
También hemos visto la necesidad de velar por estos intereses con todo convencimiento e intensidad. 
Comprobamos aquí- y esto ya lo ha señalado el ponente al final de su razonamiento- como la Comisión ha reforzado su compromiso con nuestro objetivo respecto de la política de desarrollo y, en concreto, cito textualmente: " El Consejo decide por mayoría cualificada tras el informe del Banco Europeo de Inversiones y el del Tribunal de Cuentas acerca de esta propuesta.» 
En este ámbito estamos hablando de la política de desarrollo, teoréticamente pues no se contempla en el presupuesto comunitario, como el cuarto mayor asiento presupuestario y la cuarta mayor partida de gastos que los contribuyentes europeos deben responder. 
Al mismo tiempo nos vemos enfrentados al hecho de que el Consejo- y en este ámbito evidentemente también la Comisión- no tienen ningún interés en ser controlados por la institución que es responsable de la ejecución del control sobre las políticas europeas. 
Creo, colega van Dam, que no vamos a tener ningún problema, tampoco públicamente, si seguimos a nuestro ponente en sus conclusiones. 
Como ha dicho nuestro colega Patsy no deberíamos perder nuestro tiempo con asuntos en los que claramente no se nos quiere ver presentes. 
Sin embargo aquí nos encontramos con los contribuyentes, a los que habría que decirles que el gobierno del Consejo- y probablemente también de la Comisión, así lo infiero de este documento- sólo se abrirá a los controles si nosotros con el apoyo de nuestros votantes les obligamos a ello. 
Si no lo hacemos, no. 
Quizá también debiéramos dejarnos guiar por estos razonamientos en los próximos informes sobre control de las políticas europeas, que deben ser concluidos seguidamente en esta Asamblea. 
Aunque no debemos permitir que cualquier chirimía nos lleve al error- como las que evidentemente me persiguieron cuando fuí ponente para el descargo del año 1995, porque al contrario que el Sr. Wynn en aquel tiempo propuse descargo- sino que tenemos que estar decididamente respetuosos con el mandato de nuestros votantes. 
Señor Presidente, debo decir en primer lugar que estoy en desacuerdo con el Sr. Wynn, pero estoy en desacuerdo con él en lo único en que hoy podemos estar en desacuerdo: en saber si este debate va a ser aburrido o no. 
Yo creo que no va a serlo, porque el hecho de que estemos todos de acuerdo no tiene por qué indicar que el debate va a ser aburrido, y ello lo demuestra el hecho de que, siendo un asunto en el que no hay enmiendas, en el que todos estamos de acuerdo, sin embargo, si vemos la lista de oradores, comprobaremos que están interviniendo no solamente miembros de todos los Grupos sino además varios de cada uno de los Grupos. 
Y esto, Sr. Wynn, yo creo que muestra que todos estamos de acuerdo en que este es un asunto sumamente importante. 
Yo diría que es de los más importantes, ya que hablamos del presupuesto, y el presupuesto es lo que permite llevar a cabo todas las políticas de la Unión. 
Ahora bien, aquí nos encontramos con la excepción- como muy bien ha dicho usted- de que, si bien nos dejan intervenir en el presupuesto en todas las políticas, se nos impide intervenir en materia de procedimiento presupuestario a pesar de que, sin embargo, se nos pide nuestro compromiso a la hora de aprobar o rechazar la gestión del mismo. 
Pues bien, yo creo que este papel no lo puede aceptar el Parlamento por su importancia. 
Por otro lado, tampoco podemos decir que se trate de un asunto poco importante. 
Sabemos perfectamente que el sexto y séptimo FED han supuesto más de 18 millardos de ecus. 
Esta es una cantidad sumamente importante y el Parlamento debe dejar constancia de que no está dispuesto a jugar este papel que se nos ha fijado. 
Yo, desde luego, creo que hay que dejar muy claro también que no es que estemos en contra de la cooperación al desarrollo. 
Por supuesto que no. 
Tampoco estamos en contra del trabajo de la Comisión, tampoco es eso. 
Repito que lo que exigimos es una base más solida para esta política, dentro del cuadro presupuestario de la Unión. 
Señor Presidente, yo también deseo sumarme a las felicitaciones, casi unánimes, dirigidas al colega y compañero, Sr. Wynn y a la Comisión de Control Presupuestario por el trabajo realizado con respecto a este asunto y por la propuesta, que presentaron y que creo que es justo que aprobemos, de no emitir el dictamen sobre el proyecto de reglamento financiero para el 8º Fondo Europeo de Desarrollo. 
Para mí, que me ocupo plenamente convencido de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea, se trata de una provocación positiva y útil y de un acto de responsabilidad política e institucional del Parlamento Europeo. 
Estamos viviendo una situación inexplicable en el sentido de que es difícil explicarla fuera de nuestro contexto y fundamentalmente insostenible desde un punto de vista tanto lógico como político. 
Esto afecta, como es obvio, a las características del Fondo Europeo de Desarrollo y su inscripción en el presupuesto. 
Deseo recordar que, en cuanto al tema de la cooperación al desarrollo, la inscripción en el presupuesto del Fondo Europeo de Desarrollo fue la única solicitud formulada por el Parlamento Europeo a la Conferencia Intergubernamental, a pesar de que, de hecho, ni siquiera se habló de la misma. 
Esto pone de manifiesto que, con respecto a muchos actos, la consulta al Parlamento es meramente facultativa y que en lo referente a las medidas de aplicación e incluso a la negociación del Convenio de Lomé, sus prerrogativas se configuran simplemente como un poder de influencia política, pudiendo el mismo, de hecho, expresar su dictamen que, sin embargo, en ningún caso es vinculante. 
En muchos otros casos, en consecuencia, el Parlamento no logra influir en la definición de algunos aspectos importantes del propio Convenio ni tampoco en su posterior gestión. 
A título de ejemplo, deseo poner de manifiesto que el reglamento que se nos propone y respecto al cual no vamos a emitir nuestro dictamen, no prevé ningún papel del Parlamento ni siquiera en los procedimientos de aprobación de la gestión de los presupuestos, incluso cuando el mismo afecta a los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo administrados por el Banco Europeo de Inversiones y que representan una cantidad por otra parte creciente del propio Fondo Europeo de Desarrollo. 
¿Quiénes son los que hoy piden al Parlamento que no emita dicho dictamen? 
Evidentemente, los que cuidan con atención el futuro de las políticas de cooperación y la seriedad tanto institucional como en materia de gestión de la acción de las Instituciones comunitarias. 
En consecuencia, antes que jurídico el problema es político. 
Por lo tanto, la primera señal es tanto más importante cuanto más abordamos el debate sobre qué hay que hacer después del año 2000, o sea, después del IVº Convenio de Lomé. 
Es evidente que nos hallamos ante un problema y que, a pesar de que el Convenio de Lomé fue y sigue siendo un instrumento único y de extraordinaria importancia, el hecho de que el Parlamento Europeo no haya podido desempeñar totalmente su papel en orden al control y la definición de los instrumentos de gestión, a buen seguro ha limitado su alcance e impacto. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera sumarme a los agradecimientos a nuestro colega el Sr. Wynn, sobre todo por sus conclusiones, con las que por fin damos una señal clara. La inclusión en el presupuesto de los fondos europeos de desarrollo es un tema de permanente discusión en la Comisión de Desarrollo y Cooperación, y sabemos que también tenemos a la Comisión de nuestra parte. 
Nuestra decepción por que no se profundizara en ello en las negociaciones de Amsterdam acaba de ser destacada por nuestro colega Vecchi. 
Paso a paso parece que vamos avanzando, ya que recientemente el Parlamento alemán ha expresado que se debería proceder a la inclusión en el presupuesto de los fondos europeos de desarrollo, sobre todo, en previsión de controles eficaces. 
Empiezo a encontrar ciertamente divertido que precisamente las instituciones que impiden la inclusión en el presupuesto, por una parte, se quejen de que sobre todo se trataría de una cuestión de controles insuficientes y, por otra, no vigilen con rigor el uso de los fondos europeos para el desarrollo, que es lo que nosotros deseamos. 
Desde este punto de vista, en mi opinión, la crítica carece de fundamento, puesto que un control más eficaz del que nosotros, a través del Parlamento y de la Comisión de Control Presupuestario, que abarca todo el sector y no se concentra sólo en un aspecto, es difícil de imaginar. 
Además la Comisión de Desarrollo y Cooperación señaló en su informe que el presente proyecto no mejoraba en modo alguno los controles y que éstos eran fundamentalmente insatisfactorios. 
Esto ya fue subrayado aquí. Yo no puedo más que volver a repetirlo. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores diputados, en la regulación financiera del 8ş Fondo Europeo para el Desarrollo se trata de un documento en el que las disposiciones de ejecución, es decir el régimen financiero, la administración de los recursos, las medidas de ejecución y los órganos de ejecución, así como los controles y el informe de contables, deben ser establecidas en un acuerdo interno entre la Comisión y los Estados miembros. 
La regulación financiera, como ustedes saben y ya ha sido señalado aquí, se adopta, con la entrada en vigor del acuerdo, por mayoría de dos tercios. 
Conforme al acuerdo interno el Banco Europeo de Inversiones y el Tribunal de Cuentas emiten un dictamen no vinculante respecto del diseño del texto elaborado por la Comisión. 
Por contra el dictamen del Parlamento es facultativo, ya que el FED, como ya se ha subrayado aquí en numerosas ocasiones, no forma parte del presupuesto, no obstante se incluyó en diseño de la regulación financiera para el séptimo FED. 
La Comisión comprende el descontento, aquí en el Parlamento, por la no inclusión del FED en el presupuesto. La Comisión, por su parte, ha adoptado, en el pasado, algunas iniciativas al respecto. 
Pero igualmente lamenta la propuesta del Sr. Wynn, apoyada por la Comisión de Control Presupuestario, a propósito de la cual el Parlamento se va a negar a pronunciarse sobre el diseño de una regulación financiera para el octavo FED, presentado por la Comisión, lo que no significa que deje de expresarle personalmente al Sr. Wynn mi admiración. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Los Fondos de la UE deben incluirse en el procedimiento presupuestario ordinario por el que el Parlamento obtiene información e influencia. 
He votado en favor del informe, pero se necesitan unas acciones más constructivas que negarnos a pronunciarnos sobre la legislación de la UE relativa a los Fondos. 
Comercio comunitario de cereales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0021/98) del Sr. Giansily, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe Especial Nº 5/97 del Tribunal de Cuentas, sobre la gestión del comercio comunitario de cereales con restituciones a la importación, regímenes especiales de importación y regímenes de ayuda regional, al que se adjuntan las respuestas de la Comisión (C4-0351/97) 
Señor Presidente, nuestro colega el Sr. Giansly pe ha pedido, ya que él no puede estar presente por causas inevitables, que les presente el texto que ha elaborado como ponente. 
Agradezco que esta Asamblea acepte esta normativa, así represento al ponente en calidad de Presidente de la comisión. 
El informe extraordinario del Tribunal de cuentas para la administración del comercio de cereales en la Comunidad considerando las subvenciones para la exportación, regulaciones especiales de importación y regulaciones regionales de ayuda, ha sido en los últimos años objeto de no pocas discusiones, en cuyo epicentro estaban las tres partes esenciales del informe. 
En primer lugar está el comercio de cereales de la Comunidad para el que se procuran subvenciones en toda la Unión- un ámbito en el que los controles del tribunal han ocasionado diversos problemas, que han mermado la eficacia de la regulación. 
El primer problema que apuntan tanto el Tribunal de Cuentas como la Comisión se refiere a la calidad de los datos que se le transmiten a la Comisión. 
Se ha hecho evidente que algunos asientos de pagos no señalan individualmente el importe de las subvenciones de los códigos KN para la exportación de la producción de cereales. 
Esto ha llevado seguramente a que para que haya un funcionamiento en debida forma se haya generado un status quo desfavorable. 
Porque se puede observar que los coeficientes de trabajo han permanecido igual durante 24 años hasta que en 1991 descendieran hasta un 1, 37 %. 
En opinión de la Comisión de Control Presupuestario no haber corregido los coeficientes ha podido producir costes adicionales de consideración, por lo que en el futuro habrá que poner cuidado de comprobar los coeficientes en su justa medida. 
Algo parecido ha ocurrido con las ayudas ala exportación de malta. 
En este caso la ejecución del reglamento correspondiente durante los últimos 18 años en Francia y en el Reino Unido ha sido poco satisfactoria. 
La Comisión de Control Presupuestario pide por ello a la Comisión que vuelva a cobrar las cantidades pagadas injustamente a causa de una incorrecta supervisión del origen de la malta exportada y que emita una regulación más clara que determine las subvenciones a la exportación de forrajes. 
En lo que respecta a la calidad del control material de las exportaciones de cereales, se hace evidente una falta de coordinación entre las empresas multinacionales y las autoridades nacionales correspondientes. 
Se solicita a la Comisión que adopte las medidas oportunas para subsanar lo antes posibles las deficiencias e informe al Parlamento de los resultados obtenidos. 
En segundo lugar trata el informe extraordinario del Tribunal de Cuentas la regulación especial para las importaciones de maíz y sorgo a España y Portugal. 
Se ha recordado que tras la adhesión de España y Portugal en la Comunidad se firmó un acuerdo entre éstos y los Estados Unidos para garantizar la importación anual de dos millones de toneladas de maíz y respectivamente, 300.000 toneladas de sorgo en España y 500.000 en Portugal. 
Las autoridades españolas- así lo manifiesta el ponente- dificultaron la ejecución de la regulación correspondiente, transmitiendo datos inexactos de las importaciones y, además retrasándola, mientras que Portugal compraba directamente maíz en el mercado mundial y lo vendía en el mercado portugués a precios de intervención. 
Estas prácticas supusieron costes adicionales al presupuesto comunitario. 
La Comisión de Control Presupuestario solicita que se respete rigurosamente la ejecución de la legislación de modo que no aparezcan estos gastos adicionales para el presupuesto comunitario. 
El tercer punto que trata por último el informe atañe a las entregas de cereal conforme a la regulación POSEIMA. 
Ésta concierne fundamentalmente a Madeira y las Azores y las consideraciones del Tribunal de Cuentas revelan una serie de disfunciones y deficiencias considerables, que justifican una evaluación del programa. 
En esta situación desagradable hay que resaltar no obstante- esto me lo indicó en un escrito el Sr. Engwirda, miembro del Tribunal de Cuentas, que me dirigió en mi calidad de presidente de la Comisión de Control Parlamentario- que una recaudación de las cantidades pagadas de más no es posible, ya que las injustas ganancias de los importadores son atribuibles a un error de la Comisión. 
Se solicita, por tanto, una reforma del Programa POSEIMA conforme a las consideraciones del Tribunal de Cuentas, en la que desde luego se tendrán en cuenta las necesidades de reparto entre las islas. 
Señor Presidente, estoy preocupado por mi propia salud mental, pues el tema se mencionó esta mañana, cuando me alteré por algo que dice el Informe Especial Nº 5/97 del Tribunal de Cuentas, sobre la gestión del comercio comunitario de cereales con restituciones a la exportación, regímenes especiales de importación y regímenes de ayuda regional, al que se adjuntan las respuestas de la Comisión. 
Pero es uno de esos informes que merece la pena leer. 
Es sucinto y va al grano. 
El Tribunal de Cuentas ha hecho un buen trabajo al aclarar los problemas que tenemos en este campo, como ha dicho la Sra. Theato. 
Sin embargo, no es tan bueno como los informes especiales anteriores sobre este mismo tema. 
El que atrajo la atención de todos fue el que decía que estábamos dando restituciones extra a las exportaciones desde Alemania, y llegaban barcos cargados de cereales a Alemania, descargaban, volvían a cargar el mismo grano, se marchaban y conseguían dinero por eso. 
Esto demostró la locura total del sistema, pero las grietas persisten. 
Aquí tenemos restituciones a la exportación del periodo 1991-1994 que totalizan más de 11.000 millones de ecus. 
Esta cantidad es mayor que el total gastado en formación, políticas sociales, investigación y desarrollo y programas contra la pobreza. 
Estas sumas se volcaban en ese sistema con una cantidad de errores, a la vez que con una cantidad de prácticas poco satisfactorias. 
Hay dos puntos que quiero aclarar. 
Primero, sobre el programa POSEIMA, por los que grandes sumas iban a Azores. 
Cuando se lee el informe, resulta absolutamente increíble que esas cantidades se gastaran de ese modo. 
Las brechas y los defectos descubiertos en el programa garantizaban que se revisaría atentamente. 
No me cabe duda de que la Comisión estará de acuerdo en esto. 
Sólo se puede dar la razón al Tribunal en cuanto a que con el sistema presente, los factores irrelevantes respecto a los requisitos especiales del programa POSEIMA determinarán los niveles de ayuda. 
Es absolutamente increíble que hayamos podido pagar las sumas que pagamos dadas estas condiciones. 
Ahora quiero detenerme en el área a la que se refiere la comitología, un área en la que tengo gran interés. 
La gestión de estos 11.000 millones de ecus estuvo a cargo de un comité de gestión sobre el que el Parlamento no tiene control, ni derecho de análisis y sobre el que es muy difícil obtener información. 
No hace mucho tiempo, cuando los cereales llegaron a un precio muy alto en el mercado mundial, el comité de gestión canceló las restituciones a la exportación. 
Muy bien, pero nunca se nos consultó ni preguntó si eso era lo que había que hacer. 
¡Después de todo, sólo se trataba de un par de miles de millones de ecus! 
Durante los dos meses en que se suspendieron las restituciones, ese dinero podría haber financiado el desarrollo rural que la Comisión Fischler está preparando para promover y para reconvertir nuestros gastos en PAC. 
Cuando esas restituciones volvieron, nuevamente no se consultó al Parlamento. 
Ni consultas, ni información, sólo un hecho consumado. 
No creo que sea ésta la manera correcta en que debe obrar el Parlamento cuando se trata de agricultura, pero sé que me estoy apartando de mi tema. 
El Comisario puede preguntarse qué tiene que ver todo esto con su informe. Tiene mucho que ver con su informe. 
Se trata de la forma en que trabaja el comité de gestión. 
No puedo menos que reírme cuando nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural dice que el Parlamento no está en condiciones de controlar las actividades de los comités de gestión. 
Si es así, lo que este hecho demuestra es lo insuficiente del sistema actual. 
Tenemos 79 comités de gestión agrícolas. 
Es la cantidad que se dio cuando preparé el presupuesto. 
Sólo en 1994 los comités de gestión cumplieron 4.679 acciones. 
Esto es una gran cantidad de legislación y de dinero. 
El informe reclama transparencia y esto es exactamente lo que debemos hacer. 
Estoy muy seguro de que el Comisario compartirá este enfoque. 
Tenemos que cambiar nuestra forma de obrar. 
Tenemos que cambiar la forma en que gastamos el dinero en agricultura: basta de restituciones a la exportación, basta de esta estructura de comités que se lleva enormes sumas de dinero. 
Necesitamos un sistema que sea más transparente, con menos subterfugios, menos fallos. 
Pienso, honestamente, que el próximo informe especial tiene que ser muchísimo mejor que los anteriores. 
El Comisario Fischler, por supuesto, tendrá mucho que decir sobre esto y sobre cómo se ha llegado a ello. 
Sabe que tendrá el apoyo de este Parlamento cuando trate de aplicar los cambios que son esenciales. 
Señor Presidente, soy de los que en general apoyan la Política Agraria Común, o sea que lamento tener que admitir esto en presencia de Terry Wynn, pero concuerdo en algunos de los puntos que él señala acerca de las complicaciones de la política que ha dado tantas ocasiones de fraude. 
Creo que es uno de los motivos para las propuestas de reforma. 
La ayuda que pagamos tendría que estar mejor dirigida, tendría que llegar a los agricultores, a las pequeñas granjas y a las zonas rurales a las que se supone que debe ir, y tendría que haber muchas menos ocasiones para el abuso y menos interés en que llegue a los intermediarios y comerciantes, quienes, por comparación con los agricultores a los que tenemos la esperanza de ayudar, son mucho más capaces de llevarse la mayor parte de los fondos en algunas de estas áreas. 
La ayuda directa resolverá buena parte de los problemas de los que hablamos. 
En lo relativo al programa POSEIMA, tenemos que admitir que no se podría pensar nada más complicado o indirecto o una manera más ineficaz de ayudar a las islas o a regiones remotas, porque en primer lugar no hay garantía ninguna de que ese dinero sea una ayuda para la gente que lo necesita o a la que estaba destinado. 
Una vez más los subsidios pueden ir a parar a manos de intermediarios y crear enormes oportunidades para las prácticas irregulares. 
Tengo una sola pregunta respecto al informe Giansily, y se refiere al apartado 5, que habla de importar productos sin costo alguno para el presupuesto europeo y sin alteración de los mercados europeos. 
Claro está que, mientras esos productos sean más baratos en los mercados mundiales que en la Unión Europea y mientras tengamos excedentes, no hay posibilidad de que alguien pueda cumplir con ese requisito, porque eso obviamente significa cereales importados más baratos. 
El único sector en el que disiento levemente con Terry Wynn es el del tema de las restituciones a la exportación, donde creo que él está un poco desencaminado. 
Se trata de un mecanismo automático, y si tenemos excedentes en la Comunidad y una política pensada para sacarlos de la Comunidad con el fin de venderlos en mercados donde los precios son más bajos, es obvio día a día y mes a mes, a medida que los mercados mundiales cambian, que necesitamos una nueva orden para que esos excedentes salgan de la Unión. 
Necesitamos emplear un sistema flexible y los subsidios que pagamos subirán y bajarán. 
De igual modo, cuando los precios del mercado mundial sean más altos que los de la Unión Europea, como por fortuna ha pasado recientemente, nos ahorramos ese costo, el dinero pasa al presupuesto y podemos usarlo para alguna otra cosa. 
Creo que mientras tengamos excedentes este sistema será necesario. 
Estoy de acuerdo en que cuanto más rápido pasemos a un sistema alejado de todas estas complicadas medidas para ayudar a las regiones, tanto mejor, tal como en el caso de los fondos estructurales. 
Hemos hecho normas tan complicadas que no creo que sean útiles para las zonas a las que están destinadas y en cambio crean enormes oportunidades para el tipo de abusos que se han identificado aquí y que, esperamos, se corregirán. 
Señor Presidente, es una lástima que el Sr. Giansily no pueda estar aquí presente. 
Si hubiera estado le habría felicitado, pero por otro lado quiero felicitar al Sr. Fischler, quien- supongo- ha dejado su mañana del viernes libre especialmente para escuchar este informe. 
También soy un partidario de la política agrícola comunitaria, pero estoy absolutamente convencido de que si existen normas, éstas deben ejecutarse bien. 
Creo que el Parlamento en este campo desempeña un papel especial y en realidad es el único Parlamento que puede hacerlo. 
Lo más sorprendente de este informe, me parece, es que, mientras que en el mundo está cambiando todo, mientras que ha ido cambiando todo en el terreno de la política agrícola a través de los años, hay un gran número de cosas que ha seguido igual. 
¡Para la harina producida a partir del grano, el coeficiente no se ha revisado en 24 años, y para la malta elaborada a partir de la cebada el coeficiente no se ha revisado en 18 años! 
¿Cómo es posible esto? 
¿Cómo puede un comité que decide al respecto y cómo pueden los representantes de los Estados miembros que lo componen, calcular a tan largo plazo sus propias ventajas? 
¿Qué consecuencias saca la Comisión de esto? 
Una de las cosas que también me parecen llamativas en el informe del Tribunal de Cuentas es que se dice claramente que ningún Estado miembro tiene la facultad de ejercer los controles físicos necesarios en restituciones de exportación. 
Eso me parece una constatación extremadamente seria. 
Miles de millones de ecus se gastan en ello y luego está la constatación del Tribunal de Cuentas de que ningún Estado miembro tiene la capacidad de controlarlo. 
¿Qué hace la Comisión con ese dato? 
El último punto: con la entrada de España y Portugal se crearon regulaciones especiales. Supongo que para facilitar la transición. 
Ahora ha resultado que esas regulaciones son muy perjudiciales para el presupuesto europeo. Me pregunto si serán ventajosas para España y Portugal. 
¿No podría examinarse esto de nuevo? 
Para concluir, señor Presidente, ¿qué medidas va a tomar la Comisión basándose en estas conclusiones? 
¿Cuál será la reclamación de las cantidades desembolsadas indebidamente? 
Deberíamos tratar uno de estos días otra vez la conformidad para el presupuesto de 1993. 
Éste va hasta el año 1994 inclusive, si lo he entendido bien. 
¿En qué medida atribuye la Comisión sus faltas a los Estados miembros? 
¿Se utilizan las tarifas extras que se han creado a instancias del Parlamento? Por ejemplo, 25 por ciento si ya ha ocurrido hace muchos años. 
¿Tiene pensado la Comisión llevar esto a cabo? 
Y otra vez, ¿qué necesidad hay de regulaciones especiales para España y Portugal cuando aquéllas, si lo he entendido bien, no se marcan ningún objetivo, al menos no en los últimos diez años? 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, algunos aspectos de la resolución política del informe del Sr. Giansily son, por lo que a nosotros respecta, desequilibradas. 
De hecho, por lo que se refiere a la posibilidad de que Portugal y España importen ciertas cantidades de mijo del mercado mundial, en la exposición de motivos se hacen algunas consideraciones que después no se han vertido en pie de igualdad ni de forma adecuada en la resolución política. 
Por un lado, el hecho de que uno de los dos Estados miembros presente datos tardíos e inexactos no es objeto de referencia alguna en la resolución política. 
Por otro lado, se exige que el otro Estado miembro ejerza el derecho de importar sin repercusiones en el presupuesto comunitario y, posiblemente, sin perjudicar la producción comunitaria, cuando dicha exigencia ni siquiera está justificada, ya que se trata de un derecho que fue concedido precisamente para apoyar la industria transformadora de ese Estado miembro. 
Esta referencia de la resolución política es aún más injustificada, pues se hace en un momento en que incluso ya se conoce la decisión del Gobierno portugués de substituir la importación directa, a la que, sin embargo, seguiría teniendo derecho, por la celebración de un concurso público. 
Pero se hacen referencias muy importantes en relación con el abastecimiento de cereales en el ámbito de POSEIMA. 
Como hemos afirmado repetidamente, y no sólo a propósito de los cereales, el informe del Tribunal de Cuentas confirma que la repercusión de las ayudas para el usuario final carece de claridad (pues no se establece rigurosamente quién es o qué es el usuario) , no es fácil establecer la amplitud de esa repercusión para el usuario final (a partir de meras cuentas de empresas de importación) y, por último, no es satisfactorio el sistema de control aplicado por las autoridades regionales. 
Esperamos a las medidas que esas autoridades regionales lleguen a aplicar para modificar esta situación y volver el sistema de ayudas transparente y controlable la asignación íntegra de los medios a los destinatarios para los que fue ideado. 
El informe aborda también el hecho de que la dispersión de las islas hace que los gastos de entrega resulten considerablemente onerosos, también por falta de infraestructuras portuarias adecuadas, además de considerar- y con razón- que el nivel de ayudas debe depender de disposiciones específicas de los POSEI que tengan en cuenta las dificultades de las regiones y no la fluctuación de los niveles de precios mundiales de los cereales (que, al haber disminuido, hacen disminuir considerablemente el nivel de las ayudas sin que se hayan modificado las dificultades de esas regiones). 
En ese marco, apoyamos, naturalmente, la petición de reforma del programa POSEIMA respecto del abastecimiento de cereales y abogamos por que se haga con formas justas de determinar las ayudas a las importaciones de cereales y en ella se aclaren y cuantifiquen debidamente los costos de los transportes interinsulares en un conjunto de modificaciones que debe ir acompañado de la necesaria atribución de los correspondientes medios financieros adicionales. 
Sólo así podríamos dar contenido al reconocimiento formal del estatuto de ultraperificidad recientemente incluido en el Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, existen varias observaciones interesantes y al mismo tiempo sorprendentes en el informe especial del Tribunal de Cuentas. 
Una de ellas consiste, como ya han destacado varios oradores, en los coeficientes a tanto alzado de transformación, que no se han modificado en 24 años. 
¿Cómo es posible esto? 
La respuesta de la Comisión deja sin aclarar esta pregunta y da fe de una omisión grave por parte de la Comisión. 
Esta omisión ha llevado sin duda a unos grandes costes suplementarios para el presupuesto de la UE en el transcurso de los años, lo cual es más que lamentable. 
Durante los años 1991-1994 las ayudas a la exportación de cereales ascendieron a una cifra total de 11 millardos de ecus, es decir, una suma importante. 
Los controles efectuados por el Tribunal de Cuentas han dado cuenta de unos fallos serios que hacen que el sistema no funcione de un modo satisfactorio. 
Lo mismo reza para el sector de los cereales exportados. 
Estos errores- que incluso incluyen simples infracciones dentro del sector- se fomentan de manera que los pagos de estas ayudas a la exportación son erróneos, lo cual lleva a su vez a un aumento de los costes suplementarios para la UE. 
De este hecho debe ocuparse la Comisión con la mayor seriedad. 
Los sistemas de control erróneos existen también en otros sectores, por ejemplo en el criticado programa Poseima. 
Por lo que respecta al sector de la cebada, en el que el Tribunal de Cuentas ha abordado la aplicación defectuosa de la normativa en Francia y Gran Bretaña, el Grupo de los Verdes apoya el planteamiento del ponente de que la Comisión exija la devolución de las cantidades financiadas erróneamente. 
Además, espero que la Comisión modifique la normativa para evitar que surja un problema similar en el futuro. 
Finalmente, quiero solamente advertir a mis colegas suecos de que existe un error en el informe bajo el apartado 1, en el que en la versión sueca se dice que el Parlamento lamenta los coeficiente a tanto alzado de transformación; debe figurar que el Parlamento los lamenta profundamente, lo cual endurece más el texto. 
Señor Presidente, el informe del Tribunal de Cuentas analiza una serie de aspectos relativos a la importación y exportación de cereales, especialmente, la aplicación del mecanismo de restituciones a la exportación sobre el plan de la gestión administrativa y de los fraudes. 
Por su parte, los productores agrícolas europeos, acertadamente, destacan los problemas que plantean los regímenes especiales de importación de maíz y sorgo en España y Portugal. 
En efecto, estos regímenes, que fueron establecidos tras la adhesión de estos países a la Unión Europea, siguen vigentes e incluso han sido consolidados en el marco de los acuerdos del GATT. 
Se trata de dos millones de toneladas de maíz y de 300.000 toneladas de sorgo al año en el caso de España, y de 500.000 toneladas de maíz en el caso de Portugal que se acogen a esta medida y proceden básicamente de los Estados Unidos. 
Como ha recordado la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, debemos evitar que estas importaciones provoquen perturbaciones graves en el mercado comunitario a través de una comercialización irregular. 
Por ejemplo, recientemente hemos podido constatar que Portugal vendía maíz importado en este marco a un precio inferior al del maíz comunitario. 
Estas distorsiones son la causa de las diferencias del precio de coste que pagan las industrias de transformación de piensos y, por consiguiente, pueden entrañar algunas deslocalizaciones de empresas de transformación. 
Por tanto, estos contingentes de importación a tipo cero relativos a la adhesión de España y Portugal, que además la Comisión ha aceptado institucionalizar en el marco del GATT, no sólo juegan en beneficio de los Estados Unidos y en detrimento de los productores europeos, sino que además provocan graves distorsiones por el hecho de que no respetan las reglas de la competencia en el seno del mercado único. 
Por último, quisiera hacer hincapié en otro problema real: las dificultades que experimentan algunos operadores para realizar sus exportaciones de cereales. 
Paradójicamente, la Comisión ha impuesto estos últimos años tasas europeas a la exportación de cereales, a pesar de que subvencionamos a los agricultores para que cumplan con las obligaciones de dejar las tierras en barbecho. 
Este año, al comienzo de la campaña, cuando las cotizaciones mundiales de los cereales eran buenas, la Comisión no aprobó contratos de exportación más que a unas dosis homeopáticas. 
Luego, el mercado bajó y la Unión Europea perderá cuotas de mercado en razón a la limitación del volumen de las restituciones. 
Esta lógica, señor Presidente, señor Comisario, no la comprenden ni los agricultores ni los industriales, y debo confesar que también a mí me resulta muy difícil de comprender. 
Señor Presidente, en este informe hay muchas cosas que para los contribuyentes europeos deben ser verdaderamente difíciles de digerir. 
Sólo el hecho de que en relación con subvenciones de cantidades astronómicas, como los once mil millones de ECUs del período 1991 a 1994, la calidad de los datos deje mucho que desear, es una cuestión que más que denominarla problema debería ser llamada escándalo. 
Se hacen de nuevo evidentes los problemas de la política agrícola común, con sus deficiencias e irregularidades, que las hay de todo tipo. 
Los costes adicionales de 9, 3 millones de ECUs que se han producido, que Portugal compre maíz en el mercado mundial y lo venda en el mercado portugués a precios intervenidos lo que supone una ventaja en el precio respecto al producido en la Comunidad, es absolutamente chocante. 
Y es igualmente chocante que la cantidad de subvenciones a la exportación con coeficientes de trabajo decisivos, no haya variado en el periodo 1967-1991 e igualmente el hecho de que se paguen las subvenciones a la exportación de cereales a pesar de que los Estados miembros no estén en condiciones de llevar a cabo controles materiales. 
Esto contradice las correspondientes propuestas y la legislación de la Unión Europea. 
El informe vuelve a evidenciar la necesidad de reformar la política agrícola en el sentido de una ecologización y renacionalización y, sobre todo, que estas anomalías tienen que ser drásticamente eliminadas. 
Señor Presidente, es indiscutible que en el territorio de la Unión se han producido abusos por lo que respecta a las ayudas a la restitución del trigo. 
Éste es uno de los granos más infectos que le han salido a la política agraria, sin olvidar los casos de abusos que se han registrado en el sector de la carne. 
Por ejemplo, resulta completamente increíble que se haya podido almacenar en los mismos silos el trigo procedente del libre mercado y el trigo financiado con los fondos de intervención. 
Presto gran atención, como hace el Sr. Giansily en su informe, a las cuotas de maíz de España y Portugal. 
Es evidente que, por lo menos en Portugal, el maíz importado se ha mezclado con maíz comunitario, lo cual ha reportado grandes beneficios. 
Esta irregularidad no quedará aquí, sino que está previsto que se aborde esta cuestión en las negociaciones de la Agenda 2000. 
Todo parece indicar que en estas reuniones se intentará eliminar la posibilidad de abusos aumentando la rentabilidad del cultivo de maíz en la Unión. 
Al tratarse de un plan de ajustes, cuando no de recortes, de la agricultura en la Unión Europea con vistas a la financiación de la ampliación, en la Agenda 2000 se está haciendo pagar a los productores de leche finlandeses los problemas que se plantean con las cuotas de maíz. 
Pero de eso nada, Sr. Fischler, no se puede hacer pagar a nuestros agricultores los abusos de los demás. 
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, el informe extraordinario número 5 relativo a 1997 del Tribunal de Cuentas Europeo trata fundamentalmente tres cuestiones. En primer lugar el comercio de cereales y, especialmente, la cuestión de las subvenciones a la exportación garantizadas, en segundo lugar la importación de maíz y sorgo a España y Portugal y, en tercer lugar las entregas de cereales en el marco del programa POSEIMA. 
La Comisión saluda el informe del Tribunal y también la enmienda del ponente que van a votar ustedes en el día de hoy. 
Aunque la Comisión no esté de acuerdo con el Tribunal en todos los extremos, el informe nos va a ser de gran ayuda en nuestro esfuerzo por la mejora de la regulación de la administración del mercado de los cereales y también la mejora de los controles. 
El Parlamento creo que protesta con razón cuando dice que, globalmente, los coeficientes de adecuación de las subvenciones a la exportación de las producciones de labranza han permanecido inalteradas durante 24 años. 
Sin embargo la Comisión valora que durante ese tiempo ha pedido y propuesto en numerosas ocasiones una modificación, pero ésta siempre ha sido rechazada por los Estados miembros. 
Sólo cuando hemos modificado los coeficientes en 1991 ha empezado a ir un poco mejor. 
En cualquier caso se puede decir que nuestros coeficientes son más estrictos que los de nuestros socios comerciales y competidores. 
En relación con las subvenciones a la exportación de malta y forraje, el Tribunal a señalado algunas dificultades y diferencias en interpretación de los reglamentos. 
Sin embargo en opinión de la Comisión esas disposiciones son muy claras. 
Los problemas que ha habido en dos Estados miembros en relación con el origen de la malta exportada han sido solucionados entre tanto. 
Como la Comisión ha señalado en su respuesta al informe extraordinario, las consecuencias financieras que derivan de los controles defectuosos de las cantidades subvencionadas para la exportación, serán tenidas en cuenta en el marco del procedimiento contable final. 
Las dificultades que hay en la interpretación de la nomenclatura combinada de los forrajes están siendo evaluadas actualmente por los servicios de la Comisión. 
Creemos que en breve se va a poder encontrar una solución satisfactoria al respecto. 
La opinión del Tribunal referente a los controles materiales del cereal destinado a la exportación coincide completamente con la de la Comisión. 
Me complace anunciar hoy al Parlamento que el Comité de mecanismos comerciales está trabajando actualmente en la consolidación del reglamento básico para las subvenciones, es decir, el reglamento 3665/87. 
En esta cuestión, tal y como ha propuesto el Tribunal de Cuentas, las disposiciones relativas a la concesión de subvenciones para la exportación deben observarse con mayor rigor. 
En el futuro la solicitud de exportación se tendrá por realizada en el lugar en que la mercancía se almacene efectivamente. 
Para el control de las exportaciones de empresas internacionales, creo que la Comisión ya ha realizado indicaciones muy claras. 
Sin embargo vamos a seguir ocupándonos de este asunto. 
Finalmente también quiero indicar que si hubiéramos presentado de una vez y en conjunto todas las propuestas relativas a la reforma del sector de los cereales, la mayoría de esas propuestas hubieran estado obsoletas, porque, de facto, no deberíamos asumir más subvenciones para la exportación de cereales. 
El Tribunal también critica la regulación especial para la compra directa de maíz en el mercado mundial y su importación a Portugal. 
El hecho de que una parte de estas importaciones haya sido liquidada por los servicios de intervención portugueses, es el resultado de un acuerdo al que se llegó en 1993 en el seno del Consejo. 
No quiero negar que, desde el principio la Comisión era consciente de que a través de esa regulación podían producirse distorsiones. 
Por ello y por las observaciones del Tribunal no se renovaron esas disposiciones en 1997. 
Las disposiciones relativas al abastecimiento de regiones en situación extrema de marginación enmarcadas en el Programa POSEIMA, son, por su propia naturaleza, difíciles de ejecutar. 
No obstante, la Comisión considera que son muy necesarias. Por esa razón también a tomado nota de los comentarios y recomendaciones del Tribunal respecto del programa de ayuda para el abastecimiento de cereales de las Azores y Madeira. 
Su objetivo va a consistir en proseguir con el programa y hacer una estimación más precisa de las necesidades de estas regiones. 
Dedica su empeño a hacer avances significativos, dentro de los márgenes marcado por los correspondientes, reglamentos del Consejo. 
El acuerdo de la Comisión y del Parlamento respecto al procedimiento de comitología, citado en el número 7 de la conclusión, sigue siendo, desde luego, respetado por la Comisión. 
Con todo, hay ocasiones en las que los comités administrativos trabajan con plazos muy cortos. Sin embargo el orden del día y los informes sobre las reuniones de los comités son transmitidos de forma automática al Parlamento y, entre tanto, los resúmenes de las reuniones también pueden ser consultados en Internet, de tal modo que se hacen accesible a una gran parte de la ciudadanía. 
Para terminar quisiera indicar que el informe solicitado por el Parlamento sobre las repercusiones de las conclusiones del Tribunal les será remitido en breve para que pueda ser incluido en las disposiciones de descargo del Parlamento al balance final. 
Permítanme, por último señalar que este informe extraordinario y su examen es un claro ejemplo de cómo las instituciones de la Comunidad, en concreto el Tribunal de Cuentas, el Parlamento y la Comisión pueden colaborar para mejorar significativamente diversas políticas de la UE. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Se procede a la votación. 
Antes de la votación sobre la enmienda nº 6 
Señor Presidente, he votado pero alguien ha extraído mi tarjeta. 
No estaba mirando y no tengo ni idea de dónde ha ido a parar mi tarjeta. 
He votado. 
Señora, en primer lugar tengo que recordarle una vez más que los votos de los viernes son gratuitos. 
Por lo tanto, que no haya ninguna preocupación, Señoría. 
En segundo lugar, los servicios de la Asamblea van a tomar nota de que usted ha votado y, en tercer lugar, me gustaría conocer el carácter de su voto. 
Por lo tanto, Señoría, si quiere usted anunciarnos el signo de su voto ¿positivo? 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, sólo quiero decir que nuestra colega la Sra. Mann ha acaba de vivir algo ya me ha ocurrido a mí, la sustracción de la tarjeta en viernes. 
En segundo lugar quisiera indicarle que con toda seguridad la Sra. Mann no se sienta aquí por el dinero. 
Señor Posselt, sabemos en esta Asamblea, porque lo ha repetido usted varias veces, que ha sido objeto de una sustracción indebida. 
Esperamos que haya recuperado usted su tarjeta de votación porque lo veo a usted en disposición de votar. 
Ahora, efectivamente, debe ser usted cuidadoso y vigilarla mucho, porque ha visto que seguramente su tarjeta tiene un valor especial. 
Señor Presidente, algo muy específico sobre lo que usted acaba de decir, porque es usted el segundo Vicepresidente que en esta mañana se ha referido al sistema diferente. 
El Sr. Martin dijo que las votaciones nominales de los viernes no cuentan y usted también ha hecho una distinción. 
Quiero que deje muy en claro ante el Presidente y los Vicepresidentes que estas votaciones tienen valor, que incluso son muy importantes. 
Gracias, señor McGowan, pero si usted me ha escuchado, habrá oído, que yo no he dicho que estas votaciones no cuenten. 
Muy al contrario, y usted sabe que yo estoy siempre los viernes aquí, dándoles el valor que merecen. 
Señor Presidente, en esta misma línea le iba a decir que su forma de hablar la hemos entendido todos los que estamos aquí, pero es que hay un grupo de europeos arriba, además bastante jóvenes, a los que creo que habría que aclarar qué es lo que usted ha querido decir. 
Efectivamente, Señorías, hay que decir que los viernes, los votos tienen exactamente el mismo valor que cualquier día de la semana y esta Presidencia agradece al Sr. Fabra la petición de puntualización y lo hace con plena satisfacción. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
El ponente abarca muchas de las críticas que el Tribunal de Cuentas dirige a la gestión de los temas mencionados. 
No obstante, pienso que también podría haber incluído las críticas dirigidas a las autoridades españolas (con respecto a los recientes informes de la importación de maíz y sorgo) y del comité de gestión (respecto de las insuficiencias en torno a la información sobre sus actividades). 
No obstante, admito que se trata de observaciones marginales y que no constituyen objeciones de peso. 
Señor Presidente, estamos ante la adopción unánime de un informe al que no se le ha presentado enmienda alguna. 
Hemos necesitado para ello únicamente 7 minutos, esto no sólo guarda relación con el contenido, sino también con el número de enmiendas. 
Tengo que decir que esta semana ha sido prácticamente insoportable, la manera en la que hemos tenido que proceder, con continuas enmiendas reglamentarias. 
De forma intencionada he evitado hacer mención al reglamento durante estas entradas, para no tener más retrasos. 
Sin embargo, tengo que pedir encarecidamente- también en nombre de los presidentes de las comisiones que son los responsables de que las decisiones sean examinadas por el pleno puntualmente- que la Mesa logre encontrar alguna solución satisfactoria, de aquí hasta la próxima sesión, de modo que se puedan evitar esos insoportables retrasos durante las votaciones. 
Señor Presidente, quisiera repetir la observación que hice anoche. 
Las votaciones, como usted acertadamente ha recordado, tienen el mismo valor el viernes que el jueves. 
Anoche advertí que el timbre que anuncia la votación no funcionaba. 
Esta mañana se ha vuelto a repetir. 
La situación es tanto más grave, debido a que las votaciones están muy esparcidas el viernes por la mañana. 
Quisiera rogarle, señor Presidente, que tome las disposiciones oportunas para que se arregle el timbre que avisa a los diputados para que acudan a la votación, de lo contrario los escrutinios corren el riesgo de sufrir serias interrupciones. 
Sería muy lamentable que los únicos timbres que se oigan durante las votaciones sean los de los teléfonos móviles. 
Yo quería decirle a la Sra. Theato, en primer lugar, que afortunadamente los viernes por la mañana son días tranquilos y relajados. 
Por lo tanto, incluso podemos alargar a veces un poco las votaciones, porque vuelvo a repetir que son días tranquilos, relajados y de buena convivencia y, al mismo tiempo, quiero pedirle que transmita usted al Sr. Giansily nuestra felicitación por la votación favorable de su informe, que ha recibido los votos unánimes de la Asamblea. 
Participación de Polonia y de la República Eslovacaen programas de formación, la juventud y la educación 
Señor Presidente, mis queridos colegas, la participación de los PECO en el programa " Educación y Juventud» marcha por buen camino. 
La propuesta que hoy nos presenta la Comisión es un ejemplo perfecto de ello, y debemos alegrarnos de que Polonia y Eslovaquia se unan al resto de países que participan en los programas Sócrates, Leonardo y La Juventud con Europa. 
El pasado mes de julio dimos vía libre a la participación de Hungría, la República Checa y Rumania. 
En el ejercicio presupuestario de 1997, dichos países pudieron beneficiarse de estos programas. 
Hoy toca el turno a Polonia y a Eslovaquia. 
Quisiera, brevemente, volver sobre el génesis de esta decisión. 
A raíz de la firma en 1996 de protocolos adicionales con algunos de los PECO, los Consejos de Asociación precisaron las modalidades para la participación de estos países en los programas comunitarios. 
Decidieron hacer de " la educación, la formación y la juventud» , el primer eslabón de las acciones iniciadas. 
Se prevén otros acuerdos posteriores en el ámbito de la cultura, el medio ambiente y la salud. 
Esta política, definida en la Cumbre de Dublín, tenía como principal objetivo que los países candidatos se fueran familiarizando con las políticas y los procedimientos comunitarios. 
Por ello, no podemos más que alegrarnos al constatar que la cooperación en materia de educación y juventud se haya mantenido como una de las prioridades. 
Es cierto que son elementos esenciales en el proceso de acercamiento de los pueblos y la constitución de la ciudadanía europea. 
Por otra parte, los intercambios en este ámbito existen desde hace varios años, y los tres programas en cuestión ya estaban en condiciones de dar apoyo a acciones que incluían a los PECO. 
Además, el programa Tempus, introducido en 1990 en el marco de los programas Phare y Tacis, ha sentado las bases para la cooperación en el ámbito universitario. 
Es evidente que este planteamiento se ha visto reforzado por la aprobación de la Agenda 2000 y las decisiones de la Cumbre de Luxemburgo, que han permitido que estos procedimientos de preadhesión entren en una fase operativa. 
En este sentido, cabe destacar que existe una sinergia y ninguna contradicción entre las acciones preconizadas por la Agenda 2000 y este procedimiento emprendido por los Consejos de Asociación. 
Por otra parte, la elección de los países afectados se ajusta perfectamente a los deseos expresados por nuestro Parlamento de evitar las discriminaciones entre los países candidatos. 
Así, aunque no se encuentren entre los países en cabeza, Rumania, ayer, y Eslovaquia, hoy, podrán figurar entre los países asociados. 
Al final de este acuerdo, Polonia y la República Eslovaca podrán participar en el conjunto de las acciones que se inscriben en el marco de estos tres programas. 
Además, estos dos países asistirán al seguimiento de su participación en estos programas y serán invitados a las reuniones de coordinación. 
No obstante, a ellos compete la implantación de las estructuras nacionales y los mecanismos necesarios para su participación. 
En el plano financiero, el complemento que la Unión debe aportar a la contribución de estos países ha sido incluido en el presupuesto para 1997. 
Este gasto debe necesariamente estar comprometido antes del 31 de marzo, lo que explica la urgencia de este debate. 
Además, se ha dado a Polonia la posibilidad de utilizar la dotación de Phare hasta un 10 % como máximo. 
Eslovaquia, por su parte, ha incluido en su presupuesto nacional el 50 % del coste de su participación, mientras que el 50 % restante deberá ser cubierto, una vez más, por estos mismos créditos Phare. 
Hay que observar que la contribución financiera de los Estados debe cubrir las subvenciones y las ayudas concedidas a sus participantes y que, evidentemente, el importe acumulado de las subvenciones y ayudas recibidas no debe superar la contribución financiera abonada. 
Así pues, mis queridos colegas, se trata de un acuerdo de participación celebrado entre socios, y no de un contrato de asistencia. 
Es éste un elemento de la máxima importancia, porque los PECO se han sentido a veces " asistidos» en sus relaciones con la Unión Europea o esto es al menos lo que se desprende de la evaluación del programa Tempus. 
Aunque no hay obstáculos importantes a la participación de Polonia y la República Eslovaca en estos programas y aunque, como hemos destacado, este planteamiento constituye un avance político positivo, quedan aún algunos interrogantes. 
Los programas Leonardo, Sócrates y La Juventud con Europa, aprobados mediante el procedimiento de codecisión, se iniciaron en el transcurso de 1995. 
Hoy se encuentran casi al final del recorrido y, por ello deben ser sometidos a una evaluación y una nueva definición. 
No debemos olvidar que estos tres programas funcionan en sinergia con otras acciones que la Unión Europea lleva a cabo en el ámbito de la enseñanza, la formación y la juventud. 
El artículo 126 del Tratado de Maastricht ha dotado a la Unión de competencias en este ámbito, que, aunque limitadas, ponen de manifiesto una voluntad real de actuación. 
Así, cabe afirmar que el lugar de los jóvenes y su ingreso en la vida profesional se han convertido en una de las principales preocupaciones de la Unión Europea y no podemos más que lamentar la falta de medidas de acompañamiento en lo que respecta a los países signatarios. 
Por otra parte, hay que plantear asimismo el problema de los medios. 
Es cierto que se ha incrementado considerablemente el presupuesto del programa Sócrates gracias a la tenacidad y la eficacia de nuestra colega Doris Pack, a la que debemos felicitar una vez más por su actuación, pero los programas Educación y Juventud suscitan en la actualidad una petición real a la que sería una pena no responder. 
En segundo lugar, hay que preguntarse sobre las necesidades de los PECO en materia de educación y formación. 
Polonia, al igual que Eslovaquia, no escapan a la necesidad de adaptar sus sistemas educativos, no sólo con relación a la Unión Europea, sino también en el contexto de la mundialización y del desarrollo de las nuevas tecnologías que hoy conocemos. 
Estos tres programas pueden constituir respuestas y una ayuda nada despreciable, pero el carácter multidireccional de sus intervenciones no los obligan a responder a estos objetivos. 
Sin embargo, el procedimiento de ampliación, cuyo corolario lo constituyen el principio de la libre circulación y el reconocimiento mutuo de los títulos, implica un progreso real en materia de educación. 
Por otra parte, la propia Comisión ha insistido en ello en las opiniones que ha presentado en relación con las solicitudes de adhesión de estos dos países. 
Por lo que respecta a Polonia, la Comisión destaca el progreso realizado por este país, un progreso espectacular en materia de educación, aunque no pasa por alto los esfuerzos que aún quedan por hacer. 
Debemos ser conscientes de que Polonia destina el 16 % de su presupuesto, es decir, el 6, 2 % de su PIB, a la enseñanza y se ha fijado el objetivo de aumentar considerablemente el número de jóvenes que reciben enseñanza secundaria y universitaria, con el fin de que el 20 % de las personas comprendidas entre los 20 y 40 años puedan cursar estudios superiores. 
Eslovaquia desarrolla una estrategia menos ofensiva, ya que apenas destina el 3, 2 % de su presupuesto a la enseñanza, es decir, en torno al 1, 5 % de su PIB. 
Además de la necesidad, también aquí, de aumentar el número de alumnos y estudiantes, deben realizarse esfuerzos importantes para ofrecer a las minorías las mismas oportunidades de acceso a la enseñanza, y me refiero, en particular, a la minoría húngara. 
Por ello, para poder evaluar en qué medida la asociación a nuestros programas educativos y de formación pueden ayudar a estos países a modernizar sus sistemas educativos, he abogado por la creación de un comité piloto específico. 
Sé que la Comisión no es demasiado partidaria a una medida de este tipo. 
No obstante, debo confesar, señor Comisario, que las respuestas que he obtenido no me han convencido del todo, en cuanto a la negativa de que se cree esta estructura de evaluación, y debo decir que lo lamento. 
El proceso de ampliación supone salvar etapas: Sócrates, Leonardo, La Juventud con Europa, son todas ellas vías de acceso, pero aún nos queda, mis queridos colegas, construir los puentes. 
Señor Presidente, señoras y señores, si decidimos involucrar a Polonia y a la República Eslovaca en los programas de formación, juventud y educación de la UE habremos dado un paso importante. 
Pero se trata de un paso que aparece lógicamente como obligatorio si queremos seguir avanzando por el camino que iniciamos al decidirnos sobre la ampliación hacia el Este. 
¿Por qué? 
Al abrir nuestra Comunidad a los estados del antiguo bloque del Este, el objetivo que nos marcamos es una Europa políticamente estable y en paz. 
Esperamos alcanzar ese objetivo apoyando a los futuros Estados miembro, fortaleciendo sus estructuras democráticas y reforzando su poder económico. 
Pero, żcómo puede llevarse a cabo tal cosa? 
Solamente si aprendemos los unos de los otros, si intercambiamos experiencias, ideas, conocimientos, si nos ganamos la confianza recíproca. 
Cuantos más ciudadanos de la Unión sean involucrados en ese proceso de crecimiento común, mayor será su éxito. 
Cuanto más jóvenes sean las personas que participen en él, más profundamente se enraizará el sentimiento de pertenencia en sus corazones y menor será la propensión a las fisuras de la futura Comunidad. 
Los programas LEONARDO, SÓCRATES y JUVENTUD PARA EUROPA quieren preparar el terreno para tal evolución. 
Propician la superación de las barreras lingüísticas y fomentan la transferencia de conocimientos y el intercambio de estudiantes, trabajadores y jóvenes de Europa. 
Están previstos para que los jóvenes tanto de los antiguos como de los futuros Estados miembros aprendan los valores democráticos como valores que merecen ser protegidos. 
En el grupo que forman los países que van a introducir la ampliación hacia el Este no se encuentra la República Eslovaca. 
La apreciación de que la cultura democrática de este país tiene que seguir desarrollándose ha conducido a que su ingreso en la Comunidad se haya postergado. 
Sin embargo, la apreciación de que la población eslovaca está abierta a seguir desarrollando su sistema político nos ha llevado ha desear la participación de los eslovacos en nuestros programas. 
Ya el año pasado el Parlamento decidió aceptar a la República Checa, Rumanía y Hungría en los programas. 
La República Eslovaca y Polonia debieron esperar ya teníamos que ver si los fondos para el programa SÓCRATES iban a ser aumentados. 
Esto ha sido conseguido y por ello celebro hoy que tras la República Checa, Rumanía y Hungría, la República Eslovaca y Polonia vayan a entrar en nuestros programas. 
Gracias, Sra. Leperre-Verrier por su estimable aportación. 
Presidente, la inclusión de Polonia y Eslovaquia en la campaña comunitaria en el campo de la formación, la juventud y la educación, como se presenta en el informe del colega Leperre-Verrier, es algo bueno. 
Es otro pequeño paso en el camino histórico que se recorrerá definitivamente a finales de marzo con la Conferencia Europa para hacer socios de pleno de derecho a los países del centro y del este de Europa. 
En la práctica éste es además un método sensato para familiarizar a los países candidatos con los diversos terrenos de la política y procedimientos dentro de la Unión Europea. 
La elección de educación, formación y juventud es una buena elección para comenzar y adquirir experiencia, y se puede elogiar el papel del Comisario Van den Broek en esta elección porque, digámoslo claro, quien tiene la juventud también tiene el futuro. 
Una buena base para la futura colaboración con estos países está también en el apoyo financiero repartido de los programas en cuestión, así como el programa PHARE. 
Por eso puedo estar contento del hecho de que la cantidad total en subvenciones y otras ayudas financieras ya no superará la aportación financiera pagada. 
Esto deja las cosas claras, no despierta expectativas exageradas y además se puede controlar. 
Pero está claro que el contenido de esta iniciativa a mi modo de ver supera con mucho las limitaciones financieras en lo que respecta al interés de la iniciativa. 
Polonia y Eslovaquia tendrán problemas con la integración de sus sistemas educativos, como por lo demás también otros países del centro y del este de Europa, no sólo en relación con la Unión Europea, sino también en el marco de las nuevas tecnologías de información. 
Por lo demás, los propios Estados miembros aquí también tienen que salvar a menudo algún obstáculo. 
Como miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, quiero manifestar mi estima por esta iniciativa porque en el enfoque de los programas, como ha sido descrito por el ponente, se trata de una contribución para el acercamiento entre los Estados miembros y los países del centro y del este de Europa. Éste es un objetivo político y estratégico con el que se sirve a la estabilidad y a la paz de Europa. 
Señor Presidente, pienso que esta es una de las tareas más importantes del Parlamento Europeo, la de reforzar la cooperación entre ramas profesionales, la juventud, los países y pueblos. 
Esto es excelente. 
El aprendizaje de lenguas es una parte integrante del proceso. 
Es importante que se tenga en consideración a las que ya existen en la UE actualmente, pero al mismo tiempo debe desarrollarse el diálogo con las del Este y Centro de Europa, y deben disponer de las mismas posibilidades de desarrollo en su calidad de lenguas actuales de la UE. 
Con respecto a la influencia, pienso que Polonia y la República Eslovaca deben participar desde el principio, y decidir la configuración del programa. 
Esto es importante dado que se trata de un Acuerdo que se concluye entre la UE y estos países, y que significa que los programas se financiarán a partes aproximadamentente iguales por parte de los dos países por un lado, y por otro de la UE. 
Hay que ver esta cuestión dentro del marco de la asociación entre la Comisión, Polonia y Eslovaquia. 
Los programas a que se aplica son sobre todo Leonardo, Sócrates, Juventud por Europa, Tempus y Phare. 
Deben realizarse independientemente de lo que suceda con las negociaciones y de su ritmo, ya sea lento o rápido. 
No obstante, tengo una observación importante, y es que pienso que debe quedar bien claro que el programa no sólo va a tratarse de una adaptación unilateral a la UE, a sus instituciones, sus puntos de vista, su nivel de formación y sus requisitos al respecto, sino que debe ser un intercambio recíproco y multilateral entre la UE y los países que han solicitado la adhesión. 
Sólo entonces resultarán beneficiosos estos programas. 
La UE no debe aparecer como una especie de hermano mayor, sino intentar lograr siempre que se produzca un diálogo entre países independientes que han firmado un Acuerdo. 
Con estas condiciones obtendremos buenos resultados, y el grupo ELDR apoya esta propuesta. 
Señor Presidente, los programas comunes de educación y formación son de la mayor importancia. 
Por eso damos la bienvenida a este informe sobre Polonia y la República Eslovaca. 
Si queremos contribuir al aumento del intercambio juvenil más allá de las fronteras nacionales y ayudar a que los jóvenes aprendan más sobre otras culturas, tradiciones y países, estos programas son un buen principio. 
El Grupo de los Verdes apoyará por tanto este informe. 
Personalmente, no obstante, tengo dos observaciones que hacer. 
En primer lugar, no pienso que el programa Juventud por Europa deba incluirse en este Acuerdo. 
No se trata de un programa de educación o de formación, sino más bien de una organización de propaganda unilateral. 
Al menos lo es en Suecia. 
Por consiguiente, no creo que deba formar parte del Acuerdo. 
En segundo, pienso que la UE debería, en un espíritu solidario, financiar una proporción mayoritaria de los costes de estos Acuerdos, ya que la región europea en que vivimos está en mejor situación económica en comparación con la situación de Polonia y Eslovaquia, donde hay mucha escasez. 
Si realmente queremos ayudar al Este y Centro de Europa, deberíamos costear la mayor parte de los gastos en este ámbito político esencial. 
Señor Presidente, votamos a favor de este informe, aunque considero innecesario que a todas las medidas con sentido, que ataan a nuestros vecinos del este, les coloquemos la etiqueta de la ampliación. 
Creo que es importante destacar que se trata de un acuerdo sobre la participación entre socios y no sobre la concesión de ayudas. 
Por propia experiencia sé que especialmente el vecino de Austria, la República Eslovaca, se siente muy incómodo cuando es tratado en tanto receptor de ayuda. 
Celebro que la ponente haya hecho mención en su exposición a la inquietante situación que viven los niños de esos países. 
Los niños representan una capa social especialmente amenazada. 
El informe de UNICEF, del que el año pasado se encargara el Parlamento Europeo, hacía este hecho más que evidente. 
Por ello los programas "Sócrates» y" Jóvenes para Europa» deberían ponerse en práctica, especialmente, para la mejora de las perspectivas y la calidad de vida de los niños. 
La intensa cooperación de las instituciones educativas y la mejora de los sistemas educativos seguro que van a propiciar que el enorme potencial intelectual y pedagógico de Polonia y la República Eslovaca y, finalmente, de los ciudadanos de la Unión Europea se desarrolle positivamente. 
Señor Presidente, también quisiera darle las gracias a la Sra. Leperre-Verrier por su extraordinario informe. 
Mi grupo celebra este informe y la apertura progresiva de los programas a los países del centro y este de Europa con antelación a su adhesión. 
En este caso, sobre todo, se ha abierto una puerta a la juventud para que viva nuevas experiencias. 
Sin embargo, estos programas también ofrecen la posibilidad de intercambiar experiencias en el ámbito educativo y laboral y establecer un diálogo innovador, ya que estos países también tienen cosas que ofrecernos. 
Por ello el dicho " aprende la lengua de tu vecino» no debe solamente referirse a los países de la Europa occidental sino que también debe ser válido para nuestros vecinos del este. 
Éste es un dinero muy bien gastado, la transferencia de conocimientos y experiencia no acaece de forma mejor que a través de experiencias personales y la estancia en otros países, y espero que con el contacto personal también se disipen prejuicios que, lamentablemente aun persisten y son conservados como en el pasado. 
Me puedo imaginar que la cooperación en el ámbito pedagógico pueda llevar, un día, a medios comunes de enseñanza, incluso, a un libro común europeo de Historia. 
Señor Presidente, quisiera adherirme al corro de aquéllos que han felicitado a la Sra. Leperre-Verrier por su excelente informe y el magnífico trabajo que ha desarrollado. 
Es necesario señalar que el informe se inserta en un contexto más amplio. 
Todo empezó con un informe del Sr. Posselt que entonces ya dijo que estos informes debían hacerse extensivos a todos los países del centro y este de Europa. 
Esto es algo muy importante y digno de mención. 
Hay que hacerse a la idea del brevísimo espacio de tiempo de recuperación del que disponen estos países, que han estado durante decenios bajo el yugo comunista, y proceden de tal manera que uno se queda absolutamente impresionado. 
Uno de los grandes filósofos de nuestro siglo, el Dalai Lama, tuvo que responder en una ocasión que por el momento no podía hacerse mucho, a la pregunta de cómo se sentía ante el hecho de que hubiera tanta muerte y destrucción sobre la tierra- especialmente en su propio país. 
En realidad se trata de un hombre muy positivo, todos los presentes se quedaron petrificados. 
Este informe se ocupa de la juventud- en este caso de Polonia y la República Eslovaca, con anterioridad, el año pasado, de Hungría, Rumanía y Chequia. 
Si se conquista a la juventud de estos países, entonces a ellos también les pertenecerá el futuro europeo que también deseamos para ellos. 
Es nuestra obligación mostrar y proponer a esa juventud nuestros valores que nos han deparado 50 años de paz, un bienestar extraordinario y un periodo histórico, para que libremente decidan si quieren aceptarlo. 
A esto contribuye el informe. 
Señor Presidente, yo también desearía expresar mi agradecimiento a la Sra. Leperre-Verrier por su excelente trabajo en la elaboración de este equilibrado informe. 
Los programas de la Unión Europea en materia de educación y juventud constituyen medios de primordial importancia para profundizar en la integración europea a nivel nacional y atenuar las disparidades existentes entre la antigua Europa oriental y la Europa occidental. 
Las experiencias que viven los propios ciudadanos, estudiantes e investigadores, en centros educativos multiculturales de toda Europa son mucho más valiosas que cualquier folleto a todo color distribuido por la Comisión sobre un proyecto denominado Europa de los ciudadanos. 
Resulta importante hacer hincapié en que los problemas de cooperación en materia educativa que existen entre la actual Unión Europea y los países candidatos no se solucionarán únicamente con un incremento de la financiación. 
Aunque se haya registrado un aumento de los fondos destinados, por ejemplo, al programa Sócrates para el próximo período financiero, este dinero no bastará ni por asomo para satisfacer siquiera las necesidades de los programas internos de la actual Unión. 
Por lo tanto, son los propios países candidatos los que se enfrentan al mayor desafío. 
Éstos países deberán ser capaces por sí mismos de modernizar y adaptar sus sistemas y centros educativos a fin de poder garantizar el nivel de los programas de intercambio en lo relativo a los contenidos de la educación, así como a las cuestiones administrativas y a otros asuntos de carácter externo. 
La práctica ha demostrado que las posibilidades de los estudiantes extranjeros para cursar estudios en numerosos países de la antigua Europa oriental continúan siendo muy limitadas. 
A modo de ejemplo práctico, podría mencionar el caso de la Universidad de Tartu, en Estonia, donde los estudiantes finlandeses han emprendido acciones judiciales contra las autoridades universitarias después de que éstas decidieran aplicar de manera arbitraria una enorme subida de las tasas en mitad del curso académico. 
La recaudación de fondos a costa de los estudiantes extranjeros no forma parte de la naturaleza de los programas de intercambio. 
Es importante que los países que se están preparando para ingresar en la Unión Europea asimilen este principio. 
Los programas de intercambio se basan en la reciprocidad, y ésta, así lo dicta la razón, no deberá nunca basarse en las decisiones de los tribunales. 
Así pues, aún queda mucho por mejorar. 
Señor Presidente, Karl Habsburg-Lothringen lo ha expresado amablemente, soy por así decirlo el abuelo de este informe, porque tuve el honor de presentar entonces, ante esta Asamblea, los protocolos adicionales del acuerdo de asociación. 
Creo que el informe que hoy votamos es un paso significativo hacia delante. 
En primer lugar trata la diversidad cultural y lingüística de la Europa actual y al UE del futuro. 
Agradezco encarecidamente, además, que en este informe se hayan respetado debidamente las lenguas regionales y minoritarias, así como las lenguas eslavas y el húngaro. 
En segundo lugar celebro que el informe sirva para dar un paso más hacia la asociación. 
Ha habido una tendencia a acostumbrarse a un cierto paternalismo arrogante hacia los candidatos a la adhesión del centro y este de Europa, y las enmiendas que han sido presentadas hoy, confirman un espíritu muy paternalista. 
En este sentido quiero contradecir al Sr. Lukas, porque creo que debería decidirse a defender enérgicamente en su país la ampliación hacia el este. 
En tercer lugar quiero decir que en el informe nos ocupamos de dos países que son especialmente importantes para nosotros, Polonia, con su gran historia y cultura y Eslovaquia, con la gran historia y cultura que también une intensamente a ambos países. 
Precisamente Eslovaquia está en peligro de quedar aislada. 
He hablado con el presidente del consejo de rectores eslovaco, el profesor Stern, quien teme que a causa de la política de su país, que es criticada por nosotros con razón, el pueblo quede aislado, que las instituciones educativas queden aisladas, que los estudiantes, los jóvenes científicos, las fuerzas laborales queden aislados. 
Debemos actuar en contra de este hecho. 
Deberíamos poner un centro de gravedad financiero en Eslovaquia, porque ningún país, entre los países asociados, necesita tanto nuestra ayuda como Eslovaquia, que, en lo más profundo, es un país centro europeo. 
Por todo lo expuesto saludo el presente informe y las previsiones para Polonia y Eslovaquia. 
Señor Presidente, Comisario Fischler, distinguidas señoras y señores, investigación, infraestructura y educación, éstas son las bases para el éxito de una economía de mercado social y ecológica, para el empleo, en definitiva, para el éxito. 
Por esta razón saludo estos programas. 
Nosotros, los miembros de las delegaciones para la ampliación hacia el este hemos tenido en la última semana de Estrasburgo un debate intenso con el Comisario van den Broek y le hemos expresado que consideramos de gran importancia y acogemos de manera especial estos acuerdos europeos para el progreso de los países del centro y este de Europa. 
Esto es especialmente válido para la cooperación en el ámbito de la formación. 
Quisiera señalar, al igual que el orador anterior, el Sr. Posselt, que desde el punto de vista de la integración éste es fundamental, en un momento en el que la situación política de ese país hace posible la adhesión. 
Como es sabido hoy a las 16: 00 acaba el plazo de postulación para el Consejo del Presidente y, previsiblemente, el 5 de marzo será elegido el Presidente. 
Resulta interesante que el Presidente Kovác haya anunciado que aun va a ordenar la consulta popular decidida por el tribunal constitucional. 
Quiere decirse que actualmente, en Eslovaquia, se está desarrollando una situación políticamente muy interesante. 
Precisamente por eso debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para aportar un servicio valioso a esa aproximación. 
Está claro que se pueden llevar a cabo diferentes ajustes. 
La inmediata integración en los programas comunitarios tiene que ser la expresión de estrategia de aproximación reforzada. 
Los acuerdos de asociación con los países que desean adherirse a la Unión deben ser intensificados, especialmente con Eslovaquia. 
El hecho de que empecemos con la cooperación en los ámbitos de la formación y juventud no es sólo digno de elogio sino que está muy meditado. 
Coincido absolutamente con la ponente, un futuro común en una casa europea sólo puede construirse conjuntamente con la juventud. 
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quiero darle las gracias a la ponente, la Sra. Leperre-Verrier, y a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación por su actitud cooperativa y su rapidísimo proceder en este asunto. 
En la víspera de la apertura de las negociaciones de adhesión se percibe en la ciudadanía tanto de los países del centro y este de Europa como de los Estados miembros, una mayor sensibilidad y franqueza respecto a esta cuestión. 
Tal y como se extrae de las conclusiones de Luxemburgo, con la participación en estos programas de los países del centro y este de Europa, se les está ofreciendo la posibilidad de familiarizarse con las políticas e instrumentos de la Comunidad y no sólo en el aspecto político y burocrático, sino en su misma base. 
De este modo muchos estudiantes, profesores, trabajadores liberales, van a obtener la posibilidad de ponerse en contacto a través de redes con sus colegas de los Estados miembros. 
Un intercambio de estas características es verdaderamente importante para el fortalecimiento de la democracia, algo que es especialmente importante en el caso de la República Eslovaca. 
La puesta en marcha de la ya larga promesa de una participación en estos programas también goza de una alta consideración entre los gobiernos y los futuros promotores de los proyectos. 
En relación con esto, la participación en los programas comunitarios en general, pero especialmente en los ámbitos de la formación básica y profesional va a ser una aportación esencial al desarrollo institucional de los países candidatos a la adhesión. 
Los países del centro y este de Europa consideran esta participación como un asunto prioritario y consecuentemente están reservando en sus presupuestos de formación los recursos equivalentes y poniendolos a disposición. Así mismo, la apertura de estos programas comunitarios es muy importante en el marco de una estrategia reforzada de aproximación. 
El Parlamento Europeo ha estimulado la apertura de estos programas europeos incluso antes de que fueran aprobados por el Consejo Europeo en 1993. 
También contribuyó a la aprobación de los protocolos adicionales de los acuerdos europeos. 
Y ahora se solicita la rápida aprobación de las resoluciones del consejo de asociación y de ese modo poder elegir los primeros proyectos, en los que participarán socios de estos dos países, antes del verano. 
En lo que se refiere a la última propuesta de modificación quisiera decir que estamos de acuerdo en la necesidad de un seguimiento relativo a la participación en estos programas. 
Pero éste tiene que hacerse en el seno de las estructuras existentes, y sobre todo, porque sólo de ese modo podremos garantizar que vamos a seguir actuando coherentemente y tratando a todos los países del centro y este de Europa del mismo modo. 
Quiero de nuevo dar las gracias a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación así como a la ponente por su trabajo y su flexibilidad y, sobre todo, porque el informe haya llegado tan rápidamente a la primera lectura y haya llegado ya prácticamente sin fricciones. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Señor Presidente, disculpeme, no quiero retrasar más el asunto, pero al releer las enmiendas 3 y 8- que son idénticas para ambos países- he observado que se ha colado un pequeño error. 
En ellas se dice que estas lenguas ya disfrutan del estatus de lengua oficial dentro de la UE, y se señala, como ejemplo, el esloveno en Kärnten, Steiermark e Italia. 
Sin embargo esto no es así. 
Por lo tanto pediría en tanto enmienda oral que en su lugar se escribiera " también disfrutan del estatus de una lengua regional reconocida oficialmente dentro de la UE, como por ejemplo, el esloveno en Austria e Italia». 
Y no por tanto Kärnten y Steiermark, sino Austria e Italia, porque en Steiermark la minoría eslovaca no es reconocida, aunque sí en Kärnten. 
La formulación correcta es "lengua regional reconocida oficialmente» y no" lengua oficial». 
Muchas gracias, señor Posselt. 
Señorías, a esta Presidencia le gustaría conocer la opinión de la Sra. Leperre-Verrier. 
¿Puede darnos su opinión sobre esta propuesta de enmienda oral? 
Señor Presidente, quería decir que estoy completamente de acuerdo con la propuesta que acaba de hacerse, en la forma de una enmienda oral, evidentemente, puesto que ya ha vencido el plazo para la presentación de enmiendas. 
¿Hay alguien que se oponga a esta enmienda oral? 
No. 
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos resoluciones legislativas) 
Pensamos que el mensaje que transmite el informe es muy positivo. 
Lamentamos, no obstante, que el Consejo no destine los medios suficientes. 
Señorías, permítanme decirles que el Parlamento ha agotado el orden del día y que, no por cortesía sino porque es de justicia, agradezca la colaboración de los servicios de la Asamblea, los ujieres, los servicios de interpretación, los servicios de la Mesa, y que, al despedirme, Señorías, les diga que estoy seguro de que, a poco que ustedes hayan podido pasear por esta hermosa ciudad que nos acoge, a pesar del mucho trabajo que tenemos, se habrán dado cuenta de que hay signos de la primavera, un tanto prematura, de una revitalización, que los árboles tienen centenares y centenares de brotes que anuncian su explosión. 
Deseo, Señorías, que en las próximas semanas éstas sean las únicas explosiones que escuchemos. 
Es decir, que el viaje que está realizando el Secretario General de las Naciones Unidas dé sus frutos, que la racionalidad se imponga a la irracionalidad, que la convivencia se imponga a la confrontación. Es decir, que la paz se imponga a la guerra. 
Señorías, que tengan ustedes un buen viaje y, cuando nos encontremos el próximo mes, los de las regiones más septentrionales nos digan que se ha producido el deshielo y que todos hayamos visto explotar miles y miles de hojas en paz y en convivencia. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.35 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 20 de febrero de 1998. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del viernes 20 de febrero de 1998 ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quisiera volver una vez más a la discusión que hemos sostenido repetidas veces a lo largo de toda la última semana de plenos sobre la criminalidad en Bruselas. 
Entonces hubo promesas por parte de la Mesa en el sentido de que se realizarían las conversaciones pertinentes con los diferentes servicios de Bruselas que pudieran contribuir realmente en algo a esta cuestión. 
Agradeceríamos mucho que se informara, eventualmente también al Pleno, a cerca de qué conversaciones se han realizado y qué resultados se han obtenido. 
Es un hecho que en la última semana han sido asaltados otros dos miembros del Parlamento, en concreto, la Sra. Pack y el Sr. Schiedermeier. 
Tengo conocimiento de ambos, quizá les haya ocurrido también esto a otros muchos. 
Si yo dijera hoy que ésta es una situación intolerable, sería insuficiente. Hace tiempo que hemos traspasado ya el límite de lo tolerable. 
Agradecería mucho que por parte de la Mesa recibiéramos en el Pleno más información acerca de qué es lo que sucede en estos casos, qué podemos hacer para poder aumentar realmente la seguridad en Bruselas. 
Quiero indicar una vez más a todos los colegas que está a la firma una pregunta oral y quisiera pedirles que la firmen para que se pueda emprender realmente alguna acción contra esta criminalidad en Bruselas. 
Muchas gracias. 
Como comprenderá usted, ésta no es ni una cuestión referida al acta, ni una cuestión para organizar un debate ahora en el Pleno. 
Yo le informaré con mucho gusto por escrito de las gestiones que ya estamos haciendo con las autoridades belgas para, en la medida de lo posible, garantizar la seguridad en las cercanías de los edificios del Parlamento Europeo, puesto que Bruselas es muy grande. 
Señor Presidente, quisiera referirme al Acta del viernes en que usted me ha escrito en una carta lo siguiente: » Esté usted seguro de que comparto su preocupación y que realizaré gestiones ante las autoridades belgas en pro de una solución satisfactoria en lo que respecta a la seguridad de los diputados y del personal del Parlamento Europeo». 
Quisiera darle expresamente las gracias por estas palabras. 
Quisiera decir que he realizado una investigación. Una colaboradora mía ha visitado más de trescientos despachos, más de la mitad de los despachos de los diputados al Parlamento Europeo. 
Se me ha informado de que en una tercera parte, exactamente, de estos despachos se dio noticia de incidentes delictivos en Bruselas. 
Por lo demás, quisiera comunicar que los autores que asaltaron a mi asistente han sido detenidos y serán sometidos a un careo con el mismo. 
Quiero darle las gracias por sus esfuerzos en este ámbito. 
Muchas gracias, señor Rübig. 
Le remito a la respuesta que acabo de dar al Sr. Habsburg-Lothringen. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, por desdicha, en casi todas las aperturas del periodo de sesiones de nuestro Parlamento, usted está obligado a expresar el dolor de la Asamblea por las personas asesinadas en viles atentados terroristas. 
Hace apenas unos días, un católico y un protestante caían víctimas del fanatismo que se sirve del lenguaje de las armas en lugar de servirse de las ideas. 
También hace poco, a través de una declaración del primer ministro Lionel Jospin, el Gobierno francés manifestó su intención de no conceder la extradición, pedida por Italia incluso sobre la base del Acuerdo de Schengen, de doscientos terroristas italianos que se refugiaron en Francia tras los años de agresiones armadas con las que provocaron en Italia terribles pérdidas. 
Este rechazo puede interpretarse como una forma de estimular indirectamente la impunidad y la inmunidad de los terroristas de ayer, de hoy y de mañana. 
Actualmente, también Francia corre el riesgo de entrar en el punto de mira de los terroristas... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Tatarella, el Parlamento Europeo no es competente en materia de Derecho de extradición entre los Estados miembros. 
Además, ha rebasado usted el minuto concedido para estos asuntos. 
Señor Presidente, el pasado viernes tuvo lugar en Finlandia un devastador accidente ferroviario que se saldó con diez muertos y cerca de cuarenta heridos. 
En representación de la delegación finlandesa del Partido Popular Europeo, desearía que usted, Sr. Presidente, presentara sus condolencias y diera el pésame en nombre del Parlamento. 
Así se hará. 
Dimisión de un vicepresidente 
Informo a sus Señorías de que el Sr. Capucho me ha comunicado por escrito su renuncia al cargo de Vicepresidente del Parlamento con efecto a partir del 10 de marzo de 1998. 
Deseo agradecer al Sr. Capucho el trabajo que ha realizado a lo largo de su Vicepresidencia. 
El plazo de presentación de candidaturas a la Vicepresidencia vacante vencerá esta tarde a las 18.00 horas. 
La elección se celebrará el miércoles a las 11.30 horas. 
Orden de los trabajos 
Con objeto de garantizar que el Comisario competente pueda participar en el debate sobre el informe del Sr. Kreissl-Dörfler (A4-0073/98) , en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre las negociaciones en la OCDE relativas a un Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) , este punto debería debatirse a las 16.00 horas. 
Los Grupos PSE y PPE apoyan esta propuesta. 
(El Parlamento aprueba la propuesta) 
Con objeto de garantizar que el Comisario competente pueda participar en el debate sobre el informe del Sr. Cornelissen (A4-0065/98) , en nombre de la Comisión de Transportes, sobre la seguridad vial en la Unión Europea, inicialmente previsto para el miércoles, el Grupo PPE solicita que se vuelva a incluir el martes antes de los otros tres informes de la Comisión de Transportes, respectivamente de los Sres. Watts, Novo Belenguer y Bazin. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Miércoles: 
Les recuerdo que el informe del Sr. Cornelissen está inscrito en el orden del día del martes. 
Jueves: sin modificaciones. 
Viernes: 
El Grupo ARE solicita que se retire del orden del día el informe del Sr. Cunha, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el Informe anual al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados de los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras a finales de 1996. 
Señor Presidente, tomo la palabra para apoyar esta petición, no sólo porque se trata de un tema importante, sino también porque este Parlamento corre el peligro de tomarse a broma a sí mismo diciendo que las votaciones de los viernes no son importantes. 
Tenemos un informe de mi buen amigo el Sr. Cunha, documento del que creo que incurre en algunos errores fundamentales y, en particular, es un desafío a la base legal de la política común de pesca en un informe espontáneo. 
No existe otro mecanismo para enfrentarse con esto y creo que debe ser tratado por el Parlamento en su conjunto. 
Por lo tanto, propongo que se posponga este informe hasta que tengamos total asistencia en la Asamblea, lo que no es el caso de los viernes, como todos sabemos. 
Veo que la Comisaria de pesca está presente. 
Espero que tome nota de esto, porque es un punto importante. 
Sería una señal terrible para la industria y la Comisión que este Parlamento diera la impresión de que no se interesa por la base del Tratado de la política común de pesca. 
Pido que se postergue. 
Señor Presidente, hemos discutido este informe de un modo suficiente en la Comisión de Pesca; estamos convencidos de que existen elementos para que el Parlamento se exprese ahora y, por consiguiente, no comprendemos los motivos de la remisión. 
Señor Presidente, tomo la palabra para apoyar al Sr. Macartney. 
Con demasiada frecuencia este Parlamento y los que preparan su orden del día incluyen los debates sobre pesca en viernes. 
Es tiempo de acabar con esto. 
Tratamos un informe muy importante y la pesca es un tema capital en muchas regiones de esta Comunidad. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Macartney y le apoyo en este tema. 
Someto a votación la solicitud del Grupo ARE. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Señor Presidente, he pedido antes la palabra para tocar dos temas. 
Con respecto a la declaración sobre Kosovo en nuestro orden del día del miércoles, el Grupo de contacto se reúne esta mañana para discutir la situación. Por lo tanto, me pregunto si podemos ampliar el plazo de presentación de resoluciones hasta mañana al mediodía, pues esto nos permitiría tomar en cuenta las conclusiones de esa reunión. 
Esta es mi primera petición en nombre de mi Grupo. 
En segundo lugar, mi Grupo le ha informado de que queremos votar en el Pleno sobre la eliminación del orden del día de la pregunta oral sobre el programa del Mediterráneo, que estaba prevista para el viernes. 
Di cuenta de ello en la Conferencia de Presidentes de la semana pasada. 
Como dije allí, la Comisión de Control Presupuestario de esta Asamblea está tratando precisamente los temas planteados en la pregunta oral. 
Parece una incongruencia absoluta que ciertos Grupos del Parlamento la planteen de igual manera en el Pleno antes de que la Comisión haya terminado sus deliberaciones. 
Mi Grupo querría que se eliminara del orden del día de esta semana. 
Si el Pleno decide no apoyar ese criterio- aunque tengo la esperanza de que lo haga -, el punto de vista de mi Grupo es que se trata de un asunto muy importante y de gran alcance político. Quiero preguntar si es preciso adherirse al acuerdo de caballeros para que se voten estos asuntos en día viernes y pido que la votación se celebre en una fecha próxima. 
Gracias, Sra. Green. 
Sobre su primer punto, los servicios dicen que es perfectamente posible ampliar el plazo de presentación hasta mañana al mediodía. 
Señor Presidente, como ya ha anunciado la Sra. Green, se da la circunstancia que el tema está pendiente y no se ha terminado en la Comisión de Control Presupuestario. 
Nos parece completamente inoportuno lanzarlo antes de tiempo como una pregunta oral. 
Sabemos que hubo un conflicto en la última reunión entre el Sr. Fabra Vallés y el Comisario, que no contestó de forma elegante- eso nos gustaría añadirlo- pero no es razón como para dedicarle rápidamente un debate un viernes por la mañana. 
Pedimos que el tema se termine en la Comisión de Control Presupuestario y no a toda prisa un viernes por la mañana entremezclado con otros temas que no tienen nada que ver con el fondo de la cuestión. 
Señor Presidente, yo estoy totalmente de acuerdo en que se trata de un tema importante. 
Pero también es importante que el Parlamento tome una decisión respecto a una culpabilidad que nos están achacando... 
El Comisario, el día que compareció ante la Comisión de Control Presupuestario, culpó al Parlamento de bloquear los programas MED. 
Al día siguiente, día 26, intervino un Director general en unas jornadas MED-MEDA y, ante 12 Embajadores de la zona mediterránea, dijo que el Parlamento Europeo era el responsable de haber quedado bloqueados los programas MED. 
Aquel mismo día por la noche, estando yo en Madrid, el Embajador turco me increpaba, como diputado que soy del Parlamento Europeo, al considerarnos responsables de haber bloqueado los programas MED. 
Lo único que intentamos con esta pregunta, y por eso creo que es urgente, es que quede claro que el Parlamento no es el responsable. 
El responsable es el Comisario, que desde el 17 de julio bloquea los programas. 
Por tanto, y para salvar la honra de este Parlamento, no podemos aceptar la responsabilidad de que seamos nosotros quienes estamos bloqueando los programas MED. 
Señor Presidente, espero que el Sr. Fabra Vallés sostuviera eso mismo ante el embajador turco y otros que con él plantearon el problema. 
Podemos tratar el asunto en la Comisión de Control Presupuestario. 
No hay motivo para que no lo podamos tratar. 
Es como un... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, estimados colegas, estamos de acuerdo en no votar el viernes, sino en otro momento posterior si el punto se mantiene en la agenda. 
Quiero añadir que no entiendo muy bien porqué no se puede debatir esto en un parlamento democrático, aunque sea un punto delicado. 
Es la esencia de un parlamento democrático que también se pueda discutir sobre cuestiones difíciles y delicadas. 
Hemos presentado una pregunta oral, deseamos mantener un debate. 
Apelamos a este Parlamento para se ofrezca esta posibilidad, pero estamos dispuestos a votarlo más tarde. 
Someto a votación la solicitud de los Grupos PSE y GUE/NGL. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Derechos de la mujer 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
la declaración de la Comisión, con motivo del Día Internacional de la Mujer, sobre la violación de los derechos de la mujer; -la pregunta oral (B4-0177/98- O-0044/98/rev.) de la Sra. van Dijk, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, a la Comisión, sobre el Día Internacional de la Mujer- 8 de marzo de 1998: lucha contra la violación de los derechos de la mujer. 
Presidente, sin que se puedan apreciar realmente los contornos de la mujer, las mujeres de Afganistán aún pueden aparecer en la calle. 
Las mujeres en el Afganistán de los talibanes ya no pueden ser vistas. 
Las ventanas de sus casas deben estar cubiertas, porque si no esas mujeres pueden ser vistas desde la calle. 
Las mujeres en Afganistán ya no pueden disfrutar de la enseñanza. Apenas tienen ya posibilidades de hacer uso del sistema sanitario. 
El régimen de los talibanes ha impuesto las reglas más absurdas a las mujeres. Esto conduce a que las mujeres prácticamente ya no pueden participar en la vida pública. 
En la vida pública las mujeres por lo tanto realmente ya no existen. 
Los talibanes utilizan la religión como pretexto para quitarles todos los derechos a las mujeres. Las mujeres ya ni siquiera tienen el derecho a ganarse el sustento. 
Pero los mismos religiosos y piadosos talibanes sostienen su régimen con el negocio de las drogas duras, en especial con la heroína. 
Para el talibán rige: el fin justifica los medios. También si esto significa que se violan los derechos de la mujer, o sea, los derechos humanos. 
Ayer, el ocho de marzo, fue la octogésima octava vez que se celebró el Día Internacional de la Mujer, y hubo reuniones en toda Europa donde se prestaba atención a la situación de las mujeres en Afganistán. 
En este Parlamento adoptamos en febrero una resolución muy clara al respecto. Eso significa por lo tanto que no vamos a repetirlo hoy. 
Afganistán no es, por supuesto, el único país donde se violan los derechos de la mujer, pero sí es el país donde se violan esos derechos de la forma más aberrante que se puede imaginar en este momento. 
Pero también quiero mencionar otros ejemplos. 
Pienso en un país como Irán, donde se pisotean los derechos de la mujer. Donde con el Corán en la mano se casan a chicas de nueve años y esas mismas chicas son violadas a continuación por sus flamantes esposos con su mano aún encima del Corán. 
O piénsese en la situación de Argelia, donde las mujeres tienen cada vez más dificultades para mantener sus libertades recién conquistadas. 
He mencionado ahora tres países musulmanes y para estos tres es verdad que las mujeres en estos países tenían antes mucha más libertad de la que gozan ahora. 
Además, ya llevan siglos profesando el islam en esos países. Pero la represión de la mujer no siempre ha tenido lugar en la misma medida, no siempre ha sido tan fuerte como ahora. 
Tanto para los regímenes islámicos como para el mundo occidental es demasiado fácil atribuir la responsabilidad de la represión de la mujer al islam, como si nosotros mismos tuviéramos la consciencia limpia. 
No es sólo el integrismo islámico el que quita los derechos a la mujer. 
No puedo eludir referirme a otras partes, no islámicas, del mundo donde la religión tiene una influencia que provoca que las mujeres no puedan hacer uso de sus derechos. 
En este aspecto quiero mencionar solamente un país, pero podría mencionar decenas, pero en este momento estoy pensando en las Filipinas, donde por ejemplo es casi imposible comprar anticonceptivos, y todo esto con el argumento de que la iglesia católica prohíbe el uso de anticonceptivos. 
Esto priva a las mujeres el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida y les obliga a la vez a vivir en función de los demás. 
Nosotros en Europa Occidental somos también responsables de esa situación. 
Mantenemos todo tipo de contactos con regímenes bajo los cuales las mujeres sufren a veces menos y a veces más. 
Justo en este año celebramos el cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quiero subrayar, y eso lo hemos hecho muchas veces últimamente, que los derechos de la mujer forman una parte integral e inalienable de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por lo tanto, de los derechos humanos mismos. 
Por mi parte, se puede convertir esta burka- le aseguro que es extraordinariamente denigrante estar por debajo- en el símbolo de la violación de los derechos de la mujer y por lo tanto espero también que se suprima. 
La Comisión de Derechos de la Mujer quisiera saber de la Comisaria Bonino, también con vistas a la plataforma de Beijng, que todos nosotros hemos respaldado y también con vistas al Convenio de la ONU para la eliminación de la discriminación de la mujer, cómo piensa trabajar la Comisión en reducir la violación de los derechos de la mujer en el mundo entero. 
Señor Presidente, señora Bonino, muchas gracias por la campaña que ustedes han lanzado en favor de las mujeres de Kabul. 
En 1911 fue convocado en Copenhague por el Congreso Socialista de la Mujer el primer día internacional de la mujer como día de lucha por los derechos de las mujeres. 
Se habían obtenido ya los primeros éxitos: las mujeres habían obtenido en Escandinavia el derecho de sufragio, en otros países no se había conseguido aún. 
Irrumpimos en un ámbito de los varones, en la política. 
Paso a paso las mujeres conquistamos luego el acceso a las universidades y a los parlamentos. 
No obstante, quedamos considerablemente excluidas de los niveles de dirección en la economía, en la prensa y en los puestos claves de la sociedad. 
A pesar de cuatro conferencias mundiales sobre los derechos de la mujer la lista de desigualdades y de discriminaciones de la mujer es larga. 
Todos los años mostramos esto el día 8 de marzo en la escena mundial. 
Pero este año el día Internacional de la Mujer ha estado bajo el signo de violaciones flagrantes de los derechos de la mujer por parte de regímenes y de movimientos fundamentalistas, y a estas violaciones se ha hecho alusión en muchos miles de actos. 
Precisamente se ha mencionado a Afganistán y a Argelia. En el último debate plenario discutimos esto, aprobamos una decisión y se realizó el lanzamiento de la campaña de ustedes. 
Sin embargo, por doquier se registran violaciones de los derechos de la mujer. 
Como mujeres socialdemócratas alzaremos nuestra voz en todas partes, por ejemplo, en contra del hecho de que ayer en Estambul unas mujeres que se han manifestado se hayan visto desposeídas de su derecho de expresión y hayan sido dispersadas mediante gases lacrimógenos. 
En nuestra decisión transaccional hemos sintetizado una vez más las reivindicaciones más urgentes en favor de la mujer, y no me cansaré de reclamar que los derechos de la mujer constituyen una parte integrante e indivisible de los derechos humanos universales y que de esto se derivan obligaciones para la UE y para nuestros países miembros. 
Ahora debe ser llevado a la práctica lo que se negoció en la plataforma de acción de Pekín, y yo digo en nombre de mi grupo: insistiremos en que se ponga en primer término el libre derecho de autodeterminación de las mujeres sobre sus propios cuerpos. 
Hemos de propugnar la autodeterminación sexual de la mujer y su decisión de cuándo y cuántos hijos ha de tener. Esto constituye una decisión exclusiva de cada mujer. 
Las mutilaciones genitales constituyen una de las violaciones más abominables de este derecho de autodeterminación, y hemos de hacer todo lo posible, en primer lugar, para que esto no suceda en la Unión Europea y para que pongamos fin en todo el mundo, a ser posible, a esta práctica inhumana. 
A veces parece que en Europa estamos un poco más avanzados que en otras regiones en lo que respecta al desarrollo de los derechos de la mujer. 
Hemos tenido que luchar por todos estos avances, pero queda aún mucho por hacer. 
¿Dónde hemos logrado en la Unión que recibamos igual remuneración por un trabajo igual y por un trabajo equiparable? 
En ninguna parte de Europa. 
¿Y dónde se ha eliminado en Europa la violencia del hombre sobre la mujer? 
La violencia masculina sobre las mujeres. un fenómeno que, según estudios independientes realizados en toda la Unión, afecta una vez en su vida a una de cada tres o cuatro mujeres. 
Por esta razón quiero dirigirme urgentemente a la Comisión y al Consejo y les insto a que actúen. 
Es preciso declarar el año 1999 como el Año Europeo contra la Violencia sobre las Mujeres, y tal como nos lo ha expuesto la Sra. Bonino, es preciso poner en marcha en todo el ámbito de la Unión una campaña de erradicación de la violencia. 
Hemos de exigir y hemos de llevar a la práctica este acuerdo en el Consejo de Ministros antes del 30 de junio pues, de lo contrario, habremos sobrepasado el plazo. 
No han de alegarse aquí cuestiones de técnica presupuestaria u otras razones, cuando se trata del bienestar de nuestras ciudadanas y de sus hijos. 
El Parlamento Europeo se ha colocado de parte de las oprimidas. No debemos callar. 
Mientras no se haya llevado a cabo en todas partes la equiparación entre hombres y mujeres, no estará realmente en vigor la democracia. 
Señor Presidente, durante el período parcial de sesiones de febrero aprobamos una resolución para indicar nuestra solidaridad con las mujeres de Kabul, las mujeres afganas a las que el odioso régimen de los talibán, hombres obsesos, priva de los derechos humanos más elementales. 
La acción «Una flor para las mujeres de Kabul» , que agradezco a la Sra. Bonino y que ha tenido mucho eco en la Unión Europea y fuera de ella, ha hecho- espero- comprender al régimen de los talibán que debía restablecer los derechos fundamentales de las mujeres y permitir la llegada de la ayuda humanitaria sin discriminación. 
Las mujeres afganas deben saber que sufrimos con ellas, pero también que luchamos para que recuperen sus derecho a vivir una vida digna de ser vivida. 
Sin embargo, la acción que llevamos a cabo para sensibilizar a la opinión pública sobre el desamparo de las mujeres afganas no debe hacernos olvidar que en este mundo hay miles de mujeres víctimas de la discriminación y de mutilaciones, en particular en las regiones en que imperan regímenes fundamentalistas. 
Pero no olvidemos lo que ocurre entre nosotros. 
Seguramente la política de igualdad de la Comunidad, aplicada a partir de 1975, nos ha ayudado mucho a erradicar las discriminaciones más flagrantes en materia de remuneraciones, seguridad social y acceso al empleo. 
Pero no por ello deja de defraudarnos lo poco que aplica la Comisión los informes de iniciativa de la Comisión de Derechos de la Mujer aprobados por este Parlamento, en los que figuran reivindicaciones y propuestas que pondrían fin a discriminaciones de las que son víctimas millares de mujeres en nuestra Unión, sobre todo las mujeres que hacen un trabajo no remunerado. 
Hemos reivindicado, por ejemplo, una iniciativa comunitaria encaminada a introducir en todos los Estados miembros una reglamentación que establece la separación de los derechos a pensión en caso de divorcio, para no dejar sin seguridad social propia a las mujeres que se han dedicado durante veinte, treinta, cuarenta años a las tareas familiares, a la educación de los hijos, y que con demasiada frecuencia se ven privadas de ella en caso de divorcio. 
Hemos reivindicado, en el marco de una modificación de la directiva de 1986, un estatuto para los cónyuges independientes. 
Nos ha defraudado que el programa de la Comisión no tenga en cuenta esas propuestas ya antiguas. 
Queremos recordarlas hoy. 
Este Día Internacional de la Mujer no debe ser una coartada para hacer declaraciones hermosas. 
Esperamos una acción permanente y actos que promuevan, en particular mediante acciones positivas, la condición de la mujer en nuestra sociedad. 
Señor Presidente, cada año celebramos el Día de la Mujer y cada año llegamos a la misma conclusión melancólica: que la igualdad, si es que existe y allí donde exista, concierne a una minoría de mujeres en todo el planeta. 
Para la mayoría de las mujeres, única y exclusivamente por haber nacido mujeres, incluso los derechos humanos básicos son un objetivo inalcanzable. 
Este año hemos decidido dedicar el Día de la Mujer a aquellas mujeres que son reprimidas por el fundamentalismo religioso. 
No es, pues, casual en absoluto, que prestemos especial atención a la represión sin precedentes en Afganistán, en donde las mujeres se encuentran en la peor de las situaciones, prisioneras de los Talisman. 
Por eso la iniciativa de la Comisión merece nuestra enhorabuena. 
También merece felicitaciones la Sra. Bonino por el precioso poster que se ha editado para la ocasión. 
Pero sobre estas mujeres hablamos detalladamente en la anterior Sesión Plenaria. 
Teniendo siempre en mente su duro destino, teniendo continuamente en cuenta que no debemos detener ni un momento nuestros esfuerzos para ayudarlas, no debemos olvidar, paralelamente, que tenemos mucho que hacer incluso por las mujeres que viven en sociedades más desarrolladas, en las que el fanatismo religioso, y no sólo él, introducido o no, existe. 
Aparte de este fanatismo, la explotación de la mujer en las redes criminales internacionales, la violación de los derechos humanos elementales de la que son víctimas las mujeres, que por distintos motivos son más susceptibles y están más indefensas que otras, son situaciones que siguen dándose en todo el mundo y creo que no debemos olvidar tampoco aquellas zonas del planeta en las que no se permite a las mujeres seguir viviendo única y exclusivamente para enfrentarse a un problema de superpoblación. 
Hoy tenemos que pensar en muchas mujeres. 
Tenemos que pensar en las refugiadas de las nuevas guerras. 
Tenemos que pensar en las mujeres a las que amenaza la exclusión, el paro, la indigencia, y en todas las mujeres en todo el planeta que son desdichadas y que se encuentran en una situación peor. 
Y no debemos cansarnos de pedir una y otra vez, quizás repetida y monótonamente lo evidente par todas ellas: los derechos humanos elementales que son derechos de las mujeres. 
Señor Presidente, los derechos de la mujer son derechos humanos y por lo tanto derechos universales, y todas las mujeres basan sus derechos en ellos, tanto si viven o no en el territorio de la Unión Europea como si son ciudadanos de los Estados miembros o no. 
La comunidad internacional, también la Unión Europea, ha hecho unas declaraciones conmovedoras al respecto. 
¿Pero qué debemos y podemos hacer nosotros, la Unión Europea, la Comisión, el Consejo y los Estados miembros para que se apliquen de hecho esos tigres de papel, esos derechos sobre papel, esas declaraciones de principios etcétera? 
Eso lo enfoca mi grupo parlamentario, el grupo parlamentario liberal, a los no ciudadanos de la Unión Europea. 
En primer lugar, las mujeres no europeas dentro de la Unión Europea. Creo que es esencial que la Comisión y los Estados miembros lleven a cabo una política de información mucho más activa y mucho más accesible sobre sus derechos. 
Estas mujeres no europeas que viven dentro de la Unión Europea, tienen que ser apoyadas en la realización de sus derechos. 
Eso significa también una prohibición de la mutilación sexual en territorio europeo y el respeto de esa prohibición, pero eso significa también un trato igual al que tienen derecho las mujeres de los Estados miembros en todos los ámbitos, y el respeto de estos derechos. 
En segundo lugar, los muchos millones de mujeres fuera de la Unión Europea cuyos derechos se violan. 
Señora Bonino, ¿qué haría la Comisión sin usted? 
No hace falta decir más, apoyamos su iniciativa al cien por cien y las mujeres de Kabul son la metáfora de todos los países donde se violan los derechos humanos. 
La presión política internacional es necesaria, en particular hacia los regímenes integristas, y entonces se trata, Señora Van Dijk, no sólo de la vestimenta, eso es demasiado facilón, y tampoco del Corán, sino de su interpretación. 
La Comisión, la Sra. Bonino lo acaba de decir, debe utilizar sus competencias de forma mucho más consecuente. 
Usted lo quiere, pero nosotros queremos que toda la Comisión lo respalde permanentemente. 
Eso significa que se debe comprobar consciente y críticamente como parte integral la cláusula de los derechos humanos en los acuerdos de asociación y sacar las conclusiones correspondientes. 
Eso significa lo mismo en la cooperación para el desarrollo. 
La Sra. Bonino lo quiere, pero yo quiero que toda la Comisión lo quiera. 
Me parece que la Sra. Bonino necesita todavía bastante apoyo de este Parlamento para llevar estas bonitas palabras a la práctica, a fin de que se respeten de hecho los derechos humanos, tanto en los acuerdos de asociación como en la cooperación para el desarrollo, porque si no podemos seguir hablando y que todo el mundo pase de lo que decimos. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi satisfacción al ver que a lo largo de los años el Día de la Mujer ha adquirido una importancia real, considerable en comparación con lo que era hace poco. 
Recuérdense las sonrisas de soslayo, el escepticismo, la burla que inspiraba entonces. 
¿Habrán ganado por fin las obreras que un 8 de marzo inscribieron en la Historia, con su sudor y su sangre, la lucha cotidiana de las mujeres? 
Por desgracia, después de tantos años, pese a avances notorios, pese a esfuerzos considerables, no podemos por menos de hacer constar la insuficiencia de los resultados obtenidos, que a veces están incluso en los antípodas de lo que podíamos esperar. 
Larga es y, por desgracia, bien conocida la lista de los malos tratos de que son víctimas hoy las mujeres en el mundo. 
Así, pues, la Unión Europea debe seguir luchando día tras día para que la igualdad de derechos, en su propio territorio también, sea respetada y por esa razón mi Grupo apoya muy enérgicamente la propuesta de resolución de transacción que hoy se presenta. 
Pero creo que deberíamos aprovechar ese Día de la Mujer para insistir en la lucha de ciertas mujeres que necesitan en particular nuestro apoyo activo. 
Pienso en particular en la situación de las mujeres en Afganistán. 
A ese respecto, quisiera felicitarla, señora Comisaria, y agradecerle la destacada labor que lleva usted a cabo a favor de las mujeres de ese país para que se restablezcan sus derechos fundamentales. 
Pienso también en las mujeres argelinas, cuya lucha es ejemplar. 
Tampoco quisiera olvidar a esas mujeres de Kosovo que ayer bajaron a la calle para protestar contra la represión de que son víctimas hoy. 
Y, además, permítaseme esta manifestación de patrioterismo al rendir homenaje a las mujeres corsas que, con valor y dignidad, han sabido alzarse contra el terrorismo que aún hace estragos en esa región. 
También allí las mujeres han sabido expresar las necesidades de luz, esperanza y libertad, tan universales como los derechos humanos que, como todo el mundo sabe, son también los derechos de la mujer. 
He recibido 6 propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Señora Presidenta, hay muchas formas de violencia de que las mujeres son víctimas, invisibles y silenciosas, de presión y amenaza, de dependencia, o formas escandalosas de violencia, de agresión, de completa opresión. 
Y el terror permanente que sienten las mujeres al ver ejercerse esa violencia sobre ellas, los niños, los ancianos, ¡y sin siquiera saber por qué muchas veces! 
Sus vidas y las de los que les son queridos están permanentemente en peligro, sin que nada hayan hecho para merecerlo, sin que nada puedan hacer para evitarlo. 
Es preciso denunciar esta situación con todas nuestras fuerzas. 
Sobre todo lo que ocurre con las mujeres de Argelia, de Afganistán o incluso de ese Timor, tan lejano, pero siempre tan cerca de nuestro corazón. 
Es preciso que nosotros seamos la voz de las mujeres a quienes se les ha negado el derecho a tener voz. 
He pedido a la Comisaria Bonino que me prestara el manto que las mujeres afganas están obligadas a usar en su vida diaria. 
Para que todos los presentes vean con sus propios ojos lo que es esa prisión en que cada mujer se ve obligada a encerrarse. 
Para mí, vestirme con este traje ha valido más que todos los discursos del mundo. 
Me he sentido prisionera y aislada en medio de los demás, viendo el mundo a través de rejas, sin poder distinguir más allá de mis propios pies, sin aire casi para respirar, sin poder mover los brazos ni siquiera para escribir las palabras que les leo, ni siquiera para hacer ese gesto tan natural para una mujer que es llevar un niño en brazos. 
Hay que gritar bien alto: ¡liberen a esas mujeres de su prisión, de esa tortura, de esa violencia! 
Es imperativo que nuestro grito de alarma, nuestra solidaridad y nuestra amistad lleguen a esas mujeres. 
Que sientan que no están solas. 
Se las ha privado de todo: el derecho a estudiar y enseñar, el derecho a las atenciones de la salud, el derecho a un trabajo libre y responsable, el derecho al respeto de sí mismas, el derecho a vivir libres y en paz, el propio derecho a ver y respirar libremente. 
Ningún ser humano puede callar ante esa violencia inaudita. 
Desde luego, nosotros no lo haremos y lucharemos para que 1999 sea considerado el año contra la violencia de que son víctimas las mujeres. 
Señora Presidenta, los derechos humanos constituyen el fundamento de toda constitución política y un bien importante para cada mujer y para cada hombre. 
Sin embargo a finales del siglo XX la distancia entre la declaración de intenciones y la realidad sigue siendo grande todavía, a pesar de todos los éxitos. 
El Día Internacional de la Mujer, a propósito del cual ayer no sólo se manifestaban mujeres en la calle, sino también algunos hombres entre los que me cuento, arroja un rayo de luz sobre el fundamentalismo islámico. 
La campaña común del Parlamento Europeo y de la Comisión «Una flor para las mujeres de Kabul» condena el estado terrorífico de Afganistán, en el que se priva a las mujeres- lo hemos visto también hoy- de su autoconciencia y de su rango. 
Ellas tienen que taparse. 
La vista está limitada por una reja de tejido que se asemeja a una jaula. 
Se han convertido en seres humanos de segunda clase que no se pueden expresar más en público, aunque Afganistán fue en su día un país progresista. 
No pueden practicar más las actividades que venían ejerciendo hasta ahora como médicas, profesoras o diputadas. 
El régimen islámico ha degradado a las mujeres a seres humanos de segunda clase. 
Usted, señora Comisaria Bonino, ha llegado a percibirlo in situ. 
Cuenta usted con nuestro respeto y con toda nuestra simpatía. 
Haremos todo lo que podamos para movilizar la opinión pública internacional y para lograr acciones duraderas contra el régimen talibán. 
Pero tampoco olvidemos en este día que entre nosotros, en Europa, hay que llevar a la práctica la idea de la equiparación. 
Se ha producido ya un comienzo mediante la directiva que regula la carga de la prueba en casos de discriminación, mediante los nuevos artículos relativos a la equiparación en el Tratado de Amsterdam y mediante la sentencia Marshall sobre el apoyo de las mujeres en los procesos de promoción. 
El avance de las mujeres conscientes de sí es imparable. 
El apoyo a las mujeres en la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo constituye una buena base para su futura integración en el mundo profesional, pero su reincorporación tras la fase de crianza de los hijos es un problema de importancia vital. 
Las carreras en los niveles directivos constituyen la excepción y nos encontramos aún a millas de distancia de la igualdad de remuneración por un trabajo equivalente. 
Por consiguiente, el 8 de marzo constituye un estímulo para imponer la idea del main-streaming en todos los ámbitos de la vida social. me gustaría formular un deseo: ojalá que las flores para las mujeres de Kabul florezcan en la inmensidad de todas las partes del mundo, en el hemisferio occidental y en el oriental. 
Señora Presidenta, ayer fueron miles de mujeres y algún centenar de hombres, creo yo en todo caso, que salieron en las ciudades de Suecia para apoyar, de distintas maneras, la campaña " Una flor para las mujeres de Kabul». 
El mismo día, casi la misma cantidad encendió una vela por las mujeres que han muerto durante el año a causa de las lesiones infligidas, o directamente han sido asesinadas, por el hombre que afirmaba ser quien más las amaba en este mundo. 
Por esta razón, deseo realmente expresar mi acuerdo con Gröner y los demás que han dicho que las mujeres de la UE van a estar con nosotros y muchos, muchos hombres también, si logramos organizar, también dentro de la Unión Europea, una campaña en contra de la violencia que se dirige contra las mujeres. 
Señora Presidenta, yo también quisiera agradecerle mucho a la Comisaria Bonino su acción para con las mujeres de Kabul. 
Creo que no solamente ha puesto en el centro de la atención a las mujeres de Kabul, sino que también ha dado una nueva dinámica al día internacional de la mujer y ha fortalecido más el movimiento de las mujeres. 
Usted misma dijo, Señora Comisaria, que Afganistán era un símbolo de la represión de la mujer en todo el mundo. No me lo tomará entonces a mal que queramos expresar muy especialmente también nuestra solidaridad con esas miles de mujeres en Argelia que han sido ya durante años víctima de violaciones y asesinatos salvajes por grupos terroristas integristas del GIA. 
Son fanáticos religiosios, no son musulmanes normales, que con sus masacres de más de 80.000 personas ya, entre las cuales muchísimas mujeres, niños, ancianos, quieren aniquilar la paz y la democracia en Argelia para siempre. 
La violencia es, efectivamente, el instrumento de los fanáticos, de los terroristas, pero no olvidemos tampoco que esta violencia se cultiva sobre todo en un país donde la democracia ha estado mucho tiempo reprimida, donde se sufre un paro extremadamente alto y una gran pobreza, donde para gran parte de la población ni siquiera existen los derechos humanos y entonces me refiero en particular a las mujeres, cuyos derechos se reprimen ya hace años. 
Porque Argelia tiene ya desde 1984 un derecho de familia, que pertenece a los más retrógados. 
Un derecho de familia que reduce a esas mujeres a seres humanos sin derechos que están completamente sujetas a sus maridos y tutores y que, por otra parte, es contrario a los convenios internacionales que Argelia firmó pero que no aplica. 
Existe en Argelia un movimiento muy amplio de organizaciones de mujeres de toda índole que con un valor extraordinariamente grande lleva una lucha no violenta a favor de la paz, de la democracia, de los derechos humanos, y por lo tanto a favor de los derechos de la mujer y en contra de este derecho de familia. 
Espero que podamos contar con usted, Señora Comisaria también en esa lucha, ya se trate de Argelia, ya de las mujeres argelinas, ya de su tenacidad. 
Sólo se puede combatir la violencia salvaje cuando se apoya la democracia. 
Pero una democracia no puede existir cuando no se respetan los derechos humanos ni los derechos de la mujer. 
Creo, por lo tanto, que debemos apoyar enérgicamente estos movimientos de mujeres en Argelia. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, se señala hoy en este Parlamento el Día de la Mujer y se procura hacerlo dando relieve especial a una situación particular, la de las mujeres afganas. 
Afirmamos toda nuestra solidaridad para con las víctimas de esa manifestación particular y extrema de una discriminación que atribuye todo el significado a la existencia de este día y a la lucha que le da sentido. 
Pero, si bien nada debe disminuir esa solidaridad, tampoco debe menoscabar la necesidad de que exista una conciencia perfecta de que en el origen el Día de la Mujer es una cuestión vinculada con la jornada laboral de las obreras neoyorquinas del sector textil y que, cerca de nosotros, también son indispensables otras solidaridades particulares, como en Portugal, donde se hace de la interrupción voluntaria del embarazo un factor de lucha político-partidista en contra de los derechos de la mujer y se defiende con hipocresía el mantenimiento de una situación inaceptable en los planos jurídico, sanitario y moral en nombre de principios morales proclamados como inatacables. 
La lucha por los derechos de las mujeres es una lucha de todos, mujeres y hombres, y en todos los lugares. 
Señora Presidenta, a cincuenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con demasiada frecuencia todavía no se afirman ni se aplican los derechos de la mujer, sino que son violados. 
A más de tres años de que se aprobara la plataforma de acción en Beijing, ¿podemos considerarnos satisfechas por las acciones puestas en marcha por la Unión Europea y por sus Estados miembros respecto a las ciudadanas europeas y a las mujeres de todo el mundo? 
Infortunadamente, no. 
No es culpa de este Parlamento ni, a decir verdad, de la Comisión que el cuarto programa de acción- que por cierto se hace eco de las recomendaciones de Beijing- no haya tenido un balance capaz de financiar las muchas y necesarias iniciativas que las asociaciones femeninas de nuestros países proyectan, a menudo en vano. 
En muchos países o no se han presentado todavía los planes de acción nacionales destinados a insertar en la realidad nacional la plataforma de Beijing, o bien la presentación no se ha visto seguida por la acción. 
Pasan los años y las mujeres siguen sufriendo distintas formas de violencia, que van desde las físicas hasta las sexuales, incluidos los inconvenientes en sus puestos de trabajo. 
Continúan las prácticas violentas unidas a las tradiciones culturales y patriarcales. 
Continúan las discriminaciones en lo que se refiere al acceso a la instrucción, a la formación y a la inserción en el mundo del trabajo, en una carrera, en el campo judicial o los servicios sanitarios, en lo relativo a la presencia de la mujer en puestos decisorios. 
Se podría decir que algunas de estas discriminaciones se refieren a las mujeres de los países desarrollados y otras a los países que no lo están tanto, pero no es así, porque todas ellas afectan a todas las mujeres de todo el mundo, aunque haya que recordar que las más afectadas son las mujeres de los países pobres, sometidos a dictaduras violentas o que padecen una guerra. 
A este panorama poco reconfortante se suman fenómenos que, aunque ya conocidos, ahora adquieren enorme importancia numérica y social, como la trata de blancas y el problema máximo: la desocupación. 
No faltan las iniciativas y- como ya lo han hecho muchas- es justo recordar el gran compromiso promovido por la Sra. Comisaria Emma Bonino, que el Parlamento Europeo, organizaciones nacionales e internacionales y los movimientos de asociacionismo de mujeres en muchos países, no sólo en la Unión, tomaron como propio para apoyar a las mujeres afganas, así como el compromiso firme de la Sra. Comisaria Gradin contra la trata de blancas, de la que son víctimas en todo el mundo no sólo las mujeres de los países del Sur, sino también las europeas y las de los países en tiempos oprimidos por la Unión Soviética. 
Pero en este día, que está muy cercano al octogésimo aniversario del 8 de marzo, debemos decirnos a nosotras mismas, a la Comisión y al Consejo que es preciso hacer más para afirmar y concretar el principio según el cual los derechos de las mujeres son derechos de seres humanos y como tales han de interpretarse, reconocerse y, a cualquier coste, realizarse. 
Señora Presidenta, si bien ha habido avances muy importantes del derecho de las mujeres durante este siglo, falta aún mucho por hacer para su acceso a la igualdad plena y total, para el reconocimiento de su lugar en nuestras sociedades. 
Así, en numerosos países de la Unión, deben luchar contra las discriminaciones en el trabajo, la disparidad de los salarios y afrontar el desempleo y la precariedad del empleo que les afectan en particular. 
También deben oponer resistencia a los intentos periódicos de poner en entredicho ese acervo fundamental que es el control de la fertilidad. 
Me congratulo de que la exigencia de igualdad esté a la orden del día en Francia. 
Podría ser una palanca para materializar la voluntad de una ciudadanía plena y total de las mujeres, su acceso a las responsabilidades políticas, a todas las responsabilidades políticas. 
El destino reservado a las mujeres de Kabul nos conmueve a todas y a ese respecto me congratulo de la iniciativa adoptada por la Comisión. 
Ese destino revela en todo su horror la concepción que los integristas tienen de la mujer. 
También el integrismo es el que viola y mata a las mujeres argelinas, tan valientes. 
La lista de los países en los que las mujeres son despreciadas, maltratadas, es, por desgracia, mucho más larga. 
Se dice que el criterio para juzgar el grado de una civilización es el destino que reserva a las mujeres. 
Ello nos da idea de la lucha que aún nos falta por llevar a cabo, mucho más allá del simbólico día del 8 de marzo. 
Señora Presidenta, de nuevo, todo parece preparado para la impotencia. 
Cada vez más en la Unión Europea las instituciones parecen una gran maquinaria cuidadosamente preparada para la impotencia; y nosotros, dentro de ellas, nos desdoblamos hipócritamente entre nuestras voluntades y los hechos. 
Por eso, señora Presidenta, ante el recuerdo de Ana Orantes, la mujer granadina trágicamente asesinada, quemada viva por su ex-marido, y también ante las escandalosas cifras de mi país, España, en cuanto a la violencia machista- el año pasado 91 casos, con cifras que son mucho más elevadas que las de la violencia terrorista de ETA -, yo me pregunto si acaso esta discriminación de hoy, si acaso esta no discriminación hipócrita de hoy, es mejor que la discriminación de ayer. 
También es hipócrita, y hasta irrisorio, que a estas altura no podamos ver, no seamos capaces de ver, la discriminación salarial. 
¿Cómo es posible que seamos capaces de ver agua en la Luna y no seamos capaces de ver que la discriminación laboral es consentida, permitida, en esta hipócrita Europa sin que sepamos apreciarla? 
La consentimos. 
Está prohibida, pero no queremos verla. 
Señora Presidenta, ayer millones de mujeres nos han dicho que seamos por fin, de una vez, consecuentes, que pasemos a los hechos. 
Señora Presidenta, antes de terminar este debate quiero llamar la atención de esta Asamblea sobre las muchas mujeres cuyos hijos han sido llevados a países en los que ellas no tienen ningún derecho ante los tribunales. 
Muchas de ellas han perdido a sus hijos para siempre. 
Este tema de derechos humanos está en vías de tratarse y concuerdo con la Sra. Larive en cuanto a que, al considerar nuestras relaciones con muchos de los países a los que esos niños han sido llevados, debemos mirarlo como uno de los derechos humanos esenciales. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas. 
Venta y garantías de los bienes de consumo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0029/98) de la Sra. Kuhn, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (95) 0520- C4-0455/96-96/0161 (COD) ) sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo. 
Señora Presidenta, estimados colegas, para bienes de consumo tenemos un mercado interior único. 
En el año 2002 tendremos el euro en la mayoría de los estados de la Unión Europea. 
De esta manera los consumidores podrán hacer de manera mucho más fácil comparaciones de precios. 
La compra por televisión, el comercio transfronterizo a distancia, la oferta por Internet podrían beneficiarse de esto. 
Sin embargo, según una encuesta, la mayor parte de los consumidores tienen reparos en adquirir bienes de consumo fuera de su propio país, pues temen tener dificultades si un producto tiene un defecto. 
En la actualidad este temor se halla plenamente justificado. 
En el seno de la Unión Europea no sólo tienen una duración desigual el período legal de garantía, sino que se define también de manera diferente el concepto de una mercancía defectuosa. 
No son homogéneos los derechos legales a la subsanación de un defecto ni las condiciones para hacer valer la garantía. 
En su Libro Verde sobre «Garantías de bienes de consumo y los serviciosde posventa» la Comisión ha señalado las diferencias entre los Estados miembros. 
En una resolución sobre el Libro Verde el Parlamento Europeo instó a la Comisión a que presentase una propuesta de directiva para una armonización mínima de la garantía legal y un marco jurídico para la garantía comercial. 
Entonces fue ponente la Sra. Oomen-Ruijten. 
Desde el punto de vista de los consumidores hay que celebrar la propuesta que ha presentado la Comisión. 
Prevé una armonización mínima de las disposiciones jurídicas de los estados nacionales relativas a la garantía legal y a una mayor transparencia en la garantía comercial. 
Esta garantía legal debe comprender dos años. 
Durante el primer año el consumidor tiene la facultad de elegir entre cuatro posibilidades de asistencia que puede hacer valer ante el vendedor: la reparación gratuita, la sustitución, la reducción en el precio o la rescisión del contrato. 
En el segundo año sólo existe el derecho a una reparación gratuita o a una reducción del precio. 
Como ponente he dicho desde el principio que esta libertad de elección de los consumidores favorece más a los consumidores y que no es esperable de los vendedores o de los fabricantes. 
Llegado el caso, muchos consumidores no harían reparar productos con defectos, sino que elegirían un producto sustitutivo o incluso la rescisión del contrato. 
Los comerciantes se encontrarían entonces con mercancías usadas que tendrían que venderse como productos de segunda mano después de ser reparadas. 
Por esta razón, las comisiones para opinión así como la comisión competente para el fondo proponen una jerarquía para las garantías de dos años: una reparación gratuita sin depreciación, en caso de que fuera sensata y fuera factible, un producto sustitutorio, en caso de que no fuera procedente o no fuera factible o no fueran posibles las dos cosas, la rescisión del contrato o la reducción del precio de compra. 
Mediante esta propuesta debería quedar también eliminada la mayoría de los reparos que presentan masivamente los comerciantes. 
Por consiguiente, deberían de dejar de llegar hasta los diputados las falsas cuentas de gastos, como ha sucedido de nuevo hoy. 
A pesar de toda la comprensión para con determinados representantes de la industria, algunos de los cuales nos habían equipado incluso con una lista completa de votación- también algo nuevo, pues parece que a los diputados no se les considera capaces de pensar- el consumidor tiene derecho a un producto libre de defectos. Casi se podría tener la impresión de que los productos defectuosos han pasado a constituir la regla general. 
La propuesta de directiva se refiere también a los productos usados. Los clubs de automóviles se han alegrado de esto. 
No obstante, la comisión propone que en el caso de mercancías usadas el comprador y el vendedor puedan establecer limitaciones contractualmente. 
Una puntualización más: la mayoría de los estados miembros desean que las mercancías usadas entren bajo esta directiva, porque esto es lo que sucede ya hasta ahora en el derecho nacional. 
Por parte de círculos afectados se ha criticado también que las manifestaciones públicas del fabricante se incluyan también en la idea de lo defectuoso. 
En mi opinión, esto es justo y oportuno, pues con mucha frecuencia son las afirmaciones publicitarias las que mueven a los consumidores a adquirir una mercancía determinada. 
A tenor de la propuesta de la Comisión se parte del supuesto de que un defecto que se manifiesta en los primeros seis meses a partir de la entrega del producto existía ya en el momento de la compra. 
No obstante, esto rige con algunas limitaciones, es decir, el vendedor puede demostrar lo contrario. 
Así, por ejemplo, el comprador no puede hacer una reclamación, como a veces se supone, sobre sus sandalias de cáñamo cinco meses después de haberlas comprado, porque entretanto éstas pueden adquirir un defecto derivado de su utilización. 
A los seis meses de haber realizado la compra tampoco puedo señalar una grieta, claramente visible, en un jarrón nuevo y muy caro como defecto que existiera en el momento de la entrega. 
A quienes critican la directiva les pido que piensen que, al contrario de la garantía comercial, el recurso de la garantía legal sólo puede ser utilizado cuando ha existido una violación del contrato en la entrega del producto. 
Los mismos críticos deberían tener en cuenta también que el mercado interior ha proporcionado a los ofertantes grandes ventajas pero que los consumidores tienen todavía cosas por lograr. 
En mi opinión, los consumidores tienen derecho a que las reclamaciones legales de garantía no dependan del país en que se realiza la compra, sino que en toda la UE deben asistirles los mismos derechos mínimos. 
La directiva pretende conducir a una relación más equilibrada entre ofertantes y compradores, pues en muchos Estados miembros, también en el mío, se otorga una mejor posición a los consumidores y se refuerza la confianza de los consumidores en el caso de las compras transfronterizas. 
En este sentido, la directiva que se propone representa un paso importante hacia la elevación del nivel de protección de los consumidores en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señoras y señores colegas, comparto en principio la opinión de la ponente, la cual afirma que en el fondo esta directiva apunta en la dirección adecuada. 
Lleva a que armonicemos en el seno de la Unión Europea un ámbito importante que tiene también una importancia absoluta para el funcionamiento del mercado interior. 
Pienso solamente en los problemas que existen en el ámbito del transporte trasfronterizo, en el que hoy un cliente que, por ejemplo, viva en Alemania pero que quisiera comprar en Holanda o en Bélgica, no es perfectamente consciente de qué derechos tiene realmente como cliente en ese país. 
En este sentido, ésta es una auténtica aportación en orden a conseguir una armonización. 
Tampoco quiero discutir que considero con una cierta simpatía que a través del hecho de lograr esta legislación europea quizá se suscite de nuevo en mi país, en Alemania, el debate sobre el derecho de obligaciones que desde hace algún tiempo está adormecido. No obstante, soy de la opinión de que esta propuesta que ha presentado la Comisión no es equilibrada. 
En consecuencia, requiere modificaciones necesarias por parte de este Parlamento. Esto se refiere especialmente- la Sra. Kuhn lo ha mencionado- a la cuestión de la posibilidad de limitar el derecho de elección. 
Según la propuesta de la Comisión sería teóricamente imaginable que un comprador adquiera un automóvil, circule durante meses por los alrededores, quizá unos 50.000 kilómetros y, luego, una vez que se produzca un daño en el motor se plante y diga que quiere un automóvil nuevo. 
Esto no sería procedente, no hay duda, porque, naturalmente, un bien tan valioso debería ser reparado primero. 
Segundo caso problemático, al revés. Compro en un supermercado barato un secador de pelo por 30 marcos. 
Teóricamente, según el texto de la directiva, el consumidor podría exigir después de once meses la reparación del secador. 
Naturalmente, esto sería también absurdo, porque tales productos de poco valor no se reparan sino que se cambian. 
Por esta razón considero una cuestión decisiva esta modificación del derecho de elección. 
Pero creo igualmente, y ésta es la propuesta de mi grupo, que debemos prever también cláusulas de excepción para el ámbito de los productos de poco valor y no sólo para el de los productos usados. 
No considero inteligente que consigamos una directiva en cuyo final figure posiblemente que determinados bienes de poco valor deberían encarecerse en su precio a fin de cubrir los riesgos que se sigan de la garantía. 
En definitiva, esto iría en detrimento de los consumidores. Por consiguiente, pediremos también a través de una enmienda que se incluyan los bienes de poco valor en los supuestos de excepción en los que quepa apartarse de la directiva. 
Tenemos problemas con la responsabilidad de los fabricantes que ha sido aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores. 
No vamos a defenderla como Grupo del Partido Popular Europeo. Por lo demás, tampoco ha encontrado apoyo alguno en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Para el ámbito de la inversión de la carga de la prueba, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos hemos encontrado una solución que es mejor, pues ésta no prevé esta drástica regulación de la directiva, de la que no quepan posibilidades de apartarse, ni siquiera en aquellos casos en los que se produzcan injusticias. 
Desde el trasfondo de las enmiendas citadas, en parte, por mí- hay más enmiendas que resultan de la carpeta de solicitudessomos en principio de la opinión de que esta directiva apunta en la dirección correcta, y por esta razón apoyamos básicamente la propuesta de la Comisión, si bien con las correcciones que he introducido y que se siguen de nuestras enmiendas. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar en primer lugar agradeciéndole a la Señora Kuhn la excelente manera en que pudimos colaborar para llegar a un buen resultado en esta directiva. 
También espero que la colaboración pueda perdurar hasta la votación que tendremos mañana para la primera lectura, ya que nuestro grupo parlamentario ve muchas ventajas en esta directiva. Somos capaces de hacer del consumidor una parte de pleno derecho del mercado. 
Eso es también necesario cuando pensamos que debe haber un mercado interno en el que ese consumidor pueda comprar en toda Europa y que a esos productos que él compre esté ligado un servicio. 
Esto lo reconoce nuestro grupo parlamentario, pero al mismo tiempo, cuando digo que el consumidor debe poder ser una parte de pleno derecho del mercado, no significa que podamos hacer recaer las cargas de forma desproporcionada sobre la pequeña y mediana empresa. 
Por eso hemos intentado mejorar una serie de elementos, y en particular por medio de la enmienda al artículo 3, apartado 4, en la cual establecemos una jerarquía en la manera en la que el consumidor en caso de falta de conformidad con el contrato puede recuperar lo mismo o una indemnización. 
Creo que con esa jerarquía ya hemos resuelto un montón de los problemas de la pequeña y mediana empresa. 
Esto significa, y lo preguntó también un periodista que, en relación con la propuesta original de la Comisión Europea respecto a la jerarquía, hemos quitado algunos derechos del consumidor. 
Pero puedo defenderlo, porque significa también que de cara al consumidor hemos procurado que la poco ecológica economía de usar y tirar con gran consumo energético que tendríamos si todo se pudiera devolver sin más, desaparezca de la resolución con la enmienda 45. 
Creo, por lo tanto, que hemos conseguido algo en el aspecto energético y medioambiental con la enmienda 45, pero que al mismo tiempo beneficia a la pequeña y mediana empresa. 
Para la pequeña y mediana empresa supone una gran carga que con la venta de bienes a un consumidor que viene del extranjero se deba elaborar una lista con los datos dónde el consumidor puede reclamar. 
Por consiguiente, pido a la Señora Kuhn si podríamos volver a mirar bien este punto en las enmiendas. 
En todo caso, queríamos aconsejarle que votara en contra. 
Hay un problema: el minorista en apuros. 
El minorista en apuros, que dependería de lo que el productor o bien suministra mal o bien de que la información que facilita no es cierta, debe ser ayudado. 
Creo que tendremos una solución para estos problemas cuando toda esta Casa apoye la enmienda referente a esta parte, la nº 31. 
Pasamos a la inversión de la carga de prueba. 
El texto tal como se presenta puede fomentar el abuso y por eso creo que las enmiendas que ha presentado la comisión de asuntos jurídicos son mucho mejores. El Sr. Lehne lo acaba de decir hace un momento. 
El siguiente punto es el mercado de segunda mano. Lo que queremos es que se acepten nuestras enmiendas. 
Queremos que se recojan los bienes de segunda mano en el ámbito de la directiva, pero en una medida que sea razonable. 
Eso significa que, cuando compras un buen coche por un importe alto, tiene que ser posible una garantía. 
Una organización como Bovag en los Países Bajos podría estar de acuerdo con ese punto de vista. 
Por lo tanto, hemos de abarcar los productos caros en esta directiva, pero facilitando las excepciones. 
Hay una serie de enmiendas de las que quisiera decir: Comisión, Parlamento, otros grupos parlamentarios, mírenlas bien. 
Menciono las enmiendas 6, 8, 9, menciono el texto neerlandés las 22, 25, 28, 29, 34- de esta acabo de hablar -, 35, 36, 37 y a continuación la nueva enmienda para sustituir la enmienda 41. 
Si todo esto se pudiera regular, entonces pienso que tendríamos un buen derecho de reclamación que podemos presentar muy bien tanto a la pequeña y mediana empresa como, sin duda- porque para él está ideado -, al consumidor. 
Señora Presidenta, colegas, el grupo parlamentario liberal es partidario de una regulación armonizada por lo que respecta a las garantías postventa, pero está un poco decepcionado con la propuesta de la Comisión por las siguientes razones: en primer lugar, el problema del mercado interno para el consumidor no está completamente regulado todavía. 
En segundo lugar, la propuesta conduce a unos costes adicionales para los pequeños comerciantes, costes que no están en proporción con la protección del consumidor. Al mismo tiempo, esto puede resultar en una pérdida de puestos en los servicios de reparación de alta densidad laboral. 
Finalmente, esto generará más residuos, y eso cuando la Comisión trabaja en un informe sobre la competitividad de los sectores de reciclaje en el que, por lo visto, se preocupa por la chatarra de los aparatos electrónicos. 
Para llegar a una legislación transparente y equilibrada, formulé junto con mis colegas liberales una serie de propuestas, primero y en particular por lo que respecta a las posibilidades de reclamación. 
Mi grupo parlamentario no puede estar de acuerdo con que el consumidor disponga de cuatro posibilidades de reclamación en caso de un fallo en el bien adquirido y propone por lo tanto una jerarquía. 
En caso de un fallo, el vendedor tiene la obligación de reparar este bien completamente en un plazo razonable. Cómo se hace, es un tema suyo, a condición de que garantice que sea la manera más rápida y eficaz, y que el cliente esté satisfecho. 
Si esto no se consigue, entonces el consumidor tiene todos los derechos de reclamar un descuento o la rescisión del contrato. 
En segundo lugar, el consumidor tiene que poder dirigirse en tres casos directamente al fabricante, es decir cuando el vendedor está establecido en el extranjero, cuando ha cesado sus actividades o cuando está ilocalizable. 
Me remito a nuestra enmienda 25 que se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor con una gran mayoría. 
Como punto final, hemos de excluir a nuestro juicio los bienes de segunda mano. No forman parte de esta directiva. 
Queremos una excepción clara y explícita para estos bienes, pero no excluímos que se sujeten a una regulación aparte en un momento ulterior. 
Presidenta, colegas, nuestro grupo parlamentario quiere esforzarse por un texto claro y equilibrado, que no sólo beneficie al consumidor, sino también al empleo, a la empresa privada y al medio ambiente. 
Señora Presidenta, distinguidos colegas, celebramos la propuesta de directiva de la Comisión en cuanto que, al menos, prevé una garantía mínima de dos años. 
Esto es un paso en la dirección correcta, pero no basta. 
Constituiría una mejora para los faroles de cola de la Unión Europea, como la República Federal, que prevé solamente una prestación extremadamente breve de garantía, de seis meses. 
Sin embargo, lo que nosotros queremos es realmente un enorme avance hacia la durabilidad en la producción y, por consiguiente, a nuestro modo de ver, serían necesarios cinco años. 
Debemos pasar de la mentalidad de desechar las cosas y de la brevedad de los productos hacia una producción durable. 
Los fabricantes y los comerciantes no deben ser exonerados de responsabilidad. 
No abrigo ninguna comprensión para las cartas lastimeras y quejumbrosas que recibimos de la industria. Sin embargo, la industria dice siempre que está dispuesta a asumir la responsabilidad. 
Creo que los fabricantes y los comerciantes deberían ser involucrados, por fin, en la responsabilidad. 
Por consiguiente, deberíamos poner coto a las inundaciones de desperdicios y fomentar la perdurabilidad de los productos. 
Por esta razón hemos presentado una enmienda, que prevé un período de garantía de cinco años, para conseguir, por fin, ese gran avance hacia la durabilidad. 
Por lo demás esto es apoyado también por Finlandia. De esta manera se hace patente también que incluso en el Consejo de Ministros existe un apoyo en pro de una mayor durabilidad en la producción. 
También somos partidarios de que se explicite el período medio de vida útil como también el desgaste de los productos a la hora de la fabricación y a la hora del funcionamiento del producto. 
Tenemos totalmente claro que la reparación debe figurar en primer lugar. 
Queremos que se ponga término al derroche de los recursos y que se cree un estímulo para no fabricar productos de un solo uso. 
Por consiguiente, creemos que mañana en la votación el Parlamento Europeo pondrá, por fin, en claro mediante esta directiva cuán en serio toma la durabilidad en la producción. 
Señora Presidenta, en la mayoría de los Estados miembros existe ya una legislación sobre los plazos de garantía y sobre los derechos del consumidor. Sin embargo, esta legislación difiere bastante. 
Con el incremento de la internacionalización del consumo y de la producción se impone una armonización de la protección del consumidor. 
Por lo tanto, respaldamos la elección de una directiva europea de la garantía postventa. 
Cada vez que se señala un fallo en un producto se presenta la pregunta: ¿ya estaba roto o lo ha roto el usuario? 
En la práctica resulta que esa cuestión de culpabilidad a veces no se puede contestar. 
A veces mentirá el consumidor. Sabe que él mismo ha provocado el defecto pero se hace el sueco. 
¿Tenemos que iniciar en ese caso un extenso procedimiento probatorio? 
No le apetecerá mucho a una empresa, si se trata de una de presupuesto no demasiado alto. 
A veces se tratará de un defecto al vender el producto o poco tiempo después que no se puede imputar al consumidor. 
Entonces está claro que se ha de llegar a un acuerdo de indemnización al consumidor. 
Pero el primer caso es naturalmente el más complicado. 
El informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor elige claramente el lado del consumidor cuando se trata de la carga de prueba. Está libre de sospechas. 
Eso tiene que ver con la diferencia de poder entre los compradores y los vendedores. 
Respaldamos esta elección. 
En algunos casos ello conducirá, efectivamente, a un aumento de costes para el fabricante. Pero éste, por otra parte, se beneficia del buen nombre, tanto del producto como de su servicio. 
No hay publicidad tan buena como una rápida sustitución del objeto. 
Por eso, no estoy tan impresionado por las cartas de lobby de la empresa privada diciendo que todo es tan caro y que al final le costará más dinero al consumidor. 
Para el minorista sí es necesario un derecho de reclamación con el que pueda reclamar sus gastos al fabricante. 
Si de verdad se hacen demasiadas reclamaciones a la garantía legal, entonces hay algo que está mal en el producto. 
Apoyamos por lo tanto muchas de las enmiendas del informe Kuhn. 
Señora Presidenta, la presente propuesta de resolución constituye un ejemplo de cómo se puede desairar a los ciudadanos con regulaciones unitarias de ámbito europeo y también de cómo se puede zarandear la confianza en la Unión Europea. 
Unas fronteras abiertas y un mercado abierto exigen directivas únicas de protección de los consumidores. Esto se refiere también a la protección legal del comprador frente a defectos de bienes que haya adquirido, es decir, a la unificación del derecho de garantía. 
Sin embargo, es una señal de poca sensibilidad que se presente- como en este caso- una propuesta de directiva en la que- por ejemplo, respecto de Austria- se cuadriplican los plazos dentro de los cuales el vendedor es responsable de los defectos de sus productos. 
Poco tacto revela también la regulación prevista de la libre elección del consumidor dentro del primer año entre la reparación gratuita, la reducción del precio, la rescisión del contrato y la sustitución del bien. 
Es comprensible, que el comprador preferirá en la mayoría de los casos la sustitución a la reparación del producto viejo, una solución que en nuestra opinión no es razonable desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista ecológico. 
Si se introduce además en el cálculo la inversión de la carga de la prueba, es decir, el supuesto de que el defecto existía ya en el momento de la compra, esta regulación general significaría precisamente una sobrecarga para las pequeñas y medianas empresas que no guardaría una proporción equilibrada con la mejora, lograda de esa manera, en la protección de los consumidores. 
Pero precisamente en la difícil situación actual del empleo esta sobrecarga adicional no es soportable y reducirá a largo plazo el número de consumidores que hay que proteger. 
Por consiguiente, nosotros somos partidarios, también en el sentido de la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, de esperar el estudio de los efectos de esta directiva que se ha encargado a causa de la discusión producida en esta temática. 
No se ve ninguna razón para proceder con precipitación en este asunto. Causaría más daño que beneficio en el mismo. 
Señora Presidenta, no tengo ningún manuscrito, sólo dos comentarios. No existe competencia alguna de la Comunidad Europea en materia de armonización del Derecho civil. 
Por lo demás, tampoco se está haciendo una armonización. Se están estableciendo normas mínimas, es decir, probablemente tengamos luego una alfombra jurídica de remiendos. 
¿Dónde está la armonización que quizá pudiera justificarse? 
Por lo demás, no creo que en el seno de la Unión Europea, en lo que se refiere al mercado único, se haya realizado o haya dejado de realizarse una compra transfronteriza sólo porque en otro país exista un derecho diferente de garantía. 
Esto es completamente ridículo. 
Un comentario más sobre la inversión de la carga de la prueba. 
Sólo entonces se puede pensar absolutamente en una inversión de la carga de la prueba. 
Esta inversión de la carga de la prueba conduce a que, en el fondo, el vendedor no pueda aportar jamás la prueba. 
Tomó de la estantería la plancha, que estaba empaquetada, se la entregó al comprador y, luego, tres meses después ha de demostrar que esta plancha estaba en buen estado. 
En cualquier caso, desde el punto de vista jurídico esto resulta un tanto chocante. 
Presidenta, el consumidor tiene la libertad de adquirir productos y servicios de otros Estados miembros y lo aprecia como una de las ventajas más grandes de ese mercado interno. 
Pero hay, por supuesto, un obstáculo importante para ejercer plenamente esta libertad, y eso es efectivamente la inseguridad de la garantía postventa y de las posibilidades de acción que hay cuando un bien adquirido tiene vicios ocultos. 
Una propuesta para una directiva en este ámbito para armonizar lo uno y lo otro es, por lo tanto, un buen asunto. 
Que esta directiva dé a los consumidores un alto grado de protección también es positivo. 
Pero alta protección no es lo mismo que cubrirse completamente contra todo y a costa de todo. 
El derecho del consumidor también tiene que estar justificado económica y jurídicamente. 
Falta allí donde la Comisión otorga al consumidor sistemáticamente el pleno derecho de libre elección de los medios para reclamar un fallo. 
También falta allí donde se regula la rigurosa inversión de la carga de la prueba. 
Estoy completamente de acuerdo con la observación de mi colega Rothley al respecto, es seguro que en ambos terrenos hemos de corregir esto profundamente. 
Pero lamentablemente, se refuerza también la falta de equilibrio por algunas enmiendas de la comisión de medio ambiente. 
Menciono sólo las enmiendas 6 y 34 sobre los lugares de reclamación a los que el consumidor se puede dirigir en otros Estados miembros. 
Estamos realmente perplejos en nuestro grupo parlamentario del desconocimiento que se desprende de ello por lo que respecta a la realidad jurídica y económica de la organización de la distribución en el mercado interno. 
Pero, cuando algo está bien, también lo decimos: nuestros elogios por la enmienda 31. 
Esta enmienda tiene que evitar que el vendedor, a menudo una PYME, esté entre la espada y la pared, entre una responsabilidad no exonerable hacia el consumidor por una parte y una responsabilidad imputada a él por el intermediario por otra parte. 
Insistimos en que se pueda ejercer el derecho de reclamación del vendedor y lo declaramos incluso como una de las condiciones esenciales para aprobar finalmente la resolución. 
El equilibrio no impide un alto grado de protección del consumidor. 
Llevemos el debate a partir de esta noción entre los grupos parlamentarios para llegar a un consenso. 
Señora Presidenta, permítaseme señalar en primer lugar que no me entusiasma esta propuesta de directiva ni como se presenta por la Comisión ni con las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente. 
Aunque el informe de la Comisión de Medio Ambiente corrige y precisa algunos puntos, siguen existiendo muchas incertidumbres y muchos problemas, tanto con relación al consumidor y al vendedor como a la tradición jurídica danesa en el campo de la ley sobre la compraventa. 
Es preocupante que uno, aunque no sea jurista, pueda descubrir varias oscuridades lingüísticas y otras circunstancias problemáticas en el texto. 
¿Qué es, por ejemplo, " un servicio posventa apropiado?» 
No obstante, es más importante que las propuestas de directiva tienen un efecto muy radical en el campo de la ley sobre la compraventa, el cual constituye el campo más importante en relación con el comercio. 
Hemos conocido diferentes culturas comerciales en los diferentes países europeos y por ello opino que éste no es un campo que pueda o deba ser regulado. 
Por lo demás, las propuestas de directiva no solucionan los problemas de los consumidores con el comercio transfronterizo. 
Hay grandes distancias entre consumidores y vendedores en países distintos, tanto geográficas como lingüísticas. 
De ahí que uno pueda preguntarse si una armonización tiene algún objeto y efecto en este campo. 
No deseo una armonización por la armonización en sí. 
Aquí sólo alcanzo a citar uno de los problemas concretos del informe, es decir, los derechos de los consumidores en caso de defectos. 
La propuesta de la Comisión en este punto es inaceptable. 
Tendrá enormes costes si muchos consumidores exigen la recisión del contrato cuando en realidad no es necesario. 
Y estos costes en última instancia se trasladarán al propio consumidor. 
También desde una perspectiva medioambiental esto es totalmente insostenible. A la inversa, la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente tampoco es aceptable desde el punto de vista del consumidor. 
En realidad se trata de un derecho de reparación y de un derecho de sustitución para el vendedor sin tener en cuenta si esto provoca molestias importantes al consumidor. 
Debe existir como mínimo el libre derecho de elección para el consumidor en el caso de que surgieran repetidos defectos y éste siempre debe tener derecho a elegir la sustitución antes de la reparación. 
Esta propuesta debe por ello rechazarse de manera que podamos alcanzar un reparto de cargas adecuado entre consumidores y vendedores. 
Señorías, como saben ustedes, después de la publicación del Libro Verde, en noviembre de 1993, la Comisión adoptó el 8 de junio de 1996 la Propuesta de Directiva sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo. 
La Propuesta de Directiva se ocupa de garantizar al consumidor una base común mínima de derechos, que podrán ejercerse en idénticas condiciones sin que importe el lugar de adquisición de esos bienes en la Unión Europea. 
Esto, simplemente para permitir que los consumidores y los operadores económicos disfruten con plenitud de las ventajas del mercado único y para garantizar un nivel elevado de tutela de los intereses económicos de los consumidores. 
Entre otras cosas, al menos para mí es un tanto sorprendente comprobar en este debate que, en cierto modo, se atribuye a los consumidores una irresponsabilidad o una incapacidad de comprender lo que es razonable, o bien se les acusa de ser consumidores, es decir, ciudadanos que, tal como se los describe aquí, tendrían que aprovecharse o querer aprovecharse de no se sabe qué. 
Si se quiere hablar de equilibrio entre la industria y los consumidores, Señorías, francamente no querría emplear más palabras para explicar en esta Asamblea dónde está el equilibrio entre el productor o el vendedor y los consumidores. 
Pues bien, sin ninguna pretensión de querer reglamentarlo todo siempre, aquí tan sólo hablamos de establecer los derechos mínimos de los consumidores y de los ciudadanos europeos, iguales para todos, independientemente del lugar en que hayamos adquirido el bien de consumo del que se trata. 
En noviembre de 1996, el Comité Económico y Social expresó su opinión favorable a esta propuesta. 
Por otra parte, he oído en esta Asamblea ecos sobre costos elevados. 
Sus Señorías conocen, porque la tienen a su disposición, la relación final del estudio que la Comisión inició sobre el impacto económico de esta propuesta, estudio que se ha transmitido al Parlamento tanto en su versión de trabajo como en su formulación final: todos los parlamentarios, por lo tanto, pueden comprobar que esos costos no son tan enormes. 
La Comisión, además, querría subrayar el hecho de que la confianza del consumidor es todo un valor para los vendedores, y es ni más ni menos que un valor en un mercado competitivo, de modo que este valor merece probablemente que en algunos casos se hagan algunas inversiones en él. 
En lo relativo a las enmiendas que aquí se discuten y votarán, ante todo quiero dar la enhorabuena a la ponente, diputada Kuhn, por el trabajo que ha desarrollado, porque creo que gracias a su tarea la Comisión podrá aceptar una parte importante de las enmiendas elaboradas por ella. Para ser más exacta, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 
7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23 y 29, aunque no se acepte la enmienda nº 46; además también acepta las enmiendas núms. 30, 32, 35, 36, 37, 38, 42, 45 y la nº 46 en su relación con la nº 29, como he dicho antes. 
Las enmiendas núms. 12, 16 y 40 se aceptarán con la reserva de las modificaciones de formulación, en tanto que la nº 33, según el criterio de la Comisión, necesita una modificación de fondo. 
En lo que respecta a las enmiendas nº 41 y nº 54, la Comisión acepta su lógica y las recibe con la reserva de algunas modificaciones en su enunciado. 
Por último, las enmiendas núms. 2, 13, 24, 26, 31 y 41 se aceptarán parcialmente. 
Me referiré a continuación a algunas observaciones relativas a la enmienda nº 45, que me parece el elemento clave de este debate, para subrayar por una parte la importancia atribuida por la Comisión a la posibilidad de que el consumidor elija, entre sus propios derechos, en dos niveles distintos de la escala jerárquica que le permitirá aplicar estos derechos: nos parece esencial que esta elección no corresponda al vendedor que no ha respetado la obligación contractual de entregar un bien según lo estipulado en el contrato, sino al consumidor. 
Por ejemplo: si he comprado una cámara fotográfica para un viaje y descubro un defecto tres días antes de marcharme, no sirve de nada que el vendedor haga una reparación, si esta reparación llevará tres semanas. En este caso me parece lógico exigir una sustitución antes de la fecha de la partida. 
Otro tanto se podría decir en una serie de ejemplos semejantes. 
La Presidencia británica se propone llegar a un acuerdo político después del Consejo de " Consumidores» del 23 de abril. 
La Comisión, por su parte, piensa presentar una propuesta modificada al Parlamento Europeo y al Consejo, según la guía de las enmiendas del Parlamento, acordes con las modalidades que he señalado someramente. 
Espero que este dossier, que considero importante, avance con rapidez para que la Comunidad Europea pueda aplicar un elemento importante para el mercado único y para la protección de los consumidores. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Libro Verde relativo a la legislación alimentaria 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0009/98) de la Sra. Graenitz, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el Libre Verde de la Comisión (COM (97) 0176-C4-0213/97) relativo a los principios generales de la legislación alimentaria de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Comisario, distinguidos colegas, el Libro Verde sobre los principios generales de la legislación alimentaria en la Unión Europea fue presentado, tras largas discusiones, en un momento que se caracterizaba por una transformación de la estructura organizativa de los servicios de la Comisión y de la asesoría científica. 
Esto no sólo se hizo patente mediante el largo debate- que ya he mencionado- en el seno de las Direcciones generales implicadas, sino también a través del hecho de que en las versiones originarias del Libro Verde se formuló como objetivo supremo de la legislación la libre circulación de mercancías en el mercado único, pero, luego, tras la presentación del informe de la comisión de investigación de la EEB y de las promesas que sobre el asunto formulara el Presidente Santer, se otorgó prioridad a la protección de la salud y a la seguridad alimentaria. 
La prioridad de la protección de la salud es algo que ha influido fuertemente a partir de ese momento en nuestro debate sobre la legislación alimentaria. 
El principio general es, evidentemente, -para el Parlamento Europeo, para los demás Parlamentos y, en realidad, para cualquier persona- el siguiente: toda legislación alimentaria debe garantizar la compatibilidad de los productos alimentarios autorizados con la salud, incluyendo todos los aditivos y los métodos de producción. 
Esto es algo evidente, y no parece necesario que haya que destacarlo una y otra vez. 
Pero precisamente los acontecimientos de los últimos dos años han mostrado el alto grado en que el mercado depende de la confianza de las consumidoras y de los consumidores y cuán peligroso, y, en definitiva, costoso, resulta para todos los implicados que se autoricen estándares laxos en el ámbito de la seguridad alimentaria. 
Efectivamente, la equivalencia de los procedimientos es más fácil de comprobar y de medir en el ámbito mecánico-técnico que en la manipulación con materiales orgánicos. 
En este contexto creo que el Parlamento- mañana mantendremos otro debate en este ámbito- celebra también las modificaciones de los artículos 129 y 129a del Tratado, que fueron aprobadas en la Conferencia intergubernamental de Amsterdam, y espero que la ratificación por los Parlamentos nacionales tenga lugar en breve plazo. 
Todos nosotros sabemos que la culminación del mercado único requiere una legislación clara y abarcable, cuyo cumplimiento pueda ser vigilado también adecuadamente. 
No sólo su ponente, sino además la mayoría de los Estados miembros y mucho de los que han comentado el Libro Verde de la Comisión, son de la opinión de que una directiva marco sobre la legislación alimentaria constituiría precisamente la vía para lograr una legislación concisa, un marco claro y para poder adaptar ya con ello las leyes existentes, poder eliminar o ajustar mutuamente, en caso necesario, los entrecruzamientos o las partes que estuvieran en contradicción y configurar la legislació de tal manera que los consumidores y productores tengan por igual seguridad jurídica y sepan cómo hay que proceder según los casos. 
Semejante directiva marco sobre legislación alimentaria debería reflejar exactamente la legislación relativa a la higiene, de tal manera que se sepa con toda exactitud qué higiene corresponde a qué legislación alimentaria en un ámbito determinado. 
Pienso que precisamente la presentación de una directiva marco puede ser algo que la Comisión puede llevar a cabo en un tiempo previsible. 
Según mis noticias existen ya trabajos preparatorios y pienso que en este punto no debe esperarse a más conocimientos o deliberaciones o a la presentación de comunicaciones adicionales de la Comisión. 
En este contexto considero también necesario encontrar una regulación acerca de cómo se añaden vitaminas a los productos alimentarios y cómo hay que etiquetar esto y, tal como se propone en la Comisión y puede ser aprobado luego en el Parlamento, cómo se puede proceder con las llamadas health claims, es decir, con las afirmaciones acerca de los efectos de los productos alimenticios sobre la salud. 
Un ámbito muy importante es también el ámbito de los HACCP. 
Creo que en este ámbito, cuya importancia y eficacia no se ha reconocido aún en todas partes, se debe seguir investigando, y creo que se necesita mucha ayuda, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, en especial también para las explotaciones agrícolas. 
Pienso que esto va a marchar más fácilmente mediante una incorporación de los consumidores. 
Para los consumidores lo más importante de todo es la información. Aquí se trata de dar a los consumidores un etiquetado claro y fácilmente comprensible e informaciones sobre los productos alimentarios. 
Más allá del etiquetado cabe dar más informaciones, quizá también sobre la base de acuerdos voluntarios, a través de otros medios pues todos tienen claro que el etiquetado tiene un límite. 
El ámbito es muy amplio y en mis seis minutos no voy a tener tiempo de referirme en detalle a toda su relevancia, a la importancia económica que tiene y a cuán importante es la cuestión en relación con la Organización Mundial de Comercio y con el Codex Alimentarius. 
Por lo demás, considero importante seguir discutiendo, en todo caso con otra comunicación, acerca de cómo se puede fomentar por parte de la Comisión una política de productos alimentarios y sanitaria en el sentido de una política alimentaria y de una educación para la salud. 
Finalmente, quisiera manifestar mi convencimiento acerca de que la legislación debe contener una afirmación clara a favor de una protección preventiva de los consumidores, de que ésta sería la dimensión política encaminada al fortalecimiento de la confianza de los consumidores en el mercado único de productos alimentarios y de que en cualquier caso se requiere también una seguridad alimentaria como compensación de la dimensión económica y de la dinámica propia del mercado único en el ámbito de los productos alimentarios. 
Señor Presidente, precisamente hoy se inicia la investigación Phillips sobre la EEB y su relación con CJD en Londres, en mi país. 
Es un gran mérito de la Sra. Graenitz que haya presentado estas claras e inteligentes propuestas al Parlamento en un momento en que se nos recuerdan el lado oscuro de la producción alimentaria con la tragedia de la EEB y también las grandes esperanzas que abrigamos después de la aprobación del Tratado de Amsterdam, porque entonces pensamos que tendríamos una visión completamente nueva de nuestras responsabilidades en cuanto a la salud y la seguridad en el campo alimentario. 
Hoy, Sr. Comisario, todos le hablamos con el espíritu de Amsterdam. 
Los pasos de este Libro Verde en el Parlamento Europeo estuvieron acompañados por conferencias minuciosas y debates importantes. 
Creo que ahora es el momento oportuno para que oigamos el punto de vista de la Comisión. 
Hay dos o tres apreciaciones que querría hacer, brevemente, desde el punto de vista de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
En primer lugar, queremos que la Comisión declare aquí que habrá una directiva marco sobre alimentación, y que nos diga cuál será el calendario de esa directiva. 
Apoyamos la idea de que los productos primarios se incluyan en toda directiva acerca de responsabilidades sobre los productos, y esperamos oír una seria declaración de la Comisión al respecto. 
Al escuchar lo que mi colega, la Sra. Hardstaff, decía, tuve la esperanza de que nuestros colegas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural también escucharan lo que nosotros decimos acerca de la necesidad de fortalecer la confianza del consumidor en los productos alimenticios, algo que también interesa a los propios productores primarios. 
Queremos igualmente que la voz de los consumidores se integre en los procedimientos de decisión política de la Unión Europea. 
Cuando se produjo el caso de la EEB, se dio un papel importante a la DG XXIV en todo el campo de la política sobre productos alimentarios. 
Pero aún vemos que las direcciones de la agricultura y de la industria tienen un papel predominante. 
Ni por asomo pensamos que esos directivos no deben tener sus propias responsabilidades, pero pedimos al Comisario Bangemann y a sus colegas que nos digan que siempre se tomará en cuenta, de manera formal, la voz de los consumidores y su interés, cuando la legislación sobre alimentos y seguridad alimentaria esté tratándose en la Comisión y en este Parlamento. 
Mi último tema es el etiquetado. 
Hace un par de semanas hubo en Londres una gran marcha de agricultores. 
Pero la petición que se entregó en Downing Street esta semana, con un millón de firmas, se refiere a la necesidad de un etiquetado preciso para los productos alimenticios, lo que podría contradecir las reclamaciones erradas que a menudo se hacen. 
Creemos que las disposiciones sobre el etiquetado, en la actualidad ocultas en innumerables directivas diferentes, tendrían que sacarse de estas últimas y reunirse, si queremos aplicar un control adecuado, estable y eficaz en este campo. 
Debemos mantener el carácter de gran productora y de gran exportadora de productos alimentarios que tiene la Unión Europea, y la mejor manera de hacerlo es a través de normas de calidad que produzcan admiración en todo el mundo. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, todos nosotros nos alegramos del Libro Verde, y todos nosotros, de la misma manera que estamos sentados aquí, deseamos- y esto nos gustaría oírlo también de labios del Sr. Comisario- una directiva marco. 
Pero permítanme decir también que hay que valorar de manera muy positiva el presente informe. 
También yo quiero felicitar a la Sra Graenitz por ello, pero desearía hacer una aclaración sobre un punto de su informe, en concreto, sobre el punto 59 en el que se cita la Directiva 79/112/CEE. 
La Comisión Europea prevé en su propuesta de modificación de esta directiva que la Comisión Administrativa del Vino, de la Comisión Europea, sea el servicio competente para dictar las correspondientes disposiciones de etiquetado relativas al vino y no la Comisión de productos alimentarios creada con arreglo a esta directiva. 
En su primer proyecto el CES preveía aún que la Comisión permanente de productos alimentarios debería ser competente para el etiquetado. 
En su opinión definitiva el CSE se pronuncia a favor de la propuesta de la Comisión. 
El Parlamento se manifiesta también a favor de la propuesta de la Comisión en el proyecto de una opinión. 
Permítanme afirmar aquí que además de las razones prácticas para un tratamiento específico del etiquetado del vino y de los productos vinícolas- en esto son de la misma opinión todos los elaboradores de vinos y los estados productores de vinoexisten muchos argumentos jurídicos en favor de la propuesta de la Comisión. 
No quisiera que por un malentendido en el presente informe pudiera surgir otra opinión. 
En marzo de 1997 el Servicio Jurídico elaboró un dictamen sobre el fundamento jurídico en relación con la propuesta de un reglamento para la introducción de un sistema sobre etiquetado y registro de ganado vacuno y sobre el etiquetado de carne de vacuno. 
Se trataba de si entraba en juego como fundamento jurídico el artículo 43 del Tratado CE (Política Agrícola) o el artículo 100 a (Mercado interior de la CE). 
En este dictamen se defendió luego, haciendo referencia a numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, que el artículo 43 del Tratado CE constituye el fundamento jurídico adecuado. 
Los actos jurídicos relativos a la producción y a la comercialización de los productos agrícolas que est´an consignados en el Anexo II del Tratado pueden contener disposiciones sobre la armonización de las normas jurídicas nacionales sin hacer referencia al artículo 100 o al artículo 100 a del Tratado CE. 
En la persecución de los objetivos de la Política Agrícola Común no se puede prescindir de exigencias del interés general, tales como, por ejemplo, la protección de los consumidores o la protección de la salud y de la vida de los seres humanos y de los animales. 
En relación con una medida agrícola hay que reconocer una importancia prioritaria a la protección de la salud. 
Así lo ha afirmado últimamente el Tribunal Europeo de Justicia sobre el embargo relativo a la carne de bovino británica. 
Por consiguiente, por razón de los reparos expuestos arriba es preciso que para una configuración más específica de las disposiciones sobre el etiquetado relativas a los aditivos del vino se deben mantener las respectivas disposiciones de ordenación del mercado y los procedimientos que se establecen en las mismas. 
No me queda más que esperar que la mayoría de la Asamblea comparta esta opinión mía, y yo no desearía que en el marco de este informe se sentara una señal equivocada. 
Señor Presidente, después de unos treinta años de armonización de la legislación alimentaria, la Comisión quiere iniciar con razón por medio del Libro Verde un debate sobre cómo continuar. 
¿La situación jurídica actual referente a la legislación alimentaria es aún suficiente? 
En vista de la crisis de la EEB en el Reino Unido y la peste porcina en mi propio país, los Países Bajos, esta constituye seguramente una pregunta relevante. 
El informe Graenitz es un buen intento de dar más contenido al debate. 
Es necesario prestar más atención al etiquetado, el consumidor tiene que tener más confianza en el denominado enfoque " farm to table» , por el que se requiere una información completa sobre los métodos de producción. 
Asimismo es importante que se profundice la cuestión de la responsabilidad; ya hay una propuesta preparada al respecto en la Comisión Europea. 
Con razón se señalan las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, el denominado Codex Alimentarius, sin que ello pueda conducir a un nivel más bajo de la protección alimentaria. 
El informe trata también de la transparencia. 
Por supuesto es imprescindible que se controlen los resultados y propuestas de foros especiales y comités científicos., pero el grupo parlamentario del ELDR está en contra de la propuesta de constituir un foro integrado por miembros del Parlamento Europeo para poder controlar la transposición y aplicación de las normativas comunitarias. 
El Parlamento Europeo tiene otra responsabilidad, y no debe mezclarse en dicho foro. 
La posición independiente del Parlamento Europeo queda garantizada si no estamos representados en tal foro. 
Por eso estamos en contra de la última frase del punto 18 del informe, como ya hicimos saber también en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor durante la preparación. 
Como punto final, Presidente, y a pesar del inconveniente mencionado, expreso en nombre de nuestro grupo parlamentario el apoyo al informe de nuestra colega Graenitz. 
Señor Presidente, de forma telegráfica quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la ponente y, en segundo lugar, saludar esta propuesta de Libro Verde que abre un debate necesario por dos razones: en primer lugar, por el resultado de la Comisión de investigación sobre la EEB y también por la comisión de seguimiento, pero, sobre todo, por la Agenda 2000 y por la reforma de la Política Agraria Común. 
Es necesario, pues, conocer los resultados de este debate y ponerlos en práctica. 
Sin embargo, yo creo que ya hay algunas ideas que son claras y que están presentes en el informe de la Sra. Graenitz. Por ejemplo, la necesidad de un etiquetado claro y transparente, sobre todo en lo que se refiere a los nuevos productos, a los nuevos alimentos. 
En segundo lugar, una participación clara también de las organizaciones de consumidores en este debate. 
En tercer lugar, una clarísima concepción de lo que debe ser el Derecho comunitario en el orden alimentario, puesto que hoy hay muchas normas, a veces contradictorias, como ocurre en otros sectores, que es necesario simplificar y clarificar. 
Y, en último lugar, hay que saludar la rapidez relativa con la que la Comisión ha puesto en marcha los nuevos comités científicos y el nuevo tipo de inspección. 
Sólo en la práctica se verá si ese trabajo es efectivo, pero será necesario que el trabajo de los comités científicos sea claro y transparente y que tenga un orden del día, también claro, en cada una de sus sesiones. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Graenitz es un buen informe. 
El Grupo de los Verdes apoya sus propuestas de conjunto; la Sra. Graenitz pone bien de relieve, en particular, los diferentes imperativos de la esfera que aborda. 
Por mi parte, quisiera señalar a la atención del Comisario y de la Asamblea un aspecto importante, a saber, las relaciones entre la legislación comunitaria y las normas de la Organización Mundial del Comercio. 
Así, hace unos días hemos sabido que la hormona de crecimiento bovino- prohibida en la Unión Europea- acaba de recibir un dictamen favorable de la FAO y de la OMS, que han llegado a la conclusión de que, cuando se administra correctamente, esa hormona del crecimiento es inocua. 
Así, pues, hemos de esperarnos una nueva ofensiva de los Estados Unidos contra la legislación que la prohíbe en la Unión Europea. 
Ahora bien, resulta que el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, que está en vigor desde hace algunos años, nos perjudica. 
En efecto, dicho acuerdo en modo alguno se basa en el principio de precaución, por lo que habríamos de aportar elementos pertinentes, informaciones que permitieran sacar la conclusión de que existen riegos para la salud, es decir, mucho más que mostrar las incertidumbres científicas que aún pesan sobre ese asunto. 
Así, pues, se trata de un problema extraordinariamente importante por lo que se refiere, en particular, a los alimentos genéticamente modificados y a la irradiación de los alimentos. 
Volviendo a las vacas locas, quisiera recordar que eran sobre todo las incertidumbres las que planteaban un problema. 
Si no se modifican esas normas, creo que toda la legislación europea se verá amenazada tarde o temprano por la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Presidente, substituyo a la Sra. Barthet-Mayer, que debía pronunciar este discurso, pero no puede hacerlo por razones de salud. 
Permítanme, señor Comisario, Señorías, leer su intervención. 
La Sra. Graenitz ha hecho un trabajo considerable, del que podemos congratularnos todos. 
Con la aparición del Libro Verde, la Comisión pone de relieve oficialmente las grandes lagunas del sistema comunitario en materia alimentaria. 
Mientras que, por ejemplo, la Unión se ha dotado de una política agraria fuerte, su política alimentaria está aún por formular. 
Más allá de lo que puede parecer anecdótico, hay auténticos imperativos económicos, políticos y de salud pública. 
La presencia de hormonas en la carne, el contenido en materias grasas del chocolate, el consumo de queso a base de leche cruda, la utilización de semillas transgénicas no son cuestiones anodinas ni para los ciudadanos ni para sus representantes ni para los productores ni sobre todo para los legisladores. 
La dificultad principal estriba en la propia definición de la seguridad y la calidad, pues sin una definición común no puede haber armonización posible. 
¿Qué criterios utilizar? ¿A qué bases científicas remitirse? 
¿Cómo distinguir lo irracional o lo emocional? 
¿Cuál es la frontera entre diferencias culturales y maniobras de proteccionismo o de oportunismo comercial? 
La Comisión propone que se revise la multitud de reglamentos y directivas que se refieren directa o indirectamente a las cuestiones alimentarias. 
Es absolutamente necesario, pues parece que, sin haber logrado formular una auténtica política alimentaria, la Unión ha elaborado demasiada legislación, que, paradójicamente, no se ha plasmado en una mayor armonización. 
Así, pues, no podemos por menos de congratularnos de esta iniciativa, que forma parte del marco más general de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad alimentaria. 
Señor Presidente, el Libro Verde de la Comisión debería haber servido para presentar un análisis crítico en profundidad de la situación y, sin embargo, ha realizado una simple descripción de los problemas. Han quedado todos un tanto diluidos y ninguno evaluado en profundidad. 
La opinión pública sigue sin tener confianza en el control que pueda ejercer la Comisión. 
El Parlamento Europeo no ha recibido respuestas fehacientes a las múltiples críticas planteadas en los últimos meses, y hasta organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han manifestado gran preocupación y alarma ante el peligro de que se multiplique la epizootia en la Unión Europea por carecer de un sistema eficaz de coordinación a nivel local, regional, nacional y de la Unión Europea. 
La Comisión Europea, ante esta alarma social de los ciudadanos, no ofrece una garantía de seguridad alimentaria, incluso ha retirado su propuesta de creación de una agencia de seguridad alimentaria- que nos ha sorprendido a todos- y, sin embargo, se ha limitado a una reestructuración administrativa- que no conduce a nada- y ha multiplicado los comités científicos que, sin una estructura de coordinación, de potenciación y de arbitraje, tampoco van a mostrar ninguna eficacia. 
Seguimos opinando que es necesaria la creación de la Agencia europea de seguridad alimentaria, que es necesario coordinar e impulsar el gran potencial que tienen los Estados miembros- capacidad científica y, por supuesto, de inspección (no podemos olvidar que más de 45.000 inspectores en todo el territorio es mucho más que el pequeño puñado de inspectores que pueden crearse nuevos, y sería mucho más eficaz). 
Y lo que hay que crear es la alta inspección y potenciar la capacidad de los Estados miembros porque así daremos confianza a los consumidores. 
Señor Presidente, el consumidor europeo necesita aumentar su confianza en los alimentos, aún más después de la crisis causada por la EBB. 
En este contexto, quiero felicitar a Graenitz por este buen informe en el que se tratan muchas cosas, incluso, a veces, demasiadas. 
Sin embargo, falta algo. 
Me refiero a la propuesta de enmienda no. 
28. Vamos a tener una producción de alimentos que significa que no habrá restos de sustancias, por ejemplo químicas y médicas, en nuestra comida. 
Con todo, tenemos también que conseguir una producción y un sistema de producción que haga que no tratemos los alimentos de manera inadecuada durante la producción. 
En relación con esto, hay una equivocación cuando se trata del uso de antibióticos como estimulantes del crecimiento en nuestros alimentos; no es que sea un problema para los alimentos, sino que implica que las bacterias resistentes a los antibióticos también llegan a ser un problema para la salud humana. 
Esto debería agregarse al texto. 
Señor Presidente, formularé la pregunta de modo retórico: ¿cómo se explica que, a pesar de su prohibición, en la Unión Europea se vendan anualmente hormonas animales por valor de 1 500 millones de ecus? 
Y respondo también de manera retórica que detrás de este dato se esconde un desmedido afán por lograr beneficios. 
En el pasado, los controles fronterizos nos permitían impedir la entrada en nuestros países tanto de enfermedades de origen vegetal y animal como de parásitos no deseados. 
En el mercado único, estamos a merced de los demás, con lo cual se justifica la mayor parte de las observaciones de la Sra. Graenitz. 
Me sorprende en cierta medida la posición del Partido Popular Europeo, que ha pretendido con sus enmiendas restar importancia a las apreciaciones de la ponente. 
En Holanda y en otros países se están apropiando de la naturaleza de poblaciones autóctonas para producir piensos de gallinas y cerdos. 
Necesitamos quizás antibióticos para prevenir la aparición de la salmonella y de otras enfermedades. 
¿Cómo se explica que sea posible utilizar maíz, soja y otras sustancias manipuladas genéticamente para producir productos alimentarios sin antes haber comunicado esta circunstancia a los consumidores? 
Y esta misma pregunta es aplicable también a las sustancias alimentarias sometidas a radiación. 
Libertad de elección significa poder elegir con conocimiento de causa. 
No basta con libros verdes, hay que atreverse a acometer el futuro. 
Señor Presidente, un gran problema en la legislación de alimentos de la UE es que, como se sabe, desde el comienzo no tiene como objetivo crear mejores alimentos sino que garantizar la libre circulación de los productos alimenticios. 
Graenitz tiene una concepción totalmente diferente, lo cual es excelente, una concepción que vela por los consumidores, pero ella no ha tratado el problema de cómo la armonización que tiene por objeto asegurar el mercado interno quizás no siempre es un método tan bueno para alcanzar el más alto estándar posible de los alimentos. 
Como austríaca, sabe que esto ha creado problemas para los países miembros más nuevos. 
Suecia, por ejemplo, ha sido obligada a causa de reglas comunitarias a permitir aditivos alimentarios prohibidos, a debilitar el control contra la salmonella y a bajar las exigencias de marcas, especialmente tratándose de los riesgos de alergias, y ahora corremos el riesgo de que se nos obligue a aceptar radiación de alimentos y uso de antibióticos. 
Si, en cambio, se hubieran usado normas mínimas con absoluta libertad para los Estados miembros para ir más lejos, entonces el desarrollo habría podido encaminarse más uniformemente a favorecer la buena calidad de los alimentos. 
Por esto, deseo hacer la siguiente pregunta a la Comisaria Bonino: ¿no sería conveniente que la Comisión en cambio apostara más por normas mínimas que obligaran a subir el listón en todas partes, pero que no impidieran a algunos países a ir aún más lejos? ¿no sería esto mejor que una armonización que en el fondo es una regla comercial cuyo objetivo es favorecer el comercio y no la calidad de los alimentos? 
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quiero felicitar cordialmente a la Sra. Graenitz. 
Ha trabajado muy bien un ámbito muy amplio, pues es claro que con la realización del mercado único y con la búsqueda de una activa política de protección de los consumidores la legislación alimentaria de la Unión Europea ha cobrado una enorme importancia. 
Ante la variedad de regulaciones y de condiciones que han sido modificadas, incluso, por ejemplo, por la EEB, así como también ante el cambio de expectativas, no podemos menos que reflexionar acerca de una simplificación y racionalización de la legislación alimentaria y acometer una revisión de las disposiciones existentes. 
Algunos objetivos fundamentales deben servir, creo yo, de punto de partida de la discusión. 
Deben estar garantizadas la seguridad y la inocuidad sanitaria de todos los productos alimentarios. 
Los consumidores deben poder confiar en esta seguridad y en esta inocuidad, y esto dejando a salvo la variedad y la calidad de los productos alimentarios en las regiones europeas. 
Permítanme algunas puntualizaciones sobre los términos de simplificación y de racionalización. 
El objetivo evidente de la política europea debería ser, y por ello estamos luchando ya desde hace tiempo, hacer más claro y más abarcable el derecho europeo. 
Hay que eliminar las contradicciones y, sobre todo, es preciso mejorar en interés de los consumidores la inteligibilidad del texto legal. 
Se trata aquí de una mayor transparencia para los ciudadanos. 
Esto no es nuevo, pero en el ámbito de la legislación alimentaria se trata de lograr confianza entre los ciudadanos. 
El ciudadano debe entender lo que lea. 
Para ello es necesaria una directiva marco sobre productos alimentarios que comprenda en un texto marco una definición unitaria de los conceptos centrales así como la regulación de los principios generales de la legislación alimentaria. 
Permítanme citar otro ejemplo. 
La directiva sobre etiquetado de los productos alimentarios existe desde 1979 y desde entonces ha sido modificada seis veces. Hay, además, una variedad de disposiciones específicas que se refieren en el aspecto del etiquetado a productos alimentarios concretos, como, por ejemplo, el vino, la fruta fresca y el chocolate. 
Del vino se ha hablado ya hoy, y yo debo decirle sencillamente, señor Comisario, que nosotros aspiramos aquí a una posición diferente de la Sra. Flemming, la cual, por lo demás, ya no está presente aquí. 
No considero correcto que en este tema un diputado del Parlamento no haga uso de su derecho garantizado a la codecisión. 
Creo que debemos ponernos de acuerdo en que para el vino rija también la codecisión, como para el chocolate y para la fruta. 
Debemos proceder de esta manera. 
Señor Presidente, permítanme que en primer lugar dé las gracias a la ponente, pero también a todos los que han tomado parte en el debate, pues del tenor general hay que deducir que el Parlamento piensa en la misma dirección que la Comisión. 
Tenemos hasta ahora 150 opiniones sobre el Libro Verde. Antes del verano queremos resumir nuestra propia opinión al respecto en una comunicación. 
Esto sobre la pregunta acerca del calendario de los plazos. 
Estamos unánimemente de acuerdo con el Parlamento en que deberíamos presentar una directiva marco, pero no puedo decir todavía exactamente cuándo. 
Efectivamente, suena muy bonito que semejante directiva marco debe contener una definición general de los diferentes conceptos etc., pero precisamente ahí radica la dificultad. 
Si hacemos algo así, debemos proceder, naturalmente, con mucho cuidado. Hemos de procurar poner en claro, al mismo tiempo, dónde deben modificarse las disposiciones concretas. 
Es decir, no puedo decir aún con exactitud cuándo vamos a hacerlo. 
Pero lo haremos tan rápidamente como sea posible. 
En cualquier caso deseamos una concepción global clara en la legislación alimentaria. Ésta incluye también la directiva marco. 
Es totalmente claro que esta maleza que ha surgido aquí debe ser eliminada y que los nuevos argumentos sobre la protección de los consumidores y de la salud deben ser tomados mejor en cuenta que en pasado. 
Ciertamente, no tenemos la intención de partir de nuestras exitosas regulaciones horizontales, pues éstas son buenas para innovaciones y fomentan también la elección de los consumidores. 
Pero esto no está en contradicción con las exigencias de calidad. 
Aquí reside también, tal como espero, el interés común de consumidores y productores, en especial de los productores de productos agrícolas. 
En diversas ocasiones hemos puesto ya de manifiesto que la industria europea sigue siendo competitiva a través, esencialmente, de la calidad de sus productos, y la agricultura debería hacer lo mismo. 
En esto no debe haber contradicciones innecesarias. 
Quién, en definitiva, deberá ordenar esto jurídicamente, sobre esto tendremos que enfrentarnos todavía seguramente. 
De hecho sigue siendo divertido observar cómo alguien que quiere defender su pequeños interés particular, funda enseguida una comisión en la que nadie pueda echar una mirada. 
Esto, sin duda, no debería ser así. 
La simplificación es un objetivo muy importante que estamos persiguiendo aquí, así como el de la transparencia. 
Con una serie de modernas posibilidades de información posiblemente nos libraremos, nos podremos librar aquí, de un dilema que existe hasta ahora. 
Cuanto más pretendan ustedes informar a un consumidor de una manera más transparente y completa, tanto más ignorará el etiquetado el interés del consumidor por disponer de reglas sencillas, claras y abarcables para él. 
Éste es, por decirlo así, el dilema en que nos encontramos. 
Puesto que hoy, en la época de la sociedad de la información, disponemos de posibilidades de información fácilmente accesibles, cabe imaginar que el etiquetado contenga los datos más importantes y que incluso pueda pasar a detalles cuando haya que tomar en cuenta intereses especiales de los consumidores, pero que la gran masa de informaciones esté disponible de otra manera, pues en otro caso corremos el peligro de que el etiquetado no sea tomado más en cuenta, en absoluto. 
Hace meses dije ya con ocasión de los organismos genéticamente modificados que si llevamos esto tan lejos como prevén también algunas partes de este Parlamento, prácticamente el 90 % de todos los productos alimentarios deberán portar la pertinente información. 
Recientemente, para mi perplejidad y también para mi regocijo, he escuchado exactamente la misma opinión de labios de un verde alemán que decía: si el 90 % está etiquetado ¿qué importancia va a tener aún el etiquetado para los consumidores? 
También lo he dicho siempre con mucha claridad en las conferencias que hemos celebrado, y espero que nos podamos poner de acuerdo en algo que vaya realmente en el sentido del consumidor y no signifique sencillamente una realización de convicciones cuasi-religiosas. 
Sobre el control de los productos alimentarios quisiera indicar que estamos constituyendo nuestro propio equipo de inspectores y queremos comenzar con la instrucción de los controladores europeos en materias veterinarias y alimentarias. 
Naturalmente, también pueden incluirse inspectores procedentes de los Estados miembros. 
Creo que éstos son los puntos esenciales. 
Sólo un breve comentario sobre el aspecto económico exterior. 
Por dos razones, igual que el Parlamento, somos de la opinión de que hemos de tener mucho cuidado aquí. 
En primer lugar, las propuestas de disposiciones legales deben tomar en cuenta, con toda seguridad, los compromisos internacionales. 
No puede ser de otra manera. 
Si somos miembros de una comunidad jurídica internacional hemos de atenernos también a ella. 
No nos podemos despedir precisamente cuando nos guste. 
Pero, en segundo lugar, deberíamos imponer en el plano internacional lo que consideremos correcto y configurar de manera activa los programas de trabajo del Codex Alimentarius y de la Organización de Comercio Mundial y no reaccionar a esto de manera meramente defensiva. 
En este sentido nos hemos puesto insistentemente a favor de que a la hora de la elaboración de las normas alimentarias en el marco del Codex Alimentarius se incluyan también en las argumentaciones, junto a los conocimientos científicos, otros factores legítimos, pues como todos hemos experimentado lamentablemente, los conocimientos científicos constituyen el resumen del estado de los conocimientos en un tiempo concreto que luego, en algún momento, son superados. 
Esto significa que aquí se puede hacer también algo más por los consumidores en el sentido de la prevención. 
Nosotros queremos hacerlo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Organismos comunitarios descentralizados 
Señor Presidente, también yo aprovecho esta ocasión para dar las gracias tanto a mi amigo el Sr. Kellett-Bowman, ponente de la Comisión de Control Presupuestario, por su excelente informe e incluso por el gran apoyo que ha dado a mi tarea de ponente de la Comisión de Presupuestos, como al Sr. Mingasson y a su equipo por la muy positiva actitud que adoptaron en este asunto. 
Los antecedentes de este informe se remontan a varios años atrás, cuando tanto la Comisión de Presupuestos como la Comisión de Control Presupuestario mostraron su preocupación por la falta de claridad en la legislación fundacional de las nueve agencias dependientes respecto de sus recursos propios, el control financiero y los pagos. 
El informe que tienen ustedes delante es la culminación de dos o tres años de trabajo entre bambalinas, hecho por el Sr. Kellett-Bowman, por mí mismo y por la Comisión, para elaborar un documento que armonizara las normas de los organismos descentralizados. 
Tuvimos muchos desacuerdos sobre el tema pero, al final de la jornada, aunque me parezca deseable cierto endurecimiento de las propuestas en algunos casos, en conjunto creo que hemos llegado a un compromiso razonablemente viable. 
El trabajo realizado por los organismos de la Unión Europea que en la actualidad emplean a más de mil personas es de gran importancia. 
La Unión Europea creó estos organismos con un objetivo específico. 
En rigor, está claro que, aunque estos órganos tengan personalidad jurídica, no existirían si no fuesen necesarios sus servicios para la UE y sus ciudadanos. 
Por lo tanto, es preciso que estén en condiciones de cumplir con sus tareas eficazmente y con independencia de las acciones requeridas en la adopción de las decisiones operativas imprescindibles para llevar a buen fin el programa de trabajo que tienen asignado. 
De igual modo, en vista de que no son organizaciones comerciales independientes sino partes de un cuerpo público, deben ser responsables en cuanto a obligaciones y finanzas ante la ciudadanía a través de procesos democráticos y transparentes. 
De esto trata este informe, que pretende aumentar los niveles de transparencia, responsabilidad financiera y eficacia de los organismos comunitarios descentralizados. 
No es un rasgo de eficacia tener una mezcolanza de diferentes organizaciones, y tampoco es señal de responsabilidad financiera tener una docena de tipos de contabilidad, de sistemas de informes y de pagos diferentes. 
También queremos mejorar las relaciones de asociación entre los órganos descentralizados y los centrales de la UE. 
Nuestras investigaciones demostraron que estos organismos no necesitan más controles: en realidad, necesitan un número menor de controles más eficaces. 
Me concentraré en la parte del informe referida a los recursos propios, porque los aspectos de pagos y control financiero ya fueron muy bien analizados por el Sr. Kellett-Bowman tanto en su intervención como en la Comisión de Control Presupuestario. 
A pesar de los cuentos de terror que ha generado uno de esos organismos, proponemos que se devuelvan al presupuesto de la UE los recursos autogenerados- el componente de los recursos propios -, que representan un superávit respecto de los requisitos del presupuesto anual, una vez que se hayan contemplado las necesidades de la reserva con que se cubrirán las obligaciones del año siguiente, y con la debida consideración de que los gastos se renegociarán como corresponde. 
Esto debe hacerse de conformidad con el Reglamento Financiero, válido para todos los recursos generados. 
Esto no quiere decir que, por ejemplo, el Parlamento intente convertir la Agencia de Marcas Registradas en otro organismo distinto, en una vaca lechera para la Unión Europea, como ha dicho el Sr. Kellett-Bowman. 
Tampoco queremos hacer lo que pretenden quienes quieren registrar una marca de la UE, subvencionar unilateralmente la Política Agraria Común o ampliar la Unión. 
Estas actitudes son irresponsables. 
Pero también es irresponsable por parte de una agencia de Alicante la compra de un edificio de 24 millones de ecus, sin informar debidamente a la autoridad presupuestaria o a la Comisión, que son responsables en estos temas, y sin hacer ninguna mención de ese proyecto en las estimaciones presupuestarias presentadas ante la Comisión y el Parlamento. 
Si alguna vez ha habido un caso de preceptiva transparencia y responsabilidad financiera, debo decir que el Director y la Junta Administrativa, incluidos los representantes de la Comisión, de la Agencia de Alicante lo han elaborado admirablemente. 
Si esta Agencia o cualquier otra de las de la UE dejara de ser capaz de autofinanciarse, es obvio que, de conformidad con la normativa vigente, la UE tiene que tener una responsabilidad por los órganos que hemos creado, así como estos órganos a su vez son responsables ante las instituciones de la Unión. 
Nosotros no organizamos negocios monopolistas para dejar que permanezcan en pie o se desplomen. 
Este informe trata de la forma de cumplir con esas responsabilidades. 
Pido al Pleno que lo apoye. 
Señor Presidente, la agencia constituye una materia que es un poco para iniciados. 
Por esta razón quisiera dar especialmente las gracias al Sr. Kellet-Bowman y también al Sr. Tappin por su informe pues, de hecho, las agencias, sobre todo desde el punto de vista de la política presupuestaria, son una cosa para especialistas. 
En mi calidad de ponente general para el presupuesto de 1998 he tenido el placer de echar un vistazo a la actividad de las agencias. 
Sobre esto quisiera informar una vez más: tuvimos una reunión con los directores de las agencias en marzo del año pasado. 
Adoptamos acuerdos sobre las necesidades de estas agencias para el procedimiento presupuestario de 1997, para el procedimiento presupuestario de 1998, y discutimos ya los problemas que se han mencionado aquí. 
Acordamos una cooperación y la transparencia mayor posible para generar confianza entre las agencias y la parte de la autoridad presupuestaria que representa el Parlamento. 
Hoy debo afirmar que la mayoría de ellas se han atenido a esto, pero algunas no. 
El Centro de Traducción acordó, por ejemplo, un aumento de personal de 68 a 115 plazas, Alicante la compra del edificio- el Sr. Tappin acaba de hablar de esto -, y Londres gastó rápidamente una vez más antes de expirar el ejercicio presupuestario 300.000 ecus procedentes de ingresos excedentarios para no tener que justificarlos en principio ante la autoridad presupuestaria. 
Éstas son acciones que quizá tengan su fundamento, pero actuar sin informar a la autoridad presupuestaria es la mejor base de partida para la desconfianza. 
En el Informe Kellet-Bowman considero la enmienda nº 1 como el elemento clave para las agencias de Londres, Alicante y para la Oficina comunitaria de especies vegetales. 
Aquí la Comisión y también el Consejo deberían tomar muy en serio la posición del Parlamento. 
Hace tres años acordamos en el procedimiento presupuestario el crecimiento cero permanente en el ámbito del personal para la Comisión y también para otras instituciones europeas. 
Para las agencias ha habido en el ámbito del personal un crecimiento medio del 17 %. 
Me pregunto si esto es un juego leal o desleal de la Comisión y de los comisarios competentes, o si las agencias se han sustraído ya aquí al control, cuando pueden producirse tales irregularidades. 
El Grupo del PPE no va a permitir el expolio de los derechos del PE a través de la constitución de agencias y lo que esto implica. 
A este respecto no me interesa el trabajo de las agencias, no, me interesa el cumplimiento del régimen presupuestario y el respeto a la autoridad presupuestaria. 
No podemos luchar, por un lado, por el control pleno de todos los gastos en el presupuesto de la Unión Europea, si, por otro lado, las agencias se sustraen al régimen presupuestario de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el control financiero de las actividades de los organismos comunitarios descentralizados era sencillo cuando dichos organismos eran poco numerosos y gestionaban acciones de alcance reducido con créditos desdeñables. 
Hoy la situación es muy distinta. 
Los organismos descentralizados se han multiplicado y atienden necesidades cada vez más amplias. 
Desde el punto de vista del control financiero, la dificultad estriba en organizar esa diversidad para lograr un control a la vez sencillo, eficaz y unitario. 
El Sr. Kellet-Bowman nos propone agrupar en un único informe los once procedimientos de aprobación de la gestión relativos a la vez a los tres organismos que no son financiados con cargo al presupuesto de la Unión Europea, sino mediante los recursos financieros procedentes de sus propias actividades, y los otros ocho organismos que no se autofinancian. 
En efecto, es conveniente aplicar a todos los organismos de la Comunidad normas comunes en materia de control financiero y ofrecer garantías análogas en materia de gestión jurídica y administrativa de los créditos. 
La propuesta de la Comisión Europea responde a esa necesidad. 
No obstante, el ponente propone un planteamiento más pragmático y eficaz para evitar retrasos en el desbloqueo de los créditos de compromiso y de pago debidos a la espera del visto bueno de la DG XX de Bruselas. 
La solución del ponente tiene el mérito y la ventaja de evitar el escollo, a la vez, de una gestión financiera demasiado centralizada, que propiciaría un bloqueo de las actividades de los organismos comunitarios, y una dispersión, con el pretexto de la autonomía, del control financiero, con el riesgo de descontrol en la utilización de los fondos públicos. 
El Derecho deberá adoptarse a las realidades, por lo que hay que dar a los organismos que están en plena expansión los medios para desarrollarse. 
Voy a citar un solo ejemplo, el de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de Alicante, que ha tenido un gran éxito y cuyas realizaciones son claramente superiores a las previsiones. 
Los expertos esperaban un volumen anual de 15.000 solicitudes de marcas en 1996. 
Ha habido 40.000. Y actualmente la Oficina publica 1.000 solicitudes de marcas a la semana, es decir, dos veces más de lo previsto. 
Como en el caso de otros organismos, semejante avance merece aliento y el control de sus actividades financieras no debe obstaculizar su desarrollo. 
Desde ese punto de vista mi Grupo y yo acogemos con satisfacción las propuestas del Sr. Kellet-Bowman, a favor de las cuales votaremos. 
Señor Presidente, en muchos contextos el Grupo V ha apoyado y luchado por muchos de esos órganos comunitarios descentralizados a que alude el informe, por ejemplo la Agencia del Medio Ambiente en Copenhague y el Centro de Control del Racismo y la Xenofobia en Viena. 
Puesto que esos órganos se financian parcialmente con el presupuesto comunitario, es lógico y deseable que el Parlamento Europeo se involucre en la exención de responsabilidad mediante nuestro papel como órgano de control. 
También es necesario y lógico que se rinda cuenta de las posibles ganancias de esos órganos en el presupuesto de la UE, para tener de este modo una visión de conjunto de la situación económica. 
Estas propuestas de enmienda son un paso en la dirección correcta, ya que aumentan la transparencia y apertura de los órganos comunitarios. 
Es un objetivo para todas las instituciones dentro de la UE que aumenten su apertura, entre otras cosas, para impedir las irregularidades. 
El mejor sistema de control es justamente la apertura y la publicidad. 
Por esta razón, el Grupo V apoyará con todo el corazón el informe Kellet-Bowman. 
Señor Presidente, debo decir que el informe que se somete al criterio de la Sesión Plenaria es un informe que tenemos que apoyar porque es el resultado de un continuo estudio y de debates en la Comisión de Control Presupuestario y, supongo, en la Comisión de Presupuestos. 
Tengo que decir que, como principio general, deberá estar previsto- lo propone también la Comisión- el proceso de la gestión para los organismos autónomos que son financiados exclusivamente por los recursos de la Comisión, tal como está previsto para los dos antiguos organismos autónomos, uno de los cuales es el conocido CEDEFOP. 
El problema existe para aquellos organismos que tienen ingresos y que, en parte, los financian los recursos del presupuesto comunitario. 
En ese caso la comisión, con su propuesta, simplemente pide que haya una recomendación por parte del Parlamento Europeo. 
Deberé decir que en este caso una opinión de una minoría, que está contenida en la exposición de motivos del informe, tiene una base. 
Esta base de la minoría es correcta; pero no debe conducirnos a soluciones distintas de aquellas que propone el ponente Sr. Kellett-Bowman. 
En cualquier caso tenemos que conocerlo y debe ocuparnos este tema. 
Diría que no es una bula el hecho de que un organismo autónomo pueda tener y tenga ingresos de su actividad para ser incontrolable en sus gastos, en el momento en que también recibe dinero de la Comisión y, especialmente, aspira a servir a la labor comunitaria, a los objetivos de la Unión Europea. 
Voy a cerrar con una petición y con una mención que estoy repitiendo siempre: El Parlamento Europeo, la Presidencia, los Grupos Políticos deben pensar y enfrentarse al problema de la reorganización de la Comisión de Control Presupuestario. 
Esta comisión está desarrollándose como un órgano mayor del Parlamento y no debe funcionar con su composición actual. 
Señor Presidente, felicito al ponente por su excelente informe. 
Al reunir todas las tendencias ha respondido a la propuesta de la Comisión, a la que también doy la enhorabuena. 
Fue en esta Asamblea donde el Comisario, hace unos dos años- si no me equivoco -, hizo su promesa de seguir adelante con este tema porque era un elemento que había quedado en el olvido al dar forma a la actividad de estas agencias de la primera etapa. 
Nuestro ponente no se equivoca al decir que existe una necesidad de establecer salvaguardias financieras para las agencias de la segunda generación, pero personalmente no estoy convencido de que realmente habríamos llegado a esta situación en el trato con estas Agencias si, como Parlamento, no hubiésemos usado nuestra capacidad de poner dinero aparte para obligar a las Agencias a hacer lo que queríamos que hicieran en cuanto a responsabilidad ante la Asamblea. 
Por lo tanto, si consideramos lo esencial, el ponente tiene razón en sus propuestas de pago. 
Esto no sólo es deseable sino que deber ser un requisito previo- creo -, tal como él sugiere. 
En segundo lugar, en cuanto al control financiero, tenemos que asegurarnos de que evitaremos, si es posible, la necesidad de nombrar un Interventor Financiero en cada Agencia. 
Por consiguiente, esperemos que las propuestas de la Comisión basten para asegurar que este tema se lleve adelante con efectividad. 
El último punto que quiero tocar es la cuestión de ese señor de la Agencia de Alicante, donde se pretende que habría que tratar el tema de un modo distinto, porque sus asuntos no son como los de las demás Agencias. 
Una vez que un elemento de una Agencia está controlado por la legislación europea, cuando el personal integra las instituciones europeas, no se puede aducir que se trata de una excepción: habrá que tratar a esa Agencia igual que a las demás. 
Termino diciendo que nuestro ponente nos ha mostrado el camino a recorrer pero que nosotros, como Parlamento, tenemos que estar atentos a la forma en que operen esas Agencias. 
Es un campo de actividad completamente nuevo. De modo que mantendremos los ojos bien abiertos a medida que vaya pasando el tiempo. 
Quiero agradecer al Sr. Elles que me haya recordado que hace dos años ya estaba yo ocupado con esta propuesta. 
En realidad, por azar, hoy estoy aquí para responder a sus inquietudes acerca del informe del Sr. Kellett-Bowman. 
En parte esto me vuelve a recordar mi antigua actividad en la Comisión de Presupuestos y en la Comisión de Control Presupuestario. 
No tenemos ningún reparo contra las propuestas que se hacen sobre la aprobación de la gestión y sobre el control financiero. 
Creo que esto constituye ya un elemento común muy importante. 
El único punto en el que no estamos de acuerdo son las enmiendas que se refieren a la inscripción de todos los ingresos de los organismos descentralizados en el presupuesto y, con ello, el derecho de inspección sobre el volumen de las tasas. 
Todo el mundo sabe aquí por qué esto es así. 
La Comisión es de la opinión de que esto, en cualquier caso en la medida que se trata de derechos propios, originarios, de estas agencias y ellas, naturalmente, son controladas también por los correspondientes órganos administrativos- pues no trabajan sin control alguno -, opina, pues, que esto afectaría a la autonomía administrativa de estos organismos. 
Por esta razón, sin dejar de reconocer el máximo grado de control público y de transparencia en la administración de los recursos, quisiéramos reconocer esta personalidad jurídica propia de las agencias. 
Tampoco vemos razón alguna para tocar la regulación relativa a las tasas y exacciones que se exigen a las empresas por los servicios, ni la regulación para la modificación del régimen de tasas. 
Estamos de acuerdo con el Parlamento, si se trata de mejorar el control de los eventuales excedentes de ingresos obtenidos por los organismos que se autofinancian, a fin de evitar que algunos de estos organismos se consideren quizá como puras empresas económicas, cosa que no son. 
Por consiguiente, en la medida que se produzcan tales excedentes de ingresos debe estar garantizado, evidentemente, el control. 
Permítanme una vez más que les manifieste en nombre de mi colega, el Sr. Liikanen, su pesar sobre el procedimiento de la sede de Alicante, que ya se ha mencionado aquí. 
Lamentamos esto y reiteramos una vez más la promesa de informar al Parlamento acerca de todas las decisiones importantes de los organismos que vayan unidas a efectos financieros. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones de 1997-1998 del Parlamento Europeo y anuncio que, de conformidad con las disposiciones del Tratado, el Parlamento se reunirá mañana, martes 10 de marzo de 1998, a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.10 horas) 
Declaro abierto el período anual de sesiones 1998-1999 del Parlamento Europeo. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, yo quisiera hacer una observación relativa al punto 2 del Acta de la sesión de ayer y referirme una vez más al tema de la delincuencia en Bruselas. 
El Acta dice que el Presidente manifestó que dicha cuestión en realidad no debía figurar en acta, a pesar de que ya había quedado recogida en el Acta del viernes anterior. 
El Presidente también manifestó que informaría por escrito a los dos firmantes de la propuesta de urgencia. 
Yo pido a la Mesa que examine la oportunidad de que este tema se examine en el Pleno. 
Hemos podido constatar que más de una tercera parte de los diputados se han visto afectados por casos de delincuencia en Bruselas. Es decir, que éste es un tema que en realidad nos afecta a todos y no sólo a un par de miembros del Pleno. 
Yo creo que realmente ha llegado el momento de que el Pleno se ocupe de esta cuestión. 
Como sabe Su Señoría, ese tema no figura en el orden del día. 
En cualquier caso, no tengo nada más que añadir a lo que el señor Presidente Gil-Robles le dijo ayer. 
La Presidencia está profundamente preocupada por ese problema y ha hecho todas las gestiones necesarias ante las autoridades belgas. 
En cuanto tenga alguna noticia concreta que transmitir, la Presidencia lo hará sin falta. 
Pregunto a Sus Señorías si tienen alguna otra observación que hacer. 
Señor Presidente, me refiero a la página 15 del Acta, en la que aparece la lista de preguntas para el Turno de preguntas a la Comisión. 
Mi pregunta, que trata de los Fondos estructurales y el derecho a beneficiarse de los mismos, ha sido colocada en el apartado " Otras preguntas» , a pesar de que con antes, en el transcurso de la tarde, la Sra. WulfMathies, Comisaria de Política Regional, responderá a preguntas. 
Quisiera pedir a los servicios del Parlamento que analicen este asunto y vean si pueden transferir esta pregunta sobre los Fondos estructurales al objeto de recibir una respuesta de la Comisaria responsable de este ámbito. 
Gracias. 
Señor McMahon, vamos a verificar si es posible hacer una rectificación, pero, como sabe Su Señoría, esa tarea compete a la Comisión. 
(El Acta queda aprobada) 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Quiero poner en su conocimiento el hecho de que la campaña para la puesta en libertad de Roisín McAliskey ha llegado a su fin gracias a los buenos oficios de la Presidencia británica. 
Deseo expresar mi agradecimiento a la Presidencia británica y, en particular, a Jack Straw, por la actitud compasiva y honesta que ha permitido poner fin a esta saga de injusticias contra la persona de Roisín McAliskey, y presentar mis respetos a la Presidencia británica por su generosidad de espíritu. 
Euro y administraciones públicas- Euro y el turismo- Convergencia de la legislación (informe del IME) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0061/98 del Sr. Arroni, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión sobre los aspectos prácticos de la introducción del euro (COM (97) 0419- C4-0524/97) y sobre el documento de trabajo de la Comisión sobre la preparación de las administraciones públicas para la transición al euro (SEC (97) 2384- C4-0025/98) ; -A4-0078/98 de la Sra. Torres Marques, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el euro y el turismo; -A4-0070/98 del Sr. Wolf, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el informe del Instituto Monetario Europeo relativo a la convergencia de la legislación en los Estados miembros de la Unión Europea (Situación en agosto de 1997) » (C4-0560/97). 
Señor Presidente, once Estados miembros ya han presentado planes de transición. 
El euro es ya una realidad que cada día se acerca más a su concreción, pero esto no significa que aún podamos mirar este fenómeno sin una aprensión y una atención particulares. 
Los consumidores, los pequeños comerciantes, las pequeñas empresas son los polos que debemos observar y que hemos considerado en la elaboración del informe y en la presentación de las enmiendas, sin olvidar, por otra parte, que otros operadores se verán implicados en esta importante transición: las grandes instituciones financieras o la gran empresa, que dan trabajo a millones de ciudadanos europeos, grandes firmas financieras y comerciales que sabrán absorber con mayor facilidad los contragolpes económicos de la entrada en vigor del euro. 
Todos estamos comprometidos en esto, y el servicio público será el primero en dar el ejemplo, pues con la doble indicación de los precios generará un fenómeno que, como una bola de nieve, de inmediato se imitará en el mundo de la empresa privada. Al mismo tiempo, responderán a las preocupaciones del ciudadano europeo, que no tendrá que pagar el coste del cambio. 
A la vez que la Comisión, me felicito de que se haya fijado el objetivo de llegar el 2 de mayo a las decisiones definitivas sobre los aspectos prácticos del euro. 
En esa fecha todo estará claro y transparente, no sólo para los grandes operadores sino también para los pequeños comerciantes. 
Los Estados miembros, a través de administraciones, sindicatos y asociaciones representativas, deberán dar a conocer estas decisiones, tendrán que hacer entender estas decisiones, de modo que el paso al euro se haga en las mejores condiciones, habrán de controlar el sistema bancario para que respete sus propios compromisos y también el comercio para que respete la doble indicación de los precios, pues esto será un elemento fundamental en la comprensión del fenómeno por parte de los ciudadanos. 
A fin de hacerlo así, me parece muy importante no olvidar el aspecto de la comunicación que está ligado a estas decisiones, porque estas decisiones han de ser entendidas y aceptadas por el ciudadano. 
Y para que el ciudadano comprenda y acepte estas decisiones, es necesario que el Parlamento y la Comisión hagan una reflexión conjunta para encontrar los mejores medios que permitan el conocimiento generalizado del euro. 
Con este objetivo he propuesto que se convoque una mesa redonda en la que participen los grandes comunicadores profesionales europeos, cuya finalidad será aclarar todos los aspectos innovadores no sólo a la gran industria, no sólo a la gran banca sino sobre todo a nosotros, los consumidores, a nuestros pequeños comerciantes, al comercio de barrio que debemos proteger y salvar a toda costa. 
Además, la Comisión ha organizado, el 26 de febrero, una mesa redonda que tuvo buen resultado y que respondió con amplitud a las preocupaciones expuestas en mi informe. 
Una vez más quiero recordar brevemente algunas de ellas. 
Hay que prestar una atención particular a los grupos sociales débiles de la población, como los ancianos, las personas de bajos ingresos y los que padecen alguna desventaja; habrá que evitar que la pequeña y mediana empresa pierda competitividad frente a las empresas de mayores dimensiones, que cuentan con más medios para obtener acceso a una información más amplia; la doble indicación de los precios tendrá que ser facultativa, para dar flexibilidad a los mercados: el periodo de doble circulación de billetes y monedas nacionales y del euro tiene que reducirse al máximo posible, pues así se evitarán complicaciones a los consumidores y se limitarán los costos suplementarios para el sistema económico; los sectores bancario y financiero deben adoptar un código de buena conducta relativo a los costos de conversión, que respete el principio de la gratuidad de las conversiones obligatorias de moneda nacional a euro. 
El sector informático desempeñará un papel de extrema importancia, porque va a constituir un elemento básico en la divulgación del euro. 
El paso al euro es el reto más importante que Europa se ha planteado en este siglo, y de la correcta y atenta realización de este reto dependerá el bienestar de todos los europeos del primer siglo del nuevo milenio. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la convergencia de los fundamentos jurídicos de los bancos centrales nacionales no es un detalle técnico. 
En cualquier caso, se trata de una condición institucional necesaria para la introducción del euro. 
Éste no es el momento adecuado para debatir la problemática de la construcción del proyecto del euro en términos más generales. 
Ya tendremos oportunidad de considerarla en el contexto de los debates sobre el informe de la Sra. Randzio-Plath y sobre las decisiones adoptadas en Cardiff, que una vez más tendrán como tema las posibilidades de desarrollar también una política europea de empleo eficaz y coordinada, paralelamente a la introducción de la moneda única europea. 
Pasando al problema concreto que nos ocupa, desde la izquierda hemos tenido que aprender a través de un trabajoso proceso que las instituciones no son juegos de construcción estables que es posible montar y desmontar, modificar y ampliar a voluntad, sino que tienen su propia evolución histórica y deben estar enraizadas en la confianza de las personas que las sustentan. 
Digo esto porque en el informe del Instituto Monetario Europeo, que plantea acertadamente los dos aspectos centrales relativos a la independencia del Banco Central y del Sistema Europeo de Bancos Centrales y a la funcionalidad de este último como sistema unitario, se observa una tendencia a rebasar el objetivo de la compatibilidad y a prever algo así como una unificación de los diversos entornos de comunicación de la información de los bancos centrales nacionales, como puede ser la participación en los órganos de dirección, en Austria, los derechos de participación y consulta, en Alemania, o una vinculación muy estrecha con el Gobierno, que incluye la consulta y la definición de objetivos, en Francia. 
Existe una gran variedad de fórmulas muy distintas y yo creo que debemos abordar este tema con mucha cautela. 
¿Cuáles de estos aspectos son realmente incompatibles con la formulación de una política monetaria europea única a través del SEBC y con el funcionamiento del Sistema Europeo de Bancos Centrales como un sistema global unificado? 
Lo que está en juego son las formas de consulta con el gobierno y con los parlamentos, la participación de personalidades de la sociedad civil y de los interlocutores del diálogo social. 
También está en juego el referente de la política económica nacional. 
En todos estos ámbitos es preciso recomendar una estrategia de mínimos, esto es, que el esfuerzo se concentre en suprimir las incompatibilidades y en dotar de una base sólida a los objetivos de la política monetaria europea unificada. 
Esto también es aplicable a la relación entre el Sistema Europeo de Bancos Centrales y las restantes funciones que seguirán siendo competencia de los bancos centrales nacionales, sobre todo el control bancario, en algún caso, y las operaciones colaterales, en todos los casos. 
En este contexto es preciso garantizar, obviamente, la compatibilidad, pero no es imprescindible la homogeneización, la armonización. 
No deberíamos abordar a la ligera este proceso, que representa, en efecto, un reto importante y también plagado de incertidumbres, y deberíamos aprovechar la diversidad de las formas de engarce institucional existentes como una oportunidad para mantener una articulación en cierto modo "capilar» entre los bancos nacionales, algo así como un enraizamiento del Sistema Europeo de Bancos Centrales en el ámbito de los distintos Estados miembros, análogo al que tuvo históricamente el" Banco de los Estados Federados Alemanes». 
La política monetaria es sencillamente demasiado importante para que podamos dejarla en manos de un reducido grupo de banqueros aislados en un nirvana democrático. 
Esto sólo supondría subordinarla al dictado de los mercados financieros y sustraerla a cualquier forma de participación política. 
Las diversas formas de vinculación que han desarrollado históricamente nuestros bancos nacionales y que existen en la actualidad pueden ayudarnos a evitar esta evolución errónea. 
Mantengámoslas, por lo tanto, siempre que sea posible y dejemos de preguntarnos, por el contrario, qué podríamos unificar, qué podríamos homogeneizar. 
Yo creo que si abordamos este tema con dicho espíritu haremos un gran favor al proyecto del euro. 
Si hacemos lo contrario, le estaremos prestando, en cambio, un flaco servicio. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, los informes Wolf, Torres Marques y Arroni demuestran, lo mismo que el informe Pérez Rojo, que los debates sobre la unión monetaria ya no son teóricos, sino que ahora tenemos que resolver cuestiones muy prácticas. 
Es cierto que gracias a los progresos conseguidos entre tanto en materia de convergencia jurídica, la independencia de los bancos emisores nacionales empieza a ser cada vez más una realidad en la Unión Europea y nuestras consultas con los presidentes de los bancos centrales indican que éstos también practican cada vez más el diálogo monetario con los parlamentos nacionales. 
Esto también constituye un progreso en el marco de la unión monetaria, que sólo puede merecer nuestro apoyo. 
La independencia de los bancos centrales es un tema importante del informe sobre la convergencia de la legislación. 
Sin embargo, también son importantes todos los aspectos relacionados con los problemas que plantea la introducción práctica del euro. 
La Sra. Torres Marques ha señalado con razón que los primeros ciudadanos y ciudadanas que percibirán un cambio son los turistas, de quienes podríamos decir que viven en el país del euro. Por esto es tan importante- como también quedó patente en la audición de la Subcomisión de Asuntos Monetarios sobre el turismo- que dejemos claro que con la introducción del euro se economizarán costes y, por lo tanto, el euro también supondrá ventajas en materia de precios para las personas que viajen dentro de la Unión Europea. 
Los datos de la Bolsa Internacional de Turismo también indican que los europeos y europeas son particularmente aficionados a viajar y, por lo tanto, no sólo se trata de un sector en expansión, sino que, además, muchas personas tendrán muy pronto una experiencia del euro y de la unión monetaria en este ámbito. 
Por otro lado, también son importantes todos los demás aspectos relacionados con la introducción práctica del euro y, en este contexto, desde el Parlamento Europeo nos vemos obligados a constatar que, lamentablemente, no se ha preparado en suficiente medida a los ciudadanos y ciudadanas y a las pequeñas y medianas empresas, ni tampoco se les ha ofrecido suficiente información. 
El Parlamento Europeo debe emitir un llamamiento para recordar que no sólo las instituciones europeas, sino también los Gobiernos nacionales, las administraciones nacionales, tienen que contribuir a preparar a las personas y a las pequeñas y medianas empresas. 
Éste es un requisito fundamental, pues sin información no podremos prepararnos. 
Además, también tenemos que tener todavía más en cuenta el punto de vista de los consumidores en los preparativos para la unión monetaria. En este contexto, yo quiero abogar firmemente una vez más en favor de una fase de doble exhibición de precios y de valores, de que la conversión sea gratuita y de que se procure que la fase de transición sea lo más breve posible, a fin de evitar que resulte excesivamente gravosa, no sólo para las personas, sino también para las empresas. 
Habida cuenta de que precisamente las pequeñas y medianas empresas sólo podrán aprovechar plenamente las posibilidades del mercado interior una vez introducido el euro, es de especial importancia que también reciban apoyo. 
En este sentido, sería ciertamente necesario que los poderes públicos desempeñasen un papel más constructivo y más positivo, y que también cumpliesen las decisiones adoptadas por el Parlamento Europeo y tomasen la iniciativa en el marco de la introducción del euro, aun cuando los Ministros de Finanzas se hayan puesto de acuerdo para no iniciar la transición en las administraciones públicas hasta el 1.1.2002. 
Necesitamos contar también con la participación de las administraciones públicas de ámbito local, regional y nacional, ¡y sobre todo que la administración tributaria realice el paso al euro! 
Presidente, dentro de 297 días exactamente se introducirá el euro en aquellos países que participen en la unión monetaria. 
Para los niños quizá queda demasiado lejos para explicarles que el cambio está cerca en términos de que quedan todavía tantas noches por dormir. 
Pero para los gobernantes adultos ya es hora de que se decidan los aspectos prácticos del euro. 
Esto es, en todo caso, lo que la gente de a pie espera de su gobierno. 
Quieren unas respuestas claras a sus preguntas, también a sus preguntas acerca del más pequeño detalle sobre el cómo y ellos quieren un enfoque funcional sin cargas evitables y sin costes. 
El informe Arroni, por lo tanto, no ha llegado demasiado pronto y es este informe del que hablaré a continuación en nombre de mi grupo parlamentario. 
El ponente ha hecho un excelente trabajo por el cual le felicitamos con mucho gusto. 
El informe no solamente repara en los aspectos lógicos como la información y los costes, también pide con razón atención para los grupos sociales vulnerables. 
Es nuestra idea que la introducción del euro sólo será un éxito si tanto los minusválidos, como los muy ancianos, como la gente pobre puede cambiar sin problemas al euro. 
Habrá que evitar a toda costa que la introducción del euro refuerce la dualidad de nuestra sociedad. 
En lo que respecta a la doble exhibición de precio, Presidente, me alegra poder constatar que el informe está en la misma línea que la de la Comisión. 
La Comisión Europea dijo claramente hace dos semanas en la conferencia de la mesa redonda, a la que se refirió el ponente también, que de antemano no era partidaria de una regulación legislativa que impusiera la doble exhibición de precios. 
Nuestro grupo parlamentario se suma completamente a esto. 
La doble exhibición de precios puede ser un instrumento de información muy útil, pero es sólo una de las muchas alternativas. 
En nuestra opinión habrá que evitar que el consumidor se ahogue en un exceso de información y también habrá que evitar obligar a los minoristas y a los que prestan servicios al consumidor a que realicen unas inversiones que sólo sirven para un tiempo limitado. 
Es mucho mejor, por definición, dejar las soluciones temporales, en cuanto a la exhibición de precios, al mercado y a la creatividad de los mismos implicados. 
Si el minorista no da la información suficientemente clara, lo notará él mismo el primero. 
Como portavoz del PPE en este informe, creo por lo tanto que tenemos que tener suficiente confianza, sobre todo en esta primera fase, en el mercado y en las leyes de la competencia y que las regulaciones legislativas solamente tienen sentido cuando se constata, y con la condición de que se constate, que la doble exhibición de precios facultativa no lleva a los resultados esperados. 
Las enmiendas para imponer la doble exhibición de precios no reciben, por consiguiente, nuestro respaldo. 
Otro aspecto práctico de la introducción del euro es la conversión efectiva de las monedas y billetes nacionales al euro. 
En este punto queda todavía bastante división y hay un debate entre los partidarios de la regulación legislativa y los partidarios de códigos de conducta y de regulaciones voluntarias. 
Aquí también ha tomado partido la Comisión Europea y se mostrado partidaria de un código de conducta. Con la condición de que en esos códigos sea un principio de oro la gratuidad de las conversiones obligatorias, mi grupo parlamentario está de acuerdo con esto. 
Presidente, me gustaría pedir que se prestara atención todavía a un aspecto. 
Los bancos están considerando la posibilidad de cobrar los costes a los pequeños comerciantes si quieren cambiar grandes cantidades de monedas. 
Esto es inaceptable. 
Se le pedirá al pequeño comerciante que juegue un papel importante en el proceso de conversión. Ya es suficiente con que se espere esto de su parte. 
Que los bancos le hagan pagar por el trabajo de conversión que ellos mismos hacen gratis por un cliente particular, nos parece muy fuerte. 
Como punto final, me gustaría abordar lo siguiente: el periódo de transición corto y el cómputo de la reducción de costes por la supresión de los tipos de cambio en la conversión de las monedas nacionales en el periódo de transición. Por supuesto, mi grupo parlamentario da su aprobación a estos puntos. 
Señor Presidente, como nos ha dado a entender el ponente, el euro representa una pequeña y pacífica revolución de fin de siglo, algo que cambiará, evidentemente en términos prácticos, todo nuestro modo de operar, ya sea como empresas, como ciudadanos o como consumidores. 
Pero detrás de cada revolución hay aspectos de orden sobre todo psicológico. 
El gran problema al que tendremos que enfrentarnos en los próximos años, sobre todo en el semestre en que coexistirán la moneda nacional y la moneda única, será el de hacer comprender, por un lado a las empresas y por otro a los ciudadanos, que el euro es un instrumento de construcción de Europa, y un instrumento estrictamente económico. 
Es verdad, la que queremos es una Europa tanto económica como social, pero en este momento el euro es el medio fundamental para hacer entender que Europa se puede construir a través de algo que los ciudadanos tocan materialmente, ven, llevan el bolsillo. 
Por lo tanto, como bien decían los ponentes, será el compromiso de tipo financiero, el de la banca; pero los bancos tienen hombros fuertes, y se han organizado para hacernos llegar, ya desde el próximo 1 de enero, oficialmente, el extracto de la cuenta en moneda nacional y en moneda única, porque disponen de un sistema informático que aplican desde hace tiempo, pero el verdadero problema del euro es el de hacerlo llegar sin sobresaltos a los ciudadanos, a los consumidores. 
Es decir que será sobre todo el sistema comercial el que se entienda con esta engorrosa tarea. 
El ciudadano, como consumidor, entrará en un bar, en una tienda, en un supermercado, en un restaurante, en una agencia de viajes, pagará con moneda nacional, recibirá el cambio en euros y allí será donde se encuentre físicamente con la moneda única. 
Y allí tendrá que encontrar un operador, un pequeño empresario, una cajera o un colaborador que conozca a fondo el sistema de la moneda única porque, de otro modo, el efecto que se producirá va a ser del de tipo psicológico terrible. 
Un consumidor confuso o un pequeño empresario confuso respecto al sistema comercial en el momento de la compra producen una demora de las adquisiciones mismas, una caída en el consumo de índole psicológica que, en este momento, es exactamente lo que no podemos desear. 
Ya hay una caída del consumo fisiológica en este continente y, si le añadimos las consecuencias psicológicas de una caída del consumo ante la incertidumbre a la hora de la compra, crearemos problemas de difícil solución. 
Por tanto, debemos llevar adelante una acción por un lado de información y, por otro, de formación. 
La información, es evidente, tiene que estar destinada a los ciudadanos, y la formación tendrá que ser de tipo profesional, destinada a distintos grupos, sobre todo al comercial, en el que se incluye el comercio propiamente dicho, el turismo, los servicios, es decir, todo el campo del mercado terciario, el que físicamente hará frente a la moneda única. 
Los amigos franceses recuerdan que, en su país y a treinta años de distancia, los ancianos aún hoy hacen sus cuentas en francos viejos y francos nuevos. 
Hace treinta años simplemente se le quitaron dos ceros y todavía hoy, repito, se dan cifras en francos viejos. 
Piensen ustedes en lo que será multiplicar por una cifra distinta en cada uno de los quince Estados miembros cuando el euro se convierta en moneda real, el 1 de enero del 2002. 
Para esa fecha, será fundamental haber llevado a cabo conjuntamente esta acción de información y de formación, y poner a trabajar juntos a los tres componentes del mercado, que son la industria, la distribución comercial y, sobre todo, el sector que está en el vértice de este triángulo, los consumidores. 
Señor Presidente, Señorías, estos informes preparan la fase posterior a la implantación del euro. 
Los temas en los que se centran tienen tal importancia, que el escaso tiempo disponible exige aún más que sea muy selectivo y sucinto en las observaciones. 
El sector del turismo tiene un peso importante en la economía de algunos Estados miembros. 
A la complejidad del sector, con intrincadas vinculaciones en el origen y en la etapa final, se suma la complejidad de situaciones diferentes de Estado miembro a Estado miembro. 
Esa compleja complejidad (si se me permite decirlo así) no se refleja en el informe de la Sra. Torres Marques, que considero demasiado optimista y- me atrevo a decir- excesivamente unicolor, de rosa, impregnado de la inconmovible fe de la autora en esta construcción europea, tal como se está desarrollando. 
El turismo, algunos turistas, van a tener sin duda beneficios indiscutibles con la introducción del euro. 
Pero tampoco tenemos duda de que no habrá sólo beneficios y beneficiados. 
Algunos turistas, pero sobre todo algunos turismos, van a tener mayores dificultades con el nacimiento de una moneda común que se pretende que sea fuerte, por lo que ya no se podrán utilizar instrumentos y mecanismos a los que antes se recurría. 
Cierto es que no siempre bien. 
Pero, si retiráramos a los hombres los instrumentos que son conquista suya y de los que hayan hecho mal uso, nos quedaríamos todos con las manos vacías... y sin monedas, sistemas bancarios y políticas monetarias. 
En la realidad virtual de una moneda única y fuerte, común a países con políticas de turismo diferentes, complementarias y en competencia, no se puede pasar por alto ni desvalorizar la tendencia al traslado de las corrientes turísticas a destinos extraeuropeos, de oferta más competitiva, utilizando medios derivados de la política de cambios. 
Por nuestra parte, por eso mismo y por otras razones, si bien felicitamos a la Sra. Torres Marques por su trabajo, abrigamos serias reservas sobre su optimismo, su posición «el turismo al servicio del euro» y sus peticiones para que se cree una política europea para el turismo y- sería mejor decir- para los turismos que coexisten en el espacio de la Unión Europea. 
Por último, no puedo terminar sin decir unas palabras sobre el informe del Sr. Wolf, casi sólo para expresar la satisfacción que da leer su exposición de motivos, en la que se enuncian problemas reales, con equilibrio y ponderación en contraposición a un clima de un pensamiento y un camino intransigentes y únicos. 
Por no poder hacer ahora el comentario que considero justo y necesario, reservaré para una explicación de voto algunas observaciones que ese informe merece. 
Señor Presidente, el Parlamento Europeo va a participar esta primavera de una manera muy destacada en el debate sobre el control democrático del futuro Banco Central Europeo. 
El próximo debate parlamentario sobre el informe de la Sra. Randzio-Plath, que contará con el firme apoyo del grupo de los Verdes, constituirá sin duda uno de sus acontecimientos estelares. 
Hoy debatimos sobre cómo podrán los bancos centrales y las instituciones políticas nacionales participar en el control democrático del Banco Central y del Sistema Europeos de Bancos Centrales. 
Si bien este debate no ha dado mucho de sí hasta el momento, el Sr. Wolf ha elaborado un informe muy interesante sobre esta cuestión. 
El Sr. Wolf señala que se va a acentuar la importancia del Banco Central, especialmente en una situación en la que- desgraciadamente- la Unión carece de política económica común, ya que la Unión se verá obligada, de una u otra forma, a recurrir a algún tipo de sabiduría en el ámbito de la política económica cuando adopte sus decisiones en materia de política monetaria. 
El Instituto Monetario Europeo ha elaborado un informe sobre la adecuación de las políticas nacionales en esta materia al tratado de Maastricht. 
Compartimos el punto de vista del ponente cuando afirma que el Instituto Monetario Europeo llega demasiado lejos al hacer hincapié en la independencia también de los bancos centrales nacionales con respecto a las instituciones políticas nacionales. 
Creemos que es importantísimo que también los parlamentos y los Gobiernos nacionales puedan seguir en contacto con un sistema cuyo objetivo es lograr una estabilidad duradera de los tipos de cambio y de los precios. 
Pero, tal como señala el ponente, la estabilidad de precios no es de ninguna manera un concepto neutro. 
En ningún lugar se ha estipulado qué porcentaje de inflación es perjudicial para la economía. 
En este orden de cosas, el Instituto Monetario Europeo no puede, ni mucho menos, participar por sí solo en este debate. 
No es ni sabio ni correcto que el Instituto Monetario Europeo emita juicios de valor y considere a determinadas leyes nacionales incompatibles con el Sistema Europeo de Bancos Centrales. 
Desearía mencionar un ejemplo al que ya se ha referido el ponente: el Instituto Monetario Europeo ha condenado una ley del Banco Central de Finlandia que establece la potestad del Presidente de la República para destituir al Gobernador o a cualquier otro miembro de la dirección de este banco si se llegara a demostrar que no son las personas adecuadas para ocupar el cargo en cuestión. 
Nosotros pensamos que se debe seguir permitiendo esta posibilidad. La Unión Europea no es una región económica uniforme, sino que encierra grandes diversidades, por lo que en el Sistema Europeo de Bancos Centrales se deben escuchar también las voces nacionales. 
Señor Presidente, Señorías, señalemos primeramente que nuestro Grupo está de acuerdo con los informes de la Sra. Torres Marques y del Sr. Arroni, cuyas orientaciones aprobamos sin reserva alguna. 
En cambio, el informe presentado por el Sr. Wolf suscita algunos comentarios. 
Efectivamente, su autor se entrega en éste a una crítica, a diferentes niveles, del informe del Instituto Monetario Europeo. 
En primer lugar, deseamos señalar que, a nuestro juicio, el IME desempeña perfectamente su papel cuando se esfuerza en determinar las disposiciones de la legislaciones nacionales incompatibles con las prescripciones del Tratado sobre la Unión Europea y, salvo si se pone en tela de juicio este Tratado así como todos los que lo han precedido, de ninguna manera se trata de dejar a las instancias políticas de la Unión el cuidado de interpretar y definir las exigencias y objetivos del Tratado. 
En cuanto al fondo, el Sr. Wolf emite, en lo que tocante al funcionamiento del Sistema Europeo de Bancos Centrales, exigencias de transparencia e información que nos parecen efectivamente necesarias para la confianza de los ciudadanos de la Unión en el modo de gestión de su moneda. 
Compartimos la preocupación del Sr. Wolf respecto a hacer lo necesario para que el Sistema Europeo de Bancos Centrales no sea una torre de marfil aislada de su entorno institucional, ni de la opinión pública. 
Es especialmente necesario para la información correcta de los Bancos Centrales que puedan escuchar a los representantes de los Gobiernos o de los Parlamentos nacionales. 
Asimismo, es necesario que el Banco Central Europeo pueda presentar y explicar a las instituciones democráticas de la Unión, y más ampliamente a los ciudadanos, las decisiones tomadas en el cumplimiento de su misión. 
Sin embargo, estas exigencias de transparencia e información no deben de ninguna manera, a nuestro entender, atentar contra la independencia del Sistema Europeo de Bancos Centrales, trátese de la independencia de sus miembros o de sus decisiones. 
Afirmamos esta independencia indispensable no por convicción antikeynesiana, sino más bien por convicción europea. 
Esta convicción es la que nos hace juzgar peligrosa toda reactivación del debate sobre el posible papel del instrumento monetario en la ejecución de las políticas económicas nacionales. 
Los Estados miembros renunciaron, a través del Tratado de la Unión, a la utilización de tal instrumento, algunos por razones económicas, todos, y más fundamentalmente, por razones políticas. 
En efecto, cualesquiera que sean las preferencias económicas de unos y otros, queda de manifiesto que la elección de una moneda única para Europa implica que escapa a la presión o manipulación política nacional de toda índole, directa o indirectamente, so pena de constituir un factor de tensión entre los Estados que sería fatal a la Unión Europea. 
No puede haber una moneda única si no es una moneda independiente. 
Por lo demás, este es el verdadero consenso de base que desea el Sr. Wolf. 
Por ello, no podemos comprender, por ejemplo, cuando reprocha al IME que considere como incompatible con el Tratado la disposición legislativa según la cual un Banco Central debe tener en cuenta, a la hora de aplicar su política monetaria, la política económica del Gobierno. 
La independencia del Sistema Europeo de Bancos Centrales no podría significar, claro está, la impotencia económica de las instituciones democráticas de Europa. 
Por ello, nos parece urgente definir, a la par de la moneda única, otros medios de acción económica comunes, que estarían por su parte en manos de las instituciones democráticas de la Unión y que se llaman presupuesto de Europa, impuesto europeo, política estructural europea. 
Señor Presidente, Señorías, tanto en la comunicación de la Comisión como en el informe del Sr. Arroni se pide a los actores de la vida económica no escatimar esfuerzos, sin embargo, ¿se les tiene en cuenta para algo más que para pedirles que acepten el euro, o en otras palabras, que le reserven la mejor acogida? 
Así, al leer estos informes, se constata que el ponente y la Comisión oscilan constantemente entre incertidumbres y contradicciones. 
Las primeras que están en la mira son las personas físicas, a cuya cabeza figuran las categorías especialmente expuestas para las que la entrada en vigor del euro viene a sumar desde ahora nuevos problemas a dificultades ya importantes. 
Se trata, en el informe, de prestarles una atención particular, ¿pero cuáles son las soluciones concretas que van a proponerse a sus problemas prácticos? 
Ante el incremento constante, desde 1996, de los costes invertidos en los medios de comunicación para promover el euro, y que se han vuelto sumamente pesados, ¿cuánto costará en última instancia esta promoción, a Europa, a los Estados miembros y, por ende, a cada ciudadano? 
A pesar de la inversión de cuantías considerables, el ciudadano, en su calidad de consumidor, corre el riesgo de ser víctima de confusiones permanentes. 
El Sr. Arroni recomienda un período de transición lo más corto posible, contrariamente a las asociaciones de consumidores que vislumbran en un período transitorio corto el riesgo de una confusión total entre los clientes más vulnerables. 
Por tanto, ¿qué opción tomar entre un período transitorio corto, menos costoso, pero fuente de errores y confusiones y, por otro lado, un período transitorio largo- recordemos que puede durar hasta seis meses- que permita una mejor comprensión gracias a una adaptación paulatina, pero cuyo coste importante repercutirá en el precio al consumo? 
Para la segunda categoría de actores de la vida económica, las empresas y los comerciantes, si para la ama de casa ya puede ser difícil administrar dos monederos, ¿qué puede decirse de las dos contabilidades y las dos cajas que deberán llevar los comerciantes, entre otras categorías, que no tenían ninguna necesidad de complicar su gestión? 
Por otra parte, si el Sr. Arroni se propone tomar medidas de ayuda a las PYME, quiere, a la vez, con el pretexto falaz de aportar ventajas competitivas a los comerciantes, hacer obligatorio el doble etiquetado. 
Si de lo que se trata es de querer ayudar a las empresas, queda de manifiesto que la primera ayuda posible, es decir, la ayuda fiscal que representa poder deducir el IVA de los gastos generados por la introducción del euro, ya se les ha negado desde ahora. 
Para concluir, parece pues, a mi juicio, que la Comisión, apoyándose en el informe Arroni, está dando actualmente palos de ciego. 
Señor Presidente, Señorías, el informe Arroni no traduce una reflexión original, pero suscita algunas observaciones. 
¿Cómo hablar de confianza cuando toda la construcción monetaria europea está construida sobre la mentira, al menos, la mentira por omisión? 
Se ha cambiado el propio nombre de la moneda, violando los Tratados que la denominan, sin ambigüedades, » ecu». 
Nuestro compañero Berthu introdujo, con toda razón, un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en contra de este cambio intempestivo. 
Nadie ha corrido el riesgo, ni el Consejo, ni la Comisión, aún menos el Parlamento Europeo, a intentar evaluar el coste práctico de la introducción del euro ni a evaluar las consecuencias macroeconómicas. 
Efectivamente, no puede ocultarse que tendrá un coste. 
En el informe se hace una sola mención, de paso, para pedir que sea mínimo. 
De hecho, son los ciudadanos los que pagarán las centenas de millones de francos, marcos o liras que costará la doble contabilidad, el doble etiquetado, la conversión permanente entre el euro y la moneda nacional, que serán la regla durante tres años. 
Lo pagarán a través de un aumento de los precios minoristas y las tarifas bancarias. 
Asimismo, se cuida muy bien, de paso, de mencionar las consecuencias sobre el ahorro popular, en Francia especialmente. 
Todo el ahorro administrado, libretas de cajas de ahorro está destinado a desaparecer. 
De hecho, se contenta con repetir incansablemente los falsos axiomas de la construcción europea: » sin la moneda única, el mercado único no funciona; sin el mercado único, habrá crisis y guerra» y se hace el primer axioma de esta sucesión lógica, » sin Estado europeo único, la unificación integral de las legislaciones, la moneda única no funciona». 
La moneda única no es una necesidad económica, sino una voluntad política. 
Todo el mundo lo sabe y muchos fingen no darse cuenta. 
Nuestros tecnócratas no evalúan muy bien las consecuencias psicológicas del trastorno monetario que proponen. 
Puede informarse todo lo que se quiera al ciudadano, la moneda induce escalas de valor de las que es muy difícil deshacerse. 
Así, en Francia, al cabo de casi cuarenta años de la introducción de los nuevos francos, los periodistas de la televisión prefieren todavía hablar en miles de millones de céntimos que en centenas de millones de francos, para subrayar la enormidad de una determinada cuantía. 
Las personas de mayor edad, y otras menos mayores, continúan convirtiendo todo importe en francos antiguos, porque esta moneda les permite comprender mejor los valores relativos. 
Señor Presidente, creo que el euro tendrá un fuerte impacto sobre Europa, y estos tres informes demuestran por qué. 
En el caso del informe Wolf, relativo a la convergencia de la legislación de los Bancos Centrales nacionales y su relación con el BCE, el aspecto esencial es que se garantice la transparencia y la obligación democrática de rendir cuentas del BCE y sus relaciones con los Bancos Centrales nacionales. 
Esta revelación democrática no está reñida con el objetivo de garantizar la independencia del BCE en el desempeño de sus funciones; ambas ideas son complementarias. 
En este sentido, es pertinente mencionar la referencia que hace el Sr. Wolf al Bank of England del Reino Unido que, bajo el nuevo Gobierno Laborista, ha visto incrementada su independencia, así como su obligación de dar cuentas públicamente. 
En el caso del informe Arroni sobre aspectos prácticos de la introducción del euro, existe un acuerdo común sobre la mayoría de los temas, incluida la necesidad de alentar a los Estados miembros a que hagan públicos sus planes para la transición y, lo que es más emocionante, que den a conocer los diseños del euro para la cara nacional de las monedas. 
Donde discrepo con el ponente es en mi creencia de que necesitaremos una acción europea que garantice que los bancos no transfieren a los clientes los costes de conversión en la tercera fase de la UEM. 
Puede que un código de conducta no sea suficiente. 
Por último, en lo relativo al turismo, quisiera felicitar a todos los ponentes y, especialmente, a la Sra. Torres Marques por su informe. 
El turismo es la mayor industria europea, a pesar de que desde 1960, Europa ha perdido un 10 % de su cuota de mercado. 
El turismo es la típica industria del mercado único. La llegada del euro supondrá un tremendo estímulo para la oferta de este mercado y para el turismo en particular. 
Creo que habrá tres grupos de ganadores que se beneficiarán de la introducción del euro. 
En primer lugar, todos aquellos que trabajan en el sector. El euro no sólo creará más puestos de trabajo, sino que además aportará transparencia a los salarios, que a su vez experimentarán una subida. 
En segundo lugar, los turistas- los consumidores. En vez de dejar parte de su dinero, que tanto les ha costado ganar, en las agencias de cambio de aeropuertos y puertos, podrán disponer de él para gastarlo más tarde en compras, que resultarán más fáciles de realizar gracias a la transparencia de los precios. 
Este aspecto facilitará la comparación entre las distintas tiendas y, por consiguiente, se incrementará la competencia. 
Por último, los empresarios del sector de viajes y turismo harán más competitiva la primera industria europea, ya que la transparencia del euro abaratará los precios. 
Además, invertirán en el sector y lo ampliarán, porque el bajo índice de inflación abaratará el precio del dinero. 
Recuerden esto: la Asociación Europea de Operadores de Turismo estiman que un 3 % más de turistas norteamericanos elegirán Europa como destino de sus vacaciones gracias al euro. 
Para terminar, el turismo y los turistas serán las tropas de choque del euro, que no tardarán en poner de manifiesto las ventajas del euro a los ojos de todos los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, uno de los oradores que me han precedido se ha referido a los costes que ocasionará el paso al euro. 
Sin embargo, también deberíamos señalar con toda claridad los costes que nos ocasiona en estos momentos su ausencia. 
Por ejemplo, cuando ahora voy de vacaciones a España con mi familia, tengo que atravesar Alemania, Italia y Francia y tengo que proveerme de cinco monedas en total para pagar los gastos de comida, bebida, hotel y gasolina. O sea, que antes de partir tengo que ir al banco y proveerme de cinco monedas distintas. 
A menudo no es posible obtenerlas en el acto, sino que es preciso encargarlas con antelación. 
Esto supone, por lo tanto, mucho trabajo para el banco, muchos empleados del banco tienen que ocuparse de este asunto y el banco tiene que mantener en depósito y disponibles dichas divisas. 
Una enorme avalancha de costes recae sobre los turistas. 
Puede decirle que sólo los gastos bancarios y comisiones se elevan a una media 3-4 % para los turistas, un dinero que quizás sería más razonable poder dedicar a alargar un poco las vacaciones. 
La cifra del 3-4 % es, sin embargo, sólo un promedio. 
Evidentemente, también se dan casos extremos. 
El año pasado, por ejemplo, mi hija cambió 100 chelines austriacos en un cajero automático de Jesolo y recibió 9.600 liras. 
Cuando regresamos a Austria yo le devolví 10.000 liras, es decir, que incluso redondeé la cantidad, y a cambio ella recibió 50 chelines austriacos. 
O sea, que perdió un 50 % en los sucesivos cambios. 
Éste es sin duda un caso extremo, pero si se considera que en una sola conversión y reconversión ya pueden producirse diferencias de esta magnitud, resulta evidente en que dimensión nos situamos cuando son millones los turistas que cambian dinero. 
A esto se suma, además, el hecho de que los turistas también se ven afectados, obviamente, por los riesgos cambiarios. 
Es perfectamente posible que las relaciones de cambio entre las distintas monedas varíen durante sus vacaciones, sobre todo si las reservas se han realizado con mucha antelación. 
Es sabido que las oscilaciones cambiarias modifican incluso los flujos turísticos, que el turismo está aumentando rápidamente en Italia y está disminuyendo en Austria y también en Francia. 
Por lo tanto, también existe una incertidumbre en el ámbito del turismo. 
Éstas son dificultades con las que nos enfrentamos a diario y que obviamente también generan los correspondientes problemas. 
Es necesario clarificar la situación monetaria para el ámbito del turismo, también desde una perspectiva internacional. 
Los turistas que nos visitan tienen que tener claros cuáles son los precios relativos. 
Es preciso que la gente sepa cómo debe calcular el cambio. 
Muchos turistas también tienen, naturalmente, enormes problemas para realizar la conversión. 
A menudo, con los cálculos de conversión y reconversión, no resulta sencillo determinar a primera vista cuál es el valor de una mercancía. 
Por otro lado, también es necesaria una armonización de las normas relativas al IVA. 
Muchas veces resulta muy difícil saber en qué casos se puede obtener la reintegración del IVA, cuánto más hay que pagar en un lugar en concepto de IVA y cómo funciona exactamente todo el mecanismo. 
Esta normativa también afectará en último término al ámbito de las tiendas libres de impuestos. 
Los turistas comprenden una normativa clara y lo que desean es poder viajar con facilidad y sin demasiados problemas. 
Sabemos- y esto es muy importante para Europa- que además del turismo intraeuropeo, también tenemos un turismo procedente de fuera de Europa. 
Nuestra participación en el mercado mundial del turismo es de un 60 % aproximadamente, o sea, que somos ciertamente competitivos a escala mundial en el ámbito del turismo y esto significa una enorme oportunidad. 
Señor Presidente, tras la Cumbre de Madrid en la que se fijó la fecha de la introducción de los billetes y monedas en euros, la Comisión ha adoptado una serie de iniciativas destinadas a acelerar los preparativos necesarios para los sectores público y privado. 
Hoy resulta evidente- y debo añadir que es ésta una buena noticia- que la mayoría de los sectores de la economía han comenzado a prepararse para el paso a la moneda única. 
No obstante, hay que señalar- y éste es el objetivo del excelente informe del Sr. Arroni- que es necesario informar mejor sobre los dispositivos prácticos que han sido introducidos en los diferentes sectores de la economía. 
Necesitamos identificar los ámbitos en los que aún no se han tomado decisiones y conocer cuál es el nivel de armonización deseable. 
En un inicio, debemos conocer qué ámbitos deberán ser tratados a nivel nacional y cuáles a nivel europeo. 
En cuanto a los Estados miembros, una de las prioridades era la necesidad de garantizar que presentarían sus planes de transición antes de finales de 1997. Esto incluye el requisito de dar a conocer su posición sobre el estado de la contaduría pública, la presentación de los estados financieros y las declaraciones fiscales en euros. 
Las decisiones sobre las amortizaciones de la deuda existente debían haberse tomado antes de que finalizara. 1997. 
La Comisión debe informarnos sobre si se han cumplido y respetado debidamente los distintos plazos fijados para finales de 1997. 
En lo relativo a los aspectos prácticos de la introducción del euro para aquellos que utilizarán la moneda única en su vida diaria, quiero hacer hincapié en la necesidad de informar sobre el cambio a todos los usuarios, del mismo modo que se hace actualmente con las pequeñas y medianas empresas. 
Éste será el mayor acontecimiento económico de la historia europea, y sería un desastre si permitiéramos que fracase por falta de información. 
En lo que respecta al régimen de precios dobles durante el período de transición, debemos mantener abiertas nuestras opciones. 
Las pequeñas y medianas empresas deben recibir ayuda en sus esfuerzos por ofrecer los precios dobles. 
Las propuestas que hace el Sr. Arroni en relación con el fraude y la adaptación del sector de la tecnología de la información al euro son un paso en la dirección acertada. 
Esto es válido igualmente en lo relativo a la necesidad de hacer una evaluación continua de cómo las pequeñas y medianas empresas, incluidas las pequeñas tiendas, están haciendo frente a la introducción del euro. 
Por último, todo el mundo reconoce que para que el euro tenga éxito, éste no debe presentar problemas al consumidor. 
Como dice el Sr. Arroni, los Estados miembros deben interesarse especialmente por los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, como son las personas de edad avanzada, las personas con visión limitada, los minusválidos y los grupos con los ingresos más bajos, de cara a garantizar que no tendrán dificultades a la hora de utilizar las monedas y, especialmente, los billetes. 
Digo esto como diputado irlandés, porque en Irlanda tenemos conocimientos prácticos y experiencia de esto a raíz del paso al sistema decimal, ocasión en que los precios experimentaron una subida en nuestro país. 
Los colegios deberían participar estrechamente en proyectos piloto relacionados con la introducción del euro, especialmente en las etapas iniciales. 
Señor Presidente, una parte del informe de la Comisión sobre los aspectos prácticos de la introducción del euro está dedicada a la preparación de las monedas, pero no dice nada de los billetes. 
Por ende, tengo que volver a plantear esta cuestión que las instituciones tratan de pasar por alto y para la que no he tenido, hasta ahora, respuesta a mis numerosas demandas. 
En efecto, en relación con las futuras monedas, el Consejo decidió que llevarían una cara europea y una cara nacional. 
Sin embargo, no se especifica nada para los billetes. 
Una oscura decisión del Instituto Monetario Europeo, tomada falsamente en aplicación del artículo 109 F, previó que los billetes no llevarían ninguna señal nacional distintiva. 
Así, sobre una cuestión que no es en modo alguno técnica, pero que pone en tela de juicio principios muy importantes, el Consejo parece haber optado por deshacerse del problema para dejarlo en manos de los funcionarios del Instituto Monetario Europeo. 
Señorías, nuestra Asamblea se preocupa mucho estos últimos tiempos por la falta de control democrático en la Unión Monetaria. 
Por lo demás, vamos a hablar de ello en el próximo período de sesiones. 
Ahora bien, nos vemos aquí confrontados a un muy buen ejemplo de esta falta de democracia. 
Debemos reaccionar ahora, de lo contrario, nuestras protestas no parecerán sinceras más tarde. 
La cuestión de la impresión o no de una cara nacional sobre los billetes de euros plantea varios elementos de principio. 
Se trata de saber si se quiere una Unión Monetaria sin diferenciación, o una Unión Monetaria que reconozca las identidades nacionales. 
Se trata también de saber si más tarde, en caso de crisis grave, se aceptará la salida paulatina de un país, o si se tratará de encerrarlo para siempre en la unificación monetaria, incluso contra su voluntad, incluso a pesar de los conflictos que este encierro acabaría acarreando inevitablemente. 
También a este respecto, debemos prepararnos para un problema grave de democracia. 
Por ello, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones piensa que el Consejo debería asumir sus responsabilidades, utilizar sus poderes que le confiere el artículo 109 L4 y decidir que los billetes en euros tengan una cara nacional. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo de Alianza Nacional, doy la enhorabuena a los tres ponentes por el trabajo que han desarrollado de un modo realmente ejemplar. 
La realización de la Unión monetaria y la entrada del euro como única moneda de intercambio representa uno de los más importantes pasos en el camino europeo y, sin duda, el turismo representa uno de los sectores más interesados por ese inminente cambio. 
Los turistas- una categoría en la que se incluye el conjunto de personas que se desplazan sobre el territorio europeo por cualquier razón- no tendrán que cambiar en adelante la moneda nacional y, por consiguiente, no tendrán que sobrellevar todas las cargas inútiles relacionadas con esa operación. 
Sin duda, tendrán una moneda más estable y una mayor transparencia de precios en los bienes y servicios que compren o contraten en el país antes extranjero. 
A estas ventajas individuales, por decirlo así, del cliente se suman las de los operadores turísticos, de las agencias, o sea de todo el campo derivado del sector turístico, sin duda favorecido por una gestión financiera ordinaria de sus actividades. 
Lo que pretendo subrayar en mi intervención es que, si estas ventajas son realizables, hay que elaborar y aplicar en el momento oportuno una estrategia preparatoria para tal cambio, para que desde un primer momento el euro produzca los efectos esperados. 
Por lo tanto, concuerdo con la diputada Torres Marques, que en su informe insiste sobre la necesidad de que los gobiernos nacionales inicien una acción de promoción y de divulgación del euro bien articulada en sus respectivos países. 
Algunos ejemplos de sensibilización preventiva y masiva ya están presentes en Europa, pero es necesario que esas operaciones se intensifiquen y se proceda a hacer verdaderas simulaciones del uso de la moneda nueva, tanto por parte de los consumidores como por parte de las empresas que operan en el sector turístico, con una adecuada información y formación del personal y con la correspondiente adaptación de los soportes informáticos a la nueva gestión financiera. 
Estas acciones adquieren mayor importancia en las regiones europeas que padecen retraso en su desarrollo, donde el sector turístico a menudo representa un apoyo económico de fundamental relieve, donde la ausencia de una estrategia preparatoria del euro, oportuna y eficaz, podría implicar la pérdida de competitividad en los mercados europeos, con indudables repercusiones negativas en las respectivas economías locales. 
De modo que mi atención se concentra, no tanto en las grandes metas turísticas, que sin duda están dotadas de las infraestructuras necesarias para manejar el cambio, sino en los pequeños países de Europa, ricos por su cultura y sus tradiciones, en los que cada día muestra mayor interés el turista medio. 
Estos países, pues, son los que han de encontrar un soporte adecuado y a ellos se ha de prestar una atención particular, preparando las estructuras convenientes para gestionar el cambio con unos costos no excesivos. 
No dejemos de reconocer que, en este periodo, se está avanzando en orden abierto. 
No hay una estrategia unívoca: si se avanza en orden abierto, los costos aumentarán y se corre el riesgo de que los costos caigan sobre los consumidores. 
Además, quien como yo vive la realidad de la gestión de las administraciones públicas sabe muy bien lo necesaria que es una estrategia preliminar aplicada a tiempo para el paso al euro: la nueva moneda tiene que poder representar sobre todo para los entes locales, y para la colectividad en general, una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. 
A propósito, se podría plantear un análisis modelo de las administraciones públicas europeas, poniendo atención en no elegir sólo los grandes y medianos ayuntamientos, sino también los pequeños, cuyas exigencias son distintas pero no menos importantes. 
En resumen, la realización de un proyecto piloto en varios ayuntamientos europeos podrá llevarnos a la creación de una red de cooperación verdadera, con la posibilidad de extender los resultados del análisis a otros ayuntamientos no incluidos en el estudio. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el debate común que hoy nos ocupa sobre el euro, tomando como base los informes Torres Marques, Arroni y Wolf, es especialmente importante a unas semanas del famoso fin de semana del 1 de mayo. 
Apruebo totalmente, claro está, el informe y las conclusiones de la Sra. Torres Marques. 
Considero, como ella, que el impacto del euro sobre la Unión Europea será benéfico. No solamente por los turistas que puedan venir de lugares fuera de Europa, sino también por el turismo intracomunitario. 
Asimismo, al igual que ella, me parece urgente establecer programas que permitan perfeccionar la información que tienen sobre el euro las empresas y la plantilla del sector turístico. 
Mientras más rápido estén listos, más rápido se beneficiarán del efecto euro. 
En relación con el informe Arroni, quiero recordar que, durante nuestro fructífero debate del mes de enero, votamos colectivamente medidas destinadas a facilitar la transición de las monedas nacionales hacia el euro. 
Ahora bien, ahora nuestro colega Arroni nos presenta una propuesta sobre el carácter facultativo del doble etiquetado, lo que corre el riesgo, a mi juicio, de acarrear problemas para los grupos sociales llamados frágiles. 
Asimismo, no puedo sino comprobar, respecto a las cargas relacionadas con la conversión, un cierto retroceso en relación con el texto de nuestro compañero Pérez Royo. 
Comprendo, claro está, en mi calidad de ponente en materia de competitividad industrial, la preocupación de nuestro compañero por preservar las pequeñas y medianas empresas. 
Por tanto, es preciso prever medidas específicas que les conciernan para minimizar en la medida de lo posible el coste de la introducción del euro, pero en modo alguno ha de sacrificarse a los consumidores. 
Por último, respecto al informe de nuestro compañero Wolf, relativo a la convergencia, si bien puedo asociarme a su reflexión sobre el hecho de que la realización del euro implica una convergencia económica, pero también una compatibilidad entre las legislaciones, los Bancos Centrales y el Banco Central Europeo, tengo que oponerme una vez más a algunas concepciones con resabios de liberalismo a ultranza. 
El papel del Banco Central Europeo y los Bancos Centrales no puede ser absoluto, no más que sus poderes. 
La instauración de un diálogo entre estos órganos económicos y los poderes públicos es lo mínimo que podemos hacer antes de construir, con toda rapidez, la Europa política, única garantía de la democracia y la expresión de los ciudadanos. 
En conclusión, quiero volver a decir que el euro es para mi una gran esperanza en términos económicos y de empleo, y sobre todo un fantástico motor de la ciudadanía europea. 
Para ello se requieren tres condiciones: que no sea un motor más para un liberalismo desenfrenado, que los ciudadanos estén informados de la mejor manera y la más rápida posible y que los consumidores sean los primeros beneficiarios. 
Presidente, el informe del Sr. Wolf sobre la convergencia legislativa ha experimentado un gran cambio por las votaciones en la comisión económica. 
El informe original era inaceptable para el grupo parlamentario del PPE porque ponía en duda la independencia del Banco Central Europeo. 
Exceptuando algún punto, mi grupo parlamentario ya puede estar conforme con el informe. 
Ahora hace el debido llamamiento a los Estados miembros para que armonicen sus leyes bancarias con las reglas del sistema de bancos centrales que funcionará a partir de julio. 
También dice con razón que los presidentes de los bancos centrales nacionales pueden optar por explicar la política monetaria en los parlamentos nacionales. 
El banco central neerlandés ya ha optado por esto. 
El ponente presentó antes del pleno todavía una enmienda y el grupo parlamentario PPE puede compartirla. 
El informe Arroni refleja de una forma muy equilibrada cómo debemos afrontar la doble exhibición de precios. 
La Sra. Thyssen ya lo ha dicho. Que las pequeñas y medianas empresas utilicen su propia creatividad. 
No querrán dejar a sus clientes en la inseguridad. Eso les mermaría las ventas. 
La pequeña y mediana empresa y los puestos que crea ocupa continuamente este Parlamento, y debo decirlo, de una manera bastante esquizofrénica. 
Por una parte mimamos con palabras a las empresas pequeñas hasta la saciedad. Esta mañana ha vuelto a ocurrir. 
Todo el mundo habla de qué importante es prestar atención a la pequeña y mediana empresa. 
A continuación, en una votación posterior en esta semana sobre los bienes de consumo, intentaremos ahogar a la pequeña y mediana empresa presentando en este Parlamento una legislación que está situada tan unilateralmente del lado del consumidor que será muy difícil para la pequeña y mediana empresa arreglárselas. 
Por lo tanto, sería bueno que intentáramos en este Parlamento alguna vez equilibrar lo que decimos con lo que hacemos. 
El Comisario, respondiendo a mis preguntas escritas, en las que le había preguntado si de verdad se pretendía que se pudiera pagar un café en una terraza en florines y en euros, contestó que era un tema de las administraciones nacionales el determinar este tipo de asuntos. 
Sin embargo, no es tan difícil hacer recomendaciones a los Estados miembros sobre cómo podríamos hacer más creativo y fácil el período en el que se tiene que introducir el euro y durante el cual la pequeña y mediana empresa sufrirá unos problemas gigantescos con algo que ellas mismas no han solicitado. 
No sería tan difícil instalar puntos de cambio en los centros comerciales para que el pequeño comerciante no tuviera que enfrentarse a unas situaciones de cambio, para que el consumidor pudiera soltar en algunos puntos en los centros comerciales sus florines, pesetas, etcétera, y que después pudiera entrar en la tienda solamente con euros. 
Este tipo de cosas no son tan difíciles. 
Si de verdad quisiéramos hacer algo por la pequeña y mediana empresa, deberíamos insistir a los Estados miembros- efectivamente, estoy completamente de acuerdo con la Sra. Rose- de que tomen medidas fiscales para compensar los gastos de las empresas que no son exportadoras. 
Termino con unas palabras sobre el turismo. 
Que no nos prometamos montañas de oro en cuanto al turismo. 
La Sra. Torres Marques escribió un buen informe, pero los himnos sobre lo que el euro traería para el turismo me hacen pensar en el paraíso en la tierra que se nos prometió cuando empezamos a introducir el mercado interior. 
Ya estamos con los pies en la tierra. 
No carguemos el euro con expectativas exageradas en el ámbito turístico. 
Presidente, colegas, en nombre de mi grupo parlamentario hablaré sobre todo del informe del Sr. Wolf y nuestro grupo parlamentario está completamente convencido de que el Banco Central ha de ser los más independiente posible y eso significa independencia total, tanto para el banco como para su presidente. 
Por otra parte, esto no quiere decir que no seamos partidarios de unos procesos transparentes en la toma de decisiones y no partimos de la idea de que el banco se encuentre en una especie de situación de laboratorio y que fije su política como una especie de mecanismo " clean». 
Partimos de la idea de que lo hará en diálogo con todo el cuadro social que es también responsable en este tipo de procesos. 
Presidente, algunos miembros de este Parlamento siempre quieren ligar las cuestiones de atraso social al euro. 
En la opinión de nuestro grupo parlamentario, esos son temas que habrá que tratar de forma independiente. Ello no quita, por otra parte, que haya una responsabilidad tanto dentro de los Estados miembros como a nivel europeo para hablar del ámbito de la competencia política después del euro. 
Por lo que respecta a nuestra opinión, significa que debemos esforzarnos por conseguir una cierta convergencia tanto en el terreno de la fiscalidad como en los terrenos del empleo y de la seguridad social y que debemos fijar qué temas dejamos de forma subsidiaria y cuáles afrontamos de forma unívoca. 
Esto es de una importancia extraordinaria para el éxito del euro a un plazo más largo como para la introducción de Europa en el escenario mundial. 
Señor Presidente, la llegada de la moneda única, sin duda, traerá muchos cambios y algunos no serán para mejor. 
Sigo creyendo que estamos avanzando hacia lo desconocido con una prisa innecesaria y sin un conocimiento claro de cuáles serán las consecuencias a largo plazo. 
Escucho con preocupación a aquellos que están impulsando incesantemente la creación de la moneda única en sus Estados miembros, independientemente de lo que piense su electorado. 
Algunos de los países que se están esforzando por entrar en la primera tanda recibirán algo más que un ligero susto. 
Agradecería que alguien me respondiera a una pregunta: si los países que cumplen los criterios de Maastricht pasan a ser miembros en la primera tanda, ¿habrá alguno de estos países que se dé la vuelta y solicite la categoría de Objetivo 1? 
Sin duda estas dos posiciones son del todo incompatibles, ¿o no? 
Deseo referirme a un problema que vislumbro en el horizonte entre los Estados miembros que entrarán en la primera tanda y aquellos que se quedarán fuera. 
La parte de la Unión Europea a la que pertenezco, Irlanda del Norte, es la única parte del Reino Unido que tiene una frontera terrestre con otro Estado miembro, y las fluctuaciones entre la libra y la libra irlandesa han ocasionado serias dificultades a ambos lados de la frontera en numerosas ocasiones durante mucho tiempo- a veces a un lado, y otras al otro. 
Ciertamente quisiera pedir que no se permita que esto provoque un desastre para las empresas y la agricultura de ambas jurisdicciones. 
Actualmente nada podemos hacer para mejorar la situación. Pero, ¿pueden asegurarnos que se estudiarán los casos de una ventaja comercial injusta y que se garantizará la igualdad dentro de la Unión Europea? 
Señor Presidente, hoy debatimos las medidas prácticas para la introducción del euro, o sea, que también tenemos que referirnos a la protección de los intereses de los consumidores. 
La doble exhibición de precios durante el período de transición es absolutamente imprescindible y no debe ser una medida facultativa, tal como se prevé el informe. 
El interés de las empresas en disponer de un margen de discrecionalidad lo más amplio posible por lo que respecta a la exhibición de precios no debe relegar a un segundo plano los intereses de los consumidores. 
La doble exhibición de precios es, en efecto, el instrumento adecuado para generar confianza, concretamente a través de la transparencia, en una fase de inseguridad para los consumidores. 
Al mismo tiempo, la doble exhibición de precios también puede representar una ventaja competitiva para las empresas si gracias a ello consiguen ganarse la confianza del consumidor. 
A pesar de que la Confederación Bancaria de la Unión Europea y la Confederación de Cajas de Ahorros declararon hace poco su intención de no repercutir sobre sus clientes los costes reales de la conversión, será necesario velar atentamente por el cumplimiento de dicha promesa. 
En efecto, una lectura meticulosa revela que los representantes de los bancos sólo manifiestan que la transición deberá efectuarse sin roces y de manera favorable para el consumidor. 
Por lo tanto, no se menciona para nada el mensaje publicitario que afirma que la conversión será gratuita para el consumidor. 
Yo acojo, por lo tanto, con satisfacción la propuesta de un código de buena conducta para el sector bancario y financiero. 
Me parece digna de atención la constatación del ponente de que el trato fiscal preferencial de las inversiones en el contexto de la introducción del euro podría dar lugar a distorsiones de la competencia dentro del sector en cuestión y en relación con otros sectores. En efecto, hace pocos días pude leer en un diario austriaco una petición de un banco austriaco precisamente en ese sentido. 
Por consiguiente, yo creo que es importante exigir la igualdad de trato para todos, si se me permite que lo exprese de manera tan burda. 
Garantizar dicha igualdad será, sin embargo, también tarea de los órganos legislativos de los Estados miembros. 
Señor Presidente, permítame comenzar felicitando a los ponentes Arroni, Torres Marques y Wolf por los tres excelentes informes que abordan en profundidad la cuestión del euro. 
Hasta ahora nos inquietaban mucho los aspectos técnicos, como los presupuestos y la convergencia. 
Es muy importante que nos ocupemos ahora de los aspectos prácticos de la introducción del euro. En particular, es fundamental preparar a los ciudadanos y las empresas. 
Si desean seguir operando en el mercado único, las PYME necesitarán hacer la conversión sin pérdida de tiempo, de manera que sus programas informáticos funcionen con el euro. 
Esto es válido también en el caso de los países que han manifestado su deseo de no pasar a la Tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. 
En el Reino Unido, el anterior Gobierno Conservador arrojó muchas dudas sobre si el euro se llevaría realmente adelante o no. 
Muchos escépticos afirmaban que si el euro llegaba a hacerse realidad, algunos terminarían llorando. 
Esta actitud impidió que muchas pequeñas y medianas empresas se prepararan debidamente para el cambio. Son numerosas las empresas que operan a nivel internacional y que deberán afrontar el euro como una moneda extranjera. 
Estoy de acuerdo, hasta cierto punto, con la introducción de un código de conducta sobre los costes de transacción. 
No creo que los costes de transacción, desde luego en lo que se refiere a los bancos, deban repercutir directamente sobre el consumidor, porque a partir del 1 de enero de 1999, el euro sólo existirá realmente en forma electrónica. Eso significa, básicamente, que no habrá ningún coste físico de un cambio real de divisas, billetes y monedas, por otras. 
Por ello pregunto, ¿qué costes? 
Los costes serán importantes una vez que los billetes y la monedas entren en circulación, pero no antes. 
Las PYME tendrán gastos, pero en toda la Unión Europea primarán las mismas reglas del juego. 
Por tanto, no veo ninguna desventaja competitiva en lo que se refiere a las empresas, porque todas las empresas deberán introducir los mismos cambios. 
En cuanto al turismo, la introducción del euro es de la máxima importancia. Digo esto como alguien que procede de una circunscripción que depende en buena medida del turismo. 
Mi circunscripción se extiende desde la costa de Blackpool a lo largo del Valle del Ribble hasta Pendle Hills. 
Teniendo en cuenta que actualmente el turismo supone aproximadamente el 20 % de la actividad económica a nivel de la Unión Europea, ya sea directa o indirectamente, es importante que se introduzca el euro y que las zonas que dependen del turismo para su prosperidad se beneficien de las ventajas que éste ofrece. 
Señor Presidente, Señorías, parece ser que en la mayoría de los Estados miembros se cumplen la mayor parte de los requisitos para la introducción de la moneda única el 1 de enero de 1999. 
Esto es cierto sobre todo por lo que se refiere a la tasa de inflación, cuyo nivel medio para el conjunto de la Unión Europea ha alcanzado entre tanto un mínimo histórico. 
Dos aspectos siguen siendo, no obstante, problemáticos. 
Por un lado, el nivel de endeudamiento, a pesar de que todos los indicios apuntan hacia una mejora gradual de la situación y, por el otro, la garantía de la independencia de los bancos centrales de los Estados miembros, un tema que a mi parecer apenas ha sido objeto de debate público. 
La independencia del Banco Central Europeo sólo estará garantizada si los bancos centrales nacionales, como parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales, pueden actuar con independencia de las instrucciones estatales. 
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo establecerá la política monetaria de la Comunidad. Éste estará formado por los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales. 
Por lo tanto, es absolutamente decisivo que los Estados miembros garanticen la independencia efectiva de estos últimos. 
Yo lamento que el informe del colega Wolf, en la forma en que ahora se presenta, no profundice suficientemente en esta cuestión. 
En efecto, todavía existen algunos reparos en relación con este tema. 
Voy a referirme primero a los aspectos positivos. 
Hemos podido constatar que todos los bancos centrales nacionales en cuestión ya pueden actuar con independencia por lo que se refiere a la determinación de los tipos de interés. 
Éste es el primer paso y el más importante. 
Sin embargo, todavía subsisten algunos problemas por lo que respecta a la independencia personal de los gobernadores de los bancos centrales. 
Por ejemplo, fuimos informados de que el Presidente de Finlandia sigue teniendo la facultad de destituir al Presidente del Banco Central. Esto estaría en contradicción con el Tratado de Maastricht. 
Luego, está el tema de la independencia de las instrucciones. 
En un Estado miembro que yo conozco muy bien existía, por ejemplo, la posibilidad de suspender las decisiones del Banco Central durante 14 días. 
También esto estaría en contradicción con el Tratado de Maastricht. 
Siguen subsistiendo normas de este tipo y es preciso que éstas se modifiquen. 
Finalmente, tenemos el tema de la independencia de la administración. Ésta también es un elemento esencial de la independencia de los bancos centrales. 
Y también en este caso yo quisiera plantear algún interrogante. 
Yo quiero dejar bien claro que el Instituto Monetario Europeo nos presentará el 25 de marzo su informe, en el cual sin duda se ocupará extensamente del tema de la independencia de los bancos centrales. O sea, que la Comisión Europea emitirá primero su evaluación el 24 de marzo y a continuación el Sr. Duisenberg presentará su informe a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial el 25 de marzo. 
La comisión estará muy atenta a este aspecto de la independencia de los bancos centrales en ambos informes, señor Comisario. 
Presidente, ahora que se aproxima la introducción del euro, las opiniones positivas y negativas al respecto aumentan, no solamente en la Unión sino también en los Estados Unidos, como atestigua el artículo de primera página del Herald Tribune. Lo cito: " lo que es bueno para Europa, también es bueno para América» , y también opina que el euro es un agitador potencial. 
Se habla incluso en este ambiente americano sobre la posibilidad de un aumento de conflictos, de fricción y de menor estabilidad, según los economistas americanos. 
Dejo esa opinión americana como una instantánea que es lo que es. Es más importante ver lo que opina el ciudadano europeo de esto. 
Incluso con todos los aspectos prácticos de la introducción, por los que abogan de forma muy concreta el informe Arroni y la Comisión, el ciudadano todavía no está convencido en absoluto de la utilidad del euro. 
La información sobre esto empieza demasiado tarde, inspirada muchas veces lamentablemente por motivos electorales, también en mi país; esto es realmente antidemocrático. 
Ningún partido, ningún programa electoral en mi país, deja de verdad espacio para estar en contra del euro. 
Eso es muy extraño en una Europa que dice que quiere ser transparente. 
Empieza a parecerse a una dictadura monetaria. 
Sobre todo los mayores, una parte considerable de la población europea, se preguntan si el valor y el nivel de sus pensiones se pueden mantener bajo la presión el euro. 
Debemos tratar estas preguntar con seriedad. 
Si no lo hacemos, el euro se convierte en un desastre y luego no habrá apoyo para ningún otro paso en la Unión- pienso en la ampliación y en la adaptación de la política agrícola y en los fondos estructurales. 
Entonces conseguiríamos justo lo contrario de lo que era nuestra intención con el euro. 
La propuesta de la Comisión y el informe Arroni tratan de los aspectos prácticos de la introducción, son perfectos, pero son insuficientes para conseguir el apoyo político del ciudadano. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando a Winnie Ewing por su intervención, con la que estoy absolutamente de acuerdo. 
El turismo es un sector clave en Europa, y el euro proporcionará sin ninguna duda un alto grado de transparencia adicional. 
Pero también pondrá de manifiesto las diferencias existentes en los impuestos indirectos, especialmente en el impuesto sobre el valor añadido. 
Por ello he presentado una enmienda al informe sobre el euro y el turismo, para llamar la atención de la Comisión y del Consejo de Ministros sobre este particular. 
Por ejemplo, si nos alojamos en un hotel de clase turista en Luxemburgo, Francia o Portugal, el IVA es tan sólo de entre el 3 % y el 5, 5 %, mientras que, irónicamente, en dos de los países que han optado por quedarse fuera de la zona del euro- el Reino Unido y Dinamarca -, los tipos son del 17, 5 % y del 25 %. 
Esto crea una doble barrera para los países y los sectores turísticos de dichos Estados miembros: en primer lugar, carecen de la conveniencia de la zona euro y, segundo, sus precios quedarán fuera de toda competencia en el seno del mercado único. 
Sentí una gran satisfacción al escuchar ayer que los ministros de Economía piensan crear un comité que estudie la armonización de los impuestos indirectos. 
Deberán dar prioridad al sector del turismo. Si no lo hacen, las repercusiones serán la pérdida de puestos de trabajo en este valioso sector. 
Señor Presidente, la declaración nº 6 adjunta al Tratado comunitario europeo estipula que la Comunidad se compromete a facilitar la renegociación de los acuerdos monetarios existentes entre los países miembros de la Unión Europea y los Estados terceros con una población reducida que adopten la moneda de un país vecino como moneda nacional. 
Por un malabarismo realizado con toda discreción, la Comisión considera que esta disposición debería permitir a la República de San Marino, a la Ciudad del Vaticano y al Principado de Mónaco beneficiarse automáticamente del euro como moneda oficial. 
Si el hecho de acordar el euro al Vaticano y a San Marino no plantea ningún problema moral particular, no ocurre lo mismo con el Principado monegasco, dirigido por un monarca absoluto que no respeta los derechos humanos, reina sobre un minúsculo territorio en el que se organiza una gigantesca evasión fiscal en detrimento de todos los Estados miembros de la Unión Europea, salvo Francia. 
Insto a nuestro Parlamento para que se manifieste y se oponga a una decisión de la Comisión en favor de Mónaco, lo que resultaría inicuo e inmoral. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera tratar de manera muy especial algunos aspectos prácticos del euro, aspectos que cada vez adquieren mayor importancia conforme se resuelven los problemas políticos y los ciudadanos se interesan en el euro. 
Una primera cuestión que me interpela es la siguiente: puesto que la fabricación de monedas con las caras nacionales debe comenzar a más tardar el 1 o el 3 de mayo de este año, según la decisión que se tome, sería interesante saber si los probables participantes de la zona euro ya han elegido los símbolos nacionales que deberán figuran en éste. 
Me gustó mucho la actitud de Italia, que trató de utilizar la elección de este símbolo nacional para hacer mucho ruido en favor del euro e implicar a los ciudadanos en el euro. 
Pienso que debería hacerse lo mismo en todos los países y que no debería tratarse de una elección tecnócrata llevada a cabo por un ministro de finanzas y otros funcionarios. 
Sería preciso que los ciudadanos, los parlamentarios y la Comunidad en su conjunto se asocien a esta elección. 
Hay una segunda cuestión que me interesa mucho. 
Todo el mundo parece estar hoy de acuerdo en reducir en la medida de lo posible el período de doble circulación de billetes y monedas emitidos en moneda nacional y en euros. 
Esta circulación debe empezar, de conformidad con la decisión tomada, el 1 de enero de 2002. 
El Comisario podría decirme si los países han comunicado, desde ahora, su intención de limitar este período a una duración inferior a los seis meses previstos. 
Pienso, por mi parte, que debería ser posible limitar el período de doble circulación, en el comercio, por ejemplo, a un período lo más breve posible- dos, tres incluso cuatro semanas- aunque el cambio de las monedas nacionales en euros en los bancos pueda continuar un determinado tiempo, por ejemplo, hasta el 30 de junio de 2002. 
Así, algunos comerciantes podrían hacer ahorros importantes. 
Me gustaría saber si sería posible poner en práctica esta modalidad. 
Por último, última pregunta, señor Comisario, durante los años de 1999 a 2002, las asociaciones profesionales, por ejemplo, el sector comercial, requerirá de mucho dinero para sus programas de comunicación y formación. 
Es preciso elaborar vídeos para la formación de la plantilla comercial así como material impreso electrónico de comunicación; es preciso aproximarse a la base comercial y a los consumidores. 
¿Pronto desbloquearán los socios correspondientes en los países miembros los numerosos programas previstos? 
Señor Presidente, Señorías, es tradición en esta casa empezar por elogiar al ponente. 
Con toda la cortesía que me merece un estimable compañero, diría que el informe Wolf es un informe malo. 
Este informe es malo porque no alcanza el objetivo que se fija. 
Cuando se tiene la oportunidad de poder presentar un informe de iniciativa- y Dios sabe si nuestra Mesa los concede con parsimonia- se le utiliza para marcar puntos con respecto a la opinión, el Consejo, o la Comisión. 
En el caso que nos ocupa, me temo que este informe no llama la atención de nadie. 
En efecto, en la exposición de motivos, se contenta con repetir teorías nostálgicas sobre el poder perdido de los bancos nacionales cuando, en lo esencial, lo que esperábamos era saber qué había hecho cada país para conformarse a las prescripciones del Tratado. 
Ahora bien, esta cuestión no se trata aquí de ninguna manera, o se hace con sordina, cuando mucho, para defender a los países que no se han conformado a la norma; así, el Sr. Wolf defiende a los suecos o a los finlandeses, que no están en orden, y les concede razón cuando invocan motivos que atañen el control democrático. 
Esto me parece estúpido. 
La batalla que libra el Sr. Wolf, en este ámbito, es una batalla de retaguardia. 
Por ello, este informe carece de peso. 
Por lo demás, se le han expurgado, en comisión, la mayor parte de sus puntos sobresalientes. 
Por tanto, me contentaré con recordar aquí lo esencial. 
El Sr. von Wogau tiene razón cuando se pregunta qué actitud deberá adoptarse si, el primer día de la entrada en vigor del Sistema Europeo de Bancos Centrales quedan países que todavía no han puesto en orden su legislación. 
¿Impondrá la Comisión, y solamente entonces, como condición esta puesta en orden? 
¿No sería preferible precisar las cosas desde ahora, de manera a dejar a los países interesados los seis u ocho meses necesarios para hacerlo, y no tener que notificarles en un momento determinado que, si no cumplen con esta condición, no pueden entrar en la Unión? 
Por lo menos, se trataría de una medida que tendría, en todo caso en las circunstancias actuales, el efecto de una bomba política. 
Si se dijera que, el primero o el dos de mayo, tal país podría entrar, pero que no se ha dado las bases legítimas para hacerlo porque todavía no ha adaptado su situación interna, al menos constituiría un acto importante y sin duda podría obligar a ese país a rectificar el tiro. 
Me parece difícil admitir a Estados miembros con una condición suspensiva; por ende, es preciso que haya una decisión clara y neta. 
Espero que se corrija esta situación. 
Lamento que todos estos problemas no hayan sido mencionados en el informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, colegas, constatamos con satisfacción que crece el consenso en Europa sobre cómo toma cuerpo el período de transición de la UME. 
Europa ha fijado un marco jurídico para la introducción del euro y con ello ha cumplido brillantemente con sus tareas más importantes. 
Al principio se puso en entredicho la fecha de inicio, más tarde se discutió sobre el guión de Madrid, y mientras tanto se avivó la discusión sobre el criterio del tres por ciento. 
Europa nadó en los mares más movidos pero la costa está cerca. 
Ahora es el turno de los Estados miembros para poner buen fin a la conversión. 
Nos alegra porque las constituciones, los sistemas jurídicos y las tradiciones institucionales de los Estados miembros difieren tanto entre sí que una progresiva armonización de las medidas transitorias es inadmisible. 
Un segundo asunto importante es que la doble exhibición de precios no se imponga obligatoriamente y que se opte por una solución flexible. 
La Comisión insiste sobre todo en establecer códigos de conducta y acuerdos voluntarios. 
Dales a los pequeños comercios, gasolineras y agencias de viaje suficiente espacio para la libertad. 
El tercer punto se refiere al cobro de los costes de la conversión. 
El principio es que no se le puede cobrar costes a la gente por la conversión obligada al euro, es decir, para el cambio de las monedas nacionales al euro y viceversa. 
Todavía no hay claridad al respecto. 
Estamos de acuerdo con el ponente en que este principio eventualmente se debe imponer. 
¿Puedo preguntar al Comisario si también comparte este punto de vista? 
Señor Presidente, quiero en primer lugar felicitar a los tres ponentes- y de manera muy particular a Helena Torres Marques, cuyo planteamiento comparto totalmente- por los informes sobre los que debatimos esta mañana, cuando faltan sólo unas cuantas semanas para la selección de los primeros países del euro y menos de 300 días para el comienzo de la Unión Monetaria. 
La primera se refiere a la importancia del paso que supone la Unión Económica y Monetaria. 
Con seguridad, se trata del avance más importante producido en Europa desde el nacimiento de la Comunidad hace ya unos cuarenta años. 
La segunda quiere subrayar que este cambio fundamental estará ya presente en nuestras vidas desde el 1 de enero de 1999, aun cuando las monedas y billetes en euros no circulen hasta tres años después. 
A partir del 1 de enero de 1999 existirá una sola política monetaria para los países de la zona euro, desde Laponia, en el extremo nororiental del continente, hasta Lepe o el Cabo San Vicente, en el extremo sur occidental. 
En tercer lugar, quiero insistir en un punto que considero fundamental: los auténticos y definitivos protagonistas de la aventura del euro son los ciudadanos, como agentes económicos en la producción, como consumidores y como usuarios, en fin, de la nueva moneda. 
El éxito del euro va a depender no sólo de su empleo en los mercados financieros hasta alcanzar la famosa masa crítica, sino también- e incluso, diría, sobre todo- de su aceptación como medio de pago por parte de los ciudadanos desde el primer momento. 
Y en relación con esto, quiero atraer la atención sobre una cuestión que me parece importante- que ha sido ya mencionada anteriormente, por ejemplo, por el colega Hendrick- que es la cuestión relativa a los costes de transacción por el cambio a euros o por el cambio entre las monedas participantes durante este largo período transitorio de tres años. 
El ciudadano, al que se le ha dicho repetidamente que desde el 1 de enero de 1999 el marco, el franco, la lira, la peseta, etc. se funden en el euro y pasan a ser fracciones no decimales del euro, no podrá entender que se le cargue una comisión por pasar de una de estas fracciones- digamos, el marco- a otra- como por ejemplo, digamos, el escudo- o que se le cargue un gasto o una comisión por transformar su cuenta en marcos en una cuenta en euros. 
El ciudadano que sea tratado de esta manera concluirá que le han engañado cuando le dijeron que desde el 1 de enero de 1999 existiría una moneda única; percibirá el euro no como una moneda única, sino como una moneda adicional a las nacionales. 
Por eso pensamos que es necesario un enfoque más decidido que el anunciado hace unos días por la Comisión cuando decía que será gratuito todo lo que sea obligatorio y que, en cambio, todo lo que sea facultativo dependerá del mercado. 
Creo que es necesario un enfoque más decidido y, para finalizar, recuerdo a este respecto la votación de esta Asamblea con ocasión del informe sobre el euro y los consumidores, que tuve el honor de presentar hace unas semanas en este Parlamento, y en el cual se abordaba directamente este problema, proponiendo la prohibición de este tipo de prácticas. 
Señor Presidente, felicito a Helena Torres Marques por el informe sobre el euro y el turismo, que no podría ser más oportuno, al permitir subrayar la importancia del sector y la contribución mayor que la moneda única le proporcionará. 
Por ser la tercera industria mundial, después de la petrolera y la automovilística, se trata de un sector en el que destaca el papel desempeñado por Europa, con el 60 % del total. 
La pérdida de importancia relativa que se ha dado es consecuencia, naturalmente, de la aparición de nuevos polos en otros continentes, sin que por ello deje de crecer el turismo europeo también en términos absolutos con la prevista creación de un millón ochocientos cincuenta mil nuevos puestos de trabajo hasta el año 2007. 
Se trata, además, de un sector con una implantación geográfica bastante equilibrada, pues muchas regiones sin opciones substitutivas en otros sectores, incluidas muchas regiones rurales, resultan atractivas como destinos turísticos. 
Con el euro dejará de haber costos de transacción, incertidumbre y cálculo, que hoy constituyen limitaciones de importancia considerable, como ya han subrayado varios oradores, por lo que es de esperar un aumento sensible de los desplazamientos de un gran número de ciudadanos europeos. 
Además, se trata de un beneficio del que no disfrutarán exclusivamente los ciudadanos europeos, pues aumentará, naturalmente, la demanda de ciudadanos de otros continentes, que circularán con mayor facilidad en un espacio en el que podrán hacer todos los pagos con la misma moneda. 
Así, pues, los operadores turísticos no tienen motivos para recelar del euro. 
Al contrario, con él resultarán beneficiados, por lo que se les pide, evidentemente, como se subraya en el informe, que no aprovechen su introducción para hacer redondeos hacia arriba y aumentos injustificados de los precios de los productos y los servicios que han de suministrar. 
Señor Presidente, señor Comisario, los tres informes que hoy debatimos tienen un punto en común fundamental del cual dependerá, en buena medida, el éxito de la moneda única. 
Los tres informes tratan de cuestiones que determinarán la aceptación del euro por parte de los ciudadanos. 
Los ciudadanos europeos son los protagonistas de este cambio que se avecina; son ellos los que deben pilotar esta transición, única en la Historia mundial. 
El turismo, convertido en fenómeno de masas en esta segunda mitad del siglo XX, debe servir para promocionar el euro, la moneda del siglo XXI. 
Al mismo tiempo, el euro debe servir para impulsar el turismo en Europa y hacia Europa. 
Quiero felicitar a la Sra. Torres Marques por su excelente informe. 
Las expectativas de crecimiento del sector turístico constituyen una esperanza cierta para resolver el problema del paro. 
Las ventajas que la moneda única va a suponer para este sector son evidentes. 
El euro será aceptado por los ciudadanos si contribuye a resolver los problemas que les preocupan: el paro es la primera preocupación; el turismo contribuirá a solucionarlo; el euro ayudará al turismo. 
Debemos ser capaces de transmitir esto a los ciudadanos si queremos que el proyecto sea un éxito. 
Con respecto al informe Arroni, quiero felicitar con toda sinceridad al ponente por su excelente trabajo. 
Tenemos que conseguir reducir al mínimo las molestias derivadas de la introducción del euro, reducir los costes, centrarnos en los sectores que más problemas van a tener: las pequeñas empresas, los pensionistas, los ciudadanos, los discapacitados. 
No debemos escatimar recursos en la información y en la formación de los ciudadanos. 
Finalmente, respecto al informe del Sr. Wolf, que trata de la independencia del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales, quería expresar alguna matización, alguna consideración. 
La independencia del Banco Central Europeo y el sometimiento jurídico del mismo al objetivo de la estabilidad de los precios es una garantía para los ciudadanos. 
La historia económica está llena de momentos en los cuales las autoridades monetarias han impulsado la inflación con el objetivo de aminorar el peso de la deuda pública. 
Esto ya no va a ser posible. 
Este impuesto encubierto que es la inflación no podrá aplicarse en Europa. 
Los ciudadanos menos favorecidos son los que más han sufrido este tipo de políticas. 
El futuro Sistema Europeo de Bancos Centrales lo impedirá. 
Cuando un Gobierno o una autoridad regional o municipal tenga que pagar deudas deberá hacerlo de cara y frente a sus ciudadanos. 
Me alegro de ello, y estoy seguro de que los ciudadanos también. 
Sin embargo, es imprescindible que en los albores de la introducción del euro los Bancos Centrales adecuen cuanto antes las legislaciones; no podemos permitir que el futuro Banco Central y el Sistema Europeo de Bancos Centrales no tengan todas las posibilidades de éxito que les puede dar, necesariamente, la confluencia de tantos bancos centrales sin reglamentaciones tan dispersas. 
Es necesario, como decía mi compañero Herman, acelerar los plazos y señalar cuáles son las normas que deben ser modificadas con urgencia. 
Señor Presidente, Señorías, en el curso de esta mañana ya se ha dicho todo, aunque lamentablemente no todos hemos intervenido y en particular tampoco lo hice yo. 
Por consiguiente, voy a insistir en algunas cuestiones fundamentales. 
El informe del Sr. Arroni se ocupa precisamente de cómo puede organizarse de manera óptima la transición y él ha expuesto aquí algunos aspectos esenciales. 
Por una parte, se ha referido a la optimización de las estrategias de información y yo pienso que precisamente en el ámbito de los medios electrónicos podría y debería responderse con mayor precisión a las preguntas de los ciudadanos y ciudadanas en el contexto de la difusión informativa. Esto podría ser muy útil en los próximos meses, pero también con vistas a los próximos años. 
En segundo lugar, a mi parecer podría ser útil- ésta es una propuesta excepcional- que grandes acontecimientos, como por ejemplo la Exposición Internacional del año 2000 en Hannover, que se espera que reciba 60 millones de visitantes, utilizasen el euro como medio electrónico de pago. 
Yo creo que sería un excelente proyecto piloto. 
En tercer lugar, yo quisiera destacar la responsabilidad del Estado en relación con la transición al euro es especialmente importante; me refiero a la doble exhibición de precios. 
Yo creo que, tal como ya se ha manifestado en más de una ocasión aquí, todos los ámbitos de la administración pública- desde los más reducidos, como pueden ser las ciudades, los municipios y las regiones, hasta las grandes unidades estatales, como es lógico- podrían y deberían practicar durante tres años la doble exhibición de precios en las notificaciones y declaraciones fiscales, y también en los pagos de salarios y otros aspectos análogos. 
En efecto, esto permitiría ir iniciando al ciudadano en el tema hasta el año 2002 y le permitiría comparar el euro con la moneda nacional y convertirlo a la misma con toda naturalidad. Esto también contribuiría a que las pequeñas y medianas empresas- que no siempre están bien preparadas- se habituasen al proceso e intensificasen sus preparativos para la transición del año 2002 e induciría asimismo a las organizaciones empresariales a colaborar intensamente en este aspecto, como en parte ya vienen haciéndolo o intentan hacerlo. 
A mi parecer es importante que las oficinas estatales, sobre todo en el ámbito de las haciendas públicas, estén en condiciones de empezar a incorporar con tiempo el uso del euro en las notificaciones fiscales y otras actividades análogas. 
Esto ya se está haciendo en 9 o 10 de los Estados miembros que posiblemente participarán en la Unión monetaria. 
Yo espero que la República Federal de Alemania, en particular, empiece a incorporar también este sistema. Esto podría resultar muy útil más adelante. 
El Estado debería situarse en cabeza del movimiento con una importante cuota de transición estatal en vez de ser el último en abordar este tema. 
Señor Presidente, Señores diputados, también yo tomo parte en esta discusión para referirme, en particular, al informe del Sr. Arroni y al informe de la Sra. Torres Marques sobre el euro y el turismo, aunque sé muy bien que muchas cosas ya se han dicho y que, por lo tanto, el tiempo para otras aportaciones es bastante limitado. 
De todas maneras, creo que algunos conceptos se deben reforzar en esta Asamblea. 
Ante todo, debemos partir del aserto de que el turismo es un campo fundamental para una reflexión seria sobre las modalidades de introducción del euro. 
El sector se caracteriza en rigor por una actividad económica que desarrolla un papel unificador dentro de la Unión, promueve un mejor conocimiento recíproco y un mayor sentido de la posesión de una ciudadanía común. 
Además de ser una de las principales fuentes de creación de riqueza y de ocupación, como ya se ha dicho será uno de los ámbitos- junto al sistema de distribución y comercial- en los que la forma en que se introduzca el euro condicionará el éxito de esta moneda o determinará sus inconvenientes, pues estos sectores son los que están en contacto directo con los ciudadanos y los consumidores. 
Además, el euro tendrá un efecto notable en el sector turístico porque, por un lado, asistiremos a una reducción de los costos de transacción y, por otro, habrá una mayor transparencia de precios. 
Así se estimulará una mayor competencia, con el resultado final de mejor la competitividad, incluso respecto a los mercados externos de la Unión Europea. 
Por consiguiente, no sólo el turismo es fundamental para el éxito del euro, sino que además estamos ante una ocasión histórica para el relanzamiento de este sector fundamental, aun cuando- como ya se ha recordado- tenemos que recordar con tristeza que el presupuesto ha recortado notablemente los fondos destinados a los programas específicos previstos. 
Los aspectos prácticos de la introducción del euro, pues, tienen una importancia crucial sin duda, y un objetivo de fondo que consiste en conseguir que los ciudadanos se familiaricen al máximo con la nueva realidad y que se reduzcan al mínimo los costos pertinentes. 
Desde este punto de vista, sostengo la tesis ya impulsada por otros colegas- en especial por la Sra. Thyssen -, de que es importante insistir en el hecho de que las categorías interesadas deben organizarse por sí mismas, tanto para informar como para eliminar o minimizar los costos del paso a la moneda única. 
Entre otras cosas, esto estimulará una fecunda interacción en el mercado entre la oferta y la demanda para la determinación de las mejores condiciones posibles para los consumidores. 
Sólo si falta esta autodisciplina serán precisas las normas de obligado cumplimiento emanadas desde arriba, normas que, sin embargo, conviene limitar a los casos particulares, a fin de no hacer que el proceso de transición se vuelva demasiado rígido a causa de medidas o normas demasiado complejas. 
Presidente, hay buenas y malas noticias en relación con el turismo. 
La buena noticia es que se atisba el fin del calvario para el turista de tener que cambiar continuamente dinero. Un calvario que además cuesta mucho dinero. 
Este fin de semana pasé en coche por una oficina de cambio en la frontera de Bélgica y los Países Bajos y constaté que la diferencia entre el cambio de compra y venta de escudos portugueses era de un quince por ciento. Esa es una partida de gastos considerable. 
Gracias a la introducción del euro el turista recibe de Europa por cada catorce días de vacaciones un día de regalo. 
Es un beneficio que viene muy bien ya que la proporción de Europa en el turismo mundial se reduce paulatinamente y esa es una mala noticia para el empleo. 
¿Por eso, puedo preguntarle al Comisario cómo van los planes para permitir a los Estados miembros hacer experimentos para colocar a los sectores de alta densidad laboral, como el turismo, en una tarifa más baja del IVA? 
Le doy las gracias, Señor Comisario, y las extiendo a los tres ponentes y a todos los colegas que han intervenido. 
¿Cómo está el tema de permitir a los Estados miembros realizar proyectos pilotos para una tarifa más baja del IVA en sectores de alta densidad laboral como el turismo? 
Señor Presidente, el señor Comisario ha hecho referencia a aquellos países que ya han adoptado la cara nacional del euro. 
Y yo quiero decir aquí que España también ha adoptado ya la cara nacional, concretamente la semana pasada. 
Le responderemos directamente. 
No tengo los elementos para responderle hoy de manera pormenorizada y prefiero no decir tonterías. 
Gracias por la información sobre España. 
Perdóneme, creía estar al día. 
El euro va a tal rapidez que nunca se está totalmente al día. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy, a las 12.00 horas. 
Promoción de la seguridad vial en la UE 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Cornelissen (A4-0065/98) , en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión " Promoción de la seguridad vial en la UE- Programa para 1997-2001». 
Presidente, el viernes por la noche nos invitaron a cenar a mi mujer y a mí. 
Durante la cena llamaron por teléfono al anfitrión y le pidieron que fuera lo más rápido posible al hospital porque su hijo mayor había sufrido un accidente de tráfico. 
El sábado por la mañana volvimos a visitar al anfitrión y a su mujer. 
Su hijo había muerto. 
Parecían diez años mayores. Su vida no volverá a ser nunca igual. 
Este es uno de los 45.000 muertos de tráfico que hay que lamentar año tras año en la Unión Europea. 45.000 al año, es decir, 900 por semana. 
Dicho de otra forma, cada semana una catástrofe de tráfico parecida a la dimensión del hundimiento del transbordador Estonia. 
Más de 2 millones de europeos al año resultan heridos en accidentes de tráfico, de los cuales muchos se quedan minusválidos para siempre. 
El dolor y el sufrimiento humano detrás de estas cifras son inmensos. 
Además, la inseguridad del tráfico causa también grandes daños económicos y sociales. 
Los expertos calculan que ascienden a más de 150 miles de millones de ecus al año. 
Este sufrimiento y este despilfarro de vidas humanas y de medios financieros son inaceptables en una sociedad civilizada con unas posibilidades técnicas casi ilimitadas. 
De las investigaciones y de los estudios me atrevo a sacar la conclusión de que, a pesar del crecimiento del tráfico esperado, se puede reducir a la mitad el número de víctimas de tráfico en los próximos 15 años. Esto significa una reducción del número de muertos por tráfico hasta menos de 25.000 para el año 2010. 
El programa de seguridad vial que la Comisión Europea presentó el año pasado es un importante punto de partida para ello. 
Reconozco en él una gran preocupación del Comisario Kinnock sobre la inseguridad vial y su determinación de hacer todo lo que esté a su alcance, tomando en cuenta las competencias de la Comisión. 
Sin embargo, queremos puntualizar algunos temas. 
Un objetivo político concreto de reducir por lo menos a la mitad el número de víctimas de tráfico nos parece necesario y factible. 
Está claro que la realización de este objetivo, en vistas de la subsidiariedad, no es solamente la responsabilidad de la Unión. 
No obstante, señalo que los países de la Unión que han redactado su objetivo en cifras concretas, han conseguido unos buenos resultados. Menciono el Reino Unido, los países escandinavos y los Países Bajos. 
Un objetivo concreto tendrá también una función de señal hacia los ciudadanos y dará a todos los implicados una meta para tener un punto de referencia. 
Para la realización de los objetivos habrá que poner prioridades en las 65 medidas del programa de la Comisión. 
¿Puedo nombrar algunas? 
En primer lugar, una legislación para vehículos más seguros. Más seguros para los ocupantes, pero también mayor protección en la parte delantera y trasera para limitar las heridas de los ciclistas y peatones en caso de atropellos. 
También la carretera puede y debe ser más segura. 
Queremos una evaluación obligatoria de las repercusiones en la seguridad vial de las carreteras que se construyen con financiación europea. 
La introducción de zonas con velocidad máxima de 30 km/h en zonas residenciales y cerca de centros de enseñanza disminuiría los accidentes con niños. 
Las velocidades irresponsables son mortales para la seguridad vial. 
Conducir bajo la influencia del alcohol no sólo es asocial sino también criminal. 
¿Está dispuesto el Comisario a volver a presentar la propuesta de un límite legislativo europeo del nivel de alcohol en la sangre de un máximo de 0, 5 mg/litro, que lleva ya años sobre la mesa del Consejo? 
Los recientes estudios demuestran que también el uso de drogas en el tráfico es responsable de miles de muertos de tráfico. 
Muchos fármacos tienen también un efecto negativo en la capacidad de conducción. 
¿El Comisario quiere investigar, en cooperación con las organizaciones implicadas, cómo se pueden abordar estos problemas de la mejor manera? 
Permítame que pida especial atención hacia las posibilidades de los nuevos progresos tecnológicos, como por ejemplo los sistemas que impiden el arranque del coche cuando el conductor ha bebido demasiado. 
Conducir con las luces puestas durante el día y llevar el cinturón de seguridad con más frecuencia reducen los accidentes significativamente. 
Mejorar los primeros auxilios en caso de accidentes es importante. 
Como punto final la conducta segura en el tráfico- más de un 90 por ciento de los accidentes son causados por fallos humanos. 
Para ello son imprescindibles una buena enseñanza práctica de la conducción, la enseñanza sobre seguridad vial en la escuela, campañas de información, el control del respeto de las reglas de tráfico como las horas de conducción y de descanso, con una alta probabilidad de ser pillado en caso de infracción. 
¿Puedo preguntarle al Comisario cómo va a continuar? 
¿Presentará después de este debate una elaboración más detallada de sus planes y quiere comprometerse a que en 1998 y en los años siguientes haya, o habrá, suficientes medios en el presupuesto? 
Señor Presidente, la seguridad vial es una responsabilidad conjunta de la Unión, de los Estados miembros, de los fabricantes de automóviles, de los educadores, de las organizaciones de seguridad vial, de los usuarios de la carretera por supuesto y de muchos otros. Para tener éxito se requiere un enfoque global con el suficiente apoyo social. 
El principio de subsidiariedad tendrá que respetarse. 
La Unión debe concentrarse en las medidas cuyo enfoque a nivel europeo tengan un valor añadido. 
La inseguridad vial no es un fenómeno natural contra el cual no se pueda luchar. 
Justo lo contrario, nosotros mismos hemos hecho el tráfico, y lo podemos hacer tan seguro como nosotros mismos queramos. 
Comisario, usted puede contar con nosotros en esa lucha, pero también contamos con usted. 
Señor Presidente, agradezco sinceramente al ponente, Sr. Cornelissen, su intervención y su informe. 
El Sr. Cornelissen habla con la cabeza y el corazón cuando se refiere a su compromiso con la seguridad vial. 
Le presento mis respetos por el modo en que ha sabido conducir a través del Parlamento el presente informe, que abarca el mayor número posible de opiniones y llega a una conclusión, que mañana recibirá el apoyo mayoritario del Parlamento. 
Asimismo, debemos presentar nuestros respetos al Comisario Kinnock. Acertadamente, ha sabido dar prioridad a este asunto en el marco del programa de trabajo de la Comisión. 
¿Por qué lo ha hecho? 
Porque- como ya ha dicho el Sr. Cornelissen- es consciente de que 45.000 personas mueren cada año y más de un millón resultan heridas. 
El coste para la sociedad asciende probablemente como mínimo a 100.000 millones de ecus. 
Son las pasmosas cifras que ha presentado en su comunicación. 
Uno de cada 80 de nosotros morirá como resultado de un accidente de tráfico; uno de cada tres de nosotros será hospitalizado a consecuencia de un accidente de tráfico; la principal causa de mortandad entre los jóvenes son los accidentes de circulación. 
Por ello, le presento mis respetos por haber presentado de una manera tan gráfica la necesidad de adoptar medidas en este ámbito. 
No subestimemos la magnitud de la tarea a la que nos enfrentamos. 
Resulta muy fácil hacerlo, porque dichos incidentes suelen producirse de forma aislada, pero en su conjunto, representan el equivalente a dos o tres aviones jumbo cargados de pasajeros que mueren en Europa cada semana. 
Si eso sucediera a uno, dos o tres aviones jumbo todas y cada una de las semanas, ese tipo de avión, sencillamente, dejaría de volar; no lo toleraríamos. 
Y sin embargo, por alguna razón, la sociedad tolera que un número similar de personas mueran y que muchas, muchas más resulten heridas en nuestras carreteras. 
Por consiguiente, tenemos la responsabilidad colectiva de garantizar que este asunto recibe la debida atención del Parlamento, la Comisión, el Consejo y del conjunto de la sociedad. 
Por tanto, apoyamos el objetivo ambicioso, aunque realista, fijado por el Sr. Cornelissen; a saber, una reducción del 40 % de esta cifra para el año 2010. 
Las propuestas del Comisario Kinnock nos proporcionan las herramientas necesarias para alcanzar dicha meta. Puede que algunos piensen que es poco realista, pero no podemos tolerar una situación en la que miles de nuestros conciudadanos mueren inútilmente cada año en nuestras carreteras. 
Hay que hacer algo a una escala ambiciosa. 
Por ello, los Socialistas nos sentimos muy orgullosos de unirnos al informe del Sr. Cornelissen y a la comunicación del Sr. Kinnock. 
Quisiéramos destacar seis prioridades de actuación. Muchas de estas prioridades reflejan las opiniones del ponente y del Comisario, pero también dejan perfectamente claro dónde se pueden y deben emprender las acciones. 
En primer lugar, debemos combatir la conducción en estado de embriaguez. 
Cada año se producen en nuestras carreteras unas 9.000 muertes a consecuencia del alcohol. 
Disponemos de los medios para corregir este problema, apoyando la propuesta del Comisario de que se fije el límite en 50 miligramos; una propuesta que, según tengo entendido, lleva ya diez años sobre la mesa. 
Hagamos algo. Quisiéramos aplaudir los esfuerzos del Comisario por buscar y garantizar el acuerdo del Consejo lo antes posible. 
En segundo lugar, queremos que un programa de investigación examine el tema relacionado con las drogas, para garantizar que las personas que consumen drogas no puedan conducir y provocar accidentes, como ocurre actualmente en una proporción cada día mayor. 
En tercer lugar, queremos respaldar la opinión del ponente relativa a la necesidad de presentar una nueva directiva destinada a los vehículos, que garantice que los vehículos respetan a los peatones y a los ciclistas en la medida humanamente posible. 
La tecnología existe. Lo que falta en la voluntad política. 
En cuarto lugar, queremos una reducción de la velocidad y que se introduzcan más zonas en las que esté prohibido circular a más de 20 millas por hora. En quinto lugar, queremos que se haga realidad el reconocimiento mutuo de las prohibiciones de conducir y, por último, queremos más investigaciones sobre el comportamiento al volante. 
Todas estas medidas contribuirán a nuestro objetivo común de atajar esta inadmisible, pasmosa y lamentable cifra de 45.000 muertes al año. 
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, veo que ha llegado usted sin problemas, por lo cual nos congratulamos. 
Al igual que el orador que me ha precedido, también yo quiero expresar mi sincero agradecimiento al ponente, Sr. Cornelissen, por su excelente informe, al cual ha dedicado un esfuerzo incalculable. 
Nosotros valoramos su compromiso de varias décadas en favor de la seguridad vial. 
Por lo tanto, no es de extrañar que fuese designado como ponente y que haya elaborado un excelente informe. 
Sin embargo- para romper con la total unanimidad -, yo quisiera recordar en primer lugar que la comunicación de la Comisión sobre las medidas de promoción de la seguridad vial para el período 1997-2001 comprende 65 propuestas, muchas de las cuales tienen que presentarse antes de 1998/99. 
Por consiguiente, señor Comisario, lo primero que yo quisiera pedirle es que agilice al máximo todas las propuestas concretas. 
Usted sabe tan bien como yo que todo quedará parado después de la primavera del año próximo. 
Entraremos en el período electoral, la Comisión pasará al retiro o se presentará a la reelección. 
Es decir, que todos los temas urgentes deben presentarse para el debate en primera lectura en esta Cámara en otoño de este año como muy tarde. 
De lo contrario, dichas propuestas permanecerán inmovilizadas, de hecho, durante dos años hasta que el Parlamento y la Comisión vuelvan a estar en condiciones de ponerse a trabajar. 
Por lo tanto, señor Comisario, yo le pido que procure que sus colaboradores se apresuren a presentar las propuestas concretas al Parlamento y a la Comisión. 
En segundo lugar, yo desearía saber si hará suya la lista de prioridades del ponente y seguramente también de la Asamblea, si así se aprueba mañana. 
El Sr. Cornelissen ha manifestado con razón que no sirve de nada presentar 65 propuestas si éstas luego se desarrollan con cuentagotas. 
Necesitamos que se adopten masivamente los proyectos prioritarios que puedan incrementar la seguridad vial. 
Por esto nos interesaría mucho saber si también usted está efectivamente de acuerdo con la lista de prioridades que propone el Sr. Cornelissen y que aprobaremos mañana, y si se propone apoyarla. 
Quisiera volver a señalar algunos aspectos que mi Grupo político considera urgentes, así como dos o tres puntos del informe que vamos a votar negativamente. 
Nosotros también consideramos importante mejorar la seguridad de los automóviles como medio de transporte- tal como ha expuesto acertadamente mi colega Watts -, ya que éstos son el instrumento que mata y lesiona a las personas. 
En segundo lugar, la mayoría de mi Grupo político es firmemente partidaria de una legislación europea que reduzca a 0, 5 mg/ml el límite de alcohol. 
En noviembre de 1993 se acordó en el Tratado de Maastricht que el Parlamento y el Consejo serían competentes para adoptar medidas. 
Yo creo que la adopción de medidas contra la conducción en estado de embriaguez es un tema crucial sobre el cual deberíamos decidir conjuntamente en estos momentos. 
El tercer punto es el siguiente: yo creo que es importante que se establezca un registro europeo unificado de puntos de penalización y que se decida su creación y se llegue a un acuerdo al respecto. 
En algunos países, la conducción en estado de embriaguez sigue considerándose un pecadillo que casi se celebra en las tertulias, es decir, que además de fijar el límite, también tendremos que procurar modificar la conciencia y la conducta de las personas por medio de un catálogo europeo de puntos de penalización y de la ejecución efectiva de las sanciones. 
Permítanme que señale otros dos aspectos que no podemos aceptar. 
La disposición por la cual no sólo las motos, sino también los coches estarían obligados a circular con las luces encendidas durante el día es algo que, a mi parecer, todavía no parece imprescindible en el conjunto de la Comunidad. 
Puede que sea una norma adecuada en Escandinavia, donde las condiciones de luz son distintas, pero ¿qué sentido tiene llevar las luces del coche encendidas en verano en España? 
Ciertamente, tenemos que considerar la subsidiariedad y las diferencias climáticas en el ámbito de la Comunidad antes de adoptar unas normas tan de fondo. 
El último punto se refiere a un tema curioso. 
Sería poco razonable pedir ahora que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas en todas las estaciones de servicio y autopistas. 
Yo creo que es preciso actuar sobre los conductores, pero sería un reglamentismo excesivo pretender castigar también con esta prohibición a los viajeros de autobús que desean tomarse una cerveza en una estación de servicio y no queremos que esto suceda. 
Señor Presidente, Señor Comisario, es importante que se hable con claridad de estos problemas, aunque ya se haya visto que las palabras por sí mismas no bastan para disminuir el número de las víctimas. 
Por ejemplo, hemos hablado intensamente, el año pasado en la Conferencia Paneuropea de Helsinki- yo mismo hice un informe sobre la seguridad y sobre el papel de la telemática -, pero infortunadamente no influimos en las estadísticas. 
Estoy de acuerdo en que las estadísticas son muy importantes para valorar los problemas: 45.000 muertos al año es un dato que, sin duda, impresiona; 45.000 millones de gasto de la colectividad es otra dimensión que puede impresionar. 
Pero las estadísticas serían tan sólo un ejercicio matemático, si no sirvieran después como fuente de ideas y para ayudarnos a sacar conclusiones. 
Pues bien, junto a las propuestas para catalogar los accidentes y valorar sus efectos a fin de ayudar a los infortunados, considero más interesante, más importante el análisis de los instrumentos y de las iniciativas que procuran prevenirlos. 
Ya hemos visto que los simples accesorios que todos tenemos en nuestros coches no bastan: los cinturones, los air-bags, los cascos, los sistemas inteligentes de control de las velocidades no son sino factores complementarios de otra cosa que aún está por inventar. 
Una buena idea, contenida en el excelente informe del Sr. Cornelissen, me parece la de tratar de convencer a las firmas fabricantes de automotores de que deben modificar el frontal de los vehículos, para que al mismo tiempo sean más seguros para los peatones y los ciclistas y resulten más resistentes en caso de choque: al parecer, esta medida por sí sola podría garantizar 20.000 muertos menos al año y, por lo tanto, merece la pena probarla. 
Creo también en instrumentos de asistencia e instrumentos de comportamiento; por ejemplo, la telemática como elemento de control pero también de socorro. No obstante, sobre todo creo en la educación de los jóvenes en las escuelas. 
Es inútil crear diversos instrumentos si después se usan mal. 
Por lo tanto, debemos partir de los orígenes, introducir en las escuelas una auténtica asignatura de enseñanza sobre el comportamiento en la calle, es decir, un comportamiento cívico. 
Presidente, la seguridad en el tráfico nos atañe a todos y esto se refleja de nuevo esta mañana, no sólo por parte del Comisario, sino también de la introducción del ponente, a quien apoyamos en todos los aspectos en este caso y en la manera de su presentación, pero también compartimos sus sentimientos. 
Lo hacemos todos realmente porque nos confrontamos continuamente con este tipo de terribles consecuencias de la inseguridad vial. 
Señalo que en mi familia se sufrió un accidente entre un automovilista neerlandés y otro francés en Bélgica, ahora ya hace más de dos años y medio, y que las secuelas no han desaparecido todavía del todo. 
Si resulta que tiene mucho que ver con los fallos humanos, se pueden tomar unas medidas mejores que decir simplemente: la gente debe tener más cuidado y aprender más. 
Si vemos que ahora ocurre un accidente en más o menos las mismas circunstancias y en el mismo momento que hace un año, en la A 17 cerca de Kortrijk, en las condiciones y con al menos el mismo número de muertos, entonces dices: ¿cuándo vamos a aprender de verdad y cuándo haremos algo contra esto? 
Presenté una enmienda en nombre de mi grupo parlamentario que hace hincapié en que debemos tomar en cuenta en la enseñanza de los jóvenes conductores que han de saber algo de lo que hay que hacer cuando hay heridos y también de lo que no hay que hacer. 
Hay una enmienda propuesta por la Cruz Roja y se la recomiendo al pleno. 
Presidente, en nombre de mi grupo parlamentario puedo decir también que en gran medida estamos muy contentos con el informe del Sr. Cornelissen. Pone el dedo en la llaga y expresa por enésima vez que 45.000 muertos al año y el múltiple de heridos son inaceptables y que, por lo tanto, hay que tomar medidas. 
Se pueden señalar dos causas importantes del enorme número de víctimas, a saber la velocidad y el consumo de alcohol. 
Justo en esos puntos me gustaría ver un endurecimiento del informe. 
En lo que respecta a las zonas de 30 km/h en las ciudades, ya no nos hace falta más investigación. 
Las zonas existentes de 30 km/h han demostrado más que de sobra su eficacia y pasemos por eso entonces a las acciones. 
Con respecto al consumo de alcohol: 0, 5 mg/litro parece un buen compromiso, pero le puedo asegurar que las personas grandes, gordas y pesadas siguen pensando todavía que pueden beber más que otros. 
Por lo tanto, es más inequívoco prohibir sin más el consumo de alcohol. Entonces ya no les hace falta pensar en cuánto está permitido beber todavía, cuánto han bebido ya y cuánto pueden beber aún. 
¿Qué les pasa a los conductores que se empeñan en querer beber porque sí antes de ponerse al volante? 0, 2 me parece más que suficiente. 
Presidente, expresamos regularmente nuestro pesar por las víctimas de catástrofes. 
El asfalto de la Unión Europea se cobra anualmente la vida de 45.000 personas y más de un millón y medio de heridos. 
Ya se ha mencionado muchas veces. 
Sin embargo, este no es el inevitable precio del progreso, sino el resultado de nuestra elección de medios de transporte inseguros. 
Le honra a la Comisión Europea que haya puesto la inseguridad vial a la cabeza de la agenda. 
El programa de acción lo apoyo enérgicamente, cuyo énfasis tiene que estar en mi opinión en la protección de los grupos vulnerables como los ciclistas y peatones. 
¡La Comisión opina que, vistos los gastos de un muerto de tráfico, se debe tomar ya sólo por razones económicas, una medida que vale un millón de ecus y que salva una vida! 
Este beneficio económico demuestra una vez más la dejadez con que se trata la vida humana en el tráfico. 
Pero me opongo por principio al establecimiento del valor de la vida humana en un millón de ecus. 
Como culminación de la creación de Dios, cada ser humano es único y de un valor incalculable. 
¡Esta prueba puede llevarnos a optar por la protección de, por ejemplo, los trabajadores jóvenes en vez de los ancianos! 
El ponente Cornelissen señala con razón que de la cifra de un millón de ecus se puede hacer un mal uso utilizando las medidas más baratas. 
Lamentablemente, la Comisión sólo se fija en la mayor seguridad en el tráfico. 
Asimismo, estimo necesario reflexionar sobre una reducción de la movilidad. 
Una movilidad reducida salva directamente vidas humanas. 
También echo de menos los estímulos para elegir medios de transporte más seguros como el tren y la bicicleta. 
Todo esto no quita que aprecie mucho este programa de acción. Quisiera darle las gracias a mi colega Cornelissen por su buen informe. 
Señor Presidente, Señor Comisario, creo que los datos proporcionados son alarmantes: una persona de cada ochenta es víctima de accidentes de circulación y los costos económicos derivados se elevan al 1 % del PIB de la Unión Europea. 
Se dice también que estos costos están subestimados y que en realidad llegan al doble del citado valor. 
No creo que baste con la educación vial, sin duda importante, ni creo que sólo baste con considerar el tema de la tasa de alcoholemia. 
Debemos desarrollar en especial los servicios de transporte colectivo, los servicios de transporte público, y debemos dar a los ciudadanos la oportunidad de usar estos medios de transporte, en especial en momentos específicos de la vida, como son periodos de vacaciones y los fines de semana. 
También debemos desarrollar la vigilancia, de una forma muy cuidadosa. 
Una propuesta podría ser la de coordinar los horarios de venta de las bebidas alcohólicas, que actualmente no están para nada coordinados en Europa. 
Ya se ha hablado, asimismo, de la posibilidad de utilizar instrumentos tecnológicos innovadores. 
Sin duda, la telemática aplicada a los transportes brinda importantes efectos positivos, así como la navegación por satélite, cuando se producen condiciones meteorológicas particulares. 
Además, hay que romper la resistencia de las empresas fabricantes de automóviles, sobre todo en lo relativo a las normas de seguridad. 
En este sentido, se otorgará gran valor a los proyectos piloto, ya activados por la Directiva General XXIII conjuntamente con la Directiva General VII, que prevén intervenciones directas para mejorar la seguridad de los elementos de movilidad individual y de los elementos de movilidad colectiva. 
En este caso, creo que la telemática puede tener una función importante en lo que respecta a la comunicación visual y a la comunicación oral. 
Pienso que, desde este punto de vista, hay que desarrollar igualmente proyectos piloto que incluyan a las ciudades pero sobre todo, si queremos tomar en cuenta de modo global a todos los ciudadanos, creo que la intervención en el campo de la seguridad debe considerarse como algo relacionado con la calidad de vida. 
Y la calidad de vida se mide por la conciencia de lo que se hace, a la vez que se mantiene también una concepción armónica del hombre y de las cosas y, desde este punto de vista, considero imprescindible desarrollar más y más una concepción europea de verdad, más responsable de verdad, de los ciudadanos, algo que además es fundamental si queremos convertirnos en un modelo y en un punto de referencia avanzado. 
Señor Presidente, acojo con gran satisfacción que en el Tratado de Maastricht se amplíe la competencia conjunta en materia de seguridad entre los Estados miembros y la Unión Europea. 
También acojo muy positivamente la comunicación de la Comisión y el excelente informe del Sr. Cornelissen. 
No obstante, el auténtico camino a seguir para mejorar la seguridad vial pasa por garantizar el cumplimiento de las normativas existentes. 
Actualmente hay países que no cumplen las normativas en vigor, mientras que otros, como el mío, endurecen las normativas con restricciones adicionales. 
Si tomamos el ejemplo concreto de reducir los índices máximos de alcohol en la sangre del conductor a 0, 5 mg/ml, eso no es ocuparse eficazmente de la seguridad vial. 
Deberíamos, por el contrario, adoptar medidas más severas contra los conductores ebrios reincidentes, que actualmente infringen la ley y ocasionan accidentes de tráfico con resultados de muerte y lesiones, y que sobrepasan tres o cuatro veces los límites actualmente en vigor. 
Espero que la Comisión compare este extremo con la acción que se propone adoptar en el Reino Unido en contra de los conductores diabéticos dependientes de insulina; una acción completamente desproporcionada en relación con cualquier posible peligro que pudieran plantear en las carreteras. 
Ahora se prohibirá a estos conductores circular en el Reino Unido y perderán su derecho a conducir vehículos para el transporte de mercancías que sobrepasen las siete toneladas y media. 
No obstante, seguirán estando autorizados a conducir dicho vehículos en cualquier Estado miembro a excepción del Reino Unido. 
Quiero preguntar hoy al Comisario, ¿es esto compatible con la seguridad vial en un mercado único europeo? 
Insto al Comisario y a esta Asamblea a que actúen. 
Señor Presidente, este debate sobre el futuro de la seguridad vial europea tiene lugar en unos momentos en que la utilización del teléfono móvil en Irlanda y en toda Europa está experimentando un rápido auge. 
La utilización del teléfono móvil en los automóviles debe legislarse a nivel europeo en interés de una mayor seguridad vial. 
La Unión Europea debería imponer que todos los coches que se fabriquen para el mercado europeo vayan equipados con una preinstalación para el teléfono móvil. 
Los fabricantes de coches europeos deberán asumir los costes de equipar a todos los coches de nueva fabricación con un teléfono de automóvil en interés del futuro a medio y largo plazo de la seguridad vial para los automovilistas y sus pasajeros. 
En Irlanda, los conductores que hablan por un teléfono móvil mientras conducen pueden ser acusados de negligencia en la conducción en virtud de la Ley de tráfico de 1961. 
La Unión Europea debe completar la legislación irlandesa sobre este asunto, especialmente teniendo en cuenta que habrá un millón de teléfonos móviles en Irlanda antes de que finalice 1998. 
Por último, la penetración del teléfono en Irlanda, que actualmente se sitúa en torno al 15 % de la población, se duplicará probablemente antes de finales de año. 
Con tantos teléfonos móviles funcionando en Irlanda y en Europa, los equipos de teléfono para automóviles en el futuro no se considerarán ningún lujo, sino una necesidad en interés de una conducción más segura y de la seguridad vial, y la Unión Europea debe inmediatamente tomar medidas en este sentido. 
Felicito al Sr. Cornelissen por su excelente informe. 
Se interrumpe el debate, que se reanudará a las 15.00 horas. 
Se procede al turno de votaciones. 
Señora Presidenta, de conformidad con el Reglamento, yo quisiera comunicar que en estos momentos se han iniciado dos procedimientos contra la delincuencia. 
Uno es la petición de un debate de urgencia en el Parlamento y el otro es la petición de que el Consejo examine este tema; la petición puede firmarse aquí mismo, en Palais 1115, junto a la ventanilla de recepción de documentos. 
En tercer lugar, yo quisiera preguntarle si la Comisión de Reglamento ya ha examinado el tema de la denegación de la urgencia en la pasada sesión. 
Señor Rübig, puedo decirle que se ha hecho lo necesario en este sentido, que el Presidente del Parlamento Europeo va a ponerse inmediatamente en contacto con las autoridades belgas sobre este grave problema y que el colegio de cuestores, que se reúne mañana por la tarde, ha inscrito este punto en su orden del día. 
Para decirle si tomamos su solicitud con toda la seriedad que merece. 
Votaciones 
Señora Presidenta, le ruego que tome nota de que mi colega el Sr. Smith está enfermo hoy. 
De conformidad con las instrucciones de la Mesa, le ruego que tome nota de mi presencia en la Asamblea. 
Tomo nota de que está usted ahí, señor Falconer. 
Antes de la votación por AN sobre la enmienda 63 
Señora Presidenta, ¿sería posible que se tomara nota de mi presencia en la Asamblea? 
No participaré en esta votación. 
Quisiera también advertir a los diputados presentes en la Asamblea que estén interesados en proteger sus derechos, que estas votaciones son idóneas para hacer lo que yo estoy haciendo. 
Hay una aplastante mayoría en contra de la moción de los Verdes y ninguna causa política se perderá en una protesta. 
Después de la votación por AN sobre la enmienda 67 
Señora Presidenta, lamento tener que intervenir. 
Generalmente soy amable con usted, pero tengo que protestar. 
Las instrucciones de la Mesa eran muy claras. 
Cuando alguien pide la palabra antes de una votación nominal, dicha persona debe indicar si participará o no en la votación, y no usted. 
Le pido que siga las instrucciones de la Mesa en estos asuntos. 
En el último período parcial de sesiones dijo que su proceder no debía sentar precedente. 
Por consiguiente, espero y confío que cumpla escrupulosamente las instrucciones de la Mesa. 
Señoría, respeto escrupulosamente las instrucciones de la Mesa. 
Cuando dije hace un momento que estaba usted en la sesión, quería decir con ello que tenía toda la libertad de votar o de no hacerlo y que efectivamente había registrado su presencia. 
Creo que todo ha sido muy correcto, de conformidad con lo que habíamos decidido. 
-Después de la votación por AN sobre la enmienda 58 
Señora Presidenta, deseaba manifestar mi intención de participar en esta votación. 
Podría, por favor, seguir las instrucciones de la Mesa. 
Señor Falconer, respeto totalmente su libertad. 
Hace un momento dije: usted vota o no vota. 
Lo esencial es que hemos tomado buena nota de su presencia. 
Señora Presidenta, en este Parlamento votamos para que se aprueben textos o enmiendas o para que no se aprueben. 
Aquel que desea que se apruebe un texto o una enmienda, vota a favor; el que desea que se rechace un texto o una enmienda, vota en contra; aquel que no desea hacer ninguna de estas dos cosas, pero sí dejar constancia de su asistencia, siempre puede pulsar el tercer botón- el de la abstención. 
(Reacciones diversas) Sé que algunas personas sostienen que hay una diferencia entre abstenerse y estar presente en la Asamblea y no votar. 
Personalmente no veo la diferencia. 
Señorías, estarán de acuerdo en que no vamos a iniciar un debate. 
A título personal, considero que hay un matiz importante entre la abstención y el hecho de no participar en la votación. 
Está claro. 
Pienso que el Sr. Falconer está de acuerdo. 
Señora Presidenta, pensaba que con su larga experiencia como miembro responsable del personal de la Comisión de Asuntos Institucionales, el Sr. Corbett también reconocería la diferencia. 
Antes de la votación por AN sobre la enmienda 59 
Señora Presidenta, el tema del voto obligatorio es mucho más serio que como para terminar en una diferencia pintoresca entre la Presidencia y el Sr. Falconer. 
Por eso declaro que yo también estoy presente y que no voy a votar. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, no participaré en la votación sobre este informe. 
Muy bien, tomamos nota de ello. 
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las 9 resoluciones legislativas) 
Señora Presidenta, antes de que se proceda a la votación yo quisiera señalar que dos de las enmiendas no aparecen asignadas al apartado correcto en la lista de votación y que la enmienda 19 del Grupo del Partido Popular Europeo no se refiere al apartado 18, sino al 19. 
En tal caso, yo me opongo a dicha enmienda, pues ésta sustituiría al apartado 19. 
La enmienda 28 del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas no debería votarse en relación con el apartado 36, sino como un añadido al apartado 45, pues allí se trata esta cuestión y la enmienda encaja muy bien en ese contexto. 
Yo les ruego que lo tengan en cuenta en el momento de la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, no quiero retrasar la votación. 
Quisiera pedirle que mande hacer una corrección general en el texto cuyo original es portugués, porque, en relación con las lenguas que domino, hay errores inadmisibles. 
Tengo muchas peticiones de devolución a comisión de este informe y se debe hacer en varias lenguas que no domino. 
Y quería pedirle que me concediera el uso de la palabra respecto de las enmiendas núms. 11 y 5. 
Sobre la enmienda 11 
Señora Presidenta, no se trata de un problema lingüístico. 
Quiero decir que este texto es exactamente el propuesto por nuestro colega del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Este texto había fracasado en comisión y yo lo rescaté, porque me parece que es el que mejor explica lo que nosotros queremos decir. 
Por tanto, éste es el texto que el Sr. Paul Rübig presentó. 
Sobre de la enmienda 5 
Señora Presidenta, sólo quiero decir que no puedo aceptar esta enmienda, porque nada tiene que ver con el euro. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, he intentado captar su atención antes de esta última votación nominal. 
Desearía que constase mi presencia en la Asamblea. 
No he votado. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, antes no he querido interrumpir el procedimiento, pero la respuesta que me dirigió fue que una abstención no era lo mismo que no participar en la votación. 
Quisiera que este asunto se sometiera a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Dicha decisión equivale a crear dos formas diferentes de abstención. 
Habrá miembros que no deseen votar ni a favor ni en contra de un texto, pero que deseen indicar su presencia en la Asamblea presionando el botón de la abstención. 
Y habrá otros que no deseen votar ni a favor ni en contra de un texto y tampoco deseen pulsar dicho botón, sino indicárselo a usted verbalmente, lo que, como hemos visto hoy, origina una serie de problemas. 
Deseo pedir que este asunto sea sometido a la Comisión de Reglamento. 
Señora Presidenta, este asunto concreto ha sido debatido largo y tendido en esta Asamblea en la sesión anterior y en la actual. 
También ha sido debatido en el seno del Grupo Socialista. 
La línea está perfectamente clara dentro del Grupo. 
Si el Sr. Corbett desea que esto cambie, debería replantearlo al Grupo Socialista. 
Está perfectamente claro que cuando los diputados no desean votar, no necesitan hacerlo. 
No necesitan pulsar ningún botón para abstenerse ni para nada. 
Simplemente expresar su intención de que no desean votar. 
Esto es relativo a una decisión anunciada por la Mesa, pero que nunca fue presentada a esta Asamblea. 
Si el Sr. Corbett desea impulsar algo, quizá quiera apoyar mi llamamiento- que ya hice en anteriores Parlamentos- para que los diputados a este Parlamento sometan a votación este asunto y lo aclaren de una vez por todas. 
Una vez que nos hayamos librado de la anomalía que ha creado la Mesa, podemos volver a ocuparnos de los asuntos de este Parlamento. 
Hasta entonces, sería mucho mejor que el Sr. Corbett dejara de lado sus asuntos institucionales y se pusiera su sobrero político. 
Quizá entonces consigamos que la política forme parte de la discusión. 
Señorías, aunque estemos entre nosotros y visto que nos queda poco tiempo, también hemos de contar con el tiempo de los intérpretes y las explicaciones de voto orales que están en espera. Podríamos prolongar este debate, pero como no está previsto en el orden del día, no nos es posible hacerlo. 
Señor Falconer, discúlpeme, pero hay compañeros que esperan, que tienen hambre, que tienen citas y me veo obligada a pasar a las explicaciones de voto. 
Creo real y profundamente haber respetado su derecho, Señor Falconer, de votar o no votar. 
Realmente no podría hacerlo mejor. 
(Varios diputados piden intervenir por una cuestión de observancia del Reglamento) Puesto que insisten, vamos a hacer, en un primer momento y por corrección hacia los demás, las explicaciones de voto. 
Luego nos quedaremos juntos para arreglar esta cuestión. 
Es sumamente interesante. 
Señora Presidenta, no se trata de la cuestión planteada por el Grupo Socialista. 
Simplemente deseo que conste en Acta que no he estado aquí para votar sobre algunas de las propuestas presentadas anteriormente por culpa de los controladores del tráfico aéreo. 
Lo lamento especialmente, porque he elaborado un proyecto de opinión sobre el informe de la Sra. Kuhn. 
Han sido sencillamente los controladores del tráfico aéreo los que me ha impedido llegar a tiempo a Estrasburgo. 
Hemos elegido votar a favor de la propuesta del Sr. Mendiluce de recomendación sobre el Sahara Occidental, aunque tengamos algunas reservas. 
Podemos apoyar totalmente el contenido de la recomendación, especialmente cuando el plan de paz del que se trata ha sido presentado y aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, igual que también apoyamos la celebración de un limpio plebiscito sobre la autodeterminación. 
En cambio, albergamos reservas sobre el modo en que la recomendación debe ponerse en práctica, pues es una parte de la política exterior y de seguridad común (PESC) de la que por principio estamos en contra. 
La PESC es únicamente uno de los medios de los que la UE se sirve en la construcción de un nuevo estado. 
Informe Kuhn (A4-0029/98) 
Garantizar al consumidor que un producto comprado se conforma a sus expectativas es un derecho fundamental. 
El proyecto de directiva que hoy nos ocupa se revela una necesidad visto que el contexto económico se hace cada vez más complejo: el mercado único se concluye, pasamos a la dimensión europea, armonizamos nuestras legislaciones. 
Como consecuencia, apruebo la actitud de la Sra. Kuhn que ha tratado de establecer un equilibrio entre el interés del consumidor y las posibilidades del industrial y el comerciante. Este enfoque ha desembocado en un proyecto de directiva realista y sobre todo económicamente viable y que puede ser realizado por las empresas. 
No obstante, lamento que las dos enmiendas que presenté en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, a la que pertenezco, no hayan sido aprobadas. Permitían abordar de manera diferente la responsabilidad del fabricante y la duración del período de garantía. 
Es lamentable que el fabricante y el importador no sean puestos en cuestión cuando hay un defecto, visto que la responsabilidad les incumbe a ellos. 
Si el vendedor demuestra que no es responsable, el consumidor no tiene ya ningún recurso. 
En el artículo 3, el período de garantía se fijó a dos años después de la entrega del producto y no al descubrimiento del defecto. 
Este plazo es un tanto corto para los productos con una vida de larga duración. 
Asimismo, es una regresión en relación con el derecho nacional francés que actualmente pone en marcha esta garantía en cuanto se comprueba el defecto. 
En todo caso, apruebo los principios del informe Kuhn. 
Cabe, en efecto, no hacer más engorrosos los procedimientos ya que resultaría desventajoso para el consumidor sin garantizarle un nivel de protección elevado. 
El objetivo primero de toda legislación debe ser la de elaborar textos justos, claros, de una ejecución sencilla y que aseguren a los ciudadanos una gran seguridad jurídica. 
Ahora bien, ni el texto inicial de la Comisión sobre la venta y la garantía de los bienes de consumo, ni las enmiendas propuestas por el informe Kuhn satisfacen estos criterios. 
Por una parte, porque son desequilibrados y hacen pesar una carga demasiado fuerte sobre el vendedor y, llegado el caso, el productor. 
Por otra parte, porque instauran una inseguridad jurídica propicia a los procedimientos contenciosos que, a defecto de ser favorables a los consumidores, sin duda alguna harán prosperar a los abogados y hombres de ley. 
Tres ejemplos ilustran bien el carácter desequilibrado de los textos propuestos. 
En primer lugar, la duración de la garantía, que oscila entre dos (texto inicial) y cinco años (enmienda del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo) , mientras que una duración legal de un año parece suficiente, tanto más cuanto que el abanico de bienes garantizados es muy amplio, desde el secador de pelo hasta el automóvil. 
Recordemos que se trata de un mínimo legal y que las garantías contractuales, elemento de competencia y promoción, pueden ir, claro está, más allá. 
En segundo lugar, la inclusión de bienes de segunda mano en el campo de esta directiva, visto que algunas disposiciones se adecuan mal a estos bienes para los que la noción de defecto es difícil de definir, tratándose de bienes que ya han sido usados. 
En tercer lugar, la inversión de la carga de la prueba en detrimento del vendedor, cuando es un principio general de derecho que el que alega un hecho ha de aportar la prueba. 
Los juristas romanos ya habían nombrado este tipo de prueba invertida «la prueba diabólica» , visto lo difícil que es establecerla. 
En cuanto a la inseguridad jurídica, fuente de impugnaciones judiciales sin fin, se deriva de la imprecisión de demasiadas definiciones que son, sin embargo, esenciales. 
Por tanto, el Pleno aprobó ciertas enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor que vienen a añadirse a la noción de la expectativa del consumidor y del derecho de opción alternativa del comprador, haciendo así el texto sumamente vago y favoreciendo el desarrollo de contenciosos. 
Por estas razones de fondo y de práctica jurídica, no ha sido posible a los diputados franceses del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones de votar este texto. 
Además, trata de principios fundamentales de derecho civil, derecho que no forma parte de los ámbitos de competencia comunitaria. 
Cualquier acción política o iniciativa legislativa que promueva la protección del consumidor es loable y, como tal, debe ser bien recibida. 
Pero esto no significa que dicha protección deba considerarse como un objetivo en sí mismo, aislado del contexto general en el que deberá producirse dicha protección. 
Conocido es que el ámbito de un derecho acaba allí donde empiezan las libertades y los derechos de los demás. 
Pues bien, la protección del consumidor que pretende garantizar el informe Kuhn sobre la propuesta de directiva relativa a la venta y las garantías de los bienes de consumo, por la naturaleza de algunas de las enmiendas aprobadas choca, en muchos casos y de manera gratuita, con los derechos de los demás agentes implicados en dicha propuesta, lo que genera una potencial e innecesaria indefensión jurídica de los vendedores y productores, a la par que puede suponer una carga particularmente importante para los pequeños comerciantes y las pequeñas empresas en un momento en que todos los esfuerzos son pocos para lograr que las PYMES sean competitivas y que esta competitividad permita la creación de nuevos puestos de trabajo. 
Por ello he votado en contra del informe Kuhn, en la esperanza de que de cara a la segunda lectura se consiga establecer un equilibrio- que hoy no se da- gracias al cual la protección de los consumidores sea compatible con la protección, también legítima, de los intereses de los productores. 
La idea de que los consumidores deben tener un concepto claro de sus derechos en lo que a garantías se refiere cuando compran bienes en el extranjero es importante. 
Para que el mercado común tenga realmente sentido, un aspecto de sus beneficios es que las personas puedan sentirse seguras en aspectos como las garantías cuando compran bienes en otros países europeos. 
La cuestión es hasta qué punto debería la Unión Europea no sólo intentar garantizar que los consumidores tienen una idea clara de sus derechos, sino también si debe armonizar la legislación de manera que los mismos derechos estén garantizados en todos lados. 
En mi opinión, un enfoque que incluya este grado de armonización no es el acertado. Pasa por alto el principio de subsidiariedad. 
Interfiere de manera inadmisible en las legislaciones nacionales en materia de venta de bienes. Legislaciones que, en el caso de mi país, el Reino Unido, han sido establecidas y ampliadas en la jurisprudencia a lo largo de mucho tiempo. 
La directiva propuesta es un burdo instrumento para intentar incorporar las disposiciones recogidas en la Ley sobre la venta de bienes de 1979. 
La propia directiva ha desatado la alarma entre las personas que se verán más afectadas por sus consecuencias. El motivo es que el texto de la Comisión permitiría al consumidor pedir al vendedor que repare los bienes sin cargo alguno o que los sustituya, o exigir una reducción del precio o la rescisión del contrato. 
El derecho a reparación tendría una validez de dos años a partir de la fecha de compra; el derecho de sustitución tendría una validez de un año a partir del momento de la compra. 
No es de extrañar que los vendedores de bienes afectados por la directiva estén preocupados. 
Las enmiendas de la Sra. Kuhn complican aún más la situación. Desde luego no hacen nada por resolverla. 
Al redactar la directiva, la Comisión ha hecho trampa en favor del consumidor. 
Ciertamente es poco probable que un consumidor que se queje por lo que se describe como una " falta de conformidad» del bien vendido, acepte una reparación si puede exigir la sustitución. 
Como pregunta uno de mis electores de Swindon: " El alcance de la discusión sobre lo que es una «pequeña falta de conformidad ' no tiene límites, y los consumidores sin escrúpulos pueden sentirse alentados a explotar la incertidumbre creada por estas propuestas, con el resultado de tener que acudir a los tribunales, que se verán inundados de casos. 
¿Y quién correrá con los gastos judiciales?» 
La respuesta a esta pregunta es, en definitiva, otros consumidores. 
He aquí la insensatez de esta propuesta, una locura que vemos repetirse una y otra vez en las propuestas inmaduras elaboradas por la Dirección del Consumidor de la Comisión. 
Los consumidores pagarán de dos formas: primero, porque el precio de los bienes aumentará para tener en cuenta estos costes adicionales. 
Segundo, porque este tipo de legislación actúa como detractor para que los pequeños vendedores almacenen productos que puedan dar lugar a una legislación onerosa- o puede ser la gota que colme el vaso y provoque el cierre del negocio de una vez por todas. 
¿Qué tipo de legislación sería de utilidad en esta situación? 
Creo que, probablemente, sería el tipo de legislación que menos cabe esperar de la Comisión. 
La Comisión cree en la gran legislación- directivas y reglamentos importantes que entrañen grandes cambios para toda la comunidad comercial. 
Lo que aquí hace falta es una legislación ligera. Lo que hace falta es una disposición que garantice que cuando un consumidor, procedente de un Estado miembro compre bienes en otro Estado, sea informado sobre sus derechos en materia de garantía en vigor en el país en el que ha realizado la compra. 
También podría ser deseable, en su caso, informar al consumidor del agente de la compañía que fabrica los bienes en el país de residencia del consumidor, de manera que haya un canal de información sobre los derechos del consumidor en materia de garantía en el país de compra. 
Esto dista mucho de intentar elaborar una legislación completamente nueva a nivel de la UE en materia de garantías para el consumidor e imponer dicha legislación sobre las estructuras legales tan distintas como las que existen en los Estados miembros. 
Sería de gran ayuda para los consumidores y sería una legislación que demuestra que la Comisión vive en el mundo real. 
La débil respuesta de la Comisaria en el debate del Parlamento del lunes por la noche demuestra que, realmente, éste no es ni mucho menos el caso. Mis colegas Conservadores británicos y yo nos oponemos a esta directiva y al informe Kuhn. 
Me felicito de que una directiva europea se dedique a mejorar la protección del consumidor en Europa respecto a la venta y las garantías de los bienes de consumo. 
El proyecto de la directiva, modificado por el Parlamento, se dedica a buscar el mejor equilibrio entre el interés del consumidor y las responsabilidades de los vendedores y productores, sin inducir al desperdicio que podría generarse ante un intercambio sistemático de todo bien que presente un problema, incluso menor, y en todo caso que pueda repararse en condiciones que mantengan la calidad del producto. 
Si el mercado de segunda mano merece ser objeto de un mayor número de garantías para el comprador, y de transparencia, cabe interrogarse sobre lo bien fundado de decretar en este caso normas semejantes al mercado de lo nuevo. 
Es de temer que esta asimilación sea en realidad difícil de poner en práctica. 
Asimismo, preferiría que una directiva específica para los bienes de segunda mano pudiera tener en cuenta la complejidad de este ámbito protegiendo efectivamente a los consumidores. 
Yo me he abstenido en la votación de la enmienda 24 porque, desde la perspectiva de la legislación austriaca que prevé un plazo de garantía de sólo seis meses, valoro negativamente que éste se cuadriplique hasta dos años. 
Esta ampliación afectará no sólo al comercio, sino sobre todo y en primer lugar a los propios consumidores. En efecto, éstos deberán afrontar en adelante un aumento de los precios como resultado del mayor riesgo que el empresario tendrá que incluir en sus cálculos. 
Además, los procesos judiciales se complican y se vuelven más costoso cuanto más largo es el tiempo transcurrido desde la compra de un producto. 
Finalmente, es del todo contradictorio con el principio de buena fe que el vendedor se vea obligado a responder de la falta de conformidad contractual, aun cuando el comprador tuviere conocimiento de la misma en abstracto o en concreto. 
Sólo puede estarse de acuerdo con el objetivo perseguido por el proyecto de directiva relativo a las ventas y garantías de los bienes de consumo: reforzar la protección de los consumidores y promover la calidad de los productos. 
Lamentablemente, la mayor parte de los medios propuestos por el texto que nos ocupa, lejos de responder de manera adecuada a los objetivos que proclama, aparecen, por el contrario, excesivos, inadaptados y peligrosos. 
Incitando al consumidor a internarse, en toda una serie de ámbitos, en procedimientos aventurados, quizás se contribuya a hacer la fortuna de los hombres de ley, pero no se protegerá mejor al consumidor y, sobre todo, se abrumará de obligaciones todavía más pesadas a las pequeñas empresas artesanales de producción y distribución, cuyas obligaciones de explotación son ya muy fuertes. 
Se incrementará la inseguridad jurídica de los fabricantes y los comerciantes y, por tanto, las buenas intenciones iniciales se traducirán de hecho en un efecto negativo para la economía y el empleo. 
Por tanto, votaremos en contra de toda una serie de disposiciones peligrosas, que corren el riesgo de abrir la vía a impugnaciones inacabables, creando un clima general de inseguridad jurídica, negativo para todos. 
Somos hostiles a la inclusión de los bienes de segunda mano en el campo de la directiva. 
La noción de garantía legal no nos parece aplicable a un bien de segunda mano, tal como un vehículo, por ejemplo, cuyas características varían en función del uso que se le ha dado, su edad, su mantenimiento... 
¿Cómo prever, en estas condiciones, la sustitución de un bien de segunda mano por otro bien comparable? 
Sencillamente carece de sentido. 
Asimismo, somos desfavorables a la extensión a dos años de la duración de la garantía: esta duración es excesiva, teniendo en cuenta especialmente el elevado grado de protección de los consumidores que pretende la directiva. 
El plazo de un año parece razonable y equilibrado y, por tanto, totalmente suficiente. 
La transferencia al productor y al vendedor de la carga de la prueba por defecto de conformidad nos parece igualmente inaceptable y contrario a los principios generales del derecho. 
El apartado 3 del artículo 3 crea una presunción de calidad de defectuoso a la entrega de un bien, si el defecto aparece en el plazo de seis meses después de la entrega efectiva. 
Nosotros votaremos en contra de esta disposición que nos parece totalmente excesiva y peligrosa. 
La noción misma de defecto de conformidad se define de manera muy subjetiva en el proyecto de la directiva. 
La enmienda de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor no ha hecho sino agravar las cosas al introducir la noción de «expectativas del consumidor» , todavía más vaga y, por tanto, más susceptible de ocasionar múltiples contenciosos. 
En cuanto a la posibilidad que se ofrece al comprador de obtener, en todo los casos, una sustitución del bien cuando haya un defecto de conformidad, abre una peligrosa posibilidad de desviación, especialmente en los sectores de alto tecnicismo, tales como el automóvil o la navegación de placer, por ejemplo. 
Por nuestra parte, consideramos que corresponde al vendedor ofrecer la reparación o la sustitución, el comprador podría en su defecto pedir una reducción del precio o la rescisión del contrato. 
Otra posibilidad de desviación peligrosa: la que abre la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor al proponer la posibilidad de que el consumidor actúe directamente en contra del fabricante, cuando éste no forma parte del contrato de venta. 
Nosotros rechazaremos muy claramente esta propuesta. 
El establecimiento en el conjunto de los países europeos de una red de «servicio a la clientela» en caso de compra directa de un producto en otro Estado miembro, también plantea problemas y exige ser examinada de nuevo. 
Si es legítimo tratar de proteger adecuadamente al consumidor, no debe hacerse en detrimento de las empresas artesanales, imponiéndoles obligaciones insoportables que correrían el riesgo de comprometer sus equilibrios financieros siempre frágiles. 
Ahora bien, en Francia, estas pequeñas empresas, que rondan las 800.000, son actualmente las que crean el mayor número de puestos de trabajo. 
En el conjunto de la Unión Europea han creado, durante el período 1988-1995, 1.750.000 puestos de trabajo. 
Por tanto, debemos prestar especial atención a no poner en peligro su equilibrio imponiéndoles obligaciones poco razonables: esto debe representar para nosotros una prioridad. 
La propuesta de directiva sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo nos ha presentado problemas de fondo derivados de una insuficiente información sobre el Derecho aplicable en los Estados miembros. 
En más de una ocasión he solicitado a la Comisión Europea que acompañe sus propuestas con un estudio de Derecho comparado de la situación específica en los distintos Estados. 
Asimismo, la Comisión debería aportar al Parlamento los documentos esenciales que le han servido de base para realizar su propuesta. 
Lógicamente, esta documentación de apoyo sólo necesitaría ser depositada en la biblioteca o estar elaborada en un soporte técnico de fácil reproducción. 
La segunda dificultad ha surgido en la muy variada interpretación que se ha realizado del contenido de la propuesta. 
En ella no se diferencian dos agentes fundamentales, vendedor y productor. 
De aquí ha surgido un lamentable confusionismo. 
Tampoco se diferencia entre bienes fungibles y no fungibles, que es un elemento esencial para diferenciar garantías. 
Tampoco quedan claras las responsabilidades diferenciadas del fabricante y el vendedor. 
Este último sólo puede responsabilizarse de las exigencias del contrato distintas de las responsabilidades del fabricante. 
Por otro lado, el no haber señalado en la propuesta cuáles son los principios básicos que regulan esta materia en las legislaciones nacionales ha producido una auténtica diáspora en las enmiendas. 
El texto propuesto y las enmiendas presentadas es difícil que puedan dar un resultado claro que favorezca al consumidor y no entorpezca las relaciones comerciales. 
Voto a favor de este informe con la condición de que sea verdad lo que está en la parte de los fundamentos. 
En estos fundamentos se dice claramente que se trata de una armonización mínima de las legislaciones nacionales de los Estados miembros. 
Es obvio que esa armonización mínima que se hace debe debatirse en los respectivos Parlamentos nacionales, es decir, cada Parlamento nacional podrá decidir el nivel a que quiera ponerse. 
La armonización mínima es, por tanto, una recomendación. 
La condición es también, en consecuencia, que esta armonización de ninguna manera deteriore la protección sueca al consumidor. 
Directiva sobre las plantas ornamentales (C4-0044/98) 
Este asunto es particularmente sensible. No es correcto votar simplemente por una directiva del Consejo, sin debate, ya que los diputados tienen tan pocas posibilidades de estudiar el contenido de la directiva. 
Los productores de semillas que venden los tipos de verduras no registrados en la UE pueden ser procesados si no terminan con la venta. 
Solamente se pueden vender las plantas que aparecen en las listas comunes de especies de la UE y para que una especie pueda ser acogida en el listado se exige que tenga un dueño. 
La propiedad cuesta 20 000 coronas suecas por cada especie. 
En vista de lo anterior, especialmente las ínfimas posibilidades de estudiar esta directiva, optamos por abstenernos en la votación. 
Informe Kellett-Bowman (A4-0035/98) 
Señora Presidenta, ante todo quisiera agradecerle por habernos permitido conciliar dos pasiones fundamentales del diputado que le habla, que son la gula, que le lleva a querer almorzar, y la pereza, que le impide escribir su explicación de voto. 
Quisiera decir una palabra sobre el informe Kellett-Bowman. 
Yo no voté en favor del informe del Sr. Kellett-Bowman por una sencilla razón: éste organiza, de manera inteligente, la aprobación, las condiciones en las que se concede la aprobación a un determinado número de organismos especializados. 
Cuando se trata de organismos que no disponen de autonomía financiera, el sistema previsto por la propuesta es satisfactorio. 
Tratándose de organismos que disponen de ingresos autónomos, el sistema previsto por el Sr. Kellett-Bowman y aprobado por unanimidad, menos un voto, por la Comisión de Control Presupuestario y muy ampliamente por este Parlamento, el sistema resulta profundamente insatisfactorio, ya que conduce, de hecho, a dar el poder de aprobación al Consejo de Administración de los organismos correspondientes, lo que se justificaría, pero en cambio, daría un mero poder de opinión a este Parlamento. 
Yo creo que es grave introducirnos en esta vía y hagamos de este Parlamento una especie de organismo consultivo, sometido al arbitraje superior de un organismo técnico creado por las leyes, por los reglamentos que nosotros votamos aquí, en esta Asamblea. 
Habría sido necesario renunciar a la participación de cualquier índole del Parlamento, o bien invertir el procedimiento y dar a este Parlamento la última palabra. 
Quería que este punto quedara de manifiesto. 
Informe Graenitz (A4-0009/98) 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado en el día de hoy a favor del informe sobre los principios generales de la legislación alimentaria de la Unión Europea. 
Es muy positivo que el Libro Verde de la Comisión reconozca que una ampliación de la directiva de seguridad de los productos a la producción agraria primaria puede mejorar la protección general de los consumidores. 
Los socialdemócratas daneses son de la opinión de que los actos en vigor deben revisarse de modo que se garantice que estén basadas en el principio de prudencia y en el principio de atención a la salud y seguridad de los consumidores. 
El punto de partida de la legislación alimentaria europea debe ser la protección del medio ambiente y el objetivo debe ser una producción alimentaria sostenible. 
Todas estas propuestas son una parte del informe global que apoyamos. 
La Unión Europea con el nuevo Tratado de Amsterdam debe garantizar requisitos mínimos a la política destinada al consumidor, entre ellos, considerar debidamente la salud y seguridad de los consumidores, cuando se legisle en el campo alimentario. 
Sin embargo, esto no cambia con que los Estados miembros conserven o implanten normas que proporcionen una mejor protección que las normas comunes. 
Los socialdemócratas daneses interpretan el informe del Parlamento Europeo sobre la legislación alimentaria como un paso en esta dirección. 
No cabe duda de la oportunidad del presente Libro Verde sobre la situación actual del Derecho alimentario, ante la crisis de la seguridad alimentaria y de la protección del consumidor, con motivo del escándalo de la EEB. 
El Tratado de Amsterdam, por sus artículos 129 y 129 A, amplía el fundamento jurídico para una más eficaz protección y prevención de las políticas destinadas al consumidor, y ello obliga a una clarificación y racionalización del Derecho alimentario de la Comunidad, así como a su aplicación y control. 
No podemos olvidar que muchas enfermedades crónicas tienen su origen en la alimentación y que los productos alimenticios no son una mercancía como cualquier otra. 
De ahí que, como acertadamente solicita la Sra. Graenitz, el aspecto de la responsabilidad ha de establecerse con total transparencia para reforzar la maltrecha confianza de los consumidores. 
Por último, dada la importancia del etiquetado de los productos para el consumidor, ya que es su principal y casi única fuente de información, resulta indispensable que dicho etiquetado sea completo, claro y veraz. 
A mi entender, tras el hecho de la EEB también debería informarse, según el producto, sobre los pesticidas o piensos utilizados en su producción y elaboración. 
La alimentación es un tema de vital importancia para la salud y la seguridad de los consumidores y para la calidad de vida de los ciudadanos. 
Sin embargo, es un tema complejo cuyas salvaguarda y mejora exigen la combinación y la coordinación de políticas y de acciones paralelas. 
La encefalopatía espongiforme ha traído otra vez a la actualidad el debate sobre la seguridad de los alimentos y la salud de los consumidores, los problemas del insuficiente marco legislativo así como el deficiente control de su aplicación por parte de los organismos competentes, indiferentes ante las consecuencias criminales sobre la salud de los consumidores, para servir a determinados intereses. 
Ha sido necesario que los propios acontecimientos, enfermedades graves " sin precedentes» y sus casos mortales, nos sitúen frente a cuestiones críticas sobre la calidad de nuestros alimentos y los tremendos peligros que corre la seguridad de los consumidores. 
Naturalmente también el trazado de normas legislativas claras y de órdenes es imprescindible para la definición de modelos cualitativos y para la salvaguarda del control de los alimentos. 
Pero antes de cualquier intervención legislativa es indispensable poner " el dedo en la llaga» en las causas de la degradación, de la distorsión y de la adulteración no sólo de los productos alimenticios sino también de toda la cadena alimentaria. 
No es sólo la falta de directivas modernizadas- por otra parte las que ya existen se infringen flagrantemente- la que trae el peso de la responsabilidad de la deplorable situación en el sector alimentario. 
Cuando se comercializa la concepción alimentaria y se hace cargo de su administración la ley del beneficio, cuando el mercado defina la calidad de los alimentos en base a la relación coste-beneficio, no habrá, en ningún caso, garantías eficaces sobre la salud de los consumidores. 
Sería, cuando menos, inocente y no permitiría enfrentarse esencialmente al problema la afirmación de que el agricultor o el ganadero son los que tienen la responsabilidad exclusiva del desequilibrio de la cadena alimentaria, tal como se les atribuye. 
Por el contrario, las responsabilidades hay que buscarlas en la intensificación de la producción, en las presiones a las que someten los comerciantes, los envasadores y las grandes multinacionales de la alimentación a los productores para reducir el coste de producción y de aumento de su volumen, que les impone la utilización ilógica de abonos, de pesticidas y de piensos cuya composición a menudo desconocen- o están mal informados- y las consecuencias de su utilización. 
Aún son mayores las responsabilidades de las industrias que elaboran y acondicionan los productos primarios producidos antes de su lanzamiento al mercado, utilizando sustancias que no sólo degradan la calidad de los alimentos sino que incluso son nocivos para la salud de los consumidores, que son utilizados como cobayas. 
La política alimentaria, la garantía de su calidad así como la de la salud de los consumidores exigen la reorientación de las políticas que se ejercen en los sectores de producción primaria- agricultura, ganadería, pesca- el control eficaz de la transformación y de la utilización de sustancias químicas y otras en la producción, conservación y acondicionamiento de los alimentos, el control continuo de los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo para la producción de estas sustancias y la aprobación de medidas y de reglamentaciones, especialmente en el marco de los acuerdos comerciales que se forman en el marco de la Organización Mundial del Comercio y del Codex Alimentarius, que obstaculicen la actividad inmune de las compañías multinacionales de la alimentación. 
Está bien que el ponente haya adoptado una posición que favorezca a los consumidores. 
Solamente quiero destacar tres aspectos que son importantes y que el ponente no ha señalado suficientemente. 
Primero es el asunto de los antibióticos. 
Es importante que disminuyamos el uso de los antibióticos en el pienso, especialmente ya que la excepción que tiene Suecia de aplicación de la legislación comunitaria que es peor, seguramente va a terminarse. 
La UE tiene que ver el peligro del uso de antibióticos. 
Por eso, apoyo la propuesta de enmienda 28. 
En segundo lugar, tienen que mejorarse radicalmente las reglas de marcación de alimentos para que los consumidores sepan lo que comen. 
Las normas comunitarias han causado grandes problemas en Suecia, entre otros para los alérgicos, ya que actualmente ellos no pueden tener información sobre el contenido de los productos. 
Las anteriores reglas suecas eran mejores y más claras que las actuales de la UE. 
En tercer lugar, tengo objeciones también para el marco jurídico que se propone. 
Quisiera que la UE impusiera reglas mínimas en vez de reglas de armonización. 
Las reglas mínimas son mejores ya que así se da a los países miembros la posibilidad de adoptar reglas aún más estrictas que las impuestas por la UE. 
Con las reglas comunitarias de armonización se bloquean los niveles y en consecuencia se detiene el advenimiento de reglas mejores y más severas. 
Esto es perjudicial y retarda el desarrollo de normas que favorezcan el medio ambiente. 
La futura legislación de alimentos tiene que fundamentarse en la responsabilidad de los productores, transformadores y distribuidores. 
El objetivo principal tiene que ser la protección de la salud y la seguridad de los consumidores. 
La marcación de los productos debe ser obligatoria y debe valer para todos los ingredientes de un producto. 
Cada país debe tener derecho a dar primacía al medio ambiente, la salud y la seguridad frente a la libre circulación de mercancías. 
Las normas comunitarias sobre alimentos y protección a los consumidores tienen que ser de carácter mínimo, es decir, un país miembro tiene que tener derecho a aplicar reglas más estrictas. 
Los países miembros deben tener derecho, sin limitaciones, a presentar ante órganos internacionales exigencias relativas a alimentos y consumidores que vayan más allá de las normas comunitarias. 
La Comisión con su Libro Verde ha dado un importante paso hacia una racionalización necesaria de la legislación alimentaria comunitaria. 
Ello implica que la legislación comunitaria existente en el campo debe ser examinada con vistas a su simplificación. 
Lo cual goza de mi completa adhesión. 
Sin embargo, es evidente que una futura legislación sobre alimentos también ha de garantizar la protección de los consumidores al mismo tiempo que el mercado interior debe poder funcionar sin obstáculos. 
La comisión en su informe ha completado los importantes objetivos antes mencionados con requisitos sobre la responsabilidad de las autoridades y del productor de alimentos sanos y seguros y de una información completa destinada al consumidor. 
En mi opinión, ello está justificado. Por ello, doy al informe mi total apoyo y aguardo las iniciativas concretas que la Comisión tome sobre la base del Libro Verde. 
Nuestro Grupo presentó seis enmiendas que tienen tres objetivos principales. 
El primero estipula la necesidad de etiquetar de manera clara y comprensible los productos alimenticios vendidos a granel, con el fin de dar a los consumidores una información transparente sobre su denominación, su precio y, llegado el caso, su procedencia. 
En efecto, el texto propuesto por el ponente hace una discriminación excesiva entre los productos vendidos en «unidad-consumidor» y los productos vendidos a granel. 
Cualquiera que sea el modo de envasado y embalaje, es necesario que el consumidor disponga de una información clara. 
El segundo grupo de enmiendas precisa el papel de los comités científicos comunitarios. 
Estos comités existen, por ende, deben servir de referencia científica a la elaboración de reglamentos, directivas y recomendaciones. 
En tercer lugar, nuestro Grupo rechaza el principio de responsabilidad última de los agricultores y productores en lo relativo a la prueba «científica» de la calidad sanitaria de sus productos. 
En efecto, son todos los participantes en la cadena agroalimentaria y agrodistribuidora los que deben aportar esta prueba científica. 
No hay que olvidar que los productos agrícolas pueden sufrir modificaciones intrínsecas de su calidad sanitaria en función del proceso tecnológico utilizado para su transformación, especialmente con el uso de la biotecnología. 
Además, los agricultores no pueden tener un conocimiento profundo de la calidad sanitaria del conjunto de sus insumos. 
Pienso especialmente en los productos alimenticios para el ganado que ellos utilizan y la calidad sanitaria y medioambiental de los limos de depuración que pueden esparcir en sus campos. 
Nuestro Grupo pide que se respete el principio de una reglamentación vertical específica relativa al etiquetado. 
En efecto, un determinado número de productos agrícolas experimentan procesos de transformación específicos- pienso especialmente en el sector vitícola- o son vendidos directamente tal cual a los consumidores (sector de las frutas y legumbres) y, por tanto, deben depender de una reglamentación vertical más obligatoria que las directivas horizontales que se aplican al etiquetado de todos los productos alimenticios. 
En relación con los organismos genéticamente modificados, nuestro Grupo recuerda que es necesario informar claramente al consumidor sobre la posible utilización de organismos genéticamente modificados en la composición de los productos alimenticios. 
La Comisión sigue sin publicar las modalidades de aplicación relativas a este etiquetado específico y el consumidor consume, actualmente, productos alimenticios a base de organismos genéticamente modificados sin saberlo. 
Esto es inaceptable. 
El consumidor ha aprendido la lección de las vacas locas. 
Un reciente sondeo realizado en Francia por la SOFRES muestra que el 69 % de los franceses son hostiles a los cultivos transgénicos. 
Por tanto, para nosotros se trata de permitir al consumidor europeo de ejercer clara y fácilmente y a un mismo precio su libre elección entre productos con organismos genéticamente modificados y productos sin organismos genéticamente modificados. 
En este caso, queda claramente de manifiesto que debe asegurarse la rastreabilidad de los organismos genéticamente modificados del campo hasta el plato. 
El principio del etiquetado ha sido aceptado. 
Debe aplicarse a la totalidad de los ingredientes cuyo ADN haya sido manipulado, y no solamente a algunos, trátese de productos importados o productos comunitarios. 
Recuerdo la importancia de las importaciones: únicamente para la industria agroalimentaria francesa, se trata de 5.000 toneladas de soja y de 8.000 toneladas de lecitina anuales, procedentes esencialmente de los Estados Unidos. 
Ahora bien, las condiciones de cosecha, almacenamiento y transporte conducen a mezclas tales que no permiten, actualmente, identificar la presencia o la ausencia de organismos genéticamente modificados en estas importaciones. 
Esta es la cuestión fundamental de la que es preciso ocuparse, ya que el consumidor europeo que no quiere consumir organismos genéticamente modificados no debe verse imponer, para poder ejercer su libre elección, un coste adicional resultante de la constitución de ramos que no contienen específicamente organismos genéticamente modificados para productos difíciles de encontrar e identificar y que resultan, por ende, más caros. 
Este coste adicional debe cargarse a aquellos que cambian las reglas del juego y quisieran imponer un nuevo modo de consumo. 
Debemos hacer lo necesario para que puedan proponerlo, pero no imponerlo. 
La idea de un precio adicional que ha de pagar el consumidor final para evitar ingerir alimentos genéticamente manipulados es absolutamente inaceptable. 
Este es, a nuestro entender, el problema prioritario de seguridad alimentaria del que debe ocuparse el legislador comunitario si quiere hacer algo útil. 
En lo que se refiere a las PYME y los agricultores, es necesario que la Comisión evalúe su capacidad para integrar el conjunto de normas comunitarias. 
Hay que recordar que una reglamentación sólo es pertinente si puede ser aplicada por el conjunto de los operadores. 
Por último, nuestro Grupo se opone al apilamiento de estructuras y, por tanto, a la creación de una Agencia europea para la seguridad alimentaria, ya que haría un doble empleo con los comités científicos comunitarios y los organismos de control de los Estados miembros, que desempeñan un papel esencial. 
Algunos desearían que la Comisión pudiera presentarse como tal en el codex alientarius, órgano científico reconocido por la Organización Mundial del Comercio: nuestro Grupo considera que es una mala idea, ya que 15 votos, los de los 15 Estados miembros, siempre pesarán más que un sólo voto, el de las Comunidades Europeas. 
Como ya tuvimos oportunidad de verlo durante las conferencias internacionales sobre la pesca, cuando la Comisión se sustituye a los Estados miembros, debilita sus posiciones, en lugar de fortalecerlas. 
La seguridad de los alimentos es un asunto extremadamente importante. 
Me parece que faltan algunas cosas en este informe, por otra parte, excelente. 
No es aceptable que hoy, por ejemplo, haya partidas de carne importada en Suecia, con certificado de sanidad, que se ha visto que están infectadas de salmonella. 
Del mismo modo, deben hacerse esfuerzos para que se termine con la incorporación rutinaria de antibióticos en los piensos. 
En el punto 36 de la propuesta de informe se insta a la Comisión a iniciar un proceso contra el Consejo por no haber cumplido la prórroga, que se estableció hasta el 1 de enero de 1995, para decidir sobre las medidas necesarias para erradicar la salmonella de las gallinas ponedoras. 
Evidentemente que es grave que el Consejo no haya cumplido, pero llevar al Consejo a los Tribunales es inadecuado en este contexto. 
Informe Arroni (A4-0061/98) 
Puesto que Suecia no participará en la introducción del euro entre 1999 y 2002, hemos optado por abstenernos en la votación de este informe. 
Éste es un asunto para los Estados miembros que entrarán en la zona del euro. 
Con todo, hay que señalar que el informe de ningún modo se refiere a los grandes costos de adaptación que conlleva la implantación de una nueva moneda, como la sustitución de las máquinas automáticas de monedas, sistemas informáticos, etc. Es obvio que serán los consumidores, los ciudadanos, quienes pagarán todo esto con más altos precios y contribuciones. 
En su conjunto, el informe del Sr. Arroni sobre los aspectos prácticos de la introducción del euro es satisfactorio. 
Insiste como es debido en la necesidad de informar al consumidor, prepararlo a la llegada de la moneda única. 
No omite subrayar la dificultad que esta revolución monetaria corre el riesgo de representar para las poblaciones frágiles tales como las personas mayores, o incluso los discapacitados. 
Si actualmente se admite sin ambages la necesidad de información en materia de euro, sería conveniente que ésta se pusiera efectivamente en práctica, y rápido, como lo subraya acertadamente nuestro ponente. 
Asimismo, cabe conceder un interés muy especial a las PYME, ya que éstas representan una importante cantera de empleo. 
Apruebo la idea del Sr. Arroni de pedir a los Estados miembros de prestar una atención muy especial al impacto de la introducción de la moneda única sobre estas empresas, para que saquen provecho de todas las ventajas. Y hacer, por ende, que el impacto sobre el empleo sea lo más favorable posible. 
No obstante, dos observaciones: la primera se refiere a la doble exhibición de precios. 
Si es una necesidad, especialmente en la fase durante la cual el euro y las monedas nacionales circularán a la par, no me parece juicioso hacerla obligatoria, tal como lo propone nuestro ponente. 
Imponer la doble exhibición de precios implicaría costes y rigideces que serían sin duda alguna perjudiciales al buen funcionamiento del mercado único. 
En cambio, sería bueno instaurar un código de buena conducta, al menos para el comercio minorista. 
La segunda observación concierne el pago del coste de conversión de las monedas nacionales en euros. 
Así como lo pide el ponente, es deseable, también en este caso, pedir al sector bancario y financiero la instauración de un código de buena conducta que respete el principio de gratuidad de la conversión cuando ésta sea obligatoria. 
Por ello, las propuestas tanto del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, para hacer obligatorio este principio de gratuidad mediante un reglamento, no me parecen juiciosas. 
Una competencia sana y legal entre todos los actores capaces de efectuar las operaciones de cambio me parece suficiente para regular esta cuestión. 
Mi voto sobre el informe dependerá de la suerte de estas propuestas. 
La UME es un proyecto centralista de alto riesgo con débil arraigo popular. 
La UME da prioridad a la estabilidad de precios y la baja inflación. 
El riesgo es grande de que el ya alto desempleo aumente aún más. 
Las diferencias regionales entre los territorios de crecimiento elevado y las zonas de despoblación pueden agudizarse. 
La UME conduce a una centralización de la política monetaria y de cambios que, en su prolongación, puede llegar a comprender también a la política tributaria y financiera. 
La UME es un proyecto político que amplía los componentes federales de la UE y fortalece la orientación hacia la formación de un estado común. 
Con el objeto de ampliar el apoyo popular del proyecto de UME propone ahora la Comisión campañas de propaganda dirigidas a los ciudadanos y las empresas. 
Entre otras, una figura inventada de tebeo, El Capitán Euro, va a hacer que la gente cambie su opinión sobre la UME y el euro. 
Es una forma inaceptable y provocativa de usar el dinero de los contribuyentes. 
Solamente se corre el riesgo de agrandar la distancia entre la UE y los ciudadanos. 
A la luz de lo expuesto, hemos votado en contra del informe. 
La Comisión describe en su comunicación la base de una serie de iniciativas que deben acelerar los preparativos para la implantación del euro tanto en el sector privado como en la administración pública. 
En diez meses el euro será una realidad económica y dentro de escasamente tres años tendrá lugar la mayor reforma monetaria de la historia. 
Sin embargo, los países europeos apenas tienen una idea general completa de la enorme trascendencia que la implantación del euro acarreará para todas las actividades económicas- también en los países que no participan en la moneda común desde el primer momento. 
Por ello es una alegría que la comisión en su informe tenga en cuenta que los usuarios de la nueva moneda naturalmente deben estar bien dispuestos y bien informados. 
Un código de conducta entre las instituciones monetarias a fin de garantizar una implantación sin problemas del euro es además una de las iniciativas absolutamente necesarias que se subrayan en el informe de la comisión, al cual otorgo mi total apoyo. 
Sin duda la introducción del euro crea las más graves cuestiones de las cuales sólo algunas parecen ocupar a la Comisión. 
En nuestra opinión, el punto central que está ausente de las reflexiones de la Comisión y de los preparativos que se hacen a nivel de la Unión Europea y de los Estados miembros es para quién va a ser la carga directa o indirectamente; quién, finalmente, va a ser llamado a pagar el coste de la adaptación. 
Nosotros apreciamos que las condiciones de libre mercado y de desregulación, este será el consumidor final, es decir, los trabajadores con el método, y no sólo con él, de la rotación. 
Tal como señala la propia Comisión en su comunicado, no es casual que las organizaciones del capital profieran precisamente esta amenaza para conseguir nuevas facilidades y desgravaciones fiscales, nuevas prerrogativas para que no se institucionalice lo que, en un principio, habían apoyado más ampliamente como un componente del periodo de transición de adaptación a la nueva moneda, la doble exhibición obligatoria de los precios. 
Nosotros consideramos la doble exhibición obligatoria de los precios, por lo menos en los sectores del comercio al por menor y de la distribución, un medio básico y mínimo de limitación de las tendencias especulativas que caracterizan cada transición de una moneda a otra. 
En relación con la postura del ponente sobre la necesidad de "flexibilidad» de los mercados y el carácter facultativo de la doble exhibición de precios subrayamos que nunca los mercados han conducido a" mejores soluciones» y que no hay ninguna garantía de evitar las tendencias inflacionistas. 
Paralelamente, deberán intensificarse los esfuerzos por erradicar los casos de estafa con sanciones administrativas y penales inmediatas, y deberemos mirar por establecer el derecho, de las organizaciones de consumidores, de entablar una demanda para defender un interés estatutario. 
Estamos especialmente intranquilos por los problemas a los que se enfrentarán las pequeñas y medianas empresas, las cuales, bajo la presión de la competencia de las grandes empresas multinacionales y también en el ámbito de creación de contratos de subcontratación se verán forzadas, ya desde el principio del periodo de transición, a acceder a las adaptaciones técnicas necesarias (de contabilidad, de infraestructura, etc.) , hecho que quizá resulte fatal para muchas de ellas y acelere su cierre. 
En este marco, podríamos estar de acuerdo con determinadas medidas especiales de discriminación positiva a favor de las pequeñas y medianas empresas, y especialmente a favor de las microempresas, que dan trabajo a menos de diez personas, para que puedan responder al encarecido coste de las adaptaciones al euro. 
Estas medidas podrían ser de carácter contable (por ejemplo una más rápida amortización de las inversiones) o programas financieros especiales, o bien la facilitación del acceso a las entidades de crédito. 
Somos categóricamente contrarios a cada intento en que la preparación técnica de introducción del euro sea la excusa para aumentar los beneficios del gran capital por medio de desgravaciones fiscales del coste de inversión y del coste de reestructuración por el establecimiento del euro " ¡¡¡como también de los beneficios que resultan de la supresión de los riesgos de cambio! !! », soluciones que, sin embargo, se están estudiando. 
Con esta ocasión queremos repetir nuestra demanda: que la Comisión proceda a la publicación de un informe sobre las repercusiones del euro en los países que no participen en él y sobre la supresión de la inseguridad en las relaciones e intercambios entre los países de dentro y de fuera; pero también, más generalmente, sobre el coste social del euro, que oficialmente se acepta que habrá tal coste, pero que- la propia UEM y sus defensores- evitan cuidadosamente determinarlo. 
Queremos subrayar la contradicción y la provocación escandalosa entre la política de las duras limitaciones presupuestarias y de sanciones en caso de infracción y el derroche de los recursos del presupuesto para campañas de " información» y manipulación de los trabajadores para que acepten una política de la que, tal como muestran la trágica situación que están viviendo hoy y las perspectivas para el futuro, no tienen nada de que beneficiarse. 
Informe Torres Marques (A4-0078/98) 
Con el informe Torres Marques sobre el euro y el turismo, puede decirse que los partidarios del euro están echando mano de sus últimos recursos disponibles. 
No sé cuál es el sentido exacto que hay que dar a esta señal, pero en cambio, estoy seguro de que habría sido mejor que dejaran este texto donde estaba. 
Efectivamente, se basa en un contrasentido completo. 
Para la ponente, los turistas estarán muy contentos de ver su vida simplificada por la unificación monetaria europea y ahorrar al mismo tiempo los gastos de cambio. 
De paso, el informe no vacila ante las afirmaciones más extravagantes. 
Por ejemplo, según éste, el euro representaría para los turistas- y cito- una ventaja enorme si consideramos que en la actualidad pueden perderse en las transacciones de cambio hasta los dos tercios del valor de su moneda, aun sin realizar gasto alguno. 
Aquí encontramos el rastro de viejas lecturas mal digeridas, realmente muy mal digeridas. 
De todas maneras, es muy probable que, para un turista, cambiar su moneda nacional por la del país visitado, formara parte del encanto del destierro del viaje y en modo alguno lo percibía negativamente. 
En aplicación del mismo principio de unificación, la ponente pide la supresión completa de controles en las fronteras, sin duda alguna para que los turistas ya no se den cuenta de que están pasando de un país a otro. 
¿Y mañana no se nos va a pedir que practiquemos el esperanto para facilitar la vida de los turistas? 
No andamos muy lejos. 
No han inventado ya, para adornar los futuros billetes, en euros, el monumento europeo virtual, el que no presenta ninguna característica nacional particular. 
En total, pues, el informe Torres Marques no percibe en modo alguno la cuestión, los turistas vienen a un país para apreciar su identidad, pero si para facilitar la vida de los turistas, se asesina la identidad, es realmente una política de tontos. 
Y por lo demás, aprovecho esta ocasión, puesto que el Sr. Corbett todavía está en la sala, para agradecer a nuestros amigos británicos por negarse a entrar en el euro, porque, en tanto que turista, realmente me entristecería ya no ver el rostro de la reina sobre sus billetes de banco. 
Puesto que Suecia no participará en la introducción del euro entre 1999 y 2002, hemos optado por abstenernos en la votación de este informe. 
Éste es un asunto para los Estados miembros que entrarán en la zona del euro. 
Sin embargo, el informe contiene, quizás, demasiados cálculos optimistas en cuanto al crecimiento del turismo debido a la moneda común. 
En este contexto, debemos recordar que una gran industria turística en Europa tiene su fundamento en un alto bienestar generalizado y tiene bastante poco que ver con la moneda común. 
Los costes de cambio de moneda son, en este contexto, marginales. 
Este bienestar puede muy bien verse amenazado por la creación de una moneda común en un terreno que no es óptimo. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy en contra del informe de la Sra. Torres Marques sobre el euro y el turismo. 
La señora ponente propone en su informe una serie de medidas que pueden facilitar a la industria turística el paso a la nueva unidad monetaria. La señora ponente exhorta a que se den los pasos para la armonización de los impuestos y los derechos que tienen relevancia para el sector turístico, especialmente el impuesto sobre el valor añadido (IVA). 
La señora ponente se centra mucho en la liquidación y la armonización de derechos nacionales. 
No queda claro si se trata de una armonización dentro de la zona del euro o en toda la Unión. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo son contrarios por principio a armonizaciones fiscales e impositivas, pues esto minará la base de financiación de la sociedad danesa del bienestar. 
De ahí que la delegación haya optado por votar en contra del informe. 
Estaremos de acuerdo con la ponente en el carácter estratégico del turismo en general, como sector de creación de miles de puestos de trabajo, como sector de desarrollo por excelencia de las pequeñas y medianas empresas, como medio de desarrollo económico y de recuperación, de comunicación entre los pueblos. 
Pero quisiéramos expresar nuestra preocupación por la importante reducción del porcentaje de la industria europea del turismo en el mercado internacional en los últimos años así como por el hecho de que, desde el punto de vista de las relaciones laborales, la situación predominante está caracterizada por miles de despidos, por la utilización extendida del trabajo a tiempo parcial, del trabajo ilegal de los contratos de tiempo limitado, de los fenómenos de dumping social. 
En general, y en contradicción con la euforia que caracteriza a la ponente en su descripción de la situación en el sector, tenemos un uso generalizado de los modelos de trabajo flexible y el fomento de facto de las relaciones laborales flexibles. 
En cuanto a los cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, principalmente de carácter familiar, simplemente van tirando en el intento de corresponder a la, cada vez mayor, competencia de las grandes cadenas organizadas. 
Sobre todo esto falta cualquier reflexión, simplemente se propone (en la exposición de motivos) la aprobación de una política común de turismo con la introducción del capital relativo al Tratado de la Unión Europea. 
Parece que los defensores de está propuesta se inspiran en los sectores que son de competencia comunitaria, como los cientos de miles de hogares destruidos en la agricultura o en la desorganización, en los despidos y la duda sobre cada posibilidad nacional de intervenir, como en los traslados aéreos y en las telecomunicaciones. 
En este marco, la esperada introducción del euro conducirá a reestructuraciones de amplia extensión en el sector. 
A esto también contribuirá el hecho de que, contrariamente a otras ramas en donde la participación o no en la moneda común en una primera fase incumbirá, en los intercambios internacionales, a un determinado abanico de personas (es decir, principalmente, a las relaciones entre comerciantes así como a un número determinado de contratos de consumidores) ; en el sector del turismo el problema es más amplio, dado su carácter primordialmente internacional y el largo número de los directamente implicados. 
La Comisión tampoco proporciona la mínima información sobre este sector en cuanto a cómo se formará la situación en los países que no son de la zona euro así como sobre las consecuencias que habrá. 
Realmente, la existencia de una moneda única podría contribuir a la simplificación de algunos procedimientos y al ahorro de algunos recursos de la supresión de la conversión de divisas; pero en ningún caso debemos hacernos ilusiones sobre los resultados. 
Ni el aumento de la competencia ni la reducción del coste indirecto conducen a una reducción esencial de los precios, tal como demuestra la experiencia de la liberalización y la concesión de facilidades económicas fiscales u otras. 
Paralelamente, el aumento de la competencia lleva a la concentración del capital, a la reducción del empleo, a la intensificación de la explotación y al cierre de las pequeñas empresas. 
En relación con las últimas, es seguro que muchas de ellas no alcanzarán el predominio de la nueva moneda porque no podrán hacer frente a los gastos de adaptación al euro y a la competencia, y mucho más cuando tienen un acceso mínimo a la información y al mercado de capitales y cuando se esté fomentando ya desde el 1/1/99 la aplicación del principio " no obligación, no prohibición» sobre la circulación del euro como dinero electrónico. 
En este marco consideramos indispensable el especial apoyo a las menores de las pequeñas y medianas empresas, o bien facilitando el acceso al sistema de crédito y de la participación en programas financieros o con su tratamiento fiscal favorable. 
Creemos que el factor básico que juzga el desarrollo o no del turismo es la situación económica y el nivel de vida de los trabajadores, ya que el turismo como gasto elástico predominante es una de las primeras víctimas de la política de austeridad. 
Por otra parte, si a la " reducción progresiva del tiempo de trabajo que aumenta el tiempo libre» la acompaña una reducción de los ya limitados salarios, el único resultado que tendrá será la búsqueda de un trabajo complementario. 
Con las políticas que imponen Maastritcht y la UEM con la, cada vez más intensa, reflexión sobre las consecuencias de la institucionalización del euro, somos incapaces de comprender la previsión de la ponente sobre la " esperada mejora del nivel de vida de los consumidores». 
Si la Unión Europea realmente quiere el desarrollo del turismo, tendrá que basar sus políticas en los trabajadores y en la mejora de su nivel de vida, abandonando sus duras posturas monetarias que se ha demostrado que sólo pueden conducir a callejones sin salida. 
Informe Wolf (A4-0070/98) 
Señora Presidenta, mi Grupo se muestra muy preocupado por el impacto de la introducción del euro en las pequeñas y medianas empresas. 
En efecto, hasta ahora, esta cuestión esencial era tratada con mucha ligereza, como si se tratara de una mera cuestión de intendencia. 
Ahora bien, este no es el caso. 
El equilibrio de las PYME puede verse gravemente desestabilizado debido a la introducción del euro, lo que evidentemente es muy preocupante, ya que esta categoría de empresas suministra alrededor las dos terceras partes de puestos de trabajo en nuestros países. 
En efecto, las ventajas y los costes de la unificación monetaria, si finalmente se realiza, se repartirán de manera muy desigual entre las empresas. 
Las ventajas irán en primer lugar a las grandes o a las PYME superiores que trabajan a escala europea. 
Sin embargo, en cuanto a los costes, pesarán sobre todas y mucho más pesados serán cuanto que las empresas no dispongan de servicios informáticos y contables muy competentes, no estén muy bien organizadas, no posean reservas disponibles para financiar los costes de transición, características todas que describen bastante bien a las PYME. 
En estas condiciones, las pequeñas y medianas empresas corren el riesgo de experimentar una grave pérdida de competitividad en relación con las grandes. 
Este efecto, esta situación se verá todavía más agravada si el euro no produce todas las consecuencias benéficas esperadas. 
Si, como mi Grupo piensa, los efectos estimuladores de la supresión de los costes de conversión y las incertidumbres de cambio internas son anuladas por el efecto recesivo de la nueva rigidez monetaria y los costes de transición, la disminución del ritmo de crecimiento afectará primero a las empresas más frágiles, una vez más, las PYME. 
En resumen, la nueva zona euro será blanda con las grandes, pero dura con las pequeñas. 
¿Cómo rectificar el rumbo? 
Los responsables de la transición se quedan, por el momento, en el discurso sobre el despertar de las conciencias y sobre la mejor información del público. 
Es sumamente insuficiente. ¿Pero cómo hacer algo mejor? 
Evidentemente, los Estados no podrán subvencionar a todo el mundo. 
Resultaría ruinoso. 
En realidad, constatamos aquí un inconveniente práctico que se desprende de la concepción misma del sistema, a saber, la transición universal y obligatoria hacia el euro. 
Si se hubiera elegido la vía de una moneda común desarrollándola de manera progresiva y facultativa, no se plantearían todos estos problemas. 
Puesto que Suecia no participará en la introducción del euro entre 1999 y 2002, hemos optado por abstenernos en la votación de este informe. 
Éste es un asunto para los Estados miembros que entrarán en la zona del euro. 
Podemos solamente señalar que estimamos erróneo que, en el caso de Suecia, el Banco Central ahora sea independiente de influencias políticas. 
Estimamos que esto no debe ser así. 
El informe del Sr. Wolf sobre las convergencias de las disposiciones jurídicas de los Estados miembros con vistas al euro plantea de manera indirecta la cuestión del papel del Banco Central Europeo y de su independencia. 
Lamento que este informe no ponga suficientemente de manifiesto la necesidad de constituir un gobierno económico europeo que debería ser el contrapeso del Banco Central Europeo con vistas a evitar que en determinados arbitrajes primen las lógicas puramente monetaristas, cuando ha de quedar garantizado el apoyo al crecimiento y al empleo. 
Si la creación del Consejo del euro permite un intercambio en materia de políticas económicas y monetarias y una tentativa positiva de coordinación, de hecho no está dotado de ningún poder. 
Hubiera deseado que se adjuntaran al informe las propuestas destinadas al reforzar el papel del Consejo. 
Si el informe habla del deber democrático del Banco Central Europeo de presentar informes a nivel comunitario, hubiese sido necesario clarificar y reforzar el papel y poder del Parlamento Europeo en el diálogo con el Banco Central Europeo. 
Si se votara sobre las exposiciones de motivos que serán el fundamento de las propuestas de resolución, votaríamos con entusiasmo a favor del texto que constituye la llamada parte B de este informe. 
En esta exposición de motivos figuran tres niveles para la convergencia entre las disposiciones jurídicas de los Estados miembros. 
Un primero y aún (!) existente tiene que ver con los propios Estados miembros y sus legislaciones, otro con lo que ya está consagrado en los Tratados aceptados entre los Estados que acompañan y promueven o aceleran la llamada «construcción europea» y un tercero que se deriva de posiciones del Instituto Monetario Europeo, tales como la del informe que es objeto de dicha exposición de motivos y propuesta de resolución del Parlamento Europeo. 
Y resulta evidente que la difícil compatibilización y articulación entre los niveles nacionales y supranacionales parece resuelta fácilmente por el IME, al formular e imponer, mucho más de lo que serían en un marco democrático, sus atribuciones. 
Llega incluso a permitirse consentir que sigan existiendo especificidades nacionales... siempre que no menoscaben la aplicación de la disposición del Tratado para que «cada Estado miembro [garantice] , a más tardar en la fecha de constitución del SEBC, la compatibilidad de su legislación nacional, incluidos los estatutos del banco central nacional, con el presente Tratado y con los Estatutos del SEBC». 
Por otra parte, Portugal ya lo ha hecho, expeditivamente, con su revisión constitucional que remite a los compromisos adoptados en organizaciones internacionales la formulación de las competencias de su banco central. 
El Sr. Wolf, en su informe, particularmente en la exposición de motivos, aclara esa dificultad y denuncia la forma expeditiva de resolverla por parte del IME. 
Y, por eso, plantea algunas cuestiones que son fundamentales en un proceso democrático. 
Podríamos citar muchas de sus consideraciones, pero elegimos la siguiente pregunta: » ¿Cómo se deberá entender la independencia exigida a lo [s] banco [s] central [es] ?» , a la que después responde así: » Las definiciones del IME que figuran en el presente informe y, en particular, en el informe relativo a 1996 [... ] acentúan, de forma demasiado unilateral, la 'independencia' en detrimento de la 'apertura' y la transparencia democrática». 
La propuesta de resolución no presenta, como debería, la misma claridad. 
Sólo así ha podido escapar al rodillo que no admite dudas, cuestiones, opciones substitutivas. 
A pesar de su formulación menos clara, obtuvo un importante número de votos en contra, pero consiguió su aprobación en comisión. 
Y cuenta con nuestro voto en el Pleno, aun cuando sólo represente un apoyo a la exposición de motivos. 
Informe Arroni, Torres Marques y Wolf 
Los tres informes arriba mencionados que se refieren a los diferentes aspectos de la unión monetaria que se avecina, no reciben mi aprobación. 
La resolución sobre los aspectos prácticos de la introducción del euro es con la que menos problemas tengo. Sin embargo, es extremadamente indeseable que la información gubernamental sobre el euro se convierta en una publicidad a favor del euro, como sugieren los puntos 10 y 17. 
Tampoco me puedo identificar con el punto de vista de obligar a los minoristas a aplicar una doble exhibición de precios durante la transición al euro. 
El informe de nuestra colega Torres Marques se parece mucho a un globo hinchado. Con mucho entusiasmo se señalan las enormes ventajas del euro para los turistas. 
Pero estas son aplicables a los turistas que hacen un recorrido por diferentes países de la Unión Europea, no tanto a los turistas que van a un país. 
Y el que utilice los medios de pago electrónicos, no notará mucho el euro. 
Además, los diversos costes que tienen que ver con la conversión tendrán un efecto encarecedor de los costes. 
No soy capaz entonces de ver la utilidad de este informe, sobre todo porque la política del sector turístico es un asunto netamente nacional. 
Del informe del Sr. Wolf- que debería de tratar de la convergencia de la legislación de los Estados miembros- se desprende que el PE no tiene un concepto correcto de la política monetaria. 
El objetivo de la estabilidad de precios se evalúa como parcial en este informe y en otros sitios. 
En cambio, resulta que el PE está tan preocupado con el crecimiento del bienestar y del empleo, que cree que todo esto se puede realizar con la política monetaria. 
Mi primer inconveniente es que el abandono de la estabilidad de precios como único objetivo va a tener una influencia negativa en el desarrollo económico. 
Mi segundo inconveniente se refiere a la miopía: el desarrollo económico perseguido tendrá que ser duradero en el sentido ecológico, si queremos que sirva también a las futuras generaciones. 
Si no toman en cuenta estos problemas, no le sirve para mucho a la población europea que el BCE rinda cuentas al PE. 
Señora Presidenta, el Sr. Falconer tiene toda la razón cuando afirma que un diputado no tiene ninguna obligación de participar en una votación. 
No existe ninguna obligación de votar a favor ni en contra de un texto en particular, ni siquiera de expresar una opinión sobre un texto. 
No obstante, si un diputado desea indicar que se encuentra presente en la sala, a pesar de no desear expresar una opinión, tiene la opción- no la obligación- de pulsar su botón de abstención, lo que demuestra que estaba presente, aunque no deseara adoptar una posición sobre un texto o una enmienda en particular. 
Usted afirma que existen diferentes tipos de abstención. 
Es posible que una abstención pueda tener significados diferentes. 
Éste es precisamente el objetivo de las explicaciones de voto, que acabamos de celebrar ahora. 
Si alguien desea indicar que ha votado a favor o en contra o se ha abstenido por algún motivo concreto, ésta es la oportunidad que ofrece el Reglamento para explicar ese matiz. 
Pero lo que no necesitamos son dos formas separadas y diferentes de no expresar una posición a favor o en contra de un texto en particular. 
Quisiera presentar a usted, y a través de usted, a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, la opinión de que sólo hace falta una forma. 
Ello simplificaría enormemente nuestras votaciones. 
En realidad, habría otras formas de simplificarlas cuando la votación no es electrónica ni nominal. 
Bastaría con que el Presidente dijera quién está a favor y quién está en contra. 
En semejantes circunstancias, no necesitamos conocer quién se abstiene, cuando lo que se requiere es una mayoría simple. 
Pero ésta es otra historia. 
Quisiera terminar volviendo sobre una observación del Sr. Falconer en el sentido de que aquí se trata de una cuestión institucional y no política, o algo parecido. 
Me pregunto si a aquellos que, reiteradamente, han estado haciendo observaciones en votaciones sucesivas y en períodos parciales de sesiones sucesivos sobre este asunto no les empuja un motivo político. 
Señor Corbett y señor Falconer, ustedes me pidieron hacer uso de la palabra. 
Les señalo que son las 13.29 horas. 
No podemos abusar del tiempo de los intérpretes. 
Voy a darles el uso de la palabra sólo por un minuto. 
Luego, si lo desean, pueden prolongar esta conversación delante de una copa de brandy o un vaso de agua, como prefieran. 
Sus declaraciones quedarán concienzudamente inscritas en el acta. 
Agradezco a los intérpretes su paciencia. 
(La sesión, interrumpida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Promoción de la seguridad vial en la UE (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A4-0065/98) del Sr. Cornelissen, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión «Promoción de la seguridad vial en la Unión Europea- Programa para 1997-2001». 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, cuando se habla de la seguridad vial en Europa, es preciso hablar en primer lugar de ignorancia, de represión, de peligrosa negligencia generalizada y de inacción penal. 
Esto es aplicable tanto a los agentes que participan en la circulación vial como a la política. 
El eje central y la piedra angular de cualquier debate encaminado a mejorar la seguridad tienen que ser los datos que hoy ya se han citado un par de veces: 45.000 muertos y 1, 6 millones de heridos cada año, o sea, 123 muertos diarios en las carreteras de Europa. 
Sólo la cifra de muertos en relación con el número de habitantes equivale en la práctica a la aniquilación anual de la población de una ciudad europea de tamaño medio un año tras otro. 
Por esto es bueno que el Comisario y la Comisión hayan presentado un programa para promover la seguridad vial. 
El colega Pam Cornelissen merece mi reconocimiento por su completo informe que profundiza en las causas de los accidentes. 
Desde luego, yo esperaba menos de él. 
Una mayor seguridad vial exige un paquete completo de medidas, una educación vial permanente dirigida a los jóvenes y los mayores, medidas técnicas de todo tipo tanto por lo que se refiere a las carreteras como a la seguridad de los vehículos- airbag, cinturones de seguridad, iluminación son sólo algunas palabras clave -, protección especial para los usuarios más débiles- niños, ancianos, peatones, ciclistas-. 
Sin embargo, a mi parecer, la atención debe centrarse sobre todo en dos aspectos, dos aspectos en los que se requiere una mayor conciencia ciudadana pero también una política más valiente. Éstos son el alcohol y la velocidad. 
La norma práctica aplicable en este caso indica que cuanto más se ha bebido y cuanto más elevada es la velocidad a la cual se circula, mayor es el número de muertos y heridos. 
El razonamiento inverso también es válido naturalmente. 
Por esto es necesario establecer un límite radical en relación con el alcohol y también son necesarios unos límites de velocidad de ámbito europeo. 
La petición de un límite de velocidad, que también formula la Comisión, sigue siendo a mi parecer demasiado vaga y demasiado abierta a diversas interpretaciones. 
El Parlamento ya adoptó en 1990 una decisión clara sobre esta cuestión: la velocidad máxima para los vehículos de pasajeros, en los Estados miembros de la UE donde todavía no esté regulada, deberá limitarse a 120 km/h en las autopistas, 100 km/h en las carreteras y entre 30 y 50 km/h en las zonas habitadas y poblaciones. 
Desde el Parlamento tenemos que seguir apoyando e impulsando la decisión que adoptamos en 1990. 
Si algunos Estados miembros fijan límites de velocidad máxima todavía más bajos, ello sólo es digno de encomio y debemos apoyarlo. 
A quienes objetan que es imposible aplicar esta norma con carácter general, debemos recodarles el caso de la limitación de la velocidad de los camiones. 
En ese caso, Europa consiguió dicho objetivo; existe un límite de velocidad para los vehículos y camiones de gran tonelaje, por lo tanto yo pido que éste también se establezca para los vehículos de pasajeros. 
No deberíamos renunciar a ninguna medida para intentar alcanzar nuestro objetivo comunitario de reducir a 25.000 la cifra de muertos antes del 2010. 
Cada nueva víctima de la circulación vial es una víctima innecesaria y por esto yo les pido que apoyen mi propuesta. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Sr. Cornelissen, por el magnífico trabajo que ha realizado en la redacción de este informe. 
Y espero y deseo que su trabajo sirva para concienciar a todos los agentes implicados- instituciones, diseñadores y constructores de los vehículos, usuarios, técnicos de seguridad, agentes de tráfico, empresas de transportes, compañías de seguro, talleres de mantenimiento y reparación de vehículos, centros de enseñanza para conductores, etc.- que deben sacar conclusiones objetivas sobre la verdadera causa de los accidentes que se producen en nuestras carreteras y vías urbanas y, en consecuencia, se puedan tomar medidas que eviten o reduzcan al mínimo posible el número de accidentes y de víctimas. 
Somos muy sensibles- y así debe ser- a todo tipo de catástrofes, pero incomprensiblemente estamos aceptando con irritante resignación y facilidad esa gran catástrofe, que semana tras semana, se produce en las carreteras de la Unión Europea y cuyo balance anual se acerca a los 50.000 muertos y supera el 1.650.000 heridos, dando luego lugar, según consta en el informe, a medio millón de ingresos en los hospitales de los cuales un 25 % termina en invalidez. 
Por lo tanto, señor Presidente, es necesario hacer un mayor esfuerzo en esa materia, tanto por parte de la Comunidad como de cada uno de los Estados miembros, que están obligados a potenciar el desarrollo tecnológico de la seguridad y a hacer esfuerzos imaginativos a la hora de elaborar planes de seguridad vial; y no debe aceptarse por más tiempo la excusa de siempre- que no se tienen suficientes recursos -, puesto que el coste económico y social, además del humano que es imposible cuantificar, de estos accidentes es muy elevado, posiblemente superior al coste necesario para evitarlos si hubiera voluntad política para ello. 
Por todo ello, señor Presidente, doy la bienvenida a la comunicación de la Comisión, así como al magnífico informe del Sr. Cornelissen. 
Señor Presidente, habida cuenta de que en la Unión Europea mueren cada año 45 000 personas en accidentes de tráfico, sería posible afirmar que el transporte vial constituye una catástrofe de gigantescas dimensiones. 
Sin embargo no lo hacemos, en primer lugar por que las sociedades modernas no existirían sin el transporte vial y, en segundo, por que los accidentes no ocurren todos al mismo tiempo y en el mismo lugar. 
La seguridad vial recuerda en cierto modo a la protección del medio ambiente. 
Todos afirman considerarla importante, pero son pocos los que están dispuestos a ponerse manos a la obra para mejorarla. 
Ya que es innegable que una parte muy considerable de los accidentes tiene como causa la velocidad excesiva de los vehículos, además de aprobarse normas más estrictas y concretas, se debería prestar atención a los motivos que llevan a los conductores a circular a velocidades excesivas. 
Sin lugar a dudas, uno de estos motivos reside en la publicidad de automóviles y motocicletas en la que se hace hincapié, entre otras características, en su velocidad punta, es decir, en algo que precisamente no se puede aprovechar en ningún lugar. 
Con frecuencia se recurre a los logros conseguidos por una marca de automóviles en una competición, ya sea de rallies o de Formula 1, para hacer publicidad de vehículos destinados a un uso normal. 
Ésta es seguramente una de las razones fundamentales por las que las marcas de automóviles invierten enormes sumas de dinero en las pruebas de competición. 
De esta manera se genera un atractivo hacia un modo de conducir que se adecua únicamente a los circuitos, y ni siquiera siempre. 
Existen motivos para apoyar con fundamentos homogéneos determinadas limitaciones de velocidad en toda la UE. 
Con esta medida, la ignorancia de las normas de tráfico no sería, al menos en la misma medida que en la actualidad, un motivo, y aún menos una justificación, para una conducción peligrosa. 
Aún hoy sigue existiendo una oposición a las restricciones de velocidad en nombre de las libertades ciudadanas. 
Se trata del derecho de los ciudadanos a hacer el uso más seguro posible de las redes de transportes. 
El derecho a poner en peligro la seguridad no puede figurar entre los derechos ciudadanos. 
Por idénticos motivos, se debería incorporar a la legislación común europea el uso obligatorio de las luces de cruce incluso durante el día, para permitir percibir a tiempo a los vehículos que circulan tanto en uno como en otro sentido. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, la seguridad vial es un tema interdisciplinar complejo en el cual intervienen factores técnicos muy diversos, pero sobre todo factores humanos. 
Yo acojo el excelente informe Cornelissen con una gran satisfacción, que de hecho es mi sentimiento predominante, pero al mismo tiempo también con una cierta preocupación. 
En este sentido, me congratulo por sus numerosas recomendaciones importantes y fundamentales y por sus propuestas prácticas para mejorar la seguridad vial. 
Una mejora que yo personalmente considero urgentemente necesaria no sólo por los costes económicos demostrables que ocasionan los accidentes de tráfico, los cuales se elevan a más de 100 millardos de ecus, y debido al sufrimiento humano no cuantificable pero inconmensurable, sino también porque, al igual que cualquier otro ciudadano, yo mismo desearía sentirme más seguro en las carreteras de los países vecinos. 
Esta consideración también es válida, por otro lado, para el caso en que sea necesario un rescate o la prestación de auxilio después de un accidente. 
En un Estado que por suerte ya no existo yo tuve experiencias favorables gracias al hecho de que la formación para la obtención del permiso de conducir incluía un curso de primeros auxilios. 
Me preocupan los intentos de trasladar al ámbito europeo, con ayuda del programa de acción previsto, competencias no previstas en el Tratado CE por lo que se refiere a las decisiones legislativas. 
Sin duda podría conseguirse lo mismo mediante acuerdos voluntarios, a la vez que se pondría coto a la burocracia y a la profusión de normas. 
Yo sólo puedo recomendar la aprobación del informe si se rechazan seis de las siete enmiendas que mañana se someterán a votación y siempre que no se aprueben los apartados 7b y 7c, cuyas palabras clave son "regulación rigurosa de la velocidad máxima» e" introducción de un sistema europeo de penalización por puntos». 
Señor Presidente, deseo comenzar expresando mi satisfacción por el informe y, ciertamente, por la intención que se esconde en el interés de la Comisión de tomar medidas en este asunto. 
No puedo añadir mucho a lo que ya se ha dicho, excepto, quizás, destacar dos ámbitos de preocupación. 
Uno es la relación que existe entre el consumo de alcohol y los accidentes. 
Los conductores que sobrepasan los límites legales no llegan al 5 %, pero ocasionan el 20 % del total de los accidentes mortales. 
Estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de limitar el nivel de alcohol a 0, 5 mg/ml, junto con las propuestas de prohibir la venta de alcohol en las estaciones de servicio y la estandarización de los dispositivos de control del aliento. 
Mi otra observación es la siguiente: ahora es el momento de plantearse la armonización de las sanciones y su cumplimiento en todo el territorio comunitario, de manera que los conductores sancionados, digamos en Inglaterra, País de Gales o Francia, no puedan conducir en Alemania o Bélgica. 
Me gustaría que la Comisión presentará una legislación en este sentido. Deseo a la Comisión mucho éxito en su tarea de hacer nuestras carreteras más seguras. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo quiero saludar explícitamente la iniciativa de la Comisión de poner en marcha un programa de acción para promover la seguridad vial en la Unión. 
El elevado número de muertos en accidentes de circulación en las carreteras de Europa es pavoroso. 
¡Es imprescindible hacer algo para evitarlos! 
La reducción de los accidentes debe ser nuestro objetivo común. 
La conducción en estado de embriaguez es una de las causas más frecuentes de accidentes. Por lo tanto, no debería superarse el límite de 0, 5 mg/ml como índice máximo de alcohol en la sangre para los conductores. 
Austria ya ha introducido este límite. 
Sin embargo, no sólo el alcohol puede influir sobre la capacidad de conducción, sino que sobre todo los medicamentos y las drogas también pueden alterarla. 
La legislación debería tomar en consideración este hecho y tiene que existir la posibilidad de adoptar medidas que permitan actuar contra ello. 
Es imprescindible un control más riguroso y consecuente de los agentes que participan en la circulación. 
Otro concepto clave en este sentido debería ser igualmente el control de las limitaciones de velocidad. 
En relación con la retirada del permiso de conducir y el reconocimiento a escala europea de la misma, yo quisiera recordar que no existe una armonización legislativa de ámbito europeo, la cual es no obstante un requisito previo necesario para ello. 
El reconocimiento mutuo de la retirada del permiso de conducir no será posible mientras no contemos con normas administrativas y penales de ámbito europeo, dadas las grandes diferencias en los requisitos para la misma en los diferentes Estados miembros. 
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de lo razonable de esforzarnos por tratar este asunto en el ámbito europeo. 
Quiero dar las gracias al Sr. Cornelissen, al señor Comisario y a todos los que han contribuido a hacer este asunto europeo. 
Se ha mencionado varias veces en el día de hoy el número de personas que fallecen en las carreteras. 
Causa gran impresión cada vez que se produce un accidente de ferry. 
Sin embargo, puedo llamar la atención sobre el hecho de que 45.000 personas fallecen al año en la carretera, lo que corresponde a 45 accidentes como el acaecido en Estonia. 
Lo que debemos examinar en común es la construcción de los automóviles, el tráfico transfronterizo y el tráfico creciente en la carretera, por tanto, hay cuestiones suficientes que abordar. 
Estoy de acuerdo con mis compañeros, sin embargo, quiero sólo llamar la atención sobre la existencia de diferentes culturas de la circulación, luego nos hacemos un favor a nosotros mismos aumentando desde abajo y no tanto desde arriba, cuando queremos elaborar normas comunes. 
Mis recomendaciones no son diferentes a las de mis colegas. 
Sólo quiero llamar la atención sobre el hecho de que, cuando se nombran el alcohol y los fármacos, también debe mencionarse la fatiga, es decir, los tiempos de conducción y de descanso. 
No obstante, para alcanzar su objetivo, el plan de actuación debe salir de los países miembros y no sólo de la Comisión, aunque apoyo a la Comisión- y al Parlamento- en la iniciativa. 
La seguridad vial es algo que nos atañe a todos. 
Permítaseme mencionar el tema de las velocidades. 
Es esencial que hallemos marcos para las velocidades y no tengamos demasiadas velocidades distintas. 
Sólo conducir de un país con velocidades altas a otro país con velocidades bajas causa algunos accidentes. 
Quiero mencionar aún una cosa que ha llamado la atención no sólo a la Cruz Roja. 
No es sólo la ayuda profesional la que se precisa en la carretera cuando se produce un accidente. 
Debemos hacer algo por garantizar los primeros auxilios en el lugar. 
De si esto forma parte de nuestros certificados de conducción, no estoy seguro, sin embargo, en cualquier caso es algo que merece la pena incluir. 
Por último, quiero recalcar la importancia de disponer de marcos seguros para la circulación, la seguridad de los ciudadanos, etc. Finalmente quiero decir que todos nosotros andamos muy ocupados en no morir a manos de un bistec inglés. 
Si pudiéramos prestar la misma atención a lo que sucede en el ámbito de la circulación, llegaríamos lejos en una Europa en la que el futuro está basado en la pertenencia y la movilidad. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera pedir disculpas a la Asamblea y al Sr. Cornelissen, en particular, por haber llegado aquí hoy con algo de retraso. 
Como sabrá el Sr. Cornelissen, el retraso ha sido debido a las retenciones ocasionadas por un horrible accidente en cadena que se ha producido en la autopista francesa. 
De un modo trágico y gráfico, este accidente pone de manifiesto el gran significado del tema que hoy debatimos, es decir, el informe del Sr. Cornelissen sobre la Comunicación de la Comisión sobre Promoción de la seguridad vial en la Unión Europea durante los próximos años. 
Felicito al Sr. Cornelissen por la minuciosidad del informe elaborado por él y sus colegas de la Comisión de Transportes y Turismo. 
Me complace, aunque no me sorprende, que exista una fuerte convergencia entre las opiniones del Parlamento y de la Comisión sobre los asuntos que nos ocupan, no sólo en lo relativo a la conveniencia de mejorar las medidas para mayor seguridad vial, sino también a la estrategia general que debe adoptarse a nivel de la Unión con el fin de alcanzar dicha mejora. 
Me complace especialmente observar que hay conformidad con algunos de los elementos nuevos que hemos introducido en esta última comunicación, como el desarrollo de un sistema integrado de información de la Unión Europea sobre seguridad vial que hará más fácil la identificación de problemas específicos y que estará a disposición de los Estados miembros para alentarlos a que prosigan sus esfuerzos en favor de estrategias para la seguridad vial. 
Existe acuerdo sobre la necesidad de un mejor cumplimiento de las medidas de prevención de accidentes, independientemente de las modificaciones que introduzcamos. La necesidad del cumplimiento estricto será universal y se mantendrá. 
La necesidad de fortalecer la formación sobre la seguridad vial ha sido comentada en el informe y en este debate. La Comisión lo apoya plenamente. 
La necesidad de hacer un uso mejor y más amplio de los cinturones de seguridad, no sólo en los asientos delanteros de los vehículos, sino también en los asientos traseros, en los que siguen produciéndose un número alarmante de defunciones, incluso en países con los más altos niveles de cumplimiento de las normas de utilización del cinturón. 
La necesidad de moderar la velocidad, en la que han hecho hincapié varios oradores en este debate. 
No hay la menor duda de que la velocidad es una asesina cualquiera que sea el estado de la carretera y cualesquiera que sean las condiciones climáticas, y es este un aspecto que merece la pena destacar. 
Es evidente la necesidad de combatir la práctica de conducir bajo los efectos del alcohol, y acojo con satisfacción el apoyo que una vez más aporta el Parlamento a la propuesta de la Comisión, que tiene ya nueve años, para la introducción universal de una reducción del nivel permitido de alcohol en la sangre. 
Existe una creciente concienciación de la necesidad de desarrollar medios técnicos y legales más eficaces para combatir la conducción bajo los efectos de las drogas. 
En lo que respecta a la armonización de las sanciones, a nivel personal, estoy dispuesto a respaldar los sentimientos expresados por los diputados en favor de la armonización y el cumplimiento universal de las sanciones en toda la Unión Europea. 
No obstante, como el Parlamento comprenderá, es una cuestión que se incluye en el denominado tercer pilar y que, en buena medida, sigue siendo competencia intergubernamental. 
Lamentablemente, la Comisión aún no está en condiciones de adoptar una iniciativa al respecto. Estoy seguro de que, por motivos puramente prácticos y de interés común, llegará el día en que esta situación cambie. 
Existe amplio acuerdo también sobre los esfuerzos que se vienen realizando para desarrollar sistemas que permitan clasificar la seguridad con el fin de proporcionar a los consumidores la información precisa sobre los niveles de seguridad de sus vehículos en todas las categorías de automóviles, y amplio acuerdo también sobre la necesidad de tener plenamente en cuenta los altos costes económicos y financieros de los accidentes de tráfico y que se adopte un enfoque coste/beneficios sobre las medidas de seguridad vial. 
Sobre este tema, la Comisión presentará una comunicación específica en un futuro próximo. 
Es inevitable que un informe tan minucioso e integral como el del Sr. Cornelissen difiera en algunos aspectos del enfoque adoptado por la Comisión. Quisiera responder brevemente a esas opiniones que, en la mayoría de los casos, son ligeras divergencias. 
En primer lugar, está la cuestión de si es adecuado o no establecer un objetivo numérico a nivel de la Unión Europea para la reducción del número de muertes que se producen cada año en la carretera, al objeto de que la terrible cifra actual de 45.000 muertes al año se reduzca a un máximo de 25.000 antes del año 2010. 
No estoy de acuerdo con este objetivo por tres motivos. 
En primer lugar, los Estados miembros difieren considerablemente entre sí en lo relativo a sus prácticas y opiniones sobre la fijación de objetivos. 
Algunos ya se los fijan y serían reacios a revisarlos. Otros no son partidarios en absoluto de fijarse objetivos. 
Por ello no es realmente factible que la Comisión o el Parlamento fijemos unos objetivos sin disponer de los medios legales para obligar a los Estados miembros a que los cumplan. 
A pesar de estas consideraciones, podemos fijar unos objetivos orientativos con las mejores intenciones del mundo de que se hagan realidad. 
Luego, cuando circunstancias que escapan a nuestro control hagan imposible el cumplimiento de dichos objetivos, lo único que quedará será nuestro exceso de optimismo. 
Las críticas que ello podría desatar no me preocupan en absoluto. El auténtico motivo de preocupación sería la distracción de los serios esfuerzos que se habían realizado para reducir el número de muertos y heridos. 
Teniendo en cuenta la predilección que sienten determinados sectores de la prensa europea, entre los que se incluyen los británicos, por " trivilializar» incluso el tema de las muertes y las terribles lesiones por accidentes de tráfico, prefiero evitar los problemas que desataría la fijación de objetivos, y centrarme en cambio en los principales temas básicos. 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, no me parece realista establecer un objetivo preciso a nivel de la Unión Europea. 
No obstante, quisiera recordar a la Asamblea que la Comisión está convencida de que si se siguen y se cumplen las medidas propuestas en nuestra comunicación, razonablemente cabría esperar en la Comunidad una reducción del número de muertes de 7.000 antes del año 2000 y de aproximadamente 27.000 para el año 2010. 
Espero que estas cifras y el razonamiento que las sustenta sirvan de estímulo a los Estados miembros y a los conductores para realizar mayores esfuerzos que permitan introducir modificaciones en las provisiones y el comportamiento, modificaciones que pueden salvar muchas vidas. 
Este enfoque no conlleva los problemas que pueden surgir de la fijación de objetivos. 
Un segundo argumento divergente del Sr. Cornelissen es relativo al presupuesto que este Parlamento destina a la seguridad vial y que ejecuta la Comunidad. 
Al igual que el Sr. Cornelissen, lamento el recorte del 50 % de la línea presupuestaria B-2702 y estoy de acuerdo en que debemos plantearnos seriamente la posibilidad de utilizar fondos procedentes de la línea B-2704 de 1998. 
No obstante, la línea 2704 abarca otras prioridades importantes para nuestra política de transportes que esta Asamblea comparte, y de acuerdo con la sugerencia que se hace en el informe, equivaldría a desvestir a un santo para vestir a otro. 
Estoy seguro que si reflexionamos sobre ello nadie de esta Asamblea ni de la Comisión de Transportes y Turismo querrá hacerlo. 
La reducción presupuestaria inevitablemente ocasionará retrasos en algunas de las medidas que esperábamos apoyar este año. 
Es muy lamentable, pero realista, puesto que nuestras futuras acciones deberán basarse en los fondos disponibles. 
Espero que los responsables de calcular y establecer el presupuesto en el futuro presten atención al hecho de que hay pocas cosas más importantes para la ciudadanía en general de la Unión Europea que intentar aumentar la seguridad en nuestras carreteras. El presupuesto debería reflejar esta prioridad. 
En tercer lugar, y por último, estoy de acuerdo con la opinión del Sr. Cornelissen sobre la necesidad de establecer una clara lista de prioridades y de clasificar las medidas en función de su valor para reducir el número de muertes. 
No obstante, como añadidura a ese criterio, otros factores importantes deberían ser tenidos en cuenta, como la relación coste/beneficio de las medidas, su valor añadido derivado de la dimensión europea o los avances ya realizados a nivel comunitario o del Estado miembro. 
En lo que se refiere al resto del informe, puedo confirmar que coincidimos francamente con las opiniones vertidas. 
Continuaremos trabajando con la máxima eficacia posible para reducir en lo posible esas terribles cifras de 45.000 muertes y 1, 6 millones de heridos al año y, naturalmente, la tristeza humana y el coste económico que dichas cifras ocasionan. 
En estos esfuerzos, nos sentimos claramente fortalecidos por el apoyo activo y el interés de esta Asamblea y por diputados como el Sr. Cornelissen y sus colegas que han demostrado y continúan demostrando su continuo compromiso en favor de la mejora de la seguridad vial, como han venido haciendo desde hace muchos años. 
Señor Presidente, a pesar de que este informe es de iniciativa propia, podría el Comisario, por favor, comentar sobre el hecho de que cuando tuvimos una directiva sobre el permiso de conducción europeo, presenté una propuesta para que se incluya algún tipo de formación sobre primeros auxilios en circunstancias difíciles, como en las que él mismo se ha encontrado esta mañana; es decir, prestar los primeros auxilios y que ello forme parte de la preparación para sacarse el permiso. 
Ciertamente puedo ver las ventajas de un sistema semejante. 
No obstante, recomendaría cautela al Sr. Wijsenbeek en el sentido de que, aunque hay personas muy hábiles en la administración de los primeros auxilios y que pueden ayudar a salvar vidas y evitar males mayores, estas cualidades no son universales. 
Debemos tener mucho cuidado, por tanto, a la hora de incluir algún tipo de formación o de preparación en los permisos de conducción o en otros documentos que puedan alentar a las personas, con sus mejores intenciones, a prestar primeros auxilios sin tener los conocimientos necesarios para ello. 
Personas con las mejores intenciones, pero inexpertas, pueden ocasionar terribles daños adicionales. 
Señor Presidente, diferimos de opinión sobre la redacción de un objetivo político concreto. Debemos seguir debatiéndolo hasta el final. 
Señalo que los países que han tenido el valor de formular un objetivo concreto tienen mejores resultados que los otros y eso me parece un argumento extraordinariamente importante. 
Presidente, el segundo punto trata del presupuesto. 
El Comisario sabe que no es inhabitual que la Comisión llegue en el año en curso con un presupuesto complementario, y mi pregunta concreta en nombre de nuestra comisión es, si esto ocurre este año si el Comisario va a aprovechar esa oportunidad, si es necesario- y disponemos de indicaciones de que es necesario -, Presidente de recibir también el dinero suficiente para la necesaria investigación? 
Presidente, no basta con decir solamente cuán importante es la seguridad vial. Tendremos que ser también consecuentes en el presupuesto. 
" Noblesse oblige». 
El tercer punto, Presidente. ¿He entendido bien que el Comisario nos detallará la realización de su paquete de medidas? 
Concedemos mucha importancia a ello de modo que podemos seguir el pulso para saber cuándo la Comisión propone qué medida. 
Me gustaría que el Comisario diera una respuesta concreta ahora o más tarde a estos tres puntos. 
Señor Presidente, en nuestra Comunicación hay una lista de comprobación y nos complace recibir preguntas, peticiones, correspondencia y consultas de todo tipo que nos ayudan a proporcionar, semana tras semana, informes sobre los avances alcanzados en la aplicación de las aproximadamente 65 medidas que constituyen el fondo de la comunicación. 
No sólo responderemos con rapidez a esas preguntas, sino que además las acogemos con satisfacción, sencillamente porque son una forma de mantener la presión y de llamar la atención pública y política sobre la necesidad de avanzar en este campo. 
En cuanto al presupuesto, no se trata tanto de noblesse oblige, como de vitesse oblige. 
En cualquier momento del año, podemos hacer una utilización realmente buena, muy rentable y sin malgastar un céntimo, de recursos presupuestarios complementarios. 
Simplemente quisiera instar a aquellos que ya han comenzado a argumentar a favor de recursos adicionales para la línea presupuestaria relativa a la seguridad a que sigan trabajando, y que sepan que si la Comisión- que tiene una influencia y unos poderes muy limitados en estos asuntos- puede disponer de recursos adicionales, los utilizaremos eficazmente en todo lo que vaya dirigido a nuestro programa de seguridad. 
La primera parte de la pregunta era relativa a los objetivos y, ciertamente, aplaudo a aquellos Estados miembros que aplican el sistema de fijación de objetivos. 
La diferencia entre ellos y nosotros que trabajamos a nivel comunitario es, naturalmente, que ellos tienen la soberanía y el mando de los sistemas para imponer la ley y varios otros medios para intentar asegurarse de que realmente se cumplen sus objetivos. 
Esos medios nos son negados a nosotros por motivos evidentes y ese es el motivo por el que existe una diferencia entre intentar fijar unos objetivos a nivel comunitario que abarcan a unos 350 millones de ciudadanos y afectan a 45.000 muertes en accidentes de tráfico, y establecer unos objetivos a nivel nacional o incluso local que son mucho más fáciles de alcanzar, debido sencillamente a las medidas de refuerzo que pueden adoptarse. 
La diferencia de dimensión es determinante para la estrategia y espero que sus Señorías reconozcan esta realidad. 
Señor Presidente, estoy muy decepcionada porque el Comisario ha hecho caso omiso a la sencilla pregunta que he formulado. 
¿No comparte el Comisario mi preocupación de que haya personas que persistentemente conducen con un nivel de alcohol en la sangre dos o tres veces superior al límite establecido que causan muertes y lesiones, y que se les permita seguir conduciendo después de una breve condena en prisión, mientras que a los conductores diabéticos inocentes que dependen de la insulina ahora se les prohíbe conducir en el Reino Unido? 
No sería mejor que la Comisión se esforzara en hacer cumplir las normativas existentes antes de aplicar otras nuevas? 
Señor Presidente, sólo deseo señalar un par de cosas. 
En primer lugar, no he hecho caso omiso a la observación de la Sra. McIntosh. 
Si se aplica el Reglamento oficial, ella ha faltado al mismo al introducir el tema en un debate sobre un informe relativo a la seguridad vial. 
En segundo lugar, lejos de hacerle caso omiso, ya he utilizado diez minutos, cuando mi tiempo de intervención era de cinco minutos, y me ha sido imposible responder a todas las preguntas. 
En tercer lugar, lejos de hacer caso omiso, sé que le he dirigido una carta muy larga en la que explico exactamente el significado y la letra de la ley y lo que ello supone en el Reino Unido. 
En cuarto lugar, ella, de forma inadvertida, ha confundido a la Asamblea en su intervención inicial de esta mañana, porque no es cierto que las normas relativas a los conductores diabéticos dependientes de insulina sólo se aplique en el Reino Unido. También se aplican rigurosamente en otros países. 
Cada uno de nosotros puede tener sus propias opiniones sobre el significado, la importancia, la eficacia y la proporcionalidad de esa ley en particular. 
Como he señalado en la carta que le he dirigido a ella y a muchas otras Señorías y otras personas que se han puesto en contacto conmigo en relación con el tema de los conductores diabéticos, la autoridad fundamental para interpretar y aplicar la ley recae en los Estados miembros, no en la Comisión. 
Los Estados miembros actúan en base al asesoramiento experto de los médicos mejor informados. Su criterio es que la ley debe aplicarse del modo en que se viene aplicando. 
No compete a la Comisión hacer una interpretación. 
No tenemos competencia para ocuparnos de la aplicación de esa ley. 
Agradecería a sus Señorías que, antes de acusarme de hacer caso omiso a sus preguntas, tuvieran en cuenta la amplia información que ya les he facilitado con anterioridad, así como el tiempo de que dispongo para responder a las preguntas. 
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Registro de personas a bordo de buques de pasaje 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura (A4-0068/98) , en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común adoptada por el Consejo (C40620/97-96/0281 (SYN) ) con vistas a la aprobación de una directiva del Consejo sobre el registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje (Ponente: Sr. Watts). 
Señor Presidente, deseo felicitar a mi colega por el serio esfuerzo que ha hecho por lograr la exigida convergencia de opiniones entre el Parlamento y el Consejo para la aprobación de la directiva que, de buena fe, tiene como objetivo el reforzamiento de la seguridad de los viajes en los buques de pasaje. 
Sin embargo, con esta ocasión quisiera formular mi opinión personal sobre la forma en que el Consejo intenta reforzar las condiciones que se imponen para ayudar para un viaje por mar seguro. 
Tras los trágicos accidentes de los últimos años en el mar, y especialmente tras el naufragio del Estonia, el Consejo y en gran parte también la Comisión, mas o menos fueron presas del pánico y con propuestas sucesivas, directivas y recomendaciones principalmente se pusieron a restablecer algunos sentimientos de seguridad en la opinión pública de la Unión que había mostrado, además justificadamente, que estaba intranquila por el nivel de seguridad de los viajes por mar. 
Con todo, me temo que cualquier medida que se tome bajo la presión de acontecimientos de este tipo es espasmódica, del momento y fragmentaria, y la consecuencia natural es que se vuelva ineficaz. 
Y quiero creer que ni el Consejo ni la Comisión ni por supuesto el Parlamento desean tomar medidas única y exclusivamente para satisfacer a la opinión pública para exhibirlo ante las personas, como dice la Biblia, mientras que esencialmente, son mínimas las cosas que pueden ofrecer para la mejora del nivel de seguridad en los viajes por mar. 
Tengo la impresión de que la directiva propuesta relativa al registro de los datos personales de los viajeros permanecerá como una medida sólo en los papeles y esto porque, aparte del número total de los que embarcan, que es bastante fácil conocerlo y comunicarlo antes de zarpar, el registro detallado del resto de los datos personales simplemente impondrá y establecerá un proceso extremadamente burocrático que, unos pocos meses después del inicio de la aplicación de la medida, o bien decaerá y se olvidará, o se evitará y será ficticio, puesto que los que están obligados a mantenerlo, bajo la presión del tiempo que crean las condiciones de embarque y desembarco de los pasajeros, terminarán por dar datos inexactos. 
Por tanto, que se tomen medidas, pero que se tomen con serenidad y sangre fría y que satisfagan un enfrentamiento global del problema. 
Sin embargo, principalmente debemos imponer, con el establecimiento de un sistema de controles muy estrictos de los registros y de las autoridades portuarias, el mantenimiento de los reglamentos de seguridad ya en vigor y de las directivas que, gracias a Dios, son muchos; pero se infringen sistemáticamente y en un porcentaje que supera el 60 %. 
Señor Presidente, permítame comenzar dirigiendo mis agradecimientos al ponente, Watts, por el ambicioso trabajo que ha realizado durante todo el tratamiento de este informe, un trabajo que ahora nos permite tener listas de pasajeros en el tráfico de transbordadores en toda la UE. 
Opino también que es el momento de dirigir un agradecimiento al Comisario Kinnock por la dedicación que ha mostrado a la hora de proponer medidas para aumentar la seguridad. 
En Europa han ocurrido muchos accidentes de transbordadores durante los últimos decenios. 
Después de esos accidentes ha surgido una postura de hacer todo lo humanamente posible para evitar que vuelvan a suceder. 
El Parlamento ha exigido medidas de largo alcance y la Comisión, en diferentes ocasiones ha presentado propuestas para reforzar la seguridad. 
Con un voto, la UE lleva adelante aún más claramente el trabajo de aumentar la seguridad en Naciones Unidas y en el organismo marítimo OMI. 
La decisión que vamos a adoptar hoy es otro paso más en esta dirección. 
Del mismo modo que siempre ha sido algo obvio en el caso de la aviación, ahora es también algo natural en el tráfico de transbordadores. 
Cada persona que viaja en un vuelo de tráfico regular recibe, independientemente de la extensión del vuelo, un boarding pass y se le anota en una lista de pasajeros que van en el mismo avión. 
Estas reglas internacionales han existido desde hace mucho tiempo y cualquier otra cosa sería totalmente inaceptable. 
Ahora tenemos las mismas reglas para el tráfico de transbordadores. 
Tendrá que existir una lista que indique claramente quién se encuentra a bordo y cuántos son los pasajeros. 
Se ha debatido entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión acerca de cuándo se deben entregar esas listas. 
En la posición común del Consejo se dice que los informes deben reunirse antes de la salida, pero que no necesariamente se comunique al responsable del registro antes de 30 minutos después de la partida. 
La Comisión de Transportes dice que esos datos se deben entregar antes de que el transbordador deje el muelle. 
Esto último creo que es una necesidad. 
Tampoco debería ser un problema hacer que esto funcione así. 
Con ayuda de la técnica informática se crea un registro inmediato para el responsable. 
Esto no impide que, a mi modo de ver, sea necesario hacer este agregado. 
Estaría muy agradecido por un comentario de la Comisión a este respecto. 
Con la propuesta que se ha presentado ahora, existe solamente una limitación, a saber, la extensión del viaje. 
Está limitada a 20 millas náuticas entre dos puertos, en los demás casos no se consideran necesarias las listas de pasajeros. 
También en este aspecto la Comisión de Transportes hace un pequeño complemento. 
Quiero subrayar que aunque ésta sea una pequeña modificación, es necesaria. 
Es beneficioso que esté creciendo un marco coherente para la política comunitaria en materia de seguridad naval. 
El Parlamento Europeo lo ha reclamado desde hace mucho tiempo. 
Agradezco si podemos continuar este trabajo para alcanzar un grado de seguridad aceptable para los pasajeros. 
Señora Presidenta, la directiva sobre el registro de personas a bordo de buques de pasaje va a imponer considerables molestias al enlace marítimo Calais-Douvres, en cambio no se aplicará a los transportes ferroviarios que pasan por el túnel debajo de la Mancha. 
Esta diferencia de trato entre ambos modos de transporte es injusto en términos de seguridad, de igualdad de condiciones de competencia, de cohesión económica y social y de equilibrio regional. 
Por ello, apoyo las enmiendas propuestas por nuestra Comisión de Transportes y Turismo y nuestro compañero británico, Marc Watts, en las que éste propone establecer una igualdad de trato entre los ferries y el tren, a pesar de la negativa inicial de la Comisión Ejecutiva. 
La Comisión considera que el mejorar la seguridad exige nuevos procedimientos de embarque de los pasajeros. 
En su opinión, tendría más riesgos navegar por la Mancha que tomar el túnel bajo la Mancha. 
Sin embargo, hay dos elementos que contradicen este argumento. 
El acta de la intervención de los equipos de bomberos durante el incendio del túnel bajo la Mancha el 18 de noviembre de 1996 pone de manifiesto que las operaciones de auxilio se vieron entorpecidas porque se carecía de informaciones precisas sobre el número de pasajeros que viajaban a bordo del tren. 
El túnel, por su parte, también implica riesgos. 
Por lo demás, los estudios sobre la altura media de las olas en la Mancha, realizados por los institutos meteorológicos francés y británico arrojan un resultado que no justifica, según los criterios de la propia Comisión, un trato particular. 
La hipótesis de que la Mancha sería un mar difícil no puede entonces retenerse para justificar un control más estricto. 
Para garantizar la seguridad de ambos modos de transporte y restablecer las condiciones equilibradas de competencia en las regiones en donde la apertura del túnel ha fragilizado considerablemente el ferry, pueden proponerse tres soluciones. 
La primera es que la Comisión y el Consejo acepten las enmiendas que el Parlamento haya, espero, aprobado, que imponen la misma obligación a ambos modos de transporte. 
La segunda, si las exigencias jurídicas lo imponen, es que la Comisión proponga una nueva directiva, especialmente dedicada al transporte ferroviario que presenta riesgos. 
En espera de este nuevo texto debería aplazarse la aplicación del texto actualmente en debate, en lo que concierne el enlace marítimo a través de la Mancha, hasta la adopción de esta segunda directiva. 
La tercera solución, más pragmática, consiste en exonerar el enlace marítimo a través de la Mancha de las disposiciones previstas por este texto. 
Cuando se sabe que el 57 % de los pasajeros que toman el ferry entre Calais y Douvres, hacen el viaje de ida y vuelta el mismo día, se comprende fácilmente hasta qué punto la introducción de las nuevas disposiciones, tal como se prevén actualmente, conduciría a condenar este modo de transporte y, con ello, el equilibrio de regiones enteras. 
Señor Presidente, el trasfondo del presente informe son, claramente, los devastadores accidentes en los que se vieron involucrados, primero, el Herald of Free Enterprise y, más recientemente, el Estonia, y los compromisos internacionales asumidos por los Estados miembros en el marco del Convenio SOLAS, aprobado en 1995. 
Las compañías de transbordadores del Reino Unido ya han comenzado a registrar el número de pasajeros. 
El principal inconveniente de la propuesta en su forma actual es que planteará problemas de tipo operativo para el funcionamiento de los transbordadores, especialmente a través del Canal de la Mancha, para tramitar los datos como nombres, direcciones y necesidades especiales en caso de accidente, en un mercado de por sí muy competitivo. 
La Comisión ha insistido mucho en que el fundamento de esta propuesta es incrementar la seguridad. 
El Sr. Watts ha destacado el hecho de que para que esta medida incremente la seguridad, deberá también hacerse extensiva a los pasajeros que viajen a través del Eurotúnel. 
En caso de incendio es igual de importante registrar los detalles de los pasajeros que viajan a través del Eurotúnel para garantizar su evacuación. 
Recuerdo a la Asamblea que ya se declaró un grave incendio que, lamentablemente, pudo convertirse en un desastre mucho mayor. 
Lo más necesario es exigir el registro de los nombres, dirección y detalles de los pasajeros para, en caso de muerte, poder informar a los familiares si ocurriera un desastre semejante en el Eurotúnel. 
Mi mensaje a la Comisión es muy sencillo: lo mínimo debe ser unas reglas del juego iguales y competitivas que garanticen la máxima seguridad de los pasajeros, independientemente de si viajan en transbordador o a través del Eurotúnel. 
Una situación en la que los pasajeros que viajen a través del Eurotúnel estén en desventaja, sería completamente inaceptable. 
Señor Presidente, siempre hay alguien que se encuentra al otro lado de la discusión, y hoy parece ser que me va a tocar a mí. 
Personalmente siempre me resulta difícil cuando se trata de restringir los derechos de las personas. 
La medida que hoy se propone- el registro de nombres, sexo, edad, niños, etc.-, en realidad, es una puñalada en la espalda a la libre circulación de las personas en el seno de la Comunidad Europea. 
Reconozco la necesidad de seguridad. La seguridad, naturalmente, es un requisito prioritario. 
Todo el mundo la desea. Pero creo que una legislación que se presenta en aras de la seguridad debería ser sencilla, práctica y fácil de aplicar. 
Esta medida- en lo que al Reino Unido se refiere- entrañará unos costes de 2, 5 millones de libras al año. 
Para la facturación, ya sea en el Túnel o en un transbordador, añadirá posiblemente una hora más como mínimo al trayecto, y restará competitividad a los viajes bajo el mar o por superficie con respecto al avión. 
Por ello me pregunto, ¿qué intentamos hacer con lo que estamos proponiendo? 
Me preocupa la burocracia; me preocupa comprobar que porque necesitemos mayor seguridad marítima, incluyamos también a otros medios de transporte. 
No es una buena legislación. Creo que es una mala legislación. 
La Road Transport Association ha afirmado en una declaración que el registro de pasajeros en transbordadores, especialmente, en la ruta Dover-Calais, ocasionará serios inconvenientes. 
Podría perjudicar a nuestro gremio cuando las personas viajan con el tiempo muy justo. 
Esto, que viene a sumarse a la desaparición de las ventas libres de impuestos, será la puntilla que acabe con los transbordadores y tendrá serias y nocivas consecuencias para el transporte de mercancías hacia y desde puertos de Gran Bretaña. 
No es necesario. 
Lo único necesario es un recuento de las personas para conocer el número de pasajeros a bordo, y no necesariamente quién está a bordo. 
Señor Presidente, deseo comenzar diciendo que estoy muy agradecido al Sr. Watts por su característico trabajo minucioso y por su recomendación de que se apruebe la posición común sobre la presente medida. 
También me complace, naturalmente, que la Asamblea continúe apoyando la armonización del registro de pasajeros en toda la Comunidad, tanto por motivos de seguridad, como para poder intervenir con eficacia en caso de que se produzca un accidente. 
Deseo decir asimismo que, aunque estoy completamente de acuerdo con el Sr. Klironomos cuando afirma que es esencial el debido cumplimiento de todas las normativas, básicamente discrepo con la descripción que hace del modo en que se ha enfocado este asunto. 
El Consejo y la Comisión han sido acusados, en sus palabras, de " sucumbir al pánico». 
La semana pasada se cumplieron diez años del terrible naufragio del Herald of Free Enterprise en Zeebrugge, y han transcurrido tres años y medio desde que el Estonia se fue a pique causando la muerte a más de 950 personas. 
Nada de lo que hemos hecho puede ser descrito como impulsado por el pánico o en un ataque de pánico. 
Lo que tenemos aquí es un conjunto de normas integrales que vamos a añadir con el fin de garantizar los niveles de seguridad de los pasajeros y de la tripulación en los transbordadores más altos que permita el mar, e insistiremos en este aspecto. 
Debido a que la mayoría de las enmiendas presentadas reiteran sugerencias ya hechas en el debate de la primera lectura, me siento obligado a aclarar los motivos que han llevado a la Comisión a apoyar la posición común del Consejo y también a asegurar a la Asamblea que los intereses concretos abordados en el informe original han sido tenidos debidamente en cuenta. 
Las enmiendas 1 hasta 3 del informe del Sr. Watts hacen referencia a los escasos progresos en el incremento de la seguridad del transporte marítimo. 
Comprendo perfectamente el sentir que subyace en esta opinión: es el sentir propio de un diputado al Parlamento Europeo entusiasta y comprometido, y todos estamos impacientes por introducir mejoras adicionales. 
Pero es justo que no perdamos de vista los logros a nivel de la Organización Marítima Internacional y a nivel comunitario, que en estos momentos se encuentran en fase de adopción y que espero- de hecho, estoy seguro- supondrán un avance. 
Entretanto, reconozco la necesidad de que los principios aprobados a nivel internacional se apliquen a todos los transbordadores de pasajeros de carga rodada que se dirijan a los puertos europeos. 
Estoy de acuerdo en que deben incluirse las normas de estabilidad necesarias, en su caso, y estoy de acuerdo en que todo debe ser controlado debidamente. 
Para lograrlo y para garantizar al público que los servicios de transbordadores de pasajeros de carga rodada de Europa están equipados de las mejores medidas de seguridad posibles y para sustentar la confianza del público en los servicios de transbordadores, me complace informar que el mes pasado, la Comisión aprobó una nueva propuesta relativa al funcionamiento de los servicios regulares de transbordadores de pasajeros de carga rodada y de embarcaciones de alta velocidad en la Comunidad. 
Espero sinceramente que esta propuesta sirva de aliento a la Asamblea y, lo que es más importante, acreciente la seguridad marítima. 
Debo decir al Sr. Provan que comprendo perfectamente su oposición a la burocracia innecesaria o a las limitaciones poco realistas a la libre circulación. 
En este caso no se plantea ninguno de estos problemas y ninguna de sus inquietudes estará justificada cuando los sistemas sean operativos. 
Naturalmente, las preocupaciones que ha manifestado, y que también han manifestado otros diputados, serán tenidas en cuenta. 
Los artículos 8 y 9 de la posición común garantizarán que la información sobre los pasajeros esté disponible siempre que haga falta, permitiendo una gestión adecuada de los viajes de menos de dos horas y, al mismo tiempo, proporcionando la flexibilidad necesaria para en el caso de aquellos que deban establecer los sistemas de registro. 
En consecuencia, no puedo apoyar las enmiendas 6 y 8. 
Las enmiendas 4, 5 y 7 abordan el tema del Shuttle y de la seguridad en el Eurotúnel. 
Como prometí en mayo del pasado año, pedí a mis servicios que examinaran las ventajas de una medida comunitaria relativa a la aplicación de los principios de registro de pasajeros a los vehículos que utilizan los servicios ferroviarios del túnel submarino. Nuestras conclusiones son las siguientes. 
Primero, introducir las disposiciones por las que actualmente se rige el funcionamiento de los servicios ferroviarios en la legislación propuesta sobre buques de pasaje entrañaría el riesgo de retrasar su adopción, porque sería necesario intentar combinar dos conjuntos de disposiciones claramente diferenciados. 
En segundo lugar, no existen argumentos convincentes para la introducción de normas para los túneles ferroviarios que difieran en función de que transcurran bajo el mar o bajo tierra. 
En tercer lugar, existen serias dudas acerca de si un plan de registro de pasajeros del tipo propuesto para los transbordadores tendría el suficiente valor añadido al detallado régimen de seguridad desarrollado específicamente para el Eurotúnel por las autoridades francesas y británicas que se aplica actualmente. 
Por estos motivos, no puedo aceptar las enmiendas presentadas relativas al Eurotúnel. 
Quisiera decir al Sr. Watts y a la Sra. Berès que la seguridad en el Eurotúnel es un asunto específico a ese lugar y, como debe ser, compete a Francia y a Gran Bretaña estudiarlo a nivel bilateral. 
Creo realmente que este asunto estará mejor atendido por los gobiernos de los Estados miembros que son los únicos directamente involucrados, y la acción comunitaria al respecto estaría fuera de lugar. 
Algunos diputados, entre los que se encontraba la Sra. McIntosh, han planteado la cuestión de una posible distorsión de la competencia entre las modalidades de transporte a raíz de la introducción de esta directiva. 
Naturalmente, la Comisión se propone alcanzar condiciones equitativas de competencia entre las modalidades de transporte mediante una serie de medios, pero por motivos muy prácticos, eso no puede significar legislar para un sector simplemente porque otra modalidad haya pasado a estar sujeta a una ley que impone nuevas obligaciones. 
Como la Asamblea recordará, la necesidad de un registro de pasajeros a bordo de buques de pasaje deriva de las catástrofes que sufrieron los transbordadores Estonia y el Herald of Free Enterprise, así como de las obligaciones que se desprenden del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar de la OMI. 
Ninguno de estos sucesos ni dichas normas internacionales son aplicables al funcionamiento del Eurotúnel. 
Un último elemento que deseo añadir es el relativo a la capacidad de los operadores de transbordadores para cumplir esta legislación. 
El sector de tratamiento de datos europeo proporciona los medios técnicos necesarios para cumplir estos requisitos y la fecha propuesta para la entrada en vigor ha sido fijada deliberadamente para permitir tiempo suficiente para la preparación. 
La Comisión está convencida, por tanto, de que las compañías que operan en el Canal, que están comprometidas con unos niveles muy altos de seguridad y servicio, podrán aplicar soluciones viables basadas en estas tecnologías, al tiempo que salvaguardan su posición competitiva. 
Aunque la Comisión no puede apoyar las enmiendas presentadas hoy en las recomendaciones del Sr. Watt, sé que él y la Comisión de Transportes y Turismo siguen apoyando la medida relativa al registro de pasajeros en los transbordadores. Es una actitud que, naturalmente, acojo con satisfacción. 
También estoy seguro de que el auténtico compromiso del Sr. Watts y de otras Señorías con los progresos en la legislación sobre seguridad es una garantía de que mantendrán ese apoyo cuando debatamos la nueva propuesta sobre las licencias para transbordadores y embarcaciones de pasajeros de alta velocidad, a la que me he referido hace un momento. 
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Kinnock por su declaración. 
Las diferencias entre nosotros no deben ensombrecer el acuerdo general que existe sobre el principio de esta medida que será aplicable en todas las aguas de la Unión Europea. 
Quiero hacer hincapié en ello. Acojo con satisfacción su medida sobre la concesión de licencias, cuyo debate, estoy seguro, todos esperamos con interés. 
No obstante, debo prevenirle que, lamentablemente, estoy seguro de que volveremos sobre el tema del Shuttle. 
Lamento que tengamos que discrepar sobre el análisis de ese problema. 
Estoy seguro de que respeta nuestra opinión y de que tendremos ocasión de volver a tratar sobre éste y otros asuntos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0073/98) del Sr. Kreissl-Dörfler, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones en la OCDE relativas a un Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI). 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, es un honor muy especial para mí tener la oportunidad de exponer hoy aquí la posición de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobre las negociaciones sobre un acuerdo multinacional de inversiones- el denominado AMI -, sobre todo porque esta es la primera ocasión en que un Parlamento debate exhaustiva y oficialmente sobre este acuerdo multilateral, sin duda el más importante después la conclusión de la ronda de negociaciones del GATT. 
Lo hacemos con la clara intención de ofrecer a la Comisión Europea, como una de los socios más importantes, una pauta de referencia para las rondas de negociaciones que todavía deben celebrarse en París antes de la conclusión del acuerdo, prevista para finales de abril. 
El AMI tiene unos antecedentes muy instructivos. 
En marzo de 1995, la Unión de Industrias de la Comunidad Europea, UNICE, presentó un documento en el cual proponía un AMI y esbozaba los contenidos fundamentales del mismo. 
Según la propuesta, los acuerdos bilaterales de inversiones existentes deberían ser sustituidos por una normativa multilateral, que suprimiese los obstáculos para las inversiones de conformidad con los principios del trato de nación más favorecida y del trato nacional, y que liberalizase en gran parte y protegiese ampliamente las inversiones. 
Todas las medidas fundamentales que solicitaba la UNICE se han incorporado al presente proyecto de la OCDE. 
La reunión de ministros de la OCDE dio la luz verde para la negociación del AMI en mayo de 1995. 
Desde entonces las negociaciones han venido celebrándose a puerta cerrada en París, a espaldas de la opinión pública y también de los parlamentos, pero con la participación de los consorcios económicos. 
Se prevé establecer un llamado free standing agreement, que también estará abierto a los Estados no integrados en la OCDE, los cuales no pueden ejercer, sin embargo, ningún influjo para determinar el texto del acuerdo. 
Precisamente por esto es de suma importancia el informe por propia iniciativa de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Con él hacemos uso de nuestro derecho de formular recomendaciones sobre un procedimiento en curso. 
Además, damos explícitamente por sentado que, una vez concluido el acuerdo, el AMI será sometido al dictamen del Tribunal de Justicia Europeo y el Parlamento será consultado por la Comisión y por el Consejo en aplicación del procedimiento de dictamen conforme. 
Sería una gran satisfacción para mí si usted pudiera confirmarlo también claramente en su respuesta, señor Comisario. 
No queremos que el AMI siga estando al servicio de la gran industria, pues no podemos dejar en manos de los capitanes económicos nuestra responsabilidad con respecto a la regulación política de la economía. 
Al contrario, suponiendo que fuese necesario un AMI, éste tendría que permitir acabar con la actual " carrera cuesta abajo» (race to the bottom) en la competencia por reducir al mínimo las normas sociales y ecológicas. 
Por lo que se refiere al acuerdo en sí, el mandato supremo del acuerdo previsto es una prohibición general de las discriminaciones contra los inversores extranjeros. 
Sin embargo, la supresión de los obstáculos a la inversión no debe llevarnos a tirar el niño junto con el agua del baño. 
No es posible que se dejen en la cuneta los acuerdos multilaterales sobre protección del medio ambiente, como el Protocolo de Kioto, por ejemplo. 
Un documento de trabajo elaborado por plumas autorizadas de la propia OCDE expresa, de hecho, este temor. 
No basta con una mera declaración formularia en favor de la salvaguardia de las normas ecológicas y sociales incluida en el preámbulo. 
Las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales deben quedar incorporadas de manera vinculante y sancionable en el acuerdo. 
La comisión también tiene serias dudas en relación con los temas de la "expropiación» y la" indemnización». 
No puede admitirse que un inversor pueda reclamar ganancias no realizadas, simplemente porque se ha desarrollado la legislación medioambiental o social de un Estado o en caso de que se introduzca una reforma fiscal socioecológica, por ejemplo. 
Una región tiene que poder seguir decidiendo bajo el control democrático si desea atraer macroproyectos o si prefiere promover a las pequeñas y medianas empresas con una vinculación local con vistas al consumo local. 
Las largas listas de peticiones de excepciones que entre tanto se han presentado al secretariado de la OCDE ponen en entredicho algo más que la validez jurídica del principio máximo de la igualdad de trato. 
Nosotros tampoco consideramos aceptables los procedimientos de "standstill» y" rollback» en su presente forma. 
La comisión se manifiesta igualmente contraria al procedimiento de conciliación propuesto, que sitúa a los inversores al mismo nivel jurídico que los Estados. En efecto, pensamos que los procedimientos nacionales e internacionales existentes ya son suficientes. 
Por consiguiente, deberíamos tomarnos un tiempo para examinar detenidamente los objetivos y los efectos de un AMI, pues la cohesión social, la sostenibilidad ecológica y el poder fiscal democrático no deben quedar sujetos a limitaciones con múltiples consecuencias en el contexto de un AMI, sino que por el contrario deberían ser los principios máximos del mismo. 
Yo quiero agradecer también muy sinceramente a las demás comisiones que han emitido su opinión y a la secretaría de la comisión su colaboración y su dedicación, y solicito su voto afirmativo, Señorías, para el presente informe. 
Nuestra tarea más importante es delimitar el terreno de juego sobre el que puede desarrollarse la política económica. 
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, felicitar a la Comisión REX por haber tenido la iniciativa de ocuparse de este informe; felicito también a la comisión por el ponente que ha elegido, cuya exposición suscribo de la cruz a la raya. 
Quisiera además, señor Presidente, resaltar una de las ideas que ha subrayado el ponente: el secretismo con que este acuerdo se está negociando. 
No quiero traer aquí a colación las declaraciones de responsables parlamentarios nacionales; baste que la Comisión sepa que este Parlamento no está satisfecho con el grado de información y participación que se le está dando a la tramitación de un acuerdo que ha sido calificado como la constitución económica del mundo, como el documento más importante que vamos a discutir en los próximos tiempos. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ha elaborado un informe de opinión y ha formulado algunas observaciones, algunas recomendadas por mí, otras incorporadas por mi comisión, pero que voy a defender con la misma pasión. 
En primer lugar subrayamos la necesidad de que este acuerdo vinculante afecte a los Gobiernos «inferiores» , a los Gobiernos que tengan competencias en materia de inversiones, a los Gobiernos subfederales, a los Gobiernos subcentrales- estoy pensando fundamentalmente en los Estados Unidos y en Canadá-. 
En segundo lugar, se subraya la necesidad de informar, a los países no miembros de la OCDE que, en el futuro, quieran acceder a este acuerdo, de la marcha de las negociaciones, y que se respete su derecho a formular reservas. 
En tercer lugar, y como es obvio, pedimos, por coherencia, que el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones respete el Tratado de la Unión Europea y las decisiones aprobadas por la Ronda Uruguay y por los demás tratados internacionales. 
En cuarto lugar- y posiblemente sea la cláusula más importante- este Parlamento pide que se incluya la cláusula llamada de «organizaciones económicas de integración regional» , que disponga que no estarán obligados los países que forman parte de ellas- y estoy singularmente pensando en los de la Unión- a extender a los países que no forman parte de dicha organización el tratamiento más favorable reservado a los países miembros de la misma. 
La no inclusión de una cláusula de este tipo haría volar por los aires el proceso de integración mercantil que los europeos hemos realizado. 
En quinto lugar, se pide que se incluya en el acuerdo multilateral una cláusula que prohíba a cualquiera de las partes contratantes la aplicación de medidas que tengan efectos extraterritoriales; no es ningún secreto que estoy pensando en la ley Helms-Burton. 
Finalmente, y con esto termino, que en ningún caso se permita que los estándares laborales o los estándares medioambientales sean disminuidos en el marco de ese acuerdo. 
Señor Presidente, yo también felicito a la Comisión REX y al ponente por plantear este asunto ante el Parlamento Europeo. 
Las inversiones que se realizan de acuerdo con las condiciones del AMI son muy elevadas y de gran alcance, de hecho, su alcance es tal que la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos teme que puedan desestabilizar el acervo comunitario. 
Debemos ser muy cautelosos en este asunto. 
Podría obligar a los Estados miembros a ofrecer a los inversores extranjeros las mismas ventajas que a las empresas de la UE, lo que podría significar que la protección del medio ambiente, la protección del empleo y otras leyes comunitarias se consideraran ilegales y, por consiguiente, fueran desmanteladas. 
El papel del Parlamento Europeo es muy importante en este asunto. 
El Parlamento Europeo tiene la obligación de influir en el contenido de un tratado tan importante como el AMI, que corre el riesgo de ser negociado y concluido sin ninguna participación democrática. 
En segundo lugar, tiene que salvaguardar sus poderes y aquéllos de la Unión en general, que podrían verse reducidos mediante la celebración de un convenio internacional como éste. 
En sus conclusiones, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos hace un llamamiento al Parlamento Europeo para que declare que no puede aceptar avalar ningún acuerdo que tendría el efecto de hacer retroceder la legislación de la UE y, por consiguiente, insiste en que se haga uso de las cláusulas de excepción y se incluya una cláusula separada de Organización de Integración Económica Regional. 
No puede decidir avalar ningún acuerdo que tendría el efecto de prevenir una mayor armonización de la legislación de la UE, e insiste en que se introduzca una cláusula separada de Organización de Integración Económica Regional que haga posible nuevas medidas armonizadas, como, por ejemplo, la legislación sobre medio ambiente, aprobada en el marco de dicha organización, y sustituya las medidas aplicadas previamente po dichos Estados. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos exige que las propuestas sean compatibles con los convenios internacionales ya ratificados por la UE, y llama la atención sobre los graves problemas de coherencia y de seguridad jurídica a que podría dar lugar la inclusión de la propiedad intelectual en el campo de acción del acuerdo multilateral sobre inversiones, dada la complejidad del tema que entra en el ámbito de la OMPI y, más recientemente, de la Organización Mundial del Comercio. 
Por último, la Comisión de Asuntos Jurídicos desea hacer un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 228, presenten la totalidad del proyecto definitivo del AMI al Tribunal de Justicia para que sea examinado exhaustivamente antes de ser ratificado. 
Señor Presidente, yo quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Kreissl-Dörfler por su excelente informe sobre esta materia sumamente compleja. 
Se trata de un tema que no sólo afecta a la seguridad en el empleo y la ecología, sino también a la identidad europea. 
A pesar de que subsisten reparos justificados contra el presente proyecto de acuerdo y, por lo tanto, no podemos darle nuestra aprobación en estos momentos, ello no significa que no sea necesario establecer una mayor transparencia y seguridad jurídica para las inversiones internacionales en todos los ámbitos. 
Sin embargo, todavía quedan algunos problemas pendientes, problemas vitales de carácter social, ecológico y también político cultural. 
En mi calidad de miembro de la Comisión de Cultura yo voy a referirme a la posible amenaza que podría suponer el acuerdo para la política cultural y de medios de comunicación de la UE. 
Es imprescindible que se incorporen cláusulas de excepción para la industria cultural y con vistas a la protección de la propiedad intelectual. 
La creación cultural no es, en efecto, una mera inversión económica. 
Si se aplicase, por ejemplo, en el ámbito cultural el principio de " trato nacional» que consagra el acuerdo, los consorcios de comunicación estadounidenses también podrían acceder a los fondos de subvención de la UE, unos recursos que están previstos precisamente para apoyar a la industria cultural europea. 
La Directiva sobre la televisión sin fronteras o el programa Media II perderían entonces su valor. 
Si la UE no protege la política cultural europea mediante la inclusión de cláusulas de excepción en el acuerdo de inversiones, estará contradiciendo su propia política encaminada a garantizar la calidad y la diversidad de la producción audiovisual europea y, con ellas, la preservación de una identidad europea. 
Yo insto, por consiguiente, al Pleno a que respalde en la votación a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y a la Comisión de Cultura para que la política cultural y la propiedad intelectual se excluyan del acuerdo. 
Señor Presidente, uno de los aspectos más alarmantes del AMI es la falta de debate público, lo que va en contra de los principios de democracia, transparencia y participación pública. 
El AMI podría tener gravísimas consecuencias para el sector pesquero tanto desde una perspectiva social como del medio ambiente. 
A pesar de que la Política Común de Pesca no ha tenido un éxito arrollador, al menos tiene el mérito de que la UE es la responsable de las políticas y del desbarajuste actual. 
A la Comisión de Pesca le preocupa que el AMI pudiera obligar a la UE a alterar su enfoque de la gestión de la pesca para adaptarse a los deseos de algunos países o, incluso, de algunas compañías. 
Por ejemplo, si, como medida de conservación, la Comunidad decidiera reducir la pesca para permitir la recuperación de los recursos, ¿podrían otros países o incluso grandes empresas sostener que la medida es injusta e invalidar la decisión comunitaria? ¿Perdería la UE el control sobre sus recursos propios? 
La Comisión aseguró a la Comisión de Pesca que estas inquietudes carecían de fundamento, que se establecerían las reservas adecuadas para garantizar que la UE mantiene su independencia. ¿Pero qué garantías tendrán dichas reservas? 
Los cambios en el mundo se suceden con rapidez; cabe preguntarse si es posible prever todas las implicaciones del AMI y asegurar unas reservas que garanticen que la gestión de la pesca de la UE seguirá en manos europeas. 
No olvidemos que los efectos de este acuerdo durarán como mínimo veinte años y que sin duda habrá fuertes presiones para la eliminación paulatina de las reservas. 
A pesar de que la opinión de la Comisión de Pesca es relativa únicamente a la pesca, es fácil imaginar que la situación sería similar en el caso de otros recursos: por ejemplo, el sector de las extracciones, la silvicultura, la agricultura, la minería, etc. Asimismo, las inquietudes de la UE son probablemente similares a aquéllas de otras partes del mundo. 
Por último, la opinión de la Comisión de Pesca fue aprobada por unanimidad, es muy compleja, y es importante que las conclusiones de esta opinión sean incluidas en su totalidad y no simplemente resumidas en una enmienda breve y casi privada de significado. 
Señor Presidente, en primer lugar yo quiero expresar mi agradecimiento al ponente, también en nombre de mi Grupo político. Además de realizar un excelente trabajo, también tomó la iniciativa de elaborar el presente informe. 
De lo contrario, si no nos hubiésemos apresurado a actuar- también desde la Comisión -, seguramente el informe no sólo habría pasado desapercibido en el Parlamento Europeo, sino que tampoco habría actuado como una señal para los parlamentos nacionales, tal como está ocurriendo ahora. 
Mi Grupo político ha presentado una enmienda y yo espero que todos los Grupos habrán tomado nota de ella. 
Pedimos que los Gobiernos nacionales y acto seguido también los parlamentos exijan que no se apruebe la conclusión de las negociaciones y del acuerdo en cuestión en el mes de mayo. 
Sir Leon Brittan se encuentra hoy aquí y yo espero que también transmita está señal a la Comisión Europea. 
Nosotros pensamos que es necesario emitir ahora una señal para que los Gobiernos y la opinión pública, y también los parlamentos nacionales, estén preparados, y que les indique con toda claridad cuál es el contenido del acuerdo y la urgente necesidad de continuar negociando con vistas a conseguir un paquete de resultados satisfactorio. 
Para nosotros es evidente que es posible que entonces ya no tenga sentido continuar las negociaciones en el marco de la OCDE, sino que quizás sea aconsejable desarrollarlas directamente en el ámbito de la OMC. 
Sir Leon Brittan, ya sé que esto seguramente no le complace demasiado, pues usted considera del todo razonable poder disponer de un paquete que ofrezca a los Estados de la OCDE, y sobre todo a los inversores, una garantía para sus inversiones. 
Nosotros no lo negamos, pero nos preguntamos si no sería más conveniente negociarla ya en el marco de toda la OMC. 
Nosotros mantenemos una posición de sano escepticismo en relación con algunos puntos, que también comparten, por otro lado, la mayoría de los Estados que participan en las negociaciones. 
Uno de estos puntos, para exponerlo muy brevemente, se refiere a la amplitud de la definición de lo que se entiende por inversión. 
Se protegen las inversiones directas, las inversiones de cartera y también todas las incluidas en el ámbito de las inversiones intangibles, entre las cuales figura también la propiedad intelectual. 
Este tercer ámbito, en particular, rebasa ampliamente los resultados negociados en el marco de la OMC y es preciso ponerlo críticamente entre interrogantes. 
El segundo punto es el hecho de que se sigue avanzando en la liberalización y, además, se introduce un procedimiento de conciliación que ofrece a los inversores la posibilidad de actuar contra los Estados, pero en cambio no concede a éstos el derecho a actuar a su vez contra los inversores en circunstancias en las que esto puede ser de una importancia crítica. 
Ésta es otra consideración critica. 
Todavía me queda todo un paquete de consideraciones críticas en las que lamentablemente no voy a poder entrar ahora. 
Sería una satisfacción para mí- y sé que la Comisión está informada al respecto- que éstas se incorporasen a las negociaciones. También quisiera pedir una vez más que las negociaciones no se cierren en mayo. 
Señor Presidente, quiero empezar mi intervención felicitando al ponente Kreissl-Dörfler por el excelente informe que ha elaborado. 
La conclusión y firma del Acuerdo Multilateral de Inversiones proporcionará, sin ninguna duda, a los firmantes el primer marco de carácter multilateral que regulará de forma amplia las condiciones y el tratamiento de las inversiones internacionales, incluyendo en este amplio concepto inversiones directas, préstamos, propiedad intelectual, licencias, autorizaciones y todo el amplio campo de derechos y deberes que, dentro del mundo del comercio, estamos considerando. 
Teniendo en cuenta la trascendencia que las inversiones exteriores tienen en la economía de hoy, dada la creciente globalización en la que estamos inmersos, podemos considerar que el Acuerdo marco sobre inversiones va a suponer para el campo de las inversiones lo que el GATT supuso en su día para el comercio, es decir, la creación de un marco de referencia global y estable que sustituirá a más de 1.800 acuerdos bilaterales existentes en la actualidad. 
En definitiva, podemos acuñar una frase: el AMI cambiará el mundo. 
El AMI se convertirá en uno de los grandes logros de la OCDE y, en el futuro, de la OMC. 
Este acuerdo ofrece garantías a las empresas y a los Estados, y espera que sus normas se extiendan a escala mundial. 
Tenemos que considerar que en los últimos años las inversiones en el mundo ascienden a más de 10 billones de dólares- todo inversiones internacionales directas -, con una fase de crecimiento que ronda los 500.0- 600.000 millones de dólares de crecimiento anual- crecimiento, por otra parte, muy desigual, ya que en el África denominada «negra» apenas se invierte. 
Yo quisiera hacer un llamamiento para que se invierta no sólo donde consideramos que las inversiones tienen compensaciones inmediatas; tenemos que pensar en la solidaridad de la inversión en todo el mundo. 
En cualquier caso, tras haber vivido con gran intensidad el proceso de elaboración de este informe, dadas las numerosas enmiendas presentadas (se han presentado más de 80 enmiendas en la Comisión REX) , y a pesar de que no refleja en absoluto la opinión del Grupo del PPE, pedimos el voto a favor de este informe porque consideramos que constituye un compromiso ineludible. 
Y esperamos que este informe, precisamente por el voto de confianza que va a recibir de este Parlamento, sea tenido en cuenta por la Comisión Europea de cara a la próxima negociación y firma del acuerdo en abril, ya que, como ha dicho el ponente, vamos a ver si se tiene en cuenta al Parlamento. 
Nosotros- yo diría que el Parlamento en general y, en este caso, la Comisión REX, en particular- tenemos muchas veces la impresión- yo creo que es una opinión compartida- de que tratamos de trabajar, tratamos de elaborar acuerdos e informes y que, finalmente, la Comisión hace caso omiso de ello. 
Yo me alegro de contar aquí con la presencia de Sir Leon Brittan para pedirle que nos escuche, que nos atienda y que nos tengan en cuenta. 
Señora Presidenta, Señorías, para nosotros es positiva la liberalización de las inversiones que estimulen la competitividad y promuevan la economía europea. 
Naturalmente, un acuerdo de ese tipo por fuerza tendrá que respetar los principios y los fundamentos sobre los que se ha construido Europa. 
La ciudadanía tendrá que ser informada de las distintas negociaciones, y en especial tendrán que serlo los Parlamentos nacionales, que desempeñan un papel decisivo en el momento de la aplicación de los acuerdos internacionales. 
El Acuerdo multilateral sobre las inversiones, de todas formas, ha de tomar en cuenta la legislación de la Unión Europea, sin que esto impida una posterior armonización, y no puede perjudicar los acuerdos ni las políticas de desarrollo en vías de aplicación. 
El Consejo Europeo tendría que ser consultado sobre la conclusión del AMI en nombre de la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 228, apartado 3, según el Tratado y según el procedimiento de dictamen conjunto. 
De todas formas, considero de importancia fundamental que los Gobiernos y los Parlamentos nacionales estén vigilantes en el momento de la presentación del proyecto. 
Tal vigilancia es absolutamente fundamental en lo que se refiere al sector cultural en su conjunto: la política cultural necesita de un espacio propio, de un tratamiento particular que no se puede reducir a meros mecanismos económicos. 
Este tratamiento particular no estará garantizado en el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, al menos mientras las negociaciones estén en la etapa actual, y por lo tanto sería oportuno que el sector cultural quedara excluido del AMI. 
No obstante, no se debe confundir esto con una actitud proteccionista: debemos dejar de temblar ante Estados Unidos, porque no salvaremos la cultura europea encerrándola en un nicho. 
En cambio, hemos de comprometernos en la identificación y el sostenimiento de las iniciativas que estimulen y refuercen la competitividad y la creatividad europeas, cosa a la que se podrá llegar incluso a través de cierta forma de liberalización que, no obstante, tendrá que ser desarrollada ad hoc, deberá hacerse a medida, para salvaguardar los principios que apoyan las diversidades y las peculiaridades fortalecedoras e integrantes de la riqueza y de la identidad de la cultura europea. 
Por lo tanto, nuestro voto es favorable al informe. 
Señora Presidenta, la resolución que el Parlamento Europeo se apresta a votar, contenida en el excelente informe del Sr. Kreissl-Dörfler, es de gran importancia, por razones de método y de sustancia. 
En realidad, se trata de expresar una orientación sobre este documento de consecuencias enormes, que desde hace casi tres años se viene desarrollando en condiciones semiclandestinas. 
El acuerdo estaba a punto de ser concluido sin que ni la opinión pública ni los Parlamentos hubieran estado en condiciones de tomar conciencia plena de sus implicaciones. 
Es muy cierto que, una vez firmado, el acuerdo habría pasado por el tamiz de los Parlamentos, aunque demasiado tarde, sólo para su ratificación, o sea cuando sólo se puede decir "sí» o" no» , cuando ya no es posible influir en su orientación. 
Creo que un gran mérito de nuestro Parlamento es el de haber advertido hace tiempo el alcance de las negociaciones en curso dentro de la OCDE y el de haber tomado la iniciativa- en la que ha sido el primero y único en hacerlo- de votar, sobre la base del artículo 90, apartado 5 del Reglamento, una resolución que puede influir en la negociación mientras esté abierta, para aportar la reflexión de una institución democrática representativa. 
Este carácter oportuno es tanto más importante en estas negociaciones a causa de las enormes proyecciones del AMI- como he dicho -, un acuerdo que no pide un juicio sobre la mucha o poca bondad de las inversiones exteriores sino, más bien, sobre el derecho y el poder de los Estados de regular las inversiones directas exteriores y, por lo tanto, de orientarlas según las propias prioridades, de someter su gestión a determinadas modalidades, de regular su movilidad, así como el uso de los beneficios que produzcan. 
El AMI podría provocar una sustancial erosión de la soberanía de los Estados, cedida a las empresas que estarían en condiciones de impugnar toda legislación del país en que hayan invertido denunciándola como discriminatoria, como una forma de expropiación a priori de un posible beneficio futuro. 
Podría considerarse discriminatoria cualquier norma destinada a proteger la salud de los propios ciudadanos, a proteger el ambiente, a proteger las normas sociales garantizadas a los trabajadores por las leyes y los contratos colectivos y por último- un aspecto importantísimo del problema- a salvaguardar la propia identidad y cultura, sin hablar de otra dramática consecuencia: la prohibición de establecer cualquier incentivo que pueda reducir los desequilibrios regionales o a encaminar hacia ciertos fines el uso de los recursos, un problema de particular gravedad, sobre todo en los países en vías de desarrollo, que están expuestos al peligro de una mayor volatilidad e inestabilidad de los mercados financieros mismos y que carecen de un poder de control sobre las propias balanzas de pago. 
Resulta paradójico que, tras decenios de fatigosa construcción comunitaria y de armonización de las normas dentro de la Unión Europea y después los esfuerzos realizados para conseguir que los países del Este europeo, candidatos a la adhesión, asumieran el acervo comunitario, nos dispongamos a diluirlo todo y a cuestionar el propio sentido de las organizaciones regionales de integración económica, aunque se respete el marco de la OMC, en virtud de la cláusula " REIO» , que en el borrador del AMI parece extremadamente ineficaz. 
Además nos preguntamos con inquietud por qué se eligió como sede de esta negociación a la OCDE, un organismo que tiene una función bien distinta, pues habría sido más apropiado continuar los tratos a través de la OMC. 
La duda de que la elección haya sido ésta porque sólo los 29 países más ricos integran la OCDE tiene tal fuerza y está tan difundida, que pone en serio peligro la credibilidad misma de las instituciones que pretenden legitimarse como reguladoras de la globalización, empezando por la propia OMC. 
La movilización que el " descubrimiento» del AMI ha producido en la sociedad civil europea, en especial en el mundo de la cultura, y en Estados Unidos, donde las ONG han emprendido una verdadera campaña de denuncia, ya produjo la remisión de la conclusión del acuerdo. 
Espero que el voto casi unánime, exceptuada una abstención, de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y de las Comisiones que debían expresar su criterio, cuyas enmiendas se recibieron in toto, haga las veces de un consejo para los negociadores europeos en su accionar, si no vale para rechazar el propio acuerdo- como no sólo nuestro grupo sino muchos otros de este Parlamento lo querrían -, al menos para que se haga una revisión drástica del borrador en discusión. 
Señora Presidenta, no cabe duda de que la multiplicación de las inversiones extranjeras en el mundo justifica la instauración de un marco reglamentario a escala planetaria, no para acentuar la liberalización, sino para orientar las iniciativas de las sociedades transnacionales hacia un desarrollo social y ecológicamente duradero. 
El proyecto actual no responde en modo alguno a este problema y no lo hace por tres motivos. 
El proyecto, actualmente en debate y en el que participa activamente la Comisión, está destinado a aportar una seguridad máxima a los inversores, tomando en consideración el interés de las poblaciones afectadas de una manera más que subsidiaria. 
En segundo lugar, el conjunto de los principios de base y las modalidades propuestas conduce a privar a las instituciones políticas de las prerrogativas normales que les corresponden en un régimen democrático y a someter legalmente a las instituciones democráticas y los Gobiernos a las estrategias y a los intereses de las sociedades transnacionales, con la creación específica de instancias de arbitraje donde estas mismas sociedades podrían hacer condenar a los Estados. 
En tercer lugar, como acaba de decirlo nuestro compañero Castellina, las discusiones en el seno de la OCDE manifiestamente parecen un club de ricos; se ha excluido a los países más vulnerables, es decir, los países en vías de desarrollo, cuando son los que más se encuentran a merced de las estrategias de las multinacionales. 
Se trata de un proyecto que no puede corregirse superficialmente o adaptarse con excepciones, sino que debe ser fundamentalmente examinado en sus propios principios. 
Quisiera ilustrar mis palabras con tres ejemplos concretos. 
Primer ejemplo: una de las modalidades de base, la prohibición de la obligación de resultados, the performance requirements, va totalmente en contra de una política de lucha concreta y específica en contra del paro excesivo en las regiones afectadas por esta plaga. 
En efecto, el permiso concedido a un inversor no podría condicionarse a la contratación obligatoria de mano de obra regional, a contratos de preferencia con las empresas regionales, o a cualquier otra medida de esta índole. 
Tarde que temprano, sería la propia política estructural europea la que estaría en tela de juicio. 
Segundo ejemplo: la expropiación y la compensación que se deriva de ésta. 
Podría considerarse que la adopción de nuevas legislaciones en materia fiscal, medioambiental, o social ejercería un efecto equivalente a una expropiación, lo que la UNICE llama expropiación rampante, ya que causaría una erosión progresiva de las condiciones por las que se tomó la decisión de invertir y acarrearía automáticamente un derecho a compensación financiera. 
Tercer ejemplo: el principio de no discriminación o trato nacional. 
¿Qué pasaría si, en los antiguos países de Europa del Este, o en un país como Brasil, donde la redistribución de las tierras, ya sea por privatización de los koljóses o para responder a la demanda de las poblaciones indígenas o los campesinos sin tierra, pondría sobre el mismo pie de igualdad a las multinacionales y las poblaciones afectadas? 
La respuesta cae por su propio peso: para nosotros es inaceptable. 
El informe del Sr. Kreissl-Dörfler es excelente en la medida en que señala estos problemas y creo que el Parlamento redoraría su escudo votando en su favor con una mayoría muy amplia. 
Señora Presidenta, sin duda alguna había mil buenas razones para que los representantes de la OCDE prepararan, en la mayor opacidad, este acuerdo multilateral, pero hay otras, y no de menor envergadura, que nos exigen rechazar este nuevo orden económico que se nos quiere imponer. 
Efectivamente, se comprenden bien las ventajas que las multinacionales podrían sacar de un acuerdo semejante, tanto más cuanto que este proyecto, que podría resumirse en el principio «a los Estados las obligaciones, a los inversores los beneficios» , les ofrece sólidas garantías. 
Levantar los obstáculos a la inversión es, no cabe duda, algo bueno; aunque sería preciso que el principio de no discriminación, o este concepto muy extensivo de la noción, no tenga consecuencias perjudiciales para el conjunto de nuestros países ya que, al hacer pesar una amenaza real sobre las soberanías nacionales, este acuerdo corre el riesgo de poner a la larga en tela de juicio el derecho de los pueblos, sus exigencias en materia social y medioambiental. 
Impondrá a los países en vías de desarrollo, excluidos no obstante de las negociaciones, cláusulas a menudo contrarias a sus propios intereses. 
Lo sabemos, la influencia de la economía sobre la política pone en cuestión la democracia. 
No hay mejor prueba que la manera en que se ha negociado este acuerdo. 
Por ende, es fundamental que en nuestra calidad de diputados europeos, denunciemos este acuerdo que constituiría un perjuicio grave para la construcción europea en el momento en que su ampliación está precisamente al orden del día. 
¿Qué sería de nuestra política agrícola común, de nuestro modelo social europeo, de nuestras identidades culturales si se aplicara mañana el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones? 
Por ello, hay que felicitarse de la iniciativa tomada por la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y agradecer al Sr. Kreissl-Dörfler por la calidad de su trabajo. 
Por lo demás, nuestro Grupo votará sin titubeos en favor de su informe, pero sería igualmente bueno que el Consejo tomara posición. 
De la misma manera, señor Comisario, esperamos que la Comisión, que participa en las negociaciones, continúe sus esfuerzos, pero siempre en la vía de la razón y la cordura, ya que son nuestras Comunidades Europeas las que está en juego y, a este respecto, es imperativo defender nuestra excepción cultural. 
Esta excepción ha sido adquirida gracias a la movilización de los profesionales de la cultura que todavía hace poco sensibilizaron de nuevo a la opinión pública respecto a los riesgos del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. 
Esa excepción cultural, adquirida en reñida lucha en el curso de las negociaciones del GATT, debe extenderse al AMI. 
De la misma manera, deben mantenerse los convenios que rigen los derechos de la propiedad intelectual ya que, Señorías, ya es hora de comprender que el mundo no es un vasto juego de Monopolio y que la suerte de nuestra cultura no se juega a los dados. 
Señora Presidenta, señor Comisario, quiero saludar la iniciativa de nuestra Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
Ante el secreto que rodeaba una negociación ya muy avanzada, tuvo a bien juzgar indispensable alertar públicamente nuestras opiniones sobre la importancia de los aspectos que se encuentran en juego en el proceso de elaboración, entre iniciados, de un acuerdo multilateral sobre las inversiones. 
Es así como, al cabo de tres años de la apertura de las negociaciones, tenemos hoy en el Parlamento Europeo el primer debate público sobre el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones que se realiza en un recinto parlamentario. 
Asimismo, quisiera felicitar al ponente por saber conservar cierta coherencia en su texto, a pesar de los asaltos de los grandes Grupos para los que el gusto del compromiso a cualquier precio y la insipidez de toda propuesta se ha convertido en una segunda naturaleza. 
El Sr. Kreissl-Dörfler muestra bien que el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones pone en cuestión no sólo la defensa de un sector de actividades, aunque sea tan importante como el de la cultura, sino un método, una lógica, la jerarquización de los actores que intervienen en la escena internacional. 
Organizar la protección de los inversores es una competencia esencialmente nacional y debe seguir siéndolo, incluso si una estrecha coordinación entre los Quince debería permitir perseguir un determinado número de objetivos comunes. 
Mencionaré especialmente la condena de las legislaciones de alcance extraterritorial, la proscripción de toda forma de competencia destinada a atraer una inversión mediante la disminución de las normas sociales o las normas de protección del medio ambiente, la imposibilidad de que una instancia arbitral en materia de inversiones desmantele las disposiciones de una política común, tales como las de la agricultura o la pesca, de atacar la excepción cultural, o de volver a poner en cuestión la decisión de una jurisdicción interna o comunitaria que tenga fuerza de causa juzgada. 
Es esencial que el derecho legítimo del inversor a una protección de su inversión no se transforme en un derecho absoluto a invertir sin restricción alguna ejerciéndose en detrimento de las responsabilidades y de los Estados en materia de legislación y regulaciones. 
En la lógica actual del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, el papel de los Estados se limitaría a garantizar a los inversores el pleno gozo de sus inversiones, mientras que las legislaciones nacionales y comunitarias destinadas a preservar el medio ambiente y las condiciones de vida sociales, serían considerados a priori como obstáculos potenciales a la inversión. 
Por tanto, es la lógica sobre la que reposa actualmente la negociación del AMI y su marco, que excluye a los países en vías de desarrollo, lo que nos parece necesario volver a poner en tela de juicio más que atenerse a una táctica de excepción y reserva, que sólo serviría para designar los lugares de las negociaciones de mañana. 
El proceso del GATT y de la OMC deberían servirnos de lección. 
A este respecto, este informe toca la alarma de manera muy útil. 
Por ello, lo apoyaremos. 
Señora Presidenta, es un placer intervenir ante la Asamblea sin que se advierta mi presencia. 
Mi Grupo y yo apoyamos el informe del Sr. Kreissl-Dörfler. Apoyamos, en particular, los apartados 5, 14, 23 y el apartado 15 sobre las directrices de la OCDE. 
Permítame adelantar que, independientemente del marco en que se celebren las futuras negociaciones sobre los procedimientos de inversión, ya sea en el seno de la OCDE, la OMC o la UNCTAD, agradeceríamos que los que se encargan de nuestros asuntos sean algo más transparentes en la gestión de los mismos. 
Los diputados deberíamos estar en primera fila de las negociaciones, y no al final. 
El Parlamento merece ser felicitado por la elaboración del presente informe. 
El principal apoyo es para el código voluntario y proviene de los países de la OCDE. 
Aparentemente no podemos acordar que se cambie el código voluntario de las directrices por otro vinculante. 
Según una declaración del Sr. Charles Bridge del DTI (ministerio de Comercio e Industria del Reino Unido) sobre el carácter voluntario de las directrices de la OCDE, la emergente opinión mayoritaria es que el carácter voluntario debe ser inalterable. 
Y añade que, desde 1991, los países de la OCDE tienen la obligación vinculante de establecer puntos de contacto nacionales para se encarguen de las actividades de promoción y se ocupen de las consultas y las negociaciones con las partes interesadas en todo lo relativo a las directrices. 
Quizá deseemos analizar que han logrado exactamente dichos puntos de contacto nacionales. 
Según el comité consultivo de la OCDE para las organizaciones sindicales, los resultados de sus estudios apuntan a que, salvo algunas honrosas excepciones, los puntos de contacto nacionales actúan más por iniciativa de otros que por la propia y no se esfuerzan demasiado en cumplir su mandato. 
Algunos sindicatos nacionales que no respondieron a la encuesta declararon que había poco que notificar debido a que los puntos de contacto nacionales de sus respectivos países habían interrumpido sus actividades. 
También se notificó que, a menudo, se hacía caso omiso de las solicitudes de información sobre las directrices, lo que ha dado lugar a un alto grado de apatía por parte de muchos de los afiliados al TUC hacia los CNC, es decir, los centros nacionales de contacto. 
El informe pregunta asimismo: " ¿ha consultado el punto de contacto nacional de su país a los sindicatos sobre su mandato?» 
El punto de contacto nacional Sueco es el único que consulta debidamente a los sindicatos. 
El punto de contacto nacional Belga lo hace por iniciativa de otros y el resto de los demás afiliados respondieron negativamente. 
Por tanto, quizá pueda la Comisión informarnos sobre las medidas que puede adoptar, si se propone seguir el código voluntario, para fomentar los puntos de contacto nacionales con el fin de asegurarse de que éstos adquieren relevancia para las personas que supuestamente se verían afectadas por el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. 
Quisiera pedir también a la Comisión que estudie la cuestión de las inversiones de cartera, porque aunque estamos hablando de inversiones extranjeras directas, los resultados de muchas de estas compañías dependen de las inversiones de cartera de los accionistas. 
Puede la Comisión informarnos de si en dichas negociaciones tendrá en cuenta y alentará a los Estados miembros a que exijan garantías de que los administradores de muchos de los fondos de pensiones y de pensiones complementarias y fondos de seguros son realmente consultados antes de realizar una inversión en cualquiera de la compañías que operan bajo el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones en muchos de los países que, actualmente, no están siendo atendidos demasiado bien por las directrices voluntarias. 
Esto sería un paso hacia la democracia y la Comisión debería aceptarlo. 
Señora Presidenta, resulta impresionante el aumento de la importancia de las inversiones extranjeras directas (11 % al año) , muy superior a la de las demás variables básicas de las economías, pues ha sido a lo largo del último decenio el doble del crecimiento del comercio y el cuádruplo del aumento de los productos. 
Por eso era de extrañar que no hubiera un código multilateral de conducta a ese respecto. 
Al ser la libre circulación de capitales un factor de aprovechamiento máximo de los recursos, no ha puesto, por lo demás, en entredicho, como se podía temer y no sería deseable, el crecimiento del comercio con la libre circulación de productos y servicios. 
Y, desde un punto de vista espacial, al propiciar las inversiones en zonas más desfavorecidas, ha sido un factor de equilibrio, con el mantenimiento aquí de una mano de obra que de otro modo se habría visto obligada a emigrar, con graves costos humanos y sociales (por lo que cobra importancia a ese respecto la estrategia de las empresas multinacionales, con la localización de unidades y la subcontratación en diferentes países y regiones). 
Si bien presenta las virtualidades señaladas, hay que establecer normas de conducta rigurosas, so pena de que la inversión extranjera directa se transforme en una forma inaceptable de explotación y violación de las normas de la competencia. 
Muy en particular, como lo señala correctamente el ponente, el Sr. Kreissl-Dörfer, a quien felicito, es necesaria la mayor exigencia en el cumplimiento de las normas sociales y medioambientales. 
De no ser así, tendrán motivos de queja nuestros trabajadores y nuestros empresarios y no será aceptable el traslado de las inversiones. 
Y, como ya hemos subrayado en diversas ocasiones, se trata de una exigencia con la que al mismo tiempo prestamos un buen servicio a los trabajadores y a los ciudadanos de los países más atrasados, al evitar su explotación y la degradación de su calidad de vida. 
Por último, también nos lamentamos de que algunos avances en la esfera del control de las subvenciones no vayan acompañados de avances en la esfera fiscal, al producirse una competencia mediante la reducción de los impuestos sobre el capital que acaba agravando el desequilibrio ya existente, con una sobrecarga exagerada de la tributación del trabajo. 
Como única nota de reserva en relación con el ponente y algunos oradores que ya han intervenido, tememos que las excepciones que se proponen en la esfera cultural nos orienten en un sentido proteccionista, cuando, en realidad, la cultura europea se debe imponer por sí misma y no mediante un proteccionismo que acabará atrofiándola. 
En este caso, estoy más de acuerdo con la perspectiva holandesa. 
Señora Presidenta, yo también quisiera decir que comparto la excitación y la intranquilidad que existe y que se ha expresado también aquí en relación con el acuerdo multilateral de inversiones. 
Esta intranquilidad existe tanto en las comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo como en los círculos artísticos y académicos. 
También con razón, hay publicaciones de la Prensa europea que llaman la atención sobre el peligro en relación con la probable y particularmente precipitada firma de este acuerdo. 
En la Comisión de Cultura, Juventud Educación y Medios de Comunicación, de la que soy miembro, hemos llevado a cabo grandes batallas en contra de los intentos de que la industria de Europa se vea degradada y herida y de que se deteriore nuestra identidad de gran diversidad cultural, tal como se ve amenazada con este acuerdo. 
Ya la política cultural europea se vio amenazada en las negociaciones del GATT, en donde al final conseguimos la excepción cultural, la cual no sólo debe permanecer intacta sino también, querría decir que, debería reforzarse. 
Recuerdo que también hay otras representaciones nacionales que ambicionan excepciones que les interesan y esto es lo que hacen los americanos en relación con determinados sectores para los que tiene regulaciones especiales favorables a sus ciudadanos en el marco de la OCDE. 
Debemos obstaculizar el esfuerzo que hay por desarticular las políticas europeas y la estructura europea en su conjunto, en cuanto concierne a los sectores de los productos y servicios culturales, incluidas las nuevas tecnologías, la propiedad intelectual y otros derechos de nuestros artistas y autores sin olvidar que el problema existe también en otros sectores- se ha mencionado ya- como son los transportes, la pesca y la agricultura. 
La solidaridad europea debe ser imperturbable hasta el fin, a pesar de las intensísimas presiones que hay y de los ataques que recibe esta solidaridad y querría subrayar, en este punto, que desgraciadamente existen Estados miembros con representaciones que quieren avanzar más rápidamente en la firma de este acuerdo, sin examinar los problemas que se crean. 
No negamos la necesidad de concluir las negociaciones, pero de ninguna manera antes de regular, de forma satisfactoria, cuestiones vitales para Europa. 
Señor Presidente, acojo el presente acuerdo con gran satisfacción porque favorece la no discriminación en materia de inversiones, la aplicación del Estado de derecho en los Estados miembros signatarios y porque ha sido pensado para incrementar las inversiones internacionales y, por ende, también el comercio internacional. 
Todo ello es excepcionalmente bueno y lo acojo con satisfacción. 
Lo que me preocupa es que cuando se comienza a analizar este acuerdo- he comenzado a leerlo en varias ocasiones, pero aún me falta mucho para terminarlo -, despierta un gran número de interrogantes. 
Es evidente que debido a que las inversiones extranjeras son un ámbito altamente competitivo, una de las cosas que sucederán es que, a pesar de tratarse de un acuerdo de la OCDE, se producirán fuertes presiones para que también suscriban el acuerdo terceros otros países que busquen inversiones internacionales. 
Una vez más, en principio, acojo con satisfacción la medida. 
Me preocupa el nivel de participación de los países en vías de desarrollo, en particular, en el proceso de toma de decisiones, a pesar de que, básicamente, en estos momentos es un documento de la OCDE. 
Al igual que ha hecho el Sr. Falconer, también quisiera apuntar a las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. 
A pesar de que la OCDE se encarga de gran parte de su material publicitario, me gustaría que su prominencia en el contexto del presente acuerdo fuera mayor. 
Una vez más, cuando se lee el acuerdo, despierta más interrogantes de las que quizá responde, sobre cómo se tratará el tema del respeto del medio ambiente en la versión definitiva. 
Mi otro comentario, que hago con una cierta ironía, es la pregunta de si seguirá existiendo discriminación contra las empresas del país en lo relativo a incentivos a las inversiones que realizan algunos países que suelen discriminar en favor de la inversión extranjera. 
Por último, deseo preguntar cuándo se firmará, por fin, el acuerdo- estaba previsto que se hiciera en mayo, pero parece ser que se aplazará- y si será sometido al procedimiento de dictamen conforme del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, el tratado del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones constituye un verdadero artefacto de guerra contra los pueblos, los países, los Estados. 
Los intereses de los inversores extranjeros se privilegian más allá de toda mesura; sus derechos se extienden a todas las esferas, puesto que pueden perseguir directamente en justicia a los Gobiernos, para obtener daños y perjuicios en compensación de toda medida que consideren encaminada a disminuir sus beneficios. 
Así, los derechos sociales, la protección del medio ambiente, la ordenación del territorio, la preservación de los recursos naturales, la preocupación por el interés colectivo, las libertades sindicales, constituirían otros tantos aspectos que podrían justificar las sanciones, así como, por lo demás, la preferencia comunitaria. 
En el proceso actual de globalización, se pisotean los intereses de las poblaciones; con el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, se escarnece a los propios Gobiernos y éstos no tendrían sino obligaciones con respecto a las multinacionales. 
Tal lógica es totalmente inaceptable y, por lo demás, es ampliamente rechazada. 
Cuando, desde 1995, las negociaciones se han llevado a cabo en el mayor secreto, la realidad del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones ha salido a la luz, suscitando un vasto movimiento de protesta en los Estados Unidos, Canadá, India y Europa. 
Incluso en Francia, los artistas y los creadores, dándose cuenta de todo lo que la cultura tiene que perder en semejante lógica de mercantilismo, se movilizaron con mucha fuerza. 
El Gobierno francés, a través de su Primer ministro, señaló que un acuerdo de esta índole no puede en modo alguno poner en tela de juicio la libertad de los Gobiernos a aplicar sus opciones. 
Francia, dice, reclama disposiciones legalmente obligatorias, que prohíban una competencia entre los países con el fin de atraer las inversiones a través de la disminución de las normas sociales y la legislación medioambiental. 
El informe del Sr. Kreissl-Dörfler formula numerosas críticas justificadas y reclama, con toda razón, un diálogo público así como la transparencia sobre las negociaciones de la OCDE. 
No obstante, no va hasta el fondo del asunto limitándose, a fin de cuentas, a la mera recomendación- cito- de no firmar el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones sino después de haber procedido a un análisis profundo. 
El Parlamento Europeo, primera instancia elegida para debatir el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, gracias especialmente a su Comisión REX, debería, a mi juicio, exigir a los Gobiernos de los Estados miembros que no firmen el AMI, que aplacen las negociaciones y prevean un vasto debate público previo asociando a los Parlamentos nacionales. 
Puede formularse la misma exigencia en relación con el proyecto de mercado único transatlántico, conocido con el nombre de «proyecto Brittan» , que se inspira exactamente de los mismos principios ultraliberales que el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. 
Nosotros, en tanto que diputados franceses, estamos resueltos a contribuir al desarrollo del movimiento social para hacer fracasar estos proyectos predadores del empleo y de las libertades y hacer prevalecer una lógica de cooperación y desarrollo duradero, verdadero envite de civilización para el tercer milenario. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer muy sinceramente a mi colega Kreissl-Dörfler porque realmente ha dado que pensar, no sólo a nosotros, sino también a los Parlamentos nacionales, de manera que verdaderamente nos hemos fijado en esto. 
Se dice que será la ley fundamental de la economía global. 
Pero también se ha dicho que no sólo están en juego intereses económicos, sino también intereses medioambientales, intereses sociales, el derecho de las naciones a tomar sus propias decisiones, etc. 
Quisiera preguntar a la Comisión: ¿por qué no se nos ha informado en el Parlamento Europeo que ha habido una discusión? ¿dónde está el diálogo con los ciudadanos y con los Parlamentos elegidos por el pueblo? 
Estoy sumamente decepcionado del Ministro de Comercio sueco que ha participado en esas negociaciones desde 1995 sin dar la más mínima señal sobre lo que ha estado sucediendo. 
Él también es socialdemócrata y dijo en la última elección que ellos " domarían a las fuerzas del mercado». 
Ahora vemos lo que pasa con esas promesas. 
¡Así es que adelante con más democracia! 
Y como se dijo en una intervención anterior: " ¡detengan el Acuerdo hasta que hayamos tenido un verdadero diálogo! 
Señora Presidenta, ya es hora, a mi juicio, para los responsables políticos que somos, que hemos recibido nuestra legitimidad del sufragio universal, de poner un alto a las desviaciones tecnocráticas de algunas instituciones internacionales. 
Se impone una pregunta y voy a formularla claramente: ¿al servicio de quién está la OCDE? 
¿Está para ayudar el desarrollo económico, social y cultural de los países y sus poblaciones, o está al servicio de las poderosas multinacionales? 
El Acuerdo Multilateral sobre Inversiones da la respuesta. 
Estos acuerdos están siendo preparados pasando por encima de todo control democrático, por altos funcionarios que no tienen sino un objetivo, eliminar todas las salvaguardias en materia cultural, pero también social y medioambiental. 
Con el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones estamos aprendiendo una verdadera lección. 
No se trata de un mero tropiezo; confirma todo un concepto ultraliberal cuyo objetivo es pisotear todos los avances sociales y democráticos, a menudo conseguidos en reñida lucha. 
Decir no al Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, equivale en el fondo a decir no al concepto actual de la OCDE, pero quizás sea también iniciar una reflexión sobre la oportunidad de mantener o no en función tal institución, o, por lo menos, de volver a definir su misión. 
¿No sería mucho más juicioso y eficaz reforzar el papel de la Organización Mundial del Comercio, que se encargaría de tratar los temas que actualmente se debaten en la OCDE? 
En todo caso, se plantea más que nunca el problema del control democrático de las instituciones internacionales, si se quieren evitar desviaciones nefastas para las poblaciones. 
Señora Presidenta, en este momento existen aproximadamente 1.800 acuerdos bilaterales sobre inversiones directas extranjeras. 
Esto lleva a una intransparencia y a unas contradicciones entre los acuerdos. 
Un acuerdo multilateral de inversiones en el marco de la OCDE es, por lo tanto, lógico. 
Los países de la OCDE abarcan la mayoría de las inversiones directas extranjeras y en el marco de la OCDE se puede llegar más rápido y más eficiente a un acuerdo que en el marco de la OMC. 
Quiero hacer dos preguntas a mi colega Kreissl-Dörfler. 
¿Este tipo de acuerdo internacional global no amenaza con dar más prioridad a los intereses de las empresas multinacionales que al interés general? 
¿Sigue habiendo margen de negociación para los países en desarrollo al aceptar el acuerdo o se enfrentan a unos hechos consumados? 
El ponente presta atención a esto con razón en su valioso informe. 
Este acuerdo limita considerablemente las competencias soberanas, lo cual constituye una evolución que me llena de preocupación. Podría tener unas consecuencias negativas en importantes ámbitos políticos como el medio ambiente y también en el ámbito social y cultural. 
En las negociaciones sobre el GATT ya hemos tropezado más veces con la misma piedra. 
Tenemos que navegar entre las rocas de Scyla- un acuerdo demasiado liberal- y Caribdis- demasiado regulador y proteccionista. 
Resulta que en los Países Bajos los códigos de conducta, redactados por las empresas mismas para los ámbitos de medio ambiente, de derechos humanos y de servicios sociales, funcionan mejor que las normas administrativas. 
El informe pone demasiado énfasis en la " sobreprotección» de, por ejemplo, la cultura. 
La Comisión propuso mucho pero ¿hacía falta recoger todo esto en este informe? 
¿Dónde está el apartado sobre medio ambiente entonces? 
El exceso hace daño. 
Este punto de vista influirá en mi voto. 
A pesar de estas pequeñas imperfecciones, quiero dar totalmente convencido mi apoyo a este informe, por el cual felicito sinceramente al ponente. 
Señora Presidenta, Señorías, este acuerdo es sumamente grave para el porvenir de la Unión Europea y el porvenir de nuestras poblaciones. 
El informe del Sr. Kreissl-Dörfler pone claramente de manifiesto todos los riesgos y todas las condiciones que sería preciso reunir para que una organización de las inversiones sea por fin más transparente y a la vez más fácil, pero también para que esté al servicio de las poblaciones. 
En conclusión, nuestro Grupo propuso una enmienda a fin de que el mensaje de este Parlamento sea más claro. 
No queremos que el acuerdo, tal y como se debate actualmente, la lógica que lo sustenta, sea ratificada por nuestros Gobiernos, y el Parlamento Europeo debe decirlo en voz alta y fuerte. 
En efecto, este acuerdo privaría a nuestros Estados, privaría a la propia Unión Europea, es decir a las instancias comunitarias, de toda posibilidad de actuar de manera eficaz para fijar normas sociales, normas medioambientales, o llevar a cabo políticas favorables al desarrollo local y al empleo. 
Voy a dar algunos ejemplos que lo demuestran. 
Sin duda el punto más escandaloso es la cláusula que prevé que los Estados pueden ser condenados si toman medidas susceptibles de reducir o poner trabas a los beneficios potenciales de una empresa multinacional. 
Lo que significa que los beneficios de una multinacional tienen más importancia que el interés de las poblaciones. 
Ahora bien, ¿por qué el Congreso americano se muestra en parte reticente? 
Se debe a que el ALENA contiene una cláusula de esta índole que ha dado pie a que una sociedad americana en Canadá, » Ethyl» , pida al Gobierno canadiense una indemnización porque este último fijo una norma prohibiendo un producto que deterioraba un organismo indispensable a la lucha contra la contaminación. 
Canadá iba a ser condenado, pues, por combatir la contaminación y privar a una empresa de obtener beneficios. 
Los estadounidenses se dan bien cuenta del peligro, en todo caso una parte del Congreso americano percibe bien el peligro. 
No nos hagamos sordos. 
Este peligro es considerable, no solamente en el ámbito del medio ambiente, sino también en el ámbito social. 
Quisiera concluir diciendo que hay que instaurar, claro está, una organización mundial más transparente y racional de las inversiones, pero deben cumplirse varias condiciones para hacerlo. Primeramente, el marco de esta organización no debe incluir únicamente a los países ricos, sino a la OMC, incluso a la ONU; en segundo lugar, debe ser posible introducir cláusulas sociales y medioambientales e incluso decretarlas a nivel planetario y, en tercer lugar, los Estados, la propia Unión Europea deben conservar la soberanía y la posibilidad de actuar, ya que se si la seguridad de los inversores es necesaria, la de las poblaciones es mucho más indispensable. 
Señora Presidenta, el excelente trabajo y el informe del Sr. Kreissl-Dörfler han demostrado que si la liberalización de las inversiones es un objetivo esencial, el texto, tal como se le conoce, es peligroso y, en algunos puntos, inaceptable. 
Es peligroso porque es desequilibrado: todos los derechos para los inversores, todas las obligaciones para los Estados. 
Los Estados podrían incluso tener que responder, ante una pseudojurisdicción internacional, sobre las motivaciones que les llevaron a tomar una determinada medida, por ejemplo, en materia social o medioambiental. 
El texto también es inaceptable en lo que toca a la propiedad intelectual, el sector cultural, especialmente el audiovisual. 
Nosotros hemos luchado aquí mismo para contribuir a crear una industria cultural sólida, dinámica, especialmente a través de la directiva «Televisión sin fronteras». 
Pues bien, el texto del tratado corre el riesgo de echar abajo todos estos esfuerzos. 
Sin embargo, añado un problema nuevo, señora Presidenta. 
Hoy me he enterado de que la Comisión va a negociar con los Estados Unidos, en el marco de un mercado único transatlántico, New Transatlantic Market Place del que nunca se nos había informado y que también podría afectar a la propiedad intelectual y artística. 
Empieza a ser demasiado. 
En estas negociaciones reina la opacidad más completa. 
Ya es hora de que la Comisión nos informe claramente, tanto respecto al tratado del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones como sobre el proyecto NTM, que está volviendo a negociar numerosos puntos del acuerdo AMI, que excluye del marco de sus tratados internacionales todo el sector audiovisual y los derechos de autor y, por último, que nuestro Parlamento, así como los Parlamentos nacionales, asuman sus responsabilidades respecto a estos textos. 
Señora Presidenta, aquí existe la costumbre de elogiar al ponente, si bien no voy a hacerlo esta vez por falta de tiempo, aunque bien es cierto que lo merecería. 
Sin embargo, el ponente ve con buenos ojos el hecho de que el Acuerdo Multilateral de Inversiones haya sido negociado por la Comisión Europea y no por los Estados miembros. 
Esta circunstancia implica una transferencia de poder a la autoridad central federalista. Otorga a la Comisión un poder sobre la seguridad social, el medio ambiente, la protección laboral, la política sanitaria y la propiedad intelectual de mi país que, de acuerdo con el presente informe, no estamos dispuestos a otorgar a las empresas multinacionales. 
Desde la perspectiva de un país pequeño, la Comisión puede actuar también como una multinacional. 
El AMI le abre todas las puertas al capitalismo para permitirle practicar la explotación, también en los nuevos sectores y en el campo de la actividad intelectual; incluso en aquellos países que no han sido ni invitados ni aceptados en las negociaciones de la OCDE. 
El AMI establece unas normas globales de cara a las actividades de los Estados, pero no a las de las empresas: éste es el motivo de los desequilibrios que presenta el acuerdo. 
El Sr. Kreissl-Dörfler ha elaborado un buen informe, a pesar de haber demostrado una confianza excesiva en el poder y la bondad de la UE. 
La Unión Europea es la forma en que se muestra el capitalismo en Europa. 
Con el AMI aparece en el mundo otra nueva modalidad más de capitalismo. 
Señora Presidenta, he de decirle a mi colega el Sr. Seppänen que su Gobierno, que también es el mío, sí ha negociado este acuerdo como parte absolutamente independiente. 
Pero vayamos al grano: estamos siendo testigos de un cierto escándalo. 
La Comisión ha venido negociando un acuerdo que vacía de contenido una gran parte de la fuerza y de la idea que mantiene en pie a la Unión Europea. 
Si los diversos tipos de ayudas se ven cuestionados es porque favorecen los productos propios a costa de la producción ajena, y no cabría imaginar que las excepciones fueran a durar mucho tiempo. 
Estoy segura de que, poco a poco, se irá metiendo a todos en el mismo saco, por lo que será inútil esperar la solución de los problemas a través excepciones. 
Estas excepciones deberán ser, como mucho, provisionales. 
Se necesitan, sin lugar a dudas, cláusulas vinculantes para lograr el respeto de la legislación laboral y del medio ambiente. 
Señor Comisario, no dudo en afirmar que si el Parlamento Europeo dispusiera de la posibilidad de destituir a comisarios de manera individual, su continuidad en el cargo no estaría nada segura. 
Señora Presidenta, el objetivo de llegar a acuerdos internacionales multilaterales que favorezcan la difusión de las inversiones es muy importante. 
Un marco de seguridades sin duda es una de las condiciones fundamentales para permitir que los inversores presten una mayor atención a los destinatarios no tradicionales, es decir, a los países considerados como menos fiables por parte de estos mismos inversores internacionales. 
Pero, como es natural, esto se debe producir en condiciones que sean plenamente aceptables por parte de todos los países interesados y que sean coherentes con los objetivos de desarrollo equilibrado y sostenible para los Estados y los pueblos interesados. 
De esta idea derivan nuestras críticas al método y a los contenidos del Acuerdo que se esta negociando, desde ya hace más de dos años, en la OCDE. 
El informe presentado por el honorable Kreissl-Dörfler las refuerza de un modo vigoroso y convincente, y por ello nos declaramos favorables al informe. 
Existen tres tipos de problemas que queremos destacar. 
En primer término, hay un problema de democracia y de transparencia. 
La negociación se produjo y se está produciendo en secreto, sin que ningún Parlamento del mundo haya sido mínimamente informado, e incluso con escaso conocimiento del alcance del acuerdo por parte de la mayoría de los Gobiernos. 
Esto es inaceptable, porque las consecuencias de un acuerdo de esta clase están destinadas a generar efectos profundísimos y a largo plazo en todos los países del mundo. 
En segundo término, rechazamos la idea de que la OCDE sea la sede adecuada para un acuerdo que tendrá que extenderse a casi todos los países del mundo. 
De este modo, en especial, las exigencias y los problemas de los países en vías de desarrollo estarían condenados, una vez más, a que no se los tomara en la menor consideración, aunque las consecuencias serían más graves precisamente para los países más pobres. 
Por último, los contenidos del acuerdo resultan absolutamente inaceptables, porque, de hecho, impedirían toda posibilidad de que cada Estado y las agrupaciones regionales- como la Unión Europea, por ejemplo- desarrollaran soberanamente políticas de calidad en lo social, ambiental, en el servicio público o en la protección y valoración de las diversidades culturales, algo que representaría una seria amenaza para las políticas activas de programación del desarrollo. 
Por estos motivos pedimos que de ninguna manera se firme el AMI, al menos no antes de haber modificado profundamente sus contenidos y su carácter. 
Señora Presidenta, puedo ver con alegría que las organizaciones han tenido más éxito que los negociadores para crear un debate sobre este Acuerdo, lo cual también han tratado de hacer los negociadores. 
Pero lo que se ha dicho sobre las consecuencias del Acuerdo es, en muchos puntos, muy exagerado. 
Opino que, antes que nada, tenemos que sostener que se necesita un sistema normativo cuando la globalización es un hecho, y que la UE y el Parlamento tienen un rol muy importante. 
Espero que la Comisión apoye a los países miembros que han exigido con fuerza que el Acuerdo prohíba la debilitación de las normas medioambientales y sociales con el objeto de atraer inversiones. 
¿Qué pasa con esto, señor Comisario? 
De hecho, el AMI puede conducir a un fortalecimiento de las normas y no, como se dice, a un debilitamiento. 
También espero que termine el shopping de subsidios que vemos hoy en muchos sitios. 
Esto también implicaría que empresas menores se atreverían a invertir en el extranjero. 
Lo que no está claro es cómo se hará el procedimiento de arbitraje. 
¿Van a ser abiertos o cerrados? 
¿Cuáles serán las reglas de carga probatoria? 
Creo que esto es algo de lo que debemos preocuparnos. 
En este punto, el Acuerdo no está en condiciones de ser firmado. 
Además, tenemos que pensar en la posición de OCDE. 
Creo también que, en el largo plazo, este Acuerdo es necesario, de modo que los países en vías de desarrollo puedan participar voluntariamente si cumplen con los estándares exigidos. 
Señora Presidenta, estoy contenta de que Sir Leon Brittan esté presente en este debate, ya que se han dicho muchas cosas sobre el acuerdo AMI y sólo volveré a hacer hincapié en la necesidad de permanecer vigilantes, más allá de los problemas de la cultura. 
Efectivamente, se trata aquí de un riesgo de debilitar gravemente el derecho de autor, pero que puede ir mucho más lejos y afectar, tal como se dijo, en gran medida a la agricultura, el medio ambiente, los derechos sociales. 
Sea como fuere, ¿qué abarca para nosotros la noción de cultura? 
Se sabe muy bien, en este propio recinto y en el seno de la Comisión, que la cultura se reduce cada vez más hasta el punto de que sólo incluye a los sectores menos estratégicos y deja a un lado el audiovisual, la edición, todo lo que concierne las autopistas de la información. 
Si me alegra dirigirme a usted hoy, señor Leon Brittan, es porque preparó usted un proyecto que debería ser adoptado mañana y creo que el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones va a permitirle someter a prueba el hecho de que las poblaciones, pero también los diputados y un buen número de Grupos de esta Asamblea, ya no quieren negociaciones secretas, ya no quieren que haya en nuestras instituciones y en Europa estos frentes de ataque del neoliberalismo a menudo inspirado por los Estados Unidos. 
El proyecto NTM, a mi juicio, deberá ser examinado con el mismo rasero que hoy reservamos al AMI. 
Pero no sólo eso. 
Sería preciso que el Sr. Bangemann estuviese aquí, porque el Libro Verde sobre la convergencia plantea también problemas de esta índole. 
Para concluir, quisiera decir simplemente que este tratado no es un tratado, sino un texto ideológico, un verdadero manifiesto del neoliberalismo y que mi Grupo propondrá una enmienda que pida el aplazamiento, para permitir un verdadero debate público que respete a la opinión pública que ejerce, día a día, mayor influencia sobre las políticas internacionales. 
Señora Presidenta, me gustaría comenzar diciendo que este acuerdo no sólo debería haber sido negociado en la OCDE. 
Es demasiado importante para eso. 
En lo que me gustaría detenerme es en el hecho de que los derechos de los trabajadores se han trasladado al preámbulo del acuerdo AMI. 
Resulta inquietante que en el borrador de acuerdo de la OCDE sobre inversiones multilaterales haya un gran desequilibrio entre los derechos y los deberes de los inversores. 
Es importante que los inversores estén obligados a respetar algunos compromisos en los países en los que operan. 
Me gustaría subrayar que puede constituir un motivo de preocupación que en este acuerdo AMI se haya optado por referirse a los derechos de los trabajadores y al respeco por el medio ambiente en la introducción del texto. 
Esto implica que las referencias a los derechos de los trabajadores no son jurídicamente vinculantes sino que tienen más un carácter de declaración de intenciones. 
Me parece justo que se añada en el texto que los países deben haber ratificado los siete convenios de la OIT sobre derechos fundamentales de los trabajadores. 
Los países deben reconocer las normas de la OIT sobre condiciones laborales y protección de los derechos para sindicarse, prohibición del trabajo infantil, etc., así tales cosas no pueden convertirse en un parámetro competitivo con el que los estados traten de atraer a los inversores. 
Es importante evitar que tanto los estados como los inversores especulen con el social dumping. 
Es importante ser conscientes de que la liberalización de las disposiciones en torno a las inversiones directas extranjeras no sólo debe redundar en beneficio de los inversores y del país de origen. 
También debe contribuir a asegurar un desarrollo económico sostenible en el país anfitrión. 
Este Parlamento es el único parlamento- que yo sepa- que discute el acuerdo AMI. 
Es importante iniciar un debate en los países miembros y en los parlamentos nacionales sobre este acuerdo. 
Señora Presidenta, este asunto del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones ha sido mal llevado y quizás sea una lástima. 
Una lástima, porque sería útil que consiguiéramos, y ese es el objetivo del AMI, la creación y el establecimiento de un derecho de la inversión internacional, capaz de dar confianza a los inversores y a todos un sentimiento de seguridad. 
Si el AMI debe conducir a la multiplicación de contenciosos, es evidente que surtirá un efecto contrario. 
Se sustituyen las barreras por los litigios, no creo que se gane nada con ello. 
Por lo demás, incluso la manera en que se han llevado a cabo las negociaciones presenta manifiestamente un déficit de transparencia; es indispensable que se afirme más la coherencia del proyecto con los medios existentes y los principios de la democracia y la primacía de lo político sobre lo económico. 
De lo contrario, asistiremos al desencadenamiento de las mitologías del complot y el AMI corre el riesgo de naufragar e ir a parar al cementerio de los proyectos nacidos muertos. 
Señora Presidenta, Ruggiero, Director General de la Organización Mundial de Comercio, OMT, ha llamado a este acuerdo " una constitución para una única economía global». 
Esto puede dar una idea de las enormes consecuencias que puede tener el Acuerdo Multilateral de Inversiones. 
¿Quiénes son los que tienen derecho a escribir la Constitución global? 
Parece claro que los 29 países industrializados más ricos del mundo. 
Los otros países quedan en la práctica afuera, lo cual es también la intención, ya que cuando se discutió un acuerdo similar en el seno de la OMT se encontró gran resistencia por parte de otros países del mundo. 
Lo único lógico sería que este acuerdo se discutiese en la ONU, o tal vez en la OMT, en lugar de la OCDE. 
En los países de la OCDE se han llevado a cabo unas negociaciones en silencio y con el mínimo control parlamentario. 
Pero el acuerdo no sólo es inaceptable por la forma en que ha sido negociado, sino que también por su contenido. 
En el acuerdo se otorgan derechos a las compañías transnacionales a costa del estado. 
Es absolutamente absurdo que se dé a las empresas la posibilidad de invalidar ante los tribunales decisiones adoptadas democráticamente, en terrenos tan importantes como el medio ambiente, la administración de los recursos naturales y las condiciones sociales. 
Hay cosas que no me gustan en este informe, por ejemplo los puntos 7 y 8. 
Pero el informe contiene también críticas muy importantes, al menos en los puntos 5, 14 y 23, lo cual es suficiente para que yo lo vote favorablemente. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, ciertamente nuestro colega, el Sr. KreisslDörfler, merece toda alabanza por tener la iniciativa de este formidable informe. 
El hecho de que las negociaciones que se están llevando a cabo hayan causado debates tan intensos y opiniones contrarias han probado la necesidad de que haya tiempo suficiente para un diálogo exhaustivo en condiciones de transparencia y de continuo seguimiento parlamentario sobre una cuestión económica mundial de importancia tan determinante. 
Es natural que, cuando el Director General de la Organización Mundial de Comercio caracteriza al AMI como constitución de la economía mundial, razonablemente cause intranquilidad y problemas sobre las posibles limitaciones que sobrevendrán a los derechos de los estados en relación con las políticas nacionales y especialmente en los sectores de las políticas industrial, social, medioambiental y cultural, así como en el ámbito de la propiedad intelectual. 
Por supuesto, nadie tiene derecho a ser contrario a la determinación de normas sobre los incentivos y la seguridad de las inversiones extranjeras, como para evitar situaciones de distorsión de la competencia internacional. 
Sin embargo tenemos derecho a preguntarnos sobre la premura y el carácter urgente que ha tomado todo el tema. 
Sobre otros temas graves, que también resultan de la universalización de la economía, no descubrimos una prisa equivalente, como por ejemplo sobre los derechos de los trabajadores, el trabajo infantil, la fiscalidad de las multinacionales, la protección del medio ambiente, el fomento de un desarrollo económico viable y regionalmente equilibrado, el mantenimiento de la diversidad cultural. 
Gracias a Dios, las empresas multinacionales y los grupos internacionales de empresas ya disponen de una gran fuerza y no se les puede dar ninguna prioridad frente a las empresas nacionales, como el derecho automático de recurso al Arbitraje Internacional y la desviación de la legislación por incumplimiento de la igualdad de trato. 
Finalmente, considero que el Parlamento Europeo deberá defender y proteger los derechos y los poderes tanto del Parlamento Europeo como de la Unión de cualquier intento de limitar estos poderes por medio del acuerdo en cuestión sobre inversiones. 
Señora Presidenta, muy simple, el Parlamento Europeo debe exigir la negativa inmediata del acuerdo multilateral sobre inversiones. 
Este acuerdo se ha formado a escondidas de los grandes intereses económicos, en ausencia del Parlamento Europeo y de los nacionales, pero también de los propios gobiernos. 
Constituye un ataque ideológico multilateral del gran capital multinacional y un primer paso en la formación de, como se ha dicho, un gobierno mundial de las multinacionales. 
Las consecuencias de su adaptación serán trágicas para los pueblos y la economía de los países menos desarrollados. 
Este nuevo manifiesto del capitalismo mundial va a llevar a la revocación plena de las libertades sociales y de los derechos laborales de los trabajadores y, junto con la UEM, llevará a un mercado completamente desorganizado, en donde el margen de ejercicio de política estatal y la soberanía nacional de los Estados miembros se reducen ostensiblemente en beneficio de los grupos multinacionales, de los bancos internacionales y de los organismos capitalistas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE. 
Repito, señora Presidenta, la única exigencia del Parlamento Europeo es el rechazo del acuerdo y deben votarse las directivas que han sido presentadas por nuestro Parlamento. 
Señor Presidente, la compatibilidad del AMI con la protección del medio ambiente aún no ha recibido toda la atención que merece de las partes negociadoras. Es un tema muy preocupante. 
A medida que celebramos más y más acuerdos multilaterales, siento que cada vez es mayor el riesgo de encontrar dificultades en caso de que el AMI se hiciera realidad en su forma actual. 
Un documento de la Secretaría de la OCDE sobre los aspectos jurídicos observa que: " La ausencia de cualquier incompatibilidad jurídica evidente no disipa necesariamente todos los temores sobre la posible interrelación entre el AMI y MEAs». 
Existe una cierta preocupación, en particular, acerca de los posibles riesgos que puede correr la transposición de los acuerdos sobre tecnologías no contaminantes del Protocolo de Kioto para luchar contra el cambio climático. 
El mecanismo para el desarrollo no contaminante es fundamental para el éxito del presente protocolo y podría ir directamente en contra del AMI. 
Debería incluirse una cláusula vinculante relativa al medio ambiente que, al menos, ofrezca medidas similares de salvaguarda al artículo 20 del GATT y que no resulte ser una cláusula voluntaria inadecuada, como el artículo 114 del Acuerdo del TLCAN. 
Asimismo, deben existir disposiciones que garanticen los controles ambientales de todos los inversores extranjeros. 
Sin dichas medidas de salvaguarda en favor del desarrollo sostenible, tenemos todos los motivos para sentirnos preocupados acerca del acuerdo en su fase actual. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, negociado en el mayor secreto, símbolo probado del triunfo absoluto del liberalismo desenfrenado, voluntad de asegurar la dominación de los grupos financieros multinacionales sobre los Estados, y voluntad de afirmar la supremacía de los países industriales ricos sobre los países en vías de desarrollo, sí, el proyecto de Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, el AMI, es perfectamente inaceptable en el estado en el que se encuentra actualmente. 
En consecuencia, y sin prejuzgar mi opinión final sobre el fondo, apruebo totalmente la petición del ponente, Sr. KreisslDörfler, al que quiero felicitar por su trabajo. 
Sí, Señorías, apruebo la petición del ponente hecha a los Estados de la Unión Europea de no firmar el AMI sin un amplio debate público que sería el único medio de permitir asegurar una perfecta transparencia que resulta absolutamente necesaria en este expediente. 
En cuanto a lo demás y sin entrar en detalles, adhiero ampliamente a las preguntas formuladas y a las observaciones planteadas por el ponente, visto que todas demuestran la doble necesidad de un estudio profundo y de una perfecta transparencia. 
Si por desgracia, el AMI fuese firmado tal como está, ya no tendríamos ningún medio para frenar una globalización en su dimensión más negativa, la de la ley del más fuerte. 
Pienso, y espero, que todos nuestros Gobiernos de la Unión Europea se den cuenta de ello. 
Una última palabra sobre la cuestión de la cultura europea y la creación audiovisual. 
Si apruebo el hecho de que el ponente exija de nuevo una derogación insisto en que no sea únicamente en el marco del AMI, sino en referencia al GATT. 
Esta cuestión es demasiado grave para que de una manera u otra pueda dejarse la impresión de un retroceso, por muy mínimo que sea. 
En conclusión, diría que una vez más sobre este expediente, nuestro Parlamento Europeo debe demostrar el papel de vanguardia que desempeña. 
Pienso, esta noche, que estamos haciéndolo. 
Señora Presidenta, quisiera exponer algunas preocupaciones que siento acerca de los países en desarrollo en relación con el AMI, en particular y como ya se ha señalado, que hayan sido excluidos de las negociaciones, a pesar de las importantes repercusiones que dichas negociaciones tienen para ellos. 
Los países en desarrollo deben plantear asimismo la cuestión de los efectos de la liberalización sobre su capacidad para adoptar los programas enfocados a la pobreza, fundamentales para su progreso. 
Es necesario asimismo, como han señalado otros oradores, que los ámbitos como el empleo, el medio ambiente y los derechos de los trabajadores sean una parte integral del proceso y no añadidos de cualquier manera como una consideración posterior. 
También me preocupa el creciente poder que el AMI dará a las multinacionales en los países en desarrollo, en los que se les concederá casi la categoría de nación-estado. 
Se hace excesivo hincapié en sus derechos, pero no el suficiente en sus obligaciones ni en sus responsabilidades. 
No se incluye ninguna obligación vinculante exigible acerca de la conducta social, y el nivel de liberalización exigido es inadecuado para los países en desarrollo. 
El reglamento sobre las inversiones debería abarcar algo más que la liberalización económica e incluir un compromiso muy claro con el desarrollo sostenible y con la inversión en calidad a largo plazo. 
Quisiera que se revisaran a fondo las actuales propuestas y se aplazaran hasta disponer de un procedimiento mucho más inclusivo. 
Quisiera que se constituyera un foro internacional legítimo en el que se incluya a los países en desarrollo y en el que participen instituciones internacionales como la UNCTAD. 
Sólo entonces estaríamos satisfechos acerca de un procedimiento justo sobre las inversiones multilaterales. 
Señora Presidenta, señoras y señores, en primer lugar, permítanme expresar mi agradecimiento a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y a su ponente, Sr. Kreissl-Dörfler, por el excelente informe sobre las negociaciones relativas al AMI. 
También deseo agradecer a las demás comisiones y a sus ponentes los esfuerzos realizados en la elaboración del presente informe. 
Es un debate oportuno. 
Las negociaciones aún no han concluido. La decisión del Parlamento Europeo de celebrar el presente debate tiene toda la importancia que le ha atribuido la Sra. Castellina. 
Comparto esa opinión y puedo asegurar también a la Sra. Schörling que hemos celebrado un auténtico debate y que éste influirá activamente en el curso de las negociaciones. 
La Comunidad Europea es el mayor inversor en el extranjero del mundo, que destina la mitad de nuestras inversiones a la OCDE y la otra mitad a países que no forman parte de la OCDE. 
Al mismo tiempo, somos los más abiertos de cara a las inversiones procedentes de terceros países del mundo. 
Por consiguiente, la Comunidad tiene un gran interés en el establecimiento de normas transparentes, no discriminatorias y exigibles para las inversiones extranjeras directas tanto a nivel plurilateral, como multilateral. 
Por ello estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Valdivielso de Cué, la Sra. Baldi, la Sra. Plooij-van Gorsel y el Sr. Teverson, que han hecho hincapié, todos ellos, en la importancia y los posibles beneficios de esta negociación. 
Tiene que existir un equilibrio entre las oportunidades previstas para la inversión y también la necesidad de que existan posibilidades a nivel nacional para regular y controlar determinados asuntos. 
Éste ha sido el tema de las negociaciones, y el presente debate ha contribuido a dicho equilibrio. 
Puedo asegurar a la Sra. Plooij-van Gorsel que éstas serán unas negociaciones en las que, al final, la CE será uno de los miembros. 
En la comunicación de la Comisión sobre la igualdad de condiciones para las inversiones directas a nivel mundial, insistimos en que se inicien negociaciones en la OCDE y se lancen otras en la OMC. 
Permítanme recordarles que el Consejo y el Parlamento Europeo, en su resolución de diciembre de 1995, apoyaron este enfoque. 
Sigo pensando que la conclusión con éxito de las negociaciones sobre el AMI es el mejor punto de partida posible para una legislación multilateral en el seno de la OMC que permita alcanzar igualdad de condiciones para las IDE. 
No olvidemos que la amplia mayoría de los países en desarrollo opinan que lo que a ellos les interesa es el fomento de las inversiones directas en el extranjero y no lo contrario. 
Por tanto, un acuerdo correcto les ayudará tanto como a los países inversores. 
La relación entre lo que hacemos en las negociaciones del AMI y lo que queremos hacer en la OMC es la clave, como acertadamente declara la Sra. Mann. 
Dicha relación ha sido un aspecto muy relevante de las observaciones del Sr. Lannoye, la Sra. Leperre-Verrier y la Sra. Kinnock. 
Hemos tenido muy presente la importancia de unas relaciones vinculadas. 
La negociación del AMI, fundamentalmente, gira en torno a los países desarrollados. 
Es una negociación en la que nadie está obligado a participar y a la que nadie está obligado a unirse, y cuyos resultados nadie que no sea parte negociadora está obligado a aceptar, aunque está abierta a todos. 
Por este motivo y debido a mi opinión, a la que me aferro, de que para conseguir un acuerdo que refleje debidamente los intereses de los países en desarrollo al igual que aquéllos de los países desarrollados, deben celebrarse conversaciones en la OMC que conduzcan a una negociación en la OMC, que tenga en cuenta la negociación del AMI, pero que no tiene por que ser la misma. 
Es la mejor forma de garantizar que el AMI no ejerce una presión desmedida sobre los países en desarrollo para que se adhieran al mismo. 
Hasta ahora, sólo hemos alcanzado un acuerdo sobre las conversaciones en el marco de la OMC, y el obstáculo para seguir avanzando hasta llegar a una negociación en la OMC es el hecho de que algunos países en desarrollo se resisten a ello. 
Espero realmente, por tanto, que aquellos- y son muy numerosos en esta Asamblea- que tienen influencia sobre los países en desarrollo, los animen a avanzar hacia una posición en la que acepten de buen grado una negociación en la OMC, al igual que una negociación en la OCDE, precisamente para que el acuerdo que en su día entre en vigor y en el que ellos podrán participar, contemple plenamente sus intereses, y no tengan que limitarse a afrontar la alternativa de suscribir la negociación del AMI o no suscribir nada en absoluto. 
En realidad, no creo que la negociación del AMI desemboque necesariamente en una conclusión que vaya en contra de los intereses de los países en desarrollo. 
No obstante, puedo entender sus sentimientos por no haber tomado parte en dicha negociación. 
Lo mejor que pueden hacer es suplir la negociación en la OCDE con otra en la OMC lo antes posible. 
El fracaso de la negociación en la OCDE no les servirá de nada, porque se utilizará para que se opongan al inicio de negociaciones en la OMC personas que podrían decir: " si los países en desarrollo ni siquiera pueden alcanzar un acuerdo sobre esto, ¿cómo se puede esperar que se alcance un acuerdo a nivel mundial?» 
Y si no hay acuerdo a nivel mundial, el equilibrio que atrae las inversiones hacia los países en desarrollo, y que éstos necesitan desesperadamente en las debidas condiciones, no se producirá, y para aquellos que intentan defender sus intereses será contraproducente haberse opuesto a la negociación en la OCDE. 
Con estas consideraciones en mente se iniciaron en mayo de 1995 las negociaciones en el contexto de la OCDE, y en diciembre de 1996, en la Conferencia Ministerial de Singapur, alcanzamos un acuerdo sobre la creación de un Grupo de trabajo para inversiones en el seno de la OMC. 
El plazo fijado para que las negociaciones en la OCDE lleguen a una conclusión es finales de abril de 1998. 
Toda persona que haya participado en negociaciones de este tipo sabrá que cuando falta un mes y medio para el final de una negociación es un momento muy importante y crucial en el que pueden ocurrir muchas cosas. 
No puedo decirles si llegaremos o no a una conclusión. 
Si lo hacemos, estará inspirada en buena medida en lo que hoy se ha dicho. 
Pero sí puedo decirles que sólo llegaremos a una conclusión si podemos acomodar los intereses legítimos de la Unión Europea. 
Estoy de acuerdo con la mayoría, si no con la totalidad, de las recomendaciones que hace la propuesta de resolución, que es el tema de nuestro debate de hoy. 
Estamos de acuerdo en que es necesario salvaguardar en el AMI el derecho de las partes contratantes a emprender acción para proteger el medio ambiente, no sólo ahora, sino también en el futuro. 
Por consiguiente, no tengo la menor dificultad con lo que ha dicho la Sra. Pollack. 
En el ámbito de la mano de obra, creemos que es muy importante que en la presente negociación se proteja el respeto de las condiciones de trabajo. 
Por ello estoy de acuerdo con el Sr. Kreissl-Dörfler y también con el Sr. Habsburg-Lothringen en este sentido. 
También nosotros insistimos en una disposición que abarque las políticas actuales y futuras relativas a la integración europea. 
Por ello acojo con satisfacción las palabras del Sr. García-Margallo y Marfil, de la Sra. Ahern y la Sra. Castellina sobre la importancia de una cláusula relativa a la integración económica regional que permita una mayor armonización entre los actuales miembros de la Unión Europea y una alineación progresiva en la política de la UE de las leyes y prácticas de nuestros socios de acuerdos europeos. 
Quisiera decir al Sr. Falconer que el presente acuerdo- si sale adelante- reforzará la categoría de los puntos de contacto nacionales, y que está prevista la revisión de las directrices a las que califica como inadecuadas. 
La propuesta de resolución trata ampliamente también de los aspectos de la cultura y de los derechos de la propiedad intelectual en virtud del AMI, como no podía ser de otra manera. Quiero decir unas palabras al respecto. 
La Comisión comparte plenamente el objetivo de preservar la identidad cultural europea a través de medidas y acciones políticas específicas, en particular, en el sector audiovisual. Comparto las inquietudes que muchos han manifestado, especialmente el Sr. Elchlepp y la Sra. Daskalaki. 
Entre los negociadores existe actualmente consenso en cuanto a que el AMI no debe socavar el acervo del GATT excluyendo los servicios audiovisuales, es decir, la conclusión de la Ronda Uruguay. 
El único problema es saber cómo debe hacerse exactamente. 
Nuestra opinión es que una excepción general, que superficialmente parece atractiva, no es la mejor solución. 
Una reserva detallada específica a Europa ofrece realmente mayor seguridad jurídica a las políticas actuales y futuras que una excepción general de una frase. 
Hay algo que quiero asegurar a esta Asamblea por encima de toda duda: tuve el privilegio y el honor de dirigir las negociaciones de la Ronda Uruguay por la parte de la Unión Europea. 
El último día de aquellas negociaciones, cuando el mundo entero se mantenía atento y esperaba la conclusión de dichas negociaciones, nos vimos bajo una fuerte presión por parte de los Estados Unidos para que aprobáramos disposiciones relativas a asuntos audiovisuales y culturales que habrían debilitado y puesto en peligro nuestra propia política audiovisual y cultural. 
No dude en absoluto en oponer resistencia a dicha presión y decir que no daríamos nuestra aprobación a la Ronda Uruguay si nos veíamos obligados a sucumbir ante semejante presión para alcanzar un acuerdo semejante. 
Y lo conseguimos. 
Fueron los Estados Unidos los que dieron su brazo a torcer. 
Puedo asegurar a esta Asamblea que, ante una situación semejante, si la Unión Europea, a través de su negociadora que es la Comisión, pudo resistir dicha presión, no crean que seremos tan ingenuos como para ceder en las negociaciones del AMI lo que pudimos resistir con éxito en las negociaciones de la Ronda Uruguay. 
No existe la menor posibilidad de que eso ocurra y cualquier desacuerdo sólo podrá ser acerca de cuál es el modo más eficaz de protegernos. 
En cuanto a los derechos de la propiedad intelectual, permitan que les diga que seguimos buscando una solución que respete las normas europeas y aquéllas de la OMPI y que, por otro lado, aporten valor añadido principalmente en el ámbito de la resolución de conflictos. 
Puedo asegurar a la Srta. McKenna que las reservas en materia de pesca serán efectivas, aunque todos estos temas están aún en fase de negociación. 
Con voluntad política, teniendo en cuenta las observaciones que acertadamente se han formulado en esta Asamblea, podemos llegar a una conclusión que sea en interés de la Unión Europea en su calidad de inversora de gran magnitud fuera de la Unión Europea, en interés de los países en desarrollo y en interés de todas las políticas que nos son tan preciadas. 
Sólo suscribiremos el acuerdo si logramos eso. 
Personalmente no creo que haya ninguna necesidad ni tenga ningún valor solicitar la opinión del Tribunal de Justicia. 
Habitualmente negociamos sobre asuntos de gran transcendencia, tenemos nuestros asesores jurídicos, y si cada vez que hay una negociación corriéramos al Tribunal de Justicia, el equilibrio institucional quedaría debilitado. 
Naturalmente puedo confirmar gustosamente, como el Sr. Kreissl-Dörfler me ha invitado a hacer, que la Comisión recomendará al Consejo que, si se alcanza un acuerdo que reciba el apoyo de los Estados miembros y de la Comisión, se solicite el dictamen conforme del Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor. 
Cuando presentemos el AMI al Consejo, puedo asegurar al Sr. García-Margallo y Marfil que la Comisión analizará la compatibilidad del presente acuerdo con los importantes acuerdos internacionales de los que somos parte, incluidos los acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente y asuntos sociales, y con nuestra legislación y nuestras políticas en ámbitos como la pesca, el transporte y el desarrollo, así como con el propio Tratado de la Comunidad Europea. 
Pero en estos momentos, no veo ninguna incompatibilidad y en la continuación de las negociaciones nos aseguraremos de que siga siendo así. 
Actualmente las negociaciones atraviesan por una fase difícil. 
Nuestros interlocutores de los Estados Unidos han indicado que, dada la necesidad de seguir negociando sobre una serie de temas cruciales, consideran que el plazo de abril no podrá cumplirse. Nos comunican que no están en condiciones de sugerir una fecha alternativa para la celebración del AMI. 
Esto envía una mala señal sobre nuestra determinación de mantener a los países de la OCDE en su actual curso de política económica, a pesar de las recientes crisis, especialmente en Asia, y para hacer frente a los desafíos de la globalización mediante el fortalecimiento del actual sistema abierto al comercio y a la inversión. 
No podemos aceptar el anuncio de los norteamericanos como un fait accompli. 
En esta próxima etapa podemos alcanzar importantes progresos si existe la voluntad política. 
Los ministros deberán decidir entonces sobre la suerte del AMI, en fiel reflejo de los deseos de los gobiernos elegidos democráticamente. 
Estamos decididos a hacer todo lo posible para llevar a buen puerto las negociaciones, pero no buscamos un acuerdo a cualquier precio. 
También es importante hacer hincapié en la necesidad de encontrar un arreglo idóneo con los Estados Unidos dentro y fuera del AMI, para encontrar una solución al problema de la legislación extraterritorial a la que se ha referido el Sr. Souchet en general, y a la Ley Helms-Burton e ILSA, en particular. 
La reunión ministerial de la OCDE que se celebrará a finales de abril deberá fijar el curso. Intentaremos avanzar todo lo posible antes de esa fecha. 
Mientras tanto, la Comunidad y sus Estados miembros tienen un claro interés en alcanzar un AMI que proteja nuestros intereses, proteja los intereses de los países en desarrollo y garantice nuestra capacidad de continuar con las políticas tan preciadas para nosotros. 
Intentaremos alcanzar eso; no nos rendiremos ante nadie que intente destruir nuestros intereses. 
Si actuamos con decisión, aunque con moderación, y nos mostramos dispuestos a defender nuestros intereses, al tiempo que reconocemos que el tipo acertado de AMI en las condiciones idóneas beneficia a los intereses de la Unión Europea, haremos algo que reflejará la voluntad de los pueblos de Europa. 
He formulado una pregunta muy concreta. 
He pedido a Sir Leon Brittan que arroje algo de luz sobre el procedimiento, porque puede haber un conflicto de intereses entre las Comunidades Europeas y los Estados miembros que deseen adherirse al acuerdo. 
Quisiera saber cuál será el procedimiento de decisión. 
Deberá existir unanimidad en el Consejo sobre este asunto antes de firmar o es posible que... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Creía haber respondido a la pregunta. 
El apoyo de los Estados miembros debe ser unánime, y el Parlamento Europeo deberá dar su dictamen conforme, como he dicho en mi intervención. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
Señorías, con 35 minutos de retraso sobre el horario que aprobamos en nuestro orden del día, vamos a iniciar el turno de preguntas a la Comisión. 
Les pido a ustedes disculpas por este retraso, del que no soy responsable y sobre el que he hablado con el señor Presidente, y espero que podamos en el futuro tomar las medidas necesarias para cumplir los horarios previstos en nuestros órdenes del día. 
Me pide la palabra el Sr. McMahon para una cuestión de orden. 
Señor McMahon, yo mismo estaba presente esta mañana cuando usted ha formulado esta pregunta y, de acuerdo con los servicios de la Asamblea, hemos tomado contacto con la Comisión. La Comisión nos ha explicado- en primer lugar, debo recordarle que es la Comisión quien tiene la competencia para decidir qué Comisario o Comisaria responde a una u a otra pregunta- que, en el caso de su pregunta 102, correspondía al Sr. de Silguy contestarla por relacionarse con las cifras del Eurostat. 
Por lo tanto, no correspondía al ámbito de la Sra. Wulf-Mathies. 
Así, pues, de conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0260/98). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
La reforma de los Fondos estructurales de 1993 incorpora la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado laboral como uno de los objetivos de la política, y la letra d) del apartado 1 del artículo 1 del Fondo Social define la igualdad de oportunidades como una prioridad específica. 
Los Estados miembros han optado por aplicar esta prioridad del actual Reglamento del FSE con un doble enfoque. 
La mayoría ha aprobado programas específicos sobre igualdad de oportunidades, mientras que los países nórdicos y el Reino Unido aplican el enfoque de corriente principal. 
A pesar de que los enfoques difieren entre sí, las medidas adoptadas son muy similares: promoción de mayor participación de las mujeres en ámbitos en los que están poco representadas, formación y formación profesional para mujeres desempleadas y mujeres que desean reincorporarse al mundo laboral y promoción de la mujer empresaria, además de otras medidas afines. 
En la preparación del nuevo proyecto de reglamento general de los Fondos estructurales nos hemos fijado el objetivo de reducir las actuales disparidades y fomentar la igualdad de participación de mujeres y hombres en las actividades económicas y sociales a través de un enfoque de corriente principal. 
Lo que se pretende es que la estrategia de la corriente principal impregne todo el proceso de ejecución, desde la programación hasta la notificación. 
En todas las fases y todos los niveles de toma de decisiones, el objetivo es: a) lograr una participación equilibrada de mujeres y hombres, y b) una asociación que incluya a representantes de las autoridades y los organismos competentes en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres. 
Está previsto que la actividad del Fondo Social Europeo se base en cinco ámbitos políticos: una política activa del mercado laboral, la promoción de la integración social, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la previsión y la facilitación del cambio económico y social y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 
Además de la prioridad específica de igualdad de oportunidades en el reglamento del Fondo Social, se pretende implementar el enfoque de corriente principal en todos los ámbitos de la política y ampliar la experiencia actual en el contexto del desarrollo regional y local, que incluya iniciativas locales en favor del empleo y pactos territoriales por el empleo. 
Espero que el nuevo reglamento envíe un claro mensaje en favor de una acción positiva. 
Por último, debo recordar a su Señoría que las directrices sobre el empleo adoptadas en la Cumbre extraordinaria sobre el trabajo, celebrada en Luxemburgo el pasado noviembre, han sido elaboradas en torno a cuatro pilares y uno de ellos es el fortalecimiento de las políticas en favor de la igualdad de oportunidades. 
En este sentido, los Estados miembros deberán adoptar medidas que reduzcan la diferencia entre ambos sexos en materia de empleo, al igual que la segregación en el ámbito profesional, elevar los niveles de los servicios de asistencia que en muchos casos representan una barrera clave para las mujeres que desean volver a trabajar y facilitar el proceso de reincorporación al mundo laboral. 
La Comisión espera que se preste especial atención a dichas directrices en los planes de acción que están siendo elaborados por los Estados miembros en estos momentos y que serán presentados en el Consejo Europeo de Cardiff en Junio. 
Señor Comisario, esta pregunta responde exactamente a mi deseo de que sean las mujeres el sujeto y el objeto prioritario de las nuevas políticas de empleo. 
Le agradezco, pues, su magnífica respuesta, tan extensa, tan esperanzadora, y sólo quisiera preguntarle si realmente cree que estos beneficios van a llegar a todas las mujeres de Europa, incluidas las de Granada, y, financieramente hablando, de qué cuantía se trata exactamente. 
Quisiera también saber si estos beneficios van a llegar a los lugares donde más lo necesitan las mujeres. 
Y, finalmente, si se va a velar por que haya más programas y por que éstos estén más dotados allí donde el machismo es mayor. 
Gracias, señora Izquierdo Rojo, por su pregunta y por atenerse al tiempo. 
Tiene la palabra el Sr. Flynn para responder a esta pregunta complementaria, que hace referencia- se habrá dado usted cuentatambién a las mujeres de Granada. 
Yo no sé si usted conoce Granada, señor Flynn, pero en caso contrario le recomiendo que no deje de conocer esta magnífica ciudad. 
Acepto su invitación, señor Presidente, y me gustaría mucho poder realizar dicha visita. 
He estado allí en un par de ocasiones en visita privada, pero quizá pueda volver en visita oficial, y le agradezco su interés. 
Quisiera decir a su Señoría que no sólo estoy lleno de esperanzas, sino también lleno de expectativas y, naturalmente, comprenderán que todo cambio dependerá de los programas que presenten los Estados miembros que soliciten ayuda en lo que respecta a la promoción de igualdad de oportunidades. 
Tengan algo presente: es una obligación recogida en el Tratado, y desde la Cumbre sobre el Empleo, todos los Primeros Ministros y Presidentes de los 15 Estados miembros han suscrito un compromiso personal para impulsar la igualdad de oportunidades y prever actividades específicas para tratar este asunto. 
Siento especial interés por conocer qué hará el Fondo Social, porque he previsto un marco que proporcione ayudas al empleo y ayudas a los autónomos. 
Desarrollaré nuevas fuentes de empleo y prestaré asistencia en la provisión de servicios para los beneficiarios. 
Me estoy refiriendo a los servicios de asistencia que, espero coincidan conmigo en reconocer, en muchas ocasiones son un aspecto fundamental para preparar a la mujer que se reincorpora al mundo laboral. 
Tengo muchas expectativas de cara al futuro a raíz de los compromisos asumidos en la Cumbre sobre el Empleo. 
Señor Comisario, la Comunidad Valenciana está incluida en el objetivo nº 1 y su continuidad en este objetivo no está todavía resuelta porque está unas décimas arriba o abajo de ese 75 % de la renta comunitaria. 
El paro, desde luego, sí que está por encima de la media, no sólo de la comunitaria sino también de la española. 
Y ésta, a su vez, es dos veces superior a la europea y, en cuanto a las mujeres, es tres veces superior. 
¿Piensa la Comisión que la Comunidad Valenciana debe mantenerse como objetivo nº 1, dado que el empleo es un objetivo prioritario en todas las regiones europeas y que, además, tanto la formación como los nuevos puestos de trabajo son absolutamente necesarios, sobre todo para las mujeres, que son el 30 % de las desempleadas en la Comunidad Valenciana? 
Muy brevemente, sólo quisiera decir a su Señoría que Valencia tiene ciertos problemas concretos. 
Aún no se ha tomado ninguna decisión con respecto a esas zonas en particular que se calificarán para el Objetivo 1 en el nuevo período 2000-2006. 
Todo esto deberá ser negociado a partir de ahora y hasta comienzos del año próximo. 
Quisiera señalar que el reglamento que se aplique a los Fondos estructurales será presentado para su aprobación a la Comisión el 18 de marzo, y a partir de ahí veremos cómo avanzan las cosas. 
Gracias, señor Flynn, por su presencia, por sus respuestas y por haber aceptado estas sugerencias de visitar dos preciosas ciudades españolas- Granada y Valencia- por distintos motivos, pero las dos muy interesantes. 
Pregunta nº 42 formulada por John McCartin (H-0176/98): 
Asunto: El mercado de la carne de vacuno 
Las cinco principales cadenas de supermercados del Reino Unido ejercen un control monopolístico sobre la oferta de carne de vacuno, ya que entre las cinco suman el 80 % del total de las ventas. 
¿Puede impedir la Comisión que estas cadenas comerciales se aprovechen de su posición de dominio en el mercado para excluir la carne de vacuno irlandesa de la oferta de sus establecimientos, de forma contraria a los principios de la libre competencia? 
El mercado minorista de la carne en Gran Bretaña incluye una serie de supermercados con cuotas de mercado importantes, pero la Comisión no dispone de ninguna información que demuestre que, a nivel colectivo o individual, están en condiciones de dominar el mercado. 
En estos momentos no disponemos de datos concretos suficientes para hacer una valoración de la situación del mercado. 
Los servicios de la Comisión están intentando actualmente comprobar los rumores de que la carne de vacuno irlandesa ha sido excluida de los supermercados y, si es así, intentarán descubrir si la exclusión obedece a prácticas restrictivas o a otras razones; si su Señoría o alguna otra persona dispone de información relevante, la Comisión estaría interesada en recibirla. 
Tengo entendido que existe abundante información acerca de que algunas cadenas de supermercados del Reino Unido han declarado públicamente que, por el momento, han retirado la carne de vacuno irlandesa de sus estantes. 
En tales circunstancias y considerando que es un mercado que tradicionalmente ha sido provisto de carne irlandesa, entiendo que es un acto discriminatorio deliberado, que ha sido declarado y confesado por las personas involucradas. 
Quisiera preguntar al Comisario- suponiendo que pueda verificarlo- si tiene autoridad para emprender acciones judiciales contra los responsables por esta flagrante y reconocida discriminación. 
Tendremos que analizar los hechos. 
En buena medida dependerá de si la exclusión obedece a una práctica restrictiva o se trata de una exclusión unilateral. 
Por ello no puedo decir realmente si puede hacerse algo o si debería hacerse algo hasta que no se recabe más información y sea analizada. 
Pregunta nº 43 formulada por Simon Murphy (H-0192/98): 
Asunto: Actividades patrocinadoras de marcas de bebidas alcohólicas en el ámbito deportivo 
A raíz de especulaciones recientes en la prensa británica, ¿podría confirmar la Comisión si el Libro Verde sobre las comunicaciones comerciales en el mercado interior propiciará una decisión inminente sobre las actividades patrocinadoras de marcas de bebidas alcohólicas en el ámbito deportivo dentro de la UE? 
¿Qué planes tiene la Comisión con respecto al futuro de los anuncios de bebidas en la UE, sobre todo en la perspectiva de la Ley Evin, ley francesa que limita las actividades patrocinadoras de marcas de bebidas alcohólicas y que ha supuesto la prohibición efectiva en Francia de retransmitir por televisión acontecimientos deportivos que se benefician de la publicidad o de la actividad patrocinadora de marcas de bebidas alcohólicas en otros países? 
Su Señoría se refiere a los artículos aparecidos recientemente en la prensa en los que se especulaba que el Libro Verde sobre las comunicaciones comerciales en el mercado interior propiciará una decisión inminente sobre las actividades patrocinadoras de marcas de bebidas alcohólicas en el ámbito deportivo dentro de la UE. 
Eso no se ajusta a la verdad: el Libro Verde, cuyas propuestas fueron aprobadas el 4 de marzo, establece una metodología para evaluar si los efectos de las restricciones en las comunicaciones comerciales transfronterizas son proporcionales a los objetivos de interés público que se quieren alcanzar con dichas medidas. 
La comunicación ha nombrado asimismo a un grupo de expertos, formado por representantes de los Estados miembros, para que examine las diferencias entre los reglamentos nacionales de cara a estudiar las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo en este ámbito. 
La comunicación establece un marco en el que el tema planteado por su Señoría podría ser discutido abiertamente, al objeto de resolver los problemas relativos al mercado interior que pudieran surgir. 
La prensa confunde este ejercicio consultivo con el caso de infracción contra una disposición de la Ley Evin francesa, a la que hace referencia su Señoría. 
Dicha disposición prohíbe a las cadenas francesas de televisión retransmitir eventos deportivos patrocinados por marcas de bebidas alcohólicas, que aunque se celebran fuera de Francia, interesan principalmente al público francés. 
Esta restricción de las retransmisiones ha llevado a los organismos deportivos de otros Estados miembros a rescindir sus contratos de patrocinio con productores de bebidas alcohólicas por temor a que sus eventos no sean retransmitidos en Francia y, por consiguiente, pierdan sus derechos televisivos. 
La Comisión emitió un dictamen motivado en 1996 en el que exponía sus dudas acerca de la proporcionalidad de dicha restricción, y actualmente está discutiendo el tema con las autoridades francesas. 
Quisiera hacer hincapié en que, en este caso, la Comisión no cuestiona la Ley Evin como tal, sino las consecuencias de su aplicación sobre los eventos televisados que se celebran fuera de Francia. 
La Comisión quiere garantizar el más alto nivel de protección de la salud pública y, en ese sentido, está dedicando la máxima atención a la evaluación de la proporcionalidad de esta restricción. 
En lo que respecta a nuestra voluntad de adoptar medidas de armonización en este ámbito, ello dependerá de los resultados de las investigaciones. 
Tenemos competencia para proponer dichas medidas, pero, en estos momentos, no tenemos intención de hacerlo. 
No tengo más preguntas, y sólo quiero agradecer al Comisario su respuesta tan clara y directa. 
Nos mantendremos atentos a cómo evoluciona la situación. 
Quiero preguntarle si no está de acuerdo conmigo en que lo que aquí nos ocupa, el asunto de la Ley Evin de Francia, es la versión europea de un hecho contra el que venimos protestando, el del bloqueo comercial a Cuba. 
En otras palabras, es una intervención internacional que no tiene ninguna justificación, y si realmente la aplicáramos en Europa, debilitaríamos nuestra posición internacional. 
No podríamos seguir luchando contra la legislación norteamericana en materia de comercio internacional. 
Ciertamente estoy de acuerdo en que al considerar nuestros juicios sobre lo que otros hacen fuera de la Unión Europea, es muy importante que nos cercioremos de que somos coherentes y no nos oponemos a lo que ocurre fuera de la Unión Europea sin, al mismo tiempo, objetar que ocurra algo similar en la Unión Europea. 
Ya he mencionado que la Comisión envió un dictamen motivado en 1996 en el que resaltaba sus dudas acerca de la proporcionalidad de la restricción de la Ley Evin, y aunque me sienta tentado a ir más lejos, no sería prudente hacerlo. 
Como ponente, Sir Leon Brittan, sobre las comunicaciones comerciales, estoy contenta con la comunicación que salió la semana pasada, aunque naturalmente hay muchas críticas al respecto. 
Mi pregunta es, en vista del período pasado con tantas reclamaciones, sobre todo de " loi Evin» , que realmente no fueron tramitadas de forma seria, si le pareció necesario al gobierno del Presidente Santer o al Presidente mismo que se esperara hasta que se presentara la comunicación y si, por lo tanto, se estudiarán estas reclamaciones a fondo en un plazo muy corto en el comité de expertos nacionales que hay que constituir. 
¿Nos puede comentar algo más al Parlamento y a mí sobre los diferentes puntos de vista respecto a la tramitación de las reclamaciones presentadas? 
No entraría dentro de las normas dar a conocer los pormenores de todas las discusiones que tienen lugar en el seno de la Comisión, aparte del hecho de que no estoy al corriente de todos ellos. 
La situación normal es la siguiente: enviamos un dictamen motivado manifestando nuestras dudas en cuanto a la legalidad de lo que se ha hecho y, a continuación, se inician conversaciones con las autoridades francesas si éstas se muestran dispuestas a ello, que sí lo están, y actualmente nos encontramos en esta situación. 
Pregunta nº 44 formulada por Graham Watson (H-0257/98): 
Asunto: Distribución de entradas para el Campeonato del Mundo de Fútbol de 1998 
Después de la petición realizada por la Comisión Europea a las autoridades organizadoras del Campeonato Mundial francés para que modificaran la distribución de entradas para los partidos de fútbol del Campeonato Mundial, ¿puede la Comisión indicar qué medidas han sido adoptadas por el CFO? 
¿Considera la Comisión que estas medidas hacen que el sistema de distribución de entradas cumpla las leyes de competencia comunitarias? 
El 20 de febrero, la Comisión dirigió un escrito al Comité organizador de la Copa del Mundo exponiendo sus objeciones a la actual política de distribución de entradas y pidiéndole que en el plazo de dos semanas, a partir de la recepción de la carta, informara a la Comisión de las medidas que se propone adoptar para garantizar que su sistema de distribución de entradas no discrimina a los aficionados al fútbol residentes fuera de Francia. 
Dicha solicitud se hizo a raíz de una evaluación preliminar de las actuales disposiciones para la distribución de entradas, que llevó a la Comisión a pensar que el comité organizador puede estar abusando de una posición dominante en el mercado de entradas para el Mundial, lo que va en contra del artículo 86 del Tratado de la CE. 
La Comisión se reunió con el comité organizador el jueves 5 de marzo para exponerle sus inquietudes por las actuales disposiciones para la distribución de entradas y, en particular, el reglamento del CFO, que exige que todos aquellos que deseen adquirir entradas directamente del CFO faciliten una dirección en Francia a la que puedan ser enviadas las entradas. 
¿Significa eso que la Comisión no emprenderá ninguna acción para prohibir la emisión de entradas que ya se han vendido, a pesar de que muchas de esas entradas no se han emitido aún, sino que sólo han sido solicitadas? 
¿Puede garantizar el Comisario que si se han infringido los Tratados, se iniciarán procedimientos formales de infracción? 
¿O se limitará la Comisión tan sólo a ofrecer entre bastidores a los aficionados al fútbol un regalo de consolación consistente en un banderín en un bonito estuche? 
No tengo previsto dar nada entre bastidores como insinúa su Señoría. 
Si se ha infringido la Ley, se emprenderán acciones, a menos que se remedie dicha infracción de una manera específica. 
Ésa será la posición de la Comisión. 
Como he dicho, el pasado jueves mantuvimos conversaciones. 
No puedo ofrecer una respuesta específica a la cuestión que ha planteado su Señoría porque, en realidad, se está analizando el resultado de dichas conversaciones y mi colega hará una declaración en un debate el jueves, en la que, sin duda, comunicará el resultado de la reunión, las conclusiones que haya sacado la Comisión y la acción que ésta adopte. 
En una situación como la que describe el Comisario y las restricciones que pone a la distribución de entradas, seguro que no faltará quien busque el modo de eludirlas. 
¿Ha entablado contacto la Comisión con las autoridades francesas para analizar los posibles problemas que surgirán en la reventa de entradas? 
Siempre habrá compañías de viajes legítimas que, de un modo u otro, adquieran entradas y comiencen a ofrecer paquetes alternativos, pero no faltará quien compre entradas para venderlas en la reventa a precios inflados. Esto podría crear numerosos problemas desde el punto de vista del orden público, del equilibrio y el potencial de que se formen aglomeraciones. 
Podría dar al traste con toda la organización. Podría dar lugar a un mercado muy libre, que, estoy seguro, sería del agrado del Comisario, pero que no estaría exento de problemas. 
¿Se han entablado contactos con las autoridades francesas sobre este asunto? 
Siento no poder dar una respuesta definitiva sobre qué es exactamente lo que está ocurriendo. 
Puedo asegurar a su Señoría que como resultado de las conversaciones que tuvieron lugar el pasado jueves, todo este asunto está siendo analizado. 
La Comisión ciertamente no aprobará ninguna solución que permita abusos evidentes ni que puedan ser eludidas fácilmente. 
Las personas que están estudiando estos asuntos están bien preparadas para no dejarse embaucar por una solución que no ofrezca las garantías necesarias. 
Pregunta nº 45 formulada por Gary Titley (H-0229/98): 
Asunto: Derechos antidumping 
A la vista de las reiteradas quejas por dumping presentadas por EUROCOTON, ¿piensa revisar la Comisión sus procedimientos para impedir la presentación de quejas en serie? 
La actual queja presentada por EUROCOTON surgió a raíz del rechazo por parte del Consejo de la propuesta presentada por la Comisión en mayo de 1997 relativa a aranceles definitivos anti-dumping sobre la tela de algodón sin blanquear. 
Dicha queja era relativa además a la tela de algodón sin blanquear pero, a diferencia del antiguo procedimiento, estaba basada en pruebas de dumping y perjuicios ocurridos en otro momento. 
Tras recibir la nueva queja, la Comisión examinó si estaba respaldada por una proporción suficientemente representativa de productores comunitarios y si contenía pruebas de primera mano de dumping y de los correspondientes perjuicios. 
Tras cumplir dichos requisitos, la Comisión decidió, el 11 de julio de 1997, abrir una nueva investigación, como era su deber en virtud de la legislación anti-dumping que es conforme al Reglamento de la OMC. 
La presentación consecutiva de quejas por casos de dumping es algo sumamente raro. 
La tela de algodón crudo es el único caso en la historia del Reglamento antidumping de la UE en que se recibió una segunda queja tras el rechazo de una propuesta de la Comisión por parte del Consejo. 
En semejantes circunstancias, la Comisión aún no se ha formado una opinión sobre si se justifica una modificación de la legislación que evite quejas sucesivas. 
Para investigar las quejas por casos de dumping, la Comisión debe formarse una opinión sobre si se ha perjudicado la causa de la Comunidad Europea. 
¿No es cierto que las quejas en serie por prácticas de dumping son en sí mismas perjudiciales para los intereses de la Comunidad, habida cuenta de los costes que entrañan las investigaciones y de las incertidumbres de que son objeto las empresas, a las que les resulta muy difícil adoptar cualquier tipo de planificación de cara al futuro? 
¿Está la Comisión dispuesta a reconocer que las quejas en serie son en sí mismas perjudiciales para los intereses de la Comunidad? 
¿Se ha formado el Comisario una opinión acerca de si las quejas en serie están básicamente socavando los compromisos de la UE con la Organización Mundial del Comercio, teniendo en cuenta que dichas quejas pueden considerarse una prueba de la práctica de competencia desleal de los países importadores? 
Ciertamente reconozco que toda queja que se presenta impone una carga para las partes interesadas, pero no reconozco que la recepción de una segunda o tercera queja vaya en contra del Reglamento de la OMC. 
Soy algo reacio a considerar la presentación de una queja como algo que deba ser analizado en sí mismo en el contexto de los intereses de la Comunidad. 
Pero aseguro a su Señoría que en el caso de esta queja, se analizará detenidamente y se ha analizado detenidamente toda la cuestión de los intereses comunitarios y del equilibrio entre los mismos- contrastándolos con el daño ocasionado a los productores que han presentado la queja. 
He presentado una pregunta sobre este tema, pero no ha sido incluida en la sesión de hoy. 
Quisiera seguir el hilo de la pregunta del Sr. Titley. 
A la luz del debate de mañana sobre la competitividad de las empresas de la UE en general, y del plan de acción del Comisario Bangemann sobre la competitividad del sector textil europeo, ¿no considera, señor Comisario, que la queja de EUROCOTON pertenece al pasado en lo que a nuestras empresas se refiere? 
¿Está dispuesto a reconocer, señor Comisario, que la imposición de dichos aranceles no favorece los intereses de la Comunidad ni tampoco la competitividad del sector textil de la UE? 
Ya disponemos de pruebas que demuestran que la medida no sólo destruirá puestos de trabajo en el sector del acabado, sino que además traerá consigo un incremento de las importaciones de productos acabados. 
Por ello, le pregunto, señor Comisario, ¿qué propuestas presentará al Consejo de Ministros y al grupo de expertos para potenciar y reforzar los intereses comunitarios en este ámbito? 
¿Defenderá con decisión los intereses comunitarios? 
¿Está dispuesto a presentar propuestas en este ámbito en el futuro? 
En términos de representación, 30 empresas productoras de algodón no representan a la totalidad del sector industrial de la UE. 
Realmente no hay ningún misterio al respecto. 
Hemos investigado si se han producido casos de dumping o algún perjuicio- y todos sabemos quiénes son los supuestos perjudicados. 
Para contrastar, hemos sopesado todos los argumentos planteados por otra sección del sector europeo, que afirma que la adopción de medidas anti-dumping les originaría perjuicios. 
En realidad, dijo que la influencia neta de las medidas sería beneficiosa para el conjunto de la economía europea. 
Es un argumento legítimo. Existe un procedimiento para tenerlo en cuenta. 
Es importante tener en cuenta debidamente la cuestión de los intereses de la Comunidad. Es lo que hemos hecho en este caso. 
No estoy en condiciones de anunciar aún un resultado definitivo, pero puedo asegurar a su Señoría que todos los argumentos que ha planteado han sido plenamente tomados en consideración. 
He recibido quejas contra las medidas anti-dumping. 
Proceden de pequeñas empresas que creen que se verán en seria desventaja si en lo sucesivo no pueden seguir importando algodón. 
Quisiera preguntar lo siguiente: ¿no se está perjudicando muy considerablemente tanto a los países en desarrollo como a algunas pequeñas empresas que dependen del algodón importado? 
Cuando se analiza el equilibrio de intereses, también hay que tener en cuenta estos aspectos. 
En las respuestas que ya ha ofrecido, ha apuntado en cierto modo a ello. 
Estoy muy agradecido a su Señoría por lo que ha dicho sobre mi respuesta inicial. 
Es muy difícil. 
No hay la menor duda de que hay personas en la Unión Europea que se quejan de estar sufriendo las consecuencias de las prácticas de dumping y hay otras que se quejan de que lo pasarían aún peor si se adoptaran medidas anti-dumping. 
Por tanto, dejando de lado a todos los que no pertenecen a la Unión Europea, debemos equilibrar dichos intereses. 
Es el motivo por el que éste ha resultado ser uno de los casos más difíciles y controvertidos a los que hemos tenido que hacer frente. 
Lamento no poder decir en estos momentos cómo acabará todo esto, pero sí puedo decir que he garantizado personalmente y he participado personalmente en un examen riguroso de los argumentos que han presentado unos y otros- los productores de fuera de la Unión Europea y aquéllos a quienes representa su Señoría. 
Es imposible complacer a todos. 
Por consiguiente, lo único que podemos hacer es intentar ser justos y eso es precisamente lo que haremos. 
Pregunta nº 46 formulada por Inger Schörling (H-0007/98): 
Asunto: Contaminación por salmonelosis 
Las mercancías contaminadas por salmonelosis pueden devolverse al país de origen siempre que las autoridades competentes del país en cuestión den su autorización. 
Al parecer, las autoridades competentes del país de expedición deben dar su autorización para que sea devuelta la carne contaminada. Sin embargo, el suministrador debería estar obligado a hacerse cargo de la mercancía a la vez que se informa a las autoridades competentes. 
Mi pregunta se refiere al hecho de que los controles de salmonelosis efectuados en la carne importada en Suecia han descubierto contaminación por salmonelosis en un número demasiado elevado de casos y ello a pesar de que los certificados del país de origen certificaban lo contrario. 
Esto da lugar a complicaciones, no sólo para las personas que consumen la carne contaminada, sino también para los importadores y los vendedores, que deben hacer frente a las consecuencias económicas y a las dificultades burocráticas derivadas de ello. 
En este contexto, se plantea la cuestión de quién debe considerarse el primero en estar en contacto con la mercancía: el importador, el distribuidor u otro. 
¿Pueden las autoridades competentes del país de expedición no aceptar la devolución de carne contaminada? 
Señor Presidente, Señorías, los temas a los que se refiere la pregunta de Su Señoría corresponden al artículo 7 de la Directiva 89/662 del Consejo de 11 de diciembre de 1989 relativa a los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior y, en particular, a los controles que deben realizarse en el lugar de destino. 
En este contexto, es preciso distinguir entre dos hipótesis. En los casos graves, la partida entregada debe ser sacrificada evitando cualquier riesgo o debe ser tratada de conformidad con la normativa comunitaria de manera que ya no pueda representar ningún riesgo. 
En los casos restantes- o sea, en los casos menos graves -, las autoridades competentes del país de destino pueden dejar al suministrador o al representante autorizado del mismo, si las condiciones de idoneidad para el consumo y de control sanitario lo permiten, la elección entre la destrucción de las mercancías evitando cualquier riesgo o su utilización en otro ámbito, incluida la posibilidad de su devolución con la autorización de la autoridad competente del país donde esté radicada la empresa suministradora originaria. 
La citada autorización de las autoridades del país de expedición se consideró imprescindible para que éstas se cercioren de la localización de la partida contaminada y puedan impedir, en última instancia, su comercialización. 
Cuando el control con resultado desfavorable se realice en una fase posterior de la cadena de comercialización, se aplicarán las normas nacionales correspondientes. 
Los productos procedentes de otro Estado miembro están sujetos a las mismas normas que los productos procedentes del propio Estado miembro en cuestión. 
Cuando Suecia se hizo miembro de la UE, se le otorgó una excepción importante porque en Suecia no tenemos salmonella. 
Consistía en que toda la carne importada desde otros países comunitarios sería acompañada de un certificado que estableciera que esa partida de carne estaba libre de salmonella. 
Ahora se ha demostrado que esto es mucho más complicado que lo que creían nuestras autoridades, entre otras cosas, porque se ve que muchos certificados son falsos o incorrectos. 
No menos del 25 por ciento de todas las partidas de carne de res, de cerdo y aves tienen certificados incompletos y el 20 por ciento de las partidas de carne que tienen certificados correctos, se ha demostrado que están infectadas de salmonella. 
No menos del 85 por ciento de las pruebas hechas en carnes de aves de Francia demostraron que la carne estaba infectada. 
Entonces podemos entender que no se trata de pequeñas partidas. 
Otro problema es que no se sabe o no se puede interpretar de quién es la responsabilidad. 
Opino que la Comisión tiene la responsabilidad de que esta excepción que se ha otorgado a Suecia funcione. 
Estimo que la respuesta que dio el Comisario Fischler, y que yo ciertamente agradezco, no aclaró mucho. 
Por eso quisiera escuchar un poco más acerca de cómo piensa el Comisario que debe funcionar esto. 
Señor Presidente, Señoría, en primer lugar, debo confirmar que en efecto se establecieron algunas excepciones para Suecia como resultado de su adhesión a la Comunidad Europea. 
De conformidad con las mismas, Suecia- y esto, por otra parte, también es válido para el caso de Finlandia- puede exigir garantías especiales para determinados productos- concretamente, la carne fresca, los huevos y la carne de aves de corral -, una vez aprobados por la Comisión los programas operativos para la lucha contra la salmonelosis presentados por dicho país. 
La Comisión aprobó dichos programas en su Decisión de 1995. 
Por lo tanto, por lo que se refiere a los controles, aunque volveremos sobre este tema con ocasión de la siguiente pregunta, el aspecto fundamental que conviene señalar es que está previsto un procedimiento en virtud del cual la responsabilidad también recae obviamente sobre el país de expedición, pues es evidente que la Comisión no puede controlar sobre el terreno cada partida individual expedida desde cualquier Estado miembro. 
La Comisión sólo puede velar por que existan unas normas al respecto. 
Evidentemente, el correspondiente Estado miembro está obligado a velar por que estas normas también se cumplan. 
Señor Comisario, hoy la Comisión tiene preguntas sobre la mesa sobre el tema de la contaminación, la higiene en la carne, la EEB, la podredumbre parda, etc. 
Quiero señalar al Comisario el llamamiento que ha hecho la FAO a la Unión Europea a fin de incrementar y reforzar los sistemas de prevención y el control de la transformación, de la transmisión de enfermedades, en el ámbito de la sanidad agraria. 
Además, tenemos a la puerta a once países PECO cuyas garantías en este ámbito son, hoy por hoy, por lo menos dudosas. 
Con el fin de garantizar la salud de los consumidores y de nuestros productores agrarios ante esta situación tan preocupante, quiero preguntar al Comisario qué medidas está tomando la Comisión con el fin de garantizar el cumplimiento por los Estados miembros de esta legislación- puesto que legislación hay suficiente -, tanto en materia de sanidad veterinaria como en materia fitosanitaria, y, además, si se van a exigir estas mismas medidas a los terceros países y al resto de los países. 
Señor Presidente, responderé con mucho gusto a esta pregunta, pues nos remite de hecho al tema de la política general que sigue la Comisión en este ámbito. 
Como seguramente ya saben, estamos empezando a revisar todas las medidas higiénicas relativas a la carne y el conjunto de la legislación aplicable a este ámbito, con los siguientes objetivos fundamentales: por un lado, deseamos establecer unas normas comunitarias claras, que prevean los controles necesarios, desde el inicio de la cadena de producción de un alimento hasta la mesa del consumidor, por decirlo así. 
Pero en este contexto también queremos iniciar nuevas vías de actuación con el llamado sistema HACCP. 
En dicho sistema, las empresas transformadoras privadas participan también en las tareas de control efectivo, pero a su vez están subordinadas a una autoridad de control, de manera que la necesaria ejecución de las tareas de control también es objeto de supervisión. 
Éste es el enfoque por el que también se ha decidido la FAO. 
Es el enfoque que apoya la Organización Mundial de la Salud y yo creo que con su adopción vamos efectivamente por buen camino. 
Evidentemente es necesario que las exigencias que imponemos a nuestras empresas también sean aplicables a los terceros países, o sea, que se apliquen exactamente los mismos criterios a las importaciones. 
Por citar un ejemplo: en el acuerdo bilateral con Estados Unidos, que en estos momentos se está discutiendo, se exigirá en el futuro justamente este sistema en el caso de las importaciones. 
Quisiera preguntar al Comisario Fischler qué consejo puede dar a un país miembro, en este caso a Suecia, si en el futuro los certificados siguen siendo incorrectos y la carne sigue estando infectada de salmonella. 
¿No es así que debería ser un derecho obvio de los países poder defenderse de los productos perjudiciales para la salud? 
Por tanto, ¿qué consejo tiene el Comisario para nuestro país si continúan entrando certificados incorrectos y productos infectados? 
Como salvaguardia frente a la reexpedición de la carne que no cumpla las normas especiales aplicables en el caso de Suecia y de Finlandia, tenemos en vigor- como ya he dicho- una normativa específica. 
Su aplicación práctica se concreta en el hecho de que en caso de que se constaten deficiencias, en el sentido de que los controles establezcan que las partidas entregadas no cumplen los requisitos de las directivas, el país de recepción puede optar discrecionalmente por ordenar la destrucción de la partida ya entregada- en los casos graves- o bien, en los casos restantes, puede decidir entre la destrucción o la alternativa de la devolución, comunicándolo previamente al país de expedición. 
Por lo que se refiere a las deficiencias detectadas, sobre todo en las remesas de aves de corral procedentes en su mayor parte de un Estado miembro concreto, en estos momentos se está desarrollando una consulta con dicho Estado miembro y con el Gobierno sueco, como resultado de la cual ambos deberán alcanzar conjuntamente un acuerdo para evitar dichas deficiencias en el futuro. 
Previsiblemente, las partes implicadas no tardarán en dejar definitivamente zanjada esta cuestión. 
Pregunta nº 47 formulada por Sören Wibe (H-0210/98): 
Asunto: Controles para la detección de salmonela 
En varias ocasiones desde la adhesión de Suecia a la UE se ha detectado que la carne importada de otros países de la UE estaba infectada de salmonela a pesar de la certificación del país exportador de que la carne estaba exenta de salmonela. 
En su respuesta (19/1-98) a mi pregunta escrita (P-3933/97) , la Comisión afirma, entre otras cosas, que ello puede deberse a manipulaciones o falta de correspondencia entre distintos métodos de control. 
¿Sugiere con ello la Comisión que existen deficiencias en los controles suecos o cree la Comisión que los controles suecos son correctos? 
¿Ha examinado la Comisión esta cuestión (es decir, el problema con la carne infectada de salmonela importada en Suecia) y ha llegado a alguna conclusión? 
Señor Presidente, Señorías, el autor de la pregunta me pide que vuelva a ampliar en mi respuesta algunos aspectos que planteaba en su pregunta escrita nº 3933. 
Las cuestiones que plantea, al igual que la pregunta anterior de la Sra. Schörling, se refieren al tema del cumplimiento de las garantías adicionales relativas a la carne contaminada por salmonelosis concedidas a Suecia y a Finlandia después de su adhesión. 
En primer lugar, yo quisiera exponer brevemente las normas de control previstas por las autoridades suecas para la carne importada. 
Según la información que obra en nuestro poder, la carne importada a Suecia desde otro Estado miembro es controlada por la empresa destinataria, en el marco de una normativa de autocontrol. 
Las irregularidades con respecto a la certificación se comunican a la autoridad competente. 
Un laboratorio autorizado para la comprobación de la contaminación por salmonelosis realiza entonces un examen oficial de las partidas afectadas. 
Dichos exámenes son completamente independientes de los que realizan directamente las empresas y las autoridades locales competentes. 
En todos estos exámenes se aplican a las muestras las disposiciones de la UE. 
Las autoridades suecas han adoptado un método de análisis propio, que se conoce como el método nórdico. 
Los demás Estados miembros aplican, en cambio, el llamado método ISO, tal como prevén las normas de la UE, en los controles realizados en el país de origen. 
Las autoridades suecas decidieron realizar, por otra parte, se realizaría una supervisión especial, a modo de prueba, durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 1 de septiembre de 1997, con objeto de verificar la correcta aplicación de la normativa relativa a las garantías adicionales. 
En total, se examinaron 596 partidas y se detectó la presencia de salmonelosis en doce de ellas. 
Los problemas, o sea, la detección de salmonelosis, corresponden, por otro lado, según los datos presentados, fundamentalmente a la carne de aves de corral y sobre todo a las partidas procedentes de un determinado Estado miembro. 
En estos casos es aplicable el artículo 8 de la Directiva de 1989, que prevé como primer paso las conversaciones bilaterales entre los Estados miembros afectados, tal como antes he expuesto, las cuales precisamente se están desarrollando en estos momentos. 
La Comisión está a la espera de conocer primero el resultado de dichas conversaciones antes de dar otros pasos. 
Por lo que se refiere al tema de los métodos de análisis, los organismos competentes del Consejo están examinando en estos momentos si es posible reconocer el llamado método nórdico como método de referencia, junto con el método ISO. Es decir, que el objetivo es autorizar con carácter general para toda la Unión Europea la aplicación del método nórdico como segundo método rutinario. 
Como se sabe, también discutimos esto en el tema anterior de modo que, quizás, no se necesiten tantos comentarios. 
Es evidente, señor Comisario, que en este asunto hay dos métodos diferentes. 
Dentro de una mismo partida, se descubren bacterias de salmonella con el método sueco mientras que con el otro método no se encuentran. 
Como es sabido, hay cien maneras diferentes de equivocarse, es decir, de no descubrir bacterias donde hay bacterias, pero no hay ni una sola manera de encontrar bacterias donde no las hay. 
En este caso esos resultados tienen que indicar de forma clara que de esos dos métodos el nórdico es el mejor, puesto que cuando se aplica, evidentemente se encuentran bacterias donde los otros métodos no lo logran. 
Interpreto el final de su respuesta como que usted va a usar el método sueco incluso como una medida rutinaria y que, al menos, se le va a equiparar con el método actual que se aplica de acuerdo a las directivas comunitarias vigentes. 
¿Es ésta una forma correcta de entender su respuesta? 
Para aclararlo una vez más del todo, lo que nos proponemos hacer y lo que se está examinando en estos momentos en el organismo competente del Consejo es lo siguiente. 
En primer lugar, el método de referencia para la Unión Europea, de conformidad con la normativa existente, es el llamado método ISO. 
En segundo lugar, en Suecia se ha aplicado hasta ahora el método nórdico y Suecia ha pedido que éste sea reconocido también como método de referencia. 
Entre ambos métodos existen, ciertamente, algunas diferencias y el objetivo es tomarlas en consideración de manera detallada, a fin de que el método nórdico también sea aplicable con método de referencia en el futuro. 
Éste es el objetivo que se quiere conseguir. 
Sin embargo, como parte de las exigencias del Consejo y tal como está previsto en el acuerdo del Consejo, éste debe dictaminar si lo acepta. 
Mientras no lo haya aceptado, en caso de conflicto, si llegase a plantearse un verdadero conflicto legal, la norma aplicable es la Directiva vigente, o sea, el método de referencia ISO. 
Pregunta nº 48 formulada por Mark Watts (H-0032/98): 
Asunto: Reforma de la Política Agrícola Común y del bienestar de los animales de explotación 
¿Está la Comisión a favor de incluir la necesidad de garantizar altos niveles de salud y bienestar para los animales de explotación entre los principales objetivos de la reforma de la Política Agrícola Común? 
¿Está también a favor de introducir reformas para alentar las explotaciones mixtas con objeto de criar más animales al aire libre o, debido a la disponibilidad de paja procedente de las cosechas, mantenerlos estabulados con camas de paja en buenas condiciones? 
¿Está, asimismo, a favor de reformar los regímenes de cría para la producción de carne y de leche con objeto de desincentivar la sobreproducción de ganado, permitiendo así a la Unión Europea abandonar los programas destinados a suprimir el exceso de animales, como el Programa de ayuda a la transformación de terneros y los reembolsos a la exportación de ganado vivo a terceros países, programas que son caros y suelen causar sufrimientos a los animales? 
¿Es también favorable a modificar el régimen de producción de leche y sus derivados para desincentivar la búsqueda de una producción cada vez más elevada por cabeza de ganado de la que resultan graves problemas de bienestar animal? 
Para comenzar, deseo expresar mi satisfacción por el claro compromiso del Comisario de tomarse muy en serio el protocolo. 
Le doy sinceramente las gracias por ello. 
En segundo lugar, a modo de ejemplo, quizá pueda comentar el Comisario si estaría dispuesto a estudiar la concesión de planes de ayuda a la producción intensiva de cerdos y aves de corral al objeto de pasar de los actuales métodos intensivos a métodos extensivos en el futuro. 
¿Podría plantearse la introducción en el futuro de un programa semejante bajo sus propuestas de reforma de la PAC? 
Por último, aunque comprendo lo que dice acerca de que los altos niveles de bienestar de los animales ya están regulados en la legislación de la UE, dicha legislación no siempre se cumple, como usted sabe. 
Le pondré un ejemplo: tenemos el temor de que el 7 de abril del presente año en el Eid-ul-Kebir de Francia, las autoridades francesas no apliquen la normativa relativa a la protección de animales a las que el Comisario, acertadamente, hace referencia. 
Está muy bien que dispongamos de estas normativas, pero ciertamente todos debemos colaborar para garantizar que se cumplen. 
Yo creo que la pregunta del Sr. Watts se refiere sobre todo a dos aspectos, tal como él mismo ha subrayado. 
En primer lugar, el nuevo paquete de medidas en el marco de la política de desarrollo rural también incluirá la vinculación de las ayudas a la inversión, de las que se benefician las empresas agrícolas, al cumplimiento de determinadas condiciones. 
Precisamente en los dos ejemplos que usted ha citado, en ambos casos deberán cumplirse, en la construcción o reconstrucción de instalaciones avícolas o porcinas, las condiciones mínimas necesarias para el bienestar de los animales. 
En segundo lugar, si los granjeros están dispuestos a reformar o construir sus instalaciones de manera que ofrezcan ventajas adicionales especiales en favor de la protección de los animales, dichas inversiones se beneficiarán de una ayuda superior a la otorgada a las restantes. 
Señor Comisario, en el marco de su respuesta en relación con el bienestar de los animales, que usted mismo considera muy ligado a la sanidad animal, quería preguntarle si la Comisión no cree que sería conveniente y necesario extender también las medidas para la protección del bienestar de los animales, y por tanto para la protección de la sanidad animal, al proceso de la necesaria higiene con que los animales deben llegar al matadero. 
Porque esto contribuiría en gran manera a mejorar la sanidad animal y, al mismo tiempo, a mejorar la calidad de los cueros y, por tanto, diría yo, el primer eslabón de aquella cadena a la que usted se refería en su respuesta a la Sra. Redondo. 
El cuero es la primera cadena y, al mismo tiempo, su calidad es imprescindible para los curtidores. 
Gracias, señora Ferrer. 
Permítanme que felicite a la Sra. Ferrer por la habilidad con la que ha colocado la pregunta que le correspondía formular. 
Tiene usted la palabra, Sr. Fischler, para responder a esta sutil pregunta complementaria de la Sra. Ferrer. 
Señoría, el tema que nos ocupa incluye, naturalmente, su verdadera pregunta, pero de hecho también la trasciende. 
En primer lugar, yo querría decirle que, por lo que se refiere a la futura evolución, podemos conseguir, sobre todo mediante las reformas propuestas, que el reproche que se nos ha hecho reiteradamente, en el sentido de que subvencionamos las exportaciones de ganado vivo a mataderos extranjeros, deje de tener cualquier fundamento. 
Lo cierto es que ahora tampoco se subvenciona el transporte y que las subvenciones correspondientes a los animales vivos, traducidas al montante por animal, ya son inferiores a las que recibe la exportación de carne, y en cualquier caso, el resultado ha sido que sólo alrededor del 10 % del total de exportaciones corresponde a animales vivos. 
Esto ocurrirá, sin embargo, todavía con mayor razón en el futuro. El abandono progresivo de los precios garantizados nos permitirá prescindir precisamente del recurso a la subvención de las exportaciones de animales vivos. 
Por otro lado, por lo que se refiere al tema más restringido del estado de los animales cuando llegan a los mataderos, yo debo decirle que no es cierto que todos los animales lleguen en mal estado. 
Al comercializador mismo es al primero que le interesa que así sea, pues tiene usted toda la razón cuando afirma que la calidad se ve afectada cuando los animales llegan en mal estado. 
¿Qué interés puede tener entonces la empresa comercializadora en pagar un precio más alto por una menor calidad cuando recibe animales en esas condiciones? 
Sin embargo, por otro lado, también es cierto que hace poco se comunicaron algunos casos de contagio de enfermedades presuntamente relacionados con unas condiciones higiénicas deficientes. 
Con objeto de resolver estos problemas, la Comisión decidió, después de escuchar a los comités científicos competentes, que debe procederse a una modificación de la Directiva 433, a fin de evitar en la medida de lo posible que lleguen a los mataderos animales contaminados. 
La Comisión está examinando en estos momentos una propuesta que toma en consideración este hecho. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al bloque del Sr. Fischler, las preguntas núms. 49 a 61 se contestarán por escrito. 
Señor Presidente, Señoría, la Comisión propuso en la Agenda 2000 una reducción del número de objetivos de las iniciativas comunitarias y la concentración de sus medidas en ámbitos transnacionales de interés comunitario, manteniendo o reforzando los criterios relativos al carácter innovador, el valor añadido para la Comunidad y el alcance de los acuerdos de cooperación. 
Se seleccionaron tres temas prioritarios: la cooperación transfronteriza, transregional e intrarregional, el desarrollo rural, y los recursos humanos en el contexto de la igualdad de oportunidades. 
El hecho de que la Comisión no haya propuesto nuevas iniciativas en favor de las regiones especialmente afectadas por el declive de la industria de armamento y el desmantelamiento de las bases militares no significa que estas regiones no puedan seguir recibiendo ayudas por principio. 
Al contrario, dicha posibilidad continúa existiendo en el marco de los Objetivos 1, 2 y 3, y también en el marco de las citadas propuestas de nuevas iniciativas comunitarias. 
En el marco del nuevo Objetivo 3, también pueden subvencionarse, fuera de las regiones incluidas en dicho Objetivo, medidas de adaptación y modernización de los sistemas de educación, formación y ocupación con vistas a mejorar la competitividad y amortiguar el impacto de la transformación socioeconómica. 
Aunque agradezco a la Comisaria su respuesta, debo decir que estoy muy decepcionada. 
En zonas como Essex, Suffolk, Yorkshire y Cumbria, el dividendo de la paz ha supuesto la pérdida de un gran número de puestos de trabajo en empresas del sector de la defensa. 
En particular, si tuviéramos que analizar dos ciudades- Witham y Chelmsforden las que se encuentran las empresas de Marconi y EEV, la fuerte reducción de la fuerza laboral es muy preocupante. 
¿Qué garantías puede ofrecerme esta noche, señora Comisaria, de que zonas como ésas, que se han beneficiado considerablemente de un programa a la medida para compensar los recortes de puestos de trabajo en el sector de la defensa, y de programas de formación para ayudar a aquellos que han perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de los dividendos de paz, seguirán beneficiándose en la misma medida que hasta ahora? 
Ésa es la cuestión. 
Se verán obligados a competir por ayudas más pequeñas bajo tres amplios objetivos, sin que se destinen directamente fondos a los recortes de personal en el sector de la defensa. 
No me es posible responder a ninguna pregunta relativa a una región concreta y a la ayuda que recibirá en el futuro porque de momento la propia Comisión no ha aprobado aún las propuestas de los nuevos reglamentos de los Fondos estructurales e incluso una vez aprobadas nuestro sistema de ayudas se apoyará mucho más en la cooperación, es decir, que incluirá criterios tanto europeos como nacionales. 
No estoy en condiciones de poder adelantarles ahora qué propuestas concretas presentará el Gobierno británico. 
Por lo tanto, sintiéndolo mucho, no puedo satisfacer su petición en este momento. 
Mi circunscripción se ha beneficiado considerablemente del programa KONVER. 
Los municipios londinenses de Hounslow, Ealing y Richmond se han beneficiado todos ellos en algún momento, lo cual me alegra mucho. 
Pero ha surgido un problema que me pregunto si la Comisaria estaría dispuesta a tomar en consideración a la hora de introducir las modificaciones y variaciones que sean necesarias en el futuro, y es el siguiente: en zonas como la mía, en las que la población fluctúa continuamente, de acuerdo con el Reglamento de KONVER, resulta muy difícil destinar la ayuda exactamente a las personas que han perdido sus puestos de trabajo, porque muchas de ellas salen pitando hacia otras partes del país o incluso al extranjero en busca de un nuevo puesto de trabajo. 
Las autoridades locales han intentado presentar propuestas encaminadas a revitalizar la zona haciendo uso de los fondos KONVER para crear más puestos de trabajo, pero han encontrado dificultades con el actual reglamento del programa. 
Me pregunto si, en el futuro, podríamos tener en cuenta este tipo de dificultades, independientemente de las modificaciones que se adopten. 
Sí, es posible que lo que piensa proponer la Comisión sea muy adecuado para resolver sus problemas, pues nuestra experiencia indica, de hecho, que los programas aislados en el marco de la actividad en materia de política estructural han tenido mucho menos éxito que aquellos dirigidos a regiones consideradas dentro de un contexto un poco más amplio. 
Por esto, en el futuro para definir las zonas subvencionables en el marco del Objetivo 2 procuraremos basarnos también en programas elaborados para regiones más amplias, con objeto de garantizar en lo posible que en el lugar mismo se creen también oportunidades a la medida, justamente también para las personas que pierdan su empleo, mediante una mutua adecuación de la infraestructura y las inversiones, por un lado, y las medidas de cualificación dirigidas a los parados, por el otro. 
En cualquier caso, yo acojo con agrado su sugerencia. 
He observado cómo sonríe la Comisaria, pero no es la primera vez que hemos debatido sobre estos asuntos y no le preguntaré acerca de ninguna región en particular. 
No obstante, le haré la siguiente pregunta sobre el futuro del programa KONVER: si la respuesta de la Comisión es que las zonas tendrán derecho a beneficiarse según el nuevo Objetivo 2, aún nos queda por conocer realmente cuáles serán los mecanismos que les permitan cualificarse. 
Parece ser que la Comisión no tiene intención de introducir un arreglo especial, como en el caso del Objetivo 6. 
Si estoy equivocado al respecto, le ruego que me lo diga. 
Si no es esa la intención, sigo sin entender por qué no habrá arreglos transitorios para la eliminación por etapas de las zonas KONVER y de otras zonas de iniciativas comunitarias, del mismo modo que las habrá para las zonas del Objetivo 2 que queden fuera de la red. 
Si existe la misma necesidad de modificar los Fondos estructurales en base al desempleo y al bajo crecimiento para las zonas del Objetivo 2, ¿por qué no para las zonas KONVER? 
Por último, el 50 % de las zonas KONVER de toda Europa no son actualmente destinatarias del Objetivo 2- ni de otros fondos regionales. 
¿Está de acuerdo, señora Comisaria, en que tenemos aquí un caso especial que usted debería estudiar detenidamente? 
Yo soy consciente de que la Unión Europea no puede superar y solucionar todos los problemas que existen en la Comunidad con los recursos de los Fondos estructurales. 
Sé muy bien que algunas transformaciones en algún caso también generarán problemas en las regiones. 
No obstante, por otro lado, también les ruego que comprendan que al prever unas normas generosas para las zonas subvencionables incluidas en los Objetivos 1, 2 y 5b, con vistas a la supresión gradual de las ayudas a las regiones que en el futuro ya no serán subvencionables, también estamos teniendo en cuenta, de hecho, a mi parecer, los aspectos necesarios para consolidar los éxitos alcanzados. 
Yo quiero recordar claramente una vez más que las zonas incluidas dentro del programa KONVER al igual que las correspondientes a todas las restantes iniciativas seguirán teniendo en el futuro la posibilidad de solicitar ayudas en el marco del Objetivo 3, o sea, para la cualificación de los parados y de las personas amenazadas por el paro. 
Yo parto de la base de que ésta puede ser una ayuda eficaz en el futuro, precisamente también este ámbito. 
Como última observación, permítanme que añada tan sólo que las iniciativas comunitarias no han dado en conjunto los frutos que esperábamos- los índices de absorción también lo confirman- y que éste es otro motivo por el cual debemos concentrarnos en la integración de dichas medidas. 
Obviamente, la industria de defensa también es una industria. Si se cumplen los criterios pertinentes, también puede aspirar, desde luego, a recibir ayudas en el marco del Objetivo 2. 
Si no se cumplen dichos criterios, sólo quedan las posibilidades horizontales en el marco del Objetivo 3. 
Pregunta nº 63 formulada por Ian White (H-0172/98): 
Asunto: Urban II 
¿Cuáles son las normas de la Comisión para el establecimiento de los comités de seguimiento de los programas? ¿Dónde se han publicado dichas normas? 
Señor Presidente, Señorías, el artículo 25 del Reglamento modificado nº 4253/88 incluye disposiciones generales sobre los comités de seguimiento en el marco de la participación en los Fondos estructurales. 
La Comisión establece con los correspondientes Estados miembros las normas de aplicación para la constitución de los comités de seguimiento encargados de supervisar los programas que se desarrollan en el marco de la iniciativa comunitaria URBAN. Éstas figuran en las decisiones de la Comisión por las que se aprueban los diferentes programas URBAN. 
Debería haber escuchado la respuesta en versión original, en vez de la interpretación, pero no he entendido cuál es el origen de la documentación del reglamento por el que se rige el programa URBAN. 
Le diré por qué me preocupa. 
A raíz de los informes que he recibido de las organizaciones interesadas, creo que existe una cierta anarquía entre los que desean solicitar fondos con cargo al programa URBAN. 
Supongo, naturalmente, que existirán unas normas y un reglamento por los que se rige el programa. 
Lo que la Comisaria acaba de decir no parece indicarme ninguna fuente a la que yo pueda recurrir. 
Me gustaría tener acceso a un manual o al propio reglamento para poder decidir por mí mismo si el Estado miembro en cuestión y la Comisión y el Reino Unido operan sobre la misma base de un manual aprobado que yo pueda consultar por mí mismo. 
¿Existe dicho manual? 
¿Existe un reglamento, aparte del apartado 2 del artículo 25, al que usted ha hecho referencia? 
En la decisión de la Comisión por la que se aprueba cada programa URBAN también figuran las regulaciones para los correspondientes programas. 
Voy a enumerarlas brevemente, puesto que pienso que es preferible que hablemos de contenidos concretos, en vez de citar los reglamentos por su número. 
En el caso de los programas URBAN existen comités de seguimiento en el marco de los Objetivos 1 y 2, que son los comités generales de seguimiento para dichos Objetivos. 
Las zonas no incluidas dentro de dichos Objetivos- como es el caso de Bristol, si no estoy equivocada -, tienen un comité de seguimiento independiente. 
Lamentablemente, no puedo negar que el procedimiento es más complejo, ya que dicho comité de seguimiento recibe orientaciones de un comité de gestión, el URBAN management committee, que es un subcomité encargado de la supervisión de la gestión en las zonas no incluidas dentro del Objetivo, y también existe un grupo de socios del programa URBAN, en el cual participan conjuntamente los socios locales y las organizaciones no gubernamentales. 
He observado que, en su respuesta anterior, la Comisaria ha dicho que las iniciativas comunitarias no habían tenido el éxito esperado. 
Pero espero que reconozca que el programa URBAN ha proporcionado una oportunidad ideal para desarrollar el tipo de iniciativas comunitarias satisfactorias que promovía la Comisión en sus planes de desarrollo económico y un excelente vehículo para fomentar la Comunidad entre los ciudadanos, debido a su enfoque muy local y a nivel de vecindario. 
Espero que en el programa URBAN II no se pierda ese elemento local y sea reconocido por los comités de vigilancia, independientemente de cuál sea su constitución. 
Espero que la Comisaria pueda tranquilizarnos sobre este punto. 
Estoy completamente de acuerdo con usted. 
URBAN es una de las iniciativas comunitarias que han tenido mayor éxito, debido a su especial proximidad a la población local- aunque los índices de absorción no sean satisfactorios en todas partes -, y que también han permitido una movilización positiva, sobre todo a través de la participación de diferentes grupos locales de ciudadanos. 
El procedimiento de gestión no se ha modificado con respecto al de URBAN 1, sino que en general podemos afirmar que en URBAN 2 se incorporaron también las experiencias positivas de URBAN 1. 
Dado el éxito de URBAN, en el futuro queremos incluir dentro de las ayudas generales, las ayudas dirigidas a los puntos socialmente conflictivos de las ciudades, a sus zonas más desfavorecidas, es decir, que nos proponemos incorporar dichas zonas al nuevo Objetivo 2. Esto indica que dicha iniciativa ha servido en la práctica como preparativo para la incorporación de los problemas urbanos a la ayuda comunitaria a escala más amplia. 
Pregunta nº 64 formulada por José Apolinário (H-0173/98): 
Asunto: Aplicación de Interreg II C 
¿Puede aclarar la Comisión qué ayudas se concedieron con cargo a fondos comunitarios a las regiones afectadas por los temporales de finales de 1997 en las Azores, el Algarve y el Alentejo? 
¿Cómo explica la Comisión la propuesta de concesión de ayuda financiera con cargo al Interreg II C para algunos Estados miembros mientras que se niega a hacerlo en el caso de Portugal? 
Señor Presidente, Señoría, la Comisión está consternada por los daños que causaron los temporales en Portugal, sobre todo en las Azores, el Algarve y el Alentejo. 
Por esto, inmediatamente después de las catástrofes declaró por propia iniciativa su voluntad de recalificar algunos recursos con este fin. 
En la evaluación de mitad de período del marco comunitario de ayuda para Portugal, que se aprobó en febrero, se concedieron a las regiones nuevas ayudas con cargo a recursos todavía no comprometidos, así como otras correspondientes a la indización anual, destinadas en primer lugar a medidas de carácter medioambiental. 
La Comisión abogó por que se incrementasen, con respecto a la propuesta inicial de las autoridades portuguesas, los fondos destinados a reforzar los programas en favor de las tres regiones que usted ha mencionado, y consiguió dicho incremento. Es decir, que dichas regiones recibirán 73 millones de ecus adicionales, en vez de los 44 millones que proponía inicialmente Portugal. 
Por lo que se refiere a la iniciativa comunitaria INTERREG 2C, la Comisión quiere recordar que ésta está destinada a financiar, entre otras cosas, medidas de protección frente a las inundaciones y de lucha contra la sequía, en forma de medidas de ordenación del territorio. 
No se ha previsto la concesión de financiación comunitaria a Portugal para la protección frente a las inundaciones en el período 1997/98 porque el Gobierno portugués no la ha solicitado. 
La Comisión aprobó, en cambio, el 29 de septiembre de 1997, un programa de lucha contra la sequía en Portugal. 
Dicho programa también contribuye indirectamente a la prevención estructural de las inundaciones, dado que fomenta una mejor gestión del agua, la investigación hidrológica, la exploración de recursos acuíferos y un equilibrio ecológico más adecuado. 
La Comisión estaría dispuesta a examinar una solicitud de las autoridades portuguesas para el desarrollo de un programa INTERREG 2C relativo a las inundaciones en el marco de las directrices generales y de los recursos presupuestarios ya comprometidos para Portugal. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer la respuesta de la Comisaria. 
La apoyo en lo relativo a la salvaguardia de la prioridad medioambiental y de la ordenación del territorio. 
Pero subrayo que, en relación con la parte de la respuesta relacionada con el Gobierno portugués, la Comisaria está diciendo la verdad, en la medida en que el reparto de las asignaciones con cargo a INTERREG-IIC indica claramente que, en relación con Portugal, España, Grecia e Italia, las peticiones sólo podían ser para la sequía, mientras que para Bélgica, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Holanda serían para las inundaciones. 
Y ese aspecto es el que no puedo comprender, porque considero que los servicios de los que la Comisaria es la responsable política han hecho una interpretación demasiado técnica. 
Pero no voy a eso ahora. 
Quiero formular otra pregunta: en relación con las regiones ultraperiféricas, en particular en relación con las Azores, al no haber en el futuro una iniciativa REGIS, ¿cómo se propone la Comisión intervenir en situaciones que, por desgracia, se han repetido? 
Porque, mientras que la Comisión se multiplica en justificaciones técnicas, por ejemplo, el ejército americano ofreció su cooperación para la recuperación técnica de la zona de Ribeira Quente. 
Es sólo una diferencia de tratamiento. 
En primer lugar, las Azores, en su calidad de región ultraperiférica, seguirán formando parte en el futuro del grupo de regiones más subvencionadas. 
En segundo lugar, yo doy por sentado que las demás regiones que usted ha citado también seguirán recibiendo ayudas de la Unión Europea. 
El problema que se plantea en relación con los Fondos estructurales es que éstos no son un mecanismo de ayuda para hacer frente a las catástrofes. Además, el Parlamento Europeo suprimió este tipo de ayudas para Europa. 
Por consiguiente, no tenemos ninguna posibilidad de conceder ayudas específicas en caso de catástrofes. 
Sin embargo, lo que podemos hacer cuando se produce una catástrofe- y así procedimos también en el caso de Portugal- es procurar poner a disposición recursos en el contexto de los marcos comunitarios de ayuda, reorientarlos y dedicarlos a la reactivación económica y a combatir los daños medioambientales ocasionados por dichas catástrofes. 
Así lo hicimos en este caso. 
Sin duda es necesario que se debatan las posibilidades de aplicar más intensamente en el futuro el instrumento INTERREG 2C a la lucha contra las inundaciones en los países del Sur, por ejemplo. 
Sin embargo, yo les ruego que recuerden que aquí ya debatimos muy largamente sobre los posible métodos para combatir con eficacia la sequía y que, desde entonces, tanto la Comisión como posiblemente también el Gobierno portugués no tuvieron la previsión de incluir preventivamente este aspecto en sus planes relativos a INTERREG 2C y a Portugal. 
Yo confío, no obstante, en que esto ya no será necesario en el futuro y pienso que deberíamos demostrar la flexibilidad suficiente para revisar dichos programas en caso de necesidad. 
Aun así yo pienso que los recursos que ahora ponemos a disposiciones de las regiones representan realmente una enorme ayuda adicional que les permite afrontar mejor las consecuencias de las catástrofes. 
La Comisaria dice con razón que los problemas de la sequía y de las inundaciones en Portugal y en España están relacionadas entre sí. 
Como se sabe, todos los grandes ríos portugueses nacen en España y la mitad del agua que llega a Portugal procede de España. 
Como también sabe la Comisaria, todas las obras hidráulicas que se están haciendo en Portugal y en España cuentan con la contribución de fondos de la Comunidad. 
Y, como también sabe la Comisaria, ha habido un contencioso, un conflicto, entre Portugal y España por el plan hidrológico español. 
Creo que se puede superar con sentido común y la intervención de Bruselas y de la Comisión es fundamental, dado que la financiación de las obras hidráulicas en Portugal y en España procede parcialmente de Bruselas. 
En este momento, en el que se han reanudado las negociaciones, ¿cuál es el papel que pretenden desempeñar la Comisaria y la Comisión? 
La Comisión no tiene habitualmente derecho de intervención en las negociaciones bilaterales, no sólo debido al principio de subsidiariedad, sino también porque los Estados miembros, por consideraciones de soberanía, también suelen estar muy interesados en evitar que la Comisión se inmiscuya en asuntos que aquéllos pueden resolver mejor por su cuenta. 
Sin embargo, aun así, no nos hemos limitado a observar los acontecimientos. 
Por ejemplo, financiamos un estudio común de España y Portugal, con objeto de obtener una idea clara sobre sus recursos acuíferos comunes. 
También fuimos unos de los que velamos- en el marco del procedimiento de aprobación de la presa, por ejemplo- por que se propusiera la inclusión de una gestión común del agua en los planos que deben garantizar que el embalse reciba también agua en la cantidad y de la calidad suficiente. 
Yo parto, además, de la base de que la aprobación y las disposiciones que se adoptaron son favorables en este sentido. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas núms. 65 a 109 se contestarán por escrito. 
(La sesión, interrumpida a las 19.45 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Buques que transporten mercancías peligrosas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para segunda lectura (A40069/98) del Sr. Novo Belenguer, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, relativa a la posición común adoptada por el Consejo sobre la propuesta de directiva del Consejo (C4-0621/97-96/0231 (SYN) ) por la que se modifica la directiva 93/75/CEE sobre condiciones mínimas exigidas para los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes. 
Señora Presidenta, el informe que vamos a debatir esta noche es la segunda lectura del procedimiento de cooperación y hace referencia a la propuesta de modificación de la Directiva sobre las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de ellos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes. 
Haciendo un breve repaso del proceso seguido en el informe, debemos mencionar en primer lugar que, en abril de 1997, nuestro Parlamento aprobó en primera lectura once enmiendas que podríamos clasificar en tres grandes grupos. 
Un primer grupo para reforzar los requisitos de información que deben proporcionar los operadores de buques que transportan mercancías radiactivas. 
Un segundo grupo sobre medidas dirigidas a extender los requisitos de esta Directiva, la 93/75/CEE, a los buques en tránsito por aguas comunitarias. 
Y, finalmente, un tercer grupo para realizar modificaciones en los anexos de esta Directiva. 
Por parte de la Comisión y del Consejo se aceptaron las enmiendas referidas a la posibilidad de incluir en la Directiva modificaciones futuras al Código internacional de combustible nuclear irradiado, así como aquellas que hacían referencia a la obligatoriedad de facilitar el listado de la tripulación a las autoridades portuarias, siempre con antelación por si pudiera producirse un eventual incidente. 
El informe que debatimos ahora y que mañana votaremos tiene un triple propósito. 
Por un lado, actualizar la Directiva 93/75/CEE solicitando la inclusión de determinados requisitos para la seguridad del transporte marítimo, en especial del combustible nuclear irradiado, plutonio y residuos radiactivos de alta actividad; en segundo lugar, ampliar la información que debe facilitarse en los casos de transporte de este tipo de mercancía; y, por último, establecer un sistema para modificar en el futuro los anexos de la Directiva, a través del comité consultivo, con el fin de adaptar las normas nacionales a las normas establecidas con carácter internacional para la seguridad marítima. 
En este sentido, en el presente informe proponemos- y fueron aprobadas prácticamente por unanimidad todas ellas en la Comisión de Transportes y Turismo- cuatro enmiendas. 
En la primera enmienda, que hace referencia al quinto considerando de la Directiva, proponemos una modificación en la redacción del texto del Consejo y el nuevo texto, siendo más amplio y general- por lo menos así lo interpretamos- expresa nuestra reserva a que el comité consultivo pueda realizar cambios significativos o sustanciales en la Directiva. 
La enmienda 4, que hace referencia al apartado 2 del artículo 1, está directamente relacionada con la anterior y se dirige a evitar que posteriores modificaciones de esa Directiva no deriven en un debilitamiento de las disposiciones existentes en lo que a seguridad y protección del medio marino se refiere. 
Es decir, ponemos un mínimo para evitar, de alguna forma, que se debiliten las garantías que vienen reconocidas por la misma Directiva. 
Nuestra segunda enmienda hace referencia al artículo 1, en el que proponemos que la inclusión del Código CNI se actualice al 1 de enero, como dice la Directiva, pero que sea para el año 1998. 
Y proponemos que sea así porque, además de ser mucho más reciente y actual, el año pasado en el mes de noviembre, la Organización Marítima Internacional adoptó algunas enmiendas que reforzaban el Código, y de no incluirlas en esa fecha, estaríamos dando motivo a que el comité consultivo interviniera para modificar la Directiva. 
Respecto a la tercera enmienda, en ella insistimos en una propuesta que ya hicimos en la primera lectura del informe. 
Concretamente solicitamos la obligatoriedad de notificar el contenido del Anexo 1 a las autoridades de los Estados miembros por cuyas aguas transiten buques con las características a las que hace referencia este informe. 
Por otro lado, señora Presidenta, y en lo que al contenido del informe respecta, considero que esta propuesta es conveniente y adecuada, aunque esperamos que las disposiciones también puedan aplicarse a los buques en tránsito. 
Hay que recordar que este sistema, efectivamente, estaba cubierto por la propuesta EUROREP del año 1993, pero que no ha progresado prácticamente. 
Por ello, reconociendo la dificultad que conlleva el cambio del enfoque de esta Directiva, proponemos que la Comisión, si lo estima conveniente, retire esa propuesta original de EUROREP y presente una nueva donde se incluyan los cambios legislativos realizados y aprobados por la Organización Marítima Internacional. 
Finalizo ya, señora Presidenta, esperando que los miembros de esta Asamblea tengan en cuenta las modificaciones expuestas a la hora de proceder mañana a la votación de mi informe, en el que solicitamos la aplicación de una serie de normas comunitarias con el fin de, entre otras cosas, tratar de mejorar la seguridad marítima y proteger el medio ambiente marino para generaciones futuras. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, hoy examinamos en segunda lectura las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y que transporten mercancías peligrosas o contaminantes. 
Yo pienso que se trata de un tema sumamente importante, que conmociona a las ciudadanas y ciudadanos cuando ocurre algo. 
El objetivo de nuestra legislación es evitar que puedan llegar a producirse accidentes catastróficos o que, si llega a producirse alguno, los daños potenciales sean lo menores posibles, de manera que las ciudadanas y ciudadanos no tengan que preocuparse por este tema. 
Yo pienso que la legislación europea no podría tener un enfoque más acertado. 
Yo quisiera expresar mi agradecimiento al ponente por la seriedad con que se ha ocupado de este tema, tanto en la primera, como ahora en la segunda lectura. 
Apoyamos todas las enmiendas y en particular también el deseo de que los buques que no hagan escala en ningún puerto de la UE, pero que, sin embargo, transiten por aguas de la Unión, también comuniquen la correspondiente información. 
No nos preocupan sólo los accidentes asociados a la entrada o salida de los puertos, sino también una prevención lo más amplia posible de los riesgos, aunque sólo se toquen las aguas comunitarias, pues las experiencias de los últimos años indican que esto puede generar problemas que afectan al territorio europeo, aunque originariamente no existiera el propósito de hacer escala en ningún puerto europeo. 
Por consiguiente, yo quisiera rogar encarecidamente a la Comisión que también haga suyo este objetivo. 
Lamentablemente, sólo se trata de un procedimiento de cooperación. El Tratado de Amsterdam todavía no ha entrado en vigor; de lo contrario tendríamos una mayor participación en el procedimiento legislativo. 
Yo les pido que también hagan realmente suyo este objetivo, a fin de que podamos alcanzar una solución favorable para todos los ciudadanos y ciudadanas de Europa. 
Señora Presidenta, deseo dar la enhorabuena al ponente porque se ha ocupado de un tema especialmente sensible y también especialmente difícil. 
Y quiero felicitarle más aún porque sigue resistiéndose a las presiones del Consejo y de la Comisión, que puede que hayan aceptado, señor ponente, algunas enmiendas, pero han aceptado las enmiendas insignificantes. 
Las enmiendas esenciales que usted había propuesto y que nosotros habíamos votado aquí, en la primera lectura, no las han aprobado. 
Y me alegro de que usted lo saque a colación, y apoyaremos estas enmiendas, porque evidentemente el Consejo y la Comisión olvidan o no quieren recordar, más bien, que los residuos nucleares no son sólo un tema de protección del medio ambiente, son un tema de blanqueo de dinero negro y es un tema, bajo unas determinadas condiciones, que determinados residuos nucleares se utilicen después de su enriquecimiento con plutonio para otros usos, señor Comisario, para usos bélicos. 
La Comisión y el Consejo deberían, pues, no sólo haber aceptado las enmiendas originales del ponente, que ponían estrictas condiciones de control y de seguridad de una carga de tal especie, sino también la propia Comisión debería haberlas propuesto incluso más estrictas. 
Todos ustedes saben muy bien qué sucede con el comercio de residuos nucleares. 
Estoy hablando del comercio por parte de los países de la antigua Unión Soviética de residuos bélicos y saben de sobra que estos residuos nucleares van a determinados países que, en algún momento, descubrimos que constituyen un peligro para sus países vecinos y decidimos intervenir o bien bajo la forma de la OTAN, o bien no sé bajo qué forma. 
Mientras que sabiéndolo los hemos alimentado con estos residuos nucleares porque no habíamos puesto condiciones de control y de seguridad. 
Señora Presidenta, ante todo quiero recordar que el Grupo de los Verdes considera muy positivo que se haya propuesto esta directiva, que modifica a la anterior, nº 75 de 1993, en especial con el fin de englobar en el campo de aplicación de la anterior directiva las condiciones para el transporte de combustible nuclear- plutonio y desechos altamente radiactivos- a bordo de los barcos. 
Esto sin duda es un hecho positivo, y como tal también consideramos al resto de la directiva. 
De otra parte, creemos que el Parlamento hizo propuestas serias y dignas de crédito, razón por la que no estamos de acuerdo con las modificaciones aportadas por el Consejo en los puntos en que no aceptó las propuestas del Parlamento. 
Por estas causas consideramos que debemos sostener con firmeza todas las enmiendas propuestas por el ponente, en particular la enmienda nº 3, porque creemos que es de vital importancia que los barcos en tránsito por nuestros mares, aunque no anclen en un puerto de la Comunidad, deben informar que llevan a bordo sustancias tóxicas o radiactivas. 
Esto es muy importante para el futuro de nuestro mar y para la tranquilidad ecológica y sanitaria de nuestros pueblos. 
Señor Comisario, en esta recomendación que debatimos, que trata de fijar las condiciones mínimas que deben cumplir los buques que transporten mercancías peligrosas y toquen puerto de la Unión Europea, se da una circunstancia que, desgraciadamente, se repite con mucha frecuencia: es que, por una parte, la Comisión se esfuerza por que se cumpla la legislación comunitaria, en este caso la seguridad marítima y la salvaguarda del medio ambiente marino y, por otra, hay Estados miembros que realmente van a su aire- y así tenemos, en este caso, que hay todavía cuatro Estados miembros que ni siquiera han traspuesto la directiva original. 
Ante este panorama, señor Comisario, nosotros apoyamos a la Comisión. 
Estamos realmente, como se ha dicho, ante cuestiones de suma trascendencia. 
Ahí está, por ejemplo, el hecho de que el transporte de pasajeros debe ser incompatible con el transporte de mercancías peligrosas, o la obligación de presentar certificado de seguridad de los pasajeros. 
No olvidemos, Señorías, que estamos ante sustancias altamente peligrosas, como el combustible nuclear irradiado, el plutonio, o residuos de alta radiactividad cuya vida, en muchos casos- y no exagero- supera los 30.000 años, que ya es decir. 
Por tanto, la responsabilidad ante el futuro es tremenda. 
Y si en cuestiones de riesgo de estas sustancias se está prestando la debida atención al transporte por carretera- otro transporte terrestre -, lo mismo se debe hacer con el transporte marítimo. 
Por todo ello, nosotros vamos a apoyar las enmiendas del Sr. Novo Belenguer, ponente, al cual felicitamos por las mismas. 
Señora Presidenta, simplemente quería decir yo también que estoy de acuerdo con las enmiendas del ponente; pero deberé puntualizar otra parte del problema, que el Consejo edita directivas y reglamentos que no los aplican los Estados miembros. 
Un caso clásico de este tipo lo constituye el informe que estamos debatiendo hoy. 
Tengo que decirles que la Directiva 93/75 que se modifica con la nueva propuesta de la Comisión todavía no se ha incorporado en las legislaciones de cuatro Estados miembros, entre los cuales está incluida Gran Bretaña, que en la actualidad ejerce la Presidencia de la Unión Europea. 
No vayamos al nivel internacional donde la gran mayoría de los Estados miembros no establecen las decisiones del OMI en el Derecho interno. 
Por consiguiente deberemos protestar ante esta situación, por lo menos en el ámbito de la Unión Europea, y debe verse, por este debate y por la votación de mañana, con la votación de las enmiendas del ponente, que no es posible ni siquiera para el Consejo, ni para los propios Estados miembros, aceptar que se editen directivas y que a nivel nacional no las incorporen. 
Se trata de un tema muy serio, no tiene ni siquiera relación con temas de seguridad de la navegación por si misma; tiene relación con temas de seguridad de la población de nuestro planeta y por esta razón todos nosotros debemos mostrar sensibilidad en cada momento hacia todos nosotros. 
Señora Presidenta, la legislación sobre el transporte marítimo de mercancías peligrosas que está analizando la Asamblea reviste sin duda una gran importancia. 
Deseo comenzar diciendo que, naturalmente, estoy muy satisfecho de que en su posición común, el Consejo haya respaldado las enmiendas del Parlamento que la Comisión aceptó en el debate de la primera lectura. 
Debo decir también que la Comisión comparte las inquietudes subyacentes a las enmiendas de la segunda lectura que han sido aprobadas en la Comisión de Transportes y Turismo. 
La enmienda 2, por ejemplo, propone que se haga referencia a la versión del Código CNI vigente el 1 de enero del presente año, en vez de la que entró en vigor el 1 de enero de 1996. 
La Comisión acoge con satisfacción esta útil propuesta que abarca las enmiendas al Código que adoptó la Asamblea de la OMI el pasado noviembre. 
La Comisión puede aceptar también la enmienda 4 que declara que las modificaciones a los anexos adoptadas por el procedimiento de comité no debilitarán las disposiciones relativas a la seguridad y la protección del medio marino. 
Puedo garantizar a los diputados a esta Asamblea que la Comisión, que tiene el derecho de iniciativa en virtud del procedimiento de comité, no presentará ninguna propuesta que debilite su propia legislación inicial. 
La Comisión, en principio, puede entender la preocupación que se esconde tras la enmienda 1, encaminada a clarificar el alcance del procedimiento de comité, especialmente a la luz de la enmienda 4. 
No obstante, la Comisión no puede aceptar dicha enmienda por dos razones. 
En primer lugar, repudia la disposición expresa que reafirma que los buques en tránsito no pueden ser incluidos en el alcance de esta directiva. 
El texto fue añadido por el Consejo en su posición común, y la Comisión lo aceptó a la luz de la propuesta pendiente sobre EUROREP. 
En segundo lugar, esta enmienda, en cualquier caso, es innecesaria porque el actual texto de la posición común ya recoge que las enmiendas adoptadas mediante el procedimiento de comité no alterarán los requisitos de la directiva. 
Esto es aplicable igualmente a cualquier debilitamiento o ampliación del alcance de la directiva. 
Por último, la Comisión no puede aceptar la enmienda 3, que introduce la exigencia de notificación para los buques en tránsito por aguas territoriales de los Estados miembros. 
Como dije en la primera lectura, las disposiciones de la directiva propuesta EUROREP hacen redundante la enmienda y, por motivos de coherencia, la Comisión mantiene su posición. 
Sé que el ponente comprende perfectamente esta posición, puesto que lo expone en su propio informe. 
Quisiera pedirle, por consiguiente, que considere una vez más la retirada de su apoyo a la enmienda, puesto que puedo asegurarle que la Comisión comparte su opinión. 
En consecuencia, estamos analizando las opciones al objeto de garantizar que, en caso necesario, el Consejo reanude las negociaciones sobre la base de una versión modificada de la propuesta EUROREP. 
Es una opinión que comparten los Sres. Ferber y Kaklamanis. 
Compartimos la opinión que ellos han manifestado sobre este punto en particular. 
Resumiendo: la Comisión puede aceptar las enmiendas 2 y 4, pero no las enmiendas 1 y 3. 
Deseo expresar mi agradecimiento a la Asamblea, en particular al Sr. Novo Belenguer y a la Comisión de Transportes y Turismo, por su continuo apoyo a la propuesta. 
Quisiera decir al Sr. Camisón Asensio y al Sr. Sarlis que ha habido retrasos importantes en la transposición de esta directiva original en particular, pero que se han iniciado procedimientos por infracción: actualmente hay abiertos cuatro procedimientos por incumplimiento de las medidas nacionales, y esperamos que se pueda llegar a una pronta solución, en el sentido jurídico, en lo que a estos asuntos se refiere. 
Relación estadística de los transportes de mercancías por carretera 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0072/98) del Sr. Bazin, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (97) 0443- C40514/97-97/0233 (CNS) ) sobre la relación estadística de los transportes de mercancías por carretera. 
Señora Presidenta, espero que tenga a bien excusar la ausencia del Sr. Bazin, retenido en su país, en Francia, por las elecciones regionales y comprenda que se concediera al Sr. Bazin lo que se denegó al Sr. de Silguy, es decir, presentarse como candidato para la hermosa región de Bretaña. 
Le deseamos todo el éxito posible. 
Las estadísticas son fundamentales para el transporte. 
Por lo tanto, no sólo debemos recoger estadísticas, sino que además y sobre todo, éstas deben ser tratadas por igual en toda la Comunidad. 
Para ser más exacto, la Comisión presentó una propuesta encaminada a una mayor armonización de las estadísticas de los diferentes Estados miembros sobre el transporte por carretera. 
La Comisión de Transportes y Turismo presentó dos enmiendas. 
O mejor dicho, fue el Sr. Bazin quien las presentó con el respaldo de todos nosotros. 
Por consiguiente, no me resulta demasiado difícil representarle aquí esta noche. 
El informe del Sr. Bazin no es sólo un informe técnico. 
Debido a que en la Unión Europea avanzamos hacia una circulación duradera, debemos conocer exactamente qué hacen nuestros transportistas, hacia dónde van y de dónde proceden en la Comunidad. 
Esta tarea se hará más difícil con la rivalidad que entraña el mercado interior y, más específicamente, este año con la llegada del libre cabotaje en carretera. 
Al analizar las estadísticas relativas al transporte de mercancías por carretera, resultará más difícil saber si los camiones con matrícula extranjera- de un país distinto de aquél en el que transportan las mercancías- se dedican al transporte local o internacional. 
Inevitablemente el transporte de mercancías de corta distancia se hará, en su mayor parte, por carretera. 
Actualmente, más de las tres cuartas partes del transporte comunitario se hace por carretera. 
El índice de crecimiento anual del transporte es de entre, aproximadamente, el 7 % y el 10 %, lo que significa que si queremos pasar a otras modalidades de transporte- como desean diputados de todos los grupos- como pueden ser el ferrocarril, la navegación interior o el transporte marítimo de corta distancia, deberemos reconocer el hecho de que el transporte de mercancías de corta distancia se realiza por carretera. 
Por consiguiente, si queremos pasar de una modalidad de transporte a otra, deberemos saber exactamente qué transporte es intermodal y cuál se realiza exclusivamente por carretera. 
Necesitamos un sistema más preciso. 
Señor Comisario, usted sabe mejor que nadie, puesto que también se ocupa del aspecto social del transporte, que las noticias que nos llegan de la Comisión sobre las horas de conducción y de descanso son peores de lo que cabía esperar. 
Acabamos de recibir los informes de 1993-94 que demuestran que varios Estados miembros ni siquiera disponen de dichas estadísticas. 
Es una falta grave. 
Uno de los Estados miembros que no presentó sus estadísticas es uno de los miembros fundadores de la Comunidad Europea. 
Cincuenta años deberían bastar para que la adaptación. 
Contamos con que la Comisión no escatime esfuerzos para remediar este tipo de cosas. 
Mientras tanto, en reconocimiento de que la mayor parte del trabajo la llevarán a cabo las oficinas nacionales de estadísticas, hemos presentado, con la ayuda de la Comisión de Presupuestos, una enmienda que rebaja ligeramente el importe de los fondos disponibles. 
Señora Presidenta, permítame comenzar agradeciendo a Bazin, que por cierto está ausente, por el trabajo realizado en relación con este informe. 
La intención de la propuesta es completar la estadística anual armonizada para los transportes de mercancías por carretera, de manera que la información esté a la mano para el control y evaluación de la política común. 
Las regiones de origen y de destino tendrán que registrarse de la misma manera para el transporte entre los Estados miembros como dentro de ellos. 
El texto legal comprende también el cabotaje, que ahora será posible dentro de la Unión. 
Para esto, existirá un código de las regiones de origen y destino y de la distancia recorrida. 
Evidentemente que siempre tiene que existir alguna forma de estadística. 
Sin embargo, opino que cada vez que se presenta este tipo de propuestas y esta clase de asuntos, hay motivos para cuestionar la verdadera utilidad de esto, puesto que implica que se tienen que entregar nuevos datos y, consecuentemente, más burocracia. 
Son siempre empresas, a menudo pequeñas empresas, las que tienen que entregar datos. 
Las empresas a lo largo de Europa ya tienen bastante con este tipo de trabajos innecesarios y, a la larga, esto las ha conducido a la difícil situación en que se encuentran en la actualidad. 
Hay dos cosas en este contexto que son provechosas. 
Una de ellas es que no se va a construir una oficina europea de estadísticas especial para esta actividad; la responsabilidad de esta labor se dará a las oficinas de estadística de los países miembros. 
La otra es que el reglamento excluye taxativamente a los vehículos pequeños. 
Esto significa que se exceptúan los vehículos con una carga máxima de 3, 5 toneladas y un peso máximo de 6 toneladas. 
La causa de esto es que tales transportes son a menudo transportes locales por cuenta propia. 
Ambas excepciones son importantes. 
Sin embargo, hay motivos para preguntarse qué es lo que habría ocurrido si no hubiésemos tenido un reglamento como éste. 
Hay una crítica constante que cada vez más nítidamente se dirige en contra de la UE, una crítica que se refiere a la burocracia, una crítica que se refiere a que las empresas tienen que entregar demasiados datos. 
Creo que debemos tener claro que cada vez que se presenta una nueva propuesta, igual que la que ahora tenemos para decidir aquí, sin importar cuán legítima sea, aumenta la burocracia y el papeleo en una Europa cuyas empresas ya tienen demasiado de esto. 
Señora Presidenta, como sabrá la Asamblea, las correspondientes directivas de 1978 y 1989 permitían a la Comunidad desarrollar un conjunto de informaciones estadísticas básicas sobre el transporte de mercancías por carretera que han sido de gran utilidad en la elaboración del marco de la Política Común de Transportes y en su desarrollo. 
No obstante, en las políticas comunitarias se han producido varias tendencias que hacen necesaria una mejora de nuestro sistema de recogida de información estadística sobre el transporte por carretera. 
Ello resulta especialmente evidente en el caso de las modificaciones relativas a la liberalización del cabotaje a partir del 1 de julio de 1998 con vistas al desarrollo de las redes transeuropeas y a los avances en la política de medio ambiente. 
En este orden de cosas, como reconocerá la Asamblea, este nuevo reglamento establecerá un sistema para la recogida de información estadística más actualizado, que estará basado sobre una lista de variables enfocada hacia las actuales necesidades de información, en particular en política regional y política de medio ambiente, sobre la recogida y ta transmisión a la Eurostat de los datos sobre cada vehículo y cada trayecto. 
Esto permitirá un análisis mucho más detallado que en el pasado y facilitará la necesaria vigilancia, la sintonización y el conocimiento de las relaciones entre los resultados de las distintas políticas. 
El nuevo reglamento, evidentemente, podría imponer obligaciones adicionales de facilitar información estadística a algunas empresas de transportes. 
Quisiera hacer hincapié en que la Eurostat no ha escatimado esfuerzos para minimizar cualquier carga adicional con la introducción de disposiciones sobre las estadísticas que deben recogerse mediante encuestas a pequeña escala de los vehículos de transporte por carretera y en favor de las técnicas modernas informatizadas que deberán utilizarse para la transmisión de los datos, siempre que ello reduzca la carga administrativa. 
La similitud del enfoque adoptado por el Sr. Bazin, la Comisión de Transportes y Turismo y la Comisión significa, felizmente, que puedo aceptar ambas enmiendas. 
Por ello agradezco al Sr. Bazin y a sus colegas su apoyo y su gran ayuda en los esfuerzos encaminados a desarrollar modificaciones que favorezcan una mayor transparencia y un funcionamiento más eficaz del sistema estadístico. 
Puedo aceptar sin dificultad el argumento del Sr. Wijsenbeek de que las estadísticas son fundamentales para el transporte y que éstas deben ser coherentes. 
Señora Presidenta, lamentablemente, el Comisario, que no es responsable de Transporte como tal, sino del aspecto social del mismo, no ha hecho ningún comentario de utilidad sobre mi petición de que todos los Estados miembros que no hayan presentado sus estadísticas sobre las horas de conducción y de descanso- que, en mi opinión, es un complemento de la información estadística sobre el transporte por carretera como tal o que forma parte esencial de la misma -, deberán mejorar su actuación, especialmente aquellos que nos las presentan en absoluto. 
Señora Presidenta, para responder muy brevemente a su Señoría, ese comentario en particular no es relevante para la situación de la Eurostat, esa cuestión concierne a la DG VII. Quizá allí puedan atenderla debidamente y espero que reciba una respuesta adecuada. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
Prevención de traumatismos- Enfermedades poco comunes- Enfermedades relacionadas con la contaminación- Protección de la salud- Enfermedad de Alzheimer 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los informes y preguntas orales siguientes: 
informe (A4-0067/98) del Sr. Trakatellis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0178- C4-0229/77-97/0132 (COD) ) por la que se aprueba un programa de acción comunitaria 1999-2003 sobre la prevención de traumatismos en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública; -informe (A4-0074/98) del Sr. Viceconte, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0225- C4-0236/97-97/0146 (COD) ) por la que se aprueba un programa de acción comunitaria 1999-2003 sobre las enfermedades poco comunes dentro del marco de actuación en el ámbito de la salud pública; -informe (A4-0075/98) del Sr. Cabrol, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0266- C4-0276/97-97/0153 (COD) ) por la que se adopta un programa de acción comunitaria 1999-2003 sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación en el contexto del marco de actuación en el ámbito de la salud pública; -informe (A4-0022/98) de la Sra. Flemming, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el segundo informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM (96) 0407- C4-0663/96) sobre la integración de las exigencias en materia de protección de la salud en las políticas comunitarias; -pregunta oral (B4-0170/98- O-0018/97) del Sr. Poggiolini, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, a la Comisión, sobre el programa comunitario de lucha contra la enfermedad de Alzheimer y los síndromes conexos; -pregunta oral (B4-0171/98- O-0027/97) de los Sres. Gutiérrez Díaz, González Álvarez, Papayannakis y Ojala, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre los programas comunitarios de investigación, prevención y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer; -pregunta oral (B4-0172/98- O-0040/97) del Sr. Kouchner y de la Sra. Lalumière, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, a la Comisión, sobre la lucha contra la enfermedad de Alzheimer; -pregunta oral (B4-0173/98- O-0050/97) del Sr. Cabrol, en nombre del Grupo Unión para Europa, a la Comisión, sobre la enfermedad de Alzheimer; -pregunta oral (B4-0266/98- O-0066/98) de las Sras. 
Señora Presidenta, la mayoría de nosotros a menudo hemos corrido el peligro de sufrir traumatismos o incluso los sufrimos en nuestras ocupaciones en la vida cotidiana o en nuestro tiempo de ocio. 
Por tanto tenemos mucha experiencia en el tema. 
Estos traumatismos desgraciadamente ocurren con frecuencia. 
Particularmente, junto con los suicidios y las lesiones autoinflingidas constituyen una parte importante de las pérdidas anuales de nuestra sociedad. 
Por consiguiente la propuesta viene retrasada y debe adoptarse el programa sobre su prevención y reducción. 
Hoy en día, en la Unión Europea, los traumatismos sobre los que se ha elaborado el presente programa constituyen una de las causas principales de defunción, de detrimento de la salud y de minusvalía. 
Se deben principalmente a accidentes domésticos o en el tiempo de ocio. 
Las categorías de edad más vulnerables son principalmente de 1 a 34 años y por encima de los 75 años. 
La necesidad de un primer acercamiento a este problema ha conducido a la Comunidad a la creación de un sistema comunitario de información o sistema EHLASS. 
Datos recientes de este sistema refieren como pérdidas por accidentes 83.000 muertes anuales y aproximadamente 22 millones de heridos, de los cuales 20 millones necesitan ayuda medica y 2 millones tienen que ser hospitalizados. 
Señalemos además que del total de personas que han sufrido traumatismos unas 300.000 tendrán minusvalías el resto de sus vidas o tendrán algún problemas crónico de salud. 
La segunda categoría de traumatismos proviene de los suicidios, los cuales no deben ser ignorados porque tienen como resultado el fallecimiento de 43.000 personas y el traumatismo de aproximadamente 700.000 personas al año. 
El coste económico directo de la asistencia hospitalaria es de 7.700 millones de ecus, mientras que el coste global de los traumatismos se estima en unos 23.000 millones de ecus, sin añadir a esta suma el coste de la pérdida de vidas humanas. 
La necesidad, pues, de un programa de prevención y de seguimiento epidemiológico de los traumatismos a nivel de la Unión Europea, es patente. 
Queda por examinar si el programa, tal como se ha formulado, es eficaz. 
La Comisión definió como ámbito de actuación del programa áreas concretas como los accidentes de los niños en la escuela, los suicidios, con subcategorías las lesiones autoinflingidas intencionalmente. 
Sin embargo no existen razones para excluir los traumatismos de otros grupos de edad, como por ejemplo los de los adultos debidos a accidentes domésticos y en las actividades de ocio. 
Igualmente está bien incluir también los traumatismos debidos a lesiones intencionales causados por otra persona o casos de personas que intentan autoinflingirse lesiones. 
Por este motivo proponemos que se distinga entre a) traumatismos intencionales e involuntarios con una especial referencia a las categorías vulnerables, y b) suicidios y lesiones autoinflingidas. 
Además en las categorías vulnerables deben incluirse las mujeres que, junto con los niños, sufren traumatismos a causa de la violencia. 
Paralelamente, debe haber acciones para los traumatismos procedentes de la violencia en el ámbito de las manifestaciones deportivas. 
Con un estudio epidemiológico de los traumatismos y los suicidios, éstos podrían registrarse y analizarse estadística, local y temporalmente, no sólo por edades sino también por categorías y, por tanto, se aclararían las causas y las acciones consiguientes estarían basadas en las conclusiones de los análisis. 
El eje central del programa, por tanto, consiste en la posibilidad de reunir y elaborar todos los datos pertinentes. 
Ya existe un sistema de este tipo, el EHLASS, que ya ha dado resultados al detectar algunos productos que están implicados en accidentes, así como al llevar a cabo campañas de información y sensibilización. 
Desgraciadamente, la Comisión no ha incorporado a su propuesta este sistema, el cual es muy útil para lograr los objetivos del programa. 
Por esta razón consideré que el sistema EHLASS debía incorporarse y constituir la base para el desarrollo de las acciones en lo que respecta a los traumatismos intencionales o involuntarios y además ampliarse y coordinarse con otras redes que quizás surjan. 
En cuanto a los suicidios y los traumatismos autoinflingidos, se requiere otro sistema de recogida y tratamiento de las informaciones y acciones de intervención. 
Esto se debe a que la causa de los suicidios es completamente distinta de la de los traumatismos no intencionales y la forma de abordarlos también es diferente. 
El único punto en común que existe en ambas categorías son los traumatismos, los fallecimientos, las hospitalizaciones y el coste económico. 
El programa objeto de examen debe estar a la altura del reto que plantea el problema. 
La Comisión propone sólo 1, 3 millones de ecus para el año 1999 y considero que este presupuesto es totalmente insuficiente en relación con los objetivos y la dinámica del programa. 
Por este motivo propongo un marco financiero de 14 millones de ecus para los años 1999-2003. 
Señora Presidenta, creemos que el programa, tal como lo hemos transformado con nuestras enmiendas va a ayudar esencialmente a la protección de la salud del ciudadano europeo, disminuyendo significativamente las pérdidas humanas y económicas por los traumatismos a los que se refiere. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, esta comunicación de la Comisión es un documento importante. 
Está bien hecho, es serio, es claro y preciso e insiste en prioridades que, por lo demás, nosotros hemos subrayado en nuestras enmiendas núms. 1 y 2. 
Pero, por desgracia, es de alcance limitado, pues no aborda sino el problema de las enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación atmosférica. 
Naturalmente, conforme a ciertos criterios que comprendemos muy bien, la Comisión ha elegido enfermedades relacionadas indiscutiblemente con contaminantes muy concretos y cuyos efectos nocivos son los más importantes y los más accesibles a la prevención y las contaminaciones respecto de las cuales la acción comunitaria puede completar una acción insuficiente de los Estados miembros. 
No obstante, esta comunicación nos inspira tres observaciones principales. 
La primera es la de que nos parece importante ampliar su campo de acción. 
Sobre eso versan nuestras enmiendas núms. 4, 11 y 12. 
Por lo que se refiere a la contaminación atmosférica, sin limitar el papel de los contaminantes relacionados con el tráfico automovilístico, hay que insistir en los muy nocivos efectos del tabaco, a la vez en el fumador y en quienes lo rodean- el tabaquismo pasivo -, que una parte muy importante de la población no aprecia en su verdadero valor. 
A esa contaminación atmosférica hay que añadir la contaminación acústica debida a las empresas de trabajos ruidosos, a las viviendas mal insonorizadas, pero también a la música demasiado fuerte difundida en ciertas discotecas o a los walkman que los jóvenes utilizan con una gran intensidad sonora; la contaminación del agua que trasmite también infecciones e intoxicaciones; la contaminación de los alimentos, que origina infecciones o intoxicaciones, como indicamos en nuestra enmienda nº 16; la contaminación del hábitat debida al amianto o a las pinturas, al plomo, en particular, que puede resultar muy nociva, como también el olor de ciertas pinturas y ciertas colas: por último, no insistiremos en la contaminación de las altas capas de la atmósfera, que destruye la capa protectora de ozono y puede propiciar una gran frecuencia de cánceres de piel, como se ha observado, en particular, en los australianos de origen nordeuropeo. 
Naturalmente, la Comisión no se propone luchar directamente contra la emisión de esos contaminantes, porque ese fenómeno ha sido objeto de otras directivas relativas a la contaminación del aire, del agua, del suelo, etc. En el caso que nos preocupa, la Comisión se propone actuar de forma muy diferente y en cuatro direcciones principales: convencer a los Estados miembros de la necesidad de que se informen sobre la naturaleza de los contaminantes e insistimos en nuestras enmiendas núms. 7, 8 y 13, orientadas en ese sentido; repertoriar dichos contaminantes, identificarlos, apreciar sus consecuencias con frecuencia gravísimas para la salud (enfermedades, alergias) recogiendo datos compatibles y comparables a fin de evitar confusiones entre los términos, a veces diferentes, empleados por los Estados miembros para designar un mismo producto o una misma enfermedad. 
Ése es el sentido de nuestra enmienda nº 3. 
Por último, la Comisión desea que cada uno de los Estados miembros informe a sus ciudadanos sobre los peligros de esa contaminación para que la población tenga una idea clara de ella. 
Sobre eso versan nuestras enmiendas núms. 
9 y 10, pero, aun así, hay que mostrar a dicha población que no puede haber un riesgo cero, que los peligros no siempre son los que los medios de comunicación presentan con complacencia, sino que ciertos hábitos personales- y vuelvo a insistir en el tabacopueden ser mucho más peligrosos. 
Por último, la Comisión se propone hacer una evaluación y un control de las acciones que propugna. 
Nos adherimos totalmente a esa propuesta e insistimos a ese respecto en la enmienda 6. 
Nuestra tercera y última observación tratará de la base presupuestaria. 
La presente comunicación establece tan sólo un presupuesto de 1.300.000 ecus para 1999 y nada anuncia para más adelante, si bien oralmente la Comisión ha prometido conceder 1.300.000 ecus durante los cinco años del programa futuro, lo que representa una suma total de 6.500.000 ecus. 
Así, pues, nos oponemos a las enmiendas que limiten ese período, pues no hay que pensar que la Comisión fuera a darnos para tres años lo que nos daría para cinco. 
De todos modos, esa suma nos parece muy insuficiente y por eso insistimos en la enmienda 5, que propugna la concesión de una suma más importante. 
Ni que decir tiene que un presupuesto mucho más importante será necesario, si se quiere luchar de verdad contra esas enfermedades de la contaminación, incluso en el sentido de las acciones que la Comisión nos presenta en esta comunicación. 
Así, pues, pedimos, señora Presidenta, a todos los diputados al Parlamento Europeo que aprueben estas enmiendas que han sido aceptadas por nuestra Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, en este Cámara ya se debatió un informe sobre la integración de las exigencias en materia de protección de la salud y el Parlamento emitió un excelente dictamen al respecto. 
También el segundo informe de la Comisión que hoy se debate es excelente, a mi parecer, lo cual ha sido uno de los motivos por los cuales me ha resultado muy difícil cumplir la tarea que se me había encomendado. 
A lo cual se suma el hecho de que precisamente en el ámbito de la salud pende continuamente sobre nuestra cabeza el reproche de que estamos lesionando el principio de subsidiariedad. 
A pesar de estas breves observaciones, permítanme que añada algunas consideraciones críticas sobre el presente informe de la Comisión. 
Es indiscutible que la agricultura contribuye de manera muy decisiva a la salud de la población. Las declaraciones de la Comisión al respecto no dejan de ser, sin embargo, de carácter general y, a mi parecer, incompletas. 
Este aspecto está relacionado, obviamente, con la alimentación. 
Sin embargo, las manifestaciones de la Comisión no responden en absoluto a la importancia de este ámbito desde la perspectiva de la política sanitaria. 
Yo quiero instar cordialmente a la Comisión a que en el siguiente informe, que se presentará muy pronto, preste una especial atención a este ámbito. 
Igualmente espero que la Comisión emita una comunicación sobre la situación en la UE en lo que se refiere a las vitaminas y los minerales, antes de que se propongan medidas legislativas. 
Mientras las consideraciones sobre el ámbito de la salud son de carácter muy general, siempre es posible contar con la aprobación de todos. 
Pero cuando se concreta un poco, la armonía se desvanece muy pronto. 
Permítanme que desarrolle el apartado 10 de mi informe sobre el tema del tabaco. 
Todos sabemos que el tabaco es perjudicial para la salud de las personas: el cáncer de pulmón, las enfermedades circulatorias y cardíacas, los cánceres de laringe y de lengua, estomacales e intestinales son algunas consecuencias científicamente demostradas y muy frecuentes de su consumo. 
Todos sabemos que la nicotina es adictiva y todos queremos proteger a la juventud para evitar que se inicie en el consumo de esta droga que es el tabaco. 
Cada uno de nosotros tiene sus ideas sobre la mejor manera de conseguirlo. 
En lo único en lo que no coincidimos en absoluto es en cuanto al camino para alcanzar este objetivo común. 
Muchos creen que el problema puede resolverse con la mera prohibición de la publicidad del tabaco. 
Yo, por mi parte, comparto la opinión de quienes piensan que si un producto es tan peligroso que no debería permitirse hacer publicidad del mismo, sin duda sería más acertado que éste ni siquiera se produzca, que no se compre y no se venda. 
Desde luego, en ningún caso se debería seguir concediendo apoyo financiero a dicho producto y continuar subvencionándolo año tras año, como ocurre en nuestro caso con el cultivo del tabaco. 
Por consiguiente, yo considero que una vía adecuada para alcanzar nuestro objetivo, tal como ya han empezado a plantearla los Ministros de Agricultura, es que en primer lugar se presente un proyecto de reforma del sistema de subvenciones actual. 
Yo considero que es necesario que se examine si es posible la reconversión a otros productos agrícolas y, en tercer lugar, que se examine asimismo si es posible continuar garantizando a pesar de todo la subsistencia de muchos agricultores y de muchos millares de familias. 
Yo creo que tenemos que combatir el mal en su raíz y en el caso que nos ocupa esta expresión debe interpretarse en un sentido muy literal. 
Hay varios otros puntos que me parecen muy importantes, como por ejemplo los apartados 22, 24 y 25. 
Yo considero que es importante que la Comisión siga defendiendo la prohibición de las hormonas de crecimiento en el engorde de ganado. 
Sería muy de agradecer que la Comisión exigiese a todos los alimentos importados los mismos criterios de sanidad que a la producción comunitaria. 
Yo pienso igualmente que la Comisión desde luego debería promover, también en interés de la protección de la salud de la población, el establecimiento de una ley estricta de responsabilidad atómica. 
Si nos tomamos en serio el cumplimiento de los Tratados, tenemos que velar por que todas las políticas comunitarias garanticen un elevado nivel de protección de la salud, tal como figura tan bellamente inscrito. 
Es una gran tarea, sin duda difícil, que deberíamos contemplar como un reto. 
Señora Presidenta, Señor Comisario, pocos- más bien poquísimos, pero, eso sí, muy esforzadosseñores diputados presentes, han pasado casi dos años desde que esta Asamblea votara por unanimidad su resolución sobre el Alzheimer y los síndromes relacionados, y pidiera con firmeza a la Comisión Ejecutiva que presentase lo antes posible un programa de acción específica para combatir esta terrible enfermedad. 
Por desdicha, a continuación nada se hizo. 
Es superfluo presentar una vez más este verdadero flagelo de nuestro siglo que cae sobre los ancianos y, por lo tanto, crecerá en relación con el aumento de la alta expectativa de vida que por fortuna caracteriza a la sociedad de nuestro tiempo, como claramente se refleja en el informe demográfico que en 1997 ha elaborado la Comisión. 
De modo que, si se mantienen las tendencias actuales, en los próximos treinta años la población europea protagonizará una evolución tal que el número de las personas de más de sesenta años crecerá en un 50 %. 
La enfermedad de Alzheimer es una degeneración irreversible e incurable del cerebro, que se produce sobre todo después de los 65 años, conduce a una progresiva declinación psíquica y desemboca en la desaparición total de la autosuficiencia y, sin remedio, en la locura. Por lo tanto, no podemos por menos que alarmarnos frente a lo que se ha convertido en un gran problema humano, social y económico para todos los Estados miembros, sin excluir a ninguno. 
Las cifras son de una fuerza impresionante: en la actualidad suman 5 millones las personas afectadas por esta terrible enfermedad. 
Si además se recuerda que en el 80 % de los casos los enfermos viven en familia y que, en una amplia mayoría de los casos, el peso mayor cae sobre la familia, y por tanto sobre las mujeres, se verá que hoy en la Unión un número impresionante de ciudadanos está sometido a un sufrimiento diario e indescriptible de índole afectiva, psicológica y económica. 
Fieles al compromiso asumido precisamente ante quienes hoy están en primera línea, en nombre del Partido Popular Europeo una vez más se pide con empeño a la Comisión Ejecutiva que tome sin demora las medidas necesarias para dotar por fin a la Comunidad de un programa específico relativo a la enfermedad de Alzheimer. 
Se pide, pues, que la Institución poseedora del derecho de iniciativa cree un programa específico contra esta enfermedad, un programa que sea independiente del de la salud pública en general y de su correspondiente presupuesto, y que se proponga metas objetivas, precisas y específicas: un instrumento que dé continuidad a través del tiempo a los numerosísimos proyectos que anualmente ya elaboran las numerosas organizaciones no gubernamentales que representan a los enfermos de Alzheimer y a sus familias en el ámbito de las actuaciones impulsadas por la Comisión. 
Al ratificar el Tratado de Amsterdam con una nueva formulación del artículo 129, referido a la salud pública, la Unión le ha dado un perfil sin duda más elevado. 
En el Quinto programa marco para las acciones de investigación y desarrollo tecnológico 1998-2002, dentro del aspecto de la prioridad temática relacionada con la calidad de vida en la gestión de los recursos vivos, la acción clave relativa al envejecimiento de la población, con el fin de favorecer la salud y la autonomía de las personas ancianas, hace una referencia explícita a la enfermedad de Alzheimer. 
Para enfrentar de verdad un reto como éste, hay que proponer remedios en todos los aspectos. 
¡Bienvenida la investigación! 
Es fundamental proseguir en este sector, pero tampoco hay que olvidar el aspecto social del problema, ése tan concreto contra el que deben luchar cada día millares de familias. 
Tenemos el deber de dar una respuesta a los que sufren hoy y a los que, infortunadamente, sufrirán mañana. 
Estoy seguro de que por desdicha muchos de los aquí presentes han conocido familias afectadas por esta terrible enfermedad. 
Quiero dedicar unas palabras al informe Viceconte. 
Como ponente del Partido Popular Europeo quiero manifestar el pleno apoyo al informe del Sr. Viceconte relativo al programa de acción comunitario 1999-2003 sobre las enfermedades poco comunes. 
En efecto, no se puede estar en desacuerdo: es imprescindible que la Comunidad se dote de un instrumento de esta clase para enfrentar estas tremendas enfermedades que, aun cuando son poco comunes, tienen un impacto limitado en el conjunto de la sociedad y presentan unos índices de morbilidad y de mortalidad bastante bajos, adquieren una importancia muy grande desde el punto de vista económico y, sobre todo, humano. 
Es preciso dispensar los medios eficaces para el diagnóstico y la asistencia. 
Sin embargo, por ejemplo la industria farmacéutica manifiesta un interés escaso en este sector, al que considera poco rentable. 
Desde un punto de vista comercial, las industrias farmacéuticas no muestran propensión a comprometerse en planes de investigación, en vista del bajo número de personas afectadas por las enfermedades poco comunes, porque consideran que no habría mercado para los fármacos destinados a esos males y, por lo tanto, reducen la investigación. 
O sea que es indispensable la intervención de la Comunidad, una intervención de elevado valor moral, social y humano. 
Señora Presidenta, creo que hay que saludar que se debata un paquete tan importante sobre salud pública hoy aquí en el Pleno; quizá es peor que se haga en la sesión nocturna, porque hay menos participación de diputados y de otros posibles oyentes, pero es importante. 
Empezando por donde terminó el Sr. Poggiolini, hay que felicitar al señor Viceconte por su informe y agradecerle que haya recogido la mayoría de las enmiendas presentadas por el resto de los Grupos. 
Mi compañero Pedro Marset intervendrá más tarde y abundará en algunas de las propuestas que hicimos en las enmiendas que, muy amablemente, el ponente nos ha recogido. 
En todo caso, en tan poco tiempo, no tengo mucho más que decir sobre el tema de la enfermedad de Alzheimer de lo que ya ha dicho el señor Poggiolini. 
Sin embargo, aquéllos que, de cerca, hemos visto una enfermedad como ésta sabemos la catástrofe que supone para el propio enfermo, que se entera un poco menos, pero, sobre todo, la tragedia que supone para la familia y para aquéllos que quieren ayudarle o atenderle. 
Por lo tanto, de acuerdo con lo que ya se dijo aquí, nosotros tenemos muy claro que debe haber un programa de acción, como lo hay en otros ámbitos como el cáncer y demás, puesto que ya hablamos en el informe Viceconte de enfermedades poco comunes, pero, desgraciadamente, la enfermedad de Alzheimer, en el año 2000, con 8 millones posibles de enfermos, será una enfermedad común. 
Será muy importante el intercambio de experiencias entre los diferentes países de la Unión Europea; será muy importante la formación del personal especializado, será muy importante, también, que se investiguen las causas de la enfermedad, que se estudien los factores de riesgo y que se haga hincapié en la prevención. 
Si algo tiene de bueno el trabajo de la Unión Europea en torno a la salud pública es que prácticamente todos sus programas de acción están dirigidos a la prevención, es decir, a impedir que se produzca la enfermedad. 
Por lo tanto, nosotros hacemos hincapié en ello y, también, en la ayuda a organizaciones no gubernamentales y a los familiares que trabajan de cerca con enfermos de estas características. 
Opino que la UE no se toma en serio la enfermedad de Alzheimer. 
En 1997, se destinaron menos de 2 millones de ecus a la investigación de la enfermedad. 
En la UE hay ocho millones de personas que padecen la enfermedad de Alzheimer, por lo que, en realidad, la UE ha destinado menos de 13 francos belgas por paciente. 
Hace falta un programa de acción de la UE con una financiación adecuada, como en los casos de Europa contra el Cáncer y Europa contra el SIDA, que despierte la concienciación sobre la enfermedad y permita coordinar las actividades de lucha contra la misma. 
Además, las autoridades nacionales deberían examinar el modo de mejorar sus servicios, y prestar atención a la mejora de la detección precoz para que se pueda informar antes a las víctimas que padecen la enfermedad y éstas puedan decidir si quieren ser atendidas en su propia casa o ingresar en una residencia antes de que les sobrevenga la demencia aguda. 
Los gobiernos también deben saber que las personas que se encargan del cuidado de los enfermos necesitan más ayuda y las autoridades sanitarias de los Estados miembros deberán contratar a más personal para proporcionar a dichos cuidadores un descanso, asistencia durante el día o cualquier otro tipo de ayuda. 
Con más ayuda de este tipo, las personas que deseen mantener en casa durante más tiempo a sus seres queridos afectados, podrían hacerlo. 
Este Parlamento se ha pronunciado a favor de una serie de cosas: el reconocimiento de la enfermedad de Alzheimer como un azote importante para la salud en el sentido del artículo 129 del Tratado; el establecimiento de un programa de acción para combatir la enfermedad de Alzheimer y los desórdenes derivados que figure entre las prioridades del nuevo programa comunitario de salud pública; el reconocimiento del importante papel que desempeñan los familiares que se encargan de cuidar al enfermo, de la Europa de la enfermedad Alzheimer y sus organizaciones nacionales asociadas; y, por último, la creación de una red europea y apoyo a las redes existentes que trabajan con personas afectadas por esta enfermedad. 
Señora Presidenta, me siento muy alentado al ver tantos temas relativos a la salud en el orden del día de esta noche. 
Ciertamente me produce satisfacción ver cumplida la promesa que hice al Parlamento de presentar ocho propuestas para programas de salud, y el Parlamento ha sido de gran ayuda en el cumplimiento de esta promesa. 
Las tres propuestas de acción que tienen ante ustedes completan el marco de acción de 1993 en el ámbito de la salud pública. 
Los ocho programas de acción en el ámbito de la salud pública han sido respaldados por el Parlamento como prioridades a la hora de analizar el tipo de políticas de salud pública que podría desarrollar la Comunidad en virtud del Tratado de Maastricht. 
Espero que obtengan el apoyo de ustedes. 
Gracias a los esfuerzos de los ponentes y de la comisión, el Consejo de Salud podrá adoptar posiciones comunes en su reunión del 30 de abril. 
Deseo ofrecer la respuesta de la Comisión, comenzando por el programa sobre la prevención de traumatismos. 
El excelente trabajo del Sr. Trakatellis y de la comisión resulta evidente por su elevada calidad y el buen criterio de las enmiendas presentadas, que harán una importante aportación al potencial del programa. 
En total, la Comisión puede aceptar 23 enmiendas, bien en su totalidad o en parte. 
Las cinco enmiendas que la Comisión no puede aceptar son relativas a la comitología; a saber, la enmienda 21, que no se ajusta al texto de la decisión sobre la comitología; a la coherencia y la complementariedad de las acciones comunitarias- enmiendas 10, 14 y 20, que no se ajustan al texto utilizado en decisiones anteriores sobre los programas de salud pública; y a una acción que no entra en el ámbito del artículo 129- la enmienda 27. 
Paso, a continuación, a la propuesta sobre enfermedades poco comunes. 
Me complace especialmente comprobar el progreso alcanzado en un aspecto del sufrimiento humano algo descuidado y olvidado. 
En este sentido, no deja de crecer el apoyo al programa. 
El informe del Sr. Viceconte demuestra que muchos diputados al Parlamento Europeo están convencidos de la necesidad de este programa, al igual que de su utilidad. 
Para el propósito del programa, las enfermedades poco comunes se definen como aquellas que presentan una amenaza para la vida o son crónicamente debilitadoras y que tienen una incidencia tan baja, que se insta de manera especial a aunar los esfuerzos. 
En este ámbito es mucho lo que la Comunidad puede ofrecer. 
No obstante, para que su gestión sea viable, deberán agregarse diversas enfermedades hasta formar un grupo más amplio que comparta las mismas características. Ello permitirá emprender un mayor número de intervenciones e iniciar acciones coordinadas con respecto a los pacientes que, de otro modo, podrían quedar aislados. 
La Comisión puede aceptar 16 de las 29 enmiendas presentadas, bien en su totalidad- 3, 5 y 22- o en parte- 1, 2, 7, 8 y 9, 12, 16, 17, 23, 25, 26, 27 y 28. 
Las razones por las que rechazamos las 13 enmiendas restantes son las siguientes: 4 enmiendas no son aceptables por motivos jurídicos, a saber, las enmiendas 6, 10, 20 y 21. 
Tres son inadmisiblemente limitadoras: las enmiendas 4, 15 y 24. 
Tres están contempladas en alguna otra parte: las enmiendas 11, 13 y 29. 
Una- la enmienda 18- queda fuera del ámbito del programa. 
Dos son inaceptables por restricciones presupuestarias: las enmiendas 14 y 19. 
Deseo decir unas palabras sobre el problema presupuestario, que me consta que es un tema que preocupa mucho al Parlamento y al que ha hecho referencia la práctica totalidad de los diputados aquí presentes esta noche. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor votó a favor de la concesión de 14 millones de ecus para los años 1999-2003. 
La actual situación de las perspectivas financieras, sin embargo, hace imposible la concesión de dicho importe. 
A pesar de que la situación exacta está aún por aclarar- y espero que la autoridad presupuestaria llegue a una posición definitiva al respecto- parece no haber cabida para un marco financiero que sobrepase los 1, 3 millones de ecus por año. 
No les oculto el hecho de que lamento la incertidumbre sobre las futuras perspectivas financieras y las consecuencias que ello entrañará para el programa. 
Sólo puedo desear que la decisión se aclare antes de que se tome una decisión definitiva sobre el programa. 
Permítanme que pase al programa sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación. 
El Sr. Cabrol, el incansable ponente, me atrevería a añadir, ha elaborado un valioso informe sobre este tema, que aúna los principales hilos de competencia de la comisión. 
Según él, el medio ambiente y la salud están relacionados de modo inextricable, y ya es hora de que la Comunidad se decida finalmente a emprender acciones en este ámbito. 
Volviendo a las 16 enmiendas, quisiera indicar que la Comisión puede aceptar cinco de ellas. 
Podemos aceptar la enmienda 7 en su totalidad y las enmiendas 3, 8, 9 y 10 en parte. 
Las enmiendas 4, 11, 12 y 13, porque amplían el alcance de la acción propuesta hasta límites inadmisibles. Las enmiendas 1 y 2 no pueden ser aceptadas porque hacen referencia al Tratado de Amsterdam que aún no ha sido ratificado, mientras que la enmienda 6 no es coherente con el texto correspondiente utilizado en decisiones anteriores sobre los programas de salud pública. 
Por último, las enmiendas 14, 15 y 16 tienen que ser rechazadas, porque, inadmisiblemente, limitan el ámbito del programa únicamente a un trabajo preliminar. 
Ello reduciría la duración del programa a tres años, lo que nos impediría lograr una aplicación adecuada y la evaluación de las acciones propuestas. 
No obstante, la Asamblea puede estar segura de que la acción iniciada bajo un programa quinquenal continuará en un nuevo marco para la salud pública y se reanudará debidamente. 
El Sr. Cabrol se ha referido específicamente a este aspecto. 
Explicaré por qué prestamos más atención a las enfermedades respiratorias y a las alergias. 
En primer lugar, dichas enfermedades han experimentado un fuerte incremento en estos últimos años. 
Algunos Estados miembros han adquirido mucha experiencia en medidas de prevención en estos ámbitos. 
Proponemos que dicha experiencia se ponga a disposición de todos. 
También proponemos aunar las acciones más eficaces de los diferentes Estados miembros, especialmente a través de la " autoayuda» y de grupos de apoyo para las personas que sufren de asma y alergias. 
Esto no quiere decir que no vayan a incluirse otras enfermedades relacionadas con la contaminación. 
Las Partes I y II de este programa de acción tratan sobre todas las enfermedades relacionadas con la contaminación, sin excepción. 
No obstante, las acciones específicas destinadas al cáncer, los problemas cardiovasculares y las enfermedades transmisibles relacionadas con factores medioambientales ya están contempladas en otros programas. 
Hubiera sido una duplicación tratar sobre ellas en nuestras acciones específicas. 
Permítanme que pase al informe de la Sra. Flemming sobre la integración de las exigencias en materia de protección de la salud en las políticas comunitarias. 
Quiero darle las gracias, señora Flemming, por su excelente y completo informe y también por sus comentarios de apoyo. 
El Tratado de Maastricht obliga a la Comunidad a garantizar que las exigencias en materia de protección de la salud forman una parte integral de las políticas comunitarias. 
La Comisión ha puesto en marcha una serie de procedimientos para cumplir este requisito. 
El informe anual sobre las exigencias en materia de salud refleja la amplia gama de políticas que son relevantes para la salud y en las que se centra su informe sobre el segundo informe- el informe que cubre 1995. 
El tercer informe, relativo a 1996, acaba de ser publicado. 
No siempre es evidente cuál es la mejor forma de integrar las exigencias en materia de salud en las políticas comunitarias o de evaluar las repercusiones para la salud de los ciudadanos comunitarios de una determinada política o acción de los Estados miembros. 
El informe del Parlamento apunta a una serie de direcciones que podrían seguir los trabajos en el futuro para ser de utilidad- usted las ha mencionado en su intervención- y contiene varias sugerencias y propuestas para que nos esforcemos en este ámbito y que la Comisión está dispuesta a tomar en consideración. 
Me comprometo desde ahora a tomarlas en consideración detalladamente y a analizarlas para nuestro próximo informe. 
Habida cuenta de que el Tratado de Amsterdam ampliará considerablemente el alcance de las disposiciones sobre la protección de la salud en las políticas comunitarias, me gustaría tener la oportunidad de continuar el diálogo con el Parlamento sobre la mejor forma de garantizar que las consideraciones en materia de salud son debidamente tenidas en cuenta en todos los ámbitos de las políticas comunitarias. 
Sin duda será uno de los temas centrales de nuestros debates sobre futuras políticas en materia de salud. 
De hecho, me he sentido reconfortado al comprobar que el Parlamento comparte mi intención de lanzar un debate sobre la futura política de salud pública de la Comunidad. 
Espero poder publicar en un futuro próximo una comunicación sobre este mismo tema. 
Estoy convencido de que proporcionará la base para un intercambio adecuado de opiniones con las instituciones, opiniones que se harán llegar a todas las partes interesadas en este ámbito. 
Quisiera decir unas palabras sobre la enfermedad de Alzheimer, puesto que han sido muchos los diputados que han hablado sobre este aspecto concreto. 
Muchos políticos aún no aprecian en su totalidad la gravedad de esta terrible enfermedad y su creciente importancia. 
No obstante, el Parlamento es la excepción. 
A través de sus iniciativas durante estos últimos años para promover acciones relativas a la enfermedad de Alzheimer, el Parlamento ha demostrado que está en sintonía con las serias preocupaciones que sienten los ciudadanos europeos en este aspecto en particular. 
Estudio tras estudio han demostrado que deberíamos prepararnos para un importante aumento del número de personas que contraerán esta enfermedad. 
El Sr. Poggiolini lo ha explicado con toda claridad. 
Debemos actuar ahora para estar preparados a hacer frente a las repercusiones que tendrá sobre nuestros sistemas sanitarios. 
Gracias a los fondos que aprobó el Parlamento para la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, la Comisión está proporcionando asistencia a los Estados miembros y ayudando a coordinar sus actividades en este ámbito. 
La Sra. McKenna se ha referido a este aspecto, cuando apuntó a la necesidad de mejorar la coordinación en este campo. 
Con respecto a sus peticiones de intensificar la investigación en este área, el acuerdo político sobre la posición común relativa al Quinto programa marco de IDT alcanzado en el Consejo de Investigación de 12 de febrero de 1998 sostiene unos objetivos precisos y claramente definidos, y el primer programa temático titulado Improving the Quality of Life and the Management of Living Resources comprende una acción clave sobre el envejecimiento de la población, que incluye a pacientes con desórdenes neurológicos crónicos. 
Hay que reconocer que el margen de acción es bastante limitado, puesto que la prevención de la enfermedad de Alzheimer no es posible y que a nivel comunitario en el Tratado no existe ningún fundamento jurídico adecuado que permita ir más allá de la prevención y la investigación. 
Esto da lugar a numerosas dificultades a la hora de planificar un posible programa de acción. 
Pero desde 1995, la Comisión ha financiado o cofinanciado 58 proyectos diferentes. 
Estos proyectos mejoran la base de conocimientos, el intercambio de información, la calidad de vida de las personas afectadas y dan apoyo a los cuidadores no profesionales. 
Atribuyo especial importancia a lo que podamos hacer en el sentido de ofrecer una mejor asistencia y formación a los cuidadores de personas que tienen la desgracia de padecer esta enfermedad. 
A partir de estos de proyectos se han desarrollado modelos de buena práctica. 
He tomado nota del firme mensaje de que compartir esta buena práctica- el ponente ha insistido en este punto- debe ser una parte integral de todo lo que hagamos. 
Es lo que esperamos poder desarrollar. 
Por último, en cuanto a un programa de acción específico para la enfermedad de Alzheimer, que ha sido mencionado por varios diputados- en particular por la Sra. McKenna -, la próxima comunicación sobre el desarrollo de una política en materia de salud pública en la Comunidad Europea nos brindará una excelente oportunidad para discutir sobre el lugar que en el futuro deberá ocupar un programa de acción como éste. 
Presentaré una comunicación en un futuro próximo. 
Por tanto, muy pronto tendremos la oportunidad- que creo que debemos explotar al máximo- de profundizar sobre este argumento que con tanta fuerza han presentado tantos diputados esta noche. 
Como conclusión de este debate, he recibido siete propuestas de resolución. 
La votación sobre dichas propuestas de resolución tendrá lugar mañana. 
Gracias señora Presidenta, señor Comisario y colegas. 
Acabamos de oír una intervención de gran utilidad, que estoy seguro de que todos acogeremos con satisfacción y podremos profundizar en ella. 
Permítanme decir, en primer lugar, que esta noche me siento tentado a sugerir que realicemos un estudio sobre los efectos que tiene para la salud trabajar siempre en la oscuridad. 
En vista de los comentarios realizados por el Sr. Poggiolini hace un momento, quizá podamos presentar una petición a los servicios de este Parlamento para que alguna vez celebremos un debate sobre temas de salud durante el día, en vez de a estas altas horas de la noche. 
No obstante, debemos alegrarnos por el hecho de que estemos celebrando un debate conjunto de esta naturaleza y que junto con los debates que celebraremos sobre la seguridad de la sangre y la publicidad del tabaco durante las próximas sesiones plenarias, elevará muy considerablemente el perfil de la cartera de sanidad de la Unión Europea. 
Sé que esta semana, los medios de comunicación han mostrado un gran interés por estos programas en particular. 
El Profesor Trakatellis, por ejemplo, ha aparecido en cadenas de televisión de difusión mundial, y es muy importante que la opinión pública sepa lo que se está haciendo, a pesar de lo poco concurrida que está la Asamblea esta noche. 
También es oportuno que celebremos un debate conjunto de esta categoría por las razones que el Comisario ha expuesto durante su intervención, y quisiera extenderme un poco aprovechando que es tan oportuno. 
Precisamente podemos profundizar en estos temas porque la Comisión se dispone a presentar una comunicación sobre el futuro marco que permitirá la introducción de medidas tan útiles como las que ha presentado cuando, esperemos, se haya ratificado el Tratado de Amsterdam. 
El Parlamento está cumpliendo con su deber- una audición en comisión en octubre intentará hacer una evaluación del programa hasta la fecha y, a continuación, desempeñará su papel en la búsqueda de una interpretación constructiva del que será el nuevo artículo 152. 
La ironía esta noche, naturalmente, es que por muy rápido que avance el Parlamento, los programas sobre enfermedades poco comunes, sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación y sobre la prevención de traumatismos y accidentes no comenzarán a aplicarse hasta que se haya realizado la evaluación, lo que demuestra la lentitud con que se desarrollan los programas desde el Tratado de Maastricht. 
Muchos grupos de presión que trabajan en este ámbito argumentarán que sus prioridades aún no han sido atendidas debidamente, y mucho menos evaluadas. 
Una ocasión como ésta es una oportunidad única para afirmar que la salud pública merece recibir mucho más prioridad en la UE, tanto a nivel de la Comisión como de los gobiernos de los Estados miembros, al igual que en el Parlamento. 
Sé que el Comisario y su equipo así lo desean, pero debemos ayudarles a convencer a sus colegas menos instruidos sobre esta necesidad, sobre todo en época de presupuestos. 
También sé que Luxemburgo es un magnífico Estado, pero que cuando la mayoría de los funcionarios que trabajan en la salud pública se encuentran físicamente alejados de Bruselas, el problema es tangible. 
Espero que la Comisión vuelva a analizar su estructura interna. 
La decisión de tener múltiples sedes fue tomada, naturalmente, por los gobiernos de los Estados miembros, y lo único que me propongo es indicar las consecuencias de acciones como éstas. 
Dichos gobiernos suelen adoptar una posición minimalista sobre el papel comunitario en la salud pública y, en su conjunto, ha sido demasiado negativa y limitada. 
La mayoría si no la totalidad de los diputados que se encuentran aquí esta noche se sienten comprometidos con el desarrollo de ese papel y presento mis respetos a una sucesión de ponentes que han intentado hacer una aportación progresista al debate, incluidos los aquí presentes esta noche. 
No es ideología. 
Es la expresión de muchos profesionales de la salud y de organizaciones no gubernamentales, que están pidiendo a gritos soluciones sensatas a los problemas comunes que existen en todo el continente. 
Muchos diputados aquí presentes son invitados, como lo soy yo, a conferencias, algunas organizadas por Presidentes en ejercicio, expertos racionales de enorme experiencia que buscan la participación comunitaria en la solución a los problemas internacionales que no pueden ser atajados debidamente a nivel local o nacional. 
Los Estados miembros suelen apuntar a la Organización Mundial de la Salud como el organismo idóneo para ello que, naturalmente, tiene una función crucial, y deberíamos fomentar una mayor cooperación de la Comisión con la OMS, como hacen a menudo diputados aquí presentes. 
Pero esta visión desatiende la creciente esencia económica y social de la Unión Europea, la oportunidad única que le ofrece de canalizar la acción relevante para la protección de la salud y su promoción entre los ciudadanos. 
Esto no es un simple mercado; es una comunidad. 
Su población tiene derechos y responsabilidades. 
Se trata de un argumento moral, social, jurídico y económico y de un argumento sensato en favor de situar en el corazón de dicha comunidad buenas políticas en materia de salud pública. 
Creo que la Comisión así lo reconoce y que pronto presentará propuestas ambiciosas y prácticas sobre un nuevo marco. 
Tendrán un enfoque más horizontal, ofrecerán mayor valor añadido y proporcionarán oportunidades a la UE y a sus Estados miembros de trabajar juntos con mucho más eficacia en temas de salud en un sentido más amplio dentro de lo estipulado en el Tratado. 
En referencia específica a las propuestas de esta noche, en primer lugar, el Sr. Viceconte ha elaborado una gratificante aportación al creciente debate sobre las necesidades de las personas que padecen enfermedades poco comunes en cuanto a otros preparados como, por ejemplo, medicamentos " huérfanos» , además del desarrollo de principios y prioridades en materia de investigación. 
Mi colega, la Sra. Marinucci, comentará más detenidamente las disposiciones específicas del informe. 
Pero en cada uno de los tres programas, esta noche deberemos pelear por la necesidad de financiar sus contenidos de manera adecuada y sostenible. 
Oigo lo que dice el Comisario. 
Tenemos que ser realistas, el dinero tiene que salir de algún sitio, debe proporcionar un valor añadido de utilidad a los planes nacionales y ser utilizado de modo responsable. 
Pero la otra cara de la moneda es que si necesitáramos otro pequeño programa europeo, del que una parte demasiado grande se destinara a hacer una evaluación de la gestión, y las mismas personas que el programa intenta ayudar son disuadidas de participar ante la falta de competencia en la utilización de los fondos para hacer previsiones o construir redes, muchas organizaciones de voluntarios no podrán dedicar sus recursos ni su tiempo a elaborar dichas propuestas y sencillamente optarían por no intervenir. 
El programa sobre enfermedades poco comunes, por definición, va dirigido a pequeños grupos, incluso a nivel familiar, que a menudo se enfrentan a una enorme burocracia para la que este tipo de gastos constituye poco más que una comilona. 
Por eso vale la pena luchar por conseguir más a través de este Parlamento y también vale la pena incluir la experiencia de los consumidores o pacientes en los comités responsables de hacer una evaluación del desarrollo del programa. 
Dichas enmiendas son aplicables también a los excelentes informes de los Profesores Cabrol y Trakatellis respectivamente, y no tengo intención de volver a repetir los comentarios sobre los presupuestos. 
El informe Cabrol identifica con agudeza las dolencias que van más allá de condiciones respiratorias que sería útil incluirlas en la competencia del programa para atajar las enfermedades relacionadas con la contaminación. 
Junto con otras acciones en materia de medio ambiente que persigue este Parlamento, dicho informe representa literalmente un soplo de aire fresco para las políticas de salud y merece recibir nuestro apoyo. 
Deseo pasar a las propuestas sobre accidentes y traumatismos que, en mi opinión, podrían tener enormes repercusiones sobre la vida del ciudadano medio. 
Tanto si practican deportes como si llevan una vida normal, es asombroso el número de ciudadanos europeos que sufren traumatismos en accidentes que les ocasionan minusvalías o incluso la muerte, como recoge detalladamente el informe. 
En ese contexto, la propuesta de la Comisión está plenamente justificada y la mejoras que propone el Sr. Trakatellis representan una excelente aportación que merece todo nuestro apoyo. 
En particular, la necesidad de reforzar el sistema Ehlass de investigación, así como compartir la información, es fundamental e ilustra la falta de coherencia interna en el seno de la Comisión, a la que me he referido antes. 
El año pasado tuve ocasión de experimentar directamente su funcionamiento, tras romperme una mano en Bruselas. 
Puede que, a mi edad, no hubiera debido jugar al crícket y evitar el peligro. 
Puede que yo haya representado una extraña cresta estadística en la encuesta que llevó a cabo el hospital de mi localidad, pero más tarde muchos médicos se dirigieron a mí para decirme que la información de dichas encuestas les fue de gran utilidad. 
He recibido información adicional sobre los resultados de la publicación de la propuesta, que sugiere que serán muy numerosas las ventajas inesperadas de este programa en su aplicación en las empresas. 
Me gusta el alcance y el posible impacto en el día a día del programa y del informe, y los recomiendo encarecidamente, con la previsible advertencia sobre los presupuestos. 
Habida cuenta de la, a menudo, errática naturaleza de la asistencia y del tratamiento en los Estados miembros de la enfermedad de Alzheimer, del número y la proporción crecientes de ciudadanos de edad avanzada en Europa, y de la evidencia de que la creciente longevidad no siempre equivale a mejor calidad de vida, es absolutamente comprensible que presentemos y exijamos medidas urgentes para luchar contra esta enfermedad. 
Asimismo debemos buscar un acuerdo sobre la prioridad de las actividades que tengan resonancia entre los círculos profesionales, científicos y sociales. 
Todos conocemos a abnegados defensores de las distintas prioridades que llaman a la puerta con sus necesidades especiales. 
Nosotros y la Comisión debemos poder justificar el desarrollo sostenible de las prioridades de las políticas de salud dentro de un marco muy claro para evitar acusaciones de apego emocional y de intereses creados. 
Dicha justificación es manifiesta en el caso de la enfermedad de Alzheimer, y ahora que se han puesto en marcha los ocho programas iniciales, aunque aún están lejos de su aplicación, es oportuno poner nuestra mirada en el futuro. 
Esta misma semana, una importante conferencia en los Estados Unidos está expresando sus temores acerca de la incapacidad de las sociedades desarrolladas y en desarrollo por igual, de combatir y prevenir la reaparición de enfermedades que se creían erradicadas. 
Prácticamente cada día surgen temores acerca de la seguridad de la sangre y los alimentos. 
Cuestiones como dietas, estilos de vida, medio ambiente y la propia ciencia médica exigirán importantes respuestas comunitarias, motivo por el que es importante que avancemos de modo coherente y continuo, y por el que los controles que proporcionan los informes como el de la Sra. Flemming sobre la integración de las políticas de salud en toda la gama de competencias de la UE son tan importantes y reveladores. 
El informe hace hincapié en un desarrollo coherente, y la necesaria integración es ilustrada por mi última petición de apoyo de esta noche. 
Sus recomendaciones sobre el futuro a largo plazo de la reforma de las políticas agrícolas, que abarcan casi la mitad del presupuesto y, en particular, el objetivo de retirar las subvenciones a la producción de tabaco durante la próxima década merecen recibir el firme apoyo de esta Asamblea. 
No es la noche indicada para poner a prueba argumentos acerca de las enfermedades reales que provoca el consumo de tabaco. 
Eso llegará pronto, al igual que lo harán grandes debates sobre las reformas de nuestras estructuras agrícolas. 
El mundo lo exige y nuestros ciudadanos esperarán de nosotros, como sus protectores, que cumplamos con nuestro deber de retirar las amenazas y los riesgos para la salud. 
Con el rechazo de las cuatro enmiendas al útil informe de las Sra. Flemming aprobado en comisión, esta Asamblea podrá mañana dar un pequeño paso adelante a la espera de batallas mucho mayores que se librarán en los próximos meses y años. 
Señora Presidenta, Señorías, la política sanitaria está adquiriendo una importancia creciente en Europa. 
Lo establece el Tratado de Amsterdam y es bueno que sea así, pues durante demasiado tiempo la Comunidad Europea sólo se ha ocupado de la libre circulación de mercancías en el ámbito del mercado interior y ha prestado demasiado poca atención a otros aspectos, que sin embargo están relacionados con aquélla. 
El tema de la subsidiariedad se plantea a menudo, sobre todo cuando la Unión Europea desea adoptar un papel activo y no limitarse sólo a tener en cuenta la política sanitaria en otros ámbitos. 
Yo creo que al menos en dos de los tres programas que hoy se debaten no se plantea en absoluto el tema de la subsidiariedad, pues es evidente que en el caso de las enfermedades raras es imposible emprender acciones razonables cuando en un Estado miembro sólo hay diez afectados. 
Pero cuando bastante más de un centenar de personas están afectadas por la misma enfermedad en el conjunto de la UE, ya vale la pena adoptar alguna medida y yo creo que en este caso existe visiblemente un valor añadido europeo. 
Yo voy a concentrarme en las enfermedades de carácter medioambiental. 
Todos sabemos que éste es un grave problemas y que muchas enfermedades están asociadas a una contaminación excesiva. 
Yo me planteo algunos interrogantes críticos sobre la idoneidad del presente programa para dar una respuesta satisfactoria a dicho problema. 
Yo pienso- y el Grupo del PPE también ha presentado varias enmiendas por este motivo- que las enfermedades relacionadas con las condiciones medioambientales deben constituir un aspecto esencial de una nueva política sanitaria de la Unión Europea y que no podemos abordarlas mediante un programa tan reducido. 
Por esto pensamos que es necesario iniciar ahora los trabajos preparatorios para elaborar luego un programa fundamental realmente importante. 
Esto nos permitiría lograr un resultado verdaderamente sólido, que englobase todas las enfermedades asociadas a las condiciones medioambientales. 
Por lo tanto, no se deben seguir estableciendo diferencias entre las enfermedades respiratorias y las enfermedades cancerosas asociadas a las condiciones medioambientales, por ejemplo. 
Todas deben agruparse. Yo solicito, por consiguiente, el voto afirmativo para las correspondientes enmiendas del PPE. 
Es importante, no obstante, que no nos limitemos a investigar y a reunir datos, sino que también se extraigan luego las debidas consecuencias. 
El Parlamento así lo ha hecho en el caso del programa Auto Oil y nosotros pedimos a la Comisión que haga suyas nuestras enmiendas en este sentido. 
También el fumar es un problema de contaminación, al menos en el caso de los fumadores pasivos, y por lo tanto yo quiero reiterar mi apoyo al informe de la Sra. Flemming. 
Esto tiene que ser muy doloroso para usted, señor Comisario Flynn: la Sra. Flemming ha hecho una propuesta magnífica en el apartado 10, a saber, que se supriman finalmente las subvenciones al tabaco y que necesitamos una reforma en este sentido, y usted no puede manifestar su opinión al respecto, pues sus colegas no se lo permiten. 
Por favor, siga luchando para que se supriman las subvenciones al tabaco; ¡cuenta usted con nuestro apoyo! 
Señora Presidenta, quisiera hacer unas reflexiones de carácter institucional sobre el futuro. 
En 1984, cuando empecé a acudir a esta Asamblea, pedí que se instituyera una subcomisión para la protección de la salud. 
Creo que hoy se reconoce que esto es indispensable. 
Por otra parte, me permito decir con humor que sin salud ni siquiera se pueden hacer los palacios faraónicos del Parlamento: a continuación sería bueno que pensáramos por un instante en nosotros mismos. 
También quisiera decir, y estoy de acuerdo con la Sra. Flemming, que la directiva sobre la libre circulación de los médicos, sobre el reconocimiento recíproco- de la que entre otros fui autor -, ha fracasado. 
Es necesario revisar esta directiva. 
Los médicos viejos difícilmente se desplazan, y por lo tanto hay que pensar en invertir, como dice la ponente, en los médicos en etapa de formación, tratar que vayan a distintos países. 
Además de esto, también insto a que se ponga atención en el número de médicos: actualmente, en la Unión Europea, existe una gran cantidad de médicos, un flujo enorme, a menudo relacionado con el número de cátedras universitarias y no con el de pacientes. 
Por consiguiente, me parecería oportuno estudiar este problema, porque no tenemos necesidad de licenciados en medicina sino de médicos preparados, y creo que el conocimiento de los quince países podría llevar a niveles profesionales muy elevados. 
Por último, quiero recomendar el Libro verde sobre la salud. 
También ruego a todos que contemplen el problema de los ancianos, con un estudio ya sea sobre el aumento de la tasa de envejecimiento o bien sobre la bajada de la natalidad, pues habrá que proponerlo sin tapujos, en un futuro cercano, a la atención del Parlamento. 
Dentro de diez años éste será el problema más importante de la Unión Europea y lo mejor sería empezar a atenderlo desde hoy. 
Presidente, mis colegas Cars y Lindqvist comentarán algo sobre la cuestión de Alzheimer y yo haré unas observaciones sobre el informe Cabrol. 
Estoy de acuerdo con el ponente Cabrol de que el programa de acción de las enfermedades relacionadas con la contaminación medioambiental tiene demasiadas limitaciones. 
Nos parece también que se debe prestar más atención a las enfermedades que son consecuencia del exceso de ruido, de la alimentación contaminada, del tabaco y del agua contaminada. 
Estamos completamente de acuerdo con el texto de la Sra. Flemming cuando se trata de la producción de tabaco. 
Esperamos que el Comisario pueda aumentar esos 1, 3 millones de ecus destinados a este programa para el período 1999-2003 para el primer año a 14 millones de ecus. 
He podido detectar cierta disposición por parte del Comisario y estamos esperando. 
Como punto final, presentamos una enmienda y se trata de una central para el registro de quejas relacionadas con la salud ocasionadas por el medio ambiente. 
Dicha central ya existe en los Países Bajos y también en Bélgica. 
La ventaja de dicha central es que de tal forma se pueden detectar antes los problemas relacionados con la salud. 
No perseguimos la constitución de una nueva institución pero sí queremos fomentar una red de registros a nivel nacional. 
Esto también cuesta dinero y por eso no entendemos porqué el Comisario está en contra de la enmienda 13 del grupo parlamentario liberal. 
Esperamos que mis colegas voten mañana a favor de esa enmienda 13, ya que es un buen complemento del programa de acción. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, deseo, en primer lugar, expresar nuestra profunda convicción sobre la idoneidad de los informes que han sido presentados por los señores Trakatellis, Viceconte, Cabrol, así como también la señora Flemming, a quienes nuestro Grupo de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica va a apoyar. 
Precisamente decía antes mi compañera Laura González que hemos agradecido la inclusión de enmiendas nuestras en estos informes. 
Quisiera poner algunos ejemplos para luego sacar conclusiones generales. 
Hemos visto que es importante destacar la necesidad de una infraestructura de información científica, un banco de datos, un sistema de vigilancia, una red de difusión de la información (puesto que es imprescindible para poder atacar estas enfermedades poco comunes) , la implicación en ello de los familiares y de las organizaciones no gubernamentales y de los organismos que ayudan a estos enfermos para poder avanzar en una mejor cooperación de la sociedad. 
También es importante el compromiso de la investigación, de la enseñanza y de la educación en estas cuestiones, y ello supone también, por último, que hace falta aumentar el presupuesto económico para poder hacer frente a estas necesidades. 
Precisamente de aquí parten las reflexiones: no es posible hacer frente a estas cuestiones con presupuestos raquíticos como el que tenemos actualmente, y ello pone en cuestión el modelo económico que estamos construyendo en Europa; hace falta un modelo diferente, una visión más solidaria; es imposible estar poniendo dos velas, una vela al diablo y una vela a Dios; hace falta modificar este modelo que tenemos actualmente. 
En segundo lugar, hacen falta instrumentos comunes: es incomprensible cómo no se pone en marcha la red de vigilancia, un sólido sistema epidemiológico y también instrumentos comunes necesarios para una acción eficaz. 
Y, por último, deseo poner también en evidencia la necesidad de servicios sanitarios que tengan aspectos comunes. 
Señora Presidenta, creo que, a pesar del bajo número de diputados presentes y de lo tardío de la hora, a nadie escapa la importancia de esta discusión y el hecho de que la política sanitaria cada día adquiera mayor importancia incluso en la política de la Unión Europea, aunque aún de un modo insuficiente respecto a los problemas que aún hoy no se han solucionado. 
Sin duda, desde el punto de vista de las competencias, la Unión Europea tendrá que tratar de coordinar una política general y adoptar las iniciativas que permitan favorecer los sistemas adecuados para garantizar la prevención; los informes de hoy apuntan hacia esta dirección. 
La existencia de un nexo entre los distintos problemas de la sanidad pública se demuestra en el debate de hoy, porque dentro de un enfoque de protección general de la salud, nos ocupamos tanto de un programa que se refiere a las enfermedades relacionadas con la contaminación como de las enfermedades poco comunes. 
Quiero referirme sobre todo a esta última previsión- y vaya por delante que los Verdes estamos a favor del conjunto de las propuestas presentadas- para destacar que se necesita un alto nivel de protección en lo relativo a las enfermedades poco habituales y, en cierto modo, una profundización del conocimiento de esos males porque, como lo dice el informe de la Comisión, la definición de enfermedad poco común es variable. 
Tenemos ejemplos como el de la enfermedad de Alzheimer: hasta hace poco tiempo se la consideraba una afección poco común, pero hoy en parte por el aumento de la expectativa de vida se está convirtiendo en una enfermedad común. 
En la actualidad, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y también la EEB están consideradas como enfermedades poco comunes, pero en un futuro podrían dejar de serlo si en materia de prevención no se escogen las soluciones acertadas. 
Por consiguiente, es importante que haya una política de prevención de las enfermedades poco comunes, de estudio común colectivo, porque los Estados pequeños no podrán tener un conocimiento preciso de estas enfermedades y porque es preciso que haya una intervención pública, de investigación pública, incluso en el campo de las medicinas necesarias para resolver los problemas derivados. 
Señora Presidenta, la sabiduría popular dice «más vale tarde que nunca». 
La Comisión Europea, que de 1986 a 1996 dejó circular libremente los bovinos contaminados y las harinas contaminadas, se preocupa ahora por la salud de los europeos. 
O sea, que, incluso en los peores hombres, siempre es posible la gracia. 
Tenemos hoy ante nosotros textos sobre las enfermedades debidas a la contaminación, sobre las heridas, sobre la enfermedad de Alzheimer, sobre las enfermedades poco comunes. 
Por lo demás, se podrían haber añadido las enfermedades de reciente aparición o reaparición con la libre circulación, que permite el regreso de la tuberculosis, el paludismo u otras enfermedades virales como la provocada por el virus de Ebola. 
Y la Comisión interviene porque el artículo 129 de los Tratados europeos le asigna la tarea de garantizar un nivel elevado de protección de la salud. 
Seguramente las treinta personas que tienen una Creutzfeld-Jacob atípica deben de considerar algo irónico ese artículo 129. 
En cuanto a la enfermedad de Creutzfeld-Jacob precisamente- mi colega hablaba antes al respecto -, se trata de una enfermedad poco común de momento, pero que podría llegar a serlo cada vez menos, como otras. 
La lepra aún es poco común entre nosotros, pero tal vez la libre circulación la vuelva más común. 
Por otra parte, el aumento de la esperanza de vida podría volver más frecuentes enfermedades como la de Alzheimer. 
Se nos ha dicho que no era posible el aumento de los medios financieros y, habida cuenta de la política de racionamiento presupuestario, nuestra comisión propone que asciendan a 14 millones. 
Todo el mundo estaría de acuerdo, incluso el ponente para opinión de la Comisión de Presupuestos, que, por lo demás, ha hecho dos veces el mismo informe sobre dos temas diferentes, lo que denota cierta confusión en el nivel de la redacción. 
En cuanto a las enfermedades debidas a la contaminación, el Sr. Cabrol tiene razón en indicar que sólo se muestra interés por la contaminación del aire. 
Es la neurosis verde, la fijación en el óxido de nitrógeno, en el dióxido de azufre, en el efecto de invernadero. 
Haroun Tazieff ha muerto, tras haber dedicado una parte de su carrera a demostrar que, científicamente, todo eso corresponde a la brujería. 
Pero hay cosas mucho más graves en relación con las alergias debidas a los productos alimentarios. 
Y a ese respecto no se habla del derecho a la información mencionado por el Sr. Trakatellis, pues no se sabe si la soja que contienen los yogures es soja natural o procedente de manipulaciones genéticas. 
No es posible remontarse hasta su origen o sólo a un precio muy elevado y a ese respecto también la Comisión Europea tiene su parte de responsabilidad. 
Lo mismo se puede decir de la contaminación del agua, de la contaminación por la EEB. 
Por lo demás, el Sr. Trakatellis nos hablaba antes de los suicidios, pero en el caso de los suicidios de los agricultores, los suicidios de los obreros de las minas de hulla, de las acerías, del textil, ¿quién es responsable, señor Comisario Flynn? 
La prevención podría consistir más bien en protegerse del ultraliberalismo. 
Y, si no avanza la investigación farmacéutica sobre las enfermedades de reciente aparición, tal vez sea por los racionamientos presupuestarios, por la estupidez de los medicamentos genéricos, que disminuyen los márgenes de beneficio de los laboratorios. 
Ahora bien, al no poder los laboratorios descubrir hoy moléculas y como hacen falta diez años para que una molécula descubierta llegue a las estanterías de las farmacias, tal vez en el año 2010 no se disponga de los medicamentos necesarios para luchar contra las enfermedades poco comunes que entretanto se hayan propagado. 
Con 40 millones de pobres en Europa que no logran curarse, tal vez sea ésa la señal clínica de una patología muy grave llamada eurofederalismo. 
Señora Presidenta, son cuatro importantes informes que se someten a debate. 
Tres de ellos tratan de programas para prevenir traumatismos, enfermedades poco comunes y enfermedades relacionadas con la contaminación, además del cuarto sobre aspectos de salud en la política comunitaria. 
Los dos últimos informes me parecen los más importantes. 
Todas las enfermedades relacionadas con la contaminación tienen que agruparse para tener claras la causa y la relación. 
El asma y las alergias aumentan, especialmente entre los jóvenes. 
Es importante impedir y prevenir las enfermedades. 
Tengo dos preguntas: una de ellas es si realmente se van a tratar temas como early warning systems en el ámbito comunitario. 
La otra pregunta es si realmente se van a instaurar bases de datos en el ámbito europeo. 
No, yo no lo creo, sino que yo creo que es mejor hacerlo en el plano nacional. 
Lo más importante es describir los efectos sanitarios de los propios programas y medidas comunitarias y dejar a los Estados miembros que lo deseen que mantengan pretensiones medioambientales más altas que las comunitarias. 
Creo que es provechoso para la diversidad en los distintos sistemas. 
Señora Presidenta, en vista del poco tiempo de que dispongo, voy a centrar mi intervención en el informe del Sr. Cabrol. 
En efecto, sabemos por numerosas publicaciones científicas recientes que las enfermedades relacionadas con la contaminación van en aumento constantemente. 
Según las conclusiones de un informe publicado hace menos de dos años por la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Oficina Regional de la OMS para Europa, había una recrudescencia de diversas enfermedades, no sólo las respiratorias. 
Pienso, en particular, en las enfermedades relacionada con la contaminación alimentaria, como son, en particular, las enfermedades del tipo de las zoonosis: por tanto, las salmonellas y las enteritis infecciosas. 
El constante aumento de dichas enfermedades resulta de lo más inquietante. 
Ésa es la razón por la que lamento un poco, como la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que la Comisión se niegue a ampliar el campo de aplicación del programa más allá de las alergias y de las enfermedades respiratorias, porque numerosos trastornos relacionados con el medio ambiente merecerían una atención igualmente importante. 
Aunque la relación de causalidad parece menos evidente, creo que no podemos permanecer indiferentes ante fenómenos tan graves como el aumento de la esterilidad, que resulta palmario en algunos países, entre ellos el mío. 
Los estudios confirman que aumenta la esterilidad en los jóvenes, lo que constituye una pesada carga para los gastos de salud importantes, pues dicha esterilidad obliga a recurrir a las fecundaciones in vitro. 
Se entra, así, en un proceso de huida tecnológica hacia adelante contra la que hay que luchar a toda costa. 
Sería claramente preferible actuar preventivamente. 
Ahora bien creo que la Unión Europea, gracias a su dimensión y en vista de los medios de que disponen normalmente los Estados miembros, está sin lugar a dudas mejor armada que éstos para abordar esa tarea. 
Señora Presidenta, señor Comisario, permítanme empezar con una consideración general. 
Si queremos que nuestra Unión sea una Unión Política, y estoy seguro de que así lo quieren los europeos, reforcemos las políticas internas. 
Para alcanzar esta deseada Unión Europea debemos superar la actual debilidad de las políticas comunes otras que la UEM y la PAC. 
Superarla, señor Comisario, a través de los presupuestos, a través de la voluntad política del Consejo, a través de debates como el de esta noche y a través del empuje de la Comisión, que es lo que, respetuosa pero firmemente, le pido, señor Comisario. 
Ningún ejemplo mejor de esta debilidad de las políticas internas que el de las políticas de salud. 
Por ello, y porque la salud, desde el Tratado de la Unión Europea, es competencia oficial de la Unión Europea- sin perjuicio de la subsidiariedadsaludamos como muy oportunas las iniciativas de la Comisión que completan los ocho campos de acción que ella misma definió en 1983, y como muy acertados los informes que aquí se han debatido esta noche y cuyas enmiendas, a nuestro juicio, mejoran esas iniciativas de la Comisión. 
En unos casos, por la gran incidencia, por ejemplo, de los traumatismos o las enfermedades por contaminación o el Alzheimer; en otros, por lo contrario, por la gran rareza, que hace que no lleguen al umbral de rentabilidad social en la investigación, en la elaboración estadística, etc. 
De manera que éstos son ejemplos de lo que debe ser el trabajo cómplice de la Comisión y el Parlamento en la búsqueda de un objetivo final. 
Por un lado, la diferencia cronológica. 
Nos permitimos decir que, en programas de esta modestia relativa y con estas características, el programa debe ser financiado a cinco años, nunca a un año. 
¿Es que las perspectivas financieras van a partir de cero? 
¿No van a nacer, así, hipotecadas? 
Por lo tanto, concretemos ya programas a cinco años. 
Por otro lado, diferencias cuantitativas de los presupuestos. 
Creo que la Comisión reduce a menos de la mitad los presupuestos generales, proyectando presupuestos de un año, a base de reducir los objetivos. 
Yo sólo diría que cualquier Ayuntamiento de una gran ciudad europea dedica presupuestos más elevados que el de la Comisión a programas como éste. 
De manera que, aceptando y defendiendo presupuestos dignos para estos programas dignos y oportunos, estamos reforzando las políticas de salud y, por lo tanto, estamos reforzando las políticas internas y cumpliendo esa misión histórica que se nos pide a la Comisión y al Parlamento, que es edificar la Unión Política, la Unión Europea. 
Señora Presidenta, quiero referirme a un problema ya señalado: cuando se habla de defensa de la salud de los ciudadanos y en especial de la calidad de los productos alimenticios o agrícolas en general, se plantea la exigencia de superar esa especie de esquizofrenia existente dentro de las Instituciones comunitarias entre la acción de las Comisiones Económicas, por un lado, y por otro la de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, porque una mayor colaboración y una mejor coordinación de las acciones en estos distintos niveles pueden implicar un mejor control no sólo de la producción sino también de la salud de los ciudadanos. 
En este sentido, me parece que el informe Flemming se esfuerza por establecer ese equilibrio. 
Otras intervenciones de las que aquí se han producido no tuvieron, creo, esa misma sensibilidad. 
En particular, me refiero a la intervención del ponente oficial del Grupo Socialista que, hace un mes, proponía en nombre de su Grupo la liberalización de las drogas blandas y hoy mismo ha sugerido que se suspendieran las ayudas a los productores de tabaco. 
Esta me parece una manifestación típica de la esquizofrenia antes mencionada. 
Creo que, si se aprueba la enmienda al apartado 10 que junto a otros colegas del Grupo del Partido Popular Europeo he propuesto, lograremos mejorar ese equilibrio y estoy seguro de que la ponente aceptará la enmienda como una contribución positiva a un enfoque ya presente en su informe. 
Debo decir que personalmente preferiría que también el apartado 12 se eliminara, porque está en abierta contradicción con todo lo aprobado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Pronto podremos volver sobre estos temas. 
Por ejemplo, habría preferido que se prohibiera la publicidad, aunque dejando a los Estados miembros la posibilidad de reglamentar el patrocinio de los grandes acontecimientos deportivos. 
Concluyo ya: me parece que deberemos encontrar la forma de trabajar mejor, en el interés de los productores y, además, en el de la custodia de la salud de los consumidores. 
Señora Presidenta, con respecto a la enfermedad de Alzheimer, me complace especialmente que, aunque de manera modesta, el Parlamento haya podido influir en la lucha contra este importante azote para la salud. 
La aprobación de una nueva línea presupuestaria ha supuesto la provisión de la financiación específica para combatir esta enfermedad. 
Pero esto sólo puede considerarse como un primer paso en la lucha contra esta enfermedad. 
El compromiso recogido en el Tratado de Amsterdam de prevenir enfermedades humanas va más allá del Tratado actual y, por consiguiente, merece ser acogido con satisfacción. 
El modo en que la Comunidad responda a la enfermedad de Alzheimer será una prueba más de este nuevo compromiso. 
Insto al Consejo de Ministros y a la Comisión a que no nos decepcionen en este sentido. 
Quisiera pedir a la Comisión que, en su caso, exponga las acciones específicas que tiene previstas en el campo de la investigación de acuerdo con el Quinto programa marco de lucha contra la enfermedad de Alzheimer. 
Deseo hacer dos últimas observaciones. 
En primer lugar, los que pertenecemos al Grupo UPE solicitamos un programa de acción comunitario quinquenal destinado específicamente a la lucha contra esta enfermedad y que esté respaldado por los recursos necesarios. 
En segundo lugar, la Comisión deberá coordinar los resultados de las investigaciones pasadas y futuras sobre la enfermedad y estar dispuesta a colaborar con las asociaciones y organizaciones de la Organización Mundial de la Salud que trabajan en este sector, sin olvidar a los familiares ni a los que se ocupan de cuidar a los enfermos. 
Señora Presidenta, lo que quiere conseguir el Parlamento con su resolución es que la Unión Europea se interese más, también económicamente, en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 
Como lo señala el Parlamento, es importante que los esfuerzos comunitarios comprendan todas las demencias, por ejemplo, también las con síntomas del lóbulo frontal y las de etiología vascular. 
La investigación tiene como misión principal encontrar remedio para las demencias, pero hasta que eso ocurra los investigadores tendrán que desarrollar métodos que permitan a los dementes mantener, tanto tiempo como sea posible, sus funciones normales. 
Parte de esta misión es también desarrollar métodos para que los parientes y cuidadores se comporten con el demente de tal modo que la vida tenga mayor calidad y sentido para todos. 
Señora Presidenta, permítame que haga cuatro observaciones en el minuto del que dispongo. 
Primera: El ejemplo de la EEB demuestra con cuánta rapidez pueden adquirir dimensiones de catástrofe las enfermedades raras. 
Segunda observación: La arrogancia de la administración puede medirse por la rapidez con que un proceso de ese tipo puede ser fomentado por la administración, toda vez que se nos indicó que las investigaciones sobre la EEB debían esperar hasta que se hubiese elaborado un programa relativo a las enfermedades raras. 
Tercera observación: la industria no tiene ningún interés por las enfermedades raras, pues una incidencia de uno sobre un millón no resulta rentable para un medicamento. 
Cuarta observación, que se desprende de las anteriores: necesitamos urgentemente un programa de ámbito europeo que investigue estas enfermedades raras, las controle y permite limitar sus posibles consecuencias, concretamente una epidemia, como ocurrió en el caso de la EEB. 
Señora Presidenta, me voy a centrar en el informe que ha elaborado la Sra. Flemming sobre la integración en las políticas comunitarias de las exigencias en materia de protección sanitaria. 
El informe demuestra estar encaminado en la dirección adecuada, al exigir una mejor coordinación e integración de las políticas sobre la salud con relación en el resto de las políticas comunitarias. 
Como ya se ha dicho aquí, el Tratado de Amsterdam dota de un mayor peso específico a las cuestiones relacionadas con la salud pública. 
Se debería aprovechar este apartado del Tratado para lograr incidir en la promoción de la salud de los ciudadanos a nivel europeo. 
Así pues, habría que adoptar una estrategia más fiel a los principios y con un carácter más global, una estrategia marcada por su amplitud y su globalidad. 
Se deberían integrar plenamente las cuestiones en materia de salud en todas las políticas comunitarias. 
Existe una clara relación entre igualdad y salud. 
Sabemos que las personas que son víctimas de la discriminación y que viven en condiciones económicas desfavorables enferman más que las que gozan de mejor situación y formación académica. 
Se trata, sin lugar a dudas, de una cuestión de cultura general, de dieta alimentaria y de modo de vida, pero también, y cada de vez en mayor medida, de una cuestión económica. 
Europa está envejeciendo. 
Conocer las consecuencias de este envejecimiento en el ámbito de las distintas políticas y saber de qué manera se distribuirán los recursos económicos en el sector sanitario constituyen cuestiones que revestirán una enorme importancia en el futuro, ya no tanto a nivel de la UE, sino- especialmente- de sus Estados miembros. 
En cambio, la Unión Europea debería estar en condiciones de otorgar prioridad a las cuestiones verdaderamente específicas de Europa. 
¿Cómo podemos aumentar el valor añadido de los esfuerzos nacionales? 
Habría que someter a consideración cuáles son los asuntos importantes a este respecto y cuáles no. 
Así pues, aun comprendiendo la importancia de los programas de acción relativos a enfermedades específicas, desearía resaltar que, con motivo de la elaboración del programa de la UE sobre la sanidad pública, el punto de partida de los futuros trabajos de la Comisión debería ser el fomento de la salud mediante una política estructural en la materia. 
En otras palabras, se debería incidir en otros ámbitos de política social como la agricultura, estudiando su grado de eficacia y el uso que se hace de diversas sustancias para proteger las cosechas; se debería, pues, desarrollar una actividad razonable desde el punto de vista ecológico. 
¿Y cómo se gestionan las cuestiones relativas, por ejemplo, al transporte, al empleo o a la discriminación? 
Éstas son, en mi opinión, las cuestiones estructurales que revisten importancia cuando se habla de política sanitaria. 
Señora Presidenta, deseo hacer algunas observaciones y dirigir al Comisario unas preguntas relativas al informe Trakatellis. 
Mi sentido de culpabilidad por no haber oído al Sr. Trakatellis se ve algo apaciguado por el hecho de que él no está aquí para oírme a mí. 
Iré directamente al grano con mis preguntas. 
Según tengo entendido, tenemos una propuesta que puede salvar y prolongar el proyecto EHLASS e incorporarlo en el programa sobre la prevención de traumatismos. 
Ello supondría el fin de la duplicación de recursos entre dos Direcciones y una mayor responsabilidad para los Estados miembros que deberán correr con un 50 %, en vez del 20 %, de los costes de este proyecto. 
Mis preguntas a la Comisión- y sé que el Comisario las responderá con su habitual ingenio- son relativas al funcionamiento de este paquete de financiación. 
Acojo con gran satisfacción la propuesta, porque si podemos garantizar la vida de EHLASS durante otros cinco años, que es lo que dura el programa de la prevención de traumatismos, será algo estupendo. 
Presiento que obtendremos entonces la base de datos que necesitamos para la notificación de accidentes en el hogar y durante actividades de ocio. 
El problema es que no se hace la menor alusión a cuál será la procedencia exacta de los 7 millones de ecus necesarios. 
¿Los aportarán las dos Direcciones? 
¿Provendrán de una más que otra? 
¿Se ha indagado entre los Estados miembros acerca de su disposición a contribuir hasta alcanzar el 50 % necesario? 
Sería bueno recibir respuestas a estas preguntas, porque uno de los problemas es que, tras haber finalizado el actual fundamento para el EHLASS, ni el plan para la prevención de traumatismos ni el marco jurídico para la política de consumidores, sobre la que me gustaría que se basara, comenzarán hasta 1999. 
En semejantes circunstancias, cabe preguntarse cómo podemos lanzar este plan integrado en 1998. 
Inicialmente, algunos Estados miembros, en particular Alemania y, en menor medida, Francia, pusieron objeciones a la introducción del plan EHLASS. 
Hace dos años me encargué de vigilar el funcionamiento de este plan en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, y llegué a la conclusión de que el plan valía la pena y que deberíamos continuar con él. 
Pero sólo podremos hacerlo sobre la base de un cálculo eficaz de la financiación y una clara indicación de dónde recaen las responsabilidades. 
No se me ocurren mejores manos en que dejarlo que las del Comisario Flynn, pero me gustaría recibir respuestas a estas preguntas. 
Señora Presidenta, quisiera limitar mis observaciones a la enfermedad de Alzheimer. 
Sabemos, y lo hemos escuchado aquí esta noche, que en toda la Unión Europea hay muchos miles de nuestros ciudadanos que padecen esta enfermedad y el correspondiente síndrome. 
La Comisión debería presentar ahora un programa de acción a nivel comunitario sobre la enfermedad de Alzheimer. 
La Comisión ya ha elaborado iniciativas muy necesarias contra el cáncer, las enfermedades relacionadas con la contaminación, las enfermedades poco comunes, el SIDA y el consumo de tabaco, sobre la base de las actuales competencias en materia de salud pública. 
Lamentablemente, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, lo único que hace es financiar la investigación y eso, sencillamente, no es suficiente. 
Necesitamos la investigación, pero usted tiene que ir más allá, señor Comisario. 
Debería concebir un programa de acción a nivel comunitario contra la enfermedad de Alzheimer. 
Dicho programa incluiría estrategias para intensificar la investigación sobre las causas de la enfermedad, para identificar los factores de riesgo, para la prevención y el tratamiento y para fomentar la formación especializada del personal sanitario y geriátrico. 
Debería proponerse asimismo cambiar la percepción negativa que la enfermedad tiene entre la opinión pública. 
Debería asegurarse de que utiliza todo el presupuesto que ya se destina cada año en el marco del programa actual. 
Un programa de acción para combatir la enfermedad de Alzheimer beneficiaría enormemente a los muchos miles de europeos que padecen esta enfermedad. 
No sólo están desatendidos los intereses de los pacientes, sino que además, en muchos casos, no se presta la menor atención a las personas que se encargan de cuidar a dichos pacientes. 
En el caso de Irlanda he podido comprobar que las necesidades reales de muchos miles de personas, principalmente mujeres, que cuidan a nuestros aproximadamente 25.000 enfermos de Alzheimer están desatendidas. 
Es vergonzoso, por ejemplo, que se examine su situación financiera para poder percibir las ayudas que se destinan a los responsables de cuidar a los enfermos. 
Me gustaría que se remediara esta situación inmediatamente y, en este sentido, he presentado mis propuestas al ministro responsable. 
Por último, los pequeños programas y las pequeñas iniciativas pueden ser de gran utilidad. 
Recientemente he presenciado un programa en un hospital de Dublín, el Blanchardstown, en el que el paciente recibe la visita de un perro mascota, práctica que tiene un efecto terapéutico fantástico. 
Deberíamos alentar este tipo de medidas terapéuticas en toda Europa. 
Permítame hacer un breve resumen, porque en mi primera intervención ya he examinado en profundidad muchos de los argumentos que se han planteado. 
Sé que me extendí bastante, pero me sentí arrastrado por el deseo de ofrecer una visión general de lo que pensamos acerca de los tres programas, del informe de la Sra. Flemming y de la pregunta sobre la enfermedad de Alzheimer. 
He de decir que debemos sentirnos muy alentados por la calidad del debate de esta noche en la Asamblea sobre este tema tan importante de la salud pública. 
Aunque muchos oradores se han referido a lo avanzado de la hora y a la baja asistencia en la Asamblea, ello no ha mermado la calidad de las intervenciones que hemos escuchado ni la seriedad con que han sido presentadas. 
Ciertamente aquellos que han permanecido aquí han demostrado un firme compromiso con los temas que nos ocupan. 
Tengo poco que añadir en cuanto a la esencia de los distintos informes y de las preguntas orales, pero he tomado nota de los distintos asuntos y de lo que yo consideraría los mensajes subyacentes que han transcendido de las intervenciones. 
Han sido similares en muchos sentidos, pero vale la pena tomar nota de ellos, porque debemos analizarlos con sumo cuidado en el próximo período parcial de sesiones tan importante, en el que analizaremos el próximo marco relativo a los temas de salud pública. 
Muchas de las intervenciones se han centrado en la necesidad de formarnos una opinión muy seria y de dar prioridad absoluta a las disposiciones en materia de salud pública que recogen los Tratados de Maastricht y de Amsterdam, y quisiera pensar que quizá dentro del próximo marco podamos hacer una interpretación bastante amplia de lo estipulado el Tratado de Amsterdam acerca de la preparación de nuestro nuevo marco. 
Tomo nota especialmente de lo que ha dicho el Sr. Needle sobre la necesidad de establecer un nuevo marco, aunque para ello harán falta fondos. 
Cuando los ocho programas recibieron sus asignaciones, éstas desaparecieron por completo. 
Los primeros tres o cuatro programas absorbieron la totalidad de los fondos y no dejaron prácticamente nada para los tres importantísimos programas de los que estamos hablando ahora. 
Pero eso no me desanima, porque a pesar de los escasos fondos disponibles y de que son sólo para este año y sobre una base anual, debemos ponernos en marcha y seguir adelante, de manera que cuando vuelvan a analizarse las perspectivas financieras, demostremos que hemos adoptado la actitud correcta, que los programas tenían fundamento y que el hecho de no disponer de fondos sólo significa que cuando los obtengamos más adelante, podremos adoptar las medidas de las que hemos hablado. 
Volveré sobre este aspecto dentro de un momento. 
El Parlamento respalda la opinión de que la Comunidad Europea y las instituciones pueden dotar de auténtico valor añadido lo que hacen los Estados miembros, y precisamente de eso se trata. 
Sabemos que los Estados miembros son los principales responsables en materia de salud y asistencia sanitaria, pero lo que debemos hacer es centrarnos en los temas que tienen una base comunitaria y preocupan especialmente a los ciudadanos, de manera que podamos coordinar las mejores acciones y prácticas de los Estados miembros y tomar la iniciativa en este sentido. 
Ése puede ser el valor añadido que obtengamos de dichos programas, aunque ahora sean pequeños en términos de fondos. 
Quizá con buenas intenciones y buena práctica en lo que hagamos con respecto al nuevo marco logremos arreglar la escasez de fondos. 
La Asamblea ha manifestado un apoyo muy real y alentador a los ocho programas de protección de la salud pública que tenemos. 
Dichos programas los hemos desarrollado en virtud del artículo 128 del Tratado de Maastricht. 
Todos los diputados que han intervenido- al igual que yo- comparten la opinión de que las actuales restricciones presupuestarias impiden a la Comunidad hacer todo lo que podría y debería. 
Es algo que debemos tener muy claro. 
El Parlamento quiere que se hagan más cosas, opinión que comparte la Comisión. 
Hay muchas cosas que podemos y debemos intentar. 
Quizá deberíamos exponer las posibilidades en el próximo programa marco acerca de lo que deberíamos hacer y, a continuación, transmitirlas a los Estados miembros; exponer lo que, en opinión del Parlamento y de la Comisión, merece financiarse por el bien de los ciudadanos y, acto seguido, intentar conseguir los fondos de la autoridad presupuestaria. 
Esperemos que la perspectiva presupuestaria más allá del año 2000 comparta esta opinión con nosotros, porque la opinión del Parlamento será compartida y será presentada con toda claridad en la comunicación sobre el próximo marco que he prometido a la Asamblea. 
Expondré lo que, con la colaboración del Parlamento, creo que debe hacerse en los ámbitos que los oradores han destacado esta noche. 
Ya veremos qué pasa. 
La mayoría de los diputados han señalado la importancia del próximo marco sobre la salud pública y la necesidad que vemos de expandir considerablemente los horizontes más allá del actual paquete de programas. 
Me gustaría seguir por ese camino con la ayuda del Parlamento. 
El Parlamento ha dejado perfectamente claro lo mucho que espera de la Comisión. 
Cuando volvamos a tratar sobre los elementos que nos gustaría ver incluidos y el tipo de fondos de los que dispondremos, tampoco faltará nuestro apoyo. 
En la Unión utilizamos muchos fondos para muchas cosas. 
De hecho, cuando alguien habla de la comercialización de algún producto que acaba de salir, es posible encontrar de la noche a la mañana más fondos para la promoción del producto, que los que se destinan a la totalidad de los programas para cinco años. 
Es absurdo. 
No tengo ninguna dificultad en mostrar mi solidaridad con la Sra. Flemming cuando hace la observación, que también aparece en su informe, sobre lo difícil que le resulta tener que dar su apoyo a productos peligrosos y a la concesión de subvenciones. 
Se refiere al tabaco que se cultiva en la Unión. 
Siempre he pensado que en este caso existe una contradicción y así lo he manifestado en más de una ocasión. 
La Unión llega a proporcionar casi 800 millones de ecus al año para apoyar un producto que prácticamente no tiene ningún valor en lo que respecta al comercio y, al mismo tiempo, ocasiona enormes daños a la salud pública. 
Aquí lo único que buscamos son pequeños fondos que nos ayuden a promover planes y programas que serán de gran ayuda y potenciarán aquello que las personas pueden hacer para mejorar su salud. 
Creo que el principio preventivo es una cuestión de salud pública y que debemos perseguirlo. 
He observado que se ha hablado mucho acerca de la enfermedad de Alzheimer. 
Todos han destacado su importancia. 
Debo decir que esta opinión es compartida por el Comisario y por la Comisión. 
El envejecimiento de la población traerá consigo un enorme cambio, porque ésta es una enfermedad para la que aún no existe ninguna cura. 
En los Estados Unidos he oído hablar sobre la posibilidad de que, en el futuro, se desarrolle algún tipo de medicamento. 
Pero, hoy por hoy, no existe ninguno. 
De acuerdo con el Tratado, como he dicho, estamos limitados a la prevención. 
Tomo nota, en particular, del firme deseo del Parlamento de que se siga adelante con el plan de acción del que hablamos aquí hace unos años. 
Quizá podamos insistir un poco más en la cuestión de la formación de las personas encargadas de cuidar a los enfermos, y quizá, como muy sabiamente ha dicho la Sra. Malone, podamos cambiar la actitud negativa que existe en muchos Estados miembros ante esta enfermedad en particular. 
Ya he dicho que presentaré este aspecto en la comunicación en el contexto del nuevo marco. 
Veo que la Asamblea está dispuesta a aprobar los fondos necesarios. 
Este aspecto ha quedado perfectamente claro en el firme argumento del Sr. Poggiolini, cuando dijo que ahí está la tendencia demográfica, sabemos que las expectativas de vida son cada vez mayores y que nos enfrentamos a la amenaza- creciente- de que cada vez habrá más personas que contraigan la enfermedad de Alzheimer. 
Hasta que se descubra un remedio, deberíamos poder centrarnos en una enfermedad específica como ésta y tomar la iniciativa. 
Podemos compartir las mejores prácticas y quizá prestar ayuda a las personas que se encargan de cuidar a los enfermos y a las organizaciones responsables. 
Presentaré este argumento y serán las dos instituciones las que decidan lo que debemos hacer en el nuevo programa. 
El Sr. Whitehead ha presentado algunos argumentos sobre el EHLASS y, como es habitual en él, también en esta ocasión se ha centrado en un aspecto concreto de gran relevancia. 
Su observación clave sobre la financiación fue: ¿funcionará y existe acuerdo para que funcione? 
La DG V, mi Dirección, tomará 7, 5 millones de ecus de la DG XXIV para cubrir la inclusión del EHLASS en los programas de salud pública. 
De ahí vendrán los fondos, y éste es el arreglo que se aplicará. 
Desde nuestro punto de vista, los fondos están garantizados. 
En lo que respecta a la contribución, en el Consejo de Asuntos de Consumidores, mi colega la Sra. Bonino anunció una reducción del 65 % este año y del 50 % en lo sucesivo, en un esfuerzo por expandir los beneficios del plan. 
Quiero decir también que la gran mayoría de los Estados miembros, cuando se les preguntó al respecto, se mostraron claramente a favor de que el sistema siga funcionando de una forma más desarrollada y además se declararon dispuestos a asumir una proporción mayor de los costes. 
Ese compromiso existe y así lo manifestaron varios Estados miembros cuando se les preguntó al respecto. 
Por lo que no parece existir ninguna objeción en contra de dicha solución. 
Me siento optimista en lo que a este asunto se refiere. 
Creo que tanto el Sr. Whitehead como yo deseamos que se desarrolle de este modo. 
Han sido muchos los comentarios de utilidad que se han hecho. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Myller sobre lo de dar un enfoque mucho más integral a toda la cuestión de la salud pública. 
Es lo que intentaremos hacer en el nuevo marco y esperamos poder discutirlo con el Parlamento. 
El Sr. Hyland ha manifestado su inquietud acerca del Quinto programa. 
Sí, hay algunas referencias de carácter general con respecto al Quinto programa de investigación. 
Muchos de los otros argumentos merecen también una referencia. 
Pero podría resumirlos todos ellos diciendo que la salud pública, tal y como está contemplada en el Tratado y ampliada en el concepto de aplicación en lo que se refiere al Tratado de Amsterdam, es una cuestión que preocupa enormemente a la Asamblea. 
También a la Comisión y a mí nos preocupa mucho. 
Ahora intentaremos avanzar con nuestros ocho programas, independientemente de la escasez de los fondos disponibles para ponerlos en marcha y reducir los objetivos que nos gustaría ver realizados, aún en el supuesto de que dispusiéramos de fondos suficientes, y a continuación intentar financiarlos de acuerdo con las nuevas perspectivas financieras y seguir adelante y hacer algo positivo en apoyo de la salud pública de la Unión. 
Creo que hemos tenido un debate de una gran calidad. 
Pero, si lo permiten Sus Señorías, tengo una última intervención. 
Señora Presidenta, yo quisiera hacerle una pregunta al señor Comisario Flynn: ¿no cree que hubiésemos podido evitarnos muchos de los escándalos que provocó la EEB si usted hubiese aplicado al tratamiento de dicha enfermedad y a los aspectos que entraban dentro de sus competencias la conclusión que ha dejado entrever en su intervención y que ha quedado clara sobre todo en su última frase? 
Señora Presidenta, sólo quisiera decir en respuesta a esa aguda afirmación, que antes de que surgiera el problema, ya había sido contemplado en una de nuestras propuestas, antes incluso de la crisis de la EEB. 
Si hubiéramos dispuesto de la red comunitaria de vigilancia y control que se había propuesto, y sobre la que aún no se ha dicho la última palabra, habríamos avanzado más. 
No pierdo la esperanza de que se apruebe una red de vigilancia y control comunitaria como medida eficaz para atajar problemas como a los que se ha hecho referencia. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.28 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Cuento con su benevolencia para plantear lo siguiente: 
Como seguramente todos recordamos, hoy es un día triste y de oprobio para los demócratas del mundo. 
El general Augusto Pinochet, responsable de una de las más brutales dictaduras conocidas y de la muerte y desaparición de miles de ciudadanos de su país y de otros de origen europeo, pretende ocupar hoy un escaño de senador vitalicio. 
Los demócratas de su país están protestando con fuerza por este lamentable hecho. 
Y yo creo que nuestro Parlamento debería hacerlo también, recordando lo que decía la resolución aprobada en nuestro último período de sesiones en su apartado 1 en el contexto del debate de actualidad y urgencia: » Condena la intención del general Pinochet de aceptar el cargo de senador vitalicio.» 
Señor Presidente, esto sería un gesto de dignidad que yo le solicito ante esta Asamblea. 
Señor Carnero, el aplauso de esta Asamblea viene a ratificar una vez más su resolución, que además es la resolución de todos los hombres y mujeres de bien. 
Creo que con ello y sin incurrir en retórica, podemos dar por ratificada esa resolución. 
Señor Presidente, en el Acta, en la página 26, donde se habla del turno de preguntas, se dice: » El Parlamento examina una serie de preguntas a la Comisión» , sin dejar constancia de que el Presidente en funciones, dado que el turno de preguntas empezó con 35 minutos de retraso con respecto a lo que habíamos acordado en el orden del día, pidió disculpas a los miembros de la Asamblea y pidió disculpas a los representantes de la Comisión. 
Desearía, señor Presidente, que constase en Acta que las primeras palabras de quien estaba presidiendo la sesión fueron para disculparse ante la Asamblea y ante los Comisarios de ese retraso de 35 minutos con respecto a lo que habíamos aprobado en el orden del día. 
Gracias, señor Gutiérrez Díaz, se añadirá en el Acta que usted se disculpó. 
Señor Presidente, es la primera vez que aprovecho esta ocasión para llamar la atención sobre un problema. 
Sé que quizá no sea éste el lugar adecuado, sin embargo, aún así, voy a hacerlo. 
Ayer nuevamente miles de pájaros se han visto arrastrados a la costa danesa a causa de un escape de crudo en el Mar del Norte. 
Sé que hay una directiva en camino. 
Sé que estamos preparados para poner remedio, sin embargo, debemos procurar acelerar este proceso. 
Debe haber otra actuación. 
Tres o cuatro veces al año las costas danesas se ven sembradas de aves bañadas en crudo, porque nuestros barcos vierten crudo en nuestras aguas. 
Esto no puede continuar. 
Quiero pedirle que transmita esta petición a la Comisión y al Consejo y haga que den un impulso a este proceso. 
Muchas gracias, señor Sindal. 
(El Parlamento aprueba el Acta así modificada) 
Señor Presidente, quiero comunicar que hemos presentado más de cien firmas solicitando la urgencia de un debate sobre la delincuencia si bien comprendo que esta semana no se pueda mantener un debate al respecto. 
Muchas gracias también por su carta a las autoridades belgas, en la que propone que se intensifique visiblemente la presencia de las fuerzas de policía en el barrio y que se cree en las inmediaciones de las instituciones una comisaría de policía que disponga de un número de teléfono para emergencias. 
Quiero subrayar que la seguridad en Bruselas no es un tema exclusivo del PPE. Cualquiera de nosotros se puede ver afectado en los próximos días. 
Señor Rübig, quiero decirle a usted una cosa, que ya le he expresado a usted por dos veces mediante carta: no se trata de número de firmas, no es un tema de actualidad y urgencia, porque no afecta a los derechos humanos fuera de la Unión. 
Hay asuntos de derechos humanos muy graves en el mundo y para eso está el debate de actualidad y urgencia, pero no para que nos ocupemos en el Pleno de nuestros propios asuntos. 
Por tanto, por muchas firmas que lleven los escritos me veré obligado a no admitirlos. 
Asistencia a los países candidatos a la adhesión de Europa central y oriental- Asociaciones de adhesión con los países candidatos 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, como ya ha indicado el colega Oostlander existen diversos objetivos a tener en cuenta y que se deben lograr en las asociaciones de adhesión. 
En primer lugar, tal como ha señalado el Sr. Oostlander, existe el objetivo de un cumplimiento exacto, a fondo y muy preciso de los criterios de Copenhague y yo añadiría de las decisiones y resoluciones que hemos adoptado y aprobado en este Parlamento, incluyendo las de septiembre. 
Aunque no hemos modificado los criterios de Copenhague, sí los hemos complementado con algunas consideraciones específicas muy importantes del campo del medio ambiente, social, etc. 
En segundo lugar, existe sin duda la consideración- lo que ha desempeñado un gran papel en los debates en nuestra comisiónde lograr los derechos parlamentarios. 
Empleo el concepto derechos no sólo en un mero sentido jurídico o legal sino también en el de que como representantes del pueblo europeo tenemos derecho no sólo a inmiscuirnos en estas cosas sino también a adoptar una decisión sobre qué países pueden adherirse y cuándo. 
En tercer lugar- y esto lo ha presentado siempre a debate mi grupo político bajo la dirección de Gary Titley- hay que mandar señales con rapidez. 
Hemos sido tan inflexibles en algunas cuestiones porque era importante mostrar a los países candidatos que tras la decisión de diciembre del año pasado, no queríamos mantener largos debates sobre cuestiones de reglamento, sobre cuestiones formales y administrativas, sino que queríamos adoptar una decisión con rapidez. 
Poner estas cuestiones bajo un denominador común ha sido sin duda difícil y también objeto de debates muy largos y extensos. 
Aunque a veces haya sido muy difícil tratar ciertas enmiendas del colega Oostlander, sin embargo me parece que ahora hemos encontrado y elaborado un denominador común. 
Además, parece- y supongo que hoy se confirmará- que el Consejo y también la Comisión, quienes comprensiblemente quizás sean algo renuentes en lo que se refiere a la codecisión del Parlamento, puedan aprobar a la postre nuestro modo de proceder. 
Desde la perspectiva de mi función, para mí es importante lo siguiente: estas estrategias de adhesión deben contribuir a superar las tensiones y divisiones que existen en Europa en el campo económico. 
En algunos países se está haciendo algo, pero no podemos hablar en absoluto de que el proceso de equiparación se esté produciendo con suficiente rapidez y profundidad. 
Me voy a referir ahora al aspecto social. Para nosotros, es muy importante pues hay tensiones sociales, hay un modelo social Europa con diferentes matices. 
No queremos renunciar a este modelo social Europa. 
Queremos ayudar a los demás países a lograr las normas sociales, los derechos fundamentales sociales. 
Esto es en especial válido, y lo digo con total franqueza, para la regiones fronterizas. 
Necesitamos intensificar la cooperación transfronteriza y sobre todo motivar a las personas que viven en las fronteras y que quizás tengan unos temores no totalmente injustificados, para que se pronuncien claramente en favor de la ampliación hacia el Este. 
Sin duda, también se trata de la cuestión de la democracia, en lo que doy toda la razón al colega Oostlander. 
Precisamente nuestro grupo político siempre ha defendido en todos los lugares la democracia, la libertad y los derechos humanos. 
Esto es aplicable también a Eslovaquia, donde tenemos actualmente unos problemas especiales. 
No estamos ciegos de un ojo en lo que se refiere a Eslovaquia o a cualquier otro país. 
Debemos dirigir una advertencia clara a Meciar indicándole que está actuando en perjuicio de su pueblo. 
Aunque respete la Constitución, políticamente está actuando de un modo que no es aceptable. 
Espero que se pueda superar esta contradicción. 
Hoy queremos mandar de nuevo una clara señal con motivo de estas asociaciones de adhesión: nuestra voluntad para la ampliación hacia el este, para la ampliación de la Unión Europea, incluyendo por supuesto a Chipre, sigue inquebrantable. 
Nos reafirmamos en ella. 
No queremos retrasos sino unos preparativos muy buenos y detallados y para ello se han creado las bases. 
Los dictámenes consultivos del Parlamento complementan esas bases para que la ampliación hacia el Este se lleve a cabo con rapidez, pero bien preparada. 
Señor Presidente, deseo dar la bienvenida al Presidente en ejercicio del Consejo. 
Como éste sabe, el debate de esta mañana es la culminación de tres meses de negociaciones entre las tres instituciones y esperamos con interés a ver qué declaración hace sobre cómo se debe consultar al Parlamento acerca de los asuntos planteados por el informe Oostlander. 
Sé que habrá sacado la misma conclusión que yo del segundo informe Oostlander, es decir, que el Parlamento puede emitir un dictamen coherente y complejo en el plazo de seis semanas. 
Me parece, si puedo decirlo así al Presidente en ejercicio, que la consulta sin demora no es sino la cortesía que el ejecutivo de esta Unión- la Comisión y el Consejo- debe tener para con el legislativo de esta Unión: este Parlamento y sus hermanos los parlamentos de los Estados miembros. 
Lo único que pedimos es la oportunidad de celebrar un debate idóneo antes de que nuestro casi imperial Consejo adopte su decisión. 
Conque, por favor, que no se me diga que, en caso de colapso político o económico en uno de los Estados candidatos, sería conveniente o, de hecho, políticamente posible pasar por alto las opiniones de este Parlamento. 
Que tampoco se me diga, por favor, la antigua mentira de que, si aplazáramos este asunto tres semanas, asustaríamos a los Estados candidatos. 
Los Estados candidatos son europeos adultos como nosotros. Saben lo que sucede. 
Valoran, más incluso que nosotros, la democracia y la democracia parlamentaria en sus instituciones. 
Quiero que en la declaración del Presidente en ejercicio haya una oferta sobre lo substancial de la consulta, aun cuando no pueda utilizar esa difícil palabra. 
Quiero que se nos hable de un procedimiento idóneo, una escala cronológica idónea y un debate idóneo sobre las opiniones del Parlamento antes de que vote el Consejo. 
Si el Consejo desea evitar la inconveniencia de un aplazamiento de tres semanas, debe permitir a la Presidencia comprometerse con ese procedimiento serio y hacerlo aquí y ahora. 
Conque, por favor, señor Presidente en ejercicio, no quiero oír frases como «la Presidencia desea». 
La Presidencia tiene teléfonos; sabe cómo utilizarlos; utilícelos antes de que votemos. 
El Parlamento no olvidaría ni perdonaría que se nos sometiera a una forma de traición institucional al comienzo de un proceso de 15 años que debe ser sólido. 
Señor Presidente, yo también considero que en este momento es crucial la voz del Parlamento Europeo en este proceso de ampliación, en esta asociación de pre-adhesión. 
Y opino que lo es también porque en estos últimos tiempos y durante demasiados meses, se ha venido hablando de progresos económicos de los países que solicitaron su adhesión a la Unión Europea, mientras que- y respecto a este punto estoy de acuerdo con el ponente- algunos aspectos políticos se han dejado, por así decirlo, en segundo plano. 
Creo que es necesario reconducir nuestra conducta para volver a los aspectos más políticos. 
Hay que conseguir ayudar a estos países a que alcancen realmente las condiciones de Estado de derecho; es preciso lograr que el respeto de las minorías sea efectivo y que existan sistemas judiciales justos, basados en la letra de los códigos y en una seria formación de los jueces y de los abogados que puedan hacer respetar las leyes y que, como es obvio, garanticen el derecho a la defensa y protejan a las minorías. 
Hay que recordar, como se hizo en el informe Oostlander, que no podemos aceptar que en la nueva Unión Europea, que incluirá a estos nuevos países, exista la pena de muerte: esto no es posible. 
Consideramos asimismo indispensable que junto con los progresos económicos se realicen progresos y mejoras desde el punto de vista político. 
Por eso, es indispensable la voz del Parlamento Europeo en este momento del proceso de adhesión, del proceso de integración y de ampliación de la Unión Europea y, por esto, señor Presidente, le pedimos que nuestra voz sea tenida debidamente en cuenta en el seno del Consejo y de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el desafío de la ampliación de la Unión Europea radica en la siguiente cuestión: ¿será posible configurar este proceso de modo cooperativo y sin tensiones? 
Esto exige cambios de ambas partes. 
Mientras que en el lado de la UE las necesarias reformas solamente se atacan con titubeos y sin demasiado entusiasmo, la UE exige de los candidatos a la adhesión unas profundas reformas y un calendario completo de adaptaciones legislativas y administrativas. 
Pero ambas partes tienen que contribuir para que en la integración económica y política de los países de la Europa oriental se alcance un elevado nivel de prestaciones sociales y económicas. 
En este contexto, la ampliación no debe limitarse solamente a la integración económica sino que tiene que suponer también una aportación al afianzamiento de la democracia y a una mayor justicia social de las poblaciones de los países que están inmersos en el proceso de transformaciones 
Primero hay que hacer los propios deberes e impulsar realmente las propias reformas. 
El primer paso sería- lo que ya han subrayado claramente los colegas- incluir de modo vinculante al Parlamento en el proceso de ampliación. 
Esto significa también que la reforma se haga de modo cooperativo y que las cargas se repartan por igual pues sabemos que un fracaso de la ampliación no solamente socavaría la evolución económica y democrática en la Europa oriental, sino que además dañaría muchísimo a la Unión como modelo de una integración pacífica, económica y política. 
Por ello, nuestra tarea, la tarea del Consejo, la Comisión y el Parlamento, consiste en no permitir que el proceso de ampliación derive en una vía de dirección única sino que conduzca a un éxito político. 
Señor Presidente, estamos en vísperas del inicio de las negociaciones sobre la adhesión de los nuevos Estados a la Unión Europea. 
Finalmente tendrá consecuencias políticas la revolución de 1989 y el aislamiento de un considerable número de antiguos países del bloque del Este parece llegar a su fin. 
Eso coloca tanto a los nuevos socios como a los actuales Estados miembros ante un enorme desafío. 
El razonamiento de que países como Chequia, Polonia y Hungría son las partes solicitantes y por eso deben satisfacer todas las exigencias que se formulan desde la Unión Europea, no hace la justicia suficiente a la posición de equidad entre esos nuevos socios y los países de la Unión Europea. 
Deberemos resolver ese problema en común y eso significa que no podemos ser únicamente la parte solicitante, y tampoco podemos esperar que los nuevos Estados miembros sean únicamente la parte solicitante. 
No, debemos llegar en común a una solución para los problemas económicos en una reflexión recíproca. También en relación con la preparación de los nuevos Estados miembros para el acervo comunitario, para la política de medio ambiente que va tomando forma en la Unión Europea. 
Para ello habrá que encontrar el tiempo y la dedicación necesarios y eso no puede darse sin que también se haga todo lo posible desde la Unión Europea para hacerlo realidad. 
Desde luego, el Sr. Oostlander ha señalado un gran número de aspectos importantes- y por ello quiero felicitarle- tales como los derechos humanos fundamentales, y también será necesario que la democracia política que se vaya desarrollando siga adquiriendo forma. 
La idea de un Estado de derecho deberá también seguir evolucionando. Deberá tenerse en cuenta a las minorías. 
Sólo de ese modo podremos aceptarnos recíprocamente y realizar la ampliación de la Unión Europea. 
Señor Presidente, a nadie se le escapa la importancia de las decisiones que hoy estamos a punto de tomar para preparar la adhesión de los nuevos Estados miembros. 
Podrá criticarse la dimensión económica de la intervención, pero no el alcance político de este Plan Marshall para los países de Europa central. 
Dicho esto, creo, sin embargo, que han de formularse las máximas reservas en cuanto a la estrategia legislativa propuesta por la Comisión, a pesar de que la misma corre el riesgo de ser aceptada por el Consejo. 
El Reglamento que vamos a votar y más aún las propuestas de decisión correspondientes a cada uno de los países candidatos, son lo más genérico que se podía elaborar. 
Los peligros de desviación en la gestión de las intervenciones o de ineficacia son muy acentuados. 
El eco de las graves críticas formuladas por la Comisión de Asuntos Exteriores al Comisario competente en materia de intervenciones en Bosnia y, actualmente, encargado de las relaciones con los países candidatos, es todavía demasiado reciente para tranquilizarnos plenamente. 
Sin embargo, lo que es más escandaloso es que el Parlamento haya sido rebajado a desempeñar un papel de segundo plano y que carezca, de hecho y de derecho, de los medios para orientar y controlar un proceso que, a pesar de la mejor buena voluntad, no será fácil tanto para los países candidatos como para los Estados miembros. 
En mi opinión, la Unión Europea debería, desde ahora en adelante, trabajar en dos frentes paralelos, esto es, en el de la política regional estrictamente comunitaria y en el de la política regional ampliada a un continente de más de 420 millones de habitantes. 
¿A qué esperamos para definir un marco fiable de la que será la política agrícola o en materia social en una Unión ampliada a los países candidatos? 
La Comisión nos prometió para el próximo 18 de marzo el texto de las nuevas medidas en materia de intervenciones estructurales. 
¿Estaremos frente a una verdadera reforma o se tratará de meros paños calientes y de intervenciones de cirugía estética a los que la Comisión nos tiene tan acostumbrados? 
¿Se tendrán en cuenta las implicaciones de la próxima adhesión de los países candidatos? 
Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al Sr. Oostlander por su informe y también dar las gracias a todos los colegas que han contribuido a la posterior preparación del mismo. 
También la Comisión considera el día de hoy un momento importante, puesto que a través del Parlamento se ha emitido un dictamen acerca de una parte muy importante de la estrategia de adhesión, un pilar en el camino en dirección a la afiliación de estos once países candidatos, que por lo demás aguardan anhelantes el lanzamiento oficial del proceso de ampliación que tendrá lugar el próximo 30 de marzo. 
Como ya es conocido, este mismo grupo de países se reunirá ya el próximo jueves en torno a la Unión Europea, cuando tenga lugar la primera Conferencia Europea. 
He escuchado con gran aprobación las palabras de la presidencia, porque también la Comisión opina que en la totalidad del camino hacia la adhesión de nuevos Estados miembros, el Parlamento Europeo ha de estar implicado lo más estrechamente posible. 
Ya antes, la Comisión Europea se había comprometido a informar al Parlamento sobre los avances- donde fuera posible y siguiendo también las experiencias de anteriores procesos de ampliación- tan detalladamente, tan completamente y tan a tiempo como sea posible; tanto del proceso de preparación como del estado de las negociaciones con los países con los que en realidad se negocia. 
Me complace en grado extremo comprobar que tras una discusión intensa y valiosa parece existir un amplio acuerdo acerca de los procedimientos que se pueden seguir. 
Naturalmente, sobre el derecho de consulta del Parlamento Europeo con respecto al reglamento base, no existe ninguna diferencia de concepción. 
Pero además estoy también extremadamente contento- en lo que se refiere a las posibles modificaciones que la Comisión Europea quiera presentar en las prioridades, los principios y la condicionalidad de las adhesiones -, ya que, si estas modificaciones se presentan al Consejo, también tendrían que llegar al Parlamento, y, como también hemos podido oír por parte de la presidencia, el Consejo en cualquier caso es comprensivo y promete también que se le concederá al Parlamento un plazo razonable para tratar claramente sus opiniones sobre el asunto, para seguidamente deliberar- así se lo imagina la Comisión- en estrecho acuerdo con el Consejo sobre el modo en que estas enmiendas puedan incorporarse o no a las conclusiones definitivas. 
Creo que eso refleja claramente que el Consejo, la Comisión y el Parlamento están de acuerdo sobre la importancia de la transparencia en este proceso. 
En lo que a esto respecta, repito con agrado las palabras que el Sr. Oostlander ha pronunciado: es un proceso que se extenderá a lo largo de muchos años, y en el que desearán estar muy estrechamente relacionados no sólo este Parlamento, sino también un próximo Parlamento y una próxima Comisión y un próximo Consejo. 
También es bueno que hoy se hayan firmado compromisos que, en efecto, seguirán vigentes durante este largo período, porque como el Sr. Oostlander ha observado con razón, también al final de las negociaciones llega un momento de verificación para comprobar si, en efecto, ha llegado la hora de ofrecer la plena integración a los nuevos Estados miembros que han satisfecho las condiciones y que han concluido las negociaciones con éxito. 
Hago uso encantado de la ocasión que se me ofrece para realizar un par de observaciones acerca del informe Oostlander II, y sobre todo a la observación que ha hecho acerca de las prioridades como se han recogido en los borradores que también han llegado al Parlamento. 
Quisiera subrayar sobre todo que por naturaleza debe prevalecer la condicionalidad política como tal. En mi modesta opinión, esa condicionalidad se expresa de manera suficientemente clara tanto en el artículo 1 como en el artículo 5 del reglamento base. 
Pero también quiero hacer hincapié en la práctica. 
Las discusiones que hemos mantenido acerca de las, llamémoslas, deficiencias políticas en cierto número de países candidatos y el diálogo que hemos abierto al respecto con esos países y también aquello que se recoge en las actuales prioridades, estoy convencido de que reflejan el interés esencial de procurar que los países que desean adherirse, en efecto, ante todo se consideran países democráticos, países que respetan los principios del Estado de derecho, los derechos humanos y sobre todo también la protección de los derechos de las minorías. 
Al respecto no puede existir ninguna diferencia de opinión. 
En los países donde se violen gravemente estos principios básicos, la Comisión no propondrá nunca ni siquiera entablar negociaciones. 
También esto se le ha asegurado antes al Parlamento. 
Por último, el Sr. Oostlander ha hecho una observación acerca de la cuestión del corto plazo y del plazo medio. 
¿No es verdad que, sobre todo con respecto a las deficiencias políticas se debe aspirar a un corto plazo? 
Pero lo que se ha recogido en los acuerdos de cooperación bajo la prioridad del corto plazo son los asuntos en los que tenemos confianza, en los que estamos convencidos de que, en efecto, también a corto plazo, digamos en menos de un año, pueden llevarse a cabo y también pueden tener realmente un efecto, mientras que los asuntos a medio plazo son los asuntos de los que decimos: ésos necesitarán más tiempo para perfeccionarse. 
Ése es el fondo de la diferencia realizada entre el corto y el medio plazo. 
Vuelvo a agradecer a los estimados diputados su aportación a este debate y el apoyo que quieren dar a la actualmente rápida realización de esas asociaciones, de las que esperamos que el Consejo será capaz- uno de estos días, en cualquier caso la semana que viene- de aceptar efectivamente también las prioridades, las condicionalidades y los principios basándose en el fundamento legal que se ha tomado hoy, de manera que las asociaciones puedan completarse en el tiempo en el que el proceso oficial de ampliación se inicie, el próximo 30 de marzo. 
Señor Presidente, hemos escuchado con gran placer lo que se ha dicho y quiero creer que todo esto, no tengo razones para dudarlo, se aplicará de la forma en que aquí se ha analizado. 
El Sr. Oostlander en su formidable informe esencialmente pide que el Parlamento Europeo participe en todo el proceso de adhesión y esto es correcto. 
Es algo que todos aceptamos. 
Las observaciones que por momentos se han expresado creo que se apoyan en dos inquietudes: la primera es que el marco legal; tal como lo cubre la base legal que prevé este procedimiento, no prevé la consulta. 
Por consiguiente debería encontrase otro modo. 
Lo segundo es una inquietud en relación con la posibilidad de que haya algún retraso, dando por supuesto que el Parlamento tendría que disponer de un tiempo determinado en que formar sus posturas y opiniones. 
Tengo la impresión de que de este debate, tal como se está desarrollando, y lo sacaré a colación desde el punto de vista de los presupuestos a continuación, estos dos problemas se resuelven porque, si esencialmente, por lo que ha dicho el Sr. Presidente del Consejo y por lo que ha corroborado, de alguna manera, también el Comisario Van den Broek, si en esencia tenemos una consulta con todas las características de la consulta pero sin llamarla consulta, creo que no hay ninguna razón para avanzar en análisis adicionales de este tema. 
Sobre esto, señor Presidente, quería mencionar, entre paréntesis, que hay una tendencia general a excluir al Parlamento de procesos de este tipo y me refiero más concretamente al informe del Sr. Colajanni sobre el tema del MEDA. 
Quiero tener esperanzas en que también en eso se adopte un proceso que permita la intervención del Parlamento y su participación en todo el debate, para tener la posibilidad de estar informados también durante la duración del procedimiento, ya que hemos empezado por una aprobación de los comienzos y deberemos también aprobar las consecuencias. 
El segundo punto en relación con el cual hay intranquilidad es el tema del retraso. 
Creo que esto se ha solucionado. 
Podemos aplicar distintos sistemas, el Sr. Presidente del Consejo ha referido algunos, yo llamaré su atención sobre uno que seguimos en la Comisión de Presupuestos. 
Se tarta del sistema del ponente permanente, el cual se encuentra en relación permanente con los servicios competentes del Consejo y de la Comisión y así, en cualquier momento, la comisión competente está preparada para presentar un informe, para evitar los retrasos y las demoras. 
Seis semanas creo que son suficientes y pueden cubrir el problema muy cómodamente. 
El tema, pues, tal como queda, es que lo que se ha dicho aquí, pueda tomar una determinada forma y constituir un compromiso claro y concreto no sólo del Consejo, sino también de la Comisión. 
Y en este tema del compromiso, señor Presidente, creo que deberemos concentrar nuestra atención, porque si nos damos por satisfechos con promesas orales que, a continuación, por la presión de otros miembros del Consejo o por cualquier otra razón, toman una forma diferente, mucho me temo que, en caso de aprobarlo, tomaremos una decisión equivocada. 
Entonces debe haber una respuesta concreta y comprometida del Consejo, el cual tomará la responsabilidad; lo que se ha dicho que se convierta en acción, porque sólo de esta manera podrá el Parlamento desempeñar el papel que todos aceptan que debe desempeñar. 
Ahora, en cuanto al tema concreto de la Comisión de Presupuestos, hemos hecho determinadas enmiendas a los artículos 3 y 5 que se refieren a las competencias del Parlamento en el presupuesto. 
Quiero recordarles que, no lo olvidemos, el Parlamento es uno de las dos partes del Principio del Presupuesto, con una competencia especial en los gastos. 
Entonces es en interés de la Comisión y del Consejo de Ministros, que el Parlamento esté mezclado en el total del proceso desde el punto de vista financiero. 
Se ha confirmado que se evitan muchísimos retrasos y debates superfluos cuando el Parlamento, ejerciendo esta competencia suya por medio de la Comisión de Presupuestos, está mezclado en este tema desde el primer momento. 
Y quiero pedir, señor Presidente, a los responsables de la Comisión y del Consejo de Ministros, que tengan esto en cuenta cuando formen su propuesta final que, tal como he dicho anteriormente, quiero creer que será comprometida en el marco que antes dijimos. 
Es decir, una consulta que no sólo sea llamada consulta, sino que sea esencialmente una plena consulta del Parlamento a los otros dos órganos de la Unión Europea. 
Presidente, el punto político más importante que se ha tratado hoy aquí es el papel que podrá desempeñar o no podrá desempeñar el Parlamento Europeo en todo este proceso. 
He escuchado con mucha atención la intervención del ministro Henderson, y he de decir que me ha dejado igual, porque el deseo explícito de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa era que el Parlamento también fuera consultado oficialmente cuando surgieran modificaciones en cuanto a prioridades, en cuanto a objetivos a corto y largo plazo. 
En lo relativo a esto se nos ha ofrecido información, ningún derecho oficial de consulta. 
Eso es lo que habíamos solicitado. 
En lo que concierne a Bulgaria, dos observaciones. 
El programa nacional para el desarrollo regional todavía no se ha elaborado en Bulgaria, así que es imposible exigir que se puedan poner en pie antes del final de 1998 las estructuras regionales que se necesitan para llevarlo a cabo. 
La segunda es que solicitamos de manera muy expresa que se borre a Bulgaria de la lista negra en la regulación de visado. 
Señor Presidente, como el tiempo que se me ha asignado es muy breve, voy a decir tan sólo lo siguiente. 
En primer lugar, sobre las repúblicas bálticas: hay que tener presente que, pese a su pequeño tamaño, dichas repúblicas- y de todos los candidatos sólo ellas- estuvieron ocupadas por la Unión Soviética y consideradas partes de ella, a diferencia de otros países de la Europa central y oriental que al menos disfrutaron de una independencia formal. 
En segundo lugar, la seguridad y la paz en Europa, que es nuestra tarea principal, dependen de que se encuentre un modus vivendi fructífera con Rusia, a lo que contribuirá la incorporación de los países bálticos a la Unión. 
Por último, espero que los tres países bálticos puedan incorporarse a la Unión al mismo tiempo. 
Señor Presidente, es una agradable tarea presentar el informe sobre Hungría precisamente a la luz de lo que antes se ha dicho. 
Gracias a Dios, por fin no se ha hablado tanto de economía sino de seguridad y de política, pues a la postre la seguridad y la política son la llave que lo dirige. 
De la seguridad depende que sea posible un impulso económico. 
A este respecto, Hungría está en la afortunada situación de haber logrado ya antes unos grandes progresos. 
De los documentos que he tenido que ver en el marco de mi ponencia he podido extraer que ya en 1982, es decir, en unos tiempos en los que en Hungría aún imperaba un sistema de partido único, se configuró la legislación de tal modo para que Hungría pudiese convertirse en miembro de la Unión Europea. 
Por ello, no tenemos ni mucho menos los mismos problemas con el acquis communautaire que, lamentablemente, tienen aún otros países. 
En segundo lugar, Hungría tiene una antigua tradición democrática. 
Yo estuve presente en la primera sesión del Parlamento húngaro. 
He observado con seriedad a los diputados y solamente puedo decirles que eran tan buenos o malos como nosotros somos. 
Tenían una antigua tradición democrática. 
Se han producido entretanto cambios de poder sin dificultades. 
En Hungría tenemos un Parlamento en el que no hay ni un único representante de partidos radicales, ni de la derecha ni de la izquierda, por lo que se puede decir- ya que aquí se ha dado gran importancia a la democracia- que Hungría merece ser acogida lo antes posible en esta Unión, sobre todo porque esta Unión es en primer lugar una comunidad de seguridad que debe proporcionársela a todos sus pueblos, pues de la seguridad depende también el bienestar económico. 
Señor Presidente, lo manifestado por el Sr. Oostlander con relación al proceso de ampliación de la Unión en general, vale todavía más, si cabe, para Letonia. 
Se trata de un gran sueño que puede convertirse en realidad: un país donde hasta hace pocos años, no muchos, ondeaba la bandera roja de la Unión Soviética, podrá ver muy pronto ondear la bandera azul con las doce estrellas de Europa. 
Se trata de un país que ha realizado unos progresos enormes en los últimos tiempos: ha logrado nivelar el presupuesto, ha reducido la inflación y casi ha completado el proceso de privatización. 
Siguen existiendo dos grandes problemas, es decir, el problema de la minoría rusofona y, en consecuencia, el proceso de naturalización- los llamados no ciudadanos siguen siendo el 30 % de la población- y el problema del sistema judicial y administrativo. 
En este sentido, señor Presidente, déjeme decir que lo que redactó la Comisión en cuanto a la división entre los objetivos a corto y medio plazo no se corresponde con la realidad. 
Es un problema general- lo ha dicho el Sr. Oostlanderpara todos los países, sin embargo, por lo que atañe a Letonia no coincide con la realidad. 
Hay que estar atentos a no apretar demasiado el acelerador con respecto a ciertas cuestiones colocadas, erróneamente, a corto plazo y, por el contrario, sí hay que hacerlo con respecto a otras colocadas a medio plazo. 
Señor Presidente, estimados colegas, cuando uno, como danés, echa una ojeada al Mar Báltico, se da cuenta del modo en que este mar en un grado cada vez más alto contribuye a unir los países ribereños del Mar Báltico en una Baltic Area Corporation. 
Todo ello es una red que en realidad adereza y acompaña el trabajo político a fin de empujar sobre todo a los tres países bálticos a una cooperación europea en el marco de la Unión Europea. 
Uno lee diariamente en los periódicos y escucha en la radio la existencia de nuevos proyectos de circulación de pasajeros y artículos y ello refleja en la práctica la comunicación más estrecha que precisamente también conduce las perspectivas y objetivos políticos de los tres países bálticos, de Lituania, de Estonia y de Letonia. 
Los daneses en general también contemplan a los tres países bálticos como una especie de países nórdicos. 
Cooperamos también dentro del especial Consejo del Mar Báltico y en Dinamarca esperamos que Lituania sea el nuevo país presidente. 
Todo ello se compagina con el duro y determinado trabajo de Lituania para situarse económica y políticamente y en la vida social en suma dentro de una cooperación integral europea y de este modo también dentro de la UE. 
Lo cual apoyamos vigorosamente desde todos los lados del espectro político danés. 
Sea quien sea quien vaya a formar gobierno esta noche tras las elecciones que hoy tienen lugar en Dinamarca, se apoyarán estos esfuerzos. 
En todas partes existe la misma clara voluntad. 
Espero también que hoy el Parlamento Europeo dé una clara señal de modo que la población y no sólo la élite de los nuevos países miembros realmente comprendan y sientan que esta UE les da claramente la bienvenida como nuevos miembros. 
No les permitanos que lo duden ni un segundo. 
En los nuevos países arden en deseos de obtener una respuesta clara. 
Señor Presidente, en los preparativos para la asociación de adhesión de Polonia apoyo las prioridades a corto y medio plazo que ha propuesto la Comisión. 
Sólo quiero hacer algunas observaciones al respecto: en la reestructuración del sector del acero la Comisión debería prestar más atención a la minería pues es algo interdependiente. 
La Comisión menciona la reforma administrativa; se quieren reducir las voivodías de 40 a aproximadamente 10. 
Esto es especialmente importante para que se puedan solicitar los créditos de PHARE y sea más transparente adónde van a parar. 
Es lógico que se hable de la libertad de prensa, de la reestructuración de los servicios públicos, de la lucha contra el crimen y también de la corrupción. 
Estas son importantes tareas a las que debe enfrentarse Polonia. 
Señor Comisario, falta un importante punto. Falta por completo una observación sobre la política social. 
Todos sabemos que en Polonia debe ocurrir algo al respecto. 
No quiero destacar solamente las redes sociales sino decir además que necesitamos medidas en especial para las mujeres y para las familias. 
Permítanme que para finalizar haga una observación general sobre el procedimiento. 
Debe criticarse a pesar de las declaraciones que usted ha realizado. 
Creemos que no se debe bloquear todo el procedimiento, pero habría sido mejor si hubiese aplicado la democracia. 
Lo esperamos de los Estados candidatos. 
Hacemos de ello incluso el criterio para la adhesión. 
Deberíamos comenzar con nosotros mimos en la Comunidad. 
Señor Presidente, quisiera hacer tres observaciones. 
Creo que, como muchas veces se ha dicho, el proceso de ampliación tiene que ir seguido de una profundización y, lamentablemente, en todo este asunto nos encontramos ante una actitud por parte de las otras instituciones que no es, precisamente, positiva. 
Este Parlamento no ha sido consultado formalmente sobre el contenido de las Asociaciones para la Adhesión y, por lo tanto, estamos debatiendo una opinión política sin ningún poder jurídicamente vinculante. 
Más allá, por lo tanto, de algunas intenciones expresadas por el Presidente en ejercicio del Consejo durante esta sesión, esa crítica debemos mantenerla. 
En segundo lugar, muchas de las Asociaciones para la Adhesión sitúan las cuestiones de los principios democráticos y del respeto de los derechos humanos en el término del medio plazo, lo que, sin duda alguna, no es de recibo para esta Asamblea, que siempre ha insistido en la importancia de todos los criterios, empezando por el primer criterio establecido por el Consejo Europeo de Copenhague que se refiere a esas cuestiones esenciales. 
Y expongo la tercera observación respecto a la República Checa. 
Todos sabemos que ese país ha sufrido una importante crisis política, por otra parte normal en una democracia, pero que, sin duda, puede retrasar el cumplimiento de las condiciones para la adhesión en su momento. 
Sin duda alguna, subrayando lo dicho antes, nosotros señalamos fundamentalmente dos cosas: que la integración de la minoría gitana debe conseguirse a corto y no a medio plazo- todavía no hay medidas claras y podemos y debemos exigirlas de inmediato- y también la libertad de prensa y la reforma del sistema judicial. 
Estos temas deberían incluirse en el Acuerdo. 
Señor Presidente, creo que el principal problema político que debemos abordar es el de la solicitud del Parlamento de desempeñar plenamente su papel y el de la necesidad de que los ponentes para cada país jueguen plenamente su papel en las negociaciones de adhesión. 
Ésta es la cuestión fundamental y la Presidencia del Consejo ha insistido mucho en la palabra información. 
La información es fundamental para poder contar e influir; sin embargo, se trata tan sólo de una premisa, lo que se tendrá que ver en la práctica es cómo el Parlamento podrá influir y en qué medida se tendrán en cuenta las posiciones del Parlamento Europeo. 
Estoy, por el contrario, algo perplejo ante las respuestas que el Comisario Sr. Van den Broek ha ofrecido con respecto a las objeciones formuladas por el Sr. Oostlander en cuanto a la división entre corto y medio plazo. 
Me parece que dicha división entre corto y medio plazo sigue siendo algo vaga e imprecisa. 
Por último, creo que se plantea un problema en lo relativo a la financiación y la ayuda a los países candidatos a la adhesión y considero que es preciso conceder dicha financiación teniendo en cuenta la diferente capacidad de absorción de casa país. 
En lo que se refiere a Eslovenia, me parece que este país se está preparando seriamente y, por lo tanto, que se cumplen todas las condiciones para poner en marcha unas negociaciones serias e importantes. 
Presidente, como ponente para Eslovaquia estoy de acuerdo con el enfoque que ha elegido la Comisión en el acuerdo de cooperación presentado con Eslovaquia. 
Me parece que la Comisión ha elegido las prioridades adecuadas a corto y largo plazo. 
Mañana se debatirá aparte aquí, en este Parlamento, sobre la situación actual en Eslovaquia. 
Esa situación actual repercute también, naturalmente, en la evaluación de la relación con Eslovaquia. 
Los problemas políticos en ese país siguen en primer plano y dominan otras cuestiones que se desarrollan en el proceso de adhesión en lo referente a ese país. 
Confiamos en que en este año, en cualquier caso después de las elecciones en Eslovaquia, se verán progresos en ese país, pero debemos aguardar. 
En este momento el país se encuentra sin presidente. 
La situación actual es, por tanto, poco alentadora. 
El problema Meciar está dando en los últimos tiempos extrañas cabriolas. 
Creo que ese punto debe obtener el énfasis necesario los meses venideros en las negociaciones y los contactos de la Comisión con Eslovaquia, y esperamos que la Comisión hará esto también desde un planteamiento de diálogo y cooperación, porque al fin y al cabo no se trata de los intereses del Gobierno actual, sino de los intereses de la población de Eslovaquia. 
Formulé una pregunta muy directa y concreta al Comisario Van den Broek. 
La pregunta era si el procedimiento de acquis tiene diferente significado para los 5+1 que para los demás países solicitantes. 
Le agradecería, señor Presidente, que usted pidiera al Comisario Van den Broek que conteste mi pregunta. 
Por supuesto que quiero responder, Presidente, pero quizá esté bien que lo retome en la respuesta al final de las intervenciones. 
Señor Presidente, quiero manifestar mi apoyo al informe Oostlander y a su aprobación en el día de hoy porque creo que en política es importante dar mensajes adecuados y en el momento oportuno, y estamos en vísperas del comienzo de la Conferencia Europea. 
El Parlamento- y señalo que ha sido capaz de modificar la propuesta inicial de la Comisión y le dio al Consejo la oportunidad de poder hablar de un proceso conjunto de ampliación y, además, de un proceso global y con criterios de incorporación de todos, es decir, rompiendo la división entre el 5+1 y el resto -, debe dar, en el día de hoy, un mensaje positivo en relación con la ampliación y con el papel del Parlamento. 
Y quiero señalar que, siguiendo en nuestra línea, entiendo que debemos actuar de manera positiva en relación con el proceso de adhesión reforzada, y pienso que nosotros no debemos concebir nuestro papel de una manera defensiva, como Catones o como censores; nosotros tenemos que apoyar y acompañar a los países que están conquistando la democracia, consolidando su economía y aprendiendo la convivencia. 
Tenemos que actuar de manera positiva. 
He oído hoy algunas intervenciones en las que parecía que nos constituíamos en una especie de gran jurado en relación con estos países. 
Yo creo que el mensaje que tenemos que dar es positivo. 
Y, en relación con el papel del Parlamento, yo querría pedir al señor Presidente en ejercicio del Consejo y al señor Comisario que precisen el valor que tienen la carta del Presidente, Sr. Cook, y la carta del Presidente de la Comisión, Sr. Santer, dirigidas al Presidente del Parlamento, que tendrá que comparecer mañana en la Conferencia Europea, en el sentido siguiente: entiendo que estas cartas y la propuesta que ha hecho el Presidente del Consejo tienen el valor de lo que los anglosajones llaman «constitutional convention» , es decir, es una propuesta de acuerdo constitucional que responde a lo que en el Parlamento, a lo que en la Unión, entendemos como acuerdos interinstitucionales. 
Y entiendo que si ese compromiso es ratificado por el Consejo y por la Comisión, nosotros tenemos que aceptarlo. 
Tiene que registrarse con la solemnidad que debe tener una manifestación hecha en el Pleno del Parlamento. 
Y esa debe ser la norma de conducta y de comportamiento que debemos seguir todos porque yo creo que no tiene mucho sentido que, en un momento en el que el Parlamento está contribuyendo positivamente al proceso de ampliación, limitemos nuestra actuación a una queja. 
Si ha habido una respuesta, que esa respuesta tenga un valor oficial y que en adelante sea la norma de conducta para un proceso tan sugestivo y tan complejo. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, con el informe Oostlander creo que el Parlamento Europeo realiza una importante aportación al impulso constructivo del proceso de ampliación. 
Para nosotros, esta ampliación es una de las tareas esenciales de los próximos años y el Parlamento Europeo querrá sin duda dar los impulsos decisivos para ello. 
También es importante constatar que no solamente damos valor a los criterios económicos y no consideramos la ampliación como un fenómeno meramente económico. 
Por el contrario, damos una gran importancia a que se imponga el criterio político de Copenhague, es decir, la democracia y los derechos humanos y que quede claro de antemano en esta ronda de ampliación que la Unión Europea tiene una dimensión política y no sólo económica. 
En este sentido, las personas que mantienen las negociaciones pueden contar con el Parlamento Europeo. Precisamente este punto debe desempeñar un importante papel, ya que debemos ratificar al final. 
Expreso mi agradecimiento al Comisario y al Presidente del Consejo por algunas aclaraciones que se han realizado aquí en lo tocante a la participación del Parlamento Europeo en el proceso en el marco de las asociaciones así como en la totalidad del proceso de ampliación. 
Parto del hecho de que la commitment de la Presidencia se va a lograr imponer también en el Consejo. 
Lo apoyaré suponiendo que será aprobado del modo correspondiente por el Consejo ya que, de lo contrario, se produciría una crisis de credibilidad entre las instituciones. 
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, también estoy seguro de que el Consejo y la Comisión debatirán del modo adecuado los resultados de los acuerdos del Parlamento y quizás sería positivo si se expresase esto aquí. 
Por lo demás, señor Presidente del Consejo, quisiera plantear aún una pregunta. 
¿Qué es lo que se esconde tras el concepto appropriate opportunity? 
¿Se quiere indicar, por ejemplo, que el Parlamento Europeo dispondrá como máximo de seis semanas o, como ha dicho el Sr. Comisario, de un tiempo suficiente para debatir esta información? 
Señor Presidente, Señorías, el acercamiento de los países de la Europa central y oriental que quieren ingresar a los estándares políticos y económicos de la UE es una necesidad incondicional para hacer posible a largo plazo una adhesión de esos Estados sin violar al mismo tiempo intereses legítimos de los Estados miembros. 
Las asociaciones de adhesión con los países candidatos son el instrumento más importante para configurar del modo más eficiente ese acercamiento en interés de todos. 
Lamentablemente, la Comisión y el Consejo valoran por enésima vez de un modo diferente los argumentos presentados por el Parlamento sobre la configuración de estas asociaciones de adhesión y, en consecuencia, valoran de modo diferente a como lo hace el Parlamento Europeo varios factores importantes. 
Para mí es incomprensible porqué las asociaciones de adhesión no se han configurado de modo que se pudiesen tener en cuenta de un modo más específico las necesidades concretas de cada país. 
Es algo evidente que debido a las condiciones económicas, políticas y geográficas, los problemas, por ejemplo de Eslovenia, son diferentes a los de Letonia. 
Me parece absolutamente necesaria una mayor participación del Parlamento. 
Se posponen provisionalmente criterios considerados como importantes e irrenunciables para las asociaciones de adhesión o se valora de modo diferente la factibilidad de medidas muy amplias y complicadas. 
Creo que es un deseo conjunto de esta Asamblea que esto debe ser modificado y que debe ser tenida en cuenta la posición del Parlamento. 
Señor Presidente, la ampliación de la Unión Europea es un proceso histórico. 
Esas asociaciones para la adhesión son la piedra angular misma del proceso no excluyente de ampliación que el Parlamento ha pedido. 
Dada su importancia, resulta decisivo que todos avancemos juntos. 
Las tres instituciones deben cooperar unas con otras. 
Acojo con beneplácito las declaraciones hechas por el Consejo y la Comisión a ese respecto. 
También debemos trabajar en asociación con los países candidatos. 
El Sr. Cars tiene toda la razón; debemos trabajar en asociación con los 26 parlamentos nacionales. 
Ese proceso es tan importante, que durante ese debate no debemos dejarnos llevar por otros ataques de adicción institucional ni por talantes egolátricos e interesados. 
Personalmente, me ha encantado descubrir en las últimas semanas que el Partido Conservador británico es ahora el adalid de los derechos del Parlamento Europeo, aunque lamento que ello haya redundado en detrimento de su antiguo compromiso con la ampliación de la Unión Europea. 
Sin duda será parte de las reformas del Sr. Hague. 
Hemos oído hablar de retrasos: retrasos de unas semanas. 
Mi respuesta a eso es la de recordar al Parlamento las palabras de William Shakespeare en Julio César: » La fortuna en los asuntos humanos estriba en no dejar pasar la pleamar». 
Ésta es una de esas ocasiones. 
O como diría el grande y malogrado Elvis Presley: » O ahora o nunca... mañana será demasiado tarde». 
Quisiera instar al Consejo y a la Comisión a una sola cosa: el mayor problema que tienen los países candidatos a la adhesión es la capacidad de su administración pública, sus sistemas administrativos y sus sistemas jurídicos para hacerse cargo del acervo comunitario. 
Quisiera instar a que hagamos el mayor hincapié en esos aspectos de las asociaciones para la adhesión a fin de que estén preparados para unírsenos lo antes posible. 
Permítaseme recordar a Sus Señorías lo que he dicho. Ahora es el momento, mañana será demasiado tarde. 
Señor Presidente, es evidente que hace falta prestar asistencia financiera a los Estados candidatos para contribuir al avance del proceso de ampliación. 
Sin embargo, es oportuno que el Parlamento haga hincapié en que el desarrollo de la democracia y el respeto del imperio de la ley es una prioridad y que, si algún candidato revela deficiencias manifiestas a ese respecto, se adoptarán medidas. 
Además, es oportuno que se consulte a este Parlamento por adelantado respecto de los principios y las condiciones para las asociaciones que la Unión va a establecer con cada uno de los candidatos. 
Al fin y al cabo, el Parlamento Europeo tiene la última palabra sobre si un país candidato debe ingresar o no. 
Al ampliar la Unión Europea en lugar de profundizarla y al hacerla más democrática y diversificada en lugar de más burocrática y centralizada estriba la mejor vía por la que avanzar para todos los ciudadanos de Europa. 
Los ciudadanos desean una cooperación sensata y no un federalismo dogmático. 
Señor Presidente, creo que en este Parlamento nadie quiere ni puede retrasar la gran cita que nos espera, la de la ampliación. 
Nadie quiere ni puede, ni debe secuestrar esta ampliación para batallas entre instituciones. 
No es nuestro propósito. 
Nos alegramos de la rápida adopción del reglamento marco y de la decisión que se ha tomado sobre esta base, por mayoría cualificada, sobre los principios y las prioridades, los objetivos intermedios y las condiciones de cada asociación individual. 
Y nos alegramos de la declaración de esta mañana, aquí, del Consejo y de la Comisión, según la interpretación que ha hecho nuestro colega el Sr. Barón Crespo. 
Dicho esto, no nos equivoquemos sobre el significado político de los desafíos y debates que mantenemos desde hace un mes aquí mismo. 
Se caracterizan por una importante significación política, en cuanto al papel institucional de unos y otros. 
No, el Parlamento Europeo no desea, no pide negociar las ampliaciones en lugar del Consejo y la Comisión. 
Por el contrario, la significación política de una solicitud de transparencia, de una solicitud de comprensión, de una solicitud de información, incluso de consulta si fuera necesario, sobre estas cuestiones fundamentales para el futuro de la Unión está clara: sí, el Parlamento desempeña en este sentido su función y nosotros hemos de apoyar las iniciativas orientadas en este sentido. 
Deseo llamar la atención del Consejo: no se equivoquen sobre el significado de los discursos y de los diálogos que entablen sobre esta base con nosotros. 
En ello va la comprensión de nuestra construcción europea para los países candidatos. 
También va en ello la importancia del proceso de ampliación para nuestros ciudadanos, ya que a falta de transparencia del proceso iniciado, nuestros conciudadanos no comprenderán la obra que hemos emprendido. 
Permítame, para terminar, señor Presidente, aprovechar esta ocasión para recordar nuestra adhesión a las conclusiones- a todas las conclusiones- del Consejo Europeo de Luxemburgo. 
Para ello, insistiré en las dimensiones siguientes: en primer lugar, la cuestión previa institucional, evidentemente. 
Sobre este compromiso esperamos propuestas en lo que se refiere a método y calendario, es urgente. 
En segundo lugar, la importancia que concedemos a la Conferencia Europea. 
Nos alegramos de su apertura mañana. 
Concedemos mucha importancia a su contenido, sobre todo a la política exterior, de seguridad y defensa. 
Señor Presidente, el objetivo de las numerosas iniciativas dirigidas a constituir el eje de la estrategia para la ampliación, es el de garantizar que los países candidatos cumplan las condiciones políticas y económicas establecidas por el Consejo Europeo de Copenhague. 
Esto permitirá sentar las bases de las negociaciones en un principio fundamental para el proceso de ampliación, o sea, la oposición a todo tipo de lógica que permite a los países interesados escapatorias o excepciones respecto a las obligaciones políticas establecidas. 
Somos conscientes de que, en este esfuerzo de dar un mayor impulso a esta etapa de aproximación, las asociaciones de adhesión y el sistema de programación y de evaluación constituyen un aspecto fundamental de toda la estrategia de adhesión y que la asistencia prestada por la Unión Europea debe desembocar en un nuevo marco, esto es, en una asociación de adhesión con cada uno de los países candidatos. 
Parece oportuna la introducción por parte de la Comisión de la llamada cláusula de condicionalidad en la nueva estrategia de adhesión. 
La concesión de la ayuda de preadhesión debe supeditarse cada año al grado de consecución de los objetivos y de cumplimiento de los compromisos asumidos, así como a los avances del programa nacional de adhesión. 
Los países de Europa central y oriental deberán respetar rigurosamente los compromisos asumidos en lo relativo a la democracia y los derechos humanos, la protección de las minorías y la adopción del acervo comunitario, so pena la suspensión de la asociación. 
Deseo, por último, hacer hincapié en la gravedad... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, quiero decir dos cosas sobre este debate. 
Nos encontramos en vísperas de una importante evolución en Europa, de un proceso de ampliación que nos va a ocupar- tal como ha dicho acertadamente el diputado Spencer- durante los próximos diez o quince años o quizás incluso aún durante más tiempo, pues no concluirá con los once candidatos actuales. 
Se encontrarán siempre varios ante las puertas de la Unión Europea esperando que se les deje entrar. 
Ante este proceso, es absolutamente necesario que el Parlamento Europeo, como representante directamente elegido de los pueblos de Europa, participe de modo continuado y regular en este asunto y no que firme casi un cheque en blanco al principio sobre este proceso para que al final pueda decir de nuevo qué opina, si sí o no. 
Por ello, considero que es correcto el deseo de que el Parlamento participe también durante la estrategia de acercamiento, durante las asociaciones de adhesión. 
Por el contrario, lo que quisiera evitar es una señal errónea del Parlamento Europeo. 
No debemos ser nosotros los que cerremos las puertas a los países candidatos antes del proceso de ampliación. 
Espero por ello que lleguemos a un compromiso en este asunto. 
(El Presidente retira la palabra a la oradora) 
Señor Presidente, ha sido usted muy generoso en el tiempo asignado al Presidente en ejercicio. 
¿Puedo abordar una o dos observaciones que se han hecho en el debate? 
En primer lugar, ha habido una pregunta sobre el carácter de la carta del Sr. Cook a usted, señor Presidente, y también sobre el carácter de las observaciones que yo he hecho esta mañana; la han formulado el Sr. Barón y también el Sr. Brok. 
La carta del Sr. Cook era un documento de antecedentes de la Presidencia. 
La posición que he esbozado esta mañana en mi intervención anterior es una declaración de la Presidencia que cuenta con el respaldo- y, por tanto, la autoridad- del Consejo. 
Espero que esto ayude a Sus Señorías a considerar más detenidamente algunas de las observaciones de fondo que he intentado formular en mi intervención anterior. 
La Sra. Berès ha planteado la cuestión del calendario, que es una cuestión importante. 
En cuanto a la pregunta sobre el tiempo de que debe disponer el Parlamento para emitir su dictamen, sería un error por nuestra parte que nos comprometiéramos a un período determinado en cada ocasión. 
Tal vez sea útil que explique que, según mi interpretación, el período de tiempo apropiado sería el necesario para permitir el desarrollo normal de los procesos entre un Pleno y otro, entre un Consejo y otro dentro del marco institucional, que es de cuatro, cinco o seis semanas. 
No me parece que deba ser mayor de seis semanas. 
En muchos casos podría ser más breve y puede haber ocasiones en que haya asuntos muy urgentes que se deban abordar en un período mucho más corto que cuatro semanas. 
En la marcha normal de los trabajos, sería esa clase de período de cuatro, cinco o seis semanas y espero que esto resulte útil. 
La tercera observación que han hecho varios oradores esta mañana es la cuestión general de la participación de los ciudadanos de Europa. 
Permítaseme decir con claridad que la Presidencia y el Consejo están absolutamente comprometidos con el proceso de ampliación. 
No todo irá viento en popa. 
La ampliación tiene un aspecto muy favorable que entraña posibilidades de grandes beneficios en seguridad y grandes beneficios en perspectivas económicas, pero hay cosas que la Unión debe abordar en el período previo y algunas de ellas entrañarán decisiones difíciles. Es importante que llevemos con nosotros a la opinión pública para que el público esté plenamente informado y conozca las cuestiones que están en juego en ese proceso. 
Por eso creo que es muy importante que se asigne un papel al Parlamento Europeo para que pueda expresar su opinión, que el público participe en un diálogo y también plantee las cuestiones ante el público. 
Es importante que el Parlamento tenga esa oportunidad de expresar esas opiniones antes de que el Consejo adopte una decisión sobre los asuntos que tenemos ante nosotros. 
Le agradezco, señor Presidente, por haberme brindado una vez más la oportunidad de intentar aclarar algunos de esos aspectos y espero que se den seguridades al Parlamento que le permitan emitir un dictamen a fin de permitir que el proceso de ampliación avance de forma rápida y eficaz. 
Señor Presidente, sobre una cuestión reglamentaria. 
De conformidad con el artículo 60 del Reglamento, esta mañana he de recomendar a esta Asamblea, como presidente de la comisión competente, la devolución o no a comisión. 
Así, pues, ésta es la última oportunidad que tengo, en nombre de la Asamblea, para pedir a la Presidencia que aclare un último aspecto. 
Le agradezco los avances que hemos logrado durante el debate de esta mañana, en particular sobre el calendario y la aclaración de la posición del Consejo. 
Le pido que dé un último paso hacia nosotros. 
Le he entregado un texto, que se le distribuyó ayer, en el que se expone con claridad la posición: después de la votación en el Pleno, el Consejo y la Comisión aprovecharán la oportunidad más temprana para examinar las opiniones del Parlamento. 
En este momento lo único que dice usted es que tenemos la oportunidad de expresar las opiniones del Parlamento. 
Señor Presidente en ejercicio, tenemos siempre la oportunidad. 
Queremos que nos confirme que el Consejo y la Comisión, como ha indicado el Sr. Van den Broek, examinarán nuestras opiniones, porque ésa es la forma de conseguir el apoyo público, a la que se ha referido usted, mediante un cauce parlamentario, para lo que estamos intentando hacer respecto de la ampliación. 
Si pudiera darme esa seguridad ahora, no se plantearán situaciones desagradables en un momento posterior de hoy. 
Señor Presidente, tengo mucho gusto en indicar que la Presidencia tiene la intención de hacer que el Consejo examine las opiniones del Parlamento antes de que el Consejo adopte una decisión. 
Carecería de sentido celebrar una consulta... 
... y escuchar las opiniones, si no se fueran a tener en cuenta. 
Naturalmente, se tendrán en cuenta. 
Señor Presidente, Alianza Nacional votará a favor de este informe, aunque va a hacer hincapié en las reservas que muchas veces expresamos en este Pleno en lo referente al problema de la ampliación a algunos países que, todavía, no parecen mostrar su total adhesión al que es el espíritu de la unión política europea. 
Deseo recordar que, hace pocos días, el Embajador esloveno en Roma adoptó una posición absolutamente increíble en cuanto a los bienes confiscados a los italianos y a las víctimas de las simas. 
Creo que es importante y justo ampliar la Unión Europea a otros países, aunque dicha unión no puede realizarse antes de alcanzar esa unión política que es la única premisa para lograr la paz y el progreso de nuestros Estados. 
Por lo tanto, un voto con reservas, porque ha de quedar claro que Alianza Nacional se muestra favorable a Europa y a la ampliación, pero está en contra de una unión sólo económica y basada únicamente en los intereses particulares de las grandes capitales o de algunos Estados de la Unión. 
Presidente, si se me permite, añadir a ese júbilo que, desde luego, la Comisión por su parte no sólo está dispuesta, sino que también emprenderá avances para estudiar las ideas del Parlamento junto con el Consejo. 
Si esta evidencia se vuelve a confirmar expresamente hoy una vez más, puede seguir obrando en pro de la claridad. 
Yo creía que con ello todos los aspectos conformes al procedimiento habían sido ampliamente tratados, porque a ese respecto se ha tomado una medida drástica de acuerdo. 
Si se me permite limitarme a la contestación de algunas preguntas que se me han planteado más específicamente, en primer lugar la del Sr. Cars que duda hasta qué punto ahora la globalidad del proceso de ampliación se pospondrá con el tacto suficiente para el procedimiento que proponemos seguir en el así llamado screening. 
Precisamente para hacer justicia a esa globalidad, a la que Luxemburgo ha dedicado tanta atención, he decidido abrir el comienzo del screening como tal con los once países a la vez, tras lo cual se deberá continuar naturalmente en dos grupos, y seguidamente por país. 
¿Por qué en dos grupos? 
Porque este análisis del acervo para el grupo que va a negociar tiene como objetivo identificar los asuntos sobre los que deben versar las negociaciones, mientras que para aquellos que todavía se están preparando para las negociaciones, esta evaluación del acervo tiene como objetivo acelerar el proceso de recuperación para poder cumplir tan rápido como sea posible con las condiciones para empezar a negociar. 
Además, también se deberá tratar, naturalmente, a cada país negociador de manera específica para ver hasta qué punto puede incluirse con los otros seis o aparte. 
Puedo imaginarme que eso debe tener muy pronto una base bilateral, porque los asuntos sobre los que se negocia diferirán de país a país. 
Retomo por un momento observaciones que se han hecho acerca del corto o largo plazo, porque tengo la sensación de que evidentemente no lo hemos dejado del todo claro. 
La práctica lo demostrará, diría yo, pero el corto o el largo plazo no son en primer lugar establecidos para indicar la urgencia de los problemas identificados. 
La diferencia entre corto y largo plazo se hace sobre todo basándose en la expectativa de lo que se pueda realizar de manera efectiva a corto plazo y de lo que, por el contrario, necesita un período de tiempo mayor para realizarse. 
Eso hemos intentado explicar en estas cooperaciones al definir las prioridades. 
También quisiera asegurar al Sr. Titley- por lo demás ya lo hemos hecho en anteriores intercambios de ideas- que el aspecto global del refuerzo de la capacidad administrativa y jurídica, también en los órganos públicos, tiene gran prioridad en todos los países candidatos. Eso no se puede fijar a corto plazo, por la sencilla razón de que por lo general se trata de procesos de tal envergadura que en el mejor de los casos se está hablando de muchos años, lo que no quiere decir que no haya que empezar inmediatamente. 
De ahí también que haya tenido lugar una reorientación del PHARE, en la que todo lo que tenga que ver con institution building y el refuerzo de la administración es competencia de esa categoría del 30 % de los medios PHARE, que se ha señalado como cantidad prevista aproximada para disponer de ella. 
Por tanto, obtendrá toda la atención que se merece. 
Ése era brevemente el par de observaciones que quería hacer en respuesta a las preguntas planteadas. 
Señor Presidente, ese punto del corto y medio plazo era precisamente el punto que se trataba. 
Lo curioso es que el Comisario dice ahora: se trata de nuestras expectativas de cuándo algo será realizable. 
Si hablamos de la independencia de los tribunales y el respeto a la constitución y el acceso igualitario a los servicios públicos que en algunos casos se han nombrado dentro del medio plazo, eso significa entonces que la Comisión no cree que el país en cuestión esté preparado para realizar esa independencia, esa accesibilidad, etcétera, a corto plazo. 
Pero eso es una posición muy distinta: entonces ya no se trata de la complicación del proceso, sino de su apreciación personal de la disposición de un país para comportarse normalmente a corto plazo. 
Ésa no puede ser la intención de esta división en corto y medio plazo, señor Presidente. 
Presidente, con corto plazo nos hemos referido a aquello que según nuestra opinión ya se puede realizar en 1998. 
Y no digo que determinadas partes de la constelación política o deficiencias en el terreno de la democracia, los derechos humanos y similares tal vez no puedan ser todavía mejoradas este año. 
Naturalmente, es difícil establecer la frontera exacta, pero espero que se haya indicado claramente que con corto o largo plazo no se trata de hacer una valoración de la urgencia de los asuntos que deben ocurrir, sino de la estimación del tiempo que se necesita para corregir de forma efectiva esos asuntos en su conjunto. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre la situación en Kosovo. 
Señor Presidente, deseo comenzar agradeciendo a quienes han presentado hoy esta propuesta de resolución para este debate, porque han brindado a esta Asamblea la oportunidad de expresar la profundísima preocupación que todos compartimos- estoy seguro- ante la grave violencia que se ha producido en Kosovo en las dos últimas semanas. 
Sé que todos los Estados miembros de la Unión Europea comparten esa preocupación. 
Las operaciones policiales en torno a los pueblos de Drenica y Prekaz de la semana pasada han tenido, al parecer, como consecuencia la muerte de al menos 80 personas. 
Las autoridades de Belgrado alegan que fue una legítima acción antiterrorista de la policía. Pero no parece haber habido proceso judicial alguno antes de las muertes y resulta trágico que, según las informaciones de la prensa local, muchos de los muertos fueran mujeres, niños y ancianos. 
Belgrado no puede hacer pasar semejantes actos represivos como un asunto puramente interno. 
Las violaciones de los derechos humanos son un asunto que nos concierne a todos nosotros y la Unión Europea tiene una responsabilidad particular con vistas a reducir la tensión en esa región antes de que cause inestabilidad en los países vecinos. 
Es esencial que la reacción internacional a la crisis sea uniforme y coherente. 
Sabemos por la negativa experiencia propia de los primeros días de la guerra de Bosnia que las divisiones internacionales socavan nuestras gestiones. 
La Presidencia ha procurado hablar con voz clara y firme en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea. 
¿Qué hemos hecho? 
En primer lugar, hicimos pública una declaración acordada el 2 de marzo en la que se condenaba sin reservas la utilización de la violencia por cualquier bando y se pedía a los dos bandos que resolvieran la situación mediante un diálogo completo y constructivo. 
En segundo lugar, Robin Cook visitó Belgrado el 5 de marzo, en nombre de la Presidencia, para expresar con claridad al Presidente Milosevic la inquietud sentida en la Unión Europea. 
En tercer lugar, el Sr. Cook acogió una reunión de los países del Grupo de Contacto en Londres el 9 de marzo. 
El Grupo acordó un plan de acción severo, encaminado a estabilizar la situación en materia de seguridad en Kosovo, incluidas medidas inmediatas contra la República Federativa de Yugoslavia, una lista clara de las medidas que esperamos que el presidente Milosevic adopte en el plazo de diez días para poner fin a la violencia e iniciar un diálogo político válido y el compromiso de examinar de nuevo la situación el 25 de marzo y, de ser necesario, adoptar medidas suplementarias. 
Mi colega el Sr. Tony Lloyd está en este momento visitando esa región como enviado de la Presidencia. En Belgrado transmitirá el mensaje de firmeza de la Unión Europea y de los países del Grupo de Contacto. 
En otros lugares su objetivo primordial será el de escuchar lo que hayan de decir los países vecinos sobre las consecuencias para la seguridad regional de la situación en Kosovo y examinar lo que se pueda hacer para satisfacer esas preocupaciones. 
En quinto lugar, en los próximos días, examinaremos activamente con nuestros socios y otros interesados qué más se puede hacer para transmitir con toda claridad el mensaje al Presidente Milosevic de que debe cambiar de actitud. 
Hay varias oportunidades para ello: la Conferencia Europea con los Estados asociados el 12 de marzo- mañana- brinda una oportunidad evidente. 
La reunión oficiosa de ministros de Asuntos Exteriores de la UE que se celebrará en Edimburgo los días 14 y 15 de marzo es otra oportunidad y hoy las opiniones del Parlamento serán particularmente oportunas. 
Se nos pregunta cuál es la posición de la Unión Europea. 
Permítaseme intentar aclarar también eso. 
No apoyamos el separatismo ni la independencia de Kosovo, pero insistimos en que Belgrado conceda una autonomía real. 
Resulta irónico que los albaneses de Kosovo disfrutaran de una mayor autonomía bajo regímenes anteriores que con el Gobierno del Presidente Milosevic. 
Conseguir que las autoridades de Belgrado y los dirigentes de la comunidad albanesa de Kosovo inicien un diálogo válido sobre las diferencias existentes entre ellos es la única oportunidad para lograr una solución pacífica. 
La tragedia es que la reciente actividad militar en Kosovo puede haber servido simplemente para socavar la posición de los moderados de ambos bandos y aumentar el apoyo al terrorismo. 
Es evidente que la interrupción de todas las operaciones policiales en Kosovo es un requisito previo para el diálogo. 
Por eso, la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional debemos hacer todo lo posible para mantener la presión sobre el Presidente Milosevic e impedir que se pierda el control de la situación en Kosovo. 
Tengo entendido, por lo que dicen esta mañana los medios de comunicación, que el Gobierno serbio ha hecho una declaración en respuesta a las medidas adoptadas a principios de esta semana. 
En este momento no puedo responder a dicha declaración, porque aún no he recibido el texto completo. 
Sin embargo, puedo comprometerme a que estudiaremos y evaluaremos detenidamente hasta qué punto dicha declaración satisface las preocupaciones planteadas por el Grupo de Contacto el lunes pasado. 
Espero que estas observaciones sean una base sobre la que celebrar un debate esta mañana sobre esa situación- gravísima y que en muchos sentidos se está deteriorando- en Kosovo. 
Permítaseme unirme a la Presidencia para decir que estamos totalmente en guardia ante la explosiva situación de Kosovo. 
Tuve el privilegio de asistir a la reunión del Grupo de Contacto en Londres, que fue presidida con mucha destreza por el Secretario del Foreign Office Sr. Cook y en la que se dieron- creemos nosotrosvarias señales claras al Presidente Milosevic para convencerlo de la necesidad de adoptar iniciativas con vistas a un diálogo y a una solución pacífica en la que se establezcan claramente los parámetros de lo que podemos apoyar y lo que no. 
De esa reunión resultó muy claro que no se puede dar por sentado que el Presidente Milosevic vaya a actuar en la dirección necesaria para prevenir una explosión en Kosovo, con todas las desastrosas consecuencias humanas y otras consecuencias transfronterizas y la desestabilización que una falta de solución podría provocar. 
Por eso fue muy atinado que el Secretario del Foreign Office, Sr. Cook, propusiera que se volviese a reunir el Grupo de Contacto- que probablemente se reunirá en Washington el 25 de marzo- y también incluir la cuestión de Kosovo en el orden del día de la reunión oficiosa de ministros de Asuntos Exteriores que se celebrará los próximos viernes y sábado. 
La Comisión Europea está preparando su informe periódico sobre la evolución de la situación en la región de los Balcanes y resulta lógico que en las circunstancias actuales no se pueda esperar que la Comisión recomiende al Consejo el restablecimiento de las medidas comerciales autónomas para la República Federativa de Yugoslavia o que llegue al extremo de recomendar la incorporación de dicha República al programa PHARE o iniciar las negociaciones pidiendo un mandato para las negociaciones sobre un acuerdo de cooperación y comercio. 
También estamos estudiando en este momento las conclusiones que se sacaron en el Grupo de Contacto sobre otras medidas económicas y financieras para intensificar la presión sobre la República Federativa de Yugoslavia a fin de incitarla a adoptar iniciativas constructivas. 
Apenas hace falta que repita, después de la Presidencia, que la Comisión Europea comparte la mayor preocupación posible por lo que está ocurriendo en aquel país. 
No podemos considerar la situación en Kosovo sin recordar cómo comenzó todo en 1991. 
Debemos tener en cuenta que puede llegar a ser necesario adoptar medidas de mucho mayor alcance, para prevenir un desastre. 
La Comisión Europea desea profundamente que en primer lugar la Unión Europea y sus aliados tengan valor para adoptar las medidas necesarias que pueden resultar inevitables en un futuro próximo. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, naturalmente hay que apoyar plenamente lo que han dicho. 
Sin embargo, permítanme que realice algunas observaciones críticas al comienzo de mi breve intervención. 
Señor Comisario, al principio le he apoyado plenamente en su debate con Oostlander- no sé si se ha dado cuenta claramente de ello- pero debo preguntar críticamente si la Unión Europea estaba en general preparada para lo que está ocurriendo ahora en Kosovo. 
No es la primera vez que hablamos sobre Kosovo. 
Tras una visita de la delegación para el Sureste de Europa con la señora Pack como Presidenta, hemos llamado la atención en esta Asamblea sobre el polvorín de Kosovo. 
La Unión Europea no ha hecho demasiado al respecto. 
No se ha presionado para que la Unión Europa abra una oficina allí ni se ha nombrado un encargado especial, lo que hemos exigido también últimamente de modo oficial. 
Señor Comisario, al encender hoy la televisión he sentido vergüenza al ver al representante de los Estados Unidos, el enviado especial en Pristina, pero a ningún enviado especial europeo. 
Sí, el Ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña ha estado en Belgrado, ahora hay un empleado pero ¿porqué la Unión Europea- sabiendo que se trata del mayor polvorín de Europa y de que se puede producir un enorme incendio que se puede extender con rapidez- no se ha esforzado más intensamente en el pasado? 
Sé que no es fácil porque no tenemos un interlocutor real en el lado yugoslavo o serbio. 
Pero de nuevo ocurre que los norteamericanos se encuentran en el lugar con un enviado especial y que toda Europa y todo el mundo mira quién se ocupa de este problema: no la Unión Europea sino Norteamérica. 
No quiero echar aquí las culpas a nadie de modo personal sino que nosotros mismos debemos darnos golpes de pecho. 
De nuevo hemos desatendido una región europea. 
¿Porqué es tan importante que Europa se preocupe? 
En primer lugar, porque está claro que allí están en juego los derechos humanos más elementales. 
Por eso, tenemos que decir al Sr. Milosevic que no es aceptable su afirmación de que se trata de un mero problema interno. 
No, la protección de la minoría- en este caso, incluso de la mayoría- en la región es un asunto que desborda las fronteras nacionales. 
A esto quizás viene a sumarse algo. Quizás no hemos mostrado con la suficiente claridad al Sr. Rugova y a su gente que solamente defendemos una autonomía dentro de Yugoslavia. 
Lo que está pasando ahora, que el Sr. Rugova y otros claman cada vez más fuertemente por la independencia y la modificación de las fronteras no es aceptable para nosotros. 
Este mensaje hay que mandárselo no solamente a Milosevic sino también a Rugova y a los albanos. 
Pero puede ser que sea demasiado tarde pues debido a la frustración, el grito de independencia es cada vez mayor. 
Señor Comisario, estoy plenamente de acuerdo con las medidas. 
Debemos apaciguar este foco de conflictos y ayudarles, por ejemplo, en especial a Macedonia, que se ve especialmente afectada. 
Me voy a referir al segundo punto. 
¿Porqué es tan importante, porqué se puede expandir el conflicto? Porque Albania no está estabilizada, porque, lamentablemente, en Albania hay también fuerzas, sobre todo dirigidas por el anterior Presidente Berisha, que ahora azuzan e intentan añadir leña al fuego arrastrando también a Fatus Nano, el Presidente del Consejo de Ministros, que al principio tenía una actitud muy reservada, a una posición relativamente extrema. 
En tercer lugar, de nuevo parece como si se tratase de un enfrentamiento entre la Europa cristiana y el Islam. 
También se ha debatido al respecto. 
El viernes mantuve una extensa conversación con Silajdzic, el Presidente del Consejo de Ministros de Bosnia-Herzegovina, en la que salió también el tema, por lo que es un asunto especialmente peligroso del que nos debemos ocupar también de modo especial. 
Le doy la razón: presión política y económica allí donde parezca necesario aunque yo no creo que unas amplias sanciones sean el medio más eficaz, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho el grupo de contacto. 
Deberíamos recapacitar sobre la posibilidad de enviar una fuerza policial para apaciguar la situación. 
El hecho de que los albanos en lo esencial tienen enfrente sólo a policía serbia es por supuesto un problema. 
Milosevic debe saber que llegado el caso, si actuase realmente de modo brutal, es también posible una intervención militar. 
Debe saberlo precisamente para evitar la intervención militar y para que Milosevic haga lo que ha dicho el Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 
Señor Presidente, quiero apoyar lo que aquí se ha dicho e indicar de nuevo que, lamentablemente, hemos dejado pasar la ocasión para crear a tiempo las condiciones previas y de actuar con toda decisión para lograrlas. 
La Unión Europea debe pronunciarse en favor de la autonomía de Kosovo pero se deben impedir modificaciones de fronteras en esta región. Esto conduciría a una nueva conflagración. 
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, coincido con el Sr. Swoboda en casi todo. 
Quiero comenzar con la constatación de que la comunidad internacional se encuentra ante una tarea cuya solución está aplazando desde hace nueve años, además de un modo plenamente consciente. 
En enero de 1991 y en varias ocasiones posteriores he planteado en esta Asamblea el problema de Kosovo y solicitado que se haga algo en contra. 
El antiguo Presidente en funciones del Consejo y hoy Comisario, al que aprecio mucho, dijo en aquella ocasión en este Pleno que yo pecaba de ingenuidad porque dije: " Lo que está pasando en Kosovo es el principio del fin de Yugoslavia». 
Nadie lo vio. Nadie quiso verlo. 
Sencillamente, no se quería aceptar y se ha mirado conscientemente a otro lado. 
No se incluyó tampoco como punto del orden del día en Dayton aunque debería haberse hecho. 
No se debería haber reconocido tampoco a Yugoslavia sin que Milosevic hubiese dado un paso para la solución política de este problema. 
La política exterior es de cortas miras. 
Nunca es preventiva. 
No tiene una auténtica estrategia o visión de futuro. 
Ocho años de resistencia pacífica y pasiva de los albanos no han hecho que les proporcionemos ayuda. 
Desde hace años los serbios torturan a los hombres albanos y a las mujeres albanas y las detenciones están a la orden del día. 
Un sistema escolar y universitario paralelo que trabaja en la ilegalidad proporciona a los jóvenes pocas perspectivas. 
Sólo las primeras imágenes de televisión de manifestaciones sangrientas han sacudido a la sociedad mundial. 
Saludo la actitud decidida mostrada hoy por el Consejo. 
Es también positivo que el grupo de contacto se haya ocupado por fin de Kosovo aunque el resultado deje que desear y, por ejemplo, la amenaza de un embargo de armas sea incluso ridícula. 
Un embargo de armas contra un país armado hasta los dientes que incluso produce armas, es una espada sin filo. 
La presencia de la OSCE in situ sería fundamental y también serían necesarias sanciones financieras y económicas. 
No disponemos de otros medios. 
Serbia se opone a cualquier injerencia en su llamado asunto interno Kosovo. 
Califica como nulas las resoluciones del grupo de contacto ya que este grupo ha sido autonombrado. 
Esta es la consecuencia de la actitud occidental de mirar a otro lado. 
Si Milosevic no busca pronto seriamente una salida política junto con Rugova y otros, bajo mediación internacional, no se podrá evitar una escalada de la violencia. 
Los albanos están hartos de un régimen de " apartheid» de nueve años. 
Los albanos en Macedonia, en Albania y también en Montenegro podría declarar su solidaridad. 
El conflicto superaría las dimensiones de la guerra de Bosnia. 
Milosevic es responsable en exclusiva de la internacionalización de esta crisis. 
Solamente entiende de fuerza, por lo que nosotros también solamente le podemos oponer decisión y fuerza. 
El último recurso es el que Swoboda ha mencionado: si ya nada sirve tenemos que ayudar militar o policialmente a las personas que son allí torturadas y asesinadas. 
Señor Presidente, una vez mas la Unión Europea se halla ante una crisis anunciada hace tiempo en el ámbito más amplio de la antigua Yugoslavia y otra vez nos sorprende y, más bien, muy tarde, tal como ya se ha dicho. 
Así, si ahora pensamos a posteriori todo lo que debía haberse hecho y evitado a priori para que la evolución en la antigua Yugoslavia no hubiera seguido su dramático curso, estamos haciendo una aportación mínima a todo el asunto. 
A pesar de que todo lo que sucede en la actualidad no es tampoco completamente independiente de los acontecimientos anteriores. 
En todo caso, tampoco es independiente de la sorprendente ignorancia que ha mostrado Occidente en cuanto a la complicada realidad histórica de una zona excepcionalmente difícil, ni de la torpeza y parcialidad con la que ha reaccionado, cuando menos, en la mayor parte de la tragedia yugoslava. 
Y otra vez somos llamados a enfrentarnos a hechos consumados; sin embargo, esta vez el peligro de un estallido se hace visible y concreto y por lo menos este peligro debemos verlo en todas sus dimensiones. 
Kosovo es un lugar de un peso histórico especial no sólo para los serbios sino también para los albaneses y la memoria histórica no se apaga sólo con intervenciones internacionales. 
Por otro lado está habitado ya por una mayoría aplastante de albaneses, a los que también habían obligado a trasladarse entonces otros interventores. 
La Yugoslavia de Tito les había concedido una autonomía que, desgraciadamente, más tarde se abolió. 
Se sobreentiende que nadie puede poner en tela juicio el derecho a la lengua, a la educación y a la libre expresión, los derechos humanos tal como los entendemos nosotros. 
Y estos deben ser restaurados con un compromiso directo de Belgrado y con la colaboración de los representantes de la minoría albanesa. 
Un nuevo estallido allí provocaría desórdenes encadenados con peligro de trasladar la crisis al sur y particularmente en vísperas de la ambiciosa ampliación hacia el este que ha decidido la Unión. 
Cada iniciativa, pues, dirigida a evitar nuevos conflictos y hacia el entendimiento con los moderados líderes de los albaneses de Kosovo son más que bien recibidas y la Unión Europea tiene mucho que hacer. Se ha mencionado ya. 
Igualmente debemos ver los esfuerzos que están haciendo cinco países de la zona más amplia, Grecia, Turquía, Bulgaria, Rumania y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, y también la cuidadosa y razonable postura del Gobierno albanés: Es urgente la aplicación del acuerdo Rugova-Milosevic; pero aún es más urgente no repetir los errores del pasado, es decir una forma infructuosa mas de intervención, desempeñando los Estados Unidos el papel principal. 
Belgrado debe entender otra vez que la aproximación a la Unión Europea no puede realizarse por los caminos de la violencia y que un asunto interno que pone en peligro la paz de una zona más amplia es mucho menos interno de lo que sostiene. 
Decir que condenamos sin lugar a dudas la violencia y la represión sangrienta es algo obvio; pero hace falta algo más y esto es acciones políticas concretas, como todas las que hemos pedido en nuestra votación común, muchas de las cuales se han mencionado aquí; pero también un intento de entendimiento del problema más esencial, con su dimensión histórica mucho antes de 1991, siglos antes. 
Presidente, todos los factores que han llevado a los crímenes de guerra en Bosnia, crímenes contra la humanidad y genocidio, se dan en Kosovo. 
De nuevo, el objetivo principal de los Gobiernos occidentales parece ser el mantenerse neutral en este conflicto. 
Después de todo, las intervenciones militares son arriesgadas electoralmente. 
Para los Gobiernos de los Estados Unidos y Europa el riesgo de la impopularidad nacional pesa más que el riesgo de nuevas carnicerías en masa en la antigua Yugoslavia. 
¿No se ha aprendido en Bosnia que la neutralidad en una matanza así significa automáticamente corresponsabilidad? 
¿Se ha sacado en realidad alguna enseñanza de lo ocurrido en Bosnia? 
Es cierto, Europa no tiene en Bosnia el monopolio de los errores de apreciación. 
El Consejo de Seguridad cometió un error cuando no prolongó el mandato de las fuerzas militares preventivas en Macedonia a instancias rusas. 
La promesa norteamericana de liberalizar las sanciones contra Serbia fue una mala señal. 
Otra mala señal fue la observación del negociador de los Estados Unidos, Gelbert, al declarar que Milosevic se las estaba viendo con terroristas en Kosovo. Una metedura de pata tan grande como la observación de James Baker en 1991 de que Yugoslavia ante todo debía seguir siendo una sola nación. 
El Grupo de Contacto se decidió el lunes a tomar un número de medidas tímidas y ambiguas. 
Por lo visto todavía no se ha aprendido la importantísima lección de Bosnia. 
Esa lección era que en la antigua Yugoslavia sólo se puede detener la violencia con instrumentos militares. 
La presión política y las sanciones económicas no tienen efecto. 
El único lenguaje que entiende Milosevic es la convincente amenaza de la intervención militar por parte de los Estados Unidos y los demás Estados miembros de la OTAN. 
El provisional embargo de armas de la ONU será eludido por Milosevic de una manera igual de efectiva que las sanciones económicas existentes. 
El único instrumento efectivo es la presión militar. 
Es necesario el emplazamiento preventivo de tropas internacionales en la región, en este caso en Macedonia y el norte de Albania. 
La respuesta de la Unión Europea a la crisis en Kosovo es de una hipocresía vergonzosa. 
En el Tratado de Amsterdam, los quince dirigentes de Estado y de Gobierno decidieron solemnemente hacer del mantenimiento de la paz la tarea de la Unión. 
Esta promesa, resulta ahora, no era digna del papel en el que ha sido escrita. 
En el Parlamento Europeo- nuestro Parlamento que tan a menudo ha apelado por una política de seguridad europea efectiva, ahora que ya no se trata de palabras, sino de hechos -, las rodillas de socialistas y democristianos resultan tan débiles como las del Consejo de ministros. 
Compruebo con amargura que los dos grandes Grupos se han negado a hacer referencia alguna a la opción de presión militar en la resolución general. 
Incluso se ha rechazado el alegato de mi Grupo para prolongar el mandato de la fuerza de paz en Macedonia. 
En su lugar, la resolución del PS y del EVP contiene un llamamiento al presidente Milosevic para que permita la entrada de periodistas en Kosovo. 
El Parlamento Europeo amenaza con la inserción de periodistas. 
Eso impresionará en Kosovo. 
Concluyo, señor Presidente, la resolución que hoy se presenta por los dos grandes Grupos es la más débil que el Parlamento jamás ha dedicado a la situación en Kosovo. 
En esta forma es completamente inaceptable para mi Grupo. 
¡Quítense las anteojeras, Señorías! 
El conflicto en Kosovo es más peligroso para la paz internacional de lo que nunca fue el conflicto en Bosnia. 
Ahora es el momento de sacar conclusiones de la debacle de Bosnia. Quien niega la lección se hace corresponsable de las consecuencias. 
Señor Presidente, el desarrollo que se señala en Kosovo engendra tremendos peligros de un estallido más general en toda la Península Balcánica, que no va a dejar intactas a Bulgaria, a Albania a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, incluso a Grecia. 
Y desde este punto de vista, las voces militaristas que se escuchan aquí dentro, en nuestra opinión, son inadmisibles. 
Mucho nos tememos que nos encontramos ante un proceso más allá de la partición de Yugoslavia. 
Algún día deberemos sacar nuestras conclusiones sobre la política de las grandes potencias en la Península Balcánica y tomar las responsabilidades que corresponden a esta sala sobre la dramática evolución a costa de los pueblos de la antigua Yugoslavia. 
Los derechos de los que debe disfrutar la minoría albanesa en Kosovo, como cada minoría en el marco de los estados y de las fronteras existentes, son respetables y deben salvaguardarse. 
Sin embargo, si el Parlamento Europeo quiere honrar su papel, tiene la obligación de proclamar en todas direcciones la insistencia en su postura de no cambiar las fronteras en la Península Balcánica y la exigencia a todos los países, balcánicos o no, de comprometerse a que las fronteras actuales son respetables e inviolables, debe proclamar su plena oposición a la utilización de la violencia, o a la amenaza de la utilización de la violencia, la denuncia de la amenaza de un nuevo embargo en contra de Serbia- ya han pagado bastante los pueblos por los distintos embargos -, su disponibilidad a hacer aportaciones positivas en el comienzo de un diálogo sincero entre las autoridades serbias y los líderes de la minoría albanesa de Kosovo. 
Presidente, desde luego, no podemos afirmar que el estallido de violencia en Kosovo haya llegado de manera inesperada. 
Si se había anunciado un conflicto y un estallido de violencia hace años, ése era el de Kosovo, y demuestra una vez más que nosotros no aparecemos en la práctica como Unión Europea cuando se trata de elaborar una prevención real de conflictos. 
En segundo lugar, es obvio que tampoco podemos afirmar que la solución del conflicto será sencilla. 
Está claro, y por eso estoy de acuerdo con los colegas que han dicho que la actual situación legal que se ha impuesto con violencia en Kosovo es totalmente inaceptable y, por tanto, debe ser también rechazada por la Unión de manera inequívoca. 
Por otro lado es evidente, y también hay que ser sincero en este punto, que los dirigentes albaneses querían mucho más que una buena autonomía cultural y política mucho antes de 1989. 
Querían la independencia y ésa es la base del conflicto. 
Así pues, en lo referente a este punto, quisiera señalar que el 30 de marzo de 1993 el por entonces presidente de Yugoslavia hizo unas interesantes propuestas sobre el tema en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, en las que se refería a la necesidad de poner en práctica en Kosovo delimitaciones territoriales con mucha más competencia. 
Milosevic lo eliminó, pero tampoco consiguió que se le escuchara en el Parlamento. 
Por tanto, un enfoque unilateral en lo referente a esto es inadmisible. 
Naturalmente, lo que está sucediendo ahora es totalmente inaceptable en todo Estado que se denomine en cierta medida un Estado de derecho. 
Es terrible tener que comprobar de qué manera dirigida se masacran sencillamente familias enteras, niños incluidos, en lugares donde se suponía que tenían que ver algo con la rebelión armada. 
Eso es totalmente inaceptable. 
Estoy de acuerdo con los colegas cuando dicen que los resultados del grupo de contacto son dignos de lástima, que son demasiado débiles. 
También estoy de acuerdo con el colega De Vries cuando dice que a la resolución general le falta mordiente. 
Pero me parece que dentro de ella hay gran número de asuntos interesantes. 
En primer lugar, que se debe aumentar la presión sobre Belgrado. Y que, en el caso de que no se coseche ningún resultado en el plano de las negociaciones- porque el diálogo, naturalmente, no es suficiente, tiene que haber negociaciones -, luego deben elevarse las sanciones y que se debe reaccionar de manera muy rápida. 
En ese plano quisiera oír por parte de la presidencia de qué manera van a seguir eso para intervenir de forma adecuada y día a día en lo que ocurre allí. 
En segundo lugar, me parece que es de la mayor importancia que las tropas de la ONU sigan en Macedonia. 
Nosotros teníamos también una disposición así en nuestro texto. 
En tercer lugar, ahora no debe haber ninguna expulsión de refugiados de esa comarca por parte de los países de la UE. 
Hay países donde se está dando este caso. 
Señor Presidente, voy a intervenir a título personal. 
En realidad, después de la intervención del Presidente Sr. de Vries no tengo mucho que añadir a su excelente análisis. 
Señor Presidente, en nuestra bellísima lengua hay un refrán que dice: » Quien siembra vientos, recoge tempestades». 
No sé cómo se traducirá, pero lo cierto es que hemos sembrado muchos vientos al no incluir Kosovo en los acuerdos de Dayton, es decir, cuando se podía, si no existiera la hipocresía que anima no sólo al Grupo de Contacto y a la Unión Europea, sino actual y lamentablemente también a nuestro Parlamento. 
Pues bien, si no hubiera existido esa hipocresía quizás no hubiéramos llegado a esta situación, ya que todos sabían que Kosovo era un polvorín. 
Hoy el Parlamento no es capaz de escribir una sola vez la palabra «sanciones» en el espacio de dos páginas. Me parece que, al ser éste un mensaje muy claro a Milosevic para que siga adelante con su planteamiento, es justo el análisis de los que- a lo mejor serán una minoría- luego se negarán a votar este texto. 
Señor Presidente, la diplomacia europea ha de demostrar que es capaz de actuar en la crisis de Kosovo con tanta pertinencia y eficacia como lo ha hecho en la crisis iraquí. 
Se trata de una crisis que puede degenerar peligrosamente, pero sin duda aún estamos a tiempo de controlar, sobre todo si las diplomacias europeas, a ejemplo de las acciones concretas emprendidas por Francia y Alemania, saben dar prueba de buen juicio y determinación. 
Éstas deben mostrar su capacidad para considerar todos los factores y en particular el hecho de que Kosovo es al mismo tiempo la «Île de France» de los serbios y está poblada en la actualidad por un 90 % de albaneses. 
Éstas han de recordar que el proceso de desmembración de Yugoslavia comenzó con la puesta en duda de la amplia autonomía de que disfrutaba Kosovo en el seno de la antigua federación. 
Desde entonces, el conflicto no ha cesado de incubarse. 
Actualmente, el endurecimiento simultáneo de los independentistas albaneses y de las autoridades serbias hace que la crisis suba un grado inquietante en la escalada de la tensión. 
La comunidad internacional ha de redoblar, por ello, su actividad, aunque no tenga los mismos fundamentos para actuar que en Bosnia, a la que había reconocido la independencia. 
Pero los riesgos de internacionalización son de tal envergadura, en caso de recrudecimiento del conflicto, en especial con Macedonia, con una cuarta parte de población de origen albanés, y, por supuesto, con una Albania cada vez más nerviosa, que la cuestión de Kosovo no puede considerarse como una cuestión puramente interna. 
Aunque el marco de expresión más apropiado de la voluntad de la comunidad internacional es hoy el de los seis países del grupo de contacto, es primordial mantener la cohesión, la acción de las diplomacias europeas ha de ser determinante para evitar los golpes de acordeón de las diplomacias de algunos de sus miembros o la negativa de cualquier internacionalización de las de otros. 
Ha sido acertado que la reunión de ayer en Londres del grupo de contacto haya recogido la llamada a una solución negociada impulsada por París y Bonn, que debería llevar a un estatuto especial intermedio entre la independencia y el statu quo, que no constituyen, ni uno ni otro, una fórmula apropiada. 
Se trata igualmente de encontrar los medios de presión eficaces, y por consiguiente una buena dosificación para convencer a unos y a otros de que no alimenten la espiral de radicalización del conflicto. 
Por consiguiente, es esencial, señor Presidente, reforzar los estímulos positivos que afectan principalmente a las diferentes modalidades de reintegración de Belgrado a la comunidad internacional. 
Ésta es la vía que se decidió en Londres bajo la influencia de los europeos, que han de conservar este liderazgo. 
Ése es el buen camino. 
Ha de seguirse con constancia y determinación. 
He recibido ocho propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Presidente, sólo quiero observar que estoy de acuerdo con muchísimo de lo que se ha dicho esta mañana, donde se insiste en una postura activa acerca de una situación que en modo alguno puede considerarse sorprendente o nueva. 
Al mismo tiempo creo que nosotros, como Unión Europea, hacemos bien en no autoinculparnos sólo y exclusivamente en el sentido de que no hacemos nada en absoluto. 
Sobre todo quiero decir a la Sra. Pack que el problema de Kosovo está continuamente en la agenda del Consejo de asuntos generales, que continuamente se habla de él en la asociación OSCE, que de nuevo se le ha pedido al ex presidente González que haga de mediador, pero para ello se necesita también la colaboración de Belgrado. 
En efecto, estamos muy a favor de que, si el diálogo no se pone en marcha en un plazo muy breve de tiempo, la mediación del ex presidente González pasará adelante con mucha fuerza. 
Personalmente no tengo mucha confianza en que ese diálogo se lleve a cabo en tan breve plazo. Se necesitará mayor presión. 
La Comisión ha enviado a Kosovo el 15 de febrero una misión de estudio para examinar lo que se podría seguir haciendo. 
Tony Lloyd partirá dentro de poco hacia allí. 
El ministro Cook ha estado la semana pasada. 
Yo mismo iré a Pristina y a Skopje. 
Efectivamente, no se puede decir que Europa sea neutral. 
Pero de lo que se trata es de que la comunidad internacional esté dispuesta a activar la presión en el momento en que Milosevic no tome las iniciativas correctas, y eso depende totalmente de él. 
De eso se trata. 
En este aspecto, también se tiene ya alguna experiencia con Irak. 
El debate queda interrumpido y se reanudará a las 15.00 horas. 
Pasemos ahora al turno de votaciones. 
Votaciones 
Ahora pasamos a las votaciones y el primer punto es la elección de un Vicepresidente del Parlamento Europeo, tras la dimisión del Sr. Capucho. 
El Grupo del Partido Popular Europeo me ha anunciado que el Sr. Francisco Antonio Lucas Pires es un candidato para ese cargo. 
El Sr. Lucas Pires es el único candidato, por lo que quisiera proponer a la Asamblea que sea elegido por aclamación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento. 
(El Parlamento elige por aclamación al Sr. Lucas Pires) 
Señor Presidente, hago uso de la palabra de conformidad con el artículo 60 del Reglamento para señalar que la Comisión ha indicado que no aceptará ninguna de las enmiendas del Parlamento. 
Lo lamento. 
Sin embargo, la Comisión no ha sido el problema en este triángulo interinstitucional que hemos estado estudiando durante tres meses. 
El problema ha sido la actitud del Consejo. 
Me complace decir que en el debate de esta mañana el Presidente en ejercicio ha podido ofrecernos, en nombre del Consejo, suficientes garantías sobre lo que es, en la práctica, la estructura de un proceso de consulta que no voy a recomendar que devolvamos a comisión. 
Nos ha dado seguridades y hemos tomado nota de cada una de las palabras que ha pronunciado esta mañana y que ofrecían suficientes promesas respecto del calendario y el examen por el Consejo de nuestras opiniones para convencerme, como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, de que disponemos esencialmente de un acuerdo interinstitucional que podemos hacer funcionar de forma pragmática. 
Quisiera rendir homenaje al Presidente en ejercicio y al Comisario Van den Broek y, por tanto, no recomendar al Parlamento que se devuelva este asunto a comisión. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, como sabe, usted y yo fuimos elegidos el mismo día de julio de 1984. 
Siempre he procurado quitarle cualquier carga de sus grandes hombros. Así, pues, deseo informarlo de que mi presencia hoy no es sólo en la Asamblea, sino que, además, voy a votar. 
Se trata de una actitud de lo más generosa por su parte, señor Falconer. 
Señor Presidente, éramos siete grupos políticos para ponernos de acuerdo en presentar una resolución común con el fin de cerrar el interesante debate que mantuvimos aquí el lunes, con ocasión del Día Internacional de la Mujer. 
Mi grupo lamenta que, una vez conseguido este acuerdo sobre una resolución común, dos grupos políticos hayan considerado la obligación de reintroducir enmiendas sobre temas que no se habían recogido en la resolución común. 
Hubiéramos podido hacer lo mismo, principalmente porque muchos párrafos de nuestra resolución que no habían sido aceptados afectaban a problemas igualmente importantes para las mujeres en el seno de nuestra Comunidad. 
Considero que aquel que ya no esté de acuerdo con una resolución común, cuando había aceptado- con los demás- no presentar enmiendas, ha de retirar la firma que había estampado al final de esta misma resolución común. 
Por estas razones de principio, mi grupo ha decidido no votar ninguna enmienda, aunque el contenido de algunas de éstas despierte nuestra total simpatía. 
Pero es preciso atenerse a las reglas y en señal de protesta no votaremos estas enmiendas. 
Su Señoría puede no estar de acuerdo, pero los Grupos tienen el derecho absoluto a presentar enmiendas incluso a los proyectos de resolución de transacción. 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Señor Presidente, quisiera que tomara nota de que, de conformidad con las nuevas normas de la Mesa, estoy presente, pero no voy a participar en esta votación. 
Quisiera señalar a Sus Señorías que en la nota distribuida por los Cuestores se declaraba: » Un diputado que no desee participar en una votación nominal puede hacer constar su asistencia a la sesión antes de que se celebre la votación». 
Eso no significa inmediatamente antes de cada una de las votaciones. Significa al comienzo de la sesión. 
Su Señoría me ha informado al comienzo de la sesión de que estaba aquí. Yo he tomado nota de que estaba aquí. 
Si Su Señoría no participa en las votaciones, suponemos que no lo hace por una cuestión de principio. 
Señor Presidente, ¿no sería más sencillo que, en lugar de que los diputados hagan uso de la palabra para informarlo de su presencia, hicieran lo que hago yo y se limitaran a entregar una nota a los servicios? 
Señor Presidente, pido la palabra para una petición de observancia del Reglamento basándome en el artículo 127, párrafo 2º, que trata precisamente de la observancia del Reglamento. 
Hace unos instantes ha tenido lugar un incidente extremadamente grave, que ha perturbado la votación del informe del Sr. Cornelissen. 
Nuestro colega Crowley había solicitado que se le concediera la palabra de acuerdo con una observancia del Reglamento. 
Se ha negado usted deliberadamente a concedérsela. 
Me levanté entonces, junto con mi colega Claudio Azzolini, copresidente del Grupo Unión por Europa para pedirle que aplicase el Reglamento y permitir que el Sr. Crowley manifestase lo que tenía que decir. 
No ha querido usted, claramente, darnos la palabra, lo que supone una violación específica del Reglamento ya que, en un Parlamento, cada diputado que solicite la palabra para una petición de observancia del Reglamento ha de poder hacerlo, y nuestro Reglamento es formal, ya que estipula que «una petición de palabra referente a la observancia del Reglamento tendrá prioridad sobre todas las restantes peticiones de palabra». 
No ha respetado usted, por tanto, el Reglamento. 
(Vivos aplausos) no hubiera dudado en concederle la palabra... 
(El Presidente retira la palabra al orador) 
Señor Presidente, hago uso de la palabra para plantear una cuestión de observancia del Reglamento, de conformidad con el artículo 127. 
La cuestión que quería plantear- aunque ya no es pertinente- es la de que, según la interpretación de las normas que hace usted, basta con que un diputado anuncie su asistencia y no participe al comienzo de una votación. 
Según mi interpretación de las normas aprobadas por la Mesa sin consultar al Parlamento, tengo derecho, como diputado, a hacer uso de la palabra antes de cada votación nominal y declarar que estoy presente, pero no voy a participar en la votación. 
Ésa es la norma aprobada por la Mesa sin consultar al Parlamento sobre la oportunidad de esas normas. 
En segundo lugar, el artículo 19 versa sobre el orden y la dirección de las actividades del Parlamento. 
Sin embargo, el artículo 127 dispone que el Presidente resolverá sobre las cuestiones de observancia del Reglamento de modo inmediato y que podrá esperar hasta 24 horas para adoptar esa decisión. 
Usted no ha hecho eso cuando he planteado mi cuestión de observancia del Reglamento. Así, pues, no ha observado usted el Reglamento. 
¡Resulta muy insultante y arrogante que trate usted a la Asamblea de este modo! 
(Vivos aplausos) 
Brian, hemos sido buenos amigos en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos durante cuatro años. 
Admiro su trabajo y espero que tal vez reflexione sobre su última afirmación. 
Quisiera simplemente que quedara claro que la norma distribuida por los Cuestores dice así: » Un diputado que no desee participar en una votación nominal puede hacer que se tome nota de su asistencia antes de la votación». 
No antes de cada una de las votaciones particulares, sino antes de la votación. 
He dado esa interpretación a Su Señoría. He respondido a su cuestión de observancia del Reglamento. 
No iba a mantener un debate de procedimiento con Su Señoría en plena votación. 
Estábamos examinando el informe Cornelissen, que es extraordinariamente importante. 
Señor Presidente, no deseo poner en entredicho a nadie con lo que voy a decir. 
Creo que la Asamblea ha estado descontrolada durante varios minutos. Ésa es una situación inaceptable. 
Quisiera que reconsiderara usted su reinterpretación de la norma establecida por los Cuestores. Eso es lo que está causando las dificultades. 
Quisiera proponer que el sistema burocrático de la Mesa no cuente las votaciones registradas durante ese alboroto. 
¿Cómo íbamos a saber cuándo se iniciaba la votación? 
Lo lamento. Acepto su primera observación. 
Tengo mucho gusto siempre en reflexionar, pero, respecto de la segunda observación, claro está que contarán las votaciones. 
Señor Presidente, lamento decírselo, pero lo que estamos presenciando es el resultado de la actitud arrogante que usted ha adoptado hace unos momentos. 
Señor Presidente, deseo recordarle, además de lo que se ha mencionado hasta ahora, que el artículo 19 impone al Presidente que ante todo haga respetar el Reglamento. 
Ahora bien, un Presidente de sesión no está por encima del Reglamento: desempeña dicho cargo para hacer observar el Reglamento, y el Reglamento impone que el Presidente conceda, en particular si pide la palabra el presidente de un gran Grupo y en cualquier caso, a cada diputado, la facultad de intervenir con referencia a la observancia del Reglamento. 
Usted no ha hecho observar el Reglamento y sigue mostrando una actitud- perdone que se lo diga- arrogante que ciertamente no contribuye a apaciguar los ánimos en esta sesión. 
Como sabe Su Señoría, no hablo ni escribo italiano, pero los servicios del período de sesiones me han dicho que en italiano también indica claramente posibilidad. 
Señor Presidente, quiero decir- y estoy segura de que la inmensa mayoría de esta Asamblea convendrá conmigo al respecto- que sentimos un gran respeto por la forma como preside usted este Pleno y la integridad con que lo hace. 
En el último Pleno, se acordó que se examinaría la cuestión de esas reglamentaciones administrativas acordadas por la Mesa al cabo de tres meses. 
Eso sigue en pie. 
La Mesa y la Conferencia de Presidentes confirmaron que había cuestiones que se debían examinar. 
Lo que hemos visto antes ha sido que algunas personas han intentado una vez más capitalizar políticamente esa decisión. 
Quisiéramos- y estoy segura de que mi Grupo convendría enteramente al respecto- que prosiga con las votaciones. 
La Mesa examinará esta cuestión, como ha decidido. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, mi cuestión de orden se refiere al empleo que ha hecho usted de la palabra «normas». 
Siempre he sostenido, en cuestiones de orden anteriores, cuando se planteó por primera vez este asunto, que, si era un cambio del Reglamento- y debe ser un artículo del Reglamento, si tiene ramificaciones políticas y la cuestión de las dietas a cambio de las votaciones las tiene -, debía pasar por la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades y después ser examinada por esta Asamblea. 
Ha mencionado usted las normas de los Cuestores. 
Ha revelado usted lo que yo he sostenido todo el tiempo. 
¡Se trata de un cambio en el Reglamento que tiene ramificaciones políticas! Debe pasar por la Comisión de Reglamento y llegar ante esta Asamblea de la forma normal. 
Sra Ewing, sé que es usted una jurista eminente, pero he de decir que, si examina el artículo 5 del Reglamento, verá que dice lo siguiente: » La Mesa regulará el reembolso de los gastos y el pago de las dietas de los diputados.» 
Hay más de una forma de normas: además del Reglamento, hay otras normas. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
He estado intentando captar su atención durante el jaleo. La razón era que no podía oír lo que estaba usted diciendo, cuáles votaciones se estaban celebrando, y ha sido una situación muy confusa. 
Quisiera decir, con el debido respeto, que habría sido mejor interrumpir la votación un poco antes para restablecer la calma no fuera a ser que algunos colegas votaran erróneamente por no saber de qué votación se trataba. 
En otra ocasión tal vez podríamos esperar a que se apaciguaran los ánimos antes de reanudar la votación. 
Comparto en parte esa observación. Mi única vacilación se debe a que no me gusta ceder ante las imposiciones de las turbas. 
Señor Presidente, personalmente admiro mucho su talento y su habilidad. 
He lamentado que no haya tomado en consideración la pregunta de alguien que apelaba al Reglamento. 
Pero eso no disminuye mi estima por su trabajo, mas me parece que hace un momento usted debía haber dado la palabra a quienes apelaban al Reglamento. 
En segundo lugar, me gustaría decir como la Sra. Green que quisiera hacer un llamamiento a cada persona. 
Hemos aceptado aplicar el Reglamento durante tres meses, analizarlo entre tanto. 
Apelo a todos los miembros de este Parlamento para que respeten durante un período de tres meses las decisiones de un modo correcto. Veremos después de tres meses hasta qué punto se debe adaptar, en caso de que sea necesario. 
Muchos diputados siguen indicando que desean intervenir. 
A la luz de la posición anterior y las observaciones que se han formulado, voy a conceder el uso de la palabra a todos los que lo han solicitado. 
Simplemente deseo señalar que sigue siendo aplicable la norma sobre las votaciones nominales. 
Señor Presidente, se ha referido a un apartado de un artículo y ha dicho que la Presidencia tiene el poder discrecional- junto a otros que tiene- de regular también lo de las dietas de los diputados y lo ha conectado con el tema que ahora nos ocupa. 
Un diputado presente, vote o no, si no vota, si no participa, no cobra dietas. 
Quiero decir que incluso si existe este apartado, la interpretación que hace es equivocada. 
En ningún caso puede la Presidencia, interpretando este apartado, convertir a los diputados en mercenarios. 
Cobrarás dietas si votas a favor o si votas en contra. 
Si no haces lo uno o lo otro no recibes tu sueldo, no cobras dietas. 
Esto es inaceptable y me pregunto por qué usted, una persona joven y con experiencia se ha referido a una norma tal que nos convierte- es una vergüenza- en mercenarios. 
Votaré o no haciendo cuentas porque de ello depende si cobro o no. 
Es inadmisible, señor Presidente. 
Gracias, pero no es una norma mía, es la norma de la Mesa. 
Señor Presidente, apoyo su política en esto, pero es mi Grupo quien ha señalado claramente que el sistema, tal y como lo aplica actualmente el Consejo de Dirección, no es correcto. 
Es mi Grupo quien ha señalado que éste debe ser revisado. 
Ahora se estudia. 
Es incorrecto que dos miembros intenten siempre paralizar esta Cámara antes de cada votación. 
Ya es hora de que el Consejo de Dirección revise sus reglas demasiado burocráticas. Pero también es hora de que la Cámara vuelva a ponerse ahora a trabajar y que usted mantenga el orden en esta asamblea. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Deseo decir, en primer lugar, que deberíamos dejar este debate para otra ocasión, porque se trata de algo que se debe debatir. 
Tenemos muchos asuntos sobre los que votar. 
Sólo necesitamos una garantía de que la Presidencia respetará a los diputados que deseen plantear una cuestión de observancia del reglamento. 
No soy partidario de que los diputados se levanten y se vuelvan a sentar, como Alex Falconer, cada vez que haya una votación nominal. 
Dejemos este debate para otra ocasión y pasemos simplemente a la votación. 
Me encantaría hacerlo, pero el antes mencionado Sr. Falconer tiene la palabra. 
Señor Presidente, hago uso de la palabra para formular dos observaciones sencillas. 
Una es en respuesta a la alegación hecha por el Sr. Pasty de que trata usted a este sector de la Asamblea de forma diferente que a aquel sector de la Asamblea. 
Estoy seguro de que su secretaría y otros habrán tomado nota de que también yo planteé una cuestión de observancia del Reglamento inmediatamente después de que le fuera denegada a Brian Crowley. 
Así, pues, debería usted, señor Pasty, retirar esa alegación. 
La segunda observación que quisiera hacer es la de que no podemos seguir con una interpretación hecha por un Presidente y una interpretación diferente hecha por otro Presidente. 
Tenemos una nota sencilla de los Cuestores; es evidente que los Cuestores deberían manifestarse y dar su interpretación de su nota para aclarar la situación. 
Señor Presidente, usted se ha decidido a proseguir la votación a pesar de que en esta sala existía un considerable ruido. 
Esta votación, que ha contenido en parte votaciones nominales, afecta a un sector muy sensible y antes han tenido lugar muchos debates. Debido al ruido no se le ha podido escuchar ni a usted como Presidente ni tampoco la traducción. 
Acepto su observación y, en este marco, pido disculpas al Sr. Cornelissen. Su informe ha sido la víctima inocente de esta situación. 
Pero me temo que no puedo iniciar de nuevo la votación. 
Señor Presidente, en su respuesta al Sr. Pasty, ha dicho que esperaba de un presidente de grupo un poco más de dignidad. 
Son sus propias palabras, que he anotado. 
Quisiera saber, señor Presidente, si considera que un presidente de grupo carece de dignidad al apoyar a un miembro de su grupo que manifiesta su deseo de hablar para una petición de observancia del Reglamento. 
Para demostrar simplemente que la Presidencia tiene cierta humildad- aunque algunos sectores de la Asamblea no lo crean -, he respondido de forma ligeramente airada y quisiera pedir disculpas al Sr. Pasty por esa declaración. 
Lo que quisiera preguntar con urgencia es que si por favor ahora va a proseguir usted con las votaciones. 
Concluyamos este informe, y deje el resto. 
Convengo con Su Señoría, pero numerosos diputados han dicho que, cuando la Presidencia vea a alguien que desee plantear una cuestión de orden, debe aceptarla. 
Debe haber claridad. Los diputados no pueden disponer de las dos opciones. 
Cuando quieren avanzar, no quieren que la Presidencia acepte las cuestiones de orden. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Todos debemos reconocer en esta Asamblea que uno de los cometidos más difíciles que cualquiera de nosotros puede afrontar aquí es el de presidir las sesiones del Parlamento Europeo. 
Todos sabemos que a veces puede haber diferencias de opinión en cuanto a la interpretación del Reglamento. Esas diferencias de opinión son legítimas y se deben examinar, pero hay un momento y un lugar idóneos para debatir esos asuntos. 
Quisiera pedir a todos los colegas presentes que no abusen de los derechos que les concede el Reglamento para arrastrar este Pleno a un debate que degrade la dignidad de toda la institución. 
Además, la instancia para debatirlo en primer lugar es la Mesa. Allí fue donde se adoptó esa decisión. 
Después de tres meses de aplicar las reformas que se han acordado, la Mesa ha dicho que volverá a examinar esa norma. 
Todos sabemos que los miembros de la Mesa son algunos de los diputados más expertos de nuestra Asamblea y estoy seguro de que se tomarán muy en serio su cometido. 
Permítaseme hacerme eco de las observaciones hechas por la Sra. Green y el Sr. Martens. 
Que nadie se engañe. 
Esta Asamblea necesita una reforma interna. 
Uno de los elementos del discurso que acaba de pronunciar ahora mismo el presidente Klestil era el de recordarnos la opinión pública. 
Señorías, todos estamos sometidos a la sanción de la opinión pública y los diputados que deseen pasar por alto a la opinión pública lo pagarán y harán que nuestra Asamblea lo pague y se trata de un precio demasiado caro. 
Señor Presidente, no voy a referirme al Reglamento, sino a la democracia que debería guiar los trabajos de nuestro Parlamento, Si su Señoría hubiera podido intervenir antes, nos habríamos ahorrado 25 minutos y habríamos reflejado una mejor imagen de nosotros mismos y de nuestro trabajo. 
Asimismo, deseo decirle al colega inglés que me insultó en el pasillo porque, junto con otros colegas, pedí que se respetara el derecho del orador que quería intervenir, que se ha comportado incorrectamente consigo mismo y con su país y que, si éste es el espíritu con el cual desempeña su función de diputado europeo, sería mejor que volviera a su casa. 
Quisiera tan sólo que quedara claro que he concedido el uso de la palabra al Sr. Crowley. 
No se lo he concedido cuando ha intentado hacerse con él por segunda vez. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Quisiera que sometiese usted a votación si pasamos al siguiente tema o seguimos con la votación. 
Como es usted el último orador en mi lista, vamos a hacerlo en cualquier caso. 
Señor Presidente, también oralmente voy a votar en contra del presupuesto del Consejo, de la propuesta de la Comisión y del informe Oostlander. 
Estos tres elaborados textos tejen vínculos multilaterales neocolonialistas para los países a los que se refieren, para los países del este y centro de Europa. 
Y esto sucede por los intereses de las multinacionales, por penetrar en estas zonas por medio de planteamientos neocolonialistas, por explotar riquezas naturales, mano de obra, por crear más zonas imperialistas para un liderazgo futuro, por una extensión en toda la región. 
Culpables, cómplices en este tema son las políticas y las mafias económicas que, por el momento, dominan en es estos países, y quiero decir que nuestro Parlamento, al votar este informe, se convierte en una especie de instigador de tal empresa de esclavitud, de explotación de estos pueblos, que no puede continuarse. 
En el futuro creará trastornos, situaciones tales que no son deseables y nuestro Parlamento debería mantener cierta distancia. 
El Movimiento de Junio apoya la adhesión de todos los nuevos países solicitantes que cumplan los requisitos elementales sobre democracia, seguridad pública, derechos humanos y derechos de las minorías y por ello no ha votado en contra de los informes del Sr. Oostlander. 
No obstante, tampoco podemos votar a favor, puesto que no estamos de acuerdo en la forma del procedimiento de admisión que se ha aprobado. 
En primer lugar, porque los países solicitantes están divididos en un equipo A y un equipo B. En segundo lugar, porque los países solicitantes afrontan una serie de difíciles requisitos y condiciones para la integración que en realidad ni siquiera pueden negociarse. 
Sólo tienen la alternativa de o bien tomar parte en la UE exclusivamente bajo nuestras premisas o bien seguir permaneciendo fuera. 
Con el Tratado de Amsterdam se establecen más condiciones para la integración que harán aún más difícil convertirse en miembro de la UE y que por ello retrasarán el proceso de ampliación. 
No podemos seguir integrando en profundidad si al mismo tiempo queremos integrar a lo ancho. 
Si queremos una cooperación europea en la que todos los países participen en igual de condiciones, la base de la cooperación ha de someterse a negociación. 
En el Movimiento de Junio pensamos que sería más sostenible para el futuro de Europa si invitáramos a los países solicitantes a participar en una negociación común en la que juntos pudiéramos crear los marcos de una cooperación europea. 
En las negociaciones actuales relativas a la ampliación no preguntamos a los países solicitantes de qué modo piensan trabajar con nosotros. 
Las negociaciones tratan únicamente de descubrir cuándo los países solicitantes y especialmente cuándo nosotros mismos estaremos listos para que el derecho comunitario, que hemos aprobado, pueda ser incorporado a las legislaciones de los países solicitantes. 
Cualquier ley comunitaria es por definición la mejor posible. 
No puede discutirse. 
Las excepciones y las atenciones especiales deben ser sólo transitorias y responden más a nuestro propio interés. 
En el Movimiento de Junio pensamos que los países europeos son demasiado diferentes para que se puedan emplear los métodos de total armonización de la UE, donde la legislación debe ser totalmente homogénea en todos los países. 
Nuestra visión de una cooperación europea no es un estado europeo, sino una cooperación libre, democrática y flexible en la que todos los países son iguales e influyen en sus propias legislaciones. 
Nos hemos abstenido en la votación de los informes del Sr. Oostlander puesto que no queremos frenar ante el proceso de ampliación. 
Sin embargo, estamos en profundo desacuerdo con la forma del procedimiento de admisión que se ha aprobado. 
Hemos votado a favor de esos informes. 
Muchos puntos de los informes se refieren a reforzar el derecho del Parlamento Europeo a recibir información sobre el desenvolvimiento del proceso de adhesión. 
Opinamos que esto es correcto. 
Puesto que el Parlamento Europeo en última instancia decide la aceptación de nuevos miembros, es adecuado que el Parlamento tenga información completa sobre el proceso de adhesión. 
Sin embargo, deseamos subrayar que la decisión final, en cada país que quiera adherirse a la UE, siempre debe tomarla el pueblo. 
Por eso recomendamos a todos los estados que quieran ser miembros, realizar plebiscitos sobre la adhesión a la UE. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Oostlander. 
Este sí está fundamentado en nuestro apoyo a todo el proceso de ampliación, el cual consideramos uno de los pasos más importantes dados por la Comunidad Europea en nuestro tiempo. 
El objetivo de todos los europeos ha de ser garantizar la paz y la estabilidad en nuestro continente. 
Nos enfrentamos al gran desafío de lograr democratizar los países de Europa Central y Oriental, lo que facilitaría una ampliación rápida y sin fricciones. 
Es importante que el Parlamento respalde la iniciativa del principio de asociación que debe apoyar el trabajo de cada país candidato encaminado a su adhesión a la Unión Europea. 
El marco elaborado para la ayuda comunitaria a los preparativos de los países candidatos para su integración en la UE es el instrumento más importante del que disponemos para garantizar la acomodación de los futuros países miembros a la UE. 
A través de las Asociaciones para la adhesión, la UE debe apoyar el desarrollo de la base legal y de sistemas administrativos fiables que son necesarios para que las sociedades puedan llegar a funcionar ordenadamente. 
Nos parece esencial subrayar que el esfuerzo no debe ser concentrado meramente en la acomodación al mercado interior, sino que también la ayuda a las legislaciones laboral y medioambiental obtenga una prioridad igual de alta. 
Es un problema que el Parlamento haya tenido sólo muy poco tiempo para emitir un dictamen al reglamento del Consejo, sólo hemos tenido aproximadamente dos meses para tratar este importantísimo asunto. 
No obstante, no hemos de utilizarlo como justificación para retrasar el proceso encaminado a la adhesión de los países de Europa Central y Oriental a la Unión Europea. 
Con el principio de asociación enviamos una señal muy importante a los países candidatos, es decir, que todos son bienvenidos en la Unión Europea. 
Aunque no todos los países estarán preparados para incorporarse al mismo tiempo, es importante que señalemos que todos ellos entran en el proceso. 
Además, la asociación representa un buen contrato entre cada país candidato y la UE, pues los países de Europa Central y Oriental pueden esperar su adhesión a la Unión cuando hayan cumplido las condiciones de los acuerdos. 
Con respecto a los informes Oostlander, realmente hay poco que decir. 
Su objetivo se limita a reclamar una consulta sistemática al Parlamento Europeo sobre todas las fases, sin excepción, de la elaboración y puesta en práctica de las asociaciones para la adhesión de los países de la Europa central y oriental. 
Por tanto, no hay nada nuevo, nos encontramos una vez más enfrentados a la habitual bulimia insaciable de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa del Parlamento Europeo, que pretende que se le consulte constantemente sobre todos aquellos temas que tengan relación, de cerca o de lejos, con las cuestiones relativas a las relaciones exteriores. 
En este caso, esta consulta al Parlamento Europeo tendría como principal efecto entorpecer los procedimientos, ya especialmente complejos, previstos por el reglamento marco y alargar aún más los plazos, si fuera necesario que examinase sistemáticamente las grandes líneas de cada una de las asociaciones a nivel individual. 
La propuesta de resolución que se nos ha sometido parece implicar, además, un error de interpretación, en la medida en que, en los artículos 3 y 4, considera aplazadas las prioridades definidas a medio plazo. 
En realidad, el Consejo ha previsto explícitamente que las prioridades a medio plazo han de ponerse en práctica a partir de 1998. 
Sus resultados sólo podrán alcanzarse a medio plazo y, en cualquier caso, antes de la adhesión. 
Los informes Oostlander, tan quisquillosos sobre la consulta permanente al Parlamento Europeo, se cuidan sin embargo de abordar los problemas de fondo que habrá de afrontar la Conferencia Europea. 
Ninguna pregunta sobre el descuartizamiento que podría provocar el hecho de llevar simultáneamente dos políticas contradictorias, ¿cómo ampliar, realizando la moneda única en el marco de viejas instituciones con vocación integracionista a las que se ha prolongado la vida por no querer reformarlas en profundidad? 
Ningún comentario tampoco sobre la ambigüedad persistente de la relación con Turquía, que estará ausente de la Conferencia, cuando la fórmula había sido claramente concebida para ella, una Turquía a la que se pretende reconocer «una vocación europea» , es decir, según unos u otros, una vocación de convertirse o no en miembro de la Unión Europea. 
Ninguna intranquilidad con respecto a Chipre, cuando la adhesión de una isla dividida convertiría a la «línea verde» que separa a las dos comunidades en una «frontera exterior de la Unión». 
Ninguna perplejidad en cuanto a la voluntad de la Unión Europea ampliada de garantizar la seguridad de los Estados bálticos, comenzando por Estonia, frente a una Rusia que seguiría fuera de la Unión. 
Pero poco importa. 
La máquina se ha puesto en marcha. 
Con eso basta. 
La construcción permanente hace las veces de finalidad. 
Más adelante quizá nos preguntemos sobre la naturaleza y el objeto de esta nueva construcción europea y sobre sus límites geográficos. 
Informe Oostlander (A4-0087/98) 
Con el debate y la votación del informe de iniciativa Oostlander, hoy 11 de marzo de 1998, víspera de la Conferencia Europea y principalmente, antes del comienzo del proceso de adhesión el 30 de marzo, el Parlamento Europeo envía un importante mensaje político: 
El Parlamento Europeo subraya y apoya la opción política de la Ampliación de la Unión Europea con la incorporación de los países de Europa oriental- garantía sobre el desarrollo y la estabilidad en Europa y en el mundo. 
La larga y difícil marcha de este intento histórico es por definición paralela e interdependiente a la profundización, el fortalecimiento, la consolidación de la actual Unión Europea que se está formando. 
El proceso de adhesión es unitario, comienza al mismo tiempo y desde el mismo punto de partida para todos los países candidatos de Europa oriental, de la Europa central, de la Europa del norte y de la Europa sudoriental. 
Los diez países candidatos, que se han lanzado con decisión a la gran lucha de la aproximación, cada una en su camino particular. 
Los diez, y un país mas. 
O más bien uno mas diez: Chipre seguro que es un caso completamente distinto, con preferencia absoluta como una deuda de la Unión Europea frente a la historia. 
El Parlamento Europeo tiene y ejerce un papel institucional equivalente, esencial en todo el proceso de la ampliación, con responsabilidad y transparencia. 
La participación del Parlamento Europeo es la garantía para la salvaguardia y el mantenimiento de las decisiones y de los criterios de Copenhague, según las exigencias del Tratado de Amsterdam, en el marco de las decisiones y de las condiciones de la Cumbre de Luxemburgo (diciembre 1997). 
El Parlamento Europeo, ya que ha aprobado los principios y las condiciones para la Ampliación y, principalmente, ya que tiene la responsabilidad de la aprobación final de la adhesión a la Unión Europea de cualquier país, debe seguir de cerca y opinar en todas las fases de la aplicación del proceso de adhesión. 
Especialmente, como Presidente del Comité Parlamentario Mixto de la Unión Europea- Bulgaria, quiero subrayar el gran esfuerzo y la marcha creadora que está siguiendo Bulgaria. 
Es seguro que este país, como también otros, necesita un apoyo reforzado de preadhesión, positivo y productivo. 
(De paso, quiero repetir también aquí que considero inadmisible que Bulgaria, así como Rumania, se incluyan en la " lista negra» para el visado, injusticia que debe terminar inmediatamente). 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Oostlander. 
Ello se ha hecho considerando que el informe contiene algunas buenas causas de cartel de la socialdemocracia. 
Respaldamos las opiniones del señor ponente relativas a que la ayuda estructural debe administrarse de manera más descentralizada de modo que las medidas estructurales sean más efectivas y los costes se reduzcan. 
Además, apoyamos el deseo de que el Parlamento en lo sucesivo deba ser oído en las modificaciones de las Asociaciones de adhesión y compartimos el parecer de lo lamentable de que la Comisión y el Consejo no hayan querido un dictamen del Parlamento sobre los objetivos a medio plazo y las condiciones para las Asociaciones de adhesión. 
El informe del Sr. Oostlander resulta, sin embargo, problemático en algunas áreas, entre otras, la que afecta a los dictámenes relativos a cada país en la exposición de motivos. 
La postura de los socialdemócratas daneses es que el informe no es objetivo en su tratamiento de los diferentes países. 
Nos referimos a que, por ejemplo, las condiciones en Polonia sólo se tratan superficialmente mientras que se proporciona un tratamiento más a fondo de, por ejemplo, las circunstancias internas de Letonia. 
Ello da la impresión de que el Parlamento tiene una postura preconcebida hacia qué países son los más idóneos para convertirse en miembros de la Unión Europea, lo cual nos parece muy problemático. 
Estamos especialmente en desacuerdo en el tratamiento del informe de los países bálticos, en el que se da un dictamen muy crítico sobre la protección en estos países de los derechos de las minorías con la vista especialmente puesta en la minoría de habla rusa. 
Nos parece que ello fácilmente puede dar la impresión de que los países bálticos tienen mayores problemas con los derechos humanos y la democracia de lo que es el caso. 
En el informe se hace hincapié en que el Parlamento debe ser oído en este terreno. 
Es por ello esencial que demos una crítica objetiva y elaborada de los países solicitantes. 
Pensamos que todos los países solicitantes son potenciales países candidatos y de ahí que todos deban ser tratados de manera objetiva. 
Recomendación Watts (A4-0068/98) 
Como diputado europeo del Nord de la France, conozco las dificultades que plantearía, para el tráfico marítimo entre Calais y Douvres, la instauración de una nueva directiva europea relativa al registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje procedentes de puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos. 
En el transcurso de estos últimos años, los puertos de Calais y Douvres, así como las compañías marítimas que operan en esta línea, han incrementado sus esfuerzos en la reducción de los plazos de tránsito portuario con el fin de ser más competitivos frente a la competencia del túnel. 
Al no estar afectadas por la directiva, las lanzaderas (shuttle) que utilizan el túnel entre Calais y Folkestone no deberán enfrentarse al incremento del tiempo de transbordo que producirá automáticamente esta medida. 
Por tanto, es evidente que aparecerán graves distorsiones de competencia entre estos dos modos de transporte. 
Por otra parte, ese proyecto de directiva pone totalmente en tela de juicio las inversiones considerables comprometidas por la Cámara de Comercio e Industria de Calais para la modernización de su terminal. 
Todas las infraestructuras portuarias orientadas a acelerar el embarque y desembarque a bordo de los buques de pasaje han sido ampliamente financiadas por la Comunidad Europea (con cargo al FEDER) y, de hecho, la sitúan en clara contradicción con sus decisiones anteriores, pero sin embargo recientes, ya que los trabajos aún no están concluidos. 
Por ello, he apoyado y voto las enmiendas que ha propuesto mi colega, Mark Watts, que pretenden mantener una competencia leal entre los buques de pasaje y el Shuttle, de acuerdo con las orientaciones europeas. 
Espero que sean aceptadas por la Comisión y por el Consejo. 
Apruebo el informe presentado por el Sr. Watts y muy particularmente las enmiendas que tienen por objeto ampliar las medidas de seguridad reforzadas, para el embarque de personas que viajen a bordo de buques de pasaje, a los túneles ferroviarios «submarinos». 
El Parlamento Europeo ha de ser consecuente consigo mismo y reafirmar su votación emitida en primera lectura. 
Es indispensable ampliar las disposiciones de este texto a la lanzadera trans-Mancha. 
Hemos de llegar más lejos que la posición del Consejo y de la Comisión. 
En ello va la seguridad pública y el respeto por las reglas de competencia. 
El reciente incendio en el shuttle demostró que la falta de registro detallado de los pasajeros complicó el trabajo de los socorristas durante y después del incendio. 
Finalmente, con respecto a las reglas de competencia, el endurecimiento de las reglas relativas al registro de personas que viajen a bordo de buques de pasaje, por entorpecimiento de las formalidades y prolongación de los plazos que de ello resultarán para este medio de transporte, falseará de forma significativa la competencia entre los buques de pasaje y el shuttle y harán inútiles las inversiones comprometidas por la Cámara de Comercio e Industria de Calais, claramente asumida por el FEDER para modernizar las instalaciones portuarias con objeto de acelerar el embarque. 
Se trata de exigencias importantes que serán positivas para una seguridad reforzada, para el empleo y para el futuro del TransMancha marítimo. 
La propuesta de directiva de la Comisión hará las normas relativas al registro de los pasajeros de barco más uniformes en los Estados miembros. 
En mi opinión, es una iniciativa del todo necesaria y sensata, considerando que así las tareas de salvamento, la ayuda médica y las cuestiones legales pueden llevarse a cabo mejor y más rápido en caso de accidente marítimo en cualquier lugar de la Unión. 
Es comprensible que la comisión en su recomendación vuelva a proponer parte de las enmiendas de la primera lectura que el Consejo desgraciadamente no ha aceptado en su posición común. 
Sin embargo, me gustaría subrayar que mi grupo y yo no podemos aceptar la propuesta relativa a que el registro previo de los pasajeros también deba ponerse en práctica en el transporte ferroviario a través de túneles ferroviarios submarinos. 
La forma efectiva, sencilla y rápida con la que hoy en día uno puede adquirir el billete para un viaje en tren hasta pocos minutos antes de la salida desaparecería con la implantación de semejante norma. 
El provecho provocado por la norma sería demasiado modesto con relación a la destrucción de la competitividad de los trenes en la que la norma desembocaría. 
El tráfico ferroviario ha obtenido una justificada elevada prioridad en la ordenación de la red transeuropea comunitaria y goza de un éxito creciente en el mercado del transporte. 
En mi opinión, será imprudente imponer a este sector condiciones irrazonables para competir. 
Soy partidario de que se apruebe un conjunto de normas de seguridad para los barcos razonables dentro de los marcos de la directiva propuesta y voto por ello a favor de la recomendación ya que espero que el tren quede excluido del campo de aplicación de la directiva. 
Recomendación Novo Belenguer (A4-0069/98) 
El nivel de vida de los europeos se ha triplicado en los últimos treinta años por influencia del crecimiento económico. 
Paralelamente, se ha triplicado también el porcentaje de suicidios para todas las edades. 
El 50 % de los intentos por año reinciden. 
El suicidio es así la única causa de fallecimiento que no desciende en Europa. 
El sistema médico europeo es actualmente incapaz de hacer frente al número creciente de personas que padecen trastornos psicológicos y, por consiguiente, susceptibles de cometer un intento de suicidio. 
Hemos de buscar con urgencia soluciones a este auténtico problema de máxima importancia para la salud pública. 
Son necesarias propuestas concretas y originales, en la medida en que solamente el 38 % de los jóvenes que han tenido un intento de suicidio han sido asistidos por un médico. 
Entra en las competencias de la Unión Europea apoyar los programas de investigación aplicada en esta materia, que pongan en red estructuras personalizadas. 
Se han realizado algunos experimentos. 
Por ejemplo, el del doctor Xavier Pommereau que ha creado en el hospital de Burdeos, donde ejerce, una unidad dedicada a asistir a adolescentes suicidas. 
Existen también explicaciones colectivas para esta acumulación de tragedias individuales. 
Nos corresponde encontrarlas para poder esbozar algún tipo de prevención. 
La investigación aplicada puede, por tanto, completarse de manera muy útil con un estudio de las correlaciones entre, por ejemplo, las curvas del paro y las de los suicidios. 
Apruebo el informe de mi compañero, el doctor Trakatellis. 
Sin embargo, quisiera llamar la atención sobre la parquedad de los medios presupuestarios previstos, que se revelarán, muy probablemente y con toda rapidez, insuficientes. 
De los cuatro informes sobre salud pública que hemos votado, a mi modo de ver el informe Trakatellis ocupa un lugar aparte. 
Prevenir las lesiones como objetivo en sí también le parece bien a nuestro Grupo. 
La cuestión es sólo: ¿a qué nivel administrativo se aborda un problema así? 
A través del marco de actuación de la Comisión ha aparecido un programa para prevenir las lesiones a nivel administrativo europeo. No veo en ello el valor añadido. 
En el programa sobre enfermedades extrañas se puede ver fácilmente el valor añadido europeo: el intercambio de datos y terapias por parte de los Estados miembros lleva inmediatamente a resultados. 
Las personas con una enfermedad extraña descubren que no son las únicas, se puede emprender una actuación. 
También en el informe Cabrol sobre las enfermedades provocadas por la contaminación del medio ambiente veo reservado un modesto papel a la UE. 
Para el programa sobre lesiones en el hogar o durante las actividades para el tiempo libre no veo ese papel. 
Ése es ahora típicamente uno de esos temas que pertenecen al principio de subsidiariedad. 
Los mismos Estados miembros, adaptados a la población y a la cultura propias, deben orientar a las personas para evitar lesiones. 
La política europea puede hacer poco en este aspecto. 
Lo que también he de decir es que a mi modo de ver la inclusión del suicidio en la lista de lesiones, con la que guarda relación este programa, es una desafortunada elección. 
Las causas de los intentos de suicidio son de un orden completamente distinto a las lesiones, por ejemplo, causadas por el uso erróneo de productos o por el deporte. 
Su enfoque, por tanto, también deberá ser muy distinto. 
Señor Presidente, hago uso de la palabra para apoyar este informe sobre enfermedades poco comunes. 
El coordinador de un grupo de apoyo de una de esas enfermedades poco comunes, Action on Tracheotomies, vive en Billericay, en mi circunscripción. 
Quisiera apoyar, en particular, la participación de los pacientes y las familias de los pacientes que se benefician de ese programa. 
Dada la reducción en el presupuesto original propuesto y mi propia experiencia del costo y la ineficacia de la base de datos europea Handinet en relación con las discapacidades, me pregunto si es una buena utilización de tan limitado presupuesto gastar tanto en la base de datos y sólo 0, 2 millones de ecus en el primer año para los grupos de apoyo. 
Sin embargo, apoyo encarecidamente la propuesta de representación directa de los pacientes en el comité consultivo. 
Por último, insto a la Comisión a que presente su propuesta de reglamemto sobre los medicamentos huérfanos lo antes posible, que coopere con las empresas farmacéuticas para garantizar el apoyo a la atención actual y la curación futura y a los pacientes que padecen el aislamiento y la incertidumbre de su enfermedad. 
Informe Cabrol (A4-0075/98) 
Las enfermedades relacionadas con la contaminación no pueden reducirse únicamente a las vinculadas con la contaminación atmosférica que, con ser graves, no son las únicas. 
El ruido es actualmente una de las fuentes de contaminación mayores e incide gravemente en la salud y el descanso de la población. 
Recuerdo hoy, aquí, mi informe sobre esta fuente de contaminación y también las próximas jornadas, con participación de representantes de toda la Unión, que se celebrarán en mayo, en Copenhague, sobre la materia. 
De ahí que resulte, como mínimo, sorprendente esta «sonora» ausencia. 
También habría que haberle dedicado una mayor atención a la relación de los agentes contaminantes con el incremento de diversas alergias que a todos nos afectan cada vez más en las ciudades. 
Por último, sorprende igualmente que la Comisión no haya hecho mención alguna a las enfermedades relacionadas con la contaminación de las aguas potables; como por ejemplo las ocasionadas por los nitratos, que producen cáncer de estómago y de esófago, o a las de baño. 
Afortunadamente, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha enmendado adecuadamente la propuesta, que contará con mi voto. 
Si la UE realmente tiene como objetivo evitar enfermedades causadas por la contaminación, entonces lo mejor sería que suspendiera muchas de las decisiones comunitarias que directamente van a causar abundantes enfermedades como consecuencia de la contaminación. 
Mientras se siga subvencionando una agricultura que daña el medio ambiente y en la que se rinde homenaje a los pesticidas, apostando por el transporte por carretera, repulsivo desde el punto de vista medioambiental, y apoyando la producción de energía atómica, van a continuar aumentando las enfermedades a causa de esta inadmisible política medioambiental. 
Desgraciadamente no hay indicios de que esto se entienda ni en el documento de la Comisión ni tampoco en el del Parlamento Europeo. 
En cambio, se quiere que la UE empiece a actuar dentro de campos que se refieren a las consecuencias de la política comunitaria. 
El objetivo del programa de acción de la Comisión es sin duda bueno, pero hay que preguntarse, sin embargo, si realmente es lo mejor dejar que la UE actúe en este campo. 
No me parece así, sino que considero, de acuerdo al principio de la subsidiariedad, que esos asuntos se prestan mejor para ser tratados en el ámbito nacional o en niveles más bajos de la sociedad. 
Lo que se necesita en primer lugar no son informes ni comparaciones, sino que medidas concretas para evitar que sigan aumentando las enfermedades. 
Obviamente que no estoy en contra de la colaboración entre los Estados miembros en estos asuntos, pero creo que se debe hacer, como ocurre hoy, mediante la cooperación entre los grupos profesionales que trabajan en esos asuntos. 
Hoy ya existe esta cooperación y creo firmemente que la UE no debe tratar de arrebatar o de mezclarse en este trabajo. 
Hay un evidente riesgo de hacer un doble trabajo. 
Convengo con la opinión expresada por el ponente en su informe de que las propuestas de la Comisión para reducir las enfermedades relacionadas con la contaminación no son suficientes. 
Parece que la Comisión ha desaprovechado una oportunidad para presentar propuestas que abordaran las enfermedades relacionadas con la contaminación en general y no la cuestión concreta de las enfermedades relacionadas con la contaminación del aire. 
El ponente acierta al pedir también un programa más amplio que pueda abordar también las enfermedades relacionadas con el ruido, los alimentos, el agua y la contaminación de los residuos. 
Una cuestión que me gustaría que se examinara en un programa más amplio que el propuesto por la Comisión es la de las enfermedades que se consideran relacionadas con la utilización de desinfectantes organofosforados. 
Mientras que ha habido considerable desacuerdo entre los científicos respecto de los efectos de los desinfectantes organofosforados en los ganaderos que los han utilizado, ha habido cada vez más pruebas que corroboran los argumentos de quienes sostienen que la utilización de desinfectantes organofosforados puede dañar al sistema nervioso. 
Me gustaría que la Comisión formulara un programa sobre enfermedades relacionadas con la contaminación que fuera lo bastante amplio como para abarcar asuntos como el que he esbozado. 
Informes Trakatellis, Viceconte y Cabrol 
Quisiera felicitar a los tres ponentes por la realización de este trabajo y por haber sabido conciliar sus puntos de vista y permitir así un mejor planteamiento de la salud pública a escala de la Unión. 
Qué progreso con respecto a un pasado aún reciente. 
Comparto sin reservas los deseos del Sr. Antonio Trakatellis en lo que respecta a la prevención y puesta en práctica de una red de información para uso de las víctimas de lesiones de todo tipo. 
El informe del Sr. Viceconte marca una etapa importante para el tratamiento de las enfermedades poco comunes. 
Apoyo la propuesta de invitar a la Comunidad Europea a comprometerse en la investigación relativa a estas enfermedades. 
También, para incrementar la eficacia de esta investigación y mejorar la difusión de sus informaciones, creo que se impone la creación de una base de datos gratuita y accesible a todas las personas susceptibles de aportar su ayuda al conocimiento de enfermedades poco comunes, que afectan de manera importante a muchas familias. 
Deseo apoyar también al Sr. Cabrol en sus esfuerzos por ampliar el campo de acción del programa de la lucha contra las enfermedades provocadas por la contaminación. 
Creo que es necesario un estudio sobre los efectos de la contaminación a largo plazo y las posibles sinergias entre los diferentes contaminantes. 
Finalmente, a la vista de los costes soportados por la sociedad en materia de salud pública, la inversión de 14 millones de ecus sólo puede, a la postre, jugar a favor del bienestar de la población pero también de una disminución de los presupuestos que dedicamos a la cobertura social. 
Nosotros, miembros del Partido de la Izquierda de Suecia, hemos votado en contra de los informes. 
Pensamos que las materias de sanidad y combate de ciertas enfermedades se tratan mejor en el ámbito nacional. 
Para alcanzar la cooperación internacional que también se necesita en esta materia, ya existen varias estructuras, entre ellas la Organización Mundial de la Salud. 
También estamos en contra de la solicitud del Parlamento para aumentar considerablemente los presupuestos de los programas propuestos. 
Debo expresar mi más sincera felicitación a los tres ponentes, los Sres. Viceconte, Trakatellis y Cabrol, por el excelente trabajo que han realizado sobre «la Acción-salud 1999-2003» de la Unión Europea. 
Los tres informes que esta Asamblea acaba de aprobar sobre los programas de acción comunitaria relativos a las enfermedades poco comunes, la prevención de lesiones y enfermedades vinculadas a la contaminación, mejoran claramente las propuestas presentadas por la Comisión. 
Las enfermedades poco comunes- de origen genético en un 80 %- serán objeto a partir de ahora de un compromiso real por parte de la Unión Europea, y me felicito por ello. 
La detección precoz y la puesta en común de los conocimientos específicos a nivel europeo debería dar la posibilidad de realizar progresos más rápidos, que todos esperamos. 
Pienso, por ejemplo, en la enfermedad de Creutzfeld-Jakob, pero también en muchas otras mucho menos conocidas pero también muy terribles. 
Con respecto al programa dedicado a la prevención de lesiones, insisto para que puedan ponerse en práctica los sistemas de información comunitarios, uno sobre las lesiones voluntarias e involuntarias, otro sobre las lesiones provocadas por intentos de suicidio. 
Igualmente, estoy totalmente de acuerdo con él en conceder una prioridad absoluta a los grupos sociales más susceptibles de padecer estas lesiones: los niños, las mujeres (a través de la violencia doméstica) y las personas mayores. 
Finalmente, las enfermedades vinculadas a la contaminación parecen en la actualidad cada vez más insoportables. 
Estas enfermedades, derivadas de la contaminación atmosférica, principalmente vinculada a los transportes, de la contaminación del agua, pero también del ruido, de los materiales de construcción (por ejemplo, el amianto )... , han de ser objeto de un programa ambicioso, como ha pretendido nuestro ponente. 
Deseo por tanto que la Comisión y el Consejo tengan en cuenta lo más posible la voluntad de este Parlamento. 
Informes Trakatellis, Viceconte, Cabrol y Flemming 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado a favor de los informes de los Sres Trakatellis, Viceconte, Cabrol y Flemming relativos a los programas de salud pública en la UE. 
Los programas deben cubrir la investigación y la cooperación entre los países miembros hasta el año 2003. 
Pensamos que la cooperación sanitaria y especialmente el intercambio de experiencias son buenos. 
El problema de los programas es que en sus análisis incluyen todo y así implícitamente prometen muchas cosas, sin embargo, en el fondo, no hay dinero para mucha salud suplementaria para los ciudadanos europeos. 
Queremos, además, llamar la atención sobre el hecho de que estos programas se incluyen bajo el artículo 129 del tratado que regula la cooperación entre los países miembros, lo cual no equivale a una armonización de las políticas sanitarias de los países. 
Una política sanitaria comunitaria es igual a una política comunitaria de consumidores o medioambiental, donde se tiene la competencia. 
La integración de los principios sanitarios donde sea relevante y una utilización efectiva del principio de prudencia tienen en conjunto más valor que estos programas que pueden tener carácter de plato de muestra. 
Informe Bazin (A4-0072/98) 
El informe del presidente de nuestra Comisión parlamentaria de Transportes y Turismo me parece marcado por la impronta del sentido común. 
La propuesta legislativa pretende completar la producción actual de informaciones estadísticas armonizadas sobre los transportes de mercancías. 
Además, en el marco del mercado único, era esencial asegurar una descripción del origen y destino regional de los transportes internacionales. 
Esta recogida de informaciones estadísticas permitirá analizar los corredores, las rutas llamadas sensibles, y mejorar la reflexión sobre la política común de transportes. 
La consecución de este objetivo exige un esfuerzo financiero por parte de la Unión Europea para secundar el de los Estados miembros. 
Sólo podemos felicitarnos de la posición de la Comisión presupuestaria, orientada a renovar la participación de 300.000 ecus para 1998 y 1999. 
Finalmente, más allá de nuestra satisfacción por esta propuesta, permítanme añadir la de los profesionales de la carretera que han participado en su elaboración. 
Derechos de la mujer 
Quizá sea paradójico decirlo hoy: sí, me gustaría que nunca más hubiera un día internacional de la mujer... 
Esto sería para mí la prueba de que ya no habría más desigualdad entre hombres y mujeres, que ya no habría más violencia, en cualquiera de sus formas, contra las mujeres, que éstas ya no serían víctimas de discriminaciones de ningún tipo. 
Pero lo sabemos y lo vemos, lamentándolo amargamente: estamos aún lejos de esto y el Día de la Mujer tiene aún ante sí «un hermoso futuro». 
Debo añadir que este año, con la denuncia del oscurantismo medieval de Kabul- que tanto ha contribuido a denunciar la Comisaria Bonino- se alcanzan cotas importantes en la desgracia que sigue afectando a tantas mujeres en el mundo... 
La mujeres afganas están ahora «muertas en vida» y parece que el mundo no puede hacer nada. 
¡Es dramático! 
Si añadimos el dolor de las mujeres argelinas y los crímenes terroristas que las amenazan, vemos con claridad que posiblemente nunca ha sido tan necesario manifestar nuestro apoyo a las mujeres en el mundo, en este 8 de marzo. 
Las coronas " conmemorativas» y las celebraciones del 8 de marzo acaban siendo pintorescas; eso si no son a propósito desorientativas, ya que no llaman a las mujeres, que continúan siendo una de las categorías más sensibles de la población, a luchar por sus derechos que son violados brutalmente por el actual sistema socioeconómico. 
En todo lo largo y ancho del planeta son vejadas por regímenes y concepciones totalitarias, por el retraso económico y cultural, por el hambre, la indigencia; en donde tienen lugar guerras y combates o incluso en donde se fomentan regulaciones sociales y económicas conservadoras y retrógradas, las mujeres primero son llamadas a pagar el precio y a enfrentarse a las consecuencias. 
Las mujeres de todo el mundo con sus luchas continuas e infatigables han cambiado muchas cosas, y no solo para las mujeres, sino también para el desarrollo de sociedades enteras. 
Hoy debemos honrar la fuerza de estas luchas, mencionando la necesidad de su continuidad, mientras problemas esenciales continúan sin resolver y otros, nuevos, vienen a amenazar sus derechos y sus conquistas. 
Víctima del fanatismo religioso, víctima de la explotación de redes criminales internacionales, víctima del desempleo, de la marginación social, la dignidad de las mujeres sufre de la forma más dura el comportamiento de un mundo que ofende a la dignidad humana en conjunto y sufre una existencia igual de cruda, aunque de otra forma, en los países del tercer mundo, en los países desarrollados, en los propios países de la Unión Europea. 
Las mismas oportunidades para las mujeres no pueden comprenderse en una sociedad sin una perspectiva social de igualdad de oportunidades, una sociedad del desempleo, de subempleo, sin un Estado del bienestar, una sociedad de coste y de comercialización del valor humano. 
Los derechos sociales y los beneficios no sólo no se amplían sino que se reducen cada vez mas como exageradamente costosos, hecho que sobrecarga aún más a las mujeres que deben combinar muchas obligaciones, dobles y triples funciones sociales. 
Las formas flexibles, elásticas de empleo, que se ofrecen con generosidad a las mujeres, no es un producto del desarrollo sino flexibilidad de los poderosos económicamente para compensar la crisis económica y garantizar la competitividad a costa de los trabajadores siendo la primera víctima las mujeres, que siguen cobrando menos por el mismo trabajo y enfrentándose a más problemas y a la desigualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. 
Las mujeres que siguen ocupando principalmente puestos de trabajo más bajos y no cualificados y teniendo una participación limitada en puestos de responsabilidad y puestos administrativos más altos en la vida económica, social y política. 
La protección institucional de las mujeres de cada clase de discriminación a su costa y la garantía de su influencia positiva en la vida social, económica y política no puede entenderse y reforzarse independientemente de la orientación y de la, a menudo desde las bases, reorganización del modelo de desarrollo de nuestra sociedad. 
Frente a los proyectos de la guerra, de la explotación y de la opresión, frente a la táctica de las discriminaciones, las mujeres son convocadas a sublevarse y a reivindicar sus demandas en el marco de un frente de lucha popular más amplio en cada país por separado y a nivel europeo e internacional que exprese la lucha común de obstaculización de esta política, hasta su derrocación, hasta el establecimiento del poder popular. 
En el mundo se imponen a las mujeres situaciones inhumanas y degradantes que provocan una justa indignación, claramente compartida. 
Por desgracia hay otras situaciones, mucho menos conocidas y que no se mencionaron en el debate del pasado lunes. 
Así, agencias especializadas de la ONU en cuestiones relativas a la población, de acuerdo con el Banco Mundial y el FMI, ejercen sobre un número importante de países de África y de América latina un verdadero imperialismo que condiciona la ayuda al desarrollo a políticas de esterilización definitiva, o parcial, cuando se trata de tratamientos químicos, impuestas de hecho a mujeres con frecuencia analfabetas. 
Pensemos también en las condiciones de las mujeres chinas, sometidas a un malthusianismo implacable, a abortos forzados, incluso a infanticidios en caso de superación de la «cuota» de niños autorizada por el poder comunista. 
Pensemos en las mujeres de África, hasta ahora ejes de la vida económica local, sacudidas de lleno por las políticas de ajuste estructural impuestas por la ideología del mercado mundial. 
En nuestros países de Europa, las mujeres ven con frecuencia cómo se les impone un modelo masculino de éxito profesional y social, que conlleva jornadas dobles de trabajo, a veces en detrimento de su equilibrio personal y familiar. 
Por otra parte, so pretexto de la liberalización sexual que se inició en 1968, una trivialización de la sexualidad reducida a un objeto de consumo inmediato expone a muchas jóvenes y mujeres a problemas que comprometen una vida de pareja abierta y duradera. 
Decididamente, aún hay un largo camino que recorrer antes de que las mujeres de las diferentes sociedades del mundo puedan verse reconocidas íntegramente, no en un clima de rivalidad exacerbada con los hombres sino en el respeto por su igual dignidad y su responsabilidad personal, masculina o femenina. 
Informe Cornelissen (A4-0065/98) 
Vemos como provechosos los esfuerzos de la Comisión para aumentar la seguridad en el tráfico. 
Se necesitan amplias medidas para disminuir la cantidad de accidentes de tráfico en las carreteras comunitarias, lo cual también la Comisión ha señalado en su programa de acción. 
Muchos accidentes dependen todavía de la ingestión de alcohol en relación con la conducción de vehículos. 
Por eso, damos la bienvenida a la propuesta que limita la cantidad máxima permitida de alcohol en la sangre a 0, 5 miligramos de alcohol por mililitro de sangre. 
Es un paso en la dirección adecuada. 
Por razones de principios, también votaremos a favor de una bajada del límite permitido, a saber, 0, 2 miligramos de alcohol por mililitro de sangre. 
He leído con mucha atención el informe de nuestro colega Petrus Cornelissen y suscribo plenamente los deseos y los objetivos formulados en este texto. 
Puede parecer absurdo intentar reducir el número de víctimas en un texto; sin embargo, habida cuenta de la amplitud de las cifras establecidas a escala de la Unión Europea, se imponen con urgencia algunas medidas financieras. 
Quisiera recordar que los dramas que asolan a miles de familias cuestan muy caros a toda la sociedad. 
El texto del Sr. Cornelissen contiene buenas ideas, tanto en materia de prevención como de represión, y considero que es de lo más oportuna una correlación entre legislación social y de seguridad en el ámbito de los transportes por carretera. 
El accidente especialmente trágico ocurrido en la autopista Lille-Gand nos obliga, y ello va en el mismo sentido que el texto del Sr. Cornelissen, a tomar medidas específicas cuando se producen condiciones climáticas extremas que pueden provocar colisiones especialmente desastrosas. 
La niebla es, desde el punto de vista estadístico, el factor más agravante, sobre todo en las conexiones de las autopistas. 
Ya he pedido a la Comisión que estudie medidas específicas para adoptar en caso de niebla especialmente densa y quisiera aprovechar el examen de este texto para estimular a todos los diputados europeos a acordar un posible cierre temporal de autopistas por causa de niebla densa. 
Esta propuesta sin duda sorprenderá a algunos colegas. 
Se explica sin embargo por el precio que pagan miles de ciudadanos, muertos o heridos, en condiciones similares. 
El número de fallecidos y de heridos que cada año se sacrifican en las carreteras de los Estados miembros de la Unión Europea es comparable al de una guerra real. 
¡Qué otra cosa podría decirse sobre los 45.000 muertos, los 500.000 ingresados en hospitales o sobre los 160.000 heridos! 
Desgraciadamente, la primacía en este deprimente balance la mantiene con toda probabilidad, en proporción a su población, mi país con 2000 muertos, 32.000 heridos y aproximadamente 22.000 accidentes al año. 
Por muchos proyectos que se elaboren y por muchos programas que se apliquen, por muchas y muy buenas que sean las intenciones de los que los fomentan, la situación, por desgracia, no cambiará decisivamente ya que no existirá un cambio radical en la política más general de los transportes que traslade su volumen principal de los medios privados, individuales a los medios de transporte de masas con vistas a- entre otras cosas- la reducción o por lo menos la limitación de los vehículos migrantes y el mejor control de las condiciones de seguridad de su circulación. 
La continuación de la política irreflexiva del fomento y del aumento de las ventas y de los beneficios de las grandes industrias del automóvil sin que existan las infraestructuras adecuadas que puedan recibir el volumen en continuo aumento de vehículos, el envejecimiento de la flota de vehículos por el empeoramiento del nivel de vida de los ciudadanos, el deterioro de la situación de la red de carreteras y de las infraestructuras correspondientes por las políticas de disciplina financiera y la continua infracción de las normas de seguridad y de los derechos de los trabajadores en los sectores de los transportes en aras de la competencia extrema y del aumento de los beneficios, constituyen, en nuestra opinión, causas básicas de agudización y de perpetuación del problema. 
Aparte del precio tremendo en vidas humanas, en las repercusiones de los accidentes de tráfico deben también calcularse el importante coste social y económico con que carga globalmente la población en vez de cargar los responsables directos con el coste de las inversiones imprescindibles y de las medidas apropiadas para la prevención de estos accidentes. 
Consideramos que el informe menciona propuestas positivas y mejora la propuesta de la Comisión, fomentando medidas para la mejora de la red de carreteras y de otras infraestructuras indispensables, la seguridad de los automóviles y la garantía del mantenimiento de las normas de comportamiento por parte del factor humano. 
Sin embargo creemos que lo más importante es que estas medidas se hagan realidad, que no se encuentren ante obstáculos técnicos y artificiales, que constituyan objeto de un debate más amplio y de agitación y que estén acompañadas principalmente de la formación de los ciudadanos, desde la edad más temprana pasando no sólo por todos los niveles sino también por las estructuras de la educación, en las normas de circulación y en el control social de la toma de medidas de prevención que se refiere tanto a los usuarios, a los trabajadores del sector de los transportes, como a la garantía de las prescripciones de seguridad en los vehículos y en las infraestructuras. 
Si es que se va a legislar en esta materia en el ámbito comunitario, tiene que tratarse de normas mínimas. 
Cada país debe tener derecho a adelantarse y mantener o introducir normas más estrictas. 
El informe del Sr. Cornelissen se fija, con toda razón, el objetivo de reducir drástica y rápidamente el número de accidentes de carretera que cada año matan a 45.000 personas en la Unión Europea, sin contar los heridos, que ascienden a 1, 6 millones. 
El informe denuncia los comportamientos individuales que ponen en peligro la vida de otras personas, incluso la de aquellos que los adoptan. 
Señala igualmente la necesidad de una estrategia global de la seguridad vial, tanto en materia de seguridad de los vehículos como en materia de decisión de los modos de transporte. 
Me felicito en este sentido de que se hayan tomado en cuenta las preocupaciones que yo había manifestado en lo que respecta al necesario reequilibrio en favor del ferrocarril, la disminución del tiempo de trabajo de los conductores por carretera y los controles de la reglamentación existente. 
Sabemos hasta qué punto es real el vínculo entre el cansancio y el riesgo de accidente. 
Con respecto a la seguridad vial, la responsabilización de cada cual pasa por proporcionar los medios financieros necesarios para crear las mejores condiciones de seguridad. 
Hemos de ser necesariamente sensibles al drama de los accidentes de tráfico y a la importancia que ha de concederse a la seguridad vial. 
Los transportes por carretera son responsables de cerca del 95 % de las víctimas de accidentes de circulación; esto representa, para la totalidad de Estados miembros de la Unión Europea, 900 muertos en accidente por semana y unas 500.000 hospitalizaciones por año, que se saldan con un 25 % de invalideces permanentes en diversos grados. 
En consecuencia, hemos de estar obligatoriamente de acuerdo con los diferentes objetivos que el ponente nos presenta. 
Efectivamente, es especialmente importante proteger a los niños a la salida de las escuelas, mejorar la normalización de los sistemas de seguridad de los vehículos, garantizar la seguridad de ciclistas y peatones, dar nociones de socorrismo en las autoescuelas... 
Sin embargo, en el punto c) del párrafo 7, el ponente propone prohibir la venta de bebidas alcohólicas en las estaciones de servicio de las autopistas. 
Es preciso recordar que está prohibido consumir alcohol en los restaurantes de las autopistas si este consumo no se realiza con una comida. 
Esta medida nos parece claramente suficiente ya que está vinculada a la tasa máxima de alcoholemia de los conductores, que es de un 0, 5 mg/ml en sangre. 
Con respecto a esta venta de bebidas alcohólicas en las estaciones de servicio de las autopistas, recordamos, en especial para el sector vitivinícola, que las autopistas atraviesan regiones productoras y que, por consiguiente, es lógico vender en ellas sus productos regionales. 
Estos productos los compran los consumidores y los consumen en sus lugares de destino. 
Como conclusión, esta prohibición no aportaría ninguna mejora con respecto a la situación actual y provocaría, muy al contrario, efectos negativos para la promoción de los productos regionales y la preservación de los cultivos regionales de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. 
Dado que actualmente uno de cada tres de los habitantes de la Unión Europea puede esperar que se verá tratado en un hospital en algún momento por heridas causadas en un accidente de tráfico, todos debemos acoger con beneplácito el programa de seguridad en carretera de la Comisión. 
El informe pide atinadamente que se conceda prioridad a la acción de la UE para velar por que, a la hora de producir los vehículos, la preocupación primordial de los fabricantes sea la seguridad y por que se ofrezca a los consumidores un sistema de evaluación de la seguridad que tengan presente a la hora de comprar un vehículo. 
Dado el número de personas que ahora conducen vehículos en países de la UE distintos de sus Estados de origen, también es una idea acertada examinar la posibilidad de establecer un sistema de sanciones por puntos a escala de la UE para los permisos de conducción. 
Asimismo, se puede aumentar la seguridad de los conductores profesionales y de los demás ciudadanos en las carreteras de Europa mediante la imposición de períodos de descanso y límites en las horas de conducción. 
Espero que la Comisión haga suyas las propuestas sobre seguridad que figuran en este informe para que todos nosotros tengamos menos motivos de preocupación en el futuro respecto de si seremos el infortunado de cada tres ciudadanos que necesite tratamiento hospitalario por heridas causadas en la carretera. 
Señor Presidente, el grupo de Independientes por la Europa de las Naciones apoya firmemente la crítica del proyecto de acuerdo multilateral sobre las inversiones internacionales, que acaba de ser votada con el informe Kreissl-Dörfler. 
Consideramos que si puede ser útil conceder un marco jurídico general a estas instituciones, el texto del acuerdo debería fijar, en su artículo primero, la soberanía inalienable de los pueblos y su derecho a elegir las leyes y el tipo de sociedad que les conviene. 
No se trataría para nosotros de aceptar el proyecto actualmente preparado por la OCDE, que parece situar a los Estados en posición de acusados, como si su acción sólo tuviera como resultado impedir a las firmas multinacionales trabajar por la prosperidad común. 
Peor aún, se ven dibujadas en el proyecto las líneas maestras de un mundo en el que las multinacionales serían los máximos protagonistas y en el que los Estados quedarían en cierto modo reducidos a subcontratistas para cuestiones de seguridad local. 
Estas orientaciones son claramente contrarias a nuestros conceptos de soberanía de las naciones y de la función de síntesis eminente que ha de desempeñar el aspecto político. 
Nos alegramos por tanto del sobresalto de resistencia que acaba de sacudir al Parlamento, señalando que nuestras protestas a propósito del GATT han caminado con lentitud y finalmente han dado quizá sus frutos, ya que muchas de las propuestas votadas en el día de hoy, por ejemplo sobre la necesidad de una cláusula que reconozca la legitimidad de las zonas de preferencia regional, hubieran debido incluirse en el GATT si se hubieran escuchado en aquellos momentos nuestras demandas. 
Pero este sobresalto del Parlamento no es suficiente, ya que el proyecto de acuerdo multilateral sobre las inversiones sólo es un aspecto de un movimiento más general que se desarrolla en varios niveles y que tiende a alejar al poder del control de los pueblos y a quitar a éstos la última palabra sobre el control de su destino. 
Por eso, a otro nivel, el proyecto de Amsterdam nos lleva en la misma dirección, eludiendo las democracias nacionales, reduciendo la calidad del control democrático en Europa y favoreciendo la emergencia de un poder europeo tecnocrático, que obedecerá mucho más a las presiones de los poderes financieros mundiales que a las necesidades de nuestros pueblos. 
Por estas razones es preciso no solamente rechazar el AMI sino también el Tratado de Amsterdam. 
Señor Presidente, me complace apoyar este informe que plantea serios y fundamentales motivos de preocupación por el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones y pide a los Estados miembros encargados de su negociación que respondan. He participado en reuniones con representantes de nuestro Gobierno del Reino Unido y sé que tienen en cuenta dichas preocupaciones. 
Ya han presentado gran número de excepciones, una propuesta de tratamiento especial y diferenciado para los países en desarrollo, el objetivo de la transferencia de los debates a la OMC y un estudio sobre las repercusiones para el desarrollo del acuerdo, cosas, todas ellas, acordes con nuestra resolución de hoy. 
Hago otras dos observaciones de principio: en primer lugar, corresponde a quienes propusieron el acuerdo justificar por qué se debe dar un nivel diferente de protección como derecho del inversor, en comparación con la responsabilidad que tiene en relación con las normas laborales, sociales, medioambientales o relativas a los derechos humanos; en segundo lugar, si bien apoyamos la inclusión de las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales como apéndice al AMI, debemos reconocer que se pueden y se deben hacer más eficaces y que en la Unión Europea tenemos una responsabilidad directa en relación con la promoción de códigos de conducta idóneos. 
Tenemos críticas en contra de la forma actual del AMI. 
Da demasiados derechos a los inversores multinacionales mientras que limita la influencia política de los gobiernos nacionales. 
Se corre el riesgo de desvirtuar gravemente la democracia. 
Votamos a favor del informe que resalta las deficiencias del acuerdo y queremos subrayar especialmente la importancia de la propuesta de enmienda 1. 
Lamentamos que el debate de este Acuerdo que limita gravemente la democracia se haya realizado a puertas cerradas y que haya tenido lugar en OCDE y no en un órgano internacional, en el que los países en desarrollo tengan posibilidades de participar e influir en su contenido. 
Somos el primer Parlamento que discute el proyecto de acuerdo multilateral sobre la inversión y que emite un dictamen en este sentido. 
Pensamos que los gobiernos no deberían aceptar este acuerdo en estas condiciones. 
En primer lugar, ponemos en duda la actuación. 
Se están produciendo negociaciones opacas, secretas, en el seno de la OCDE, sin debate sobre los objetivos, sobre la oportunidad y finalidad de este tipo de acuerdo. 
Ponemos en duda los fundamentos ideológicos. 
El liberalismo a escala mundial se convertirá en único motor de gobierno o de «no gobierno». 
Nuestro ponente se pregunta si el proyecto de acuerdo multilateral será incompatible con los acuerdos internacionales, como los acuerdos de Río o la Agenda 21, o las directivas de las Naciones Unidas relativas a los consumidores. 
Como señala nuestro ponente, ¿qué garantías tenemos de que se respetarán las políticas medioambientales, sociales y culturales dirigidas por la Unión Europea y sus Estados miembros? 
El propio ponente lo señala también, ¿qué mecanismos hemos de poner en práctica para proteger a la cultura de una liberalización incondicional? 
Para los socialistas no sería cuestión de aceptar un acuerdo así. 
Alertan a los gobiernos que no deberían privarse de sus medios de acción, de reglamentación. 
Los ciudadanos tienen con frecuencia la impresión de estar desposeídos de su futuro por causa de la globalización de una economía cada vez más poderosa. 
Corresponde a los gobiernos compartir con ellos esta preocupación. 
El informe del Sr. Kreissl-Dörfler contiene muchos aspectos razonables, aunque yo no puedo apoyarlo. 
El quid de la cuestión reside en que pienso que este informe es del todo innecesario por la sencilla razón que aparece en el punto 8 del propio informe, esto es, que la UE no es miembro de la OCDE. 
De ahí que de ninguna manera pueda celebrar el que la Comisión participe activamente en las negociaciones sobre un acuerdo multilateral de inversiones bajo los auspicios de la OCDE. 
Me parece una mala costumbre que la Comisión- como lo vemos cada vez en mayor medida- se asimile en situaciones negociadoras internacionales a los Estados miembros de la UE. 
Con todo, no tengo la menor duda acerca de cuál es la intención de esto- tratar de dar a la UE el status de superpotencia económica y política. 
A modo de conclusión, quiero señalar lo perfecto de la oposición del informe del Sr. Kreissl-Dörfler a que este futuro acuerdo de la OCDE- posiblemente- a través de una reducción del derecho comunitario dificulte la posibilidad de aprobar nuevas leyes comunitarias, por ejemplo, en el terreno medioambiental. 
A propósito de esto, quiero meramente intervenir diciendo que los propios Estados miembros de la UE hoy están afectados por las mismas cortapisas con relación a sus legislaciones nacionales. 
Una situación motivada precisamente por la forma enteramente rígida y centralista de los tratados comunitarios. 
Nosotros, nórdicos críticos de la UE, apoyamos la contundente desaprobación del AMI que se hace en el informe. 
Opinamos que el Acuerdo, en su forma actual, tiene consecuencias tan negativas que no debe ser firmado. 
Es intolerable que un Acuerdo con amplias consecuencias globales se negocie solamente entre las ricas naciones industrializadas en el seno de la OCDE. 
El Acuerdo, en cambio, debió ser negociado en la ONU o quizás en el marco de la OMC. 
El tratamiento dentro de los países de OCDE se caracteriza, además, por una gran reserva y deficiente control parlamentario. 
El contenido del Acuerdo es inaceptable. 
Sus propuestas implican dar derechos a las empresas transnacionales a costa de los estados. 
Significa que las empresas, en los tribunales, pueden suspender decisiones tomadas democráticamente sobre asuntos medioambientales, administración de recursos naturales y asuntos sociales. 
El acuerdo carece totalmente de menciones que garanticen los derechos de los trabajadores, los estándares medioambientales e importantes intereses nacionales. 
También hay partes del informe que no podemos aceptar, como el juicio positivo acerca del papel de la Comisión en las negociaciones y la pretensión de dar a la UE poder de decisión sobre asuntos relacionados con las inversiones extranjeras directas. 
El Acuerdo Mundial sobre Inversiones añade una pieza suplementaria al rompecabezas del mercado mundial. 
La opinión pública europea descubre en él que las ayudas fiscales a las inversiones y las financiaciones presupuestarias de nuestros equipos, es decir, el tipo financiado por los impuestos que soportan nuestros contribuyentes, tendrán también como beneficiarias a las multinacionales bajo control de los Estados Unidos. 
Los contribuyentes de los Quince pagarán por ofrecer mercados, empleos y beneficios a nuestros competidores norteamericanos. 
La Unión Europea que, con sus 350 millones de habitantes, debería ser una potencia por encima de los Estados-nación, revela ahí su realidad profunda: es una instancia sumisa con la Organización Mundial del Comercio, sumisa con la OCDE, y sumisa con la ideología librecambista mundial. 
Los campesinos lo sabían ya desde al menos el acuerdo del GATT de 1994. 
Los obreros de las acerías, de las explotaciones de carbón y del sector textil lo han experimentado con el precio de sus empleos perdidos y de su vida quebrada. 
Les toca ahora a los privilegiados del mundo del cine y de la televisión descubrir que la globalización, la supresión de las fronteras y el libre cambio son sinónimos de pérdida de la seguridad, de pérdida de las protecciones nacionales y de competencia desleal. 
El AMI hace que los artistas, los directores de cine, los productores y demás miembros de la carta mediocrática descubran que el librecambismo destruye, desmantela y siembra la miseria en las naciones. 
Por ello, esos privilegiados que no habían tenido ni una palabra de compasión por la Lorena siniestrada, por el Nord-Pas de Calais desertificado, por los mineros, por los obreros, por los 12 millones de campesinos eliminados y arrojados a la desesperación, esos millonarios del cine y de la televisión, como son los Tavernier, Brigitte Fossey, Jeanne Moreau y otros como Klappich, esos Poncio Pilatos del Tratado de Maastricht, gritan como descosidos. 
Ellos, los niños del mundo, los zulúes blancos, los chamanes del rito mundialista se convierten al proteccionismo, descubren los beneficios de las protecciones nacionales y recurren a la soberanía del Estado. 
Ellos, que rechazaban la preferencia nacional piden hoy la preferencia corporativista. 
Han pasado directamente de Maastricht, Ginebra o Hollywood a Vichy. 
Allí, donde reside la soberanía del país, AMIGA del pueblo y de sus pequeños. 
Por ser un Grupo confederal, la declaración de voto del Grupo Izquierda Unitaria Europea debe subrayar lo que ha motivado el voto de sus componentes y de todos sus miembros, que no tienen necesariamente, en este como en todos los demás casos, la misma expresión. 
En el debate interno sobre el informe Kreissl-Dörfer y en las intervenciones de miembros de nuestro Grupo fue consensual la denuncia del proceso de elaboración de este Acuerdo AMI, que se llevó casi hasta su firma al margen de una publicidad y de un debate democrático siempre deseables y que su importancia exigía, no sólo en relación con la opinión pública de los Estados miembros de la Unión Europea, sino también en relación con terceros países exteriores a la OCDE. 
Subrayamos el hecho de que la Comisión REX, bajo la presidencia de nuestra colega Lucina Castellina, haya tomado la iniciativa de elaborar un informe, cosa que honra mucho a este Parlamento por su contribución para dar dimensión institucional a las manifestaciones de protesta y de reservas que el conocimiento del acuerdo provocó, en particular en el sector cultural y artístico. 
Y el informe del Sr. Kreissl-Dörfler ha conseguido, pese a todas las transacciones necesarias para que se transformara en resolución de este Parlamento, dar forma a esa contribución por su posición manifiestamente crítica en cuanto al proceso y a su resultado. 
El voto expresado por los componentes y los miembros de Grupo Izquierda Unitaria Europea se fundamentó también en la posición consensual de rechazo de la situación en que acuerdos multilaterales de inversiones, elaborados y negociados entre dirigentes políticos y de grandes grupos empresariales, puedan prevalecer sobre legislaciones nacionales que, al emanar de estructuras y mecanismos democráticos, defienden posiciones nacionales, sean cuales fueren los sectores: económico, social, cultural, medioambiental. 
Las potencias del capital, teniendo como mandatarios los gobiernos de los estados de la OCDE y como dirigentes a los Estados Unidos y la Unión Europea, han decidido ofender brutalmente la soberanía nacional y la independencia aboliendo el derecho elemental de los pueblos a elegir la forma de desarrollo que van a seguir. 
Hasta ahora existía, aunque fuera limitadamente también en la base de la correlación de las potencias, la posibilidad de ejercer alguna política económica autónoma porque las organizaciones internacionales financieras o las uniones de integración regional no imponían programas draconianos de estabilización y la posibilidad de conclusión de contratos bilaterales que, en cierta medida, tomaban en cuenta los intereses recíprocos de los contratantes. 
Con el acuerdo que se está elaborando, la garantía de los beneficios y, más generalmente, de los intereses de los inversores extranjeros determina cada medida de política social, medio ambiental, de desarrollo y regional, bajo la amenaza de sanciones durísimas en caso de infringir las órdenes que protegen plena y exclusivamente a las inversiones extranjeras. 
El carácter opresivo del contrato es tal que podemos hablar de una carta de los derechos de las multinacionales y de las obligaciones de los pueblos y de los gobiernos. 
Es característico el hecho de que sólo los inversores extranjeros tengan el derecho de apelar al mantenimiento del acuerdo y sin embargo no se prevea una posibilidad relativa para los estados. 
El acuerdo da derecho a cada multinacional a demandar del gobierno del estado de recepción que esté ausente de cada intento de apoyar la producción nacional o de algunas ramas o de alguna zona con la concesión de ayudas estatales u otras facilidades. 
No está permitido que las inversiones extranjeras estén acompañadas de condiciones para el apoyo de la producción local, para el empleo de mano de obra local, para el respeto de las relaciones laborales. 
Los estados no va a poder imponer, o siquiera negociar con las multinacionales, la más mínima obligación de reinversión de una parte de los beneficios, de transporte de tecnología. 
Por el contrario, las multinacionales tienen en todo momento derecho a exportar el total de sus beneficios y de sus capitales y de acceder a cualquier regulación que consideren que les es ventajosa. 
Además, la aplicación del acuerdo permitirá a las empresas multinacionales anular cada posible compromiso posterior suyo relativo a las inversiones que ya se hayan efectuado. 
El acuerdo da un golpe fuerte a los derechos sindicales de los trabajadores y empuja a los gobiernos al severo castigo, de cualquier forma posible, de las movilizaciones laborales, amenazando con la indemnización por la fuga de beneficios por huelgas, por revueltas sociales o incluso por revoluciones, tal como se refiere característicamente. 
Paralelamente, el principio del standstill hace permanente cada medida de liberalización y desorganización, ya que cada nueva medida de protección de los derechos sociales podría proyectarse como de carácter protector y, por consiguiente, anularse. 
Es especialmente llamativo el hecho de que el texto, que aspira a someter a los pueblos a nivel mundial a la caza del aumento de los beneficios, se viera rodeado por el mayor secreto, su ratificación va a obligar a los países desarrollados a sucumbir al método de " o te adhieres o te condenas». 
Es igualmente insólito para los anales del Derecho internacional la supresión esencial del derecho a la liberación con el compromiso de los estados previsto para por lo menos cinco años desde la fecha de ratificación y por quince años la de la denuncia. 
La cuestión central de la cancelación inmediata de cada negociación ulterior y de la anulación de cualquier intento de aceptación de tales proyectos queda disimulada ya que la atención se centra simplemente en la excepción de algunos sectores del campo de aplicación del acuerdo. 
En caso de que finalmente este acuerdo se ratifique, nuestra postura debe ser una: El rechazo sin condiciones. 
Los pueblos no pueden soportar la dictadura planificada de las multinacionales y harán todo lo posible por derribarla. 
Hay una euforia respecto de los acuerdos internacionales que propicia el efecto perverso de que, por exceso, se anulen los efectos positivos que con ellos se persiguen. 
La Unión Europea viene revelando una inclinación a multiplicar los acuerdos sin detenerse a pensar si cada uno de ellos aporta algo nuevo y sobre todo si no entra en contradicción con intereses básicos de la sociedad en su conjunto y considerado desde el punto de vista del futuro. 
He de recordar las negociaciones que se mantienen ahora con los EE.UU. -que tienen enormes consecuencias para el futuro de un modelo europeo de sociedad- como un ejemplo, pero no es el único. 
En el acuerdo AMI, en el ámbito de la OCDE, la Unión Europea puede tener un gran peso, si se unen todos sus miembros para defender una visión a largo plazo que no ponga en entredicho el acervo europeo en materia de medio ambiente y de memoria cultural en beneficio del mercado. 
Lo que se acuerda, en el ámbito del AMI, se distingue de lo de la OMC no sólo por el tipo y el número de países participantes, sino también por el tipo de negociación. 
En el GATT/OMC, para defender los intereses del sector audiovisual europeo, bastó con que los países interesados no hicieran ofertas en ese sector. 
Ahora, en el AMI, que en mayo se aproxima al desenlace, es preciso garantizar expresamente la excepción audiovisual. 
Ésa será una prueba de fuego para la Unión. 
Quiera Dios que no nos defraude. 
Voto a favor del informe (condicionado a que la propuesta de enmienda 1 sea aprobada) , ya que asume una posición crítica frente al AMI y en la práctica exige su renegociación. 
Me reservo, sin embargo, respecto de algunas menciones, por ejemplo en el punto 22 de la propuesta de informe, que quiere aprobar una prohibición contra las subvenciones de inversión. 
Esto dañaría la política regional sueca que, en parte, está basada en estas subvenciones de inversión. 
También hay otros puntos que me hacen dudar del informe y que me gustaría que se redactasen de manera diferente. 
Informe Flemming (A4-0022/98) 
Como médico, responsable de un servicio hospitalario de otorrinolaringología, vivo diariamente los estragos que causa el consumo inmoderado del tabaco. 
Sin embargo, no creo que para garantizar la salud pública sea necesario suprimir en los próximos diez años las ayudas al cultivo del tabaco en Europa. 
Esta especie de prohibición del tabaco, perjudicial para nuestra economía, tendría pocas consecuencias sobre la reducción del consumo anual de cigarrillos ya que bastaría con proveerse entre los productores americanos y asiáticos, que por otra parte están buscando sin descanso nuevas salidas. 
Esta supresión estaría provista de un apoyo financiero al sector del tabaco, para la reconversión hacia otras producciones agrícolas. 
De ello se derivará automáticamente una sobrecarga presupuestaria que todavía no ha sido evaluada. 
Además, se planteará un problema real de decisión en cuanto a la naturaleza de las reconversiones, habida cuenta del sistema de cuotas y superproducciones que existe ya para muchos productos. 
¿En qué situación vamos a dejar a los productores, que ya están preocupados? ¿No vamos a suprimir empleos sin mejorar la situación sanitaria? 
Por el contrario, la propuesta de investigar variedades de tabaco para cultivo, con menos contenido en nicotina, me parece mucho más lógica en sus consecuencias médicas y económicas. 
Contribuiría realmente a mejorar la protección de los consumidores. 
Apoyando el principio que sirve de base al informe Flemming, quisiera insistir en el carácter poco realista y utópico que tendrían muchas de las propuestas que se han formulado, si hubieran de traducirse en hechos. 
Como de todos es sabido, el Tratado de Amsterdam, por su artículo 129, refuerza la obligación de la Unión Europea en la protección de la salud pública así como de los consumidores. 
Ello supone que la Unión, para hacer frente a sus nuevos compromisos en estos ámbitos y, sobre todo, a la exigencia de la integración de la protección de la salud en las políticas comunitarias, tendrá que presentar nuevas propuestas para su adecuado cumplimiento tras la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
El informe presentado por la Comisión es correcto y detallado; sin embargo, ahora la Unión, con el nuevo paso dado en Amsterdam en estas materias, exige nuevos enfoques. 
Por tanto, solicitamos un Libro Verde para conocer, como decía más arriba, las nuevas acciones de la Comisión para dar cumplimiento a esta nueva política sanitaria de la Unión. 
La relación de la Comisión y el informe del Parlamento Europeo son documentos muy bienvenidos. 
Pienso que es importante que se tomen en cuenta los aspectos de salud pública a la hora de diseñar la política comunitaria, entre otras materias, tratándose de tráfico y política agraria. 
Al mismo tiempo, me sorprenden los informes ya que de hecho critican indirectamente las decisiones tomadas dentro de la UE, por ejemplo, el año pasado. 
Se pueden nombrar muchas materias, por ejemplo alimentos manipulados genéticamente, ayudas a venenos medioambientales en la agricultura, vía libre a la salmonella y los antibióticos, ayudas a diferentes iniciativas estructurales dentro del tráfico por carreteras y apoyo al cultivo de tabaco. 
Todos estos asuntos tienen en común que afectan a la salud pública y por eso no se les debió haber dado la forma que tienen. 
Doy mi absoluto apoyo al punto 10 del informe donde se establece que el objetivo de las actuales ayudas al tabaco es que ellas se desfasen hasta que desaparezcan totalmente en el futuro. 
Espero que el Parlamento Europeo tome esta decisión, ya que la mayoría en tantas ocasiones anteriores ha dado su apoyo a las ayudas a los cultivadores de tabaco. 
Del mismo modo como las decisiones que afectan al medio ambiente deben ser seguidas de una descripción de las consecuencias medioambientales, las decisiones que afectan a la salud y la protección de los consumidores deben ser seguidas de descripciones de los efectos sanitarios. 
Sin embargo, no hay razón para construir un aparato propio de control en el ámbito comunitario. 
Esto hay que dejárselo a los Estados miembros. 
El medio ambiente, la salud y los asuntos relativos a los consumidores deben tener mayor primacía en el trabajo político en el ámbito europeo. 
Puede ser que se justifiquen las decisiones por mayoría, pero tiene que tratarse de normas mínimas. 
Cada Estado miembro debe tener derecho a mantener exigencias más altas o imponer reglas más severas que las comunitarias. 
En cuanto al cultivo del tabaco, la orientación debe ser que las subvenciones a los cultivos de tabaco se desfasen en un período de cinco a diez años. 
Para no aumentar el desempleo, hay que ofrecer a los agricultores cultivos alternativos y apoyo para desarrollarlos. 
He votado favorablemente el informe. 
Resulta innecesario realzar la importancia que la defensa de la salud debe adquirir en la Unión Europea. 
Por eso, el texto del informe hoy aprobado merece un apoyo global por nuestra parte, ya sea por la petición de la elaboración de un Libro Verde, en el que se deberán analizar los futuros campos de acción de una política europea en la esfera de la salud, por la necesidad de reconocimiento mutuo de diplomas de profesionales del sector, por la defensa de los derechos de los enfermos- incluidos los de indemnización en caso de aplicación de terapias inadecuadas -, por la aplicación de normas de seguridad elevada en las esferas veterinaria y fitosanitaria o por la propia reorganización y esclarecimiento de responsabilidades de ese sector de problemas en el nivel de la Comisión. 
Pero, como se dice en Portugal, » no hay mujer hermosa que no tenga algún defecto». 
Y, por lo que se refiere al tabaco, el informe insiste- como, por lo demás, otros- en un planteamiento parcial del problema. 
De hecho, pasa de largo ante la necesidad de fomentar la pedagogía y la necesidad de adoptar medidas preventivas que eviten el consumo de tabaco, factor evidente y claro de riesgo para la salud. 
Nada propone para impedir o prohibir globalmente la publicidad del tabaco, en particular en acontecimientos deportivos. 
Insiste sólo, en particular en su punto 10, en la necesidad del abandono de las ayudas al cultivo del tabaco en la Unión Europea y propone incluso plazos máximos de diez años para que así sea. 
Olvida, así, de forma rayana en la hipocresía, que ese política podría ocasionar decenas de miles de nuevos desempleados en ciertas regiones en las que no existen opciones substitutivas ni a corto ni a medio plazo y, curiosamente, olvida que el abandono de la producción en la Unión Europea propiciaría sólo un aumento de las importaciones y de los beneficios de las grandes transnacionales productoras de tabaco cuyo imperio en nada se procura tocar, ya que ni siquiera se aborda en el informe. 
Impugnamos ese planteamiento parcial de las consecuencias para la salud de la cuestión del consumo de tabaco (y de claro proteccionismo de los intereses de esas empresas productoras). 
Por eso votamos contra los puntos en que esa parcialidad es más visible y notoria y a favor de las enmiendas que pretendían reducirla al mínimo, que por fortuna resultaron aprobadas al final. 
Como ha precisado el ponente en su exposición de motivos, nuestro grupo también es consciente de los efectos del tabaquismo sobre la salud. 
Sin embargo, si se estima en 500.000 el número de fallecimientos por año a causa del tabaco en la Unión Europea, conviene aclarar también que los diferentes estudios epidemiológicos recientes han mostrado en Estados Unidos que la mortalidad por consumo del tabaco no decrecía sino que permanecía constante. 
Sin embargo, hace más de veinte años que el consumo de tabaco está disminuyendo con regularidad. 
Nuestro grupo ha presentado una enmienda al párrafo 10 de la propuesta de resolución. 
En efecto, el ponente precisa que es necesario disminuir, incluso suprimir, el régimen de ayudas a los productores de tabaco. 
En estos últimos años nos hemos visto obligados a recordar en muchas ocasiones que la Unión Europea importaba más del 70 % de su consumo de tabaco y que no se debía vincular las ayudas a los ingresos de los productores de tabaco con el fenómeno del tabaquismo y sus efectos sobre la salud. 
En ese sentido, nuestro grupo desea que exista una política restrictiva en lo que respecta a la promoción del consumo de tabaco. 
No se debe confundir el tabaquismo imputable al consumo de tabaco y la producción. 
Hemos de recordar que, si suprimiéramos las ayudas a los productores de tabaco, la producción europea se detendría inmediatamente, con las consecuencias que de ello se derivarían para el empleo. 
Las importaciones de tabaco procedentes de países terceros aumentarían de forma importante para compensar el descenso de la producción europea. 
El impacto sobre el tabaquismo sería nulo y la Comisión provocaría así un aumento del paro en la Unión, más en especial en zonas desfavorecidas y ya fuertemente afectadas por el paro. 
Enfermedad de Alzheimer 
Apoyo sin reservas esta serie de cuestiones relativas a la enfermedad de Alzheimer. 
Era hora de plantearlas. 
Me parece necesario poner en marcha un programa de acción sobre esta enfermedad, que afecta a un número nada despreciable de personas mayores en la Unión Europea, y a veces incluso, más jóvenes. 
Es indispensable orientar un programa de este tipo tanto a la investigación como a la prevención y tratamiento. 
Debo añadir que cualquier progreso en la lucha contra esta enfermedad ha de considerarse como un mayor bienestar para la población de los mayores. 
Conviene precisar que, por encima del aspecto sanitario, se perfila el desafío social y sencillamente humano. 
En efecto, si un gran número de personas mayores tienen cortado cualquier vínculo con la sociedad, la enfermedad de Alzheimer sólo acentúa esta triste constatación. 
Aprovecho para felicitar al personal sanitario y geriátrico por la calidad unánimemente reconocida de su trabajo. 
Es preciso impulsar su formación específica, con el fin de responder de la mejor manera posible a las necesidades de los enfermos aquejados de esta terrible enfermedad que condena al aislamiento. 
Resulta alentador ver cómo el Parlamento se preocupa por ello. 
Hace dos años que el Parlamento aprobó el informe Poggiolini, que solicitaba a la Comisión que presentase un programa de acción contra la enfermedad de Alzheimer y los síndromes neurológicos que alteran las funciones cognitivas. 
El texto, en su momento, solicitaba que este programa se pusiera en marcha «en el plazo más breve posible »... 
Es forzoso reconocer que estos plazos han sido más largos de lo previsto. 
Sin duda, el asunto es difícil, la enfermedad es mal conocida, sus causas siguen estando oscuras, los estudios epidemiológicos están limitados a algunos países occidentales y el personal en su conjunto está mal preparado para tratar estas enfermedades. 
Razón de más para avanzar en el trabajo científico: neurobiológico, epidemiológico y terapéutico. 
La Comisión ha de redoblar sus esfuerzos, apoyar la investigación y prever disposiciones presupuestarias especiales para que se acelere la mejora de los cuidados que merecen esos enfermos. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la prosecución del debate sobre la declaración del Consejo relativa a Kosovo, interrumpido antes de la votación. 
Señora Presidenta, es un poco desagradable continuar un debate que parece que ya ha terminado, pero continuémoslo. 
Bueno, los albaneses que residen en Kosovo piden algo que, creo, es lógico y obvio, y lo llevan pidiendo desde hace muchos años: que se les reconozca el derecho a determinar ellos mismos su suerte. 
Piden el respeto de sus derechos humanos y el grupo dirigente en Belgrado, Slobodan Milosevic, elige en lugar de la lógica, la política de la tensión. Y esta es una política que facilita los elementos extremistas que existen también entre la población albanesa. 
Los terroristas del llamado Ejército de Liberación de Kosovo no ayudan a los albaneses en Kosovo con la violencia y los asesinatos, creo. 
Slobodan Milosevic, por su parte no parece haber aprendido muchas cosas de las heridas aún frescas de la guerra civil en la Antigua Yugoslavia: Los acontecimientos en Kosovo crean peligros para toda la región. 
Impedir la extensión de la crisis a los estados vecinos, a Albania, a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, debe ser objetivo principal de la Unión Europea. 
Y creo que debemos considerar muy positivas las acciones de la Presidencia y las iniciativas que ha tomado el Sr. Cook. 
Ya se están creando problemas muy graves por el desplazamiento de la población hacia el sur y hacia el oeste de Kosovo. 
Si algunos miles de refugiados se ven obligados a refugiarse en los países vecinos, los gobiernos en Tirana y en Skopje se enfrentarán a problemas serios. 
Y toda la buena labor que ha realizado Fatos Nano en Albania para estabilizar el país se perderá. 
La desestabilización en toda la zona sería entonces un acontecimiento con consecuencias imprevisibles sobre la paz en los Balcanes. 
La unión Europea no debe permitir ningún cambio en las fronteras actuales. 
Por otro lado, no debemos volver a un nuevo derramamiento de sangre en los Balcanes. 
Y lo que han dicho los Srs. Van Den Broek y Henderson es positivo. 
Es necesario que empiece inmediatamente el diálogo para encontrar una solución. 
Y esto debe hacerlo Milosevic. 
Se lo debe al pueblo serbio que ha pagado tan cara su intransigencia. 
Señora Presidenta, una vez más hemos vuelto a ver las tremendas imágenes de niños y de mujeres desfigurados por la violencia de la policía del Gobierno serbio y, una vez más, hemos llegado tarde, a pesar de que una larga serie de acontecimientos presagiaban estos sucesos. 
Ya en el pasado mes de octubre, 3.000 albaneses que reivindicaban un derecho fundamental como el de aprender su propia lengua, fueron dispersados muy violentamente por las fuerzas de policía del Gobierno serbio, mientras las autoridades diplomáticas de la Unión Europea guardaban silencio. 
La Unión Europea aprobó un texto, al que esta mañana se refirió el Presidente y que, a mi entender, hay que reconocer que es un buen texto, un texto que ofrece indicaciones precisas. 
El problema, sin embargo, es otro. 
Señor Presidente, ¿lograremos llevar a cabo lo que se indica en su comunicación? 
Ésta es la gran pregunta. 
En efecto, cuando el representante del Gobierno serbio supedita el establecimiento del diálogo al reconocimiento de la Constitución serbia, pone una condición objetivamente inaceptable porque, como usted ha recordado, dicha Constitución representa el peor obstáculo para la puesta en marcha de las negociaciones. 
La situación se convierte objetivamente en más difícil, ya que, en lugar de acercarse, las partes se han ido alejando. 
Hoy, incluso los líderes más moderados como Rugova muestran actitudes extremistas. 
Por lo tanto, si queremos evitar baños de sangre e impedir que vuelva a desencadenarse una guerra en esa zona, una guerra cuyas consecuencias son imprevisibles, es preciso que la labor del Consejo sea extremadamente enérgica. 
Señora Presidenta, durante las discusiones sobre el Tratado de Maastricht comenzó la guerra en Yugoslavia y el país se fragmentó. 
En vísperas de las negociaciones para la ampliación, la pesadilla de una guerra en los Balcanes pende sobre nuestras cabezas. 
Los colegas De Vries, Swoboda y Pack ya han realizado un análisis detallado, que yo comparto, del asunto. 
Por tanto, me limito a unas cuantas preguntas a nuestro Presidente de la Unión. 
¿Está dispuesto el Presidente del Consejo, en relación con Kosovo, ha emitir la misma señal que con Irak en caso de que fuera necesario? 
¿Se están elaborando planes para enviar observadores militares a la frontera albanesa? 
Porque me consta que el país está abarrotado de armas y se dice que ese país aprovisiona al pequeño ejército de liberación. 
La autonomía de Kosovo le parece importante al Presidente. 
¿Qué va a hacer para que Milosevic la lleve a cabo? 
Señora Presidenta, a pesar de las dificultades y a pesar del número dramático de muertos que hemos tenido en Kosovo, creo que hay algunos datos que pueden darnos algún optimismo, por lo menos en relación con lo que sucedió en Bosnia. 
En el caso de Bosnia teníamos población croata en Bosnia y frente a ella a un Tudjsman nacionalista y agresivo. 
En el caso de Kosovo tenemos población albanesa; pero a un Fatos Nano, moderado y sensato. 
En el caso de Bosnia teníamos fronteras separadas, en el caso de Kosovo tenemos fronteras dentro de los marcos de la República Federal de Yugoslavia. 
Por esta razón son necesarios la prudencia y el esfuerzo. 
Por supuesto que son necesarias las presiones, pero también hay que dar a Yugoslavia, a Serbia, la seguridad con vistas a que haga las maniobras que sean necesarias. 
No debemos olvidar el temor de Yugoslavia a una nueva secesión, el miedo a una Voivodina después de Kosovo, el miedo de un Montenegro después de Voivodina; y creo que desde este punto de vista las garantías sobre un compromiso de las fronteras facilitarían las cosas para las maniobras del lado del gobierno yugoslavo. 
Señora Presidenta, espero que nadie en esta Asamblea desconozca la gravedad de la crisis que afrontamos hoy o abrigue alguna duda al respecto. 
Después de la guerra de Bosnia, muchos de nosotros temimos que habría quienes utilizarían la paz como una oportunidad simplemente para tomar aliento antes de volver a sus perversas acciones. 
En este momento temo que estamos viendo hacerse realidad esas predicciones. 
En Croacia, como sabemos, el reciente discurso del Presidente Tudjman en el congreso de su partido, la situación en la Eslavonia oriental y el hecho de que no esté imponiendo eficazmente la aplicación del Acuerdo de Dayton indican que la comunidad internacional no debe bajar la guardia en esa región. 
Es evidente que el Presidente Milosevic cree que es lo bastante fuerte en Kosovo para desafiar a esa comunidad internacional y su determinación. 
Así, pues, tenemos que enviar un mensaje muy claro en el sentido de que seguimos comprometidos con el restablecimiento permanente de la paz y la estabilidad en la región. 
Debemos tener una total unidad de objetivos en la comunidad internacional. 
Milosevic exagerará cualquier pequeña diferencia que advierta y la utilizará para justificar su brutalidad. 
Nuestra condena de la brutalidad de la represión serbia debe carecer de la menor ambigüedad, al tiempo que quede claro que no tendremos trato alguno con el terrorismo. 
Felicito a la Presidencia y al Grupo de Contacto por la rapidez con que han reaccionado ante la última crisis. 
Pero debemos velar por que se imponga efectivamente el cumplimiento de las sanciones a Serbia y debemos apoyar las gestiones de los Gobiernos de Albania, Bulgaria y de la ARYM para intentar poner fin a la propagación de la crisis y la desestabilización de toda la región. 
Recientemente, la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa del Parlamento pidió que se nombrara un alto representante para Kosovo. 
Así, pues, acogemos con beneplácito la nueva misión y el mandato encomendados a Felipe González como representante personal del Presidente en ejercicio de la OSCE para la antigua República Yugoslava. 
Si podemos resolver los problemas a corto plazo, debemos intensificar nuestros esfuerzos para resolver los problemas a largo plazo. 
En particular, debemos lograr la aplicación del acuerdo sobre la educación y debemos lograr avances respecto de las medidas de desarrollo de la sociedad civil en Kosovo. 
Señora Presidenta, quiero puntualizar un aspecto que no se ha debatido. 
Cinco países, el primero de los cuales Grecia, que es el único miembro de la Unión Europea, Bulgaria, Rumania, Turquía y, a propuesta de Grecia, también la Antigua República Yugoslava de Macedonia, tomaron hace días una posición común sobre el explosivo problema de Kosovo Son los cinco países que sienten más intensamente que cualquier otro que un estallido en esta zona tan torturada haría saltar en los Balcanes la paz que, con tanta sangre, lágrimas y daños horribles, se intenta consolidar tras la partición de Yugoslavia. 
Y serán estos cinco países los primeros que sufrirán las repercusiones de una convulsión incontrolable. 
También estos días se encontraba en visita oficial en Atenas el Presidente de Albania Sr. Meintani y escuchó de los labios más oficiales que la solución del dramático problema debe apoyarse en la posición doble: Por un lado excluir cualquier variación de las fronteras en los Balcanes, y por otro reconocer una amplia autonomía, con plenas libertades y un restablecimiento real del Derecho en Kosovo. 
El respeto absoluto de los derechos de los grupos étnicos, la tolerancia ante las reuniones pacifistas, la aplicación de los acuerdos culturales, es el único camino que puede conducir a un diálogo constructivo y romper el círculo vicioso de manifestaciones intimidatorias y de represión bestial. 
Todo lo demás lanza teas encendidas al depósito de pólvora de Europa. 
Señora Presidenta, es evidente que, una vez más, Europa y sus Instituciones han llegado trágicamente tarde respecto a un problema especialmente europeo. 
Es importante, sin embargo, que el Grupo de Contacto haya establecido con firmeza los términos para una solución política al conflicto. 
Subrayo política y no militar, como se solicitó absurdamente también en este debate. 
Lo que hay que hacer ahora es rechazar cualquier acusación de ingerencia, porque tal ingerencia no existe cuando se interviene militarmente en una contradicción política. 
Al mismo tiempo, es necesario rechazar los anhelos independentistas expresados, incluso esta mañana, precisamente por Kosovo. 
Creo que Europa debe ejercer una presión muy fuerte para que Milosevic vuelva a emprender el diálogo directo con la comunidad albanesa. 
Éste es el problema que se nos plantea y que, por otra parte, es el único camino posible: el diálogo entre las partes en conflicto. 
El objetivo debe ser volver a esa autonomía de Kosovo que negó el Gobierno de Belgrado. 
Considero que éste puede ser un camino que el Consejo debe seguir con firmeza sobre la base de las condiciones que comparto y que fueron establecidas por el Grupo de Contacto. 
Señora Presidenta, tenemos la oportunidad de evitar en Kosovo, a través de la diplomacia preventiva, lo que no pudimos evitar en 1991 en la antigua Yugoslavia. 
Para ello, hay que presionar al Presidente Milosevic para que cese de inmediato la represión, inicie el diálogo con los representantes kosovares y restablezca la autonomía de ese territorio que, hace ya años, puso fuera de la legalidad. 
Al mismo tiempo que presionamos a Milosevic en ese sentido, debemos condenar el terrorismo, que no sirve, ni puede servir, ni puede ser aceptable para defender objetivos políticos. 
Y en esa dirección debemos apoyar la acción internacional política por medios políticos, basada en dos consideraciones: lo primero, que lo que está ocurriendo en Kosovo no es, ni mucho menos, un problema interno- cuando hablamos de principios democráticos, de derechos humanos y de vida humana no hay, desde luego, derecho de soberanía- y, la segunda, que cualquier solución para Kosovo debe enmarcarse en las actuales fronteras existentes si no queremos crear más problemas. 
Por ello, vamos a apoyar las medidas adoptadas por el Grupo de Contacto, pedir a Europa un papel mayor y, desde luego, apoyar la misión, aceptada, según parece, por el antiguo Presidente de Gobierno español Felipe González. 
Quisiera hacer varias observaciones en respuesta a las cuestiones que han planteado Sus Señorías en el debate. 
En primer lugar, rechazo cualquier sugerencia de que la Presidencia no se haya mostrado activa para intentar hacer lo práctico y realista al abordar los problemas de Kosovo. 
Como he dicho en mi introducción, el Secretario del Foreign Office, Sr. Cook, en su calidad de Presidente del Consejo, visitó Belgrado y se entrevistó con el Sr. Milosevic el pasado jueves. Iba acompañado por representantes de la Comisión. 
El lunes, el Grupo de Contacto se reunió en Londres y se ampliaron medidas en cuatro sectores acordados como parte de la acción política: un embargo de armas, una negativa a suministrar equipo que se pudiera utilizar en sentido represivo, limitaciones en la concesión de visados y una moratoria de los créditos financieros para esa región. 
Ésa ha sido la base a partir de la cual ha hablado y ha adoptado medidas la comunidad internacional. 
Hoy mi colega el ministro Sr. Lloyd está, como enviado de la Presidencia, en la región, a donde llegó el lunes. Va a visitar Belgrado. 
También va a visitar otros países vecinos para informarse de sus problemas y preocupaciones particulares para poder transmitir esa información al centro. 
Además, la Conferencia Europea, que se celebrará mañana en Londres, es otra oportunidad para examinar esos asuntos y también la reunión oficiosa de los ministros de Asuntos Exteriores que se celebrará el viernes y el sábado en Edimburgo constituye otra oportunidad. 
Si surgen otras ideas, se podrán debatir y poner en práctica. 
La Presidencia ha desarrollado una gran actividad, junto con el Consejo, y esto lo digo también como respuesta al Sr. Bianco. 
En respuesta a la Sra. van Bladel, en este momento el objetivo es el de intentar buscar una solución política. No se ha planteado la cuestión de una acción militar. 
Si se planteara, habría que considerar si estaba o no en consonancia con el Derecho internacional y si sería una acción eficaz y apropiada. 
Si las respuestas a esas dos preguntas fueran positivas, habría que decidir quién participaría, cuál sería el objeto, cómo concluiría cualquier acción militar y qué solución política haría falta. 
Hay que responder a muchas preguntas que se van encadenando sobre todas esas cuestiones. 
Lo importante es intentar buscar una solución política para este problema. 
Como ha dicho uno de los participantes en el debate hacia el final: si se reconoce que el comportamiento del Gobierno yugoslavo en Kosovo es inaceptable para la comunidad internacional, se puede reparar la situación concediendo una autonomía adecuada al pueblo de Kosovo para que pueda determinar su futuro respecto de sus asuntos internos. 
Ha habido actividad, la Presidencia ha estado activa, el Consejo ha estado activo y, de hecho, la comunidad internacional ha reaccionado ante la crisis. 
Eso se refleja también en el propio hecho de que se celebre un debate en el Parlamento hoy y de que el propio Parlamento esté desempeñando su papel al hablar en nombre de los pueblos de la Unión Europea sobre la gravedad, en su opinión, de la situación y cómo podría encontrar- esperémoslo- una solución basada en un arreglo político. 
Señora Presidenta, el Presidente en ejercicio me ha mirado cuando ha rechazado la acusación de que la Presidencia no ha estado demasiado activa. 
Tal vez fuera porque soy uno de los pocos diputados que están presentes en la Asamblea, pero he de decir con toda claridad que mis críticas no iban dirigidas al actual Presidente en ejercicio, sino a la Presidencia, la Comisión e incluso el Parlamento, que durante muchos años reconocieron el problema y no hicieron lo suficiente. 
Espero que la actual Presidencia contribuya mucho a la resolución del problema y de la crisis. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Proceso ASEM 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales: 
B4-0174/98- O-0004/98 al Consejo y B4-0175/98- O-0005/98 a la Comisión, del Sr. Swoboda, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el proceso ASEM; -B4-0176/98- O-0018/98, del Sr. Bertens, al Consejo, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el próximo encuentro Asia Europa (ASEM) ; -B4-0178/98- O-0055/98, del Sr. Jarzembowski y otros, al Consejo, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el encuentro UE-Asia (ASEM) ; -B4-0180/98- O-0058/98, del Sr. Telkämper y otros, al Consejo, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la segunda cumbre Asia-Europa (ASEM II) de abril en Londres; -B4-0261/98- O-0061/98, del Sr. Vinci, al Consejo, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la cumbre UE-Asia; -B4-0264/98- O-0064/98, del Sr. Pompidou, al Consejo, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre el proceso ASEM; -B4-0268/98- O-0068/98, de los Sres. Dupuis y Vandemeulebroucke, al Consejo, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la segunda cumbre Asia-Europa (ASEM) en abril en Londres. 
Señora Presidenta, recientemente una importante empresa de mi circunscripción anunció importantes pérdidas de puestos de trabajo, porque había perdido un pedido del Extremo Oriente, lo que me corroboró los peligros que representa para Europa la presente crisis. 
Nuestros bancos están extraordinariamente expuestos y nuestra dependencia del comercio nos hace extraordinariamente vulnerables ante ese tipo de crisis en los mercados mundiales. 
Así, pues, es evidente que deberíamos utilizar el proceso ASEM para ver cómo podemos velar por que se supere esta crisis muy rápidamente y por que no se agrave. 
En particular, debemos tener en cuenta que al menos parte de esta crisis se puede atribuir a lo que podríamos llamar amiguismo y otros podrían llamar franca corrupción en algunos de los países afectados. 
Se hicieron demasiadas operaciones irregulares con dinero ajeno y hubo demasiada disposición a hacer la vista gorda ante las deficiencias de dichas operaciones. 
Es evidente que no podemos separar nuestra libertad económica de la libertad política. 
Las exigencias que este Parlamento expresa con frecuencia de que se respeten los derechos humanos son una parte importante del proceso, igual que las exigencias de libertad económica. 
Debemos velar por que haya transparencia del proceso político en el Extremo Oriente. 
Me gustaría que el Consejo y la Comisión nos dijeran cómo se proponen utilizar la cumbre ASEM para hacer comprender la importancia de que se formulen proyectos encaminados a la consecución de un ejercicio correcto del poder en el Extremo Oriente para que en el futuro podamos partir de una economía más fuerte. 
Los parlamentos deberían estar desempeñando un papel más intenso en ese proceso, porque mediante la dimensión parlamentaria se garantizará que nadie haga la vista gorda al amiguismo y a la corrupción. 
Por último, debemos examinar la posibilidad de reformar las instituciones financieras. 
Algunos sospechamos que las medidas de salvamento que se están aplicando en este momento van más encaminadas a salvar a personas que hicieron tratos inadecuados que a intentar reestructurar las sociedades y las economías de los países del Extremo Oriente. 
Me interesará oír lo que el Consejo y la Comisión han de decir sobre cómo se proponen plantear la cumbre ASEM desde estos puntos de vista. 
Señora Presidenta, Presidente en funciones, la cumbre del ASEM es desde luego de la mayor importancia. 
Europa tenía que haberse involucrado desde el principio en esta situación incierta, desde el punto de vista financiero, que se ha creado en el sur y en el este de Asia. Eso es necesario también para un diálogo equilibrado y parejo entre esa parte de Asia y Europa. 
Los países asiáticos deben llevar a cabo reformas a gran escala, pero la Unión debe expresar su apoyo a las mismas y también actuar conjuntamente con el FMI. 
Quisiera preguntar al Consejo si comparte esta opinión y, por lo demás, agradecería que el Consejo indicara cómo se habría podido evitar que la Unión Europea tenga ahora la imagen de ser el gran ausente en las recientes y dramáticas evoluciones financieras y económicas en el sur y en el este de Asia. 
¿Cómo cree el Consejo que puede rectificar esto? 
Apoyamos la iniciativa común de los países de la ASEAN para crear un mecanismo de vigilancia común y así juntos poder evitar acaso una posible nueva crisis y contener el conocido efecto dominó financiero y económico. 
¿Está de acuerdo el Consejo conmigo en que tal vez sería necesario un papel de apoyo por parte de Europa? 
Una pregunta sencilla, quizá una respuesta larga, pero en cualquier caso: ténganla presente. 
Mi Grupo, el Grupo liberal, aboga también por que no sólo se discuta sobre temas financieros y económicos durante la cumbre. El diálogo político es en una relación equilibrada y pareja al menos igual de importante. 
De acuerdo con las conclusiones de la asamblea de ministros de principios del año pasado, invito al Consejo a incluir en la agenda plenaria de la cumbre del ASEM también los derechos humanos. 
Acaso puedan tratarse en las conocidas reuniones bilaterales entre diversos países. 
¿Puede prometerme el Consejo que eso ocurrirá efectivamente? 
Señora Presidenta, Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, mi grupo político espera también con gran atención la respuesta a las cuatro preguntas presentadas por escrito, pues las relaciones asiático-europeas son de gran importancia tanto para nuestras relaciones de política exterior como para la situación económica y social en los veinticinco Estados afectados. 
Somos de la opinión de que el proceso de Asia no se puede dejar en manos de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de las burocracias sino que hay que incluir en él al Parlamento Europeo y a los Parlamentos asiáticos que son los que representan en este proceso a los pueblos. 
Apoyamos este proceso, que debe incluir una amplia cooperación política, económica, social y cultural. 
También nos gustaría saber si el Consejo quiere hablar con sus colegas asiáticos sobre la cuestión de la ampliación de los Estados participantes en ASEM. 
La inclusión de la India, Pakistán, Bangladesh, Nueva Zelanda y Australia parece interesante desde nuestro punto de vista. 
Pero reconozco que son nuestros interlocutores asiáticos los que tienen que decidirlo, exactamente del mismo modo que nosotros expresamos nuestras reservas en el caso de Birmania a causa de la situación de los derechos humanos y no podemos aceptar a este país. 
Si se produjese un éxito en Londres, éste solamente sería posible si los 25 Jefes de Estado y de Gobierno pudiesen demostrar que hemos encontrado unas vías comunes para finalizar la crisis financiera en Asia. 
Hay que lograr una mayor transparencia en el sector bancario internacional. 
Hay que encontrar también un mecanismo para atajar las especulaciones monetarias a corto plazo. 
Apoyo a las personas del Consejo y de la Comisión que son de la opinión de que un país como Indonesia que no solamente no aplica las reformas acordadas con el Fondo Monetario Internacional sino que las rechaza arbitrariamente, no puede contar con el apoyo de los interlocutores asiático-europeos. Por el contrario, la Comunidad y también los interlocutores asiáticos tienen que actuar para que se produzca un cambio en la situación política y económica en ese país. 
Comparto la opinión de algunos de mis colegas en el sentido de que aunque en la cumbre ASEM hablemos sobre economía, comercio, finanzas y política exterior, también hay que hacerlo sobre los problemas básicos que son comunes a nuestros Estados europeos y los Estados asiáticos, a saber, la cuestión de la lucha contra la pobreza, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo de la democracia y del Estado de derecho así como la protección del medio ambiente- solamente quiero recordar los incendios forestales en determinadas partes de Asia, que no sólo tienen repercusiones locales sino globales. 
Finalmente, creo que es importante incluir al Parlamento Europeo y a los Parlamentos asiáticos en el proceso, tal como ya han indicado algunos oradores anteriores. 
Hay que intensificar la posibilidad de democratización en general y la responsabilidad de los diputados en las relaciones internacionales. 
Por ello es tan importante incluir a los Parlamentos asiáticos y al Europeo en el proceso. 
Para finalizar, permítanme que diga dos cosas. 
Primera: me alegraría mucho si el Presidente del Consejo y quizás también nuestro Comisario, Sir Leon Brittan, declarasen de motu propio que a finales de abril van a emitir en la sesión plenaria de Bruselas una declaración oficial sobre los resultados de la cumbre de Londres, para que podamos debatir sobre los mismos. 
Hoy debatimos sobre las esperanzas, pero será importante debatir también en esta Asamblea sobre los resultados en base una declaración oficial del Consejo y de la Comisión. 
Por lo demás, Señorías, deseo un gran éxito al Consejo y a la Comisión participante en la cumbre ASEM. 
Señora Presidenta, el segundo encuentro de los Jefes de Estado ASEM con los Jefes de Gobierno europeos del 3 y 4 de abril va a tener lugar ante el trasfondo de una grave crisis económica y financiera en el Asia Oriental Suroriental. Una crisis que agudiza y va a agudizar aún más las usuales repercusiones del crecimiento económico capitalista típico de las macrociudades: puestos de trabajo inseguros y mal pagados, explotación sin consideraciones e incontrolada de la naturaleza y de los recursos de la tierra así como ataques a veces masivos contra los derechos humanos. 
Pronósticos de la OCDE auguran que también las economías europeas padecerán las repercusiones de la crisis si no se hace algo con rapidez y de modo sostenible en Asia Oriental y Suroriental que inicie una recuperación. 
Pero también debo decir que hay muchos colegas en esta Asamblea que han alabado a estos llamados " tigres» , el boom y la política del dinero rápido allí practicada. 
Creo que hacen falta nuevos mecanismos y, sobre todo, el primado de la política; hace falta un nuevo marco que se debe establecer en Londres. 
Si tenemos en cuenta que los Estados ASEM representan más de la mitad del producto interior bruto mundial, este hecho subraya aún más la responsabilidad que gravita sobre el encuentro de Londres. 
En este Parlamento hemos exigido en repetidas ocasiones durante los últimos meses la democratización en Birmania y establecer relaciones comerciales con este país solamente si allí se respetan los derechos humanos y las circunstancias cambian en un sentido democrático. 
En relación a Corea del Norte, exigimos que no se entregue unilateralmente el dinero para el proyecto KEDO sino que lo empleemos para paliar o mitigar el hambre, que impulsemos aquí el desarrollo del mercado interior y, de este modo, también la política de paz en Corea. 
Hay que hablar de estos proyectos. 
El Sr. Kinkel ha hablado de una nueva política respecto a Timor. 
Quizás el Consejo y la Comisión puedan exponer aquí algo sobre esta nueva política frente al Estado represor de Indonesia. 
Están además los incendios de las selvas. 
Estas no arden casualmente sino que son incendiadas a propósito. 
En este contexto, creo que es necesario elaborar programas para la protección del clima. 
Nos gustaría saber cómo quiere enfrentarse a estos problemas que hemos debatido en tantas ocasiones. ¿Qué iniciativas quiere adoptar? 
¿Qué opina, por ejemplo, de la introducción de un impuesto Tobin ante la crisis económica y financiera existente? 
¿Cómo va a explicar a los Gobiernos una nueva cooperación? 
Creo que es positivo que lleve a las negociaciones un mandato del Parlamento y que, tal como ha dicho el Sr. Jarzembowski, la próxima vez presente al Parlamento un informe sobre lo que ha negociado, sobre cómo lo ha negociado y con qué perspectiva común podemos configurar conjuntamente la política frente al Asia Oriental y Suroriental con responsabilidad democrática. 
Señora Presidenta, Señorías, a la vista de la segunda cumbre de la ASEM, es importante a mi juicio, definir qué papel es el que puede y debe jugar la Unión Europea en el marco de la cooperación y desarrollo de las relaciones con Asia, cuáles han de ser sus prioridades, qué medidas han de tomarse para coordinar y definir con precisión las acciones que hay que emprender. 
Destinada a estimular el diálogo con nuestros colaboradores asiáticos, la cumbre de la ASEM puede, en efecto, contribuir a facilitar la comprensión recíproca y a estrechar los lazos entre nuestros dos continentes. 
Lazos que, en el contexto crucial de la globalización actual, han de concretarse mediante la puesta en marcha de una cooperación euroasiática sobre las cuestiones regionales e internacionales de máxima importancia, principalmente sobre los aspectos económicos y financieros, científicos y tecnológicos, medioambientales, culturales y humanitarios. 
En el marco de la nueva colaboración con Asia, es indispensable por tanto que la Unión desempeñe una función preponderante en el desarrollo y puesta en práctica de sus instrumentos, que permitirán crear sinergias y asociaciones en estos ámbitos. 
Por consiguiente, debo apoyar todas las iniciativas identificadas en el transcurso de la primera cumbre de la ASEM y las sugerencias formuladas en el segundo Asia-Europe Business Forum de Bangkok, que deberían mejorar el clima general y desarrollar las inversiones recíprocas. 
En cuanto a la crisis que afecta desde hace meses a una buena parte de Asia, tema que sin duda se discutirá en la cumbre de Londres, es importante que la Unión participe activamente en la puesta en marcha de medidas financieras y económicas para detener los mecanismos de recesión. 
La Unión contribuirá, por una parte, a alentar las reformas necesarias en los sectores afectados por la crisis, y por otra a que los inversores extranjeros recuperen la confianza. 
Como conclusión, y con el objeto dar una dimensión parlamentaria al proceso ASEM, conviene apoyar la organización de una asociación a nivel parlamentario entre Asia y Europa, es decir, ASEP, vinculando estrechamente a esta Asamblea. 
Señora Presidenta, yo tuve el privilegio de formar parte de la delegación a la ASEAN que visitó Malasia y Singapur en enero. 
No nos entrevistamos con el Primer Ministro de Malasia ni con el de Singapur, pues estaban los dos fuera del país, pero vimos a los ministros de Asuntos Exteriores y fuimos muy bien recibidos. 
La crisis financiera fue el principal tema de conversación y a ese respecto una cosa resultó muy clara a los miembros de la delegación. 
No se reconoce suficientemente el mérito de la Unión Europea, aun cuando aportamos parte de los fondos del FMI. 
Si el Sr. Clinton los visita, recibe una gran acogida en la prensa. Si los visitan ministros de la UE, la que reciben es mucho menor. 
Debemos tenerlo presente, pues no es justo, la verdad, para con la Unión Europea. 
Tenemos un profundo compromiso para con esa parte del mundo y para con los países que han padecido esta crisis. 
También se mostraron muy interesados en la UEM y opinaron que sería útil en la situación monetaria mundial en la que habían tenido una caída tan en picado. 
En la prensa de hoy veo que en un editorial se dice que Indonesia afronta un colapso total y que el reelegido Suharto ha dicho que no va a cumplir las condiciones del FMI. 
Eso es muy grave para todo el proceso. 
Debemos fomentar la democracia y los derechos humanos en todos esos países. 
También visitamos el Departamento de Silvicultura y nos impresionaron mucho las preocupaciones medioambientales allí existentes. 
Creo que podríamos ofrecer más ayuda para sus proyectos. 
Queremos que se amplíe el diálogo a la cultura, a los asuntos sociales y la política en todos esos países. 
También nos entrevistamos con ONG y nos gustaría que la Unión Europea alentara más a esas organizaciones que trabajan denodadamente. 
Señora Presidenta, la segunda Reunión Asia-Europa, que se celebrará en Londres los días 3 y 4 de abril, será un hito importante en el desarrollo de la relación de Europa con Asia. 
La diversidad y profundidad de las preguntas formuladas por los diputados a este Parlamento subrayan la importancia de la ASEM y la expectación que ha provocado. 
Desde la primera reunión ASEM, celebrada en Bangkok en 1996, hemos visto resultados en las tres dimensiones principales del proceso ASEM. 
Algunos diputados a este Parlamento han formulado preguntas sobre lo que se logró. 
En primer lugar, en términos políticos ha habido una serie de reuniones ministeriales: ministros de Asuntos Exteriores, ministros de Economía y Hacienda se reunieron por separado durante 1997 y, al hacerlo, aumentaron el nivel de entendimiento de las cuestiones sobre las que debemos trabajar para acercar más las dos regiones. 
También ha habido contactos de menor nivel, pero muy útiles, entre funcionarios que han profundizado las relaciones de trabajo. 
Por ejemplo, grupos de trabajo de funcionarios de aduanas se han reunido para presentar propuestas sobre cómo armonizar los procedimientos e imponer la aplicación de los reglamentos para que el comercio entre las dos regiones funcione mejor. 
En términos económicos, ha habido un diálogo entre las empresas y los gobiernos, lo que es fundamental para el proceso ASEM. 
El Foro Empresarial Asia-Europa se ha reunido ya en dos ocasiones: en París en 1996 y en Bangkok el pasado mes de noviembre. 
El tercer Foro Empresarial se celebrará en Londres al mismo tiempo que la Cumbre ASEM II y constituirá una oportunidad excepcional para que los hombres de negocios mantengan un diálogo directo con los dirigentes sobre muy diversos asuntos, incluida una mayor liberalización del comercio y la inversión. 
En tercer lugar, se ha formulado un plan de acción para el fomento de la inversión, que los ministros de Economía de la ASEM han aceptado. 
Se va a encomendar su ejecución a un grupo de expertos en materia de inversión que se creará al lanzarse el plan en abril. 
Esperamos que los dirigentes adopten un plan de acción para facilitar el comercio ASEM, cuyo marco han aprobado ya los ministros de Economía de la ASEM. Ese plan va encaminado a reducir los obstáculos no arancelarios y los costos de las transacciones, además de promover las oportunidades comerciales ente las dos regiones. 
Sé que se ha expresado interés por otros vínculos, los «vínculos entre los pueblos» , por decirlo así, y ha habido otros varios acontecimientos desde la última ASEM. 
En febrero de 1997 se creó la Fundación Asia-Europa para fomentar los vínculos entre los miembros de la ASEM en el nivel de la sociedad civil. 
Ha patrocinado una serie de charlas y conferencias, incluido un seminario sobre los derechos humanos y el imperio de la ley, celebrado en Suecia en diciembre del año pasado. 
Los vínculos culturales tendrán un papel destacado en la ASEM II; habrá un completo programa de actos culturales y artísticos que coincidirán con la cumbre, a algunos de los cuales asistirán los asistentes a la cumbre, y espero que se transmitan algunas de las ideas que inspiran. 
Los acontecimientos abarcan desde un festival de cine Este-Oeste hasta exposiciones de artes asiáticas y conciertos de música asiática. 
Muchos diputados han preguntado por la crisis financiera y por lo que se puede hacer para restablecer la estabilidad. 
La importancia del proceso ASEM en general y de la ASEM II en particular resulta aún más clara en un momento en que existe la necesidad de una mejor comprensión de las situaciones económicas respectivas y de la necesidad de contribuir a dar estabilidad a la situación de Asia. 
Ofrece una oportunidad para rectificar cualquier idea que pueda existir en Asia o, de hecho, aquí de que Europa ha tardado en reaccionar ante sus problemas y para demostrar que Europa ha hecho y sigue haciendo una contribución real para ayudar. 
Estamos ayudando mediante las instituciones financieras internacionales y también bilateralmente. 
También es una oportunidad para subrayar la necesidad de que los países asiáticos pongan en práctica las recomendaciones del FMI. 
Vamos a aprovechar la ocasión de la ASEM II para transmitir el mensaje de que el proteccionismo no es la solución y de que los mercados deben estar más abiertos, y no menos, como parte de esa reacción. 
¿Qué otros sectores se abarcarán en la ASEM II? 
La Unión procurará propiciar un diálogo político completo en la ASEM II. 
Esperamos que en el debate se aborden las cuestiones regionales de Asia y Europa, así como cuestiones internacionales, y las cuestiones de los derechos fundamentales. 
El Consejo es consciente de la importancia análoga de las tres dimensiones del proceso ASEM y acoge con beneplácito la cooperación entre los países europeos y los asiáticos en numerosas ámbitos, tales como el medio ambiente, el bienestar infantil y la educación. 
Existen muchas posibilidades de que la cumbre muestre que la ASEM puede dar resultados en sectores que importan a los ciudadanos. 
Esperamos que las cuestiones medioambientales sean uno de los temas de debate entre los dirigentes de la ASEM II. Dada la actualidad de esa cuestión y la preocupación que comparten al respecto los miembros asiáticos y europeos de la ASEM, la asistencia para abordar la degradación medioambiental aguda será- espero- uno de los asuntos planteados. 
Evidentemente, los problemas de los incendios forestales en el Asia sudoriental, ya mencionados en el debate, serán, evidentemente, un asunto de interés inmediato. 
También se han formulado preguntas sobre la futura composición de la ASEM. 
Puedo confirmar que los participantes en la ASEM II serán los mismos que los de la ASEM I. Pero la Unión espera que en la ASEM II se aborde la cuestión de su composición. Una ampliación futura dependerá del consenso entre los miembros actuales. 
Así, pues, ¿qué perspectivas tenemos? 
En la ASEM II se darán pasos importantes para fijar prioridades para la cooperación futura entre las dos regiones. 
La Unión está deseosa de que en la ASEM II se apruebe un marco para la cooperación AsiaEuropa con vistas a centrar y gestionar las actividades de la ASEM. 
También esperamos que se lance un grupo de prospectiva que examine los objetivos a largo plazo de la ASEM. Presentará un informe a los ministros de Asuntos Exteriores en 1999, a tiempo para que se incorporen sus conclusiones a la ASEM III, que se celebrará en el año 2000. 
La ASEM II, que se celebrará en abril, tiene un orden del día sólido. 
La crisis financiera asiática hará que el diálogo AsiaEuropa cobre mayor importancia que nunca. 
La Presidencia espera con interés, junto con el Consejo, la reunión de abril, que ha de resultar fructífera. 
Desde la primera ASEM se han logrado avances extraordinariamente rápidos. 
En la esfera política, se ha iniciado un diálogo político esencial en los niveles ministerial y funcionarial, en el que se han abordado cuestiones regionales y mundiales. 
Ni siquiera la esfera de los derechos humanos ha estado vedada al debate, pues el pasado mes de diciembre se celebró un seminario oficioso en Suecia, que probablemente será el comienzo de una serie de seminarios de ese tipo. 
En la reciente reunión de funcionarios superiores en Londres hubo un intercambio de opiniones extraordinariamente abierto sobre Camboya, el Irak, la península de Corea y la ampliación de la UE. 
En la esfera económica, los ministros de Economía y sus funcionarios han logrado grandes avances en la preparación de planes de acción para el fomento de las inversiones y la facilitación del comercio y en el establecimiento de una coincidencia de opiniones sobre cuestiones relacionadas con la OMC, así como sobre temas tales como las infraestructuras y el crecimiento sostenible. 
Los Ministros de Hacienda y sus funcionarios han convenido en que existen considerables posibilidades para una mayor cooperación ente los supervisores financieros en nuestras dos regiones. 
También han convenido en que unas disposiciones perfeccionadas para intercambiar información y compartir los procedimientos más idóneos promoverán una mayor estabilidad financiera. 
Se ha establecido una cooperación intensa en la esfera de las aduanas y el sector privado ha establecido su propio diálogo permanente mediante el Foro Empresarial Asia-Europa y otras reuniones. 
En la esfera social y cultural la Fundación Asia-Europa representa una iniciativa innovadora encaminada a promover el conocimiento mutuo entre nuestras dos regiones. 
También se han emprendido o preparado otras diversas iniciativas en esferas tales como las de la tecnología, el medio ambiente, los contactos juveniles y los intercambios educativos. 
Otros acontecimientos importantes tales como el Foro de Manila sobre la Cultura y los Valores de Asia y Europa han seguido la orientación trazada por la ASEP. 
He de indicar que también en el período transcurrido desde la Cumbre de Bangkok se ha reflexionado mucho sobre las cuestiones del proceso, la coordinación y la prospectiva. 
En particular, es probable que en la Cumbre de Londres salgan adelante las propuestas sobre el establecimiento de un marco de cooperación y un grupo de prospectiva Asia-Europa. 
Con vistas al futuro, los preparativos para la cumbre avanzan de forma constructiva y fluida. 
Los dos próximos años van a ser ante todo un período de consolidación. 
Pero va a ser necesario lograr resultados más concretos y tangibles hasta el año 2000. 
El de la ASEM ha sido y debe seguir siendo un proceso oficioso que debe funcionar primordialmente como catalizador político para lograr un entendimiento mutuo, el diálogo y la cooperación. 
La ASEM no debe llegar a ser una institución con una secretaría ni nada de ese tipo, sino que deberemos centrar el proceso más claramente en un número limitado de sectores prioritarios. 
Ya se han hecho gestiones para ello en relación con el marco de cooperación Asia-Europa que se adoptará en la cumbre de Londres. 
Se espera que en la cumbre se adopten varias decisiones importantes para el futuro de la ASEM: en particular, las de aprobar el plan de acción de facilitación del comercio y el plan de acción para el fomento de las inversiones, lanzar el Centro de Tecnología Medioambiental Asia-Europa en Tailandia, adoptar el marco de cooperación Asia-Europa y lanzar el grupo de prospectiva ASEM, que estará compuesto de personalidades destacadas de todos los asociados en la ASEM y al que se encomendará el mandato de dar una opinión independiente sobre el desarrollo a medio y largo plazo de las relaciones AsiaEuropa en el marco de la ASEM. 
La Comisión ha nombrado al Sr. Percy Barnevik, anteriormente director ejecutivo de ASEA Brown Boveri y actualmente presidente del Grupo Investa para que le dé respuesta. 
En la cumbre se lanzarán también algunas iniciativas nuevas, posiblemente en sectores como los del blanqueo de dinero, el bienestar infantil, el medio ambiente, etc. 
La crisis financiera asiática aumenta claramente la importancia de la cooperación Asia-Europa y de la ASEM. 
En la cumbre de Londres se prestará mucha atención a ella. 
Debemos enviar mensajes políticos firmes y también sacar adelante iniciativas para contribuir a la superación de la crisis. 
La Presidencia del Reino Unido acaba de enviar una misión de alto nivel a los países del Asia sudoriental para corregir los malentendidos sobre la amplitud del papel de Europa para afrontar la situación y contribuir a preparar el mensaje de la cumbre a ese respecto. 
La cumbre deberá enviar un mensaje político firme respecto de la crisis, en el que se reconozca que tiene consecuencias mundiales y se pongan de relieve las contribuciones que han hecho los interlocutores europeos, se confirme el compromiso de los socios del ASEM de emprender las reformas necesarias y se subraye la necesidad de resistirse al proteccionismo y promover una mayor liberalización como el antídoto más eficaz para los llamamientos en pro del proteccionisno en Asia y en Europa. 
Estamos examinando las posibles formas de prestar asistencia suplementaria para fortalecer la supervisión financiera y abordar las consecuencias sociales de la crisis. 
El propósito es que la ASEM cree una asociación amplia que no se limite a los gobiernos y las administraciones, que abarque, entre otras cosas, un diálogo entre los diputados de las dos regiones. 
Así, pues, era apropiado que a la primera ASEM siguiese la reunión de la Asociación Parlamentaria Asia-Europa aquí, en abril de 1996. 
Espero que tenga continuidad. 
También es digno de mención que la Fundación Asia-Europa esté preparando un programa para reunir a jóvenes diputados de las dos regiones. 
Ese tipo de reunión oficiosa entre diputados ha de ser particularmente útil. 
Por último, he de decir que la Comisión tendrá mucho gusto en informar al Parlamento sobre el resultado de la cumbre. 
Señora Presidenta, las respuestas de la Presidencia del Consejo y de la Comisión subrayan las oportunidades que tiene la Conferencia ASEM, que se va a celebrar en Londres, para que se convierta en un éxito. 
Precisamente en estos tiempos, me parece realmente importante que mandemos un mensaje que diga que ambas regiones pueden cooperar con éxito. 
Aunque el proceso ASEM no puede sustituir ninguna forma de cooperación multilateral, sin embargo puede impulsar las relaciones entre Europa y Asia. 
No pienso solamente en las posibles soluciones como respuesta a la crisis en Asia sino también en que la reforma de las instituciones financieras internacionales puede lograr avances desarrollando ideas conjuntas de ambas regiones. 
También creo que necesitamos otras normas de control y probablemente también otras definiciones de lo que es endeudamiento exterior público. 
Sin duda se tratará también en este contexto. 
Por ello, espero de esta Conferencia ASEM un avance. 
También se debería subrayar allí que el euro no sólo puede contribuir a la estabilización de las relaciones monetarias y económicas en la Unión Europea sino también a la estabilización monetaria internacional. 
Este es un importante mensaje que debe salir de la Conferencia. 
Subrayo de nuevo la necesidad de una positiva cooperación entre estas dos regiones tan importantes. 
A pesar de nuestras diferentes tradiciones y culturas, hay posibilidades de cooperación, que son además necesarias precisamente porque ya existe un elevado grado de cooperación económica. 
Por ello, necesitamos también estabilidad política en ambas regiones y este diálogo político debe contribuir a ello. 
Y puede hacerlo porque las cuestiones de seguridad en Asia son nuestras cuestiones de seguridad y el tema del good governments debería ir colocándose paulatinamente en el punto central del diálogo político. 
Pero no olvidemos que la cooperación entre Asia y Europa no es solamente una cooperación de las regiones y de los Parlamentos sino también de las organizaciones no gubernamentales, de la juventud y de las mujeres de Asia y Europa. 
Hay muchos temas que hay que tratar y sobre todo alcanzar en el marco del diálogo people to people. 
Insto a la Presidencia del Consejo y a la Comisión para que muestren en este contexto un claro perfil de cooperación a todos los niveles mediante proyectos muy concretos. 
Señora Presidenta, para gran tranquilidad mía tomo nota de que, tras la crisis, se nos ocurren muchas cosas sobre lo que tenemos que hacer. 
Del análisis de lo que había antes de la crisis se ha deducido la tranquilizadora realidad de que hemos hecho mucho. 
Ruego a la cumbre de Londres que no olvide qué causas eran ya conocidas antes y qué es lo que no se podía aplicar. 
Si se mira con exactitud cuáles son los motivos de la crisis, existe una cierta unanimidad en que se trataba de en lo esencial de un déficit demasiado elevado de la balanza por cuenta corriente de las economías afectadas, de un endeudamiento externo demasiado elevado, en especial del sector privado, favorecido además por unos sistemas rígidos de cambios, la financiación de sectores improductivos y otras muchas más cosas. 
Por el momento, constatamos que todos están espantados, que se retiran, en parte retiran sus créditos, como en Taiwán, donde en el fondo la crisis no es tan acusada y donde precisamente uno debería quedarse en lugar de retirarse. 
En lugar de ello, el capital huye de la región y la política proporciona buenos consejos. 
Los buenos consejos que dé la política para el futuro nos interesan también como Parlamento, por lo que consideramos este debate como un inicio. 
Sir Leon, le expreso mi agradecimiento porque podamos proseguir el debate en el Parlamento Europeo y hablar de los resultados. 
Naturalmente, también estamos extraordinariamente interesados en las relaciones políticas entre los " tigres» asiáticos, quienes en los últimos tiempos apenas podían siquiera andar henchidos de arrogancia en determinados sectores y nos daban consejos a nosotros los europeos mientras que ahora, una vez desatada la crisis, se dirigen a nosotros con demandas de ayuda. 
Deberemos tomar nota conjuntamente que lo que ha ocurrido en Asia tiene también su causa en que muchos europeos han invertido allí a toda velocidad para obtener un dinero rápido y fácil, no temiendo al riesgo de tener que retirarse ahora y dejar en parte a países asiáticos sumidos en una profunda miseria. 
Cientos de miles o millones de personas que han confiado en la política y la economía ven ahora destruidas sus existencias y el hambre y la miseria imperan en la región. 
Ruego que en Londres se recapacite también sobre cómo podemos ayudar a estas personas con programas de ayuda, pues Indonesia, el cuarto país del mundo en lo que a población se refiere, muestra que en una situación difícil no da gran importancia a más democracia sino que tiene sus propias ideas. Tengo una gran curiosidad por ver cómo se reacciona ante el hecho de que no cumple las exigencias del FMI y marcha por su cuenta. 
Asia fue un proceso de aprendizaje ya cuando tenía éxito. 
Ahora se trata de un amargo proceso de aprendizaje. 
Tengo una gran curiosidad por Asia y sus resultados, sobre los que seguiremos aquí debatiendo. 
Presidenta, desde luego que se tratará la crisis en Londres, como ha sido solicitado entre otros por Pompidou, pero nuestra petición es para dedicar especial atención a la población de- si se me permite decirlonuestras antiguas colonias. 
Japón tiene una oportunidad de oro para rectificar la desgracia que causó a esa población durante la guerra, con la ocupación de esos territorios. 
Le pido sobre todo que piense- ahora que usted ha sido designado Presidenteque estos territorios fueron ocupados por Japón y liberados por las tropas británicas, no lo olvide, Presidente, en la campaña de Birmania. 
En la War Chapel de Rangún aparecen escritos a mano los nombres de las víctimas británicas que cayeron después del 5 de mayo y antes del 15 de agosto. 
He pedido al Consejo- y solicito una respuesta- que ice la bandera europea el 15 de agosto. Esa fecha fue también para los Países Bajos el final de la Segunda Guerra Mundial. 
No olvide a esa población. 
Japón ya ha empezado a indemnizar a Indonesia. 
Señora Presidenta, como el Secretario del Foreign Office, Robin Cook, dijo aquí en enero, hoy las naciones son tan interdependientes como independientes eran en tiempos. 
Lo mismo es aplicable a las relaciones entre Europa y Asia y a las existentes entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
La cumbre ASEM II reunirá a los Jefes de Estado o de Gobierno de diez países asiáticos y de los quince Estados miembros de la Unión Europea. 
La reunión de Londres será una oportunidad, un medio, para forjar lazos económicos, políticos y culturales más estrechos entre esas dos potencias económicas, que representan más del 50 % del comercio mundial. 
La primera reunión en la cumbre, celebrada en Bangkok en marzo de 1996, la ASEM I, estableció el marco para las relaciones futuras entre la UE y Asia e inició una serie de diálogos paralelos encaminados a encontrar puntos de coincidencia para cooperar en pro de la paz y la estabilidad, creando condiciones propicias para el desarrollo económico y social, el diálogo político basado en el respeto mutuo, la igualdad y la promoción de los derechos humanos fundamentales. 
Además, tenemos el diálogo parlamentario y en 1996 las delegaciones parlamentarias de los países asiáticos más los diputados competentes del Parlamento Europeo se reunieron aquí, en Estrasburgo. 
Ahora estamos preparando la ASEP II con los auspicios de la Fundación Asia-Europa, creada a raíz de la primera cumbre asiática, que espero se celebre en Kuala Lumpur a mediados de agosto, tras la Asamblea General de la organización interparlamentaria de la ASEM, cuando Europa volverá a reunirse con la ASEAN y sin Myanmar. 
Interesa tanto a Asia como a Europa cooperar en pro de nuestro beneficio mutuo. 
Hay muchos sectores en los que ya cooperamos. 
Hay sectores en los que los países de Asia ayudan a Europa. 
Por ejemplo, como vicepresidente de la delegación del Parlamento Europeo con el Japón, puedo informar de que este país hace una contribución de unos 500 millones de ecus a la reconstrucción de Bosnia. 
Tiene un programa de ayuda y asistencia a los palestinos para contribuir a un asentamiento palestino. 
Contribuye a la descontaminación posterior a Chernóbil y, como justa correspondencia, nosotros participamos en el importantísimo proyecto de Kedo. 
La crisis de Asia tendrá repercusiones en Europa. 
No es algo que se pueda dejar exclusivamente en sus manos. 
En conclusión, la Cumbre Asia-Europa de abril y la reunión parlamentaria de agosto son dos pasos más hacia una nueva asociación que abarca el mundo entero. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, les comunico que he recibido siete propuestas de resolución. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señora Presidenta, es un momento muy oportuno, la verdad, para examinar la cuestión del tribunal penal internacional. 
Estamos en vísperas de la última conferencia preparatoria antes de la Conferencia de Roma. En junio habremos establecido por fin los principios básicos. 
Durante muchos años después de la Segunda Guerra Mundial Europa pensó que estaba segura en cuanto a la protección de los derechos humanos. 
Creamos el Consejo de Europa y formulamos el Convenio de Derechos Humanos y todo ese minucioso sistema, pero en los últimos años ha resultado muy claro que Europa no está segura en relación con la cuestión de los derechos humanos. 
Aparte de los del resto del mundo, hubo 250 casos de violaciones que se produjeron a 1.500 kilómetros de esta ciudad. 
En Bosnia se violó a mujeres, se raptó a niños, se perpetraron matanzas. 
No hay motivos para sentir complacencia en esta Asamblea, pues la verdad es que en todas partes, incluida Europa, se pueden violar los derechos humanos. 
Ayer y hoy hemos oído al Presidente del Consejo hablar de Kosovo. 
Resulta clarísimo que también allí se pueden producir nuevas violaciones. 
Sobre ese telón de fondo, es muy importante que la Unión Europea y en este momento el Parlamento Europeo tomen de nuevo la iniciativa. 
Si de verdad queremos mostrar claridad, podemos enviar la señal de que queremos tener un tribunal penal internacional con un fiscal convenientemente independiente. 
Como se declara en la resolución, tenemos planteada una cuestión de crímenes medulares, pues quedan abarcados todos los crímenes medulares contra la Humanidad. 
Debemos ser independientes del Consejo de Seguridad. 
La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea apoyan esos principios básicos. 
Hay uno o dos que vacilan y sobre ese telón de fondo resulta extraordinariamente importante que el Parlamento dé una señal clara y unánime. 
Espero que la Comisión y el Consejo apoyen los principios presentados por los autores de esta resolución. 
Señora Presidenta, el proceso de creación de un Tribunal Penal Internacional ha de apoyarse y no es la primera vez que yo mismo intervengo en este Pleno para respaldarlo. 
Se trata de un instrumento importante para garantizar la justicia y ante todo para juzgar los crímenes contra la humanidad y el genocidio. 
Es importante que la Conferencia diplomática de Roma, que se celebrará en julio, establezca definitivamente el estatuto del Tribunal. 
En este sentido, espero que el Gobierno de mi país, el Gobierno italiano, consiga trabajar con la mayor eficacia para preparar adecuadamente esta cita contando, como es obvio, con la ayuda de los demás Estados miembros de la Unión. 
Sería conveniente que, con vistas a la Conferencia diplomática, el Consejo aprobara, con arreglo al Tratado, una posición común para apoyar al Tribunal. 
Me permito asimismo manifestar que, en mi opinión, el Consejo debería negar claramente cualquier posible sumisión del Tribunal al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
No es posible aceptar que el derecho de veto del Consejo, un abuso antihistórico propiamente dicho, bloquee las actuaciones judiciales del propio Tribunal e impida juzgar los crímenes que se cometen. 
Me permito, en consecuencia, pedir al Presidente en ejercicio del Consejo que, si puede hacerlo también en este ámbito, se emplee a fondo en este asunto que es dirimente, ya que es sumamente importante que el Tribunal mantenga su independencia frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Por último, me dirijo a la Comisión y al Consejo para que garanticen una adecuada financiación al Tribunal, a cuyo efecto debería crearse una línea en nuestro presupuesto que pueda garantizar al Tribunal Penal Internacional el desarrollo de un buen trabajo. 
Presidenta, hace tres meses que discutíamos aquí una resolución que abogaba por un tribunal penal internacional permanente, desde aquel tiempo no han sido contestadas las preguntas que planteé entonces. 
Los tribunales ad hoc en Arusha y La Haya, sobre Ruanda y Yugoslavia, desgraciadamente no han logrado echar el guante a los instigadores más responsables de las muertes en masa. 
En La Haya además, hay que decirlo, desgraciadamente se ha sacado a la luz poco material fáctico. 
La investigación se ha dirigido también demasiado a la primera parte de la guerra. 
Recientemente se han conocido casos de militares de la UE de la ESFOR que bebían alegremente una copa en un local con uno de esos pequeños criminales de guerra. 
Presidenta, ¿puede decirme el Consejo si es un tribunal de crímenes de guerra, o la intención es institucionalizar indirectamente la lucha contra el terrorismo internacional y el tráfico de drogas? 
¿Qué puede decir el Consejo al respecto? 
Hay también rumores de que los Estados Unidos no querrían reconocer la jurisdicción de un tribunal así. 
¿Qué sabe el Consejo al respecto? 
¿Qué naciones y con qué sentido de la justicia formarán la oficina del fiscal? 
Presidenta, visto el envío en masa de papeles acerca de la necesidad del tribunal en mi despacho de Bruselas y aquí, siento cierto recelo hacia quien quiera llevar adelante este asunto cueste lo que cueste. 
Cincuenta años después de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se hubiera debido, en efecto, juzgar más de forma internacional. Estoy pensando en Saddam Hussein y Milosevic. 
Pero para ello la estructura de un tribunal así ha de ser clara y viable. 
Mientras que no sea ése el caso y no se haya dado una evaluación a fondo de los tribunales ad hoc, seguiré manteniendo mis reservas. 
Señora Presidenta, creo que si hablamos del principio de un tribunal internacional en materia penal, difícilmente se podrá infravalorar qué consecuencias de largo alcance podría tener este tribunal. 
Pero estoy de acuerdo con la Sra. Bladel en lo que aquí también se debe decir: podría tener razón, porque lamentablemente hay pruebas de sobra de que tanto el tribunal de Arusha como el tribunal de La Haya no han aportado nada en absoluto de lo que una vez se había esperado de ellos con respecto a la antigua Yugoslavia. 
Pero a mi gusto eso dice más acerca de una falta de medios, una falta de claridad y de libertad para poder actuar que acerca del principio de un tribunal así. 
Por tanto quisiera expresar mi apoyo, en nombre del Grupo ecologista, al principio de un tribunal internacional en materia penal que funcione bien, pero teniendo bien claro que entonces debe estar provisto de los medios suficientes. 
¿Y dónde han de encontrarse esos medios? 
También tendrá que gozar de plena libertad de acción, sobre todo el fiscal, sin depender de la aprobación previa de un Consejo de Seguridad o algo por el estilo. 
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, hoy he intentado explicar qué es lo que observa un ciudadano que enciende la televisión y he indicado qué negativa tiene que ser la impresión al ver que no tenemos un representante de la Unión Europea en Kosovo pero sí están representados los norteamericanos. 
Lo que durante estos días también tiene que llamar la atención de un ciudadano medio de bien que tenga un sentido recto de la justicia y del orden, es todo este asunto del Sr. Pinochet, una persona que ha dirigido un régimen de torturadores y asesinos después de haber sido jefe del ejército durante muchos años y que ahora se hace cargo de un puesto, sin duda bien retribuido, de senador de su país. 
Ya sé qué cálculos políticos se esconden detrás de ello pero a nadie de nosotros le puede satisfacer que haya personas que asesinan, matan y torturan a otras y que luego sean recompensadas haciéndose cargo de funciones estatales. 
En lo que se refiere a Bosnia no estamos en absoluto satisfechos a pesar de que se han logrado algunos progresos. 
En la Historia, los delincuentes de escritorio siempre han podido eludir la persecución y también en gran medida la responsabilidad. 
Por ello, este asunto del Tribunal penal internacional es tan importante y tan difícil de llevarlo a cabo. 
Sé qué cálculos políticos existen cuando se dice que esto no es tan importante y cuando se hace preferiblemente la paz antes de extraditar a alguien. 
Pero la guerra y los enfrentamientos prosiguen. 
Deberíamos perseguir una política que tenga como objetivo ambas cosas: hacer la paz y, sin embargo, exigir responsabilidades a los responsables de asesinatos en masa, de graves delitos. 
No soy ningún moralista y sé también que la política no siempre está relacionada con la moral, pero estoy muy satisfecho de que la Presidencia británica del Sr. Cook y también de usted, señor Henderson, haya indicado siempre que debe existir un cierto mínimo de moralidad también en la política exterior, tanto si se trata de armas o de transferencia de armas o de un Tribunal penal internacional. 
Se demanda una dimensión moral en la política exterior y los ciudadanos solamente aceptarán este tipo de política si va unida a algo de moral. 
Por ello, en nombre de mi grupo político apoyo esta solicitud conjunta que vamos a presentar. 
Allí se contiene exactamente nuestro objetivo de un Tribunal de justicia independiente. 
Aunque la política tiene otras tareas que cumplir que las de un Tribunal de justicia, sin embargo éste debe poder actuar independientemente. 
Hay que citar a testigos que tengan también que comparecer y no puedan sustraerse a declarar, tal como ha ocurrido con un político croata. 
Hay que garantizar esta independencia del Tribunal de justicia y en este sentido queremos apoyar mañana esta solicitud conjunta. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no es la primera vez que nuestro Parlamento expresa su opinión acerca del Tribunal Penal Internacional. 
Lo hará, creo, también mañana por amplia mayoría y quizás por unanimidad, como ya lo hizo en el pasado. 
Pues bien, considero que éste es el mensaje más bonito que puede transmitirse a la Presidencia en ejercicio, esto es, el hecho de que los representantes electos de los Estados de la Unión Europea apoyan un texto que, como usted, señor Presidente, ha comprobado, es un texto muy puntual, muy preciso, que se sitúa y coincide con la posición de los llamados likeminded countries en una versión, por así decirlo, prudente, una versión abierta para conseguir que todos estén de acuerdo con esta posición firme y que, a la vez, se hace cargo de las razones que para algunos países siguen actuando como freno no para la creación del Tribunal, sino en lo referente a las modalidades de funcionamiento. 
Creo asimismo que esto puede ayudar a la Presidencia británica a alcanzar esa cohesión que no me parece que exista actualmente y que falta ante todo porque unos de los Estados miembros, miembro asimismo del Consejo de Seguridad, sigue formulando dudas respecto a esta línea que mañana vamos a votar y aprobaremos con fuerza. 
El 16 de marzo comenzará la última sesión de las negociaciones previas y, seguidamente, el 15 de junio, se inaugurará la Conferencia de Roma, en un Estado miembro de la Unión Europea, lo cual asignará a la Unión Europea un papel clave. 
Señor Presidente, confío en que en su respuesta usted nos ofrezca garantías de que están tratando de llegar a una posición armonizada, así como de que coinciden con nosotros en la importancia extraordinaria que puede tener la creación del Tribunal de cara al desarrollo del Derecho internacional y, diría incluso, para el papel que la Unión Europea en cuanto tal puede desempeñar en una iniciativa de civilización, de derecho, de transformación y dirigida a poner fin a la impunidad, que gozan todavía los muchos criminales que circulan por el mundo. 
Señora Presidenta, lo que en un principio comenzó como un pretexto en lugar de una política firme en relación con Yugoslavia, es decir, el Tribunal para los Crímenes en Yugoslavia, se está convirtiendo en una iniciativa de índole permanente y general. He de decir que eso es mucho mejor de lo que nunca hubiéramos podido esperar. 
Creo que es de gran importancia porque vemos también que el Tribunal que funciona para Yugoslavia y que funciona para Ruanda puede ejercer una influencia efectiva. 
A medida que estos tribunales tengan más éxito en su trabajo, tendrán también un claro efecto preventivo contra personas que quieran comportarse mal llevando a cabo crímenes como el genocidio o los asesinatos en masa, pero también eventualmente con los Estados, porque no es improbable que surja en este mundo, cada vez con mayor frecuencia, el fantasma del Estado criminal. 
También para eso necesitamos un tribunal internacional así, creo. 
El Tribunal para Yugoslavia y para Ruanda tenía, sin embargo, un objetivo muy claro. 
Sabíamos lo que se investigaría y lo que se perseguiría. 
En el tribunal de justicia permanente eso no está tan claro en realidad. 
Me pregunto quién dará el primer impulso para empezar a investigar. 
Usted dirá: el fiscal, pero en un Estado de derecho normal un fiscal tiene en algún lugar de su jerarquía también un ministro de Justicia que también puede establecer prioridades en los casos que deban investigarse y perseguirse y los que por el momento tengan menos prioridad. 
En este caso también deberá haber una instancia que tenga algún vínculo con el fiscal. 
Quién la nombra, quiénes nombran a los jueces. 
Todos éstos son asuntos que deben presentarse en mi opinión en la comisión de la ONU y que realmente será materia para especialistas jurídicos. 
En cualquier caso, se debe evitar que un tribunal de este tipo dependa de los vetos de determinados países, que con ello intentan también proteger a sus amigos. 
Creo que nuestro Grupo en su totalidad está muy a favor de la presente resolución. 
Pero todavía quiero recalcar que me parece de gran importancia que se diferencien muy bien las responsabilidades políticas y diplomáticas de las de, por ejemplo, las ONG. 
En la traducción neerlandesa afortunadamente está bien, por lo menos ahora. 
Las ONG no forman parte de la conferencia de diplomáticos, pero se les solicitó una contribución que podría ser utilizada para esa conferencia. 
Hemos de tener cuidado, también con las mejores intenciones, no pensar en órganos ni caer en corporativismos en este tipo de terrenos. 
Confío en que también por un camino ordenado la sociedad y las asociaciones especializadas puedan contribuir al buen éxito de este Tribunal Penal Internacional. 
Señora Presidenta, el Consejo apoya plenamente la creación de un tribunal penal internacional para que juzgue los crímenes e infracciones más graves del Derecho internacional que preocupan a la comunidad internacional, incluido el genocidio, los crímenes contra la Humanidad y los crímenes de guerra. 
Las negociaciones sobre el proyecto de texto del estatuto del tribunal revisten importancia histórica y la comunidad mundial tiene la responsabilidad concreta de aprovechar el impulso dado en los últimos años. 
El tribunal velará por que quienes cometan los más graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no puedan hacerlo con impunidad, por lo que tendrá un efecto disuasorio. 
Es de esperar que, al saber que quienes cometieron atrocidades son llevados ante la justicia, las víctimas participen en un proceso de reconciliación. 
La Unión Europea se siente alentada por el número cada vez mayor de países que apoyan la creación del tribunal. 
Se manifestó en la amplia participación internacional y en un espíritu general de cooperación en las reuniones del comité preparatorio celebradas en Nueva York. 
Los propios Estados miembros de la Unión han desempeñado un papel activo en las reuniones del comité preparatorio y deseamos rendir un homenaje al insubstituible papel desempeñado por el Sr. Adriaan Bos, presidente del comité preparatorio. 
La Unión espera con interés la conferencia diplomática que se celebrará en junio y julio de este año. Agradecemos al Gobierno italiano que se haya ofrecido a acoger la conferencia. 
Es importante que asista a la conferencia el mayor número posible de Estados. Así, pues, varios Estados miembros y la Comisión Europea han contribuido al fondo fiduciario de las Naciones Unidas para la participación en la conferencia de los países menos adelantados. 
También acogemos con beneplácito el papel desempeñado por las organizaciones no gubernamentales en el proceso de creación del tribunal. 
Muchas de ellas han hecho con su compromiso y conocimientos especializados una contribución importante y positiva a esa labor. 
Se han celebrado reuniones periódicas de coordinación de la Unión antes y durante la celebración de las reuniones del comité preparatorio. 
La Presidencia hará una declaración en nombre de la Unión en la inauguración de la conferencia de Roma. 
La Presidencia convocó el mes pasado una reunión de dos días de expertos de los Estados miembros en Londres. En la reunión hubo un útil intercambio de opiniones sobre diversas cuestiones fundamentales y un debate sobre la forma mejor de hacer avanzar las negociaciones en el tribunal. 
La Unión no pretende acordar posiciones comunes por adelantado sobre las disposiciones detalladas del estatuto del tribunal. 
Sin embargo, existe acuerdo en gran medida sobre muchas cuestiones. En particular, estamos de acuerdo sobre varios principios fundamentales, incluidos los siguientes: el tribunal debe ser eficaz, debe superar la prueba del tiempo y debe ser complementario de los sistemas nacionales de justicia penal. 
El tribunal debe aprovechar la experiencia de los dos tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, cuya labor también apoyamos. 
La Unión expresa su esperanza y confianza en que será posible lograr un resultado diplomático satisfactorio de la conferencia diplomática, es decir, ultimar y aprobar un convenio universal y completo por el que se cree el tribunal penal internacional. 
Instamos a todos los Estados a que muestren el espíritu de cooperación necesario para lograr ese objetivo. 
Señora Presidenta, considero que, entre las muchas razones en que se basa un voto que, en mi opinión, será ampliamente mayoritario si no unánime del Parlamento, hay algunas que deben subrayarse en particular. 
La primera atañe al gran valor simbólico que reviste la firme iniciativa llevada adelante por la Unión Europea. 
Desde este punto de vista, estoy contento por lo que ha manifestado el Ministro y por el compromiso que me parece que ha asumido la Presidencia y deseo reiterar la importancia de un mensaje firme y decidido de la Unión Europea en favor de la creación de un Tribunal que representa un claro «no» a la impunidad y que- si se me permite- demuestra la capacidad de atender y responder lo que pide la conciencia mayoritaria de los ciudadanos que, con frecuencia, instrumentos viejos e inadecuados e inercias no saben entender plenamente. 
La segunda razón estriba en el hecho de que, en este mundo global, hacen falta muchas reglas, aunque una de las reglas fundamentales es la que se refiere al principio fundamental de justicia y a la posibilidad de que el conjunto de los países democráticos, el consorcio civil de los seres humanos, reconozca y castigue a los culpables de graves delitos contra la humanidad. 
Es una de las condiciones para que las democracias se sustenten, y nosotros lo sabemos y por ello, las reglas que deben establecer este Tribunal deben ser reglas avanzadas y de garantía para los sistemas democráticos. 
Evidentemente, las características que debe reunir dicho Tribunal son las que podemos importar de nuestro modelo: independencia y, en el Estado de derecho, garantías procesales en favor de quien haya de comparecer ante él. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, una sociedad que se proclama civilizada debe hacer del respeto del valor supremo de la persona y su dignidad y, en consecuencia, de la defensa de los derechos que emanan de esta dignidad los principios fundamentales sobre los que cimentar la acción política. 
Sin embargo, el hombre, desgraciadamente en demasiados casos, sigue siendo un lobo para el hombre- prueba de ello, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, los genocidios, que siguen cometiéndose con total impunidad sin que nada pueda justificar la sinrazón de tales crímenes, que, por ello, deben ser juzgados y condenados. 
De ahí la urgencia, la necesidad, de un Tribunal internacional penal independiente capaz de juzgar y condenar a los culpables de tal barbarie. 
Pero de ahí también que sólo quepa felicitarnos por la convocatoria de la Conferencia diplomática que empezará en Roma el próximo junio para concluir el estatuto que debe regir el funcionamiento de este tribunal: esta conferencia constituye un hito que puede ser decisivo para ganar el combate en pro del establecimiento de una justicia internacional- hito que, justo es reconocerlo, ha sido posible, en muy gran medida, gracias al incansable y decidido apoyo de tantas organizaciones no gubernamentales comprometidas con esta causa. 
Del éxito de la Conferencia de Roma puede depender que el mundo entre el tercer milenio de nuestra civilización con una nueva esperanza. 
El objetivo de la resolución que ha preparado el Parlamento Europeo es precisamente hacer que esta esperanza pueda hacerse realidad. 
Tienen ahora la palabra el Consejo y la Comisión y con ellos los Estados miembros. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, el hecho de que, con toda probabilidad, esta resolución mañana se votará unánimemente y que por parte de todos los Grupos políticos de este Pleno exista, me parece, una amplia y firme voluntad política de llevar adelante esta iniciativa, no es suficiente. 
En este momento, en efecto, es necesaria la firme iniciativa política de todas las Instituciones europeas para crear este Tribunal Penal, lo que significa, como se ha dicho, rechazar ante todo cualquier posibilidad de que queden impunes los crímenes de guerra, los crímenes internacionales perpetrados en estos últimos cincuenta años; significa que en los últimos cincuenta años, después de la Segunda Guerra Mundial, se han producido 250 conflictos y más de 130 millones de víctimas; significa asimismo que, con frecuencia, las iniciativas de la comunidad internacional han resultado ineficaces como lo demuestran los Tribunales Penales que existen en la actualidad: el de La Haya y el de Arusha. 
Por eso, es preciso establecer algunos límites, algunas reglas importantes con objeto de que el Tribunal pueda ser realmente eficaz. 
Lo que se necesita es una iniciativa de todas las Instituciones europeas. 
Señora Presidenta, ya es una magnífica noticia que el próximo verano se vaya a crear un Tribunal Penal Internacional. La creación de ese Tribunal será sin duda la mejor medida de diplomacia preventiva que se puede poner en marcha para evitar conflictos y, desde luego, la mejor medida que se puede poner en marcha para desalentar a criminales que, en los últimos tiempos, han campado por sus respetos. 
Sin duda alguna, la experiencia de los tribunales ad hoc sobre la antigua Yugoslavia y sobre Ruanda viene a demostrar con mayor fuerza, si cabe, la necesidad de crear este Tribunal Penal Internacional. 
Ahora bien, no basta solamente con su creación. 
Debe ser un Tribunal Penal Internacional independiente del Consejo de Seguridad, que tenga capacidad propia para poner en marcha iniciativas, que tenga una jurisdicción amplia que incluya los delitos de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra y, por lo tanto, de graves violaciones de los derechos humanos, y que no sea subsidiario de la justicia nacional. 
En cada reunión del comité preparatorio de la Conferencia Diplomática es imprescindible que la Unión Europea tenga una posición común en ese sentido. 
Una posición que obligue a todos sus Estados miembros a favorecer la creación de un Tribunal Penal Internacional verdaderamente independiente que no esté condicionado por viejos fósiles del Derecho internacional como la capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Señora Presidenta, la impunidad es una forma de guerra, porque las víctimas continúan sintiéndose agredidas. 
La impunidad deslegitima la paz y sume en la inseguridad a las poblaciones víctimas de crímenes que repugnan al conjunto de la comunidad internacional. 
Frente a la impunidad sólo existe la justicia. 
El Tribunal Penal Internacional permanente es la única forma de restablecer la justicia y, con toda seguridad, será un instrumento inestimable de prevención de conflictos. 
Si los dirigentes capaces de cometer crímenes contra la humanidad- desde el genocidio a la agresión, desde las violaciones utilizadas como arma a los crímenes de guerra, a las masacres y a la opresión- no sólo no tuvieran garantizada su condición de interlocutores del resto de la comunidad internacional sino que, además, supieran que hay un castigo para sus actos, entonces se evitarían muchos conflictos y, sobre todo, muchos sufrimientos. 
El Tribunal Penal Internacional permanente es una vieja aspiración y no podemos dejar pasar la oportunidad de hacerla realidad y, para ello, hay que crear un tribunal eficaz independiente con competencias reales frente a crímenes definidos, dejando el mínimo espacio a las excepciones y a las reticencias estatales. 
Para que no nazca muerto, ni se quede en una operación cosmética de los Estados poderosos, hay que garantizar su financiación a largo plazo y el compromiso, en forma de obligación de los Estados, de cooperar con el mismo. 
Las experiencias existentes de Nuremberg, de Tokio, de la Antigua Yugoslavia y de Ruanda, sólo pueden alentarnos a perfeccionar un sistema jurisdiccional internacional precario, muy por detrás de los valores de la civilización humana. 
Las organizaciones no gubernamentales están en este momento organizando una campaña de sensibilización, información y seguimiento del comité preparatorio previo a la Conferencia Diplomática en la que se adoptará el estatuto. 
Creo que hay que apoyarlas en estas actividades porque ello será la mejor forma de que se ponga en marcha este Tribunal permanente. 
Les comunico que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido seis propuestas de resolución. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00. 
Competitividad 
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar la comunicación del Consejo sobre los problemas del sector de la competitividad. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Parlamento que me brinde la oportunidad de hablar hoy a Sus Señorías sobre la competitividad. 
Me complace mucho estar aquí, como Presidenta en ejercicio del Consejo. 
El nuevo Gobierno laborista del Reino Unido acoge con beneplácito la maravillosa oportunidad que ofrecen estos seis meses y, personalmente, estoy deseando poder cooperar estrechamente con mis colegas de toda Europa para velar por que la industria europea sea suficientemente competitiva para afrontar los imperativos que todos tenemos planteados. 
Los problemas de competitividad no se dan en ningún país exclusivamente: todos los Estados miembros afrontan los mismos imperativos. 
Europa debe satisfacer las demandas de un mundo que experimenta de forma rápida y constante innovaciones y cambios técnicos. 
Debemos equiparnos para un mundo más competitivo, en el que las empresas tienen que adaptarse a los mercados en transformación y los trabajadores deben tener las aptitudes que necesitan y las oportunidades para utilizarlas. 
Ahora el imperativo es el de adoptar un planteamiento positivo para la reforma de nuestras economías: mejorar la calidad de vida y respetar y alentar las diversidades locales, regionales y nacionales, que son un elemento importante de la fuerza de Europa. 
Debemos encontrar una tercera vía que equilibre los intereses de las empresas, los trabajadores y las familias, teniendo en cuenta las tendencias de los mercados para mejorar la competitividad y promoviendo, al tiempo, normas básicas idóneas de protección social. 
Como se dice en el plan de acción, Europa necesita un mercado dinámico, basado en los conocimientos, socialmente responsable y sensible ante las preocupaciones de todos los interesados. 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento convienen en que en las circunstancias económicas mundiales actuales debemos no sólo mejorar la competitividad industrial europea para estar a la altura de las mejores industrias del mundo, sino también mantener esa posición, una vez lograda. 
La Cumbre de Amsterdam del año pasado concluyó que la competitividad de la industria europea constituye el fundamento para el crecimiento, los puestos de trabajo y el aumento de los niveles de vida. 
Tres elementos principales son necesarios para afrontar los imperativos que se nos plantean- velar por que nuestros mercados sean potentes y nuestras empresas modernas- y estamos fomentando la empresa para poner los cimientos con vistas a nuestro futuro. 
Unos mercados potentes son decisivos por diversas razones, sobre todo porque exponen a nuestras empresas a la competencia de los procedimientos más idóneos de sus competidores. 
Se dice que el Mercado Único europeo ha contribuido más que política particular alguna a mejorar la competitividad de la UE. 
El Mercado Único ha aumentado ya el PIB de la UE entre un 1, 1 % y un 1, 5 %, ha creado hasta 900.000 puestos de trabajo más y ha mantenido la inflación un 1 %, aproximadamente, más baja de lo que habría sido si no existiera. 
Pero hay que hacer más. 
La determinación de todas las instituciones de la UE con vistas a la aplicación del plan de acción del Mercado Único es un paso importante. 
Espero que el Parlamento, como la Comisión y el Consejo, contribuya a velar por que cumplamos el calendario acordado para el plan de acción. 
La competencia y la liberalización son componentes decisivos de un mercado fuerte. 
Permitiendo la continuidad o la creación de monopolios no hacemos un favor a las empresas europeas. 
En el Reino Unido, me estoy ocupando de fortalecer la legislación relativa a la competencia en toda la economía y adaptándola a la legislación de la Unión Europea. 
En el nivel de la UE, un ejemplo concreto de ello es la liberalización de las telecomunicaciones, que ya está aportando beneficios a los consumidores y a las empresas. 
El informe de la Comisión del mes pasado revela que los mercados de servicios de telecomunicaciones están creciendo muy rápidamente. 
Los precios en algunos Estados miembros han disminuido en hasta un 40 % desde 1990 y las medidas liberalizadoras acordadas para la energía pronto han de tener el mismo efecto en dichos mercados. 
De hecho, se prevé que más del 50 % del mercado de la electricidad estará abierto el año próximo. 
Para que el Mercado Único tenga éxito tanto para las empresas como para los consumidores, éstos deben recibir un trato justo: posibilidad de elección y protección. 
Unos consumidores bien informados y exigentes promoverán la innovación, la competitividad y el crecimiento y deben contar con la protección necesaria para que tengan confianza a la hora de comprar en toda Europa. 
La liberalización debe respetar también el papel de las empresas de servicios públicos y proteger adecuadamente a los sectores vulnerables de la sociedad y el medio ambiente. 
La ampliación aportará al Mercado Único 100 millones de consumidores más con ingresos en rápido aumento. 
Se estimularán la demanda y el crecimiento y se abrirá aún más el comercio de bienes y servicios entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste. 
Los consumidores tendrán más posibilidades de elección y las empresas disfrutarán de mayores oportunidades. 
La ampliación plantea también problemas importantes. 
Los beneficios de la ampliación del Mercado Único sólo se realizarán, si los candidatos están preparados adecuadamente para incorporarse a él. 
Sin embargo, estoy seguro de que la Unión Europea está estableciendo las estructuras adecuadas de preadhesión. 
Los Fondos estructurales europeos pueden hacer una contribución importante a la competitividad e innovación regionales, pero también plantean nuevos problemas, pues han de ser asequibles y duraderos en una Unión Europea ampliada. 
Para que los fondos reformados sean pertinentes para los problemas subyacentes de las regiones menos desarrolladas de Europa, deben abordar la innovación, la empleabilidad y la competitividad y debemos encontrar- cosa importante- una solución justa. 
Si no lo hacemos, socavaremos gran parte de lo que estamos intentando hacer en otros sectores. 
Lo mismo podemos decir del segundo elemento que he mencionado: empresas modernas, dinámicas, las que pueden tener éxito en una economía mundializada. 
Debemos ayudar a las empresas de Europa a mejorar las infraestructuras, aumentar el acceso al capital de riesgo y lograr una mejor reglamentación de los mercados de productos. 
Debemos velar por que la Unión Europea aporte un marco jurídico moderno y orientado hacia el futuro y que sea claro y accesible y promueva la competitividad de las empresas. 
En el Mercado Único las empresas europeas deben tener la opción de un marco jurídico único, si lo desean. 
La Presidencia del Reino Unido está trabajando intensamente para resolver el callejón sin salida en que se encuentra el Estatuto de la Empresa Europea, que lleva más de veinte años retrasando el progreso. 
También es importante promover la equidad en el trabajo, incluidos los partenariados modernos entre empleadores y trabajadores. 
El mensaje del Grupo Asesor sobre Competitividad de la Unión Europea en su informe «Competitividad en pro del empleo» es el de que la creación de nuevos puestos de trabajo y la reducción del desempleo son consecuencias de la existencia de empresas mundialmente competitivas. 
La de oponer resistencia al cambio industrial no es una opción positiva para los puestos de trabajo. 
Pero debemos prepararnos para dicho cambio equipando a nuestros ciudadanos como individuos con las aptitudes necesarias para adaptarse al cambio con éxito. 
En una palabra, la empleabilidad. 
Debemos promover mercados laborales que puedan adaptarse suficientemente para que el éxito económico se plasme en nuevos puestos de trabajo. 
Ésos son los temas principales de las directrices de la UE sobre el empleo acordadas en noviembre. 
Los Estados miembros se han comprometido a entregar planes de acción que demuestren el logro de avances a mediados de abril, a más tardar. 
La Presidencia cree que debemos formular urgentemente planes de acción en materia de empleo y velar por su aplicación. 
En el Reino Unido estamos introduciendo un salario mínimo, promoviendo la inversión en puestos de trabajo que requieren conocimientos muy especializados y luchando contra la espiral de bajada de los sueldos, cuyas únicas consecuencias son la explotación de los trabajadores y una economía con poco valor añadido. 
Además, estamos abordando el problema del desempleo juvenil de larga duración mediante un nuevo trato en pro de los jóvenes y pertrechándolos con las aptitudes y la experiencia que necesitan para entrar en el mercado laboral. 
Los gobiernos pueden hacer mucho para alentar el intercambio de procedimientos idóneos. 
Se debe alentar a las empresas modernas a que compitan en calidad y no sólo en precio. 
La Comisión, el Consejo y el Parlamento han subrayado la importancia de la comparación de resultados en materia de competitividad en ese marco y los Estados miembros están cooperando para alentar a las empresas a compararse con las mejores de la UE y las mejores del mundo, porque, a fin de cuentas, hemos de fomentar una Europa emprendedora. 
Las directrices en materia de empleo que se acordaron en Luxemburgo indicaron el espíritu empresarial como uno de los cuatro sectores principales para la mejora del empleo. 
Aunque los planteamientos difieren de un Estado miembro a otro, se puede decir sin miedo a equivocarse que, comparada con los Estados Unidos, la UE va muy rezagada en la comprensión o la aportación de las circunstancias necesarias para apoyar a los empresarios y ayudar a las pequeñas empresas y las microempresas a llegar a ser las empleadoras del futuro. 
Hay muchas formas como podemos mejorar nuestra posición. 
La reglamentación debe ser sencilla. Debe ser lo más transparente posible evitando cargas indebidas sobre las empresas y debe estar estructurada de formas que alienten la inversión y la innovación en lugar de correr el riesgo de sofocarlas. 
Debemos procurar que nuestras empresas sean innovadoras y estén preparadas para afrontar las exigencias de la competitividad, a medida que sigan desarrollándose en el futuro, exigencias que cambian con asombrosa rapidez al mejorar la tecnología de la información, propagarse el comercio de productos electrónicos y afrontarse los imperativos medioambientales. 
Como Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de Industria, acojo con beneplácito que vayamos a celebrar el primer debate sobre financiación de la innovación en el Consejo de Ministros de Industria que se celebrará en mayo y nuestro mensaje no se puede centrar exclusivamente en las empresas grandes. 
La mía será una voz enérgica a favor de las pequeñas empresas en dicho debate. Son un importante motor para la creación de puestos de trabajo. 
Hay otros nuevos imperativos importantes que habremos de afrontar en los próximos años y que tendrán repercusiones importantes en la competitividad de la UE, en particular la introducción de una moneda única en algunos Estados miembros. 
Es probable que tengan repercusiones importantes en la competitividad de la UE. 
Como saben Sus Señorías, a causa de las divisiones en el Gobierno británico de entonces, en el Reino Unido se hicieron tan pocos preparativos, que nuestra comunidad empresarial no estaría, sencillamente, preparada durante varios años para que examináramos la posibilidad de formar parte de la UEM. 
Pero me complace mucho que el Reino Unido ocupe la Presidencia en el momento de que se habrán de adoptar las transcendentales decisiones sobre los países que formarán parte de ella. 
Estamos decididos a desempeñar un papel pleno y constructivo para lograr que el lanzamiento de la Unión Económica y Monetaria sea un éxito. 
Además, para que la Unión Económica y Monetaria tenga éxito, debe asentarse en una sólida plataforma de estabilidad macroeconómica, reformar nuestros mercados laborales, mercados de productos y mercados de capitales y abordar la maldición del desempleo de formas que preserven la justicia social. 
Si no hacemos esas reformas, perderemos la excelente oportunidad que ofrece la UEM. 
Espero que los planes de acción en materia de empleo propicien un inicio práctico y políticamente válido de ese proceso. 
El año pasado, durante la Presidencia holandesa el Consejo de Ministros de Industria llegó a la conclusión de que los Estados miembros y la Comisión debían aumentar su conciencia de las repercusiones que sus acciones pueden tener en la competitividad y, durante la Presidencia luxemburguesa, el Consejo aprobó un programa de trabajo para sacarlo adelante. 
Todos reconocimos que la comparación de resultados en materia de competitividad es un instrumento valioso. También ayuda a la industria y a los legisladores a facilitar una mejor comprensión de los procesos que propician la ventaja en materia de competitividad. 
El Consejo apoya plenamente la labor de la Comisión para alentar a la industria a utilizar la comparación de resultados en materia de competitividad en los niveles empresarial y sectorial. 
La Comisión y el Consejo están cooperando en una serie de proyectos experimentales para examinar algunos factores decisivos subyacentes a la competitividad: financiación de la innovación, como ya he dicho, aptitudes, transportes y cambios organizativos. 
La Presidencia entraña responsabilidades y oportunidades. 
Estoy decidido a aprovechar el impulso ya creado por la Comisión y las presidencias anteriores y dirigir los trabajos en curso del Consejo de Ministros de Industria. 
Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para poner de relieve mi convencimiento de que debemos cooperar con la industria. 
Espero poder contribuir a esa asociación reuniendo a los ministros y a los representantes de la industria un día antes de la celebración del Consejo para examinar lo que debemos hacer en materia de competitividad. 
Cuando el Consejo se reúna el 7 de mayo, proseguiremos el debate sobre los factores principales que afectan a la competitividad de la UE. 
No encontraremos todas las soluciones al instante, pero al menos debemos individualizar las cuestiones y ver cuál es la forma mejor de abordarlas en el nivel nacional o en el de la UE o, de hecho, en ambos. 
Todos los Estados miembros afrontan imperativos similares. 
Espero que podamos cooperar para fortalecer a Europa y la industria europea. 
Mucho se puede lograr en el nivel de los Estados miembros, donde las características nacionales pueden prescribir soluciones diferentes y mucho debe hacer la industria, que es la responsable primordial de su competitividad. 
Pero en el nivel de la UE podemos intercambiar los procedimientos mejores y buscar formas de avanzar en relación con cuestiones comunes a los pueblos de Europa. 
Espero que el planteamiento que he expuesto aquí reciba el apoyo del Parlamento y estoy deseoso de oír las opiniones el Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, dar las gracias encarecidamente a la Sra. Ministra por su participación en este debate. 
Deseo transmitirle, señora Ministra, todo el placer que sentimos al acogerla para un debate que está en el centro de nuestra acción y nuestras prioridades. 
Para nosotros, se trata efectivamente de buscar medios para mejorar la competitividad de nuestra industria europea, para tener más crecimiento, más empleo y, por supuesto, menos paro. 
Señora Ministra, he escuchado bien su exposición y puedo decirle que estoy claramente de acuerdo con usted. 
Nadie duda de que las preguntas de nuestros colegas, y ante todo, sus respuestas, permitirán progresar en la vía abierta en Amsterdam y señalizada en Luxemburgo. 
Quisiera también, señora Ministra, como ponente desde hace meses de este expediente, a unas semanas de su paso por la Comisión de asuntos Económicos y antes de su probable votación durante la Sesión Plenaria de mayo, reafirmar mi voluntad personal de un trabajo concreto, en contacto directo con los agentes económicos y sociales implicados, para llegar a unas ideas, a unas propuestas y a unas pistas concretas que nos permitan avanzar por el buen camino. 
Estoy a favor de una actuación abierta- creo que lo he demostrado- para intentar valorizar nuestros triunfos, para maximizarlos, para reducir las rigideces y para determinar los verdaderos incentivos de nuestra competitividad. 
Aunque es difícil tener certezas en este ámbito, tengo, sin embargo, una. 
No hay soluciones milagro ni solución única; siempre es preciso combinar y conjugar varias, si no múltiples soluciones. 
Estoy seguro de que nuestro debate me ayudará a terminar mi informe y doy las gracias por adelantado a todos los colegas y a usted, señora Ministra. 
En primer lugar, todo el mundo está de acuerdo en considerar que la investigación es un incentivo fundamental de competitividad. 
Por ello, señora Ministra, quisiera conocer su opinión sobre la decisión del Consejo de Ministros de Investigación que, el 12 de febrero, redujo a 14 millardos de ecus el quinto programa marco. 
Mi segunda pregunta tiene relación con el Observatorio europeo del sector textil cuyo plazo de preparación expira este año 1998. 
Quisiera saber si su futuro está inscrito en el orden del día del próximo Consejo de Ministros de Industria. (Aplausos) 
Gracias, señor Presidente, y espero que sea igualmente tolerante conmigo, si, por desgracia, me excedo en el tiempo. 
Voy a hacer todo lo posible para que no sea así. 
Quisiera felicitar a la Presidenta en ejercicio por su discurso, que podría haber sido escrito, o, de hecho, pronunciado, por su predecesor, de tan similar como era a los mensajes que oímos al gobierno anterior. 
Permítaseme expresar el deseo de que continúe así por mucho tiempo, si bien comprendo, claro está, que haya tenido que ceder a ciertas exigencias rituales, en particular la del salario mínimo. 
Pero he tenido el gusto- y puedo asegurar a la Presidenta en ejercicio que ha sido un gustode ver las expresiones en las caras de algunos de los diputados que ocupan los escaños detrás de ella. 
Cuando vuelva a Londres, tal vez su personal pueda transmitirle sus apesadumbradas expresiones. 
Comparto gran parte del análisis que la Presidenta en ejercicio ha expuesto. 
Tal vez yo lo habría expresado de forma bastante más brutal que ella. 
El problema de Europa en este momento es que, aunque está comenzando el crecimiento, parece en gran medida un crecimiento sin creación de puestos de trabajo hasta ahora. 
La Presidenta en ejercicio ha hablado con toda razón de la importancia de la innovación. 
De hecho, la innovación fue uno de los asuntos sobre los cuales la Comisión produjo un excelente Libro Verde el año pasado. 
Pero uno de los factores que la Comisión reconoció en su Libro Verde como un inhibidor de la innovación- en el sentido de la creación de empresas- fue el papeleo burocrático, ya sea de la Comisión Europea, de los Estados nacionales o, en muchos casos, de las autoridades locales. 
Me gustaría que la Presidenta en ejercicio dijera unas palabras a ese respecto. 
Mis dos preguntas finales son las siguientes: en primer lugar, ¿considera la Presidenta en ejercicio que la jornada laboral de 35 horas semanales va a contribuir a la competitividad de Europa? Y en segundo lugar: ¿cómo cree la Presidenta en ejercicio que los salarios mínimos nacionales contribuirán a la competitividad de Europa? 
Señor Presidente, señora Ministra, Señorías, realmente es muy oportuno este debate sobre la competitividad a nivel de la Unión Europea. 
Usted ha hecho, correctamente, referencia a una expresión británica que no tiene una traducción exacta en castellano, que es benchmarking. 
Es decir, niveles de competitividad aplicados, establecidos, en las diferentes industrias y esto, evidentemente, ha sido un progreso que ha servido para constatar, precisamente, las áreas en las que la Unión Europea es realmente competitiva, en las que tiene un cierto retraso respecto a nuestros principales competidores internacionales. 
Entre éstos, precisamente, se encuentran aquellos sectores que aún están demasiado protegidos: telecomunicaciones, sector audiovisual, energía, transporte aéreo... , y en los cuales este Parlamento ha hecho un esfuerzo para intentar aplicar unos grados mayores de liberalización según se estableció en la realización del mercado interior europeo, y dentro de este esfuerzo el Grupo Liberal ha sido un líder. 
Lamentablemente, esta Asamblea no siempre ha apoyado como es debido este proceso de liberalización, por ejemplo, en el ámbito de la energía. 
La señora Ministra ha hecho una referencia insistente al tema del mercado interior europeo, pero no ha comentado demasiado el tema de la necesidad de incrementar los niveles de competitividad cuando tengamos la Unión Monetaria y el euro. 
Y este es un tema que cambia, no sólo cuantitativa sino también cualitativamente, la dimensión de la economía europea. 
Finalmente, como fruto de esta reflexión, quisiera plantear a la señora Ministra el tema de la contribución de la Comisión Europea, siguiendo las instrucciones del Consejo, especialmente después del Acuerdo de Cardiff, para hacer viables niveles de competitividad y niveles de empleo. 
Señora Ministra, seor Presidente, el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas que ha expuesto la Sra. Ministra tiene como corolario la bajada de los costes laborales y la desregulación de los intercambios, algo que sólo puede tener graves consecuencias para el empleo en los países de la Unión Europea. 
Como prueba tenemos lo que acaba de ocurrir esta mañana con la adopción, por parte de la Comisión, del proyecto de acuerdo trasatlántico, llamado NTM, elaborado por el Comisario Brittan. 
Adoptado sin votación, negociado en el mayor de los secretos, este acuerdo favorece al mundo de los negocios. 
Tiene por objeto evitar cualquier obstáculo a los intercambios, suprimir de aquí al 2010 todos los derechos arancelarios sobre los productos industriales, crear una zona de libre cambio de los servicios, incluidos los postales. 
Así, a pesar de la oposición creciente al acuerdo multilateral sobre la inversión, que acaba de ser rechazado por una importante mayoría por el Parlamento Europeo esta misma mañana, Bruselas persiste y firma. 
El proyecto NTM es inaceptable ya que compromete los triunfos económicos, sociales y culturales de nuestros países y me gustaría, señora Ministra, ya que tenemos el honor de contar con su presencia, conocer su opinión sobre este tema. 
Para mi grupo, este proyecto ha de verse rechazado por los Estados, ya que no corresponde a los intereses de los países de la Unión Europea. 
Debería provocar una amplia movilización de los pueblos para que fracasen esas concepciones ultraliberales y para promover una cooperación internacional respetuosa con los derechos de los pueblos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hemos sido testigos de un sugestivo ejercicio de semántica política. 
No quiero decir que hayamos descifrado todo su significado. 
Ciertamente, hay que tomarse en serio lo de la tercera vía. 
Pero ¿una tercera vía entre qué? 
No puede ser que la tercera vía sea entre el capitalismo asistencial continental europeo de la posguerra y el capitalismo desregulado de los EE.UU de la actualidad, es decir, hablando claro, una hermosa expresión para seguir desregulando, privatizando y microeconomizando nuestra sociedad. 
Tengo que plantear algunas auténticas preguntas al respecto. 
Me sorprende algo que en este contexto se considere al mercado interior sencillamente como un éxito. 
Sin duda, hay éxitos pero el paro en masa y la polarización de las regiones, la nueva pobreza, la exclusión, el disinfranchisement, lo que no puedo expresar de un modo tan plástico en alemán, que ha afectado a grandes partes de nuestra población, son señales de una crisis estructural de cuya superación estamos muy lejos. 
He tomado nota con interés de que aquí se ha hablado de un fair deal, incluso de un " new deal». 
Como Verdes venimos hablando desde hace años de un " new deal» ecológico-social que habría que concluir. 
Abriría una tercera vía no entre las dos formas del clásico capitalismo de clase sino entre una forma de acumulación de capital que sigue existiendo y una responsabilidad democrática para un desarrollo de las sociedades europeas de un modo soportable ecológicamente y socialmente coherente, como un modelo y una oferta también para el resto del mundo y no como, expresado en newspeak, una especie de neoimperialismo. 
Señor Presidente, permítaseme decir cuánto me alegro de ver aquí a la Presidenta en ejercicio. 
Ha aportado animación y encanto a una Asamblea bastante sosa, cuando todos los hombres están vestidos con trajes negros. 
Creo que a este respecto hablo en nombre de todas las mujeres. 
Quisiera decir que me ha complacido la mención de las pequeñas empresas. 
En Escocia, tenemos muchas y también una elevada tasa de exportación y de éxito con productos de calidad, pero quisiera pedirle que examine de nuevo el plan de créditos baratos del Banco Europeo de Inversiones en el que participaban bancos de toda la Unión Europea y que fue enormemente eficaz, pero parece haberse estancado. 
También me ha complacido que haya mencionado los Fondos estructurales, porque aquí me tiene con el corazón en un puño, al decirme el Comisario, respecto de la decisión de que las Tierras Altas y las Islas sigan en el objetivo 1, que no hay ningún lugar excepcional en Europa. 
Espero que la Presidenta en ejercicio apoye la opinión del Secretario de Estado para Escocia, Donald Dewar, que propugna que continúen en él precisamente porque son excepcionales. 
La competitividad depende en particular de los costos de la distancia, del clima, de las pequeñas comunidades y la poca densidad de población: la más baja de Europa y con frecuencia considerada la última región en estado natural, aunque se trata de un estado natural que es obra del hombre. 
Nuestra utilización de los fondos en las Tierras Altas y las Islas con cargo al objetivo 1 no es para una industria agonizante, sino para un pueblo agonizante. 
Durante decenios hemos ido perdiendo nuestras generaciones jóvenes y sólo ahora el objetivo 1 está empezando a tener un efecto corrector y a retener a los jóvenes por primera vez en generaciones. 
Así, pues, espero que apoye al Secretario de Estado para Escocia en su lucha por el objetivo 1. 
Agradezco al Sr. Caudron sus amables palabras de apoyo. 
Estamos deseosos de conocer el informe de su Grupo. 
Comparto enteramente su opinión de que es importante que la Unión Europea aproveche su fuerza. 
Así podremos obtener ventajas competitivas. 
También comparto absolutamente su opinión de que de no hay un único remedio, de que no hay una sola medida apocalíptica que podamos adoptar para resolver en cierto modo todos esos problemas y crear la prosperidad por sí sola. 
Puede ser menos espectacular, pero probablemente sea más eficaz. 
Me ha formulado dos preguntas concretas sobre el programa de investigación e innovación y sobre el observatorio textil. 
La decisión sobre el quinto programa marco fue una decisión unánime del Consejo. 
Fue en parte una posición de transacción, porque- como puede que sepa- había Estados miembros que no deseaban que hubiera aumento alguno en la cantidad de fondos respecto de la cantidad de que dispuso el programa anterior. 
Pero al final se logró una posición común y hemos presentado las propuestas por decisión unánime de los miembros del Consejo. 
Sobre el observatorio textil, me temo que no figurará en el orden del día del próximo Consejo de Ministros de Industria, porque no hemos recibido una propuesta de la Comisión, lo que es preceptivo para que figure en el orden del día. 
Me temo que no se debatirá en el próximo Consejo. 
Me ha complacido la contribución del Sr. Cassidy. Me hace bastante gracia que no me resultara nada difícil predecirla. 
Ha mencionado la obediencia ritual. 
Me ha parecido que eso exactamente era lo que caracterizaba su intervención: obediencia ritual a lo que el Partido Conservador del Reino Unido desearía que dijera. 
Cuando lleguen a un conclusión sobre si somos completamente diferentes de ellos y, por tanto, desastrosos o exactamente lo mismo, resultará mucho más fácil conocer los términos del debate. 
Ha hablado de la innovación y del papeleo que sofoca la innovación y ha preguntado qué se está haciendo al respecto. 
En el nivel de la Unión Europea hay una propuesta, que yo acojo con el mayor beneplácito, para crear un grupo de expertos empresariales que examine en una fase muy temprana las propuestas que se formulen para ver si son prácticas y constructivas. 
Asimismo, en el nivel nacional hemos corregido una deficiencia- así me lo parece a mí- debida al Gobierno apoyado por él. 
Por ejemplo, las pequeñas empresas apenas estaban representadas en la comisión que examinaba la reglamentación. 
Ahora hemos dispuesto que la mitad de los miembros de dicha comisión correspondan a pequeñas empresas, que son particularmente susceptibles a los problemas del papeleo burocrático. 
Incluso antes de las últimas elecciones habíamos formulado proyectos experimentales con las autoridades locales para intentar promover algunas iniciativas prácticas encaminadas a abordar dichos problemas en el nivel local. 
Estamos aplicando experimentalmente ese planteamiento. 
Ha preguntado por la semana de 35 horas y también por un salario mínimo nacional en este marco. 
Los Estados miembros deben abordar sus preocupaciones y condiciones respecto de cuestiones como la de las 35 horas semanales. 
La cuestión de un salario mínimo nacional afecta sólo al Reino Unido. Éramos el único país desarrollado que carecía de protección alguna en materia de salarios. 
Creo que contribuirá a la innovación y a la competitividad, porque un componente esencial para dar un impulso a la calidad y la competitividad basada en la calidad y no simplemente en el precio más bajo es la existencia de normas mínimas básicas y justas en el lugar de trabajo, una de las cuales es indiscutiblemente un salario mínimo nacional. 
(Aplausos de la izquierda) No había advertido que la palabra «benchmarking» (» comparación de resultados en materia de competitividad» ) fuera intraducible. 
Me ha fascinado ver cómo lograban los diputados describir el concepto a que corresponde. 
Tal vez haya llegado el momento de inventar una palabra nueva que sea traducible para no crear dificultades a nadie. 
Sin embargo, hago mías enteramente sus observaciones sobre el valor de ese proceso, sea cual fuere la denominación que se le dé. 
Después se me ha dicho que la liberalización del comercio era perjudicial para el empleo y se ha planteado la cuestión de las posibilidades para algún tipo de acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
La verdad es que no puedo compartir ese punto de vista. 
Toda la historia del Reino Unido, por ejemplo, está basada en el desarrollo del libre comercio y en la prosperidad mediante el intercambio mutuo o comercio multilateral. 
En realidad, ha sido una fuente de creación de puestos de trabajo y de logros económicos a lo largo de muchos siglos en nuestra región del mundo. 
De modo que no estoy de acuerdo con la idea de que haya de provocar automáticamente dificultades. 
Respecto de las propuestas del Comisario Brittan, no creo que se haya planteado aún la firma de un tratado. 
Tengo entendido que va a presentar algunas propuestas para avanzar hacia una mayor liberalización del comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Según tengo entendido, la Comisión en conjunto las hizo suyas. 
Evidentemente, debe examinarlas el Consejo. 
Si Su Señoría me pregunta mi opinión personal, he de decir que creo que existen muchas posibilidades de que reporte beneficios. 
Estamos en la fase más temprana posible. 
Será muy importante examinar en detalle lo que se está debatiendo y proponiendo y los efectos que podría tener. 
Pero en principio acojo con beneplácito la idea de una mayor cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Nuestro colega de aquí detrás ha preguntado cuál era la vía del medio y si era la vía del medio entre un modelo como el de los Estados Unidos y la prosperidad. 
Espero no haber entendido mal lo que ha dicho. 
En primer lugar, sean cuales fueren las críticas que se hagan a los Estados Unidos, no creo que se pueda argumentar que no son un país, en general, próspero. 
Comparto la que sospecho es su preocupación por que esa prosperidad no siempre se extienda a todas las capas de la sociedad, como nos gustaría que ocurriera en la Unión Europea y en sus Estados miembros. 
Me ha acusado de insistir en aspectos puramente terminológicos. 
Con el mayor respeto para Su Señoría, podría devolverle la acusación. 
No estoy del todo segura de saber lo que significa exactamente la expresión «responsabilidad democrática por el desarrollo social económicamente eficiente como modelo para dirigir una economía». 
Sin embargo, me imagino que, si lo examináramos detenidamente, Su Señoría y yo convendríamos en que los dos queremos que nuestras economías, nuestros países y la Unión Europea en conjunto prosperen, que los dos queremos que cuenten con niveles elevados de empleo para que los ciudadanos estén satisfechos en su vida laboral y puedan ganar bastante para tener una vida personal desahogada. 
Me imagino que los dos creemos que la eficiencia económica debe ir a la par de la justicia social. 
Tal vez deberíamos insistir más en los aspectos en que convenimos. 
La Sra. Ewing ha acogido con beneplácito la insistencia en las PYME. 
Se lo agradezco mucho y me han interesado mucho las ideas que ha expresado. 
Ahora hay una propuesta ante el Consejo para examinar planes para facilitar financiación a pequeñas y medianas empresas, incluido un plan de garantía crediticia respaldado por el BEI. 
En el Reino Unido y, de hecho, en todos los Estados miembros hacemos cada vez mayor hincapié en el papel y la importancia de las PYME, en particular en el papel que desempeñan en la creación de puestos de trabajo, que tan importante es para toda Europa. 
Estamos estudiando con mucho interés todas esas opciones. Esperamos que se acoja con beneplácito dicha propuesta. 
También me ha preguntado por los Fondos estructurales y ha planteado la cuestión particular del trato que recibirán las Tierras Altas y las Islas. 
Aún no hemos recibido las propuestas del Comisario. Lo único que puedo decir es que entiendo su posición y no por casualidad he expresado mi deseo de que dichas propuestas fueran equitativas. 
Habida cuenta que disponemos tan sólo de 15 minutos, me limitaré a conceder la palabra a algunos oradores. 
Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle, señora Ministra, por haber hablado de la ampliación en términos tan favorables y como una posibilidad. 
Quisiera preguntarle cómo ve usted las tendencias que a veces me toca enfrentar en este Parlamento, donde se tiene miedo al dumping social. 
¿Cómo quieren afrontar ustedes en el Consejo este tipo de argumentos carentes de solidaridad, de corto plazo y proteccionistas? 
Al mismo tiempo, quiero pedir perdón por irme y no quedarme para escuchar la respuesta. 
Esto es porque hoy tengo una reunión con un grupo de hombres de negocio que han elegido venir aquí justamente para informarse del importante debate que estamos teniendo. 
Prometo, sin embargo, que voy a dedicar gran interés a la respuesta en el protocolo y a las otras discusiones. 
Lo entiendo, desde luego; todos afrontamos los mismos problemas que plantean las reuniones incompatibles. 
Le agradezco que haya acogido con beneplácito mis observaciones sobre la ampliación. 
Todos entendemos las angustias y los temores expresados. 
Se trata de infundir confianza a los Estados miembros y a todos los participantes en ese debate, en el sentido de que ésa es, en efecto, la vía por la que debe avanzar Europa. 
Tenemos todo el derecho a remitirnos a los principios que inspiraron a las personas que empezaron a crear lo que entonces era la Unión Europea. 
En aquella época había discusiones sobre si un grupo de países que se juntaran constituirían o no Europa. 
A medida que Europa ha ido ampliándose, cada vez resulta más difícil sostener que no constituye Europa en realidad. 
Me parece que, desde el punto de vista de la política y la filosofía del desarrollo y del futuro de la Unión Europea, sería una irresponsabilidad criminal- y también una increíble ceguera- no reconocer la enorme oportunidad que brinda a toda Europa, si podemos ampliar y abrir los brazos a los países candidatos para que se unan a nosotros desde el Este. 
Es una oportunidad de desarrollo para toda Europa de unas dimensiones que nuestros predecesores no habrían podido imaginar. 
No puedo creer que pudiéramos defraudar a las generaciones futuras pasándola por alto o desaprovechándola. 
Permítaseme preguntar a la Presidenta en ejercicio por la cuestión de la inversión. 
Uno de los problemas que afrontamos en la Unión Europea es el de que, durante el período de consolidación en preparación para la moneda única, ha habido un crecimiento cero de la inversión en toda la Unión, tanto en el sector privado como en el público. 
Ahora la inversión representa sólo el 18 %, aproximadamente, del producto interior bruto de Europa. 
La ministra se ha referido a los Estados Unidos de América: en ese país ha habido aumentos importantes y constantes de la inversión en los últimos años. 
La verdad es que, si nos preocupa la competitividad de la Unión Europea y si nos preocupa en particular la creación de puestos de trabajo, debemos velar por que se amplíe la capacidad de crecimiento de nuestra economía. 
¿Podría decirnos cómo podemos cooperar en el sector público y en el sector privado para aumentar los niveles de inversión en la Unión Europea, que después propiciaría- esperamos- cierta creación de puestos de trabajo? 
Comparto la gran preocupación de Su Señoría sobre los niveles actuales de inversión y también la necesidad de mejorar dichos niveles como base para el crecimiento y la riqueza futuros. 
La respuesta radica en la combinación de dos instrumentos. 
El primero es la práctica de la comparación de resultados en materia de competitividad, que significa que examinamos lo que hacen otros y después vemos el éxito que ha tenido, cosa que sería particularmente valiosa entre países, pero también entre empresas. 
El segundo instrumento que podemos utilizar, aparte de la medida técnica de la comparación de resultados en materia de competitividad, el de aprovechar las relaciones y la asociación que deberían ir en aumento y una corriente de información en dos sentidos con la comunidad empresarial. 
Una lección importante que podemos aprender examinando lo que ocurre en la práctica es la de que las empresas que tienen más éxito presentan una combinación de inversión para el futuro, una estrategia a largo plazo en pro del crecimiento y del empleo, del aprovechamiento de la creatividad y las aptitudes de sus fuerzas de trabajo y el trabajo en gran medida en equipo con su mano de obra: todas esas son lecciones que las empresas y los países aprovecharán al ver que aportan éxitos. 
Se trata de un papel que los políticos en particular pueden desempeñar, pero basándose en la experiencia práctica de las empresas. 
Siempre he creído que, si bien la política es en parte un proceso mediante el cual se tiene a veces la oportunidad de adoptar decisiones, también debe ser un proceso de educación... y necesitamos también educarnos a nosotros mismos. 
Señor Presidente, hay dos puntos que me parecen muy importantes. Uno de ellos es la iniciativa SLIM. 
SLIM pretende descargar a las empresas. ¿Cree usted que con el programa SLIM sería posible ocupar adicionalmente a la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial o a la Comisión de las Regiones, de modo que estas comisiones se concentren fundamentalmente en proyectos SLIM? 
El segundo es el fiche d´impact. 
Tengo aquí los documentos de la reunión de hoy. 
En el Parlamento Europeo tenemos que ocuparnos hoy un paquete extraordinariamente grande de documentos. 
Creo que sería razonable recapacitar sobre dónde se pueden lograr simplificaciones en el Legislativo. 
Fiche d´impact es una excelente base de trabajo. 
¿Tiene previsto la Presidencia presentar en el futuro más iniciativas en este campo? 
Señor Presidente, Su Señoría me ha preguntado qué opino de la Iniciativa SLIM. 
Creo que es una iniciativa valiosa y válida. 
No estoy del todo segura, pero tal vez me estuviera sugiriendo que es un procedimiento que podría ser recomendable en ciertas ocasiones para algunos de los órganos en que participamos. 
Si era eso lo que quería decir Su Señoría, vacilo a la hora de inmiscuirme en el dolor ajeno. 
Desde luego, si a lo que se refiere básicamente es a que todos nosotros en los diferentes papeles que desempeñamos debemos tener presentes las consecuencias y la escala de las propuestas que hacemos, se trata de algo totalmente cierto. 
Desde luego, procuraremos tenerlo presente en la labor de la Presidencia. 
Señora Presidenta del Consejo, es para mí una gran alegría poder escucharla. 
Me produce una gran satisfacción. 
La elocuencia política que muestra es realmente impresionante. 
Tengo que plantear dos breves preguntas: usted ha descrito aquí de modo muy sugestivo el modelo que ha calificado como nuevo modelo de competencia, de competencia leal. 
¿Opina usted que se debería impulsar a nivel internacional, lo que Sir Leon Brittan persigue ya desde hace largo tiempo, y lo apoyaría usted? 
Mi segunda pregunta se refiere a otro tema, lo que nosotros denominamos como comercio electrónico. 
Usted sabe que existe una iniciativa a nivel europeo y norteamericano. 
¿Cuánto cree usted se debe impulsar el nivel europeo? 
¿Hasta qué punto debemos diferenciarnos de lo que se hace a nivel norteamericano o internacional y dónde radica el modelo de éxito del futuro? 
El tercer punto es una observación muy breve. Estimada colega Moreau, sólo quiero recordarle que el proyecto que esta mañana ha presentado Sir Leon Brittan fue deseado por el Parlamento Europeo. 
Hemos realizado un comentario al respecto. 
Se aprobó en mi comisión, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. Este Parlamento ha dado su aprobación con una mayoría aplastante. 
Señor Presidente, deseo agradecer a la Presidenta en ejercicio del Consejo sus observaciones, en particular las relativas a la simplicidad de la reglamentación: la iniciativa SLIM. 
Ha sido un buen ejemplo de asociación entre Presidencias sucesivas. 
La inició Luxemburgo, la Presidencia británica la está sacando adelante, en estrecha cooperación con la Presidencia austríaca y, según tengo entendido, la Presidencia austríaca está hablando de ello ahora con los alemanes, que en su momento ocuparán la Presidencia. 
Sin embargo, una cosa que nos resulta frustrante en esta Asamblea y que socava la iniciativa sobre la simplificación de la legislación relativa al Mercado Interior es algo que denominamos «el baño de oro» , los añadidos que las autoridades nacionales hacen a la legislación que formulamos en esta Asamblea. 
¿Tendría a bien la Presidenta en ejercicio comentar lo que se podría hacer en el nivel del Consejo para velar por que lo que aquí promulguemos contribuya a mejorar la situación y no se vea obstaculizado por el «baño de oro» que las administraciones nacionales añaden sin razón válida alguna? 
Entiendo perfectamente la observación del Sr. Murphy. 
En primer lugar, quisiera decir brevemente que, no sólo a este respecto, sino también en otros, hemos cooperado con la Presidencia luxemburguesa para intentar velar por que hagamos avanzar las mismas cuestiones en la misma dirección, mediante la cooperación. 
Ahora estamos cooperando, como ha dicho Su Señoría, con la próxima Presidencia austríaca y ésta está haciendo lo propio con los alemanes. 
Forma parte de un proceso de reconocimiento cada vez mayor por los Estados miembros de que, si las sucesivas presidencias cooperan a partir de un mismo orden del día e intentan basarse en el programa de trabajo del Consejo y del Parlamento y sacarlo adelante con éxito, obtendremos más logros en la Unión Europea en conjunto. 
Después me ha preguntado por la cuestión del «baño de oro». 
Cuando el Sr. Cassidy me ha preguntado por el papeleo, he estado a punto de referirme a eso, pero no he querido alargar demasiado mi respuesta. 
Sé perfectamente lo susceptible que es el Comisario Bangemann a las afirmaciones de que las instituciones de la Unión Europea producen mucho papeleo burocrático y tengo presente el documento que elaboró hace bastante tiempo en el que se mostraba que la mayor parte procedía en realidad de los Estados miembros. 
Acepto esa observación enteramente. 
Sospecho- y espero no ofender a demasiados Estados miembros al decirlo- que una de las razones es la de que con demasiada frecuencia esos asuntos caen en manos de abogados en el nivel nacional. 
Su Señoría me ha preguntado qué podríamos hacer para corregir eso en el nivel del Consejo. 
Aparte de ejercer constante presión para mantener reducido al mínimo el papeleo burocrático y examinar lo que otros hacen y ver que el «baño de oro» aplicado a las directivas puede ser una des ventaja competitiva: cuanto más podamos establecer un diálogo con los otros interlocutores sociales y la comunidad empresarial, más probabilidades habrá de que descubramos con claridad y nitidez las consecuencias del «baño de oro» de que habla Su Señoría. 
En principio, como creo firmemente en una asociación para el desarrollo, acojo con beneplácito las iniciativas encaminadas a intensificar dicho diálogo. 
Se trata de un buen ejemplo práctico de algunos de los otros beneficios que puede reportar. 
Ha sido un intercambio de ideas muy interesante. 
Pido disculpas a los colegas a los cuales no he concedido la palabra pero, como se suele decir, el tiempo es inexorable. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0260/98). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Pregunta nº 1 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0164/98): 
Asunto: Nueva OCM del tabaco crudo y fomento del empleo en regiones desfavorecidas 
De acuerdo con los datos que maneja el Consejo previos a la aprobación de la reforma del Reglamento 2075/92 sobre la OCM en el sector del tabaco crudo ¿qué incidencia y consecuencias tendrá esta reforma sobre el empleo? 
La propuesta que presenta la Comisión al Consejo, ¿contradice las nuevas políticas de promoción de empleo en las regiones más desfavorecidas? 
¿Qué impacto socioeconómico tendrá en Granada, Extremadura y las zonas mediterráneas más deprimidas? 
Señor Presidente, gracias por su útil propuesta que permitirá transmitir la buena nueva del Parlamento hoy a la Conferencia Europea mañana por la mañana. 
En respuesta a la pregunta de Su Señoría, he de decir que se acaba de presentar la propuesta de la Comisión de una revisión de la organización común del mercado del tabaco en bruto. Sigue a los intensos debates celebrados en el Consejo y en el Parlamento Europeo sobre los documentos de la Comisión relativos a las posibles opciones para la reforma del régimen del tabaco. 
La labor del Consejo sobre la propuesta de la Comisión se encuentra en una primera fase, pero, al estudiar la propuesta, examinaremos, desde luego, si los cambios en el régimen actual del tabaco tendrían consecuencias negativas para el empleo en la Comunidad o para el bienestar económico de ciertas zonas mediterráneas. 
También examinaremos si los cambios en ese régimen aportarían beneficios, como, por ejemplo, una reducción de los costos y del fraude, una mejora de la salud pública o un aumento de la eficiencia y la competitividad. 
Como la propuesta de la Comisión sobre el tabaco se basa en el artículo 43, se ha pedido al Parlamento Europeo que emita su dictamen. 
Estoy seguro de que, al preparar dicho dictamen, el Parlamento deseará considerar las cuestiones relativas al empleo que Su Señoría plantea en su pregunta. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, el campo de Granada, hombres y mujeres, sospecha que, después del brutal atentado contra el aceite de oliva que preparan, la próxima OCM del aceite de oliva y también la del tabaco- sobre todo la del tabaco, en estos momentos- puede ser un retroceso respecto a la situación actual. 
Dígame, señor Presidente en ejercicio del Consejo, si van a ser ustedes capaces de reducir empleos en zonas desfavorecidas que los precisan, cuando la producción de tabaco en la Unión Europea representa el 25 % del consumo y en un momento en que, según ustedes, el empleo es la primera prioridad. 
¿Van a ser ustedes capaces de acometer tamaño error? 
Diga usted algo que tranquilice a mis electores, a los tabaqueros de Granada, porque sólo tienen eso, más de 2.000 familias, para seguir viviendo. 
Es usted el Presidente del Consejo. 
Diga usted lo que tiene que decir: no va a haber ni un empleo menos para los tabaqueros de zonas desfavorecidas porque somos consecuentes con la primera prioridad de la Unión Europea, el empleo. 
Pronúnciese, por favor. 
Gracias, señora Izquierdo. 
Yo entiendo la vehemencia y la pasión que usted pone en la defensa de los intereses de una zona tan hermosa como es Granada, pero debo pedirle una vez más que lo haga usted dentro del tiempo que le he asignado. 
Señor Henderson, le invito a usted a que responda a las preocupaciones de la Sra. Izquierdo Rojo sobre esta provincia tan hermosa, que supongo que usted conoce, pero en caso contrario estoy seguro de que la Sra. Izquierdo le invitará a conocer. 
Desde luego, me gustaría visitar la provincia de Granada, si encuentro un hueco en el calendario de la Presidencia. 
He de decir a Su Señoría que ningún gobierno del mundo puede garantizar que no se vaya a perder ni un puesto de trabajo de resultas de una propuesta económica. 
Eso no es realista, por lo que el Consejo de la Unión Europea tampoco puede dar esa garantía. 
Lo que puedo decir es que el Consejo esta trabajando sobre la propuesta de la Comisión y uno de los factores que se tendrán en cuenta al evaluar la idoneidad de la propuesta es el efecto en el empleo de quienes trabajan en el sector a que se ha referido Su Señoría. 
Creo que Su Señoría entenderá que no pueda profundizar más en mi respuesta hoy. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, lo que ha dicho la diputada Sra. Izquierdo Rojo respecto a Granada es enteramente aplicable también a la zona española de Extremadura, incluida la invitación para que usted conozca realmente el problema social que se puede plantear en estas zonas. 
En una reciente resolución de esta Asamblea sobre la OCM del tabaco, se aprobaron, por este Pleno, cuestiones como las siguientes: en una nueva organización común del mercado en el sector del tabaco, las políticas de fomento del empleo y la lucha contra su destrucción son hoy la primera prioridad de la Unión Europea, o la concesión de ayudas al cultivo del tabaco resuelve las dificultades estructurales de las regiones desfavorecidas. 
¿Podría el Consejo aclararnos de verdad, puesto que en la anterior explicación no ha quedado clara de verdad, la postura del Consejo respecto a la importancia de la mano de obra en el cultivo del tabaco en las zonas mediterráneas? 
He de decir a Su Señoría que no puedo profundizar más de lo que he hecho en mi respuesta inicial y en la complementaria que he dado a la autora de la primera pregunta. 
Existe una propuesta de la Comisión, que el Consejo está examinando, y uno de los factores que se tendrán en cuenta es el relativo al empleo. 
Ello es aplicable a todas las zonas cultivadoras de tabaco. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, esto parece que es un debate entre españoles y usted, a quien le ha tocado responder hoy en nombre del Consejo. 
Teniendo en cuenta que el desempleo en España es el doble que la media de la Unión Europea (usted nos acaba de contestar que uno de los factores fundamentales a tener en cuenta en esta OCM va a ser el desempleo) , ¿me podría usted aclarar cuáles van a ser los otros factores que va a tener en cuenta el Consejo a la hora de evaluar la propuesta presentada por la Comisión? 
He de decir a Su Señoría que no es una iniciativa que afecte exclusivamente a España, afecta a varias de las zonas agrarias de nuestros socios. 
La verdad es que debo remitir a mi respuesta original, en el sentido de que el empleo es un factor importante que se debe tener en cuenta, pero hay otros factores. 
Vamos a considerar si los cambios en ese régimen pueden reportar beneficios tales como una reducción de los costos o una mejora de la lucha contra el fraude, si habría alguna consecuencia para la salud pública y qué repercusiones podría tener cualquier propuesta en la eficiencia y la competitividad. 
De modo que habrá que tener en cuenta varios criterios. El Consejo examinará todos esos aspectos, al preparar su dictamen sobre la propuesta de la Comisión. 
La pregunta nº 2 ha sido retirada por su autor. 
Pregunta nº 3 formulada por Carlos Carnero González (H-0170/98): 
Asunto: Situación del proceso de paz en el Próximo Oriente y posible suspensión de los Acuerdos UE-Israel 
La degradación del proceso de paz en el Próximo Oriente- causada principalmente por el incumplimiento del Gobierno de Israel de las obligaciones derivadas de los Acuerdos de Oslo y de otros compromisos establecidos con la Autoridad Nacional Palestina y garantizados por la comunidad internacional- está llegando a unos límites extraordinariamente peligrosos que ponen en grave riesgo la estabilidad en la región y los logros alcanzados hasta la fecha. 
Sobre la base de los debates mantenidos en las últimas semanas a raíz de la comunicación presentada por el Comisario Manuel Marín en torno al papel de la Unión en el Próximo Oriente, ¿no considera el Consejo que sería oportuno ejercer una presión política efectiva sobre las autoridades de Tel Aviv a fin de que dieran un giro favorable a la paz y cumplieran sus compromisos con la parte palestina, presión que podría articularse a través de la suspensión temporal de los Acuerdos en vigor entre la UE e Israel hasta tanto el Primer ministro Netanyahu no se aviniera a aquella actitud? 
El 23 de febrero, el Consejo de Asuntos Generales examinó detenidamente la comunicación del Comisario Marín y propuso varias formas de hacer más eficaz la prestación de la ayuda de la Unión a los palestinos. 
En aquella ocasión, el Consejo reiteró la determinación de la Unión de hacer una contribución constructiva y eficaz a las gestiones internacionales encaminadas a restablecer la confianza en el proceso de paz y establecer una base firme para la reanudación de las negociaciones. 
Convino en que la Unión debía demostrar su continuo compromiso con el proceso de paz mediante una renovación de su asistencia financiera a la Autoridad Palestina después de que expirara su actual período de cinco años de promesas de contribuciones. 
El Consejo subrayó también la determinación de la Unión de intensificar su diálogo con Israel sobre la supresión de los obstáculos al desarrollo económico palestino. 
Consideramos que el marco actual para las negociaciones infunde la mayor esperanza de una paz justa y duradera entre Israel y los palestinos. 
Actualmente suspender los acuerdos económicos entre la Unión e Israel no contribuiría a sacar las conversaciones del atolladero en que se encuentran. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, seguramente la medida que sugiero en mi pregunta no contribuiría, de una manera decisiva, dice usted, a desbloquear el proceso de paz. 
Pero la cuestión es que el proceso está bloqueado. 
No sé si usted sabe, por ejemplo, que el Primer ministro israelí, en una entrevista concedida al diario El País y publicada el domingo pasado, afirmaba, en una frase tan buena para la Unión Europea y sus gestiones como la siguiente, que los europeos no saben nada de Oriente Próximo (supongo que usted se da por aludido; yo, desde luego, me doy por aludido). 
Esta es una frase del Sr. Netanyahu. 
La cuestión es la siguiente, señor Presidente en ejercicio del Consejo: cualquier acuerdo suscrito por la Comunidad y un tercer país incluye una cláusula democrática y de respeto de los derechos humanos. 
Esta misma mañana, salvando las distancias, planteábamos medidas de presión al Presidente yugoslavo Milosevic en relación con lo que está ocurriendo en Kosovo. 
¿Es que el Sr. Netanyahu tiene una gracia especial para no ser objeto de este tipo de discusiones? 
La posición de la Unión es la de que se están adoptando diversas iniciativas para intentar acabar con el estancamiento del proceso de paz en el Oriente Medio. 
Hemos estado instando al Gobierno de Israel a que se muestre más receptivo a la necesidad de acabar con ese estancamiento y a que preste más atención a varios factores que contribuirán a robustecer el proceso de paz. 
No se da un trato especial al Sr. Netanyahu. 
La Unión espera que el Sr. Netanyahu y su Gobierno cumplan los mismos principios que acompañan a otros acuerdos de comercio con terceros. 
Es importante que el acuerdo comercial con Israel dé resultado, porque un aspecto de dicho acuerdo permite la exportación por mediación de Israel de los productos procedentes del sector palestino de su economía y, si se adoptaran medidas para reducir el comercio, tendrían un efecto perjudicial para el pueblo palestino, sin que necesariamente influyeran en gran medida en la posición del Gobierno de Israel. 
Lo que la comunidad mundial está pidiendo ahora al Sr. Netanyahu es un cambio en esa posición y en eso es en lo que vamos a centrarnos principalmente. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, quiero preguntarle si no es de la opinión de que en el caso de Israel se trata de una democracia estable que ha abjurado del terrorismo, mientras que no encontramos una declaración de la misma intensidad por parte de los palestinos. También quiero preguntarle si es de la opinión de que no debemos necesariamente impartir lecciones al Gobierno de Israel. 
No tengo la sensación de que Israel haya denunciado por su parte el acuerdo de Oslo o ¿ve usted aquí otra política? 
Quiero indicar también que me habría gustado que se hubiesen dirigido del mismo modo a los palestinos las advertencias dirigidas a Israel. 
Si bien entiendo la observación hecha por su Señoría, sigo manteniendo que es necesaria una nueva actitud del Gobierno de Israel: debe tener más conciencia de que se debe acabar con el estancamiento. 
Eso quiere decir que debe ser más receptivo a algunas de las ideas que surgieron en el proceso de Oslo- por ejemplo, el puerto y el aeropuerto en Palestina- para poder respaldar a los sectores de la población que quieren tener una sociedad estable, lo que significa que deben tener una mayor estabilidad económica. 
Eso es una base, o se parece más a una base, para la estabilidad política. 
El Sr. Netanyahu debe reconocerlo y debe tomar la iniciativa de promover más cambios resultantes del proceso de Oslo. 
Naturalmente, en los casos en que el terrorismo sea una amenaza en cualquier tercer país, la Unión hará todo lo posible para contribuir a contrarrestar dicha amenaza. 
Quisiera elogiar al Presidente en ejercicio por el apoyo del Consejo al proceso de paz de Oslo como vía para avanzar. 
¿Conviene conmigo el Presidente en ejercicio en que las sanciones económicas contra Israel exacerbarán, en realidad, la situación? 
Sería un gesto político contraproducente que causaría más perjuicio económico a Europa que a Israel, dada la balanza comercial existente. 
¿Conviene en que no es útil exacerbar la situación con comparaciones ridículas entre Israel y Serbia? 
¿Conviene en que, al contrario, se debe aumentar la asistencia financiera a la Autoridad Palestina y en que el diálogo con un gobierno israelí democráticamente elegido y con una Autoridad Palestina democráticamente elegida es la mejor forma de hacer avanzar el proceso de paz del Oriente Medio haciendo hincapié en los aspectos positivos del proceso de paz de Oslo ante todos los bandos en ese triste conflicto? 
Permítaseme decir a Su Señoría que no hay ni que hablar de que la Unión ponga fin al acuerdo comercial con Israel. 
Lo que queremos es que el acuerdo comercial constituya la base para una actitud más activa por parte del Gobierno de Israel y un mayor reconocimiento por su parte de lo que debe hacer para sacar adelante el proceso de paz de Oslo. 
La consecuencia de cualquier ruptura comercial, podría ser la de que la Unión Económica sufriera desde el punto de vista económico y no Israel, pero se trata de una conjetura. No necesariamente sería un factor, en caso de que fuera políticamente necesaria una ruptura comercial. 
Una de las preocupaciones principales es la de que la economía palestina resultaría gravemente perjudicada por dicha ruptura comercial, lo que en cierto modo menoscabaría doblemente las esperanzas de un proceso de paz. 
También convengo en que es necesario seguir prestando asistencia financiera a la economía palestina para que empiece a cobrar fuerza, lo que es importante para que cualesquiera iniciativas políticas resulten sustentadas por una estabilidad económica. 
Pregunta nº 4 formulada por Christoph Konrad (H-0175/98): 
Asunto: Propuesta de reforma de la organización común de mercados en el sector del plátano, presentada por la Comisión 
Los planes presentados recientemente por la Comisión con vistas a la reforma de la organización común de mercados en el sector del plátano, vigente desde 1993, son muy controvertidos porque tienden al proteccionismo en muchos puntos y obstaculizan la libre competencia. 
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para cumplir la condición de la OMC de concluir la reforma a finales de 1998, a más tardar, de forma que se pueda decidir la compatibilidad de la organización común de mercados en el sector del plátano con las normas del libre comercio mundial? 
El Consejo conviene en que, a raíz del reciente veredicto de la Organización Mundial del Comercio contra ciertos aspectos del régimen del plátano de la Comunidad Europea, se debe hacer compatible el reglamento sobre la organización del mercado del plátano con la Organización Mundial del Comercio. 
Una importante prioridad para nosotros es la de llegar a un acuerdo al final de junio, a más tardar, a fin de disponer de tiempo para aplicar los reglamentos que entrarán en vigor el 1º de enero de 1999. 
La Comisión presentó sus propuestas de revisión del reglamento al Consejo de Agricultura el 20 de enero. 
La propuesta está aún en examen en el Consejo, por lo que es demasiado pronto para que yo adelante cuál puede ser la posición final del Consejo. 
Al ultimar dicha posición, el Consejo deseará conocer los dictámenes del Parlamento Europeo y del Consejo Económico y Social, una vez que se hayan recibido. 
También quisiera decir que la consolidación y el fortalecimiento del sistema de comercio multilateral sigue siendo una de las prioridades principales del Consejo en la esfera de las relaciones económicas exteriores. 
La Unión cree en el imperio de la ley para el comercio internacional y para establecer dicho imperio de la ley debemos recurrir a la Organización Mundial del Comercio. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, muchas gracias por la respuesta a la pregunta adicional. 
Mi pregunta consiste en si no coincide conmigo en que la respuesta de la Comisión, su propuesta, sigue emanando un espíritu de proteccionismo. 
Se puede defender plenamente esta opinión con aranceles punitivos de 150, 600 y 1.500 DM por tonelada de plátanos. 
¿No coincide conmigo en que desde ayer existe una situación totalmente nueva como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia? 
Usted sabe que el acuerdo marco de la UE con los cuatro países productores centroamericanos ha sido declarado inválido. 
Por ello, tenemos una situación totalmente nueva. Es decir, después de la sentencia hay que corregir el reglamento de mercado. 
De ahí mi pregunta de si no va a acabar por fin muy pronto con esta insensatez presentando una iniciativa que diverja muy fuertemente de lo que la Comisión ha ofrecido aquí. 
Agradezco al Sr. Konrad su pregunta complementaria. 
No conozco el fallo del Tribunal, pero lo estudiaré una vez que mis funcionarios me lo transmitan. 
Voy a reiterar la observación que he formulado en mi introducción. 
Según la posición general, la propuesta de la Comisión debe ser conforme a las normas de la Organización Mundial del Comercio. 
Estamos examinando la propuesta de la Comisión. Estamos examinando si se trata de una propuesta justa y equilibrada desde el punto de vista de los intereses del Consejo. 
Una vez que hayamos adoptado una decisión al respecto, tenemos que cerciorarnos absolutamente de que es conforme a las normas de la OMC. 
Que yo sepa, la Comisión ha hecho la evaluación necesaria y podrá facilitarnos su dictamen en el momento en que continúe el diálogo entre el Consejo y la Comisión. 
Es importante que cualquier conclusión final sea compatible con lo que dispongan las normas de la OMC. 
Gracias, señor Henderson. 
Las dos preguntas complementarias que tengo son del Sr. von Habsburg y del Sr. Medina. 
La Sra. Redondo me pide con insistencia una pregunta complementaria, pero tengo que advertirle que el Reglamento, en las preguntas al Consejo, sólo permite a cada diputado o diputada hacer una sola pregunta complementaria. 
Cierto que gracias a la sugerencia del Sr. von Habsburg la Mesa ha decidido solicitar a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades que en un futuro inmediato modifique el Reglamento para que se puedan hacer también dos preguntas complementarias, pero en este momento me es imposible darle la palabra como hubiera sido mi deseo, y se la doy con mucho placer al Sr. von Habsburg para que haga su pregunta complementaria. 
¿Sabe el Presidente en ejercicio que la apertura del mercado del plátano en Europa va a ser una pesada carga para los pequeños productores de las islas Canarias y otros territorios europeos? 
¿Acaso no es importante que les demos la máxima protección que podamos contra los tremendos intereses americanos que con su enorme capital y sus enormes posibilidades de propaganda, como hemos comprobado, están intentando invadir nuestro mercado para destruir esa producción de plátanos en territorio europeo? 
Quisiera decir al Sr. von Habsburg, como le he dicho al Sr. Konrad, que es necesario que el Consejo evalúe las diversas consecuencias en los Estados miembros. 
Los productores de las islas Canarias son uno de esos factores y otro sector que se ha tenido en cuenta es el de los productores caribeños. 
El Consejo tiene que equilibrar esos intereses y la necesidad de compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio. 
El secreto de una conclusión con éxito será el de lograr un acuerdo que satisfaga esos criterios. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, agradezco su contestación. 
Usted se ha referido al hecho de tomar en cuenta el punto de vista del Parlamento. 
Yo quisiera preguntarle si es consciente de que este Parlamento se ha pronunciado reiteradamente, por grandes mayorías, en favor de la protección de los intereses de los pequeños productores comunitarios y de los pequeños productores de los países antillanos y de otros países en desarrollo frente a la pretensión de las multinacionales de dominar el mercado mundial del plátano. 
Y para tranquilizar al Sr. Konrad y a usted, les diré que las sentencias de ayer no modifican nada con respecto a la decisión de la Organización Mundial de Comercio ni ponen en peligro, en absoluto, la protección que debemos dar a estos productores. 
Puedo decir al Sr. Medina Ortega que entiendo la observación que ha formulado. De hecho, esos mismos grupos de intereses se han puesto en contacto conmigo como ministro nacional y estoy estudiando esos asuntos. 
Entiendo que el Parlamento quiera dar protección a esas zonas de la Unión y sus territorios que tienen importantes intereses al respecto. 
También es de esperar que el Parlamento quiera cumplir las normas de la Organización Mundial del Comercio por ser esenciales para una comunidad comercial como la Unión Europea. 
Es necesario satisfacer los dos criterios. 
Como he dicho al Sr. von Habsburg, no se trata sólo de poder satisfacer los intereses de los productores caribeños o los de las islas Canarias u otros, tenemos que satisfacer los dos criterios. 
Si no, no lograremos un acuerdo, porque cualquier acuerdo que hayamos concertado entre nosotros sería incompatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio y en el futuro nos encontraríamos en dificultades. 
Ésa es la razón por la que es importante que todos hagamos las reflexiones y los estudios necesarios sobre esos asuntos para intentar idear algo que resulte aceptable. 
Pregunta nº 5 formulada por José Valverde López (H-0188/98): 
Asunto: Presidencia del Consejo 
En la intervención del Presidente en ejercicio del Consejo ante el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo se refirió, en repetidas ocasiones, a la " Presidencia de la Unión». Estas referencias se difundieron en los medios de comunicación. 
Dado que hablar de la "Presidencia de la Unión» es inapropiado y supone a la vez desnaturalización de los Tratados y una desinformación de la opinión pública ¿qué medidas piensa ordenar el Consejo para que en las intervenciones de la Presidencia, declaraciones y documentos oficiales, deje de hablarse de" Presidencia de la Unión» y se refiera siempre a la " Presidencia del Consejo»? 
Es importante no transmitir confusionismo a la opinión pública sobre la naturaleza de las instituciones comunitarias. 
No existe " Presidencia de la Unión». 
Cada institución tiene su propio Presidente. 
Quisiera decir al Sr. Valverde López que es habitual referirse a la Presidencia del Consejo como la Presidencia de la Unión. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted acaba de decir que tenemos, en este Parlamento y en todas las instituciones, que ajustarnos a nuestras obligaciones. 
Le recuerdo que el Tratado no habla de Presidencia de la Unión en ningún sitio, sólo de Presidencia del Consejo. 
Cuando he planteado esta pregunta no lo he hecho con un sentido crítico, ni muchísimo menos. 
Todo lo contrario, con un sentido positivo porque tenemos que aprovechar precisamente los semestres en que un país tiene la Presidencia del Consejo, cuando tiene mayores facilidades para llegar a la opinión pública, para explicar bien cuál es la naturaleza de las distintas instituciones y aproximarlas a los ciudadanos. 
Si utilizamos un lenguaje que no se ajusta a los Tratados, introducimos confusionismo. 
No ha sido una crítica, sino todo lo contrario, porque aquí, en este Parlamento, siempre recibimos muy bien al Presidente en ejercicio del Consejo, y más si es británico, porque debemos este turno de preguntas precisamente a la tradición parlamentaria de Gran Bretaña. 
El Sr. Valverde López es, evidentemente, un veterano en materia de procedimientos parlamentarios. 
Cuando se dirige a los escaños de los ministros, por decirlo así, empieza felicitándolos, por lo que resulta muy difícil darle una respuesta negativa. 
La Presidencia británica ha seguido la terminología de presidencias anteriores. 
Las Presidencias francesa e irlandesa, por ejemplo, incluyeron el término «presidencia» en su logotipo. 
Estamos utilizando un estilo de comunicación comprensible para la población. 
Si se formulara esta pregunta en el Parlamento británico, la respuesta sería que los miembros de mi circunscripción no entenderían lo que son el Consejo, el Parlamento, la Comisión o cualquier otra institución, pero desearían saber si la Unión Europea estaba haciendo un buen trabajo y mejorando su vida y, si la Presidencia desempeñaba un papel al respecto, pues sería un papel positivo. 
Las cuestiones que abordamos y los valores que profesamos es lo que debemos comunicar a los ciudadanos de Europa. 
En modo alguno estoy diciendo que no debamos ser exactos en nuestras denominaciones. 
Como Presidente en ejercicio, tendría mucho gusto en hacerlo. 
Pero creo que tal vez haya prioridades más importantes a la hora de crear la opinión pública y contribuir al entendimiento público de la Unión Europea. 
Pregunta nº 6 formulada por André Sainjon (H-0189/98): 
Asunto: Situación de los niños que trabajan en Gran Bretaña 
La situación de los numerosos niños que trabajan en Gran Bretaña es intolerable. 
Ver a cientos de miles de niños menores de 13 años que efectúan tareas alienantes sin protección social alguna, nos hace retroceder un siglo. 
¿De qué sirve pedir a algunos países subdesarrollados que respeten ciertas normas mínimas si, por su parte, la Unión Europea no da el ejemplo? 
Es evidente que no se respeta el Convenio 29 de la OIT. 
¿Qué decisiones piensa adoptar el gobierno que preside actualmente el Consejo para poner fin a esta situación? 
¿Está dispuesto a ratificar el Convenio 138 sobre el trabajo de los niños? 
En la Directiva 94/33/CE del Consejo sobre la protección de los jóvenes en el trabajo figuran disposiciones que limitan estrictamente el número de horas que pueden trabajar los menores de 16 años y los tipos de trabajos que pueden hacer. 
Dichas disposiciones serán aplicadas en el Reino Unido mediante reglamentos que entrarán en vigor en agosto. Reforzarán la protección legislativa ya amplia de que disfrutan los menores de 16 años que trabajan en el Reino Unido. 
Señor Presidente, ni que decir tiene que la respuesta del Presidente del Consejo no me satisface totalmente porque lo que me preocupa es saber cómo puede convencer la Unión Europea a los países en desarrollo principalmente, cuando aborda, en el marco de la OMC o de la OIT, los problemas vinculados al respeto por las normas sociales en el comercio mundial. 
Creo que nuestros países dan realmente un mal ejemplo al practicar aún métodos de otro tiempo y recurrir todavía al trabajo de los niños. 
La presidencia del Consejo debería ser mucho más precisa y afirmar su voluntad política de prohibir el trabajo de los niños en la Unión Europea. 
La política de la Unión en el Consejo es la de que debe haber protección contra el trabajo infantil en todos los Estados miembros. 
El Consejo sabe que se ha aplicado. 
En los casos en que se hacen modificaciones de la legislación, se están aplicando. 
Pregunta nº 7 formulada por Maj Theorin (H-0191/98): 
Asunto: Ayudas destinadas a la lucha contra la droga 
La organización European Cities on Drug Policy está a favor de la legalización de las drogas. 
Según mis informaciones, esta organización recibió algo más de 6 millones de coronas suecas en 1996 y la misma cantidad en 1997. 
La organización European Cities Against Drugs (Ciudades europeas contra las drogas) trabaja, como su nombre indica, para conseguir una sociedad libre de drogas. 
La organización está formada por 180 miembros y se financia gracias a las cotizaciones de los ayuntamientos de las ciudades miembro. 
La organización European Cities Against Drugs solicitó ayuda a la UE por un importe de 1, 5 millones de coronas suecas para trabajos de información, formación e impresión de material en varias lenguas, pero la ayuda le fue denegada. 
No se conceden subvenciones a la única organización internacional importante que existe en Europa y, en cambio, se conceden generosas subvenciones a organizaciones y países que desean legalizar las drogas. 
¿Pueden los ciudadanos de la UE interpretar esta decisión en otro sentido que no sea que la UE ha abandonado la lucha contra las drogas? 
¿Es esta la actitud del Consejo o está dispuesto el Consejo a proseguir la lucha contra las drogas? 
El Consejo ha estado siempre totalmente comprometido con la necesidad de abordar la amenaza de las drogas en nuestras calles. 
Pero la disposiciones relativas la organización mencionada no son competencia del Consejo. 
El Consejo Europeo de Cannes aprobó un plan de acción de cinco años para luchar contra las drogas. Posteriormente el Consejo de Madrid aprobó una estrategia complementaria centrada en medidas para abordar el tráfico de drogas ilícitas. 
Para su aplicación, el Consejo ha formulado proyectos dentro de la Unión y en la comunidad mundial. 
Las actividades son demasiado numerosas para enumerarlas aquí, pero entre ellas figuran las siguientes: una iniciativa del Consejo para poner coto a la circulación de drogas desde el Caribe y América Latina hasta Europa, una iniciativa encaminada a comenzar a crear un cinturón de seguridad en torno a Afganistán cooperando con los Estados del Asia central para contribuir a mejorar su capacidad de lucha contra las drogas; la creación del Observatorio Europeo de Lisboa para que dé una idea clara y objetiva de la naturaleza del problema de las drogas en toda Europa; la creación de Europol, que en breve entrará en funcionamiento plenamente, para velar por que todos nuestros organismos encargados de imponer el cumplimiento de la ley tengan un rápido acceso a las informaciones secretas que necesiten en toda la Unión Europea. 
Agradezco mucho la respuesta. 
El programa de acción de la Unión Europea para combatir las drogas es evidentemente un marco para la actividad comunitaria y de los Estados miembros destinada a prevenir los riesgos asociados con la drogadicción. 
Este programa de acción, a mi manera de ver, no puede ser razonablemente compatible con el apoyo a proyectos que promueven la legalización de las drogas. 
Mi pregunta, que ya he formulado indirectamente antes, es si el Consejo también opina que el programa de acción contra las drogas no puede ser compatible con ayudas a proyectos que promueven la liberalización de las drogas. 
A pesar de este programa de acción, la UE apoya a European Cities on Drug Policy que trabaja a favor de la legalización de las drogas. 
¿Cómo tienen que interpretar esto los miembros de la UE? 
Por un lado tenemos un programa de acción para combatir las drogas y por otro apoyamos su legalización. 
Mi pregunta principal es, por tanto: ¿no se está dando desde la UE un mensaje contradictorio? 
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Theorin. 
Si hubiera financiación de acciones contra las drogas y al mismo tiempo financiación de la legalización de las drogas, habría, en la práctica, dos procesos que se contrarrestarían mutuamente. 
Así lo consideraría con toda seguridad la población de la Unión Europea. 
La cuestión de la financiación de la organización mencionada en la pregunta compete a la Comisión y no al Consejo. 
Sería mejor que Su Señoría se la planteara a aquélla. 
Como es sabido, tenemos dos opiniones políticas en lo referente a drogas: una que representa las convenciones que han firmado los países miembros y otra que representa un punto de vista más liberal. 
Como sueco, está claro que lo que más quisiera es que la ayuda se diera a los proyectos que representan los puntos de vista de las convenciones de Naciones Unidas. 
Pero, ¿podría pensar el Consejo en apoyar y opinar que es lógico que las subvenciones se repartan al menos por mitades entre esas dos diferentes posiciones políticas? 
El de cuál puede ser la mejor forma de intentar disuadir a las personas de que consuman drogas ilegales y prevenir el sufrimiento resultante puede ser un asunto para la reflexión académica en este momento, pero la posición del Consejo es muy clara. 
Hay varias iniciativas que se deben adoptar- creemos- y que he enumerado en mi intervención inicial. Consisten en intentar poner coto a la circulación de las drogas ilegales que llegan hasta las personas de la Unión Europea y en particular hasta nuestros jóvenes, supervisar lo que sucede en las comunidades en las que hay niveles elevados de incidentes relacionados con el consumo de drogas, fortalecer los órganos como Europol, que pueden desempeñar un papel potencialmente importante para contrarrestar ese tráfico ilegal de drogas. 
Así, pues, creo que es oportuno que el Consejo parta de esas iniciativas. 
Espero que la Comisión, al asignar los fondos, se guíe por las políticas que se han acordado sobre esas materias. 
Quisiera acotar alguna información que recibimos hace algunos momentos de la Comisaria Gradin en una reunión con el grupo sueco. 
En la UE se incautan grandes cantidades de drogas que vienen de países no comunitarios. 
Lo que se habla sobre legalización hace que los ciudadanos tengan una impresión totalmente equivocada, una impresión que no queremos causar desde la UE. 
Por el contrario, queremos resaltar que ponemos exigencias más severas, incluso al resto de los países. 
Mi pregunta es: ¿cuáles son las pretensiones internacionales comunitarias en relación con otros países, es decir, las veces que tenemos oportunidad de preguntar a otros países qué política de drogas tienen y pueden decir qué política de drogas quieren realizar, por ejemplo, en los tratados que celebramos con EE.UU. e Hispanoamérica, o en las relaciones que tenemos con Europol, como dice el Consejo, pero también con Interpol? 
Expreso mi agradecimiento al Sr. Lindqvist. 
Ha oído la respuesta que ya he dado a dos diputados anteriores que han preguntado por la posición del Consejo. 
Plantea una cuestión interesante en cooperación con otros organismos encargados de imponer el cumplimiento de la ley y exteriores a la Unión Europea. 
De hecho, la consideración de esas cuestión es uno de los temas importantes que la Conferencia Europea examinará mañana en Londres, lo que indica la seriedad con que el Consejo ve la necesidad de actuar para contrarrestar el tráfico ilegal de drogas. 
Pregunta nº 8 formulada por Richard Corbett (H-0195/98): 
Asunto: Perspectivas financieras 
Las perspectivas financieras propuestas por la Comisión en la «Agenda 2000» para el periodo 2000-2006 hacen que predominen en el presupuesto dos grandes políticas de gasto: la agricultura y los Fondos estructurales. 
Dado que, en ambos casos, unos Estados se benefician mucho más que otros, ello crea el riesgo de que algunos Estados consideren poco beneficioso un mayor gasto comunitario y que tiendan a oponerse a cualquier incremento del presupuesto de la UE. 
¿No cree el Consejo que es importante desarrollar también aquellas políticas de gasto que benefician a todos los Estados miembros, especialmente en los casos en que el gasto conjunto con cargo al presupuesto de la UE logre, a través de una mayor eficacia y de economías de escala, ahorrar dinero a los presupuestos nacionales? 
El Consejo no está de acuerdo con que el gasto agrario y estructural sólo interese a algunos Estados miembros y el resto del gasto interese, en cambio, a todos los Estados miembros. 
Todas las categorías de las Perspectivas Financieras interesan a todos los Estados miembros y a la Comunidad. 
Se espera que muy pronto la Comisión haga sus detalladas propuestas para la división del gasto entre las categorías de las Perspectivas Financieras y después las examinará el Consejo. Sería prematuro que el Consejo adoptara una posición sobre esas cuestiones planteadas por Su Señoría en este momento. 
El Consejo recuerda que la disciplina presupuestaria y el gasto eficiente son esenciales en el nivel de la Unión, como también lo son en el de los Estados miembros. 
La cuestión de las corrientes de gasto futuro en la Unión resultantes de la reforma de las políticas principales de la Unión, subrayada por Su Señoría, será abordada detalladamente, claro está, en los próximos meses durante las deliberaciones en el Consejo sobre las propuestas de la Comisión. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. 
En la pregunta no se pretendía dar a entender que categorías de gasto como los Fondos estructurales no interesaran a algunos Estados miembros. 
Evidentemente, todos los Estados miembros se benefician de un idóneo desarrollo regional equilibrado de la Unión Europea y eso es algo que, desde luego, yo apoyo firmemente. 
Sin embargo, algunos Estados miembros tienen la sensación- o existe el peligro de que haya esa sensación- de que se benefician en menor medida que otros. 
Cuando pasemos a una Unión ampliada de casi 30 Estados miembros en los próximos años, corremos el peligro de entrar en negociaciones sobre las futuras Perspectivas Financieras en una situación en la que haya un marcado desequilibrio en lo que los Estados miembros consideren su ventaja relativa. 
¿No sería beneficioso a largo plazo para la Unión Europea crear, además, otros sectores de gasto distintos de esos dos para lograr un mayor equilibrio de intereses para todos? 
He de decir a Su Señoría que la reflexión sobre la necesidad de que la Unión examine la posibilidad de crear nuevos sectores de gasto resulta interesante. 
Quisiera recordarle que en la mayoría de los Estados miembros se ejercen considerables presiones sobre los gobiernos para que reduzcan los niveles de gasto y el margen de maniobra es muy estrecho. 
No descarto totalmente nuevos sectores dentro de la Unión Europea, pero se deberían adoptar las decisiones sobre ese telón de fondo político. 
En relación con las próximas negociaciones que afrontará la Unión, el Consejo está deseoso de recibir las propuestas de la Comisión, que, según tengo entendido, se harán públicas el 18 de marzo. 
Después corresponderá al Consejo intentar lograr avances sobre esos asuntos lo más rápidamente posible, pues reconocemos que algunos de ellos son muy complicados y hará falta tiempo. 
En la reunión del Consejo se expresarán las diferentes opiniones de los Estados miembros. 
Es importante para la Unión que, al final del proceso, la prioridad para la Unión y para su coherencia sea un factor que todos los Estados miembros tengan en cuenta al exponer sus opiniones al Consejo para permitirle llegar a una decisión sobre esos importantes asuntos. 
Señor Presidente, me quiero referir de modo especial a la problemática de las regiones fronterizas. 
La mitad de las fronteras de Austria es con los nuevos Estados candidatos a la adhesión. 
Quiero preguntar qué ideas se han desarrollado en este contexto. 
En términos geográficos, los países fronterizos tendrán que abordar cuestiones especiales relacionadas con la ampliación de la Unión, muchas de las cuales tendrán que ver con la proximidad de las fronteras y la circulación de personas y bienes a través de dichas fronteras. 
Así lo reconoce el Consejo. 
Otra cuestión importante que el Consejo tendrá que examinar en el momento en que la Comisión presente sus propuestas es el grado de apoyo que se debe dar a los países de la Europa central y oriental que desean adherirse a la Unión Europea como proporción de los recursos totales disponibles para gasto en la Unión actual. 
Hay muchas cuestiones que se prestan a discusión respecto de la asignación que se hará de dicho gasto dentro de la Unión actual. 
La primera decisión a que debe llegar el Consejo es la de hasta qué punto podrá la Comunidad ayudar a esos nuevos países que desean adherirse a la Unión. 
Eso puede muy bien tener consecuencias indirectas para los Estados fronterizos. 
Sé que Estados como Austria expresarán su opinión sobre esos asuntos por los cauces normales. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 9 decae. 
Pregunta nº 10 formulada por Brian Crowley (H-0199/98): 
Asunto: Impuestos especiales en aguas internacionales 
¿Ha pedido el Consejo a la Comisión que especifique las disposiciones que se aplicarán a partir del 1 de julio de 1999 en lo relativo a la venta de productos sujetos a impuestos especiales en formas móviles de transporte, como transbordadores o cruceros, que se realizan mientras el buque atraviesa aguas internacionales y/o aguas territoriales de diferentes Estados miembros en el curso de un viaje intracomunitario y, en caso de que no lo haya hecho, podría hacerlo ahora? 1 
Se trata, evidentemente, de una cuestión que los diputados consideran de gran importancia. 
Recuerdo que examinamos otras consecuencias al respecto en el último turno de preguntas. 
Para responder a la observación concreta formulada en esta ocasión, he de decir que el Consejo no ha hecho esa petición. 
En la Directiva 92/12/CEE del Consejo sobre las disposiciones relativas a los impuestos indirectos se establece el principio general de que el impuesto se debe abonar en el país de consumo. 
Si un Estado miembro planteara esa cuestión y hubiese acuerdo al respecto en el Consejo, se pediría, desde luego, a la Comisión asesoramiento sobre qué disposiciones concretas serían aplicables a partir del 1º de julio de 1999. 
Sé que el Presidente en ejercicio pasó cierto tiempo del mes pasado examinando ese asunto con mucha amplitud. 
Sin embargo, la cuestión que he planteado es muy excepcional. 
Si un transbordador navega, por ejemplo, desde Irlanda hasta Francia, en una etapa de su travesía saldrá de las aguas territoriales nacionales o de la UE y entrará en aguas internacionales. 
Conforme a una interpretación estricta de la decisión a la que se ha referido el ministro, se podrían vender productos libres de impuestos en el buque en ese momento determinado. 
La otra observación que quiero formular se refiere a la falta de diálogo entre las diferentes instituciones y las propias empresas. 
Sé que la Comisión y algunos miembros del Consejo han consultado a la asociación que representa las compañías áreas mayores de Europa, pero no se ha consultado a las compañías de vuelos fletados, no se ha consultado a los directores de aeropuertos ni a las compañías de transbordadores. 
Quisiera preguntar al Presidente en ejercicio si podría prometernos que se celebrarán consultas más amplias en el futuro. 
Sobre la cuestión de fondo, corresponde a la Comisión explicar cómo entrarán en funcionamiento las nuevas disposiciones. 
Por otra parte, existen disposiciones del Derecho internacional y el dictamen de la Comisión deberá ser conforme al Derecho internacional vigente. 
Así, pues, las compañías de transbordadores y de otra índole habrán de interpretar cuáles son sus obligaciones respecto de lo que pueden vender, a qué tipo impositivo y dónde. 
Sobre la cuestión de la consulta, no tengo noticia de queja alguna sobre imposibilidad de expresar opiniones ante la Comisión. 
Si se me mencionan casos concretos, tendré mucho gusto en examinarlos y ver si puedo planteárselos a la Comisión, pero nunca me ha parecido que hubiera dificultades para expresar opiniones ante la Comisión. 
Puede que, si quienes consideran que no se ha ventilado adecuadamente su opinión vuelven a dirigirse a la Comisión, descubran que existe un medio para que expongan su argumentación. 
Pero la verdad es que no es un asunto que competa al Consejo. 
El Consejo examinará las cuestiones de fondo, deseará conocer el dictamen de la Comisión y después corresponderá a las empresas introducir el nuevo régimen. 
¿Podría el Presidente en ejercicio confirmar hoy a la Asamblea si tiene la Presidencia la intención de permitir que la Comisión cumpla con el mandato que se le ha encomendado de hacer un estudio de las repercusiones económicas y cualesquiera posibles pérdidas de puestos de trabajo resultantes de la actual decisión de que a partir del 1º de julio de 1999 cesen de existir las ventas libres de impuestos y se apliquen los impuestos indirectos normales? 
Si puede confirmarlo, será una noticia excelente, la verdad, dado que en la circunscripción de North Essex y South Suffolk tenemos el puerto de Harwich y el aeropuerto de Stansted. 
Tal vez la Presidencia no lo sepa, pero KLM, que ahora utiliza ese aeropuerto, ha anunciado pérdidas de puestos de trabajo resultantes ya de esa decisión que se aplicará dentro de quince meses. 
Espero que pueda confirmar eso a la Asamblea esta tarde. 
He de decir, desde el punto de vista de la teoría económica general, a la Sra. McIntosh que, si existe un punto de venta minorista y se pierde un puesto de trabajo porque dicho punto de venta deje de existir y persiste el deseo público de consumir los productos mediante otro punto de venta minorista, se creará otro puesto de trabajo en otra parte. 
No quiero decir que vaya a haber necesariamente igualdad en esa operación, pues a veces, cuando se producen cambios, las empresas deciden aprovechar las posibilidades que se les brindan en materia de productividad. 
Pero hay que tener presente ese principio general. 
La Comisión tiene ya ese mandato y ha presentado sus propuestas. 
El Consejo ha acordado una posición sabiendo que existía un mandato. 
Como ha de saber Su Señoría, a muchos de nosotros nos preocupa que haya un caos en las aguas de Europa, si se suprimen las ventas libres de impuestos. 
Voy a ponerle un ejemplo: un servicio que probablemente conozca entre el Reino Unido y los Países Bajos, en el que se pagará el impuesto indirecto en las aguas territoriales británicas, ningún impuesto indirecto en las aguas internacionales y el impuesto indirecto holandés en la parte final de la travesía. 
En el viaje de regreso, se producirá un cambio al orden inverso, de modo que los transbordadores que hagan el trayecto entre el Reino Unido y los Países Bajos tendrán que cobrar seis precios diferentes por los productos en una travesía de ida y vuelta. 
¿Cómo cree el ministro que eso contribuye a la realización del Mercado Único? 
¿Cómo va a conseguir que los ciudadanos de Europa acepten eso? 
Es evidente que carece de sentido y el Consejo debe pedir a la Comisión que examine ese gravísimo asunto, porque podría muy bien ser que la consecuencia fuera el caos, lo que socavaría el propio principio al que todos estamos intentando contribuir, a saber, la realización del Mercado Único. 
La supresión de las ventas libres de impuestos no contribuirá a ello lo más mínimo. 
Existe un consenso generalizado respecto de que el paso a un mercado único es algo que debe ser imparable y, desde luego, es deseable dentro de la Unión. 
Todos tenemos la obligación de intentar hacer lo que podamos para eliminar obstáculos. 
Pero los regímenes fiscales son muy diferentes en cada uno de los Estados miembros. 
En este momento dichos regímenes no forman parte de las iniciativas que se pueden adoptar con vistas a un mercado único. 
Ésa es una realidad política. 
Estoy seguro de que Su Señoría reconocerá que no existen demasiadas posibilidades de que haya un cambio importante al respecto en el futuro político inmediato. 
Nunca se puede hablar de lo que sucederá a largo plazo. 
Sería una estupidez intentar predecir en qué sentido se inclinará la opinión. 
Si mi madre viajara en el buque, sabría cuándo hacer las compras. 
Creo que los consumidores adoptarán en gran medida esa opinión en toda la Unión. 
Pregunta nº 11 formulada por Liam Hyland (H-0202/98): 
Asunto: Lana 
En abril de 1996, el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad una resolución en la que pedía el desarrollo de una industria europea de la lana. 
¿Ha tenido el Consejo oportunidad de estudiar las propuestas contenidas en la citada resolución? En caso afirmativo, ¿piensa el Consejo iniciar conversaciones con la Comisión con miras a la adopción de medidas prácticas para aprovechar las posibilidades existentes de desarrollar una industria europea de la lana? 
En primer lugar, la respuesta es que no. 
Pero, como ha de saber Su Señoría, la lana no está incluida en el Anexo II del Tratado de Roma, por lo que no se la considera un producto agropecuario. 
En consecuencia, no existen sistemas europeos de apoyo directo a la lana ni una organización común del mercado. 
Cualquier modificación del Tratado para designar la lana como producto agropecuario sería difícil de lograr y requeriría el acuerdo de todos los Estados miembros. 
Los productores de lana cuentan ya con asistencia con cargo a los programas de los Fondos Estructurales de la Unión. 
Dicha asistencia está condicionada a que los proyectos cumplan con los objetivos del programa de que se trate, de que no constituyan una duplicación de la financiación ya disponible con cargo a la Unión Europea y de que sea conforme a las normas relativas a las ayudas estatales. 
¿Sabe el Presidente en ejercicio que, si no se aborda la cuestión de la promoción de un sector de lana de calidad sostenible en la IU, es dejar la industria europea de la lana a merced de nuestros competidores, Nueva Zelanda y Australia? 
¿Sabe que su colega el Sr. Cunningham hizo una promesa ante la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento de que estaba dispuesto a hacer que se volviera a examinar ese asunto? 
¿Sabe el Presidente en ejercicio que el Consejo puede cambiar la designación de la lana como producto agropecuario? 
Le pregunto hoy si está dispuesto a incluir al menos ese punto en el orden del día para que lo examine el Consejo a fin de que avance ese asunto. 
En este momento no figura en el orden del día del Consejo. 
Cualquier cambio requeriría la unanimidad. 
Competería a un miembro del Consejo pedir a la Presidencia que se incluyera un asunto así en el orden del día a fin de que se celebre un debate sobre la vía para avanzar y sobre si se debe introducir algún cambio. 
En este momento no he recibido ese planteamiento. 
Si lo recibiera, se examinaría ese asunto. Pero en este momento no está previsto cambio alguno en los reglamentos vigentes. 
Teniendo en cuenta lo que han dicho el ministro y el Sr. Hyland, he de decir que el Sr. Cunningham prometió que haría que se examinara ese asunto con detalle en la reunión de Ministros de Agricultura. 
Quisiera preguntarle, señor Presidente en ejercicio, si podría procurar que, con su mediación, se incluyera en el orden del día, porque podría ser un sector muy importante para el aumento del crecimiento económico y del empleo y pondría fin a un proceso que exporta puestos de trabajo de la Unión Europea. 
En este momento, se está exportando lana no elaborada desde la Unión. 
He de recordar al Sr. Crowley que no estoy aquí para representar al Gobierno británico. 
Estoy aquí como representante del Consejo, como Presidente en ejercicio. 
El Gobierno británico no se ha dirigido a mí a ese respecto. 
Si sus colegas del Ministerio de Agricultura se dirigieran a los miembros del Gobierno británico en el Consejo de Ministros, éstos podrían examinar esa cuestión. 
En este momento, como Presidente en ejercicio del Consejo, he de repetir mi respuesta original al Amigo de Su Señoría. 
Hago uso de la palabra para hacer una acusación política: la de que no parece haber absolutamente la menor cooperación entre los ministros, ministros de Estado y Secretario de Estado británicos. 
El Sr. Henderson acudió aquí el mes pasado y respondió a las preguntas sobre las ventas libres de impuestos y no sabía lo que el Primer Ministro Adjunto, John Prescott, había dicho en esta Asamblea en una comparecencia anterior. 
Tal vez sus funcionarios le hayan aconsejado que no me responda. 
Estoy haciendo una acusación política y espero que un político le dé respuesta. 
Propongo que haya más cooperación. 
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Jack Cunningham, acudió aquí y dio ciertas seguridades, ¡y el Ministro para Europa ni siquiera lo sabe! 
He de decirle, señor ministro, que este Parlamento ha pedido, por mediación de su Presidencia, que se hagan propuestas al respecto. 
¿Ha adoptado ya la Presidencia británica la decisión de hacer caso omiso de la opinión unánime de esta Asamblea? 
Me he formado en la escuela de las constituciones y los reglamentos y del reconocimiento de las obligaciones al respecto y mis obligaciones esta tarde están muy claras: soy el encargado de responder e informar en nombre del Consejo y no en nombre del Gobierno británico. 
En ese marco doy mis respuestas. 
No he dicho que no conociera la opinión expresada por mi colega en el Consejo de Agricultura. 
Lo que he dicho es que ningún representante nacional se había dirigido a mí y que nadie se había dirigido al Secretario del Foreign Office para plantear esa cuestión en concreto en el Consejo en esta ocasión. 
No es lo mismo. 
He de decir, de pasada, que tampoco se ha dirigido a mí el Gobierno irlandés en el Consejo para indicar que quisiera plantear esa cuestión. 
Puede que el Gobierno irlandés quiera en efecto plantear esa cuestión. Si así es, estoy seguro de que se dirigirá a mí para que se examine esa cuestión en el Consejo. 
Pregunta nº 12 formulada por Robin Teverson (H-0203/98): 
Asunto: Elecciones al Parlamento Europeo en 1999 
¿Puede explicar el Consejo qué medidas tiene intención de adoptar para garantizar que TODOS los ciudadanos de la Unión Europea y, en particular, los ciudadanos de Gibraltar, estén representados democráticamente en el Parlamento Europeo tras las elecciones europeas que se van a celebrar en junio de 1999? 
Su Señoría sabe sin duda que el Anexo 2 del Acta de septiembre de 1976 relativo a la elección de los representantes del Parlamento Europeo por sufragio universal directo establece que el Reino Unido aplicará las disposiciones del Acta sólo respecto del Reino Unido, es decir, excluido Gibraltar. 
La modificación requeriría el acuerdo y la ratificación por parte de todos los Estados miembros. 
El Acta de 1976 fue aprobada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 138 del Tratado de las Comunidades Europeas a partir de un proyecto preparado por el Parlamento Europeo que no hacía referencia al caso particular de Gibraltar. 
Agradezco al Presidente en ejercicio su repuesta. 
Pido disculpas por que no se presentara esta pregunta el mes pasado. 
Si bien entiendo el fundamento jurídico al respecto, un principio fundamental es el de que los ciudadanos de la Unión Europea deben estar representados democráticamente en sus instituciones. 
No creo que nadie pueda discutir eso. 
Y, sin embargo, tenemos esta anomalía que no creo que ocurra en otros Estados miembros. 
Todos sus territorios que forman parte de la Unión Europea, pese a no formar parte de sus zonas continentales, están representados aquí. 
Resulta muy lamentable que se haga una diferencia con los ciudadanos de Gibraltar. 
Dado que el Presidente en ejercicio ha hecho una distinción entre su cargo en el Gobierno británico y el de representante del Consejo, permítaseme pedirle, como Presidente en ejercicio, que pida al Estado miembro interesado que inicie el proceso de modificación apropiado para velar por que todos los ciudadanos estén representados democráticamente aquí, en el Parlamento. 
Quisiera decir a Su Señoría que respecto de esta cuestión todos cargamos con el peso de la Historia. 
Si el Consejo pidiera al Estado miembro aludido hacer propuestas a ese respecto, la opinión del Estado miembro sería la de que sería muy difícil lograr los necesarios avances para conseguir un cambio real. 
Señor Henderson, quiero agradecer su clara contestación y subrayar que, evidentemente, usted sabe muy bien, como Presidente en ejercicio del Consejo, que este es un problema que tropieza con obstáculos históricos y políticos derivados del hecho de que el territorio de Gibraltar no pertenece, en un sentido estricto y pleno, a la Unión Europea porque es una colonia reconocida como tal por el Gobierno británico, que así lo señaló en una comunicación oficial enviada hace ya muchos años, y nunca modificada, a las Naciones Unidas. 
Por tanto, supongo que el señor Presidente en ejercicio del Consejo sabe perfectamente que mientras no se modifique esta situación será imposible obtener lo que el Sr. Henderson, con sin duda notable buena voluntad, pretende. 
Gibraltar es, en realidad, un territorio exterior y no una colonia del Reino Unido. Eso no cambia el marco de la respuesta que he dado en primer lugar al Parlamento. 
He expuesto la situación jurídica y parte de la historia. Nada más tengo que añadir. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, en julio del pasado año de 1997 en la Cámara de los Comunes inglesa representantes de los dos grandes partidos presentaron una solicitud que se ocupaba precisamente del derecho electoral para las elecciones nacionales y también las elecciones al Parlamento Europeo en Gibraltar. 
A mi pregunta planteada hace un mes, se me comunicó que este procedimiento en el fondo seguía pendiente. 
No sé si es así o cuál es la situación actual. 
Si tengo en cuenta su comentario y el fundamento jurídico que acaba de mencionar ¿estoy en lo cierto si creo que probablemente esta pregunta es superflua ya que de lo que allí se trata es prácticamente irrealizable jurídicamente? 
La segunda pregunta que quiero hacer se refiere a la cuestión de Gibraltar que, como ustedes saben, debido al Tratado de Utrecht, en el fondo está dividida en dos, a saber, la cuestión de la roca y la del istmo. 
Se plantea la pregunta de cómo enjuicia ambas partes. 
No veo que se trate de un asunto que incumba al Consejo. 
La cuestión de la situación jurídica de Gibraltar es algo que está claramente establecido en la legislación. 
Si Su Señoría desea dirigirse al Gobierno británico, estoy seguro de que éste tendrá mucho gusto en abordar algunas de las observaciones que se han formulado sobre el procedimiento dentro del Reino Unido, pero no es competencia del Consejo. 
Pregunta nº 13 formulada por Sören Wibe (H-0204/98): 
Asunto: Situación en Argelia 
Todos los días nos llegan noticias sobre masacres en Argelia. 
No se sabe con certeza quiénes están detrás de estos actos de locura. 
En este momento existe la sospecha de que algunos de los actores políticos ejercen el terror contra la población. Se ha expresado la sospecha de que también existen elementos oscuros entre las autoridades argelinas que ejercen el terror para mantener una sociedad inestable con el fin de alcanzar sus propios objetivos de poder político. 
Una delegación del Parlamento Europeo visitó Argelia en febrero de 1998 y sus conclusiones iban más bien en el sentido de que las autoridades no son culpables de las masacres. 
¿Cuál es la opinión del Consejo sobre las mencionadas sospechas? 
El Consejo ha reafirmado repetidas veces su condena terminante de esos abominables actos de terrorismo y violencia indiscriminada. 
Como ha de saber Su Señoría, una misión ministerial de la troika visitó Argel los días 19 y 20 de enero de 1998. 
El Consejo acogió con beneplácito dicha visita como expresión eficaz no sólo de la profunda preocupación de la Unión Europea por la situación en Argelia, sino también de la profunda solidaridad de los pueblos de la Unión Europea con el sufrimiento del pueblo argelino. 
El Consejo cree que no hay pruebas creíbles que fundamenten las alegaciones de la participación de las autoridades argelinas en esas matanzas. 
El Consejo sigue presionando para que el Gobierno argelino brinde una mayor transparencia y acceso al país de los medios de comunicación. Eso mejoraría la comprensión internacional de la situación. 
Para ese fin el Consejo ha alentado también los intercambios parlamentarios. Espero que esos contactos contribuyan a fortalecer la democracia y el imperio de la ley en Argelia. 
La reciente visita de los diputados europeos es un paso importante en el diálogo permanente entre la Unión Europea y Argelia. 
Voy a tratar de ser breve. 
Es correcto que no hay pruebas verosímiles en ningún sentido, ni contra las autoridades ni contra los grupos islamitas, porque el gobierno argelino se niega a aceptar una comisión internacional de investigación. 
Pero ¿no es así, señor Henderson, que en todo caso hay indicios bastante fehacientes de, entre otros, el anterior Primer Ministro de Argelia y de Amnistía Internacional que señalan que podría haber grupos dentro de las autoridades argelinas que están detrás de lo que usted llama terribles matanzas que ocurren diariamente? 
Quizá por eso no se debe estar tan seguro acerca de quiénes son los responsables. 
Reconozco que la situación no está del todo clara, razón por la cual se envía una misión en primer lugar. 
Se espera que haya una posterior reunión entre el Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia y la Presidencia para intentar examinar los asuntos que Su Señoría ha planteado. 
Gracias, señor Henderson, por sus respuestas. 
Le deseamos un buen viaje. 
Tiene la palabra el señor Posselt para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, lo siento, probablemente ya ha respondido a la pregunta. 
He tenido que participar en la reunión de la comisión mixta UE-República Checa. 
Por ello me he retrasado. 
Sólo quería preguntar porqué hoy ha terminado el turno de preguntas antes de la 19.00 horas. 
Este debe durar hasta las 19.00 horas. 
También quiero preguntar si ha comenzado puntualmente. 
En primer lugar, quiero decirle que el turno de preguntas ha empezado con estricta puntualidad. 
El reloj estaba marcando las 17.30 horas, una hora muy taurina por cierto, cuando he tomado la presidencia y hemos iniciado el debate de las preguntas al Consejo. 
Previamente yo había tenido una entrevista con el Sr. Henderson, que me había propuesto que empezáramos 10 minutos antes, para que él pudiera tomar el avión, ya que tenía el tiempo muy ajustado. 
Yo no he considerado que fuera posible empezar 10 minutos antes y, por lo tanto, le he propuesto que a las 7 menos 10 tendríamos la última pregunta. 
Entonces, no ha sido así. 
Yo me he pasado, no he cumplido estrictamente mi compromiso y hemos acabado 4 minutos más tarde de lo que yo me había comprometido con el Sr. Henderson. 
Deseo que estos 4 minutos no le hagan perder su avión y espero que el Sr. Posselt comprenda que, en ciertos momentos, hemos de tener flexibilidad dadas las dificultades de comunicación que todos vivimos cuando venimos a esta hermosa y acogedora ciudad que es Estrasburgo. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas núms. 14 a 40 se contestarán por escrito. 
(La sesión, interrumpida a las 18.59 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Informe demográfico 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0056/98) del Sr. Cabezón Alonso, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el Informe Demográfico 1997 de la Comisión (COM (97) 0361- C4-0505/97). 
Señor Presidente, tal como ponía de manifiesto el informe sobre demografía presentado por la Comisión, la pirámide de la población se está alterando en la Unión Europea y hay que estar atentos a las consecuencias que ello puede tener. 
Desde 1975 se está desacelerando el crecimiento de la población y, simultáneamente, se está produciendo un envejecimiento de la población de la Unión Europea. 
Y a estas realidades objetivas hay que añadir algunas tendencias: se prolonga la edad de estudios y de formación de nuestros jóvenes y se adelanta la edad de jubilación, en términos generales. 
Si se mantuvieran las tendencias actuales, en los próximos 30 años el esquema de población de la Unión Europea evolucionaría de la siguiente manera: la población de más de 60 años crecería en un 50 %, el número de adultos entre 20 y 59 años disminuiría en un 6 % y el número de jóvenes hasta 19 años disminuiría en torno a un 11 %. 
Estas tendencias también fueron puestas de manifiesto en otros informes sobre demografía aprobados por el Parlamento en años anteriores. 
Estos datos nos obligan a reflexionar sobre determinados efectos que ya hoy se están produciendo, y sobre ellos trata este informe que hoy debatimos. 
Las actuales tendencias demográficas tienen y tendrán consecuencias en la financiación y en la organización de la protección social. 
Crece el número de pensionistas, crece la cuantía de los presupuestos dedicados a pensiones, crece el gasto de asistencia sanitaria- por el aumento de la población protegida y las mayores expectativas de vida- y aumenta el gasto social destinado a las personas mayores con necesidades de asistencia. 
Es necesario modernizar la gestión de los actuales niveles de protección social pública para que sean un factor beneficioso en favor de la competitividad y en favor del propio empleo. 
Y es igualmente importante separar las fuentes por las que se financian las prestaciones derivadas de los sistemas públicos de protección social, bien sean prestaciones de carácter universal o prestaciones vinculadas a las cotizaciones directas de empresarios y de trabajadores. 
La evolución demográfica no resolverá los problemas del empleo, pero sí tendrá efectos en el mercado de trabajo. 
La solución para defender y mantener la sociedad del bienestar, el llamado modelo social europeo, es mantener un buen crecimiento económico, aumentar la productividad y mejorar el empleo. 
El equilibrio de la población en edad de trabajar de estas dos últimas décadas se va a quebrar en el futuro y será necesario ampliar la participación en el mercado laboral de la mano de obra femenina, que aún hoy necesita incorporarse a ese mercado laboral. 
El previsible envejecimiento de la mano de obra disponible, el grupo de personas entre 50 y 64 años, que aumentará en un 25 %, exigirá modificaciones en la organización del trabajo, en los contenidos y en las formas de la formación profesional y, en general, la adecuación de la legislación laboral y fiscal a las nuevas realidades. 
Porque hay nuevas realidades, sobre las que hoy se está debatiendo y para las que hay que ir definiendo respuestas, en las que el reparto o equilibrio de responsabilidades y el compaginar responsabilidades familiares, profesionales y educativas serán elementos fundamentales. 
Las nuevas realidades, señor Presidente, las nuevas necesidades, no pueden constituir obstáculos o barreras al empleo remunerado y una desventaja en materia de protección social para las personas que se dedican a atender esas nuevas realidades, esas nuevas necesidades familiares y sociales. 
Las tendencias de población pueden provocar disparidades regionales, con incidencia en el mercado laboral, en la vivienda, en la salud, en la política asistencial y en el medio ambiente como consecuencia de una menor población rural. 
Estas tendencias de población en los ámbitos regionales son hipótesis que habrá que verificar pero que, sin duda, son tendencias que se están produciendo en estos momentos. 
También hay que tener en cuenta los datos demográficos de los países candidatos a la adhesión, a la integración en la Unión Europea. 
Y esos datos, esas nuevas tendencias, también serán objeto de referencia en la negociación con estos países cuando se examinen datos como la población activa, el desempleo, los niveles de protección social, la movilidad transfronteriza, etc. 
La hipótesis de posibles incrementos de los movimientos migratorios desde los Estados candidatos a los actuales países miembros de la Unión Europea aumentará, o podrá aumentar, la presión sobre los sistemas de protección social tanto en los Estados miembros actuales como en los países candidatos. 
Las actuales tendencias demográficas en la Unión Europea van a repercutir también en la definición de nuevas políticas activas de empleo- qué se va a entender y a qué población van a ir destinadas esas nuevas políticas activas de empleo -, en el gasto público destinado a protección social, en la propia gestión del empleo y la formación, en las prestaciones familiares y en la cohesión interna y el equilibrio de nuestras sociedades. 
En el debate de este informe en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, como ponente, acepté de buen grado las enmiendas que habían presentado colegas de otros grupos políticos- del Grupo del Partido Popular Europeo, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, etc.- y también recogí las recomendaciones de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
En todo caso, quería que este informe recogiera las opiniones, las sugerencias, del máximo número de miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y, de hecho, el informe se aprobó en la comisión con una sola abstención. 
En la votación del informe, en mi opinión no deben aprobarse las enmiendas del Grupo Europa de las Naciones (Grupo de Coordinación) , porque todas las enmiendas que ha presentado este Grupo tratan de un tema que nadie planteó en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y, por lo tanto, no se pudo fijar una posición. 
Mi opinión personal, como ponente, es que este Pleno no apruebe esas enmiendas. 
Quiero agradecer finalmente, señor Presidente, la colaboración de todos los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en la elaboración de este informe, y espero que obtenga el máximo apoyo de este Pleno. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Cabezón Alonso por su excelente informe y agradecer, tanto a él como a la Comisión de Asuntos Sociales, el hecho de que hayan incluido en el texto final los puntos fundamentales de la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer. 
Huelga subrayar la importancia del problema demográfico en Europa. 
La población envejece y las mujeres lo pagan por partida doble. 
Nuestra comisión, en sus conclusiones, insistió en el hecho de que, cada vez más, las mujeres se hacen cargo de las personas dependientes, sin percibir, por lo general, remuneración alguna ni poder disfrutar de una seguridad social y, por supuesto, con el consiguiente alejamiento del mercado laboral. 
Hemos pedido a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan los mismos objetivos tanto para hombres como para mujeres a la hora de promover medidas para conciliar la vida familiar y la profesional y que se creen posibilidades de formación y reinserción en el mundo laboral para aquellas personas que se han visto obligadas a abandonarlo por tales razones, situación habitual entre las mujeres. 
Sin embargo, lejos de haberse logrado este propósito existe el riesgo de que, mediante sistemas individualizados de jubilación, que en un principio no son rechazables, se discrimine indirectamente a las mujeres si no se toman las medidas adecuadas. 
La Unión Europea está preparando una nueva e importante ampliación hacia los países del centro y del este de Europa que también tendrá consecuencias en nuestro mapa demográfico. 
Es de destacar que en el informe final se menciona la mortalidad infantil y se invita a la Comisión a ofrecer datos en función del sexo sobre la evolución demográfica de los estados candidatos a la adhesión. 
El próximo siglo llega a una Europa donde el aumento de la esperanza de vida es acogida de forma positiva pero, a su vez, supone mayores problemas en las mujeres que en los hombres. 
Una cuarta generación, más vieja y dependiente, entrará en escena con una mayoría femenina. 
Por ello, el futuro papel de las mujeres activas en la sociedad europea deberá estar asegurado y reforzado por la igualdad de obligaciones y derechos, tanto a nivel laboral como familiar. 
Sólo así puede afrontarse de manera eficaz el problema demográfico y ése es el espíritu con el que la Comisión debe actuar y con el que nosotros debemos defender nuestras posturas. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por su excelente informe, y referirme a un problema cada vez mayor para la Unión Europea: las tendencias demográficas, y el hecho de que la gente vive más que antes. 
Esas tendencias plantean un desafío económico muy fuerte para la Unión Europea, en particular ahora que ya estamos en vísperas del nuevo milenio. 
Como el Sr. Cabezón indica en su informe, el aumento de la longevidad, junto con la disminución de la fecundidad de las generaciones más jóvenes, ha hecho que en nuestra sociedad haya un número cada vez mayor de personas de edad, en comparación con las que están trabajando todavía o con las que son todavía económicamente activas. 
Actualmente hay en la Unión Europea 48 millones de personas con más de 65 años, de las cuales 20 millones tienen más de 75 años, lo que basta ya para dar una indicación del problema. 
Al final del siglo ese grupo representará la quinta parte de la población de la Unión Europea, y para el año 2020 representará la cuarta parte de dicha población. 
Me referiré a continuación a mi propio país, Escocia, donde veremos que las cifras acusan una tendencia análoga. 
En 1996, el 20, 18 % de la población tenía más de 58 años. 
Para el año 2006, o sea 10 años después, ese grupo aumentará al 24, 6 % y para el año 2036 aumentará al 31 %, o sea prácticamente un tercio de la población. 
Las cifras que he indicado configuran una clara tendencia: no se trata, queridos colegas, de estadísticas, se trata de problemas importantes para los que tenemos que fijar políticas en la materia. 
Tenemos que adaptarnos a esas circunstancias. 
Tenemos que equipar a la sociedad europea para hacer frente a la situación. 
Tenemos que conseguir seguridad económica para las personas de edad, a fin de que puedan hacer frente a los crecientes gastos sociales. 
Tenemos que lograr que las personas de edad sigan integradas en la sociedad y que la solidaridad entre las generaciones se promueva y las personas de más edad puedan vivir con dignidad y sin discriminaciones en el ocaso de sus vidas. 
En Escocia y en la mayor parte de la Unión Europea, las personas de edad se enfrentan con una grave amenaza de inseguridad económica y de creciente desigualdad. 
Sin embargo, hasta hace sólo unos cuantos años, de todos los gobiernos europeos únicamente el último gobierno del Reino Unido resolvió reducir el nivel de mantenimiento para los ciudadanos de edad. 
Me agrada poder decir que de toda la Unión Europea, el Gobierno conservador británico fue la excepción. 
Ahora bien, desde las elecciones del pasado mes de mayo, ha tenido lugar un cambio de clima, un cambio de entorno, y ahora contamos con medidas para ayudar a las personas de edad. 
Por ejemplo, se ha reducido a la mitad la tasa del IVA sobre el combustible. 
Se han adoptado medidas extraordinarias y adicionales de asistencia y medidas prácticas para ayudar a la población de edad. 
En toda Europa, no solamente en el Reino Unido y no solamente en Escocia, todos los gobiernos se enfrentan con un problema. 
Tenemos que instituir políticas que reconozcan el hecho de que nuestra población está envejeciendo. 
Las tendencias demográficas hacen que cada vez haya menos gente en los grupos de edad más jóvenes y más gente en los grupos de mayor edad, y tenemos que tener en cuenta esos cambios. 
Me place poder decir a los diputados que están aquí presentes esta noche que hemos recibido las propuestas en favor de una asamblea de jubilados. 
En octubre de este año presentaremos los puntos de vista de la Comisión de Asuntos Sociales, los puntos de vista de este Parlamento sobre esas tendencias, a fin de formular recomendaciones a las Naciones Unidas para el Año de las personas de edad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Cabezón, por su colaboración y felicitarle por el informe que hoy nos presenta. 
Al examinar el informe demográfico que nos propone la Comisión, debemos decir que, contrariamente a los dos informes anteriores, la Comisión Europea no se limita en esta ocasión a la Unión, sino que también presta atención a los países de Europa Central y Oriental. 
Justificadamente, puesto que una parte importante de las personas que, en un futuro no muy lejano, serán ciudadanos de la Unión Europea, ya han nacido. 
Es evidente que hasta el 2015, tanto respecto de toda la población como de la población en edad activa, Polonia y Eslovaquia todavía conocerán un crecimiento moderado, pero menor que el de la Unión Europea. Mientras, tanto los estados bálticos como Chequia, Hungría, Rumanía y Bulgaria experimentarán incluso una reducción. 
El bajo índice de fecundidad, el alto índice de mortalidad, en combinación con la considerable migración, son responsables de ese estancamiento o retroceso demográfico. 
No hay explicaciones para los fenómenos relacionados con lo anterior como la mortalidad infantil en Rumanía, la brecha entre la ciudad y el campo, las diferencias entre los sexos y otros. Estos fenómenos ejercerán una influencia radical sobre el éxito de la expansión. 
El grupo del PPE está, por esa razón, satisfecho con que en el proyecto de resolución de nuestro colega, el Sr. Cabezón, se recojan muchas enmiendas que hemos propuesto. 
Una segunda innovación de este informe concierne a la importancia otorgada a la dimensión interregional. 
Se trata de relevantes indicadores sociales y económicos de notable diferenciación entre sectores o de diferencias dentro de los Estados miembros. 
En países como Bélgica, Alemania, Italia y España, las diferencias internas no carecen de importancia. 
El crecimiento de población se desarrolla irregularmente, pero en numerosas regiones parece extinguirse hacia el 2015. 
El envejecimiento ocasiona hacia el 2015 una divergencia creciente en la configuración de la edad. 
El descenso de la población activa en determinadas regiones se produce ya antes del 2000 y en otras, sólo después del 2010. Esto dará lugar a una disminución de la fuerza de trabajo y a una creciente necesidad de movilidad geográfica. 
El envejecimiento de la población activa se produce en casi todas partes, pero ni simultánea ni uniformemente. Esto conducirá, de todas formas, a la necesidad manifiesta de educación permanente y formación continua de, esencialmente, los trabajadores mayores. 
Constato que mis propuestas relativas al estudio del mercado de trabajo, la promoción de la movilidad, una formación profesional que rebase las fronteras, etcétera han sido aceptadas una por una. 
Señor Presidente, estimados colegas, creo que todavía se podrían tocar otras cuestiones diferentes, pero el tiempo apremia. 
Requiero todavía la atención del ponente sobre una enmienda que he presentado en relación con el considerando U. No obstante, globalmente considerado, podemos estar satisfechos con el informe y, una vez más, quiero felicitar al ponente. 
Señor Presidente, quisiera hacer constar que agradezco al ponente su brillante informe y a la ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer su colaboración a dicho informe. 
La cuestión de los cambios que sobrevendrán en los próximos años en el perfil de edad en la Unión Europea y los efectos que tendrán, es algo que no podemos borrar de nuestra mente, no solamente por los aspectos puramente económicos- ¿cómo podemos pagar las pensiones de ancianidad a las personas que tienen más de 65 años de edad, cómo podremos conseguir que una nueva corriente de trabajadores ingrese en los mercados laborales y paguen cantidades suficientes en concepto de seguridad social, etc.? -sino también porque se trata de una cuestión grave e importante: ¿cómo podemos cuidarnos de los ancianos?. 
Mi colega, el Sr. McMahon, ha indicado ya que al haber una mejor atención médica y debido a la longevidad, ha aumentado el número de personas de más de 75 años de edad que viven en la Unión Europea y requieren más atención y cuidados personales. 
Quisiera pedirle al ponente que, de ser posible, tenga en cuenta una idea que expuse ante este Parlamento hace dos años y respecto de la cual sigo tratando de obtener apoyo: una carta de los derechos de las personas que se cuidan de ancianos. 
Se trata de un nuevo grupo de personas, principalmente mujeres, que se ocupan de familiares ancianos y discapacitados sobre una base continua, sin que nadie reconozca la labor que están desarrollando; sin que nadie reconozca los ahorros que consiguen para la comunidad en la que viven; sin que nadie reconozca la contribución que están aportando a la solidaridad social al guardar personas en su hogar el mayor plazo de tiempo posible. 
Aparte de todo esto hay otra cuestión: ¿cómo nuestras políticas de hoy van a salir adelante dentro de 10 o 15 años, cuando esta población tenga más edad? 
¿Tendremos que dar marcha atrás en nuestra decisión de establecer una jornada laboral más corta? 
¿Tendremos que dar marcha atrás en nuestras decisiones encaminadas a conseguir que la gente se retire antes? 
Todas estas son cuestiones que los diputados han mencionado ya. 
Por último, no hay que olvidar la cuestión de la despoblación rural. 
Hemos acabado en una situación en la que en extensas zonas de la Unión Europea hay poblaciones con una edad media de 50 a 56 años porque los jóvenes se han marchado, pues han preferido emigrar a zonas urbanas mayores. 
Esto está teniendo efectos decisivos. 
Los diputados deberían tener muy en cuenta lo que acabo de decir cuando votemos este año sobre el presupuesto para la Declaración de Cork, a fin de lograr que estimulemos a la industria y a la gente a regresar a las zonas rurales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el ponente ha colaborado bien con el Parlamento; en el fondo, ha tomado lo mejor de todos los grupos y sobre la mesa hay un informe completo del que espero que la Comisión tome buena nota. 
El año pasado fui yo, con sumo gusto, la ponente del mismo proyecto y pienso que es extraordinariamente importante que sigamos solicitando atención para este problema. 
La población del mundo no disminuye, pero lo que debemos constatar es que la importancia de Europa, desde el punto de vista demográfico, respecto de la población mundial sí disminuye. 
Además de eso, ya lo han dicho algunos de los portavoces, envejecemos y disminuye el número de jóvenes especialmente en Europa Occidental ¿Qué vamos a hacer? 
Creo que no debemos lamentarnos, sino que, más que nada, debemos renovar. Les menciono algunos ejemplos. 
La renovación de la política de cuidado de las personas mayores puede evitar grandes costes. 
Los datos demográficos y los datos de la investigación muestran que los costes también se retrasan con el retraso de la edad. 
No es cierto que todas las personas que se hacen mayores necesiten más cuidados. 
También hay un increíble potencial entre esas personas mayores que podemos aprovechar en todos los sentidos. 
Con esto llego a otro punto. 
Es la cuestión del mercado de trabajo. 
Lo mismo es válido para las pensiones. Si estamos dispuestos a buscar soluciones creativas entre nosotros, entonces, es bastante posible mantener el pago de las pensiones en toda Europa. 
Sin embargo, no deberemos apartarnos de los hechos, sino que deberemos asimilarlos. 
Por tanto, creo que los datos demográficos deberían, en el fondo, ser una parte del informe anual sobre el empleo y que las soluciones que se creen en cada Estado miembro deberían estar siempre sobre la mesa en la forma de benchmarking. 
Por otra parte, en este informe aparecen algunas recomendaciones muy buenas. 
Pienso que también seguiremos las recomendaciones del ponente en lo que respecta al comportamiento electoral que ha aconsejado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, que Europa está encaneciendo a gran velocidad es algo que ya sabemos todos. 
En su extraordinario informe, el Sr. Cabezón Alonso ha resaltado con gran acierto que el envejecimiento de la población europea requiere también la transformación del mercado de trabajo para que pueda hacer frente de mejor modo a las necesidades de los más mayores. 
Los patronos europeos se verán obligados en los años venideros a modificar radicalmente su actitud ante los trabajadores de mayor edad y en proceso de envejecimiento. 
Al no existir una incorporación de jóvenes al mercado de trabajo a la antigua usanza, será obligatorio comenzar a proteger de una manera completamente nueva las aptitudes y los conocimientos de un colectivo de trabajadores cada vez más viejos. 
Resulta importantísimo el factor de previsión a la hora de conservar la capacidad laboral de los trabajadores, en vez de esperar a que aparezcan las enfermedades o discapacidades para atajar el problema. 
Se debería prestar atención ya en la planificación del trabajo a los puntos fuertes y débiles de los trabajadores de distintas edades. 
Una buena planificación no significa únicamente tomar en consideración la ergonomía, sino que se debería prestar atención también a la organización del trabajo, por ejemplo con motivo de la distribución de los horarios laborales, a fin de responder a las necesidades de los trabajadores de mayor edad. 
En Finlandia se ha desarrollado el concepto de " gestión por edades» , que significa precisamente una toma en consideración de los trabajadores de distintas edades a la hora de dirigir el trabajo. 
En la vida laboral de hoy en día, la capacidad laboral tiene un carácter cada vez más psíquico, es cada vez más importante estar a gusto con su trabajo. 
Para lograr conservar esta capacidad laboral es preciso desarrollar los puestos de trabajo para que los trabajadores más mayores sientan que se valoran sus conocimientos, hay que dedicar esfuerzos a su formación complementaria y permitirles también a ellos influir en el desarrollo de su entorno laboral. 
De cara a estos trabajadores, reviste una gran importancia que se les comunique a tiempo cualquier cambio relacionado con su puesto de trabajo y que se les deje expresar sus opiniones. 
Los trabajadores más mayores necesitan naturalmente también formación. 
Hay que velar de manera particular por que la incorporación de nueva tecnología en los lugares de trabajo no implique la discriminación de los trabajadores de mayor edad. 
Si se organiza la formación adaptándose a sus necesidades, también estos trabajadores están en condiciones de aprender nuevas tecnologías. 
Si bien los ordenadores son para los jóvenes algo familiar ya desde su infancia, los más mayores se enfrentan a menudo con prejuicios y con una subestima de sus capacidades. 
Los conocimientos y la experiencia de los trabajadores de más edad pueden ser un recurso irremplazable para las empresas, a condición de que se sepan utilizar de la manera adecuada. 
Un puesto de trabajo donde se aplica esta gestión por edades, es decir, donde se presta atención a las condiciones particulares de todos los trabajadores, es un buen puesto de trabajo para todos, y no únicamente para los más mayores. 
Además, un puesto de trabajo de estas características genera productividad y eficacia en sumo grado. 
Desgraciadamente el Sr. Crowley no se encuentra presente, a pesar de lo cual podría darle a conocer en algún otro momento el sistema finlandés de indemnización por atención a un familiar, que permite obtener también una ayuda compensatoria por prestar cuidados a los suyos en casa. 
Señor Presidente, también quiero felicitar al ponente por un informe que trata importantes aspectos en los que tenemos que pensar y cómo tenemos que actuar cuando analizamos el desarrollo de la población en el período hasta el año 2015. 
Sabemos que la cantidad de ancianos va a aumentar y la cantidad de personas en aptitud de trabajar va a disminuir, lo cual hace que se vayan a producir grandes tensiones en el sistema de bienestar social. 
Evidentemente que tenemos que ser muy creativos a la hora de tratar de disminuir los costos; estoy de acuerdo en mucho de lo que mi colega finlandés dijo sobre el tema. 
Quiero destacar algunos puntos en los que tendremos que pensar especialmente cuando diseñemos esos nuevos sistemas, por ejemplo, la seguridad social. 
No se debe castigar con peores beneficios sociales a quienes han tenido la responsabilidad de una familia, a quienes han cuidado niños y ancianos, sino que se debería pensar, lo cual ya se ha hecho en algunos países, en contabilizar también el trabajo hogareño como base de las pensiones. 
Señor Presidente, » la mayor parte de nuestros países de Europa están suicidándose, sin ni siquiera tener conciencia, por causa de la demografía». 
Se trata de una frase contundente, una cita de nuestro antiguo ministro, el Sr. Michel Rocard, en la primera Conferencia sobre la familia en 1981, en Francia. 
La toma de conciencia está en marcha, lo observo en los trabajos de la Comisión y en los de mis diferentes colegas a lo largo de los años, y este año también con los informes que tenemos aquí. 
Me permitiré ir un poco más allá para favorecer esta toma de conciencia. 
No creo en la fatalidad de un declive demográfico tan importante y un envejecimiento inevitable en todos nuestros países de Europa. 
No digo esto apoyándome en una esperanza gratuita, sino porque me he reunido con muchas mujeres, parejas y jóvenes, antes de las conferencias de El Cairo y Pekín. 
La Sra. Gisserot, en su informe muy documentado, que usted conoce, Sra. Comisaria, a propósito de la situación de las mujeres en Francia antes de la Conferencia de Pekín, señala con honestidad científica que las mujeres, que las parejas francesas, declaran- y creo que ocurre lo mismo en los demás países- un deseo de tener hijos mayor de lo que refleja la realidad, y principalmente, de un tercer hijo. 
Parece que hay verdaderamente un deseo, quizá nuevo por otra parte, que se reactiva. 
Por supuesto, los políticos nunca deben forzar nada a favor o en contra de la natalidad y no es ése en absoluto mi planteamiento, pero creo que tienen por el contrario la grave responsabilidad de hacer posibles las decisiones de sus conciudadanos, y sobre todo cuando se trata de un deseo como ése. 
Una serie de indicaciones de mis colegas, quizá un poco tímidas en su informe, señor Cabezón Alonso y presentes también en su texto, señora Daskalaki, así como en la última intervención, retoman lo que afirmaban ya muy claramente una serie de expertos, incluso a nivel económico, en la Conferencia Internacional de Pekín, y sobre todo en la Cumbre mundial sobre el desarrollo social de Copenhague. 
Necesitamos reencontrar el sentido de la importancia de los niños y de la familia, incluido el plano económico. 
Por supuesto, los niños son la riqueza de una nación ante todo en el plano de sus valores, de su gusto por la vida, de su cultura, de sus ideales, pero son también una riqueza para un país en el plano económico. 
Quizá lo hemos olvidado un poco. 
«No hay mayor riqueza que el hombre» , decía Jean Bodin. 
Nosotros, con toda lógica, estamos vinculados al modelo social europeo, aunque las políticas sociales en todos nuestros países resultan costosas. 
Pero ¿no es ya el momento, respetando la total libertad de decisión de las parejas y de las familias- no estoy, una vez más, a favor de ningún tipo de presión- de tomar conciencia de que una política familiar sería infinitamente más económica, desde cualquier punto de vista y nos evitaría muchos gastos sociales con posterioridad? 
Ha de llegarse a una verdadera toma en consideración de lo que representa el trabajo no remunerado que realiza la madre de familia. 
Las madres de familia siempre han trabajado. 
No se debe oponer las mujeres que trabajan y las que no trabajan, no me gustan estas expresiones. 
Hasta la época de la urbanización, las mujeres siempre han trabajado, en la agricultura, en la artesanía, pero criando a sus hijos. 
Esto se hacía en el mismo lugar y al mismo tiempo. 
Estamos frente a desafíos diferentes. 
Es necesario tomar la medida, pero creo que es posible una creatividad para que Europa encuentre una vitalidad en todos los planos, pero también para que sea en mayor medida una Europa generosa, capaz, por qué no, de poner a disposición de los países en vías de desarrollo no solamente una ayuda material sino también a jóvenes, chicos y chicas deseosos de ir, durante una etapa de su vida, a ofrecer a los países en vías de desarrollo sus capacidades, adquiridas en su propio país. 
Creo que es posible de nuevo reencontrar el sentido de una Europa más generosa. 
Señora Seillier, cuando permití al Sr. McMahon excederse un poco en el tiempo, temí que habría algún problema. 
Ahora lo sufrimos todos. 
Señor Presidente, todos los años se presenta al Parlamento el informe demográfico de la Unión. 
Una continua observación del crecimiento demográfico es buena y es correcto que así se haga, pues el conocimiento de las tendencias es la premisa de una política que mire al futuro. 
No es la primera vez que el informe hace referencia al paulatino envejecimiento de la sociedad. Las medidas propuestas para hacerle frente son conocidas desde hace tiempo. 
También sabemos que los sistemas de protección a los ancianos y el de sanidad habrán de ser adaptados. 
Pero también sabemos que el decreciente número de contribuyentes, unos gastos más elevados en la sanidad pública y el rigor presupuestario impuesto por los criterios de convergencia son difícilmente armonizables entre sí. 
Sin embargo, cuanto más tiempo permanezcan estos problemas sin resolver, más difícil será su solución y, sobre todo, su financiabilidad. 
La pregunta es entonces si se trata de un planteamiento correcto para la solución compensar el desequilibrio entre la oferta y la demanda en los mercados de trabajo nacionales por medio de medidas que simplifiquen la emigración. 
Mis ideas se basan en un modelo de sociedad en el que la familia está en el centro de las reflexiones y en el que la solución para la tasa decreciente de natalidad no se plantea, por tanto, sobre la base de una mayor afluencia de inmigrantes. 
Señor Presidente, quisiera antes de nada agradecer calurosamente al ponente su informe demográfico de 1997, sobre todo por su adhesión a la economía social de mercado, que no tiene por qué ser. 
Señor Presidente, con su permiso quisiera aprovechar la ocasión para felicitar efusivamente al ponente por su cumpleaños celebrado el lunes de esta semana. 
Con este informe se llega sin proponérselo a la idea de que con las personas mayores está pasando lo mismo que con las pequeñas y medianas empresas. 
Se sabía mucho, se dijo mucho y se pidió mucho, y, sin embargo, hubo muy pocos resultados concretos. 
Me parece que está ocurriendo lo mismo en lo tocante a las personas mayores. 
Es correcto afirmar que la población activa continuará disminuyendo debido a la ralentización del crecimiento demográfico. 
Esto significará unos altos costos sociales, que ya se están dando. 
La cuestión de la financiación es difícil de responder. 
Se suelen considerar distintas vías, pero ninguna es perfecta. 
Las repercusiones sobre el mercado de trabajo persisten. 
La posibilidad de una transición deslizante hacia la jubilación no es tomada en consideración de buena gana ni por las personas mayores ni por los empresarios. 
Desempeñar un cargo de prestigio sin más tampoco es una solución. 
Traspasar la experiencia a los jóvenes es algo que por el momento no se demanda, por desgracia. 
La situación de las mujeres- y aquí la Comisión de Derechos de la Mujer tiene toda la razón- está entre dos frentes: primero la actividad laboral, luego el deseo de tener hijos. 
Este se realiza mediante la actividad laboral, y entonces se llega a la fase de cuidar al niño y luego de criarlo, y así en adelante. 
De donde surge la cuestión de la compatibilidad de las obligaciones del hogar y del trabajo para hombres y mujeres. 
Habría que procurar que el trabajo en el hogar sea mejor reconocido en un futuro, porque hasta ahora sólo se han dado dos pasos en esta dirección en distintos países: el cuidado y las vacaciones educativas, y en este nivel habremos de continuar antes o después si no queremos sufrir un naufragio político y social en la economía social de mercado europea. 
Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo al Sr. Cabezón Alonso que haya aceptado prácticamente todas nuestras enmiendas en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo; yo creo que eso supondrá que mañana no habrá ningún problema para la aprobación de su informe. 
Como él muy bien dice al principio de su intervención, dentro de 30 años habrá más de un 50 % de personas mayores de 60 años mientras que sectores más jóvenes de la población irán disminuyendo, y eso va a tener efectos preocupantes en el gasto social para las personas mayores, pero también en el papel que esas personas mayores han de desempeñar. 
Después de la jubilación, el papel de las personas mayores ha de ser muy importante en la sociedad. 
En un «Parlamento de los mayores» que se celebró en Luxemburgo, una de las preocupaciones fue precisamente indicar que se desperdiciaban sus conocimientos y experiencia y que la comunidad debía absorber esos conocimientos y esa experiencia, porque es bueno para la propia comunidad. 
Este cambio en la demografía también va tener efectos en las mujeres, y en dos aspectos: 
En primer lugar, porque se tiende a pensar- y algo se oye en esta Asamblea- que las mujeres deben seguir haciéndose cargo de las personas mayores, dependientes o menos dependientes, y de los niños en casa. 
La alternativa es, naturalmente, como se dice muchas veces en este Parlamento y, sobre todo, en la Comisión de Derechos de la Mujer, compartir el trabajo de fuera y el trabajo en casa. 
Eso será mejor para toda la sociedad. 
Las mujeres tienen una mayor esperanza de vida y son las que menos ingresos tienen, las mujeres viudas reciben sólo una parte menguada de la pensión, las mujeres mayores suelen tener una pensión más pequeña y, por lo tanto, ahí va a haber otro problema añadido. 
Yo, querido Presidente, y para terminar, comparto algunas consideraciones- voy a mencionar tres de ellas- del informe Cabezón Alonso. 
En primer lugar, que una verdadera cohesión social debe ser también una convergencia más; nos ocupamos mucho de los índices de convergencia económicos, nos ocupamos menos de los índices de convergencia social. 
Y el ponente lo recoge en uno de los apartados. 
En segundo lugar, comparto la preocupación del ponente porque en Europa muchas jubilaciones anticipadas no tienen añadido el contrato-relevo, y lo digo porque vivo en una región, Asturias, que ha perdido más de 12.000 puestos de trabajo directos y no hay recambio para los jóvenes. 
Y, en tercer lugar, que uno de los aspectos fundamentales para afrontar los cambios demográficos es la creación neta y continuada de empleo; sin empleos suficientes, sin cotizaciones, habrá pocas posibilidades de afrontar los gastos sociales que este cambio demográfico va a traer. 
Señor Presidente, ya se ha comentado que estamos ante un aumento considerable de los mayores de edad en la Unión Europea, una disminución de la población económicamente activa y una notable reducción de los jóvenes de menos de veinte años. 
Ello implica, entre otras cosas, una fuerte carga para el sistema de seguros. 
Son pocos los trabajadores que sostienen a los cada vez más numerosos jubilados. 
¿Qué debemos hacer? 
En primer lugar, deseo decir que debemos proceder a la liberalización del sistema de seguros. 
Debemos aumentar la participación del sector privado, reforzar la responsabilidad individual del asegurado respecto a su jubilación, reforzar de forma escalonada el sistema de capitalización en detrimento del redistributivo sistema actual de solidaridad entre las generaciones, que, dadas las circunstancias, no es una solución muy eficaz. 
En segundo lugar, debemos adoptar medidas para combatir el desempleo de los jóvenes porque de ese modo habrá cada vez más asegurados. 
¿Cómo puede esto llevarse a cabo? 
Con medidas que promuevan la flexibilización del mercado laboral, la formación y el reciclaje y que refuercen la capacidad de iniciativa de los jóvenes. 
En tercer lugar, quisiera decir que, de forma simultánea, deberíamos promover una política de natalidad y que debería centrarse en dos aspectos: uno a nivel de mentalización, y aquí es necesaria una campaña publicitaria en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y otro consistente en un verdadero apoyo económico. 
Este es un problema muy grave y probablemente suponga en todos los Estados miembros una auténtica cruzada nacional. 
Yo me comprometo a hacer en el futuro todo lo que pueda para ayudar, incluso a nivel particular, a solventar del problema demográfico. 
Señor Presidente, señoras y señores, deseo expresarles mi reconocimiento por haber abordado este importante problema. 
Doy las gracias especialmente al ponente, Sr. Cabezón Alonso, por el excelente trabajo que ha realizado. 
El informe de este año sobre la situación demográfica en la Unión se concentra en tres ámbitos de acción específicos: el mercado del trabajo, las disparidades regionales y los desafíos a los que habrán de enfrentarse los países candidatos a la adhesión. 
Permítanme en primer lugar señalar lo que dice el informe a propósito del problema del mercado del trabajo. 
De aquí a diez años, la generación surgida del «baby-boom» alcanzará la edad de jubilación. 
A partir de ahí, la población activa iniciará un claro descenso y asistiremos a un crecimiento rápido del número de trabajadores de más edad. 
Estamos en condiciones de planificar todo esto y hemos de hacerlo. 
Hemos de adoptar ante todo nuevos planteamientos para todas las cuestiones que afectan a la relación entre edad y mercado de trabajo. 
Hemos de luchar contra todas las prácticas discriminatorias, basadas en la edad, y alentar a las empresas a considerar en mayor medida las consecuencias de estas tendencias demográficas. 
Hemos de adoptar planteamientos nuevos de organización del trabajo, que pretenden mejorar la empleabilidad, la productividad y la motivación de los trabajadores de más edad. 
Es precisamente nuestra incapacidad para tener en cuenta la dimensión del envejecimiento en la concepción de los empleos y de los lugares de trabajo lo que ha favorecido la tendencia creciente al despido de trabajadores de más edad en estos últimos años. 
La definición de una estrategia activa en materia de envejecimiento supone, esencialmente, una mayor sensibilización y la promoción de mejores prácticas en este ámbito. 
Sin embargo, las políticas que pretenden mantener en activo a los trabajadores que están envejeciendo no podrán verse coronadas por el éxito en tanto las cualificaciones y capacidades de los interesados no estén adaptadas a las exigencias de la demanda de mano de obra. 
Hemos de poner en práctica políticas adecuadas para mejorar la empleabilidad de la mano de obra que envejece. 
Para ello, es necesario prever estructuras de aprendizaje a lo largo de la vida que garanticen a cada trabajador posibilidades de adaptación y reactualización de las capacidades, en función de la evolución del mundo del trabajo. 
Por lo que respecta al género, del que conocemos toda su importancia en las tendencias demográficas, éste merece también una atención particular. 
El informe revela que en el transcurso de los próximos quince años, las mujeres constituirán el yacimiento más importante de crecimiento de la oferta de mano de obra. 
Convendrá reforzar, tanto en las políticas generales como específicas, la integración de este aspecto. 
La perspectiva de una participación creciente de las mujeres en el mercado del trabajo plantea igualmente la cuestión de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. 
A pesar de los progresos realizados en estos últimos años, el nacimiento de un niño supone con frecuencia para las mujeres el cese en el trabajo fuera del domicilio, o en ocasiones la aceptación de un trabajo a tiempo parcial. 
Por diversas razones, que se deben tanto a la disponibilidad de los servicios de cuidado de niños como a factores culturales, los cambios provocados por el nacimiento de un niño son con frecuencia permanentes. 
En toda Europa, las mujeres adquieren cada vez más responsabilidades en la aportación de ingresos al hogar. 
Sin embargo, son pocos los signos que muestran una progresión en el reparto de responsabilidades familiares por los hombres. 
En consecuencia, existe el riesgo de que el envejecimiento de la sociedad arroje una carga más pesada sobre las mujeres en materia de asistencia a personas dependientes, que limite su participación creciente a la vida económica y social. 
En su segunda parte, el informe se interesa por la dimensión regional. 
Muestra que el impacto de los cambios demográficos varía considerablemente de una región a otra. 
El riesgo de una polarización regional constituye un desafío importante para los que han de tomar las decisiones políticas. 
La dimensión regional de esos cambios puede poner en peligro los resultados globales en un grado nacional, incluso europeo. 
Finalmente, el informe presenta la situación que prevalece en los doce Estados candidatos a la adhesión. 
Estos países albergan igualmente una población que está envejeciendo y en un contexto de cambios económicos y sociales más importantes aún. 
Han de hacer frente a una serie de problemas complejos, como por ejemplo las disparidades entre zonas urbanas y rurales, que hacen estos problemas aún más agudos. 
Para la Comisión, al igual que para el Parlamento, los cambios demográficos constituyen un importante desafío. 
Su proyecto de resolución pone de relieve una serie de temas estratégicos, entre ellos la participación en el mercado de trabajo, las disparidades regionales y la evolución de las estructuras familiares. 
La Comisión profundizará en el análisis de su resolución, pero puedo decirles que ya estamos trabajando en algunos de los puntos mencionados. 
Doy las gracias a su ponente, así como a la Asamblea, por este informe. 
Creo que estamos comprometidos en el mismo camino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Fundación europea de formación 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0032/98) de la Sra. BoogerQuaak, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica por segunda vez el Reglamento (CEE) nº 1360/90 por el que se crea la Fundación europea de formación (COM (97) 0177- C4-0261/97/0126 (CNS) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, el informe sobre la Fundación europea de formación que tratamos esta tarde, enlaza claramente con el problema que esta mañana se ha tratado de la mano del informe Oostlander relativo a la ayuda a los países candidatos de Europa Central y Oriental. 
En este marco estoy convencida de que la Fundación puede aportar una importante contribución al desarrollo de los programas de enseñanza y formación en los nuevos Estados miembros. 
Así mismo, ése es el mensaje político más importante de mi informe, que tratamos esta tarde. 
La Fundación constituye, a mi parecer, uno de los instrumentos ideales dentro de la estrategia de ingreso en la Unión Europea, de la que debe sacarse mayor provecho. 
La cooperación en la política de formación profesional tiene una importancia estratégica. 
La enseñanza y la formación constituyen la base de la integración social, del desarrollo regional sostenible y del éxito de los procesos de reestructuración económica en los países de Europa Central y Oriental. 
De esta forma, estos países pueden satisfacer rápidamente el acquis communautaire. 
El papel de la Fundación de formación para el ingreso de los nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental se aprovecha menos de lo que se debería. 
Por la evaluación externa sobre los tres primeros años que, por encargo de la Comisión Europea se ha realizado, parece que la Fundación se ha concentrado demasiado en la gestión de programas y muy poco en el asesoramiento respecto de las políticas. 
Esto debe cambiar a corto plazo. 
La Fundación debe desempeñar un papel más claramente definido en la estrategia de ingreso de los países asociados de Europa Central y Oriental. 
Para ello, el papel de la Fundación, en tanto centro de conexión, debe reforzarse mediante la intensificación de los contactos con los países asociados. Desde el punto de vista práctico, esto significa que la Fundación debe involucrarse en la consecución del ingreso de los países asociados. 
En apoyo de esta postura he presentado las enmiendas 1, 2, 3, 6, 7 y 8, y espero que la Comisión respete el espíritu de las mismas. Al mismo tiempo, espero que la Comisión mejore la confusa situación respecto del reparto de papeles entre la Fundación y los servicios pertinentes de la Comisión, en particular la DG XII y la DG IA. 
Todavía existe confusión sobre el papel del Fundación en la preparación de las disposiciones de los programas PHARE y TACIS respecto de la política de formación profesional. 
Tal como he escrito en mi informe, creo que la contribución por escrito que la Fundación propone a petición de la Comisión, no presenta un curso satisfactorio. 
La Fundación y la Comisión deben formular conjuntamente la descripción de sus funciones. 
Las líneas directrices generales de la política propuestas por la Comisión son buenas en tanto no sean impuestas unilateralmente. 
Una enmienda presentada por mí intenta restablecer el equilibrio entre las dos partes respecto de esa cuestión. 
Estimados colegas, señora Comisaria, numerosas solicitudes de partenariado en sectores como el medio ambiente, la atención sanitaria, las telecomunicaciones y, sin olvidar, la administración pública, están esperando ser realizadas. 
Esto, sin embargo, solamente puede hacerse si somos muy serios en el trato dado a la Fundación y dejamos que cumpla el papel que debe cumplir. 
Por tanto, ruego en mi informe a la Comisión que, para el 1 de julio de 1998, presente un informe sobre las consecuencias financieras del reglamento modificado respecto de las actividades de la Fundación. Esto es tanto más importante ahora que las actividades de la Fundación se amplían a los países del programa MEDA. 
La educación y la formación suponen también para estos países un importante papel en terrenos como la economía, el medio ambiente y el refuerzo de la democracia. 
Estimados colegas, si nos tomamos en serio y si tomamos en serio la Fundación, entonces deberemos afrontar críticamente las consecuencias financieras. 
La pregunta que me queda es hasta dónde está dispuesta la Comisión a seguir la opinión del Parlamento sobre la Fundación, ahora que el Consejo ya ha adoptado una decisión sobre ésta. 
Esto vale, no sólo para la modificación de las propuestas ya mencionadas por mí, sino también para las enmiendas que he presentado con relación a la organización interna de la Fundación, entre ellas la mejora de la representatividad del órgano asesor y las garantías de independencia de la Fundación. 
Espero que la Sra. Comisaria me pueda dar esta tarde una respuesta esperanzadora porque, en sí mismas, las decisiones del Consejo no se separaban tanto de lo que nosotros como Parlamento queremos y, aquello que nosotros como Parlamento queremos, también puede ser excelentemente abordado por la propia Comisión Europea. 
Por último, quiero llamar a los Estados miembros a desempeñar un papel más activo en las actividades de la Fundación. 
En el futuro, en mi opinión, las funciones de los puestos nacionales de observación podrán realizarse a través de los ministerios de los países asociados, de forma que se disponga de un presupuesto más amplio para las inversiones y de disposiciones relativas a la cualificación en el ámbito de la política de formación profesional. 
No puede ser que Europa deba tirar sola del carro de la ejecución y de la financiación. 
Pensé que tal vez éste fuera un asunto indiscutible, pero en un minisimposio organizado por mi en mi país pareció que el Ministerio Neerlandés de Educación considera, de todas formas, que es una cuestión abordable. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera dar gracias a Johanna Boogerd-Quaak por la excelente labor que ha efectuado para preparar este informe. 
Es posible que tenga un aspecto muy técnico, pero trata de algunas cuestiones importantes y recibió el apoyo unánime de la comisión parlamentaria. 
Johanna fue suficientemente generosa para aceptar las enmiendas provenientes del Grupo Socialista y aunque reconocemos que el informe ha llegado al Parlamento con retraso, estimamos que la Comisión puede actuar respecto de muchas de las propuestas que se enuncian en este informe en conjunción con la Fundación y sin remitírselas al Consejo, que sé que se ha reunido ya y que ya ha examinado esta cuestión. 
Quisiera destacar algunas de las esferas que en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo estimamos que eran muy importantes. 
Consideramos que era esencial que la Comisión Europea y nosotros mismos reconociésemos la importancia de la Fundación Europea para la Formación, no solamente para prestar apoyo a las economías de mercado de las democracias emergentes, sino también para reforzar la democracia y el respeto de los derechos humanos y de la igualdad de oportunidades y para que esos aspectos queden integrados en los programas PHARE y TACIS. 
Nos parece que la Fundación puede desempeñar un papel a ese respecto. 
En segundo lugar, estimamos que es importantísimo que se prepare una declaración de funciones que establezca con toda claridad las metas y los objetivos de la Fundación. 
En tercer lugar, conviene que lleguemos a un acuerdo sobre un programa renovable de tres años y sobre un programa anual de trabajo para que los lleven a cabo la Comisión y la Fundación. 
Estimamos también que es vital que haya un procedimiento de fiscalización y evaluación que tenga en cuenta el grado en que la Fundación ha alcanzado las metas y los objetivos que se le asignaron, y ha llevado a cabo su programa anual y el programa renovable de tres años. 
Es indispensable que se fiscalice la labor de esta Fundación, que haya una orientación clara y que tenga un ámbito más amplio que el de la mera economía de mercado. 
Queremos conseguir que cuestiones como la no discriminación y la igualdad de oportunidades formen parte de los programas de educación y capacitación en las nuevas democracias. 
Nuestra comisión parlamentaria ha estudiado detenidamente de qué forma la Fundación puede desempeñar un papel importante y valioso para atender las necesidades en materia de formación profesional de las nuevas democracias de Europa, y nuestras propuestas están encaminadas a conseguir una planificación cuidadosa y a atender la necesidad de fiscalizar el desarrollo de la situación. 
Confiamos en la Comisión para que ponga en prácticas esas propuestas y para que informe regularmente al Parlamento. 
Señor Presidente, quisiera unirme de todo corazón a las felicitaciones que ya se han hecho a la Sra. Boogerd-Quaak. Creo que se ha familiarizado mucho con esta importante, pero también técnica materia. 
También tengo, como ella, mucha curiosidad por saber qué tiene que decir la Comisaria sobre nuestras enmiendas, puesto que en el fondo, éste es siempre el punto en el que, en este marco, debemos encontrar la apreciación más destacada. 
Creo, sin embargo, que debemos decir que la Fundación europea tiene una corta pero brillante historia. 
El objetivo de la Fundación era ayudar a los países de Europa Central y Oriental en sus esfuerzos por reestructurar los sistemas de formación profesional. 
Primero fueron los países que participaban en el programa PHARE, luego se incorporaron los países del TACIS y ahora se da vía libre a los países del MEDA. 
Este programa es, por tanto, tan importante para la reestructuración de los países de Europa Central y Oriental por ser justamente las personas las que en primer lugar se enfrentan con el funcionamiento del mercado. 
Este tipo de relaciones de cooperación es, por tanto, terriblemente importante. 
Es sabido que mediante la enseñanza, se forma también la manera de pensar de las personas. 
Al dar elementos básicos, uno puede mostrar, no solamente que la economía de mercado no es un tema aislado, sino que además puede transmitirse la idea de que la economía de mercado también está sujeta a condiciones esenciales. 
Por ello, los jóvenes de Europa Central y Oriental, y ahora también de los países del MEDA, pueden familiarizarse con la economía social de mercado que se ha construido en Europa Occidental. 
El paso de una economía centralizada a una economía de mercado equivale a la cuestión de la oferta y la demanda. 
El establecimiento de una nueva sociedad equivale de nuevo a una elección: la elección entre el modelo anglosajón, de los Estados Unidos, y el de la Unión Europea. 
A fin de lograr una democracia estable, la dimensión social, que está totalmente anclada en el pensamiento europeo, debe tener su ubicación. 
Por ello, la Fundación de Turín deberá ocupar un importante lugar. 
Precisamente para los nuevos ejecutivos que están familiarizándose con la dimensión social, será importante apoyarse en un nuevo orden económico. 
De ahí, la enmienda en la que, además de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, debe mencionarse también la dimensión social como una parte integrante del paquete que la Fundación de Turín debe promover. 
La Fundación se ha desarrollado con éxito dentro de los grandes problemas que se relacionan con la existencia de la misma y que, como siempre, son propios de esta comunidad. 
Como ponente sobre el presupuesto, he podido observar que los medios financieros se han empleado eficientemente. Que, por tanto, también ahora, los países del MEDA sean incluidos por la Fundación es en este contexto bastante sensato. 
Si bien es cierto que la problemática en los países del MEDA no es exactamente comparable con la de los países del PHARE y del TACIS, también lo es que el informe pericial que ahora se ha realizado no puede desaparecer ni quedarse solamente limitado a estos países. 
Por ello, señor Presidente, esta Fundación es algo muy bueno y, por tanto, creo que, en el fondo, con las enmiendas podemos continuar el camino trazado. 
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a Johanna por su informe, que en mi opinión es muy bueno. 
Es muy oportuno que estemos discutiendo esta cuestión ahora, pues mañana comienza en Londres la conferencia sobre la ampliación de la Unión Europea y me parece que el papel de la formación es esencial para preparar la ampliación. 
A veces reacciono con cierto escepticismo ante las fundaciones europeas y los institutos europeos, de los cuales he visitado bastantes en mi vida. 
Siempre he sido partidario de que sean objeto de la debida fiscalización y evaluación, y me alegra sobremanera que sea eso lo que se está haciendo en este caso concreto; espero que sepan responder a algunas de las evaluaciones exteriores y a la evaluación de la Comisión. 
Hablando en particular en nombre del Grupo de los Verdes, quisiera, como es natural, recalcar la importancia de la formación para la fiscalización y la gestión ambientales, especialmente teniendo en cuenta los problemas medioambientales de los países de Europa central y oriental. 
En segundo lugar, es importantísima la cuestión del desarrollo de una cultura cívica para las organizaciones no gubernamentales. 
Convendría que el informe hablara de conocimientos técnicos y programas de formación concretos en esa esfera. 
Señor Presidente, naturalmente no voy a dejar de dar las gracias y felicitar a la ponente, que ya nos tiene acostumbrados a su forma de trabajar y que ha elaborado un informe sobre un tema más difícil de lo que pudiera parecer. 
Un informe que al fin ha conseguido la unanimidad en la Comisión de Asuntos Sociales y que, debo señalar, va acompañado de un importante informe motivado que ayuda a esclarecer el fondo del asunto. 
Pero yo quisiera referirme a la coincidencia- no sé si es pura coincidencia- del debate que estamos desarrollando aquí, tras nuestro debate matinal sobre las perspectivas, realización y aplicación de la ampliación, tan sólo unas pocas horas antes del comienzo oficial de la Cumbre Europea. 
Permítame, señora Cresson, establecer un marco más general ahora que estamos hablando de la Europa de la formación; un marco que creo que también abarca al tema que estamos debatiendo, ya que se trata de socios de la Unión Europea, de actividad en torno a la Unión Europea. 
Considero que este informe- las enmiendas propuestas vienen a completar de manera real con una fundación de segunda generación la que ya fue creada en 1995 y que en poco tiempo ha demostrado el valor de su creación y de su labor- viene a completar, mejorar, agregar y corregir de manera puntual el funcionamiento de esa fundación. 
Quiero detenerme de forma simbólica en la enmienda 2, propuesta por nuestra ponente, una enmienda que considero que realmente confiere una nueva dinámica a esta formación ya que enlaza estrecha y explícitamente su funcionamiento, más allá del valor reconocido de la formación en sí, con su contribución al funcionamiento de las instituciones democráticas. 
Me voy a permitir leerles una cita textual: " en la dimensión social, el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades». 
No quiero dejar de detenerme en un punto especial, el que mismo que habíamos debatido de forma extensa en la Comisión Social y al que se refiere también nuestra ponente: el de la necesidad de cooperación con el CEDEFOP, que es la fundación para el fomento de la formación. 
Creo que esto es realmente importante y que dicha colaboración puede llevarse a cabo de manera más positiva que la ya efectiva colaboración de la fundación de Turín con la fundación de Salónica. 
Además, ello es posible e institucional. 
También considero que en la marcha de nuestra Europa hacia la sociedad de la formación es necesaria la contribución progresiva del CEDEFOP y que éste se halle preparado para la misma. 
La fundación de Turín deberá colaborar de forma más estrecha con el CEDEFOP. 
Señor Presidente, la función del Centro consiste en proporcionar educación y formación en su calidad de fundación para la integración social, el desarrollo regional duradero, y el éxito de la transformación económica. 
Acojo con beneplácito y agradecimiento el informe de la Sra. Boogerd-Quaak. 
En él se destaca la necesidad de mejorar la contribución de la Fundación a los preparativos de la Unión Europea para la ampliación. 
La Fundación Europea para la Formación puede ser de utilidad como medio para ayudar a establecer asociaciones esenciales, y suministrará nuevos programas y marcos oficiales para la ayuda de la UE a los países candidatos. 
Tanto las evaluaciones independientes como la de la Comisión destacan la necesidad de reforzar el papel de la Fundación en la prestación de asistencia especializada en materia de formación profesional para los países asociados. 
Debe realzarse la función de orientación normativa de la Fundación. 
Conviene que reforcemos ese aspecto particular. 
La Fundación Europea para la Formación tiene que prepararse adecuadamente para abarcar a los países del programa MEDA. 
Apoyo la posición de la comisión parlamentaria que pide que haya claridad en las estructuras de la Fundación Europea, con tres grupos concretos de trabajo: uno para los países que han solicitado la adhesión; otro para los países de los programas PHARE y TACIS; y otro para los países del programa MEDA. 
Insto al Parlamento a que adopte la posición que recibió la aprobación unánime de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, quisiera dar las gracias afectuosamente a la ponente por su buen informe y porque han sido tenidas ampliamente en cuenta las propuestas de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores respecto de las tareas organizativas y de contenido de la Fundación y de su papel en el diseño de una formación profesional orientada a la práctica en terceros países. 
Quisiera decir claramente que la Fundación está haciendo un buen trabajo. 
Hay que saludar la reciente ampliación de las tareas relativas a la formación profesional. 
La evaluación de su trabajo hasta ahora nos conducirá a la necesaria aclaración del estatuto de la Fundación y de sus relaciones con la Comisión, lo cual es muy importante para los trabajadores y trabajadoras comprometidos en ello, de lo cual he podido convencerme sobre el terreno. 
Esta tarde ha sido destacado acertadamente el papel que una formación profesional moderna puede jugar en esos países respecto de nuevas estructuras económicas y de empleo, y respecto de unas mejores relaciones económicas exteriores de esos países. 
Aquí no se necesita sólo una ayuda económica, sino justamente una modernización de los sistemas de formación profesional y formación continua, y concretamente en todos los niveles de la empresa y no sólo en el de la administración. 
La Comisión está exhortada a utilizar al máximo el saber especializado de la Fundación para la preparación de los candidatos a la incorporación de Europa Central y Oriental para llevar adelante lo más rápido posible el proceso de acercamiento, y espero también que con ello se contribuya a acelerar la canalización de medios en PHARE. 
Las experiencias acumuladas hasta ahora por la Fundación pueden ser utilizadas inmediatamente en la nueva cooperación en el Mediterráneo, y aquí habría que transferir a la Fundación ámbitos visibles de responsabilidad propia. 
A mi parecer, aún no se ha hecho mucho respecto de las medidas complementarias del Programa MEDA. 
Estaría bien, señora Comisaria, que la Comisión informase al Parlamento sobre ello lo antes posible. 
Bruselas no debería estrechar demasiado el margen de acción de la Fundación. 
La cooperación de la Fundación en proyectos con los Estados socios debería ser articulada con más entusiasmo. 
Señor Presidente, agradezco a la Comisaria su respuesta, pero quiero, sin embargo, reservarme el derecho de examinar detalladamente lo que exactamente ha prometido. 
Puesto que tenemos el problema de que parece que se ha prometido mucho, aunque algunas cuestiones no se han adoptado, me pregunto si el Consejo al final todavía debe decidir; si después de todo algunas partes sí pueden ser adoptadas. 
Señora Boogerd-Quaak, creo que la Sra. Cresson ha tomado nota de sus observaciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Plan de acción y subvenciones concedidas a Ucrania 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los siguientes informes. 
A4-0059/98 del Sr. Gary Titley, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la Comunicación de la Comisión relativa al plan de acción para Ucrania (COM (96) 0593- C4-0103/97) , -A4-0063/98 de la Sra. Magdalene Hoff, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe especial nº 6/97 del Tribunal de Cuentas relativo a las subvenciones TACIS concedidas a Ucrania (C4-0350/97). 
Señor Presidente, como miembro de la delegación de Ucrania quisiera agradecerle al ponente su excelente informe e insistir particularmente en un punto, el punto 23, donde señala expresamente que deberíamos prestar una mayor atención a las especiales condiciones económicas del proceso de transformación económica que se está dando en Ucrania. 
Señoras y señores, señor Presidente, distinguida Comisaria, como europeos occidentales tenemos que tratar en todo momento de recordar que estamos frente a un proceso de transformación único- en todo caso la primera vez que se da, y quizás hasta la única- que tiene una dimensión distinta de aquella que hemos conocido hasta ahora en Europa Occidental. 
Un proceso semejante no ha tenido lugar nunca hasta ahora, y lógicamente no puede ser determinado o definido por nadie con seguridad, porque es la primera vez que lo vivimos. 
Si los expertos piensan que la economía ucrania llega ya a un 30 y probablemente incluso a un 40 % de economía sumergida, debe uno preguntarse cómo se podrá lograr y, naturalmente, se deberá lograr, la transformación por medios pacíficos y razonables de una economía semejante en una economía social de mercado que funcione dentro de un Estado constitucional. 
Cómo ha de hacerse esto exactamente, tampoco lo sabemos. 
Me permitiré una estimación después de varias visitas: en ningún caso podrá ir muy deprisa. 
Necesitamos paciencia, y lo primero de todo es procurar que ese desarrollo desemboque en un desarrollo estable y duradero. 
Quisiera todavía decir algo sobre el problema del informe de la Sra. Hoff, es decir, sobre TACIS. 
Aquí también se trata del sector agrario. 
Tuve la oportunidad de visitar junto con otros colegas algunos de los proyectos TACIS para la agricultura de Ucrania. 
Es correcto- y quisiera referirme expresamente a ello en interés de aquellos que son los últimos beneficiados en Ucrania- que la fase inicial fue tan larga por las razones mencionadas que ya no hay tiempo para una realización sensata y duradera especialmente de los proyectos agrarios. 
Quisiera hacer una exhortación en este punto, prolongar por lo menos los proyectos agrarios, y subvencionarlos además, sino no son de ninguna utilidad. 
Quisiera todavía hablar también sobre el modo y manera con la que se diseñan algunos proyectos, naturalmente no vale para todos los casos. 
Nos ha extrañado un tanto que en una región como Ucrania, que en vista de la gran dimensión de las empresas tiene una impronta distinta en los últimos tres cuartos de siglo, se intente expresa y casi exclusivamente crear empresas con una sola persona y un establecimiento de engorde para veinte cerdos. 
Señoras y señores, señor Presidente, señora Comisaria, creo que no es aconsejable seguir sólo con tales proyectos. 
Tiene seguramente más sentido fomentar otros proyectos que están mejor adaptados a las condiciones reales. 
Esto es lo que me urge decir aquí otra vez. 
Señor Presidente, distinguida Comisaria, señores y señoras, quien quiera una política preventiva y orientada a la estabilidad en y para Europa no podrá sino estar de acuerdo decididamente con el claro e inteligente informe del Sr. Titley y las posiciones de las comisiones. 
La situación actual en Ucrania sigue siendo complicada. 
Es un logro político impresionante que en Mayo de 1997 se consiguiese con el acuerdo de amistad y de cooperación entre Rusia y Ucrania acabar o neutralizar tensiones existentes desde hace años. 
Con ello se dan mejores condiciones para que Ucrania tome conciencia de su función de contribuir mejor a la estabilización de una región grande y muy sensible. 
Frente a ello continúan existiendo persistentes dificultades de política interior. 
Las tensiones debidas a la composición étnica de la población se han relajado, pero siguen presentes de modo latente. 
En Crimea sigue habiendo fuertes aspiraciones secesionistas. 
La cooperación con la Unión Europea es un deseo natural al oeste del país, mientras que en el este es un sentimiento poco común. 
Las reformas económicas deben ser llevadas a cabo de un modo más consecuente que hasta ahora. 
Hay que acelerar el ritmo de las reformas no sólo en la economía, sino también en la administración, en la legislación y en la justicia. 
Que se consiguiera en esa problemática situación sostener el balance, que se consiguiese incluso ganar márgenes de acción en política exterior fue sin duda un mérito de la política consecuente y ponderada del Presidente Kutschma. 
Pero al mismo tiempo es un logro de los ciudadanos, un logro que testimonia la capacidad de improvisación, pero también, déjenme decirlo con una palabra dura, la capacidad de sufrimiento del hombre. 
Nuestra postura gana con ello en actualidad y en peso. 
La ayuda era y es forzosa. Debe ser procurada sin complicaciones. 
La ayuda por medio del plan de acción puede planearse de modo más eficiente. Y también de un modo más rápido. 
Desde esta perspectiva, el procedimiento seguido hasta ahora plantea algunas cuestiones. 
Sólo pasaron dos días hasta que la Comisión no sólo presentó el Plan al Consejo, sino que también informó al Parlamento. 
El Consejo ha necesitado dos semanas para ratificar el Plan, pero ha durado casi cuatro meses desde el envío del Plan al Parlamento hasta la notificación del Presidente a las comisiones para que se ocupen de ello. 
Sobre esto tenemos reservas. 
Hemos malgastado un tramo más. 
Señor Presidente, quisiera antes de nada manifestar mi más sincero agradecimiento al ponente no sólo por todo su informe, sino también por sus aclaraciones de hoy con las cuales ha conseguido poner de relieve la importancia realmente grande que tiene Ucrania para la estabilidad económica y política de toda Europa. 
Por ello también es importante que nos pronunciemos con toda claridad a favor de la ayuda a Ucrania, aunque haya naturalmente grandes dificultades en Ucrania, como señala el informe Hoff, y también nosotros tengamos dificultades por parte de la Unión Europea. 
En este contexto me parece, sin embargo, muy importante que tratemos aquí dos puntos que también aparecen mencionados en el informe. 
Uno es la práctica de la pena de muerte en Ucrania. 
Considero insoportable que Ucrania haya firmado el Convenio de Derechos Humanos y haya prometido parar las ejecuciones por pena de muerte, y, sin embargo, como el informe claramente destaca, el año pasado se hayan realizado 13 ejecuciones. 
Esta es una circunstancia que ya sin más no deberíamos aceptar. 
Juzgamos a Ucrania con otros parámetros porque quiere tener una identidad europea. 
Encuentro este punto importante también porque estamos detectando en muchos países de Europa Oriental precisamente un retorno de la pena de muerte. 
Hay una presión política bien sea para conservar la pena de muerte o bien en otros casos para introducirla de nuevo. 
Es importante que hagamos valer nuestra función ejemplificadora como Unión Europea cuando negociemos con Ucrania. 
El segundo punto se refiere a la política energética. 
Soy absolutamente de la opinión, como dice el punto 18 del informe Titley, de que debemos ayudar a asegurar en cierta medida a Chernóbil. 
Pero estoy decididamente en contra del punto 19, porque con él se intenta juntar a Belcebú con Satanás, es decir, cerrar Chernóbil pero abrir nuevas centrales nucleares. 
Éste es exactamente el camino equivocado, y me da lástima cada ecu que va a parar a esa política energética equivocada. 
Espero que las enmiendas que han sido presentadas sobre este punto sean aceptadas en la votación de mañana. 
Señor Presidente, la fuerte y prometedora palabra plan de acción, ya lo han señalado otros compañeros, se refiere a una modesta agrupación de medidas que así y todo funcionan. 
Por tanto, nada nuevo. 
Para que esa idea no se quede sólo en ayuda para campaña electoral, sino que pueda madurar y constituir un concepto creíble, se debe según mi opinión transmitir a Ucrania lo siguiente: la ampliación de la Unión Europea debe ser una idea abierta y no debe limitarse sólo a los actuales países asociados. 
Como primer estado que se ha deshecho de su armamento nuclear, Ucrania debe ser incluido en un sistema europeo de seguridad que tenga como meta una Europa sin armas nucleares. 
Al contrario que en el plan de acción, el fortalecimiento de la sociedad civil y el apoyo a la construcción de la democracia deben tener prioridad. 
Tan sólo esto puede servir de fundamento para reformas económicas. 
Y por último: en un país que ha de combatir diariamente con la contaminación radiactiva debe fomentar la ayuda europea fuentes alternativas de energía y no crear nuevos peligros. 
Por eso pedimos una modificación de la estrategia de la UE con Ucrania. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a los ponentes por la calidad de sus informes. 
Por lo que yo sé de Ucrania, estoy seguro de que los dos informes se concentran en las principales cuestiones de que tenemos que ocuparnos. 
Ahora bien, esta noche quisiera referirme a la cuestión energética. 
Digámoslo con claridad: la economía de Ucrania no mejorará y la democracia no florecerá si no resolvemos bien la ecuación energética, especialmente en el mercado de la electricidad. 
Es asombroso que solamente el 20 % de la electricidad que se suministra en Ucrania se pague en efectivo. 
Es difícil comprender cómo el sistema puede trabajar tan bien como está trabajando en la actualidad. 
El informe Hoff pide acertadamente que haya un mayor grado de coordinación entre las organizaciones financiadoras. 
En ninguna parte es más válido lo que dice el informe que en el caso del sector energético. 
Sé que las Direcciones Generales de la Comisión están trabajando ahora con mayor eficacia para conseguirlo, pero uno de los grandes problemas es que, en la Unión Europea, tenemos una actitud ambivalente respecto de la cuestión de la energía nucleoeléctrica. Esto influye en la labor del sector de la seguridad nuclear. 
Tenemos el Memorando de Entendimiento relativo a la clausura de la central de Chernóbil, pero tenemos que poner en práctica tanto las disposiciones de ese acuerdo relativas a los combustibles fósiles como las relativas al combustible nuclear. 
Estamos dejando pasar demasiado tiempo sin decidir si apoyamos la finalización de las obras de los reactores de Khmelnitsky y de Rovno. 
Puedo decir a este Parlamento que el número de científicos e ingenieros rusos que se hallan en la zona de Khmelnitsky ha aumentado mucho durante estas últimas semanas. 
Tenemos que pronunciarnos. 
¿Vamos a finalizar esos reactores para que correspondan a las normas occidentales, o vamos a dejar que sean los rusos los que lo hagan, condenando al Memorando de Entendimiento a no ser más que papel mojado? 
Ésa es la elección que tenemos que hacer. 
Espero que la Comisión insista cerca del BERD para que tome una decisión lo antes posible. 
Necesitamos tener menos proyectos y prioridades más claras. 
El documento más reciente del programa TACIS, en el que se enuncian proyectos energéticos para 1998 por valor de siete millones de ecus, los reparte entre cuatro proyectos. 
No creo que ninguno de ellos vaya a modificar esencialmente la situación. 
Lo que tenemos que hacer realmente es concentrarnos en las centrales energéticas y conseguir que funcionen eficazmente, antes de que podamos aventurarnos a resolver la situación energética general. 
Señor Presidente, si las subvenciones europeas se emplean mal, se produce un doble perjuicio, a los receptores y a los que pagan. 
En más de cien millones de ecus, de los que trata el informe Hoff para el empleo de medios TACIS en Ucrania, el defecto llama notablemente la atención. 
En Ucrania no se alcanza el objetivo que se espera de la ayuda europea. 
Mucho de lo que se pretende, de lo que es necesario, permanece sin resolver. 
En una parte esencial del programa TACIS para Ucrania, concretamente en el tema de la seguridad nuclear, la distancia entre una situación de pausa casi total en el terreno de la seguridad nuclear, como dice el informe, hasta una situación al borde de la catástrofe ya no es tan grande. 
Los ciudadanos europeos, cuyo dinero es el que aquí está siendo mal empleado, están disgustados con razón. 
Europa pierde con ello credibilidad. 
¿Cuáles son los defectos que en el informe Hoff se relacionan muy claramente y por desgracia llamativamente en sentido negativo? 
¿Qué se puede y debe hacer para que las cosas cambien rápidamente en este punto? 
Junto a los defectos que tienen que ver con el país receptor, el catálogo de los defectos se lee como el catálogo de aquellos defectos que hay que reprochar también una y otra vez desde hace años a las instituciones europeas y sobre todo a la Comisión misma en materia de subvenciones en otros contextos también: ningún procedimiento claro para la toma de resoluciones, excesiva dispersión de la financiación en un abanico de pequeños proyectos, una pretensión excesiva y, desde un punto de vista técnico, contraproductiva por incorporar a socios locales, falta de conocimientos especializados dentro de la Comisión a excepción de los procedimientos, sobrecarga administrativa de los directores de proyectos, procedimientos burocráticos lentos y, ya lo hemos escuchado hoy, ninguna concepción europea real de una política de seguridad nuclear. 
¿Qué debemos hacer para poner remedio a esta situación? 
SEM 2000 es uno de los nuevos eslóganes, sound and effective management. 
Menos es más: algunas metas claras con plazos de realización cortos, una estructura de personal razonable, colaboradores bien dirigidos y bien motivados, buena coordinación con todos los socios implicados. 
SEM- sound and effective management- pero por favor no a partir del año 2000, sino a partir de ahora mismo, para que esos dos programas que la Unión Europea crea para nuestros vecinos de Europa Oriental y más allá, TACIS y también PHARE puedan contribuir a un desarrollo positivo de nuestro entorno cercano y en el más lejano, y para que el proceso de la integración europea se transforme en un proceso que pueda ser contemplado con confianza en los próximos años y del que no se esperen desgracias desde el principio. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Titley ofrece una buena perspectiva de las relaciones entre Ucrania y la UE, motivo por el cual cabe felicitar al ponente. 
Hace ya hace un año y medio que la Comisión hizo pública su comunicación al respecto, por lo que ya iba siendo hora de someter esta cuestión a debate parlamentario. 
También desearía expresar mi agradecimiento a la Sra. Hoff por su informe. 
Ucrania es un gran país que constituye un importante socio comercial para la UE y que, debido a su situación geográfica, representa también un importante nudo de transportes. 
El problema específico de Ucrania lo constituyen sus centrales nucleares por el mal estado en que se encuentran. 
El accidente de Chernóbil fue, en su momento, la mayor catástrofe del planeta. 
La mejora de la seguridad nuclear representa la cuestión principal. 
La exigencia simplista de que Ucrania debe cerrar sus centrales nucleares no puede ser la única orientación política. 
Este país necesita de manera acuciante toda la energía que pueda producir. 
Por este motivo, es oportuno el objetivo de diversificar la producción energética, tal como se reitera en el informe. 
Sin embargo, se debe aceptar como objetivo provisional la entrada en funcionamiento de las dos centrales nucleares, Hmelnitski 2 y Rovno 4, cuya construcción está a punto de finalizarse, para poder prescindir de los reactores nucleares de Chernóbil en peor estado. 
Tal como se deja de manifiesto en la comunicación de la Comisión y en el informe del Sr. Titley, se debe llevar a cabo esta tarea. 
Hecha esta apreciación, estoy dispuesto a votar a favor del informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria Cresson, tengan la bondad de comunicar a sus colegas de la Comisión y especialmente a su estimado colega, el Sr. Van den Broek, que en Abril no habrá ninguna aprobación de la gestión para la Comisión, y una de las razones de ello es el informe de la Sra. Hoff que estamos discutiendo hoy. 
Quisiera decirles claramente que personalmente estoy más comprometida en el tema de Bosnia. 
No sólo hay un problema TACIS/Ucrania. 
No sólo hay un problema con la reconstrucción de Bosnia. 
No sólo hay un problema con la deficitaria afluencia de medios en PHARE, sino que sobre todo lo que hay es un problema que se llama DG 1 a y la absoluta incapacidad de la Comisión para responder a los retos del momento. 
Cito del informe Hoff: en la DG 1 a ha descendido la motivación al nivel mínimo. 
Lo mismo podría decir respecto de Bosnia cuando veo cómo trabajan los colegas en Sarajevo. 
No hay ningún planteamiento estratégico. 
Lo mismo vale para Bosnia. 
Hay un acercamiento desesperanzado y ajeno a la realidad por parte de la Comisión respecto de la problemática de Ucrania. 
No puedo hacer otra cosa que estar de acuerdo con ello, y no sólo allí, sino en muchos otros ámbitos de la política exterior para la que el Sr. Van den Broek figura como responsable. 
Quiero decirles cuál es la consecuencia: no sólo daña el crédito de la Unión Europea. 
Daña a la cosa, tanto por lo que afecta a la seguridad nuclear en Ucrania como a la reconstrucción de Bosnia. 
¡Y mucho peor aún, daña muy concretamente a los hombres y mujeres de esas zonas, que esperan nuestra ayuda y esperan además una ayuda precisa y efectiva! 
¡Señora Cresson, sería tan amable de decirle al Sr. Van den Broek que le diga a este Pleno cuándo y de qué modo está dispuesto a asumir la responsabilidad de ello sin excusarse en que el Consejo de Ministros tiene una cierta responsabilidad y naturalmente también otros socios cualesquiera de proyectos en alguna parte del mundo! 
¡Seguramente esto es correcto, pero por encima de todo es suya la responsabilidad! 
Señora Müller, hemos hablado de ser comprensivos pero usted ha hecho uso del doble del tiempo que le correspondía. 
Desdichadamente no puedo permitirle más. 
¿Qué se puede hacer? 
Tengo dicho que los grupos políticos no concedan un minuto de tiempo. 
¡Continúan dando un minuto! 
Debo confesar que me avergüenza interrumpir al orador cuando ha transcurrido el minuto, lo reconozco. 
Pero, por desgracia, yo no puedo conceder el doble del tiempo. Digan a sus grupos que envíen un orador u oradora con tiempo suficiente. 
Señor Presidente, señoras y señores, quizás pueda continuar allí donde la Sra. Müller lo ha dejado. 
Es una historia realmente muy interesante que hayamos escuchado hoy a un muy apasionado ponente Titley con un informe sobre un plan de acción para Ucrania y al mismo tiempo discutamos qué sucede realmente con nuestros buenos propósitos que establecimos conjuntamente con Ucrania. 
Es tal y como lo ha contado la Sra. Müller: estos informes de política exterior que recibimos del Tribunal de Cuentas se han hecho intercambiables. 
Es absolutamente igual que se llame PHARE, TACIS, humanitarian aid o ex Yugoslavia, la divisa es siempre igual: mucho ruido y pocas nueces. 
Apenas pasa una semana sin que la Comisión anuncie con prosopopeya hacia qué ámbito quiere hacer correr más dinero. 
Cuando algún tiempo después miramos como autoridades competentes en materia presupuestaria lo que ha sido de esos anuncios y de ese dinero, constatamos que realmente- como en este caso también- sólo una fracción, y muy pequeña por cierto, se gastó al final de todo en aquello para lo que se destinó. 
Especialmente frustrante es que no sólo el problema está en los países receptores- a ello se ha referido la Sra. Müller con un 100 % de razón- sino que sobre todo la Comisión destaca en gran medida por su incapacidad. 
Quisiera referirles sólo un ejemplo tomado del informe del Tribunal de Cuentas para que puedan hacerse una idea de la incapacidad en este contexto. 
Cito el punto 2.12: "En la delegación» -esto es, en Ucrania -" una sola fuerza local ha sido encargada de vigilar las misiones en el ámbito de la seguridad nuclear. 
Se trata de más de 100 misiones, sobre las que recae casi la mitad de las asignaciones económicas de TACIS para Ucrania» , etc. Señora Comisaria, ¿así tratamos el dinero de los contribuyentes europeos? 
Esto no puede ser defendido delante de nadie, y tampoco delante de nuestro electorado. 
Por lo que concierne a la motivación de los colaboradores: ¡las políticas europeas no pueden depender de que el Comisario Van den Broek consiga finalmente motivar a sus colaboradores y colaboradoras de la Dirección General IA o no lo consiga! 
No es el Consejo, no los Estados miembros, ni el Parlamento, son exclusivamente los deberes que usted realiza finalmente para nuestra satisfacción en la línea, esperemos, en que lo esperan los contribuyentes de esta Unión. 
Señor Presidente, tras felicitar yo también al Sr. Titley y a las Sras. Hoff y Mann por su excelente trabajo, voy a limitarme a hacer algunas observaciones: 
En primer lugar, voy a referirme a lo que ha citado al principio la Sra. Mann acerca de la no participación de Ucrania en la Cumbre Europea que comienza mañana. 
Creo que eso es un gran error porque Ucrania, debido a su situación geográfica, constituye un puente que une Rusia con la Transcaucasia y Asia Central y es un punto clave en la geopolítica de la energía. Creo que debería participar en esta Cumbre Europea donde va a debatirse el tema de la ampliación y ese debate no va a ser suficiente si no va acompañado de una política hacia esos países terceros. 
En segundo lugar, la cuestión de la seguridad nuclear. 
El debate gira en torno a Chernóbil, puesto que Ucrania ya ha avanzado de forma considerable en lo que concierne a la parte militar de los equipamientos nucleares, al tiempo que se plantea, teniendo como punto de referencia a Ucrania, una cuestión más amplia sobre el futuro de la energía nuclear, ya que no debemos olvidar que Chernóbil fue una catástrofe causada por el uso pacífico de la energía nuclear. 
En tercer lugar, las actuaciones de Ucrania en el ámbito del transporte aéreo en apoyo de los envíos Petersberg. 
Un ámbito, una actividad, a la que la Unión Europea concede mucha importancia ya que para que Ucrania pueda ejercer la función que le corresponde deberá contar con un apoyo especial en dicho ámbito. 
En cuarto lugar está el asunto de la representación de la Unión Europea en Ucrania. 
Yo también estoy de acuerdo en que dicha representación debe mejorarse y, al mismo tiempo, efectuar un uso más lógico de los recursos destinados a Ucrania a través del programa TACIS. 
Por dicha razón, señor Presidente, y ya que los puntos del plan de acción de la Unión Europea constituyen una base, subrayaré que éstos son tan sólo un punto de partida. 
Necesitamos mejorar la propuesta y hacerla global; una propuesta que tenga como perspectiva y objetivos las futuras relaciones de la Unión Europea con Ucrania. 
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera en primer lugar dar las gracias al Parlamento Europeo por el enorme interés que presta a las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania. 
Es necesario felicitarse por los informes que estamos discutiendo en el día de hoy, así como por el trabajo de los dos ponentes. 
Hablaré en primer lugar del informe del Sr. Titley en el plano de las acciones para Ucrania. 
El acuerdo de colaboración y cooperación con Ucrania, que entró en vigor el 1 de marzo de 1998, abrió un nuevo capítulo en las relaciones de la Unión con este país. 
Debería permitir una profundización de la cooperación en los ámbitos político, económico y otros. 
El acuerdo de colaboración y cooperación es un instrumento de acercamiento entre la Unión Europea y Ucrania, que requiere por parte de ese país un esfuerzo importante de armonización de su legislación y de sus prácticas administrativas en numerosos ámbitos. 
Una asociación más estrecha con Ucrania podría tomar la forma de una zona de libre cambio, como prevé la APC, el día en que la reestructuración en Ucrania esté suficientemente avanzada. 
La reunión del primer Consejo de cooperación entre la Unión Europea y Ucrania tendrá lugar en el mes de junio próximo, y la del primer comité interparlamentario en cuanto sea posible. 
La Ucrania independiente se enfrenta a tres desafíos máximos: consolidar la democracia, asentar su independencia y unidad y poner en marcha una economía de mercado. 
El balance es alentador en los dos primeros aspectos y preocupante en el tercero. 
Ucrania ha establecido los fundamentos de una democracia y ha reforzado su posición internacional. 
La firma, en mayo de 1997, del tratado de amistad con Rusia ha contribuido a estabilizar las relaciones entre los dos países y la firma, en julio de 1997, de una carta de asociación especial con la OTAN inician la integración de Ucrania en un espacio de seguridad euroatlántico. 
Sin embargo, Ucrania se encuentra en un momento crucial de su transición económica. 
La Unión Europea y la totalidad de donantes internacionales están preocupados por el bloqueo de las reformas económicas y esperan que el resultado de las elecciones del 29 de marzo próximo permita el indispensable relanzamiento de las reformas económicas. 
Los numerosos problemas comerciales que existen entre la Unión Europea y Ucrania ilustran la falta de conclusión de la reestructuración económica. 
Una misión de la Comisión se encuentra esta semana en Kiev para discutir sobre estas cuestiones y sobre todo de la situación del mercado del automóvil, que amenaza con cerrarse a los productores extranjeros. 
El plan de acción para Ucrania era ante todo un documento político que respondía a una demanda ucraniana. 
Su aplicación progresa de forma satisfactoria. 
Las acciones desarrolladas por la Comisión coinciden claramente con las recomendaciones del informe Titley. 
En especial, la Comisión está totalmente de acuerdo con la importancia del desarrollo de la sociedad civil en Ucrania; es la segunda recomendación. 
En la actualidad, una misión conjunta con los Estados Unidos trabaja en la preparación de un programa de apoyo a la sociedad civil en Ucrania, gracias a la enmienda del Parlamento que reserva 2, 5 millones de ecus para acciones conjuntas con los Estados Unidos en la antigua URSS. 
Es políticamente muy importante hacer que progrese el expediente de Chérnobil. 
Como saben ustedes, el acuerdo con Ucrania prevé el cierre de Chérnobil en el año 2000. 
La aplicación de este acuerdo está progresando. 
La Comisión propuso, el año pasado, una financiación suplementaria de cien millones de ecus para el sarcófago y esperamos que el Parlamento Europeo nos ayude en el próximo período parcial de sesiones plenario concediendo su apoyo. 
Al mismo tiempo, la Comisión continúa proporcionando ayuda a la reestructuración del sector energético en Ucrania que, desde el inicio, siempre ha constituido una prioridad de la asistencia comunitaria. 
Esta posición se inscribe adecuadamente en la misma línea que la del G7, que ha fijado un vínculo de complementariedad entre la acción en favor del cierre de Chérnobil y la reforma a largo plazo del sector energético en Ucrania. 
Ahora quisiera informarles de la reacción que nos inspira el informe de la Sra. Hoff, presentado por la Sra. Mann, que afecta sobre todo a la seguridad nuclear en Ucrania. 
Quisiera en primer lugar dar las gracias a la Sra. Mann por toda la atención que ha dedicado- al igual que la Sra. Hoff- a la situación del programa TACIS en Ucrania. 
Puedo asegurarles que este informe ha suscitado una reflexión interna sobre nuestros programas, en particular el nuclear, tanto sobre la esencia como sobre los procedimientos de gestión. 
Nuestra reflexión ha llegado a las conclusiones siguientes. 
En el plano de la esencia, es preciso en primer lugar emprender acciones más determinadas en diferentes emplazamientos, de forma prioritaria en las instalaciones nucleares que plantean más problemas, hacer más hincapié en la gestión de los residuos radiactivos- así, la Comisión está desarrollando con sus socios del Consejo Euroártico del Mar de Barents un programa específico para los residuos radiactivos en el noroeste de Rusia -, apoyar la transferencia de conocimientos y tecnologías mediante una promoción reforzada de la cooperación industrial. 
En este estadio puedo decirles ya que, en el marco de esta reorientación, la contribución de la Comisión al cierre de Chérnobil de aquí al año 2000, de conformidad con el protocolo de acuerdo del G7, sigue comprometida. 
En el plano de los procedimientos y, por lo que respecta a los procedimientos de gestión, el informe de la Sra. Hoff, presentado por la Sra. Mann, ha inspirado una serie de medidas que habrán de permitir la mejora de la coordinación del programa. 
La Comisión recurrirá, más que el año pasado, a contratos marco con vistas a disminuir la fragmentación de los programas. 
Este planteamiento tendrá también la ventaja de reducir los retrasos imputables a los servicios de la Comisión en la puesta en marcha de proyectos, pero también el número de contratos para gestionar. 
La Comisión ha adoptado también otras medidas de acompañamiento. 
Ha creado un grupo de consejeros de alto nivel, que tendrá como tarea esencial aconsejar con total independencia sobre la orientación y la puesta en práctica de los programas, así como los riesgos nucleares en los países socios y, además, ha adoptado medidas para reforzar la coordinación interna en el ámbito de la energía nuclear. 
Como conclusión, destacaría, sobre el informe Titley, que hay convergencia entre la Comisión y el ponente sobre las grandes orientaciones de nuestra estrategia con respecto a Ucrania y, con respecto al informe Hoff, que la Comisión concede una atención muy particular a las observaciones del ponente, en una preocupación por mejorar nuestra asistencia. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Protección de los consumidores 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40062/98) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre la posición común (C4-0585/97-96/0025 (COD) ) adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (Ponente: Sr. Verde i Aldea). 
Señor Presidente, estamos ante la segunda lectura de una directiva cuya importancia merece ser destacada a pesar de la modestia de su título. 
Efectivamente, los consumidores han recibido una atención especial de la Unión Europea y son muchas las directivas que conceden derechos a los consumidores. 
Sin embargo, se ha tratado siempre de derechos que yo llamaría sustantivos, es decir, de derechos en el fondo pero con la dificultad que supone una carencia importante en la Unión Europea, que es la de no unificar procedimientos judiciales, de encontrarse con sistemas jurídicos y procesales muy distintos en los diferentes países miembros. 
Esta directiva regula por primera vez el Derecho procesal y concede capacidad de acción a las asociaciones de consumidores en cualquier país de la Unión. 
Basta que en un país estén reconocidas como tales para que puedan entablar acciones contra la vulneración de directivas de derechos sustantivos de los consumidores en cualquier país. 
Ese me parece que es un progreso realmente importante, y en cierta manera- yo creo que es una gran novedad- esto hay que destacarlo. 
El segundo aspecto que yo quería señalar es que esta directiva ha supuesto, en sus diferentes niveles, una gran cooperación entre la Comisión- que preparó el primer borrador -, el Parlamento Europeo en la primera lectura- en colaboración muy estrecha con la Comisión- y finalmente la posición común del Consejo, que ha recogido el espíritu del trabajo que había hecho el Parlamento Europeo y que, señor Presidente- no me duelen prendas decirlo- ha mejorado, desde el punto de vista técnico, esta directiva. 
El Consejo ha hecho un trabajo serio y cuando lo hace, hay que reconocerlo, del mismo modo que solemos criticar a veces su ineficacia en otros campos. 
Por eso, ante este trabajo serio que ha hecho el Consejo, este ponente ha propuesto, y la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha aprobado por mayoría, no introducir enmiendas en la segunda lectura y aceptar la segunda lectura tal como ha sido presentada por el Consejo, con la finalidad importante, teniendo en cuenta que la directiva es buena, de acelerar lo más posible su puesta en práctica. 
Sin embargo, algunas enmiendas que han sido, pese a todo, presentadas se refieren al hecho de que han quedado fuera de esta directiva las asociaciones de comerciantes, industriales, etc., cuyos intereses pueden defenderse seguramente de la misma manera que se ha hecho con los consumidores, pero que en realidad no forman parte de este grupo que conocemos como consumidores, que son objeto de las directivas que figuran en el anexo. 
Por estas razones, señor Presidente, yo recomendaré al Pleno que proceda a la aprobación de esta directiva y que rechace las enmiendas que se han presentado, porque creo que es una buena directiva y el Parlamento puede sentirse satisfecho del trabajo que ha hecho, cooperando a que esta directiva salga adelante. 
Señor Presidente, quisiera dar gracias al ponente por su excelente labor sobre una importante propuesta de la Comisión. 
Es un importante hito en la protección de los consumidores y de las asociaciones de consumidores. 
Es un importante proyecto para el tercer pilar, sobre cooperación en asuntos judiciales. 
Hasta ahora hemos recibido muy pocas propuestas en esta esfera, y por eso acojo con tanta satisfacción la actual. 
La propuesta da a los consumidores la posibilidad de obtener un mandato judicial en caso de infracción de algunas directivas comunitarias. 
Me alegra que la Comisión reconozca la sagacidad de la labor del Parlamento y acepte 17 de las 20 enmiendas presentadas por el Parlamento en primera lectura, con lo que se elimina la necesidad de recurrir al procedimiento de conciliación. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Verde en que cuanto antes se ponga en práctica esta directiva, mejor. 
Con el aumento de la movilidad del turismo, las visitas educativas y los viajes de negocios, se incrementa la necesidad de que los derechos de los consumidores se ejerzan a través de las fronteras. 
Ésta es una cuestión particular que me gustaría destacar. 
Sé que el consumidor del Grupo Europa se siente defraudado porque no se ha vuelto a presentar una enmienda. 
Sin embargo, estoy de acuerdo con el Sr. Verde en que es mejor acelerar todo lo posible la tramitación de esta directiva. 
Ahora bien, tal y como está redactada en la actualidad, la directiva sólo es aplicable a directivas enumeradas en el anexo 1 y hay una serie de directivas que hubieran querido que figurasen en el ámbito de ésta, como por ejemplo las de la seguridad de los jueces, los aparatos de gas de bajo voltaje, y el equipo de protección personal. 
Por eso quisiera sugerir respetuosamente a la Comisión que cuando se aplicase plenamente la presente directiva, estudiaran su funcionamiento y la posibilidad de ampliarla en el futuro a otras cuestiones como las garantías y la venta a distancia de servicios financieros, a fin de que los consumidores puedan obtener el máximo beneficio. 
Señor Presidente, tomo esta noche la palabra en nombre de mi colega Añoveros Trias de Bes y en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Y así, tengo que destacar en primer lugar, como lo ha hecho el ponente, el trabajo realizado por el Consejo. 
Efectivamente, en muchos aspectos, la posición común mejora las ideas lanzadas al ruedo por este Parlamento en primera lectura. 
Eso es así y lo hemos de reconocer. 
Sin embargo, el Grupo del Partido Popular Europeo ha presentado cuatro enmiendas, que recogen sustancialmente ideas que fueron aprobadas en primera lectura y que fueron recogidas por la Comisión en su propuesta modificada. 
El Grupo del Partido Popular Europeo las vuelve a presentar por las siguientes razones. 
En primer lugar, respecto del ámbito de aplicación, sin entrar a comentar- pese a que coincidimos en el Grupo del Partido Popular Europeo- con lo expresado por la Sra. Oddy respecto de la conveniencia de que se hubieran incluido otras directivas, como por ejemplo la de la seguridad de los juguetes, debo indicar que en el artículo 1 se establece un campo de aplicación con delimitación, si se me admite la expresión, de tipo sectorial. 
Sólo se recogen los intereses de los consumidores y se dejan de lado los intereses de las empresas, de los artesanos, de las profesiones, intereses colectivos que están contemplados en las directivas que figuran en el Anexo. 
Señor Presidente, cualquiera que sepa lo que es la aplicación del Derecho de los diferentes Estados miembros, comprenderá que va a crear, de entrada, una inseguridad jurídica clara. 
Porque la interpretación de lo que es el interés colectivo de los consumidores y el interés de las empresas, no será la misma en España y en Alemania, con lo cual estamos creando una directiva que, en vez de coordinar y armonizar, va a crear inseguridad y el Grupo del Partido Popular Europeo va a mantener esta enmienda aunque no se apruebe, por su carácter testimonial y para que quede constancia de este hecho. 
En segundo lugar, y también respecto del ámbito de aplicación, debo decir que no tiene ningún sentido dintinguir entre intereses de los consumidores e intereses de otros colectivos recogidos en esas directivas pues, en definitiva, su objeto es el buen funcionamiento del mercado interior. 
Además, tampoco tiene sentido otra discriminación que se hace y es que se sobreentiende que los intereses de los consumidores sólo pueden ser defendidos por las asociaciones de consumidores, lo cual es plenamente incorrecto, falso. 
En el artículo 3, en efecto, y con una redacción que, por lo menos en español, es jurídicamente incorrecta, se habla de finalidad. 
Debe decirse objeto. 
Finalidad, en Derecho español, no existe. 
La finalidad queda en el ámbito interno. 
Lo que cuenta, en la constitución de una asociación o de una entidad cualquiera, es su objeto. 
Tomemos el ejemplo de la primera directiva listada, la de la publicidad engañosa. 
¿Es que una asociación de empresarios de un país- supongamos España -, no puede defender legítimamente los intereses de los consumidores alemanes frente a la práctica de una empresa del país que sea- supongamos que también es española -, o una asociación de empresarios alemanes no puede defender los intereses colectivos de los consumidores de otro país? 
Creo que en este caso estamos creando una falsa legitimación que creará también inseguridad jurídica a la hora de aplicarla. 
Porque como el interés ad causam- no el interés del ad processum- esto es, como la legitimación de la causa queda al arbitrio de los Estados miembros, tampoco se interpretará de la misma manera cuál es el interés de una determinada asociación. 
La tercera enmienda es en el considerando 1 y la cuarta enmienda es en el artículo 6 y está relacionada con las dos anteriores. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo es favorable a esta directiva, suscribe este informe, pero queremos dejar constancia de que se plantean problemas y que lo veremos dentro de cinco años. 
Señor Presidente, también nuestro grupo da la bienvenida a esta directiva. 
Como dijeron Oddy y el ponente, es una gran novedad que se nos presente esta directiva referente a la cooperación judicial. 
Personalmente, me he sentido cada vez más frustrado cuando se logra una rápida colaboración dentro del primer pilar para proteger los intereses económicos, pero cuando después necesitamos protección mediante colaboración judicial, a menudo explícitamente para proteger a los ciudadanos, es esto difícil de conseguir, lo cual a veces contribuye a crear una imagen equivocada de la Unión y sus objetivos. 
Creo que es importante, como dijo el ponente, que la directiva entre en vigor pronto. 
Además de las situaciones que señaló Oddy, es todo el asunto de comercialización telefónica, por ejemplo, de actualidad. 
Las pocas veces que tengo oportunidad de ver la televisión, me causa cada vez más sorpresa, también en Escandinavia y Finlandia donde este tipo de propaganda engañosa está prohibida, poder ver, por ejemplo, propaganda de artilugios que pueden transformar a cualquier persona en una sílfide mediante los más fantásticos productos de adelgazamiento. 
Creo que es importante, por ejemplo, que las organizaciones de consumidores y autoridades puedan tomar medidas al respecto. 
Además, es importante que los países que solicitan la adhesión participen en este proceso, puesto que veo que también se comercializa de esta manera a través de esos países. 
Lamento, por otra parte, que las organizaciones de consumidores europeas no tengan derecho a representar a los consumidores del modo que hemos propuesto y que el ámbito de aplicación se haya limitado. 
Para tener una directiva rápidamente, apoyamos al ponente. 
Nuestro grupo no apoya, sin embargo, las propuestas de enmienda del Grupo PPE. 
También creo que tendríamos las mismas dificultades legales para definir qué tipo de organizaciones se toman en cuenta en la propuesta. 
Por eso vamos a votar favorablemente el informe del ponente. 
Señor Presidente, bajo el punto de vista de la protección al consumidor y de la posibilidad legal quisiera hacer referencia a una más amplia perspectiva, esto es, a la situación en que estamos en el área de la harina animal. 
Desde el 1/4/97 debe respetarse una norma determinada cuando se da harina animal como pienso. 
Pero los Estados miembros no la aplican, aunque se trata de derecho comunitario. 
Nuestra reflexión es- y querría discutir esto por primera vez en esta tarde- que la Comisión debe tener la posibilidad, cuando algún peligro amenace, de retirar cualquier producto de la circulación que pueda resultar perjudicial para los consumidores. 
En la EEB está claro que el origen está en la harina animal contaminada. 
La Comisión no tiene la posibilidad de intervenir. 
Hemos solicitado a los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo y también a la Comisión que actúen en este terreno de modo que podamos tomar una iniciativa política y la Comisión pueda proceder incluso en contra del Consejo, que no cumple sus propias leyes en los Estados miembros, en el marco de una disposición provisional para hacer cumplir la protección al consumidor en los ámbitos afectados. 
Señor Presidente, estimados colegas, ayer tuve que subrayar en el MAI que la economía antes de nada debe servir a los hombres. 
Esto vale como es lógico exactamente igual para las directivas promulgadas por nosotros. 
Ya en la primera lectura, el Parlamento Europeo ha admitido enmiendas para la directiva que yendo más allá del concepto de interés del consumidor incluya el interés público de personas que realizan actividades en el comercio, la industria o los negocios. 
No puede ser de ningún modo que en caso de demandas de asociaciones, cuando un comportamiento negativo tenga efectos en otro Estado miembro, sólo cuenten los intereses de los consumidores. 
Tales comportamientos negativos, como la Comisión estableció hace ya dos años, son contraproducentes para el buen funcionamiento del mercado interior y conducen a una distorsión de la competencia para perjuicio de la gran mayoría de las empresas que cumplen las leyes nacionales. 
Esa distorsión debilita la confianza de los consumidores, y a la postre va en contra del interés público. 
Una y otra vez perseveramos en los distintos informes en que redactar los preceptos legales para el bienestar de todos va en interés de la Unión y por tanto público. 
Pero sin embargo nos ponemos decididamente en contra de que bajo la capa de la política de protección del consumidor se intervenga profundamente en el derecho procesal nacional. 
Varios Estados, como también Alemania y no en último lugar- se han decidido a oponerse a la queja de organización. 
Por ello querríamos dejar sentado que el objeto de esta directiva es la equiparación legal en interés del consumidor y de las personas que desarrollen una actividad en el comercio, en la industria o en los negocios, así como en interés público. 
Para asegurar esa confianza a la que ya me he referido antes, se necesita incluir las consecuencias dañinas para los aspirantes o concurrentes en la definición de la infracción de esa directiva. 
No se trata, por decirlo en términos de la lucha política, de los intereses de los consumidores en el sentido de la teoría de la lucha de clases, sino de una definición de cliente tal y como es utilizada en la economía, que se ocupa de administración total de la calidad, es decir, total quality management. 
Y justamente ahí no hay una vía de un sólo carril, sino que están incluidos todos los afectados. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Comisión se felicita en primer lugar por el progreso de la propuesta de directiva sobre las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores que, a sólo dos años de su presentación, llega a su término en segunda lectura ante la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo. 
En segundo lugar, se felicita también por el resultado extremadamente positivo de la cooperación interinstitucional que ha permitido la puesta a punto de una posición común del Consejo y su aprobación por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos del Parlamento, lo que refleja un alto grado de convergencia en cuanto a la protección de los intereses colectivos de los consumidores. 
Considerando el carácter innovador del mecanismo que la directiva pretende introducir, se encuentra una primera evaluación de su impacto dos años y medio después de la puesta en marcha a nivel de los Estados miembros. 
En ese contexto, será posible considerar los ajustes que se consideren necesarios, a la luz de la experiencia concreta. 
Por lo que respecta a las ocho últimas enmiendas, debo reconocer que reproducen algunas de las enmiendas que se habían discutido en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento. 
Algunas de estas enmiendas, especialmente la 1, 3 y 5, vuelven sobre el debate que ya tuvo lugar en la Comisión Jurídica del Parlamento. 
Estas enmiendas son de tal naturaleza que ponen en duda las conclusiones, extremadamente realistas, a las que había llegado la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
En efecto, tal como esta misma comisión ha concluido, el mecanismo en dos etapas que integra la posición común es equilibrado y realista. 
Este mecanismo consiste en considerar la posibilidad de incluir, en las acciones de cesación, los intereses colectivos diferentes de los consumidores: industriales, comerciantes, artesanos, etc., dos años y medio después de la aplicación de la directiva y sobre la base de un informe de la Comisión, con el fin de tomar en consideración tanto las reticencias actuales de algunos Estados miembros, como la experiencia conseguida durante la primera fase de aplicación de la directiva. 
Por ello, en nombre de la Comisión, considero que es conveniente atenerse a las conclusiones de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, que ya ha rechazado estas enmiendas, y que muestra que comprende la importancia de una aprobación rápida de este proyecto de directiva. 
Con respecto a las enmiendas 2, 4, 6 y 7, en la medida en que están orientadas a fijar un vínculo entre el derecho nacional y la capacidad de actuación de las entidades cualificadas, así como para detectar las infracciones, estas enmiendas retroceden con respecto a la posición común. 
Por una parte, me cuesta comprender que el Parlamento sea menos favorable a la protección de los intereses de los consumidores que el Consejo; por otra parte, estas enmiendas pondrían en duda el objetivo mismo de la propuesta de directiva, es decir, el reconocimiento mutuo de las entidades cualificadas para intentar la acción. 
Por otro lado, la noción de infracción de las disposiciones de aplicación de las directivas europeas no podría entenderse cedida a un derecho nacional. 
Por ello, la Comisión les recomienda que aprueben el texto de la posición común tal como lo ha aprobado la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, rechazando las enmiendas en cuestión. 
Como conclusión, por una parte, quisiera felicitar al ponente Sr. Verde i Aldea, por su excelente trabajo, así como por la contribución aportada al avance rápido de esta propuesta y, por otra parte, invitarles a que sigan el movimiento encadenado por el trabajo realizado en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos, aprobando la posición común. 
Esto permitirá a la vez salvar una etapa importante en la protección del consumidor europeo y aportar una respuesta significativa a la tutela de los intereses colectivos, objeto de la legislación europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.50 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, ayer se produjo un considerable tumulto debido al modo de dirigir la sesión de su predecesor. 
Debo reconocer que yo mismo participé en las protestas, por lo que no pude seguir muy exactamente los acontecimientos. 
Por ello, quería decirle que en la votación Cornelissen voté con un "sí» a la primera parte del considerando O aunque quería hacerlo con un" no». 
Ruego que se rectifique esto. 
Señor Presidente, lo que sigue es para el Acta. En mi intervención de ayer informé sobre ASEM y le he pedido al Sr. Henderson que responda a una pregunta formulada por mí al Consejo, tan sólo que la fecha del final de la Segunda Guerra Mundial es naturalmente el 15 de agosto. 
Señor Presidente, ayer planteé una cuestión de orden, que se reseña en la página 16 de la versión inglesa del Acta. 
Eran dos cuestiones. 
En el Acta se dice que pedí al Presidente que considerase su interpretación de la decisión de los Cuestores. 
En realidad le pedí que considerase esa reinterpretación, como se confirma en el Acta literal. 
La segunda cuestión era la sugerencia de que durante lo que podríamos denominar un "tumulto» o un" disturbio» , los votos registrados no se contasen. 
Si nos fijamos en la página 15 de la versión inglesa del Acta, se ve claramente que sobre el párrafo 5 votaron 30 personas menos y sobre la enmienda 4 votaron 28 personas menos, en comparación con la pauta general del debate. 
Eso parece indicar que algunas personas estaban preocupadas haciendo otra cosa, o que no pudieron oír lo que se decía. 
Señor Presidente, en el Acta literal de la sesión del martes que ha llegado a mis manos solamente hoy, figura mi intervención referente a la pregunta oral sobre la enfermedad de Alzheimer. 
A pesar de que al principio de mi intervención lamenté que los temas de sanidad se debaten siempre por la noche, dicha parte fue excluida, censurada en el Acta literal. 
Ahora bien, si se trata de un Acta literal, no entiendo por qué faltan algunas partes y quién tiene derecho a censurar una intervención de un diputado. 
Por otro lado, en lo que se refiere al Acta del miércoles, espero que la Presidencia tenga a bien explicar qué sucedió en el tumulto de ayer, o sea, que aclare por qué razón el Presidente decidió no conceder la palabra a un diputado que la solicitó con referencia a la observancia del Reglamento. 
Se trata de un hecho grave que justifica el tumulto que se produjo. 
Es necesaria una explicación oficial al respecto. 
Señor Presidente, antes de que procedamos a los trabajos del día, comunico al Parlamento que seguimos teniendo en Dinamarca un gobierno socialdemócrata. 
Bien. 
Muchas gracias, señor Sindal. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Gutiérrez Díaz. 
Señor Presidente, en relación con el Acta, en el apartado del turno de preguntas se dice que la pregunta número dos ha sido retirada, y se atribuye al Sr. Carlos Carnero, pero el Sr. Carnero no es el autor de esa pregunta, sino de la pregunta número tres, y estuvo presente y formuló la pregunta; por lo tanto, pido que se modifique este apartado del Acta. 
Así se corregirá. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Programa de acción «Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes» 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40077/98) en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, relativa a la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa de acción comunitaria «Servicio Voluntario Europeo para los Jóvenes» (C4-0007/98-96/0318 (COD) ) (Ponente: Sra. Fontaine) 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Fontaine por la labor que ha realizado como ponente del informe y como activa defensora de la cooperación europea en el ámbito de la juventud. 
El plan de acción representa un excelente ejemplo de proyecto práctico en la construcción de la Europa de los ciudadanos. 
Sería fructífero reflexionar sobre cómo dotar de mayor peso específico y amplitud a los programas de la Unión en el ámbito de la juventud. 
Una alternativa sería la integración de los programas juveniles previstos para el período 2000-2006, con lo que se lograrían ventajas considerables. 
Una gran parte de los programas expira a finales de 1999, por lo que convendría iniciar el debate sobre la integración a la mayor brevedad posible. 
El programa de acción sobre el trabajo voluntario para los jóvenes debe tener por cometido el acercamiento de los jóvenes europeos a través de la cooperación ciudadana. 
El programa no debería ser una continuación de los programas de empleo para jóvenes, salvo cuando desempeña una función como instrumento para perfeccionar los conocimientos y las aptitudes de preparación para la vida laboral. 
Al situarse a medio camino entre la formación y la vida laboral, la aplicación a gran escala de los proyectos de trabajo voluntario se enfrenta en numerosos países de la UE con problemas relacionados con la fiscalidad y la seguridad social. 
La existencia de estos problemas justifica la defensa por parte del Parlamento Europeo de una financiación conjunta de los programas. 
El importe por valor de 35 millones de ecus que se recoge en la posición común del Consejo no es suficiente para garantizar el funcionamiento de los programas. 
Aunque la idea de unir los programas de trabajo voluntario y el servicio civil sustitutorio sea de por sí interesante, resulta improbable que pueda llegar a prosperar, especialmente en los países de la UE que cuentan con un sistema de servicio militar. 
Por lo menos en el caso de Finlandia, la unión en la práctica de estos dos elementos es imposible, y dudo que fuera deseable, aunque sólo sea por planteamientos de defensa militar y por razones históricas. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la ponente, Sra. Fontaine, por su excelente trabajo. 
Asimismo hay que agradecerle a la señora Comisaria Cresson el hecho de que el Parlamento Europeo y la Comisión trabajen conjunta y especialmente en favor de los jóvenes. 
En la actualidad, los jóvenes están sufriendo sobremanera en Europa y padecen una grave crisis de identidad, por lo que este programa llega en un momento muy crucial. 
Deseo darle las gracias también al Consejo que aceptó la ampliación del límite de edad- que ahora va de los 18 a los 29 años- y que, por lo tanto, nos ofrece la posibilidad de actuar en un ámbito muy amplio, puesto que los jóvenes tienen la necesidad de sentir realmente un interés específico tanto por el mundo social como por el medioambiental o cultural. 
En este momento, es importante ofrecer a los jóvenes la oportunidad de desarrollar actividades de interés humanitario general que les faciliten una experiencia formativa y reconocida en términos de inserción social, profesional y laboral. 
El programa que está destinado a los jóvenes europeos- exceptuando a los estudiantes que ya se benefician del programa SOCRATESy en especial a los no diplomados y a los jóvenes parados, tiene como objetivo ocuparles en actividades in situ, relacionadas con la ciudadanía y la construcción europea. 
Nuestro Grupo político respalda con sumo interés este programa y, obviamente, junto con todo el Parlamento, considera que la dotación financiera debe volver a ser de 80 mecus. 
El esfuerzo tiene que hacerlo también la Comisión que, en su momento, aumentó dicha dotación a 60 mecus. 
En nuestra opinión, el factor de la dotación financiera reviste una importancia extraordinaria, porque, de lo contrario, no es posible llevar a cabo la coordinación. 
Asimismo, consideramos que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la coordinación entre el Servicio Voluntario Europeo y los Servicios Civiles Nacionales, y facilitar el acceso a los jóvenes voluntarios europeos a las infraestructuras nacionales, así como contribuir activamente a la indispensable sinergia entre las actividades transnacionales y las acciones nacionales de voluntariado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el programa de acción «Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes» ha despertado ya en su fase piloto un enorme interés y ha suscitado unas grandes expectativas a las que debemos de ser capaces ahora de responder. 
El informe de la Sra. Fontaine se centra de manera extraordinaria en las deficiencias de fondo que debe corregir ahora el Consejo si desea conseguir un programa eficaz y funcional. 
No podemos permitirnos en absoluto decepcionar a los jóvenes europeos presentando un programa tan esperado que, a pesar de sus buenos objetivos, no funcionara en la práctica. 
Por ello, deseo instar al Consejo a tomar en serio las exigencias fundamentales planteadas por la ponente del informe y por la Comisión de Cultura, que son condiciones verdaderamente imprescindibles para lograr el buen funcionamiento de este programa para la juventud. 
La primera de estas condiciones la constituye, naturalmente, la asignación de un presupuesto suficiente. 
Sin lugar a dudas, hay que decir que siempre se cuenta con poco dinero a la vista de las necesidades, pero tampoco pedimos imposibles cuando nos mantenemos en la exigencia de 80 millones de ecus. 
Con un presupuesto más reducido, sencillamente, no se podría hacer frente a los objetivos básicos del programa de un modo siquiera satisfactorio. 
La segunda condición está relacionada con la seguridad social de los jóvenes que participan en el programa, con su situación social y jurídica, con la exención fiscal de sus retribuciones, etcétera. 
Es decir, se debe organizar la situación de los jóvenes de una manera clara y coherente, ya que, de no ser así, esta circunstancia podría convertirse en un obstáculo para la participación en el programa. 
Sin embargo, el Servicio Voluntario es únicamente una parte complementaria de la política para la juventud de la Unión Europea. 
Estoy convencida de que necesitamos verdaderamente un programa marco global en materia de política juvenil que permita poner en práctica de un modo coordinado las buenas iniciativas existentes. 
Por este motivo, es importante también conseguir una buena organización del seguimiento del trabajo voluntario, y de las experiencias que se registren en este campo, que redunde en beneficio de las actividades futuras en el ámbito de la juventud. 
A la hora de desarrollar la política de juventud en toda la Unión Europea deberemos aprovechar también los conocimientos en la materia de las propias organizaciones juveniles. 
Pero, ante todo, tendríamos que ser capaces de elevar el prestigio de las acciones orientadas a la juventud de manera que se reflejase también en el presupuesto, ya que- hoy por hoy- estos programas generan valor añadido europeo y aumentan la comprensión y el apoyo de los ciudadanos a todo el proceso de integración europea. 
El establecimiento de un programa de acción comunitaria del Servicio Voluntario Europeo para los jóvenes es necesario y debe ser saludado como una iniciativa muy pertinente pero, a la vez, cabe lamentar que el Consejo, en la primera lectura, sólo asumiera 18 de las 40 enmiendas que presentó el Parlamento. 
Las enmiendas presentadas que no han sido aceptadas confieren al programa un carácter más eficaz y abierto, como, por ejemplo, las enmiendas que reintroduce la ponente con el fin de ampliar los recursos asignados a la primera fase del desarrollo del programa y aquélla en la que propone la exoneración fiscal de las dietas de alojamiento, alimentación y transporte así como la cobertura social- estas enmiendas sólo pretenden mejorar las condiciones de los jóvenes que ejercen actividades de voluntariado, no disuadirles de realizarlas. 
En el mismo sentido, sería deseable reforzar la complementariedad de los Servicios Civiles Nacionales y del Servicio Voluntario Europeo, particularmente porque se debe garantizar que los jóvenes que ejercen el derecho a la objeción de conciencia puedan hacer en toda Europa una prestación social satisfactoria y que haya seguridad jurídica para ello; si no, la alternativa entre el voluntariado y el servicio militar sería inviable, y de lo que se trata es de que sea viable. 
Hay países en los que hay muchas dificultades para elegir una u otra posibilidad, y jóvenes que desean prestar un servicio social sustitutorio y son disuadidos de hacerlo. 
Hay que apoyar la movilidad de los jóvenes y motivar sus esfuerzos solidarios, siempre con el máximo respeto para el principio de subsidiariedad. 
Por eso felicitamos a la Sra. Fontaine por su estupendo trabajo, y apoyamos las enmiendas, porque éstas favorecen el trabajo solidario de los jóvenes europeos y contribuyen a la construcción europea en general. 
Señor Presidente, agradecemos a la incansable Sra. Fontaine y a la Comisión de Cultura el estupendo y rápido trabajo realizado. 
El Grupo de los Verdes, que se identifica con este programa, apoya la idea de concentrar la acción del Parlamento Europeo en pocas e importantes enmiendas, en particular en las que dan una estructura y un desarrollo a este programa tan importante. 
Las voy a recordar: estatuto social de los participantes y complementariedad de los Servicios Civiles Nacionales y el Servicio Voluntario Europeo. 
Hago hincapié en el hecho de que el Servicio Voluntario Europeo afecta, evidentemente, también a las mujeres jóvenes. 
La información facilitada acerca del programa en los diferentes Estados, debería llamar la atención de ambos sexos sobre estas experiencias de trabajo en proyectos que se encuentran en el centro de nuestras prioridades, es decir, la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural. 
Señor Presidente, cada vez más el voluntariado tiende a desempeñar una función propia que favorece la integración de las conciencias y abandona todo tipo de competencia con el Estado. 
El lanzamiento de la acción piloto «Servicio Voluntario Europeo» ha significado un importante paso adelante de las Instituciones comunitarias. 
El joven voluntario obtendrá una experiencia constructiva que podrá serle útil para facilitar su integración en la vida laboral y social. 
Nuestra esperanza es que a través de estas iniciativas, basadas en la intensa cooperación entre los Estados miembros, los jóvenes adquieran una reconocida experiencia formativa que, al mismo tiempo, se base en la adquisición de competencias y capacidades y en el ejercicio de una ciudadanía responsable con objeto de reforzar su amor hacia la Europa de los ciudadanos. 
Todo esto, sin embargo, será inútil si no garantizamos un marco jurídico específico y reconocido tanto en el país de origen como en el país de acogida, dirigido a garantizar a los voluntarios la seguridad a la que pueden aspirar en materia de derecho de residencia y de seguridad social, así como fiscal. 
Apoyamos las enmiendas que ha vuelto a introducir la Sra. Fontaine, porque sentimos la urgente necesidad de definir un estatuto europeo del joven voluntario y la coordinación de los regímenes fiscales y de protección social. 
Asimismo, consideramos necesario que se aumente la dotación financiera de 35 a 80 millones de ecus para los primeros dos años del programa, ya que, de lo contrario, corremos el riesgo de convertir en inútil todo el proyecto, debido a la falta de recursos financieros. 
Asimismo debe ampliarse el papel del Parlamento Europeo en lo que se refiere a la información, otorgándole el derecho de poder recurrir durante toda la duración de la ejecución del programa, especialmente en el proceso de evaluación del mismo. 
En este momento, en que se advierte cada vez más el distanciamiento entre las Instituciones y los ciudadanos, es muy fuerte la necesidad de utilizar plenamente los instrumentos legislativos a nuestro alcance, a través de interpretaciones amplias con objeto de fomentar la participación en las elecciones políticas e institucionales. 
Señor Presidente, el Servicio Voluntario Europeo forma parte de un proceso encaminado a integrar a los jóvenes en el proceso, de mayor magnitud, de integración europea. 
Es de importancia capital para involucrar a los jóvenes, ya que de ellos dependerá el éxito de la Unión Europea en años venideros. 
Aunque el concepto de intercambiar jóvenes por un período de hasta un año para que desempeñen labores voluntarias pueda parecer de fácil realización, lo cierto es que hay que superar importantes dificultades de orden práctico, como se puso de relieve durante la ejecución del programa piloto. 
La identificación de proyectos y la asignación de voluntarios a dichos proyectos es ya de por sí una labor de mucho empeño. 
Es esencial que haya medios de apoyo por si sucede algo imprevisto mientras los jóvenes se hallan lejos de sus hogares. 
La preparación de unos voluntarios desde el punto de vista lingüístico, sicológico y social, velando por que no se les explote y por que no quiten oportunidades de trabajo remuneradas a la población local, son otros tantos problemas que hay que resolver. 
Ahora bien, al final del proceso los voluntarios habrán adquirido una rica experiencia. 
Quizá dominen otro idioma europeo, quizá hayan encontrado una nueva cultura y hayan establecido nuevos contactos. 
Cuando regresen a su país habrán cambiado las ideas que tenían antes de salir de él, y seguramente compartirán su nueva experiencia intercultural con otros. 
Lo que es más importante, el proceso dará a los voluntarios más confianza y experiencia para encontrar un puesto de trabajo cuando regresen y reducirá en cierto grado las dimensiones del desastre del desempleo de los jóvenes. 
Éstos no son los únicos problemas que hay que superar, y quisiera referirme a continuación a la cuestión de las finanzas. 
Para que el programa sea un éxito necesitamos conseguir una masa crítica de participantes. 
De esta manera conseguiremos economías de escala en términos administrativos y podremos contar con una mayor participación, que es el motivo de que el Parlamento preconice la asignación de 18 millones de ecus para este proyecto. 
El Servicio Voluntario Europeo no se ha anunciado demasiado hasta ahora, lo que quizá no sea mala cosa de momento: lo peor que podría suceder es que suscitásemos las esperanzas de los jóvenes de Europa y que luego no pudiéramos responder a ellas por falta de recursos. 
En consecuencia, la Comisión de Cultura va a esforzarse por obtener más recursos durante el procedimiento de conciliación, a fin de atender a las crecientes necesidades de este excelente programa. 
Por último, quisiera dar gracias a la Sra. Fontaine y a la Sra. Cresson y felicitarlas por el continuo entusiasmo con que han promovido este programa. 
Señor Presidente, qué duda cabe de que desde el Consejo de Florencia celebrado en 1996 en que por primera vez se habló del Servicio Voluntario Europeo, se han llevado a cabo grandes avances y esto se lo debemos agradecer, como siempre, al incansable trabajo de la Sra. Fontaine y de la señora Comisaria Cresson, que trabajaron en tándem para conseguir, ya desde el principio, unos resultados importantes. 
Sin embargo, como han puesto de manifiesto la ponente Sra. Fontaine y todos los colegas que han intervenido antes que yo, existen todavía unas carencias en este programa. 
Nosotros, como Grupo de Unión por Europa, según lo manifestado también por la Sra. Baldi, vamos a respaldar las enmiendas reintroducidas por la Sra. Fontaine que, esquematizándolas una vez más, se refieren fundamentalmente al principio de la definición de un estatuto europeo del joven voluntario y a la coordinación, y esto me parece muy importante, de los regímenes fiscales de protección social; a la integración de los servicios civiles en el servicio voluntario, evidentemente, si los Estados miembros desean hacerlo, que, como es obvio, se convierte en un punto fundamental. 
Se acaba de recordar que 35 millones de ecus para el bienio se convierten en casi ridículos para una serie de programas, con respecto a los cuales- todos nosotros y no sólo nosotros- continuamos diciendo que hay que dar importancia a los jóvenes, creer en los jóvenes y en los programas culturales. 
Pues bien, esto es un ejemplo muy evidente de la poca atención que se les presta. 
Por otra parte, aumentar los recursos financieros de este programa que, repetimos, representa una alternativa al programa SOCRATES, o sea, a los demás programas que ya se tachan de elitistas, quizás conseguirá dejar sin efecto las acusaciones que continuamente se dirigen a los programas de carácter cultural de ser específica y únicamente programas elitistas. 
¿Por qué? 
Porque se dirige a los jóvenes no titulados, a los jóvenes parados y, por lo tanto, a los jóvenes víctimas de la exclusión social. 
En consecuencia, acoger este tipo de solicitud fundamental para lograr que haya una información adecuada y una formación dentro del propio programa, transmitirá, por fin, una idea diferente de la que es la tendencia del Parlamento Europeo y de todas las Instituciones comunitarias. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, con todo lo loable que sea la idea de un Servicio Voluntario Europeo transfronterizo- por lo que quiero expresar mi reconocimiento a la ponente- es de temer que, debido sobre todo a las carencias financieras, no se alcance el objetivo definido en el informe. 
Me encuentro ante la extraña situación de que tengo anotados varios puntos para mi intervención a los que ya se han referido los oradores anteriores. 
Todos están aquí tan de acuerdo que quizás debería concentrarme en lo que aún no se ha tratado, pues raramente se ha vivido en esta Asamblea una unanimidad y una actitud tan positivas. 
Lo único que quizás propondríamos nosotros es que en los criterios de selección se elabore un sistema objetivable, de modo que ante la gran cantidad de solicitudes en los diversos países, todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades, independientemente de en qué país presenten la solicitud. 
No debe ocurrir que se dé preferencia a jóvenes que ya trabajan en organizaciones existentes y que son preparados aquí para cumplir los criterios de selección. 
De modo general, hay que decir que si se toman en serio las palabras del Presidente norteamericano- Norteamérica se prepara para una explosión de formación- y nosotros no apoyamos del modo correspondiente los programas que aquí se proponen, en diez años quedaremos muy a la zaga de los EE.UU. Apoyamos por ello esta propuesta y apelamos a todos para que la apoyen junto con nosotros. 
Señor Presidente, quiero agradecer a Fontaine por su excelente trabajo. 
Realmente no podemos hacerla responsable de que no hayamos llegado más lejos de lo que hemos llegado. 
Se debe, en cambio, a que el Consejo tiene dudas, como lo hemos escuchado en anteriores intervenciones. 
Mucho antes de la Cumbre de Canes se dijo que una de las más importantes prioridades era la de crear buenas condiciones para aumentar el empleo. 
Pero, ¿qué se hace? 
Cada vez que desde la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo, y también desde la DG X y DG XXII de la Comisión, se presentan propuestas novedosas sobre los sectores de cultura y educación, que son de los sectores más dinámicos de la vida económica, entonces los señores del Consejo sacuden la cabeza y dicen: " Sí, sí, está muy bien, pero no les daremos dinero». 
Por eso hago la pregunta: ¿Cómo ha pensado el Consejo crear empleo sin inversiones? 
¿Cómo han pensado formar construir nuestro futuro común cuando ustedes consecuentemente han despreciado todo aquello que da vida y espíritu? 
¿Cuándo se van a dar cuenta ustedes en el Consejo que el dinero que va a los sectores de cultura y educación constituyen inversiones de vital importancia? 
También quiero aprovechar para agradecer a la Comisaria Cresson por su estupendo apoyo en este trabajo. 
Señor Presidente, este debate corre el riesgo de hacerse monótono pero partiré del principio de que si uno dice algo con suficiente frecuencia y claridad, acaba por hacerse comprender de los demás. 
Es evidente que todos nosotros en este Parlamento, y creo que también la Comisión y el Consejo, convenimos en que queremos construir una Europa para el futuro, una Europa para nuestros jóvenes. 
Nuestra obligación es hacer que esas palabras se conviertan en realidad. 
Alguien me dijo hace tiempo que si uno quiere saber cuáles son las prioridades reales de alguien, lo que tiene que hacer es mirar las matrices de su talonario de cheques, que le dirán exactamente qué prioridades tiene esa persona. 
Si nos fijamos en las matrices del talonario de cheques de la Unión Europea veremos que el 40 % de nuestros gastos son para la agricultura y que los destinatarios representan menos del 5 % de la población. 
Imagínense lo que hay que calcular en décimas y centésimas para determinar lo que destinamos a los jóvenes, que representan el 40 % de la población de Europa. 
Tenemos que convertir en realidad lo que decimos. En este caso las finanzas son de importancia capital para todos. 
La Presidencia ha dedicado amables palabras a la cuestión, el Consejo ha dedicado también amables palabras a la cuestión, pero de dinero, nada. 
Y eso es precisamente lo que queremos: dinero. 
Represento a Portsmouth en el Reino Unido, el puerto de la marina de guerra. 
En Gran Bretaña decimos también: " No arriesgues la embarcación por media lata de alquitrán». 
Ése es el peligro que corremos en el caso presente. 
Quisiera recordar al Comisario y al Consejo que este Parlamento supo demostrar su resolución en el procedimiento de conciliación acerca del programa SOCRATES. 
Esta mañana he podido comprobar que entre todos los partidos hay acuerdo sobre esta cuestión. 
Estoy seguro de que sabremos dar pruebas de la misma resolución cuando esta cuestión llegue al procedimiento de conciliación, y estoy seguro de que llegará. 
Hay que encontrar el dinero necesario. 
Tenemos que contar con suficiente financiación. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Fontaine acerca de la importancia de los detalles. 
Si hacemos lo que tenemos que hacer, contaremos con un plan que vale la pena defender a gritos. 
Por el momento lo más que suscita es un murmullo. 
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, ante las transformaciones políticas que va a provocar el euro en Europa, la mayor transparencia, la ampliación de la UE, la pluralidad cultural, la mayor movilidad y la superior consciencia recíproca de representar una minoría, la política solamente puede reaccionar intensificando la formación y movilidad europeas. 
Son necesarios un aprendizaje intercultural y formación extraescolar así como un servicio a largo plazo y posibilidades de aprendizaje en el extranjero. 
Aquí se incluyen más posibilidades de intercambio de jóvenes de las existentes hasta el momento y el fortalecimiento de la correspondiente infraestructura. 
Estimadas y estimados colegas, estoy orgullosa de que haya sido esta Asamblea la que haya adoptado esta iniciativa. 
No fue el Consejo ni la Comisión. 
Lo que han hecho ha sido recoger la iniciativa de esta Asamblea que Alexander Lange y yo misma presentamos aquí hace cinco años. 
Estoy muy orgullosa de haber logrado entonces poner de nuestro lado al Consejo y a la Comisión. 
Naturalmente, las condiciones previas aún no se han creado del todo. 
Apoyo todo lo que ha dicho Nicole Fontaine, pero quisiera destacar un punto. 
Necesitamos un estatuto especial para este importante servicio que debe aclarar de modo vinculante lo siguiente pues, de lo contrario, el servicio será inaceptable para la mayoría: debe aclarar el tema del permiso de residencia, la seguridad social, las regulaciones fiscales de excepción y el mantenimiento de las eventuales subvenciones y ayudas nacionales. 
Si no se hace, no podremos hacer que los jóvenes acepten este servicio. 
Estimadas y estimados colegas, al final del servicio voluntario de los jóvenes debe extenderse un certificado. 
La sociedad debe premiar también a quien realice un servicio voluntario de este tipo a la comunidad dándole preferencia en la colocación y no mirar sólo la rapidez con que uno ha hecho algo o con que ha estudiado sino también si ha realizado un servicio a la comunidad. 
Podemos tomar ejemplo de los EE.UU: allí se da preferencia siempre a quien ha realizado un servicio voluntario frente a quien no lo ha hecho. 
Sigamos este ejemplo, pues así de esto puede resultar algo positivo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, comienzo felicitando a la ponente de este informe, que considero ejemplar. 
Nicole Fontaine es certera y económica en las palabras y atrevida y pragmática en las propuestas. 
Intervengo en este debate para decir tan sólo cosas evidentes. 
Pero las cosas evidentes son, en política, las más difíciles de hacer aceptar. 
En mi tierra se dice que «lo que nace torcido tarde o nunca se endereza». 
Por eso, considero imprescindible garantizar en el punto de partida cuatro condiciones al servicio voluntario europeo. 
Primera: un programa dirigido a la juventud debe tener la ambición de difundirse para llegar hasta todos los jóvenes, sin excepción, en el más breve plazo de tiempo. 
Por eso, necesita un presupuesto generoso. 
Treinta y cinco millones no son ni carne ni pescado, no valen la pena. 
Segunda: el éxito de un programa depende de cómo arranque. 
Es preciso darle, desde luego- y no es poco -, todas las condiciones para que tenga éxito. 
Ello requiere un consenso inmediato entre los Estados miembros para crear un estatuto común de protección social e imposición fiscal. 
Ahora mismo y no dentro de dos años, cuando el experimento haya fallado. 
Tercera: un programa no puede nacer aislado del marco de las restantes acciones comunitarias y de las de los Estados miembros. 
Debe procurar articular y fortalecer el efecto de otros programas conexos. 
Por eso, son imprescindibles las perspectivas de integración con los servicios civiles nacionales, de fusión con el programa «Juventud para Europa» y de articulación con nuevos programas como el de la creación de un estatuto europeo del aprendiz, que en este momento se está debatiendo en el Parlamento. 
Una última observación, para insistir en la importancia de que se incluyan, como aspectos nucleares del programa y condición para su éxito, el aprendizaje de lenguas y el apoyo a los jóvenes después de que terminen el servicio voluntario, para que encuentren formas de dar continuidad, en su marco habitual de vida, a la experiencia vivida. 
Se podría pensar en la creación de una tarjeta de voluntario europeo que les reconociera un estatuto especial permanente, con lo que se crearía una red- podríamos decir incluso una mafia- de ciudadanos transnacionales dispuestos para tender los puentes que Europa necesita. 
Sr. Morris, ¿quiere hacer una pregunta o plantear una cuestión de orden? 
Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta. 
¿Puedo hacer una pregunta muy directa a la Comisión, y quizá también a la ponente? 
¿Se ha interesado algún Estado miembro por determinar si el Servicio Voluntario Europeo para los Jóvenes se puede considerar como alternativa para los jóvenes y las jóvenes que tienen verdaderas objeciones de conciencia al servicio militar? 
Me parece que hay muchos jóvenes en la Comunidad que aceptarían con satisfacción esa oportunidad. 
Señor Morris, esta cuestión ya ha aparecido en el debate y ha recibido respuesta. 
No obstante, si la Sra. Cresson quiere responder de nuevo, tiene la palabra. 
Señor Diputado, le responderé sin rodeos porque es un tema de reflexión que nos hemos planteado desde el principio. 
No entra ni dentro de las posibilidades, ni dentro de las atribuciones, ni tampoco dentro de los deseos de la Comisión, dictaminar sobre si es o no necesario realizar un servicio militar. 
Los objetores de conciencia dependen de la autoridad militar. 
Por muchísimas y, naturalmente, muy buenas razones: no desean ir al servicio militar porque la guerra " no está bien». 
Personalmente, pienso que la guerra no se justifica más que en un sólo caso: la defensa del territorio nacional. 
Por lo tanto, si bien la objeción de conciencia es una actitud que pertenece al campo de las ideas, que respeto como tal, yo no puedo suscribir el punto de vista que consiste en decir de entrada " no quiero aprender a manejar armas para poder defender mi país». 
En segundo lugar, la objeción de conciencia depende de la autoridad militar del Estado miembro; es ésta la que acepta o no que un joven inicie la vía de la objeción de conciencia. 
Los objetores de conciencia realizan un servicio civil que, además, es más largo que el servicio militar. 
En Francia, por ejemplo, desbrozan bosques durante dieciocho meses, tras lo cual quedan libres de una obligación inherente al ciudadano. 
Es evidente que los países donde existe el servicio militar deben exigirlo a todos los jóvenes. 
Si el joven no quiere hacerlo, puede beneficiarse de una medida de excepción que le impone, en su lugar, un servicio civil. 
Pero su motivación no es la del Servicio Voluntario Europeo, que consiste en ir a otro Estado miembro para cumplir acciones de naturaleza social, para conocer una cultura y una manera de vivir diferentes y sacar un provecho personal, consagrándose al mismo tiempo a una causa general. 
Esta filosofía nada tiene que ver, por tanto, con la del objetor de conciencia. 
Dejemos, pues, que las autoridades militares se encarguen de sus objetores de conciencia y abstengámonos de tomar partido en los países donde existe el servicio militar. 
Este es el punto de vista de la Comisión. 
Muchas gracias, señora Cresson. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Medidas de apoyo a un socio mediterráneo 
Señor Presidente, señores representantes de la Comisión, Señorías, dado que mi texto es muy breve, también mi intervención debe ser coherente. 
No hace falta alargarse demasiado. Se trata de un texto breve pero claro que aborda un problema político e institucional muy sensible para el Parlamento Europeo, ya que se refiere a la función y al papel del Parlamento, así como al equilibrio entre las Instituciones en los ámbitos en que la estructura del funcionamiento de las Instituciones europeas está en vía de realizarse y, por lo tanto, se trata de tomar una u otra dirección. 
Es un problema que se encuentra no sólo en el caso que abordo, sino también en los casos que acaparan la atención del Parlamento, del Consejo y de la Comisión; por ejemplo, cuando el Consejo impone sanciones a un tercer Estado o en el caso de incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, suspensión de acuerdos o reglamentos que conllevan el embargo. 
En estos días, el Parlamento debate una problemática similar con respecto al desarrollo de las relaciones con los países de Europa central y oriental. 
Se trata, en consecuencia, de un conjunto de problemáticas que afectan al papel del Parlamento y al equilibrio entre las Instituciones en puntos muy sensibles del desarrollo y de la futura fisonomía de la Unión Europea. 
En nuestro caso, se trata del artículo 3 del Reglamento MEDA que establece que el programa se basa en el respeto de los principios democráticos del Estado de derecho, así como de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que constituyen su elemento fundamental y cuya violación justifica la adopción de medidas apropiadas. 
La propuesta de reglamento establece las modalidades conforme a las cuales pueden adoptarse dichas medidas. 
Esta materia se refiere a una de las regiones políticamente más complejas y torturadas del mundo y es por esto que el debate sobre este punto dura desde hace muchos meses. 
Deseo recordar brevemente que la anterior propuesta de la Comisión fue recibida por el Parlamento Europeo con un informe del Sr. Barón Crespo en el cual se formulaban propuestas de modificación que no fueron aceptadas y que se aplazaron hasta después de la conclusión de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental. 
Ahora, con arreglo al artículo 16 del Reglamento MEDA, se presenta una nueva propuesta de la Comisión que reintroduce el procedimiento de toma de decisiones por mayoría cualificada para la adopción de medidas adecuadas cuando falta un elemento fundamental para proseguir las medidas de apoyo a un socio. 
Esto nos satisface, ya que el texto inicial no preveía la mayoría cualificada, sino la unanimidad. Lo consideramos un paso adelante muy importante en lo que se refiere a la propuesta de la Comisión. 
La propuesta, sin embargo, sigue ignorando el papel del Parlamento Europeo ya sea como promotor del procedimiento y como elemento interno del mismo. 
Pues bien, mi propuesta es muy simple, retoma el texto de la Comisión y añade que el Consejo puede adoptar medidas oportunas tomando decisiones por mayoría cualificada a raíz de una propuesta de la Comisión o sobre la base de una recomendación del Parlamento Europeo, formulada con arreglo al artículo J.7 del Tratado de la Unión Europea y, en todo caso, previa opinión de este último. 
Creo que se trata de una formula que tiene plenamente en cuenta la prerrogativa del Consejo de tomar decisiones y permite al Parlamento intervenir en una materia en que la opinión sobre eventuales medidas a adoptar es una opinión de carácter político global que se refiere al examen de muchos aspectos de la situación de uno u otro país en un contexto, como he recordado al principio, de lo más complejo y atormentado que existe en el mundo. 
Señor Presidente, el Partido Popular Europeo da su apoyo al informe Colajanni. 
Está al servicio de dos principios fundamentales e insiste en la mejora del reglamento para el funcionamiento del programa MEDA. 
En primer lugar, este necesario y ambicioso programa para el siglo XXI debe contribuir a consolidar el sistema democrático en todos los países ribereños del Mediterráneo que constituyen el embrión secular de Europa. 
Por consiguiente, no se pueden consentir, en el marco de la colaboración con la Unión Europea, la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales pues eso supone la negación explícita de la democracia. 
En segundo lugar, que la competencia para valorar de manera correcta y sin intereses la protección y el respeto de esa condición fundamental de colaboración con uno u otro país corresponde principalmente a una entidad supranacional elegida de forma democrática que expresa el sentir global de los pueblos europeos, es decir, al Parlamento Europeo. 
Esto no significa que vayan a disminuir las competencias de la Comisión en cuanto al seguimiento permanente del desarrollo del programa y para solicitar las medidas necesarias y circunstanciales cuando se produjesen distorsiones. 
Tampoco se pone en duda el papel decisivo del Consejo para determinar las sanciones necesarias. 
Además, se introducen dos parámetros importantes en el funcionamiento del programa MEDA: primero, que las decisiones finales deberán ser tomadas por mayoría cualificada para que ninguna política nacional pueda, en favor de intereses particulares, obstaculizar el ejercicio de la política común, que es la que debe prevalecer, y, segundo, que el Parlamento Europeo no sólo necesita pronunciarse antes de tomar decisiones sino que tendrá el derecho de recomendar la adopción de medidas necesarias así como su naturaleza. 
Esta es la mejora fundamental, destinada a reforzar de forma general la política exterior común y la política de defensa que la Comisión omite en su propuesta, introduce la acertada enmienda del Sr. Colajanni y cuya aprobación solicita de forma unánime la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa del Parlamento. 
Presidente, el bloqueo a los fondos MEDA ha durado ya demasiado tiempo. 
Los resultados son contrarios a lo que se pretendía en un primer momento y desgraciadamente el desarrollo serio del proceso de Barcelona se ve debilitado por esto. 
El informe Colajanni llega demasiado tarde en realidad, pero mejor tarde que nunca. 
Tengo que felicitar al colega Colajanni por el modo tan inteligente, según pienso, en que ha interpretado las posibilidades que ofrece el Tratado. 
Con su propuesta ha engrandado el papel del Parlamento cuando se trata de tomar medidas adecuadas en el caso de que el socio mediterráneo no se ciña a los acuerdos relativos a los derechos humanos. No ha dañado la dignidad de las instituciones y además ha prestado un gran servicio a los socios mediterráneos, y con ello ha hecho posible de nuevo el desarrollo práctico del proceso de Barcelona. 
Espero que el Consejo y la Comisión se hagan cargo de su propuesta y que el Parlamento la acepte esta mediodía en su totalidad. 
Señor Presidente, pienso que la propuesta del colega Colajanni es muy clara y transparente y tiene también todo el apoyo del grupo verde. 
Pensamos que la única manera de gestionar bien ese fondo y de utilizar un procedimiento adecuado consiste en que el Consejo tenga que decidir de forma efectiva con una mayoría cualificada, en que el Parlamento tiene que ser consultado y también en que el Parlamento tiene que tener la oportunidad de formular una lista de candidatos en función del artículo J 7 del Tratado de la Unión Europea y por supuesto que la Comisión tiene el derecho de proposición que puede utilizar siempre. 
Así esos tres elementos son totalmente perfectos para nosotros. Sólo que la realidad es que a nivel del Consejo no había unanimidad sobre el hecho de sí aquí se podía votar con una mayoría cualificada. 
Pienso que es importante que el Parlamento diga claramente que esa es nuestra preferencia, ya que si no puedes verte manipulado en una situación en la que un sólo país por la razón que sea, reparos oportunistas, fundamentalistas o políticos, pueda bloquear todo el proceso y esta es una cuestión desfavorable. 
En segundo lugar quisiera aprovechar este debate para dar la voz de alarma en relación con el transcurso del proceso de Barcelona. 
En lo que a esto respecta es totalmente correcto lo que el colega Van Bladel ha dicho de que está estancado financieramente, pero junto a esto debemos decir, y esto es mucho peor, que el significado político del proceso de Barcelona ha perdido importancia por el hecho del estancamiento del proceso de paz, puesto que siempre se había visto en la línea del proceso de paz, pero también por falta de input político a nivel ministerial. 
Desde la declaración de Barcelona no ha habido en realidad ningún input determinante a nivel ministerial y es lamentable constatar que en definitiva se sigue procediendo por medio de los canales bilaterales existentes, mientras la dimensión regional, que era la añadidura que se quería, no sale en absoluto relucida. 
Pienso, por lo tanto, que nosotros como Parlamento tenemos que tomar una posición clara sobre esto. 
Señor Presidente, Señorías, miembros de la Comisión, el informe que hoy se debate y vota en este Pleno tiene una gran relevancia porque supone completar un reglamento que ha de servir al ambicioso objetivo de promover las libertades democráticas en el Mediterráneo y acercar los pueblos del Norte de África y Oriente Medio a la Unión Europea. 
Antes de seguir adelante quiero poner de relieve que nuestro Grupo está de acuerdo con el informe elaborado por el Sr. Colajanni, así como con la enmienda propuesta al texto de la Comisión; dicha enmienda ha de servir para que la opinión del Parlamento Europeo sea escuchada cuando este foro considere que falta un elemento fundamental para proseguir las medidas de apoyo a un socio mediterráneo. 
El programa MEDA, dotado para este quinquenio con casi 3.500 millones de ecus, es la iniciativa más ambiciosa adoptada hasta el momento por la Unión Europea para fomentar la seguridad y la estabilidad política en el Mediterráneo. 
Para que esta iniciativa surta el efecto deseado, es imprescindible que la colaboración de la Unión Europea con los países del programa MEDA se efectúe sobre la base de un absoluto respeto a las libertades democráticas y a los derechos humanos. 
Hoy en día, los países de la Unión Europea están separados del Norte de África y del Oriente Medio por algo más que las aguas del Mediterráneo. 
Hay un enorme abismo político, cultural, social y económico entre las sociedades de uno y otro lado del Mare nostrum. 
Por supuesto que no es necesario uniformizar las culturas y las tradiciones sociales, pero sí es importante e imprescindible lograr que el respeto de las libertades democráticas y de los derechos humanos sea una norma permanente en todos los países que aspiren a tener relaciones estrechas con la Unión Europea. 
La tensa situación política en Argelia o en los territorios ocupados por Israel- por no hablar de las tensiones en el mar Egeoson ejemplos suficientes de hasta qué punto es necesario estimular a los Estados para que evolucionen hacia un mayor respeto de las libertades. 
Cuando se redactó el Reglamento del programa MEDA, el artículo 16 dejó sin determinar cuál sería el procedimiento definitivo para la adopción de medidas con respecto a un socio mediterráneo en el que falte un elemento fundamental. 
Este aplazamiento era una muestra de lo delicado y espinoso que es este asunto para los Estados miembros de la Unión Europea. 
Este retraso, entre otros motivos, ha producido un lento desarrollo del programa MEDA. 
Las expectativas que despertó se han visto frustradas por la lentitud con que se ha puesto en marcha, en buena medida por medidas obstruccionistas de algunos países miembros cuyos nombres, en este momento, prefiero olvidar. 
Es deseable que con la aprobación de este informe se dé un nuevo impulso a la ejecución del programa y se haga realidad el objetivo de que el Mediterráneo sea una cuenca sin conflictos y con una relación armoniosa entre todos los países ribereños. 
Y para concluir mi intervención deseo felicitar al Sr. Colajanni. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo, a pesar de que, por una parte, no puede dejar de felicitarse de la modificación propuesta por la Comisión con respecto al Reglamento MEDA, por otra, no puede dejar de hacer hincapié en el derecho de este Parlamento de formular su recomendación o expresar su opinión en virtud del artículo J.7 del Tratado, así como en la conveniencia de hacerlo. 
Cuando el Consejo podrá tomar decisiones por mayoría cualificada y cuando el Parlamento podrá expresar su opinión sobre la violación de los derechos humanos, las libertades y los principios democráticos, entonces, y sólo entonces, podremos entablar por fin un serio debate sobre unos países, como por ejemplo Siria que, a través del apoyo económico europeo, reciben la inoportuna bendición a un sistema político en absoluto democrático. 
Ahora bien, no existe el riesgo de que el diálogo euromediterráneo muera por la exclusión de un país que no respeta el rigor establecido en Barcelona, ni tampoco está muriendo por la exclusión, con frecuencia poco fundada, de otros países candidatos. 
El fracaso del diálogo se producirá sólo cuando este Parlamento y las demás Instituciones europeas darán su tácito consentimiento a la falta de respeto de los derechos democráticos fundamentales. 
De todos modos, el debate de hoy sobre el Programa MEDA se incluye en la problemática de los programas MED y me parece oportuno aprovechar la ocasión para reiterar que el Parlamento, a través de la Comisión de Control Presupuestario, no está entorpeciendo el desbloqueo de los programas MED, como la Comisión pretende hacer creer. 
En realidad, el Parlamento desea firmemente restablecer cuanto antes el diálogo de cooperación descentralizada con la orilla sur del Mediterráneo. 
Lo que, sin embargo, exige el Parlamento es la plena cooperación de la Comisión. 
Afortunadamente, este proceso ya está en marcha y, con ocasión de una reciente audiencia pública, la Comisión nos proporcionó toda una serie de datos. 
En conclusión, espero que la Conferencia Interministerial de Palermo, que se celebrará en el próximo mes de junio, y el propio foro euromediterráneo que debería constituirse dentro de poco, sirvan para relanzar una política euromediterránea que, a pesar de unos comienzos llenos de expectativas, hoy ha perdido su brillo y fuerza política y ello pese a la cuestión de fondo planteada por el bloqueo del proceso de paz entre Israel y Palestina. 
Señor Presidente, ésta es una ocasión para apreciar una vez más la validez de algunas normas de protección social y civil que figuran en el Reglamento MEDA y que establecen diferentes modalidades en cuanto a la aplicación de los programas y a las posibles suspensiones de la cooperación con respecto a los países que no respetan los principios democráticos y del Estado de derecho. 
La violación de los derechos humanos y de la democracia en algunas regiones del Mediterráneo no son sólo una preocupación, sino, por desgracia, una dramática realidad. 
La misma globalización que ha producido cambios significativos en el mercado a través del estímulo de la oferta y de la demanda y que ha establecido nuevas fronteras económicas mediante la utilización de nuevas tecnologías informáticas, corre el riesgo de privilegiar los intereses económicos y de reducir todavía más, si cabe, los derechos civiles y sociales en los países en desarrollo. 
El Parlamento Europeo, en primera y segunda lectura, no sólo ha reiterado su compromiso en favor de los derechos a la libertad y a la democracia, sino también ha subrayado de forma específica la necesidad de intervenir directamente en el procedimiento sancionador en el caso de que se produzca una violación de los principios de la democracia y de la libertad en algunos países del Mediterráneo. 
En consecuencia, deseo expresar mi pleno apoyo a las propuestas de enmienda del Sr. Colajanni que reafirman el papel del Parlamento Europeo como promotor del procedimiento sancionador y además como elemento fundamental del propio procedimiento. 
Deseo, por último, formular una consideración. 
La puesta en marcha del programa MEDA debe suponer el firme compromiso de la Unión Europea en favor del sur de Europa. 
En realidad, el pleno desarrollo de las comunidades mediterráneas europeas puede ser el verdadero eje de la política de asociación con los terceros países. 
Por lo tanto, deseo reafirmar la necesidad de llevar a cabo intervenciones infraestructurales para crear un nuevo empresariado y, ante todo, para fomentar el empleo, al objeto de evitar las graves repercusiones económicas y sociales en las regiones europeas del Mediterráneo que suponen la verdadera rémora para el difícil camino del programa MEDA. 
Señor Presidente, la propuesta de enmienda de que trata el informe Colajannis, está pensada para completar el Reglamento del programa MEDA que entró en vigor hace casi dos años. 
Esta ordenanza suplementaria se trata de cómo el Reglamento del programa MEDA tendrá que aplicarse a los derechos humanos. 
Tanto la Comisión como el Parlamento dan la mayor importancia a este asunto. 
Según el programa MEDA, la Comisión deberá presentar propuestas para el procedimiento de decisión que hagan posible tomar medidas cuando se cometan violaciones contra los derechos humanos u otros derechos esenciales. 
Por tanto, es de esos procedimientos de decisión de los que se trata el informe de hoy. 
La asociación entre la UE y los países del Mediterráneo se inició en la Conferencia de Barcelona en noviembre de 1995, cuando se reunieron los Ministros de Asuntos Exteriores de los países comunitarios y de los doce países de la región sur del Mediterráneo. 
La asociación se basa en primer lugar en la importancia estratégica de la región del Mediterráneo. 
Esto refleja también la dependencia recíproca en lo político, económico, social y cultural que, desde hace mucho tiempo, une a la UE con los países del Mediterráneo. 
Nuestros lazos se basan, por tanto, en un espíritu de asociación en lugar de, como antes, en ayudas para el desarrollo y relaciones de dependencia. 
Después de la Conferencia de Barcelona, el Parlamento aprobó, como se sabe, la propuesta de Reglamento del programa MEDA de la Comisión. 
La propuesta se aprobó más tarde en el Consejo de Ministros en julio de 1996. 
Con esto, la asociación obtuvo un instrumento financiero adecuado a los nuevos objetivos y principios de colaboración. 
El objetivo del Reglamento del programa MEDA es completar las medidas que las partes quieran tomar para aumentar la competitividad, el bienestar o la estabilidad social. 
Bienestar duradero y estabilidad sólo pueden alcanzarse si se respetan completamente los principios democráticos, el estado de derecho, los derechos humanos y las libertades esenciales. 
El Reglamento establece claramente que el respeto a esos principios esenciales debe ser la base del programa MEDA. 
Sin embargo, el Reglamento no tiene todavía normas concretas sobre cómo se van a poder tomar medidas si esos principios esenciales no son respetados. 
La Comisión ha propuesto que se adopte una decisión por mayoría calificada, lo cual también ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. 
La idea es dar, de una manera enérgica, el mensaje que Europa, cuando llegue el momento, no va a dudar en tomar medidas para proteger los derechos humanos y otros principios esenciales. 
Mediante el establecimiento de la regla de mayoría se asegura también que se tomen decisiones de forma rápida y efectiva. 
De este modo se fortalece la credibilidad de la Unión. 
El ponente propone que esas medidas puedan ser tomadas también teniendo como base una recomendación del Parlamento Europeo. 
Además se propone que se deba consultar al Parlamento, en todas las circunstancias, antes de tomar medidas. 
Desgraciadamente, la Comisión no puede aceptar la propuesta de enmienda del ponente. 
El Reglamento del programa MEDA no implica que haya que escuchar al Parlamento. 
El artículo J7 del Tratado de Maastricht trata de las políticas comunes de asuntos exteriores y de seguridad. 
Por eso no puede aplicarse para el Reglamento del programa MEDA como propone el ponente. 
Por el contrario, el Parlamento siempre puede requerir a la Comisión para presentar propuestas en esta materia, en conformidad con el artículo 138b del Tratado de Roma. 
En vista de lo anterior, espero que el Parlamento apoye la propuesta original de la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy, a las 12 horas. 
Cooperación judicial en materia penal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0058/98) del Sr. Bontempi, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la cooperación judicial en materia penal dentro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, el informe que esta mañana se somete a la atención del Pleno tiene, entre sus principales objetivos, el de hacer frente de forma orgánica a un problema que se plantea desde hace tiempo, es decir, el problema de la fragilidad de la cooperación judicial en la lucha internacional contra la delincuencia organizada. 
La cooperación judicial es, por así decirlo, la cenicienta, la forma más débil y también más atrasada de cooperación. 
La propia cooperación de policía, que sigue planteándonos problemas, está más avanzada que la cooperación judicial. 
Ante una situación conocida y lamentada por todos, el informe se propone recoger las opiniones y también los hechos que están en la base de esta situación, cuando menos, arcaica y anticuada, con objeto de mejorarla radicalmente. 
Somos conscientes de que, hoy por hoy, es muy difícil explicar de forma creíble a los ciudadanos que, mientras bastan sólo dos minutos para transferir enormes cantidades de dinero de un mercado financiero a otro- y quizás se trata de cantidades obtenidas gracias al blanqueo de los beneficios que producen varios tipos de delitos- dos jueces de dos Estados de la Unión Europea hablan de trabajo durante meses con suma dificultad. 
Dicha situación, por lo tanto, debe modificarse y el informe se propone precisamente definir la actitud operativa de la Unión. 
Deseo puntualizar este aspecto: el Parlamento no declama sólo principios, ni tampoco señala sólo problemas, sino que indica un camino, incluso muy concreto, que pasa por dos tipos de objetivos: uno a medio y largo plazo y otro basado en intervenciones a corto plazo o incluso inmediatas que pueden ser aprobadas sólo gracias a la voluntad política de los Gobiernos y de los Parlamentos nacionales. 
En lo que se refiere a las intervenciones a medio y largo plazo, deseo recordar aquí los puntos que ofrece el nuevo Tratado de Amsterdam. 
Comprobamos que en el Tratado hay unos puntos que suponen interesantes avances como, por ejemplo, las disposiciones mínimas comunes para un determinado número de delitos como la delincuencia organizada, el terrorismo, la droga, etcétera; las importantes mejoras con respecto a la ratificación y a la entrada en vigor de los Convenios; la cooperación reforzada. 
Por desgracia, sin embargo, debemos señalar también que sigue presentando carencias la inclusión de la efectiva función de control democrático del Parlamento y del Tribunal de Justicia. 
Formulamos, en consecuencia, evaluaciones positivas pero también críticas que reiteramos firmemente, puesto que, en materias tan delicadas y sensibles, los elementos democráticos y de control son sumamente fundamentales. 
El otro capítulo se refiere a los Convenios. 
Sabemos que toda la materia se encuentra regulada por convenios y que la mayor parte de los convenios, aprobados desde hace tiempo, no entran en vigor. 
En el informe, por lo tanto, se señalan algunos caminos, algunas pistas: una de ellas es el compromiso de ratificar los convenios existentes y, desde este punto de vista, confiamos en poder aprovechar cuanto antes el Tratado de Amsterdam. 
Se subraya asimismo que uno de los aspectos que obstaculizan la aplicación de los convenios se basa en las excepciones, las reservas de los Estados, al igual que se recuerda con extrema claridad que el principio de la doble imputación, actualmente en desuso y válido sólo como principio, sería bueno que fuera abandonado definitivamente. 
Finalmente, quizás la parte más relevante de las propuestas atañe a los convenios que nosotros proponemos. 
Proponemos convenios relativos a la comunicación directa entre los magistrados, la determinación de plazos ciertos de las comisiones rogatorias, el traslado automático de las pruebas. 
En realidad, éste es un problema que tuvo gran relevancia, por ejemplo, en Italia, aunque creo que vale para todos los países, a juzgar por las cifras que son alarmantes. 
Las cifras, que abarcan un período muy amplio, revelan que las respuestas a las comisiones rogatorias en los diferentes países son del orden de un 15 %, es decir, un juez o un conjunto de magistrados, formulan 100 comisiones y las respuestas son del orden del 15 %. 
Francamente, es demasiado poco, porque el convenio vigente y las relaciones entre las autoridades judiciales de los distintos Estados, a fin de conseguir resultados apreciables de cara a la delincuencia internacional, ya no pueden separarse radicalmente de las que mantienen los magistrados dentro de un mismo Estado. 
Éste es realmente el punto fundamental, el salto de calidad. 
Las demás propuestas se refieren al acercamiento y armonización de las legislaciones. 
Ya emitimos nuestros votos con relación a la participación en el delito común de delincuencia organizada y de corrupción, aunque estamos todavía esperando que el Consejo los ratifique. 
Me parece oportuno hacer hincapié en dos puntos más: primero, es necesario definir algunos delitos comunes relativos a materias que son fundamentales en lo referente al crimen organizado. 
Pensemos en la corrupción, los delitos fiscales y el blanqueo. En lo que se refiere a este último en particular, debemos ampliar los supuestos de procedencia del blanqueo: son muy pocos los delitos, ya que hoy en día se blanquea el dinero procedente de todo tipo de delitos, incluso los que no están previstos. 
En consecuencia, debe modificarse la Directiva 308. 
En segundo lugar, y por ser una cuestión crucial, tenemos que empezar a ensayar formas avanzadas de unificación. 
Por último, una consideración acerca de algunas preocupaciones puestas de manifiesto en algunas enmiendas que, sin duda, merecen una respuesta. 
Mientras fortalecemos esta cooperación, debemos preocuparnos sobremanera de las garantías democráticas y de los derechos fundamentales previstos en nuestras Constituciones. 
Sin embargo, deseo manifestar que en este campo se trata de permitir a los jueces de cooperar y no tanto de juzgar. 
Y deseo también recordar que con frecuencia en el ámbito de la delincuencia organizada, no se trata de la defensa de un ciudadano, sino de grandes potentados que logran bloquear las comisiones rogatorias sistemáticamente. 
Por lo tanto, mientras procuramos mantener firmes estos principios, cabe preguntarnos si hoy el trabajo de comprobación es la condición para que el sistema democrático de garantías respete, además del ciudadano, también otro derecho del ciudadano, o sea, el derecho a la legalidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Sr. Bontempi, por su excelente informe y subrayar que mantengo una cooperación muy positiva desde hace años con él y con la Comisión de Libertades Fundamentales cuando se trata de cuestiones relacionadas con la protección jurídica de los ciudadanos. 
El sector del que yo me ocupo está limitado a la protección del presupuesto de la UE y, en consecuencia, del contribuyente. 
Esta es también la opinión que hoy emito en nombre de la Comisión de Control Presupuestario. 
Desde un punto de vista administrativo, se han podido poner entretanto en marcha algunas medidas de protección, pero para la creación de un marco jurídico para la protección penal del presupuesto de la Comunidad debemos seguir siendo perseverantes a pesar de que la necesidad de actuación sigue siendo urgente pues, según las encuestas, el 70 % de los contribuyentes europeos ven mucho más críticamente que el fraude fiscal el uso incorrecto y defraudatorio de los fondos recaudados. 
Entre los numerosos obstáculos existentes en el camino hacia una protección eficaz de los intereses financieros, destaca uno de modo especial: la manifiesta ausencia de cooperación entre las autoridades judiciales nacionales frente a un crimen cada vez mejor organizado. 
Ni a nivel procedimental ni en la cooperación internacional se pueden registrar éxitos dignos de ser mencionados, tal como ha reflejado la audición realizada en abril por una de nuestras dos comisiones. 
¿Qué debemos hacer? 
En algunos campos, el Parlamento ha aprobado propuestas bajo la perspectiva de la protección de los intereses financieros, como por ejemplo, en el informe final de la Comisión de Investigación para el régimen de tránsito, en la resolución para los programas sobre el Mediterráneo o la resolución sobre la lucha contra el fraude. 
En los tres informes se plantea la clara exigencia de una instancia jurídica a nivel europeo para la coordinación y cooperación entre las autoridades instructoras y penales nacionales así como entre los procedimientos. 
Si se llama unidad " clearing» , unidad para casos de fraude en detrimento del presupuesto de la Comunidad o de otro modo, tal como se expone en los informes, es de menor importancia. 
El primer objetivo debe ser definir sus tareas y competencias inmediatas para compensar las carencias actuales, como las investigaciones suspendidas durante años, complicadas vías procedimentales técnicas o diplomáticas o conflictos de competencias que bloquean la cooperación. 
Para crear aquí un espacio jurídico europeo, hay que alcanzar en todos los Estados miembros una protección equiparable de los fondos comunitarios. 
Se debería llegar a ello en etapas. 
En primer lugar, se podría crear una unidad de contacto europea para coordinar las informaciones, el asesoramiento, la instrucción de sumarios y la comunicación de sus resultados a los jueces nacionales. 
El nuevo artículo 280 del Tratado de Amsterdam es aquí muy útil. 
A largo plazo, esta instancia podría convertirse en una autoridad penal transfronteriza que sería responsable frente a una especie de fiscalía europea que entregaría por su parte el asunto penal a los jueces competentes nacionales. 
No obstante, el concepto que despierta suspicacias " fiscalía europea» debería sustituirse por otro que excluya claramente la confusión entre conceptos y elimine de este modo las comprensibles objeciones. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, debemos tener más valor para mostrar perspectivas de futuro en este campo tan sensible pero al mismo tiempo tan importante. Quiero felicitar de nuevo al Sr. Bontempi por su informe. 
Señor Presidente, este informe se ocupa de una importante tarea política para el futuro y quiero felicitar encarecidamente al ponente por su trabajo. Lo ha hecho muy bien. 
Se trata de un problema político muy concreto. 
Los delincuentes son los que con mayor rapidez han extraído beneficios de la libertad de circulación de las personas en Europa. 
Las medidas policiales ya han requerido para si mucho tiempo pero las medidas de acompañamiento características de un Estado de derecho y democrático necesitan lamentablemente aún mucho más. 
En la Comisión de Asuntos Institucionales nos hemos concentrado por ello en estos importantes aspectos básicos. 
En primer lugar, queremos destacar que con el instrumento del acuerdo marco disponemos de una importante posibilidad o herramienta política de integración que es mucho mejor que el acuerdo existente hasta ahora, tal como refleja muy claramente el informe. 
Creo que es importante destacarlo. 
El segundo punto fue que en el campo del derecho penal, cuando se trata de derechos fundamentales necesitamos de una legitimación democrática especial. 
Por ello, creemos que el papel del Parlamento es muy débil en este campo cuando sus posibilidades de participación consisten en una mera consulta. 
Hemos criticado este hecho. 
Es un punto que debe cambiar. 
En tercer lugar está el papel del Tribunal Europeo de Justicia: los principios del Estado de derecho- en especial cuando se trata del derecho penal- deben ser vigilados y también desarrollados por los jueces. 
Por ello, estamos a favor de una modificación del procedimiento de las sentencias sobre cuestiones prejudiciales, lo que solamente podrá instaurase si los Estados miembros se someten expresamente al mismo. 
Esto es sencillamente demasiado poco y también debe modificarse. 
En cuarto lugar, toda la tarea política que enmarca la lucha contra el crimen es algo que está naturalmente muy fuertemente condicionado por los Estados nacionales. 
Debemos presionar para que se avance algo. 
Ahora tenemos una posibilidad mediante Amsterdam. Consiste en intensificar la cooperación. 
Hemos llamado en especial la atención sobre esta posibilidad de desarrollo político de la integración. 
Para finalizar, quiero felicitar de nuevo al Sr. Bontempi. 
Creo que se trata de una tarea que se puede superar lentamente y que va a necesitar tiempo, pero este informe es un importante paso en la dirección correcta. 
Señor Presidente, me disculpo con la señora Comisaria, pero considero poco correcto que ahora, a las doce menos diez, intervenga antes de que puedan hacerlo todos los representantes de los Grupos políticos. 
Esto significa que, cuando se reanude el debate, algunos diputados ya no podrán intervenir después de la votación, así como que la señora Comisaria va a hablar sin conocer la posición de los diferentes Grupos políticos. 
Esto es algo que considero incorrecto e injusto. 
Señor Caccavale, la Sra. Gradin no estará presente por la tarde. 
Ella expondrá los puntos de vista de la Comisión ahora y por la tarde comparecerá el Comisario, Sr. Silguy. 
Es algo que considero que se puede hacer. 
He escuchado su punto de vista y tiene razón. 
Pero ahora no puede cambiarse nada. 
Señor Presidente, quiero protestar enérgicamente por la forma en que se está desarrollando este debate. 
En primer lugar, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Caccavale: la Comisaria ha tomado la palabra cuando el debate ni siquiera había comenzado. 
En segundo lugar, no es posible sostener un debate en estas circunstancias, con 150 diputados en la sala de reunión, sin un debate serio sobre una cuestión importante. 
En tercer lugar, el Consejo no está presente. 
¿Podría usted hacerme el favor de comunicar todo lo antedicho a la Mesa para ver si podemos cambiar la forma en que tienen lugar los debates que preceden a la votación? 
Señor Brinkhorst, tiene toda la razón. 
Pero en este momento es difícil continuar el debate. 
El debate queda interrumpido, se reanudará hoy a partir de las 18 horas. 
En lo que concierne a la intervención de la Sra. Comisaria, quisiera decir que la Comisión planifica con antelación su presencia. 
Nosotros podemos solicitar la presencia del Comisario, pero no podemos imponerla. 
Como había dicho, esta tarde estará aquí el Comisario, Sr. Silguy. 
Así ha ocurrido en otras ocasiones, no es el primer caso. 
Señor Presidente, apoyo plenamente lo expuesto por el colega Brinkhorst. 
El hecho de que debatamos aquí no es algo de menor importancia. 
En nombre de todas y todos los colegas que han trabajado intensamente en este informe y que han dado un gran valor a la opinión de la Sra. Comisaria Gradin, protestamos contra las circunstancias bajo las que tenemos que debatir aquí. 
Creo que es la tercera vez que la Sra. Gradin habla aquí a la hora del mediodía y prácticamente nadie la escucha, mientras que las tres cuartas partes de este Parlamento charla sobre otras cosas. 
Considero que esto es indigno de un Parlamento y una ofensa para la Comisión. 
Señor Presidente, quiero adherirme a esta protesta. 
Por un lado, me parece negativo que rompamos este debate. 
Esto ha ocurrido varias veces en relación con este campo. 
Apelo a la Mesa y al servicio de sesiones para que asignen mejor los tiempos y que no vuelva a ocurrir algo parecido. 
Agradecemos que la Sra. Gradin haya podido hablar aunque se haya visto sometida a presión de tiempo. Estimado colega Schulz, algunos sí la han escuchado pero, naturalmente, no es de recibo que alrededor impere el mayor tumulto mientras la Comisaria habla. 
Esto debe excluirse en el futuro, no sólo por usted, señora Comisaria, sino en general. 
No puede seguir así. 
Por lo demás, lamento que el debate se haya roto porque muchos de los colegas probablemente no van a estar presentes esta tarde cuando prosigan las discusiones. 
Señor Presidente, por lo demás quiero indicar que en mi lista se encuentra el debate para ser votado ya. 
Naturalmente, esto no es posible. 
Lamento que la votación tenga lugar quién sabe cuándo y que se produzca de nuevo una ruptura sin que podamos establecer una relación entre informe, debate, opinión de la Comisión y la votación. 
Quiero adherirme pues a esta protesta. 
Señora Theato, la Sra. Comisaria ha escuchado la objeción de los miembros del Parlamento y de la Mesa. 
Espero que no se plantee otra vez un problema similar y me alegro por todo lo que han comentado los colegas y que corresponde fielmente a la realidad de este momento. 
Señor Presidente, lo manifestado por sus Señorías me reconforta mucho, aunque no es suficiente. 
Ante todo, y para manifestar mi protesta, renuncio a mi intervención de esta tarde porque, dadas las circunstancias, la considero totalmente inútil, de la misma forma que considero totalmente inútil el debate de esta tarde, puesto que se llevará a cabo por entregas, lo cual es del todo improcedente. 
Señor Presidente, en vista de esto, le pido oficialmente que aplace todo el debate, así como la votación hasta la próxima sesión parlamentaria. 
Pido a este Pleno que, por respeto al trabajo realizado por el Sr. Bontempi y por todos nosotros en relación con este informe, se pronuncie a fin de que se aplace todo el debate hasta el próximo período parcial de sesiones. 
Señor Caccavale, el debate se está desarrollando. 
Continuará esta tarde a las 18 horas, al menos si en ese momento el Parlamento decide otra cosa. 
Señor Presidente, he de decir que aprecio el suspiro que provoco cuando me levanto para tomar la palabra. 
Quiero hacerle una pregunta: ¿ha recibido la Secretaría alguna comunicación por escrito de personas que se hallan en la sala y que desean que se haga constar que estarán presentes en la sala durante las votaciones nominales? 
El motivo de que haga esta pregunta es que en el Acta de ayer he podido observar que el Sr. McMillan-Scott, el Sr. Janssen van Raay y otros habían comunicado por escrito a la Secretaría que estarían presentes pero que no votarían. 
¿No se está soslayando de esta manera el procedimiento, la intención y la finalidad de la decisión original de la Mesa? 
Me parece que ésta es una cuestión grave porque si la decisión de la Mesa era imponernos cierta disciplina, entonces hay que reconocer que es relativamente fácil soslayar esa decisión depositando una declaración por escrito y marchándose a continuación de la sala. 
La nota de los cuestores es muy clara: hay que hacer la declaración en la votación, y eso significa que la votación está a punto de tener lugar y no que se presupone que va a haber una votación. 
Señor Presidente, confío en que ponga usted en práctica las instrucciones de los cuestores junto con las instrucciones de la Mesa para conseguir que los diputados estén presentes, voten o no voten. 
Señor Falconer, verificaremos todo lo que ha comentado. 
De todos modos le aseguro que siempre estamos pendientes y creo que las decisiones que han sido adoptadas serán respetadas. 
Señor Presidente, abundando en lo que ha dicho nuestro colega Falconer, ¡creo que durante el turno de votaciones deberíamos estar encadenados a nuestros escaños y los ujieres tendrían que cerrar las puertas con llave para estar seguros de que nadie salga! 
Señor Presidente, quisiera referirme de nuevo a la cuestión planteada por el Sr. Schäfer, la Sra. Theato y el Sr. Caccavale. 
Estábamos todos de acuerdo en que las condiciones en que tuvo lugar el debate durante el cual tomó la palabra la Sra. Gradin eran totalmente inaceptables. 
El Sr. Caccavale ha hecho una propuesta para que se aplace el debate sobre ese informe hasta la próxima vez. 
Quisiera pedirle a usted que votemos sobre esa cuestión, ya que es la única forma razonable de que podamos reanudar el debate sobre este importantísimo informe. 
La pregunta que le hago es la siguiente: ¿podemos votar sobre la propuesta del Sr. Caccavale de que se aplace el debate sobre el informe del Sr. Bontempi?. 
Señor Brinkhorst, usted conoce bien el Reglamento. 
En el artículo 131 del Reglamento se dice textualmente: " Un grupo político o ventinueve diputados como mínimo podrán presentar, al comienzo del debate sobre un punto de orden del día, una solicitud con objeto de aplazar el debate para un momento determinado. 
La votación correspondiente se realizará de inmediato.» 
Esto debe ocurrir al comienzo del debate. Existe otro punto del Reglamento donde se establece que se puede presentar una solicitud con objeto de aplazar la votación de un informe cuando llegue su momento. 
El Sr. Avgerinos ya ha dado una respuesta, por lo tanto no vamos a continuar este debate, lo lamento. 
Considero que la Asamblea ha tenido pleno conocimiento del tema. 
No creo que podamos añadir algo más. 
Ha sido mala suerte que un informe tan importante, como lo es el informe Bontempi, haya tenido ese tipo de interrupción. 
Señor Presidente, como no es posible un debate de urgencia sobre la criminalidad en Bruselas y se ha presentado la lista con 100 firmas, quiero comunicar que en mi oficina hay también una lista de firmas que puede ser firmada por todos, asistentes, empleados e intérpretes y que voy a entregar al Comité de Peticiones del Parlamento belga. 
Señor Rübig, la Mesa está siempre dispuesta a escuchar las observaciones de los colegas sobre el Reglamento, pero con la condición de que se basen en algún artículo concreto del mismo. 
Señor Presidente, ¿podría aclararnos usted el procedimiento de votación sobre el informe Bontempi, porque esta tarde hay votaciones y quisiera saber por qué dijo usted que la votación sobre el informe tendría lugar mañana? 
No quisiera que mis colegas no supieran con exactitud cuándo va a tener lugar dicha votación. 
Con mucho gusto, señor Provan. 
El Sr. Avgerinos, que antes había ocupado la presidencia, hizo una observación. 
Como usted habrá podido ver en el orden del día, está previsto llevar a cabo más votaciones por la tarde en el caso de que no se completen las votaciones de ahora y que espero que, con la buena disposición de todos ustedes y con su apoyo, saquemos adelante. 
Si no las concluimos, las reanudaremos a las 18 horas. 
Pero no se habrá completado el debate sobre el informe Bontempi. 
En ese caso no tiene ninguna posibilidad para esta tarde. 
Se quedaría entonces para mañana por la mañana. 
Votaciones 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, seré breve, y como comparto sus preocupaciones en cuanto al fondo, tal como indiqué durante el debate de la tarde de ayer la Comisión ha decidido aceptar formalmente las enmiendas 1, 2, 3, 4, 7, 16 y 17, así como la primera parte de la enmienda 14, con respecto a la duración del mandato del director. 
Espero que los cambios no supongan un plazo adicional en relación con la apertura de la Fundación a los países mediterráneos. 
Presidente, ayer por la tarde hubo algún malentendido acerca de la cooperación con la Comisión en este punto, pero ahora está aclarado y el informe puede ser presentado a votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Presidente, me gustaría pedir permiso a esta Casa para realizar una enmienda oral muy sencilla. 
Ha de modificarse una palabra en la 2ª enmienda. En la enmienda aparece ahora la palabra Macedonia. 
Los colegas del grupo EVP me han indicado con razón que no debe rezar Macedonia sino FYROM, Former Yugoslav Republic of Macedonia. 
Me gustaría que esta Casa lo corrigiese. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, pregunté al anterior Presidente si se había recibido notificación por escrito de algún diputado presente para indicar que, aunque estaría presente en la sala, no participaría en ninguna votación nominal. 
Me basta con que conteste usted sencillamente si o no. 
Señor Falconer, escuché la pregunta que usted había planteado cuando presidía el Vicepresidente, Sr. Avgerinos. 
Lo he pensado de manera sencilla. 
No tengo ningún inconveniente en seguir la práctica llevada a cabo por la Sra. Fontaine y ayer por el Sr. Marín, tras la observación del Sr. McMillan-Scott. 
Si los colegas quieren demostrar oralmente que están presentes pero no quieren votar, están en su derecho. 
Yo preferiría que lo hicieran por escrito dirigiéndose a los colaboradores que tengo a mi lado para no perder tiempo en las votaciones. 
En cualquier caso, nos damos cuenta de quiénes están presentes y siempre tenemos una gran confianza en la honradez de todos los colegas. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, no ha contestado usted realmente a mi pregunta, porque dijo usted " verbal». 
Lo que estoy preguntando es lo siguiente: ¿ha indicado algún diputado a esa Secretaría y, por lo tanto, a usted, por escrito, que estará presente pero que no participará en ninguna votación nominal? 
Basta con que responda usted "si» o" no». 
Perdone, Sr. Falconer, pero tiene usted razón. 
Creí que lo que usted preguntaba se refería al procedimiento general, y por eso intenté aclararlo. 
Que yo sepa, la respuesta es no. 
Señor Presidente, antes de la votación he encontrado en mi escaño una lista. En esta lista figuraban todos los diputados, con su nombre y número de escaño, que estuvieron presentes en la sesión de ayer. 
Por favor, ¿me podría explicar en el curso del día de hoy o de mañana quién ha elaborado la lista, para qué sirve y porqué sólo yo la he encontrado en mi escaño mientras que todos los demás colegas de mi grupo no tienen esa lista? 
Señora Müller, en este momento no estoy condiciones de dar ninguna explicación sobre el asunto al que ha hecho referencia. 
Ya he pedido a mis colaboradores que lo investiguen con usted para ver de qué se trata exactamente y ver si es necesario que hagamos algo. 
Nuestro objetivo es simple y claro: dar una dimensión europea a la protección de los consumidores, eliminando cualquier posibilidad de aislamiento de las víctimas potenciales. 
Es indudable que, actualmente, los ciudadanos europeos se topan con dificultades en el mercado del consumo, la más compleja de las cuales es de orden jurídico: en efecto, nuestras directivas europeas, para ser aplicables, deben transponerse en el Derecho nacional. 
Esto acaba por parecerse a un laberinto de disposiciones que cada año son más complicadas. 
Así pues, un consumidor perjudicado no está seguro de obtener una reparación: de donde la importancia de este informe que se nos propone en segunda lectura. 
No argumentaré más sobre un texto que ya fue ampliamente discutido en comisión y en el Pleno. 
Citaré simplemente un ejemplo concreto de sus repercusiones en la vida cotidiana de los europeos. 
Tras una importante operación promocional muchos franceses adquirieron bienes inmobiliarios en España. 
Desgraciadamente para ellos, fueron objeto de una estafa por parte del promotor, que a su vez era ciudadano de otro país de la Unión Europea. 
Ninguna organización de consumidores franceses pudo interponer acciones legales. 
Gracias a las nuevas disposiciones que votaremos, una víctima que resida en otro país podrá ahora defender sus intereses a través de su propia organización de consumidores. 
Ya era hora, antes del paso al euro, de poder castigar unas prácticas contrarias a los intereses de los consumidores. 
Por lo tanto, apruebo el informe Verde i Aldea, que supone un gran paso adelante en el ámbito de la protección de los consumidores. 
La Unión Europea tiene el deber de trabajar para lograr una mayor equidad y una justicia más accesible. 
Señor Presidente, quiero emitir muy brevemente dos declaraciones orales. 
La primera se refiere al informe de la Sra. Fontaine. 
El Servicio Voluntario solamente será aceptado por los jóvenes en Europa si la dotación de créditos es significante. En este contexto, significante significa que se disponga de tanto dinero que puedan participar en el programa jóvenes de los quince países miembros y espero que pronto también de los países candidatos a la adhesión. 
Con 35 millones de ecus lo pueden hacer como máximo 5000 jóvenes. 
Esto es demasiado poco. 
Ante los 25 millones de ecus puestos ya a disposición para el presupuesto de 1998, 80 millones de ecus es la cantidad mínima, de modo que para 1999 quedan 55 millones de ecus. 
Por ello, apelo al Consejo y, en especial, a la Ministra alemana de Juventud, la Sra. Nolte, para que se pronuncie en el Consejo decididamente en favor de esta suma que exige el Parlamento. 
El margen de actuación de la Categoría 3 permite esta elevación. 
No se puede rechazar pues la exigencia alegando carencia de créditos. 
Al apoyar esta recomendación, no me limito a defender, mediante el refuerzo de la financiación de 35 a 80 millones de ecus para el período 1998-99, condiciones mínimas de viabilidad para el programa de igualdad de oportunidades entre los participantes. 
Pretendo sobre todo identificarme con el poderoso instrumento de creación de una conciencia cívica europea que el Servicio Voluntario Europeo para Jóvenes puede representar, mediante la experiencia formativa de prestación de servicios a la colectividad en un marco transnacional. 
Además de la práctica de la libre circulación de personas y de intercambios humanos y culturales que el programa puede proporcionar, la participación, junto con jóvenes de otros países europeos, en la persecución voluntaria de un objetivo cívico común es el elemento fundamental del programa. 
El objetivo cívico europeo supera el mero interés individual de los participantes y, por esa razón, hace una contribución importante a la promoción de la ciudadanía europea. 
Como el miembro más joven del Parlamento, quiero evidentemente dar mi apoyo absoluto al informe de Fontaine sobre servicio voluntario para jóvenes. 
Se trata de encontrar nuevos caminos para una ocupación con sentido que implique unir la utilidad con la diversión. 
La utilidad es que sabemos que los jóvenes tienen gran interés por trabajar en los asuntos de que trata el programa de acción, especialmente en materias sociales y medioambientales, al mismo tiempo que se necesita hacer mucho en esos campos. 
La diversión consiste en la ventaja para los jóvenes de tener la oportunidad de visitar un país, vivir en otra cultura y en otra sociedad durante un período en que también se tienen posibilidades de aprender otro idioma. 
Los idiomas son importantes puesto que vivimos en un mundo cada vez más globalizado. 
Ayer aprobó el Parlamento Europeo un informe que trataba de cómo prevenir los suicidios entre los habitantes de la Unión. 
Desgraciadamente, es común que justamente los jóvenes tengan pensamientos suicidas a causa de la inseguridad en el futuro. 
Por eso sería bueno que la UE demostrara que puede conseguir mejores condiciones para que algunos jóvenes tengan fuerzas para seguir viviendo. 
En este contexto, el servicio voluntario puede ser una ayuda pequeña pero importante. 
Esto no soluciona el problema pero puede ser entendido como algo provechoso. 
La posición del Consejo respecto al dinero es lamentable: al mismo tiempo que se gastan miles de millones en subvenciones al cultivo del tabaco y a la investigación de la energía nuclear, no se está dispuesto a gastar unos millones de ecus en los jóvenes. 
Esta es una situación deplorable. 
La actitud negativa del Consejo respecto a la demanda de mayores recursos para proporcionar conocimientos suficientes a quienes tengan la posibilidad de ser voluntarios, de manera que puedan aprender un nuevo idioma, es incomprensible. 
Yo lo veo como algo obvio, ya que esto va a aumentar la posibilidad de que los jóvenes saquen provecho a su servicio voluntario y para que el proyecto tenga éxito. 
El Consejo tiene que repensar esos puntos. 
Como el parlamentario más joven apoyo, junto a todo el Grupo V, el informe Fontaine. 
Señor Presidente, como el Gobierno británico se ha comprometido a ayudar a nuestros jóvenes en el marco de la ejecución del programa del New Deal en el país, me agrada ver que ese ejemplo está teniendo eco en la Unión Europea. 
Los gobiernos de la Unión Europea obran acertadamente cuando promueven la idea de un Servicio Voluntario Europeo para Jóvenes de 18 a 25 años. 
Ahora bien, este informe formula algunas sugerencias válidas acerca de la forma de conseguir que dicho programa tenga éxito en la práctica. 
Por ejemplo, deberían concederse derechos de residencia a los voluntarios que trabajen en otros países de la Unión Europea. 
Esos jóvenes voluntarios deberían poder conservar los mismos derechos en materia de seguridad social que tenían antes de comenzar su voluntariado. 
También deberíamos considerar la posibilidad de conceder exenciones fiscales en el caso de los pagos o primas que se abonen a los voluntarios- al fin y al cabo, no sería lógico que los perjudicásemos por haber demostrado el espíritu e iniciativa públicos necesarios para desempeñar una labor voluntaria de beneficio para la comunidad en general -, con lo que sería más fácil emplearlos. 
Coincido con la sugerencia del informe de que un programa de servicios voluntarios europeos debería poderse integrar con los actuales sistemas nacionales: ¿no podría incluirse en los programas de voluntarios de nuestros propios países una opción europea? 
Espero que el Parlamento dé a este informe el apoyo que el informe y nuestros jóvenes merecen, si queremos estimular el espíritu comunitario y de iniciativa de las generaciones futuras. 
En la propuesta de enmienda nr 3 se propone que el marco de financiación para la realización del programa durante el período 1998-1999, se aumente de los 35 millones de ecus propuestos por el Consejo a 80 millones de ecus. 
Es imposible para mí votar a favor de esta propuesta cuando veo cómo, simultáneamente, los Estados miembros hacen recortes que ocasionan despidos en el sector público. 
Informe Boogerd-Quaak (A4-0032/98) 
La reforma del Reglamento de la Fundación europea de formación está muy justificada y se presenta muy necesaria. 
Se trata primordialmente de una ampliación de su ámbito de actuación para permitir que comprenda también a los países MEDA, de la región mediterránea. 
Sin embargo, la evaluación que se hace de los tres primeros años de actividades de esta Fundación ofrece también la posibilidad de someter a un examen más detallado las actividades de la misma. 
El aspecto más importante de este análisis reside en establecer unas lineas directrices para el desarrollo de la Fundación que respondan mejor a los desafíos cada vez más exigentes que se plantearán en el futuro. 
Me muestro totalmente de acuerdo con la ponente, la Sra. Boogerd-Quaak, cuando señala que el cometido principal de la Fundación es prepararse para la ampliación. 
Por lo demás, no se ha prestado la atención suficiente a la importancia que revisten la educación y la formación como instrumentos de la integración y del desarrollo regional. 
Los países asociados necesitan el apoyo eficaz y los conocimientos de la Fundación de formación con motivo de la planificación y la aplicación de una educación que potencie y consolide la economía de mercado y la democracia. 
Los programas de desarrollo de personal, emprendidos a iniciativa de la Fundación y destinados a los encargados de la toma de decisiones entre los países asociados y la UE, son una parte importante de esta labor. 
Después de todo, el papel de la Fundación europea de formación en la puesta en práctica de los programas Phare y Tacis ha sido considerable. 
Sin embargo, la existencia de retos cada vez mayores requiere que se preste más importancia a la cooperación al desarrollo, promotora de una verdadera asociación y de la participación, que a los aspectos administrativos. 
Los países candidatos a la adhesión deberán seguir estando en condiciones de potenciar la movilidad internacional con medidas que ofrezcan garantías como, por ejemplo, el reconocimiento de las titulaciones, la adopción de las nuevas tecnologías en materia de formación y la transparencia de las normas. 
En este orden de cosas, es preciso reforzar la cooperación con el CEDEFOP. 
Naturalmente, la Fundación europea de formación deberá disponer de los recursos suficientes para poder extender y consolidar sus actividades. 
De manera especial, espero que se realice un mayor esfuerzo para fomentar la formación complementaria de todos los docentes que participen en la formación profesional y potenciar la formación profesional de las mujeres. 
Propuesta de resolución sobre Kosovo 
Señor Presidente, he podido dar al fin mi voto favorable a esta resolución de compromiso ya que ha sido sensiblemente mejorada con las enmiendas presentadas por el Grupo Liberal. 
Creo realmente que mantenemos una actitud hipócrita, pues las medidas propuestas por el Grupo de contacto y otros se podrían haber aplicado en los últimos años- he planteado aquí el tema con frecuencia- para impedir la irrupción de violencia. 
Debido a nuestra inactividad somos corresponsables de que se haya producido una explosión de violencia de este tipo. 
No se ha logrado siquiera abrir una oficina de la UE en Kosovo y hoy se quieren aplicar las medidas políticas que habrían sido necesarias entonces. 
Hay que decir que hemos llegado de nuevo demasiado tarde y con demasiada debilidad. 
Probablemente, la idea de la autonomía se ha hundido en la lluvia de balas de los últimos días y solamente nos queda la única oportunidad de que, mediante la intervención de observadores y tropas internacionales, Kosovo alcance la autonomía bajo la vigilancia internacional y que pasados algunos años para que la situación se tranquilice, Kosovo pueda decidir autónomamente sobre su futuro en diálogo con Belgrado. 
Señor Posselt, debo darle la enhorabuena, no por el contenido de su discurso, sobre el que la Mesa nunca tiene el derecho a efectuar comentarios, sino por su presencia habitual en esta sala. 
Me he abstenido con respecto al proyecto de resolución común sobre Kosovo. 
Me asocio, naturalmente, a la condena de la violencia, proceda de donde proceda, y condenaré los excesos en la represión de manifestaciones, cuando éstos ocurran. 
No obstante, deseo subrayar los puntos que nuestro Parlamento no ha tomado suficientemente en consideración. 
En primer lugar, los problemas de Kosovo forman parte de los asuntos interiores de Yugoslavia, lo que no nos impide emitir juicios sobre los mismos ni tampoco injerirnos en ellos. 
Pero me pregunto cuántos Estados miembros hubiesen aceptado las múltiples agresiones políticas de algunos países europeos o de algunos sectores de nuestro Parlamento, de las que Yugoslavia, miembro fundador de las Naciones Unidas, ha sido víctima desde hace siete años. 
En segundo lugar, es necesario subrayar una vez más que el hecho de demonizar permanentemente a Serbia no favorece una solución pacífica, equitativa y duradera de los problemas de esta región. 
Hemos visto que en Croacia y en Bosnia este maniqueísmo estimulaba la guerra, la cual siempre podría reavivarse mientras no reintegremos a los Serbios en la comunidad de decisión. 
Finalmente, hay que decir que, por razones históricas y geográficas, Kosovo plantea unas dificultades muy particulares: primeramente, porque no se puede pedir a la República Federativa de Serbia que renuncie a su soberanía sobre Kosovo, cuna de su historia y de su unidad nacional; en segundo término, porque el restablecimiento de la autonomía de Kosovo- cuyo principio nadie discute- podría desembocar en una voluntad de independencia que trastrocaría peligrosamente las relaciones internacionales entre Yugoslavia, Albania y Macedonia, e incluso, indirectamente, Grecia y Bulgaria. 
Es un riesgo que nadie tiene el derecho de correr precipitadamente. 
En conclusión, creo que hay que confiar mucho más en las fuerzas políticas de Serbia, ya se trate de las autoridades de Belgrado o de la Liga Democrática de Kosovo, y alentarlas a reanudar el diálogo con miras a una solución institucional respetuosa de los derechos de las diferentes comunidades que viven en Serbia. 
Propuesta de resolución sobre el proceso de la ASEM 
Señor Presidente, los Verdes son un movimiento internacionalista a escala mundial y por eso estiman, evidentemente, que los acontecimientos en Asia afectan a la población de la UE igual que los acontecimientos en la UE afectan a la población de Asia. 
Por eso, tenemos una actitud abierta hacia una cooperación en el marco de ASEM, pero queremos enfatizar la importancia de incluir a los políticos de elección popular, entre otras cosas, en el marco de ASEP y los movimientos populares. 
Desgraciadamente, las relaciones de la UE hasta el momento se han caracterizado por un considerable doble juego. 
Al mismo tiempo que se quiere dar énfasis al respeto por la democracia y los derechos humanos en los salones de ceremonias, en la realidad práctica dominan los intereses comerciales de corto plazo. 
Un ejemplo notorio es Indonesia, que ha podido comprar armas de países en la UE, oprimir a Timor del Oeste y mantener a su propio pueblo fuera del juego democrático y del estado de derecho, lo cual, durante el último tiempo, ha afectado también a la minoría china. 
También se caracterizan por este doble juego las relaciones con otros países asiáticos no democráticos. 
Ponemos en tela de juicio la orientación y las formas de la ayuda al sufrido pueblo de Corea del Norte, sin olvidar la apuesta por KEDO. 
En cambio, Corea debe recibir ayuda para sanear sus minas de carbón y sus plantas de energía nuclear y recibir ayuda de alimentos para paliar la crisis ocasionada por el hambre. 
La resolución del Parlamento Europeo contiene muchos de nuestros objetivos. 
Además de algunos que ya he nombrado más arriba, hay también demandas de códigos de conducta en relación con la venta de armas por países comunitarios y criterios para un uso sostenido de los bosques. 
En todo caso, me he abstenido en la votación final ya que el punto 6 muestra todavía que se da prioridad a los principios básicos, extremadamente liberales, de libertad de comercio frente a otros principios importantes para el desarrollo de la sociedad, por ejemplo, la democracia, los derechos humanos y un desarrollo ecológico y social de largo plazo. 
En tanto la UE no cambie su orden de prioridades, sus relaciones internacionales, entre otras con Asia, siempre van a estar, desgraciadamente, sometidas a justificadas sospechas por parte de los pueblos del mundo. 
Propuesta de resolución sobre el Tribunal Penal Internacional 
Señor Presidente, muchas gracias en primer lugar por sus amables palabras y por el modo con que dirige la sesión. 
Respecto al tema en si, quisiera decir que es de la mayor importancia crear un Tribunal penal de este tipo e iniciar las correspondientes medidas en el marco de las Naciones Unidas. 
Aquí solamente quiero apoyar el hecho de que la ciudad de Nuremberg ha presentado su candidatura como sede de un Tribunal de este tipo, pues, plenamente consciente de su trágica historia, manipulada por uno de los mayores criminales de la historia de la Humanidad, Adolf Hitler, se presenta para realizar también una aportación al desagravio moral. 
Felicito a la ciudad de Nuremberg por adoptar esta iniciativa de presentar su candidatura como sede de una institución de este tipo. 
Muchas gracias, señor Posselt. 
Informe Cabezón Alonso (A4-0056/98) 
Señor Presidente, hemos votado a favor del informe Cabezón Alonso, pero su enfoque sobre las cuestiones demográficas sigue siendo demasiado tímido. 
En efecto, en el informe no se dice claramente, así como tampoco en el texto de la Comisión, que ninguno de nuestros países de Europa consigue renovar sus generaciones. 
¿Nuestra vieja Europa ha perdido, por lo tanto, el afán de vivir y de dar la vida, de crear- ya se trate de familias o de empresas- y de procrear? 
¿Esto significa un declive definitivo? 
¿Debemos adoptar una actitud fatalista y contentarnos con gestionar este estado de cosas? 
No lo creo. 
Yo mismo he comprobado en múltiples reuniones, antes de las Conferencias de El Cairo, Pekín y Copenhague, que en Europa existe en muchas mujeres y parejas un verdadero deseo de tener niños. 
¿Por qué entonces las políticas adolecen de la falta de audacia necesaria para tomar en cuenta este deseo tan acorde con la vida de nuestros países, con la vida económica de nuestros países? 
En efecto, no se puede imaginar un crecimiento económico sin un crecimiento del consumo, y en particular del consumo de los jóvenes. 
Creo que ya es hora de que nuestros responsables económicos y políticos vuelvan a descubrir lo que es evidente. 
La familia, los hijos, son esenciales, al igual que las empresas, desde el punto de vista de la vitalidad económica- aunque no sólo económica- de un país. 
Renunciemos a una visión demasiado abstracta del consumidor tipo, individualista. 
Miremos la familia como una realidad también en este plano económico. 
¿Por qué no habríamos de considerar que los padres, que traen hijos al mundo y que los educan durante muchos años, son los principales inversores económicos de un país? 
Y al mismo tiempo crean una empresa de formación absolutamente irremplazable. 
Dios sabe si insistimos en la importancia de la formación, de la empleabilidad. 
Ahora bien, los niños educados en el seno de una familia adquieren confianza en sí mismos, viven la vida con dinamismo. 
Por consiguiente, nos interesa volver a descubrir estas realidades y tener en cuenta el importante trabajo que realiza la madre de familia en el hogar, como se había sugerido en Copenhague. 
Queridos amigos, no soy fatalista. 
Este deseo de tener niños existe, y es cierto que, frente al grave problema que yo planteaba hace un momento, lo que ocurrió en París el verano pasado durante las Jornadas mundiales sobre la juventud constituye una verdadera esperanza para todos nosotros, para todos nuestros países de Europa, y no sólo para Europa, por todo lo que puede aportar al resto del mundo. 
Muchas gracias, señora Seillier. 
Se merecía que le permitiera rebasar su tiempo de uso de la palabra. 
Ayer por la noche pude comprobar, puesto que los dos estábamos en el Pleno, la pasión que le despierta esta cuestión y me congratulo por ello. 
Los datos relativos a la desaceleración del crecimiento de la población y al envejecimiento de la población europea se conocen desde hace años. 
En este contexto, el informe sobre demografía de 1997 representa una importante ocasión para profundizar y analizar de forma ponderada las estadísticas, a fin de encontrar las soluciones más adecuadas para hacer frente lo mejor posible a las futuras realidades sociales. 
La máxima prioridad está en evitar que los derechos de las personas mayores tanto en términos de protección social como en términos de asistencia, produzcan una discriminación en perjuicio de los jóvenes y de las mujeres: los primeros porque deberán soportar- como futura población activa minoritaria- el coste de la protección social de la población de personas mayores mayoritaria; las segundas porque ya soportan en mayor medida el peso de atender a las personas mayores, a veces incluso enfermas y discapacitadas. 
Me congratulo de la opinión que el ponente expresa a propósito de la superficialidad con que la Agenda 2000 aborda los aspectos sociales y demográficos que planteará la futura ampliación de la Unión Europea, así como coincido con él en la necesidad de llevar a cabo una política común en materia de inmigración y en la urgente necesidad de nuevas normativas en materia asistencial que tengan en cuenta la situación demográfica actual y futura. Por ello, en nombre de Alianza Nacional, apoyo el informe del Sr. Cabezón Alonso. 
El crecimiento poblacional en muchos países preocupa debido a las grandes migraciones del campo a la ciudad. 
En Suecia disminuye la población en todas las provincias, salvo en cuatro de ellas, lo que significa que el riesgo de despoblación es importante en una buena parte del país. 
He votado favorablemente este informe. 
La política comunitaria regional y de estructuras debe, sin embargo, diseñarse de modo que se rompa esta desafortunada tendencia. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor de un informe sobre la evolución demográfica en la UE. 
Pensamos que son problemas muy importantes los que se plantean en el informe de la Comisión. 
Si las tendencias actuales en la evolución demográfica se mantienen, el grupo de población por encima de los 60 años se verá aumentado en un 50 % a lo largo de los próximos 30 años. 
Ello tendrá importantes consecuencias para los estados europeos del bienestar y para la composición del mercado laboral. 
En otras palabras, habrá menos población activa para financiar los gastos crecientes en, entre otras cosas, las pensiones y el sector sanitario. 
Nos alegra que el problema se incorpore al orden del día. 
Simplemente precisamos mayor población activa en el futuro. 
Este reconocimiento es de esperar que pueda contribuir a impulsar discusiones constructivas sobre la necesidad de empresas compatibles con la familia que apuesten por las mujeres y una nueva visión de refugiados e inmigrantes como un recurso para los estados europeos del bienestar. 
Sería absurdo afirmar que no se producen cambios demográficos: mayores esperanzas de vida, menor número de niños, cambio de la correlación de cifras entre los sexos, todo esto tiene sin duda unas amplias repercusiones sociales. 
No obstante, afirmo que un debate político social que se centre en la " situación demográfica» pasa de largo de los problemas reales. 
Estos problemas se encuentran en la estructura de una economía que "separa» cada vez a más personas de su desarrollo, los hace desempleados o subempleados, con lo que las excluye socialmente, así como en el hecho de que esta economía, con su creciente tendencia a la polarización y a la exclusión, descansa en una" economía invisible» que distribuye la carga del trabajo no remunerado de modo jerárquico en función del sexo, con las correspondientes consecuencias de una animadversión cada vez más firme frente a las mujeres y los niños. 
Las but not least se trata del racismo contrafáctico, que se alimenta del miedo frente a la inmigración en unas economías que se desarrollan con rapidez y que están vinculadas transnacionalmente. 
No es por ello ninguna casualidad que todos estos temas se traten siempre en el debate sobre " demografía». 
Pero ¿no podríamos tenerlo de un modo mucho más directo, sin la " ilusión demográfica»? 
Informe Titley (A4-0059/98) 
El plan de acción para Ucrania, así como para los restantes países del este y del centro de Europa, no es más que un claro desembarco de las grandes multinacionales en esos países a fin de explotar su riqueza natural, sus recursos humanos y penetrar y controlar de forma completa sus mercados, así como buscar los cambios de aquellas evoluciones y desarrollos políticos y sociales para que sirvan de la mejor manera posible a su instalación y actuación sin obstáculos a sus intereses. 
La naturaleza de las condiciones establecidas en el plan en favor de Ucrania las convierte en el brazo ejecutivo para la creación de infraestructuras necesarias que permitan la entrada de capitales y productos extranjeros, según se menciona de forma clara en el propio texto del informe, que establece como condición necesaria la aceleración del ritmo de las privatizaciones y de las reformas económicas generales, que tienen como objetivo menoscabar los derechos sociales de los trabajadores mediante la " reforma administrativa y fiscal, la reforma del sistema jurídico, la creación de estructuras administrativas para el sector económico privado y el logro de una transición política hacia una economía del mercado». 
Pero las condiciones del plan de acción para Ucrania, que habrán de ser observadas en combinación también con los programas TACIS, el acuerdo sobre relaciones empresariales y otros acuerdos financieros de la UE establecidos con dicho país, no se limitan al sector económico o a los temas de regulación de este sector sino que afectan a asuntos políticos, interviniendo en los asuntos internos de Ucrania, en su desarrollo político, especialmente antes de las elecciones, condicionando la postura de dicho país y fomentando su afiliación a la OTAN mediante la cooperación para la paz y a través de su participación en las misiones militares de la UEO. 
Un elemento especial de todos esos acuerdos y del programa de acción son las presiones a las que está sometida Ucrania para comprar tecnología y aceptar las inmensas inversiones de multinacionales europeas en el sector de la energía y, especialmente, la creación de nuevas centrales nucleares, arguyendo como pretexto los importantes problemas de seguridad causados por las centrales nucleares de Chernóbil, con vistas no sólo a evitar el riesgo que suponen para el medio ambiente y la población sino a desorientar la política energética de Ucrania, su adhesión a la política energética de la UE y el menoscabo de sus relaciones actuales con Rusia. 
Informe Hoff (A4-0063/98) 
Todavía no se sabe con claridad cuáles serán los efectos globales del desastre de Chernóbil para la población de Ucrania y para toda Europa. 
Es importante que aprovechemos las lecciones de nuestra historia para que no se repita el desastre. 
Por ese motivo apoyo sin reservas el informe de la Sra. Hoff acerca de la asignación de fondos del programa TACIS para Ucrania. 
Es inaceptable que solamente el 37, 5 % del total de los fondos del programa TACIS presupuestados se hayan desembolsado, y es inquietante que sólo se haya desembolsado el 25, 5 % de los fondos para programas de seguridad nuclear. 
Coincido con la Sra. Hoff cuando dice que hay que efectuar cambios estructurales en la DG 1A de la Comisión. 
La enorme cantidad de trabajo que recae en los que prestan servicios sobre el terreno significa que el dinero de la Unión Europea no está encauzado debida y plenamente. 
No hay duda de que esto ha sido un factor que ha contribuido a la falta de éxito del programa TACIS en Ucrania. 
La Comisión debería recordar que 100 gramos de prevención equivalen a un kilogramo de tratamiento. 
Cerciorándose de que el dinero de la Unión se desembolsa con eficacia para la reconstrucción y la seguridad nuclear de Ucrania, Europa podrá evitar problemas en el futuro. 
(La sesión, interrumpida a las 13.05 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día, el primer punto es el debate conjunto sobre las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0319/98 del Sr. Martens, el Sr. Perry, el Sr. Rübig y el Sr. Schwaiger, en nombre del Grupo PPE, sobre las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno eslovaco; -B4-0328/98 del Sr. Blokland y del Sr.van Dam, en nombre del Grupo I-EDN, sobre Eslovaquia; -B4-0341/98 de la Sra. Thors, el Sr. Frischenschlager y el Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Eslovaquia; -B4-0342/98 del Sr. Wiersma, el Sr. Bösch y el Sr. Swoboda, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Eslovaquia; -B4-0362/98 del Sr. Hory, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación política en Eslovaquia; -B4-0366/98 del Sr. Marset Campos, la Sra. Ojala y el Sr. Carnero González, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Eslovaquia; -B4-0375/98 de la Sra. Schroedter, la Sra. Van Dijk y la Sra. Aelvoet, en nombre del Grupo V, sobre la situación política en Eslovaquia. 
Señor Presidente, a principios de marzo finalizó la Presidencia de Michael Kovacs. 
Coincidiendo con esta salida se adoptaron de nuevo en Eslovaquia algunas decisiones políticas que nos preocupan. 
Pues sólo unas pocas horas después de que se transmitiesen interna y provisionalmente los asuntos oficiales al Jefe de Gobierno, Meciar, éste mandó destituir a dos jefes de negociado, llamar a más de la mitad de todos los embajadores eslovacos- o al menos así lo ha anunciado- y suspender el procedimiento judicial contra el supuesto secuestrador del hijo del anterior Presidente. 
En unas circunstancias normales tales decisiones son preocupantes, pero son dramáticas si son adoptadas por personas que están ejerciendo sus funciones sólo interinamente. 
Eslovaquia se encuentra en un estado de excepción constitucional. 
Precisamente por ello, se deben tener en cuenta principios como el de Estado de derecho y de democracia y, ante todo, tomarse en serio. 
Nos encontramos de nuevo ante una situación en la que algunas pocas personas del Gobierno eslovaco arrojan sombras sobre el país e interpretan la voluntad del pueblo eslovaco, la cultura política y las normas del juego político, de un modo muy unilateral, con lo que hacen posiblemente aplazar sine die la adhesión a la Unión Europea. 
Debemos expresar nuestra solidaridad al pueblo eslovaco y comunicarle que seguimos muy atentamente los acontecimientos que tienen lugar actualmente en el sistema político del país. 
Prestamos tanta atención a la opinión pública del país como lo hacemos entre nosotros. 
Apoyamos en especial los esfuerzos por llevar a cabo, tal como está proyectado, el referéndum sobre la nueva Presidencia, un referéndum cuya licitud y conformidad con la Constitución fue refrendada por el Tribunal Constitucional eslovaco. 
Deseamos la admisión lo más rápida posible de Eslovaquia en el círculo de los candidatos a la adhesión tan pronto como la situación democrática se haya estabilizado de modo satisfactorio en ese país. 
Eslovaquia ha sido siempre una parte de Europa central y deseamos que en el futuro nuestro apoyo sea también lo suficientemente fuerte para apoyar la participación. 
Señor Presidente, en la explicación ayer del informe estudiado por el ponente Oostlander se habló entre otras cosas sobre los criterios que tendría que cumplir Eslovaquia para participar en los diálogos sobre la posible entrada de Eslovaquia en la Unión Europea. 
En el mencionado informe se apela a este país para que procure que los criterios políticos no sigan siendo un impedimento para poder empezar las negociaciones de adhesión. 
Sin embargo tenemos que constatar desgraciadamente que los recientes sucesos en Eslovaquia dificultan la entrada de este nuevo estado en la Unión Europea. 
El primer requisito y el más fundamental que tenemos que exigir para la adhesión de nuevos Estados miembros en la Unión Europea es que haya un gobierno y un parlamento que se ajusten a las reglas del juego democrático. Estas reglas del juego están basadas, entre otras, en el respeto recíproco y mutuo. 
No parece sin embargo que se haya producido ninguna mejora en los principios democráticos en Eslovaquia. 
La dimisión del presidente Kovac la semana pasada y la incapacidad del parlamento de llegar a un acuerdo para su sucesión hacen que exista una situación crítica. 
Junto a esto se produce la cancelación del anunciado referéndum de abril sobre la entrada en la OTAN y la posibilidad de una elección directa del presidente. 
Las elecciones parlamentarias que están previstas para septiembre de este año serían una buena posibilidad para que el pueblo eligiese directamente un nuevo presidente. 
La finalidad de las resoluciones presentadas es la de apelar al primer ministro eslovaco Meciar, pero también a todo el Parlamento para que se esfuercen seriamente en resolver los problemas políticos que dividen por el momento a este país. No se trata por cierto sólo de un problema interno político, tal como se dice por parte eslovaca. 
Los acontecimientos en Eslovaquia intranquilizan a los miembros del Parlamento Europeo, ya que en este momento no se trata con justicia las exigencias que se imponen a un estado de derecho, por lo que Eslovaquia se va quedando cada vez más sola. 
Uno de los principios democráticos es que hay que tratar de forma totalmente respetuosa a la oposición minoritaria de un país. 
La oposición política se ve marginada sin embargo sistemáticamente en el cumplimiento de sus funciones en el Parlamento, y hasta hace poco también el presidente de Eslovaquia. 
Esta polarización también se produce entre la población y conduce hacia una bipartición, hacia una profunda diferencia entre los partidarios de Meciar y el resto de la población. 
Vemos de forma precisa en Eslovaquia hacia dónde puede conducir la dictadura de una mayoría: mal control de las administraciones públicas, calidad inferior de la legislación, beneficios a grupos que apoyan al gobierno y vejaciones a determinadas minorías étnicas, etc, etc. Cuando hace algún tiempo avisé prudentemente que Eslovaquia tenía que tomar en serio el comentario del comisario Van den Broek a la situación política interna, recibí un sermón por parte del gobierno eslovaco. 
Evidentemente la crítica no se valora. 
Parece ser que el gobierno eslovaco no quiere oír hablar de crítica y declara a todos los críticos enemigos del estado eslovaco. 
Por eso considero como legítima la conclusión de que tenemos que esperar a momentos políticos mejores para la continuación de las negociaciones sobre la entrada de Eslovaquia en la Unión. 
Junto a esto es sin embargo necesario que no nos alejemos de Eslovaquia, si no que le ofrezcamos nuestra ayuda y apoyo en la solución de los mencionados problemas. Por ambas partes se espera que se adopte una postura constructiva de cooperación. 
Señor Presidente, Señorías, creo que desde que soy presidente de esta comisión mixta UE-Eslovaquia es la cuarta vez que tenemos que presentar o tratar una urgencia de este tipo en relación con los acontecimientos en la República Eslovaca. 
Por ello, no es muy original. 
Precisamente hoy, ya que en Londres se inicia con la Conferencia Europea una nueva fase de integración y de superación de los obstáculos pasados en Europa, deberíamos recordar a la República Eslovaca que esta Asamblea ha sido responsable en gran medida de que la República Eslovaca, es decir, su actual Jefe de Estado, pueda sentarse a la mesa en Londres. 
Lo hemos hecho por un sentido de responsabilidad, pues hemos pensado que quizás podríamos comprender algo mejor qué dificultades objetivas tiene que superar este nuevo Estado soberano. 
Sin embargo, también hemos esperado que los dirigentes eslovacos hubiesen comprendido qué es lo que significa ser presentado por la Comisión en los prolegómenos de esta Conferencia como único país políticamente inmaduro e incapaz de acatar las estructuras democráticas. 
Hoy somos testigos exactamente de lo contrario. 
Esta dirección eslovaca no ha apostado por lo visto por el consenso sino que intenta llegar a su objetivo- probablemente en la fase previa a las elecciones nacionales que se van a celebrar- mediante la polarización. 
Ya oigo las reacciones de la opinión pública eslovaca, del Gobierno eslovaco, alegando que se ha hecho todo de acuerdo con su Constitución. 
No se trata hoy de intentar ser unos expertos jurídicos mejores que los mismos eslovacos sino de decirles claramente que queremos saber de ellos, del Jefe del Estado, del Sr. Presidente del Consejo de Ministros Meciar, si quieren llevar su país a la Unión Europea o impedirlo definitivamente durante muchos años. 
De ello es responsable la dirección actual quien, debido a las circunstancias constitucionales en Eslovaquia, puede hacerse aún con más poder y de ello solamente es responsable una persona, el Sr. Meciar. 
Aprovechamos esta ocasión para recordárselo a esa dirección. 
Ni el Parlamento Europeo ni, en especial, la integración europea en general, son adecuados andar participando en eventuales jueguecitos de política interior con los que poder salvarse de elección en elección. 
Señor Presidente, quisiera secundar las observaciones que acaba de formular el Sr. Bösch. 
El Sr. Bösch ha estado en Eslovaquia a la cabeza de una delegación en circunstancias a veces difíciles, y se le respeta mucho en Bratislava y en este Parlamento. 
Quisiera recalcar algunos de los puntos que he mencionado. 
El pueblo eslovaco constituye una nación de reciente independencia, está actuando de conformidad con la Constitución, y por lo visto se les ha criticado precisamente por actuar de conformidad con la Constitución. 
Hay que decir en su defensa que, si han actuado en conformidad con la Constitución, no hay nada que reprocharles. 
Ahora bien, eso no es todo, pues tenemos que fijarnos no solamente en las disposiciones legislativas de la Constitución sino también en su espíritu. 
Hemos escuchado algunas observaciones más bien curiosas cuando el Sr. Blokland nos ha hablado de " gobierno de una minoría». 
Quizá eso pueda aplicarse al Gobierno británico o a otros muchos gobiernos del mismo sistema, pero no se aplica en el caso de Eslovaquia porque el HZDS forma parte de una coalición que posee la mayoría. 
El problema estriba en que no se precisa una mayoría de tres quintos en el Parlamento para que el gobierno elija a un presidente, así que hemos de tener mucho cuidado cuando formulamos críticas concretas respecto de Eslovaquia. 
Puedo secundar los mensajes positivos que este Parlamento va a enviar a Eslovaquia. 
Uno de ellos es el siguiente: sí, Eslovaquia es una nación europea. Queremos que ingrese en la Unión Europea, queremos que hagan todo lo posible por ingresar y unirse a nosotros en este Parlamento y en la Unión Europea del futuro. 
Al mismo tiempo tenemos que recabar alguna garantía de buena voluntad para que Vladimir Meciar pueda tener pleno derecho a ejercer los poderes de la Presidencia. 
Eso es lo que la Constitución dice que tiene que hacer el Primer Ministro si todo lo demás falla. 
No estaría mal que anunciase ahora que está dispuesto a someter la cuestión de la presidencia de la República a un referéndum para que el pueblo pueda elegir directamente al presidente. 
Esto requeriría una enmienda constitucional, y yo estoy enteramente dispuesto a secundar la propuesta. 
En suma, ésta es una de las ocasiones en las que este Parlamento puede influir en los acontecimientos. 
Influimos en ellos ejerciendo nuestro derecho de condena cuando la condena está justificada, pero también si mostramos que no queremos descartarlos, y por eso me aparté de la opinión de la Comisión de que no reunían las condiciones necesarias para que los tuviésemos en cuenta. 
Me alegra sobremanera que este Parlamento haya opinado de otra manera. 
Señor Presidente, el Presidente del Consejo de Ministros Meciar está jugando con fuego. 
La anulación del referéndum ya establecido y la brutal retirada de más de la mitad de sus embajadores es una señal de ello. 
Puede que esté dentro del marco de sus atribuciones formales, pero al actuar así revela una relación problemática con la cultura del Estado de derecho y con la democracia. 
Queremos que a partir de ahora las elecciones se preparen correctamente, que se lleven a cabo limpiamente y que los medios tengan toda la libertad que pueden reclamar ante una situación tan importante. 
De lo contrario, tendríamos que adherirnos a los demás grupos políticos y exigir la suspensión total de la ayuda de la Unión Europea a Eslovaquia. 
Señor Presidente, Señorías, la solicitud de adhesión de la República Eslovaca a la Unión Europea nos autoriza para recordar, cada vez que sea necesario, a nuestros amigos eslovacos, los criterios políticos y económicos que se fijaron en la Cumbre de Copenhague como condiciones para la adhesión del conjunto de los países de Europa Central y Oriental. 
Pero no creo que ello nos autorice para inmiscuirnos en el debate político interno de Eslovaquia. 
Ahora bien, parece que hoy, al querer celebrar este debate sobre la situación política en Eslovaquia, hayamos traspasado la línea amarilla de la no injerencia en los asuntos interiores de un Estado independiente y soberano. 
¿Qué se le recrimina al Gobierno y al Parlamento eslovacos? 
Al Parlamento eslovaco se le reprocha no haber logrado obtener una mayoría que permita designar a un nuevo Presidente de la República, lo que, según la Constitución de este país, obliga al gobierno a ejercer una parte de las atribuciones del jefe de Estado. 
¿Es necesario recordar que en mi país, Francia, en 1954 se necesitaron trece vueltas en el escrutinio para designar al último Presidente de la IV República- el Presidente Coty- y que si Francia se dotó luego- por iniciativa del General de Gaulle- de una nueva Constitución, lo hizo voluntariamente y sin ninguna injerencia exterior? 
Naturalmente, la concentración de los poderes en manos de un sólo hombre es una situación potencialmente peligrosa, pero corresponde a los ciudadanos eslovacos, y sólo a ellos, buscar las soluciones que les permitan resolver esta crisis política y constitucional. 
Pedirles, como propone el apartado de la resolución de compromiso, que organicen un referendo con miras a la elección por sufragio universal del Presidente de la República, constituye una clara injerencia del Parlamento Europeo en los asuntos interiores eslovacos. 
También se le recrimina al Jefe del Gobierno eslovaco el haber llevado a cabo una importante operación diplomática, pero se olvida de decir que el nombramiento de embajadores es una atribución que corresponde normalmente a cualquier gobierno y que la difícil convivencia entre el primer ministro Mechar y el Presidente Kovac había bloqueado todos los nombramientos de embajadores desde hacía dos años, con algunas excepciones, entre las que se contaba la embajada de París. 
Asimismo, se le recrimina al Jefe del Gobierno el hecho de haber utilizado sus nuevos poderes en materia de amnistía, en favor de los servicios estatales sobre los que recaía la sospecha de haber participado en el rocambolesco secuestro del hijo del ex Presidente Kovac, pero se olvida de decir que este último, antes de dejar sus funciones, había concedido una amnistía a este mismo hijo, que estaba implicado en un delito cometido en Alemania, con el único propósito de permitirle recuperar su pasaporte y entregarse a la justicia en este último país, como así ocurrió, pero se benefició luego de una puesta en libertad provisional. 
En estas condiciones, no parece que la presentación de los hechos que motivan las resoluciones del Parlamento Europeo sea imparcial ni completa. 
Temo, por otra parte, que esta intromisión inoportuna del Parlamento Europeo en la vida eslovaca contribuya a exacerbar los conflictos entre el gobierno y su oposición, en lugar de apaciguarlos, como sería de desear. 
En este contexto, el Grupo UPE no apoyará ni la resolución de compromiso ni las resoluciones presentadas por los diferentes grupos. 
Por su parte, nuestro Grupo se atiene a las recomendaciones aprobadas por unanimidad por los miembros de la comisión parlamentaria mixta, en su primera reunión. 
Deseamos fervientemente que dichas recomendaciones se hagan realidad, para que la República eslovaca pueda unirse lo antes posible a la Unión Europea, por ser el deseo de su pueblo y- como sé- del conjunto de sus dirigentes, tanto del gobierno como de la oposición. 
Señor Presidente, quisiera decir que este debate indica una vez más que tenemos una grave responsabilidad por la situación en Eslovaquia. 
Quisiera recordarle el debate que sostuvimos en diciembre, cuando la mayoría de este Parlamento rechazó una propuesta sobre la imposición fiscal de los periódicos. 
Sabemos que la cuestión de la imposición fiscal de los periódicos no está resuelta todavía. 
Se nos ha dicho muchas veces que se iba a hacer algo, pero no se ha hecho nada. 
Lo mismo cabe decir de las recomendaciones del Comité Parlamentario Mixto (CPM). 
La cuestión y el mensaje que quisiera transmitir al pueblo eslovaco es que tienen que darse cuenta de que la Unión es una unión política en la que uno tiene que respetar determinadas normas: el Estado de derecho, la independencia de la judicatura y también las elecciones libres y justas. 
El destino de la nación eslovaca y su ruta hacia la Unión Europea dependen de las decisiones que está adoptando el pueblo. 
Nuestra responsabilidad es velar por que las elecciones sean libres y justas, y nuestra preocupación principal es que Meciar está tratando de manipular el acceso a los medios informativos de todas las formas posibles a fin de poder conservar el poder. 
No se trata solamente de una persona. 
Sabemos también que en el Partido Nacional Eslovaco hay muchas personas que opinan de la misma manera que Meciar; sabemos que también hay personas que expresan opiniones antisemíticas en los partidos gubernamentales, y eso no lo podemos aceptar. 
Tampoco puedo aceptar una situación en la que la Unión Europea ha estado insistiendo en que se necesitan normas legislativas que regulen los derechos de las minorías, sin que haya sucedido nada hasta ahora. 
A ese respecto, Comisario, me parece que la posición de la Comisión ha sido más honrada, más objetiva durante todo el proceso que la de este Parlamento, que parece confiar en vagas promesas y que no dice con claridad que somos partidarios del ingreso de Eslovaquia en la Unión Europea por medios libres y justos. 
Señor Presidente, en mi calidad de segundo Vicepresidente del Comité Mixto con Eslovaquia me considero como un amigo de Eslovaquia y del pueblo eslovaco. 
Confiaba, en las deliberaciones sostenidas en el CPM a que se ha referido el Sr. Bösch, que independientemente de nuestras divisiones políticas podríamos conseguir moderar parte de la dureza de las observaciones dirigidas por la Unión Europea a Eslovaquia. 
Me place repetir hoy que sigo esperando que Eslovaquia ingrese en la Unión Europea en cuanto sea posible. 
El Gobierno eslovaco tiene que dar pruebas de que es verdaderamente partidario de una democracia pluralista. 
El hecho de no haber elegido a un Presidente para que suceda al Sr. Kováč es una clara señal de que el Gobierno de Eslovaquia está resuelto a ignorar nuestras legítimas preocupaciones. 
El pueblo de Eslovaquia tiene perfecto derecho a elegir su propio gobierno. 
Va a haber elecciones en el otoño y me parece que la cláusula de este debate de urgencia que trata de esas elecciones parlamentarias es la de máxima importancia. 
Esas elecciones tienen que ser verdaderamente libres y verdaderamente justas. 
Si hubiera alguna duda sobre el particular, no nos quedará más remedio que decir que Eslovaquia no forma parte todavía de la familia de naciones democráticas. 
Las personas que conozco en Eslovaquia- incluso en el partido del Sr. Meciar- no merecen ese juicio. 
El Sr. Meciar tiene que dar pruebas de que también él concede valor a nuestra buena opinión. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la Comisión comparte las preocupaciones expresadas en este Parlamento, sobre todo a través de los oradores que han hecho uso de la palabra, sobre la cuestión de la evolución de la situación política en Eslovaquia. 
El Primer Ministro, el Sr. Meciar, que ejerce provisionalmente los poderes reservados al Presidente, ha decidido poner término a los procedimientos iniciados con ocasión de los problemas que se produjeron durante la preparación y celebración del referendo de los días 23 y 24 de mayo pasados. 
También concedió la amnistía, como algunos de ustedes lo han recordado, a los autores del secuestro del hijo del Presidente Kovac. 
Estas decisiones preocupan. 
Por otro lado, la Presidencia de la Unión Europea dirigió hace sólo 48 horas, el 10 de marzo, una declaración a las autoridades eslovacas para insistir en la necesidad de que se respeten las reglas esenciales para el buen funcionamiento de un Estado de Derecho, y lo hizo, naturalmente, sin inmiscuirse en los asuntos interiores. 
Estas decisiones se añaden a la violación continuada de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reintegración del Sr. Gaulieder a su cargo de diputado, violación que nuestra Asamblea condenó en un anterior debate de urgencia, y demuestran el no respeto, por Eslovaquia, de los criterios de Copenhague, establecidos para la adhesión a la Unión Europea. 
La Comisión apoya las aspiraciones del pueblo eslovaco de progresar por la vía de una integración a la Comunidad, pero estará muy vigilante en cuanto al necesario respeto de los derechos fundamentales. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0320/98 del Sr. Goerens y el Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre Camboya; -B4-0333/98 del Sr. Habsburg-Lothringen, el Sr. Rinsche y la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre Camboya; -B4-0343/98 del Sr. Swoboda, el Sr. Titley, el Sr. Harrison y la Sra. Pollack, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Camboya; -B4-0351/98 del Sr. Pasty y el Sr. Azzolini, en nombre del Grupo UPE, sobre la situación en Camboya; -B4-0364/98 del Sr. Hory, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Camboya; -B4-0367/98 del Sr. Pettinary y la Sra. Sierra González, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Camboya; -B4-0376/98 del Sr. Telkämper y la Sra. McKenna, en nombre del Grupo V, sobre Camboya. 
Señor Presidente, la Comisión ha anunciado la asignación de 9, 5 mecus para apoyar el desarrollo de las elecciones en Camboya. 
No podemos silenciar el hecho de que se trata del dinero de nuestros contribuyentes y que, por ello, nosotros, al ser sus representantes, no sólo tenemos el derecho, sino también el deber de velar para que este dinero se gaste de forma adecuada. 
En consecuencia, la concesión de dicha cantidad debe supeditarse estrictamente al respeto de las numerosas condiciones que figuran en el apartado 3 de la propuesta de resolución común. 
De lo contrario, no tendría sentido facilitar dinero para alcanzar unos fines, como por ejemplo la formación de periodistas locales o de observadores realmente independientes, que, dada la actual situación en Camboya, muy difícilmente podrían conseguirse. 
Señor Presidente, el 11 de febrero de este año, el Presidente del Parlamento camboyano, el Sr. Son Soubert, dijo en una conversación privada que consideraba la asunción del poder del año pasado por parte del actual Jefe de Gobierno como un golpe de Estado. 
Las consecuencias fueron inmediatas: fue acusado por ello, se levantó su inmunidad, el procedimiento está en marcha y se encuentra en camino hacia la cárcel. 
Hoy nos hemos enterado de que también el Gobierno camboyano de Hun Sen se ha decidido a excluir de las elecciones a algunos de los pequeños partidos. 
Esta es la situación actual en Camboya que, lamentablemente, sigue una tradición muy, pero que muy triste de este país. 
A pesar de ello, hoy corremos el riesgo de que la Comisión y, en consecuencia, la Unión Europea, entreguen a Camboya una ayuda de diez millones y medio de ecus como ayuda a la campaña electoral. 
Esto es algo muy delicado pues, por un lado, no mantenemos en la práctica la solidaridad con otros muchos Estados que dicen que no debemos dar dinero a un sistema dictatorial de este tipo- la mayoría de los demás Estados no dan ningún dinero- y, por otro lado, porque entramos en un terreno muy resbaladizo ya que esto podría tener un efecto de ejemplo sobre otros Estados, ante todo porque la Comisión ha indicado que el dinero se va a pagar en cualquier caso aunque ciertos partidos- entre ellos, el partido de Príncipe Ranariddh democráticamente elegido- no puedan participar en las elecciones. 
Podríamos dar aquí un mal ejemplo y deberíamos ser precavidos. 
Deberíamos intentar exigir a la Comisión que recapacite sobre el pago de este dinero o que en el curso de los próximos dos o tres meses redacte un informe sobre Camboya para ver si tiene sentido invertir allí. 
Señor Presidente, hace ahora dos años que la delegación del Parlamento visitó Phnom Penh durante un raro período de estabilidad política en Camboya. 
Desde entonces ha estallado la violencia militar y política, y 65.000 civiles han escapado a Tailandia en busca de la seguridad. 
Ahora se abre una nueva ventana de oportunidad, estimulada por el Japón: un plan de paz firmado en Manila. 
Lo único que podemos hacer es esperar que esta nueva iniciativa tenga éxito, especialmente porque la Unión Europea suministrará 9, 5 millones de ecus para ayudar a preparar las elecciones que se han propuesto para más adelante este año. 
Tenemos que cerciorarnos de que no nos está tomando el pelo el Primer Ministro adjunto Hun Sen, cuyos partidarios son responsables en gran parte de la reciente violencia e inestabilidad política. 
A este respecto es indispensable que el apoyo de la Unión Europea para el proceso electoral sea condicional: las elecciones tienen que ser libres y justas, y hay que permitir que los políticos de la oposición regresen y participen; hay que garantizar a todos los partidos que deseen participar la igualdad de acceso a los medios informativos; hay que abrogar el infamante subdecreto sobre los medios informativos que define vergonzosamente como traidores a todos los que critican al gobierno; hay que dejar que las personas desplazadas que huyeron a Tailandia puedan regresar libremente a Camboya; y hay que repatriar al Príncipe Norodom Ranariddh, según estipula el plan de paz de Manila. 
Si no se cumplen todas esas condiciones, tenemos que prepararnos para pedir que se vuelvan a aplazar las elecciones. 
Es más importante lograr que las elecciones se lleven a cabo debidamente, que celebrar elecciones deformadas que ratifiquen el golpe de Estado de Hun Sen. A la paz le cuesta mucho trabajo llegar hasta Camboya. 
Esperemos que el plan de paz de Manila dé resultados. 
Señor Presidente, hace dos años en la víspera de las negociaciones para un acuerdo de cooperación con Camboya expresé aquí la esperanza de que nuestro apoyo pudiera suponer una especie de prevención de conflictos en este país. 
Pero, Presidente, usted sabe que ningún esfuerzo internacional ha servido de ayuda. 
La situación se recrudece, ejecuciones judiciales, refugiados. 
Nadie trabaja ciertamente en ejercer influencia sobre un país que todavía lucha por que surja un genocidio y sufre las contiendas recíprocas de miembros de la familia real. 
Por eso tiene poco sentido en las circunstancias actuales destinar 9, 5 millones ecu para las elecciones. 
Esto me parece de antemano dinero tirado. 
Es mejor que los líderes de ASEAN den una señal en la próxima cumbre que se celebrará en Londres junto a la Unión Europea. 
Esto no impide además que las organizaciones de derechos humanos y los refugiados sigan teniendo nuestro apoyo. 
Señor Presidente, si la historia de Camboya no hubiese sido tan terriblemente trágica, uno estaría tentado de decir que su vida política alcanza realmente el más alto grado de exotismo. 
Un antiguo dictador que desaparece y que luego reaparece; un monarca exilado que se niega a indultar a su hijo; un vecino que, hasta hace poco, se consideraba víctima del imperialismo y que hoy instaura su protectorado sobre Camboya; un co-primer ministro que echa a otro por persuasión, amordaza la prensa, encarcela a sus oponentes y pretende, no obstante, organizar elecciones democráticas. 
Más allá de lo que puede parecer anecdótico, el recuerdo de los excesos cometidos por los Jemeres Rojos sigue estando presente para recordarnos que en cualquier momento Camboya puede reincidir en los peores horrores. 
Según nuestro Grupo, hoy la Unión Europea debe exigir el regreso, o la liberación incondicional, de los oponentes, la organización de elecciones transparentes y abiertas a todos y el estricto respeto de los acuerdos celebrados en País en 1991. 
Manifestamos en particular a la Comisión que, salvo que medie un acuerdo inequívoco por parte del poder de hecho sobre estos tres puntos, toda ayuda que se preste para la organización de las elecciones significaría avalar la dictadura del Sr. Hun Sen. 
Señor Presidente, tal como se ha manifestado, Camboya atraviesa un momento extremadamente preocupante de su historia. 
Tras los violentos acontecimientos de hace unos meses que originaron la sustitución del Príncipe Norodom Ranariddh en el Gobierno de Phnom Penh, en la actualidad el país se halla inmerso en un proceso electoral con respecto al cual la comunidad internacional abriga muchas esperanzas. 
Las elecciones del próximo 26 de julio deben constituir el verdadero banco de pruebas de la efectiva voluntad política de Hun Sen de restablecer la democracia en su país. 
Por eso, quiero expresar mi preocupación por el clima político que envuelve la organización de estas elecciones. 
Se asiste a intimidaciones y violaciones de los derechos humanos que, como es obvio, no representan la mejor premisa de cara a la celebración de un escrutinio justo y libre, a pesar de que cualquier posible aplazamiento podría empeorar la situación. 
El trabajo realizado por la Comisión en Camboya fue positivo, al igual que lo fue el plan de apoyo a las elecciones. 
Sin embargo, esto quizás no basta, ahora la Comisión debe contribuir a lograr que las elecciones sean realmente transparentes y democráticas desde el punto de vista técnico y político, y garanticen el acceso equilibrado a todas las fuerzas políticas camboyanas, a los medios de comunicación nacionales y a los medios de propaganda. 
Hay que recordar a las autoridades de Phnom Penh que desde la organización de las elecciones legislativas de 26 de julio dependen la plena reinserción de Camboya en la comunidad internacional, así como la aprobación del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Camboya sobre el cual soy ponente, aprobación que, justamente, se suspendió en espera de los ulteriores desarrollos de la situación. 
Asimismo, pienso en que debe apoyarse el plan de paz japonés para Camboya- que se aprobó en Manila- ante todo por lo que respecta a la tregua militar que permitirá devolver algo de paz al país y favorecer, por ende, el desarrollo de las elecciones. 
Espero, por lo tanto, que la Comisión pueda seguir trabajando en este sentido y en cuanto al dinero, que tanto preocupa a mis colegas en este debate, si se conseguirán celebrar las elecciones democráticas, será un dinero bien empleado. 
Señor Presidente, el 26 de julio de 1998 se deben celebrar elecciones en Camboya, quizás deberían celebrarse. 
La Comisión ha puesto a disposición como ayuda 9, 5 millones de ecus. 
Camboya firmó en 1991 el Acuerdo de paz. 
En los últimos meses hemos debatido mucho sobre Camboya, hemos condenado la creciente violencia que allí impera y el hecho de que el segundo Presidente del Consejo de Ministros se haya hecho con el poder. Creo que está llevando al país a una nueva dictadura, tal como es la situación actual. 
Por ello, debemos preguntar a la Comisión cómo va a proceder con la ayuda electoral, con estos 9, 5 millones de ecus que son fondos de contribuyentes. 
Como autoridad presupuestaria que somos, habíamos esperado, al igual que la Comisión, que este dinero se emplease para unas elecciones limpias. 
Señor Comisario, ¿se va a pagar este dinero o no? 
Yo creo que deberíamos vincularlo a condiciones políticas, a que puedan regresar los líderes políticos de todos los partidos, a que se les permita el retorno, a que existan elecciones libres, a que exista libertad para celebrar actos públicos, a que la Justicia sea independiente y a que en la cumbre ASEM tenga lugar un debate entre los Estados de la ASEAN, los miembros de ASEM y los Gobiernos de la Unión Europea sobre el futuro de Camboya y estas elecciones o desarrollo democrático. 
Señor Presidente, no repetiré lo que los colegas ya han dicho. 
Eso no le sirve a usted de nada, pero me produce dolor de cabeza el pensar que la Unión Europea ha destinado 9, 5 millones ecu para elecciones en donde no se sabe si en general las autoridades tienen voluntad política para celebrar esas elecciones tal y como nosotros deseamos. 
¿Para qué se destinan 9, 5 millones ecu? 
Para guiar a personas, para montar un aparato en el que las elecciones deberían transcurrir bien. 
Pienso que así está enganchado el caballo al carro. 
En la operación monstruosa de hace cuatro años, en la que yo era observador junto a Cheysson, ex-comisario y miembro del Parlamento, Cheysson defendió continuar guiando a Europa y que no pensáramos que si se celebran unas elecciones después todo va a funcionar bien automáticamente. 
Pienso que hemos fallado en eso. Y ciertamente fallamos cuando un par de meses antes de las elecciones, en las que ponemos unas condiciones, pensamos que estas se pueden celebrar porque les damos dinero. 
En condiciones normales tengo una mentalidad y un carácter optimista, pero pienso que esto va a ser un gran fracaso y doy completamente toda la razón al Sr. Telkämper cuando dice que tenemos que procurar que en el círculo de países vecinos se hable de lo que vamos a hacer con este país. 
Señor Presidente, señoras, señores Diputados, la Unión Europea condena firmemente el derrocamiento militar del Primer Ministro, el príncipe Ranariddh, así como los actos de violencia perpetrados en julio de 1997. 
Como recordarán, la Comisión decidió, como consecuencia de ello, suspender todos sus programas de ayuda, con excepción, naturalmente, de las acciones que benefician directamente a las poblaciones. 
Pero para estabilizar una situación política, es evidente que se necesitan, como lo ha dicho el Sr. Pettinari, unas elecciones libres, transparentes y democráticas. 
Por esta razón, la Comisión y los Estados miembros han decidido a este efecto una acción excepcional de apoyo por un importe de 9, 5 millones de ecus. 
Estos fondos están destinados a permitir que las autoridades camboyanas lleven a buen término las elecciones previstas para el próximo 26 de julio. 
Si las condiciones de desarrollo del escrutinio no respetan los principios de libertad, de equidad, la Comisión Europea, previa concertación con los Estados miembros, podrá suspender dicha ayuda. 
Estas cláusulas que acabo de mencionar figuran explícitamente en el convenio de financiación relativo a las elecciones, según fue firmado y ratificado por las autoridades camboyanas el pasado mes de enero, con ocasión de la firma oficial del mismo en Phnom Penh. 
Por otra parte, le recuerdo, señor Telkämper, que la Unión Europea ya está cooperando con el grupo de países amigos de Camboya, la troika de la ANASE y con las Naciones Unidas para crear un dispositivo de vigilancia del carácter pluralista de dichas elecciones. 
Finalmente, se prestará una atención particular al segundo proceso del Príncipe Ranariddh, que debe iniciarse el próximo 17 de marzo, para apreciar la evolución de la situación política y revisar, en su caso, las orientaciones adoptadas con miras a la organización de las elecciones legislativas. 
En cualquier caso, puedo manifestarles mi buena voluntad, y la voluntad de la Comisión, respecto a la vigilancia escrupulosa de la aplicación de las condiciones relativas al desembolso de la ayuda. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre las siguientes propuestas de resolución: 
Colombia- B4-0325/98 de la Sra. Lenz y la Sra. Oommen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo en Colombia; -B4-0335/98 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre Colombia; -B4-0350/98 del Sr. Howitt, en nombre del Grupo PSE, sobre los derechos humanos en Colombia; -B4-0354/98 del Sr. Kreissl-Dörfler, la Sra. Aelvoet, la Sra. McKenna, el Sr. Telkämper y la Sra. Müller, en nombre del Grupo V, sobre Colombia; -B4-0368/98 del Sr. Puerta, la Sra. Sornosa Martínez, el Sr. Manisco, el Sr. Novo, el Sr. Vinci, la Sra. Ainardi, el Sr. Alavanos, el Sr. Ephremidis y el Sr. Svensson, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre los derechos humanos en Colombia; 
Nicaragua- B4-0349/98 del Sr. Cabezón Alonso, el Sr. Newens y la Sra. Sauquillo Pérez del Arco, en nombre del Grupo PSE, sobre la deuda externa de Nicaragua; -B4-0369/98 del Sr. González Álvarez, el Sr. Novo, el Sr. Vinci, el Sr. Sjöstedt, el Sr. Seppännen y el Sr. Mohamed Alí, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Nicaragua; -B4-0374/98 del Sr. Kreissl-Dörfler y el Sr. Telkämper, en nombre del Grupo V, sobre la deuda externa de Nicaragua; 
Corea del Norte- B4-0332/98 del Sr. Tindemans, en nombre del Grupo PPE, sobre la crisis alimentaria en Corea del Norte; -B4-0337/98 del Sr. Cars, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Corea del Norte; -B4-0346/98 del Sr. Ford, en nombre del Grupo PSE, sobre la crisis alimentaria en Corea del Norte; -B4-0356/98 del Sr. Holm, la Sra. Müller y la Sra. Bloch von Blottnitz, en nombre del Grupo V, sobre la hambruna en Corea del Norte; -B4-0363/98 del Sr. Dupuis, en nombre del Grupo ARE, sobre la hambruna en Corea del Norte. 
Congo- B4-0321/98 de la Sra. André-Léonard, el Sr. Bertens y el Sr. Fassa, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en el Congo; -B4-0359/98 de la Sra. Aelvoet y el Sr. Telkämper, en nombre del Grupo V, sobre la situación en el Congo; 
Jamaica- B4-0340/98 del Sr. Cars y el Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre la retirada de Jamaica del ICCPR; 
Siria- B4-0324/98 del Sr. Moorhouse, en nombre del Grupo PPE, sobre los prisioneros libaneses retenidos en Siria. 
Colombia 
Señor Presidente, me es conocido que gobiernos como el de Colombia siguen con gran interés estos debates, con más interés del que hay en mi propio país. 
En lo que respecta a Colombia nos encontramos con el problema de quién hace en realidad algo. Existe una situación en un país que está gobernado en realidad por la mafia de la droga, que está controlado, militarmente, por tropas paramilitares y que está administrado, tan bien o mal como se puede por el gobierno. 
La muerte del presidente del comité permanente para los derechos humanos, Valle Jaramillo, que conozco por cierto personalmente, es algo terrible naturalmente. 
Me parece ir demasiado lejos decir que el gobierno es culpable. El gobierno es culpable de hecho de todo aquello que no ha sido capaz de controlar, de lo que debía haber evitado. 
Pero en cualquier caso digamos desde este Parlamento a los colombianos, al gobierno colombiano y sobre todo a los colegas del parlamento, tal como la Sra. Lenz ya dijo, que levantamos aquí el dedo, intentamos ayudaros y dejádnos que os ayudemos. 
Señor Presidente, el 27 de febrero tres personas que se presentaban como miembros de la Brigada irrumpieron en la oficina de Medellín del abogado de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. 
Los pistoleros ataron al Dr. Jaramillo y a su esposa a un sillón y cuando ella pidió que les perdonaran la vida, el miembro de la Brigada le contestó: " Le ha llegado la hora». 
A continuación mataron al Dr Jaramillo de un tiro en la cabeza. 
Los grupos locales de derechos humanos creen que el Dr. Jaramillo falleció porque tenía pruebas de que el ejercito y políticos de alto rango patrocinaban los escuadrones paramilitares de la muerte en Colombia, creencia que corroboraron las conclusiones de la propia Fiscalía, u oficina del Fiscal General, de Colombia, y que esa ejecución extrajudicial se efectuó precisamente para que no pudiera hablar. 
El Gobierno de Colombia ha condenado ya el asesinato, cosa que nos satisface, pero quisiéramos pedirle que tomara nota de que el Dr. Jaramillo había sido denunciado por el Gobernador de Antioquia por formular críticas contra los militares y que ningún político local lamentó públicamente su muerte; que los grupos de derechos humanos han registrado 796 casos de ejecuciones extrajudiciales en solamente nueve meses del año pasado y que, a pesar de la satisfacción que nos produce la presentación de un proyecto de ley sobre reforma del código penal militar y el establecimiento del Bloque de Búsqueda para luchar contra los grupos paramilitares, los tribunales militares siguen absolviendo a los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en crímenes contra la humanidad. 
Además de condenar el abuso de los derechos humanos, la violencia a que recurren todas las partes, hay dos esferas en las que tenemos que adoptar medidas concretas en Europa. 
En primer lugar, tenemos que insistir en que se apoye la labor de la Oficina de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bogotá, en que se examinen sus informes, en que se aumente su financiación y en que se considere la posibilidad de nombrar a un relator especial para que trabaje con la propia oficina en Colombia. 
En segundo lugar, como el Comisario Marín contestó el año pasado a mi pregunta parlamentaria diciendo que los grupos de derechos humanos no podían contribuir al final de la violencia en Colombia, no me queda más remedio que esperar que él y sus colegas de la Comisión hayan tenido oportunidad de meditar acerca de esa respuesta. 
La única manera de luchar contra esa impunidad y de crear un clima de respeto por la paz y los derechos humanos consiste en vigilar de forma rigurosa, libre e independiente a todas las partes de Colombia implicadas, y hay que decir que los grupos de derechos humanos proporcionan una contribución valiente y única a esa vigilancia. 
La Unión Europea puede y debe prestar más apoyo financiero para esa labor; de esta manera rendiremos homenaje a la labor del Dr. Jaramillo y velaremos por que no haya muerto en vano. 
Señor Presidente, como ha dicho el último orador, el brutal asesinato de ese activista de los derechos humanos es algo inaceptable, y el hecho de que el Gobierno no parezca dispuesto a hacer nada por proteger las vidas de sus ciudadanos es verdaderamente lamentable. 
Hay que disolver los grupos paramilitares, hay que investigar los crímenes cometidos, y hay que pedir cuentas a los responsables. 
Por término medio cada día perecen 10 personas en Colombia a causa de la violencia sociopolítica. 
La estrategia del Gobierno es completamente inaceptable. Dicen que no puede haber respeto por los derechos humanos mientras persista el conflicto armado. 
No cabe vincular a esos dos procesos: es una estrategia inaceptable, y nada más. 
Los grupos paramilitares son el resultado de una estrategia militar clandestina, y eso es cosa que hay que tener en cuenta. 
El Parlamento tiene que insistir también en que el Consejo y la Comisión hagan algo más que limitarse a enviar recomendaciones: tiene que declarar sin ambages que el Gobierno colombiano pone en peligro las relaciones entre la Unión Europea y Colombia. 
Como los acuerdos de cooperación contienen una cláusula de suspensión por violaciones de los derechos humanos, tenemos que pensar en la imposición de sanciones. 
Es una cuestión de la que nos tenemos que ocupar. 
Los Estados miembros de la Unión Europea presentes en la comisión de derechos humanos en Ginebra este mes deben adoptar una posición inequívoca a fin de arruinar las ganancias materiales de los que ayudan a suprimir la vida de los defensores de los derechos humanos, los grupos sindicalistas y los ecologistas. 
Realmente, tenemos que hacer algo más que limitarnos a adoptar resoluciones. 
Esta situación se ha planteado una y otra vez y ya es hora de que hagamos algo. 
Señor Presidente, nosotros recibimos peticiones de organizaciones no gubernamentales que trabajan a pie de obra en Colombia y nos dicen que desde octubre de 1996 a marzo de 1997 fueron muertas 1.900 personas. 
Las víctimas son, fundamentalmente, campesinos, sindicalistas y defensores de los derechos humanos. 
Hoy hablamos de Jesús María Valle Jaramillo, y hay que recordar que Jesús María Valle Jaramillo y Josué Girardo estuvieron aquí, en este Parlamento, explicando a los diputados la situación de los derechos humanos en Colombia y hoy los dos están muertos. 
Yo tengo que reconocer que tengo una gran frustración porque aquí continuamente denunciamos lo que está pasando y somos incapaces de evitar que mueran más defensores de los derechos humanos. 
No hay ninguna duda, además- según los compañeros de las ONG que trabajan allí, de que son personas que trabajan en organizaciones campesinas, en organizaciones de derechos humanos -, que hay una total impunidad y, además, que los grupos paramilitares son responsables del 76 % de las muertes. 
El Sr. Samper había dicho, efectivamente, que iba a desarmar a los grupos paramilitares; también hemos recibido de la Embajada de Colombia una nota en la que se nos comunicaba la creación de un consejo de paz en Colombia. 
Pero si no somos capaces de evitar, si la Unión Europea no es capaz de evitar que sigan y continúen las muertes de los que defienden los derechos humanos, aquello se convertirá en una selva. 
Recordábamos aquí en la última resolución aprobada la muerte de un matrimonio, Mario Calderón y Elsa Alvarado- también mataron a su padre -, jóvenes universitarios, defensores de los derechos humanos, que procedían de la CINEP, que es un Centro de educación e investigación muy prestigioso en Colombia. 
Yo no sé con todos estos asesinatos quién va a atreverse a defender los derechos humanos en Colombia. 
Yo creo que la Unión Europea tiene fórmulas de presión y que, como decían el Sr. Howitt y otros compañeros- debería aumentar los fondos de la oficina que tenemos allá y debería nombrarse un ponente especial para que fomente los derechos humanos. 
Y la Comisión Europea, en la medida en que pueda, debe presionar en sus acuerdos con Colombia para que no vuelva a ocurrir nada parecido. 
Porque cada vez que viene una persona aquí a contarnos lo que pasa, inmediatamente es asesinada. 
Señor Presidente, todos hemos seguido los violentos acontecimientos que se han producido en Colombia últimamente, pero todos. 
Evidentemente, tenemos que lamentar el fallecimiento del Sr. Valle Jaramillo, pero ayer fueron enterrados 90 soldados con las caras desfiguradas y también tenemos que lamentar los actos de violencia cometidos por elementos militares y paramilitares. 
Yo recuerdo que la ministra de Asuntos Exteriores de Colombia manifestó ante este Parlamento la firme voluntad de su Gobierno de combatir la impunidad y de poner a disposición de la justicia a todos aquellos que alientan y promueven la acción de grupos paramilitares. 
Esa voluntad ha sido confirmada por toda una serie de hechos, señor Presidente; se ha creado una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, se han firmado acuerdos con la Cruz Roja Internacional, se ha creado una sección especial dentro de la Fiscalía de la República para combatir el fenómeno de los paramilitares y, por último, se ha creado una Comisión nacional de derechos humanos. 
Es evidente, señor Presidente, que todo esto no es suficiente, que la Unión Europea tiene que seguir muy de cerca este proceso y que tenemos que procurar que una de las democracias más antiguas de Iberoamérica ponga fin a un conflicto que se prolonga ya por 40 años y, desde luego, lamentar este hecho y manifestar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las víctimas y a sus familiares, en este caso del Sr. Valle Jaramillo. 
Nicaragua 
Señor Presidente, a pesar de que una gran proporción de la población nicaragüense es desesperadamente pobre, Nicaragua tiene la mayor deuda per cápita del mundo. 
El año pasado el 38 % de las ganancias anuales en concepto de exportaciones, que ascendieron a 700 millones de dólares, se destinaron al servicio de la deuda. 
El Gobierno nicaragüense desembolsa 17 dólares para la salud y 16 dólares para la educación por habitante, mientras que para el servicio de la deuda el año pasado desembolsó una vez y media más que el total combinado de los gastos de salud y educación, es decir 47, 40 dólares por habitante. 
Entre tanto, los incrementos fiscales originados por la ejecución del conjunto de ajustes estructurales pedido por el FMI han agravado la pobreza y, para ahorrar dinero, se ha suspendido la concesión de créditos que antes podían obtener los agricultores pobres y que les eran absolutamente necesarios. 
Es una vergüenza que personas que apenas pueden reunir lo estrictamente necesario para sobrevivir se vean estrujadas a fondo para devolver los préstamos que les han concedido los ricos. 
Lo cierto es que Nicaragua no puede abonar los intereses del reembolso de capitales por su deuda a largo plazo, y sus obligaciones casi duplican el 20 % de las ganancias en concepto de exportaciones que el Banco Mundial fijó como límite en su iniciativa en favor de los países muy endeudados. 
A principios de este año escribí al Servicio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña para pedir que se incluyera a Nicaragua en la iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados, particularmente en vista de que Nicaragua había conseguido alcanzar los objetivos fijados en materia de ajustes estructurales, y para pedir que se insistiera en esta cuestión en la reunión del Grupo Consultivo que tendrá lugar en abril de este año. 
La propuesta de resolución de que nos estamos ocupando es consecuencia de dicha iniciativa, y es preciso que todas las partes insistan en la reunión del Grupo Consultivo para que por fin se alivie la situación de este país que tanto sufre desde hace mucho tiempo. 
Hay otras muchas necesidades que es preciso atender, particularmente en el sector social, y es indispensable que sigamos prestando ayuda, pero lo primero que hay que hacer es ocuparse de la cuestión de la deuda, y hay que tomar medidas sobre el particular lo antes posible. 
Señor Presidente, hace tres años visitamos en Nicaragua los proyectos que tiene allí la Unión Europea, en concreto un centro de salud, en un poblado de desmovilizados de la guerra, y una escuela, y tanto las autoridades de Nicaragua- en aquel momento presidía el Gobierno la Sra. Violeta Chamorro- como los líderes de la oposición nos comentaron el terrible problema de la deuda. 
En nuestra resolución se dice que el 38 % de la cooperación al desarrollo se ha destinado a pagar la deuda externa. 
Además, no se sabe por qué, hay algunos países que durante un tiempo están de moda y después se pasan de moda. 
La ayuda general que recibía Nicaragua del mundo ha disminuido a menos de la mitad. 
Nicaragua es uno de los países más pobres y el que tiene la deuda per cápita más alta del mundo. 
Consideramos que la Unión Europea ya hace esfuerzos, sabemos perfectamente que la cooperación al desarrollo de los Estados Unidos y del Japón- por hablar de dos potencias- es muy inferior a la de la Unión Europea. 
Sin embargo, sí creemos, cuando hablamos con tanta energía de las democracias y, sobre todo, de las democracias en América Latina, que la democracia no será posible si, como nos dijeron tanto los líderes del Gobierno como los de la oposición, el 70 % de la población nicaguarense está en la más absoluta pobreza y hay un 50 % de desempleo, sin ninguna ayuda y sin ningún subsidio. 
Mientras ese 50 % de la población que no tiene empleo no reciba ayudas y mientras el 70 % de la población sufra esa enorme pobreza y el país tenga esa deuda externa tan enorme, la democracia será una simple democracia formal. 
La democracia real es aquella que puede y debe solucionar los problemas de la población. 
Tiene un 60 por ciento de desempleados dentro de la población activa, muchísimas personas no se pueden permitir el lujo de pagar un médico, ni ir a un hospital, etc. Además el país padece una deuda exterior enorme de tal modo que tan pronto como entra dinero fresco la mayor parte de este se tiene que utilizar para amortizar los intereses. 
Ahora se tiene prevista una conferencia a corto plazo en Ginebra donde se puede negociar acerca de la exención de esta deuda. 
Todo depende de en qué espíritu se desarrolle esto. 
Se puede quedar en una clásica oferta en la que se diga: muy bien, esta y aquella deuda se perdonan, pero no se adelanta nada si para ello reciben de forma impuesta duros programas de adaptación que, entre otros, conducen a que se pueda gastar menos para escuelas, hospitales, etc. De ahí que nosotros aboguemos por una combinación de exención de la deuda y por programas sociales de ayuda de tal modo que se pueda seguir trabajando al mismo tiempo en los problemas reales. 
Señor Presidente, de entre los países de Centroamérica, Nicaragua es sin duda desde hace mucho tiempo uno de los simpáticos y más trágicos. 
Yo mismo he estado en Nicaragua y he visto la situación allí personalmente. 
Hubo en una ocasión una terrible guerra civil en Nicaragua, sobre la que se han mostrado aquí con frecuencia imágenes distorsionadas. 
A pesar de todo, el pueblo nicaragüense ha logrado llevar al poder con el actual Gobierno y actual Presidente, Sr. Alemán, un partido responsable de corte democrático-liberal. 
Además, entretanto el relativamente revolucionario partido de los sandinistas ha tomado la vía de la democracia y de la libertad, lo que se ha visto de un modo especialmente claro con la actual crisis alrededor de Ortega. 
Por ello, bajo esta perspectiva desde nuestro punto de vista se puede decir lo siguiente: sencillamente, no es lógico que Nicaragua sea uno de los países más pobres. 
Quien haya estado allí sabe que existe un potencial gigantesco, que es un pueblo valioso y deberíamos hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a los nicaragüenses en esta situación, especialmente bajo el actual Presidente. 
Esto solamente lo lograremos si aligeramos la presión de sus deudas. 
No quiero decir que se elimine del todo, pues sería erróneo, pero deberíamos hacer todo lo que esté en nuestra mano para dar a los nicaragüenses la posibilidad de reconstruir su país, de desarrollar las grandes riquezas que allí existen- y en primer lugar se trata de riqueza humana- y de practicar una política que corresponda a la gran tradición cultural española del país. 
Presidente, familias capitalistas y oligárquicas y élites románticas, revolucionarias y marxistas han hecho pobre a Nicaragua. 
El país sólo tiene café y así no se va muy lejos en el mercado mundial. 
Espero de corazón que los donantes salven a Nicaragua. 
Pero este no es el asunto al que este mediodía debamos dar prioridad en el debate de los derechos humanos. 
En mi opinión se debería hablar de los clásicos derechos humanos. Por eso mi grupo ha querido hablar hoy de Cuba. 
Más de 500 presos políticos, y este Parlamento se mantiene en su sentimiento de solidaridad completamente fuera de lugar pero filrtea con el líder máximo. 
Si la Habana sigue aguantando un poco va a conseguir ser miembro de la Conferencia Lomé sin que los 500 presos estén libres. 
No es ningún milagro que el elector no tenga ninguna confianza en este Parlamento, en donde el juicio de la violación de los derechos humanos se practica de forma extremadamente selectiva. 
Corea del Norte 
Señor Comisario, estimadas y estimados colegas, creo que debemos reconocer simplemente que lo que está pasando en Corea del Norte es una gigantesca tragedia humana. 
Es irresponsable que el Gobierno norcoreano, ante la escasez de alimentos que se adivinaba ya hace tiempo, siga intentando impedir a la población mundial que reconozca los padecimientos que pasa su pueblo. 
Es una tragedia incomprensible que en unos tiempos en los que existen excedentes de alimentos en todo el mundo, un pueblo y, en especial, los niños y ancianos, tengan que padecer bajo una escasez de alimentos que no debería existir si el régimen sencillamente reconociese abiertamente sus problemas internos. 
El Gobierno norcoreano tiene que permitir por fin que una delegación entre en el país para analizar sin trabas la magnitud de la escasez de alimentos y encontrar las mejores vías para ayudar a las personas en el país, no sólo en las grandes ciudades sino también en el campo y regiones alejadas ya que probablemente las necesidades son allí aún mucho mayores que en las regiones que se muestran, que el Gobierno norcoreano ofrece siempre para que se visiten. 
También creo que la Comisión- señor Comisario, espero que la Comisión lo vea igual que nosotros- y los Estados miembros deberían preparar un suministro adicional de alimentos para Corea del Norte y que deberían aumentar la ayuda para la atención médica de los niños y ancianos. 
No estoy totalmente seguro de que podamos influir sobre este país con amenazas para que acepte nuestras ideas sobre los derechos humanos y nuestras ofertas de ayuda simplemente humanas. 
No obstante, lo decisivo es que mostremos claramente a los coreanos del norte que este país es un país que puede y tiene que obtener la ayuda de todo el mundo y que no vamos a aceptar los padecimientos de la gente. 
Señor Presidente, vamos a ayudar a Corea del Norte. 
Planteemos en primer lugar que las catástrofes, fuera de las catástrofes naturales que han tenido lugar allí, encuentran su causa asimismo en el modo en que los dictadores de Corea del Norte rigen el país. 
El grupo liberal está a favor por supuesto de la ayuda humanitaria a Corea del Norte. 
Esta debe ser ampliada con alimentos y primeros auxilios médicos, y espero que la Comisión me pueda dar una respuesta de alguna manera de cómo y de qué modo debe ser guiado todo esto, no de forma entremetida sino simplemente para procurar que la población de Corea del Norte, y tal como dijo Jarzembowksi los niños y desvalidos, pueda tener acceso a esos productos. 
Me gustaría pedir al comisario que instase para que se produjera en el futuro una especie de cooperación con el gobierno de Corea del Norte. 
Unido a esto quisiera remitirle a las tres enmiendas que ha presentado el grupo liberal a través del Sr. Cars. 
La Comisión debe plantar las bases para que haya más ayuda estructural en el futuro. 
Por ejemplo el refuerzo en el sector de la agricultura es de gran importancia para esto y un desarrollo estable de Corea del Norte contribuirá a esto. 
Señor Presidente, parte de los motivos de que esta cuestión vuelva a figurar en el orden del día- ya la examinamos hace relativamente poco tiempo, en octubre- es que dos cosas han cambiado: en primer lugar, ya se sabe sin duda alguna que la cosecha de 1997 fue tan mala como la de 1996; en segundo lugar, por vez primera los coreanos del Norte han admitido toda la gravedad de la crisis alimentaria. 
Al final de febrero, la Agencia de Prensa de Corea del Norte anunció que, aunque la ración diaria de cereales se fije a un nivel de hambre de 100 gramos por día y persona, las existencias de cereales quedarán completamente agotadas a mediados de este mes. 
Antes de ello las cifras de las Naciones Unidas indicaban que el 17 % de los niños de Corea del Norte padecían mal nutrición. 
Es cierto que el país ha sufrido una serie de catástrofes naturales sin precedentes- inundaciones, marejadas y sequía- pero todos sabemos que uno de los problemas con que tropieza es el fracaso sistemático de la economía nacional. 
Sin la ayuda de Rusia y el comercio de trueque con China, la economía tropezará con graves dificultades. 
La economía está perdiendo impulso gradualmente: la falta de combustible significa cortes de corriente. Esto quiere decir que la producción industrial está disminuyendo. 
La producción de fertilizantes ha quedado reducida al 60 %, o sea que se producen menos alimentos y que el círculo vicioso se pone de nuevo en marcha. 
Hay que prestar más ayuda si queremos evitar una catástrofe natural. 
Es preciso dirigir a Corea del Norte la ayuda alimentaria de emergencia, no solamente la proveniente de la Unión Europea- el año pasado ocupamos el primer lugar entre los donantes individuales- sino también la procedente de Corea del Sur, el Japón y los Estados Unidos. 
Uno de los problemas es que Corea del Norte sigue siendo realmente un país cerrado. 
Tenemos que conseguir que se pueda entrar en el país: por ejemplo, una delegación del Parlamento para evaluar las necesidades en términos de alimentos, suministros médicos y energía. 
Las Comisiones de Asuntos Exteriores, de Energía y de Presupuestos están preparando actualmente un informe conjunto sobre el proyecto KEDO, en el cual participa la Unión Europea con el Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos para ayudar a suministrar dos reactores nucleares que generen energía para Corea del Norte. 
Ahora que Kim Dae Jung toma posesión de su cargo en Corea del Sur y que un nuevo líder se acaba de instalar en su puesto en Corea del Norte, se nos presenta la oportunidad de curar un tumor político que durante medio siglo ha representado una grave amenaza. 
No podemos dejar pasar la ocasión de aprovechar esa oportunidad. 
Señor Presidente, una vez más estamos discutiendo Corea del Norte en este Parlamento Europeo. 
Desgraciadamente, no será la última vez, ya que el informe entregado recientemente por la Cruz Roja alemana es sobrecogedor. 
Esta organización ha estimado que 10 000 niños menores de siete años mueren de hambre cada mes. 
Otros miles sufren grave desnutrición. 
La situación es, por tanto, más que grave. 
El comité de Corea del Norte para la recuperación de la pérdida de alimentos ha dicho que la reserva actual de cereales se habrá terminado a mediados de marzo, es decir, este fin de semana. 
Sin duda que lo que se necesita es más ayuda humanitaria en forma de alimentos, pero también artículos sanitarios para conseguir un nivel básico para las necesidades existentes. 
Simultáneamente, la realidad de la conducta de la UE en Corea del Norte es que, al mismo tiempo que toda esa gente, especialmente los niños, sufren de desnutrición, la UE quiere, a través de Euroatom y junto a otros países, construir dos plantas de energía nuclear en Corea del Norte por una cantidad que, en este caso es considerable. 
¿Cómo podremos responder ante los niños que sufren de desnutrición y que incluso mueren de inanición y que necesitan ayuda urgente? 
¿Dónde están los aspectos humanos y sociales en este doble juego de la UE? 
El Grupo V quiere que se detenga la construcción de la nueva planta de energía atómica a través de KENDO, o al menos que se suspenda temporalmente hasta que esta grave catástrofe humana en Corea del Norte haya sido paliada. 
El Grupo V apoya el texto de la resolución común. 
Sin embargo, no queremos que este texto diga que apoyamos a KENDO, porque no está en el texto, sino que sólo aceptamos y vemos que hay problemas de energía en Corea del Norte y que, no obstante, estimamos que no se pueden solucionar con energía atómica. 
Se necesitan, en cambio, otras fuentes energéticas que puedan representar el futuro. 
Señor Presidente, al proponer este proyecto de resolución, nuestro Grupo ha deseado formular la siguiente pregunta: ¿será preciso que centenares de coreanos mueran de hambre para que la comunidad internacional tome conciencia de la realidad del régimen de Corea del Norte, es decir, una de las peores dictaduras que el mundo haya conocido jamás? 
Hoy lo sabemos por haberlo reconocido las propias autoridades de Pyongyang: la población de este país sufre una terrible hambruna que obliga a los coreanos a alimentarse de cortezas o de restos de vegetales y quizá incluso, según hemos oído, a comer carne humana en los casos extremos. 
Se finge creer que este drama es atribuible a la meteorología. 
Indudablemente, las inundaciones de 1995 y 1996 agravaron las penurias estructurales causadas por el régimen político, económico y social de Corea del Norte. 
Pero, al mismo tiempo, el poder ha continuado destinando sumas exorbitantes a su presupuesto militar o a gastos de ostentación. 
Hoy es sólo la intransigencia, que raya en el autismo, de los dirigentes de Corea del Norte lo que impide que la comunidad internacional acuda rápida y eficazmente en ayuda de una población civil literalmente secuestrada. 
En todas las latitudes, el comunismo o socialismo real ha sido definitiva y categóricamente juzgado por la Historia, y éste debe afrontar su abrumadora responsabilidad en la ruina de los países que le estaban sometidos. 
Sin embargo, Corea del Norte mantiene su línea de aislamiento internacional, de nacionalización de la economía y de belicismo altanero con respecto a Corea del Sur. 
Por el propio interés de los coreanos, la comunidad internacional no debe tolerarlo más. 
Deseo que la Comisión nos comunique las iniciativas que toma a la vez para ayudar a las Naciones Unidas a que intervengan rápidamente en favor de las poblaciones civiles afectadas y para acabar con la lógica de este suicidio colectivo en la que el siniestro régimen de Corea del Norte ha lanzado a su pueblo. 
Congo 
Señor Presidente, el denominado Congo-Brazzaville corre el riesgo de dejar de ser un Estado, mejor dicho, en cierto sentido, corre el riesgo de no haberlo sido nunca. 
Después de que Sasu Ngueso se hiciera con el poder por las armas, de hecho, el país se encuentra en una situación, cuando menos, paradójica. 
Por una parte, el régimen que, en definitiva, se ha convertido en un sistema de partido único y, por otra, las muchas milicias privadas- formadas, por añadidura, por etnias- se reparten el territorio y combaten sin descanso entre sí. Una situación que, en el eficaz lenguaje politológico de los franceses, se suele llamar» un chaos borné» , un caos limitado. 
Por ello, y hasta que no cambie la situación en dicho país, es preciso que la Comisión bloquee toda ayuda en favor del Congo que no esté destinada a la ayuda humanitaria o al desarrollo de los miembros más débiles de la sociedad. 
Señores Comisarios, apelo a su prudencia, a fin que se adopten las medidas necesarias, útiles y oportunas para conseguir este fin. 
El fue apoyado en ese momento por Angola y entretanto vemos que la constitución ha sido derogada, el parlamento disuelto, el tribunal constitucional también disuelto, el consejo constitucional ya no existe y así podríamos seguir un buen rato. 
Está claro que estamos en dirección hacia una mayor dictadura y menos democracia. Me gustaría puntualizar que uno de los grandes cambios en el terreno económico que ha llevado a cabo el nuevo presidente es la reducción de las tasas del petróleo que deben ser pagadas por Elf Acquitaine. 
No puede despertar por consiguiente gran extrañeza que el presidente de ese mismo país Congo-Brazzaville, que ha evolucionado de forma absolutamente dictatorial, entretanto haya sido bien recibido en el Elíseo. 
Pero en el fondo es evidente que la Unión Europea, si quiere ser un poco seria consigo misma, debería pronunciarse y llama la atención que en este terreno no se ha producido a penas reacción a la toma de poder que tuvo lugar el año pasado. 
De ahí que las resoluciones que están sobre la mesa declaran muy claramente que deben organizarse elecciones libres, que el Consejo debería poder hablar con una sola voz, aunque bueno ya estamos acostumbrados a que esto sea una cacofonía, y que en cualquier caso las ayudas financieras de la Unión a Congo-Brazzaville deben mantenerse bloqueadas; aunque si se trata de esa parte de ayuda que toca directamente a las personas, la humanitaria, a las capas más pobres de la población, de aquí en adelante tiene que suceder algo. 
Espero que logremos que el Parlamento exponga claramente su punto de vista y que en función de esto intervengan la Comisión y el Consejo. 
Presidente, me gustaría recordar a la Sra. Aelvoet que el Sr. Hory y yo pedimos el año pasado que se prestara atención a Congo-Brazzaville durante el debate de urgencia, pero el resto de los colegas no le dio la suficiente importancia en ese momento. 
Es una tragedia que haya tanto petróleo en la zona en torno al ecuador. Las empresas extranjeras se encuentran ahí rápidamente para explotarlo y lo hacen con gusto junto a los dictadores. 
Así sucede en Congo Brazzaville, así era en Luanda, en Angola, así es también en la anterior zona autónoma de Kabinda. 
La resolución sobre Congo-Brazzaville tuvo sentido como señal en octubre del pasado año. 
Ahora se ha producido un cambio de gobierno, se encuentra el viejo dictador, las tropas angoleñas y los mercenarios siguen estando ahí. 
Mi grupo está a favor de que se intensifique la ayuda a la población de Congo-Brazzaville y ha presentado una enmienda para eso. 
Desde que Kabila conquistó el corazón de África ha cambiado alguna que otra cosa en la zona, pero no en beneficio de los ciudadanos. 
Aunque en Angola tiene lugar un proceso de paz para el mundo exterior, los iniciadores saben- y el colega portugués de la otra nominación política me lo ha asegurado hace un par de horas- que el ejército del gobierno se prepara para una ofensiva a gran escala para apisonar para siempre a la oposición oficial. 
Las ganancias del petróleo en Angola se destinan y se destinarán en los próximos años a la compra de armamento. 
Según mi información un país Lomé sólo puede recibir ayuda de la Unión Europea si la compra de armamento no excede del 2 % del presupuesto. 
Comisario, podría informarse de si un país como Angola, que tantas armas compra, puede pertenecer a la Convención de Lomé y podría informarse principalmente si el dinero de la Unión Europea llega para bien a todos los ciudadanos de Angola y no sólo a la élite. 
Señor Presidente, hay un poco de desconcierto ya que mi antecesor habló sin cesar sobre Angola. 
Pero bueno, esta al lado de Congo. 
Pienso que hay pocas personas en Europa que sepan dónde está el Congo y lo que sucede allí y lo que se ha desarrollado en los últimos años en torno a la violencia política y militar en el Zaire. 
Lo que notamos- la Sra. Aelvoet ya lo ha indicado- es la impotencia del Consejo para tomar iniciativas y en efecto la cacofonía de informaciones que vienen de Bruselas que tendrían que tener que ver con la solución a la crisis en el Congo. 
Esperemos que la Comisión Europea esté preparada para detener la ayuda humanitaria que no esté destinada a los grupos más pobres, mientras el régimen autoritario esté al poder en Brazzaville. 
Este es el instrumento más importante de Europa para presionar en cualquier caso a las autoridades, y ciertamente podemos procurar que los intereses comerciales europeos, y esto ya ha sido dicho por los dos interlocutores anteriores, obtengan una corriente de aire más humana. 
Jamaica 
Un asunto muy interesante, señor Presidente. 
Los liberales han presentado una resolución. Tenía que ver con la retirada de Jamaica del protocolo voluntario del tratado internacional respecto a los derechos de los ciudadanos y a los derechos políticos. 
Si un protocolo es voluntario, ha pensado el gobierno jamaicano, entonces podemos abandonarlo también voluntariamente. Ciertamente es así también. 
Pero lo más importante en este asunto es que se trata de una señal equivocada. 
Ya se ha manifestado que el gobierno de Barbados, el Trinidaditobago, quiere hacer lo mismo que ha hecho Jamaica. 
Ha caído en mis manos por cierto una nota impecable del ministro de Asuntos Exteriores o del primer ministro jamaicano, y no puedo hacer otra cosa que concluir diciendo que esta retirada del protocolo voluntario en el tratado internacional para derechos de los ciudadanos tiene que ver algo con la facilidad con la que Jamaica quiere defender la persistencia de la pena de muerte. 
Espero sin embargo que se pueda plantear más adelante en la conferencia ACP de San Mauricio. 
Con otras palabras, no condenamos a Jamaica, preguntamos únicamente a modo de consejo ¿es que era esto realmente necesario? 
Señor Presidente, gracias a Dios el Parlamento se ocupa continuamente de la pena de muerte, en la mayoría de los casos incluso unánimemente, pero no siempre, tal como, por desgracia, debo reconocer. 
Lo positivo del presente caso es el hecho de que hablamos sobre un caso teórico y no práctico que tengamos que impedir. 
No obstante, en el debate sobre la salida de Jamaica del protocolo adicional no deberíamos olvidar que estamos tirando piedras a pesar de que nuestro tejado es de vidrio, pues algunos Estados miembros de la Unión Europea no han firmado tampoco este protocolo adicional que ahora exigimos a Jamaica, con la misma justificación que la empleada por Jamaica para no hacerlo. Por ejemplo, Gran Bretaña así como también otros grandes países, como los Estados Unidos de Norteamérica, el Japón y- si estoy bien informado- otros dieciocho grandes Estados. 
Creo que en el Parlamento deberíamos ser consecuentes en nuestra lucha contra la pena de muerte, pero no deberíamos precipitarnos a la hora de realizar ciertos juicios, pues debemos empezar a barrer en nuestra propia casa. 
Siria 
Señor Presidente, hace meses recibí a una delegación de hombres y mujeres libaneses en mi oficina de Bruselas; evidentemente, se hallaban en un estado de angustia. 
Se trataba de hombres y mujeres cuyos familiares habían sido secuestrados en su hogar o en su oficina y, por lo visto, llevados a Siria, donde habían desaparecido sin dejar rastro. 
En uno o dos casos las familias sabían sobre poco más o menos donde habían ido a parar los secuestrados. 
Un caso particular que recuerdo es el de una señora que vino con el grupo y que dijo que no había tenido ninguna noticia de su hijo durante seis años hasta que alguien fue a visitarla y le dijo que su hijo había estado en una prisión, posiblemente en Damasco. 
Es una situación extraña y cabe preguntarse qué podemos hacer. 
Una de las características del Parlamento Europeo es que a veces tenemos la posibilidad de poner de relieve casos de este tipo o de hacer hincapié en ellos, y ésa es la principal finalidad de la propuesta de resolución que ha sido presentada en mi nombre y también en nombre del Partido Popular Europeo. 
No deja de ser extraordinario que hace unos días nos hayamos enterado de que se estaba poniendo en libertad a un número bastante elevado de personas en esa situación, es decir, de personas que habían sido secuestradas. 
Por cierto que no he mencionado el número de secuestros; su total asciende probablemente a no menos de 200 personas secuestradas, y las personas puestas en libertad han sido 121. 
Es agradable pensar que quizá nuestra resolución haya tenido ya efectos, pero nunca sabremos si ha sido así. 
De lo que estamos seguros es de que hay otros que esperan se les libere y de que tenemos que confiar en que el Gobierno sirio, teniendo en cuenta las circunstancias, tome medidas para liberar a las personas contra las cuales no se ha formulado ninguna acusación, sin que, entre las muchas razones para hacerlo, sea la menos importante el hecho de que en el próximo futuro van a comenzar las negociaciones acerca de un posible nuevo acuerdo de asociación dentro del programa euromediterráneo. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, empezaré por Colombia. 
La Comisión se ha enterado con gran consternación del asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, Presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Colombia, quien, como decía antes la Sra. González Álvarez, había visitado esta Asamblea hace algún tiempo. 
La Comisión condena enérgicamente este acto y toma nota de la decisión de crear un comité especial en el seno de la Fiscalía General de la Nación para investigar este asesinato. 
Además, pide solemnemente al Gobierno colombiano que emplee todos los medios a su alcance para identificar a los responsables de este crimen intolerable, y hacerlos comparecer ante la justicia para ser castigados. 
La Comisión comparte plenamente la preocupación que ha expresado el Parlamento, señora Lenz, sobre la evolución de la situación interior de Colombia, que, como usted ha dicho, no ha cesado de deteriorarse desde hace algunos meses. 
Hay que ocuparse de los derechos humanos en Colombia no sólo a través de las palabras, sino también de los actos, señora González Álvarez. 
Asimismo, la Comisión está convencida de que una iniciativa tendente a aislar el país tendría como único efecto aumentar la violencia. 
Por eso la Comisión presta un importante apoyo al fortalecimiento del Estado de Derecho, y sus esfuerzos se orientan en tres direcciones. 
Primeramente, la Comisión apoya la acción de la oficina local del Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- respondo al Sr. Howitt -, y este año ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar la continuación de las actividades de dicha oficina durante un año más. 
A título indicativo, les recuerdo que la Comisión financia la puesta a disposición de cinco observadores internacionales, que constituyen, por otro lado, la parte esencial del personal de esta oficina. 
En segundo lugar, la Comisión apoya la acción de las ONG. 
Colombia es considerado un país prioritario respecto a la asignación de recursos de la línea presupuestaria " Democratización y derechos humanos en América Latina». 
Se están llevando a cabo numerosas iniciativas en cooperación con ONG locales. 
Finalmente, en tercer lugar, en este momento la Comisión examina asimismo la posibilidad de prestar una ayuda especial al Gobierno colombiano con miras a mejorar el funcionamiento de sus instituciones judiciales. 
Paso a referirme ahora a Nicaragua, cuyas dificultades parecen situarse más en el plano económico que en el de los derechos humanos en sentido estricto. 
Por lo tanto, los problemas de Nicaragua entran quizá más en mis competencias. 
En tres años la deuda exterior de Nicaragua ha disminuido de 10 a 5, 5 millardos de ecus, lo que supone un gran éxito, del que debemos congratularnos. 
Dicho esto, a pesar de esta fuerte reducción, el nivel de la deuda y la situación de Nicaragua siguen siendo muy preocupantes, ya que la deuda aún representa- me dirijo al Sr. Newens- más del 250 % del PNB, y el pago de la misma absorbe el equivalente del 30 %, es decir, prácticamente la tercera parte del producto de las exportaciones nicaragüenses, lo cual es considerable, según los estándares internacionales. 
El Gobierno de Nicaragua pedirá en el seno del Club de París una reprogramación, un nuevo escalonamiento de su deuda. 
La Comisión comparte la preocupación expresada por esta Asamblea sobre los efectos de dicho endeudamiento en la actividad económica. 
Es necesario encontrar una solución. 
Por consiguiente, la Comisión es favorable a la elegibilidad de Nicaragua con respecto a la iniciativa creada por el Banco Mundial para la mejora del servicio de la deuda de los países pobres fuertemente endeudados. 
Nicaragua podrá así continuar por la vía del crecimiento que ha iniciado hace solamente tres años, después de quince años de retroceso, debido a los conflictos armados. 
Deseo igualmente recordar que las posibles decisiones sobre un nuevo escalonamiento, o de reducción de los tipos aplicables, competen a los Estados prestadores. 
En el caso de Nicaragua, cerca de 4 millardos de su deuda de 5, 5 millardos de dólares proceden de los Estados, es decir, esencialmente, en este caso, la mitad proceden de Méjico y de Rusia. 
Por lo tanto, la mayor parte de esta deuda debe volver a escalonarse en el marco del Club de París, que agrupa a los principales Estados acreedores y que, me dirijo a la Sra. Aelvoet, se reunirá en el primer semestre. 
Puedo garantizar al Sr. von Habsbourg que los ministros de Finanzas no tienen la costumbre de descuidar las deudas. 
Se las vuelve a escalonar, es decir, se reparten los pagos. 
Lo demás, compete, naturalmente, a las organizaciones multilaterales, comenzando por el Banco Interamericano. 
Con respecto a Corea del Norte, la Comisión comparte la preocupación del Parlamento sobre la gravedad de la situación humanitaria y alimentaria de este país, y ello, señor Hory, es independiente, ciertamente, del enjuiciamiento de la forma en que dicho país ha sido y es gobernado. 
Desde 1995, fecha de las primeras inundaciones graves, la Unión Europea ha concedido una ayuda a las categorías de personas que han sido más duramente afectadas: los niños, las personas de edad avanzada, y también las mujeres embarazadas. 
En 1997, la Unión acordó 48 millones de ecus de ayuda alimentaria y 20 millones de ecus de ayuda en el ámbito de la salud pública, convirtiéndose de este modo en el primer donante de Corea del Norte; 68 millones de ecus, señor Ford, señor Holm, en comparación, es mucho más que la contribución a la Organización para el Desarrollo Energético de Corea (KEDO) , ya que KEDO representa 15 millones de ecus para cinco años. 
Se trata, además, de un medio de evitar, como ustedes saben, la proliferación nuclear en esta región. 
Se está examinando el volumen de las ayudas- ayuda alimentaria y ayuda humanitaria- que deberán otorgarse en 1998. 
Los Estados miembros tomarán una decisión próximamente, y puedo garantizar al Sr. Jarzembowski que en este punto figurarán a la vez ayudas alimentarias y apoyos a la agricultura. 
En efecto, la Comisión comparte, por otro lado, el dictamen de esta Asamblea- que he oído hace un momento aquí mismo- sobre la necesidad de estar mejor informados respecto a la evolución de la situación in situ. 
Esto supone asimismo ofrecer facilidades para el acceso de las ONG y los organismos internacionales. 
En cualquier caso, el Sr. Bertens tiene razón, las ayudas no son un sustituto suficiente con respecto a la adopción de medidas estructurales, de medidas de liberalización de la economía, que son las únicas capaces de garantizar una mejora duradera de la situación económica, sanitaria y social del país. 
Puedo asegurarles que la Comisión se esfuerza por incitar a las autoridades de Corea del Norte a actuar en este sentido. 
En quinto lugar, paso a referirme a la situación del Congo-Brazzaville. 
Una declaración de la Presidencia de la Unión Europea de 3 de noviembre de 1997 definió la posición de la Unión sobre el conflicto armado que ha ensangrentado el Congo y sobre el nuevo régimen político resultante. 
La Comisión sitúa su acción en este marco y sigue con atención la evolución de la situación in situ, y vela en particular por el respeto de las orientaciones que ha establecido el Foro para la unidad, la democracia y la reconstrucción. 
La búsqueda de una paz duradera y de una reconciliación nacional suponen, señora Aelvoet, el retorno a un régimen legitimado a través de elecciones libres, transparentes y equitativas. 
La Comisión, señor Fassa, ha iniciado a ese efecto un diálogo con las autoridades congoleñas y los representantes de las principales fuerzas políticas, con la intención de favorecer su participación en la reconstrucción del país y de contribuir al éxito del proceso de transición democrática. 
Desde el desencadenamiento del conflicto, la Unión Europea ha suministrado una ayuda humanitaria- me dirijo a varios oradores- destinada solamente a las poblaciones, y a las poblaciones más pobres; ayuda estimada, en total, en 11 millones y medio de ecus, y próximamente se movilizará una ayuda adicional en colaboración con algunas ONG. 
Por otro lado, la Unión Europea prepara un programa de reconstrucción en favor de las poblaciones civiles víctimas del conflicto armado. 
En cambio, con respecto al reinicio de la cooperación, ésta se efectuará en función de los progresos realizados en los planos de la reconciliación nacional y de la legitimación política de las autoridades. 
En respuesta a la Sra. van Bladel, que me ha formulado una pregunta sobre Angola, debo decir que, aunque no corresponda exactamente al marco de esta pregunta, la ayuda ha sido concedida en función de las estrictas condiciones establecidas por el Convenio de Lomé y que en este caso también se trata de ayudas humanitarias y de ayudas para la rehabilitación que benefician a las poblaciones más pobres y a las poblaciones rurales. 
Finalmente, en sexto lugar, me referiré a Jamaica. 
La Comisión lamenta la decisión de las autoridades jamaicanas de denunciar el primer Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
En efecto, esta decisión acarreará como consecuencia, además de la aplicación desgraciadamente frecuente de la pena de muerte, la supresión del derecho de la población de presentar peticiones ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Al sentar un precedente, Jamaica podría también suscitar acciones similares por parte de otros Estados de la región que actualmente son signatarios del mencionado Protocolo. 
Por lo tanto, la Comisión se asocia a la declaración de la Presidencia de la Unión Europea, por la que se pide a las autoridades jamaicanas que vuelvan a examinar su posición. 
Finalizaré refiriéndome a Siria, y responderé al Sr. Moorhouse sobre el tema de los derechos humanos. 
Por una vez, podemos anunciar en este sentido ciertos resultados y algunas buenas noticias, aunque sean todavía parciales. 
La Unión Europea ha seguido de cerca la cuestión de los prisioneros libaneses detenidos en Siria. 
Desde 1997 el grupo de trabajo competente en el seno del Consejo había pedido al jefe de misión de la Unión Europea en Beirut un informe sobre la cuestión. 
Las iniciativas diplomáticas tomadas desde entonces sobre la base de estos trabajos han comenzado a dar sus frutos. 
El pasado 3 de marzo se solucionó la cuestión de los prisioneros libaneses, con el anuncio, primero oficioso, por parte del diario El Nahar en Beirut, de la inminente liberación de los detenidos. 
Al día siguiente la información fue recogida por el conjunto de la prensa, y las autoridades libanesas la confirmaron oficialmente. 
El 5 de marzo, tras una conversación telefónica entre el Presidente Hraoui y Hafez el Assad, 121 personas regresaron a Masna, en la frontera sirio-libanesa. 
Estas personas fueron conducidas por las fuerzas libanesas a centros de detención; tras comprobar su identidad y sus antecedentes penales, 86 de las 121 personas fueron liberadas por el procurador del Tribunal Supremo, 15 de ellas volvieron a ser detenidas y acusadas de delitos de derecho común: tráfico de droga, terrorismo, y comparecerán ante jurisdicciones penales libanesas. 
Según las fuentes, quedarían entre 25 y 33 personas sospechosas de haber atentado contra la seguridad del Estado. 
Aunque fue acusado de colaborar con Israel, el comandante Kytel Hayek se benefició de este régimen de liberación, pero sigue estando inculpado en el Líbano, en el marco del proceso sobre el asesinato del Primer Ministro Rachid Karamé. 
La Comisión continuará siguiendo con la mayor atención la evolución de este expediente y, naturalmente, lo tendrá muy en cuenta en el marco del acuerdo de colaboración o de asociación que ustedes han mencionado hace un momento y cuya negociación se iniciará en breve. 
Muchas gracias, señor Comisario de Silguy. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Bertens y Fassa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Sierra Leona: -B4-0334/98 de la Sra. Maijj-Weggen y del Sr. Robles Piquer. en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en Sierra Leona; -B4-0344/98 del Sr. Vecchi, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, sobre la situación en Sierra Leona; -B4-0358/98 de la Sra. Aelvoet y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Sierra Leona; -B4-0360/98 de los Sres. Hory y Macartney, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en Sierra Leona; -B4-0371/98 de los Sres. 
Presidente, el presidente Kabbah, el presidente elegido democráticamente en Sierra Leona, ha regresado. 
Un éxito, se diría, para la actuación militar de las Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana. 
Con esto la Organización para la Unidad Africana ha discrepado por primera vez oficialmente de la política de rechazar la intervención militar en asuntos de países vecinos. 
La situación es ahora la siguiente. El presidente está en su puesto, en su escaño. 
Entretanto hemos visto que la actuación militar principalmente de un número de países vecinos, especialmente Nigeria, se ha producido no sin pérdida de sangre. 
A esto le podemos poner signos de interrogación. 
Más importante ahora para el futuro, señor comisario, señor Presidente, es que la Unión debe prestar ayuda rápidamente a todo aquello que ha ido mal en Sierra Leona, no en los últimos años sino en los últimos decenios. 
Le agradezco de antemano su benevolencia y su comprensión. 
Señor Presidente, la propuesta de resolución que presentamos tiene por objeto atraer la atención sobre un país lejano y pequeño, Sierra Leona, en el que parece que todo es horrible, quizás todo menos la belleza del paisaje, la riqueza de la tierra, aunque esa riqueza oculte diamantes que a veces son la causa de la tragedia, y, también, la bondad de muchos de sus habitantes. 
Es esa bondad la que, por ejemplo, ha impulsado a varios compatriotas míos a manifestar, hace unos días, su deseo de regresar lo antes posible a Sierra Leona para ejercer allí su trabajo como misioneros- después, por cierto, de haber sido secuestrados y utilizados como escudos humanos durante dos semanas por las fuerzas vencidas de la Junta Militar que derrocó al presidente democráticamente elegido. 
La declaración de estos misioneros ha sido muy simple: nosotros, dijeron, hemos sufrido unos días; los ciudadanos de Sierra Leona sufren siempre, y sufren mucho más. 
Y cuando uno lee, como ayer, relatos tan terribles, relatos sobre niños de pocos años que son capaces de cortar con un machete las cabezas o los brazos de civiles compatriotas suyos, realmente uno se estremece ante el odio que se les ha inculcado. 
Por eso, señor Presidente, colegas, nuestra propuesta de resolución, nuestra petición a la Comisión es que se preste mucha ayuda humanitaria, y que en ella se incluya una ayuda especial para recuperar y rehabilitar a esos niños criminales, a fin de que recuperen la infancia limpia a la que tienen derecho. 
El Presidente Kabbah tiene ante sí una tarea dificilísima. 
También en ella hemos de ayudarle, incluso en su propio examen de conciencia, porque él tiene que decir cuáles fueron las causas que motivaron su fracaso anterior. 
Alzar una democracia en África no es fácil, sin duda. 
Parece evidente que en Sierra Leona es más difícil todavía. 
Nuestro deber es ayudarles, y no sólo con palabras. 
Señor Presidente, estoy seguro de que soy el único diputado de este Parlamento que ha sido oficial del ejército de Sierra Leona. 
Sigo teniendo relaciones con organizaciones humanitarias del país, y apoyo sin reservas la propuesta presentada por los siete grupos políticos. 
Sierra Leona se fundó en un ambiente de libertad, y el nombre de su capital es Freetown. 
Las barracas militares en las que presté servicio llevan el nombre de Wilberforce, adalid de la campaña contra la esclavitud. 
Es una lástima que el país haya quedado corrompido y deformado durante años y años como consecuencia de una serie de golpes militares. El del comandante Johnny Paul Koroma no es más que el último de la serie. 
Sierra Leona es ahora un país arruinado. La esperanza de vida al nacer es la más baja de África. 
Sus industrias de extracción han sido saqueadas. 
Por eso acogemos con esperanza el regreso del Presidente Ahmed Tejan Kabbah. Queremos fortalecer la democracia en el país, pero no podemos olvidar que el General Sani Abacha, de Nigeria, ha desempeñado un papel importante en lo que ha sucedido, y lo que ha sucedido no corresponde al acuerdo de Conakry. 
El General Abacha pronunció un discurso esta semana en Freetown. 
Dijo que por vez primera en la historia de la región, un gobierno que se ha apoderado del poder por la violencia se ha visto derrocado. 
Algunos de nosotros piensan que en la región hay otro gobierno que llegó al poder de manera violenta. 
¿Qué piensa el General Abacha de su gobierno, que ahorca a sus oponentes y encarcela a los que han ganado las elecciones? 
El Parlamento Europeo debería utilizar sus mejores oficios para conseguir que las tropas de Abacha se retiren y que el Presidente Kabbah reciba la ayuda humanitaria y militar que necesita para restablecer la independencia de Sierra Leona. 
También tiene que preocuparse, confiando el asunto inmediatamente al Fiscal General que regresó al país con el Presidente Kabbah, de que se haga justicia al millar de personas, quizá más, que fueron detenidas en Freetown, para evitar que se tomen represalias contra los que nunca participaron en la junta de Koroma. 
Se está prestando ayuda humanitaria ahora a Bo y Kenema, así como a la capital. En la Unión Europea deberíamos colaborar con ellos. 
Llevo en el corazón ese bello país, y espero con ansiedad el día en que Sierra Leona sea un país verdaderamente independiente y Freetown sea, una vez más, la capital de un país libre. 
Señor Presidente, colegas, si hay un país en el que se ve claramente lo dramáticas que pueden ser las consecuencias para una población cuando hace estragos la guerra civil, cuando ya no existe ningún estado, este es sin duda Sierra Leona. 
Afortunadamente existe alguna mejora en este momento pero la pregunta es cuánto va a durar este momento ya que no se puede decir que la estabilidad esté realmente asegurada. 
Al este del país se continúa la lucha y sabemos que los rebeldes roban no sólo a la población, si no también a los trabajadores para el desarrollo que están allí destinados. 
La gran preocupación debe ser naturalmente que se pueda tratar a corto plazo el problema del hambre ya que hay muchísimas personas que se encuentran en dificultad debido a la desaparición de tantas cosechas una detrás de otra. 
En lo que a esto respecta el Parlamento hace un llamamiento para que los servicios de ECHO sean muy activos y para que se preocupen sobre todo, en colaboración con las Naciones Unidas, de que el alimento llegue también a los más necesitados. 
Para eso es útil que examinemos el problema hoy desde aquí, pero está también claro que mirando hacia el futuro debemos prestar atención a la evolución y estabilidad del país porque si no empecerá todo otra vez desde el principio. 
Señor Presidente, me sumo a lo que ha dicho el Sr. Whitehead. 
No sabía que hubiera tenido un pasado tan distinguido, pero es un gran recuerdo el haber servido en la Fuerza Fronteriza del África occidental en Sierra Leona. 
Quisiera reiterar algunas de las cuestiones que ha planteado acerca de las tradiciones de Sierra Leona. 
Es un país que posee una tradición política larga y refinada, que quedó brutalmente interrumpida cuando los soldados se hicieron con el poder en el pasado. 
Ésta es una pauta que, desgraciadamente, es demasiado común en muchos lugares de África. 
Ahora bien, lo que ahora está sucediendo es otro ejemplo de esa nueva ola de redemocratización, que es algo que este Parlamento lleva en el corazón. 
Permítanme que haga un llamamiento al Parlamento y a la Comisión: a menudo hacemos objeto de nuestras críticas a diversos regímenes y situaciones, y no perdemos tiempo en enfrentarnos con ellos. 
Es verdad, pero ahora que tenemos ante nosotros el caso positivo de la restauración de la democracia en Sierra Leona, pongamos todo en práctica para prestarles una ayuda concreta. 
Aportemos una ayuda especial y extraordinaria a ese hermoso país para que pueda restablecer su democracia sobre una base firme. 
Señor Presidente, el regreso del Presidente electo Kabbah a Sierra Leona es un hecho positivo y muy importante. 
Un golpe de Estado inadmisible puso fin a la primera experiencia democrática real del país y hay que dejar constancia del empeño de las Naciones Unidas y de todos los países que se esforzaron por restablecer el orden constitucional y reinstaurar un Gobierno civil. 
Sin embargo, sería equivocado pensar en que se han resuelto los problemas, ya que queda todavía mucho por hacer y las Instituciones europeas deben cumplir con su parte. 
Ante todo, es necesario reanudar las negociaciones políticas para lograr la reconciliación nacional, bruscamente interrumpidas por el golpe del General Koroma, y hay que hacerlo sobre la base de los acuerdos de Conakry y de Abiyán, puesto que la tensión militar de estos días no puede servir como base de la reconstrucción política del país. 
Por último, quiero expresar mi honda preocupación por el papel desempeñado por Nigeria en Sierra Leona que, si por un lado contribuyó al regreso de Kabbah, por otro, corre el riesgo de configurarse como una búsqueda del dominio político-militar en la región, que pone de manifiesto el carácter dictatorial y antidemocrático del régimen del General Abacha. 
A propósito de esto, estamos a la espera de que la Unión Europea adopte una posición firme y clara. 
Señor Presidente, Señorías, mi intervención se enlaza con la del orador que me ha precedido, por no decir que, en cierto sentido y a pesar de que no nos habíamos puesto de acuerdo, es una especie de calco de la del Sr. Pettinari, porque no podemos silenciar el hecho de que uno de los principales objetivos de la propuesta de resolución sobre Sierra Leona, que estamos a punto de aprobar en este Parlamento, es, desde muchos punto de vista, el actual Gobierno nigeriano que, a pesar de que los acuerdos existentes rechazan cualquier uso de la fuerza, prefirió tomar la capital de Sierra Leona exponiéndose al riesgo de alterar una vez más los delicados equilibrios políticos de esta región que pretende someter a su hegemonía. 
Creo, por lo tanto, que no se puede hablar de una política exterior y de seguridad común de la Unión Europea si no nos proponemos como objetivo prioritario garantizar la estabilidad de esta delicada región geopolítica y, en este sentido, desearía conocer el punto de vista de la Comisión. 
Señor Presidente, la situación política de Sierra Leona evoluciona favorablemente con el regreso del Presidente Kabbah. 
Pero la situación humanitaria sigue siendo dramática. 
Con excepción de la capital, Freetown, el país sufre una penuria intolerable de productos alimenticios y sanitarios. 
Durante la duración del conflicto, la Comisión ha seguido financiando programas de ayuda humanitaria en los ámbitos de la salud y de la nutrición a través de sus interlocutores humanitarios que trabajan in situ, y ha orientado sus acciones a los grupos más vulnerables. 
El volumen de las ayudas aportado a ECHO se eleva actualmente a 3, 8 millones de ecus en un año. 
Materialmente no era posible hacer más, ya que también era necesario trasladarse sobre el terreno y distribuir la ayuda, lo cual, en las condiciones que algunos de ustedes han referido hace un momento, era totalmente imposible desde el punto de vista material. 
La Comisión y sus interlocutores humanitarios han reorientado ahora una parte de las acciones en curso, con el fin de responder a las necesidades más urgentes. 
Dicho de otra manera, señor Whitehead, la Comisión revisa los programas de rehabilitación tras el lanzamiento de la intervención militar, el pasado 8 de febrero, que puso fin al embargo a la entrada de Sierra Leona y que permitió el reinicio del tráfico comercial de materiales, de aprovisionamiento de productos alimenticios de primera necesidad o de productos sanitarios. 
El 10 de febrero, la Comisión asignó 1.900.000 ecus para la financiación de programas " semillas y aperos agrícolas» , a fin de garantizar a la población local un volumen suficiente de cosechas agrícolas en los próximos meses. 
Por ahora la Comisión espera las conclusiones y las evaluaciones llevadas a cabo por las agencias de ayuda humanitaria que actúan in situ, antes de decidir la posible asignación de una ayuda alimentaria adicional de urgencia, cuyo volumen será probablemente importante, y que permitirá, señor Robles Piquer, resolver el problema particularmente dramático de los niños, al que usted se ha referido hace un momento. 
Los programas actuales han permitido, por otra parte, absorber sin demasiadas dificultades la afluencia de refugiados en los países vecinos. 
No obstante, la Comisión tiene la intención de dar prioridad a las medidas destinadas a facilitar el regreso y la reintegración de los refugiados en su localidad de origen. 
Próximamente deberá aprobarse a este efecto un programa de asistencia para unos diez mil refugiados asentados en Guinea. 
Finalmente, señor Pettinari, debo precisarle que la cooperación con Nigeria se halla suspendida desde 1995, y usted lo sabe tan bien como yo que se han alzado numerosas voces manifestando que Nigeria se había extralimitado en su papel y que no debía intervenir militarmente en este conflicto. 
Muchas gracias, señor Comisario de Silguy. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0329/98 del Sr. Herman y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la discriminación en la venta de las entradas para la Copa del Mundo de Fútbol 1998 en Francia; -B4-0338/98 del Sr. Bertens y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la violación de las normas de competición por el Comité encargado de la organización de la Copa del Mundo de Fútbol en Francia; -B4-0345/98 del Sr. De Coene, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la discriminación en la venta de las entradas para la Copa del Mundo de Fútbol en Francia; -B4-0365/98 del Sr. Hory, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el sistema de distribución de entradas para la Copa del Mundo de Fútbol en Francia; -B4-0372/98 del Sr. Castellina y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, sobre la distribución de entradas para la Copa del Mundo de Fútbol en Francia; -B4-0373/98 de la Sra. Roth y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la Copa del Mundo de Fútbol. 
Señor Presidente, sabemos que el Comisario se ha reunido con las autoridades futbolísticas francesas. 
Sería conveniente que conociéramos los resultados antes de que iniciemos el debate, en vez de que descubramos con sorpresa al final del debate lo que ha sucedido realmente. 
Le agradeceré que pregunte al Comisario si no le importaría tomar la palabra al principio del debate. 
Presidente, quisiera hacer una petición en la misma dirección, en vista del hecho de que al comisario le pareció importante estar presente en el debate. 
La petición de Sus Señorías y las cuestiones de orden que han planteado corresponden más a la lógica de una Declaración de la Comisión. 
No es ese el proceso que estamos siguiendo desde el punto de vista del Reglamento. 
De cualquier modo, puedo preguntar al Comisario si está disponible para iniciar el debate. 
Si lo está- si bien he de observar que no es éste el proceso normal de las urgencias -, le concederé, naturalmente, el uso de la palabra. 
Señor Presidente, deseo felicitar ante todo al Parlamento por esta iniciativa, y sé apreciar en su justo valor el hecho de habérseme invitado a abrir este debate. 
Puedo decirles, por otra parte, que he querido que ustedes fuesen los primeros en ser informados del estado del expediente tras las reuniones y las conversaciones que se han vuelto a celebrar estos últimos días. 
También estoy en condiciones, aquí y ahora, de decirles exactamente en qué punto estamos. 
Pero antes de precisar algunos elementos, deseo recordar que el problema que nos ocupa es relativamente nuevo. 
Es cierto que ya se han producido problemas en relación con ciertos acontecimientos deportivos. 
Pero, en general, afectaban a la manera en que los organizadores habían seleccionado las agencias de viaje para la venta de entradas o a la concesión de un monopolio a determinados vendedores, como en Italia en 1990. 
Por lo tanto, la Comisión había intervenido en este aspecto de la venta de entradas referente a la elección de los revendedores, en este caso: las agencias de viaje. 
Nosotros habíamos procurado cambiar el sistema. 
En lugar de dar a los organizadores plena libertad para conceder un monopolio o para seleccionar empresas con las cuales tenían vínculos de amistad u otros tipos de vínculos, establecimos un procedimiento de selección de los revendedores de entradas en los países implicados, y también establecimos el principio de no limitar la venta de entradas a un territorio dado. 
Los compradores, por tanto, debían poder dirigirse a agencias de viaje situadas más allá de las fronteras para adquirir entradas. 
También existía el problema de combinar la venta de localidades con otros servicios, como la compra de un billete de avión, la reserva de habitaciones de hotel, etcétera. 
Estos son, pues, los problemas que habíamos tenido y de los que nos habíamos ocupado. 
Además, el año pasado los organizadores nos preguntaron cuál era la posición de la Comisión sobre estos puntos, y nosotros confirmamos la posición adoptada antes. 
Pero hoy el problema es diferente: afecta al propio sistema de distribución, la equidad en la distribución y la no discriminación. 
Por lo tanto, el problema es más amplio, ya que hemos comprobado- esta es, en todo caso, la posición de la Comisión- que dicho sistema no es equitativo y que también contiene, realmente, aspectos discriminatorios. 
Antes de pasar a la situación actual, les diré dos palabras sobre la reacción de la Comisión. 
En realidad, las dificultades comenzaron verdaderamente a manifestarse durante el mes de diciembre, en el momento del sorteo para saber quién juega contra quién. 
Se comprobó rápidamente- incluso las asociaciones nacionales o las ligas nacionales lo comprobaron- que el número de entradas era muy limitado. 
También se pudo comprobar que, para poder comprar las entradas en Francia, era necesario tener una dirección en este país. 
Así pues, empezamos a recibir quejas desde el mes de diciembre; éstas eran numerosas y a veces algo contradictorias. 
Posteriormente, en el mes de enero, la Comisión se dirigió a los organizadores para pedir explicaciones. 
Como es norma cuando existen quejas u observaciones concretas- porque una carta de queja no se basa necesariamente en un hecho determinado- la Comisión se dirige a los organizadores, a la empresa implicada, para pedir explicaciones. 
Enviamos lo más rápidamente posible una carta de advertencia. 
El procedimiento estaba iniciado y es así como normalmente se actúa en los casos relacionados con las normas de competencia. 
Por consiguiente, la Comisión, tras haber comprobado la existencia de un problema, reaccionó de inmediato. 
¿En qué punto estamos hoy? 
Ante todo pienso que es conveniente recordar cuál es la distribución de las entradas para la Copa del Mundo, tal como está establecido por los organizadores. 
Voy a darles las cifras y los porcentajes. 
Para ser totalmente exacto, el total de entradas disponibles es de 2.559.241, o sea, algo más de 2, 5 millones, de las cuales el 4, 8 % corresponde a palcos y sitios de categoría. 
Por lo tanto, aparentemente hay muchos diputados afortunados que disfrutarán de los palcos o de estos sitios, es decir, 200.000 entradas. 
Lo siento, pero doy las cifras tal como me han sido comunicadas por los organizadores. 
Con respecto a la venta directa por el Comité organizador: público en general, 22, 3 %; personas relacionadas con el fútbol francés, 14, 2 %; y personas discapacitadas, 1, 1 %. 
Eso implica que aproximadamente el 37 % de las entradas serán vendidas directamente al público francés. 
Luego están las asociaciones nacionales y las agencias. 
A las asociaciones nacionales les corresponde aproximadamente el 21 % y a las agencias el 5, 4 %. Por consiguiente, las agencias venden únicamente la vigésima parte del total de las entradas. 
Luego están los socios o los patrocinadores, que han recibido el 14, 2 % de las entradas, y las colectividades públicas que han participado en las inversiones- los estadios, etcétera -, que obtienen el 2, 8 % de las entradas. 
También hay que contar los diversos tipos de operaciones- por ejemplo, animaciones de movimientos deportivos, de jóvenes, etcétera, que también forman parte de la organización -, y que representan el 4, 3 %. 
Sólo queda, pues, el 6, 3 % disponible para la venta al público en general. 
Eso es todo lo que queda, en cierto modo. 
Ustedes disponen ahora de un cuadro completo de la distribución de las entradas. 
En el marco de la acción que la Comisión ha emprendido, hemos mantenido conversaciones con el Comité organizador para estudiar en qué medida las entradas aún disponibles, digamos 160.000 en líneas generales, podrían ser puestas a disposición de los compradores que hasta ahora no han tenido acceso a la venta debido a las limitaciones impuestas- tener un número de teléfono y una dirección en Francia -, para compensarles mínimamente. 
Así pues, hemos pedido que estas 160.000 entradas puedan ser utilizadas a modo de compensación. 
Deben saber que alrededor de la tercera parte de estas 160.000 entradas serán puestas a disposición de las asociaciones o de las federaciones nacionales. 
Esta tercera parte, es decir, alrededor de 50.000 entradas, podrá ser vendida por las asociaciones nacionales a los seguidores que deseen asistir al partido que juega su equipo. 
De este modo, las asociaciones nacionales dispondrán de más entradas. 
Aún quedan 110.000 entradas, y nosotros hemos insistido, como decía antes, en que se pusieran a disposición, sin discriminación alguna, de los compradores del resto de la Unión Europea, aparte de Francia. 
Aquí es donde está el escollo. 
En efecto, puesto que es innegable que ha existido una clara discriminación, es necesario, en toda la medida de lo posible- y desgraciadamente lo posible ya es muy limitado -, tratar de compensar esta discriminación. 
Hemos insistido, pues, en que estas entradas deben ponerse efectivamente, sin hacer ningún tipo de discriminación, a disposición de los compradores que viven en el territorio del Espacio Económico Europeo, excepto Francia. 
De momento no hay acuerdo sobre este punto, porque, por parte francesa, se quiere que puedan ofrecerse a todos, mientras que nosotros pretendemos que, puesto que ha existido una discriminación, hay que tratar en toda la medida de lo posible, y por más limitadas que sean las posibilidades, de corregir la situación. 
En relación con las medidas de seguridad, que a menudo se han esgrimido para explicar lo ocurrido, es evidente que la Comisión acepta los argumentos siempre que sean válidos. 
Cuando se nos dice que " se ponen 50.000 entradas suplementarias a disposición de las asociaciones nacionales, teniendo también en cuenta los bloques destinados a los seguidores de los clubes» , nosotros aceptamos el argumento, es evidente. 
Pero también es evidente que con respecto a los espectadores neutrales, como se denomina a aquellos que no pertenecen a la nacionalidad de los equipos que contienden, no debe existir ningún tipo de discriminación entre los ciudadanos de la Unión Europea, salvo si se trata de una compensación en favor de ciudadanos que viven fuera de Francia. 
Así pues, este es el punto en el que estamos. 
Permítanme ahora formular las siguientes conclusiones y reflexiones. 
En primer lugar, espero que los organizadores de este género de acontecimiento deportivo acepten en lo sucesivo examinar con la Comisión, y mucho antes de que comience la venta de entradas, no sólo los aspectos estrictamente comerciales, como ocurría antes- por ejemplo el asunto de las agencias -, sino también los aspectos vinculados a la distribución equitativa y no discriminatoria de las mismas. 
Creo haber entendido que el candidato a la Presidencia de la FIFA había declarado: " Si soy elegido, me ocuparé de ello». 
Nosotros ya hemos sido contactados por los organizadores del campeonato europeo que se celebrará dentro de dos años, quienes nos han dicho: " Estamos a disposición de ustedes para examinar nuestro sistema de distribución de entradas, ya que sería deseable evitar las dificultades que hoy conocemos». 
Por lo tanto, existen efectivamente signos de buena voluntad en este sentido. 
Ciertamente, me felicito de ello, porque otra de las conclusiones que se imponen es que en el futuro ha de tratarse de evitar este género de problema en el futuro, en lugar de tener que actuar cuando ya se ha empezado mal. 
Segunda reflexión: espero que los organizadores y las organizaciones deportivas tengan menos dificultades que en el pasado para aceptar la idea de que es mejor discutir estos problemas con las autoridades comunitarias competentes, en lugar de poner continuamente en tela de juicio la competencia de la Comisión Europea y de seguir recurriendo a algún gobierno o a algún ministro, como ha ocurrido a menudo en el pasado, para quitarse de encima los problemas de competencia. 
Es necesario que entiendan que, de todos modos, nosotros no lo aceptamos. 
Tienen que asumir, como los demás, la normativa jurídica en una Unión Europea de Derecho. 
Pero, repito, a partir del momento en que la voluntad existe, nosotros estaremos, naturalmente, a su disposición, para tratar de buscar soluciones adecuadas y defendibles, teniendo en cuenta los intereses del deporte. 
Nosotros estamos totalmente dispuestos a tomar en consideración las especificidades y las exigencias del sector del deporte, al igual que la seguridad, que es indisociable de este género de organización. 
Tercera conclusión: me parece haber entendido que existían muchas asociaciones nacionales que ahora manifiestan su malestar con fuertes protestas y que se quejan amargamente de no haber recibido suficientes entradas. 
Me sorprende; porque las asociaciones nacionales forman parte de la FIFA y han aceptado este sistema. 
Entonces, ¡por favor! , que en adelante presten más atención y que contribuyan a poner a punto un buen sistema, en lugar de criticarlo después y de tener que recurrir a la Comisión para paliar la situación. 
Me ha venido a la mente otra reflexión. 
Creo que es necesario comprender, tanto en el plano nacional como en el plano de las organizaciones deportivas, que existen los ciudadanos de la Unión Europea y que también existe una ciudadanía de la Unión Europea. 
Por lo tanto, existe un principio de no discriminación. 
Tengo la impresión de que algunos no llegan a aceptar este principio y a sacar las consecuencias que se imponen. 
En lo sucesivo, pues, cuando se trate de acontecimientos deportivos, no deben haber más discriminaciones de los ciudadanos de la Unión. 
Permítanme una última reflexión a título totalmente personal. 
Hace un momento, cuando he indicado la distribución de las entradas de la Copa del Mundo, he comprobado que era muy difícil para el ciudadano europeo que no está relacionado con un patrocinador, que no pertenece a ninguna organización, conseguir una entrada, ya que el grueso de éstas se destina, aparentemente, a aquellos y aquellas que forman parte de este tipo de organizaciones, o bien que tienen buenas relaciones. 
Me pregunto si eso está bien por parte de los organizadores. 
Ciertamente, existen imperativos comerciales, lo comprendo. 
Se necesitan patrocinadores. 
¿Pero debemos llegar tan lejos, como esta vez, y reservar la porción congrua al ciudadano que no tiene estas relaciones? 
Por mi parte, la respuesta es evidente. 
Creo que hay que preocuparse más por el ciudadano. 
Yo no tengo ningún problema para obtener entradas. 
Realmente ningún problema. 
¡Hay muchísimos patrocinadores dispuestos a invitarme! 
¡Pero el que tiene problemas es el ciudadano de a pie! 
(Aplausos) ¡Así pues, sobre esta base, deben ustedes admitir la verdad! 
Deben admitir que es también nuestra responsabilidad tratar de mejorar la situación. 
Señor Presidente, ésta es verdaderamente una historia realmente triste, pero de todos modos quiero darle las gracias a usted y al Comisario por haber permitido que esa declaración se hiciera antes del debate. 
Por lo menos tenemos una idea de la situación real. 
No hace falta decir que tomo nota muy cuidadosamente de lo que ha dicho el Comisario, especialmente que el sistema no es justo y que ha sido discriminatorio. 
Ahora bien, ¿qué ha hecho la Comisión? 
Al parecer la Comisión hizo una advertencia en diciembre, pero ahora estamos en marzo. 
La Comisión ha dejado que pasen tres meses durante los cuales la situación ha cambiado y, por lo visto, ahora ya no podemos hacer prácticamente nada para modificarla. 
Lamento tener que decir al Comisario que no me parece que la Comisión pueda lavarse las manos por lo que se refiere a la responsabilidad de la forma en que se ha desarrollado la situación. 
Es interesante saber que esperamos que en el futuro no vuelva a repetirse esa situación. 
Lo que tenemos que hacer esta misma tarde es pedir a la Comisión que nos diga qué acción jurídica y qué poderes legales tiene para enfrentarse con los organizadores, para que se les pueda penalizar en vez de contentarnos con sus sencillas expresiones de disculpa. 
La Comisión es responsable de ejercer esos poderes que tan clara y lamentablemente ha dejado de ejercer hasta ahora. 
El campeonato del mundo es de interés para personas de todo el mundo, y en todo caso de toda Europa, y el número de plazas que se han puesto a disposición de los espectadores futbolísticos europeos es irrisorio. 
La sugerencia de que para obtener entradas hay que dar una dirección en Francia hace que uno se pregunte seriamente si estábamos despiertos cuando semejante propuesta pasó por nuestros sectores. 
Nos enteramos ahora de que otras asociaciones nacionales están manifestando su inquietud, y corresponde preguntar: ¿se les suministraron todas las informaciones necesarias en su debido momento? 
Eso es lo que hay que preguntar si esas asociaciones expresan sus inquietudes en una fase tan adelantada del proceso. 
La Comisión no puede permitirse el lujo de venir ante nosotros esta tarde y decir que lo siente mucho pero que ya no hay nada que hacer. 
La Comisión tiene que hacer algo. 
Señor Presidente, quisiera comunicar al Comisario que el Grupo Liberal de este Parlamento está sumamente defraudado por lo que ha declarado hoy. 
Por primera vez, la cifra de negocios de la Copa del Mundo ascenderá a más de 1.000 millones de dólares. 
Los organizadores han impuesto restricciones a la venta de entradas, en contravención del artículo 85 de los Tratados. 
Están utilizando indebidamente una posición comercial dominante en contravención del artículo 86. 
La Comisión se enteró de este caso en junio del año pasado en una carta del profesor Weatherill, de la Universidad de Oxford. 
Me he enterado de que la Comisión sostuvo entonces discusiones con el COF, que quizá actuó con menos honradez que la Comisión. 
Muy pocos hinchas futbolísticos de fuera de Francia obtendrán entradas para los partidos. 
La mayor parte de los que las consigan tendrán que pagar precios exorbitantes. 
El Grupo Liberal de este Parlamento insta a la Comisión, que es la guardiana de los Tratados, a que castigue a los organizadores con la tarjeta roja. 
A los que dicen que no se puede desmontar todo el sistema de venta de entradas cuatro meses antes de la Copa del Mundo, contestamos lo siguiente: si es ilegal, hay que desmontarlo. 
Si la Comisión decide que hay buenos motivos para no desmontarlo, por lo menos tiene que enjuiciar y multar al COF. 
No basta con buscar nuevos arreglos a fin de redistribuir solamente un 5 % de las entradas. 
Eso es una afrenta para los seguidores, hecha en combinación con el COF, y un arreglo fácil para salirse del aprieto. 
Nosotros llamamos a eso juego sucio, y si no se nos permite que vayamos a los estadios, entonces a lo mejor iremos a los tribunales. 
Presidente, señor comisario, en primer lugar nuestro agradecimiento por que quisiera estar presente hoy en este debate y de que seamos lo primeros que recibamos información de usted, y la lección, la conclusión que nosotros podemos sacar de lo que usted ha expresado es que los clubes de fútbol y los organizadores del Campeonato Mundial de Francia juegan con sus pies y con nuestros pies, pero sobre todo con los pies de todos los ciudadanos de Europa, y que sólo se puede sacar la conclusión de que en efecto debemos actuar. 
Usted mismo como comisario, como responsable europeo, ha comparado frecuentemente su papel con el de un árbitro, que tiene que tomar decisiones, a menudo en campos difíciles, y por lo tanto la decisión en este u otro caso puede ser agradable o desagradable. 
Bueno, le cogemos la palabra y usted podrá hacer aquí solo una cosa, esto es, contra los que infringen las reglas europeas, contra los que piensan que están por encima de cualquier ley, contra aquellos que actúan con gran desprecio en relación a lo europeo sólo puede hacer una cosa y esto es sacar la tarjeta roja. 
Pero nosotros podemos decir naturalmente, sí, para las 100.000 entradas que quedan vamos a seguir las reglas en el momento en el que por así decirlo se han vendido más de 2, 4 millones. 
Esto es como contentarnos con migas y esto no puede ser así. 
En segundo lugar podríamos decir: vamos a imponer multas. 
Quizás no esté mal que el señor Platini u otros reyes Sol en Francia se sientan tocados financieramente, ya que en definitiva- y usted mismo lo ha dicho- esta es en primer lugar una cuestión de dinero, de mucho dinero. 
Dejemos que paguen las multas, aunque naturalmente la desventaja es que al ciudadano normal no le sirve de nada esto y nosotros como miembros del Parlamento tenemos que ver lo que es de nuestra competencia, qué medios tenemos para infundir finalmente un derecho comunitario. 
Esto no es Alemania, Bélgica, Países Bajos, el Reino Unido o Italia contra Francia. 
Esta es una cuestión de respeto elemental por las reglas europeas. 
Si hoy ponemos en su lugar esta cuestión tendrá consecuencias para el futuro. 
¿Qué es el futuro, señor comisario, estimado colegas? El futuro es nada más que el campeonato del año 2000, organizado por Bélgica y por los Países Bajos. 
También en ese momento llegaremos a una adecuado cumplimiento de la regulación incluso si no es del agrado de los hinchas belgas o neerlandeses. 
Hoy en día quizás haya antipatía por los franceses, pero mañana si somos resolutivos y consecuentes será menos agradable para los belgas y neerlandeses, pero lo más importante es que no permitamos la discriminación. 
Me gustaría seguir al colega Watson: mientras no podamos ir al campo entonces tendremos que ir al Tribunal. 
Le puedo certificar, señor comisario, que entretanto hemos recurrido junto a un cierto número de miembros del Parlamento a un renombrado abogado. 
Señor Presidente, a veces en este Parlamento Europeo no sentimos orgullosos si alguien viene a pedirnos asistencia y nos toma en serio. 
Por eso quisiera leerles una carta muy sincera que me ha enviado un hincha futbolístico de Aberdeen, en mi circunscripción, en la que dice lo siguiente: " Le escribo con la esperanza de que el Parlamento Europeo pueda hacer algo contra la ridícula asignación de entradas para las finales de la Copa del Mundo en Francia. 
He sido socio del Scotland Travel Club durante ocho años. 
Anteriormente he asistido a dos Copas del Mundo y a dos competiciones europeas, a pesar de lo cual no tengo ninguna esperanza de que se me asignen entradas para estos partidos». 
Esta persona esperaba que, como la Copa del Mundo se jugaba esta vez en Europa, no tendría ningún problema para asistir al primer partido. 
Como saben ustedes, el primer partido es Escocia contra el Brasil y era lógico esperar que las personas que asistieran al partido fueran sobre todo escoceses y brasileños. 
Pues bien, no es así. 
El número de billetes disponibles en Escocia es demasiado pequeño, y esa persona no podrá asistir al partido. 
Es evidente que puede resolverse a ir al terreno de juego y procurar comprar entradas en el mercado negro. 
Me parece que se trata de una situación muy grave, que hubiéramos debido evitar a toda costa. 
He tomado nota de lo que ha dicho el Comisario, según el cual las autoridades francesas han seguido el mismo procedimiento que en otras competiciones anteriores. 
Si el procedimiento seguido no ha sido adecuado en otros casos, eso no es razón alguna para no reformarlo. 
De todos modos agradezco lo poco que se ha hecho en favor de aliviar la situación. 
Estamos hablando de algo así como 160.000 entradas, que parecen ser muchas pero que, en realidad, son poquísimas. 
Insto a que se dé prioridad a los hinchas que quieren ver jugar a su propio equipo. 
Es evidente que si Francia juega es natural que los franceses se lleven la mayor parte de las entradas, pero cuando se trata de dos pequeños países, como Marruecos y Escocia, por ejemplo, entonces me parece que sería muy fácil trazar un sistema que permitiera que sus seguidores pudieran asistir a los partidos. 
Si hay algo que dé animación a un partido, es escuchar cómo los hinchas se vuelcan en favor de sus equipos. 
Creo que ha llegado el momento de organizar todo el sistema con sentido común. 
Señor Presidente, no cabe duda de que se han registrado retrasos en cuanto a la iniciativa de la Comisión relacionada con este asunto. 
No obstante, apoyo plenamente la acción que están llevando a cabo la Comisión y el señor Comisario en este momento, habida cuenta de que en este caso están realmente intentando remediar una situación inaceptable. 
Digo esto, aunque considero que la cantidad de entradas que se supone que se puede poner en venta es todavía muy reducida. 
Evidentemente, se trata de un número muy limitado respecto a la disponibilidad total. 
La actuación de la Comisión es acertada y creo que es justo e importante que el Parlamento se pronuncie en este sentido, porque lo que queda patente es que, en realidad, detrás de cualesquiera acontecimientos deportivos y espectáculos se esconden intereses económicos y, con frecuencia, se cometen abusos propiamente dichos, con el único objetivo de obtener, incluso especulando, ingentes beneficios. 
Éste es el caso que estamos examinando, habida cuenta de que es inaceptable que para poder conseguir una entrada se deba adquirir un paquete completo que incluye viajes, hoteles y servicios turísticos. 
Si consideramos- como acaba de manifestar el señor Comisario- que los grandes acontecimientos deportivos y los espectáculos deben dirigirse a los ciudadanos europeos y- yo añadiría- especialmente, a los jóvenes ciudadanos europeos, es evidente que estas discriminaciones son inadmisibles. 
A este respecto, y sobre la base de la posición que hoy va a adoptar el Parlamento, creo que es necesario otorgar al señor Comisario un nuevo mandato para que no sólo continúe el trabajo realizado hasta ahora, sino que siente nuevas bases para las entradas desde el punto de vista cuantitativo y, ante todo, para que fije unas reglas. 
En este sentido, aprecio el hecho de que el señor Comisario haya sido muy explícito: hay que cambiar las reglas de la FIFA que, hasta ahora, han obligado a autoridades como el señor Comisario y- hoy- al Parlamento a intervenir en estas cuestiones. 
Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en cuanto a los problemas: falta de entradas debida a los límites objetivos entre demanda y oferta; coste excesivo de las entradas en la venta indirecta confiada a las mayoristas de viajes; necesidad de luchar contra el fenómeno del mercado negro. 
Por el contrario, estamos divididos en cuanto a las respuestas. 
¿Podemos considerar la venta de las entradas de un acontecimiento deportivo o cultural cómo una actividad exclusivamente económica? 
Tras la lectura del texto de la propuesta de compromiso y a raíz de la referencia a las normas previstas en el Tratado en materia de competencia, o sea, los artículos 85 y 86, ésta parece la opinión predominante. 
Con este enfoque, no obstante, se corre el riesgo de pasar de un presunto abuso de posición dominante nacional a un abuso de posición dominante de la Unión Europea, tratándose de un acontecimiento internacional por definición: la Copa del Mundo de fútbol. 
Debiendo, en cambio, responder a las legítimas expectativas de los forofos de todo el mundo, la posición más justa y viable nos parece que es la de garantizar, además de la venta directa, la asignación de cuotas a las federaciones nacionales y a las asociaciones deportivas juveniles sin ánimo de lucro. 
Éste es el sentido de nuestras enmiendas, cuyo resultado determinará nuestro voto definitivo. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera dar gracias al Comisario por los esfuerzos que ha desplegado. 
Tras un mitin que tuve ayer con el Comisario creí que estábamos a punto de llegar a una solución. 
Todo parece indicar que las perspectivas de solución han desaparecido y que las autoridades francesas no están dispuestas ya a ofrecer más entradas para indemnizar a las personas que han quedado desfavorecidas por lo que representa una clara infracción de la legislación de la Comunidad Europea, y en particular de los artículos 85 y 86. 
Lo que más me preocupa es que no se haya dicho que la Comisión va a seguir ocupándose de esta cuestión urgentemente y con firmeza. 
No podemos permitir que se nos trate de esa manera. 
Hay entradas disponibles. 
El que quiera una entrada para un partido de la Copa del Mundo, puede obtenerla sin problemas. 
Lo único que tiene que hacer es pagar 600 libras por una de esas ofertas turísticas " todo incluido» que es exactamente lo que queremos evitar. 
Hay 2, 5 millones de entradas disponibles. 
No creo que las autoridades francesas hayan vendido el 22, 3 % de esas entradas que se reservan para la venta directa. 
Me gustaría tener algunas cifras sobre el particular. 
Como ha dicho alguien, de todo lo que podía estar disponible por el momento no quedan más que migajas. 
Hay una organización comercial sumamente cínica- y no es el pueblo de Francia ni tampoco las autoridades futbolísticas francesas- que está tratando de explotar el carácter especial del deporte para ganar dinero a costa del pueblo europeo. 
Confío en que nos ocupemos seriamente de esta cuestión y, como han dicho cierto número de oradores, entre ellos el Sr. Watson y el Sr. Cunha, si no obtenemos mucho más de lo que ofrecen en estos momentos la Comisión o las autoridades, es verosímil que esta cuestión se resuelva ante los tribunales, y tenemos que asegurarnos de que los tribunales se pronuncien, y de que se pronuncien pronto. 
Apenas nos separan 85 días de la Copa del Mundo. 
Señora Presidenta, es evidente que la Comisión Europea ha incurrido, en este asunto, en una falta de vigilancia. 
Hacía tres años que la FIFA había preparado las reglamentaciones, y éstas eran conocidas. 
No es normal que ustedes no hayan intervenido. 
Tampoco es normal que se haya permitido que se ofrecieran 500.000 entradas a patrocinadores que las distribuyen basándose en concursos, en pruebas, que tienen por objeto saber si se consume o no una determinada marca de agua mineral o de guisantes. 
Todo esto se sabía. 
No se ha hecho estrictamente nada. 
Ahora tenemos el acontecimiento encima; la partida ya está prácticamente perdida. 
Pero las 50.000 entradas a las que usted se refiere, señor Comisario, es como si fuesen una gota de agua en el mar. 
Existen 166 federaciones, lo que sólo equivale a algunas decenas de entradas por federación. 
Ni siquiera ha logrado conseguir las 100.000 entradas restantes. 
Es muy grave. 
En cualquier caso, le pediré, para concluir mi intervención, que haga todo lo posible para impedir más que nada el mercado negro, ya que verá como habrá franceses que venderán sus entradas- para partidos como el de Bélgica-Holanda, por ejemplo- por un precio veinte veces superior al que las compraron, lo cual es inaceptable. 
También le pediré que llegue hasta el final. 
Aún puede intervenir; todavía puede tratar de sacar más entradas. También puede emplearse a fondo e intervenir en el terreno judicial y en el de las indemnizaciones. 
Señora Presidenta, la preocupación de garantizar los principios de la libre competencia, considerados sagrados, así como de observar la compatibilidad de las iniciativas con las reglas del mercado interior, en nuestra opinión, es la causa principal del vertiginoso incremento de los precios y de las ofertas relacionadas con la venta de entradas para la próxima Copa del Mundo de 1998, que se celebrará en Francia. 
Por otra parte, la propia Comisión se sintió obligada a rechazar las acusaciones de que la política en materia de competencia estaría en la base del vertiginoso aumento de los precios de las entradas para asistir a los encuentros, con una carta dirigida a la FIFA, en la que protestó por los precios astronómicos apuntados por algunas agencias de prensa y recalcó que dichos aumentos afectan no sólo a la entrada a los estadios, sino también al precio de los medios de transporte y a los gastos de estancia. 
En nuestra opinión, sin embargo, independientemente de la real o presunta subida de precios, la multiplicación, a veces incluso por quince, de los precios aplicados por las agencias de viaje, las únicas autorizadas para vender el forfait del Mundial, son la directa consecuencia de la obstinación de la Comisión que se opone a la creación de un servicio único de reventa en cada uno de los Estados miembros. 
El garantizar los principios de la libre competencia, y además el hecho de que pueda servir para rechazar la acusación de abuso de posición dominante, no debe, sin embargo, ser un obstáculo para la concesión de la autorización a un servicio único de reventa en cada Estado miembro, con objeto precisamente de detener, cuando todavía está en ciernes, el mercado negro, así como de evitar la monopolización de la venta por parte de los agentes de turismo y, por ende, de garantizar a todos los ciudadanos comunitarios la posibilidad de disfrutar de un acontecimiento deportivo cada vez más seguido y popular. 
Señora Presidenta, el Comisario se ha metido sin gran convicción con la FIFA acerca de esta cuestión. 
¿De qué vale que el Comisario van Miert cometa una falta deliberada cuando tiene frente a él a personas como Havelange y Lennart Johansen? 
Lo mismo sucedió en el caso de la libertad de circulación: la Comisión se pronunció sobre el particular con poquísima convicción. 
No le queda más remedio que mejorar su marcaje: tiene que estar en condiciones de dominar la situación. 
Estamos tan preocupados como la Comisión por el ciudadano de nuestra Unión. 
Estamos realmente preocupados, y me inquietan particularmente los miembros del ejército de los Tartán que esperan poder venir a Escocia para ver el partido de Escocia contra el Brasil, pero el hincha vulgar y corriente no podrá aprovechar esa oportunidad en absoluto. 
Esta semana dos entradas para la Copa del Mundo se vendieron por 19.000 libras en Glasgow. 
Eso es casi más de lo que algunos de los hombres de la calle pueden ganar en dos años. 
¿Qué oportunidad se les ofrece a los ciudadanos de la calle, si esos precios exorbitantes los carga el organizador de la Copa del Mundo? 
Como ya han dicho otros diputados, la Comisión tiene que adoptar medidas firmes. 
Señora Presidenta, creo que nadie cuestiona la importancia cultural, social y comercial del deporte. 
El carácter de un campeonato mundial de fútbol como elemento de unión entre pueblos tiene una especial importancia. 
Lo allí vivido será conservado en la memoria de todos además durante toda una vida. 
Por ello, es para mí totalmente incomprensible que el comité organizador de un acto de este tipo emplee un sistema de distribución de entradas discriminatorio que da preferencia a los ciudadanos de su país. 
El Parlamento Europeo, tal como ha observado el Sr. Comisario, se ocupa actualmente en el segundo informe de la ciudadanía de la Unión e intenta encontrar medios y vías para despertar a las personas un sentimiento europeo. 
Al mismo tiempo, se hace un flaco servicio al deporte, que en comparación con su importancia en la Unión Europea va más bien saliendo del paso, y se introduce un elemento de desunión entre los ciudadanos de la Unión. 
Resumiendo, si he comprendido correctamente al Comisario, solamente puedo lamentar que, por lo visto, ya no exista ninguna posibilidad de arreglar la situación pro praeterito. 
No obstante, me permito adherirme a lo expuesto por el orador anterior y le ruego nos comunique qué es lo que se ha proyectado para el futuro para evitar tales cosas. 
Señora Presidenta, creo que es conveniente ante todo recordar que, en el marco de las normas de competencia, la Comisión debe respetar las normas de procedimiento. 
Cuando surgió realmente el problema, es decir, durante el mes de diciembre, mis servicios iniciaron inmediatamente un procedimiento, dirigiéndose en un primer momento al " acusado» , sobre la base de las cartas que éstos habían recibido y de algunas reacciones por parte de algunos diputados del Parlamento. 
Pero se trataba solamente de algunos diputados del Parlamento- creo que fueron dos -, mientras que ahora se pretende decir que desde el mes de diciembre nos habían implorado que hiciéramos algo. 
De todas maneras, nosotros hemos actuado de inmediato, como he dicho, dirigiéndonos al " acusado» para pedirle explicaciones y para que nos dijeran si lo que acabábamos de enterarnos era verdad. 
Pero como las explicaciones que recibíamos no nos satisfacían- era entonces el mes de enero -, decidimos pasar inmediatamente a la segunda fase del procedimiento y enviar una carta de advertencia a los interesados. 
Es muy poco frecuente que se envíe una carta de advertencia con tanta rapidez. 
Entonces, que aquellos y aquellas que tienen por costumbre criticar a la Comisión porque ésta actúa demasiado rápido, porque no reflexiona lo suficiente antes de enviar una carta de advertencia, no vengan ahora a reprocharnos por haber hecho lo contrario. 
Les ruego me disculpen, pero hemos hecho lo que debíamos hacer, rápidamente, respetando las reglas del juego. 
Además, el " acusado» también tiene sus derechos. 
Esta es mi actitud y me atendré a ella. 
Deben saber que no acepto algunas afirmaciones que aquí se han hecho. 
Por otro lado, como ustedes saben, hace ya mucho tiempo que nosotros tenemos graves problemas con las organizaciones deportivas. 
Cuando digo " nosotros» , me refiero en particular a la Comisión. 
En efecto, creo haber entendido bien que cuando las organizaciones estiman que la Comisión molesta, se dicen: " Vamos a tratar de encontrar apoyos de los políticos». 
Es así como en Alemania, tras una sentencia del Tribunal los medios políticos se movilizaron para excluir el deporte de las normas de competencia, para decirnos: " No se metan en camisa de once varas, no se ocupen más de este asunto. 
Usted, Sr. Van Miert, y ustedes, las autoridades encargadas de la competencia en el plano nacional, se merecen una tarjeta roja, quédense en la banda, nosotros nos ocuparemos de todo». 
Esta es la realidad. 
Por favor, pongamos las cosas en su sitio. 
En varias ocasiones, yo mismo he recordado, en nombre de la Comisión, que las normas de competencia debían aplicarse, incluso con respecto al comportamiento de la FIFA. 
Ahora bien, todavía queda un mes, ustedes han podido leer que un responsable de la FIFA había declarado en Singapur, si mal no recuerdo, que iba a dirigirse a varios primeros ministros europeos para resolver este problema; dicho de otra manera: para desembarazarse de la Comisión, ya que los de la Comisión, que se ocupan de este género de problemas, crean complicaciones. 
Esta es la realidad, ¿no creen ustedes? 
He recibido más de una delegación de diputados de su Parlamento que han venido a defender la causa de las autoridades deportivas. 
Incluso leí ayer en la prensa que un ministro- también encargado de los deportes- iba a venir a ver al Presidente Santer, a mi colega Padraig Flynn y a mí para demostrarnos que la Comisión no respetaba la sentencia Bosman del Tribunal de Justicia. 
Esta es la situación real. 
Pero la Comisión resiste, mantiene el rumbo y no tiene intenciones de quedarse donde está. 
Además, hay que decir que esto también es válido para la Fórmula 1. 
Por lo tanto, repito, no acepto ciertas críticas. 
En cambio, les pido su apoyo. 
Cuando haya que notificar a la FIFA que tendrá no sólo que discutir con la Comisión, lo que hasta ahora por lo general rechaza, sino también cambiar el sistema, ¿podré entonces contar con un amplio apoyo del Parlamento Europeo? 
(Manifestaciones de aprobación y aplausos) Muchas gracias, ¿pero podré también contar con el apoyo de ustedes cuando haya que discutir con determinadas autoridades deportivas nacionales? 
(Manifestaciones de aprobación y aplausos) Tomo buena nota. 
Cuando haya que combatir el mercado negro, señor Monfils, ¡tenga la seguridad de que haremos todo lo que podamos! 
Haremos todo lo que podamos, pero, por favor, hay algo que no pueden pedir a la Comisión: que se encargue de la organización del Mundial. 
Ese no es nuestro papel. 
Nuestro papel, basándonos en las normas de competencia, es comprobar si se han cometido infracciones, y, en su caso, actuar. 
Como ustedes saben, eso se me da muy bien, y creo que ahora lo saben, no sólo en el seno de este Parlamento, sino también fuera. 
Hay algo más; se ha dicho: " ¡Y las agencias de viaje!» 
Sí, deseo señalar que en este caso existe efectivamente un problema, ya que las agencias de viaje deben pagar derechos, deben pagar mucho para poder vender localidades. 
Pero se trata sólo del 5, 4 % de las localidades. 
En principio, uno puede dirigirse igualmente a las organizaciones nacionales. 
Y ahí radica también el problema; tendría que haber existido la posibilidad de dirigirse a los organizadores, los cuales, sin hacer discriminaciones, tendrían que haber puesto las entradas a disposición de los compradores. 
A ello está encaminada nuestra acción. 
Como se he dicho antes, aún no se ha llegado a un acuerdo porque no estamos satisfechos- al menos, de momento- con las propuestas que hasta ahora nos han hecho los organizadores. 
Deseamos asimismo comprobar algunos datos que se nos han proporcionado. 
En efecto, creo que algunas de las categorías que les he mencionado son poco fiables, y querríamos saber a qué corresponden exactamente. 
Esto es lo que haremos, y después se verá. 
¡No me pregunten hoy cuál será nuestra conclusión! 
Tengan un poco de paciencia. 
O bien el Comité organizador cumple en cualquier caso nuestras exigencias en toda la medida de lo posible, de conformidad con el Derecho comunitario, o bien no lo hace, y la Comisión iniciará entonces el procedimiento de infracción. 
Así es como está planteada la situación. 
Si desean más explicaciones, estoy siempre a su disposición, como de costumbre, para proporcionárselas. 
(Vivos aplausos) 
Usted nos ha dicho que no le era posible hacerse cargo de la Federación Mundial del Deporte, pero no nos ha dicho si se haría cargo de ella si pudiese hacerlo. 
Queda cerrado el debate. 
Antes de pasar a las votaciones, el Sr. Killilea ha pedido la palabra para un asunto de orden. 
Señora Presidenta, no sé si es una cuestión de orden pero quisiera felicitar al Comisario y, por un momento, creí que iba a ayudar a Escocia a ganar un partido o dos. 
Lo mismo se puede decir después de oír la intervención de Hughie McMahon. 
Señor Kililea, el debate ya está cerrado. 
Procedemos a la votación. 
Antes de la votación sobre Nicaragua: 
Ayer hemos votado sobre la composición del debate. 
Esta Asamblea lo acordó así. Por ello, este texto se incluye también. 
Esta es la explicación. 
Cooperación judicial en materia penal (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la prosecución de la votación sobre el informe (A40058/98) del Sr. Bontempi, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores sobre la cooperación de la justicia en asuntos penales en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, Señorías, me alegra que el colega Posselt irrumpa en aplausos solamente al escuchar mi nombre, lo que muestra que, en contra de lo que parece, es un diputado listo. 
Vuelvo a los acontecimientos de este mediodía que nos han obligado a proseguir ahora el debate. 
Este mediodía el debate ha trascurrido de un modo algo lamentable. Por ello espero que comprendan que me remita un momento a las cuestiones de procedimiento. 
Comprendo que es muy difícil organizar un complicado orden del día en la muy apretada semana de Estrasburgo. 
Pero para el Parlamento es muy difícil mantener un debate, interrumpirlo a la mitad de la exposición de las opiniones, cuando las diversas fracciones deben comenzar a exponer su opinión sobre la exposición del ponente y que luego la Comisión, que viene para escuchar al Parlamento, obtenga la palabra y se le dé la vuelta a todo, pues no es la Comisión la que escucha al Parlamento sino al revés, es el Parlamento quien escucha una opinión de la Comisión. A continuación se va la Comisión y no participa en el debate. 
Todo este asunto ha transcurrido de un modo algo desafortunado. 
No quiero echar aquí la culpa a nadie. 
El colmo de todo esto- sobre lo que debemos recapacitar aún en el Pleno de modo general- ha sido que la Comisaria Gradin ha tenido que exponer su opinión en una atmósfera que me ha recordado más- con permiso, señora Presidenta- a la que existe en un mercadillo que a la que corresponde a la dignidad del Parlamento Europeo. 
Quizás logremos en una ocasión autodisciplinarnos para que exista un nivel mínimo de cortesía y prestemos la atención que se merecen las oradoras y oradores de esta sala de Plenos, ya se trate de diputados, de representantes del Consejo o de la Comisión. 
Esto es lo mínimo que se puede esperar de un Parlamento que quiera ser merecedor de ese nombre. 
Esto es lo que quería decir sobre el procedimiento. 
Respecto al informe del colega Bontempi, quiero realizar tres observaciones básicas. 
Primera: resultado lógico de la evolución de la integración económica de la Unión Europea es que la criminalidad transfronteriza y que actúa a nivel europeo aumente pues se amplían sus posibilidades de actuación. 
Allí donde es posible una economía sin fronteras, es también posible una economía ilegal, es decir, el mercado del crimen organizado crece lo mismo que crece el mercado interior. 
Controlamos y organizamos las condiciones marco para el mercado, pero no lo hacemos en la forma necesaria con los instrumentos que necesitamos para luchar contra la ilegalidad. 
En la Unión Europea se ha abandonado de modo punible la cooperación entre las justicias en asuntos penales. 
Existe un segundo motivo de ello. 
Consiste en que sigue predominando el carácter nacional de la policía y de la justicia, lo que tiene su explicación política. 
Por un lado tenemos una instancia crecientemente supranacional, la Unión Europea, y por otro lado los Estados nacionales ven que su soberanía nacional va perdiendo peso paralelamente a la aumento de la importancia de la Unión Europea. 
Para oponerse a ello, hay en los Gobiernos nacionales un cierto mecanismo de defensa que se expresa del modo más nítido allí donde los Estados nacionales pueden mostrar del modo más claro su soberanía, a saber, en el monopolio de la violencia, en especial en la policía y en la justicia. 
Por ello, los Estados nacionales no están muy predispuestos a llegar a regulaciones a nivel europeo sobre cooperación interestatal, lo que es políticamente absolutamente necesario. 
Con ello, he llegado al tercer punto. 
Si hoy admitimos ya que los actos punibles- de los que el colega Bontempi ha dicho que tenemos que cristalizarlos con precisión -, es decir, los actos punibles que afectan en especial a la Unión Europea y que perjudican sobre todo en el ámbito del fraude a los intereses financieros de la Unión, deben ser también perseguibles y sancionables por la Unión, no podemos eludir llegar lo antes posible a un sistema en el que creemos las condiciones previas operativas para poder perseguir penalmente a nivel comunitario tales actividades como complemento a la cooperación policial. 
Espero que no se quede sólo en este debate sino que lleguemos pronto a formas adecuadas de cooperación con la necesaria eficiencia en la lucha contra el crimen. 
Señora Presidenta, "sign against crime» pone en nuestros pasillos ," vote against crime» , va a ocurrir mañana a mediodía y " fight against crime» , esta es nuestra tarea en la Comunidad Europea. 
El Sr. Pirker comparte también esta opinión. 
Pide que le disculpemos pues tiene que ir urgentemente a Austria. 
Creo que es sencillamente importante que se combata el crimen organizado de un modo aún más dirigido. 
Influye sobre el circuito económico legal y sobre la administración pública y daña también los intereses financieros de la Unión. 
Aunque la cooperación policial está aún estableciéndose- la unidad antidrogas de la Europol que fue fundada en 1997 ha combatido con éxito al fin y al cabo 2608 casos de crimen organizado y la unidad de lucha contra el fraude, la UCLAF, protege los intereses financieros de la Comunidad Europea y trabaja también con gran éxito -, pero la cooperación entre a nivel de la justicia está aún totalmente subdesarrollada. Diferentes sistemas jurídicos de los Estados miembros impiden una cooperación mejor. 
En provecho de una mejor cooperación y en interés de una lucha efectiva contra el crimen organizado, tenemos que mantener un debate sobre dónde debe ceder terreno la soberanía nacional. 
En cualquier caso, debemos ceder allí donde fracasan los instrumentos contra el crimen organizado, donde los ciudadanos- no sólo en Bruselas- ya no están protegidos y se dañan los intereses de la Unión. 
Objetivo a largo plazo es una norma jurídica común. 
El informe Bontempi- que es excelente- insta para que se den pasos más rápidos. 
Hay cuatro puntos que considero irrenunciables. 
Primero: hay que mejorar radicalmente el Convenio sobre Asistencia Judicial. 
Segundo: hay que aproximar las normas jurídicas al menos en los nuevos campos de delitos. 
Tercero: la cooperación con terceros Estados tiene que mejorar mediante programas como GROTIUS y FALCONE. 
De este modo, la UE podría exportar seguridad y sistemas jurídicos. 
Cuarto: hay que mejorar sensiblemente la cooperación para la protección de los intereses financieros de la Unión. 
Necesitamos un núcleo fijo de disposiciones materiales y penales. 
Hay que dotar a la UCLAF de los necesarios recursos para que se convierta a largo plazo en una autoridad comunitaria para la persecución de delitos penales como protección de los intereses financieros. 
La UE tiene que dar pasos en lo tocante a la cooperación jurídica con mayor rapidez que hasta ahora, no sólo para proteger los intereses financieros de la Unión sino en especial, en interés de la seguridad de los ciudadanos. 
Señora Presidenta, el Sr. Schulz ha planteado ya una importante cuestión: tenemos que mejorar los procedimientos de este Parlamento. 
No quiero volver a plantear esa cuestión, pero me gustaría añadir algo. 
¿Por qué no podemos interrumpir la sesión por cinco minutos antes de que comiencen las votaciones a mediodía, para que pueda entrar en esta sala el que lo desee? 
De esta manera podremos sostener un debate con orden y concierto. 
Lo que ha sucedido en algunos casos es una verdadera vergüenza y realmente me gustaría que la Mesa y la Conferencia de Presidentes se ocuparan de la cuestión. 
El informe del Sr. Bontempi se caracteriza por su enfoque pragmático y muy bien instrumentado. Esta bien que se nos expliquen los principios, pero es esencial que adelantemos en esferas concretas. 
Puede decirse que nos estamos enfrentando con el aspecto positivo de la integración negativa. 
Tenemos con nosotros a uno de los Comisarios que están trabajando estrechamente sobre los efectos secundarios del mercado interior. 
Pronto todos podremos desplazarnos libremente por Europa, excepción hecha de los oficiales de policía y judiciales. 
Éste es el fondo de la cuestión. 
Es importantísimo que los Estados miembros acaben por darse cuenta de que un enfoque puramente intergubernamental no vale únicamente para proteger los intereses nacionales y que, al final de la jornada, obstaculiza el camino de la justicia nacional. 
El enfoque intergubernamental de los 50 últimos años ha quedado ilustrado por el Consejo de Europa. 
Se trata de una importante organización, pero todos nos damos cuenta de que la justicia y la cooperación policial en una Europa de 15 Estados miembros sin fronteras no se puede conseguir ya mediante la ratificación de los convenios nacionales que llegan demasiado tarde, que consiguen demasiado poco, y que no tienen más que efectos parciales. 
Éste es el punto esencial que el Sr. Bontempi se ha esforzado acertadamente por subrayar en su informe. 
No se trata de eliminar las garantías democráticas y de la constitución nacional. 
La Unión Europea tiene bastante madurez para subrayar los derechos humanos y la protección de la democracia, a fin de conseguir progresos. 
El Tratado de Amsterdam- el Sr. Bontempi lo ha dicho con toda claridad- no indica el camino que hay que seguir. 
No podemos seguir trabajando con los convenios nacionales como si la Unión Europea no fuera más que una estructura intergubernamental. 
Éste es el aspecto principal de la cuestión. 
Esta mañana dijo la Sra. Gradin, en su respuesta inicial, que las decisiones marco deberían constituir en el futuro el instrumento prioritario para seguir progresando. 
Insisto mucho en lo que acabo de decir porque es la única forma de que acabemos por involucrar también a los países de la Europa central y oriental. 
Tenemos que hacer progresos en toda esta esfera si queremos que la Europa central y oriental sea recibida adecuadamente en las actuales estructuras europeas. 
Si esta Europa, la Europa que hemos estado construyendo durante los 40 últimos años, no puede progresar más en materia de justicia y de cooperación policial, ¿cómo podemos esperar que los países que durante 40 años han estado padeciendo la dictadura, la falta de protección de los derechos humanos y la falta de creación de instituciones, se pongan de nuestro lado y efectúen los progresos que hubiéramos querido obtener conjuntamente? 
Es esencial, y así quisiera señalárselo al Comisario Monti que está en la sala en nombre de la Sra. Gradin, que diga si el programa PHARE no debería utilizarse más para promover la justicia y la cooperación policial. Eso es también lo que piensa el Sr. Bontempi. 
Sigue siendo lamentable que ni los parlamentos nacionales ni este Parlamento Europeo participen realmente en la cuestión. 
Ya se ha mencionado anteriormente que no deberíamos actuar a la defensiva. 
No hay forma de progresar si los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo no despliegan más esfuerzos por colaborar en esta esfera. 
La voluntad política que tan a menudo se echa de menos debería hacerse constar con claridad en este Parlamento, tanto en el plano nacional como en el plano parlamentario. 
El Tribunal Europeo de Justicia, que ha sido la flor y nata de las instituciones, sigue desempeñando un papel inadecuado en todo este proceso. 
El Tribunal sólo puede dictar fallos preliminares si así lo deciden los miembros, e incluso en ese caso no puede dar realmente una interpretación del Tratado. 
Lo único que puede hacer es adoptar decisiones marco y decisiones sobre los diversos convenios. 
Tenemos que efectuar progresos también en esta esfera, y ésa es una cuestión que también planteó con toda claridad el Sr. Bontempi. 
En suma, trabajando juntos podemos conseguir mucho más, pero el problema central estriba en que la voluntad política de los Estados miembros se utiliza a veces como coartada. 
Lo que se dice acerca de la protección de los intereses nacionales no es más que una coartada para efectuar progresos en el plano europeo. 
Tenemos que protestar enérgicamente contra esa situación, y éste es el elemento que se subraya en el enfoque del Sr. Bontempi: lo acogemos con mucha satisfacción, y espero que la Comisión lo tome también en cuenta seriamente para el actual período. 
Señora Presidenta, permítame en primer lugar decir que la mayoría del Grupo V apoya el informe de Bontempi con tres excepciones. 
Una se refiere a que no se debe forzar la armonización del derecho penal. 
Éste es y será un asunto de carácter nacional por mucho tiempo. 
El segundo punto se refiere al llamado a los gobiernos de los países miembros para que no usen excepciones y reservaciones en las convenciones. 
Según el Grupo V, estos llamados de carácter general son inaceptables. 
El tercer punto trata de la propuesta de abolición del principio de que un delito debe ser punible en dos países. 
Una abolición de carácter general acarrearía, en la situación actual, enormes tragedias humanas, incluidos los refugiados. 
Este el criterio mayoritario en el Grupo V. 
Yo represento, como sueco crítico de la UE, una posición totalmente distinta a la de Bontempi y por eso votaré desfavorablemente este informe. 
Me parecen bien todas las formas de colaboración, incluso en materia judicial, si se llevan a efecto entre naciones y no limitan ni pisotean la soberanía nacional o la democracia nacional. 
El objetivo general del informe es el establecimiento de un sector judicial común. 
Esto requiere, entre otras cosas, armonización del derecho penal, lo que significaría la terminación del gobierno soberano nacional. 
La base jurídica más importante es una interpretación que se hace del Tratado de Amsterdam que aún no se ha ratificado ni entrado en vigor. 
Según mi parecer, esto es insólito. 
La mejor manera de combatir la delincuencia organizada es por medio de una cooperación internacional, globalizada, en el ámbito interestatal y con avanzada colaboración, entre otros, con Interpol. 
Señora Presidenta, ante todo desearía asociarme plenamente a las palabras preliminares de mi amigo Schulz. 
Dicho esto, en cuanto al fondo del informe, es cierto que la cooperación europea es perfectamente legítima, en el momento que resulta más eficaz que la propia acción de los Estados. 
Y nosotros nos situamos precisamente en este terreno, cuando se trata de la cooperación judicial. 
Para luchar contra la delincuencia transnacional, es evidente que necesitamos una mayor cooperación, aunque simplificada, en el ámbito judicial; sobre todo para facilitar el trabajo de los magistrados de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. 
Es muy importante que los magistrados puedan relacionarse directamente entre ellos y que se simplifiquen las normas de procedimiento con respecto al intercambio de información, de documentos, etcétera. 
Naturalmente, esto debe hacerse respetando las normas constitucionales y los principios generales del derecho. 
A Dios gracias, en la Unión Europea, todos los Estados miembros respetan el Estado de Derecho, el cual a su vez respeta el derecho de las personas. 
En este sentido, ya sería hora de que los Estados miembros fuesen menos renuentes frente a los respectivos órdenes jurídicos de los miembros de la Unión. 
El informe de nuestro colega Bontempi tiene la gran ventaja de no caer en grandes exigencias de principio, sino de ser, por el contrario, muy concreto, muy realista y pragmático. 
Creo que es el mejor enfoque en un ámbito tan delicado tanto en el plano de la soberanía como en el de los derechos de las personas, y, como es natural, de los derechos de la defensa. 
Ciertamente, nuestro Grupo apoyará este informe. 
En cambio, no podremos estar de acuerdo con el ponente con respecto al problema del procurador europeo, que nos parece más bien complicar los procedimientos y añadir dificultades, en lugar de simplificarlos. 
Señora Presidenta, la creciente criminalidad internacional hace naturalmente necesario que se recapacite sobre cómo se puede detener esta evolución. 
Como causas de los problemas en relación con procedimientos penales de carácter transfronterizo se han expuesto las diferentes regulaciones materiales y procesales, las complicadas disposiciones del sistema de ayuda judicial y la exigencia de punibilidad en ambas partes. 
Personalmente estoy a favor de cualquier simplificación en las relaciones interestatales pero, debido a las diferencias culturales e históricas, no estoy en absoluto a favor de una simplificación del derecho penal material. 
Al contrario que el colega Pirker y el Sr. Rübig, que hoy le ha sustituido, no podemos exigir a los austríacos, quienes ya se han visto defraudados por los partidos del Gobierno en lo tocante a su juguete preferido " libretas de ahorro anónimas» en relación con la lucha contra el lavado de capitales, que cedan soberanía en el campo del derecho penal material o que definan de nuevo el concepto de soberanía. 
La exigencia planteada en el punto K del informe de que se renuncie a una acusación doble y de que se suprima la doble punibilidad, es señal de un malentendido y de una confusión entre ambos conceptos y una errónea apreciación del principio del ejercicio del derecho penal universal sustitutorio. 
En resumen, no veo motivo para una simplificación del derecho penal material ni para una fiscalía con competencias europeas pero sí para cualquier forma de mejora en la cooperación entre las autoridades que persiguen los delitos penales. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera felicitar a mi colega, el Sr. Bontempi, por su informe sobre la cooperación judicial en cuestiones penales. 
La Unión Europea ha presenciado la creación del mercado único: libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales y de personas. 
Como decía un filósofo chino ya fallecido: " Hemos visto florecer a un centenar de flores». 
Desgraciadamente muchas de ellas eran semillas silvestres. 
Hay un mercado único europeo que crece constantemente, y es el de la libre circulación de mercancías robadas: automóviles, por ejemplo; servicios ilegales como la prostitución; dinero sucio que espera que se le blanquee en otros Estados miembros; inmigrantes ilegales pasados de contrabando por bandas de la delincuencia organizada. 
Y además tenemos una Europa de dos velocidades. 
Mientras que la Unión Europea ha estado progresando en muchas esferas de actividad- política social, política ambiental, unión económica y monetaria- es curioso que se haya quedado tan atrasada en lo que se refiere a la armonización de la legislación y de la práctica en las esferas judicial y policial. 
Europol ha sido un éxito, pero en escala pequeñísima. 
Ha trabajado con mucha eficacia para intercambiar información en toda la Unión Europea acerca del tráfico de drogas, pero no ha ampliado sus actividades para abarcar otras esferas: el terrorismo, el racismo, la delincuencia organizada. 
Necesitamos progresar. 
Lo que desmoraliza a los pueblos de la Unión Europea es que, a pesar del mercado único, a pesar de la Unión Europea, los delitos transfronterizos y los delincuentes transfronterizos siguen soslayando el castigo. 
Los asesinos, los ladrones y los sobornadores se esconden en los intersticios de la legislación europea. 
No basta con tener normas jurídicas comunes. 
Queremos una justicia común y normalizada. 
Lo que irrita de verdad a los ciudadanos de la Unión Europea es que haya casos como el de Keith Cottingham, en el Reino Unido, persona de la que se sospecha ha enviado cartas-bomba, que está acusado de haber asesinado a un ama de casa, Barbara Holmes: desde hace 14 años está viviendo en España. 
Desde hace cuatro años está viviendo en España sin pasaporte, pues el suyo ha expirado. 
A pesar de ello, la policía británica no ha podido conseguir su extradición al Reino Unido para pasar ante los tribunales. 
Los ciudadanos de la Unión Europea no tomarán en serio un mercado único ni una esfera judicial única mientras sigan ocurriendo este tipo de cosas. 
Señora Presidenta, yo también quisiera felicitar al Sr. Bontempi por su informe. 
En el contexto del presente debate, aprovecho esta oportunidad para referirme a una esfera de actividad que, afortunadamente, es relativamente pequeña y que en los últimos años se ha convertido en escenario criminal. 
Me refiero en particular al secuestro transnacional de niños por sus padres y también al creciente problema del secuestro transnacional de niños por motivos criminales. 
El hecho de que estemos tratando muy a menudo de cuestiones familiares delicadas lo utiliza muy frecuentemente la policía local como disculpa para no involucrarse en esos casos: se trata de cuestiones familiares y hay que dejar que sean los abogados los que las resuelvan. 
Ahora bien, detrás de la renuencia de las fuerzas policiales a ejecutar los mandamientos de los tribunales acerca de la custodia de niños en un país cuando se les secuestra y se les lleva a otro Estado miembro, muy a menudo se esconde el potencial de una grave tragedia. 
Hace dos semanas pasé todo el fin de semana y casi toda la semana intentando negociar la devolución de niños que habían sido secuestrados en el Reino Unido y llevados a Italia. 
Si la policía hubiera hecho cuatro meses antes lo que tenía que hacer, quizá la situación no se hubiera agravado hasta el punto de que la vida de los niños estuviera en peligro y de que el padre que los había secuestrado amenazara con prender fuego a la casa. 
Desgraciadamente no queda más remedio que tipificar como delito a esta conducta a causa de la frecuente renuencia de la gente a obedecer los mandatos judiciales cuando se trata de niños y de su custodia. 
Por esa razón aprovecho la oportunidad para plantear este tema, aunque sé que se examinaría más adecuadamente al tratar del informe sobre la cooperación marital en cuestiones jurídicas de que nos ocuparemos en el próximo período parcial de sesiones. 
Ahora bien, se trata de un delito y me gustaría que hubiera mucha más cooperación entre las fuerzas policiales de todos nuestros países. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Trabajos de la Asamblea paritaria ACP-UE en 1997 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe anual (A4-0080/98) del Sr. Robles Piquer, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre los resultados de los trabajos de la Asamblea paritaria ACP-UE en 1997. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la Asamblea Paritaria se reunió, como es costumbre, dos veces en 1997- en Bruselas y Lomé -, en sus reuniones vigesimoquinta y vigesimosexta. 
El informe que tengo la honra de presentar resume esas reuniones. 
Lo hago, naturalmente, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y quiero únicamente resumir los diez puntos que me parecen más relevantes. 
En primer lugar, destacamos la contribución de la Asamblea Paritaria a la Convención de Lomé, por lo cual el informe pide la independencia institucional de la Asamblea Paritaria. 
En segundo lugar, pedimos que el Fondo Europeo de Desarrollo, que todos los europeos pagamos, sea incluido en el presupuesto de la Unión Europea. 
No me parece que pueda haber una petición más lógica que esta. 
En tercer lugar, reclamamos la necesaria solidaridad entre el norte y el sur de nuestro planeta ante una globalización que calificamos de inevitable. 
En cuarto lugar, pedimos que la Asamblea Paritaria, lógicamente también, pueda opinar sobre el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP, muy en particular sobre el Quinto Convenio de Lomé. 
En quinto lugar, pedimos, en el punto octavo, que se haga un estudio por los miembros de la Mesa de la Asamblea Paritaria de un nuevo método de votaciones. 
Considero que esta petición es particularmente importante. 
Creemos que ha llegado el momento de abandonar la situación, algo absurda, en la que nos encontramos- dos colegios electorales divididos: europeos, por un lado, y países ACP, por otro- y transformar este doble colegio en un verdadero colegio electoral, en un único colegio, en el que no haya diferencias territoriales sino aquéllas que resultan del criterio individual y personal de los miembros de la Asamblea Paritaria. 
Naturalmente, en ella se puede mantener, por supuesto, cuando haga falta, el sistema de voto secreto o de voto abierto, pero nos parece que los diputados europeos a los que nos dirigimos en estos momentos deben instar a sus compañeros de los países ACP a efectuar esta modificación reglamentaria. 
En sexto lugar, queremos respaldar y respaldamos todo lo dicho en las conferencias de las Naciones Unidas que nos afectan- y quiero remitirme al excelente informe general de la Sra. Junker. 
En séptimo lugar, subrayamos, con especial énfasis, los derechos de la mujer y ejemplificamos los casos de educación, salud y participación de la mujer en la toma de decisiones. 
En octavo lugar, creemos que es necesario tener muy presente el desarrollo urbano. 
También en los países ACP- no sólo en el mundo desarrollado -, las ciudades, las aglomeraciones urbanas, son cada vez más importantes y más nutridas. 
Creemos, también, en este mismo clima de atención a necesidades nuevas, que hay que prestar la máxima atención posible a los problemas del medio ambiente, por ejemplo a la evacuación de residuos y al fomento de las energías renovables. 
En noveno lugar, pensamos que los países ACP deben comprender- y así lo pedimos- que el Parlamento Europeo ponga un especial interés en defender los valores de la democracia y del Estado de Derecho, y que considere esta defensa y esta aceptación activa como una condición previa para la convivencia pacífica y, también, para los progresos en el campo económico, y que se tenga por tanto en cuenta que un dato como, por ejemplo, el lugar de la reunión, tiene en sí mismo un valor político. 
Fue muy intenso el debate previo a la reunión en Lomé por las condiciones anormales- por decirlo suavementeque están vigentes en la política interna de ese país, en el país en el cual nacieron los convenios de Lomé. 
Y no cabe la menor duda de que, por ejemplo, el hecho de que nuestros amigos ACP no votaran una moderadísima resolución, que trataba sólo de pedir que las elecciones en ese país sean libres, determinó una cierta frustración entre nosotros los europeos y estuvo, sin duda, influido por el factor topográfico del lugar donde nos reuníamos. 
Y, en décimo lugar, sugerimos que la Comisión estudie con interés la posibilidad de que la ayuda a terceros, entre los cuales los países ACP son muy relevantes porque son muchos y reciben mucha ayuda, pueda ser quizás gestionada por un servicio coordinado para la prestación de las ayudas al desarrollo. 
Es decir- si se me permite decirlo con una imagen visible- algo así como una oficina ECHO para el desarrollo. 
Estos son los puntos esenciales de la propuesta de resolución que aprobó la Comisión de Desarrollo y Cooperación y que tengo la honra de presentar ante el Pleno. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, creo que la Asamblea paritaria es un gremio en el que se acostumbra a debatir muy intensamente, lo que se debe destacar de modo especial, pues es el único modelo en el que el Parlamento participa en una cooperación por el desarrollo, vinculada al principio de la paridad. 
Esto nos concede a su vez la oportunidad de discutir aquí en nuestro Parlamento sobre los resultados y extraer las correspondientes conclusiones. 
Voy a referirme al informe general que nos ocupó durante dos períodos parciales de sesiones el año pasado. 
Tuve la gran alegría y honor de ser ponente general y de examinar y comprobar cuáles son los resultados de las grandes Conferencias de la ONU- desde el Congreso sobre la Formación que se celebró en su día en Tailandia, hasta las últimas Conferencias de Roma sobre el aseguramiento de la alimentación -, así como de comprobar qué es lo que ha ocurrido y que es lo que aún se debe hacer. 
Todo esto debe verse también en relación con el tema que también nos ocupó intensamente el año pasado y que va a seguir haciéndolo, es decir, el futuro del Convenio de Lomé. 
Se ha producido un desarrollo continuado de contenido del Convenio de Lomé hasta llegar al Convenio que ahora tenemos pero que también tiene puntos flacos que hay que mejorar. 
En el informe del Sr. Robles Piquer se contienen también propuestas que se deben tomar en consideración para llegar a un trabajo constructivo. 
Afortunadamente, en los últimos años se ha logrado definir el papel de la mujer como clave para el desarrollo, lo que impregna toda la cooperación en el marco de la ACP, si bien debemos insistir aún más en este sentido. 
Entretanto existe una gran unanimidad al respecto, pero en la práctica queda aún mucho que hacer. 
Podemos convencernos regularmente de ello cuando nos reunimos en países ACP y miramos a nuestro alrededor. 
Hay que hacer aún mucho para incluir a la sociedad civil. Esto significa sobre todo asignar también a las mujeres un papel y que puedan participar- empezando en la planificación, siguiendo en la ejecución hasta la evaluación- en los procesos de desarrollo en la cooperación ACP. 
Las mujeres desempeñan el papel determinante en todas las cuestiones que contribuyen al aseguramiento de la vida cotidiana- aquí se incluye sobre todo el aseguramiento de la alimentación y de la sanidad. 
En el trabajo práctico- que se prepara en todos los debates que mantenemos, en los círculos de trabajo existentes y en todas las actividades en las que participan los países interlocutores de la Unión Europea y de la comunidad de Estados ACP- hay que mostrar claramente que no se pueden impulsar medidas que conduzcan a la exclusión de otros. 
Esto pasa muy fácilmente. 
Por ejemplo, los cambios comerciales esconden el peligro de que, en especial, las mujeres queden excluidas del comercio minorista y de que se dificulten sus posibilidades de trabajo. 
Tienen menos acceso al sector formal y con frecuencia son arrojadas al sector informal. 
El problema es igual que en Europa; son responsables de la casa y de la familia, por lo que están limitadas profesionalmente. 
Hay que adoptar medidas compensatorias y las personas que mejor pueden asesorar sobre el modo de hacerlo son las mismas mujeres de esos países. 
Estamos en el buen camino. 
Hemos incluido este tema en todos los campos que se han debatido, empezando en las cuestiones de medio ambiente, siguiendo por las cuestiones relacionadas con la atención sanitaria o el desarrollo económico hasta los derechos humanos. 
Entretanto se debate muy intensamente sobre cómo se pueden aplicar los derechos humanos en su calidad de derechos de la mujer, sobre cómo se pueden comprender en este campo también los derechos democráticos de modo que se logre una participación con igualdad de derechos de las mujeres en todos los procesos decisorios sociales, también en nuestros países interlocutores ACP. 
Señora Presidenta, agradezco al ponente, Sr. Robles Piquer, su excelente trabajo, también porque ha sabido abordar temas importantes que afectan al futuro de las relaciones entre la Unión Europea y los países de África, del Caribe y del Pacífico. 
Quiero hacer hincapié en algunos puntos del informe y en particular en el hecho de que el mismo reitera que el fortalecimiento de los derechos de la mujer y su adecuada participación en todos los procesos de toma de decisiones y políticos, representan una premisa fundamental para realizar progresos en el ámbito del desarrollo, lo que supone, entre otras cosas, medidas de alfabetización y el acceso a la formación y a los servicios básicos de salud. 
Me satisface asimismo que haya sido recalcada la importancia de la firma de un convenio internacional para prohibir las minas antipersonal, con arreglo a lo solicitado por la Asamblea Paritaria en su reunión vigesimocuarta. 
Asimismo, reviste una gran importancia la recomendación formulada a la Comisión de llevar hacia delante y con urgencia el estudio del proyecto sobre la creación de un servicio encargado de gestionar de forma coordinada las ayudas a los terceros países, entre los cuales los países ACP son los más numerosos. 
Quiero subrayar además la labor llevada a cabo por el Grupo de trabajo, que me honro en presidir, precisamente en lo que se refiere a las consecuencias del cambio climático en los pequeños Estados insulares. 
Les recuerdo que, actualmente, se pasa del calor agobiante al frío más intenso, que ya no existen las estaciones intermedias, que en primavera y en otoño se alternan temperaturas muy altas, como si se tratara del mes de julio, y temperaturas extremas, como si se tratara del mes de enero y que los vientos son fuertes y a veces devastadores. 
Les recuerdo, además, que El Niño causará estragos y que los científicos prevén grandes catástrofes. 
Todo el hemisferio sur del planeta ha sufrido el duro azote de las inundaciones y las sequías, cuyos epicentros se sitúan cerca de Sudáfrica, Borneo y Sumatra, donde se han desatado gigantescos incendios capaces de destruir la mayor parte esos pulmones que son los bosques. 
Grandes inundaciones han devastado el sureste de China y las costas occidentales de México y, más al norte, de California. 
En las regiones orientales y centrales de África, las difíciles condiciones medioambientales causadas por la lluvia han provocado el crecimiento de enfermedades como la malaria y el cólera: se habla de 4.000 muertos. 
El Grupo de trabajo presentó una propuesta de resolución- aprobada unánimemente por la Asamblea Paritaria el 30 de octubre de 1997 en Lomé- sobre la cooperación entre los países ACP y la Unión Europea, con vistas a la Conferencia de las partes contratantes del Convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, celebrada en Kyoto en el mes de diciembre de 1997. 
El objetivo fue señalar, también por parte de la Asamblea, lo que la Unión Europea había puesto en evidencia. 
No cabe duda de que en la Conferencia de Kyoto se registraron avances en materia medioambiental cuando se reconoció la necesidad de una actuación mundial y, además, el protocolo contiene resultados que pueden considerarse suficientes, pero no satisfactorios, hecho que, obviamente, que también nosotros subrayamos. 
El Grupo de trabajo sigue empleándose a fondo para evaluar los efectos y las repercusiones socio-económicas del cambio climático y de la subida del nivel del mar en los pequeños Estados insulares ACP y proponer una estrategia para aumentar a escala internacional la conciencia existente sobre los peligros que entraña dicho cambio. 
La variabilidad climática y el aumento del nivel del mar provocan la erosión de las costas y los pequeños Estados insulares ACP están especialmente preocupados porque son mucho más vulnerables que los demás a nivel de sistema económico, social y cultural. 
Es por eso que este Grupo de trabajo les ha dedicado una atención especial. 
Señora Presidenta, quiero empezar felicitando al colega Robles Piquer por su informe. 
Lo que durante años fue una experiencia algo aburrida y poco movida ahora adquiere otro carácter gracias a él. 
Se ha hecho una tentativa clara y un intento afortunado para que hubiese cambios en las actividades de la Asamblea Paritaria, donde el Sr. Robles y yo y muchos otros intentamos desde hace años mantenernos a flote. 
Naturalmente valoro, tal como dice el colega Corrie, la existencia de la Asamblea. 
Por eso valoro también el coraje, la valentía del ponente para criticar, para criticar con dificultad en una Asamblea Paritaria. 
Tenemos que dejar por ejemplo las votaciones en bloque en la Asamblea Paritaria. Ciertamente un censo electoral puede traer soluciones. 
Las votaciones separadas dividen a los países ACP y los países europeos en dos campos. Es precisamente lo contrario de lo que queremos decir con una Asamblea Paritaria. 
Esta práctica ha conducido a que de alguna manera no pudiéramos aceptar resoluciones agudas y justas sobre Nigeria, Congo y Togo. 
La Asamblea no debe ni puede quedarse pensando en dos frentes. 
Toda la colaboración ACP está dirigida a un desarrollo duradero. Esto significa buenos gobiernos, democracia, respeto por los derechos humanos y también ayuda para el respeto mutuo por los derechos humanos. 
La cooperación ACP puede pararse si esto no sucede. 
Espero, señora Presidenta, que la Asamblea Paritaria pueda ser reforzada por cambios conforme al procedimiento y con ese gran interés que el diálogo político en el ACP recibirá en los próximos años, veo también que se producirá un refuerzo de la Asamblea Paritaria y que se conseguirá algo. 
Quizás tengamos oportunidad dentro de un par de semanas de dialogar sobre su informe, señor Robles Piquer, con un pequeño círculo, tal como se dice, con la otra parte que también es la nuestra. 
Señora Presidenta, quisiera sumar mi voz al coro de felicitaciones para el Sr. Robles Piquer por su excelente informe. 
Rindo homenaje a la dedicación de que ha dado prueba y que comparten varios colegas que están en esta sala. 
Todos lo que hemos tenido algo que ver con la Asamblea Paritaria hemos considerado nuestra colaboración como una fuente de inspiración y de mejora. 
Es una institución que tiene mucho que ofrecer. 
Me gustaría que muchos más de nuestros colegas pudieran experimentar directamente lo que estoy diciendo. 
El valor principal es el aspecto de paridad entre las dos partes. 
Sin embargo, insto a que procedamos con precaución en relación con la idea de abolir el derecho de celebrar votaciones separadas entre la ACP y la UE. 
Se corre el peligro de que uno de los factores que hace que algunos países ACP participen en la labor de la Asamblea pueda ser considerado como ellos como una amenaza a su participación. 
Es algo que se utiliza raramente y con el escrutinio secreto que hemos instituido; quizá debamos dejar las cosas como están en la actualidad. 
Mi intervención está concebida como una nota de advertencia. 
He podido observar que en la Asamblea Paritaria existe un genuino respeto por el punto de vista de todos los demás, y no hay que hacer nada que pueda plantear obstáculos o amenazas para esa situación. 
Apoyo el llamamiento del Sr. Robles Piquer para que se ayude a restaurar y consolidar la democracia, estimando que es una condición previa para el crecimiento económico. 
El Sr. Robles Piquer y yo mismo formábamos parte de la delegación que fue a Ghana inmediatamente después de la Asamblea de Lomé, delegación encabezada por el distinguido diputado por Leeds, Sr. McGowan. 
Sostuvimos una reunión muy útil en Ghana con el Presidente del Parlamento y su Secretario General. 
Para mí, uno de los aspectos más positivos de nuestra visita fue el comprobar que esperaban que les ofreciéramos ayuda. 
Preguntaron qué es lo que podía hacer el Parlamento Europeo para ayudar al Secretario, al Secretario General del Parlamento y a los diputados a familiarizarse más con los procedimientos, pues habían perdido el contacto con ellos. 
Espero que podamos hacer algo a este respecto, y que en la Asamblea Paritaria podamos hacer algo activo, y no solamente reactivo, de cara al futuro. 
Señora Presidenta, el punto que más salta a la vista de la resolución de proyecto es la diferencia de opinión en la Asamblea Paritaria acerca de los derechos humanos entre los miembros de la Unión Europea y el grupo ACS. 
No se piensa de forma diferente tanto sobre el contenido de los derechos humanos como en cualquier caso cómo y si las violaciones de los derechos humanos deben ser condenadas. 
Para prevenir que una pequeña mayoría del grupo ACS pueda combatir la condena de un país el ponente pide que se haga una investigación acerca de la adaptación del proceso de votaciones en la Asamblea Paritaria. Acerca de esto quisiera hacer dos comentarios. 
En primer lugar, cuando el procedimiento de votaciones se adapte a la dirección sugerida entonces el efecto de la Asamblea Paritaria como órgano de la Unión Europea amenaza con disminuir ya que en un asunto extremadamente importante como el de los derechos humanos se puede dejar en minoría a grandes grupos. 
¿Qué valor tiene una condena sobre Nigeria de la Asamblea Paritaria si esta se produce contra la voluntad de la mayoría de los países ACS? 
Esta pregunta debe ser tomada seriamente en consideración en la revisión del procedimiento de voto. 
En segundo lugar, la resolución es unilateral cuando se tratan los derechos humanos. Porque no sólo había diferencias de opinión en la cuestión de la violación de los derechos humanos. 
Los delegados no pudieron conseguir ningún acuerdo en el derecho a la vida del niño que todavía no ha nacido, según se desprende del texto explicativo del informe de Robles Piquer. 
Con razón los países ACS llaman la atención al derecho a la vida del niño que todavía no ha nacido. 
La práctica del aborto, tal como se produce en muchos Estados miembros, es encima una gran violación. 
Pero este punto no aparece en la resolución y en el texto explicativo se matiza al hablar de " conocidas contraposiciones basadas en convicciones». 
Con razón se expresa en la resolución que la democracia y las normas de derecho constituyen una condición absoluta para la continuación de la cooperación al desarrollo. 
Oigamos a los países ACS cuando llamen la atención a nuestras violaciones de los derechos humanos. 
Señora Presidenta, ante todo acogemos favorablemente la iniciativa adoptada en el pasado mes de febrero, en cuya virtud el Consejo decidió modificar las modalidades existentes respecto a la devolución de la deuda contraída por los países ACP. Una decisión que, sin duda, según los que formamos parte de Alianza Nacional, se tomó en un momento oportuno, ya que permite a la mayor parte de dichos países que tienen enormes dificultades no sólo debido al hecho de tener que devolver la deuda, sino incluso para hacer frente al pago de los intereses pasivos, de sentirse aliviados y emprender sin dilación y con mayor tranquilidad las reformas que consideran más necesarias. 
La decisión del Consejo, que avala las iniciativas acordadas por el Fondo Monetario y por los Comités de Desarrollo y Cooperación del Banco Europeo, manifiesta claramente la evidente voluntad de la comunidad financiera internacional de volver a situar la deuda de los países ACP en un nivel económicamente más aceptable. 
Las reuniones de la Asamblea Paritaria del año pasado, celebradas en Bruselas y Lomé, subrayaron que sólo a través de la consolidación de la democracia y del Estado de derecho, así como del respeto de los derechos humanos y la utilización responsable de los recursos, se podrá por fin lograr el éxito de la política de desarrollo, perseguida en el marco de la cooperación ACP-UE. 
Desde el punto de vista de la protección medioambiental, nos parece que deben prevenirse las consecuencias del cambio climático como la desertización y la sequía y que hay que hacer frente con eficacia al ritmo de crecimiento demasiado desorbitado de las ciudades africanas que deben paliar un desarrollo urbano desordenado y que, hasta la fecha, nunca fue objeto de planificación, sobre todo en lo que atañe al ámbito de la sanidad, así como a los sectores de la alimentación y la educación. 
Los criterios establecidos en la Conferencia de Kyoto, a pesar de que tuvieron escasamente en cuenta las exigencias generales de reducción de las emisiones y que acataron en exceso los dictados americanos, constituyen, en nuestra opinión, un enfoque válido para resolver los problemas de la contaminación y del cambio climático que, desde siempre, los grandes de la tierra hacen pagar a los pequeños países en desarrollo. 
En lo que respecta a los derechos humanos, la región de los Grandes Lagos y en general toda la región de África central deben hacer frente a esa teoría del dominio que podrá detenerse sólo si se lograrán prevenir los conflictos interviniendo en sus causas, debidas siempre a las crisis económicas, las violaciones de los derechos humanos y los problemas étnicos. 
A través de la adopción de posiciones comunes, suscritas y respetadas por todos los países ACP, se podrá otorgar la credibilidad necesaria a la Asamblea Paritaria que finalmente podrá darse cuenta de que la Unión Europea considera la democracia y el Estado de derecho requisitos indispensables y necesarios para la consolidación de una sociedad pacífica y el logro de un proceso de desarrollo sostenible. 
Señora Presidenta, quisiera dar gracias al Sr. Robles Piquer por haber subrayado una vez más el concepto de asociación y su importancia central para toda nuestra labor en la Asamblea Paritaria y, en particular, por haber señalado a nuestra atención de forma muy refinada y moderna el sistema de votación que seguimos en la práctica. 
Coincido enteramente con él en que no es compatible con el objetivo de lograr esa asociación. 
Nos incumbe en la Asamblea Paritaria el tratar de conseguir una opìnión general de toda la Asamblea acerca de las importantes cuestiones con que nos enfrentamos. 
Sabemos que sería inconcebible en esta Asamblea que la delegación de España, la delegación de Alemania o la delegación de Gran Bretaña tuvieran algún tipo de veto sobre las decisiones de la Asamblea, debido a la institución de un sistema de votación por bloques separados. 
Creo que es muy útil que se señale lo antedicho. 
También simpatizo con lo que ha dicho el Sr. Macartney acerca de la precaución. 
Estimo que el caso de lo que se describe como colegio único de votación, no trata de que nosotros, como europeos, podamos explicar a nuestros colegas de los países ACP lo que significa la democracia, los derechos humanos y la libre determinación. 
En esta Asamblea y en la Asamblea Paritaria vemos demasiado a menudo que la arrogancia europea se hiperboliza. 
A pesar de mis observaciones de felicitación, no me agrada demasiado la forma en que están redactados los párrafos 17 y 18 de la propuesta de resolución, en los que hay frases que dicen que los asociados ACP tienen que acabar por comprender lo que son las opiniones europeas sobre la democracia. 
El Sr. Blokland ha planteado una cuestión importantísima cuando ha dicho que en modo alguno deberíamos dar la impresión de que queremos imponer opciones que son opiniones muy específicamente europeas. 
He recordado antes a esta reunión que enviamos delegaciones a muchas partes del mundo. 
También las enviaremos a países ACP para cerciorarnos de que en las elecciones se cumplen principios, por ejemplo, el de un voto por cada diputado. 
El Sr. Robles Piquer sabe que en este mismo Parlamento hemos tenido recientemente el ejemplo de un dirigente de un grupo político de este Parlamento y, no hace mucho tiempo, de alguien que pasó a ser Presidente del Grupo del Partido Popular Europeo, que se vieran implicados en un ejercicio consistente en hacer abuso de nuestro sistema de votación, un sistema que a veces, según me han dicho, es denominado " tocar el piano» en el Parlamento Europeo, donde hemos podido ver que había personas que apretaban más de un botón o que apretaban el botón de sus amigos ausentes. 
Otro ejemplo: cuando hablamos de mejorar la educación de los electores. 
Estuve en Namibia en relación con las elecciones para la independencia. 
El coeficiente de votación fue del 97 %. 
En los países de África meridional suele ser de más del 80 %. 
En mi caso, se me reeligió como representante de mi ciudad con un 30 % de participación nada más. 
Digamos con toda claridad que queremos mantener la asociación cuando hablamos de derechos humanos, democracia y libre determinación. 
No son valores europeos, son valores universales. 
Cuanto más lo hagamos constar en nuestra labor en la Asamblea más nos acercaremos a la constitución de una verdadera asociación. 
Señora Presidenta, permítame ante todo felicitar al Sr. Robles Piquer por la calidad de su informe sobre los resultados de los trabajos de la Asamblea Paritaria ACP-UE en 1997. 
Desearía insistir primeramente en los elementos esenciales de este informe y del debate en el Pleno. 
Señor Ponente, usted ha mencionado en primer lugar, así como algunos oradores- me refiero al Sr. Amadeo -, las repercusiones de las conferencias de las Naciones Unidas sobre la relación entre la Unión Europea y los países ACP. 
Puedo asegurarle que la Comisión ha tenido en cuenta este aspecto en sus orientaciones respecto a las futuras relaciones entre la Unión Europea y los países ACP. 
Me refiero, naturalmente, al informe Junker. 
Por otro lado, el Sr. Robles Piquer subraya la importancia del respeto de la democracia y de los derechos humanos en las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP, en el momento que se está discutiendo el futuro de la cooperación entre la Unión Europea y dichos países. 
Esta exigencia debe ser, con razón, subrayada y apoyada. 
Como ustedes saben, en sus orientaciones sobre las futuras relaciones entre los países ACP y la Unión Europea, la Comisión hace hincapié en la necesidad de fortalecer la dimensión política de esta cooperación, subrayando la importancia de desarrollar un verdadero diálogo político entre ambas partes. 
Dicho diálogo político consolidará el respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de Derecho. 
Para la Comisión, el marco privilegiado de este diálogo deben ser las sesiones de la Asamblea Paritaria Unión Europea-países ACP. 
Esta institución ha demostrado que se había convertido en el recinto privilegiado de la defensa de los derechos humanos. 
Prueba de ello es la participación activa de los representantes ACP durante los debates de la última Asamblea Paritaria, celebrada en Lomé en octubre de 1997, sobre la situación de los distintos países. 
Por otro lado, el Sr. Robles Piquer observa muy oportunamente que en esta reunión el 99 % de los representantes ACP eran diputados. 
El contenido de los debates se ha visto reforzado, ya se trate de la referencia a la situación en Togo o en Nigeria. 
Y, al igual que su ponente, la Comisión ha tomado nota de la calidad de muchas intervenciones de los países ACP, en las que aludían con franqueza a la situación de sus vecinos o contribuían de manera constructiva a los debates. 
Asimismo, la publicidad que ha enmarcado estas discusiones ha ayudado a afianzar su carácter democrático. 
¿Cómo se puede fortalecer aún más el papel de esta Asamblea? 
En este sentido, la Comisión propone la denominación " Asamblea Parlamentaria». 
Se trata de reafirmar que esta institución, única en su género, constituye la representación de los pueblos de la Unión Europea y de los pueblos de los países ACP. 
Es una necesidad que la Comisión comparte con el ponente. 
La Comisión se asocia, además, a las reservas del Parlamento Europeo sobre el sistema de votación en dos colegios divididos, que la Asamblea utiliza en las cuestiones delicadas, y que el ponente ha subrayado, así como los Sres. Bertens y McGowan. 
La Comisión apoyará, por tanto, todos los esfuerzos tendentes a que los resultados de las votaciones de la Asamblea traduzcan realmente una discusión conjunta, abierta y constructiva entre los miembros europeos y los miembros ACP. 
Pero el fortalecimiento de la Asamblea Paritaria también implica desarrollar los contactos exteriores, y debemos, pues, facilitar las reuniones con los interlocutores de la sociedad civil. 
El hecho de fomentar las reuniones entre ONG del Norte y del Sur, tal como ha propuesto el Parlamento, constituye un factor de fortalecimiento de la democracia, así como el hecho de facilitar las reuniones con representantes de los medios económicos y sociales. 
El Consejo Económico y Social reflexiona actualmente sobre los medios para intensificar los contactos entre la Asamblea Paritaria y los representantes de los actores económicos, culturales, sociales, de los países ACP. 
Con ello favorecerán también la asociación de la sociedad civil. 
Y pensemos también en el papel de los diputados en el plano regional. 
Ya han tenido lugar reuniones regionales entre los diputados de África Austral y los de la Unión Europea. 
Este tipo de reuniones debe multiplicarse. 
No se trata de volver a discutir el principio de la celebración de dos sesiones anuales, pero sería deseable reforzar el papel de los Parlamentos nacionales frente a sus opiniones públicas. 
Mi colega Joâo de Deus Pinheiro dice a menudo que la democracia es un proceso. 
Yo creo que la Asamblea Paritaria, que en lo sucesivo es necesario denominar " parlamentaria» , constituye uno de los mejores instrumentos de que disponemos para acelerar y fortalecer este proceso. 
Por otro lado, usted ha mencionado, señor Ponente- también la Sra. Baldi -, la coordinación de la ayuda a los terceros países. 
Por esta razón, atendiendo a su deseo, la Comisión ha decidido crear un servicio común de ejecución de la ayuda a los terceros países. 
También puedo asegurarle, señor Ponente, que antes de fin de año estará listo un documento de la Comisión sobre el desarrollo urbano. 
Con respecto a la inclusión del FED en el presupuesto, naturalmente, la Comisión apoya al Parlamento. 
Ustedes me anuncian su opinión sobre las futuras relaciones ACP-UE. 
La esperamos con impaciencia. 
La Sra. Junker se ha referido detenidamente a los derechos de la mujer y de los niños desde un punto de vista que la Comisión comparte. 
Finalmente, responderé al Sr. Corrie, en relación con Lomé IV, que en este momento faltan dos ratificaciones, la de Bélgica y Holanda. 
Tengo entendido que están en curso y que el Presidente de la Comisión y el Sr. Pinheiro han sometido esta cuestión a los gobiernos. 
Muchas gracias, señor Comisario de Silguy. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Acuerdo Europeo con la República Checa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0394/97/rev) del Sr. Schwaiger, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores sobre el proyecto de resolución del Consejo y de la Comisión por el que se define la posición que deberá adoptar la Comunidad en el seno del Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo Europeo firmado el 4 de octubre de 1993 entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Checa, por otra, en los referente a la adopción de las normas necesarias para la aplicación del inciso (iii) del apartado 1 y del apartado 2 del artículo 64 del Acuerdo Europeo y del inciso (iii) del apartado 1 y del apartado 2 del artículo 8 del Protocolo 2 sobre productos CECA del mismo Acuerdo (SEK (96) 1568-8846/97- C4-0383/97-96/0237 (CNS) ). 
Señora Presidenta, juntos es mejor que enfrentados. 
Aplicado al marco del Convenio de Asociación, cooperar es mejor que enfrentamientos litigiosos en organizaciones internacionales. 
Este podría ser el motivo del trato dado al proyecto de posición común que acaba de citar y que se ocupa de las ayudas nacionales concedidas por este Estado candidato a la adhesión, la República Checa, a la industria del acero y otras. 
Permítanme que explique el problema del que nos vamos a ocupar en este informe en base a la industria checa del acero. 
Aproximadamente el 12 % de todas las importaciones de acero en la Unión Europea provienen de la República Checa. 
En este país, la infraestructura productiva está bastante anticuada y precisa de una modernización. 
Actualmente, apenas existen medidas de protección del medio ambiente y el consumo de energía en este proceso de producción es casi tres veces superior al de la Unión Europea. 
Las consecuencias son daños medioambientales en las zonas fronterizas de la República Checa, Polonia y Alemania. 
Por otro lado, las condiciones marco de la Unión Europea exigen para su propia producción de acero la observancia de unos estrictos valores de emisiones. 
Está prescrita obligatoriamente la incorporación de instalaciones de desulfuración del gas de humo y de filtros para los gases de escape en la construcción o modernización de acerías. 
Estas diferencias entre la legislación marco medioambiental de la Unión Europea, por un lado, y de la República Checa y otros Estados de la Europa central y oriental, por otro, así como la concesión de ayudas nacionales, puede tener como consecuencia para los productos de acero que los precios sean muy inferiores a los existentes en la Unión Europea con la consecuente ventaja competitiva no justificada para el acero checo, lo que, a su vez, ocasionaría medidas antidumping por parte de la Unión Europea. 
Por ello, en la cumbre de Essen celebrada en diciembre de 1994 y también en el Consejo Europeo de junio de 1995 celebrado en Cannes, en base a Libro Blanco sobre la preparación de la integración de los países de la Europa central y oriental en el mercado interior, se propuso acabar con este enfrentamiento haciendo entrar en vigor en estos países ya durante la fase de aproximación a la Unión Europea parte de la legislación comunitaria sobre el derecho de concentración, de cárteles, de monopolios del Estado y de las ayudas estatales, temas de los que hablamos ahora. 
Con reglas unitarias que sean válidas también en los países candidatos, serían superfluos e innecesarios los procedimientos antidumping, que se deberían sustituir por las correspondientes disposiciones ejecutivas de los tratados de asociación. 
Según el proyecto de reglamento de la Comisión que hoy nos ocupa, ya que no existen prácticamente aranceles frente a la República Checa, las ayudas públicas solamente son aceptables para la Unión Europea si corresponden a sus propias reglas del juego según los artículos 92 a 94 del Tratado de la CE sobre la prohibición de las ayudas. 
En otras palabras: la legislación checa en este campo debe adaptarse a la de la Unión Europea y aplicarse también en la práctica. 
La autoridad de control de la Unión Europea para las ayudas públicas, la Comisión, y la autoridad correspondiente de la República Checa, el Ministerio de Hacienda checo, deben cooperar estrechamente para lograrlo. 
La aproximación de este derecho checo de subvenciones al de la Unión Europea puede servir al mismo tiempo de modelo para los otros Estados asociados de la Europa central y oriental, es decir, para Hungría, Polonia, Eslovenia y otros países, debiéndose tener en cuenta al respecto que hay que reflejar con claridad y de modo inequívoco en el articulado los siguientes principios básicos. 
Primero: la Comisión de la UE y las correspondientes autoridades de control de los Estados asociados son los garantes de que las normas sobre las ayudas estatales se concedan de conformidad con las disposiciones ejecutivas del Acuerdo Europeo. 
Segundo: las potestades y responsabilidades de ambas partes deben ser claras y coherentes. 
Tercera: la Comisión debe prestar ayuda a estas autoridades de los Estados asociados en el control de las ayudas estatales en el sentido de un " monitoring» de resultados, es decir, proporcionar ayuda para autoayuda y establecer en este campo la misma situación jurídica, pero no comprobar los comportamientos erróneos de esas instituciones en caso de litigio. 
Por ello, para un período de tiempo limitado se deberían tener en cuenta las dificultades específicas de una economía de transición, pero en la aproximación de las legislaciones siempre se debe tener en cuenta que hay que llegar a una aproximación a los estándares medioambientales más elevados de la Unión Europea. 
Expresamos nuestro agradecimiento al Consejo por haber recogido la opinión defendida por nosotros en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y por reconocer el fundamento jurídico de estas normas ejecutivas en los artículos 92 a 94, por los que se nos tiene que escuchar obligatoriamente. 
Ruego al Sr. Comisario de Silguy que se aparte del equivocado fundamento jurídico del artículo 113 y que aplique junto con el Parlamento y el Consejo a los demás países candidatos las únicas disposiciones correctas de los artículos 92 a 94. 
Mi familia proviene de la ciudad del Norte de Bohemia, Gablonz an der Neiße, cuyo símbolo es un manzano. 
La manzana representa, por un lado, la guerra comercial que la República Checa mantiene en estos momentos contra las exportaciones de manzanas de la UE y, por otro, el pecado que precedió a la expulsión del Paraíso. Pues la violación de la reglas de competencia y de la idea de la Comunidad jurídica es para nosotros un pecado. 
Sin embargo, debo expresar mi agradecimiento al Sr. Schwaiger por no haber apostado por el paternalismo en lo referente a las ayudas al sector del acero y del carbón sino por la cooperación con la República Checa, haciendo hincapié sobre todo en el aspecto del medio ambiente. 
Allí han campado por sus respetos decenios de totalitarismo y es necesario curar los daños medioambientales en los Montes del Iser y de Silesia, en el Erzgebirge, los Beskidas y el Bosque de Bohemia. 
Le estoy muy agradecido por haber salido al paso de la República Checa y quiero apelar también a este país para que por su parte también salga al paso de la Unión Europea cuando se trata de respetar las reglas de competencia y de evitar distorsiones de ésta con ayudas que contradicen el espíritu del derecho comunitario y también del Acuerdo de Asociación. 
Señora Presidenta, la Comisión desea agradecer al ponente por sugerir al Parlamento Europeo que emita un dictamen favorable sobre las disposiciones de aplicación relativas a las ayudas estatales a la República Checa. 
La aprobación por esta Asamblea abrirá la vía para su adopción final por el Consejo de Asociación Unión Europea-República Checa, y me felicito por su informe. 
Sin embargo, debo precisarles que, para la Comisión, por razones estrictamente jurídicas, el fundamento adecuado sigue siendo el artículo 113. 
Estas disposiciones de aplicación constituyen una condición previa al desarrollo armonioso de los intercambios entre la República Checa y la Comunidad. 
Por eso la Comisión insiste en la importancia que reviste una aprobación rápida de estas normas por el Consejo de Asociación. 
Como lo demuestran los dictámenes de la Comisión sobre las solicitudes de adhesión de los países de Europa Central y Oriental, queda mucho por hacer en estos países asociados, para mejorar el control de las ayudas estatales. 
Su exposición, señor Ponente, y la intervención del Sr. Posselt, demuestran efectivamente que hay que trabajar mucho en sus industrias para ponerlas al nivel de las industrias comunitarias, de tal modo que respeten nuestras normas medioambientales, al igual que las normas de competencia. 
En su propuesta Agenda 2000, la Comisión subraya asimismo la importancia de la política de competencia para los países asociados, durante el período de preadhesión. 
Mediante la adopción definitiva de estas disposiciones relativas a las ayudas estatales, la Unión y la República Checa concluirán la aplicación de las disposiciones del Acuerdo Europeo en este ámbito. 
La Comisión hará todo lo posible para que el programa PHARE para 1998 y 1999 establezca una asistencia que permita que las autoridades checas encargadas del control de las ayudas estatales se ajusten totalmente, en pocos años, a las normas europeas. 
Finalmente, la Comisión confía en que las disposiciones de aplicación relativas a las ayudas estatales puedan también ser aprobadas por los demás países asociados. 
Muchas gracias, señor Comisario de Silguy. 
Queda cerrado el debate. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 19, 30 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Sólo 30 segundos, señora Presidenta, puedo hacer mi intervención en francés. 
El Consejo no responde a mis preguntas del 15 de agosto y tampoco a las preguntas de la Sra. Van Bladel. 
Ayúdenos, por favor, para que el Consejo nos responda. 
Señor Janssen van Raay, estoy totalmente de acuerdo con esta solicitud. 
Desgraciadamente, el Consejo no está presente para oírle. 
Naturalmente, le transmitiremos sus observaciones. 
Señora Presidenta, sólo quería decir, con el fin de establecer cierta compensación, que es usted mi presidenta favorita. 
Creo que no se trata en absoluto de una cuestión de orden ni tampoco del Acta, pero su intervención me ha agradado mucho. 
¿Hay más observaciones? 
(El Acta queda aprobada) 
Votaciones 
Señora Presidenta, aunque creo que es un poco tarde, mi Grupo me ha pedido que le proponga, que proponga a la Asamblea, el aplazamiento de la votación hasta el próximo período parcial de sesiones. 
Pienso que muchos diputados no estarán de acuerdo, y, en estas condiciones, la votación de este importante informe se celebrará en presencia de un número limitado de diputados. 
Señora Presidenta, deseo presentar una enmienda oral con objeto de tener en cuenta el debate y las observaciones que se hicieron. 
Deseo proponer que después de la palabra «figura» se añada la frase «una especie de juez europeo». 
Esto modera la propuesta que quizás, como justamente muchos de ustedes apuntaron, debe estudiarse y ensayarse. 
Por eso, propongo que después de la palabra «figura» se añada la frase «una especie de juez europeo». 
Ésta es la enmienda oral que, por otra parte, es el resultado del debate que llevamos a cabo. 
¿Hay alguna objeción a esta ligera modificación? 
(La Asamblea expresa su acuerdo para la presentación de esta enmienda) 
(El Parlamento aprueba la resolución) Felicito al Sr. Bontempi y le doy las gracias por su comprensión respecto a este debate y a esta votación, que desgraciadamente se han desarrollado con algunas interrupciones. 
Les aseguro que haremos todo lo posible para que esto no vuelva a reproducirse. 
Señora Presidenta, en la tarde de ayer y en la mañana de hoy hemos asistido a numerosas votaciones nominales. 
Hay una nueva norma de la Mesa según la cual sólo serán contabilizadas las votaciones nominales efectuadas antes del mediodía del jueves. 
¿Puedo por ello presumir que los colegas que hayan participado en las votaciones nominales ayer tarde y hoy por la mañana lo verán debidamente reflejado en una cuenta especial? 
La Mesa examinará con seriedad su propuesta, Sr. Tillich. 
Pero le señalo que los grupos políticos llevan una contabilidad muy precisa por lo que respecta a las asistencias. 
Es muy importante que esto se haga con seriedad, sobre todo con miras a las próximas elecciones. 
Tomo la palabra para advertir al Sr. Tillich que está en un error: las instrucciones de la Mesa decían martes, miércoles y jueves, sin límite de hora para el jueves. 
Por consiguiente, las votaciones de anoche eran válidas. 
El Sr. Tillich lo había entendido perfectamente. 
Por eso hace esta propuesta complementaria. 
Solamente para señalarle que hoy el sistema no es aplicable. 
Sí, en efecto. 
Señora Presidenta, una cuestión de orden. 
He considerado la excelente observación del Sr. Tillich. 
Quizá la Mesa pueda investigar si algunos de los que estuvimos aquí desde el lunes hasta el viernes podremos cobrar algunas bonificaciones que no se pagaron a los que no participaron en las votaciones del martes, miércoles y jueves. 
Sería una muy buena manera de motivar a los diputados para que asistan a las sesiones de los viernes. 
Quiero agradecer al ponente por este inteligente informe. 
Considero que la lucha contra la delincuencia internacional es un asunto importante que merece mayor atención en el seno de la Unión Europea. 
Sin embargo, quiero destacar la importancia de que las decisiones de armonización en materia judicial se hagan con el mayor respeto por las diferencias existentes entre los diferentes países miembros, originadas en culturas y tradiciones jurídicas distintas. 
Por este motivo, me cuesta dar mi voto a una propuesta de establecer una fiscalía europea, de acuerdo con el llamado Corpus Juris. 
Los códigos penales y la persecución criminal de los Estados miembros varían considerablemente de uno a otro, y esto constituye el principal obstáculo para establecer la persecución penal fuera de las fronteras nacionales. 
Otro obstáculo que impide la armonización del derecho penal y de la persecución criminal son las reformas internas que se producen dentro de los aparatos judiciales de los Estados miembros. 
De esta forma, durante un largo período de tiempo, en los Países Bajos, no se ha adoptado ninguna acción, por medio de una orden de busca y captura, contra el antiguo jefe del ejército surinamés, Desi Bouterse, acusado de traficar a gran escala con cocaína. 
Bouterse ha sabido construir una red en los Países Bajos: conoce a través de informadores los pasos que el fiscal se propone adoptar y, de esta manera, puede estar, cada vez, un paso por delante de éste. 
Este tipo de organizaciones criminales que realizan actividades que rebasan las fronteras constituyen una amenaza para nuestro Estado de derecho. 
La intensificación de la colaboración entre los aparatos judiciales de los Estados miembros tiene lugar mediante el intercambio de funcionarios. Estos intercambios solamente logran progresos en la colaboración con grandes esfuerzos. 
Otro aspecto del lento desarrollo en el ámbito de la cooperación es que la formación de los funcionarios de justicia es deficiente en algunos Estados miembros. 
Por último, quisiera apuntar en el marco de este informe que, para intensificar las relaciones con países fuera de la UE, es importante firmar tratados tanto multilaterales como bilaterales, como el tratado WOTS y, así, perfeccionar la cooperación en el ámbito judicial también con esos países que no pertenecen a la Unión. 
Regularmente, tenemos que pronunciarnos sobre problemas de justicia y de policía. 
Hasta ahora todos estos informes han sido notables. 
Este último no es una excepción a la regla, como no podía ser de otra manera por tratarse de nuestro colega Bontempi. 
Apruebo las orientaciones que se nos proponen. 
Deseo simplemente completar el contenido del texto por el hecho de que, para que las autoridades judiciales puedan adaptarse a las nuevas formas de delincuencia, es imperioso ajustar los márgenes financieros con respecto al coste de estos instrumentos, necesarios para la buena marcha de la justicia. 
Apruebo plenamente el deseo de Rinaldo Bontempi en cuanto a la aceleración de los procedimientos de ratificación de los convenios en el seno de la Unión. 
Por otro lado, considero que debemos profundizar, o iniciar, estas mismas relaciones con los países exteriores a la Unión. 
La delincuencia, en todas sus formas, se mundializa. 
La justicia, para luchar contra ella, no puede quedarse atrás. 
Finalmente, la corrupción que afecta al ejercicio de una función pública constituye a la vez una plaga y una amenaza, ya que lanza un anatema contra la inmensa mayoría de las personas que tienen estas responsabilidades y las ejercen con pasión y honestidad. 
Queridos colegas, luchar contra la corrupción significa arrojar fuera de nuestras Asambleas a la extrema derecha, otra gangrena de nuestras sociedades. 
En el último decenio, hemos visto un significativo debilitamiento de nuestras fronteras en la UE, y el Acuerdo de Schengen ha abierto las fronteras internas del continente. 
Añádase a esto la naturaleza transfronteriza de Internet, y comprenderemos con cuánta facilidad las personas, los bienes y la información pueden moverse dentro de la UE. 
De este modo la vida de los ciudadanos de la UE se ha vuelto más fácil, pero a la vez también resulta más fácil para la delincuencia y los delincuentes entrar en la UE y salir de ella a placer. 
Por desgracia, la capacidad de la Unión en cuanto a combatir la delincuencia internacional no ha sido bastante como para operar de una manera similar. 
Como el Sr. Bontempi señala en su informe, el Tratado de Amsterdam proporciona recursos más vigorosos a la Unión, pero nosotros debemos asegurar que nuestros organismos encargados de la aplicación de la ley puedan hacer frente a la delincuencia. 
Apoyo la llamada del ponente para que se establezca mayor comunicación entre los organismos policiales y judiciales de los Estados miembros. 
También apoyo su idea de permitir que las autoridades judiciales se comuniquen sin pasar por el protocolo diplomático. 
Hemos eliminado la burocracia en los casos de la delincuencia internacional. 
Es tiempo de que eliminemos la burocracia que paraliza a los que tratan de evitar el crimen. 
Queremos dejar en claro que somos partidarios de toda clase de colaboraciones, incluso en el ámbito judicial, si se llevan a efecto en el plano interestatal y no limitan ni pisotean la soberanía nacional ni la democracia nacional. 
El objetivo general del informe es el establecimiento de un sector judicial común. 
Esto requiere, entre otras cosas, armonización del derecho penal, lo que significaría la terminación del gobierno soberano nacional. 
Para realizar sus objetivos, se proponen también, por ejemplo, definiciones análogas de delitos, posibilidad de usar avanzados métodos de vigilancia, por ejemplo, vía satélite y escuchas, reconocimiento del papel del tribunal y consideraciones sobre el establecimiento de una fiscalía europea, lo cual rechazamos enérgicamente. 
La base jurídica más importante es una interpretación que se hace del Tratado de Amsterdam que aún no se ha ratificado ni entrado en vigor, lo que es, a todas luces, una insólita base jurídica. 
La mejor manera de combatir la delincuencia organizada es por medio de una cooperación internacional, en el ámbito interestatal, y con avanzada colaboración con Interpol. 
Por todos los motivos expuestos, hemos votado desfavorablemente el informe. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor de una mayor eficacia en la cooperación penal en la UE. 
Estamos obligados a mejorar la cooperación para acabar en la UE con la delincuencia organizada y transfronteriza. 
Con todo pensamos que deben tomarse como base los instrumentos existentes en el pilar 3. 
Es un buen punto de partida para la cooperación futura. 
Con el Tratado de Amsterdam hemos precisado y mejorado la cooperación jurídica y no hay razón para armonizar más. 
Estamos en contra de la estandarización por la estandarización en sí. 
Deben respetarse la cultura, tradición y sistema de cada país y las diferencias en penas y en la práctica de las pruebas entre los países miembros no son necesariamente algo malo. 
Debemos procurar que los criminales no se escapen y la mejor forma para ello es mejorar la cooperación práctica entre los países miembros. 
Disponemos ya de una óptima cooperación penal en la UE que podemos utilizar en la lucha contra la delincuencia transfronteriza. 
Compartimos lo esencial de las preocupaciones manifestadas por el ponente, así como la afirmación de que presenciamos un recrudecimiento de la criminalidad, sobre todo en su vertiente más organizada. 
En la Unión Europea, como en el resto del mundo, adquieren cada vez mayor gravedad los tráficos de seres humanos, armas y substancias nucleares, así como la gran corrupción, los fraudes y la criminalidad económica y financiera, que tantas veces van asociados con el tráfico de drogas. 
A nuestro juicio, más que la introducción de nuevas medidas, como propone el autor, es necesario ante todo volver eficaces y prácticas las medidas y los mecanismos de control de las legislaciones ya existentes, junto con otras medidas que se deben ponderar entre los Estados miembros, algunas de ellas propuestas por el autor. 
La aplicación de las medidas existentes y de otras que resulten necesarias para completarlas- como las que deberán desprenderse de la próxima introducción del euro que, como subrayó recientemente un organismo de la OCDE, » va a abrir las puertas al blanqueo de dinero» -deberá ser asumida por los Estados miembros e incentivada ante los demás países, pues sólo con la adopción de medidas eficaces y valerosas se llegará a la eliminación de los paraísos fiscales y de otros privilegios de que ha gozado la criminalidad organizada. 
Ahora bien, respecto de la forma o del espacio de realización de esos proyectos nos distanciamos de lo propuesto en el informe. 
Su necesaria materialización se debe hacer en el ámbito de una cooperación judicial efectiva entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
Se puede y se debe estimular y profundizar en el nivel de la cooperación intergubernamental, en particular con una simplificación de procedimientos e incluso mediante una aproximación de las legislaciones en materia penal, de los conceptos legislativos, sin que necesariamente propicie una homogeneización o armonización jurídica. 
Por eso, no podemos convenir con la insistencia en la supresión de las declaraciones y reservas presentadas por algunos países en relación con los convenios internacionales, pues ese derecho asegura a cualquier país, en última instancia, la salvaguarda de especificidades y la defensa de su soberanía. 
Informe Robles Piquer (A4-0080/98) 
Respaldo en su totalidad el informe del Sr. Robles Piquer y, en particular, el llamamiento que en él se hace para sancionar a los países en vías de desarrollo que malgastan las ayudas invirtiendo enormes cantidades de dinero en sus presupuestos militares. 
Como primer paso, debemos asegurar que la ayuda europea al desarrollo, la principal fuente de ingresos y el mayor apoyo en cuanto a modelo para muchos países en vías de desarrollo, no se desvíe ni utilice con fines militares. 
Además, debemos reducir o cancelar la ayuda europea a los países que se nieguen a reducir los gastos militares y sigan usando más del 1 % de su renta anual en armamento y en el ejército. 
Las guerras civiles en distintos puntos de África, alimentadas por las inmensas inversiones en armas, están destruyendo el efecto de la ayuda al desarrollo, lo que lleva a la indigencia a millones de personas y genera el problema de las enormes masas de refugiados. 
Ha llegado el momento, creo, de informar a los receptores de nuestra ayuda al desarrollo de que los excesos en los gastos en presupuesto militar redundarán directamente en la reducción de esta ayuda. 
Por supuesto que no habrá que reducir la ayuda alimentaria en los casos en que haya hambre o exista la amenaza de que se llegue a ello. 
Los Verdes del Parlamento Europeo apoyamos el informe de Robles Piquer sobre el trabajo paritario de ACP-UE durante el año 1997. 
También hemos votado favorablemente la propuesta para dar una base para que los representantes de los Parlamentos en ULT (países y territorios no europeos) puedan participar en las reuniones paritarias de ACP-UE, como observadores permanentes. 
Estamos muy conformes porque se ha dado carácter de observadores a organizaciones no estatales (ONG) tanto de ACP como de la UE. 
Creemos que especialmente las ONG de ACP tienen un papel muy importante en los esfuerzos para acrecentar la democracia, derechos humanos básicos y participación de los ciudadanos en el trabajo de desarrollo. 
Organización de pesca en el Atlántico Noroccidental (NAFO) -Control de la política común de pesca 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0086/98 del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 3070/95 de 21 de diciembre de 1995 por el que se establece un proyecto piloto de seguimiento por satélite en la zona regulada por la NAFO; -A4-0019/98 del Sr. Teverson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe de la Comisión relativo al control de la Política Pesquera Común 1995 (COM (97) 0226- C4-0334/97). 
Señora Presidenta, voy a hablar sobre el Informe Teverson. 
Quien hay leído el informe de la Comisión no puede más que adherirse a la posición del ponente. 
Pero nos debe causar cierta preocupación que desde la aparición hace un año del primer informe no se haya producido ninguna mejora de los controles y que, evidentemente, haya una falta de voluntad política por parte de los Estados miembros. 
También hay que lamentar que le informe de la Comisión sea tan escaso y tan poco elocuente. 
Prácticamente se tiene la impresión de que la Comisión se quiere deshacer de una penosa obligación. 
Es demasiado pasiva y titubeante en un asunto que requiere una gestión decidida. 
Sería absolutamente necesario, por ejemplo, que la Comisión diera instrucciones precisas a los Estados miembros acerca de como deben proceder, de modo que reciban datos uniformes ya que sólo así pueden ser éstos comparados y puede elaborarse un informe que al final no arroje más preguntas que respuestas. 
También sería necesario un plan de acción relativo a la mejora de los controles realizados por los estados miembros, un plan de acción que contemple todos los aspectos de la política común de pesca, también, por ejemplo, los canales de desperdicios. 
Uno de los objetivos fundamentales del plan de acción debería estimular no sólo la cooperación entre los Estados miembros sino también entre éstos y la Comisión. 
La Comisión tampoco podrá evitar reflexionar seriamente sobre una armonización de las sanciones, ya que sólo la intimidación preserva de las violaciones y sólo con sanciones uniformes se puede contribuir a que las medidas de vigilancia adquieran mayor credibilidad entre los pescadores de los Estados miembros. 
Esto también es el concepto clave de mi última consideración. 
Quisiera destacar especialmente una frase del informe del Sr. Teverson: " El informe anual de la Comisión sobre los controles de la Política Pesquera Común debería contribuir al mantenimiento de su credibilidad». 
Me temo que este informe de la Comisión no ha cumplido completamente sus obligaciones. 
Señora Presidenta, los conflictos sólo los podemos enfrentar de manera conjunta. 
Esto también lo expresa el Informe Varela. 
En el marco de las desavenencias entre la UE y Canadá, que alcanzaron su punto extremo en marzo de 1995 conduciendo a una violación del derecho internacional, la decisión actual de la NAFO debe ser enjuiciada de forma muy positiva. 
La prórroga del proyecto piloto de navegación por satélite de las naves del ámbito de la NAFO pone los cauces de un mar en paz en el marco de la política internacional de pesca. 
Probablemente también fue ésta el motivo de la prolongación del proyecto. 
Es desde luego positivo, porque así puede fortalecerse el actual estado de paz. 
Nuestro objetivo no puede ser otro que introducir en el área de jurisdicción de la NAFO la vigilancia por satélite de determinadas naves. 
Como control de las medidas de formación de un inventario esto parece absolutamente exigible. 
En la Comisión de Transporte y Turismo votaremos la semana que viene sobre la primera comunicación de la Comisión sobre la introducción de un sistema europeo de navegación por satélite en el tráfico aéreo. 
No es sólo mi opinión que este sistema es necesario y convincente para Europa. 
Tres años son suficientes, en lo que respecta al ámbito NAFO, para tomar la decisión de aplicar la vigilancia por satélite. 
Esta decisión es apremiante, ya que en la próxima sesión anual de la NAFO en septiembre de este año, se debería aportar una línea común de la UE respecto de las medidas de control y ejecución en el ámbito pesquero. 
La Comisión de Pesca apoya por eso la enmienda nş 1, ya que una uniformización de los sistemas de control en el ámbito NAFO supone un paso más hacia un futuro sin conflictos. 
Del mismo modo el informe de la Comisión sobre los controles efectuados nos debería situar a todos en disposición de poder extraer conclusiones. 
Al Parlamento y a la Comisión se le solicitan, por tanto, las acciones oportunas. 
En relación con el Informe Teverson: es cierto que ha llegado la hora de alcanzar sólidos y eficaces métodos de control para el cumplimiento de la política de pesca común. 
¿De qué sirven las leyes y los acuerdos si luego no son socialmente eficaces? 
Muchas de las personas que me visitan se extraan de que se fume en el Parlamento, a pesar de que está prohibido y se recuerda por numerosos carteles. 
¿Qué ocurre en los mares? 
Allí no hay carteles y las directivas de la política de pesca común las conocemos todos. 
Sin embargo son infringidas a menudo, no son controladas ni satisfactoriamente ejecutadas. 
La credibilidad de un sistema se pone en entredicho con comportamientos como éstos. 
El exceso de pesca sólo podrá ser evitado con una vigilancia muy estrecha de las actividades de captura y con un la introducción de un sistema sancionador eficaz o, mejor aun, tal y como dice la Comisión, con un apoyo, también financiero, para los estados que actúen responsablemente, y gracias a Dios su número se está incrementando. 
Junto con este principio de elogio en lugar de sanción un plan de acción de la Comisión puede ser una aportación muy considerable. 
Aguardamos su elaboración. 
De todos modos la Comisión elogia en su informe la cooperación entre los Estados miembros para posibilitar unos controles más eficaces. 
Algunos Estados, sin embargo, y este es un misterio abierto, no toman la correcta posición respecto de la política de pesca. 
Sin la colaboración de éstos nuestro trabajo pasará desapercibido, de forma parecida a los carteles de prohibición de fumar del Parlamento. 
Señora Presidenta, el informe de la Comisión sobre el control de la política común de pesca durante el año 1995 no es un texto de lectura especialmente agradable. 
El aprovechamiento de los recursos pesqueros comunes es egoísta. 
La mayor parte de los Estados miembros no respeta las reglas adoptadas por común acuerdo, sino que, entre otras infracciones, permite que se rebasen continuamente las cuotas de captura. 
En su informe, el Sr. Teverson aborda estos problemas sin tapujos y exige medidas severas. 
Desearía mostrar mi agradecimiento al Sr. Teverson por haber elaborado un informe tan valiente e imparcial y por haber acometido esta cuestión sin prejuicios de ningún tipo. 
La pesca se diferencia del resto de las actividades profesionales en que es imposible incrementar los recursos pesqueros. 
Las medidas se centran únicamente en la gestión de los recursos existentes y en el control de su buen aprovechamiento. 
Así pues, los instrumentos de los que dispone la política común de pesca son prácticamente de carácter restrictivo, y no permiten incrementar en lo más mínimo los recursos existentes. 
Habida cuenta de que las actividades pesqueras se desarrollan con frecuencia en alta mar y en pequeñas unidades, por lo general es difícil efectuar un control de las mismas. 
Sin embargo, estas dificultades se agravan aún más si los Estados miembros no se muestran dispuestos a aplicar dicho control. 
Las posibilidades de que dispone la propia UE son reducidas. 
Las disposiciones en vigor son complicadas y difícilmente controlables desde un punto de vista técnico. 
A pesar de que se ha desarrollado, y se sigue desarrollando, todo tipo de métodos de control, los resultados no son especialmente positivos. 
El sector de la pesca se ve marcado particularmente por la desconfianza que existe entre los grandes países pesqueros. 
La evolución de los acontecimientos hasta el día de hoy demuestra que las complejas disposiciones que rigen el sector amenazan con conducirnos a un callejón sin salida. 
Por este motivo, y desde una perspectiva liberal, se deberían lograr unas disposiciones más simples y un control más fácil, económico y eficaz. 
En el futuro, la política común de la pesca tendrá únicamente éxito si cuenta con el respaldo real de los Estados miembros. 
El número cada vez mayor de normas, el aumento de la burocracia y un control más exhaustivo no podrán nunca, de por sí, garantizar el éxito político. 
Por este motivo, el futuro de la política de pesca depende de nuestra voluntad real para desarrollarla o no. 
Los recursos pesqueros constituyen una fuente de alimentos importante y, por su valor nutritivo, valiosísima. 
Por ello, debemos proteger estos recursos de la pesca abusiva, a fin de garantizar su conservación de cara a las generaciones venideras. 
Señora Presidenta, el objetivo fundamental de la política común de pesca es la aplicación de un sistema de gestión sostenible de los recursos pesqueros. 
En el mar Mediterráneo se conocen los problemas ocasionados por la captura de atún con redes de enmalle de deriva. 
A esto se le llama explotación abusiva del medio natural. 
En el norte tenemos un problema específico de carácter económico, ecológico y, también, lingüístico. 
Me estoy refiriendo a la pesca del salmón. 
El denominado salmón salvaje nace en determinadas zonas fluviales, vive en el mar Báltico y en sus golfos, y regresa para desovar a su río natal. 
Este salmón es denominado salvaje a causa de la peculiaridad de sus genes. 
De acuerdo con la clasificación de la UE, se trata de una especie protegida. 
Los salmones salvajes conviven en el mar Báltico con salmones de vivero, que carecen del componente genético original tan valioso de los salmones salvajes. En las aguas meridionales del mar Báltico, estos salmones de vivero componen las capturas principales que se llevan a cabo por medio de redes de enmalle de deriva. 
No obstante, estas mismas redes atrapan también un número menor de salmones salvajes camino de la reproducción. Los salmones salvajes representan aproximadamente un 10 % de la población total de salmones del mar Báltico. 
El Gobierno finlandés exige que se contemple una excepción para el mar Báltico por lo que respecta a la prohibición de utilizar redes de enmalle de deriva que está sacando adelante la Comisión. 
De este modo, pretende dirigir las capturas finlandesas de salmón a treinta o cuarenta tripulaciones, mayoritariamente procedentes de las islas Åland, a pesar de que esto significaría la perdida del genoma del salmón salvaje y de las condiciones para desarrollar una pesca mucho más productiva en los ríos natales de esta especie. 
Cuando consiguen llegar a sus aguas fluviales para reproducirse, los salmones salvajes pesan aproximadamente el doble que los que son víctimas de capturas secundarias junto a los salmones de vivero en alta mar. 
El Reino Unido, que ejerce en la actualidad la presidencia comunitaria, deberá propugnar con determinación en la reunión de ministros de pesca que se celebrará a finales de mes una estrategia que consiga prohibir la utilización de la pesca con redes de enmalle de deriva. 
A continuación, deberá incluir esta medida en los informes sobre el control de la política común de pesca. 
Habida cuenta de que la política en materia de pesca constituye una cuestión comunitaria, la Comisión debe ceñirse al principio comunitario incluso cuando los Gobiernos, como es el caso ahora del finlandés, están equivocados. 
Señora Presidenta, apoyamos el informe del Sr. Teverson y las conclusiones a las que ha llegado. 
Refrendamos la resolución, en especial los comentarios acerca de la falta de un análisis global, y las críticas de la Comisión a los Estados miembros y a la ausencia de un avance en la vigilancia de los circuitos de comercialización. 
Como descubrí en 1994, cuando fui ponente del informe sobre este mismo tema, el nivel de vigilancia y de control de los barcos de la UE varía mucho de un país a otro, pero en ningún caso es satisfactorio. 
Los Estados miembros, al parecer, no tienen la voluntad política de cumplir con sus obligaciones. 
Si los Estados miembros no pueden hacer lo que se supone que deben hacer, la Comisión tendría que ponerse dura con ellos y considerar por medio de qué vías legales debería obligarlos a actuar. 
Al final del día quizá podríamos considerar si la vigilancia habría de ser ejercida por la Comunidad, porque en la actualidad los Estados miembros no están cumpliendo con esta obligación. 
Está muy claro que en esto hay una falta de voluntad política, y es preciso hacer algo al respecto. 
Señora Presidenta, hoy nuevamente nos vemos ante el serio problema de la gestión de los recursos naturales. 
La disputa entre Canadá y la UE surgió en 1995 cuando los bancos de peces se salieron de las 200 millas náuticas de la zona de soberanía canadiense, y los canadienses decidieron proteger esos bancos de peces en aguas extraterritoriales. 
A diferencia de la mayoría de los colegas de este Parlamento, en esa ocasión estuve por completo de acuerdo con las medidas aplicadas por Canadá. 
Todavía creo que los canadienses tenían razón, porque los peces no se dan cuenta de dónde termina la zona de las 200 millas y empiezan las aguas internacionales. 
Hoy me felicito de que ese conflicto se resolviera sobre una mesa de negociación. 
Canadá aceptó la no aplicación de la legislación pesquera extraterritorial en aguas internacionales de la NAFO. 
También hubo acuerdo sobre varias medidas de control, entre ellas, un acuerdo por el que se establece que cada barco vaya equipado con un sistema de seguimiento por satélite. 
Esto es lo que hoy discutimos. 
Mi grupo aprueba por completo el proyecto piloto de seguimiento por satélite. 
Pensamos que este sistema es una medida de control seria para evitar los excesos en las capturas. 
Por consiguiente, apoyamos en su totalidad las recomendaciones del Sr. Varela Suanzes-Carpegna y del Sr. Teverson, a quienes felicitamos por haber logrado la unanimidad en la Comisión de Pesca. 
Señora Presidenta, la credibilidad de la política pesquera europea está o pasa por una buena política de control en todos los Estados miembros. 
El informe anual de la Comisión relativo a las actividades de control en los Estados miembros cumple, por tanto, una función útil. 
Sin embargo, a fin de lograr una buen imagen del control e intensidad en cada uno de los Estados miembros, los registros deberán mejorarse considerablemente. 
El informe del año 1995, realmente no es nada más que una interesante panorámica de las diferentes actividades de inspección efectuadas en los Estados miembros. 
No es posible comparar la eficacia entre los Estados miembros a partir de este informe. Los sistemas de control son demasiado diversos para ello y el registro de los resultados en el informe de la Comisión es demasiado limitado. 
El registro relativo a las infracciones es incluso particularmente conciso. Tales datos son sumamente esenciales para lograr una buena imagen de la dimensión de este problema. 
Algunos Estados miembros no suministran, incluso, ninguna información sobre las infracciones, mientras que otros se limitan a mencionar el número de las mismas, sin señalar su naturaleza. 
La mayoría de los Estados miembros omite toda la información relativa a las penas y multas impuestas. 
Sin abogar por un derecho penal europeo, quiero indicar la necesidad de que las sanciones sean coordinadas cuanto antes entre los Estados miembros. 
El efecto disuasorio debe ser comparable en toda la Unión. 
Por último, la problemática de las capturas ilegales. Es preciso que se aborde mejor esta cuestión. 
Existen serias sospechas de que en algunos Estados miembros se llevan ilegalmente a puerto grandes cantidades de pescado con las que se dobla la cuota. 
La BBC informó a finales de 1996 de que en el Reino Unido un cuarto del pescado se desembarca ilegalmente. 
Hasta ahora, la Comisión no ha confirmado ni desmentido esa información. 
Sin embargo, también en otros muchos países son necesarios los controles sistemáticos de las capturas en combinación con la obligación de presentación. 
En los Estados miembros que tienen muchos puertos, esto seguramente genera problemas respecto de la organización necesaria. 
Sin embargo, la problemática es lo suficientemente seria como para intensificar considerablemente los controles. 
Señora Presidenta, con respecto al informe del Sr. Teverson sobre el informe de la Comisión sobre el control de la política pesquera común, yo querría señalar 5 puntos a la señora Comisaria. 
En primer lugar, el tiempo: es decir, el informe es del año 1995 y estamos en marzo de 1998. 
La pregunta que le hago a la Comisión es si no sería posible tener el informe, por ejemplo, para 1999 y unir 1996, 1997 y 1998 en un solo informe de forma que podamos ver las cosas con mayor rapidez. 
En segundo lugar, señora Comisaria, el informe nos ha sabido a muy poco porque, en definitiva, lo que ha hecho la Comisión, o lo que han hecho los servicios de la Comisión, -que es lo que figura ahora en las páginas 10 a 59, es coger los informes nacionales, ponerlos en una carpeta y traerlos. 
La Comisión sólo ha hecho las páginas 3 a 8- que son 5 páginas- y luego unos cuadros muy elementales. 
Y los cuadros son tan elementales que por darle un ejemplo- que espero no considere odioso -, en uno de ellos se dice: » El número de inspectores en España es de 30». 
Y, en una nota a pie de página- la nº 4-. se añade: » A esta cifra, que corresponde a los inspectores nacionales radicados en Madrid, deben añadirse 232 inspectores que actúan al servicio de las autoridades de las comunidades autónomas- es decir, que no hay 30, sino 252 inspectores. 
Y, por otro lado, con respecto a Italia, se afirma: » En teoría, unas 5.200 personas se dedican a algún tipo de inspección de la pesca». 
Teniendo en cuenta que la pesca en Italia no es una actividad muy importante, da la impresión de que cada pez es inspeccionado por algún italiano- lo que no creo que sea verdad-. 
Por tanto, yo le pediría a la Comisión que el próximo informe sea más uniforme, por lo menos que se elaboren un poco más los datos. 
Y lo que me preocupa no es sólo que no haya controles comunitarios, sino que todas las conclusiones, que figuran en la última página del informe, van dirigidas a la cooperación entre Estados; es decir, todo se apoya en el control por parte de los Estados. 
Y esto, encomendar a los Estados pescadores que controlen a sus propios pescadores, es como pedirle a las organizaciones de cazadores que controlen a los propios cazadores. 
Esto no será posible. 
Es algo en lo que estamos insistiendo. 
Y esto lo reconoce, con valor, el propio informe de la Comisión cuando dice: » Como consecuencia de los fraudes se pierden entre 7.000 y 8.000 millones de ecus al año» , y nos estamos gastando 300 millones en control, es decir, que si gastáramos más, ahorraríamos dinero. 
La pregunta es si no es posible aumentar los medios financieros para mantener ese control- sé que la Comisaria me va a decir que la facultad presupuestaria corresponde al Parlamento. 
Y para acabar con una nota positiva, señora Comisaria, lo positivo son los nuevos sistemas, los sistemas de control por satélite e, incluso, el sistema de control NAFO, del cual nos ha hablado el Sr. Varela. 
Discrepo en una cosa con el Sr. Varela, y es que el Sr. Varela pide otro informe sobre la NAFO. 
La pregunta es: ¿no sería posible que pronto nos presentaran un informe conjunto de forma que, en vez de tener diferentes informes, tengamos uno solo que incluya la NAFO y los nuevos sistemas? 
Señora Presidenta, considero que el informe del Sr. Teverson es un esfuerzo muy honesto por dejar claramente establecida la opinión de la Comisión de Pesca. 
He escuchado con mucha atención a la Sra. McKenna. 
Me interesa señalar que mientras ella se opone habitualmente a la existencia de la Unión Europea, esta mañana quiere otorgarle más competencias como policía de los mares. 
Estoy de acuerdo, por supuesto. 
Como persona interesada en la imagen de la Unión Europea, a veces querría yo que no tuviéramos la responsabilidad de una política pesquera común. 
Podríamos haberla convertido en algo útil para la Unión Europea. 
Todo lo que podemos decir, supongo, es que los pescadores de la Unión Europea no han hundido los barcos de otros pescadores, ni se han matado peleando en los caladeros, como ha ocurrido en otras partes del mundo. 
Pero aparte de esto, ha sido un fracaso inmenso. 
Hay que hacer dos consideraciones. 
Una es medioambiental: la salud de los mares. 
La otra es económica. 
Podríamos haber mejorado el medio marino notablemente y, al mismo tiempo, podríamos haber preparado para el futuro, al menos, un modo de vida mejor y más beneficios para los pescadores. 
Pero al parecer hemos ignorado todas las señales de advertencia. 
Cuando venimos aquí y nos quejamos del fraude en el campo de los gastos de la Comunidad, se nos dan explicaciones, cifras y una acción, pero jamás en el ámbito de la pesca. 
No hago responsable a la Comisión, pues todo se debe sólo a la falta de voluntad política en los Estados miembros y a la falta de confianza que existe entre los pescadores y los Gobiernos. 
Tenemos que trabajar con mucho mayor empeño dentro de la Unión Europea, si queremos convencer a todo el mundo. 
Si se encuentra un pez muerto en un río, lago o cualquier curso de agua de cualquier punto de la UE, se produce una guerra, se lleva a alguien ante un tribunal y la gente tiene que comparecer ante la justicia. 
Miles de toneladas de pequeños pescados se arrojan anualmente al mar. Nadie presta atención al asunto. 
Quiero formular una queja específica. 
Yo tengo que ocuparme de estas cosas en mi propio distrito: los pescadores de la costa occidental de Irlanda se quejan de las capturas excesivas que hacen los barcos neerlandeses debidamente registrados. 
Aseguran que esos pescados se descargan en Las Palmas y que no hay allí vigilancia ni control. 
No quiero mostrarme como un nacionalista. 
Creo que todos los pescadores tienen una parte de culpa. 
Pero me gustaría que al menos las quejas concretas se registraran, comentaran y solucionaran. 
Señora Presidenta, también yo quiero felicitar a los ponentes por sus informes. 
Es común a ambos documentos, el del Sr. Varela Suanzes-Carpegna y el del Sr. Teverson, la preocupación por la necesidad de una vigilancia eficaz y el refuerzo de los acuerdos de pesca internacionales y comunitarios. 
Como ya se ha dicho, debemos asegurarnos de que todas las medidas estipuladas en esos acuerdos se apliquen, para que las poblaciones de peces se mantengan en un nivel sostenible. 
Como todos sabemos, las comunidades pesqueras europeas albergan la honda sospecha de que los pescadores de otros países se burlan de la normativa y, por lo tanto, no comprenden por qué ellas tendrían que respetarla. 
Éste es el motivo primordial de la ira y el resentimiento que suscita la política común de pesca. 
El hecho de que en marzo de 1998 discutamos el informe que la Comisión ha elaborado sobre la política común de pesca durante el año 1995 nos indica con cuánta lentitud se adoptan decisiones sobre la acción coercitiva. 
Por consiguiente, apoyo la propuesta de la Comisión de ampliar la aplicación del proyecto piloto de barcos dotados del sistema de seguimiento por satélite en la zona regulada por la NAFO hasta el 31 de diciembre de 1998. 
Por supuesto que esperamos que esto no se limite a ser un proyecto piloto que llegue a su término al final de este año, sino que se convierta en la base de un sistema amplio de seguimiento por satélite, aplicado en adelante a un área mucho mayor, incluido el Mediterráneo, donde los barcos comunitarios estén sujetos a cuotas y controles. 
Necesitamos dar noticia de la efectividad del proyecto piloto antes del fin de este año, para que se puedan hacer las enmiendas y ampliaciones necesarias del conjunto, si resulta ser el valioso apoyo a la conservación de las poblaciones de peces que todos queremos alcanzar. 
Señora Presidenta, yo quería empezar felicitando a los ponentes, Sr. Varela y Sr. Teverson. 
La verdad es que el control pesquero, estamos todos de acuerdo, presenta numerosas deficiencias- y este informe así lo recoge. 
Por un lado, como ya decía el Sr. Medina, por la falta de medios de la propia Comisión en esta materia, en la cual, como Parlamento y como autoridad presupuestaria, también tenemos alguna responsabilidad y, por otro, por la falta de voluntad política de muchos Estados miembros. 
Y esto es un error porque, si no se controla adecuadamente la pesca, estamos haciendo una débil política en la medida en que estamos atacando a los recursos de los cuales depende la subsistencia futura de la pesca. 
Pero, además, también hay flotas legales. 
Hay flotas que están actuando cumpliendo todas las medidas técnicas. 
Con lo cual, en la medida en que el control es deficiente, estamos haciendo poco competitivo al que respeta la reglamentación. 
Y en la medida en que incrementamos las exigencias de las medidas técnicas, estamos incrementando la descompensación en competitividad de las flotas que cumplen todas las medidas técnicas. 
Por lo tanto, este es un problema que exige una solución. 
Y algunas medidas en este sentido se apuntan en el informe, por lo cual quiero felicitar a los ponentes. 
Pero, además, este informe dice otra cosa bastante importante: que el control no debe aplicarse únicamente en la fase de extracción; también debe hacerse hincapié en el control en los mercados y en la comercialización. 
Y se pide también a la Comisión que investigue determinados fraudes que se pueden estar produciendo. 
El fraude, por ejemplo, en el sistema de preferencias generalizadas con los países de la droga, en el tema de los lomos de atún. 
Usted, señora Comisaria, escribió ayer un artículo muy bonito sobre el tema de la droga y sobre las barbaridades que en algunas ocasiones se están cometiendo. 
Yo creo que la pesca también es una fuente de fraude y, además ,... , no es falta de solidaridad en este tema, pero la solidaridad de la Unión Europea la tienen que soportar todos sus sectores económicos, y no fundamentalmente el sector pesquero. 
Y hay otro aspecto del fraude que también me gustaría subrayar y que se denuncia en este informe. 
Es el posible fraude en el bacalao que puede estar entrando, vía Noruega, de cuotas de otros países. 
O sea, de las 800.000 toneladas de bacalao del Ártico, de las cuales Rusia tiene prácticamente el 50 % de la cuota, existen fundadas sospechas de que parte puede estar introduciéndose en los mercados comunitarios vía Noruega. 
Por tanto, este informe también subraya que se profundice en las medidas de control, y yo animo a la Comisaria a que, con el coraje que le caracteriza y con las conclusiones de este informe y, por supuesto, las políticas que la Comisión lleva a cabo, profundice en el camino del control de la política pesquera porque éste será, sin duda, un aspecto importante para tener una pesca sostenible en el futuro. 
Señora presidenta, el Informe Teverson al que me voy a referir es un de los más deprimentes que se hayan podido leer. 
Porque los que se acuerden como yo de que antes nos decían que el mar era el futuro, que los recursos eran ilimitados, que todo estaba a nuestra disposición y que ahora, algunos años después, tenemos que leer lo que el Sr. Teverson ha dicho, no podemos sino encontrarnos ante un panorama desolador. 
Por otro lado hay que decir que hay algunos motivos para sentirse optimistas, no sólo por el hecho de que tengamos un extraordinario comisario de pesca que ha conseguido llevar adelante de forma enérgica numerosos asuntos. 
Sin embargo también es un hecho que seguimos dependiendo de los gobiernos nacionales, que no tiene ninguna voluntad. 
Son demasiado débiles, tanto en las cuestiones de seguridad como de política. 
La debilidad de nuestros gobiernos es la debilidad de Europa, por ello afecta que nuestro continente desempeñe un papel tan triste en este sector, teniendo en cuenta además que sólo se discute sobre los europeos. 
Los verdaderos delincuentes del mar son los rusos, los americanos y los japoneses con sus grandes industrias, que de hecho destrozan el lugar por donde pasan. 
Sólo hay que ver las costas de Sudamérica para comprobar lo que allí ocurre. 
Creo que el Informe Teverson es una señal para que, lo antes posible, volvamos a solicitar de nuestras administraciones una actuación más enérgica porque sino todavía consiguen hundir Europa. 
Señora Presidenta, señoras y señores, me felicito por estos dos informes porque no sólo aportan respuestas muy precisas sobre diferentes cuestiones, sino que, además, brindan la oportunidad de abrir un debate muy importante sobre las medidas de control y el reparto de las responsabilidades. 
Así pues, conviene establecer las responsabilidades de cada uno en materia de política común, ya se trate de la pesca o de la agricultura, poco importa, puesto que desde el punto de vista jurídico se trata del mismo sistema. 
Primeramente, me permitiré hacer dos reflexiones. 
Como ustedes saben, yo soy muy pro europea, y espero mucho de las múltiples intervenciones que he oído hoy, ya que incluso la mayoría de los diputados que tienen una actitud más reservada con respecto al control de la pesca han pedido más poderes para la Comisión. 
Me congratulo por ello porque, precisamente, se trata de uno de los elementos que hacen que, en materia de control, ya sea en el ámbito pesquero o en otros ámbitos políticos, la situación no sea satisfactoria. 
La segunda reflexión se refiere a los dos informes que discutimos conjuntamente. 
El primero de ellos, el informe del Sr. Varela, sugiere en grandes líneas- si el Sr. Varela me permite- que la Comisión admite controles demasiado rígidos. 
Es lo que me ha parecido entender. 
Subrayo, por otra parte, que la Comisión aceptaría considerar, e incluso desearía hacerlo, como el Sr. Varela ha sugerido, un análisis más complejo de todos los sistemas y medidas de control. 
En cuanto a sentar todo esto por escrito, no seríamos tan propensos a ello, por razones evidentes de confidencialidad, que el Sr. Varela puede comprender, con respecto no sólo a las partes contratantes, sino también a los terceros. 
Pienso que podemos atenernos a un enfoque bastante pragmático. 
El segundo informe, el informe Teverson, sugiere evidentemente que la Comisión no es lo suficientemente severa en materia de control. 
De acuerdo, pero considero que es importante precisar diversos aspectos. 
Para ello me apoyaré quizá en el esquema que me ha esbozado el Sr. Medina, al formularme sus cinco preguntas. 
En primer término, los plazos. 
Estamos en marzo de 1998, y examinamos un informe que se refiere a 1995. 
Ustedes saben cómo se elaboran estos informes, conocen muy bien el procedimiento. 
Son los estados miembros los que elaboran informes nacionales, provisionales. 
La Comisión, señor Medina, no se contenta luego con colocar una palabra tras otra, sino que tiene que organizar debates bilaterales sobre los informes provisionales, ya que los Estados miembros tienen el perfecto derecho de volver a discutir con los servicios de la Comisión antes que se publique nada, y responder a todas las preguntas. 
Y para ello la Comisión dispone de veintidós inspectores; quizá habría que hacer constar en el acta que en el ámbito de la política pesquera común, la Comisión dispone de " veintidós inspectores» , y que, en definitiva, los controles son, en primer término, responsabilidad de los Estados miembros. 
Eso es lo que el Tratado y el Reglamento disponen. 
¿No piensan acaso, como yo, que esta forma de construir Europa no es satisfactoria? 
Lo cierto es que, por el momento, el control es ante todo responsabilidad de los Estados miembros. 
De ahí ciertas carencias en el plano jurídico y en el plano de los recursos humanos y de los medios financieros. 
Por consiguiente, es difícil, señor Medina, saber incluso de cuántos inspectores disponemos. 
Nosotros recogemos, por tanto, los datos que nos proporcionan los Estados miembros. 
Y quizá este sea el momento y el lugar para volver a leerles el contenido del apartado 3 del artículo 32 del Reglamento de control, que dispone: " Cuando funcionarios de la Comisión- es decir, veintidós para quince Estados miembros, en alta mar, mercados y puertos- participan en una investigación o inspección, esta investigación la realizan siempre los funcionarios del Estado miembro. 
Los funcionarios de la Comisión no pueden, por propia iniciativa, ejercer los poderes de inspección otorgados a los funcionarios nacionales». 
Podría continuar. 
Cualquier inspección debe ser confiada a inspectores nacionales, que, en teoría, corresponden- por ejemplo en Italia- a un número " x» por pescado. Pero sería interesante saber cuántos son, por ejemplo, en España, si este estado miembro, como otros, pudiese darnos no sólo el número de inspectores de la capital, sino también el de las regiones autónomas. 
Por lo tanto, la Comisión no tiene una policía secreta, sino que desempeña simplemente un papel de coordinación de los controles que dependen, precisamente, de las prioridades de los Estados miembros. 
Dicho esto, hay que deplorar una falta de homogeneidad de los datos. 
Sí, es cierto, y en cada Consejo la Comisión recuerda a los Estados miembros los retrasos en que han incurrido, así como los compromisos asumidos. 
Esta es la situación. 
Quizá se podría hacer algo, como ha dicho el Sr. McCartin. Pero tendríamos que saber qué. 
En suma, ¿cuál es el problema en este caso? 
Desde 1995 la Comisión y el Parlamento han votado nuevas disposiciones de control, sobre todo de control por satélite, que justamente pronto entrarán en vigor. 
Considero que las nuevas disposiciones legislativas nos ayudarán a efectuar un control más satisfactorio; pero considero, también, que quizá tendría que existir una sinergia entre la Comisión, el Parlamento Europeo y, si es posible, los Parlamentos nacionales, para ejercer la presión deseada precisamente allí donde es necesario. 
Es una tarea ardua, señor Teverson, y concluyo aquí; usted ha pedido a la Comisión: " Be brave, don´t be shy, name the Member States». 
Lo siento, no es posible. 
En efecto, el servicio jurídico, con razón, no acepta que se mencionen los Estados a falta de pruebas jurídicamente admisibles. 
Habida cuenta de la falta de autonomía en materia de investigación, es imposible obtener pruebas jurídicamente admisibles. 
Por eso es simplemente imposible, en el estado actual del reparto de responsabilidades respecto al control y a cualquier política común, obtener pruebas jurídicamente admisibles sobre lo que todo el mundo sabe, black landing, etcétera. 
Señoras y señores, la Comisión podrá, naturalmente, sacar provecho de la voluntad de la Presidencia inglesa de mejorar el sistema de control. 
Nosotros pensamos concretamente en modificar el Reglamento de control de 1993, y esperamos que con la utilización de las nuevas técnicas, satélites y demás, estaremos en condiciones de mejorar la situación. 
Pero es indudable que sin la presión y la voluntad de los Estados miembros, nos encontraremos, nosotros y ustedes, en situaciones bastante frustrantes en relación con los plazos, la armonización de los datos, el monitoring y la aplicación directa. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
En primer lugar, la votación del informe Varela Suanzes-Carpegna (A4-0086/98). 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) Se procede a la votación del informe Teverson (A4-0019/98). 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Programas de orientación para las flotas pesqueras 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0046/98) del Sr. Cunha, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre el informe anual al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados de los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras a finales de 1996 (COM (97) 0352- C4-0393/97). 
Señora Presidenta, a comienzos del decenio de 1980 la sobreexplotación de recursos practicada por una flota comunitaria de dimensiones desorbitadas comenzó a alcanzar proporciones inquietantes. 
Ante la gravedad de la situación, la Comisión presentó en 1983 un primer programa de orientación plurianual- el POP- destinado a reducir el esfuerzo de pesca y en el que se establecían, como parámetros fundamentales, el tonelaje y la potencia de los buques. 
A ese POP-I sucedieron el POP-II y el POP-III, que abarcaron el período 1992-1996 y que acabó estableciendo metas diferenciadas de reducción del esfuerzo de pesca: 20 % para las especies demersales y 15 % para las especies bentónicas. 
La reducción global de la flota dependía, así, de su estructura, de las especies pescadas y de las artes utilizadas. 
El resultado conseguido por el POP-III, que estamos analizando ahora, fue una reducción de la capacidad de la flota en un 15 %, si la medimos en tonelaje, y de un 9, 25 %, si la medimos en potencia. 
Como se puede observar por lo que consta en el informe, no todos los países alcanzaron homogéneamente los resultados previstos en el nivel global. 
Así, países como Dinamarca, Alemania y, en particular, España o Portugal redujeron la capacidad y la potencia de sus flotas. Portugal y España superaron incluso los objetivos fijados. 
Pero en otros casos no se cumplieron los objetivos e incluso algunos Estados miembros aumentaron la capacidad que ya tenían. 
Ante esta situación, conviene hacer algunas observaciones. 
Las observaciones que figuran en la comunicación de la Comisión muestran que casi todos los Estados miembros tropezaron con dificultades técnicas para cumplir los plazos previstos para la armonización de las unidades de medición del tonelaje de los navíos. 
Es de esperar que ahora se resuelvan esos problemas técnicos con el POP-IV. 
En cuanto a la potencia, la situación es más preocupante, ya que cada Estado miembro tiene un sistema de cálculo diferente. 
La Comisión debe presentar urgentemente propuestas que faciliten el establecimiento de criterios para su cálculo. 
Ésa es la única forma como se pueden realizar análisis comparativos en los diferentes Estados miembros y evaluar el cumplimiento efectivo de los objetivos previstos. 
Más grave aún es la impresión que transmite el informe de la Comisión de la escasa voluntad de algunas administraciones nacionales a la hora de comunicar a la Comisión datos fiables sobre el estado de sus flotas y del poco interés que parecen demostrar a la hora de adoptar medidas adecuadas para una reducción de la capacidad de conformidad con los objetivos previstos en los POP. 
Así, los incumplimientos de los programas anteriores son aplazados para los siguientes que, a su vez, olvidan lo que quedó atrás. 
Es preocupante que los objetivos previstos en los programas de orientación plurianual dependan, de hecho, de la buena voluntad de los Estados miembros. 
Los instrumentos de que dispone la Comisión para obligar a su cumplimiento son de eficacia dudosa y no incentivan la adopción por los Estados miembros de las disposiciones adecuadas para la reducción del esfuerzo de pesca de sus flotas dentro de los límites programados. 
Ante esta situación, y dado que la reconversión equilibrada de las flotas nacionales es indispensable para garantizar la conservación de los recursos y el futuro de una pesca comunitaria rentable y competitiva, resulta imprescindible que el Consejo y, por tanto, los Estados miembros asuman sus responsabilidades y, en ese sentido, dispongan medidas coercitivas, dotadas de eficacia real, en caso de que no se cumplan los objetivos fijados en los programas plurianuales. 
En la situación actual sería conveniente examinar la posibilidad de inscribir entre esas sanciones la reducción de las cuotas de los Estados miembros, siempre que no se alcancen los objetivos previstos y haya una manifiesta intención dolosa. 
Para concluir, quiero felicitar a la Comisión por la calidad de su informe e instar al Consejo a que asuma sus responsabilidades y adopte un régimen que entrañe medidas eficaces en casos de incumplimiento doloso de los objetivos previstos. 
De lo contrario, estaremos engañándonos unos a otros y, en ese caso, es preferible acabar con la fachada en que en ese caso se transformarán los planes de orientación plurianual. 
Seora Presidenta, Seora Comisaria, los Programas plurianuales de ajuste I, II y III desde 1983 hasta finales de 1996 no han podido resolver la desproporción existente entre una flota sobredimensionada de la Unión Europea y el estado crítico del banco pesquero. 
Para ello hay diversos motivos. 
Por una parte, en opinión del ponente, fueron las diversas bases de medición de los Estados miembros en el proceso de ejecución de los programas plurianuales de ajuste y por otra la actitud de los Estados miembros en la aplicación de las indicaciones. 
Es evidente que ya en la aplicación en los Estados miembros han aparecido grandes diferencias. 
Con toda la buena voluntad de la Comisión, lo que también atribuyo a los Estados miembros, existe aun una considerable necesidad de recuperación en la aplicación de las indicaciones. 
Hay que celebrar que de 1992 a 1996 se hayan dado pasos significativos. 
La flota de la UE se pudo reducir tanto en su tonelaje como en su rendimiento. 
Pero en el punto crítico de las capturas realizadas esto ha cambiado poco. 
Por ello es dudoso que se el MAP IV pueda ejercer una mejora significativa. 
Esto ya evidenció la oposición de algún Estado miembro a las primeras indicaciones del MAP IV. Las prescripciones finalmente acordadas son en mi opinión un tanto débiles. 
Si el MAP IV quiere tener el éxito deseado entonces, y en esto coincido con el ponente, la Comisión tiene que adoptar instrumentos que tengan eficacia y no solo dependan de la buena voluntad de los Estados miembros. 
Hay un punto que no quisiera que pasase desapercibido: los efectos socioeconómicos sobre los mismos pescadores y también sobre toda la región costera. 
Creo que aquí residen las mayores dificultades para los Estados miembros en el futuro y espero que la pesca no sea discutida en los debates sobre los fondos estructurales de forma marginal. 
Señora Presidenta, lo más interesante del informe del Sr. Cunha- a quien felicito- es que, cuando se han finalizado tres planes plurianuales, aún tenemos que seguir alertando sobre el incumplimiento de algunos Estados miembros, postura egoísta que es la máxima responsable de que no puedan cumplirse los objetivos de conservación y que, además, provoca una competencia desleal con los Estados miembros cumplidores. 
Como dice el Sr. Cunha en el considerando C de su informe, la consecución de los objetivos de los POPs constituye un requisito necesario para asegurar un desarrollo sostenible del sector. 
Compartir esta afirmación- como es mi caso- significa reconocer con frustración que el incumplimiento de algunos Estados impide dicho desarrollo sostenible a toda la flota comunitaria. Y esto es una muestra de insolidaridad inaceptable. 
Con la aprobación del POP IV, hemos tenido ocasión de comprobar que se han llevado a cabo ciertos progresos. 
Particularmente, parece haber quedado claro un mayor compromiso de la Comisión para que esta nueva generación de POPs llegue a término en condiciones equitativas y no discriminatorias para las flotas de los distintos Estados miembros. 
Pero me gustaría ir más allá y pedir actuaciones decididas. 
Por eso, la petición del Sr. Cunha de establecer un sistema de sanciones eficaces, que puedan llegar hasta la reducción de las cuotas de pesca, nos parece adecuada y es una de las razones por las que apoyamos su informe. 
Éste, por otra parte, da también un toque de atención sobre la falta de homogeneidad en los sistemas de mediciones, por lo que me gustaría resaltar la necesidad de centrar los esfuerzos en la búsqueda de un sistema homogéneo de equivalencias y un camino que obligue a todos los Estados miembros a presentar datos, y datos ciertos. 
Sólo así, señora Presidenta, sabremos verdaderamente las medidas que corresponde tomar para lograr el mencionado desarrollo sostenible de las flotas comunitarias o, como me gustaría mejor decir, de la flota comunitaria. 
Mis respetos, señora Presidenta. 
En su evaluación de los resultados del tercer programa de orientación, el ponente se preocupa por el escaso interés manifestado por algunos Estados con respecto a la adopción de medidas tendentes a reducir su flota. 
Esta negligencia es lamentable, aunque no nos sorprende. 
Hay que recordar que algunos puertos se han convertido literalmente en esqueletos. 
Si se rebasa el punto de equilibrio se pone en peligro todo un tejido socioeconómico: la venta de pescado en los puertos, los astilleros, los abastecedores, etcétera. 
No habría que subestimar las dificultades, infinitamente mayores, relativas a la reducción de potencia que atraviesan algunos países en los que se utilizan más las redes de arrastre que las fijas. 
Finalmente, los cálculos tendrían que tener en cuenta esos buques, en cierto modo, apátridas, o con nacionalidad falsa, que se contabilizan como si pertenecieran a un determinado pabellón- cuando es sabido que pertenecen a un pabellón distintotanto con respecto a las cuotas como a los kilovatios. 
El ponente insiste en el hecho de que sólo la aplicación de un sistema de sanciones eficaces hará que los organismos nacionales respeten los objetivos establecidos. 
Entre estas medidas, propone la reducción automática de las cuotas. 
Personalmente, no creo que sea una buena solución, ya que esta idea sólo sería aplicable si una determinada flota pescara solamente una determinada especie. 
¿Qué se hace en el caso de la pesca polivalente y sobre todo con los buques en que el 50 % de sus capturas afectan a especies no incluidas en las cuotas? 
Considero, por otro lado, que la suspensión de las ayudas a la construcción es de por sí una medida extremadamente coercitiva, incluso excesiva, puesto que puede perjudicar la seguridad o la mejora de las condiciones de trabajo. 
Agradezco al ponente por haber tenido en cuenta esta reflexión e incluirla entre los considerandos de su informe. 
Señora Presidenta, Señorías, señora Comisaria, el informe anual de la Comisión sobre los resultados finales de los POP-III constituye un documento que contribuye de forma decisiva al esclarecimiento de la forma como ha evolucionado la flota comunitaria y sobre el papel que han desempeñado los diferentes gobiernos nacionales en esa evolución. 
Del informe resulta evidente, por ejemplo, que mi país ha sido el que más ha avanzado en la aplicación de los POP-III por lo que se refiere a la cuestión fundamental de la reducción de la capacidad de la flota en sus diferentes componentes y segmentos, pues incluso ha superado- de forma que, ante los datos disponibles en el informe, no puedo por menos de considerar incomprensible- los valores propuestos. 
Y no puedo abstenerme de dejar aquí una nota de incomprensión ante esa actitud de «buen alumno» , pues, mientras eso sucedía, otros Estados miembros han fortalecido de forma cínica- podríamos decir- la capacidad de su flota en tonelaje y en potencia o en ambas cosas. 
El conocimiento pormenorizado de los datos de este informe debería haber influido más decisivamente en los valores y las estrategias decididas para los actuales POP-IV, que están en vigor entre 1997 y 2001. 
Tanto la Comisión- en la formulación de las propuestas para los POP-IV- como el Consejo- en las decisiones adoptadas de no insistir en nuevas reducciones de capacidad por parte de los Estados miembros que han cumplido e incluso superado, en cierta medida, los programas de los POP-III- deberían haber tenido más en cuenta esos datos. 
La Comisión tiene también algunas responsabilidades a ese respecto, ya que ha demostrado su incapacidad para llevar a la práctica las decisiones de armonizar la medición de los tonelajes de las diferentes flotas, como también ha revelado incapacidad para avanzar en el marco normativo necesario con vistas a armonizar las mediciones de las potencias y también de las productividades de las diferentes flotas. 
Sin esos elementos fundamentales para establecer comparaciones y controles fiables, sin el cumplimiento del POP por muchos de quienes disponen de las flotas con las capacidades y productividades más elevadas en la Unión Europea, es difícil convencer a muchos pescadores de la corrección, la transparencia y la equidad con que la Comisión y ciertos Estados miembros abogan, en teoría, por estrategias comunitarias, natural y evidentemente necesarias, de adecuación de la capacidad de la flota comunitaria a los recursos existentes. 
La total ausencia de medidas claras contra los prevaricadores, que deberían consistir- como propugna atinadamente el ponente, a quien aprovecho para felicitar -, por ejemplo, en la retirada o la disminución de las respectivas cuotas, y la falta de consideración para con quienes han asumido e incluso exagerado sus responsabilidades, no puede continuar en un futuro próximo. 
Permítanme, Señorías, que en nombre de los pescadores y de las organizaciones de productores portugueses, muy castigadas en los últimos años, deje aquí este llamamiento, que es también una reclamación para un futuro próximo. 
La Comisión y el Sr. Cunha han hecho un buen análisis de los resultados del año final del POP III. 
Tanto el informe Cunha como el informe Teverson aluden a cosas que son, esencialmente, responsabilidad de los Estados miembros; me refiero al control y a la vigilancia, por un lado, y a la envergadura de las flotas pesqueras nacionales por otro. 
Ambos informes muestran con claridad que los Estados miembros no se toman en serio sus responsabilidades. 
Sólo cuatro de los quince países han cumplido con sus objetivos en la etapa del POP III. Todos los demás están por encima de los límites, ya sea en tonelaje o en el número de barcos, al menos en uno de los sectores de sus respectivas flotas. 
Los cuatro países que han cumplido sus objetivos son España, Portugal, Dinamarca y Finlandia. 
El informe de la Comisión es muy amplio, pues aporta datos de hasta qué punto los distintos Estados miembros han cumplido con sus obligaciones pero, para mejorar la calidad del informe, sugiero que se dé cierta idea de cómo cumplieron España y Portugal con sus objetivos, por ejemplo, de lo que ocurrió con los barcos que se eliminaron de los registros, sobre cuántos de ellos se desguazaron, cuántos se vendieron como chatarra, cuántos se hundieron y demás posibilidades. 
Incluso, cuántos se pasaron sencillamente a otra bandera: cuántos barcos continúan pescando en la Comunidad o en otros lugares bajo lo que en ciertos casos es en realidad un pabellón de conveniencia. 
El acuerdo pesquero firmado con Argentina subvenciona el paso a la bandera argentina. 
¿Hasta qué punto la reducción de la capacidad pesquera de los Estados miembros ha ido a dar allá y qué efecto tendrá esto en los recursos de aquella región? 
No podemos hablar sólo de retocar las cifras y quitar barcos del registro nacional para ponerlos en algún otro sitio: debemos mirar adónde van, qué pasa con ellos. 
Ningún Estado miembro puede darse palmaditas en la espalda a sí mismo si no sabemos con exactitud el resultado de lo que está haciendo. 
Necesitamos esta información para analizar a fondo lo que está ocurriendo. 
Gracias, señor Macartney. 
Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones y por el tiempo de dos minutos y medio, el Sr. van Dam. 
Señor Presidente, huelga decir que todos los Estados miembros deben cumplir los preceptos de la política pesquera comunitaria. 
Cuando estos preceptos traen sin cuidado a los Estados miembros deben imponerse sanciones eficaces. Sobre esta cuestión estoy de acuerdo con el ponente. 
Sin embargo, no considero adecuado vincular la imposición de sanciones exclusivamente con el tamaño de la flota. 
Los datos sobre el número de barcos y la potencia aportan una información muy incompleta sobre la presión real sobre los recursos pesqueros, especialmente porque los datos se basan en mediciones no fiables y no armonizadas en los Estados miembros, tal como sucede en el informe de 1996. 
A fin de obtener una imagen exacta de la medida en que los Estados miembros han cumplido las metas de la política pesquera comunitaria, debe prestarse atención a más asuntos. 
Por ello, pienso en la política de cuotas de la Unión, de hecho, la columna vertebral de la política europea de la conservación de los recursos pesqueros. 
Los programas de orientación plurianuales están íntimamente relacionados con ello. 
Con ese instrumento se favorece, después de todo, que los Estados miembros ajusten la capacidad de su flota a la cuota disponible. 
Hubiera sido apropiado en ese contexto que el ponente, además de dar una visión general del tonelaje y de la potencia en los diversos Estados miembros, también hubiera dado una visión general de la medida en que se ha respetado la cuota. 
Entonces mis estimados colegas y también el ponente habrían podido ver, por ejemplo, que en los Países Bajos se han respetado completamente las cuotas, a pesar de que la flota no se ha, o casi no, reducido. 
Con ello quiero señalar, estimado colega Cunha, que la reducción de la flota no es la única posibilidad para disminuir la presión sobre los recursos pesqueros. 
El Reino de los Países Bajos ha podido respetar la cuota al limitar la actividad de la flota, el número de días que la flota puede pescar. 
Debe evaluarse este tipo de arreglos para la gestión del esfuerzo pesquero en los resultados de los programas de orientación plurianuales. 
Así mismo, los métodos de pesca influyen en la presión sobre los recursos pesqueros. 
Así, en los Países Bajos, la longitud de las redes de arrastre de fondo de vara ha disminuido de los 14 a los 12 metros. Según los expertos, con ello, la presión sobre los recursos pesqueros se ha rebajado en un diez por ciento. 
En el informe anual sobre 1996, eso no se ha tenido todavía en cuenta. 
Resumiendo, suscribo la defensa del ponente del endurecimiento de las sanciones, tal como una disminución de la cuota cuando se produce una infracción. 
No obstante, entonces no se debe evaluar a los Estados miembros por un único aspecto de la política pesquera comunitaria, sino por toda la política en su conjunto. Eso significa que también debe tenerse en cuenta la actividad de la flota y el cumplimiento o incumplimiento de la cuota. 
He presentado un par de enmiendas con esa intención, 7 y 8, y espero que el ponente esté de acuerdo con ellas. 
Señor Presidente, siento que no esté la Comisaria porque, realmente, sin la Comisaria este debate pierde algo de su interés, porque yo quería, en primer lugar, felicitar a la Comisión por el informe que ha hecho y, al no estar la señora Comisaria, me quedo con las ganas de darle esta satisfacción; pero, por lo menos, tenemos al ponente, que ha hecho un magnífico informe, y a quien también quiero felicitar. 
El ponente es una persona que conoce muy bien la situación, y querría destacar que el informe del Sr. Cunha es sobrio y correcto y que, por tanto, aparte de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Pesca, parece difícil aceptar otras enmiendas que puedan estropear el contenido de esa enmienda. 
Quisiera destacar lo que destacó antes la Sra. McKenna, pero con una pequeña corrección. 
La Sra. McKenna dijo que sólo había cuatro países que habían cumplido los objetivos del POM 3 y no son cuatro, sino sólo tres porque, si lee la página 49 del informe de la Comisión con detenimiento, verá que la Comisión pone algunas objeciones con respecto a Finlandia. 
Así que, en definitiva, sólo España, Portugal y Dinamarca cumplen plenamente los objetivos del POM 3. Esto quiere decir que son los países que dependen relativamente más de la pesca los más interesados en cumplir los objetivos. 
El informe del Sr. Cunha señala una serie de puntos con los que estamos de acuerdo: la necesidad de seguir estableciendo criterios armónicos, la capacidad de la flota, la potencia de los buques, etc. y, sobre todo, la necesidad de introducir un sistema de sanciones. 
La Comunidad ha empezado a introducir sanciones en materia de competencia y, más recientemente, en materia de convergencia. 
Lo que propone el Sr. Cunha es algo perfectamente razonable: que se reduzca la capacidad de captura de los Estados que no cumplan los requisitos comunitarios. 
Pero también es importante lo que señala el Sr. Cunha en el Considerando B: que el objetivo de la Política Común de Pesca no consiste, necesariamente, en la reducción de la pesca. El objetivo de la Política Común de Pesca consiste en establecer un sistema de pesca equilibrado porque, en el mar, la regla general es que el pez grande se come al chico y se ha establecido un cierto equilibrio biológico en virtud del cual el factor humano (la actividad pesquera) forma parte de ese equilibrio biológico. 
La adopción de medidas que vayan simplemente dirigidas a reducir el esfuerzo de pesca sin tener en cuenta ese equilibrio biológico pueden, curiosamente, producir efectos negativos porque, por ejemplo, si no seguimos pescando especies depredadoras, los peces que son depredados por esas especies depredadoras van a ver reducido su número. 
Creo que, en definitiva, la Comisión va por el buen camino, que el informe Cunha es un magnífico informe y que podemos felicitar a la Comisión y al Sr. Cunha por sus informes. 
Señor Presidente desde comienzos de los años ochenta conocemos las consecuencias negativas de la sobrepesca en los mares de la UE. 
Como contramedida se introdujeron los programas plurianuales que hoy se han debatido, los llamados MAPs. 
Este año se trata, por ejemplo, de los de cuarta generación, el MAP IV. 
Lo absurdo es que no haya unos criterios de valoración uniformes, ż es que se frena la uniformización a propósito o como es que no podemos a unos resultados satisfactorios a escala europea en función del tonelaje o el rendimiento? 
Esto debería haberse solucionado ya hace mucho tiempo. 
También el registro de buques de pesca de la Comunidad presenta fallos que merman su eficacia. 
Este problema también debería ser resuelto. 
Para todo ello es un requisito imprescindible la voluntad de aplicar con mayor voluntad las directivas. 
Los intereses nacionales no deben pesar más que la regulación superior de la política pesquera comunitaria. 
Además el incumplimiento de los objetivos conducirá a la destrucción de muchas explotaciones pesqueras en tierra, como tarde cuando los bancos pesqueros estén más degenerados. 
La compensación de la capacidad común que afecta especialmente a ciertos países obligados a ello no debe impedir que veamos las deficiencias que se producen en el mismo sector en otros países. 
No nos podemos permitir la resignación que les queda a los países cumplidores. 
Antes que nada esto debería ser un estímulo para aquéllos que estén más retrasados ya que en el caso contrario no podremos seguir progresando. 
Parece que no existen suficientes estímulos para alcanzar los objetivos marcados. 
El excedente que se produce con los MAPs no parece ser suficientemente motivador. 
El respeto de las cantidades límite debe ser obligatorio aunque no haya actualmente ninguna sanción eficaz como elemento de ejecución, tal y como ya he descrito. 
Una restricción en la cuota también podría ser eficaz, como ha propuesto el ponente. 
Aunque más importante aun, lo recalco de nuevo, sería la perspectiva de los Estados miembros. 
Porque los Estados miembros son los portadores de la responsabilidad. 
Aprovechando la ocasión quisiera agradecerle a usted, Sra. Bonino y a la DG XIV su importante intervención de esta semana relativa a la Agenda 2000 y por sus consiguientes proyectos legislativos en el sector de la pesca. 
Fue una buena intervención y celebro por ello la futura cooperación. 
Gracias, señora Langenhagen. 
Señorías, con la intervención de la Sra. Langenhagen hemos finalizado el turno de intervenciones de los miembros de la Asamblea y, antes de darle la palabra a la Sra. Bonino, quiero informarle de que en su breve y justificada ausencia, el Sr. Medina Ortega ha deseado felicitarla por el buen trabajo de la Comisión. 
Por lo tanto, esta Presidencia quiere recoger las palabras del Sr. Medina Ortega, al mismo tiempo que entiende perfectamente que la Comisaria deba ausentarse brevemente del hemiciclo y, como siempre, le da la palabra con mucho gusto. 
Tiene usted la palabra señora Bonino. 
Señor Presidente, Señorías, ante todo deseo felicitar al Sr. Cunha por su informe, que me parece que ofrece un excelente análisis de los temas tratados. 
La Comisión considera que los programas de orientación plurianuales son, sin duda, instrumentos importantes y que, por lo tanto, la consecución de sus objetivos es un elemento fundamental para el futuro del sector. 
En este sentido, deseo recordar a este Pleno que los servicios de la Comisión están examinando la posibilidad de emprender acciones legales contra los Estados miembros que incumplieron sus obligaciones con respecto al POP III y que, en consecuencia, no alcanzaron los objetivos de los programas o no fueron actualizando los datos relativos a sus flotas en el fichero correspondiente a la flota comunitaria- esto para contestar también algunas observaciones de la Sra. McKenna- o que no volvieron a medir el tonelaje de las flotas en unidades de tonelaje bruto. 
En lo que concierne a estos aspectos, por lo tanto, los funcionarios de la Comisión están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra los Estados miembros que no aplicaron las disposiciones. 
Y ahora, sólo dos observaciones en cuanto a algunas enmiendas propuestas y una ulterior puntualización en relación con la nueva medición del tonelaje de la flota. 
Esta última- como el Parlamento sabe perfectamente- se refiere precisamente a la solicitud de la Comisión de unidades homogéneas de cara a la medición de la capacidad de la flota. 
La Comisión ha encargado a expertos externos la tarea de examinar la forma en que se mide el tonelaje de los barcos de cada Estado miembro, unos expertos que van a evaluar la calidad de las informaciones facilitadas por los propios Estados y que, seguidamente, presentarán a la Comisión recomendaciones en cuanto a la forma de acelerar este proceso de nueva medición. 
La Comisión asimismo está tratando de encontrar las fórmulas más adecuadas para armonizar la determinación y la medición de la potencia en toda la Comunidad y está recogiendo las informaciones disponibles para profundizar la cuestión. 
En cuanto a las decisiones del POP IV, tomadas en el pasado mes de diciembre, la Comisión está estudiando la forma de contribuir a la reestructuración de la flota mediante disposiciones financieras o incentivos, como los llamó la Sra. Langenhagen, y dichas disposiciones se aplicarán junto con los porcentajes de barcos de pesca tanto entrantes como salientes. 
Deseo asimismo recordar que, con respecto a los Estados miembros que no alcanzaron los objetivos del POP III, como el Parlamento sabe, este retraso se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el POP IV, es decir, la Comisión no ha aceptado que se hiciera tabla rasa. 
Para los Estados miembros incumplidores, aparte de las posibles acciones legales, se ha tenido en cuenta lo acontecido en el pasado para elaborar el POP IV. 
Voy a añadir dos reflexiones más. 
Con relación a las sanciones, y a tenor de lo que propone una enmienda, debo manifestar que la Comisión no está de acuerdo con esta propuesta y ello por una serie de motivos: primero, porque la reducción automática de las cuotas para los Estados incumplidores pone en serio peligro el principio fundamental de la Política Común de Pesca que es el de la estabilidad relativa; segundo, porque si ponemos en marcha este tipo de procedimientos, es evidente que otros Estados miembros pedirán el mismo tipo de sanción quizás por el rebasamiento de los contingentes, la insuficiencia de los controles, el desembarque de pescado que no cumple con las medidas, etcétera. 
Por lo tanto, deseo pedir a este Parlamento que sea más prudente a la hora de proponer como sanción la reducción de las cuotas, porque podría producir estos efectos. 
En lo referente a la suspensión de la ayuda financiera para la modernización y la construcción de barcos de pesca, se trata de una medida que ya está en vigor. 
Con respecto a la inclusión de la productividad en la medición de la capacidad, el Parlamento va a permitirme decir que no se trata de algo posible. 
La manera de medir la productividad es algo que, francamente, no entendemos y nos parece una medida inaceptable, en el sentido de que no es aplicable. 
En cuanto a la medición del tonelaje y de la potencia, en cierta forma, ya me he referido a ellas. 
Únicamente, y a título de información, deseo añadir que la Comisión está a punto de celebrar un contrato con Seafish Industry Authority del Reino Unido, en cuya virtud, como ya he apuntado, se encargará a un grupo de expertos externos el cometido de reexaminar los procedimientos y los métodos utilizados en los Estados miembros para medir el tonelaje. 
En lo que atañe a la potencia, por el contrario, se trata de situaciones algo complejas. 
Así y todo, la Comisión reconoce plenamente la necesidad de armonizar más todavía, si cabe, la medición de la potencia, dado que éste es un elemento fundamental para elaborar los POP IV. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Sobre el apartado nº 3 
Señor Presidente, quisiera proponer una enmienda oral, si Sus Señorías estuvieran de acuerdo, al punto nº 3, en la última línea. 
Se habla de «en su momento una reducción automática de las cuotas». 
Mi enmienda oral va encaminada a suprimir la palabra «automática». 
¿Hay algún inconveniente a la enmienda oral del Sr. Cunha de suprimir la palabra «automática»? 
El Sr. Macartney tiene la palabra. 
Reconozco con alegría que hay una mejora, pero eso no elimina el problema, de modo que no, que debemos insistir en la votación nominal para este apartado. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Felicitamos al Sr. Cunha. 
Éste es un importante informe sobre una relevante materia para la conservación de los recursos pesqueros. 
A pesar de sus deficiencias, FUP es el instrumento más importante para conseguir la conservación consecuente de los recursos pesqueros. 
Al mismo tiempo, es de interés subrayar que la conservación de los recursos pesqueros tiene que entenderse como una parte de la política pesquera en su totalidad. 
La conservación de los recursos pesqueros también tiene que tomar en cuenta la capacidad real de pesca de las flotas nacionales, la necesidad de una actitud seria en relación con algunas especies amenazadas y los efectos de los convenios que la Unión celebra con terceros países situados fuera de la comunidad. 
En relación con los convenios con terceros países, hay motivos para ser muy críticos de la política comunitaria. 
Como está la situación actualmente, la Unión no toma suficientemente en cuenta la necesidad de desarrollar el rol de la pesca para el abastecimiento global de alimentos, de fortalecer primordialmente la propia capacidad económica de los países en desarrollo en este sector y el hecho de que la ayuda comunitaria para acuerdos con terceros países que se da a la actividad pesquera de ciertos países miembros, constituye un mantenimiento de la capacidad pesquera nacional en una situación en que todo el sector pesquero europeo necesita importantes limitaciones. 
La evaluación de FUPIII demuestra que hay motivos para revisar la orientación de la política pesquera comunitaria desde los cimientos. 
Quiero hacer saber a la Comisaria Bonino que nos reconforta su afirmación de que la Comisión Europea no apoya la idea de sancionar con rebajas en las cuotas el no cumplimiento del POP. 
También me anima que la Comisaria haya reiterado que, en la política común de pesca, tiene una importancia básica el principio fundamental de estabilidad relativa. 
Conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo 
Señor Presidente, tengo el honor de presentar en nombre de la Comisión de Pesca este informe por el que se establecen medidas técnicas para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo. 
Existe un problema serio en el Mediterráneo. No se refiere tan sólo al atún rojo, que es el tema del informe. 
Pero este informe también versa sobre la manera en que se introdujo la reglamentación comunitaria en la Conferencia Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. 
El problema son las otras especies del Mediterráneo. 
A causa del empleo de redes de enmalle a la deriva en el Mediterráneo, nada menos que 8.000 ballenas y delfines mueren todos los años, por las actividades de pescadores de distintos países en la región del Mediterráneo. 
La propuesta que consideramos va en parte por ese camino, a fin de enfrentar este serio problema para la vida marina en el Mediterráneo. 
La propuesta pide que se prohíban el uso de los helicópteros y las capturas durante los meses de junio y agosto, sobre todo durante la época del desove del atún rojo. 
También hay que considerar las actividades de los terceros países. 
En la Comisión de Pesca estamos muy preocupados por la forma en que faenan barcos de países como Guatemala y Honduras, que utilizan redes de enmalle a la deriva en el Mediterráneo y capturan atunes, marsopas, delfines y ballenas. 
Están destruyendo el ecosistema del Mediterráneo. 
Con respecto a las capturas tradicionales y a la flota italiana que se dedica al pez espada, durante el debate sobre el informe Baldarelli, estuvimos de acuerdo en eliminar progresivamente el uso de las redes de enmalle a la deriva. 
En esa ocasión, es decir, en 1994, la Comisión acordó la entrega de 100 millones de ecus a los pescadores italianos a modo de apoyo para que pusieran fin a su actividad pesquera. 
Se ofreció compensación a unos 2.700 pescadores italianos. 
Lamento decir a esta Asamblea que sólo 42 aceptaron la oferta de vender sus licencias y pasar a otras actividades. 
Es evidente que la actual política de fijar un límite de 2, 5 kilómetros para las redes de enmalle a la deriva no funciona. 
Es importante determinar una supresión progresiva de estas redes en el Mediterráneo durante un periodo de tiempo preciso. 
Me complace decir que la Presidencia británica, y en especial el Ministro de Pesca, Sr. Elliott, están muy interesados en este asunto. 
El Sr. Elliott y yo hemos mantenido discutido varias veces con profundidad la forma en que se puede avanzar en el tema, y el Ministro se ha comprometido a incluirlo en la agenda del próximo Consejo sobre la pesca. 
Como diputados, queremos conservar y proteger la pesca comercial. 
Queremos salvaguardar a las comunidades que dependen de la pesca para ganarse la vida. 
Pero al mismo tiempo debemos tratar de proteger la variedad del ecosistema marino. 
Debemos esforzarnos por proteger, salvar y conservar a delfines, ballenas y focas. 
Si la vida marina se destruye, resultará afectada la cadena alimentaria. 
Eso significará que las generaciones futuras no sólo se encontrarán con la extinción de delfines y ballenas sino también con la de los atunes y de los peces pequeños. 
El problema es que corremos el peligro de agotar todos los recursos del mundo. 
Como parlamentarios, como europeos, dentro de la Unión Europea, en el momento de entrar en un nuevo milenio, nuestro deber es tomar las medidas adecuadas para mantener un equilibrio adecuado entre la explotación comercial de la pesca, la conservación de los peces y de la vida marina. 
De esto trata este informe. 
Es un informe muy limitado, pues sólo se ocupa de las medidas que hay que tomar en el Mediterráneo. 
Pero este Parlamento debe adoptarlo como nuestro principio general para el futuro. 
Señor Presidente, éste es un informe muy técnico y no es necesario entrar en muchos detalles, porque sólo se trata de que el Parlamento apruebe un instrumento para que la Comisión adopte ciertas medidas que mi grupo político comparte por entero. 
Como ha señalado Hugh McMahon, el ponente, se trata en rigor de una medida ecologista, y este Parlamento querrá apoyar todo lo que la Comisión presente en el campo de las medidas de conservación. 
Con respecto al Mediterráneo en sí mismo, digamos que tiene uno o dos importantes problemas. 
Debemos reconocer el hecho de que los recursos pesqueros del Mediterráneo tal vez no sean lo que tendrían que ser. 
En la actualidad se produce una explotación excesiva, tal como ocurrió en el Mar del Norte y en el Océano Atlántico. 
Dicho esto, quiero tratar con el Sr. McMahon y quizá con la Comisión el tema de la enmienda nº 1, porque me parece que el ponente trata de estar a bien con el gobierno del Reino Unido. 
No es esto lo que tendría que verse en un informe ante el Parlamento Europeo. 
Estoy de acuerdo en que el Gobierno británico está a favor de la supresión progresiva de las redes de enmalle a la deriva y que la ha convertido en una prioridad, pero lo que quiero preguntar a la Comisión es si el Comisario considera que la posición del Consejo es la misma, porque el Consejo de Ministros está bastante dividido respecto a la supresión progresiva de las redes de enmalle a la deriva, lo que no refleja necesariamente la posición del Gobierno británico. 
Quiero señalar al ponente que la enmienda nº 1 trata de ser congratulatoria con uno de los Gobiernos que integran el Consejo, cuando tendríamos que estar considerando la posición global del Consejo y no la de uno de los Gobiernos individuales. 
Señor Presidente, he terminado con mis observaciones, pero quiero añadir que apoyamos totalmente el empeño de la Comisión en este campo. 
Señor Presidente, en la región mediterránea el atún es protegido con diversas prohibiciones y reglamentaciones. 
Ello muestra que la Comisión tiene a su disposición instrumentos administrativos para garantizar la población de peces. 
Pero, tal y como ha dicho la Comisaria Bonino, los Estados miembros son responsables en gran medida del control. 
Entre los medios de índole administrativa de los que dispone la Comisión, figura la posibilidad de prohibir, de manera conjunta con los Gobiernos de los distintos países, la pesca abusiva con redes de enmalle de deriva. 
A esto ha hecho referencia también el ponente, el Sr. McMahon. 
De esta manera, es posible afrontar el hecho de que las técnicas pesqueras modernas representan una amenaza para la conservación de las poblaciones de peces en todos los mares. 
En el mar Mediterráneo, el problema es el atún. 
En el norte, el problema económico y ecológico lo constituye el salmón noruego. 
Además del mar Mediterráneo, la UE debería prestar también atención a los problemas de la pesca en las regiones septentrionales. 
Los noruegos crían salmones en las desembocaduras de sus ríos, donde también hay poblaciones de salmones salvajes. 
De esta manera, contaminan los mares y pueden llegar a propagar enfermedades, especialmente en la desembocadura del valle de Teno. 
Las prácticas de " dumping» de precios con el salmón noruego obligan a los pescadores de los demás países a intensificar sus capturas con métodos de pesca abusiva. 
Señor Presidente, adoptar, como propone la Comisión, sólo las recomendaciones ICCAT en lo referente a la gestión del atún rojo en el Mediterráneo, no es en absoluto suficiente. 
En apenas tres años, las capturas se han doblado, de 20.000 toneladas en 1992 se pasó a 40.000 toneladas en 1995, y todos sabemos que estos datos oficiales están muy por debajo de la realidad. 
Si se sigue esta escalada, dentro de poco en el Mediterráneo no habrán atunes. 
Pedimos a la Comisión reglas más estrictas. 
Hay que conseguir que ICCAT presente un plan de recuperación real y de protección del atún rojo, excluyendo y prohibiendo, sin excepciones de clase alguna, la pesca de ejemplares cuyo peso sea inferior a los 7 kilogramos, y prohibiendo asimismo todas las actuales artes de pesca reservadas a los jóvenes ejemplares. 
La Comisión, a nuestro entender, debe proponer el embargo de las importaciones de atún de Panamá, Honduras y Belice que proporcionan banderas de conveniencia a las flotas de pesca que, de esta forma, eluden cumplir cualesquiera reglas, dado que dichos países no forman parte de ICCAT. 
En muchos casos, por desgracia, detrás de estas banderas de conveniencia, se esconden propietarios, armadores y operadores económicos europeos. 
Esta forma de eludir las disposiciones, esta verdadera piratería pesquera, junto con la continua utilización de redes de enmalle a la deriva o de redes para peces espada, en particular por parte de las flotas italianas, reclama nuestra responsabilidad e impone a la Unión Europea una política mucho más severa y nuevas medidas restrictivas. 
Señor Presidente, felicito al Sr. McMahon, por su informe, porque apoya la propuesta de la Comisión de incluir en la normativa comunitaria las medidas de gestión sobre el atún rojo, recomendadas ya por ICCAT en 1996, lo que, dado el estado del recurso, reviste una indudable importancia- y desearía que el tema se centrase en estas medidas y no en otras que no afectan directamente a este debate. 
Pero el informe merece también nuestro respaldo por la llamada de atención sobre otras decisiones tomadas en dicha reunión y que la Comisión todavía no ha incorporado a la normativa comunitaria. 
Me refiero a la prohibición de las importaciones de atún de Honduras y Belice por la absoluta resistencia de sus flotas a respetar las más mínimas medidas de pesca responsable. 
Sabemos, señora Comisaria, que se ha iniciado el procedimiento escrito para su estudio por el comité 113, pero tememos que esta discusión pueda alargarse en exceso antes de llegar al Consejo y, puesto que según las diversas opiniones consultadas, dicho embargo no atentaría ni contra las reglas del GATT ni contra las de la OMC, debemos urgir a la Comisión y pedirle ayuda para que este comité emita su dictamen lo antes posible, con el fin de que se pueda aplicar el embargo. 
Por otra parte, como usted sabe muy bien, ICCAT ha recomendado también un embargo similar para los buques con banderas de Panamá a partir del 1 de enero de este año. 
La Comisión no está preparando ninguna propuesta y se escuda en que ni Japón ni Estados Unidos están aplicando dicho embargo- lo que, por supuesto, no es un ejemplo a seguir. 
La Comisión es miembro de ICCAT, los países que formamos la Unión Europea queremos cumplir todas las recomendaciones que este organismo nos impone. 
Por tanto, ruego a la Comisión, una vez más, que dé paso a estas medidas del embargo, que son de gran importancia para evitar que las partes contratantes no cumplan las recomendaciones hechas por ICCAT. 
Señor Presidente, las cuotas de captura del atún han aumentado de manera vertiginosa durante los últimos años, por lo que, si se quiere garantizar la conservación de esta especie en el futuro, se debe proceder urgentemente a restringir las capturas. 
La culpa no hay que buscarla tanto en las medidas como en el incumplimiento de las mismas. 
Asimismo, la pesca con redes de enmalle de deriva da lugar continuamente a situaciones nada deseables por lo que respecta al resto del ecosistema, como las que sufren focas y delfines. 
El Parlamento debe aceptar las propuestas de la Comisión, que se corresponden con las de la Comisión para la conservación del atún. 
Sin embargo, resulta imprescindible obtener el concurso en la elaboración de las medidas de todos los Estados que capturen esta especie en las mencionadas aguas, así como lograr un funcionamiento eficaz del control. 
Si las restricciones en las capturas atañen únicamente a los buques de pabellón comunitario, no será posible lograr ningún cambio real de la situación y se cometerá una injusticia con los pescadores. 
La Unión deberá ejercer también presiones para lograr alcanzar resultados. 
Señor Presidente, probablemente, el Parlamento recuerda que la Comunidad entró a formar parte de la Comisión Internacional de ICCAT el pasado mes de noviembre, así como que, actualmente, forma parte del Consejo General de Pesca en el Mediterráneo. 
En virtud del Derecho internacional, ya estaba obligada a cooperar con estas organizaciones, sin embargo, ahora que es miembro de ellas, evidentemente, no puede dejar de cumplir cuanto antes todas las recomendaciones en materia de gestión, formuladas por dichos organismos. 
Deseo aclarar al Parlamento que la propuesta, que hoy se somete a examen, representa un paso en esta dirección en cuanto a dos recomendaciones solamente, mientras que las demás recomendaciones de ICCAT se están tratando en las sedes legislativas apropiadas, es decir, se incluirán en otras propuestas legislativas que se someterán al examen del Parlamento. 
Por ejemplo, compruebo que la Comisión de Pesca propone incluir en esta propuesta la prohibición del trasbordo desde o hacia barcos pertenecientes a países no cooperantes. 
Francamente, no considero que el Reglamento 1626, que ahora nos ocupa, sea el marco apropiado para este tipo de enmienda y de propuesta, habida cuenta de que el mismo se refiere casi exclusivamente a las medidas técnicas de conservación de los stock de pesca. 
La Comisión, por el contrario, quiere proponer un reglamento del Consejo relativo al control de los desembarques y los transbordos: esta propuesta ya se está elaborando y, según la Comisión, éste va a ser el marco más indicado. 
Puedo hacer las mismas observaciones en relación con las enmiendas 3 y 5. 
Deseo informar al Parlamento que el día 30 de enero la Comisión remitió al Consejo la propuesta relativa al embargo de las importaciones de atunes procedentes de Belice y de Honduras. 
La Comisión, por lo tanto, ya formuló esta propuesta de embargo el 30 de enero, y ahora la propuesta está sobre la mesa del Consejo. 
En lo que se refiere a Panamá, que presenta algún aspecto jurídico más complejo, los servicios de la Comisión están examinando la cuestión y ya están elaborando una propuesta al respecto. 
Por último, dos comentarios muy breves con relación a las enmiendas relativas a las redes de enmalle a la deriva. 
Conocemos la situación, así como la posición del Parlamento Europeo en cuanto a la propuesta de la Comisión. 
Como todos ustedes saben, las redes de enmalle a la deriva se incluyen en el ámbito de aplicación del Reglamento relativo a las medidas técnicas, en un contexto más amplio y no especialmente referido al Mediterráneo. 
En consecuencia, no quiero entrar en el fondo de las enmiendas propuestas, aunque considero que las enmiendas relativas a las redes de enmalle a la deriva no guardan relación con el marco jurídico de esta propuesta y, por lo tanto, la Comisión no puede aceptarlas, porque las redes de enmalle a la deriva no afectan sólo al Mediterráneo. 
Por otra parte, como aquí ya se ha mencionado, por lo que respecta a las redes de arrastre, el Consejo, a raíz de una propuesta de compromiso de la Presidencia, debatirá este dossier el 24 de marzo en el Consejo de los Ministros. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Sobre la enmienda nº 1 
Señor Presidente, creo que podría aceptar esa enmienda, pero pienso que habría que corregir ligeramente la formulación, para que diga: " mientras que las prioridades del Consejo tienen que ser la supresión progresiva». 
Tiene la palabra el ponente, Sr. McMahon. 
Señor Presidente, como ponente tengo que defender la posición de la Comisión, pero dejo a la sabiduría de esta Asamblea decidir lo que se ha de hacer. 
Sé que el Sr. Provan ha hablado sobre esto en el debate y que su grupo ha votado por la enmienda en la Comisión cuando se la ha tratado. 
Tal vez una alusión al Consejo sea más oportuna que la que se hace a la Presidencia británica. 
Dejaré que la Asamblea decida al respecto si se ha de mencionar o no un Estado miembro en el Consejo. 
Me pide ahora la palabra el Sr. Medina Ortega. 
Señor Presidente, como usted conoce la lengua española, si lee el texto en español verá que no se plantea la cuestión que suscita el Sr. Provan, porque el texto en español dice «teniendo en cuenta las prioridades del Consejo con miras a la supresión progresiva de las redes de enmalle a la deriva». 
No hay ni «is» ni «should». 
Propongo que se vote la versión española del texto, suprimiendo «de la Presidencia británica». 
Así lo haremos. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Quiero dar las gracias al ponente por un informe muy bien hecho. 
El asunto de la conservación de los recursos pesqueros es de la mayor importancia. 
Por eso es conveniente apoyar las medidas que propone la Comisión en cuanto al atún. 
Quiero, sin embargo, sostener que el asunto de un eventual embargo contra Honduras, Belice y Panamá debe verse en una contexto más amplio que el de la conservación de los recursos pesqueros. 
El embargo a las importaciones contra esos países no debe ser entendido por algunos pescadores de la Unión Europea solamente como una medida proteccionista unilateral. 
Reexamen de la Directiva 85/384/CEE (títulos en el sector de la arquitectura) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0079) del Sr. Berger, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el informe de la Comisión relativo al reexamen, a partir de la experiencia adquirida, de la Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, con arreglo a lo establecido en su artículo 30 (COM (97) 0350- C4-0487/97). 
Tiene la palabra la ponente, Sra. Berger. 
Señor Presidente, distinguidos colegas, la directiva sobre el reconocimiento recíproco de títulos en el sector de la arquitectura forma parte del reducido grupo de directivas con las que todos los interesados están satisfechos. 
Tanto el grupo profesional implicado como las autoridades nacionales y la Comisión han expresado según este informe de revisión que la directiva se ha desenvuelto muy bien en la práctica. 
Esta gran satisfacción y la ausencia de enmiendas- la Comisión presenta apenas dos enmiendas de poco impacto- son dignas de ser destacadas y apoyadas, aunque en opinión de la ponente del Parlamento Europeo quizá ésta no sea un ejercicio gratificante o que acarree prestigio. 
Uno de los principales motivos del buen funcionamiento de esta directiva en la práctica reside en que esta directiva sectorial, al contrario que el primer sistema general de reconocimiento de títulos, prevé un reconocimiento automático y con ello se posibilita un ejercicio rápido desburocratizado de las libertades de establecimiento y prestación de servicios. 
Esta ventaja esencial debe conservarse y ser sacrificada en un erróneo compromiso de simplificación y homogenización. 
Celebro que tanto la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos como la Comisión de Cultura se hayan pronunciado en contra de que la directiva de arquitectura se integre en el marco de la Iniciativa SLIM en el primer sistema general, que no establece el reconocimiento automático y por ello, finalmente, no acaba de funcionar correctamente en la práctica. 
En otro punto sin embargo no se pusieron de acuerdo las citadas comisiones de esta Asamblea. 
Se trata de la duración de estudios mínima establecida. 
La directiva prevé actualmente cuatro años de estudio completo. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos que lleva el peso central de la cuestión, no ha seguido, según mis indicaciones, la propuesta formulada y por ello también recomiendo al pleno de esta Asamblea el rechazo de la enmienda 1, tal y como se plantea, ya que apunta en esa misma dirección. 
Sé que hoy, en muchos Estados miembros, la duración media de la carrera de arquitectura sobrepasa con mucho la duración mínima prevista de cuatro años. 
Esto no significa sin embargo que los conocimientos necesarios no puedan ser impartidos y adquiridos en un tiempo menor, sino que tiene que ver, si acaso, con las universidades deficientemente dotadas, la falta de profesores universitarios y un plan de estudios malo. 
Estas deficiencias no deberían ser legitimadas y amparadas por la directiva de reconocimiento. 
Además una ampliación a cinco años automáticamente supondría el reconocimiento específico de los licenciados en escuelas técnicas superiores. 
La duración excesiva de la carrera y el tardío ingreso en el mercado laboral son actualmente algunos de los mayores problemas de los arquitectos en Europa. 
Otro problema es que cada vez un número mayor de contratistas evita los esfuerzos tendentes a una competencia a escala europea y vuelven a los procedimientos restrictivos de concurso aun permitidos. 
Esto perjudica a la mayoría de los jóvenes estudios de arquitectura respecto de los ya establecidos y, además, puede acabar teniendo un efecto negativo sobre la calidad de la arquitectura en Europa. 
La solución no puede residir, como dicen algunos colegios de arquitectos, en una limitación regional de la competencia. 
Antes que eso habría que pensar, en el marco de la reforma de la directiva de concesiones, qué podría hacerse, siempre a escala europea, para que la competencia se desarrollase mejor. 
Quiero terminar solicitando a esta asamblea que apoye mi informe y pidiendo disculpas porque es posible que tenga que abandonar esta Asamblea antes de la votación. 
Mi tren parte a las 12: 00. 
No hay otro tren para Austria hasta 10 horas más tarde y solicito su comprensión. 
En este caso me representaría la Sra. Evelyne Gebhardt de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Gracias, señora Berger. 
Entendemos perfectamente que lo que no debe hacerse en la vida es perder el tren y menos para ir a una ciudad tan hermosa como Viena. 
Por lo tanto, que tenga usted un buen viaje si nos abandona antes del momento de la votación. 
Tiene ahora la palabra, como ponente de opinión por el tiempo de 5 minutos, la Sra. Baldi. 
Señor Presidente, Señorías, la Directiva relativa a los arquitectos nos preocupa realmente, también por la actitud de algunos Estados miembros. 
Deseo recordar la posición de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, que fue bastante clara al respecto. 
Antes que nada, sin embargo, quiero dar las gracias a la señora ponente por haber tenido en cuenta los siguientes puntos planteados por nuestra comisión. En primer lugar, la necesidad de que la Comisión aproveche la ocasión que le brinda el reexamen de la Directiva relativa al reconocimiento de los títulos que permiten el acceso a la profesión de arquitecto, para poner el acento en el reconocimiento directo de los títulos por parte de las corporaciones profesionales y, en consecuencia, para facilitar los trámites burocráticos; en segundo lugar, el hecho de que se pida que la autoridad competente en el Estado de acogida sea designada claramente y que sea objeto de una comunicación sistemática a la Comisión; en tercer lugar, el hecho de que también la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos se extrañe de que la Comisión prevea la posible inclusión de la arquitectura en el marco general de la Directiva 89/48/CEE, habida cuenta de que reconoce que la Directiva 85/384/CEE, en contra del régimen general, prevé un régimen específico de simples prestaciones de servicio más favorable a los arquitectos y que los resultados relativos a la movilidad de los arquitectos, conseguidos gracias al reconocimiento automático, puedan ponerse en tela de juicio. 
Es indudable que estamos algo preocupados porque no se tomaron en cuenta conclusiones que consideramos prioritarias como, por ejemplo, el reforzamiento del comité consultivo, que no debe reducirse con un procedimiento de comitología. 
De hecho, gracias a su composición- tres expertos por Estado miembro, o sea, un arquitecto, un profesor y un representante de las autoridades competentes- y a su papel en la evaluación de los títulos, dicho comité pone de manifiesto la absoluta necesidad de una convergencia. 
Su tarea, por lo tanto, debería ampliarse otorgándole la facultad de formular recomendaciones y de elaborar estudios sobre la evaluación de las nuevas formaciones, más allá de los simples casos de consulta. 
Y he aquí la nota triste: la duración de los estudios. 
Estamos realmente perplejos ante lo que está sucediendo. 
En la práctica, el comité consultivo se manifestó en 1992 y reconoció claramente que la duración de los estudios debía ser de cinco años, más dos años de prácticas. 
Como sabemos, el debate al respecto duró más de 18 años. 
En nuestra opinión, las profesiones, a escala europea, deben prever una formación de este tipo, de lo contrario, no podemos hablar de profesionales, sino de técnicos y, como Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, hicimos hincapié en esto. 
Para nosotros, la formación es muy importante, especialmente cuando las protagonistas principales son las profesiones que nos permiten desempeñar un papel en el resto del mundo. 
Quizás olvidamos nuestro patrimonio cultural y arquitectónico- inmensamente valioso- y olvidamos que, para tener profesionales realmente capacitados, hay que ofrecerles la formación adecuada. 
Por eso, en nuestra opinión, la carrera no puede durar pocos años. 
La licenciatura no puede, en pocos años, permitirnos ejercer una profesión de forma competitiva, asentada en esa preparación básica que consideramos necesaria. 
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación es extremadamente clara en este sentido. 
No alcanzamos a comprender por qué la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos insiste, en cambio, en una formación que puede servir para identificar otro tipo de profesión. 
Estamos preocupados porque, si prevaleciera esta posición, sin duda, podríamos hablar de técnicos, de aparejadores, mientras que algunos Estados miembros de la Unión Europea como Grecia, Francia e Italia ya elevaron la duración de los estudios a un número superior de años. 
En este Pleno, queremos adoptar la posición correcta, no quisiéramos compartir sólo la posición de un Estado miembro, cuyas necesidades son muy distintas. 
Por lo tanto, consideramos fundamental que la profesión de arquitecto se reconozca realmente y que el arquitecto, en consecuencia, desempeñe un papel dentro de la Unión. 
Cuando se hace referencia a de movilidad, se está hablando de la posibilidad de cumplir unos objetivos, aunque en el ámbito de la formación hay que hablar también de normas muy claras, o sea, de deontología y de una preparación adecuada. 
Me sorprende, y aquí intervengo como arquitecto, que cuando, en el seno de la comisión, se abordan sectores específicos luego no se prevea la formación necesaria. 
Cuando se habla de urbanismo, de restauración, de los que son los sectores fundamentales de la arquitectura, qué duda cabe de que no bastan los pocos años que, por el contrario, señala la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Pido una reflexión al respecto y asimismo pido a la Comisión de que tenga cuidado a la hora de expresar una determinada opinión. 
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha pensado concienzudamente lo que hace. 
Estimados colegas, María Berger ha elaborado un informe completo respecto a las experiencias de la llamada directiva de los arquitectos de 1985 y ha dicho todo lo necesario. 
No es preciso que añada nada a este sólido trabajo. 
Tenemos todas las razones para aprobar el informe y las conclusiones. 
Pero debemos preguntarnos por qué tenemos este asunto en el orden del día con un retraso de ocho años. 
En la respuesta nos topamos con un oscuro capítulo de Europa, que nuestros ciudadanos nos recuerdan a menudo y con razón en una frase: de esta Europa ya tenemos suficiente. 
Es la Europa de la abulia y de la insoportable burocracia. 
La directiva de reconocimiento que debe conseguir la libertad de establecimiento profesional de los arquitectos en la Unión, es un ejemplo perfecto de esa lentitud. 
Los responsables de esta tragedia son los gobiernos, el Consejo y también la Comisión. 
Primer acto de la tragedia: transcurrieron dieciocho años hasta que finalmente tuvimos la directiva en junio de 1985. 
Durante este periodo y conforme a la duración de la carrera, cuatro generaciones de arquitectos fueron excluidas de la libertad de establecimiento profesional. 
Al mismo tiempo la Comunidad Europea crecía más deprisa que la directiva de los arquitectos. 
Consecuentemente, con las ampliaciones de 1973 y 1981 se tuvieron que tener en cuenta cuatro ramas jurídicas en la ley general finalmente comprendida en diez páginas. 
Segundo acto: en lugar de los 24 meses previstos para la transposición de la directiva fueron necesarios ˇ10 años! 
Entre tanto la Comunidad Europea creció con la unificación alemana y la incorporación de tres nuevos países. 
En este período difícil sólo fue gracias al agotador ritmo de trabajo de la administración alemana la que posibilitó que una simple carta de la Comisión fuese contestada a los dos años. 
Tercer acto, pero todavía no el último: en lugar de la fecha tope de 1990, la Comisión presenta su informe de evaluación ocho años después con la aprobación de los Estados miembros. 
Señor presidente, estimados colegas, estoy segura que nuestros conciudadanos no comprenden qué causa tanta negligencia. 
Cuarto acto y punto culminante de esta obra tan grave: antes de que nos pudiéramos expresar respecto de las experiencias de la antigua directiva, aporta la Comisión una nueva redacción. Con ello ha ignorado el libremente elegido Parlamento Europeo y ha pisoteado sus derechos democráticos. 
Quizá pueda añadir para terminar que el principio de que Europa es para los ciudadanos y no al revés debería ser verdaderamente mejor observado. 
Señor Presidente, Señorías, se trata de una de las directivas tendente a garantizar la libertad de establecimiento de los profesionales y, por lo tanto, que afecta a la Europa de los ciudadanos, a la Europa concreta; y la profesión que hoy nos ocupa, la de los arquitectos, es ciertamente la que plantea los problemas más delicados. 
En efecto, en cuatro Estados miembros el ámbito de la arquitectura no está reglamentado; en los demás las formaciones conocen una particular disparidad. Finalmente, algunos Estados miembros no habían solicitado, en 1985, las excepciones de las que podían beneficiarse. 
Es el caso sobre todo de Irlanda y de Holanda, a pesar de que en estos países existen algunas formaciones muy antiguas. 
A esto se añade el importante retraso de la transposición en el derecho interno de la directiva, y quizás por todas estas razones constatamos que, finalmente, sólo un número muy escaso de profesionales se ha beneficiado hasta ahora de la misma; 1.500 en ocho años. 
Como pueden ver, Señorías, es muy poco. 
Se trata, por tanto, de volver a examinar la directiva a la luz de la experiencia adquirida, y desearía felicitar muy cálidamente a la Sra. Berger por su excelente informe. 
Al igual que nuestra ponente, deploramos que no se haya pedido el dictamen del Parlamento Europeo sobre las propuestas de modificación presentadas por la Comisión; en este sentido, aprobamos todas las sugerencias de nuestra ponente, en particular sobre la necesidad de generalizar la jurisprudencia " Vlassopoulou» para el reconocimiento automático de los diplomas. 
Con respecto a los países que no han solicitado excepciones, la Comisión ejecutiva nos ha manifestado que el problema sería solucionado en el marco de la propuesta de directiva del 2 de diciembre, que revisará la directiva general, y nosotros tomamos positivamente nota, señora Comisaria, de este compromiso. 
Finalmente, expresamos nuestras reservas en cuando a la perspectiva, prevista por la Comisión, de incorporar la profesión de arquitecto al régimen común. 
Como pueden ver, Señorías, nosotros habíamos considerado siempre que estas elecciones incumbían esencialmente a las profesiones afectadas, y hoy no creemos en absoluto que dicha incorporación corresponda al deseo de los arquitectos europeos. 
Señor presidente, estimados colegas, cuando hablamos casi constantemente de la Europa del libre establecimiento y, a la vez, de la Europa de la diversidad, eso se traduce en la práctica, la mayoría de las veces, en la cuadratura del círculo y como mínimo en un artificio que caso por caso es difícil de solucionar. 
La aproximación de estos dos ideales sólo podría darse si la Europa del mercado interior, la Europa de la unidad toma como base del derecho común la correspondiente y más alta agitación cultural, el estado superior de desarrollo social y cultural de un país. 
En ese caso el reino de Europa se convertiría en el reino común. 
La tarea se vuelve irresoluble en el caso en que ésta sea mal empleada y se desregularice, caso con el que ahora nos enfrentamos. 
Respecto a la situación de la arquitectura no hay discusión posible. 
Las peticiones de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación son desoídas. 
No se trata de una cuestión de formación y universidades mal dotadas, sino de si reconocemos la arquitectura como arte, cultura o ciencia o si cedemos a la presión de la industria de la construcción y del mercado inmobiliario. 
Por este motivo solicito a esta Asamblea que adopte la cuidadosamente elaborada propuesta de compromiso de nuestro colega italiano, que al menos quiere proteger algo del valor cultural y social que tiene la arquitectura. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la ponente, porque en su informe señala la solución a un problema enfocado por la Comisión. 
El informe de la Comisión originalmente estaba fijado para 1990 pero, por diversas razones, se demoró hasta el verano pasado. 
Fueran cuales fuesen los motivos del retraso, lo cierto es que en este informe de 1997 la Comisión lo citó como una causa para no haberse ocupado de los problemas que Irlanda tuvo con la directiva de 1985, a pesar de que, como he dicho, la demora fue responsabilidad exclusiva de la Comisión. 
En 1985 el Gobierno irlandés no pudo obtener una derogación, como ha dicho la Sra. Fontaine, de las estrictas disposiciones de la directiva, relativas al reconocimiento de las calificaciones de los arquitectos. 
La derogación se habría aplicado a arquitectos experimentados y capaces, con un derecho bien establecido para el ejercicio de su profesión. 
Otras naciones, como los Países Bajos, obtuvieron una derogación para arquitectos de una condición similar. 
El resultado concreto ha sido que un grupo de arquitectos irlandeses de gran talento quedó discriminado, y su actividad en el mercado interno se ha visto recortada. 
La Comisión debe reconocer ahora que estos arquitectos han de ser tratados como sus colegas europeos y como los que trabajan en otras profesiones con derecho a ejercer su actividad. 
Las autoridades correspondientes, como el Ministerio de Educación irlandés, han reconocido la competencia de estos arquitectos. 
Felicito a la ponente porque obliga a la Comisión a volver a considerar este punto. 
Espero que, siquiera con retraso, se devuelvan a estos arquitectos unos derechos que son suyos. 
Señor Presidente, estimados colegas, coincido con la exposición de la Sra. Berger y la felicito por su informe. 
Quisiera, no obstante, hacer alguna observación. 
Todas las directivas de reconocimiento tienen la gran ventaja de conseguir que los individuos experimenten más lo que es Europa- esto lo intentamos siempre -, realizar fácticamente la libertad de establecimiento y, sobre todo, abrir nuevas oportunidades de empleo. 
Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que el reconocimiento recíproco de los títulos en la UE también es la consecuencia lógica de los programas de formación de la UE, del apoyo financiero al estudio en otros países y sólo por esta circunstancia solicito que se aumenten sensiblemente los medidos en el marco del programa ERASMUS y ECTS. 
Además deberíamos hacer todo lo posible por desbaratar todas las iniciativas que obstaculizan el reconocimiento de títulos, como ocurre en ocasiones con los profesores, fundamentadas en razones nacionales egoístas. 
Esto daña la idea de Europa in situ y transmite a la prensa una imagen negativa. 
La directiva de los arquitectos a salido en su conjunto bastante bien parada, aunque hay que resaltar que otros programas más antiguos y que también tienen largos periodos de prácticas debieran ser equiparados en lo que se refiere al reconocimiento. 
Para terminar abordo una cuestión importante, la petición de la Sra. Baldi, que surgió frente a los votos de mi grupo en la Comisión de Cultura, y que se refiere a la ampliación del periodo mínimo de estudio a cinco años para el reconocimiento recíproco. Este hecho es muy delicado porque, como se ha dicho, se puede con ello impedir de un golpe la movilidad de miles de estudiantes de arquitectura de escuelas técnicas superiores. 
Si no pudiéramos responder a esta cuestión supondría un verdadero paso atrás en la política europea. 
Además, la propuesta en si misma no está justificada ya que la duración formal de la carrera no es representativa de la calidad de la formación, sino de las diferencias que existen en la duración de las carreras entre los Estados miembros y la distribución semestral de las horas lectivas. 
No quiero ahondar más en ello, solamente quiero decir que la enmienda número 1 relativa a la introducción de medidas compensatorias de los diferentes periodos de estudio es muy dudosa y por ello merece ser rechazada. 
Señor Presidente, la Comisión acoge favorablemente la equilibrada propuesta de resolución presentada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y, por ello, deseo felicitar a la ponente, Sra. Berger, por su trabajo. 
La Comisión considera que la Directiva ha demostrado su validez y merece conservar su lugar entre las directivas sectoriales. 
En lo que se refiere a los retrasos y a los plazos señalados, creo que algunas de las explicaciones se encuentran al principio del informe. Las frustraciones, por otra parte, las podemos, en cambio, compartir. 
En consecuencia, se prevén sólo algunas modificaciones de escasa importancia que dejarán intacta la esencia de la Directiva. 
La Comisión comprueba, en efecto, que la propuesta de resolución permite mantener inalterado el fondo de la Directiva. 
En cuanto al futuro, todas las opciones son admisibles y creo que, desde este punto de vista, existe la posibilidad de una ulterior reflexión. 
Dicho esto, se deduce que la Comisión no puede aceptar la enmienda presentada, porque la misma volvería a poner en tela de juicio el equilibrio en que se asienta la Directiva. 
Por otra parte, la Comisión prestará la debida atención al voto del Parlamento, sin embargo, hoy debemos constatar que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento llegó, según parece tras una amplia reflexión, a la conclusión de que no se justifica una modificación de la duración de la formación. 
Señorías, además de estos breves comentarios, sólo puedo manifestar que, obviamente, la Comisión prestará atención al voto del Parlamento, aunque me parece impensable adoptar una posición antes de entonces. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, he rechazado el punto 8 porque para mí la calidad de la formación es prioritaria. 
La formación continuada es una de las bases para una carrera profesional exitosa. 
Estas exigencias cualificadas para acceso al trabajo se corresponden con la tendencia propagada por los EE.UU de conseguir un alto nivel para acceder a un empleo. 
Señor Presidente, me quiero adherir a lo que ha dicho mi colega Rübig, pero quisiera añadir que he rechazado la enmienda porque considero que atenta contra nuestro principio de subsidiariedad en la Unión Europea, y como este principio es válido para cualquier asunto, he tenido que rechazarla. 
Me pide la palabra el Sr. Hallam para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Este debate de hoy ha sido fascinante, de gran interés. 
El problema estriba en que las mañanas de los viernes son el único momento de nuestro trabajo que no se televisa para nuestros despachos ni se graba para archivar. 
Es hora de decir que, si nos tomáramos en serio las mañanas de los viernes- y hoy se ha mantenido un debate serio -, habría que televisarlas también. 
Le pido que lleve este asunto a la Mesa. 
Muchas gracias, señor Hallam. 
Trasladaré sus palabras a la Mesa. 
Tiene ahora la palabra el Sr. Ford. 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
Estoy bastante de acuerdo con la intervención del Sr. Hallam, aunque debo decir que sin duda se deduce que no nos tomamos en serio las mañanas de los viernes. 
Ayer había más de 500 personas en la votación; esta mañana habrá unas 60. 
Resultaría difícil sostener que el Parlamento se toma en serio los viernes, pero quizá si nos televisaran cambiaría la actitud. 
Señor Ford, tengo que decirle que los diputados y diputadas que estamos aquí sí nos tomamos en serio el viernes por la mañana. 
Tiene la palabra el Sr. Habsburg-Lothringen para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, tengo que decir sinceramente que es un problema del Sr. Ford si lo toma en serio o no. 
Es un hecho que los debates del viernes por la mañana la mayoría de las veces no versan sobre toda la población europea, sino un grupo determinado. 
Pero son igual de importantes que cualquier otra discusión. 
Por eso me quiero adherir a las manifestaciones del Sr. Hallam, en el sentido de que indudablemente ya es hora de que se haga una transferencia. 
Igual de importante sería debatir mejor las sesiones nocturnas. 
Los informes que recibimos sobre el desarrollo de las sesiones nocturnas no son como los que recibimos sobre las sesiones diurnas. 
Esto es igualmente una situación insostenible. 
Le rogaría encarecidamente, ya que sé que usted se toma las sesiones de los viernes así como algunas nocturnas muy en serio, tenga iniciativa en la Mesa y procure que sean tratadas equitativamente. 
Señor Presidente, he pedido la palabra para referirme al mismo asunto y quisiera decir que durante dieciocho años- desde las primeras elecciones europeas- ha ocurrido en esta Asamblea que siempre se ha informado sobre las sesiones nocturnas y las sesiones de los viernes, exactamente igual como sobre el resto de las sesiones. 
Sin embargo desde hace algún tiempo hay una regresión sistemática de la información. 
Sería lógico informar sobre en qué momentos posiblemente haya menos ponentes presentes, para que nuestros servicios de información lo pudieran compensar con las medidas apropiadas. 
Deberíamos poner el máximo interés en que la información sobre todos los debates de esta Asamblea sea exactamente igual sin importar cuando han tenido lugar. 
Señor Presidente, quisiera mencionarle un problema del reglamento. 
Esta mañana en la aprobación del acta no he querido pedir la palabra porque el orden del día de ayer me pareció correctamente reproducido. 
Ayer votamos sobre el Informe Fontaine y, en concreto, con una votación nominal en bloc sobre diez enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. 
Precisamente la cuestión trata sobre la mayoría de votaciones nominales en el Acta. 
Entre tanto he tenido oportunidad de revisar los resultados de las votaciones nominales. 
Se presenta ese bloque de diez como una sola votación nominal. 
Con el fondo de las decisiones de la Conferencia de Presidentes quisiera que se me aclarase si la votación de ayer vale como diez votaciones nominales o sólo como una. 
Yo creo que se trata del primer caso. 
Gracias, señor Wieland. 
Tomo nota de su observación y haré que la Mesa reflexione sobre esta cuestión. 
Señorías, ahora sí que llegamos al final de nuestros trabajos. 
Les advierto que el acta de la presente sesión se someterá a la aprobación del Parlamento a principio de la próxima sesión. 
Si no hay ninguna objeción se inicia sin demora la tramitación de las resoluciones que acaban de aprobarse a sus respectivos destinatarios. 
Señorías, me corresponde de nuevo esta grata misión que tengo todos los viernes antes de cerrar la luz, esto es, la de agradecer a los servicios de la Asamblea su colaboración. 
Como ustedes saben, Señorías, sin el complemento de estos servicios sería imposible llevar a cabo nuestra tarea, pero permítanme que esta semana subraye especialmente el buen hacer de los miembros de los servicios que elaboran el Acta Literal de las sesiones, porque he tenido posibilidad personal de comprobar su diligencia y su exquisita atención. 
Esta mañana, al iniciar nuestros trabajos, un diputado, haciendo uso como lo hacemos, generosamente, del artículo 126, manifestaba su valoración positiva de la Sra. Fontaine. 
Señorías, creo que somos muchos los que envidiamos- entre ellos me encuentro yo -, el buen hacer de la Sra. Fontaine y su capacidad, pero permítanme que yo también, aprovechando el artículo 19 con generosidad, les diga que gracias a ustedes, los viernes por la mañana son jornadas de trabajo fructíferas, tranquilas, serenas y positivas. 
Por tanto, permítanme que les diga que ustedes, para mí, son las mejores diputadas y los mejores diputados. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 12.00 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 13 de marzo de 1998. 
Declaración del Presidente 
Señorías, hace ahora casi diez años que la aviación irakí bombardeaba una población de 50.000 habitantes, compuesta básicamente de refugiados de los alrededores y de civiles del Kurdistán irakí, en Labja. 
La masacre de poblaciones civiles es siempre un acto deleznable y contrario al derecho internacional. 
Pero en este caso preciso, es especialmente condenable; para este bombardeo se utilizaron armas químicas que provocaron más de 5.000 muertos y decenas de miles de heridos. 
Diez años después, todavía se dejan notar los efectos y los niños que nacen en la región siguen siendo víctimas inocentes. 
Nuestro Parlamento se ha pronunciado en distintas ocasiones en contra de estos actos de barbarie, en particular en su resolución del mes pasado, con fecha de 19 de febrero de 1998. 
Sin embargo, tenemos la obligación de recordar estos hechos una vez más y siempre que sea necesario. 
Se lo debemos a las víctimas para que el olvido no proteja a los culpables. 
Debemos recordar y dar vida a los valores básicos de la construcción europea: la paz, el respeto por los demás y la resolución pacífica de los conflictos. 
Aprobación del Acta 
Señora Presidenta, le agradeceré que intervenga una vez más cerca de Air France para ver si se resuelve el problema de los viajes, en particular para venir del Reino Unido a Estrasburgo. 
Todos los vuelos directos de Londres a Estrasburgo para hoy, para mañana y para el miércoles están cancelados. 
Es totalmente inaceptable que no tengamos la posibilidad de venir aquí directamente desde el Reino Unido, que es un Estado miembro de esta Unión. 
Le agradeceré que compruebe con Air France si esto sucede solamente con el Reino Unido y con nuestros servicios a Estrasburgo y desde Estrasburgo, o si es algo de carácter general. 
Me parece que ya es hora de que nos ocupemos de la situación general por lo que se refiere a los viajes a Estrasburgo para asistir a nuestros períodos de sesiones plenarias. 
Señora Green, como puede imaginarse, a partir del momento en que la Presidencia ha tenido conocimiento de esta situación totalmente inaceptable, ha abierto por supuesto una investigación y puedo decirle exactamente en qué punto nos encontramos. 
En efecto, es cierto que hoy se han anulado tres vuelos procedentes de Londres. 
Parece ser que es debido a que los fletadores han fallado en el último momento. 
Lo lamento y protestaremos enérgicamente ante la compañía en cuestión. 
Sin embargo, puedo decirle que mañana los vuelos quedarán restablecidos. 
Al menos, ésta es la información que nos han dado a petición nuestra. 
Señora Presidenta, tomo la palabra para secundar lo que ha dicho la Sra. Green. 
Lamento tener que decir que la información que nos ha dado usted es, sencillamente, inexacta. 
Lo que yo le dije a la Sra. Green es que si nosotros, humildes diputados, no hubiéramos viajado en compañía del dirigente de un grupo político, por ejemplo, es muy posible que nos hubiéramos quedado en tierra. 
Lo que a mí me preocupa particularmente es que en este año en el que Francia organiza la Copa del Mundo, sólo haya sucedido eso con un Estado miembro. 
La información que se nos dio, que Air France me confirmó esta mañana cuando llegué a este edificio, es que todos los vuelos de esta semana habían quedado anulados. 
Nos encontramos en una situación dificilísima porque Air France opera los vuelos al Reino Unido en plan de monopolio completo, y sería verdaderamente lamentable que los diputados británicos de este Parlamento no pudieran votar ni representar a sus electorados aquí como consecuencia de un incidente administrativo con una compañía de aviación. 
Le agradeceré que compruebe y verifique la información que ha recibido usted, porque a mí se me ha dicho que no habrá vuelos directos a Londres esta semana. 
Señora McIntosh, una cosa está clara: o es cierta su información o lo es la nuestra. 
Por supuesto, lo comprobaremos lo más rápidamente posible y si las anomalías continúan a lo largo de esta semana, todavía será más inadmisible. 
Ya lo es ahora, todos somos plenamente conscientes de ello. 
Seguiremos esta cuestión muy de cerca, tal y como yo ya lo he hecho, puesto que se me informó hace un rato y en seguida me he puesto al corriente para poder informar a los miembros de nuestra Asamblea. 
Señora Presidenta, tengo entendido que parte de las dificultades se deben a que Air France subcontrata el vuelo Londres-Estrasburgo con otra compañía de aviación, y esa compañía de aviación se ha retirado ahora del contrato. 
Quizá esto explique por qué esta semana no hay vuelos directos de Londres a Estrasburgo. 
Como el Comisario encargado de los transportes está aquí, quizá pudiera decirnos algo sobre el particular; de todos modos, su apoyo nos sería útil. 
Señora Presidenta, como puede usted suponer tengo cierta experiencia acerca de las dificultades que los diputados del Parlamento Europeo y otras personas encuentran para obtener vuelos fiables y directos de ida y vuelta Reino Unido-Estrasburgo. 
En ocasiones anteriores he tenido que sostener correspondencia con Air France y he de decir que aún no he recibido una respuesta satisfactoria a ninguna de las preguntas que les he hecho. 
Puedo decir incluso que la actitud de esa compañía de aviación respecto de la prestación de servicios regulares y fiables durante las semanas de períodos de sesiones del Parlamento, para venir aquí del Reino Unido o para regresar al Reino Unido, constituye un modelo de desintegración europea. 
En vista de la insistencia de algunos sectores para que el Parlamento siga reuniéndose en Estrasburgo- sin duda alguna para mantener la tradición parlamentaria y también para promover un espíritu de integración- espero sinceramente que Air France o cualquier otra compañía de aviación aprovechen las oportunidades que se les ofrecen y establezcan servicios regulares, fiables y asequibles entre el Reino Unido y otras partes de la Unión Europea y Estrasburgo. 
Gracias, señor Kinnock. 
No puedo sino unir mis deseos a los suyos. 
Celebro sinceramente su exposición sobre el desastre de ese bombardeo pero le insisto, ya que el desastre de la Segunda Guerra fue mucho mayor, y el Consejo sigue sin contestar a mi pregunta sobre las banderas del 15 de agosto, el día de la finalización. Y sobre el reconocimiento de culpa por parte de Japón del desastre causado entonces, con miras al ASEM. 
No sigo para no ocupar el tiempo de esta Casa, pero apreciaría mucho que el Consejo empezara por fin a contestar a las preguntas de hace un año. 
Señor Janssen van Raay, tomamos nota de su declaración. 
Señora Presidenta, todos los aquí reunidos sabemos los peligros que presenta el tabaco, en particular para los " fumadores» pasivos. 
Sé, como otros también lo saben, que ahora no hay ninguna zona en este Parlamento, ni siquiera en las que está prohibido fumar, en las que realmente no se pueda fumar. 
Pido urgentemente, por lo tanto, que se dé a los diputados la oportunidad de contar en estos locales con zonas de recreo en las que no se pueda fumar. 
A mediados de la semana incluso esta sala en la que nos reunimos está frecuentemente impregnada con humo de tabaco. 
A algunos de nosotros eso les sienta mal. 
Otro aspecto de la cuestión es el siguiente: ¿estamos amparados por un seguro, si alguien que contrae cáncer del pulmón nos ataca? 
He aquí una cuestión que deberíamos investigar. 
Señor Morris, en cualquier caso puedo decirle que si realmente alguien ha fumado en este hemiciclo es absolutamente inaceptable. 
Que nosotros sepamos, esto no se ha producido nunca. 
Claro está que vamos a alertar a los ujieres para que estén muy atentos con el fin de que nadie, ni siquiera en nuestra ausencia, fume, al menos, en este hemiciclo. 
Señora Presidenta, en la última Acta se indicaba que se dará traslado del rechazo de la urgencia sobre la criminalidad a la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
¿Se ha hecho ya esto? 
Señor Rübig, ya he tenido ocasión de contestarle a esta cuestión, muy grave y de capital importancia, y se equivocaría si pensara que la Presidencia no le concede la gravedad que tiene. 
El Presidente Gil-Robles ha escrito a las autoridades belgas y permanece en contacto con dichas autoridades. 
Espera su respuesta. 
Hemos hecho realmente todo lo necesario y seguiremos haciéndolo, puesto que es obvio que hay que emprender una acción prolongada. 
Puedo decirle, señor Rübig, que, en cualquier caso, puede contar con el Presidente y con la Mesa para hacer todo lo necesario a fin de que estos incidentes absolutamente inadmisibles no se vuelvan a producir. 
Señora Presidenta, una cuestión de orden. 
Se ha dicho que las condiciones de viaje para venir aquí en avión son inaceptables. 
Puedo dar testimonio de que la Sra. Green, la Srta. McIntosh y otros dos colegas no fueron aceptados en el vuelo de París a Estrasburgo por mala gestión de Air France. 
Cuando la Comisión y el Parlamento se ocupen de esta cuestión, les agradeceré que tengan en cuenta que no hay vuelos directos desde Suecia o Finlandia. 
Hoy he tardado ocho horas en llegar hasta aquí, así que, en cierto modo, ya he cumplido mi jornada de trabajo. 
Estuve a punto de no poder subir al avión porque habían aceptado demasiadas reservas. 
Tenemos que ocuparnos de esta cuestión que afecta a todos los países, y tenemos que ocuparnos de la gestión de los vuelos de conexión con destino a esta ciudad que, por lo demás, es tan hermosa. 
Señora Thors, tiene usted toda la razón. 
Conocemos muy bien las dificultades reales que muchos de nuestros colegas encuentran para llegar a Estrasburgo. 
Ahora bien, como sin duda alguna sabrá- aprovecho la ocasión, ya que se ha planteado la cuestión -, en diciembre de 1997 el gobierno francés publicó en el diario oficial una nueva licitación que permitirá que existan vuelos regulares, al menos a partir de algunas ciudades hacia Estrasburgo, y si todo se desarrolla con normalidad empezará a funcionar, en principio, esta semana. 
Dicho de otra manera, los vuelos especiales serán sustituidos por vuelos regulares, con precios mucho más interesantes y con la posibilidad de tener enlaces directos con algunas capitales. 
Por el momento, las licitaciones respecto a Dublín y Lisboa no han recibido respuestas. 
Se ha publicado una nueva licitación y esperamos que lleguen ofertas en un breve plazo de tiempo, cosa que permitiría cubrir algunas capitales. 
Para las demás capitales, en las que los vuelos especiales funcionan correctamente, se mantendría la situación actual. 
Veremos cómo funciona todo después de estos cambios, cambios importantes en cualquier caso, y si persisten anomalías para tal o cual destino, la Presidencia se dirigirá a las compañías de que se trate para que todos y todas podamos viajar de la forma más normal y cómoda posible a Estrasburgo. 
No puedo decir nada más hoy por hoy, pero, en cualquier caso, hay esperanzas de que las cosas mejoren, al menos para algunos colegas, en los próximos días. 
Presidente, no he recibido ninguna respuesta a mi pregunta acerca de que dos fiscales neerlandeses, implicados en la detención internacional de un ex dictador de Surinám, hayan sido despedidos. 
Puede no ser casualidad, pero en todo caso supone un serio revés para la lucha internacional contra la criminalidad. 
Espero que insista al Consejo para que me conteste. 
Hasta ahora las mejores respuestas las obtengo del Comisario Van den Broek. Esas respuestas no están vacías y tienen cierto contenido. 
Espero que en este caso también pueda ser así. 
Señora Van Bladel, lo comprobaremos y esperamos que sea así. 
(El Acta queda aprobada) 
Interpretación del Reglamento 
Quisiera comunicarles una interpretación que solicitó la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, en lo relativo al apartado 3 del artículo 162 del Reglamento, y las explicaciones de voto. 
La Comisión ha considerado que: " Las explicaciones de voto sobre la votación final serán admisibles para cualquier cuestión que se presente ante el Parlamento. 
La expresión " votación final» no prejuzga sobre el tipo de votación, sino que significa la última votación sobre un tema determinado». 
Esta es la interpretación de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. 
Si ésta no es objeto de oposición por parte de un Grupo político o de 29 diputados europeos, antes de la aprobación del Acta de la presente sesión, esta interpretación se dará por aprobada. 
En caso contrario, por supuesto, se someterá a la votación del Parlamento. 
Orden de los trabajos 
De conformidad con el orden del día, procedemos a la fijación del orden de los trabajos. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día, establecido de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes en la reunión del 26 de marzo. 
Para la jornada del lunes, no tengo modificación alguna. 
Para la jornada del martes, tengo una solicitud del PPE de retirar del orden del día los informes de los Sres. Langen y Miller, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, sobre los impuestos y los impuestos sobre consumos específicos (doc. A4-0084/98 y A4-0064/98). 
Señora Presidenta, recientemente ha habido más negociaciones sobre este asunto y, en concreto, tanto en relación con el Informe Miller como en relación con el Informe Langen, y a este respecto posiblemente se pueda conseguir un acuerdo en las negociaciones con el Consejo. 
Para no poner esto en peligro, como Presidente de la comisión y en coincidencia con los grupos, yo propondría también que aplazásemos para el próximo período parcial de sesiones el tratamiento de estos dos informes. 
Señora Presidenta, no sé con seguridad si estamos hablando de un solo informe o de los dos. 
Se trata de un debate conjunto, y según los intérpretes estamos examinando el informe Langen sobre los impuestos al consumo. 
En realidad, el informe Langen trata del IVA y el informe Miller trata de los impuestos al consumo. 
Mi Grupo estima que si se retira el informe Langen, también hay que retirar el otro informe. 
Señora Green, la solicitud que se nos ha hecho se refiere a los dos informes, y el señor von Wogau, por cierto, acaba de confirmarlo. 
Así pues, las cosas están muy claras. 
Señora Presidenta, yo sería partidario de retirar ambos informes. 
Aquí se trata de la cuestión de si para los impuestos al consumo- éste es el Informe Miller- y para los Impuestos sobre el valor añadido- éste es mi informese puede instituir un comité de reglamentación a nivel de la Comisión. 
Pero esta comisión de regulación, que debe propiciar avances en la armonización fiscal, sólo podrá instituirse si el Consejo da su aprobación unánime, y el profesor Monti necesita todavía tiempo de negociación. 
Si cerramos nuestras deliberaciones, el Consejo puede rechazar todo el tema en la próxima sesión Ecofin el 22 de abril. 
Queremos aprovechar las posibilidades que se originarían de un aplazamiento para nosotros y para la Comisión. 
Éste es el trasfondo. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Señora Presidenta, ahora que se han retirado los informes de los Srs. Langen y Miller, nos parece apropiado que se llene ese hueco. 
Quisiéramos proponer entonces que lo sustituya en todo caso el informe Adam, que estaba programado para el viernes por la mañana. 
-Señora Aelvoet, se trata de una modificación que no se ha ajustado a las normas. La está presentando oralmente. 
Esto no es en absoluto conforme al Reglamento. 
Señora Presidenta, de todos modos, en la medida en que estamos ante una situación nueva, se ha de tratar de encontrar una respuesta apropiada, ¿no lo cree así? 
Así lo creo, pero no se puede improvisar así como así en el hemiciclo, no es posible. 
Veremos qué se puede hacer, pero no creo que podamos improvisar y decidir que hay que sustituir un informe por otro. 
Señora Presidenta, si hace eso me gustaría entonces que mi informe, que viene después de los informes Murphy, Miller y Langen, se adelante. 
Serán casi las doce de la noche y si los informes de la Comisión de Asuntos Económicos ocupan menos tiempo porque se retiran del orden del día los informes Miller y Langen, considero que el mío debería colocarse en su lugar. 
La intervención de la Sra. Lulling me reconforta en la idea de que no sería razonable abrir ahora un debate sobre este punto. 
El orden del día del miércoles no será modificado. 
Respecto al jueves, tengo una solicitud del Grupo Europa de las Naciones, que tiene por objeto volver a inscribir en el lugar inicial, es decir en el primer punto, el informe del Sr. Herman, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Se trata de las mejoras que pueden aportarse al funcionamiento de las instituciones sin modificar el Tratado. 
Es el documento A4-0117/98. 
Señora Presidenta, en el proyecto de orden del día definitivo nos falta el informe Herman sobre la mejora del funcionamiento democrático de las instituciones de la UE. 
Por razones poco claras este informe fue retirado por la Conferencia de presidentes del proyecto de orden del día el jueves pasado. 
El ponente, nuestro colega Herman, escribe en su exposición en la página 9 que el debate en la sesión plenaria es urgente y que debe celebrarse en cualquier caso antes de la toma de decisiones sobre la UEM del 1 al 3 de mayo. 
¿Puedo preguntarle si sigue opinando lo mismo todavía? 
Y en caso negativo, ¿porqué no? 
A este Parlamento se le llena la boca hablando del control democrático de las instituciones europeas. 
La gente no va a creer en él si se retiran del orden del día unos informes cruciales por razones misteriosas. 
¿No es nuestra tarea representar a los ciudadanos de los Estados miembros en vez de engañarles? 
Mi grupo parlamentario propone ahora que se debata el informe Herman esta semana. 
No conocemos ninguna razón con sentido para aplazarlo. 
Usted ha presentado la solicitud de su Grupo. 
Me tienta la idea de dirigirme al ponente, Sr. Herman, y preguntarle lo que piensa. 
Señora Presidenta, ¡el señor Herman no piensa nada en absoluto! 
Entonces digamos que se remite al buen hacer de nuestra Asamblea. 
Señora Presidenta, me gustaría apoyar la solicitud de reinscripción en el orden del día del informe Herman, pues este informe tenía la virtud de plantear un problema grave y urgente, el de la debilidad, y hasta la inexistencia de procedimientos de control democrático sobre la Unión Económica y Monetaria, en su sentido más amplio, y no solamente respecto al Banco Central Europeo, que es el tema, por otra parte, del informe Randzio-Plath. 
El informe Herman incluía sobre todo las excelentes enmiendas de nuestro colega Hager aprobadas por la Comisión de Asuntos Institucionales, la cual considera inaceptable que el control democrático pueda hurtarse a los Parlamentos nacionales, sin ser sustituido por un control con valor equivalente a escala europea. 
Así pues, evidentemente, nosotros no sacábamos las mismas conclusiones que el Sr. Herman, ya que pensamos que no es posible organizar este control europeo en ausencia de un Estado europeo. 
Este informe, una vez más, tenía el mérito de plantear un problema muy urgente, según los términos utilizados en el " preestreno» de la sesión parlamentaria, que es un documento oficial del Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, en la Conferencia de presidentes había un amplio consenso para debatir en este período de sesiones el informe Randzio-Plath sobre las responsabilidades democráticas en la tercera fase de la UEM. 
Me parece que en el Parlamento existe también un consenso muy amplio al respecto. 
El informe del Sr. Herman sobre las consecuencias en el marco institucional de la Unión Europea, creemos que es mejor que se debata después de la decisión histórica que se tomará el 2 de mayo. 
No se trata, por lo tanto, de que el Parlamento renuncie a debatir los fundamentos mismos de una responsabilidad democrática de la tercera fase de la UEM. 
Esto, pues, se hará en esta semana. 
Pero creemos que es mejor que se debata después de las decisiones que tome el Consejo Europeo el 2 de mayo, el informe del Sr. Herman sobre las consecuencias institucionales del mismo. 
Que la Europa de las naciones quiere provocar todavía un poco de revuelo antes, parece evidente habiendo escuchado las intervenciones. 
Me parece un argumento para no poner el informe Herman en la agenda de este período de sesiones sino después de la decisión del 2 de mayo. 
Por lo tanto, esa es la razón que hemos aducido en la Conferencia de presidentes para debatir el informe Herman en mayo. 
Señora Presidenta, la semana pasada se pidió a última hora que se retirase el informe Herman del orden del día y ahora se pide a última hora que se vuelva a incluir dicho informe en el orden del día. 
Mi Grupo adopta a ese respecto una actitud neutral. 
No tenemos ningún motivo para retirarlo, ni para incluirlo. 
La semana pasada hubo una enérgica petición del Grupo del Partido Popular Europeo para que se retirase. 
Para nosotros la cuestión esencial se discute en relación con el informe Randzio-Plath. 
Ahora bien, repito que la actitud de mi Grupo es neutral y que podemos votar como nos parezca sobre la cuestión. 
(El Parlamento rechaza la solicitud) 
Tengo una segunda solicitud, procedente del Grupo del Partido Popular Europeo, que tiene por objeto inscribir como último punto del orden del día del jueves la pregunta oral a la Comisión sobre las consecuencias sociales y regionales y económicas derivadas de la supresión de las ventas libres de impuestos, los duty-free. 
Se trata del documento 0-0073/98. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo quisiera aclarar que no se trata de volver a abrir en esta pregunta oral todo el dossier «Duty Free». 
Pero quisiéramos indicar que existen regiones marginales en las que la supresión de las ventas duty-free tendrá enormes repercusiones sobre el empleo, y que estas regiones podrían verse afectadas igualmente por la supresión de las bambalinas de ayuda de los futuros Fondos estructurales. 
Por consiguiente, con esta pregunta oral queremos propiciar que se hable de las consecuencias sociales de la supresión de las ventas duty-free en las regiones marginales y que esta discusión se conecte con la demanda a la Comisión en el sentido de que ponga en marcha el estudio, tan necesario desde hace tiempo, sobre este aspecto. 
Quisiera aclarar también que no queremos obstaculizar el Informe Garosci, sino que el Informe Garosci, que entrará en el orden del día en mayo o en junio, podrá ser discutido mucho mejor si recibimos de la Comisión datos objetivos, cosa que estamos demandando de la Comisión desde hace mucho tiempo. 
Señora Presidenta, no puedo menos que estar de acuerdo con nuestro colega, el Sr. Böge. 
Necesitamos, de una vez, datos para que pueda tener lugar una discusión racional y para que en esta cuestión no dependamos de los datos de las organizaciones. 
Por esta razón, necesitamos una discusión racional y un estudio acerca de los efectos sociales; este Parlamento debe dar una respuesta afirmativa a esto. 
De lo contrario, creo que no estará a la altura de la situación que nos aguarda en 1999. 
Señora Presidenta, ¡hay que ver lo duro que es a veces ostentar la Presidencia! 
Pido al Parlamento que en este caso concreto se manifieste en contra de la petición del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Quiero que quede bien claro que mi Grupo no está en contra de que se efectúe el estudio social acerca de la abolición de las tiendas libres de impuestos. 
De hecho, somos resueltos partidarios de efectuar ese tipo de estudio, pero no me parece que éste sea el momento adecuado para hacerlo. 
Además, en la pregunta oral hay un fallo, pues se dice que el estudio tiene que quedar finalizado para el próximo mes de junio. 
Sugiero que volvamos a discutir la cuestión con nuestros grupos respectivos y que en una fecha futura expongamos una posición convenida. 
De esta manera podremos seguir adelante con la idea del estudio social, idea que, en mi opinión, es aceptable para todos, en vez de precipitarnos y tratar de conseguir algo que es imposible. 
Señora Presidenta, es una buena costumbre de esta Casa no hacer preguntas mientras se prepara un informe. 
El informe Garosci se está preparando ahora. 
Señora Presidenta, no podemos preparar un informe en una comisión al mismo tiempo que se plantea una pregunta en la sesión plenaria. 
Eso iría en contra de todos los usos y costumbres recogidos en la interpretación del Reglamento. 
Gracias señor Wijsenbeek, su intervención ha estado en el límite de la cuestión de procedimiento. 
Señora Presidenta, pido la palabra sólo para reiterar las intenciones manifestadas por los Sres. Simpson y Wijsenbeek que evidentemente comparto. 
Por otra parte, puedo tranquilizar a quien pide el estudio, habida cuenta de que yo mismo incluí en mi informe la solicitud de realizar un estudio en profundidad. 
En consecuencia, no veo por qué deberíamos anticipar la práctica normal que ha de seguir el Parlamento. 
(El Parlamento aprueba la solicitud) 
Señora Presidenta, deseo señalar simplemente un error que aparece en la versión italiana. Con toda la amistad y el respeto por el Sr. Crowley, deseo precisar, sin embargo, que el segundo informe que atañe a la modificación del artículo 141, es un informe elaborado por mí y no por el Sr. Crowley. 
Por otra parte, creo que este pequeño error de imprenta afecta sólo a la versión italiana. 
Vamos a restablecer su paternidad en todas las lenguas. 
(El orden de los trabajos queda así fijado) 
Señora Presidenta, yo pedí la palabra cuando ibamos a hablar del programa del jueves. 
El jueves discutiremos y también votaremos algo que creo que todos consideramos muy importante, es decir, la libre circulación dentro de la Unión. 
Se trata del informe Schaffner sobre la relación del Grupo de Alto Nivel referente a la libre circulación de personas. 
Quiero dejar en claro que opino que esto es muy importante y espero que otros también opinen lo mismo. 
El problema es sólo que el documento del que trata el informe, según lo que sé, sólo existe en francés. 
Cuando trato de leerlo, cosa que realmente quiero hacer y espero que otros también lo deseen, me resulta imposible. 
Estimo que tenemos que saber qué opinamos y sobre qué votamos en un asunto tan importante. 
Actualmente no creo que podamos votar el informe Schaffner si no se nos proporciona el informe en todos los idiomas. 
Actualmente sólo existe en francés. 
Señora Lindholm, en primer lugar, siento no haberla visto hace un momento. 
Por otro lado, tampoco había visto al Sr. Evans, les ruego que me disculpen. 
Sin embargo, su intervención mantiene todo su valor, incluso en esta fase, porque si resulta que el informe de la Sra. Schaffner no está disponible en todas las lenguas, no podremos votarlo. 
Vamos a comprobarlo. 
Creo que el informe existe en todos los idiomas, pero de lo que trata el informe, es decir, el documento del Grupo de Alto Nivel sobre el cual el Parlamento tiene que decidir, sólo existe en francés. 
Es allí donde está el problema. 
Entiendo mejor dónde está el problema, pues debo reconocer que la idea de que el informe de un colega sólo exista en una lengua me dejaba consternado. 
Veo perfectamente lo que ocurre. 
Vamos a examinar la situación y a hacer lo necesario para que este informe sobre el informe pueda presentarse en otras lenguas. 
Turismo 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0071/98) del Sr. Aparicio Sánchez, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la mejora de la seguridad y de los derechos de los consumidores así como de las normas comerciales en el sector del turismo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, este informe que se presenta por iniciativa del Parlamento pide a las demás instituciones, y fundamentalmente a la Comisión, que cubran un vacío existente en nuestro mercado único- tanto desde el punto de vista de la política de protección de los consumidores como desde el punto de vista de la política turística -, el de una normativa para la protección del turista, y de sus derechos como consumidor, más clara, más desarrollada y más divulgada que la que hay en la actualidad. 
Adelanto ya que los celosos de la subsidiariedad, los que siempre temen que se «comunitaricen» políticas nacionales, deben tranquilizarse puesto que hemos tenido buen cuidado, tanto yo como los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo, de que nuestras peticiones no rocen ninguna competencia nacional. 
En el lado opuesto, es posible que otros echen de menos que pidamos una homologación de las normas en las estructuras de acogida. 
Por ejemplo, ¿es admisible- como está ocurriendo ahoraque sean diferentes en el interior de la Unión Europea las horas de check-in y de check-out en los hoteles, según el Estado miembro en que se encuentren? 
Pero, repito, hemos sacrificado muchas peticiones a un absoluto respeto del principio de subsidiariedad. 
¿Por qué afirmaba que hay un vacío en este tema? 
Desde el punto de vista de la protección del consumidor es poco explicable que siendo numerosas las medidas existentes para proteger al comprador de alimentos o de fármacos, o de automóviles, etc., sean escasas en cambio y, en su mayor parte, no obligatorias, las destinadas a proteger a los turistas, que son el prototipo de los consumidores transfronterizos y son, además, los consumidores más vulnerables y los más expuestos a riesgos comerciales ya que, probablemente, no conocen ni las leyes, ni el idioma, ni las asociaciones de consumidores del país que les acoge. 
Pues bien, ni las prioridades 1996-1998 para la política de protección de los consumidores ni el programa de trabajo de la Comisión para 1998 mencionan siquiera el tema de la protección del turista como consumidor. 
A pesar de ello, debo reconocer- y así se reconoce en el informe- que la Comisión ha desarrollado medidas para la protección del turista. 
Se ha dicho que, en esta materia, el problema de la Unión Europea no es de falta de legislación sino de falta de información y, en este sentido- en el de mejorar la información -, van algunas de las peticiones de este informe. 
Pero el informe no persigue solamente esta vertiente de protección del comprador sino también el fortalecimiento del turismo europeo. 
A nuestro juicio, todo lo que mejore la seguridad de las vacaciones o del viaje turístico en general supone un aumento de la calidad de la oferta turística, lo que hace más competitiva a la Unión Europea como destino turístico ante compradores de terceros países. 
Hemos de decir que hoy el turismo en los países de la Unión Europea tiene un alto grado de seguridad, pero el extraordinario aumento que se prevé para los próximos años puede significar un aumento del número de fallos y de incidentes relacionados con el transporte. 
Así que todo lo que se haga a nivel comunitario para mejorar la seguridad del turista, nos hará más competitivos en los próximos años y es por lo que estamos seguros de que los empresarios más dinámicos del sector verán en todo lo que hagamos en este sentido un factor de mejora en la calidad del turismo en la Unión Europea. 
El otro factor de decisión en la elección de un destino turístico, los precios, cederá paso en su importancia cada vez más a este otro que es el de la seguridad en las vacaciones. 
De ahí una serie de peticiones relativas al overbooking aéreo, al overbooking en hoteles, a los requisitos que deben reunir las agencias de viajes, a los pasajes de avión, a las atribuciones de slots, a las soluciones comunitarias de arbitraje para el turista en conflicto, etc... 
Se ha dicho que el peso específico del turismo para la Europa de los Quince es mayor que el que tenía el carbón y el acero para la Europa de los Seis. 
A pesar de ello, el Consejo se muestra reacio a desarrollar una política turística. 
Esperemos mejores tiempos pero, mientras tanto y por todo lo que ha quedado dicho, la protección de los turistas como consumidores no puede esperar. 
Señora Presidenta, en primer lugar como opinión general, quisiera decir que el informe del Sr. Aparicio tiene el mérito de remover unas aguas que han permanecido estancadas durante mucho tiempo. 
Pero, puesto que quiero aportar soluciones y no sólo elogios, constato que este informe, si bien es preciso y claro en las premisas de las que parte, es probablemente poco audaz en sus conclusiones. 
En primer lugar, y al plantearse el tema del turismo, el ponente subraya la importancia social, política y económica del turismo, y con eso termina su análisis. 
Denuncia a continuación el poco trabajo que las instituciones comunitarias han realizado en esta materia, pero en la conclusión falta la audacia de preguntar si queremos o no que la Unión Europea sea competente en materia de turismo. 
No estoy hablando del cómo y del cuándo, sino del principio: de si queremos sentar el principio de que la Unión tiene que intervenir. 
En segundo lugar, el ponente afirma, con razón, que la protección del turismo es un elemento central en cualquier política de este tipo, si queremos además competir en calidad y en seguridad con otros turismos; y denuncia a continuación, como premisa menor, que la política de protección de los consumidores para el período 96-98 no dice ni media palabra sobre el turismo, a pesar de ser este aspecto de la protección, probablemente, la parte más débil de la relación jurídica en que el fenómeno turístico se desenvuelve. 
La conclusión sería preguntarse si queremos o no un marco general, preciso, concreto y obligatorio de protección del turismo; si queremos o no una política de información clara; un código de buena conducta que obligue a todos los agentes que intervienen en la política turística; una comunicación a los turistas sobre los operadores o prestadores de servicios. 
En materia de fiscalidad- para añadir algo que no figura en el informe- no se pide que los servicios que se presten a los turistas extranjeros- me refiero a los de fuera de la Unión- se consideren como servicios de exportación y den derecho a la devolución del impuesto. 
Y nada se dice, señora Presidenta, de algo que hemos discutido antes: si el final de los «duty free» estaba ligado a la transformación del impuesto sobre el valor añadido de impuesto de destino en impuesto de origen, y eso se ha pospuesto ad calendas grecas, ¿por qué anticipamos la desaparición del «duty free» cuando no se ha producido el fenómeno que justificaría esa desaparición? 
Señora Presidenta, quisiera felicitar al ponente, Sr. Aparicio Sánchez, por haber presentado un informe bien escrito sobre la protección de los turistas. 
En él se enuncia un punto importante: que el turismo es una industria del mercado único europeo, aunque el Consejo de Ministros no lo haya reconocido. 
Sin perjuicio para la noción de subsidiariedad, a veces tenemos que obrar a nivel de toda la Unión en los casos en los que la acción a nivel de un Estado miembro no bastará para proteger a los turistas. 
Por ejemplo, en una de mis propias enmiendas del informe, aceptada por la comisión parlamentaria, reconozco que la Unión Económica y Monetaria puede presentar un peligro para los turistas. 
Podría hablarles de las numerosas ventajas de la UEM, pero también hay que reconocer algunos de los problemas que plantea: los fraudes de que pueden ser víctimas nuestros ciudadanos de edad que no estarán familiarizados con el euro cuando entre en vigor. 
La Comisión debería actuar también contra esas empresas que se dejan tentar por la posibilidad de engañar a los turistas y a los consumidores redondeando injustamente el tipo de cambio del euro. 
Lamento que no se haya aceptado otra enmienda que presenté. 
Se refería a los viajeros que viajan solos, que frecuentemente son mujeres. 
Esos viajeros se ven perjudicados de dos formas concretas: en primer lugar, a menudo tienen que pagar las habitaciones más caras que los turistas que viajan en pareja. 
En segundo lugar, hay veces que su protección personal deja que desear. 
Por ejemplo, algunos hoteles clarividentes les asignan habitaciones cercanas a los ascensores para evitar que las mujeres que viajen solas tengan que recorrer pasillos que no conocen bien y en los que pueden ser objeto de incidentes que quisieran evitar; esos hoteles han tenido una idea muy sensata que quizá debiera copiarse en otros lugares. 
Apoyo también la excelente idea del ponente de que en toda Europa haya un solo número para las llamadas de urgencia: el 112. 
Los beneficios de esa idea son indiscutibles. 
El ponente ha mencionado también otro problema diferente: el exceso de reservas por lo que se refiere a las habitaciones de hotel y a las plazas en aviones, problema que esta noche ha sido puesto de relieve al hablar de los diputados que vienen a Estrasburgo. 
Necesitamos un enfoque equilibrado de esta cuestión, que perjudica al 0, 04 % de los turistas. 
Al examinar esta cuestión conviene tener en cuenta también los casos de anulaciones tardías y de reservas no cumplimentadas que sufren los hoteles y las compañías de aviación. 
En cuanto a la seguridad de los niños, tenemos que hacer algo; por ejemplo, pedir que se imponga un alto nivel de seguridad y de protección en las piscinas, para evitar esas tragicas muertes de niños por hidrocucción, y que con demasiada frecuencia siembran la desolación durante las vacaciones familiares. 
En mi propia circunscripción un niño de cinco años de edad sufrió graves cortes mientras estaba de vacaciones en un país de la Unión Europea que no conocía bien. 
Resbaló en una alfombra colocada sobre un suelo de azulejos y se estrelló contra una puerta cuyos cristales no estaban reforzados. 
(La Presidenta insta al orador a que acabe su intervención) Señora Presidenta, al último orador le concedió usted 47 segundos más del tiempo asignado. 
Señor Harrison, se lo voy a explicar. 
Estoy muy molesto porque usted no tenía más que dos minutos, pero como usted iba de buena fe cuando pensaba que tenía tres minutos, le he dejado tres minutos, puesto que es muy difícil reducir a dos minutos un texto previsto para tres minutos. 
Sin embargo, si rebasa los tres minutos me planteará un problema. 
Lo hemos comprobado y, por desgracia, su Grupo le había concedido sólo dos minutos. 
Le voy a pedir que concluya con una frase. 
Señora Presidenta, los ciudadanos de Europa tienen derecho a una seguridad adecuada mientras se hallan en visita turística. 
Eso es algo que debemos defender. 
Felicito al ponente por su excelente informe que procura alcanzar esa meta. 
Señora Presidenta, señoras y señores, la actividad turística es actividad económica. 
Pero junto a la dimensión económica no podemos descuidar nunca la dimensión humana, es decir, las necesidades y deseos de los ciudadanos. 
Cuando en este contexto hablamos de derechos de los consumidores no deberíamos olvidar decir que a los derechos también corresponden siempre deberes. 
Este aspecto se ha descuidado en la propuesta de resolución. 
Por lo demás, quisiera manifestar también mis reservas en relación con el respeto al principio de subsidiariedad en uno y otro punto. 
La cantidad de propuestas suscita la impresión de que el turismo fuera hoy una cosa insegura, como si no hubieran hecho algo esencial, decisivo, los Estados miembros ni la UE. Pero esto no es así. 
Lo aparentemente mejor es también para nosotros, como consumidores, enemigo de lo bueno. 
En este sentido advierto que hay grandes paralelismos con la propuesta de directiva sobre las garantías en los bienes de consumo. 
Aquí y allí nos debemos guardar de quebrar el equilibrio entre igualitarismo, justicia y libertad y, por tanto, entre los legítimos intereses, derechos y deberes de consumidores y empresarios. 
La adopción y la sobreacentuación de conceptos indiscutiblemente positivos tales como protección del medio ambiente, derechos de los consumidores, derechos humanos, no nos deben llevar a una ciega regulación excesiva y, por ende, a obstaculizar también la iniciativa privada en el sector turístico y a poner en peligro la autonomía de las pequeñas y medianas empresas. 
El objetivo estratégico de más competencia y de mejor calidad no lo conseguiremos a través de la implantación de una desbocada mentalidad de protección a todo riesgo, sino solamente a través del término clave de partenariado. 
Permítannos demostrar a los Estados miembros que la competencia a nivel europeo en materia de turismo no significa un plus de burocracia, sino que, al contrario, contribuirá a la desregulación y a la eliminación de la burocracia. 
Señora Presidenta, es realmente desconcertante que tengamos que hablar de turismo cuando falta totalmente una legislación de la Unión Europea en este sector. Y no sólo una legislación, sino la atención y los compromisos legislativos y financieros. 
Es como si estuviéramos restallando una fusta sin darnos cuenta de que frente a nosotros no hay ningún caballo. En el fondo, también el señor ponente sufrió un perdonable aunque significativo lapsus en el segundo párrafo de la propuesta de resolución al decir que «deplora el hecho de que la Comisión carezca de un programa de acción en favor del turismo». 
En realidad, existía un programa y se llamaba PHILOXENIA: nació y murió, fue abortado, mejor dicho, asesinado. Ni siquiera nos dimos cuenta de su existencia. 
Posteriormente, fue recuperado, incluso con una pequeña dotación presupuestaria, por el señor Comisario pero, según parece, ha vuelto a desaparecer. 
Es justo reiterar, por el contrario, la importancia del turismo como actividad económica específica y del turista como consumidor, igual que todos los demás consumidores. 
Cabe señalar que entre 1995 y 1996 hubo un prometedor florecimiento de iniciativas y de compromisos también por parte de este Parlamento. 
Luego todo desapareció, sacrificado con una palabra: subsidiariedad. Evidentemente, se trata de una palabra mal interpretada y aplicada. 
Se invoca la subsidiariedad diciendo que la promoción turística en Europa no puede generalizarse. En ciertos casos es cierto, pero en otros no. 
Piensen en que Europa perdió, con respecto a los Estados Unidos y Japón, después del 3 % de 1996, otro 5 % en 1997. Esto significa que nuestros clientes han pasado al otro lado del mostrador: nos están dando una lección y robando, como se ha dicho, una actividad extremadamente valiosa. 
Yo también estoy de acuerdo: sólo una acción común nos ayudará a recuperar el tiempo perdido. 
Para muchas regiones el turismo no es ni un entretenimiento ni una actividad complementaria, sino un actividad de vital importancia. 
Señora Presidenta, lo que nos falta es un artículo aparte en el Tratado sobre turismo. 
No porque tengamos que tener necesariamente para el turismo como tal una nueva política europea, sino para ofrecer la oportunidad de crear mayor coherencia en la política de turismo. 
Porque ahora se habla sobre el turismo bajo el punto de vista de la protección del consumidor, o del transporte, o de otra política, y eso tiene como desventaja, entre otras, que el turismo haya tenido poca consideración en la DG XXIII y que esto ha originado a su vez muchas otras consecuencias desagradables. 
Sería bueno, efectivamente, que se llevara a cabo una política coherente en la Unión Europea con respecto al tema del turismo. 
Eso significa también entonces, que tendremos que empezar con la armonización. 
Porque esa es la protección del consumidor cuando éste sabe lo que le espera y lo que puede esperar en cada uno de los Estados miembros; eso da una seguridad al turista que, creo, se puede fomentar. 
La queja del Sr. Harrison sobre la UEM y el euro que se usa en ella, es naturalmente completamente inmerecida. 
El Reino Unido no quiere participar en el euro, pero cuando esté el euro, estarán los turistas naturalmente doblemente protegidos, porque entonces recibirán los servicios en otros Estados miembros en exactamente la misma moneda a la que están acostumbrados en sus casas. 
Eso quiere decir que pueden comparar muy bien. 
Espero que la Comisión tome este informe en consideración y que con borrón y cuenta nueva la DG XXIII pueda llevar a cabo una política coherente y buena en materia de turismo. 
Señor Presidente, en primer lugar, a diferencia de lo que hace el Consejo que infravalora por completo este importante sector y no ha logrado ocuparse de ningún plan de acción y que incluso rechaza el programa FILOXENIA, yo quisiera felicitar al ponente y a la Comisión de Transportes por su iniciativa para que el Parlamento Europeo se ocupe del sector del turismo. 
La protección eficaz de la seguridad y los derechos de los consumidores en el sector turístico, señor Presidente, se ve afectada por una falta de orientación en la política turística global de la Unión Europea y de los Estados miembros y por la monopolización actual del sector por un pequeño número de grandes operadores turísticos que explotan el mercado dirigiendo al turismo allí donde sus beneficios son mayores, amenazando a las pequeñas y medianas empresas y apoderándose de las infraestructuras turísticas. 
Los usuarios finales raramente suelen estar bien informados sobre sus derechos y, además, son a menudo objeto de engaño, mediante inexactos folletos publicitarios, en cuanto a los servicios que van a recibir y las condiciones de participación en los viajes organizados. 
Esta intolerable situación afecta a una parte importante de los ciudadanos europeos que viajan dentro de la Unión Europea e incluso a las pequeñas y medianas empresas que sufren la presión de los operadores turísticos dueños de unos peculiares cárteles que cuentan con grandes cadenas hoteleras, compañías aéreas de servicios turísticos, y que, con vistas a obtener un mayor beneficio, merman los servicios prestados y, sobre todo, su calidad, con consecuencias negativas para los usuarios finales y los trabajadores del sector, empleados, en muchas ocasiones, bajo condiciones miserables y al margen de cualquier regulación del mercado de trabajo y de cualquier convenio colectivo. 
La transparencia propuesta en los servicios prestados y los precios ofertados a los viajeros es necesaria, así como la cobertura completa de los gastos en caso de insolvencia o quiebra del organizador. 
Pero ello no debe efectuarse a costa de los viajeros incrementando los precios y disminuyendo los servicios mínimos previstos ni en beneficio de los grandes operadores turísticos que pueden ver en ello la oportunidad de nuevas especulaciones. 
Presidente, por supuesto debemos ofrecer protección y seguridad a los turistas y debe haber ayuda en caso de emergencia. 
Pero el turismo también es un poco de aventura y por eso esos turistas van hoy en día también a Turquía y a Europa del Este y a California y a no sé qué más sitios del mundo. 
Quiero hacer unas cuantas observaciones. 
Primero sobre la subsidiariedad. 
Fíjense un momento en los puntos 13 y 31. 
En el punto 13 pedimos un fondo de garantías a nivel europeo. 
¿Nos hemos vuelto locos todos? 
Contratamos el viaje en nuestra ciudad o pueblo y si esos fondos de garantía funcionan a nivel nacional, está muy bien. 
En el punto 31 pedimos la armonización de la indemnización cuando son víctima de delitos con daños físicos. 
Pues, eso de verdad supera con creces la subsidariedad. 
No apelo tan rápidamente a la subsidiariedad, pero esto va de verdad demasiado lejos. 
Este informe quiere tratar con guantes de seda sobre todo a los turistas que vuelan. 
Pues, no estoy muy a favor. 
Miren el punto 8. 
Tiene que haber indemnizaciones cuando se producen retrasos o desviaciones. 
Ya lo veo venir. 
¡Dar a los turistas con un retraso de una hora un regalo de cien florines! 
En el punto 10 se tienen que mejorar las franjas horarias para los turistas. 
He oído quejarse a los eurodiputados de que no podían llegar a Estrasburgo. 
Si mejoramos las franjas horarias de los turistas, entonces tenemos que contar con que la franja horaria de ustedes sería a las cinco de la mañana. 
Como punto final, realmente no es necesario repetir lo que el Sr. Wijsenbeek ya ha dicho sobre el euro. 
Es completamente absurdo lo que pone en el punto 33 y, por ello, he pedido una votación separada para algunos de esos puntos. 
Señor Presidente, quiero felicitar muy encarecidamente al Sr. Aparicio Sánchez por su informe. 
No se trata- créanme- de una figura retórica: éste es un informe exhaustivo y bien elaborado en el que, además del concepto de ciudadanía europea, se establece el derecho a la realización de un turismo seguro y de calidad en la Unión y fuera de ella. 
A la calidad del turismo europeo se suma una nueva perspectiva: la de la obligación de que los servicios prestados a los turistas sean conformes a los compromisos contraídos entre las diferentes empresas proveedoras y el turista como consumidor. 
Pero, ¡cuidado! 
Si bien ésta es una ventaja comparativa que se manifiesta en el aumento de la credibilidad y de la calidad, obliga a los empresarios turísticos europeos y a las entidades gubernamentales a asumir nuevas responsabilidades. 
El número y la riqueza de las propuestas presentadas es tan marcada, que ha originado ya dos movimientos que en el futuro tendrán- espero- grandes repercusiones. 
En primer lugar, ha evidenciado que la inexistencia de un fundamento jurídico en el Tratado (y en la revisión del Tratado, la de Amsterdam) relativa a la industria turística imposibilita o dificulta enormemente la realización de cualquier programa encaminado a aumentar su competitividad y su promoción. 
Por el contrario, el turista estará cada vez más protegido y apoyado mediante la política comunitaria de defensa del consumidor. 
Si, como se dice en este informe, hay que verificar alguna cosa, sólo hay que verificar, como se dice en este informe, si se está cumpliendo debidamente la legislación vigente y actualizarla y profundizarla. 
La culpa de esta situación corresponde en gran medida a las asociaciones del sector, que, al contrario que el Parlamento Europeo, influyeron en sus Gobiernos para que no se incluyera la industria turística en la revisión de los Tratados de la Unión. 
El segundo aspecto particularmente interesante de este informe es que, después de su aprobación en la Comisión de Transportes y Turismo, las asociaciones vinculadas con la industria precisamente se dirigieron a mí, como presidenta del Intergrupo sobre el Turismo, para pedir la celebración de un debate conjunto sobre este tema con el Sr. Aparicio Sánchez el próximo día 2 de abril. 
Pido ahora mismo a la citada comisión y a los diputados que quieran profundizar en este debate que asistan a él y felicito al Sr. Aparicio Sánchez por haber creado esta expectación en relación con su informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, el turismo tiene en Austria una larga tradición y en muchas regiones se ha convertido en un pilar económico. 
Por esta razón, celebro mucho que el Parlamento Europeo se ocupe también de manera creciente de esta temática. 
Al hablar del enorme influjo que ejerce el turismo sobre la economía austriaca quisiera referirme también en este contexto a su importancia para el espacio rural. 
El espacio rural abarca más que la agricultura; más bien pertenecen al mismo las explotaciones industriales, el abastecimiento de corta distancia, las empresas de servicios y también, sobre todo, el turismo. 
De aquí se derivan posibilidades adicionales de rentas, se sigue una mejora de la infraestructura y se evita preventivamente la despoblación de estos espacios rurales. 
Para los territorios menos desarrollados el turismo puede proporcionar un impulso. 
Pero también se puede obtener provecho del turismo en las regiones transfronterizas. 
Desde hace tiempo Austria ha introducido un proceso de cambio de mentalidad, sobre todo en el ámbito de la conciencia ecológica y de la preocupación por el medio ambiente. 
Creo que el cuidado de los recursos naturales es esencial. 
Finalmente, quisiera afirmar de manera decidida que deberíamos luchar conjuntamente contra el turismo sexual. 
Señor Presidente, éste es el segundo Pleno consecutivo en que el turismo tiene cierta importancia: en el anterior, sobre «el turismo y el euro» o viceversa; en éste, sobre la «protección de los turistas como consumidores» en el interesante informe del Sr. Aparicio Sánchez, al que felicito por su trabajo. 
Ante todo, creo que es importante subrayar que esa protección requiere el conocimiento y el respeto de los contratos que los turistas establecen con las agencias y los agentes de turismo y con las empresas de transportes. 
A ese respecto, hay situaciones inaceptables- y que se deben prevenir- como las que se refieren a la necesidad de informaciones transparentes sobre precios, validez, modificaciones y reembolso, peso autorizado de equipaje, etc. Y, en el caso de las compañías aéreas, la cuestión de la utilización de los aviones de otras compañías: en el transporte, en el que los problemas de seguridad son muy delicados, esos cambios merecen particular atención, como he procurado subrayarlo en la opinión sobre transporte aéreo y acuerdos de empresas. 
También la práctica del overbooking, como dice el ponente, exige medidas en relación no sólo con los transportes, sino también con la hostelería. 
En esta corta intervención quisiera señalar también dos aspectos a los que se refiere el ponente y que considero relevantes: uno tiene que ver con la atención que merece el turismo rural, sobre todo por las repercusiones positivas que puede tener en las regiones periféricas y ultraperiféricas. 
A ese respecto, considero de la mayor importancia señalar el componente de información cultural que debe ir asociado con ese turismo. 
El otro aspecto tiene que ver con el tipo de turismo que provoca gran afluencia estacional o periódica o ambas a la vez, mucho más que la relacionada con las corrientes turísticas, por naturaleza irregulares: me refiero al turismo religioso, que puede hacer que una aglomeración de población de unos pocos millares de habitantes tenga una población anual superior a cinco millones. 
Así es en el caso de Fátima, con todas las consecuencias para la ordenación y el saneamiento básico consiguientes. 
Es un tipo de turismo que merece atención y protección particulares. 
Por último, unas palabras que no se pueden dejar de decir en este momento sobre el tema de la «protección de los turistas» : hay que expurgar el turismo de sus aspectos muy negativos y que obligan a que sea la sociedad la que se defienda de cierto tipo de turistas. 
Me refiero al turismo vinculado con la pedofilia, que nada puede justificar o tan sólo tolerar por mera omisión, en vista de que entran divisas. 
Presidente, este verano hará dos años que ocurrió el desastre en el cámping español de Biescas, en el que hubo de lamentar ochenta y seis muertos y muchos heridos. 
La semana pasada, el presidente de la Alliance Internationale de Tourisme presentó un informe a la Comisión Europea con recomendaciones para mejorar la seguridad en los cámpings por medio de la elaboración de unas normas de seguridad comunes para, entre otras cosas, la ubicación y diseño de los cámpings sistemas de advertencia, alumbrado de emergencia y planes de evacuación. 
Mi pregunta es: ¿cuándo va a dar la Comisión su respuesta y propuestas para garantizar un nivel de seguridad adecuado en los cámpings europeos? 
Mi segunda pregunta es: ¿cuándo recibiremos los resultados del estudio que se ha realizado del overbooking en los hoteles? 
¿Nos puede dar la Comisión también una evaluación del código de conducta en relación con el overbooking que se acordó hace unos años entre un grupo de organizaciones de viajes y la federación europea de hoteles y restaurantes? 
Señor Presidente, el turismo es una de las industrias con mayor peso económico en la Unión. 
Aunque soy partidaria de la autorregulación entre sectores profesionales, que resulta más ventajosa, sé que no puede garantizar la competitividad europea del sector sin una intervención de la Unión en determinados casos. 
Señor Presidente, mi colega Christos Papoutsis lamenta no poder estar aquí para responder a las preguntas relacionadas con este informe, por tener importantes compromisos de trabajo en otro lugar. 
Estoy seguro de que, siguiendo su práctica habitual, escribirá al Sr. Cornelissen en respuesta a las tres cuestiones planteadas por Su Señoría en su intervención. 
Ahora bien, me agrada tener la oportunidad de tomar hoy la palabra en nombre del Sr. Papoutsis porque el informe del Sr. Aparicio Sánchez sobre la mejora de la seguridad, los derechos de los consumidores y las normas comerciales en el sector turístico es de gran interés para mí, en mi calidad de Comisario encargado de las cuestiones de transporte, y es de gran importancia para los ciudadanos de la Unión. 
Más de la mitad de la población de los Estados miembros de la Unión se fue de vacaciones el año pasado, y el porcentaje sigue aumentando; por eso es esencial que se conceda atención específica a los derechos de los turistas como consumidores. 
Es evidente que sentimos una inquietud generalizada y justificada cuando los turistas son objeto de ataques criminales y cuando sufren retrasos, molestias excesivas y angustia como consecuencia de interrupciones en sus viajes, de la ineficacia comercial o de la falta de honradez. 
En todas esas ocasiones el público merece tener la seguridad de que la ley le defenderá y de que se le resarcirá rápidamente, y es evidente que las compañías y las autoridades que demuestran su voluntad de contribuir a conseguirlo mejoran su reputación. 
Afortunadamente la inmensa mayoría de los turistas no son víctimas de tragedias o de dificultades, y los profesionales de la industria y las autoridades públicas están esforzándose continuamente por mejorar la calidad de los servicios y por conseguir prestaciones de mayor nivel. 
Como indica el informe del Sr. Sánchez, en el turismo la calidad y la competitividad dependen por completo una de otra, y la seguridad es un elemento esencial de las dos. 
Muchos puntos de destino de los turistas reconocen que la gestión integrada de la calidad reviste importancia vital para su éxito, pues saben perfectamente que todo fallo en cualquier eslabón de la cadena de viaje y trato influirá en la idea que se hagan los turistas después de sus vacaciones. 
Ése es uno de los factores que han hecho que la Comisión inicie este año tres amplios estudios sobre la gestión integrada de la calidad en los puntos de destino costeros, urbanos y rurales, y que, además, organice una importante conferencia sobre el particular durante la Presidencia austriaca. 
Nos serviremos de los resultados de esas actividades como base para desarrollar la mejor práctica posible y para difundir información. 
Al leer el informe del Sr. Sánchez y al escuchar lo que decía cuando se refirió a esa misma cuestión, me llamó la atención en particular su observación de que en la mayor parte de los casos los turistas de la Unión Europea no carecen de legislación sino de información, y estoy de acuerdo en que se puede mejorar la calidad de la información impartida a los turistas. 
Naturalmente, no será para nadie una sorpresa si digo que, en ésta como en otras esferas, esta Comisión no propondrá normas legislativas sobre cuestiones relativas a los consumidores en los casos en que los problemas se pueden abordar eficazmente en el plano de los Estados miembros o en el plano industrial. 
Al mismo tiempo, cuando se puedan obtener mejoras beneficiosas propondremos que se introduzcan modificaciones legislativas y, evidentemente, seguiremos supervisando activamente la aplicación de las normas vigentes así como la difusión de la mejor práctica posible. 
Como el informe reconoce amablemente, la Comisión se ha ocupado activamente de varias esferas importantes relacionadas con los turistas como consumidores y, aunque me gustaría pasar revista a algunas de las iniciativas importantes que se han adoptado, la falta de tiempo me impide explayarme sobre esta cuestión. 
Baste con decir, sin embargo, que seguiremos promoviendo el desarrollo del mercado interior y que, en todos los modos de transporte, seguiremos haciendo hincapié enérgicamente en la seguridad, la transparencia, la claridad de las informaciones y la posibilidad de hacer una elección justa. 
Además, procuraremos conseguir que se penalice toda ineficacia que se traduzca en graves inconvenientes para los viajeros. 
La propuesta de la Comisión en favor de modificar el reglamento sobre las indemnizaciones en caso de negativa a aceptar un viajero, por ejemplo, tiene por finalidad reforzar los derechos de los viajeros de líneas aéreas, proporcionándoles tasas de indemnización más elevadas que han de abonarse inmediatamente en el mostrador de registro, así como a hacer más estricta la obligación de las líneas aéreas de informar a los pasajeros acerca de sus derechos. 
Además, estoy seguro de que el Sr. Sánchez se alegrará si le digo que, aunque los pasajeros de viajes organizados están ya protegidos contra el incumplimiento de los organizadores en virtud de la directiva sobre viajes organizados, la Comisión está estudiando actualmente la posibilidad de crear un sistema para proteger contra la quiebra de la compañía de aviación a los pasajeros que sólo han adquirido el billete de avión. 
En ésta y en otras aplicaciones de la política de protección de los consumidores nos esforzamos realmente por mejorar la información impartida a los consumidores, pero no seguiré tratando de esta cuestión porque veo que se está acabando mi tiempo de palabra. 
Diré sencillamente que, como reconoce el Sr. Sánchez, también nos hemos esforzado activamente por ayudar a los turistas con discapacidad, especialmente en relación con la determinación del tipo de información que facilitará la mejora de los viajes de las personas con discapacidad, y un buen ejemplo de lo que acabo de decir es el manual de 1997 sobre la forma de hacer accesible Europa a los turistas con discapacidad. 
Para acabar, quedo agradecido al Sr. Sánchez por plantear este debate sobre una cuestión importante y por transmitir eficazmente tres mensajes que captarán seguramente la atención de la Comisión. 
En primer lugar, hemos de estar dispuestos a promulgar normas legislativas sobre las cuestiones respecto de las cuales haya pruebas claras de que la única forma eficaz de abordar un problema consiste en abordarlo en el plano comunitario. En segundo lugar, debemos aumentar el interés prestado a las cuestiones relativas a los consumidores por lo que se refiere a la identificación de iniciativas útiles adoptadas en Estados miembros, tanto si son iniciativas públicas como si son iniciativas privadas o una combinación de unas y otras; y, en tercer lugar, debemos seguir más de cerca las campañas de información para el consumidor apoyadas por la Comisión a fin de examinar de qué forma la serie de medidas ya disponibles en virtud de diversos programas y diversas políticas de la Comunidad se pueden enunciar como conjunto coherente de acciones en favor del turista en su calidad de consumidor. 
La Comisión cooperará con placer con el Parlamento en el examen de esas cuestiones y es de esperar que se consigan progresos dignos de mención según las líneas generales que he mencionado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Tasas aeroportuarias 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0088/98) del señor Väyrynen, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a las tasas aeroportuarias (COM (97) 0154- C4-0362/97-97/0127 (SYN) ). 
Señor Presidente, la propuesta de Directiva sobre las tasas aeroportuarias no pretende una armonización de las mismas, sino que, en el momento de su definición, se cumplan tres principios, a saber, los de transparencia, rentabilidad y no discriminación. 
El cometido de la directiva es crear un sistema en cuyo marco los proveedores y los usuarios de los aeropuertos puedan negociar el nivel de las tasas y de los servicios disponibles. 
Durante la elaboración del informe, he reflexionado sobre si la directiva que se propone es beneficiosa e imprescindible. 
En mi opinión, el Parlamento Europeo debería plantearse siempre dudas acerca de la necesidad de introducir nueva legislación comunitaria. 
He llegado a la conclusión de que la propuesta de Directiva sobre las tasas aeroportuarias no es imprescindible, si bien sí puede resultar beneficiosa, a condición de que se medite cuidadosamente su contenido. 
La propuesta de la Comisión se basa en un compromiso entre los puntos de vista de, por un lado, los aeropuertos y las compañías aéreas y, por el otro, los distintos Estados miembros. 
Si se mantiene este equilibrio, será posible llegar a un acuerdo en torno a la presente directiva. 
Éste ha sido el punto de partida de todas las enmiendas y compromisos que he propuesto. 
Se han rechazado en comisión por una mínima mayoría algunas de las propuestas de compromiso que se habían negociado bajo la dirección de este ponente. 
Como resultado de esta votación, el informe ha tomado un giro que no puedo considerar aceptable. 
El informe se ha aprobado a duras penas en la votación final por una estrecha mayoría, habiéndose abstenido casi la mitad de los miembros de la comisión. 
En mi opinión, lo peor de todo es que se haya rechazado, con un empate entre los votos a favor y en contra, la propuesta de compromiso relativa al artículo 4 sobre las redes aeroportuarias nacionales y los sistemas aeroportuarios locales. 
En su lugar, se ha decidido, por una mayoría de un voto, aprobar la propuesta para permitir gravar con tasas más elevadas los vuelos nacionales en los grandes aeropuertos de los países más alejados, a fin de apoyar económicamente a los aeropuertos más pequeños. 
Esta circunstancia viola uno de los principios fundamentales de la directiva, el referente a la no discriminación, que establece que el nivel de las tasas debe ser el mismo para los vuelos nacionales y para los vuelos interiores de la UE. 
Creo que es indispensable que se apruebe en la directiva el sistema que se halla en vigor en países como España, Portugal, Grecia, Irlanda, Finlandia y Suecia, según el cual los aeropuertos de cada país componen una red aeroportuaria nacional en la que, en función de los criterios de rentabilidad de cada aeropuerto, es posible hacer excepciones y establecer tasas razonables también para los aeropuertos más pequeños, con arreglo a planteamientos de política regional. 
Asimismo, considero lamentables los intentos que ha llevado a cabo una mayoría de la comisión de incluir en la directiva un sistema de sanciones en caso de negligencia en su cumplimiento. 
Tampoco creo que sea positivo intentar introducir un sistema que permita estipular las tasas en caso de divergencia mediante un procedimiento de conciliación vinculante o, incluso, por medio de un proceso judicial o de derecho administrativo. 
En mi opinión, estos puntos no concuerdan con la naturaleza de la directiva que se ha propuesto y difícilmente contarán con un apoyo unánime en el Consejo de Ministros. 
Apelo a ustedes, señorías, para introducir aún durante el pleno algunas mejoras en el informe. 
Habida cuenta de que numerosas votaciones se han resuelto en comisión por empate o por estrecha mayoría, creo que durante la votación plenaria es posible todavía dotar a este informe de una formulación aceptable. 
Finalmente, desearía expresar mi agradecimiento a la dirección y a todos los demás miembros de la Comisión de Transportes por su constructiva labor durante el debate de este informe, si bien desearía, como he dicho anteriormente, que se modificaran y mejoraran aún algunas partes de su contenido. 
Señor Presidente, el proyecto de directiva sobre cargas aeroportuarias ha resultado ser un informe difícil y complicado para la Comisión de Transportes y Turismo, pues el ponente, entre otras cosas, ha tenido que esforzarse por incorporar las diversas necesidades y los diversos sistemas que existen en los 15 Estados miembros. 
Su solución, según ha sido presentada a la comisión parlamentaria, era buena; desgraciadamente, como ha dicho el propio ponente, algunos factores esenciales desaparecieron tras votaciones muy ajustadas en la comisión parlamentaria. 
El informe de transacción final que nos queda corre el peligro de no satisfacer a nadie. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, por consiguiente, procurará restablecer muchas de las cuestiones de las que se trataba en el texto original del ponente. 
Hay una serie de cuestiones principales a las que voy a referirme. 
El artículo 1 considera las dimensiones mínimas de los aeropuertos que han de quedar afectados. 
Se han sugerido cifras de muy diversa magnitud, que van desde el transporte de cinco millones de pasajeros hasta el transporte de 25.000, según sugirió la Comisión. 
En la comisión parlamentaria, el Grupo Socialista apoyó la cifra del transporte mínimo de dos millones de pasajeros o 50.000 toneladas de carga. 
Estimamos que, como esta directiva forma parte de un cuerpo de legislación encaminado a tratar de diversos aspectos de los aeropuertos, debería haber cierto grado de coherencia y la cifra que hemos escogido está en consonancia con las correspondientes a la directiva sobre las operaciones en tierra. 
En el mismo artículo, apoyamos la decisión del ponente de introducir el concepto de redes nacionales de aeropuertos. 
Debo decir que simpatizo bastante con los que se oponen a la introducción de esas redes. 
Sin embargo, como ha dejado bien claro el ponente, tenemos que aceptar que el sistema de subsidios para los aeropuertos más pequeños, encaminados a defender la cohesión social, está muy presente tanto en el extremo norte como en el extremo sur de la Unión. 
La forma de llegar a un acuerdo consiste en aceptar que se incluyan las redes de aeropuertos nacionales, al mismo tiempo que se detallan y se refuerzan las condiciones aplicables a su utilización. 
Deben tolerarse la subvenciones en efectivo en los casos en que el tráfico del aeropuerto principal esté congestionado y cuando el Estado desee elaborar una alternativa al aeropuerto general o cuando el aeropuerto regional desempeñe un papel importante como motor nacional para la mayoría de sus operaciones comerciales. 
Ahora bien, me opongo a la tentativa del Grupo PPE de restringir los sistemas de aeropuertos nacionales a las zonas periféricas o a los vuelos interiores. 
Apoyaré la enmienda original de transacción 3, que se refiere a la introducción de cambios en el artículo 4 1). 
En los aeropuertos operados por entidades comerciales es importante que se mantenga la flexibilidad de aplicar ingresos de origen no aeronáutico para subvencionar tasas aeronáuticas según mejor les parezca. 
Por lo tanto, el artículo 4 1) debería incluir las palabras " la entidad administradora de un aeropuerto puede tener en cuenta la totalidad o parte de los ingresos del aeropuerto que no se deriven de tasas aeroportuarias, al determinar el nivel total de sus tasas». 
Es aún más importante que los demás cambios entre la enmienda de transacción 3 y la enmienda 9 se restablezcan, especialmente el que tolera el costo de financiar medios que cuentan con el consentimiento explícito de la mayoría de los usuarios y de sus órganos representativos mediante arreglos de consulta en virtud del artículo 7. 
El mantenimiento de la redacción original, propuesta por la Comisión, es ambiguo y realmente podrá provocar retrasos sustanciales del desarrollo. 
Por ejemplo, en el Reino Unido, la BAA tiene que financiar trabajos anticipados para costear la encuesta acerca del Terminal 5. 
Los usuarios están de acuerdo en que esos gastos se recuperen con las tasas, independientemente de que la labor de desarrollo prosiga, porque son partidarios del proyecto. 
Si no se pueden recuperar esos gastos, se restaría incentivo a que los aeropuertos inviertan dinero en nuevas obras. 
Por último, apoyo las propuestas en favor de sostener consultas, según sugiere el ponente. 
Me opongo a las sanciones, y nuestro Grupo votará contra la idea de imponer sanciones, que de todos modos sólo tendrían que pagar los aeropuertos, y por lo que se refiere a las fechas de ejecución apoyamos la propuesta original de la Comisión. 
Señor Presidente, permítame comenzar agradeciendo al ponente, Väyrynen, por el trabajo tan constructivo que ha realizado. 
Los aeropuertos tienen un papel cada vez más importante en un mundo en el que la cantidad de viajes crece constantemente. 
Hoy vemos una tendencia en la que la cantidad de pasajeros por avión aumenta en un 4 ó 5 por ciento cada año. 
Esto implica que el nivel actual se doblará en los años inmediatamente posteriores al año 2010. 
En este contexto, los aeropuertos tienen un importante papel. 
Un aeropuerto proporciona edificios y servicios. 
En las tasas que pagan las compañías aéreas se incluye todo aquello que se relaciona con los edificios y los servicios que suministra el aeropuerto. 
En la propuesta de directiva actual, la Comisión tiene la ambición de encontrar soluciones comunes para toda la Unión, lo cual ciertamente es beneficioso. 
Actualmente hay grandes diferencias en los sistemas de tasas dentro de la Unión. 
Son diferencias entre los países miembros y, en algunos casos, entre los aeropuertos de un mismo país. 
Puesto que una enorme parte de la actividad aérea tiene lugar entre los países miembros, es natural que, en la medida de lo posible, se busque un sistema común y uniforme. 
Hay partes en este informe que, en mi opinión, son muy importantes. 
Los diferentes países pueden tener, en diferentes contextos, circunstancias muy diferentes. 
Por ejemplo, las condiciones son diferentes en un país densamente poblado y en otro que en su mayor parte consta de regiones poco pobladas. 
También hay una importante diferencia entre un país que está en el centro de la UE y otro en la periferia. 
Es importante tomar en cuenta ambas diferencias. 
Finlandia y Suecia son dos países que en este caso tienen condiciones diferentes que el resto de los países miembros. 
La Comisión, en cierta medida, también ha tomado esto en consideración, pero según mi modo de ver y el del Grupo PPE, se ha hecho de un modo innecesario, es decir, que se debe referir solamente a los países miembros de la periferia y solamente al tráfico nacional. 
Considero muy importante esto último desde el punto de vista de los principios. 
Lógicamente que cada nación debe poder decidir por sí sola lo referente al tráfico nacional. 
Para mí es una cosa muy diferente cuando una persona, por ejemplo, comienza su viaje aéreo en Heathrow en Londres y vuela a Arlanda en Estocolmo. 
Si esa persona jamás pisa otro aeropuerto sueco, ¿por qué va a financiarlo? 
Esto hace que la limitación que hemos propuesto en relación con el artículo 4 sea muy importante. 
Señor Presidente, los principios aducidos en la propuesta de la Comisión son la no discriminación, la relación respecto a los costes y la transparencia. 
Falta aún ponerse de acuerdo sobre el contenido de estas reglas y sobre su aplicación. 
La transparencia no puede ir solamente en un sentido. 
El intercambio de información entre los transportistas aéreos y los que gestionan los aeropuertos debe basarse en una auténtica reciprocidad. 
No puede solamente afectar a los que gestionan los aeropuertos. 
Compañías aéreas y gestores de aeropuertos tiene mucho que ganar en la búsqueda de la complementariedad. 
A este respecto, el informe del Sr. Väyrynen comporta riesgos, al querer ir más lejos que las propuestas de la Comisión, especialmente en cuanto a los artículos 6 y 7, que dan a las compañías aéreas medios para ejercer fuertes presiones sobre la gestión e incluso sobre las inversiones de los aeropuertos. 
Estos últimos deben poder conservar el control de las tasas, tanto más por cuanto representan para muchos de ellos una parte importante de su volumen de negocios. 
En este sentido, la supresión del duty-free privaría a los aeropuertos de unos recursos fundamentales, sin mencionar siquiera las graves consecuencias que ello tendría en materia de empleo. 
El duty-free debe mantenerse y me alegro de que los ministros de transporte hayan solicitado un estudio sobre las consecuencias económicas y sociales de dicha medida. 
Los aeropuertos tienen también que realizar inversiones considerables escalonadas en varios años. 
Un enfoque coherente necesita más flexibilidad y el respeto del principio de subsidiariedad. 
Los Estados miembros tienen la responsabilidad de contribuir a una ordenación territorial solidaria y a un respeto del medio ambiente. 
En este sentido, deben disponer de poderes reales en términos de fijación de tasas, con el fin de poder garantizar el principio esencial de la perecuación. 
El mismo procedimiento deberá seguirse para todas las infraestructuras de transporte: ferrocarril, puertos y autopistas. 
Con la consulta debería ocurrir lo mismo. 
La consulta es necesaria, pero en caso de desacuerdo entre los usuarios y los gestores de aeropuertos, será la autoridad pública nacional la que ostente la función reguladora. 
Por esta razón, nos oponemos a las enmiendas al artículo 7, que la desposeen de sus atribuciones en este ámbito. 
Presidente, quisiera hacer dos observaciones. 
La primera trata del punto 1, en el que la Comisión de Transportes y Turismo ha reducido bastante la aplicación de la directiva por haber aumentado el número de 250.000 pasajeros a un millón. 
Debo decir que no veo el sentido de esto. 
Me parece incluso contraproducente. 
La segunda es que no se ha conseguido en la Comisión de Transportes y Turismo vincular más el componente medioambiental a estas tasas aeroportuarias aunque sí hay una pequeña apertura en el punto 5 para hacerlo. 
Para ello, he vuelto a presentar una enmienda porque me parece de todas formas que la molestia sí debe jugar un papel en las tasas aeroportuarias. 
A fin de cuentas es verdad que un aeropuerto causa más molestias que otro porque se encuentra en una región donde hay mucha más gente concentrada. 
De ahí que espere todavía que se adopte esta enmienda. 
Señor Presidente, espero conmover al Comisario Kinnock. 
En debates de este tipo siento a veces que una especie de irrealidad se apodera de mí. 
¿Cuántos de nosotros han estado en los aeropuertos de Campbeltown, Islay, Tiree, Wick, Lerwick, Kirkwall, Inverness, Barra, Benbecula, Stornoway, y no hablemos de las líneas aéreas de conexión en Shetland que desde muchas islas van a Lerwick, las líneas aéreas de conexión en Orkney que van a Kirkwall? 
Muy pocas de esas líneas de conexión van a parar a un aeropuerto importante como el de Glasgow. 
Muchas de ellas van a Inverness. 
Por eso cuando leo los debates sobre las subvenciones, no puedo sino sentirme perpleja ante el artículo 4 2) , que habla de los Estados periféricos. 
Supongo que nadie negará que el Reino Unido es un Estado periférico y que nadie se opondrá si digo que el norte de Escocia es una región periférica de un Estado. 
Les ruego que presten atención a los problemas de esas líneas aéreas pequeñísimas. 
Aplaudo a países como España, Francia, Portugal y otros que aceptan la necesidad de la cohesión social y que tienen redes de aeropuertos. 
Coincido con las observaciones del Sr. Megahy a ese respecto. 
Agradeceré que el Comisario nos diga lo que piensa de que el Reino Unido se haya quedado al margen de esta tentativa de obtener cohesión social. 
Apoyo la enmienda 20 que restablece la redacción del Comisario, en parte porque añade un nuevo párrafo que promueve la utilización de aeropuertos más pequeños y menos congestionados. 
Estoy añadiendo una nueva dimensión a este problema. 
No se trata únicamente de aeropuertos regionales que sirven a aeropuertos importantes, sino de aeropuertos regionales que sirven a otros aeropuertos regionales, lo que plantea una enorme cantidad de dificultades. 
También quisiera hablar de subvenciones y preguntarle al Comisario Kinnock si una autoridad local puede decidir legítimamente conceder una subvención en casos especiales. 
Me hago cargo de que un análisis de los sistemas de tasas aeroportuarias en la Unión Europea indica que las tasas aeroportuarias a menudo no reflejan el costo real de la prestación de facilidades. 
Voy a dar un ejemplo al Comisario: Inverness al parecer carga las mismas tasas que Aberdeen, pero Inverness no ofrece ni mucho menos las numerosas facilidades que los usuarios pueden encontrar en Aberdeen. 
Al principio de la sesión, cuando el Sr. Kinnock estaba entre nosotros, se nos ofrecieron muchos ejemplos de las dificultades que tienen algunos para vivir aquí como políticos. 
Ahora bien, esas dificultades- con la única excepción de la señora finlandesa- son insignificantes comparadas con las mías. 
British Airways ha anulado los vuelos desde Inverness, y hacia Heathrow y Stansted. 
El último vuelo de Inverness a Amsterdam fue el sábado. 
La última vez quise regresar a Aberdeen porque no podía ir a Inverness, por el mismo motivo. 
En realidad, nos dijeron abiertamente a una decena de diputados que habían pagado el precio íntegro del billete que la compañía de aviación tenía por política reservar más plazas de las disponibles, y que todas las compañías de aviación lo hacían. 
Lo dijeron abiertamente frente a pasajeros que estaban muy enfadados porque sus vuelos se retrasaban. 
Quizá el Sr. Kinnock pueda decirnos si cabe hacer algo a este respecto con esas compañías de aviación que no se disculpan y que casi presumen de lo que hacen. 
Necesito dos días para venir a este Parlamento. 
Todo lo que se dice acerca de esos vuelos directos de Londres, anulados por Air France, apenas tiene importancia para alguien que vive en el norte de Escocia y que forma parte de este Parlamento. 
Pido, pues, al Sr. Kinnock que deje que mi problema llegue a lo más profundo de su corazón y que haga algo positivo para resolverlo. 
Presidente, de una investigación de la Comisión Europea se desprende que las tasas aeroportuarias de la Comunidad son demasiado altas en comparación con los servicios prestados. Incluso son discriminatorias e intransparentes. 
Esta investigación de la Comisión confirma la conclusión de la investigación independiente realizada por la Cranfield University de que las tasas aeroportuarias en la Unión son un 40 % más altas que en los Estados Unidos. 
Por lo tanto, hay motivos más que suficientes para proponer que las tasas aeroportuarias de la Unión se basen en igual trato por el mismo servicio, en relacionar las tasas con los gastos y hacerlos transparentes. 
Sí tengo mis reparos por la manera en que la Comisión aplica estos principios. 
Así por ejemplo, la redacción " en una relación razonable con los costes globales» es demasiado ambigua. 
Además, son los mismos Estados miembros los que determinan lo que es una relación razonable. 
De esa manera, las tasas aeroportuarias no van a reflejar tan pronto los costes reales. 
Tampoco me siento muy feliz con la diferenciación, permitida por la Comisión, sobre la base de los costes externos. 
Me sumo totalmente al principio de cargar los costes medioambientales al usuario. 
Pero entonces la Comisión debe diseñar un marco sobre la manera de imputar estos costes para evitar la arbitrariedad. 
Por lo tanto, estoy esperando con impaciencia un libro verde con el título " Hacia unos precios justos y eficaces en el transporte aéreo». 
Mientras que se le pueden hacer ciertos reproches a la Comisión por la aplicación de los principios, parece que la Comisión de Transportes y Turismo no se los toma en serio. 
La red nacional de aeropuertos que pide la comisión de transportes, impide que el usuario pague por el uso de las instalaciones y de los servicios. 
El sistema propuesto consiste en unas subvenciones cruzadas entre los aeropuertos. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial escribe con razón en su opinión que esto impediría aún más la competencia entre los aeropuertos. 
La comisión de transportes viola también el principio de igualdad de trato por los mismos servicios si se permite, como recoge la enmienda 10, a los Estados miembros periféricos de hacer distinción entre vuelos nacionales e internacionales. 
¿Cómo encaja esto con el mercado interior? 
También en este punto me sumo a la opinión de la comisión económica. Esta escribe que en el establecimiento de las tasas aeroportuarias no puede jugar ningún papel el hecho de que se trate de un vuelo nacional, de un vuelo intracomunitario o de un vuelo de un tercer país. 
Señor Presidente, los aeropuertos tienen suma importancia para la vida económica de la Unión y los aeropuertos regionales son de importancia crucial. 
En mi propio país, Escocia, un estudio del empleo, la prosperidad y las actividades económicas que generan los aeropuertos, principalmente en cuanto al turismo, produjo una estadística realmente importante: en 1996 las actividades de los aeropuertos de Glasgow, Edimburgo y Aberdeen generaron 1.400 millones de libras. 
Veinte mil puestos de trabajo relacionados con los aeropuertos y el turismo dependen de ellos. 
Esto significa que los aeropuertos regionales son de notable importancia para la Unión. 
El informe que tenemos ante nosotros trata de la cuestión de las tasas aeroportuarias y estoy de acuerdo con el Sr. Megahy en que el informe tiene muchos errores y fallos. 
La propuesta original de la Comisión es mejor sin duda alguna, y el informe final es una especie de flan que realmente había que modificar. 
Un factor importante que algunos de los demás colegas han mencionado es la cuestión de las naciones periféricas. 
Como la Sra. Ewing, me parece que deberíamos hablar de aeropuertos periféricos porque si nos fijamos en el aspecto del límite inferior por el que el PPE votó en la comisión parlamentaria, esto querría decir que aeropuertos pequeños como los que utilizan el Sr. Hume, la Sra. Ewing y el Sr. Gerry Collins quedarían abarcados por la legislación; se trata de aeropuertos pequeñísimos, que a pesar de todo son vitales para la economía de sus regiones. 
Es importante que nos manifestemos en favor del límite superior que sugiere el Grupo Socialista. 
Señor Presidente, me place sobremanera apoyar el informe del Sr. Väyrynen y esta propuesta de la Comisión. 
Es evidente que se necesita una directiva como ésta, pero la directiva no debería poner restricciones a la operación comercial de los aeropuertos ni cargas administrativas innecesarias a los aeropuertos o a los que los regulan. 
Lo que es particularmente importante es que mejoremos el nivel de los servicios pero dejemos que los propios aeropuertos se pronuncien sobre las cuestiones comerciales, en consulta con las compañías de aviación y con las organizaciones pertinentes de consumidores. 
La cuestión principal que me gustaría inculcar a la Comisión y al ponente es que los umbrales para la aplicación de la directiva, particularmente en el caso de los pasajeros, son demasiado bajos. 
Estimo que el umbral para pasajeros debe fijarse en un millón de pasajeros. 
Tal como está redactada en la actualidad, la directiva no trata suficientemente de la transparencia de los arreglos en aeropuertos y de la consulta de los usuarios, aspectos que este Parlamento quisiera ver citados. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por su labor, que sé que ha sido muy difícil y muy técnica. 
Cuando uno habla de aviación y, en particular, de tasas aeroportuarias, tropieza con un grave problema, y es que las compañías de aviación creen siempre que los aeropuertos les están imponiendo tarifas excesivas y los aeropuertos creen que las compañías de aviación están esforzándose siempre por obtener algo barato. 
Esto es un hecho que se aplica a la industria aeronáutica. 
Diré a algunos de los diputados que han tomado la palabra que siempre es fácil fijarse en situaciones nacionales, pero que, por lo que se refiere a esta cuestión, tenemos que fijarnos en la situación europea y en lo que podemos hacer por resolver las amplias diferencias que hay entre las tasas aeroportuarias. 
No olvidemos que este informe trata de tasas aeroportuarias, y que no es un informe sobre los problemas que pueden tener los diputados que quieren ir de A a B el lunes de un período parcial de sesiones en Estrasburgo. 
Es una cuestión difícil y complicada. 
Es importante que haya transparencia en las tasas aeroportuarias, pero tenemos que conseguir que los aeropuertos no abusen de su posición y que las compañías de aviación- particularmente las que operan grandes aviones- no abusen de la suya. 
Los aeropuertos regionales son importantes, particularmente en las zonas periféricas, y por eso me parece que un sistema de subvenciones, si es transparente, puede ser aceptable en el marco de una red de aeropuertos nacionales. 
Coincido con el análisis de mi colega el Sr. Megahy: el texto proveniente de la comisión parlamentaria no sólo es inaceptable sino que, en mi opinión, no es viable. 
Por eso el PSE ha presentado enmiendas para rectificar esa situación. 
Señor Presidente, quedo muy agradecido al ponente, Sr. Väyrynen, por su concienzuda labor y su actitud cooperativa. 
Me gustaría ser tan cooperativo como él al contestar a los diversos puntos interesantes planteados en el debate, especialmente por la Sra. Ewing. 
Si no respondo, no es porque no me haya alcanzado en lo más profundo de mi corazón- hace mucho tiempo que ya lo consiguió- sino sencillamente por no tener suficiente tiempo. 
Por consiguiente, la contestaré por escrito acerca de cada una de las cuestiones que ha planteado. 
Esta propuesta quiere dejar establecidos tres principios reconocidos en el plano internacional: la pertinencia del costo, la transparencia y la no discriminación como base para fijar las tarifas de utilización de los aeropuertos de la Unión, y, naturalmente, me alegra que la Comisión de Transportes y Turismo comparta esos objetivos. 
En aras de la claridad me ocuparé por orden de cada enmienda. 
Con determinados cambios de redacción, la Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 3, 4 y 6. 
La enmienda 5 se refiere a la idea de las redes pero la principal justificación para ese tipo de redes- la cohesión- no se menciona en la enmienda propuesta y, por lo tanto, tengo que rechazarla. 
Me agrada observar que hay consenso- aunque hay que disculparme por creer que no lo había, tras seguir el debate- acerca de la cifra de un millón de pasajeros como umbral general para la aplicación de los principales principios, y puedo aceptar esa parte de la enmienda 8. 
Ahora bien, la nueva referencia a las redes en el artículo 1 está fuera de lugar, como la propia comisión parlamentaria ha reconocido en enmiendas posteriores al ocuparse por separado de las subvenciones y de las redes. 
Por lo tanto, esa parte de la enmienda 8, así como la enmienda 18, no se pueden aceptar. 
Las enmiendas 9 y 21 son aceptables con ciertos cambios de redacción, excepción hecha de la referencia a las instalaciones de carga en la definición de las tasas aeroportuarias. 
Una de las cuestiones más complicadas de la propuesta se refiere, evidentemente, a las condiciones de intersubvención entre aeropuertos pequeños y grandes pertenecientes a la misma red, como se exponen en el artículo 4 del proyecto de directiva y en las enmiendas 10, 20 y 26. 
La Comisión acepta, evidentemente, la idea de definir las redes. 
Ahora bien, en cuanto se refiere a esas enmiendas, la Comisión no puede aceptar la idea de dejar las posibilidades de subvención- es decir, de cargar tarifas superiores a las normales en los principales aeropuertos- completamente abiertas sin ninguna salvaguardia aplicable y sin ninguna condición relativa a las intersubvenciones. 
Es evidente que esas prácticas podrían ser causa de abuso. 
Sin embargo, la Comisión no puede aceptar la idea de excluir por completo a esos tipos de prácticas o de limitarlas únicamente a los vuelos nacionales. 
Algunas prácticas de intersubvención explícitas y transparentes pueden ser importantes, y hay muchos casos en que incluso pueden ser beneficiosas para la mayor parte de los transportistas en los aeropuertos principales porque todos los transportistas reciben pasajeros de los vuelos de conexión con los que realmente no podrían contar si no existieran esos aeropuertos más pequeños. 
Además, limitando los arreglos aceptables de intersubvención a los vuelos nacionales se infringiría el verdadero principio de la no discriminación. 
En cuanto a la modulación de las tasas, aunque puedo aceptar la idea de que las tasas ambientales se apliquen únicamente donde hay problemas locales- lo que, en realidad, es el espíritu de nuestra propuesta- no puedo aceptar la enmienda 11, pues únicamente trata de gastos ambientales específicos y tangibles. 
Como el Parlamento sabe, en muchos aeropuertos las modulaciones se utilizan como instrumentos rectores para modificar los problemas ocasionados por el ruido, la contaminación o la congestión, y constituyen una forma práctica de conseguir que los usuarios paguen por las presiones que imponen y por el equipo que prefieren utilizar. 
Es evidente que la propuesta de la Comisión exige que esos tipos de variaciones de las tasas sean independientes de los ingresos y que no constituyan una fuente de ingresos adicionales para los aeropuertos, o sea que los intereses de los usuarios queden protegidos por un sistema transparente y justo. 
En cambio, puedo aceptar en principio las aclaraciones facilitadas acerca de las rebajas. 
En cuanto al artículo 6 de nuestra propuesta, de que trata la enmienda 12, puedo aceptar algunas aclaraciones del texto pero no puedo apoyar las disposiciones que obligarían a todos los aeropuertos de Europa a proporcionar sus informaciones utilizando un formato normalizado. 
Como el Parlamento sabe, nuestra propuesta no está destinada a armonizar el sector de los aeropuertos en Europa: lo único que procura es que haya claridad y transparencia en la determinación de las tasas. 
En relación con el artículo 7 sobre los procedimientos de consulta, la enmienda 13 pide que se establezcan órganos de arbitraje independientes. 
Ahora bien, esto plantearía un problema jurídico pues ese tipo de autoridad podría suplantar a un sistema de tribunales nacionales y con el tiempo podría convertirse en órgano de interpretación de la legislación comunitaria. 
Eso no es aceptable para la Comisión, aunque he de decir que nuestras preocupaciones por lo que se refiere a este artículo se limitan a la noción de árbitro y la parte principal de la enmienda es una aclaración absolutamente necesaria de nuestro texto original. 
Las enmiendas 14, 15 y 24 tratan de cuestiones de calendario y están encaminadas a reducir en dos años el plazo necesario para la aplicación de la directiva. 
Lo único que puedo decir es que hemos fijado las fechas de forma que no sean incompatibles con la aplicación de la directiva sobre operaciones en tierra. 
Estoy seguro de que, si el Parlamento reflexiona sobre el particular, se percatará del aspecto práctico de lo que hemos hecho. 
Me ocuparé rápidamente de las demás enmiendas nuevas. Puedo aceptar las enmiendas 16, 17, 22 y 23, pero he de rechazar la enmienda 19 porque su formulación resta valor de forma inaceptable al principio de la no discriminación. 
Por último, he de rechazar la enmienda 25 porque el objetivo de la directiva no es penalizar al sector del transporte aéreo sino brindar un marco equilibrado que garantice determinados principios básicos. 
En general, las enmiendas sugeridas han sido muy constructivas, incluso las que no he podido aceptar. 
No hay duda de que se concentran en los resultados que deseamos que consiga esta directiva y por eso quedo agradecido a los que han expresado sus opiniones. 
Espero que el Consejo enfoque esta cuestión de forma tan positiva y constructiva como este Parlamento. 
Quedo agradecido al ponente y a sus colegas, y lo único que lamento es que mi respuesta haya llevado tanto tiempo, aunque supongo que eso es inevitable cuando se trata de enmiendas detalladas de un texto técnico. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40098/98) de la Comisión de Transportes y Turismo, respecto a la posición común (C4-0033/98-95/0353 (SYN) ) adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la recomendación del Consejo sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (Ponente: T. Megahy). 
Señor Presidente, en la Unión Europea hay millones de personas con discapacidad y muchas de ellas dependen del automóvil para su transporte. 
Todos los Estados miembros conceden facilidades de estacionamiento a esas personas mediante una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 
Las normas y los reglamentos para expedir y utilizar esas tarjetas las elaboran los Estados miembros. 
Esta recomendación, muy acertadamente, respeta su derecho a hacerlo. 
Ahora bien, en una Unión Europea en pleno desarrollo, las personas con discapacidad deberían tener las mismas oportunidades que los demás ciudadanos de la Unión para viajar libremente por todo el territorio de la Unión. 
Esta recomendación lo hace posible para los que poseen tarjetas de estacionamiento. 
En estos momentos, por ejemplo, no se tiene la certidumbre de que un vehículo alemán o británico que ostente su propia tarjeta nacional y que esté estacionado en un lugar de Estrasburgo o de Bruselas marcado con rayas amarillas no reciba una multa para su propietario o que, en el peor de los casos, no se lo lleve la grúa. 
Cuando esta propuesta entre en vigor eso ya no podrá ocurrir. 
Digo que eso ya no " podrá» ocurrir porque me parece que una de las cosas que todos hemos podido comprobar en todos los países es el celo de los vigilantes de estacionamientos. 
De todos modos, ahora habrá un modelo de tarjeta comunitaria que se podrá utilizar junto con las tarjetas regionales o nacionales durante un período de transición que determine el Estado miembro de que se trate. 
La Comisión de Transportes acepta unánimemente esta propuesta y todos los detalles que la acompañan. 
He de decir que la posición común representa una gran mejora respecto de la recomendación original que llegó ante nosotros para primera lectura. 
La mayor parte de las enmiendas del Parlamento han sido aceptadas, sea literalmente o en cuanto al fondo. 
Ahora tenemos una recomendación que deja bien sentado que la definición de discapacidad se especificará en los reglamentos de cada Estado miembro. 
También recomienda una definición de ámbito más amplio que la anterior, para incluir a las personas cuya discapacidad puede ser causa de una movilidad restringida. 
En segundo lugar, tolera que la nueva tarjeta europea se utilice durante un período de transición al mismo tiempo que las tarjetas ya vigentes. 
Esto es importante para los grupos de personas con discapacidad de los Estados miembros, que tan enérgicamente han luchado por obtener el reconocimiento de sus tarjetas existentes, y también para las autoridades locales y otros organismos que podrían incurrir en gastos si la situación actual tuviera que modificarse demasiado rápidamente. 
La recomendación dice también que, al expedir la tarjeta de estacionamiento, debe facilitarse información sobre las condiciones de utilización en los diferentes Estados miembros. 
Considero que esto es importante. 
Aún más importante es el hecho de que la posición común haya incluido los cambios que hemos sugerido respecto del formato de la tarjeta. 
Se ha suprimido el número de matricula del vehículo que originalmente se citaba, de forma que en la actualidad la tarjeta se refiere a una persona y no únicamente a un vehículo. 
Además, se ha suprimido la dirección y la fecha de nacimiento que figuraban al dorso de la tarjeta. 
Esto lo sugirieron el propio Parlamento y varios grupos de personas con discapacidad por razones de seguridad muy válidas. 
En los años que llevo en este Parlamento no siempre ha sucedido que una posición común del Consejo sea mejor que la propuesta original. 
En este caso sí que lo es. 
Ha recibido el apoyo unánime de la Comisión de Transportes. 
El hecho de que sea una recomendación y no una directiva le da, sin duda alguna, una base jurídica más floja. 
Ahora bien, no creo que en una cuestión de este tipo esa circunstancia pueda impedir una rápida aplicación. 
Estimo que se trata de un paso pequeño pero importante hacia el reconocimiento de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad en nuestra Unión Europea. 
Espero que esta propuesta sea aplicada rápidamente por los diversos Estados miembros, de conformidad con los detalles que se indican en la directiva, y que pronto las personas con discapacidad puedan utilizar su tarjeta modelo normalizada en los demás países de nuestra Unión Europea. 
Seor Presidente, seor Comisario, en primer lugar, quisiera dar las gracias a nuestro colega, el Sr. Megahy, por su excelente trabajo, pues no es frecuente que tengamos sobre la mesa el resultado de que el Consejo acepte- al menos en su sentido- casi todas las enmiendas del Parlamento. 
Ésta es, ciertamente, una seal de que se ha trabajado bien. 
En relación con la posición común del Consejo, ahora podemos dar nuestra aprobación en la segunda lectura y ojalá que después tengamos, por fin, la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidades, prometida desde hace 20 aos. 
En su opinión el Consejo ha aceptado que la tarjeta pueda utilizarse con independencia del vehículo, es decir, esté referida a la persona y no al vehículo, que por razones de seguridad no se especifique en la tarjeta la dirección del usuario, y que con la expedición de la tarjeta se entregue también una información sobre su utilización. 
El Consejo propone también que la tarjeta europea pueda utilizarse paralelamente con las tarjetas nacionales; esto tiene sentido, al menos, durante un período transitorio. 
En esta semana discutiremos también el informe del Grupo de Alto Nivel sobre la libre circulación de las personas. 
En el fondo, para los ciudadanos y ciudadanas discapacitados la libertad de circulación es no es más que un sueo. La realidad les causa problemas mayores y existe para ellos un número mayor de barreras que para los ciudadanos y las ciudadanas denominados normales. 
Quizá esta tarjeta europea ofrezca una posibilidad de eliminar las primeras pequeas barreras. 
En diciembre de 1996, en mi intervención durante la primera lectura del informe, apostillé que este informe es, en realidad, una patraa y debo insistir hoy una vez más en ello. 
Efectivamente, su introducción se deja a la discreción de cada uno de los estados, y su validez está sujeta a las disposiciones de los respectivos estados, las cuales no están armonizadas. 
No obstante, la tarjeta constituye un primer paso en la dirección correcta y yo espero que sea una ventaja para todos. 
Señor Presidente, señoras y señores, hace pocos días he presidido un congreso sobre el tema «Para que las personas con discapacidades tengan sitio en medio de nosotros». 
Era interesante ver la gran importancia que se atribuyó al aspecto del perjuicio real que para las personas discapacitadas que viajan por la Unión Europea se sigue de la no existencia de una tarjeta europea de estacionamiento. 
El tema del aumento de la movilidad gracias a unas medidas técnicas cada vez mejores, por un lado, y una cierta inseguridad en los derechos y obligaciones a la hora de tomar parte en el tráfico rodado de la UE, por otro, se convirtieron rápidamente en el centro de los debates. 
A este respecto, se pusieron de manifiesto la preocupación de los afectados por una excesiva regulación, pero también los temores de que sus deseos y sus esperanzas, que yo expongo como su representante en Bruselas, no sean vistos ni escuchados a nivel europeo. 
Recomiendo que ahora se dé una aprobación sin restricciones a la presente posición común. 
Las enmiendas del Parlamento en la primera lectura, que son importantes en mi opinión, han sido aceptadas literalmente o en su sentido. 
Son de importancia especial, a mi modo de ver, los puntos siguientes: en primer lugar, la decisión en favor de una solución referida a las personas y no al vehículo; en segundo lugar, la consideración específica de los aspectos de la seguridad en relación con la protección de los datos personales del portador de la tarjeta y, en tercer lugar, el hecho de que nuestras demandas de subsidiariedad, cercanía a los ciudadanos y transparencia constituyen una base real, en cuanto que, por un lado, puede utilizarse el modelo comunitario complementando las tarjetas que ya existen con validez regional o nacional y en cuanto que, por otro lado, la expedición de este nuevo modelo está vinculada con la obligación de informar sobre las condiciones de utilización de la tarjeta de aparcamiento en cada uno de los Estados miembros. 
Lamentablemente, la recomendación no armoniza las condiciones de acceso a esta tarjeta de aparcamiento. 
Además, y precisamente porque procedo de una ciudad que en 1999 será capital europea de la cultura, es decir, Weimar, recomiendo a los Estados miembros una rápida puesta en práctica de esta directiva para que las personas discapacitadas puedan acceder también rápidamente al lugar que tienen en medio de nosotros. 
Presidente, le habría honrado a la Unión Europea si hubiera podido tomar una decisión en menos de 20 años sobre una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 
Y ni siquiera estamos hablando de una legislación que imponga nada, sino de una recomendación. 
Presidente, a la Unión Europea le hace mucha falta que gente corriente que sufre cualquier problema pueda tener confianza en esta Unión. 
Nos hemos de preguntar de verdad, si se queda en una mera recomendación y si no lleva a una armonización de esa tarjeta, si esto aumenta la credibilidad de la Unión. 
Me parece realmente incomprensible que los Estados miembros junto con el Parlamento y la Comisión no hayan sido capaces de organizar rápido y bien este asunto simple y sencillo de la armonización de esta tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas. 
Francamente, me parece escandaloso. 
Espero que se apruebe esa tarjeta y por supuesto, mi grupo parlamentario está de acuerdo con el informe del Sr. Megahy. 
Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con el ponente en que es este un tema mayor, precisamente por el calado social de la propuesta que se nos somete hoy aquí. 
Por eso, yo también me congratulo de que el Consejo, en su posición común, haya adoptado la postura, no corriente, de aceptar prácticamente la inmensa mayoría de las enmiendas de este Parlamento y, fundamentalmente, aquéllas que se refieren a que la tarjeta debe pertenecer al titular y no al vehículo concreto; o aquella otra que suprime la dirección y la fecha de nacimiento, obviamente por razones de seguridad. 
También es muy positivo constatar que se acepta que la definición de capacidad se debe ampliar, que la utilización debe ser paralela al de otras tarjetas que ya están en uso en algunos Estados, o la facilidad de información que debe darse justamente en el momento de expedirla. 
Pero también lamentamos- como han dicho otros oradores -, y a pesar del calado social de esta propuesta, lo que el ponente llama debilidad jurídica. 
Esto es, que se trate sencillamente sólo de una recomendación. 
Nosotros creemos que hubiera merecido la pena una fundamentación jurídica de más fuste, dada- insisto- su trascendencia social. 
No obstante, apoyamos la propuesta sometida a este Pleno y, por supuesto, felicitamos al ponente. 
Señor Presidente, antes que nada quisiera dar gracias al Sr. Megahy y a los que han intervenido en el debate. 
Como saben los diputados, todos los Estados miembros conceden facilidades especiales de estacionamiento a las personas cuya movilidad está restringida y que, debido a la naturaleza misma de su estado, dependen en general más de los transportes individuales personales que de los transportes públicos. 
El derecho a esas facilidades especiales de estacionamiento se prueba exponiendo una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad en el interior del vehículo. 
Ahora bien, el diseño y el estilo de esas tarjetas de estacionamiento varían considerablemente de un Estado miembro a otro, lo que puede originar problemas cuando los usuarios de la tarjeta se hallan en un Estado miembro diferente del Estado miembro que la expidió. 
La diversidad de las tarjetas complica a los encargados de hacer cumplir los reglamentos de estacionamiento la determinación de si la persona o el vehículo de que se trate tiene derecho a las facilidades especiales de estacionamiento. 
En vista de lo antedicho, la Comisión se comprometió, en el marco de su programa de acción social a mediano plazo, a presentar un proyecto de recomendación sobre el reconocimiento recíproco en los Estados miembros de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. 
Además del reconocimiento mutuo de las tarjetas expedidas en los diversos Estados miembros, la Comisión propuso que hubiera un modelo normalizado de tarjeta de estacionamiento para la Unión Europea, y los detalles de esa tarjeta normalizada figuran en la recomendación. 
La recomendación ha sido examinada por el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y el Parlamento. 
En la primera lectura del Parlamento, el 13 de diciembre de 1996, el Parlamento propuso varias enmiendas de la propuesta de la Comisión. 
La Comisión ha podido aceptar con placer la mayor parte de las sugerencias de este Parlamento y, por recomendación mía, adoptó una propuesta modificada el 4 de marzo de 1997. 
El Consejo también tuvo en cuenta las enmiendas del Parlamento cuando adoptó la posición común sobre la recomendación el 18 de diciembre de 1997. 
Desde entonces la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento, en su reunión del 17 de marzo, convino unánimemente en la adopción de la posición común. 
Quisiera dar gracias al Parlamento Europeo y especialmente al ponente, Sr. Tom Megahy, por tan positiva reacción y por lo enérgicamente que han apoyado la propuesta en todo momento. 
La adopción final de la recomendación por el Consejo permitirá que las personas con discapacidad puedan disfrutar de facilidades de estacionamiento en todos los países de Europa que decidan visitar en automóvil. 
Esto ayudará a darles mayor libertad de desplazamiento, con lo cual mejorarán las oportunidades de trabajo, compra y recreo, al menos para algunas personas con discapacidad. 
Es posible que se trate de una pequeña ventaja, pero estimo que es un paso importante y significativo hacia la supresión de las barreras que impiden una mayor participación en la sociedad de la Unión Europea. 
Ha llevado mucho tiempo, pero por lo menos ahora la cuestión puede darse por resuelta, y quisiera felicitar a todos los que lo han hecho posible. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Control en el sector de los transportes por carretera 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40119/98) de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo (C4-009/98-94/0187 (SYN) ) con vistas a la adopción del reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3821/85 sobre el aparato de control en el sector de los transportes por carretera y la Directiva 88/599/CEE relativa a la aplicación de los Reglamentos (CEE) nº 3820/85 y (CEE) nº 3821/85 (Ponente: Sr. Wijsenbeek). 
Señor Presidente, la comisión de transportes me ha mandado cojeando a la sesión plenaria como ponente. 
Ya sé, a veces es difícil con lo mucho que tenemos que viajar y con los aviones o los trenes que no hay, pero es como poco curioso que la llegada tardía de tres diputados, dos de la UPE y uno del PSE, haya modificado la mayoría para el informe cuando se estaba votando todavía. 
Esto indica también, pues, que el informe es bastante controvertido y que hay posibilidad de diferentes opiniones, porque estaba muy reñido. 
En realidad se trata incluso de algo novedoso. 
En todo caso, yo nunca había vivido nada parecido. 
La Comisión había presentado una propuesta que tenía como objetivo mejorar el actual instrumento de control, el clásico tacógrafo, añadiendo un aparato más en el que se introducía la tarjeta del conductor. 
El Parlamento después, en primera lectura, opinó en la más amplia mayoría posible que también el ordenador de bordo o tacógrafo digital constituiría la mejora del instrumento clásico y que se podría utilizar simplemente en lugar de este instrumento clásico. 
Debo decirle, me parecía una propuesta muy aceptable. 
Me parecía un anexo bonito del Parlamento e incluso la Comisión estaba de acuerdo. 
A continuación, el Consejo dispone en la posición común que exclusivamente se puede utilizar el ordenador de bordo en los nuevos vehículos. El Consejo lo hizo con catorce votos a favor y una abstención. 
En principio, el Parlamento puede aceptar perfectamente esa posición común, es lo más avanzado de la técnica que se aplica ahora. 
Sin embargo, se producen dos problemas. 
En primer lugar, en lo que respecta a la adaptación y al control de los otros países AETR que todavía no son miembros o que no van a ser miembros de la UE. 
Con respecto al AETR la Comisión de Transportes ha presentado una enmienda y bien podría ser que resultara, pero escucharé después al Comisario sobre esto, que tendremos que aceptar algo del viejo aparato. 
El segundo problema se refiere al retrofit. 
Personalmente, me parece inaceptable que justamente los camiones antiguos, que la experiencia muestra que son los que menos respetan los tiempos de conducción y de descanso, puedan seguir circulando hasta la eternidad con el viejo aparato fraudulento. 
Y entonces muchos dicen que el problema se acabará en cinco o siete años, pero no dejan de ser de cinco a siete años y después muchas veces se reutilizan esos camiones, a menudo en algunos Estados miembros del Mediterráneo. 
Vuelvo un momento a lo que está cojo en mi propuesta. 
En las primeras tres enmiendas, como en las enmiendas de la Sra. Langenhagen, la 19 hasta la 22, aparece todavía la propuesta 1A y la referencia al respectivo anexo, quiero decir que no están incluidas, como tampoco el anexo. 
Es evidente que someto a la sabiduría del pleno si se aceptan las propuestas de la Sra. Langenhagen, pero en todo caso yo mismo me levantaré como ponente después de la votación sobre las propuestas 2 y 4 e indicaré cómo tendría que ser el orden lógico a continuación en el posterior transcurso de la votación. 
Me gustaría oír algo del Comisario sobre el retrofit y sobre el AETR, pero también creo que el Comisario nos debe en todo caso unas explicaciones más detalladas sobre el origen y la base del artículo entero, es decir sobre la nueva reglamentación de los tiempos de conducción y de descanso. 
Porque ahora sólo estamos hablando del instrumento de control y con él, realmente, se debe controlar la reglamentación de los tiempos de conducción y de descanso que tiene que ser modificada. 
La Comisión está reflexionándolo, pero creo que las dos cosas deben ir cogidas de la mano. 
Llego a mis conclusiones. 
Estamos sorprendidos y no desagradablemente, con la posición común. 
Habrá que ver si seguimos considerando ambas posibilidades, 1A y 1B, o si seguimos como Parlamento sólo con la 1B. Pero ocurra lo que ocurra: el transporte en todo caso va a ser y tiene que ser más seguro y más social con esta propuesta, en la forma que sea. 
Como punto final, quiero dar las gracias al Comisario por su colaboración, pero en particular a los de la DG VII que han ayudado al simple jurista que soy, a dominar esta difícil materia técnica. 
Presidente, ahora que nuestro colega Wijsenbeek ha esbozado tan excelentemente el fondo técnico, me puedo limitar a una exposición más política. 
Los camiones por encima de un cierto peso y los autobuses con un determinado número de asientos deben estar equipados desde hace tiempo con un aparato que registra los tiempos de conducción y de descanso. 
Es una bonita muestra de la técnica que unas personas muy dotadas han ido evolucionando a lo largo de las pasadas décadas, aunque ellas mismas se consideraban más bien empresarios dotados. 
Los conductores, salvo los buenos- eso lo añado con mucho énfasis -, manipulan la técnica literalmente a su antojo. 
Un gobierno que se toma a si mismo en serio, intenta poner remedio. 
Parece simple pero ya lo entenderá, tantas cabezas, tantas frases, en fin, un embrollo difícil de desemarañar. 
El ponente Wijsenbeek nos indicó más o menos el camino hacia la época digital. 
¡Bravo por ello! A continuación, los catorce Estados miembros pudieron optar por el progreso unívoco, el Comisario y la Comisión de Transportes y Turismo se sumaron, aunque haya que esperar a las votaciones para ver si esto ocurre también en esta sesión plenaria. 
Pero nuestro colega Wijsenbeek ya ha dicho algo al respecto. 
Presidente, el Frankfurter Allgemeine Zeitung escribió el mes pasado ya de forma nostálgica sobre el viejo disco diagrama que será sustituido por un sistema digital en el año 2000 y hace también referencia a que la industria alemana está preparada para ello. 
Kinsel había propuesto como primera " eine 1B-lösung». 
Si hace falta, así se decía en ese mismo artículo, se puede sacar todavía del armario la solución 1A. 
Con ese fondo es también tranquilizador que la técnica para el tacógrafo digital ya no suponga ningún problema. 
Esto no se desprende de este artículo, sino que también lo digo porque doy por hecho que la Comisión y el Consejo son unos sabios órganos, rodeados por muchísima pericia, que en el punto de la viabilidad técnica de la presente propuesta naturalmente no se pueden permitir ninguna equivocación. 
Habiendo dicho esto, no quiero olvidar que también en nuestro entorno existen dudas sobre las opción elegida, en especial también sobre los puntos que el ponente acaba de mencionar. 
Espero de verdad que en los años venideros estos se solucionen con la práctica. 
El amplio apoyo que parece existir para la transición a la época digital ya no debería ponerse en juego ahora. 
Presidente, mucho antes del momento en que se introduzca, que se pueda introducir, el nuevo tacógrafo digital, tendríamos que ocuparnos de las propuestas más detalladas con respecto a un control eficaz y más armonizado. 
Con anterioridad a la última presidencia neerlandesa, se trazó el régimen de control dentro de la Unión, por iniciativa del órgano neerlandés controlador, la Rijksverkeersinspectie. 
Lo que sabíamos ya de los, muchas veces muy atrasados, informes de la Comisión, se confirmó. 
Sobre el papel las regulaciones son iguales pero eso es todo. 
No se es consciente de cuánto se vacía la idea de la Europa única del mercado interior por ello. 
Ni de cómo se pueden sentir agraviados diariamente los empresarios honrados y los conductores respetuosos con las regulaciones, también con los gobiernos que no son capaces o que no tienen la voluntad de separar el grano de la paja. 
Presidente, durante la reunión del Consejo en la que se adoptó la posición común, el Consejo pidió a la Comisión que presentara un informe, incluyendo las propuestas pertinentes si fuera menester, sobre la eficacia y la uniformidad de los controles que realizan los Estados miembros. 
Según mi opinión, este " si fuera menester» no hubiera hecho falta. 
Por lo tanto, doy por hecho que la Comisión presenta rápidamente las propuestas. 
Es más, me pregunto cuál es el sentido de un nuevo tacógrafo cuando en la práctica el control queda como está. 
Señor Presidente, ¿qué hay detrás? 
En 1994, es decir, hace cuatro años, la Comisión presentó una propuesta que tiene en cuenta de manera especialmente más considerable la seguridad en el transporte por carretera, en general, y las disposiciones sociales relativas a los conductores de larga distancia, en concreto, mediante la introducción de un nuevo tacógrafo, porque el hasta ahora vigente es considerado demasiado manipulable. 
En realidad esto es muy fácil. 
Todos los afectados, sean conductores, sindicatos, empresas de transportes y los que toman parte en el transporte por carretera que yo he consultado son partidarios de una mejora. 
La Comisión nos presentó también esta mejora en su propuesta tan razonable, de julio de 1994, pero entonces el Parlamento quiso más. 
En la primera lectura, en el verano de 1995, no sólo votó el Parlamento en pro de un aparato menos manipulable, sino al mismo tiempo en favor del desarrollo de una supercaja negra que tuviera una completa infraestructura en las empresas y en las autoridades de control. 
Una gestión global del parque de vehículos debía dejar de ser una fantasía. 
Dos años más tarde- en 1997- nos fue presentada la posición común del Consejo. Ésta es insuficiente en muchos aspectos. 
Le pregunto a usted y al Consejo cómo ha sucedido que, en definitiva, el Consejo haya votado solamente sobre la supercaja negra y no haya votado también al mismo tiempo sobre la solución suficiente, eficaz en los costes, sólida, factible y aceptable que ha propuesto el Parlamento. 
¿Quién ha torcido aquí algo bajo la mesa y por qué? 
Cuando me dijeron algo sobre la decisión del Consejo creí que soñaba y sigo esperando que todo sea sólo una equivocación y que este error tampoco sea cometido mañana por el Parlamento. 
Soy partidario de una seguridad en el transporte que sea moderna y tecnológicamente asistida, pero cada empresario ha de decidir por sí mismo en nuestro mercado libre si desea una supercaja o la solución denominada mejorada, que es igualmente atractiva. 
En definitiva, el empresario es quien mejor sabe cuántos costes puede permitirse él y su empresa. 
Si mañana se convierte en realidad la posición común del Consejo, los manipulables tacógrafos que están vigentes hasta hoy y la nueva supercaja, que hasta ahora no ha sido claramente definida y tampoco ha sido verificada respecto de su fuerza legal, es decir, el antiguo y el nuevo aparato coexistirán durante diez años o más. 
No tienen nada en común. 
Al contrario se ofrecerá un estímulo a que un conductor haga transbordo del vehículo antiguo al nuevo, porque sabe que los dos aparatos de control no se pueden comparar mutuamente y que no puede ser procesado por no haber respetado los tiempos de conducción y de descanso. 
Si el Consejo se expresa por 14 votos contra 1 en contra de la solución más razonable, pero a favor de la supercaja, ello significa que no se desea, en absoluto, un control mayor y, por consiguiente, tampoco se desea una mejor seguridad en el transporte por carretera. 
O ¿cómo lo ven ustedes, señoras y señores? 
Espero que nuestra votación no se convierta mañana en una pesadilla y que votemos igual que en la primera lectura, pues pienso, como usted, señor Wijsenbeek, que 1a y 1b son la solución correcta. 
Señor Presidente, creía que yo era el único que no cantaba con el coro, pero la Sra. Langenhagen me ha precedido al introducir, junto con esta importante innovación tecnológica, también algún elemento de prudencia. Como todas las innovaciones tecnológicas, ésta también supone alguna implicación de carácter económico: de ahí, la invitación a la prudencia. 
En este caso, en efecto, se corre el riesgo de beneficiar a una parte, es decir, a los constructores de estos nuevos aparatos y de preocupar, por el contrario, a la otra, o sea, a los que tendrían que adquirirlos careciendo todavía de garantías reales no sólo en cuanto al funcionamiento, sino a la credibilidad de los controles de dichos aparatos que se realicen posteriormente. 
Los transportistas, no sólo italianos, ya expresaron su preocupación por una inversión que podría resultar deficitaria, ya que tendría que renovarse incluso a corto plazo. 
Nosotros- mi Grupo y yo- no estamos en contra de la introducción del aparato 1B, pero pedimos cierta mesura, porque no todos están de acuerdo con los resultados de las pruebas ensayadas y realizadas hasta ahora. 
Por lo tanto, he aquí la propuesta: quizás sería mejor conceder un período transitorio, en definitiva, dejar en libertad, en primer lugar, a los Estados miembros y, en segundo, a los empresarios de los propios Estados para elegir entre dotarse o no del nuevo aparato o seguir con el aparato 1A, pero incorporando un lector digital, al menos durante un plazo determinado. 
Según parece los costes de una y otra operación son los mismos, sin embargo, la primera, es decir, la incorporación de un lector digital al viejo sistema, hoy por hoy, ofrece más garantías, a la espera del bautismo oficial del aparato 1B. 
No cabe duda de que esto podría complicar los sistemas de control y, en consecuencia, la tarea de quien deberá verificar en la carretera no sólo el funcionamiento sino la honestidad de quienes utilicen estos aparatos. 
En este caso, sin embargo, a diferencia de lo que lamentamos en la anterior intervención sobre el turismo, debe defenderse, mejor dicho, debe imponerse el principio de subsidiariedad, habida cuenta de que en este caso se trata de defender también el principio de discrecionalidad. 
En un ámbito tan delicado que, repito, podría afectar a un sector sobre el cual ya pesan otros factores como el aumento de los peajes de autopista, hay que dejar libertad de elección a los que pagarán el coste de esta reforma. 
Señor Presidente, los expertos estiman que uno de los problemas más graves en el sector de los transportes es que no se respetan las regulaciones. 
Comparto la opinión de que la causa de esto no es en primer lugar un aparato de control deficiente, el tacógrafo. 
El funcionamiento deficiente de los órganos de control me parece la causa principal. 
Además, la reglamentación en cuanto a los tiempos de conducción no es suficientemente acorde con las características del transporte por carretera y esto provoca infracciones. 
No obstante, estoy de acuerdo con el Consejo de que haya que sustituir el tacógrafo como instrumento de control por un ordenador de bordo o por una caja negra. 
La técnica del tacógrafo se ha quedado anticuada. 
Es un instrumento fraudulento y no puede ser utilizado, contrariamente al ordenador de bordo, para mejorar la gestión empresarial. 
Cuando encima el precio del ordenador de bordo es parecido al del tacógrafo con o sin tarjeta inteligente, entonces la opción por el ordenador de bordo parece lógica. 
Ahora que el Consejo también lo ha elegido, no quiero mantener la opción original del Parlamento que en su primera lectura quiso dejar la elección entre un tacógrafo mejor o un ordenador de bordo en manos de las empresas de transporte. 
La existencia de tres sistemas a la vez, el tacógrafo, el tacógrafo plus y el ordenador de bordo, sólo puede dificultar el control. 
Lamento que el Consejo no haya decidido un " retrofit». 
Es inevitable que con la introducción de un nuevo aparato se usen el viejo y el nuevo a la vez durante un tiempo. 
Pero el Consejo debería haber puesto una fecha límite para el uso del tacógrafo. 
Ahora nos enfrentaremos durante bastante tiempo con los discos del tacógrafo en camiones viejos que casi nadie podrá leer, y según el ponente son especialmente los camiones viejos los que no respetan los tiempos de conducción y de descanso. 
Una enmienda de mi autoría para hacer obligatorio el ordenador de bordo en el plazo de unos años, no recibió sin embargo suficiente apoyo en la comisión de transportes. 
Prefiero no tener un retrofit a un retrofit que supone una valorización del viejo tacógrafo. 
Cuando el Consejo opta ahora ya, en el año 1998, por gran mayoría por un ordenador de bordo, me parece absurdo que se equipen los camiones viejos en el siglo que viene con una tecnología que ya ha quedado desfasada ahora. 
Señor Presidente, ¿quién cree todavía en este Parlamento, que las exigencias expuestas también por nuestro colega, el Sr. Van Dam, en pro de la mejora y de la armonización de los tiempos de conducción y de descanso y en pro de la mejora de los sistemas de control pueden ser realizadas? 
Pertenezco a este Parlamento desde 1989 y desde entonces esta exigencia se ha formulado repetidas veces. 
Sabemos que en la Unión Europea se controla de maneras muy diversas. 
Seguramente también puedo valorar esto muy bien desde la perspectiva alemana. 
Puesto que esto no funciona ni funcionará, debemos lograr un sistema mejorado de control en los vehículos. 
El sistema digital constituye un paso acertado, pero no hay que llegar a la implantación sin que se equipen al mismo tiempo los vehículos usados con la tarjeta registradora del conductor. 
El tacógrafo debe ser mejorado; disponemos de las posibilidades técnicas para hacerlo. 
Los plazos que se han mencionado aquí, es decir, hasta el año 2003, son demasiado largos. 
Además, la reducción a los vehículos que hayan sido autorizados a partir de 1996, es totalmente absurda, pues sabemos exactamente que siguen circulando, en especial en los países del centro y del este de Europa, vehículos con 10 y 15 años de antigüedad y seguirán circulando todavía durante algunos años. 
Quiero referirme también a otra cosa, precisamente en lo que respecta a la situación reinante en los países de la Europa central y oriental: en 1995 se implantó el tacógrafo. 
Creo que es casi una exigencia excesiva prescribir ahora en un solo paso el sistema digital para pasar dentro de cinco años a un nuevo sistema de mayor eficacia de costes. 
En este punto sería, sin duda, más aceptable una solución intermedia. 
Se produce la siguiente paradoja- o se podría llegar a ella -: por ejemplo, vehículos nuevos, equipados con el sistema digital a partir del año 2000, no podrían circular en los países de la Europa central y oriental, porque en tales países no se dispone de los correspondientes aparatos de lectura y la policía no se encuentra equipada con los instrumentos pertinentes. 
Es preciso imaginar qué derrotero tenemos eventualmente ante nosotros. 
No se ha aprovechado la posibilidad de llegar a una solución más completa, por ejemplo, con pasos intermedios, hacia una mejor vigilancia de los tiempos de conducción y de descanso, hacia la introducción y puesta en práctica de mejores disposiciones sociales. 
Para finalizar, señor Frits Castricum: no sólo está preparada la industria alemana, sino que sabemos que también las empresas de Gran Bretaña, de los Países Bajos, de Italia y de Francia están preparadas y disponen de know-how técnico y tecnológico. 
Señor Presidente, permítame comenzar agradeciendo al ponente, Wijsenbeek, por los años de trabajo que ha dedicado a este asunto. 
El asunto del tacógrafo va de la mano con el problema aún no solucionado de los tiempos de conducción y descanso. 
Respecto de estos últimos, el Parlamento Europeo espera todavía la propuesta de la Comisión sobre qué modificaciones considera necesarias. 
Habría sido provechoso si hubiésemos tenido la posibilidad de tratar esos asuntos en el mismo contexto. 
Es necesario exigir en los camiones equipos que funcionen. 
Al mismo tiempo, es importante también que los equipos y los sistemas en los que se ha invertido, quizá en todas las empresas de un país, también puedan usarse durante su vida útil. 
Otra cosa sería derrochar recursos. 
Sería absurdo exigir nuevas inversiones y apuestas por otros sistemas a empresas que ya tienen bastantes aprietos. 
Otra cosa muy distinta es que, cuando se vaya a invertir en nuevos sistemas, se haga pensando en la mejor técnica disponible y que sea igual para todos los países miembros. 
Un poco más a largo plazo está también el trabajo de legislación en esta materia, referente a las negociaciones de adhesión que comenzarán ahora, pero también en relación con negociaciones bilaterales con terceros países de Europa Central y del Este. 
Una gran aspiración es que dentro de poco podamos contar con normas comunes tanto para los períodos de conducción y descanso como para los sistemas técnicos de los tacógrafos. 
En un mercado interior inserto en una Europa prácticamente sin límites internos, además viéndolo en una perspectiva un poco más larga, esto llegará a ser necesario. 
Señor Presidente, la propuesta que nos han presentado tiene por objeto introducir un nuevo aparato de medición en los transportes por carretera con el fin de controlar el tiempo de conducción y reposo de los conductores, según lo ha recordado el ponente. 
¿Qué se le pide a este nuevo cronotaquígrafo? 
Se le pide que sea completamente fiable, que sea infalsificable y tecnológicamente evolucionado, con el fin de que no pueda ser cuestionado en los años venideros. 
El instrumento propuesto en el anexo Ib) responde perfectamente a estas exigencias. 
En efecto, se trata de un aparato completamente electrónico cuyo principio numérico garantiza una seguridad total. 
Estos datos son sumamente valiosos para la gestión de las empresas. 
Por consiguiente, este aparato cuenta con el visto bueno unánime tanto de las empresas de transportes serias como de los conductores responsables. 
Sin embargo, algunos propugnan una solución híbrida, contemplada en el punto Ia) , que consistiría en añadir a los aparatos de control actuales, que como sabemos son muy fáciles de manipular, una simple caja electrónica, siendo uno de sus argumentos la disminución de los costes. 
No creo que tengan razón, pues no sólo los costes serían equivalentes, según lo han establecido los peritajes realizados por la Comisión, sino que, además, sería solamente un sistema transitorio que, a la larga, habría que sustituir por un conjunto completamente electrónico. 
Por último y sobre todo, no habríamos conseguido nuestro objetivo esencial, en este caso, imposibilitar la falsificación, ya que el propio corazón del aparato, el taquímetro, sería el mismo que el actual, que precisamente no ofrece suficientes garantías en este punto. 
Presidente, en el pleno anterior el Parlamento se pronunció a favor de una lucha enérgica contra la inseguridad vial. 
Una parte de las medidas que propusimos, es un mayor respeto de los tiempos de conducción y de descanso en el transporte de mercancías y en el de autobús. 
Para ello hace falta mayor control, en el que los aparatos no fraudulentos pueden ayudar. 
Tengo seis preguntas muy breves para el Comisario. 
En primer lugar, ¿es verdad que en este sentido el tacógrafo digital, 1 B en los informes, es claramente mejor que el renovado tacógrafo convencional 1 A? 
En segundo lugar, ¿es verdad que el desarrollo de ambos tipos de tacógrafos ha llegado a tal punto que la obligación del tipo 1 B a partir del año 2000 no llevará a ningún retraso? 
En tercer lugar, ¿qué hay de cierto en las manifestaciones de algunos colegas de que los países de Europa Central sí estarían dispuestos a colaborar con la instalación del 1 A y no del 1 B? 
En cuarto lugar, ¿cuál es la opinión del Comisario de la falta de regulación con respecto a los vehículos existentes? 
¿Cuán grande es el riesgo de que los transportistas honrados sufran después la competencia de transportistas que circulan con material viejo sin tacógrafo renovado? 
En quinto lugar, ¿he entendido bien que la posibilidad de llegar por fin a una toma de decisión es mayor si optamos por el 1 B, tomando en cuenta las opiniones del Consejo de ministros? 
En sexto lugar, la pregunta clave al Comisario, con respecto a la intervención del colega Langenhagen, ¿con qué se sirve más a la seguridad vial y a un comportamiento social responsable? 
Como punto final, sea la opción que sea, el resultado depende del control concienzudo de todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Wijsenbeek por su informe y por el trabajo que le ha consagrado. 
Me agrada en particular el hecho de que esta propuesta- la posición común- esté encaminada a mejorar el cumplimiento de las disposiciones en materia de taquímetros. 
Todos estamos de acuerdo en que la legislación social relativa al horario de trabajo de los conductores profesionales es objeto de graves abusos en el sistema actual. 
Sin embargo, lo que me preocupa es que, en la posición común que hoy nos ha sido presentada, hay demasiadas cláusulas condicionales y adversativas y demasiadas expresiones dubitativas acerca de la opción IB. 
Estimo que sería muy apropiado que, en aras de la seguridad, tolerásemos que 1A y 1B operasen a título provisional. 
Por ejemplo, no es seguro que el comité técnico pueda finalizar este año su labor acerca de las especificaciones técnicas de los taquímetros digitales. 
Tengo entendido- a menos que la Comisión me contradiga esta tarde- que la Comisión quizá tenga que pedir que se amplíe el plazo. 
Estimo que la Comisión y el Consejo deberían reconocer este hecho, como lo reconocemos en el Parlamento. 
Los requisitos técnicos de la opción 1B son rigurosos. 
El equipo de grabación del vehículo tiene que registrar un año de datos referentes al horario del conductor, y la tarjeta inteligente correspondiente al conductor tiene que conservar por lo menos los datos correspondientes a 28 días. 
Desgraciadamente, no puedo compartir la confianza que tiene el Sr. Castricum en que los ministros resuelvan esta cuestión a tiempo; me refiero a la cuestión de las especificaciones técnicas. 
Todos coincidimos en que el actual sistema, basado en los taquímetros, padece deficiencias que impiden el cumplimiento efectivo de la legislación comunitaria actualmente vigente en materia de horario de los conductores profesionales. 
Sin embargo, la forma más lógica de proceder consiste en proponer una fase de transición en la que las opciones 1A y 1B puedan operar en paralelo hasta que la nueva tecnología- respecto de la cual todos estamos de acuerdo en que tiene que ser segura y libre de manipulaciones- se haya promulgado. 
Espero sinceramente que la Comisión y el Consejo puedan aceptar esta propuesta. 
Señor Presidente, la introducción de una nueva generación de tacógrafos es, sin duda alguna, una contribución tangible a la seguridad vial, como algunos diputados han dicho durante el debate. 
Es una contribución tangible a la obtención de mejores condiciones sociales para los conductores profesionales, y es evidente que es también una contribución tangible hacia el establecimiento de una competencia leal en el interior del sector del transporte por carretera y entre los diferentes modos de transporte por carretera. 
Quedo sumamente agradecido a este Parlamento por su interés sostenido y por la continua voluntad de que ha dado pruebas, en particular el ponente Sr. Wijsenbeek. 
Como el Parlamento recordará sin duda alguna, este Parlamento quería que la Comisión modificase su propuesta original en 1995 mediante la adición de la posibilidad de introducir un equipo enteramente digital, la denominada opción 1B. 
Desde la primera lectura se han llevado a cabo estudios de viabilidad técnica, todos los sectores involucrados han desarrollado un gran volumen de trabajo, incluidas las autoridades encargadas del cumplimiento, los asociados sociales y la industria, y el resultado ha sido que la Comisión y el Consejo están convencidos ahora de que la solución adecuada consiste en tolerar únicamente la opción 1B. 
Viviendo se aprende, y nos agrada haber aprendido gracias a muchos de los argumentos que en primer lugar ha presentado el Parlamento. 
Este Parlamento no se sorprenderá si le digo que, por lo que a mí respecta, estaba empujando una puerta que estaba abierta y bien abierta. 
La Comisión, por consiguiente, no apoyará las enmiendas encaminadas a volver a introducir la opción 1A. 
Aunque convenimos en que sería mejor que los tacógrafos actuales, lo cierto es que sigue siendo una solución híbrida que no aprovecha la mejor tecnología disponible y que no ofrece las mismas ventajas que la opción 1B desde el punto de vista de la seguridad y la flexibilidad para los usuarios. 
Por consiguiente, no aceptamos las enmiendas 1, 2, 4 y 19 a 22. 
Quisiera contestar a los distinguidos diputados que han mencionado la posibilidad de modificar los sistemas existentes insistiendo en que un buen sistema de control depende mucho de la proporción de la flota de vehículos que están equipados apropiadamente. 
En consecuencia he preconizado sistemáticamente en el Consejo que se acepte un sistema de adaptación de los tacógrafos existentes que hubiera permitido alcanzar el debido equilibrio entre un mejor cumplimiento de la reglamentación y un costo razonable para los operadores. 
Lamento decir, sin embargo, que una importante minoría se manifestó en contra de la fórmula de transacción. 
Huelga decir que ningún debate sobre la adaptación del sistema actual podría justificar la introducción del nuevo tacógrafo para los nuevos vehículos. 
Por lo tanto, estimando que hay una opinión bien difundida según la cual la cuestión de la adaptación del sistema actual- ¿cómo podría decirlo con delicadeza? - " no está madura para una decisión» , es mejor que esa cuestión permanezca en la mesa del Consejo. 
De esta manera por lo menos la Comisión podrá volver sobre la cuestión más adelante, como seguramente volverá, posiblemente sobre la base de una propuesta modificada. 
Por lo que se refiere a la cuestión de la adaptación del sistema actual, tuvimos que esforzarnos por evitar que rigiera el principio de que lo mejor es enemigo de lo bueno, y tuvimos que trabajar sobre la base de lo que era más probable que pudiéramos conseguir, y no sobre la base de lo que preferiríamos lograr. 
Espero que el Parlamento comparta nuestra opinión de que, desde el punto de vista pragmático, era mejor seguir adelante sobre esa base. 
La enmienda 3 se rechaza porque su contenido esencial está ya abarcado por la declaración conjunta que va anexa a la posición común y que enuncia que el Consejo y la Comisión adoptarán medidas para adaptar el Acuerdo AETR según sea necesario a la luz de los resultados del empleo del nuevo tacógrafo. 
En respuesta a otros distinguidos diputados que han mencionado la cuestión de los países del AETR, los servicios jurídicos de la Comisión y el Consejo han dejado bien sentado que no hay razón alguna para que los vehículos de la Unión Europea equipados con un nuevo tacógrafo digital tropiecen con problemas en terceros países del AETR. 
Los vehículos equipados con un dispositivo mejor de cumplimiento deben ser aceptados en vista del hecho de que, evidentemente, procuran aplicar las mismas normas que en el caso de los actuales tacógrafos. 
Además, los resultados del nuevo sistema, es decir los textos impresos, serán mucho más fáciles de interpretar que los actuales. 
Utilizarán los mismos pictogramas para indicar la misma información. 
Esto debería ser más que suficiente, especialmente si tenemos en cuenta que si el actual tacógrafo no funciona, el Acuerdo AETR requiere sencillamente que los conductores hagan anotaciones a mano, lo que es peor que no tener nada. 
El verdadero problema estriba en pedir a terceros países que introduzcan el nuevo sistema para sus propios vehículos. 
Esto quizá requiera un período de transición como se ha sugerido en el debate de hoy, pero tanto el Consejo como la Comisión se han comprometido a adoptar todas las medidas apropiadas para conseguirlo. 
Sobre esa base, celebro la declaración anexa a la posición común y espero que sirva para convencer a los distinguidos diputados que han manifestado dudas y preocupaciones sobre el particular. 
Quisiera contestar por lo menos a una de las demás preguntas del Sr. Cornelissen, y será la referente a la verosimilitud de que la opción 1B sea útil y funcione. 
La respuesta es, definitivamente, " sí» , como se ha demostrado en reiterados ensayos hechos en condiciones de trabajo y en ejercicios de simulación muy duros. 
El Sr. Cornelissen puede estar seguro de ello, pero me alegro de que haya planteado esta cuestión y de que haya hecho otras preguntas. 
Acabaré diciendo que me alegra poder comunicar al Parlamento que puedo aceptar las enmiendas 5 a 17, lo que seguramente establece una nueva especie de récord mundial. 
Estas enmiendas aclaran o fortalecen disposiciones operacionales o de seguridad de la posición común. 
Doy gracias a la Comisión de Transportes y Turismo, y en particular al Sr. Wijsenbeek, por lo que han trabajado para preparar esta propuesta que aportará una contribución importantísima a una nueva y beneficiosa evolución no solamente de la política en materia de transportes comunes, sino también de las normas de competencia leal, de seguridad material, de seguridad personal y de probidad en la operación de transporte por carretera en la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
Seguridad social para los trabajadores que sedesplazan dentro de la Comunidad 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4/0052/98) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (07) 0378- C4-0450/97-97/0201 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad y el Reglamento (CEE) nº 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71. 
Señor Presidente, el informe anual y también un debate sobre el Reglamento 1408/71, sobre la coordinación de la seguridad social para los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, realmente me avergüenza. 
Como ponente, pero más todavía como diputado elegido que vive en una región fronteriza, conozco los problemas de tantos que viven en un lado de la frontera y que trabajan al otro lado. 
Son problemas por otra parte, que aumentan cuando uno deja de trabajar, obligado o no por enfermedad, o quizá también por la alegría de la jubilación. 
Presidente, en casa ya no puedo explicarlo. 
Con razón se constata que avanza la construcción de Europa, que vamos a tener el euro, estupendo. 
¿Pero cómo están las cosas respecto a la solución de mis problemas diarias? 
Constato que la fiscalización creciente de la normativa de la seguridad social en reglamentos que sólo coordina la seguridad social, trae alguna vez ventajas al trabajador que se desplaza, pero la mayoría de las veces muchas desventajas. 
En el informe anual que presentamos, hago por tanto de nuevo un intento de proponer unas modificaciones. 
Las expondré ahora. 
Presidente, según el estado actual del Derecho, el reglamento no se aplica a los ciudadanos de la UE que no ejerzan ninguna actividad profesional ni sean miembros de la familia de un trabajador. 
También los regímenes especiales de los funcionarios quedan excluídos del ámbito de su aplicación. 
Además, tampoco se incluyen en el 1408 a los nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro y que cumplan con las obligaciones de la seguridad social y de la fiscalidad. 
Con respecto a los nacionales de terceros países hay ahora una discusión en el Consejo. 
En cuanto a los funcionarios me gustaría saber de la Comisión: ¿cuál es el estado actual exacto ahora? 
Ya hemos hablado de su propuesta de 1991. 
Presidente, en este informe se contesta esa pregunta. 
En este informe pido explícitamente una modificación para la ampliación del 1408 para estudiantes y otras personas que dispongan en la Unión de un derecho de residencia, si cuentan por lo menos con recursos suficientes, que no estén amparados por la coordinación y con los problemas que origina esto. 
De ahí las enmiendas 1 y 2. 
Presidente, es realmente el cuento de nunca acabar en el que no se me escucha como ponente, pero como a mí tampoco a muchos de mis colegas. 
Se trata del derecho del trabajador fronterizo de poder disfrutar de la asistencia sanitaria transfronteriza pero del que aún están excluídos los miembros de la familia dependientes. 
Propongo que los jubilados y los que dependen de ellos mantengan este derecho de opción. 
En lo respecta a las enmiendas 3 y 4 que intentan poner trabas a este problema, quiero saber de la Comisión con toda claridad porqué la propuesta de directiva, que nos habían prometido, no ha sido redactada todavía claramente. 
Presidente, constato- lo he hecho más veces- que la cooperación con los servicios de la Comisión es muy buena. 
Comisario, también la atención que prestan sus servicios a las preguntas de los implicados y de sus organizaciones es excelente. 
El Parlamento Europeo y la Comisión están de acuerdo la mayoría de la veces en cuanto al informe técnico 1408. 
Todas las propuestas, sin embargo, se encuentran bloqueadas en el Consejo. 
Por lo tanto pregunto: ¿Nos puede dar tal vez el Comisario una relación de qué Estado miembro bloquea qué directiva y porqué? 
Creo que dicha relación puede ser muy útil en las diferentes campañas electorales. 
Presidente, para terminar tengo dos observaciones. 
El ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, Wolfgang Ullmann, -se lo agradecemos- constata que la codecisión del Tratado de Amsterdam que se aplica a este reglamento no ofrecerá un progreso real porque las decisiones en el Consejo tienen que ser por unanimidad. 
Presidente, yo soy más optimista, quizá por mi carácter. 
Se pondrá fin, pues, al ambiente cerrado de la trastienda y procuraremos con nuestras fuerzas humanas como PE que ya no se puedan esconder en la trinchera sin que nos den argumentos razonables de porqué están en contra de una disposición de prejubilación, de una ampliación del derecho a la prestación de servicios en el país donde ejerce su actividad profesional y de unas disposiciones para el mantenimiento de la subvención del desempleo de los estudiantes trabajadores, jubilados y funcionarios. 
Presidente, si hay que echar la culpa a alguien, debemos hacerlo juntos, pero entonces espero también que la Comisión Europea nos indique claramente, también a este Parlamento, qué está bloqueado y porqué y que busque con el Parlamento las posibles soluciones. 
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar muchas gracias, señora Oomen-Ruijten, pues usted ha emitido aquí con frecuencia su opinión acerca de este tema, el Reglamento 1408. 
Le doy también las gracias por su tenacidad y constancia en este tema. Usted sabe, ciertamente, que el Grupo Socialista- y creo que todo el Parlamento- le apoya en este objetivo. 
Las modificaciones técnicas en la presente directiva son, en principio, acertadas y necesarias desde hace tiempo. 
Lamentablemente, la Comisión ha sido una vez más un tanto pusilánime. 
Por esta razón hemos apoyado algunas enmiendas de usted. 
Creo que éstas también han sido necesarias para mostrar una señal a grupos específicos como estudiantes, jubilados o desempleados, y poner de manifiesto que tomamos en serio la libre circulación. 
El derecho a la libre circulación se encuentra enraizado ya en los Tratados de Roma. 
Sin embargo sigue resultando sorprendente comprobar cuántos obstáculos y barreras oponen al mismo los Estados miembros y con cuánta vacilación llevan a la práctica la equiparación social. 
Una serie de propuestas de la Comisión y de opiniones del Parlamento se halla dormitando en el Consejo. No se les da realización porque falta voluntad política. 
Celebro su petición, señora Oomen-Ruijten, de que se nos proporcione una panorámica de qué Estados miembros están ejerciendo tan fuertemente el bloqueo en este punto. 
La celebro, con independencia de quienes sean los perpetradores. 
La Comisión es también un tanto flemática y demasiado cautelosa en algunos puntos. Así lo muestra también el nuevo programa de acción sobre la libre circulación, que no defiende la seguridad social con el mismo empeño con que defiende la libre circulación del capital, de las mercancías y de los servicios. 
Nuestro objetivo, como Parlamento, como diputados, es el de garantizar el derecho de los trabajadores a la libre circulación, eliminar las discriminaciones y, más allá de esto, preparar y llevar a la práctica un avance valiente hacia una ulterior integración, en vez de esperar, como tantas veces, a que el Tribunal Europeo de Justicia haya dado un paso adelante. 
Creo que para los diputados es una prueba de pobreza que en el ámbito de la integración europea sea el Tribunal Europeo de Justicia o los Tribunales nacionales quienes tengan que impulsarnos. 
Esta es una función política y no una función de la Justicia. 
Espero que con este reglamento nos acerquemos un poco más a los objetivos que acabo de mencionar. 
No obstante, espero también que podamos registrar, por fin, un éxito, que una modificación de un reglamento que fue presentada por la Comisión, que hemos aprobado unánimemente en el Parlamento, sea llevada también a la práctica por el Consejo de Ministros. 
Si esto sucede, entonces estoy segura de que se eliminará también una parte del escepticismo de los trabajadores, de los ciudadanos y de las ciudadanas, de Europa. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a la Sra. Oomen-Ruijten su excelente informe en el que defiende, una vez más, los derechos de los trabajadores migrantes, incluidos los fronterizos, ante esta Asamblea. 
Porque no habrá realmente Europa mientras no eliminemos los obstáculos prácticos que sufren aquellos que tienen que cruzar cada mañana una frontera para ir a trabajar a otro Estado miembro. 
El informe aprueba las modificaciones técnicas propuestas por la Comisión para actualizar los reglamentos relativos a la coordinación de los regímenes de seguridad social de los trabajadores migrantes pero, además de estas adaptaciones técnicas, la Sra. Oomen-Ruijten presenta enmiendas de más calado político; fundamentalmente, aquellas en las que se exigen acciones concretas para corregir las deficiencias existentes en la asistencia sanitaria transfronteriza. 
La Comisión debe presentar una propuesta seria en este sentido y recoger en ella lo que el Parlamento va a aprobar en las enmiendas a este informe. 
Se trata fundamentalmente de que el trabajador fronterizo, los miembros de su familia o sus supervivientes puedan disfrutar de las prestaciones sanitarias en los Estados de residencia en igual medida que en aquellos donde desarrollan su actividad. 
Además, este derecho debe extenderse al trabajador fronterizo en situación de desempleo total o de jubilación, siempre sobre la base de sus actividades profesionales en el país de trabajo, porque sólo así tendremos una Europa diversa pero unida en la que las fronteras no supongan merma de derechos para sus ciudadanos. 
Señor Presidente, siguiendo la práctica habitual, hoy la Comisión nos pide que evaluemos la actualización de los Reglamentos relativos a la seguridad social de los trabajadores que se desplazan de un Estado a otro dentro de la Comunidad. 
Han transcurrido 25 años desde cuando se redactó el Reglamento y en un cuarto de siglo se ha producido un cambio de contexto casi total en este sector. 
En realidad, todos nosotros esperamos poder ver a los trabajadores europeos trasladarse libremente en los diferentes Estados miembros como si se encontraran en su propio Estado manteniendo y quizás reforzando sus derechos sociales. 
Por lo tanto, agradeciéndole a la señora ponente el trabajo realizado, estamos de acuerdo con ella en pedir una mayor protección para los trabajadores migrantes y sus familiares. 
Respaldamos, en consecuencia, las dos modificaciones solicitadas además de las, ya vigentes, propuestas por la Comisión, fundamentalmente el reembolso de las prestaciones en especie del seguro de enfermedad y de maternidad. 
La primera modificación ha de ser necesariamente la inclusión de los estudiantes entre los beneficiarios de la seguridad social. 
La segunda modificación afecta tanto a los trabajadores transfronterizos y sus derechos a una pensión sobre la base de la legislación del Estado miembro donde trabajaron en calidad de transfronterizos, como a los derechos sociales de sus familiares y herederos. 
En conclusión, nuestro cometido es el de convertir en efectivos la libre circulación y el respeto de los derechos sociales. 
Los trabajadores transfronterizos y los estudiantes representan el presente y el futuro del trabajo dentro del mercado único comunitario, mejor dicho, del que preferimos llamar cada vez más mercado interno. 
Presidente, Comisario, todos los años debatimos en este Parlamento las modificaciones técnicas en el Reglamento 1408/71. 
Es bueno que lo hagamos, pero creo que estos debates tienen sobre todo una función de señalar una serie de problemas más profundos que ya no se solucionan solamente con unas modificaciones técnicas ni con una legislación. 
Por eso, doy las gracias a la ponente que ha presentado unas enmiendas con las que se posibilita la discusión sobre los problemas fundamentales en relación con la seguridad social transfronteriza. 
Sin embargo, creo que de nuevo el Consejo no adoptará estas enmiendas. 
Ahí está el quid de este debate. 
La gente se dirige a nosotros como miembros del Parlamento Europeo por estos problemas pero son sobre todo los Estados miembros los que podrían hacer mucho bilateralmente. 
En este marco quiero decir algo sobre la asistencia transfronteriza. 
Apoyo la enmienda 3 de la Sra. Oomen-Ruijten para dar la oportunidad a los trabajadores fronterizos de recibir también asistencia médica en el territorio de otro Estado miembro competente. 
Pasa lo mismo con la enmienda 4, en que se garantizan los derechos a la asistencia médica en el Estado miembro donde los jubilados hayan trabajado. 
Esto se aplica otra vez a los jubilados. 
El problema de los trabajadores por cuenta propia que hayan trabajado mucho en otros países otra vez queda aún por solucionarse. 
Los Estados miembros de la Unión Europea piensan todavía demasiado desde unos ámbitos de asistencia regionales que se determinaron basándose en criterios nacionales. 
No obstante, las modificaciones son inevitables con el desarrollo del mercado interior. 
Los ámbitos de asistencia no tienen que acabar por definición en las fronteras nacionales. 
Permítame poner como ejemplo a mi propia región. 
Vivo en Zelanda, esa región está partida por un gran río y los servicios de Bélgica están mucho más cerca que los de los Países Bajos. 
Por lo tanto, soy de la opinión que habrá que buscar soluciones, por ejemplo dentro de los lazos existentes de las euro-regiones. 
Creo que el Comisario podría poner alguna vez también este punto como prioridad en la agenda del Consejo de ministros. 
En esta época en que la innovación técnica va emparejada con la movilidad incrementada y en que la distancia cada vez tiene un papel menos destacado, debemos tener el coraje y el valor político de considerar la cooperación transfronteriza también en el ámbito asistencial como una oportunidad y no como una amenaza. 
La llegada del euro acelerará este proceso porque se podrán comparar más fácilmente los precios entre si en los Estados miembros; los diferentes Estados miembros tendrán que ofrecer más espacio para la asistencia transfronteriza. Ello comprende también la adquisición de medicinas en el extranjero. 
Que no estoy sola con este punto de vista, se desprende de las aportaciones de mis colegas, pero también de lo que se ha expuesto en los asuntos Becker y Kohll ante el Tribunal de Justicia. 
Estoy completamente convencida de que no hay que esperar hasta que se produzca de nuevo una sentencia del Tribunal de Justicia, sino de que la política debe adelantarse en este tipo de asuntos. 
Justamente por la llegada del euro la política debe tomar la iniciativa en este ámbito. 
Señor Presidente, señor Comisario, Permítanme poner de manifiesto brevemente mi apasionado apoyo. 
No obstante, debo decir que éste se halla forrado con bastante enojo. 
El realismo se convierte realmente aquí en minimalismo. 
Está claro, ciertamente, que hay que incluir a los estudiantes, a los refugiados, a los jubilados sin rentas y a los jubilados anticipadamente. 
En realidad, también está claro que habría que incluir también a los funcionarios, a los extranjeros procedentes de terceros países, y a los autónomos que no tengan tras de sí un gran volumen de capital. 
Pero, señor Comisario, ¿qué tiene que ocurrir todavía para que el Consejo aborde, por fin, la solución de estos problemas? 
No es cierto, que estemos discutiendo esto por primera vez. 
El mercado interior, estimados colegas, se encuentra en mal estado precisamente en vísperas del euro. 
No sé si ustedes han tenido alguna vez un perro joven que haya retozado- a cuatro patas- por el campo. 
El mercado interior cojea de forma vergonzosa- y duele contemplarlo- porque falla la cuarta pata, la libre circulación de los trabajadores. 
Aunque no se cae, pues, en el fondo, con tres patas puede caminar también, es un sufrimiento. 
Deberíamos quitar al mercado interior esta costumbre de caminar así, pues camina, sobre todo, a costa del trabajo dependiente en todas sus formas. 
No hemos hablado todavía, en absoluto, de las formas atípicas de trabajo, que se están extendiendo. 
Y no podemos defender esto en una situación en la que el mercado interior va a ganar profundidad gracias al euro. 
Creo que aquí existe, realmente, una urgencia extraordinaria, y si no se hace algo rápidamente, ocurrirá algo... 
Señor Presidente, la propuesta de reglamento del Consejo en la que se basa el informe que estamos debatiendo, es razonable y, en principio, los diputados de Alianza Nacional están de acuerdo con la misma. 
Coincidimos en la necesidad de actualizar estos reglamentos comunitarios con objeto de tener en cuenta los cambios producidos en las legislaciones nacionales, así como en algunos acuerdos bilaterales celebrados entre los Estados miembros y que afectan a las materias objeto de examen. 
La libre circulación de las personas dentro de la Unión Europea es uno de los principales objetivos de la construcción comunitaria y está sancionada en los Tratados de la Unión: un objetivo que, sin embargo, todavía no se ha logrado del todo, en particular en lo que respecta a la libre circulación de los trabajadores dependientes y autónomos. 
En este sentido, parece necesario un marco legislativo de referencia claro y simple, una base segura desde donde partir para superar los obstáculos y las dificultades para la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión Europea. 
Los diputados de Alianza Nacional apoyan asimismo las enmiendas presentadas en el informe. 
Es justo que entre los beneficiarios de la seguridad social se encuentren los estudiantes, los pensionistas y otras personas y que se prevean recursos y seguros de enfermedad y de maternidad adecuados. 
La condición fundamental es que las personas estén sometidas a la legislación de uno o más Estados miembros y que sean ciudadanos de uno de los Estados miembros extendiéndose esta condición a sus familiares. 
También es justo que el trabajador fronterizo tenga derecho a una pensión, a una renta sobre la base de la legislación del Estado miembro en el cual haya prestado su actividad laboral. 
Es preciso asimismo regular de forma orgánica la transferencia de todos los derechos en materia de pensiones tanto los relacionados con la aplicación de los regímenes obligatorios como los que se derivan del alta en regímenes complementarios. 
De hecho, el desarrollo de estos últimos está adquiriendo dimensiones cada vez más amplias, en particular entre los trabajadores con un mayor nivel de profesionalidad que se encuentran especialmente afectados por los procesos de movilidad. 
A los diputados de Alianza Nacional, sin embargo, les interesa resaltar que la falta de un acuerdo europeo para la protección de los trabajadores obligará a las industrias a volverse a instalar en las regiones donde la fuerza de trabajo cuesta menos y está menos protegida, con el riesgo de que los sistemas nacionales se armonicen sobre la base del nivel más bajo de seguridad y de protección social. 
Nos preocupa que, en la carrera para fortalecer las posiciones de preeminencia de las industrias nacionales en el mercado, se acaben por descuidar los asuntos sociales. 
Los Gobiernos nacionales, en efecto, tienden a recortar estos gastos con tal de ser competitivos. 
Si queremos evitar este peligroso panorama, es preciso que la Unión Europea desempeñe su papel específico en el ámbito de la seguridad y de la protección social. 
Si hemos construido una Europa económica y monetaria, ni que decir tiene que debemos establecer estándares sociales sostenibles a escala europea. 
Sólo así lograremos mantener realmente la cohesión económica y social de la Unión Europea. 
Señor Presidente, para empezar quisiera dar gracias a todos los que han intervenido en el debate. 
Sé lo decepcionante que la situación puede ser a veces para personas que han tratado constantemente de las cuestiones a las que una vez más han tenido que referirse esta noche. 
En particular desearía dar gracias a la Sra. Oomen-Ruijten a ese respecto. 
Me hago cargo muy bien de lo que dice cuando menciona los problemas que tiene a la puerta de su propia casa en relación con los trabajadores transfronterizos. 
Estamos tratando de resolver esos problemas y a continuación les explicaré lo que propongo a ese respecto. 
Nos agrada la actitud positiva del Parlamento acerca de esta propuesta concreta, pues comparten ustedes la opinión de la Comisión de que el Reglamento 1408/71 e incluso el Reglamento 574/72 sobre la coordinación de los planes de seguridad social requieren actualización, en vista de los cambios efectuados en la legislación nacional. 
Coinciden también ustedes en que se simplifique el sistema de reembolsos para los seguros de salud y maternidad, como consecuencia de la modificación del Reglamento de aplicación 574/72, de 1995. 
La Comisión tomó nota también de las inquietudes del Parlamento acerca de la necesidad de declarar de forma clara y concreta los motivos de las propuestas futuras, a fin de poder determinar su finalidad. 
La Sra. Oomen-Ruijten sugiere también cuatro enmiendas. 
Me ocuparé a continuación de ellas. 
La primera y la segunda se refieren a la ampliación del ámbito personal del reglamento a fin de incluir a otras categorías de personas que no se hallan en situación de empleo activo. 
La Comisión presentó ya el 13 de diciembre de 1991 una propuesta al Consejo para que se ampliasen los Reglamentos 1408/71 y 574/42 a fin de que incluyeran a todas las personas aseguradas. 
Como la propuesta está siendo objeto de activos debates en el Consejo, no sería apropiado presentar en estos momentos una nueva propuesta con la misma finalidad. 
En cuanto a las enmiendas 3 y 4, su finalidad es extender el derecho a la atención médica a los familiares de un trabajador transfronterizo y a los antiguos trabajadores transfronterizos que residen o permanecen en un Estado miembro diferente del Estado miembro competente. 
La Comisión sabe muy bien cuáles son las preocupaciones del Parlamento y comparte su opinión a este respecto. 
En 1995 presentó una propuesta similar al Consejo que, desgraciadamente, fue rechazada. 
Ahora bien, a la Comisión le parece que es muy difícil aceptar esas enmiendas en esta propuesta porque las cuestiones de que tratan rebasan el ámbito de la propuesta de la Comisión, la cual, naturalmente, se limita en esta propuesta a actualizar el texto actual del reglamento. 
Sin embargo, quisiera decir lo siguiente e insistir en ello: la Comisión apoya las ideas expresadas por el Parlamento en su informe. 
La intención de la Comisión es incluirlas todas en una propuesta encaminada a revisar fundamentalmente el reglamento que presentaremos al final del año. 
Lo importante es recordar que esta propuesta concreta es una propuesta puramente técnica. 
Estamos hablando aquí de actualizar el reglamento existente. 
Las modificaciones que son necesarias a causa de la jurisprudencia lo son porque los Estados miembros han modificado su propia legislación. 
En esta propuesta concreta no hablamos de ninguna cuestión nueva, y, como ya he dicho, de ello nos ocuparemos más adelante durante el año en curso. 
En respuesta a la Sra. Oomen-Ruijten, quisiera decir que no hay duda de que hay retrasos, retrasos que a veces son decepcionantes, pero la Sra. Oomen-Ruijten tiene que recordar que para que el Consejo se ocupe de estas cuestiones tiene que haber unanimidad, cosa dificilísima de conseguir cuando la cuestión que se examina está relacionada con la seguridad social. 
La Sra. Oomen-Ruijten quería saber qué estaba sucediendo con algunas de las propuestas. 
Lo que está sucediendo es que algunos Estados miembros se oponen a ellas, lo que nos impide obtener la unanimidad. 
Conviene mencionar aquí cuatro propuestas. 
Estoy refiriéndome a las prestaciones de desempleo, es decir, a su exportación. 
Dos Estados miembros se oponen a ellas. 
A continuación viene el cálculo y la exportación de las prestaciones anteriores a la jubilación. 
Los países nórdicos y otro país se oponen a la cuestión. 
En cuanto al asunto de los funcionarios de la administración pública, me agrada decir que se están consiguiendo buenos progresos acerca de esa propuesta concreta, que es una de las propuestas en favor de la introducción de esa categoría de empleados en el Reglamento 1408/71. 
O sea que en el caso de los funcionarios de la administración pública, estamos progresando satisfactoriamente. 
En cuanto a los estudiantes y a los desempleados, también en este caso tropezamos con la oposición de algunos países nórdicos y de otro importante país. 
Quisiera decir a la Sra. Weiler que me hago cargo de lo importante que es la cuestión de la libertad de circulación de las personas. 
Ahora bien, en respuesta a la Sra. Boogerd-Quaak, que ha preguntado que por qué no actuamos sin esperar al fallo del Tribunal, la respuesta es que esperamos que los fallos del Tribunal en los dos casos pendientes se pronuncien antes del verano. 
Esto nos permitirá cumplir el compromiso que estoy contrayendo aquí en el sentido de que antes de que finalice el presente año formularemos una propuesta que abarque todas las cuestiones pendientes. 
Ahora bien, he de decir que el Tribunal es importante a este respecto. 
El Tribunal determina los límites existentes por lo que se refiere a la interpretación del Tratado. 
Eso quiere decir que si formulo una propuesta a la Comisión antes de que suceda lo que va a suceder dentro de dos o tres meses, y me equivoco, tendré que volver a elaborar toda la propuesta una vez más en cuanto conozcamos la interpretación dada por el Tribunal. 
Por eso quiero comunicar a la ponente y al Parlamento que me ocuparé personalmente de estas cuestiones. 
Estamos consiguiendo progresos respecto de algunas de ellas. 
La necesidad de obtener la unanimidad nos impide que hagamos los progresos que quisiéramos hacer, pero una vez que hayamos superado esta dificultad, estaremos en condiciones de formular una amplia propuesta diferente de lo que no es más que un texto puramente técnico del que nos estamos ocupando esta noche sobre la base de la propuesta presentada. 
Presidente, siempre puedo decir a mi compatriota que la Comisión tiene sensibilidad para los problemas que tenemos. 
Pero creo que tengo que desacelerar un poco si oigo la respuesta que usted acaba de dar: con las primeras dos enmiendas sí estoy de acuerdo, pero ya está recogido en nuestra propuesta. 
El Parlamento presenta esta propuesta para procurar que una parte de su anterior propuesta, que conduce a problemas aún mayores y que tal vez no será aceptada, le ayude posiblemente, por el asidero que se le tiende ahora, a realizar la ampliación a los estudiantes. 
Por eso le digo: reflexione una vez más y mire si mañana para la votación tiene una respuesta mejor. 
En segundo lugar, la accesibilidad de la sanidad. 
Creo que la Sra. Boogerd-Quaak lo sabe mucho mejor que yo desde Limburgia, porque ella vive en una isla. 
Es absolutamente necesario que usted cumpla la promesa que ha hecho con respecto a este punto. 
En tercer lugar, los funcionarios, ¿habrá avances? 
Es sencillamente muy simple porque hay un procedimiento en curso en el Tribunal o hay una sentencia del Tribunal. 
No es un progreso real. 
Lo que yo quisiera y lo repito es " the written info on all these subjects and please tell us which country blocks what kind and what subject of that proposal». 
No creo que el señor Comisario no haya escuchado esta pregunta. 
Es probable que no tenga la intención de contestarla. 
El motivo de que desee tomar la palabra durante unos instantes para contestar a la Sra. Oomen-Ruijten es el siguiente: quiero que la Sra. Oomen-Ruijten esté absolutamente segura de dos cosas. 
En primer lugar, el Comisario y la Comisión apoyan su punto de vista. 
Es importante que se haga constar así en el acta. 
En segundo lugar, vamos a formular una propuesta, pero la propuesta concreta de la que nos estamos ocupando aquí es una enmienda técnica que representa un ajuste de conformidad con enmiendas en curso que son necesarias sobre una base anual. 
Por lo tanto no es éste el lugar para hacer lo que propone. 
En cuanto a los Estados miembros que están bloqueando algunas de esas propuestas, comunicaré esa información a la Sra. Oomen-Ruijten con mucho gusto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.30 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la última sesión ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, la página 6 del Acta contiene sin duda un error. 
Allí se dice que el colega Rübig ha preguntado a la Presidenta por el tema de la criminalidad en Bruselas y a continuación si se ha encargado del tema a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
La respuesta fue que se había tomado en serio el problema y que se había informado a las autoridades de Bruselas. 
Quiero preguntar solamente si la Comisión de Reglamento, Verificación de credenciales y de Inmunidades se ha ocupado de la cuestión de la urgencia. 
Tomo nota de ello y ordenaré estudiar el asunto. 
Señora Presidenta, sin duda el Sr. Gallagher presenta siempre unas excelentes enmiendas pero el Sr. Berthu ha hablado ayer de mis enmiendas al informe Herman, por lo que en la página 9 del Acta se debería cambiar el nombre de Gallagher por el de Hager. 
Muchas gracias, lo corregiremos. 
Señora Presidenta, tan sólo quería decir que estuve presente en la sesión de ayer. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Señor Poggiolini, usted ha pedido la palabra para una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, volviendo a lo que he tratado de exponer hace unos momentos, permítame decir que la llegada de la primavera ha reservado a los diputados italianos en el Parlamento Europeo una desagradable sorpresa: han sido anulados los vuelos desde Roma y Milán, ciudades donde se reunían los diputados italianos para dirigirse al Parlamento Europeo. 
La compañía Air France ha argumentado que los culpables de esta situación son el Parlamento, los Cuestores y la Mesa, que no renovaron no sé qué convenio. 
Se tiene casi la impresión de que, tras la resolución del Tribunal de Luxemburgo, lo que se pretende es castigar a los diputados, no sólo italianos, sino a los diputados en general, dado que el problema no sólo afecta a Italia. 
Ya no se puede llegar a la sede del Parlamento sin dar unas vueltas increíbles a lo largo y ancho de toda Europa. 
Ruego a la Presidencia que facilite alguna explicación al respecto. 
Señor Poggiolini, esto no era una cuestión de orden. 
Ayer algunos colegas de otros países expusieron lo mismo. 
Creo que se ha tomado aquí nota de ello y vamos a seguir este asunto. 
Ejecución del presupuesto y aprobación de la gestión 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0097/98, del Sr. Elles, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para 1996; -A4-0091/98, del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión financiera de la Comisión en lo referente al sexto y séptimo Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio de 1996; -A4-0094/98, del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe de la Comisión (COM (97) 0571- C4-0126/98) relativo a las medidas adoptadas en respuesta a las observaciones incluidas en la resolución del Parlamento Europeo adjuntas a la decisión de aprobación de la gestión del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio de 1995; -A4-0093/98, del Sr. Blak, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión de la CECA por parte de la Comisión durante el ejercicio de 1996; -A4-0092/98, del Sr. Kellett-Bowman, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre los informes anuales específicos del Tribunal de Cuentas sobre el balance financiero de las agencias comunitarias descentralizadas (D.O.C C393 del 29 de diciembre de 1997) procedimiento de aprobación de la gestión de 1996 (incluida la concesión de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Dublín) y el Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Tesalónica) en la ejecución de sus presupuestos para el ejercicio de 1996). 
Señora Presidenta, quisiera comenzar formulando unas observaciones sobre aspectos de procedimiento relativos al aplazamiento de la aprobación de la gestión que la Asamblea tiene ante sí esta mañana. 
En primer lugar, quisiera dar la bienvenida aquí entre nosotros a la Presidencia. Resulta agradable comprobar que la Presidencia se ha preocupado plenamente por todas las cuestiones que esta Asamblea tiene ante sí. 
En particular, la visita del otro día a nuestra Comisión de Control Presupuestario fue una «primicia» en la presentación de las opiniones del Consejo. 
En segundo lugar, quisiera también agradecer al Consejo la forma como ha presentado sus recomendaciones. 
Claro está que no corresponde al Consejo conceder la aprobación de la gestión del presupuesto, pero es pertinente que formule observaciones que este Parlamento puede no sólo recibir, sino también leer a tiempo y entender. 
Por último- si bien no es lo menos importante -, al celebrar este debate esta mañana, debemos recordar que no versa sobre el propio proceso de aprobación de la gestión, sino sobre su aplazamiento. 
Así, pues, en las cuestiones que trate esta mañana no voy a referirme, por ejemplo, a la pérdida de derechos aduaneros desde el punto de vista del sistema de recursos propios o del sistema de la declaración de garantía. 
Hay cuestiones a las que llegaremos- espero- en un momento posterior de este año, cuando pasemos a conceder la aprobación de la gestión sobre el propio presupuesto de 1996. 
Pasando a los aspectos substanciales, hoy vamos a centrarnos en seis aspectos concretos que me mueven a concluir, como ponente que soy, que debemos aplazar la aprobación de la gestión, por lo que, de conformidad con el artículo 89, no podremos conceder nuestra aprobación de la gestión al presupuesto de 1996 el 30 de abril de 1998, a más tardar. 
El primero de ellos se refiere a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Investigación sobre el régimen de tránsito. 
Aunque están en marcha dichas aplicaciones, creemos que se debe hacer más, en particular en cuanto al sistema de informatización. 
En segundo lugar- y éste es un aspecto grave para este Parlamento -, hay- nos parece- una falta de rendición democrática de cuentas en la lucha contra la mala administración y el fraude. 
Ha habido mucha procrastinación, por utilizar un término muy expresivo, porque desde 1989 buscamos información a ese respecto y seguimos intentando conseguir, como dice en términos concretos el párrafo 5 de la resolución, » la presentación periódica de listas de todas las investigaciones internas actuales en las que haya acusaciones de fraude y corrupción por parte de funcionarios de las instituciones europeas y listas de todas las auditorías especiales llevadas a cabo por la Dirección General de Control Financiero de la Comisión». 
En segundo lugar, en este marco del turismo, que también se refiere- me parece- al programa MED, » hay que adoptar medidas para velar por que en el futuro se informe rápidamente y sin excepción a las autoridades judiciales nacionales competentes de cualquier caso de supuesto fraude o corrupción o cualquier otro delito, cuando se sospeche que funcionarios de la UE pudieran estar implicados». 
En tercer lugar, se plantea la cuestión de las zonas a las que se aplica la política exterior. 
Muchos colegas de todos los sectores de esta Asamblea, ya estuvieran examinando la cuestión de Bosnia o la de PHARE, han pedido que se adopten medidas para promover un planteamiento más descentralizado: la ocasión más reciente ha sido en una misión de esta Asamblea a Bosnia y Herzegovina. 
Seguimos esperando la adopción de medidas eficaces en esa zona concreta. 
En cuarto lugar, desde el punto de vista del gasto agrario, tenemos el sistema de control integrado. 
El Consejo se ha referido a él en sus recomendaciones, pero cuando examinamos el fondo de la cuestión, vemos que dicho sistema sigue sin funcionar eficazmente en todos los Estados miembros y nos preguntamos por qué. 
Sería de esperar que la Comisión ofreciera explicaciones satisfactorias sobre ese aspecto concreto. 
Al fin y al cabo, como sabemos todos nosotros, el funcionamiento de la política agraria entraña grandes sumas de dinero y, cuando, un año o un año y medio después, sigue sin aplicarse eficazmente dicho sistema de control integrado en todos los Estados miembros, tenemos derecho a preguntarnos por qué no y por qué tiene la Comisión competencias para retirar los fondos para el pago de anticipos a los Estados miembros, que, al parecer, aún no ha aplicado. 
En penúltimo lugar, desde el punto de vista de las medidas aplicadas en los Fondos estructurales para las pequeñas y medianas empresas, tuvimos un problema en la Comisión de Control Presupuestario porque un importante Grupo político no deseaba votar a favor de ese aspecto concreto. 
Pero me parece que tenemos un programa establecido mediante el cual vamos a hacer algo por las pequeñas y medianas empresas, pero, una vez que se encontraba en la Comisión de Control Presupuestario o en la Comisión de Presupuestos, ha sido imposible obtener información alguna de la Comisión sobre cómo se va a aplicar o qué está sucediendo. 
Estamos esperando un informe y estamos totalmente de acuerdo con la opinión del Consejo de que la Comisión debe ofrecer algunos datos sobre ese aspecto. 
La última observación es sobre la cuestión de la auditoría y el control del Fondo Europeo de Inversiones. 
Nos gustaría que hubiera más transparencia y el Tribunal de Cuentas ha tomado- creo- nota de ello. 
Desde luego, nos gustaría que se aclarara ese aspecto. 
De modo que he de concluir que, respecto de todos esos aspectos combinados- si bien tal vez ninguno de esos aspectos por separado justificaría el aplazamiento de la aprobación de la gestión y si bien reconocemos que, aunque la Comisión ha adoptado varias medidas y adoptará sin duda otras durante el verano para aclarar cada uno de esos aspectos que tenemos ante nosotros -, en la Comisión de Control Presupuestario creemos, como se ha mostrado en este informe que fue aprobado por una gran mayoría, que el Parlamento tiene la prerrogativa y, de hecho, el deber de aclarar esos aspectos antes de conceder la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 1996. 
Así, pues, insto a que se aplace la aprobación de la gestión en este debate. 
Señor Presidente, quisiera centrarme durante mis primeros cinco minutos en el seguimiento de la aprobación de la gestión correspondiente a 1995 y después pasar a la aprobación de la gestión del FED correspondiente a 1996. 
En la aprobación de la gestión correspondiente a 1995 se pide a la Comisión, el Tribunal y el Parlamento que lleven a cabo determinadas acciones. 
Tengo el gusto de decir que así ha sido en muchos casos y que hemos logrado muchos avances respecto de la forma como se concederá la aprobación de la gestión en el futuro. 
Si examinamos el informe, podemos ver que ha habido y habrá mejoras en el sistema en cuanto al modo como la Comisión informa al Parlamento de sus conclusiones. 
En la fase de comisión formulamos observaciones suplementarias mediante una enmienda de Piet Dankert en la que se preguntaba si podríamos recibir una respuesta mejor, antes- es de esperar- de la suspensión estival de las sesiones, para que podamos tenerla en cuenta antes de que examinemos el presupuesto para el año próximo. 
Además, por primera vez disponemos de las respuestas de los Estados miembros, si bien con doce meses de retraso. 
Y en esta ocasión ya las hemos recibido del Reino Unido, lo que constituye un gran logro. 
Sería de esperar que los otros catorce Estados miembros nos dieran sus respuestas con la misma rapidez. 
Naturalmente, no concedemos la aprobación de la gestión a los Estados miembros, sino a la Comisión. Pero, cuando disponemos de esa información, nos sirve de ayuda para formular preguntas al Consejo y a la Comisión. 
En cuanto a la DAS, el Tribunal ha respondido una ves más a nuestra petición de que nos presente sus conclusiones sobre las actividades en el informe. 
Sin embargo, refiriéndose al informe del Sr. Elles, formula esta observación: » Si el Tratado de Amsterdam estuviera ya en vigor, probablemente el ponente ya no podría recomendar en la presente situación el aplazamiento de la aprobación de la gestión, sino que se vería obligado a proponer su denegación». 
Ya en 1994, cuando nació la DAS, se nos hizo esa propuesta. Entonces encontramos una solución con la redacción idónea para las aprobaciones de la gestión correspondientes a 1994 y 1995. 
Si el Tratado de Amsterdam va a dificultar más las cosas, propongo que las instituciones interesadas- el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Cuentas y el Consejo- se reúnan en breve plazo para remachar lo que esperamos exactamente de la DAS. 
Ha sido un debate permanente desde 1994 y necesitamos resolverlo. 
Estoy bastante seguro de que lo que el Sr. Elles dice es lo que yo llevo diciendo desde hace dos años. 
Si seguimos así, nunca lograremos una DAS positiva para el presupuesto de la Unión y eso no parece correcto a ojos del contribuyente. 
Hemos de conseguir una solución y sólo la conseguiremos si celebramos conversaciones al respecto entre todas las instituciones. 
El informe pide también al Tribunal que presente su informe anual al primer período parcial de sesiones de octubre. 
Sé que eso plantea problemas al Tribunal, pero el procedimiento que hemos utilizado recientemente no es el adecuado para abordar el informe ni la labor del Tribunal ni la labor del Parlamento. 
No es aceptable que nuestro volumen de trabajo tan sólo permita asignar a los miembros del Tribunal dos minutos de uso de la palabra en comisión. 
Si sacamos adelante ese proceso, todos dispondremos de mucho más tiempo para entrar en los detalles de lo que deberíamos examinar. 
Los diputados dispondrán de mucho más tiempo para analizar todos los aspectos del informe anual, aun cuando sea más breve. 
Pero debemos disponer de ese tiempo suplementario. 
Si se presentara en el primer período parcial de sesiones de octubre, encajaría también perfectamente en la primera lectura del Parlamento en el segundo período parcial de sesiones de octubre. 
Reconozco que en el informe hay situaciones en las que pedimos a la Comisión ciertas acciones y ésta dice que no puede hacerlo mejor de lo que ya está haciéndolo. 
Eso es aplicable al párrafo 8 sobre las acciones necesarias para mejorar el cobro y la recuperación de sumas debidas a la Comunidad. 
La Comisión hace mucho hincapié en el programa SEM 2000. 
Esperemos que funcione. Esperamos que se nos presenten informes al respecto. 
También debo mencionar el aceite de oliva y el algodón. Esa cuestión está planteada desde 1994, cuando empecé a preparar informes al respecto. 
Me alegro de que se vayan a adoptar medidas en esos dos sectores y de que tarde o temprano se devuelva algún dinero a la Comunidad. 
Sobre las enmiendas núms. 11, 12 y 13, relativas a la peste porcina clásica, voy a dejar esa cuestión en manos del Sr. Mulder, ¡que es mucho más experto en materia de cerdos que yo! 
Pero es una cuestión delicada por los gastos que supone para el contribuyente. 
He de formular dos observaciones finales sobre este informe. 
En primer lugar, la respuesta de la Comisión al párrafo 79 de la resolución sobre la aprobación de la gestión correspondiente a 1995 no da la explicación necesaria sobre el edificio Berlaymont. 
Pido una vez más a la Comisión que emprenda una investigación para averiguar a quién corresponde la responsabilidad al respecto. 
Por último, sobre este informe para el Tribunal de Cuentas, reiteramos la petición que expresamos en resoluciones de 1992, 1993 y 1995 sobre la información relativa a la desautorización por parte del interventor financiero de las denegaciones de visados. 
Estoy seguro de que el Sr. Friedmann se hará cargo de eso. 
Respecto del FED, la situación podría ser peor. 
Si lo que en realidad dice el Sr. Elles es que debemos denegar la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general, habría resultado muy fácil al Parlamento aceptar que debíamos denegar también el presupuesto del FED por los argumentos expuestos a lo largo de los dos últimos años y por que muy recientemente votamos en este Parlamento la decisión de no emitir un dictamen sobre el nuevo reglamento financiero para el octavo FED. La razón es las discusiones que tenemos sobre nuestro papel en el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Es una situación en la que tenemos responsabilidad sin autoridad. 
Debemos supervisar los gastos correspondientes a esas consignaciones sin contar con la menor autoridad para hacer algo al respecto. 
No tenemos forma alguna de influir en ese gasto; lo único que podemos hacer es conceder la aprobación de la gestión al final. 
Lo más fácil, a raíz del fallo del Tribunal de Justicia, es decir: no vamos a tener nada que ver con eso; si la Comisión y el Consejo quieren una aprobación de la gestión, pueden concederla ellos mismos; nosotros no vamos a hacerlo. 
Sin embargo, después de reflexionar al respecto, vemos que sería una actitud bastante infantil. 
Debemos aceptar que corresponde al Parlamento un papel al respecto y debemos decir que queremos que se incluya el FED en el presupuesto. 
Ése es nuestro fin, eso es lo que deseábamos que hubiera resultado de Amsterdam, sabiendo de sobra que probablemente no habría sido así. 
Mientras no se incluya el FED en el presupuesto, el Parlamento tendrá un gran problema con su papel, en particular a la hora de conceder la aprobación de la gestión. 
Así, pues, como he dicho, es de esperar que en algún momento futuro se incluya el FED en el presupuesto- para ello contamos con el apoyo de la Comisión- y el Consejo debe recapacitar y comprender que estaría mucho mejor administrado con cargo al presupuesto general. 
La elección no ha sido fácil precisamente, pero, a fin de cuentas, la recomendación de la comisión al Parlamento de que se conceda la aprobación de la gestión probablemente sea la adecuada. 
Sin embargo, hay que plantear tres cuestiones a ese respecto. 
Ante todo, los pagos por anticipado al octavo FED. 
Según el informe, el Tribunal afirma con toda claridad que se están haciendo pagos procedentes del sexto y del séptimo FED al octavo sin fundamento jurídico. 
La Comisión no lo discute. 
Nos resulta bastante irritante cuando el Consejo nos dice que no se pueden aplicar las líneas porque no hay un fundamento jurídico. 
Y, sin embargo, ahí tenemos una contradicción patente de ese argumento, cuando resulta que se está gastando dinero sin que exista nada parecido a un fundamento jurídico. 
Por esos motivos solamente podríamos haber dicho que no íbamos a conceder la aprobación de la gestión a este informe, pero no vamos a hacerlo, porque aceptamos la utilidad de intentar conseguir dinero para los países ACP. 
De modo que pido al Consejo y a la Comisión que se hagan cargo de que no nos hace ninguna gracia, por no decir algo peor, pero esperamos que se ratifique la situación en un futuro próximo. 
He de decir al Presidente en ejercicio que resulta bastante sorprendente que no haga mención de ello en el dictamen del Consejo. 
El informe del Consejo sobre el presupuesto general ha sido una maravilla, pero no se mencionaba en él esa cuestión. 
Sobre los procedimientos para la celebración de licitaciones, se hacen diversas observaciones en el informe al respecto, en particular, en mi opinión, sobre el control de la calidad de los procedimientos para la celebración de licitaciones y los pagos en divisas. 
Pedimos al Tribunal que vigile a ese respecto y pedimos a la Comisión que vele por que en el futuro las licitaciones sean correctas. 
Por último, respecto de la DAS, está bien que haya una DAS positiva, pero hay una parte en la que hubo obstáculos materiales que impidieron evaluar el 4, 5 % de las transacciones relativas a pagos. 
Aunque sea sólo una pequeña cantidad, hay que examinarlo. 
Estoy seguro de que en el futuro podremos superar esos obstáculos. 
Señora Presidenta, ésta será mi exposición más breve sobre las cuentas de la Unión del Carbón y del Acero en los cinco o seis años que he trabajado en este tema. 
Recomiendo la aprobación de la gestión. 
Se ha considerado sensata la administración correspondiente al pasado año. 
Sin embargo, esto no significa que no haya problemas. 
He solicitado unos datos a la Comisión y ésta ha prometido proporcionármelos por escrito. 
Sin embargo, aún no he obtenido estos datos que atañen al túnel entre Francia e Inglaterra, al caso del Gran Belt en Dinamarca, donde había determinados problemas, y a una pregunta sobre la indemnización de intereses a las minas inglesas. 
No obstante, espero que las respuestas estén en camino. 
Por lo demás, sólo puedo decir que hemos mantenido una cooperación excelente tanto con la Comisión como con el Tribunal de Cuentas en este asunto. 
Ahora que tengo tiempo de uso de la palabra, quiero aprovecharme de ello y abordar la cuestión de los préstamos y empréstitos, sobre la que elaboré un informe para el Sr. Elles. 
Quiero decir que aquí hay algunos problemas. 
Me parece totalmente increíble que tengamos un asunto de 1981 relativo al terremoto en Italia que aún no está liquidado. 
Seguimos obteniendo informes, hasta imputaciones de corrupción, mala planificación, mala administración y todo el dinero que hemos enviado se ha destinado a algo totalmente diferente. 
Son cosas así las que hacen que los contribuyentes europeos de vez en cuando se harten de la Unión y así me parece que debemos procurar acabar con estos asuntos. 
También querría mencionar una segunda cosa. Atañe al Fondo de Garantía, donde podemos ver que ha habido algunas grandes pérdidas. 
Seguro que también es natural que se produzcan pérdidas, sin embargo, considerando que estas pérdidas han costado en los últimos años a los contribuyentes 289 millones de ecus, no me vendría mal enterarme de quién es el que paga. 
Ha de ser la Comisión por medio del presupuesto normal. 
Aquí hay además algunas preguntas a las que nos gustaría obtener respuesta. 
Tengo además un comentario sobre los préstamos globales. 
En relación con los préstamos globales, es decir, el mecanismo de Copenhague, la situación es la siguiente, el dinero se da a los bancos, los cuales vuelven a gestionar los préstamos. 
Son así los bancos los que reciben los honores. 
Pienso que debería contarse que es la Unión la que paga. 
En mi opinión, existen también algunos problemas con la comunicación, y también se olvida el valor en lo que a las relaciones públicas se refiere de contar que somos nosotros quienes dirigimos estas cosas. 
En un ámbito he recomendado al Sr. Elles no conceder la aprobación de la gestión, sino quizá postergarla. Es el referente al Fondo de Inversiones Europeo. 
En los últimos 3 o 4 años he abordado este asunto y mantenido un debate, entre otros, con el Banco de Inversiones y la Comisión y he llamado la atención sobre la necesidad de que el Tribunal de Cuentas tuviera derecho a llevar a cabo el control y las auditorías necesarias. 
No obstante, he obtenido algunas disculpas nada satisfactorias relativas al hecho de que haya bancos privados involucrados. 
El 70 % del dinero son fondos públicos y unos pocos bancos se anotan el 30 %. 
Según nuestros reglamentos y nuestras ordenanzas somos responsables del presupuesto, sin embargo, ni siquiera tenemos derecho a llevar a cabo un control. 
El Tribunal de Cuentas ha sido engañado con unos pocos papeles que todos los demás también podemos conseguir. 
No es suficiente, y me ha hecho recomendar al Sr. Elles postergar la aprobación de la gestión. 
Ahora parece que algo ha sucedido. 
Por lo visto, se está descubriendo que se trata de un asunto serio. 
He hablado con el Tribunal de Cuentas, el cual dice que se ha producido una apertura, sin embargo, queremos tener la garantía de que también podamos revisar todo aquello para lo que concedamos fondos públicos. 
Espero realmente que hallemos una solución. 
Por supuesto que es positivo que se haya producido una apertura en los últimos meses, sin embargo, bajo ninguna circunstancia aceptaremos que se rechace que el Tribunal de Cuentas emprenda un control y que no podamos entrar y conseguir los datos que queramos. 
Si ése es el caso, espero realmente un endurecimiento por nuestra parte, diciendo que esto ahora se acabó y que no nos apetece discutirlo más. 
Ha existido una posición muy arrogante por parte del Fondo de Inversiones cada vez que he abordado estas cuestiones. 
Esto no lo tolero. 
No puedo aceptar que se diga simplemente: no nos apetece informarte sobre nada relacionado con estas cosas. 
Espero también que los nuevos vientos que soplan traigan consigo que consigamos la revisión que deseamos. 
Si la conseguimos, también me gustaría contribuir a recomendar la concesión de la aprobación de la gestión en este ámbito, sin embargo, si no lo conseguimos, aquí nos quedamos. 
Simplemente no nos apetece seguir jugando con funcionarios ocasionales que están dándose aires de grandeza. 
Señor Presidente, pasamos de la aprobación de la gestión relativa a importantes fondos a dos agencias descentralizadas que son muy transparentes, en el sentido de que manejan sumas de dinero muy inferiores. 
Permítaseme agradecer a los servicios que hayan corregido por fin los detalles relativos a este punto del orden del día. 
Nos ocupamos de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, radicada en Dublín, y el Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, conocido como CEDEFOP, de Salónica. 
Al preparar este informe, la Comisión de Control Presupuestario ha contado con los informes del Tribunal de Cuentas, que agradezco al Presidente, y dos informes muy completos del Consejo en el que se nos recomienda que concedamos la aprobación de la gestión. 
Permítaseme dar las gracias al Consejo, que está presente, porque en años anteriores llegaron muy tarde y fueron bastante superficiales; este año resulta mucho más útil. 
También nos ha sido de ayuda una opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Permítaseme abordar primero la agencia de Dublín, porque estoy empezando a estar un poquito harto de un aspecto de dicha agencia. 
Los reglamentos financieros, tanto el general de la Comunidad como el relativo a esta agencia, requieren una correcta división de poderes entre los funcionarios que dan la autorización, los interventores financieros y los contables, pero el Tribunal sigue informándonos de que en la agencia de Dublín no se aplica correctamente. 
Si la próxima vez el Tribunal informa de que sigue siendo así, no creo que recomendemos la aprobación de la gestión para el año 1997. 
Cuando se crearon las nuevas agencias, la segunda generación, la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario abrigaron muchos recelos sobre la posible superposición de las actividades de las diversas agencias. 
Debemos indicar aquí que existe una superposición de actividades entre la Fundación de Dublín y la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo y debemos mantenerlas separadas. 
No puede haber una duplicación de funciones. 
La labor de la Fundación de Dublín fue positiva en 1996 y, si corrige esos detalles, no habrá problema respecto de la aprobación de la gestión y tenemos mucho gusto en recomendar la aprobación de la gestión para el año 1996. 
El CEDEFOP ha pasado por un período difícil en Salónica. Fue trasladado de Berlín a Salónica y a un local provisional. 
Hubo dificultades con el personal que no estaba dispuesto a marcharse de Berlín por razones familiares y de otra índole y el Centro no pudo disponer de todo el personal necesario. 
Hubo un momento en que pensamos que existía la posibilidad de que el CEDEFOP se fuera a pique, pero, gracias al director, que siguió resueltamente adelante con sus tareas, ahora está desempeñando sus funciones plenamente. 
El Tribunal ha señalado que no está siguiendo estrictamente el reglamento financiero al celebrar licitaciones para la ejecución de proyectos en la esfera de la investigación. 
El Tribunal señala también que siguen existiendo problemas con el contrato para el nuevo edificio, pues, basándome en mi experiencia, he de decir que se trata de un tipo poco común de contrato, y se debe examinar muy detenidamente. 
Naturalmente, al desocupar el local provisional, hay que velar por que todos los detalles financieros estén adecuadamente cubiertos. 
Ahora que el CEDEFOP está en pleno funcionamiento, espero que presente mucho mejor sus disposiciones presupuestarias, sus previsiones y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de la agencia, pues las transferencias irregulares de dinero al CEDEFOP plantean algunos problemas al Tribunal. 
Se trata de una observación que el Tribunal formula de vez en cuando y que se debe a la dificultad de administrar una agencia tan lejos de Bruselas. 
Una vez más, la comisión recomienda al Parlamento que concedamos la aprobación de la gestión. 
Así, pues, en este informe hay dos recomendaciones sobre la aprobación de la gestión: una relativa a la agencia de Dublín y otra a la de Salónica. 
Ahora paso al informe del Sr. Elles, al que el Sr. Tomlinson y yo hemos aportado un documento de trabajo relacionado con el fraude en el régimen de tránsito. 
Ese asunto ha ocupado durante mucho tiempo al Parlamento Europeo. 
La Comisión de Investigación presentó su informe en marzo del año pasado, después de un año de intenso trabajo. 
El informe de la Sra. Wemheuer obtuvo recientemente una respuesta muy satisfactoria de la Comisión. 
El informe del Sr. De Luca abarcó también el informe especial del Tribunal de Cuentas a ese respecto. 
Sería poco cortés por nuestra parte no reconocer que la Comisión ha logrado muchos avances. 
Se está aplicando una nueva legislación y hay nuevas normas sobre los asuntos relativos al tránsito. 
Según me han informado usuarios del sistema, ha mejorado la dedicación a sus funciones de los agentes aduaneros: la moral está más alta. 
Creo que, cuando se nos presenten informes, descubriremos que se está perdiendo mucho menos dinero actualmente en el régimen de tránsito de lo que, según decíamos, se perdía antes. 
Sigue existiendo la cuestión de las deudas pendientes. 
Se trata de una situación muy difícil para los servicios aduaneros y para la Comisión, porque las normas no permiten a la Comisión condonar ninguna de dichas deudas pendientes. Se trata de una cuestión que deben negociar por separado las autoridades aduaneras de cada uno de los países con las propias agencias de transportes. 
Espero que esas cargas de deudas no continúen durante mucho más tiempo, porque podrían hacer peligrar en gran medida a algunas de esas empresas. 
Sin embargo, faltan tres años para la propuesta informatización del régimen de tránsito, cuando deberían faltar sólo 18 meses. Eso no nos gusta. 
Resulta tanto más decepcionante cuanto que se propuso y preparó la informatización mucho antes de que se reuniese por primera vez la comisión de investigación. 
No obstante, estamos quedando gravemente rezagados. 
No se lo reprocho enteramente a la Comisión, porque cinco Estados se ofrecieron voluntariamente a entrar en la primera fase y también van retrasados. 
Es importante que el Sr. Elles utilice ese retraso como una de las razones para recomendar el aplazamiento de la aprobación de la gestión correspondiente a 1996. 
Señora Presidenta, señor Presidente, señor Comisario, Señorías, probablemente no voy a necesitar los tres minutos. Estoy sometido algo a presión, pues tengo que asistir a una importante reunión de grupo político aquí. 
En su informe anual sobre el presupuesto de 1996, el Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en varios campos relacionados con el sector agrícola. Se trata de la regulación compensatoria de cultivos herbáceos, de las primas por animales y de los reglamentos de mercado para el tabaco y para el vino. 
No quiero referirme muy detalladamente a las irregularidades mencionadas en el informe pero sí indicar que hay que hacer mucho para excluir el mal uso de los créditos disponibles en el sector agrícola o al menos para reducirlo. 
Las ciudadanas y ciudadanos de la Unión esperan sencillamente que los créditos se empleen con eficiencia de acuerdo con su finalidad y, sobre todo, que sea posible un control en cualquier momento. 
Creo que es correcta la propuesta de aplazar la aprobación de la gestión. 
En unos tiempos en que la cajas están menos llenas, la población mira más críticamente los gastos agrícolas de la Unión. 
Hace muy poco hemos mantenido debates sobre áreas de gastos concretos. 
Por un lado, hay campos de productos que son fuertemente criticados por la opinión pública aunque los créditos de la UE se gasten adecuadamente. 
Si precisamente en estos campos surgen además irregularidades, no hay que maravillarse de que los gastos agrícolas se cuestionen básicamente. 
En el futuro, no solamente deberán someterse a revisión los gastos de los reglamentos de mercado sino también el sistema integrado de administración y control. 
Sólo quiero recordar aquí el registro del ganado vacuno y el etiquetado de la carne de vacuno, medidas con las que se pretende recuperar la confianza de los consumidores. 
Creo que las irregularidades tendrían aquí unas consecuencias desastrosas y cuestionarían sin duda también el sentido y finalidad de todo el sistema. 
Por este motivo, la Comisión debe extraer las necesarias consecuencias de las irregularidades mostradas por el Tribunal de Cuentas. 
La próxima reforma de la PAC nos proporciona la posibilidad de configurar las regulaciones de modo más transparente y menos propensas a irregularidades, una oportunidad para la Agenda 2000 que es necesario utilizar. 
Esto es asimismo aplicable a la totalidad del tema aún no solucionado de la EEB y a los campos de problemas mostrados por la comisión de investigación. Por ello, recuerdo en especial las conclusiones para actuar al respecto. 
Señora Presidenta, en la opinión aprobada por la Comisión Regional, se hace hincapié en el hecho de que el año 1996 supuso, en lo que se refiere a todos las secciones relativas a los Fondos estructurales, un año de cambio de rumbo en cuanto a la asignación de las financiaciones. 
Por lo tanto, desde este punto de vista, no podemos dejar de alegrarnos, ya que todas las financiaciones inicialmente previstas fueron asignadas, no sólo las del año 1996, sino que además volvieron a inscribirse en el presupuesto las correspondientes al año 1994. 
Sin embargo, en la opinión de nuestra comisión se pone de manifiesto que no puede subsistir el mismo optimismo en lo que se refiere al cierre de los programas. 
De hecho, muchos programas del período anterior a 1994 siguen abiertos y, más que el elevado importe de los recursos, el problema que más nos preocupa es el gran número de programas. 
La Comisión Regional, asimismo, señala la absoluta falta de evaluación del impacto de las medidas y de los fondos en las pequeñas y medianas empresas, cuestión ya evidenciada y que creo muy importante, habida cuenta de que el Consejo de Luxemburgo otorgó gran importancia a este sector. 
Por último, es la tercera vez que el Tribunal de Cuentas utiliza la declaración sobre la fiabilidad para esta parte del presupuesto. 
Por ello, tal vez sería conveniente que, también por parte del Tribunal, se aclararan los conceptos de errores de fondo y de forma, irregularidades, ilegalidades y fraudes. 
Creo que esta aclaración será muy útil no sólo para nuestra comisión y el sector que nos ocupa, sino para todo el presupuesto. 
Señora Presidenta, su ponente, el Sr. Elles, propone aplazar la decisión sobre la aprobación de la gestión para el mes de septiembre y pide a la Comisión tomar, de aquí para entonces, una serie de medidas en las distintas esferas de actividad de la Comisión. 
La Comisión toma acta del informe que hoy nos ocupa. 
Va a hacer todo lo que esté en su mano para conformarse al deseo del Parlamento. 
Sin embargo, pueden darse ya un determinado número de indicaciones sobre los principales puntos mencionados por el Sr. Elles. 
En lo que se refiere a la lucha contra el fraude, mi compañera, la Sra. Gradin, envió, la semana pasada, una carta a la Sra. Theato precisando las modalidades para que se les transmitan a ustedes las informaciones relativas a las investigaciones internas de la Comisión, Por lo demás, tal como se indica en el documento que la Comisión les hizo llegar el 18 de noviembre de 1997 sobre la mejora de la lucha contra los fraudes y la corrupción, la Unidad para la Coordinación de la Lucha contra el Fraude se pondrá en contacto todas las veces que sea necesario con las autoridades judiciales nacionales en caso de sospecha de fraude o de corrupción. 
En lo que concierne la habilitación de la UCLAF por parte de todas las instituciones europeas para llevar a cabo las investigaciones, la Comisión reflexiona en las medidas de consolidación de los poderes y mandato de la UCLAF en el seno de la Comisión con el fin de asegurar su independencia. 
Así, la manera como la UCLAF puede proceder para ayudar de la mejor manera posible a las demás instituciones confrontadas a las investigaciones de fraude será más precisa. 
En lo relativo al fundamento de la investigación sobre el sistema de tránsito, la Comisión tuvo que cambiar su enfoque sobre el new computerized system, NCTS, debido a su complejidad, difícil de llevar. 
El informe previsto para el mes de septiembre presentará los progresos del expediente. 
Esperamos que el proyecto podrá funcionar con cinco Estados miembros antes de finales del año de 1999, pero, como ustedes saben, se han presentado numerosas dificultades. 
En el sector agrícola, de conformidad con la resolución del Parlamento del 18 de abril de 1996, la Comisión ha reforzado ahora la unidad «liquidación de cuentas» de 15 partidas. 
Por lo demás, presentará un informe de síntesis sobre la introducción del sistema de control y de gestión integrado y sacará las posibles conclusiones financieras de su mal funcionamiento. 
En lo que concierne a las PYME, la Comisión lanzó una evaluación global. El resultado final de esta evaluación debería estar disponible hacia finales del año. 
En el ámbito de las políticas exteriores, la Comisión propuso una revisión de la reglamentación relativa a la ayuda destinada a la reconstrucción en la antigua Yugoslavia y reforzará su delegación en Sarajevo. 
Estas son medidas que tienen en cuenta las severas críticas expresadas por este Parlamento y la delegación parlamentaria que estuvo recientemente en Bosnia. 
Además, la Comisión someterá una propuesta del nuevo reglamento destinada a constituir un marco unificado para los presupuestos y los procedimientos. 
En lo que toca a la descentralización de las actividades PHARE, la Comisión continúa activamente el examen de las posibilidades, pero considera que la transferencia completa de un programa nacional en su conjunto requiere un poco más de tiempo y probablemente no podrá hacerse sino hasta 1999. 
Además, cabe destacar que la Comisión decidió, el 15 de octubre de 1997, crear un servicio común de gestión de la ayuda comunitaria a terceros países. 
Este es un paso importante hacia la armonización, la racionalización y la transparencia de los procedimientos de licitación, la concesión de mercados y en general, de los comportamientos. 
Este nuevo servicio continuará el proceso de descentralización y de suprimir la concentración ya iniciado. 
En lo que atañe a los controles del Tribunal de Cuentas sobre las actividades del Fondo Europeo de Inversiones, la Comisión siempre se ha comprometido a hacer cumplir el derecho de control del Tribunal, respetando las competencias de cada una de los órganos e instituciones afectados. 
Propondrá una nueva reunión con el Tribunal a fin de llegar a un acuerdo sobre este tema. 
En el ámbito de la gestión administrativa y presupuestaria, la Comisión ha iniciado un vasto programa de reforma interna. 
A este efecto, se han puesto en marcha cuatro grandes iniciativas. 
La iniciativa SEM 2000, iniciada desde el año 1995, ha sentado las bases y los instrumentos de una gestión financiera sana. 
El proyecto MAP 2000 constituye su complemento en el ámbito del personal y la administración. 
Adoptado en 1997, fija el marco de la modernización del funcionamiento de la Comisión a través de la descentralización, la simplificación y la racionalización. 
Paralelamente, la Comisión ha emprendido un examen profundo de sus actividades y recursos. 
Los resultados servirán de base a una reorganización de las carteras y de la estructura de los servicios para la próxima Comisión. 
Por último, la Comisión se ocupa, desde ahora, de la difícil cuestión de las implicaciones lingüísticas de las próximas ampliaciones. 
El Sr. Elles incluye, en su resolución, las resoluciones del Parlamento Europeo relativas al turismo, ECHO, PHARE y los programas MED con motivo de los distintos informes especiales del Tribunal. 
Estos informes ya han sido ampliamente debatidos y carece de utilidad que vuelva a ocuparme de ellos. 
Evidentemente, la Comisión respetará el contenido de las resoluciones. 
Señora Presidenta, pienso que estamos en el buen camino y no dudo que la Comisión podrá presentar, en septiembre, los elementos que les permitirán conceder definitivamente la aprobación de la gestión para el ejercicio de 1996. 
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, hace algún tiempo se publicó en todos los medios una noticia que sacudió a casi todo el mundo, provocado chistes y alimentando las conversaciones. 
No se trataba de la Comisión europea ni tampoco del Parlamento. 
Un gran fabricante de automóviles radicado en Alemania sometió a test a un nuevo auto, test que no superó. 
¿Qué hizo el fabricante? 
Mejorar el modelo y recuperar la confianza. 
Si el fabricante hubiese sido la Comisión, habría dicho: primero vamos a realizar una investigación interna para saber si ha habido un coche y si en la región hay alces. 
Años más tarde- las acciones de esa empresa estarían desde hace mucho por los suelos- recibiríamos probablemente un informe en el que probablemente se diría: es posible que haya alces, pero no estamos seguros de si los alces participan personalmente en los vuelcos de los coches. 
También probablemente la Comisión habría mejorado entretanto el coche pero no habría hablado de ello. 
Hablando ahora en serio: muchas de las cosas de las que hoy hablamos aquí ya las hemos tratado con frecuencia. 
Casi todo lo que escribe el ponente Elles en su informe y que apoyo en nombre de mi grupo político, lo hemos dicho ya con frecuencia. 
La cuestión de porqué aplazamos ahora la aprobación de la gestión es evidente, pues algunas cosas que allí se dicen las podríamos haber dicho también el último año. 
Algunas cosas nuevas, quizás existían ya en otra forma el pasado año. 
Podríamos haber dicho también: aprobación de la gestión con observaciones críticas o aplazamiento de la aprobación. Esto es una diferencia de graduación. 
¿Qué se refleja en ello? 
Una pérdida de confianza. 
No sólo una pérdida de confianza entre algunos miembros de la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión. 
Quizás confiamos en ellos mucho más que otros. 
Esto es reflejo de una pérdida de confianza en las instituciones europeas, no sólo en esta Asamblea sino en la opinión pública. 
Este es un gran problema. 
Aunque no creo que con el aplazamiento de la aprobación de la gestión podamos solucionarlo, quizás podamos mostrarlo claramente. 
Esta semana se han publicado en los medios noticias que se ocupan de Europa pero no de la aprobación de la gestión o su aplazamiento. 
Los temas son: ampliación, moneda común y todo lo que está detrás del concepto Agenda 2000. 
Si queremos hacer todo eso- y queremos hacerlo- entonces Europa modificará su aspecto radicalmente en los próximos años. 
Queremos esta modificación. 
Me dirijo tanto al Consejo como a la Comisión. Queremos esa modificación. 
Queremos participar en ella. Pero solamente puede funcionar si las ciudadanas y ciudadanos dan su confianza a esta Unión Europea y a sus instituciones. 
Si tienen la sensación de que reina la claridad y transparencia, algo así como una obligación democrática de presentar cuentas y que el Parlamento no sólo esté limitado a emitir algunos comentarios sino que esté realmente en diálogo con la Comisión, quien sólo de este modo estará sometida a la obligación democrática de presentar cuentas. 
Este es el problema de fondo y creo que es el motivo del aplazamiento de la aprobación de la gestión para mostrar claramente que algo debe mejorar, pero no sólo en nuestra relación personal, pues creo que no es tan mala, sino en sus efectos externos. 
Quiero exponerlo aquí en base a un ejemplo pues ha sido mencionado por casi todos los oradores en una u otra forma. 
Señora Presidenta del Consejo, me dirijo expresamente a usted. 
En la informatización del procedimiento de tránsito no criticamos que se trate de que sea una materia extraordinariamente difícil o que sea compleja y dure más de lo previsto. 
Esto lo sabemos todos, siempre puede pasar. 
No, señora Presidenta, señoras y señores del banco de la Comisión, se trata de otra cosa: la exigencia de informatización fue la exigencia central de la primera comisión de investigación de este Parlamento. 
La promesa de la Comisión de hacerlo así y de convertirlo en el punto central ha contribuido esencialmente a que en nuestro informe final se trate muy amablemente a la Comisión y a que hayamos elaborado un informe equilibrado con exigencias ponderadas y no nos hayamos limitado sólo a criticar a la Comisión. 
Usted nos ha salido al camino mostrándonos un plan sobre cómo se puede avanzar. 
Es cierto que siempre puede ocurrir algo. Pero ¿porqué no nos lo ha dicho? 
Ha elaborado un calendario que de vez en cuando ha confirmado aunque ya sabía que no se podía mantener. 
De ahí la desconfianza. 
Sólo cuando se le preguntó, nos informó tarde y de modo incompleto de que se iba a producir un retraso. Esto es lo que provoca esa negativa sensación y no que en un proyecto tan complejo se pueda retrasar algo. 
Para esto tenemos comprensión. 
Vivimos en este mundo y sabemos que algo puede salir mal, que puede ser difícil y que quizás no se puedan cumplir los calendarios. 
Pero que de nuevo no nos haya informado es el punto al que me he referido, el punto de la generación de confianza. 
O por mencionar otra cosa: el sistema de control integrado. 
Ha habido plazos que se han prolongado y continuamente hemos escuchado que estamos en el camino, que vamos a influir sobre los Estados miembros y que lo vamos a hacer. 
Lo queremos creer. 
Pero, ¿porqué siempre nos encontramos en la misma situación, tenemos que plantear la misma exigencia y cada vez es peor? 
No es que la situación sea peor pero sí que no creamos lo que nos diga. 
Esto es realmente lo negativo. 
Quiero exponer un último punto- el colega Elles no se ha referido al respecto- que ha surgido como consecuencia de las enmiendas del colega Bourlanges. 
Se trata de la política de personal. También aquí es aplicable lo siguiente: muchos aspectos que se han criticado en otros puntos, como la ejecución de los programas, etc., se debe a que la Comisión nos dice que no tiene suficiente personal, que existen cuellos de botella, etc. Lo aceptamos. 
Pero en alguna ocasión tiene que ponerse un plan sobre la mesa, tiene que existir transparencia. 
Si se nos dice que existen reservas, que se puede reestructurar, entonces tenemos que saber lo grandes que son, cuándo y cómo se pueden movilizar. 
Si la Comisión realmente cree que con bastantes más países miembros y cada vez más tareas no podemos entrar en un nuevo milenio pues en alguna ocasión se acaban las reservas, entonces debe decírnoslo y demostrarlo creíblemente. 
No puede ser que en cada pequeño programa nos diga: aquí nos han faltado cinco personas, aquí tres y allá quizás 20 y por ello hemos encargado el trabajo a tal o cual empresa. 
Más tarde, años más tarde, tal como siempre ha ocurrido cuando nos ocupamos del asunto, nos dice: este era el motivo, pero estamos en el buen camino. 
Sí, estamos en el buen camino, así lo creo. 
Pero no debemos mostrar solamente que estamos en el buen camino sino hacerlo de tal modo que nos crea alguien. 
Le digo además otra cosa como última palabra en este camino: hay una institución que es responsable de ello en la Unión Europea o que puede influir en que la población tenga confianza en la Comisión. 
Se trata del Parlamento Europeo. 
Si no nos convence, si no logra o recupera nuestra confianza, nadie confiará en usted en esta Unión Europea, pues no se le puede elegir o quitar del puesto mediante elecciones. 
Nosotros somos los intermediarios, somos el órgano legitimado democráticamente. 
Necesitamos una Comisión fuerte para el futuro así como un Parlamento fuerte. 
Pero este Parlamento necesita una Comisión con la que pueda trabajar conjuntamente y decir: sí, lo que aquí pasa lo confirmamos, lo apoyamos plenamente. 
Señora Presidenta, en los preparativos para la aprobación de la gestión de la Comisión para 1996 se ha producido una satisfactoria novedad. Por primera vez, el Consejo ha atendido una exigencia de largos años del Parlamento y ha presentado a tiempo su opinión sobre la aprobación de la gestión, de modo que se ha podido debatir extensamente bajo la participación de la Presidenta en funciones del Consejo antes de la votación en la Comisión de Control Presupuestario. 
Expresamos de nuevo nuestro agradecimiento por ello a la Sra. Ministra Liddell. 
En lo que se refiere a la aprobación de la gestión para 1996, la cosa no es tan positiva. 
En su excelente informe, por el que felicito encarecidamente al ponente, señor Elles, y que fue aprobado unánimemente en la Comisión de Control Presupuestario, se propone el aplazamiento de la aprobación de la gestión, creo además que con razón. 
Basándose en el informe del Tribunal de Cuentas, por el que expresamos nuestro agradecimiento a su Presidente que hoy está presente, Profesor Friedmann, así como a todos los demás miembros del Tribunal, así como en informaciones más detalladas y debates mantenidos con el Tribunal y la Comisión, el ponente menciona cinco motivos básicos que justifican el aplazamiento de la aprobación de la gestión. 
A ello viene a añadirse el certificado negativo de la declaración de garantía que emite el Tribunal en especial para los Fondos estructurales, mientras que el juicio que se hace del sector agrícola es algo mejor. 
Hay además un plazo de gracia para la evaluación del DAS, pero tan pronto como se ratifique el Tratado de Amsterdam el Parlamento está obligado a incluir sus resultados en la aprobación de la gestión. 
Coincido plenamente con la exposición realizada por el Sr. Wynn en el sentido de que debemos hablar antes en las instituciones sobre el modo cómo debemos actuar en el futuro con el DAS, cómo se debe concebir y aplicar. 
Según mis informaciones, hasta hoy aún no se había expuesto un número tan elevado de motivos de aplazamiento. 
¿Demuestra esto que han aumentado los fallos en la ejecución presupuestaria? 
Demuestra en cualquier caso que el Parlamento, en su función de control, ha denunciado estos fallos y que insiste en su subsanación. 
Si la Comisión no atiende nuestras exigencias dentro del plazo marcado hasta septiembre de 1998, al final podría negarse la aprobación de la gestión, lo que acarrearía un voto de desconfianza con el subsiguiente cese de la Comisión. 
Pero no queremos amenazar. Lo dice expresamente el ponente y coincido con él. 
Por el contrario, nuestro enfoque es constructivo. 
Precisamente al mostrar los puntos débiles y la obligación de superarlos ayudamos a emplear los créditos presupuestarios de modo ahorrativo y razonable y, en consecuencia, también a aumentar la confianza de los ciudadanos en Europa y en sus instituciones. 
Si se consideran los diversos puntos de crítica en la presente resolución, la Comisión actual no puede excusarse alegando que los fallos se deben a la Comisión anterior. 
Lleva el suficiente tiempo en el cargo y podría haber realizado mejoras. 
Esto es aplicable también al procedimiento de envío, donde no avanza la informatización, considerada por ella misma como tarea urgente, o a la lucha contra la mala gestión y el fraude, tal como muestra la negativa administración de los programas PHARE, TACIS y MED, por no mencionar el caso del turismo. 
La ya frecuentemente criticada lacra de imponer a los gastos agrícolas el sistema de control integrado es también de gran peso así como la insuficiencia de las ayudas a las PYMES. 
En lo tocante a la UCLAF, me alegro de que existan consideraciones que señalen en la dirección que persigue el Parlamento desde hace mucho tiempo. 
Reconozco que la Comisión, se preocupa en especial en los últimos tiempos por atender nuestras exigencias y estoy de acuerdo con la Sra. Gradin, con usted, señor Liikanen y con el Sr. Van den Broek, en ocuparnos de nuestro catálogo de críticas. 
Pero esto debe hacerse hasta septiembre. 
Por favor, respondan además con claridad a las claras preguntas. Esto va dirigido en especial a sus funcionarios. 
Unas declaraciones demasiado extensas en un lenguaje difícilmente comprensible ocultan más que aclaran. 
Para finalizar, quiero expresar mis felicitaciones a los ponentes, los Sres. Wynn, Blak y Kellett-Bowman. 
Han realizado un excelente trabajo y sus informes han sido aprobados unánimemente en la Comisión de Control Presupuestario. 
Se lo recomiendo también al Pleno. 
Señora Presidenta, para mi grupo la cuestión de cómo se toma en serio la Comisión Europea a este Parlamento constituye el foco de atención en este debate y principalmente si tratamos el informe Wynn, el seguimiento de la exención de responsabilidad de 1995 y el informe Elles sobre la gestión de 1996. 
Ya se ha dicho, pienso que lo mejor que puede hacer la Comisión es tomar en serio a este Parlamento. 
Es bueno para la opinión pública pero también sería bueno para la Comisión misma. 
Algo acerca del informe Wynn. 
Tenía razón, tendré que hablar en efecto sobre la peste porcina. 
¿En qué consiste el sistema actual? 
Si en alguna parte de Europa surge un brote de peste porcina, se indemniza el 50 ó el 70 por ciento que se extrae del presupuesto europeo. El resto de la cantidad debe ser completada por las cajas nacionales. 
En cada país existen sistemas diferentes. 
En algunos países los ganaderos son los únicos responsables, en otros países lo paga el gobierno. 
Mi pregunta a la Comisión es la siguiente: ¿no es esto un claro ejemplo de competencia desleal? ¿No se debe hacer algo con esto? 
¿No se trata de un subsidio estatal indirecto si el gobierno lo paga todo? 
Segunda cuestión. Si ni siquiera se puede juzgar al sistema una vez por correr riesgo en el caso de que sean sistemas totalmente arriesgados, entonces los interesados tienen que contribuir más. 
Acerca del informe Elles, mi grupo lo suscribe en líneas generales. 
Sobretodo con vistas a la Agenda 2000 es necesario que se complete el sistema de control integrado de ayuda a los ingresos. Si nosotros vamos a ampliar ese sistema, no podemos consentir que funcione mal. 
Mi grupo votará a favor del informe Elles. 
Esperemos que antes del 15 de septiembre de este año la Comisión haya dado algún paso hacia adelante con suficientes argumentos para convencer a este Parlamento de que se de aún descargo. 
Señora Presidenta, ante todo he de subrayar mi total concordancia con el aplazamiento de la aprobación de la gestión que nos propone el Sr. Elles, en vista, desde luego, de los errores y las omisiones revelados por la Comisión en la gestión de los recursos de la Comunidad, pero también y particularmente en vista de la inaceptable actitud adoptada por la Comisión al no facilitar a tiempo la información necesaria para que el Parlamento pudiera emitir sobre estas cuestiones el dictamen y el análisis que le corresponden. 
Y, en particular, en situaciones en las que se dan casos de acusaciones de corrupción y de irregularidades, como en el del turismo y lo cito aquí porque uno de los Comisarios encargados de ese sector fue portugués, lo que me incita a ser aún más riguroso al respecto. 
Se trata de una señal política, una señal extraordinariamente importante, que la Comisión debe entender como tal para que las cosas mejoren en el futuro. 
Para concluir, diré que, como ponente para las otras instrucciones, creo que también se debe aplicar el mismo rigor en ellas. 
Y opino que no se debe poder desligar la aprobación de la gestión que conceder a las otras instituciones de esta aprobación de la gestión general que ahora estamos debatiendo. 
Por lo demás, en este mismo sentido me parece correcto que se tenga ya debidamente en cuenta la opinión transmitida por el Consejo cuando aborda la cuestión relativa al Comité Económico y Social; es correcto que lo mismo se haya tenido ya en cuenta en la aprobación de la gestión general por conceder a la Comisión. 
Señora Presidenta, señor Liikanen, Señorías, a finales de diciembre de 1995 pusimos a disposición unos créditos considerables del presupuesto para la reconstrucción en la antigua Yugoslavia. 
Desde entonces, junto con otros colegas- en especial con el Sr. Giansily- me vengo esforzando para se que compruebe porqué la Comisión tiene tantas dificultades en administrar efectivamente y con rapidez- pues debería tratarse de una ayuda rápida para la reconstrucción- y hacer llegar esos créditos a sus lugares de destino. 
La lección que extraigo de lo que ahora hacemos en el procedimiento de aprobación de la gestión es la siguiente: instar siempre a la Comisión para que lo haga siempre mejor, para que cree un fundamento jurídico mejor, para que no escuche demasiado al Consejo y no se deje chantajear por éste, quien naturalmente también tiene su parte en esta historia. 
Todo esto no ha fructificado hasta que hemos presionado seriamente y el instrumento de presión que hemos utilizado ha sido la reserva que hemos creado en el último procedimiento presupuestario. 
Este año no se van a gastar 30 millones de ecus en Bosnia si la situación no mejora sensiblemente hasta el verano. 
Necesitamos un fundamento jurídico adecuado con el que se puedan ejecutar con solidez, rapidez y efectividad todas las líneas presupuestarias, es decir, un personal efectivo y bien formado in situ y sobre todo- aspecto este sobre el que aún existen considerables objeciones en la Comisión -, un procedimiento decisorio descentralizado. 
Con la delegación, hemos podido averiguar claramente in situ que los procedimientos decisorios en Bruselas, donde nadie sabe cuál es la situación concreta in situ y donde todos llevan las actas de un lugar a otro, son inadecuados y que en Bosnia las personas no pueden construir el Parlamento ni las escuelas porque algo está atascado en Bruselas. 
Esta situación es sencillamente inadmisible. 
Este medio de presión de la reserva ha hecho- la lección que he extraído es que la Comisión solamente reacciona cuando se ejerce presión- que ahora se presenten nuevas propuestas, por lo que es tan importante el aplazamiento de la aprobación de la gestión. 
La Comisión ha dicho con frecuencia: sí, también hemos leído el informe del Tribunal de Cuentas y ahora todo ha mejorado. 
Queremos convencernos de si la Comisión ha extraído conclusiones, de si está en situación de mejorar sus propias estructuras de gestión y de compensar el daño político que hemos provocado en Bosnia con un procedimiento de este tipo. 
No se trata solamente de la cuestión de si empleamos efectivamente los fondos recaudados sino de la imagen que tiene la Unión Europea en Bosnia. 
¿Porqué son mejores los norteamericanos? 
No son personas mejores. 
Naturalmente que no, ni tampoco tienen unos funcionarios mejores o peores que nosotros. 
Tienen una clara idea estratégica de lo que es necesario hacer y poseen unos instrumentos efectivos. 
Es acertado aprender de los norteamericanos en este caso de Bosnia. 
Quiero rogar a la Comisión- en este caso, al Sr. Liikanen- que tome nota de que no solamente existe un problema en Bosnia. 
Mi tesis es la siguiente: hay un problema en la DG IV de la Comisión. 
Aprobamos naturalmente la gestión de la Comisión como órgano colegiado pero, precisamente porque se debate aquí sobre ella como tal órgano colegiado, debe estar en situación de corregir internamente las estructuras, de modo que si en un lugar se comete un error exista la posibilidad de corregirlo internamente. 
Señores Liikanen y Santer, aprovechen de esta guisa el tiempo hasta el 15 de septiembre. 
Entonces este Parlamento podrá proceder también de otro modo con ustedes. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, no puedo dejar de apoyar y coincidir con lo manifestado hasta ahora. 
Para el Parlamento es una tarea bastante penosa comprobar que, en realidad y en definitiva, el dinero del contribuyente, es decir, el dinero público, ese dinero, de cuyo destino correcto tenemos que dar cuenta- y el Parlamento Europeo antes que nadie- es objeto de este tipo de ejecución que, sin duda, no se inspira en esos principios de buena gestión financiera que el Tratado prevé como una obligación. 
Me refiero, en particular, a un capítulo- el de las acciones externas- en cuyo contexto la imagen de la Unión debería ser intachable y ser algo así como un motivo de lucimiento ante terceros. 
Por otra parte, a excepción de las ayudas humanitarias de urgencia, asignadas por la ECHO, me parece que para todos los demás capítulos del gasto lo que son intolerables no sólo son los retrasos acumulados, sino también, por desgracia, las discrepancias que constatamos con respecto a cada línea presupuestaria. 
Cada uno de nosotros tiene la experiencia directa de las quejas- justas, objetivas e irreprochables- de los operadores, las organizaciones no gubernamentales y demás que actúan en el sector y que deben esperar, después que se ha asumido y firmado un compromiso por la Comisión, de 18 a 24 meses para conseguir la liquidación de los pagos. 
Éstas son cosas que también para nosotros miembros son ilógicas e incomprensibles. 
Muchos de nosotros que formamos parte de la Comisión de Presupuestos no entendemos, por ejemplo, por qué ciertas líneas presupuestarias sufren tanto retraso: me acuerdo de una que a lo largo de seis años acumuló 150 mecus de retrasos en los pagos. 
Me parece que son cifras que obligan al Parlamento a tomar las medidas adecuadas. 
Me preocupo cuando, en cambio, oigo hablar de iniciativas en materia de política del personal orientadas, por así decirlo, a vilipendiar de alguna manera la función pública europea con propuestas como la de limitar a cinco años- más cinco no renovables- los mandatos de los altos funcionarios. 
Señor Comisario Liikanen, el problema de fondo ha de tratarse a través de un enfoque global que ante todo debe centrase en qué queremos como política del personal y como función pública europea y cómo debe ser la misma. 
La función pública europea debe ser valorada y reformada allí donde existen deficiencias, pero sin dejar de ensalzar la que siempre fue, al menos hasta hace algunos años, una misión que se asumía con espíritu de sacrificio y de servicio. 
No obstante, si el objetivo es el de renacionalizarlo todo, es evidente que los resultados sobre el terreno estarán supeditados a este ataque a la función pública europea. 
Señor Presidente, por tercera vez, el Tribunal de Cuentas se ha negado a emitir una declaración global positiva sobre la legalidad y la regularidad de los pagos efectuados por la Comisión. Ello ha llevado a nuestro ponente a decir que, ante un veredicto semejante de la parte de un auditor, los miembros de la junta directiva de un consorcio internacional probablemente presentarían su dimisión inmediata. 
Esta vez, a la inversa de los años 1994 y 1995, la Comisión de Control Presupuestario nos propone considerar que la confianza concedida a la Comisión por el Parlamento ya no es admisible. 
La Comisión desempeña sus funciones desde hace ahora ya tres años; desde ese momento anunció su voluntad de instaurar una acción rigurosa para mejorar su gestión financiera; ya no tiene derecho a la indulgencia. 
Me alegra, en nombre de mi Grupo, la inquietud creciente de los miembros de la Comisión de Control Presupuestario en lo relativo a la situación más que preocupante de las finanzas comunitarias y apruebo las razones expuestas en el informe para motivar el aplazamiento de la aprobación de la gestión. 
Cómo no hacerlo cuando se recuerdan las dos resoluciones votadas por nuestra Asamblea, la primera relativa al programa MED- que había destacado las graves irregularidades cometidas por la Comisión- y, la segunda, mucho más reciente, relativa a las alegaciones de fraude y de irregularidades en el sector del turismo. 
Por tanto, yo deseo- como numerosos oradores- que la firmeza del ponente no se quede sin mañana y que en ausencia de respuesta concreta por parte de la Comisión a las exigencias formuladas en la resolución intervenga efectivamente un voto de informalidad, que nuestras buenas intenciones no desaparezcan rápidamente y que nos basten unas buenas palabras de la Comisión dirigidas a la mayoría de nuestro Parlamento para darle la aprobación. 
En una palabra, que los perros guardianes mencionados por el Sr. Elles en su informe- quien, por lo demás, observo que se ha ido- se vuelvan más bien perros perdigueros que perros de aguas. 
En efecto, son los contribuyentes de los Estados miembros los que continuarían pagando el pato. 
Ya termino, señor Presidente- su predecesor concedía fácilmente tiempo suplementario a los demás oradores- para decir que, en relación con el informe Wynn, por favor, seamos indulgentes con el Fondo Europeo de Desarrollo, es el único que recibe una declaración positiva por la parte de la Comisión. 
No está presupuestado. Sigue siendo controlado por los Estados miembros. 
¡Dejémoslo así! 
Señor Presidente, quisiera dirigir mis observaciones primordialmente al informe del Sr. Kellet-Bowman sobre las agencias satélites. 
Se trata de un informe transcendental, porque es el final de la primera tanda de informes sobre las dos agencias más antiguas: la de Dublín y la de Salónica. 
Pero, además, expone en el apéndice los principios que empezaremos a aplicar en el nuevo procedimiento de aprobación de la gestión a raíz de la aprobación por el Parlamento- y, espero, por el Consejo- del informe Kellet-Bowman para la aprobación de la gestión de las agencias de más reciente creación. 
De ese modo el Parlamento contará con competencias no sólo sobre el presupuesto, sino también sobre el control del gasto, una vez que se haya asignado a las diferentes agencias. 
Como señala el Sr. Kellet-Bowman en dicho informe, un informe único es una idea excelente; se pueden examinar los temas transversalmente y se pueden comparar las cuestiones horizontales entre las propias agencias. 
Podemos examinar los temas y lograr un buen control de las agencias en el futuro. 
Además, podemos examinar cada una de las agencias por separado. 
Eso es algo digno de beneplácito. 
También acojo con beneplácito la tercera observación formulada por el Sr. Kellet-Bowman en su informe, la de que habrá una aportación de las propias comisiones esenciales, porque son las que están en mejores condiciones para evaluar la labor de las agencias, que corresponde a su comisión. 
Pasando brevemente a las agencias en el informe, y empezando por la de Dublín, apoyo totalmente lo que ha dicho el Sr. KelletBowman sobre este informe. 
Me complacen las medidas adoptadas por Dublín y Bilbao para limitar la duplicación de funciones y reducir al mínimo los conflictos entre la agencia de Dublín y la de Bilbao. 
No ha sido fácil. 
Los dos directores merecen felicitaciones al respecto. 
El Sr. Kellet-Bowman hace referencia a un memorando de entendimiento que firmarán los dos directores. 
Espero también que la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario reciban una copia de dicho memorando de entendimiento, además de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Es importante que dispongamos de un documento de trabajo para trabajar en el futuro a la ahora de abordar los asuntos presupuestarios. 
Una cuestión que quiero abordar en relación con la cuestión de Dublín no figura en las cuentas presupuestarias de Dublín: la cantidad de dinero de que no se ha podido disponer por las pérdidas debidas a los tipos de cambios. 
Planteo esa cuestión en el Documento de trabajo nº 4 para la Comisión de Presupuestos y vuelvo a señalarlo a la atención de Sus Señorías, en particular porque la agencia de Dublín perdió un millón de ecus, aproximadamente, por las fluctuaciones de los tipos de cambio en el año 1996. 
Mientras no haya una moneda única, en la que participen todos los Estados miembros que albergan agencias, el problema de las fluctuaciones de los tipos de cambio será importante. 
En los próximos años puede agudizarse incluso para las agencias radicadas en países que no participen en la primera tanda de participantes en la moneda única. 
Soy firmemente partidario de un mecanismo para corregir los efectos positivos y negativos de las fluctuaciones de los tipos de cambio. 
Al fin y al cabo, si votamos un presupuesto para una agencia, debemos procurar velar por que ésta reciba el presupuesto que hayamos votado y no sufra pérdidas por razones ajenas a su control. 
Respecto de la agencia de Salónica, me han encantado los avances logrados con vistas a solucionar los problemas de la dotación de personal. 
El Comisario Liikanen es digno de elogio por la labor que ha llevado a cabo para lograrlo. 
Otro aspecto que quiero abordar es la propuesta relativa al edificio. Ya lleva un retraso de siete meses. 
Como saben Sus Señorías, el Parlamento impuso la búsqueda de una solución para esa cuestión al mantener un pago en reserva. 
Ese procedimiento muestra cómo podemos influir y obligar a que se comiencen las obras de un edificio retirando el dinero. 
Si era necesario subrayar ese aspecto, a ello contribuye la firma de un acuerdo por la Agencia de Alicante- la de las marcas- con el Gobierno español sobre un edificio cuyo valor asciende a 24 millones de ecus sin el control ni la consulta apropiados de la Comisión de Presupuestos del Parlamento. 
Se trata de algo que hay que seguir de cerca. 
Así, pues, quisiera sumar mi voz a las recomendaciones y añadir la petición a la Comisión de que nos presente un informe sobre las propuestas de salvaguardas que se deban aplicar cuando se plantee alguna cuestión relativa a edificios. 
Señor Presidente, tres minutos, tres observaciones: el tránsito, el personal, el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Sobre el tránsito, ya se ha dicho todo. Han tomado medidas, tienen retraso en lo relativo a la informática, lo reconocen. 
Quisiera llamar su atención sobre un hecho preciso: a partir del momento en que mejoramos la situación en materia de tránsito, vemos desarrollarse de nuevo las formas de contrabando de tipo clásico. 
Nos vemos confrontados, en este caso, a las insuficiencias de nuestro sistema aduanero global: falta de información, falta de integración, falta de homogeneidad, falta a veces de motivación. 
No quisiera que, en lo relativo a este asunto, las instituciones comunitarias y los Estados miembros se queden a la zaga, que mejoremos muy sensiblemente el control de los procedimientos de tránsito, mientras los defraudadores vuelven a formas de delincuencia más tradicionales contra las que ya no seríamos tan eficaces. 
Segunda observación: el personal. 
Sobre este punto desarrollo una idea- y la Sra. Wemheuer la mencionó- un poco a contracorriente, a saber que, sin duda alguna, los recursos de personal de que disponen las instituciones comunitarias y, en particular, la Comisión, son insuficientes, mientras que el número de misiones aumenta, las competencias de la Unión Europea se profundizan y el número de Estados es mayor. 
Nos encontramos en una situación en la que administran ustedes una Unión Europea, que pronto contará con quinientos millones de habitantes, con un personal operativo horizontal, en las direcciones generales, de aproximadamente diez mil personas. 
¡Resulta irrisorio! 
Piensan en la descentralización, pero ésta se ve limitada por lo que yo llamaría, púdicamente, la heterogeneidad creciente de los sistemas administrativos nacionales. 
Piensan en la privatización, delegar a terceros. 
En principio, no somos hostiles a ella, pero tenemos la impresión, al igual que el Tribunal, de que se lleva a cabo de una manera excesiva y sin muchas precauciones. 
No es admisible que un determinado número de decisiones en materia de orientación o repartición de los fondos se confíen a terceros. 
Por último, piensan en la ampliación de Europa. 
Esperamos que demuestren sus aptitudes en este ámbito, pero nos damos cuenta de los límites. 
Tercera observación: el FED. 
El ponente, Sr. Wynn, tiene razón en proponer la aprobación de la gestión, incluso si estamos sumamente insatisfechos de las conclusiones de Amsterdam. 
La aprobación de la gestión no tiene por objeto ser el Tribunal de apelación del Tratado, incluso si el Consejo Europeo y los Jefes de Estado que firmaron el Tratado de Amsterdam demostraron una notable falta de ambición. 
Sin embargo, nos preocupa el problema de los fundamentos legales. 
Sobre este punto, somos muy indulgentes respecto a ustedes, pero esto no deberá volver a producirse. 
Si no encuentran, rápidamente, soluciones jurídicas apropiadas para corregir esta ruptura de la continuidad de un FED al otro, ya no podremos seguir siendo indefinidamente indulgentes. 
¡Un mal cuya realidad no se denuncia, un mal que se tolera, no es admisible por este Parlamento! 
Les doy las gracias en lo que respecta al trabajo de conjunto. 
Evidentemente, estoy de acuerdo con el informe del Sr. Elles y con los demás informes. 
Señor Presidente, desearía felicitar a todos los ponentes de los informes, y en especial al Sr. Elles, por un informe tan valiente y libre de prejuicios como el que ha elaborado. 
El aplazamiento de la aprobación de la gestión es una medida seria. 
Debe haber motivos suficientes para adoptar una medida de este tipo, ya que, de lo contrario, se acusaría al Parlamento de haber emprendido una acción injustificada. 
Creo que el Sr. Elles ha expuesto una motivación bastante seria. 
Las deficiencias que presenta el sistema de certificación constituyen un grave problema, puesto que ocasionan evidentes pérdidas por valor de miles de millones. 
Cabe señalar que los derechos aduaneros no recaudados redundan en perjuicio de los Estados miembros, ya que estos se ven obligados a completar sus contribuciones a la UE con tasas estipuladas con arreglo a su producto nacional bruto. 
Por este motivo, el desarrollo de un sistema informático beneficiará enormemente a los Estados miembros, si bien se trata de una responsabilidad que deberá asumir la Comisión. 
La administración de los programas de la UE es ardua porque abarcan una ingente extensión geográfica. 
Esta circunstancia plantea, pues, enormes exigencias en materia de información, e incluso de orden moral, a los funcionarios de la UE. 
Por todo ello, lo mínimo que se debería poder exigir es una correcta administración interna de la UE. 
Además, cabría prestar atención también a la gestión de los programas. 
Señor Presidente, creo que el Parlamento Europeo critica con demasiada frecuencia a la Comisión por su falta de control, y muy raramente a los Estados miembros por su negligencia a este respecto. 
Parece que el principal deber de los Estados miembros es la reducción al mínimo de sus contribuciones, mientras que el cometido más importante de los receptores netos sería lograr unas cuotas lo más cuantiosas posibles. Esta circunstancia permite que se produzcan numerosos fraudes. 
Si la UE proporciona dinero, es como si éste cayera del cielo. 
En mi opinión, los ponentes de los informes del Parlamento Europeo hacen demasiado hincapié en este debate en la negligencia que muestra la Comisión, mientras que pasan excesivamente por alto las estructuras nacionales de control. 
También los contactos entre el Parlamento y el Tribunal de Cuentas resultan bastante burocráticos, están desfasados. 
Y es que ninguna de estas dos instituciones vive en tiempo real. 
El Parlamento viene exigiendo de manera sistemática, y sin éxito, que se incluyan los fondos europeos de desarrollo en el presupuesto general. 
De esta manera, la responsabilidad sobre la utilización de estos recursos tiene un carácter meramente formal, en lugar de permitirse al Parlamento que investigue el grado de eficacia de los recursos con motivo de la aprobación del presupuesto general, es decir, con un carácter preventivo. 
Al no existir una alternativa real a la aprobación de las responsabilidades, hoy por hoy no queda otra solución que dar el visto bueno a las actividades de la Comisión. 
Para hacerlo, bastaría con utilizar un tampón y un sello, sin necesidad de poner en marcha toda la maquinaria burocrática del Parlamento. 
Señor Presidente, mi colega de partido Müller ya ha dado los argumentos del grupo para que se aplace el otorgamiento de la exención de responsabilidad correspondiente al año 1996. 
Por esa razón no voy a repetir esos argumentos sino que solamente voy a enfatizar en que la Comisión tiene que tener tarjeta amarilla por su forma de tratar algunos asuntos que son importantes para nosotros en el Parlamento. 
Para mí, personalmente, son las deficiencias en los controles democráticos de las medidas contra el fraude con recursos de la UE, lo cual es un importante problema que hay que solucionar. 
Sé que la Comisión está trabajando en ello y que nosotros en el Parlamento hemos dado numerosas opiniones al respecto. 
En cuanto al informe Wynn sobre el otorgamiento de exención de responsabilidad al Fondo para el Desarrollo Europeo para el año presupuestario 1996, el Grupo V está totalmente de acuerdo con Wynn en que el procedimiento existente es extraño, es decir, que el Parlamento Europeo otorgue exención de responsabilidad sin tener injerencia en el presupuesto. 
En el informe se destaca, entre otras cosas, lo extraño que resulta que, sin base jurídica, se haya destinado recursos del séptimo fondo de desarrollo para financiar medidas que están bajo la Convención de Lomé. 
Es obvio que esos recursos tienen que devolverse tan pronto como sea posible. 
En el informe Kellet-Bowman sobre algunos órganos descentralizados hay, a pesar de todo, pequeños problemas tanto en Dublin como en Salónica que debemos solucionar, entre otros, la gestión financiera en Dublin y las edificaciones en Salónica. 
Señor Presidente, felicito al Consejo por la profunda atención que ha prestado este año a la aprobación de la gestión. 
Hemos sabido que ha habido un debate político en el ECOFIN, una comparecencia ministerial en la Comisión de Control Presupuestario y una comparecencia ministerial aquí, en el Pleno. 
El Consejo merece nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por esas tres cosas. Ha infundido mayor rigor al debate sobre la aprobación de la gestión. 
Quisiera acompañar mi felicitación al Consejo con un aviso a las presidencias futuras sobre los peligros y las consecuencias de la reincidencia. 
Si vuelve a las actitudes anteriores, el Parlamento se mostrará tan airado con una futura presidencia como cordial se ha mostrado con la actual. 
Conque, ¡lo felicito! 
Mi segunda observación se refiere al régimen de tránsito. 
A este respecto he de discrepar ligeramente de mi buen amigo el Comisario Liikanen. En su intervención ha hablado de que el Consejo ha cambiado de planteamiento y se ha ocupado de cinco Estados miembros, como si se tratara de algo planificado. 
No ha sido así. 
Ha sido una manifestación de fracaso. 
El cambio de planteamiento no se debió a una decisión consciente. Fue un fracaso del contrato que teníamos para la informatización. 
Si bien estoy dispuesto a felicitar al Director General y al personal de la DG XXI, no creo que podamos hacer constar que en cierto modo todo se desarrollaba perfectamente y decidimos cambiar de planteamiento. 
El planteamiento había fracasado y las reservas que abrigamos respecto del régimen de tránsito son extraordinariamente graves, como se ve en el párrafo 4 del excelente informe del Sr. Elles y en el párrafo 15 de la exposición de motivos. 
La verdad es que se han logrado avances. Pero, en vista de la escala de dichos avances, la pérdida de ingresos y la inminente ampliación de la Comunidad, dichos avances resultan insuficientes y no han ido acompañados de una actitud de suficiente apremio. 
En tercer lugar, paso a la declaración de garantía. En el debate se han hecho varias referencias a la declaración de garantía. 
Existe la sensación de que algunos diputados están empezando a dudar de su utilidad, porque siempre produce el mismo resultado. 
Espero que sigamos valorando la declaración de garantía. 
Es un instrumento extraordinariamente útil que no merece menosprecio alguno porque dé un resultado negativo. 
Evidentemente, debemos poder esperar una mejora en los resultados. Pero, si existe un acuerdo sobre la base estadística a partir de la cual se hace la declaración de garantía, debemos aceptar los resultados. 
Mi cuarta observación se refiere a nuestros procedimientos. 
Quisiera decir una vez más que es absolutamente necesario que examinemos los procedimientos relativos a la aprobación de la gestión. 
Yo opino que dedicamos demasiado tiempo al procedimiento contradictoire entre el Tribunal de Cuentas y la Comisión. 
Eso quiere decir que se desperdicia demasiado tiempo, que el diálogo es demasiado prolijo, que se desperdician demasiados recursos en auditoría y, cuando llegamos al procedimiento de aprobación de la gestión, la información de que disponemos está anticuada. 
Espero que todas las instituciones adopten medidas para lograr una aprobación de la gestión más cercana a los acontecimientos a los que se refiere. Eso significa revisar el tiempo que dedicamos al procedimiento contradictoire. 
Con estas observaciones, apoyo el informe Elles y una vez más felicito a la Presidencia por la labor que ha llevado a cabo al politizar este importante proceso. 
En este momento, la Presidencia del Consejo, en la persona de la Sra. Liddell, nos tiene que dejar debido a una reunión tripartita sobre valores mobiliarios. 
Muchas gracias, señora Liddell, por habernos honrado con su presencia. 
Señor Presidente, una de las principales razones que ha motivado la propuesta de resolución que hoy nos presenta el Sr. Elles sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio de 1996, tiene que ver con los programas MED y, por lo que aquí estamos escuchando, no solamente con los programas MED. 
Y es en este contexto- en el de los programas MED- donde encontramos dos malentendidos. 
Primer malentendido: el Parlamento Europeo o, más particularmente, la Comisión de Control Presupuestario estaría contra la cooperación descentralizada. 
Segundo malentendido: el Parlamento Europeo habría bloqueado el relanzamiento de esta cooperación. 
Pero quiero subrayar que ni lo uno ni lo otro es cierto. 
Ya desde la Resolución del 17 de julio de 1997, o sea, desde hace más de ocho meses, el Parlamento Europeo ha dado luz verde para el relanzamiento de dicha cooperación descentralizada. 
Es más, esta luz verde será confirmada en la resolución que el Parlamento votará como conclusión del presente debate. 
Pero, ¿cómo el Parlamento iba a estar en contra, por ejemplo, de la cooperación entre universidades de Estados miembros y de Estados asociados del Mediterráneo? 
El Parlamento Europeo- todo lo contrario- no está en contra, pero había un grave problema de gestión, y este problema de gestión estaba sobre todo localizado en Bruselas, problema detectado por el Tribunal de Cuentas. 
Y fue la Comisión Europea la que paró los programas. 
Una vez resuelto el problema de gestión, los programas pueden relanzarse- por supuesto- pero, y quiero subrayar este pero, es necesario sacar las consecuencias de las enseñanzas del pasado; es necesario que la Comisión Europea aprenda las lecciones de este asunto. 
Primera lección: es necesario que la Comisión Europea juegue un papel más importante en la gestión de estos programas descentralizados. 
Segunda lección: se debe excluir de la participación en los nuevos programas a los operadores que, habiéndose obligado a la cofinanciación, no lo hayan hecho. 
Tercera lección: hay que reingresar las cantidades identificadas como recuperables. 
Cuarta lección: la pérdida financiera, y la también grave pérdida de confianza que ha seguido a este asunto, hacen necesario que se impongan sanciones disciplinarias, porque sin duda ha habido negligencia grave. 
Y quinta lección: la Comisión Europea debe remitir todos los detalles del asunto a las autoridades judiciales de Bélgica, Francia e Italia para que examinen las eventuales implicaciones jurídicas. 
Antes de acabar, quiero dejar claro que no dudo de la buena voluntad de la Comisión Europea para relanzar los programas MED pero, de la misma manera que la voluntad no basta para aprobar un examen, vuelvan ustedes en septiembre y demuéstrennos que han aprendido las lecciones que aquí acabo de dictar- y no me miren con esa cara-. 
El Consejo ha dicho exactamente lo mismo, aunque, luego, saca conclusiones diferentes. 
Presidente, en la resolución relacionada con el aplazamiento de la gestión no se han mencionado a penas los fondos de desarrollo, con excepción de la pequeña y mediana empresa. 
Pienso que no había ninguna razón para eso ya que la problemática de 1995 es exactamente la misma que la del año 1996 y entretanto hemos tenido el programa SEM 2000 por medio del cual se han introducido un cierto número de mejoras. 
Pienso que las nuevas propuestas de la Comisión en relación con Agenda 2000 contienen más mejoras, aunque pienso que en esta propuesta todavía no están reguladas suficientemente cuestiones como la problemática de la lucha contra el fraude, a quién se le cierra el interés y cómo tiene que ser tomado esto en cuenta. 
Me concentraré en otro punto, Presidente. 
Se ha hablado aquí con cierta regularidad acerca de la situación perjudicial en relación con la implantación de las recomendaciones de la Comisión de Investigación acerca del tránsito y con esto se ha nombrado principalmente el problema del retraso, del retraso perjudicial de la informatización. 
Vi hace poco en la prensa neerlandesa, el 25 de marzo era, un asunto nuevo que por un lado es interesante y por otro preocupante. 
Presidente, la Comisión de Investigación ha partido de la idea en las recomendaciones de que el tránsito sólo puede funcionar si la aduana en Europa funciona como si fuera una. No hace falta que lo diga: un sólo servicio, pero que funcione como uno sólo. 
Me llamó la atención una noticia que afecta a España. 
Presidente, en este artículo del 25 de marzo leo que las autoridades españolas hacen responsables directamente de la venta ilegal de cigarrillos a los fabricantes de cigarros, es decir a los productores de cigarros. 
Esto es pues lo regocijante, pero pienso que al mismo tiempo esto pone todo el sistema patas arriba, ya que las autoridades españolas parecen decir que las empresas venden a conocidos traficantes deliberadamente y a pesar de las advertencias. La aduana española habría registrado a esos traficantes. 
Presidente esto apela a cuestiones tales como: ¿es posible esto jurídicamente? 
Ya que si los derechos de aduana no son utilizados, entonces existe la obligación de buscar al culpable aunque la responsabilidad del riesgo sigue recayendo sobre el expedidor. 
Presidente, ¿se le dispensa de esa responsabilidad o son las multas a los fabricantes un complemento a la responsabilidad? 
Pienso que en ambos casos se trata de un precedente dentro de la Unión Europea. 
Presidente, en unión a esto es interesante saber si, ahora que según ese periódico sabemos que la aduana española tiene una lista negra, si se ha dado a conocer esa lista negra a la Comisión y a otros servicios aduaneros. Esto hace que el trabajo sea un poco más fácil. 
Una tercera cuestión que surge es por qué los fabricantes en América e Inglaterra no han reaccionado a las peticiones de las autoridades españolas de suspender los suministros a conocidos traficantes. 
Esa cuestión podría conducir alguna vez a través de su promulgación unilateral a importantes cambios dentro del intercambio comercial. 
En cuanto que el asunto concluya en operaciones individuales será peor que ahora, tal como ha constatado ya la Comisión de Investigación. 
Señor Presidente, Señorías, la trituradora del control presupuestario trabaja lenta pero inexorablemente. 
Ahora se trata del presupuesto de 1996. 
Hemos debatido durante todo este tiempo intensamente al respecto y nos vemos obligados a solicitar un aplazamiento. 
Quien desde fuera vea nuestros esfuerzos no puede estar demasiado entusiasmado. 
Sin embargo, esperamos que gracias al aplazamiento- que hemos acordado unánimemente en la comisión- alcancemos más eficiencia y una mayor presión sobre la Comisión. 
Estoy también seguro de que hasta septiembre se van a mover algunas cosas pero este método solamente se puede utilizar una vez. 
Creo que la presión decisiva dependerá de la cuestión de si hay o no suficientes votos para negar una aprobación de la gestión hoy o en algún momento posterior. 
En cualquier caso, hay motivos suficientes si pensamos en la ausencia de confianza a la que se han referido algunos y en la declaración negativa de garantía. 
Por otro lado, la Comisión no se niega a proporcionarnos las necesarias informaciones. La Comisión reacciona muy constructivamente a muchas observaciones, pero esto no es suficiente. 
En los últimos años se ha reflejado con mayor claridad en el debate la responsabilidad de los Estados miembros que son quienes realizan el 80 % de los gastos de la UE y que son competentes para el control. 
La Comisión es sólo competente para el control de este control. 
Esto explica algunos retrasos pero no puede disculpar todo. 
La Comisión sigue siendo responsable si no revela estos fallos de otros o no propone los cambios suficientes. 
Por lo demás, el control presupuestario del Parlamento Europeo es más intenso que el de los Parlamentos nacionales. 
Solamente se podrán mejorar los efectos de nuestro control presupuestario si mostramos claramente quien es realmente responsable en concreto y si adoptamos ocasionalmente una decisión valiente. 
Sí que es triste que debamos celebrar este debate sobre la recusación de la aprobación de la gestión. 
Es triste porque deberíamos emplear nuestras fuerzas en seguir desarrollando las políticas comunes antes que en reprender a la Comisión. 
No obstante, las razones para recusar la aprobación son numerosas, como se desprende del espléndido informe del Sr. Elles. 
Son planteamientos bien conocidos y el Parlamento simplemente tiene que presionar a la Comisión para que actúe. 
Anteriormente he manifestado que me parece penoso que los fondos comunes se administren tan mal como es el caso. 
Y es escandaloso que la Comisión hasta la fecha no haya logrado poner en práctica el programa en el ámbito PHARE de manera más efectiva y generar resultados concretos y visibles en los países receptores. 
No obstante, me gustaría manifestar mi reconocimiento ante el que ahora hayamos puesto en marcha un positivo diálogo y ante el que la Comisión se disponga a tomar una serie de iniciativas que pueden corregir las faltas y carencias presentes en el programa en la actualidad. 
Y de manera especial, me gustaría dar debida cuenta de la manifestación de la Comisión en el día de hoy de que en 1999 se pondrán en práctica las propuestas planteadas en el informe especial sobre el PHARE, es decir, relativas a ceder la administración al propio país receptor. 
Espero con ilusión recibir un mensaje de que el 1 de enero se cederá la administración del programa PHARE a un país determinado. 
Me gustaría también haber mencionado al país en cuestión y quiero apelar firmemente a la Comisión para que, si han de producirse modificaciones legales, procure tener planteadas las propuestas en cuestión y así podamos estar seguros de que todos los obstáculos se eliminan del camino de modo que podamos poner en práctica una verdadera descentralización el 1 de enero de 1999. 
Señor Presidente, Señorías, expreso mis felicitaciones al ponente Elles, quien tras una cuidadosa enumeración llega a la conclusión de que no debemos aprobar por el momento la gestión de la Comisión por el presupuesto de 1996. 
También es de agradecer su observación de que si el Tratado de Amsterdam estuviese ya en vigor, no tendríamos ninguna otra posibilidad que la de negar definitivamente a la Comisión la aprobación de la gestión, ya que por tercera vez consecutiva el Tribunal de Cuentas no ha podido extender la declaración de garantía. 
Tiene toda la razón cuando constata que el modo de actuar elegido por nosotros no es algo anormal sino un retorno a la normalidad. 
Quizás no hayamos actuado así hasta ahora a nivel europeo, pero con este paso intentamos normalizar y hacer más transparentes la cooperación y las responsabilidades en la Unión. 
Es quizás significativo de la posición de la Comisión sobre este aplazamiento de la aprobación de la gestión escuchar como las personas encargadas de las relaciones con la prensa de los Comisarios relacionan esta actitud de nuestra Asamblea con las próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
Señoras y señores de la Comisión, creo que precisamente esta actitud es muestra de una arrogancia que las ciudadanas y ciudadanos europeos califican como la burocracia de Bruselas. 
Lo que el colega Elles resume como motivos para el aplazamiento no es en si nada nuevo. 
Ante los informes especiales del Tribunal de Cuentas examinados en esta Asamblea, la Comisión habría tenido tiempo suficiente para eliminar los aspectos negativos de los programas de política exterior, de las pequeñas y medianas empresas y en todas las cosas que hoy nos plantea el ponente. 
No quiero dejar de referirme hoy- siento que la Sra. Liddell haya tenido que irse precisamente ahora a una reunión- a la posición absolutamente incomprensible de los Estados miembros en relación con la recomendación de que se apruebe la gestión de la Comisión. 
Se trata de la Agenda 2000, donde los Estados miembros, con cálculos cada vez más absurdos, destacan su balance como contribuyentes netos y dicen que pagan más que los demás. 
Por lo visto, a estos Estados miembros no les importa que una Comisión y un Comisario pague dinero en el sector agrícola a pesar de que carece de base para hacerlo, a pesar de que convenios muy claros acordados entre los 15 Estados miembros no son respetados por algunos países y a pesar de que sería muy necesario que el Comisario pisase el freno y dijese: ¡hasta aquí hemos llegado, señoras y señores! 
No van a recibir más dinero hasta que hagan por fin lo que se acordó. 
Es así de sencillo, aunque aquí siempre se actúe como si tuviésemos que cambiar diez mil normas. 
Necesitamos gente en la Comisión que muestre algo de valor y que haga política en el sentido de las y los contribuyentes. 
Como Parlamento Europeo arañamos dinero donde podemos para las pequeñas y medianas empresas. 150 millones este año y 150 millones para el próximo, para que las pequeñas y medianas empresas puedan crear puestos de trabajo. 
El Tribunal de Cuentas dice que el 80 % de estas agraciadas empresas no saben en absoluto que han sido agraciadas. 
Me parece que es una política que ignora desvergonzadamente los intereses no sólo de esta Asamblea sino también de los europeos. 
Ya es hora de que esta Asamblea lo refleje así. 
Señor Presidente, el trascurso del debate sobre la aprobación de la gestión para el presupuesto de 1996 ha mostrado en mi opinión dos cosas: por un lado, la Unión y sus empleados son mejores que su fama. 
En todos los informes sobre los que hoy debatimos, las ponencias han mostrado que muchas de las cosas que Europa y los empleados de la Unión Europea hacen son correctas. 
Sin embargo, los informes han mostrado también que existen muchos puntos débiles y situaciones irregulares que no se pueden ignorar. 
En primer lugar, es un escándalo que los resultados de la Comisión de Investigación para el procedimiento de tránsito se apliquen a la velocidad de tortuga actual. Existe algo así como una paradoja. 
Los ordenadores son cada vez más rápidos. Cada seis meses viene al mercado una nueva generación y la informatización de todo este procedimiento es cada vez más lenta. 
Un segundo punto: hemos debatido intensamente durante los últimos días y semanas en esta Asamblea sobre el empleo totalmente insuficiente de los créditos en la Europa central y oriental, sobre todo en relación con los programas PHARE, TACIS y MED. 
Precisamente al comienzo de las negociaciones de adhesión, este empleo totalmente insuficiente de los créditos no es una buena señal para los próximos años. 
El tercer punto: en casos concretos, sobre todo en relación con la comisión de investigación de la EEB, hemos constatado en repetidas ocasiones que en el campo de la Unión Europea- y aquí, sobre todo en el de la Comisión- necesitamos un derecho disciplinario para los funcionarios, para que la Comisión no nos diga continuamente con una extraordinaria regularidad que, según al derecho disciplinario en vigor, no puede hacer nada, por lo que no merece la pena empezar. 
En su día, obtuvimos una promesa del Presidente de la Comisión en el sentido de que esta Comisión iba a presentar un nuevo derecho disciplinario. 
Hay que tomar en serio el aplazamiento de la aprobación de la gestión. En el otoño queremos encontrar otros resultados. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente por su informe. 
Estoy de acuerdo con la recomendación presentada para aplazar el descargo y también con los motivos para un aplazamiento del mismo que el ponente expone en su informe. 
Voy a detenerme en dos puntos del debate. 
El primero es al que se refiere el informe, esto es, la falta de responsabilidad democrática por parte de la Comisión, ¿qué significa eso?. 
O si ustedes prefieren: ¿qué es lo que molesta al Parlamento? 
Señor Comisario, estimados colegas, la Comisión de Control Presupuestario no puede formarse una opinión positiva o negativa sobre dicha exención de responsabilidad porque la Comisión no nos facilite los datos que estimamos necesarios y que oficialmente habíamos solicitado con objeto de formular una opinión, cualquiera que esta fuere. 
El vigente estatuto de los empleados de la Comisión les prohíbe facilitar datos al Parlamento Europeo sin el permiso previo de su jerarquía. 
Ello explica la escasez de los datos que recibimos, porque, como ustedes comprenderán, no podemos emitir una opinión basándonos en las palabras de honor de los diversos Comisarios dirigidas a la Comisión de Control Presupuestario y tantas veces formuladas como: "no ha habido fraude» o" se ha llevado a cabo una investigación y no se han obtenido datos» , etc. Mi opinión es que este asunto deberá ser afrontado completando el acuerdo interinstitucional entre las tres instituciones, como ya ocurrió, y es de todos sabido, con las comisiones de investigación. 
Hay que deshacer este nudo gordiano, es decir, el modo y el proceso mediante los cuales el Parlamento Europeo consiga obtener los datos necesarios para poder descargar o no a la Comisión de la ejecución del presupuesto. 
El segundo punto, y lo repito una vez más, concierne al Parlamento Europeo y consiste en que nosotros mismos debemos proceder, con la mayor brevedad posible, a realizar los cambios necesarios en el funcionamiento de la Comisión de Control Presupuestario. 
Esto es algo que no dejo de advertir, ya que debemos apresurarnos para poder hacer frente a las necesidades del momento y a todo esto se le une ahora el tema de autonomía de la UCLAF, una institución que hasta el momento ha tenido éxito. 
La autonomía de la UCLAF no podría existir si sus empleados siguiesen regidos por el estatuto de los empleados de la Comisión. 
Si la UCLAF tuviera que controlar a la Comisión, sus empleados no podrían ser empleados de la Comisión. 
Voy a referirme sólo a dos sectores importantes del gasto que se han abordado aquí. En primer lugar, los programas exteriores y después los Fondos estructurales y la DAS. 
Sobre los programas exteriores, diré muy brevemente que la Comisión adoptó una decisión importante en el otoño de crear una estructura común para todos los programas exteriores. 
Se está aplicando ahora y esperamos que se concluya pronto. 
Eso significa que la gestión de PHARE, TACIS, MEDA y otros programas corresponderá a una estructura común en la que esperamos normalizar todos los procedimientos y licitaciones públicas y simplificar la forma como gestionamos los programas exteriores. 
Hay demasiados procedimientos diferentes y demasiados tipos de contratos diferentes. Resulta extraordinariamente difícil para nuestros clientes y también muy difícil para nosotros. 
Si tenemos procedimientos sencillos, transparentes y normalizados, el control resulta mucho más fácil. 
Este año se pondrá en práctica dicha estructura y podremos mantener informada de ese proceso a la Comisión de Control Presupuestario. 
La Sra. Kjer Hansen se ha referido a la descentralización y desconcentración y puedo decir que la Comisión está de acuerdo en principio. 
Naturalmente, es cierto que es mejor que la gestión de los programas esté próxima a las personas interesadas. Eso es algo que debemos hacer para mejorar la eficiencia, pero, naturalmente, el equilibrio entre eficiencia y control es muy delicado. 
Así, pues, debemos descentralizar y desconcentrar lo antes posible y el país beneficiario y sus autoridades deben poder reorganizar sus métodos de trabajo en consonancia. 
He examinado a fondo esta cuestión con mis colegas y en el caso de PHARE está claro que podemos avanzar con bastante rapidez en algunos sectores, tal vez más rápidamente que con países enteros. 
Por lo que se refiere a la DAS y a los Fondos estructurales, se ha indicado que no ha habido demasiadas novedades. 
Tal vez pueda mencionar brevemente las novedades relativas a los Fondos estructurales, porque en los últimos meses hemos estado trabajando denodadamente a ese respecto. 
La primera DAS corresponde al otoño de 1995. Mostró que había habido un alto nivel de irregularidades, en particular en la esfera de los Fondos estructurales. 
Irregularidades, no fraude. 
También se dijo que la mayoría de dichas irregularidades, tal vez el 90 %, se producían en el nivel del beneficiario final. 
Eso era en el otoño de 1995. 
En 1996 creamos el grupo de representantes personales de los ministros de Hacienda de los Estados miembros para aclarar la situación. 
Cooperamos con el Tribunal de Cuentas y le pedimos asesoramiento y había dos sectores decisivos. 
En primer lugar, las normas sobre la elegibilidad no estaban claras en el reglamento vigente. 
No había acuerdo sobre lo que era elegible y lo que no. 
En segundo lugar, no se aceptaron los reglamentos financieros como principio. 
Así, pues, nos centramos en esas dos cuestiones y pudimos concluir nuestra labor, extraordinariamente dilatada y ardua, en el lapso de un año, tras lo cual aceptamos las hojas de elegibilidad para todos los Fondos estructurales, que entraron en vigor el 1º de enero de 1998. 
Todo el proceso se prolongó a lo largo de unos dieciocho meses. 
La Comisión ha dicho también que a partir del 1º de enero de 1998 se aplicarán las correcciones financieras para aclarar las incertidumbres y ambigüedades del presente reglamento, que data de 1993. 
Al mismo tiempo, hemos intentado, naturalmente, ver cómo podríamos mejorar todo el marco jurídico para evitar ese tipo de ambigüedades en el futuro. 
Aportamos nuestra experiencia de la DAS a la labor preparatoria sobre la reforma de los Fondos estructurales. 
Dicha reforma, que fue presentada a diversas comisiones del Parlamento el 18 de marzo, ha tenido en cuenta gran parte de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas y nuestras conclusiones. 
Debemos centrarnos más en varios objetivos. 
Debemos reducir el número de iniciativas: habrá sólo tres. 
Debemos simplificar los procedimientos relativos a los compromisos. 
Así lo haremos. 
Cuando se acepte un programa, se aceptarán también al mismo tiempo los tramos para el período de programación. 
También debemos acordar cómo hacer las correcciones financieras. 
Los nuevos reglamentos son muy claros. Si un Estado miembro descubre una irregularidad, puede transferir los fondos a otro proyecto; si es el Tribunal de Cuentas o la Comisión el que descubre una irregularidad, retiraremos los fondos. 
La cuestión de la financiación del reglamento es extraordinariamente importante y esperamos que esta Presidencia y otras futuras trabajen intensamente para lograr que se acepte a tiempo a fin de que entre en vigor el 1º de enero del año 2000. 
Hemos iniciado la tarea, extraordinariamente difícil, de financiar el gasto con cargo a los Fondos estructurales a largo plazo y me complace mucho tomar nota de la afirmación de la Presidencia de que se trata de un esfuerzo conjunto. 
Los proyectos comunitarios tienen centenares de miles de copartícipes. 
Hagamos lo que hagamos en la Comisión, no podemos resolver todos y cada uno de los problemas que se planteen en los países beneficiarios finales. 
Tenemos nuestros cometidos, pero debemos poder desempeñarlos juntos. 
Tendré mucho gusto en regresar a la Comisión de Control Presupuestario en otoño. 
Hemos examinado junto con el Presidente y el ponente la posibilidad de agrupar esas cuestiones para que podamos celebrar tal vez dos reuniones antes del verano y ultimar esas cuestiones en el otoño. Nuestra actitud es transparente y constructiva. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Acciones judiciales para la protección de losintereses financieros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0082/98) de la Sra. Theato, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las acciones judiciales para la protección de los intereses financieros de la Unión. 
Señor Presidente, en la última sesión plenaria hablamos sobre la protección de los intereses financieros de la Unión en el marco del informe del Sr. Bontempi y hoy, volvemos a hacerlo en base al mío. Esto muestra la importancia que el Parlamento otorga a este tema. 
En esta ocasión se trata de la cooperación absolutamente insuficiente entre las autoridades nacionales de justicia y penales en la lucha contra el crimen organizado que daña el presupuesto de la Unión como consecuencia del fraude, la corrupción y el lavado de capitales. 
En una Europa que se abre continuamente tanto en el mercado interior así como en las relaciones con terceros Estados, se reducen los obstáculos para los actores económicos. De esto saben aprovecharse también los delincuentes, tal como muestra claramente la seora Comisaria Gradin en su informe anual sobre la lucha contra el fraude. 
A pesar de ello, las fronteras jurídicas nacionales siguen existiendo para la persecución y, sobre todo, para el castigo judicial de tales actos punibles. 
No se puede hacer comprender esto al contribuyente. 
Con este informe de la Comisión de Control Presupuestario se intenta mostrar vías para poder acabar con el dilema de las competencias que acaban en las fronteras y de los diferentes sistemas penales, en una primera etapa en el marco de los Tratados existentes y más adelante en un posible complemento del Tratado, sin que tengamos que presentar ya ahora los detalles técnicos para ello. 
En primer lugar, se plantea la cuestión de qué Estado miembro es competente para los delitos multinacionales contra el presupuesto de la Unión; ¿aquél que descubre el delito, aquél en que tiene lugar la detención o aquél de la nacionalidad de los actores? 
Junto a este conflicto de competencias, la cooperación en la asistencia judicial choca con otros obstáculos: por ejemplo, la dilación como consecuencia de recursos jurídicos, procedimientos anticuados que deben tramitarse por vía diplomática, el principio de la demanda dual, dificultades debidas a los diversos criterios de prueba en la persecución penal y de la ley de enjuiciamiento criminal y el desconocimiento de otros sistemas. 
La prueba práctica de este conflicto la suministran los acontecimientos en el sector del turismo, en el procedimiento de envíos y en la auditoría de las Comisiones de Control Presupuestario y de Libertades Fundamentales del pasado abril. 
¿Qué hay que hacer? 
Unos acuerdos interestatales no son suficientes. 
Es muy cuestionable que se ratifique hasta julio de 1998 el Convenio sobre la Protección de los Intereses Financieros- en breve PIF- del año 1995. 
Las negociaciones sobre el Convenio sobre Asistencia Judicial, sobre el que vamos a debatir esta semana, se adivinan muy difíciles. 
¿No debería actuar aquí subsidiariamente la Unión? 
Dispone ya de una instancia, a saber, la Unidad para la Lucha contra el Fraude en la Comisión, la UCLAF, que podría servir como una especie de nexo de unión entre las autoridades instructoras nacionales. 
Podría centralizar las correspondientes informaciones en un banco de datos- ya dispone de una serie de bancos de datos de este tipo- y ponerlos a disposición de las instancias nacionales como prueba. 
Podría coordinar y apoyar los trabajos de las autoridades instructoras nacionales así como realizar una aportación a la mejora de la formación de los juristas en este campo. 
Para lograr una mayor efectividad, sería deseable que la UCLAF fuese independiente de la Comisión. 
El informe del colega Bösch, que va a presentarse dentro de poco, va a aportar más detalles al respecto. 
Aquí solamente quiero decir lo siguiente: sería necesaria una nueva regulación del estatuto así como una clara interpretación de la regulación de la inmunidad de los funcionarios de la UE. 
Sin embargo, a largo plazo estas medidas no serían suficientes para controlar el problema del fraude de los fondos de la UE. 
Según el nuevo artículo 280 del Tratado de Amsterdam, los Estados miembros y la Comisión deben cooperar estrechamente también en el campo penal. El Parlamento tiene ahora capacidad de codecisión junto con el Consejo. 
La aplicación del derecho penal no se ve afectada por ello, es decir, sigue estando en el ámbito de soberanía de los Estados miembros. 
Si en un segundo paso se crease una autoridad de justicia europea del tipo que sea, tal como se propone en el estudio de la Comisión Corpus Juris y la " fiscalía europea» que allí se menciona, supondría el necesario complemento para la creación de un espacio de derecho penal europeo que se debería garantizar contractualmente. 
Además, en todos los Estados miembros deberían decretarse unas normas penales unitarias para los delitos contra los fondos de la Comunidad. 
Esta autoridad de justicia europea se basaría en los datos de la UCLAF y otorgaría a las correspondientes autoridades de justicia nacionales poderes como autoridades europeas delegadas sin limitar o tocar por ello sus competencias. 
Para atacar los problemas descritos, exigimos a la Comisión- y le invito gustosamente a ello, estimada Sra. Gradin- que presente hasta julio al Parlamento una respuesta a la pregunta de qué medidas propone la Comisión para aproximar el derecho penal en caso de fraude contra los fondos de la Comunidad, para el caso de que la ratificación unánime del PIF no se haya realizado hasta julio de este año, tal como se exige. 
En segundo lugar, exigimos un estudio sobre la compatibilidad del Corpus Juris con las características especiales de los órdenes jurídicos nacionales, así como propuestas para su aplicación. 
Para ello, se debe definir también claramente el concepto de " fiscalía europea» empleado en el Corpus Juris, para que sea compatible con los diversos sistemas jurídicos de los Estados miembros en lo tocante a las competencias instructoras y procesales, y estoy pensando en especial en el derecho anglosajón. 
Señor Presidente, estoy bastante preocupado y lamento no haber tenido la oportunidad de decir, antes de que interviniera la Sra. Theato, que se ha publicado una corrección al informe de la Comisión de Control Presupuestario. La corrección afecta a la propia cuestión de fondo del único debate importante celebrado en comisión. 
Va encaminada a substituir en los párrafos 7, 9 y 10 las palabras «Fiscal Europeo» por «Autoridad Judicial Europea». 
He de decir, por haberme opuesto sistemáticamente a la utilización de las palabras que figuran efectivamente en «Corpus Juris» , en inglés, » European public prosecutor» (» Fiscal Europeo» ) -y sobre eso versó enteramente mi intervención en comisión -, que me parece asombroso que mediante una corrección tengamos ahora una enmienda importante y fundamental al informe. 
Así es, desde luego, en inglés y me gustaría solicitar su orientación, porque creo que se trata de una enmienda demasiado importante para hacerla mediante una corrección. 
Sí, quiero aclararlo brevemente. 
Tengo el texto alemán y en alemán " Staatsanwaltschaft» es un concepto determinado lleno de significados. No hay nada similar a nivel europeo. 
En cada idioma, este concepto se expresa de otro modo. 
Ha habido tantas personas que se han dirigido a mi, que me he basado en el texto alemán, tal como he hecho también en la Comisión. 
No soy responsable de la traducción. Está claro que se va a crear algo que aún no existe, que tiene en consideración las cosas nacionales, las usancen, las tradiciones y las competencias. 
El cómo se llame a esta cosa es otro asunto. 
Por ello, ruego que no se vincule el concepto a la palabra como tal sino que se identifique la idea. 
Espero que la Sra. Gradin tenga hoy la posibilidad de explicarlo algo, pues no se trata de atacar cosas nacionales sino que podría ser una nueva institución para Europa. 
Señor Presidente, quiero llamarle la atención sobre otro asunto. 
Se trata de una cuestión de orden. 
No sé cómo es la lista de oradores pero no se puede aceptar que hoy, por tercera vez, la Sra. Gradin tenga que exponer su opinión así como la de la Comisión con el ruido que provocan los diputados al entrar, poco antes de la votación. 
Por ello, le ruego que proceda con el tiempo de modo que la Sra. Gradin goce de la plena atención de esta Asamblea y no se ve molestada por ruidos. 
Señora Theato, si todos los oradores respetarán el tiempo de uso de la palabra, no se correrá este riesgo, sin embargo, tienen que respetarlo a rajatabla. 
En lo que se refiere al Sr. Tomlinson, debo decir que la cuestión tiene que examinarse. 
Habida cuenta de que se trata de un informe de propia iniciativa, no estamos apremiados- no nos encontramos en el ámbito legislativo -, aunque entiendo que se trata de una cuestión muy, muy delicada. 
Señor Presidente, intentamos ayudarle para que al final la Sra. Gradin tenga también tiempo suficiente. 
Creo que esta conversación mantenida ahora al principio del todo ha mostrado donde se encuentran los problemas en este contexto. 
Este informe es otra importante aportación para agudizar nuestro pensamiento en una problemática que se ha plateado con gran claridad como consecuencia de las conclusiones de nuestra comisión de investigación sobre el procedimiento de tránsito y todas estas cosas que se han ocupado del fraude del presupuesto europeo. No podremos culminar el mercado interior mientras trabajemos con 15 normas nacionales diferentes. 
Creo que se dará un importante paso técnico en estos días cuando enviemos este Corpus Juris traducido a los 15 Estados miembros y a sus Parlamentos para que recapaciten sobre qué es lo que se puede hacer razonablemente al respecto. 
También debido a las observaciones de las y los colegas creo que hemos avanzado un trecho. 
Se trata de un programa en el que probablemente deberemos trabajar aún durante mucho tiempo junto con la Comisión y los Estados miembros. 
En este sentido, nuestro grupo político saluda este informe. 
Señor Presidente, las palabras son sin duda algo muy importante y con palabras se puede expresar u ocultar algo. 
En primer lugar, quiero decir algo sobre la palabra " subsidiariedad». 
Esta palabra nos provoca a muchos de nosotros dificultades. 
En parte es difícil de pronunciar pero, por lo visto, es aún más difícil de comprender. 
Si se lee en el diccionario, se encuentran allí formulaciones en el sentido de que se trata de un principio por el que la propia responsabilidad es importante, por el que el nivel superior debe intervenir o actuar en segundo lugar cuando el básico no está en situación de hacer las cosas por si mismo. 
En las enciclopedias se dice también a este respecto que el concepto figura en diversas encíclicas sociales de los Papas. 
Todo esto es correcto pero no suficiente. 
La palabra " subsidiariedad» tiene en el contexto europeo un tercer significado casi más importante: cuando se alega una disculpa para no hacer algo uno mismo. Precisamente esto es lo que nos ocurre en relación con el tema de la fiscalía europea o de una autoridad judicial. 
Creo que en la Comisión de Control Presupuestario hemos logrado un acuerdo al respecto. 
Por ello, en esta Asamblea deberíamos dejar claro que necesitamos una mejor coordinación de las autoridades nacionales encargadas de perseguir los delitos penales allí donde se trate de controlar, impedir y sancionar el fraude contra los intereses financieros de la Unión. 
En muchos campos vemos que en muchos Estados miembros sigue considerándose como una simple falta el defraudar con fondos de la Unión y de la Comunidad. Incluso las autoridades nacionales encargadas de perseguir los delitos penales se toman mucho tiempo para aplicar las correspondientes sanciones a estos fraudes. 
En este informe se plantea la exigencia de que es urgentemente necesario que la UCLAF intervenga más intensamente en este campo y adicionalmente se exige la intervención de una nueva institución, independientemente de su nombre, quizás el de " fiscalía europea» sea realmente la expresión errónea. 
En el fondo necesitamos algo que haga que las autoridades nacionales encargadas de perseguir los delitos penales, cuando se trate del delito de fraude de los intereses financieros de la Unión se aparten de esta actitud indiferente que han mostrado con demasiada frecuencia hasta ahora. 
Necesitamos una coordinación mejor para que se pueda perseguir realmente de una vez por todas este delito y, a ser posible, erradicarlo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el camino está señalado, todos sabemos qué vías seguir para dotar a la Comisión de instrumentos jurídicos y penales para luchar contra la delincuencia organizada. 
Las conversaciones que he mantenido aquí, a lo largo de unos años, sobre este problema ya me parecen una letanía que no encuentra en Dios la respuesta necesaria para resolverlo. 
La verdad es que el fraude aumenta y un amigo mío ya me ha comparado con los sofistas, que, al comparar y poner a correr la tortuga y a Aquiles, consiguieron probar que la meta estaba cada vez más lejos. 
El fraude aumenta. 
Y la verdad es que ya empiezo a pensar que el fraude ha pasado de ser delito a ser un instrumento económico para aumentar la competitividad, que los Estados utilizan para proteger sus economías entre sí. 
Porque, si se consigue poner en ejecución- con el sacrificio de tantos Estados- la convergencia monetaria, ¿por qué razón no sucede lo mismo con la lucha contra el fraude? 
¡Propuestas no faltan precisamente! 
Todos sabemos cómo se lucha contra la delincuencia: estableciendo instrumentos jurídicos y castigos penales para que, de hecho, no queden incólumes quienes participan en la delincuencia organizada. 
En caso de que no se adopten esas medidas y de que el Parlamento siga votando en la Comisión de Presupuestos contra las propuestas de utilización de scanners, de gastar dinero para verificar físicamente lo que ocurre en nuestras antiguas fronteras, no cabe la menor duda de que la delincuencia seguirá existiendo y yo me sentiré, igual que la Sra. Theato, como un «Don Quijote» y «Sancho Panza» luchando contra los molinos informatizados de la delincuencia, que, de hecho, esparcen el delito y el fraude por todo lo que es europeo. 
Señor Presidente, me parece que el informe de la Sra. Theato sobre las acciones judiciales para la protección de los intereses financieros de la Unión constituye una contribución muy importante y considerable al debate sobre el modo en que continuar avanzando en este terreno. 
Hemos empleado muchísimas energías y tiempo en el debate en el caso del turismo sobre los transportes en tránsito y hay buenos ejemplos que ilustran cuán señalada es la necesidad de obtener resultados en este terreno. 
No obstante, al mismo tiempo demuestra también cuán difícil es seguir avanzando si los países miembros no manifiestan la voluntad política para realmente adoptar decisiones en este terreno de cara a poner en pie los sistemas que servirán para que pueda tener lugar una cooperación efectiva. 
Son iniciativas muy necesarias las que propone la Sra. Theato, sin embargo, he de decir que el informe también es muy ambicioso. 
Es ambicioso considerando cuán difícil es alcanzar decisiones en este terreno y pienso por supuesto en nuestro antiguo problema relativo a la falta de ratificación del convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Unión. 
Es un problema que aún no haya sido ratificado en algunos de los países miembros. 
Se trata de un campo serio e importante, y me gustaría ilustrarlo también con un pequeño ejemplo que quizá sea banal en el contexto global, sin embargo, precisamente estos días discutimos en Dinamarca el problema de que Dinamarca pierda muchos millones de coronas porque los padres rehuyen sus compromisos relativos al pago de la pensión alimenticia a sus hijos. 
Se trasladan a otros países y uno sólo debe constatar que las autoridades danesas no tienen la más mínima posibilidad de exigir las sumas adeudadas. 
Así, este tema afecta también a nuestro día a día, hay muchísimos ejemplos de ello. 
Pienso que se proponen algunas ideas sugerentes relativas a la organización de una cooperación regular, a lograr un mejor intercambio de informaciones, al fortalecimiento de la UCLAF y así a este Ministerio Fiscal- o como debamos llamar ahora a esta cosa. 
Me parece importante que tengamos algunas informaciones más sobre la mesa y aguardo al mes de junio en el que es de esperar que la Comisión dará respuesta y presentará materiales que profundizan en la cuestión, de modo que podamos proseguir avanzando con esta discusión. 
Es un campo importante. 
Gracias por el informe. 
El informe de la Sra. Theato sobre las acciones judiciales para la protección de los intereses financieros de la Unión aborda un problema de fondo inherente al Tratado de Maastricht, revisado por el de Amsterdam: el de la transferencia de soberanía entre los Estados miembros y la Unión Europea en el ámbito de la justicia, especialmente a través del artículo 280 del Tratado. 
Es verdad que en este caso se utilizan buenos argumentos, tal como lo destaca el informe Elles sobre el rechazo de la aprobación de la gestión para el ejercicio de 1996, pero sus buenos argumentos se utilizan con fines que nos parecen discutibles. 
En efecto, a falta de un resultado satisfactorio en la lucha contra el fraude, la corrupción y el crimen organizado, se llega naturalmente, como para el euro, a pedir una mayor integración en el ámbito judicial y penal. 
El órgano de enlace entre las autoridades judiciales nacionales y comunitarias sería naturalmente la UCLAF, Unidad para la Coordinación de la Lucha contra el Fraude de la Comisión, que se convertiría, en cierto modo, en el fiscal europeo. 
Sin embargo, se olvida decir que las carencias, las negligencias graves o los disfuncionamientos culpables de la Comisión, relativos al ejercicio de la acción penal en el asunto de las vacas locas o del turismo, por ejemplo, sólo deberían ser competencia de los tribunales nacionales. 
En verdad existe, tarde que temprano, un riesgo cierto de que con la finalidad de luchar contra desviaciones mafiosas vinculadas al clientelismo y al fraude organizado, se llegue, como lo desea la Sra. Theato, a reclamar la creación de un fiscal europeo o de una autoridad judicial europea, para retomar el debate terminológico entre británicos y alemanes. 
Ahora bien, el debate terminológico no es neutro, demuestra bien que existe un problema de fondo en relación con la cultura de los Estados, en relación con la libertad de los Estados, en relación con la libertad de las naciones. 
Desde este punto de vista, el debate terminológico demuestra bien hasta qué punto es peligroso el proceso en el que se nos quiere introducir. 
En lo que a nosotros concierne, nos negamos a ello, ya que no deseamos que una autoridad judicial supranacional suplementaria venga a sustituirse a la soberanía de los Estados. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando a la Sra. Theato. Tenemos un informe útil, que subraya claramente el deseo del Parlamento de intensificar la lucha contra el fraude, la mala administración y los abusos que padecen los contribuyentes europeos. 
A ese respecto, todo el mundo está igualmente comprometido con la lucha contra el fraude. 
Desde luego, rindo homenaje a la Sra. Theato por la valiosa labor que ha llevado a cabo a lo largo de los años, como miembro y como presidenta de la Comisión de Control Presupuestario. 
Sin embargo- y expreso la primera parte con absoluta claridad -, he de manifestar algunas reservas, no sobre el análisis del problema por parte de la Sra. Theato, sino sobre el remedio prescrito para dicho problema. 
Como he indicado en mi cuestión de orden, mis reservas se refieren a los párrafos 7, 9 y 10 y la utilización en el texto inglés de las palabras» European Public Prosecutor» (» Fiscal Europeo» ) y la interpretación errónea, a mi juicio, y la invocación inadecuada del artículo 280, mencionado en las letras h) e i). 
El artículo 280 permite a la Unión intervenir para adoptar medidas en materia de subsidiariedad en el ámbito del primer pilar. 
Pero que en el párrafo 7, por ejemplo, se diga que el Fiscal Europeo pueda delegar sus competencias en los fiscales nacionales no es precisamente como yo entiendo el concepto de subsidiariedad. 
Eso es la antítesis de la subsidiariedad, por lo que hemos citado erróneamente el artículo 280. 
En conclusión, la intervención de la corrección, lejos de facilitar las cosas, las empeora. 
Una cosa es hablar de un «Fiscal Europeo» , un único funcionario y su función, junto con el personal, y otra muy distinta convertirlo en una «Autoridad Judicial Europea» , lo que agrava los problemas que me plantea el artículo 280. 
Hay buenos sentimientos en el informe; hay méritos en el análisis del informe. 
La prescripción estamos muy lejos de poder cumplirla y ésa es la razón por la que no voy a apoyar las partes del informe que se refieren a un «Fiscal Europeo» o a una «Autoridad Judicial Europea». 
Señor Presidente, me parece que Europa, tal como la estamos construyendo, se asemeja a un gigante con unas piernas enormes, motor de la economía que camina y llega muy lejos, con unos brazos también muy grandes, que son los del fraude y de la delincuencia organizada que se convierte cada día en más ávida, pero con un cerebro a veces muy pequeño y una dirección política muy modesta y que, final y lamentablemente, no tiene ni riñones ni hígado, órganos que deberían depurar los aspectos negativos. 
Pido disculpas por este símil, sin embargo, me parece que la Sra. Theato, a quien agradezco la tenacidad con la cual continúa ocupándose de este asunto, ha querido poner en evidencia estas realidades de forma muy concreta. 
¿Cómo es posible imaginar que se puede seguir avanzando en una situación en la que los Estados nacionales compiten entre sí, en una situación de desigualdad que se deriva del hecho de que el delito de fraude comunitario está tipificado en algunos Estados y en otros no? 
Creo, por lo tanto, retomando la imagen del Sr. Bourlanges, que la Sra. Theato ha sido clarividente y concreta y que el corrigendum es acertado. 
Señor Presidente, ¿cómo se puede concebir un Ministerio Fiscal europeo sin una autoridad judicial europea? 
Señor Presidente, coincido con el informe en que es insuficiente el status quo para la lucha contra el fraude internacional. 
Tal como ya he expuesto en repetidas ocasiones, estoy a favor de cualquier mejora de la cooperación entre las autoridades encargadas de perseguir los delitos penales y, naturalmente, también de un uso óptimo de los ficheros existentes. 
La ampliación de la UCLAF para convertirla en una unidad independiente de coordinación e información sería sin duda de gran utilidad para la lucha contra el crimen internacional. 
No obstante, sería necesaria una clara definición de la posición y competencias de esta unidad especial y asegurar su independencia. 
Por lo demás, ni el principio de la administración de justicia penal mundial con carácter subsidiario ni el principio " ne bis in dem» se oponen a una persecución eficaz de los fraudes transfronterizos, sino las insuficiencias procedimentales en las relaciones interestatales que son las que hay que eliminar. 
Rechazamos una fiscalía con competencias a nivel europeo al igual que una colectivización del derecho penal. Por estos motivos, no podemos dar nuestro asentimiento a este informe que apunta en esta dirección. 
Señor Presidente, el informe es bueno porque es, si se me permite la expresión, un informe moderado. Examina una situación real que atraviesa el sector de los intereses financieros de la Unión Europea, tal y como hemos venido verificando en los últimos tiempos, y debo señalar el plan a medio o, si quieren, a corto plazo, en contraposición al plan a largo plazo que concierne los casos señalados por el Sr. Tomlinson y que están enunciados en los artículos 7, 9 y 10. 
Debo señalar que, con la corrección propuesta, e independientemente del tratamiento que hagamos deltema, se soluciona una gran incógnita. 
Debo recordar que es necesaria la existencia de dicho principio. 
Y ello es así, estimados colegas, porque no es posible- y hablo en calidad de jurista en activo- que la Comisión presente una denuncia en contra de algún Estado miembro. 
Un ciudadano puede ir a otro Estado miembro y presentar una denuncia y es entonces cuando interviene la autoridad. 
La Comisión no tiene el derecho de dirigirse a una autoridad nacional para proteger los intereses comunitarios y solicitar una persecución cuando existan denuncias sobre delitos concretos en materia penal. 
Por tanto, deben apoyarse estas enmiendas y desearía pedir al Sr. Tomlinson, que tanto ha ayudado a completar este informe, que contemple el tema desde otra perspectiva. 
Por último, quisiera decir que el hasta ahora exitoso papel representado por la UCLAF debe someterse a una reestructuración y, sobre todo, se deben tomar medidas prácticas destinadas a dotarla de la fuerza necesaria para afrontar los problemas y una de esas medidas es que sus empleados han de ser excluidos del estatuto de los empleados de la Comisión. 
Ésta es la tercera vez que ocurre y lamento mucho tener que intervenir en estas circunstancias. 
La ponente, Sra. Theato, y yo compartimos la convicción de que, si queremos garantizar la libertad, la seguridad y la justicia para todos los ciudadanos en los próximos años, es esencial un sector judicial europeo que funcione bien. 
Ha resultado aún más claro, en vista de la próxima ampliación. 
Hoy se inaugura la conferencia para las negociaciones- como saben Sus Señorías- en Bruselas. 
Los nuevos ciudadanos que ingresen en la Unión Europea y también los ciudadanos de los 15 Estados miembros actuales esperarán que ésta les ofrezca garantías a ese respecto. 
El informe de la Sra. Theato, aunque se refiere directamente a los intereses financieros de la Comunidad, forma parte de una empresa mucho más amplia. 
Para avanzar hacia una zona de libertad, seguridad y justicia, soy partidaria de un planteamiento gradual y pragmático. 
Es necesario porque partimos de 15 sistemas judiciales y penales diferentes en nuestros Estados miembros. 
Hay muchas definiciones diferentes de fraude. 
Los diversos niveles de sanciones administrativas y penales y las insuficiencias de la cooperación judicial entre los Quince constituyen un caldo de cultivo para el delito y la corrupción en general y también contra el presupuesto de la UE. 
Ha dado algunos resultados positivos, como, por ejemplo, el reglamento sobre la protección de los intereses financieros y el reglamento sobre los controles al azar, pero es evidente que debemos ampliar la comprensión entre los profesionales de la utilidad de nuestra labor abordando cuestiones transcendentales para los ciudadanos. 
Eso es lo que hacen precisamente los programas multianuales. 
Ahora tenemos varios programas en ejecución: GROTIUS para la cooperación judicial, STOP para luchar contra la explotación sexual de los niños y la trata de blancas, DAPHNE para luchar contra la violencia que padecen las mujeres y los niños, SHERLOCK sobre la falsificación de documentos y OISIN sobre la cooperación policial y aduanera. 
El Consejo de Ministros acaba de aprobar otros dos programas: ODYSSEUS sobre los controles fronterizos, la migración y el asilo y FALCONE sobre la lucha contra la delincuencia organizada. 
Considerados en conjunto, dichos programas constituyen un inicio impresionante de la cooperación práctica entre los especialistas pertinentes de todos nuestros Estados miembros. Permiten a los profesionales de diversos sectores del mundo judicial reunirse y comparar los procedimientos más idóneos y aprender a apreciar y respetar la forma de actuar de unos y otros. 
La labor académica llevada a cabo para preparar el Corpus Juris es otro ejemplo de cómo preparar el terreno para otras iniciativas. 
Si queremos mejorar el marco jurídico que debe proteger a los ciudadanos, esa labor preparatoria es esencial. 
La protección del presupuesto de la Unión me preocupa en particular, pues soy la encargada de la lucha contra el fraude. 
También resulta de gran interés para los ciudadanos que se gasten bien los ingresos fiscales y que estén protegidos contra el fraude. 
El presupuesto de la Unión Europea afecta a todos los contribuyentes. Éstos exigen protección contra el fraude y la corrupción. 
La única forma eficiente de hacerlo es la de recurrir a la acción común. 
Así se reconoció enteramente en Amsterdam. Se decidió que el dinero de los contribuyentes estuviera protegido en la Unión de forma equivalente a como lo está en los Estados miembros. 
También se nos ofreció un instrumento jurídico: el nuevo artículo 280, por mayoría cualificada, que establece un proceso de adopción de decisiones más eficiente. 
Estoy de acuerdo con la ponente en que, para que las finanzas de la Unión estén igualmente protegidas por el derecho penal en todos los Estados miembros, necesitamos una cooperación eficiente entre las autoridades investigadoras y la judicatura de todos los Estados miembros. 
Una importante contribución será la interconexión jurídica ad hoc de la UCLAF con expertos jurídicos de todos los Estados miembros, que permitirá coordinar y prestar asistencia a los investigadores nacionales y, en los casos necesarios, a las autoridades judiciales. 
Hemos presentado esa propuesta a la Comisión, pero, como he subrayado en varias ocasiones, esa actividad requiere recursos humanos, por lo que espero que el Parlamento Europeo asuma su responsabilidad a ese respecto. 
También voy a crear una unidad de lucha contra el fraude en la asistencia exterior y otra encargada de luchar contra la corrupción. 
Además, voy a crear una unidad de información secreta centrada exclusivamente en el fraude aduanero. 
También se harán otras mejoras en la organización de la UCLAF, en particular en su unidad informática, pero a esas cuestiones volveré a referirme el mes que viene cuando examinemos el informe del Sr. Bösch. 
Respecto de la idea de un registro o base de datos gestionados por la UCLAF, he de comunicar a Sus Señorías que la Comisión ya ha propuesto tal registro en el protocolo anexo al Convenio sobre la protección de los intereses financieros presentado al Consejo en 1996. 
Sin embargo, no formó parte del resultado final, por lo que estoy reflexionando sobre la forma mejor de volver a plantear esa idea. 
El papel de la UCLAF para prestar asistencia a las autoridades de los Estados miembros está establecido en el segundo protocolo anejo al convenio. 
Por desgracia, como ya se ha dicho, ni un solo Estado miembro ha ratificado aún los diversos convenios relativos a la protección de los intereses financieros de la Comunidad. Resulta muy decepcionante, como han dicho muchos diputados en el debate. 
Espero que se aborde esa cuestión en el Consejo Europeo de Cardiff. 
En caso de que los Estados miembros no ratifiquen dichos convenios, la Comisión debe considerar seriamente la forma de lograr avances y a ese respecto el nuevo Tratado de Amsterdam nos brinda algunos instrumentos mejores. 
Pienso en particular en el nuevo marco para la adopción de decisiones del artículo K6, que pasará al artículo 34. O el artículo 209A, más operativo, que ahora pasará a ser el artículo 280. 
Además, los convenios entrarán en vigor cuando sean ratificados en la mitad de los Estados miembros. 
La Sra. Theato pide también ciertos cambios en el Estatuto de los Funcionarios. 
La Comisión ha expresado ya, en su comunicación de 18 de noviembre de 1997, su actitud positiva respecto de ciertos ajustes. Mi colega el Sr. Liikanen formuló observaciones al respecto en aquel momento. 
También deseo informar a Sus Señorías de que estoy preparando, junto con el Comisario de Silguy, una propuesta para proteger la nueva moneda, el euro, contra la falsificación. 
Muy pronto recibirán Sus Señorías una comunicación a ese respecto. 
Esto me da pie para volver a referirme a las ambiciosas ideas del «Corpus Juris». Dichas ideas han sido, como saben Sus Señorías, objeto de debate en círculos académicos desde hace algunos años. 
La Comisión se ha comprometido a examinar todos sus aspectos. 
Ahora varios expertos están comparando el sistema jurídico de quince Estados miembros en sectores tales como los de presentación de pruebas, asistencia mutua y admisibilidad de las pruebas. 
De modo que ya se ha hecho una gran labor preparatoria y se está trabajando en un informe provisional. 
No me cabe duda de que las ideas que figuran en este documento formarán parte del futuro debate sobre una zona judicial europea común, debate importante que, además, debe coincidir con la aplicación del Tratado de Amsterdam. 
Gracias, señora Comisaria, por su intervención y por haberla realizado en una situación no precisamente fácil. 
A propósito de esto, considero que la Conferencia de Presidentes deberá examinar el problema que se ha planteado en reiteradas ocasiones y que afecta a las condiciones en las cuales se lleva a cabo la última intervención antes de las votaciones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Se procede a la votación. 
Votaciones 
Antes de empezar las votaciones, quisiera hacerles un anuncio. La Mesa decidió, ayer, enviar un mensaje de felicitación a la Sra. Nicole Péry, nuestra antigua vicepresidenta, que acaba de ser nombrada miembro del Gobierno francés. 
Estoy especialmente contento de hacer este anuncio, porque, como ustedes saben, yo sucedí a la Sra. Péry, sin por ello pretender reemplazarla. 
Señor Presidente, ahora que se han aceptado todas la enmiendas, me gustaría pedir a la Comisión y a través de ésta al Consejo que reflexione una vez más si no se podría ir al encuentro de los deseos que ha manifestado el Parlamento. 
Ayer estábamos de acuerdo en que el Reglamento 1408 que trata sobre los trabajadores, trabajadores que tiene que desplazarse de su lugar de residencia para trabajar y que en cualquier caso tienen que recibir buenos derechos, en lo que respecta a la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas está bloqueado todavía. 
Nosotros lo discutimos de forma amplia ayer y me parece que las enmiendas que el Parlamento hizo no han sido adoptadas por el comisario. 
Ayer se hizo además una petición a la Comisión para que procurase que recibamos un resumen de todas las propuestas que se hayan bloqueadas en el Consejo y de quién las bloquea. 
He recibido una respuesta del comisario tras el intercambio de opiniones de ayer por la tarde y la reacción del comisario es en cualquier caso negativa. Con el contenido sí que está de acuerdo. 
No está dispuesto a hacerse cargo de propuestas. Presidente, esta es la razón por la que le pido que no haga la votación final de esta propuesta y que se remita el informe a la Comisión, porque nosotros tenemos que tener la oportunidad alguna vez de poder intercambiar adecuadamente ideas con la Comisión y el Consejo. 
Ahora entiendo por lo que dijo el presidente de la Comisión que el Consejo quiera discutir con la Presidencia británica esta propuesta el 6 de abril próximo y que se ejerza fuerte presión al Parlamento para que tenga lugar la votación final. 
Le pido en nombre de todos aquéllos que esperan mejoras, los trabajadores que se tienen que desplazar para trabajar, y a quienes se les sigue dejando colgados, le pido en nombre de ellos que el Consejo apoye, el Consejo que recoge las ventajas, pero que no quiere regular nunca nada que sea extraordinario, que apoye la propuesta de que las 1408 modificaciones tal como ahora se presentan no se recojan en cualquier caso en la votación final. 
Señor Presidente, raras veces estoy en desacuerdo con la Sra. Oomen-Ruijten, pero hoy no me queda más remedio. 
Me opongo a la devolución a comisión. 
He examinado el intercambio de opiniones que hubo en la Asamblea anoche. 
También he visto una copia de la carta del Comisario Flynn a la ponente. 
Convengo en que es una lástima que no se puedan aceptar las enmiendas en este momento, pero tomo nota de la intención de la Comisión de aceptar las dos enmiendas principales- las núms. 3 y 4- en el marco de la revisión general del Reglamento 1408/71, que se presentará en fecha posterior de este año. 
Espero que la ponente apoye dichas enmiendas en ese momento. 
Además, en el marco del informe de iniciativa propia de Anne Van Lancker sobre la cuestión de los trabajadores transfronterizos, quien debería responder a la cuestión aparte de la posición de las diversas delegaciones en el Consejo es el propio Consejo. 
La ponente lo sabe perfectamente. 
Mi observación final es la de que el Consejo se propone aprobarlo el 7 de abril. 
En modo alguno es la cuestión más importante, pero ha condicionado todo el calendario relativo a nuestro estudio de esa propuesta. 
La devolución de este asunto a comisión no serviría para nada. Así, pues, me opongo. 
Señor Presidente, hago uso de la palabra para oponerme también a la devolución a comisión. 
Lo que vamos a votar esta mañana es algo que la Comisión ya ha aceptado. Ha demostrado buena disposición para examinar también otros sectores. 
Como ha dicho mi estimado colega el Sr. Hughes, se trata de un asunto que compete al Consejo y no debemos utilizarlo como táctica dilatoria o de bloqueo. 
Votemos la cuestión que tenemos ante nosotros y no la mezclemos con otras. 
Me opongo a la devolución a comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, creo que es un escándalo de primera magnitud que viene durando ya años que no se puedan solucionar los problemas derivados de lagunas gubernamentales y de una falta de armonización, lo que tienen que soportar individualmente los trabajadores fronterizos. 
Como Parlamento tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestra mano para mantener a un nivel máximo la presión sobre el Consejo y la Comisión, cuyos esfuerzos reconozco. 
Lo hacemos al dar nuestra aprobación a la propuesta de la Sra. Oomen-Ruitjen, aunque la Presidencia británica se enoje por ello. 
Pero aquí hay que defender los intereses de muchas personas y no los de una Presidencia a la que le gustaría tener menos conflictos. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión, deseo reafirmar que la Comisión apoya totalmente lo que ha dicho la ponente. 
Las dos primeras enmiendas a favor de las cuales han votado Sus Señorías esta mañana ya están sobre la mesa del Consejo y se están examinando en este momento. 
Estoy totalmente dispuesto a dar mi apoyo a las otras dos y haré una propuesta antes del final de este año. 
Sin embargo, esta mañana se pide a la Asamblea que vote sobre enmiendas puramente técnicas al ajuste anual del Reglamento 1408/71. 
Sobre el otro aspecto, que está, naturalmente, relacionado, es necesaria la unanimidad y pido encarecidamente el apoyo de la Asamblea para presionar al Consejo. 
Esos otros cuatro asuntos están bloqueados, si bien estamos logrando algunos avances al respecto. 
Pero esta mañana se pide a Sus Señorías que voten sobre ajustes técnicos al Reglamento 1408/71, que se produce con carácter anual. Irá al Consejo de Asuntos Sociales del 6 de abril y sería una gran lástima que la Asamblea no viera la utilidad de hacerlo en este momento. 
He de decir a la Sra. Oomen-Ruijten que su observación ha sido aceptada, la Comisión apoya su punto de vista y presionaremos respecto de esta cuestión con el apoyo que podamos conseguir, proceda de donde proceda. 
Pero en el Consejo es necesaria la unanimidad. 
Como digo, se están logrando algunos avances y espero que podamos abordar las dos enmiendas pendientes- las núms. 3 y 4- antes del fin de este año, cuando las resoluciones sobre la jurisprudencia que esperamos para el final de junio estén lo suficientemente claras como para que se entienda claramente esta directiva. 
Pido a la Sra. Oomen-Ruijten, tras reconocer que la Comisión apoya su opinión, que transija y permita que este asunto pase al Consejo para que se dé el visto bueno a estas enmiendas técnicas en este momento. 
Presidente, seré muy breve. 
En lo que a mí respecta el comisario quiere ahora que el Consejo obtenga las ventajas y que las desventajas las sigan teniendo los trabajadores que trabajan fuera de su lugar de residencia. 
Quien en esta Asamblea se puede arriesgar por eso a votar contra mis propuestas de remitirlo a la Comisión a causa de la presidencia británica del 6 de abril. 
Me gustaría consultarlo conjuntamente con usted y con el Consejo en la Comisión de Asuntos Sociales. 
(El Parlamento decide la devolución a comisión) 
Señor Presidente, en nuestra enmienda mi grupo político exige la institución de un " Mr. o Mrs. Reconstruction» para Bosnia-Herzegovina. 
En conversaciones con todos los grupos políticos y también con la Comisión hemos llegado al acuerdo de que si retiramos esta expresión de " Mr. o Mrs. Reconstruction» la enmienda será aprobada ya que está orientada a colocar una Directora o Director General de la Comisión en el puesto. 
No queremos dificultar esta iniciativa con conceptos que no dejen claro a quién le toca mover ficha. 
Por ello, ruego que se vote sobre esta enmienda sin el añadido de " Mr. o Mrs. Reconstruction». 
Señor Presidente, nuestro Grupo apoya la propuesta de la Sra. Müller. 
(El Presidente comprueba que no hay objeción a la presentación de la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, le ruego que, como jurista, oriente a la Asamblea y también proteja nuestros intereses. 
Sobre un informe muy importante hubo un debate a fondo en la comisión y la parte más importante del debate, por lo que a mí respecta, fue la relativa a la utilización de las palabras «Fiscal Europeo». 
Ha sido objeto de debate en nuestros Grupos políticos. 
Así, pues, resulta fundamentalmente insatisfactorio que, cuando acudimos al Pleno, nos encontramos con una corrección que suprime en los párrafos 7, 9 y 10 las palabras «Fiscal Europeo» y las substituye por «Autoridad Judicial Europea» , lo que en realidad significa algo totalmente diferente. 
Cambiar «Fiscal Europeo» , que ya me parecía inadecuado, por «Autoridad Judicial Europea» , que me parece aún peor, y hacerlo mediante una corrección es un insulto a la Asamblea, por lo que le ruego que se pronuncie al respecto. 
Señor Presidente, sobre el mismo tema. Creo en efecto que la sustitución, debatida en comisión, de public prosecutor por independent judicial authority no es solamente un corrigendum lingüístico: más bien parece un golpe de estado. 
Por tanto, pienso que el servicio competente habría debido rechazar tal modificación. 
Estimadas y estimados colegas, ya hemos hablado antes sobre el problema. 
He partido de la versión alemana, sobre la que también se votó en la comisión. 
Como no existe ni una autoridad de justicia, instructora o encargada de perseguir los delitos penales a nivel europeo ni tampoco una fiscalía, es muy, pero que muy difícil encontrar un concepto unitario que tenga en cuenta todos los diferentes sistemas nacionales. 
En un estudio se acuñó este concepto de " fiscalía» pero no es un concepto consolidado como tal. 
Como he notado una gran resistencia con el concepto alemán de " Staatsanwaltschaft» , he intentado encontrar una expresión neutra para mi informe y mandar votar a continuación sobre el mismo. 
Como después se me ha dicho que la traducción es inexacta o equívoca, he rogado que el concepto se equipare a la traducción alemana, que es de la que yo parto. 
Pero quiero indicar de nuevo claramente que esto es algo que aún no existe y que tenemos que definir. 
Antes he pedido a la Comisión que realice una definición. El concepto debe llenarse de contenidos, de modo que tenga en cuenta y deje totalmente intactas las competencias de los países miembros. 
Por ello, esta cuestión era para mí primero una cuestión lingüística. Me quedé algo sorprendido de que se me plantease solamente ayer por la tarde. 
Les ruego que se examine el contenido y que no se aferren a una palabra sobre la que hay que encontrar antes una definición. 
Gracias, señora Theato. 
Debo decir que, a mi juicio, se trata más bien de una cuestión conceptual que de traducción. 
Sin embargo, voy a pedir su opinión al Sr. De Luca y al Sr. Bourlanges, así como a la Sra. Wemheuer. 
Luego tomaremos una decisión. 
Señor Presidente, en realidad, como usted acaba de decir, la cuestión existe y no es sólo una cuestión terminológica. 
De hecho, el término «Ministerio Fiscal europeo» tiene un significado. 
Quizás en el intento hecho por la Sra. Theato, » autoridad judicial» es un término más comprensible que podía englobar ambos conceptos. 
Posiblemente existe una solución que me permito sugerir al Pleno: no hay que emplear ni el término «Ministerio Fiscal» ni el término «autoridad judicial» , sino «organismo judicial europeo». 
No sé si esta expresión podrá traducirse en las demás lenguas o si encaja, así y todo, un organismo es algo indefinido que está a medio camino y que, por lo tanto, podría resolver la controversia lingüística que, de otro modo, nos impediría seguir adelante. 
Señor Presidente, no cabe duda de que existe un debate de fondo, pero éste es un mero debate de procedimiento, y se trata de preguntarse si el texto que nos ocupa es conforme con el que fue votado en el seno de la Comisión de Control Presupuestario. 
A beneficio de inventario, creo que no cabe duda, primeramente, de que el texto que votamos y que es autoridad es el texto alemán; en segundo lugar, este texto alemán incluye la expresión «autoridad independiente» , en alemán, y no la expresión «fiscal europeo» , que procede, por su parte, de otra fuente, a saber el Corpus Juris propuesto por la Comisión. 
Por tanto, creo que en términos de procedimiento, no hay ambigüedad. 
Efectivamente, votamos un texto que hablaba de autoridad judicial independiente. 
En caso de desacuerdo con este texto, hubiera sido preciso, a mi juicio, presentar una enmienda según las formas prescritas, y en este caso, hubo efectivamente un error de traducción entre el texto alemán y las demás versiones lingüísticas. 
Por tanto, creo que es preciso atenerse a la votación, tomando como base el texto alemán, que es el que da fe. 
Señor Presidente, en los grupos políticos- incluyendo naturalmente también el mío- hemos hablado sobre el informe tal como lo conocíamos, sin la rectificación y nos hemos hecho una opinión al respecto. 
Por ello, solamente podemos votar sobre el texto tal como lo conocíamos. 
Ruego a la Sra. Theato que retire la rectificación pues, por lo visto, no ha contribuido a aportar claridad sino confusión. 
Si no la retira, en nombre de mi grupo político solicitaré que se devuelva el informe a la comisión. 
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con las observaciones formuladas por la Sra. Wemheuer. 
También nosotros creemos que no es un cambio puramente lingüístico, sino que se trata de un concepto diferente, de modo que, si no podemos conseguir la supresión de la corrección, quisiéramos que se devolviera a comisión para aclararlo. 
Señorías, tenemos, pues, una propuesta relativa al corrigendum y una propuesta de devolución a comisión. 
Por tanto, quizás voy a someter primero a votación la propuesta relativa al corrigendum, para saber si éste es aprobado o rechazado. 
Señora Theato, ¿está de acuerdo con este procedimiento? 
Señor Presidente, primero quiero saber exactamente si usted, caso de que no se acepte la rectificación, va a mandar votar sobre la devolución a la comisión. 
Tengo que saber exactamente la vía del procedimiento. 
¿Es así? 
¿Se va a votar primero sobre la rectificación? 
Y si se aprueba ésta, ¿va a mandar que se celebre otra votación? 
Señora, vamos a votar primero el corrigendum. 
Si el corrigendum es aprobado, votaremos enseguida, si llega el caso, una devolución a comisión, siempre y cuando usted la solicite. 
Sin embargo, por el momento, me ocupo de una propuesta de la Sra. Green destinada a la devolución a comisión si no se aprueba el corrigendum. 
¿Es efectivamente así? 
(Interrupción de la Sra. Green) Perdóneme, señora Green, es lo contrario. 
Me expresé mal. 
Primero vamos a votar el corrigendum nº 1, para ver si se acepta o no. 
Ya que este corrigendum sustituye en francés, se lo recuerdo, la expresión «fiscal europeo» por la expresión «autoridad judicial europea». 
Por tanto, nos es preciso, puesto que la modificación se aplica al conjunto, votar primero el corrigendum. 
A continuación, votaremos, en caso necesario, la petición de devolución a comisión. 
Señor Presidente, agradezco mucho lo que está usted intentando hacer y estoy de acuerdo con usted, pero éste es un procedimiento que no hemos adoptado antes. 
Por lo que se refiere a la corrección, si la Sra. Theato está dispuesta a retirarla, creo que eso es lo apropiado y después votaremos sobre el texto original. 
Si no está dispuesta a retirarla, creo que debemos devolverlo a comisión. 
Muchas gracias a la señora Green por haber contribuido muy positivamente a una aclaración. Estoy dispuesta a retirar esta rectificación. 
No me afecta a mi misma. 
Quiero decirlo claramente. Pero también quiero decir que todos los colegas, se encuentren donde se encuentren, me dejarían naturalmente en la estacada si debido a la retirada de la rectificación, votasen en contra. 
Quiero decirlo con total claridad. 
La cuestión de cómo se llame esta institución que debe venir en alguna ocasión, no es para mí el asunto central. Para mí, lo principal es que se logre una protección de los intereses financieros. 
Señor Presidente, la votación que quiere mandar realizar ahora es ilícita. 
La ponente ha dicho que la versión original es la alemana. 
Si votamos ahora, lo haremos sobre el trabajo de los traductores y no sobre el asunto de que se trata aquí. 
Por ello, considero ilícita la votación que quiere mandar hacer. 
Deberíamos votar sobre la base del texto alemán. 
Señorías, tomo acta del hecho de que la Señora ponente ha retirado el corrigendum nº 1. 
Por tanto, vamos a votar el texto sin el corrigendum nº 1. 
Estamos efectivamente de acuerdo sobre este punto. 
Que cada uno asuma sus responsabilidades. 
Yo no puedo proponer otra cosa. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Quiero felicitar a nuestro compañero Tom Megahy por la seriedad de su trabajo y la pertinencia de las recomendaciones formuladas por su informe, que me parecen ir en la buena dirección. 
Al igual que muchos de nuestros compañeros, deseo aportar mi apoyo a las enmiendas presentadas por su ponente. 
Así, adhiero totalmente a la idea de distinguir entre el «beneficiario» de la tarjeta y el vehículo. 
Efectivamente, se sabe la dificultad de poner en práctica medidas destinadas a la integración de las personas discapacitadas en una sociedad que siempre excluye más a los individuos menos aptos a adaptarse a obligaciones cada vez más duras. 
Asimismo, espero que esas recomendaciones sean retomadas muy pronto por los Estados miembros de la Unión. 
A través de este informe, se plantea una vez más la cuestión de una Europa ciudadana. 
Es preciso constatar, en efecto, una realidad que se aleja siempre de los discursos oficiales y los indicadores de la Bolsa que desgranan cifras en las que los individuos están ausentes. 
Quiero denunciar una vez más aquí los ataques bruscos y violentos contra los valores de solidaridad y justicia. 
La Unión Europea representa un modelo de desarrollo y de civilización, y quiero recordarlo en estos tiempos de desmantelamiento del Estado de bienestar. 
Concedo que estas palabras se alejan un poco del tema inicial, pero me temo que las medidas destinadas a la desregulación social afectan particularmente a las personas discapacitadas. 
Considero que, en este ámbito, todavía tenemos mucho por hacer, especialmente a nivel del acceso al empleo y la lucha contra todas las discriminaciones larvadas, que afectan demasiado a menudo a las personas discapacitadas. 
Aunque mi colega el Sr. Megahy está en lo cierto al señalar que el Consejo opta sólo por una recomendación no vinculante que sirva de orientación a los Gobiernos sobre esta cuestión, comparto su favorable acogida a la idea de una tarjeta relativa al estacionamiento para los discapacitados. 
También me complace que se acepten las propuestas concretas del Parlamento: por ejemplo, la importancia de que se expida la tarjeta a un conductor discapacitado para que la utilice con cualesquiera vehículos que conduzca y que se suprima la necesidad de la renovación burocrática de la tarjeta cada vez que se utilice un vehículo diferente. 
Me alegro también de que se vaya a dejar la definición de conductores discapacitados al arbitrio de los Estados miembros y a permitir que sea todo lo amplia que les parezca oportuno. 
Como siempre, las orientaciones de la UE deben ser una norma mínima en la que deban basarse los países en caso de que quieran darle un carácter más riguroso. 
Espero que los gobiernos hagan todo lo posible para facilitar los viajes a nuestros numerosos conciudadanos discapacitados a fin de que la libre circulación se aplique a todos los europeos en el futuro. 
No puede ser razonable que la UE regule los transportes terrestres tan detalladamente como lo hace en esta reglamentación sobre la construcción, instalación, uso y pruebas de los tacógrafos. 
Los sistemas también tienen que ser aprobados por la Comisión. 
El Consejo ha ido aún más lejos y propone la instalación obligatoria de tacógrafos digitales en todos los nuevos vehículos a partir del 1 de julio del año 2000. 
Estas propuestas afectan especialmente a los pequeños transportistas y a las empresas que no siempre tienen posibilidad de introducir nuevos equipos sin hacer grandes esfuerzos económicos. 
Las materias de esta naturaleza deben ser tratadas en el ámbito nacional. 
La detallada reglamentación comunitaria debe terminar. 
Todos los países europeos realizan hoy un esfuerzo especial por proporcionar a las personas con problemas de movilidad la posibilidad de desplazarse libremente. 
Un eslabón importante de esta política es el acceso de los minusválidos a plazas de aparcamiento reservadas con una ubicación especialmente adecuada. 
La autorización para estacionar en tales plazas se otorga mediante una tarjeta identificativa especial expedida por las autoridades. 
Afortunadamente, estas tarjetas nacionales de minusvalía se admiten en la mayoría de los casos también cuando el titular de la tarjeta viaja a los demás países comunitarios. 
No obstante, será de todas formas bastante más práctico y seguro para los minusválidos si se expide una tarjeta comunitaria común, y por ello el reglamento propuesto representa una iniciativa positiva. 
El Parlamento aprobó durante la primera lectura una serie de enmiendas que tienen por objeto mejorar aún más la situación de los minusválidos y es un motivo de alegría ver que el Consejo ha incorporado estas propuestas a su posición común. 
A la luz de estos positivos resultados doy a la recomendación mi total apoyo. 
Señor Presidente, desearía ofrecer una explicación de voto de modo oral, ya que el Grupo Liberal se ha abstenido en la votación definitiva. 
Nuestro Grupo ha adoptado esta decisión al estimar inaceptable el resultado final de la votación sobre el artículo 4, es decir, el artículo relativo a las redes nacionales de aeropuertos. 
Aquí se ha sometido a votación por separado la enmienda 10 presentada por la comisión, que versaba sobre la introducción del segundo capítulo. 
El Parlamento ha decidido aprobar la enmienda de la comisión por 251 votos a favor y 243 en contra. 
Esta votación limita la equiparación de las tasas, estipuladas en el marco de las redes nacionales de aeropuertos, únicamente al ámbito de los vuelos nacionales. 
Como ya señaló el Comisario Sr. Kinnock ayer ante este Parlamento, esta circunstancia contraviene plenamente el principio fundamental de la directiva, esto es, el principio de no discriminación. 
En el interior de la Unión, las tasas deben ser las mismas para los vuelos nacionales e internacionales. 
Al haberse formulado erróneamente este punto clave en el informe, el Grupo Liberal se ha visto obligado a abstenerse en la votación final. 
Desearía añadir aún que hemos votado en contra de la enmienda 25, presentada por los Verdes, al considerar que ya se han tomado suficientemente en consideración los aspectos medioambientales en nuestra enmienda 26 y en la enmienda 20, presentada por el Grupo de los Socialistas. 
Apoyamos la idea fundamental de la directiva propuesta, es decir, que la transparencia y la colaboración conllevan que las diferencias en los sistemas de tasas sean las más pequeñas posibles. 
Las compañías aéreas europeas pueden beneficiarse de una clarificación de las tasas de aeropuertos. 
Puesto que, sin embargo, estimamos que las redacciones propuestas no son tan claras como para calcular las consecuencias en su conjunto, nos abstenemos de votar. 
Señor Presidente, a medida que avanzamos en la realización del Mercado Único, la Unión Europea debe examinar cada uno de los sectores industriales y velar por que no haya obstáculos no arancelarios al comercio en ellos. 
Ése es el objetivo exactamente de la directiva del Consejo sobre los impuestos aplicados en los aeropuertos. 
En el marco de un mercado único, resulta desorbitado que se impongan impuestos en los aeropuertos mediante formas no transparentes. 
Así como los consumidores quieren conocer lo que compran antes de hacer efectivos los pagos, las compañías aéreas (que son, en realidad, consumidoras de servicios aeroportuarios) deben disfrutar del mismo nivel de transparencia. 
Se debe exigir a los aeropuertos que revelen para qué se utilizan las tasas. 
También debe reflejar el nivel de utilización. 
Las compañías aéreas no deben tener que pagar la misma cantidad por el aterrizaje de una avioneta para viajes cortos que un gran reactor en cualquier aeropuerto. 
Convengo con el ponente en que no es necesario armonizar los impuestos aplicados en los aeropuertos de toda la UE, en la que los diferentes aeropuertos tienen necesidades distintas y las compañías aéreas que utilizan determinado aeropuerto deben correr con el costo de los servicios aeroportuarios. 
Por estas razones apoyo este informe. 
Opino que la legislación comunitaria sobre las tasas de aeropuertos es innecesaria. 
Hay grandes diferencias en las situaciones de los distintos países miembros, lo cual hace más justo y más fácil que ese tema sea regido por la legislación nacional. 
Además, la liberalización y la armonización comunitaria parecen ser objetivos más importantes de lograr que la utilidad pública. 
Por estas razones, me abstengo en la votación final del informe Väyrynen. 
Este informe tiene una considerable importancia para los aeropuertos pequeños y podría reducir drásticamente sus ingresos. 
Luxemburgo, que tiene solamente un único aeropuerto comercial, se está esforzando por encontrar un compromiso razonable entre las tasas de aeropuertos y los intereses de las compañías de transporte aéreo, pero depende de esas tasas. 
Por ello, los socialistas europeos apoyan la enmienda de Brian Simpson (PSE) que pretende que los artículos 4, 5, 6 y 7 solamente se apliquen a aeropuertos que tengan un movimiento anual de al menos 2 millones de pasajeros o de 50.000 toneladas de carga. 
El texto de la Comisión preveía solamente 250.000 pasajeros y 25.000 toneladas de carga. 
Mientras que Luxemburgo está muy lejos del límite de carga previsto en la directiva, en la primera cifra tiene 1, 2 millones de pasajeros, es decir, si se aprueba la enmienda ya no caería bajo la directiva. 
Esto nos permitiría seguir garantizando una gestión del aeropuerto a unos precios favorables. 
Lamentamos sobremanera que no se haya aprobado la enmienda mencionada. Por ello, me he abstenido en la votación final. 
Me gustaría expresar mi apoyo al informe del colega Väyrynen. 
Lo que a mí me interesa sobretodo es que se puedan incluir gastos específicos identificables externamente, que son causados en el campo del medio ambiente por el tráfico aéreo. 
Pienso que es justo cobrar altas sumas de dinero en los aeropuertos en el caso por ejemplo de aparatos ruidosos o de vuelos nocturnos o incluso de aviones que expiden un extremado mal olor a queroseno. 
Esta tasa extra no es únicamente una medida de castigo o una medida para desalentar a los causantes de molestia. 
Con razón la Comisión llama la atención a que la diferenciación no traiga como objetivo que surjan recaudaciones extra para los aeropuertos. 
Tiene que servir en compensación del daño causado al medio ambiente. 
Esas recaudaciones extra tienen que depositarse en un fondo que se utilice para inversiones al medio ambiente en los mismos aeropuertos o para la financiación de inversiones que los vecinos tengan que hacer como consecuencia de la molestias. 
El aeropuerto de Schiphol ya aplica esto último de forma concienzuda. 
Si no se utiliza esa compensación extra al medio ambiente para cubrir la molestia y el daño real causado a l medio ambiente, se corre el riesgo de que determinados aeropuertos contraten vuelos incómodos para recaudar sumas de dinero adicionales. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones he apoyado en especial el artículo 5 y las enmiendas 11, 25 y 26. 
La propuesta de directiva sometida a debate es la última de las medidas propuestas en el tercer paquete destinado a liberalizar el transporte aéreo. 
La Comisión propone el establecimiento de normas únicas para el establecimiento de tasas en los aeropuertos basadas en criterios de no discriminación y que tengan en cuenta la relación entre el coste y la transparencia. 
La propuesta comienza con criterios financieros lógicos al considerar los aeropuertos como simples empresas comerciales e ignorar su importante papel como medios de apoyo al desarrollo y a la cohesión económica que faciliten el ejercicio de políticas sociales, la materialización de los objetivos para la preservación del medio ambiente y la seguridad de los vuelos, de los pasajeros y de los empleados del sector. 
El objetivo, por supuesto, no es la mejora de los servicios prestados ni de las infraestructuras de los aeropuertos ni el reforzamiento de la seguridad, sino la reducción de los costes de compañías aéreas que hagan uso de los aeropuertos, así como la nueva concesión de primas en el reparto de los mercados liberalizados. 
Los beneficiados no serán en ningún caso los empleados encargados de la administración del aeropuerto ni los de las compañías que hagan uso del mismo, ya que para ellos sólo se prevén cambios en sus convenios colectivos, a veces bajo amenaza de cierre- como es el caso de la Olympic Airways- con el fin de reducir los costes de las compañías. 
Tampoco se van a ver beneficiados los pasajeros, que en teoría podrían serlo, ya que la experiencia demuestra que, bajo condiciones de competencia entre oligopolios y de reparto de los mercados, la reducción de los costes conducirá, por regla general, tan sólo al incremento de los beneficios. 
Esta directiva va a ocasionar problemas en el sector de la administración de los aeropuertos, ya que la disminución de sus ingresos reducirá las posibilidades de desarrollo y modernización de las infraestructuras en detrimento de la seguridad de los vuelos y de los pasajeros. 
Dicha disminución de ingresos, junto con la prohibición de subvenciones estatales, en combinación con el asfixiante marco que impone la disciplina presupuestaria, y el recorte de los recursos para la política regional afectarán de forma indirecta a los aeropuertos más pequeños y, por tanto, a las regiones periféricas con mayor dificultad de acceso y que son a su vez las que más apoyo necesitan. 
Partiendo de este punto, deseamos manifestar nuestro desacuerdo con la propuesta de la Comisión al entender que pretende asociar el nivel de las tasas con el coste de los servicios prestados y de las infraestructuras. 
Dichas tasas no sólo cubrirían los gastos de los frecuentados aeropuertos centrales sino también los de los aeropuertos periféricos, pequeños y aislados, y que, dado su escaso tráfico, no pueden hacer frente a sus gastos de funcionamiento, que en su mayoría son fijos, o realizar las inversiones necesarias para su modernización. 
Es de vital importancia destacar, en relación con el tratamiento de este informe, que se debe ver la red de aeropuertos nacionales como un sistema. 
Tiene que ser aceptable que los aeropuertos que producen ganancias subvencionen a otros del sistema que tienen pérdidas, ya que los aeropuertos con ganancias no serían tales si se cerrasen los aeropuertos con pérdidas. 
Informe Aparicio Sánchez (A4-0071/98) 
Con la próxima Unión Económica y Monetaria y la realización del Mercado Único, se suprimirán varios obstáculos al turismo dentro de la Unión. 
Pero sigue siendo válida esta pregunta: ¿tendremos también un mercado único del turismo de verdad? 
Actualmente, la falta de una concepción coherente del turismo por parte de la UE parece indicar que la respuesta a esa pregunta será rotundamente negativa. 
Por esa razón, apoyo plenamente el informe del Sr. Aparicio Sánchez. 
Ya es hora de que la Comisión comience a considerar por separado las consecuencias para los turistas de la Unión al formular instrumentos legislativos. 
Así como hemos empezado a examinar los derechos de los consumidores en sus países, debemos hacer hincapié también en los derechos de los consumidores en vacaciones. 
Esos consumidores son los más vulnerables, por encontrarse en muchos casos en una cultura con la que no están familiarizados, posiblemente en una gira relámpago por varias ciudades y sin conocimiento de la legislación local. 
Acojo con beneplácito la petición del ponente a la Comisión de que aumente la transparencia en el sector de las compañías aéreas. 
A medida que avanzamos hacia la liberalización de los cielos de la Unión, debemos examinar cómo afecta a los turistas de la Unión dicha liberalización (y la costumbre del sector de las compañías aéreas de hacer una discriminación selectiva de los precios). 
También se debe hacer más transparente el procedimiento del código compartido para que el viajero sepa qué compañía lo traslada en realidad en su viaje y no sólo qué compañía le vende el pasaje. 
También me parece particularmente importante la petición por parte del Sr. Aparicio Sánchez de la armonización de las normas de los sectores de hostelería y de los viajes en grupo. 
Para disponer de verdad de un mercado único, los turistas deben estar protegidos por leyes similares en cada uno de los Estados miembros. 
Como indica este informe, la Comisión debe organizar su concepción del sector turístico, pues los sectores que afectan a los turistas están esparcidos por diferentes Direcciones Generales de la Comisión. 
Alentando la cooperación entre los diferentes sectores de formulación de políticas, la UE protegerá sin lugar a dudas a los turistas y contribuirá al crecimiento de ese sector. 
Siempre es una meta importante el mejoramiento de la seguridad y los derechos de los consumidores, aunque yo estimo que el impacto actual del sector turístico sobre el medio ambiente es el problema que requiere más urgente solución. 
La mejor manera de llevar a cabo la protección de la seguridad y los derechos de los consumidores y el mejoramiento de las normas comerciales en el sector turístico es en el ámbito nacional, tanto con miras a la eficacia como a la democracia. 
Por eso me he abstenido en la votación final del informe Aparicio Sánchez. 
Señor Presidente, me complace apoyar este informe hoy, porque comparto su compromiso de velar por que los viajeros víctimas del overbooking de las compañías aéreas o de los hoteles sean indemnizados. 
Demasiadas vacaciones, ganadas con esfuerzo, han resultado estropeadas por esa circunstancia, ya se deba a errores de las compañías afectadas o a actitudes deliberadas. 
El informe está en lo cierto también al señalar que se debe prestar más atención a la seguridad aérea, dado que el número de vuelos y pasajeros que cruzan nuestro espacio aéreo aumenta todos los años. 
Espero que la Comisión y el Consejo pongan en práctica las ideas del ponente y velen por que, gracias a ello, aumente la confianza de los consumidores en el decisivo sector del turismo de nuestra economía. 
Opino que este asunto debe estar fuera de la esfera de trabajo del Parlamento. 
En el punto 11 del informe se propone que la Comisión presente al Parlamento y al Consejo el resultado de una investigación acerca de la sobrecontratación en hoteles y otros alojamientos, etc. Asimismo se propone en el punto 30 que la Comisión, junto con este Parlamento y las organizaciones profesionales, organice anualmente jornadas de estudio sobre la calidad de la oferta de los servicios turísticos. 
Sin duda que el sector turístico tiene en muchos lugares de la UE gran importancia para el empleo, pero resulta un poco absurdo que se presenten tales propuestas en este Parlamento. 
Opino que el tratamiento de esas materias está fuera de nuestra competencia. 
Informe Elles (A4-0097/98) 
El informe del Sr. James Elles sobre la ejecución del presupuesto general de la Unión para 1996 muestra que la actitud de la Comisión acaba por irritar incluso a aquellos que tenían, en un principio, la mejor disposición hacia ella: los fraudes denunciados año con año se repiten sin cesar: las instituciones tienen tendencia a cubrir a los funcionarios responsables, o al menos a hacerlo creer, manteniendo la opacidad alrededor de las investigaciones internas; las reformas enérgicas son inexistentes. 
Por tercera vez consecutiva, el Tribunal de Cuentas se negó conceder su «declaración global positiva» respecto al presupuesto comunitario, y el Parlamento Europeo, por su parte, acaba de negarse a concederle su aprobación de la gestión. 
La lectura de los informes del Tribunal de Cuentas es abrumadora. 
Sin embargo, muestra una acumulación de fraudes o de inercia, sin explicar verdaderamente de dónde procede esta parálisis. 
Por su parte, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones va más lejos en el análisis poniendo en tela de juicio la propia estructura de un determinado número de instituciones y políticas europeas. 
Por ejemplo, el informe Elles se aflige al comprobar que más de un año después de las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el procedimiento del tránsito comunitario, la informatización de este procedimiento, que se presentó como un buen medio para hacerla fiable y operativa, todavía no ha empezado. 
Peor todavía, a la fecha del mes de marzo de 1998, la Comisión ni siquiera ha logrado establecer una especificación detallada del sistema que sería preciso instaurar para mejor detectar los fraudes. 
¿Es preciso, como el informe Elles, incriminar únicamente la inercia de la Comisión? 
En realidad, nosotros percibimos que el problema es mucho más profundo: después de la supresión de los documentos de acompañamiento de las mercancías, así como de los controles en las fronteras internas, ¿el procedimiento del tránsito comunitario no se ha vuelto sencillamente inmanejable? 
¿No puede formularse la misma pregunta respecto a los procedimientos relativos a las iniciativas comunitarias en favor de las PYME, que acarrean una fragmentación tal de los créditos que la Comisión parece incluso incapaz de señalar si se logran o no los objetivos? 
Podríamos multiplicar los ejemplos. 
En total, los fraudes repetitivos no sólo ponen en tela de juicio la laxitud de la gestión, sino también el carácter impracticable de las políticas que, en principio, habían sido decididas con un fin ideológico de desarrollar el gran Estado europeo, mucho más que con una finalidad de eficacia. 
Además, al colocar desde hace mucho tiempo a la Comisión en un pedestal, como guardián incontestable del interés europeo, apenas se facilitó su control, y ahora vemos las consecuencias. 
Para luchar verdaderamente contra el fraude, es preciso hacer descender a la Comisión de su pedestal y ponerla a ella misma bajo control. 
Queda de manifiesto que el negarle la aprobación de la gestión sobre el presupuesto de 1996 deberá acarrear consecuencias. 
Si el Parlamento Europeo fuera lógico consigo mismo, votaría una moción de censura. 
Informe Kellett-Bowman (A4-0092/98) 
Los socialdemócratas daneses se abstienen en la votación del informe de la Sra. Theato. 
Pensamos que el informe trata de adelantarse al progreso, puesto que éste en gran medida se corresponde a una situación que sólo surgirá si no todos los Estados miembros ratifican el convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Unión. 
Aunque tal situación surgiera, no queda claro que sea necesaria una armonización penal a fin de proteger los intereses financieros de la Unión. 
A ello hay que sumar que Dinamarca permanecerá fuera de tal iniciativa como consecuencia de nuestras reservas sobre la participación en la cooperación judicial comunitaria. 
No apoyo la propuesta del informe sobre la creación de una fiscalía europea. 
Sin embargo, opino que es sin lugar a dudas provechoso que se investigue cuidadosamente en el ámbito nacional y se castigue a quienes cometen fraudes con las subvenciones comunitarias. 
(La sesión, interrumpida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Ayuda financiera a las PYME 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0114/98) del Sr. Pronk, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de decisión del Consejo sobre medidas de ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas (PYME) generadoras de empleo (COM (98) 0026- C4-0138/98-98/0024 (CNS) ). 
Señor Presidente, ciertamente el informe sobre el que hoy tratamos fue junto con la propuesta de fundamento jurídico uno de los puntos centrales de los debates presupuestarios del presupuesto de 1998, cuyo ponente fui yo mismo. 
Esta propuesta de fundamento jurídico pretende ser un impulso para más empleo en Europa. 
Con la Presidencia luxemburguesa, durante los debates presupuestarios hemos llegado a un acuerdo al que se han atenido el PE y el Consejo también en la segunda lectura. 
Ahora, la Comisión ha puesto sobre la mesa una propuesta de fundamento jurídico. Tengo que reconocer a la Comisión que, en lo esencial se atiene al resultado de los debates de entonces, pues son tenidos en cuenta en su propuesta de fundamento jurídico. 
El objetivo fue y es aprobar un programa que contribuya a crear con rapidez y sin complicaciones nuevos puestos de trabajo en las empresas innovadoras y no más trabajo en las administraciones de la Comisión y de los Estados miembros. 
Este fue también el tenor de las enmiendas de la Comisión de Presupuestos a la propuesta de fundamento jurídico de la Comisión. 
A demanda de la Comisión, se ha esforzado en aplicar a esta propuesta un procedimiento más rápido, por lo que hoy ya podemos debatir sobre ella. 
Pero respecto a la primera enmienda de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales, quiero decir simplemente que no es correcta. 
En el marco del procedimiento presupuestario de 1998 y en la resolución no hemos determinado que este programa abarque 450 millones de ecus para tres años. 
Lo correcto es que hemos adoptado una resolución por un importe de 150 millones de ecus para el año 1998. 
En los debates entre el Consejo y el Parlamento Europeo se llegó al acuerdo de aplicar este programa para tres años con un importe total de 450 millones de ecus. 
Pero esto no significa- y esta es la posición de la Comisión y del Consejo- que necesitemos un fundamento jurídico para los restantes 420 millones de ecus. 
Respecto a la enmienda nº 3, tengo que constatar que es correcto que se deben tener también en cuenta a las otras pequeñas y medianas empresas que trabajan en el ámbito social y en otros campos del sector sanitario. Pero en la misma enmienda se habla de estimular la creación de puestos de trabajo y esto afecta a todas las empresas y abarca automáticamente también a las empresas que trabajan en el ámbito social. 
Me parece muy cuestionable- y quizás por ello se ha elegido la formulación " en caso necesario» -la enmienda nº 7 de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, presentada por el Sr. Harrison. 
Sé que en Europa existe una mala cultura en el campo de los venture capital funds, lo que acaba de decir también el ponente, y con este programa queremos proporcionar un estímulo. 
Por ello, deberíamos trabajar primero con aquellos que ya existen y no dificultar el procedimiento con una licitación sino tomar los que tienen éxito. 
Esto correspondería al enfoque del documento. 
Por ello, creo que debemos esforzarnos en poner también a disposición de las empresas que quieran correr el riesgo aquello que denominamos capital de riesgo y no deberíamos impedirlo con obstáculos administrativos. 
Señor Presidente, la comisión apoya firmemente las propuestas de la Comisión encaminadas a ayudar a las pequeñas empresas haciendo que la financiación resulte más asequible a las PYME innovadoras y creadoras de puestos de trabajo. 
Acogemos con beneplácito la participación del mayor banco de Europa- nuestro banco: el Banco Europeo de Inversiones- y la utilización del Fondo Europeo de Inversiones. 
Sé que la comisión principal, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sigue abrigando cierta preocupación por el nivel del fondos que se aportarán para esos tres programas y el calendario para la ejecución de éstos. 
Comparto esa preocupación y espero que se pueda utilizar lo antes posible la totalidad de esos 450 millones de ecus. 
Al fin y al cabo, esas PYME, que tan rápidamente evolucionan, son las lanchas motoras en el lago Lemán de la economía de Europa. 
Sin embargo, de vuelta a aguas más tranquilas, la comisión planteó varias inquietudes. 
En primer lugar, se deben conceder las subvenciones a empresas que ofrezcan la esperanza de aportar puestos de trabajos sostenibles y, además, nuevos. 
No se debe utilizar el Fondo Europeo como substituto de la inversión normal de las empresas. 
En segundo lugar, los fondos deben ir destinados a las microempresas. Éstas son las bellotitas a partir de las cuales han crecido algunos de los robles más altos en el bosque de los puestos de trabajo. 
Además, se deben seleccionar las instituciones intermediarias de forma transparente, convocando licitaciones competitivas en los casos en que sean viables. 
La observación final de la comisión se centra en el relieve público del Banco Europeo de Inversiones. 
Pese a su excelente calificación, tiene un reconocimiento cero entre las PYME de la UE. 
Siguen escribiéndome empresas para preguntarme cómo pueden conseguir fondos del BEI. «He mirado de un extremo a otro de la calle principal de mi ciudad y no ha habido manera de encontrar el BEI» , dicen las personas que me escriben. 
Ya es hora de que el BEI salga a la luz y diga a Europa que está aquí para ayudar. 
Por último, deseo felicitar al Sr. Pronk por la redacción de su informe. 
Presidente, el señor Pronk ha recordado en su discurso inicial la colaboración bastante intensa que ha existido entre los tres cuerpos. 
Esto se ha debido en gran medida al hecho de que el Parlamento Europeo ha financiado en gran parte este proyecto con su propio presupuesto. Por eso era necesario para los demás colaborar con nosotros. 
El Parlamento Europeo lo hizo para crear la posibilidad de poner sobre la mesa por lo menos un proyecto concreto para la Conferencia Cumbre de Empleo en Luxemburgo. Estoy extraordinariamente contento de que por fin lo hayamos hecho, con muchísimo esfuerzo por cierto. 
El objetivo de todo el proyecto es por supuesto la creación de empleo. Acepto la idea de que las PYMES pueden jugar un extraordinario papel en eso. 
Quiero indicar sin embargo que aquí se trata de una clase de hiper. Todo el mundo piensa que si has creado una pequeña empresa el asunto está salvado; mientras que si miras un año más tarde tienes que constatar a tu pesar que han desaparecido bastantes. 
De ahí que quiera poner el acento a la petición que nosotros hacemos en nuestras enmiendas de incluir claramente también la enseñanza y apoyo para estas personas, ya que estas personas se tienen ganado una buena asistencia, ya sea dentro del marco de la iniciativa empresarial tal como se ha formulado durante la Conferencia Cumbre de Empleo, o dentro de este proyecto, para procurar que el empleo se mantenga. 
Otro aspecto al que quisiera llamar la atención es la enmienda 11 donde se dice que en la evaluación final tiene que prestarse buena atención a cuál era la calidad de los puestos de trabajo creados, por ejemplo en el terreno de la protección social, derechos de los sindicatos, etc., y qué nuevo tipo de empleo se ha creado. Es atípico, para toda la jornada laboral, sí o no. 
Si esto llega a la evaluación significa naturalmente que tiene que jugar un papel en los objetivos, en la aprobación de proyectos. 
Espero que la Comisión le preste atención a esto desde el principio. El encargárselo a los Estados miembros sin más es una estrategia extremadamente peligrosa, porque en una parte de los Estados miembros los trabajos de hamburguesas son en este momento más populares que un equilibrio entre flexibilidad y seguridad. 
Finalmente quisiera señalar que en este proyecto ha sido muy importante la relación, la conexión con lo que nosotros llamamos el tercer sistema, la llamada economía social que puede situarse en el terreno de la sanidad o de la cultura, pero donde según mi opinión se encuentra una gran cantidad de empleo. 
Creo que aún hoy en día se sigue infravalorando de hecho a este grupo, también por parte de la Comisión y abogo en favor de una unión de estos proyectos con la propuesta sobre la que discutimos y espero que mañana sea aprobada si la Comisión ha tomado lo suficiente de nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, en su informe sobre la propuesta de resolución del Consejo sobre medidas para la ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas que sean innovadoras y que creen puestos de trabajo, el colega Pronk ha expuesto claramente los problemas y preocupaciones. 
Quiero expresarle por ello mis felicitaciones y espero que sus propuestas sean tenidas en cuenta del modo correspondiente por la Comisión y el Consejo. 
Desde hace años, todas las instituciones de la Unión Europea subrayan la importancia de las pequeñas y medianas empresas en el campo del empleo. 
Todas las cifras de que disponemos demuestran que las PYMES son de hecho la espina dorsal del crecimiento económico y que van a seguir siéndolo. 
Cuanto más pequeñas son las empresas, tanto más éxito tienen por lo general a la hora de crear puestos de trabajo. 
Se han logrado éxitos pero, a pesar de ello, señor Comisario, continuamente escucho críticas en el sentido de que los programas son poco eficientes porque precisamente para las pequeñas y medianas empresas la presentación de las solicitudes es demasiado complicada, burocrática y larga. 
Por este motivo, muchas PYMES recurren a costosos asesores. 
En las nuevas propuestas no se deben cometer estos errores. 
Lamentablemente, está justificada la crítica de que hasta hoy no se ha realizado una valoración comparativa de las acciones llevadas a cabo, en la que se tengan en cuenta los costes por cada puesto de trabajo creado. 
Esta deficiente transparencia dificulta considerablemente los preparativos de las nuevas medidas proyectadas. 
No obstante, espero que tengan éxito lo que el ponente menciona como " programa de capital inicial ETF» , el Joint European Venture y la simplificación de los avales para las PYMES, en especial, para las empresas de hasta 100 trabajadores. 
Precisamente, estas empresas tienen problemas cuando se trata de poner a disposición capital de riesgo. 
Esto lo quiere facilitar el Parlamento mediante la simplificación de los avales para las PYMES y crear más puestos de trabajo. 
Por ello, espero que el importe definitivo de los créditos se aproxime a la propuesta del Parlamento. 
Para los parados, el éxito de las nuevas medidas en la UE es importante y urgente. 
Cuanto más rápidamente se haga, tanto mejor. 
La divisa debe ser menos burocracia y más empleo. 
Espero que logremos con rapidez este objetivo pero no como el colega van Velzen dice, mediante el máximo número posible de normas que deban cumplir las empresas; esto sería lamentable. 
Señor Presidente, doy la bienvenida al Comisario en la Asamblea. En primer lugar, quiero felicitar a mi colega el Sr. Pronk por su espléndido informe, que llega en un momento muy oportuno para nosotros. 
La semana pasada, examinamos en Bruselas los cambios propuestos para los Fondos estructurales y para los mecanismos de apoyo con cargo al Fondo Social Europeo, en particular los destinados a la creación de puestos de trabajo, y vimos con cierta inquietud que se están reduciendo globalmente las cantidades reales de dinero asignadas para la creación de puestos de trabajo y procesos de formación. 
Como ya han dicho mis colegas, el sector de las PYME representa más del 66 % de todo el empleo de la UE. 
Irlanda es excepcional, en el sentido de que nuestro criterio en la Unión Europea para conceder el estatuto de PYME es una media de 250 empleados o menos. 
En Irlanda la mayoría de las empresas de ese sector emplean a 80 personas o menos. 
Eso nos brinda una gran oportunidad de enviar un mensaje muy sólido a las personas que están arriesgando su capital en el sentido de que estamos dispuestos a actuar con ellas como socios para crear nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo y, en particular, nueva riqueza económica. 
Debemos centrarnos más que antes en algunos aspectos. 
El Sr. van Velzen se ha referido a que muchas PYME cierran un año después de su creación. 
La razón principal es la de que no tienen acceso a una financiación a plazo más largo de un año. 
En segundo lugar, no tienen el mismo acceso a la formación que les permita mantenerse al día en materia de nuevas tecnologías, con las nuevas previsiones económicas, para poder ser competitivas en los mercados principales. 
Felicito al Sr. Pronk por sus propuestas sobre el aspecto muy técnico de la facilitación de capital de riesgo a esas pequeñas empresas, para que Europa pueda dar ejemplo una vez más en materia de creación de nuevos puestos de trabajo. 
Por último, no considero apropiado que se incluya el sector terciario. 
Abundando en lo dicho por el Sr. Schiedermeier, es importante reconocer que podemos proteger los derechos sociales de los trabajadores, pero eso no significa que debamos aumentar la burocracia y el papeleo. 
Asimismo gracias al Parlamento ha sido posible que estos recursos se hayan dejado libres. En mi opinión se han despachado en pro de un buen objetivo, esto es apoyar a empresas emprendedoras con necesidades de capital para comenzar y seguir rodando. 
Es único lo que hacemos. Pienso que está muy bien que elijamos esa opción. 
Por otra parte tenemos que procurar que no se lleve la mejor parte el que reparte, ni los centros de investigación, ni aquéllos que tienen que canalizar el dinero. 
Por esas razones y porque estamos preocupados que se dirijan los recursos por un camino equivocado, hemos presentado una enmienda al artículo 3 de esta propuesta. 
Por la misma razón hemos presentado la enmienda 17, ya que pensamos que si se quiere evaluar se tiene que saber lo que se evalúa. 
En este momento hay falta de claridad sobre las medidas llevadas a cabo. 
Quisiera que la Comisión me dijera qué piensa de esta enmiendas. 
El señor Pronk ha dicho que hasta este punto hemos colaborado explícitamente y que hemos marchado de forma unánime. 
Aquéllos que me conocen desde hace tiempo saben que en general intento tener en cuenta lo razonable de una serie de asuntos, también en el debate entre la Comisión y el Consejo, pero pienso que debemos atender a ser razonables recíprocamente y que tenemos que mirar de forma seria nuestras recíprocas enmiendas. 
Presidente, ya lo ha dicho el señor Van Velzen: es muy importante el apoyo a jóvenes empresarios y jóvenes emprendedores. 
Pienso que el señor Van Velzen dice demasiado a la ligera que muchos emprendedores no continúan. 
Comparto su opinión en cuanto a ese apoyo, pero pienso que siempre se correrán riesgos y pienso que precisamente tenemos que poner nuestra vista en los que siguen adelante. 
Ya que en América resulta que con más frecuencia se crean puestos de trabajo que se corren riesgos. 
Señor Presidente, desearía comenzar felicitando al ponente, el Sr. Pronk, por haber logrado abordar con tan buenos resultados, y en un breve espacio de tiempo, los aspectos fundamentales de esta cuestión, así como por haber introducido enmiendas favorables e importantes en la propuesta de la Comisión. 
Me satisface de manera especial que el informe apunte la conveniencia de orientar parte del programa de financiación destinado a las PYME a la financiación en beneficio de las PYME del sector de servicios, principalmente por lo que respecta a los ámbitos de sanidad, formación y cultura. 
Este nuevo planteamiento muestra una amplitud en la interpretación del concepto de innovación que se presenta necesaria en la actualidad. 
Los descubrimientos en el sector tecnológico no constituyen únicamente, ni mucho menos, el conjunto de las innovaciones, ya que las nuevas modalidades de oferta de servicios o de asistencia pueden ser unas innovaciones de un carácter igualmente positivo. 
Naturalmente, la responsabilidad principal en materia de sanidad pública y en otros ámbitos similares debe ser asumida por el sector público, el cual se verá a la postre complementado, que no totalmente sustituido, por las PYME del sector terciario. 
Las empresas de este sector son a menudo gestionadas por mujeres. 
Me satisface igualmente que en el informe se mencione de manera explícita la necesidad de información orientada a las mujeres. 
Se trata, en muchos casos, de empresas muy pequeñas; además, las mujeres ni cuentan con experiencia como empresarias, ni disponen de información sobre las posibilidades de financiación. 
No obstante, las mujeres están presentes a menudo en las actividades de servicios con predominio de mano de obra, por lo que las inversiones en sus empresas propician la creación directa de puestos de trabajo. 
Para todos, tanto hombres como mujeres, sería bueno lograr que la información sobre las distintas posibilidades de financiación que ofrece la UE estuviera fácilmente disponible en una sola ventanilla, sin necesidad de pasar a través de distintas instancias. 
Esto es muy importante. 
Señor Presidente, como los demás, agradezco al Sr. Pronk su trabajo. 
Me llama la atención el grado de consenso que suele haber sobre este importante asunto en todos los Grupos parlamentarios. 
Parece que todos sabemos en este Parlamento que es la esperanza para abordar la horrenda falta de puestos de trabajo. 
Es la estrella brillante que refulge en esa obscuridad. 
Yo procedo de una zona con una población muy escasa y he de preguntar: ¿qué entendemos por pequeño? 
En muchas partes de mi zona, una empresa de 50 empleados no sería pequeña, sino grande. 
Me uno al diputado que ha pedido un conjunto de normas especiales para las microempresas. 
Algunos de los planes más innovadores de mi circunscripción se han puesto en marcha con de cinco a diez empleados, a veces en lugares muy remotos. 
Si la idea es suficientemente buena, en muchos casos se puede superar la lejanía. 
Hay un ejemplo así en Skye, donde personal científicamente competente y que trabaja en zonas muy pequeñas crea instrumentos destinados a medir diversas partes del cuerpo para diversos fines. 
El objeto producido es tan pequeño, que no resulta caro enviarlo a todas las partes del mundo. 
Esa empresa comenzó con dos hombres y ahora emplea a unos 30 científicos de alto nivel, que están contentos de vivir en Skye. 
Con frecuencia puede ocurrir que algo muy pequeño al comienzo llegue a ser muy importante para toda la comunidad. 
La mayoría de esas pequeñas empresas tienen el problema de una limitada base de inversión y eso es lo que estamos intentando abordar. 
Acojo con beneplácito los tres planes que con tanta destreza ha descrito el Sr. Pronk. 
Sin embargo, hemos de preguntarnos por lo que ocurre, una vez que las pequeñas empresas han superado la fase de puesta en marcha y han tenido cierto éxito en materia de creación de puestos de trabajo. 
Entonces es cuando empiezan a pasar la prueba. 
Con mucha frecuencia en mi país- y en otros- quiebran por culpa de los retrasos en los pagos y la falta de un código que los castigue. 
Recientemente, hubo un programa en la BBC, según el cual la Comisión está a punto de introducir una directiva sobre ese tema. 
Ojalá sea verdad. 
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, de la que fui miembro durante bastante tiempo, todos queríamos unánimemente un código que castigara el retraso en los pagos. 
El retraso en los pagos es lo que desbarata toda la labor que estamos intentando hacer aquí y con frecuencia los culpables son grandes empresas, autoridades locales y- he de decirlo- instituciones de la Unión Europea. 
Todas ellas son responsables del cierre de muchas de esas empresas, que han logrado superar los obstáculos para ponerse en marcha y crear puestos de trabajo. 
Los antiguos planes funcionaron bastante bien, una vez que logramos que un gran número de bancos apoyaran el sistema de garantías del Banco Europeo de Inversiones. 
No hemos hecho una evaluación propiamente dicha, como ha dicho un orador, del rendimiento desde el punto de vista del costo por puesto de trabajo. 
Yo difundí mucha información en mi circunscripción de Escocia sobre dicho plan y muchas personas me escribieron. 
La verdad es que no debería ser yo quien hiciera la propaganda. 
Muchas empresas no reciben, sencillamente, información sobre el BEI, ni siquiera sobre la importante labor que llevan a cabo los Centros Europeos de Información. 
Por ejemplo, en Inverness hay un centro excelente, pero no recibe suficientes fondos para difundir su existencia y lo que puede ofrecer. 
Acojo con beneplácito este informe con todos sus méritos y espero que sea aprobado por unanimidad. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente por su excelente informe. 
Desde luego, en toda la Unión Europea se reconoce que las PYME son fundamentales para el futuro de nuestra economía. 
Teniéndolo presente, acojo, desde luego, con beneplácito este informe que intenta desarrollar el compromiso del Parlamento con vistas a la creación de condiciones en las que las PYME puedan desarrollarse. 
Todos sabemos que las pequeñas y medianas empresas representan más del 65 % de nuestro empleo, por lo que es lógico que, a la hora de buscar formas de fortalecer nuestra economía, la mayoría de las acciones vayan encaminadas a ayudarlas a superar las dificultades iniciales. 
Desde luego, apoyo las peticiones de ayuda, porque en mi circunscripción ocurre algo parecido a lo expuesto por la Sra. Ewing. 
Muchas de las propuestas se refieren a empresas con menos de cincuenta empleados, con menos de veinte empleados, de hecho, y muchas de ellas son las microempresas que comienzan con muy poco y, si no reciben esa ayuda inicial, pueden hundirse muy rápidamente. 
El retraso en los pagos es, desde luego, uno de los problemas más graves y creo que debemos velar por brindar la flexibilidad necesaria y no asfixiarlas con más papeleo y burocracia. 
Ése es uno de los problemas que veo en los gobiernos nacionales, en particular cuando el apoyo procede de la UE: que las nuevas propuestas parecen ir acompañadas de más condiciones burocráticas. 
Si no las aligeramos, si no demostramos mayor flexibilidad al respecto, creo que no lograremos lo que esperamos: que los ciudadanos de la UE vuelvan al trabajo. 
En mi circunscripción, tenemos el problema particular de la diferencia entre la libra esterlina y la libra irlandesa. 
El Gobierno del Reino Unido no ha podido resolver hasta ahora el problema del alto tipo de cambio de su divisa, la más sobrevalorada del mundo. 
No cabe duda de que la libra esterlina está creando considerables dificultades a muchas de las pequeñas empresas de mi circunscripción, en particular en las regiones fronterizas, y expulsándolas del mercado. 
Ésos son los imperativos que debemos afrontar- creo yo- y, si no lo hacemos, creo que no desempeñaremos la función que nos corresponde aquí y no lograremos a largo plazo lo que esperamos: devolver a los ciudadanos de Europa al trabajo. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar al Sr. Pronk por su informe. 
Como han dicho todos los oradores que me han precedido, no cabe duda de que todos los estudios y las estadísticas sostienen que el futuro del empleo europeo depende de las pequeñas empresas que en los últimos diez años han sido las únicas capaces de crear el mayor número de nuevos puestos de trabajo. 
En Italia, por ejemplo, existen alrededor de 4 millones de pequeñas empresas que representan el 90 % de nuestro patrimonio empresarial. 
Las pequeñas y medianas empresas han registrado la mayor capacidad de crecimiento y, por lo tanto, de creación de puestos de trabajo precisamente porque logran adaptarse mejor a las exigencias del mercado. 
Con frecuencia, sin embargo, las pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a asumir todos los riesgos empresariales, sin ninguna clase de facilidad ni en términos de ventajas fiscales ni en términos de acceso al crédito, habida cuenta de que normalmente el Estado privilegia y ayuda sólo a las grandes empresas. 
Además, las dificultades para encontrar dinero, salvo que con tipos bancarios muy a menudo totalmente irracionales, son las que favorecen las condiciones para la difusión cada vez más preocupante del fenómeno de la usura. 
En consecuencia, no puedo dejar de coincidir plenamente con el espíritu de la iniciativa en favor de las nuevas medidas financieras para las pequeñas y medianas empresas. 
En particular, estoy de acuerdo con la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales sobre la necesidad de otorgar una explícita prioridad a las empresas con menos de 100 trabajadores comprobando, sin embargo, con cuidado y transparencia la auténtica capacidad de crecimiento de estas empresas que tienen que generar nuevos puestos de trabajo, bien entendido que los mismos deben ser duraderos. 
Ayudar a las pequeñas y medianas empresas más dinámicas, especialmente las pequeñas empresas de los jóvenes y de las mujeres- sectores que quizás sufren las mayores desventajas- poniendo a su disposición más fondos y medios de financiación, no sólo supondrá un aumento del empleo, sino innovaciones tecnológicas, competitividad en el mercado y, sobre todo, una mayor capacidad de los operadores económicos de hacer frente a los retos y las oportunidades de la inminente Unión Monetaria europea. 
Señor Presidente, como ya han recordado el ponente Sr. Pronk y los colegas que han intervenido antes que yo, desde hace años se están tratando de encontrar instrumentos, modalidades y soluciones eficaces y capaces de contribuir a hacer frente de forma positiva al problema del empleo. 
La observación de la realidad nos confirma que en todos los Estados de la Unión las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral del sector empresarial en Europa, y las únicas, según se ha dicho, que han permitido la creación de nuevos puestos de trabajo en los últimos años. 
Las pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, son las estructuras más capaces de adaptarse a los cambios rápidos, de ser flexibles, pero también las que tienen mayores dificultades para encontrar capitales propios en los mercados y para acceder al crédito con tipos de interés más ventajosos. 
Es necesario, por lo tanto, como por otra parte se viene haciendo y como se propone en la Comunicación, que a nivel comunitario se intervenga precisamente para incrementar la capacidad de crecimiento y la vitalidad de las pequeñas y medianas empresas, facilitando y reforzando su acceso al capital. 
Por esto, el año pasado, con vistas a la Cumbre extraordinaria de Luxemburgo, el Parlamento Europeo invitó al Consejo a que adoptara medidas de fortalecimiento y de ampliación en favor de las pequeñas y medianas empresas y propuso la creación de la nueva línea presupuestaria B-55 «Mercado de trabajo e innovación tecnológica» , dotada con 450 mecus a lo largo de 3 años, articulando sus medidas en dos capítulos, es decir, iniciativas en favor del mercado de trabajo e innovación tecnológica, y esto además de lo ya previsto por el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones. 
En particular, las iniciativas en favor del mercado de trabajo se basan en la puesta en práctica de la Comunicación de la Comisión que señala la necesidad de fomentar las iniciativas locales en favor del empleo, llegando incluso a la determinación de 17 sectores diferentes respecto a los cuales hay que financiar proyectos piloto y la difusión de esas buenas prácticas que, a lo largo de estos años, han ofrecido resultados satisfactorios en términos de empleo. 
Pienso, entre otros, en el desarrollo y la promoción de proyectos piloto en el ámbito del tercer sector, y no terciario como con frecuencia se llama o se traduce erróneamente, que además de crear empleo, a nivel local, representan un instrumento eficaz de participación y de formulación de respuestas positivas a las necesidades sociales, medioambientales y culturales. 
Por eso, debo manifestar que, defraudando las expectativas, la Comisión, a través de la propuesta que hoy estamos debatiendo, financia un importe de referencia de 420 mecus y excluye la iniciativa del primer capítulo. 
Francamente esto me parece bastante extraño, y así también lo entiende el Parlamento, e incoherente con las indicaciones y las decisiones del Parlamento Europeo aprobadas por el Consejo de Luxemburgo. 
En consecuencia, además de aprobar la propuesta de la Comisión, es necesario corregir, como propone el señor ponente- a quien felicito- e incluir en la propuesta de fundamento jurídico lo mencionado anteriormente. 
Señor Presidente, señor comisario, queridos colegas. Me gustaría felicitar en primer lugar al colega Pronk por el trabajo que ha hecho en relación con este informe y que en parte puede ser visto como innovador en lo que respecta a la actividad del Parlamento. 
Quiero dejar claro desde el principio que soy partidario de esta iniciativa de crecimiento y empleo. 
El Parlamento Europeo ha dejado libre recursos por un importe de tres veces 150 millones de ecus y todo esto principalmente en pro de empresas pequeñas y medianas, empresas de hasta 250 trabajadores tal como nos ha dicho la Comisión Europea. 
Hay unanimidad en este Parlamento para apoyar esto. 
Sin embargo quisiera, señor Presidente, exponer algunas objeciones críticas al Parlamento y a la Comisión Europea con la esperanza de que sigan dirigiendo esta iniciativa íntegra también de forma crítica. 
La primera objeción. El 90 % se destina a la llamada ayuda a la tecnología de las PYMES. 
Incluye subsectores que emplean principalmente a cualificados de alto rango. 
Esta especie de prestación de ayuda tiene que ir paralela con inversiones en la enseñanza y formación empresarial, si no amenaza el que aumente la escasez de mano de obra cualificada tecnológicamente. 
Hoy dicen en la prensa que el gobierno belga busca 5000 especialistas en informática y en Gran Bretaña el primer ministro Blair busca 20.000 especialistas en informática para poder atajar la bomba del milenio y otras bombas. 
No están en el mercado en este momento. 
Necesitamos para ello formación y preparación adicional. 
En segundo lugar, me alegro de que la enmienda 3 quiera ampliar esta iniciativa hasta el tercer sector, sobretodo en sectores como la sanidad, enseñanza y cultura. 
Estos ángulos de incidencia sociales tienen gran valor por sí mismos y pueden ocuparse de cantidad de puestos de trabajo. 
No se trata tanto de mano de obra muy cualificada sino de los poco cualificados. 
La lucha contra el paro estructural debe ser puesta en marcha en ese entorno. 
Una última observación, señor Presidente, debemos vigilar por encima de todo que no nos encontremos con el fenómeno del huevo del cuco. En los Países Bajos se dice " un niño sustituido» , con lo que se dan importantes subsidios a las PYMES, no tanto para empleos principales como secundarios. 
De ahí la importancia del reportaje sobre la fase de ejecución y más concretamente sobre la creación de empleo. 
Señor Presidente, quisiera rendir homenaje al Sr. Pronk por la preparación y presentación de un informe magnífico. 
Me complace en particular que se hayan colocado ahora las pequeñas y medianas empresas en el primer puesto del orden del día europeo y se reconozca su importante papel en la creación de puestos de trabajo dentro de la Unión. 
Las PYME son la columna vertebral de los sectores industrial, comercial y de servicios de toda la Unión, pues la tercera parte de todos los puestos de trabajo del sector privado de la Unión corresponden a empresas que emplean a menos de diez empleados. 
Como procedo de una región casi ultraperiférica del noroeste de Irlanda y represento la circunscripción de Connacht y Ulster, que tiene una alta tasa de desempleo y una renta por habitante inferior al 75 % de la media europea, me identifico en gran medida con las empresas con menos de diez empleados y aprecio plenamente su importancia. 
Debemos crear un ambiente económico que propicie la inversión en pequeñas empresas. 
La creación de una cultura empresarial en la Unión es absolutamente esencial. 
No es cometido de la Comisión ni, de hecho, de los Gobiernos de los Estados miembros el de crear empleo. 
Sin embargo, su cometido consiste en crear condiciones que propicien la inversión y la creación de puestos de trabajo. 
Unas condiciones económicas favorables, la competitividad y la flexibilidad en el mercado laboral son requisitos previos esenciales para la creación de puestos de trabajo. 
Así, pues, como conclusión, acojo con beneplácito la decisión del Parlamento de aportar recursos financieros suplementarios por valor de 450 millones de ecus y también la propuesta de una decisión del Consejo para ayudar a las PYME. 
Señor Presidente, las grandes empresas y los consorcios multilaterales son los que dominan el campo de la publicidad. Están anclados en la consciencia de las personas por su continua presencia. 
Piensen por ejemplo, solamente en la Coca Cola: esté donde esté, cualquier niño la conoce. 
Pero el auténtico soporte de nuestra economía no son las pocas grandes sino las muchas pequeñas empresas, las PYMES. 
Representan el 66 % de todos los puestos de trabajo en la UE y destacan por su fuerte crecimiento de empleo bruto. 
Por ello, saludo cualquier iniciativa que permita conceder una ayuda financiera a estas empresas tan eficientes. Pues uno de los mayores problemas de las pequeñas empresas es la deficiente dotación con capital propio que existe en la mayoría de los casos. 
Si realmente se va a alcanzar el objetivo de este programa, la creación de más puestos de trabajo, solamente se podrá demostrar mediante una evaluación a posteriori. 
Cuanto antes se lleve a cabo esta evaluación y más detallado sea el control, tanto mejor se podrán aplicar los programas y los créditos financieros. 
Por ello, apoyo plenamente la enmienda nº 10. 
Señor Presidente, este informe sobre la asistencia financiera para las PYME innovadoras y creadoras de puestos de trabajo transmite la promesa de que se aportarán recursos para estimular el espíritu empresarial que propiciará el crecimiento sostenible en materia de empleo. 
Sin embargo, es de lamentar que la propuesta de la Comisión de una decisión del Consejo no mencione el papel que las empresarias podrían desempeñar en ese proceso. 
Se trata de una grave omisión, porque las mujeres probablemente representen el mayor potencial en ese ámbito. 
Actualmente, sólo el 30 % de las PYME están dirigidas por mujeres, pero, según las estadísticas pertinentes, esas empresas son las que tienen más probabilidades de triunfar. 
El extraordinario Sr. Pronk ha tenido la amabilidad de aceptar mi propuesta a ese respecto. 
En la enmienda nº 8 se señala la necesidad de lograr la mayor difusión de la información relativa a la asistencia financiera, en particular a las empresarias, y en la enmienda nº 11 se pide una evaluación de los planes que tenga en cuenta la igualdad de oportunidades. 
Espero que la Comisión nos escuche a ese respecto y brinde de verdad oportunidades para las mujeres en esa asistencia financiera. 
Señor Presidente, sin duda alguna, el informe que estamos debatiendo representa un hecho positivo y una inversión de la tendencia en lo referente a las intervenciones de la Comunidad Europea. 
Sin embargo, me parece que se trata de una gota de agua en un desierto, o sea, que es del todo insuficiente, más aún que ahora, con la entrada en vigor de la Unión Monetaria, van a aumentar las dificultades de las pequeñas y medianas empresas. 
Nos encontramos ante una situación en la que dejarán de permitirse ciertas flexibilidades y en la que el hecho de que falte un control democrático de las acciones de los Gobiernos y las acciones del Ejecutivo europeo por parte de un Parlamento electo, convierte en más difícil, si cabe, esta problemática. 
La convierte en difícil el profundo descontento que, de hecho, se manifiesta en el ámbito de la producción real. 
Pongo por ejemplo el caso del Estado italiano, en el que fui elegido, un Estado que puso más o menos en orden sus cuentas intensificando la presión fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas y que prevé seguir haciéndolo todavía más en el futuro. Es preciso que la Comisión Europea procure ser muy cauta en este tema. 
Hay inestabilidades: en el norte de Italia existe una zona donde se concentran las pequeñas y medianas empresas que, sin duda, se convertirá en inestable debido a estas políticas. 
El Estado italiano aún no ha entrado en Europa y ya piensa en desviar recursos hacia el sur inspirándose en las prácticas de clientelismo habituales que benefician el gran capital que ha desindustrializado el norte y que crea empresas virtuales en el sur, donde no existe un crecimiento autónomo, porque toda actividad industrial real, aunque mínima, es sofocada por el mundo de las mafias. 
En consecuencia, sería conveniente que la Comisión se olvidara de las visiones idílicas y se diera cuenta de que el Estado italiano provocará una gran inestabilidad, sobre todo debido a la revuelta de los pequeños y medianos empresarios del norte del país. 
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Pronk da respuesta a la iniciativa mencionada por ustedes «crecimiento y empleo» , que su Asamblea tomó liberando los recursos necesarios en el curso del procedimiento presupuestario de 1998. 
Esta señal política del Parlamento Europeo contribuyó ampliamente al éxito del Consejo Europeo sobre el empleo del mes de noviembre pasado, en Luxemburgo. 
Asimismo, la Comisión pudo presentar, sobre estas bases, desde el 21 de enero pasado, su propuesta legislativa y se felicita y les agradece la celeridad con la que su comisión instruyó el expediente. 
Ante el desafío del empleo, no existe una respuesta milagrosa, no existe una solución sencilla. 
La estrategia recomendada por la Comisión reside en la continuación de una política macroeconómica sana a nivel comunitario y en el fortalecimiento de la coordinación de las políticas económicas nacionales y las políticas de empleo. 
En este marco, la iniciativa «crecimiento y empleo» se dedica a desarrollar acciones específicas en favor de las pequeñas y medianas empresas creadoras de empleo, el Sr. Chanterie y la Sra. Ghilardotti lo señalaron hace un momento. 
No se excluye ningún sector, todos los sectores están admitidos. 
Las PYME son las reservas de empleo en Europa. 
Les recuerdo que en Estados Unidos se calcula que el 3 % de las empresas- las que trabajan esencialmente en las biotecnologías, las telecomunicaciones, los sectores de punta- han creado el 80 % de los puestos de trabajo en este país. 
Por ende, la Comisión ha elegido los mecanismos más eficaces en términos de creación de puestos de trabajo durables, y éstos están especialmente encaminados a aligerar las cargas financieras a las que han de enfrentarse las PYME. 
Al contestar a sus preguntas, volveré a hablar brevemente de estos tres programas, paralelos, pero complementarios. 
Primeramente, la «Ayuda a la puesta en marcha» del mecanismo europeo para las tecnologías- MET- que es un mecanismo de capital de riesgo administrado por el Fondo Europeo de Inversiones. 
El dispositivo propuesto reforzará el mecanismo europeo para las tecnologías- el MET- ya puesto en práctica por el Banco Europeo de Inversiones, pero intervendrá precisamente allí donde el BEI no puede intervenir. 
Este nuevo mecanismo privilegiará el segmento de mercado del capital de riesgo que financia la constitución o la puesta en marcha de pequeñas y medianas empresas cuya financiación es la más alta y la que conlleva más riesgos. 
Yo diría que este MET- o, en inglés, ETF Start up- es una iniciativa para crear empleo, sin más, pues, cualquiera que sea el ámbito o la naturaleza de la PYME- Sra. Ewing, le contesto sobre este punto- y, claro está, para las más pequeñas, las empresas creadas o administradas por mujeres, no hay restricción ni límite en la materia. 
No obstante, observamos que, a pesar de los esfuerzos realizados recientemente, el capital de riesgo sigue estando poco desarrollado en los países europeos, en particular en lo relativo al capital de riesgo destinado a la puesta en marcha. 
Esta es la razón por la que hemos hecho esta propuesta. 
¿Por qué no es posible cambiar el nombre? 
Porque es una iniciativa complementaria al programa del Banco Europeo de Inversiones, de allí la comercialización, es decir la publicidad, la comunicación, orientada alrededor de esta iniciativa. 
Hace un momento señaló usted, Sr. Harrison, que era particularmente difícil para las PYME hacer saber que existían, pues bien, hemos velado por la eficacia en materia de comercialización. 
Por ello se trata de una iniciativa, asociada a la del BEI, que se hará en ejecución de ésta. 
Además, era inútil, a nuestro juicio, añadir el término «euro» para que quede «euro Start up» ya que ello no añadía gran cosa. 
Lo anterior en cuanto a la primera iniciativa, sobre la que quería intervenir en respuesta a sus observaciones. 
Respecto a la segunda, es decir, el sistema Joint European Venture, que los diputados han mencionado menos, diría que ayudará a la constitución de PYME transnacionales en el interior de la Unión para brindarles la oportunidad de que aprovechen mejor las oportunidades que ofrece especialmente el mercado único. 
Este programa prevé contribuciones de una cuantía máxima de 100.000 ecus por proyecto, para los gastos dedicados a los estudios de mercado, a la elaboración de planes de empresa, así como para las subvenciones que podrán cubrir hasta el 10 % de la formación de capital fijo. 
Este mecanismo se apoya sobre la iniciativa piloto aprobada por la Comisión en 1997. 
Añado que hay un programa similar- a saber, el JOP- que está destinado a los países de Europa del Este y que ya ha demostrado su capacidad para crear actividades nuevas y puestos de trabajo. 
Tercer y último mecanismo, el mecanismo de garantía para las PYME, administrado por el Fondo Europeo de Inversiones. 
Este mecanismo está destinado a incrementar el volumen de créditos accesibles a las empresas de pequeño tamaño, o de creación reciente, mediante una repartición de los riesgos con los sistemas de garantía existentes. 
La Comisión cuenta con el efecto de palanca de tal instrumento, que va a añadir una capacidad de crédito real para las pequeñas y medianas empresas interesadas. 
Globalmente, estos tres mecanismos podrían representar de 9.000 a 10.000 millones de ecus de inversiones adicionales en Europa y serán puestos en práctica rápidamente. 
La Comisión, a este respecto, hace suya la petición de ustedes acerca de una evaluación rápida y profunda de la eficacia de estas medidas. 
Sr. Pronk, no hay condiciones adicionales. 
Coincidimos con ustedes en que el acuerdo tenga una duración de tres años completos, claro está, y diría al Sr. Schiedermeier que buscamos efectivamente más transparencia y más facilidad con esta propuesta. 
La Comisión ya ha puesto a disposición del capital de riesgo un determinado número de elementos. 
Este programa es limitado, pero mejorará sensiblemente la puesta a disposición de fondos propios, o de fondos casi propios, para las PYME. 
Una vez dicho esto, no basta con darles hoy aquello de lo que carecen cruelmente. 
Es preciso explotar todas las ventajas que ofrece el mercado único. 
A este respecto, las barreras institucionales, reglamentarias, la fragmentación del mercado, de la fiscalidad, los obstáculos al desarrollo de un vasto mercado europeo de capitales persistirán y también será preciso ocuparse de ellos. 
Yo no creo que la iniciativa «crecimiento y empleo» sea por sí sola suficiente. 
Por ello, la Comisión va a establecer, esta misma tarde, una comisión especial sobre el capital de riesgo, con vistas al Consejo Europeo de Cardiff, en 1998, que tendrá, por tanto, un papel totalmente complementario. 
Para terminar, permítame aunarme a las felicitaciones dirigidas al Sr. Pronk sobre este expediente y decirles que es un muy buen ejemplo del éxito de la cooperación interinstitucional. 
A este respecto, puedo decir que la Comisión puede hacer suyas, a veces mediante algunas modificaciones de redacción, la mayor parte de las enmiendas de su ponente. 
No obstante, no puede- como lo señalé hace un momento- aceptar las enmiendas relativas a un cambio de denominación de la acción, ni a las que operan una discriminación entre las empresas beneficiarias. 
Sra. Ojala y Sr. Wim van Velzen, se admiten todas las empresas, ya que es bueno crear todo tipo de puesto de trabajo. 
En otras palabras, las enmiendas 3, en su segunda parte, 4, 5, 6, 11 en su segunda parte y 15, no pueden ser aceptadas. 
En cambio, a la cuestión de la Sra. Boogerd-Quaak, respondo que podemos aceptar las enmiendas 16 y 17, así como las enmiendas 8 y 10, que mencionó, creo, la Sra. Raschhofer. 
Una última palabra en relación con el aspecto presupuestario, en respuesta a la Sra. Ghilardotti. 
La posición formal de la Comisión es la que se encuentra en la ficha financiera de la propuesta, a saber, 420 millones de ecus para las medidas de ayuda financiera a las PYME. 
Esta cuantía está inscrita en dos líneas: B 5-510, B 5-511, visto que estas dos líneas corresponden respectivamente al mecanismo tecnológico PYME y al JEV. 
Señor Presidente, solamente quisiera preguntar al señor Comisario- al que agradezco sus respuestassi entendí bien que las enmiendas 3, 4, 5, 6 y 11 no son aceptadas. 
Las enmiendas 3, segunda parte, 5, 6 y 11, segunda parte, no son aceptadas. 
Me gustaría que me aclarase que es lo que quiere decir con que no la segunda parte de la enmienda 3, ya que es sencillamente nuestra propia enmienda. 
Me gustaría indicar que el conjunto de este proyecto significa precisamente que nosotros queríamos hacer de paso junto a la pequeña y mediana empresa también innovaciones activas en el campo del mercado de trabajo y actividades en el campo del tercer sistema. 
Hemos insertado precisamente la enmienda 3 porque con esto se restablece el carácter inicial del acuerdo. 
Quisiera señalar que esto no es una discusión al margen; si usted tiene problemas con la enmienda 3, entonces usted tiene problemas con la interpretación que hemos dado al acuerdo que inicialmente se ha cerrado. 
Y con eso se lo pone extremadamente difícil a este Parlamento para que apruebe esta propuesta. 
Por eso le aconsejo que sea extremadamente prudente al remover la enmienda 3. 
Lo que yo he entendido de lo dicho por el Comisario es que, según la Comisión, su propuesta, en su forma actual, permite aportar financiación para las actividades mencionadas en el párrafo que, en su opinión, no debe formar parte del fundamento jurídico. 
¿Me equivoco? 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas. 
Seguimiento de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0105/98) de la Sra. Schörling, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión relativa al seguimiento por la Unión Europea de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (COM (96) 0724- C4-0142/97). 
Señor Presidente, como usted dijo hace un momento, este informe trata de un comunicado de la Comisión sobre la Cumbre Mundial de Copenhague en 1995 sobre desarrollo social, en la que Presidentes y Jefes de Estado de 117 países y de la UE firmaron la Declaración de Copenhague. 
Ellos se pusieron de acuerdo en que los principales objetivos en los que trabajarían serían la erradicación de la pobreza, el aumento del empleo y la estimulación de sociedades justas y seguras. 
Dentro de poco más de un mes, en mayo, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas se reunirá en Nueva York donde se discutirá la realización y continuación de la Cumbre de Copenhague. 
Por eso es de suma importancia que nosotros, desde el Parlamento Europeo y por medio de este informe, tengamos la posibilidad de dar nuestros puntos de vista antes de esta reunión. 
Como sabemos, una nueva Asamblea Plenaria va a debatir esta materia el año 2000 y entonces habrá llegado la hora de mostrar lo que se ha hecho para cumplir aquello que se acordó. 
Por eso doy la bienvenida a este informe de la Comisión y opino que es beneficioso que hayamos tenido la oportunidad de debatir el tema en la comisión, también en presencia de la Comisión. 
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a mis colegas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por una excelente colaboración y por sus valiosos puntos de vista. 
Al mismo tiempo, lamento que la relación de la Comisión de Desarrollo y Cooperación haya llegado un poco tarde como para poder incluir algunas de sus consideraciones en este informe. 
Sin embargo, creo que la mayor parte de las opiniones de esta comisión quedarán satisfechas por el informe. 
Además, deseo señalar que la responsabilidad principal del cumplimiento de las medidas la tienen, en primer lugar, los países miembros. 
La política comunitaria y la UE como actor internacional tienen, sin embargo, una responsabilidad de carácter especial. 
Puede tratarse de efectos sociales y medioambientales perjudiciales ocasionados por el mercado interior. 
Puede tratarse, por ejemplo, de los efectos de la UEM para el empleo y los recortes en el sector público, convergencia económica pero sin criterios sociales y puede tratarse también del papel de la UE como aportante de ayudas para el desarrollo. 
Cuando leo las obligaciones contraídas en la Declaración de Copenhague, no puedo menos que sorprenderme de que la Comisión, ya en el resumen en la primera página, escriba que en el plano nacional y comunitario se ha llevado a cabo una política acorde con las medidas allí acordadas. 
Entonces me veo obligado a decir: ¿cómo se van a solucionar los problemas sociales y medioambientales si, al menos con un ojo, no queremos ver la realidad? 
Pensando en las cantidades de desempleados y pobres que tenemos hoy en la UE, creo que es burlarse un poco cuando se dice que se ha tenido tanto éxito. 
Además, no hay una línea escrita sobre los programas contra la pobreza que todavía no han sido aprobados por el Consejo. 
Echo en falta una estrategia de la Comisión para estimular e incentivar a los firmantes de la Declaración de Copenhague para que establezcan objetivos concretos de desarrollo social y para que hagan participar a los ciudadanos en las decisiones y órdenes de prioridad de las medidas. 
Está bien que se haya puesto un título semejante, pero desgraciadamente son solamente ocho líneas de texto que tratan justamente de esta importante ampliación del debate y de la participación de la sociedad civil. 
La participación de la sociedad civil es, de alguna manera, esencial para que esta política tenga éxito, no sólo en el ámbito comunitario sino que también internacionalmente. 
En los países en desarrollo tiene que instituirse una asociación, una colaboración, de nuevas características con la población oriunda. 
Tenemos que reemplazar la antigua mentalidad de dador/receptor por otra en que conjuntamente tengamos que resolver los problemas del futuro. 
Ha sido una decepción el hecho de que en la Cumbre de Copenhague no se enfatizara suficientemente sobre la necesidad de facilitar el pago de las deudas de los países pobres y que no se lograra adelantar en la toma de posiciones respecto a los mercados financieros y el comercio mundial. 
Alguna vez los países ricos deben tomar iniciativas para romper el siempre creciente abismo entre los países ricos y pobres. 
Durante el último año, el conjunto de las ayudas para el desarrollo ha descendido hasta el nivel más bajo registrado en nuestra época. 
Por eso tengo tanto interés en que realmente votemos a favor del punto 14, que impone un impuesto global a la especulación internacional de divisas, lo cual ha sido propuesto por el Premio Nobel James Tobin, es decir, que los ingresos irían a un fondo administrado por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. 
Pienso que ya es hora de que reconozcamos un fondo de estas características y de que una vez más repitamos desde este Parlamento que ha llegado la hora para el mundo rico de dar, realmente, un gran paso en esta materia. 
Presidente, sustituyo en este momento a la Sra. Glase que ha manejado este dossier para nuestro grupo y también lo ha preparado en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pero que lamentablemente no puede estar presente aquí debido a enfermedad. 
Presidente, estamos aquí ante una buena comunicación de la Comisión Europea. 
Me gustaría agradecer encarecidamente al Comisario Flynn que esté presente también aquí, y soy de la opinión que lo que pone en ese comunicado es bueno por sí mismo y que esto prueba ciertos asuntos que han llegado dentro de las noticias de la Unión Europea para solucionar esto, Presidente. 
En el dictamen de la Sra. Schörling, a la que también quiero agradecer como ponente por aquello que ha anotado, se encuentra cierta información adicional útil y también importante. 
Habría deseado mejor que nos hubiéramos mantenido más cerca de lo que la Comisión nos comunicó y que no nos hubiéramos separado tanto. 
Ya que en este momento tenemos que ver con una situación curiosa. 
Tenemos a la Sra. Schörling que es representante de un país, de Suecia, pero que adopta una opinión que está bastante en contra de la Unión Europea. 
Está naturalmente en todo su derecho pero esa opinión contiene que el país debe mantenerse tan independiente como sea posible. 
En esto también tiene todo su derecho. 
Pero ahora nos encontramos con la curiosa situación de que vamos a introducir en este informe un texto Tongue, un tipo de medidas muy centralizadas y armónicas que suponen una violación a la autonomía de los Estados miembros de imponer impuestos a su propio modo. 
Presidente, si usted lo comprende entonces yo lo comprendo. 
Así no se puede entender a penas. 
No se pueden querer dos cosas al mismo tiempo. 
No se puede por una parte combatir la Unión Europea y al mismo tiempo proponer todo tipo de propuestas que solo conducen a armonía que va en realidad demasiado lejos. 
He oído que el grupo socialista lo asume algo más fácilmente de lo que lo aceptamos nosotros, nosotros no lo podemos aceptar bajo ningún concepto, Presidente. 
Si tuviéramos que llevar las de perder sea cual sea la razón, entonces no podemos apoyar este dictamen, principalmente en cuanto a este punto. 
Hay un par de puntos a los que hemos presentado también enmiendas que intentan mejorar el dictamen. 
Pero sobre el punto del texto Tongue, Presidente, no hay que seguir hablando. 
Luego tenemos que cambiar de opinión totalmente. En realidad la Sra. Schörling ya ha cambiado de opinión al presentar esto desde su punto de vista. 
Señor Presidente, una de las misiones más importantes que tenemos en el ámbito nacional, europeo e internacional es evitar la pobreza y la marginación y crear un desarrollo social, económico y ecológico sostenido. 
Esto lo haremos en el ámbito comunitario junto a nuestros países miembros que también han apoyado la Declaración de Copenhague con sus 10 muy detalladas exigencias. 
El Parlamento también avala y da la bienvenida al comunicado de la Comisión sobre un estudio más pormenorizado y concreto de las exigencias de la Cumbre. 
Sin embargo, se avanza demasiado lentamente y las pretensiones son demasiado débiles. 
Opino que el ponente resume en su informe, de un modo muy meritorio, un informe que va más lejos. 
La pobreza tiene que combatirse con una combinación de medidas. 
No es una medida aislada la que la evita, sino que muchas, por ejemplo, comercio, ayudas, aportes solidarios, desarrollo económico favorable, programas de empleo, más empresas y trabajo remunerado y vida familiar en igualdad de condiciones. 
Hemos dado primacía a tres medidas en el plano nacional y comunitario. 
En primer lugar: comercio y rebajas arancelarias y de tasas; en este contexto la UE tiene una especial responsabilidad. 
En segundo lugar: actividad mancomunada como la iniciativa 20-20 con ayuda para el desarrollo, combinado con programas sociales en los países receptores. 
En tercer lugar: reglas o normas sociales y éticas para el comercio internacional, entre otras, las reglas de la OMC. 
El Grupo Liberal apoya en líneas generales este informe. 
La mayoría del Grupo se opone, sin embargo, a un impuesto Tobin y quiere disminuir la cantidad de referencias a reglas éticas del punto 17, es decir, se apoyan las propuestas de enmienda 9 y 10. 
Por mi parte, no tengo problemas para aceptar el impuesto Tobin y creo que ambas exigencias que propone el ponente merecen probarse para avanzar un poco más en la pretensión de solidaridad y erradicación de la pobreza en el mundo. 
Señor Presidente, el último estudio del informe de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano ofrece una definición de la pobreza, según la cual ésta consiste en la denegación de opciones y oportunidades para una vida tolerable. 
También se dice en él que en esa situación se encuentran 1.300 millones de personas que viven con menos de 1 dólar diario; 1.000 millones de personas son analfabetas y más de 1.000 millones no tienen agua potable. 
A nosotros nos parece que, en estos últimos años, no sólo no ha mejorado esa situación, sino que ni siquiera se ha estabilizado: está aún peor. 
En el mismo informe de las Naciones Unidas se afirma que si en 1960 el 20 % de la población más pobre tenía una participación del 2, 4 % en los ingresos mundiales, dicha participación es hoy del 1, 1 %; y si la distancia entre el 20 % más rico y el 20 % más pobre era en 1960 de 30 a 1, hoy es de 78 a 1. 
Esa situación, por tanto, no mejora, ni siquiera se estabiliza: empeora. 
Por eso, estamos completamente de acuerdo con el informe Schörling, incluso con ese discutido «impuesto Tobin» ; estamos de acuerdo, sobre todo, con que todos los países cumplan con la resolución de las Naciones Unidas que pide se destine el 0, 7 % del PNB a la cooperación al desarrollo. 
Sólo hay en Europa cuatro países que cumplen con esa resolución. 
En los últimos años la donación de esos países no sólo no aumenta sino que disminuye. 
Este año se sitúa en una media del 0, 27 %. 
Consideramos imprescindible que, para un seguimiento adecuado de la Cumbre de Copenhague, todos los países que aún no cumplen esa exigencia adopten una decisión en ese sentido. 
En el estudio de las Naciones Unidas se encuentra una frase muy interesante: » la globalización económica avanza muy rápidamente sin brújula ni mapa y lo único que hace es favorecer a una minoría muy poderosa en el mundo». 
Hay que tomar decisiones, como la aprobación del Cuarto programa de lucha contra la pobreza- que no sabemos dónde está y que encuentra dificultades para salir adelante -; hay que tomar decisiones en el sentido de que la cesión del 0, 7 % sea un mandato inapelable; hay que tomar decisiones en relación con la condonación de la deuda a los países más pobres y, desde luego, hay que pensar en un impuesto como el «impuesto Tobin» , que gravaría los capitales especulativos. 
Con sólo un impuesto del 0, 5 % sobre esos capitales especulativos se conseguiría condonar la deuda de todos los países pobres. 
Comprendemos que la derecha tenga dificultades para aceptar esa propuesta pero si no se toman todas estas decisiones hoy estaremos aquí, hablando y hablando, y no conseguiremos avanzar en la erradicación de la pobreza. 
Y dentro de diez años seguiremos debatiendo aquí sobre la pobreza otra vez y volveremos a hablar de los miles de millones de personas que seguirán estando en esa situación. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, si recuerdo bien justicia social es el concepto central de la doctrina social cristiana. 
Creo que Platón tiene toda la razón cuando dice que no se puede construir ningún ente social sin justicia. 
Entretanto, estamos en una situación de globalización, por la que tenemos un ente social mundial, si bien quizás no siempre le dedicamos la atención que se merece. 
Ponerse en la situación de decir: " esto ya lo arreglará el mercado mundial, el desarrollo tecnológico y la deregulación que tienen realmente lugar ya solucionarán los problemas de algún modo» , no es cristiano ni tampoco razonable. 
Por ello, solamente me puedo admirar de que la derecha en esta Asamblea diga: " no, no podemos de ningún modo». 
Quiero recordar que como Parlamento ya en la fase previa a Copenhague hemos acordado con mayoría hacer exactamente esto, exigirlo. 
De lo que se trata es de ver si logramos utilizar el proceso de la cumbre de la ONU para maniobrar en contra de una globalización ciega y del globalismo ideológico, si logramos cambiar de rumbo hacia la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la codecisión democrática, también para aquellos que viven en países más pobres. 
La Comisión ha desempeñado un papel muy positivo, pero la Sra. Schörling ha extraído con razón la conclusión de que aún hay que hacer algunas cosas. 
Queremos apoyar a la Comisión en este sentido, reconociendo el trabajo que realiza, pero también con la voluntad de impulsarla y animarla, pues se trata de una decisión que afecta al futuro de este planeta. 
Señor Presidente, estimados colegas, tengo la sensación de que, con ocasión de este debate, la Unión Europea en su conjunto se ve sometida a una especie de prueba. 
Creo que a diario estamos hablando de internacionalización, de la sociedad mundial, de la aldea global y creo que deberíamos tomar conciencia, declarar y mostrar qué es lo que queremos decir con ello. 
Un poco más allá de ese concepto, deberíamos preguntarnos si acaso consiste en la internacionalización de la solidaridad. 
Probablemente, nosotros, la Unión Europea, sea aquí donde debiéramos enfatizar. 
Entre los múltiples aspectos que tiene la internacionalización existe uno que es la internacionalización de la solidaridad. 
Considero que ése es el gran debate que conmueve al mundo; y lo digo literalmente, sin exagerar. Esta Cumbre, debería ofrecer a la Unión Europea la oportunidad de ocupar su lugar de manera responsable, de reivindicar su papel en la sociedad mundial y de demostrar con el ejemplo qué es capaz de hacer, qué hace y qué lleva a cabo. 
A título orientativo, me referiré yo también al cuarto programa de lucha contra la pobreza. 
No espero que dicho programa erradique la pobreza. 
Es, sin embargo, una muestra, un indicador, para demostrar, en primer lugar, a nosotros mismos y luego a la sociedad mundial lo que dice y lo que hace la Unión Europea; y creo que junto con otros ejemplos similares como los mencionados en el maravilloso informe de la Sra. Schörling sobre el modelo de Europa que nos ataña, se le deberá conceder especial importancia. 
Señor Comisario, señor Flynn, considero que, con el apoyo del Parlamento, a la Unión Europea se le brinda ahora esta oportunidad. 
Y deseo que mañana el Parlamento Europeo, mediante decisión unánime, sin mezquindades y sin lógicas contables, dé a la Unión Europea el apoyo que necesita en este momento histórico. 
Señor Presidente, en nuestra opinión, el desarrollo económico y social no es un concepto abstracto, sino que debe unirse a los conceptos fundamentales de paz, seguridad, respeto del medio ambiente, sin olvidar, el respeto de los derechos humanos. 
La Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo, además de intentar hacer frente a las consecuencias de la globalización de la economía, hizo hincapié en la necesidad de ultimar políticas adecuadas que sirvan para luchar contra la exclusión social y la pobreza que ésta genera. 
Respaldamos la propuesta de la Comisión cuando preconiza la ratificación por parte de los Estados miembros del Convenio de las Naciones Unidas relativo a la situación de los trabajadores migrantes y de sus familias, recordando, sin embargo, que dentro de la propia Unión los trabajadores emigrantes de los países comunitarios no disfrutan todavía de los derechos fundamentales que son lo más granado de la Unión, y soportan verdaderas situaciones de exclusión que han de ser subsanadas. Me refiero a los más de 5 millones de trabajadores italianos distribuidos por todo el mundo que siguen sin poder ejercer su derecho fundamental al voto. 
Señor Presidente, la pobreza puede combatirse sobre todo con crecimiento económico, con incremento de los salarios reales y con una base impositiva que aumenta. 
El crecimiento económico se fundamenta en el desarrollo técnico, incluso mediante el ahorro de recursos, y da de esta forma nuevas posibilidades de crecimiento con mejoras medioambientales. 
Por lo menos a los del Partido del Medio Ambiente que ven el crecimiento económico como algo reprochable y el desarrollo tecnológico como una amenaza, sólo les queda aferrarse a la idea que se puede eliminar la pobreza a través de declaraciones, conferencias, resoluciones y convenciones. 
El informe Schörling está marcado por este pensamiento. 
En el informe no hay una sola palabra sobre el crecimiento económico como condición para la prosperidad económica. 
Los deseos de la ponente son dignos de elogio, pero es peligroso acercarse a estos problemas de esta manera, especialmente puesto que se despiertan esperanzas en la opinión pública que después se marchitan en el desaliento por falsos compromisos y declaraciones que no conducen a nada. 
En el punto 14 Schörling solicita que la Comisión tome iniciativas para establecer un impuesto global al comercio internacional de divisas. 
Es sorprendente que una persona que representa a un partido que sustenta la idea de que su propio país debe abandonar la Unión Europea, presente una propuesta que significa que la UE inicie un proyecto tan gigantesco y burocrático como es el de un impuesto a todas las transacciones de divisas. 
El hecho de que un conocido economista anteriormente haya nombrado semejante sistema, no constituye una garantía de la sensatez política de esta idea más que para quien tiene un exagerado respeto por un avezado teórico que juega con la realidad. 
La propuesta constituye también un ejemplo de política financiera común que la ponente, en otras ocasiones, ha rechazado. 
Si a uno no le gusta el comercio de divisas debe apoyar enérgicamente la UEM, puesto que cuando esta Unión Monetaria se cree el 1 de enero de 1999 va a desaparecer el comercio de divisas entre los once Estados miembros. 
Como Schörling es contraria a la UEM, no se nombra esta idea en el informe. 
Señor Presidente, me hubiera gustado que también se nos demostrara que la Unión Monetaria nos daría efectivamente lo que nos han dado todos los demás compromisos. 
La Cumbre Social de Copenhague se concluyó en marzo de 1995 con la adopción de diez compromisos que se fijaban como objetivos prioritarios en la lucha contra la pobreza, el apoyo al pleno empleo y la integración social. 
La tinta de la firma al pie de la declaración común aún no estaba seca cuando los países de la OCDE abrían las negociaciones sobre el Acuerdo Multinacional de Inversiones que está en plena contradicción con los compromisos de Copenhague. 
En efecto, en el secreto de las negociaciones que les volvieron ciegos y sordos a otras preocupaciones que las de las empresas multinacionales, los negociadores del AMI no tuvieron en cuenta los compromisos jurídicos, políticos y morales que han firmado en recintos tales como la ONU o la OIT. 
Acaban de recibir un grave desaire por parte del Parlamento Europeo. 
Al prolongar la Cumbre de Copenhague, es preciso poner en tela de juicio las pesadas tendencias del actual sistema de organización económica y social y combatir la dominación de los mercados financieros sobre todas las actividades humanas, lo que realmente no ha favorecido la progresión. 
Por lo demás, eso es lo que decía el informe sobre la resolución relativa al respeto de los derechos humanos votada aquí el 17 de febrero cuando hacía la consideración de que la pobreza y el paro constituían efectivamente una violación de los derechos humanos. 
También somos favorables al principio del impuesto Tobin y nos alegra que la Sra. Schörling demuestre determinación, contrariamente a nuestros compañeros del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Los Gobiernos de los Estados miembros tienen hoy mejores cosas que hacer que realizar negociaciones secretas, destinadas a satisfacer los intereses de algunos inversores. 
Deben poner en práctica, de acuerdo con el compromiso adquirido, las decisiones de la Cumbre Social de Copenhague tomando las medidas eficaces de lucha contra el paro y la pobreza. 
¡Y eso, eso tiene sentido! 
Señor Presidente, en primer lugar deseo dar las gracias a la ponente, Sra. Schörling, y a todos sus colegas que han hecho contribuciones. 
Acogemos con beneplácito la resolución del Parlamento, que establece varias prioridades concretas en el nivel de la Unión Europea y en el internacional con vistas a poner en práctica la Declaración y el Programa de Acción de Copenhague. 
La Comisión comparte esas preocupaciones en muy gran medida. 
La Cumbre de Copenhague dio un gran impulso a los gobiernos, a la Comunidad, a las ONG, a los órganos de las Naciones Unidas y a muchas otras instancias para formular y fortalecer sus acciones en la esfera del desarrollo social y humano. 
Desde luego, falta mucho por hacer, pero desde la cumbre de Copenhague se han lanzado gran número de acciones que se deben citar aquí. 
Permítaseme hacer por el momento las siguientes observaciones concretas, en particular respecto de los puntos 2 y 4, que tratan del planteamiento centrado en las personas y el medio ambiente. 
He de recordar a la Asamblea que la Comisión no esperó a la aprobación de las recomendaciones de Copenhague para adoptar el planteamiento de la cooperación para el desarrollo centrado en las personas y medioambientalmente consciente. 
Ya en el reglamento del Consejo de 1992 sobre la cooperación con los países de Asia y América Latina se afirmaba que «el objetivo de las políticas de desarrollo y cooperación de la Comunidad debe ser el desarrollo humano. 
La dimensión humana del desarrollo debe estar presente en todos los sectores de acción». 
En el mismo reglamento se afirmaba respecto de las cuestiones medioambientales que «la protección del medio ambiente y de los recursos naturales y el desarrollo sostenible deben ser prioridades a largo plazo». 
De modo que se mantienen esas actitudes, fortalecidas por la declaración. 
Todo ello es absolutamente conforme al artículo 130 U del Tratado de Maastricht, que hace hincapié en el desarrollo económico y social sostenible, la campaña contra la pobreza en los países en desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Además, la Comunidad se ha comprometido con la aplicación de la nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo en el Siglo XXI, presentada y aprobada en 1996 por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y que subraya en particular el desarrollo centrado en las personas. 
Quisiera referirme al punto 5- la lucha contra la pobreza -, porque prácticamente todos los oradores que han intervenido hoy han planteado esa cuestión. 
Sí, convenimos en que la lucha contra la pobreza y la exclusión social debe ser una prioridad fundamental para la Unión Europea, porque sigue siendo un grave problema para muchos de nuestros conciudadanos europeos. 
El instrumento principal de la Unión Europea para luchar contra la exclusión del mercado laboral es la iniciativa comunitaria en materia de empleo Integra con cargo a los Fondos estructurales. El objetivo de Integra es el de promover medidas para mejorar el acceso al mercado laboral y la empleabilidad para quienes se ven excluidos de él. 
Después de dos fases de selección de proyectos, una celebrada en 1995 y la otra en 1997, se seleccionaron 1.600 proyectos Integra. 
Uno de los principales objetivos de las propuestas presentadas para los nuevos Fondos estructurales es el de luchar contra el desempleo y la exclusión y prevenirlos. 
Conviene citar el punto 6, que se refiere a los instrumentos jurídicos para luchar contra la pobreza y la exclusión. 
El Tratado de Amsterdam, una vez ratificado, establecerá nuevos fundamentos jurídicos para la acción en el nivel comunitario con vistas a luchar contra la exclusión, que pueden complementar las acciones actuales centradas en el mercado laboral. 
La Comisión examinará la forma mejor de utilizar todos esos instrumentos con todos los interesados pertinentes y en particular con las organizaciones no gubernamentales. 
La Sra. Schmidbauer la ha considerado una prioridad fundamental y convengo sin reservas con las observaciones que ha formulado aquí. La Comisión participa también activamente en la labor del CAD para fortalecer la coordinación y la coherencia entre donantes y la labor de la Comisión de Desarrollo Social del ECOSOC de las Naciones Unidas y otras organizaciones y órganos multilaterales. 
Se han hecho algunas referencias a la reducción de la deuda. 
Ése es el punto 12 del documento y la Comisión ha apoyado firmemente la iniciativa del Banco Mundial y del FMI en pro de los países pobres y muy endeudados, lanzada en 1996, y ha propuesto nuevas medidas en el nivel de la CE para reducir la deuda de dichos países. 
Dada, en particular, la crisis financiera asiática, preocupan a la Comisión los posibles efectos de inestabilidad en los mercados financieros mundiales y los perjuicios que pueden entrañar y cree que vale la pena examinar propuestas como la del impuesto Tobin. 
He tomado nota de la diferencia de opinión sobre ese asunto concreto entre la Sra. Schörling, el Sr, Pronk, el Sr. Lindqvist y otros. 
La diferencia de opinión es innegable. Sin embargo, la cuestión es que vale la pena examinar lo que entraña. 
Por lo que se refiere a las normas laborales, la Comisión atribuye una gran importancia a las normas laborales básicas y su aplicación a escala mundial. 
Creemos firmemente que el apoyo público al aumento de la liberalización del comercio resultará amenazado, si no abordamos las preocupaciones públicas sobre esa importante cuestión. 
Nuestro nuevo plan SPG establece especiales disposiciones incentivadoras a partir del 1º de enero de 1998 en forma de preferencias suplementarias que se pueden conceder a los países que apliquen las normas laborales básicas. 
El 29 de octubre de 1997 la Comisión aprobó una propuesta para la introducción en el SPG de una cláusula social relativa al cumplimiento de los convenios OIT sobre el trabajo infantil y la libertad de asociación, el derecho a la organización y la negociación colectiva y una cláusula medioambiental relativa a la gestión sostenible de los bosques tropicales así definidos por la Asociación Técnica Internacional de las Maderas Tropicales para velar por que funcionen eficazmente dichas disposiciones especiales incentivadoras. 
La propuesta de reglamento establece los métodos de supervisión de la aplicación. 
Por último, la Comisión apoya plenamente la actual propuesta de la OIT de una declaración de los derechos fundamentales de los trabajadores y, en particular, la necesidad de crear un mecanismo para garantizar dichos derechos. 
Respecto de la cooperación con las ONG, he de formular una observación final. 
La Comisión valora en gran medida la contribución de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de ciudadanos al proceso de desarrollo y está ejecutando un programa de apoyo y cooperación. 
El Sr. Wolf y el Sr. Amadeo han hecho una importante observación sobre la justicia social, es decir, que es necesaria no sólo en la UE, sino también en la economía mundial. 
Comparto esa opinión y, como sabe el Sr. Wolf, llevo muchos años afirmando que no es simplemente un desarrollo económico. Tiene que ir acompañado de la dimensión social paralela. 
Eso es importante para la Unión y es también igualmente importante para la economía mundial del futuro. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Ayudas estatales horizontales 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0100/98) de la Sra. Berés, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM (97) 0396- C4-0512/97-97/0203 (CNS) ) relativo a la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales. 
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de la Comisión sobre la que se nos consulta en una lectura se refiere a un reglamento que le permita adoptar reglamentos que la exoneren de la obligación previa de notificación para determinadas categorías de ayudas estatales horizontales, que representan el 83 % del total de ayudas estatales en Europa. 
Se trata de una primera utilización verdaderamente significativa del artículo 94 del Tratado. 
Este instrumento permite a la Comisión, que ha adquirido mucha experiencia en este ámbito, exentar a determinadas ayudas del procedimiento de notificación. 
La idea de la Comisión es obtener en esta materia un procedimiento similar al aplicable al control de las concentraciones, que se basa en los umbrales de intervención que pueden revisarse, una participación de terceros interesados en el examen y la creación de un comité consultivo. 
Aprobamos plenamente los pasos dados por la Comisión, que está resuelta a concentrar así su atención en los casos de ayudas estatales que merecen verdaderamente un examen y acelerar la concesión de ayudas cuyo fundamento es incontestable. 
Estos pasos son tanto más necesarios visto que 11 Estados miembros van a introducir el euro, lo que intensificará la competencia entre los territorios donde las prácticas desleales favorecerían la transferencia de empresas. 
Las ayudas a las que concierne este reglamento son aquellas en favor de las PYME, sector donde una ayuda es tanto más eficaz cuanto que se concede con diligencia, en favor de la investigación y el desarrollo, la protección del medio ambiente, el empleo y la formación. 
Para este último sector, el mecanismo de exención debería privilegiar, a nuestro juicio, una puesta en práctica óptima de las conclusiones de la Cumbre de Luxemburgo. 
A esta lista sería preciso añadir, a nuestro entender, los servicios públicos locales, que no tienen sino una débil incidencia en la política de competencia y un fuerte impacto en términos de cohesión económica y social de la Unión. 
La propuesta de la Comisión estipula igualmente que la Comisión podrá fijar un reglamento que permita la exención de notificación para las ayudas inferiores a un determinado umbral. 
Se trata, de hecho, de aportar un fundamento jurídico a una práctica ya antigua. 
No podemos sino felicitarnos por ello, sin dejar de reconocer que el impacto de este reglamento variará según la práctica de los Estados miembros. 
No obstante, su ponente quisiera hacer cuatro observaciones de orden general. 
La primera se refiere a la línea general seguida por la Comisión en el ámbito en el que se inscribe este texto, teniendo como objetivo una reducción indiferenciada de las ayudas estatales en la Unión Europea. 
A priori, tal posición puede constituir efectivamente un obstáculo a la concreción de los dos objetivos fundamentales que son el fortalecimiento de la política industrial y la búsqueda de una mayor eficacia de los gastos públicos. 
En otras palabras, ¿no sería mejor privilegiar, en este ámbito, un enfoque cualitativo más que estrechamente cuantitativo, como el que parece proponer la Comisión? 
La Unión debe reflexionar en un enfoque positivo de las ayudas, ya sean del Estado o de la Unión, que pueden ser instrumentos eficaces y justificados de una política industrial innovadora, especialmente haciendo el balance de ayudas tales como las utilizadas en el marco del Tratado CECA. 
El enfoque de la Unión respecto a las ayudas estatales como instrumento de política económica debe elaborarse, explicarse. 
La apreciación de la compatibilidad de las ayudas con las normas del mercado interior debe tener en cuenta los objetivos generales de las políticas comunitarias relativas a la competitividad de nuestras industrias, la cohesión económica y social de la Unión, pero también tener en cuenta la práctica de nuestros principales competidores en el mercado mundial. 
Segunda observación, debemos tener cuidado en no equivocarnos de objetivo en cuanto a las modalidades del control que ponemos en práctica en relación con estas ayudas. 
La propuesta de la Comisión puede suscitar dos tipos de reacción. La Comisión pide más poderes, o la Comisión acepta codificar un poder que ya detenta. 
Queda de manifiesto que debemos situarnos en este segundo enfoque. 
No damos a la Comisión una firma en blanco, sino una capacidad de control a posteriori. 
Una vez dicho esto, en las modalidades de aplicación de este control, debemos tener cuidado en no sobrecargar en exceso las condiciones de publicidad, con el riesgo de entorpecer el control y de alentar, en detrimento de la seguridad jurídica de las empresas, la multiplicación de procedimientos judiciales. 
Sería paradójico llegar, para estas ayudas que a priori no plantean problema, a una mayor obligación de información que la que existe para ayudas más importantes. 
Tercera observación, se refiere a la importancia de las propuestas de la Comisión en relación con las modalidades de aplicación del artículo 93 del Tratado. 
Tendremos la ocasión de volver a hablar de ello cuando examinemos, en este Parlamento, el procedimiento de las ayudas. 
Ultima observación, señor Presidente, en relación con el lugar que ocupa nuestro Parlamento en la aplicación de los reglamentos de habilitación que serán propuestos por la Comisión. 
En nuestras enmiendas, pedimos que se nos haga participar en este procedimiento. 
Creo que es importante y espero que la Comisión se suscriba a nuestras propuestas. 
También pedimos una mayor adaptabilidad del reglamento de exención y deseamos una revisión de éste al cabo de tres años, y no al cabo de cinco. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo agradecer a la ponente por un excelente informe, comparto todas sus propuestas y conclusiones. 
Deseo subrayar especialmente una propuesta de resolución que no obtuvo mayoría en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, a saber, la propuesta de enmienda 14, donde se propone que también se podrá otorgar excepción de grupo a empresas locales y públicas. 
Puedo decir que en Suecia, en todo el país, tenemos una gran cantidad de empresas que emplean a personas con minusvalías. 
Creo que hay 30000 o 40000 de esas empresas en Suecia, que venden sus productos en el mercado y compiten, por tanto, con todas las demás empresas, pero que están subvencionadas con toda la parte de salarios. 
Es obvio que esas empresas obtienen una ayuda estatal considerable, pero también está claro que hacen una labor social enorme. 
Sería muy importante, creo yo, incluir a este tipo de empresas entre aquellas que pueden ser exceptuadas. 
En la misma propuesta de enmienda, la nş 11, elimina el ponente dos categorías que había propuesto la Comisión, esto es, la de los créditos de exportación y la de los seguros de créditos de exportación. Opino que lo que propone la ponente está bien, ya que se puede discutir si los créditos de exportación y los seguros de créditos de exportación realmente son ayudas previstas por el artículo 92 y si cabe hablar de ellos en este contexto. 
Después de esto deseo, sin embargo, decir algunas palabras sobre un punto en el que el ponente y yo disentimos, esto es la postura frente a las ayudas públicas en general. 
Opino que a menudo en esta Asamblea parece que las ayudas estatales sólo implican que un país de alguna manera subrepticia roba los puestos de trabajo, pero éste es solamente un lado del asunto. 
Si Estados Unidos por ejemplo subvencionara su exportación de vehículos a Europa, significaría que Europa recibiría de EE.UU. coches más baratos, es decir, que los consumidores europeos ganarían con ello. 
En este aspecto no hay diferencias entre una ayuda pública y, por ejemplo, si EE.UU. bajara los salarios de los obreros de la industria automotriz. 
Del mismo modo es en otros rubros. Por ejemplo si en España se quisiera subvencionar la exportación de vino a Suecia, entonces los consumidores suecos tendrían vino más barato. 
Realmente no puedo ver que esto ocasione algún daño. 
El ponente señala que las ayudas públicas en la comunidad ascienden al 1, 7 por ciento del PNB. 
Parece una suma muy grande pero tenemos que pensar que el costo económico-social vinculado a estas ayudas es tal vez una décima parte o una centésima parte de esta suma, elevándose así a alguna décima o centésima por ciento. 
Lo que quiero es que se tenga una actitud menos rígida frente a las ayudas estatales. 
Lo más importante es, sin embrago, que se trata de un excelente informe que espero que mañana se apruebe por una gran mayoría. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente, Sra. Berès, por su informe. 
Ciertamente, el control de las ayudas públicas es una gran responsabilidad de la Comisión. 
Hoy tenemos encima de la mesa una propuesta de reglamento de la Comisión donde, debido a la escasez de recursos de ésta, se busca una fórmula más práctica para controlar estas ayudas, exonerando una categoría de ayudas y trasladando su control a los Estados. 
La Comisión de Asuntos Económicos ha adoptado una posición muy clara al respecto. 
Estamos de acuerdo con el enfoque de la Comisión, pero hay que tener mucho cuidado: no podemos olvidar que son los Estados quienes dan las ayudas, y transferirles ese poder de control es- permítanme la expresión- como encargarle al zorro que vigile el gallinero. 
Por consiguiente, estamos de acuerdo con un enfoque práctico, estamos de acuerdo con la lista de categorías y ayudas que propone la Comisión- y nuestro Grupo no está de acuerdo en ampliarla ni en reducirla, como propone la ponente -, pero hemos hecho dos observaciones que han sido recogidas por la Comisión de Asuntos Económicos. 
La primera es que es posible integrar las producciones y, por consiguiente, dando pequeñas ayudas a empresas integradas, el valor añadido del producto final podría estar excesivamente subvencionado. 
Se puede, por ejemplo, ayudar al sector de la investigación y, después, a otra empresa que colabora en la fabricación de ese mismo producto, y así en toda la cadena. 
Tiene que haber un control de la producción integrada porque, en caso contrario, nos vamos a encontrar con problemas serios de subvenciones muy grandes a productos en su valor añadido final. 
Por eso, la Comisión de Asuntos Económicos ha recogido una enmienda que yo mismo presenté en la misma y creo que la Comisión Europea debe reflexionar sobre ello. 
La segunda observación es que este procedimiento, este nuevo enfoque, exige un control de los Estados a nivel global. 
En la medida en que perdamos el control puntual de cada ayuda, tiene que haber más control global presupuestario de la ayuda total que da un Estado. 
Esta teoría, que ya aprobó esta Asamblea en el informe general sobre la política de competencia, es cada vez más importante en la medida en que nos adentramos en la Unión Monetaria. 
No podemos dejar de controlar el que un determinado presupuesto dedique a ayudas públicas, en su totalidad, más de un porcentaje de su producto interior bruto. 
Y eso va a suceder, puede suceder. 
Ya hoy día las diferencias entre los Estados son muy grandes; y si la Comisión no tiene en cuenta, dentro de la Unión Monetaria, el riesgo de que cada Estado dedique gran parte de su presupuesto, o una parte muy importante de su presupuesto, a ayudar a sus empresas, tendremos problemas de competencia en el seno de la Unión Monetaria. 
Señor Presidente, debemos decidir hoy qué tipo de enfoque hay que darle a las ayudas estatales en el futuro, cómo implicar el territorio y las categorías y qué controles y exenciones aplicar. 
Como todos sabemos, la distorsión de la competencia resulta ser el más llamativo, aunque no el único, de los inconvenientes de las ayudas estatales. 
Baste pensar en el coste para la Hacienda Pública o en el coste que la pérdida de competitividad representa para las empresas acostumbradas a disfrutar de ayudas estatales, en el momento en que éstas se reducen o desaparecen. 
Con la globalización del mercado y la llegada del euro surgirán escenarios totalmente nuevos. 
En el futuro inmediato, la Unión Europea apoyará, también financieramente, la entrada de nuevos Estados. 
La Agenda 2000 nos obligará a privilegiar las decisiones cualitativas más que las cuantitativas; en consecuencia, ya no habrán ayudas que no tiendan a un fin específico y que no sean fruto de proyectos y programas basados en exigencias reales y sus correspondientes oportunidades. 
Evidentemente, no queremos afirmar que todas las ayudas estatales son contraproducentes, al revés, la propia ponente- a quien le agradecemos el trabajo realizado- lo sostiene claramente. 
En realidad, las ayudas pueden favorecer la política industrial allí donde existe y se aplica correctamente; sin embargo, ya no hay que dirigirlas a la dimensión de gran tamaño y al sector industrial solamente. 
Es preciso fijarse sobre todo en las pequeñas y medianas empresas y los nuevos sectores: el turismo, el comercio, los servicios, el artesanado, el medio ambiente, la investigación y el desarrollo son sectores, como ha mencionado el colega español, que están integrados y vinculados entre sí. 
Creemos que la Comisión, en su calidad de órgano de control de la competencia, adoptará decisiones y medidas a medio plazo adecuadas de cara a un crecimiento equilibrado. A dicho fin, la invitamos a volver a valorar los sectores y las dimensiones de las empresas que acabamos de mencionar. 
El futuro del crecimiento económico y social de la Unión depende inevitablemente de las pequeñas y medianas empresas y las ayudas estatales no pueden dejar de tenerlas en cuenta. 
Señor Presidente, las ayudas estatales sí son una excepción a la libre competencia en igualdad. 
Por ello es importante que las normas sobre ayudas estatales se cumplan y sobre todo es muy importante que haya transparencia, de forma que terceras personas, es decir, los competidores, puedan ver lo que se entrega en ayudas estatales. 
Ha sido también un motivo de alegría para el Grupo Liberal que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios nos haya apoyado en la demanda relativa a que las concesiones de estas ayudas deban hacerse públicas. 
Por lo tanto, espero también que la Comisión apoye las enmiendas 4 y 5 de la comisión en las que ponemos énfasis en la demanda relativa a la publicación de las diferentes concesiones de ayudas y especialmente la enmienda 5, en la que manifestamos nuestro deseo de que la Comisión publique las concesiones de ayudas de cada país en el Diario de las Comunidades para garantizar que empresas corrientes y molientes tengan acceso a estos datos. 
Por último, puedo decir en nombre del Grupo Liberal que el Grupo Liberal no puede apoyar la enmienda 11 que la señora ponente abordó en su intervención ni tampoco podemos apoyar la enmienda que recomendó la Sra. Wibe del Grupo Socialista. 
No obstante, espero oír la respuesta del señor Comisario a la cuestión de la transparencia. 
Señor Presidente, puedo mostrarme de acuerdo con la Comisión cuando afirma que, si por un lado, se deben dar a conocer mejor y someter a un mayor control las ayudas estatales, por el otro, se debe permitir a la propia Comisión que se concentre en los casos de mayor entidad, en los verdaderamente importantes, ya que entonces sería posible someter a reflexión excepciones colectivas de este tipo. 
Sin embargo, este hecho no ha de implicar que el sector se vea exento de una total transparencia por el hecho de que las ayudas estatales constituyan un gran motivo de distorsión de la competencia. 
Habría que examinar estas ayudas junto con las ayudas de los Fondos estructurales propiamente dichos de la Unión Europea, ya que en estos momentos resulta extremadamente difícil obtener información sobre cuáles son los proyectos específicos que se benefician de subsidios, ya sea mediante ayudas estatales, o con recursos de los Fondos estructurales de la UE. 
El feroz combate que estamos librando ahora en torno a los escasos fondos públicos es, de por sí, una cuestión muy seria, y deberíamos asegurarnos por todos los medios de que se aplican los principios básicos de la Unión Europea en la concesión de las ayudas públicas. 
Así pues, me muestro ampliamente de acuerdo con la ponente cuando solicita una mayor transparencia en las ayudas estatales. 
De hecho, yo creo que cada uno de los Estados miembros debería ser un centro de información ciudadana también por lo que respecta a las ayudas percibidas a título individual por los proyectos, y no solo en lo relativo a las ayudas estatales, sino también a las procedentes de los Fondos estructurales. 
Este asunto reviste una gran importancia también de cara a la reclasificación de las empresas, ya que, como es sabido, muchas de ellas han aprendido a hacer competir a Estados miembros y regiones, lo cual tiene un efecto global extremadamente desfavorable para las economías públicas. 
Señor Presidente, espero que mi voz resista. 
Permítaseme decir que entiendo que el aspecto principal de este informe es el de velar por la prevención de la distorsión de la competencia logrando que haya un terreno de juego igual para todos. 
La labor que la Sra. Berès ha llevado a cabo en este informe me parece digna del mayor elogio, pero estamos hablando de la transparencia. 
Permítaseme plantear una cuestión a la Comisión. 
En la Comisión de Política Regional nos preocupa mucho la falta de transparencia del documento que ha aprobado, el proyecto de comunicación sobre la coherencia de las políticas estructurales y la competencia. 
Según tengo entendido, el Comisario Van Miert ya ha firmado un acuerdo con la Comisaria Wulf-Mathies para velar por que exista en efecto esa coherencia y me gustaría saber cuándo va a transmitir ese documento al Parlamento. 
Creo que tenemos derecho a conocer las cuestiones relacionadas con los Fondos estructurales y, según tengo entendido, también ha escrito a los Estados miembros. 
Me gustaría conocer el fundamento jurídico que está utilizando para consultar a los Estados miembros sobre esas cuestiones. 
¿No predeterminarán las prioridades nacionales de los Estados miembros sobre la forma como desean gastar sus asignaciones con cargo a los Fondos estructurales y la ayuda estatal conforme a la letra c) del apartado 3 del artículo 92? 
Entonces, ¿por qué no estamos examinándolo en el Parlamento? Quiero saber qué flexibilidad existe para que un Estado miembro defienda sus prioridades nacionales en materia de ayuda estatal y si la Comisión puede imponer legalmente las medidas relativas a esas cuestiones. 
¿O se trata simplemente de un acuerdo voluntario que esperan concertar con los Estados miembros? 
Por último, quisiera decir a la Comisión que no veo, sinceramente, la lógica en qué se basa para ello. 
Creo que los Fondos estructurales tienen un objetivo muy diferente del de la ayuda estatal y quisiera referirme simplemente al caso de las zonas rurales. 
En mi circunscripción del distrito de Peak, no creo, la verdad, que queramos atraer a Siemens para que vuelva a establecerse en una zona medioambientalmente muy delicada, en la que deseamos que se establezcan pequeñas empresas. 
La cuestión no es la atracción de ayuda estatal en ese tipo de regiones. 
Así, pues, quisiera pedirle que deslinden y desvinculen esos dos sectores y dejen a los Estados miembros decidir sus prioridades sobre los mapas de la elegibilidad para los Fondos estructurales. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, las ayudas públicas son una de las principales causas de desviaciones en el mercado interno. 
No es sólo una forma costosa e ineficaz de usar los recursos públicos en los países miembros sino que también retrasan las reformas estructurales necesarias que no sólo afectan a regiones determinadas sino que también a la UE en su conjunto. 
Está totalmente claro que actualmente hay Estados miembros que violan o se comportan sospechosamente respecto de las reglas que rigen las ayudas públicas. 
Ahora pretende la Comisión, a partir de las condiciones existentes, es decir, a pesar de la carencia de recursos, aumentar la eficiencia y controlar el cumplimiento. 
Deseo felicitar a Berès por este informe que incrementa las vías para mejorar el cumplimiento y control de las ayudas estatales, ya que hace posibles la transparencia y una mayor apertura. 
Es una asunto de credibilidad frente a terceras partes, es decir, las empresas y sus trabajadores que son afectados por una perjudicial desventaja de competencia. 
Quisiera llamar la atención sobre los cantos de sirena de Wibe cuando opina que deben aprobarse las actividades públicas de carácter local contenidas en la propuesta de enmienda 11. 
Los ayuntamientos y las regiones tienen actualmente muchas posibilidades diferentes y utilizan los sistemas de modo tal que aumentan los monopolios y disminuye la competencia. 
Opino que está muy bien que hayamos suprimido esta propuesta de enmienda de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
La credibilidad de la Comisión pende ahora del afinamiento del control de las ayudas estatales, asunto muy discutido en ambientes industriales. 
Puesto que nadie más puede controlar el cumplimiento de la competencia en condiciones igualitarias, creo que la Comisión tiene que tratar de que se aprueben las propuestas de enmienda que han acompañado a este informe. 
De otro modo, será difícil hacer cumplir las justas exigencias que se hacen al sistema comunitario. 
Señor Presidente, creo que estamos examinando una cuestión muy interesante y de gran alcance. 
Creo que, a pesar de lo que han señalado los diferentes oradores, existe un acuerdo sobre el hecho de que, por una parte, las ayudas particulares distorsionan la competencia y disminuyen la eficacia pero, por otra, nadie puede abolirlas por decreto ya que los artículos 92 y 93 del propio Tratado establecen algunos límites dentro de los cuales tienen vigencia dichas ayudas. 
En este marco, considero que la propuesta de la Comisión va dirigida a aceptar algunas excepciones y a formular nuevos mecanismos y creo que es necesario señalar y subrayar cuatro puntos muy fundamentales: 
Primero, no podemos confeccionar un nuevo y complejo sistema burocrático que posiblemente sea peor que el anterior.-Segundo, la solución de dichos problemas no puede darse únicamente a través de un reglamento de la Comisión y sin la participación del estado ni de las entidades productoras.-Tercero, que los criterios no tienen por qué ser sólo cuantitativos sino también cualitativos.-Cuarto, la gran importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
No le he preguntado sobre la política. 
Le he preguntado cuándo piensa consultar al Parlamento. 
Sé que la Comisión tiene la competencia exclusiva en materia de política relativa a la competencia, pero, en mi opinión, se está introduciendo en un sector en el que el Parlamento tiene una opinión sobre si es necesario, en todos los casos, que haya una total coherencia de los mapas. 
Nos gustaría que hubiera cierta flexibilidad. 
Así, pues, quisiera saber cuándo piensa consultar al Parlamento y, si intenta imponerlo obligatoriamente, ¿cuál es el fundamento jurídico para que la Comisión imponga obligatoriamente la coherencia de los mapas de la elegibilidad para la ayuda estatal y para los Fondos estructurales? 
Ahora entiendo exactamente su pregunta. 
En primer lugar, siempre estoy dispuesto a acudir al Parlamento para examinar esta cuestión, aunque se trata de una competencia exclusiva de la Comisión. 
Como sabe Su Señoría, la Comisión tiene, de conformidad con los artículos 92 y 93, la competencia relativa a las ayudas estatales a no ser que hagamos una propuesta, como hoy, con arreglo al artículo 94, en virtud del cual el Consejo debe adoptar una decisión. 
Como ya he dicho, la Comisión ha adoptado ya una decisión respecto de la ayuda regional, porque se trata de un cometido de la Comisión. 
Pero estoy totalmente dispuesto a examinar este asunto con el Parlamento o las comisiones competentes y explicar a Sus Señorías por qué creemos que es importante esa coherencia entre el mapa correspondiente a los Fondos estructurales y el correspondiente a la ayuda regional. 
De Sus Señorías depende. 
Si prefieren invitarme a una sesión de una comisión, tendría mucho gusto en asistir. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
Política de construcción naval 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0101/98) del Sr. Sindal, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (97) 0469- C4-0527/97-97/0249 (CNS) ) por el que se establecen nuevas normas sobre ayudas a la construcción naval y sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones «Hacia una nueva política de construcción naval» (COM (98) 0469- C4-0548/97). 
Señor Presidente, he de comenzar felicitando al anterior ponente por la discusión general sobre la política de competencia. 
Cuando pasamos ahora a una discusión más detallada sobre la construcción naval, las aguas se agitan, pues es muy sencillo estar de acuerdo en el plano general. 
Aquí debemos estar muy agradecidos al Sr. Van Miert. 
La comunicación es sobresaliente, sin embargo, tan pronto como entramos en detalle, las aguas comienzan a agitarse. 
Aquello de lo que hoy vamos a hablar está marcado por los sentimientos y la historia. 
Todos los presentes son conscientes del motivo por el cual este reglamento se debate hoy. 
Nos falta una simple firma a un acuerdo de la OCDE, es decir, la de los EE.UU.. 
Ahora se ensaya con un nuevo reglamento- el octavo de la serie quizá. 
La discusión y los problemas en parte son internos de la UE y en parte externos, es decir, atañen a la situación comunitaria con respecto a la situación competitiva global. 
En mi opinión, hay elementos centrales en esta discusión de que internamente de ahora en adelante no se lleve a cabo una política que distorsione la competencia para los astilleros sitos en la Unión, y de que en segundo lugar se lleve a cabo una política de ayudas que no provoque desfases sociales en algunas regiones y países miembros como hace poco hemos oído. 
Ha de ser una posición fundamental la de que lo mejor para la Unión habría sido que el acuerdo de la OCDE entrara en vigor. 
El acuerdo de la OCDE es la mejor oportunidad para que los astilleros comunitarios puedan competir en igualdad de condiciones. 
Ya que éste no es el caso, lo mejor para nosotros es una política de ayudas tan limitadas como sea posible. 
Debemos aspirar a que todos tengan igualdad de oportunidades y evitar que algunos sean los perdedores de un concurso simplemente porque no son subvencionables. 
La nueva política de ayudas debe estar concebida de tal modo que se evite la ingeniería contable y la especulación en los regímenes de ayudas. 
Eso no es para lo que están. 
Con la nueva política de ayudas deben crearse nuevos puestos de trabajo en la Unión. 
El desempleo es el mayor problema en la actualidad y en mi opinión la ayuda regional a los astilleros no es- o no debe ser- parte de la política social comunitaria. 
Será ingenuo creer que proporcionará más puestos de trabajo. 
Sería malgastar el dinero. 
Si se trasladan los puestos de trabajo de una zona a otra, uno ve también a gente que encuentra esto injusto. 
Aún peor es si los puestos de trabajo se trasladan fuera de la Unión. 
De ahí que sea importante para nosotros en una época en la que la población europea discute la confianza y fe en el proyecto europeo no llevar a cabo una política de ayudas que atentará contra la comprensión que la población tiene de la justicia proporcionando a algunos mejores oportunidades que a otros. 
Debe llevarse una política que asegure igualdad de oportunidades. 
Lo que hoy necesitamos es una política de empleo visionaria y a largo plazo. 
La nueva política de ayudas por la que yo abogo, señor Van Miert, no debe ser un colchón de seguridad. 
Debemos evitar conceder una ayuda tan importante que la industria de astilleros olvide pensar por sí misma. 
Ayudas importantes pueden ser motivo de alegría a corto plazo, sin embargo, a largo plazo, pueden hacer de la industria europea de astilleros una perdedora en el mercado global. 
Permítaseme recalcar cuatro cosas en el planteamiento de la Comisión. 
En primer lugar, está el desarrollo, la innovación, etc. Apoyo esto. 
Es sumamente positivo. 
Es el camino a recorrer. 
En segundo lugar, está la ayuda regional con la que no estoy satisfecho. 
La encuentro opaca y distorsionadora de la competencia. 
No obstante, si se está de acuerdo sobre la ayuda regional, debe comprobarse si el tamaño de esta ayuda tiene que ser modificado. 
El tercer punto es que estamos ocupados en ver cómo llevar a cabo el control. 
Es embarazoso. 
No obstante, la historia muestra que hemos de comprometernos ante los demás. 
El cuarto punto es la situación en el Extremo Oriente y la ayuda masiva que allí se da. 
Esto no debe traducirse en que, por ejemplo, los astilleros coreanos ocupen una posición más dominante en el mercado de la que ya ocupan. 
Para finalizar, quiero decir, señor Presidente, señor Comisario, que las tres opiniones de las comisiones correspondientes y la opinión del Comité Económico y Social aconsejan reflexionar largo y tendido antes de que se ponga en marcha este plan sin modificaciones. 
Señor Presidente, el objetivo del informe del Sr. Sindal es la renovación de la entramada red de ayudas a la industria de la construcción naval europea, con el fin de aumentar la competitividad de la UE frente a las industrias del sector de terceros países. 
El elemento más destacado de la actual política de ayudas lo constituyen las ayudas de funcionamiento a la industria de la construcción naval, que han supuesto una distorsión real de la competencia en el mercado único. 
Por lo tanto, la idea que expone el Sr. Sindal en su informe para eliminar las ayudas es correcta. 
El objetivo último de la política de la UE debe ser que los astilleros salgan adelante sin ayudas estatales, sometidos a las condiciones del mercado. 
El deber de la Comunidad Europea es garantizar a sus Estados miembros igualdad de condiciones en materia de competencia, fomentar la investigación y el desarrollo en el sector de la construcción naval y alentar la cooperación industrial. 
No se pueden distorsionar las condiciones de competencia entre los astilleros de los distintos países mediante medidas de apoyo distintas en cada uno de ellos. 
Espero que también la Comisión comprenda esta circunstancia. 
La industria de la construcción naval emplea aproximadamente a 130 000 trabajadores en el territorio de la UE. 
Es importante garantizar estos puestos de trabajo. 
La cuota actual de los países de la UE en el mercado mundial de la construcción naval ronda el veinte por ciento. 
A pesar de las mejoras logradas en los últimos años, la competitividad y la productividad de numerosos astilleros continúan siendo deficientes en comparación con sus principales competidores japoneses y coreanos. 
La cuota de estos países con mano de obra barata se sitúa, como la de la UE, en torno al veinte por ciento del mercado mundial. 
La UE dispone de una considerable capacidad en el campo de la investigación. 
Los astilleros europeos deberían seguir el modelo japonés y concentrar sus recursos en la investigación y el desarrollo, con el objetivo de mejorar, entre otros aspectos, los procesos de planificación y producción, así como la fabricación de naves seguras y eficaces. 
El desarrollo de la industria naval está estrechamente ligado al del resto de los sectores tecnológicos. 
Se debería considerar especialmente la utilización de la técnica en los ámbitos de la informática y de las comunicaciones como un elemento importante a la hora de desarrollar una moderna industria de la construcción naval. 
Señor Presidente, ahora que sometemos a debate el excelente informe del Sr. Sindal sobre los astilleros, desearía comenzar haciendo hincapié, ante todo, en los procedimientos de debate y en el europarlamentarismo en general. 
¿Por qué? 
Porque cuando la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial examinó su propio informe solicitó, de acuerdo con la costumbre, la opinión de otras comisiones, entre las que se encontraba la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
¿Y qué es lo que ocurrió? 
Que si la Comisión de Asuntos Económicos procedió a su votación por la mañana, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores hizo lo propio con su opinión el mismo día, pero por la tarde, es decir, a posteriori. 
No sé si la primera se ha apresurado demasiado en la elaboración de su calendario o si, por el contrario, nuestra comisión, que ha redactado dos opiniones, ha llegado tarde. 
Al menos, mi informe estaba listo para su votación ya durante la anterior semana de reuniones. 
Y me planteo de qué sirve solicitar opiniones si, posteriormente, no se espera hasta su presentación ni son tenidas en cuenta. 
Se trata de un motivo para reflexionar sobre la coherencia de los trabajos parlamentarios. 
Pero esto no es todo. 
Si nosotros votaremos el informe en el pleno de mañana, el COREPER comenzó ya el pasado jueves su examen. 
No cabe duda de que este examen se extenderá aún más tiempo y de que la posición de COREPER se someterá a su debido tiempo a examen del Consejo, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿no debería estar listo el informe del Parlamento en el momento en que COREPER inicia sus trabajos? 
De no ser así, lo que se desprenderá de todo esto es la idea de que cada cual adopta sus propias decisiones sin escuchar a nadie. 
Se trata de una situación embarazosa si pensamos en el propio parlamentarismo, especialmente cuando se ha repetido una y otra vez y, evidentemente, se seguirá repitiendo en el futuro. 
Espero que la Mesa tome seriamente cartas en el asunto. 
Está en juego el prestigio y la credibilidad de las actividades del Parlamento Europeo. 
Por lo que respecta al tema que nos ocupa, me gustaría señalar brevemente que las ayudas a los astilleros han llegado al final de su andadura. 
Desde este punto de vista, la propuesta de la Comisión y del informe del Sr. Sindal es la adecuada. 
Ahora que los principales países constructores asiáticos se encuentran sumidos en una crisis económica y que la devaluación de sus monedas ha mejorado la competitividad de exportación de dichos países, es el momento ideal para emprender medidas de alcance mundial para eliminar las ayudas. 
Por su parte, Estados Unidos deberá aceptar el Acuerdo de la OCDE, los organismos correspondientes deberán imponer el fin de las ayudas a los astilleros como condición previa para conceder su ayuda financiera y los países europeos deberán cobrar ánimos y aceptar que no es posible mantener eternamente una industria que cojea como lo hace la industria de la construcción naval. 
Señor Presidente, el escrito de opinión que redacté en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo sólo concernía a la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. 
Nunca se ha pedido a la Comisión de Transportes que expresase su opinión acerca de la propuesta de reglamento del Consejo en la que está basado el informe del colega, Sr. Sindal. 
Por consiguiente, yo también suscribo todo lo que ha manifestado el colega anterior. ¿Cuál es la razón por la que se nos ha sido solicitada la opinión? 
Ya me he percatado de que apenas se ha tenido en cuenta a la hora de redactar el informe del Sr. Sindal. 
Ello, por supuesto, no significa que mi grupo no esté de acuerdo con numerosos puntos del citado informe. 
Sin embargo, nos preocupa en demasía el modo en que se ha llevado a cabo este proceso que, al menos en los casi tres años que ejerzo de eurodiputado, no es algo habitual. 
Al mismo tiempo, he escuchado a todos los colegas e incluso al ponente referirse a la salud, a la competencia, a la necesidad de suprimir las ayudas estatales a los astilleros, a la globalización de la economía. 
Estimados colegas, todo eso es correcto pero no sólo debemos acordarnos de ello cuando Estados Unidos, Japón o Corea nos piden que nos acordemos de la globalización de la economía. 
La Unión Europea tiene la obligación, y así lo hacen de forma muy correcta la Comisión y el informe del Sr. Sindal, de cuidar sobre todo su casa, la existencia, el mantenimiento y, en la medida de lo posible, la ayuda a la industria europea de construcción naval, de mantener los puestos de trabajo y, sobre todo a partir de ahora, garantizar un futuro mejor al hasta ahora existente. 
Por último, señor Presidente, quisiera preguntar al Sr. Comisario y también al colega, Sr. Sindal, cuáles serán las consecuencias del euro a partir del 1/1/1999 para la industria europea de construcción naval. 
¿Habrá consecuencias o no? 
¿Si las hubiese cuáles serían? 
¿Serán positivas o negativas? 
Muchas gracias, señor Sainjon. 
Señorías, con la intervención del Sr. Sainjon interrumpimos el debate sobre el informe del Sr. Sindal. 
El debate se reanudará a partir de las 21.00 horas. 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0272/98). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Pero antes, Señorías, permítanme que les lea una comunicación a los diputados con recomendaciones de la Mesa. 
Siento que no voy a tener la suerte de que me escuche también el Sr. Wijsenbeek, porque son recomendaciones para el buen funcionamiento de nuestros trabajos. 
Es decir, que a fin de garantizar la máxima actualidad e interés político al procedimiento actual del turno de preguntas, la Mesa, en su reunión del 9 de marzo de 1998, adoptó las siguientes decisiones: 
Primero: respecto del plazo de presentación de las preguntas. 
Las preguntas, para cada turno, deberán presentarse únicamente durante el plazo de presentación de preguntas para cada periodo parcial de sesiones. 
Se pide a los servicios competentes que no vuelvan a aceptar la presentación anticipada de preguntas para el turno de las mismas. 
Se recuerda a los diputados que el plazo de presentación de preguntas para cada turno se abre al final del plazo de presentación de preguntas para el periodo parcial de sesiones anterior y concluye a las 13.00 horas del jueves de la penúltima semana anterior a cada periodo parcial de sesiones. 
Segundo: las preguntas complementarias. 
La Mesa pide al presidente de la sesión que sólo acepte solicitudes para la presentación de preguntas complementarias después de la tramitación de la pregunta principal. 
Se recuerda a los diputados que corresponde al presidente de la sesión decidir sobre la admisibilidad de las preguntas complementarias, que deberán tener una relación directa con el tema de la pregunta principal. 
Tercero: admisibilidad. 
La Mesa recomienda a los servicios competentes una aplicación más estricta de los criterios sobre la admisibilidad de las preguntas establecidos en el anexo 2 del Reglamento. 
A este respecto, la Mesa pide, en particular a los diputados, que respeten las disposiciones relativas a la longitud máxima del texto de las preguntas, y que se limiten a formular una única pregunta por texto presentado. 
Señorías, todas y todos ustedes recibirán estas recomendaciones directamente. 
Pero hoy, con su ayuda, vamos a empezar a ajustarnos a estas recomendaciones de la Mesa. 
Tiene la palabra el Sr. McMahon para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
Es sobre el mismo asunto. Tengo una copia del documento a que se ha referido usted y me ha dejado absolutamente atónito. 
Lo considero una afrenta a la democracia en esta Asamblea. 
Llevo 14 años de diputado aquí y me ha interesado mucho el turno de preguntas. 
Sé que hemos tenido problemas y ha habido cambios. Recuerdo cuando intentamos cambiarlo antes: la Sra. Dury presentó un largo informe de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades y los diputados lo debatieron y examinaron por extenso. 
A lo que parece haber recurrido la Mesa en este caso es a una actitud de ordeno y mando desde arriba, que resulta muy antidemocrática. 
Una de las ventajas de hacer públicos los nombres de los Comisarios que iban a responder a las preguntas era la de si, en caso de que los diputados formularan, por ejemplo, una pregunta sobre el medio ambiente, podrían presentarla con mucha antelación, al saber que recibirían una respuesta franca y solvente del Comisario de medio ambiente. 
No existiría la posibilidad de que se presentara otra persona a la que se hubiera entregado un expediente, que no conociera su contenido y se limitase a improvisar una respuesta completamente insatisfactoria. 
Si se supiera de antemano que iba a responder el Comisario encargado de esa cartera, sería una ventaja. 
De modo que considero que se trata de una medida muy retrógrada. 
No se ha examinado en los Grupos políticos ni con los diputados y me siento muy ofendido por la actitud dictatorial y arbitraria adoptada por la Mesa. 
Lo plantearé en mi Grupo político y quisiera instar a otros diputados a que hagan lo propio. 
Ya sé que usted conoce el castellano, pero me gustaría que me escuchara en su propia lengua utilizando los servicios de interpretación, porque debo decirle que, de la lectura que acabo de realizar, no se saca ninguna consecuencia de que se vaya a modificar el turno de preguntas en lo que hace referencia a la relación con los Comisarios. 
Lo único que se intenta es introducir un cierto orden, es decir, que las preguntas no se hagan con mucha antelación, sino dentro del periodo que marca nuestro Reglamento. 
En segundo lugar, que no se encuentre la presidencia de sesión con que, antes de empezar, ya tiene muchas preguntas complementarias y nos encontremos con que miembros de este Parlamento que están aquí presentes piden una pregunta y no se le pueda conceder porque ya la ha pedido otra persona con antelación. 
Lo que se dice es que ahora lo que haremos es que, cuando se inicie la pregunta principal, se podrá pedir la palabra. 
Es decir, se trata de pequeñas normas que intentan, señor McMahon, mejorar nuestro trabajo. 
Si en la práctica vemos que no mejora nuestro trabajo, las vamos a revisar. 
Se lo aseguro a usted. 
Yo voy a llevarlo inmediatamente a la Mesa, pero en este momento les pediría que no abriéramos un debate sobre esa cuestión porque vuelvo a repetirles que son normas destinadas a que trabajemos mejor. 
Si no sirven para trabajar mejor, las volveremos a cambiar. 
Se lo aseguro a ustedes. 
Pero empecemos respetándolas inicialmente y no se trata de ninguna dictadura, señor McMahon, sino de la responsabilidad que tiene la Mesa de intentar ordenar lo mejor posible los trabajos del plenario. 
Yo tengo varias peticiones para cuestiones de orden, pero debo decirles que todas estas peticiones para cuestiones de orden van a ir en detrimento del tiempo que tenemos que dedicar a las preguntas a la Comisión. 
Tiene la palabra el Sr. Crowley para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, quisiera que me ofreciese una orientación. 
Yo también he recibido el mismo aviso que el Sr. McMahon y estoy totalmente de acuerdo con él. 
En la segunda parte del párrafo 2, se dice lo siguiente: » Corresponde al Presidente de una sesión decidir sobre la admisibilidad de las preguntas complementarias, que deberán estar directamente relacionadas con el tema de la pregunta principal». 
No cabe duda de que, como representantes políticos de los ciudadanos europeos, debemos poder dilucidar si un asunto está relacionado con una pregunta o con un Comisario determinado o reconvenir a un Comisario o al Presidente en ejercicio del Consejo, cuando se nieguen a contestar la pregunta directamente, y debemos recurrir a otra táctica para sortear esa actitud. 
Le ruego que haga uso de sus facultades discrecionales para interpretar ese aspecto y ofrecernos una orientación clara sobre la flexibilidad que nos concederá. 
Señor Crowley, la amplitud que voy a permitir la va a poder usted experimentar en el curso del trabajo. 
Pero debo advertirle que el anexo 2 de nuestro Reglamento dice: » El Presidente decidirá si son admisibles las preguntas complementarias y limitará su número de modo que cada diputado pueda recibir respuesta a la pregunta que haya presentado». 
Es decir, no se trata de darle al presidente una nueva capacidad, sino de recordar que el presidente tiene esta capacidad. 
Usted, señor Crowley, habrá podido ver que, existiendo como existe esta norma, el presidente ha venido actuando con la natural flexibilidad que pide un turno tan vivo como es el turno de preguntas. 
Por lo tanto, no es que se plantee nada nuevo sino que todo está aquí. 
Tiene la palabra el Sr. Wijsenbeek para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, ha citado mi nombre como el del que tomó la iniciativa para la modificación en la fórmula del turno de preguntas. Le indico, señor Presidente, que he escrito un informe para la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, que ya ha sido aprobado hace cuatro meses por esta Comisión y que la Mesa se niega a presentar a la reunión plenaria, y que de ese modo las quejas tanto del colega Crowley como del colega McMahon podrían haber sido discutidas por lo menos en los grupos y en las reuniones plenarias. 
Ahora la Mesa maltrata mi informe presentando arbitrariamente nuevas reglas en lugar del procedimiento democrático usual. 
Pero en una cosa estamos de acuerdo usted y yo. Si miramos a nuestro alrededor vemos que hemos conseguido tapar la boca en el Parlamento Europeo con la cuestión del turno de palabras, que en la mayoría de los parlamentos del mundo es el punto cumbre de la semana parlamentaria y que se desarrolla de forma muy viva. 
Estamos aquí un puñado de personas y los comisarios y los ministros nos sirven con cuchara respuestas preescritas y no están en condiciones de debatir con nosotros. 
Mi propuesta equivale, señor Presidente, a que pidamos las preguntas por orden riguroso de modo que no que aquéllos que hace seis meses pidieron un turno sean los primeros, si no que todos tengan la misma oportunidad de que les toque su turno. 
En segundo lugar, que tenga lugar un debate de verdad, en donde se den breves respuestas a preguntas breves. 
Si quisiera ser tan amable de presentar mi informe al pleno, al menos podríamos discutir sobre eso como miembros y como backbenchers (miembros del Parlamento sin cartera) y no necesitamos que nos dicten la ley ciertos vicepresidentes que piensan que lo saben todo mejor que nadie. 
Señor Wijsenbeek, cuando le he nombrado a usted, amistosa y cariñosamente, es porque sé que usted es una gran autoridad en cuestiones de Reglamento. 
Y como gran autoridad en cuestiones de Reglamento, he pensado inmediatamente que usted se daría cuenta de que ninguna de las disposiciones a las que he dado lectura modifican el Reglamento. 
Efectivamente, la Mesa tiene algunas propuestas que modifican el Reglamento, pero la Mesa trasladará estas propuestas a la Comisión de Reglamento donde el Sr. Wijsenbeek podrá explayarse, explicarse y defender su posición. 
Pero, Señorías, con las sencillas propuestas que hoy hemos leído aquí, la Mesa no sobrepasa sus competencias. 
Se mueve única y exclusivamente en el ámbito de sus competencias, que es la aplicación del Reglamento, y no hay en las propuestas nada que esté fuera de nuestro Reglamento. 
Hay alguna propuesta de modificación, como por ejemplo la que hizo el Sr. von Habsburg en relación a que hubiera la posibilidad de hacer dos preguntas complementarias en el turno de preguntas al Consejo. 
Pero esto pide una modificación del Reglamento y por eso la hemos trasladado a la Comisión de Reglamento. 
Por tanto, Señorías- vuelvo a insistir -, cuando hayamos leído todos con atención este papel nos daremos cuenta de que no hay ninguna modificación del Reglamento ni ninguna modificación de nuestras relaciones con la Comisión y con los Comisarios y que lo único que intentamos es ver si podemos aprovechar mejor el tiempo. 
De lo que me he dado cuenta es de que cualquier pequeña modificación en esta Casa, dificulta que se aproveche el tiempo porque la cantidad de reservas que produce es extraordinaria. 
Por favor, Señorías, léanse ustedes el papel con atención. 
Vean ustedes cómo vamos a utilizar lo que hay en este papel y en el próximo turno de preguntas yo estaré muy gustoso de escuchar de nuevo su opinión después de haber experimentado hoy y de que ustedes y yo hayamos reflexionado. 
Y dicho esto, Señorías, les propongo que pasemos a la primera pregunta para la que ya está impaciente desde hace un tiempo la Sra. Concepció Ferrer, que ha formulado la pregunta en favor de la pequeña y mediana empresa e invito al Sr. de Silguy, al que le doy la bienvenida y le agradezco los minutos de atención que ha tenido a nuestro propio debate y le pido que tome la palabra para responder a la pregunta de la Sra. Concepció Ferrer. 
Pregunta nº 41 formulada por Concepció Ferrer (H-0301/98): 
Asunto: Política en favor de las pequeñas y medianas empresas 
Teniendo en cuenta el resultado del estudio hecho por el Tribunal de Cuentas Europeo, en el que de 33 empresas consideradas como pequeñas y medianas solamente 11 correspondían a esta categoría y que los restantes dos tercios de las empresas investigadas pertenecían a consorcios, existiendo incluso un caso considerado como pequeña empresa que era una empresa de 2.000 trabajadores, 
¿No cree la Comisión que ante estos resultados se debería proceder a una revisión del concepto de Pequeña y Mediana Empresa para poder adecuarlo a la realidad? 
He aprendido mucho, me he instruido mucho y les agradezco el haberme permitido participar en su debate. 
Para cualificar las PYME, la Comisión aplica la definición prevista por la recomendación del 3 de abril de 1996 a los Estados miembros, al Banco Europeo de Inversiones y al Fondo Europeo de Inversiones. 
Según esta nueva definición, destinada a poner un poco de orden en la situación que acaba usted de describir, una empresa debe estar integrada por menos de 250 empleados para ser definida como PYME y tener un volumen de negocios que no exceda los 40 millones de ecus, o un balance total que no supere los 27 millones de ecus. 
Para ser definida como «pequeña» , una empresa debe tener menos de 50 empleados y un volumen de negocios anual que no exceda los 7 millones de ecus o un balance anual que no supere los 5 millones de ecus. 
Además, las pequeñas y medianas empresas deben ser realmente independientes, es decir, no pertenecer alrededor de un 25 % o más a otra empresa. 
El umbral del volumen de negocios y del balance será regularmente ajustado, normalmente cada cuatro años, para tener en cuenta la evolución económica en Europa. 
Una vez dicho esto, en algunos programas específicos de investigación y desarrollo tecnológico y en el marco del cuarto programa marco 1994-1998, se han utilizado definiciones diferentes de una PYME. 
Sin embargo, para la puesta en práctica del quinto programa marco, es decir, 1998-2000, la Comisión propone que se aplique la nueva definición que acabo de recordarles mediante una excepción que permita incluir empresas que tengan hasta 500 trabajadores. 
Entre los distintos criterios de esta nueva definición, figura el criterio de independencia y la Comisión es consciente de que este criterio lamentablemente no siempre se ha respetado. 
Como usted lo destaca, Sra. Ferrer, a propósito de las bases de datos relativas a los participantes en el programa de investigación y desarrollo tecnológico, el informe anual del Tribunal de Cuentas señala que de las 33 empresas seleccionadas en el marco de la auditoría que realizó, 11 no satisfacían los criterios de independencia y una empleaba incluso a más de 2000 trabajadores. 
Una vez dicho esto, la Comisión quiere tranquilizarles y tranquilizar a su Asamblea: la calidad y la fiabilidad de estas bases se mejoran y actualizan constantemente. 
Esta mejora va a continuarse, especialmente con la introducción, por etapas, de controles de viabilidad financiera y jurídica que cubrirán igualmente a las sociedades matrices. 
Asimismo, vamos a continuar la mejora verificando los criterios aplicables a las PYME, tomando como base pruebas documentales. 
La Comisión no cejará en su empeño de insistir para que en el futuro los criterios de definición de las PYME se cumplan escrupulosamente. 
Quiero, ante todo, agradecer al señor Comisario sus explicaciones. 
Explicaciones que, por otro lado, creo que eran necesarias. 
Son muy útiles, porque esta mañana, al aprobar el informe Elles, insistíamos en la cantidad de lagunas que existen en relación con las ayudas de las que pueden disponer las pequeñas y medianas empresas y que no se han utilizado. 
Se malgastan así, si no unos recursos, sí unas posibilidades de mejorar no sólo la situación de las pequeñas y medianas empresas sino, sobre todo, las actuaciones de las mismas en beneficio de la creación de puestos de trabajo. 
Pediría al señor Comisario que, de acuerdo con sus propias palabras, la Comisión esté muy atenta y convierta en realidad lo que él ha descrito. 
Estoy totalmente de acuerdo. 
Tomo nota de los deseos de la Sra. Ferrer y estoy tanto más de acuerdo con ella cuanto que es importante, para la Comisión, poder dirigir estas medidas a las empresas adecuadas, so pena de asistir a un fenómeno de dispersión de las ayudas y, por ende, a una pérdida de eficacia. 
Por tanto, puedo asegurarles que la Comisión coincide con su análisis y actuará en este sentido. 
Respecto de la situación actual, permítaseme pedir al Comisario que examine ciertas zonas en las que empresas con cincuenta empleados son en realidad empresas grandes y en las que el concepto de pequeña empresa corresponde más bien a las que tienen diez empleados. 
En zonas como mi circunscripción de las Tierras Altas y las Islas, de esas empresas es de las que se espera con frecuencia la creación de puestos de trabajo. 
¿No sería posible que la Comisión examinara la posibilidad de utilizar otro criterio para dar un trato aún más favorable a las microempresas? 
Esta cuestión siempre es delicada porque, por una parte, es preciso tener en cuenta la necesidad de contar con un enfoque poco más o menos armonizado a escala europea para tratar de ser eficaces y, por otra, tener en cuenta situaciones específicas. 
Responderé a la Sra. Ewing que los Estados miembros han introducido más flexibilidad que nosotros. 
Ahora bien, nosotros introducimos flexibilidad puesto que hemos fijado umbrales para las microempresas, con menos de 10 personas, que precisamente deben ser adaptados a la situación de las islas a las que usted alude. 
Yo diría incluso que en algunos Estados miembros la flexibilidad es todavía más grande puesto que los umbrales corresponden a los límites máximos y que el criterio del número de trabajadores puede aplicarse sólo, sin referencia al volumen de negocios o al balance. 
Ello va, por ende, en el sentido que usted parece desear. 
Quisiera agradecer al Comisario su respuesta. 
Voy a formularle simplemente dos preguntas muy breves a este respecto. 
En primer lugar, ¿puede ofrecernos garantías aquí de que no se utilizará este estudio del Tribunal de Cuentas para intentar reducir la cantidad de dinero que se va a asignar al sector de las PYME y en particular para el aspecto relativo a la creación de puestos de trabajo? 
En segundo lugar, tal vez no haya yo interpretado bien su respuesta original, pero, ¿estoy en lo cierto al entender que se van a actualizar y evaluar todos los años los criterios relativos a la definición de las PYME y las microempresas? 
Muy rápidamente, puedo responder ambas preguntas del Sr. Crowley afirmativamente. 
En lo que concierne más precisamente a la segunda pregunta, recuerdo que hemos previsto una puesta al día de los criterios cada cuatro años o menos, y más rápidamente en caso necesario, en función de la evolución de los datos económicos. 
Pregunta nº 42 formulada por Nikitas Kaklamanis (H-0314/98): 
Asunto: Aumento de la cantidad subvencionada de aceite de oliva 
Según diversas noticias, durante su reciente estancia en España, el comisario Fischler declaró que el límite máximo de producción de aceite de oliva que obtendrá subvención de la UE aumentará en 300.000 toneladas para España y Grecia. 
¿Puede indicar la Comisión si habrá, en efecto, un aumento semejante del límite máximo de producción de aceite de oliva y cómo se distribuirá dicha cantidad entre Grecia y España? 
Señor Comisario, muchas gracias, creo que debo estar contento por todo lo que he escuchado en su respuesta, pero dado que nosotros aquí no tenemos a mano las cifras que usted ha mencionado, he entendido, después de todo, que lo que planteaba en mi pregunta es verdad. 
Es decir, no me interesan tanto los números- me fío de los que ha expuesto- pero realmente existe la posibilidad de que aumente para España y para Grecia lo que estaba vigente hasta ahora, es decir, 300.000 toneladas más ¿sí o no? 
Porque he oído números pero no sé lo que estaba vigente antes. 
¿Son las mismas cifras que antes o han sido incrementadas? 
Quisiera simplemente recordar al Comisario dos ideas: 
Primera, ha citado cinco campañas sobre las que se basa la modificación de la cantidad máxima garantizada, de las cuales se desprecian la más débil y la más fuerte. 
Pero, en el caso concreto de España, las campañas 92-93, 93-94 y 94-95 son tres campañas en las que se registró una situación catastrófica de sequía. 
Esto quiere decir que si se trasladan esos datos a la situación española estamos siendo penalizados en la fijación de la cantidad que corresponde a España. 
La segunda idea, muy importante, es que la cantidad máxima garantizada para toda Europa también se va a ver afectada como consecuencia de estos datos que no son reales para España. 
Sería importante que la Comisión tomara nota de esto y pudiera corregir estos datos en algún momento, incluso durante la fase de trámite en el Consejo. 
Si no lo hace, se va a producir una penalización del conjunto europeo y especialmente de la producción española. 
He tomado debida nota de su observación. Me recuerda el debate que suscitó en comisión cuando se preparó la propuesta. 
Se trataba a la vez de intentar alcanzar varios objetivos, que pueden parecer contradictorios, y examinar el problema que planteaba la sequía en España en esa época. 
El expediente se encuentra actualmente en manos del Consejo, el Sr. Fischler, que lleva a cabo estas negociaciones, tiene muy presente la observación que ha hecho usted. 
Sin embargo, la Comisión ha de presentar una propuesta que tenga bases objetivas y tradicionales en cuanto a los criterios aceptados. 
Ahora, la negociación corresponde al Consejo y no dudo de que se escucharán y defenderán todos los puntos de vista. 
Señor Comisario, después de oírle quisiera saber si la Comisión es realmente consciente del daño que se está fraguando contra el nivel de empleo en España. 
Si la Comisión persiste- como veo que así es- en su obstinación de no elevar substancialmente la cantidad máxima garantizada, los efectos sobre el empleo serán perniciosos. 
Porque la verdad es que, aparte del problema de sequía aquí planteado, la producción española, por citar la última, ha sido de 947.000 toneladas, cantidad que se aleja muchísimo de ese máximo que se fija para España. 
Y si esta diferencia no se subvenciona, el efecto, indefectiblemente, ha de ser más paro en España, precisamente el país en el que se registra la tasa más alta de desempleo de toda la Unión. 
De poco vale predicar sobre el empleo en el Consejo Europeo de Luxemburgo, si por otra parte se tiran por la borda jornales y si, al final, se cumple esa amenaza que se cierne sobre el olivar español. 
Daré la misma respuesta que antes: es efectivamente el tema que se encuentra en curso de negociación. 
Les he explicado los fundamentos de la propuesta de la Comisión. 
Les expliqué también que la Comisión proponía aumentar la cantidad máxima garantizada en relación con la cantidad actual. 
Sé que ello plantea problemas a un determinado número de países, en términos económicos, y también plantea problemas, no hay que olvidarlo, en términos de salida de la cantidad de aceite de oliva. 
No obstante, creo que los negociadores tienen presentes todos estos elementos. 
Ha hecho usted bien en destacarlo. 
Ahora van a formar parte de la negociación que debe llevarse a cabo en el seno del Consejo. 
Muchas gracias, señor de Silguy. 
Tiene la palabra la Sra. Izquierdo Rojo para una cuestión de orden. 
Perdone, ¿qué artículo del Reglamento invoca para la cuestión de orden? 
Señor Presidente, quisiera hacer notar que en la Tribuna, han venido desde Granada... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señora Izquierdo Rojo, esta no es una cuestión de orden. 
Le pido, por favor, que usted ocupe su escaño y me permita continuar el trabajo, como corresponde, con la pregunta siguiente. 
Pregunta nº 43 formulada por Phillip Whitehead (H-0321/98/rev. 1): 
Asunto: Los consumidores y el euro 
¿Puede indicar la Comisión si aprueba el punto de vista de que todas las operaciones obligatorias de conversión deberían ser gratuitas? 
¿Puede confirmar la Comisión cuándo va a decidir si regula o no la cuestión de la doble indicación de precios? 
¿Cuál es, a su juicio, la fecha límite para semejante decisión, teniendo en cuenta los plazos de la codecisión? 
¿Puede la Comisión informar sobre el calendario para el desarrollo de códigos de buenas prácticas entre profesionales y consumidores? 
¿Cuál será el papel de los observatorios del euro y dónde tendrán su sede? 
También me alegro de que también esté aquí la Comisaria Bonino para escuchar la respuesta de su colega. 
Permítaseme formular dos preguntas breves. 
En primer lugar, ¿durante cuánto tiempo aplicará la Comisión las recomendaciones de buena conducta que acaba de describir el Comisario de Silguy, antes de determinar si son eficaces o no y si debe formular disposiciones vinculantes, en vista del tiempo de que se dispone para la codecisión y del plazo que expira el año 2002, lo que significa que debemos adoptar una postura al respecto mucho antes de ese año? 
En segundo lugar, sobre la cuestión de las tasas bancarias, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad bancaria hasta ahora? 
¿Cómo se propone la propia Comisión velar por la continuidad de los contratos durante el paso de las monedas nacionales al euro? 
Seré muy preciso sobre este punto. 
La Comisión va a hacer sus recomendaciones dentro de quince días, hacia el 15 de abril, espero. 
Estas se remitirán a los Gobiernos con la esperanza de poder incluirlas en las conclusiones del Consejo Europeo del 2 de mayo, a fin de imprimirles una fuerza política importante. 
Estas recomendaciones se enviarán a las distintas organizaciones profesionales, a las organizaciones de consumidores, con instrucciones de trabajar conjuntamente, para elaborar códigos de buena conducta. 
Ya se verá, según los problemas. 
Es más urgente ocuparse de los gastos bancarios, ya que desde el 1 de enero de 1999, se planteará un determinado número de preguntas a este respecto, lo que precisa que se vaya más rápido. 
En lo relativo a las cuestiones de la doble indicación de precios, tenemos un poco más de tiempo. 
Por tanto, no hay que fijar fechas precisas. 
No obstante, hemos fijado una cita con la comunidad bancaria para el otoño de 1998, lo que nos permitirá hacer el balance sobre este aspecto bancario. 
Puedo decirle que las negociaciones y las reacciones son más bien positivas, puesto que la comunidad bancaria había enviado, antes de la mesa redonda del 26 de febrero, una carta a Emma Bonino, de la que por lo demás tuve una copia, mostrando su disposición a trabajar en este sentido. 
Nos encontramos actualmente en un proceso más bien alentador, que funciona sobre la base de la concertación. 
Luego apreciaremos los resultados. 
En lo que se refiere a la continuidad de los contratos, todas las indicaciones de las que disponemos hacen pensar que el estado actual de la reglamentación es suficiente y satisfactorio para cumplir con esta obligación jurídica. 
Muchas gracias, señor de Silguy. 
Señorías, hemos agotado el tiempo asignado a la primera parte de las preguntas a la Comisión. Por lo tanto, la pregunta nº 44 se contestará por escrito. 
Señora Flemming, como usted sabe, en la actualidad, la Oficina de Inspección Alimentaria y Veterinaria es responsable de una amplia serie de tareas relacionadas con la supervisión de la aplicación de la normativa comunitaria en materia veterinaria, alimentaria y fitosanitaria. 
Hoy por hoy, la Oficina de Inspección Alimentaria y Veterinaria emplea a 46 inspectores. 
Una parte de los recursos disponibles para las inspecciones veterinarias se destina de forma específica a los controles relativos a la supervisión del bienestar de los animales, a los que se ha referido su Señoría. Sin embargo, en términos relativos, estas actividades representan todavía una mínima parte de toda la actividad de inspección. 
Actualmente, la Comisión está aumentando el personal asignado a la Oficina con objeto de permitirle realizar todas sus tareas. 
No obstante, los procedimientos de asignación y de formación del personal requerirán inevitablemente cierto tiempo. 
La Comisión, sin duda, es consciente de la importancia que reviste el bienestar de los animales y este aspecto será debidamente tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones con respecto a la financiación de los recursos necesarios para la Oficina para el cumplimiento de sus tareas. 
Asimismo, deseo señalar a su Señoría que en la actualidad la Oficina está introduciendo un sistema para establecer las prioridades de las misiones y ello permitirá que los programas de las misiones puedan reflejar ante todo una evaluación equilibrada de las diferentes solicitudes de control y de inspección dirigidas a la Oficina. 
La Comisión sólo puede decir que todos los Estados miembros han sido inspeccionados, al menos una vez, en lo referente al bienestar de los animales y que dichas inspecciones están muy lejos de ser satisfactorias. 
Hoy por hoy, por desgracia, las condiciones del personal y de los recursos humanos es tal que sólo 2 inspectores de 46 se encargan de este sector. 
La Comisión, por lo tanto, considera que debe elaborar una lista de prioridades que, por otra parte, es obligatoria. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
Perdone, señora Flemming, le daré la palabra, pero me ha pedido la palabra para una cuestión de orden la Sra. Jensen y el Reglamento me obliga a darle la palabra. 
Tiene usted un minuto, señora Jensen. 
Pedí la palabra porque me parece por supuesto insatisfactorio que no pueda obtener respuesta a mi pregunta. 
Sin embargo, lo que realmente quiero cuando tomo ahora la palabra para el reglamento es garantizarme que sea yo quien obtenga la respuesta. 
Yo no me llamo Kirsten Jensen. 
Me llamo Lis Jensen. 
Me gustaría plantear a la administración que lo haya modificado cuando vaya a tener la respuesta escrita. 
No puedo censurar a la administración por cometer esta falta, pues la mitad de Dinamarca se llama de hecho Jensen, no obstante, me parece insatisfactorio que hoy no obtenga la respuesta, pues precisamente la cuestión del reglamento de bloqueo forma parte de algo que nos ocupa bastante en Dinamarca, especialmente hasta el futuro referéndum del 28 de mayo. 
Me parece muy insatisfactorio e inflexible por parte del señor Presidente. 
Señora Lis Jensen, siento que no se haya podido responder a su pregunta, pero yo no muevo el reloj. 
Soy esclavo del reloj, como usted y los demás diputados y diputadas. 
Y en cuanto a su nombre, he recogido su indicación, pero debo decirle que los servicios de la Asamblea previamente habían hecho ya el corrigendum. 
O sea, que la tranquilizo a usted. 
Si yo le hubiera dado la palabra, le hubiera dado la palabra a la Sra. Lis Jensen. 
Señor McMahon, tiene usted la palabra para una cuestión de orden. 
Sobre la misma cuestión, no sólo en la equivocación respecto del nombre de Su Señoría ha metido la pata la administración; en realidad, la pregunta sobre la limitación del comercio es una pregunta para el Sr. Monti, porque él es quien ha presentado el documento a la Comisión y está previsto que responda a las preguntas, por lo que no veo por qué se presentó en una sección a la que no correspondía. 
En segundo lugar, ¿por qué no podía usted permitir que se le diese respuesta en el momento en que el Sr. Monti respondiera a las preguntas más tarde? 
Señor McMahon, Señorías, yo les advierto a ustedes que el tiempo que utilizamos para cuestiones de orden es tiempo que va en detrimento de las preguntas a formular a la Comisión. 
Ustedes tienen su derecho pero yo también debo recordarles esta cuestión. 
Además, debo decirles a todos ustedes que el turno de preguntas está reglamentado y que cuando el reloj marca que ha terminado el tiempo, la Presidencia se ve obligada a pasar a la otra parte del turno de preguntas y no puede modificar aquello que ha sido establecido previamente. 
Pido disculpas a la Sra. Bonino porque hemos interrumpido además la interesante reflexión que nos había ofrecido. 
Le pido disculpas también a la Sra. Flemming, pero comprenda que soy esclavo del Reglamento. 
Tiene usted la palabra para una pregunta complementaria. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estoy seguro de que los dos oradores anteriores tienen como yo un gran interés en el bienestar de los animales y que sus preguntas sobre unas cuestiones de orden no son expresión de desinterés en el bienestar de los mismos. 
La Directiva 95/29 relativa al transporte de animales tiene también normas sobre los alimentos, agua y descansos para las diversas especies de animales y estas normas han entrado en vigor el 1 de enero de 1998. 
Adicionalmente, todos los Estados miembros están obligados a establecer unos puntos de parada aprobados por las autoridades que correspondan a las exigencias de la directiva. 
Señora Comisaria, quiero preguntarle lo siguiente: ¿puede la Comisión decirnos ya hoy cuántos de estos puntos de parada se han creado hasta el momento y si inspectores veterinarios- pues dispone de 46 para gran sorpresa mía- supervisan la ejecución correcta de estas instalaciones, lo que es parte de sus tareas? 
Como he dicho a Su Señoría, se han inspeccionado todos los Estados miembros al menos una vez y se dispone de los resultados. 
Hemos descubierto que algunas de las normas de la directiva, que entró en vigor el 1º de enero de 1998, distan de ser satisfactorias. 
Se han encontrado problemas en los siguientes sectores: mercados de ganado de importancia nacional, puestos de inspección fronterizos, puertos en los que se trasladan animales de camiones a buques, mataderos y demás. 
Puedo facilitar más detalles por escrito. 
Quisiera decir a Su Señoría que tengo dos inspectores de los cuarenta y seis existentes. 
Hay emergencias como las de la EEB y la fiebre porcina clásica y deficiencias higiénicas en las instalaciones de elaboración de carne. 
También hay obligaciones jurídicas que se desprenden de otras directivas, tales como las solicitudes por parte de terceros países de la aprobación para exportar pescado o carne fresca a la Unión Europea. 
Puedo facilitar a Sus Señorías por escrito todas las obligaciones, emergencias, lo que hemos hecho en materia de bienestar animal, lo que hemos descubierto y las razones por las que la propia Comisión no está satisfecha con la situación. 
Me complace tomar nota de que la Comisaria no está satisfecha con la situación existente y le agradezco que dé semejantes muestras de sinceridad y transparencia con el Parlamento sobre el carácter insatisfactorio de la situación actual. 
Quisiera plantearle otro aspecto. 
Otra función de los inspectores veterinarios es la de supervisar la exportación de ganado vivo a terceros países de conformidad con el plan de restitución de la exportación. 
¿Podría decir la Comisaria qué instrucciones se han dado al equipo de inspectores respecto de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones cuando el ganado llega a terceros países? 
¿Se establecerá alguna coordinación con las organizaciones que se ocupan del bienestar animal y que son las únicas que han revelado hasta ahora la crueldad de ese comercio? 
Se trata de un asunto grave, por lo que una colaboración más estrecha con las organizaciones que se ocupan del bienestar animal en esa zona y que tendrían mucho gusto- estoy seguro- en prestar asistencia contribuiría a resolver en parte los problemas de la Comisión. 
Se trata de una operación que estamos intentando llevar a cabo de forma oficiosa. 
Como puede imaginar Su Señoría, la Comisión sólo puede tener relaciones oficiales con las autoridades de los Estados miembros. 
Además, muchos terceros países- incluso los grupos a que se refiere Su Señoría- tienen poca fuerza. 
De modo que afrontamos estos dos problemas: en primer lugar, los grupos que se ocupan del bienestar animal tienen poca fuerza y, en segundo lugar, nuestros interlocutores oficiales son exclusivamente los Estados miembros. 
No obstante, espero que las organizaciones que se ocupan del bienestar animal en la Unión Europea establezcan vínculos más estrechos con sus homólogas de terceros países para que podamos establecer otra forma de contacto entre quienes deben aplicar la ley. 
Señor Presidente, señora Bonino, quiero plantearles una pregunta aunque ya ha sido respondida en su mayor parte por ustedes: ¿cuál es la situación en los países de la Europa central y oriental, muy en especial en Polonia, dónde existen aún unas circunstancias muy negativas? 
¿Mantiene la Comisión negociaciones directas con estos países para lograr que dichos países garanticen de hecho que lo que exportan se trate del modo que queremos? 
Pues si esto no funciona ya allí al principio, tampoco funcionará posiblemente entre nosotros. 
Ya he contestado en parte la pregunta. 
En el proceso más amplio de negociación y ampliación, se tendrá en cuenta, evidentemente, con arreglo al acervo comunitario, esa norma. 
Naturalmente, tenemos un largo camino por delante, por lo que debemos encontrar una forma más rápida de velar por la aplicación de la directiva. 
Pregunta nº 46 formulada por Robin Teverson (H-0281/98): 
Asunto: POP IV: longitud de tangones de los arrastreros 
La Comisión ha concedido algunos créditos al plan de ejecución del POP IV de los Países Bajos, en linea con una modificación de la normativa nacional neerlandesa. 
Un reglamento de 1986 exigía una reducción de la longitud global máxima de los tangones. 
El POP IV da prioridad a los Estados miembros que, como los Países Bajos, no han alcanzado los objetivos del POP III, con el fin de liquidar los flecos del programa anterior antes de que concluya 1998, y la autorización de este cambio normativo reforzará de manera significativa la posición neerlandesa en relación con el POP. 
¿Significa esto que la Comisión cree que deben autorizarse medidas técnicas de conservación para contribuir al cumplimiento del POP IV? 
¿Se han concedido créditos similares a las flotas de otros Estados miembros con destino a medidas nacionales de conservación? 
Se trata de una pregunta muy técnica, pero tiene- creo yo- un significado más político que técnico. 
Me parece que el Sr. Teverson quería saber si se deben incluir las medidas técnicas en el POP. 
Debo exponerlo con mucha claridad. 
La reducción de la longitud de los tangones menoscaba la eficiencia en lugar de aumentar la selectividad y, como tal, no se consideraría una medida técnica. 
Puedo confirmar que no se pueden tener en cuenta las medidas técnicas para la consecución de los objetivos del POP IV, pues se considera que sus efectos en el esfuerzo de pesca son suplementarios a los del POP. 
La flota holandesa no recibió crédito alguno en cuanto a la capacidad para la reducción de la longitud de los tangones. Se aceptó que el resultado de la reducción de la longitud de los tangones propiciaba una reducción de la eficiencia de los buques. 
Pero se advirtió un aumento de la actividad durante los POP anteriores, lo que compensó cualquier reducción de la eficiencia. 
Espero que haya quedado claro. 
Como se reconoció y calculó ese efecto compensatorio, se tuvo en cuenta la reducción de la longitud de los tangones reevaluando el nivel básico idóneo de actividad correspondiente al POP y a ese sector de la flota pesquera holandesa. 
Así, pues, no hubo un aumento neto en el punto de referencia de los esfuerzos de pesca correspondiente al POP IV. Por tanto, ningún Estado miembro se ha beneficiado de medidas compensatorias nacionales en el marco de los POP. 
Tenemos entendido que disminuyó la eficiencia, pero aumentaron sus actividades, por lo que el resultado fue equivalente. 
Por esa razón, no hubo compensación y no se pueden tener en cuenta las medidas técnicas para el cálculo de los POP. 
Agradezco a la Comisaria esa respuesta y, aunque, como ha dicho, se trata de una materia técnica, la cuestión es más bien la interpretación del cumplimiento de los requisitos que imponen los POP. 
De ello deduzco- aunque no necesariamente estoy de acuerdo con esa afirmación- que, cuando las medidas técnicas entrañan selectividad, no se pueden utilizar con vistas a la consecución de las metas establecidas en los POP. 
Eso se entiende. 
Sin embargo, de su respuesta parece desprenderse que en cierto modo, aunque sea contraproducente para la compensación, las medidas que podrían ser de carácter técnico, aunque no se trate de medidas técnicas que reduzcan la eficiencia, podrían tener- y, por tanto, tienen- repercusiones en el esfuerzo de pesca y se consideraría, en realidad, que contribuían a la consecución de las metas establecidas por los POP. 
Eso es lo que me parece a mí que sucedió en realidad. 
La Comisaria ha dicho que hubo un equilibrio en la flota holandesa entre la reducción de la longitud de los tangones y el aumento del esfuerzo de pesca, que no supera la meta establecida en el POP. 
Eso parece sugerirme que podemos utilizar la reducción en los métodos de eficiencia o los métodos físicos para alcanzar en realidad las metas establecidas en el POP. 
¿Estoy en lo cierto? 
Tal vez no me haya explicado con claridad. 
Debo confirmar que sólo hay tres elementos para calcular los POP que han de reducir el exceso de capacidad como primera meta. 
Los tres elementos que se tienen en cuenta son: la actividad, el tonelaje y la potencia. 
El caso especial a que se refiere Su Señoría, por haber quedado compensado, no se tuvo en cuenta en realidad. 
En cualquier caso, deben reducir la actividad. 
Es el resultado de lo que estoy diciendo. 
Redujeron la longitud de los tangones, pero aumentaron su actividad. 
Para nosotros, carecia de relevancia. 
Nuestra petición es la de que reduzcan sus actividades. 
¿Ha quedado claro ahora? 
Las medidas técnicas son suplementarias, pero no se pueden incluir en el cálculo del POP IV. 
Pregunta nº 47 formulada por Carmen Fraga Estévez (H-0286/98): 
Asunto: Nueva Ley de Pesca de Argentina 
Con fecha 12 de enero de 1998, la República Argentina ha aprobado una nueva Ley de Pesca que entrará en vigor en tres meses a partir de esa fecha. 
Como quiera que en virtud de varios artículos de dicha Ley (art. 4 y siguientes) Argentina se arroga derechos de regulación pesquera fuera de su ZEE, lo que claramente incumple tanto el Derecho internacional general como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y habida cuenta de que supone un nuevo y grave precedente tras la Ley de Pesca del Canadá de 1994 y el nuevo Proyecto de Ley de Pesca canadiense actualmente en trámite parlamentario, ¿puede indicar la Comisión qué medidas jurídicas o de otro tipo está arbitrando ante la amenaza que dicha ley supone para el ordenamiento jurídico internacional y las actividades legítimas de Estados soberanos en aguas internacionales? 
En las reuniones que recientemente se han celebrado entre la Comisión y las autoridades de Argentina tanto antes como después de la aprobación de la nueva Ley de Pesca de este país, la Comisión ha planteado las cuestiones formuladas en la pregunta de la Sra. Fraga Estévez por considerarlas muy preocupantes. 
La Comisión, asimismo, mostró su preocupación porque algunos artículos de la nueva ley, en particular los que se refieren a las medidas que las autoridades argentinas podrán tomar con relación a las reservas transnacionales en el espacio adyacente a la Zona Económica, van en contra del Derecho internacional y la Comisión subrayó que, en especial, incumplen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
Según la Comisión, las medidas de conservación aplicables a las aguas internacionales como las previstas en la nueva ley, sólo pueden adoptarse en el ámbito de organizaciones regionales o internacionales. 
La nueva Ley de Pesca de Argentina, como su Señoría sabe, está siendo examinada por el Consejo, sin embargo, y al mismo tiempo, la Comisión ha sido encargada de negociar, en su caso, la creación de una conferencia regional o de una zona regional para el Atlántico Sur, habida cuenta de que las medidas de conservación propuestas no pueden aplicarse unilateralmente. 
Ésta es la interpretación formal de la Comisión en lo que respecta a la Convención de las Naciones Unidas. 
Agradezco a la señora Comisaria sus explicaciones pero me gustaría hacer dos puntualizaciones. 
Este tema de la Ley de Pesca está vinculado a la famosa Ley sobre las líneas de base de los espacios marítimos, que ya en su día se protestó. 
Como usted sabe, esta ley está en contra de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
Hace escasos meses, Argentina ha procedido a una modificación, y me gustaría saber si esta modificación está de acuerdo o no con la Convención de las Naciones Unidas. 
Mi segunda pregunta se refiere a un tema que usted ha mencionado, el de la famosa SAFO (Organización Internacional de Pesquerías del Atlántico Sur). 
El Sr. Provan, aquí presente, elaboró en su día un informe al respecto, y yo quisiera saber en qué fase se encuentra este proyecto y cuál es la postura de Argentina; porque entiendo que a partir de la Ley de Pesca este país manifiesta su oposición a esta organización internacional, la llamada SAFO. 
En lo que se refiere a la delimitación de la zona, la Comisión está estudiando los primeros documentos remitidos por parte argentina acerca del planteamiento de dicha delimitación, bien entendido, sin embargo, que cualquier modificación, prescindiendo de que la Comisión la acepte o no, debe ser notificada a las Naciones Unidas, notificación que en los casos o al menos en un caso, que nosotros conocemos muy bien, no se realizó. 
Por lo tanto, con relación a la primera pregunta, puedo informar que la Comisión está examinando la nueva delimitación y podrá, creo que a corto plazo, ofrecerle una respuesta al respecto, esto es, si la delimitación es conforme o no. 
En lo que se refiere a la segunda pregunta, el Consejo acaba de conferir un mandato para negociar y estamos averiguando las verdaderas intenciones argentinas para determinar de qué forma la nueva Ley de Pesca podría incluirse dentro de los términos de este nuevo mandato. 
Por último, deseo manifestar que durante casi un año hemos trabajado al objeto de conseguir este mandato para negociar, habida cuenta de que la idea surgió en el mes de agosto de 1995. 
Creo que ahora ha llegado el momento de comprobar la disponibilidad y las voluntad real de las autoridades argentinas. 
Muchas gracias, señora Bonino. 
Señorías, con la pregunta de la Sra. Fraga hemos agotado el tiempo destinado a este bloque de preguntas. 
Por lo tanto, las preguntas núms. 48 a 52 se contestarán por escrito. 
Señorías, a menudo ustedes no pueden evitar hacer gestos, pero- lo he dicho antes- el reloj es quien manda, no yo. 
Pregunta nº 53 formulada por Jens-Peter Bonde, a quien sustituye la Sra. Lis Jensen (H-0276/98): 
Asunto: Cumplimiento de las directivas sobre cuestiones sociales por parte de los Estados miembros 
¿Se propone la Comisión garantizar que los Estados miembros puedan cumplir las directivas sobre cuestiones sociales mediante su aplicación como convenios colectivos, incluidos los ámbitos en los que la sindicación es inferior al 50 %? 
El apartado 4 del artículo 2 del acuerdo sobre política social establece que un Estado miembro puede encomendar a la dirección y a los trabajadores, si lo solicitan conjuntamente, la aplicación de las directivas aprobadas de conformidad con el acuerdo. 
En tal caso el Estado miembro deberá velar por que a más tardar en la fecha en que la directiva deba ser transpuesta de conformidad con el artículo 189 del Tratado la dirección y los trabajadores hayan introducido las medidas necesarias mediante un acuerdo. Se hace de conformidad con la legislación y los usos nacionales y el Estado miembro de que se trate está obligado a adoptar las medidas necesarias que le permitan en todo momento garantizar los resultados impuestos por la directiva. 
Esa disposición es similar a las que ya se han incluido en varias directivas del ámbito social y, además, ese principio quedó reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia antes de la aprobación del protocolo social anejo al Tratado. 
Como ejemplo positivo de cómo han participado los interlocutores sociales en la aplicación de las directivas, quisiera remitir a Su Señoría al acuerdo sobre las medidas de aplicación concluido en Dinamarca entre las organizaciones de interlocutores sociales. 
Querría plantear una pregunta un poco más concreta al señor Comisario Flynn y pedirle que vaya más allá de la respuesta que ya ha dado. 
Se ha realizado un estudio por la Escuela Superior de Comercio en Dinamarca que muestra que entre el 50 y 60 % de los trabajadores tienen convenios colectivos en el sector privado. 
La pregunta toca de la misma manera cuál es la situación de la parte restante en este momento, en el que no se ha firmado un convenio colectivo entre las partes del mercado laboral. 
¿Cómo se puede garantizar que la implementación tenga lugar para la parte restante? 
Por desgracia, la respuesta no es sencilla. 
Según la notificación que hemos recibido en un caso concreto por lo que se refiere a las autoridades danesas, se ha aplicado la directiva sobre el tiempo de trabajo mediante una combinación de disposiciones legislativas y acuerdos colectivos. 
Los servicios de la Comisión están llevando a cabo actualmente un examen de las medidas de aplicación a la luz de la aplicación detallada de la directiva con arreglo a esos dos criterios. 
De modo que nos referimos a un informe sobre la aplicación global. No podemos hacerlo aún, porque seis Estados miembros aún no nos han notificado las medidas de aplicación. 
En cuanto lo hayan hecho, la Comisión podrá continuar con su labor. 
A eso se ha debido el retraso. 
Sí fue clarificador. 
Es precisamente a la directiva sobre la jornada laboral a la que se alude en la pregunta, pues, como el señor Comisario advierte, la situación es que el gobierno danés ha comunicado que una parte relativamente grande de los empleados privados no está incluida dentro de ningún tipo de convenio y así la directiva sobre la jornada laboral no está implementada en lo que se refiere a aproximadamente el 40 % de los empleados privados en el mercado laboral danés. 
Esto se ha comunicado a la Comisión y a pesar de por supuesto ser correcto, como el señor Comisario admite, que no ha existido comunicación por parte de una serie de otros países, sí que se podía tomar postura desde la Comisión ante esta cuestión y certificar que un grado de cumplimiento semejante no es suficiente. 
Es una cuestión que tiene una transcendencia muy importante en Dinamarca, donde somos muchos los que pensamos que lo correcto es que las circunstancias del mercado laboral se regulen mediante convenios colectivos, sin embargo, por otro lado, pensamos que el cumplimiento que ha tenido lugar no puede ser suficiente, cuando el gobierno danés ha comunicado que aproximadamente el 40 % de los empleados privados no están incluidos dentro de ningún convenio y así amparados. 
Me gustaría conseguir que el señor Comisario certifique que este cumplimiento no es suficiente. 
Creo que debemos subrayar que las diferentes directivas a veces tienen fines diferentes. 
Ahora bien, algunas de ellas son competencia exclusiva de los interlocutores sociales, mientras que otras versan sobre cuestiones reguladoras y son competencia exclusiva de las autoridades públicas. 
En otras palabras, hay que tener mucho cuidado al analizar el marco de la directiva de que se trate. 
No podemos adoptar una decisión hasta que tengamos toda la información disponible sobre la aplicación. 
Por desgracia, aún no la tenemos, pero me parece que, si los Estados miembros cumplen con lo que les pedimos y recibimos la información, tendremos el informe sobre la aplicación a principios del próximo año, momento en el que podremos dar una respuesta completa a Su Señoría sobre la cuestión básica que ha planteado. 
Muchas gracias, señor Flynn. 
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 54 decae. 
Pregunta nº 55 formulada por Brian Simpson (H-0296/98): 
Asunto: Star Alliance 
¿Acaso la actual alianza «Star Alliance» concertada en el sector de la aviación entra en el ámbito de aplicación de las Directivas sobre el comité de empresa europeo? 
En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión? 
En el caso contrario, ¿por qué motivo? 
Quisiera formular al Comisario la pregunta suplementaria de si quiere decir que, básicamente, en el caso de que esa alianza «Star Alliance» empiece a menoscabar las condiciones laborales y los contratos, dentro de esa alianza determinada, la Comisión no actuará? 
Me preocupan en particular los miembros de la alianza «Star Alliance» del Extremo Oriente, que parecen tener peores condiciones salariales y de servicio en comparación con sus asociadas de la UE. 
En este momento, la alianza «Star Alliance» abarca sólo la mancomunación de los programas destinados a las personas que viajan con frecuencia- probablemente los conozca Su Señoría -, es decir, la utilización en común de algunas salas de espera, servicios de facturación y una mejor coordinación de la programación. 
El acuerdo no es vinculante y, en cualquier caso, queda fuera del ámbito de aplicación del Reglamento 397/87, relativo al transporte internacional fuera de la UE. 
Si se produjeran cambios al respecto, tal vez deseara Su Señoría volver a formular la pregunta en fecha posterior. 
Muchas gracias, señor Flynn. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 56 decae. 
Pregunta nº 57 formulada por Bernd Posselt (H-0319/98): 
Asunto: Reforzamiento de la familia 
¿Qué medidas propone la Comisión, en vista del reciente informe demográfico de la UE y de los hechos alarmantes que contiene, para reforzar a la familia en cuanto fundamento de toda política social eficaz y se siente la Comisión suficientemente apoyada a ese respecto por el Consejo y los Estados miembros? 
La Comisión conoce las tendencias demográficas actuales y los cambios que indican en las estructuras familiares. 
Sin embargo, la Comisión Europea tiene una competencia limitada en el sector de las políticas relativas a la familia. 
Nuestras acciones están basadas en las conclusiones del Consejo de Ministros encargado de los asuntos relativos a la familia que se celebró en septiembre de 1989. 
Desde entonces la Comisión ha fomentado activamente los intercambios de información sobre los asuntos relativos a la familia, ha supervisado las medidas adoptadas en pro de las familias en los Estados miembros y ha apoyado financieramente la promoción de iniciativas favorables para la familia. 
El intercambio de información entre los Estados miembros se hace mediante un grupo de funcionarios nacionales de alto nivel encargados de los asuntos relativos a la familia, que se reúne varias veces al año a petición de la Comisión. 
La próxima reunión se celebrará los días 16 y 17 de abril. 
La supervisión de las medidas adoptadas en los Estados miembros en pro de las familias corre a cargo del Observatorio Europeo de las Políticas Nacionales sobre la Familia, creado por la Comisión en 1989. 
Una red europea sobre la familia en el trabajo, creada por la Comisión en 1994, ha estado fomentando políticas de empleo favorables para las familias. 
Los proyectos, los estudios y las redes innovadores en relación con las políticas favorables para las familias han recibido apoyo con cargo a los Fondos estructurales, principalmente mediante la iniciativa NOW y los programas de acción sobre igualdad de oportunidades. 
En la esfera de la política de empleo, todos los Estados miembros han reconocido la necesidad de un aumento substancial de la participación de las mujeres en el mercado laboral y en las directrices sobre el empleo de 1998 se dice que los Estados miembros deben plasmar su decisión de promover la igualdad de oportunidades en un aumento de las tasas de empleo correspondientes a las mujeres. 
Al mismo tiempo se reconoce explícitamente que esas medidas deben ir acompañadas de políticas favorables para las familias con vistas a conciliar el trabajo y la vida familiar y políticas que faciliten el regreso a un trabajo remunerado después de una ausencia. 
Quisiera referirme a la directiva de 1992 sobre las trabajadoras embarazadas, la directiva de 1996 sobre el permiso parental y la directiva de 1997 sobre el trabajo con jornada parcial en particular. Son los elementos principales del marco jurídico en el nivel europeo encaminado a conciliar la vida familiar y la laboral. 
El Parlamento ha prestado un apoyo particular al respaldar la línea presupuestaria B3-4108, es decir, las medidas a favor de la familia y los hijos. 
Aunque es bastante modesta, esa línea presupuestaria permite a la Comisión cofinanciar el fomento de métodos y medidas favorables para las familias, además de estudios comparativos entre los Estados miembros. 
Dentro del ámbito de aplicación de esa línea presupuestaria, la Comisión lleva a cabo análisis de investigación demográfica tales como el informe demográfico que nos permite relacionar la evolución demográfica y las modalidades de la familia en transformación. 
Por último, la Comisión tiene la intención de continuar el análisis de las tendencias demográficas y profundizar el debate sobre sus consecuencias. 
Durante la Presidencia austríaca vamos a celebrar un importante simposio europeo sobre el cambio demográfico. Lo haremos hacia el final del año. 
Señor Comisario, muchas gracias por su extensa respuesta. 
Solamente quiero plantear dos breves preguntas adicionales. 
Usted ha hablado ante todo de las mujeres que trabajan. 
Quería preguntarle lo siguiente: ¿hay estudios y programas- pero sobre todo estudios- que se refieran al apoyo financiero de las mujeres u hombres- aunque serán sobre todo las mujeres- que decidan dedicarse exclusivamente a la educación de los hijos? 
Segundo: ¿hay también estudios y programas que se ocupen del sistema del aseguramiento de la vejez para este círculo de personas? 
Dicho brevemente, se ha llevado a cabo cierta labor a ese respecto. La mayor parte corre a cargo de las autoridades nacionales, pero existe cierta coordinación entre lo que éstas hacen y lo que hacemos en el nivel de la Comisión. 
Tal vez sea necesario profundizar más a ese respecto. 
Muchas gracias, señor Flynn. 
Con la pregunta del Sr. Posselt, hemos agotado el tiempo asignado a este bloque de preguntas. 
Por lo tanto, las preguntas núms. 58 a 62 se contestarán por escrito. 
Pregunta nº 63 formulada por Mark Watts (H-0033/98): 
Asunto: Propuesta de supresión de las concesiones de tiendas libres de impuestos en 1999 
¿Es consciente la Comisión de que la propuesta de supresión de las ventas libres de impuestos en 1999 puede conducir a la pérdida de 9.000 puestos de trabajo en la región de Kent en el Reino Unido, con una pérdida total de 140.000 empleos en toda la Unión Europea? 
A la luz de estas previsiones, elaboradas por entidades independientes, ¿estará de acuerdo en que se realice urgentemente un estudio completo con el fin de examinar las repercusiones sociales y económicas que puede tener la supresión de las ventas libres de impuestos? 
¿Puede asimismo explicar con más detalles sus propuestas para aminorar las repercusiones de la supresión? 
En los últimos meses y en reiteradas ocasiones, he podido expresar la posición de la Comisión sobre el tema de las ventas libres de impuestos dentro de la Comunidad. 
En particular, pude dar cuenta de esta posición en la audiencia pública celebrada el 29 de octubre de 1997 y en el período parcial de sesiones de noviembre de 1997. 
Hoy, por lo tanto, aprovecho la ocasión que me brinda el Sr. Watts para confirmar que dicha posición no ha cambiado. 
El plazo concedido por el Consejo, en el ya lejano año 1991, a todos los que pertenecen al sector de las ventas libres de impuestos para adaptarse a las exigencias del mercado único, fue una medida excepcional. 
Esta decisión unánime tuvo en cuenta las preocupaciones de orden económico que ciertos diputados expresaron en ese momento. 
Así las cosas, la Comisión ha manifestado muy claramente que no tiene intención de realizar un estudio sobre las consecuencias socioeconómicas que podrían derivarse del vencimiento del período transitorio concedido por el Consejo, a la vista del carácter definitivo de la decisión adoptada por este último. 
Agradezco al Comisario su respuesta, pero, lamentablemente, no ha abordado la cuestión concreta relativa a las propuestas para mejorar las consecuencias de la abolición que formuló en la audiencia pública a la que se ha referido antes. 
Tal vez pudiera responder a esa cuestión concreta. 
En segundo lugar, por lo que se refiere a la preparación para la abolición, tal vez pudiera acudir a mi circunscripción, hablar con la empresa P& O Stena e indicar a qué miembros del personal deben despedir y qué buques deben retirar del servicio. 
Resultaría particularmente útil. 
En tercer lugar, respecto del estudio, ¿tendría a bien el Sr. Monti confirmar si, en caso de que el ECOFIN votara en mayo a favor de la realización de un estudio, como es posible y- creo- probable, aplicará esa decisión con entusiasmo? 
Si se me permite comenzar por la última cuestión, tengo toda clase de razones para pensar que el Consejo ECOFIN no pedirá a la Comisión que realice un estudio. 
De hecho, esa cuestión se planteó en dos ocasiones en el Consejo ECOFIN: en noviembre de 1996 y de nuevo en marzo de 1998 y, como dijo públicamente en ocasión reciente el Presidente en ejercicio del Consejo ECOFIN, Sr. Gordon Brown, no hay datos que avalen la aparición de un consenso en el ECOFIN en pro de una reconsideración de la decisión adoptada por unanimidad en 1991. 
En relación con las otras dos cuestiones, puedo decir que, si comparamos la solución y los problemas a veces ventilados por las categorías afectadas con las soluciones dadas a otras profesiones afectadas por la legislación relativa al Mercado Interior, vemos que los agentes de aduanas, por ejemplo, recibieron efectivamente fondos para el reciclaje profesional que ascendieron a unos 30 millones de ecus. Un período de siete años que permitía una cifra de negocios de unos 6.500 millones de ecus no parece, si se permite decirlo así, un trato desventajoso. 
Por último, he afirmado repetidas veces que, si bien la Comisión no está dispuesta, desde luego, a proponer al Consejo que se reconsidere la decisión de 1991, si se demostrara que en determinadas regiones o en ciertas rutas de transporte había problemas específicos relacionados con la abolición de las ventas libres de impuestos, los Estados miembros podrían examinar, de forma transparente, posibles formas de ayuda estatal, que, naturalmente, deberían proponer los Estados miembros y deberían ser conformes a la normativa comunitaria. 
Muchas gracias, señor Monti. 
Señorías, son las 7 de la tarde, hora en la que deberíamos terminar el turno de preguntas pero, debido a que hemos perdido algunos minutos con las cuestiones de orden, he pedido la generosidad de los servicios de la Asamblea para alargar 10 minutos más el turno de preguntas. 
Por lo tanto, terminaremos a las 7.10. 
Y ahora, en esta misma pregunta, señor Monti, tengo dos preguntas complementarias. 
La primera es del Sr. Corbett que tiene un minuto. 
¿Conviene el Comisario en que podría ser útil un estudio para otro fin distinto de aquel para el que muchos diputados lo han pedido, a saber, para tranquilizar al público en el sentido de que algunas de las afirmaciones más disparatadas sobre pérdidas de puestos de trabajo que se producirán a consecuencia de la abolición de las ventas libres de impuestos constituyen, en realidad, una exageración? 
Un estudio ayudará, desde luego, a aclararlo. En dicho estudio se podrían determinar también los sectores con problemas específicos a que se ha referido el Comisario en su respuesta a la pregunta anterior. 
Si bien estoy totalmente de acuerdo con él en que es muy improbable que el Consejo, aun cuando la Comisión presentara esa propuesta, desee revocar una decisión adoptada hace muchos años e introducir otra deducción fiscal para las industrias del alcohol y el tabaco- deducción fiscal condicionada a que se vendan esos productos a viajeros internacionales, lo que parece ridículo -, un estudio sería un instrumento útil para la profundización de este debate. 
Un estudio sería contraproducente. 
Estoy sinceramente convencido de ello, porque podría perfectamente infundir falsas esperanzas y aplazar aún más los ajustes que podrían ser necesarios. 
De hecho, se concedió un período muy largo para los ajustes y sería bastante paradójico y contraproducente que, cuando faltan menos de 15 meses para la fecha de expiración de las ventas libres de impuestos en los viajes intracomunitarios, emprendiéramos un estudio. 
Deben ser los Estados miembros quienes indiquen a la Comisión si consideran, a partir de estudios o cualesquiera otros elementos de que dispongan, que son necesarias intervenciones concretas. 
Por último, no es necesario un estudio para entender lo que la opinión pública advierte cada vez más claramente, a saber, que las ventas libres de impuestos son, en realidad, una subvención encubierta y regresiva que favorece el consumo de alcohol y tabaco en gran medida. 
Es encubierta porque se repercute en el contribuyente general, que no sabe que está subvencionando el consumo libre de impuestos por parte de otros. 
Es regresiva porque el contribuyente común y corriente suele tener una situación económica peor que quienes se benefician de las compras libres de impuestos y, en cierta medida, sostiene de forma artificial y opaca el consumo de alcohol y tabaco. 
En vista de su última respuesta, ¿cerraría el Comisario la tienda de ventas libres de impuestos en la Comisión para miembros del personal de la Comisión como él? 
Ahora bien, mi pregunta en serio es la siguiente: ¿qué confianza tendrán los ciudadanos europeos en la Comisión, dado que la Comisaria Schrivener prometió en 1991 que se llevaría a cabo un estudio? 
Como la Comisión ha incumplido su promesa, ¿qué confianza va a infundir a la Unión Europea en la sinceridad, la integridad y la determinación de la Comisión de escuchar a los representantes democráticamente elegidos de la población europea? 
Entiendo la pregunta del Sr. McMahon, pero quisiera decir a Su Señoría que la Comisión y el Consejo, después de que la Comisión formulara su propuesta en 1991, ofrecieron mucho más que un estudio. 
Ofrecieron un período de ajuste de más de siete años, particularmente largo tratándose de un ajuste. 
No voy a referirme a la cuestión de la confianza de los ciudadanos europeos en la Comisión, pero estoy seguro de que no aumentaría precisamente la confianza de los ciudadanos europeos en una Comisión que propusiera la continuación de una subvención encubierta y regresiva a expensas de los contribuyentes en general destinada a subvencionar en gran medida modalidades de consumo que las políticas de la Comunidad, si acaso, procuran desalentar. 
Pregunta nº 64 formulada por Bernie Malone (H-0228/98): 
Asunto: Supresión de las ventas libres de impuestos en 1999 
El Director General de la DG XXI, Sr. Michel Vanden Abeele, comentó recientemente en una carta dirigida a un miembro de mi circunscripción electoral que la política de liberalización de la Comisión dentro del mercado interior había promovido una mayor competencia, aquella que las compañías de transportes de costes reducidos originan en el mercado. 
Un estudio independiente realizado por Symonds Travers Morgan reveló que la supresión de las ventas libre de impuestos dañaría el mercado único del transporte aéreo, que por lo demás no experimenta ninguna dificultad, y causaría una reducción del 20 % en el número de rutas en las que se podría esperar la entrada de líneas aéreas de bajo coste para el año 2003, una disminución de 5 millones en la cifra esperada de pasajeros, así como enormes pérdidas de puestos de trabajo. 
¿Como puede la Comisión hacer compatible su interés en la participación competitiva de las compañías aéreas de bajo coste en el mercado interior cuando al mismo tiempo continúa adelante con una legislación que perjudicará obviamente a estas compañías aéreas y entrañará la pérdida de unos 3.000 puestos de trabajo? 
Qué duda cabe de que la expansión del sector del transporte aéreo ha favorecido el desarrollo de los vuelos a precio reducido y, como todos los demás, estos vuelos podrán resentirse de la supresión de las ventas libres de impuestos desde el 1 de julio de 1999. 
De todos modos, la ventaja fiscal que se deriva de estas ventas es relativamente pequeña si se compara con otros datos. 
En realidad, uno de los aspectos que merece ser subrayado es que el transporte aéreo de pasajeros ha registrado un incremento de un 7 % y que, sin duda, dicho incremento no puede atribuirse a las ventas libres de impuestos, sino a otras causas como, por ejemplo, la liberalización del transporte aéreo a partir del 1 de abril de 1997. 
Se supone, en consecuencia, que este incremento del transporte de pasajeros va a seguir y producirá una amplia compensación tras la supresión de las ventas libres de impuestos. 
En otros términos, queremos obtener y obtenemos beneficios gracias a la creación de un mercado único, en esta caso, del transporte aéreo y es difícil pretender beneficios del mercado único y seguir manteniendo estructuras arcaicas totalmente incompatibles con el mercado único como son las tiendas libres de impuestos. 
Asimismo, hay que tener en cuenta que, hoy por hoy, el transporte aéreo se beneficia de un régimen fiscal extremadamente favorable respecto al cual la ventaja de las tiendas libres de impuestos es marginal. 
De hecho, se aplica una total exención del IVA a todos los aviones y a sus equipamientos y el transporte intracomunitario de pasajeros no está tasado. Además, en la actualidad, los abastecimientos a bordo están exentos de impuestos y, contrariamente a lo que sucede en los demás medios de transporte, el combustible y el queroseno para los aviones no están sujetos ni al IVA ni a ningún impuesto sobre el consumo. 
Para concluir este aspecto, la Comisión es consciente del hecho de que el transporte aéreo constituye un sistema de transporte que registra un crecimiento muy rápido y, por ende, las ventas libres de impuestos juegan un papel muy secundario. 
Por tanto, toda reestructuración del sector debe considerarse en el marco de las estrategias para lograr una eficacia y un beneficio cada vez mayores y no como el resultado de las ventas libres de impuestos. 
En la audiencia pública celebrada por el Parlamento acusé al Comisario de obstinación y arrogancia. 
Hoy he de decirle, Comisario, que me parece que está usted totalmente desconectado de los ciudadanos. 
En la respuesta que me ha dado dice que la ventaja fiscal para los viajeros de vuelos aéreos será muy pequeña. 
Un estudio llevado a cabo recientemente en Irlanda y publicado ayer por SIPTU, una organización sindical, y por IBEC, que representa intereses empresariales, revela con toda claridad que al viajero medio le supondrá un aumento de entre 15 y 17 libras en el costo del pasaje de una compañía aérea. 
Para una persona común y corriente es mucho dinero. 
En la misma carta que recibí de un ciudadano de mi circunscripción, la oficina del Comisario dice que hay diversas medidas que la Comisión tiene a su disposición para abordar cualquier amenaza para el empleo. 
¿Podría explicar cuáles son esas medidas, ofrecer un cálculo aproximado de su costo total, especificar cómo se podrían aplicar y exponer en líneas generales los criterios para la asignación de esas medidas aún no explicadas? 
Después de lo que Mary O ' Rourke, nuestra ministra de Transportes, ha conseguido en el Consejo de Transportes, debería usted ser más optimista sobre el resultado de la reunión del Ecofin. 
Con la presión ejercida por los ciudadanos comunes y corrientes en los diferentes Estados miembros, la Comisión deberá reconocer pura y simplemente que en este caso habrá que hacer un estudio. 
Quiero agradecer a la Sra. Malone su pregunta complementaria. 
No creo que la Comisión esté desconectada de la población. 
Desde luego, sostiene una opinión diferente de la mantenida por los grupos de intereses relacionados con las ventas libres de impuestos, pero, desde luego, hay numerosas posiciones adoptadas recientemente por instituciones representativas más amplias- podríamos decir- y la ultima que tengo aquí es la de 
COFACE, Confederación de Organizaciones Familiares de la Comunidad Europea. 
La COFACE observa que el actual sistema no presenta casi ningún interés para los consumidores. 
Sólo un pequeño porcentaje de ellos tienen, en efecto, la posibilidad de aprovisionarse regularmente en las tiendas libres de impuestos. 
Además, quizás con excepción de los productos del tabaco, las ventajas en términos de precio no son a menudo sino aparentes, las ventajas competitivas imputables a la exención no siempre repercuten sobre el consumidor final. 
(EN) Y en la medida en que el actual sistema de ventas libres de impuestos entraña un elemento de subvención que permite que el precio de los pasajes sea inferior al que, de lo contrario, sería, ésa es la mejor prueba de que el actual sistema de ventas libres de impuestos entraña, como he indicado, una subvención encubierta y regresiva. 
En el caso del transporte, como afirmó recientemente mi colega el Comisario Kinnock en respuesta a una de las numerosas cartas al respecto, resultaría imposible tipo alguno de subvención por parte de los Estados miembros en forma de continuación de las ventas libres de impuestos. 
Añadió que las normas de la Comunidad brindan a los Estados miembros medios para perseguir metas legítimas en materia de servicios públicos en los casos en que ninguna empresa comercial pueda alcanzar dichas metas sin asistencia pública. 
Así ocurría en el caso de las directrices comunitarias sobre la ayuda estatal al transporte marítimo. 
Creo que ello sería válido también para otras formas de transporte. 
Por último, he de recalcar que la Comisión no es, desde luego, insensible a los problemas que podría plantear la abolición de las ventas libres de impuestos en los viajes intracomunitarios, pero insistirá en que se utilicen los instrumentos apropiados para abordar cualquier problema de esa clase sin volver a plantear una cuestión que, como he subrayado varias veces, entraña pura y simplemente que la carga recaiga sobre los ciudadanos comunes y corrientes. 
Comisario, parece que se opone usted rotundamente al mantenimiento de las ventas libres de impuestos. 
Resulta interesante que en este momento se esté construyendo en pleno aeropuerto de Bruselas una tienda de ventas libres de impuestos totalmente nueva. 
Me gustaría saber por qué. 
Respecto de su petición, tengo entendido que la Comisión está preparando un informe sobre las actividades comerciales y minoristas en los aeropuertos de los Estados Unidos. 
Me resulta muy difícil de entender, cuando resulta que la Comisión se ha negado sistemáticamente a hacer una evaluación similar de los aeropuertos de la UE. 
Así, pues, ¿pondrá a nuestra disposición el estudio hecho sobre los aeropuertos de los Estados Unidos? 
Formulo una pregunta complementaria de la del Sr. Cushnahan en este caso, porque, lamentablemente, ha tenido que marcharse. 
Le agradecería que me diera una respuesta a esta pregunta complementaria. 
No existe semejante estudio. 
La Comisión está examinando la situación en Europa y en otros lugares. 
Nos interesan los centros comerciales de los aeropuertos de los Estados Unidos, si bien no hay, desde luego, ventas libres de impuestos en los vuelos interiores de los Estados Unidos. 
Podemos examinarlos sin hacer estudios específicos, porque brindan posibilidades alentadoras para el antiguo sector de las ventas libres de impuestos en Europa. 
Aunque dejará de haber un sistema de ventas libres de impuestos y derechos aduaneros, habrá la demanda ya creada en torno a los aeropuertos y en otros medios de transporte, que es importante. 
Las investigaciones hechas por las organizaciones de consumidores han confirmado que los precios libres de impuestos de muchos artículos no son más ventajosos que los de otras tiendas. 
Hay una gran demanda ya creada, independientemente incluso del elemento libre de impuestos, y no va a desaparecer. 
No tengo un interés personal en este asunto. 
Nada tengo contra las ventas libres de impuestos, pero tengo el deber de aplicar el Mercado Único. 
Cuando estamos trabajando denodadamente, con el apoyo de este Parlamento, para intentar eliminar los paraísos fiscales en toda Europa y promover el empleo, sería ilógico que hiciera una campaña contra los paraísos fiscales y al mismo tiempo propusiera- o examinara siquiera esa posibilidad- la continuación de paraísos fiscales localizados y vinculados a determinadas formas de transporte dentro del Mercado Único. 
Muchas gracias, señor Monti. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas núms. 65 a 106 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
Tiene la palabra la Sra. Hardstaff para una cuestión de orden. 
Quisiera preguntarle si podría examinar el procedimiento mediante el cual se ordenan las preguntas tal como figuran en el documento al respecto. 
Por ejemplo, todas las preguntas que figuran en la primera parte de esta sesión fueron presentadas después de mi pregunta, que se va a abordar mucho después. 
Y ello pese a que fue presentada a comienzos de febrero y se perdió. Lo mismo es aplicable a las preguntas formuladas al Consejo: al menos nueve preguntas que fueron presentadas después de la mía van por delante. 
Creo que hay mucho malestar entre los diputados por esta cuestión y quisiera pedir que se ponga orden al respecto para que las preguntas aparezcan en el orden en que se presenten y haya cierta equidad. 
Se lo agradecería profundamente. 
Señora Hardstaff, haré que se examine lo que usted ha planteado. 
Pero, en todo caso, le adelanto ya que las cinco primeras preguntas son escogidas por el Presidente del Parlamento de acuerdo con lo que se considera una cierta importancia prioritaria, es decir, aquí hay una cierta discrecionalidad. 
El resto de las preguntas debe seguir un orden siempre y cuando correspondan a aquellas preguntas que son materia de los Comisarios que nos acompañan en la sesión de preguntas. 
En todo caso, señora Hardstaff, voy a examinar lo que usted ha dicho y la informaré oportunamente. 
(La sesión, interrumpida a las 19.22 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Política de construcción naval (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0101/98) del Sr. Sindal, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre las ayudas a la construcción naval y sobre una nueva política de construcción naval. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, a partir de las 21.00 horas se siente uno inclinado a saludar a todos personalmente. 
Hablo en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, aunque no quiero ocultar que soy también un diputado de los estados del este de Alemania, y conservo un recuerdo agradecido de la votación que hubo en este Parlamento y de las propuestas de la Comisión que pretendían arreglar los problemas que no se atendieron a causa de los astilleros del este de Alemania, y en la misma medida quisiera yo también pronunciarme bien moderadamente sobre la propuesta. 
Pienso que la propuesta de la Comisión es muy buena. 
Vivimos en un tiempo en el que debemos reflexionar si la política industrial sólo puede realizarse por medio de ayudas. 
Sin embargo, también he hecho saber en mi grupo que yo también- y sobre ello hablarán también los que me sigan en el turno de palabra- tengo algunas enmiendas que presentar a este Parlamento y esta comisión. 
Fundamentalmente hay que decir que la productividad de los astilleros europeos ha crecido en los últimos años. 
A ello hay que añadir, naturalmente, que a menudo se ha debido a cierres reiterados, al cese de la actividad y a la disminución de la capacidad. 
Desgraciadamente el acuerdo de la OCDE no fue firmado ni ratificado, lo cual- esta es mi impresión- a algunos Estados miembros no les ha disgustado nada. 
En vista de la crisis en Asia y la desvalorización de sus monedas, la industria de la construcción naval europea estará aún más bajo presión. 
Hay que hacer frente a ello, y la Comisión ha presentado propuestas que reducen la extensión y la cantidad de las ayudas, pero moderadamente. 
En esa medida se trata de una reacción a los avances logrados en productividad. 
Tengo dificultades con algunas enmiendas. 
Concretamente se trata de que los astilleros ubicados en regiones de objetivo 1 no sean perjudicados respecto de otros sectores industriales en regiones de objetivo 1. 
Estamos trabajando a fondo en ello. 
No es ninguna distinción para las regiones de objetivo 1 ser calificadas de subdesarrolladas, pero se necesitan todavía algunas ayudas y algunas reglamentaciones para salir de esa situación. 
En esta línea me parece que la propuesta presentada es muy buena. 
Las enmiendas que se presentan por parte de las comisiones y por los colegas diputados deberían ser estudiadas críticamente por todos. 
Pido, sin embargo, que reflexionemos sobre el hecho de que nuestra industria de construcción naval en el este de Alemania aún tiene algunas dificultades y mi colega García Arias hablará seguramente de la industria española. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, señoras y señores, seguimos compartiendo con usted, señor Comisario, la esperanza de que el acuerdo de la OCDE de 1994 entre en vigor. 
Apelamos también a la Comisión y a los Estados miembros para que intenten otra vez hacer presión sobre los EEUU para que ese acuerdo sea ratificado. 
E incluso en el caso de que esto resultase, tenemos todavía otra dificultad. Tenemos que apremiar a las nuevas naciones constructoras de navíos, como la República Popular de China o Polonia, para que se acojan al acuerdo de la OCDE, pues no sirve de nada que sólo una parte de los países ratifiquen el acuerdo de la OCDE mientras que la República Popular de China y Polonia continúan con su propia política de construcción naval. 
Pero probablemente hemos de constatar todos juntos que las posibilidades para la entrada en vigor del acuerdo de la OCDE son muy pequeñas, y que las nuevas naciones constructoras de navíos se acojan a reglamentaciones similares, es también más bien dudoso. 
Por ello necesitamos, tal y como la Comisión propone, una nueva política de construcción naval. 
Pero, recalco, necesitamos una política de construcción naval para dentro y para fuera. 
Yo mismo soy de una ciudad con astilleros. 
Es la última vez, como dice la Comisión, que existe durante cinco años una reglamentación especial para la construcción naval. 
Después de ello la construcción naval ya no podrá pedir otros cinco años y, luego, cinco aos más, a la larga esto no es bueno. 
Es correcto proponer ahora otra vez una reglamentación especial. 
Personalmente nosotros compartimos la opinión de que las ayudas vinculadas a encargos deben ser eliminadas el 31 de Diciembre del año 2000, aunque algunas enmiendas propuestas en este Pleno intenten todavía mover esa fecha mediante nuevos estudios. 
Conocemos la situación, señor Comisario, no necesitamos nuevos estudios. 
Si miramos el programa de construcción naval, vemos que además hay ayudas al cese de la actividad y a la reestructuración, a la innovación y a la protección del medio ambiente, esto es, ayudas suficientes para ser realizadas en cinco años. 
Y, estimado antecesor en el turno de palabra, vosotros los de Mecklenburg no tenéis necesidad de quejaros de ninguna manera de que tenéis demasiado pocas ayudas. 
Os lo digo a vosotros y también a los colegas españoles- y lo digo muy en serio -, es tiempo de cambios. 
Por eso apoyamos también la propuesta original del Sr. Sindal- y espero que Niels pueda escuchar y que no será distraído otra vez por lo femenino, Niels ¡escucha! -, nosotros los cristianodemócratas apoyamos su propuesta de tachar el artículo 7, señor Comisario. 
No debe haber por más tiempo un hueco por donde puedan deslizarse más subvenciones con la justificación de que es muy difícil para la región. 
Hemos acordado una política sectorial, y no debe haber nuevas interferencias en la competencia dentro de la Comunidad Europea. 
A esto le concedemos una gran importancia, y espero que mañana esté a favor de ello la mayoría del Parlamento. 
Señor Comisario, creo que necesitamos una política de construcción naval clara también hacia el exterior, porque no podemos contar desgraciadamente con que los otros países dejen también de subvencionar. 
En este momento estamos todos de acuerdo- y espero que el Sr. Comisario nos diga algo al respecto -, todo el Pleno es de la opinión de que si los países europeos ayudan ahora a los asiáticos en la superación de la crisis financiera, esos países no podrán malgastar esa ayuda en crear nuevas ventajas para sus astilleros respecto de los nuestros por medio del desendeudamiento de sus astilleros y de otras medidas proteccionistas, después de que nuestros contribuyentes en el fondo están contribuyendo por medio de nuestras contribuciones a vencer la crisis financiera de allí. 
Esto no puede ser correcto. 
Pero tenemos que reflexionar también- señor Comisario, yo estaría muy interesado en oírle decir algo sobre ello -, si no podemos fortalecer un poco nuestra posición mediante la OMC u otros instrumentos político-comerciales de la Unión, y engrosar nuestras municiones, porque a la larga no podremos permitir que la competencia desleal de otros Estados arruine nuestros astilleros. 
Creo que en el ámbito de esa política exterior de la Unión, señor Presidente, insisto en ello, necesitamos una nueva concepción, y espero que el Comisario nos diga algo al respecto. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, permítanme hacer algunas reflexiones. 
Tras la difícil situación y las dolorosas reestructuraciones de los años setenta, hoy tengo la impresión de que se vive pensando en que la construcción naval europea, que en la actualidad ocupa una cuota igual a un 21 % de la capacidad de trabajo mundial, se encuentra, a primera vista, bien situada en el contexto mundial. 
En realidad, a mi entender, la situación no es tan brillante como parece y quienes viven en ciudades con astilleros tienen constancia de ello. 
En efecto, si se analizan los datos reales del sector y las previsiones a medio plazo, a pesar de que la industria de la construcción naval europea está viviendo una fase de relanzamiento con un fuerte aumento de la demanda y con al menos un par de años de reserva de trabajo, nos damos cuenta de que el sector se caracteriza por un exceso de oferta y una sobrecapacidad productiva, debida sobre todo al irresponsable redoblamiento de la capacidad de las instalaciones de los coreanos registrado en los últimos cuatro o cinco años, tanto es así que Corea, por sí sola, es capaz de construir más barcos que todo el conjunto de los astilleros europeos. 
Que la oferta es superior a la demanda queda patente de forma inequívoca por el hecho de que los precios de las nuevas construcciones han sufrido, en todos los sectores, una caída o, en el mejor de los casos, se mantienen. 
En dólares corrientes un nuevo barco hoy alcanza un precio igual al que tenía hace siete u ocho años. 
A esta preocupante situación de desequilibrio estructural se ha añadido la tormenta monetaria que ha afectado a muchos países asiáticos, sobre todo a Corea del Sur. 
La devaluación del 50 % del won coreano ha dado lugar a una situación que puede producir consecuencias especialmente graves para los astilleros comunitarios y para el empleo en Europa. 
De hecho, se ha calculado que los coreanos podrían bajar los precios de sus barcos hasta el 30 % manteniendo sin cambios sus actuales márgenes internos. 
En este contexto, considero fundamental que la Unión Europa se emplee a fondo para llevar a cabo una política que permita a la industria de la construcción naval europea, apreciada en todo el mundo por su alto nivel tecnológico, poder competir en igualdad de condiciones con la industria de los demás países en un sistema de competencia transparente y equilibrado con normas iguales para todos y sin intervenciones distorsionadoras por parte de los Estados. 
Por lo tanto, será necesario que la Comisión, mientras no entre en vigor el Convenio de la OCDE y antes de decidir poner término a las ayudas, proceda a supervisar la situación y las perspectivas del sector en el año 1999 y a adoptar a tiempo, si fuera necesario, las medidas oportunas para la salvaguardia del sector, a fin de que la construcción naval europea logre hacer frente a las amenazas que podrían minar su sobrevivencia. 
En conclusión, es oportuno que el crédito concedido por el Fondo Monetario Internacional a Corea se negocie con la condición de que Corea se comprometa a autolimitar su producción naval y a actuar en un sistema de competencia justa y transparente. 
Señor Presidente, estimado señor Comisario y estimados colegas, debatimos la política de astilleros que seguro es algo que puede poner las neuronas de uno en estado de ebullición, pues todos nosotros tenemos una opinión sobre ella. 
Sucede casi como con la política agraria: si hay cinco agricultores presentes, hay siete opiniones. 
Me parece importante explicar que aquello por lo que debemos trabajar es por lograr la aprobación del acuerdo de la OCDE. 
Sé también que en gran medida trabajamos por esto en Europa. 
Mientras no se apruebe, saludo la propuesta de la Comisión por la que se elaboran algunas normas durante un período de transición hasta dar la bienvenida del acuerdo de la OCDE. 
Lo que debemos recordar es que las ayudas estatales a los astilleros constituyen una excepción y lo que debemos procurar es conceder una ayuda tan pequeña que sea aceptable y tan grande que coloque a nuestros astilleros en igualdad de oportunidades a la hora de competir con los astilleros sitos fuera de Europa. 
Éste es el equilibrio al que debemos aspirar. 
Así hemos de ver si la propuesta de la Comisión lo cumple. 
Lo hace. 
En muchos puntos estoy de acuerdo con la Comisión. 
Lo que es importante para el Grupo Liberal es el punto 1, es decir, que haya un control sobre el cumplimiento de las normas. 
Es increíblemente importante. 
El punto 2 va encaminado a que exista transparencia con respecto a aquello para lo que se otorga la ayuda y de nuevo podemos referirnos al informe que discutimos esta tarde- el informe de la Sra. Berès -, donde también abordamos la cuestión de la transparencia. 
Es un elemento muy importante con relación a las ayudas estatales. 
Hay un tercer elemento que también es importante para el Grupo Liberal. 
Se trata de la cuestión referente a hacer posible unificar los diferentes regímenes de ayudas de modo que alcancemos un techo muy elevado para las ayudas. 
En lo que estoy pensando es en que debemos evitar dar la posibilidad de obtener ayudas a astilleros en el ámbito regional. 
Por ello me gustaría mucho conseguir que apoyemos la enmienda 29 y así evitamos una competencia desigual dentro de Europa, de manera que los astilleros de ahora en adelante no se sitúen sólo en áreas en las que pueden recibir ayudas regionales. 
Señor Presidente, la nueva política de la industria de la construcción naval de la Comisión no es tan nueva. 
Se mueve en el marco ya conocido hasta ahora por las dramáticas consecuencias sufridas en la industria europea de construcción naval. 
La Comisión propone la limitación de la capacidad productiva de los astilleros europeos y la consiguiente pérdida de más puestos de trabajo, la supresión completa de las ayudas para su funcionamiento en el año 2000, en cambio concederá ayudas al cierre y facilitará la concentración de la producción en los astilleros más importantes que han quedado. 
Todo ello ante la previsión de que en los próximos años habrá una gran demanda y que los competidores internacionales de la Unión Europea incrementarán de manera constante su capacidad productiva y van a adoptar medidas de apoyo. 
Semejante política significa para países como Grecia el abandono y la liquidación de un sector de gran importancia que sufre ya unos daños irreparables y que acarreará unas consecuencias incalculables para el tejido social y económico del país. 
La Unión Europea no ha aprendido ni de las dramáticas consecuencias de su política ni de la postura de los Estados Unidos que reservan para sí el derecho a utilizar sólo barcos de producción nacional en los itinerarios interiores. 
Por desgracia, el ponente intenta limitar las ayudas, tensar los extremos de la competencia y fundamentalmente reducir el volumen del sector. 
Finalmente, ¿qué es lo prioritario para nosotros, la competencia o la existencia de la industria de la construcción naval y el empleo? 
No podemos aceptar estas propuestas cuya aplicación daría el tiro de gracia a una destrucción iniciada ya hace mucho. 
Al contrario, pedimos a la Comisión que adopte medidas de apoyo para la industria europea y, si fuese necesario, que ignore el acuerdo de la OCDE para poder hacer frente a la competencia aniquiladora e ilícita de los terceros países, que tome iniciativas concretas a escala internacional para adoptar medidas que establezcan la renovación de la anticuada flota- condición necesaria para reforzar la seguridad de la navegación y la reconversión de la industria de construcción naval- para hacer efectivo el control de los barcos por parte del estado en los puertos y la prohibición de la entrada en sus puertos de barcos con bajas cualificaciones como medida para su retirada y para poder afrontar el dumping social y fiscal en el sector. 
Señor Presidente, nos damos cuenta de que esas subvenciones son necesarias para lograr una igualdad de armamento en el mercado mundial. 
Pero sólo se pueden aceptar si tales ayudas son transparentes. 
Para ello, la Comisión debe, a nuestro parecer, crear un derecho de inspección propio. 
Puede comprobarse que en la construcción naval hay supercapacidades en todo el mundo. 
Por ello sería absurdo seguir subvencionando las capacidades ya existentes. 
Sería mucho más sensato subvencionar proyectos innovadores en ese ámbito, apoyar más estrechamente a la investigación y el desarrollo y crear así la posibilidad de auténticos mercados futuros para la construcción naval. 
Quisiera poner un ejemplo tomado de una región muy pobre de Sajonia-Anhalt, en la cual un astillero, Roszlau an der Elbe, no tenía ninguna oportunidad de recibir más encargos: de él partió un impulso innovador decisivo, la construcción de barcos fluviales, para cuya utilización no hay que ampliar los ríos. 
El medio ambiente crea puestos de trabajo, es lo que puedo decir, y allí resultó. 
Se trata de un mercado futuro, que está siendo demandado cada vez más en toda Europa, al que habrá que atender, que también en todo el mundo será interesante y que a la vez puede crear puestos de trabajo que ya habían sido destruidos. 
Señor Presidente, Señorías, ¿en qué contexto examinamos el informe Sindal? 
Tal y como destaca nuestro colega André Sainjon en su opinión, el acuerdo OCDE que se proponía suprimir las ayudas directas a la construcción naval ha nacido muerto. 
En efecto, esto es así ya que el Congreso de los Estados Unidos no lo ha ratificado, cosa que no es casualidad puesto que las autoridades estadounidenses subvencionan sin muchos miramientos sus astilleros navales. 
Al mismo tiempo, Corea del Sur, que está atravesando las turbulencias que conocemos se está preparando para convertirse en un competidor aún más temible. 
El periódico " Challenges» de este mes subraya, no obstante, que la crisis financiera es pasajera. 
Gracias a los fondos del FMI, el país habría pues de reemprender pronto sus actividades. 
Los astilleros trabajarán mucho para recuperar el retraso y los agentes comerciales recorrerán de nuevo el mundo para dejar atrás a los japoneses y a los europeos. 
En este contexto, la Comisión parece empeñada en suprimir las ayudas directas en Europa, manteniendo curiosamente la línea defendida con ocasión de las negociaciones para el acuerdo de la OCDE que, a pesar de todo, fue abortado. 
Por otro lado, esta postura sorprende aún más por cuanto la ayuda del FMI puede en última instancia quedar reducida a una subvención pagada por Japón, los Estados Unidos y Europa para iniciar una política económica incierta. 
Por lo tanto, compartimos totalmente las observaciones genéricas de nuestro colega André Sainjon y las enmiendas propuestas por la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. 
En efecto, consideramos que es muy peligroso comprometerse en una fecha de cese de las ayudas a los pedidos sin haber analizado la situación del mercado y la existencia o no de prácticas anticompetitivas. 
Asimismo, estamos a favor de la supresión de las ayudas regionales, que supondrían el peligro de introducir distorsiones de competencia inaceptables. 
Como conclusión diré que una vez más la Comisión parece dar muestras de un librecambismo de una extraña ingenuidad o bien de una temible ceguera ideológica. 
La política comercial y la política industrial necesitan, por el contrario, realismo y pragmatismo. 
Señor Presidente, señorías, desearía felicitar al Sr. Sindal por su meritorio informe, con cuyo mensaje principal me muestro de acuerdo: es una medida inteligente intentar a largo plazo que la industria de la construcción naval salga adelante sin ayudas estatales. 
El informe Sindal se está convirtiendo en un documento que, de una manera embarazosa, divide a los Estados europeos septentrionales y a los meridionales. 
Muchos de nuestros colegas españoles, por ejemplo, han mostrado una gran preocupación por los posibles recortes de las ayudas, lo cual es comprensible. 
Nosotros, en los países nórdicos, hemos llevado ya a cabo recortes en las ayudas estatales y hemos podido comprobar que los astilleros funcionan incluso mejor después de dichos recortes. 
Hemos perdido astilleros, pero los principales han sobrevivido y son competitivos. 
Lo único que ha logrado hasta el día de hoy la política de ayudas ha sido distorsionar el sector de la construcción naval. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Sindal cuando afirma que la rápida entrada en vigor del Acuerdo de la OCDE reviste una especial importancia para la normalización del mercado mundial. 
No obstante, la Comisión ha pecado de excesivo optimismo en sus estimaciones. 
Estados Unidos no parece haberse mostrado demasiado proclive a ratificar este acuerdo. 
La Comisión debería presionar a Estados Unidos con mayor ahínco, ya que, de no producirse esta ratificación, nos veríamos obligados a elaborar una nueva directiva sobre la construcción naval, al expirar la actual a finales de este mismo año 
El maremagno actual de ayudas a la industria naval ha propiciado la aparición de condiciones desiguales en materia de competencia entre los astilleros europeos. 
Así pues, el objetivo de la UE deberá ser garantizar la igualdad de condiciones en la industria de la construcción naval, tanto en sus Estados miembros como a nivel mundial. 
No cabe duda de que, ante esta perspectiva, deberíamos ir preparándonos a enfrentarnos a la competencia de los países con una producción de bajo coste. 
Las ayudas que, como las ayudas regionales y las ayudas a la reestructuración, difieren entre sí en función de cada región y cada país colocan en estos momentos a los astilleros europeos en una situación de desigualdad. 
He propuesto una enmienda a este informe encaminada a prevenir el solapamiento de las distintas modalidades de ayuda y de las subvenciones durante el período 1999-2000. 
Efectivamente, en el texto de la Comisión no se ha especificado de una manera lo suficientemente detallada los años a que corresponden las ayudas, lo cual podría llegar a provocar en el futuro el solapamiento de éstas, en lugar de su recorte. 
Sin embargo, mi enmienda no ha tenido eco ni siquiera en mi propio grupo, por lo que no he considerado oportuno sacarla a colación en este debate. 
Parto de la afirmación de que en las naves modernas se concentra mucho conocimiento, por lo que su construcción exige también una gran labor en materia de desarrollo. 
Se trata de productos de tecnología punta, y éste es el aspecto en el que debemos hacer hincapié los europeos. 
Al adoptar acuerdos en el sector de la construcción naval, debemos velar en primer lugar por que se garanticen unas condiciones razonables y coherentes en materia de competencia para dicho sector. 
El objetivo último de la política de la UE debería ser conseguir a largo plazo que la industria de los astilleros pudiera salir adelante sin recurrir a las ayudas estatales. 
De esta manera se cumpliría también el Acuerdo de la OCDE. 
Señor Presidente, la construcción naval lleva mucho tiempo sometida a una fuerte presión comercial por parte de terceros países- de Corea del Sur, de China y otros países más -, que están complicando gravemente un mercado gracias, entre otras cosas, a las devaluaciones competitivas de sus monedas consentidas pasivamente por el Fondo Monetario Internacional. 
Por otra parte, ya existe un marco de reordenación del mercado, auspiciado por la OCDE, fruto del consenso, y que es conveniente, aunque debiera ser, lógicamente, suscrito por los Estados Unidos y también por China. 
Pero, como marco, es bueno. 
En ese contexto, los diputados españoles del Partido Popular entendemos que debemos oponernos a cualquier regulación que posibilite, de forma directa o indirecta, la reducción del actual sistema de ayudas que reciben los astilleros. 
En la actual situación de mercado, comprometerse a suspender las ayudas al funcionamiento de los astilleros a partir del año 2000 nos parece que no es responsable. 
Criticamos, igualmente, las referencias que el informe Sindal hace en contra de las ayudas de tipo regional que puedan recibir actualmente los astilleros. 
Todo el mundo sabe que, si se cierra un astillero en una zona deprimida y de alta tasa de desempleo, el mal para los trabajadores es mucho mayor que si el astillero se cierra en países del norte, prósperos y con empleo. 
Además, el Tratado de Maastricht establece que el principio de cohesión económica debe ser inspirador de todas las políticas de la Unión. 
Estos son los argumentos, entre otros, que nos llevan a oponernos al informe Sindal. 
No podemos dar nuestro apoyo a la reducción anunciada de las ayudas a la construcción naval, y más en un contexto internacional como el que hemos venido explicando. 
El Convenio de la OCDE deberá ser el marco en el que se regulen nuestras ayudas en el futuro. 
Cada vez, además, que se ha destruido un puesto de trabajo en un astillero europeo, se ha creado otro en Corea del Sur. 
No es este el momento de asumir ningún compromiso de reducción de ayudas si no se hace dentro del Convenio de la OCDE, que es bueno, bueno para Europa y bueno para todos los astilleros. 
Por eso, carece de sentido que nosotros queramos ser más exigentes que el marco establecido y votaremos en contra del posible endurecimiento de la 7ª directiva, y nos parece muy bien que sea prorrogada. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, en diversas ocasiones este Parlamento ha subrayado la importancia decisiva de la normalización del mercado de la construcción naval, objetivo último, a fin de cuentas, del Acuerdo de la OCDE. 
Compartimos esa posición y sostenemos que la Unión Europea no debe presentar propuestas que puedan poner en peligro la ratificación del acuerdo. 
Antes al contrario, debe esforzarse para que entre en vigor. 
Ahora bien, ante la imposibilidad de alcanzar tal objetivo, en particular por las medidas proteccionistas de los Estados Unidos, acogemos con beneplácito la propuesta de la Comisión de prórroga de la 7ª Directiva y formulación de una nueva política para la construcción naval. 
Pero quisiéramos exponer dos consideraciones sobre esas propuestas: la primera se refiere a la fijación del 31 de diciembre del año 2000 como fecha límite de las ayudas al funcionamiento. 
Esa decisión puede ser prematura y desajustada, en particular si se agravan las condiciones de competencia distorsionada provocadas, por ejemplo, por prácticas de dumping o por la crisis en el Extremo Oriente. 
Antes de que se adopte la decisión de abandonar las ayudas se debe hacer un análisis lo más profundo posible de la situación de los astilleros en la Comunidad. 
Una segunda observación, muy rápida, tiene que ver con el cumplimiento riguroso del nuevo marco legislativo, su aplicación y su control. 
El reglamento deberá contribuir a que no se acentúen las desigualdades de la competencia ya existentes en los astilleros europeos. 
Es frecuente oír la afirmación por parte de profesionales de ese sector de que las reglas del juego están viciadas, muchas veces por apoyos y ayudas locales que desvirtúan las normas de la competencia. 
Creemos que en esta materia la Comisión tiene una palabra importante que decir. 
Señor Presidente, en veinte años los efectivos de los astilleros navales de la Unión Europea han pasado de 280.000 a menos de 80.000 asalariados. 
En Francia, la disminución ha sido de 32.000 a menos de 5.000, con numerosos cierres de astilleros. 
Esta situación, ya catastrófica, se abría agravado si el acuerdo OCDE de julio de 1994 se hubiese aplicado, puesto que tenía como objetivo suprimir las ayudas manteniendo la legislación proteccionista norteamericana, surgida de la Jones Act y reservándoles a los constructores estadounidenses el monopolio de la construcción de buques de cabotaje. 
La propuesta de reglamento de la Comisión, que tiene por objeto prohibir las ayudas al funcionamiento a partir del 31 de diciembre del 2000, se adelanta al acuerdo OCDE que todavía no ha sido ratificado por los Estados Unidos. 
Nuestro Grupo no es favorable a la aplicación anticipada del acuerdo OCDE ni a la fijación de una fecha de cese de las ayudas. 
Por otra parte, sería necesario renegociar el acuerdo OCDE teniendo en cuenta la evolución del mercado mundial y, muy especialmente, la crisis asiática que puede favorecer la práctica del dumping por parte de los constructores de Extremo Oriente. 
Al contrario de lo que está previsto, pedimos que se tomen medidas para relanzar la actividad marítima y la construcción naval de los países de la Comunidad, para reactivarlas y contrarrestar así las condiciones de competencia desleal a escala mundial, manteniendo el sistema de ayudas de Estado, instaurando la preferencia comunitaria en la construcción naval para favorecer la adquisición de buques construidos por astilleros europeos. 
Señor Presidente, el sector de la construcción naval es una industria mundial y debe ser abordada como tal. No desde perspectiva regional o nacional. 
El mercado relevante es el mercado mundial. La propuesta de la Comisión no lo toma en cuenta suficientemente. 
Además esto va en contra de acuerdos hechos sobre reducción de subsidios para el sector de los astilleros en combinación con limitación de la capacidad. 
El sector se ha saneado durante años. 
Esta propuesta aumenta el riesgo de que tengan lugar de forma sigilosa ampliaciones de la capacidad con ayuda de las autoridades. 
Esto barrería de un plumazo los esfuerzos de saneamiento ya realizados. 
El documento de la Comisión no coincide con la política de competencias europea. Está incluso en flagrante contradicción con los principios del mercado interior si un astillero puede recibir cerca del 3 al 9 % de ayuda y el otro astillero del 60 al 70 %. 
También la ayuda a la reestructura es completamente superflua. 
Con sus propuestas la Comisión europea ha dado la espalda a los mejores astilleros de Europa, mientras que los astilleros menos buenos siguen sobreviviendo de forma artificial. 
Una investigación realizada hace poco por especialistas de Ernst and Young recalca esta conclusión. 
La importancia estratégica del sector de la construcción naval europea es evidente. 
Nosotros queremos seguir construyendo nuestros propios barcos. Aunque nosotros por causas externas nos viéramos obligados a ayudar al sector. 
Pero no hagamos un desastre en la Unión Europea debido a toda clase de regulaciones poco claras y derrochemos irresponsablemente dinero de impuestos. 
Al sector esto no le sirve de nada. 
El objetivo final debe seguir siendo: supresión de toda clase de apoyo de las autoridades, de tal modo que cada astillero reciba el dinero que él mismo se gane. 
Señor Presidente, el informe sobre ayudas a la construcción naval que discutimos esta noche hace referencia a puntos de gran importancia para la Unión Europea y, de manera singular, para algunas regiones, como es el caso de Andalucía, fundamentalmente las provincias de Cádiz y Sevilla, en las cuales prácticamente la única industria pesada que subsiste, y con enormes dificultades, es la de la construcción naval. 
El sector de los astilleros es un sector en crisis, como saben perfectamente sus Señorías, y, además, es un sector enormemente expuesto a la competencia, especialmente la procedente de Asia, como aquí se ha subrayado esta noche en varias ocasiones. 
Solamente Corea del Sur tiene una capacidad de producción y una producción real superior a la del conjunto de la Comunidad. 
Capacidad de competir que, por otra parte, se ve reforzada, como también ha sido subrayado aquí esta noche, por el hecho de la fuerte devaluación del won coreano, a raíz de las turbulencias monetarias en Asia. 
Por esa razón, es importante reclamar a la Comisión medidas de presión para conseguir que el Congreso de los Estados Unidos ratifique finalmente el acuerdo de la OCDE sobre las condiciones de competencia en este sector de la construcción naval. 
Y no solamente en el ámbito del acuerdo de la OCDE. 
Existe también la Organización Mundial de Comercio en la cual la Comisión debe hacer oír su voz para conseguir unas condiciones justas de competencia en el mercado mundial. 
La Comisión propone en su reglamento que las ayudas de funcionamiento finalicen el 31 de diciembre del año 2000, pero en los considerandos del mismo reglamento se introduce una cláusula de salvaguardia para esa eventualidad. 
Y se dice expresamente: » Considerando que un año antes de esa fecha- del 31 de diciembre del 2000- la Comisión supervisará la situación del mercado y determinará si los astilleros europeos están afectados por prácticas contrarias a la competencia. Si en ese momento, o en una fase posterior, se demuestra que el sector está siendo perjudicado por la existencia de tales prácticas contrarias a la competencia, entre las que se incluye la fijación de precios excepcionalmente bajos, la Comunidad se planteará la posibilidad de adoptar las medidas oportunas». 
Pues bien, señor Comisario, nosotros tememos mucho que, si ese estudio se realiza, se llegue a la conclusión de que, efectivamente, se siguen utilizando en el mercado mundial prácticas desleales para la competencia y, en ese caso, esperamos que la Comisión esté a la altura de las circunstancias y plantee medidas oportunas para solucionar este gravísimo problema. 
Por eso, nos ha extrañado que esta referencia de los considerandos no aparezca, sin embargo, reflejada en el articulado del reglamento. 
Por eso, apoyamos fuertemente que esta cláusula de salvaguardia a la que me he referido quede incorporada de manera formal en el articulado del reglamento. 
Igualmente apoyamos que se mantenga en el reglamento el artículo 7, al que diversos oradores se han referido esta noche como un artículo de distorsión de la competencia. 
Pero no es nada de eso. 
Se trata de un artículo basado en los principios de la política regional, por lo que se podría decir que, incluso sin su mención específica en el articulado del reglamento, las ayudas derivadas de la política regional seguirían siendo aplicables. 
Por último, señor Presidente, he escuchado con atención a mi compatriota el Sr. Pomés Ruiz del Grupo Popular, que ha hablado de manera muy clara en relación a este reglamento. 
Solamente me queda decir una cosa: el Partido Popular, al que pertenece el Sr. Pomés Ruiz, se sienta actualmente en el Consejo de la Unión. 
Esperemos los españoles que el Ministerio de Industria español tenga en esta cuestión, en el Consejo, una posición tan firme como la que se ha indicado aquí esta noche. 
Señor Presidente, quisiera decir que si debatimos este asunto hoy, lo debatimos bajo la tutela de los Estados Unidos y de la situación creada tras la negativa de los E.E.U.U. a ratificar un acuerdo relativo a la política de la industria de la construcción naval. 
En este sentido, creo que existe una falta de iniciativa por parte de la Unión Europea y que el mantenimiento de las ayudas estatales a esos niveles no está relacionada con una política global a largo plazo sino con la coyuntura internacional existente. 
Quisiera destacar dos puntos: 
En primer lugar, que la Unión Europea deberá volver a negociar el acuerdo a escala internacional, afrontando el dumping que se ha producido por el desarrollo de Extremo Oriente y también por el proteccionismo de los Estados Unidos.-En segundo lugar, que la U.E. tendría que reforzar la regionalización de los criterios e intervenciones. 
Es triste que se cierren los astilleros en Grecia y se concentren sólo en la parte norte de la Unión Europea, en un momento en el que existen posibilidades de disponer de una base ante Rusia, Ucrania y otros países no sólo por parte de Grecia o Italia sino por parte de la Unión Europea en el Mediterráneo oriental. 
Señor Presidente, me alegra que estén presentes los dos Comisarios que, en el marco de la política industrial y de la política de la competencia, están llevando este asunto. 
Hubiera sido de agradecer que también hubiera estado el Sr. Brittan, por la importancia internacional que tiene este tema. 
No voy a repetir aquí lo que todo el mundo ha estado afirmando acerca de la situación internacional. 
Lo que quiero es formular a los Comisarios la siguiente pregunta: ¿qué ha cambiado, en la situación mundial, para que se produzca este cambio de orientación en la estrategia comunitaria de defensa del sector naval? 
Hasta ahora estábamos prorrogando la directiva a la espera de ver lo que estaba pasando en el acuerdo internacional; además, se ha producido la crisis asiática y se están registrando los fenómenos que se acaban de señalar aquí. 
La Comisión ya sabe, como sabemos todos por la prensa, que hay empresas europeas que han perdido contratos o concursos, a nivel internacional, porque es evidente que esas devaluaciones, y ese exceso de capacidad y, posiblemente, esas ayudas indirectas que se desvían de las ayudas del Fondo Monetario Internacional están teniendo su impacto. 
Entonces, ¿qué ha sucedido para que cambiemos de estrategia? 
¿El ingreso de los países nórdicos? 
Eso es lo que se deduce de lo que estamos escuchando aquí, en el seno del Parlamento. 
¿Es ese el cambio internacional que se ha producido? 
En el debate de este tema, la posición del Parlamento es la de no poner fecha a la prórroga de las directivas porque, desde el momento en que fijamos una fecha, estamos adoptando y anunciando ya políticas unilaterales. 
Y ahora resulta que ya tenemos aquí el reglamento que anuncia ese desarme unilateral de la Unión Europea. 
Señor Presidente, a la vista de lo que estamos escuchando, quisiera decir dos cosas. 
Yo voy un poco más allá respecto a lo que ha dicho el compañero Pérez Royo y lo que ha anunciado el Partido Popular español. 
A mí me gustaría que el ministro declarara públicamente que está defendiendo esa posición en el Consejo de Industria. 
Yo creo que es muy interesante y muy importante para los astilleros y para las regiones españolas saber que se está defendiendo esa posición porque, según escuchamos, no parece que sea ese el caso. 
Pero, a estas horas de la noche, no quiero ahondar más. 
Preferiría que los dos Comisarios aquí presentes- y ojalá estuviera el Sr. Brittan- nos dijeran qué ha cambiado para que nos encontremos ahora con una propuesta que nos desarma unilateralmente. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, después de haber agradecido y felicitado, según tenemos costumbre aquí, a nuestro colega Sindal y a los ponentes para opinión, así como a nuestros dos Comisarios por su presencia, quisiera empezar mi intervención sobre el futuro de las ayudas a la construcción naval haciendo tres constataciones. 
Primera constatación: a lo largo de los cinco años transcurridos cada vez que se ha destruido un empleo en la construcción naval europea se ha creado un empleo en la construcción naval coreana; por lo tanto, nuestros sacrificios han sido completamente inútiles. 
La segunda constatación es que lo que ha hecho a Corea dominante no han sido ni los bajos salarios ni la organización industrial sino las garantías de los conglomerados conjugadas con el apoyo del gobierno coreano, lo cual hace que el papel del capital resulte inútil en todo ello. 
Tercera constatación: en Europa, toda ayuda a un astillero con problemas lleva a la Comisión Europea a imponer cierres de capacidad. 
En Corea o Japón, o en los Estados Unidos, no existe por supuesto nada parecido. 
El resultado de todo esto se resume en cuatro puntos. 
En primer lugar, Europa se ha impuesto reglas que sus competidores no se imponen. 
En segundo lugar, decenas de miles de empleos se han destruido con el consiguiente acompañamiento de dificultades sociales y de miseria. 
En tercer lugar, Europa ha perdido grandes partes de mercado. 
En cuarto lugar, contrariamente a lo ocurrido en otros sectores industriales, en particular en la siderurgia, nada garantiza que lo que nos queda de capacidad de producción pueda durar. 
Estimados colegas, hace unos meses casi habíamos tocado fondo en este ámbito ya que las ayudas dentro del marco de la Séptima Directiva habían desparecido prácticamente, en aras de un acuerdo OCDE que nuestros competidores no habían ratificado. 
Por una vez, hemos sabido decir todos juntos: no. 
Ahora se nos propone que la Unión Europea se imponga a sí misma unilateralmente los principios previstos en el acuerdo OCDE que, no obstante, no ha sido ratificado. 
Y aquí, digo una vez más que deberíamos ser más pragmáticos. 
Si en el año 2000 constatamos que el mercado no ha quedado suficientemente saneado para poder prescindir de la ayuda a los contratos, sin duda estaré de acuerdo en que sean suprimidas. 
¿Pero quién puede afirmarlo en la fecha de hoy? 
La propia Comisión reconoce la necesidad de medidas apropiadas aunque no pueda decirnos cuáles. 
Así pues, por lo que más quieran, no cerremos las puertas. 
Sin embargo, si hay que cerrarlas, conservemos las llaves, y de aquí a entonces estudiemos con precisión la evolución de los mercados antes de fijar las fechas límite y de tomar medidas definitivas. 
La construcción naval no es una industria como las demás y por esta razón pido a nuestro Parlamento prudencia y pido a la Comisión que acepte las enmiendas que, espero, sean aprobadas que nos dejen de aquí al final del año 2000 un margen de maniobra suficiente. 
De una vez por todas, en este sector como en muchos otros, señor Presidente, dejemos de ser masoquistas. 
Señor Van Miert, ahora debe usted escuchar. 
Gracias por la respuesta, gracias por su buena intervención aquí esta tarde. 
Éste es un procedimiento de debate y creo que este proceso precisamente contribuye a exponer los problemas a lo que se enfrenta no sólo la Comisión, sino también la población europea, y creo que todos nosotros nos entendemos mutuamente. 
No obstante, espero también que la Comisión y el Consejo arbitren soluciones útiles. 
Esto era lo único. 
En realidad, me levanto ante la crítica lanzada por varios miembros antes de la pausa sobre que el procedimiento hace que las opiniones de las diversas comisiones competentes para formular una opinión no lleguen a tiempo a la comisión correspondiente y que así no sean oídas. 
Como ponente de esta propuesta, quiero decir que intenté retrasarla un poco, sin embargo, parece que a la presidencia británica le gustaría liquidar el tema en mayo y que la Comisión no deseaba aplazar el asunto. 
Menciono esto en atención al protocolo. 
Hemos de aprender en algún momento a ocuparnos de los asuntos en el orden correcto. 
Esto es una contestación a los dos colegas que plantearon la crítica esta tarde. 
Señor Presidente, deseo simplemente reparar un descuido imperdonable. 
Ni siquiera he felicitado al Sr. Sindal por su excelente informe. 
Lo lamento mucho porque sé todo lo que ha trabajado y espero que este olvido quede ahora así subsanado. 
Quería contestar tan rápidamente a todas las observaciones sustanciales que he olvidado felicitarle, pero lo hago ahora, créame, de todo corazón y con pleno convencimiento. 
Nos sumamos a sus felicitaciones, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Vehículos utilizados para el transporte de viajeros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0113/98) del Sr. Murphy, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, relativo a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de 8 plazas además del asiento del conductor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo (COM (97) 0276- C4-0545/97-97/0176 (COD)) 
Saludo al señor Bangemann, que se ha unido a nosotros con ocasión del anterior debate. 
Señor Presidente, quisiera comenzar haciendo constar mi agradecimiento a los servicios del Parlamento por la asistencia que me han prestado en relación con este complicadísimo asunto, a la Comisión por su asistencia y, en particular, a los fabricantes de autobuses de Europa, a las empresas de autobuses de Europa y a los usuarios de los autobuses de Europa por la gran asistencia prestada para la elaboración de este informe. 
Y, sin embargo, el Parlamento ha vuelto a cometer uno de sus errores tradicionales. 
Hemos pasado toda la mañana contemplándonos el ombligo presupuestario. 
Es importante para nosotros, pero aquí estamos esta noche en este Parlamento hablando de la construcción naval y de autobuses y autocares, que son asuntos muy importantes para los ciudadanos de Europa. 
Sé cuáles son los informes sobre los que los habitantes de ciudades de mi circunscripción como Wolverhampton y Dudley querrían que habláramos delante de los medios de comunicación y no aquí, delante de algunos intérpretes y algunas personas resistentes como nosotros. 
Acojo con beneplácito las propuestas de la Comisión. 
Protegen las preferencias nacionales y regionales en materia de vehículos y a ese respecto, desde el punto de vista del Reino Unido, me complace que nuestros tradicionales autobuses de dos pisos- y en Londres los autobuses Routemaster- no estén amenazados en modo alguno por Europa. 
También- y se trata de algo muy importante- acojo con beneplácito la disposición obligatoria relativa a la accesibilidad a los vehículos de la clase I para las personas discapacitadas. 
No todos van a sentirse satisfechos con mis propuestas, pero puedo asegurar a Sus Señorías que he hecho todo lo posible para satisfacer todas sus aspiraciones principales de forma realista, técnica y eficaz en función de los costos. 
Quisiera señalar a la atención de la Comisión algunos aspectos fundamentales de mi informe y pedir su apoyo al respecto. 
En primer lugar, con esto estamos ampliando el Mercado Único. 
Pero quisiera pedir que, en lugar de adoptar la actitud de conceder una excepción a los vehículos que no son habituales en toda la Unión Europea, como los autobuses de dos pisos y los minibuses, que se utilizan en ciertas partes de la Unión Europea, debemos permitir que se les conceda la homologación a todos ellos, siempre y cuando sean seguros y no representen un peligro para los ciudadanos. 
Nadie tiene la obligación de utilizarlos, pero, ¿por qué considerarlos aparte? 
¿Por qué no tener un mercado completo de autobuses y autocares? 
Quisiera instar a la Comisión a que examine a ese respecto mis enmiendas núms. 4, 5, 28, 29 y 41. 
En segundo lugar, debemos ampliar las disposiciones relativas a la accesibilidad para incluir los vehículos de la clase II. La Comisión está preparando actualmente un estudio sobre la viabilidad técnica de la accesibilidad en el caso de los vehículos de la clase II. 
Pronostico que ese estudio de la Comisión se pronunciará a favor de disposiciones obligatorias sobre la accesibilidad en el caso de esos vehículos antes incluso de que el Consejo haya adoptado su primera posición común. 
Yo he visto esos vehículos, he montado en ellos. Además, debemos iniciar un estudio sobre los vehículos de la clase III, los autocares y los vehículos de la clase A y los minibuses. 
El imperativo fundamental que se plantea a esta Asamblea es el de reconocer que tenemos el deber en este caso de ampliar la accesibilidad cuanto sea técnicamente posible y asequible. 
A este respecto he de decir a mis colegas del Grupo PPE lo siguiente: acepten, por favor, dicho imperativo; lo que digo es razonable y alcanzable. 
No estoy proponiendo una idea superfantástica en este caso. 
Quisiera decir a los Grupos PPE y UPE lo siguiente: incluyamos esto, por favor, en la primera lectura; hagamos la prueba. 
Estoy convencido de que, cuando pasemos a nuestra segunda lectura, la Comisión nos respaldará respecto de los vehículos de la clase II. 
No me gustaría desaprovechar una oportunidad excelente. 
Por experiencia propia, sé lo difícil que resulta a quien tiene una discapacidad montar en los vehículos y apearse de ellos. 
Hace unos años me rompí un tobillo. 
Resulta imposible montar en los vehículos con peldaños altos y también apearse de ellos. 
Un amigo me ha contado que una mujer en una terminal de autobuses de Wolverhampton llevaba un niño en una sillita de paseo y tuvo que esperar a que pasaran diferentes vehículos hasta que llegó el idóneo, con suelo bajo, para poder montar en el vehículo. 
Lo que quiero decir aquí esta noche es lo siguiente: aprovechemos esta oportunidad de ampliar el Mercado Único, de aumentar las disposiciones sobre la accesibilidad de la clase I a la clase II con todas las enmiendas técnicas necesarias. 
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha habido mucho alboroto respecto de mi informe. Se ha debido en gran medida a una serie de malentendidos. 
Por lo que a mí respecta, éste es un instrumento importante de la legislación relativa al Mercado Único; es un informe importante para los ciudadanos de Europa. 
Pero es más: puedo asegurar a Sus Señorías que es técnicamente viable, indudablemente asequible y perfectamente alcanzable. 
Creo que es una respuesta válida a una propuesta válida de la Comisión. 
Pido a la Asamblea que lo apoye. 
Señor Presidente, señor Comisario, la directiva para las disposiciones especiales para vehículos de transporte con más de ocho plazas además de la del conductor- los autobuses, como sabemos- debe armonizar en el marco del mercado interior el sistema de homologación y mejorar a la vez la seguridad. 
Todo ello en conjunto constituye un informe muy técnico, aunque esos detalles técnicos tienen notables repercusiones para los ciudadanos. 
La Comisión ha tenido afortunadamente en cuenta el acceso para personas con movilidad reducida, pero el diablo se esconde justamente en los detalles. 
Por eso voy a referirme en mi intervención principalmente a esa problemática. 
Agradezco al ponente que haya adoptado en su informe la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo. 
En sus propuestas sobre la accesibilidad, la Comisión se refiere tan sólo a personas con sillas de ruedas y una gran musculatura en el brazo. 
No queremos extender solamente a todas las personas discapacitadas el concepto de " Personas con movilidad reducida» , sino también a personas mayores y a aquellos que a causa de una situación especial tienen dificultades para subir a un autobús, por ejemplo pasajeros con equipaje voluminoso, con cochecitos para niños, con bicicletas o las mujeres embarazadas. 
Esta nueva definición del concepto conlleva toda una serie de modificaciones técnicas que posibilitarán o facilitarán a los ciudadanos y ciudadanas el uso del transporte público. 
La segunda modificación fundamental que propongo es incluir en las disposiciones el acceso de las personas con movilidad reducida a todo tipo de vehículos de transporte. 
Queremos que ese acceso no se dé sólo en los autobuses de cercanías, sino también en los interprovinciales. 
Por lo menos la ayuda para el acceso al autobús debería estar al menos en una puerta. 
No nos basta la promesa de la Comisión de presentar pronto una propuesta sobre este tema porque ahora no quiera decidirse sobre la mejor solución técnica. 
Hemos esperado años a esta directiva y una vez tras otra hemos exigido una construcción libre de barreras y de carácter obligatorio. 
No queremos que nos sigan dando buenas palabras. 
En declaraciones no vinculantes se exige una y otra vez la integración de las personas con discapacidades. 
Con la aceptación de las enmiendas tenemos una oportunidad de empezar con la integración al menos en el ámbito del transporte. 
Cerca del 10 % de la población vive con una discapacidad. 
Una gran parte de estas personas tienen dificultades para moverse en la calle. 
Dependen de los medios de transporte público. A causa de su movilidad reducida es para ellos importante poder moverse, llevar una vida independiente. 
El transporte público no debe tener barreras para este grupo de personas, para que puedan llegar a su puesto de trabajo, pero también para que puedan hacer vida en su tiempo libre, llegar a los destinos elegidos para las vacaciones o cultivar las relaciones familiares y sociales. 
Además de las personas con discapacidades hay cerca de 100 millones de personas mayores en la UE, y esa cifra- según las estadísticas demográficas -, crecerá aún más. 
Precisamente las personas mayores dependen de los transportes públicos. 
Se estima que cerca del 50 % de esas personas no disponen de coche propio. 
A todos ellos hay que posibilitarles y facilitarles el acceso al transporte público. 
Pero también desde un punto de vista económico tiene sentido realizar gastos añadidos en suprimir barreras al acceso. 
Frente a ello está el gran número de los usuarios potenciales a los que una construcción sin barreras les posibilitaría el uso. 
Apelo a todos los colegas para que voten las modificaciones del informe para que la integración para todos sea visible y experimentable. 
Señor Presidente, me sumo a la felicitación y aprobación de este informe y elogio a Simon Murphy por la aplicación y sensatez con que ha elaborado su propuesta. 
Al mismo tiempo, reconozco el papel desempeñado también al respecto por el Comisario. 
Los detalles que figuran en el informe son, como ya se ha dicho, el resultado de amplias consultas a todos los organismos interesados fundamentales. 
El informe ha obtenido la aprobación de muy diversas organizaciones: desde los fabricantes y la industria hasta los grupos de consumidores y discapacitados, pasando por los representantes de los sindicatos. 
Durante el debate sobre este informe en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, nos resultó evidente a todos la profundidad de la investigación detallada que Simon Murphy había llevado a cabo. 
Es una propuesta de directiva del Consejo que representa un positivo paso adelante con vistas a la realización del Mercado Único y al mismo tiempo aporta un marco para la armonización de las normas sobre la fabricación entre todos los Estados miembros, que, por sí misma, engendrará y fomentará el comercio entre ellos. 
Pese a ser importantes esos aspectos, la razón primordial por la que los ciudadanos de Europa recomendarán el informe Murphy es su acertada insistencia en la seguridad y la accesibilidad para todo el mundo. 
El momento de montar en autobuses y apearse de ellos es aquel en que más accidentes ocurren, en particular en el caso de las personas vulnerables. 
Junto a la recomendación de autobuses con suelo bajo, autobuses que prácticamente se arrodillan en el bordillo de la acera para facilitar el acceso, en este informe figuran muchas otras propuestas sobre la seguridad. 
Gracias a ellas, todos nuestros viajes, en autocar o en autobús, resultarán más seguros y libres de riesgos. 
Permítaseme subrayar una vez más que esta directiva se aplicará sólo a los autobuses nuevos y no será una amenaza para los autobuses de dos pisos o los autobuses Routemaster. 
Mañana votaremos en esta Asamblea y espero que mantengamos la integridad del informe Murphy, cuyo objetivo fundamental es el de ayudar a los pasajeros con movilidad reducida, a las personas discapacitadas, a las personas de edad avanzada, a las personas de baja estatura, a las personas con niños y sillas de paseo y- permítaseme decirlo, Comisario- a las ágiles abuelitas futuras que, en un futuro próximo, podrían ser las beneficiarias de este informe y estarle agradecidas. 
Por último, no necesito recordar al Comisario que modos de transporte muy similares existen ya en mi circunscripción de Northamptonshire y Blaby, donde se han introducido con gran éxito autobuses que hacen exactamente lo que el informe Murphy recomienda: los autobuses con suelo bajo que se arrodillan para que las personas puedan montar y apearse son ya una particularidad de nuestro transporte local y los usuarios los han acogido con el mayor beneplácito. 
El informe Murphy es espléndido y prepara el camino para un mejor y más seguro transporte público en el futuro. 
El Parlamento haría bien en darle un apoyo espléndido y rotundo mañana y confío en que así lo haga. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que estoy profundamente impresionado por el trabajo de Murphy. 
Parte de la base de una directiva enormemente complicada pero que él ha logrado dominar en todos sus detalles. 
También me gusta la clara orientación general del ponente para sus propuestas de enmienda, la cual es facilitar a las personas con minusvalías físicas el acceso a los medios de transporte colectivo. 
Sin embargo, quisiera preguntar si este tipo de directiva realmente debe ser tratada en el Parlamento con tal lujo de detalles. 
En cualquier caso es una directiva enormemente complicada con cantidades de figuras y fórmulas muy difíciles de entender por los que no son expertos. 
Me pregunto si la mejor solución no sería que en casos de futuros informes similares hiciésemos una declaración de principios para después dejar los detalles a los expertos. 
Puedo estar equivocado, pero permítanme, sólo como aficionado en esta materia, señalar algunos puntos que me sorprenden un poco. 
Como ejemplo tenemos la propuesta de enmienda de Murphy nş 54. 
Allí se dice que los letreros que indican el destino en los autobuses deberán ser blancos o amarillos sobre fondo negro y de por lo menos 12 cm. de alto. 
Es posible que actualmente esta combinación ofrezca la mejor legibilidad, pero podríamos perfectamente pensar que la técnica que se desarrolle mañana nos diga que la mejor legibilidad para los ciegos se alcanza con un texto negro sobre un fondo blanco. 
Entonces me pregunto si no sería mejor decir que se deberá usar la mejor tecnología disponible. 
En la misma propuesta de enmienda anterior se dice también que el destino deberá señalarse dentro y fuera del autobús con una voz grabada cuando el autobús se detiene en las paradas. 
Dentro del autobús me puedo imaginar, pero ¿realmente se deberá señalar el destino con un altavoz también fuera del autobús? 
Creo que esto podría causar una algarabía enorme en muchas ciudades donde circulan muchos autobuses. 
Además, se dice que la voz deberá estar grabada. 
En Suecia tenemos autobuses que recorren quizá 300 ó 400 kilómetros y que tal vez se detienen dos o tres veces durante el trayecto, ya que tenemos distancias tan grandes entre las ciudades y los pueblos. 
Entonces puede ser más fácil que el conductor siga haciendo como lo hace hoy, es decir, que comunique que ahora hemos llegado a Burträsk o algo por el estilo. 
Otro aspecto que no atañe a ninguna propuesta de enmienda pero que se contiene en la directiva misma y en la propuesta de enmienda 87 es el referente a los autobuses que tienen un ascensor para sillas de ruedas y que deberán estar equipados con tres señales luminosas intermitentes y una alarma acústica que sonará cuando el ascensor esté funcionando. 
El asunto es que con la técnica actual no es posible accionar estos ascensores desde el asiento del conductor, pues la maniobra resulta demasiado peligrosa. 
Esto significa que el conductor tiene que salir y estar junto a la silla de ruedas cuando ésta se eleva. 
Entonces me pregunto una vez más si es necesario que se exija una señal acústica cuando se realiza esta maniobra. 
Una señal luminosa vaya y pase, pero una señal acústica es quizá un poco dudosa. 
Como dije anteriormente, soy un aficionado en materias técnicas, éstas han sido solamente algunas observaciones al margen. 
Deseo volver a mi punto de partida, es decir, que a la luz de este complicado material, Murphy ha realizado un trabajo excelente. 
Señor Presidente, hace dos años que aprobamos en este Parlamento la directiva sobre los ascensores, que sentó un precedente en el sentido de que la legislación relativa al Mercado Único europeo podía y debía utilizarse para facilitar el acceso a las personas discapacitadas. 
Dicho precedente quedó después consagrado mediante acuerdos en el Tratado de Amsterdam, el proyecto de Tratado de la Unión Europea. 
Esta noche afrontamos nuestra siguiente prueba al abordar la directiva sobre los autobuses y los autocares y abordar también una cuestión sobre la que más campaña se ha hecho entre los 35 millones de personas discapacitadas de Europa: el derecho a un transporte público accesible. 
Felicito a Simon Murphy por este informe y por las enmiendas que ha presentado. 
Son enmiendas importantes que todos los diputados a este Parlamento deberían apoyar. 
Las enmiendas garantizan que la definición de discapacidad no sea aplicable tan sólo a los usuarios de sillas de ruedas, sino también a todos las personas discapacitadas, incluidos los ciegos y los sordos, y, como ha dicho mi colega la Sra. Schmidbauer, para las mujeres embarazadas, las personas con niños, las personas cargadas con grandes paquetes, las personas de edad y de otra índole. 
Son muchas las personas que se beneficiarán de esa enmienda. 
Pido apoyo para las enmiendas que reconocen específicamente las necesidades de las personas ciegas o con poca vista, incluida la iluminación interior y los contrastes de colores en los autobuses y, para los sordos, las explicaciones visuales con vistas a su información. 
Apoyo la enmienda de Simon Murphy encaminada a hacer extensiva la disposición relativa a los autobuses de la Clase 1 a los de la Clase 2 a fin de que los autobuses de dos pisos y los autocares para turistas permitan también el acceso a las personas discapacitadas. 
Aun cuando la Comisión se oponga esta noche a la ampliación de esta directiva a los servicios interurbanos, debe comprometerse claramente ante nosotros a que aplicará el estudio que ha emprendido. 
Espero que el Comisario responda directamente a esta cuestión esta noche. 
Pido al Parlamento que apoye nuestras enmiendas para reducir la altura del escalón inicial a 24 cm o para garantizar un mecanismo que permita el acceso. 
Ésas son las únicas normas que garantizan de verdad el acceso a las personas discapacitadas. Al fin y al cabo, esas normas concuerdan pura y simplemente con las conclusiones de la investigación sobre los autobuses de suelo bajo, publicada por la propia Comisión ya en 1995. 
Hago un llamamiento a la derecha del Parlamento, al Grupo del Partido Popular Europeo, para que se nos una en el apoyo a la enmienda, pero en vano busco su presencia aquí esta noche y su contribución a este debate. 
En cambio, envío un mensaje sencillo a las personas discapacitadas de Europa. 
La tramitación de esta propuesta en Bruselas se ha retrasado por la larga lucha que ha habido para lograr que todos los autobuses nuevos de nuestras ciudades ofrezcan a partir del año 2001 el derecho pleno al acceso para las personas discapacitadas. 
Es una victoria muy importante, por lo que felicito a la Asamblea esta noche. 
Señor Presidente, hace muchos años normalizó la Comunidad Europea un asiento para tractores uniforme para toda Europa. 
El enchufe eléctrico está aún pendiente de una solución. 
Con la normalización hemos acumulado muchas experiencias, y por alguna de ellas hemos sido severamente reprendidos, por ejemplo en el caso del grado de curvatura de la banana. 
Hoy estamos hablando sobre la armonización de los vehículos de transporte de personas. 
Este es un ámbito muy importante. 
En este punto agradezco al ponente, el Sr. Murphy, su impresionante compromiso y su comprensión de las soluciones de detalle propuestas. 
El Grupo del Partido Popular Europeo apoya ampliamente el presente resultado, especialmente allí donde se tiene consideración con las personas de movilidad reducida. 
Yo mismo solicité en la Comisión que se precise y se extienda la definición de la discapacidad. 
Nosotros estamos por la utilización de ayudas al acceso incluso para los vehículos de clase II, por la construcción correspondiente de asideros, subidas, redes para equipaje y carteles especiales con los lugares de destino para hacer que el uso de autobuses sea posible y práctico también para los discapacitados. 
Nuestras reservas van, sin embargo, en otra dirección. 
Desde hoy ya no normalizamos sólo sobre asientos para tractores. 
El Parlamento Europeo está construyendo un autobús perfecto. 
Más de 100 enmiendas relativas a detalles técnicos han sido presentadas. 
En ellas se habla de un radio entre 5 y 2, 5 mm para los rincones, de escalones plegables, de señales para las esquinas e incluso de máquinas automáticas de bebidas calientes y aparatos de cocina. 
Según nuestra opinión hay que distinguir entre planteamientos políticos y cuestiones de normalización técnica. 
Estas últimas deben ser abordadas en los gremios de expertos correspondientes tales como institutos de normalización- por ejemplo el CEN -, esto es, por especialistas que construyen autobuses o bien los utilizan. 
Por eso tenemos el convencimiento de que hay que aludir a algunas cuestiones políticas importantes. 
Se debería poner en práctica también en este ámbito una iniciativa SLIM que se concentre en los aspectos políticos esenciales. 
Creemos que, sobre todo, las propuestas del Anexo 7 referentes a la seguridad de los vehículos de transporte y a la accesibilidad a los mismos para los discapacitados, que van más allá de las propuestas de la Comisión, son razonables. 
Pero la discusión ha de producirse especialmente ahí donde lógicamente es su sitio, en una comisión técnica. 
Esta es la razón por la cual el Grupo del Partido Popular Europeo solicitará mañana la devolución a la Comisión competente. 
Creemos que deberíamos dar a conocer nuestras ideas que, aunque claramente reducidas, tanto más precisas son, y que continuarán contribuyendo a la normalización ordenada de este sector. 
Señor Presidente, señoras y señores, al hablar hoy sobre una nueva directiva para autobuses, que contiene disposiciones especiales para el transporte de personas con movilidad limitada, deberíamos ser conscientes, precisamente a la vista de la brevedad del debate sobre la seguridad del tráfico rodado- anualmente sufren 1, 6 millones de personas daños a menudo permanentes debidos a accidentes -, de que nosotros mañana podemos pertenecer a ese grupo y tendríamos que aprender a sobrellevar la vida propia de un hombre discapacitado. 
Actualmente viven en la Unión Europea cerca de 37 millones de discapacitados. 
Pero no sólo tienen problemas frecuentemente al utilizar medios de transporte públicos. 
Pensemos en todos: en personas mayores que tienen un problema de movilidad, en niños pequeños o en personas en situaciones particulares como por ejemplo el embarazo, el transporte de equipaje o los cochecitos para niños. 
Por ello una interpretación amplia del concepto de " personas con movilidad reducida» me parece legítima y deseable. 
En esa medida apoyo el objetivo social de la directiva. 
Recoge un aspecto apropiado, la seguridad, pero va demasiado lejos en la normalización de determinadas soluciones de detalle. 
No debemos descargar a los empresarios de su propia responsabilidad de buscar por sí mismos las mejores soluciones. 
Tales soluciones podrían ser de naturaleza técnica, pero también logística. 
Los constructores de autobuses han demostrado ya su rendimiento en materia de seguridad. 
Fomentar la igualdad de oportunidades para personas limitadas en su movilidad es algo que apoyo en todo momento con mucho gusto. Sin embargo, rechazo las disposiciones sin sentido y exageradamente intervencionistas en los detalles. 
No podemos introducir en el ámbito de competencias de la Comisión de la UE las funciones del European Committe For Standardisation, de la economía e incluso, en el sentido del principio de subsidiariedad, de los municipios. 
De modo que demandas como que los autobuses dispongan de rampas de 4 m. de largas en las subidas y en las bajadas, me parecen totalmente inmaduras. 
Las demandas y la fijación de objetivos, formuladas desde la política, empujando a constructores y comerciantes de autobuses en general a encontrar soluciones innovadoras, me parecen más apropiadas para hacer algo por los discapacitados que establecer rígidos estándares europeos que rijan desde Finlandia a Sicilia. 
Aunque los problemas de las personas discapacitadas son similares en la Unión Europea, los Estados miembros, en sus esfuerzos por crear un lugar real en su propio medio para los discapacitados, deben tener también en cuenta las condiciones climáticas, territoriales, tradicionales y otras condiciones específicas. 
Señor Presidente, no quisiera cometer el error de mi amigo Karel van Miert, y por eso voy a felicitar calurosamente al Sr. Murphy nada más empezar. 
En el debate se ha dicho ya que éste es un informe difícil, porque tuvimos que abordar una serie de cuestiones técnicas y hubo que hacer el intento de aceptar compromisos de todo tipo. 
Por ello me ocuparé especialmente de las cuestiones que fueron planteadas a la Comisión y de las que se desprende que se demanda más o que se pide algo distinto. 
Primero quisiera referirme al hecho de que hay dos puntos de partida distintos en esta directiva. 
Una propuesta es la construcción del mercado interior mediante un sistema de homologación. Para ello necesitamos disposiciones precisas, pues sólo tales disposiciones precisas permiten que un modelo sea homologado. 
No se puede permitir que existan imprecisiones en la homologación. Necesitamos una armonización de las disposiciones técnicas a nivel comunitario. 
En una empresa tal, a veces no puede evitarse cierta complejidad. 
Estoy totalmente seguro que nuestra propuesta está siendo recogida en la prensa como un nuevo ejemplo de exceso de burocratismo. 
Si aceptásemos todas las enmiendas- creo que son 120 -, nos expondríamos aún más a ese peligro. 
Ahí tengo que dar la razón a algunos oradores. 
Naturalmente, una especialización y detallamiento tales pueden ser llevados al extremo, pero no se alcanzaría con ello lo que realmente se quería. 
En esto se necesita una cierta disposición para aceptar compromisos. 
Pero también queremos solucionar problemas de seguridad. 
No sólo aspiramos al más alto nivel posible de seguridad en general para todos los vehículos de transporte, sino que queremos garantizar a los discapacitados- como quiera que se defina este concepto -, es decir, a las personas con movilidad reducida, un uso seguro. 
Estos son los objetivos. 
Si uno mira las enmiendas, puede dividirlas, a grandes rasgos, en tres grupos. Por un lado, aquellas que corrigen fallos de la Comisión o que proponen mejores disposiciones técnicas. 
Esto siempre es deseable, y nos alegramos de poder aceptar plenamente todas esas 22 enmiendas. 
No quiero citar ahora los números de las mismas. Las tenemos aquí. 
Si les interesan, pueden examinarlas después. 
Por otro lado, tenemos un grupo por el que se modifican o se completan las exigencias técnicas que se han propuesto, y tenemos un tercer grupo en el que se proponen modificaciones esenciales respecto de algunos puntos delicados. 
Dentro de éste puede hacerse mención, por ejemplo, a la disposición excepcional prevista por la Comisión y dirigida a la situación particular del Reino Unido e Irlanda. 
Quisiera agradecer a los diputados británicos sus palabras de reconocimiento por haber tenido en cuenta esa situación excepcional- por cierto que en contra de las expectativas que manifestó la tan conocida por su seriedad prensa británica, en la que se publicaron anuncios de alarma según los cuales nosotros, tras el intento de prohibir las fish and chips, queríamos prohibir también los autobuses de dos pisos. 
No hemos hecho tal cosa. 
Espero que seamos alabados como corresponde por esa misma prensa. 
Pero quiero llamar la atención sobre el hecho de que esto también es un compromiso entre la tradición nacional y las exigencias de la seguridad, y hasta ese punto puedo lógicamente comprender la alegría de los diputados británicos. 
Todo el mundo concederá que un autobús de dos pisos no es precisamente el más seguro, y también está claro que este tipo de autobús resulta de muy difícil acceso, por ejemplo, a las personas discapacitadas. 
De todo esto resulta claro que al tratar todos estos problemas uno se mueve siempre en una línea que representa un compromiso. 
A pesar de todo, lo hemos hecho. 
No hemos llegado tan lejos, como nos ha pedido el Sr. Murphy, en el sentido de reconocerlo, en cierta manera, como un tipo. 
Por esta razón, hemos previsto también la posibilidad de que otros Estados miembros no autoricen en el territorio de su soberanía estas formas de autobús permitidas en un Estado miembro, porque en ellos no existe esa tradición. 
Nos gustaría seguir considerándola como una disposición excepcional. 
Tenemos además dos enmiendas que podemos aceptar parcialmente y otras en su sentido. 
Lo que no podemos aceptar- y quiero decirlo claramente -, son otras propuestas técnicas o una ampliación a otras clases, porque pensamos que lo que hemos elaborado puede pasar- esperemos- por el Consejo. 
No estamos del todo seguros de ello, es decir, aquí seguimos hablando entre nosotros. 
Entendería totalmente que el Parlamento dijera: no, nosotros queremos fijar ante todo una posición, pero no quisiéramos aceptar esta. 
Que sea inteligente o no rechazar esta propuesta, lo dejo a la sabiduría de esta Asamblea, en la cual tengo, naturalmente, una confianza ilimitada. 
Quisiera reconocer que ya hemos llegado muy lejos, y ello después de mucho tiempo. 
También se ha dicho esto. 
Si se acepta sin aadidos demasiado grandes la propuesta de la Comisión y las enmiendas que podemos aceptar, también seguiremos avanzando. 
Sobre el aspecto de la seguridad: también aquí hemos hecho un compromiso, porque tiene que haber una diferencia entre los autobuses empleados principalmente en el tráfico de corta distancia, en los cuales es necesario que se suba y se baje rápidamente para que el autobús pueda viajar razonablemente, y otros autobuses. 
Esos autobuses paran frecuentemente, por lo que, naturalmente, la accesibilidad juega un papel más destacado que en autobuses que recorren grandes distancias, que tienen principalmente plazas de asiento y que no paran mucho. 
Subir a este autobús puede tomar más tiempo. 
Pero queremos estudiar también esta clase. 
Puedo asegurar que hemos empezado esa investigación, de modo que podemos abordar eventualmente esas exigencias más amplias. 
Pido que se comprenda que en nosotros haya jugado un papel el deseo de no cargar financieramente a las entidades explotadoras de autobuses, especialmente a las públicas, con exigencias exageradas. 
No debe perderse de vista que aquí no se trata generalmente de empresas privadas, sino de ciudades y regiones que deben llevar a cabo la financiación con recursos públicos y que por ello no pueden eludir la presión de los costes. 
Estamos convencidos de que con este plan gradual hemos propuesto una solución aceptable. 
Creemos que es realista ordenar que todos los vehículos de transporte de la clase I ofrezcan accesibilidad a las personas con movilidad reducida a partir de la entrada en vigor de la directiva. 
Si no se armonizan las disposiciones se produce un peligro agudo para el mercado interior, pues algunos países miembros han empezado ya a desarrollar disposiciones propias. 
Por lo que concierne a las otras clases de vehículos de transporte, tan pronto como sea posible, presentaremos sobre la base de la investigación en curso, como ya hemos dicho, una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo, basada en dicho estudio, que tratará también sobre la modificación de la directiva y contendrá exigencias técnicas para los vehículos de transporte de la clase II que sean empleados en el transporte urbano y en el interurbano. 
Esta es nuestra posición. Sé que no satisface todas las demandas que aquí han sido expresadas. 
No sé lo que el Parlamento decidirá mañana. 
Pero estamos aquí en la primera fase, y deberíamos hacer lo que realmente hacemos siempre. 
Si ustedes creen que hay que llegar por mayoría a una posición que vaya más lejos, pueden hacerlo gustosamente, pero no disparen sobre el pianista. 
Nosotros somos el pianista. Tenemos que tocarle esta melodía al Consejo y esperar un aplauso. 
Pero yo espero que en el procedimiento posterior logremos mejoras que quizás se orienten más en su dirección. 
En todo caso, no se fracasará por culpa de la Comisión. 
Señor Presidente, agradezco al Comisario sus observaciones y tomo nota en particular de las relativas a que los autobuses de dos pisos son menos seguros o menos accesibles. 
Si dispone de dos horas libres, podría venir conmigo a Birmingham, que tiene la mayor densidad de autobuses o autocares de Europa, y montar conmigo en los únicos autobuses de dos pisos y de suelo bajo que funcionan en Europa y que cumplen estas normas y otras más estrictas. 
De modo que, si dispone de unas horas libres, le llevaré de gira por West Midlands. 
Naturalmente, acepto su invitación. 
Lo único que he hecho ha sido preguntar por qué, si la situación es como dice Su Señoría, pide Su Seoría que se haga una excepción para esos autobuses. 
¿Por qué no pueden acogerse a las normas generales? 
Señor Presidente, tengo que hacer una rectificación en este caso. 
De conformidad con mis propuestas, se suprimiría, en realidad, la excepción y se daría a esos vehículos el mismo tratamiento que a cualesquiera otros, porque es que estoy convencido de que son tan seguros para los pasajeros como otros tipos de vehículos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Intercambios de bienes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0102/98) de la Sra. Lulling, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre las propuestas de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por las que se modificanI- el Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo relativo a las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros (COM (97) 0252- C4-0248/97-97/1055 (COD) ) II- el Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo relativo a las estadísticas de intercambios de bienes entre los Estados miembros, en lo que se refiere a la nomenclatura de los productos, SLIM e Intrastat (COM (97) 0275- C4-0257/97-97/0162 (COD)) 
Señor Presidente, todos nosotros sabemos que las estadísticas gozan de cierta impopularidad, sobre todo por parte de los que deben proporcionar los datos. 
En 1993, la entrada en vigor del mercado único y la supresión de los controles fronterizos tuvieron como consecuencia la supresión de las declaraciones correspondientes del IVA y de las estadísticas, cuya fiabilidad corría a cargo de los servicios aduaneros. 
Fue creado Intrastat. 
Su primer objetivo es garantizar, con el mínimo coste para el conjunto de los actores, a saber las empresas de administración nacionales y comunitarias, el suministro de estadísticas fiables y actuales sobre los intercambios de bienes comunitarios. 
Las empresas, sobre todo las PYME, no lo vieron con muy buenos ojos. 
La instauración de Intrastat ha dado lugar a una reflexión en cuanto al modo de simplificar la tarea de los suministradores y en cuanto a la reducción del coste para los actores obligados a suministrar la información estadística, ya que el coste relativo de las cargas administrativas crece a medida que disminuye el tamaño de la empresa. 
En lo relativo a la fiabilidad, debemos desgraciadamente constatar, después de cinco años de existencia, que el funcionamiento de Intrastat no es satisfactorio a pesar de que el coste total anual, para las 450.000 empresas que efectúan declaraciones, se estima en 500 millones de ecus, a los que hay que añadir 100 millones para la explotación por parte de los recopiladores nacionales. 
Dicha insuficiente fiabilidad puede ser ilustrada por lo que, en la jerga de los técnicos, se conoce como " estadísticas especulares» , que ponen de manifiesto la gran incoherencia de los resultados. 
De este modo, este ejercicio de simulación, que consiste en sustituir las llegadas de cada Estado miembro por la cantidad de expediciones de los otros catorce Estados, nos ha mostrado, por ejemplo, que en 1996 las importaciones de Alemania deben ser aumentadas en 19.000 millones de ecus y las de Francia en 11.000 millones de ecus. 
Para Alemania, esto significa que el excedente de su balanza comercial se reduce a cero, y para Francia, que su déficit se agrava y pasa de 7.000 millones a 18.000 millones de ecus. 
Por desgracia, éstas no representan todas las propuestas del equipo SLIM, cosa tanto más sorprendente por cuanto éstas habían sido bien recibidas por la Comisión y el Consejo. 
Por si fuera poco, los Estados miembros no parecen ni siquiera estar dispuestos a aceptar estas propuestas simplificadas respecto a los resultados de SLIM. 
Durante toda la elaboración de mi informe, tuve que vérmelas con los lobbies de las grandes federaciones de la industria, que temen que la mini-simplificación propuesta en el ámbito de la nomenclatura les haga perder informaciones que consideran indispensables para su política comercial y que sólo podrán obtener a base de muchas investigaciones costosas. 
He querido poner de manifiesto estos intereses divergentes y hasta contrapuestos de los diferentes actores, es decir, por un lado las empresas de las PYME interesadas en que haya una reducción significativa de la carga en materia de declaración y, por el otro, los usuarios interesados en que se faciliten informaciones detalladas y de calidad respecto de los intercambios intracomunitarios. 
Ahora bien, estando así las cosas y después de haber organizado en comisión una audición sobre estos elementos antagonistas, he propuesto unas enmiendas que tienen por objeto conciliar todos estos intereses, enmiendas que la Comisión de Asuntos Económicos ha aceptado, señor Comisario, en bloque y por unanimidad. 
Quisiéramos evitar a toda costa que estos Reglamentos supusieran un impacto de simplificación reducido respecto a la propuesta inicial de la Comisión. 
Por el contrario, sentimos comprensión respecto a las federaciones e industrias que temen que la simplificación de la nomenclatura conduzca a un empobrecimiento de las estadísticas al no permitir ya el análisis de los mercados. 
Sabrá, señor Martin, que la viticultura me interesa mucho. 
Una reducción de las subdivisiones de 8 a 6 ya no facilitaría, en efecto, las informaciones detalladas necesarias, es decir, la naturaleza del vino, tinto o blanco, el origen regional. 
Lo que para este producto es importante no lo es para otros. 
Así, por ejemplo, cuando se trata de bombas centrífugas, no es totalmente necesario saber si están destinadas a aeronaves, si se trata de bombas sumergidas, unicelulares o multicelulares, etc. 
Por lo tanto, les proponemos limitar la carga en materia de declaración suprimiendo los datos no pertinentes, por ejemplo, el modo de transporte y los datos facultativos, les proponemos limitar el número de PYME sometidas a la obligación de facilitar elementos estadísticos detallados, simplificar la utilización de la nomenclatura combinada, al tiempo que se conserva una nomenclatura única para los intercambios intracomunitarios y los intercambios con los países terceros, instaurar una cooperación con las administraciones nacionales y los representantes a nivel europeo de los suministradores y usuarios de informaciones estadísticas, y de preservar en el marco de dicha cooperación un plazo de información suficiente para responder a las necesidades particulares de algunos sectores como el del vino que ya he citado. 
Evidentemente, reconocemos con esto la necesidad de preservar el nivel de conocimientos sobre los intercambios intracomunitarios y complacemos así a la Comisión de Política Regional. 
Sabemos que todo esto no constituye una auténtica reforma del sistema. Se trata, señor Presidente, de un primer paso, de un primer paquete de medidas que habrán de ponerse en práctica a la espera de una simplificación más radical. 
Señor Presidente, Señorías, para el conjunto de las empresas y de las administraciones de los Estados miembros de la Unión Europea, la entrada en vigor del mercado único ha trastocado profundamente las prácticas administrativas relativas a los intercambios de bienes entre los Estados miembros. 
Se han modificado las declaraciones de IVA y de estadísticas, que anteriormente corrían a cargo de los servicios aduaneros. 
Ahora bien, es lógico que las necesidades de información no hayan desaparecido a pesar de todo. 
En este informe, nuestra colega Astrid Lulling precisa que es necesario que los datos sean fiables. 
De este modo, la cifra de las exportaciones de un Estado miembro debería, por norma general, ser igual a la suma de las exportaciones de los otros Estados miembros al Estado en cuestión. 
Pero resulta que el desfase total es del orden del 4, 6 %. 
Si se utilizara una cifra en lugar de otra, el déficit comercial francés de 6.400 millones de ecus se vería más que duplicado. 
Sin embargo, habida cuenta de la necesidad de simplificar los trámites administrativos de las empresas, la Comisión nos presenta dos propuestas que permiten simplificar estas declaraciones. 
En lo relativo a este objetivo, sólo nos cabe saludar la iniciativa de la Comisión. 
Todas las enmiendas propuestas por el ponente van en este sentido y no puedo sino aprobarlas. 
A pesar de esto, junto a algunos de mis colegas, he querido presentar una enmienda complementaria. 
En efecto, el hecho de modificar la nomenclatura no debe reducir la información que sea necesaria, tanto para las empresas como para las organizaciones profesionales. 
Que el número de cifras de la nomenclatura pase de ocho a seis podrá suponer la supresión de un elemento esencial. 
En el caso del vino, que recordaba hace un momento la Sra. Lulling, ya no se podrían disociar los intercambios intracomunitarios de un Estado miembro a otro Estado miembro, de Burdeos, de Borgoña, de vinos de la tierra, de Champagne, etc. Así pues, mi enmienda tiene por objeto pedirle a la Comisión que procure que estas modificaciones no acarreen estas pérdidas de información. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera expresar, en nombre del Grupo Liberal, nuestra felicitación por el trabajo continuado de la Sra. Lulling en el ámbito de las estadísticas que, como sabemos, es un trabajo poco agradecido. 
Pero los que seguimos sus esfuerzos hemos de reconocerlos porque responden a una necesidad evidente de la nueva dimensión económica y monetaria que va a adoptando la Unión Europea. 
Para orientar bien la actividad, la política económica y la política monetaria, es necesario, evidentemente, como ya hemos discutido en otros informes relacionados con temas estadísticos, disponer de una información fiable. 
El informe de la Sra. Lulling, apoyado por unanimidad por la Comisión de Asuntos Económicos en las propuestas de enmienda que ella hace a las propuestas de la Comisión, responde a una situación que ella sabe equilibrar perfectamente, es decir, eliminar una carga excesiva para las empresas de pequeña y mediana dimensión, mantener la fiabilidad de las cifras necesarias para no perder una información adecuada y mantener otra información, que existe ahora, a la que también hace referencia su informe: la dimensión regional de las estadísticas. 
Es decir, que cuando hablábamos, por ejemplo, del sector del vino, hay que tener en cuenta las diversas regiones vitivinícolas en la Unión Europea- yo podría añadir a las que se han citado antes las del Penedés, por ejemplo- y que en esas regiones el conocimiento de los intercambios dentro de los mercados de la Unión Europea resulta obviamente de enorme valor, no sólo para el establecimiento de las políticas comerciales adecuadas de la Unión, sino también para la fijación de las estrategias comerciales de las empresas. 
Por lo tanto, reitero nuestro apoyo a las enmiendas presentadas por la Sra. Lulling y quiero felicitarla de nuevo por su trabajo. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
Las votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.00 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, me quiero referir a las páginas 20 y 21 de la versión inglesa del acta. El turno de preguntas y la conducción del turno de preguntas. 
Querría conocer sus puntos de vista sobre esta última disposición tomada desde arriba y relativa a las normas que se refieren al turno de preguntas. 
Me parece que es excesivamente burocrática; me parece excesivamente no democrática y me parece que implica la imposición de la censura a los diputados y a sus preguntas. 
De modo que me gustaría saber cuál es el fundamento racional, en vista de que los grupos políticos no la han tratado; y le pido a usted, como persona encargada de la organización, que declare con claridad y sentido categórico por qué se ha decidido esto y si habrá una revisión del asunto. 
Está muy claro, Sr. McMahon. 
A propuesta del Vicepresidente, que se ocupa del turno de preguntas, la Mesa adoptó algunas reglas, que no son reglas nuevas sino simples medidas, para organizar mejor el turno de preguntas. 
La finalidad es, sencillamente, evitar que las preguntas se planteen con meses de anticipación, porque así pierden su relación con la actualidad del tema. 
El período fijado en las normas va desde el fin de un turno de preguntas de una parte de una sesión hasta unas horas antes de la siguiente parte de la sesión, y tan sólo le recordamos que ése es el período que se fija, no unos meses de anticipación. 
No se trata de normas nuevas. 
Si alguien piensa que ha habido un cambio en el Reglamento- cosa que no es así -, someteré el tema a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Es muy sencillo: la intención de la Mesa de ningún modo ha sido la de cambiar el Reglamento, sólo se trataba de disponer de un mejor modo de gestionar el turno de preguntas, a propuesta del Vicepresidente en ejercicio, el Sr. Gutiérrez en este caso. 
Señor Presidente, por supuesto que no cuestiono la buena voluntad de la Mesa. Pero resulta un poco extraño que la Mesa dé instrucciones sobre el turno de preguntas. 
He elaborado un proyecto de informe para la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, que estuvo en poder de la Comisión durante cuatro meses y que no se incluyó en el orden del día de la sesión del Pleno. 
No obstante, ustedes cambian dos conjuntos de normas, mientras los diputados no tenemos la ocasión de discutir estas nuevas propuestas de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Señor Wijsenbeek, usted es un experto en temas de Reglamento, y tendría que saber que no es la Mesa quien incluye los informes en el orden del día, sino la Conferencia de Presidentes. 
Hubo muchos informes de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades y dos de ellos se incluyeron en el orden del día de esta sesión, especialmente para subsanar esta demora debida a la gran cantidad de temas que tiene que tratar la Asamblea. 
Por consiguiente, su informe se discutirá tan pronto como la Conferencia de Presidentes pueda encontrarle un lugar en el orden del día. 
No existe ninguna discriminación contra ningún informe, y esta tarde veré al Presidente de la Comisión a pedido de él, precisamente para determinar cuál será el mejore momento para que la Conferencia de Presidentes incluya el suyo en el orden del día. 
Señor Presidente, me interesé por su respuesta al Sr. McMahon, cuando dijo que si había algún cambio en el Reglamento, obviamente usted remitiría el asunto a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Dado mi interés en votar en este Parlamento durante la hora del almuerzo, quizá sea demasiado tarde para que el tema se remita a la Comisión. 
Sin embargo, en vista de que éste es el último mes en que habrá turno de preguntas, ¿puede darnos, a mí y a la Asamblea, la seguridad de que cualquier cambio que se produzca, relativo a los intereses de los diputados, se someterá a la consideración de los miembros de este Parlamento, tal como los cambios en las normas del turno de votación se tendrían que haber sometido a esta Asamblea en enero? 
Por supuesto, si hay alguna duda, tenga por seguro que la remitiremos a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, y esperaremos su decisión antes de introducir cualquier cambio. 
Señor Presidente, me referiré a otro asunto que concierne al papel de la Conferencia de Presidentes. 
Me refiero al informe Pex sobre política de información, que intentamos poner en el orden del día de esta sesión parcial y que iba a incluirse en el orden del día de la sesión parcial de fines del mes que viene. 
Sin embargo, entiendo que usted, como Presidente, la haya quitado del orden del día y se haya negado a mandar que la tradujeran, para que los diputados pudieran leer lo que la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación ha decidido. 
En la Comisión de Presupuestos estamos preocupados, porque necesitamos este informe para disponer de fondos con los que siga operando la política de información. 
Me gustaría que me dijera lo que ocurre porque, una vez más, parece ser una supresión de los intereses de los diputados de esta Asamblea. 
Señor Elles, le han informado mal. 
No he eliminado nada del orden del día porque no puedo hacerlo. 
Sencillamente, este informe- como cualquier otro- una vez elaborado pasa a la consideración de los servicios de la Asamblea. 
Como había ciertas dudas acerca de su admisibilidad, teniendo en cuenta que se sometió bastante tarde, la Conferencia de Presidentes, el órgano dotado del poder correspondiente, tomó la decisión de esperar hasta el próximo mes de mayo, para examinarlo entre tanto y determinar si es o no admisible. 
Mi criterio es que este informe va contra el Reglamento de esta casa y contra los Tratados. 
La Conferencia de Presidentes lo examinará mañana y tomará la decisión que le parezca adecuada. 
Usted sabe que ningún informe se da a conocer antes de ponerlo en el orden del día. 
Antes de que se resuelva el tema de la admisibilidad ningún informe se da a conocer. 
Es decir que este informe no ha recibido un trato distinto. 
Presidente, esta semana he mantenido silencio sobre este asunto por consideración a usted, pero ahora que aparece este punto, quiero hacer mi comentario, porque de otro modo usted pensaría que estoy de acuerdo con lo que usted dice. 
En primer lugar, el informe se ha tratado en público sin ningún tipo de trabas; un grupo de personas a su servicio ha asistido a todas las exposiciones. 
Por tanto, es extremadamente extraño que sólo un par de días antes de esta sesión se deba estudiar la admisibilidad. 
Por lo demás, su secretario general me informó la semana pasada por teléfono que no había ningún problema con este informe. 
Eso fue antes de la reunión de la Conferencia de Presidentes. 
En tercer lugar, pongo reparos a que precisamente este informe haya sido bloqueado por usted, de manera que no puedo defenderme como ponente. 
Si usted ahora dice en esta reunión que el informe atenta contra los Tratados, entonces quiero que los miembros oigan ese informe para que ellos mismos puedan ver que lo que usted dice deja lugar a dudas. 
El bloqueo de mi informe me hace imposible defenderme y me parece un procedimiento que no encaja en una organización democrática. 
He comprobado que la comunicación externa del consejo de dirección es muy mala. 
Mi informe trata también sobre la mejora de esa situación. 
Comprendo que para algunos es muy duro oír esto, pero compruebo que la comunicación interna es aún peor. 
Porque de todo lo que usted acaba de decir ahora tengo que enterarme hoy por usted. No ha habido nadie a su servicio que haya deliberado conmigo durante las dos semanas pasadas y eso me parece un mal asunto. 
Señor Pex, afirmo categóricamente que yo mismo, en presencia de otras personas, hace varios meses, le advertí a usted de esas circunstancias. 
Usted ha seguido adelante con su informe sin tener en cuenta ni el Reglamento ni los Tratados. 
Además, yo no necesito informarle a usted sobre los Tratados. 
Lo mismo que cualquier miembro de esta Casa debe usted conocerlos y debe usted conocer el Reglamento. 
Pero este no es un punto que yo decido, señor Pex. 
Es un punto que decide la Conferencia de Presidentes y que lo decidirá mañana. 
No es un problema personal mío. 
Yo no tengo más problema que advertir a la Conferencia de Presidentes que, a mi juicio, se produce una infracción de los Tratados y del Reglamento. 
Lo veremos, y nada más. 
Su informe ha sido tratado, señor Pex, y no voy a seguir con esta discusión porque no la tiene que decidir el Pleno en este momento, pues no está en el orden del día. 
Su informe ha sido tratado exactamente igual que otros informes. 
Ni más, ni menos. 
Y, por el hecho de proceder de su comisión o de cualquiera otra, ningún informe tiene ningún privilegio. 
El informe se examina, y si plantea problemas reglamentarios, se estudian y se resuelven por el órgano correspondiente, que no es el Presidente sino la Conferencia de Presidentes, y si hay una discrepancia, se lleva a la Comisión de Reglamento. 
Eso es todo. 
Si a usted le parece mal, presente a la Comisión de Reglamento una propuesta para cambiar eso que está en nuestro Reglamento. 
Lo puede hacer como cualquier otro. 
Señor Pex, le voy a dar la palabra porque no quiero que se diga que, en este tema, yo me empeño en tener la última palabra. 
Señor Presidente, gracias por su explicación. 
Una observación acerca de lo que usted ha dicho. 
Usted me habló hace un par de meses de sus reparos. Yo he tenido en cuenta honestamente sus reparos. 
He cambiado el informe y después se han presentado además 162 enmiendas. Por ello es de lamentar que el texto no se haga público, porque el informe que hay ahora es un texto completamente diferente al texto sobre el que hablamos hace un par de meses. 
Por tanto, no considero justo que me reproche que no le haya escuchado. 
Señor Pex, no le reprocho a usted nada. 
No le reprocho a ningún miembro de esta Casa que mantenga sus convicciones. 
Simplemente trato de ver si su informe es admisible o no. 
Si lo es, será publicado; si no lo es, será enviado a la Comisión de Reglamento para que informe sobre la materia. 
En cualquier caso, los miembros de esta Casa tienen medios suficientes para conocer cuáles han sido las enmiendas aceptadas y cuáles no sobre el texto de su informe. 
Señor Presidente, quisiera hacer una observación en relación con la votación del informe de la Sra. Theato. 
Este informe fue votado en unas condiciones totalmente satisfactorias por una amplia mayoría, si no por unanimidad de esta Asamblea, y por consiguiente no se trata en ningún modo de volver sobre algo que ya se ha votado. 
Dicho esto, no se debe ocultar que las condiciones en las que tuvo lugar esta votación plantean problemas de interpretación para el futuro. 
El Presidente de sesión, Sr. Cot, por razones que comprendo, pretendió, puesto que había desacuerdo sobre algunas correcciones lingüísticas, someterlas a votación, considerando que se había planteado un problema de fondo. 
Es cierto que había un problema de fondo y en ese momento hubiera sido preferible sin duda que se hubiera producido una enmienda oral que permitiera armonizar las versiones lingüísticas. 
Ahora bien, se sometió a votación la corrección en cuestión y se rechazaron las correcciones con el resultado que conocemos, sobre un punto que desde luego no es capital pero que tampoco es desdeñable, una diferencia sensible entre varias versiones lingüísticas. 
El Presidente no ha utilizado los poderes que le otorga el artículo 102 del Reglamento. 
Efectivamente, en caso de diferencia entre las versiones lingüísticas, puede resolver sobre la versión que ha de considerarse aprobada entre la versión de la lengua original, el alemán en este caso, y otras versiones. 
Quisiera pedirle dos cosas, señor Presidente. 
En primer lugar, someter a la Comisión de Reglamento la cuestión de si un presidente de sesión puede o no someter a votación las correcciones lingüísticas de orden técnico. 
En segundo lugar, solicitar a la Comisión de Reglamento que, cuando tengamos textos que presentan diferencias lingüísticas, nos aclare cuál es la versión lingüística que considera. 
No podemos salir con textos en versiones diferentes. 
Señor Bourlanges, leo en el Acta: » el ponente que retira su corrección lingüística». 
Por consiguiente, si el ponente ha retirado su corrección no hay razón para consultar a la Comisión de Reglamento ya que no se votó la citada corrección. 
Señor Presidente, creo que usted ha tocado el asunto que yo iba a presentar, pero el Sr. Bourlanges deliberadamente- o no- se está mostrando muy poco ingenuo en el tema que ha comentado. 
Yo fui quien planteó la objeción relativa al asunto en sí, a través de un corrigendum. 
Cambiar las palabras "fiscal europeo» por" autoridad judicial europea» no es un mero tecnicismo, y estoy seguro de que usted, Señor Presidente, como jurista, comprende el significado de estos cambios. 
Si las palabras eran incoherentes en todos los idiomas exceptuado el alemán, esto demuestra lo mal preparado que estuvo el debate en la Comisión, porque en todo momento hemos discutido el uso de esas palabras, " fiscal europeo». 
Pero también en cuanto a la sustancia se equivoca el Sr. Bourlanges, porque todos los que siguieron el asunto recordarán que fue la Sra. Theato quien retiró el corrigendum. 
No le pienso dedicar más tiempo. 
Tenemos un orden del día apretado y no continuaré con algo que ayer cerró el Presidente en ejercicio. 
(El Acta queda aprobada) 
Debate de actualidad y urgencia (escritos de objeción) 
Señor Presidente, intervengo más bien a título anecdótico puesto que la votación ya se ha producido, pero me sorprendía que el código de conducta para las exportaciones de armas estuviera incluido en los derechos humanos. 
No es una cuestión de derechos humanos. 
Hubiera podido tratarse de un punto suplementario en el marco del debate de actualidad, pero sin duda no de un punto en relación con los derechos humanos. 
Por tanto, desearía que en el futuro se prestase atención para que únicamente las cuestiones que tengan realmente relación con violaciones de los derechos humanos figuren en la rúbrica «derechos humanos». 
Muchas gracias, señor Pasty. 
Política de desarrollo- Acuerdos de cooperacióncon los países ACP- Cooperación descentralizada 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre: 
la declaración del Consejo sobre la política de desarrollo y cooperación; -el informe (A4-0085/98) del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión sobre las orientaciones para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación con los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) [COM (97) 0537- C4-0581/97] ; -la recomendación para la segunda lectura (A4-0096/98) en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Consejo relativo a la cooperación descentralizada [C4-0008/98-95/0159 (SYN) ] (Ponente: Sr. Vecchi). 
Señor Presidente, me complace estar hoy aquí, en nombre de la Presidencia, para informar sobre los progresos de la política internacional de desarrollo. 
Me reuní con la Comisión de Desarrollo y Cooperación para discutir estos temas en enero, y espero volver a hacerlo para informar sobre los resultados del Consejo de Desarrollo que se reunirá dentro de poco. 
Una de las máximas prioridades de nuestra Presidencia consiste en establecer el mandato de la renegociación del Convenio de Lomé. 
Como todos ustedes saben, Lomé es uno de los máximos instrumentos de la política exterior de la Unión Europea. 
Es la base para el comercio, el desarrollo y la relación política entre la Unión y 71 países africanos, caribeños y del Pacífico. 
El actual convenio expira en el 2000 y la renegociación debe empezar en septiembre de 1988. 
Ha habido un proceso de consulta amplio y muy útil, que comenzó a establecer un acuerdo creciente acerca de lo que debe tratar la siguiente fase de Lomé. 
A fines de enero, la Comisión elaboró propuestas muy útiles. 
El Consejo de Asuntos Generales discutió por dos veces la renegociación de Lomé y reconoció que son necesarios un refuerzo y una revitalización de las relaciones, que nuevamente debemos concentrarnos- y esto es indiscutible- en la sistemática erradicación de la pobreza. 
Es preciso reforzar y revitalizar la relación política, de modo que se cree un nuevo espíritu de partenariado y una necesidad de simplificar el acuerdo y, por un lado, no establecer tantas y tan complejas fuentes de financiación, a la vez que, por otro, seamos capaces de programar los recursos, de dar prioridad a los países más pobres y de premiar el desarrollo fructífero. 
Todo esto se necesita para simplificar lo que en la actualidad es un acuerdo muy complejo. 
También hay acuerdo en cuanto a la necesidad de prestar más apoyo a los derechos humanos y al buen gobierno, a la vez que se pone mayor énfasis en la prevención y solución de los conflictos. 
La mayor parte de estas cosas se acepta ampliamente en todos los Estados miembros. 
El comercio, como bien lo sabe el Parlamento, es el campo más complejo y aquel en que es más difícil llegar a un acuerdo. 
Sin embargo, en la reunión del lunes de esta semana del Consejo de Asuntos Generales, los Estados miembros estuvieron de acuerdo en que todos queremos contribuir a la integración de los países ACP en una economía mundial globalizadora, para que los beneficios de la globalización se compartan en todo el planeta. 
También hubo acuerdo en que debemos al menos mantener el actual acceso de los países ACP al Mercado Europeo, en que ese acuerdo debe ser el de una Organización Internacional del Comercio compatible, y en que se necesita un trabajo adicional en cuanto a los acuerdos recíprocos de libre comercio tanto en un ámbito regional como en el nacional; pero también tendremos que considerar la posibilidad de accesos dentro de un SGP (sistema generalizado de preferencias) para los países que no pueden o no quieren establecer acuerdos recíprocos de libre comercio. 
También se acordó que el acceso de los países menos desarrollados se debe mejorar del modo previamente establecido por el Consejo. 
Como el Parlamento lo sabrá, existe una diversidad de opiniones entre los Estados miembros pero, por fortuna, en la actualidad hemos alcanzado un acuerdo amplio que implicará beneficios comerciales significativos para los países ACP. 
El siguiente paso de estas discusiones se dará en la Asamblea Conjunta de los ACP y la UE y mi adjunto, George Foulkes, representará entonces a la Presidencia. 
En mayo se reúne el Consejo ACP-UE y estaré allí para representar a la Presidencia y analizar los temas con los ministros representantes de los países ACP. 
El lunes recordé en el Consejo de Asuntos Generales que el mandato no es más que una base para las negociaciones, y que necesitamos tomar en cuenta los puntos de vista de los países ACP antes de finalizar este mandato. 
La segunda prioridad de nuestra Presidencia es tratar de persuadir a la Unión para que se dé forma a nuestra estrategia de desarrollo en torno a la estrategia de erradicación internacional de la pobreza. 
Sus Señorías sabrán que, como un resultado de las grandes conferencias de Naciones Unidas en los últimos quince años, existen hoy estrategias y objetivos internacionalmente reconocidos para llevar adelante un progreso importante y medido de la erradicación de la pobreza: la meta es que en el 2015 quede reducido a la mitad el número de personas que vivan en la pobreza absoluta. 
Todos reconocen que este resultado es viable y posible, si conseguimos movilizar la voluntad política internacional de modo que se logren progresos significativos. 
Como es obvio, si la Unión Europea adopta esta estrategia con firmeza, la posibilidad de movilizar esa voluntad política internacional será mucho mayor. 
Realizamos un seminario dirigido conjuntamente por el Comisario Pinheiro y yo misma el día 17 de marzo, al que también asistieron el Comisario Marín, ministros y representantes de alto nivel de la mayoría de los países. Llegamos a conclusiones que se estudiarán en la próxima reunión del Consejo de Desarrollo y que incrementarán los acuerdos dentro de ese marco para dar forma a los esfuerzos de la Unión Europea en la cooperación para el desarrollo. 
Nuestra tercera prioridad se refiere a las resoluciones previamente adoptadas para que la erradicación de la pobreza y la promoción de la igualdad de las mujeres constituyan el núcleo de los esfuerzos de desarrollo de la Unión Europea. 
En ambos asuntos, ambos clave absoluta para los avances del desarrollo, existe una buena política y el problema es la aplicación. 
En la próxima reunión del Consejo de Desarrollo analizaremos los avances en el campo de la aplicación. 
Se están preparando los datos correspondientes. 
Evidentemente, como todos ustedes saben, es importante establecer la política correcta, pero si no se sigue con una aplicación adecuada, no habrá ningún progreso. 
Más allá de esto, en materia de ayuda humanitaria, la Comisaria Bonino y el Instituto londinense de Desarrollo en Ultramar están organizando una conferencia conjunta, en la que hablaré sobre la ética que sustenta nuestra ayuda humanitaria. 
Sus Señorías sabrán que, después de Bosnia y de Rwanda, tenemos que considerar con gran atención los principios éticos al distribuir la ayuda humanitaria. 
De otra manera se cometerían nuevos errores. 
En cuanto a lo microfinanciero, sé que hay criterios muy definidos y apoyo en el Parlamento. 
Bajo la Presidencia de Luxemburgo, el Consejo de Desarrollo marcó el camino para el trabajo posterior y el grupo de trabajo está realizando una labor detallada. 
Espero que pronto haya directrices internas que permitan avances en este campo. 
Para terminar, el otro tema de trabajo importante para el Consejo de Desarrollo durante nuestra Presidencia es reforzar la valoración de los esfuerzos de desarrollo de la Unión Europea. 
Sin una valoración precisa no se logran programas de calidad. 
También estamos haciendo avances en esta labor. 
Soy optimista en cuanto a la posibilidad de que hagamos grandes progresos, de que bajo nuestra Presidencia logremos un mandato adecuado para la renegociación de Lomé, y de que se produzca un amplio acuerdo en los Estados miembros y dentro de la Comisión para conseguir que la erradicación internacional de la pobreza sea el marco de todos nuestros esfuerzos para el desarrollo. 
Esto nos permitirá mejorar la calidad tanto en la erradicación prioritaria de la pobreza como en la mejora de la aplicación de esas prioridades señaladas. 
Señor Rocard, sería bueno que en adelante, pidiera usted también algo del tiempo de palabra de su grupo. 
Señor Presidente, como usted sabe voy a desarrollar este informe en sustitución del Sr. Vecchi que ha tenido que ausentarse por motivos familiares. 
Hemos tenido que esperar dos años para que el Consejo formulara su posición común respecto a la propuesta de reglamento relativo al apoyo de las acciones de cooperación descentralizada, dirigido a proporcionar un fundamento jurídico a la línea presupuestaria que fue creada, a instancias del Parlamento, en el año 1992. 
A pesar de todo, el Consejo no ha llegado a conclusiones positivas y ha reflejado una visión restrictiva de la función de la cooperación descentralizada y, en definitiva, ha empeorado la propuesta de reglamento, presentada por la Comisión y parcialmente enmendada por el Parlamento en primera lectura. 
Éste es el motivo por el cual la Comisión de Desarrollo y Cooperación ha adoptado, por unanimidad, un paquete de 17 enmiendas que sometemos a la votación del Pleno, con objeto de regresar a la posición con respecto a la que el Parlamento se expresó hace más de dos años. 
Por ello, coincidiendo con lo afirmado por el Parlamento y con lo que acaba de manifestar el Sr. Rocard, la cooperación descentralizada no es ni debe considerarse simplemente como una acción más en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
La cooperación descentralizada representa una nueva visión de conjunto de la cooperación. 
Con la misma pretendemos ampliar los agentes de la cooperación y su finalidad es la de hacer intervenir agentes distintos a los Gobiernos centrales, a fin de que las acciones emprendidas estén más próximas a las poblaciones locales y contribuyan a reforzar las estructuras de la sociedad civil. 
Se trata, por lo tanto, de una contribución al diálogo cultural entre realidades diferentes y a los procesos de democratización. 
Por sus características, la cooperación descentralizada difiere profundamente de los métodos habituales de ayuda pública al desarrollo y, por otra parte, han sido precisamente los resultados insuficientes obtenidos en este campo los que han inducido a prever nuevas formas de cooperación. 
El Consejo, hay que decirlo, parece que no se ha dado cuenta de este reto estratégico. 
De hecho se trata de pasar de un enfoque centrado en cada proyecto a un enfoque centrado en los agentes, con objeto de permitir un desarrollo adecuado de los recursos humanos y de las capacidades de organización en los países en desarrollo. 
Hace falta realizar mejor los objetivos de la cooperación que se basan en la consecución del desarrollo humano, de la participación y de la sostenibilidad. 
La apropiación de la cooperación supone la plena implicación de los sujetos descentralizados del desarrollo como las entidades locales, las organizaciones de la sociedad civil, las agrupaciones de base, las organizaciones no gubernamentales, etc. Esto debe conducir al desarrollo de una efectiva y amplia asociación entre los agentes del Norte y del Sur. 
Nos referimos, en particular, a la cooperación entre las ciudades y las regiones, pero también al desarrollo de relaciones de transferencia de tecnología entre asociaciones de empresas, cooperativas y centros de servicios para las empresas. 
En definitiva y para terminar, en nuestra opinión, la cooperación descentralizada es un instrumento privilegiado para responder a los nuevos desafíos del desarrollo, en particular la lucha contra la pobreza, el desarrollo del sector privado, así como la defensa de los derechos humanos y civiles que es tan prioritaria. 
Al contrario de lo que parece sostener el Consejo, se trata de un enfoque ya muy experimentado. 
Creemos, por lo tanto, que es necesario pasar de una postura experimental marginal de la cooperación descentralizada a su desarrollo prioritario tanto en los ámbitos de la cooperación exterior- Convenio de Lomé, programa MEDA, etc.- como en las acciones directas de la Unión Europea. 
Antes bien, a este propósito, creo que es sumamente importante que se vuelvan a lanzar los programas MED si queremos contribuir al relanzamiento del parternariado euromediterráneo. 
En estas consideraciones se basan las enmiendas propuestas que están orientadas a otorgar a la cooperación descentralizada un lugar preferente en el marco de las estrategias de desarrollo. 
Éste es el sentido de este informe y de las enmiendas presentadas. 
Presidente, la Comisión de Derechos de la Mujer ha constatado con gran alegría que la Comisión puede concienciarse rápidamente. 
Si en el Libro Verde sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países de ACP se mencionaba la problemática del género sólo de pasada, en el comunicado actual que discutimos ahora se plantea que esos problemas de sexos deben recogerse en todas las ayudas macroeconómicas, sectoriales o en proyecto. 
La Comisión reconoce que existe una relación directa entre la mejoría de la posición de las mujeres y la lucha contra la pobreza, que no se puede realizar un progreso duradero, económico y social sin la igualdad entre hombres y mujeres y que los derechos humanos son también los derechos de la mujer. 
Pero desgraciadamente, el propósito de recoger los problemas del género en todos los terrenos políticos no se realiza. 
Precisamente en los terrenos que han obtenido la máxima prioridad en el Libro Verde, a saber, la colaboración económica, financiera y técnica, no se dice ni una palabra acerca de la problemática del género. 
Eso es inaceptable e incluso un paso atrás en comparación con la resolución del Consejo acerca del género y la cooperación al desarrollo de diciembre de 1995, donde mainstreaming era el punto de partida. 
Los nuevos acuerdos de cooperación deben promover la igualdad entre hombres y mujeres en todos los terrenos, no sólo política y socialmente, sino también económicamente. 
A todo el mundo le resultará evidente que la igualdad económica tendrá gran influencia en las estructuras sociales y en las relaciones de poder en un país. 
Una cooperación más justa debe, por tanto, no sólo guardar relación con las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP, sino también con la repartición de poder dentro de una sociedad. 
Así pues, debe darse una política coordinada y consistente para fomentar la igualdad de hombres y mujeres. 
Por eso, la Comisión de Derechos de la Mujer ha abogado también por la creación de una comisión permanente sobre la mujer en la Asamblea ACP. 
Señor Presidente, ante todo doy la bienvenida a la Señora Ministra y le agradezco su excelente resumen y también, por supuesto, doy las gracias a Michel Rocard por su informe. 
En este informe hay mensajes muy serios y claros. 
Aunque las directrices políticas propuestas por la Comisión para la negociación de los nuevos acuerdos de cooperación con los países ACP proporcionan un punto de partida para las discusiones acerca de la renovación de nuestras relaciones, me temo que en varios campos no son mucho más que eso. 
Espero que la Comisión y el Consejo tomen buena nota, en particular, de las serias reservas expresadas en este informe acerca de la propuesta de comercio tal como está. 
Hemos empleado palabras muy fuertes: " preocupa que la propuesta de la Comisión para negociar los acuerdos de partenariado de libre comercio regional pueda ser prematura, poco práctica y conducente a un aumento de la pobreza y de la tensión social en los Estados ACP». 
Expresaron estas reservas los propios países ACP. 
Temo que estos objetivos críticos de pobreza claramente identificados por la Señora Ministra puedan verse socavados por la debilidad de la actual propuesta de comercio. 
La Ministra dice que la erradicación de la pobreza debe ser la meta primordial y, por supuesto, debe condicionar todo el acuerdo, incluida la sección dedicada al comercio. 
No podemos permitirnos olvidar que la liberalización del comercio y el crecimiento económicos en sí mismos no son suficientes para reducir la pobreza. 
Por lo tanto, es esencial que nuestro compromiso con la erradicación de la pobreza y con la prevención de actitudes y conflictos sexistas quede plenamente integrado en las propuestas comerciales, en particular dentro del contexto de los países de ingresos medianos. 
Está bien que discutamos, como lo hacemos, para conseguir la integración en la economía mundial. 
Por supuesto que estamos de acuerdo en que esto debe lograrse, pero también tenemos que reconocer que los mejores medios de conseguirlo, es decir acuerdos de libre comercio compatibles con la OMC, traerán consigo significativos ajustes de costos en las que son, ya se sabe, naciones y economías extremadamente pobres y vulnerables. 
En mi opinión no es bastante argumentar que los acuerdos de libre comercio a largo plazo estimularán el crecimiento económico. 
La gente pobre vive en términos de corto plazo, en una lucha cotidiana para llevar comida a su mesa. 
Por consiguiente no podemos promover una solución que ponga en peligro sus medios de vida. 
Si al hacerlo así sostuviéramos el que se suele denominar compromiso, no sostendríamos nuestros compromisos para ir contra la pobreza, para evitar los conflictos, como dice Michel Rocard, y para promover la igualdad de los sexos. 
Por este motivo he propuesto reiteradamente la idea de una dispensa de diez años para responder a los acuerdos comerciales de hoy, por lo que me complace que el informe Rocard haya contemplado este punto. 
El Sr. Rocard también deja muy claro que la mejor solución para las alternativas que hoy se ofrecen es que se mejoren, para que los países ACP tengan verdaderas opciones cuando expire cualquier dispensa de la OMC otorgada al comercio actual. 
Pido al Consejo y a la Comisión que asuma los temas presentados en el informe Rocard. 
Quisiera que la Asamblea me permitiera recordar que hoy es 1 de abril y puesto que la Mesa ha recibido textos que provocan diversas interrogaciones, rogaría a los colegas que no hagan bromas sobre las cuestiones de orden de los textos aunque hoy, de acuerdo con la tradición, sea el día más indicado para hacerlas. 
Señor Presidente, este informe tan extenso y detallado se deriva del informe Martens. 
Por primera vez, la comunicación de la Comisión permite que el Parlamento exprese sus puntos de vista sobre las directrices presentadas por la Comisión para negociar los nuevos acuerdos de cooperación con los países ACP. 
Hay que felicitar al Sr. Rocard por su excelente y detallado informe. 
Aún más grato es el hecho de que los puntos de vista del Parlamento estén tan cercanos a las ideas de la Comisión. 
El Parlamento tiene que considerar dos asuntos fundamentales: si la cooperación ACP-UE debe continuar después del 2000 y, en tal caso, en qué forma. 
La respuesta a la primera pregunta es un sonoro " sí». 
Tiene que haber una relación nueva y diferente que se adapte a los nuevos retos mundiales y esté basada en un partenariado nuevo y adecuado. 
Habrá que considerar cierto número de campos. 
En primer lugar, el Consejo acordó que se debe ampliar el espacio político para el partenariado ACP-UE. 
Con esto, se subrayó el hecho de que el desarrollo de los países ACP era en primer lugar y sobre todo responsabilidad del pueblo de cada uno de esos países. 
La base ha de ser el desarrollo sostenible de la humanidad con políticas macroeconómicas racionales, justicia social y respeto a la ley. 
El consenso político al que han llegado ambas partes es una elección política comprensible a la vista de los retos mundiales del siglo XXI. 
La globalización cada vez más veloz reforzará sólidamente las prestaciones económicas, políticas y culturales, pero al mismo tiempo habrá un avance hacia la cooperación y la integración regional, sobre todo en el continente africano. 
Esto en sí mismo tendría que llevar a nuevas formas de partenariado económico. 
La mitigación de la pobreza, la economía popular, los microcréditos y los temas de la igualdad de sexos, todo ello conduce a la evitación de los conflictos dentro de las regiones. 
Los propios países ACP son los que deben decidir la velocidad con que se hará el cambio y sus criterios para llevarlo adelante. 
Uno de los rasgos originales del Convenio de Lomé, por una parte, incluía el comercio y, por otra, disposiciones defendibles en esta área, pensadas para dar impulso a la diversificación y desarrollo de los países ACP. 
Las normas de la OMC se elaboraron sin pensar en las necesidades de los países en vías de desarrollo, sobre todo los más pobres, y esto tiene que ser considerado con seriedad por ambas partes en las negociaciones. 
Resulta triste que los esfuerzos para mejorar el comercio no hayan tenido éxito, y que muchos países en vías de desarrollo hayan reducido bastante el comercio de exportación, si se compara con lo que había hace diez años. 
La cooperación regional tiene que darles la posibilidad de mejorar esta situación. 
Me complace ver que la Asamblea Conjunta se llamará Asamblea Conjunta Parlamentaria, pues esto reforzará la democracia. 
Mi grupo da su apoyo total a este informe. 
Quiero empezar congratulándome por el informe del Sr. Rocard. 
Sin embargo aparte de las aspiraciones normales, no nos acerca al futuro de Lomé después del 2000. 
Apoyo una dimensión política fuerte para los nuevos acuerdos de cooperación con los países ACP, en especial en los campos de derechos humanos, gobierno democrático y respeto a la ley. 
Estoy totalmente a favor de que la lucha contra la pobreza sea el tema central de los acuerdos posteriores al cuarto Convenio de Lomé. También apoyo la integración de la igualdad entre los hombres y las mujeres en todas las políticas sectoriales y la protección del medio ambiente en todas las negociaciones, como algo lógico. 
Irlanda ha puesto siempre el énfasis en la importancia de la semiintegración de los países ACP en la economía mundial y en la compatibilidad de los nuevos acuerdos de comercio con la Organización Mundial del Comercio. 
Irlanda considera que el acceso al mercado tiene una importancia particular y, por ejemplo, apoyará una supresión de las barreras arancelarias tan amplia como sea posible. 
Al negociar los acuerdos entre la UE y los países ACP, es esencial insistir en la necesidad de una simplificación y racionalización de instrumentos de ayuda con un criterio de evolución gradual hacia el apoyo presupuestario directo para los países ACP. 
Hay un asunto de extrema importancia que se debe abordar dentro del marco de los nuevos acuerdos de cooperación y es el de la venta de armas. 
En la Unión Europea existe el libre movimiento de bienes, servicios, personas y capitales con plena reglamentación y, sin duda, controles competitivos. 
Compárese esto con la falta de reglamentación o de control competitivo europeos sobre los movimientos de armas desde la UE hacia países terceros. 
A mí y a muchas otras personas de mi país nos parece que existe una conspiración de silencio en este asunto. 
Tendría que crearse en la Unión Europea un órgano de control de la exportación de armas, para proteger los derechos humanos de los ciudadanos de los países ACP. 
Debemos reconocer que el desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente y los derechos humanos son componentes que se refuerzan mutuamente para lograr un desarrollo sostenible. 
Lamento que el asunto de la exportación de armas no se haya tratado con seriedad en el informe Rocard. 
Señor Presidente, el Informe Rocard que hoy se debate es un buen informe sobre las orientaciones para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación. 
Se trata de algo más que un informe sobre los países ACP. 
El informe se ocupa del período post-Lomé y, en este contexto, yo creo que deberíamos recomendar que se contemple un plazo de transición de diez años. 
Se trata fundamentalmente de un informe sobre el nuevo marco para la configuración de una nueva política Norte-Sur. 
El Sr. Martens empezó a plantear en algunas consideraciones de su informe. 
El Sr. Pinheiro introdujo una novedad, muy favorable a mi parecer, al promover un amplio diálogo en los Estados miembros como paso previo a la elaboración del Libro Verde. 
Con objeto de que este buen informe se traduzca en una buena política, yo espero que juntamente con la Comisión logremos convencer al Consejo de la necesidad de que estos contenidos se transpongan también en el plano político. 
Es una importante tarea que recae sobre usted, Sra. Short. 
En la Unión Europea y también en esta Asamblea se observa, no obstante, una contradicción fundamental por lo que respecta a la política de desarrollo, la cual reside en el hecho de que, por un lado, intentamos integrarnos en el mercado mundial e integrar también a los países ACA. Así lo aceptamos con la fórmula de la OMC, cuyas consecuencias estamos viendo ahora en el debate sobre los plátanos. 
Por el otro lado, queremos tomar en consideración la situación regional y promover el desarrollo. 
La situación regional ocupa también el primer plano en el presente informe y yo pienso que es acertado e importante que así sea. 
No es por la creación de zonas bilaterales de libre comercio por lo que debemos abogar. 
Por esta razón me parecen importantes los apartados 59 y 77 de la propuesta de resolución. 
En el apartado 59 se expone- y éste es un aspecto que también deberíamos transponer- que la prórroga de las derogaciones para los Estados ACP es necesaria porque sólo de este modo será posible un desarrollo en dichos países, los más pobres entre los pobres. 
En el apartado 77 se exponen los objetivos de la política de desarrollo, los objetivos del desarrollo, que debemos proclamar conjuntamente frente a la OMC. Yo creo que la OMC, bien lo sabe Dios, no es una institución democrática. 
Es necesario mantener una coherencia en las relaciones comerciales y esta consideración también es aplicable en el presente caso. Se trata de un aspecto que deberíamos tener en cuenta en el ámbito de la política pesquera, de la ecología y de los derechos humanos. 
Tanto nosotros como los Estados ACP deberíamos tomarlo en consideración. 
La regionalización es un enfoque importante. 
Es preciso desarrollar nuevos instrumentos en este contexto. 
Yo creo que es importante dar apoyo al proceso de la unidad africana. 
Pero también en este contexto estamos introduciendo algunas contradicciones, como el programa MEDA, por ejemplo. 
También en este aspecto es preciso que seamos coherentes. 
Es una satisfacción para mí que en la propuesta se hayan recogido las enmiendas y que se haga una mención explícita a la Asamblea Paritaria, y pienso que ésta debe tener continuidad, también con vistas a la concreción del proceso político. 
Se concede demasiado poca atención al tema de la política armamentista, la limitación de la venta de armamento y el control efectivo del comercio armamentista. 
La Comisión ha presentado propuestas concretas al respecto, lo cual es de agradecer. 
En este contexto, se puede constatar que existe una vinculación entre los datos sobre limitación del armamento y el desarrollo en el ámbito de la salud y también en el de la educación, y ésta es una consideración muy importante. 
La credibilidad de los países también debe medirse según este criterio. 
A la vista del inminente fracaso del código de conducta, yo quisiera señalar también que en la enmienda 18 presentamos muchas propuestas concretas y pedirles que respalden dicha enmienda, al igual que la enmienda 17. 
Ésta se refiere a la prohibición de las minas antipersonas. 
Se trata de una posición de esta Cámara que debería incorporarse al Tratado. 
Mi colega van Dijk se ha referido a la problemática de las mujeres, al papel de la mujer en el proceso de desarrollo. 
También este aspecto debería incorporarse mucho más. Al menos ya se dice algo más que en el Libro Verde. 
Es preciso concretar más el papel de la mujer, pues ésta contribuye al proceso de desarrollo. 
La cooperación es un requisito importante, también la cooperación con las ONG. 
Para acabar, yo quisiera subrayar una vez más que siempre hemos defendido la presupuestación del Fondo Europeo de Desarrollo. 
También esto debería transponerse. 
En este sentido me gustaría poder recibir hoy mismo una respuesta de la Sra. Short del Consejo sobre si tienen previsto emprender una iniciativa, no más tarde de... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, en esta fase de nuestro debate no deseo entrar en un discurso de conjunto sobre los dos informes Vecchi y Rocard, que, evidentemente, son excelentes, ya que nuestra Comisión de Desarrollo y Cooperación los ha votado por unanimidad. 
Deseo simplemente volver sobre un aspecto del informe del Sr. Rocard para señalar el interés que prestan los radicales al punto 25 de la propuesta de resolución. 
Se trata de prever que, en el futuro, los criterios relativos a la democracia y a los derechos humanos, cuya falta de respeto suspendería la ayuda de la Unión Europea, sean definidos por los propios países beneficiarios de la ayuda. 
Esta sugerencia, muy innovadora, nos parece especialmente pertinente. 
Por una parte, porque está de acuerdo con todos nuestros principios de intervención y, por otra, porque debería revelarse como más eficaz que el actual dispositivo. 
Vemos que en el día de hoy, la asociación entre la Unión y los países ACP no escapa totalmente a la acusación de neocolonialismo, ya que las reglas prácticas y las condiciones democráticas son aún en gran parte formuladas unilateralmente por los países europeos. 
El informe Rocard propone romper con esta lógica y hemos de aprobarlo. 
Pero, ante todo, la idea de remitir a los países ACP la responsabilidad de definir el contenido democrático mínimo de la asociación es astuta en lo que plantea para mejorar la eficacia de sus reglas. 
Actualmente, los donantes europeos dudan naturalmente en sancionar las faltas, precisamente para no presentar el flanco a la acusación de neocolonialismo. 
Y de pronto vemos cómo se difunde el relativismo de la democracia. 
Este principio sería verdadero a este lado del Mediterráneo, erróneo al otro. 
¿Qué está pasando ahora mismo? Que un Estado ACP puede faltar a las reglas de las condiciones democráticas y sin embargo se beneficia tanto del apoyo tácito, e incluso diría de la connivencia experimentada, como los demás Estados ACP. 
En resumen, se hace lo mayor y se espera que la reprobación europea quede en la indiferencia general. 
Si en el futuro los criterios democráticos de la ayuda los definen nuestros socios, se verán obligados a denunciar los fallos y a aplicar las sanciones. 
A partir de entonces éste será asunto suyo. 
Quizá tengamos en ese caso ocasión para profundizar, en el respeto por las diferencias, el diálogo sobre los valores que se mencionan en el punto 29 de la propuesta. 
Precisamente porque consideran que algunos de esos valores tienen alcance universal, los radicales apoyan sin reservas el informe del Sr. Rocard. 
Señor Presidente, Señorías, no podría negarse, los resultados de la política de cooperación entre los países ACP-Unión Europea no están a la altura de las ambiciones que con frecuencia se reafirman, y sobre todo de las sumas gastadas. 
Podemos preguntarnos si el octavo FED, cuyo montante, para el período 1995/2000, es de 13 millardos de ecus, es decir, 85 millardos de francos, es o será mejor utilizado que los siete anteriores. 
Esta ayuda financiera ha sido en gran parte ineficaz por tres razones: el modelo socialista de desarrollo, adoptado por la mayor parte de los países ACP, basado en la colectivización de las tierras y en una industrialización a ultranza; la corrupción de los dirigentes y de las nomenclaturas, que han confiscado una gran parte de las ayudas; los complejos de los dirigentes europeos, incapaces de constatar esto por miedo a ser acusados de neocolonialistas. 
Pero, lejos de considerar estos tres puntos y extraer lecciones, Michel Rocard- fiel, reconozcamos, a la ideología socialista- propone una política que es claramente perjudicial tanto para las naciones europeas como para los pueblos ACP. 
Pasemos, y que él me perdone, por encima de los lugares comunes, las propuestas demagógicas y los votos piadosos que llenan su informe, ya que lo que nos preocupa ante todo es el fondo, en la expresión de una voluntad de derribar una política de desarrollo aún controlada por los Estados. 
¿Qué pretende nuestro colega? 
La presupuestación del Fondo Europeo de Desarrollo, que de este modo ya no sería controlado por nuestros países. 
Vínculos diplomáticos, políticos entre conjuntos supranacionales como la Unión Europea por una parte y la Comunidad Económica Africana, instituida en 1994, por otra. 
La importancia atribuida a las organizaciones no gubernamentales, sobre las que habría sin embargo mucho que decir, la integración de nuestros departamentos y territorios de ultramar en conjuntos regionales, ésos que están preparando la separación de estos territorios de su metrópoli. 
Observemos que Michel Rocard se preocupa con razón por la lógica funesta del librecambismo en el devenir económico de los países ACP. 
Pero, en realidad, sólo propone una ordenación de la lógica mundialista. 
Único punto positivo, su propuesta de retorno productivo de los inmigrantes procedentes de los Estados ACP, que coincide totalmente con nuestras posiciones. 
Pero, por desgracia y en resumen, por falta de tiempo, en conjunto el informe Rocard se inscribe en una lógica de inhibición, en favor de Bruselas, de una política de desarrollo, imperfecta sin duda, pero en la que los Estados miembros desempeñaban aún un papel de máxima importancia. 
Ahora bien, no será pretendiendo restablecer constantemente más relaciones entre bloques, no será globalizando, no será burocratizando como se mejorarán la cosas. 
El drama es que, fracaso tras fracaso, el Sr. Rocard nunca se cansa de sus utopías. 
Señor Presidente, Señorías, los informes de los Sres. Rocard y Vecchi merecen ser apoyados con pleno convencimiento. 
Permítanme que añada algunos comentarios al respecto. El objetivo que figura en el artículo 130 U del Tratado de Maastricht es global. 
La cooperación al desarrollo debe promover el desarrollo sostenible, sobre todo en los países pobres, la lucha contra la pobreza y también una integración armónica y gradual en la economía mundial. 
El acento debe ponerse en este caso en la palabra gradual. 
El Informe Rocard también señala, por consiguiente, que la liberalización del comercio y el crecimiento económico no resultan suficientes por sí solos para mitigar la pobreza, si no van acompañados del acceso a los recursos y la participación en los procesos de decisión. 
Esto es particularmente cierto por lo que respecta a la participación de las mujeres, si bien en este momento puedo reconocer con satisfacción que ya no es necesario que las mujeres insistamos especialmente en ello, pues el reconocimiento de este hecho se ha convertido entre tanto en patrimonio común de esta Cámara. 
Yo quisiera destacar que en el curso de la colaboración en el marco de Lomé se ha ido configurando una cierta " cultura de Lomé» , que consiste en la cooperación, la igualdad de derechos, el cultivo del diálogo, el compromiso mutuo plasmado en el Convenio y la rendición de cuentas, todo lo cual va mucho más allá de unos criterios de eficiencia según el modelo de la relación costes-beneficios. 
Una característica distintiva de la cultura de Lomé es que no se imponen simplemente unas condiciones a los firmantes del Convenio, sino que se procura que las medidas previstas sean asumidas también por el país en cuestión, esto es, que se apliquen de común acuerdo con los Gobiernos y con la población. 
La participación de la sociedad civil todavía deja, sin duda, mucho que desear. 
Sobre todo falta un mayor reconocimiento del derecho de las mujeres a participar en igualdad de condiciones- ya lo he mencionado antes -, pero la orientación es, sin embargo, la adecuada. 
Lo cual es particularmente importante toda vez que no se trata sólo de reformas económicas, sino también de reformas políticas, que tendrían que ser compatibles entre sí, o deberían serlo. 
Ahora bien, en una relación adulta también tiene que haber cabida para la expresión de las críticas y, en caso necesario, tiene que ser posible adoptar sanciones, incluida la suspensión de la cooperación. 
El Convenio de Lomé incluye esta posibilidad, pero por buenas razones sólo se recurre con reticencia a ella, ya que siempre es preferible mantener el diálogo en vez de restringir las relaciones. 
Yo creo que en el futuro debería concretarse más un aspecto concreto de la cooperación en el marco del Convenio, a saber, la estrecha cooperación con las organizaciones no gubernamentales, en particular con las que desarrollan su actividad en los países ACP y no sólo con las organizaciones de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Es preciso desarrollar una estrategia de cooperación a la medida de la situación actual, que se concentre en las especialidades de cada región, al margen de que éstas correspondan a iniciativas de carácter nacional, privado o público. 
Los responsables de la política de desarrollo pueden figurar en mayor medida que hasta ahora como elementos de un proyecto prometedor para el futuro. 
Una de las especialidades de la cooperación de Lomé es la cooperación regional, que siempre ha estado orientada hacia el desarrollo transregional. 
Otro tanto sucede en el caso de la promoción de un desarrollo dinámico del sector privado, al cual se están dedicando crecientes esfuerzos en los últimos años. 
Me gustaría acabar recordando una frase del informe general que presenté ante la última Asamblea de los países ACP y que fue aprobado por una gran mayoría: como parte de los esfuerzos comunes deben elaborarse planes de desarrollo regionalmente diferenciados y coherentes que sean específicos, sociales, escalonados en el tiempo y adecuados para el estadio de desarrollo y la problemática propios de cada caso, a partir de las respuestas que se desprenden de los planteamientos de las grandes Conferencias de la ONU con vistas a la cooperación en el marco de Lomé. 
Éste debería ser nuestro objetivo. 
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, ante todo yo quiero manifestar mi sincero agradecimiento a ambos ponentes. 
Lamento no poder expresárselo personalmente al Sr. Vecchi. 
Por fin celebramos un debate sobre la cooperación en el ámbito del desarrollo, lo cual Dios sabe que no es demasiado frecuente. 
En el caso del Informe Vecchi nos encontramos ante un cierto impedimento por el hecho de que el procedimiento está prácticamente acabado y, dado que todavía no se ha ratificado el Tratado de Amsterdam, no tenemos la posibilidad de intentar conseguir que se recojan finalmente una serie de propuestas que hasta ahora no han sido aceptadas 
Señora Presidenta del Consejo, yo me congratulo muchísimo de que usted haya puesto decididamente en primer plano la lucha contra la pobreza. 
Sin embargo, yo le pediría que también incluya en este ámbito, como un pilar esencial por decirlo así, el tema de la política sanitaria y, sobre todo, en este contexto, de la salud materna e infantil. 
En realidad resulta inadmisible que, año tras año- casi podríamos decir que día tras día- para millares de mujeres de los países en desarrollo un embarazo equivalga a una condena de muerte debido a la imposibilidad de combatir algunos riesgos evitables. 
En el Parlamento hemos desarrollado una labor colectiva, sin distinciones de Grupos políticos, en favor de la salud reproductiva. 
Se trata, por lo tanto, de un tema que nos preocupa especialmente. 
Un segundo aspecto que sin duda debemos tener en cuenta es el de la estabilidad monetaria. 
El Informe Rocard dedica un párrafo específico a esta cuestión. 
Señor Comisario, yo pediría sobre todo que hagamos lo posible, mediante las estructuras adecuadas, para que los países en desarrollo dispongan de monedas cada vez más estables y, sobre todo, convertibles. 
En este contexto, yo quisiera pedirles que también presten atención al tema de la zona ACP en el marco de la Unión Monetaria Europea. 
En el informe se ha deslizado un pequeño error, que yo solicito que los servicios se encarguen de corregir. 
El apartado 69, relativo a esta cuestión, no encaja en su presente contexto. 
Convendría situarlo más adelante, a continuación del apartado 80. 
Ése sería el lugar adecuado. 
Con esto pongo punto final a mi intervención. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a nuestro colega el Sr. Rocard por la excelente calidad de su informe, así como al Sr. Vecchi. 
Como ya hicimos en relación con el informe Martens y con la lucha contra el octavo FED o a favor de él, queremos reafirmar nuestro compromiso con la asociación entre los países ACP y la Unión Europea. 
En efecto, consideramos que, al iniciarse el siglo XXI, es necesario formular un nuevo modelo, ejemplar, de esa relación preferente con que los países de Europa han estado vinculados desde el comienzo de la construcción europea. 
El Grupo UPE considera que las grandes orientaciones propuestas por la Comisión van, globalmente, en la buena dirección. 
Digo «globalmente» , porque hay una esfera en la que pensamos que las propuestas no son satisfactorias. 
Es la esfera comercial. 
El Grupo UPE, por considerar indispensable medidas de acompañamiento del proceso de adaptación e integración de los mercados regionales, propuso a la Comisión de Desarrollo- que lo aceptó- el mantenimiento del régimen comercial actual durante un período de transición que puede llegar hasta el año 2010, como máximo. 
La Comisión ha aceptado ya prorrogar el plazo de tres a cinco años. 
Esperamos que ante el Consejo y la OMC defienda el período de transición hasta el año 2010. 
Aparte de ese aspecto, nuestro Grupo apoya las orientaciones de la Comisión y, como el ponente, se congratula de la importancia que se concede al proceso de integración regional y subregional, con la reserva de que no deben resultar afectadas la integridad y la coherencia del Grupo ACP. 
En ese ámbito, hemos de recordar las propuestas de nuestro Grupo de que participen los países y territorios de ultramar y las zonas ultraperiféricas. 
Acogemos con beneplácito el objetivo de la lucha contra la pobreza como un esfuerzo idóneo y oportuno. 
Nos parece necesario salir de una lógica de estricta condicionalidad y dar prelación a un diálogo más fecundo, destinado a evaluar las medidas de los Gobiernos en materia de derechos humanos, democracia y sistema de gobierno positivo. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría felicitar a los Sres. Rocard y Vecchi por sus informes y también a la Comisión por sus líneas maestras para las negociaciones de los nuevos acuerdos de cooperación. 
Es positivo que de manera inequívoca hayamos podido ratificar nuestro deseo de continuar el acuerdo con los países interesados y es positivo que hayamos iniciado alguno de los importantes debates sobre las reformas que son necesarias si vamos a dejar a un lado la relación de dependencia del postcolonialismo entre países donantes y países receptores, si la situación de las mujeres va a ser mejorada, etc. También es positivo que tengamos un debate en los diversos países miembros sobre este acuerdo. 
Aún así quiero quejarme de que no hayamos logrado una revisión de la lista de países incluidos dentro de la Convención de Lomé. 
Debe ser la necesidad de los países, no su situación geográfica o su relación de pertenencia histórica a los países miembros de la Unión, la que decida su participación en las ayudas comunitarias. 
Nosotros, el Parlamento Europeo, debemos permanecer como garantes de que los países pobres en el futuro partan en igualdad de oportunidades cuando se trate del reparto de las ayudas comunitarias y del acceso a los mercados comunitarios. 
Sería deseable que tuviera lugar una revisión de la lista de los países incluidos dentro de la Convención de Lomé, sin embargo, a falta de algo mejor, también puede bastar con que a los países que no están incluidos dentro de la V Convención de Lomé se les garantice las mismas condiciones con relación a las ayudas comunitarias y al acceso a los mercados comunitarios. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Estamos muy satisfechos de ver que con frecuencia visita la Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento. 
Apreciamos en mucho su compromiso. 
La Presidenta inició su discurso diciendo que teníamos que movilizar la voluntad política internacional. 
Creo que es precisamente la tarea que nos espera, porque se habla mucho pero aún tenemos que movilizar esa voluntad política. 
Me refiero en especial al tema del jubileo del 2000 que, creo, ha atraído la imaginación de muchas personas, quienes dicen: con el nuevo milenio cancelemos la deuda de los países más pobres. 
El artículo 74 del excelente informe del Sr. Rocard alude a este punto, aunque tendría que ponerlo en primer plano, como uno de los elementos esenciales para la mitigación de la pobreza, a lo que el informe está ampliamente dedicado. 
Se trata de un excelente informe del Sr. Rocard, que presenta muchos y diversos aspectos, cada uno de los cuales puede constituir una diferencia sustancial para áreas de política y áreas del mundo. 
Consideremos el artículo 45, sobre monocultivos, uno de los problemas realmente abrumadores en las islas del Caribe, por ejemplo, que padecen una histórica dependencia del cultivo del plátano. 
Tenemos también el problema de las pequeñas islas Estado, no sólo en el Caribe sino también en el Pacifico, que están a la entera merced del calentamiento de la atmósfera. 
Este compromiso es muy importante y lo refrendamos. 
El informe contiene un capítulo excelente sobre las minas antipersonales, que son un flagelo para África y otros lugares del mundo. 
Se menciona el tráfico de armas, que también es un elemento de extrema importancia en la política de desarrollo. 
El artículo 77 trata de la necesidad de establecer acuerdos de pesca con un componente de desarrollo, en lugar de hacerlo con uno puramente comercial. 
Si podemos conseguir esto, se concretará un gran cambio para los países costeros en cuyas aguas pesca la Unión Europea. 
Por último, pero no menos importante, tenemos el objetivo de Naciones Unidas del 0, 7 % de ayuda; si podemos lograr que lo aporten todos los Estados miembros y no sólo uno o dos, como nobles excepciones, entonces habremos alcanzado una noble meta. 
Recomiendo que se apoye el informe y quizá pueda terminar diciendo: " Nous sommes tous des rocardiens maintenant» , ahora todos somos rocardianos. 
Señor Presidente, los análisis y la puesta en marcha de medidas eficaces para luchar en favor de la reducción de la pobreza constituirán el mayor compromiso de la Unión Europea en las futuras relaciones con los países ACP. 
Tras ser debatida en Bruselas en el seno de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, la estrategia global propuesta por la Comisión en el marco de las negociaciones para la renovación de los acuerdos de cooperación con los países ACP, será presentada en el próximo mes durante la reunión de la Asamblea Paritaria que se celebrará en Isla Mauricio. 
Junto con el firme apoyo al enfoque microeconómico, destinado a animar a los países más pobres a invertir el desarrollo del microcrédito en su propio futuro, la Unión Europea confía en el mantenimiento de las preferencias comerciales con respecto a los países más pobres y más económicamente vulnerables. 
Tras haberse negociado en el ámbito de los acuerdos de Lomé, las preferencias comerciales se renuevan por un período de 10 años y se incluyen en una óptica profundamente política que deberá estimular la diferenciación geográfica con objeto de subrayar las diversidades regionales. 
Por otra parte, el principio del respeto de los derechos humanos y de la democracia será un requisito prioritario en la filosofía de los acuerdos de cooperación. 
De esta forma, la Unión Europea deberá prestar atención, a través de las Unidades regionales de vigilancia encargadas de seguir de cerca las tensiones étnicas, económicas, sociales y religiosas, al mantenimiento de la paz y la prevención de las crisis y de los conflictos. 
Señor Presidente, el trabajo realizado por los Sres. Rocard y Vecchi se basa en el compromiso del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos que dura desde hace más de un año: un grupo de trabajo creado junto con los representante de los países ACP que ha profundizado en esta materia, para luego debatir sus propuestas en África con los dirigentes africanos. 
Una nueva manera de preparar la modificación de estos acuerdos que no deben volverse a debatir. 
A pesar de que esta relación tan especial es importante y debe continuar, sin embargo, debe renovarse profundamente. 
En los informes Rocard y Vecchi existen unos elementos para renovar estos acuerdos, un concepto nuevo y global que aborda todos los temas- de la democracia y los derechos humanos a la prevención de los conflictos- temas extremadamente importantes, en los cuales no me voy a detener. 
Existe un esfuerzo para definir la cooperación y la asociación de forma más efectiva reexaminando los mecanismos operativos, así como analizando la naturaleza de los errores y las deficiencias de lo que se ha llevado a cabo hasta ahora; mirando de forma crítica la expoliación camuflada de las grandes empresas europeas y las grandes obras no siempre útiles que tienen que substituirse por una visión más próxima al trabajo, la vida de la gente y el desarrollo democrático de las sociedades; prestando atención a los nuevos ámbitos de intervención, es decir, a las mujeres, la sociedad civil, la salud, la educación y, como acabo de decir, a los mecanismos más fuertes y efectivos. 
En definitiva, si tuviera que definirlo en líneas generales, este enfoque representa el intento de proponer el modelo europeo y de compararlo con el que Clinton ha propuesto en estos días a África que no me parece que haya sido del total agrado de Mandela, sobre todo porque se trata de un modelo de liberalización a ultranza, mientras todos cuestionan el papel del Fondo Monetario Internacional que ha provocado desastres, y se preguntan cómo hacer frente a los enormes problemas como, por ejemplo, los de la deuda con nuevos mecanismos y objetivos. 
Se trata, por lo tanto, de un modelo que debe ser respaldado por la Unión Europea en cuanto tal. 
Por otra parte, en lo que se refiere a la composición de los países ACP y la lista de los miembros, la orientación más acertada es la de reexaminar- a la vista de las nuevas cuestiones como las de Sudáfrica -, en el ámbito de los contextos regionales actuales, la posible entrada de otros nuevos países manteniendo la unidad de esta relación que dura desde hace años y que reviste un gran valor político, a pesar de que debe convertirse en más eficaz y reformarse profundamente. 
Señor Presidente, Señorías, es necesaria una reforma de la cooperación de la Unión Europea con los Estados ACP. 
Ésta tiene muchos aspectos positivos, pero también muchos otros que no funcionan. 
La mera prolongación del statu quo no es, sin duda, el modelo adecuado para el próximo siglo. 
En primer lugar, la normativa actual es discriminatoria. 
Excluye a países como Bangladesh, Nepal, Bolivia y Nicaragua, a pesar de que se trata de países en desarrollo, tan necesitados de nuestra ayuda como los actuales Estados ACP. 
Me parece bastante esquizofrénico que esta Cámara aprobase en el mes de marzo una resolución de urgencia sobre la deuda de Nicaragua, en la cual recordaba la difícil situación de la población de dicho país, y que, sin embargo, ni siquiera se debata seriamente la posible adhesión de Nicaragua al Convenio de Lomé. 
El PPE pidió en su Congreso del año pasado, en Toulouse, que la cooperación no está tan orientada en el futuro en función de los lazos coloniales, sino que se guíe por el criterio de la renta per cápita y su distribución, y sobre todo por la voluntad de los gobernantes de contribuir realmente al desarrollo de la población de su país. 
Yo acojo con total satisfacción las palabras de la Sra. Dybkjær sobre la ampliación de los Estados ACP y la admisión de nuevos miembros. 
Sería esquizofrénico limitar dicha admisión exclusivamente a Cuba; en este caso realmente no se cumplen los requisitos. 
Señor Comisario Pinheiro, su mandato de negociación representa un tímido paso en la dirección adecuada para que la cooperación tenga futuro. 
¡Siga adelante por ese camino! 
Tenemos que apoyar este tímido paso y alentarle a dar otros más. 
¡No se deje confundir por los proteccionistas de todos los países y adéntrese en el nuevo siglo con un proyecto nuevo! 
Señor Presidente, voy a emplear tan sólo unos minutos para felicitar a los ponentes, Sres. Rocard y Vecchi. 
Qué duda cabe de que, actualmente, la cooperación al desarrollo está en el centro de varias situaciones importantes. 
No dispongo de mucho tiempo, sin embargo, quisiera poner de relieve algunos puntos. 
Esta mañana, el Sr. Vecchi ha recalcado la importancia de la cooperación descentralizada, porque de los proyectos específicos se pasa a los agentes que, finalmente, son los que promueven los proyectos. De ahí que este traspaso tan importante debe ser evidenciado de otra forma. 
Como Unión Europea nuestra tarea es la de dar a conocer a estos países que quieren cooperar con nosotros, los recursos que tienen a su alcance. 
Muchas veces hablamos del patrimonio medioambiental y cultural de estos países que para ellos puede llegar a ser un recurso importante, ya que, si son conscientes del mismo, pueden entender que ese es el verdadero eje de su economía, del turismo y, en consecuencia, también nosotros podemos ofrecerles un instrumento importante. Por consiguiente, cultura y patrimonio cultural y medioambiental, percatándonos y sabiendo lo que ellos nos pueden ofrecer. 
Qué duda cabe de que, si una acción de cooperación al desarrollo no se coordina con una acción de ayuda humanitaria y con la política exterior, mal que nos pese, los resultados pueden ser negativos. 
Por lo tanto la Unión Europea tendría que tener, en este caso, una política exterior segura y común, que pueda permitir el dialogo en aquellos lugares a los que vayan ayudas importantes nuestras, a los que entreguemos una contribución económica importante. 
Aquí, desafortunadamente, aún carecemos de ella. 
Le doy las gracias al Comisario Pinheiro por los esfuerzos que esta haciendo, en la justa dirección que lleve a un desarrollo y a una cooperación reales, para lo que se tiene en cuenta sobre todo una ayuda financiera correcta. 
Señor Presidente, Señorías, hace dos o tres años éramos muy escépticos sobre el futuro de los acuerdos de Lomé, y ello por diversas razones. 
Citaré principalmente la disminución del interés geoestratégico de los países ACP tras el fin de la guerra fría, la necesidad para la Unión Europea de contribuir al desarrollo económico y a la consolidación de la democracia de los países de la Europa central y oriental, la ola de ultraliberalismo generada por la OMC así como, claro está, la disminución de las posibilidades financieras de los países de la Unión Europea seriamente afectados por la crisis. 
Todos estos factores se conjugaron para ensombrecer el horizonte que hoy parece despejarse. 
No podemos alegrarnos de ver cómo va progresando en el seno de la Unión Europea la toma de conciencia de la interdependencia creciente que está desarrollándose entre la Unión Europea y los países ACP, y más especialmente el continente africano, interdependencia que afecta al progreso económico, a la seguridad, a la democracia y a los flujos migratorios. 
Sin duda, el Libro Verde de la Comisión está en el origen de esta toma de conciencia, pero podemos estar orgullosos, Señorías, de la contribución activa del Parlamento Europeo y, principalmente, de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, a la reflexión sobre la renovación de los acuerdos de Lomé. 
El informe Martens y el informe Rocard, de los que se ha dicho mucho y bueno con toda razón, han dibujado el marco y han definido las pretensiones de una cooperación renovada y profunda, haciendo hincapié en las necesarias dimensiones políticas de los acuerdos, en la promoción de los valores de la democracia y en el apoyo al proceso de integración regional. 
Me alegro enormemente del espacio que se ha reconocido a la cooperación descentralizada, a la que se ha dedicado el informe Vecchi, porque responde más directamente a las necesidades y expectativas de las poblaciones de los países ACP y porque a través de las entidades locales y asociaciones, ésta cooperación compromete a los ciudadanos en el proceso de cooperación, ya que aporta un suplemento de eficacia y de democracia. 
Señorías, la partida aún no está ganada en lo que respecta a los acuerdos de Lomé del año 2000, pero gracias sobre todo al informe Rocard disponemos ya de los instrumentos intelectuales que nos permitirán no faltar a esa cita. 
Será necesario luchar también para conseguir los medios financieros necesarios. 
En gran parte dependerá de la voluntad política que manifieste el Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, la necesidad de proseguir la cooperación ACP-Unión Europea requiere la transformación de esa cooperación en el sentido de una nueva asociación, renovada, real y más equitativa. 
Hay que poner fin al período postcolonial. 
Se trata de que nos liberemos de las antiguas relaciones donante-beneficiario y de poner fin a la infantilización del que recibe. 
Hay que substituir la lógica de la condicionalidad por la contractualización de la cooperación. 
La nueva asociación debe caracterizarse por la apropiación de la cooperación por las propias poblaciones y debe ir encaminada fundamentalmente a la erradicación de la pobreza, la prevención de los conflictos, la defensa de los derechos humanos y la gobernabilidad idónea. 
Así, pues, hay que conferir a la nueva asociación una dimensión política fuerte, abriendo la cooperación a la asociación económica, financiera y técnica, descentralizándola para que intervengan en ella participantes distintos de los Gobiernos. 
Conviene no olvidar en este momento que la democratización y el sistema de gobierno positivo son ante todo producto de una cultura que sólo el tiempo podrá contribuir a fortalecer. 
En este momento quiero manifestar mi sincero apoyo al Comisario Pinheiro por la inteligencia demostrada en la presentación y el planteamiento de esa nueva visión estratégica que nos ofrece para un dossier de esta importancia. 
Y quisiera felicitar encarecidamente a los Sres. Rocard y Vecchi por los brillantes informes que nos han presentado. 
Presidente, seré muy breve en este debate porque estoy totalmente de acuerdo con el informe del Sr. Rocard y también he apreciado mucho su contribución. 
Hay un punto sobre el que quiero llamar la atención de manera específica y ese punto es comparable con aquel que el Sr. Liese ha mencionado. 
Me refiero a la relación entre los países ACP y los países y territorios de ultramar, los llamados PTU. 
Junto a los más de 70 países ACP sabemos de la existencia de esos 20 países y territorios de ultramar, y que esos territorios, de los cuales a menudo hay muchísimos en el Tercer Mundo, se encuentran dentro de los países ACP. 
Su posición con relación a la Unión Europea es muy inestable, muy poco clara y también dependiente de su relación específica con los Estados miembros a los que pertenecen. 
Esa relación es, también lo sabemos, muy diversa. 
Desde 1957 se promete en el Tratado de Roma que serán tratados al mismo nivel de igualdad que los propios Estados miembros. Pero eso nunca ha sucedido. 
Después de todo, la igualdad extrema de 1991 se ha vuelto a deshacer en parte. 
Presidente, ¿qué tiene que ocurrir? 
El hecho es que con el nuevo Tratado de Lomé debe realizarse también la definitiva regulación de los PTU. 
Eso es justo y eso es honesto para con esos territorios en vías de desarrollo a los que concierne. 
Por lo demás, estaría bien que el vínculo entre los PTU y la Asamblea ACP se reforzaran, acogiendo por ejemplo a los PTU como observadores en la Asamblea. Me alegra mucho que el Sr. Rocard haya recogido ese punto en su informe. 
Presidente, me gustaría oír otra vez por parte de la Comisión si piensan llevar a cabo una nueva regulación de los PTU y quizá también pueda el Presidente del Consejo decir algo al respecto. 
Aparte de eso me alegra que ahora se publique un informe de iniciativa en la Comisión Parlamentaria de Cooperación al Desarrollo para recalcar una vez más esta cuestión. 
Presidente, eso es lo que aún tenía que añadir al debate y, por lo demás, quiero dar mi apoyo al informe del colega Rocard. 
Una declaración, Presidente, no tengo más tiempo. 
La propuesta es: mantener la estructura general, la casa del Tratado. 
Ésa es la única relación que tenemos, sobre todo con nuestros vecinos del sur. 
En lo que respecta al comercio, dejemos que vaya creciendo el régimen mercantil en la Organización Mundial de Comercio, en la que se desarrolla un régimen de transición para los mercados precarios, aún en vías de desarrollo. 
La cuestión es si cinco años no serán demasiado o demasiado poco tiempo. 
Es absolutamente necesario un estudio de impacto al respecto. 
Las trabas al comercio, como las normas de origen, deben suprimirse. 
Por tanto, se necesita una política de flanqueo para las medidas comerciales. 
Además, es muy cuestionable que las zonas de libre comercio propuestas no signifiquen precisamente un peligro para los ACP y sólo sean un bonito acceso a los mercados para los productos europeos. Debemos ser muy conscientes de ese peligro. 
Finalmente, Presidente, quisiera recordar lo que aún no se ha tratado en el debate, que en mi opinión es un fallo. Concierne a la exposición insuficiente de los procedimientos complicados. 
El Libro Verde lo toma absolutamente en consideración y es correcto. Pero creo que aún deberíamos elaborarlo mucho más. 
Si queremos que la sociedad civil tenga acceso a los fondos, entonces atestiguaría el valor el hecho de que la Comisión y el Consejo también se fijaran en una propuesta que se hizo antes por la Asamblea Parlamentaria ACP-UE para crear una especie de iniciativa de defensor del pueblo en el océano Pacífico, en la zona del Caribe, en un país ACP francófono y anglófono para empezar, de manera que las organizaciones feministas, los movimientos defensores del medio ambiente, los sindicatos, la prensa y la cámara de comercio tengan acceso al menos a la normativa de la UE. 
Es absolutamente necesario crear algo así, pero hasta ahora nadie ha tomado en consideración nuestra propuesta. 
Señor Presidente, la absurda distribución de tiempo que la Conferencia de Presidentes ha concedido a este debate- sólo dos horas para un tema que en un Parlamento nacional habría absorbido varias jornadashace que yo no vaya a comentar ni la intervención inicial de la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo ni los excelentes informes de los Sres. Rocard y Vecchi. 
Voy a dedicar estos pocos segundos a llamar la atención sobre un hecho: no vivimos en una burbuja ni en una campana de cristal, por grande que sea la campana o la burbuja creada por las Convenciones de Lomé. 
Junto a nuestra burbuja o campana ha aparecido un meteoro, que es la aparición del Presidente de los Estados Unidos en África, después de veinte años de silencio norteamericano presidencial. 
Y yo espero que el Sr. Comisario y la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo quieran anticiparnos algún inteligente comentario sobre ese fenómeno. 
Un fenómeno en el cual el Presidente Clinton ha hablado de recoger la herencia de Kennedy, de abrir un nuevo partenariado en África, aunque no dice de qué clase; de aumentar la ayuda a los niveles anteriores, aunque no sabemos si podrá cumplirlo; de abrir sobre todo el comercio, lo que, por cierto, ha suscitado algunas reticencias importantes en boca, por ejemplo, del Presidente Mandela; de crear o ayudar a crear una fuerza interafricana para la prevención de conflictos y, además, ha pedido perdón por el remoto pasado- la esclavitud- y por el reciente pasado- la indiferencia occidental ante el horrible genocidio ruandés que motivó el más áspero, increíble, sorprendente y doloroso silencio de la comunidad internacional-. 
Creo que la aparición de este meteoro norteamericano en el cielo de nuestras relaciones con los países ACP justifica ahora un primer comentario del Consejo y de la Comisión y quizás una explicación más completa ante la Comisión de Desarrollo y Cooperación de este Parlamento. 
Señor Presidente, quiero dedicar mi contribución al debate de esta mañana sobre el informe acerca de la cooperación descentralizada elaborado por su estupendo ponente, el Sr. Vecchi. 
Nuestra argumentación es que la cooperación de la UE para el desarrollo debe basarse sobre los mismos principios de partenariado, subsidiariedad y descentralización que pusimos en el núcleo de nuestra propia forma de organizarnos dentro de la Unión Europea y que, sostenemos por lo tanto, debe configurar nuestras relaciones con el mundo en vías de desarrollo. 
Esto se ajusta al enfoque esbozado por la Ministra del Reino Unido esta mañana, porque el máximo estímulo para conseguir la máxima calidad de ayuda, que ella misma promete, es la participación de los propios receptores en la planificación, aplicación y valoración de los proyectos de desarrollo con los que queremos beneficiarlos. 
Las organizaciones descentralizadas de la sociedad civil dentro de los países en desarrollo son las que tienen la capacidad de adaptar la política de cooperación a las condiciones locales. 
La descentralización es lo que hace más visible nuestra ayuda y, por consiguiente, mejora su rendimiento. 
La descentralización es lo que conduce a una mejor identificación de la necesidad de los pequeños proyectos y el apoyo que requieren, con una financiación más rápida que la posible en los programas tradicionales. 
La descentralización es lo que reaviva a la cooperación, más que la competición entre diversos agentes, y los acuerdos equitativos en el campo local sobre las responsabilidades adecuadas de las ONG ante los gobiernos local y central. 
La descentralización es lo que configura la capacidad de la sociedad civil para controlar y asegurar las normas democráticas, por lo que promueve los principios de gobierno democrático y respeto a los derechos humanos. 
El informe de hoy procura obtener el consenso para una base legal de cooperación descentralizada para la partida presupuestaria específicamente creada por el Parlamento en 1992, una fecha bastante temprana. 
Con todo, debo decir a la Sra. Ministra que la posición del Consejo implica dar dos pasos atrás en lugar de uno hacia delante. 
El Consejo procura restringir más que promover este enfoque, cuando propone una reglamentación que será aplicable durante sólo tres años. 
Intenta someter los programas a la burocracia del restrictivo Comité de Comitología II (b) y limitar la financiación disponible a sólo 18 millones de ecus para un periodo de tres años. 
Al volver a considerar nuestras enmiendas en una segunda lectura, estamos pidiendo al Consejo que revise radicalmente su posición. 
El Parlamento quiere que la base legal de las iniciativas piloto relacionadas con la cooperación descentralizada sea un instrumento fuerte- no débil -, adecuado para constituirse en el punto de partida gracias al cual esta filosofía se integre como un elemento definitorio en todos los esfuerzos de cooperación para el desarrollo que haga la UE. 
Durante toda mi carrera política he apoyado la descentralización, ya fuese en el gobierno local del Reino Unido o cuando me ocupaba con empeño de los trabajos dentro de la Unión Europea. 
Creo que la Presidenta en ejercicio del Consejo comparte esta convicción y espero que siga haciéndolo. 
Señor Presidente, Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, Comisario Pinheiro, me congratulo por este excelente informe del Sr. Michel Rocard sobre el tema del nuevo acuerdo de cooperación que reemplazará a Lomé IV. La UE y los países ACP deben reafirmar su partenariado reforzando la democracia y el respeto de los derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres. 
La lucha contra la pobreza y el analfabetismo debe constituir la base de cualquier nuevo acuerdo y el acervo comunitario se debe construir sobre términos económicos y financieros políticos. 
Para asegurar el máximo de desarrollo en los países ACP, es esencial tener en cuenta el tema de la paz y la seguridad. 
La venta y distribución de armas peligrosas, incluidas en particular las minas antipersonales, debe terminar. 
La paz es el requisito previo para el desarrollo; sin paz todo esfuerzo se pierde. 
También es de importancia vital que los países en desarrollo tengan asegurado un acceso justo al mercado internacional dentro de la OMC, lo que les ayudará a conseguir su objetivo máximo, que es la erradicación de la miseria y la pobreza en esas regiones. 
Antes GATT y ahora OMC han hecho poco y nada para que el aumento del comercio sea una realidad para estas economías tan pobres. 
Señor Presidente, Señorías, muchos de los oradores ya han puesto de relieve la excelencia del informe del Sr. Rocard sobre la comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones con vistas a la negociación de la nueva cooperación con África, el Caribe y el Pacífico. 
Ya han sido subrayados muchos puntos dignos de apreciación como, por ejemplo, la voluntad de continuar con la cooperación o el énfasis puesto en los derechos de la mujer. 
Esto justifica la insólita extensión del dispositivo de esta resolución, sin embargo, quizás una mayor brevedad en cuanto a sus detalles habría podido ser más útil para poner el acento en los principios que deben regir los nuevos acuerdos de asociación entre estos países y la Unión Europea. 
No obstante, de la misma forma que hemos subrayado sus virtudes, no podemos dejar de recalcar algunos puntos que, según el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, tendrían que modificarse parcialmente. 
Me refiero en particular a los puntos 18 y 25. 
En el punto 18 de la exposición de motivos se afirma la voluntad de utilizar el contrato en lugar de un cúmulo de condiciones. 
Nosotros pedimos que se incluya la cláusula, siempre y cuando los países afectados respeten los principios democráticos y los derechos humanos. 
Creo que no podemos renunciar a este punto fundamental que coincide plenamente con nuestra tradición. 
Lo mismo vale para el punto 25 en el que se propone que deben ser los países ACP los que establezcan, previa propuesta de la Comisión, los criterios para celebrar los acuerdos de asociación. 
Creemos que sería más acertado establecer una relación absolutamente paritaria entre la Comisión y estos países y en este sentido, hemos propuesto nuestra enmienda. 
Señor Presidente, quiero decir que éste es un informe muy bueno. 
La propuesta de la Comisión y este informe son buenos y un importante paso adelante. 
También opino que es favorable que se señale claramente un aumento de la regionalización y, en consecuencia, de la descentralización ya que evidentemente es difícil ver cómo se podría, de otra forma, logar una cooperación efectiva con 70 estados tan heterogéneos como los que tenemos en el Tratado ACP. 
Opino que es acertado que se haga hincapié, entre otras cosas, en la pobreza, el medio ambiente y las mujeres. 
Por mi parte, creo que es muy necesario que prestemos aún más atención al asunto de la población, que es muy importante. 
Tiene esto relación con el control de los nacimientos, con la situación de la mujer, pero también tiene relación con las posibilidades de los estados para poder desarrollarse en el futuro y si podremos encarar el fuerte aumento demográfico. 
Sin embargo, lo que echo en falta en el informe y que hubiera deseado que figurara, es una clara señal de que en el futuro estaremos preparados para adecuar las preferencias comerciales existentes hoy en la Convención de Lomé a las reglas de la OMC. 
Opino que, con el tiempo, ésta será la única solución duradera. 
Tampoco creo que una protección de la agricultura europea a largo plazo llegue a ser una solución sostenible. 
Tenemos que hacer con la política de comercio y agrícola lo mismo que hacemos con la política de ayudas para el desarrollo en general. 
Señor Presidente, permítame que, en mis primeras palabras, subraye la intervención de la ministra Clare Short y, más aún, el decisivo papel que la Presidencia y, en particular, la ministra Clare Short han tenido en la revitalización y movilización de las voluntades y del entusiasmo político en materia de cooperación para el desarrollo. 
Quisiera dar testimonio de ello ante el Parlamento. 
Permítame también, señor Presidente, que felicite una vez más de forma muy especial al Parlamento Europeo, esta vez en la persona de Michel Rocard, después de haberlo hecho, hace unas semanas, en la persona de Wilfried Martens. 
Afirmé entonces que la Comisión seguiría sin duda las orientaciones políticas del informe Martens. 
Hoy puedo decir del informe Rocard que no sólo refuerza las orientaciones del Parlamento de entonces, sino que, además, innova y propone algunas medidas que la Comisión seguirá- debo decirlo una vez más- con bastante satisfacción. 
Y lo hace por diferentes razones: en primer lugar, porque la forma como la dimensión política de este nuevo convenio es presentada por el informe Rocard nos transmite la idea de que, de hecho, no son sólo palabras, sino también un nuevo ciclo que queremos crear en nuestras relaciones con los países ACP. 
En segundo lugar, porque no se debe considerar un asunto aislado la cuestión de la pobreza, fundamental en el próximo convenio, sino algo presente en todas las políticas, desde las sociales, naturalmente, hasta las económicas, ya sean macroeconómicas o microeconómicas, en relación con la economía popular. 
Es evidente que lo que nos proponemos hacer está en consonancia con las orientaciones, por ejemplo, de la OCDE en cuanto a la erradicación de la pobreza. 
¡No es fácil! 
Pero una cosa es segura: si seguimos la orientación que hemos seguido hasta ahora, no se alcanzarán esos objetivos. 
Una vez comprobado, tendremos que buscar opciones susbtitutivas. 
Y eso es lo que todos en conjunto- el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo- estamos intentando encontrar: cuál es la mejor manera de luchar contra la pobreza, integrar los países ACP en la economía mundial y acabar con el gueto que constituye hoy la marginalización de los ACP en la economía mundial. 
Se debe considerar la respuesta que ha dado la Comisión una simple propuesta para el debate. 
Nos proponemos, por exclusión y casi por el método de la reducción al absurdo, procurar alcanzar, a más largo plazo, acuerdos de libre comercio. 
Tenemos plena conciencia de que no es fácil, de que el período de transición es esencial, de que, antes del comienzo de ese período de transición a una zona de libre comercio, tendremos que venir de nuevo a debatir si se reúnen o no las condiciones para que así pueda ser. 
No puede ser que queramos salvar al enfermo y lo matemos con la propia medicación. 
De ese realismo es del que tenemos que dar pruebas, ese realismo es el que siento en el informe Rocard, como lo sentí anteriormente en el informe Martens. 
Ese realismo es el que hoy la Presidencia del Consejo nos garantiza al presentar una orientación política para el debate y para el desarrollo de todo ese proceso, que es- creo yo- la única en la historia de la Unión Europea desde el punto de vista de la sintonía con el Parlamento y con la Comisión. 
Señor Presidente, como puede comprender por mis palabras, creo que una vez más el Parlamento Europeo se encuentra en una línea de vanguardia respecto de ciertas ideas y que es fundamental que todos nosotros y, en particular, la Comisión analicemos detalladamente la sensibilidad, el objetivo, la finura de las diferentes propuestas, porque la inmensa mayoría de ellas deberán ser integradas- no me cabe la menor duda- en nuestras propuestas. 
Por último, quisiera decir aquí, señor Presidente, unas palabras de aprecio también para el informe del Sr. Vecchi. 
Es un informe extraordinariamente importante, un informe que va a merecer- considero yo- el consenso de todos y lo único que lamento es que, por razones de coherencia política- y repito lo que acabo de decir: por razones de coherencia política -, la Comisión deba decir que no puede seguir al Parlamento en las enmiendas núms. 11 y 12. 
Los que hayan seguido la evolución de este debate, en particular en primera lectura, comprenderán la tristeza con que lo digo. 
Señor Presidente, como el Comisario Pinheiro, pienso que lo más notable de este debate es la gran cantidad de ideas que se comparten en la Comisión, en el Consejo y en el Parlamento y también en torno al Parlamento. 
Por supuesto, hay distintos matices que requieren un análisis y una solución adicionales. 
Se trata de una alianza muy poderosa, y son buenos los augurios para la próxima fase de Lomé, pues ha habido una reflexión muy cuidadosa y mucho consenso en cuanto a la dirección en que debemos movernos. 
Hay que felicitar al Sr. Rocard por su informe, que ha recibido los elogios y el respeto de todos los grupos del Parlamento. 
Muchas de las ideas del informe coinciden con las ideas del Consejo. 
Algunos detalles tendrán que ser discutidos más adelante- como por ejemplo la mejor forma de enfrentarse con el SIDA en algunos de los países más pobres del mundo -, pero volveremos sobre ello. 
Estoy de acuerdo con el énfasis que todos los sectores han puesto en el apoyo al buen gobierno y a los derechos humanos como una condición previa para la erradicación de la pobreza. 
No tenemos más que mirar la crisis asiática para saber que no se puede promover y sostener el desarrollo sin democracia y sin derechos humanos. 
La crisis asiática demuestra que no se trata de un añadido opcional, sino que es parte integrante de todo desarrollo sostenible. 
Estoy segura de que todos lamentamos el hecho de que el Sr. Vecchi no pueda estar aquí: enviamos nuestros mejores deseos a su familia y esperamos que todo vaya bien. 
Quiero dejar bien claro que hay un acuerdo total acerca del carácter deseable de la descentralización en la cooperación. 
El desacuerdo versa sobre la comitología, pero no sobre ese principio. 
Al menos, pues, estamos de acuerdo en la dirección de nuestra marcha, aun cuando no coincidamos por entero en todo. 
Querría decir a la Sra. Van Dijk que también existe un acuerdo universal en que no puede haber desarrollo sin una educación de las niñas y sin promover el reconocimiento social de la mujer, porque las mujeres y los niños son la abrumadora mayoría entre la gente pobre. 
También en esto ha habido acuerdo y no un mero añadido opcional. 
Debo decir a Glenys Kinnock, quien mostró su gran preocupación acerca de la tensión en los acuerdos regionales de libre comercio, que lo que conseguimos tras la última reunión del Consejo de Asuntos Generales fue el consenso en que los acuerdos regionales de libre comercio son una opción pero que un sistema generalizado de preferencias es otra opción que, al menos, debe ser tan buena como el existente acceso de Lomé. 
Tiene que haber un mejor tratamiento de los países menos desarrollados dentro o fuera de la alianza ACP. 
Dentro de este tipo de marco- por supuesto que se trata de un campo de máxima complejidad y necesita más discusión -, hay espacio para que los diferentes países elijan la forma en que quieren moverse. 
Si podemos preservar esas opciones, será posible entonces avanzar por el camino que quieren tomar los países interesados. 
John Corrie ha subrayado la regionalización y todos respetamos el trabajo que ha hecho en este tema. 
Estoy de acuerdo en que es la dirección en que se mueve el mundo, pero son los propios países ACP los que deben decidir la velocidad de su marcha, y no se ha de aplicar una especie de fórmula rígida que les exija moverse por caminos que ellos no quieren recorrer. 
El Sr. Andrews ha destacado la necesidad de simplificar los instrumentos, y todos estamos de acuerdo. 
Las estructuras existentes son demasiado complejas, el acuerdo es demasiado complejo y hace que resulte rígido el flujo de la asistencia para el desarrollo, y así todo lo demás. 
En cuanto a la ayuda sobre la inclusión en el presupuesto, no hay acuerdo. 
Como todos ustedes saben, el Tratado de Maastricht proporciona un Fondo Europeo de Desarrollo separado, y ésta sigue siendo la posición de algunos de los Estados miembros. 
O sea que todos respetamos la decisión del Parlamento, pero no habrá un progreso inmediato en este tema. 
El Sr. Telkämper, del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, ha resaltado que la Organización Mundial del Comercio y la compatibilidad con ella no son democráticas. 
En realidad, la OMC es una organización de Estados miembros donde un Estado es un voto y, potencialmente, es democrática. 
El problema en este campo es que el cambio es tan complejo que no todos los Estados son iguales en la mesa, y lo que tenemos que hacer es expandir el análisis y lograr que sea compartido, para que los países en desarrollo puedan sentarse a la mesa de la OMC con clara conciencia de lo que son sus intereses. 
Tenemos que trabajar juntos para asegurar que sea así. 
El Sr. Hory ha hablado del apartado que en el informe del Sr. Rocard alude a los derechos humanos definidos por la OUA. 
Sólo quiero recordar al Parlamento que todos nuestros países firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Los derechos humanos no son regionales, son universales, para toda la gente, en ellos se entrecruzan los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, y nuestra aspiración es concretar esos derechos para todas las personas en todo el mundo. 
Los métodos para reforzar la OUA y aplicar sus principios son una buena idea, pero no hay derechos humanos diferentes en el sur y en el norte. 
El Sr. Antony ha dicho que algunos de los progresos habidos en el pasado en la relación entre los países ACP y la UE no fueron tan efectivos como podríamos haberlo esperado. 
Hay algo de cierto en ello, y tenemos que tomarlo en cuenta para obtener mejoras en el futuro. 
El Sr. Antony también señaló que en el pasado se enfatizó excesivamente el papel del Estado. 
Hemos atravesado dos etapas: una que tal vez haya dado demasiada importancia a la función estatal, a la vez que minimizaba el papel del mercado. 
Ahora estamos saliendo de una etapa que dio una importancia absoluta al rol del mercado y minimizó el papel estatal, y lo que necesitamos es una nueva síntesis que ponga tanto al Estado como a los mercados en su lugar, para que estén regulados como corresponde los acuerdos internacionales y nacionales que pueden promover un crecimiento económico sostenible. 
Este reto es el de la próxima etapa. 
La Sra. Junker ha afirmado que debemos insistir en el desarrollo sostenible. 
Yo sólo quiero recalcar que en la estrategia internacional de erradicación de la pobreza hay el compromiso de que todos los países aplicarán un plan de desarrollo sostenible, de tal índole que pueda promover el desarrollo sin malgastar los recursos naturales, para que no resulte insostenible. 
La Sra. Günther nos ha recordado que el progreso en la asistencia de la salud es parte de la erradicación de la pobreza. 
Esto es absolutamente correcto, y las desoladoras estadísticas de la terrible mortalidad infantil, la baja esperanza de vida o la mortalidad derivada de la maternidad son parte del cuadro de severa pobreza en el mundo. 
Una vez más, uno de los máximos objetivos de la erradicación de la pobreza es el de proporcionar la atención básica de la salud a todas las personas del mundo para el 2015, y el acceso a la atención de la reproducción para todos, a la vez que una reducción de la mortalidad infantil y de la derivada de la maternidad. 
Por supuesto que estoy completamente de acuerdo en que esto es una parte del proceso de erradicación de la pobreza. 
La Sra. Dybkjær ha destacado que los países menos desarrollados tendrán que tener los mismos derechos, ya estén dentro o fuera de los ACP. 
Esto es estrictamente así. 
Fue uno de los compromisos establecidos en un acuerdo previo del Consejo de Asuntos Generales. 
Tenemos que asegurarnos de que se aplique. 
Coincido con los que dicen que es lógico que los países más pobres se integren con los ACP. 
Pero, en realidad, los países ACP se resisten y gran parte de los países más pobres no procuran unirse a ellos. 
Tenemos que asegurarnos de que reciban igual trato tanto en el acceso al comercio como en la asistencia para el desarrollo. 
Entonces ejerceremos efectivamente un trato igual, aunque no lo sea en teoría. 
Doy las gracias al Sr. Macartney por sus observaciones. 
Nos ha hablado del tema del jubileo del 200 y de las deudas. 
El Consejo apoya por entero la iniciativa HIPC. 
Lo que todos tenemos que hacer es acelerar su aplicación y tratar de asegurarnos de que cada país altamente endeudado esté en el camino de conseguir que su deuda alcance un nivel sostenible para el 2000. 
El Sr. Amadeo ha dicho que debemos brindar más ayuda a los más vulnerables. 
Una parte del amplio acuerdo sobre asistencia para el desarrollo establece que ha de haber diferenciación entre las necesidades de inversión de los países muy pobres y las necesidades de cooperación técnica de los países de ingresos medianos bajos, y más recursos reinvertidos en salud, educación y campos similares, en los países más pobres. 
La Sra. Baldi ha afirmado que no se da la importancia suficiente a los recursos ambientales. 
También en este caso, quiero referirme al compromiso de la estrategia de erradicación de la pobreza con una estrategia de desarrollo sostenible, incluidos los recursos ambientales en todos los países en vías de desarrollo. 
Tenemos que poner esto en su lugar. 
Existe un firme consenso en que debemos fortalecer el partenariado. 
Un partenariado implica una relación de iguales y, no obstante, uno de los países miembros ha argumentado que debemos poner como condición el respeto a los derechos humanos. 
La experiencia con el desarrollo demuestra que si se impones esa condición nunca es efectiva. 
La base del partenariado tiene que ser que consintamos en la necesidad de erradicar la pobreza y esto implica el respeto a la democracia, a los derechos humanos y el buen gobierno; dentro de este marco, podremos definir como iguales los detalles de la aplicación. 
Comparto las aspiraciones de descentralización del Sr. Howitt. 
Hay un acuerdo firme en la Comisión y en el Consejo de que es el camino por el que deben marchar nuestros esfuerzos. 
Tengo una reserva: no podemos tener a todos los Estados miembros y también a la Comisión trabajando con las ONG en todas partes. 
Necesitamos descentralizar nuestros esfuerzos y después tenemos que decidir en qué campos se impondrá el trabajo de los Estados miembros y en cuáles el de la Comisión. 
No podemos interferir mutuamente en los detalles de nuestra cooperación. 
El tema final, planteado por la Sra. Lööw, es el crecimiento de la población. 
En 1945 existían 2.600 millones de personas, en la actualidad llegamos a los 5.700 millones y para el 2015 la población mundial alcanzará al menos a los 10.000 millones. 
Si erradicamos la pobreza y mejoramos el acceso a la atención sanitaria y a la educación, llegaría al menos a los 15.000 millones y sería sostenible. 
Si no desarrollamos la economía mundial, se irá mucho más lejos y se empezará a agotar los recursos de la Tierra de un modo que no será sostenible. 
Esto es parte del desafío del desarrollo: que entreguemos un mundo sustentable a la siguiente generación, para lo que es absolutamente esencial que tengamos éxito en estos empeños. 
Soy optimista y creo que progresaremos en la eficacia de nuestra colaboración para el desarrollo. 
El consenso entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión es lo mejor para nuestros futuros esfuerzos. 
Señor Presidente, me impresionan la amplitud y la claridad de las respuestas de la Presidenta en ejercicio del Consejo, pero hay algo que he echado en falta: la complejidad de los procedimientos. 
Los procedimientos se están volviendo tan complejos que son un serio elemento disuasivo. 
Esa complejidad fue una de las razones de que se hicieran gastos inferiores a los previstos durante la vigencia del Acuerdo de Lomé y de que el Acuerdo resultara inaccesible para las cámaras de comercio, las agrupaciones de mujeres y ecologistas en los países ACP. 
¿Podría usted, y quizá también el Comisario, tratar este asunto? 
¿Puedo tratar muy rápidamente las complejidades de procedimiento? 
Si se lo analiza, el Acuerdo de Lomé resulta enormemente complejo, con canales de financiación muy complicados, y todos hemos coincidido en que habrá que simplificarlos. 
La administración tiene que estar descentralizada, para que sea menos lenta, más compleja y efectiva. 
La Comisión y el Consejo están de acuerdo en que debemos hacer estas mejoras. 
De momento, como ustedes sabrán, en todas las áreas de compromiso de la Unión Europea tenemos dificultades para desembolsar los fondos disponibles. 
Debemos mejorar nuestra capacidad para hacerlo. 
Esto ya se ha convenido. 
Señor Presidente, lo único que quiero saber es si el Sr. Comisario y la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo piensan decir algo sobre el viaje del Presidente de los Estados Unidos ahora o ante la Comisión de Desarrollo y Cooperación en el futuro. 
Sr. Robles, quizá pueda pedirles que respondan por escrito, porque ya hemos excedido el tiempo de este debate. 
Los diputados conocen el procedimiento. Tenemos un debate y un turno especial de preguntas. 
Quiero dar las gracias a todos los que han participado en el debate, en especial a la Presidenta en ejercicio del Consejo. 
Relaciones UE-Rusia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0060/98) de la Sra. Lalumière, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión titulado "Relaciones futuras entre la Unión Europea y Rusia» y el plan de acción" La Unión Europea y Rusia: relaciones futuras» (COM (95) 0223- C4-0217/95-6440/96- C4-0415/96) 
Señor Presidente, abordar la cuestión de Rusia y, al igual que en este momento, la de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, exige mucha modestia. 
El tema es inmenso, al igual que el propio país. 
Es difícil, ante la situación cambiante e imprevisible. 
Debo añadir que también es original, en el sentido de que Rusia ocupa un lugar aparte en nuestras relaciones internacionales. 
Parte integrante de la historia de Europa, Rusia, en el seno de la Unión Soviética, se convirtió en potencia mundial, amenazante y temida, para vivir en la actualidad convulsiones de las que puede salir lo mejor o lo peor. 
Pero, en todo caso, esta evolución que apenas controlamos tendrá para nosotros consecuencias muy importantes. 
Desde que este informe fue redactado, se han producido acontecimientos políticos recientes. 
Me refiero a la salida del Primer Ministro Chernomirdin y al nombramiento del joven reformador Kirienko como Jefe de Gobierno. 
Por espectaculares que hayan sido el incidente y la enfermedad del presidente Yeltsin que le ha precedido, no deben cambiar los análisis y propuestas que figuran en el informe. 
De hecho, la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, los ponentes para opinión, yo misma, nos hemos esforzado por avanzar más que la coyuntura y las anécdotas puntuales, intentando despejar para el presente y para el futuro los ejes de lo que podría ser la política de la Unión Europea con respecto a Rusia. 
Al hacerlo, seguimos el método iniciado por la Comisión, principalmente en su comunicación de 1995, titulada: » El futuro de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia» , pero sin duda vamos más allá del texto de la Comisión. 
Algunos dirán quizá que es imprudente intentar definir los ejes de una política futura, en la medida en que la política rusa es imprevisible. 
Permítanme que insista en este punto. 
Sería una falta política grave conformarse con observar a Rusia, ayudarla desde la distancia esperando que las cosas se arreglen antes de comprometernos más profundamente. 
Se quiera o no, Rusia está ahí, a nuestras puertas, y no podemos conformarnos con reaccionar ante los acontecimientos que se produzcan. 
Hemos de actuar sabiendo adónde queremos llegar. 
Evidentemente, esta política para con Rusia implicaría que la Unión Europea tuviera una única y verdadera política exterior y unos objetivos de política exterior, y además poseyera los instrumentos de elaboración de esta política. 
Desafortunadamente, estamos sólo en los primeros balbuceos. 
La Unión Europea sólo actúa en la actualidad a impulsos, ayuda a Rusia a impulsos, ya que la Unión Europea no es una entidad política, no es aún la entidad política única capaz de servir de contrapeso al peso de Rusia. 
Brevemente resumiré los ejes de lo que podría ser nuestra política para con Rusia. 
Quizá les sorprenda ver como primera prioridad la consolidación de la sociedad rusa. 
De hecho, parece que no se podrá establecer ningún vínculo sólido y duradero con este país en tanto no haya superado la crisis social que padece. 
Esto pasa por el éxito de las reformas económicas, actualmente emprendidas, de las reformas políticas, de las reformas jurídicas. 
No olvidemos que hace poco tiempo Rusia no conocía el Estado de derecho. 
También pasa por la constitución de una sociedad más homogénea, más igualitaria, en la que los importantes problemas sociales constatados hoy hayan encontrado solución. 
Para ayudar a Rusia en estos ámbitos, la Unión Europea ha hecho ya mucho, aunque aún sea poco con respecto a las inmensas necesidades de ese país. 
La Unión Europea ha de continuar esta ayuda en el marco de TACIS u otros programas. 
Igualmente, la Unión Europea ha de continuar desarrollando una amplia colaboración, sobre la base del acuerdo que entró en vigor en diciembre del año pasado. 
Pero, a mi juicio, este acuerdo de colaboración y cooperación sólo es un punto de partida. 
Deberíamos desarrollar vínculos múltiples, intensos y en todos los ámbitos con Rusia: económicos, culturales, científicos, en el ámbito de la investigación, de la protección del medio ambiente, etc. 
Pero nuestra asociación y nuestra cooperación han de llegar más lejos e incidir en ámbitos más políticos. 
Se trata en primer lugar de la seguridad, de nuestra seguridad en el continente europeo. 
Sin duda, nuestra generación conserva aún la idea de que la Unión Soviética constituía la amenaza que ponía en peligro nuestra seguridad. 
Nos resulta difícil imaginar un sistema en el que Rusia participara plenamente en nuestra seguridad, y sin embargo, es precisamente en esto en lo que conviene trabajar ahora. 
Al igual que hemos de trabajar para construir una nueva arquitectura política para toda Europa, asociando a la Unión Europea y a Rusia. 
¿Cuáles serán esas nuevas estructuras, esta nueva arquitectura? 
Aún estamos sólo en el plano de las hipótesis: casa común, confederación europea. 
Se han expuesto algunas ideas. 
Habrá que seguir reflexionando y proponiendo, en la medida que es cierto que Rusia ha de convertirse en un socio integral en la nueva Europa. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar yo quiero expresar mi agradecimiento a la ponente por su informe. 
En mi calidad de ponente para los Acuerdos de asociación aprobados yo sigo, como es natural, con extraordinario interés la evolución de la situación económica y política entre la UE y Rusia. 
El Grupo del Partido Popular Europeo continúa considerando a Rusia como un socio significativo en el ámbito de la política internacional. 
Mis colegas lo expondrán luego con mayor detalle. 
Todos sabemos que debemos ser pacientes con el desarrollo de los acontecimientos Rusia, tenemos que prestarle ayuda y deberíamos ser comprensivos con muchos de los procesos que están teniendo lugar allí. 
Precisamente cuando la situación es particularmente difícil, es necesario que recordemos que tenemos un interés mutuo, no sólo en el desarrollo de Rusia y en el éxito del mismo, sino también en la integración de nuestras políticas. 
Rusia es, en efecto, un factor dentro de la política mundial, aunque de vez en cuando aborda los problemas con pesado andar de elefante. 
En este contexto- ya lo ha dicho la Sra. Lalumiére- sería bueno poder contar con una Política Exterior y de Seguridad Común. 
Pero mientras esto no sea posible debemos congratularnos de que Rusia sea miembro del G7. 
Debemos congratularnos de que Jacques Chirac y el Canciller Federal Kohl intenten establecer una relación trilateral con objeto de reforzar la autoconciencia y la autoconfianza de la política rusa, las cuales lo cierto es que no son demasiado grandes. 
El intercambio de ideas con Rusia también debería servir para reforzar su confianza a través de su incorporación a la Organización Mundial de Comercio, en cuanto se cumplan las condiciones necesarias; también es preciso manifestar comprensión en relación con el papel de Rusia en la ONU, sin dejar de recordar, por otro lado, que su experiencia es demasiado grande como para que se limite a responder con el veto en determinados ámbitos de la política. 
En el Acuerdo suscrito nos comprometimos a prestar ayuda financiera y sabemos que las ayudas que estamos dando son sólo una gota de agua sobre una piedra ardiente. 
Nos interesa no poner en peligro el proceso de reformas en Rusia, a fin de evitar que esto beneficie a los movimientos extremistas radicales, que sobre todo desarrollan parte de su actividad nociva fuera de Rusia. 
A nosotros también nos interesa que haya democracia en Rusia. 
Deberíamos hacer todo lo posible para impulsar su desarrollo. 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente de la Comisión de Política Regional, yo sigo deseando, hoy como ayer, la asociación de Rusia con la Unión Europea. 
Entre los Estados miembros y Rusia existen relaciones centenarias en los ámbitos de la política, el comercio y la cultura. 
En Rusia está teniendo lugar un cambio político y económico de gran alcance desde la caída del muro y la desintegración de la URSS. 
La pregunta decisiva sigue siendo: ¿se retraerá Rusia, encerrándose en sí misma, o conseguirá reafirmar o incluso reforzar, por el contrario, su posición en la escena internacional y en el ámbito de la economía mundial? 
Rusia, en su calidad de potencia mundial, desempeña un papel clave para la estabilidad de todo el continente europeo. 
Éste no es el último de los motivos por los cuales la UE estableció un Acuerdo de asociación y cooperación con Rusia el 1 de diciembre de 1997 y el Consejo de Ministros adoptó un Plan de Acción el 13 de mayo de 1996. 
En 1998 se iniciarán seguramente las negociaciones para establecer una zona de libre comercio. 
Sin embargo, esta asociación sólo podrá prosperar si se cumplen unas mínimas condiciones políticas y económicas. 
Sobre todo, la asociación sólo será posible si Rusia respeta la democracia, los derechos humanos y los derechos de las minorías. 
Las últimas elecciones presidenciales se desarrollaron de manera francamente satisfactoria. 
Sin embargo, continúan subsistiendo muchos factores de inseguridad, como demuestra también la destitución del Gobierno en pleno. 
La Unión Europea tiene que permanecer alerta y todo incumplimiento grave de los principios democráticos debe ser sancionado rápidamente con la suspensión de la ayuda comunitaria. 
El proceso de liberalización que se ha iniciado es difícil y debemos contribuir a su éxito con nuestro apoyo; esto es evidente. 
Para ello es urgentemente necesaria la cooperación interregional y transfronteriza. 
Sobre todo es necesario que se pongan en práctica los programas INTERREG y TACIS en la frontera ruso-finlandesa. 
Las regiones ribereñas del mar de Barendt y del mar Báltico de los Estados miembros de la UE y de la Federación Rusa deben restablecer sus vínculos económicos y culturales centenarios. 
Finalmente- y al fin -, también es necesario trabajar con vistas a la constitución de una zona económica báltico-euroártica, que incluya a los países escandinavos, los Estados bálticos y Rusia. 
Esto podría dar lugar a una asociación favorable, que contribuiría de manera decisiva a la consolidación de la sociedad rusa y, por lo tanto, a la estabilidad en todo el continente. 
Yo espero que esto se haga realidad, ya que permitiría asegurar la paz a largo plazo en nuestro continente. 
Señor Presidente, deseo felicitar en nombre de la Comisión de Cultura a la Sra. Lalumière por su excelente informe. 
Los lazos entre Rusia y los Estados miembros de la Unión Europea se remontan a siglos de historia. 
Rusia desempeña también un importante papel como puente entre los países europeos y los asiáticos. 
A la hora de definir de sus relaciones con Rusia, el objetivo principal de la política de cooperación de la Unión Europea es la promoción de los principios democráticos occidentales. 
Sin embargo, Rusia ha emprendido unas vías de desarrollo peculiares debidas a su idiosincrasia como la gran potencia que es, tanto por motivos regionales, como por sus recursos naturales, su población y su cultura. 
El desarrollo se produce en Rusia con frecuencia de una manera imprevisible, incluso caótica, sin recurrir a los modelos o a los plazos occidentales. 
Por este motivo, la comprensión de las características específicas de este país representa un factor clave de cara a lograr el éxito de cooperación entre la Unión Europea y Rusia. 
La Comisión de Cultura hace precisamente hincapié en un aumento de la comprensión y de la confianza mutuas mediante el fomento de los conocimientos culturales, de la cooperación en materia de formación e investigación, así como de los programas de intercambio. 
Es preciso dar a conocer la rica tradición cultural rusa, con sus numerosas culturas minoritarias, cuya fuerza vital debemos apoyar de manera especial. 
Sin embargo, el patrimonio cultural de Rusia se ve amenazado por las dificultades económicas y la indiferencia. 
La Unión Europea debería ayudar a Rusia en la elaboración de un informe sistemático sobre su patrimonio cultural, fomentar el intercambio de conocimientos y la formación de los profesionales del mundo de la cultura, así como alentar la adopción de medidas legislativas para apoyar a este sector. 
El desafío de la cooperación estriba, ante todo, en apoyar el desarrollo de la sociedad civil y de la democracia a nivel local en Rusia. 
La frontera común con Rusia abre nuevas posibilidades al desarrollo de la cooperación, especialmente entre los Estados situados en las regiones del mar Báltico y del mar de Barents. 
Se debe reforzar tanto la cooperación transfronteriza TACIS-INTERREG como la cooperación TACIS-PHARE. 
Sin embargo, la verdadera cooperación en el ámbito educativo no podrá tener lugar únicamente a través de los proyectos TACIS, sino que serán necesarios una potenciación de la Fundación Europea de formación y la creación de un fondo propio. 
En cualquier caso, es menester aumentar los recursos y llevar a cabo una cooperación basada en el intercambio mutuo entre socios en pie de igualdad. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, diré ante todo que nuestro grupo felicita a la Sra. Lalumière por su oportuno informe sobre Rusia. 
Sin embargo, es lamentable que se incluyeran 62 enmiendas para la sesión del Pleno, cuando más de 90 han sido consideradas en la Comisión. 
No obstante, estamos en un momento crucial en el desarrollo del proceso de reformas económicas y democráticas de Rusia, y las futuras relaciones de la UE con Rusia pueden desempeñar un papel básico en el apoyo y reforzamiento del impulso reformista en la Federación Rusa. 
Para muchos rusos, el fin de la Unión Soviética y el paso de una economía dirigida a la economía de mercado no ha llevado a mejoras evidentes en su nivel de vida. 
Tengamos la esperanza de que el nombramiento de un nuevo Primer Ministro conduzca a un equilibrio del Gobierno ruso, con un mayor énfasis en el proceso democrático y de reforma económica. 
La UE y el Parlamento Europeo deben ejercer su influencia a través del programa TACIS, del programa para la democracia, el acuerdo sobre el partenariado y la cooperación y el recién establecido Consejo de Cooperación Parlamentaria. 
Los derechos humanos siempre estarán en primer lugar en la agenda y el Parlamento debe continuar controlando la ley de libertad religiosa en Rusia. 
El Parlamento también tiene que apoyar las iniciativas destinadas a luchar contra la delincuencia internacional, la reforma legal, la trata de blancas, y debe combatir la pobreza y la mala atención sanitaria, además de apoyar a la Federación Rusa para que se integre en la OMC. 
En el aspecto de la seguridad, es importante evitar que, una vez más, Europa se divida en dos campos. 
Rusia- sobre la base del Acta fundacional entre OTAN y la Federación Rusa- no debe ser excluida de las discusiones sobre la futura construcción de la seguridad europea del siglo XXI. 
La OSCE y el Consejo de Europa también tienen un papel importante en la mejora de las relaciones entre Rusia y las regiones vecinas. 
El Consejo tiene que asumir su rol- y espero que el Comisario Van den Broek así lo vea- en la construcción de una nueva relación con una nueva Rusia. 
Señor Presidente, se cumple ahora una década de lo puede llamarse " terremoto» de la historia. El desmoronamiento interno sin sangre ni violencia de los regímenes totalitarios establecidos con la idea de implantar el comunismo teniendo como epicentro Moscú. 
El conmovedor cambio que suponía el final de la Guerra Fría, el fin del enfrentamiento entre las dos superpotencias, la irrupción de la libertad en unos pueblos que sufrían una dogmática tiranía se había celebrado como una victoria ideológica de la democracia. 
Pero después de la euforia inicial, la magnitud y gravedad de los problemas surgidos no fueron afrontados con valentía por parte de los países libres. No se ejerció a tiempo y de forma global y, sobre todo, de forma desinteresada, una estrategia intuitiva que expresara de manera eficaz la solidaridad internacional. 
Las sucesivas peripecias de Rusia durante este período dieron la señal de alarma de la vuelta al oscuro pasado, incluso con derramamiento de sangre. 
A pesar de que los fenómenos extremistas fueron evitados, el mal funcionamiento del nuevo régimen sigue manifestándose en todos los sectores. 
Desde la economía y la inestabilidad social, hasta la seguridad interior, la salud pública, la criminalidad y la degradación medioambiental. 
Todo ello se demuestra también en la reciente crisis de gobierno. 
No puede regocijarse uno ante las enormes dificultades a las que se enfrenta Rusia diez años después del cambio, un enorme país con un pueblo heroico, con un rico pasado histórico y una gran herencia intelectual. 
Al contrario, es del interés de todos contribuir a la consolidación de la democracia, al desarrollo de la sociedad rusa para que represente el papel que la corresponde tanto dentro como fuera del continente europeo. 
Debemos agradecer a la Sra. Lalumière lo acertado y completo de su informe sobre la estrategia a seguir. 
Pero son tantos los problemas de Rusia que justifican las enmiendas que apuntan a la consideración global y a la aplicación concreta de la estrategia. 
Por eso es de primordial importancia que comience a aplicarse dicha estrategia de forma paralela al proceso de ampliación ya puesto en marcha. 
Señor Presidente, me gustaría poder agradecer y felicitar en nombre del Grupo Liberal a la Sra. Lalumière con motivo de su informe. 
Este documento es una muestra del enorme conocimiento sobre la materia que la ponente ha adquirido, entre otros, gracias a la excelente actividad que desempeñó como Secretaria General del Consejo de Europa. 
Rusia debe ocupar una posición clave en las relaciones exteriores de la Unión Europea. 
Rusia sigue siendo una gran potencia, y su desarrollo entraña una importancia decisiva para la seguridad y el bienestar de los Estados miembros. 
Tras la última ampliación, la Unión comparte una extensa frontera terrestre con Rusia, y la ampliación que se pondrá brevemente en marcha alargará aún más esta frontera común. 
La ampliación de la Unión reforzará la comunión de intereses entre la UE y Rusia. 
La ampliación hacia el Este será mucho más importante de lo que se piensa generalmente. 
Todos los países del Este, incluida Rusia, se dirigen hacia la democracia y la economía de mercado. 
No pasará mucho tiempo antes de que todos ellos reúnan los criterios establecidos en Copenhague para entrar a formar parte de la Unión Europea. 
Pese a ello, el Grupo Liberal no considera de ninguna manera que el Parlamento Europeo deba tomar en estos momentos una posición por lo que respecta a la adhesión de Rusia a la Unión. 
El notable informe de la Sra. Lalumière recoge algunas formulaciones que podrían reflejar una nueva partición de Europa, en la que Rusia constituiría una de las partes y el resto de Europa la otra. 
Para evitar este tipo de imágenes, proponemos una nueva formulación del apartado 57 relativo al Consejo de Europa y a la OSCE, en la que se sustituiría la proposición "actuar como vínculo entre las dos partes del continente» por" fomentar una auténtica cooperación paneuropea». 
El Grupo Liberal propone la inclusión en el informe de un nuevo apartado en el que se haga hincapié en la importancia de la dimensión septentrional de la UE y se exija emprender una estrecha cooperación con Rusia en el Consejo de los Estados del mar Báltico, en el marco del Consejo Euroártico de la región de Barents y del Consejo Ártico. 
Esperamos que se apruebe este nuevo apartado. 
Señor Presidente, la Unión Europea debe apostar por el máximo desarrollo de las relaciones y la cooperación con la Federación Rusa. 
Será imposible construir una Europa estable de espaldas a ese país o tratando de aislarlo. 
De ahí que la ampliación de la Unión Europea a los países de Europa central y oriental, o la de la OTAN al este, deban ser complementadas con un incremento proporcional de las relaciones con Moscú. 
A ese objetivo deben conducir el plan y las propuestas, presentados respectivamente por el Consejo y la Comisión, y desde luego, la correcta aplicación del acuerdo firmado con la Federación Rusa en 1994, que acaba de entrar en vigor. 
Rusia vive una difícil transición- en términos políticos- con una democracia marcada por el autoritarismo presidencial de Boris Yeltsin. 
Ejemplos del mismo han sido el asalto al Parlamento- hace años -, la guerra de Chechenia y la última crisis de gobierno, por no citar la falta de respeto generalizada a muchos derechos humanos. 
En Rusia hay unas instituciones débiles por ese mismo autoritarismo. 
Se registra una profunda crisis económica provocada por planteamientos ultraliberales y, desde luego, existe una gravísima crisis social que se expresa en fenómenos como la pobreza, el incobro de salarios por parte de los funcionarios públicos o incluso, aunque parezca increíble, el descenso del nivel de vida de la población y también de la esperanza de vida de la misma. 
Se trata de cooperar con Rusia en pie de igualdad y contribuir a que la Unión Europea cuente con un socio democrático y socioeconómicamente consolidado. 
Un socio imprescindible para la seguridad en Europa, seguridad y cooperación con Rusia que no pueden basarse sólo en el acta fundacional firmada con Moscú por parte de la OTAN, sino también en el fortalecimiento de instancias como la OSCE. 
Se trata de contar con un socio en la escena internacional al que no se puede obviar, como ha demostrado la última crisis con Irak o la situación en Kosovo. 
Quiero terminar expresando mi preocupación por el hecho de que países como Francia o Alemania tengan claras tentaciones de poner en marcha relaciones nacionales con la Federación Rusa al margen de la actuación de la Unión Europea. 
Finalmente, quiero mostrar nuestro apoyo en general al magnífico informe de la Sra. Lalumière. 
Señor Presidente, la sensibilidad con que ha reaccionado Occidente ante la arriesgada remodelación del Gobierno, con la que ha sorprendido en los últimos días a sus vecinos europeos el jefe del Kremlin Yeltsin, demuestra una vez más con toda claridad cuán profunda es la vinculación que une a la parte occidental de Europa con Rusia. 
Por esto es indiscutible que el desafío para Europa después de la caída del muro es aclarar y redefinir su relación con Rusia. 
En el fondo, el tema de la seguridad de Europa depende precisamente de que se consiga un equilibrio con Rusia. 
A la vista de este hecho, las propuestas de la Comisión en forma de un plan de acción sobre las relaciones futuras entre la UE y Rusia dan la impresión de ser una mezcolanza de medidas aisladas, sin ningún objetivo, estrechas de miras y poco profesionales. 
La ausencia de una estrategia común adecuada y de un proyecto completo frente a este tema fundamental para nuestro continente constituye una nueva prueba de la pobreza de la Política Exterior Común. 
Yo creo que con esto he dejado claro que para Los Verdes es indiscutible que Rusia, si así lo desea, también puede llegar a ser miembro de la Unión. 
Quien lo niegue, no sólo estará desvirtuando el Tratado de la UE, sino negándose también a participar en la gran tarea de la construcción de Europa. 
Esta negativa está marcada por el mismo espíritu que la provocación que fue el detonante de la expansión de los sistemas de poder militar durante la guerra fría. 
Esto no favorece el equilibrio, la estabilidad y la paz en este continente. 
Tenemos que invertir en el proceso de asociación con Rusia, lo cual equivale a invertir en la paz de Europa. 
Señor Presidente, Señorías, los diputados de Alianza Nacional valoran positivamente el plan de acción de la Unión Europea para Rusia, aprobado por el Consejo en mayo de 1996 bajo la Presidencia italiana. 
El plan está dirigido a garantizar la máxima coordinación entre las diferentes acciones, bilaterales y comunitarias, orientadas a apoyar la transformación de Rusia. 
El mismo abarca cinco grandes ámbitos de cooperación: reformas democráticas, cooperación económica, justicia, seguridad y política exterior. 
A este propósito, Alianza Nacional ve con esperanza los esfuerzos de Rusia en materia de libertades políticas, desarrollo de la democracia y protección de los derechos humanos. 
Está preocupada, sin embargo, por algunos titubeos y retrocesos registrados en esta materia y, asimismo, confía en fuertes y significativos avances positivos en la misma. 
En consecuencia, tenemos que seguir con atención esta evolución ayudándola y respaldándola con todos los medios posibles, sin olvidar que sólo hasta hace pocos años Rusia estaba sometida a un régimen comunista, totalitario y liberticida. 
Así y todo, pedimos que el Gobierno ruso depare una mayor a la vigilancia y la represión de la delincuencia organizada local que está extendiéndose peligrosamente hacia Europa, así como un firme compromiso de cara a la protección del medio ambiente, a fin de evitar nuevos desastres ecológicos y reparar los graves daños causados por los anteriores regímenes comunistas que no estaban en absoluto sensibilizados ante esta problemática. 
Por último, y para garantizar una paz duradera a Europa y al mundo, hacemos votos por el fortalecimiento del parternariado político, económico y cultural con Rusia que en estos momentos es, sin duda, una gran potencia mundial. 
Señor Presidente, en el marco del presente debate, yo voy a referirme sobre todo al Acuerdo de asociación y cooperación. 
Dicho Acuerdo ya nos ofrece un instrumento eficaz para mantener un diálogo permanente con nuestros socios rusos sobre todos los temas de carácter político y económico que ocupan el primer plano en las relaciones bilaterales. 
En este contexto, no debemos olvidar que los Parlamentos- el Parlamento europeo y la Duma estatal rusaestablecieron el primer organismo para la ejecución del Acuerdo de asociación y cooperación, concretamente el Comité interparlamentario de cooperación que yo presido juntamente con mi colega ruso, el Sr. Rishkov. 
En mi calidad de presidente de dicho Comité, yo quisiera destacar en particular que su actividad durante el pasado mes de diciembre ya fue muy productiva. 
Yo puedo asegurarles que nuestros colegas rusos debaten con toda sinceridad los problemas concretos que se plantean en el contexto de las relaciones entre la UE y Rusia y que no nos asusta citar las dificultades por su nombre. 
Sobre todo es importante la continuidad de los contactos y la periodicidad del intercambio de visitas, que contribuyen a generar confianza entre ambas partes, aunque por la parte rusa cambien continuamente los interlocutores. 
Yo creo que no exagero si describo la forma de cooperación que estamos desarrollando como un modelo para la futura cooperación ruso-europea. 
Permite definir de manera constructiva y desarrollar las relaciones con nuestros socios rusos, sin que allí se debata el tema de la adhesión de Rusia a la UE. 
Antes de acabar, permítanme que destaque también la importancia del programa TACIS. 
En su informe, la Sra. Lalumiére insta a la Comisión a que refuerce su apoyo para dichos proyectos y pide que las prioridades de la ayuda en el marco del programa TACIS otorguen un lugar preponderante a la mejora de las condiciones de la vida cotidiana como parte de la construcción de las estructuras propias de un Estado de derecho. 
Yo quisiera subrayarlo de manera muy explícita. 
Sabemos que todavía es necesario mejorar el actual programa TACIS, pero también sabemos que el trabajo de base es igualmente esencial para la futura colaboración entre Rusia y la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar yo quiero felicitar a la Sra. Lalumiére por su brillante intervención, que me ha recordado a un antiguo colega, el Sr. Vergès, que era uno de los mejores abogados del mundo y a quien le comenté en una ocasión que si alguna vez me encontrasen con un cuchillo ensangrentado al lado de un cadáver, sin duda le escogería a él como abogado. 
Seora Lalumiére, si esto volviera a ocurrirme, la escogería gustosamente a usted como abogada. 
En efecto, es preciso que recordemos igualmente un hecho que no se ha mencionado en el debate y que mi colega Carnero ha destacado, a saber, que en nuestras relaciones con Rusia debemos proceder también con cautela. 
Sobre todo yo quisiera señalar lo siguiente: Rusia es actualmente, en la era de la descolonización mundial, el último gran imperio colonial de la Tierra. 
La guerra de Chechenia lo ha revelado claramente y habrá otras guerras coloniales. 
Yo, por lo menos, no deseo que ninguno de mis 18 nietos tenga que caer en combate en defensa de Rusia en una guerra colonial. 
Por esto, no nos interesa la integración de Rusia en la Unión Europea antes de que se haya completado la colonización; después sí, pero no antes. 
También quisiera destacar que la última conferencia de prensa del Sr. Yeltsin nos demostró asimismo el enorme riesgo que supone dejar las llaves del armamento atómico en tales manos. 
Por lo tanto, tenemos que pensar más en nuestra seguridad. 
Evidentemente no deseamos una guerra, ni queremos tener ningún conflicto con Rusia, pero también debemos tener muy claro cuál es la situación. 
Por esto yo tengo algún reparo contra una descripción demasiado optimista de una situación que tenemos que contemplar sencillamente tal como es. 
El riesgo continúa existiendo para nosotros. 
Señor Presidente, la política de la Unión Europea frente a Rusia tiene como objetivo fortalecer la democracia y el desarrollo económico en este enorme e importante país con 140 millones de habitantes. 
Si Rusia tiene éxito en su desarrollo, debiera ser un próximo paso obvio que Rusia sea miembro de la Unión democrática, nuestra Unión. 
En este asunto Lalumière se muestra dubitativo en su excelente trabajo. 
La UE fue fundada por seis estados con cerca de 200 millones de habitantes. 
Ahora somos 15 países con 370 millones de habitantes. 
Cuando hayamos incorporado a los doce nuevos países que ahora quieren adherirse, llegaremos a ser cerca de 500 millones. 
Una Unión que funcione bien y con esas dimensiones, podrá seguramente también abrir un día sus puertas y acoger a una próspera democracia rusa. 
Señor Presidente, la población rusa disminuye a la vez que crece su pobreza. 
El material nuclear y la contaminación medioambiental representan una amenaza para toda Europa. 
La UE dependerá en el futuro de los recursos naturales de Rusia, especialmente de su gas. 
La UE no debería crear modelos militares que pudieran considerarse en Rusia como una amenaza nacional. 
Un país como Finlandia debería poder permanecer neutral aunque la UE se dotara de una política exterior y de seguridad común. 
La exposición de motivos del informe de la Sra. Lalumière trae a la memoria el libro de Karl Marx sobre la historia de la diplomacia del siglo XVIII. Nunca se llegó a publicar en la Unión Soviética porque exponía las raíces euroasiáticas de Rusia. 
Sin embargo, no conviene aplicar normas ambiguas en las relaciones con Rusia. 
El mundo occidental debería aplicar los mismos criterios ante la dictadura del Presidente Yeltsin, o ante el total adoctrinamiento al que somete a los medios de comunicación, que si estuvieran teniendo lugar en nuestros propios países. 
Los rusos necesitan- al igual que todos nosotros- paz, salud, derechos humanos, una naturaleza pura y esperanza. 
Para entablar una cooperación y un diálogo mutuo de igual a igual, la UE precisa una política específica de dimensión septentrional. 
Señor Presidente, apoyo con entusiasmo el informe de la Sra. Lalumière, del que saludo su competencia y clarividencia. 
En muchas ocasiones he lamentado en esta Asamblea que la Unión Europea haya tomado partido por abrirse al oeste, a la alta finanza de más allá del Atlántico, al sur, a flujos migratorios incontrolados, y he temido que la Unión se cierre al este, justo al único lugar en el que la frontera de Europa aún está sin trazar, ya que Rusia se encuentra a caballo entre dos continentes. 
Si ha de llevarse a buen término la ampliación de la Unión a todos los países de Europa central y oriental, no puede hacerse en detrimento de los países hermanos como son los Estados de la antigua URSS, so pena de volver a levantar, un poco más al este, un nuevo muro de la vergüenza. 
Plantear la adhesión de Rusia a la Unión Europea que pretendemos construir no es ciertamente realista. 
Por el contrario, siempre he trabajado para que avance la idea de unir, en una estructura que podría tomar la forma de una confederación, la Unión Europea ampliada y los doce países de la Comunidad de Estados Independientes, ambos convertidos en los dos polos de un binomio de futuro que liberaría por fin a nuestros pueblos del protectorado americano. 
Únicamente esta Europa de dimensión continental puede hacer que salgamos vencedores de la guerra económica mundial en la que ya hemos perdido muchas batallas. 
Señor Presidente, el informe sobre las futuras relaciones con Rusia constituye un importante informe. 
Por eso me sorprende y encuentro muy lamentable que existan algunos extraños defectos en esta, por otra parte, bien hecha proposición. 
En primer lugar, permitanme que nombre el punto 54 donde el ponente claramente especifica que Rusia no es un miembro adecuado ni deseable de la UE, aduciendo " el tamaño de Rusia y los intereses euroasiáticos del país y tomando en consideración el carácter altamente integrado de la Unión Europea». 
Estimo que es manifiestamente inconveniente que el Parlamento Europeo se exprese unilateralmente sobre la posibilidad de una posible y eventual adhesión de Rusia, aún más cuando Rusia no ha solicitado la adhesión. 
Sería muy inoportuno aprobar el punto 54 en su forma actual. 
Si aceptásemos semejantes principios en el caso de Rusia, podríamos también muy bien aplicarlos a otros países que nos imaginamos que solicitarán la adhesión como, por ejemplo, Bielorrusia, Ucrania, Turquía, etc. Independientemente de si actualmente se estima que Rusia debe o no ser miembro de la UE, semejantes posicionamientos no deben tener lugar en el informe. 
Para la UE debería ser interesante establecer relaciones fuertes con Rusia y que éstas puedan desarrollarse hasta alcanzar una colaboración más estrecha para fortalecer y garantizar la paz y la seguridad internacional. 
La colaboración europea por la paz debe obviamente comprender los territorios desde el Atlántico hasta los Urales. 
El otro defecto que deseo subrayar es el punto 46, donde el ponente manifiesta que las relaciones de seguridad serán susceptibles de desarrollarse con Rusia sólo después de que se haya decidido integrar la UEO a la UE. 
Se debe recordar que la ampliación de la OTAN implica para Rusia, según el conjunto de la sociedad rusa, un aumento del desasosiego desde el punto de vista de su política de seguridad. 
Los militares rusos demandan ahora también un aumento de las apuestas por las armas atómicas rusas como consecuencia de la ampliación de la OTAN. 
Por eso, la UE tiene una misión muy importante que cumplir contribuyendo a disminuir la intranquilidad que representa para Rusia la ampliación de la OTAN, y no a aumentarla. 
Finalmente quisiera solamente destacar la redacción ininteligible del punto 1 a, es decir, que la UE " estimulará la formación de una clase media en la que se pueda sustentar la democracia». 
Esta redacción pertenece al pensamiento del siglo XIX ¡y no al del año 1998! 
Señor Presidente, también yo quiero empezar por felicitar a la Sra. Lalumiére por su difícil informe. 
Aun cuando he presentado una serie de enmiendas, yo sé que coincidimos en lo que se refiere a la tendencia fundamental. 
El defensor de los derechos humanos ruso y diputado de la Duma Kovaliov manifestó hace unos días su preocupación por las tendencias antidemocráticas que todavía subsisten en su país. 
Es un hombre que ama su país y quien lea su libro " El vuelo del mirlo blanco» podrá comprender también por qué permaneció siete años en la cárcel. 
Sin embargo, yo quisiera mencionar, además, otro aspecto que se ha comentado poco. 
Kovaliov también acusa a las antiguas y las nuevas elites dirigentes de menosprecio de la democracia y del Derecho. 
Éstos son principios indispensables para la creación de una gran Europa, en la que prevalezcan la paz, la libertad, el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. 
La Unión Europea tiene que prestar atención a estas cuestiones. 
La Unión se enfrenta con grandes desafíos, ya que estas relaciones tendrán repercusiones de amplio alcance para las negociaciones que acabamos de iniciar con todos los países. 
Rusia se ha incorporado al Consejo de Europa, del cual forman parte todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Con ello estaba aceptando el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. 
También aceptaba el compromiso con la comunidad de Derecho que ha venido desarrollándose desde hace décadas. 
Desde el Parlamento Europeo aprobaremos las relaciones con Rusia, pues queremos que se establezca una estrecha cooperación, pero también velaremos atentamente por que el proceso de reforma continúe desarrollándose en Rusia en la dirección de un Estado de derecho que respete los derechos humanos, vinculado a la construcción de una sociedad civil que actúe democráticamente, y en caso necesario exhortaremos a que así se haga. 
Señor Presidente, Señorías, permítanme que aproveche la ocasión del debate sobre el presente informe para informar sobre el desarrollo de la cooperación que mantenemos con la Duma estatal rusa y con el Consejo de la Federación Rusa en el marco de las delegaciones parlamentarias y de la Comisión parlamentaria mixta. 
Un examen de los acontecimientos de los últimos años me permite observar que se han conseguido progresos fundamentales. 
Mientras que en la fase inicial, a partir de 1994, en las sesiones conjuntas con mucha frecuencia nos dedicábamos a intercambiar declaraciones- a veces muy vehementes por parte rusa en relación con algunos temas, como por ejemplo la integración en la OTAN de algunos Estados de la Europa oriental, temas que en realidad no tenían nada que ver con las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Rusia y que impedían un diálogo razonable -, ahora esto ha cambiado significativamente. 
Ahora mantenemos consultas sobre una gran variedad de temas de mutuo interés y también conseguimos ponernos de acuerdo sobre muchos aspectos o al menos podemos desarrollar un intercambio real de experiencias. 
Basta considerar los ejemplos del debate sobre el programa TACIS, sobre el desarrollo del Acuerdo de asociación, sobre cuestiones internas rusas o europeas, como la evolución de la delincuencia internacional, el Estado de derecho o el sistema fiscal en Rusia. 
Yo creo que la Unión Europea tiene el deber de promover el desarrollo de una democracia estable en Rusia, pero también debe observarlo críticamente y apoyarlo desde una perspectiva crítica. 
En efecto, Rusia todavía no es una democracia estable, porque todavía no reúne de manera estable todos los elementos necesarios para ello. 
Los enfrentamientos y movimientos políticos internos también lo evidencian claramente, tal como acabamos de ver. 
A pesar de todo, yo creo que Rusia avanza en conjunto por el buen camino y, en nuestra calidad de europeos, deberíamos estar a su lado con una postura crítica en este empeño. 
Señor Presidente, deseo felicitar a la ponente, pese al excesivo optimismo que se desprende de su informe. 
El problema fundamental de éste reside en la falta de ejemplos prácticos. 
La Sra. Lalumière establece como uno de los objetivos fundamentales un refuerzo de la seguridad en Europa y en su entorno más próximo, basado en una cooperación equilibrada. 
Y esto, ¿qué significa en la práctica? 
El objetivo del Gobierno finlandés es incluir en el orden del día de su presidencia, a finales de 1999, la dimensión septentrional de la Unión. 
Este término designa un amplio proyecto de seguridad, que se centra en la vinculación de Rusia a las estructuras de cooperación regional mediante la cooperación en materia medioambiental y de seguridad nuclear que ofrece, por ejemplo, el programa TACIS, así como por medio de una diversificada cooperación en la región del mar Báltico. 
La cooperación con Rusia se saldará con éxito únicamente si se aplica una política de paulatino desarrollo, que haya sido definida con arreglo a los distintos ámbitos de actuación. 
Los rimbombantes y solemnes elogios no contribuyen a la estabilidad de Rusia, ni siquiera en esta sala. 
Presidente, si se me permite, quisiera comenzar felicitando de corazón a la ponente, la Sra. Lalumière, por este informe extraordinariamente valioso, que ciertamente llega en un tiempo en el que es extraordinariamente útil para reflexionar más profundamente sobre nuestra relación con Rusia. 
No es un proceso que podamos completar hoy o mañana, sino que en los años venideros seguirá exigiendo cada vez más nuestra atención. Y el hecho de que tal vez ahora haya ganado actualidad a corto plazo, vista la situación actual en Rusia con el cambio de gobierno que, concluya como concluya, despierta desde luego las consabidas incertidumbres para el futuro cercano. 
Lo que debe seguir siendo importante es que nosotros evaluamos la política mejor que los individuos particulares. 
Creo que podemos partir de que el Presidente Yeltsin en cualquier caso, sean cuales fueren las medidas que seguirá tomando, no verá ningún motivo para prestar menos atención a la política de reformas que es tan indispensable en la Federación Rusa. 
En lo referente a nuestras relaciones, puedo ser bastante breve porque la Sra. Lalumière nos ha aportado una imagen de hecho muy detallada del desarrollo actual de los acontecimientos en torno a nuestras relaciones con Rusia. 
Sólo quisiera dedicar algunas palabras, sobre todo al programa de acción de la Unión Europea, que se ha seguido con la aprobación del Consejo, que ha aprobado el programa de acción, y lo ha decidido llevar a cabo en el Consejo de Cooperación con Rusia. 
Un Consejo de Cooperación que fue posible después de que finalmente, tras tres años de ratificación, la cooperación y el acuerdo de colaboración con Rusia, hubiera entrado definitivamente en vigor a finales del año pasado. 
Una de las partes extraordinariamente importantes de ese programa de acción común es entregar una aportación a la integración de la economía rusa en la economía mundial a través de la preparación y el ingreso de la Federación Rusa en la organización mundial del comercio. 
La importancia de esto no se puede infravalorar. 
Es de interés político, es de interés económico, y también tiene ciertamente aspectos de política de seguridad, porque con ello la interdependencia económica, también en lo que respecta a Rusia, puede verse aumentada, lo que en verdad tiene también un efecto estabilizador, y no sólo dentro del país. 
Además, se ha trazado en el mapa un gran número de territorios nuevos que se prestan a una colaboración intensa con la Federación Rusa. Los nombro a la ligera. 
La recíproca adaptación de legislaciones, sobre todo en el terreno de la propiedad intelectual, que es de interés primordial para todo el clima de inversión en la Federación Rusa. 
Pienso en la colaboración aduanera y de pasos fronterizos, para los que se han creado programas nuevos, que sobre todo en lo que se refiere a los países fronterizos y también a nuestras propias fronteras con la Federación Rusa- estamos pensando en Finlandia, estamos pensando en nuestros futuros Estados miembros, los Estados Bálticos- es de gran interés. 
Pienso en la colaboración industrial que a través de una segunda mesa redonda de industrias de la Unión Europea y Rusia dará impulso de nuevo en el mes de mayo entre otros a los objetivos formulados para poner en contacto a las empresas entre sí y con ello profundizar también en la colaboración industrial. 
En ese marco pienso también en la formación de un gran número de jóvenes gerentes rusos. 
Quiero mencionar, además, el inicio de las negociaciones sobre un acuerdo en temas de ciencia y tecnología y entablar un diálogo y en la colaboración en asuntos como la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. 
Hay un gran número de ejemplos que muestran que poco a poco se van ensanchando los temas de cooperación entre la Unión y la Federación Rusa. 
Las cinco vías principales, que ha señalado la Sra. Lalumière en su informe para la profundización de la colaboración con Rusia, concuerdan en gran medida con las estrategias que también se van desarrollando desde la Unión Europea. 
Eso sirve también para lo que ha dicho acerca de la prestación de ayuda a la consolidación de la sociedad rusa, en los aspectos sociales y civiles. 
En relación con eso menciono nuestros programas TACIS para la democracia. 
En lo relativo a las fuertes relaciones comerciales, hago referencia a lo que he dicho acerca de la entrada en la Organización Mundial de Comercio y la reforzada cooperación en el terreno de la seguridad en Europa. 
Naturalmente, en esto desempeña un papel muy importante la colaboración con la OTAN, pero también se buscan contactos con respecto a la UEO, también del lado ruso, para llegar a formas de reflexión y colaboración. 
Actualmente no tomo en consideración la cooperación europea que se establece con Rusia a través del Consejo de Seguridad, y la cooperación en la OSCE, la cooperación en un grupo de contacto, como por ejemplo el relativo a Yugoslavia. 
Eso muestra también que el diálogo político se va ampliando cada vez más. 
La opinión de la Sra. Lalumière acerca de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea proporciona, creo yo, una materia especialmente apreciada para reflexiones posteriores acerca de su futuro desarrollo. 
Como se plantea con razón en el informe, la visibilidad de la Unión Europea, entre otras cosas a través de nuestra delegación en Moscú pero también a través de las embajadas de los Estados miembros en Moscú y a través de las diferentes antenas, es además de gran importancia. 
La Comisión está sumamente agradecida al trabajo que ha realizado la ponente. Ésta es una buena base para posteriores discusiones que deberemos seguir teniendo entre nosotros en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la Comisión REX o en otras comisiones que se ocupen de manera especial de la relación con Rusia. 
Además quisiera mencionar sobre todo al grupo del Parlamento Europeo que bajo la dirección entre otros de la Sra. Krehl generalmente ha mantenido muchas discusiones fructíferas con la Comisión sobre este tema. 
Lamento que el tiempo sea demasiado breve como para poder extenderme más con un tema tan amplio y para poder discutir con el Parlamento, pero esperamos impacientes la próxima ocasión para hacerlo. De nuevo le doy las gracias encarecidamente a la ponente, la Sra. Lalumière. 
Tengo que reconocer que nunca deja de asombrarme o deprimirme lo desinteresada que puede mostrarse esta Asamblea cuando los oradores hablan. 
Las mismas personas que sesión tras sesión toman la palabra y sueltan sus peroratas acerca de la dignidad y de la importancia del Parlamento son las que se comportan como si esto fuese un mercado callejero. 
Es una verdadera vergüenza. 
El debate queda cerrado. 
La votación se llevará a cabo en el turno de votación. 
Señora Presidenta, en relación con la propuesta presentada de conformidad con el artículo 48 del Reglamento, el 9 de marzo dimos el pistoletazo de salida. 
El Parlamento Europeo deseaba la designación de 1999 como Año Europeo de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y se propuso poner en marcha una campaña en este sentido. 
La iniciativa de la Comisión de Derechos de la Mujer ya ha superado las 314 firmas necesarias. Hasta ahora hemos recogido 323 firmas. 
Jamás en la historia del Parlamento Europeo se había conseguido una respuesta tan rápida. 
Se ha logrado alcanzar este número en sólo seis jornadas plenarias y media. 
Yo ahora insto a la Comisión y al Consejo a que adopten cuanto antes las disposiciones necesarias para que las organizaciones de mujeres, las Iglesias y las asociaciones puedan iniciar los preparativos para dicho Año Europeo. 
Las mujeres de nuestros países están esperando este apoyo. 
El Parlamento Europeo se ha adelantado una vez más en la defensa de los derechos de las mujeres. 
Mi más sincero agradecimiento a todas las colegas y todos los colegas que han firmado la declaración. 
Sin embargo, ¡todavía sigue abierta la posibilidad de firmarla! 
(Aplausos) 
Me alegro con usted de que esta resolución haya tenido tanto éxito. 
Señora Presidenta, también yo quiero felicitar a nuestra colega, la Sra. Gröner, por haber conseguido las 323 firmas. 
Sin embargo, como siempre, tomo la palabra para hablar sobre el procedimiento de voto. 
Le comunico que estaré presente y votaré, de modo que usted no tendrá problemas. 
No obstante, veo que la lista de votación distribuida entre nosotros advierte a los diputados cuándo habrá una votación nominal. 
Hay diez votaciones nominales para esta sola sesión. 
Se podrían añadir dos o tres, con lo que tendríamos unas doce o trece. 
Por lo tanto, si estoy presente en siete votaciones nominales, podría marcharme tras cumplir con el 50 %. 
Estas reglas son absurdas, la forma en que las trata la Mesa es absurda, y cuanto antes se cambien, mejor. 
Hay unas quince votaciones nominales, señor Falconer. 
Se lo señalo para su conocimiento. 
Señora Presidenta, sobre una moción de orden. 
Ya he hablado con los servicios sobre este asunto esta mañana, pero no se aceptó, aun cuando tiene importancia según el artículo 19 (4). 
El mes pasado este Parlamento aprobó una resolución en favor del respeto a los derechos humanos en Nigeria. 
En el debate pedí que se velara por la seguridad de Batom Mitee, de la etnia ogoni, activista en la defensa de los derechos humanos y hermano del presidente en ejercicio de su movimiento, detenido entonces. 
En ese momento se desconocía el paradero de Batom, pero un preso puesto en libertad confirmó el martes de esta semana que Batom está en la Delta Rubber Plantation y que se teme seriamente por su vida, porque ha sufrido la tortura de diarias palizas. 
Señora Presidenta, le pido que en nombre del Parlamento se escriba urgentemente a las autoridades nigerianas y se las presione para que respeten la voluntad del Parlamento, coherente con el respeto a los derechos humanos y nuestra resolución de febrero de 1998. 
A Batom Mitee se le ha negado el derecho a recibir visitas de sus familiares y atención médica, aunque tiene el lado izquierdo paralizado, no se puede mantener en pie ni comer sin ayuda y ha pasado más de tres meses con las mismas ropas sucias. 
Le estaré muy agradecido si usted pudiera comunicar al Presidente que he analizado este asunto con la Sra. Kinnock, quien también quiere expresar su preocupación. 
Si el Presidente tuviera la gentileza de escribir la carta que le pedimos, la Sra. Kinnock la presentará, con sus compañeros, en la reunión de la UE y los países ACP, que se celebrará la semana próxima. 
Gracias por su cooperación. 
Gracias, Sr. Howitt. 
Naturalmente, transmitiré al Presidente el contenido de su intervención y su deseo. 
Señora Presidenta, se trata de documentos para el informe de Schaffner que sólo existen en francés. 
Señora Presidenta, usted prometió darnos una respuesta sobre qué hacer con el informe Schaffner. 
Yo quisiera escuchar esa respuesta. 
En primer lugar, hemos verificado los hechos. 
Efectivamente, el informe sobre el que trataba el informe de la Sra. Schaffner sólo existe en francés. 
Se trata de un problema real. 
Hay una solución posible, que sería la de hacer el debate, pero no votar hasta que el informe haya sido traducido a todos los idiomas. 
La Sra. Schaffner hace señas de que está de acuerdo con esta propuesta. 
Señorías, ¿tienen alguna objeción? 
No hay objeciones. 
Gracias, señora Lindholm, tiene usted la respuesta a su pregunta y ve usted que hemos hecho lo necesario. 
Señora Berès, ¿para una cuestión de orden? 
Quisiera llamar su atención sobre una carta que hemos recibido esta mañana firmada por nuestro secretario general, Julian Priestley. 
(Risas. 
Exclamaciones: » Inocente») 
Señorías, perdonen, las cuestiones de orden son la expresión de la democracia. 
Saben bien que todos los diputados tienen derecho a expresarse, y la Sra. Berès igual que los demás. 
Me alegra ser víctima del humor británico y doy las gracias a la Asamblea por su comprensión. 
Votaciones 
Se procede a la votación. 
Propuesta de directiva del Parlamento y del Consejo (COM (98) 0046- C4-0122/98-98/0029 (COD) ) relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el ruido emitido por las máquinas utilizadas al aire libre 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) 
Señora Presidenta, hoy no voy a pedir firmas contra la delincuencia en Bruselas, aunque el plazo se acaba el viernes, sino que deseo solicitar la devolución a comisión del Informe Murphy, sobre la base del artículo 129 del Reglamento, habida cuenta que se han presentado más de cien enmiendas, principalmente de carácter puramente técnico, y de que esta Cámara también está desarrollando una iniciativa SLIM. 
En efecto, van a presentarse otras dos propuestas de directiva sobre las masas, dimensiones y características técnicas de construcción de los autobuses. 
Por lo tanto, deberíamos alcanzar ya desde ahora un acuerdo, en el marco de un grupo de trabajo, sobre el procedimiento que nos proponemos seguir para examinar debidamente las tres directivas. 
Señora Presidenta, Señorías, en mi calidad de presidente de la comisión competente, yo debo señalar en primer lugar que la comisión decidió presentar el Informe Murphy al Pleno del Parlamento Europeo en su presente forma por una escasa mayoría. 
Por consiguiente, no intervengo en mi calidad de presidente de dicha comisión, sino como miembro del Grupo del Partido Popular Europeo, y en mi calidad de tal, yo apoyo la solicitud de devolución a comisión del informe. 
¿Por qué la apoyo? 
Desde hace muchos años, yo vengo sosteniendo la idea de que el Parlamento Europeo no puede seguir examinando en el futuro centenares de enmiendas legislativas de carácter técnico. 
Desde Maastricht disponemos de poder de codecisión sobre estas cuestiones. 
Las nuevas directivas ya no son directivas del Consejo de Ministros, sino del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Desde el Parlamento podemos contribuir a que esta legislación tenga en cuenta la protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos y de las personas con minusvalías. 
Esto es sumamente importante y ya lo hemos hecho repetidamente con éxito en el pasado. 
Pero para esto no necesitamos 112 enmiendas técnicas, que ninguno de los presentes entiende, y que ninguno sabe qué intereses tienen detrás, sino una enmienda que establezca que los autobuses deben cumplir los requisitos de accesibilidad para las personas con minusvalías. 
A continuación, corresponderá a los organismos técnicos dar cumplimiento a este mandato legal del Parlamento Europeo. 
(Aplausos) Es lo que se conoce como procedimiento legislativo con remisión a las normas técnicas, por el que yo siempre he abogado y que es también el camino que debemos seguir en el futuro. 
Por esto, yo acogería con satisfacción la posibilidad de volver a debatir esta cuestión en comisión, con objeto de poder alcanzar una solución razonable en el caso que nos ocupa. 
Finalmente, quiero manifestar a título personal que si la propuesta no es devuelta a comisión, yo permaneceré en el hemiciclo, pero no voy a tomar parte en la votación. 
Pido que así conste en el Acta, pues en mi calidad de parlamentario no estoy dispuesto a participar en esta forma insensata de legislar. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, espero no ocupar tanto tiempo como el Sr. Von Wogau. 
En parte siento cierta simpatía por su idea de que hemos tratado un asunto técnico, pero pido a la Asamblea que considere lo siguiente: ¿decimos a los ciudadanos europeos que no tenemos la competencia adecuada como para legislar de verdad acerca de algo que afecta la vida de nuestros pueblos? 
Someto esto a la consideración de ustedes, pues la Comisión tuvo la oportunidad de debatir este informe. 
Dispusieron de muchas ocasiones para discutir conmigo las enmiendas que yo proponía. 
Reconozco que hay muchas enmiendas, pero la mayoría de ellas son absolutamente necesarias. 
Si esto es tan técnico que los miembros del otro sector no han conseguido comprender de qué se trata, ¿porqué ha habido unas 20 enmiendas presentadas por los miembros de la otra ala de la Asamblea? 
Podría argumentar que ellos entendieron los temas de los que se estaba discutiendo aquí y podría recordar lo que dijo anoche la Comisión. 
El Comisario Bangemann, cuando se le planteó este asunto, dijo que no veía motivos para que el Parlamento no tomara posición respecto al informe y, además, indicó que la Comisión estaba preparada para aceptar 22 de nuestras enmiendas. 
De modo que digo a los diputados del otro sector de la Asamblea que tenemos la ocasión de debatir este tema, por complicado que sea, aunque sea técnico, sí, pero no podemos dejar de lado nuestras responsabilidades. 
Tenemos que hacer aquí un trabajo importante: entreguémonos a él. 
Presidenta, sólo tengo una pregunta para al Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial que habló aquí en calidad personal. 
Ha participado en tres o en cuatro discusiones, ha tenido la posibilidad de presentar una enmienda del modo como la ha formulado ahora. 
Quisiera saber por qué no ha aceptado su responsabilidad. 
Señora Presidenta, yo quisiera responder personalmente. 
En mi calidad de presidente de la comisión competente, yo pedí que siguiésemos el procedimiento que he expuesto, esto es, que presentásemos una enmienda relativa a las personas con minusvalías y confiásemos el resto a los organismos técnicos. 
Luego se comprobó que esto planteaba algunas dificultades. 
Por esta razón, yo propuse la creación de un grupo de trabajo que se encargase de buscar una solución razonable. 
Presenté esta propuesta antes de la votación en comisión. 
A continuación, ésta se sometió a votación, pero el Grupo mayoritario de esta Cámara votó en sentido contrario. 
Como resultado, el Informe Murphy, que en mi opinión no está maduro para ser debatido en el Pleno, se remitió al Pleno en contra de mi voluntad como presidente de la comisión. 
Por esto, ahora no intervengo en mi calidad de presidente de la comisión, sino como miembro del PPE. 
Ésta es mi respuesta a lo que acaba de decir el Sr. Metten. 
(Aplausos y exclamaciones) 
Señora Presidenta, voy a responder en especial a los comentarios del Sr. Von Wogau. 
Ingresé en el Parlamento en 1989, y en tiempos de su antecesor, el Sr. Beumer, tratamos una enorme cantidad de leyes técnicas que pasaron por esta Asamblea para completar el mercado interior, de modo que es una tontería que el Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial diga que no somos competentes para tratar esta legislación en este Parlamento. 
El motivo por el que él no quiere que se trate este tema hoy en el Pleno es que han votado contra las enmiendas para tomar en cuenta a los discapacitados a la hora de diseñar autobuses y autocares. 
Por esto no quieren que hoy se trate esta legislación en el Pleno. 
Y les digo, los discapacitados de toda Europa hoy están con los ojos puestos en lo que votarán los demócrata cristianos en este asunto, porque hemos presentado a la Comisión enmiendas para apoyar a los discapacitados y aquí quieren que el informe quede fuera del orden del día. 
(El Parlamento decide la devolución a la Comisión) 
Presidenta, ayer se creó bastante confusión con la respuesta de la Comisión con motivo de la enmienda nº 3. 
¿Sería posible que la Comisión la aclarara de manera más detallada? 
Ése es el primer punto, Presidenta. 
El segundo punto es un favor que le pido a usted. 
¿Sería posible votar la enmienda nº 20 antes que la enmienda nº 7? 
El texto es el mismo, sólo se trata del lugar. 
Ése es un favor que le pido. 
Y en tercer lugar, Presidenta, en la enmienda nº 19 se utiliza en inglés la palabra evaluation. 
Es incorrecta. 
Debería ser assessment. ¿Podría cambiarse y podría adaptarse en los otros idiomas. 
Ésas son mis solicitudes. 
La Comisión puede aceptar la segunda parte de la tercera enmienda en los siguientes términos: " el programa será abierto para las PYME en todos los sectores, incluidas las PYME del tercer sistema». 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, ¿podría el Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial apaciguar nuestros espíritus explicando que ninguna enmienda es de carácter técnico? 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señora Presidenta, es una propuesta de enmienda oral, una palabra. 
Se trata de reemplazar la palabra integration, yo me baso en el texto inglés, por inclusión. 
Quienes han escrito la propuesta de enmienda, Wim van Velzen y Barbara Schmidbauer, están de acuerdo conmigo en que también quisiéramos presentar esta propuesta de enmienda. 
(El Presidente verifica que no hay objeción a la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señora Presidenta, yo ruego a las y los colegas que me disculpen por verme obligado a intervenir ahora. 
Me parece que tendríamos que haber preparado mejor algunos aspectos en la comisión, en vez de importunar ahora a los colegas con tantas votaciones por separado y enmiendas orales. 
Entonces tuvimos un problema, que ahora ha dado lugar a un error técnico en la traducción del apartado 60. 
En efecto, en el momento de la votación en comisión no disponíamos de la traducción alemana de las enmiendas. 
Por este motivo, según ahora veo, en el apartado 60 se ha deslizado un error grave, ya que se trata de un apartado muy importante, dado que se refiere a la ampliación de las preferencias comerciales a los países menos desarrollados, que hasta el momento no forman parte de los Estados ACP. 
La enmienda que yo presenté junto con el Sr. Corrie, en inglés, señalaba que con esta ampliación quedaban suprimidas las preferencias comerciales. 
En la versión alemana, que yo sólo recibí después de la votación en comisión, ahora se lee: " lo que suprime toda discriminación». 
Yo pido, por lo tanto, que se tome como referencia para la traducción a todas las demás lenguas la versión inglesa de la enmienda de Corrie y Liese, y que se introduzca la correspondiente rectificación. 
Señora Presidenta, Señorías, nos encontramos en un punto absolutamente capital. 
No se les oculta que este informe no hace alusión al coste presupuestario de la cooperación. 
La relación de fuerzas, la apreciación de las situaciones no dependían de nosotros, no más que del dictamen pericial. 
Ha habido materia para animar a nuestra Comisión de Presupuestos. 
Respetamos mucho este gran poder del Parlamento. 
Pero la Comisión de Presupuestos ha comprendido muy bien por qué no abordábamos el problema de la determinación global del volumen de la ayuda: se tratará de una cifra simbólica, que va a agitar a todas las cancillerías y, durante al menos un año, va a desempeñar una función clave en los debates Norte-Sur en todo el planeta. 
Por tanto, hemos pretendido mostrar a la Comisión de Presupuestos que aceptábamos todas sus preocupaciones de procedimiento. 
Por mi parte, acepto seis de los siete guiones de la enmienda, ya que sólo hay uno que plantea problemas, es el 80 ter. 
Explica con claridad que la organización financiera de los nuevos acuerdos debería inscribirse en un contexto de rigor y en una preocupación por la eficacia del presupuesto, etc., que permite suponer que el esfuerzo europeo de cooperación con los países ACP debería concentrar más que su parte correspondiente del presupuesto. 
Eso será objeto de un debate político. 
Sería inadmisible zanjar aquí la cuestión. 
Esto explica mi solicitud de votación por partes, en la que sugiero que se vote contra el artículo 80 ter y que se acepten los demás, ya que estamos preocupados por el rigor presupuestario. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
El Grupo I-EDN ha de apoyar obligatoriamente sin reservas todas aquellas propuestas orientadas a aliviar las cargas administrativas de las empresas y muy especialmente las de las PYME. 
En el caso que nos ocupa, la Comisión propone simplificar al mismo tiempo las declaraciones de las empresas que realicen menos de 100.000 ecus de intercambios intracomunitarios por año y la nomenclatura combinada que sirve de base a los datos relativos a los intercambios intracomunitarios. 
La realización del mercado único y la abolición de controles en las fronteras han tenido como consecuencia la supresión de las declaraciones correspondientes de IVA y estadísticas, cuya fiabilidad estaba garantizada por los servicios aduaneros. 
Sin embargo, las necesidades de información, tanto para la administración como para las empresas y las organizaciones profesionales no han desaparecido. 
No obstante, el sistema declarativo puesto en marcha por la Unión Europea presenta carencias que hemos de poner de manifiesto. 
La principal carencia de Intrastat, aparte del coste del sistema, reside en la amplitud de la incoherencia de los resultados, factor de incertidumbre importante en lo que respecta a los resultados comerciales reales de un Estado miembro determinado. 
Así, la cifra de importaciones de un Estado miembro debería ser normalmente igual a la suma de exportaciones de los demás Estados miembros relacionados con él. 
Ocurre que la desviación total es del orden de un 4, 6 %. 
Al utilizar una cifra en lugar de otra, el excedente comercial de Alemania, que se aproxima a los 19 millardos de ecus, se vería reducido a 4 millardos, mientras el déficit francés, de 6, 4 millardos de ecus, se vería incrementado en más del doble. 
Con respecto a los intercambios de bienes, los Estados miembros tienen la posibilidad de solicitar datos suplementarios relativos al país de origen, la región de origen o de destino, el puerto o aeropuerto de descarga y el régimen estadístico. 
Con respecto a la simplificación de la nomenclatura combinada, nuestro grupo ha presentado una enmienda. 
En efecto, es necesario preservar una información específica para los productos regionales y, más especialmente, los productos con denominación de origen. 
Por ejemplo, en el caso del vino es absolutamente necesario que las organizaciones profesionales e interprofesionales conserven un buen conocimiento de los intercambios intracomunitarios. El «bordeaux» , el «côtes du rhône» , el «bourgogne» , el champaña, son todos productos específicos que necesitan al mismo tiempo de un conocimiento y una gestión del mercado específicos, que preserven a regiones de producción específicas, y por ende, al mundo rural. 
La legislación comunitaria no debe por tanto nivelar las especificidades de los Estados miembros y de sus regiones. 
Informe Pronk (A4-0114/98) 
Después del Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo del pasado mes de noviembre, y en la estela del nuevo Tratado de Amsterdam, el Parlamento Europeo había solicitado el refuerzo y la ampliación de medidas en favor de las PYME. 
Desde hace diez años, son las únicas en crear empleos estables efectivos. 
En este entorno económico, existe en la actualidad una categoría de empresas que están experimentando de forma especial un crecimiento neto de empleos: las empresas de inserción, también llamadas PYMES de actividades no lucrativas. 
Constituyen una excelente herramienta para dar trabajo a jóvenes no cualificados y a parados de larga duración y necesitan de forma especial que se las ayude para desarrollarse. 
El sector no lucrativo que constituyen no siempre es fácil de definir. 
El hecho de obtener un beneficio con el único objetivo de crear y mantener empleos merece a nivel europeo un tipo de ayuda original que sirva para complementar los dispositivos nacionales ya existentes: ayudas financieras, alivio de las cargas, nuevo cálculo del impuesto profesional más favorable, etc. 
El informe Pronk ha analizado correctamente este nuevo reparto de la economía y del empleo. 
Su solución a los problemas de obtención de préstamos bancarios y de mejora del capital es muy esperada por este sector que se sitúa a medio camino entre el sector comercial y el servicio público. 
Por consiguiente, apruebo este informe porque proporciona recursos financieros suplementarios adaptados a las necesidades específicas de esta nueva categoría de empresas, especialmente prometedoras en cuanto a la creación de empleos y con una importante capacidad de crecimiento. 
Debo felicitar a nuestro colega Pronk por la calidad de su trabajo y debo decir que me alegro de este esfuerzo hecho con respecto a las PYME innovadoras y creadoras de empleo. 
La puesta en marcha de una ventanilla de «capital-riesgo» es en sí un instrumento necesario, que puede revelarse como muy provechoso a la postre, tanto en materia de creación de empresas como de creación de empleo. 
En este sentido, creo que la noción de empresa transnacional es interesante ya que también puede verse en ello otra faceta de la noción de ciudadanía europea. 
Por encima de los símbolos importantes que forjan la identidad europea, es necesario concretarla en los aspectos cotidianos de los europeos. 
Se puede lamentar que el compromiso presupuestario esté por debajo de los deseos manifestados por este Parlamento, pero me atrevo a pensar que yendo en el sentido de las declaraciones de la Cumbre de Luxemburgo, la Comisión hará un esfuerzo suplementario en las acciones y proyectos innovadores en el mercado de trabajo. 
Si bien suscribo el hecho de que las ayudas han de concentrarse en las empresas que cuenten con menos de cien asalariados, soy mucho más circunspecto en cuanto al procedimiento de evaluación, que me parece demasiado largo, sobre todo si se pretende proceder a ajustes que respondan mejor a las demandas formuladas. 
Finalmente, apoyo una auditoría externa sobre el programa y especialmente sobre el carácter innovador de esos empleos. 
Salvo algunas reservas, sobre la forma más que sobre el fondo, apoyo este informe y debo recordar mi adhesión a la investigación de todas las pistas que puedan mejorar la situación de nuestros conciudadanos, lejos de cualquier consideración ideológica apriorística. 
Se debe brindar un apoyo vigoroso a la Iniciativa de Crecimiento y Empleo propuesta para determinar medidas financieras de ayuda a las pequeñas y medianas empresas en la innovación y creación de empleo. 
En nuestro Grupo, siempre hemos destacado el papel esencial que las pequeñas empresas pueden desempeñar y desempeñan en la generación de empleo y en el crecimiento económico. 
Por consiguiente, me congratulo por el informe Pronk. 
Las pequeñas y medianas empresas pueden tener hasta 250 empleados en la Unión Europea. 
En Irlanda, las PYME en general tienen menos de 50 empleados. 
El tercer elemento de la Iniciativa se refiere a las asignaciones destinadas a cubrir el costo de las garantías para promover un aumento en la disponibilidad de préstamos a las PYME, avalados por planes de garantía vigentes en los Estados miembros. Según este tercer elemento, hay que otorgar la prioridad a las empresas con menos de 100 trabajadores. 
Quiero pedir que una prioridad similar se otorgue a las empresas incluidas en el primer elemento de la Iniciativa. 
Debe hacerse toda clase de esfuerzos para ampliar el crecimiento potencial de las PYME. 
Esto implica que las pequeñas empresas nuevas o recién constituidas tengan acceso a un capital social mediante inversiones en fondos de capital de riesgo importantes y especializadas. 
Solicito al Consejo que apruebe con rapidez la propuesta, para que prontamente haya progresos en la apertura de nuevas posibilidades de creación de empleo, sobre todo para las empresas con menos de 50 trabajadores. 
También es esencial que la información referente a la nueva Iniciativa sobre las PYME sea accesible en Irlanda y en los demás Estados miembros. 
El Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo apoya la propuesta de apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas creadoras y generadoras de empleo. 
La escasez de capital de riesgo ha sido durante mucho tiempo un problema para estas empresas. 
Opinamos que es especialmente importante que el fondo de capital de riesgo se oriente hacia empresas del tercer sector, es decir, salud pública, educación y cultura, y que la información sobre las ayudas llegue a las empresas pequeñas y medianas dirigidas por mujeres, que constituyen alrededor del 30 por ciento de las empresas del sector. 
La propuesta a debate se engloba en el marco general que formula la Unión Europea para el empleo y que está basada en el fomento del llamado espíritu empresarial y la abolición de las normas vigentes hasta hoy en el derecho laboral y de seguros, promoviendo medidas " activas» para el fomento del empleo. 
Apoyaríamos cualquier acción, incluso aunque fuese aislada, que pudiera contribuir a afrontar los graves problemas que sufren las PYME y de manera especial las más pequeñas de entre ellas y de aquéllas que se van a ver incluidas entre éstas una vez establecida la UEM y la moneda única. 
Claro que, no nos autoengañamos respecto al alcance de los resultados que pudieran tener tal tipo de acciones, por una parte a causa del limitado rango que tienen objetivamente y, por otra, porque la política que ejerce globalmente la Unión Europea y los Estados miembros llevan cada año a la quiebra a miles de PYME que no pueden hacer frente a la desenfrenada competencia. 
Es un hecho que los puestos de trabajo que se pierden en ningún caso pueden verse compensados por los escasos nuevos puestos, por regla general de poca duración y asociados a esporádicas subvenciones. 
Además, tal como establece la propuesta de la Comisión, este programa concreto pretende servir de apoyo al marco de la política general establecido por las líneas directrices para el empleo y a la orientación general de las políticas económicas con las conocidas y dramáticas consecuencias que tienen para el empleo y el desempleo. 
Aunque el presupuesto de 420.000.000 de ECU previsto para el período 1998-2000 es una cantidad muy pequeña podría contribuir al apoyo sustancial de las PYME, principalmente a través del mecanismo de concesión de capitales a las empresas y del mecanismo de créditos garantizados, dada la dificultad que tienen de buscar fuentes externas de financiación y de acceder al sistema financiero. 
A nuestro modo de ver este hecho es una muestra del problema más general que ha surgido con la completa liberalización del sistema bancario y del funcionamiento de las entidades de crédito con unos criterios claramente financieros y de mercado, a costa de su papel como sostén del desarrollo y de apoyo a la base productiva y la actividad económica. 
El mismo problema también surge con las limitaciones generales a las ayudas estatales, que se han visto reducidas, cuando no suprimidas por completo, con el visto bueno de la Comisión. 
La propuesta de excluir de las ayudas estatales a las PYME, según categorías, también podría contribuir al reforzamiento de las mismas sin que ello pueda afrontar el problema de manera global, que es resultado de opciones más generales de la Unión Europea. 
En cuanto a la realización de este programa, consideramos necesario centrar el apoyo financiero en las PYME que emplean a menos de 100 trabajadores e incluso a las más pequeñas que son las que objetivamente padecen mayores problemas para su supervivencia y modernización. 
También estamos de acuerdo con la propuesta de incluir como objetivos prioritarios a las PYME cuyo ámbito de actuación sean la salud pública, la educación y la cultura. 
También consideramos necesario controlar si la ayuda va a ir acompañada de la creación de puestos de trabajo reales a jornada completa y, a su vez, consideramos necesario establecer sanciones para quienes lo incumplan. 
En cuanto a las consecuencias que tienen para el empleo tal tipo de programas, debemos subrayar que ya disponemos de mecanismos similares, mediante créditos garantizados del BEI o las facilidades a las PYME por parte del Banco Europeo de Inversiones en cuanto a tipos de interés, o a través de otras acciones previstas en programas de varios años para las PYME que no pudieron mejorar de forma sustancial las desigualdades del ámbito en el que actúan. 
También tememos que desde el momento en que la Unión Europea, a través del presupuesto comunitario, no conceda partidas suficientes a intervenciones eficaces, colaterales y horizontales, lejos de la lógica de austeridad, de la total competencia y de la liberalización mundial de los mercados, cualquier intervención de ese tipo no tendrá ningún resultado práctico. 
Informe Berès (A4-0100/98) 
Deseo saludar el trabajo de la Sra. Berès, tanto en lo relativo al fondo como a la forma. 
Un tema así, si sólo se aborda en la concertación puede dar lugar a un debate en el que el enfrentamiento de puntos de vista nacionales y corrientes de ideas tan diversas y variadas puede bloquearlo todo. 
Por consiguiente, apruebo las recomendaciones de nuestro ponente y comparto la preocupación de la Comisión cuando pretende reducir el tiempo dedicado al examen de las ayudas de Estado horizontales. 
Así, apoyo las enmiendas de nuestra colega Pervenche Berès que intenta asociar, en el marco institucional, al Parlamento y a la Comisión en el examen de las excepciones acordadas. 
Si algunos espíritus apesadumbrados pueden reprochar una cierta timidez a esta solicitud de comunicaciones, quisiera señalarles que hace sólo unos años una solicitud así simplemente no se hubiera aprobado. 
Finalmente, creo también que es preciso introducir la obligación para los Estados miembros de que publiquen en el Diario Oficial las ayudas acordadas por debajo del umbral aprobado. 
Esta voluntad de transparencia es no solamente loable, sino también necesaria para evitar cualquier sospecha con respecto a la utilización de los fondos públicos. 
Finalmente, considero que este texto es un paso importante hacia la simplificación administrativa y ha de permitir una mayor eficacia para apoyar los esfuerzos emprendidos en la que constituye la prioridad de las prioridades: la lucha contra el desempleo. 
Como miembro de la Comisión de Política Regional de este Parlamento, y aunque aún no nos hayamos pronunciado sobre este tema, sólo puedo abundar en el sentido de nuestra ponente, la Sra. Berès. 
Efectivamente, al representar las ayudas del Estado una partida considerable y en constante incremento, es bueno que la Comisión intente facilitar el tratamiento de los casos más sencillos, no planteando problemas particulares en materia de competencia, casos que son de lejos los más numerosos. 
Es bueno que estas reglas de exención sean claras y que se publiquen de forma significativa en los Estados miembros. 
Por ello estoy a favor de la enmienda 3 del ponente. 
Sin embargo, desearía que la Comisión informase ampliamente al Parlamento Europeo de las exenciones por categorías, principalmente en lo que respecta a las ayudas con finalidad regional. 
Me parece inadmisible que la Comisión de Política Regional haya sido informada del acuerdo firmado entre los Comisarios Wulf-Mathies y Van Miert sobre la política regional y la política de competencia después de todos los grupos de presión y la prensa. 
Igualmente, comparto totalmente la opinión de la ponente de añadir a la lista de ayudas susceptibles de disfrutar de exenciones por categorías los servicios públicos locales. 
En efecto, observo en mi departamento de Pas-de-Calais que estas ayudas forman parte integrante de la política de cohesión económica y social en el seno de una misma región. 
No son en ningún modo sospechosas de provocar distorsiones de competencia. 
Informe Sindal (A4-0101/98) 
Queremos agradecer al ponente por un buen trabajo en relación con el apoyo a los astilleros. 
Queremos subrayar que para que exista una competencia global que funcione en el sector de la construcción naval es de suma importancia que este sector también pueda actuar sin subvenciones estatales. 
Hasta el día en que el necesario acuerdo de OCDE entre en vigor, habrá que tener extremo cuidado con las ayudas que autorice la Unión Europea, para evitar así deformaciones de la competencia. 
Por esto es especialmente importante que el Parlamento Europeo apoye las propuestas de enmienda 25, 26, 27 y 29. 
La comunidad debe aspirar a alcanzar una situación global de sana competencia para el sector de los astilleros. 
La construcción naval es un problema de actualidad desde hace varios años. 
Hoy nos encontramos en un momento crucial de su historia. 
Deseo recordar que, a lo largo de los cinco últimos años, a cada empleo destruido en la construcción naval europea le corresponde un empleo creado en la construcción naval coreana. 
No son ni los bajos salarios, ni la organización industrial los que han contribuido al dominio de Corea en este sector sino las garantías cruzadas de las agrupaciones con el apoyo del Gobierno coreano. 
En Europa, cada ayuda aportada a un astillero en dificultades lleva a la Comisión a imponer reducciones de capacidad, algo que no ocurre ni en Corea, ni en Japón, ni en Estados Unidos. 
El resultado de todo esto se resume en cuatro puntos: Europa se ha impuesto reglas que sus competidores no se imponen; se han destruido decenas de miles de empleos; Europa ha perdido grandes cuotas de mercado; sin embargo, al contrario de lo que ha pasado en la siderurgia, el mantenimiento de las capacidades de producción que quedan no está garantizado. 
Hoy, se ha propuesto que la Unión Europea se imponga unilateralmente los principios previstos por el acuerdo OCDE. 
Hemos de ser pragmáticos. 
Si en el año 2000 constatamos que el mercado se ha saneado suficientemente para que se pueda prescindir de ayudas a los contratos, estaría de acuerdo en suprimirlas. 
Pero hoy, nadie quiere decir lo que ocurrirá. 
La propia Comisión reconoce la necesidad de medidas apropiadas. 
Por consiguiente, yo también pido que se estudie con precisión la evolución de los mercados antes de fijar las fechas tope y tomar medidas definitivas. 
La construcción naval no es una industria como las demás. 
Por ello, solicito a la Comisión que acepte las enmiendas que nos dejarán de aquí a finales del año 2000 un margen de maniobra suficiente. 
En este sector, al igual que en muchos otros, hemos de dejar por una vez de ser masoquistas. 
Por supuesto, no soy monárquico, pero en Francia hay un proverbio que dice que no hay que ser más monárquico que el propio rey. 
Creo que la Comisión debería inspirarse un poco en él. 
Si bien es cierto que el actual régimen de Estado en favor de la industria europea de la construcción naval venció en 1997, y que se sigue esperando la ratificación del acuerdo OCDE sobre este punto (ya que los Estados Unidos aún no lo han ratificado) , me parece inadmisible que la Comisión proponga en una comunicación que la Unión «anticipe» unilateralmente los principios previstos en el acuerdo en cuestión. 
¿Por qué habría de introducirse un régimen de ayudas más severo cuando nuestros competidores no lo aceptan aún y la construcción naval sigue siendo un sector muy frágil de la economía europea? ¿Por qué preocupar innecesariamente a los asalariados del sector en este momento? 
Si se pretende ganar a ciudadanos europeos para la causa europea, quizá sea preciso escucharlos y tomar en consideración sus condiciones de vida diaria. 
Ésta es al menos mi opinión de mujer de izquierdas y espero que la mayoría de mis colegas la comparta. 
Espero por tanto que la Comisión reconsidere su planteamiento de una manera un poco menos «liberal» y más de acuerdo con el interés de los trabajadores de la Unión y de los ciudadanos en su conjunto. 
Señor Presidente, en un marco en el que importantes firmantes (los casos más flagrantes son los de los EE.UU. y de Corea del Sur) del acuerdo de la OCDE, establecido en 1994 por la industria de la construcción naval, no lo han ratificado ni lo ratificará- cada vez resulta más evidente -, en un marco en el que esos países aumentan incluso las ayudas públicas a sus astilleros navales, resulta decisivo que la Comisión pueda apoyar de forma clara la industria naval de todos y cada uno de los Estados miembros en los que aún subsiste para que pueda, así, resistir e imponerse en condiciones semejantes a sus competidores en el mercado mundial. 
Pero no es ésa la perspectiva política de la nueva reglamentación ni de la Comisión y mucho menos la que pretende el informe con sus enmiendas. 
Procurar, con dicha reglamentación, que a plazo más o menos corto se apliquen a los constructores navales europeos todas las orientaciones abarcadas en el acuerdo OCDE, incluso en una situación en la que dicho acuerdo no es respetado en el mercado mundial, no es, desde luego, una forma de defender la industria naval europea. 
Limitar temporalmente la prórroga de las ayudas públicas, nacionales y regionales, y, además, diferenciar sus valores, dando preferencia a los grandes constructores navales en detrimento de los pequeños, imponer condiciones a dichas ayudas (medioambientales, para el cierre, para la modernización, pero excluyendo siempre el aumento de capacidad) , que son, sin embargo, muy inferiores a las que otros conceden y seguirán concediendo, no constituye una forma de defender la industria naval europea. 
Por eso, no podemos votar a favor del informe, aunque hayamos apoyado algunas de las enmiendas positivas del Sr. Sainjon. 
Por eso, al adoptar esta posición, aprovechamos para recordar todas las consecuencias negativas que la aplicación, aun parcial, de un acuerdo nunca ratificado tuvo en la capacidad de la industria naval europea, en detrimento de otros países, incluidos incluso algunos de la UE. 
Por eso, esta posición va encaminada también a advertir que el Gobierno portugués y los astilleros interesados podrían, incluso en el marco actual, crear condiciones más positivas para la estabilidad financiera y económica de la capacidad de la construcción naval portuguesa. 
Los acontecimientos de los últimos años en la industria europea de construcción naval han demostrado la necesidad de normas claras para las ayudas estatales. 
Sin embargo, una directiva CE en este terreno sólo será necesaria en el caso de que no se aprueben normas en la OCDE. 
Por ello debe rechazarse también cuando las normas de la OCDE entren en vigor. 
Una reducción constante de las ayudas estatales más altas autorizadas es totalmente necesaria para garantizar condiciones de mercado libre. 
El informe de la Comisión busca hacer más claras y restrictivas las normas de la directiva y merece por tanto nuestro respaldo total. 
Informe Schörling (A4-0105/98) 
Señora Presidenta, el Informe Schörling se remite a la votación del 2 de marzo de 1995, en la cual la izquierda del Parlamento rechazó una enmienda de nuestro Grupo político, por la que se proponía la inclusión de la política familiar en los objetivos de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social. 
Yo lamento que así fuera, como también lamento que la Cumbre Mundial de Desarrollo Social tampoco considerase esta prioridad y que ésta no haya quedado plasmada en las medidas adoptadas posteriormente por la Comisión. 
Esto es algo que, a mi parecer, deberíamos enmendar ahora, lo cual lamentablemente no hace el Informe Schörling, que se refiere a las mujeres, los hombres y los niños desde la perspectiva de una individualización extrema. 
Sin embargo, yo pienso que no es posible llevar a cabo una política social eficaz sin el fortalecimiento y el apoyo de la familia. 
Por consiguiente, yo soy del parecer que, a la vista del Informe Schörling, en el año 2000 tenemos que mejorar los resultados de la citada reunión extraordinaria de las Naciones Unidas. 
A algunos quizá les parezca una fecha todavía muy lejana, pero ya no falta tanto para el año 2000. 
El Parlamento debería conceder prioridad a esta cuestión, a fin de que se rectifique este aspecto decisivo y de que la Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas que se celebrará en el año 2000 se ocupe de este tema. 
Señora Presidenta, le agradezco que me brinde aún esta oportunidad para dar a conocer oralmente mi explicación de voto. 
He pulsado por error el botón rojo durante la votación final del informe de la Sra. Schörling, y lo siento verdaderamente porque se trata de un informe excepcional. 
Apoyo totalmente su informe y lamento profundamente las infundadas intervenciones que escuchamos durante la sesión de ayer. 
Se oyeron opiniones en el sentido de que el informe de la Sra. Schörling contiene algo que podría interpretarse como una oposición a la Unión Europea, lo cual es absolutamente erróneo. 
Lo lamento por la Sra. Schörling y, por supuesto, por mí misma, al haber votado por error en contra de un informe que apoyo plenamente. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado en el día de hoy a favor de un seguimiento de la cumbre de Copenhague sobre desarrollo social. 
La cumbre de Copenhague subrayó el hecho de que hoy 50 años después de la declaración mundial de derechos humanos de 1948 sólo se hayan hecho unos pocos avances hacia la erradicación de la pobreza. 
El abismo entre ricos y pobres ha aumentado de manera constante desde 1960 y ni mucho menos toda la población tiene garantizado un nivel de vida satisfactorio. 
Una gran parte de la población mundial no tiene acceso a los bienes que consideramos normalmente como un derecho humano, es decir, comida, vivienda, educación, sanidad, trabajo y seguridad social. 
La responsabilidad primaria del cumplimiento de los compromisos de la cumbre recae sobre los estados nacionales. 
Sin embargo, la Unión puede y también debe asumir una responsabilidad, entre otras cosas, empleando las cláusulas de derechos humanos en los acuerdos comerciales con terceros países, haciendo hincapié en una política de empleo activa, y sobre todo, introduciendo la dimensión social en todas las políticas comunitarias. 
Nos abstuvimos en la votación del informe de la Sra. Schörling, principalmente debido a que se aprobó la enmienda 2. 
El informe es bueno en general, sin embargo, no podemos aceptar un párrafo en el que se pide a la Comisión que presente una propuesta de " imposición tributaria y regímenes de seguridad social en los Estados miembros». 
Debe ser el derecho soberano de los Estados miembros elaborar y aprobar tales políticas. 
Además, queremos volver a subrayar el problema danés con relación al " derecho de asociación» , donde nuestro sistema profesional- inmerecidamente- es criticado por estar reñido con los convenios internacionales. 
El informe Schörling sobre el curso de la Cumbre mundial sobre el desarrollo social nos recuerda que desarrollo económico y desarrollo social no deben ir separados. 
El funcionamiento del mercado mundial, tal como el abandono de las élites ha favorecido, tiene como efecto «que los pobres de los países ricos enriquecen a los ricos de los países pobres» , según el análisis lúcido de Jimmy Goldsmith en su libro «La trampa». 
El ultraliberalismo individualista puede procurar un desarrollo económico y social satisfactorio mejor que el colectivismo comunista: el «mercado-providencia» es un engaño como lo fue y lo es aún en algunos países el «Estado-providencia». 
Para que se puedan alcanzar los nobles objetivos de la cumbre de Copenhague, sería preciso por tanto revisar los principios y las finalidades de nuestras concepciones económicas, y recordar que la economía es una ciencia humana, al servicio de la persona humana y de su desarrollo. 
Como enseña la etimología, economía quiere decir «gestión de la casa». 
Por tanto, ésta ha de satisfacer ante todo las necesidades fundamentales de la persona (alimento, alojamiento, salud, trabajo, etc.) , a lo largo de toda su vida. 
El bienestar de las personas y de las comunidades de base que son las familias, éste es el criterio real de un progreso económico y social verdadero, en lugar de las cifras del PNB, PIB, y participación en los movimientos «brownianos» de capitales internacionales. 
En nuestros países de Europa, al igual que en el resto del mundo, la pobreza afecta sobre todo a las mujeres solas con niños. 
La descomposición social, y la exclusión que se deriva, son así con mucha frecuencia consecuencia de una descomposición familiar que aísla y debilita a los individuos. 
No se puede responder a la crisis de nuestras sociedades sin concebir una política en favor de la familia, principal actor del desarrollo social, de su estabilidad, de su capacidad para formar en la vida social, por medio de la educación en el bien común, en el sentido social, en la generosidad. 
Un desarrollo social verdadero para toda la familia humana ha de plantearse como imperiosa obligación la de promover, según la hermosa fórmula del papa Pablo VI, en Populorum progressio, » el desarrollo integral del hombre y de todos los hombres». 
La comunicación de la Comisión establece cinco ámbitos de acción en los que deberá centrarse la UE tras la Cumbre de Copenhague de 1995 en lo relativo al desarrollo social: el desarrollo de la dimensión social en el marco institucional internacional, la cláusula social en los acuerdos bilaterales de la UE, la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el seno de la UE, el mantenimiento del empleo como prioridad en las políticas económicas y sociales, la lucha contra el racismo y la protección a los inmigrantes. 
Como declaraciones todo suena muy positivo, pero la práctica echa por tierra todas esas pomposas declaraciones. 
Cuando la UE y los miembros del Grupo de los 7 hablan de desarrollo de la dimensión social en el marco de una economía mundializada, se refieren a la imposición de sus criterios antipopulares a nivel internacional, así como lo han demostrado en los encuentros que tuvieron lugar en Halifax, Lyon y Lille. 
El nuevo orden de las cosas ha llegado a tal punto que establece las medidas que se han de adoptar en algunas conferencias de difícil acceso, alejadas de cualquier control democrático y, con posterioridad, los organismos regionales y los estados materializan dichas medidas. 
Es característico el hecho de que la Comisión menciona como ejemplo de acercamiento global la relación entre desarrollo político y económico con la política de reducción de los déficit públicos y las medidas contenidas en el Libro Blanco al que también ha calificado como "guía» y pide el reforzamiento de la cooperación entre la AIE y del FMI, del Banco Mundial y del OMC, con objeto de" completar las directrices acordadas en Halifax y continuadas en Lyon». 
La Comisión apoya de manera correcta la cláusula social en los acuerdos bilaterales firmados con los países titulares de la ayuda financiera o los que gozan de preferencias comerciales. 
La cuestión es por qué no defendió la adopción de la cláusula del respeto de los derechos sociales y humanos durante las negociaciones de la Ronda de Uruguay en el marco del GATT. 
Además, ¿por qué no adapta su comportamiento, al menos a escala bilateral, a este principio? 
¿Acaso considera que Turquía respeta los derechos humanos cuando habla de liberación de los protocolos financieros que acompañan el acuerdo de Unión o incluso cuando firmaba dicho acuerdo? 
Es una provocación que hable de respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y de aplicar los convenios de la OCDE, cuando ella, con la política que sigue en el seno de la UE principalmente, anula los convenios importantes, como los de libertad de asociación y las negociaciones colectivas. 
La Comisión se refiere a la lucha contra la pobreza. 
Más de 50 millones de personas en la UE viven por debajo del umbral de la pobreza y dicho número se incrementa de forma continua, constituyen el testigo irrefutable de la debilidad de las recetas que se aplican. 
El abismo cada vez más grande entre los países desarrollados y los subdesarrollados demuestra también la inadecuación de las medidas utilizadas para el desarrollo del tercer mundo. 
Ni la maravillosa relación empresarial, ni los créditos del Banco Mundial y del FMI, acompañados de condiciones concretas de política económica y de obligaciones draconianas son capaces de erradicar el problema, ni tampoco los insuficientes capitales destinados al marco de la famosa ayuda al desarrollo por parte del presupuesto comunitario y de los Estados miembros y que en realidad están vinculados a otras obligaciones económicas o comerciales para que el capital de esos países pueda acceder a la economía de los estados titulares y esquilmar sus riquezas. 
La Comisión hace referencia al mantenimiento del empleo como prioridad de las políticas económicas y sociales, proponiendo como modelo a imitar la " política activa de empleo» que ella misma promueve. 
Quizás, en lugar de considerar que el objetivo es la extensión del modelo social europeo de la posguerra al resto de países, lo que intenta es socavarlo. 
El informe contiene algunas indicaciones positivas pero es insuficiente. 
En primer lugar, acepta de forma completa el marco que formulan las resoluciones del Grupo de los 7, el marco institucional vigente en los organismos económicos internacionales, las directrices de la Comisión sobre el contenido de la dimensión social y la política de empleo. 
La lucha contra la pobreza y el desempleo no se hace por la vía jurídica, sino mediante políticas que fomenten las inversiones que creen puestos de trabajo, que apoyen la demanda abriendo el camino a nuevos puestos de trabajo y absorban a los desempleados. 
No se lucha contra el desempleo con las partidas del fondo social que, en cualquier caso, tienden a verse reducidas y que fundamentalmente no hacen otra cosa que proporcionar algún tipo de formación a los desempleados que volverán a su condición por la falta de oferta laboral. 
No se soluciona el problema del desempleo con las medidas incluidas en las líneas directrices para el empleo y cuyo punto de apoyo son las nuevas condiciones de ocupacionalidad y de adaptabilidad. 
Tememos que cuando hablan de una cooperación más intensa entre la AIE, el FMI, la OCDE y la OMC, se refieren a doblegar a la Organización Mundial del Trabajo bajo sus alternativas y preparan la revisión de los convenios fundamentales firmados en épocas en que la correlación mundial de las fuerzas auspiciaba las posiciones del movimiento obrero y la elaboración de nuevos convenios que legitimen las opciones actuales. 
Estamos de acuerdo con la propuesta relativa al establecimiento de un impuesto universal en las negociaciones monetarias internacionales y pedimos a la UE que adopte dicha postura ignorando la oposición del capital. 
Nosotros consideramos que sin un nuevo orden económico internacional, que respete el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación, al desarrollo y al progreso social, que garantice la libertad de opciones políticas de los estados, que tenga como principal objetivo la erradicación del hambre, de la pobreza y del desempleo y no la liberalización de los mercados de productos y servicios y la optimización de los beneficios. 
Es un autoengaño creer que puede cambiarse de forma sustancial la situación, las tendencias así lo verifican. 
El capital, a escala internacional, tiende a suprimir los derechos básicos de los estados y de los pueblos, como resulta del proyecto de acuerdo de la OCDE para el Acuerdo Multilateral de Inversiones y donde se demuestra la hipocresía de lo que llaman derechos sociales ya que puede verse afectada cualquier regulación de carácter social o de protección del interés público. 
Lo mismo resulta de acuerdos regionales tales como el NAFTA o el proyecto para la creación de una zona transatlántica de libre intercambio. 
Ante estas opciones, la única solución que tienen los pueblos es la potenciación de la lucha para cambiar el orden actual y establecer un nuevo concepto de relaciones internacionales con vistas a transformar la actual correlación de fuerzas en los grandes países industriales. 
Informe Rocard (A4-0085/98) 
Opinamos que es un informe muy bueno, puesto que la comisión apoya las directrices de la Comisión en cuanto a la integración de los aspectos de igualdad de trato en todos los trabajos, la erradicación de la pobreza y las consideraciones sobre consecuencias medioambientales. 
Además, es excelente que se señale la importancia de una asociación igualitaria que se debe basar en valores democráticos y derechos humanos. 
Sin embargo, no estamos de acuerdo con los puntos 57 y 67, ya que estimamos que no se puede mantener el actual sistema comercial. 
Nuestra opinión es que la única solución sostenible en el tiempo es una adecuación a las reglas de la OMC. 
Tampoco creemos que sea una solución duradera las subvenciones a largo plazo para la agricultura. 
La Unión Europea debería, en cambio, alcanzar una mayor afinidad entre la política de ayuda a los países en desarrollo, la política agrícola y la política de pesca, lo cual se señala en el punto 77. 
Con todo, en el punto 77 se debió haber indicado la relación directa existente entre la coordinación de esas políticas y el objetivo de asociación económica. 
En primer lugar quiero felicitar a Michel Rocard por su excelente trabajo y su convicción profundamente progresista que guió las orientaciones políticas de su texto. 
A sensu contrario, no puedo sentirme satisfecho por la pusilanimidad de las posiciones defendidas por los conservadores y liberales de todo tipo. 
En efecto, si bien podemos felicitarnos porque se haya llegado a un acuerdo, también se deben señalar las flaquezas de este acuerdo. 
Sin embargo, el marco que se nos propone corresponde a una evolución sensible, interesante, que va en el sentido de una asociación «sensata» con los ACP, y ello, tanto por parte de los países ACP como de la Unión Europea. 
¿Cómo no apoyar el proyecto de reducción de la deuda, posición que mantienen algunos desde hace varios años y finalmente entendida en el momento actual? 
Algunos países, principalmente africanos, pueden esperar un desarrollo económico y social tangible, pero hasta ahora, éste se veía por adelantado reducido a la nada por el peso de una deuda demasiado elevada. 
Otra vía que conduce a una cooperación más eficaz reside en la transferencia de tecnologías. Este planteamiento, apoyado por la mayoría de las ONG y de los responsables políticos, parece concretarse en este texto, y eso está muy bien. 
Apoyaré por tanto el texto de Michel Rocard y, a pesar de algunas reservas señaladas anteriormente, estoy seguro de que el Presidente de la Comisión ACP sabrá hacer valer sus puntos de vista y hacerlos respetar ante la Comisión y los Comisarios a cargo de este expediente. 
Nos felicitamos por esta nueva ocasión que se nos ofrece para reafirmar nuestra adhesión a la asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico con la Unión Europea, porque la Unión sigue siendo el primer socio de los países ACP. 
Es preciso recordar que la Unión y los Estados miembros son los primeros socios capitalistas de esos países, a mucha distancia de los demás donantes occidentales. 
Más del 60 % de la ayuda pública al desarrollo movilizada cada año en el mundo procede de Europa. 
También el Grupo UPE aprueba las orientaciones que sugiere la Comisión en lo que plantean sobre la pertinencia de la asociación ACP-UE manifestando así la voluntad de perpetuar y dinamizar esta cooperación única en su género. 
Nos alegramos por otro lado de que el Consejo, a pesar de las iniciales reticencias de algunos de sus miembros, haya llegado a las mismas conclusiones. 
Estimulados por la relación privilegiada que mantenemos desde los orígenes de la construcción europea y conscientes de los desafíos del próximo siglo y del interés que tenemos en resolverlos juntos, nos corresponde ahora construir un verdadero modelo de asociación que el V Convenio de Lomé deberá consagrar. 
Al igual que la Comisión, la UPE considera esencial reforzar la dimensión política del próximo convenio y concluir con nuestros socios un verdadero contrato político basado en la promoción de los principios democráticos, del respeto por los derechos humanos y por el buen gobierno. 
Queda entendido que estos principios fundadores están estrechamente vinculados. 
En consecuencia, unos buenos resultados económicos no podrían, por ejemplo, excusar ni paliar la falta de multipartidismo o cualquier otro vacío democrático. 
Al igual que la Comisión, nosotros estamos convencidos de la importancia que presenta la promoción de las inversiones, la liberalización de los intercambios y la participación de los países ACP en una economía globalizada. 
Sin embargo, el apartado comercial concebido por la Comisión presenta a nuestro juicio importantes reservas porque nos parece prematuro. 
También, el Grupo UPE defiende la ordenación de un período de transición suficientemente largo como para permitir una integración armoniosa de los países ACP en el comercio mundial. 
Igualmente, alertamos contra la tentación del «sólo dinero» que permite a algunos donantes eximirse de las obligaciones de solidaridad que les corresponden. 
Como prueba está un reciente informe de la OCDE. 
La organización señala que, a pesar del compromiso contraído por sus miembros hace cerca de 20 años, de dedicar el 0, 7 % de su PIB a la ayuda pública al desarrollo, la media de las aportaciones alcanzó su nivel más bajo en 1996, cayendo hasta el 0, 12 % en lo que respecta a la aportación de los Estados Unidos. 
En estas condiciones no se puede declarar que se pretende hacer de la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo una verdadera prioridad. 
Éstas son, a grandes rasgos, las principales orientaciones a partir de las cuales la UPE desea que se luche en el V Convenio de Lomé y los escollos que nuestro grupo desea evitarle. 
Queremos finalmente garantizar a nuestros amigos ACP nuestra confianza en el futuro de la relación particular que nos une. 
Esta confianza procede de la convicción profunda de que es no solamente en interés de los países de África, del Caribe y del Pacífico, sino también en el de Europa el que se haga fructificar y prosperar nuestra asociación. 
Éste es el espíritu del informe Rocard. 
Nuestro grupo también le proporciona todo el apoyo necesario. 
Responsabilidad democrática en la tercera fase de la UEM 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0110/98) de la Sra. RandzioPlath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre responsabilidad democrática en la tercera fase de la UEM. 
Gracias, Sra. Berthu, por llamar la atención sobre estas confusiones de lenguas. 
Estoy totalmente seguro de que el debate que ahora mantenemos despejará las dudas que pudiera haber, por lo que amparado en esta confianza doy en este instante la palabra a la Sra. Randzio-Plath. 
Señor Presidente, la responsabilidad democrática se plantea con vistas a fomentar la transparencia y la credibilidad. 
No se plantea un control del futuro Banco Central Europeo, ya que el Tratado de Maastricht regula con toda claridad la independencia del mismo. 
El Parlamento Europeo ha despejado en sus resoluciones e informes cualquier posible duda en cuanto al hecho de que el futuro Banco Central Europeo, dentro de su independencia, también es un elemento constitutivo de la Unión Monetaria Europea que se inaugurará el 1.1.1999. 
En consecuencia, es preciso señalar que una cara de la moneda es la independencia del Banco Central Europeo, pero la otra cara es la transparencia de las decisiones y del trasfondo de las mismas, que debe plasmarse en la obligación del Banco Central Europeo de rendir cuentas democráticamente. 
Por otra parte, el Tratado de Maastricht y también el Estatuto del Banco Central Europeo ya prevén las obligaciones de información del futuro Banco Central Europeo. 
El Parlamento es el lugar donde debe efectuarse dicha rendición de cuentas como prueba de transparencia. 
En un sistema democrático, la transparencia es una obligación que deben cumplir todas las instituciones y servicios, incluida, por lo tanto, la primera institución supranacional, federal europea, esto es, el Banco Central Europeo. 
Dicha transparencia debe tener su expresión ante el único órgano europeo legitimado, que es el Parlamento Europeo. 
Por consiguiente, hoy se trata de definir cómo desea configurar el Parlamento dicho diálogo monetario con el Banco Central Europeo. 
Nuestras peticiones se basan también en los resultados de los debates que hemos mantenido con el Comité de gobernadores de los bancos centrales y con el Instituto Monetario Europeo en la Subcomisión de Asuntos Monetarios y también en el Pleno del Parlamento Europeo, los cuales revelan la importancia de un diálogo monetario periódico, que también recoja efectivamente, sin sobresaltos, los temas monetarios de máxima actualidad, y de que éste se mantenga en el futuro. 
Para ello también debemos tomar en consideración las disposiciones del Tratado, que señalan con toda claridad que el objetivo del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios y que éste también apoyará la política económica de la Comunidad Europea, sin perjuicio de dicho objetivo. 
Por lo tanto, es importante que estemos informados sobre cómo se define la estabilidad de precios, sobre las decisiones y resoluciones que se adopten y sobre el trasfondo de las mismas, sobre los objetivos monetarios y también sobre la aplicación de los instrumentos. 
El diálogo del Parlamento Europeo con el Banco Central Europeo debe incluir todos estos aspectos, acompañados de la publicación de los informes del Banco Central Europeo. 
La publicación y el diálogo garantizarán la transparencia, lo cual no responde sólo a los intereses del Parlamento Europeo, del funcionamiento democrático y de la población europea. 
No, a mi parecer, la transparencia también favorece los intereses del propio Banco Central Europeo, cuya credibilidad, aceptación y confianza sólo pueden verse beneficiadas por la transparencia de sus decisiones. 
Todos sabemos que, justamente en estos momentos, el inicio de la Unión Monetaria plantea grandes interrogantes en nuestros Estados miembros. 
Por lo tanto, será particularmente importante que el Banco Central Europeo goce de mayor confianza, credibilidad y aceptación. 
Por esto es también tan importante que el Parlamento Europeo participe en el procedimiento de designación. 
Ahora se nos consulta. 
Yo parto de la base, y ésta es sin duda también la opinión del Parlamento Europeo, de que no debe ser designado para formar parte del Consejo Ejecutivo del futuro Banco Central Europeo ningún candidato que no haya recibido previamente el beneplácito del Parlamento Europeo, aunque esto todavía no esté regulado en los Tratados. 
En efecto, los candidatos ciertamente también ganarán credibilidad- y desde luego autoridad- si acreditan su competencia y su anterior posición ante el Parlamento Europeo. 
El nuevo Banco Central Europeo nos ofrece la oportunidad de inaugurar un diálogo con su presidente. 
Sin embargo, será necesario que los parlamentos nacionales también establezcan simultáneamente un diálogo con los presidentes de sus bancos centrales nacionales en todos los Estados miembros. 
Por consiguiente, todo dependerá también de que se haga uso de este derecho, con objeto de que la publicidad tenga su expresión en los parlamentos y de que ésta se concrete a escala europea en el Parlamento Europeo, lo cual todavía echamos en falta. 
Esto responde a los intereses de la población y también de los mercados. En efecto, como dijo el destacado economista Schumpeter, el sistema monetario de un pueblo refleja lo que éste desea, hace, sufre y, en definitiva, es. 
Yo espero que la comunidad basada en la estabilidad que será la Unión Monetaria Europea también permita definir efectivamente el marco general de condiciones económicas de la Unión de manera que el euro contribuya a la lucha contra el desempleo. 
Señor Presidente, Señorías, el poder de acuñar o emitir moneda es un poder considerable, y la historia muestra que aquellos que lo detentan rara vez han resistido a la tentación de abusar de él. 
Los pueblos que han sido víctimas de semejantes abusos de poder han querido poner a punto protecciones. 
Los franceses, que han soportado asignados, se precipitaron sobre el oro y han hecho un mito al que el propio general de Gaulle dio crédito. 
Los alemanes, traumatizados por dos cataclismos monetarios, encontraron en la independencia del Bundesbank, que les fue impuesta desde el exterior, la protección suprema contra los errores políticos, de los que con toda razón desconfiaban. 
Se comprende por tanto que en el momento de renunciar a la soberanía monetaria nacional para ejercerla en común, los Gobiernos hayan querido obtener garantías suficientes. 
Las han conseguido más allá de toda esperanza. 
La independencia del futuro Banco Central será más fuerte que la de cualquier otra institución análoga, como demuestro en el informe que someto a su consideración. 
Pero independencia no implica irresponsabilidad. 
En democracia, aquel que detenta un poder responde de él ante quien se lo debe y en nombre del que lo ejerce, en este caso los pueblos de Europa a los que representamos aquí. 
El informe Randzio-Plath tal como ha sido aprobado alcanza un equilibrio aceptable entre independencia y responsabilidad. 
En el mundo de hoy, la credibilidad del futuro Banco Central dependerá de lo acertado de sus análisis y de la explicación de sus decisiones. 
Eso es lo que el Sr. Lamfalussy y el Sr. Duesemberg han sido los primeros en comprender y por ello se han prestado tan fácilmente a la audición y al diálogo con el Parlamento, considerando, con toda razón, que de este modo adquirían una legitimidad suplementaria a la que les confiere el Tratado. 
Señor Presidente, quiero felicitar a la Sra. Randzio-Plath por este excelente informe, y también doy las gracias a mis colegas de otros grupos políticos por la amplia cooperación que tuvimos en la elaboración de este documento. 
Como todos sabemos, la UEM es el desarrollo más histórico que se producirá en la Unión Europea desde la creación de la Comunidad Económica Europea. 
Por consiguiente, tenemos que asegurarnos de hacerlo bien. 
Tenemos que asegurarnos de que sea especialmente adecuada para los ciudadanos. 
En particular a mis colegas alemanes, que al parecer sienten que quienes quieren una responsabilidad por parte del Banco Central en cierto modo presentan un obstáculo para esta operación, debo decirles que los ciudadanos del resto de la Unión Europea no tienen la misma confianza y calidez ante el Banco Central Europeo que probablemente ellos tendrán respecto al Bundesbank. 
El Bundesbank ha tenido un gran éxito. 
El BCE, en cambio, es una institución nueva que deberá ganarse la confianza del público. 
La forma de conseguirlo es asegurarse de que sea responsable ante el único órgano democráticamente elegido que existe entre las instituciones de la Unión Europea. 
De ningún modo es incompatible la defensa de la independencia del Banco. 
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos defenderá la independencia del Banco con toda su convicción. 
Pero queremos estar seguros de que la moneda que estamos creando sea la moneda de los ciudadanos, algo de lo que el pueblo de la Unión Europea se fíe y a lo que considere como un elemento a su favor. 
No se trata de una moneda sólo para las grandes instituciones financieras y las multinacionales, sino para los 370 millones de personas que viven en la Unión Europea. 
Es decir que necesitamos establecer sistemas que garanticen la confianza pública. 
Los que de nosotros han tenido la oportunidad de hablar en privado con el Sr. Alexandre Lamfalussy, y con otras personas que podrían integrar la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo, siempre han dicho que es esencial que el Banco Central Europeo no actúe simplemente como un conjunto de contables sino sobre todo como una institución de la Unión Europea que trabaja en bien de los ciudadanos. 
Me dirijo a todos los miembros del Pleno, a la Comisión y a los candidatos potenciales del BCE: por favor, comprendan que el éxito de este banco, que operará en Fráncfort, dependerá de su aceptación pública y de su gestión pública responsable. 
Hay otra cuestión que es importante desde el punto de vista de la responsabilidad: tendremos una autoridad monetaria centralizada, pero también tendremos una política fiscal descentralizada en la Unión Europea. 
Debemos asegurarnos de que, cuando los Parlamentos nacionales estén tratando sus presupuestos, exista la idea de que lo están haciendo en nombre de los ciudadanos de la Unión Europea, para el bien de toda la Unión Europea. 
Debemos asegurarnos de que existe un nexo entre el trabajo de los Parlamentos nacionales y el del Parlamento Europeo en cuanto a confirmar que contamos con la responsabilidad democrática de nuestro Banco Central. 
Un fracaso en este proyecto, pienso, nos impediría cualquier desarrollo adicional que quisiéramos ver en el futuro de la UE. 
Señor Presidente, después de algunos roces en relación con la modificación del Tratado, de un voto de censura, etc., el Informe Randzio-Plath se presenta ahora bajo una forma que podemos aprobar en su mayor parte. 
El Parlamento Europeo demostrará hoy por una convincente mayoría- al menos en el momento de la votación- que es consciente de su gran responsabilidad por lo que respecta a la independencia del Banco Central y la estabilidad a largo plazo del euro. 
Mi Grupo demócratacristiano se propone transmitir hoy una señal. Ésta indica que queremos una moneda europea que contribuya, en el ámbito de Europa y a escala mundial, a que los ciudadanos puedan confiar de manera duradera en la estabilidad política y económica. 
Sin embargo, ahora es preciso exigir que los Jefes de Estado y de Gobierno transmitan la misma señal. 
Su tarea es designar cuando antes al presidente del Banco Central. 
La confianza en el euro y en la Unión Monetaria Europea también depende del momento y la manera en que se adopte esta decisión. 
En cualquier caso- y me veo obligado a repetirlo a menudo- quien, como el candidato del SPD al puesto de Canciller, Gerhard Schröder, todavía hoy se refiere al euro como el fruto deficiente de un parto prematuro, se descalifica como interlocutor serio. 
¿Cómo puede impulsar con éxito una política europea a largo plazo un hombre como él, que se doblega ante las votaciones y los votos difusos y difama, contra sus propias convicciones, el proyecto más importante de la postguerra? 
Yo insto desde aquí a los socialdemócratas de esta Asamblea para que dediquen un poco más de materia gris a hacer comprender al fin a su propio candidato al puesto de Canciller los principios elementales de la política europea. 
Puede que el Sr. Schröder sea capaz de comprar una acerería a expensas de los contribuyentes y de ocupar un puesto en el consejo de administración de Volkswagen, pero esto sencillamente no basta para formular una política monetaria estratégica ni para la adquisición de Rolls Royce. 
Para ello se requieren pesos pesados de la política, como Kohl, Waigel y Stoiber y no marineros de segunda, como Schröder y Lafontaine. 
Si los socialistas de esta Cámara no consiguen que su candidato a la Cancillería se tenga en pie en el ámbito de la política europea, continuarán siendo tigres de papel, a quienes el hombre de Hannover seguirá contando nuevos relatos de terror sobre Europa. 
Los demócratacristianos europeos queremos contribuir a que el euro llegue a ser la moneda más importante y estable del mundo, junto con el dólar. 
¡Se lo debemos a nuestros ciudadanos! 
Señor Presidente, en mi calidad de ponente, yo pediría que la contienda electoral en algunos Estados miembros se mantenga apartada de una decisión tan importante para el futuro de la democracia europea y para el proyecto histórico de la Unión Monetaria. 
Me indigna que se utilice este momento histórico, que desaprovechemos el tiempo destinado al importante debate político democrático que en realidad debería redundar en beneficio de la dignidad del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, yo le ruego que vele por que así sea. 
Me gustaría decirle a la Sra. Randzio-Plath que esto no estaba para el reglamento. 
Señor Presidente, por lo que respecta a las campañas electorales, efectivamente, en Francia hemos cumplido y preferiría que nos atuviéramos exclusivamente al tema que nos interesa. 
Este Parlamento, que representa a los ciudadanos de la Unión, tendrá, naturalmente, una función que desempeñar en el marco de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria que dará paso necesariamente a mayores poderes en algunas instituciones. Con toda evidencia, la independencia del Banco Central Europeo será mayor que la de cualquier otro banco central nacional, y si imaginamos la posibilidad de comprometer el control democrático del BCE a nivel europeo, no estoy totalmente seguro de que el Banco pueda tomar su legitimidad de un control demasiado minucioso. 
Esta legitimidad procederá más bien de sus éxitos en la gestión de la política monetaria de la Unión Europea. 
Entre las propuestas interesantes del informe, se puede citar la que invita al Presidente del BCE a participar, con el comisario competente y el Presidente del Consejo Ecofin, en el debate general sobre las evoluciones económicas y monetarias, sobre la base del informe anual del BCE y del informe económico anual redactado por la Comisión; la que solicita al Banco Central una explicación de las decisiones adoptadas con anterioridad en materia de política monetaria y la que solicita la descripción de la manera como la política monetaria ha de prestar su apoyo a las políticas económicas de la Unión. 
Quisiera recordar solamente que algunas de las propuestas iniciales del ponente no eran aceptables ni estaban conformes con las disposiciones del Tratado. 
Así, la idea de pedir al BCE que publique un resumen de los debates del Consejo de Gobierno estaba directamente en contradicción con el párrafo 4º del artículo 10 de los estatutos del SEBC, que prevé que las reuniones serán confidenciales, pudiendo el Consejo de Gobierno decidir que se haga público el resultado de las deliberaciones. 
Lo mismo ocurría con la idea de otorgar al Parlamento Europeo un derecho de censura y de co-nombramiento del Comité Ejecutivo, lo que suponía de nuevo una revisión del Tratado, en especial del párrafo 4º del artículo 109. 
El 18 de marzo, el informe inicial fue sustancialmente modificado en comisión y nuestro grupo se felicita por ello. 
Diré que todas esas modificaciones de fondo son tan buenas que han permitido volver a centrar el informe de manera más lúcida. 
Así modificado, el informe Randzio-Plath nos parece aceptable. 
Señor Presidente, Señorías, me es grato expresar el apoyo del Grupo Liberal al informe Randzio-Plath, que trata de un tema de especial importancia cuando entre en vigor la Unión Económica y Monetaria y, con ella, la moneda única europea. 
Este proceso debe realizarse, como es lógico, respetando la responsabilidad democrática, lo que en inglés se denomina la democratic accountability. 
El informe de la Sra. Randzio-Plath expresa la muy amplia mayoría que se obtuvo en el debate en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
Quisiera felicitar a la ponente por el esfuerzo que ha realizado en la elaboración del informe y por el amplio consenso que está obteniendo en la presentación que se hace aquí en la sesión plenaria. 
Todo ello nos lleva a apoyarlo sin ninguna clase de reserva ni dificultad. 
Únicamente, quisiera desarrollar o poner de relieve algunos puntos que me parecen de especial importancia: 
En primer lugar, nosotros pretendemos con este informe asegurar la responsabilidad democrática y la participación del Parlamento Europeo sin cuestionar la independencia del Banco Central Europeo ni la realización de su principal objetivo, fijado en el Tratado, que es la estabilidad de precios. 
En segundo lugar, tenemos muy en cuenta la necesidad de establecer un acuerdo interinstitucional que nos permita participar en la orientación de la política económica y monetaria que, de hecho, ha de enmarcar la gestión del euro y que se fija en tres elementos fundamentales: el informe económico anual del propio Banco Central Europeo, el informe del Instituto Monetario Europeo y obviamente, cuando ello sea requerido, el informe en caso de déficit excesivo. 
En todo ello se ha de asegurar la responsabilidad democrática y, por lo tanto, el papel de este Parlamento. 
Señor Presidente, en este informe se procura formular reglas de «juego democrático» para después del euro. 
Confirma la realidad virtual de una moneda única y de un Banco Central y, en esas condiciones, establece el control democrático en la tercera fase de la UEM. 
No se puede decir que se trate de una operación alentadora con vistas al control democrático efectivo de la que será la actividad del banco central y europeo, que se creará con el presupuesto de que será más independiente que cualquier otro existente. 
Según el informe, se deberá ejercer ese control en el nivel europeo, dado que el Banco Central Europeo dirigirá la política monetaria única para todos los Estados miembros de la UEM. 
Para ello, atribuye al Parlamento Europeo, invocando las competencias establecidas en el Tratado, el cometido exclusivo- podríamos decir- de dicho control. 
A la luz de un criterio de control real y efectivo, amparado en la transparencia de la información y en la capacidad de intervención, las propuestas son insuficientes. 
Pone de relieve sobre todo una práctica formal, de apariencia, tal vez mediática. 
Una institución concebida con la fuerza y las competencias del BCE, controlada por un Parlamento que procura un papel y una plasmación real de su calidad de órgano democrático, sugiere la idea de un bebé todo poderoso, lleno de fuerza e independiente, controlado por un adolescente muy débil y que da los primeros y tímidos pasos, como estructura democrática. 
Por eso, pero también porque consideramos la «construcción democrática europea» un mosaico de Estados miembros soberanos, no aceptamos que se pasen por alto las estructuras democráticas nacionales, existentes y experimentadas en su diversidad, a pesar de que la Comisión de Asuntos Institucionales las mencionan en su opinión. 
Por último, y porque no hay tiempo para más, una política monetaria única, formulada por una institución tan independiente, además de todas las exigencias de transparencia y de todas las cautelas de control democrático, no puede, en nombre de la estabilidad de los precios, volverse política y pasar por alto todas las otras políticas económicas o mostrarse indiferente respecto de ellas. 
El control democrático deberá evitar también la dictadura de una política monetaria formulada al margen de la globalidad de las políticas económicas, de cada espacio económico nacional y del espacio comunitario, y de sus consecuencias sociales. 
Corresponde al Parlamento un papel fundamental en el control democrático, pero frente al Banco Central no puede ser, ni en la concepción de un proceso de integración de Estados miembros ni en la relación real de las fuerzas institucionales, el único encargado de dicho control. 
Señor Presidente, creo que existe un claro riesgo de que el banco central más independiente del mundo, el Banco Central Europeo, se convierta en una especie de torre de marfil de Frankfurt. 
El riesgo estriba en que este banco y su dirección se aíslen de la sociedad y en que, al final, la exagerada estabilidad de los precios termine por poner en peligro la paz social en la Unión Europea. 
La única manera de evitar esta amenaza es el establecimiento de un diálogo institucional entre la dirección del Banco Central Europeo y el resto de los órganos políticos. 
Las decisiones que adopte la dirección deberán ser transparentes, y sus motivaciones deberán poder ser expuestas públicamente. Estoy plenamente convencida de que la opinión pública aprobará aún que el Parlamento Europeo ocupe una posición clave de cara a este diálogo y al control democrático. 
Naturalmente, no se trata de que el Banco Central Europeo acepte instrucciones vinculantes por parte de los órganos políticos. 
Sencillamente, el carácter efímero del capital no permitiría este tipo de política a la antigua usanza. 
Sin embargo, es evidente que el Parlamento Europeo debería proponer con más coraje la introducción de modificaciones en los Tratados constitutivos. 
Lamentablemente, en comparación con las enmiendas inicialmente propuestas por la ponente, es escaso el coraje que queda ahora en el excelente informe de la Sra. Randzio-Plath. 
Los Verdes apoyamos que el nombramiento de la dirección del Banco Central Europeo se realice con arreglo al mismo procedimiento utilizado con los miembros de la Comisión Europea, en cuyo nombramiento desempeña un importante papel el Parlamento Europeo. 
Considero que sería también importante que alguien recordara a la dirección del Banco Central Europeo su carácter terrenal: en un caso extremo, el Parlamento podría proponer al ECOFIN, pongamos que por mayoría cualificada, incluso la destitución del Presidente del Banco Central Europeo. 
Señor Presidente, Señorías nuestro grupo comparte y apoya el informe Randzio-Plath. 
Creo que se trata de un excelente texto que intenta mostrar cuál podría ser el diálogo del Banco Central, del Banco efectivamente más independiente del mundo, con las demás instituciones y principalmente con el Parlamento. 
Me dirijo a la Sra. Randzio-Plath para pedirle que considere las enmiendas que le hemos presentado, que van en el sentido de su informe, intentando reforzarlo un poco para favorecer aún más el diálogo. 
Es necesario reforzar la posibilidad de que el Parlamento Europeo se convierta en el lugar de escucha del Banco Central; el lugar donde, con toda transparencia, se procedería a intercambios periódicos, a intervalos más cercanos a mi juicio; el lugar en el que el Gobernador podría venir a pronunciarse y donde, en nombre de nuestros pueblos, podríamos hacerle preguntas preservando su independencia. 
Creo que este diálogo sería muy importante para mostrar a la opinión pública que no se crea una torre de marfil sino un órgano que ha de rendir cuentas ante una institución como el Parlamento Europeo. 
La propuesta que he formulado en nombre de mi grupo propone pues una cita mensual para una toma de contacto y un diálogo con el futuro Gobernador. 
La dejo a la consideración de ustedes. 
Creo que podría reforzar el diálogo, aunque fuera en su espíritu. 
Creo saber que el presidente de la Federal Reserve se presenta cada 15 días ante el Congreso americano. 
La otra propuesta que planteamos propone que el gobernador designado, que deberá ser oído regularmente por este Parlamento, pueda de alguna manera pronunciarse sobre la resolución que vamos a adoptar mañana, sobre la base de su informe. 
Éstas son las dos propuestas que dejo a la consideración de ustedes, esperando que mañana obtengan un voto favorable. 
Señor Presidente, apenas un mes antes de que se produjera la decisión de los países llamados a fundirse, de manera irreversible, según expresión repetida sin cesar por el Comisario de Silgue, en la Unión Monetaria Europea, este Parlamento se preocupa por fin de la cuestión esencial del control democrático de esta unión monetaria. 
Muchas personas bienintencionadas, incluso entre las filas federalistas, incluso en el seno de este Parlamento, comienzan a mostrarse muy seriamente preocupadas por esta peligrosa falla del sistema institucional europeo. 
Pero no basta con levantar acta de este vacío democrático, es preciso examinar si es posible encontrar soluciones. 
Esto es lo que intentaba hacer principalmente el informe Herman al no eludir los problemas tabú, principalmente los de la falta de instrumentos políticos para prevenir la utilización abusiva por el BCE del poder monetario, en detrimento del interés general y el del riesgo de ver, no a Ecofin, sino al BCE cómo decide al día el valor exterior del euro, contrariamente a las disposiciones del Tratado. 
Hubiera sido preferible por tanto, aceptar la reinscripción del informe Herman en el orden del día de nuestro período parcial de sesiones como han propuesto mis colegas Berthu y van Dam, en nombre del Grupo Europa de las Naciones, para dar a este debate su verdadera dimensión. 
Eso no se ha hecho, el informe Randzio-Plath está pues solo sobre la mesa. 
Se limita a algunas constataciones pertinentes, reconoce que el BCE constituirá la primera autoridad monetaria supranacional de la historia y dispondrá, en consecuencia, de un poder sin precedentes en la historia, muy superior al del Bundesbank alemán o al de la Federal Reserve americana y que, por primera vez, emergerá así un ámbito marcado por decisiones políticas federales en la Unión Europea. 
Pero, si bien el informe admite que este grado sin precedentes de independencia exige un nivel de control democrático tan elevado, no se ha hecho ninguna propuesta verdadera sobre la forma de alcanzar ese nivel. 
El informe está mudo en lo que respecta al papel esencial de control que los Parlamentos nacionales han de ejercer. 
Se limita en lo esencial a recordar los escasos poderes de consulta atribuidos al Parlamento Europeo, que aparecen bastante insignificantes frente a la pregunta central planteada por el Sr. Herman, ¿ante quién van a responder aquellos que lo detentan de forma casi absoluta? 
No podremos, por consiguiente, Señor Presidente, en estas condiciones, apoyar el informe y tememos que el nacimiento de la primera institución supranacional europea verdadera sea sinónimo de un retroceso de la democracia. 
Señor Presidente, el problema que abordamos es al mismo tiempo una cuestión teológica y teleológica, es decir, una cuestión de fin. 
Cuestión teológica, porque es una cuestión de creencia, de dogma. 
La independencia de los bancos centrales sería un factor de eficacia. 
El Banco de Inglaterra era el modelo de banco dependiente. El Banco de Japón también. 
Y todos saben que esos dos países eran ineficaces. 
La literatura económica, por otra parte, no permite dilucidar. 
Por ejemplo, la Francia de los años 90 no tenía inflación, y sin embargo el Banco Central era dependiente. 
Veamos la historia de Alemania: los alemanes quieren resolver sus neurosis, Weimar, la independencia. 
Se nos dice: los alemanes han prosperado mucho y tenían un banco central independiente. 
Pero los alemanes eran también rubios. 
¿Es éste un factor de prosperidad? 
En ese caso, tiñamos a todos los españoles de rubio y ya no habrá problema económico español. 
Porque la abuela alemana sea diabética, ¿todos los europeos han de dejar de comer azúcar? 
La situación alemana no se explica por el hecho de que Alemania no haya dirigido la guerra de Indochina, ni la guerra de Argelia. 
Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y tuvo una electrónica doméstica en lugar de una electrónica militar. 
Este factor, ¿no ha sido importante? 
No hay decisión sino decisiones ideológicas, del tipo, por otra parte, de las de Vincent Auriol: » los bancos, los cierro, a los banqueros, los encierro». 
Desde entonces se ha hecho mucho camino. 
Además, es revelador que la Sra. Randzio-Plath haya hablado sin parar de BCE, como se habla de EEB. 
Después de las vacas locas, la moneda única loca. 
Cuestión teleológica, ¿cuál es la finalidad perseguida? 
El objetivo de la vida, el destino del hombre, ¿es la independencia del Banco Central? 
El misterio de la vida en la tierra, la moneda única, ¿es la estabilidad monetaria? 
Yo pensaba que Europa era el pequeño continente euroasiático, modelo de democracia. 
Señor Presidente, cuando un comité ejecutivo no recibe órdenes de nadie, está compuesto por un pequeño número de personas, ¿cómo se llama eso? 
El gobierno del pequeño número se llama oligarquía, y ahí está la tragedia del continente europeo, modelo de democracia, que termina en la oligarquía monetaria, o al menos prusiana. 
Señor Presidente, nuestra colega Randzio-Plath nos citaba con toda razón, en su informe, las palabras de Joseph Schumpeter que decía que la filosofía monetaria de un pueblo refleja todo lo que ese pueblo desea, hace, sufre y es. 
Por tanto, no hay nada más importante que el control democrático de la política monetaria. 
Es forzoso constatar que en nuestro marco institucional- que ha sido ratificado por nuestros pueblos, nuestros Parlamentos y nuestras instancias- el Tratado actual concede al Banco Central Europeo un poder y una independencia sin control democrático. 
En este marco globalmente insatisfactorio, el mérito del informe de la Sra. Randzio-Plath es intentar ver cómo nuestro Parlamento podría actuar mejor para hacer oír su voz y cómo podríamos utilizar las disposiciones del tratado para llegar lo más lejos posible, no en el sentido de un control del Banco Central, ya que no habrá control puesto que no hay sanción, sino en el sentido de un diálogo con el Parlamento y de una capacidad de transparencia. 
Apruebo por tanto las propuestas que se han hecho. 
En este contexto, por encima del informe de la Sra. Randzio-Plath, es importante que esta Asamblea promueva un reequilibrio del funcionamiento democrático de Europa. 
Creo que un banco central- aun cuando fuera independiente- necesita contrapoderes en varios ámbitos. 
No es normal que su independencia proceda únicamente de un Tratado. 
Como dice Randzio-Plath en su informe, ya se trate del Banco Federal americano o del Banco alemán, los bancos centrales son controlados generalmente por los parlamentos ya que sus competencias son fijadas por actos legislativos, que pueden ser enmendados y transformados en cualquier momento. 
Éste no es el caso del Banco Central Europeo. 
Por consiguiente, será conveniente, en el futuro, dotarse de medios que permitan a los Parlamentos nacionales y, sobre todo, al Parlamento Europeo, influir en este sentido. 
En segundo lugar, es importante señalar que el Consejo Ecofin se encuentra hoy en una situación en la que hay capacidades para intervenir en el cambio con monedas como el dólar o el yen, pero con un poder limitado. 
Tengo un pequeño reproche con respecto al informe Randzio-Plath, cuando explica con razón que el concepto de estabilidad monetaria es un concepto que ha de ser afinado en función de las circunstancias de la situación, confía al Banco Central el papel de fijar los criterios de estabilidad, antes que al Consejo Ecofin, que podría, en el diálogo actual, restablecer al menos un poco el equilibrio. 
Pero, Europa necesita fundamentalmente un gobierno económico, un gobierno político, que, un poco como lo es hoy el Gobierno alemán con relación al Banco Central alemán independiente, tenga capacidad para hacer que prevalezcan otras lógicas además de la estabilidad monetaria. 
Hablo del empleo, de la prosperidad y de la justicia social y hemos de sentirnos insatisfechos de ver cómo el Consejo del euro no es más que un vago instrumento de concertación. 
Terminaré mis palabras diciendo que el gran reproche es que Amsterdam no haya permitido este reequilibrio institucional. 
Al no haberlo hecho en Amsterdam, hemos de ir rápidamente a una nueva etapa, que es totalmente indispensable y que este Parlamento desea ya que aspira a que antes de la ampliación pueda tener lugar una reforma amplia. 
Presidente, ¿debe el banco central rendir cuentas y responsabilidades de su política al Parlamento? 
Respuesta: sí. 
¿Debe el Parlamento realmente corregir también al banco? 
La respuesta a esta pregunta es: decididamente no. 
Yo procedo por tradición neerlandesa de una banca independiente. 
La política neerlandesa no ha intentado nunca- he de decir que al menos no ha salido nunca a la luz pública- influir formalmente en la banca, y menos aún el Parlamento neerlandés. 
La población europea, y estoy firmemente convencido de ello, no tiene nada que ganar en la influencia política sobre las directrices monetarias. 
Análisis económicos han demostrado que los bancos centrales independientes tienen una inflación más baja que los bancos influidos por la política. 
Los políticos se eligen cada cuatro o cinco años. Eso conlleva por definición una considerable visión a corto plazo. 
Para la moneda es crucial la confianza del ciudadano y del mercado. 
Por eso se debe vigilar la moneda teniendo en la cabeza una perspectiva a largo plazo. 
Por eso se nombra al Presidente del BCE por un período de ocho años. 
Al no poder ser nombrado por otro período no necesita arrastrarse a los pies de nadie. 
Asimismo, por la tarea central de mantener la estabilidad de los precios, forma un elemento de continuidad y estabilidad en la política monetaria europea. 
Desde luego, el BCE no puede operar desde una torre de marfil, quisiera decir al Sr. Donnelly: la independencia y el estar metido en la sociedad no tienen por qué ser contradictorios. 
Por eso se prevé una intensa discusión del Presidente y los miembros de su directiva con el Parlamento sobre el informe anual o los informes trimestrales. 
También los Presidentes de los bancos nacionales comenzarán un diálogo con sus parlamentos. 
Por último, el banco no podrá recibir indicaciones políticas, pero el banco no estará ni sordo ni ciego ante las necesidades de la sociedad europea porque mantendrá un diálogo con todas las corrientes importantes en la sociedad. Desde esa posición obtendrá apoyo su política monetaria. 
Señor Presidente, a medida que se ponen en práctica las estructuras vinculadas a la moneda única, se ponen de relieve también cuestiones de fondo. 
Algunas de ellas no podrán solucionarse de forma satisfactoria sin una reorientación de algunas disposiciones previstas por los tratados actuales. 
Nuestro debate de hoy sobre el control democrático del BCE nos proporciona un ejemplo significativo. 
La resolución indica como una evidencia que el objetivo de la política económica y monetaria de Europa ha de ser el de asegurar un nivel elevado de crecimiento y empleo. 
Ése es, en efecto, el buen camino. 
Añade que, en una democracia, la política monetaria del BCE ha de ser también controlable en este espíritu. 
Esto parece indiscutible. 
Ahora bien, los estatutos que los tratados actuales otorgan al BCE no van en absoluto en ese sentido. 
Por una parte, su grado de independencia, sin equivalente en el mundo, lo aleja de los ciudadanos y de sus representantes hasta un punto que un control efectivo de sus actividades parece bastante ilusorio. 
Por otra parte, la misión que le confieren los tratados es asegurar no un alto nivel de empleo, sino la estabilidad de los precios, algo muy diferente. 
Como acaban de recordar los informes sobre la convergencia de la Comisión, del Instituto Monetario Europeo y del Bundesbank, esta estabilidad se consigue mediante la moderación salarial y la bajada de los costes salariales. 
El BCE es así, en su misma concepción, más ultraliberal que el Banco Central de los Estados Unidos que se asigna oficialmente como primer objetivo un alto nivel de empleo. 
Si ustedes reprochan un día al presidente del BCE que se ocupa de su euro fuerte, ignorando cualquier consideración social, les responderá que se limita a hacer su trabajo. 
Por ello, soy de los que creen que si realmente se pretende crear una institución monetaria que no racione sino que relance los créditos necesarios para el empleo y el crecimiento, y que los representantes de los ciudadanos puedan efectivamente establecer un control en este sentido, no haremos la economía de una reorientación de la construcción europea. 
El azar del calendario hace que el mismo día en que debatimos sobre esta cuestión, un informe oficial lanza un grito de alarma sobre la importancia de la pobreza y de la precariedad en Francia. 
El problema es el mismo en toda Europa. 
Frente a desafíos que afectan a los valores esenciales de nuestras sociedades, no permitamos que los mercados financieros fijen las reglas, no nos demos por satisfechos con un control virtual sobre un BCE todopoderoso. 
Construir Europa exige otra ambición. 
Señor Presidente, a raíz de la decisión relativa a la participación en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, se aproxima la creación del Sistema Europeo de Bancos Centrales, prevista para la primera mitad del año 1998. 
El Banco Central Europeo gozará de la más amplia capacidad jurídica y, en cuanto se constituya, se encargará de las funciones residuales del Instituto Monetario Europeo. 
Como ha señalado la señora ponente, la función específica del Banco Central Europeo será el control de la estabilidad de precios que se logrará a través de una atenta e imparcial política monetaria, así como realizando operaciones de cambio, gestionando las reservas de divisas de los Estados miembros, promoviendo el funcionamiento de los sistemas de pagos y, por último, autorizando la emisión de billetes y monedas. 
La estabilidad monetaria de los precios, garantizada en todo el territorio europeo, y la independencia del Banco Central Europeo fomentará la confianza de los mercados y, en consecuencia, se podrá conseguir una baja de los tipos de interés, en particular a largo plazo. 
Esta dinámica será absolutamente positiva para las pequeñas y medianas empresas que representan el mayor porcentaje de operadores económicos europeos, sobre todo en las realidades económicamente más débiles. 
Comparto, sin embargo, las preocupaciones de la señora ponente cuando en su informe advierte que, con arreglo al Tratado, en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de sus funciones y deberes, el Banco Central Europeo será absolutamente independiente, esto es, ninguno de sus órganos podrá aceptar o solicitar instrucciones e indicaciones de ningún Gobierno u otro organismo. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de sus estatutos, no cabe duda de que se trata del banco central más independiente del mundo. 
El estatus de soberanía que caracterizará dicha institución tendrá que garantizar, sin embargo, una política monetaria imparcial para todos los Estados miembros, a fin de evitar el riesgo de que el Banco Central Europeo, al no estar sometido a ningún control democrático, pueda interferir libremente en cualquier asunto que esté relacionado con el dinero de los Estados miembros. 
Por lo tanto, considero fundamental que, a la vista de la necesaria independencia operativa del Banco Central Europeo, se prevean adecuados mecanismos de consulta del Parlamento Europeo, órgano elegido democráticamente. 
Presidente, el Banco Central Europeo que se debe crear dentro de tres meses será más independiente que cualquier banco existente en el mundo. 
Sería un error, sin embargo, pensar que no tiene que preocuparse por nadie. 
No opera en un vacío y por tanto debe ganarse la credibilidad y la autoridad. 
Eso será para el BCE lo más fácil si puede mostrar resultados. 
Sin embargo, esto tardará en llegar. 
Además, aunque el BCE ha nacido en una época de inflación históricamente baja, nadie sabe aún cómo acabarán a nivel europeo los instrumentos monetarios que han prestado sus servicios a nivel nacional. 
La política del BCE deberá ciertamente estar también caracterizada al principio por un enfoque que busque precaución. 
Con esto, lograr la credibilidad del gran público será extremadamente difícil. Eso realmente sólo puede hacerse de una manera, rindiendo cuentas constantemente y explicando lo que hace el BCE y el porqué. 
Es una paradoja del BCE: será el banco más independiente pero también tendrá el mayor interés por la transparencia y la rendición de cuentas. 
Ahí se unen los intereses del BCE y del Parlamento Europeo. Porque el Parlamento Europeo es el único foro público al que el BCE está obligado por contrato a rendir cuentas. 
Por ello nos parece razonable llegar a un acuerdo con el BCE acerca de cómo pueden darse esa transparencia y esa rendición de cuentas de la forma más sensata posible en interés de ambos. 
Se trata además de realizar, tanto de forma oral como por escrito, informes regulares entre otras cosas sobre los objetivos monetarios que se eligen y el porqué, sobre la medida en que se cumplen los objetivos y el motivo de su posible desviación y sobre las consecuencias de la política monetaria para la economía y el empleo. 
La disposición del BCE a la máxima transparencia y a la rendición de cuentas con sensatez será ciertamente de crucial importancia en la fase inicial. 
Sin ella habría que temer seriamente un mal comienzo del BCE y no lograría granjearse credibilidad y autoridad. 
Por eso el Parlamento Europeo deberá lograr que durante las audiciones de los candidatos a la dirección del Banco Central Europeo, el criterio sobre la tendencia democrática y la disposición a rendir cuentas desempeñe un papel importante. 
No sólo pedimos a los candidatos que eventualmente no obtengan la confianza de la mayoría del Parlamento que retiren ellos mismos su candidatura, sino que también apelamos a los Gobiernos de los Estados miembros para que no nombren ningún candidato que no pueda contar con el apoyo del Parlamento. 
En vista de la dimensión extrema de independencia del BCE, importa muchísimo la actitud democrática de cada candidato en particular. Eso no se limita sólo al candidato a la presidencia. 
Por eso, en lo que a nosotros respecta, las audiciones de los candidatos el mes que viene no serán en absoluto pura formalidad. 
Si se puede depositar al BCE en un entorno democrático, tiene que suceder ahora. 
Eso es lo que está en juego en este momento. 
Señor Presidente, el establecimiento de la moneda única es un fenómeno histórico sin precedentes. 
Por primera vez en la historia del mundo, estados independientes, con sociedades democráticas, han decidido ceder una parte importante de su independencia nacional, su moneda, a una institución común que la gestione en beneficio de todos. 
Los debates que ahora se llevan a cabo acerca de la transparencia de la administración o de los miedos expresados acerca de la posibilidad de que el Banco Central Europeo pueda abusar y no actuar buscando el bien de las sociedades que representa creo que están fuera de lugar. 
En sociedades democráticas como las nuestras, el proceso democrático es ya un hecho y debido a que los bancos centrales en cualquier parte, especialmente el Banco Central Europeo, se supone que trabajan para el bien de todas las economías y de todos los pueblos de Europa- y ésa es la razón de su existencia- la opinión pública los obliga a que su funcionamiento sea transparente y a que los asuntos de su competencia se lleven a cabo de la mejor forma posible. 
El debate acerca de la falta de transparencia que se desarrolla de vez en cuando relativo a las preocupaciones expresadas por una u otra parte- y el otro extremo- el hecho de que todo se tenga que comunicar y que el Banco Central no pueda llevar a cabo su tarea, creo que sobran y cuanto antes se atajen, mucho mejor. 
El excelente informe de la Sra. Randzio-Plath propone un equilibrio entre esos dos elementos y creo que expresa una opinión muy acertada, que espero que sea adoptada por el Parlamento para proteger los intereses de los países de Europa y para que el sistema funcione de la mejor manera posible. 
Señor Presidente, la total independencia del BCE se halla establecida con mucha razón en el Tratado. 
El objetivo máximo de su política monetaria es mantener la estabilidad de precios. 
Por consiguiente, la decisión sobre el grado de apoyo del BCE a la política económica general depende de la evaluación de las repercusiones que pueda tener sobre la estabilidad de los precios. 
¡Estabilidad de precios a cualquier coste, incluso al de un aumento del desempleo! 
Éste es, para ser exactos, el discurso público, el cual en último término revela claramente una cosa: la política monetaria no es neutral. 
Por esto es necesario comprometer al BCE a mantener un diálogo con la política. 
En este sentido, yo no creo que deba existir forzosamente una contradicción entre la independencia del BCE, por un lado, y la transparencia, por el otro. 
En cambio, tengo la certeza de que, para que tenga éxito, la Unión Monetaria deberá contar con la aceptación de los ciudadanos. 
Pero dicha aceptación sólo podrá obtenerla mediante la transparencia de las decisiones del BCE y su legitimación democrática. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Randzio-Plath trata de una de las cuestiones de mayor interés que se presentan ante nosotros ahora que nos encontramos a las puertas de la Unión Monetaria, cuyo pilar central será, precisamente, la independencia del Banco Central Europeo en los términos establecidos por el Tratado y los Estatutos del Banco. 
La independencia del instituto emisor no es ningún dogma o axioma de la ciencia económica; no se deriva de un razonamiento abstracto, sino que es un modo de funcionamiento cuyo principal aval es el de la experiencia histórica. Esta ha mostrado las ventajas prácticas de la independencia de la autoridad monetaria para asegurar la estabilidad de los precios en los dos ejemplos mejor conocidos a uno y otro lado del Atlántico. 
Ahora bien, independencia- como se ha dicho esta tarde aquí- no quiere decir, de ninguna manera, irresponsabilidad. 
En democracia todo poder- y el Banco Central Europeo será, efectivamente, un poder -, aunque sea independiente del poder político- como es el caso del Banco Central Europeo o, en otro ámbito, el del poder judicial- debe estar en condiciones de justificar ante la opinión pública, ante los ciudadanos, las razones que explican su actuación, que explican cómo se fijan sus objetivos y que explican cuáles son las medidas adoptadas para conseguir estos objetivos y estas metas. 
Y esto tanto a priori como a posteriori. 
El control democrático reclama pues, en primer lugar, diálogo con la institución parlamentaria- con este Parlamento y con los Parlamentos nacionales- y exige también transparencia informativa. 
El informe de la Sra. Randzio-Plath es, en un sentido y otro, un informe realista y equilibrado. 
Concluyo, señor Presidente, diciendo que tenemos que ser conscientes de que estamos al inicio de un camino en el cual este Parlamento deberá demostrar que se encuentra a la altura de la nueva tarea que supone ser el principal interlocutor del Banco Central Europeo. 
Y al mismo tiempo, hay que resaltar también que estamos al inicio de un camino en el curso del cual no cabe excluir ulteriores reformas, incluida la del propio Tratado- como se ha reclamado aquí esta tarde -, para dar mayor profundidad, precisamente, al control democrático del Banco Central Europeo. 
Señor Presidente, tal como se ha dicho, la independencia del Banco Central Europeo es un bien muy valioso y, por lo tanto, no admite discusión. 
En un sistema federal, representa una garantía fundamental para los Estados participantes y además confiere credibilidad y autoridad al Banco en los mercados financieros. 
La responsabilidad, que estamos tratando esta tarde, no es sólo una exigencia democrática, sino un requisito fundamental para sustentar la autoridad y la credibilidad del Banco. 
En consecuencia, antes de nada, es de interés para el propio Banco Central Europeo adoptar de cara a la opinión pública modalidades para justificar su actuación de manera adecuada, teniendo en cuenta, como es obvio, la enorme diferencia entre los programas de acción ex ante que no pueden exponerse más que en líneas generales y los informes ex post acerca de las orientaciones seguidas que deben hacerse públicos de forma más analítica. 
A mi entender, por lo tanto, no se trata de establecer normas, sino de favorecer comportamientos, en particular, con respecto al Parlamento Europeo, comportamientos que pueden establecer ese clima de confianza que requieren la transparencia y la disponibilidad para aclarar y someter a debate sus propias actuaciones- lo que nosotros llamamos, en el contexto de nuestro debate, responsabilidad- y que, repito, es de interés para la propia autoridad y credibilidad del Banco Central Europeo. 
Señor Presidente, al contrario que los demás colegas que intervienen en este debate, vengo de un país en el que no ha habido ningún debate político sobre la moneda ante el euro. 
Luxemburgo, unido a Bélgica en una unión monetaria desde 1922 no ha tenido realmente derecho a la palabra en esta Unión. 
La Unión Económica y Monetaria nos devuelve la palabra. 
Con la Unión Monetaria los ciudadanos de mi país descubren la importancia de todo lo que rodea a la moneda. 
Por ello, el diálogo del Parlamento Europeo con el Banco Central tiene como función despertar en nuestras opiniones públicas la conciencia de la importancia que tiene el peso de la política monetaria en la política económica y social en general. El Banco Central está llamado a interesarse más especialmente por la estabilidad de los precios. 
¿Cuáles pueden ser las consecuencias para las políticas de los Estados miembros? 
Doy un ejemplo en este sentido. 
En Luxemburgo, los ingresos están ampliamente ajustados a la evolución de los precios. 
Se trata de un elemento importante de la política de redistribución de los ingresos y de la política social en mi país. 
Si, por ejemplo, el Banco Central debiera pronunciarse sobre este tema, debería caber la posibilidad de preguntarle públicamente sobre esta cuestión así como sobre sus decisiones. 
Pienso por tanto que la adhesión pública a la política monetaria del Banco Central será esencial para la nueva moneda que está naciendo, como será igualmente esencial la presentación pública, por el Banco Central, de sus decisiones e intervenciones. 
Para terminar, quisiera, señor Presidente, felicitar a la Sra. Randzio-Plath por su informe y sobre todo por el trabajo que ha realizado a lo largo de los últimos años, a la cabeza de la Subcomisión de Asuntos Monetarios, para hacer realidad la Unión Monetaria y para que ésta figure entre las cuestiones tratadas por el Parlamento Europeo. 
Habida cuenta del peso del futuro Banco Central Europeo, creo que el Parlamento Europeo debería reflexionar seriamente sobre la creación de una comisión de asuntos monetarios, en el marco de la cual podría desarrollarse el diálogo con el Banco Central. 
Señor Presidente, han repetido todos los oradores que estamos ante un acontecimiento histórico desde la firma del Tratado de Roma. 
Es verdad, y este Parlamento, que constituye desde siempre el motor de la integración europea, debe hacer todo lo posible y necesario para que el euro sea un éxito. 
Y para que el euro sea un éxito, hemos convenido todos en que es necesario garantizar la estabilidad de precios. 
No lo cuestionaré, pero sí celebro que en el informe de la Sra. Randzio-Plath se hable también de otros objetivos y, singularmente, del objetivo de la creación de empleo. 
Hemos convenido también en que la política monetaria debe ser diseñada y ejecutada por un Banco Central Europeo que goce de independencia. 
Y no lo cuestionaré, pero celebro también que en el informe de la Sra. Randzio-Plath se hable de la necesaria coordinación de la política monetaria con el resto de las políticas para alcanzar los grandes objetivos de la Unión Europea. 
Me parece inteligente el acuerdo institucional propuesto por el Sr. Herman y creo que constituye un primer paso, que probablemente tengamos que evaluar en el futuro revisando los Tratados si eso fuese necesario. 
El gobierno económico de Europa constituye, y se apunta en este informe, un contrapeso necesario. 
Y para terminar, me parece importante que el Banco Central Europeo no sea una burbuja en el aire, una especie de neoplatonismo aristocrático, y el Parlamento Europeo debe jugar aquí su papel. 
Señor Presidente, dentro de pocas semanas, la Unión Europea elegirá al gobernador del Banco Central Europeo y futuro banco rector de Gran Bretaña. 
Que nadie se equivoque al respecto: el establecimiento de tipos de interés por parte del gobernador o gobernadora del BCE y su Junta de cinco gobernadores afectará profundamente los tipos de interés en el Reino Unido, el nivel de inflación y la fuerza de la libra esterlina. 
Es decir que nosotros, los diputados, tenemos que tenerlo muy claro cuando contribuyamos a confirmar la elección del jefe del Banco Europeo, en especial cuando se lleve a cabo la única sesión inquisitoria del Parlamento en Bruselas, en mayo. 
El hecho de investigar a los candidatos para el BCE de ningún modo es un desafío a la independencia de esta institución, que, garantizada por el Tratado de Maastricht, está delineada y definida aún más específicamente que la del Bundesbank, su modelo. 
Pero Europa y sus ciudadanos exigen que sometamos al BCE a una responsabilidad legítima y democrática, que verifiquemos que lo que se hace para obtener un banco independiente se hace para el pueblo, desde el pueblo y por el pueblo; que el objetivo central de la estabilidad de precios conduce al palacio de la prosperidad y el pleno empleo y no a la cueva de la deflación y la recesión. 
Esta responsabilidad es precisa no sólo para satisfacer las necesidades democráticas de Europa, sino también- y algo mucho más importante- para confirmar las credenciales del Banco mismo. 
Este punto me fue planteado por el candidato Duisenberg la semana pasada en la Subcomisión, y esta Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial también debe adoptarlo y adaptarse a él. 
Su papel nuevo como centro bancario para los ciudadanos de Europa tendrá que ser desarrollado, y en esencia el Gobernador del BCE deberá presentar no sólo el informe anual del Banco, sino también explicaciones más frecuentes- tal vez trimestrales- de sus decisiones sobre los tipos de interés, y tendrá que publicarse un resumen de las actas de esa institución, en el que se inserten las decisiones adoptadas más un comentario explicativo. 
Sólo por este camino el Parlamento Europeo podrá realizar su tarea de custodio independiente de un Banco independiente, bosquejado en el ejemplar informe pionero, tan bien elaborado y acabado por nuestra compañera, la Sra. Christa RandzioPlath. 
Señor Presidente, para cuando emprenda sus actividades, en el Banco Central Europeo se habrá concentrado un enorme poder económico. 
Este banco decidirá, en la práctica, todo en materia de política económica, ya que, por ejemplo, la política financiera tiene las manos atadas por los criterios de convergencia. 
La situación coyuntural europea dependerá en gran medida de que, en el transcurso de su mandato de ocho años, la dirección del Banco Central Europeo consiga adoptar medidas adecuadas y evitar cometer errores. 
La pregunta del millón estriba en saber si será posible encontrar seis hombres y mujeres dotados con capacidades casi sobrenaturales para ocupar la dirección de este Banco Central. 
Si bien es adecuado garantizar su independencia, no es menos necesario establecer también un diálogo parlamentario. 
El poder que no está sujeto a responsabilidades da lugar fácilmente a malas interpretaciones y a abusos. 
La dirección del Banco Central deberá colaborar principalmente con la Comisión de Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
También deberá saber integrar la política de valores monetarios y las políticas de crecimiento y empleo. 
Una política monetaria muy ortodoxa podría fácilmente, incluso, llegar frenar el crecimiento económico. 
Estimados colegas, el euro debe crear estabilidad en los Estados miembros. 
El euro debe convertirse en la tercera divisa internacional de reserva, al lado del dólar y el yen. 
La nota que obtenga la dirección del Banco Central Europeo dependerá del éxito que se coseche en esta tarea. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, los informes de la Comisión y del Instituto Monetario Europeo nos han situado en la recta final para el establecimiento de la moneda única, un hecho histórico para la construcción de la Europa unida. 
La gestión de dicha moneda única Europa cuenta al fin con un banco central que va a estar a la altura de las circunstancias, un banco que va a ejercer la política monetaria europea de forma unitaria, teniendo en cuenta las necesidades y los intereses de todos los Estados miembros partícipes en dicha moneda única y, espero que también, de los estados que aún no participan en la misma pero que aspiran a acceder en breve a ella. 
Sería un error el considerar que hasta hoy no se ha ejercido una política monetaria única. 
Dicha política se ha ejercido en algunos momentos pero sin espíritu de cooperación. 
Se ha ejercido con el espíritu de imponerse por parte de un poderoso banco central europeo o alguno extraeuropeo. 
Esto no va a ocurrir en el futuro. 
Pero para que el Banco Central Europeo pueda ejercer su política monetaria de una manera justa y equilibrada debería ser independiente. 
Dicha independencia no está amenazada, al contrario está garantizada mediante los procesos democráticos a los que aspira el informe de la Sra. Randzio-Plath. 
El hecho de proporcionar información responsable al Parlamento consolidará el prestigio del Banco entre los pueblos de Europa y le permitirá ejercer su labor teniendo como única guía el interés general y sin verse influido por intereses particulares. 
En dicho proceso democrático, al que aspira el informe que estamos debatiendo, el Parlamento tendrá la posibilidad de señalar el interés general de acuerdo con la coyuntura y, de esa manera, crear alrededor del Banco Central el ambiente adecuado para que cumpla de forma óptima sus obligaciones. 
Señor Presidente, si bien no se trata en absoluto de poner en tela de juicio la independencia del Banco Central Europeo, en todo caso y por lo que a mí respecta, se plantea el problema de saber cómo controlar a aquellos que ponen en práctica la política monetaria, ya que su poder para hacer el bien y el mal- en materia económica, por supuesto, ya que no se trata de predicar normas morales- es determinante. 
Es evidente que la democracia exige de los responsables monetarios que no funcionen como electrones libres sin la obligación de justificar nunca sus actos. 
Es conveniente que los dirigentes rindan cuentas de su política y que ésta sea ampliamente discutida, sobre todo en el seno de este Parlamento que es la única instancia elegida en el plano europeo. 
El informe de la Sra. Randzio-Plath respeta bastante este equilibrio entre independencia y control democrático. 
En mi grupo, yo mismo incluido, somos favorables en conjunto. 
Sin embargo, quisiera plantear una reserva. 
Tiene relación con el artículo 3 que señala que la política monetaria influye en el crecimiento y en el empleo. 
No discuto esta posición, pero me parece que le falta precisión. 
Sin duda, la moneda tiene una influencia en el crecimiento y en el empleo, pero esta influencia es temporal y no duradera. 
Creer que la moneda influye de forma duradera en el crecimiento y en el empleo, como ocurría en el informe preliminar, tiene consecuencias devastadoras para la política monetaria. 
No habría ninguna razón para poner en práctica una política monetaria de estabilidad de los precios. 
Al contrario, sería preciso aplicar permanentemente una política de relanzamiento monetario. 
Sólo habría que pedir al presidente del Banco Central que tomara su helicóptero- no dudo de que tendrá uno- y balancear toneladas de billetes de 500 euros sobre la cabeza de las poblaciones europeas asombradas y embelesadas. 
Precisamente para evitar este tipo de malentendidos considero necesario precisar este punto, ya que no se trata de ser mal comprendido al mismo tiempo por la Comisión, por el Consejo y por la opinión pública en general. 
Señor Presidente, éste es un informe fundamental para el futuro del Parlamento Europeo. 
El Banco Central Europeo es un banco completamente independiente y así lo entendemos nosotros. 
Pero la legitimidad de su funcionamiento y la posibilidad de su control democrático es uno de los asuntos que más se han debatido en los diversos países. 
En Portugal, la falta de control democrático del Banco Central Europeo ha sido uno de los temas más controvertidos y sistemáticamente debatidos. 
El Parlamento Europeo, que examinará a los candidatos a la dirección del Banco Central Europeo, tiene derecho a oír periódicamente a su presidente y a su dirección. 
Cuando nosotros, en el Parlamento Europeo, votemos y homologuemos la dirección del Banco Central Europeo, éstos asumirán la responsabilidad de cualquier representante elegido: la de rendir cuentas. 
El Parlamento Europeo no intervendrá en las decisiones del Banco Central Europeo, pero el propio Banco Central deberá tener todo el interés en explicarlas de forma periódica y sistemática a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y a la Subcomisión Monetaria, como hicieron anteriormente los directores del Instituto Monetario Europeo. 
En Portugal se acostumbra a decir que «quien no debe no teme». 
Así, pues, que el Banco Central Europeo acuda periódicamente al Parlamento Europeo a examinar con nosotros sus opciones. 
Así, los ciudadanos europeos sabrán que el Banco Central Europeo escuchará y prestará cuentas a quien en Europa los representa legítimamente. 
Señor Presidente, Señorías, el debate desarrollado hasta ahora ha demostrado que una amplísima mayoría de la Asamblea apoya la independencia del Banco Central Europeo. 
Sin embargo, por otro lado, también ha quedado claro que éste no puede permanecer aislado en una torre de marfil. 
En efecto, las decisiones que allí se adopten tendrán una repercusión directa sobre la vida de muchos ciudadanos de la Unión Europea. 
Cualquiera que desee construirse una casa, pedir un crédito o comprarse un coche a plazos se verá directamente afectado en el futuro por una decisión del Banco Central Europeo. 
Por esto, el presidente del Banco Central Europeo tiene que estar obligado a dar explicaciones y a responder, a rendir cuentas, a explicar a los ciudadanos por qué ha adoptado determinadas decisiones en favor de la estabilidad monetaria, y debe estar abierto al diálogo. 
Nos enfrentamos, sin embargo, con el problema de que todavía no existe una opinión pública europea en el mismo sentido en que existe una opinión pública alemana, francesa, italiana o británica. 
Por consiguiente, el Parlamento Europeo es el lugar donde debe concentrarse en un primer momento este debate con los ciudadanos. Por este motivo, pedimos un diálogo constructivo con el presidente del Banco Central Europeo. 
Éste debería desarrollarse, por un lado, aquí en el Pleno del Parlamento Europeo con ocasión de la presentación de un informe anual y con la exposición de cómo se propone configurar en el futuro la política del Banco Central Europeo. Por el otro lado, dicho diálogo debería tener lugar en el marco de la comisión competente, mediante conversaciones concretas con el presidente del Banco Central Europeo, que no deberán ser de carácter técnico. 
Necesitamos mantener un diálogo amplio con el presidente del Banco Central Europeo, no sólo sobre los problemas técnicos de la política monetaria, sino también sobre la política económica y la política fiscal en la Comunidad Europea, sobre la política presupuestaria y la política de la competencia, toda vez que éstas repercuten sobre la estabilidad monetaria. 
Deseamos un diálogo amplio. 
El verdadero desafío será, además, mantener este diálogo con el presidente del Banco Central, por un lado, pero por el otro también con la Comisión Europea, tal como ya hacemos ahora, al igual que con la Presidencia del Consejo y con los Ministros de Finanzas de los Estados miembros, que suelen comparecer periódicamente ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial para informar sobre sus programas de estabilidad. 
En efecto, el verdadero desafío, una vez que se ha conseguido una política monetaria común europea, es la necesidad de formular también una política económica común europea. 
El presidente del Banco Central Europeo necesita un interlocutor sólido para adoptar sus decisiones. 
¿Quién debe ser este interlocutor? 
Yo no creo en la idea de un gobierno económico europeo, puesto que ya contamos con unas instituciones europeas. 
Tenemos la Comisión Europea, que deberá ser un interlocutor importante. 
Tenemos el Consejo Europeo, las reuniones bianuales de los Jefes de Estado y de Gobierno donde éstos pueden establecer las directrices de la política económica. 
El Consejo Europeo es sin duda la institución más sólida de la Unión Europea. 
Tenemos el Consejo ECOFIN y tenemos el Parlamento Europeo, donde deberá recogerse este debate y explicar a los ciudadanos por qué se adoptan determinadas decisiones de ámbito europeo. 
Yo pienso que es importante que en el debate sobre el informe de la colega Randzio-Plath, que yo suscribo en su presente forma, tengamos claro que no estamos hablando sólo de la política monetaria de la Unión Europea o del control sobre el Banco Central Europeo, como dicen algunos, sino de un diálogo amplio sobre la futura política monetaria y económica de la Unión Europea. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Lamento que muchos oradores que abandonaron la sala no oyeran las espléndidas respuestas que usted dio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración del Consejo sobre los resultados de la Conferencia europea de Londres. 
Doy la bienvenida al Sr. Henderson, quien presentará la declaración del Consejo. 
Señor Presidente, el avance en la ampliación europea ha sido una de las prioridades fundamentales de la Presidencia. 
Estamos decididos a que la Unión Europea se aproveche de esta oportunidad histórica de dejar de lado para siempre las divisiones que, por desgracia, marcaron nuestro continente durante demasiados años. 
Por eso me complace confirmar que se ha cumplido con éxito el mandato del Consejo Europeo de Luxemburgo sobre la ampliación. 
Abrimos la Conferencia Europea el 12 de marzo. 
Confirmamos la aprobación de la Unión Europea a los términos del acceso de los socios. 
Iniciamos con buen pie el proceso de ingreso el 30 de marzo e iniciamos las negociaciones de ingreso con los Seis el 31 de marzo. 
Cada uno de estos puntos representa un elemento vital en nuestros esfuerzos para asegurar una ampliación venturosa. 
Me gustaría analizarlos uno a uno. 
En primer lugar, la Conferencia Europea. 
La primera reunión de la Conferencia, el 12 de marzo, fue un acontecimiento histórico. 
Constituyó una demostración clara de que todos los participantes integran la familia europea. 
La jornada estuvo plena de simbolismo. 
Recibimos con beneplácito la importante contribución del Presidente Gil Robles ese día. 
La jornada del 12 de marzo demostró que una conferencia puede tener un valor añadido. 
Los 26 países estuvieron de acuerdo con las conclusiones del Presidente al establecer el marco amplio de esta Conferencia, en la que los participantes podrán analizar los asuntos de interés común y lograr que su cooperación con la comunidad internacional sea más efectiva. 
Las discusiones se centrarán en las drogas y en la delincuencia, el medio ambiente, la política exterior y de seguridad, la cooperación regional y los asuntos económicos. 
Los 26 países también acordaron hacer una declaración sobre Kosovo y decidieron nombrar un grupo de expertos sobre drogas y delincuencia, que iniciarán urgentemente sus tareas. 
Celebrarán la próxima reunión los Ministros de Asuntos Exteriores durante la Presidencia austriaca. 
Nos complace haber establecido esta Conferencia como un órgano que encamina los asuntos de directo impacto en la vida de la gente y que permite que todos los participantes consideren los diversos temas en un pie de igualdad. 
Aunque respetamos su decisión, lamentamos que Turquía no asistiera a la reunión del 12 de marzo en Londres. 
Pero la Conferencia envió una clara señal de que sus puertas siguen abiertas para ese país. 
En segundo lugar, fue un placer que el ingreso de los asociados se aceptara el 24 de marzo. 
Los nuevos socios son un elemento crucial de la reforzada estrategia de preingreso. 
También dimos las gracias por la cooperación brindada por el Parlamento Europeo en la última ocasión en que asistí al Pleno. 
Ahora debemos asegurar que los aspirantes obtengan con rapidez la ayuda que necesitan y que la usen con eficacia. 
En tercer término, completamos las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo lanzando el proceso de incorporación. 
Este proceso se puso en marcha en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada el 30 de marzo en Bruselas y demostrará que la ampliación es abierta. 
La próxima reunión la celebrarán los Ministros de Justicia e Interior el 29 y el 30 de mayo. 
Esperamos que en ella los 26 países lleguen a un acuerdo previo a la incorporación sobre la delincuencia organizada. 
En cuarto y último lugar, iniciamos las negociaciones de ingreso con los Seis: Estonia, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovenia y Chipre. 
Empezaron estas negociaciones los Ministros de Asuntos Exteriores el 31 de marzo. 
Ahora hay que ir a los detalles. 
La tarea que tenemos por delante es una gran tarea. 
Debemos asegurarnos de contar con el apoyo público a medida que el proceso avance. 
Tendrá especial importancia explicar los beneficios de la ampliación a nuestros ciudadanos y ganar sus corazones para este proyecto histórico, que por fin nos permitirá ampliar los beneficios de la Unión Europea a un espacio europeo mayor. 
Esperamos que el Parlamento Europeo nos ayude en la empresa. 
Señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, yo creo que éste ha sido, de hecho, un mes histórico con la celebración de la Conferencia Europea, las conversaciones sobre los procesos de adhesión y el inicio de la primera ronda de negociaciones. 
Señor Presidente del Consejo, usted ha hablado de simbolismo, de los símbolos, y también hemos visto muchas fotografías que documentan el momento inaugural. 
Sin embargo, también ha manifestado, a Dios gracias, que los contenidos son importantes. 
Esta Asamblea y, sobre todo, nuestro Grupo político fueron los que señalaron que la Conferencia Europea sería una farsa si se convertía sólo un marco social para hacerse de vez en cuando alguna foto. 
Yo me alegro muchísimo de que desde el primer momento se haya empezado a hablar de contenidos y de que algunos, que veían la Conferencia como un marco muy abierto y muy informal, tal vez hayan empezado a modificar su concepción de la misma, y de que realmente se hable de temas que son muy importantes para Europa y para el futuro. 
En el breve tiempo de que dispongo, voy a enumerar sólo algunos puntos: en primer lugar, desde este marco, en estas conversaciones, deberíamos transmitir también a la Conferencia Europea que deseamos una Europa más grande, pero también más fuerte. 
La ampliación y la gran Europa no deben lograrse a expensas de su fortaleza. 
A diario podemos constatar la gran cantidad de insuficiencias que todavía tenemos en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común y también en otros. 
Esto es importante, entre otras cosas, porque algunos de los países que ahora aspiran a la adhesión han alcanzado sólo recientemente su independencia y se preguntan si será posible conciliar sus esfuerzos por independizarse con la adhesión a una nueva comunidad. 
Es posible que deseen con urgencia la adhesión, pero que la conciban bajo una forma más flexible y menos vinculante de la que nosotros consideramos importante que tenga. 
En segundo lugar, dado que las negociaciones y las conversaciones con vistas a la adhesión se prolongarán bastante, en los próximos años también tendremos que transmitir algunas señales. 
Señales que indiquen a esos países que, si bien aún no ha llegado el momento de la adhesión, están avanzando en la preparación para la misma. 
Que van por buen camino. 
Allí esperan recibir esas señales de nosotros. 
Lo digo porque hace poco visité con Pauline Green los tres países bálticos y pude observar la ansiedad con que se esperan señales de Europa. 
Al mismo tiempo, una parte de esta Europa acaba de introducir hace poco la obligación del visado y las tasas para su obtención. 
Resulta grotesco- por referirme sólo a este ejemplo- que esperemos la aproximación a Europa de unos países y unas personas sobre la base de las normas de Schengen y que, simultáneamente, algunos países- entre ellos Austria- introduzcan la obligación del visado y el pago de tasas para su obtención. 
Es algo incomprensible e inaceptable y que, a mi parecer, debería cambiar. 
En tercer lugar, yo quisiera destacar que las conversaciones con Eslovaquia son muy importantes. 
Lamentamos mucho que el régimen de Meciar esté desarrollando una política que perjudica a su propio pueblo y yo creo que la Conferencia Europea es justamente el marco adecuado para obligar a Eslovaquia a adoptar una actitud proeuropea. 
Por otra parte, es fundamental que empecemos a pensar ya desde ahora cómo debe seguir avanzando la Conferencia europea y cómo deben plantearse las relaciones con Rusia, con Ucrania y sobre todo también con Turquía. 
Señor Presidente del Consejo, yo quiero manifestarle mi agradecimiento por su informe. 
Creo que ha sido un buen punto de partida. 
Dependerá, precisamente, también de Austria que la continuación sea igualmente buena. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, yo creo que la primera Conferencia Europea constituyó una importante aportación al conjunto del proceso de ampliación y acercamiento en Europa. 
Representa una preparación y a la vez una parte integrante y un elemento de cohesión de un nuevo orden europeo. 
Se ideó para incluir a un país concreto, pero yo pienso que todos deberíamos dejar claro que una Conferencia Europea de esas características sólo tendrá sentido a la larga si está abierta a todos los que, por consideraciones propias o de la Unión Europea, todavía no desean iniciar las negociaciones para la adhesión, pero se sienten llamados a sumarse a la larga a la Unión. 
Si países como Suiza y otros pudiesen encontrar allí un punto de vinculación, esto sin duda también ayudaría a otro país- Turquía- a dar el correspondiente paso y sumarse nuevamente a dicho proceso. 
A mi parecer, los cinco aspectos que se abordaron en Londres representan una selección de temas fundamentales. 
Yo espero, de hecho, que el grupo de expertos creado por la Presidencia británica en el contexto de la lucha contra el crimen organizado transfronterizo permita alcanzar dentro de 12 meses resultados que también tengan consecuencias prácticas para la seguridad de nuestros ciudadanos: los temas de la protección del medio ambiente, de unas economías competitivas, de la Política Exterior y de Seguridad Común, y de la cooperación regional son de interés común, tanto para los Estados miembros de la Unión Europea, como para los que han iniciado negociaciones de adhesión inmediatas o para los que se encuentran más o menos próximos de la Unión; me parece que esto es evidente. 
Yo estoy francamente convencido de que, en este sentido, la Conferencia Europea también ofrece una oportunidad para tender puentes más allá de las futuras fronteras de la Unión Europea. 
Yo espero que los Ministros de Relaciones Exteriores continúen desarrollando la iniciativa en esta dirección en la primera Conferencia que celebrarán bajo la Presidencia austriaca. 
Yo creo que si se plantea en este sentido amplio y con este contenido también será posible volver a reconstruir los puentes con Turquía, que lamentablemente se rompieron- por razones en las que no hace falta entrar ahoray que es de esperar que pronto se restablezcan y vuelvan a ser transitables. 
Señor Presidente, quiero decir unas pocas palabras para señalar la valoración y el agradecimiento al Presidente en ejercicio por su importante contribución al Parlamento Europeo esta tarde, y también aprovechar la oportunidad de desearle a él y a sus colegas que están en la conducción de la Presidencia británica un éxito continuado para el resto de su período. 
Las negociaciones iniciadas con seis países candidatos a la integración esta semana en Bruselas constituyen un paso histórico en la evolución de la Unión Europea. 
Recibimos con placer este primer paso en el proceso de expandir la Unión a Europa Central y Oriental y, junto al resto de los países que han presentado su candidatura a la integración, espero la apertura de las negociaciones. 
El proceso de ampliar la Unión será difícil tanto para los países candidatos como para los actuales Estados miembros. 
La reciente publicación del paquete de propuestas Santer ha demostrado con claridad que los actuales Estados miembros tendrán que adoptar decisiones difíciles respecto al monto del presupuesto europeo y a la futura administración tanto de los fondos estructurales como de la Política Agraria Común, a fin de prepararse para la ampliación. 
Los países candidatos también se enfrentarán con un difícil proceso de adaptación en muchos campos, como por ejemplo en los asuntos de justicia e interior, que son centrales en el proceso de ampliación. 
Es esencial que los países candidatos adopten el conjunto de la legislación de la UE que ya está vigente para luchar en toda Europa contra la delincuencia organizada. 
En este ámbito, la legislación de la UE evoluciona constantemente, por lo que creo que tendrán que darle prioridad máxima y, con ese fin, deberán tomar medidas inmediatas para asegurar que quienes en sus países son responsables de la lucha contra la delincuencia organizada, como los jueces, la policía, las aduanas y la administración fiscal, tengan acceso a los programas necesarios para perfeccionar sus conocimientos y métodos prácticos, en lo que debe ser un creciente esfuerzo conjunto para combatir la delincuencia organizada. 
Los grupos criminales internacionales tienen enormes recursos a su disposición, tanto financieros como tecnológicos, y redes y conocimientos especializados. Por consiguiente, la Unión Europea debe continuar desarrollando los medios para poner entre rejas a todos los delincuentes que operan con impunidad saltándose las fronteras. 
Esperamos y pedimos al menos otro tanto de nuestros futuros asociados. 
El Consejo ha llegado hace poco a un acuerdo político para declarar delictiva la participación en organizaciones criminales dentro de los Estados miembros de la UE. 
Esto fortalecerá nuestra mano para combatir contra la delincuencia organizada y espero que los países candidatos a la adhesión se pongan a la par nuestra en este aspecto, como así también en el de las sanciones criminales disuasorias. 
En el futuro, quiero ver más ejercicios conjuntos de vigilancia en la UE, como la operación PEGASUS, destinada a detectar el tráfico de cocaína y otras sustancias prohibidas o restringidas, que traen pasajeros llegados por avión desde ciertos países suramericanos y caribeños, que viajan hacia diversos destinos de la UE. 
Un objetivo inmediato ha de ser el de extender estos ejercicios conjuntos de vigilancia a los países candidatos a la adhesión. 
Por último, insto a los tres Estados miembros que aún no han ratificado el Convenio EUROPOL a que lo hagan sin tardanza. 
El rendimiento total del Convenio EUROPOL no se puede alcanzar a menos que este procedimiento se complete, y sería un mal ejemplo para los países candidatos a la adhesión que nosotros mismos fuésemos incapaces de completar el proceso de ratificación. 
Señor Presidente, fuera del hemiciclo hay fotos de hace 30 o 40 años que simbolizan el éxito que tenemos en este momento con la Unión Europea. 
Ahora han vuelto a tomarse fotos simbólicas y espero que dentro de 20 años vuelvan a ser una ilustración del éxito. 
Eso dependerá en gran parte de lo que hagamos en los años venideros. Muchos deberes para los candidatos, pero también para la Unión Europea. 
La Unión debe ahora, finalmente, actuar de forma unánime, y he de decir que la división que la Unión ha mostrado, por ejemplo en el asunto de Chipre, es para decirlo con una sola palabra escandalosa, peor aún, escandalosa para nuestras relaciones tanto con Chipre como con Turquía. 
Las amenazas francesas de excluir a Chipre son muy insensatas tácticamente, porque qué buen negociador entrega su bottom line antes de que haya comenzado el proceso de negociación como tal. 
La Unión debe aferrarse a sus anteriores sentencias, como finalmente lo ha hecho la presidencia inglesa en el inicio de las negociaciones. 
El trabajo puede empezar ahora. 
Naturalmente, también puedo enfurecer por las advertencias turcas amenazando con el comienzo de una nueva guerra. También puedo enfurecer por la negativa de los turco-chipriotas a participar en negociaciones y por la anexión inminente, al menos con palabras, del norte de Chipre por parte de Turquía. 
Atribuyámoslo a los intentos de bloquear el proceso de negociación. La Unión debe aprender su lección y atreverse a actuar unánimemente con respecto a Chipre. 
La Unión debe reflexionar finalmente sobre su política con Turquía. 
No debemos, como quiere Grecia, poner en práctica sólo un política de garrote sin pensar en la raíz. 
Por tanto, doy la bienvenida al nuevo comunicado de la Comisión al respecto. 
¿Qué política defiende el Consejo, señor Presidente del Consejo en funciones? 
La última pregunta: ¿abandonarán nuestros amigos griegos su oposición a la cooperación financiera? 
Señor Presidente, creo que el Presidente en funciones del Consejo ha tomado una postura ponderada respecto a la Cumbre de Londres y pienso que ha debido de ser ponderada porque no hay que olvidar que dicha Cumbre había sido planeada en buena medida para que contase con la presencia de Turquía. 
También nosotros lamentamos que Turquía no estuviese presente y creemos que dará aquellos pasos necesarios en lo referido a democracia y el respeto a los países vecinos que la permitan revalorar sus relaciones con la Unión Europea. 
Debemos destacar que es importante el hecho de que haya comenzado el proceso de adhesión de la República de Chipre, cuyas conversaciones deben haber previsto el comienzo pero también la culminación de dicho proceso. 
Aparecen diversos obstáculos y hay un grave riesgo de partición de la isla, algo que vemos manifestarse a través de las extremistas declaraciones de Ankara, que considera a la parte de la República de Chipre ocupada por el ejército turco como si se tratase de una provincia suya, de la misma manera que considera a las provincias kurdas. 
Creo que la Unión Europea tiene una responsabilidad cooperando con la República de Chipre para mantener íntegra dicha república, y eso deberá quedar bien claro para Ankara, y, a su vez, manifestar el propio deseo de la Unión Europea y de la República de Chipre de admitir con plenos derechos en las negociaciones a una delegación de la comunidad turcochipriota y de respetar también sus especiales reivindicaciones y sus problemas pero en el marco de una República de Chipre unida e indivisa. 
Señor Presidente del Consejo, Señorías, con sólo un minuto de tiempo me veo obligado a limitarme a un único punto: Chipre. 
Sólo las negociaciones de adhesión no llevarán en ningún caso a la solución del conflicto político que desgarra y divide a Chipre. 
Por el contrario, sin la solución de este conflicto una adhesión exitosa se encuentra muy desvalida. 
Por eso la Unión Europea debe invertir simultáneamente en las negociaciones con Chipre, pero también en la búsqueda de una salida al estancamiento político en que se encuentra. 
En el proceso de negociación es evidente que la comunidad turca también debe poder participar con un estatuto claro, para que no tengan la sensación de estar de sobra. 
Hay que evitar dos trampas. 
La Unión no puede doblegarse ante las amenazas de Turquía, pero debe ofrecer a Turquía una perspectiva mejor y más concreta para la adhesión. 
En segundo lugar, la Unión debe procurar, en colaboración con los Estados Unidos, que se retire la mecha del dossier de los cohetes en Nicosia. 
Porque si no logramos esto, estamos en una nueva fase de refuerzo militar, y eso no puede contribuir en ningún caso a una solución. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hay un dicho que dice que cuando se va al baile es para bailar. 
Creo que es verdaderamente la situación en la que nos encontramos y, cuando oigo al colega Brok decir que todo va bien, tengo un poco la sensación de oír aquello de que «todo va bien, señora Marquesa». 
Creo que la Europa que preparamos, la Europa de los quince, de los diecinueve, de los veinticinco, no es sin duda la que querían los Padres fundadores. 
No tiene ambición, y desearía absorber a estos países de la Europa del Este con un 1, 27 % del presupuesto, cuando conocemos los sacrificios, la ambición del proyecto americano durante el Plan Marshall. 
Es preciso que tengamos esto claramente en cuenta. 
Creo que es necesario considerar muy rápidamente una unión federal compuesta por algunos Estados y continuar trabajando en este gran mercado. 
Es urgente que una serie de Estados miembros y, sin duda no el de la Presidencia en ejercicio, se pongan de acuerdo para pasar lo más rápidamente posible a una Europa federal. 
Quisiera decir aún algo al Sr. Brok. 
Realmente es dar prueba de un gran optimismo pensar que tras esta conferencia de Londres va a poder resolverse en doce meses el problema de la droga, cuando treinta años de prohibición sólo han agravado el fenómeno. 
Es hora de renunciar a este optimismo un poco beatífico. 
Señor Presidente, en primer lugar permitame celebrar la declaración del Presidente en ejercicio del Consejo esta tarde, en la que subrayó el compromiso de la Presidencia británica con el éxito del programa de ampliación. 
La última vez que hablé de la ampliación en este Parlamento, dije que comprendía el desencanto experimentado por esos países que no habían conseguido estar en la lista de los nuevos Estados miembros. 
Por lo tanto, me pareció muy bien que la Conferencia de Londres reuniera a los actuales Estados miembros, a los candidatos a la adhesión por la vía rápida y a los que están en la vía lenta. 
Puede que la propia Conferencia pareciera más cosmética que sustancial por lo que han sido sus resultados, pero creo que el valor de esta Conferencia se hará más evidente a medida que transcurra el tiempo. 
Desde el punto de vista de los países candidatos, tiene que ser un aliciente que sus Jefes de Gobierno y Ministros de Asuntos Exteriores estén en una posición destacada y en condiciones de tratar directamente con los Jefes de Gobierno y Ministros de Asuntos Exteriores de los 15 Estados miembros de la UE. 
No creo que la declaración final de la conferencia, en la que se afirma que ha comenzado una nueva era de cooperación europea, fuera una exageración. 
Cuanto más trabajen con nosotros los representantes de los países candidatos a la adhesión, más probable será que consigamos el objetivo de una democracia estable, del respeto a los derechos humanos y del desarrollo económico en Europa. 
En este Parlamento, somos mayoría los que apoyamos la ampliación. 
El problema más arduo es el de cuánto estamos dispuestos a pagar para conseguirla. 
Esta semana hemos oído decir que a 10 países europeos orientales y centrales se les ofrecerán nuevos subsidios de 1.800 millones por año como ayuda para su incorporación en la UE. 
Aplaudo el hecho de que esta oferta esté sujeta a la condición de que el país receptor debe comprometerse a un calendario pactado de reformas políticas y económicas. 
Por supuesto, debemos recordar que la democracia ha llegado hace muy poco tiempo a algunos de esos países y que un calendario debe reflejar la necesidad de avanzar con cautela. 
Esto puede costar mucho más en subsidios a corto plazo, si queremos conseguir una estabilidad permanente en Europa a largo plazo, y hay que adoptar una actitud cauta. 
Ahora estamos a la mitad de la Presidencia, de una Presidencia que asumió un proyecto sumamente ambicioso al poner en marcha la Conferencia Europea; creo que esa ambición se ha cristalizado. 
Sólo tengo una ligera reserva, y es la posición de Chipre. 
Debo cuestionar la sensatez del enfoque y me preocupan sus actos; puede que así un problema de larga data resulte aún más difícil de resolver. 
Señor Presidente, el realce que aquí se ha dado a las conclusiones de la Conferencia de Londres parece inversamente proporcional a la atención prestada por los ciudadanos a un acontecimiento considerado histórico por parte del Consejo. 
La decisión de poner en marcha el proceso de ampliación global puede considerarse, sin duda, un hecho de gran alcance histórico, habida cuenta de que la reconciliación entre los Estados que fueron enemigos y la consolidación de la estabilidad en un contexto de libertad son factores extremadamente importantes para el futuro y la prosecución de la cooperación europea. 
Sin embargo, ¿por qué los ciudadanos europeos no se han percatado de su importancia? 
¿Esta indiferencia depende de la incapacidad de los medios de comunicación de transmitir un mensaje positivo o se debe a la situación de crisis laboral y a los temores que la Unión Monetaria inspira a los ciudadanos por las rígidas medidas impuestas por los Gobiernos? 
De todos modos, es un hecho que la ampliación, pese a su carácter histórico, no despierta entusiasmos y, por el contrario, inspira temores por varios motivos, entre los cuales cabe destacar que, en el mejor de los casos, el sueldo medio en los nuevos Estados candidatos a la Unión es inferior a un tercio o, incluso, a un sexto de los sueldos medios de los 15 Estados miembros actuales de la Unión, hecho que, sin duda, incidirá en el problema del empleo y del desempleo, así como en el de la deslocalización de las empresas. 
La consecución de la Unión política de 15 miembros que no se ha logrado todavía, se convertirá en más difícil con 21 miembros, habida cuenta de la necesidad, todavía no satisfecha, de definir la nueva estructura institucional de la Unión y de los problemas relacionados con la defensa común y la política exterior. 
Las recientes declaraciones del Embajador esloveno en Roma demuestran que en ese país, al menos una corriente de opinión está muy alejada del espíritu que debería informar a los Gobiernos y a los Estados miembros de la Unión Europea. 
Alianza Nacional, en consecuencia, reitera la necesidad de solucionar, antes de la adhesión de Eslovenia a la Unión Europea, el problema del resarcimiento de los daños causados a los italianos a raíz de la confiscación de sus bienes, así como la definitiva condena, con todas sus consecuencias, del exterminio llevado a cabo en las tristemente famosas simas. 
La adhesión, para nosotros muy positiva, de Chipre, cuyo territorio sigue dividido, y el problema del integrismo islámico requieren que la Unión trabaje con más ahínco y buena voluntad para reforzar las relaciones con Turquía, un paso necesario para lograr una mejor protección de los derechos humanos y en favor de la entrada de Turquía en la Unión, Unión que necesita su reequilibrio entre el nordeste y el sur. 
Por último, el problema kurdo no puede considerarse como un problema propio de cada uno de los Estados que atañe al control de la inmigración, sino un problema comunitario. 
En consecuencia, Alianza Nacional recuerda a todo el mundo que debe alcanzarse la Unión política. 
Señor Presidente, en primer lugar el Presidente del Consejo ha rendido un informe sobre la Conferencia de Londres que muestra que el Consejo Europeo- y no es un precedente -, en alguna medida, ha recogido algunas de las propuestas que hizo el Parlamento en su momento. 
Ha hecho un acto común con todos los países, con un cierto carácter solemne y eso tiene su importancia, sobre todo en un momento que tiene dimensión histórica. 
Ha aceptado el dar un carácter global, un carácter incluyente, a todos los países en este proceso, rompiendo en cierta manera la división que se había establecido en dos grupos, y ha aceptado que este es un proceso también abierto a la emulación y a la competencia entre los países. 
Mi reflexión, partiendo de esta base, aprovecha una experiencia que he tenido como miembro de la delegación del Parlamento Europeo, presidida por el Presidente Gil-Robles, en la Conferencia que hemos celebrado en Bucarest con los presidentes de los Parlamentos de los países candidatos a la adhesión. 
Porque hablamos mucho de la opinión pública y de la participación de la sociedad civil, pero básicamente eso tiene que empezar por una participación decisiva de los parlamentos. 
Y tengo que señalar, señor Presidente, que en estos países existe una profunda aspiración histórica- que creo debemos recoger- para poder reincorporarse a un proceso del que se vieron cortados brutalmente como consecuencia de la división de Europa y que eso nos exige, por nuestra parte, el tener un impulso y una visión política que vaya más allá del debate contable y de lo que se puede llamar la «contabilidad de tendero». 
Es decir, es importante que calculemos los sacrificios que tenemos que hacer, pero también tenemos que tener en cuenta las ventajas de las que disfrutamos ya en este momento. 
Y también querría señalar, en relación con este hecho, la preocupación que se advierte en algunos de estos países por verse relegados a una situación, en cierto modo, de «segunda división». 
Y creo que es importante que, por nuestra parte, sepamos, con ese impulso político también, admitir que muchos de estos países pueden incluso acelerar su proceso dentro de este maratón que va a ser la incorporación. 
Y por último, señor Presidente, una reflexión sobre el caso de Turquía. 
Creo que se están haciendo esfuerzos, por parte de la Presidencia británica y de la Comisión, para reincorporar a Turquía a este proceso, pero también creo que hay que recordar, a nosotros mismos y a nuestros socios y amigos turcos, que, en este momento, existe una Unión Aduanera con ellos, y que el hacer una escalada verbal, sobre todo con alguno de los países miembros, no es la mejor manera de relacionarnos. 
Yo creo que ese es un mensaje que- repito- nuestros socios y aliados turcos pueden y deben aceptar. 
Presidente, la Presidencia británica ha comenzado bien con una política de doble vía que en este mes ha podido experimentar acontecimientos simbólicos. 
Uno en forma de la reforzada asociación de adhesión que ha sido abordada de manera muy orientativa y el otro que coincide con ello de manera mental pero clara, mas sin formar parte alguna del proceso de adhesión, la deliberación multilateral y la Conferencia europea, donde se relacionan más al mismo nivel. 
Un buen asunto, también recogido en el modo como se ha presentado. 
La Presidencia ha puesto el énfasis en la prioridad para la buena administración, para la democracia, para los derechos humanos. No se ha limitado sólo a lo económico. 
También ha hablado sobre cuestiones medioambientales y similares. 
Creo que esto es una buena cosa. El tercer pilar es para la Unión Europea cada vez más importante porque tenemos como característica que somos una alianza de Estados de derecho democráticos. 
Creo que precisamente el cambio cultural que se necesita en los países candidatos es de gran interés para alcanzar también esto. 
En ese contexto me sorprende un poco lo que a veces se ha dicho aquí sobre Turquía. 
Mi pregunta al Presidente del Consejo es: ¿Ha dado Turquía pasos claros en cuanto a política de contenido para que resulte evidente que hemos cometido una equivocación? 
¿O es que Turquía no necesita dar ningún paso y será recibida con más laureles a medida que se afilie de manera más arrogante en las deliberaciones en torno a la Conferencia europea? 
Creo que es un poco peculiar hacer como si la Conferencia europea dependiera en su sentido y dignidad de la presencia de un Estado que no es un Estado de derecho. 
Precisamente es más sencillo hablar acerca del tercer pilar con países que sí son Estados de derecho y democracias plenas. 
Quisiera preguntar al Presidente lo que piensa al respecto y si ve señales de que Turquía está dando pasos de contenido hacia nosotros en lugar de ser nosotros los obligados a dar pasos hacia Turquía. 
Un segundo punto es la convergencia en la política exterior de la que habla el Presidente. 
¿Se desarrolla también una especie de plan de enfoque durante la presidencia británica para alcanzar esta convergencia en la política exterior? 
Debería ser así, que uno no sólo despierte confianza en el propio país como político europeo sino entre todos los ciudadanos europeos, de manera que se pueda ver que las responsabilidades europeas también son bien recogidas realmente por las autoridades europeas. 
Señor Presidente, sería importante que la Conferencia Europea se pusiera en marcha y que diéramos así un paso más hacia la unificación europea. 
Las cuestiones de medio ambiente y cooperación regional han ocupado el orden del día de esta Conferencia. 
Es importante, ya desde un primer momento, establecer un diálogo con los países candidatos sobre las cuestiones medioambientales. 
Si no se prestara suficiente atención a este tema, se correría el riesgo de que una ampliación de la Unión demasiado apresurada terminara por relegar las cuestiones medioambientales a un segundo plano, tras la unión económica y comercial. 
El medio ambiente constituye una cuestión que se debe tener en cuenta en todas sus dimensiones, sin olvidar el transporte o la agricultura. 
El proceso de ampliación de la Unión Europea, único por su carácter global, hará aún más actual el mantenimiento de un amplio concepto de seguridad en la toma de decisiones y en los ámbitos de actuación de la propia Unión. 
La ampliación de la Unión Europea deberá producirse haciendo hincapié en el desarrollo sostenible, tanto en el ámbito de la protección medioambiental como social. 
La cooperación en materia medioambiental debe también incorporar una cuestión fundamental como es la estrategia previa a la ampliación. 
En este sentido, hay que aprovechar al máximo el nuevo instrumento financiero, el ISPA, y hacer del mismo un medio que nos permita solucionar en la medida de lo posible los problemas medioambientales ya durante las negociaciones de adhesión, a fin de lograr unos períodos transitorios lo más breves posibles. 
Otro aspecto presente en la Conferencia es el relativo a la cooperación regional, cuya integración en las cuestiones medioambientales reviste una gran importancia. 
Nos basta con pensar que, tras la ampliación, el mar Báltico se convertirá en un mar interior de la UE. 
Conocemos los problemas relacionados con la protección del mar Báltico. 
Si Rusia no participara en esta labor, no podríamos alcanzar ni un desarrollo, ni una mejora sostenible del medio ambiente en la región báltica. 
Señor Presidente, todos los oradores han declarado que la Conferencia fue muy importante y que fue un éxito, a pesar de que Turquía no participó en la misma. 
Sin embargo, dicha Conferencia en realidad se creó para integrar a Turquía. 
Yo quiero sumarme explícitamente a esta valoración y no comprendo que el Grupo socialista se encuentre dividido, según parece, en relación con este tema. En efecto, el anterior Presidente y actual Presidente suplente de esta Cámara, Hans Hänsch, declaró ayer en una entrevista que la Conferencia Europea ya se podría disolver y que es necesario decirle claramente de una vez a Turquía que no puede aspirar a la adhesión. 
Por lo tanto, el objetivo de la Conferencia Europea ya no sería alcanzable. 
Esto no se ha dicho aquí y a mí me extraña que el anterior Presidente no defienda esta opinión aquí en el Pleno, sino en unas declaraciones a la prensa. 
Las relaciones entre Europa y Turquía, como también las relaciones entre Alemania y Turquía, están pasando por una fase difícil tras la decisión adoptada en la Cumbre de Luxemburgo de la UE. 
No voy a citar los motivos, pero si uno se plantea cómo podríamos salir de esta situación, es inevitable recordar los requisitos que se formularon en la Cumbre de Luxemburgo. 
A mi parecer, en algunos ámbitos, éstos eran tales que Turquía no podía aspirar a la adhesión desde el primer momento sin pasar por una humillación, ya que se establecieron como criterio aspectos relativos a las fronteras sobre los que existe un conflicto entre Grecia y Turquía, y no, señor colega Oostlander, los temas del Estado de Derecho o de los derechos humanos. 
Yo también quisiera rebatir con firmeza su afirmación, que niega que Turquía cumpla ninguno de los requisitos de un Estado de Derecho. 
Ahora no me escucha, pero luego se dedica a difundir continuamente esas falsas opiniones. 
Yo tengo que manifestar con toda firmeza que el derecho a voto de las mujeres está reconocido en Turquía desde 1923 y que allí se cumplen muchos otras condiciones de una constitución democrática. 
Yo insto a la Comisión, al Consejo y también al Parlamento a que superen la ausencia de diálogo con Turquía y pido que formulemos unos requisitos que permitan que Turquía esté presente en la próxima Conferencia Europea. 
De hecho, debería interesarnos muchísimo encontrar una base razonable de diálogo con Turquía. 
No son los defensores del Occidente cristiano quienes niegan la adhesión a Turquía, como declaró el Sr. Yilmaz, sino sobre todo los requisitos para la adhesión que dicho país todavía no cumple. 
Pero la Conferencia Europea se creó precisamente porque todavía no los cumple y sería una equivocación total establecer unos obstáculos tan difíciles para las próxima Conferencia que a Turquía de nuevo le sea imposible participar en la misma. 
Por esto yo le ruego al señor Comisario que inicie negociaciones con el Consejo y con Turquía para modificar esta situación. 
Señor Presidente, hoy se ha hablado de la adhesión, a pesar de que la Conferencia Europea no se debería considerar en ningún caso como un instrumento de la estrategia de preadhesión. 
Por esto también se incorporó a la misma a Turquía, a la cual yo no considero un candidato a la adhesión, si bien comparto las valoraciones políticas del colega Langen en todos sus demás aspectos. 
A mi parecer, la Conferencia Europea tiene una importante tarea que cumplir al margen de la adhesión y, por consiguiente, debería abrirse a la participación de otros Estados, tal como ha expuesto Elmar Brok. 
A Estados que todavía no se encuentran junto a la puerta como candidatos a la adhesión, ya sea porque son objeto de difamación internacional- como Croacia, que reúne al menos tantos requisitos para la adhesión como Eslovaquia o Chipre -, ya sea porque todavía no se encuentran en condiciones de aspirar a la misma, como, por ejemplo, Ucrania, que todavía tendrá que superar un período difícil y cuya aproximación a Europa o a la Unión Europea debemos apoyar con una ayuda masiva. 
A pesar de la difícil situación poco clara en que se encontró, la Conferencia de Londres realizó, no obstante, una declaración concreta. 
Una declaración sobre los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior. 
Mañana se debatirá mi informe sobre la ampliación al Este y sus repercusiones en lo que respecta a la seguridad interior. 
Sin embargo, más allá de esto, la Conferencia Europea puede hacer realidad una pan-Europa del derecho y la seguridad interior, antes de que se hayan resuelto todos los problemas de la Unión Europea en el ámbito de la agricultura. 
La gente sólo aceptará una Europa más amplia si ésta no contribuye a reducir, sino a aumentar la seguridad. 
Por esto es muy de agradecer que el tema de la seguridad interior se haya situado en el punto central de mira de la Conferencia. 
Como también debemos acoger con satisfacción que se haya tratado la cuestión de Kosovo, uno de los problemas comunes más importantes que se nos planteará en los próximos años en Europa. Precisamente en este aspecto es importante que la Conferencia incorpore también a Turquía, en su calidad de país islámico y parcialmente europeo, dada su especial vinculación histórica con dicha región. 
Tenemos que restablecer la autonomía de Kosovo, bajo un control internacional mediante tropas internacionales de paz. 
Por esto, yo me alegro de que la Conferencia Europea se haya ocupado de esta cuestión, aunque lo hiciese de manera insuficiente por lo que respecta a los contenidos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 
Ayudas a Bosnia-Herzegovina, Croacia, la República Federalde Yugoslavia y la Antigua República Yugoslava deMacedonia- Estrategia post-SFOR 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0123/98 del Sr. Schwaiger, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (98) 0018- C4-0105/98-98/0023 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1628/96, de 25 de julio de 1996, relativo a la ayuda a Bosnia y Herzegovina, Croacia, la República Federativa de Yugoslavia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia; -A4-0106/98 de la Sra. Daskalaki, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, que contiene una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre una estrategia post-SFOR en Bosnia y Herzegovina. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, si se consideran conjuntamente todos los programas y todas las líneas presupuestarias, la Unión Europea destina anualmente más de 350 millones de ecus a la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina y los demás países que se vieron envueltos en la guerra. 
Nuestro compromiso no es únicamente moral y político, sino en gran medida también financiero. 
Sin embargo, si se toman como base los recursos realmente utilizados, en los años 1996 y 1997 ni siquiera se desembolsaron 100 millones de ecus, o sea, alrededor del 15 %. 
Estados Unidos, con sus equipos magníficamente organizados sobre el terreno, consiguen desembolsar el 95 % de los 200 millones de dólares anuales disponibles. 
¿Cuáles son los motivos de este gigantesco abismo entre nuestras intenciones y la realidad que expresan las cifras? 
La actuación de la Unión Europea apenas resulta visible sobre el terreno, salvo por un par de tranvías usados. 
Las causas son múltiples y se reparten entre las dificultades objetivas sobre el terreno y la actitud de la Comisión y del Consejo de Ministros. 
Voy a empezar por las dificultades sobre el terreno. Aunque las armas callaron después del Acuerdo de Dayton, en Bosnia-Herzegovina todavía no se ha restablecido la paz. 
Los conflictos políticos continúan creciendo, se instiga unos contra otros a los diferentes grupos de población. 
Personas como Karadzic y Malic, entre otros, son los principales responsables. 
En muchos lugares prosigue la intimidación y las amenazas contra los refugiados que desean regresar, sobre todo cuando a su regreso representan una minoría. 
El Gobierno central de Bosnia todavía no tiene capacidad de actuación. 
Las instituciones de las entidades territoriales, como pueden ser los Gobiernos de la Federación de Bosnia y Herzegovina y de la República Srpska, apenas se están empezando a poner lentamente en funcionamiento. 
En 1996 y 1997 todavía eran inexistentes o bien inoperantes. 
A pesar de todo, el proceso decidido de reconciliación del país continúa avanzando bajo la firme dirección del Alto Representante Carlos Westendorp y de su adjunto Jacques Klein, con la ayuda de las tropas de la SFOR. 
Además de un gran número de funciones de apoyo para la reinstitución de las autoridades sobre el terreno, también están realizando, naturalmente, tareas de mantenimiento de la paz y las cumplen francamente bien. 
Las elecciones de finales de año podrían dar lugar a una mayor estabilización, en el sentido de una concentración en la labor de reconstrucción, y una mayor colaboración entre las entidades territoriales. 
En la República Srpska, el Gobierno de Dodik está adquiriendo gradualmente mayor capacidad de actuación. Éste se muestra dispuesto a permitir el regreso de los refugiados y a mantener una estrecha colaboración con la Unión Europea. 
Sin embargo, la modificación del Reglamento 1628/96, que ahora se propone, podrá ayudar a superar en algunos aspectos importantes la considerable parálisis administrativa y financiera de la que han dado muestras hasta ahora a la Comisión y al Consejo. 
Por lo tanto, apoyamos en principio las propuestas de la Comisión. 
Sin embargo, nos parecen insuficientes. 
Es posible inaugurar una nueva etapa con una estrecha colaboración entre las instituciones de la Unión Europea, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. 
No obstante, un requisito previo para ello es una modificación profunda del Reglamento. 
Ésta es la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, pero también la de la Delegación a hoy que visitó Bosnia los días 21 a 24 de febrero. 
Por lo que respecta a la actuación- la actuación desacertada, lamento tener que decir- de la Comisión y del Consejo, ni uno ni otra han creado, por medio de la colaboración necesaria, los instrumentos adecuados para responder al extraordinario desafío de la reconstrucción y para hacer frente a las dificultades sobre el terreno. 
Para resumirlo en una frase: la ayuda para la reconstrucción de Bosnia, con una administración general o de las entidades territoriales inexistente o inoperante, no es equiparable al procedimiento legislativo europeo o a la ayuda clásica al desarrollo, con socios capaces de actuar y funcionar administrativamente con normalidad. 
El Consejo y la Comisión no se adaptaron a esta circunstancia. Por consiguiente, ha faltado en gran medida una aplicación coordinada y orientada hacia unos objetivos de los recursos financieros, técnicos y materiales sobre el terreno. 
Se observan insuficientes indicios de una gestión sobre el terreno orientada hacia los resultados. 
El Consejo de Ministros adoptó un reglamento complicado e ineficaz. 
Obligó a la Comisión a hacer juegos malabares con tres líneas presupuestarias distintas: » Medidas de reconstrucción» ,» Ayuda especial a los refugiados» y «Europa en favor de Sarajevo» , agrupadas sólo formalmente bajo el término bosnio OBNOVA. 
También cayó en la trampa del autobloqueo, al someter todos los proyectos de más de 2 millones de ecus- es lo que establece el artículo 12 del Reglamento- al complicado procedimiento de un comité de gestión, que retrasó varios meses las decisiones necesarias casi en todos los casos. 
El Parlamento Europeo ya no está dispuesto a continuar tolerando esta situación. 
Es necesario inaugurar una nueva etapa. 
Esto es precisamente lo que yo propongo hoy al Consejo y a la Comisión, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad. 
La Comisión debe contar con una dirección responsable de la actuación y las decisiones sobre el terreno, con plenos poderes de carácter general, que asuma la responsabilidad, que disponga de amplias competencias para actuar y decidir con autonomía y que cuente con un sólido equipo de gestión. Su coste podrá alcanzar hasta el 10 % de los gastos de funcionamiento. 
Los americanos dedican un 15 % a este fin. 
Con objeto de mejorar la colaboración con los Estados miembros y con las organizaciones de ayuda, deberán poder realizarse reuniones de coordinación periódicas, mensuales a ser posible. 
Por consiguiente, yo quisiera preguntarle, señor Presidente del Consejo, si está dispuesto a hacer suyas nuestras enmiendas, tal como quedan recogidas en los apartados 1 al 23. 
Si no cree que esto sea posible en estos momentos, ¿cuál prevé que podría ser el procedimiento? 
Estamos aplicando un procedimiento de concertación de 1975, pero también existen otros procedimientos que nos ofrecen la posibilidad de plantear y encauzar una cooperación con el Consejo, como la que ya hemos mantenido ampliamente con la Comisión, la cual ha respaldado nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, han transcurrido dos años desde el Acuerdo de Paz de Dayton y todo parece indicar que la aplicación del acuerdo es muy lenta en bastantes puntos a pesar de que se han dado importantes pasos. 
Se observan demoras en el funcionamiento de las instituciones políticas y todavía hay problemas relativos a la libertad de circulación y al regreso de los refugiados. 
Desde principios de 1998 se han observado indicios positivos de que la reconstrucción podría realizarse a un ritmo más intenso. 
El Alto Representante presta especial atención a la aplicación del acuerdo, hay un Primer Ministro moderado en la República Srpska al que hemos tenido la oportunidad de recibir en el marco de la Comisión Mixta Parlamentaria competente en el Parlamento Europeo y, en general, hay fundadas esperanzas para una aceleración del proceso de reconstrucción y la repatriación de los desplazados con vistas a las elecciones de septiembre. 
Hasta aquí los puntos optimistas. 
Pero ya se sabe, y así se puede constatar, que la paz es aún frágil y que cada vez es más extensa la zona donde eso es así y que los focos de tensión se mantienen, como lo demuestran los recientes sucesos de Kosovo. 
En Bosnia-Herzegovina se observa una falta de confianza entre las diversas facciones y merecen destacarse los problemas de funcionamiento de las instituciones comunes. 
En varios lugares, como en Móstar, hay importantes problemas de administración local. 
En algunos municipios el espíritu es opuesto al resultado de las elecciones municipales. 
Falta una legislación sobre las minas y el problema de los equipamientos no ha sido solucionado; permanece candente la cuestión de los derechos humanos y hay un problema económico y monetario en una economía muy sensible, por no decir frágil. 
Es una creencia común que debe lograrse un ambiente estable y seguro para poder aplicar de forma completa el Acuerdo de Paz y reconstruir el país. 
El Consejo de Aplicación de la Paz ha reconocido y apoyado el consenso existente para mantener la presencia militar también después de 1998. 
Los que habíamos acudido a Bosnia como observadores del Parlamento Europeo durante las elecciones allí celebradas hemos podido comprobar in situ ese deseo y ese consenso. 
Dicha presencia se considera necesaria para mantener un clima estable de seguridad y para que se den las condiciones que faciliten la actuación tanto del Alto Representante como de los organismos internacionales con el fin de aplicar el Acuerdo de Paz. 
Desde diciembre la OTAN está estudiando las opciones para el envío de un contingente multinacional que sucederá a la SFOR, cuyo plazo expira en junio. 
La Unión Europea lo aplaude. 
Pero más allá de todo ello, aparte de las obligaciones políticas y económicas de la Unión ante Bosnia-Herzegovina, además de las obligaciones militares de sus Estados miembros, sería mejor que existiese una actuación común más consecuente y visible con vistas a la activa participación comunitaria en ese contingente multinacional que ha de sustituir a la SFOR. 
Por dicha razón la Comisión de Asuntos Exteriores cree, a través de este informe, que correspondería a la UEO la coordinación de los esfuerzos de los Estados miembros de la Unión en el marco de una operación de la OTAN y bajo el mando de la misma y que también marcaría un hito en la construcción de la PESC. 
Asimismo, una obligación europea de tal índole mejoraría la cooperación no militar en la región con vistas a reducir la presencia militar de forma escalonada, mientras avanza la reconstrucción. 
Esta participación comunitaria deberá estar unida a la aceptación del Acuerdo por todas las partes y el control del armamento; en eso la Unión Europea debe hacer hincapié para que no se produzca un rearme de las partes en conflicto. 
También deberá detenerse la producción y exportación de minas en esa zona. 
De forma paralela a todo lo expuesto, sería bueno que los Estados miembros se comprometiesen a mantener y reforzar la Misión de Control de la Comunidad Europea, conocida como ECMM. 
Sus miembros, que tanto aportan, son los únicos, al menos hasta ahora, que hacen visible la presencia de la Unión Europea y el Sr. Schwaiger ha señalado lo poco intensa que es esa presencia en la región. 
Y eso es una de las paradojas que se dan. 
A pesar de las astronómicas cifras de dinero que ha gastado la Unión, a pesar de los auténticos sacrificios realizados por parte de la Unión, parece como si Europa no estuviera presente. 
Con estas ideas, pedimos una acción común para la participación europea en las fuerzas que habrán de sustituir a la SFOR, aparte de los restantes esfuerzos que ya se están realizando, como el de la formación de las fuerzas policiales locales en el marco de la misión de la policía de la ONU. 
Este informe tiene como objetivo, formular una recomendación al Consejo y contribuir a que, con estas posturas, se subraye la presencia y la involucración de Europa en favor de la paz y la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina conforme a los Tratados de Dayton. 
Señor Presidente, Señorías, el 19 de junio de 1996, durante el debate sobre el presupuesto para la reconstrucción de la ex-Yugoslavia, tuve la ocasión de señalar la falta de adecuación del programa PHARE a este problema. 
En esta misma sesión- y pido excusas por citarme a mí mismo, reclamé «un reglamento totalmente adaptado a la situación excepcional de la ex-Yugoslavia». 
Han sido necesarios más de veintiún meses para comprender que la Comisión de Presupuestos, que se expresaba en mi propia voz, tenía razón. 
Quisiera recordar aquí un principio elemental de política administrativa que cualquier concejal aprende en el primer año de su mandato: sólo se administra bien de cerca. 
En un contexto de gestión de salida de crisis, en el que era indispensable mostrar una presencia cercana, numerosa, cualificada y preocupada por el interés de los ex-beligerantes, la Comisión eligió una administración lejana, inadaptada, enredada en sus reglamentos. 
Reglamentos que son sin duda útiles cuando se trata de hacer que participe la totalidad de los países de Europa en mercados realizados con toda seguridad, pero totalmente inadecuados cuando se trata de actuar de forma que las víctimas del último conflicto en nuestro continente puedan estar alojadas y cuidadas pasando del estado de precariedad y de exclusión al de reinserción, en una Europa avergonzada de haber permitido durante seis meses que el conflicto se envenenara hasta llegar a los 200.000 muertos y más de un millón y medio de refugiados y desplazados. 
No, señor Comisario, la reconstrucción de la ex-Yugoslavia no es un expediente como los demás. 
No creo, ya que nadie tiene el don de la ubicuidad, que pueda usted jugar simultáneamente el papel de un examinador escrupuloso y atento de los candidatos a la ampliación de la Unión y el de reconstructor eficaz de la ex-Yugoslavia. 
Se trata de dos partes que ocupan mucho si se pretende cumplir escrupulosamente ambas, y no hubo en esta sala en el día de ayer, en el momento del examen del informe, ni una sola voz para poner excusas a un funcionamiento que parecía incomprensible a la mayoría de los diputados presentes en el hemiciclo. 
El excelente informe de Konrad Schwaiger, consecutivo al mismo tiempo a su solicitud de modificación de la reglamentación y a la visita a Sarajevo, el 21 de febrero, de la delegación dirigida por Tom Spencer, va a permitir sin duda que se acelere el proceso de reconstrucción, pero sigue siendo a mi juicio extremadamente insuficiente. 
Acepte, señor Comisario, oír la voz de diputados que con frecuencia son representantes locales y que saben de forma fehaciente que si en Sarajevo no hay un «Señor reconstrucción» responsable ante el Consejo, ante la Comisión y ante esta Asamblea, muchos problemas con los que nos hemos encontrado a lo largo de estos dos últimos años se enquistarán. 
Señor Comisario, haga un verdadero gesto de buena voluntad con respecto al Parlamento: acepte el nombramiento de un «Señor reconstrucción» , cuyo papel será el de poner a los europeos en condiciones de utilizar verdaderamente los medios financieros votados por unanimidad el 20 de junio de 1996. 
Como ponente para la Comisión de Presupuestos, no estoy decidido a aconsejar por el momento la liberación de los fondos puestos en reserva por el Parlamento. 
Diré a la atención del Consejo: tienen ustedes un Consejo «Asuntos generales» el 27 y 28 de abril próximos. 
Escuchen la voz del sentido común, es decir, de aquellos que les hablan en nombre de los pueblos de Europa y que no se dejan guiar por intereses exclusivamente nacionales. 
Aprovechen para medir las dificultades creadas por la adición, a nivel del Consejo, del anexo VII al Reglamento 1628 de 1996, del que quiero pensar que no representaba, para algunos altos funcionarios llenos de ultraliberalismo, otra cosa que un pastel para repartir, cuando se trataba de dar prueba de inteligencia y generosidad después de la sangre y las lágrimas. 
Se dice con frecuencia que la Europa de la política exterior no tiene imágenes. 
Señoras y señores del Consejo y de la Comisión, denle un rostro a Sarajevo. 
Después de las palabras del Presidente en ejercicio del Consejo, seré breve. 
En primer lugar, doy las más sinceras gracias al Parlamento y a las Comisiones implicadas por tratar con tanta rapidez nuestras propuestas, en particular el hecho de que una misión especial del Parlamento, con el Sr. Spencer a la cabeza, viajara a Sarajevo para enterarse de la situación en el escenario de los hechos. 
Más específicamente, agradezco al Sr. Schwaiger por el gran esfuerzo que ha hecho en la elaboración de lo que, a nuestro entender, es un informe bien equilibrado, que muestra con claridad su buen conocimiento de la situación en el terreno. 
No necesitamos hablar demasiado acerca del pasado. 
Hay algo indiscutible: las cosas pueden mejorarse por nuestra parte. 
En los dos últimos años, nos hemos enfrentado con situaciones que nadie podía haber previsto, ya se tratara de la falta de coordinación entre las autoridades centrales, de la no observancia de Dayton que, en la República Srpska, llevó a que sólo el 2 % del total de la ayuda llegara a esa región particular, o bien de otras formas de infraestructura no transparente en el lugar de recepción, por lo que la distribución de la ayuda y el dinero fue un asunto peligroso y a menudo imposible. 
Esto también ha conducido a una centralización rigurosa en Bruselas durante los dos últimos años, por la sencilla causa de que la desconcentración y delegación en tales circunstancias no eran viables. 
El informe del Sr. Schwaiger, en combinación con las medidas que preparamos hace un par de meses y que se complementan mutuamente- el informe Schwaiger y las medidas en preparación -, demuestra que existe una comprensión clara y compartida por el Parlamento, la Comisión y el Consejo acerca de lo que se debe hacer. 
Hemos iniciado un refuerzo de nuestro personal en Sarajevo. 
Desde Bruselas se está haciendo una redistribución, para ir hacia una desconcentración y descentralización. 
Todo esto se corresponde con los deseos del Parlamento, según las recomendaciones del informe del Sr. Schwaiger. 
Respecto a las propuestas de cambiar la reglamentación, diré lo mismo: más flexibilidad, en especial para ampliar el límite por encima del cual los Estados miembros deban dar su aprobación a los proyectos de 2, 5 a 5 millones. 
Estoy de acuerdo con el Presidente en ejercicio del Consejo en cuanto a que hay muy pocas posibilidades- hablo por experienciade que el Consejo conceda un aumento posterior de 5 a 10 millones. 
La eliminación de la influencia de los Estados miembros en proyectos de más de 10 millones es un puente demasiado lejano en la etapa actual. 
En lo referente al costo operativo- el famoso problema del 10 %-, la Presidencia del Consejo sabe que el Parlamento es quien decide. 
Hablaré con mi colega, el Sr. Liikanen, y nos ocuparemos de elaborar una propuesta para el Consejo, en la que se contemple un fuerte aumento del porcentaje actual, que es el 3, 5. 
Debo llegar a un acuerdo con él sobre este tema. 
También en este caso el Parlamento será quien decida al fin. 
Esto concuerda con los deseos del Parlamento. 
En las muy constructivas conversaciones preparatorias para el debate de hoy, coincidimos en que, sobre la base de próximas evaluaciones, la Comisión está preparada para hacer, durante este año, otras propuestas que puedan aumentar la flexibilidad y la eficiencia de todas nuestras operaciones. 
Podemos analizarlo con la idea de que el Parlamento está preparado para aceptar que no nos inmiscuimos en la vigencia de la reglamentación actual, que caduca a fines de 1999, de modo que no corremos el riesgo de crear ningún vacío legal. 
Estamos preparados para mantenernos en contacto a fin de ver si es necesario hacer propuestas adicionales, y de qué tipo, en una etapa posterior. 
Con el Presidente en ejercicio, digo: que no haya demoras, en ningún sentido, las propuestas actuales están sobre la mesa. 
Si se devuelven a la Comisión a fines de abril- lo digo con el debido respeto al Sr. Spencer -, estarían más allá del límite para que el próximo Consejo de Asuntos Generales pudiera formalizar esta reglamentación modificada. 
Así perderíamos más tiempo, cuando en realidad estamos hablando de un tema de la máxima urgencia. 
En este sentido, no hay diferencias entre el Parlamento y la Comisión. 
Las tres instituciones están muy cercanas en sus propuestas y en su entendimiento de lo que debe hacerse. 
Espero que por fin la reconstrucción y, algo de gran importancia, el regreso de los refugiados a Bosnia y Herzegovina se beneficien de los resultados de este debate. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Señorías, se interrumpe el debate para reanudarlo a las 21.00 horas. 
Turno de preguntas (Consejo) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0272/98). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Comenzamos el turno de preguntas al Consejo con 15 minutos de retraso, por lo que lo prolongaremos durante ese tiempo para lo cual pido la benevolencia de los servicios de la Asamblea, y especialmente a las cabinas de interpretación para que tomen las medidas oportunas, porque vamos a terminar hoy nuestro turno de preguntas al Consejo a las 19.15 horas. 
El Sr. Truscott me pide la palabra para una cuestión de orden. 
El Reglamento me obliga a dársela pero, al mismo tiempo, he de decirle, señor Truscott, que se atenga al minuto que le corresponde porque debemos empezar el turno de preguntas. 
Señor Presidente, soy muy consciente del tiempo, pero tengo que plantear una cuestión de orden, según el Artículo 41, que se refiere al Turno de preguntas. 
El problema es que las diez primeras preguntas se relacionan con un asunto que no es tema que incumba al Consejo, me refiero a los mármoles Elgin, y por lo tanto le pido que deje fuera las diez primeras preguntas que son, sin duda, una cuestión de discusiones bilaterales entre los Estados miembros involucrados y no un asunto del Consejo. 
Señor Truscott, su opinión es muy respetable pero esta pregunta ha sido admitida de acuerdo con todas las normas establecidas y es el Consejo el que tiene la posibilidad ahora de responder o no. 
No doy más la palabra para cuestiones de orden. 
El Sr. Henderson me ha pedido la palabra. 
Tiene usted la palabra, señor Henderson. 
Le doy la bienvenida. 
Tiene usted la palabra antes de que empecemos el turno de preguntas, precisamente sobre este bloque de 10 preguntas a las que se ha referido el Sr. Truscott. 
Señor Presidente, ¿puedo plantear una cuestión de procedimiento antes de responder a la primera pregunta? 
Lamentablemente tengo que marcharme a las 7 de la tarde. 
Estoy dispuesto a ampliar el Turno de preguntas en otra ocasión. 
No provoqué yo el retraso de hoy. Si en la próxima oportunidad usted quiere extender el Turno de preguntas algo más, durante la hora del almuerzo, tendré mucho gusto en cooperar dejando libre mi agenda hasta las 2, 30 de la tarde, quizá, pero hoy no puedo esperar. 
Debo marcharme a las 7. 
Señor Henderson, su presencia aquí me es muy grata, pero yo no le voy a retener, no voy a hacer de usted precisamente una persona secuestrada, no, no. 
Usted puede abandonar este hemiciclo cuando lo considere oportuno con plena libertad, este es un espacio de libertad. 
Ahora bien, como presidente de esta sesión, el orden del día establece que hay una hora y media de preguntas. 
Si durante esta hora y media no contamos con la inapreciable y valiosa presencia del Consejo, no podremos hacer esta hora y media, pero mi voluntad es hacerla. 
Usted, en el momento que considere oportuno, puede marcharse. 
Pero yo, en todo caso, tengo que decir que, dado que se ha empezado más tarde, mi voluntad, presidiendo esta sesión, sería terminar de forma que tuviéramos una hora y media. 
En todo caso, su invitación a desplazarnos a la hora de almorzar me parece tremendamente sugestiva, sobre todo si se hace con dieta mediterránea. 
Pero prefiero los almuerzos para hablar relajada y tranquilamente y no para hacer preguntas al Consejo, que no es tan relajado; a veces, como en este caso, tiene una cierta tensión. 
Tiene la palabra el Sr. David para una cuestión de orden. 
Pero, por favor, señor David, ayúdeme a que empecemos el turno de preguntas propiamente dichas. 
Si usted me pide la palabra para una cuestión de orden, no se la niego a nadie y menos a usted. 
Tiene usted la palabra para una cuestión de orden pero es tiempo que le vamos a restar al Sr. Henderson en sus inapreciables respuestas. 
Sólo quería decir que, creo, debemos tomar la palabra al Presidente en ejercicio y aceptar su generoso ofrecimiento de dar parte de su hora de comida en una futura sesión. 
Estoy seguro de que muchos de mis colegas del Parlamento aprecian este gesto y, si no se puede hacer formalmente, quizá algunos de nosotros podríamos encontrarnos con él informalmente para hacerle algunas preguntas. 
Como he dicho en mi anterior intervención, debo marcharme a las 7 en punto y me gustaría hacerlo con el beneplácito de la Asamblea. 
Me será grato ampliar mi comparecencia en una sesión futura a una hora más temprana, si eso resulta útil. 
Con respecto a la Pregunta nº 1, como sin duda Sus Señorías saben, aunque la recomendación de 1982 de la UNESCO declaraba que las esculturas debían devolverse a Grecia, la recomendación continuaba diciendo que debían ser devueltas para reintegrarlas en el Partenón. 
Las esculturas del Partenón no son un asunto que deba tratar el Consejo, pues la Comunidad Europea no tiene competencia en el tema. 
Se trata de una cuestión exclusiva del Reino Unido y Grecia. 
Señor Presidente, Europa se está uniendo, las monedas se están unificando, Berlín se unificó hace unos años, y el Partenón, que constituye la identidad cultural de un país de Europa es el único monumento de la cultura universal que se encuentra dividido por un " muro de la vergüenza». 
La respuesta del Sr. Ministro no es correcta. 
En su primer punto sí: que la Unión Europea colabore para la materialización de cualquier decisión de la UNESCO.-En su segundo punto, donde dice que no es competencia de la Unión Europea: el punto 3 del apartado 2, del artículo 128 del Tratado dice: "La acción de la Comunidad favorecerá la cooperación entre Estados miembros, » en nuestro caso Grecia y el Reino Unido ," y, si fuese necesario, apoyará y completará la acción de estos en la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea».En ese sentido, ya no tiene valor la respuesta dada por el Sr. Ministro y puesto que el Tratado exige la cooperación quisiera preguntar ¿qué dirección va a tomar el Consejo de Ministros y qué iniciativas va a emprender el gobierno que ocupa hoy la presidencia? 
Seor Alavanos, no acepto su observación sobre la competencia del Consejo. 
Y aunque lo hiciera, por lo que sé, ni el Gobierno del Reino Unido ni el de Grecia han pedido al Consejo ninguna intervención para una conciliación. 
Por lo tanto, sigo pensando que se trata de un asunto que deben zanjar los Gobiernos de esos dos Estados. 
Señor Presidente, sobre un asunto de procedimiento. 
Se nos ha dicho que el Ministro respondería a las diez preguntas a la vez. 
Sólo ha contestado a la pregunta nº 1. 
Antes de hacer uso de mi minuto, ¿podría decirme usted si el Ministro se propone responder a todas las preguntas por separado o ésa ha sido la respuesta total a las diez? 
Yo creía, señor Lomas, que esta Presidencia se había explicado con toda claridad. 
El Sr. Henderson está respondiendo globalmente a las 10 preguntas, es decir, su intervención inicial ha sido una respuesta a las 10 preguntas. 
Señor Lomas, dicho esto, tiene usted ahora, con esta aclaración, como máximo, 60 segundos. 
Si el Consejo tiene que evitar los comentarios sobre asuntos en los que no tiene competencia, quedarán pocos temas en el mundo sobre los pueda hacer alguna observación. 
¿El Consejo no siente que, en vista de que esas esculturas fueron sacadas de Grecia en tiempos de la ocupación turca, no son algo aislado como un cuadro, sino un trozo del Partenón, de un edificio, y que deberían ser devueltas a él? 
Incluso, pues en el Reino Unido se ha manifestado un apoyo tan abrumador, tan masivo, como lo demuestran las encuestas, incluida una que se hizo en televisión y que registró que un 94 % del público estaba a favor de la devolución, ¿no le gustaría al Consejo dar una opinión sobre si sería práctico y bueno devolver las esculturas, dado que hace comentarios sobre todos los acontecimientos del mundo, en los que no tiene la menor influencia? 
Como ya he señalado, la posición constitucional es que el Consejo no tiene competencia en este asunto. 
Si el Seor Lomas quiere elevar el tema a la consideración del Gobierno británico, estoy seguro de que el Ministro que entienda en el problema tendrá mucho gusto en responderle. 
Como yo no tengo la ocasión del Sr. Lomas de preguntar en la Cámara de los Comunes, tengo que aprovechar la inmejorable oportunidad de que la Presidencia del Consejo esté en manos precisamente del Gobierno británico para recordar que este es un tema en el que el Parlamento se ha manifestado con extrema cautela. 
Yo recuerdo, con ocasión del dictamen del programa RAPHAEL del que fui ponente, que rechacé las enmiendas que pretendían colocar dentro del texto del programa RAPHAEL la problemática de la devolución de las esculturas del Partenón. 
Sin embargo, estoy plenamente de acuerdo en que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que ese problema bilateral se mueva y se desbloquee. 
Y creo que, como parlamentarios, tenemos el derecho de hacer preguntas y la Presidencia del Consejo, en tanto que británica, podría darnos alguna muestra de esperanza en cuanto a que hará alguna gestión para que este tema se mueva en un sentido razonable y en un sentido de civilización europea. 
También digo al Sr. Sánz Fernández que, si quiere, realmente puede comunicarse con el Gobierno británico. 
No podrá hacerlo en el Parlamento británico, pero tendrá la oportunidad de entrar en contacto con el Gobierno británico, expresarle su parecer y obtener una respuesta de este y, como he dicho al Sr. Lomas, si lo hace, estoy seguro de que el Ministro que esté a cargo del asunto le responderá. 
Estoy completamente de acuerdo con las preguntas que se han planteado acerca de la devolución a Atenas de los tesoros artísticos del Partenón, pero sin embargo quiero colocarlas en un contexto más amplio. Naturalmente, no es la única rapiña que ha tenido lugar. 
Creía que quizá merecía la pena extender este turno de preguntas a algo más general. 
Así los franceses se llevaron en tiempos de Napoleón la primera cabeza de mosasaurio y ahora está en París. Hemos intentado recuperarla para llevarla a Limburgo, a Maastricht. 
Creo que la auténtica integración europea, la auténtica cooperación europea, sólo puede tomar forma si este tipo de injusticias culturales se rectifica. 
¿Pueden el Presidente del Consejo y sus sucesores acaso ayudar con esto en el futuro? 
Pero en cualquier caso, también confío en que se restituyan los frisos del Partenón. 
En respuesta al Sr. Bertens, diré que algunos de esos temas se discutieron en teoría cuando se elaboraba el Tratado de Amsterdam. 
El Consejo tiene un mandato claro que ya está autorizado por los Tratados previos. 
En el Tratado de Amsterdam hay autorizaciones. 
Si mi interpretación es correcta, cuando el Tratado se ratifique, eso no implicará ningún cambio en las competencias en este asunto o en los asuntos a los que se refiere el diputado, y no puedo decir más. 
Cada Estado debe declarar sus puntos de vista sobre el tema y usted tendría que plantear sus preguntas a los respectivos Gobiernos. 
Estoy algo más que un poco desencantado con la respuesta del Presidente en ejercicio del Consejo, pero puede que, como él dice, esté fuera de la competencia de la UE. 
Sin embargo, yo planteo una pregunta ligeramente distinta y creo que es posible darle respuesta. 
¿Considera el Consejo que la política cultural en la UE puede reflejar- o tendría que hacerlo- los sentimientos del pueblo europeo? 
Creo que es una pregunta levemente distinta de la que usted ha contestado antes. 
Agradezco al Sr. Gillis este complemento suyo, pero en realidad lo que plantea es lo mismo que ha planteado el Sr. Bertens, desde un ángulo distinto. 
El problema de las normas culturales y la política cultural dentro de la Unión Europea es sobre todo un asunto de los Estados miembros. 
Cuándo pasa a ser un tema para el Consejo es algo ya establecido en los Tratados y sujeto a alguna modificación en el Tratado de Amsterdam. 
Pero, como le he dicho al Sr. Bertens, si mi interpretación es acertada, no creo que el Tratado de Amsterdam otorgue al Consejo la competencia para tratar un asunto como éste. 
Se trata de una situación que afecta a dos Estados miembros y la cuestión concreta que planteo al Presidente del Consejo es la siguiente: para resolver este problema que afecta a esos dos Estados miembros, es necesaria la voluntad política. 
¿Tiene o no la Presidencia británica la voluntad política de contribuir a que se resuelva definitiva y efectivamente esa cuestión? 
Vuelvo a decirlo, Sr. Miranda, no estoy aquí para hablar en nombre del Gobierno británico, sino que estoy aquí para expresar los puntos de vista del Consejo, y si quiere formular una pregunta al Gobierno británico, como ya se lo he dicho a dos de sus colegas, estoy seguro de que el Ministro responsable estará en condiciones de dar respuesta a los asuntos que plantee. 
Señor Presidente, deseo recordar a la Presidencia británica del Consejo que, en cierto modo, el Tratado de Amsterdam ha ampliado las competencias de la Unión Europea en materia de cultura en un apartado en el cual se dice que la cultura debe ser una dimensión que tiene que ser tenida en cuenta en todos los ámbitos de la políticas de la Unión. 
Por ello, es evidente que no puede faltar la dimensión cultural en la política de armonización y cohesión de la Unión Europea, y el hecho de que una cuestión cultural tan delicada afecte a las relaciones internas- me refiero a la negativa de devolver los mármoles del Partenón- no puede más que invalidar el resto de la política europea. 
Por lo tanto, ¿no cree el Consejo que el Tratado de Amsterdam ha introducido una novedad también desde este punto de vista? 
Vuelvo a decir a la Sra. Castellina que es un asunto de interpretación lo que dice el Tratado de Amsterdam sobre este tema. 
Lo que yo entiendo es que no establece ningún cambio en cuanto a las competencias en esta cuestión, y todas las observaciones que ella quiera hacer, puede hacerlas ante el Gobierno británico o el de Grecia. 
Hablo como diputada de Elgin- donde estamos muy avergonzados de la historia pasada de Lord Elgin -, y quiero decir al Presidente en ejercicio del Consejo, siguiendo lo expresado por la Sra. Castellina, que es Presidenta de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, que yo fui presidenta de esa Comisión en 1985, cuando se aprobó un informe en el que se incluía la restauración de las obras de artes en el sentido amplio mencionado por el Sr. Bertens. 
Ese informe fue aprobado por este Parlamento. 
Nadie discutió nuestra competencia en aquella ocasión. 
El día en que Grecia ocupó ese lugar, presenté una resolución para devolver los mármoles Elgin. 
Quiero recordar a todos el magnífico precedente establecido hace poco por Inglaterra cuando devolvió la Piedra del Destino escocesa a Escocia. 
Me congratulo de que la Sra. Ewing haya hablado en nombre de la ciudad de su jurisdicción, que lleva el mismo nombre que el diplomático que diera el suyo a las piezas de las que tratamos. 
La Sra. Ewing no lo sabrá, pero yo fui uno de los funcionarios electorales de su jurisdicción en 1970, a la que fui enviado por el Partido Laborista de Glasgow para colaborar allí. 
De modo que conozco los puntos de vista de la gente de Elgin sobre estos importantes temas. 
Debo decir a Su Señoría que, si tiene criterios firmes, sobre los que quiera insistir una vez más, puede plantear el asunto al Gobierno británico. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 11 y 12 se responderán conjuntamente. 
Pregunta nº 11 formulada por John Cushnahan, a quien sustituye el Sr. Gillis (H-0273/98): 
Asunto: Efectos de la supresión de las ventas libres de impuestos 
¿Qué medidas tienen intención de aplicar los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias de carácter social y económico derivadas de la supresión en el interior de la Comunidad de las ventas libres de impuestos, de conformidad con lo dispuesto en el considerando decimotercero de la Directiva 91/680/CEE y en el considerando vigesimotercero de la Directiva 92/12/CEE? 
Pregunta nº 12 formulada por Pat Gallagher (H-0368/98): 
Asunto: Solicitud del Consejo de Ministros de Transportes relativa a la elaboración de un estudio sobre las repercusiones sociales de la supresión de las ventas libres de impuestos 
Teniendo en cuenta la decisión adoptada en el Consejo de Ministros de Transportes del 17 de marzo en el sentido de solicitar a los Ministros de Finanzas que pidan a la Comisión que elabore un estudio acerca de las repercusiones sociales de la supresión de las ventas libres de impuestos, ¿puede confirmar la Presidencia que se incluirá este tema en el orden del día del próximo Consejo ECOFIN? 
En las directrices mencionadas por el Sr. Cushnahan, el Consejo aprobó ese impuesto y convino en que las ventas libres de impuestos en los viajes intracomunitarios podrían continuar durante el periodo de transición que llegará hasta el 30 de junio de 1999. 
La intención era minimizar las dificultades sociales y regionales que pudieran nacer de la abolición, dando tiempo a los agentes para que se adecuaran a la situación. 
Cada uno de los Estados miembros debe decidir cuáles son las actuaciones adicionales necesarias para enfrentarse con las consecuencias específicas sociales o económicas. 
En cuanto a la pregunta del Sr. Gallagher, el Presidente del Consejo de Transportes ha escrito al Presidente de ECOFIN para informar sobre los puntos de vista de los Ministros de Transporte acerca de la necesidad de establecer una Comisión de estudio. 
Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre si se incluirá este tema en una futura agenda de ECOFIN. 
Una vez más, la respuesta es más o menos lo que esperaba, porque venimos escuchándola hace mucho tiempo. 
Sin embargo, no aborda el problema del desempleo ni los negativos aspectos de deterioro de la eliminación de las mercancías libres de impuestos en los aeropuertos o en las líneas aéreas y también en las compañías navieras, que ya soportan una gran presión. 
Si hubiésemos llevado adelante este estudio lo más rápidamente posible, quizá con una actitud más abierta, habría sido bueno considerar si es posible mantener las ventas libres de impuestos. 
Poco tengo que añadir a mi respuesta inicial a las preguntas. 
Como he dicho, el asunto fue planteado por los Ministros de Transporte, pero ECOFIN no ha decidido aún si lo tratará. 
Es una decisión de largo alcance y cambiarla requeriría unanimidad. 
Corresponde a la Comisión determinar si encarga un informe. 
Como dije en el último Pleno, al tratar este tema, se especula mucho sobre cuál será el impacto de la supresión de las ventas libres de impuestos dentro de la Unión Europea. 
Hay especulaciones sobre si se perderán puestos de trabajo y acerca de si se ganarán puestos de trabajo, especulaciones sobre lo que ganarán y sobre lo que perderán los consumidores. 
Cada uno de los Estados miembros debe hacer sus propios cálculos. 
Tienen un periodo considerable para elaborar una evaluación. 
No puedo decir más de momento. 
Me parece bien que el Consejo de Transportes se haya comunicado con el Consejo ECOFIN. 
Tengo la esperanza de que los Ministros ECOFIN respeten la voluntad del Consejo de Transportes y encarguen un estudio. 
Sin embargo, me resulta muy triste oír que el Presidente en ejercicio del Consejo habla esta tarde sobre especulaciones. 
No tendría que haber referencias a especulaciones. Habría que hablar de hechos. 
La única vía por la que podemos concretar esto es la de contar con un estudio centrado en los efectos socioeconómicos. 
Entonces no habrá especulaciones sino hechos. 
Por los estudios llevados a cabo en mi país, se ha sabido- no se ha especulado sobre el tema- que se perderán en toda la UE decenas de miles de puestos de trabajo, sin que haya una fuente alternativa de empleo. 
En toda la Unión se aumentarán 17 libras en las tarifas para ese gran número de ciudadanos en apuros. 
Me gustaría que el Presidente en ejercicio del Consejo confirmara que no se requiere unanimidad para que el Consejo pida a la Comisión que inicie un estudio de impacto sobre las consecuencias socioeconómicas derivadas de la supresión propuesta. 
¿Puede confirmármelo? 
Confirmo que el Consejo puede pedir un estudio sin unanimidad, pero cambiar una decisión previamente aceptada requiere unanimidad. 
Resultaría interesante que todos los estudios realizados garantizaran que los hechos se producirán. 
No me fío demasiado de eso. 
Son diversas las opiniones sobre cuál será el impacto. 
Lo digo como persona que tiene un aeropuerto en su circunscripción y, por lo tanto, tiene intereses creados en este asunto. 
Pero existen otras consideraciones más amplias, que el Consejo ECOFIN y el Consejo de Ministros deben tener en cuenta. 
Espero que el Sr. Gallagher comprenda esto. 
Quiero felicitar al Presidente en ejercicio del Consejo y animarlo a que siga plantado en sus opiniones frente a todo ese parloteo de los que se proclaman preocupados por las ventas libres de impuestos. 
Se han tragado toda la argumentación de la industria de las ventas libres de impuestos. 
El Presidente en ejercicio del Consejo tiene razón cuando duda de algunos pronósticos de pérdida de puestos de trabajo, sobre los que yo soy muy escéptico. 
Sin embargo, me preocupó un tanto que su respuesta a la primera pregunta fuera menos directa y firme que la que dio la última vez que acudió a esta Asamblea, cuando repitió- y tuvo mi apoyo- que ECOFIN no tenía planeado volver sobre este asunto. 
Esta vez no lo ha dicho con igual firmeza. 
¿Podemos contar con el firme compromiso de que no- repito, no- se harán planes para reabrir este debate? 
Los comentarios del Sr. Cassidy demuestran que hay muchas maneras de considerar este asunto a través del espectro político de esta Asamblea y, sin duda, en las demás instituciones políticas de la Unión Europea. 
En el último Pleno dije que no estaba previsto que el Consejo ECOFIN incluyera en su agenda un asunto de esta índole. 
Ésa era la posición en ese momento. 
Posteriormente, el Consejo de Transportes tomó una decisión y hoy, al decir que no se ha decidido aún si se incluirá o no este tema en la agenda, he usado una formulación más precisa para expresar el tipo de respuesta que ECOFIN podría dar a una petición de los colegas de otro Consejo. 
Seré muy breve. 
Doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por sus respuestas claras, pero las preguntas también se refieren a las consecuencias y a los beneficios sociales de esta medida, y me pregunto si él estaría de acuerdo conmigo en que la supresión de las ventas libres de impuestos también reduciría los niveles de consumo tanto del alcohol como del tabaco, y en que las consecuencias de esto sólo pueden ser beneficiosas para la salud pública europea. 
Asimismo, me pregunto si estaría de acuerdo en que la supresión de las ventas libres de impuestos, que como él dice es una decisión de largo alcance, permitirá que los puertos y los aeropuertos recuperen su papel original, que es el de servir para transportar gente de un lado a otro. 
Creo que mi profesor de economía me habría dicho que la propensión marginal al consumo puede ser sensible a los precios y que, antes de responder a esa pregunta, habría que hacer alguna encuesta para saber si ése es el caso. 
Sobre esta última observación del Presidente en ejercicio del Consejo, creo que ha respondido a la pregunta que ECOFIN tendría que plantear al Consejo de Ministros de Transporte: se necesitan estudios más objetivos. 
Me pregunto si el Presidente en ejercicio del Consejo es consciente de que este Parlamento ha tenido un conflicto con el Consejo y la Comisión sobre un tema semejante, porque insistimos en hacer un estudio objetivo sobre la seguridad de los usuarios de las motocicletas de gran cilindrada. 
Cuando conseguimos lo que queríamos, la gente que se oponía a la posición del Parlamento creyó que las conclusiones estaban en contra de la ley de la gravedad y que en realidad se había probado que las motos de gran cilindrada eran más seguras que otras máquinas para las que la Comisión y el Consejo no habían tenido objeciones. 
En esas circunstancias, la decisión de la Unión Europea- por entonces la Comunidad Europease adoptó por procedimientos muy distintos que no implicaban la codecisión. 
¿Acepta el Consejo que podría haber motivos para considerar si la legislación es satisfactoria o si se ha adoptado una medida apresurada, acorde con procedimientos antiguos, y acepta también que se haga un estudio para que ahora podamos llegar a una decisión sensata? 
Siempre tiene un atractivo superficial alegar que la legislación que se aprobó en una época anterior no se aprobaría ya, si se presentara a las instituciones políticas actuales. 
No discuto la observación del Sr. Barton en términos generales. 
Pero esto no significa que podamos rechazar toda la legislación que se aprobó en el pasado. 
No hace mucho tiempo que se tomó una decisión sobre este tema, pero ya han transcurrido unos siete u ocho años, lo que ha dado salidas a los que se beneficiaban de las ventas libres de impuestos, les ha dado la oportunidad de considerar el efecto que la ley tendría sobre sus negocios y tomar medidas alternativas. 
ECOFIN no ha adoptado aún ninguna decisión. 
No puedo decir más sobre este punto. 
No creo que tengamos muchas esperanzas de que los Ministros de Finanzas cambien de opinión. 
Pero sí debería ser posible acceder a lo que los Ministros de Transportes han solicitado, un análisis de las consecuencias para el empleo y para los impuestos, ya que la idea era que los impuestos se hubiesen armonizado durante este tiempo, lo que no se ha hecho, y lo cual, a su vez, puede tener consecuencias para los viajes entre diferentes países, además de consecuencias para los países periféricos. 
Esto debería ser algo de posible realización. 
No es, como dijo Cassidy, que sólo la industria ha estudiado esta materia. 
Primero se hizo en Suecia y allí se ha constituido ahora un comité estatal de investigación que ha subrayado justamente lo que los estudios de las industrias ya habían dicho, es decir, que esto tiene consecuencias para el empleo, en mi país cerca de 2000 puestos de trabajo. 
Me remito a mis anteriores respuestas; podemos especular acerca de lo que indicaría un estudio y, sin duda, sobre la precisión con que ese estudio podría anticipar las consecuencias. 
En este momento, aunque el Consejo de Transportes ha tomado una decisión, el Consejo ECOFIN no ha decidido si considerará o no el tema más adelante. 
Pregunta nº 13 formulada por Jens-Peter Bonde, a quien sustituye la Sra. Ulla Sandbæk (H-0275/98): 
Asunto: Igualdad de trato para gays y lesbianas 
¿Se propone el Consejo modificar la legislación con el fin de que se introduzca la plena igualdad de trato para gays y lesbianas y se supriman de facto las consecuencias de la discriminatoria sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Lisa Grant? 
El diputado que originalmente planteó la pregunta y la Sra. Sandbæk sabrán que el Tratado de Roma no otorga al Consejo competencias en el campo de la orientación sexual. 
Sin embargo, el Tratado de Amsterdam, cuando se ratifique, dará a la Comisión la base legal para una acción futura. 
El Consejo continuará trabajando con la Comisión a fin de establecer medidas que beneficien a todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Por supuesto que me doy perfecta cuenta de que el Tratado de Roma no concede estas competencias, sin embargo, celebro mucho su respuesta y me gustaría darle las gracias por ésta. 
No obstante, ¿no podría profundizar en ella y hacerla un poco más específica? 
Su respuesta venía a decir que usted intentaría hacer algo. 
Esto me parece una formulación demasiado amplia. 
Querría saber qué ha pensado usted hacer en concreto. 
Creo que la Sra. Sandbæk me pide que haga un imposible. 
Si Su Señoría hubiera planteado una pregunta específica, yo habría hecho todo lo posible para responder. 
Pero no se me puede pedir que especifique un campo de preguntas concretas a las que podría querer dar respuesta. 
Por lo tanto, no puedo complacer a Su Señoría. 
Señor Presidente, yo comprendo muy bien sus dificultades para prever el futuro. 
Sólo querría preguntarle si, en el marco de la preparación del futuro, para la que usted es competente, estaría dispuesto a tener presente un hecho, a saber, que la aplicación de la citada equiparación introduciría una discriminación económica absoluta, que concedería a las uniones sin hijos unas ventajas económicas considerables frente a las uniones con hijos. 
Sin mencionar el hecho de que contribuiría a la progresiva extinción de nuestra parte del mundo. 
Se trata de asuntos muy delicados y lo comprendo, pero no comprendo lo que propugna Su Señoría. 
¿Sugiere que cuando no se discrimina a las personas que no tienen hijos, éstas tienen una ventaja respecto a quienes tienen hijos pero no están discriminados en un sentido particular? 
No sigo la lógica de su discurso. 
Pregunta nº 14 formulada por Ioannis Theonas (H-0278/98): 
Asunto: Importantes efectos indirectos de la introducción del euro para las economías más débiles 
Las protestas de los trabajadores y de un importante número de expertos en economía acerca de la próxima introducción del euro son cada vez mayores. 
Los aspectos particularmente importantes que se plantean son el régimen de las monedas que no entrarán a formar parte de la zona euro, las consecuencias para la economía de estos países y la manera de hacer frente a las presiones especuladoras y de otro tipo, así como las repercusiones en lo que respecta al nivel de vida y los derechos sociales de los trabajadores. 
¿Puede indicar el Consejo si ha examinado ya esta cuestión, sobre qué informes y comunicaciones de la Comisión- la cual no ha notificado absolutamente nada al respecto al Parlamento Europeo- se ha basado para ello y qué decisiones políticas piensa adoptar para no hipotecar el futuro de los trabajadores en nombre del euro y paliar los importantes efectos indirectos que ello supondrá, especialmente para las economías más débiles? 
Las más recientes encuestas europeas sobre el tema no muestran que se haya intensificado la oposición a la introducción del euro sino todo lo contrario: registran un aumento del apoyo, aunque no es el caso en el país del Sr. Theonas, lo que es motivo de preocupación. 
El Consejo es muy consciente de la necesidad de asegurar una dimensión social a su trabajo. 
El Consejo Europeo de Amsterdam destacó que la inclusión económica y social son aspectos complementarios de esa sociedad europea más aglutinada que todos queremos. 
Los cambios de política que la preparación para el euro requirió tienen sentido en sí mismos y beneficiarán a los trabajadores. 
Contribuyen a asegurar el correcto clima macroeconómico para la estabilidad y el crecimiento. 
En muchos puntos de la Unión estamos buscando ahora los beneficios de esas políticas, unos beneficios que no se han comprado a expensas de los trabajadores de otros puntos de la Unión. 
El crecimiento en toda la UE favorece a los ciudadanos de todos nuestros países. 
Señor Presidente, también quisiera dar las gracias al Presidente en funciones, pero me ha dado una respuesta muy general y quisiera ayudarlo con algunos datos concretos para ver qué reacciones surgen. 
En fecha reciente Grecia ha decidido el ingreso de la dracma en el mecanismo de los tipos de cambio. 
Dicho ingreso ha ido acompañado por una devaluación del 14 % de la moneda nacional. 
Dicha devaluación desmejora todos los indicadores de los criterios de Maastricht para la unión económica y monetaria. 
La deuda pública va a requerir una cantidad adicional equivalente al 1 % del PIB, es decir, que pasaría del 4 % al 5 % del PIB. 
Los economistas afirman que por cada 3 puntos de devaluación corresponde 1 de incremento de la inflación. 
Incluso si 3 puntos pueden parecer mucho y calculásemos 4 ó 5 puntos de devaluación por cada punto de la inflación obtendríamos un incremento de la inflación en Grecia de 2 a 3 puntos. 
La deuda pública se va a ver incrementada hasta el 5 % del PIB. 
Los trabajadores no tienen por qué esperar que el acuerdo del Consejo y del gobierno griego caiga sobre sus espaldas, mientras, confían que en 1999 Grecia cumpla los criterios de convergencia. 
Respondo al Sr. Theonas que es una cuestión de criterio de los distintos países que integran la Unión Europea la forma que mejor resulte para manejar sus propias economías. 
Parece que hay once que quieren conducirlos con un criterio monetarista a través de la incorporación a la moneda única. 
Esto ha llegado al mecanismo cambiario europeo. 
Estas decisiones han tenido sus consecuencias y el calendario de estos temas es un asunto que preocupa a los Gobiernos. 
El principio general es que es bueno para todos los ciudadanos de la Unión Europea tener una situación económica estable. 
El Consejo cree que para alcanzar una situación económica estable debe haber una situación monetaria estable, y por esta causa muchos de los Estados miembros dentro de la Unión Europea han tratado de llevar sus economías a una posición desde la que puedan contribuir a esta situación monetaria estable y beneficiarse de ella. 
En términos no inmediatos, todos nosotros debemos tomar en cuenta que si tenemos inestabilidad y diversidad monetaria, lo más probable es que haya consecuencias inflacionarias significativas en el corto, el mediano y el largo plazo. 
Se trata de consecuencias que una economía que compite en un contexto global no se puede permitir, y por este motivo las políticas de la Unión se ajustan para conseguir la estabilidad monetaria. 
Bien puede ser que, aun cuando haya un sacrificio para la economía griega a corto plazo, cuando la economía empiece a reestructurarse, los beneficios aumenten en la perspectiva del largo plazo. 
Felicito al Presidente en ejercicio del Consejo por su última respuesta. 
Estoy muy de acuerdo; sin duda, esto confirma los problemas de los países que no están en el euro. 
Dejo aparte aquí a la economía británica y al Reino Unido. 
¿No reconocerá el Presidente que la situación en Gran Bretaña implica que no estar en el euro resulta dañino para la industria británica? 
Estamos viendo altos tipos de interés en el Reino Unido, que tienen un efecto perjudicial; estamos viendo una libra sobrevalorada, por lo que se pueden perder cien mil puestos de trabajo en la economía británica para el año próximo. 
¿No sería mejor que el Presidente en ejercicio del Consejo advirtiera al Gobierno británico de que la mejor manera en que se puede conseguir la estabilidad en Europa y la estabilidad en Gran Bretaña es declarar una pronta entrada en el mecanismo cambiario europeo y una fecha temprana para entrar en el euro? 
Quizá tendría que decirle al Sr. Blair que se ponga firme ante el Sr. Murdoch y el Sun y se declare a favor de esto. 
Sería lo mejor para ayudar a la economía británica y contribuir a la estabilización de Europa. 
Tengo que decir que el Sr. Kerr raramente pierde la ocasión de disparar a quemarropa contra el Gobierno británico. 
Sin embargo, estoy aquí para responder en nombre del Consejo y el Consejo ha reconocido la coherencia del Gobierno británico en su enfoque del euro. 
El Consejo ha reconocido que el Ministro de Hacienda indicó, ante la Cámara de los Comunes, que entre noviembre de 1997 y algo después de la próximas elecciones generales se podría llevar adelante un proceso de convergencia y que entonces el Gobierno británico decidiría si era o no de interés para el país integrarse en la moneda única en esas fechas. 
El Consejo ha reconocido que los otros socios de la Unión Europea y la industria y el comercio en Gran Bretaña y en otros lugares- y, por cierto, los trabajadores y sus organizaciones en esos países- entienden muy bien la posición británica. 
La estabilidad lograda por la economía británica en su relación con la economía europea y el euro se ha reconocido. 
Por tanto, no puedo estar de acuerdo en que el Consejo se dirija al Gobierno británico para hacerle la sugerencia que quiere el Sr. Kerr, aunque él mismo sabe que, si quiere presentársela al Ministro de Hacienda, puede hacerlo. 
¿Podría el Presidente en ejercicio del Consejo comentar el hecho de que, aun cuando no fuera por la moneda única, había una necesidad de la consolidación de las economías europeas, pues ahora competimos en un nivel mundial, sobre todo en esos países que tienen economías más débiles y, como resultado de la globalización, corren quizá más riesgos? 
En segundo lugar, ¿querría comentar el hecho de que necesitameos asegurarnos de que todos los países de la Unión Europea, no sólo los que entren en el euro el 1 de enero de 1999, tienen que empezar a prepararse, porque todos sus negocios se verán afectados? 
En vista de la pregunta del Sr. Theonas, ¿no es el caso de que esas economías más débiles tienen que asegurarse de estar plenamente preparadas para la moneda única, para que sus pequeñas y medianas empresas se aprovechen del área, muy estable y amplia, del euro, que se creará el año próximo? 
El Sr. Donnelly recalca con razón que todas las economías de Europa tienen que hacer los cambios necesarios para conseguir una posición más competitiva dentro de una economía global. 
Existe una sólida idea, que el Consejo ha reconocido, de que la instauración del euro será una contribución excepcional para lograr esa posición. 
Un número de países que quieren entrar en la moneda única en una primera etapa reconocen la necesidad de adoptar medidas adicionales para reforzar esa decisión, de modo que puedan obtener lo mejor de sus economías en un sentido competitivo. 
Otras economías que han preferido no integrarse en la moneda única, o que no están en condiciones de hacerlo desde el momento de su implantación, también reconocen que necesitan efectuar cambios, entren o no entren en el euro más adelante. 
Los que quieren entrar ven la cuestión de la convergencia y de la preparación como algo de vital importancia para sus economías. 
Pero incluso si un país dentro de la Unión no piensa entrar en el euro en una etapa posterior, sus propias empresas querrán relacionar sus operaciones con las que se hagan en euros. 
Ya tenemos pruebas de que así será. 
Es muy importante para los Gobiernos de esos países contribuir en todo lo que puedan para que la industria y el comercio hagan los cambios necesarios. 
Pregunta nº 15 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0279/98): 
Asunto: Relaciones euromediterráneas con Argelia 
La Unión Europea está desarrollando la cooperación con los 12 países y territorios mediterráneos no miembros, incluida Argelia, dentro del proceso euromediterráneo puesto en marcha en Barcelona, en noviembre de 1995. 
Un amplio conjunto de iniciativas se aplicaron a campos tan diversos como medio ambiente, inversiones, herencia cultural e industria. 
Las necesidades de las mujeres y los jóvenes, como también la necesaria lucha contra la corrupción, se han tomado en cuenta al establecer las iniciativas activadas y sostenidas con una asistencia financiera de la Comunidad Europea, de un monto de 4.700 millones de ecus, destinada a la transición económica, dentro del programa MEDA. 
También se han iniciado negociaciones con Argelia para un nuevo acuerdo de asociación. 
La Presidencia espera que en el curso del año haya buenos progresos en estas negociaciones. 
El señor Presidente en ejercicio del Consejo responde a esta pregunta sin concretar nada; su respuesta es casi de compromiso y excesivamente evasiva. 
Sin embargo, le recuerdo que los europeos, en este momento, quieren implicarse y actuar en apoyo del pueblo argelino. 
Concréteme la respuesta, por favor, porque no ha dicho absolutamente nada, sólo vaguedades. 
¿No cree, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que sería muy oportuno prever un programa específico en favor de Argelia, en este momento, con carácter inmediato y previo a la negociación del acuerdo de asociación? 
Usted debe de saber, por su rango, que el acuerdo de asociación, aunque se ha empezado a negociar, va para largo, y la realidad es que los jóvenes argelinos no se benefician nada, absolutamente nada, de la Unión Europea. 
Tampoco las mujeres argelinas se benefician nada. 
No puedo añadir mucho más a lo que he dicho en mi anterior respuesta. 
Lo que puedo decir a la Sra. Izquierdo Rojo es que en junio se celebrará una conferencia de los países mediterráneos y la UE en Palermo. 
Será una oportunidad más para discutir muchos de estos temas. 
Pero el objetivo de la Unión es el establecimiento de lazos con Argelia. 
Los lazos económicos son importantes y han de ir acompañados por un compromiso en otros asuntos que deben incorporarse en todos los acuerdos de asociación, como son los procedimientos democráticos y los derechos humanos. 
Pregunta nº 16 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0285/98): 
Asunto: Política informativa del BEI 
El Banco Europeo de Inversiones otorga préstamos a una serie de proyectos localizados tanto en la UE como en los países candidatos a la adhesión. 
En comparación con otros bancos que también ofrecen créditos a proyectos similares, el BEI proporciona información muy escasa acerca de las repercusiones medioambientales de los proyectos, tanto antes como después de la correspondiente decisión. 
Por ejemplo, el BERD publica, a diferencia del BEI, un análisis de impacto medioambiental previamente a la adopción de cualquier decisión sobre los proyectos. 
Incluso el Banco Mundial hace públicos numerosos documentos sobre las repercusiones medioambientales de los proyectos antes de adoptar una decisión sobre los mismos. 
¿Considera el Consejo que es suficiente la información del BEI sobre las repercusiones medioambientales de los distintos proyectos? 
En caso negativo, ¿en qué aspectos estima el Consejo que deberá mejorar el BEI a este respecto? 
El Banco Europeo de Inversiones tiene la tarea de contribuir al desarrollo equilibrado y sostenido de la Comunidad, por lo que debe actuar respetando las disposiciones del Tratado de la Comunidad Europea relativas al medio ambiente, en especial al artículo 130r, en el que se dice que las exigencia de la protección del medio ambiente deben estar integradas en la definición y aplicación de las demás políticas de la Comunidad. 
El Consejo no ha adoptado una postura acerca de si la información proporcionada por el Banco Europeo de Inversiones sobre el impacto medioambiental de determinados proyectos es la adecuada. 
En general, esto debe juzgarlo la Comisión, y Su Señoría tendría que plantear la pregunta a ese órgano. 
El motivo por el que he hecho esta pregunta es porque he estado en conversaciones con una serie de organizaciones medioambientales de Europa del Este, que critican mucho la forma cómo el Banco de Inversiones Europeas ha actuado en algunos proyectos en Europa del Este, es decir, que no se hacen estudios de las consecuencias medioambientales antes de otorgar dinero para proyectos que son bastante sospechosos desde el punto de vista medioambiental. 
Opino también que el Consejo debe asumir una responsabilidad, ya que esto repercute en la situación medioambiental en los países solicitantes. 
Ellos están esperando cambios considerables que pueden llegar a dañar, por ejemplo, a la diversidad biológica que también se afecta por esos proyectos. 
Quiero decir que el Consejo tiene que tener una visión de conjunto de cómo el Banco de Inversiones Europeas actúa en Europa del Este, y que, en el hecho, se tiene una política peor que, por ejemplo, el Banco Mundial o en el BERD. 
Me pregunto, por tanto, si ustedes realmente ven esto como un asunto propio, puesto que es una parte del conjunto de la política medioambiental de la Unión respecto de los países solicitantes. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Sjöstedt en cuanto a que la política ecológica es muy importante dentro de la Unión y en cuanto a que las políticas de la Comunidad tienen. que ocuparse mucho más de los asuntos del medio ambiente. 
En rigor, en el Tratado de Amsterdam, que como sabemos aún no se ha ratificado, se expresa una obligación adicional de la Unión por la que se dará prioridad máxima a las consideraciones ecológicas. 
En la actualidad, de acuerdo con las disposiciones existentes en el Tratado, el BEI publica una declaración de política ecológica que especifica su enfoque general. 
En relación con los países que quieren ingresar en la Unión Europea, los temas ambientales son asuntos importantes para ellos y tras mis conversaciones con ellos, todos lo han reconocido así. 
Una de las cosas que se puede identificar en el ingreso en el partenariado es la necesidad de emprender una acción sobre el medio ambiente. 
Estoy seguro de que cuando los países que quieren ingresar en la Unión Europea tengan definidos estos asuntos, la Comisión responderá asignando los fondos necesarios dentro de sus mandatos. 
Creo que todos los países que quieren estar en la línea de negociación para ingresar en la Unión Europea- ahora mismo hay seis- reconocen que tienen que hacer muchos cambios en lo ecológico, antes de que estén en condiciones de ingresar, y esto implica muchos, muchos temas. 
Un asunto clave es tener el conocimiento especializado y la capacidad de reglamentación necesaria para controlar las consideraciones ambientales y hacer las recomendaciones necesarias para el cambio: desde las cuestiones relacionadas con las centrales de energía eléctrica, hasta las cuestiones relativas a las normas ambientales en los parques públicos, pasando por un amplio espectro de temas varios, estoy de acuerdo con el Sr. Sjöstedt en que se debe dar la máxima prioridad a esta cuestión. Estoy seguro de que el BEI es consciente de sus obligaciones en este aspecto, y puedo decir que el Consejo hará todo lo que pueda para secundar este proceso. 
En general, el BEI debe seguir la política de la Unión pero cuenta con su propia estructura para tomar decisiones, y su Junta de Gobierno se compone de Ministros de Finanzas de los Estados miembros, que tienen a su cargo la aplicación de las políticas de la Unión en la ejecución de sus funciones. 
Creo que, en lo relativo a acuerdos con países del Tercer Mundo, es necesario establecer un equilibrio. 
No podemos esperar que los países pobres del Tercer Mundo cumplan de inmediato con las normas ecológicas que ya se aplican en los países ricos de la Unión Europea, pero eso no significa que los asuntos del medio ambiente se ignoren. 
Estoy seguro de que los primeros en reconocerlo así serían los Gobiernos y los pueblos de esos países del Tercer Mundo que de verdad quieren desarrollar sus economías y quieren hacerlo sobre una base sensata. 
No quieren destruir su medio ambiente, y creo que es de cuerdos establecer programas a largo plazo, que incluyan consideraciones ecológicas adecuadamente pero no con exclusividad. 
Señor Presidente, a mí me interesaría saber si no podría aplicarse también a la política de información del BEI el modelo de las " mejores prácticas» , habida cuenta que la publicación de la lista de proyectos que han obtenido mejores resultados podría tener efectos importantes para el desarrollo futuro de los proyectos ulteriores. 
He de reconocer que lo que el Sr. Rübig dice tiene sentido. 
Espero que el Banco adopte esa política. 
Pregunta nº 17 formulada por Veronica Hardstaff (H-0288/98): 
Asunto: Ordenamientos relativos a los sistemas agromonetarios de los Estados que no accedan a la UEM 
¿Tiene intención el Consejo de formular recomendaciones sobre ordenamientos relativos a un sistema agromonetario aplicable a aquellos Estados que permanezcan fuera de la «zona del euro» una vez adoptada, en mayo, la decisión sobre los Estados que serán miembros fundadores de la UEM? 
La Comisión indicó que someterá el borrador de las propuestas al Consejo, para que los ordenamientos relativos a los sistemas agromonetarios se apliquen desde el 1 de enero de 1999, poco después de que se adopte, en mayo, la decisión sobre los participantes en la moneda única. 
La Presidencia asegurará que el Consejo se encargue de examinar las propuestas de la Comisión tan pronto como sea posible, tras la debida consulta al Parlamento Europeo. 
Agradezco al Presidente en ejercicio del Consejo su respuesta. 
Es un asunto urgente que crea ansiedad en los agricultores de los países que no estarán en la primera etapa de la UEM, porque además de verse sujetos no sólo a los caprichos de la meteorología y el clima y a los cambios de la reforma de la PAC, de la OMC y el GATT, advierten que seguirán sometidos a una gran ansiedad a causa del capricho de los tipos de cambio. 
Pido con insistencia que se dé a nuestras comunidades de agricultores esta información lo antes posible, para que puedan hacer sus planes con el conocimiento de que ese asunto, al menos, no será tan incierto como tantos otros en los años venideros. 
Puedo comprometer mi palabra ante la Sra. Hardstaff: la Presidencia reconoce la importancia de este asunto y se darán respuestas expeditas tan pronto como sea posible después de la fecha que he citado. 
Señor Presidente, interesa a los estados que están dentro de la moneda única pero también a aquéllos que se quedarán fuera. 
¿Puede el señor Henderson decirnos si existe una tendencia a nivelar las equivalencias agromonetarias con las equivalencias comerciales de las monedas? 
Gracias por su aportación complementaria. 
La Comisión tendrá que considerar este asunto y el Consejo se comunicará con la Comisión sobre el tema. 
Muchas gracias, señor Henderson. 
Me temo que usted quiere abandonarnos. 
Cuando hemos iniciado el turno de preguntas, yo he propuesto prolongar este turno de preguntas hasta las 19.15, y usted me ha advertido que inaplazablemente su avión no le esperaría y que, por lo tanto, usted debía ausentarse a las 19.00 horas. 
A esta Presidencia le gusta mucho su compañía, tiene ocasión de enriquecerse con las respuestas que usted da a los diputados y diputadas de la Asamblea, pero no le puedo retener más allá de su voluntad o de sus posibilidades. 
Esperemos que en el futuro podamos cumplir el tiempo exacto a que nos hemos comprometido mutuamente ordenando mejor los trabajos de la Asamblea. 
Le agradezco su presencia y sus respuestas. 
Las preguntas núms. 18 a 40 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
Ayudas a Bosnia-Herzegovina, Croacia, la República Federal de Yugoslavia y la antigua República Yugoslava de Macedonia- Estrategia post-SFOR (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0123/98, del Sr. Schwaiger, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM (98) 0018- C4-0105/98-98/0023 (CNS) ) por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1628/96 del Consejo sobre las ayudas a Bosnia-Herzegovina, Croacia, la República Federal de Yugoslavia y la antigua República Yugoslava de Macedonia; -A4-0106/98, de la Sra. Daskalaki, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre una estrategia post-SFOR en Bosnia y Herzegovina (que contiene una propuesta relativa a una recomendación del Parlamento Europeo al Consejo). 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, yo quiero felicitar ante todo a la Sra. Daskalaki y al Sr. Schwaiger por sus informes. 
Aunque ninguno de los dos se encuentra presente, yo confío que no por ello han renunciado ya a la esperanza de que sus informes sean examinados y aprobados. 
Se trata de dos excelentes informes, breves pero precisos, que también apuntan en la dirección política acertada. 
Además, tanto la Sra. Daskalaki como el Sr. Schwaiger han desarrollado una colaboración muy constructiva con los demás Grupos en el seno de la comisión. 
Un examen de la situación en estos momentos, sobre todo en Bosnia-Herzegovina, requiere que sopesemos los procesos positivos y los procesos negativos o inexistentes que se están desarrollando allí. 
Por un lado, es preciso señalar que la evolución es sumamente positiva en la República Srpska. 
Allí contamos con una Presidenta, que desde luego no es un ángel de la escena política, pero que no obstante ha empezado a cooperar con Europa y Estados Unidos. 
Contamos con un Primer Ministro a quien tuvimos ocasión de recibir hace poco en el Parlamento Europeo, el Primer Ministro Dodik que trabaja con actitud muy constructiva. 
Éste es sin duda uno de los cambios positivos que podemos señalar en la República Srpska. 
Sin embargo, todo no ha acabado aún y sabemos que debemos ser prudentes, pues los nacionalistas todavía podrían acabar imponiéndose. 
En segundo lugar, se han registrado progresos en el desarrollo económico e infraestructural. 
Yo estuve hace poco en Sarajevo y el panorama ha cambiado visiblemente, no sólo en comparación con el período de la guerra, durante el cual también visité la ciudad, sino también con respecto al período posterior a la misma, desde hace aproximadamente un trimestre, cuando estuve por última vez allí. 
Y los cambios no se limitan a las infraestructuras, sino que también se manifiestan en la vida de las personas y en la alegría de vivir que vuelven a manifestar. 
Por lo que se refiere a los aspectos negativos, el regreso de los refugiados continúa en un punto muerto. 
No digo que no se haya avanzado nada, pero los progresos han sido muy insuficientes. 
Se trata de un carrusel que nadie impulsa seriamente y cada uno espera que actúe primero el otro. 
Los croatas esperan que actúen los bosnios, éstos que lo hagan los serbios y éstos, a su vez, que comiencen los croatas, o en cualquier otro orden. 
En cualquier caso, la situación sigue siendo insatisfactoria y yo pienso que tenemos que hacer todo lo posible, y también debemos apoyar todos al Alto Representante, para que prosigan los trabajos en relación con esta cuestión. 
El segundo aspecto que agrava mucho el panorama es la situación en Kosovo, en Albania, en Macedonia y en Serbia propiamente dicha. 
Uno tiene la impresión, y los bosnios también vuelven a tenerla, de que su situación sigue siendo muy mala. 
Son los únicos que no tienen junto a ellos a una potencia que les apoye. 
Los croatas la tienen, los serbios también, y a esto se suma el problema de Kosovo, que es interpretado como mínimo como un problema de la minoría islámica en un entorno cristiano. 
Por consiguiente, yo pienso que es necesario seguir manteniendo el despliegue de tropas, aunque se reduzcan los efectivos, acompañado quizá de un compromiso europeo más firme sobre el terreno. 
En este sentido, yo apoyo plenamente los informes de la Sra. Daskalaki, que ahora acaba de entrar, y del Sr. Schwaiger. 
Tenemos que incrementar la eficiencia, la descentralización y la coordinación sobre el terreno. 
Éstos son también algunos de los aspectos que ha destacado acertadamente la Comisión, bajo la dirección de Tom Spencer. 
Yo mismo he tenido ocasión de constatar estas carencias en los últimos años en la Conferencia de Donus, en Sarajevo y también en otros lugares. 
Hemos desembolsado mucho dinero, pero no con la eficiencia adecuada. 
¡Tenemos que acabar con esta situación! 
Tenemos que desembolsar el dinero de manera más eficiente. 
Debe existir una mayor coordinación y deben tomarse un mayor número de decisiones sobre el terreno. 
Yo creo que no es posible mantener un control tan centralizado desde Bruselas con el convencimiento de que así lo controlaremos todo. 
Pero no lo controlamos a causa de esta fuerte centralización. 
Por esto yo me congratulo de que la Comisión haya presentado estas propuestas y de que la Presidencia del Consejo también esté avanzando en la misma dirección. 
Lo cual también es fruto, no en último término, de la iniciativa de esta Cámara. 
Por lo tanto- así lo espero -, es posible que estemos aproximándonos a un final feliz y cuanto antes llegue, mejor. 
Señora Presidenta, felicito tanto al Sr. Schwaiger como a la Sra. Daskalaki por sus excelentes informes. 
Tuve el honor de presidir la delegación ad hoc enviada a Bosnia hace unas semanas. 
Debo decir que regresé lleno de irritación y bastante avergonzado de que la Unión Europea tuviera que estar representada de esa manera, de que fuera tan ineficaz en una crisis de tan extraordinarias proporciones. 
Estaba enfadado con la Comisión, pero esta tarde debo reconocer que la Comisión ha respondido muy bien en las últimas tres semanas a la presión del Parlamento y, en particular, quiero expresar mi reconocimiento a la labor de Hans van den Broek y a todos los que se comprometieron con la Comisión para llegar al acuerdo que se alcanzó el lunes por la noche en la votación de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Además, hasta más o menos las 5, 25 de esta tarde, me sentía muy enfadado con el Consejo, porque el Parlamento había sido muy crítico, la delegación lo había sido, no sólo respecto a la Comisión sino también respecto al Consejo por su fracaso en la coordinación sobre el terreno en Bosnia y por su insistencia en arreglos para licitaciones de complicación demencial. 
Sin embargo, con un poco habitual ánimo abierto, tengo que felicitar a Doug Henderson, el Presidente en ejercicio del Consejo, por el discurso que ha pronunciado esta tarde y que, considero, ha sido extremadamente constructivo. 
Me causó una excelente impresión la forma en que comentó las enmiendas del Parlamento y también la manera en que propuso llevar a cabo conversaciones con el Parlamento para resolver este asunto para fines de abril. 
Por lo tanto, esta tarde he sugerido informalmente a mis colegas un calendario adecuado a sus compromisos y he pasado ese calendario a los colegas, para que los grupos puedan analizarlo mañana por la mañana. 
Este calendario, que culminaría en una votación parlamentaria al comienzo del próximo Pleno, nos permitiría tener tiempo para una discusión con el Consejo y con la Comisión de Presupuestos, de modo que podríamos cumplir nuestra parte del pacto entregando 30 millones de ecus para que se utilizaran de inmediato en Bosnia. 
Creo que estamos todos de acuerdo en este tema. 
Prometo que mi Comisión hará todo lo que se relaciona con la buena voluntad, la inteligencia y la flexibilidad. 
En este asunto, la cooperación de las tres instituciones en Bruselas y en Estrasburgo, al cabo del día, contribuirá de verdad a la cooperación general de las tres instituciones y a la adecuada representación de la Unión Europea en Bosnia, que es donde importa. 
Señora Presidenta, Señorías, ante todo, permítanme lamentar que este debate se haya desarrollado en dos partes- como, por desgracia, sucede con frecuencia en este Parlamento- con un Comisario, el señor Van der Brook, que asistió a la primera parte, y con otro Comisario, el Sr. Flynn, dignísimo representante de la Comisión, aunque menos interesado por los sucesos de Bosnia-Herzegovina, lo cual, debo decirlo, es reprobable. Además, el Consejo ya no se halla presente y, prácticamente, lo que manifiestan los Grupos políticos, ya no le interesa a nadie. 
Dicho esto, yo también quiero felicitar a los Sres. Daskalaki y Schwaiger por el excelente trabajo realizado. 
Hay un primer dato que tenemos que tener muy en cuenta, o sea, en el asunto de Bosnia-Herzegovina, Europa hizo el mayor ridículo de los últimos 40 años, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. 
Asistimos a una masacre muy cerca de nosotros, sin que, de hecho, la Unión Europea pudiera o supiera decir una palabra. 
Pues bien, después de este bochornoso papel- tuvieron que intervenir los americanos para encontrar una solución- también en lo que respecta a la reconstrucción, me parece que la Unión Europea está demostrando todas sus carencias, todas sus incapacidades. 
Por eso, fue acertado centrarse en lo que está pasando en el contexto de la reconstrucción. 
¿Qué está sucediendo? 
Simplemente esto: la inestabilidad política de Bosnia-Herzegovina sigue estando ahí, a pesar de todo el dinero desembolsado por los Estados europeos y la Unión Europea; las instituciones centrales siguen sin existir, por lo que no supimos ni siquiera con quién firmar los compromisos; la centralización de Bruselas, impuesta por Bruselas y por la Comisión Europea en materia de control y de transparencia, produjo efectos contrarios y, en realidad, fue contraproducente, ya que, conforme se exigía más control y transparencia por parte de Bruselas, más se multiplicaron los fraudes y las malversaciones. 
Las ayudas ya son escasas, la opinión pública europea tiene puestos sus ojos en todos nosotros por las restricciones presupuestarias que existen en todos los Estados y, por lo tanto, ya no podemos seguir manteniendo este tipo de actitud. 
Debemos aprender una lección de Bosnia-Herzegovina, a fin de que se adopte un planteamiento innovador en materia de ayudas comunitarias: basta de subvenciones a fondo perdido y adelante con las asociaciones y los préstamos a devolver. 
Creo que sólo un delegado plenipotenciario, con poderes extraordinarios, independiente y con facultades decisorias, podrá ayudar a este fin. 
¡Europa nos mira! 
Señora Presidenta, en primer lugar permítame subrayar la importancia que tiene para mi Grupo Liberal y para mí, que la ayuda que se da a la ex-Yugoslavia sea eficaz, de modo que la construcción se realice rápidamente y la gente pueda volver a sus hogares. 
Por este motivo estuvimos muy preocupados cuando llegó a nuestras manos el informe del grupo parlamentario que visitó la ex-Yugoslavia y, que a su vuelta, dijo que las ayudas allí no se administraban de manera eficiente y correcta. 
Se presentaron también muchas propuestas para mejorar las ayudas y su administración, de manera que ellas realmente pudieran llegar a la gente. 
He entendido que la Comisión se ha decantado por la línea propuesta por el Parlamento y está dispuesta a conseguir que se cree una organización más eficiente que la anterior para administrar las ayudas a la ex-Yugoslavia. 
Opinamos que esto es correcto. 
Me parece también que lo que dijo Henderson ayer puede interpretarse como que también el Consejo va a hacer cuánto pueda para dar más eficacia las ayudas. 
Por este motivo esta tarde he propuesto a mi grupo que mañana votemos por la aprobación del informe Schwaiger, lo cual ha sido aceptado unánimemente. 
Permítanme terminar diciendo que si hay que sacar alguna conclusión de esto, es que el Parlamento ha cumplido una función muy importante, justamente la función que le corresponde, es decir, que como la autoridad fiscalizadora que es, se preocupa, cuando surgen críticas, de que esas críticas se tomen en cuenta y que se adopten medidas para corregir los errores. 
Señora Presidente, manu militari, es decir, mediante una intervención militar impresionante se llevó a cabo el Tratado de Dayton. 
Después de dos años nuestros ponentes han hecho balance. Varios colegas han constatado que puede que se haya conseguido algo militarmente pero no se ha logrado nada de otro modo. 
Las armas se han callado pero la paz es frágil, no se ha solucionado el problema de los refugiados, millones de ECU han quedado sin absorber, la Administración Central no funciona, el sistema de libertades democráticas y de derechos humanos no funciona de una manera regular. 
¿Cuál ha sido el resultado de dicho tratado impuesto militarmente? 
Estoy de acuerdo con el balance que han hecho. 
Pero también disiento, porque ¿qué es lo que piden? 
Piden el reforzamiento de la presencia militar y recomiendan a la Unión Europea que haga notar su presencia, que dé una vuelta de tuerca solicitando fuerzas militares móviles, solicitan la intervención de la Unión Europea Occidental, bajo el patrocinio de la OTAN, más y más intervención militar y todo ello ¿para qué? 
La misma situación no se va a mejorar con presencia e intervenciones militares y así lo demuestra el balance a los dos años del Tratado de Dayton. 
¿Qué se puede hacer? 
Dejen a los bosnios, a los herzegovinos, a los kosovares, a los serbios que entierren a los muertos de los enfrentamientos que ustedes han causado; que ellos entierren el odio y las pasiones, que encuentren solos el proceso de cooperación pacífica, para que se avance en la reconstrucción económica y social y hacia el desarrollo y de esa manera podrá hacerse notar o no la Unión Europea. 
Dejen tranquilos a esos pueblos antes de provocar una guerra general en los Balcanes. 
Señora Presidenta, a decir verdad me parece, como al Sr. Caccavale, la mascarada de un debate parlamentario cuando los Grupos toman la palabra en un momento en que la Presidencia ya no está presente y que entre tanto es otro Comisario el que sigue ahora estos asuntos. 
Hace doce años que estoy en el parlamento, pero éste es realmente el punto culminante de lo que jamás he vivido, pero sea, para eso estará el Parlamento Europeo. 
En lo que respecta al fondo del asunto, el Grupo de los verdes apoya los dos informes. Tanto el informe del Sr. Schwaiger como el informe de la Sra. Daskalaki. 
Quiero detenerme primero en el informe de la Sra. Daskalaki porque es evidente que si en este momento no se garantiza la continuación de la SFOR en Bosnia-Herzegovina, puede volver a repetirse todo. 
Por tanto, es de vital importancia que esa presencia siga allí y es evidente que han llegado tantas señales que ponen en claro que los Estados Unidos disminuirán su aportación al contingente en este momento y, por lo demás, me parece muy normal que los países europeos asuman ya su propia responsabilidad, y más cuando se trata de operaciones para mantener la paz en un país europeo. 
Lo que me parece muy importante en el informe de la Sra. Daskalaki es que la atención se fija con toda razón en que para el próximo contingente debe preverse que no sólo habrá un desplazamiento en dirección a Europa, con lo que Europa retoma finalmente su responsabilidad, sino también que habrá otra relación entre la presencia militar y la presencia policial. 
El grupo de la ONU que entrará en acción para las tareas policiales será, por tanto, más importante y deberá estar sobre todo encaminado a la formación de la policía local, y todo el que está en Bosnia sabe la importancia que tiene que se lleve adelante esa tendencia. 
Para concluir, algunas palabras para el informe de nuestro colega Schwaiger. 
A decir verdad, estimado colega Spencer, yo no soy tan optimista como usted por la sencilla razón de que hace ya más de dos años que este Parlamento hizo exactamente el mismo análisis que ahora en el informe del colega Schwaiger. Por tanto, se sabe ya desde hace dos años que no funciona, que así no se puede. 
También se sabía qué cambios deberían darse y no se han llevado a cabo. En lo que a eso respecta tanto la Comisión como el Consejo están seriamente comprometidos y me parece que hay que decirlo aquí con toda claridad. 
Esperanza para el futuro en lo que a mí respecta. 
Yo he sido siempre optimista, así que quiero participar en ello y creo por tanto que en este contexto es importante que el Parlamento tenga un acicate. 
El acicate de no decir demasiado rápido sí a todo lo que se nos promete pero que luego vemos que se ha decidido a nivel del Consejo el 27 y el 28 de abril y que damos el visto bueno finalmente cuando en realidad hemos conseguido en casa lo que debemos obtener en casa. 
Si podemos confabularnos para ello, Señorías, habremos hecho algo por Bosnia-Herzegovina. 
Señorías, el orden del día lo establecen los Presidentes de los Grupos políticos y en esta ocasión tanto la Comisión como el Consejo ya habían informado que no podrían estar representados el miércoles por la noche. 
Esto ya estaba previsto. 
Yo lamento que no puedan encontrarse aquí, pero no ha sido una sorpresa. 
Por consiguiente, no ha habido mala fe por parte de la Comisión, sino que ya se había acordado así. 
Señora Presidenta, en mi calidad de miembro de la Delegación ad hoc, tuve ocasión de hacerme una idea de cuán difícil es la situación de la población de Bosnia en estos momentos. 
El informe del Sr. Schwaiger indica mediante muchas propuestas las medidas que se deben adoptar para conseguir mejoras. 
En cualquier caso, como miembro de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos de Interior, yo considero importante que este año se conceda la máxima prioridad a la coordinación y el desarrollo de proyectos concretos en el marco de un amplio programa de repatriación. 
Con este objeto, será necesario que la Comisión refuerce su apoyo a los esfuerzos de las ONG y otras organizaciones, y que éstos se coordinen. 
La reconstrucción también se retrasa porque todavía no ha concluido la tarea de desactivación de las minas. 
Es necesario reforzar asimismo las ayudas destinadas al restablecimiento de la infraestructura general y también del suministro de gas, agua y electricidad, de las comunicaciones, las escuelas y la atención sanitaria. 
Por esta causa, los refugiados todavía no podrán regresar este año a algunos distritos, sino que será necesario preparar debidamente su regreso, con objeto de que tengan también la posibilidad de optar por el mismo. 
Si ahora se obliga a regresar demasiado pronto a un número demasiado grande de refugiados, esto podría provocar una desestabilización de la región que obstaculizaría a largo plazo las medidas con vistas al retorno definitivo. 
Señora Presidenta, hace un tiempo yo estuve también en Sarajevo y oí la historia del edificio del parlamento. 
El edificio del parlamento sería reconstruido con la ayuda europea como símbolo de toma de decisiones eficaz y de buenos modales. 
Desde esa época está todavía en ruinas y ahora es el símbolo de la toma de decisiones ineficaz de la Unión Europea. 
En realidad es especialmente triste que por entonces también el embajador de la Unión Europea me dijera: mira, aquí está el flujo de dinero de la Unión Europea y allí están las decisiones de los Estados Unidos. 
Señora Presidenta, poco después de la guerra, en los Países Bajos hacíamos chistes arrogantes sobre los norteamericanos y decíamos: vosotros el dinero, nosotros el cerebro. 
Pero eso se ha invertido un poco. 
De momento es así: los europeos tienen, por así decirlo, el dinero y los norteamericanos toman las decisiones inteligentes y eficaces. 
Naturalmente, eso debemos atribuirlo al hecho de que la Unión Europea está formada por un grupo de Estados miembros que prefiere sentarse detrás de las pequeñas ganancias propias cuando se trata de proyectos de reconstrucción, y no es una Unión en la que sus miembros por separado pueden saltar sobre su propia sombra y de hecho puedan tomar su responsabilidad. 
Ésa es la penosa diferencia por la que estamos detrás de los norteamericanos y nos comportamos un poco como su satélite. Por tanto, no somos mejores. 
Aplaudo de corazón el informe del Sr. Schwaiger. 
Me parece un relato sólido y magnífico. Sobre todo donde dice: debemos dejar que se nos vea más tomando decisiones descentralizadas, estando presentes allí con una figura más clara que tenga una plantilla buena y extensa con muchas competencias para tomar decisiones y coordinar. 
Creo que ése es un asunto muy importante y, por tanto, aplaudo de corazón que esto haya gozado de tanta atención en el informe. 
De hecho es un gran interés europeo el regreso de refugiados y el restablecimiento del orden en un enclave de Europa situado estratégicamente. 
Si se logra, la SFOR también debe quedarse, porque si van a regresar los refugiados al territorio, entonces necesitaremos una SFOR que intente conciliar el abismo entre lo civil y lo militar y también que tenga la posibilidad de actuar en la lucha contra las revueltas y eventualmente realizar detenciones. 
Ése también me parece un elemento extraordinariamente bueno del informe de la Sra. Daskalaki, y en nombre de este Parlamento quiero felicitar de corazón a ambos ponentes por el buenísimo resultado que han alcanzado. 
Señora Presidenta, en el minuto del que dispongo, yo voy a concentrarme en el informe Daskalaki, que me parece excelente, y querría destacar un par de puntos de su contenido. 
En primer lugar, el informe deja perfectamente claro que, aun cuando la reconstrucción pacífica es obviamente la preocupación central después de una guerra tan espantosa, lamentablemente también puede ser necesario garantizar una reconstrucción desde el punto de vista militar, tal como estamos constatando en el caso de Bosnia. 
Yo creo que es muy importante que esto se haga constar por escrito. 
En segundo lugar, el informe hace un llamamiento muy claro para que Europa se responsabilice directamente del mantenimiento de la paz y de la reconstrucción en esa región afectada por la guerra. 
Yo pienso que esto es muy importante, pues el corolario, que es que se active la Unión Europea Occidental, constituye un excelente paso, ya que todos sabemos cuán difícil está resultando impulsar el desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea. 
En efecto, prácticamente ya se nos ha vuelto a olvidar que en el fondo fue Estados Unidos quien se encargó de subsanar los daños causados por el fracaso de Europa en el ámbito de la política de seguridad y no quiero ni imaginar que habría ocurrido si Estados Unidos hubiese dado por acabado su compromiso, con lo cual posiblemente habríamos abandonado de nuevo al país al caos. 
Por esto yo hago un llamamiento para que empecemos a trabajar al fin de manera consecuente en la configuración de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, de una política exterior y de seguridad común que también merezca efectivamente este nombre. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, lamentablemente, la paz de Dayton requiere una garantía militar. 
El informe Daskalaki sobre una estrategia para el período posterior a la terminación del mandato de la SFOR, que concluye el próximo mes de junio, se debate, por lo tanto, en un momento muy oportuno, justo antes de que el Consejo del Atlántico Norte adopte una decisión sobre el nuevo plan operativo provisional, que luego deberá ser ratificado por los Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en mayo de 1998. 
La preservación de la paz- aunque quizá sería preferible decir de un estado de no-beligerancia- debe pasar a ser cada vez más una responsabilidad europea. 
La petición de que la Unión Europea Occidental organice medidas militares en el marco de una operación post-SFOR dirigida por la OTAN, en la cual volvería a participar también Austria, constituiría una muestra adecuada de una política de seguridad europea en los Balcanes. 
La reconstrucción de Bosnia, por desgracia, todavía deja mucho que desear. 
No porque la Unión Europea no haya destinado suficientes fondos a este fin- al contrario, es el principal donante, con 408 millones de ecus el año pasado -, sino porque, como expone el Informe Schwaiger, estos recursos no se gestionan ni se canalizan debidamente sobre el terreno. 
Un responsable de más alto nivel, con los correspondientes poderes de decisión, podría y debería contribuir a resolver este problema. 
Bosnia-Herzegovina ha sido y sigue siendo un banco de pruebas de la influencia de la UE en esa zona. 
Una influencia que debería hacer valer mucho más, sobre todo a la vista de la nueva crisis en Kosovo. 
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, los dos informes que hoy se debaten están estrechamente relacionados y cualquiera que, como yo y algunos de los presentes, haya seguido desde hace años los acontecimientos sobre el terreno puede constatar que el proceso de pacificación civil no tendría ninguna oportunidad de salir adelante sin la presencia de los soldados de la SFOR. 
Yo le recomendaría al colega que Ephremidis que visite una vez Sarajevo y los alrededores; a su regreso, también lo reconocería. 
No podría ver las cosas de otro modo. 
Pero cuando uno no quiere ver, sigue persiguiendo siempre su antiguo objetivo. 
Los soldados impiden las hostilidades declaradas, a veces colaboran en la detención de los criminales de guerra, contribuyen literalmente de manera palpable a la reconstrucción, en la construcción de puentes, por ejemplo. 
También participan de manera activa- la brigada franco alemana, por lo menos- en el retorno de los refugiados, con la recogida sistemática en cada localidad de los datos y la información que son un requisito necesario para el retorno, que luego remiten a las autoridades alemanas competentes. 
Para que nuestra ayuda financiera pueda llegar a su destino y para que pueda ponerse realmente en marcha la reconstrucción necesitamos unos instrumentos que no sean los del programa PHARE, cuya aplicación requiere unas estructuras en la parte receptora que todavía no existen y que no existirán durante mucho tiempo. 
Piensen sólo en lo que habría ocurrido si el Plan Marshall hubiese tenido que funcionar en esas condiciones después de la Segunda Guerra Mundial. 
Todavía estaríamos esperando sus efectos benéficos. 
Gracias a Dios, la Comisión está dispuesta a extraer las consecuencias de las observaciones de la Delegación que viajó a Bosnia, de manera que las ayudas financieras puedan alcanzar al fin sus objetivos. 
El Consejo ha sido corresponsable de la mala gestión desarrollada hasta la fecha, por motivaciones nacionales egoístas, aunque la mayoría de las veces ha hecho recaer toda la responsabilidad sobre la Comisión. 
En aras de la credibilidad de Europa, el Consejo debe aceptar al fin las propuestas del colega Schwaiger. 
Necesitamos contar con un plenipotenciario europeo realmente responsable sobre el terreno o de lo contrario perderemos también el último resto de la credibilidad, la influencia y el respeto de los americanos que todavía conservamos. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0120/98) del Sr. Marset Campos, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (96) 0557- C4-0001/97) sobre las estrategias para reducir las emisiones de metano. 
Señora Presidenta, señor Comisario, la iniciativa de la Comisión sobre la reducción de emisiones de metano a escala europea es básicamente correcta y positiva. 
Sin embargo, por una parte, llega con algo de retraso en relación con los compromisos contraídos y con nuestra apuesta, expresada en Maastricht y Amsterdam, de encaminar nuestra sociedad hacia un modelo sostenible. 
Y por otra parte, adolece de insuficiencia en cuanto a estudios detallados de primera mano sobre el estado de la cuestión en el ámbito europeo que puedan fundamentar propuestas globales y concretas ajustadas a la realidad. 
Por último- y por lo dicho- presenta carencias en el conjunto de orientaciones ofrecidas para su cumplimentación. 
Nosotros, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, hemos aprobado este informe con la incorporación muy positiva de las aportaciones de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, así como la de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
La iniciativa nos parece correcta y positiva por ser el gas metano el componente más importante, tras el anhídrido carbónico, en el proceso del «efecto invernadero» , con una incidencia 62 veces mayor, en este sentido, que la del anhídrido carbónico; por intervenir, además, en la configuración de la capa de ozono dada su reactividad con los radicales de hidróxilo; por poseer un ritmo de crecimiento del 1 % anual de las emisiones- cerca de 500 Teragramos al año- y por tener más eficacia la lucha combinada en su reducción, ya sea por disminución de emisiones o por su combustión, al ser su vida media- corta, relativamente- entre 8 y 17 años. 
Llega esta iniciativa con algo de retraso, puesto que ya otros países industrializados- como Estados Unidos, Australia, Canadá u otros- han adoptado con eficacia estrategias globales tendentes a su reducción. 
Sin embargo, pensamos que la iniciativa adolece también de insuficiencia porque no tenemos un estudio detallado en Europa de esta cuestión- se ha hecho sobre la base de estudios nacionales pero no un estudio específico -, y presenta insuficiencias en las propuestas. 
Veamos algunas de ellas. 
Las propuestas son, en general, correctas, puesto que recogen los compromisos contraídos con el Convenio Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, con la Conferencia de Kioto, con lo dispuesto en el V Programa Marco de Acción en materia de medio ambiente «Hacia la Sostenibilidad» ; también con el Consejo de Medio Ambiente de 1994 y, por lo señalado, con el grupo ad hoc del Consejo del Clima bajo el Mandato de Berlín. 
En primer lugar, hace falta adoptar con urgencia un ambicioso conjunto de recomendaciones legislativas, económicas y sociales. 
En segundo lugar, pensamos que es conveniente la creación de una Agencia Europea del Clima para coordinar todo tipo de medidas, entre ellas las que aquí se proponen. 
En tercer lugar, creemos que es conveniente facilitar el acceso a los gasoductos de las fuentes de metano más significativas que ya se mencionan. 
En cuarto lugar, convendría incorporar a la propuesta tres cuestiones concretas: en relación con la agricultura, la de estudiar bien los arrozales europeos; también hay que enfocar la ganadería de manera más ajustada a la realidad para que nuestra ganadería no sufra detrimento en comparación con otras; y ello supondría también un mejor estudio de la PAC en lo que se refiere al impacto medioambiental. 
En relación con los vertederos, haría falta insertar la propuesta en la política energética europea. 
Y en cuanto al uso de la energía, haría falta mejorar el control de fugas y escapes en los gasoductos de todo tipo, así como en las minas de carbón. 
Hay otro aspecto también que vale la pena mencionar brevemente. 
Es el que hace referencia a la mejora en la investigación, porque pensamos que estamos perdiendo el tren a la hora de suministrar instrumentos y materiales en un mercado creciente, justamente por esta razón del control del metano. 
También haría falta poner en marcha ayudas económicas, exenciones fiscales y todo tipo de complementos a aquellas empresas europeas que, en el extranjero, están consiguiendo la reducción del metano. 
Y también, por último, haría falta aumentar la conciencia de la población sobre estas cuestiones para que también colabore de forma activa y participativa y no quede todo reducido a medidas legislativas. 
Señora Presidenta, en primer lugar yo quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Marset Campos por su en verdad excelente informe y también por las recomendaciones que ha presentado al Parlamento. 
Sin embargo, también quisiera dirigir un elogio a la Comisión, pues la Comunicación que nos ha presentado es excelente y constituye un apoyo útil para el debate. 
En tercer lugar, permítanme que excuse la ausencia del colega Ulrich Stockmann, que elaboró la opinión en nombre de la Comisión de Investigación y Energía y a quien yo sustituyo. 
Lamentablemente ha tenido que someterse a una operación y no puede estar presente hoy aquí. 
En efecto, ¿quién habría pensado hace diez o veinte años que una molécula tan banal como el metano llegaría a ser un tema de debate en una sesión del Parlamento Europeo? 
Esto me da que pensar, pues podría ocurrir muy bien que en el futuro descubramos la importancia vital de otras cosas banales. 
La finalidad de la investigación es, efectivamente, descubrir cosas que todavía no conocemos. 
En el futuro seguramente haremos otros descubrimientos desagradables que nos obligarán a reflexionar. 
En segundo lugar, ya que he mencionado la investigación, yo quisiera señalar que en realidad deberíamos investigar no sólo con la finalidad de resolver problemas, por importante que esto sea, sino también para descubrir lo desconocido. 
Lo que hemos descubierto era algo desconocido. 
El problema que se nos plantea en este contexto es que el metano, como otros gases que tienen una influencia sobre el clima, tiene efectos globales, pero en cambio no contamos con un centro de decisión global. 
Por esto yo agradezco particularmente que se esté considerando seriamente la idea de crear una agencia sobre el clima, de ámbito europeo o quizá mejor incluso de ámbito internacional. 
Ya sé que esto despierta en un primer momento el temor a una nueva burocracia. 
Sin embargo, yo me pregunto: ¿desde dónde va a ser posible desarrollar una gestión global en un mundo que no cuenta con un auténtico centro de decisión si no es desde un organismo de nueva creación? 
Tenemos que realizar mediciones. 
Tenemos que elaborar un informe global, tenemos que debatir el tema en los parlamentos y en el seno de los Gobiernos, y tenemos que aplicar también medidas globales. 
Al mismo tiempo, y éste es el aspecto paradójico de la situación, nos enfrentamos con un tema que no sólo es de carácter global, sino también descentralizado, ya que las fuentes de emisión del metano están repartidas de manera muy difusa por todo el mundo. 
El Sr. Marset Campos ya ha indicado cuáles son estas fuentes. 
También se requieren simultáneamente acciones descentralizadas, y la información y formación de las personas que contribuyen directa o indirectamente a la emisión antropógena de metano. 
Existen numerosos ejemplos, que también se mencionan en la Comunicación de la Comisión. 
Sin embargo, a mí esto me lleva a preguntarme: ¿cómo podrán ponerse en práctica estos ejemplos? 
¿Qué motivación puede inducir a las personas a realizar dichas acciones o a invertir dinero en las mismas? 
No todo el mundo lee las comunicaciones de la Comisión. 
No todo el mundo lee las resoluciones del Parlamento Europeo y, aunque las lea, yo no estoy seguro de que de ellas se derive una motivación personal. 
¿Qué mueve a las personas? 
También tienen que tener una motivación material que las induzca a actuar de esa manera. 
Lo cuál nos lleva a la pregunta de cómo se financiará todo esto. 
¿Qué beneficio personal se obtendrá por el hecho de modificar, en la agricultura, en los vertederos, etc., la manera de proceder que hemos tenido que seguir hasta ahora? 
Yo desearía que en el futuro se preste especial atención a este aspecto en el debate sobre el clima. 
¿Cómo podremos trasladar efectivamente a la práctica las buenas recomendaciones que ofrecemos, los buenos análisis? 
Éste es, de hecho, el interrogante central al que hasta ahora no hemos dado en el fondo ninguna respuesta. 
Siempre repetimos, la Comisión tiene que presentar una propuesta, la competencia para presentar propuestas corresponde a la Comisión. 
Es una competencia agradable, pero también una desagradable obligación, ya que no siempre se tienen preparadas las respuestas. 
Aun así, confiamos que en el futuro la Comisión no se limite a presentarnos propuestas en la línea de lo que podría o debería hacerse, sino de lo que es preciso hacer, y que también exponga cómo se financiarán. 
Esto es lo que yo le pediría a la Comisión. 
Así se expresa en la resolución. 
Señora Presidenta, quiero felicitar al ponente por su informe, y darle las gracias por el trabajo que ha desarrollado en él. 
En nombre de mi grupo, recibo con gusto este informe, aunque tenemos reservas sobre uno o dos apartados, en particular sobre la recomendación acerca de la Agencia Europea del Clima y el apartado 5. 
No creo que apoyemos eso. 
No vemos la necesidad de crear una agencia independiente y me imagino que la Comisión tampoco la verá, aunque hemos advertido que la Sra. Bjerregaard no nos ha concedido su presencia esta noche. 
En el informe y en el documento de la Comisión, el ganado y los vertederos están definidos como las mayores fuentes de metano en el medio ambiente. 
Deseo al Sr. Flynn el mayor de los éxitos en la consecución de Agenda 2000 que, en lo que se me alcanza, es la única forma en que podremos reducir las emisiones de metano, en última instancia provenientes del ganado. 
Quiero centrarme brevemente en el tema de los vertederos. 
El documento recalca la posibilidad de eliminación de altos niveles de metano. 
Querría yo que quien haya escrito esto en la Comisión hubiera cambiado unas palabras con quien haya escrito la directiva sobre vertederos. 
Cuando la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor trató este punto, como ponente escuché que varios funcionarios de la Comisión me decían que el 90 %, o incluso el 100 %, de la eliminación de las emisiones de metano por la vía de los sistemas de recuperación o combustión era virtualmente imposible. 
La combustión quizá pueda producir un alto nivel de captura del metano, pero ningún otro método, decían, podría ir más allá del 70 %. 
Eran muy pesimistas. 
Ahora leo en el documento de la Comisión- páginas 12 y 13 de la versión inglesa- que hay varias opciones para reducir las emisiones de metano de los vertederos, algunas de ellas hasta en el 90 %. 
La Comisión lo ha negado una y otra vez ante la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, y creo que es algo lamentable. 
Lo que ocurrirá ahora es que tendremos dos instrumentos de la Comunidad luchando entre sí. 
La directiva sobre vertederos logrará que sea muy antieconómico para los encargados de los vertederos invertir en sistemas de recuperación del metano, porque el propio instrumento de la Comisión les pide que los residuos biodegradables depositados en los vertederos disminuyan progresivamente hasta el 2010. 
Por lo tanto, una propuesta de la Comisión va en contra de los objetivos establecidos en esta estrategia. 
Esto me resulta lamentable y no creo que el Sr. Flynn tenga algo muy constructivo que decir al respecto, pero he pensado que era mi deber señalarlo. 
Tengo que dar las gracias al Sr. Marset Campos y a todos los que han intervenido en el debate. 
El objetivo de la comunicación de la Comisión es el examen de los problemas relativos a las emisiones de metano en la atmósfera y la identificación de las principales fuentes de emisión y sumideros, a fin de buscar mecanismos rentables para reducir esas emisiones y disponer de algunas opciones que puedan usarse en una estrategia comunitaria destinada a reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. 
Las opciones se centran en tres sectores: agricultura, residuos y energía. 
La comunicación también brinda una primera respuesta. 
Según el acuerdo de la Conferencia de Kioto, que pretende reducir un grupo de seis gases de efecto invernadero, incluido el metano, a un 8 % para el periodo 2008-2012, será necesario examinar más adelante la contribución que puede hacer la reducción de la emisión de metano al objetivo general de la Comunidad. 
El informe del Sr. Marset Campos y la moción paralela para aprobar una resolución demuestran una sintonía completa con las preocupaciones que se señalan en la comunicación de la Comisión. 
Además, el debate sobre esta comunicación no podía haberse producido en mejor momento, tras el acuerdo sobre el protocolo de Kioto, pues ahora la Comisión está activamente comprometida en considerar cuál será la manera más adecuada de aplicar los compromisos adquiridos en cuanto a la reducción de las emisiones. 
La reducción del metano, que es el segundo en importancia entre los gases de efecto invernadero, será sin duda una consideración importante en la estrategia de la Comunidad, después de la Conferencia de Kioto. 
El metano es el segundo gas de efecto invernadero, después del CO2. 
La mayor proporción de ese gas proviene de la actividad humana y, por lo tanto, es vital que esas emisiones sean restringidas y reducidas. 
Todos los intervinientes pusieron mucho énfasis en este punto. 
En 1990, la agricultura producía el 45 %, los residuos el 32 % y la energía el 23 % de las emisiones de metano en la Unión Europea. 
Los cálculos de la comunicación muestran que para el 2010 se puede llegar a una reducción de hasta el 15 % en comparación con 1990, si se continúa con las políticas actuales. 
Pero se estima que es técnicamente viable una reducción de hasta el 40 % o más en el mismo periodo, siempre que se lleve una política de cambios. 
En consecuencia, la Comisión comparte ampliamente los puntos de vista que usted ha expuesto, Sr. Marset Campos, en su informe sobre el tratamiento de las emisiones de metano. 
Sobre la moción misma para una resolución, quiero hacer algunas observaciones específicas. 
Sobre el apartado 2: la Comisión ha hecho algunos estudios complementarios, para obtener información más detallada acerca de las emisiones de metano. 
Específicamente, en lo que respecta a los hidratos de metano, puedo informarle de que el Director General de Investigación tiene en marcha un proyecto sobre este tema particular. 
Esta noticia será muy apreciable para usted. 
Sobre el apartado 3: la Comisión está elaborando una estrategia para reducir, según lo acordado en Kioto, sus emisiones de los seis gases de efecto invernadero en un 8 %, respecto de 1990, para el 2008-2012. 
El Sr. Linkohr tendrá prisa por que se dicte esta medida. 
Nuestra meta es ésa. 
El propósito de reducir las emisiones de metano debe ser una consideración importante en esta estrategia. 
Esto es lo que usted recalcó. 
Sobre el apartado 5: la Comisión toma nota de que el Parlamento desea que haya una Agencia Europea del Clima como medio de coordinar la protección pública y privada del clima. 
Observo la diferencia de opinión en ambos sectores de la Asamblea en lo que respecta a esta recomendación particular. 
Es una idea interesante. 
A la Sra. Jackson, que subraya esta cuestión, le digo que hay una cantidad de implicaciones que exigen un futuro estudio en este sentido. 
Sobre el apartado 9: la Comisión reconoce que los escapes de gas de tuberías viejas- tema señalado específicamente por el ponente- en los países de la antigua Unión Soviética son una fuente importante de emisiones de metano. 
El empleo de fondos de la Unión Europea para reparar esas tuberías sin duda redundará en un beneficio ecológico. 
Estas acciones tendrán que considerarse dentro de un marco general, pues deben tomarse en cuenta las prioridades generales y la disponibilidad de fondos. 
Sobre el apartado 21: la Comisión suscribe, sin dudas, el criterio de que es necesaria una mayor conciencia pública para que se consiga la reducción de las emisiones. 
Este esfuerzo se ha de hacer no sólo en el campo comunitario sino también en los ámbitos nacional y local, para que sea efectivo de verdad. 
Agradezco las contribuciones que se han hecho. 
Aunque no está presente, mi colega la Sra. Bjerregaard puede tener la certeza de que le transmitiré los asuntos que aquí se han tratado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Idoneidad de los donantes de sangre 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0112/98) del Sr. Cabrol, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de recomendación del Consejo (COM (97) 0605- C4-0027/98-97/0315 (CNS) ) sobre la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y el cribado de las donaciones de sangre en la Comunidad Europea. 
Señora Presidenta, Señorías, la presente recomendación del Consejo se refiere principalmente al primer apartado de la anterior comunicación de la Comisión, que tenía relación con la seguridad y el autoabastecimiento de sangre en la Unión, de la que fui ponente. 
Este primer apartado está dedicado a la seguridad de las donaciones de sangre y de plasma, y más especialmente a las dos primeras condiciones de esta seguridad: la selección de donantes y los tests que se practiquen a la sangre recogida. 
El autoabastecimiento se menciona de manera accesoria, en la parte donde se trata sobre los volúmenes de sangre tomados. 
En primer lugar, sobre el tema de la selección de donantes, el Consejo desea una información exhaustiva sobre ellos, cuya donación es sin duda generosa- algo que ha de señalarse, ya que nosotros pedimos, para las enmiendas 14 y 18, la puesta en práctica del principio de la donación no remunerada- pero no sin consecuencias para el donante o para los potenciales receptores. 
Es preciso impulsar esta información- ése es el objeto de nuestras enmiendas 1 a 5- para una mejor comprensión y cooperación de los posibles donantes. 
Es importante también, para encontrar al donante que pueda estar en el origen de una donación contaminada, fijar un registro donde figure el nombre del centro de recogida y la identificación precisa del donante, en forma de un número de código que garantice la confidencialidad de las informaciones. 
Nos parece esencial centralizar todos los datos en un registro único en la Unión, con un número de código único, que permita una rastreabilidad precisa. 
Son las enmiendas 8 y 11. 
Para reducir al máximo las consecuencias nocivas que podría tener la donación sobre el propio donante o sobre los posibles receptores, el Consejo propone un cuestionario detallado relativo a los criterios de admisibilidad de los donantes. 
Este cuestionario responde a las exigencias que ha formulado este Parlamento en su resolución precedente sobre la seguridad de las transfusiones. 
Tres puntos merecen nuestra atención. 
El primero se refiere a los riesgos vinculados a los viajes realizados fuera de la Unión Europea. 
Es cierto que hay algunas enfermedades que sólo se pueden contraer en algunos países, por ejemplo, la malaria. 
Sin embargo, sería inútil hacer discriminaciones sobre este tema y excluir algunos países terceros como América del Norte donde algunas enfermedades son sin embargo endémicas. 
Éste es el objeto de la enmienda 20 que corrige el texto original en este sentido. 
El segundo punto tiene relación con la actividad sexual. 
La actividad sexual se ve acompañada en todas partes, en cualquier país, incluso en la Unión Europea, del riesgo de contraer enfermedades sexualmente transmisibles. 
Por ello recomendamos que se vote contra los dos puntos del cuestionario del Consejo que mencionan la actividad sexual. 
El primero, África, no lo queremos, y el segundo, los países que no son africanos, no lo queremos por la misma razón. 
Esta supresión haría caduca la enmienda 21. 
El tercer punto tiene relación con las prácticas homosexuales masculinas. 
Estas prácticas siguen presentando riesgos muy altos, al defenderse mucho peor el recto que otras mucosas contra ciertos virus. 
Rechazamos por tanto la enmienda 29, que limitaría el peligro a las relaciones sexuales masculinas de riesgo, como si las demás no lo estuvieran. 
Repito, desde el punto de vista médico, todas las relaciones homosexuales masculinas presentan riesgos, y riesgos muy importantes. 
La exclusión de los donantes sobre la base de estos criterios puede ser, según los casos y las enfermedades, definitiva o temporal. 
Pero, de todos modos, ha de garantizarse una confidencialidad absoluta para respetar el derecho de los donantes y mantener la generosidad de la población. 
Ése es el sentido de la enmienda 10. 
Los tests sobre la sangre y el plasma recogidos han de ser completos y precisos y se ha de estar permanentemente informado sobre la existencia y el valor de los nuevos marcadores virales. 
Ése es el sentido de las enmiendas 7, 9 y 13. 
Pero esos tests sólo son positivos tras un período en blanco en el donante contaminado, período durante el cual éste fabrica anticuerpos y durante el que los anticuerpos no son aún suficientes para que los tests los detecten. 
De ahí el interés del cuestionario que es el único medio para separar a los donantes de riesgo durante este período en blanco. 
Finalmente, el Consejo hace recomendaciones sobre el volumen de sangre extraible en el donante y la frecuencia de las extracciones. 
Nos parece que las normas planteadas por el Consejo son demasiado elevadas y nos inclinamos más bien por las del Consejo de Europa. 
Son las enmiendas 24 y 25. 
Como conclusión, señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, aparte de las reservas importantes que formulamos, proponemos la votación de esta recomendación y de nuestras enmiendas. 
Este texto contribuirá sin ninguna duda a una mayor seguridad en las transfusiones que no llegará al riesgo cero, pero que permitirá, a aquellos pacientes de la Unión Europea que lo necesiten, beneficiarse del aporte salvador de una transfusión de sangre. 
Señora Presidenta, apoyo y felicito al Sr. Cabrol por la experiencia, el conocimiento y la sensibilidad que siempre ha aportado a este asunto. 
Hablo en nombre de nuestro virtual ponente, del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, el Sr. Needle, que no puede estar con nosotros por cortesía de Air France, que esta semana ha hecho todo lo posible para que éste sea un Pleno virtual. 
Todos los que estamos aquí queremos que esta recomendación del Consejo se apruebe con rapidez. 
Mi grupo está preocupado porque la propuesta que se nos somete no tiene carácter de obligatoriedad. 
Esperaremos para ver qué dice el Consejo de Ministros de Salud Pública del 30 de abril. 
En la enmienda nº 17 convocamos a los Estados miembros a un trabajo conjunto, entre sí y con la Comisión, para establecer una legislación obligatoria hacia fines de este año y de ningún modo después de 1999. 
El Comisario conocerá la preocupación que existe en mi país, y probablemente también en el suyo, ante el peligro- por remoto que sea- que plantea la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el tema de los hemoderivados. 
Tenemos un hondo interés en que exista un campo de seguridad y de prácticas comunes en toda la Unión Europea en cuanto a los hemoderivados y su inocuidad. 
Mi criterio, y el de mi Grupo, es que, aun cuando el énfasis que se pone en la selección de los donantes y en la realización de pruebas adecuadas sobre la sangre recogida es bastante aceptable- y así lo ha señalado el Sr. Cabrol en sus observaciones -, aún tenemos que vigilar con atención a los receptores de las transfusiones de sangre. 
Tenemos que estar seguros de que en toda la Comunidad se aplican las mismas medidas, que existen los mismos puntos de contacto y que la información se analiza, se evalúa y se comparte con responsabilidad. 
Algo que interesa muchísimo a mi grupo es el tema de la donación voluntaria, y en esto estoy de acuerdo con el Sr. Cabrol. 
Me parece errado que se legisle sobre la base de que no hay una diferencia notable entre las donaciones voluntarias y las pagadas. 
Puede que seamos un mercado único, pero no hay un mercado para la sangre: hay una comunidad para la sangre. 
En el sentido más literal, somos hermanos y hermanas de sangre. 
El libro que más ha influido en mi vida es The Gift Relationship, del Profesor Richard Titmus, que señala hasta qué punto el principio del altruismo se relaciona con la donación de sangre. 
No debemos hacer nada en esta legislación que impida a la gente ofrecer el más preciado de los dones. 
Pero tampoco debemos hacer nada que nos impida descubrir a los que, por una u otra causa, podrían transmitir una infección y poner en peligro a los demás. 
Apoyamos unánimemente las enmiendas nº 1, 3 y 18, presentadas por el Sr. Cabrol, y las que se refieren al tema de la donación voluntaria, presentadas por mi grupo. 
Una última palabra sobre la enmienda nº 29: necesitamos establecer una distinción entre las prácticas inseguras entre hombres y las prácticas sexuales entre hombres. 
Hay muchas prácticas heterosexuales inseguras, tal como las hay entre hombres, y no podemos estigmatizar a toda la comunidad gay en nuestro debate de esta noche. 
Señora Presidenta, creo que todos estamos de acuerdo en que esta propuesta tiende a crear una estrategia comunitaria para mejorar la confianza en la seguridad de la cadena de transfusión sanguínea. 
Y no es una propuesta nueva, puesto que ya tenemos una excelente directiva del año 1989, que ha dado calidad, seguridad y eficacia a los medicamentos derivados del plasma. 
Por otro lado, no hay que olvidar que también se había ratificado el Convenio sobre farmacopea europea, con una excelente monografía técnica. 
Por lo tanto, esta propuesta se suma al proceso de dar seguridad a toda la cadena; por eso damos todo nuestro apoyo al informe del Profesor Cabrol, que ha aportado lo mejor de su conocimiento y su autoridad profesional. 
Sin embargo, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se han aprobado algunas enmiendas sobre las que quiero llamar la atención de la Comisión Europea porque, si se aprueban, realmente distorsionarían la propuesta y el Derecho comunitario ya en vigor. 
Me referiré, en primer lugar, a la referencia a la recomendación del Consejo de Europa. 
No es que esté en desacuerdo con ella, pero hay doctrina aceptada del Tribunal de Justicia de que no deben hacerse referencias cruzadas puesto que proceden de dos ordenamientos jurídicos diferentes y, por lo tanto, perderíamos seguridad jurídica. 
En segundo lugar, en lo que se refiere a la enmienda nº 14, se habla de establecer el principio jurídico de que las donaciones de sangre y plasma sean voluntarias y no remuneradas. 
Pero hablar de principio jurídico me parece un auténtico disparate. 
Se puede tender, como objetivo político, hacia la autosuficiencia, pero establecer un principio jurídico, si sabemos de lo que estamos hablando, es inaceptable. 
Quizás haría falta explicar en este Parlamento que las instituciones comunitarias están todas de acuerdo en orientar todas las políticas hacia el pleno empleo, pero establecer en la Unión Europea el principio jurídico del pleno empleo sería un auténtico disparate, aunque todos deseásemos ese objetivo. 
Confundir una orientación política de carácter ético con un principio jurídico es una aberración jurídica que no debería cometer ningún informe de este Parlamento. 
Llamo la atención de la Comisión Europea sobre esta cuestión para que, aunque aquí se proponga eso, actúe un poco de filtro, haga un trabajo razonable- como es costumbre que lo haga la Comisión Europea -, y elimine esta referencia. 
Asimismo, tampoco se puede aceptar que se intenten aplicar los mismos principios y exigencias a los productos de base y a los productos derivados. 
Aquí no haría falta poner ningún ejemplo pero, realmente, las materias de base tienen un determinado tratamiento, y los derivados otro radicalmente distinto. 
También confío en el buen criterio de la Comisión Europea para que estas enmiendas que ha presentado la Comisión de Medio Ambiente sean suficientemente subsanadas, no se tengan en cuenta, y así quedará mucho mejor la propuesta original con las enmiendas, también originales, del Profesor Cabrol. 
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, la seguridad de la sangre donada es un asunto de vital importancia. 
Por eso el Grupo liberal apoya la solicitud del ponente de crear una legislación vinculante para los productos sanguíneos, la sangre donada y el plasma hacía finales del año que viene. 
En nombre de mi Grupo y en nombre de mi colega Eisma que esta tarde no puede estar aquí presente, quiero llamar la atención sobre los puntos siguientes. 
En primer lugar queremos subrayar que la donación de sangre debe ser un acto voluntario y, por tanto, debe tener lugar sin contraprestación económica. 
Es de gran importancia que en las intervenciones en el cuerpo humano sean implementados por los Estados miembros los principios que habían sido recomendados por la Organización Mundial de la Salud, a saber, gratuidad, voluntariedad y anonimato. 
Eso se manifiesta aún de forma insuficiente en el proyecto de recomendación y por eso apoyamos por completo las enmiendas nº 14 y nº 18 que lo tratan más a fondo. 
Además, consideramos de gran importancia por razones de salud, que la cantidad máxima de sangre que puede donar una persona en cada donación se reduzca de los 800 mililitros a los 650 mililitros. 
Por último, no estamos a favor de rechazar como donantes de sangre a personas basándonos sólo en su inclinación sexual. 
Nos parece de importancia esencial que todos los aspirantes a donantes estén bien convencidos del riesgo que implica que la sangre donada y el plasma puedan transmitir enfermedades contagiosas. 
Pero sería discriminatorio excluir a todos los homosexuales de antemano. 
Los homosexuales sólo serían un riesgo si tuvieran relaciones sexuales inseguras. 
Por tanto, les pido que apoyen la enmienda nº 29 de los liberales al respecto y, por consiguiente, no consideren a este grupo en el anexo 5 como un grupo excluido. 
Señora Presidenta, señor Comisario, nuestro Grupo está completamente de acuerdo con el informe del Profesor Cabrol, relativo a la propuesta del Consejo sobre idoneidad en las hemodonaciones. 
Y también nos parecen adecuadas y oportunas las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Y queremos subrayar tres cuestiones suficientemente comentadas: la confidencialidad y el respeto a los donantes, sin ningún tipo de estigmatización; la necesidad de contar con un servicio central europeo de identificación- ya señalado en otros informes epidemiológicos- y la adopción de todas las precauciones necesarias para evitar la transmisión de enfermedades o riesgos nuevos. 
Sin embargo, también hay otros aspectos que quisiéramos destacar: por una parte, que la cantidad máxima a extraer sea una, independientemente del peso, puesto que una cosa es el volumen de la sangre y otra la masa corporal; y no hay una relación directa entre ambas magnitudes. 
En segundo lugar, nos parece muy importante que la donación sea voluntaria porque hay que recordar que, precisamente, el sida empezó en Norteamérica con motivo del abuso cometido en el comercio de sangre proveniente de Haití. 
Señor Presidente, frente al peligro vinculado a la utilización de la sangre y de los productos sanguíneos, un único imperativo ha de conducir todas nuestras acciones y actitudes: el de la seguridad de los enfermos y de los heridos. 
Ésta está basada en dos elementos, la competencia del médico encargado de la transfusión y la calidad de los productos transfundidos. 
Dar prueba de ligereza o conformarse con aproximarse a la materia es una actitud criminal que ya ha causado decenas y decenas de muertos, y no solamente en Francia, es importante que se sepa. 
Sin embargo, el texto que nos ha propuesto la Comisión me parece que contiene, además de exigencias juiciosas, algunas exageraciones, que me sorprende un poco que hayan podido pasar desapercibidas hasta el momento. 
El hecho de que se considere mucho más peligroso tener una relación sexual en Pretoria que en Bangkok me deja verdaderamente perplejo. 
Por otra parte, es un poco ridículo pasar por alto el carácter protegido o no de las relaciones sexuales, cuando la homosexualidad masculina es rechazada en bloque cualquiera que sea la práctica cuando se trata de donación de sangre. 
Por el contrario, me parece fuera de lugar adoptar una actitud de temor cuando se menciona la posibilidad de comunicar los centros de transfusión o conectarlos a un organismo central, ya que en cada uno de nuestros países los centros de transfusión sanguínea nacionales recogen datos que son totalmente confidenciales, están totalmente codificados y permiten la rastreabilidad. 
Para terminar me permitiré, señor Presidente, en esta ocasión, señalar que la centralización de las informaciones a nivel europeo aparece al menos tan segura como a nivel nacional- digo esto en atención de los temerosos, en especial en mi país donde se desarrollan las fuerzas políticas deletéreas que todo el mundo conoce. 
Señora Presidenta, ya no se puede prescindir de la donación de sangre en el tratamiento médico actual. 
Se salvan vidas con ella. 
Sin embargo, siempre existen riesgos en las transfusiones. 
Los riesgos deben limitarse tanto como sea posible y para eso sirve esta recomendación. 
Afortunadamente ahora en Europa no tenemos que volver a inventar la rueda en el procedimiento de selección de la sangre donada. El Consejo de Europa ha aplazado ya mucho trabajo importante. 
Por ello una referencia a las recomendaciones del Consejo de Europa estarían ciertamente muy bien. 
Apoyo por tanto de corazón la enmienda nº 1 a este informe. 
Me gustaría llamar la atención aún sobre dos cosas. 
En primer lugar mi opinión es que la voluntariedad de las donaciones debe seguir siendo el punto de partida. 
La donación pagada ya no es en esencia una donación real, porque se espera una contraprestación en la forma de dinero. 
Eso es un deterioro. 
No es deseable, ni para el donante ni para la seguridad, que se de dinero por la sangre o por los productos sanguíneos. 
Se aumenta con ello la probabilidad de donantes menos seguros y se pierde el elemento de solidaridad con el prójimo. 
En segundo lugar me gustaría hacer una breve aclaración a las enmiendas que he presentado. 
En mis enmiendas hago referencia al sistema ISBT 128 para la identificación de la sangre donada. 
ISBT son las siglas de International Society for Blood Transfusion. Es una sociedad científicamente reconocida en el mundo de las transfusiones de sangre. 
Dicho sistema significa que de una manera estandarizada se le asigna un código de identificación a cada donación de sangre. 
Este sistema está reconocido por los Estados Unidos, Canadá y un grupo de países europeos. Es lógico que se elija éste como patrón general para Europa. 
Por último algo acerca de la seguridad. 
Creo que el cuestionario adjunto es para los donantes un mecanismo de selección muy importante. 
Las preguntas acerca de las relaciones sexuales pueden resultar algo inadecuadas, pero todos sabemos que determinadas formas de relación sexual son más peligrosas que otras. 
Mientras que se mantengan bien la confidencialidad de las respuestas, no tiene por qué haber aquí ningún problema. 
La seguridad de los receptores es en este caso aún más importante. 
Por último, todavía una palabra de agradecimiento al ponente, el Profesor Cabrol. Es un informe extraordinariamente bueno. 
Señora Presidenta, le pido por anticipado cierta indulgencia, porque querría disponer de unos minutos más de los previstos, pues debo tratar una cantidad de enmiendas que tienen importancia extrema para la sangre y la seguridad hematológica en la Comunidad. 
El Parlamento ha manifestado su preocupación en varios informes y resoluciones sobre la inocuidad de la sangre y de los hemoderivados y sobre el autoabastecimiento en la Comunidad, y la Comisión se congratula por el informe presentado en esta sesión. 
El Parlamento ha señalado que la recomendación es una secuela lógica de la comunicación que sobre la seguridad hematológica y el autoabastecimiento presentó la Comisión. 
Correctamente ha indicado que sólo se han consignado las dos primeras actividades, es decir, la idoneidad del donante y las pruebas preliminares de detección que se aplicarán a la sangre donada. 
Estas dos fases son las estrictamente iniciales en la cadena de la transfusión. 
La Comisión considera que es prudente centrarse en ellas en primer lugar. 
Pero puedo asegurar a Sus Señorías que ya se están danto pasos para ordenar las demás actividades identificadas en el desarrollo de la estrategia de la sangre. 
Quiero dar las gracias al Sr. Cabrol por su contribución y también a todos los que han intervenido en el debate de hoy. 
Respecto a las enmiendas propuestas por el Parlamento, la Comisión está preparada para aceptar en su totalidad la enmienda nº 5, la parte b del apartado 13, y el 23, y aceptar parcialmente la enmienda nº 2, que requiere ciertas correcciones; la nº 9, cuya intención es aceptable, pero requerirá que se establezcan criterios comunes para los parámetros aplicables que serán semejantes en toda la Comunidad; nº 10, cuya formulación tendrá que reflejar el hecho de que gran parte de los usos actuales se basan en la práctica más que en las pruebas documentales, y habrá que hacer esfuerzos para que se obtengan datos científicos en este tema; nº 11: la intención deberá ser la de tener un único sistema de codificación con información de peso, que se comunicará a todos los Estados miembros y a la Comisión, y no un único código común; parte de la nº 15, donde las correcciones deberán reflejar que, aunque el riesgo es aún teórico, se deben tomar las medidas precisas para minimizar cualquier peligro asociado con la posible transmisión de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob a través de los componentes sanguíneos y los derivados plasmáticos manufacturados. La Comisión propuso estas medidas entre sus criterios de aplazamiento de una prospectiva de donantes. 
Parte de la nº 19: hay que buscar otra formulación, a causa de las posibles dificultades legales del término partner, que se debe relacionar con las disposiciones legales y administrativas de los Estados miembros. Parte de la nº 20: aunque es aceptable en cuanto a los viajes fuera de la Unión Europea, va más allá del intento de la Comisión la posibilidad de recomendar a los Estados miembros que planteen ciertas cuestiones y, por consiguiente, sugiero que se vuelva a formular. 
Parte de la nº 21, que sobrepasa el ánimo de la Comisión de proponer que los Estados miembros planteen estas cuestiones si así les parece. Hay también unas enmiendas adicionales- la nº 27 y la nº 28 -, cuyo contenido se trata en la enmienda nº 11; y la nº 29, que es aceptable. 
La Comisión considera inaceptables las enmiendas que citaré a continuación. Quiero señalarlas con toda rapidez. 
La enmienda nº 1: es importante tener presente que al adoptar la Directiva 89/381/EEC, que se refiere a la colocación en el mercado de los hemoderivados humanos, el Consejo estuvo de acuerdo en que los Estados miembros alentaran las donaciones voluntarias y no remuneradas de sangre y plasma como la materia inicial para la manufacturación de productos medicinales. 
Sin embargo, no existe una definición de esas donaciones en la Directiva, y hay diferencias importantes entre los Estados miembros respecto a lo que significa en la práctica. 
La definición de donación voluntaria y no remunerada que adoptó el Consejo de Europa es mucho más restrictiva que la que se aplica en la mayoría de los Estados miembros, y si todos se atuvieran a ella en la Comunidad, podría tener un efecto negativo en las reservas. 
Enmienda nº 3: la Comisión considera que las medidas a introducir en la Comunidad deben tomar en cuenta, además de las del Consejo de Europa, las normas nacionales e internacionales, todas las directrices y recomendaciones, incluidas las de la OMS y las de nuestros principales asociados, por ejemplo las de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos. 
Sus Señorías deben recordar que grandes cantidades de plasma y productos plasmáticos que se usan en la Comunidad provienen de Estados Unidos. 
Por lo tanto, la Comisión considera que cualquier referencia a normas internacionales debe ser lo más general que sea posible. 
La enmienda nº 4 es inaceptable tal como está redactada, porque no se teme que una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob sea un riesgo para los hemoderivados, sino que se especula teóricamente, sin que haya aún pruebas científicas, que una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob pueda ser transmitida por esos productos. 
El uso como excipiente en los productos medicinales de plasma importado de países que no hayan tenido ningún caso confirmado de una nueva variante de la enfermedad citada es una medida precautoria, pero la frase utilizada- imported blood between Member States (sangre importada entre Estados miembros) -carece de claridad, creo. 
La enmienda nº 6 sólo llevaría a cierta confusión, y los productos medicinales finales, como los derivados plasmáticos, obtenidos de la sangre y el plasma, ya pueden circular con libertad dentro del mercado interno, siempre que cumplan los requisitos de calidad, inocuidad y eficacia, y por lo tanto se pueden compartir con los otros Estados miembros. 
Pero la dificultad se presenta cuando se previene el uso en otros Estados miembros de algunos componentes lábiles, por ejemplo los glóbulos rojos o eritrocitos, las plaquetas o el plasma antes de su fraccionamiento. 
La enmienda nº 7 es inaceptable en la medida en que implica que hay Estados miembros que no son responsables de la recogida de sangre y plasma, lo que no responde a la realidad. 
La segunda enmienda también es inaceptable, porque muchos donantes no quieren estar en los registros y tenemos que recordar que esto es así. 
La enmienda nº 8 es similar a la nº 7 y, mientras lo ideal es un sistema común de identificación y registro del donante, los propios donantes, de quienes depende toda la cadena de la transfusión sanguínea, son reacios incluso a figurar en los registros nacionales, y un sistema único de identificación y registro del donante, que sea común a todos los Estados miembros, contradice la propuesta hecha por la Comisión de un sistema mutuamente compatible. 
La enmienda nº 13 es inaceptable porque la Comisión usa la palabra " sangre» en su sentido genérico. 
En el 9c, donde se toca el tema de si el plasma se recupera de una donación de sangre entera o se recoge por el procedimiento de plasmaféresis, lo que se somete a las pruebas es una muestra de la sangre del donante tomada en el momento de la donación, y no el plasma. 
En cuanto a la enmienda nº 14, la Directiva 89/381 requiere que los Estados miembros promuevan las donaciones voluntarias no remuneradas de plasma destinado a ser materia prima de productos medicinales. 
Hay que mantener el enunciado exacto en este caso. 
Enmienda nº 17: en primer lugar nos oponemos a ella porque es necesario aclarar lo que significa " hemoderivados». 
Los componentes lábiles que no están sujetos a la legislación de la Comunidad y los productos plasmáticos tienen que adherirse a la legislación farmacéutica existente en los aspectos de calidad, inocuidad y eficacia. 
Respecto a los componentes lábiles, no existe una base legal para que la Comunidad introduzca una legislación obligatoria, y el Artículo 129 sólo habla de recomendaciones o de medidas incentivadoras pero excluye, por supuesto, la armonización. 
En el futuro sería posible la armonización de la legislación, si se ratifica el Tratado de Amsterdam, y cuando así se haga. 
Enmienda nº 18: la definición que de la donación voluntaria no remunerada da el Consejo de Europa es más restrictiva que el término unpaid (no pagadas) empleado en la Directiva 89/381, y hay variantes significativas en los Estados miembros en cuanto a lo que son tales donaciones. 
La enmienda nº 24, relativa a la frecuencia de donación propuesta, contiene implícita una idea de sus autores: la de que en todas y cada una de las donaciones se extrae el máximo volumen posible de sangre. 
En la enmienda nº 25, el objetivo integral de la plasmaféresis automatizada es, por supuesto, llegar a volúmenes que superen los 15 litros, pero de una manera que sea segura para el donante. 
Por último, aprovecharé esta ocasión de hacer un comentario adicional sobre la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, porque el Sr. Whitehead la ha mencionado específicamente. 
En el caso de los hemoderivados, el tema de la evaluación del riesgo de una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en la sangre está bajo análisis en el Comité de Productos Medicinales que asesora a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos en colaboración con el Comité Consultivo para la Encefalopatía Espongiforme. 
También se analiza este tema en el Comité Científico Consultivo para los Productos Medicinales. 
Estamos a la espera del informe de estos dos órganos. 
En cuanto a la transfusión de sangre, según el Artículo 129 no tenemos base legal para emprender ninguna acción que no sean las recomendaciones no obligatorias. 
Como he dicho antes, ya lo hemos hecho. 
Sus Señorías sabrán, sin duda, que ésta es la primera propuesta de una recomendación del Consejo elaborada por la Comisión, en los términos del Artículo 129 del Tratado. 
La Comisión tomó la decisión sobre la que se les ha consultado plenamente, aunque algunos Estados miembros manifestaron en el Consejo una vacilación inicial, pues no hay una obligación formal de hacerlo, según el Artículo 129. 
La Comisión considera que esta recomendación es un paso importante en el camino de concretar la estrategia de la sangre en la Comunidad, una estrategia que la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo contribuyeron a poner en marcha en los años 1994 a 1996. 
Lamento la extensión de mi respuesta, pero se trata de un asunto de vital importancia para todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Procedimiento presupuestario 1999- Adaptación de las perspectivas financieras 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0103/98 de la Sra. Dührkop Dührkop, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario para 1999- Sección III: Comisión; -A4-0099/98 del Sr. Viola, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones referentes al procedimiento presupuestario para 1999Sección I- Parlamento Europeo- anexo: Defensor del PuebloSección II- ConsejoSección IV- Tribunal de JusticiaSección V- Tribunal de CuentasSección VI- Comité Económico y Social y Comité de las Regiones; -A4-0124/98 de la Sra. Dührkop Dührkop, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (SEC (98) 0307- C4-0192/98) sobre la adaptación de las perspectivas financieras en función de las condiciones de ejecución (presentada por la Comisión en aplicación del apartado 10 del Acuerdo interinstitucional de 29 de octubre de 1993). 
Señora Presidenta, hablaremos en primer lugar, puesto que se trata de un debate conjunto de tres informes- siendo yo ponente de dos de ellos -, de la propuesta de resolución que, a primera vista, tiene un carácter más técnico, esto es, la referida a la adaptación de las perspectivas financieras, tras el ajuste técnico, a las condiciones de ejecución. 
Después, hablaré sobre las orientaciones presupuestarias para 1999 en un tono- permítanme ustedes- más lírico, para amenizar estas horas tan tardías. 
El procedimiento de adaptación de las perspectivas financieras a las condiciones de ejecución se refiere a la transferencia de los créditos de compromiso no utilizados, en el año anterior, de los Fondos estructurales y del Fondo de cohesión al nuevo año presupuestario y también al total de créditos de pago para garantizar, tal como dice el Acuerdo interinstitucional, en caso de necesidad, una progresión ordenada en relación con los créditos de compromiso. 
Este año, hay que tener en cuenta que la adaptación es distinta a la de otros años, puesto que 1999 es el último año de las perspectivas financieras y del actual período de programación de los Fondos estructurales. 
Y esto ha llevado a la Comisión a transferir todos los créditos no comprometidos en 1997 al año 1999. 
Teniendo en cuenta lo mencionado, y examinando las condiciones de ejecución con arreglo al artículo 10 del Acuerdo interinstitucional, la Comisión presenta la propuesta de transferir al presupuesto de 1999 1.433 millones de ecus no utilizados en 1997 de los Fondos estructurales, y 101 millones de ecus de créditos de compromiso cancelados en el Fondo de cohesión del mismo año. 
Es decir, un total de 1.534 millones de ecus. 
Teniendo en cuenta anteriores decisiones de ajuste, nos encontramos con que el techo de la categoría 2 aumenta aproximadamente en un 18 % en comparación con el presupuesto para 1998. 
Hasta aquí la propuesta de la Comisión cumple estrictamente con el artículo 10 del Acuerdo interinstitucional. 
Sin embargo, ese no es el caso en cuanto a la propuesta de adaptación de los créditos de pago, donde la Comisión adopta una postura contraria a la estricta aplicación de las perspectivas financieras según el artículo 10 del Acuerdo interinstitucional, al no proponer ningún aumento del techo para créditos de pago, alegando que será perfectamente factible hacer frente a las necesidades. 
Aun a sabiendas de que una adaptación en materia de créditos de pago no se limita a la categoría 2, la ponente opina que el techo en créditos de pago está subestimado y que el incremento de la categoría 2 para 1999 abre aún más la desproporción entre créditos de compromiso y créditos de pago. 
La Comisión se refiere reiteradamente, en su argumentación sobre los créditos de pago, al Acuerdo interinstitucional. 
Incluso consta, en un momento, que se podía haber procedido a pagos adicionales de 1.000 millones de ecus por encima de los créditos de pago previstos en el presupuesto para 1997. 
Resulta, cuando menos, sorprendente que la Comisión proponga no aumentar el techo de los créditos de pago. 
La ponente opina que la Comisión mezcla dos procedimientos: por una parte, las perspectiva financieras, que son en sí mismo un marco; y por otra, el presupuesto para 1999, que expresa las necesidades reales estimadas. 
La ponente insiste en que se deben mantener los dos procedimientos separados y, en consecuencia, pide que se aumente el techo global de créditos de pago en 300 millones de ecus. 
Queda pendiente que el Consejo lo acepte. 
En caso contrario, se procederá a un nuevo diálogo tripartito antes de la presentación del anteproyecto de presupuesto. 
Dicho esto, pasemos a la lírica en las orientaciones presupuestarias para 1999. 
Puesto que he sido miembro de la Comisión de Cultura, me tomo esa licencia poética. 
No creo tampoco ser muy original si digo que la política es el arte de lo posible. 
El presupuesto es, en efecto, la concreción en la práctica de los principios de cada política comunitaria, que discutimos y aprobamos en esta Asamblea. 
Hacer política siempre es optar. 
A estas orientaciones, que vamos a aprobar, habremos de atenernos a lo largo de todo el procedimiento presupuestario, que deseo resulte- porque la primavera obliga- un camino de rosas y no, pese a estar en vísperas de Semana Santa, un calvario. 
Vamos a aprobar, por tanto, unas líneas directrices, sin entrar en este momento en la parte financiera. 
Más adelante, una vez realizada la primera lectura por el Consejo, corresponderá efectuar la consignación de un montante en cada capítulo y línea. 
He intentado que el presente informe sea lo suficientemente breve como para que se aprecien claramente las prioridades políticas. 
Comprendo, y lo siento, que ciertas comisiones no vean reflejadas todas sus posiciones, pero agradezco a todos el haber hecho posibles unas orientaciones claras y concisas. 
De otro modo, nos hubiéramos encontrado ahora con una guía telefónica que nos impediría distinguir entre el grano y la paja. 
Como ponente, asumo todas las opiniones de las comisiones, a excepción, claro está, de aquello que pudiera contradecir la resolución que se apruebe. 
El informe quiere presentar el de 1999 como un presupuesto puente entre unas perspectivas financieras que acaban y otras que estamos discutiendo. 
Dado que en dicho año terminan las perspectivas financieras actuales y comienza el debate de las nuevas, con la discusión sobre la Agenda 2000, este presupuesto no sólo cierra una época sino que ha de entenderse como un «presupuesto puente» hacia el futuro. 
Termina el milenio y tenemos el privilegio de asistir a un cambio histórico en nuestro continente. 
Este será también el primer presupuesto cifrado en euros, nuestra moneda común, que unirá aún más a los europeos e impulsará el crecimiento económico. 
A medio plazo se operará la ampliación de la Unión Europea a países que siempre fueron europeos. 
Por otra parte, la Unión deberá continuar con el objetivo de la cohesión económica y social, porque la solidaridad entre las regiones es necesaria, de manera que el desarrollo económico y las nuevas tecnologías no supongan que las diferencias entre ricos y pobres aumenten. 
Queremos hacer un presupuesto con sentido propio para 1999. 
Un presupuesto para los ciudadanos y que sepa responder a lo que ellos esperan de la Unión Europea. 
No se trata simplemente de cuadrar ingresos y gastos, sino que tiene que saber tomar el pulso de una unión política en un mundo cambiante. 
Los ciudadanos europeos, por medio de los Estados miembros, han transferido a la Unión competencias, incluso parte de su soberanía, para que, de este modo, atendamos mejor a sus necesidades. 
En este sentido, el informe recuerda el apartado 3 del artículo F del Tratado, que dice que «la Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas». 
Por lo tanto, el presupuesto de la Unión se sitúa en un plano distinto y complementario de los presupuestos de los Estados miembros. 
No son comparables los presupuestos de la UE y los de los Estados miembros porque las tareas y las perspectivas de cada uno son diferentes. Y también lo es el modo de hacer frente a los retos comunes y a los problemas de los ciudadanos. 
La Unión, para cumplir su tarea, debe incidir en aquellos aspectos donde existe un, llamémosle así, » valor añadido europeo» que justifica una acción reforzada de la Unión. 
Tenemos que decir, por otra parte, que el Parlamento Europeo ha actuado y colaborado responsablemente en los últimos ejercicios presupuestarios para aligerar el camino hacia la convergencia de los Estados miembros. 
Y lo seguirá haciendo, aunque sin perder de vista el sentido político del presupuesto. 
El Parlamento defiende el rigor, en el sentido de una utilización más eficaz y racional de los recursos financieros. 
No quisiera coger la vara de maestra, pero he de hacerlo para regañar al Consejo y a los Estados miembros por no haber hecho su trabajo, porque para cumplir con los compromisos de Edimburgo, relativos al paquete de los Fondos estructurales, y de Cannes, sobre el programa PHARE, este presupuesto 1999 tiene que enfrentarse a unos aumentos cifrados en un 18 % para los créditos de la categoría 2 y un 36 % en la categoría 4. 
Además, tenemos que denunciar que la deficiente ejecución de los Fondos estructurales en algunos Estados resulta escandalosa. 
Eso no es un ahorro que se hace a la Unión Europea, sino un fraude al ciudadano, al que se le priva de una intervención europea para paliar sus problemas. 
No obstante, este Parlamento debe tener claro que, en el procedimiento presupuestario, el Consejo no es ni enemigo ni adversario ni rival. 
No nos equivoquemos de guerra. 
El Parlamento y el Consejo comparten piano y taburete para ejecutar una pieza «a cuatro manos». 
Necesitamos lealtad en un diálogo interinstitucional en el que las dos ramas de la autoridad presupuestaria nos pongamos de acuerdo en la partitura. 
Entre las tareas principales de la melodía a interpretar están las prioridades fijadas en el punto 3 del informe: la creación de empleo mediante la inversión en infraestructuras e investigación y desarrollo; el apoyo a las pequeñas y medianas empresas; y las medidas para luchar contra el desempleo juvenil. 
Queremos también desarrollar un concepto de la Europa del conocimiento que englobe la educación y la formación, así como la investigación y el desarrollo. 
El principal potencial de Europa- nadie lo duda- está en sus gentes, en el valor humano de los europeos fundado en una civilización milenaria. 
Del mismo modo, el presupuesto para 1999 ha de velar por el medio ambiente, de conformidad con los compromisos contraídos en la Conferencia de Kioto. 
Y termino, Señorías. 
La música ha unido siempre a nuestros países, superando todo tipo de fronteras y barreras. 
Que el genio de nuestros grandes compositores nos ilumine y el Parlamento y el Consejo puedan emular a Arthur Rubinstein en la interpretación de esta suite que ahora comienza. 
Señora Presidenta, quiero comenzar mi intervención sobre las Secciones de las demás Instituciones expresando ante todo mi satisfacción por la decisión tomada por la Mesa, que ayer aprobó el anteproyecto de presupuesto. 
Esto nos permite respetar el calendario que establecimos en la comisión que se adaptaba a los plazos más limitados de que disponemos este año y, según las previsiones, nos permitirá iniciar el procedimiento de concertación con el Consejo el próximo 17 de julio. 
Confío, asimismo, en que este año la concertación con el Consejo se desarrolle con ese espíritu de cooperación mutua que el año pasado logró evitar la segunda lectura. 
Paso ahora a referirme a los importes de la rúbrica 5 «Gastos administrativos». 
Con respecto al año pasado, las previsiones registran un aumento del 4 %, es decir, de 182 mecus. 
Para el Parlamento Europeo, por ejemplo, esto supone, al destinarse el porcentaje del 20 % al Parlamento, un margen de 36 mecus. 
Ahora bien, está claro que este margen para el Parlamento y también para las demás Instituciones, no es ciertamente un objetivo de gasto, sino un techo de gasto. 
Y esto, porque no podemos exigirnos un rigor menor que el que se han impuesto todos los Estados miembros en este momento. 
Una de las líneas que he señalado, con el consentimiento de la Comisión de Presupuestos, en estas orientaciones, es ante todo la de la modificación de la nomenclatura; ésta es una obligación impuesta por el artículo 19 del Reglamento financiero que se refiere a la armonización de la nomenclatura. 
Esto nos llevará necesariamente a una mayor facilidad de lectura del presupuesto y a una mayor transparencia del mismo. 
En este sentido, debo reconocer a la Administración del Parlamento el hecho de haberse uniformado con la decisión de la Comisión de Presupuestos que se remonta al ejercicio anterior, ya que en el presupuesto aprobado ayer figura esta nueva nomenclatura que nosotros propiciamos. 
La otra orientación atañe al aumento del organigrama que en principio se debe inspirar en ese rigor que propiciamos y que vale para todas las Instituciones. Salvo, obviamente, si se tiene que hacer frente a necesidades insoslayables y motivadas que pueden presentarse a las diferentes Instituciones como, por ejemplo, las necesidades relacionadas con las negociaciones de cara a la ampliación. 
Pedimos una documentación justificativa similar para la reasignación de los puestos y, a dicho efecto, he pedido a todas las Instituciones que faciliten tanto informaciones acerca de las medidas en materia de reorganización del trabajo y de movilidad, de los puestos actualmente vacantes por pensiones de ancianidad y de invalidez o por enfermedad, el empleo de agentes auxiliares y los concursos interinstitucionales, como la lista de los puestos que quedarán vacantes en el año 1999. 
Asimismo, he confirmado las decisiones tomadas por el Parlamento Europeo en lo referente al programa inmobiliario, el ejercicio de la opción de compra, la bonificación correspondiente al inmueble del Tribunal de Justicia, afectado por los problemas del amianto que debe eliminarse de sus estructuras inmobiliarias, así como a la ubicación del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social. 
Al efecto, deseo manifestar que considero indispensable que, antes de la conclusión de este procedimiento presupuestario, se alcance una solución definitiva para estas dos Instituciones y se determinen con certeza los plazos y los costes y su sede definitiva. 
En este sentido, aprecio la decisión de la Mesa en lo referente a evitar que siga adelante la solicitud onerosa de construcción de un nuevo hemiciclo en el inmueble de la rue Belliard, que habría costado 16 mecus. 
La Mesa decidió poner a disposición de los Comités, con ocasión de su traslado, una sala del Parlamento para utilizarla como hemiciclo. 
La primera lectura, como es obvio, se centrará en los resultados de la ejecución del presupuesto anterior. 
Por último, una ulterior orientación para todas las Instituciones es la de elaborar un informe detallado, acompañado de un calendario respecto a las consecuencias para cada Institución de la introducción del euro y los problemas informáticos relativos al cambio al año 2000. 
En conclusión, señor Presidente, confío en que, durante el desarrollo de los trabajos, todas las Instituciones demuestren su sentido de la responsabilidad en función del momento que la Unión Europea y los Estados miembros están viviendo, siguiendo el ejemplo- permítanme decirlo- que la Mesa de este Parlamento dio ayer al haber contenido el aumento al 0, 64 %, respecto al año pasado, y que, por lo tanto, está muy por debajo de ese objetivo de aumento del 2, 50 %, fijado por la Comisión para los gastos administrativos. 
Señora Presidenta, como ponente para opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para el presupuesto de 1999 he apreciado de manera especial que la ponente general, la Sra. Dührkop, ya ha empezado en una primera fase con tino con los diferentes sectores y sobre todo con la agricultura. 
Tanto la Comisión de Presupuestos como la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural están firmemente decididas a mantener el procedimiento presupuestario de 1998 en lo que respecta a los gastos de agricultura. 
Ahora es importante que este procedimiento, bautizado entre tanto como Tillich-Mulder, también sea aceptado en los mismos términos positivos por la Comisión y el Consejo. 
La descripción exacta de este procedimiento se puede encontrar en un documento de trabajo de la Comisión de Presupuestos, a saber, el documento de trabajo número 14 del pasado 2 de febrero. 
En lo que respecta al presente informe, he colaborado en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en una precisión del párrafo 13 en la que se pone un énfasis especial en tres puntos. 
La cantidad total fijada por la Comisión para la categoría 1 en su anteproyecto de presupuesto no puede empezar a funcionar como un techo. Esa cantidad debe basarse en las mejores estimaciones posibles, pero como tal no tiene carácter normativo. 
La cantidad final de esta categoría de presupuestos debe poder ajustarse siempre que sea posible basándose en las estimaciones más actuales de los gastos, por tanto hasta poco antes de la segunda lectura. 
Con ello, una línea directriz bastante urgente es una nota eventual de modificaciones para el Consejo y el Parlamento. 
Si entre tanto fueran necesarios recortes, entonces deben efectuarse éstos de manera selectiva para determinadas partidas del presupuesto, valoradas nuevamente y no de manera lineal. 
Por último se debe aclarar un poco más el problema de las reservas. 
En el sector de la agricultura, donde de ahora en adelante se realizarán estimaciones más ajustadas, son indispensables unas reservas provistas de medios. 
En parte puede recaer tal vez en el sistema de reservas general a diseñar, pero la uniformidad total perjudicaría el carácter específico del presupuesto de agricultura. 
Esta clara manera de enfoque garantiza una buena base para una política agrícola eficaz y da un mayor compromiso al Parlamento en los gastos agrícolas que en años anteriores, una experiencia que apreciará en su justo valor la Comisión y esperemos que también el Consejo. 
Señora Presidenta, con el Presupuesto para 1999 no sólo nos preparamos para entrar en un nuevo siglo, sino que también estamos estableciendo las bases para responder a los mayores desafíos en el ámbito de la integración europea que nos hemos visto obligados a afrontar desde hace muchos años. 
Desde que la Comunicación y el IME hicieron pública la participación en la Unión Monetaria, conocemos bastante bien el plan de viaje, y las oportunidades y los riesgos de una moneda común. 
La continuación de la campaña de información sobre la introducción del euro sigue siendo una tarea importante para ofrecer a la población una preparación detallada para la transición, toda vez que podemos contemplar el futuro con mucho optimismo en este aspecto. 
Por otro lado, ya estamos empezando a encauzar el ambicioso proyecto de la ampliación al Este para el siglo próximo. 
También nosotros tenemos todavía muchas tareas pendientes en este contexto. 
Por ejemplo, tenemos que procurar acelerar la realización del mercado interior con objeto de eliminar los obstáculos que se interponen en el camino. 
Con este objeto deberíamos prestar especial atención a la adopción de medidas adecuadas, como el plan de acción sobre el mercado interior. 
Tenemos que reforzar asimismo la confianza de los ciudadanos en la capacidad de la Unión Europea para resolver los problemas. 
Como parte de este empeño, es necesario sobre todo que demos un impulso ambicioso a la iniciativa de empleo que se adoptó el año pasado. 
En este contexto, yo quisiera destacar una vez más el papel de las PYME en la creación de puestos de trabajo. 
Esta semana ya hemos oído en otra ocasión que entre tanto se ha puesto a disposición de las PYME un número casi inabarcable de medidas de apoyo. 
Sin embargo, al parecer los recursos no se agotan, ni mucho menos, en todos los ámbitos. 
Necesitamos disponer, por lo tanto, de una evaluación completa y precisa de la Comisión, que permita ejecutar las medidas adecuadas en el marco del próximo presupuesto y reforzar de manera efectiva la eficiencia de la ayuda a las PYME. 
En este contexto también debemos tener clara otra cosa: el apoyo más eficaz para las empresas es el que empieza por no desviar sus recursos y sus esfuerzos de su actividad. 
Por consiguiente, en el procedimiento presupuestario también deberíamos cumplir meticulosamente los principios de una legislación escueta, o sea, una iniciativa SLIM, que hoy ya hemos votado en esta Cámara, o la aplicación de unos patrones de referencia generales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía también ha examinado detenidamente, como es lógico, las orientaciones para el Presupuesto de 1999. 
Existen sobre todo dos temas que consideramos, obviamente, muy urgentes. 
El primero es la transición del Cuarto al Quinto Programa Marco de Investigación y Desarrollo, y el segundo es la transposición de los compromisos de Kioto mediante una política clara de la Unión Europea. 
Ante todo, yo quiero agradecer a la ponente que ambos temas se incluyan en las recomendaciones. 
Somos conscientes del honor que esto supone, pues no todas las comisiones consiguen incorporar al informe los temas que les interesan. 
Por otro lado, la ponente nos aseguró que, como parte de algo así como un nuevo " procedimiento Dührkop Dührkop» , se incorporarían a la resolución las opiniones de todas las comisiones. 
Lamentablemente, la Comisión de Presupuestos no lo aceptó. 
Lo lamentamos mucho, estimada seora Müller, pues ya estamos al corriente del problema relativo a la dotación de recursos para el V Programa Marco de Investigación y también sabemos que no resulta fácil decidir cómo debería configurarse la política presupuestaria para el año 1999. 
En este sentido, hubiese sido del todo razonable que la Comisión de Presupuestos hubiese hecho suyas las propuestas de la Comisión de Investigación, lo cual en particular habría permitido efectuar la transición del próximo año en el marco de un procedimiento ordinario. 
Esperamos que en la primera lectura podamos disponer de cifras más exactas, también del Consejo, que nos permitan avanzar en la asignación de los recursos para los programas concretos. 
Por lo que respecta a la política energética, existe una urgente necesidad de actuaciones a escala europea. 
A mi parecer, las declaraciones de las presentes orientaciones no responden debidamente a dicha problemática. 
Confiamos que en la primera lectura, que nos proponemos seguir atentamente desde la comisión, conseguiremos que nuestras propuestas también sean aprobadas en la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, el análisis del presupuesto de 1999 se pone en marcha en un ambiente de serenidad y de cooperación interinstitucional. Hay signos alentadores de que el presupuesto responderá a los grandes desafíos de la Unión: la creación de empleo, la Unión Económica y Monetaria y las gestiones para la ampliación. 
En 1999 la Unión Económica y Monetaria entrará en su tercera etapa. 
Los informes y reacciones recientes han destacado la determinación constante con que los Estados miembros intentan mejorar la buena salud de sus finanzas públicas. 
Este clima de rigor presupuestario tampoco se puede ignorar en el ámbito de la Comunidad. 
Las directrices relativas al presupuesto de la Comunidad para 1999 demuestran que todas las instituciones están dispuestas a asumir sus responsabilidades en este aspecto. 
El hecho de que el aumento de las asignaciones de pago coincida aproximadamente con el crecimiento de los presupuestos nacionales- como proponía Bárbara Dührkop Dührkop- indica que el Parlamento Europeo tiene un enfoque muy responsable. 
Dentro de un marco riguroso, el presupuesto de 1999 debe responder a las obligaciones de la Unión y centrarse en el crecimiento y la creación de empleo. 
Respecto a los gastos agrícolas, la Comisión espera, de momento, que las necesidades de crédito estén en el nivel del presupuesto de 1998. 
Si estos pronósticos cambiaran significativamente durante el año, la Comisión seguiría el procedimiento del año anterior, pues tuvo éxito, y presentaría una posterior carta de rectificación. 
Tomo nota de este procedimiento, que en su informe se denomina procedimiento Tillich-Mulder. 
En cuanto a las acciones estructurales, 1999 señala el fin del actual periodo de programación. 
El acuerdo preliminar del estudio a tres bandas del presupuesto, hecho ayer, para aumentar el límite de la categoría 2 con 1.534 millones de euros en compromisos y el límite general para pagos en 300 millones de euros, prepara el camino para llevar a buen término este programa. 
Respecto a las políticas internas, las instituciones tendrían que incrementar conjuntamente los esfuerzos necesarios para el crecimiento y la creación de empleo: el V Programa marco de investigación- para el que se debe obtener antes de fin de año un acuerdo satisfactorio -, el refuerzo de las redes transeuropeas y la " iniciativa de empleo y crecimiento» son las principales prioridades en este sentido. 
La " iniciativa de empleo y crecimiento» es un éxito conjunto del Parlamento Europeo y el Consejo. 
Se trata de un programa trienal y, por consiguiente, debe continuar siendo un elemento focal para los presupuestos de los años 1999 y 2000. 
En la acción exterior, el énfasis especial estará en la transformación del PHARE en un eficaz instrumento previo a la adhesión. 
La Comisión propondrá que se refuerce el programa PHARE con 150 millones de ecus en un presupuesto suplementario y rectificativo para 1998, para que su plan multianual coincida con las decisiones de la cumbre de Cannes. 
Como es natural, esta propuesta tendrá que ir acompañada por una evaluación detallada del alcance de su aplicación. 
Sobre estos elementos parece que los puntos de vista de las instituciones son convergentes. 
También es estimulante que la reunión tripartita de ayer sobre el presupuesto acordara poner nuevamente en marcha los análisis del tema de las " bases legales» en un nivel técnico. 
Dentro de este marco, la Comisión discutirá y adoptará el proyecto de presupuesto para 1999 a fines de este mes. 
Tengo grandes esperanzas de que la cooperación interinstitucional reforzada, que ha sustanciado un buen presupuesto para 1998, vuelva a dar frutos el año próximo. 
Esto dejaría bien establecido el tono para el inmediato acuerdo interinstitucional que debemos discutir en los meses venideros. 
Señora Presidenta, si la Sra. Dührkop Dührkop se puede poner lírica a esta hora tardía, no me cabe duda de que se me permitirá una pizca de frivolidad, si digo ante todo que el Comisario Lükanen me ha robado virtualmente mi discurso. 
Ha dicho las cosas que yo iba a decir, y cuando ha empezado por afirmar que este presupuesto está rodeado de serenidad- para seguir con la analogía que hizo Bárbara Dührkop con una ejecución al piano. He recordado a Eric Morecambe, el gran comediante británico ya fallecido. 
Había un sketch en el que Eric Morecambe estaba tocando y lo que hacía era un ruido horrísono. 
Sonaba absolutamente horrible y André Previn le decía: "Estás tocando notas equivocadas» , y Eric le contesta :" Estoy tocando las notas que corresponden, pero no necesariamente en el orden que corresponde». 
Siempre ha sido ésta la forma en que hemos hecho el presupuesto en el pasado y la analogía de Bárbara con la ejecución al piano no está muy desencaminada, porque este año es diferente. 
Así lo dije cuando Helen Liddell asistió por primera vez a la reunión para el presupuesto. 
No tratamos con la Comisión de esta manera, aunque tengamos un intérprete escocés en la cabina de inglés, hablando con acento escocés para Helen Liddell. 
Parece que todo marcha muy bien y eso es bueno. 
Creo que constituye la prueba de que la asociación se está desarrollando y de que las tres instituciones van madurando respecto al presupuesto. 
Sobre el informe del Sr. Viola, debemos decir, creo, que el hecho de que no tenga enmiendas y de que haya pasado sin enmiendas por su Comisión da prueba del consenso de todos los grupos en lo relativo a estas directrices, cosa que esperamos de los presupuestos de las otras instituciones. 
Felicitamos al Sr. Viola por el trabajo que ha hecho y esperamos que se mantenga la coherencia durante todo el año. 
En cuanto a lo que el informe Dührkop dice sobre la adaptación de las perspectivas financieras, la discusión de las tres partes realizada a principios de esta semana, como ha dicho el Comisario Liikanen, ha sido muy fructífera, y se ha producido en la atmósfera de cooperación dentro de la cual las tres instituciones quieren llegar a un arreglo. 
No es una situación antagónica en la que procuremos restarnos puntos los unos a los otros; sino que de verdad intentamos elaborar un presupuesto con el que todos estemos de acuerdo y, a la vez, contenga esa adaptación de las perspectivas financieras. 
Esperamos que, cuando la Sra. Liddell vuelva del Consejo, pueda informar al Parlamento de que los recursos adicionales provisionalmente aceptados se pueden admitir en su totalidad. 
Sería todo un logro que pudiéramos ver eso. 
El grupo político en el que ejerzo la coordinación apoya el informe principal en toda su extensión, hasta el punto de que, como la Sra. Dührkop, queremos que se mantenga lo más breve posible. 
En relación con las enmiendas propuestas, la semana pasada acordamos no apoyar ninguna enmienda, y lo digo sobre todo para colegas como el Sr. Brinkhorst. 
No vemos nada criticable en su enmienda nº 1, pero en realidad pensamos que está mejor colocada en la primera lectura. 
En esta ocasión no nos decidimos a apoyarla. 
Dicho esto, varios de mis colegas no ven motivos para no apoyarla, y yo tendré que convencerme de que debemos apoyarla desde este momento hasta la hora de votación de mañana, de modo que no pierda las esperanzas aún, Sr. Brinkhorst. 
Si votamos en contra, permítame dejar bien claro que no será porque estemos en desacuerdo con el contenido del informe, sino porque hemos tomado la posición de mantenerlo lo más breve que sea posible. 
Se puede aplicar esto a muchas otras enmiendas pero, por favor, entiéndase que no es por razones dogmáticas sino por una cuestión de simplicidad. 
Se trata de un presupuesto prudente, como ha dicho el Comisario Lükanen; nosotros usamos las expresiones "presupuesto de los ciudadanos» y" presupuesto de los contribuyentes» en la misma frase y creo que es lo que tratamos de conseguir con estas directrices. 
Si hablamos de las prioridades, para nuestro grupo la prioridad primordial es la creación de puestos de trabajo, la creación de empleo, y no importa que lo hagamos mediante la infraestructura, a través de la investigación y el desarrollo o bien gracias a las pequeñas y medianas empresas. 
Ésta es la orientación de nuestro enfoque de este presupuesto. 
También coincidimos con la expresión " Europa del conocimiento» empleada por la Sra. Dührkop: conociendo a la Sra. Diputada desde hace años, esperábamos que diera prioridad a la enseñanza y la formación, y querríamos ver que los fondos europeos se gastan en el campo de la enseñanza y la formación y de la investigación y el desarrollo. 
La orientación del informe se advierte en el apartado 8, y creo que podemos apoyar plenamente lo que allí se dice. 
Puede que termine el día con este acuerdo, con la certeza de que las tres instituciones trabajan en armonía. 
Y quién sabe, a este paso, puede que terminemos con una lectura del presupuesto. 
¡Ojalá sea así! 
Señora Presidenta, quiero expresar mi conformidad con las orientaciones presupuestarias contenidas en el informe de la Sra. Dührkop Dührkop. 
Esta conformidad indica que, por encima de las discrepancias en materia de política económica, existe entre los Grupos de la Asamblea una preocupación común por los problemas europeos de lucha contra el desempleo y de reforzamiento de la dimensión europea del presupuesto comunitario. 
Es de esperar que en el procedimiento presupuestario para 1999 se mantenga el fondo y la forma del procedimiento, al igual que lo hicimos en 1998, cuando el Parlamento Europeo supo defender ante el Consejo sus propias prioridades, arrancando así tanto una ampliación del procedimiento ad hoc como el procedimiento de la carta rectificativa tardía al APP; sin mencionar el casi unánime compromiso de esta Asamblea de defender dotaciones consignadas en el APP para la categoría 2- Fondos estructurales. 
Es cierto que este año el proceso es aún más complejo al coincidir el fin de las vigentes perspectivas financieras con el comienzo de la Agenda 2000 y el problema de la absorción de los créditos de compromiso pendientes. 
Nuestra opinión es que debe respetarse estrictamente la dotación prevista en Edimburgo para 1999, y elegir entre las alternativas existentes aquella que garantice comprometer plenamente hasta el último ecu disponible en los Fondos estructurales para la categoría 2. 
Y seguimos manifestado que las vigentes perspectivas financieras deberían ser la base de las próximas perspectivas, especialmente en lo referente al porcentaje de recursos propios: considerar el 1, 27 % como base y no como techo debería ser la expresión financiera del esfuerzo europeo para la ampliación. 
Señorías, hay, entre la discusión de esta tarde sobre las orientaciones presupuestarias del Parlamento Europeo para 1999 y el debate de ayer sobre el procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio 1996, un vínculo común, que sin duda no se les ha escapado. 
Este vínculo es la importancia que se reconoce al problema de la ejecución del presupuesto y de la lucha contra el fraude, proponiendo hacer del presupuesto de 1999 el presupuesto de los contribuyentes y de los ciudadanos. 
En efecto, habiendo llegado a un estadio crucial y decisivo de su desarrollo con la creación del euro y la apertura de las negociaciones de ampliación, Europa necesita más que nunca ser explicada al ciudadano y ser comprendida por éste. 
Europa no podrá ser creíble y sólo podrá inspirar confianza si el dinero del contribuyente está gestionado sanamente. 
La segunda preocupación del ponente es hacer del presupuesto 1999 el presupuesto de los ciudadanos y, sobre este punto también, su musiquilla me gusta bastante. 
El ciudadano ha de convencerse de que Europa está hecha para él y me parece enormemente importante reforzar la cohesión económica y social. 
Sin esta comprensión, se vería conducido, no lo dudemos, a sancionarnos. 
Más que un presupuesto de gestión y de simple transición, el presupuesto 1999 podría ser sobre todo un presupuesto bisagra que determinara las condiciones del futuro financiero de la Unión Europea. 
Con nuevas perspectivas financieras, con un nuevo acuerdo interinstitucional que se sitúa en el inicio de la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria, en el contexto de las negociaciones sobre la Agenda 2000, el presupuesto del ejercicio 1999 se presentará como un presupuesto de renovación, retomando prioridades conocidas que han de perseguirse: la acción presupuestaria por el empleo, comprometida en el presupuesto 1998 fue apoyada por el Consejo Europeo de Luxemburgo de noviembre de 1997, la prioridad concedida a la creación de empleo mediante la inversión en infraestructuras, la investigación y el desarrollo, el apoyo a las PYME, las medidas de lucha contra el desempleo juvenil, la educación y la formación para una Europa del conocimiento. 
Presupuesto bisagra, presupuesto de renovación, presupuesto realista también, que reconoce que el incremento de los créditos 1999 no ha de superar el incremento medio de los presupuestos de los Estados miembros con respecto al presupuesto 1998, pero bajo ciertas condiciones aceptables, como el respeto por los objetivos de Edimburgo para los fondos estructurales. 
Señora Presidenta, Señorías, el Grupo UPE y yo mismo apoyamos la actuación del ponente, convencidos de que el procedimiento presupuestario se abre con buenos augurios. 
Señora Presidenta, en esta etapa el debate sobre el presupuesto, como ha dicho el Comisario Liikanen, es importante porque aporta directrices conjuntas para que la Comisión elabore su próximo proyecto de este documento. 
Según lo que se ha oído en el debate hasta aquí, parece que tendremos un procedimiento muy tranquilo. 
El Comisario ya se ha referido a varios asuntos al comentar diversos puntos del informe de la Sra. Dührkop. 
Durante los años de vida de este Parlamento hemos visto progresos significativos. 
Cuando el propio Parlamento presenta directrices claras y concisas, así lo refleja el proyecto de presupuesto de la Comisión. 
Felicito a la Sra. Dührkop por su concisión y por haber tenido el valor de introducir directrices útiles pero limitadas sobre el número de puntos. 
Se ha resistido a la tentación de organizar una guía telefónica, como ella misma lo ha dicho. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas comparte ampliamente las prioridades expresadas en la Asamblea por muchos otros. 
Permítanme, Señorías, que me concentre en un punto mencionado por el Sr. Wynn, quien ha tenido la gentileza de decir que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, al no haber terminado su análisis, pensaba aún que por razones de principio no debía votar ciertas enmiendas que nuestro grupo querría incluir. 
Espero que el Sr. Wynn pueda volver a considerar este tema. 
Se relaciona con el Tratado de Amsterdam. 
Sería bueno que la Comisión comprendiera las señales que está enviándole el Parlamento, pues se está adoptando la idea de que se incorporarán el sistema de información de Schengen y EURODAC, que son elementos clave en la transformación del primer pilar en un espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Por lo tanto, esperamos que se avance un paso más, de modo que podamos señalar esta directriz a la Comisión, para que la introduzca en el proyecto de presupuesto. 
Señora Presidenta, en primer lugar yo quisiera expresar mi sincero agradecimiento a la Sra. Dührkop y al Sr. Viola por sus informes. 
Yo creo que las recomendaciones son equilibradas y sobre todo me parece importante que se establezca lo que se ha descrito como un " presupuesto de transición» , en el que se empieza a acotar la visión de la ampliación que tendrá lugar en los años 2000 al 2006. 
Yo acojo con especial satisfacción la definición de las prioridades y también que la ponente haya tomado en consideración de manera tan consecuente el canon de prioridades, con objeto de que quedara especialmente plasmado, y sobre todo me alegra también, naturalmente, la prioridad que se concede al proceso post-Kioto en el nuevo Presupuesto para 1999, con vistas a contribuir de manera decisiva al mismo. 
Ahora querría presentarle a la ponente un espectáculo pirotécnico de buenas propuestas de mi Grupo político, que en este caso no generará emisiones de CO2. 
En nombre de mi Grupo político, yo quisiera proponer algunas enmiendas en favor de que se promueva mediante campañas informativas el uso de productos fabricados con un bajo consumo de energía. 
También quisiera abogar por un cambio de prioridades en el presupuesto de investigación, en favor de las tecnologías que favorezcan el ahorro de energía, que son las que realmente permiten abrir brecha. 
Quisiera promover, junto con la ponente, la inclusión en el Presupuesto de proyectos piloto aplicables a las viviendas privadas, oficinas e industrias intensivas en energía, que contribuyan a frenar el efecto de calentamiento. 
Por último, desearía sobre todo, naturalmente, una nueva orientación de los programas SAVE y ALTENER, también con vistas a las nuevas incorporaciones a la Unión Europea. 
Finalmente, pero no menos importante, desearía la instalación de un millón de techos solares, un programa para la aplicación de la tecnología fotovoltaica. 
Yo creo que si la ponente se muestra dispuesta, tal como ha demostrado estarlo hasta ahora, a " ponerle mantequilla al pan» y concretar las prioridades también en hechos, con el próximo Presupuesto podremos hacer una buena contribución al proceso post-Kioto. 
Yo así lo espero y, en este sentido, también deseo que sigamos manteniendo una buena colaboración. 
Señora Presidenta, los debates presupuestarios continúan y yo quisiera felicitarme en primer lugar porque este debate haya tenido lugar en Estrasburgo y no, como el año pasado, en Bruselas. 
Quiero ver en ello una voluntad de respetar las decisiones del Tribunal de Justicia más que un simple azar de calendario. 
Pero estos debates se producen de manera casi caricaturesca, hasta el punto de que uno se pregunta si algunos no quieren celebrar a su modo el 1 de abril. 
En efecto, hace 24 horas rechazábamos la aprobación de la gestión, ya que el Tribunal de Cuentas no podía garantizar la regularidad global de los pagos del presupuesto de 1996. 
Hoy, constatamos una vez más la voluntad siempre tan irresponsable de gastar más. 
Para este Parlamento es preciso, ocurra lo que ocurra, gastar más y gastar todo lo que se ha previsto. 
Negarse a cualquier precio a renunciar a créditos, incluso a poner en tela de juicio algunas políticas, sería de algún modo una cuestión de honor. 
El ejemplo más flagrante de esta perversión afecta a los fondos estructurales. 
Fiel a sí misma, la Comisión de Presupuestos sigue clamando que las decisiones adoptadas en Edimburgo sobre la materia han de ser aplicadas al pie de la letra y que el límite que han despejado constituye un objetivo de gastos. 
No, las decisiones tomadas en el pasado no deben prohibir necesariamente cualquier reflexión política en el presente. 
Me niego a colocarme en la situación más que escandalosa a la que se nos pretende arrastrar, aquella en la que estaríamos obligados a buscar desesperadamente un medio, un cauce, una improvisación jurídica para gastar el dinero de los contribuyentes de los Estados miembros. 
Por otra parte, y como ocurre en cada procedimiento presupuestario, no podemos escapar de la cantinela de las reivindicaciones sin límites. 
Una de las principales prioridades mencionadas por nuestro ponente es que el presupuesto deberá seguir siendo un presupuesto para el empleo. 
Será más bien un presupuesto para la arquitectura. 
En 1998, este Parlamento dedica tanto dinero a la adquisición del faraónico edificio D3 de Bruselas como a la famosa iniciativa «empleo». 
Finalmente, el Tratado de Amsterdam aún no ha sido ratificado por los Estados miembros, pero se aplican ya las disposiciones financieras; hermoso ejemplo del respeto por la democracia, y una razón de más para que nuestro grupo no vote el informe. 
Señora Presidenta, señor Fabre-Aubrespy, los nuevos edificios de Bruselas también han trabajado, cuando menos en Bruselas. 
Sin embargo, yo querría hacer, de hecho, algunas consideraciones sobre el Presupuesto. 
Señor Comisario, su discurso no ha estado mal, pero el que pronunció con motivo de la aprobación de la gestión presupuestaria fue mejor, porque lo hizo en francés. 
Usted mismo lo definió como más sexy. 
Por lo que se refiere al presupuesto para 1999, yo quisiera introducir cinco consideraciones. 
En primer lugar, se trata de un presupuesto de transición, como ya ha señalado la Sra. Müller. 
En efecto, nadie puede seguir imaginando que podamos debatir el presupuesto para 1999 sin tener presente que a la vez se están examinando, paralelamente por decirlo así, las nuevas perspectivas financieras para el período 2000/2006. 
En segundo lugar, esto significa que tenemos que hacer frente a las dificultades que plantea el presupuesto para 1999. 
Nadie puede discutir que un incremento del 18 % en los compromisos en el marco de los Fondos Estructurales es una exigencia de gran calado, que trasciende el ámbito de las deliberaciones en el contexto de unas orientaciones presupuestarias y también las posibilidades de las mismas. 
En este sentido, yo quisiera citar la expresión " esto no es de este mundo». Ésta resulta adecuada para describir la situación que se crea cuando se imagina que es posible prorrogar sencillamente lo que en su momento se acordó en Edimburgo. 
En tercer lugar, tenemos una situación del gasto en el ámbito de los programas de política exterior que también se sitúa más allá del bien y del mal. 
Si no tuviésemos recursos comprometidos por un valor de 2.300 millones de ecus y no se desembolsasen 3.200 millones de ecus sólo en el marco del programa PHARE, no tendría ningún sentido- es preciso decirlo con toda claridad- incrementar en un 36 % la consignación para dicho programa PHARE en el año 1999, sólo para acumular en la caja presupuestaria unos recursos obtenidos mediante reducciones del 10 % en las restantes políticas exteriores. 
Esto afecta a los proyectos en Suráfrica, Suramérica y Asia y también a diversos programas de ONGs, sólo para crear la apariencia de algo que en realidad no se hará en dicho ejercicio. 
Éstos son los problemas con los que nos enfrentamos en las deliberaciones sobre las orientaciones presupuestarias para 1999. 
Hemos encontrado una fórmula, más bien dicho la ha encontrado la Sra. Dührkop Dührkop en el apartado 8 de sus recomendaciones, que establece como no se había hecho nunca antes en esta Asamblea- Sr. Fabre-Aubrespy- que el Parlamento sólo está dispuesto a aceptar un aumento del presupuesto para 1999 que se ajuste al incremento medio de los presupuestos de los Estados miembros. 
Nunca nos habíamos comprometido a imponer esta condición. 
Sin embargo, si queremos que así se haga, tendremos que resolver los problemas que antes he señalado. 
Y para resolverlos, será preciso encontrar vías de solución que a la vez también indiquen cómo se configurarán las futuras perspectivas financieras. 
Éstas deberán ser más flexibles y deberán estar orientadas a que ningún Estado miembro pueda verse obligado a realizar gastos, o sea, a retirar dinero del Presupuesto comunitario, si por su parte no existe esa voluntad. 
En las conversaciones tripartitas informales y en el diálogo a tres bandas del martes, yo manifesté que el presupuesto para 1999 sólo podrá salir adelante- y lo repito aquí con toda claridad, sobre todo para que conste en el Acta y que el Consejo tome nota- si media un acuerdo interinstitucional entre las tres instituciones sobre las cuestiones relativas a los fundamentos jurídicos. 
Que nadie se escude, por favor, en el procedimiento judicial iniciado ante el Tribunal de Justicia Europeo. 
El Parlamento está dispuesto a ello y yo tengo la impresión de que las otras dos instituciones también lo están. 
Pero vayan haciéndose a la idea- y no es broma- de que no habrá presupuesto para 1999 si no se resuelve este problema. 
Señora Presidenta, Señorías, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, el procedimiento presupuestario correspondiente a 1998 lo iniciamos en el marco, o más bien al margen, del partido de fútbol del Ajax de Amsterdam. 
Esta noche también se está jugando un partido entre el Real Madrid y el Borussia de Dortmund. 
Antes de acabar volveré sobre este tema. 
El Sr. Fabre-Aubrespy se ha referido al hecho de que hoy sea 1 de abril, día de los inocentes: sin duda habríamos preferido ver el partido, pero la seriedad de la situación, esto es, de las deliberaciones sobre el presupuesto para 1999, nos retiene a estas horas en el hemiciclo. 
Por primera vez, la política de información no aparece firmemente enraizada en las orientaciones presupuestarias. 
Partíamos de la base de que la Comisión y el Parlamento se pondrían de acuerdo sobre una propuesta sólida que permitiría regular de manera definitiva la política de información en 1998. 
Según parece, lamentablemente no será así y yo quiero instar al menos a los representantes elegidos por el Pleno para la Mesa o para la Conferencia de Presidentes a que vuelvan a dar un vistazo a las Decisiones presupuestarias de 1996, 1997 y 1998, concretamente a los apartados 18 de las orientaciones presupuestarias para 1998, 30, 31 y 32 de la primera lectura del Presupuesto para 1998 y 11 de la segunda lectura, 9 de las orientaciones presupuestarias para 1997, y 17, 48, 49 y 50 de la primera lectura del Presupuesto para 1997, que sin duda no pueden ser del todo irrelevantes para la Mesa y para la Conferencia de Presidentes, a la vista del debate de esta tarde. 
Por lo que se refiere ahora a las presentes orientaciones, Señorías, señora ponente Dührkop, en el apartado 2 aparece un error que yo creo que luego sólo se repite en la versión alemana, donde se vuelve a hablar otra vez de un presupuesto dedicado al empleo. 
Esto podría plantear una dificultad para mi Grupo político, aunque yo sé que usted se refiere a un presupuesto que favorezca un aumento del empleo. Por consiguiente, yo le ruego que rectifique este punto antes de la votación de mañana como muy tarde. 
En el cuarto subapartado del apartado 8, también en este caso al menos en la versión alemana, se emplea una formulación tan desafortunada que yo ni siquiera la entiendo. 
Me parece excelente la formulación personal que emplea en el apartado 9 y creo que aborda exactamente el problema central. 
Por este motivo, nuestro Grupo político solicitará la votación por partes, sobre todo por lo que respecta a la referencia a la " masa crítica» y a la política de la Comisión, ya que a nuestro parecer en principio no debería figurar allí. 
Consideramos más adecuada su formulación personal. 
En el apartado 15, la segunda parte, en la que se hace referencia a la iniciativa de empleo definida y aprobada en el marco del procedimiento presupuestario para 1998, es cuando menos poco clara y tal vez incluso errónea. 
Desde aquí suscribimos claramente tres objetivos fundamentales de dicha iniciativa de empleo y los votamos afirmativamente. 
Este mediodía ha tenido lugar finalmente la votación del Informe Pronk como fundamento jurídico y allí también se señala que debe tenerse en cuenta también a las pequeñas y medianas empresas del tercer sistema, pero tal como se expresa ahora aquí, parece que éstas deban ser objeto de una atención prioritaria. 
No fue esto lo que aprobamos. 
Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas, coincidimos plenamente con el autor de la enmienda 1, al menos en cuanto a los objetivos, pero todavía no hemos alcanzado una posición definitiva. 
Volviendo al partido de fútbol, su inicio se ha retrasado hoy una hora en España, en Madrid, porque se ha derrumbado la portería. 
Dado que la Sra. Dührkop procede de las proximidades de Barcelona y allí no ocurren nunca algo así, yo le deseo a la ponente y también al ponente Sr. Viola una capacidad de resistencia muchísimo mayor para afrontar las deliberaciones presupuestarias para el año 1999. 
Señora Presidenta, empiezo por felicitar a los dos ponentes, la Sra. Dührkop Dührkop y el Sr. Viola, por haber elaborado resoluciones directrices que son sólo eso. 
Son directrices y han resistido con vigor ante lo que con frecuencia ocurre si la gente trata de convertir las directrices en una especie de avance y primera lectura anticipada. 
Lo que tenemos aquí es una clara exposición de principios. 
Sólo quiere referirme a un par de apartados del excelente informe de la Sra. Dührkop y subrayarlos, en particular el considerando D, donde destaca que, dentro del procedimiento presupuestario, debemos concentrarnos en la recaudación de ingresos de modo que no se produzcan despilfarros. 
Empleamos tanto tiempo para tratar de los gastos que tenemos que dar prioridad a la adecuada recaudación de nuestros propios recursos como una parte primordial, básica e integrante del procedimiento presupuestario. 
También felicito con entusiasmo a la ponente porque ha incluido en el apartado 9 de su informe la respuesta al desafío planteado por el Comisario Liikanen hace unos dos años sobre las políticas de masa crítica. 
Hoy, en la propuesta de directrices, tiene la respuesta del Parlamento y esperamos que, tras tener esa respuesta, veamos unas estimaciones preliminares que la reflejen de una manera visible. 
Si usted lee el apartado 9 con atención, verá que en él la Sra. Dührkop ha aceptado el desafío que supone considerar las políticas que se deben mantener e incluso reforzar, pero también las políticas que ya no tendrían que considerarse. 
Allí está el meollo, se trata de una respuesta seria, que considero muy recomendable. 
En lo que me resta de tiempo, me referiré al informe del Sr. Viola, también excelente. 
Quiero destacar los siguientes puntos de este informe: en el apartado 4, el ponente señala algo muy importante de la administración pública europea. 
Espero que, cuando hablemos de la administración pública europea a medida que avancemos en los detalles presupuestarios, se amplíen algunos de los pensamientos planteados aquí y que abundemos en que el nombramiento y el ascenso son exclusivamente métodos que sólo toman en cuenta los méritos. 
Éste tendría que el único criterio para los nombramientos y ascensos en la administración pública europea. 
Destaco y aplaudo lo que expresa el apartado 5: no se debe crear ningún nuevo puesto en 1999 y espero que, a medida que avancemos en el procedimiento presupuestario, esta advertencia no sea de las que se echan en saco roto. 
Recomiendo calurosamente todos los puntos que están citados en clara sucesión cronológica en el apartado 8 del informe, donde hay un conjunto de temas sobre el que esta Asamblea, como integrante de la autoridad presupuestaria, necesita información adicional. 
En especial mencionaré el apartado 9, sobre la política inmobiliaria. 
Hoy, como ya se ha recordado, es 1 de abril. 
Me temo que he recibido la que ha sido la broma más comprometida del día de los inocentes de abril bajo la forma de lo que pretende ser un informe al Parlamento Europeo, elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y por la Comisión de Política Regional, un informe que querría hacernos creer que algo así como unos 36 millones de ecus se van a gastar en la restauración de los edificios Belliard I y II, para que cumplan sus funciones. 
Y yo les digo: es una buena inocentada para este día, pero estamos a la espera de recibir el informe verdadero sobre lo que se debe destinar a la restauración de esos edificios. 
Tenemos serios retos en el sector edilicio y, sin duda, según el enfoque que sostiene, el Sr. Viola continuará con el mismo nivel de análisis serio que hemos mantenido en el pasado. 
El único espacio que veo tratado con excesiva brevedad en el informe Viola- pero creo que debemos darlo por sentado- se relaciona con la política de comunicaciones. 
Habrá largas discusiones sobre la política de comunicaciones. 
Sólo quiero añadir una idea- y lo digo con todos los respetos para usted, Señora Presidenta- que la Señora Presidenta puede llevar a la Mesa. 
Cada día me convenzo más de que para entender lo que la Mesa del Parlamento hace y decide de verdad, hay que ser un kremlinólogo para leer sus minutas y entender algo en ellas. 
O sea que, en vista de que hablamos de política de comunicaciones, quizá usted podría infundir en las minutas de la Mesa el mismo grado de claridad, lucidez y transparencia que este Parlamento procura instilar en el Banco Central Europeo. 
Sería un gran servicio a la democracia parlamentaria. 
Señora Presidenta, ante todo, debo felicitar a la ponente, Sra. Dührkop, por su excelente informe sobre las directrices. 
Como se puede esperar del ponente de la Comisión de Presupuestos para las agencias comunitarias descentralizadas, quiero concentrarme sobre todo en el apartado 18 de este informe. 
Esto ha vuelto a aparecer este año en las directrices. 
La cuestión es por qué hay que tener un apartado sobre las agencias comunitarias descentralizadas. 
Muchos miembros de esta Asamblea y de la Comisión de Presupuestos pensarán que, una vez aceptado el informe Kellett-Bowman sobre los asuntos relativos a las agencias comunitarias descentralizadas, el asunto está zanjado y olvidado. 
No es así. 
El Sr. Lükanen ha empleado la palabra "serenidad» , pero como americanista yo diría que la" vigilancia eterna» es la clave. 
Con las agencias comunitarias descentralizadas la vigilancia eterna es, sin duda, la clave en lo que a nosotros respecta. 
Aunque nos dedicamos a nuestro apartado de las directrices, está el tema de la anualidad del procedimiento presupuestario. 
En los últimos tres años, se han dado verdaderas zancadas al presentar las líneas presupuestarias para las agencias comunitarias descentralizadas. 
Hemos insistido en una cantidad de principios rectores que las agencias asumieron, y esto me alegra. Y esos principios se sancionaron con la ayuda del Sr. Lükanen y sus colegas de la Comisión. 
¿Cuáles son esas directrices? 
Primero, hay esquemas prioritarios para la información y los gastos. 
Estamos considerando la forma en que se emplearon los recursos durante los años anteriores, es decir, la utilización del presupuesto de cada agencia. 
Esto puede ser importante para la futura asignación de fondos a las agencia de la Unión Europea. 
Cuando miramos los pagos registrados este año en el informe Kellett-Bowman, vemos que en Dublín no se gastaron 140.000 de los ecus asignados; en Salónica, fueron 1, 28 millones los ecus no gastados. 
Hay razones para que haya sido así, pero esto se debe considerar cuando pensemos en nuevos esquemas de gastos. 
Sin duda el Comisario tiene conciencia de estas cosas. 
Sin embargo, y es de capital importancia, estamos preocupados por considerar el programa de trabajo que se establezca y financie adecuadamente. 
Ese programa de trabajo tiene que ser concertado con las distintas Comisiones políticas. 
El segundo tema es la transparencia. 
Hemos tratado de asegurar que las agencias presenten un organigrama de personal. 
Conseguimos que así lo hicieran, pero los programas de trabajo ya están financiados y podemos ver horizontalmente los Títulos I, II y III de gastos en el informe de las agencias, y lo que va a costar cada proyecto. 
Esto es importante para nosotros, los integrantes de la Comisión de Presupuestos, más importante para las Comisiones pertinentes, y será muy importante para el ponente de la Comisión de Control Presupuestario, cuando más adelante tengamos que estudiar los gastos hechos. 
En esto hacemos progresos. 
Mi último asunto es la gestión responsable. 
El tema clave es la forma en que asignamos los recursos. Como han dicho la Sra. Dührkop, y los Sres. 
Tomlinson y Wynn, estamos usando el dinero de los ciudadanos de la UE, y esto ha de hacerse de una manera que resulte transparente no sólo para el Parlamento sino también para los clientes de las agencias y para el ciudadano mismo. 
Para llegar a estos objetivos, hemos establecido, y seguiremos manteniendo, unas reuniones regulares con los jefes de las agencias y los ponentes de las Comisiones correspondientes. 
Este proceso seguirá adelante este año. 
El Sr. Lükanen subrayó la idea de " serenidad». 
Ha dicho que ha estallado la paz. 
Pues así es. 
Ha estallado la paz con las agencias. 
Tenemos en marcha un nuevo proceso, pero la vigilancia será importante. 
Sé que uno de sus colegas, el Sr. Bangemann, decía respecto de Alicante que debemos ser vigilantes. 
El Comité de presupuesto de Alicante está gastando 24 millones de ecus en un nuevo edificio sobre el que la Comisión sabe muy poco y sobre el que el Parlamento ni siquiera ha sido informado. 
¡La vigilancia es la clave, Sr. Lükanen! 
Tenemos que ajustar los procedimientos, y debemos controlarlos a través de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario. 
Señora Presidenta, yo también deseo felicitar a la Sra. Dührkop por haber elaborado un informe preciso y concreto y recordar que, en el marco del rigor que también este año la Unión y los Estados miembros se han impuesto, el presupuesto de 1999, como señala la señora ponente, debe ser el primer presupuesto fruto de la aplicación del Tratado de Amsterdam y, por ello, debe contener opciones que correspondan a las novedades del propio Tratado. 
Como se ha apuntado, esto significa que debe ser un presupuesto en favor del empleo a través de inversiones infraestructurales, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, de inversiones para la investigación y el desarrollo, pero también de apoyo a las medidas en el marco de las iniciativas de empleo locales y de los acuerdos territoriales para el tercer sistema, en línea- a diferencia de lo manifestado por el Sr. Tillich- con el compromiso asumido por el Parlamento Europeo en el pasado mes de octubre, tal como manifiesta la Sra. Dührkop en su informe. 
La formación y la recualificación se consideran medios fundamentales para favorecer la adaptabilidad y el empresariado y, ante todo, para permitir a los jóvenes y las mujeres encontrar empleo. 
Éstas son las líneas directrices, apuntadas también por el Consejo extraordinario de Luxemburgo. 
Por lo tanto, es necesario que los programas LEONARDO, SOCRATES y, más en general, los programas de educación y de formación cuenten con una financiación adecuada. 
El diálogo social, al que el propio Tratado otorga un papel cada vez más importante, debe encontrar en el presupuesto la necesaria respuesta y fortalecimiento. 
La Sra. Dührkop considera justamente que el presupuesto de 1999 debe ser el presupuesto de los ciudadanos, dirigido a reforzar y mejorar la cohesión económica y social. 
En este contexto, las actividades y las redes de las organizaciones no gubernamentales que ofrecen una contribución fundamental al desarrollo de la política social europea en favor de las personas mayores, de los discapacitados y de la lucha contra la exclusión social y que representan un instrumento fundamental de participación de los ciudadanos en la construcción europea, deben seguir encontrando un respaldo adecuado. 
Quiero terminar retomando un punto, recordado por el señor Presidente Samland, que me parece especialmente importante: la condición indispensable para llegar positivamente al final del procedimiento es que el Consejo suscriba el acuerdo relativo a los fundamentos jurídicos. 
Creo que el Consejo ya no tiene una coartada desde este punto de vista y, por consiguiente, quiero concluir el debate- ya que soy la última en intervenir- con este compromiso: el Acta de esta reunión debe ser entregada al Consejo para que sepa que este año el Parlamento ya no está dispuesto a no alcanzar un acuerdo en lo referente a este tema. 
Señora Presidenta, aunque quizás sea un poco contrario al procedimiento, quisiera decir al Sr. Tillich- porque esto es importante- que soy de San Sebastián y soy del Real Madrid puesto que, de otra forma, tendría problemas con mis dos hijos al volver a casa. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Sin embargo, antes de acabar yo quisiera recordarles que todavía les quedan 24 minutos para hacer o sufrir una inocentada del 1º de abril. 
¡Estén alerta! 
(Se levanta la sesión a las 23.35 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quiero decir algo sobre las actas literales de las sesiones. Alguien me ha llamado la atención al respecto. 
Normalmente no leo mis propios textos, pero se me ha leído este. 
Hay dos palabras que me gustaría se suprimiesen pues no eran parte de mi intervención sino que iban dirigidas a otro diputado. Se trata de las palabras: cállese usted. 
Alguien me ha molestado y le he exigido con bastante energía que se callase. 
Me ha molestado realmente mucho. No me dirigía a la Sra. Lalumière, por lo que debe sacarse del acta de la sesión. 
Muchas gracias, señor von Habsburg, en cualquier caso eso no figura en el Acta, pero sí en el Acta Literal de la Sesión. 
Se va a resolver ese problema. 
Señor Presidente, simpatizo con el Sr. von Habsburg. 
No obstante, se supone que nuestros procedimientos deben ser recogidos con exactitud y eso es, claramente, un aspecto exacto de los procedimientos. 
Creo que tenía razón cuando hizo sus comentarios, pero también creo que debe recogerse el rico tapiz de esta Asamblea, en vez de la versión aséptica que más nos convenga para parecer más papistas que el papa. 
Señor Presidente, en el documento Session news se recoge mi espléndida intervención en la que ataco al Gobierno británico por no incorporarse a la moneda única, sacrificando así 100.000 puestos de trabajo en Gran Bretaña. 
Lamentablemente, se indica que soy miembro del Partido de los Socialistas Europeos, y estoy seguro de que éstos no desean tener que avergonzarse de ello. 
Quizá se podría rectificar para que se me reconozca como diputado Laborista independiente que comparte escaño con los Verdes en el Parlamento. 
Señor Presidente, ayer decidimos que debatiríamos el informe Schaffner pero que esperaríamos para la votación. 
El aplazamiento se debe a que el documento de Veil sólo está en francés. 
Ayer olvidé señalar algo que yo, sin embargo, espero que sea obvio, es decir, que el plazo para las propuestas de enmiendas tenga relación con el momento de la votación, o sea que los grupos puedan presentar propuestas de enmiendas cuando todos tengamos los textos, de modo que todos los puedan leer. 
Espero que así sea. 
Señora Lindholm, creo que su observación tiene razón de ser. 
Quiero decirle que, aunque no se celebre la votación, se celebrará el debate. 
Resulta evidente y de sentido común que habrá que prorrogar el plazo de presentación de enmiendas. 
Así se hará. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Modificación del Reglamento (nuevo artículo 44 bis) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0054/98) del Sr. Crowley, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre la inserción de un nuevo artículo 44 bis en el Reglamento del Parlamento Europeo (otros informes e informes anuales de otras instituciones). 
Dado que el ponente, por algún motivo de fuerza mayor, aún no está presente, comprenderán Sus Señorías que conceda el uso de la palabra al Sr. Ford. 
Así, pues, comenzamos el debate con la intervención del Sr. Ford. 
Señor Presidente, quería sugerir que quizá deberíamos tratar primero sobre el informe del Sr. Dell ' Alba que será muy breve y también es relativo al Reglamento, pero si desea que se haga de la otra manera, estoy dispuesto a comenzar. 
Quizá este cambio daría al Sr. Crowley unos minutos para que llegue, si el Sr. Dell ' Alba está presente. 
Señor Ford, su propuesta sería extraordinariamente interesante, yo mismo lo habría hecho si ya estuviera presente el Sr. Dell ' Alba. 
Pero tampoco lo está, por lo que le ruego que inicie el debate. 
No puedo pasar a otro informe, porque no está presente el Sr. Dell ' Alba. 
Tenía previsto intervenir para felicitar al Sr. Crowley por este informe. 
Y no quiero dejar de felicitarle en su ausencia. 
Se trata de un informe que realmente aclara la situación con respecto a la proliferación de informes anuales que se presentan a esta Asamblea. 
Inicialmente surgieron algunas dificultades en la Comisión de Reglamento y transcurrió bastante tiempo hasta que este informe pudo por fin emerger de dicha comisión, pero cuando emergió, lo hizo por unanimidad. 
Ahora estamos de acuerdo, al menos en la Comisión de Reglamento, con respecto a toda esta plétora de informes anuales, y ello significa que hemos establecido claramente un procedimiento que podemos seguir en el futuro y nos evitaremos el constante debate sobre qué ruta, qué ruta institucional, debe seguir un informe determinado. 
El Grupo Socialista, por consiguiente, apoyará el informe, y felicito al Sr. Crowley por el mismo. 
Muchas gracias, señor Ford, por el tenor de su intervención y por el favor que ha hecho a la Mesa, al facilitar el comienzo de nuestros trabajos. 
Señor Presidente, en los sistemas políticos y económicos actuales, lo que importa es la flexibilidad, y creo que el informe del Sr. Crowley merece una buena acogida, porque es una contribución a dicha flexibilidad. 
El Sr. Ford, y estoy seguro de que el Sr. Crowley lo hubiera hecho de haber estado aquí, ha apuntado a nuestra falta de flexibilidad en la organización de un aspecto de nuestro trabajo; la respuesta que damos a informes procedentes de comisiones o de organismos externos. 
El informe del Sr. Crowley devuelve dicha flexibilidad al Parlamento, a la Conferencia de Presidentes y a las comisiones correspondientes, y acojo con satisfacción el informe por estos motivos. 
En la comisión se han hecho algunas sugerencias en el sentido de que quizá el presente informe no modifique formalmente la posición, sino que tan sólo la reordene y aclare. 
Si es así, me parecería muy bien, porque creo que la función del Reglamento no es meramente ofrecer un marco mínimo, un enfoque que se limite a simplificar las reglas, sino fomentar unos resultados correctos y racionales. 
Durante los próximos meses y años, en el Pleno será muy difícil conseguir tiempo, y sin duda es acertado que el informe del Sr. Crowley nos brinde la oportunidad de ser más flexibles, de ser más racionales y de ser más eficaces. 
Puesto que tenemos dificultades para dirigirnos al Sr. Crowley y al Sr. Dell ' Alba, permítame hacer una observación general sobre el trabajo de la Comisión de Reglamento. 
Cabe lamentar, salvo, naturalmente, por las personas que hoy se encuentran presentes, que la asistencia a la Comisión de Reglamento no siempre sea demasiado buena, y sin embargo, lo curioso es que, al igual que sucede con la enseñanza, el Reglamento es algo sobre lo que todo el mundo tiene una opinión, tanto en los grupos, como en el Pleno. 
Ojalá que en el futuro, los asuntos tan interesantes que debatimos en la Comisión de Reglamento atraigan la atención que merecen de los colegas. 
Señor Presidente, deseo dar las gracias al Sr. Crowley por este excelente informe y comentar el carácter típicamente irlandés del mismo, porque no sólo no está presente el ponente, sino que además es una no solución a un no problema. 
Imposible hacerlo mejor. 
Resulta bastante sorprendente que el ponente del próximo informe, Dell ' Alba, tampoco esté presente. 
Oh, acaba de llegar. 
Estupendo. 
¡Eso es ser oportuno! 
Lo cierto es que en el pasado sólo teníamos un informe anual de la Comisión. 
Ahora tenemos una proliferación de informes anuales de las diferentes instituciones. 
Resulta, sin embargo, que existe una diferencia entre, digamos, los informes anuales que son presentados por las instituciones tal y como exige el Tratado, y los demás informes anuales. 
Lo que me hubiera gustado encontrar en el informe del Sr. Crowley es una propuesta sobre qué podemos hacer con los informes, y de eso no se dice nada. 
Nos limitamos a celebrar un debate o no. 
Eso no es una solución. 
Señor Presidente, empezaré como todos los otros oradores agradeciendo al ausente ponente por un trabajo excelente. 
Como se sabe, el objetivo de este informe es intentar simplificar el tratamiento parlamentario de todas las memorias anuales que se nos presentan. 
Creo que el ponente en su informe cuenta hasta 25 memorias diferentes que se estudian a fondo en este Parlamento, lo que significa que cada período de sesiones, en promedio, tal vez trata dos o tres memorias anuales. 
Este fenómeno ha mostrado también una tendencia a aumentar. 
Si esto continúa, creo que dentro de algunos años tendremos que dedicar la mayor parte del trabajo parlamentario al estudio de estas memorias. 
No creo que haya otro Parlamento en el mundo que en los últimos años haya estudiado y opinado de modo tan profundo sobre las actividades de diferentes autoridades. 
Además, creo que hay una relación entre esta enorme cantidad de opiniones que se producen y la baja participación en las votaciones en este Parlamento. 
El año pasado conté, es decir, antes que tuviéramos una conexión con un incentivo económico para participar en las votaciones, que la cantidad promedio de votantes en esta Asamblea era del 50 ó 60 por ciento, que creo que es la cifra más baja de todas las asambleas democráticamente elegidas del mundo. 
Cuando hablo con la gente, a menudo se me pregunta por qué la cantidad de votantes es tan baja en el Parlamento. 
La respuesta más simple es que una gran parte de nuestro trabajo consiste en manifestar opiniones que tienen muy poca importancia. 
Si ahora podemos simplificar esto mediante el informe Crowley, de modo que no dediquemos tanto tiempo a producir opiniones sobre esas memorias sino que, por el contrario, nos concentremos en los asuntos grandes, importantes y de principios, entonces creo que habremos hecho algo que va a hacer progresar mucho el trabajo parlamentario. 
Con estas palabras doy las gracias al ahora presente ponente y escucho atentamente sus opiniones. 
Señor Presidente, es una innovación muy interesante que este debate sea completado con la intervención del ponente, y ¡por qué no! 
Acojo con satisfacción el informe del Sr. Crowley. 
Es una útil adaptación del Reglamento. 
Nada era tan absurdo como ver a este Parlamento debatir una y otra vez informes sobre informes, especialmente, por ejemplo, el informe que presenta cada año la Comisión de Asuntos Institucionales- generalmente con el Sr. Valverde López como ponente- en el que se informa al Parlamento sobre los informes anuales del Consejo Europeo sobre la Unión Europea. 
Se trata, naturalmente, de un informe sobre el ejercicio anterior. 
Generalmente nos llega a mediados del año siguiente. 
La Comisión de Asuntos Institucionales redacta entonces un informe sobre dicho informe, y nosotros terminamos debatiendo un año y medio más tarde los acontecimientos que se produjeron un año y medio antes sobre la base de un informe sobre un informe. 
Naturalmente, eso es un disparate y hay muchos ejemplos de disparates como éste. 
Esta modificación del Reglamento nos permitirá librarnos de este tipo de disparates, y cuando no tengamos una muy buena razón para elaborar un informe especial sobre otro informe, o un debate especial sobre un informe, ya no deberemos hacerlo. 
Por ello acojo con satisfacción esta modificación del Reglamento. 
Señor Presidente, no necesitaré los cinco minutos, ya que mis estimados colegas han tratado sobre los aspectos más fundamentales del informe. 
Deseo presentarle mis disculpas, señor Presidente, y a la Asamblea. 
Lamentablemente tuve un pinchazo en la silla de ruedas esta mañana y eso ha retrasado mi llegada; tuve que llevarla a reparar. 
Quisiera asegurar a los diputados que no se trata de un intento de eliminar ciertos asuntos del orden del día y evitar que sean debatidos en el Parlamento ni de impedir a las comisiones que elaboren los informes que consideren políticamente importantes para ellas. 
Por el contrario, es un intento de poner orden en los trabajos propiamente dichos de este Parlamento, de dar más tiempo a esta Asamblea y a esta Cámara para poder responder con mayor rapidez a los acontecimientos políticos que cambian con tanta rapidez. 
Mi colega el Sr. Corbett ya ha mencionado que en el caso de algunos informes debatimos un informe sobre otro informe. 
Yo iría incluso más lejos y diría que en otros informes anuales que se han presentado a este Parlamento, no sólo tratamos sobre un informe que puede tener dos años de antigüedad, sino que estamos regurgitando y reciclando información presentada en un informe anual tres o cuatro años antes, y sin embargo pensamos que hay que volver a incluirlo todo cada año, año tras año. 
Ciertamente eso es una pérdida de tiempo para este Parlamento; pone a los servicios bajo una enorme presión para traducir a las 11 lenguas de trabajo grandes cantidades de documentos que no todos los diputados leen, que no todos los diputados toman en consideración y, lo que es más importante, a los que la opinión pública y los medios de comunicación no hacen el menor caso. 
El motivo por el que, en un inicio, surgieron dificultades acerca de este informe fue debido a que algunos diputados- y mencionaré al Sr. Ford, que tenía un informe anual sobre el racismo en la Unión Europea- temían que se eliminaran del orden del día temas que ellos consideran importantes. 
Espero que mi enmienda, que fue aprobada en comisión, disipe dichos temores. 
También será necesaria un poco de diligencia por parte de la Conferencia de Presidentes para garantizar que no abusan de esa poca libertad de acción que le otorga el presente informe. 
Por último, deseo decir a la Asamblea y a los diputados que les recomiendo el presente informe de todo corazón y con todo el poder de persuasión de que soy capaz. 
También deseo informar a los diputados de que, debido a las modificaciones introducidas en el Tratado de Amsterdam con respecto al funcionamiento de esta Asamblea, trataremos sobre más informes de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades del Parlamento, que tendrán mucho mayor alcance y serán innovadores en cuanto al funcionamiento de este Parlamento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Modificación del artículo 141 del Reglamento 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0111/98) del Sr. Dell ' Alba, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre la modificación del artículo 141 del Reglamento del Parlamento Europeo, relativo a las subcomisiones. 
Señor Presidente, lamento no haber podido contribuir a la posible inversión de los dos informes. 
Dicho esto, deseo comenzar a ilustrar mi informe que, permítanme decirlo, estoy muy contento de que haya conseguido llegar por fin al Pleno, porque el tema reviste cierta importancia y sirve sobre todo para subsanar una situación que de hecho ya conocemos, que nos ha permitido trabajar pero que, a mi entender, era necesario subsanar desde el punto de vista reglamentario. 
Del hecho de que el Reglamento, en su forma e interpretación actuales, deja entender que en las subcomisiones- tenemos tres subcomisiones en este Parlamento- pueden sentarse sólo los miembros titulares o suplentes de la comisión principal. 
En realidad, esto crea y ha creado una dificultad de aplicación práctica a nivel de los Grupos políticos. 
Sabemos que la naturaleza de estas subcomisiones es compleja: pienso, entre todas las demás, en la Subcomisión de Derechos Humanos y al hecho de que dicha subcomisión trata de los derechos humanos dondequiera en el mundo y, en consecuencia, en muchos de esos países, por ejemplo, del tercer mundo que, a la postre, son competencia, por así decirlo, por ejemplo, de la Comisión de Desarrollo. 
Por lo tanto, existe un interés general, no sólo entre los miembros de la comisión principal, en este caso de la Comisión de Asuntos Exteriores, sino también de otras comisiones de sentarse en la Subcomisión de Derechos Humanos. 
El mismo interés, aunque en menor grado, lo hemos constatado respecto a las otras dos subcomisiones, tanto es así que esta norma y esta interpretación del Reglamento han sido regularmente incumplidas por el Parlamento Europeo que, a través de sus Grupos políticos, ha nombrado- las estadísticas están anejas a mi informe- para las subcomisiones diputados de nuestra Casa que no eran miembros de la comisión principal, incumpliendo así no tanto el Reglamento, sino al menos su interpretación. 
Fuimos encargados del asunto por parte del Presidente que fue requerido precisamente por algunos miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos y la Comisión de Reglamento se ha encontrado en un gran apuro: reafirmar el derecho- un derecho, sin embargo, violado y no cumplido en realidad- o, no digo adaptarse a la realidad, sino reconocer que, de hecho, esta situación podía no ser la más ideal. 
En consecuencia, habiendo sido encargado de este informe, he intentado sintetizar en cierta medida las opiniones de unos y de otros, llegando a una solución que puede parecer una solución de compromiso, pero que en realidad nos pareció la mejor para garantizar ese vínculo orgánico con la comisión principal, aunque, al mismo tiempo, esa flexibilidad que consideramos indispensable para asegurar una mayor participación, una mayor implicación de todos los colegas en la importante actividad de las subcomisiones que, como sabemos muy bien, es una actividad muy a menudo de reflexión, de debate, de profundización, más que una actividad legislativa u operativa. 
Por lo tanto, nos pareció que no iba en contra de la norma general proponer a sus Señorías la enmienda al Reglamento- que votaremos más tarde- que consiste en esta simple fórmula: los miembros titulares de las subcomisiones deben ser miembros titulares o suplentes de la comisión principal- y de esta forma mantenemos el vínculo orgánico al que acabo de referirme y mantenemos el principio de que la Mesa de esta subcomisiones estará, en consecuencia, constituida necesariamente por miembros de la comisión principal- pero no precisamos y, por lo tanto, dejamos vía libre a la posibilidad de que puedan nombrarse como suplentes también a los miembros del Parlamento que no sean miembros o suplentes de la comisión principal. 
Ésta nos pareció una forma elegante de admitir la que es la práctica de este Parlamento, permitir este flujo en las subcomisiones también a los demás miembros y, haciéndolo, mantener firmes dos principios: el vínculo orgánico y la posibilidad de una mayor implicación. 
Ésta es la propuesta que les presentamos y que esperamos- yo personalmente lo deseo de todo corazón- que pueda ser aprobada por nuestro Pleno. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Dell ' Alba por su informe sobre la composición de las subcomisiones. 
Como nos ha dicho, en estos momentos hay tres subcomisiones: de Seguridad, de Derechos Humanos y de Asuntos Monetarios. 
Desde hace algún tiempo resulta evidente que personas ajenas al ámbito de los Asuntos Exteriores- por ejemplo, aquellos que se ocupan del Desarrollo- sienten especial interés en formar parte de la Subcomisión de Derechos Humanos. 
También ha habido un cierto interés por parte de la comisión a la que pertenezco, la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, que se ocupa de los derechos humanos en la Unión Europea, pero que también se interesa por la situación de los derechos humanos en los países aspirantes, aspecto del que, técnicamente, en estos momentos se ocupa la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. 
Acogemos con satisfacción la propuesta del Sr. Dell ' Alba de aclarar la actual situación, según la cual, para ser miembro de pleno derecho de una subcomisión hay que haber pertenecido a la comisión; lo que, por analogía, implica que los substitutos en las subcomisiones pueden proceder también de otras comisiones. 
Observo que el apartado 3 del artículo 163 dice que sin perjuicio de las excepciones previstas en el momento de la votación- posiblemente mediante una enmienda oral -, dichas reglas entrarán en vigor el primer día del período parcial de sesiones siguiente a su aprobación. 
El próximo período parcial de sesiones comenzará el 11 de mayo- por lo que el aplazamiento, según me acaba de informar el Sr. Corbett, será el más largo de nuestra historia, desde marzo hasta mayo- y en esa fecha descubriremos que la Subcomisión de Asuntos Monetarios no se ve afectada, pero que de repente, dos miembros de la Subcomisión de Seguridad y Desarme dejarán de tener derecho a convertirse en miembros, junto con tres miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos. 
Ciertamente, el Grupo Socialista aceptará encantado que esta nueva modificación entre en vigor al comienzo del próximo Parlamento. 
Pero eso es algo que debe proponer el Sr. Dell ' Alba, o de lo contrario, las consecuencias serán las que he descrito. 
Por último, agradezco una vez más al Sr. Dell ' Alba que haya resuelto un problema que, a diferencia de la última intervención del Sr. Wijsenbeek, tiene ciertamente una dimensión política y se trata de un problema que nos interesa resolver. 
Señor Presidente, al igual que el Sr. Ford, quisiera felicitar al Sr. Dell ' Alba por un informe excelente. 
Quizás para su temperamento radical italiano, la idea de compromiso despierta más recelos que para el pragmático británico. 
Por el contrario, considero positivo y ventajoso que el informe sea un compromiso muy sutil entre dos deseos, dos consideraciones, una de las cuales es que en las subcomisiones exista una amplia representación de opiniones y especializaciones, y la otra que se delimiten claramente las responsabilidades entre las subcomisiones y sus comisiones principales. 
No estoy muy seguro de que, si lo adoptamos tal como está, el informe tenga los efectos que teme el Sr. Ford. 
Al fin y al cabo, hasta ahora hemos hecho caso omiso de las disposiciones relativas a la interpretación. 
Sería un poco sorprendente si nos volviéramos más dogmáticos y más draconianos en nuestra aplicación como resultado de lo quizá aprobemos hoy. 
El Sr. Dell ' Alba, acertadamente, no ha insistido demasiado en el problema de que, en realidad, no se hace ningún caso de la actual interpretación. 
No me gustaría sentirme comprometido con la opinión de que si no se cumple una regla, ésta deba modificarse necesariamente. 
Si la regla es mala, debe modificarse; si la regla es buena, debe aplicarse. 
Es un principio válido en un ámbito mucho más general que simplemente en lo relativo al Reglamento. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Dell ' Alba por su informe. 
Es un informe breve, pero también importante. 
Ha permanecido durante mucho tiempo en comisión, ha tenido un largo período de gestación y a pesar de que el Sr. Ford propone- y creo que tiene razón- que aplacemos su nacimiento, seguirá siendo muy importante. 
Siempre es responsabilidad de la comisión principal enterarse de lo que está ocurriendo en sus subcomisiones. 
Una subcomisión tiene el deber de mantener informada a la comisión principal. 
Por ello, la comisión principal debe estar segura de que las subcomisiones tienen metas claras, son coherentes en la labor que realizan y de que existe una continuidad entre la subcomisión y la comisión principal. 
La anterior regla, que era muy clara, no se cumplía. 
Respaldo el argumento del Sr. Donnelly de que el mero hecho de que se ignore una norma, no es motivo suficiente para modificarla. 
Pero había una anomalía en el modo en que se estaba interpretando el artículo anterior, ya que la subcomisión podía celebrar una reunión- aunque es posible que nunca lo hiciera- en la que ninguno de los miembros de la subcomisión fuera en realidad miembro de la comisión completa. 
Ahora, con esta modificación del artículo, queda perfectamente claro que todos los miembros deberán serlo también de la comisión principal. 
Nos planteamos la posibilidad de que fuera la mayoría de los miembros, pero al final nos decidimos por la totalidad. 
Eso garantizará que las comisiones no sólo sean independientes, sino que además exista una interdependencia entre la subcomisión y la comisión principal. 
Por estos motivos, apoyaré el informe. 
En consecuencia, quisiera proponer, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Reglamento, que conste en Acta que la entrada en vigor de esta disposición se fijará cuando se reanuden los trabajos, después de las vacaciones de verano, por lo tanto, el 14 de septiembre, a fin de permitir adecuar la situación como se ha indicado. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la librecirculación de personas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0108/98) de la Sra. Schaffner, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre el informe del Grupo de Alto Nivel (C40181/97) sobre la libre circulación de las personas presidido por la Sra. Simone Veil. 
Señor Presidente, Señorías, antes de presentar este informe elaborado por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores sobre el informe del Grupo de Alto Nivel- presidido por la Sra. Veil -, que había encargado la Comisión, desearía hacer la siguiente observación. Lamento, en efecto, que dicho texto no esté disponible en versión francesa, y puedo muy bien imaginarme la dificultad que habrán tenido mis colegas al no poder apreciar en su totalidad un informe elaborado sobre la base de un informe del que no disponen de traducción. 
Pero, con todo, me sorprende esta ausencia de traducción puesto que las comisiones para opinión han trabajado sobre dicho informe: el Sr. Newman, en nombre de la Comisión de Peticiones, que es inglés; la Sra. Todini, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, que es italiana; la Sra. Thors, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, que es finlandesa; o la Sra. Glase, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que es alemana. 
No puedo explicarme este misterio. 
Para que mis colegas puedan eventualmente apreciar este informe, ayer acordamos que se sometiera a votación en un período parcial de sesiones posterior, pero temo que esta situación conduzca a un estancamiento. 
Intentaremos conseguir una traducción de este informe. 
La principal conclusión del Grupo de Alto Nivel consiste en que en líneas generales se aplica una legislación en materia de circulación de personas en nuestra Unión. 
De hecho, las dificultades obedecen sobre todo a problemas de aplicación en el ámbito administrativo, debidos a veces a la ignorancia de los funcionarios nacionales y también, en parte, a cierta falta de buena voluntad. 
Para allanar todas estas dificultades, el Grupo de Alto Nivel ha formulado 80 recomendaciones, sobre las que mi comisión y yo hemos reflexionado. 
Es cierto que nuestra Asamblea conoce muy bien estos problemas, tanto a través de la Comisión de Peticiones como del informe que nos proporciona regularmente el Defensor del Pueblo o simplemente por el conocimiento individual que de los mismos todos nosotros tenemos como diputados, que debemos atender a los requerimientos de los ciudadanos de base que se encuentran con dificultades. 
Por otro lado, no hay que olvidar que el Informe Veil no ha podido integrar los logros del Tratado de Amsterdam, por ser anterior. 
Nuestra Comisión de Libertades Públicas ha querido tener en cuenta dicho Tratado de Amsterdam, al prever la integración de los logros de Schengen en el marco comunitario y la posibilidad de tomar decisiones por mayoría. 
Hemos sentido la necesidad de definir la libre circulación de las personas de una manera mucho más amplia de lo que algunos imaginan a priori. 
La libre circulación supone evidentemente cruzar sin controles las fronteras, el derecho de libre establecimiento, pero también la posibilidad de participar en la vida económica, en particular los estudiantes y jubilados. 
No debe existir discriminación por motivos de nacionalidad. 
El derecho a la libre circulación es un derecho primario, pero se trata también de un derecho vinculado a la nacionalidad. 
La ciudadanía de la Unión Europea se adquiere con la ciudadanía nacional, con la nacionalidad, y también se pierde con la nacionalidad de un Estado miembro. 
Por lo tanto, deseamos una asistencia jurídica para permitir que los ciudadanos ejerzan este derecho, es decir, la creación de oficinas de asistencia, al menos en un centenar de ciudades de la Unión, y una legislación menos compleja. 
Los Estados miembros deberían establecer los instrumentos necesarios y decidir un acuerdo en el marco de la política de asilo, de inmigración, de visados y de fronteras exteriores. 
A falta de dicho acuerdo, la resistencia a la libre circulación procedería de los propios ciudadanos. 
La Comisión de Libertades Públicas ha subrayado la dificultad de resolver dichos problemas si se mantiene la regla de la unanimidad. 
Ésta es consciente de la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad. 
La comisión subraya asimismo la necesidad de completar el Reglamento 1408/71, para diferenciar las prestaciones de la seguridad social, que son "exportables» , de las prestaciones de la asistencia social, que están vinculadas a la residencia y que no son contributivas ni" exportables». 
Es conveniente allanar las dificultades prácticas en el marco de los permisos y los seguros y abordar los problemas de fiscalidad, ya que ésta también guarda relación con las prestaciones sociales. 
Hay que evitar que los ciudadanos puedan ser penalizados a causa del ejercicio del derecho de libre circulación. 
Pero hay que evitar, en cambio, que puedan jugar con distintas situaciones, sobre todo en las regiones fronterizas, para obtener un provecho. 
Para que sea efectiva, la libre circulación debe facilitar asimismo la reunificación familiar, tanto de los hijos y de los ascendientes que estén a cargo de sus hijos como de los ascendientes que no estén a cargo de sus hijos, aunque considero que estos últimos podrían gozar de un derecho específico a la libre circulación. 
Doy las gracias a todos mis colegas de las demás comisiones, quienes han formulado, a través de sus opiniones, numerosas recomendaciones que han apoyado ampliamente este informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimado ponente, el grupo de Veil ha hecho un trabajo excelente. 
Como dijo Schaffner, se trata ciertamente de problemas que han estado en conocimiento de este Parlamento durante muchos años. 
Sin embargo, se necesita un trabajo importante ahora cuando la circulación tiene que aumentar y va a aumentar en relación con el euro. 
Sabemos que todo ha ido bien en relación con las otras tres libertades, pero en esta materia no ha sido así, entre otras cosas, por la falta de herramientas jurídicas, pero también, creo yo, por la ausencia de voluntad política. 
Además, hemos despreciado demasiado la posición de los ciudadanos de terceros países. 
Lamento que ni siquiera el grupo de Veil haya podido ponerse totalmente de acuerdo sobre cómo resolver el asunto de los impuestos. 
El documento refleja también el hecho de que las normativas de las naciones ya no corresponden a la realidad de la gente. 
Existen diferentes tipos de circulación de personas: simplemente se desplazan entre los diferentes países miembros, se mueven en las regiones limítrofes viviendo en un Estado miembro y trabajando en otro y tienen vínculos sólidos con varios países miembros. 
Esto es algo sabido en el país de la Comisaria y en el mío. 
Hemos conocido casos de coches que han sido retenidos por las autoridades justamente en uno de ambos países porque consideran que una determinada persona tiene su verdadera morada en el otro país. 
Por eso quiero subrayar la propuesta del grupo de trabajo sobre la necesidad de una definición común de lo que se considera lugar de domicilio en materia de fiscalidad. 
Aquí deseo preguntar a la Comisión qué medidas ha tomado en relación con las propuestas presentadas por el grupo de Veil. 
En esta argumentación opino también que es importante destacar que hay una base jurídica en el Tratado, el artículo 100, que en otros asuntos fiscales ha contemplado el derecho a la coordinación. 
Además, estimo que hay que aprovechar la propuesta de que los países miembros puedan leer las llamadas smart card tratándose de seguros sociales. 
Sólo los expertos entienden el enrevesado formulario E 111 y otros parecidos. 
Es el momento de aprovechar la coordinación. 
Finalmente deseo decir que hay un error en la versión sueca referente a las funciones de los representantes nacionales, pero que no aparece en las demás versiones. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente. Ha realizado un gran trabajo. 
Como la Sra. Anne Karin Glase se encuentra hoy impedida, me permito exponer de forma extractada su informe en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. 
La complejidad de la problemática global exigía que nuestra comisión se limitase a los campos del acceso al empleo y a la situación social y familiar. 
La red EURES creada en 1994 tiene como objetivo la creación de transparencia para el mercado de puestos de trabajo europeo. 
Pero el punto flaco de este sistema sigue siendo que el banco de datos de puestos de trabajo contiene muy pocas ofertas. 
EURES es muy poco conocido entre los empresarios y trabajadores, por lo que es aún insuficientemente actualizado y empleado. 
Un problema que se produce en el sector privado es el reconocimiento de los certificados de capacitación. 
En lo que se refiere a las profesiones no reguladas, lamentablemente ni los empresarios ni tampoco los trabajadores reconocen el valor de la cualificación demandada u ofrecida en los otros mercados laborales. 
Los intentos realizados hasta ahora en este campo, han fracasado entre otras cosas ante los rápidos cambios profesionales y ante el hecho de que sólo se tienen en cuenta las titulaciones de formación básica pero no la experiencia profesional o la formación continuada. 
En lo tocante a las profesiones reglamentadas, entretanto se han logrado unos resultados realmente satisfactorios exceptuando algunos pocos puntos que están aún sin solucionar. 
En el sector público, debido a la poco desarrollada libertad de circulación de personas existente en este campo, la situación es diferente. 
Con frecuencia, para una colocación se exige la correspondiente nacionalidad. 
A la libertad de circulación de las personas van unidos derechos sociales y la situación familiar de los ciudadanos de la Unión. 
Las disposiciones basadas en los Reglamentos 1408/71 y 574/72 han hecho posible una efectiva coordinación entre muy diferentes modelos de seguridad social. 
A pesar de ello, quedan abiertas algunas cuestiones. 
Se puede diferenciar entre dos tipos: aquellas que se pueden solucionar en el marco de las normas existentes y aquellas en las que esto no es posible debido a las diferentes legislaciones nacionales existentes. 
Como complemento al principio de libertad de circulación de las personas, se incluye el derecho a la reunificación familiar en el país de acogida. 
En contrapartida, muchos beneficios sociales se reservan solamente a los nacionales del país. 
Surgen otros problemas cuando un cónyuge tiene la nacionalidad de un tercer Estado. 
A este respecto, se debería examinar a fondo qué normas del Reglamento 1408/71 se podrían aplicar. 
En caso de divorcio, debería conservarse durante un tiempo una protección mínima para no ejercer una presión potencial sobre uno de los cónyuges debido a una cierta dependencia. 
No obstante, no comprendo en absoluto que ciertos círculos del Parlamento Europeo, utilizando la situación familiar intenten hacer posible una inmigración hasta ahora injustificada. 
Esta tendencia se refleja, por ejemplo, en los puntos 9 y 14 de la opinión, por cierto, en contra de los votos del Grupo del Partido Popular Europeo. 
Señor Presidente, ante todo deseo felicitar a la ponente por su importante trabajo. 
La Sra. Schaffner nos propone, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, un excelente informe sobre las conclusiones del Grupo de Alto Nivel- presidido por la Sra. Veil -, relativas a la libre circulación de los ciudadanos. 
El importante resultado de estos trabajos es bien recibido y afecta tanto a los trabajadores como a los ciudadanos europeos. 
Nuestro Grupo, en efecto, aprueba la idea según la cual el ciudadano europeo migrante debe gozar del mismo trato que el ciudadano que no abandona su país. 
Todos los ciudadanos tienen el derecho de establecerse en otro Estado de la Unión Europea, de participar en la actividad económica, de que se le proteja contra todo tipo de discriminación basada en la nacionalidad y de gozar de un nivel social, familiar y cultural. 
En segundo lugar, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación del Parlamento Europeo, y a la vista de la reflexión de nuestra colega Todini, que hoy no puede estar presente, desearía insistir en algunos puntos que me parecen particularmente importantes, puesto que la Unión debe tender a la creación de una verdadera zona europea de movilidad. 
En líneas generales, puede constatarse que la información referente a las personas que circulan en la Unión Europea y destinada a éstas debe ser objeto de importantes mejoras. 
Continuemos, por ejemplo, la campaña " Ciudadanos de Europa». 
Hay que emplear todos los medios para facilitar el acceso al empleo en otro Estado miembro, lo cual no siempre ocurre en la práctica. 
El reconocimiento de las cualificaciones europeas debe reforzarse y completarse por el reconocimiento, no menos necesario, de la experiencia profesional y del perfeccionamiento. 
Hay que señalar que el acceso al sector público también ganaría mucho si se flexibilizase. 
¿Debo acaso repetir el interés que reviste el aprendizaje de las lenguas, para facilitar la libre circulación y los intercambios culturales? 
Finalmente, insistiré en la importancia de los programas comunitarios en materia de educación y formación. 
Es urgente que se den facilidades, sin trabas fiscales o en materia de seguridad social, para que nuestros jóvenes, nuestros docentes, sobre todo nuestros investigadores, y también los demás profesionales, puedan beneficiarse de los mismos. 
El marco legislativo de la circulación de las personas es, en conjunto, operativo. 
Quedan pendientes algunas cuestiones relativas a las deficiencias administrativas, que los Estados deben resolver. 
La construcción de la Europa del ciudadano es difícil. 
Desgraciadamente, en la práctica aún existen muchas situaciones complejas. 
Señor Presidente, Señorías, la colega Schaffner ha realizado un muy meritorio trabajo como ponente del Parlamento Europeo sobre un trabajo también muy meritorio del grupo de expertos de alto nivel bajo la Presidencia de la Sra. Veil. 
Aunque me permito decir por adelantado que tengo una opinión diferente a la de la Sra. Schaffner en casi todos los puntos- enseguida diré porqué -, tengo que felicitarla. 
Ha trabajado con gran cuidado y de este modo nos ha facilitado ver cuál es la interpretación que el lado conservador de esta Asamblea tiene de la libertad de circulación de las personas. 
Muchas gracias a la colega Schaffner por hablado claramente en su informe. 
Cuando se habla claramente se puede hacer algo. 
Ayuda a hacer visibles las diferenciaciones. 
La Sra. Veil plantea 80 propuestas y recomendaciones para superar las dificultades descritas por la ponente y coponente, a las que se ven enfrentadas las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea cuando intentan hacer uso de la libertad de circulación establecida en el Tratado de Maastricht. 
Tengo la sensación de que en el informe Schaffner aunque se toma nota de lo que dice la Sra. Veil, sin embargo luego se describe cómo se pueden endurecer aún un poco más las dificultades que la Sra. Veil quiere eliminar. 
En lo esencial, se trata de que diferenciemos, por lo que expreso también mis felicitaciones al Sr. Schiedemeier por haber hablado con tanta precisión aunque lo haya hecho sustituyendo a la Sra. Glase. 
En primer lugar: ¿quién se beneficia de la libertad de circulación de las personas? 
Los ciudadanos de la Unión dicen todos. 
Y la Sra. Schaffner dice que ciudadanos de la Unión son sólo aquellos que poseen la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea y que las ciudadanas y ciudadanos que están legalmente, de modo permanente y con todas las autorizaciones en la Unión Europea, no son ciudadanos de la Unión, sino de terceros Estados, por lo que deben ser tratados de otro modo. 
¿Qué pasa con el hombre de negocios norteamericano que, por ejemplo, trabaja para el Banco Chase Manhattan en Francfort y que vive allí con su familia, gana allí su dinero, lo gasta y participa en la vida? 
Solamente puede hacerlo en Alemania. 
Si es enviado a otro país, comienza para este hombre en la Unión Europea una fase muy difícil de su vida. 
Tiene que sortear toda una serie de obstáculos existentes en la Unión Europea contra ciudadanos de terceros Estados. 
Pongo como ejemplo expresamente a este hombre de negocios norteamericano porque no quiero ponérselo a sus Señorías tan fácil y hablar sobre otras personas que son las que realmente tienen in mente cuando se trata del debate sobre ciudadanos de terceros Estados. 
Les pregunto por ello: ¿que ocurre con este hombre de negocios norteamericano? 
Me parece muy bien que queramos crear oficinas de asistencia jurídica aunque no me parece tan bien que las y los ciudadanos de la Unión Europea sean asesorados allí por estudiantes, colega Schaffner. 
Creo que este asesoramiento jurídico cualificado debería ser realizado por personas con una formación terminada, con lo que no quiero menospreciar a los estudiantes pues, a veces, son más listos que diputados o abogados. 
El concepto de libertad de circulación de personas establecido en el Tratado de Maastricht tiene algo que ver con que las personas tengan los mismos derechos que el capital, los servicios y las mercancías. 
Se ha dicho que el capital, los servicios, las mercancías y las personas se pueden mover libremente en la Unión Europea. 
Esto lo garantizamos el 1-1-1993. 
Precisamente, en su informe se constata que se pueden introducir en cualquier momento del día o de la noche mercancías, servicios y capitales, al lugar que le dé la gana. 
Pero la libertad de circulación de las personas no se ha hecho aún ni mucho menos realidad en la " Unión de la Desconfianza» que usted desea. 
Señor Presidente, tomo nota con satisfacción de que ha permitido que el colega Schulz pueda hablar durante un minuto más y estoy totalmente seguro de que me lo concederá también a mí. 
En primer lugar, quiero decir sinceramente que considero el informe de la colega Schaffner algo mejor que el informe en que se basa. 
No obstante, no quiero negar mi reconocimiento tampoco al informe Veil y deseo indicar que hemos tomado nota con gran satisfacción del hecho de lo avanzada que está jurídicamente y en la práctica la libertad de circulación de personas en Europa. 
La constatación primera y fundamental de este informe es que en nuestros países existe una considerable libertad de circulación en provecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
Para culminar la libertad de circulación de personas, no se trata tanto de crear nuevas reglas como de hacer realidad las ya existentes en el espíritu de la libertad de circulación. 
También tienen que ver aquí algo todas las autoridades que se ocupan del tema y que a veces actúan de un modo algo meticuloso e interpretan el sentido de la libertad de circulación de un modo más estricto que generoso y amplio. 
El haber llamado la atención al respecto es el mérito del informe Veil y también de la Sra. Schaffner, quien así lo ha subrayado claramente. 
Naturalmente, hay problemas. 
Hay problemas, por ejemplo, en el acceso al empleo para los trabajadores. 
Por un lado, esto se debe a que los certificados y diplomas no han sido reconocidos aún por completo y también a que las lenguas en Europa no sólo puede ser algo que una sino también que separe a la hora de acceder a un trabajo. 
Yo tampoco tengo una solución para este problema. 
Otras instituciones multinacionales de la Historia han tenido con frecuencia un idioma común. 
Por ejemplo, el latín de la antigua Roma o los idiomas que se hablaban en los diversos imperios. 
No veo en ello un ejemplo para solucionar nuestro problema, pero sí me permito indicar al margen que el hecho de que no tengamos un idioma común que fomente la identidad es un problema. 
El Sr. Schulz ha llamado la atención sobre la situación jurídica de los ciudadanos de terceros Estados. 
De hecho, según el Tratado existe una diferencia entre pertenecientes a terceros Estados y ciudadanos de la Unión. 
Esto se fundamenta en los Tratados y el hecho de que los pertenecientes a terceros Estados no puedan reclamar los plenos derechos de los ciudadanos de la Unión es algo que depende en primer lugar de ellos mismos. 
Pueden decidir libremente adquirir la nacionalidad de un Estado miembro, pero la mayoría no lo quiere. 
Así pues, depende de una decisión propia eliminar una barrera de este tipo. 
Este informe demuestra que hemos logrado mucho en el tema de la libre circulación de las personas. Y hacer esto en un día en el que dos Estados, Austria e Italia, se han adherido a la libre circulación de personas y han sido acogidos en el área de Schengen, es algo que creo podemos destacar con orgullo, un orgullo por lo que ya hemos logrado. 
Muchas gracias, señor Nassauer. 
Quisiera decirle, en relación con el comienzo de su intervención- le pedía que se pusiera los auriculares- y la observación que ha hecho sobre el tiempo de uso de la palabra, que el Grupo Socialista, dada la ausencia del Sr. Newman, no ha hecho otra cosa que distribuir el tiempo que le correspondía entre dos oradores: un minuto para el Sr. Schultz y otro, aún no utilizado, para la Sra. Zimmermann. 
Se trata de un derecho potestativo de los Grupos políticos que no es competencia de la Mesa y por eso se ha atribuido un minuto más al Sr. Shultz. 
En cuanto a la facultad de la Mesa para permitir que los oradores puedan hablar un poco más, todos los Grupos políticos se han beneficiado de ese criterio mío indulgente. 
Señor Presidente, el informe de la Sra. Schaffner alude a temas que ocasionan problemas económicos, políticos y sociales a las personas o los ciudadanos que viven o circulan dentro de la Unión Europea. 
Quisiera felicitar a la Sra. Schaffner porque intenta dar respuestas y proponer soluciones relacionadas con dichos problemas. 
En ese sentido el informe de la Sra. Schaffner resulta muy progresista y en ningún caso conservador, porque conservador significa no proponer soluciones, no enfrentarse a los problemas. 
En cambio, progresista significa ser consciente de los problemas, proponer soluciones y enfrentarse a ellos. 
El problema no es si existe o no una legislación comunitaria sobre todos los temas. 
Sabemos muy bien que los tres órganos institucionales se han ocupado de estos asuntos. 
El problema consiste en que las legislaciones nacionales en los Estados miembros de la Unión Europea o no existen o no están reguladas en una dirección común, con una línea política común que facilite la solución de dichos problemas. 
Quisiera hacer referencia a un tercer punto: mi grupo votará gustosamente a favor del informe de la Sra. Schaffner pero estamos en desacuerdo con las enmiendas 8, 9 y con la segunda parte de la enmienda 11, por razones concretas, sustanciales y formales; porque tenemos la obligación de solucionar en primer lugar los problemas del ciudadano europeo, reforzando la cohesión social de Europa y después ocuparnos de los problemas de los que proceden de otros países. 
Señor Presidente, dentro de poco se introducirá la nueva moneda europea, el euro. 
Ésa es la pieza final de la libre circulación de capitales y mercancías. 
Desde luego que el diputado Schulz tiene razón al señalar que esa libre circulación de capitales y mercancías ahora, con la introducción del euro, está completamente regulada, pero que todavía existen fallos en la libre circulación de personas. 
El Grupo Veil ha realizado un buen trabajo y quiero decir desde estos bancos que estoy orgulloso de que la Sra. Veil haya sido presidenta del Grupo Liberal de esta Casa y más tarde Presidenta aquí, en el Parlamento Europeo. 
El texto denota su planteamiento liberal. 
Sin embargo, la libre circulación de personas no es todavía tan buena como a veces se sugiere. 
Debo recordar que hace poco hemos discutido aquí tres directivas a propuesta del Comisario Monti, que hemos adoptado y que ahora están en el Consejo, de las que no hemos vuelto a saber nada. 
Se refieren a la supresión de los controles de las personas en las fronteras interiores; a la libre circulación de los ciudadanos de otros países, de terceros países; y a la supresión de las limitaciones a la residencia de los trabajadores. 
El Consejo de Ministros debe mover ficha y creo que el Parlamento también debe retomar este debate y dar un nuevo toque de atención. 
Deben adoptarse disposiciones relativas a la organización, por supuesto, pero también otras. De entre las primeras extraigo una. 
Creemos que en la próxima Comisión Europea un único Comisario europeo debe ser responsable de todo el ámbito relacionado con la libre circulación de personas. 
Además, aunque las oficinas de reclamaciones son muy importantes, se trata más de que el funcionariado, especialmente la burocracia europea preste un servicio y sea más amable con el ciudadano. 
Señor Presidente, concluyo con una última frase. El Grupo Veil ha realizado un buen trabajo y la ponente también. 
Ahora tienen la palabra los responsables políticos y los funcionarios europeos. 
Señor Presidente, la libre circulación de personas en la Unión Europea debe ser uno de los primeros objetivos en la construcción de la Europa política, teniendo en cuenta que la libre circulación y su efectiva puesta en práctica está íntimamente vinculada al concepto de ciudadanía de la Unión. 
Es necesario mejorar muchas cosas para conseguir una verdadera circulación de personas en la Unión, y el informe del Grupo de Alto Nivel, presidido por la Sra. Simone Veil, así lo recoge en sus conclusiones y recomendaciones, señalando, sobre todo, que el principal problema en este ámbito es un problema de aplicación de directivas y reglamentos y no un problema de falta de legislación. 
Me gustaría destacar que tanto el informe del Grupo de Alto Nivel como el informe de la Sra. Schaffner han hecho hincapié en los problemas ligados a la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea, dejando en un segundo plano los problemas ligados a los ciudadanos de terceros Estados, que no son pocos. 
Si queremos construir una Europa integrada, pero a la vez solidaria y abierta a las aportaciones sociales y culturales de otras civilizaciones, también debemos ocuparnos de mejorar y hacer más transparente el estatuto jurídico de los nacionales de terceros Estados. 
Para conseguir una verdadera ciudadanía que tenga en cuenta a los ciudadanos de terceros Estados deben mejorarse los procedimientos de concesión de visado, debe existir una mayor información y transparencia en dichos procedimientos y hay que ampliar y reforzar el derecho a la reagrupación familiar, asegurando siempre el respeto de los derechos fundamentales y el derecho a un trato digno así como a la vida privada. 
En este sentido, también resulta necesario suprimir la desigualdad de trato establecida por algunas leyes nacionales de extranjería entre los ciudadanos de la Unión y los nacionales de otros Estados. 
La libre circulación de personas, según los Tratados, debe aplicarse también a los ciudadanos de terceros Estados que residan legalmente en la Unión y, por tanto, tenemos que reivindicar que estos ciudadanos sean tratados en lo relativo a sus derechos políticos, sociales y económicos de la misma manera que cualquier ciudadano de la Unión. 
En definitiva, debemos apostar por una Europa que considere el encuentro con otras culturas y civilizaciones como un enriquecimiento social y cultural, y no como un peligro para el orden público y la seguridad interna. 
Queremos una Europa abierta y solidaria, no una Europa convertida en una auténtica fortaleza. 
Señor Presidente, el documento del Grupo de Alto Nivel dirigido por Simone Veil sobre libre circulación de personas ha sido recibido favorablemente por Schaffner. 
Quizá sea posible que Schaffner por lo menos tenga algo de razón. 
Pero a pesar de una argumentación brillante y completa en el informe, es imposible poner el informe de Schaffner en relación con el documento del Grupo de Alto Nivel, ya que éste sólo existe en francés. 
Espero muy sinceramente que se ponga fin a esta situación inaceptable, en la que faltan documentos imprescindibles en uno o varios o idiomas. 
Esto mina la confianza de los ciudadanos tanto en los Diputados como en el Parlamento. 
Puesto que no sé mucho francés, aquí puedo comentar solamente el informe de Schaffner. 
La conclusión principal del informe es, a grandes rasgos, que la libre circulación ya se ha materializado. 
Creo que somos muchos los ciudadanos en la UE que no estamos de acuerdo y que continuamente tenemos problemas o encontramos personas que los tienen. 
El problema tampoco puede reducirse a un asunto burocrático-administrativo, sino que se debe obviamente a la voluntad del Consejo de realizar algo que se tuvo que haber hecho el 1 de enero de 1993. 
Es un término que se aplaza todo el tiempo y quisiera saber hasta cuándo. 
Lo que me sorprende enormemente como sueco es que en esta situación no se usen las experiencias y los conocimientos que el Acuerdo Nórdico de Libre Circulación de Personas, con cuarenta años de vida, puede ofrecer. 
Es un concepto diferente pero creo que en él hay mucho que es valioso. 
Schaffner hace una distinción tajante entre los ciudadanos de la UE y los de terceros países. 
Ella propone, incluso, una forma de discriminación. 
Leo en el punto 23 lo siguiente: » insto a la Comisión para que clara y contundentemente disponga que trabajadores de terceros países no pueden gozar de completa libertad de circulación» dentro de la Unión. 
Esto es, de acuerdo a nuestro punto de vista, totalmente inaceptable. 
La libre circulación tiene que regir para todos los que se encuentren legalmente en la Unión. 
Libre circulación es ciertamente algo más que mostrar el pasaporte. 
Schaffner está también de acuerdo con las medidas compensatorias. 
El Grupo de Los Verdes siempre ha reprobado las medidas compensatorias, y lo hace también en esta ocasión. 
Con ellas no hay libre circulación. 
Nos llevan a una zona gris, con controles. 
También rechazamos que en el documento se cuente con la cooperación de Schengen y con que el Tratado de Amsterdam ya está firmado y ratificado. 
Dos países celebrarán plebiscitos sobre el tratado de Amsterdam y no sabemos qué pasará. 
En la Unión y en el Parlamento no tenemos que ir tan rápido como para poner en vergüenza a la democracia. 
Señor Presidente, el informe Schaffner es un buen informe, y las felicitaciones de rigor deben dejar sitio a un sincero reconocimiento por la calidad de este trabajo. 
El mismo recoge las conclusiones del informe publicado por el Grupo de Alto Nivel, encargado por la Comisión, y subraya claramente las trabas, los reparos, que aún subsisten en el plano de la libertad de circulación de las personas, aunque con un tono moderado. 
Pero, para hablar claro, vivimos una situación realmente escandalosa y a todas luces inaceptable, de la que el Consejo, los Estados miembros y las administraciones nacionales son responsables. 
Escandalosa porque los Tratados imponían la instauración de una verdadera libertad de circulación a partir del 31 de diciembre de 1992, y hay que decir que hoy estamos en 1998. 
Escandalosa porque, a pesar de las repetidas sentencias del Tribunal de Justicia, que mantiene el rumbo firme en cuanto al respeto de los Tratados, la situación prácticamente no progresa. 
Escandalosa, finalmente, porque los gobiernos de los Estados miembros siguen siendo remisos a la hora de aplicar la libertad más importante para nuestros conciudadanos. 
En efecto, se han incrementado escrupulosamente los ajustes necesarios para que los capitales, los servicios y las mercancías circulen con facilidad. 
Los capitales y las mercancías son muy importantes. 
Pero con respecto a la circulación de las personas, los Estados y los gobiernos han efectuado todo tipo de maniobras para obstaculizar las iniciativas del Parlamento y de la Comisión tendentes a crear una verdadera Unión de ciudadanos europeos con libertad de movimiento. 
El Consejo es la institución clave con respecto a estos reparos. 
La pusilanimidad, las restricciones, los egoísmos intangibles apenas disimulados, frenan las responsabilidades de nuestros países. 
Los Estados miembros, que aplazan la puesta en práctica de las directivas que rigen la libertad de circulación, deben ser sancionados por no aplicar las decisiones del Consejo, a pesar de la falta de audacia de las mismas. 
En cuanto a las administraciones nacionales, éstas siguen fieles a su tradicional inmovilismo y pusilanimidad, y se niegan a aplicar las directivas, fomentando así el número considerable de peticiones sobre la libertad de circulación y de recursos ante el Defensor del Pueblo. 
La propia Comisión observa una gran moderación en el uso de su derecho de actuar legalmente contra los Estados miembros que cometen infracciones. 
Debemos saludar la iniciativa de reunir en un solo texto claro las disposiciones relativas a la libre circulación para que por fin estos textos, en su conjunto, sean accesibles a los ciudadanos y a los operadores del Derecho europeo. 
La propuesta de un único comisario responsable de la libre circulación de las personas se orienta en este mismo sentido y debe apoyarse activamente. 
Sin embargo, el informe adolece de un defecto bastante preocupante. 
En su apartado 23, expresa que los trabajadores de terceros países no tienen el derecho a la libre circulación de que disfrutan los ciudadanos de la Unión. 
Sólo pueden permanecer y trabajar en otro Estado miembro en el marco de la libre prestación de servicios de su empleador. 
Es sencillamente inaceptable. 
Debemos lograr una situación en la que cualquier persona que resida y trabaje legalmente en el territorio de un país de la Unión esté en regla en todos los países de la Unión. 
Debe estar estrictamente prohibido reconocer a un empleador el ejercicio de una libertad que suplanta la libertad de la persona humana. 
Creo que este texto original debe ser sustituido por dos enmiendas presentadas por la Sra. Zimmermann, las enmiendas 8 y 9. 
El voto de los miembros del Grupo de Coalición Radical Europea dependerá de la aprobación de estas últimas por la Asamblea. 
Señor Presidente, el informe del Grupo de Alto Nivel sobre la circulación de las personas en Europa ha decepcionado quizá a algunos de sus precursores, ya que no propone modificaciones fundamentales de la legislación actual, y podría ser por eso que los diputados tienen tantas dificultades para conseguir una traducción de dicho texto. 
Nunca se sabe. 
Por consiguiente, este informe considera que ya está establecido el marco legislativo general y que ahora es necesario ante todo esforzarse por aplicar correctamente los textos existentes. 
Como hablo y leo francés, he podido conocer el informe de base y puedo informar a mis colegas que dicho texto revela una falta de idea preconcebida, lo que contrasta gratamente con la literatura habitual sobre la cuestión. 
Por ejemplo, el informe no se opone sistemáticamente a los controles de personas en las fronteras entre los países miembros e incluso afirma que la abolición de los controles no podrá ir en detrimento de la seguridad. 
Asimismo, el informe se abstiene celosamente de mezclar la circulación de los ciudadanos europeos con la circulación de los ciudadanos de terceros países, como desgraciadamente ocurre a menudo en nuestras instituciones. 
Mejor aún, se subraya que el derecho de libre circulación de los ciudadanos europeos, según establece el Tratado, no debe entenderse necesariamente como el derecho de desplazarse o de residir sin cumplir con los requisitos específicos. 
Finalmente, el grupo de trabajo acaba con la idea de que la libre circulación de los ciudadanos de los países miembros significa que éstos deberán necesariamente gozar de los mismos derechos en todas partes. 
Por el contrario, cada Estado debe conservar algunas legislaciones propias, y, para simplificar la vida de 5, 5 millones de personas que han optado libremente por vivir fuera de su país, no puede complicarse la existencia de los otros 360 millones de europeos que viven en su país y no piden nada. 
Sería de desear que este principio basado en el sentido común se aplicara en todas las políticas europeas, y en particular con respecto a la moneda única. 
Una vez establecido este marco razonable, resulta más fácil examinar las propuestas presentadas, que son desiguales, algunas incluso cuestionables, como la referente a la función pública; pero hay otras que son interesantes, como los dispositivos que permiten seguir gozando de ciertos derechos sociales en caso de que se tenga que trabajar sucesivamente en varios Estados miembros. 
Señora Comisaria, me alegra que esté hoy presente. 
Estimadas y estimados colegas, si creemos que ya se ha logrado la libre circulación de personas en Europa, estamos muy equivocados. 
Muchos de nosotros han dicho ya algunas cosas sobre los muchos obstáculos pero creo que precisamente el informe del grupo de expertos del alto nivel de Simone Veil muestra también cómo se pueden lograr cambios. 
En los 80 puntos que se han incluido se ve muy claramente qué problemas existen. 
Problemas que yo misma conozco muy bien desde hace 27 ó 28 años. 
Desde 1970 vivo como holandesa en Alemania. 
Alguien podría decir: ¿y qué significa eso? 
Como ciudadana de la Unión no se tiene ningún problema. 
Les puedo mostrar muchos que tengo aún hoy. 
De este modo es algo más fácil, pero además tengo un permiso de residencia. 
Esquizofrénico, pero hay que decir que es así. 
Esto les pasaría a muchos de nosotros si quisieran hacer realidad lo que se dice en el Tratado de Maastricht. 
En el Tratado de Maastricht se dice también que aquí podría haber más personas que yo, que tienen otra nacionalidad a la del país que representan. 
También se dice allí que tenemos el derecho a realizar nuestro trabajo en un país y a vivir en otro, por ejemplo, como los trabajadores transfronterizos que viven en un país y tienen sus seguros en otro país. 
Conozco todos estos problemas- provengo de la región fronteriza de Aquisgrán- y sé qué dificultades hay allí. 
Pero ¿qué pasa si estas personas además se permiten hacer lo que ocurre en casi uno de cada tres matrimonios, es decir, divorciarse? 
Entonces se plantean los grandes problemas con los derechos a jubilaciones, seguros sociales, derechos relacionados con el subsidio familiar por hijos, etc. Se podrían indicar aún muchas más cosas. 
Saludo que nos ocupemos de este problema y que en el informe Veil se traten muchos aspectos de este tema. 
Pero solamente he hablado de los que tienen un pasaporte de la Unión. 
Veamos aquellos que no poseen un pasaporte de la Unión y que también- consciente o inconscientemente- quizás por los mismos motivos que yo no han cambiado de nacionalidad, pero que viven desde hace 30 años entre nosotros. 
Los hemos buscado para que trabajen para nosotros. 
Por así decirlo, han cumplido su labor y ahora tienen que decidir dónde se quedan. 
Estas personas tienen muchas dificultades. 
Cuando el Sr. Schiedermeier dice que esas personas quieren entrar por una puerta trasera, quiero decirle que este es un problema que yo tengo ahora. 
La familia en cuestión tiene la nacionalidad alemana; dos hijos hicieron su formación escolar en el extranjero y cuando tenían 16 años no estaban en Alemania, lo que significa que no tienen ningún derecho de residencia. 
Seis hijos viven en Alemania y tienen un derecho de residencia al igual que el padre y la madre. 
Los otros dos tienen que volverse. 
¿Qué Estado es éste que expulsa a estas personas y no les concede ni siquiera la oportunidad de quedarse entre nosotros? 
Si vemos que en la función pública- yo misma estuve 30 años en la función pública- solamente se permiten alemanes y que para los no alemanes existen a su vez muchas excepciones, como ninguna relación de trabajo permanente, etc., entonces creo que aún tenemos una gran tarea ante nosotros. 
Espero que se acepten nuestras enmiendas, pues sería una oportunidad para mostrar a los Estados miembros adónde queremos ir a comienzos del siglo XXI: a una Europa común donde todas las ciudadanas y ciudadanos, independientemente de la nacionalidad que posean, tengan los mismos derechos y oportunidades para construir entre todos esta Europa. 
Señor Presidente, no es muy frecuente que yo pueda, para alabar justamente el trabajo realizado por un ponente, suscribir las palabras del Sr. Schulz. 
Pero, en efecto, señor Presidente, creo que hay dos calificativos que se aplican al informe de la Sra. Schaffner: es equilibrado y está de acuerdo con el Tratado vigente. 
El Sr. Schulz ha dicho que el informe es «maastrichtiano». 
Bueno, si lo quiere decir, es «maastrichtiano». 
Está de acuerdo con el texto del Acuerdo vigente y, por lo tanto, lo suscribo. 
Señor Presidente, se han dicho hasta ahora muchas cosas con las cuales estoy de acuerdo. 
Permítame, por lo tanto, reflexionar sobre dos cuestiones de índole más general que me parecen de relevancia. 
En primer lugar, efectivamente, estamos en un territorio de frontera en donde lo acometido hasta ahora arroja luces y sombras. 
Desde luego sombras, señor Schulz, pero también luces y muchos logros. 
Y en respuesta a una excelente intervención del Sr. Pradier, he aquí mi primera reflexión: señor Pradier, efectivamente, la cuarta libertad está aún por desarrollar, pero no olvidemos que uno de los grandes logros del Tratado de Maastricht es que da carta de naturaleza política a esa cuarta libertad a través del artículo 8, a esa libre circulación de personas, y si eso es así, así ha de ser también el derecho derivado. 
Por lo tanto, además de la libre circulación de bienes y capitales, además de la libre circulación de servicios- sin olvidar tampoco, señor Pradier, que detrás de un servicio, como usted ha puesto de relieve, normalmente hay una persona que tiene los derechos que cualquier Estado social y democrático le reconoce -, la cuarta libertad- la libre circulación de personas- se constituye en eje político fundamental que traslada el centro de gravedad de la Unión Europea del binomio consumidor-mercado al binomio ciudadano-derecho. 
Ese es un gran logro y así hemos de destacarlo, con todas sus consecuencias. 
Por supuesto, a partir de aquí, el Tratado de Amsterdam nos plantea un reto: incorporar al acervo comunitario lo que hasta ahora es- lo vuelvo a repetir- el territorio de frontera de ese tercer pilar, de esa libre circulación de personas, en particular. 
Ese es nuestro reto y, qué duda cabe, este reto entraña muchos problemas. 
Pero además, está incluido en el Tratado de Amsterdam, y eso es un gran logro, un logro que habrá que desarrollar con todas las cautelas que sean necesarias. 
La segunda cuestión, que me parece relevante y que no se ha resaltado, es la necesidad de asegurar, de consolidar, el efecto directo del artículo 8 A. Porque si bien es cierto que los artículos 8 y 8 A sólo constituyen fundamentos jurídicos supletorios para la aprobación de normas de derecho derivado, el derecho de circulación y de residencia de los ciudadanos de la Unión se fundamenta en el propio Tratado y no en las directivas. 
Estos derechos son inseparables de la ciudadanía de la Unión, lo mismo que ocurre con los demás derechos contenidos en los apartados b) , c) y d) del artículo 8. 
El informe del Grupo presidido por la Sra. Veil defiende esta tesis del efecto directo y reclama que cualquier ciudadano de la Unión pueda invocarlo para fundar la aplicación del principio de no discriminación. 
Señalemos que el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado todavía, y esperemos que, próximamente, cuando se pronuncie, contribuya a consolidar esta tesis. 
De cara a la Comisión hay que señalar que, en los recursos que se están viendo en el Tribunal, la Comisión ha mantenido esta tesis del efecto directo. 
Pero, sin embargo, en el segundo informe sobre ciudadanía, que se está debatiendo en este Parlamento en estos momentos, la Comisión se limita a afirmar algo muy ambiguo: que lo lógico sería que los artículos 8 y 8 A combinados generasen derechos en materia de entrada y residencia. 
Pero, sin embargo, se remite en última instancia a los fundamentos jurídicos de los artículos 49, 54, 56 y 6 del Tratado. 
Entiendo, y con esto termino, señor Presidente, que hay que decir, además, que subsistiría una falta de un fundamento jurídico único para la libre circulación. 
Esos son, a mi modo de ver, los retos fundamentales que, a partir de aquí y con el Tratado de Amsterdam en la mano, debemos desarrollar. 
Señor Presidente, de las cuatro libertades que se mencionan en relación con el mercado interior es la libre circulación de personas la que todavía resulta dificultosa. 
Desde luego que sí ¿Se percataron en aquel tiempo los redactores del Tratado de la amplitud con que debería interpretarse esta libertad? ¿Y se imaginaron las consecuencias trascendentales que puede presentar la libre circulación de personas? 
Así, resultó que la supresión de las fronteras interiores en realidad solamente puede tener lugar a condición de que existan medidas compensatorias y una frontera exterior muy fuerte ¿Ha adelantado tanto a fin de cuentas el ciudadano con ello? 
La fortificación de la Unión en cualquier caso ha sido una consecuencia inevitable del ideal de fronteras abiertas. 
En el informe de la Sra. Schaffner se toma en consideración la aportación del Grupo de Alto Nivel relativa al debate sobre la libre circulación de personas. 
El informe Schaffner va, por lo que a mí respecta, demasiado lejos por ejemplo en la interpretación de las disposiciones del Tratado y en el ensalzamiento de la llamada Ciudadanía Europea, un concepto irreal, muy alejado del ciudadano, que debe imponerse mediante campañas de promoción. 
Las enmiendas tanto de los Verdes como de los Socialistas son verdaderamente inaceptables. 
En lo que respecta a los Verdes, la referencia al artículo del Tratado de Amsterdam que prohíbe las discriminaciones es innecesaria en un informe relativo a la libre circulación de las personas. 
No obstante, si se cita debe citarse enteramente ¿Por qué una enmienda que añade la orientación sexual y la edad a los minusválidos, pero no el sexo, el origen racial, la religión o las convicciones? 
Por lo visto, los socialistas con sus enmiendas quieren que los ciudadanos de terceros países tengan todavía más derechos que los ciudadanos de los países de la CE. La lógica de esto se me escapa. 
Actualmente, la situación es todavía ésta: un ciudadano francés puede establecerse libremente en los Países Bajos a condición de que pueda ganarse su sustento, ya que el interesado no es un ciudadano neerlandés al que se aplica la legislación neerlandesa. 
Por tanto, hay una limitación. 
Y en mi opinión, una limitación necesaria, de otra forma se originarían anomalías en el terreno social en los distintos Estados miembros. 
Si para los propios ciudadanos de la CE existen limitaciones, ¿por qué no deberían existir éstas para los ciudadanos de terceros países? 
Sí, ¿por qué deben conseguir éstos todavía más libertades que los ciudadanos de la CE? 
Estas enmiendas no son realistas y si se adoptan, seguramente votaremos en contra de este informe. 
Señor Presidente, al felicitar, en nombre de la delegación de Alianza Nacional, a la Sra. Schaffner, comprobamos también que el informe del Grupo de Alto Nivel representa una importante toma de conciencia del gran número de problemas que existen en el ámbito de la libre circulación de las personas. 
A pesar de que a lo largo de estos años las mejoras han sido notables, se advierte la necesidad de eliminar las distorsiones que siguen retrasando la plena aplicación de las disposiciones en esta materia. 
Leyendo el informe de la Sra. Veil se entiende que los principales problemas en materia de libre circulación de las personas son debidos no tanto a un vacío legislativo, sino más bien a un defecto de aplicación de las directivas y de los reglamentos, cuya complejidad a veces es desmedida. 
Existe, asimismo, un problema de adaptación del Derecho comunitario al Derecho nacional, dado que, en muchos casos, el primero se transpone sólo en parte y no en su totalidad orgánica. 
Se advierte, por lo tanto, la necesidad de poner orden; debemos emplearnos a fondo a fin de regular los diferentes aspectos de la materia sometida a examen con directivas y reglamentos únicos y evitar, así, el problema de una normativa compleja e indescifrable. 
Al mismo tiempo, a través de esta tarea de simplificación, se definirán mejor los derechos de los ciudadanos. 
El ciudadano que decide instalarse en otro Estado de la Unión debe beneficiarse de una igualdad de trato, respecto a quien no abandona su país de origen, y no debe ser penalizado por su elección. 
El concepto fundamental debe ser uno solo y basarse en la igualdad de trato, la lucha contra las discriminaciones y el respeto de los derechos humanos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, me gustaría empezar realizando un llamamiento a este Parlamento Europeo y a todos mis colegas, este Parlamento ha sido siempre el motor de la libre circulación de personas en tanto libertad fundamental. 
Espero que al discutir y votar el informe de la Sra. Schaffner esto continúe así. 
El Parlamento Europeo debe continuar reaccionando contra las tendencias que existen en muchos Estados miembros a fin de terminar con las barreras institucionales y reales que impiden la libre circulación de personas e incluso discriminan a los ciudadanos, por supuesto, por razón de nacionalidad. 
Quisiera centrar mi exposición en una cuestión particular, es decir, en la situación de los terceros países en el marco de la libre circulación de personas. 
En mi país, en Bélgica, existe actualmente un debate sobre el derecho de voto en las elecciones municipales de los inmigrantes que ya llevan años establecidos en nuestro país. 
Mi partido, el Partido Socialista, está a favor de ello, pero se trata de un debate terriblemente laborioso, un debate que debe enfrentarse con el miedo de las personas, con las reflexiones racistas. 
Sin embargo, es inimaginable cuántas otras discriminaciones existen respecto de ciudadanos de terceros países que, no obstante, están establecidos en Europa de forma permanente. 
En el ámbito del derecho de residencia, en el ámbito de las posibilidades de trabajar por cuenta ajena o establecerse por cuenta propia; e incluso, Sr. Schiedermeier, el derecho a vivir en familia, que es un derecho humano fundamental que figura en los convenios internacionales, no es una evidencia para estas personas y es cuestionado por usted. 
Aunque el mandato del Grupo Veil fue limitado, éste ha realizado buenas propuestas también a este respecto. 
Creo que nosotros, como Parlamento, debemos apoyarlas ¿O encontramos normal que un emigrante turco establecido en Genk no pueda buscar un trabajo en Aquisgrán, que se encuentra a 35 kilómetros, mientras que su vecino italiano sí lo puede hacer? 
¿Tal vez, encontramos normal que los jóvenes turcos deban solicitar un visado para ir a Londres con su equipo de fútbol, mientras que su amigo español no lo necesita? 
¿Encontramos entonces normal que las personas de terceros países en muchos casos no puedan hacer venir a sus familiares enfermos, a sus padres enfermos, incluso si se hacen cargo de su sustento? ¿O, tal vez es humano que una mujer abandonada por su marido todavía pueda ser expulsada del país única y exclusivamente porque no es ciudadana de la Unión Europea? 
Mi grupo, Señorías, está a favor en cada caso de la supresión de toda forma de discriminación entre ciudadanos de los Estados miembros, entre los ciudadanos de la Unión y los ciudadanos de terceros países que están establecidos aquí de forma permanente. 
Éste es el significado de algunas de nuestras enmiendas. 
Por lo demás, observo que se ha dado un paso adecuado en esta dirección tanto en el Grupo Veil como en algunas propuestas que la Comisión ha presentado recientemente; y espero que sus Señorías puedan apoyar nuestra filosofía. 
No obstante, tras este debate, no me hago más ilusiones sobre la actitud de algunos de los grupos de este Parlamento. 
Doy las gracias por el momento a los miembros de ARE y a los verdes, y a todos aquéllos que apoyarán de buen grado nuestras enmiendas. 
Señor Presidente, la libre circulación dentro de la Unión es para los ciudadanos quizá la más concreta expresión de la cooperación europea. 
Se podrá elegir vivir y trabajar en diferentes países y en qué país avecindarse por un tiempo largo o corto. 
En el plebiscito sobre la adhesión de Suecia a la UE fue justamente la libre circulación uno de los argumentos decisivos para la adhesión. 
Sin embargo, muchas personas que trabajan al otro lado de las fronteras tienen todavía problemas para obtener sus jubilaciones y pensiones y dificultades para establecerse en otros países. 
La libre circulación está en vías de realización pero ciertos gobiernos la frenan. 
Aquí hay motivos para mostrar ejemplos y llamar la atención. 
Por esta razón quiero poner sobre la mesa el tema de Thor. 
En la UE impedimos la discriminación de ciudadanos de otros países, pero ¿está en consonancia con el Tratado la discriminación de los propios ciudadanos del país? 
En Suecia hay muchas empresas que necesitan personal altamente calificado y que luchan con el problema a la hora de contratar a personas idóneas. 
La compañía de telecomunicaciones Ericsson ha amenazado trasladar todo el departamento de investigación y la dirección de la empresa a otro país si la compañía no puede contratar personas del extranjero con conocimientos de tecnología punta para trabajar en Suecia. 
Sin embargo, esas personas no quieren hacerlo a causa de los impuestos. 
Para resolver el problema de los elevados impuestos quiere el gobierno sueco establecer rebajas impositivas especiales basadas en la nacionalidad. 
Los trabajadores suecos de a pié tendrán que seguir viviendo con un impuesto a las rentas del trabajo de más del 50 por ciento, al mismo tiempo que los trabajadores con altos estudios, de fácil desplazamiento, serían redimidos de los impuestos- esto, como es sabido- con el beneplácito de la Comisión, que así apoya el dumping de impuestos en aras de la localización de empresas. 
Esas excepciones para los trabajadores con altos estudios va a conservar una política fiscal que, de otro modo, habría sido inviable. 
La libre circulación nos llevaría, en otro caso, a la obtención de impuestos más bajos e igualación de condiciones entre los países miembros. 
La competencia fiscal actual ha demostrado que una menor presión fiscal fomenta el establecimiento de nuevas empresas. 
Pero si los que se quedan en el país son discriminados, o si los que se van están obligados a seguir pagando impuestos en el país de origen, entonces desaparece la confianza en la UE. 
Ahora se cimienta en nuestro país el principio de estándar de vida según la nacionalidad y con eso se establece el principio de diferentes remuneraciones para diferentes trabajos. 
Los países nórdicos son un muy buen ejemplo tratándose del Acuerdo Nórdico de Libre Circulación de Personas, pero uno muy malo tratándose de los impuestos. 
¡Todavía hay muchísimo que hacer por la libre circulación y la libertad! 
Señor Presidente, permítame decir, para comenzar, que intervengo no sólo en nombre del Grupo Socialista, sino también y particularmente, en nombre de los diputados Laboristas británicos que apoyan firmemente las propuestas y los objetivos del Grupo de Alto Nivel encabezado por Simone Veil. 
Detectamos numerosos problemas que limitan la libertad de circulación, en particular, la falta de conocimientos de idiomas y el no reconocimiento de los títulos académicos obtenidos en otros Estados miembros, aspecto sobre el que hace un año presenté una opinión en nombre de la Comisión de Cultura. 
También está la cuestión de la coordinación de las prestaciones sociales y de las pensiones. 
Todas estas cosas son obstáculos. 
Continuamente nos recuerdan que necesitamos la libertad de circulación o de lo contrario, la situación no funcionará en Europa, y que la economía de libre mercado funcionó en los Estados Unidos gracias a la libre circulación. 
Ciertamente en el pasado, muchos de los grupos que se desplazaban de un lugar a otro en los Estados Unidos, las comunidades judías, las comunidades negras, terminaron en guetos donde llevaban vidas de ciudadanos de segunda clase. 
No es eso lo queremos aquí. 
Apoyo firmemente las enmiendas al presente informe presentadas por la Sra. Schaffner para garantizar que todas las personas que residen legal y permanentemente en los Estados miembros no son tratadas como ciudadanos de segunda clase, sino que gozan de los mismos derechos de libertad de circulación y de participación en cualquier tipo de actividad legal en que deseen participar como los ciudadanos de los Estados miembros. 
Antes de terminar, debo decir que hay tres puntos en el informe que resultan especialmente difíciles para los diputados Laboristas británicos, a saber las letras A y L y el apartado l. 
Son relativos a la necesidad de garantizar la abolición total de los controles fronterizos, y parecen pasar por alto la opción de exclusión durante cinco años en este ámbito, aprobada en la Conferencia de Amsterdam en junio del pasado año. 
Creo que las repercusiones del Acuerdo de Amsterdam deben ser tenidas en cuenta en este asunto, y nos veremos obligados a votar en contra de dichos puntos, aunque espero que no tengamos que oponernos al informe en su totalidad. 
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, yo también quiero agradecer a la ponente y al Grupo de Alto Nivel, presidido por la Sra. Veil, su trabajo. 
Creo que uno de los logros más importantes de la Unión Europea es el mercado único, que tiene un alcance mucho más amplio que el puramente económico. 
Este mercado único supone también nuevas libertades y oportunidades para los ciudadanos en su condición de empleados, de consumidores o de miembros de una familia. 
Hoy, ser ciudadano comunitario ha adquirido por tanto una nueva dimensión. 
Sin embargo, debemos ser conscientes de que todavía subsisten muchas dificultades para conseguir la completa realización de esta libertad de circulación que debería ser un hecho desde 1993. 
La conclusión general es que la legislación existente es suficiente. 
El problema que hay que resolver, por tanto, es el de velar por que las normas comunitarias sean efectivamente aplicadas, y éste- creo- es un gran reto. 
Como miembro de la Comisión de Peticiones y de la Comisión de Cultura puedo asegurarles que los problemas, principalmente de reconocimiento de las cualificaciones profesionales y de diplomas académicos, los problemas relacionados con los permisos de residencia, o temas tan cotidianos como la utilización de vehículos de motor, repercuten directamente en la vida privada y personal de los ciudadanos y sus familias. 
No podemos tampoco olvidar que la información insuficiente sigue siendo una de las causas principales no sólo de los obstáculos a la libre circulación, sino también de un gran número de decepciones cuando los ciudadanos se dan cuenta de que sus expectativas no son compatibles con el Derecho comunitario. 
Por ejemplo, un gran número de personas no es consciente de los pasos que hay que cumplimentar para que les sean reconocidas sus prestaciones sociales cotizadas en otro Estado; o, por poner otro ejemplo, los costes de las transferencias de dinero al extranjero constituyen un grave inconveniente para las personas que- como los jubilados- residen largos períodos fuera de sus países. 
En mi opinión, y coincido en esto con el informe, las lagunas de este tipo podrían remediarse reforzando las campañas de información sobre los derechos de los europeos. 
Asimismo, es necesario promover la cooperación administrativa entre órganos e instituciones nacionales y comunitarias con el fin de lograr la transparencia y la comprensión de la legislación comunitaria, lo que conlleva para el ciudadano una mayor facilidad a la hora de saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. 
Sería también de gran ayuda la posibilidad de realizar cursos de formación para los funcionarios de órganos administrativos en torno a los problemas más habituales con los que se encuentran, para que éstos se pudiesen resolver de forma más cercana a los ciudadanos. 
Por último, me gustaría resaltar las medidas que se presentan en el ámbito de la educación. 
El aprendizaje de las lenguas, los intercambios culturales y la consideración de los problemas de los becarios y aprendices son también problemas a los que debemos prestar una especial atención. 
Señorías, la construcción de un espacio educativo común es, en mi opinión, el puntal más importante para conseguir nuestro último propósito, que es la construcción de un verdadero espacio de libertad y seguridad en el seno de la Unión Europea y por el que debemos trabajar todos. 
Señor Presidente, estimados Diputados, doy la bienvenida al informe de Schaffner sobre el documento acerca de la libre circulación de personas elaborado por el Grupo de Alto Nivel bajo la dirección de Simone Veil. 
La libre circulación y el derecho a avecindarse libremente dentro de la Unión son unas de las libertades fundamentales y que parecen necesitar mucho, mucho tiempo para realizarse. 
Esta fue también la razón por la que la Comisión nombró este grupo de trabajo. 
La misión era, por una parte, estudiar los impedimentos concretos que existen para la libre circulación de personas dentro de la Unión y, por otra, formular soluciones adecuadas. 
La conclusión del grupo de trabajo fue que, en gran medida, ya existe legislación para la libre circulación de personas, pero que la mayoría de los problemas pueden ser identificados y resueltos sin modificaciones a esa legislación. 
El grupo opina que el mayor problema sería la aplicación de esos derechos. 
Para facilitar a los individuos el ejercicio de esos derechos también en la práctica, el grupo de trabajo ha formulado cerca de ochenta recomendaciones que se refieren fundamentalmente a la calidad de la información, a los derechos que atañen a la libre circulación, a una mejor cooperación entre los Estados miembros, a la capacitación de los funcionarios nacionales y a facilitar la búsqueda de empleo a quienes desean trabajar en otro Estado miembro. 
Yo pienso que el debate de hoy trata justamente de estos problemas. 
Se habla en el documento de los ciudadanos de terceros países. 
Principalmente se destaca la coordinación de los sistemas de seguridad social que tienen que ampliarse para alcanzar, en todo o en parte, a esos ciudadanos. 
Además, el grupo recomienda una mayor movilidad de los ciudadanos de terceros países que trabajan en el sector de los servicios. 
El documento plantea también la movilidad de los familiares del ciudadano del tercer país. 
Sin embargo, yo me había esperado de este documento un posicionamiento de principios para los ciudadanos de terceros países que permanecen legalmente en nuestros quince países miembros. 
Creo que ellos se lo esperan de nosotros. 
El ponente Schaffner corrobora las muchas y valiosas recomendaciones entregadas por el Grupo de Alto Nivel. 
Algunas de esas recomendaciones se discuten aquí en el Parlamento, por ejemplo, la propuesta de derechos de jubilación complementarios para trabajadores que se trasladan dentro de la Unión y la propuesta de ampliación del sistema de seguridad social a los ciudadanos de terceros países que se trasladan dentro de la Comunidad. 
Estoy de acuerdo con la opinión de Schaffner de que se necesitan considerables aportaciones en materia de información, tanto a las personas como a las autoridades. 
Como la Asamblea sabe, la Comisión también ha tomado iniciativas en este terreno. 
Ejemplo de esto es la campaña de información sobre la Europa de los Ciudadanos que se lanzó en 1996 y el Programa Carolus para intercambio de funcionarios entro de las administraciones de los Estados miembros. 
El objetivo aquí es que la legislación que rige para la libre circulación en el mercado interno también deberá aplicarse en la práctica por todos nuestros funcionarios. 
Necesitamos, en otras palabras, funcionarios que den buen servicio a todos nuestros ciudadanos. 
Para poder responder a las peticiones que el documento hace a la Comisión, quiero también nombrar otras dos medidas importantes que se han presentado y que contribuirán a la realización del principio de la libre circulación. 
La primera iniciativa es un plan de acción para el mercado interior. 
Uno de los objetivos de ese plan es la creación de un mercado interno que favorezca a todos los ciudadanos. 
Para alcanzar esto se lleva a cabo actualmente un trabajo para erradicar los controles de personas en las fronteras, revisar la reglamentación sobre residencia, protección de los derechos sociales y facilitar aún más el movimiento de las personas en los mercados de trabajo dentro de la UE. 
Se toman medidas también para mejorar el diálogo con los ciudadanos. 
La otra iniciativa que me gustaría destacar es un plan de acción para la libre circulación de trabajadores que la Comisión aprobó en noviembre de 1997 y que también se refiere a muchas de las recomendaciones presentadas por el grupo de Veil. 
Otras recomendaciones presentadas por el grupo de Veil se encuentran en el Tratado de Amsterdam. 
La Comisión trabaja tan velozmente como puede para poder aplicar esas modificaciones del Tratado en la práctica política. 
Tanto el documento del Grupo de Alto Nivel como el informe Schaffner constituyen buenos cimientos para continuar los debates acerca de las medidas concretas que se necesitan para plasmar una verdadera libre circulación para los ciudadanos de Europa. 
Muchas gracias, señora Gradin. 
El debate queda cerrado. 
La votación queda aplazada hasta que el documento de base esté disponible en todas las lenguas. 
Ampliación y cooperación en los ámbitos dela justicia y de los asuntos de interior 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0107/98) del Sr. Posselt, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre las repercusiones de la ampliación de la Unión Europea en lo que respecta a la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior. 
Tiene la palabra el Sr. Schulz para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, me remito al artículo 96 del Reglamento y le ruego que no abra ahora el debate. 
Fundamento mi solicitud como sigue: nos quedan 6 minutos hasta el comienzo de la votación. 
Cualquiera que venga regularmente a esta Asamblea sabe qué es lo que va a pasar en pocos momentos, a saber, una entrada muy indisciplinada de masas de diputados a los que sólo les interesa que comience la votación pero que no tienen ningún interés en el debate. 
Lo lamento por los colegas Posselt y por la señora ponente Spaak así como por las oradoras y oradores que deberían hablar esta tarde. 
Sin embargo, debemos hacer justicia a la dignidad del Parlamento y que los debates se mantengan en una forma en cierto modo aceptable y esto no es posible hacerlo ahora. 
En segundo lugar, señor Presidente, le ruego que presente a la Mesa del Parlamento la protesta al menos de los miembros socialdemócratas de la Comisión de Asuntos Interiores. 
En cada ocasión, tenemos el extraordinario placer de poder debatir nuestros informes en momentos como el actual, lo que considero inadecuado ante la importancia de los temas. 
Quizás se pueda tener en el futuro en cuenta en la planificación de los horarios. 
Corresponde a la presidencia decidir el aplazamiento del debate. 
Veo, por los aplausos, que hay conformidad, pero daré la palabra al ponente, Sr. Posselt, para que indique su posición. 
Señor Presidente, lamento las circunstancias que han movido al Sr. Schulz a hacer estas justificadas declaraciones. 
Las considero justificadas y quiero decir con toda claridad que en nombre de mi grupo político, pero también como ponente, quiero protestar por el modo y forma con que se dirige esta sesión. 
No tengo en absoluto nada en contra de que se debatan informes el jueves por la tarde o el viernes por la mañana. 
Yo estoy en cualquier caso aquí y creo que cualquier día y hora de sesiones tiene el mismo peso e importancia. 
Sin embargo, creo que hay determinados temas que interesan a un amplio espectro de la opinión pública y entre ellos no se incluye sin duda la cuestión de orden de enorme importancia que hemos tratado esta mañana, que nos afecta internamente pero que no interesa en absoluto a la opinión pública. 
Quiero protestar contra el absurdo de que debatamos sobre cuestiones de orden que afectan a esta Asamblea por la mañana, a la hora más eficaz para la prensa y que aplacemos para la noche los temas que más despiertan el interés del público. 
De acuerdo con lo que se ha manifestado, propongo a la Asamblea aplazar el debate hasta las 5 de la tarde. 
(El Parlamento da su conformidad) 
(La sesión, interrumpida a las 11.55 h., se reanuda a las 12.00 h.) 
Bienvenida 
Señorías, tengo el placer de saludar hoy a la delegación de 12 miembros del Parlamento de Malta, que se encuentran en la tribuna oficial, y viene encabezada por su Presidente, el Sr. Spiteri. 
La delegación ha venido a Estrasburgo con ocasión de la décima reunión de la comisión parlamentaria mixta. 
Han celebrado reuniones hoy con sus colegas del Parlamento Europeo, tanto sobre la Agenda 2000 como sobre las relaciones de Malta con la Unión Europea y sus perspectivas futuras y han mantenido intercambios de opiniones sobre los distintos ámbitos de la cultura, educación, investigación y desarrollo, cooperación en política sobre inmigración y lucha contra el terrorismo y tráfico de drogas, y política mediterránea de la Unión, en especial el proceso euromediterráneo. 
Les deseo una estancia agradable y un debate muy fructífero. 
Tiene la palabra el Sr. Chichester para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, quería expresarle mi agradecimiento por haber previsto una interrupción de los trabajos entre los debates de esta mañana y el inicio de las votaciones de las 12.00 horas para permitir que los diputados ocupen sus escaños. 
Lamento que algunos colegas hayan tardado tanto en hacerlo, pero muchas gracias de todos modos. 
Votaciones 
El Sr. Dell ' Alba tiene la palabra para hacer una precisión sobre la fecha de entrada en vigor. 
Señor Presidente, deseo confirmar únicamente lo que pedí durante el debate, esto es, que esta disposición pueda entrar en vigor el 14 de septiembre, a fin de que las subcomisiones afectadas tengan tiempo de adaptar su actividad a esta nueva reglamentación. 
(El Parlamento aprueba la decisión) 
Señor Presidente, rogaría que se hiciera una revisión de las traducciones en las distintas versiones lingüísticas; sobre todo, en la versión alemana, donde he constatado que algunas traducciones pueden inducir a errores de comprensión. 
Antes de la votación sobre el apartado 8 
Señor Presidente, desearía intervenir antes de la votación de la enmienda de transacción 22, relativa al conjunto del apartado 8. 
En caso de ser aprobada, la misma sustituiría dos enmiendas: la enmienda 11 del Grupo GUE y la enmienda 19 presentada por el Grupo Europa de las Naciones. 
Naturalmente, por tratarse de una enmienda de transacción, se somete a votación en primer lugar. 
Ahora bien, nuestra enmienda 19, relativa al apartado 8, sexto guión, tenía dos objetivos. Por una parte, añadir el texto " uso más riguroso» ; por otra, suprimir una parte. 
Yo estoy totalmente dispuesto a suprimir el añadido de nuestra enmienda 19, pero ¿sería posible votar por separado el texto que se pretendía suprimir por esta misma enmienda 19, es decir, este sexto guión del apartado 8A: " la eventual incorporación del FED en el presupuesto comunitario»? 
Esto es lo que solicito. 
La enmienda de transacción no excluye las enmiendas que usted ha mencionado. 
Se someterán después a votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Supongo- es una observación dirigida al Consejo de Ministros, quienes deberían escuchar- que la positiva votación que ha realizado el Parlamento no significa que de este modo se produzca automáticamente la transferencia de los créditos de la reserva a la línea, sino que esperamos que las promesas realizadas por parte de la Presidencia del Consejo en esta Asamblea se respeten también a la hora de aplicar la resolución en el Consejo. 
Si no fuese así, los créditos permanecerán en la reserva para que aquellos que tienen que decidir en el Consejo tengan claro que esta opinión no es sólo una opinión para el " apartado P» , es decir, para la papelera, sino que debe recogerse en la directiva, tal como lo hemos acordado aquí. 
Señor Presidente, lo que ha acaba de decir el colega Samland en nombre de la Comisión de Control Presupuestario es algo que, naturalmente, teníamos claro. 
En la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa se comparte sin fisuras esta posición. 
Creo que el Consejo y el Presidente del Consejo tienen la conciencia de que ahora tienen que actuar para poner créditos a disposición de Bosnia-Herzegovina. 
La Comisión de Asuntos Exteriores apoya plenamente lo que ha dicho el colega Samland. 
Señor Presidente, ayer en la respuesta del Sr. Henderson a mi ruego para que expusiese su opinión sobre los diferentes puntos, tuve la impresión de que existe una disposición a hablar y de que esta actitud va a perdurar durante las próximas semanas. 
En cualquier caso, tras esta votación, considero que mi mandato como representante de la Comisión de Asuntos Exteriores y también del Parlamento, significa que debo a mantener aún una conversación con el Sr. Henderson sobre los puntos que todavía no ha podido aprobar, para lograr que nuestras ideas se apliquen al máximo. 
Hay que hacer realidad aún algunos importantes puntos que afectan a la capacidad de actuación de la Comisión. 
Debemos lograr esto no sólo en interés del Parlamento sino también de la Unión Europea en su totalidad, para que nuestra ayuda a Bosnia Herzegovina sea por fin efectiva y podamos equipararnos a los norteamericanos. 
Señor Presidente, no quiero iniciar un debate, pero para que entendamos la relación que existe entre lo que recomendaba la Comisión de Asuntos Exteriores y lo que acaba de decir mi colega, el presidente de la Comisión de Presupuestos, quisiera confirmar para que conste en Acta, que me impresionó lo que dijo ayer en respuesta a nuestras enmiendas el Sr. Henderson, en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo desde el escaño de la Presidencia. 
Estoy convencido de que ahora tendremos tiempo de proseguir el debate antes de que el Consejo adopte una decisión definitiva. 
No quiero retrasar, al igual que tampoco la Comisión de Asuntos Exteriores quiso retrasar en ningún momento, la entrega de ayuda a Bosnia ni tampoco retrasar esta normativa. 
En el ámbito más amplio de nuestras relaciones con el Consejo con respecto a la PESC y otros asuntos, considero importante que exista un consenso total entre los Grupos de esta Asamblea, que es el motivo por el que no he insistido antes en este asunto, como usted sabe que podríamos haber hecho. 
Ahora me basta con las promesas que nos ha hecho el Sr. Henderson y estoy seguro de que podremos avanzar, y me sentaré antes de que usted golpee la maza. 
Muchas gracias, señor Spencer. 
Pero su intervención hubiera quedado mejor entre las explicaciones de voto. 
Proseguimos con las votaciones. 
Señor Presidente, votaré en contra de esta enmienda que hace referencia a un sistema ISBT-128 de codificación. 
Votaré en contra, primeramente, porque el autor no ha sido capaz de explicarme en qué consistía este sistema, y debo señalar que cuando se presenta una enmienda con referencias como esta, al menos tienen que proporcionarse los documentos correspondientes. 
Es un sistema de codificación de barras, de inspiración norteamericana, y que costará caro, mientras que existe un sistema de codificación muy simple, un sistema eurocódigo, que no costará casi nada. 
Creo que en estas condiciones, no cabe ninguna duda: hay que rechazar esta enmienda. 
Después de la votación sobre el texto del punto 8 del anexo II 
Señor Presidente, sentimos muchísimo que en toda esta fila de asientos de aquí atrás no haya funcionado ninguna máquina de votar- lo que se puede comprobar- y todos habríamos votado en contra. 
No ha sido posible. 
No sabe usted lo que lo siento. 
Tomaremos nota para el Acta e irán los funcionarios a comprobarlo. 
Señor Presidente, aquí también fue un fila completa, un bloque completo de maquinas de votación que no ha funcionado ¿Podría repetir la votación? , ya que tengo la idea de que aquí hay un motivo oculto para desconectar todas nuestras máquinas. 
Señor Wijsenbeek, como presidente que ha sido usted de la Comisión de Reglamento, sabe que una vez proclamado el resultado de una votación no se puede repetir. 
Señor Presidente, le ruego que mande repetir la votación. 
En la traducción alemana se han traducido sus palabras de modo siguiente: por favor, levantar claramente la mano. 
Nadie se ha percatado de que se trataba de una votación electrónica. 
Por ello, es necesaria una repetición. 
Efectivamente, ha podido haber un error de interpretación en mis palabras. 
Eso sí me lo creo. 
(El Presidente procede a repetir la votación) 
Señor Presidente, no sé de qué depende, pero en estas últimas votaciones existe una clara divergencia entre las cifras que usted lee y las cifras que mi grupo tiene en su lista de votación, que coinciden con las cifras de que disponen otros grupos. 
Por esta razón existe una verdadera confusión respecto de lo que exactamente debemos votar ¿Podría mencionar los números, señor Presidente? , ya que tengo registradas votaciones, por ejemplo, sobre la enmienda 21, la enmienda 25 y sobre algunas partes de texto original en las que, por lo demás, no está del todo claro de que se trata. 
Señor de Vries, acabamos de someter a votación el texto original del punto 8 del anexo II. 
Después de la votación sobre el anexo III 
Señor Presidente, quisiera informarle que estoy presente en la Asamblea, estoy votando y mi máquina funciona. 
Muchas gracias, señor Falconer. 
Así se hará. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. 
¿Podría informar a la Asamblea, antes de que comencemos con el informe de la Sra. Lalumière, si habrá votaciones nominales en el transcurso de la votación? 
Creo que no hay ninguna votación nominal, señora Jackson. 
Lo iré anunciando a medida que se sometan a votación los textos. 
Señor Presidente, ¿no cree que la información que acaba de facilitar a la Sra. Jackson va en contra del objetivo del ejercicio? 
Si sabemos que no habrá votaciones nominales, todos podemos marcharnos ahora a almorzar. 
Señor Falconer, estoy convencido de que los diputados de esta Asamblea no necesitan que les indiquen por anticipado si hay o no votaciones nominales para cumplir con su obligación. 
Antes de la votación sobre la enmienda nº 5 
Señor Presidente, como las enmiendas del Grupo del PPE y del Partido de los Socialistas Europeos se oponen fuertemente en sus objetivos, estamos de acuerdo con la del Grupo Socialista si éste está de acuerdo en colocar detrás de la palabra "Rusia» la palabra" democrática». 
La frase sería entonces: " considera necesario que la Unión Europea a una Rusia democrática... » 
(El Parlamento da su conformidad a la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, el aire aquí no solamente está muy caliente sino que además es asfixiante, lo que hace que se reduzca la atención. 
Le ruego que se revise para que a las 15.00 horas tengamos un aire mejor en esta sala. 
Lo traslado a los servicios de la Asamblea para que comprueben su solicitud y la pongan en práctica. 
El informe del Parlamento Europeo sobre las orientaciones del futuro presupuesto del año 1999, redactado en lenguaje diplomático, intenta ocultar las dos principales contradicciones que habrá que resolver, la de los Fondos estructurales y la de la moneda única, sin mencionar la cuestión de la ampliación, que se planteará más adelante. 
En cuanto a los fondos estructurales, la aplicación de las perspectivas financieras para 1993-1999, aprobadas por el Consejo de Edimburgo en 1992, habida cuenta de los retrasos de pagos, situaría el presupuesto de 1999 en el 1, 325 % del PNB comunitario en créditos para compromisos y en el 1, 235 % en créditos para pagos, o sea, un importe superior al techo del 1, 10 % establecido en enero durante el debate de orientación (inferior al techo máximo del 1, 27 % establecido en Edimburgo). 
Esta progresión plantea el problema de la inflación de los Fondos estructurales y de su utilidad, que mi Grupo ya había planteado en un reciente estudio: ¿Europa-providencia o Europa de las Naciones? 
También plantea el problema de la naturaleza jurídica de los acuerdos institucionales como el de Edimburgo, que pretenden vincular definitivamente el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 
Es evidente que estos acuerdos no tienen valor de tratado y que el Consejo, en particular, tiene siempre el derecho de cambiar de opinión si las circunstancias lo exigen. 
El segundo problema se refiere a la entrada en vigor de la moneda única. 
Es de prever, sin duda alguna, que ésta se traducirá por la necesidad de aumentar los gastos comunitarios destinados a una nivelación interregional. 
Esta subida interferirá en la voluntad de los Estados de continuar reduciendo sus déficits públicos en los próximos años (ya que el importe del 3 % es un techo, pero en modo alguno un nivel ideal) y, en general, de mantener los gastos comunitarios dentro de unos límites razonables. 
Si el euro comienza a aplicarse el 1 de enero de 1999, ¿el aumento de los gastos se hará sentir a partir del próximo año? 
La resolución del Parlamento Europeo pretende creer que esto no ocurrirá, y quizá sea cierto, ya que el nuevo sistema no producirá inmediatamente todos sus efectos. 
Pero, por prudencia, el Parlamento prevé una puerta de salida, al recordar que el presupuesto de la Unión debe respetar siempre los términos del artículo F3 del Tratado de la Unión Europea, según el cual: " La Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas». 
La Comisión ha definido las grandes orientaciones para el anteproyecto de presupuesto, y ha subrayado la necesidad de aprobar un presupuesto riguroso a fin de atenuar la presión que recae sobre los Estados miembros que se preparan para la UEM. 
Por consiguiente, el presupuesto debería aumentar un 3 %, en el momento que la erosión monetaria de los Estados miembros es de una media del 1, 8 %. 
El alza real del presupuesto debería ser, por tanto, del orden del 1, 2 %. 
Ahora bien, si se analizan las principales partidas presupuestarias, la situación es muy heterogénea: +8 % para los Fondos estructurales, + 3 % para los programas destinados a los PECOs y a los países mediterráneos, +3 % para las políticas interiores y 0 % para el presupuesto agrícola. 
De ello podemos deducir, por lo tanto, que la Comisión considera el presupuesto agrícola como un elemento secundario. 
Ahora bien, hay que subrayar que en 1997 los ingresos de los agricultores descendieron alrededor del 3 % y que los gastos agrícolas son muy inferiores de los que se establecen en las orientaciones (línea directriz agrícola). 
Nuestro Grupo pide un aumento de los gastos agrícolas en 1999 por un importe equivalente al propuesto en el anteproyecto de presupuesto y en el proyecto de presupuesto de 1998. 
Hay que recordar, en efecto, que el presupuesto final de 1998 se había reducido en 550 millones de ecus. 
En este sentido, nuestro Grupo ha presentado seis enmiendas a las conclusiones del informe de la Sra. Dührkop-Dührkop. 
En efecto, debe recordarse que es esencial mantener la ayuda a los ingresos de acuerdo con el dispositivo previsto por la reforma de la PAC de 1992, ya que, en caso contrario, la credibilidad de la PAC para garantizar un medio rural viable podría ser puesta en entredicho. 
Cuando se analizan las propuestas agrícolas del " paquete» Santer que nos fueron presentadas el pasado 18 de marzo, hay que reconocer que se pueden plantear muchos interrogantes en cuanto al futuro de la PAC. 
Si este principio de mantenimiento de las ayudas a los ingresos no se respeta en el proyecto de presupuesto de 1999, nuestros temores estarían totalmente justificados. 
A la vista de la actitud de la Comisión y del Parlamento Europeo, hemos querido señalar, en otra enmienda, el carácter obligatorio de los gastos agrícolas, tanto desde el punto de vista de los precios como de la ayuda a los ingresos. 
Finalmente, como ponente sobre la fijación de los precios agrícolas para 1998/1999, ya he podido analizar pormenorizadamente las propuestas de la Comisión. 
Como ha dicho el Sr. Comisario Fischler, el " paquete-precios» se mantiene estable en su casi totalidad. 
En realidad, como ya he señalado a mis colegas de la Comisión de Agricultura, los precios y las ayudas agrícolas conocerán una doble baja. 
Ante todo, la erosión monetaria del 1, 8 % con respecto al año anterior, pero también una baja, a contar desde el 1 de enero de 1999, de alrededor del 3 % en el caso de los Estados miembros que participen en el euro, y ello debido a la supresión del ecu " verde». 
En este anteproyecto de presupuesto, no hay rastros de una posible compensación de la pérdida de ingresos en relación con dicho ecu " verde». 
Los agricultores tendrán, pues, la impresión de que son ellos los únicos que financian la aplicación del euro, a la vez por las restricciones presupuestarias que de ello se derivan y por la supresión del ecu " verde». 
¡Esto es intolerable! 
El presupuesto de 1999 será el último presupuesto de la Unión Europea, antes de la adopción por el Consejo de Ministros de las nuevas perspectivas financieras para el 2000-2006 y del supuesto del euro. 
La Sra. Dührkop se encuentra frente a un serio dilema: ¿cómo mantener el rigor presupuestario aprobado por los Estados miembros e integrar al mismo tiempo en el presupuesto europeo las consecuencias financieras de la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria, del Tratado de Amsterdam, de la Agenda 2000 y de la preadhesión de los países de Europa Central y Oriental? 
En el informe no hay ninguna respuesta a esta pregunta. 
Por el contrario, la Sra. Dührkop procura conciliar intereses contradictorios, sin establecer verdaderas prioridades, y satisfacer a las numerosas clientelas y lobbies que se benefician del maná comunitario. 
Excepto la agricultura, que está sujeta a un presupuesto estricto, el rigor presupuestario no aparece por ninguna parte. 
Con los 150 millones de ecus aprobados en la Cumbre de Luxemburgo, el empleo hace el papel de pariente pobre en el presupuesto europeo. 
En realidad, se trata de simples medidas cosméticas. 
Este conformismo presupuestario es el sello de las orientaciones presupuestarias del Parlamento Europeo para 1999. 
No rompe con sus malas costumbres pasadas, que hemos denunciado repetidas veces y que tienen un nombre: clientelismo, fraude, despilfarro, politización, desviaciones onusianas. 
Informe Cabrol (A4-0112/98) 
Hemos elegido votar a favor del buen informe de nuestro colega Cabrol. 
Sin embargo, queremos subrayar que en lo relativo a la idoneidad de los donantes de sangre y plasma y al examen selectivo de sangre donada, tienen que aplicarse dos principios: 
protección a la población contra los riesgos de contagio en las transfusiones de sangre, -ningún grupo debe ser excluido a priori por su inclinación sexual o su profesión.Ser donante de sangre no es un derecho humano. 
Se debe dar primacía a la seguridad de los receptores de sangre. 
Pero si aceptamos el principio de la discriminación sin espíritu crítico, aceptamos también entonces, implícitamente, el examen selectivo de sangre en el caso de las transfusiones y el control de los donantes no tendrá el grado de control de seguridad que es exigible. 
Siempre presto mucha atención, en este hemiciclo, a los trabajos de nuestro colega Cabrol, ya que nos aporta una ayuda profesional muy valiosa, a la que se añade un gran sentido de la responsabilidad en el ámbito de la salud pública. 
Por consiguiente, estimo que las enmiendas propuestas por el ponente están encaminadas a ofrecer una mayor seguridad tanto a los donantes como a los receptores de sangre. 
En este sentido, las mismas pueden devolver la confianza a estas dos partes, confianza que hoy es muy necesaria. 
No hay que olvidar, en efecto, los problemas causados en la Unión Europea por la escasez de sangre y de productos derivados. 
Afortunadamente, la Comisión ha tomado en consideración los criterios de calidad y de seguridad, los cuales pueden borrar en Francia y en Europa el estigma de la sangre contaminada y de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 
Si bien puede considerarse que ya casi no existen riesgos en relación con el sida, es necesario tomar todas las disposiciones conocidas hasta ahora para eliminar completamente los riesgos de transmisión del virus de la EEB. 
Las enmiendas del Sr. Cabrol responden a esta exigencia de seguridad. 
Finalmente, con respecto a la sangre importada, es preciso evitar a toda costa reincidir en ciertos errores del pasado, a fin que las personas sometidas a transfusión recobren plena confianza en estos procedimientos. 
Existe un deber de aumentar la transparencia y la vigilancia. 
Finalmente, desearía insistir en la gratuidad de las donaciones de sangre o de plasma. 
Al evitarse un sistema remunerado se previenen los intentos de desviación. 
Era necesario reafirmarlo. 
Con este informe se ha conseguido. 
Y somos muchos lo que luchamos por ello, seamos donantes de sangre- como yo- o no, los que apoyamos estas propuestas. 
El control clínico y de laboratorio, realizado de forma legal y fiable es la condición necesaria para el proceso de recogida y administración de sangre. 
En ese sentido, son de especial importancia las propuestas contenidas en el informe Cabrol y constituyen un paso positivo para conseguir el control que debe efectuar tanto a los donantes como al proceso de conservación y administración de sangre y sus derivados. 
Para que no se repitan esos fenómenos de control deficiente que se han visto multiplicados en el ámbito de la UE con la consiguiente propagación de graves enfermedades que han producido una preocupación social justificada, consideramos que la responsabilidad de la recogida y administración de sangre y sus derivados la deberán asumir de forma exclusiva las entidades estatales que tengan la experiencia y la infraestructura necesaria y que garanticen que este importante medio terapéutico, que ofrece una verdadera ayuda a enfermos que padecen enfermedades graves y crónicas o a quienes precisan servicios médicos de urgencia, no sea un medio lucrativo para el gran capital multinacional. 
Además, las donaciones de sangre deben ser voluntarias y nunca efectuadas previo pago y sólo deberá administrarse de forma gratuita a aquellos que la necesiten. 
A largo plazo el problema de la falta de sangre a nivel nacional requiere la existencia de normas comunes aplicadas por las entidades nacionales que deben disponer de un sistema permanente de información acerca del proceso de extracción, de las reservas existentes y de los medios de su conservación y transporte para garantizar el uso seguro y puntual de las reservas de sangre en toda Europa. 
No podemos garantizar jurídicamente los aspectos éticos. 
Sin embargo, es necesario asegurar todas aquellas condiciones que ayuden a evitar cualquier aspecto contrario al derecho de la sociedad y del individuo a la salud y a la vida. 
La sensibilización del público, conseguir una investigación científica de alto nivel, el control por parte de las entidades nacionales y científicas para evitar la producción de sustancias que puedan perjudicar a la salud de los ciudadanos son las claves necesarias para garantizar la seguridad y evitar fenómenos criminales relacionados con la circulación de sangre infectada y sus derivados. 
Comprendemos la necesidad de controlar la sangre recogida y exigimos el análisis sistemático y el control de los datos relativos a los indicadores de enfermedades víricas para poder evitar cualquier riesgo de contagio. 
No podemos más que denunciar los intentos de crear un nuevo apartheid con las propuestas hechas acerca de la exclusión de donantes que hayan viajado a África. Tampoco podemos dejar de expresar nuestra profunda preocupación por los intentos de realizar importaciones poniendo como pretexto medidas de seguridad para la salud, ni por las inaceptables medidas previstas por el Tratado de Schengen para la intromisión en la vida privada del individuo estableciendo cuestionarios sobre su conducta sexual y sus relaciones sexuales que no van a evitar ningún riesgo y sólo van a utilizarse como pretexto para que comience a aceptarse socialmente y como algo habitual la violación de la vida privada y de la dignidad del ciudadano. 
Quiero dar las gracias al profesor Cabrol por su informe sobre la propuesta de recomendación del Consejo relativa a la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y el cribado de las donaciones de sangre en la Comunidad Europea. 
Deseo reafirmar que por razones éticas, pero también para garantizar la seguridad con respecto a los productos sanguíneos, a los donantes y a los receptores, es absolutamente indispensable que las donaciones sean voluntarias y no remuneradas. 
Este texto debería permitir lograr un nivel máximo de seguridad. 
En efecto, los criterios de exclusión de los donantes que deberán imponerse en el conjunto del territorio comunitario (Anexo 5) , con excepción del criterio relativo a los homosexuales, que me ha parecido totalmente discriminatorio, contribuirán a garantizar esta seguridad que cada ciudadano tiene el derecho de esperar. 
Por otro lado, el establecimiento de un sistema único y común a todos los Estados miembros sobre la identificación y el registro de los donantes constituirá un progreso. 
Esta centralización de los datos permitirá una consulta más rápida de éstos, lo que constituye una garantía adicional para la seguridad de los productos. 
Estos datos deben ser, como es natural, estrictamente confidenciales; la identificación de los donantes mediante una codificación única y común para todos los Estados es una de las principales garantías para ello. 
Puede parecer extraño que un diputado vote contra un informe cuyos objetivos comparte. 
Todos están de acuerdo, en efecto, en mejorar la seguridad de las transfusiones y, por lo tanto, en tomar precauciones con respecto a las donaciones de sangre, con el fin de garantizar la salud de los receptores. 
Pero esta garantía debe ser técnica y no ocultar ideas preconcebidas de orden político, moral o religioso. 
En este sentido, considero que la recomendación del Consejo- apenas mejorada por las propuestas de nuestra comisión y de su ponente- se aparta de las preocupaciones relativas a la salud pública, para dar un valor jurídico legislativo a unos prejuicios muy discriminatorios. 
En primer lugar, la creación de un fichero de donantes excluidos es contrario al principio de confidencialidad que debe enmarcar el cribado y el tratamiento de ciertas enfermedades, en particular del sida. 
Aun cuando se pudiese garantizar la confidencialidad del fichero, éste proporcionaría, no obstante, datos personales sobre estas enfermedades a personas distintas de los enfermos y de sus médicos de cabecera, lo que contradice la legislación de la mayoría de los países de la Unión. 
Sobre todo la parte 5 de la exposición de motivos, los considerandos 21 y 25, la parte 5 de la recomendación del Anexo 2 de este texto, son, globalmente considerados, totalmente inaceptables. 
En efecto, allí se recoge que, desde el punto de vista del Consejo, quedan excluidos de las donaciones de sangre y deben probablemente ser fichados como tales: los homosexuales, las personas que hayan tenido relaciones sexuales en África, las personas que hayan tenido una actividad sexual en un país distinto de los países de África (que deberá precisarse). 
También deben declararse los viajes realizados fuera de Europa occidental y de América del Norte. 
De estas propuestas resulta que, para los supuestos científicos que han elaborado este texto, la peligrosidad de una persona no se deduce de un comportamiento de riesgo (lo que podría ser comprensible y admisible por todos) , sino de su orientación sexual, de su lugar de residencia y de su raza. 
El Parlamento Europeo se honraría si rechazase tales propuestas de un modo mucho más enérgico de lo que lo hace el ponente. 
Ya hemos visto, con ocasión de otros informes recientes, que el infierno puede estar empedrado de buenas intenciones. 
La legítima compasión por las víctimas de accidentes en las transfusiones de sangre no debe dejar en un segundo plano los principios de no discriminación sobre los que se basa la Unión Europea ni permitir el mínimo retroceso de las libertades públicas esenciales. 
Los socialdemócratas daneses han votado a favor del informe del Sr. Cabrol. 
El informe, el cual es una recomendación a los Estados miembros, apoya los deseos daneses sobre la cesión voluntaria y a título gratuito de la sangre. 
Con el Tratado de Amsterdam se introduce en el artículo 129 un elevado nivel de protección sanitaria en la política comunitaria, incluso medidas para el establecimiento de un alto estándar con vistas a la calidad y seguridad de los órganos y sustancias de origen humano, sangre y productos sanguíneos. 
Esto es una garantía contra el que la sangre y los productos sanguíneos se conviertan en una mercancía corriente. 
El informe Cabrol trata, evidentemente, un problema primordial, es decir, la seguridad del abastecimiento de sangre en Europa. 
Sin embargo, podemos interrogarnos sobre la eficacia del principio de la creación de un registro de exclusión de donantes y de ficheros europeos en la materia. 
Pero, sobre todo, a pesar de las referencias a la confidencialidad, el propio principio de la constitución de este fichero plantea graves problemas con respecto a la protección de las libertades y de los individuos, en la medida en que los criterios adoptados para esta exclusión contienen a menudo aspectos discriminatorios (homosexuales, prostitutas, etcétera). 
Si bien es aceptable la existencia, en cada centro de transfusión, de un registro de exclusión, el hecho de extenderlo a los países europeos es muy arriesgado. 
Por eso pienso que es preferible que el Consejo revise su posición. 
Lindqvist, (ELDR) , Eriksson, Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL) , Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V) , Krarup y Sandbæk (I-EDN) , por escrito. 
(DA) Los miembros firmantes hemos votado en contra del informe del Sr. Cabrol sobre la propuesta de recomendación al Consejo sobre la idoneidad de los donantes de sangre y plasma y el cribado de las donaciones de sangre en la Comunidad Europea. 
Esto lo hemos hechos por varias razones. 
En primer lugar, pensamos que es totalmente innecesario instaurar un registro centralizado y así llevar a cabo un registro centralizado de donaciones de sangre y donantes. 
Además, la cantidad y tipo de los datos que se quiere registrar son abrumadores. 
Pensamos que los datos podrían transmitirse mucho mejor directamente de un país a otro en el caso de esto fuera preciso. 
En segundo lugar, el informe y la recomendación al Consejo conculcan la inviolabilidad de la vida privada. 
No vemos ningún motivo en absoluto para que un donante deba informar sobre una hipotética actividad sexual en África y aún menos sobre con quién, hombre o mujer, dado el caso ha estado y cuándo. 
En tercer lugar, nos gustaría mucho que el Consejo de Europa, el cual durante años se ha ocupado de este campo, siguiera también haciéndolo. 
En nuestra opinión, no hay motivo alguno para que la Unión también vaya intervenir en este ámbito. 
Felicito a nuestro colega, el profesor Cabrol, por su informe sobre la recomendación del Consejo relativa a la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y el cribado de las donaciones de sangre en la Comunidad Europea. 
Esta recomendación está encaminada a garantizar un nivel elevado de seguridad; para ello las donaciones deben ser voluntarias y gratuitas. 
Los donantes deben asimismo responder a una serie de preguntas enumeradas en el Anexo 2 y a ciertos criterios enumerados en el Anexo 5, que no deben, naturalmente, ser discriminatorios. 
Un sistema único y común para el conjunto del territorio comunitario a fin de identificar y registrar a los donantes, así como sus datos correspondientes, permitirá un acceso y una consulta mucho más rápidos. 
La confidencialidad de estas informaciones, por otra parte, estará garantizada por un sistema de identificación codificado. 
Informe Posselt (A4-0060/98) 
Señor Presidente, me he abstenido en el informe Lalumière a pesar de que es realmente excelente. 
Sin embargo, algunas enmiendas han aguado algo su carácter. 
El informe hace justicia a la tarea de describir con precisión a Rusia como uno de los interlocutores más importantes de la Unión Europea y de determinar una clara estrategia de la Unión Europea para la cooperación con Rusia. 
Lamento en cualquier caso que debido al va y viene alrededor de la cuestión de la adhesión o no adhesión de Rusia a la Unión Europea, haya surgido la impresión de que se estuviese debatiendo al respecto. 
Esto no ha sido ni es objeto del debate. 
Creo que con esta aclaración podemos estar satisfechos con el informe. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe de la Sra. Lalumière, un informe extremadamente importante. 
No obstante, desearía aprovechar esta ocasión para señalar que algunos puntos del informe- y especialmente de esta votación- relacionados con la política exterior y de seguridad, y de modo más específico con la cooperación UE/UEO/OTANRusia, no coinciden con mis puntos de vista. Sin embargo, creo que es extremadamente importante que la UE apoye también por todos los medios la cooperación y el progreso de las relaciones entre la OTAN y Rusia. 
Se trata, en definitiva de un importante informe que apoyo, aun sin estar de acuerdo con la totalidad de las conclusiones que se han aprobado en este Pleno. 
Este informe presentado por nuestra colega Catherine Lalumière es importante por varias razones y demuestra una gran seriedad con respecto a una difícil cuestión. 
No se podía esperar menos de su redactora, y deseo felicitarla muy cálidamente por ello. 
Si bien todos podemos alegrarnos por la transición democrática y económica, que mal que bien continúa su proceso, siguen existiendo verdaderos interrogantes y elementos de preocupación. 
Creo realmente necesario iniciar una verdadera colaboración en relación con la lucha contra la delincuencia organizada, ya que ésta se considera una creciente amenaza no sólo en Rusia, sino también en toda Europa. 
Naturalmente, esta colaboración no es factible sin la ayuda de Rusia, a través de una lucha frontal contra la corrupción endémica en su territorio. 
Este esfuerzo permitiría, por otro lado, asentar relaciones económicas duraderas y saneadas entre la Unión Europea y Rusia. 
No puede existir una verdadera zona de librecambio sin esta condición previa. 
Debemos decirlo a nuestros homólogos rusos. 
¿Son capaces de entenderlo? 
Con el desmantelamiento de la URSS y de sus satélites, surgió la esperanza de un espacio europeo pacífico y estable. 
Debemos constatar que estamos muy lejos de la verdad. 
Naturalmente, podemos pensar legítimamente que el riesgo de un conflicto mayor está descartado, pero Yugoslavia y Kosovo nos hacen recordar la emergencia de los conflictos de baja intensidad, que podría desembocar en crisis mayores. 
Finalmente, al manifestar mi apoyo a este texto deseo asimismo subrayar que comparto la posición de Catherine Lalumière sobre la no oportunidad de una adhesión de Rusia a la Unión Europea. Una posición que no parece desear ninguna de las partes. 
Es mejor que paralelamente a la Unión Europea se organice otro conjunto democrático en torno a Rusia, conjunto que negociaría acuerdos económicos, culturales y políticos con la Unión Europea. 
Las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea con Rusia no pueden darse más que en un clima de igualdad y mutuo beneficio. 
Los esfuerzos coordinados emprendidos por los organismos que representan los intereses del gran capital multinacional con la intención de someter a los mismos al pueblo de Rusia también se ven expresados por desgracia a través de los esfuerzos de la Unión Europea que, siguiendo las alternativas de la OTAN, intenta confeccionar para Rusia un modelo de desarrollo acorde con sus propios intereses y que ignore las consecuencias que ello va a suponer para el pueblo ruso y para el riesgo de desestabilización y conflagración de esa zona. 
Tras la caída de la URSS, el fomento y apoyo directo, o indirecto, a la llamada mafia rusa, que controla una gran parte de la vida económica y social de ese país, se están promoviendo ahora proyectos para la llamada consolidación del proceso de democratización con vistas a la marginación completa del pueblo ruso y a su sometimiento a las alternativas geoestratégicas de la OTAN y de los E.E.U.U. Las ampliaciones de la OTAN y de la Unión Europea tienen como objetivo crear una nueva línea fronteriza que ponga en contacto directo a las fuerzas y los intereses de la OTAN con Rusia. 
Es característico que la estrategia de la Unión Europea ante Rusia fomenta, a través de programas financieros, y especialmente a través del programa TACIS, la reestructuración de la construcción política en Rusia, llegando al punto de subrayar la necesidad del surgimiento de una clase media que apoye al poder político. 
En el marco de la nueva distribución de los mercados los grandes intereses de los monopolios de la Unión intentan abrirse paso e instalarse con vistas a asegurarse el mercado ruso para sus intereses económicos y geopolíticos e intensificar la explotación de los trabajadores. 
Estamos de acuerdo con las propuestas destinadas a promover las relaciones directas y el diálogo entre los órganos y las instituciones de igual rango de Rusia, de la Unión Europea y de sus Estados miembros que tengan como objetivo la investigación de las posibilidades y la formulación de las condiciones del desarrollo de una cooperación integral que cubra las necesidades de la creación de un ambiente de paz y bienestar en Europa y que evite los conflictos y enfrentamientos entre las partes. 
Sin embargo, estamos en completo desacuerdo con el contenido que da hoy la Unión Europea al fomento de un diálogo que tiene como único objetivo la aniquilación en dicho país de cualquier oposición a la aceptación del papel de líder mundial que juega Estados Unidos seguido de la Unión Europea en el ámbito europeo e internacional. 
Es necesario que la postura de la Unión Europea cambie radicalmente, que se revisen los objetivos que hasta hoy había establecido y los métodos que utiliza, que acepte el importante papel que Rusia está llamado a representar en la evolución europea e internacional, que se reconozca el hecho de que sólo a través de relaciones igualitarias, basadas en el beneficio mutuo, puede lograrse la paz y la estabilidad en la zona y dejar que el pueblo de Rusia se cure las heridas producidas por la caída de la URSS de la manera que él mismo elija. 
Rusia es un país con una democracia inestable. 
Hay que impedir, a cualquier precio, la construcción de una UE y de una cooperación europea que Rusia sienta como una amenaza. 
Se puede hacer integrando a Rusia en la cooperación europea tanto como sea posible. 
Aquí está también la OTAN, la que, sin embargo, no está incluida en el informe. 
La peor manera de crear unas buenas relaciones con Rusia es continuar la construcción de una UE orientada hacia una forma de estado comunitario. 
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones ha votado a favor del informe de iniciativa propia de la Sra. Lalumière, relativo a nuestras futuras relaciones con Rusia. 
El tono general de este texto es acertado cuando subraya que el actual debilitamiento de Rusia representa una transición en la historia de este país y que en los próximos años el equilibrio del continente europeo estará ampliamente determinado por el papel que desempeñará Rusia en el mismo. 
Nuestro propio desarrollo está asimismo ligado al de Rusia: basta con pensar en el inmenso potencial de recursos naturales y energéticos que supone Siberia, y que es esencial que Rusia valorice con nuestra ayuda activa. 
La prioridad que reconoce el ponente a la consolidación de la sociedad rusa es totalmente pertinente. 
No confundamos la Rusia de hoy con un país en vías de desarrollo cuyas dificultades económicas plantearían una ayuda financiera clásica. 
La joven Rusia democrática pide ante todo que tomemos en consideración los esfuerzos gigantescos que debe realizar para hacer frente a los desafíos que le han legado 80 años de comunismo. 
Debemos ayudar a Rusia a superar los traumatismos heredados tras 80 años de economía planificada y de confiscación de la vida política y social por el partido único, que hoy se traducen por la ausencia de una elite formada fuera de la " nomenclatura» , la ausencia de clases medias y de una larga maduración de la sociedad civil. 
¡Estas lagunas no se llenan en un día! 
Hay que volver a empezar: Rusia debe restablecer, tras un muy largo y doloroso paréntesis, el dinamismo y el impulso que había conocido a principios de siglo y que la revolución de 1917 había roto de un golpe. 
El informe Lalumière tiene el mérito de situarse deliberadamente por encima de dos visiones caricaturescas de la Rusia actual: la visión anecdótica y catastrofista que difunden con satisfacción muchos de nuestros medios de comunicación y la visión amenazadora que mantienen quienes aún no han comprendido la amplitud de las transformaciones que se han producido, y que quieren creer que la Rusia de Yeltsin no ha hecho más que tomar el relevo de la URSS de Brézhnev. 
Aquellos que conocieron la Rusia de Brézhnev y la primera elección presidencial democrática rusa pueden, sin embargo, darse cuenta del abismo que separa estas dos épocas. 
Los rusos pasaron claramente una página y rechazaron definitivamente el régimen comunista a través de unas elecciones libres y abiertas como no habían conocido nunca. 
Debemos multiplicar los vínculos con esta Rusia que se ha vuelto a encontrar a sí misma más allá de la Unión Soviética que la había anexado y desfigurado: restablecer los antiguos vínculos, multiplicar las nuevas relaciones a todos los niveles. 
El principal de estos vínculos es evidentemente el de las relaciones intergubernamentales, sobre el que la ponente es demasiado discreta. 
En efecto, corresponde a los Jefes de Estado y de Gobierno- al menos a aquellos que desean tener una política activa respecto a Rusia- romper con una actitud de observación distante, que hasta ahora comúnmente se había generalizado, trazar las líneas maestras de una cooperación intensa con objetivos ambiciosos y audaces y comprometerse decididamente con los reformadores rusos. 
Debemos felicitarnos en este sentido del clima de confianza en el que acaba de desarrollarse la reciente Cumbre tripartita entre los Presidentes francés y ruso y el Canciller alemán. 
Los programas comunitarios de cooperación pueden contribuir útilmente, a su nivel, a fomentar el desarrollo de una amplia asociación en todos los ámbitos. 
Ciertamente, como establece el artículo 31, debe llevarse a cabo un control estricto de los fondos entregados a Rusia, pero la ponente hubiese podido insistir, de manera simétrica, en la necesidad de que la Comisión ejerza un control igualmente estricto de sus propios servicios que operan en suelo ruso, que aún no han dado la imagen de integridad y seriedad que todos deseamos fomentar. 
En cualquier caso, es preciso que los Estados miembros de la Unión Europea se cuiden de no inscribir su acción en una lógica de bloque, que por su parte los rusos han rechazado y que podría levantar rápidamente un nuevo muro totalmente artificial en el continente europeo. 
Sí, la seguridad, nuestra seguridad, es en lo sucesivo un ámbito de cooperación con Rusia. 
Y en este sentido hay que lamentar en particular las condiciones en las cuales la mayoría de los miembros europeos de la OTAN han dejado que Washington les impusiera una ampliación de la Organización capaz de suscitar más desconfianza que confianza en los dirigentes y en la opinión rusos. 
Ya es hora de que los europeos superen las dudas, las desconfianzas, los prejuicios tenaces y las inercias heredadas de la guerra fría, para renovar a fondo el enfoque de su defensa común y la manera en que ésta debe organizarse, asociando estrechamente a Rusia. 
(La sesión, interrumpida a las 13.34 h., se reanuda a las 15.00 h.) 
Debate de actualidad y urgencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre asuntos de actualidad, urgencia y especial importancia. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
B4-0391/98 de los diputados Bertens y Eisma, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre los incendios forestales en Brasil; -B4-0396/98 del Sr. Dell ' Alba y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre los incendios forestales en Brasil; -B4-0404/98 del Sr. Azzolini y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre los incendios forestales en Sudamérica y en el Sudeste asiático; -B4-0405/98 de la Sra. González Álvarez y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre los incendios forestales en Brasil; -B4-0410/98 de los diputados Van Putten y Newens, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los incendios forestales en Sudamérica y en el Sudeste asiático; -B4-0415/98 del Sr. Habsburg-Lothringen y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la grave situación que atraviesa particularmente el Perú y el Ecuador a causa del fenómeno del Niño; -B4-0418/98 del Sr. Telkämper y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre los nuevos incendios forestales en el Sudeste asiático; -B4-0421/98 de la Sra. Aelvoet y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre los incendios forestales en Brasil. 
Señor Presidente, señor Comisario, los pulmones del mundo están ardiendo en América Latina, Brasil y Asia. 
Kalimantan y Brasil llevan ya semanas siendo asolados por grandes incendios. 
El gobierno brasileño no acepta ayuda y con ello parece, seamos sinceros, prestar apoyo a los grandes terratenientes. 
Es escandaloso que con esta concepción de miras estrechas se persigan beneficios económicos a corto plazo a costa de la partes más bonitas y más indispensables de la naturaleza. 
Naturalmente, Europa no debe cruzarse de brazos. Es importante para nosotros que los incendios sean apagados cuanto antes. 
Debemos presionar a los países para que acepten todo apoyo internacional y la Unión Europea, además de las Naciones Unidas, debe prestar también asistencia técnica a fin de apagar de forma efectiva estos incendios. 
Las líneas presupuestarias existentes de la Unión no se aprovechan bien, al menos no lo suficientemente. 
Naturalmente, deben adoptarse medidas estratégicas para evitar la repetición de estas catástrofes. 
Los países del Sudeste Asiático y de América Latina deben introducir una legislación eficaz y adoptar otras medidas para combatir o dirigir mejor los métodos de tala y de limpieza de los bosques con fuego. 
La Comisión debe, así mismo, acelerar la marcha de la redacción de directivas relativas a la importación de madera dura tropical en la Unión. 
Debe prestarse más apoyo a los cultivos sostenibles y el megaproyecto del arroz debe ser considerado, por lo menos, de forma crítica. 
La erosión y la deforestación deben prevenirse. 
La Unión podría adoptar la iniciativa para organizar una conferencia internacional sobre esta cuestión. 
Por último, señor Presidente, se culpa a El Niño de todo. 
Que esos países tengan en cuenta que El Niño se va hacer adulto y que la situación entonces incluso empeorará. Ahora, todavía pueden controlar a ese pequeño. 
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera plantear una cuestión previa en este debate sobre catástrofes. 
El Parlamento Europeo, con una periodicidad notable, ha venido ocupándose de este fenómeno, este problema de las catástrofes: adopta deliberaciones, pero, la mayor parte de las veces, se desconoce el seguimiento que se les da. 
Eso quiere decir que las deliberaciones no pasan de ser meras declaraciones de intención o meras manifestaciones de solidaridad, entre otras cosas porque se ha retirado cualquier apoyo- o posibilidad de apoyo- presupuestario directo para atenuar sus efectos. 
Por eso, a raíz de una propuesta que hicimos aquí hace tres o cuatro meses, consideramos que la Comisión debería poner en práctica una estrategia comunitaria en la que se formulara no sólo el tipo de acciones por adoptar, sino también el seguimiento que se les debe dar, con acompañamiento periódico y constante de los resultados. 
En este caso no se trata de una catástrofe en un territorio europeo, sino en esa zona particularmente delicada e importante que es la Amazonia, verdadero pulmón del mundo. 
Y las noticias que llegan son preocupantes. 
Según una nota que he recibido hoy mismo de la embajada del Brasil, las crónicas más recientes indican la existencia de veinte focos de incendios en un frente de cerca de 400 kilómetros de extensión y las fotografías de satélite muestran también la aparición de incendios de intensidad equivalente en la Guyana y de intensidad mayor en Venezuela. 
Destaca, además, esa nota que en la zona se encuentran cerca de mil soldados del ejército y bomberos, en particular de Argentina, y se espera la llegada de 500 hombres más y de especialistas de las Naciones Unidas. 
Es evidente que lo que sucede en la Amazonia o en los grandes bosques tropicales- ya sea en Indonesia o en África- interesa al mundo. 
Por tanto, estamos ante un problema de interés y responsabilidad internacionales, por lo que se deben conjuntar las medidas, la asistencia y la solidaridad internacionales. 
Creo que no bastará con acusar a esos países de inercia o de incuria. 
En nuestra opinión, y en lo relativo a la Amazonia, se debería concertar, con la égida de las Naciones Unidas, un acuerdo o tratado internacional en el que participaran todos los países amazónicos y que formulara claramente una política de protección y desarrollo sostenido en toda esa zona. 
La comunidad internacional debería contribuir a ese esfuerzo de medios humanos y financieros. 
La Unión Europea debería desempeñar también, a nuestro entender, un papel importante al respecto. 
Apoyamos la propuesta que figura en la resolución común sobre la reunión del G8. 
Creemos que sería una ocasión importante y con la fuerza necesaria para desactivar ese problema y precipitar su solución. 
Por último, quisiera preguntar cuándo habrá en Europa una clara política común de la Unión sobre los bosques. 
Nos parece que la política vigente carece de audacia y apoyo, en particular para la reforestación de las zonas del sur, amenazadas por una desertización en aumento. 
No corresponde sólo a los otros proteger los bosques. 
También es de interés universal que nosotros, los europeos, cuidemos los nuestros. 
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que todos los incendios de los bosques tropicales en Indonesia son intencionados, y que el Gobierno indonesio está ciertamente implicado. 
Conocemos el sistema de concesiones. 
Siempre hay un promotor para pasar un abultado sobre a un miembro del gobierno o de su familia, y, después de explotar los bosques tropicales, estas tierras se transforman en plantaciones. 
Considero que los llamamientos de las ONGs para boicotear los bosques tropicales están, ahora más que nunca, plenamente justificados. 
Tendríamos que encontrar un sistema que garantice la transparencia para los consumidores, en particular sufragando los sistemas de certificación como el FSC. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que por un lado estoy muy contento de que nos ocupemos en esta resolución de los incendios forestales en Brasil e Indonesia. 
Sin embargo, en nuestra urgencia se esconde una cierta ambigüedad porque mezclamos dos elementos. Por un lado, las catástrofes medioambientales e incendios forestales, por así decirlo, ocasionadas o provocadas por el hombre y, por otro, el fenómeno de El Niño, que tiene un grado de influencia mucho más amplio que los incendios forestales. 
Hay que tratar de ambas cosas, ambas cosas son necesarias y yo diría que se trata de dos catástrofes que se complementan entre si pero que no están necesariamente unidas. 
Hoy hablamos sobre Brasil e Indonesia. 
Si incluimos El Niño, mañana vendrán a sumarse muchos más países y pasado mañana quizás nosotros mismos. 
Esta mañana he recibido de la Embajada peruana algunos datos sobre los daños que El Niño ha provocado allí hasta ahora. 
Actualmente, hay que lamentar unos 300 muertos, 70.000 personas sin hogar, 15.000 casas y 120 puentes destruidos, la central hidroeléctrica en Machu Pichu ha sido destruida totalmente por avalanchas y se han producido unos 1.200 millones de dólares de daños. 
Esto corresponde a aproximadamente el 3, 5 % del producto interior bruto de este país. 
Si contemplamos las dimensiones de esta catástrofe, que no afecta solamente al Perú sino también al Ecuador, y que puede afectar exactamente igual a Brasil o a Indonesia, para mí es una señal muy clara de que debemos intensificar mucho más nuestra solidaridad internacional, de que debemos hablar mucho más sobre cómo podemos influir para reducir al máximo las repercusiones de este fenómeno del El Niño y, por otro lado, sobre cómo podemos superar las catástrofes mencionadas y ejercer también una cierta presión sobre los correspondientes Gobiernos. 
En este contexto, quiero indicar que es muy lamentable que en la cumbre sobre el clima celebrada en Nueva York en 1997, su pleno rechazase el Convenio Internacional para la protección de los bosques, que fue presentado también por la Unión Europea. 
Ya que hablamos tanto sobre incendios forestales, quiero aprovechar la ocasión para rogar a la Comisión y a las personas competentes que presenten de nuevo en la próxima ocasión este convenio, pues lo necesitamos urgentemente a nivel internacional. 
Señor Presidente, el 15 de enero, aproximadamente 40.000 indígenas y campesinos perdieron sus poblados, sus provisiones y sus tierras. 
Una cuarta parte del Estado brasileño de Roraima ya ha sido arrasada por los incendios forestales. 
Estamos hablando de una extensión equivalente a Bélgica y los Países Bajos juntos. 
No obstante, el Gobierno brasileño se ha mostrado más que reacio a ayudar, y aún más reacio a pedir ayuda internacional. 
La primera vez que solicitó dicha ayuda fue hace dos semanas y, para entonces, la prensa internacional ya había dado la señal de alarma y el Presidente, por fin, se vio obligado a reconocer que se había producido una catástrofe en la región. 
No es sólo una catástrofe, es además una tragedia ocasionada por el hombre. 
El Gobierno no hace nada por frenar los incendios, porque están en juego grandes intereses monetarios. 
Brasil ha hecho grandes concesiones a compañías mineras internacionales y debido a que la zona es rica en recursos minerales, las reservas indias han sido siempre un obstáculo para los intereses de las compañías mineras. 
En lo que a ellas respecta, la total destrucción de la zona es una buena noticia, porque es el método más fácil de librarse del problema indígena. 
Según los científicos, serán necesarios unos cien años o más hasta que la población local vuelva a tener sus bosques y pueda llevar una vida natural y normal. 
Esto quiere decir que durante aproximadamente cien años no habrá indios que se interpongan a los intereses de la minería. 
Los indios tienen derecho a utilizar la tierra, pero no tienen ningún derecho sobre lo que hay debajo. 
En otras palabras, no obtendrán ni un céntimo de la minería. 
Y lo que es más, ni siquiera la población brasileña se beneficiará de los recursos mineros, que serán sacados del país hacia los países industrializados. 
Sinceramente creo que carece de sentido solicitar programas de ayuda para la zona. 
Lo que debemos preguntarnos realmente es si es aceptable el modelo económico de expoliación de los recursos naturales, sin ninguna consideración por las personas ni la ecología. 
Lo que aquí está sucediendo es neoliberalismo, que es muy similar al neocolonialismo, y se está haciendo con la ayuda del Gobierno brasileño. 
Si es éste el resultado de nuestros acuerdos comerciales internacionales, creo sinceramente que debemos comenzar a cambiar esta situación y cambiarla rápidamente. 
Señor Presidente, los destructivos incendios a gran escala ocurridos en Sudamérica y el Sudeste asiático ocasionaron durante el año pasado daños sin precedentes en las selvas tropicales del planeta. 
En el Estado de Roraima en Brasil, los informes indican que en tres meses se han destruido 700.000 hectáreas de pastos y bosques y, hasta hace muy poco, uno de los frentes se extendía a lo largo de 400 kilómetros. 
Misericordiosamente ya han llegado las fuertes lluvias en ayuda de los bomberos de Brasil, Argentina y Venezuela, que han estado intentando parar el avance de esta desastrosa conflagración y muchos de los fuegos han sido extinguidos. 
No obstante, es vital que se adopte una nueva estrategia si queremos salvar las selvas tropicales. 
Amazonia es el hábitat de una variedad increíblemente rica de vida vegetal, especies terrestres y de varios centenares de culturas amerindias. 
Las selvas tropicales del planeta tienen además una enorme importancia para las condiciones ambientales y climáticas de todo el mundo. 
Es muy preocupante que no se hayan puesto a disposición más medios y con mayor rapidez para luchar contra los incendios. 
Deben hacerse las previsiones necesarias para dar una respuesta mucho más eficaz y rápida en el futuro. 
La Unión Europea, sus Estados miembros y las Naciones Unidas deben participar. 
Quizá pueda darse prioridad a este asunto en la denominada reunión del G8 de mayo, que tendrá lugar en Birmingham, en el Reino Unido. 
El fenómeno El Niño ha agravado la situación, pero los incendios fueron ocasionados en su mayoría por la práctica agrícola de quemar rastrojos, que luego quedó fuera de control. 
Lo ocurrido este año podría ser una premonición de incendios aún peores en el futuro. 
Es vital que se tomen medidas preventivas con antelación. 
Hacen falta desesperadamente una reforma agraria que proporcione a las personas sin tierra alternativas a la quema de bosques, una legislación eficaz y la provisión de asesoramiento para prevenir incendios por imprudencia. 
Al igual que en el Sudeste asiático, debe cesar la tala. 
Hay que poner fin a la destrucción de los bosques. 
En 1995, aparte de los incendios, se talaron 29.000 kilómetros cuadrados de bosque, todo un récord. 
A pesar de que el Gobierno brasileño restringió la tala al 20 % de cualquier posesión, las posesiones de menos de 250 hectáreas quedaron excluidas. 
Aunque respetamos los derechos soberanos de las personas de los países en vías de desarrollo, la protección de la selva tropical y la prevención de incendios les incumbe aún en mayor medida que al resto del mundo. 
Se ha prestado ayuda internacional a través del Banco Mundial, pero las experiencias del pasado año en el Sudeste asiático y en Sudamérica destacan la necesidad de adoptar ahora una nueva estrategia. 
Espero realmente que la Comisión esté dispuesta a decirnos algo acerca de la contribución que está dispuesta a hacer en el proceso de dilucidar e implementar la nueva estrategia a la que me refería. 
Señor Presidente, las catástrofes medioambientales que han afectado a Brasil y el Sudeste asiático son una prueba más, por si no bastara, de que las reglas del mercado no deben y no pueden ser las únicas líneas directrices de las comunidades nacionales e internacionales. 
Muchas de las catástrofes naturales y de otro tipo, acaecidas en los últimos años, y muchas de las situaciones insostenibles a nivel de contaminación medioambiental en las que se hallan las metrópolis y las megalópolis del mundo entero, se deben precisamente a la falta de un autocontrol de las poco precisas reglas de mercado. 
El mercado, por ejemplo, pide que se fabriquen y vendan más y más vehículos, pero al propio mercado no le importa si nuestras ciudades europeas están ya llenas hasta lo inverosímil de dichos vehículos, que nuestros hijos ya no tengan espacios para jugar, que el aire sea irrespirable y que los centros históricos sufran daños irreparables para el patrimonio cultural. 
Todo esto sirve de fundamento para afirmar que no son las reglas del mercado, sino la política y, por lo tanto, los intereses de los pueblos y de las comunidades los que deben regular o dirigir los sistemas de vida. 
Pasemos ahora al asunto que estamos abordando, o sea, los incendios y la destrucción de los bosques tropicales amazónicos del Sudeste asiático. 
Es indudable que dichos incendios devastadores son la consecuencia de la avidez mercantil y de una ciega perspectiva de vida. 
En efecto, ciegos e insensibles se ha de ser para no considerar las nefastas consecuencias para todos y, por lo tanto, también para los propios especuladores, derivadas de dichas catástrofes naturales: las hectáreas y hectáreas de bosques que se incendian, responden al calentamiento de la atmósfera terrestre con la creación de fenómenos como el efecto invernadero y El Niño que provocan inundaciones, huracanes y cambios climáticos asombrosos a escala mundial. 
La política, en consecuencia, no muere, no debe morir. 
Los Estados nacionales o las comunidades supranacionales como la Unión Europea, deben hacer todo lo posible y tienen que ponerse de acuerdo entre sí y encontrar los instrumentos de presión adecuados con objeto de que, en el ámbito de la comunidad internacional, aquellos Estados o aquellos especuladores que no tiene ningún interés por la salud y por el futuro del medio ambiente terrestre, recapaciten. 
Si el Mar Negro es, de hecho, uno de los mares más contaminados del mundo y este mismo mar desemboca en el Mediterráneo, los países ribereños no pueden dejar de intervenir a fin de que acabe la contaminación letal. 
Lo mismo sucede en lo que atañe a los incendios de los bosques tropicales y subtropicales asiáticos. 
Señor Presidente, voy a saludar la presencia del señor Comisario Pinheiro, así como la decisión de la Comisión que, salomónicamente, habida cuenta de que nos estamos ocupando de Asia y de Sudamérica, pensó en que respondiera el Comisario responsable de África. 
Qué duda cabe de que estamos muy preocupados y, a la vez, contentos de que haya sido posible incluir este asunto como prioridad absoluta entre los problemas de urgencia de este período parcial de sesiones. 
Sabemos perfectamente que, más allá de El Niño, las responsabilidades humanas son muy notables tanto en el continente asiático como por lo que respecta a las autoridades brasileñas que siguen demorando la llegada de esa misión de las Naciones Unidas que tenía que estar operativa desde hace varios días. 
Señor Comisario Pinheiro, debo decir, no obstante, que estamos muy preocupados por el estado de utilización de la línea presupuestaria de la Unión Europea- que fue exigida por nuestro Parlamento- relativa a los bosques tropicales, línea que, como usted sabe, sufre- al igual que muchas líneas correspondientes a acciones externas- retrasos muy importantes en cuanto a su ejecución. 
También gracias a esta resolución, lo que pedimos es un esfuerzo más. 
Señor Presidente, la Comisión Europea sigue muy de cerca la evolución de la situación en el Sudeste asiático y, en particular, en Indonesia, desde que se declararon los incendios forestales a gran escala en 1997. 
Aunque en Sumatra y Java han llegado las lluvias, en el resto del país no llueve y puede que no lo haga hasta mayo de 1998. 
El 19 de enero se detectó la reaparición de nuevos focos, la mayoría de ellos en las zonas del norte de Kalimantan Oriental, donde no ha llovido desde diciembre de 1997. 
Como ustedes saben, los únicos medios de que dispone la Comisión para dar una respuesta a corto plazo es la ayuda humanitaria. 
Me complace afirmar que mi colega, Emma Bonino, ha destinado a través de ECHO más de 1, 5 millones de ecus para paliar la acuciante necesidad de alimentos y de asistencia sanitaria en Indonesia, en particular, en las regiones más duramente afectadas por los incendios y la sequía. 
Los fondos han sido canalizados a través del Comité Internacional de la Cruz Roja y también de Médicins sans frontières de Belgique. 
En abril, ECHO llevará a cabo una misión en Indonesia para determinar otras necesidades humanitarias en zonas vulnerables, incluido Kalimantan. 
La misión permitirá a la Comisión programar su ayuda durante 1998 en las zonas en que las necesidades humanitarias son más urgentes. 
Asimismo y en una perspectiva a más largo plazo, en 1997, la Comisión y los Estados miembros establecieron conjuntamente en Yakarta el EUFREG, un grupo de la Unión Europea de lucha contra incendios, compuesto por expertos en incendios forestales procedentes de diferentes proyectos de la Comisión y los Estados miembros en Indonesia. 
La tarea de este grupo consiste en proporcionar al gobierno información pertinente y asesoramiento en caso necesario para vigilar y evaluar la situación día a día y determinar las posibles necesidades, por ejemplo, en materia de equipos de lucha contra incendios para mejorar la eficacia de las medidas adoptadas por el gobierno. 
Al mismo tiempo, la Comisión está trabajando con el equipo de United Nations Disaster Assessement and Coordination (UNDAC) al objeto de evaluar las repercusiones sobre la región a corto y largo plazo de fenómenos como El Niño. 
Continuaremos financiando el proyecto para la prevención y el control de incendios y el sur de Sumatra que esperamos sea un caso piloto que se extienda a otras regiones. 
Con respecto a Brasil, hoy hemos oído que gracias a las lluvias que han caído en estas últimas horas, aproximadamente el 90 % de los incendios están ya prácticamente extinguidos, y eso es una buena noticia. 
Según hemos podido saber, más de 34.000 kilómetros cuadrados han sido devastados por estos incendios de Roraima. 
A corto plazo, la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea- ECHO- prevé canalizar fondos hacia las comunidades afectadas por los incendios forestales, especialmente las comunidades indígenas. 
Varias organizaciones no gubernamentales europeas se han mostrado interesadas en trabajar en las zonas afectadas. 
ECHO está analizando sus solicitudes de financiación y hoy, 2 de abril, se celebra una reunión en la Delegación de la Comisión Europea en Brasilia. 
En dicha reunión participan, entre otros, Oxfam, el Consejo Indígena de Roraima, y representantes de las embajadas de los Estados miembros para coordinar la ayuda europea. 
No obstante, como han mencionado varias Señorías, el problema no es sólo a corto plazo: se trata además de idear perspectivas a largo plazo para una gestión sostenible y una política sostenible de las selvas tropicales. 
Me alegra poder decir que la Unión Europea ha financiado algunos proyectos en este sentido. 
Uno conocido como PRODESQ es relativo a la vigilancia de incendios y al control de reforestación, y un segundo conocido como ECOFORCA tiene el objetivo de desarrollar y aplicar tecnologías de vigilancia de bajo coste para la detección de incendios en zonas forestales. 
Aparte de estos dos proyectos específicos, existe además otro mayor que se conoce bajo la sigla de PP-G7, que abarca no sólo la promoción y el mantenimiento de la gestión sostenible de los bosques, sino además algunos programas de investigación y casos piloto destinados a algunas de las comunidades. 
Creemos que, independientemente de todos estos esfuerzos, la idea de celebrar una conferencia internacional sobre esta problemática sería acogida muy favorablemente, porque las consecuencias de dichos incendios no sólo perjudican a los países en los que se producen, sino a toda la humanidad. 
Deseo decir que desde 1992 hasta 1997, se ha destinado un total de 300 millones de ecus bajo el instrumento financiero para las selvas tropicales, que el Parlamento ha garantizado a la Comisión. 
Lamentablemente y a pesar de este compromiso, sólo se han desembolsado 130 millones de ecus durante dicho período. 
Por este motivo hemos decidido solicitar una evaluación de todos nuestros proyectos a un experto externo independiente, porque debemos corregir este desfase entre compromisos y desembolsos. 
Por último, deseo decir que, aunque no tengamos líneas presupuestarias específicas para catástrofes, la Comisión se toma en serio las resoluciones. 
Si sus Señorías desean hacer un seguimiento de lo que ha sucedido, hay algo que solía venir después del turno de preguntas y que se denominaba " les suites données» , que es muy aburrido, pero que permite identificar cuál ha sido la continuación de las propuestas presentadas en esta Asamblea. 
Segundo, es muy difícil identificar previamente las catástrofes que pueden producirse, pero mi colega, Emma Bonino, y ECHO merecen nuestra simpatía, porque siempre han sabido responder con gran rapidez y eficacia al objetivo de mitigar en la medida de lo posible todas las catástrofes que se han producido, al menos desde el lado humanitario. 
Muito obrigado, senhor Pinheiro. 
Le pido que no considere usted mi mala pronunciación del portugués como una agresión a esta hermosa lengua, a la que tanto aprecio tengo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 16.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución: 
Detención de Dino Frisullo en Turquía- B4-0409/98 del Sr. Vinci y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la detención del ciudadano italiano Dino Frisullo en Dyarbakir (Turquía) ; -B4-0411/98 del Sr. Vecchi, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el arresto y la detención del ciudadano italiano Dino Frisullo en Turquía; -B4-0412/98 del Sr. Graziani, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el respeto de los derechos humanos en Turquía; -B4-0420/98 del Sr. Orlando y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la detención del ciudadano italiano Dino Frisullo en Dyarbakir (Turquía); 
Camerún- B4-0392/98 de los diputados André-Léonard y Fassa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la libertad de expresión en Camerún; -B4-0401/98 de los diputados Hory y Scarbonchi, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la libertad de expresión en Camerún; -B4-0403/98 de los diputados Pasty y Azzolini, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la libertad de expresión en Camerún; -B4-0408/98 del Sr. Pettinari, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos humanos en Camerún; -B4-0417/98 de los diputados Aelvoet y Telkämper, en nombre del Grupo V, sobre la libertad de expresión en Camerún; 
Pena de muerte en los Estados Unidos- B4-0407/98 del Sr. Manisco y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el caso de Mumia Abu-Jamal en los Estados Unidos; -B4-0423/98 de los diputados Orlando y Roth, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el caso de Mumia Abu-Jamal en los Estados Unidos. 
Detención de Dino Frisullo en Turquía 
Señor Presidente, creo que todos hemos visto en la televisión en estos días las agresiones de la policía turca contra la población kurda de Diyarbakir que celebraba pacíficamente un festejo. 
Hemos visto a mujeres mayores kurdas pataleadas y a fotógrafos y periodistas apaleados. 
En esa ocasión, fueron detenidos tres italianos y uno de ellos, Dino Frisullo, permanece todavía en la cárcel. 
Ésta es la realidad de los derechos humanos, las libertades democráticas y los derechos del pueblo kurdo en Turquía. 
Éste es el grado de respeto de los tratados firmados con la Unión Europea por la clase dirigente, política y militar de Turquía. 
Hoy, además, hemos sabido que el Gobierno turco responderá a la entrada de Chipre en la Unión Europea con la anexión de la parte norte de la isla ocupada por las tropas turcas. 
En el pasado y a lo largo de los años, la Unión Europea sostuvo que era preciso animar a Turquía, que se considera laica, intencionada a democratizar el país y que era necesario proteger a Turquía del llamado «peligro fundamentalista». 
Por estos motivos y pese a todas las reservas, firmamos la Unión Aduanera. 
Sin embargo, la tragedia de Turquía es precisamente su clase dirigente turca laica. 
En nombre de la modernización de Turquía, el expansionismo militar y la limpieza étnica dentro del país forman parte del código genético de esa clase dirigente. 
Esta clase dirigente, política y militar turca entiende sólo el lenguaje de la fuerza. 
En conclusión, la Unión Europea debe suspender la Unión Aduanera; los Estados de la Unión Europea deben cesar los suministros de armas a Turquía; los Estados de la Unión Europea, por último, deben requerir formalmente a Turquía a que se abstenga de anexionar el norte de Chipre y de llevar a cabo actos hostiles contra dicho país. 
Señor Presidente, es realmente penoso tener que constar una vez más que el Gobierno turco no quiere entender por qué no se han puesto en marcha las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea, no lo quiere entender hasta el punto de que se ceba sobre una manifestación libre del pueblo kurdo, en la que participaron pacifistas europeos, entre los cuales mi paisano que actualmente es huésped forzoso de las cárceles turcas, no quiere entender que no respetando los derechos humanos, el país no puede integrarse en la Unión Europea. 
No se trata, como se ha dicho, de la cuestión del «club cristiano» que rechaza el país islámico; más bien y aquí coincido, en buena medida, con el Sr. Vinci cuando dice que ese algo de totalitario y dictatorial se encuentra en la misma componente laica, tanto es así que la laicidad de ese país está garantizada por las fuerzas armadas, una anormalidad que no creo que exista en ninguna otra parte del mundo. 
Por eso, señor Presidente, será preciso, también para los que conmigo apoyaron profundamente convencidos la necesidad de aprobar la Unión Aduanera, reexaminar nuestras posiciones con respecto a Turquía, al menos hasta cuando no se respeten los derechos de los pueblos, en especial los del pueblo kurdo. 
Señor Presidente, deseo recordar que los kurdos, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, sobre la base del Tratado de Sèvres, tuvieron el derecho a la independencia en un país que se habría llamado Kurdistán. 
Posteriormente, dicho Tratado, como muchos otros que se refieren a las minorías como la kurda, se convirtió en papel mojado y del mismo ya no queda rastro en la memoria, en nuestra historia. 
Hay que volver a retomar este discurso, hay que decirle al Gobierno turco, así como a los Gobiernos limítrofes que tienen poblaciones kurdas dentro de sus países, que ya es hora de devolver la independencia y la confianza a un pueblo que en este momento no tiene más confianza que la de los que visitan las cárceles turcas, como la colega a quien le otorgamos el Premio Sájarov hace dos años. 
Señor Presidente, como acaban de manifestar los oradores que han intervenido antes que yo, el 21 de marzo se celebraron las fiestas kurdas para recibir el nuevo año, el Newroz, durante las cuales hubieron manifestaciones en pro de los derechos del pueblo kurdo que contaron con la participación de representantes de organizaciones no gubernamentales, de pacifistas y de diputados de varios países europeos. 
Tras dichas manifestaciones, se sucedió una acción inaceptable de la policía que cargó y pegó a muchos participantes y arrestó varios de ellos, entre los cuales también al Sr. Dino Frisullo que se halla todavía en la cárcel. 
Conociendo personalmente al Sr. Dino Frisullo, puedo garantizar que se trata de una persona que en todo momento ha mostrado intenciones pacíficas e interés por opciones no violentas, orientadas a fomentar el diálogo entre las partes. 
El Gobierno turco, sin embargo, en lugar de intentar el diálogo con el pueblo kurdo, ha optado por la represión impidiendo el legítimo ejercicio del derecho de expresión y de manifestación de los ciudadanos kurdos, turcos y de los ciudadanos de varios países europeos. 
En este contexto de falta de respeto de los convenios internacionales y de represiones inaceptables de los derechos humanos por parte de un país que, no sólo mantiene relaciones de cooperación con la Comunidad Europea y ha conseguido la Unión Aduanera con la Unión Europea, sino que aspira, desde un cierto punto de vista legítimamente, también a formar parte de la misma, es indispensable que la Unión Europea y en particular el Parlamento Europeo apoyen la acción del Gobierno italiano que ha solicitado con firmeza la inmediata puesta en libertad del Sr. Dino Frisullo. 
Creo que debemos hacer entender al Gobierno turco que la opinión pública europea, conjuntamente con la opinión pública italiana, no puede tolerar que un país con el que la Unión mantiene tales relaciones, pueda violar de esta forma los derechos humanos. 
Señor Presidente, Señorías, con toda sinceridad, creo que aquí no se está debatiendo tanto el problema del ciudadano italiano, Sr. Dino Frisullo, sino más bien el del Gobierno turco y del papel que Turquía quiere desempeñar en sus relaciones con la Unión Europea. 
Las cuestiones fundamentales que se plantean son dos: en primer lugar, el respeto de los derechos humanos en Turquía y, en segundo, el apoyo que la Unión Europea siempre ha ofrecido a la cuestión kurda y, más en general, a los derechos de las minorías dondequiera que se encuentren. 
Turquía, hoy por hoy, se encuentra ante una encrucijada, debe elegir de qué lado inclinarse. 
Es una encrucijada histórica y cultural en la que muy a menudo se ha encontrado ese importante país. Su Gobierno, no obstante, debe convencerse de que, si quiere mantener relaciones serias con la Unión Europea, el camino que ha tomado no es ciertamente el camino a seguir. 
Camerún 
Señor Presidente, Camerún es signatario del Convenio de Lomé, el cual estipula que la ayuda al desarrollo está supeditada al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y, por lo tanto, al respeto de la libertad de expresión. 
La condena a dos años de prisión del periodista Pius Njawé y la condena a seis meses de prisión del periodista Michel Michaut Moussala son inaceptables en la medida en que la libertad de expresión está normalmente garantizada por la Constitución y las leyes de la República y por la ley que reglamenta la comunicación social. 
¿Existen varias interpretaciones de la ley por la justicia camerunesa? 
Me temo que sí, ya que las violaciones y los ataques a las libertades se multiplican peligrosamente y reflejan el agravamiento de la situación en materia de respeto de los derechos humanos. 
No existe democracia en un Estado que practica la censura contra los medios de comunicación. 
El hecho de querer amordazar la prensa e impedir que difunda la información constituye un grave ataque a las libertades fundamentales. 
Por lo tanto, recurro a las autoridades camerunesas para que cesen estas prácticas, para que los periodistas sean liberados y para que el derecho vuelva a ocupar su lugar en un Estado que se respete. 
Señor Presidente, señor Comisario, Pius Njawé, director del grupo de prensa privado Le Messager, detenido desde el 26 de diciembre de 1997, acaba de sufrir una dura condena a dos años de prisión firme. 
Su delito es haber permitido que su diario publicara un artículo intitulado: " ¿Biya está enfermo? », donde se hacía referencia a una crisis cardíaca del Presidente de la República camerunesa. 
Otro periodista, Michel Michaut Moussala, ha sido condenado a seis meses de prisión firme. 
Varias veces encarcelado, Pius Njawé, considerado como el padre de la libertad de prensa en el continente africano, paga una vez más su tributo al necesario combate por la libertad de los medios de comunicación en países en los que aún subsiste la tradición del partido único y que no toleran ningún contrapoder. 
La libertad de expresión es sagrada. 
Constituye uno de los pilares del proceso democrático, que la Unión Europea fomenta y acompaña. 
Por consiguiente, pedimos la liberación inmediata de ambos periodistas, el respeto de los derechos del hombre y de las libertades, y de libertad de expresión en particular, que es fundamental. 
Señor Presidente, quien conozca el Camerún- y yo conozco el Camerún -, seguro que tiene mucha simpatía por ese país, cuya población es especialmente amable y avispada y además, si se compara de modo general con sus vecinos, es un país relativamente bien gobernado. 
Es, por ello, aún más lamentable que allí ocurran cosas que están en absoluta contradicción con nuestros principios. 
Pero quiero llamar aquí la atención sobre algo: tenemos un Convenio de Lomé con esos Estados cuyo artículo 5 no deja ninguna duda. 
Pero ¿qué ocurre con el artículo? 
Tengo que decirles sinceramente que cada vez tengo más la sensación de que este artículo solamente existe en el papel y que no se cumple. 
Si no extraemos las consecuencias de lo que exigimos, no nos debemos extrañar si los Gobiernos y la población vuelven de nuevo a una tradición que no es aún tan antigua. 
Las personas que allí viven han conocido una situación muy diferente. 
Deberíamos hacer una especie de examen de conciencia: ¿somos creíbles con estos puntos que defendemos? , ¿somos creíbles con la defensa de los derechos humanos y de los pueblos? , ¿somos realmente creíbles y utilizamos las grandes posibilidades de que disponemos para lograr lo que siempre anunciamos en voz alta no sólo moralmente sino también en el terreno económico y social? 
Creo que deberíamos utilizar precisamente el caso de un país tan simpático como el Camerún, pero no para criticar al Camerún sino a nosotros mismos, para que gocemos por fin de credibilidad. 
Señor Presidente, Señorías, el tema de Camerún plantea un problema de carácter más general, esto es, el de la libertad de expresión e ideológica y, en particular, de la libertad de prensa en algunos países en desarrollo, debo decir especialmente en algunos países africanos. 
A lo largo de mi experiencia de diputado europeo no es la primera vez que me encuentro ante una cuestión de este tipo. 
Un periodista fue procesado y condenado por el hecho de haber transmitido, difundido noticias falsas y tendenciosas. 
Ésta no es la forma correcta de interpretar la libertad de prensa, ya que no puede censurarse la falsedad o la no falsedad de la noticia para imponer unas sanciones que sobrepasan lo que la conciencia de cualquier pueblo civilizado puede soportar. 
Éste es nuestro problema. 
Señor Presidente, desde luego que he leído con mucho interés el presente compromiso de resolución sobre la libertad de expresión en Camerún y, desde luego, puedo, digo yo, estar de acuerdo con las recomendaciones sobre esta cuestión; especialmente con la posición claramente prominente que ocupa la libertad de expresión en el conjunto de derechos fundamentales de cada persona. 
Sin embargo, permítaseme señalar en este Parlamento que la libertad de expresión, lamentablemente, seguro que no sólo está en entredicho en Camerún, y que, por ejemplo, el propio Parlamento, en resoluciones anteriores, ha querido limitar la libertad de expresión, especialmente, en sus hasta más no poder tradicionales resoluciones que, bajo el lema de la lucha contra el racismo y la xenofobia, en el fondo abogan por leyes que amordazan a las personas que no consideran irreflexivamente que la llamada sociedad multicultural sea un ideal que deba perseguirse. 
No obstante, constato que en nuestro propio continente, por ejemplo en Francia, como consecuencia de la ley comunista Gayssot, todavía muy recientemente, se ordenaron penas severas especiales e incluso hasta sanciones millonarias por la simple manifestación de una opinión. 
Hace un instante, hace sólo unos minuto, nuestro colega Jean-Marie Le Pen ha sido condenado por una simple trifulca electoral a dos años de pérdida de todos sus derechos políticos y, por tanto, también de su mandato en este Parlamento. 
Me pregunto qué dicen en Camerún sobre este tipo de cuestiones y si su parlamento votará ahora una resolución sobre la libertad política en Francia. 
Así mismo constato- un ejemplo entre tantos- que en mi propio país el ministro de Justicia ha puesto en marcha una reforma del derecho penal conforme a la cual los delitos de prensa, y sobre ello hablamos hoy, ya no serán analizados por un jurado popular, sino por un consejo de jueces políticamente designados y que, además, el ministro de Justicia dice explícitamente que su objetivo es parar los pies a la libertad de expresión de un partido de la oposición, mi partido. 
Cuando hoy, por tanto, condenamos la disminución de la libertad de expresión en Camerún, debemos saber que uno no puede preocuparse sólo un poco y que no puede abogar únicamente por la libertad de expresión en Camerún, sino que también debe hacerlo en su propio país y en su propio continente. 
Señor Presidente, por supuesto que me pronuncio con toda decisión en favor de la liberación de los Sres. 
Hjawé y Moussala. También creo que deberíamos ejercer una mayor presión sobre la cuestión de la libertad de prensa precisamente en los Estados signatarios del Convenio de Lomé, que están especialmente vinculados con nosotros. 
No obstante, creo que debemos ver el problema en un contexto más amplio. 
Estoy muy satisfecho de que en la resolución se acentúe tanto el artículo 5 del Convenio de Lomé. 
Creo que en la mayoría de los Estados signatarios del Convenio de Lomé la libertad de prensa está en peligro de vez en cuando y que es cierto que el Camerún es el tuerto entre unos cuantos ciegos. 
Si se echa un vistazo por la región y se contempla, por ejemplo, a Nigeria o el Congo, se pueden ver unas circunstancias muy diferentes. 
Por ello, creo que el Camerún es uno de los países que goza de una relativa estabilidad, también en lo que se refiere al respeto de unas normas compatibles con un Estado de derecho. 
Sin embargo, no se puede naturalmente disculpar estos hechos. 
Deberíamos extraer de ellos consecuencias para toda nuestra política. 
Como hoy está presente el Sr. Pinheiro, con diferencia uno de nuestros mejores Comisarios, quiero aprovechar la ocasión para apelar a la Comisión y a los Estados miembros para que dediquen más que hasta ahora nuestra ayuda al desarrollo a fomentar programas en el campo de la formación inicial y continuada que cimienten el Estado de derecho. 
Es necesario formar jóvenes capas políticas dirigentes, funcionarios y jueces así como todos aquellos que tienen que ver con los medios, entre los que, naturalmente, se incluyen los periodistas, pues de todas partes amenazan peligros para la libertad de opinión. 
Creo que tenemos una gran tarea en el campo de la formación inicial y continuada para formar a jóvenes capas dirigentes que rompan con el círculo vicioso y logren que en la mayoría de los Estados signatarios del Convenio de Lomé se siga una política que haga honor a su artículo 5. 
Tenemos aquí una gran tarea a la que, por fin, nos debemos enfrentar. 
Señor Presidente, creo que el Sr. Posselt tiene tanto razón como falta de razón. 
Realmente nos encontramos ante una gran tarea, pero no como los grandes maestros del planeta sino como personas solidarias que no tienen que enseñar a los africanos cómo funciona. 
Pues si examinamos la historia del siglo XX en Europa o la historia del comportamiento de Europa en África durante los últimos 300 años, se ve claramente que no estamos en situación de dar lecciones a nadie. 
Tenemos una tarea común de solidaridad desde abajo. 
Por ello, sobre todo se debería buscar la cooperación con organizaciones no gubernamentales y Gobiernos elegidos democráticamente. 
Juntos con ellos debemos encontrar formas y desarrollar iniciativas que no hagan parecer que el invocar los derechos humanos y cívicos en África no sea más que una frase vacía de contenido. 
Pena de muerte en los Estados Unidos 
Señor Presidente, Señorías, si es cierto que el silencio mata, lo que es menos cierto es que las palabras, los llamamientos, a veces incluso angustiosos de este Parlamento bastan para salvar la vida de un hombre: un hombre justo, un hombre inocente, un verdadero defensor de la libertad y de la igualdad racial como el Sr. Mumia Abu-Jamal que desde hace años espera en el corredor de la muerte de la cárcel de Greene en el estado de Pensilvania. 
Sucedió una vez, hace menos de dos años, cuando la protesta, no sólo de este Pleno, sino de casi todos los jefes de Gobierno y de Estado occidentales, surtió el efecto deseado: aplazar, pero sólo aplazar, su ejecución. 
El 1 de octubre del año pasado, los abogados de Mumia presentaron un recurso de revisión del proceso ante el Tribunal Supremo del Estado soberano de Pensilvania. 
Han transcurrido cinco meses y el Tribunal todavía no se ha pronunciado al respecto, aunque existen fundadas razones para creer en lo peor, porque la táctica del aplazamiento, bajo el manto de una disimulada, silenciosa indiferencia hacia el caso, podría resultar letal para el Sr. Mumia Abu-Jamal. 
Es por eso que el Parlamento Europeo debe romper de nuevo esta cortina de silencio, alzar su voz y conseguir que no se trate sólo de un flatus vocis, de un cumplimiento formal en el marco del business as usual, de un llamamiento al buen corazón de las autoridades de un estado que desde el año 1982, desde el bombardeo aéreo con artefactos incendiarios de un barrio de Filadelfia, sede del movimiento negro Move, se ha mostrado despiadado hacia quien, como el Sr. Mumia, lucha por la emancipación y la igualdad de los afroamericanos. 
Por eso, es sumamente oportuno que nuestra resolución en favor del Sr. Abu-Jamal y contra la pena de muerte en los Estados Unidos, se incluya, se convierta en más contundente y operativa con la enmienda que invita a los empresarios europeos a trasladar sus inversiones en los Estados Unidos a los estados donde todavía no ha entrado en vigor la pena de muerte. 
El tiempo aprieta y no sólo para Abu-Jamal, sino para los más de 3.000 condenados a muerte en la gran República de las estrellas. 
En junio, cuando nuestra delegación parlamentaria va a encontrarse con los congresistas americanos en Houston en Tejas, cerca de Huntsville, llamada la capital de las ejecuciones USA, otros 28, quizás 35 seres humanos, entre los cuales se encuentra otra mujer, habrán subido al patíbulo y no podrán seguir el éxito, por otra parte, descontado, de esos intercambios interparlamentarios a través del Atlántico. 
Señor Presidente, tras la amarga y lúcida intervención del Sr. Manisco, no me queda más que decir que coincido con lo que ha manifestado. 
Deseo sólo añadir algunas consideraciones. Ante todo, quiero mencionar la firme oposición del Parlamento Europeo a la aplicación de la pena de muerte, repetidamente expresada en anteriores resoluciones, incluidas las relacionadas con el caso de Mumia Abu-Jamal. 
En este momento, debemos recordar que, mientras estamos debatiendo estos asuntos, otras personas están en el corredor de la muerte y algunas de ellas acaban de ser ejecutadas en base a la lógica de la pena de muerte como, por ejemplo, en el reciente caso de una mujer americana. 
A esto debemos añadir el terrible deterioro de las condiciones de vida de los detenidos, especialmente, como pudimos constatar, en la prisión de Greene en Pensilvania. 
Por ello, consideramos oportuno que la Unión Europea y, en particular, el Parlamento Europeo, no sólo reafirmen su tajante «no» a la pena de muerte y pidan la suspensión de la pena para el Sr. Mumia Abu-Jamal, sino que exijan también la revisión del proceso que sabemos perfectamente que fue declarado nulo. 
Además de esto sólo quiero señalar que hemos presentado una enmienda con objeto de invitar a todas las sociedades europeas que tienen intención de invertir en los Estados Unidos a que privilegien esos Estados donde no se aplica la pena capital. 
Señor Presidente, ya se han dicho algunas cosas. 
Nos encontramos de nuevo ante un caso de pena de muerte. 
En esta ocasión se trata del caso Abu-Jamal y del Estado de Florida. 
Lo que sobre todo nos mueve como europeos y Parlamento Europeo en estas cuestiones es el hecho de que, en primer lugar, aún exista la pena de muerte en los Estados Unidos y, en segundo lugar, las circunstancias bajo las que se ejecutan. 
Cada caso que se enjuicia o condena de este modo tiene su propia tragedia y también su propio dramatismo. 
Hace poco, con motivo de la Comisión sobre los Derechos Humanos de la ONU, tuvimos ocasión de hablar con un abogado tejano que está en contra de la pena de muerte. 
Nos llamó en especial la atención sobre un factor que creo no conocemos. 
En primer lugar, las personas de los Estados Unidos apenas saben porqué y cómo se pronuncian las penas de muerte. 
No se enteran ni tampoco les interesa de modo especial. 
La mayoría de las veces solamente se enteran de los casos muy dramáticos. 
A ello viene a añadirse que la forma en que se pronuncian las sentencias son totalmente diferentes de Estado a Estado. 
Solamente hace falta dar un paso al otro lado de la frontera de un Estado para que por el mismo hecho no se le condene a uno a muerte. 
Esta diferencia de punibilidad es algo que también nos preocupa, muy en especial cuando se trata de la última pena, la pena de muerte. 
No existe una jurisprudencia unitaria en este campo. 
El mismo hecho es castigado de modo diferente. 
A veces se trata de un asesino en masa y otras de un asesino que comete su primer crimen. 
Asesinato es asesinato. 
En cualquier caso es algo terrible. 
Creo que deberíamos decir claramente a los norteamericanos porqué nos preocupa tanto la pena de muerte en los Estados Unidos. 
Señor Presidente, un gran país, una gran nación, un gran pueblo, los norteamericanos, a los que todos los ciudadanos europeos les están agradecidos, que enviaron a sus jóvenes para liberarnos del nazismo, muchos de los cuales cayeron en las playas de Normandía y hasta más allá del Rin, ese gran país que defiende con ardor los derechos humanos, el derecho de pensar, de expresarse, de asociarse, de publicar, acepta que el derecho más elemental, el derecho a la vida, sea atacado por el propio Estado. 
Esta concesión a la violencia, que se traduce por la ejecución de un inocente doce años después de haber sufrido una condena altamente cuestionable, que también se traduce por poner armas de fuego en las manos más ineptas y a disposición de las mentalidades más frágiles, lo que provoca la muerte de decenas de inocentes, esta concesión colectiva a la violencia debe ser señalada con el dedo. 
Es un llamamiento que lanzamos los europeos, en esta Asamblea, a los ciudadanos de Pensilvania: pónganse de pie, hagan que cese esta violencia que el Estado protege, exijan que cese la ejecución de personas y hoy en particular la de Munia Abu-Jamal. 
Señor Presidente, espero que mi castellano tampoco lo considere como una agresión. 
Señor Presidente, con respecto a la cuestión de la detención del Sr. Frisullo, permítame recordar que el pasado 4 de marzo la Comisión aprobó su informe anual sobre la evolución de las relaciones con Turquía desde la entrada en vigor de la unión aduanera. 
En el mismo, la Comisión constata que la situación de los derechos humanos y el proceso de democratización no han registrado avances sustanciales durante el año transcurrido. 
Por consiguiente, en su comunicación sobre una estrategia europea para Turquía, aprobada el mismo día, la Comisión confirmó su intención de continuar su ayuda financiera a las ONGs turcas que trabajan en favor de la mejora de la situación de los derechos humanos en Turquía. 
La Comisión desea igualmente cooperar con las autoridades turcas, sobre todo en la formación de las fuerzas policiales. 
A pesar de la reciente decisión de Ankara de suspender todo diálogo político con la Unión Europea tras las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo, la Comisión espera seguir comunicando a sus interlocutores turcos las preocupaciones de la Unión sobre las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y el respeto del principio democrático. 
Dentro de este espíritu, la Comisión no dudará en plantear el caso del Sr. Frisullo frente a las autoridades turcas y en pedir una información más amplia y explicaciones al respecto. 
En cuanto a la libertad de expresión en Camerún y el caso de los dos periodistas, debo decir que comparto las preocupaciones de ustedes sobre su reciente condena. 
La misma hace pesar una grave amenaza sobre la libertad de expresión de los periodistas, una libertad que constituye, como todos sabemos, uno de los factores esenciales de una auténtica democracia y que, además, está establecida por las disposiciones del artículo 100 del Convenio de Lomé. 
En efecto, estos últimos tiempos se advierte en Camerún, como desgraciadamente en otros países africanos, una tendencia del poder constituido a limitar la libertad de expresión, con la ayuda de un sistema judicial que carece de autonomía con respecto al ejecutivo. 
A pesar de todo, conservo la esperanza de que la audiencia, que precisamente examina hoy el recurso interpuesto por el Sr. Njawé, no confirme esta tendencia. 
Pero deseo que sepáis que la Comisión, a través de la DG VIII, ya había comunicado a las autoridades camerunesas sus preocupaciones al respecto. 
Puedo asegurarles que la Comisión continuará velando por el respeto del artículo 100 del Convenio de Lomé y que seguirá atentamente la evolución de la situación de los derechos humanos en Camerún y en particular de los dos periodistas de que se trata. 
Para terminar, señor Presidente, el problema de la pena de muerte vuelve a plantearse una vez más en este Parlamento. 
La posición de la Comisión es conocida porque a menudo la hemos repetido. 
Desearía decir solamente que, con respecto a los Estados Unidos, nosotros consideramos que es absolutamente necesario que se respeten todas las garantías consagradas por el International Pact on Civil and Political Rights y otros instrumentos pertinentes. 
La Comisión piensa que el sistema judicial norteamericano procurará que dicho instrumento sea respetado. 
Pero es de lamentar que un país civilizado como los Estados Unidos, uno de los principales poderes del mundo, continúe practicando una barbarie como la pena de muerte. 
(Aplausos) 
Muito obrigado, senhor Pinheiro. 
Señorías, como decía la Sra. André-Léonard, nuestros debates se han sucedido con celeridad, pero sin que ello haya disminuido ni su calidad ni la importancia de los temas tratados, pero hemos llegado al final de nuestros debates. 
Por lo tanto, les propongo que interrumpamos la sesión hasta las 16.30 horas. 
Tiene la palabra el Sr. Posselt para una cuestión de orden por el tiempo máximo de un minuto. 
Señor Presidente, quiero hablar sobre uno de mis temas preferidos, es decir, sobre la Conferencia de Presidentes. 
Como usted es uno de los pocos Presidentes en ejercicio que informa de lo que se dice aquí en el Pleno, quiero indicar que es algo extraño que la Conferencia de Presidentes halla rechazado poner en el orden del día un tema tan importante como Kosovo con la justificación de que falta tiempo. 
Lamentablemente, no se pudo ganar para este tema a la mayoría de la Asamblea. 
La consecuencia ha sido que hoy hemos tratado tres temas, que tenemos una interrupción de la sesión de veinte minutos y que no se ha tratado sobre un foco actual de crisis en plena Europa. 
Creo que deberíamos tratar de la configuración de nuestro orden del día de un modo mucho más competente y objetivo a como actualmente lo hace la Conferencia de Presidentes y ruego que se vuelva de nuevo al debate de urgencia para que se disponga también de tiempo para los temas necesarios. 
Muchas gracias, señor Posselt. 
No hay duda de que eso va a constar en Acta y que los presidentes de los Grupos que componen la Conferencia de Presidentes van a leer y a tomar buena nota de su intervención. 
Yo soy vicepresidente y miembro de la Mesa, pero no miembro de la Conferencia de Presidentes. 
En todo caso, en mi responsabilidad actual, recojo sus palabras como es ya costumbre y las trasladaré a quien corresponde. 
(Se interrumpe la sesión hasta las 16.30 h.) 
Señor Presidente, si recorre el hemiciclo con su mirada, notará la ausencia de un gran número de mis colegas que no pueden estar presentes esta tarde, debido a los horarios de vuelo que dificultan el regreso a Londres y al Reino Unido en general desde Estrasburgo. 
Mi colegas presentan sus disculpas, pero creo que es muy difícil para cualquier miembro de esta Asamblea cumplir con su deber si no puede venir y volver, como expuso la Sra. Green cuando intentaba llegar aquí a comienzos de semana. 
Los problemas para volver a Londres desde Estrasburgo son igual de graves y ha habido colegas que han tenido que salir de aquí a las 12.00 horas de hoy para poder estar allí mañana por la mañana. 
Es una situación ridícula y espero que la Mesa del Parlamento la examine, porque se han tomado disposiciones relativas a los diputados y a su participación en las votaciones, que ahora se están viendo interrumpidas por los horarios de los vuelos a los que tienen que ajustarse para venir a Estrasburgo y volver a Londres. 
Señor Provan, su observación contiene dos partes. 
En cuanto a la primera, continuaremos presionando a las compañías aéreas y a los gobiernos correspondientes al objeto de que mejore el servicio. 
Y respecto a la segunda, esta situación será tenida en cuenta cuando revisemos el funcionamiento del sistema de votación nominal, lo que haremos en breve. 
Se procede a la votación sobre los problemas de actualidad y urgencia. 
Votaciones (continuación) 
La ponente propone sustituir, en todo el texto de la versión francesa, el término "contrôle démocratique» por" responsabilité démocratique». 
¿Hay alguna objeción? 
(El Parlamento aprueba la enmienda oral) 
Antes de la votación del apartado 5 
La ponente, que lamentablemente no puede estar presente esta tarde, me ha pedido que proponga una enmienda oral. 
Donde ahora dice "to hold the ECB to account» , la ponente solicita que sea sustituido por" for the ECB to be answerable to». 
Señor Presidente, quiero disculparme porque quería preguntar a la ponente, que lamentablemente no está presente, si puede repetir la pregunta. 
Se trata del artículo 5. 
Me encuentro en una situación difícil. 
Soy Presidente de la comisión y me habría gustado oír lo que la ponente dice al respecto. 
Pero me he enterado de lo que se ha acordado, una enmienda oral de mi colega la Sra. Randzio-Plath, quien quería exponerla aquí, pero que no conozco. 
Bajo estas condiciones, recomendaría una votación por separado y dar nuestra aprobación a la primera parte hasta " tiene que establecerse». 
La segunda parte " de modo que el Parlamento Europeo, como único órgano elegido directamente, representa a este nivel una institución especialmente adecuada frente a la que es responsable el BCE» no la aprobaría en la forma actual sino sólo en la que la colega Randzio-Plath quería exponer. 
Este era el problema. 
Señor Presidente, creo que es importante decir por qué la Sra. Randzio-Plath no se encuentra presente, habida cuenta de que su ausencia podría despertar alguna oposición. 
Como sabrán, se sentía muy afligida a la hora del almuerzo por el hecho de que no se hubiera votado su informe, debido a que su marido se encuentra enfermo y ella tenía que volver a casa. 
Creo que es algo que todos podemos entender y quisiera pedir a los colegas aquí presentes, que saben que es una mujer muy trabajadora, que por favor comprendan su decisión. 
Esta mañana intentó que se votara el informe, como ustedes saben, pero muchos de nuestros colegas abandonaron el hemiciclo y no se quedaron a la votación. 
Es lamentable, se sentía muy afligida, y quisiera pedirles a todos que, por favor, muestren comprensión al menos en este aspecto. 
Señor Presidente, la Sra. Randzio-Plath les ha comunicado la enmienda oral que el Sr. von Wogau no conoce. 
En esta Asamblea ha habido colegas- lamentablemente, también de su propio grupo político, señor von Wogau- que se han levantado cuando el Presidente preguntó si se autorizaba la enmienda oral. 
Como la cifra era lo correspondientemente numerosa, el resultado ha sido que se rechazase la enmienda oral. 
Este es el problema ante el que nos encontramos. 
De lo contrario, no habría surgido ninguna duda. 
La Sra. Randzio-Plath ha depositado ex profeso la enmienda oral con anterioridad ante el Presidente porque no podía estar hoy presente. 
Por ello, ruego que se vote en la forma actual. 
Pues nosotros no lo hemos impedido sino los colegas que se han levantado. 
Así veremos quién tiene una mayoría. 
Intentemos mantener la calma en este asunto. 
Varios diputados han pedido la palabra por cuestiones de orden. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, es lamentable que no haya sido posible votar sobre la enmienda oral acordada. 
Son responsables aquellos que en todo el proceso han estado jugando a las adivinanzas y ahora lo siguen haciendo. 
Ahora deberíamos votar sobre el texto originario. 
Señor Presidente, el problema se ha creado únicamente por la ausencia de la Sra. Randzio-Plath, ya que se trata de un compromiso que habíamos alcanzado tras un acuerdo en el seno de la comisión, votado globalmente. 
Este acuerdo era perfecto, pero no se había encontrado el término para traducir el texto sobre el que nos habíamos puesto de acuerdo: " to hold to account» , término que algunos consideraban demasiado agresivo con respecto al Banco. 
Se propusieron dos o tres términos, pero nuestros colegas ingleses consideraron que no eran apropiados, sin que se pudiera encontrar hasta esta misma mañana el término apropiado, que hemos hallado la Sra. Randzio-Plath y yo. 
(Reacciones diversas) Es lamentable que, para impedir un acuerdo, doce personas se hayan levantado. 
Dicho esto, señor Presidente, para salir de este callejón sin salida, podemos votar en primer término la propuesta del Sr. von Wogau, luego la Asamblea votará el resto. 
La diferencia es prácticamente nula. 
Es una cuestión de matices. 
La gente se ha puesto tan histérica con respecto a estos matices que han hecho de ello un drama inexistente. 
Señor Presidente, para que conste en Acta quería decir que la propuesta del Sr. von Wogau y del Sr. Herman debe seguirse, que, naturalmente, compartimos todo el dolor con la Sra. Randzio-Plath y que, a fin de cuentas, nadie de nuestro grupo ha intervenido en el boicot de esta propuesta, la cual, usted, además, no ha leído en voz alta. 
He entendido mal su última observación. 
He leído la propuesta en voz alta y con toda claridad. 
Señor Presidente, muchas personas en esta Asamblea saben que precisamente en este informe casi todas las palabras son decisivas. 
Teníamos una formulación de la que podíamos suponer que una amplia mayoría la iba a aceptar. 
Pero una parte de nuestros colegas no sabía que en este caso, por los motivos que ha expuesto Fernand Herman, se ha llegado a una situación tal que no se puede solucionar ahora realmente con la interpretación usual de los Estatutos. 
Si adoptamos ahora una resolución que no tenga en cuenta esta enmienda oral, haremos algo que no quería la mayoría de esta Asamblea. 
Propongo dos vías de solución que creo son correctas para salir de este atolladero. 
Si usted, señor Presidente, plantea de nuevo la pregunta de si se desea autorizar la enmienda oral, ahora que los colegas saben de qué se trata, podríamos apelar a los que antes se han levantado con buenas razones y lograr quizás que permanezcan sentados. 
Si tuviésemos la posibilidad de votar sobre la enmienda oral, tendríamos el resultado que la gran mayoría de la Asamblea quiere y la mayoría sería correcta. 
Si esto no fuese posible, deberíamos volver a lo que Karl von Wogau ha propuesto. 
No obstante, creo que la primera vía sería más correcta. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que en la comisión nos hemos esforzado mucho conjuntamente- reconozco expresamente los grandes esfuerzos de la colega Randzio-Plath- para llegar a un acuerdo. 
En la comisión llegamos prácticamente a un acuerdo en todos los puntos, tal como ha expuesto el colega Herman. Fue aprobado por casi todos los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. 
Solamente quedó abierto el punto 5 en el que la expresión " es responsable» les pareció muy fuerte a muchos miembros de mi grupo político. 
Luego se dijo que íbamos a encontrar un acuerdo al respecto. 
Tengo que decir que yo mismo no he participado ya en este debate sino que lo ha hecho el colega Herman. 
Dice que ha encontrado ahora esta palabra y que es la palabra correcta. 
Sin embargo, tengo la sensación de que no todos en esta Asamblea han entendido cuál es esta palabra correcta. 
Tengo que decir que tampoco la tengo por escrito. 
Por ello, aunque esté un poco al filo del procedimiento, propongo que roguemos de nuevo al colega Herman que nos diga de modo totalmente claro cuál es el objeto de la enmienda oral, tal como ha propuesto el colega Ingo Friedrich. 
Propongo que nos pongamos de acuerdo de algún modo. 
Creo que es de sentido común proceder así. 
Es evidente que si la enmienda oral se sometiera a votación, se aprobaría. 
No hay ninguna duda al respecto. 
Pero existe un Reglamento que protege a las minorías de esta Asamblea, y ésa es la finalidad de que 12 diputados puedan ponerse en pie y rechazar una enmienda oral. 
Ninguno de los Grupos que votaron en contra de la enmienda oral se ha opuesto o ha dicho que haya entendido mal. 
Ahora hay una persona de cada uno de estos dos Grupos que piden la palabra. 
Oiré qué tienen que decir, antes de tomar una decisión. 
Señor Presidente, soy uno de los doce colegas que se han levantado hace un momento. 
Desearía manifestar lo siguiente. 
La Sra. Randzio-Plath está ausente, pero el coordinador de nuestro Grupo también está ausente. 
Él es quien nos hubiese informado. 
Yo conocía la existencia de este debate en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y sabía que había un intento de conciliación. 
Me parece bien que haya habido un acuerdo entre la Sra. Randzio-Plath y el Sr. Herman. 
Pero nuestro Grupo no ha sido informado del acuerdo, ni tampoco los demás grupos. 
Y desearía recordar en este caso que en el Parlamento no hay sólo dos grupos, sino muchos. 
Si hubiese estado bien informado habría votado la enmienda oral de la Sra. Randzio-Plath, pero creo que, por razones de principios, los dos grandes grupos no deberían ignorar a los demás grupos que existen en el seno de este Parlamento. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, usted es el encargado de presidir nuestros debates, y desearía que lo hiciera aplicando nuestro Reglamento. 
No es normal haber preguntado si doce colegas se oponían a la enmienda, cuando la primera vez éramos más de doce, de conformidad con el artículo 150. 
Tampoco es normal que se permita ejercer presiones sobre los diputados. 
En función del artículo 2, nosotros ejercemos un mandato sin estar sujetos a instrucciones de nadie, y quienes se han levantado lo han hecho libremente, en conciencia, de conformidad con el Reglamento. 
Hace alrededor de cinco minutos que tratamos una cuestión que ya ha sido aprobada. 
Debemos continuar, pero de conformidad con el Reglamento. 
Para poder celebrar una votación por partes, la solicitud debe presentarse al menos una hora antes del inicio de la sesión. 
Por lo tanto, prosigamos con nuestros trabajos, conforme a la lista de votaciones que tenemos delante. 
Es así como se respeta el Reglamento. 
Señor Presidente, me pregunto si podemos hacer un grano de arena de esta montaña en particular. 
Usted ha actuado correctamente de acuerdo con el Reglamento. 
Se han puesto de pie doce diputados; lamento que se hayan puesto de pie, pero lo han hecho. 
Volvamos, no obstante, al texto original que muchas personas, con mucha buena voluntad, han intentado modificar, porque han percibido un matiz demasiado fuerte en algunos términos del texto original. 
Mi opinión personal es que se trata de una diferencia muy sutil y, en realidad, decir que queremos que el Banco Central Europeo rinda cuentas de su gestión es, en términos generales, aceptable para la mayoría de las personas de esta Asamblea. 
Le aconsejaría que prosiga con la votación. 
Si desea realizar una votación por separado, de acuerdo, pero mi consejo a la Asamblea es que votemos ambas partes y que votemos a favor. 
Señor Harrison, eso es exactamente lo que me propongo hacer. 
Después de la votación sobre el apartado 5 
Señor Presidente, me opongo formalmente al procedimiento seguido. 
El artículo 116 autoriza al Presidente a fijar un plazo distinto, pero no autoriza en el último momento a aceptar una votación por partes que no ha sido solicitada en el plazo previsto. 
Dicho plazo está fijado, para el conjunto de los grupos y de los diputados, a las 21.00 horas del día anterior. 
Si el plazo no se modificó antes de la sesión, usted no puede autorizar una solicitud de votación por partes. 
Si lo prefiere, le voy a leer el artículo 116... 
Señor Fabre-Aubrespy, no sé si usted estaba presente a las 12.00 horas y no sé si estaba despierto entonces, pero hace sólo cuatro horas hicimos precisamente esto. 
No es ningún precedente. 
Es algo que hacemos regularmente en esta Asamblea. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, durante todo el transcurso de la Conferencia Intergubernamental que preparó el Tratado de Amsterdam los negociadores aplicaron rigurosamente una consigna: ¡no se habla de la moneda única, no se debe volver a abrir la caja de Pandora! 
El resultado es que hoy, a un mes de la elección de los países participantes, a nueve meses de la fecha teórica del lanzamiento del euro, algunos se dan cuenta con pavor de que el Tratado de Maastricht ha despojado de su poder a las democracias nacionales, sin crear un control equivalente a otro nivel, y que nadie controlará la Unión Monetaria. 
Uno se pregunta si no se convertirá en un monstruo que devorará a todos. 
Entonces, el Parlamento Europeo, para hacer creer que intenta reaccionar- cuando éste es el responsable de la situación -, toma la iniciativa de aprobar un informe sobre el control democrático en la tercera fase de la UEM. 
Pero se trata de una operación meramente cosmética, por tres razones. 
En primer lugar, es evidente que el Parlamento Europeo no puede corregir el Tratado. 
Por lo tanto, trabaja al margen, como hoy, para mejorar la presentación de los informes del BCE o el procedimiento de designación de sus dirigentes. 
Estas propuestas- admitiendo incluso que las demás instituciones las acepten- no cambian fundamentalmente el sistema. 
En segundo lugar, para que el BCE trabaje en un entorno democrático, como ocurre con los Bancos Centrales nacionales, aun cuando se consideran independientes, sería necesario que existiera un Estado europeo, condición que no se cumple ni podrá cumplirse, humanamente hablando. 
Finalmente, la situación actual resulta de la voluntad plenamente consciente de los redactores del Tratado de Maastricht. 
Como no existía, ni existe aún, una democracia europea, se había optado por hacer creer que la moneda única podría ser una cuestión puramente técnica, capaz de gestionarse sin ninguna interconexión con la política. 
Todavía hoy los dirigentes alemanes se aferran a esta ficción, para que su pueblo no pierda la ilusión, mientras se toman las decisiones definitivas. 
Por eso es por lo que el informe Herman, que había cometido el error de plantear la cuestión del control democrático con demasiada claridad, fue repentinamente retirado del orden del día del presente período parcial de sesiones. 
Por lo tanto, los pueblos deberán esperar estar inmersos en la unificación monetaria para descubrir, por fin, la verdadera naturaleza de este sistema. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre el Banco Central Europeo, si bien tras unas considerables correcciones en nuestra Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
Ha fracasado el intento de imponer modificaciones en el Tratado en lo tocante al nombramiento del Comité Ejecutivo del BCE por parte del Parlamento Europeo. 
No se va a producir con razón ningún voto de desconfianza contra el Presidente del BCE ni el órgano de control " comisión bancaria». 
Debemos responder ante las ciudadanas y ciudadanos en el sentido de que no se va a socavar la independencia del BCE. 
Como futuro defensor de la moneda debe poder trabajar sin verse sometido a presiones políticas de ningún tipo. 
Sólo entonces alcanzará la misma elevada reputación que goza en mi país el " Deutsche Bundesbank». Aporta la garantía de que no se desvíe un ápice de la estabilidad y disciplina presupuestarias. 
El diálogo entre el BCE y el Parlamento Europeo tiene que ser constructivo y dirigirse a sus objetivos adoptando decisiones concretas y coherentes entre la política monetaria y económica así como social y de empleo. 
Así pues, decimos sí a un intercambio abierto de opiniones pero no a la desconfianza y a unos abstrusos procedimientos de control. 
Una buena noticia: esta mañana nuestro Tribunal Constitucional ha rechazado la demanda contra el euro. 
De este modo, queda expedito el camino para la introducción de nuestra moneda común. 
En el momento de su fundación, el Banco Central Europeo necesitaba un grado de independencia sin precedentes, mayor que el de cualquier Banco Central nacional, ya que se estaba realizando la Unión Económica y Monetaria. 
Hoy el enfoque no puede ser tan restrictivo. 
Ya hemos madurado y el próximo 2 de mayo nos pronunciaremos, en una sesión extraordinaria, sobre los países que se adherirán al euro a partir de la introducción de la moneda única. 
El Banco Central Europeo ya no padece un déficit de credibilidad financiera. 
La soberanía monetaria está en trance de serle transferida progresivamente y ya nadie duda que ésta pueda contribuir a un crecimiento duradero. 
El Banco Central Europeo necesita, pues, del Parlamento Europeo para reforzar y promover mejor su acción, gracias al control democrático de una Asamblea elegida por sufragio universal. 
Por consiguiente, apruebo el informe de la Sra. Randzio-Plath. 
Las exigencias demasiado maximalistas presentadas durante los debates en la comisión parlamentaria deben dejarse a un lado. 
El BCE no puede ser una pálida imitación de la FED estadounidense. 
Por el contrario, para el Tratado de Maastricht, el Parlamento Europeo es un punto esencial del dispositivo legislativo. 
El mismo nos permite participar de manera positiva en la conducción de la política monetaria de la Unión Europea. 
Construyamos, pues, una base de diálogo democrático regular y una red de informaciones recíprocas: pero no nos convirtamos en una herramienta de bloqueo. 
El euro debe ser objeto de una responsabilidad conjunta de todos los ciudadanos de la Unión Europea para que pueda ser una apuesta de prosperidad y de empleo. 
En el debate sobre este informe, el concepto «independencia» resulta fundamental. 
El problema es que la ponente intenta en su informe tantear las fronteras de ese concepto. 
La cuestión central es hasta qué punto se puede, desde la clase política, influir, controlar y, si es posible, incluso corregir la política monetaria sin que la independencia formal del Banco Central Europeo entre en juego. 
En mi opinión, éste es el punto de partida erróneo de este informe, que debería tratarse sobre la responsabilidad democrática. 
Implícitamente también se recoge en él la idea de que con la política monetaria pueden realizarse objetivos considerados importantes por la política económica, tales como un suficiente grado de inversión, empleo y un crecimiento del bienestar. 
Durante la comparecencia de la Subcomisión de Asuntos Monetarios en la primavera de 1997, el Sr. Duisenberg, hoy día presidente del IME, convino claramente que el alcance de la política monetaria es limitado. 
Por lo que parece, la ponente no ha recogido (todavía) este punto. 
Esto aporta poca confianza en el futuro, cuando se aboga por que la Subcomisión de Asuntos Monetarios desempeñe un importante papel en el llamado proceso de responsabilidad democrática. 
Éstas son las principales razones por las que he votado contra este informe. 
He conocido con agrado el informe de nuestra colega Randzio-Plath, y me he alegrado al ver que algunos responsables políticos tenían el valor de pedir un mayor control democrático sobre quienes detentan el poder económico, que no siempre poseen la legitimidad necesaria. 
Yo deseaba subrayar esta demostración de valentía en estos tiempos de liberalismo exacerbado, cuyos méritos se alaban abiertamente. 
Sí, queridos colegas, hay que decir lisa y llanamente que independencia no casa necesariamente con irresponsabilidad y que, por el contrario, es a través de un verdadero control democrático y, en consecuencia, de una mayor transparencia, como el Banco Central Europeo logrará su legitimidad frente a los ciudadanos europeos. 
El trabajo de nuestra colega no pretende, ciertamente, poner en entredicho la independencia del Banco Central, sino hacerse eco de algunos interrogantes sobre el procedimiento para la aplicación de este necesario ejercicio democrático. 
Los debates en comisión fueron difíciles e interesantes. 
Por lo tanto, aun cuando lamente que se haya abandonado la idea de la moción de censura, sin dejar de reconocer que en este sentido una modificación del Tratado hubiese sido difícil, debo aceptar que hemos conseguido un compromiso digno y que constituye un progreso importante para el control del BCE. 
Y puedo asegurarles que estaré vigilante respecto a la cuestión de la consolidación jurídica en relación con la designación de los candidatos, que en lo sucesivo está subordinada a la aprobación del Parlamento Europeo. 
Ante un debate de esta importancia, y en el capítulo de las quejas, deseo insistir brevemente en la cuestión del empleo y en la cuestión del comité bancario en el seno del Parlamento. 
Con respecto a este último, me pregunto sobre la naturaleza profunda del rechazo de algunos grupos, por cuanto dicho comité no posee una vocación de control, sino que desempeña un papel informativo y de iniciativa. 
Dieciocho millones de parados, un número similar de precarios, una Cumbre sobre el empleo y gobiernos que luchan para hacer retroceder el desempleo en sus respectivos países, y aún existen responsables políticos que consideran que la lucha contra el desempleo no es una prioridad. 
Esto es lo que deseaba decir sobre el informe de nuestra colega Randzio-Plath, a quien apoyo y felicito nuevamente. 
El BCE conducirá a una política monetaria única para todos los Estados miembros que participan en la Unión Monetaria Europea; el control democrático debe ejercerse, por consiguiente, en el plano europeo. 
Por tanto, el Parlamento Europeo, única institución elegida directamente en este plano y a la que el Tratado confía determinadas competencias en la materia, es particularmente apropiado para servir de interlocutor político privilegiado del BCE. 
La conmoción de la moneda única se producirá antes de la realización de la Unión política. 
Ahora bien, en democracia, la legitimidad tiene su origen en el sufragio universal. 
Existe, por lo tanto, el riesgo de que, si el BCE actúa sin interlocutor político, se le considere a fin de cuentas responsable de todos los males, lo que llevaría a que la opinión pública condenara el conjunto del proyecto. 
El Banco Central será independiente, pero tendrá que ser responsable. 
Su independencia implica que es necesario definir con respecto a quién y procurar que su homólogo político sea igualmente fuerte, si no, no habrá equilibrio. 
Su responsabilidad implica que ha de organizarse un diálogo y una transparencia entre el BCE y la opinión pública, a través de los órganos representativos, que son el Consejo y el Parlamento Europeo. 
Por eso nosotros aprobamos plenamente las propuestas de nuestra colega Christa Randzio-Plath para organizar esta responsabilidad. 
Dentro de este espíritu, el informe anual del BCE, cuando se refiera al modo en que la política monetaria apoya las políticas económicas generales en la Comunidad, deberá tomar claramente en consideración el crecimiento y el empleo. 
A la larga, somos muchos los que deseamos una modificación del Tratado, para permitir que el Parlamento Europeo, por una parte, tenga en esta materia los mismos poderes que para la designación de la Comisión y, por otra, que someta al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, para que decida, una moción de censura contra el Presidente del futuro BCE, en caso de que no se respete el Tratado. 
Esta evolución aumentaría la legitimidad de las decisiones del BCE. 
En cuanto a la coordinación de la política económica en Europa, el Consejo Europeo de Luxemburgo impulsó la idea de una mayor coordinación de las políticas económicas nacionales, en particular aquellas que afectan al empleo. 
Nosotros consideramos que el Parlamento Europeo deberá tener una mayor participación en este proceso. 
Es el gran campo de trabajo de los próximos años y es la condición sine qua non de un funcionamiento equilibrado de la Unión Económica y Monetaria. 
En la tercera fase de la UEM, la responsabilidad democrática afecta a la vez al BCE y a la coordinación de las políticas económicas. 
Ahora bien, hoy el polo monetario de la Unión está más estructurado que su polo económico. 
Para convertirse en realidad, la dinámica iniciada requiere un impulso político: no bastará únicamente con el orden económico de las cosas. 
Ello supone una gran responsabilidad para los socialistas del Parlamento Europeo, y la espera de nuevas propuestas. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo votaron durante el período de sesiones en Estrasburgo comprendido entre el 30 de marzo y el 3 de abril a favor del informe sobre la responsabilidad democrática en la tercera fase de la UEM. 
El informe menciona entre otras cosas: 
1) la necesidad de que el futuro BCE informe de qué definiciones y objetivos operativos se sirve para alcanzar el objetivo establecido de estabilidad de precios. 
2) que los protocolos de los encuentros del Consejo de Gobierno del BCE deben ser de dominio público. 
3) la necesidad de asegurar un diálogo entre el Parlamento Europeo y el BCE sobre asuntos monetarios y económicos. 
Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo han votado a favor del informe a partir de la postura totalmente fundamental de que debe garantizarse la mayor transparencia y apertura posible en las instituciones comunitarias. 
En este sentido debe subrayarse que los socialdemócratas en el Parlamento Europeo siguen pensando que las cuatro reservas danesas no están abiertas a discusión, incluida las reservas sobre la tercera fase de la UEM. 
Lindqvist (ELDR) , Eriksson y Sjöstedt (GUE/NGL) , Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V) , Krarup y Lis Jensen (I-EDN) , por escrito. 
(SV) La UEM es un proyecto centralizador, de alto riesgo y con débil arraigo popular. 
En la UEM se da primacía a la estabilidad de los precios y a la baja inflación. 
Las diferencias regionales entre regiones de crecimiento y zonas de despoblación podrían acrecentarse. 
La UEM conduce a una fuerte centralización de las políticas monetarias y de divisas lo que a su vez podría llegar a comprender también a las políticas fiscales y financieras. 
La UEM es un proyecto político que amplía los aspectos federalistas de la UE y fortalece la orientación hacia la formación de un estado. 
La UEM y el Banco Central Europeo, BCE, gozarán de mayor independencia y poder que todos los demás bancos del mundo, contando el Banco Central de Estados Unidos. 
Los miembros del BCE, elegidos cada ocho años y que no pueden ser destituidos, tendrán un poder enorme sobre la política de divisas e intereses y sobre el resto de la política económica que afecta directamente a la gente, a las regiones y a las naciones. 
La UEM centraliza y entrega la política económica a un puñado de banqueros, lo cual desvirtúa gravemente la democracia. 
Las propuestas de mayor transparencia y control democrático que se presentan en este informe pueden, mínimamente, alivianar el menoscabo democrático en la tercera etapa de la UEM. 
Por estas razones, hemos votado en contra del informe. 
El presente informe está lleno de buenas ideas acerca de cómo el nuevo Banco Central Europeo cumplirá con su responsabilidad democrática ante este Parlamento. 
Refleja los criterios que establece el Tratado de Maastricht en lo relativo a consultar al Parlamento sobre la adopción de medidas. 
No obstante, me temo que no habrá más transparencia ni responsabilidad democrática en este sentido de la que ha habido en el procedimiento hasta la fecha. 
Hasta ahora, la Comisión ha impulsado su propia estrategia, sin preocuparse por la transparencia ni la responsabilidad democrática. 
En este sentido, la Comisión nos hizo la extraña declaración la semana pasada de que once países son lo suficientemente fuertes económicamente para incorporarse a la UEM, entre ellos Bélgica e Italia. 
La inclusión de estos dos Estados miembros en la lista de países de la primera ronda demuestra claramente que no se han respetado los criterios de Maastricht y que la manipulación de cifras es una práctica aceptable. 
Italia y Bélgica no se acercan ni mucho menos al criterio de reducir la deuda pública a un 60 % como máximo del PIB. 
De hecho, los índices de dichos países sobrepasan en más del doble dicho límite. 
Espero que cuando los Jefes de Gobierno se reúnan bajo la Presidencia británica el mes próximo para la votación formal, muestren mayor consideración por los criterios que la que ha demostrado la Comisión. 
Habida cuenta del compromiso de la Comisión de impulsar el proyecto sin consideración por las circunstancias económicas en cada Estado miembro, resulta difícil no sacar la conclusión de que la Comisión examina el plan desde una perspectiva política. 
El resultado sólo puede ser inestabilidad en el sistema y graves consecuencias económicas para los Estados miembros que se queden fuera. 
La naturaleza política del proyecto también debilitará sin duda la posición del Banco Central, y dificultará el cumplimiento de la responsabilidad económica. 
A pesar de que, en términos generales, apoyo los valiosos objetivos de mayor transparencia y responsabilidad en el funcionamiento del BCE, encuentro que el presente informe, que utiliza continuamente la frase " responsabilidad democrática» , en realidad, confunde la responsabilidad democrática con la obligación de rendir cuentas. 
La definición que da el diccionario de responsabilidad es " ser responsable ante alguien o de alguna acción». 
Por tanto, es equivocado sugerir que el BCE es, de algún modo, responsable ante el Parlamento. 
En mi opinión es un error dar la impresión de que el derecho del Parlamento a ser informado se traduce en una forma de responsabilidad, en la acepción reconocida de la palabra. 
En consecuencia, no apoyaré este informe porque depende en gran medida en la suspensión de incredulidad. 
He votado a favor del informe Randzio-Plath, porque el grado de responsabilidad que solicita es mejor que nada. 
No obstante, reconoce- e incluso acoge con satisfacción- el hecho de que el Banco seguirá siendo totalmente independiente. 
El Banco controlará la política monetaria, y lo hará con un objetivo predominante: lograr la estabilidad de los precios, aunque ello frene el crecimiento o cree desempleo. 
Nada que el Parlamento o Ecofin pueda decir lo impedirá. 
Un auténtico control democrático del Banco Central exigiría la creación de su análogo, un gobierno central europeo. 
Sin eso, tenemos la creación de una Europa de libre mercado, dedicada sobre todo a los intereses de los banqueros. 
Algo que ha sido descrito como the spectatorship of the proletariat (la asistencia del proletariado como espectador) , aunque esto es sólo parte de la historia. 
Esto no quiere decir que debamos intentar crear un gobierno central europeo. 
No existe consentimiento para ello, y la forma anterior de la UE- la PAC, etc- no ofrece ninguna confianza de que dicho gobierno central sería un éxito. 
La excesiva prisa por crear una moneda única nos ha dejado en un buen atolladero, y nos encontramos poniendo parches como último recurso en un vano intento de arreglar las cosas. 
La transferencia de la política monetaria a terceros es una cesión importante de la independencia nacional. 
Las dimensiones que adquiere una actuación de tal índole cuando va a efectuarse de forma simultánea por un grupo países constituye un fenómeno inédito en la historia moderna. 
Dicha actuación, incluso en el caso de que pueda suponer un beneficio para los pueblos, debería prepararse con especial atención y prudencia, debería estudiar y conseguir los métodos que garanticen el control de aquéllos que hubiesen asumido esa responsabilidad para que actúen de tal modo que sirvan a los intereses del pueblo llano y del bienestar social. 
Nos encontramos hoy ante un hecho consumado y aceptado. 
El Banco Central Europeo ha sido ya creado y será el encargado de formular y administrar la política monetaria que concierne indirectamente a millones de ciudadanos que no van a tener la posibilidad de ejercer control democrático alguno y no sólo por parte de los países que van a participar en el euro ni por sus propios gobiernos, ni siquiera por el propio Parlamento Europeo ni por las instituciones de la Unión Europea. 
¿Por qué? 
Porque el Banco Central Europeo ha sido creado con vistas a servir a los grandes intereses económicos y políticos, con vistas a establecer las circunstancias apropiadas para el incremento de sus beneficios y no en pos de la consecución de los objetivos de bienestar social, de aumento del nivel de vida de los trabajadores y de los países de Europa, ni para combatir el desempleo con el consiguiente empobrecimiento progresivo de las capas más desfavorecidas de la población. 
El informe que hoy debatimos es la muestra. 
Constata la inexistencia de un control democrático declarando, aunque de forma indirecta, que la creación del BCE ha sido la expresión del esbozo del gran capital por evitar cualquier control nacional y popular, incluso del ínfimo control que pudieran ejercer los bancos centrales nacionales. 
Pero los defensores del Tratado de Maastricht conocían muy bien cuando votaban cómo iba a ser su criatura y cuáles serían sus consecuencias. 
Aunque entonces no se habían dado cuenta tendrían que haber exigido la modificación del citado tratado con la revisión del Tratado de Amsterdam. 
Pero ni siquiera han hecho eso. 
Al contrario, cualquier debate relativo a la UEM ha sido excluido de la revisión de los tratados por parte de la conferencia intergubernamental. 
La declaración de garantizar el control democrático del BCE o la ampliación de sus objetivos a otros que no sean los de la estabilidad monetaria, es un intento de desorientación consciente. Todo ello no sólo no está previsto en los tratados, al contrario, está previsto todo aquello que garantice la independencia del BCE de cualquier posibilidad de intervención del pueblo a través de disposiciones para que haya un número limitado de miembros en su administración, hecho que no garantiza la representación de todos los Estados miembros, y mediante la larga duración de los mandatos de dichos miembros para garantizar su independencia de cualquier correlación entre fuerzas políticas. 
Apoyamos cualquier medida que pueda introducir elementos de transparencia o al menos de información hacia los órganos elegidos democráticamente en lo relativo a la política y funcionamiento del BCE. 
Pero creemos que tales medidas no podrán cambiar la inaceptable situación originada con la fundación de dicho BCE. 
La única solución es la derogación del Tratado de Maastricht y la no ratificación del Tratado de Amsterdam. 
Por tal razón, fijamos firmemente nuestra atención en el objetivo de que se realicen referéndum nacionales sobre dichos tratados y dar así la oportunidad a los pueblos de que expresen su desacuerdo con dicha política y con la cesión de importantes derechos fundamentales a órganos supranacionales incontrolables. 
El Grupo de Alianza Nacional votará a favor del informe de la Sra. Randzio-Plath. Sin embargo, consideramos necesarias algunas precisiones. 
En particular, el Parlamento Europeo que será consultado en el momento del nombramiento del Presidente y de los demás miembros del Comité Ejecutivo, deberá obtener anualmente, en sesión plenaria, un informe anual sobre la actividad llevada a cabo por el Banco Central Europeo en el cual, tras explicar brevemente las razones de la política monetaria en curso y de la llevada a cabo durante el año anterior, el mismo demuestre la imparcialidad de sus elecciones. Asimismo serán extremadamente importantes las reuniones específicas con las comisiones parlamentarias competentes que deberán celebrarse a instancia del Parlamento Europeo o del propio Banco Central. 
La transparencia y la publicidad de las intervenciones ante el Parlamento Europeo constituyen uno de los medios más eficaces para lograr informar a la opinión pública a través de la prensa. 
Por último, considero necesario poner el acento en una última cuestión: con la entrada en vigor de la moneda única, los Estados perderán completamente su peso monetario como instrumento de gestión de los ciclos económicos. 
Los efectos directos e inmediatos de las elecciones en materia de política monetaria son claros y evidentes para todos, especialmente cuando se llevan a cabo de forma rígida. 
Es preciso, por lo tanto, que el Banco Central Europeo, pese a reconocer su derecho a desarrollar una función única y coordinada de ejecución de la política monetaria europea, lo haga de forma unitaria y que sobre todo sea consciente del hecho de que una misma acción puede producir efectos diferentes según los contextos económicos y las situaciones coyunturales de cada uno de los Estados destinatarios. 
En otras palabras, es necesario evitar situaciones en las cuales las políticas monetarias únicas afecten de forma diferente a las distintas economías nacionales y obliguen las perjudicadas, una vez agotados los instrumentos fiscales nacionales, a poner en marcha políticas defensivas en perjuicio de la economía real y del empleo. 
La cuestión de la obligación democrática de rendir cuentas y la inclusión aquí del Banco Central Europeo es sin duda la última gran cuestión abierta en la fase previa a la introducción del euro. 
Hay que dejar claro que no se trata de limitar la independencia del BCE ni del SEBC- pues es una condición esencial para el funcionamiento del dinero- sino de interpretarla correctamente. 
A la utopía monetarista del " dinero apolítico» que se convierte en una quimera peligrosa cuando los dogmáticos la llevan a la práctica político-económica, oponemos la idea realista de que la política monetaria sigue constituyendo una dimensión específica de la totalidad de la política económica, en la que permanece inmersa mediante disposiciones vinculantes e institucionalizadas. 
El presente informe da un primer y tímido paso en la dirección correcta. 
Es de lamentar que la lógica de " gran coalición» que impera en esta casa haya hecho que se aguase el informe originario siendo ahora mucho menos consecuente. 
No hemos caído en la ilusión de que nuestras enmiendas fuesen a cambiar algo. 
Lo que hay que constatar aquí es hasta qué punto el Grupo de los Socialistas Europeos se ha quedado por detrás del enfoque originario de la ponente. 
Informe Daskalaki (A4-0106/98) 
Hemos votado favorablemente este informe. 
Estimamos que es necesario continuar con la presencia internacional en Bosnia, basada en el mandato de la ONU. 
Pensamos también que es importante no contribuir a la tensión en la región mediante exportación de armas. 
Sin embargo, rechazamos la exigencia de usar el articulado del Tratado de Amsterdam sobre actos militares o la anticuada alianza militar UEO. 
Los países miembros de la Unión pueden contribuir al mantenimiento de la paz basándose en medidas de la ONU o de la OSCE. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy en contra del informe sobre la estrategia post-SFOR, pues Dinamarca goza de una excepción en el terreno de la política de seguridad y exterior común. 
Informe Marset Campos (A4-0120/98) 
La Comunicación de la Comisión sobre una estrategia para reducir las emisiones de metano es oportuna. 
Presenta algunas propuestas valiosas y otras que necesitan ser reconsideradas. 
El metano tiene reclamos negativos, pero también positivos. 
Es negativo en el sentido de que es un gas de efecto invernadero, superado tan sólo por las emisiones de dióxido de carbono o CO2. 
Es positivo en el sentido de que puede ser aprovechado como una fuente de energía más limpia y menos contaminante. 
También puede ser utilizado en la fabricación de productos industriales como caucho sintético y fibras químicas. 
Entre los orígenes naturales del metano se incluyen los animales, los pantanos y la flora marina, mientras que entre los orígenes antropógenos están la combustión de combustibles fósiles, las emisiones de vertederos, las aguas negras y el tratamiento del cieno de cloaca. 
A pesar de que, actualmente, el incremento de las emisiones de metano parece disminuir, ello no es motivo para permanecer de brazos cruzados. 
Los vertederos son una fuente importante de emisiones de metano que pueden aprovecharse en beneficio nuestro. 
Básicamente, lo que hace falta es un plan de acción adecuado para frenar o reducir las emisiones de metano. 
No obstante, la agricultura no debe convertirse en el chivo expiatorio. 
La Comisión considera que para tener en cuenta los hábitos digestivos de las cabañas de rumiantes, en otras palabras, el ganado vacuno y lanar, debe producirse una reducción de las cabañas. 
Esa solución no es viable. 
En primer lugar, eso ya está sucediendo debido a las cuotas lecheras y a la EEB. 
En segundo lugar, abriría la puerta a la competencia de terceros países. 
Como ha señalado la Comisión de Agricultura, debemos pedir más investigación sobre cómo mejorar las dietas de los animales y hacer una mejor gestión de los efluvios en regiones de producción agrícola intensiva. 
Si son serias nuestras intenciones sobre el desarrollo sostenible, estudiemos la explotación del potencial del metano para fines energéticos e industriales. 
Puede generarse electricidad aprovechando el metano de los vertederos. 
Esto podría, además, abrir nuevas oportunidades para pequeñas compañías. 
Necesitamos más investigación, más información pública. 
Es un desafío que, si se enfoca debidamente, puede conducir a una serie de nuevas oportunidades. 
Ampliación y cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior (continuación) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0107/98) del Sr. Posselt, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre las repercusiones de la ampliación de la Unión Europea en lo que respecta a la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior. 
Señor Presidente, la Unión Europea se encuentra ante su mayor transformación desde su fundación en los años cincuenta. 
Nos encontramos ante una gran ampliación y, al mismo tiempo, ante una profunda reforma. 
Junto a la cuestión de la Unión Monetaria, sobre la que se acaba de votar, hay sobre todo tres procesos que nos interesan en gran medida. 
En primer lugar, está la cuestión de la ampliación. 
Esta semana se comenzó en concreto con las negociaciones para la ampliación. 
Es un momento histórico pues se trata de la mayor ampliación en la historia de la UE. 
En segundo lugar, se encuentra la ratificación del Tratado de Amsterdam que va a tener lugar asimismo este año y que va a reformar nuestras instituciones al menos parcialmente, si bien no de modo suficiente, y que va a abrir un amplio campo de desarrollo y cooperación ante todo en los campos de la justicia e interior. 
En tercer lugar, se encuentra la ratificación del Convenio sobre Europol que está teniendo lugar actualmente, con el que se pretende que esta autoridad policial europea sea por fin operativa. 
Hay que interrelacionar todos estos procesos de modo razonable pues en cinco años, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, se van a comunitarizar importantes sectores: asilo, inmigración y protección de las fronteras exteriores. 
Pero también se trata de dotar a la Europol de unos poderes operativos y sería un error si no utilizásemos el proceso paralelo de ampliación hacia el Este de la Unión Europea y de las negociaciones sobre dicha ampliación, para diseñar todas estas nuevas políticas de un modo paneuropeo e incluir lo más intensamente posible a los países candidatos. 
Por ello, somos de la opinión de que debemos adoptar las medidas necesarias para que la Unión Europea prepare ya ahora el camino para la correspondiente inclusión de estos países. 
En el caso de Austria que, afortunadamente, es desde ayer miembro pleno del Convenio de Schengen o que lo aplica plenamente, teníamos el problema de que primero ingresó y sólo luego se comenzó a crear ciertas condiciones. 
No deberíamos repetir este error en la ampliación hacia el Este. 
Debemos utilizar los años que restan hasta el 2003, 2006, 2008 o cuando tenga lugar la ampliación en su primera fase, para ayudar a construir un Estado de derecho en una región que ha padecido durante decenios bajo la dictadura y la represión. Es necesario desarrollar allí criterios de Estado de derecho que son tan necesarios como los tan frecuentemente citados criterios monetarios. 
Somos de la opinión de que estos Estados han logrado muchísimo por sus propios esfuerzos, al liberarse y construir estructuras de Estado de derecho con grandes sacrificios. 
Naturalmente, nosotros debemos ayudar. 
Por ello, uno de los puntos centrales de mi informe es la formación inicial y la continuada, la formación de jóvenes capas dirigentes en la Justicia y en la Administración que puedan aplicar luego el derecho europeo y el acquis communautaire que se está además ampliando de modo enorme actualmente. 
La Ministra checa de Justicia ha dicho muy claramente que hasta ahora sólo ha podido trasponer poco derecho europeo en su país y lo poco que ha podido trasponer no pueden aplicarlo sus funcionarios pues no tienen la formación adecuada. 
Es urgentemente necesario marcar una prioridad ampliando nuestros programas a los Estados de la Europa central y oriental dotándolos materialmente del modo adecuado. 
Por ello, en un segundo paso, propongo crear una Academia Europea de Seguridad Interior, a ser posible en el espacio fronterizo actual entre la Unión Europea y los países candidatos, por ejemplo en la Baja Baviera o en el Alto Palatinado. Por ejemplo, Deggendorf, donde hasta ahora había una gran instalación de protección de fronteras, sería un lugar adecuado. 
Esta Academia Europea debería trabajar para un objetivo lejano que perseguimos, a saber, una policía europea encargada de la protección de las fronteras, pues creemos que a la larga los diversos Estados no pueden hacerse cargo del control de las fronteras exteriores sino que esto debe regularse a nivel comunitario. 
Naturalmente, la situación es hoy tal que tenemos unos órganos nacionales encargados de la protección de las fronteras que funcionan bien y se han acreditado. 
Tras una ampliación hacia el Este necesitaremos unos plazos transitorios en las fronteras exteriores actuales. 
Austria nos muestra sin embargo que todos los plazos transitorios finalizan. 
Hoy tenemos que desarrollar ya perspectivas para el tiempo posterior al plazo transitorio. 
Por ello, se ha desarrollado la idea de una protección europea de fronteras que ha encontrado un amplio consenso en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. 
En este contexto, quiero expresar mi agradecimiento a los demás grupos políticos de esta Asamblea por su intensa cooperación en mi informe, sobre todo, al colega Schmid, del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Mi agradecimiento también a otros colegas que han hecho que se logre un consenso sobre la futura vía a seguir. 
Creo que precisamente en los campos de la lucha contra el crimen, el tráfico de drogas y la trata de personas así como la grave problemática del blanqueo de capitales, es necesario un amplio consenso en la Unión Europea. 
En los países candidatos existe también un interés al respecto pues aquí no se trata de tutela sino de cooperación. 
En este campo ambas partes dan y reciben. 
Por ello, creo que esto se puede lograr también aprovechando el impulso de la ampliación de la Comunidad. 
Señor Presidente, intervengo en nombre de la Sra. Spaak; este es el fruto de sus reflexiones. 
La Comisión de Asuntos Institucionales comparte la preocupación de la ponente en el sentido de que los países que solicitan su adhesión se doten de instituciones estables, que garanticen la democracia y el Estado de Derecho, así como su capacidad para asumir las obligaciones que se desprenden del Tratado y para asumir el " acervo» comunitario. 
La primera enmienda de la Comisión de Asuntos Institucionales pone de manifiesto tres problemas: primeramente, el plazo de cinco años para la adopción de medidas tendentes a garantizar la libre circulación de las personas; en segundo lugar, la aplicabilidad a estas materias del procedimiento del artículo 189 B; finalmente, la decisión de recurrir a una cooperación más estrecha. 
La Comisión de Asuntos Institucionales insiste, pues, en que las disposiciones relativas a los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior sean revisadas con ocasión de la reforma institucional que debe efectuarse antes de la primera ampliación. 
La Comisión de Asuntos Institucionales manifiesta su preocupación por el riesgo, agravado por la ampliación, de fragmentación del espacio judicial europeo. 
En efecto, la facultad de que disponen los Estados de decidir, mediante una declaración, si aceptan o no la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia en el ámbito del Título VI, es peligrosa para todos, pero lo es aún más para los Estados candidatos, habida cuenta de sus dificultades de adaptación de sus sistemas judiciales. 
Finalmente, deseo llamar la atención de la ponente sobre la enmienda 4 al apartado 17, aceptada por la Comisión Institucional y rechazada por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. 
Esta enmienda trata de los delicados problemas de los períodos de transición, que sólo pueden ser resultado de una evaluación precisa y concreta, en el momento de la adhesión, de la situación existente en los nuevos Estados miembros. 
Esta modesta enmienda tiene el mérito de abreviar y simplificar los apartados 17 y 18, manteniendo lo esencial. 
Señor Presidente, Señorías, quiero adelantar que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos va a dar su voto favorable al informe del Sr. Posselt. 
Lo hacemos por varios buenos motivos, entre otros, por aquellos que no se refieren directamente al texto sino al ponente, al que me voy a referir un momento. 
Cuando llegué a esta Asamblea, se me describió al colega Posselt con los epítetos más llamativos. 
No quiero repetir todo lo que se me dijo de él, pero él me permitirá que diga que " irreductible exégeta de derechas» es aproximadamente lo que se puede decir de modo resumido. 
En el curso de los años he constatado que en esta Asamblea es sencillamente más fácil ser un irreductible exégeta de izquierdas o de derechas. 
Uno se entiende mejor si habla abierta y sinceramente. 
Es muchísimo mejor hablar con claridad en lugar de desarrollar formulaciones vagas con las que nadie se siente identificado. 
Por ello, señor Posselt, hemos podido trabajar bien con usted también en este informe. 
Sorprendentemente, usted no sólo ha mantenido un estilo abierto de cooperación en nuestra comisión sino que además ha recogido en este informe toda una serie de propuestas nuestras. 
Le expresamos nuestro agradecimiento por ello, pues contribuye a quitar hierro en un tema sobrecargado ideológicamente, además por partida doble. 
El debate sobre la ampliación de la Unión Europea hacia el Este es difícil entre otras cosas porque arrastramos con nosotros la carga de un pasado de 50 años, desde la segunda guerra mundial, caracterizado por la división del continente europeo y la dictadura represora comunista. 
Sabemos que precisamente en los campos en los que tenemos que cooperar, el de la justicia y de la policía, hay aún fuerzas que tenían algo que ver con esa represión. 
Cuando se habla con interlocutores que ahora se han decidido por la democracia pero se silencia que no siempre eran democracias y que, naturalmente, en el aparato actual del Estado encargado de mantener el orden, han quedado los restos del aparato represor, es una verdad que hay que tener sencillamente en cuenta. 
Esto explica porqué es tan necesaria una formación, porqué debemos ofrecer una introducción en las estructuras básicas del Estado democrático de derecho también a aquellos que no tienen tanta experiencia con las mismas. 
Por ello es tan positiva la propuesta de instalar una Academia Europea de Seguridad Interior. 
Señor Posselt, si esto tiene que hacerse en Deggendorf, no lo sé. 
Dejémoslo para la campaña electoral bávara. 
Comprendemos que lo haya propuesto. 
Puede hacerse en cualquier otro sitio, pero Deggendorf es un lugar bonito. 
Precisamente al comienzo de las negociaciones para la ampliación, el colega Posselt ha intentado mostrar claramente en su informe y en el debate- lo que ha repetido hoy con razón- que la ampliación de la Unión Europea no debe limitarse a debates económicos, financieros o monetarios. 
No, debemos tener un interés vital en que se preste una especial atención precisamente a los campos del tercer pilar en este crecimiento conjunto. 
En todos los lugares donde sabemos que se realiza una transición de una economía centralista a una economía de mercado, constatamos que si no se acompaña este proceso con las suficientes medidas legislativas, florece y crece la economía sumergida, mejor dicho, el crimen organizado encuentra un campo de actuación inmejorable. 
Y si no se coopera suficientemente a nivel policial y de justicia, ya sea por carencias estructurales o de información, los resultados son desastrosos. 
Por ello, es urgentemente necesario lo que usted propone en su informe. 
Precisamente cuando pienso en los Estados candidatos a la adhesión con los que hemos iniciado las negociaciones, me parece que el punto central es el blanqueo de capitales. 
En ningún otro lugar se puede ver más claramente donde existe un gran imán para el crimen que allí donde es posible transformar dinero adquirido ilegalmente en capital de apariencia legal. 
Por ello, hay que prestar una atención especial en estas negociaciones a la legislación antiblanqueo de capitales y a la cooperación. 
Existe un déficit en el tercer pilar que hoy practicamos. Se trata del déficit democrático que siempre denuncio. 
El Parlamento Europeo no tiene los suficientes derechos o competencias para trabajar como legislador. 
Esto se va a complicar aún más cuando vengan a sumarse más Estados si la cooperación policial y de justicia sigue en el tercer pilar y si no se produce una transferencia suficiente de competencias a la Unión. 
Incluso intensificaremos el déficit democrático que hoy padecemos si aunque sabemos que existe una necesidad urgente de armonizar para combatir el crimen existente en la Unión Europea, nos seguimos permitiendo el lujo de seguir alegando reservas de soberanía nacionales. 
Debemos intentar- sobre lo que ha llamado la atención el Sr. Posseltque con este informe se despierte la conciencia del Consejo y de los Gobiernos. 
Entonces podremos avanzar. 
Señor Presidente, si quisiera comenzar de modo similar a como lo ha hecho el Sr. Schulz, diría que probablemente no les extraña que el Grupo del PP vaya a dar su voto favorable a este informe. 
Pero, probablemente, no porque Bernd Posselt sea un irreductible derechista sino porque, al igual que el Sr. Schulz, nos lo ha descrito con gran precisión, elaborando un informe que expone la realidad tal como es y que muestra las necesidades que existen en este campo. 
Si hablamos aquí de realidades, permítanme que comience con una pequeña corrección de concepto o una pequeña observación. 
En esta Asamblea se utiliza continuamente el concepto de ampliación hacia el Este. 
Como austríaco, esto es algo que me choca cuando pienso que dos de los países candidatos a la adhesión en la Unión Europea tienen sus capitales un buen trecho al oeste de Viena. 
La ampliación de la que tratamos es una ampliación hacia el centro de Europa. 
Si hablásemos de una ampliación en Bielorrusia o Ucrania, entonces aceptaría el concepto de ampliación hacia el Este. 
Un aspecto que me parece enormemente importante en el informe es el hecho de que mediante este informe vemos que la Comunidad Europea, la Unión Europea va cambiando cada vez más de una comunidad económica a una política y, en consecuencia, a una comunidad de seguridad. 
Muestra la dimensión de seguridad que debemos transmitir a los Estados que desean adherirse a la UE. 
Esto me parece enormemente importante, pues la imagen que transmite la Unión hacia el exterior o que otros transmiten de ella es, lamentablemente, una imagen meramente económica. 
Sin duda, esto no es correcto. 
Los Estados que quieren ingresar en la UE esperan ciertos enfoques de solución precisamente en estos campos relacionados con la seguridad. 
Todos estos Estados tienen sus problemas con minorías, al igual que en cualquier país miembro de la Comunidad Europea sin excepción. 
Si llamamos aquí la atención sobre las causas de estos problemas e intentamos proponer soluciones como, por ejemplo, en el apartado 4 que nos afecta a nosotros, por el que los sectores de la justicia e interior deben incluirse necesariamente en la próxima reforma institucional que debe realizarse antes de la ampliación, entonces creo que esto es especialmente importante. 
Otro punto que quiero destacar en este informe- sobre el que ha hablado también el Sr. Posselt- y que como austríaco me parece especialmente importante, es la necesidad de crear una unidad europea destinada a la protección de las fronteras. 
En Austria hemos sido testigos de lo que significa estar sometido a unos cambios tan rápidos. 
En el curso de los últimos años hemos tenido que ir llevando de un lugar a otro a nuestras unidades destinadas al control de las fronteras. 
Gracias a Dios, desde hace un día y medio o dos existe al apertura de fronteras con Alemania y en el sur con Italia. 
Este es el último gran paso que se ha dado en nuestro país para los próximos tres o cuatro años. 
Luego cambiarán algunas cosas tan pronto como tenga lugar realmente la ampliación de la Unión Europea. 
No considero especialmente razonable que hoy exijamos unos enormes cambios en el sector del aseguramiento de las fronteras a aquellos Estados que quieren adherirse a la UE y en cuyas infraestructuras tienen que invertir muchísimo, pues tienen grandes dificultades para ponerlo realmente en marcha. 
Creo que este es también uno de los puntos centrales del informe. 
Señor Presidente, la casualidad hace que la fecha del comienzo de las negociaciones de ampliación de la Unión Europea con los países de Europa Central y Oriental coincida con el informe Posselt sobre las repercusiones de la ampliación de la Unión Europea en lo que respecta a la cooperación en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior. 
El presente informe se inscribe en la voluntad de crear un espacio europeo de justicia. 
Por otra parte, las acciones emprendidas en este ámbito serán objeto de una evaluación anual que la Comisión transmitirá al Consejo y al Parlamento Europeo. 
Esto es importante, ya que dicha evaluación nos permitirá juzgar la capacidad de los países de Europa Central y Oriental para cumplir con dos de los tres criterios de Copenhague, es decir, los criterios políticos y la capacidad de los Estados candidatos a la adhesión a la Unión Europea para asumir el " acervo» comunitario. 
El reto es importante tanto para la Unión Europea- y la infatigable Sra. Spaak no cesa de insistir en la necesaria profundización de la Unión Europea, como condición previa a cualquier ampliación- como para los países de Europa Central y Oriental, para los cuales el reto es doble. 
En efecto, no sólo se trata de adoptar en un tiempo " record» las disposiciones tendentes a transponer en el Derecho nacional disposiciones que son objeto del presente debate, sino también de asociarse al esfuerzo de cooperación, iniciado por los Quince, en los ámbitos de la justicia y de los asuntos interiores. 
Para los países de Europa Central y Oriental se trata, en este caso, más de un problema de cambio de mentalidad que de medios presupuestarios. 
Si bien la tarea que tenemos ante nosotros es todavía larga y si bien las iniciativas y las acciones que se deben llevar a cabo en la materia son aún considerables, debemos reconocer el admirable trabajo que ya han realizado los países de Europa Central y Oriental. 
El notable espacio de libertad individual recobrado en la mayoría de los países que no hace mucho sufrían la dictadura comunista debe considerarse como parte del activo de los países candidatos, y resulta asimismo muy prometedor con miras al futuro. 
Señora Presidenta, Lech Walesa, el ex Presidente de la República de Polonia, habría dicho un día: "Es fácil transformar un acuario en sopa de pescado» , luego comparó la tarea que nos espera, diciendo :" El grado de dificultad que acompaña la transición de un Estado totalitario a un Estado de Derecho digno de ese nombre es semejante a la tarea que consiste en transformar una sopa de pescado en acuario». 
Creo que no se equivoca del todo, y a la luz de esta sabia constatación hay que valorar los esfuerzos realizados por los países de Europa Central y Oriental. 
Señora Presidenta, Señorías, después de haber escuchado las alabanzas recíprocas que se han dirigido los irreductibles hombres de derechas e izquierdas- hay que poseer por lo visto el atributo de irreductible para ser miembro de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores -, estoy muy contento de poder renunciar a ese para mí muy cuestionable atributo como miembro de la Comisión de Asuntos Institucionales. 
Solamente quiero recordar a los miembros de la Comisión de Asuntos Interiores que lo son también de la Comisión de Libertades Públicas, algo que continuamente olvidan. 
Hay muchas frases llamativas en el Tratado de Amsterdam, pero una de las disposiciones más llamativas es sin duda el artículo 29, que se cita también en este informe. 
Allí se dice: el objetivo que persigue la UE es ofrecer a los ciudadanos en un marco de libertad, seguridad y derecho un elevado grado de seguridad. 
No se repite la libertad ni tampoco el derecho. 
Solamente se repite la seguridad. 
Esta asimetría es también la asimetría de este informe. 
Quien en base a esta asimetría de los valores del derecho, la libertad y la seguridad hace una asimetría de la política e interfiere en este equilibrio, practica una política con el miedo de las personas. 
No elimina el miedo sino que lo azuza. 
Un punto de crítica esencial a este informe es la asimetría de este espacio de derecho y libertad en relación con la política de la seguridad. 
Plantea exigencias de garantías de Estado de derecho y de estabilidad de las instituciones democráticas. 
Pero no lo hace, tal como podríamos creer, dirigiéndolas a nosotros mismos donde estas cuestiones dejan mucho que desear, sino a los Estados de la Europa central y oriental. 
Como si en el campo de la seguridad el Estado de derecho estuviese garantizado con la existencia el Tribunal Europeo de Justicia o como si con el derecho de consulta del Parlamento estuviesen protegidos los derechos ciudadanos con un catálogo de derechos fundamentales. 
Como si las críticas por la inestabilidad de las instituciones o por las deficientes estructuras de Estado de derecho no se debiesen dirigir en primera línea a nosotros mismos. 
Este informe no dice ni una palabra al respecto. 
Exige una política de asilo común pero no dice ni una palabra sobre la Convención de Ginebra que precisamente como consecuencia de la política de la Unión Europea va desapareciendo poquito a poco. 
Se invoca el Estado de derecho pero sólo como obligación para los demás. 
Esta asimetría es una grave asimetría de nuestra percepción de valores. 
Raras veces se ha expresado con tal nitidez la segunda asimetría de este informe. 
Me refiero a la asimetría de las cargas que nos imponemos a nosotros mismos y a los Estados de la Europa oriental. 
Con esta política, convertimos a los Estados de la Europa oriental en un tampón de seguridad de la Unión Europea, en un tampón para la migración y los refugiados. 
Los convertimos en un parapeto al encargarles que solucionen nuestros problemas esenciales pero sin ayudarles a hacerlo. 
Schengen antes de la adhesión, una política de visados antes de la adhesión y la recepción de la política de asilo común antes de la adhesión sin ninguna contraprestación. 
Esto no es una política con la que surja un espacio de libertad y de derecho. 
Señora Presidenta, Señorías, durante la Conferencia de Yalta, los Estados del Oeste de Europa habían comprado, en cierto modo, su libertad a costa de la servidumbre y de la ruina de los países de Europa Central y Oriental. 
Y hay que lamentar, desgraciadamente, que los Estados miembros de la Unión y la propia Unión Europea no hayan contribuido realmente a la liberación de dichos países, sino que éstos se liberaron solos y gracias a hombres de una dimensión excepcional, como Lech Walesa, Václav Havel- podría citar otros- y, ciertamente, como Juan Pablo II. Y si hoy Europa respira por fin con sus dos pulmones, como ha dicho este gran Papa, es ante todo gracias a la resistencia y a la libertad de pensamiento de estas personas y de estos pueblos. 
Por consiguiente, nosotros tenemos una deuda con estos países. 
Tenemos una deuda y es necesario ayudarlos a encontrar el camino a través de la libertad y de lo que significa un Estado de Derecho. 
En estos países, muchos jueces- como se ha dicho hace un momento -, muchos policías y funcionarios no han conocido más que el funcionamiento totalitario y represivo del Estado. 
Por lo tanto, deben volver a aprender lo que es una sociedad respetuosa de los derechos de la persona, de los derechos civiles y políticos. 
Por ello, en nombre de esta deuda moral que soportamos colectivamente, el Sr. Posselt tiene toda la razón en pedir una mayor cooperación con los países candidatos a formar parte de la Unión Europea, para ayudarlos a construir, de manera efectiva, este Estado de Derecho. 
El ponente ha subrayado, también con razón, que las disposiciones del Tratado de Amsterdam sobre el cruce de las fronteras exteriores, la abolición de los controles en las fronteras, el asilo y la inmigración, serán particularmente difíciles de aplicar para estos países, en un primer tiempo, y en esto coincido también con el Príncipe de Habsburgo-Lorena. 
Si bien es verdad que tenemos el deber de facilitar la evolución de los Países del Este, de contribuir a que restablezcan los lazos con una sociedad respetuosa de los derechos de las personas, también es evidente que debemos hacerlo con tacto, sin pretender dar lecciones a nadie. 
En conclusión, rendiré homenaje al hecho de que el Sr. Posselt haya recordado nuestros deberes frente a las naciones del Este. 
En las relaciones internacionales puede aplicarse lo mismo que en las relaciones humanas: la vida no está hecha sólo de derechos, sino también de deberes. 
Señora Presidenta, estimada Comisaria, quisiera destacar cuatro cosas, pero primero voy a decir que me alegra mucho que sea justamente la Comisaria Gradin quien esté presente, considerando su interés por la lucha contra el comercio con niños y mujeres, lo cual también es una parte de este informe. 
Vamos a las cuatro cosas que quiero decir. 
En primer lugar, espero que la redacción de acquis que se iniciará respecto de los países solicitantes, se haga para todos de la misma manera, independientemente de si negocian o no lo hacen. 
Lo segundo se trata de la cooperación que se iniciará entre las administraciones, es decir, que las 1500 personas que irán de los países miembros a los países solicitantes para trabajar allí, realmente trabajen dentro del ámbito judicial y jurídico. 
Se trata de ayudas de persona a persona, en el terreno, sobre materias jurídicas, lo que nosotros, sobre todo, necesitamos. 
En tercer lugar, no basta con adherirse a convenciones, sino que ellas tienen que aplicarse, por ejemplo, la convención sobre menores de la ONU. 
Son estas cosas las que tomamos en consideración en las propuestas de enmienda del Grupo ELDR. 
En cuarto lugar, me preocupa que en los países solicitantes no sólo hay comercio con personas, sino también comercio con órganos. 
Desgraciadamente, hemos sabido sobre la existencia de semejante comercio en Finlandia. 
Acojo con enorme satisfacción el informe del Sr. Posselt sobre la ampliación y los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior. 
La justicia y los asuntos de interior tendrán una importancia mucho mayor en esta ampliación que en las anteriores. 
Los motivos son numerosos: la existencia de un acervo comunitario mucho más amplio; la integración de Schengen; el aumento del crimen organizado transfronterizo en materia de tráfico de drogas y de personas; y lo que no es menos importante, debido a la seria preocupación de los ciudadanos europeos en lo que respecta a la seguridad y la justicia. 
Evidentemente, existe una relación entre la seguridad que podemos proporcionar a nuestros ciudadanos contra el crimen y la violencia, y la libre circulación que también ofreceremos a los ciudadanos de los países candidatos. 
Veo el proceso de ampliación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior como sigue. 
Los ministros de Justicia y de Asuntos de Interior y yo no hemos escatimado esfuerzos para garantizar que en las conversaciones de adhesión se dé prioridad a estos asuntos. 
Hemos logrado un buen equilibrio entre la necesidad de permanecer en el marco único aprobado en Luxemburgo y la necesidad de responder al deseo de la sociedad de que dediquemos especial atención a la justicia y a los asuntos de interior. 
Quisiera hacer una distinción entre negociación y asistencia. 
La negociación con los países candidatos deberá prepararse necesariamente dentro de la estructura clásica del Consejo. Esta estructura ya la conocemos de la ampliación anterior. 
Está compuesta del Grupo para la ampliación, el COREPER y el Consejo de Asuntos Generales. 
Las negociaciones propiamente dichas se llevan a cabo en conferencias bilaterales intergubernamentales con cada país candidato. 
Dichas conferencias dieron comienzo hace dos días. 
La negociación conduce a los tratados de adhesión; éstos son relativos principalmente a los períodos de transición. 
Esto significa: ¿en qué momento deberá el nuevo Estado miembro adoptar el acervo para convertirse en miembro? 
Los tratados de adhesión no tratan sobre la calidad de la transposición y la aplicación en la práctica. 
Los tratados de adhesión, en realidad, presumen que el acervo se aplica debidamente desde el mismo día en que ha sido adoptado. 
Por lo que es necesario ocuparse con carácter de urgencia de los temas relativos a la aplicación en forma de asistencia técnica y vigilancia judicial. 
Actualmente nos encontramos en el proceso de identificar el acervo. 
De ello, en un esfuerzo conjunto, nos ocupamos la Comisión y la Presidencia, con la participación plena del Comité K4. 
En primer lugar, gran parte del actual acervo en materia de justicia y asuntos de interior se compone de leyes blandas, como resoluciones o declaraciones no vinculantes, incluso para nuestros Estados miembros. Este acervo no requiere períodos de transición. 
En segundo lugar, el Estado de derecho propiamente dicho, en el significado del primer criterio de Copenhague, no es negociable. No puede estar sujeto a un acuerdo transitorio. 
En lo que respecta a la Unión Aduanera, que es un acervo del Primer Pilar, a menos que se pueda garantizar un servicio aduanero seguro y fiable en la frontera exterior, el alcance de los períodos de transición también parece pequeño. Hará falta mucha asistencia técnica. 
Esto nos lleva al acervo de Schengen, en particular, a su mecanismo de salvaguarda. 
Este acervo exige asimismo un control fronterizo eficaz y un alto grado de fiabilidad. 
El Consejo se encuentra aún en el proceso de decidir cómo el acervo de Schengen pasará a ser un acervo comunitario en virtud del Tratado de Amsterdam. 
Cuando se haya logrado, espero que dicho acervo sea tenido en cuenta plenamente. 
No existe la posibilidad de ser miembro a medias del acervo de Schengen. 
Schengen, como tal, así como las ventajas correspondientes, como la desaparición de los controles fronterizos, sólo será aplicable en la práctica siempre y cuando se cumplan todas sus condiciones. 
La conclusión es que el acervo en materia de la justicia y los asuntos de interior debe aplicarse desde el primer día de la adhesión si queremos que estén garantizadas todas las libertades contempladas en el Tratado. 
Es un enorme reto que requerirá mucha asistencia técnica previa. 
La Comisión presentará el acervo comunitario a todos los candidatos en el contexto del denominado ejercicio de evaluación de los recursos humanos y financieros que comenzará en abril. 
La Presidencia aportará su asistencia a la Comisión en esta tarea cuando deban analizarse la justicia y los asuntos de interior. 
A medida que avancen las negociaciones deberán añadirse a este ejercicio nuevos acervos. 
Los procedimientos para las negociaciones se decidieron en el Consejo Europeo de Luxemburgo. 
El Consejo de Asuntos Generales y el COREPER deberán dirigirse al Comité K4, como organismo de consulta y coordinación en los temas de justicia y asuntos de interior a lo largo de todo el proceso de negociación. 
Esto dará a los ministros de Justicia y de Asuntos de Interior una voz importante en la preparación de la negociación. 
Estaré dispuesta a informar al Parlamento a intervalos regulares sobre los avances que se vayan produciendo. 
Permítanme pasar a continuación a la vigilancia y la asistencia. 
La vigilancia y la asistencia serán, por lo menos, tan importantes como la negociación. 
La Comisión siempre ha visto en este ámbito un papel muy constructivo para los Estados miembros y sus expertos. 
El reto en este caso consiste en determinar dónde, cuándo y cómo deben desplegarse los monumentales esfuerzos en asistencia técnica. 
Creo que eso puede hacerse de muchas maneras. 
Primero, la Presidencia ya ha presentado su declaración de apertura a cada país candidato admitido en las negociaciones. 
Ésta contiene algunos mensajes clave para el candidato, incluido un lenguaje muy directo en materia de justicia y asuntos de interior. 
En segundo lugar, el Consejo de Asuntos Generales ha ultimado las prioridades para futuros acuerdos de asociación de cara a la adhesión. 
También aquí, el Consejo ha utilizado un lenguaje directo para tratar sobre las inquietudes de los ciudadanos en materia de seguridad y justicia. 
Quisiera recordar la decisión adoptada en Luxemburgo de que en el caso de Chipre debe establecerse una estrategia de preadhesión especial. 
Se hizo especial hincapié, en particular, en la justicia y los asuntos de interior. 
En tercer lugar, en el contexto de los acuerdos de asociación de cara a la adhesión, los países candidatos recibirán próximamente sus programas nacionales para la adopción del acervo comunitario. 
El desafío consistirá entonces en identificar qué asistencia necesitarán para la aplicación del acervo. 
En los ámbitos de justicia y asuntos de interior, la asistencia la proporcionarán principalmente expertos de las administraciones públicas de los Estados miembros. 
La importante tarea entonces consistirá en elegir a los expertos correspondientes, ponerlos a disposición de los países candidatos y financiar toda la operación. 
La Comisión ha insistido reiteradamente en el papel fundamental que desempeñarán los expertos de los Ministerios de Justicia a la hora de apoyar a los países candidatos en sus preparativos para la adhesión. 
La Comisión, por su parte, está dispuesta a financiar los salarios y los gastos relacionados con el envío de los expertos. 
El proceso ya se ha puesto en marcha, gracias a la red de centros de contacto establecida el verano pasado. 
Entre los programas de asistencia que se han puesto en marcha se encuentran muchos de los que ha mencionado el Sr. Posselt, y, como ustedes saben, en el nuevo programa PHARE, el 30 % de los fondos ha sido destinado a la creación de instituciones, en lo que se incluye el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de derecho, el funcionamiento del sistema judicial, los enfoques ante el asilo y la migración, los controles fronterizos, etcétera. 
También tenemos intención de hacer extensivos los programas comunitarios actuales, como ODYSSEUS, OISIN, GROTIUS y FALCONE, a los países candidatos que ya son posibles beneficiarios, aunque su participación en los programas por derecho propio requiere una decisión horizontal que incluirá otros aspectos además de la justicia y los asuntos de interior. 
En lo que respecta a la formación policial, quisiera mencionar que tres academias de policía diferentes ya han iniciado sus actividades en países de la Europa central y oriental. 
Tengo mis dudas acerca del valor añadido del establecimiento de otra más. 
En cuarto lugar, la asistencia que se prestará a través de la asociación con vistas a la adhesión será condicional. 
No se renovará automáticamente un proyecto determinado si no estamos convencidos de su calidad. 
Además, los distintos programas se irán adaptando a los problemas que se vayan detectando durante las negociaciones o en conexión con los procedimientos de revisión regulares adoptados en Luxemburgo. 
El procedimiento de revisión regular ha sido ideado para los diez candidatos procedentes de la Europa central y oriental. 
El procedimiento está basado en un informe de la Comisión, y se elaborará por primera vez a finales del presente año. 
La justicia y los asuntos de interior ocuparán un lugar destacado en este examen. 
Podría mencionar asimismo el pacto contra el crimen organizado, que será aprobado por el Consejo Europeo de Cardiff. 
Todas estas iniciativas se apoyan entre sí y hacen hincapié en la prioridad absoluta de la justicia y los asuntos de interior en la futura ampliación, y esa lista no es exhaustiva. 
Por consiguiente, el proceso de ampliación durará varios años. 
Todo el mundo coincide en señalar la importancia de los acontecimientos en justicia y asuntos de interior y que tendrán un papel crucial en el éxito del proceso de ampliación en su conjunto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Doy ahora la palabra al Sr. Schulz, que la ha solicitado en aplicación del artículo 108 del Reglamento. 
Señora Presidenta, me remito a este artículo del Reglamento porque no quiero dejar sin responder a la intervención del Sr. Voggenhuber en lo que a mi se refiere. 
Quiero realizar tres observaciones que me afectan personalmente y también me molestan personalmente. 
Primera: quiero rechazar con toda firmeza la declaración de que aquí ha hablado la coalición de los irreductibles- este es el sentido de lo dicho por el Sr. Voggenhuber. 
He descrito lo que se me dijo sobre el Sr. Posselt y resumiendo dije que era un irreductible exégeta de derechas. 
Era pues una cita pero no mis propias palabras. 
Quiero constatar esto. 
Segundo: he anunciado el apoyo del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos con la argumentación de que el Sr. Posselt nos había salido mucho al encuentro. 
Ahora digo porqué: él ha convertido en el mensaje central de su informe los aspectos de las libertades fundamentales, de los derechos humanos y de las minorías, el afianzamiento del Estado de derecho, la supresión de las normas discriminatorias y la recepción del creciente acervo de la UE. 
Constato esto. 
Por ello, en tercer lugar constato también que como esto es así, se puede saber o, mejor dicho, se debe saber si se participa en este debate- una observación dirigida al Sr. Voggenhuber- que el Reglamento no prohíbe a los diputados que lean los informes antes de hablar sobre ellos. 
(El Sr. Voggenhuber pide la palabra) 
Señor Voggenhuber, no podemos iniciar un debate. 
No obstante, le doy la palabra para una cuestión de orden, suponiendo que la pide a este efecto. 
El Reglamento no prevé que se responda a un colega que ha invocado el artículo 108. 
Pero le concedo la palabra para una cuestión de orden. 
Señora Presidenta, quiero reclamar este artículo creo que con más derecho ya que he sido mencionado por mi nombre, lo que yo no hice en mi intervención pues no mencioné al Sr. diputado si bien le reconozco el derecho a hacerlo. 
Creo que si el Sr. Schulz me hubiese escuchado se habría dado cuenta de que precisamente la base en que se apoya ha sido uno de los puntos principales de mi crítica, a saber, que las garantías jurídicas, la exigencia de estructuras de Estado de derecho y la exigencia de estabilidad de las instituciones no las dirigimos a nosotros mismos tal como requerirían las circunstancias, sino que se plantean con una increíble arrogancia moral a los Estados de la Europa central y oriental. 
Creo que he mostrado claramente que precisamente esta es la crítica, que en este tercer pilar, en esta cooperación entre justicia e interior no se ha aclarado la posición del Tribunal Europeo de Justicia, que no poseemos ningún catálogo de derechos fundamentales, que no tenemos ningún control parlamentario y judicial sobre este campo y que se debería dirigir el dedo acusador moral hacia nosotros mismos antes de señalar a otros. 
Este es un fallo totalmente evidente de este informe: es significativo que no diga ni una palabra al respecto. 
Señora Presidenta, se me ha mencionado dos veces, por lo que de conformidad con el artículo 108, debería poder intervenir también dos veces. 
Quiero expresar a los colegas mi agradecimiento por su apoyo y cooperación, incluyendo también al colega Schulz y otros. 
Pero también quiero decir que el Sr. Voggenhuber en el futuro debería leer los informes o si no tiene el tiempo para hacerlo que cambie la persona que le escribe las intervenciones, pues mi informe realiza con toda claridad un equilibrio muy cuidadoso entre la exigencia de estructuras de Estado de derecho y la seguridad interna. 
Por cierto, he recogido también sugerencias y enmiendas de la colega Roth, no todas las que quería, pero sí bastantes. No me importa reconocerlo. 
Aquí se incluyen algunas modificaciones esenciales, lo que ha permitido llegar a un amplio consenso. 
La colega Roth se ha abstenido por lo demás en la votación final. 
Todos los demás han votado positivamente en la comisión. 
No ha presentado ninguna enmienda para el Pleno ni tampoco usted. 
Me pregunto porqué no lo han hecho. 
Visto así, creo que se trata de una acción " standby» a la que no debemos dar demasiada importancia. 
Señor Posselt, en cualquier caso, independientemente del artículo 108 del Reglamento, es evidente que no se puede negar la palabra a un ponente. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Señor Voggenhuber, creo que se extralimita usted. 
No me importa concederle la palabra, pero no tiene mucho sentido. 
La explicación ha sido muy clara. 
Señora Presidenta, no tengo ninguna intención de abusar de su paciencia pero si en un debate no sólo soy mencionado personalmente dos veces sino atacado, entonces tengo el derecho a tomar la palabra frente a los dos oradores. 
No voy a excederme y le expreso mi agradecimiento por su generosidad. 
Sólo quiero decir una cosa sobre la no lectura de informes. 
No sé si se puede escribir informes sin leerlos, pero por si algunos colegas pueden hacerlo voy a citar un único pasaje que también ha citado el Sr. Posselt como si se refiriese a la misma UE aunque, tal como he expuesto, se debe entender expresamente como una condición previa de adhesión para los Estados de la Europa central y oriental. 
Quizás se pueda ser en este Parlamento un irreductible exégeta de derechas pero creo que al menos se debería conocer los propios informes para poder defenderlos algo mejor. 
Asistencia judicial en materia penal 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0122/98) del Sr. Buffetaut, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (5202/98- C4-0062/98-98/0902 (CNS) ) y sobre el proyecto de acción común sobre buenas prácticas de asistencia judicial en materia penal (13300/97- C4-0069/98-98/0903 (CNS) ). 
Señora Presidenta, Señorías, el refuerzo de la cooperación entre los Estados de la Unión Europea adquiere plena legitimidad en el respeto del principio de subsidiariedad, en el momento que es evidente que este trabajo en común es más eficaz que la acción particular de cada Estado miembro. 
Ahora bien, ¿existe un ámbito con mayor legitimidad para esta cooperación que la lucha contra la delincuencia internacional? 
En efecto, sería muy paradójico que los principales beneficiarios de la libre circulación de bienes y de personas sean malhechores, delincuentes internacionales y la delincuencia internacional organizada. 
La supresión de los controles en las fronteras no podría sino favorecer esta desviación. 
Por consiguiente, más que nunca es necesario facilitar de una manera concreta, práctica, realista y eficaz la asistencia judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea. 
En su apelación, que fue famosa, siete magistrados europeos habían subrayado que frente a la Europa en construcción, visible, oficial y respetable- utilizo sus términos- se escondía una Europa más vergonzosa, la de las actividades criminales y mafiosas. 
Para luchar contra ella, los magistrados habían pedido concretamente la revisión del Convenio europeo de asistencia judicial y preconizado una serie de medidas prácticas, como la posibilidad de que los jueces europeos puedan dirigirse directamente a otro juez europeo. 
Esta es la preocupación a la que responden, en parte, el proyecto de convenio relativo a la asistencia judicial y el proyecto de acción común sobre buenas prácticas de asistencia judicial. 
Estos dos textos se inscriben, por otra parte, en el marco del plan de acción contra la delincuencia decidido por el Consejo Europeo de Amsterdam. 
Es evidente que los Estados miembros se han topado con dificultades porque, de hecho, se nos ha sometido un texto algo incompleto y no definitivo. 
En efecto, ya están circulando versiones modificadas, que no nos han sido sometidas. 
Es bastante exasperante y poco satisfactorio para nosotros pronunciarnos sobre unos textos que se sabe que ya han sido modificados. 
Conviene subrayar que, además, el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores del pasado mes de diciembre decidió no tratar determinadas cuestiones particularmente delicadas y remitirse a un protocolo adicional del que no tenemos conocimiento. 
Esta forma de actuar no es muy satisfactoria, ni para nosotros ni tampoco para quienes aplican el derecho, que deberán referirse a textos dispersos en diferentes instrumentos jurídicos. 
La misma traduce, por otra parte, una de las principales dificultades con que tropiezan los negociadores en el delicado ámbito de la justicia: la falta de confianza recíproca de los Estados miembros en sus respectivos sistemas judiciales. 
Por lo tanto, se trata de naciones que, todas ellas, reconocen el Estado de Derecho, pero las tradiciones jurídicas y las filosofías son diferentes de un Estado a otro. Common law, derecho romano, Código Napoleónico. 
Además, el derecho y los procedimientos penales afectan a elementos esenciales de la libertad de las personas y de la soberanía nacional. 
Si deseamos obtener resultados, en estos ámbitos debe prevalecer el pragmatismo. 
La cooperación interestatal es sin duda la vía más eficaz, ya que tranquiliza a los Estados y evita las oposiciones de principio. 
Dicho esto, ¿cuál es el espíritu de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores? 
Hacer más eficaz, más audaz, el texto del Consejo. 
Por lo tanto, nos ha parecido necesario recordar la importancia estratégica de la cooperación judicial para la lucha contra la delincuencia organizada, subrayar la necesidad de poner a disposición de los profesionales de la justicia instrumentos coherentes y de fácil aplicación, confirmar la importancia de desarrollar la confianza recíproca de los sistemas judiciales, tomar en consideración las exigencias de una instrucción y un proceso rápidos y equitativos, tratar de eliminar los obstáculos que restringen la cooperación judicial, tener en cuenta las exigencias de la defensa y, finalmente, fomentar la comunicación directa entre las autoridades judiciales. 
Desearía insistir en este último punto. 
Se trata, en efecto, de una de las peticiones recurrentes de los profesionales de la justicia, y necesaria para que ésta pueda ser administrada eficazmente. 
El proyecto de convenio establece esta facultad, pero a continuación otorga a los Estados miembros la posibilidad de no aplicar este mecanismo simplificado. 
Ahora bien, esta comunicación directa constituye un elemento esencial de eficacia. 
Por eso creemos que el hecho de permitir exonerarse de la misma podría, en la práctica, vaciar el convenio de uno de los aspectos más interesantes de su contenido. 
Por esta razón les proponemos suprimir esta posibilidad. 
Para concluir, desearía dar las gracias a todos mis colegas de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, quienes me han brindado su apoyo con competencia y cortesía, y lamentar que el Consejo nos pida que nos pronunciemos sobre unos textos que ya han sido modificados. 
Señora Presidenta, de nuevo nos vemos confrontados con una legislación que nos revela de modo doloroso la contradicción existente entre un auténtico derecho de la Unión y las simples regulaciones interestatales. 
El Convenio y la acción común son solamente una prosecución del Convenio Europeo sobre Asistencia Judicial de 1959 y de un Convenio similar del Benelux de 1962, que se deben poner al día como consecuencia de Schengen y de las adaptaciones a las técnicas de hoy día. 
¿Se ha logrado este objetivo? 
Las enmiendas de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores muestran cuánto queda aún por hacer. 
Las enmiendas propuestas por el Sr. Buffetaut, inclusive el acortamiento de los plazos por él solicitado, deberían ser aprobadas en cualquier caso por esta Asamblea, ya que se trata de una precisión absolutamente necesaria. 
Estimado colega, permítame que mencione una excepción: en la enmienda nº 23, se debería dar preferencia al texto del Consejo en lo que se refiere a la letra b). 
La modificación propuesta apunta en mi opinión a un debilitamiento, lo que no corresponde a la tendencia general de sus enmiendas. 
¿Hemos obtenido con ello unos instrumentos jurídicos que puedan enfrentarse a los requerimientos actuales en la lucha contra el crimen y a la protección jurídica? 
No lo creo. Al igual como tampoco se logró la llamada comunitarización de la regulación de Schengen mediante el Tratado de Amsterdam. 
Lo que necesitamos no son prosecuciones de acuerdos anticuados con nuevas burocracias sino la auténtica europeización de las dimensiones jurídicas que precisan entretanto de una regulación, en el tráfico fronterizo, en el derecho sobre refugiados y de asilo así como en la protección de los derechos fundamentales para los ciudadanos de la Unión. 
Pero ¿dónde está la voluntad política para tal europeización? 
Es esta una cuestión que se plantea en primer lugar al Parlamento Europeo, es decir, a nosotros mismos. 
Señora Presidenta, Señorías, el Convenio perseguido y la acción común provienen del plan de acción del Consejo para la lucha contra el crimen organizado. 
Espero que no me tenga que enfrentar de nuevo con personas del público o con diputados cuando digo que la lucha contra el crimen organizado es necesaria e irrenunciable. 
Por ello, tenemos también que discutir que el Convenio que se nos presentó el 14 y el 20 de enero represente en primer término una aportación esencial del Consejo para aplicar también lo que se persigue en los planes de acción. 
El colega Ullmann ya ha indicado que se debe seguir desarrollando el convenio existente. 
El objetivo es desarrollar, complementar y facilitar la aplicación del Convenio del 20 de abril de 1959 sobre Asistencia Judicial en cuestiones penales, su protocolo adicional del 17 de marzo de 1978, el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen del 14 de junio de 1990 y el Convenio del Benelux sobre extradición y auxilio judicial en asuntos penales del 27 de junio de 1962. 
Pueden ver en el listado de los Convenios y de los datos que he mencionado la dificultad del problema al que nos enfrentamos y a qué difícil tarea tuvo que enfrentarse el colega Buffetaut. 
Tuvo que realizar el intento de hacer justicia a los requerimientos derivados de la integración de Europa y, en especial, de la integración económica de Europa, en base a antiguos acuerdos adoptados en unos tiempos en que no se podían imaginar ni en los sueños más atrevidos las estructuras que hoy tenemos. 
La realidad es la siguiente: la actividad económica ilimitada que es posible en la Unión Europea conduce también a una actividad económica ilimitada en la sombra, lo que se ha intentado combatir en primer lugar en la Unión Europea con una mayor cooperación policial. 
Repito la palabra " intentado» , pues Europol no se ha puesto aún en marcha como sería necesario, por no hablar de la grave carga que tiene que soportar la Europol, al menos en opinión del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Esta carga consiste en que está aún en un futuro muy lejano que la Europol pueda actuar a nivel de la Unión. 
Supongamos que existiese esta policía europea, dotada de derechos y, naturalmente, también de potestades de control ajustadas al Estado de derecho- para que el colega no se excite de nuevo-. Incluso entonces no se habría logrado aún que los resultados que aportase una actividad policial de este tipo se pudiesen utilizar en la medida necesaria en la Justicia. 
Este es exactamente el punto sobre el que se debe debatir en relación con el informe del colega Buffetaut. 
El presente proyecto precisa los procedimientos en los que se concede ayuda jurídica así como también las formas y procedimientos que debe respetar el Estado miembro que presenta la solicitud. 
Se describe la devolución de objetos obtenidos por un hecho delictivo, los procedimientos necesarios al respecto y la cooperación con los medios de telecomunicación entre los Estados miembros, un importante capítulo éste. 
Se determina cómo debe realizarse el envío y entrega de documentos, inclusive las necesarias traducciones que se deben entregar. 
Además, se determina qué posibilidades se tiene en las tomas de declaraciones, cómo pueden realizarse éstas a través de video-conferencias y cómo deben realizarse las correspondientes traducciones en las video-conferencias. 
Se describen muchas otras cosas que no quiero mencionar aquí pero que eran necesarias para hacer posible la cooperación de justicia entre un Estado y otro, respetando las correspondientes estructuras del otro Estado. 
Si multiplican esto por 15 Estados que, bajo un estricto respeto de sus sistema actuales, cooperen en los procedimientos desde la confiscación de objetos obtenidos ilegalmente, pasando por las video-conferencias, hasta la traducción de todas las propuestas que se hagan, me van a crecer de nuevo pelos en la calva. De esto estoy plenamente convencido. 
Así no podemos avanzar. 
Lo que necesitamos- y lo que el colega Buffetaut ha sugerido ha sido sorprendente para nosotros- es la profundización de la armonización. 
Debemos llegar a la armonización en unos campos claros y determinados de cooperación judicial. 
Sé que tampoco puedo decir esto en mis propias filas sin que se me critique. 
Armonización significa para mí lo siguiente: si la Unión Europea quiere poder actuar a largo plazo en el campo de la justicia, entonces los Estados nacionales tienen que transmitirle los derechos necesarios. 
En los últimos meses hemos delegado a la Unión Europea derechos que caían dentro de la soberanía nacional. 
Todos estamos contentos de que tengamos pronto una moneda única en la Unión Europea y esperamos que todos los Estados miembros tengan el euro como medio de pago. 
Sabemos que precisamente en este Parlamento todos los grupos políticos que dan su apoyo al euro lo hacen porque esperan de ello una profundización de la integración. 
Por otro lado, tenemos la gran dificultad- lo que refleja el debate sobre el informe Buffetaut- de que allí donde el Estado nacional se muestra más poderoso- la policía y la justicia- no estamos dispuestos a realizar la transferencia de competencias. 
Si creamos un espacio económico de este tipo, dotado de una moneda única, pero nos aferramos como los niños a sus juguetes alegando que sólo nuestros fiscales en la República Federal de Alemania o sólo los Procureurs franceses o los " procureurs du Roi» en Bélgica están en situación de combatir el crimen sobre la base de sus correspondientes derechos nacionales, en algún momento me puedo convertir yo mismo en un delincuente. 
En Europa esto es más sencillo que hacer un trabajo honrado. 
Estamos debatiendo aquí sobre la capacidad de actuar de la Unión Europea en el futuro. 
Veo a todos los queridos y simpáticos juristas también de mi comisión, los veo sentados allí diciendo " está de nuevo perorando, no tiene ni idea de cómo funciona un sistema jurídico. 
Si supiese qué obstáculos existen no hablaría así». 
Pero precisamente porque necesitamos el valor de los que no son juristas para poder avanzar en la cooperación en el campo de la justicia, les digo de nuevo que, en opinión del Grupo de Partido de los Socialistas Europeos, lo mejor en el informe Buffetaut es que intenta mostrar claramente- lo que, por cierto, es extraño en un hombre de su grupo político- que sólo mediante una profundización de la armonización en el marco de la aplicación de medidas comunes y de métodos que se han acreditado sobre la base de experiencias comunes en la cooperación judicial, podremos avanzar en la ayuda judicial en asuntos penales. 
Una última observación sobre el procedimiento al que está expuesto este Parlamento. 
Si se nos consulta, el Consejo debe tener claro que el procedimiento de consulta es parte integrante del procedimiento legislativo. 
No se trata de un acto de gracia al Parlamento sino que es parte del procedimiento legislativo. 
Si, tal como ha indicado el Sr. Buffetaut, en este procedimiento legislativo el Parlamento debate sobre el texto del Consejo que se nos ha presentado, por cierto, sometido a una gran presión en este informe porque queríamos respetar el calendario marcado por el Consejo, y a la mitad de dicho debate el Consejo viene y modifica su texto, lo que ahora hacemos es en parte de nuevo sólo un sin sentido. Hay que decir a los representantes del Consejo- el que está aquí presente probablemente no tiene la culpa y debe comunicáselo a sus superiores- que este Parlamento no va a permitir que el Consejo pisotee permanentemente sus derechos, precisamente en temas que afectan al tercer pilar. 
Esto es pisotear también la democracia, lo que deberían evitar unos Gobiernos elegidos democráticamente. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo empezaré diciendo que este Grupo apoyará el informe del Sr. Buffetaut, que representa un trabajo excelente del ponente y una buena colaboración de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. 
Dicho esto, señor Presidente, me va a permitir que me dirija simbólicamente a quienes nos están escuchando desde la tribuna e interprete lo que ellos tienen que sentir viéndonos, hoy, aquí, discutir lo que estamos debatiendo y de la forma en que lo estamos haciendo. 
Supongo que tienen que sentir una mezcla de perplejidad y de impotencia ante lo que de hecho estamos reconociendo. 
Porque, señor Presidente, el problema es muy claro. 
Hemos visto manifestaciones multitudinarias en distintos Estados miembros contra el crimen organizado, desde las manifestaciones contra el terrorismo, en España, hasta las manifestaciones de la «marcha blanca» , en Bruselas, pasando por todo tipo de protestas. 
En todos los Estados miembros hay una conciencia común de que este es un problema común que sólo en común podemos abordar. 
Y frente a esto, la iniciativa política, el impulso político de los Estados miembros se queda muy atrás. 
A la hora de hacer declaraciones, se habla de la necesidad de crear un espacio judicial, policial y jurídico único. 
Pero a la hora de llevar a la práctica esas declaraciones continuamos perdiéndonos en un piélago de normas; normas para las que muchas veces, incluso a los más avezados expertos juristas, les es difícil encontrar una brújula para no perderse en ellas. 
Y mientras tanto, como se ha dicho desde todos los escaños- porque en esto creo que es unánime el sentir -, el mercado interior beneficia, sobre todo, a los malhechores, aunque resulte una macabra ironía. 
Pues bien, señor Presidente, este informe, que indudablemente aporta ideas, ha de ser bienvenido, pero significa un avance con pasos muy pequeitos. 
Y casi, si me permiten una cierta ironía, aunque la gravedad del tema no lo merece, este, además, es un paso «a la pata coja». 
¿Y por qué digo «a la pata coja»? 
Porque en este caso, señor Presidente, y enlazo con todo lo que también se ha dicho desde todos los escaños de esta Asamblea, se ha faltado, de entrada, al respeto interinstitucional, y mucho más al respeto de la ciudadanía. 
Señor Presidente, ya no es que se nos envíe un proyecto de acto que no corresponde con el que actualmente se está debatiendo. 
Es que, además, este proyecto de acto no lo es tal. 
No podemos considerar como proyecto de acto un acto que, de entrada, es incompleto. 
Tenemos artículos, como por ejemplo el artículo 4, cuyo único contenido es «(suprimido) ». 
E igual los artículos 8 y 9. 
¿Qué forma de elaborar normativas es esa? 
¿Qué contenido jurídicamente vinculante tiene eso? 
Y luego tenemos la modalidad de los puntos suspensivos: apartado 2 del artículo 12, tres puntos suspensivos; letras e) y g) del apartado 6 del artículo 12, tres puntos más tres puntos, seis puntos suspensivos; apartado 6 del artículo 15, más puntos suspensivos, y también en el artículo 16. 
Y además tenemos una modalidad, para nosotros desconocida- el Consejo nos debería explicar a qué obedece -, que son los «corchetes» , que corresponden, en lenguaje del Consejo, a cuestiones que están debatiendo los Estados miembros. 
Pero no sabemos qué significa pedir la opinión del Parlamento sobre esas frases incluidas entre «corchetes». 
Señor Presidente, no es satisfactoria esta forma de proceder. 
Lo hemos denunciado muchas veces en esta Asamblea. 
No podemos admitir este juego de procedimiento. 
Pero no sólo porque debamos defender nuestras competencias institucionales- y expreso desde aquí nuestro agradecimiento a la Comisión que, por el contrario, muestra una deferencia en estas materias del tercer pilar digna de elogiar-. 
No sólo porque debamos defender nuestras competencias como institución sino, sobre todo, porque aquí estamos representando a la ciudadanía europea. 
Ciudadanía que hoy está ahí y que, supongo, se llevarán una idea muy confusa de los progresos que en estos momentos estamos realizando en el tercer pilar. 
Señor Presidente, teniendo en cuenta los puntos de crítica y propuestas de cambio expuestas con razón por el ponente, considero el Convenio sobre asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea en que se basa el informe, como un instrumento perfectamente adecuado si no para acabar con las deficiencias existentes en la lucha contra el crimen transfronterizo, sí al menos para reducirlas. 
El control telefónico internacional debe ser posible respetando los correspondientes ordenamientos jurídicos nacionales así como los envíos controlados, el envío lo menos complicado posible de documentos procedimentales, la toma de declaración a los testigos y peritos mediante medios audiovisuales más allá de las fronteras así como un intercambio espontáneo de informaciones entre las autoridades encargadas de perseguir los delitos penales. 
Estos son instrumentos de que dispone desde hace mucho tiempo el crimen organizado. Se debería reducir la ventaja técnica de que dispone éste ampliando dichos instrumentos entre las autoridades penales. 
Por ello, apoyamos plenamente el informe. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, el estimado Diputado Buffetaut, por este valioso informe sobre el proyecto de convención y asistencia judicial mutua en materia penal. 
Ambos instrumentos son necesarios en la lucha contra la delincuencia organizada. 
También significa que protegemos la seguridad de los individuos ante la ley en una Europa sin fronteras. 
Durante largo tiempo he argumentado para facilitar la cooperación entre los tribunales y otras instancias legales entre los países miembros. 
En el trabajo de combatir el fraude con recursos comunitarios, he sido testigo de cómo las demoras en el intercambio de información entre los diferentes sistemas judiciales benefician directamente al delincuente. 
El llamamiento de Génova, hecho por diferentes fiscales, nos da otro ejemplo de que hay que hacer algo. 
No podemos enfrentarnos a la delincuencia organizada actual sin una cooperación judicial eficiente. 
La convención sobre asistencia judicial mutua en materia penal tiene por objeto facilitar y completar la cooperación actual. 
Un punto de partida es que los tribunales en los diferentes países miembros puedan intercambiar información y pedir ayuda directamente a sus colegas. 
Éste es un principio importante. 
Opino que las excepciones a este principio deben limitarse a un mínimo. 
La convención va a facilitar también, entre otras cosas, las pruebas testimoniales y los medios probatorios entre los distintos países. 
Al mismo tiempo, la convención deja espacio para mejorar aún más esta colaboración. 
El estimado Diputado Buffetaut se lamenta de que no se hayan reglamentado más materias en esta convención. 
En el informe se señala, por ejemplo, que las inspecciones domiciliarias y los embargos se han dejado fuera para ser reglados posteriormente en un protocolo adicional de la convención. 
La misma cosa ocurre con la protección informática y el papel del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Comprendo las aflicciones del ponente, pero es así, una cooperación profunda en materia penal no se consigue de un día para otro. 
Es un trabajo a largo plazo, que constituye un proceso, en el cual simultáneamente fortalecemos la cooperación concreta y trabajamos para armonizar nuestras reglas comunes. 
Además, propone el ponente que Europol tenga un papel como receptor y conductor de las demandas de asistencia judicial entre los países miembros. 
Europol tiene buenas posibilidades de hacer llegar un petición en forma rápida al destinatario correcto. 
Por eso estimo que la propuesta es interesante. 
Está también la discusión que actualmente se lleva a cabo sobre el otorgamiento a Europol de liaisons officers, un papel de coordinación para las letters rogatory. 
La acción común es un complemento importante de la convención. 
Ella establece una serie de principios acerca de cómo los países miembros deben tramitar peticiones mutuas de asistencia judicial. 
Doy especialmente la bienvenida a las normas sobre plazos de tramitación. 
Obviamente que se puede discutir, como lo hace el ponente, si una medida común o una convención es el mejor instrumento para establecer los principios de tramitación. 
Sin embargo, creo que lo importante, tanto para el ponente como para mí, tiene que ser, en cualquier caso, la obtención de una aplicación rápida y eficiente de los principios en los países miembros. 
Las memorias anuales son, en este contexto, documentos importantes. 
Ellos se deben poder usar para evaluar la situación en cada país miembro y para poder hacer comparaciones entre ellos. 
Igual que el Diputado Buffetaut, estimo que la red judicial europea tiene que participar en la realización de la memoria. 
La red va a contribuir con conocimientos y experiencias sobre la forma cómo desarrollar y profundizar la asistencia jurídica mutua entre los países miembros. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Privación del derecho de conducir 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0121/98) de la Sra. Reding, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de convenio relativo a las decisiones de privación del derecho de conducir (5217/98- C4-0061/98-98/0901 (CNS) ). 
Señor Presidente, las cifras hablan por sí solas: 45.000 muertos, 1, 6 millones de heridos en nuestras carreteras, con sus consecuencias de dolor y tristeza; cada muerte cuesta a la Unión Europea 1 millón de ecus. 
Estas cifras son impresionantes, señoras y señores, y frente a esta situación abrumadora, las soluciones previstas son de dos órdenes: por un lado, la prevención y, por otro, la represión. 
La prevención se realiza mediante campañas de sensibilización al problema de la conducción bajo los efectos del alcohol, mediante la lucha contra las drogas ilegales, mediante los controles técnicos obligatorios de los vehículos, mediante la mejora de la señalización, etcétera. 
Estas medidas preventivas están destinadas a mejorar la seguridad vial en general y a evitar, en una fase anterior, cierto número de causas de accidente. 
Junto con la prevención, también hay que organizar la represión, ya que las mejores campañas de prevención no impiden que algunos de nuestros conciudadanos no respeten las reglamentaciones del Código de Circulación. 
En todos nuestros Estados miembros existen sanciones que pueden ir de una multa, por una infracción leve, hasta la privación del derecho de conducir, por infracciones más graves. 
Las instituciones europeas ya han sido muy activas en el ámbito de la prevención. 
En el marco de este convenio, se trata de reforzar el aspecto represivo de la acción europea. 
El convenio propone inaugurar, en el plano europeo, el reconocimiento por el Estado de residencia de una decisión de privación del derecho de conducir declarado en otro Estado miembro. 
En otras palabras, se trata de procurar que la decisión de privación de un Estado miembro también sea aplicada en el Estado de residencia y, en consecuencia, en todos los sitios en que se necesite un permiso para conducir un vehículo. 
En el futuro los " cow-boys» de las carreteras no estarán protegidos de las denuncias en su país de residencia por hechos que han tenido lugar en otro Estado miembro. 
Dicho esto, algunas organizaciones y varios colegas me han comunicado sus preocupaciones en cuanto a la protección del ciudadano contra las consecuencias de la aplicación del nuevo convenio. 
Puedo tranquilizarlos. 
El convenio, cuya elaboración ha sido laboriosa, ha establecido barreras contra toda clase de abusos o de complicaciones injustificadas con respecto a las personas afectadas; y, por otra parte, la Comisión de Libertades Públicas ha aprobado algunas enmiendas que refuerzan aún más la protección del ciudadano. 
No voy a enumerarlas todas; citaré solamente las más importantes. 
En primer lugar, el convenio no se aplica a delitos menores. 
El catálogo de delitos sólo comprende infracciones muy graves, que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos. 
Por lo tanto, no se trata de regatear con respecto a las infracciones leves del Código de Circulación, sino, por el contrario, de frenar a los conductores peligrosos. 
En segundo lugar, la privación del derecho de conducir no depende de una supuesta burocracia centralizadora de Bruselas, sino de las autoridades competentes del Estado de residencia, que son las únicas que pueden decidir aplicar o no el convenio. 
Por consiguiente, no es una entidad lejana y poco conocida la que decide, sino una autoridad cercana a los ciudadanos. 
Finalmente, el convenio establece algunos casos en los que éste no se aplica. 
Cito algunos de ellos: en particular el caso en que los hechos incriminados no son pasibles de una privación en el Estado de residencia. 
Por ejemplo, si un luxemburgués es privado del derecho de conducir en otro Estado miembro debido a un índice de alcoholemia en la sangre del 5 por 1000, esta decisión no será aplicable en Luxemburgo, donde el límite es del 8 por 1000. 
El convenio no es aplicable si se prueba que la persona afectada no ha tenido oportunidad de defenderse adecuadamente, sobre todo por vicios de forma o problemas lingüísticos, ya que el derecho a la defensa constituye un derecho fundamental, que debe ser respetado. 
Por otro lado, se puede subrayar que el Convenio establece varios procedimientos de aplicación, a fin de tener en cuenta las diferencias en cuanto a los métodos administrativos o judiciales en los diferentes Estados miembros. 
Por consiguiente, considero que, aun cuando el convenio todavía presenta lagunas, las enmiendas del Parlamento lo hacen lógico, jurídicamente más correcto y transparente y, de esta forma, protegen mejor los derechos de los ciudadanos. 
El convenio así enmendado contribuye, respetando el Derecho y la transparencia, a combatir una situación insostenible, y por imperfecto que sea, señor Presidente, constituye un importante paso adelante. 
Pido, pues, al Parlamento que apoye al Consejo en esta iniciativa. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la Sra. Reding acaba de hablar muy extensamente sobre su informe, por el que quiero felicitarla. 
Creo que lo que ha expuesto y también los contenidos de las enmiendas que se han aprobado unánimemente, muestran que este informe no sólo ha sido preparado bien sino que además trata los puntos relevantes. 
Aunque solamente estén presentes pocos colegas, quiero indicar que este informe nos afecta a todos pues a cualquiera de nosotros le puede pasar que cometa en otro país una infracción del tráfico que tenga como consecuencia la retirada del permiso de conducir en ese país pero no en otro. 
A pesar de que en este convenio se prevé que el correspondiente país de residencia puede decidir si se retira el permiso de conducir, hay algunos puntos a los que debemos prestar atención para que no se retire el permiso a las ciudadanas y ciudadanos aunque en su país no se le retirase. 
Ante todo, es necesario que a nivel europeo lleguemos en lo tocante al reglamento de tráfico a unas normas unitarias que se apliquen también unitariamente. 
Tal como dice la Sra. Reding, se ha dado un paso en la dirección correcta y espero también que a este paso sigan otros. 
A pesar de que hay países en los que cuando se trata del alcohol permitido para circular el límite se encuentra en 0, 0 por mil y otros en los que ese límite es del 0, 8 por mil, habría que eliminar esas diferencias si queremos llegar a una Europa unitaria. 
Saludaría si en muchos campos, tanto si se trata del sobrepasamiento de la velocidad máxima, del límite para el alcohol o de otros aspectos del reglamento de tráfico, obtuviésemos en Europa unas normas unitarias para que no surjan más normas mediante acuerdos bilaterales sino que dispongamos en Europa de normas unitarias para la retirada del permiso de conducir. 
Señor Presidente, Señorías, el acto jurídico sobre el que debatimos aquí afecta potencialmente a todos los conductores de vehículos y, en consecuencia, a una cifra considerable de personas. Esto le garantiza la atención de muchos pero justifica también la necesidad de ocuparse atentamente del tema. 
En primer lugar, hay que eliminar malentendidos. 
No se trata de una armonización de las normas de tráfico europeas, ni de la comunitarización de las consecuencias de las infracciones de tráfico. 
Este acuerdo apunta solamente a la retirada del permiso de conducir, lo que para un conductor puede tener, en cualquier caso, graves consecuencias. 
Este acuerdo se ocupa solamente de la retirada del permiso de conducir. 
Se pregunta: ante las diferentes regulaciones existentes en Europa ¿se puede adoptar una regulación unitaria de este tipo? 
Si como europeos reclamamos la totalidad del espacio de la Unión Europea como conductores, entonces debemos también aceptar que en principio se apliquen también unas normas unitarias. 
Así pues, si en un Estado europeo un conductor comete una infracción tan grave que allí supone la retirada del permiso de conducir, entonces tiene que aceptar que esto tenga también consecuencias en su país. 
O por decirlo de otro modo: los gamberros del tráfico no pueden salir sencillamente bien librados sacudiéndose sencillamente el polvo de los pies de un país miembro y seguir conduciendo en casa como si no hubiese pasado nada. 
Por ello, esta regla es en el fondo correcta. 
Las asociaciones de conductores han planteado objeciones al respecto. 
Tienen todo el derecho a examinar críticamente una regulación de este tipo y nosotros vamos a ocuparnos del tema. 
Se trata de la cuestión de si, ante la diversidad de reglas y de sistemas jurídicos, es defendible aplicar la retirada del permiso de conducción también en el propio país. 
Se trata de la vieja cuestión: ¿cuánta Europa necesitamos? O como ha escrito hace muy poco un gran periódico alemán: ¿cuánta Europa soportamos? 
Esta regla no es válida sin límites. 
Está delimitada por disposiciones jurídicas de seguridad. 
En primer lugar, este convenio sólo es aplicable a infracciones que se detallan en un catálogo, es decir, no a cualquiera, sino sólo a infracciones graves. 
En segundo lugar, se determina que la retirada del permiso de conducir solamente se podrá ejecutar en casa si se trata de un delito que en el propio país es también punible. 
El famoso ejemplo de que si a alguien se le retira en Suecia el permiso de conducir por circular con un nivel de 0, 3 por mil de alcohol, no ocurre en Alemania pues este comportamiento no es punible, al menos, de modo general. 
Existe toda una serie de reglas que muestran claramente que son aplicables los principios de Estado de derecho. 
Pero existe aún otra objeción, a saber, la diferencia entre los sistemas jurídicos y, como colofón, un ejemplo algo chistoso. 
En uno de los Estados miembros más simpáticos de la Unión Europea, un funcionario de policía, tal como allí se llaman, puede observar, por ejemplo, un sobrepasamiento de la velocidad con un ojo oficial ciego. 
Naturalmente, esto no se reconocería en todos los sitios. 
Por ello, se puede debatir sobre si esto tiene sentido. 
Pero si aceptamos que todos los Estados miembros en Europa son Estados de derecho, entonces se puede tener confianza en que las autoridades judiciales actúen conforme a tal Estado de derecho y si uno entra en el ámbito de soberanía de un Estado de este tipo, entonces hay que aceptar que allí se apliquen unas normas ligeramente diferentes. 
Pero en general, Europa es un espacio de Estado de derecho y podemos tener confianza en Europa también en este campo. 
Señor Presidente, estimada Comisaria, el trámite en el Parlamento Europeo de este proyecto de convención demuestra una vez más que es justamente este Parlamento quien puede tutelar los derechos de los ciudadanos y las materias de seguridad jurídica. 
Si el Consejo hubiese escuchado al Parlamento en lo referente a Eurodac o a la penalización de actividades en organizaciones, creo yo que se tendrían normas más claras que las que parece que tenemos hoy en el Consejo de Ministros. 
Como segunda cosa, espero que esta convención, en contraposición con muchas otras, verdaderamente se haga realidad. 
En tercer lugar, opino realmente que las enmiendas del ponente hacen más atractivo para los países miembros adherirse a la convención. 
Pienso en la enmienda 13 en el artículo 8 y también en la enmienda del artículo 9. 
Lo que, sin embargo, me despierta alguna sospecha es la propuesta de enmienda del artículo 14 ya que, por ejemplo, en los países nórdicos, tenemos una buena colaboración entre las policías. 
Me puedo imaginar que necesitaríamos algo de esto para conseguir el sistema de cohesión que es propio de nuestro sistema judicial. 
Por eso tengo mis reticencias respecto de esta enmienda. 
Señor Presidente, la consecución de la libre circulación de las personas en la Unión convierte en urgente la propuesta objeto de examen. 
Agradecemos a la Sra. Reding su excelente trabajo y, en espera de la armonización de las legislaciones nacionales, confiamos en que la propuesta del Consejo sirva al menos para proceder a escala europea al reconocimiento por parte del Estado de residencia de una decisión de privación del permiso de conducción tomada por otro Estado miembro. 
El tema requiere prestar atención a los documentos de reconocimiento en general. 
Aprovechando la ocasión, quiero denunciar una situación paradójica que es la de la obligatoriedad del pasaporte para varios ciudadanos comunitarios dentro de la Unión: por ejemplo, y esto les causa enormes dificultades, los jóvenes italianos nacidos en Bélgica que no tienen la nacionalidad belga, no son titulares de un documento de identidad, sino de una simple tarjeta de residencia que no les permite viajar por Europa. 
Pedimos, por lo tanto, la creación de un verdadero documento de identidad europeo y la transformación de la actual y anacrónica tarjeta de residencia comunitaria en una tarjeta de residencia y de libre circulación. 
Señor Presidente, en principio tenemos dos métodos para garantizar los objetivos de la seguridad en el tráfico. 
Uno son las penas sobre las que hoy debatimos. 
Quiero indicar también que la retirada del permiso de conducir representa para muchas personas un problema existencial. 
Se producen muchos suicidios tras la retirada del permiso. 
Se trata realmente de una medida extrema y se debería tener mucho cuidado al respecto. 
Tenemos un segundo método, el del estímulo. 
Deberíamos apostar muy intensamente por las medidas de formación precisamente en el sector del tráfico, por un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Deberíamos apostar por medidas de investigación para mejorar la seguridad de los vehículos, de los conductores y de las carreteras y deberíamos apostar también por las infraestructuras, es decir, sistemas electrónicos, para hacer sencillamente más seguro el tráfico. 
Creo que la combinación de los dos métodos nos conducirá a la postre al éxito en Europa. 
Señor Presidente, nadie quiere que los gamberros del tráfico pongan en peligro la seguridad de nuestros ciudadanos. 
Debe saludarse la tendencia del presente informe, pero no nos parece que haya sido muy afortunada la aplicación de la idea. 
Independientemente de la construcción jurídica muy sui generis del artículo 3 en relación con el artículo 5, el problema principal radica en mi opinión en que en los procedimientos en el extranjero, precisamente a la hora de la determinación de los hechos, por los más diversos motivos se cometen errores que a su vez quedan sin subsanar también por los más diversos motivos. 
La vinculación del Estado del domicilio a las constataciones que se realizan en la decisión del Estado en que tiene lugar la infracción, no parece garantizar que el afectado pueda hacer uso de todas las posibilidades de defensa que le corresponderían según el derecho de su país. 
En nuestra opinión, la posibilidad de rechazo de la ejecución por parte del Estado miembro para el caso de violación de normas de defensa no es, por consideraciones prácticas, un elemento corrector suficiente. 
Preferiríamos que los procedimientos se llevasen a cabo en el correspondiente país del domicilio. 
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando a la Sra. Reding por su valioso informe sobre el Convenio relativo a las decisiones de privación del derecho de conducir. 
Como todos ustedes saben perfectamente, el número de accidentes en las carreteras de Europa es demasiado alto. 
Muchos de ellos son ocasionados por conductores imprudentes o que no tienen permiso de conducción. 
La privación del derecho de conducir ha demostrado ser una herramienta eficaz en la labor de mejorar la seguridad vial. 
Actualmente, una persona a la que se le haya retirado su permiso de conducción en un país que no es el suyo, legalmente puede volver a obtenerlo cuando regrese a su país. 
Es absurdo. 
El Convenio relativo a las decisiones de privación del derecho de conducir colmará algunas de las lagunas existentes. 
La Comisión comparte la opinión de la Sra. Reding de que es urgente que el Consejo adopte una decisión sobre el convenio. 
Puedo informar al Parlamento de que el Consejo de Justicia y de Asuntos de Interior del 19 de marzo alcanzó un acuerdo político, lo que supone un paso en la dirección acertada, y la Presidencia del Reino Unido es muy optimista con respecto a las posibilidades de que se apruebe el convenio en la próxima reunión del Consejo, a finales de mayo. 
El convenio establece un mecanismo de notificación entre el Estado en que se produjo la infracción y el Estado de residencia del infractor. 
El Estado de residencia garantizará que se cumple la sanción impuesta en el extranjero o que al infractor se le impone la sanción idónea en su país y que, en caso necesario, se notificará a otros Estados miembros la retirada del permiso de conducción en cuestión. 
El informe apunta a la conveniencia de introducir plazos estrictos para los procedimientos de notificación, reconocimiento y aplicación de la sanción. 
La propuesta es interesante. Haría posible una mayor previsión y una mayor seguridad en lo que respecta a garantizar que las medidas necesarias se adoptan puntualmente. 
En su informe, la Sra. Reding también hace hincapié en la importancia de la viabilidad de la cooperación en virtud del convenio. 
Debemos intentar establecer el procedimiento más rápido y simple posible. 
Es una aspiración digna de alabanza. 
También acojo con satisfacción la propuesta de la Sra. Reding de que, en el futuro, un Estado miembro sólo notifique modificaciones del procedimiento que garanticen su simplificación. 
No obstante, al mismo tiempo debemos recordar que el convenio es el resultado de un proceso de negociación. 
Sin duda habrá espacio para mejoras, por lo que debemos hacer una evaluación del funcionamiento del convenio durante un par de años a partir de su entrada en vigor. 
Con más de 45.000 muertes cada año en las carreteras de Europa, debemos tomarnos muy en serio la seguridad vial. 
Una vez que entre en vigor, el Convenio relativo a las decisiones de privación del derecho de conducir se convertirá en un instrumento eficaz para combatir este tipo de infracciones. 
Doy las gracias a la Sra. Comisaria y a la ponente, la Sra. Reding. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
B4-0279/98-0-0073/98 del Sr. Cornelissen, entre otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las consecuencias sociales y regionales de la supresión de las ventas libres de impuestos en las regiones implicadas por la medida; -B4-0283/98-0-0087/98 de la Sra. Ewing y del Sr. Castagnède, en nombre del Grupo ARE, sobre el sistema de ventas libres de impuestos. 
Señor presidente, la decisión de 1991 del ECOFIN de suprimir a partir de julio de 1999 las ventas libres de impuestos en el interior de la Unión Europea para los viajeros ha exaltado últimamente los ánimos. 
Esto no es extraño y, en sí, tampoco es alarmante. 
Lo preocupante son los mensajes que indican que esta supresión conducirá a la pérdida de un elevado número de puestos de trabajo en algunas regiones y sectores. 
Pongo el ejemplo de los servicios regulares de barcos transbordadores, los aeropuertos regionales y determinadas regiones turísticas. 
El ministro irlandés de transporte espera que se pierdan de 30 a 50.000 puestos de trabajo. El propio sector multiplica esas cifras. 
La lucha contra el paro y el desarrollo de las regiones retrasadas son prioridades de la Unión Europea. 
Así mismo, teniendo en cuenta la preocupación de muchos trabajadores de los sectores implicados, opinamos que debe existir claridad sobre este asunto. 
Por tanto, pregunto a la Comisión si está dispuesta a que se realice un estudio independiente sobre las consecuencias esperadas, especialmente en el caso de los sectores y regiones más afectados. 
Señor Presidente, confío en una respuesta positiva considerando las promesas de la primera comisaria responsable de esta cuestión, la Sra. Scrivener, durante los debates parlamentarios de 1990 y 1991. 
Señor Presidente, es probable que esta Asamblea sepa que, como representante de las Highlands and Islands, mantengo un estrecho vínculo con el sector del whisky escocés, con sus cientos de destilerías y sus cientos de tipos de whisky; un sector que da trabajo a muchas personas en zonas en las que no suele existir ninguna otra alternativa de empleo. 
Quisiera continuar al hilo de lo que ha dicho el Sr. Cornelissen: no necesito repetir lo que él ha dicho, pero apoyo su petición de que se realice un estudio exhaustivo. 
Lo que me irrita es que eso ya lo prometió la Comisaria responsable de Fiscalidad en noviembre de 1990 y mayo de 1991. 
El Comisario Monti acudió a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ocasión en la que estuve presente y en la que le presentamos estos argumentos, y el Comisario no parecía arrepentirse y se mostraba bastante despreocupado de que se hubiera hecho semejante promesa y de que ésta se hubiera roto. 
Aún me pregunto si la Comisión podría darnos una explicación sobre los motivos por los que no se cumplieron la promesa. 
Ha habido otros estudios, naturalmente. 
Hemos recibido un estudio de un departamento de investigación del Parlamento que ha despertado una cierta inquietud entre los ciudadanos, porque, como decía el Sr. Cornelissen, no sabemos cuántos puestos de trabajo están en juego. 
Pero algunas estimaciones apuntan a que pueden perderse muchos más de 40.000 puestos de trabajo, precisamente en unos momentos en que el índice de desempleo es enormemente alto. 
El efecto sobre las zonas periféricas sería muy grave, porque, como ya he dicho, dichas zonas tienen muy pocas alternativas de empleo. 
Hemos recibido justificaciones del Consejo por su rechazo a replantearse este asunto. 
Una de ellas es que así lo exige el mercado único; pero ¿no es bastante irónico que no tengamos un mercado único para las bebidas alcohólicas? 
Aún no hemos conseguido una fiscalidad que se ajuste a una normativa sensata, por ejemplo, sobre la graduación de las bebidas alcohólicas. 
No disponemos de unas reglas del juego equitativas en lo relativo a las bebidas alcohólicas. 
Por lo que me parece que la primera justificación no se sostiene. 
La segunda justificación- es probable que el Comisario pueda presentar muchas otras- es que la pérdida de estos impuestos supondría unos costes de 2.000 millones de ecus. 
Pero algunos de los estudios sugieren que no hay ninguna prueba de que se llegue a esa suma, aunque se supriman las ventas libres de impuestos. 
Naturalmente no hay ninguna duda acerca de que, en muchos casos, las ventas libres de impuestos afectan al coste de las tarifas de aeropuertos y a los precios de los transbordadores. 
Sabemos que eso es cierto, no ocultamos esa realidad. 
Pero vuelvo sobre los efectos que tendrán dichos costes sobre las zonas periféricas, en el caso de que haya que subirlos. 
Existe una enorme preocupación entre la ciudadanía. 
Sé que tendría que ser por unanimidad, pero, por favor, en vista de la preocupación existente, ¿no podríamos pedir al Consejo que vuelva a plantearse su postura una vez más? 
Señor Presidente, la Comisión tiene conocimiento de las cuestiones planteadas en algunos Estados miembros sobre la situación que se producirá a partir de junio de 1999, fecha en que se pondrá fin a las ventas libres de impuestos en la Unión Europea, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo de Ministros en 1991. 
Estoy seguro de que ustedes reconocerán asimismo que la Comisión tiene conocimiento de que la gran mayoría de los ministros de Finanzas dejaron perfectamente claro en noviembre de 1996 y marzo de 1998 que no se replantearían la decisión adoptada en 1991 de poner fin a las ventas libres de impuestos en el seno de la Comunidad. 
La Comisión, por consiguiente, sigue convencida de que el período de transición de más de siete años, concedido al sector de la venta libre de impuestos, es suficiente para solucionar la legítima preocupación del sector del comercio libre de impuestos por la desaparición gradual de dichas ventas. 
Se ha preguntado a la Comisión en varias ocasiones, incluso durante la presente sesión, si tiene intención de realizar un estudio sobre las repercusiones de la supresión de las ventas libres de impuestos. 
La respuesta es breve. 
La respuesta es " no». 
No hay ningún motivo para ello. 
Permítanme que explique una vez más por qué. 
Cuando en 1989 y 1991, la Comisión debatió con este Parlamento sobre los arreglos fiscales para el establecimiento del mercado interior, la entonces Comisaria responsable de Fiscalidad se declaró dispuesta a realizar un estudio sobre las consecuencias sociales y económicas para todas las profesiones cuyo futuro se viera afectado por la entrada en vigor de los acuerdos en materia de mercado interior el 1 de enero de 1993, y a buscar soluciones adecuadas en caso necesario. 
Dicha declaración se hizo con el fin de apaciguar, entre otros, los temores manifestados por el Parlamento por las consecuencias de la supresión inmediata de las ventas libres de impuestos el 1 de enero de 1993, y para analizar si se justificaban y eran posibles algunos arreglos para la desaparición gradual de esta actividad. 
Ante esta perspectiva, la Comisión, que no había presentado ninguna medida específica en favor de esta actividad en su propuesta, se declaró en las negociaciones que siguieron en el seno del Consejo a favor de la introducción de un régimen de excepción de más de siete años. 
Además mantuvo informada a la comisión competente del Parlamento sobre las soluciones aprobadas entonces. 
Debo hacer hincapié en que, tras recibir dicha información, su Institución no volvió a mencionar el estudio previsto originalmente hasta fecha muy reciente. 
El Consejo, al adoptar dicho régimen específico que supera ampliamente la necesidad de un estudio- siete años y medio son más que un estudio -, tomó en consideración las dimensiones socioeconómicas de la actividad de la venta libre de impuestos, ya que ésta queda claramente reflejada en los considerandos de las directivas pertinentes. 
En consecuencia, la Comisión sigue convencida de que este régimen específico fue una respuesta apropiada y práctica a la inquietud manifestada entonces por el Parlamento Europeo. 
Comparando este largo régimen de excepción con las soluciones que se presentaron para otras profesiones afectadas por la legislación sobre el mercado interior, por ejemplo, para los transportistas aduaneros, que recibieron fondos para la reconversión y demás por un valor aproximado de 30 millones de ecus, el período de siete años, que ha hecho posible unos beneficios anuales de aproximadamente 7.500 millones de ecus, no parece haber sido un trato desfavorable. 
Además, el lanzamiento de un estudio ahora no sólo es injustificado, sino que además sería ligeramente irresponsable por nuestra parte. 
Lanzar un estudio ahora, cuando falta poco más de un año para el final del actual régimen de excepción, sería de lo más contraproducente, ya que podría ser considerado por el sector de la venta libre de impuestos como una reapertura del debate y retrasaría aún más lo inevitable. 
Iría en contra del ajuste necesario y pendiente del sector, que fue la principal causa para permitir un período de siete años. 
La Comisión no tiene intención de dar las señales equivocadas. 
Quisiera profundizar en los efectos regionales que se plantean en la pregunta. 
Acojo con satisfacción esta dimensión regional que se centra en algunos problemas reales, específicos y limitados que podrían surgir como consecuencia de la supresión. 
La Comisión, no obstante, hace hincapié en el hecho de que corresponderá a los distintos Estados miembros afectados analizar si y en qué medida pueden producirse dificultades regionales específicas, y adoptar las medidas apropiadas, incluida la investigación, la valoración y la evaluación de los efectos locales y regionales sobre los que podrían basarse las solicitudes de los propios Estados miembros. 
Puede perfectamente darse el caso de que se pongan a disposición fondos comunitarios para mitigar cualquier problema específico ocasionado por la supresión de las ventas libres de impuestos. 
No obstante, serán los Estados miembros los que identifiquen posibles problemas de este tipo y, a continuación, evalúen, en su caso, qué tipo de acción sería la adecuada. 
Si los Estados miembros desean entonces solicitar ayuda comunitaria, deberán hacerlo de acuerdo con los procedimientos actuales: por ejemplo, aquéllos aplicables a los Fondos estructurales. 
Los casos serían examinados conjuntamente con la Comisión, y las decisiones se tomarían en base a los méritos de cada caso individual. 
En el caso de los Fondos estructurales, las intervenciones están encaminadas a reducir las disparidades regionales y sociales. 
Junto con los Estados miembros y las regiones afectadas, la Comisión ha establecido un marco para dichas intervenciones que cubre asuntos como las prioridades, los recursos financieros y las formas de asistencia que, generalmente, se aplican a través de un programa operativo. 
El actual programa dura hasta finales de 1999. 
El próximo período de programación para los Fondos estructurales será desde el 2000 hasta el 2006. 
El 18 de marzo del presente año, en el marco de su paquete de la Agenda 2000, la Comisión aprobó su nuevo proyecto de reglamento sobre el funcionamiento de los Fondos estructurales. 
En su nuevo artículo 4, permite a los Estados miembros proponer para beneficiarse bajo la nueva cuota nacional del Objetivo II a cualquier zona que se enfrente o se vea amenazada por un alto índice de desempleo como consecuencia de la reestructuración en marcha o prevista de una actividad de importancia clave para los sectores agrícola, industrial o de servicios. 
El transporte aéreo y el transporte marítimo forman parte del sector servicios. 
Las normativas comunitarias también proporcionan a los Estados miembros los medios para perseguir objetivos legítimos de servicio público para las conexiones de transporte cuando los operadores comerciales son incapaces de realizar dichos objetivos sin ayuda pública. 
Ya existen directrices comunitarias en este ámbito- por ejemplo, sobre ayuda a las conexiones del transporte marítimo. 
Sus Señorías comprenderán, por consiguiente, que ya existen procedimientos bien conocidos y probados a través de los cuales los Estados miembros y la Comisión pueden colaborar para prestar ayuda en situaciones en las que pueden surgir problemas específicos en relación con la supresión de las ventas libres de impuestos a nivel comunitario, lo que tendrá lugar el 30 de junio de 1999. 
Señor Presidente, gracias señor Comisario Monti por su explicación. 
Creo que si consulta las Actas de esta Asamblea, descubrirá que el estudio se pidió hace ya bastante tiempo. 
No es sólo un fenómeno reciente; hace ya varios años que venimos pidiendo el estudio. 
La presente propuesta solicita un estudio sobre las repercusiones económicas y sociales de la supresión de las ventas libres de impuestos. 
No aboga por el mantenimiento de las mismas. 
Creo que es algo que debemos dejar claro desde el comienzo. 
He escuchado atentamente lo que usted ha dicho, señor Comisario, y sé que en más de una ocasión, usted ha dicho no a la realización de dicho estudio, a pesar de haber sido aprobado con anterioridad. 
Comprendo los motivos que ha expuesto. 
Cuando, en un comienzo, la Comisión dijo que las ventas libres de impuestos se suprimirían el 1 de enero de 1993, se imponía la realización de un estudio preliminar, pero cuando se acordó la excepción hasta 1999, como usted ha dicho, el estudio dejó de ser pertinente. 
En el pasado, usted señaló asimismo que durante el período de intervención de siete años y medio, el lobby de las ventas libres de impuestos debía reducir sus operaciones, pero lo cierto es que han hecho exactamente lo contrario; dichos grupos de interés han expandido sus actividades. 
Hemos comprobado que se han realizado varios estudios, muchos de los cuales apuntan a la desaparición de puestos de trabajo, otros indican exactamente lo contrario. 
Permítame afirmar que no doy fe a ninguno de ellos. 
No doy fe a ninguno de los estudios de ambas partes, porque ninguno de ellos ha sido realizado por un asesor independiente. 
Todos ellos obedecen a intereses creados y, por consiguiente, creo que lo apropiado en estos momentos es que conozcamos la imagen real, la imagen clara de lo que sucederá después de la desaparición de este sistema de ventas. 
Por eso necesitamos una evaluación independiente. 
Pero como le he oído decir, señor Comisario, usted sigue negándose a ello. 
Permítame que le remita a una reunión, una audición conjunta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Transportes y Turismo que se celebró el pasado año sobre la cuestión de las ventas libres de impuestos, en la que usted dijo que estaba dispuesto a analizar el modo de paliar los efectos de la posible pérdida de puestos de trabajo. 
La pregunta que debo hacer es ¿cómo puede analizar el modo de paliar dichos efectos sin un estudio? 
Usted intentó desviar la cuestión en su respuesta de hace un momento, diciendo que corresponde a los distintos Estados miembros analizar eso y buscar las formas de utilizar los Fondos estructurales desviándolos hacia estos ámbitos en los que puede aparecer desempleo como consecuencia de la abolición de la venta libre de impuestos. 
Yo diría que ése no es el deber de los Estados miembros, porque si hacemos eso, de repente nos encontraremos con una política fragmentada sobre los Fondos estructurales, y eso es lo último que queremos en esta Asamblea, especialmente cuando nos disponemos a revisar los Fondos estructurales. 
Otra cosa que también debemos analizar son las consecuencias económicas y, en este sentido, hay varias preguntas que también han quedado en el aire. 
Un ejemplo que se ha utilizado en muchas ocasiones es el caso del viaje en transbordador entre dos países de la UE que cruza aguas internacionales, ¿a qué tienen derecho los pasajeros? 
¿Tienen derecho a beneficiarse de las ventas libres de impuestos o tienen derecho a pagar los aranceles en el puerto de salida o tienen derecho a pagar los aranceles en el puerto de llegada? 
Son cuestiones económicas que necesitan una respuesta y, por lo tanto, creo que un estudio restablecería este equilibrio y, por lo tanto, quisiera instarle a que actúe en consecuencia. 
Señor Presidente, estoy asombrado y desengañado por la respuesta negativa del Comisario. 
Es apenas imaginable que las autoridades adopten medidas en el año 1999, sin que se conozcan las consecuencias para el empleo y el desarrollo regional. 
Quiero, así mismo, señalar las reiteradas palabras del Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, en este Parlamento quien deseó mantener una buena cooperación con el Parlamento Europeo. 
Esta respuesta de la Comisión no se corresponde con lo anterior. También atestigua poco respeto por los miles de trabajadores del sector que están muy preocupados. 
Señalo la marcha del otoño pasado en Bruselas en la que participaron 5000 personas. 
La respuesta igualmente va en contra de la Europa de los ciudadanos de la que la Comisión tan gustosamente habla. 
Deseo, por tanto, preguntar con gran insistencia al Comisario si esta dispuesto a hablar al Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, de nuestro desengaño y, así mismo, teniendo en cuenta la reciente solicitud del Consejo de Transportes, realizar con rapidez el informe solicitado en interés de los miles de ciudadanos preocupados, de manera que cada uno sepa de qué estamos hablando. 
Nada más y nada menos, señor Presidente. 
Eso puede difícilmente despacharse calificando la realización de un estudio como algo equivocado. Somos lo suficientemente adultos, señor Presidente, para evaluar esto con exactitud. 
Por favor, señor Comisario, en interés de nuestra Europa, escuche a los representantes elegidos del pueblo. 
Señor Presidente, intervengo para apoyar al Sr. Cornelissen, a la Sra. Ewing y al Sr. Miller. 
Mi Grupo apoya la resolución. 
Ya se ha dicho que la Comisión prometió ante esta Asamblea que se emprendería un estudio sobre las repercusiones sociales y económicas de la supresión de las ventas libres de impuestos. 
El Sr. Cornelissen ha puesto el dedo en la llaga. 
Lo cierto es que los representantes de la Comisión continúan negándose a la realización de cualquier tipo de análisis, a pesar de la decisión adoptada por el Consejo de Transportes el pasado marzo de solicitar un estudio de la situación. 
Independientemente de la posición que mantengan los distintos diputados de esta Asamblea sobre si merece la pena o no mantener las ventas libres de impuestos, mi Grupo apoya firmemente esta propuesta porque viene a corregir la falta de un proceso democrático, ya que la Comisión continúa haciendo caso omiso de los deseos de aquellos que han sido elegidos por los ciudadanos de Europa. 
Son ellos los que tienen derecho a esperar que se representen sinceramente sus intereses. 
Por ello debe realizarse el estudio y, después, podremos tomar las decisiones necesarias al respecto. 
Señor Presidente, cuando aprobamos leyes que afectan a personas, al comercio y a lugares, todos tenemos el deber de actuar con cautela y el deber de interesarnos. 
Consciente de ello, hace ya más de siete años, antes de la decisión de suprimir las ventas libres de impuestos, propuse una enmienda para que se realizara un estudio. 
Como ya se ha dicho, la Sra. Scrivener prometió en los términos más claros ante el Parlamento que se realizaría dicho estudio. 
La promesa nunca se cumplió. 
Deploro y lamento que la Comisión no haya obrado de buena fe. 
Hace dos años escribí al Comisario Mario Monti recordándole mi solicitud de un estudio. 
Rechazo, por consiguiente, las opiniones de aquellos que hoy sostienen que este debate es un intento tardío de hacer descarrilar la supresión de las ventas libres de impuestos. 
Si la Comisión hubiera mantenido su palabra, hace mucho tiempo que nos habríamos ocupado del estudio y de sus consecuencias. 
Sin prejuicio de la cuestión fundamental- la supresión de las ventas libres de impuestos -, la petición de un estudio sigue siendo tan válida hoy como lo fue antes, y la renuevo ahora. 
Para muchos, la cuestión de las ventas libres de impuestos ha adoptado un cierto significado simbólico con respecto a la armonización fiscal y al mercado único, un simbolismo desproporcionado para su cuota de mercado y su esencia. 
Esto ha derivado en la aparición de defensores y detractores por igual, que prestan una atención desmedida a las consecuencias prácticas de la supresión. 
La Comisión, con cierta justificación, apunta a la negativa del sector a hacer ajustes. 
Por lo que también la Comisión tiene argumentos para responder. 
No todas las cuestiones de la supresión están relacionadas con el sector; afectan a ámbitos importantes de la política pública, como son las políticas regional, de turismo y de empleo, y éstas no son cuestiones que afecten únicamente al sector. 
En cuanto a los ingresos y la erosión fiscal, una pregunta: ¿puede decir el Comisario con certeza judicial cuál será la situación en términos de tributos para los distribuidores, los Estados miembros y los consumidores tras la supresión en 1999? 
¿Variarán los impuestos sobre el consumo en el caso de las ventas a bordo de transbordadores y aviones que crucen aguas territoriales? 
¿Habrá cero impuestos de consumo en aguas internacionales? 
¿Tiene prevista la Comisión alguna política que aborde semejante caos? 
Lamento que esta noche no hayamos recibido ninguna promesa de que se realizará un estudio. 
El estudio está pendiente y es necesario. 
Políticamente, creo en una Comisión política. 
Lamento que esta noche hayamos recibido una respuesta de burócratas. 
Señor Presidente, no tendríamos este debate, Señorías, si no se tratara de un poderoso grupo de presión que ha hecho todo lo posible para que la opinión pública se suba por las paredes y que, incluso, ha tenido éxito al servirse de la mayoría de los grupos. 
Ya desde hace mucho, se sabe que el Consejo y la Comisión han propuesto conjuntamente que se ponga fin a este asunto, se ha dado un plazo de más de siete años y es absolutamente ilógico mantener algo así en un mercado común. 
Además, es evidente que la mayoría de las tiendas libres de impuestos no sufrirán en absoluto por la supresión; porque la gente compra allí, no porque sea más barato, puesto que con frecuencia es más caro, sé muy bien de qué hablo, sino porque se tiene tiempo en ese momento, porque se quiere tener un detalle con alguien y cosas semejantes. 
Apoyamos tanto al Consejo como a la Comisión. 
Sí opinamos que un estudio no es superfluo, aunque sólo sirva para elaborar un programa de acción concreto, que demuestre que solamente se trata de desplazar el lugar de trabajo y eso, especialmente, en las regiones periféricas en las que, por supuesto, podrían surgir problemas sociales y problemas de comunicación en el tráfico que deben enfrentarse de forma seria. 
Eso es lo que respaldamos, nada más, pero tampoco nada menos. 
Señor Presidente, el presente debate sobre el futuro de las ventas libres de impuesto me parece realmente ridículo, por expresarlo en términos suaves. 
Si alguna vez hemos intentado privar al público de algo que éste quería conservar, con esto lo hemos conseguido. 
La amplia mayoría de las personas que viajan al extranjero, ya sea de vacaciones o por motivos de negocios, quieren que se mantengan y les gustan las compras libres de impuestos. 
Es una pequeña compensación que tienen. 
¿Qué estamos proponiendo? 
Estamos proponiendo privarles de esta pequeña ventaja. 
¿Y qué alcanzaremos con ello? 
Lo único que conseguiremos es enfurecer a los ciudadanos europeos que viajan, y todo ello en nombre de la Unión Europea y el mercado único. 
Además de todo esto, dejaremos a un montón de gente sin trabajo. 
Creía que nuestro deber era velar por la conservación y la creación de puestos de trabajo, y no dejar a la gente en el paro. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para instar a la Comisión y al Consejo a que, en vez de responder, como han hecho esta tarde de una manera muy burocrática, como decía el Sr. Cox, reconozcan el profundo sentir y la preocupación que existe en torno a este asunto entre los ciudadanos a lo largo y ancho de la Unión Europea. 
Una inquietud que irá en aumento, ya que muchas personas aún no se han enterado de lo que sucederá dentro de muy poco. 
Pido que, en vez de permitir que se agudice ese resentimiento contra la Unión Europea, tomemos medidas positivas para garantizar que eso no ocurra. 
La votación de estas propuestas tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
Señor Presidente, tengo que acostumbrarme a convivir con el hecho de que me llamo Piecyk pero que mi nombre siempre se pronuncie mal. 
No supone para mí ningún problema. 
Señor Presidente, al contrario que el colega Cornelissen, no estoy tan sorprendido por la declaración del Comisario. 
Me lo había imaginado. 
Sin embargo, señor Comisario, creo que la política debe estar en situación de comprobar y hacer que se comprueben las decisiones adoptadas en el banco de pruebas de la realidad de la vida de las personas. Pues puede ocurrir que a veces, bajo determinadas circunstancias, hayamos decidido algo y que los resultados no sean como quizás habíamos planeado y deseado. 
Tengo la sensación de que quiere eludir la recogida de datos según el lema: si no dispongo de datos tampoco tengo ningún problema, por lo que tampoco tengo que hacer nada. 
Me parece extraño- lo que se ha dicho aquí ya con frecuencia- que se tenga que reclamar hoy algo en base a una promesa de la Comisaria que había en 1991. 
Hace varios años la Comisión nos hizo la misma promesa. 
Se trata también de una cuestión de confianza entre el Parlamento y la Comisión. 
En el aire pende también otra cuestión, la de que todos aquellos- entre los que me encuentro yo- que están a favor del mantenimiento de tax free, además por miedo a que se pierdan puestos de trabajo, que se les achaque que alegan cifras pavorosas de la industria y de las asociaciones " duty-free». 
Este es el motivo para decir que necesitamos por fin un estudio correcto, comprobable y diferenciado para que podamos llegar a una conclusión razonable y racional. 
No sé si realmente están en juego 140.000 puestos de trabajo en la Unión, pero sí que solamente en mi región de SchleswigHolstein, desaparecerían varios miles de puestos de trabajo en el Báltico en el sector del turismo y de los ferrys. 
No sé que aeropuertos o líneas aéreas se verían afectadas pero sí que se verían especialmente afectados los aeropuertos pequeños, regionales, las líneas de comunicación con los territorios más alejados y el tráfico de ferrys en el Báltico, en especial con Finlandia. 
Tampoco sé exactamente qué repercusiones fiscales tendría la supresión del "tax-free» y del" duty-free» , pero sé perfectamente que luego- usted mismo lo ha apuntado- las ayudas para el sector del transporte en las regiones afectadas y para gastos de seguridad social de los parados estarían de nuevo en el orden del día. 
Por todos estos motivos digo que antes de hablar durante más tiempo sobre el si y el cómo, necesitamos un estudio correcto y adecuado. 
Me puedo imaginar que usted lo desea. 
Pero el Consejo de Ministros de Transporte lo ha exigido ya ahora, el Parlamento lo va a exigir y si no me equivoco mañana por la mañana tendremos sobre la mesa una propuesta de resolución conjunta presentada por muchos grupos políticos. 
Por ello, la Comisión no debería negarse durante más tiempo sino elaborar ese estudio para que podamos mantener a continuación un debate razonable al respecto. 
Señor Presidente, Señorías, hemos realizado en nuestra comisión una audiencia y además existe un informe del colega Garosci. 
Hay que diferenciar entre la exigencia de un estudio y la supresión del duty free. 
Comparto la opinión del colega Piecyk de que un estudio podría aportar claridad a los falsos mensajes del lobby pues aquí la democracia parlamentaria es sometida masivamente a presión con unos medios totalmente ilícitos. 
No debe quedar duda de que las regiones marítimas especialmente afectadas recibirán, llegado el caso, unas ayudas concretas. 
Por otro lado, hay un debate por el que se trata de echar atrás la supresión de los duty free acordada en 1991. 
El debate es alentado por los colegas que provienen de Estados en los que existe un elevado impuesto sobre los bienes de consumo o que tienen frontera con estos países. 
Se trata, pues, de Estados en los que se utilizan ventajas fiscales que no están justificadas en el sentido de la totalidad de la población de la Unión Europea. 
En charlas dominicales se subraya aquí siempre la importancia de la armonización fiscal, pero tan pronto como ha pasado el domingo todos exigen su propia ventaja especial. 
Señor Comisario, por ello coincido con usted en que el duty free debe desaparecer, pues bajo este nombre se esconde el concepto de compras baratas, con frecuencia, un engaño muy claro a los consumidores. 
Los que dicen que se ponen en peligro aeropuertos, hay que plantearles la pregunta de si la gran masa de los ciudadanos normales tienen que subvencionar a los viajantes comerciales concediéndoles la posibilidad de realizar compras libres de impuestos. 
No lo considero justificado y no hay en absoluto ningún motivo para permitir ventajas especiales si, en el marco del euro, queremos armonizar determinadas normas fiscales. 
Señor Comisario, todo esto lo podemos debatir mucho mejor y usted se encontrará en una posición más favorable si manda elaborar un estudio sobre las repercusiones regionales, destruyendo de este modo los argumentos de este lobby. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, nos encontramos aquí sumidos en un debate un poco curioso. 
En la Cámara Baja neerlandesa, a petición de un colega del partido, el ministro de Hacienda respondió que la Comisión Europea no quería realizar semejante estudio. 
Aquí, el Comisario dice que el Consejo Europeo de Finanzas no desea un estudio semejante. 
Y así, nos andamos con rodeos. 
No digo que debamos mantener permanentemente estas facilidades libres de impuestos, pero lo que encuentro excepcionalmente perjudicial es que, por una parte, digamos a la sociedad: esto lo desmantelamos y, por otra, las autoridades no lleven a cabo lo que habían planeado, especialmente la armonización fiscal, que en este momento debería estar más avanzada de lo que está, y la realización del mercado interior. 
Encuentro excepcionalmente perjudicial, señor Comisario, que nosotros propongamos hechos consumados a la sociedad y no los Estados miembros ni la Comisión ¡Sólo por eso, deberíamos realizar un estudio! 
Aplausos 
Señor Presidente, tengo la impresión de que con la intervención del Sr. Comisario se ha interferido el tema, porque ahora nos hemos encontrado ante un doble reto. 
Señor Comisario, el primer reto es que usted ha dicho que tras un período transitorio de siete años no es necesario un informe; que no vamos a redactar ningún informe. 
Por otra parte, ha declarado que habrá consecuencias para el empleo, para los puertos, para los trayectos y para el mercado. 
Cada país se deberá hacer cargo de reparar y afrontar dichas consecuencias. 
Pero ¿quién ha ocasionado esas consecuencias? ¿La política de cada estado por separado o la política comunitaria? 
Como se decía antiguamente: " el que hiera que cure». Esa política comunitaria deberá correr con la responsabilidad de contribuir de forma eficaz a la reparación de las consecuencias. 
Mientras tanto, señor Comisario, los trabajadores del sector dicen que van a perder 145.000 puestos de trabajo y que se trata principalmente de jóvenes que son los que trabajan en los comercios libres de impuestos. 
Le pregunto: ¿qué va a pasar con ellos? 
¿Sabe por qué está retrasando el proyecto? 
¿Sabe por qué no lo va a presentar nunca? 
Porque no le interesa ver qué va a pasar con esas personas. 
Por eso lo evita. 
Porque sería fácil aportar datos, enumerar las consecuencias, señalar los beneficios fiscales. 
Pero no quiere tocar ese tema. Los 150.000 trabajadores que van a ir a la calle y que son gente joven que van a engrosar la cifra de desempleo, una larga cola de 20 millones de desempleados ocasionada por el famoso mercado único y por las políticas aplicadas para su fomento. 
Señor Presidente, en primer lugar, creo que es descabellado y muy irresponsable por parte de la Comisión perseguir algo sin disponer primero de una evaluación independiente de sus consecuencias. 
Especialmente para los Estados isleños de la UE, entre los que se encuentra Irlanda, el estudio merece especial atención, y me pregunto qué teme el Comisario para negarse a que se realice el estudio que tantas personas han solicitado. 
Con la armonización del sistema fiscal, la UE está adoptando paulatinamente todas las características de un Estado único. 
Los políticos irlandeses de los principales partidos políticos hacen cola ahora para apuntarse tantos en esta cuestión, pero merecen ser criticados por el decidido entusiasmo que mostraron en el pasado por el mercado único. 
Por ejemplo, el líder de nuestro Gobierno de Irlanda, el Sr. Ahern, es un converso reciente a la causa en favor de las ventas libres de impuestos. 
Cuando en 1991 era ministro de Economía de Irlanda, se unió a otros ministros de Economía de la UE para aprobar el cese de las ventas libres de impuestos a finales de la década. 
Sinceramente creo que es irresponsable por parte de la UE impulsar algo sin haber realizado un estudio adecuado y, como decía el Sr. Miller, todos los estudios realizados hasta ahora han defendido intereses creados de ambas partes. 
Necesitamos estudios adecuados que sean independientes y nos ofrezcan la imagen completa, y la Comisión es responsable de que eso se lleve a cabo. 
Señor Presidente, permítame comenzar diciendo que si a alguien se le ocurriera inventar mañana la venta libre de impuestos y llegara a presentar esa idea, estoy seguro de que nunca se adoptaría. 
Pero no estamos en esa situación. 
La razón principal sobre la que originalmente se basaban las ventas libres de impuestos ha perdido su razón de ser, y está claro que las personas que tuvieron esa idea nunca previeron el mercado único que en estos momentos nos esforzamos por sacar adelante. 
Lo mismo es válido para algo como el consumo de tabaco. 
Si hubiéramos podido prohibir el tabaco antes de que se extendiera su consumo, estoy seguro de que lo habríamos hecho, pero es evidente que lo único que podemos hacer ahora es intentar disuadir a la sociedad. 
Porque existe, debemos hacer algo al respecto. 
La cuestión es, ¿qué podemos hacer? 
Debido a que muchos de los que pertenecemos a este Parlamento viajamos con frecuencia, todos sabemos que algunos puertos y aeropuertos utilizan los beneficios de las ventas libres de impuestos para reducir las tasas que abonan los pasajeros. 
En mi región, en particular, tenemos dos aeropuertos, el de Manchester y el de Blackpool, y ambos obtienen considerables beneficios de las ventas libres de impuestos y, ciertamente, hay puestos de trabajo que dependen de esta actividad. 
Hay un argumento que ya ha sido presentado por muchos otros oradores: no se ha realizado ningún estudio independiente, y necesitamos uno. 
Hay puestos de trabajo que están juego. 
No sabemos si desaparecerían 140.000 puestos de trabajo, como sostiene el Sr. Ephremidis. 
No cabe duda de que algunas personas que trabajan en este tipo de tiendas seguirán haciéndolo, y habrá otras que dejen de hacerlo, porque disminuirán los beneficios. 
Lo que necesitamos saber es cuáles serán las repercusiones, cuántos puestos de trabajo se perderán y, acto seguido, podremos decidir qué debemos hacer. 
Dicha decisión podría incluir reajustes de la financiación las regiones al objeto de tener en cuenta este hecho. 
Al igual que el Sr. Miller, no creo que deba hacerse un enfoque fragmentado de esta problemática, no obstante, si la Comisión o cualquier otra institución pusiera a disposición fondos adicionales para tener en cuenta este hecho, estoy seguro de que las regiones afectadas no los rechazarían. 
Necesitamos un modo de avanzar, debemos ser objetivos al respecto, no debemos ceder ante los intereses creados. 
Necesitamos un análisis objetivo, y pido a la Comisión y al Consejo que presenten propuestas en este sentido. 
Señor Presidente, ¿debemos seguir siendo fieles bajo todas las circunstancias al principio básico del mercado interior o nos interesan también las personas? 
Visiten el balneario de Cuxhaven en el Mar del Norte de donde yo provengo. Tiene un gran atractivo para muchas personas entre otras cosas también por el duty free. 
Hablen con los afectados que, según declaraciones del armador, tendrían que ser despedidos. 
No existen allí puestos de trabajo alternativos. 
Luchamos por la economía pesquera pues solamente tenemos unos pequeños astilleros. 
Las tierras circundantes son áreas rurales con cultivos y pastos con pocas PYMES. 
En resumen, una región periférica de débiles estructuras, además sin ayudas 5-b. Señor Monti, el nuevo objetivo II de la Agenda 2000 no proporciona tampoco ninguna seguridad. 
En mi región de la costa del Mar del Norte, la tasa de desempleo se encuentra en el 11 % y la tendencia es ascendente. 
Similar es la situación en las demás regiones de los 80.000 kms de costas europeas. 
Pueden ver que el problema no está limitado localmente. 
Los objetivos a largo plazo son redes de puertos pequeños y medianos, la gestión de costas, la protección de las aguas bajas en las costas del Mar del Norte, la ampliación sostenible de sistemas marítimos de información y tecnológicos así como unos centros de turismo atractivos. 
Los países que poseen costas podrían lograrlos con éxito si Europa les ayuda. 
Contamos con ello. 
Es nuestro futuro. 
Estamos ampliando con créditos de la UE nuestro puerto en Cuxhaven, pero ustedes, los enemigos del duty free nos bloquean la entrada al puerto. 
Un puerto sin barcos es como un mar sin peces. 
La simbiosis entre la costa y el interior, es decir, entre las regiones económicamente débiles y fuertes se logra con el duty free. 
El volumen de negocios ha ascendido rápidamente desde 1991 y, en consecuencia, también el número de puestos de trabajo. 
Ni siquiera un moderno programa económico como el de las redes transeuropeas ha logrado hasta ahora una tal cooperación económica y social. 
Sé que tiene que ocurrir algo increíble para dar la vuelta a la resolución del Consejo, pero yo no soy el Consejo. 
Yo soy una representante del pueblo. 
¿Qué debo responder a las familias que se ven afectadas por los despidos? 
No creo que nadie sea tan insensible en Europa como para querer destruir con sus propias manos lo que se ha construido. 
El volumen de la ayuda para el paro y para las medidas de reestructuración es muy superior al de las pérdidas fiscales derivadas de las ventas libres de impuestos y además no está aún a la vista una armonización fiscal. 
Por ello, exijo que se realicen más estudios sobre las repercusiones regionales. 
Quizás exista una interpretación jurídica que permita una regulación de excepción, como en su día se hizo para el tráfico marítimo con la isla de Helgoland, una perla en el Mar del Norte. 
El Consejo de Ministros de Transporte ha adoptado entretanto una decisión en este sentido. 
Quiero rogar al señor Monti y a mis colegas que están en contra que marchen por este camino. 
Señor Presidente, cuando el Comisario se remite a que se pueden obtener ayudas para paliar el tráfico que tal vez desaparezca, quiero decirle que, en primer lugar, las líneas de transbordadores no pueden obtener la ayuda de la RTE, ni siquiera cuando ambos puertos formen parte de la red transeuropea. 
En segundo lugar, las ayudas estructurales no son ayudas operativas. Esto se lo digo como respuesta a sus referencias a las ayudas. 
En tercer lugar, deseo decirle que usted habla mucho de que las ventas libres de impuestos son una ayuda indirecta. 
Pero las ayudas indirectas que hoy son factibles mediante las reglas de banderas de conveniencia son mucho mayores y pueden tener consecuencias mucho peores, es decir, el registro en terceros países que será la consecuencia para las líneas de transbordadores si desaparecen las ventas libres de impuestos. 
Además, me pregunto por qué la Comisión es tan reticente a hacer esta investigación cuando, al mismo tiempo, se sostiene que ella tiene datos sobre las líneas de transbordadores que están más amenazadas. 
Pienso en lo que me llega más directamente al corazón, es decir, en la línea de transbordadores de Norra Kvarken, la más septentrional de Europa, con tráfico todo el año. 
Para respaldar esta vía de comunicación se reunieron miles de firmas, mucho antes de que se iniciara alguna labor de pasillos, señora Aelvoet. 
El Comisario Monti no aceptó esas firmas, desgraciadamente. 
Se quiere asegurar los puestos de trabajo en el sector, pero, además, hay una razón medioambiental para avalar el tráfico de transbordadores. 
Según un estudio, se ahorran millones de marcos finlandeses en el sector medioambiental si se usan los transbordadores. 
Señor Presidente, permítame decir, en primer lugar, que reconozco la lógica de la supresión de las ventas libres de impuestos. 
En Europa debemos trabajar por la eliminación gradual de las anomalías en el tejido del mercado único, y una de estas anomalías es la venta libre de impuestos en el seno de la Comunidad. 
Pero en Europa también debemos armonizar otras cosas, o al menos aproximarlas- los niveles de impuestos al consumo, el IVA y demás impuestos. 
Sin embargo, el problema del contrabando a nivel comunitario de bebidas alcohólicas y tabaco con derechos pagados alcanza probablemente una mayor magnitud que la pérdida de ingresos por la continuación de las ventas libres de impuestos en la Comunidad. 
La cuestión es ¿por qué llega la supresión ahora, por qué es tan urgente y por qué lo hacemos a escondidas? 
Varias personas han realizado diferentes estudios. 
Muchos de dichos estudios sobre ambos aspectos del argumento son posiblemente imperfectos, pero en varias ocasiones apuntaban a la posible pérdida de entre 112.000 y 147.000 puestos de trabajo en el UE, un 90 % de dichas pérdidas se produciría en un período de dos años a partir de la supresión de las ventas libres de impuestos en el seno de la Comunidad, y tendría especial repercusión sobre el empleo en España, Francia y el Reino Unido. 
La Comisión Europea ha sostenido que las ventas libres de impuestos cuestan al erario público de los Estados miembros 2.000 millones de ecus por la pérdida de ingresos, aunque algunos estudios sostienen que los más perjudicados por la supresión de las ventas libres de impuestos serán los Estados miembros, debido al incremento de los costes de los transportes y otras pérdidas de impuestos. 
No falta quien sostiene que al pasajero medio que tome un vuelo chárter le costará en costes implícitos, sumando todos los costes, 14 libras esterlinas más cada vez que viaje desde su Estado miembro y de vuelta. 
Otros afirman que los destinos de la UE se volverán menos competitivos que otros destinos cercanos no comunitarios, que Turquía se beneficiará a costa de Grecia, que habrá una pérdida de 635.000 salidas al año desde el Reino Unido hacia otros puntos de la UE, pérdida que se verá en parte compensada por un aumento de 124.000 visitas adicionales a destinos no comunitarios. 
Éste es el problema al que nos enfrentamos. 
A pesar de lo que ahora digan los ministros de Economía, lo cierto es que el 17 de marzo de este año- hace menos de tres semanas -, la delegación irlandesa en el Consejo de Transportes, con el respaldo de otros ocho Estados miembros, a saber, Suecia, Bélgica, Francia, Alemania, Finlandia, Portugal, España y el Reino Unido, solicitó un estudio sobre los posibles efectos financieros y para el empleo de la supresión de las ventas libres de impuestos en junio de 1999. 
El Comisario Monti afirma que dos entuertos no hacen un acierto; puesto que el estudio prometido no se realizó en el momento adecuado, ahora es demasiado tarde para hacerlo. 
Es una situación sin salida. 
El Comisario afirma que podrían ponerse a disposición fondos comunitarios para mitigar las repercusiones, pero las repercusiones se dejarán sentir fuerte e inmediatamente a partir de la supresión. 
Sin embargo, se niega a que se realice una evaluación previa de las repercusiones sobre el empleo regional. 
Mañana el Parlamento votará a favor de la resolución que pide dicho estudio. 
El Consejo de Ministros ya está a favor del estudio por nueve votos contra seis, como mínimo. 
¿A qué se debe que sólo la Comisión se oponga frontalmente a dicho estudio, que inicialmente había prometido? 
Si los argumentos son tan poderosos a favor de la supresión, señor Comisario Monti, ¿por qué no lo demuestra encargando el estudio? 
Hace muchos años que, como muchos colegas, lucho por explicar a los diferentes lobbies que el duty free en el marco del mercado interior deben ser suprimido. 
Y bien, debo decir que la arrogancia con la cual la Comisión ha respondido a nuestros legítimos interrogantes nos clava, literalmente, un puñal en la espalda. 
Creo que es necesario que sean conscientes de ello. 
La argumentación que usted ha desarrollado en respuesta a la pregunta del Sr. Cornelissen era, permítame que se lo diga, bastante lamentable. 
Usted nos ha dicho dos cosas: en primer lugar, no haremos este estudio porque el mismo había sido prometido en el marco de una decisión inmediata; como la decisión se ha prorrogado, no tenemos que hacer este estudio. 
Como ahora si fuese superfluo, como si el análisis de los efectos de una decisión fuesen superfluos a partir del momento en que se había cambiado la fecha de aplicación de dicha decisión. 
Con este razonamiento usted puede decir que un ciego puede conducir un coche, siempre que vaya despacio. 
No es verdad. 
El segundo argumento que usted emplea es el del carácter tardío. 
Entre la promesa de la Sra. Scrivener y el hecho de que usted esté hoy presente, sin haber cumplido esta promesa, han pasado muchos años. 
¿De quién es la culpa? 
Ni Usted puede acusarnos de intervenir tardíamente en el debate, cuando, después de tantos años, no nos ha respondido; y hace un momento se ha dicho que esta Asamblea le había formulado preguntas. 
Hay un proverbio en latín, un adagio de derecho romano que usted conoce: " Nemo auditur propriam turpitidinem allegans» (nadie puede alegar su propia torpeza). 
En cualquier caso, señor Comisario, no tiene derecho a negar a esta Asamblea, ni tampoco a los ciudadanos europeos, el análisis de los efectos de las decisiones que usted toma, simplemente porque ya se ha adoptado una decisión. 
Señor Presidente, yo también estoy asombrada de que el Comisario Monti, habiendo tenido tiempo para reflexionar sobre los debates que mantuvimos esta misma semana en el turno de preguntas y tras haber oído los fuertes sentimientos que tenemos la mayoría de los miembros de la Asamblea, los mensajeros del pueblo, acerca de este asunto, no esté dispuesto a dar marcha atrás, a pesar de que el tiempo apremia, y ofrecernos una respuesta más positiva. 
Diciendo " no» se limita a esconder la cabeza en la arena. 
El éxito del ministro irlandés en el Consejo de Transportes ha sido documentado aquí. 
Hay actualmente nueve miembros del Consejo alrededor de la mesa de Transportes que están dispuestos a solicitar un estudio. 
No hay ningún motivo para pensar que no se obtendría la misma mayoría o más, si el Comisario encargara un estudio y diera a los ministros de Ecofin la oportunidad de estudiar este asunto una vez más de un modo claro y objetivo. 
Los políticos no ven nada vergonzoso en ello. 
Los muchos miles de trabajadores que se manifestaron en las calles de Bruselas recientemente- trabajadores de aeropuertos, trabajadores del sector, en su mayoría del sector de las ventas libres de impuestos- no deberían tener que implorar por sus puestos de trabajo. 
Tienen derecho a recurrir a nuestras instituciones para proteger sus puestos de trabajo. 
Por cada medida que tomamos aquí, se supone que debemos encargar una auditoría sobre el empleo. 
¿Cómo puede entonces el Comisario resignarse a que todos esos puestos de trabajo desaparezcan de golpe? 
La acusación que ha hecho aquí el Comisario de que lo hace por las personas que están a favor de la supresión, y que los que estamos en contra queremos apoyar las subvenciones secretas a las bebidas alcohólicas, al tabaco y al sector de los transportes de pasajeros, no es cierta. 
Es muy simplista. 
Lo que aquí sucede es que hemos analizado todas las partes del asunto y nos hemos decidido, de manera sopesada, en favor del empleo. 
Apelo al Comisario a que nos dé una respuesta más favorable esta noche, porque la votación de mañana se inclinará a favor del estudio, y ya es hora de que el Comisario se enfrente a ello. 
En primer lugar, quisiera agradecer a cada uno de ustedes sus observaciones. 
La Comisión no está presentando ninguna propuesta en particular. 
Algunas de las observaciones dan por sentado que la Comisión debía presentar propuestas. 
Fue una decisión adoptada por unanimidad en el Consejo Ecofin en 1991. 
La Comisión no está presionando en ningún sentido. 
Como ha quedado claro, la referencia al estudio que hizo mi predecesora, la Sra. Scrivener, era al objeto de determinar si la decisión de suprimir las ventas libres de impuestos debía entrar en vigor el 1 de enero de 1993, al igual que todas las demás medidas relativas al mercado único. 
Ustedes saben cuál fue el resultado: no habría estudio, pero sí un aplazamiento de siete años y medio. 
En cuanto a la supuesta solicitud del Consejo de Transportes de un estudio, el resultado del Consejo de Transportes de 17 de marzo fue que la Presidencia del Consejo observó el fuerte apoyo de la mayoría de las delegaciones a la intervención irlandesa, y decidió notificar al Consejo Ecofin sobre la posibilidad de que, en caso necesario, los ministros de Economía decidieran sobre medidas adicionales. 
El Consejo Ecofin ha hecho hincapié reiteradamente en sus reticencias a pedir a la Comisión que realice dicho estudio. 
Ha habido preguntas relativas al importante tema de si existen normas claras que se aplicarán a partir de junio de 1999. 
Sí, puedo afirmarlo y tranquilizarles en ese sentido. 
Existen normas en términos del IVA y legislación sobre el impuesto al consumo que se aplican actualmente y que se seguirán aplicando a partir de junio de 1999. 
Me refiero al apartado 1 del artículo 23 de la Directiva 92/12 y al artículo 8 y siguientes de la Sexta Directiva sobre el IVA. 
En cuanto a la pregunta específica formulada por el Sr. Miller, el mero paso a través de aguas internacionales no modifica la normativa sobre el mercado interior. 
La normativa sólo cambia si el buque toca puerto en territorio de un país tercero. 
Como pueden imaginar, soy tan sensible como ustedes al tema del empleo. 
Existen modos serios de enfocar los temas de empleo. 
Algunos de ellos tienen que ver con el régimen fiscal. 
Como sabrá el Parlamento, la Comisión- y yo personalmente- estamos realizando serios esfuerzos con el apoyo del Parlamento y, en particular, de la comisión competente, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, para alcanzar algún tipo de coordinación fiscal, que es la respuesta seria que dan los instrumentos fiscales al reto del empleo. 
La Comisión está dispuesta, como ustedes saben y apoya el Parlamento, a plantearse una reducción de los tipos de IVA sobre los servicios de mano de obra intensiva. 
Y lo que es aún mucho más importante, estamos realizando enérgicos esfuerzos para luchar contra la competencia desleal en materia fiscal. 
Ustedes saben, como yo, que en este continente se ha reducido el régimen fiscal sobre el capital en un 10 % durante los últimos 15 años. 
El régimen fiscal sobre el trabajo ha aumentado en un 7 %. 
¿A qué se debe esto? 
Se debe a la falta de coordinación. 
En diciembre de 1997, por primera vez, persuadimos a los 15 ministros de Economía para que aprobaran un paquete de medidas contra la competencia desleal en materia fiscal. 
Es el primer paso hacia la eliminación de los paraísos fiscales en Europa, al objeto de que pueda reducirse ligeramente el régimen fiscal sobre el trabajo. 
¿Cómo puedo acudir a los ministros de Economía y presionarles para que mantengan esta política fiscal seria en favor del empleo que el Parlamento apoya, y pedirles al mismo tiempo que, por favor, estudien la posibilidad de permitir que sigan existiendo paraísos fiscales localizados, como son las ventas libres de impuestos? 
(El Sr. Cox interrumpe al orador) Nadie puede escapar a la lógica. 
Créame, estoy firmemente comprometido a introducir una política fiscal en Europa que sea favorable para el empleo. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señorías, les ruego que no interrumpan al Comisario. 
Agradezco a aquellos de ustedes- y ha habido algunos- que han tomado nota del enfoque constructivo que he presentado aquí esta noche. 
Un estudio puede tener dos componentes. 
Uno para identificar las dificultades específicas que puede tener un aeropuerto regional en concreto o una compañía de transbordadores. 
Nadie está en mejores condiciones de detectar dichas dificultades que el Estado miembro afectado. 
Hay un modo en que la Comisión puede ser de utilidad, y ése es identificar qué instrumentos de política regional, de política de transportes podrían ser de utilidad en caso de que surjan problemas graves. 
Yo he prometido que la Comisión hará eso, no el estudio fantasma que a estas alturas, en la percepción de la opinión pública, podría asociarse a un replanteamiento del plazo definitivo para la supresión de las ventas libres de impuestos. 
Por último, no me corresponde a mí juzgar si la Comisión es un organismo políticamente adecuado o si le ha dado a ustedes respuestas burocráticas esta noche. 
No obstante, puedo asegurarles que la Comisión, en su responsabilidad política, no está dispuesta a decepcionar a los ciudadanos europeos haciendo algo que, en realidad, iría en contra de una política de empleo seria, basada en la coordinación fiscal. 
La Comisión no está dispuesta a hacer nada por el mantenimiento de una subvención soterrada, en el sentido de que no es transparente, sino regresiva, porque la paga el contribuyente de a pie, que generalmente gana menos que los viajeros con acceso a las ventas libres de impuestos, y que, en gran medida, van destinadas a subvencionar el consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco. 
Señor Presidente, en su respuesta al debate, el Comisario se ha referido al supuesto deseo del Consejo de Transportes de que se realice un estudio. 
Quisiera leerle una carta de Gavin Strang, Presidente del Consejo de Transportes de la UE, dirigida a Gordon Brown, Presidente de Ecofin. 
Dice así: Querido Gordon, como sabrás, en el Consejo de Transportes de 17 de marzo de 1998, el ministro irlandés planteó el tema de la supresión de las ventas libres de impuestos en la CE bajo el punto " ruegos y preguntas» , y solicitó que se realizara un estudio sobre los posibles efectos financieros y para el empleo de la supresión de las ventas libres de impuestos en 1999. 
Ocho Estados miembros apoyaron la solicitud del ministro irlandés, a saber, Suecia, Bélgica, Francia, Alemania, Finlandia, Portugal, España y el Reino Unido. 
En mi sumario del debate, acepté comunicarte estas opiniones, en tu calidad de Presidente de Ecofin. 
Sin duda Ecofin deseará tener en cuenta el apoyo dado por los ministros de Transportes a la solicitud irlandesa en el sentido de que la Comisión encargue un estudio sobre los posibles efectos financieros y para el empleo de la supresión de las ventas libres de impuestos en la CE. 
En mi opinión no se trata de una " supuesta» decisión del Consejo de Transportes, sino de una decisión. 
Puede que al Comisario Monti no le guste, pero existe. 
Señor Ford, le doy las gracias. 
No se vuelve a abrir el debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.05 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, se trata del punto 4 de las Actas de ayer y el artículo 24 del Reglamento, relativo a la función de la Conferencia de Presidentes. En su apartado 5 aparece: la Conferencia de Presidentes establecerá el proyecto de orden del día de los períodos parciales de sesiones, es decir, la Conferencia de Presidentes determina qué informes aparecen en la agenda cada semana. 
Sin embargo, no figura que los presidentes de los grupos determinen si un informe les resulta agradable o no. Eso significa, por tanto, que la Conferencia de Presidentes no debe evaluar el contenido de los informes que deben formar parte de la agenda. 
Señor Wijsenbeek, usted ha sido Presidente en ejercicio y Presidente de la Comisión de Reglamento durante mucho tiempo y es, entre otros colegas de esta sala, uno de los que poseen mayor experiencia parlamentaria. 
Sabe, como lo sabemos todos, y no hago alarde de ningún conocimiento, que la Reunión de los Presidentes está controlada en definitiva por la Asamblea y cuando se trata de cambios en el orden del día quien tiene la última palabra es la Asamblea del Parlamento, que es además quien lleva a cabo las votaciones. 
Por lo tanto, no se preocupe porque no hay ningún órgano elegido del Parlamento que no sea controlado por él mismo. 
Señor Presidente, se trata del texto relativo a un informe Randzio-Plath. 
Ayer se aprobó que las palabras "control democrático» serían sustituidas por" responsabilidad democrática». 
Esto se ha hecho en uno de los títulos, pero no en el texto, en todos sus puntos. 
Observo, sobre todo, que en el apartado 8, se sigue hablando de control democrático. 
En todos los lugares en los que aparecen las palabras "control democrático» habría que sustituirlas por" responsabilidad democrática». 
Esto es lo que se aprobó ayer. 
Tomo nota, Señor Herman, y se mirarán todos los textos para asegurarnos de que sea así. 
Al examinar la lista de asistencia, veo que mi nombre no aparece. Tal vez haya olvidado firmar, pero ayer participé en todas las votaciones. 
Señor Martens, puede que se le haya olvidado firmar, pero somos muchos los que podemos dar fe de su presencia en esta sala siempre, que además es algo que le honra. 
Señor Presidente, acaba de responder al Sr. Wijsenbeek y de decir que él era el Presidente de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Permítame decirle que el Presidente de la Comisión de Reglamento es mi colega el Sr. Fayot. 
Señor Corbett, debe tener en cuenta que el Sr. Wijsenbeek ha presidido durante mucho tiempo la Comisión de Reglamento y es uno de los colegas que más saben de este asunto. 
Señor Presidente, se trata de una simple puntualización. 
En el Acta de la sesión del lunes consto como ausente, cuando yo estaba presente y participé en las votaciones mediante verificación electrónica. 
Esto debe de poder controlarse de manera sencilla. 
Le agradecería que lo controlara. 
Señor Presidente, hay una omisión en el Acta. 
En la página 19 podrá comprobar que el Sr. Lataillade intervino. 
No se recoge su profunda preocupación y compasión por la grave situación de la Sra. Randzio-Plath. 
Deberíamos asegurarnos que en el futuro también se muestre una compasión parecida por él... 
Señor Presidente, no intervengo con relación al punto del orden del día que correspondería normalmente, sino respecto de algo que ha dicho el Sr. Herman. 
Quisiera recordarle que lo que el Sr. Herman dijo durante la sesión de ayer es exactamente lo mismo que lo que la Sra. Randzio-Plath sugirió en una enmienda oral. 
Entonces procedimos a la votación y las palabras eran: " Tener en cuenta al BCE». 
Esa es la decisión que se tomó ayer, ha quedado constancia en el Acta y por ello espero que así permanezca. 
Sr. Falconer, usted estuvo ayer aquí. 
Algunos de nosotros estuvimos ayer aquí. 
Señor Presidente, simplemente quiero decir que no es necesario que aparezca mi nombre. 
Es la Asamblea en su conjunto la que ha expresado su consideración hacia la Sra. Randzio-Plath. 
Agradezco al Sr. Ford que haya tomado nota de que yo estaba presente, pero no era necesario. 
(El Parlamento aprueba el Acta) 
Señor Presidente, en la última sesión parcial del viernes mencioné la cuestión que sigue. 
Me refiero a la discriminación en cuanto a la cobertura televisiva de la sesión del viernes por la mañana. 
Estamos aquí para hacer un trabajo y éste debería grabado tanto para los archivos como para la televisión tal y como cualquier otra sesión. 
¿Qué progresos ha hecho el Sr. Presidente con relación a esta petición? 
Señor Hallam, estoy completamente de acuerdo. 
Diría que hay más de una razón los viernes por la mañana y ya la estudiaremos. 
Pero, por favor, permítame señalar que las televisiones no constituyen un asunto que pueda regular la Mesa y ojalá fuese regulado por la Mesa y por la Asamblea. 
La televisiones tienen sus propias normas y sus propios reglamentos y no es de nuestra competencia influir en ellas aunque sólo sea un poquito, pero me temo que muchas veces somos nosotros quienes sufrimos su influencia y no siempre para bien. 
A pesar de todo examinaremos esa cuestión. 
Señor Presidente, advierto con asombro que mi nombre no aparece en la lista de presencia. 
Sin embargo, tengo realmente la sensación no sólo de haber estado ahí regularmente sino incluso de haber firmado. 
No obstante, es posible que me haya equivocado. En cualquier caso, creo que estaba ahí, algunas intervenciones públicas y votos nominales pueden probarlo. 
Añadiré que tengo la impresión de que usted intervino en la sesión plenaria. 
Así pues, es un error bastante considerable. 
Votaciones 
Señor Presidente, al final de esta votación, con la presencia del representante del Consejo, quisiera señalar algo que, con antelación a la votación final, es muy relevante. 
Se nos ha transmitido hoy un texto del Consejo, elaborado por el Sr. Buffetaut, respecto del cual hemos expresado nuestras opiniones y sobre el que, en la versión de la comisión, nos hemos pronunciado en la votación final. 
Durante este proceso e incluso antes de que pudiéramos votar, el Consejo, por su parte, ha vuelto a modificar el texto que se nos ha dado y con el que también hemos trabajado. Lo ha hecho antes de escuchar el resultado del Parlamento. 
Considero que esto constituye un gran menosprecio al Parlamento y le pido que así se lo haga saber al Consejo. 
Señor Schulz, tomo nota de su observación y la Mesa procederá a dar los pasos pertinentes. 
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba los dos proyectos de resolución legislativa) 
Señor Presidente, quisiera hacer dos observaciones. 
Al principio la comisión rechazó la enmienda 4 que atañe al artículo 1, párrafo 4, letra b del proyecto del Consejo. 
Entre tanto nos hemos percatado que en este artículo se establece únicamente que nadie puede ser castigado dos veces por los mismos hechos. 
Se trata, por tanto, del principio del Estado de derecho conocido como ne bis in idem, y por ello le solicitamos que vote en contra de esa negativa para que el texto original pueda ser restablecido. 
Ésta es la primera cosa. 
La segunda cosa sobre la que me gustaría llamarles la atención es el hecho de que la lengua del ponente, la lengua de base, es el francés, y la enmienda nº 7, tal y como está formulada, es la que da fe. 
Dice que cuando alguien no ha podido defenderse ante la justicia de otro país, sobre todo, debido a problemas lingüísticos, este " sobre todo» , que significa que no es excluyente sino que permite otras posibilidades, está incluido en el texto francés. 
Sé que no está incluido en otras versiones lingüísticas, pero va más allá y es en interés del ciudadano. 
Así pues, el texto francés es el auténtico y le ruego tenga a bien corregirlo. 
Rogaría al Parlamento que tuviera en cuenta estas observaciones de la ponente Sra. Reding. 
Señor Presidente, solicito enérgicamente que se siga la enmienda oral de la Sra. Reding. 
Hemos de señalar que nosotros, en la comisión, hemos cometido un error que llevaría a que, excepcionalmente, empeorásemos una muy buena propuesta del Consejo. 
Por ello es absolutamente necesario apoyar la enmienda de la Sra. Reding. 
Señor Schulz, la Sra. Reding no ha efectuado ninguna enmienda oral sino unas observaciones orales, que supongo que la Asamblea tendrá en cuenta, no se trata de ninguna enmienda. 
No origine confusiones porque eso puede ocasionar problemas. 
Me alegra especialmente que Reding tome en cuenta este asunto que es relevante, por ejemplo, para los países que ya tienen una colaboración intensa entre las autoridades administrativas. 
Por eso nuestro grupo piensa votar como usted propuso. 
Señora Thors, no abramos aquí un debate. 
La ponente tiene siempre el derecho de efectuar una o varias observaciones, pero no vamos a repetir aquí el debate que tuvo lugar en la Comisión. 
(El Parlamento aprueba el proyecto de resolución legislativa) 
Señor Presidente, quiero indicar que se trata de la buena enmienda propuesta de la Sra. Thors, según la cual deben recogerse los avances en la aplicación de los derechos del niño. 
Sin embargo, no quisiéramos destacar esta cuestión por encima de otros derechos tales como los humanos o los de las minorías y, por tanto, solicitamos suprimir la redacción del texto hasta " el acuerdo sobre los derechos del niño». 
Esta parte la queremos incluir entre derechos humanos y derechos de las minorías sin otras formulaciones. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, no quisiera frenar la marcha de esta votación de viernes. 
Un colega holandés me ha hecho notar que en la versión holandesa se ha colado un error en el número 16 de mi conclusión. Faltan las palabras " frente a países terceros». 
Le pido que, con el texto original alemán, se comprueben todas las versiones en las otras lenguas. 
Señor Posselt, tomo nota de su observación y la Mesa se encargará de que se revisen las diferentes versiones lingüísticas de este informe. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado en el día de hoy a favor de una mejora de la cooperación judicial en materia penal. 
Es un elemento necesario en la lucha contra la criminalidad organizada. 
Somos partidarios de una cooperación práctica mejorada y más efectiva entre los países miembros. 
Un rendimiento mejorado debe procurar un tratamiento de los casos más rápido y una solución más efectiva de los problemas prácticos. 
Por ejemplo, esto puede suceder llevándose a cabo la asistencia judicial mutua a través de contactos directos entre las autoridades interesadas. 
Con todo, es importante aferrarse a que las tradiciones y formas nacionales de práctica jurídica deben respetarse en la mayor medida posible y a que la seguridad judicial debe situarse siempre en el punto de referencia. 
Informe Reding (A4-0121/98) 
Está bien que la reglamentación del asunto de la privación del derecho de conducir se haga a través de una convención y no mediante armonización de las legislaciones. 
Sin embargo, es muy dudoso que el país de residencia, sin que medie un juicio de acuerdo a las leyes de este país, vaya a estar obligado a cumplir una resolución de retirar una licencia de conducir dictada en otro país, según las leyes de ese otro país. 
Informe Posselt (A4-0107/98) 
La Unión Europea se verá en la próxima década ante uno de los mayores desafíos de su historia: acoger la adhesión de diez nuevos países casi simultáneamente y cuando los países candidatos atraviesan en la actualidad una difícil fase de transición. 
En efecto, deben controlar el desorden resultante de la caída del comunismo- desestabilización social, desorganización de los controles, corrupción, crimen organizado, migraciones de las poblaciones- y establecer los marcos jurídicos de unos auténticos estados de derecho. 
La articulación de esta transición y de la adhesión a la Unión Europea se anuncia de muy delicada gestión por las dos partes. 
Para facilitar la tarea, el Grupo Europa de las Naciones había propuesto desde hacía mucho tiempo la puesta en práctica de una Europa de " geometría variable» , organizada en varios círculos de cooperación, que habría permitido a los países candidatos acceder a la Unión, pasando progresivamente de un círculo a otro en función de sus posibilidades. 
Ya destacamos en su momento que el primer círculo de cooperación que había que establecer, el más urgente, era el de la seguridad interior. 
Por lo tanto, tenemos que alegrarnos al constatar que los ministros de Justicia y de Interior de la Unión, reunidos el pasado 30 de enero, hayan invitado a sus homólogos de los países candidatos a celebrar " pactos de preadhesión» , para organizar mejor la lucha contra la criminalidad. 
En ello reconocemos el eco de nuestras posturas o, al menos, cierto espíritu común. 
Sin embargo, el Tratado de Amsterdam, si llega a entrar en vigor, no facilitará las cosas, puesto que no favorece demasiado la flexibilidad. 
Por ejemplo, sería deseable, para luchar mejor contra la criminalidad internacional, que los países candidatos del Este pudiesen, desde ahora mismo, adherirse a la Europol. 
Pero al integrar a la Europol en los procedimientos de la Unión, ¿acaso no se va a complicar todavía más el problema? 
Asimismo, no se distingue bien el alcance de la propuesta del Parlamento Europeo por la que se quiere crear un servicio europeo especializado que comunitarice las experiencias de los servicios nacionales competentes para el control de las fronteras exteriores. 
Si esta propuesta significa que hay que instaurar a nivel europeo un sistema de ayudas financieras con el fin de apoyar a los países miembros que tengan serias dificultades en el control de sus fronteras exteriores, entonces estaremos de acuerdo. 
Además, esto ya lo propusimos, pero nos parece esencial que cada país sea directamente responsable de sus fronteras, sin lo cual el sistema integrado desmotivaría a todo el mundo y podría tener como consecuencia lo contrario del resultado que se persigue. 
He votado por el rechazo de este informe puesto que no apoyo la actitud arrogante de la UE frente a los países solicitantes de Europa Central y del Este. 
La UE no puede exigir que los países solicitantes, entre otras cosas, adecuen su política de visados frente a terceros países de la UE antes de haber sido aceptados como miembros de la Unión y antes de que las normas comunitarias sobre la materia sean aprobadas por medio del Tratado de Amsterdam. 
Actualmente el Tratado de Amsterdam no está ratificado por todos los países miembros de la UE y estimo, entonces, que no se pueden hacer referencias a él. 
En cuanto a la cooperación policial opino que Europol definitivamente no debe desarrollarse e imponerse a los países solicitantes. 
Ya existe Interpol, que hoy trabaja con los asuntos que la UE quiere dar a Europol. 
En lugar de Europol, opino que se debería continuar con la construcción de Interpol dentro de la campaña contra la delincuencia internacional organizada. 
Considerando la situación existente en grandes regiones de los países solicitantes, considero que la UE debe aceptar numerosas normas transitorias si esos países llegan a ser miembros comunitarios. 
Lo mejor sería que la UE cediera a los Parlamentos nacionales muchas de sus facultades, lo cual facilitaría la ampliación. 
Como están las cosas hoy, parece que la UE quiere anexionar a los países de Europa Central y del Este, ya que ellos deben hacer suyas todas las leyes comunitarias sin tener influencia sobre su contenido. 
Esto es para mí inaceptable. 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy sí al informe del Sr. Posselt. 
Se ha hecho considerando que debemos garantizar que los países solicitantes de Europa Central y Oriental desarrollen sociedades judiciales buenas y democráticas. 
El informe propone que los actuales países miembros trabajen juntos de manera más estrecha en el campo de las cuestiones legales e internas. 
Por parte danesa tenemos una reserva en este campo, sin embargo, no queremos impedir a los otros países entablar una cooperación más estrecha. 
Con todo, nos reservamos el derecho a permanecer fuera. 
Lo más importante para nosotros es garantizar que los países solicitantes de Europa Central y Oriental obtengan un respaldo tanto económico como político en sus esfuerzos por desarrollar órganos jurisdiccionales democráticos. 
Esto toca también a la ayuda para proyectos de formación de funcionarios de la administración y políticos. 
Para garantizar que las iniciativas democráticas se respeten es necesario que la gente que debe administrar las nuevas leyes sea educada para ello. 
Los socialdemócratas daneses se oponen a la propuesta de la opinión relativa a que las modificaciones institucionales deban haberse realizado antes de la ampliación. 
Esto se hace considerando que el Parlamento no debe plantar obstáculos a la ampliación. 
A los países solicitantes se les debe garantizar la admisión en la Unión Europea cuando hayan cumplido los objetivos de los acuerdos de adhesión individuales. 
El proceso de ampliación no debe verse retrasado por una exigencia del Parlamento Europeo relativa a que el reparto de actas de diputado y el cálculo ponderado de los votos deba haberse realizado antes de que los primeros países se hayan incorporado. 
Habida cuenta de que a lo largo de su dominio, el régimen comunista destruyó toda norma relacionada con la convivencia civilizada, la adhesión a la Unión Europea de los países ex comunistas supone una especie de resurgir de los candidatos, al objeto de hacer compatibles sus estructuras internas con las normas y el espíritu propios de la Unión Europea. 
Esto vale también para las relaciones entre las fuerzas de policía, en materia judicial y de movilidad de los bienes, servicios y ciudadanos, así como en el ámbito de los derechos civiles y de protección de los menores. 
Cuando este laborioso proceso de adaptación haya llegado a su término de un modo fehaciente, entonces nos parecerá que habrá llegado el momento de la adhesión de esos Estados a la Unión Europea. 
Resolución Común (B4-0424, 0426, 0428 y 0429/98) 
Señor Presidente, puedo sentirme muy complacido con esta resolución que propone la realización de un estudio, siquiera porque quizá muestre que algunas de las alegaciones más dramáticas sobre pérdidas de empleos son, en realidad, muy exageradas. 
En cualquier caso no hay ningún mal en averiguarlo. 
Guardo gran admiración por el Comisario Monti y por la manera en que ha resistido la presión de las industrias del tabaco y el alcohol para intentar y conseguir invertir su decisión. 
Espero que los ministros de economía y hacienda muestren una decisión similar. 
Desde el punto de vista de un ministro de hacienda seguramente no hay ningún sentido en introducir una rebaja de los impuestos sobre las industrias del alcohol y tabaquera: una reducción que curiosamente sólo repercutiría en la gente que realiza vuelos internacionales, un grupo de personas que, por lo general, tienen una mejor situación económica que la del ciudadano medio. 
Por ello espero que la presente resolución, incluso si propone un estudio que puede presentar unos datos más objetivos que los estudios realizados por organizaciones de carácter partidista y con interés en el asunto, va a ayudar a confirmar una decisión que fue tomada por la Unión Europea hace ya bastante tiempo. 
Señor Corbett, yo también he comprobado que sus posturas no son sólo suyas y que las apoyan más colegas. 
También hay otros tantos que apoyan el punto de vista opuesto. 
Por su volumen de negocios y de empleo, el comercio de las ventas libres de impuestos constituye un sector dinámico de la economía europea. 
Tiene una función importante para el desarrollo de las redes de transporte eficaces de la Unión Europea. 
La supresión de las ventas libres de impuestos a partir del 1 de julio de 1999 tendría graves consecuencias en el plano económico y social. 
En efecto, el comercio de las ventas libres de impuestos supone una fuente importante de ingresos para los aeropuertos y las compañías de ferrys, ingresos que, concretamente, les permiten mantener sus precios a un nivel más bajo. 
Las ventas libres de impuestos desempeñan también una función esencial en la financiación de las infraestructuras y los servicios de transporte. 
Sin embargo, las necesidades en infraestructuras de transporte y las inversiones que éstas precisan, no dejarán de aumentar: duplicación de los transportes aéreos de aquí al año 2010, construcciones de barcos, respeto de las normas de seguridad, del medio ambiente... 
Además, la abolición de las ventas libres de impuestos haría disminuir los ingresos de los transportistas y se traduciría en un aumento de las tarifas, lo cual inevitablemente perjudicaría al desarrollo del turismo y de los viajes. 
Por último, decenas de miles de empleos se verían amenazados, sobre todo en las regiones donde el índice de paro ya es elevado. 
Las regiones periféricas quedarían especialmente afectadas. 
Según estimaciones, 80.000 empleos desparecerían en las industrias de transformación, los transportes, el comercio minorista y los servicios conexos. 
Hay organizaciones sindicales que han tomado conciencia de estos peligros y se están movilizando en contra de la propuesta de la Comisión de suprimir las ventas libres de impuestos el 30 de junio de 1999. 
En definitiva, los Estados miembros y los ciudadanos no obtendrían globalmente ninguna ventaja de la supresión del comercio libre de impuestos. 
Esta es la razón por la que nuestro Grupo se pronuncia a favor del mantenimiento de las ventas libres de impuestos. 
En cualquier caso, ninguna decisión debería tomarse antes de conocer los resultados de un estudio sobre el impacto económico y social de la supresión de las ventas libres de impuestos y antes de que se celebre un debate en el Parlamento Europeo, tal como lo pide la resolución de compromiso aprobada por nuestra Asamblea. 
Sistema global de navegación por satélite 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la Sra. Langehagen (A4-0109/98) , en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa al Acuerdo entre la Comunidad Europea, la Agencia Espacial Europea y la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea sobre una contribución europea al desarrollo de un sistema mundial de navegación por satélite (COM (97) 0442- C4-0043/98-97/0231 (CNS)) 
Señor Presidente, los sistemas de posicionamiento y navegación apoyados en satélites han experimentado en los últimos años un auge considerable. 
El sentido de esta tecnología es una movilidad de personas y bienes, duradera, respetuosa con el medio ambiente, segura y garantizada a través de una mejor gestión del tráfico y el transporte. 
Y no sólo es el caso del transporte marítimo o aéreo. 
También en otros sectores como en el tránsito público de personas, en el ferrocarril, los camiones, la agricultura y la pesca encuentra esta nueva tecnología una posible aplicación. 
No hay que ser profeta para prever que esta tecnología continuará desarrollándose. 
Del mismo modo se afianzará su uso en el sector del ocio. 
El navegante aficionado o el excursionista, en el futuro, quizá sólo pueda continuar con su hobby empleando esta tecnología punta. 
Ya operan dos sistemas con cobertura mundial, el global positioning system americano, llamado GPS y el sistema global ruso de navegación por satélite, denominado GLONAS. 
Sin embargo, ambos no son suficientes para colmar las necesidades de los usuarios civiles. 
Están sometidos a un control nacional, concebidos para usos militares y han sido artificialmente empeorados para darles un uso civil. 
Una insuficiente precisión, una probabilidad de errores técnicos excesivamente alta, los periodos de advertencia larguísimos en caso de fallo del sistema, la ausencia de garantía, el hecho de que el sistema esté permanentemente disponible y nadie sea responsable de su funcionamiento, obliga a los europeos a tomar su propia iniciativa. 
Es en este marco en el que se tiene que situar la propuesta de la Comisión. 
Ya en 1994 la Comisión y el Consejo, con el apoyo del Parlamento Europeo, tomaron la iniciativa en este sector. 
El acuerdo por el que hoy nos hemos reunido es la continuación lógica del desarrollo acaecido hasta ahora. 
El acuerdo que se somete hoy a aprobación debe regular la cooperación entre la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea, AEE, y la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea EUROCONTROL. 
Estas tres entidades europeas deben trabajar desde una contribución europea para el desarrollo de un sistema global de navegación por satélite. 
Especialmente deben coordinarse las intenciones y los proyectos de los interesados así como llevados a cabo en común. 
En un primer paso deben completarse los sistemas americano y ruso y, así, compensar las insuficiencias e imprecisiones técnicas que he descrito anteriormente. 
De este modo se pueden solucionar los problemas técnicos, pero subsiste lo fundamental, el problema institucional, es decir, la ausencia de un control civil y de una garantía del sistema. 
Por ello es necesario un segundo paso en el que el objetivo sea desarrollar un sistema propio, independiente con un rendimiento óptimo garantizado en cualquier momento y en cualquier lugar. 
En ello estamos trabajando de forma persistente. 
En una situación mundial en la que el mercado de la navegación por satélite podría estar dominado por los Estados Unidos, este acuerdo seguro que va a servir para salvaguardar los intereses europeos y para facilitar la movilización concreta de todo el potencial de la tecnología de satélites para la navegación. 
De nuevo destaca la importancia de la tecnología punta para el mercado que constituye Europa. 
Con este acuerdo podemos volver a recuperar terreno perdido y en un futuro establecer normas propias europeas para la tecnología de satélites. 
Por otro lado también está la parte presupuestaria. Por ello he incluido en mi informe un plan de acción para financiar un proyecto de esta clase. 
Tengo que decir que los futuros usuarios civiles muestran aun escepticismo respecto del proyecto. 
Sin la participación de la industria europea y otros socios es evidente que un proyecto de estas características es imposible de financiar. 
Por lo tanto para contar con un elevado número de colaboradores en el desarrollo de un sistema global de navegación por satélite debería empezarse lo antes posible a elaborar una estrategia coherente con perspectiva financiera. 
La Unión europea se ve hoy instada a cooperar internacionalmente, siendo una ventaja de esto lo reducido de los costes y las inversiones. 
Los socios potenciales son en este sentido los EE.UU y Rusia, seguidos de Japón. 
El acuerdo que hoy tratamos tiene también un carácter simbólico ya que resalta el compromiso y la voluntad de los europeos a hacer su propia aportación al sector, y por ello solicito la aprobación de este acuerdo. 
Señor Presidente, permítame dirigir mis agradecimientos a Langenhagen por este excelente informe que ella ha presentado. 
Actualmente evoluciona rápidamente la técnica aeronáutica. 
Si se usa correctamente, ésta va a hacer los vuelos más seguros y también va a crear posibilidades de resolver muchos de los continuos problemas de retrasos que hoy nos afectan. 
Lo que tenemos que decidir ahora es si queremos que Europa participe en esta evolución o si preferimos continuar estando al margen de ella. 
Estamos frente a una elección estratégica que puede tener grandes consecuencias para el futuro desarrollo de los sistemas de navegación. 
La pregunta es entonces, ¿vamos a desarrollar un sistema de navegación propio o solamente queremos participar e influir en los ya existentes? 
Mucho indica que es más barato ser socio en el desarrollo de un sistema existente, porque intentar la obtención de un sistema propio implica una gran apuesta por la investigación y el desarrollo. 
Al mismo tiempo, constituye no obstante una seguridad el no tener que estar dependiendo siempre de otros. 
Opino que hay motivos para estar, en esta etapa, a favor de la continuación de la evolución y, consecuentemente, celebrar este acuerdo entre la Unión Europea, la Organización Espacial Europea y la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea. 
Esto crea las condiciones para participar e influir en el futuro desarrollo, lo cual yo creo que es ventajoso. 
Sin embargo, también hay motivos para dar la alerta frente al riesgo de que nos hundamos en un proyecto costosísimo que quizá no produzca los resultados que ambicionamos. 
También hay motivos para cuidarnos de esto. 
Por eso creo que el plan de acción que ha presentado Langenhagen en su informe es extraordinariamente importante. 
Por estas razones, quiero actualizar una carta de la organización europea de aerolíneas Association of European Airlines. 
En esta carta del seis de marzo de este año se dice, entre otras cosas, lo siguiente: " Improvements, if any, could be achieved in a much cheaper way». 
Agradecería a la Comisaria que comentara si es posible alcanzar mejoras igualmente grandes pero de una forma más barata que ésta, que decidimos hoy. 
Si no es posible obtener una respuesta a esta pregunta hoy, agradecería si fuera posible obtener un comentario por escrito de la Comisaria responsable. 
Señor Presidente, Señorías, el sistema global de navegación por satélite (GNSS) es un caso típico del doble valor de las tecnologías para uso militar y civil. 
De hecho, el posicionamiento por satélite, nacido en el campo militar en la época de la guerra fría para la vigilancia de los misiles balísticos, hoy por hoy, en el campo civil, ofrece la posibilidad de echar el punto no a través de las estrellas, los faros o los radares, sino de los satélites. 
En realidad, el segmento que abarcan los satélites no representa más que una mínima parte, en términos de valor, de los servicios potenciales que pueden prestarse en tierra en el ámbito de la elaboración de la señal por satélite para la ayuda a la navegación, el auxilio, la seguridad, el asesoramiento sobre la elección de itinerarios para las rutas y las carreteras, la gestión de las flotas; también los taxis empiezan a tener a bordo señales por satélite. 
El texto de hoy no es un texto estratégico, sin embargo, constituye una premisa útil de cara a la estrategia europea para la navegación por satélite que vamos a debatir próximamente. 
El texto establece las reglas del acuerdo entre la Comisión Europea, la ESA y Eurocontrol en lo referente a las normas de cooperación y, por lo tanto, me parece un primer paso sumamente positivo. 
El objeto de nuestro voto es reconocer que la Comisión, como Institución europea, desempeña un papel de impulso político, que la ESA desempeña el papel de arquitecto tecnológico y que Eurocontrol es el primero de un número de prestadores de servicios a los usuarios del servicio aéreo. 
Creo que en esta estructura organizativa deben recomendarse aún dos cosas que la ponente, Sra. Langenhagen, ha apuntado. 
Primero, que el acuerdo tripartito quede abierto a otras partes para garantizar la rápida ampliación de los servicios de posicionamiento por satélite a todos los servicios marítimos y terrestres y, segundo, que se cree una autoridad o una agencia europea- escojan ustedes el nombre- responsable de la certificación del servicio y de la homologación de las instalaciones. 
Con estas dos observaciones, que son tenidas en cuenta por la señora ponente, apruebo el informe y quedo a la espera del otro debate que celebraremos en breve en torno al texto de la Comisión sobre la navegación por satélite. 
Señor Malerba, creo que es usted el más indicado y especializado para hablarnos sobre estos temas por el punto desde donde ha podido observarlos. 
Señor Presidente, el sector de la navegación por satélite es un sector estratégico que junto al de las autopistas de la información forma parte de las batallas tecnológicas del futuro. 
Europa debería estar presente puesto que tiene todas las potencialidades para ello. 
Con todo, deberá expresar su voluntad política de que así sea y, por lo tanto, deberá por fin optar por una estrategia clara. 
En esto estriba todo el interés del informe de nuestra colega, Brigitte Langehagen, que propugna un acuerdo entre la Comisión Europea, la Agencia Espacial Europea y Eurocontrol para instaurar un sistema global de navegación. 
Actualmente, la opción es claramente la siguiente: o bien un sistema europeo autónomo e independiente, cuyo coste estimado oscila entre 400 millones y 4.000 millones de ecus, o bien la cooperación con los sistemas existentes, el americano GPS y el ruso GLONAS. 
El Grupo de Coalición Radical Europea es favorable a lo que propugna nuestra colega ponente por varios motivos, el principal de los cuales es el siguiente: ¿por qué confiar nuestros intereses a otros, en un sector sensible, si tenemos la capacidad de hacerlo nosotros mismos? , ¿por qué depender una vez más de los estadounidenses en un sector tecnológico y científico respecto al cual en Europa contamos con los medios para ser independientes? 
Es indudable que el coste importante de este sistema europeo necesitará una cooperación con la industria pública y privada europeas. 
Sin embargo, si queremos seguir siendo independientes en un sector tan importante, tan esencial y tan rentable a largo plazo para Europa, con las perspectivas que abre, y seguir siendo independientes, es necesario que muy de prisa, sin perder más tiempo, planteemos una auténtica opción estratégica tal como lo pide la ponente. 
En este sentido, me sumo al Comisario Kinnock, quien teme que si no tomamos rápidamente una decisión, nos quedemos en la cuneta de la carretera del progreso. 
Dicho en otro términos: quedaremos excluidos de esta batalla tecnológica y científica. 
Ésta es la razón por la que no hay que perder el tiempo. 
Señor Presidente, el acuerdo que han cerrado la Comunidad Europea, la Agencia Espacial Europea y Eurocontrol, pretende lograr una contribución europea al desarrollo de un sistema global de navegación por satélite o, según la abreviatura inglesa, GNSS. 
Las partes del acuerdo han establecido las tres metas siguientes: la primera es el llamado European Geostationary Navigation Overlay Service, abreviado EGNOS. 
El sistema GNSS actual obtiene, y cito: » posibilidades adicionales para la determinación de la distancia con satélites, integridad e información wide-area para los usuarios». 
La segunda meta es una versión completamente operacional del GNSS-1 y la tercera, la preparación de un nuevo sistema europeo de navegación por satélite GNSS-2. 
En lo que respecta a EGNOS, las compañías aéreas europeas ya han expresado no tener ninguna necesidad de contar con un producto semejante. 
Si son necesarias las mejoras, éstas, además, pueden ser consultadas con esas compañías a fin de lograr su abaratamiento. 
Por tanto, pregunto a la Comisión para qué usuarios tiene verdadera importancia el desarrollo del EGNOS y si estos usuarios están también dispuestos a soportar sus costes operacionales. 
Si el interés en EGNOS es realmente reducido, ¿no será mejor concentrar nuestros esfuerzos en el desarrollo del GNSS-2? 
Parece que las ventajas de esa nueva generación de sistemas de navegación por satélite son indiscutibles. 
Por último, merece atención el dictamen de la Comisión de Presupuestos. 
Ésta constata que todavía no se han determinado de forma definitiva los gastos que supone para la Comunidad, si bien, ya se ha realizado la mayor parte de éstos. 
Por ello, la Comisión de Presupuestos solicitó no fijar el informe Langenhangen hasta que la situación financiera fuera debidamente analizada. 
En la Comisión de Transportes y Turismo, el informe, no obstante, ha sido tratado y aprobado. Querría escuchar a la señora ponente explicar por qué no ha seguido el claro dictamen de la Comisión de Presupuestos. 
Señor Presidente, yo mismo soy piloto y me he dado cuenta del cambio. 
Las ventajas que aportan los sistemas de navegación por satélite son sensacionales. 
Significan un aumento considerable de la seguridad y, además, la velocidad de cálculo y el software que están detrás de estos sistemas son de gran ayuda para un piloto, ya que permiten trabajar en la cabina con unas condiciones superiores en calidad. 
Celebro también que la Comisión nos haya transmitido que la financiación se lleva a cabo con recursos existentes, entre otros los que provienen de la línea presupuestaria B5-700. 
Creo que esta decisión desempeña un papel de gran importancia para la competencia en Europa y que una cierta competencia en este mercado también es absolutamente necesaria a escala mundial. 
Sabemos que el desarrollo económico depende fuertemente de tres factores, en concreto de la formación, de la investigación y de la infraestructura. 
Con este sistema se responde de forma óptima a los tres campos, y quisiera felicitar a la Sra. Langenhagen por este informe. 
Señor Rübig, veo que el Parlamento tiene la suerte de enriquecerse con muchas experiencias que añaden elementos propios al proceso de examen de los asuntos y que seguimos con mucho interés. 
Señor Presidente, estimados Diputados, a nombre de la Comisión expreso mi satisfacción porque el Parlamento apoya este acuerdo que posibilita una contribución europea al desarrollo de un sistema global de navegación por satélites. 
Este acuerdo va a constituir la primera base formal para un convenio entre la Comisión, la Organización Espacial Europea y la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, Eurocontrol, para desarrollar conjuntamente una contribución a una infraestructura global para la navegación por satélites. 
La contribución europea es importante por varios motivos. 
En primer lugar, un sistema global de navegación por satélites va a contribuir a un desarrollo sostenible del transporte marítimo y aéreo, constantemente en crecimiento. 
En segundo lugar, un sistema de estas características va a permitir grandes mejoras en aspectos de seguridad. 
Finalmente, esta propuesta significará que se abran nuevos mercados para la industria europea, que actualmente está fuera de este mercado debido a la posición dominante de los EE.UU. 
La utilización de satélites en la navegación es un campo muy prometedor y dinámico. 
Para tener éxito en este terreno se precisa, sin embargo, una ancha y profunda colaboración. 
Mediante este acuerdo se creará, es nuestra ambición, una eficiente estructura de colaboración cuyo objetivo será la utilización, de la mejor manera, de los recursos de cada parte. 
La Comisión prepara una segunda etapa mediante el comunicado que aprobamos en enero. 
En él se presenta la estrategia general para la contribución europea al sistema global de navegación por satélite. 
Quiero decir a Stenmarck que voy a formular su pregunta al Comisario responsable y que, ya sea oralmente o por escrito, él va a recibir una respuesta, puesto que yo no soy la persona adecuada para analizar los aspectos económicos en este contexto. 
La Comisión anhela un amplio debate con el Parlamento sobre la estrategia a seguir en relación con las próximas discusiones en torno a este comunicado, puesto que es importante que decidamos de qué manera Europa va a participar en este trabajo. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
El sistema global de navegación busca organizar la cooperación entre la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea y la Organización Europea para la Seguridad en la Navegación Aérea. 
Nuestro objetivo, por encima de todo, es alcanzar el grado de total seguridad. 
El sistema existente permite la localización geográfica y el control de la navegación en cualquier medio de transporte. 
Nos enfrentamos ahora a la decisión de bien desarrollar este nuevo modo de control del transporte o conservar todos los sistemas del pasado. 
No existen soluciones fáciles para el problema con el que nos enfrentamos, pero tenemos que aceptar la proposición más segura y eficiente, asegurar la congestión del tráfico es lo más fácil para todos. 
Contribución para la protección de Chernóbil 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del Sr. Adam (A4-0076/98) , en nombre de la Comisión de Presupuestos sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a una contribución comunitaria al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo para el Fondo de Protección de Chernóbil. (COM (97) 0448- C4-0499/97-97/0235 (CNS)) 
Señor Presidente, el protector o sarcófago que se construyó sobre el reactor nş 4 de Chernobil, con posterioridad al desastroso accidente de abril de 1986, fue montado en un espacio de tiempo extraordinariamente corto. 
Cumplió su objetivo principal de proteger a la población de las inmediaciones y permitió que los reactores restantes siguieran funcionando. 
Sin embargo, se ha reconocido que la obra no era adecuada a largo plazo. 
En especial, ninguna de las vigas que se instalaron para soportar el techo del protector ofrece un apoyo fiable en el interior del sarcófago. 
Hay problemas con polvo radiactivo en la antigua cámara del reactor y hay una acumulación de agua radiactiva en las habitaciones del sótano del área del reactor. 
Hasta ahora no ha habido ningún diseño aceptado por todas las partes para la estabilización de la estructura. 
El riesgo de exposición de los trabajadores a dosis extremadamente altas de radiación ha sido el problema más importante que ha habido que superar. 
El Memorándum of Understanding que se firmó entre los países pertenecientes al G-7, la Comisión y el Gobierno de Ucrania en diciembre de 1995, preveía el cierre de la central nuclear de Chernobil en el año 2000 y que no se debía tocar la estructura del reactor nş 4 
Sea como fuere no se acordó ningún plan ni una estimación de los costes. 
Ahora contamos con el Shelter Improvement Plan que se ha acordado tras una serie de discusiones técnicas muy detalladas, y deberíamos hacer notar que el programa TACIS ha estado particularmente activo en el desarrollo del plan. 
El objetivo del informe es proponer la contribución financiera de la Unión Europea, que no excederá la suma de 100 millones de dólares USA de un coste total estimado de 750 millones de dólares USA. 
El Shelter Improvement Plan es inusual en tanto que surge de una decisión política del G7 y será llevado a cabo por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. 
Es importante señalar que la forma final no será conocida durante cuatro o cinco años, porque algunos aspectos del diseño final son parte del plan. La forma y naturaleza final de la protección, la cuestión de la retirada del material que contenga combustible, cómo tratar el polvo del interior del sarcófago y el tratamiento de la acumulación de agua sólo aparecerá en algunas etapas de la implementación. 
La forma final dependerá, por tanto, de la capacidad de los países del G7 para conseguir los fondos necesarios y, por el momento, nos encontramos sólo a mitad de camino. 
Este informe versa sobre cuestiones financieras y de gestión relacionadas con la construcción de la protección. 
Existen algunos trabajos de ingeniería asociados, como, por ejemplo, una planta para el tratamiento de material radiactivo, que son esenciales antes de que la construcción de la protección pueda comenzar. 
Por ello, el Parlamento, como una de las autoridades presupuestarias, consideró indispensable que se satisficiera su exigencia de que los trabajos asociados se realizaran en progresión con el proyecto de la protección. 
Hay que señalar que, en relación con la puesta en práctica del Memorándum of Understanding, la reforma del mercado eléctrico en Ucrania en el asunto más importante, si la electricidad la van a producir centrales nucleares o centrales eléctricas termales. 
A no ser que el mercado eléctrico opere de tal forma que a los operadores les sea posible disponer de fondos, no se podrá alcanzar el nivel de mantenimiento y saneamiento que la situación exige. 
El texto del Memorándum, el marco y todos los textos legales relacionados con esto constan en un anexo a mi informe. 
Únicamente están en inglés pero espero que mis colegas consideren que es una referencia útil. 
El plan no existe en medio del vacío. Mientras se ha ido preparando se han hecho considerables progresos por parte de la Autoridad Reguladora Ucraniana, bajo la presidencia del Sr. Smyshlyayev, quien va ha ostentar la responsabilidad sobre los estándares de seguridad bajo los cuales deberá acometerse el trabajo en el protector. 
La industria nuclear ha sido reformada por el Sr. Nigmatulin, y Energatom, la compañía que gestiona el sector nuclear en Ucrania, en condiciones de libre mercado, produjo el año pasado el 47 % de la electricidad. 
Un grupo de trabajo de alto nivel presidido por el Viceprimer Ministro para la reforma económica, el Sr. Tigipo, se ha creado para elaborar un plan para la reforma del sector de la energía. 
Estos logros son considerables en un país cuya economía todavía se recupera del colapso de la Unión Soviética. 
El parágrafo 54 de mi informe establece las condiciones del Parlamento para aprobar la transferencia de fondos de la reserva del presupuesto de 1998. 
La mayoría de éstas y, ciertamente, las más importantes ya han sido cumplidas. 
El parágrafo 55 contiene la información que debe ser puesta a disposición del Parlamento por la Comisión y el BERD durante la ejecución del plan. 
El parágrafo 56 enumera una serie de actividades en las que, en mi opinión, la Comisión podría y debería dar más asistencia al plan. 
Me satisface que las directrices contenidas en estos parágrafos supongan una base de reflexión para decisiones presupuestarias del Parlamento en los próximos años del proyecto. 
El BERD ha dado pasos positivos para involucrar la capacidad y experiencia rusas. 
Después de todo el reactor es de diseño ruso. 
El Instituto Kurchatov que es conocido por algunos de los que formamos la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, seguro que va a desempeñar un papel importante. 
Éste es un informe muy técnico y complejo, pero quisiera concluir con una o dos observaciones políticas generales, y señalar que la industria nuclear de Ucrania es una industria relativamente joven, muchos de cuyos reactores tienen un potencial de larga duración. 
La política nacional apunta claramente a que se va a seguir conservando una industria nuclear, en parte para reducir la dependencia de Rusia en la provisión de gas, petróleo y carbón. 
Sin embargo, tenemos que indicar que la conexión rusa no es algo que pueda ser ignorado, porque a través de los programas SYNERGY y TACIS los lazos entre la Unión y Ucrania se están fortaleciendo en lo que respecta al petróleo, el gas y el carbón y están estrechamente relacionados con los países colindantes. 
Por estas razones, parece tener sentido que estimulemos unos estándares nucleares que sean aceptables en toda Europa y que reconozcamos que los rusos tienen la intención de desarrollar sus propios reactores. 
El Ministro para la Energía Atómica, nombrado recientemente en Rusia, Evgeni Adamov, es conocido por alguno de nosotros y sabemos que considera muy importante aumentar la seguridad del funcionamiento de las centrales nucleares y que otorga gran importancia a la colaboración entre científicos rusos y de la Unión Europea. 
Todos estos hechos del panorama de la energía en Ucrania deben ser tenidos en cuenta. 
Aunque el gobierno está firmemente decidido a cerrar la central, debemos recordar que no todas las fuerzas políticas de Ucrania apoyan esta política. 
Esto es especialmente cierto entre las personas que representan el área de Chernobil donde el desempleo ya es muy alto. 
Esta es la razón por la que es importante que en la ejecución del plan del BERD se tomen todas las medidas posibles para asegurar que la puesta en práctica del proyecto provea tantos puestos de trabajo como sea posible para la gente de Slavutich, la ciudad cercana en la que vive la mayoría de los trabajadores de la planta. 
También es importante saber que no habrá una clausura definitiva de la central hasta que el segundo reactor de Khmelnitsky y el cuarto reactor de Rovno estén terminados. 
Recientemente Ucrania ha llevado a cabo gestiones para disponer de financiación rusa y es absolutamente necesario que el BERD se decida en cuanto a la contribución del G7 a este proyecto. 
Para exponerlo claramente, Ucrania piensa que el compromiso de terminar esos dos reactores estaba implícito en el Memorándum of Understanding. 
Consideran el malogro de la financiación para este trabajo como una falta de honor al acuerdo. 
Sin los créditos K2 y R4 no serán terminados según los estándares de seguridad occidentales, pero se terminarán. 
El conjunto de los países donantes ha designado al Dr. Hans Blix como su presidente. 
El Dr. Blix es el antiguo Secretario General de la Agencia Internacional para la Energía Atómica y es muy respetado en ese campo. 
Me ha hecho saber que estaría dispuesto a reunirse con la comisión del Parlamento en un momento adecuado y los funcionarios del BERD responsables de la cuenta también desean hacer lo mismo de manera que podamos tener un contacto estrecho con la evolución de los acontecimientos. 
La elaboración de un boletín por el BERD que mantendrá a los miembros informados es una iniciativa que saludamos. 
El Parlamento tiene una función importante para asegura que este proyecto salga adelante tanto desde el punto de vista temporal como del presupuestario y he sugerido en mi informe que sería necesario que se designara a dos expertos para ayudarnos en la evaluación de los trabajos. 
La proposición está contenida en el parágrafo 64 y espero que la Comisión de Control Presupuestario recoja esta idea más adelante, en otra fecha. 
Durante todas las reuniones y debates relacionados con la elaboración de este informe he hecho hincapié en que el Memorándum of Understanding debe ser implementado lo antes posible. 
No ha habido ninguna evidencia que me haya permitido sugerir que los acuerdos relativos al Shelter Improvement Plan podrían ser modificados en este momento obteniendo alguna ventaja. 
Por ello urjo a la Asamblea a adoptar el informe en la forma que fue aceptado unánimemente en la Comisión de Control Presupuestario. 
Señor Presidente, este no es mi informe sino que es mi colega Bloch von Blottnitz quien ha escrito el informe de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Desgraciadamente ella no puede estar presente hoy. 
El informe de Bloch von Blottnitz se aprobó por unanimidad en la comisión. 
Los rasgos esenciales del informe no son solamente los aspectos económicos, sino que también una serie de cuestiones técnicas que son importantes en este asunto. 
La propuesta de la Comisión trata principalmente de la financiación según la conferencia de contribuyentes que tuvo lugar en Nueva York el año pasado. 
Se trata del plan de recubrimiento que consiste en construir un nuevo edificio de concreto para sellar el reactor atómico de Chernóbil que se averió en 1986. 
Es obvio que la UE participará en el financiamiento de este proyecto. 
También es satisfactorio que el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, que administra el fondo, reciba una subvención comunitaria. 
Sin embargo, falta saber cuánto dinero se recibirá del fondo Taci, puesto que la Comisión en su propuesta solamente habla de una cantidad máxima de 100 millones de ecus. 
Espero que la Comisión pueda especificar la cantidad. 
Además, se debe señalar en este contexto que sería adecuado y más simple desde el punto de vista de la organización si la Comisión, tan pronto como sea posible, definiera sus criterios para la asignación de recursos financieros para las normas que el BERD ha establecido para la realización de sus proyectos financieros. 
En cuanto al reactor, el objetivo de la Comisión es transformar el recubrimiento del reactor averiado en un sistema seguro desde el punto de vista medioambiental. 
Este es un objetivo utópico. 
Nadie puede garantizar una total seguridad aunque el plan pueda llevarnos a un mejoramiento de la situación catastrófica y gravemente amenazadora de Chernóbil. 
La comisión estima además que se debe asegurar que toda el agua existente en el interior del reactor averiado deberá evacuarse durante el trabajo del nuevo recubrimiento y que éste solamente va a comprender al reactor 4, sin que se afecten las obras para desmontar el reactor 3. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, el Sr. Gordon Adam, por su excelente informe. 
Quiero reconocer que al encargarse de la elaboración del informe ha aceptado una gran responsabilidad. Incluso ha viajado él mismo a Chernobil para convencerse in situ tanto de los avances como del estado del sarcófago. 
Esto también conllevó un cierto riesgo personal para él. Es algo que debemos hacer notar aquí. 
Entre él, en tanto ponente para este informe, y yo, en mi calidad de ponente para el presupuesto del 98 ha habido una cooperación excelente. 
Ya que se ha vuelto a decidir en otro lugar dónde debe aportar sus recursos financieros la Unión Europea. 
Durante el procedimiento del presupuesto de 1998 nos hemos tenido que enfrentar a que 100 millones de Ecus deben ser aportados para la seguridad del sarcófago en el front loading, es decir, inmediatamente. 
Para ello para ello hemos mantenido en el año 1997 una reunión en Londres con la Comisión y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y allí hemos sido informados de los detalles del proceso y del proyecto. 
Nosotros, como encargados del presupuesto y representantes del PPE estamos en favor de la seguridad del sarcófago. 
Pero, en cualquier caso, tenemos que poner algunas condiciones. 
También hemos aportado medios en el front loading para la reconstrucción de la ex-Yugoslavia devastada por la guerra. 
La hemos empezado a discutir esta semana. 
Por ello la condición más importante es que el acuerdo entre Ucrania, la Unión Europea y los EE.UU. se mantenga bajo el parasol del G-7. 
Esto significa que el compromiso contraído de poner a disposición medios financieros, sea cumplido por todos a la vez, y que contemos con que los 100 millones de Ecus que vamos a aportar estén, en principio, disponibles para el proyecto general hasta el año 2005. Porque sabemos que en este proyecto hay una laguna de cobertura de 300 millones de ecus o de 300 millones de dólares USA. 
Con esta laguna nos tendremos que volver a enfrentar en alguna ocasión. 
Por ello hemos hecho explícito que por parte de la Unión Europea estamos, además de comprometidos contractualmente, en disposición de aportar 100 millones de ecus, lo mismo que en los dos próximos años 1998 y 1999. 
En el procedimiento presupuestario hemos conseguido un asiento especial. 
Con ello hemos querido evitar, y así se lo hemos hecho saber a la Comisión, por una parte, que la Comisión transforme el programa TACIS en un programa de seguridad nuclear y, por otra parte, que mediante una firma redujese en 100 millones sus ingentes pagos atrasados en el programa TACIS. 
Queremos mayor transparencia. Con ello, finalmente, también existe la posibilidad de explicar a la ciudadanía lo que cuesta la seguridad nuclear en Europa y exponer lo que nosotros aportamos. 
Esa es la razón de un asiento presupuestario propio. 
El Sr. Adam ha señalado lo importantísimo que es para nosotros obtener una información in situ, suficiente y de calidad sobre el uso adecuado de los recursos. 
Teniendo en cuenta que sólo una gestión coordinada mundialmente va a aportar verdaderos avances en la seguridad nuclear del sarcófago de Chernobil, y que la propia Ucrania y sus responsables políticos constituyen la llave para el éxito, el PPE va a votar a favor del informe del Sr. Gordon Adam y sus enmiendas. 
La única enmienda del Grupo de los Verdes que vamos a votar favorablemente es la enmienda 17 de la Sra. Bloch von Blottnitz. 
Señor Presidente, estimados colegas, el problema del uso de la energía nuclear, y de los riesgos de accidente que conlleva, tiene tres dimensiones en relación con la Unión Europea. 
La primera tiene que ver con las centrales nucleares en el ámbito de la propia Unión, de las que muy pocas veces hablamos y menos aún de sus residuos. 
La segunda concierne a las centrales nucleares ubicadas en países vecinos y fronterizos con Estados miembros de la Unión, como es el caso de la de Kozloduy, y la tercera dimensión tiene que ver con las centrales nucleares ubicadas en países más alejados, como Ucrania, y aludo en especial al caso de Chernóbil que es al que se refiere el excelente informe del Sr. Adam. 
La energía nuclear en cambio no conoce fronteras. 
En este sentido, la Comisión y el Parlamento Europeo han decidido de manera correcta contribuir, junto con otros patrocinadores, a la ayuda para la realización de una cubierta protectora sobre el reactor de Chernóbil. 
Sin embargo hay dos problemas. 
El primero tiene que ver con la contribución económica de los distintos patrocinadores que no han mostrado en el pasado la sensibilidad y el grado de consecuencia necesaria como ha tenido la Comisión Europea. 
O sea, como ya se ha repetido, señora Comisaria, lo mismo que ha ocurrido en Bosnia, donde la Comisión Europea parece ser el único patrocinador que contribuye hasta el presente. 
El segundo concierne al aprovechamiento correcto de dichas sumas, ofrecidas hasta ahora a Ucrania por el asunto de Chernóbil. 
Es necesario que haya una transparencia y un control permanente en la gestión de ese dinero. 
Hay sospechas, señora Comisaria, de que la ayuda concedida hasta ahora no ha sido utilizada de manera correcta por el gobierno de Ucrania. 
La respuesta del Comisario competente, el Sr. van der Broek, a dos preguntas mías planteadas a la Comisión me refuerzan esas sospechas. 
No despejó mis dudas de que el dinero concedido hasta hoy haya sido utilizado para los fines para los que fue concedido. 
Por descontado que el objetivo final tiene que ser el cierre del reactor de Chernóbil y recuerdo a todos que la cubierta protectora existía antes de 1986 cuando tuvo lugar el conocido accidente. 
No es algo que no existiese antes y fuéramos ahora a construir. 
Tampoco conozco cuáles son las fuerzas políticas que insinúa el Sr. Adam, esas fuerzas políticas ucranias que se oponen al cierre del reactor. 
Lo que yo sé es que, cualesquiera que sean dichas fuerzas, no han puesto un ECU en el asunto del reactor de su propio país. 
Ya que pagamos, y repito que ello es correcto, debemos proseguir hacia nuestro objetivo final, que es el cierre del reactor, y no hacer caso a dichas fuerzas políticas, sean del signo que sean. 
Por último, quisiera felicitar al Sr. Adam porque ha elaborado un informe técnicamente difícil y políticamente muy sensible y ha resultado un excelente informe. 
Mi grupo político lo va a apoyar, así como a la mayor parte de las enmiendas. 
Señor Presidente, el Sr. Adam ha elaborado un informe muy válido sobre la participación de la UE en la construcción de un sistema de protección con el que se pretende recubrir definitivamente la central nuclear que explotó en Chernóbil. 
Merecedor de nuestro agradecimiento, este informe aborda de manera sistemática una difícil cuestión, a la vez que presenta una propuesta versátil y justificada. 
El informe muestra la dificultad del problema. 
Además del reactor que explotó, en Chernóbil hay otros tres reactores antiguos, cuyo funcionamiento registra un deficiente nivel en materia de seguridad. 
Estos reactores obligan a llevar a cabo continuas reparaciones. 
A pesar de los pocos avances registrados, estas obras absorben el seis por ciento de todo el producto nacional bruto de Ucrania. 
Habida cuenta de los costes de reparación que exige el mantenimiento de unos niveles- aunque sean mínimos- de seguridad, Ucrania no está en condiciones de llevar a cabo esta tarea, sino que necesita ayuda exterior. 
Al implicar Chernóbil un riesgo para toda Europa, es normal que la UE participe en estos gastos. 
Este motivo justifica la asignación de la cuota comunitaria por valor de cien millones de ecus que se propone en el informe. 
El coste global del proyecto es bastante elevado. 
Por esta razón, es apropiado hacer un reparto de los costes entre las distintas instancias, tal como también se desprende del informe. 
Lo que resulta preocupante es que sólo se disponga de la mitad de la financiación. 
Ello justifica que la propuesta del informe para que la UE vaya concediendo su financiación de manera regular, a medida que avanza el proyecto, constituya una solución segura y razonable. 
En cuestiones de seguridad nuclear se puede aplicar el refrán que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. 
Esto afecta también a la industria nuclear de Ucrania. 
Este país cuenta con dos centrales nucleares nuevas- Hmelnitski 2 y Rovno 4 -, de tecnología relativamente moderna. 
Su puesta en funcionamiento implicaría la posibilidad de prescindir de las centrales en peor estado. 
Al mismo tiempo, se sanearía la base de la economía ucrania al poderse concentrar los recursos en otras cuestiones distintas a la reparación de viejas centrales. 
Por todo ello, se debería lograr que estos proyectos se beneficiaran a la mayor brevedad posible de financiación procedente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) , que nos permitiría salir del callejón sin salida en que nos encontramos. 
En el informe del Sr. Adam se propone que esta financiación se gestione, por una parte, con fondos de TACIS y, por otra, por medio de una nueva línea presupuestaria. 
Este planteamiento es particularmente acertado. 
Resulta completamente adecuado el llamamiento a la Comisión que se hace en el informe para que revise los fondos del programa TACIS con posterioridad a una posible decisión en este sentido. 
Por otro lado, en seguridad nuclear se ha empleado hasta el momento un trece por ciento del total de los créditos del programa TACIS, lo cual representa una proporción considerable. 
Las hipotéticas catástrofes serían enormes y ocasionarían unos daños incalculables. 
La unidad TACIS ha logrado considerables resultados en este ámbito. 
Ha colaborado en la consecución de un nivel más elevado en el plano técnico y de mejoras en el plano de la seguridad. 
La transmisión de información también ha mejorado de modo fundamental, ya que todas las centrales nucleares disponen de personal contratado por la UE, dotados de medios informáticos de comunicación directa con el exterior. 
Esta medida permite resolver los retrasos que se pudieran producir en la transmisión de información y emprender rápidamente las medidas necesarias en caso de situaciones inesperadas. 
Por todo lo dicho anteriormente, quiero expresar mi agradecimiento a la unidad TACIS por la actividad que ha desarrollado hasta el día de hoy, y hacer saber que apoyo la propuesta del Sr. Adam. 
Señor Presidente, con motivo de este debate nos damos cuenta de manera concreta del tipo de problemas que la futura política exterior y de seguridad común puede llegar a provocar a los países pequeños. 
Así, los dirigentes de los países más potentes de la UE adoptaron durante la reunión del G-7 una decisión política para permitir la utilización de recursos comunitarios en la construcción de un sistema de protección del cuarto rector de Chernóbil. 
El problema es que los dirigentes de los países más potentes de la UE no contaban con ninguna autorización de la UE para tomar una decisión financiera de este tipo. 
La promesa se ha cumplido, si bien ha pasado mucho tiempo sin que existiera un verdadero fundamento jurídico. 
Por ello, se han visto obligados a tomar los fondos necesarios, para un fin adecuado, de unos créditos del programa de ayuda TACIS que, inicialmente, no estaban previstos destinarse a la construcción de la protección de Chernóbil. 
De acuerdo con el informe especial del Tribunal de Cuentas de la UE, no contamos con la seguridad de que la asignación de créditos de TACIS a la mejora de la seguridad nuclear de Ucrania haya alcanzado en todo momento los resultados deseados. 
La utilización de los recursos se ha llevado a cabo con un control deficiente, lo cual justifica todas las exigencias presentadas por el Sr. Adam y la Comisión de Presupuestos. 
Es preciso realizar un seguimiento de la eficacia administrativa de los recursos y de su utilización. 
Dado que las decisiones de un club informal como el de los siete no son jurídicamente vinculantes, hay razones para asegurarse de que también el resto de las partes cumpla sus ambiguas promesas. 
Aun falta la mitad de la financiación. 
Si el G7 y la UE no aportan más dinero, ¿de dónde se supone que procederá la mitad que falta? 
Si bien las exigencias para que la contribución de la UE sea de sólo cien millones de ecus resultan- cuando menos- poco reales, debemos aferrarnos a ellas. 
Si se estudiara esta cuestión desde la perspectiva de Ucrania, habría que admitir que este país necesita energía como cualquier otro. 
Por este motivo, el acuerdo de intenciones sobre el cierre de Chernóbil de diciembre de 1995 exige el respaldo a otras decisiones en materia de producción energética. 
Con ellas, nos veremos obligados a pronunciarnos sobre la finalización de las obras de construcción de los reactores de Hmelnitski 3 y Rovno 4. 
Si se cierra Chernóbil, deberán entrar en funcionamiento estos nuevos reactores nucleares, puesto que, de lo contrario, habrá que conceder al país una masiva ayuda de energía extranjera. 
Personalmente, yo me opongo a la construcción de más centrales nucleares. 
Pero la exigencia por nuestra parte para que Ucrania cierre Chernóbil e interrumpa la construcción de las dos nuevas centrales resulta desmedida si no ofrecemos una ayuda económica que, por otra parte, no podemos permitirnos. 
Tal como ha afirmado el Sr. Adam, Ucrania percibe la situación como si este acuerdo de intenciones y la finalización y financiación de las obras de construcción de los nuevos reactores nucleares estuvieran relacionados entre sí. 
Si, en cualquier caso, se termina la construcción de los nuevos reactores, deberemos plantearnos cómo garantizar su seguridad. 
Y cuando intentemos solucionar este problema, nos veremos obligados a afrontar nuevas dificultades de financiación, en las que el BERD desempeñará un papel crucial. 
Aunque se cerrara la central nuclear de Chernóbil y nosotros apoyáramos económicamente este cierre, nos veríamos forzados a respaldar en cualquier caso el uso de la energía nuclear en Ucrania. 
Señor Presidente, realmente Adam ha trabajado mucho en este informe, lo cual se nota en la exposición de motivos. 
El Grupo V ha presentado, sin embargo, algunas enmiendas a través de Bloch von Blottnitz para hacer este buen informe aún mejor. 
El objetivo de la Comisión es pasar del recubrimiento actual del reactor averiado en Chernóbil a otro sistema más seguro desde el punto de vista medioambiental. 
Esto es, como dije anteriormente, una meta utópica. 
Los planes que ha hecho el grupo de expertos internacionales puede ciertamente conducir a mejoras de la actual situación que es catastrófica y gravemente amenazadora, pero, con todo, nadie va a poder garantizar una total seguridad. 
En cualquier caso, no se podrá implantar ningún sistema seguro desde el punto de vista medioambiental puesto que las radiaciones radiactivas están allí. 
Para llegar allí se necesita un saneamiento total tanto del reactor averiado con sus altísimas radiaciones como de la región circundante. 
Este proyecto es deseable pero resultaría enormemente caro y hay que abandonarlo para así mejorar la seguridad en el reactor que está dañado. 
Para alcanzar un sistema realmente seguro desde el punto de vista medioambiental se necesitaría también un almacenamiento definitivo y seguro de todos los componentes del reactor afectados por la radiactividad además del recubrimiento de éste. 
Además, tendría que comprender el desguace de los otros tres reactores de Chernóbil y un almacenamiento definitivo y seguro de todos los componentes dañados por la radiactividad a causa del accidente o por el funcionamiento propio de los reactores en toda la región circundante de Chernóbil. 
Con todo, hasta ahora no existe la técnica necesaria para esto, para desarmar el reactor averiado ni para el almacenamiento definitivo del material radiactivo. 
Todavía existe radiactividad. 
Recuerdo cuando Chernóbil se destruyó en la primavera de 1986 y la Dirección estatal de inspección de la energía atómica de Suecia dijo que no habría problemas de radiación después de medio año. 
¡Nadie pudo estar más equivocado! 
Hace un par de semanas apareció un nuevo informe que demuestra que la radiación en los animales de caza, por el contrario, ha aumentado en algunas regiones suecas. 
El problema es, por tanto, enorme y no se puede hacer caso omiso de él. 
A propósito de las normas sobre financiación y manejo de los medios de financiación, la administración comunitaria ha demostrado, una vez más, ser experta en burocracia y gastos innecesarios. 
La razón por la que se debe crear una partida para información al público también es poco clara. 
Exceptuando el control riguroso del uso de los recursos, el manejo de éstos debe realizarse de la forma menos burocrática posible, de modo que la mayor parte del fondo no vaya a parar a la administración sino que se use para los fines a que ha sido destinado. 
El rápido mejoramiento de la inaceptable situación de riesgo en Chernóbil tiene que tener la más alta prioridad y la parte porcentual de los necesarios gastos burocráticos para obtener este objetivo debe limitarse al mínimo. 
La Comisión señala que la contribución comunitaria al fondo para cubrir el reactor asegura que las medidas para la realización del plan de recubrimiento, en relación con el acuerdo entre los países del G7 y Ucrania sobre el cierre de Chernóbil, se llevará a efecto antes del año 2000. 
Sin perjuicio de que la seguridad en torno al reactor averiado debe mejorarse, es de vital importancia que se cierre toda la central nuclear de Chernóbil. 
La ayuda comunitaria al financiamiento de un nuevo sarcófago debe ser, además, independiente de la terminación de dos centrales nucleares que se están construyendo en Ucrania. 
Hay que hablarle claro a Ucrania y decirle que les esperan notorias disminuciones de las ayudas si no cumplen la promesa de cerrar Chernóbil. 
Por eso se debe insistir, incluso antes del cierre definitivo, en que muestren pruebas de que han tomado medidas técnicas y de organización para el cierre. 
La energía atómica no es segura, en los países comunitarios ni en otros, por ejemplo, en Chernóbil. 
El futuro no es de la energía atómica. 
Tenemos que tener nuevas técnicas y no rechazar el desarrollo tecnológico del que todos podemos beneficiarnos y que la UE tan bellamente declara como objetivo para la sociedad ecológicamente sostenible en el nuevo Tratado de Amsterdam. 
¡En eso no se incluye a la energía atómica! 
Señor Presidente, Señorías, yo también considero que el informe de nuestro colega Gordon Adam es de gran calidad técnica y votaré a favor de las disposiciones que se recogen en dicho informe. 
Constato que no tenemos realmente opción, y que en lo tocante a Chernóbil, estamos obligados, por razones imperativas de seguridad a conceder la ayuda de la Unión Europea de una manera, en cierto modo, prioritaria. 
Sin embargo, nada impide que nos preguntemos acerca de la racionalidad económica y política de la situación en la que irremediablemente nos hemos visto inmersos y ver cuáles son las alternativas que se nos ofrecen. 
Sin duda, el gobierno ucraniano alega que para cerrar Chernóbil sería necesario construir lo más rápidamente posible nuevas centrales. 
Nos hallamos en una situación en la que, económica y financieramente, la ayuda que podría solicitar el Gobierno ucraniano puede ser de lo más considerable. 
Es de lamentar que en ningún momento se contemple la posibilidad de estudiar realmente la alternativa de una solución no nuclear. 
Sin embargo, esta solución existe y es mucho menos costosa y más racional a todos los efectos, pero supone una mayor cooperación entre Ucrania y la Federación Rusa, puesto que la Federación Rusa es la que, básicamente, puede facilitar a muy corto plazo a Ucrania el gas y el petróleo que necesitaría ésta para hacer funcionar las centrales térmicas que permitan sustituir la central de Chernóbil. 
Lamento que la Unión Europea que, por otro lado, siempre alienta la cooperación entre los diferentes Estados miembros, no haga lo mismo en lo referente a Ucrania y a Rusia, respetando siempre, por supuesto, la soberanía de Ucrania. 
Además, constato que algunas potencias mundiales en el plano diplomático están jugando un juego dudoso, que consiste en exacerbar las contradicciones entre Ucrania y Rusia. 
Considero que esto no beneficia a nadie, ni desde una perspectiva geoestratégica ni económica, y que habría que abandonar esta política irracional para favorecer, por el contrario, la cooperación entre Ucrania y Rusia, lo cual permitiría, entre otras cosas, resolver este problema energético. 
Señor Presidente, quisiera darle las gracias al Sr. Adam por su extraordinario informe. 
En 1986 asistimos al principio de una terrible tragedia con la explosión del reactor 4. 
La gente que trabajaba en el lugar y los que vivían en los alrededores han pagado un precio muy alto por un diseño defectuoso, un mantenimiento deficiente y un ambiente de trabajo muy arriesgado. 
Hoy todavía siguen pagando ese precio. 
Muchos han perdido a sus hijos, su salud, sus casas y su sustento. 
Esta experiencia ha mostrado como el daño medioambiental de un desastre de esta clase no conoce límites ni respeta fronteras. 
Por ello los problemas de Chernobil son también nuestros problemas. 
Quiero apoyar el informe del Sr. Adam relativo a los fondos para la protección de Chernobil y coincido plenamente con él en que hay que implementar el Memorándum of Understanding entre el G7, la Comisión y el gobierno de Ucrania lo antes posible. 
El principal objetivo del Shelter Improvement Plan debe ser la clausura y el decomiso completo de la planta, tan pronto como sea posible. 
Desgraciadamente parece evidente que la energía nuclear va a seguir siendo el plan de futuro de Ucrania en el sector de la electricidad, así que los estándares de construcción y seguridad de las demás instalaciones tienen que ser los más altos si se quiere evitar la repetición del desastre de 1986. 
Desgraciadamente incluso si completasen rápidamente las reparaciones y la construcción de una protección segura y eficaz para el reactor 4, no hay garantías y, en mi opinión, ni siquiera se cuestiona que todo el proyecto será medioambientalmente peligroso, ya que simplemente aun no se dispone de la tecnología ni para desmantelar el reactor con seguridad, ni para eliminar los residuos radiactivos. 
Necesitamos una continua investigación en diseños de plantas más seguras y una respuesta completa a estos graves problemas. 
De lo contrario la humanidad seguirá viviendo con un riesgo inaceptable. 
Señor Presidente, señora Comisaria, creo que tenemos ante nosotros un informe extraordinariamente bueno del Sr. Adam, que también prueba que aquí debe seguirse de cerca la política y que mediante este procedimiento se lograra. 
El Sr. Adam pone el dedo en la llaga respecto de algunas cuestiones sensibles. 
Así, la experiencia del Banco Europeo para Reconstrucción y el Desarrollo quizá no sea suficiente. 
No queda claro cómo se regulará la vigilancia. 
Dice, con razón, que mucho dinero va a parar a empresas occidentales. 
Aquí están en juego intereses extraordinariamente complejos y, por esa razón, es muy importante que los sigamos de cerca; la Comisión de Presupuestos ha sido inteligente al fijar el procedimiento tal como ahora lo ha hecho. 
Aún así, continúo preocupada, entre otras cosas, por lo que se refiere a la responsabilidad, ¿constituye la enmienda 3 una garantía suficiente? 
La propia energía nuclear es una actividad difícilmente asegurable y supongo que si otra vez se nos va de las manos, no se estará asegurado y que los países occidentales, sin duda, de nuevo serán responsables por los importantes intereses que están en juego. 
Por ello, el control de la seguridad y la vigilancia son tan extraordinariamente importantes. 
Allí todavía puede ahorrarse muchísima energía. No existe país en el mundo que pueda lograr tanto mediante, por ejemplo, la producción combinada de electricidad y calor. 
No es suficiente lo que hemos conseguido en todas esas negociaciones. 
Por tanto, creo que especialmente la Unión Europea debe abogar por que Ucrania desarrolle una nueva política energética en este ámbito. 
Señor Presidente, desearía felicitar al Sr. Adam por su positivo informe. 
La amenaza de un accidente nuclear constituye un buen ejemplo de un peligro transfronterizo que afecta a los ciudadanos de la Unión y del que no podemos protegernos con la fuerza de las armas. 
Creo que el Parlamento Europeo debe asegurarse de la entrada en vigor del acuerdo de intenciones a la mayor brevedad posible. 
Ésta es además la mejor manera de reducir el riesgo que corren nuestros ciudadanos de convertirse en víctimas de la radiación ocasionada por un accidente nuclear. 
El cierre de la central nuclear de Chernóbil está ligado a la renovación de todo el sector energético de Ucrania. 
Dado que parece evidente que las fuerzas políticas no son unánimes a la hora de aprobar el cierre de la central nuclear de Chernóbil, no está de más mostrarse de acuerdo con el ponente por lo que respecta a las responsabilidades de la Comisión. 
Al hacer efectiva la contribución financiera comunitaria, la Comisión deberá hacer todo lo posible para obtener regularmente pruebas del Gobierno ucraniano de que los preparativos para el cierre de la central nuclear de Chernóbil se desarrollan de acuerdo con el calendario acordado. 
Estoy también de acuerdo con el Sr. Adam cuando afirma que la Comisión deberá poner a disposición sus recursos únicamente cuando el resto de las partes que financian el acuerdo haya efectuado sus contribuciones. 
Resulta razonable que la cuota de la Unión abarque todo el período de ejecución del plan de protección del reactor. 
Esta medida nos da mayores garantías de que no se va a exprimir a la Unión más y más fondos para financiar este importante proyecto, y de que su financiación se va a llevar a cabo de una sola vez, con arreglo al marco financiero que se ha acordado. 
Es innecesaria la mojigatería que ha mostrado el Sr. Seppänen cuando se pregunta, a posteriori, sobre los fondos que se habrán utilizado y, a priori, si éstos van a ser suficientes. 
Después del año 2005, se podrá hacer con toda seguridad una nueva evaluación de la situación financiera y, en vista del riesgo de seguridad que se cierne sobre nuestros ciudadanos, creo que debemos ser partícipes de esta responsabilidad. 
Estamos ante un buen informe que cuenta con mi apoyo. 
Señor Presidente, seguramente muchos como yo recuerdan el 26 de abril de 1986. 
Yo estaba en una isla en el archipiélago sueco, en Sandhamn. 
Se informó por la radio que se había producido un escape de radiactividad en Forsmark, una central nuclear sueca de las cercanías. 
Lo recuerdo muy bien. 
Tardó tres días en cambiar la información y se demostró que era un reactor ruso a miles de kilómetros de la isla del archipiélago en que yo y mis amigos nos encontrábamos. 
Especialmente el norte y el centro de Suecia sufrieron graves daños: setas, animales de caza, bayas y otros animales se vieron expuestos a la radioactividad. 
Como consecuencia de esto, muchas personas que dependen de los productos de la naturaleza y que viven en los territorios afectados se dieron cuenta de que la energía atómica es una fuente de energía insegura y peligrosísima. 
Suecia ha decidido suprimir gradualmente sus centrales atómicas. 
Esta decisión se tomó en 1986. 
Hay que hacer lo posible para que se realicen las propuestas de este informe. 
Se tiene que llevar a efecto el recubrimiento, la financiación, la información, la educación, la seguridad medioambiental, etc. Obviamente que tenemos que disponer recursos, juntamente con Ucrania y los países del G7. 
Hay que dotar al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo de consejeros, conocimientos y dinero. 
Resulta especialmente importante que todo este proceso esté caracterizado por transparencia, información y contactos directos con los empleados y la opinión pública y que el dinero no sea usado para la ampliación de nuevas centrales nucleares. 
Durante todo el período del proyecto, desde 1998 hasta 2005, los aspectos de seguridad medioambiental, control y seguimiento deben contar con la más alta eficiencia. 
Quisiera preguntar a la Comisaria: ¿cómo se piensa hacer para comunicar los resultados de este excelente informe? 
Señor Presidente, estimados Diputados, deseo agradecer al estimado Diputado Adam por este impecable informe que apoya la propuesta de la Comisión sobre un aporte comunitario al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo en beneficio del fondo para el recubrimiento del reactor de Chernóbil. 
Mediante la creación de este fondo la comunidad internacional asume su parte de responsabilidad para ayudar a Ucrania a paliar la catástrofe de Chernóbil de 1986 y para dar seguridad medioambiental a estas instalaciones. 
A través del programa Tacis de la Comisión, la Unión Europea ha podido estar a la cabeza de estas iniciativas. 
Los programas Tacis van a ser siempre objeto de seguimientos e informes posteriores. 
El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo también ha tenido un papel protagonista al aceptar la misión de administrar el proyecto en nombre de los contribuyentes al fondo y ha logrado echar a andar el proyecto rápidamente. 
Tengo la esperanza de que Ucrania, después de las elecciones parlamentarias del domingo pasado, considere las ayudas de la Unión como una señal de nuestras relaciones cordiales y de nuestra solidaridad. 
La Comisión puede aceptar la mayoría de las propuestas de enmienda que se han presentado. 
Sin embargo, queda un asunto importante que es el de cuándo va a pagar la Unión su contribución al fondo de Chernóbil. 
La Comisión propone aquí que esta contribución se pague durante el primer año del proyecto. 
La razón principal de esto son los grandes costes que hay justamente en la etapa inicial del proyecto. 
Las actividades del fondo de Chernóbil se han iniciado velozmente, lo que hace pensar que la realización del proyecto va a ser rápida. 
Ya se han abierto las propuestas para los llamados proyectos iniciales y proyectos de administración y, consecuentemente, podremos firmar los contratos dentro de poco tiempo. 
Aún más importante es que las autoridades ucranianas planifiquen para el cierre definitivo de Chernóbil el año 2000. 
Se ha manifestado una clara exigencia política para que se hagan considerables avances antes de esta fecha. 
En el informe parlamentario se propone que los pagos se hagan durante el período 1998-2005. 
El motivo sería, según el Parlamento, que si la comunidad paga su contribución al comienzo, entonces los otros donantes podrían retirar sus promesas. 
Yo creo que puedo calmar la intranquilidad del Parlamento. 
De los 400 millones de dólares americanos que se han prometido para el fondo de Chernóbil, ya se han pagado por compromisos fijos un total de 178 millones en 1997-1998. 
Estados Unidos es el segundo contribuyente después de la Unión Europea. 
Sus compromisos contraídos durante el período 1998-1998 ascienden a 54 millones de dólares americanos. 
El dinero líquido que ya está en el fondo asciende a casi 50 millones de ecus sin que la contribución de la Unión Europea se haya pagado todavía. 
Por estos motivos, insiste la Comisión en que es necesario y adecuado que las contribuciones de la Unión se paguen en la etapa inicial. 
Muchas gracias, señora Gradin. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
Quiero eliminar la palabra principalmente que aparece en la primera frase, quedando el texto así: " Con ayuda de los recursos comunitarios se deben alcanzar los siguientes objetivos cuando se construya un nuevo recubrimiento». 
Por lo tanto, la palabra principalmente se debe sacar, lo cual creo que Adam puede aceptar. 
Señorías ¿alguien se opone a esta enmienda oral? 
Señor Presidente, me complacería aceptar la enmienda con la supresión de esa palabra. 
Lo importante es que estamos aprobando el plan como un todo y por ello no podemos seleccionar determinadas partes como prioridades. 
Si se suprimiese la palabra " primarily» tal y como aparece en inglés lo encontraría apropiado. 
En ese caso la apoyaría. 
Señorías, hemos escuchado la opinión del ponente. 
Dado que nadie se opone a la introducción de esta enmienda oral, la someto a votación. 
(La enmienda oral queda aprobada) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Como diputados austriacos del Grupo del PPE y en relación con el " Shelter Implementation Plan» y el acuerdo de los Estados del G-7 y Ucrania sobre la paralización de Chernobil hasta el año 2000 hemos votado de acuerdo y consecuentemente con nuestra política antinuclear en el Parlamento Europeo. 
Sobre la base de los dominios comunitarios, defendemos con decisión cualquier medida que garantice una mayor seguridad en el sector nuclear. 
Pero cualquier conexión entre la paralización de antiguos y peligrosos reactores nucleares y la posible preparación de nuevas centrales nucleares tiene que ser rechazada totalmente. 
En consecuencia, también reconocemos la necesidad de un proceder coherente del Parlamento Europeo en la realización del acuerdo y la solución del problema de Chernobil, sin que se justifique con ello la construcción de otros proyectos nucleares, en especial en esa región. 
Acuerdo CE-Estados Unidos relativo alas normas de competencia 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0104/98) del Sr. Malerba, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la observancia de los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus respectivas normas de competencia (COM (97) 0233- C4-0559/97-97/0178 (CNS) ). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en la sociedad de la economía global son cada vez más numerosas las empresas multinacionales y, en consecuencia, las fusiones. 
Las constituciones de posiciones dominantes y las prácticas restrictivas de mercado son asimismo más frecuentes y producen efectos transnacionales. 
La autoridades encargadas de la tutela de la competencia disponen de algunos instrumentos para luchar contra las prácticas restrictivas de alcance internacional- la sede por excelencia sería la Organización Mundial del Comercio- pero de hecho uno de los métodos más utilizados es el de la aplicación extraterritorial de la ley nacional reguladora de la competencia. 
Esto significa que las sanciones se aplican incluso cuando las prácticas en el territorio de un tercer país tienen efectos negativos en sus mercados. 
La Comisión y el Gobierno de los Estados Unidos celebraron, en el año 1991, un acuerdo bilateral relativo a la observancia de las normas de competencia de ambas partes. 
Dicho acuerdo fue aprobado por este Parlamento y, hace un par de años, fui ponente acerca del mismo. 
El acuerdo de 1991 introdujo, en su capítulo 5, por primera vez en las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, el concepto de comitas gentium, «cortesía positiva» , en inglés, positive commitee: un concepto algo singular que quizás merece ser explicado. 
Un concepto, en cuya virtud, cuando una parte es perjudicada por prácticas contrarias a la competencia adoptadas en el territorio de la segunda parte, la primera parte puede pedir a la segunda parte que tome medidas de aplicación de sus- de la segunda parte, naturalmente- leyes reguladoras de las prácticas contrarias a la competencia. 
El presente acuerdo, acerca del cual la Asamblea está llamada a expresar su voto, representa un ulterior avance respecto al acuerdo de 1991, puesto que no sólo establece directrices en cuanto a cómo deben tratarse la solicitudes de cortesía positiva, de positive commitee, sino también porque implica, con carácter de presunción, que cuando una parte considera ser víctima de prácticas contrarias a la competencia en el ámbito del territorio de la otra parte, la primera parte deberá, obligatoriamente, suspender la medidas previstas por su ordenamiento, en otras palabras, deberá abstenerse de adoptar medidas extraterritoriales. 
El nudo de la cuestión, por lo tanto, es la aplicación extraterritorial de las normas de competencia. 
De tanto en tanto, los Estados Unidos y la Unión Europea intentan aplicar sus normas de competencia también a prácticas que tienen lugar en otros países. En particular, los Estados Unidos reivindican la competencia a aplicar sus normas de competencia, aunque se produzca un perjuicio para sus exportaciones y no sólo cuando se produce un perjuicio para el consumidor. 
El presente acuerdo, en consecuencia, pretende sustituir los métodos de aplicación extraterritorial de las normas de competencia para la regulación de las prácticas contrarias a la competencia por la cooperación internacional. 
El acuerdo, por consiguiente, pese a ser sólo bilateral, me parece que va en la dirección correcta y recomiendo su aprobación. 
Sin embargo, los ambientes económicos de la Unión Europea han expresado su cautela y preocupación por las normas de confidencialidad en los intercambios de información entre las autoridades encargadas de la competencia. 
Y ello, ante todo, porque las informaciones de que se dispone en la Comisión Europea son más numerosas que las existentes ante las autoridades americanas que se encargan de la competencia. 
Estando así las cosas, recomiendo a la Comisión que tenga en cuenta esta preocupación en la próxima redacción del acuerdo de segunda generación que está elaborándose, así como la posibilidad de facilitar el intercambio de informaciones reservadas, incluso sin el consentimiento de las partes. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, no es la primera vez que salen a debate en la Asamblea asuntos que conciernen a las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Europa y siempre se aprecian por diversas partes del Parlamento serias reservas pues continúa habiendo un clima de suspicacia entre ambos lados del Atlántico. 
A pesar de ello uno debe valorar los esfuerzos del Vicepresidente de la Comisión, Sir Leon Brittan, para fomentar el proyecto de un mercado multilateral a pesar de las dificultades que encuentra en los asuntos técnicos y sobre todo políticos como se pudo comprobar el lunes en el último Consejo de Asuntos Generales. 
Es sabido que Francia ha expresado sus objeciones que, por supuesto, no deben ser ignoradas y otros Estados miembros han expresado sus reservas, que no están en desacuerdo con el principio pero plantean condiciones para el fomento de un mercado euroatlántico común, como es la defensa de las normas de la OMC, la solución de los problemas derivados de la aplicación de las famosas leyes extraterritoriales Helms-Burton y d ' Amato-Kennedy, y siempre con la condición de que sectores de la economía agraria y de los medios audiovisuales queden fuera del proyecto. 
Ni que decir tiene que, en relación con la cooperación para la aplicación de las normas de competencia a la que se refiere el informe del Sr. Malerba, la propuesta del Consejo y de la Comisión es positiva y nadie puede plantear objeciones a que exista un marco de disposiciones reguladoras. 
A pesar de ello, el acuerdo presenta serias lagunas en la medida en que su aplicación no tiene un carácter obligatorio ni está basada en una firme base jurídica sino que es más una obligación política para la cooperación que además excluye las fusiones de empresas. 
Por consiguiente, es natural que las empresas europeas expresen reservas y preocupaciones especialmente en lo que se refiere al intercambio de información económica y disposiciones relativas a la confidencialidad. 
Los empresarios europeos se muestran preocupados por un posible menoscabo de los intereses legítimos si los Estados Unidos tuvieran libre acceso a toda información confidencial y es natural que haya miedo y suspicacia pues nuestro socio del otro lado del Atlántico tiene en su haber numerosos incumplimientos internacionales que demuestran que no respeta las normas y acuerdos internacionales e insiste en mantener leyes que no afectan a su territorio, a pesar de la reciente relajación de las medidas contra Cuba, que es una muestra de la mentalidad característica de los Estados Unidos. 
Es un hecho que los Estados Unidos exigen el respeto de las normas de competencia y del libre mercado sólo a los demás pero para sí mismos se reservan siempre el derecho de incumplirlas. 
Además, hay otra grave cuestión. Aunque hemos decidido que todo acuerdo firmado entre la Unión Europea y terceros países incluya cláusulas de respeto a los derechos humanos, de acuerdo con los valores humanísticos europeos, tengo la sensación que eso se omite de forma sistemática cuando se trata de nuestro poderoso socio del otro lado del Atlántico. 
Me refiero concretamente al asunto de la pena de muerte mantenida en numerosos estados, pues vemos a menudo cómo la opinión pública internacional se conmociona por las ejecuciones; personalmente reconozco que me impactan del mismo modo las ejecuciones públicas que se realizan en los Emiratos Árabes Unidos como las de los Estados Unidos. 
Todavía queda otro serio asunto, el que trata de la disminución de las aportaciones de Estados Unidos en concepto de ayuda a países en desarrollo con el consiguiente aumento de la mortalidad infantil en más de 12 millones al año. 
La Unión Europea concede hoy el 0, 4 % de su PIB a los programas de ayuda al desarrollo, en cambio los Estados Unidos sólo conceden el 0, 1 %, menos aún del 0, 28 % que aporta Japón. 
También es conocido por lo mal pagador que es en las Naciones Unidas. 
¿No son estos los temas que obstaculizan la creación de un concepto común y de una agenda común en los temas relativos a democracia, a cooperación internacional y a un orden internacional justo y viable como lo soñamos en el Parlamento y la Unión Europea? 
A pesar de todo ello, votaremos a favor del acuerdo. 
Señor Presidente, señoras y señores, antes de nada quiero dar las gracias al ponente por su extraordinario informe. 
El acuerdo que ha sido aquí presentado representa un intento renovado de los dos mercados más grandes del mundo, de los dos socios comerciales más importantes, por conseguir una unión en un lugar donde siempre han existido dificultades. 
Quiero decir en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo que vamos a votar favorablemente el presente acuerdo. 
No obstante el comportamiento arbitrario americano procura constantemente el empleo de normas cuyo recurso es muy dudoso desde el punto de vista del derecho internacional, siendo las leyes Helms-Burton o d ' Amato dos meros ejemplos de esta circunstancia. 
Del mismo modo, en el derecho internacional de la competencia se cree en Tejas o en cualquier otro lugar, que pueden utilizar sus propias reglas y que no tiene obligación de tener en cuenta el derecho internacional. 
Empero, todo esto no tiene que impedir que, paso a paso, hagamos el intento de convencer al conjunto de americanos de que firmen acuerdos y posteriormente también los respeten. 
Además, no acabo de entender que es lo que tienen que ver aquí la pena de muerte o la reducción de la ayuda al desarrollo. 
Si se paran a ver los presupuestos europeos en los Parlamentos nacionales, se percatarán de que también bajo gobiernos socialistas se está reduciendo paso a paso la ayuda al desarrollo. 
No deberíamos meter peras y manzanas en el mismo cesto. 
Lo que debemos observar es el comportamiento arbitrario americanos. 
También debemos ver que los americanos junto a nosotros han conseguido mucho en muchos sectores. 
Ya que sin la colaboración euro-americana nunca hubiera acaecido la ampliación del GATT-OMC. 
Esto también debería hacerse notar positivamente y no dar siempre con el mazo sobre los americanos. 
Por tanto, nuestra concepción del derecho de la competencia debe imponerse internacionalmente. 
Cuando los americanos y los europeos se unan, habremos dado un paso esencial. 
Por esta razón es necesaria la ampliación a través de un acuerdo marco, que es lo que estamos intentando aquí. 
El propio acuerdo es una declaración de compromiso político. 
Como resultado las reglas comerciales acordadas conducirán a que se hagan los esfuerzos necesarios para que en los supuestos de controversias se llegue a una solución racional, lo cual es digno de saludar. 
Por ello no es necesario un esfuerzo especial para votar aquí a favor de este acuerdo. 
Con el acuerdo nos topamos afortunadamente con un sector que en una creciente globalización tiene una importancia fundamental en la consecución de una economía mundial libre. 
La cooperación internacional en el sector de la competencia será una de las tareas más importantes de la economía exterior en el comienzo del siglo XXI. 
La globalización, eso lo sabemos todos, conduce a una competencia a escala mundial. 
Europa es una parte de esa competencia mundial. 
Tras la introducción del Euro jugaremos un papel aun más importante en la competencia mundial. 
Por ello nuestros esfuerzos por la unidad deben ser mayores. 
La conclusión del presente acuerdo es un paso, aunque sea pequeño, en el camino hacia una liberalización general de todos los sectores del comercio transatlántico. 
Por mis observaciones pueden constatar por qué el Grupo del Partido Popular vota a favor del acuerdo, y también solicito que el pleno apruebe este acuerdo en su conjunto. 
Señor Presidente, la competencia y el principio de libre competencia se interpretan a menudo como unas cuestiones de carácter no político, que son necesarias para la existencia del capitalismo mundial. 
Estados Unidos intenta con frecuencia extrapolar sus propias leyes internas al resto de los países, tal como demuestran las leyes Helms-Burton y D ' Amato. 
De este modo, Estados Unidos ha decretado leyes políticas que contravienen la libre competencia. 
Así pues, el mercado y la competencia dejan de ser cuestiones de carácter no político, y deja también de existir el principio de libre competencia absoluta. 
A los políticos europeos nos corresponde adoptar decisiones y leyes políticas, ya que ésta es la tarea de los políticos. 
La libertad de los consumidores consiste en que no estamos obligados a comprar a los americanos carne hormonada o soja manipulado genéticamente. 
En este tipo de casos, la libre competencia de los productores americanos entra en contradicción con la salud de los consumidores europeos. 
Las empresas americanas y las multinacionales quieren una libre competencia basada en los beneficios, sin responsabilidades de índole social o ecológica. 
La competencia puede hacer enfermar o, incluso, matar, razón por la cual los políticos deben asumir responsabilidades sobre cuestiones comunes y proteger a las personas y la naturaleza. 
Con todo esto quiero decir que no existe ninguna libre competencia no política. 
El acuerdo que ahora debatimos nos permite dejar claras las reglas del juego, y lo más inteligente es aceptarlo. 
Ya estamos dando el siguiente paso, representado por el Acuerdo multilateral sobre inversiones (AMI). 
De esta manera, los políticos se están, cuando menos, sometiendo ante la dictadura del mercado; porque eso es la libre competencia absoluta, una dictadura del mercado. 
Muchas gracias, señor Seppänen. 
Señorías, esta Presidencia agradecería que, para que no se distrajera la atención de las importantes cosas que decimos el viernes por la mañana, los miembros de la Asamblea desconectaran sus teléfonos durante el debate. 
No es que esté prohibido, pero es un elemento de distorsión del que sería bueno poder prescindir. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Malerba propugna la puesta al día de un acuerdo negociado por la Comisión, en un sector especialmente sensible de nuestras relaciones con los Estados Unidos: las consecuencias extraterritoriales de los distintos derechos de la competencia. 
Sin embargo, este acuerdo deja sin modificar el problema de principio planteado por el carácter extraterritorial de las recientes disposiciones legislativas federales o locales norteamericanas. 
La cuestión principal que se plantea hoy es, pues, saber si la Comisión va a cambiar de opinión en cuanto a la suspensión del panel de la OMC relativo a la ley Helms-Burton, que pidió hará cosa de un año, con la perspectiva jamás realizada de una enmienda del título 4º por parte del Congreso. 
Esta suspensión ya no tiene objeto, hoy por hoy, y si no se levanta antes del plazo de mediados de abril, el conjunto del proceso tal como se desarrolló por parte de la Comisión habrá fallado en detrimento de los intereses europeos. 
Una violación del derecho internacional no debería, de todos modos, ser objeto de transacciones, como acaba de decirlo la Presidenta de nuestra Comisión REX, la Sra. Castellina. 
Esta actitud laxista de la Comisión nos lleva a preguntarnos seriamente sobre lo que podía ser una negociación dirigida por ella y que tuviera por objeto realizar una zona de libre cambio transatlántica. 
De cualquier forma, el ejercicio sería desigual puesto que un gran número de los sectores contemplados por este proyecto son de competencia comunitaria en este lado del Atlántico y responsabilidad de los Estados federados en los Estados Unidos. 
¿Cómo se puede obtener por parte de Washington una flexibilización de las barreras sanitarias cuando los organismos normativos y de control son independientes del poder político? 
Desde siempre y por vías distintas, los Estados Unidos han tratado de obtener una especie de derecho de control sobre el funcionamiento interno de la Unión Europea. 
Si hoy se suman a la iniciativa personal del Sr. Brittan es porque ven en ello una oportunidad, ahora con ocasión del euro y de la ampliación, para participar en el proceso de decisión europeo. 
No se trata aquí de reprocharles a los estadounidenses que defiendan con celo e inteligencia sus intereses. 
No, lo que sorprende es la débil resistencia que les opone a sus tentativas una Comisión dividida, y esto es lo que nos hace cuestionarnos acerca del funcionamiento de la colegialidad, y un Consejo timorato, que se deja arrastrar por el proyecto personal de Sir Leon. 
¿Acaso esta Unión Europea está defendiendo de verdad, señor Presidente, los intereses de los europeos? 
Señor Presidente, el informe del Sr. Malerba es, desde luego, un buen informe. 
Está bien escrito. 
Sin embargo, tengo que hacer algunas observaciones a la orientación general y a algunas cuestiones que han aparecido en la discusión. 
Le otorgo gran valor a lo que ha hecho el Sr. Leon Brittan, porque sé que su intención era alcanzar, de alguna manera, con los EE.UU, en este campo concreto, una comunidad más o menos soportable. 
Se trata, por tanto, de un intento muy valioso. 
No obstante, he de decir que hay diversas cosas que muestran que este acuerdo no puede ser muy exitoso, y precisamente por un motivo muy sencillo: los americanos son, en cualquier caso, nuestros amigos. 
Les debemos una inmensa gratitud. 
Pero por otro lado no puede continuar eternamente que en el campo económico imponga un poder que se considere por encima de la costumbre y la ley internacionales e intervenga allí donde no le incumbe. 
Quiero señalar especialmente lo que ocurre constantemente con la legislación extraterritorial. 
Es genial cómo los intereses comerciales americanos se las arreglan para encontrar vías de escape- de lo que se acusa a los japoneses- para que en la práctica no tengan que respetar aquello a lo que se han comprometido por escrito. Esto ha surgido de forma extraordinaria en el asunto de la legislación extraterritorial. 
Quiero destacar aquí, por ejemplo, un hecho que sin lugar a dudas afecta a nuestro comercio: se trata de las nuevas medidas americanas según las cuales no se pueden mostrar eventos deportivos en la televisión que tengan lugar en Europa porque allí se hace publicidad de bebidas alcohólicas como vino y otros. 
Esto afecta fuertemente a nuestros intereses. Nos excluye en definitiva de la competencia. 
Creo que en este punto deberíamos tener claro- y aquí me adhiero al Sr. Souchet, aunque no coincida en todos los extremos con él- que, lamentablemente, los americanos tienen un gobierno fuerte, que sabe lo que quiere, que ha establecido una línea política y que nosotros carecemos aun de un cuerpo bien definido que dirija nuestra política exterior. 
Si lo tuviéramos estaríamos en una posición mucho más ventajosa. 
Muchas gracias, señora Gradin. 
El debate queda cerrado. 
Se procede a la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Me pide ahora la palabra el Sr. Rübig de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 
Señor Presidente, con base en el artículo 19 de nuestro Reglamento quiero decir que hoy vence el plazo de la entrega de la declaración escrita " Sign against crime». 
Hasta ahora han firmado, de conformidad con el artículo 48 del Reglamento, 154 diputados a los que quiero transmitir mi sincero agradecimiento. 
En este sentido también le doy las gracias a uste, Sr. Presidente, por su disposición a apoyar activamente nuestras inquietudes. 
Bruselas tiene que ser la capital más segura de Europa. 
Como han apreciado correctamente necesitamos, en especial, más presencia policial en el barrio europeo, una comisaria propia de policía y un número de teléfono de urgencia políglota como recurso en el caso de ataques criminales. 
Por ello le solicito que continúe apoyando comprometidamente nuestras preocupaciones. 
Espero que tenga pronto la oportunidad de dar información positiva en este pleno. 
Muchas gracias, señor Rübig. 
Me pide ahora la palabra el Sr. Manisco. 
Señor Presidente, quiero decir solamente que he votado en contra del informe Malerba. 
Usted sólo ha mencionado dos abstenciones. 
Muchas gracias, señor Manisco. 
Le pido disculpas porque no he mirado hacia la izquierda y, en mi caso, Señorías, esto es todavía más difícil de comprender. 
Por lo tanto, le pido disculpas por partida doble: a usted personalmente y al lugar que usted ocupa. 
He mirado hacia la derecha, hacia el centro, hacia la izquierda, pero no hacia la extrema izquierda. 
Le pido disculpas, señor Manisco, y tomo nota de que usted ha votado en contra. 
Tiene la palabra el Sr. Schulz para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, una observación a las opiniones de mi colega el Sr. Rübig, si usted lo permite. 
Señor Schulz, esto no es una cuestión de orden. 
Esto, en todo caso, podría abrir un debate. 
Y yo le ruego que no abra usted un debate, sino que nos permita que recojamos las opiniones del Sr. Rübig, que las ha hecho de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento, y constatarán en Acta, como corresponde. 
Pero si usted insiste, los viernes por la mañana son mañanas muy especiales y yo le concedo la palabra durante un minuto. 
Señor Presidente, sabía que usted era un hombre comprensivo. 
Seguramente también podrá encontrar un artículo que me permita hablar durante un minuto y medio. 
En tanto que persona que se ocupa de la cooperación policial y en asuntos de Justicia en la Unión Europea, apoyo básicamente la posición del Nuestro colega Rübig. 
No aplaudan tan pronto. 
Señor Presidente, descuente las interrupciones y los aplausos de mi tiempo de intervención. 
Lo apoyo en principio, seor Rübig, porque se sitúa como el defensor de la seguridad de nuestros colegas en la Asamblea. 
Sólo voy a transmitirle, para que reflexione, algo que considero muy importante en las negociaciones con las autoridades belgas. 
La inseguridad en el barrio Leopold, entre otras cosas, tiene mucho que ver con nosotros. 
Tiene mucho que ver con que a los ojos de muchos, naturalmente también a los de los criminales, somos gente a la que merece la pena atracar, lo que conduce a que- el apoyo con el mazo fue correcto, seor Presidente- la gente que vive en el barrio Leopold, las personas que viven allí diariamente, es decir, los belgas, que desde luego nos han tenido que sufrir a través de la especulación que el Parlamento Europeo ha provocado en los precios de los alquileres y los terrenos, también se conviertan en víctimas de la criminalidad. 
Por ello, en el futuro no hagamos únicamente mención de nosotros mismos, sino también de la gente que allí vive. 
La comisaria que debe ser instalada allí, también tiene que prestar servicio a los ciudadanos belgas. 
Encontraría justo, seor Rübig, que todos los implicados fuésemos tenidos en cuenta. 
Se han expresado dos opiniones. 
Yo creo que ahora debiéramos aprestarnos a terminar tranquilamente el fin de esta sesión. 
El Parlamento ha agotado el orden del día. 
El Acta de la presente sesión se someterá a la aprobación del Parlamento al principio de la próxima sesión. 
Señorías, permítanme que de nuevo tenga esa satisfacción que da los viernes de agradecer la colaboración de todos los servicios de la Asamblea, además con la perspectiva que se abre de que nos esperan unos días de descanso. 
Descanso de las gargantas, descanso de los músculos, pero sobre todo descanso de la tensión que da la responsabilidad del trabajo cotidiano en esta importante institución. 
Esta mañana, el Sr. Hallam, al iniciar nuestros trabajos, me daba un motivo más de reflexión para valorar el trabajo de sus Señorías los viernes por la mañana. 
Nos recordaba que los viernes por la mañana no hay televisión. 
Es una irregularidad que voy a examinar y que voy a intentar superar, pero, en todo caso, también es un mérito que ustedes, Señorías, estén aquí sin la posible gratificación de que sus imágenes y sus trabajos salgan en la televisión. 
Por lo tanto, Señorías, les declaro a ustedes egregios componentes del club de los viernes. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 11.35 h.) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 3 de abril de 1998. 
Elogio póstumo 
Señoras y señores diputados, tengo el triste deber de informarles del fallecimiento de nuestro colega Spalato Belleré el pasado 21 de abril. 
El Sr. Belleré era doctor en Medicina y coronel en la reserva. 
Fue elegido miembro del Parlamento Europeo en junio de 1994 y desarrolló su actividad en la Comisión de Transportes y en la delegación interparlamentaria para las relaciones con Kazajstán. 
Por otra parte, como todos ustedes saben, el pasado 23 de abril falleció en Atenas Constantino Caramanlis, antiguo Presidente de la República griega. 
Este hombre de Estado, artífice de la restauración de la democracia en su país y de su ingreso en la Unión Europea, merece el reconocimiento de todos los europeos. 
(El Parlamento guarda un minuto de silencio) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, el sábado próximo, 2 de mayo, vamos a adoptar en Bruselas una decisión histórica en muchos sentidos sobre la creación de la moneda única. 
Sea cual fuere mi opinión personal y la de mi Grupo sobre el euro, queremos recordar solemnemente que los acuerdos de Edimburgo confirmaron definitivamente la sede de nuestra Asamblea en Estrasburgo y que, por tanto, debería ser en Estrasburgo donde volviéramos a vernos el sábado. 
Como diputado a este Parlamento y como alsaciano, me subleva la elección de Bruselas para esa sesión extraordinaria. 
Una vez más, nuestra Asamblea atropella los Tratados y escarnece a Estrasburgo. 
(Aplausos en diversos escaños) 
Señor Striby, como sabe Su Señoría, el Tratado que invoca permite la celebración de períodos de sesiones extraordinarios y no precisa el lugar en que se deben celebrar. 
Así, pues, este Parlamento decidió, por una gran mayoría, que esa sesión extraordinaria se celebraría en Bruselas, lo que, por lo demás, nos brinda la única posibilidad de hacerlo en el mismo lugar en que se celebrará la reunión del Consejo Ecofin y del Consejo de Jefes de Estado o de Gobierno. 
Por esas razones funcionales totalmente extraordinarias se celebrará en Bruselas. 
Señor Presidente, yo quiero rogarle encarecidamente que intervenga, en nombre del Parlamento Europeo, en favor de la liberación de Vincent Cochetel. El Sr. Cochetel es un colaborador del Alto Comisionado para los Refugiados. 
Hoy hace exactamente tres meses que fue secuestrado en Rusia. Un grupo de hombres armados se lo llevaron la noche del 29 de enero y desde entonces nadie ha vuelto a verle. 
El Sr. Cochetel tiene 37 años. Tiene dos hijos y está al frente de la delegación del Alto Comisionado en Vladikafkas, que atiende a los centenares de miles de refugiados y desplazados de la región del Caúcaso. 
Yo quiero pedirle muy seriamente que intervenga en favor de Vincent Cochetel y haga cuanto esté en su poder, también ante la Federación Rusa, para que sea liberado. 
Gracias, señora Roth. 
Así lo haré inmediatamente. 
Tiene la palabra el Sr. Imaz San Miguel. 
Señor Presidente, hace escasamente tres semanas se alcanzaba un importante acuerdo de paz en Irlanda del Norte, del cual todos debemos felicitarnos y congratularnos felicitando especialmente a la sociedad norirlandesa y a todos los agentes políticos que han tenido el coraje para alcanzar este acuerdo, incluyendo al anterior Gobierno británico del Sr. Major, al actual del Sr. Blair y a los Gobiernos de la República de Irlanda. 
Desde el pueblo vasco, una mayoría importante de la población ha visto con interés político este acuerdo, en la esperanza de que un final dialogado para el triste conflicto violento que vivimos pueda pronto ver un final. 
Esperamos de ETA el mismo coraje que ha tenido el IRA de renunciar a las armas y, mediante la negociación política, intentar alcanzar acuerdos a través de su representación, y esperamos también del Gobierno español que tenga el mismo coraje político que han demostrado los gobiernos británicos para abrir un proceso de este tipo. 
Yo espero que pronto en esta Asamblea podamos celebrar un acuerdo de paz para los vascos y espero un apoyo sincero de las instituciones europeas en esta materia. 
Muchas gracias, señor Imaz. 
Bienvenida 
Tengo el placer de dar la bienvenida hoy a una delegación del Parlamento australiano, compuesta por miembros del Senado y de la Cámara de Representantes y presidida por la Sra. West, vicepresidenta del Senado. 
Nuestros colegas australianos están en Bruselas con objeto de participar en los trabajos de la vigesimotercera reunión interparlamentaria entre el Parlamento de Australia y nuestra institución, reunión copresidida por el Sr. Nicholson. 
Señora vicepresidenta, estimados colegas australianos, en nombre de los miembros de nuestra institución, les doy la bienvenida al Parlamento Europeo. 
Irlanda del Norte 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el acuerdo de paz recientemente alcanzado en Irlanda del Norte. 
Es un gran honor dar hoy la bienvenida al Parlamento Europeo a la doctora Marjory Mowlam, Secretaria de Estado para Irlanda del Norte del Reino Unido y al Sr. David Andrews, Ministro irlandés de Asuntos Exteriores, así como al Sr. Santer, Presidente de la Comisión Europea. 
Acogemos estas presencias hoy aquí con la satisfacción de todos. 
Durante las conversaciones que mantuve en Londres, en Belfast y en Dublín, tuve ocasión de comprender y constatar la enorme determinación con que ambos Gobiernos se han comprometido en el proceso de paz y reconciliación. 
Hoy tenemos la oportunidad de manifestar nuestra permanente solidaridad con ellos y con el pueblo de Irlanda del Norte. 
Albergo, como todos ustedes, la mayor esperanza de que sea posible pasar ahora esta triste y sangrienta página de la historia contemporánea de una vez para siempre. 
Señora Mowlam, tiene usted la palabra. 
Señor Presidente, señoras y señores, es un gran placer y un honor estar aquí hoy para hablar sobre el acuerdo alcanzado el Viernes Santo, y tener la oportunidad de expresar mi agradecimiento a los aquí presentes por la ayuda que nos han brindado para impulsar las conversaciones de paz en Irlanda del Norte hasta lograr lo que espero que sea un acuerdo estable y duradero. 
Parte de ese impulso ha sido la ayuda económica que tan amablemente ha proporcionado la Unión Europea, pero igualmente importante ha sido el apoyo que nos han prestado algunos diputados al Parlamento, algunos Comisarios y los Presidentes del Parlamento y de la Comisión durante el pasado año. 
Los fondos han sido muy bien recibidos; han significado mucho. 
Pero también ha significado mucho que algunas personas hayan dedicado su tiempo y su energía a apoyar lo que está sucediendo en Irlanda del Norte. 
Su importancia ha sido decisiva. 
Por ello agradezco a todos aquellos que han aportado esperanza, fe en el futuro, una visión de hacia dónde podíamos avanzar y que han aportado su ayuda. 
Debo también expresar mi reconocimiento a los tres diputados al Parlamento Europeo de Irlanda del Norte- John Hume, Jim Nicholson y Ian Paisley- por la ayuda que han prestado al decidir trabajar unidos en Europa en su afán por obtener apoyo para Irlanda del Norte. 
Sé que puede ser injusto, pero quisiera dar las gracias a John Hume, en particular, por su contribución. 
(Aplausos) Hay que decir que el trabajo que él ha dedicado a lo largo de los años, cuando éste no era un asunto popular, ha hecho posible que las cosas sean hoy distintas. 
Asimismo es para mí una gran satisfacción intervenir aquí junto con mi colega David Andrews, de la República de Irlanda. 
Cuando ambos Gobiernos hemos trabajado juntos, como sucede en el Parlamento Europeo, hemos conseguido avanzar. 
Nunca debemos olvidar eso. 
(Aplausos) Por último, expreso mi reconocimiento por la labor de los Comisarios y no sólo de Jacques Santer. 
Expreso mi especial agradecimiento a Monica Wulf-Mathies. 
Más tarde me referiré a la labor que ella ha realizado para nosotros en Irlanda del Norte. 
Quisiera mencionar también a Padraig Flynn y a nuestro buen amigo y camarada Neil Kinnock por el apoyo de ambos. 
(Aplausos y risas) Quiero decir camarada en el sentido de " camaradería». 
Todos somos camaradas en cierto sentido y es así como yo lo veo. 
Asimismo, con " camaradería» , deseo expresar mi agradecimiento al Consejo por el apoyo que ha proporcionado al acuerdo histórico que, esperamos, sea el punto de partida de un nuevo comienzo, la oportunidad de alcanzar lo que esperamos que sea un acuerdo de paz duradero. 
Como reconoció el Consejo, el valor y la determinación de los líderes de los partidos políticos y del pueblo de Irlanda del Norte han sido decisivos para que se diera esta oportunidad a la paz. 
El valor y la determinación de dichos líderes políticos nos han sido de gran utilidad, al igual que la ayuda económica que nos han proporcionado los programas comunitarios. 
El acuerdo alcanzado está basado en los principios- que han sido cruciales para el acuerdo- de consentimiento, cooperación, imparcialidad y justicia. 
Son los principios intrínsecos por los que se guía el acuerdo. 
Es un acuerdo único en su género. 
Único, porque es el resultado de conversaciones entre los Nacionalistas, los Unionistas, los Loyalistas y los Republicanos. 
Es la primera vez en 70 años que se sientan alrededor de una mesa para alcanzar un arreglo. 
No cabe duda, como muchos en el Parlamento saben, que deberemos hacer frente a dificultades en las semanas, los meses y los años futuros. 
En el futuro inmediato, aún existen algunos grupos disidentes en ambos bandos que no han suscrito el alto el fuego ni las conversaciones. 
De hecho, se han propuesto destruirlo. 
Es un problema continuo con la violencia que arrastra. 
Muchos de ustedes habrán visto el pasado fin de semana que la última víctima asesinada fue un joven estudiante de 22 años que se dirigía a su casa. 
Éstas son las dificultades que podríamos seguir encontrando en el futuro, pero como dijo el Presidente de este Parlamento en su reciente visita a Belfast, no faltarán los intentos de impedir que el proceso desemboque en un acuerdo pacífico. 
Debemos estar preparados para eso y tener la firme determinación de no permitir que dichos grupos lo echen todo a perder. 
Me hago eco de las palabras de su Presidente en este sentido. 
No quiero entrar en demasiado detalles sobre el acuerdo, pero permítanme decirles que ninguna de las partes obtiene el 100 % de lo que desean. 
Aunque todos salen ganando. 
El acuerdo respeta la identidad cultural y política de cada uno y allana el camino para un arreglo justo, viable y duradero. 
El acuerdo se ha alcanzado, porque todos estaban dispuestos a hacer concesiones. 
Todos han movido algo sus posturas, lo que ha permitido que todos- y quiero decir todos- salgan ganando con este acuerdo. 
Éste incluye la cooperación entre Irlanda del Norte, en el seno de las comunidades locales, entre el norte y el sur y entre el Reino Unido y la República. 
Quiero mencionar brevemente algunos aspectos del acuerdo relativos específicamente a Europa. 
Como parte del acuerdo global, habrá un consejo ministerial norte-sur que intentará incrementar la cooperación ya existente. 
Integrará a miembros del Gobierno irlandés y a miembros de la nueva administración de Irlanda del Norte, a condición de que el referéndum se celebre el 22 de mayo, y habrá organismos, que dependerán del consejo ministerial, que se encargarán de ejecutar las decisiones. 
Uno de los cuales será el responsable de los asuntos europeos. Las decisiones de la UE de naturaleza transfronteriza serán competencia de dicho organismo de ejecución. 
También habrá un nuevo organismo que se encargará de acercar a los Gobiernos británico e irlandés a las nuevas instituciones competentes de Irlanda del Norte, Escocia y País de Gales para estudiar asuntos de interés común, incluidos aquellos relativos a la Unión Europea. 
También se beneficiarán de los que considero cambios constitucionales radicales que se están produciendo en el seno del Reino Unido, que permitirán incrementar la cooperación comercial entre sí y de la UE con Escocia, País de Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra. 
No entraré en detalles, pero todos en este Parlamento conocen el importe de las ayudas económicas concedidas a Irlanda del Norte durante los últimos años a través de los diferentes programas. 
Durante los últimos seis años, hemos recibido más de 1.300 millones de libras. 
Su importancia ha sido decisiva y le damos las gracias por ello. 
En unos momentos en que la situación atravesaba por una fase muy dura, ha sido de gran ayuda saber que la Unión Europea siempre ha estado ahí. 
Hay algunos que se apuntan un poco tarde al éxito, pero quiero reconocer hoy con toda claridad que cuando la situación era difícil, la Unión Europea estaba allí con nosotros. 
Recuerdo ocasiones en las que, después de un fin de semana especialmente trágico, Monica debía venir y me preguntaba " ¿Vendrá o cancelará su visita?» 
Y venía. 
Lo que demuestra que si seguimos adelante con confianza y determinación, se puede llegar hasta dónde hoy nos encontramos. 
Por ello agradezco a los que vinieron personalmente y nos prestaron su ayuda. 
(Aplausos) Los Fondos estructurales han sido, y seguirán siéndolo, un aspecto importante de financiación para Irlanda del Norte. 
Se concedió la categoría de Objetivo 1 a Irlanda del Norte debido a las particulares circunstancias políticas y económicas en que nos encontrábamos. 
Para nosotros ha tenido una importancia tremenda. 
En virtud de las reformas propuestas para después de 1999, reconocemos que será más difícil calificarse para la categoría de Objetivo 1, pero hoy quiero hacer hincapié ante ustedes en lo importante que fue para la creación de oportunidades para la paz en toda Irlanda del Norte. 
También quisiera aprovechar la oportunidad para expresar mi agradecimiento por las aportaciones especiales al Fondo para la Paz y la Reconciliación, que fue creado para ayudar a desarrollar políticas socioeconómicas, que se han visto apuntaladas por el trabajo con grupos comunitarios. 
Sus repercusiones han sido increíbles en Irlanda del Norte, y una de las causas por las que ha tenido tanta repercusión es que los proyectos tienen que ser transcomunitarios o transfronterizos. 
Ha habido 19.000 solicitudes para beneficiarse de dicho fondo, 11.500 de las cuales han podido ser concedidas. 
En la práctica, eso significa que muchas personas se han beneficiado de la ayuda comunitaria. 
Existe en Belfast un centro especial al que pueden acudir las personas que han perdido a seres queridos, cuando el dolor es muy intenso, para hablar y discutir y poder asimilar el dolor que se ha producido. 
Hay un centro de mujeres en Ballybeen. Este centro ha significado que las mujeres puedan recibir formación y tener un futuro cuando los hijos se han marchado de casa, y para que puedan también tener voz. 
Su voz no siempre es oída en Irlanda del Norte. 
Está el Ballymena Business Development Centre (centro para el fomento de las empresas) que permite a las pequeñas empresas la oportunidad de crecer y de proporcionar algo tan crucial para la paz, como son los puestos de trabajo. 
Hay otros como el Greysteel Community Centre (centro comunitario de Greysteel) -algunos recordarán la matanza en 1994 en el pub Rising Sun, en el que se dio muerte a seis personas al azar. 
Gracias al Fondo Europeo para la Paz y la Reconciliación, ahora tenemos un centro comunitario allí al que acuden personas de ambos bandos y hemos comenzado a reconstruir después de aquel daño. 
Es el tipo de cosas que el programa ha hecho posible y doy las gracias a todos aquellos que han contribuido a hacerlo realidad. 
También quiero referirme a otro aspecto del Fondo para la Paz y la Reconciliación, que es tan innovador y tan constructivo. 
Fue desarrollado en Irlanda del Norte, pero sus repercusiones se han dejado sentir en muchos países europeos. 
No fuimos nosotros del Gobierno central, los ministros ni los departamentos los que entregamos los fondos. 
Monica Wulf-Mathies creó un entorno en el que surgieron asociaciones- 20 de ellas en toda Irlanda del Norte -, organismos formados por representantes comunitarios, políticos locales, sindicalistas, empresarios que se sentaban alrededor de una mesa y, en nombre de su comunidad local, decidían en qué se utilizarían los fondos. 
La diferencia que ello supuso fue que, cuando atravesamos por momentos muy duros en las conversaciones y las personas no actuaban ni hablaban, había 26 mesas en toda Irlanda del Norte, alrededor de las cuales había personas hablando, personas de ambos extremos e, independientemente de lo que había sucedido, seguían acudiendo. 
No seré yo quien lo decida, sino los partidos después del referéndum, pero espero que se mantenga esa estructura y que sirva de ejemplo para otros de lo que se puede hacer. 
Le agradecemos mucho que la haya creado. 
(Aplausos) Por último, sólo quisiera hacer referencia al Fondo Internacional con el que la Unión Europea ha contribuido a lo largo de los años: la reciente concesión de 17 millones de ecus al año para 1998 permitirá que el fondo prosiga con su importante labor. 
Por ello, el mensaje hoy es realmente, gracias por la ayuda. 
No habríamos llegado a la situación en que nos encontramos en Irlanda del Norte sin la ayuda del Parlamento Europeo. 
El Parlamento ha estado allí durante el tiempo suficiente para que muchas personas se hayan beneficiado de los programas introducidos y se hayan mostrado dispuestas a apoyar y alentar a todos a alcanzar el acuerdo que alcanzamos el Viernes Santo. 
Europa ha servido de inspiración al pueblo de Irlanda del Norte. 
Ustedes nos han ayudado a un nivel práctico, haciendo posible un cambio para las personas y es lo que nuestra Presidencia de la UE se propone conseguir: puestos de trabajo, erradicación del crimen y educación; pero además nos han dado una esperanza y la fe de que podemos construir un futuro, que si trabajamos unidos en Irlanda del Norte, obtendremos muchos más logros que si lo hacemos por separado. 
Ustedes han demostrado que si miramos al futuro y creemos y confiamos en una visión, podemos lograrlo. 
Han conseguido que las cosas cambien en el pasado. 
Sé que seguiremos trabajando unidos en el futuro. 
Gracias a todos y a cada uno de ustedes por su ayuda. 
(Vivos y prolongados aplausos) 
Señor Presidente, señoras y señores, me siento muy honrado por su invitación a unirme hoy a mi colega británica, la Secretaria de Estado Mo Mowlam, para conmemorar el acuerdo alcanzado en las negociaciones pluripartidistas en Belfast el Viernes Santo, 10 de abril. 
Es justo afirmar, como ha manifestado Mo Mowlam, que el gran regocijo con el que fue recibido el acuerdo por parte de nuestros amigos de todo el mundo, y en particular de la Unión Europea, resalta su auténtica naturaleza de momento histórico. 
Al igual que Mo, deseo expresar mi profunda gratitud por su solidaridad y por su estímulo. Ambas cualidades son muy apreciadas y no podemos darlas por descontado. 
Es justo afirmar que el acuerdo, propiamente dicho, es la culminación, no sólo de dos años de difíciles negociaciones, sino de décadas de esfuerzos compartidos de los Gobiernos británico e irlandés y de los líderes políticos con visión y valor. 
Debo saludar, en particular, a un distinguido diputado al Parlamento Europeo, al que ya se ha referido mi amiga y colega y, en ocasiones, " camarada» Mo Mowlam, a saber, John Hume. 
Quisiera hacer constar el papel determinante y crucial en todas las etapas del proceso, desde el comienzo hasta el final de mi amigo y colega John Hume. 
A lo largo de todas las negociaciones, el Gobierno irlandés se ha sentido inspirado por el ideal europeo y por los logros reales y concretos de la Unión. 
Nos sentimos profundamente agradecidos por el papel crucial que ha desempeñado la Unión en la preparación de los trabajos preliminares del acuerdo. 
Europa ha demostrado cómo rivalidades ancestrales y conflictos sangrientos pueden ser superados a través de las nuevas estructuras de asociación. 
También hemos aprendido la lección de que, adoptando las palabras del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, no podrá construirse una nueva Irlanda a través de la coacción ni a través de la retórica. 
Sólo podrá hacerse realidad a través de logros prácticos que, en primer lugar, creen una solidaridad auténtica. 
Nuestra experiencia como país pequeño en el seno de la Unión ha demostrado que hay muchos sectores en los que existe una auténtica confluencia de intereses entre ambas partes de la isla de Irlanda. 
También en este Parlamento, los tres diputados de Irlanda del Norte- John Hume, Ian Paisley y Jim Nicholson -, a pesar de las profundas diferencias políticas que existen entre ellos, han sabido trabajar juntos en muchos asuntos de importancia para aquellos a los que representan. 
Las estructuras de la UE nos han servido de guía en las negociaciones sobre los acuerdos de cooperación y acción conjunta en el seno de Irlanda, del Norte y del Sur. 
El apoyo económico de la Unión Europea, por ejemplo, a través del Programa para la Paz y la Reconciliación y sus contribuciones al Fondo Internacional para Irlanda han sido vitales y esenciales para convertir el proceso de paz en una realidad tangible para muchas personas y comunidades, tanto de Irlanda del Norte, como de los condados al sur de la frontera de la isla. 
Estamos profundamente agradecidos a nuestros interlocutores, la Comisión y el Parlamento Europeo, por su ayuda coherente y generosa. 
Deseo hacerme eco de la expresión de gratitud de Mo Mowlam al Presidente de la Comisión, Jacques Santer, a los Comisarios Wulf-Mathies, Kinnock y Flynn. 
Y a todos los colegas que, de una manera u otra, han apoyado y respaldado el proceso de paz. 
Acogimos con satisfacción la presencia del Presidente del Parlamento en Belfast y acogimos con especial satisfacción la presencia de Jacques Santer. 
Como miembro del Consejo de Asuntos Generales de los ministros de Asuntos Exteriores, permítame afirmar que su apoyo del lunes fue decisivo para la magnífica declaración que surgió de dicha reunión. 
Mi más sincero agradecimiento. 
El apoyo económico de la Unión Europea a los programas ha sido enorme. El ejemplo europeo ha tenido también un gran significado moral. 
El conflicto de Irlanda del Norte, que ha ocasionado tantas muertes y heridas tan terribles e innecesarias, ha sido una afrenta a los valores de nuestra civilización común europea. 
Pero Europa ha demostrado que ninguna sociedad está condenada por algún tipo de ley férrea de la historia a repetir una y otra vez su pasado. 
Poco antes de que se suscribiera el acuerdo, el líder Unionista del Ulster, David Trimble, se refirió a cómo el acuerdo podía representar el transcendental final de nuestra Guerra Fría interna, lo cual sería un enorme alivio para el conjunto de la población de la isla. 
Durante la última década, hemos presenciado el final de la Guerra Fría en Europa y cómo ésta ha dado paso a una nueva era de asociaciones. 
Hemos asistido a la demolición del Muro de Berlín y a la caída del Telón de Acero. 
Aún existen barreras físicas entre las comunidades de Belfast. 
Existe una frontera entre el norte y el sur, pero la auténtica frontera es la que divide a los corazones y las mentes de las personas. 
La auténtica diferencia radica en aquellos que tienen su mirada puesta en el futuro, en los nuevos caminos hacia la paz y la colaboración, y aquellos otros que se aferran al pasado, a las antiguas formas de violencia y división. 
Esta es la división que nos gustaría erradicar. 
El acuerdo no pretende ser un acuerdo final y definitivo, pero crea instituciones dentro de las cuales puede desarrollarse una nueva relación de confianza, y garantiza, a nivel individual y colectivo, los intereses y los derechos de todos. 
Como ha dicho Mo, el acuerdo es complejo y complicado y contiene muchos elementos que, en la práctica, deberán ser sincronizados y armonizados. 
La transición hacia el buen funcionamiento de las estructuras y las políticas contenidas en el mismo será un proceso desafiante y continuo. 
En ese sentido, el acuerdo es tanto una oportunidad como un logro. 
El continuo apoyo de la Unión Europea será decisivo, si queremos hacer frente a los nuevos desafíos que el acuerdo representa. 
Mi Gobierno, al igual que el Gobierno británico, espera poder trabajar con la Comisión, el Parlamento Europeo y nuestros interlocutores, y superar los retos de la paz y la reconciliación. 
Por ello acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado el lunes en el Consejo de Asuntos Generales, en el sentido de que la Unión siga desempeñando un papel activo en la promoción de la paz duradera y la prosperidad en Irlanda del Norte. 
Como ustedes saben, el 22 de mayo se celebrarán referendos simultáneos en el norte y el sur. 
Cuando comparezca ante las urnas, le pediremos al pueblo de Irlanda que, ante todo, vote a favor de la paz. 
Los votantes deberán tener presente el profundo ejemplo, el triunfo ofrecido por la propia transformación de Europa. 
Estoy convencido de que el pueblo, junto y concurrentemente, respaldará el acuerdo y hará posible que su enorme potencial se haga realidad. 
Una vez más, hago extensivo mi profundo agradecimiento, en mi propio nombre y en el de mi Gobierno, por la invitación del Presidente del Parlamento a estar presente, y le reitero una vez más mi agradecimiento a usted y a sus colegas. 
(Vivos aplausos) 
Señor Presidente, señoras y señores, es para mí un gran honor dirigirme hoy al Parlamento Europeo en este debate tan importante y significativo para todos nosotros en la Unión Europea. 
Hace apenas dos semanas que se alcanzó el acuerdo en las negociaciones multipartidistas sobre Irlanda del Norte en Belfast. 
Dicho acuerdo exigió mucho valor político y una gran determinación. 
Hoy, ante esta Asamblea y en nombre de la Comisión Europea, quisiera rendir homenaje a todos aquellos que han participado en este proceso: a los Gobiernos del Reino Unido y de Irlanda, la secretaria de Estado para Irlanda del Norte, la Dra. Mo Mowlam y al ministro irlandés de Asuntos Exteriores, David Andrews, a quienes damos nuestra especial bienvenida aquí esta tarde; a las partes en las conversaciones; a la destacada presidencia del senador George Mitchell y sus colegas presidentes independientes- el antiguo Primer Ministro Harri Holkeri y el General John de Chastelain. 
Acogemos con satisfacción el acuerdo, aunque no es nuestro deber emitir aquí un juicio del mismo. 
Será el pueblo del norte y del sur de Irlanda el que decida en los referendos del 22 de mayo. 
Pero podemos- como siempre hemos hecho- continuar apoyando de todo corazón el proceso de paz y de reconciliación. 
Sin duda no existe una causa más noble en la vida política que intentar unir a las personas, incluida la búsqueda de la paz y la reconciliación- cualquiera que sea su extracción social, rica o pobre; cualesquiera que sean sus orígenes religiosos o étnicos, y salvar las distancias de la intolerancia y el odio, acabar con la inseguridad y el miedo, infundir confianza y fe en un nuevo futuro y ofrecer esperanza, oportunidad, libertad, la posibilidad de ser feliz, la posibilidad de un futuro aceptable para las futuras generaciones. 
Ninguna causa es más noble que ésa. 
Esforzarnos y volver a esforzarnos en esta tarea y tener la determinación de conseguirlo al final: eso es lo que hoy aplaudimos. 
¿Acaso no refleja eso el espíritu que simboliza toda la historia de la propia Unión Europea? 
Como europeos comprometidos y entregados, ¿no es éste el credo de nuestras vidas diarias- unir a todos los pueblos europeos en la amistad, la paz y la reconciliación, en un espíritu de tolerancia y respeto mutuo, en cumplimiento de los principios en los que se inspira nuestro Tratado? 
Sí, ésa es nuestra razón de ser y nuestro éxito duradero. 
Por ello, nos regocijamos hoy, en esta Asamblea, de los avances que se están realizando. 
Durante las conversaciones que han conducido al acuerdo, creo que la Unión Europea ha desempeñado un importante papel en tres ámbitos importantes. 
En primer lugar, la Unión Europea ha proporcionado un punto de referencia política estable para ambas comunidades, un punto de referencia que ha demostrado cómo comunidades que anteriormente estaban divididas y países europeos que estaban divididos pueden trabajar juntos, confiar mutuamente y prosperar juntos con éxito en el mundo moderno. 
En segundo lugar, porque nuestras instituciones- este Parlamento, el Consejo de Ministros, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones- han proporcionado todas ellas importantes puntos de encuentro políticos, en los que los miembros de los Gobiernos del Reino Unido y de Irlanda, así como los políticos de Irlanda, del sur y del norte, han podido reunirse y trabajar juntos de forma constructiva sobre muchos asuntos. 
Pero el proceso político europeo ha demostrado que estos desacuerdos pueden resolverse amistosamente, sin que deriven en la malicia ni en la recriminación. 
Por tanto, nuestras instituciones también han desempeñado su papel. 
En tercer lugar, creo que hemos desempeñado un papel generoso en una participación europea profunda y continuada para apuntalar, en la práctica, los esfuerzos de ambos gobiernos para lograr la paz y la reconciliación. 
Lo hemos hecho mediante un enfoque de doble vía, de ayuda a la regeneración económica y social y de apoyo directo a la reconciliación transcomunal. 
En 1988 nos convertimos en uno de los principales contribuyentes al Fondo Internacional para Irlanda. 
En total, hemos contribuido con 135 millones de ecus. 
Se han creado 25.000 puestos de trabajo. 
Tras el alto el fuego de 1994, lanzamos el Programa especial para la paz y la reconciliación en Irlanda del Norte y los condados fronterizos de Irlanda, un programa que ha recibido el inequívoco apoyo de los diputados al Parlamento Europeo de la Provincia. 
En mi reciente visita a Irlanda del Norte, presencié personalmente algunos de los proyectos transcomunales y transfronterizos- como mi visita al Centro de mujeres de Shankill o cuando escuché el coro Ray of Hope. 
Fueron experiencias conmovedoras. 
Son pocos los que saben que el programa especial está financiando nada menos que 11.000 proyectos- aunando a más de 2.000 personas, la séptima parte de la población de Irlanda del Norte. 
Por ello me complace enormemente anunciar hoy ante esta Asamblea que la Comisión ha aprobado esta mañana, en el anteproyecto de presupuesto, proponer una ayuda adicional de 100 millones de ecus para el Programa de paz y de reconciliación para 1999. 
Esto nos lleva a un total para dicho programa de 500 millones de ecus a lo largo de cinco años. 
Estoy seguro de que esta propuesta recibirá el apoyo del Parlamento. 
Tampoco debemos olvidar el papel que han desempeñado otros fondos comunitarios: el programa general para Irlanda del Norte en el marco de los Fondos estructurales, INTERREG, URBAN y otros programas comunitarios. 
En el marco del Objetivo 1 de los Fondos estructurales, se han destinado más de 1.300 millones de ecus a Irlanda del Norte. 
Nuestra ayuda práctica a Irlanda del Norte ha sido constante, comprometida y adicional. 
Hemos proporcionado- acertadamente- un apoyo sostenido a todas las comunidades durante un largo período de tiempo. 
Permítanme añadir que el Programa para la paz y la reconciliación ha sido un laboratorio para nuevas formas de cooperación y ejecución de nuestros programas de los Fondos estructurales y una fuente de inspiración para una ejecución más descentralizada en el próximo período de programación. 
En el futuro, la Unión Europea continuará apoyando la regeneración social y económica en Irlanda del Norte, al igual que hemos hecho en el pasado. 
Los fondos comunitarios estarán presente en la fase inicial de 1999, con nuestra propuesta de ampliar nuestra contribución al Programa de Paz, y sus efectos se dejarán sentir durante más tiempo aún. 
Y, además, estoy convencido de que si trabajamos con ambos gobiernos, todos los partidos políticos y todas las tendencias de opinión, podremos encontrar formas nuevas e innovadoras de apoyar las nuevas oportunidades que traerá consigo el acuerdo. 
Puedo garantizarles nuestro compromiso en ese sentido. 
Permítanme concluir mis observaciones esta tarde diciendo que saludamos el gran coraje de la población de Irlanda, del norte y del sur, y de todos aquellos que participan en el proceso de paz. 
Apoyamos los enormes esfuerzos que se han realizado en el camino hacia la paz y la reconciliación. 
Y seguimos prometiendo nuestro apoyo para apuntalar este valiente y alentador proceso; ahora y en el futuro. 
Václav Havel me proporciona las palabras y los pensamientos que necesito para expresar mis sentimientos y concluir mis observaciones esta tarde. 
Dijo: " Je crois profondément en la coexistence de communautés régionales au sein d ' une communautée globale de tous les hommes». 
Yo también. 
(Aplausos) 
Muchas gracias, señor Santer. 
Tiene la palabra, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, el Sr. Hume. 
Señor Presidente, debo decir que me siento muy complacido por el hecho de que la presidencia de mi Grupo me haya pedido que intervenga hoy en nombre del Grupo, porque estoy completamente seguro de que la amplia mayoría de la población de Irlanda del Norte desearía que hable en su nombre hoy para expresar su profunda gratitud a todas las instituciones europeas por el vigoroso impulso y por todo el apoyo que han dado al movimiento por la paz en nuestras calles. 
Permítame comenzar expresando la gratitud de mi pueblo y mi agradecimiento a usted, por representar a este Parlamento y por acudir a nuestras calles, fortaleciendo con ello la voluntad de paz y el deseo de paz, demostrando con su presencia a una población, que durante tanto tiempo ha permanecido olvidada, que Europa y el mundo se interesan realmente por ella. 
Eso ha reforzado enormemente la voluntad de paz entre la gente. 
Al hacerlo, usted ha afianzado los firmes cimientos que ya pusiera la Comisión Europea, y nadie debe subestimar la solidez de dichos cimientos. 
Cuando se proclamó el alto el fuego, Jacques Delors se dirigió a nosotros inmediatamente para preguntarnos cómo podía ayudar, y puso en marcha el programa especial para la paz y la reconciliación. 
Su sucesor, el Presidente Santer, acudió a nuestras calles para hablar con la gente del pueblo y, naturalmente, la presencia del Presidente de la Comisión Europea en nuestras calles supuso una enorme reafirmación, no sólo de buena voluntad, sino también del apoyo positivo al proceso de paz y de la fuerza de dicho proceso. 
El hecho de que su colega la Comisaria para Política Regional y principal responsable para Irlanda del Norte, Monica WulfMathies, haya acudido a nuestras calles muchas veces, haya visitado las zonas más castigadas por el desempleo y haya reunido a personas de ambos bandos para tratar del tema de interés común- la reactivación económica -, ha sido un factor determinante en el proceso curativo que, creemos, está ahora en marcha. 
Naturalmente, los dos Gobiernos representados aquí hoy y, en particular, las dos personas que los representan, que han participado en el trabajo minucioso durante las conversaciones que han conducido al acuerdo, le han dedicado asimismo enormes esfuerzos, junto con los anteriores gobiernos que también adoptaron iniciativas muy firmes por la paz en nuestro país. 
Creo que tenemos ahora una oportunidad histórica de comenzar de nuevo y dejar atrás nuestro terrible y trágico pasado. 
Es un nuevo comienzo en el que no habrá victoria para ningún sector de nuestro pueblo, porque en las sociedades divididas, las victorias no son soluciones. 
Tenemos un acuerdo que destaca y propone el acomodamiento y el respeto de las identidades de ambas comunidades de nuestra población y del modelo de ambas comunidades de nuestra población, y que crea unas circunstancias en las que ambas comunidades de nuestra población podrán trabajar juntas en beneficio común y, de este modo, eliminar las barreras del pasado. 
También aquí apreciamos la enorme influencia de la Unión Europea, porque, como he dicho muchas veces, la Unión Europea ha sido una importante fuente de inspiración para la filosofía de crear la paz. 
A menudo, la gente se refiere a la Unión Europea en términos de lo económico esto y lo económico aquello, pero fundamentalmente, como he dicho tantas veces en mis calles, es el más bello ejemplo de la historia mundial de resolución de conflictos. 
Piensen por un momento en la situación de hace cincuenta años: después de que, por segunda vez en un siglo, millones de personas hubieran sido masacradas, ¿quién habría podido prever que hoy estaríamos todos juntos? 
Pero lo estamos. 
¿Cómo se consiguió? 
La fórmula para conseguirlo incluye la filosofía a la que me estoy refiriendo, no sólo en Irlanda del Norte, sino en todas las zonas de conflicto en el mundo, porque a fin de cuentas, todos los conflictos giran en torno a lo mismo; la percepción de la diferencia como una amenaza. 
(Aplausos) Los pueblos de Europa decidieron que esa diferencia- ya sea de raza, religión, nacionalidad u origen étnico- es un accidente de nacimiento y no algo por lo que haya que luchar; es algo que debemos respetar. 
Si analizamos los principios filosóficos para crear la paz, lo que hicieron los pueblos de Europa fue fundar instituciones- y esas tres instituciones están representadas aquí hoy- que respetan plenamente las diferencias de sus pueblos. 
Nadie en Europa ha perdido su identidad, sino que, y éste es el aspecto importante, se les lleva a trabajar juntos por sus intereses comunes sustanciales que son sociales y económicos, como digo a menudo, " derramando sudor, pero no sangre» , y al hacerlo, podemos eliminar las barreras de siglos y habrá surgido la nueva Europa. 
Si lo leen, verán que éstos son los principios que van al corazón de este nuevo acuerdo. 
En base a dichos principios, se están creando instituciones en Irlanda del Norte y entre el norte y el sur y entre Gran Bretaña e Irlanda, en los que se respetan nuestras diferencias, pero que nos permiten trabajar juntos en nuestro beneficio común, sobre una base de asociación, de igualdad, de respeto mutuo, de consentimiento y de acuerdo. 
Al sentar ahora esas bases, como hicieran los dos gobiernos cuando pusieron los cimientos para nosotros mediante su trabajo en favor de este acuerdo, esperemos que trabajando juntos se ponga en marcha el auténtico proceso curativo en Irlanda, desaparezcan las barreras de prejuicio de siglos y emerja la nueva Irlanda del mismo modo que lo ha hecho Europa, sin victoria para ninguna de las partes, sino sobre la base del acuerdo y el respeto por la diversidad. 
A medida que esto ocurre, señor Presidente, no tengo la menor duda de que el continuado apoyo de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Consejo de Ministros, especialmente a través de la reactivación económica, será un factor decisivo para reforzar los beneficios comunes y expresar a nuestro pueblo la inmensa buena voluntad internacional que existe en favor de la paz en la apartada isla de la Unión Europea. 
Los representantes de todas las comunidades de nuestro pueblo se enfrentan al desafío de aprovechar esa enorme buena voluntad internacional y traducirla en beneficios reales para nuestro pueblo, y de este modo, eliminar juntos las barreras de siglos. 
En Irlanda del Norte contamos con seguir recibiendo el apoyo de nuestros amigos de la Unión Europea y les damos las gracias por ello. 
Tenemos mucha fe, y sé que hablo en nombre de la amplia mayoría de nuestro pueblo de ambos sectores de nuestra comunidad, cuando digo que queremos dejar atrás nuestro pasado para siempre. 
Cuando nos disponemos a entrar en un nuevo siglo, ojalá que éste sea el primer siglo en la historia de nuestra isla en el que no haya más muertes en nuestras calles ni más emigración de nuestros jóvenes hacia otras tierras para ganarse la vida. 
(Vivos y prolongados aplausos) 
Señor Presidente, Irlanda vive unos momentos de gran esperanza y gratitud: esperanza en el futuro de los dos referendos a los que nos enfrentaremos en breve, y gratitud hacia todos nuestros amigos y colegas que a lo largo de los años nos han brindado un apoyo tan maravilloso. 
Enhorabuena también a aquellos que han participado directamente durante estos últimos años y, en particular, estos últimos meses hasta conducir este proceso a la que esperamos sea una conclusión feliz. 
Y mi especial enhorabuena a aquellos que optaron por la vía larga y coherente; a pesar de las numerosas decepciones y los grades sufrimientos que han encontrado a lo largo del camino: Gracias John. 
A lo largo de este proceso, Europa ha estado ahí con nosotros, ha estado presente no sólo con ayuda financiera, sino también con la ayuda humana y política que hemos recibido de los colegas que nos visitaban y con la preocupación real y genuina de todos los grupos políticos del Parlamento. 
Este acuerdo es un gran paso, aunque tenemos por delante un largo proceso, como ya han dicho nuestros dos ministros, y el gran proceso al que creo que debemos hacer frente durante los próximos años es cómo acercar al pueblo llano de ambas comunidades de Irlanda del Norte. 
No sólo a las comunidades en el seno de Irlanda del Norte, sino también a las comunidades del norte y del sur, entre las que, lamentablemente, sigue existiendo un gran vacío. 
No sólo nos dividía una frontera física, sino también una frontera entre las mentes, y ésta representará nuestro mayor reto durante los próximos años. 
Es mucho lo que podemos hacer juntos; hay tantas grandes oportunidades; aprovechémoslas. 
Por último, además de rendir homenaje a todos los interesados, quisiera hacer una referencia especial a la contribución que han hecho las mujeres de Irlanda del Norte, tanto entre ellas, como también con el sur. 
La Coalición de Mujeres ha hecho una contribución importante a este proceso y, creo, que también deben recibir nuestro reconocimiento. 
Gracias a todos los colegas y gracias a todos, en particular, a la Comisión y a aquellos que tanto se han esforzado por que llegue este gran día para todos nosotros. 
Durante demasiado tiempo, en Gran Bretaña e Irlanda sólo hemos estado unidos por el dolor, y por ello, de todo corazón, acojo con satisfacción el Acuerdo del Viernes Santo y doy mi más cordial bienvenida hoy a la Dra. Mo Mowlam, secretaria de Estado para Irlanda del Norte, y a David Andrews, nuestro ministro. 
El acuerdo marca un avance de profundo significado histórico y debe ser respaldado por todos los que desean el final de este antiguo conflicto. 
Aquellos que siguen diciendo " no» no tienen más solución que la continuación de la violencia. 
Qué nadie dude que el voto del " sí» en los dos referendos es el voto para que finalice la violencia y es algo que todos debemos desear. 
Los dos gobiernos, junto con la mayoría de los partidos políticos de la zona, han aprobado una serie de propuestas que transcienden los estrechos confines del nacionalismo- ya sea de la versión británica o irlandesa. 
Espero que desarrollemos a tiempo acuerdos políticos en los que la identidad y el territorio dejen de ser la ideologías que definen el Estado. 
La obscuridad política en el norte era debida, en buena medida, a que se encuentra en la larga y oscura sombra de los nacionalismos británico e irlandés, enzarzados en una lucha a muerte. 
Sólo las acciones de ambos Gobiernos relativas a temas constitucionales clave podían desplazar esa sombra y disipar parte de la obscuridad. 
Los acuerdos sobre la reforma policial, la puesta en libertad de reclusos, el apoyo a las víctimas, los derechos humanos y una legislación equitativa son aspectos fundamentales y deben ser administrados con generosidad e imaginación. 
Todos somos por igual ciudadanos de la Unión Europea y, como ha dicho mi colega John Hume, debemos aprender a tratarnos unos a otros con el mismo respecto. 
Sólo una advertencia. 
Tal y como están estructurados los sistemas de toma de decisiones de la nueva asamblea, tienden a reforzar e institucionalizar la actual división. 
Hay algo de enojoso acerca de que los representantes públicos, que, al fin y al cabo, tienen el deber de representar a la totalidad de la comunidad, se guíen por leyes que están más arraigadas en el calificativo étnico que en la democracia. 
Espero que, con el tiempo, estos elementos sean eliminados del acuerdo a medida que se consolida la reconciliación, crece la confianza y comienza a desarrollarse un auténtico consenso democrático. 
Sé que es un ideal, que aún no se ha implantado el doloroso alejamiento del conflicto, pero sobre todo, no debemos permitir que las mujeres, que tanto se han esforzado por mantener y crear la acción transcomunitaria durante los años de conflicto, queden excluidas de la pacificación. 
En este contexto, quisiera expresar mi especial agradecimiento a la Comisaria WulfMathies por el modo en que ha estructurado el Programa por la paz y la reconciliación, que se ha arraigado profundamente en la comunidad, como hemos podido oír hoy de la Dra. Mowlam. 
Es una parte importante y fundamental de la resolución de este conflicto y yo se la recomendaría a todos y en todas partes. 
Señor Presidente, quiero agradecer a mi Grupo que me haya dado la oportunidad de hablar en su nombre en la que es una auténtica ocasión histórica. 
Quizá haya sido porque represento a la nación de Escocia, próxima geográficamente, pero también culturalmente. 
Antiguamente compartíamos el mismo idioma y la misma cultura con Irlanda y nos preocupamos profundamente por todas las partes de esa noble isla. 
Alabamos a los que han sabido encontrar las palabras. 
En cierta ocasión leí que un embajador británico en Dublín dijo: " Ésta es una tierra en la que las palabras pueden convertirse en armas». 
A lo largo de las duras conversaciones que han tenido lugar, he observado cómo Mo Mowlam tenía que elegir sus palabras, a pesar de que todas ellas le salían del corazón. 
Ella ha tenido que desempeñar un gran papel. 
Debo alabar también a mi viejo amigo desde los años sesenta, John Hume, que ha dedicado su vida al proceso de hablar paciente y pacíficamente. Y a todos los demás, los primeros ministros antiguos y actuales, a los políticos, como David Andrews, aquí presente hoy, y David Trimble, por no tirar la toalla cuando muchos Unionistas sucumbieron al pánico. 
Ha sobrevenido el cansancio de la guerra. 
3.600 personas muertas, la mayoría de ellas civiles. 
Leí lo que dijo un hombre del IRA: " Me uní al IRA cuando tenía veinte años. 
Ahora estoy en la cuarentena y he asistido a demasiados funerales». 
A medida que sobreviene el cansancio de la guerra, todos comenzaron a darse cuenta de que la violencia no conduce a nada. 
Todas las partes han renunciado a posiciones muy preciadas y han abandonado actitudes tradicionales. 
Estos magníficos políticos han tendido un puente de esperanza y los optimistas han ganado a los pesimistas. 
Se han hecho auténticas concesiones. 
Irlanda ha renunciado al norte y los Nacionalistas del norte han reconocido que podría existir una solución para Irlanda del Norte a falta de una Irlanda unida. Por ello alabamos a todos ellos y a la Unión Europea. 
La prensa sensacionalista británica siempre está criticando a la Unión Europea. 
Cuando nos enfrentamos a una situación como ésta, debo decir que aunque sólo hubiéramos logrado la paz en Irlanda del Norte, la Unión Europea ha merecido la pena. 
Hemos proporcionado un lugar de encuentro para que todas las partes de Irlanda se reúnan en beneficio de toda la isla. 
La silenciosa mayoría de Irlanda quiere la paz; ahora deben votar a favor. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo unirme a los homenajes que le han rendido a usted, al Presidente Santer, a Monica Wulf-Mathies y a otros que han tomado parte. 
Durante treinta años, el pueblo de Irlanda del Norte no ha podido disfrutar ni beneficiarse de una sociedad normal. 
Ha sufrido penosamente durante todo ese tiempo los innumerables actos ruines y perversos de los terroristas. 
Poco importa qué letras del alfabeto utilizan los terroristas para camuflar sus atrocidades. 
Aún nos queda un largo camino por recorrer, porque todavía quedan algunos que desean mantener al pueblo de Irlanda del Norte enfrentado. 
Hoy quisiera hacer constar mi admiración por el pueblo de Irlanda del Norte que ha soportado la presión y ha conseguido mantenerse en control y en calma ante la adversidad. 
Quisiera también hacer constar la inmensa deuda que nosotros, el pueblo de Irlanda del Norte, tenemos con las fuerzas de seguridad y el Royal Ulster Constabulary, el Royal Irish Regiment, antiguo Regimiento de Defensa del Ulster, y el ejército, que en muchas ocasiones durante los últimos 30 años se han encontrado entre la cordura y el olvido. 
Debo decir que, en muchos casos, nunca recibieron el reconocimiento que merecían. 
Aún queda un largo camino por recorrer. 
Por favor, no piensen que todos nuestros problemas han terminado. 
Hay muchas heridas profundas en ambas comunidades que tardarán mucho tiempo en cicatrizar. 
Muchas familias nunca podrán olvidar la pérdida de sus seres queridos y espero que lo entendamos. 
No debemos pensar que todos aceptarán este acuerdo. 
Muchas de las personas a las que represento sienten una enorme preocupación, porque aquellos que asesinaron y colocaron las bombas durante los últimos 30 años no han entregado ni una bala ni una onza de Semtex. 
Muchas personas son muy escépticas ante estos antiguos móviles intransigentes de los terroristas y tienen dudas acerca de sus intenciones de seguir la vía democrática. 
La Unión Europea ha sido muy constructiva en el apoyo que ha proporcionado durante los últimos años. 
Hará falta una acción sostenida y positiva de la Unión Europea para garantizar que podemos reconstruir nuestras comunidades divididas y restablecer esa confianza. 
El futuro de Irlanda del Norte y su destino final está en las manos de los que viven y residen en Irlanda del Norte. 
Este acuerdo no es ni puede considerarse provisional; es permanente. 
Sé que nos esperan días difíciles. 
El camino hacia la paz no será fácil, nunca lo es. 
Pero llega el momento en que hay que aprovechar la oportunidad. 
Lo más fácil es decir siempre " no» , demoler y destruir. 
El camino difícil para avanzar es decir " sí» y hacer frente al desafío y construir un nuevo futuro para todas las personas de Irlanda del Norte. 
El pueblo de Irlanda del Norte es un pueblo cálido y generoso. 
Merece mejor suerte que la que ha tenido. 
El futuro está en sus manos. 
El pueblo decidirá, acudirá a las urnas y confío en que hagan la elección acertada. 
Hoy mismo me he esforzado en obtener consenso sobre una resolución común. 
Lamentablemente, a causa de la actitud del Grupo Socialista, no he podido lograrlo. 
Es un mal comienzo. 
Espero que se lo piensen mejor y que adopten una actitud más positiva de cara al futuro. 
Si no podemos conseguir consenso sobre una resolución común en este Parlamento, nos esperan dificultades. 
Señor Presidente, intervengo para hablar en nombre de las personas de Irlanda del Norte que se han quedado sin voz. 
Tenían voz, cuando me eligieron cabeza de lista- puesto que he ocupado en todas las elecciones a este Parlamento; elecciones en las que participó la mayoría del electorado-. 
¿Y por qué esas personas no pueden hablar? 
No pueden hablar, porque han sido masacradas y asesinadas por el IRA y otros grupos denominados Loyalistas. 
No sé cuántas personas de los aquí presentes han leído el Acuerdo o conocen su contenido, pero no contiene algunas de las cosas que le han atribuido hoy algunos oradores. 
No pueden haberlo leído. 
Se propone que todos los terroristas no reformados sean puestos en libertad en el plazo de 24 meses. 
La secretaria de Estado dice que se basa en la justicia y que todos son ganadores. 
¿Quién sale ganando y qué clase de justicia es ésta? 
Hoy no dispongo de tiempo para hablar de todos, pero permitan que les dé un ejemplo. 
En 1993- y no ha pasado tanto tiempo -, Paul Magee de Belfast fue condenado por asesinar a Glen Goodman, special constable, en Tadcaster, North Yorkshire. 
Era además miembro de la unidad de servicio activo del IRA, apodada " M60 Gang» , después de que dieran muerte a cinco miembros de las fuerzas de seguridad en Belfast. 
Es el tipo de terrorista no reformado que será devuelto a las calles de Irlanda del Norte. 
Tengo ante mí ejemplares de un periódico en el que aparecen todos los agentes de policía que han sido asesinados durante su campaña. 
Aquí tenemos a todos estos jóvenes que dieron sus vidas en defensa de la población católica romana y de la población protestante de Irlanda del Norte, todos ellos asesinados por el IRA. 
Y los que están cumpliendo penas por sus asesinatos serán puestos en libertad en el plazo de 24 meses. 
Pero hay una excepción. 
En el sur de Irlanda fue asesinado un garda y el Gobierno ha hecho saber que los responsables no podrán acogerse a la amnistía. 
Y digo yo, ¿Qué diferencia hay entre él y los hombres del Royal Ulster Constabulary, que lucharon y murieron para proteger al pueblo de Irlanda del Norte? 
¿Cuál es la diferencia? 
En esta Asamblea alguien ha dicho que esto es la paz. 
Esos pistoleros, una vez que sean puestos en libertad, tendrán acceso al mayor arsenal terrorista de todo el mundo occidental- no han entregado ni un arma, no han entregado ni una onza de Semtex- y cuando no consigan lo que quieren, volverán a sacar las armas no contra este Parlamento ni contra la población de Europa, sino contra el pueblo de Irlanda del Norte que lleva tanto tiempo sufriendo. 
Alguien ha dicho: no debemos temer a la paz. 
Vayan a decírselo a las viudas. 
Vayan a decírselo a los huérfanos. 
Vayan a decirle eso a los que han sido masacrados en Irlanda del Norte. 
Cómo pueden descansar en sus camas sabiendo que aquellos que han asesinado a los suyos serán puestos en libertad, volverán a las calles y tendrán acceso a las armas con que cometieron los crímenes. 
Es un asunto muy serio. 
Dejemos que se pronuncie el pueblo de Irlanda del Norte. 
El Gobierno ha destinado 3 millones de libras para ganar este referéndum. 
Pero la población del Ulster no se dejará engañar y no se dejará sobornar. 
Y cuando hable, oiremos al auténtico Ulster. 
Señor Presidente, los pueblos de Irlanda del Norte y, en buena medida, de Gran Bretaña y de la República de Irlanda, han sufrido penosamente, como hemos escuchado, a causa de la constante actividad terrorista durante los últimos 25 años o más. 
Sin duda ha sido muy difícil de soportar para los afectados. 
Pero ahora- y aquí me distancio del Sr. Paisley, a quien respeto enormemente en muchos sentidos -, gracias a los denodados esfuerzos de los Gobiernos británico e irlandés, gracias a nuestros colegas parlamentarios, gracias a la Comisión, ahora hay motivos para la esperanza. 
Creo firmemente que es un nuevo comienzo para Irlanda del Norte y debemos avanzar sobre eso. 
En mi calidad de Conservador británico, espero que la población del norte y del sur de la frontera dé su visto bueno al acuerdo. 
Inevitablemente, quedan asuntos pendientes que nos causan legítima preocupación. 
Durante las negociaciones sobre la presente resolución, he intentado incluir una referencia a dichos asuntos, pero mis colegas no se sintieron capaces de dar su conformidad. 
Al mismo tiempo, he suscrito la resolución de compromiso, porque es una oportunidad para airear dichos temas. 
Debo pedirles también su indulgencia para dos aspectos de gran importancia. 
Me refiero al tema de la entrega de armas no sólo en Irlanda del Norte, sino también en la República de Irlanda y cualquier otro sitio. 
En segundo lugar, la puesta en libertad de presos condenados y, de paso, aunque no debe ser subestimado, el futuro del Royal Ulster Constabulary. 
La cruda realidad es que los grupos terroristas siguen bien armados y, por desgracia- y la Asamblea debería saberlo- siguen produciéndose asesinatos casi a diario, todavía. 
Debemos tener esto presente. 
La población del Reino Unido y de Irlanda tienen motivos para sentir preocupación si los presos condenados por asesinato son puestos en libertad antes de cumplir sus condenas, como parece ser el caso. 
Quisiera pedir a los ministros aquí presentes hoy que nos den garantías de que se estudiarán estos problemas con la atención que merecen. 
Señor Presidente, a la hora de resolver problemas, como los de Irlanda del Norte, es cuando Europa demuestra su valor añadido al ciudadano. 
La idea que inspiró nuestra Unión Europea no es sólo la idea de la paz, sino la idea de que lo que nos une- nuestra humanidad común- es más importante que lo que nos separa. 
Este credo fundamental se resume en un poema de mi conciudadano Robert Burns: A man's a man for a ' that [un hombre es hombre a pesar de todo]. 
Si se hubieran atendido a los procedimientos de esta Asamblea hace catorce años, las ideas presentadas por nuestro antiguo colega danés Niels Haagerup podrían haberse impuesto. 
Si se hubiera llevado a cabo la propuesta adoptada por Downing Street, a comienzos de los años ochenta, en favor de la creación de un Foro para los jóvenes de las Islas Británicas, en el marco del Consejo de la fundación de jóvenes de Europa o el Foro de la juventud de la Comunidad Europea, habríamos avanzado más por el camino de la paz. 
Acojo con satisfacción el reconocimiento de la Presidencia del papel que han desempeñado la Unión Europea y otros para alcanzar este acuerdo histórico. 
Espero que la Unión sirva de modelo a Irlanda del Norte, en el sentido de que entre todos se consigue mucho más, que por separado. 
Espero con impaciencia que llegue el día en que los ministros no se refieran a las dos comunidades de Irlanda del Norte, sino a la comunidad. 
Mi partido en Irlanda del Norte- el Partido de la Alianza- ha trabajado incansablemente por la construcción de una sociedad no sectaria. 
Es oportuno que la Unión Europea complete y defienda el proceso de paz a través del Fondo para la paz y la reconciliación. 
También yo, en el breve tiempo de que dispongo, quiero manifestar mi satisfacción por el Acuerdo y decir que espero sinceramente que reciba el apoyo de la amplia mayoría de la población de Irlanda, del norte y del sur. 
Quiero felicitar, naturalmente, en particular, a John Hume por su enorme inversión, en términos de tiempo y sacrificios, a este Acuerdo. 
También quiero reconocer el liderazgo de David Trimble en el acercamiento de la mayoría de los Unionistas de Irlanda del Norte y quiero dar las gracias también a Jim Nicholson, miembro de esta Asamblea, por poner su gran ayuda e influencia al servicio de los esfuerzos de David Trimble. 
Quiero recordar, asimismo, a todos los antiguos Primeros Ministros de Gran Bretaña y de Irlanda, que realizaron enormes esfuerzos, y creo que el éxito de este acuerdo se debe en parte a su contribución. 
También quiero reconocer los esfuerzos del Presidente estadounidense en este asunto. 
No escatimó esfuerzos hasta el último minuto, y creo que lo que Estados Unidos ha hecho aquí puede servir de ejemplo también a Europa de lo que una potencia importante, a través de su influencia y buena diplomacia, puede lograr en todo el mundo. 
Quisiera agradecer especialmente a la UE por su papel silencioso y discreto en Irlanda del Norte, el marco de la Unión Europea que ha contribuido a que los ministros irlandés y británico trabajen juntos en la Política Agrícola Común, las políticas comunes que crearon el mercado único, en el que las personas del norte y del sur cooperan ahora sin ninguna frontera que les impida prosperar juntos y cooperar y negociar juntos. 
Es lo que Europa ha hecho por nosotros y ha significado un gran esfuerzo. 
Quisiera agradecer al Sr. Santer y a la Sra. Wulf-Mathies por ser los rostros visibles de la Comunidad Europea en Irlanda del Norte, y quiero decir que espero que continuemos con la ayuda que estamos proporcionando, que tanto ha significado. 
Señor Presidente, tras haber ejercido como político en ambas partes de Irlanda, conozco demasiado bien las dificultades de intentar negociar un acuerdo que sea aceptable para todas las partes del conflicto. 
El Acuerdo del Viernes Santo es un logro histórico y felicito de todo corazón a todos los que han contribuido al mismo, ambos gobiernos y los líderes de los partidos políticos, especialmente John Hume, que hoy ha recibido alabanzas aquí, John Alderdice y, especialmente, David Trimble, que ha tenido el valor de conducir al Unionismo hacia un pacto honorable con sus conciudadanos del Norte de Irlanda. 
Permítanme decir al Dr. Paisley, cuando se refería a los votos que él obtenía, que un voto a favor de la paz y de la reconciliación y por el final del conflicto vale más que miles de votos a favor de la continuación del conflicto. 
Es inevitable, dada la complejidad del problema, que todos tengan reservas importantes respecto a algunos puntos del paquete. 
No obstante, es un paquete y no puede permitirse que cada uno elija los puntos que más le gustan- la opción consiste en aceptar el paquete en su totalidad o rechazarlo. 
Si sucediera lo peor y se rechazara el paquete, seguirían otros 20 años de negociaciones, que resultarían en otro paquete similar y en las mismas reservas que se han expuesto aquí. 
En 1974, hace 25 años, se ofreció un arreglo similar, y miles de personas han muerto y sufrido innecesariamente. 
No podemos condenar a los pueblos de Gran Bretaña e Irlanda y, especialmente, de Irlanda del Norte, a otro largo período de violencia. 
Apoyo vehementemente este Acuerdo. 
Es justo y honorable y merece recibir el apoyo sincero de ambas partes de Irlanda. 
Es bueno que el Parlamento Europeo tenga la oportunidad de respaldarlo; este Parlamento representa simbólicamente el conflicto en torno a dos guerras mundiales y muchas otras reyertas europeas, y ojalá que podamos indicar el camino al pueblo de Irlanda del Norte. 
(Aplausos) 
Estoy encantado de tener la oportunidad de expresar mi sincero apoyo a este Acuerdo histórico que establece las relaciones en el seno de Irlanda del Norte, entre ambas partes de Irlanda y entre Irlanda y Gran Bretaña sobre un fundamento totalmente nuevo, basado en la asociación, el consentimiento y el respeto mutuo. 
Desde la firma del Tratado de Roma, la Unión Europea ha sabido proporcionar un foro para que los miembros de la UE se sienten alrededor de una mesa a debatir sus diferencias, sin recurrir a la violencia. 
La firma de este Acuerdo es prueba de ello. 
Acojo con satisfacción la oportunidad histórica de que el pueblo de Irlanda del Norte resuelva sus dificultades exclusivamente por la vía democrática y pacífica. 
Me opongo firmemente a la utilización o la amenaza de la fuerza para lograr cualquier objetivo político. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los políticos que han tomado parte en este largo y penoso proceso, en el que han participado gobiernos sucesivos de ambas islas y, en particular, alabar el valor de los políticos de Irlanda del Norte que han dado ese paso más que nos ha llevado hasta donde hoy nos encontramos. 
Asimismo, deseo reconocer y agradecer a la Unión Europea su constante apoyo y su estímulo. 
Desearía que este apoyo continúe en los aspectos prácticos. 
En mi capacidad de representante elegido, me uno a los signatarios en la recomendación del presente Acuerdo a la población de Irlanda, del norte y del sur, para que le dé su aprobación. 
He recibido 8 propuestas de resolución, presentadas sobre la base del apartado 5 del artículo 40 del Reglamento. 
Tiene ahora la palabra la Sra. Mowlam. 
En nombre de la Presidencia, permítame, muy brevemente, rendir homenaje a la labor y el compromiso del Royal Ulster Constabulary, algo que he hecho en numerosas ocasiones anteriormente, y desearía hacer una observación que han hecho muchos oradores esta tarde, y es que muchas personas de todos los bandos han perdido a seres queridos, muchas personas han sufrido como resultado de los conflictos. 
Lo que me reconforta son las cartas que recibo, un día sí y otro también, de personas que han sufrido, que tienen a heridos o muertos entre los miembros de su familia. 
Estas personas dicen sí, duele cuando vamos a Maze, sí, no es fácil, pero si eso significa que otra familia no tiene que pasar por lo que hemos pasado nosotros, entonces, construyamos el futuro. 
Permítame decir solamente, señor Presidente, que creo que las palabras clave para el futuro, que han sido mencionadas por varios oradores en el Parlamento, son respeto y confianza. 
Confianza y respeto en el futuro, y entre nosotros, creo que podemos conseguir un acuerdo que resista. 
Muchas gracias. 
Muchas gracias, señora Mowlam. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Grupo de ética, ciencias y nuevas tecnologías 
De conformidad con el orden del día, se procede la declaración de la Comisión sobre los asuntos relacionados con los trabajos del grupo europeo de ética, ciencias y nuevas tecnologías. 
Tiene la palabra el Sr. Santer. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, tengo mucho gusto en presentarles hoy el nuevo Grupo europeo de ética, ciencias y nuevas tecnologías, que sucede al Grupo de consejeros políticos y de la biotecnología. 
Esta iniciativa se debe al interés de la Comisión por todos los asuntos relativos a las ciencias y a las tecnologías que plantean cuestiones éticas. 
Este fin de siglo va a quedar marcado por la aparición espectacular de las ciencias y las nuevas tecnologías y principalmente en dos esferas: la de la biología y la de la información. 
Esas innovaciones introducen profundos cambios tanto en el nivel de la sociedad en general como en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. 
Las perspectivas de avances en materia de empleo, de crecimiento y de mejora de la calidad de vida son inmensas. 
No obstante, dichos avances suscitan temores relacionados con la rapidez con que se logran y con la dimensión mundial de esas tecnologías. 
Por eso resulta necesario, más que nunca, un acompañamiento ético para velar por que los avances logrados estén en armonía con los valores fundamentales y la dignidad humana. 
Muy pronto el Parlamento Europeo se dedicó a aportar una dimensión ética a las ciencias y a las aplicaciones que han seguido a los avances registrados en esa esfera. 
Estoy convencido de que la creación de un grupo ético corresponde a la orientación de las preocupaciones de esta institución. 
Quisiera presentar a Sus Señorías las nuevas características del Grupo europeo de ética, que se inscribe en la continuidad de la labor del grupo anterior. 
En esta ocasión, deseo subrayar el papel y la competencia de los miembros del antiguo grupo, en particular de su presidenta, la Sra. Noëlle Lenoir, que supieron desempeñar su misión de forma notable, en particular al favorecer el diálogo entre nuestras instituciones. 
En primer lugar, quisiera recordar las características comunes al antiguo y al nuevo grupo. 
Dichas características son las de un comité ético clásico. 
El nuevo grupo, como su predecesor, es consultivo, independiente, pluridisciplinario y multinacional. 
Es consultivo, pues su tarea principal es la de elaborar, para la Comisión, dictámenes que no son vinculantes y resultan útiles para preparar el terreno con vistas a la adopción de decisiones. 
Es, naturalmente, independiente: no representa a ningún poder económico ni político. 
Por eso se nombra a cada uno de sus miembros a título personal, según su notoriedad y sus competencias. 
Por eso está compuesto de 12 expertos, número que no corresponde precisamente al número de Estados miembros. 
El grupo puede organizar su trabajo libremente. 
En virtud de una nueva disposición, el grupo adoptará, por lo demás, su reglamento interno en el próximo mes de mayo. 
Por último, el grupo es pluridisciplinario y multinacional. 
Cada uno de sus miembros tiene un criterio, que varía en función de su especialidad: la ciencia, el derecho o las ciencias humanas. 
El pluralismo del grupo es también una riqueza para la reflexión ética. 
Pero, ¿cuáles son las principales características del nuevo grupo? 
Me parece que son tres: la primera novedad es la ampliación del ámbito de actividad del grupo. 
En efecto, el historial del grupo precedente lo ancló profundamente en la esfera de las biotecnologías. 
Ésta sigue siendo el centro del desarrollo de la ciencia y, por tanto, de nuestras preocupaciones. 
La clonación fue su ilustración más destacada, pero hay que ir más allá. 
No podemos por menos de sentirnos interpelados por el desarrollo de la sociedad de la información y la protección de la dignidad humana en Internet, como tampoco podemos dejar de responder a los temores suscitados por el acceso a los datos genéticos personales o por los bancos de tejido humano. 
Hemos querido afrontar esos nuevos imperativos encargando al grupo que se ocupe también del desarrollo de la ciencia en general, incluida la investigación y la sociedad de la información. 
A esas nuevas competencias deben corresponder los dictámenes periciales adecuados. 
Ésa es la otra característica nueva de este grupo, que se ha visto fortalecido y ha pasado de nueve a 12 miembros nombrados para tres años. 
Por último y esta tercera novedad es inmensa, debe inscribir su labor en una cooperación aún más estrecha con las otras instituciones. 
El grupo depende, desde luego, de la Comisión y a ésta dirige sus recomendaciones. 
No obstante, comprendo el interés de las otras instituciones por tener acceso a las reflexiones llevadas a cabo por dicho grupo o incluso por participar en él. 
El Parlamento Europeo expresó ese deseo en su resolución de junio de 1977. 
Personalmente, animo al grupo a que prosiga por la vía de diálogo y transparencia seguida por su predecesor. 
A iniciativa suya, se han organizado numerosos debates, con la participación activa de esta institución y han favorecido la creación de un clima de colaboración fructífera. 
Por eso, atribuyo una importancia muy particular a que se transmita a este Parlamento, como también al Consejo, cada uno de los dictámenes. 
Con esa intención, la Comisión, a propuesta mía, ha pedido al Parlamento Europeo y al Consejo que precisen los diferentes temas que deberían ser objeto de examen o incluso de dictamen del grupo. 
Deseo subrayar que esta nueva posibilidad de someter asuntos constituye una innovación sin precedentes. 
Señor Presidente, necesitamos un Grupo europeo de ética. 
Sus dictámenes serán preciosos para la elaboración y la aplicación de la legislación comunitaria. 
En este marco quisiera recordar que el antiguo grupo permitió, a partir de 1991, ampliar el debate a escala europea al hacer participar a todas las partes interesadas, incluido el gran público. 
Supo conciliar- cosa difícil en materia de ética -, los dictámenes periciales científicos con la comprensión de sus imperativos por el gran público. 
Tengo la convicción de que el Grupo europeo de ética proseguirá esa importante misión. 
Señor Presidente, agradezco al Presidente Santer que haya venido a presentar personalmente este Grupo europeo de ética, que depende, por lo demás, de la Presidencia de la Comisión. 
Permítaseme al mismo tiempo, antes de formular mi pregunta, que agradezca al Grupo de consejeros en materia de bioética, presidido por la Sra. Lenoir, su positiva labor, en particular por la asistencia que ha prestado a las instituciones para orientar la directiva sobre la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas mediante dictámenes precisos, concisos y motivados. 
El nuevo grupo que acaba usted de presentar, señor Presidente, es un grupo ampliado y con mayores competencias. 
Como usted sabe, el Parlamento habría deseado, por su parte, un comité con carácter interinstitucional para que orientara más precisamente todos nuestros trabajos, no sobre las solicitudes individuales de patentabilidad- eso nunca lo hemos pedido -, sino para que esta institución no se limite a aconsejar a la Comisión. 
Ha opuesto usted a ello objeciones jurídicas que comprendo y ante las que me inclino. 
Mi pregunta es, sin embargo, la siguiente: ¿cómo podrá el Parlamento plantear concretamente ese nuevo grupo de cuestiones? ¿Habrá, en cierto modo, un filtro de la Comisión, que obstaculizaría- debo decirlo- la colaboración que podríamos alcanzar? 
Le agradezco, señor Cot, su pregunta. 
Efectivamente, atribuimos gran importancia a que este Parlamento tenga toda la posibilidad de someter asuntos al grupo y, por tanto, consideramos que puede plantearle las cuestiones que desee. 
Evidentemente, corresponde al Parlamento establecer las modalidades de aplicación de ese procedimiento, pero, por nuestra parte, no se opondrá ningún filtro- como ha dicho Su Señoría- a las solicitudes por parte del Parlamento Europeo de examen de asuntos. 
A él solo corresponde decidir de qué modo se propone presentar asuntos al grupo. 
No nos inmiscuiremos a ese respecto. 
Pero corresponde a Sus Señorías elaborar tal vez un procedimiento; deben decidirlo Sus Señorías, pues no quisiera yo inmiscuirme en sus procedimientos internos. 
En todo caso, el grupo es abierto y sus miembros se han declarado de acuerdo para colaborar lo más activamente posible con las otras instituciones y, más en particular, con este Parlamento. 
Señor Presidente, yo quisiera sumarme a la pregunta anterior. 
En efecto, respondiendo a los deseos de esta Cámara y de nuestro Presidente, la semana pasada creamos un grupo de trabajo sobre bioética dentro de la Comisión de Investigación. 
Yo quisiera preguntarle cómo prevé usted que pueda desarrollarse la colaboración entre el Grupo de ética de la Comisión y el citado grupo de trabajo sobre ética que acaba de constituirse oficialmente dentro de la Comisión de Investigación. 
Naturalmente, señor Presidente, este Grupo europeo de ética está dispuesto a colaborar activamente con los demás grupos que funcionan aquí. 
Como ya he dicho, es un grupo independiente, neutro, que depende de la Comisión, pero será, naturalmente, abierto para garantizar una estrecha colaboración con todos los demás órganos que se creen a partir de otras iniciativas y otros procedimientos legislativos. 
También habrá que garantizar una labor de coordinación en el nivel de esos diferentes grupos. 
Así, pues, examinará, desde luego, todas las cuestiones, en la medida en que recurran a él los grupos más particulares y más específicos que se han creado. 
En la primera lectura de la directiva sobre patentes, el Parlamento Europeo solicitó la creación de un comité de ética que se encargara de evaluar todos los aspectos de la biotecnología y, en particular, con respecto a las patentes. 
La respuesta de la Comisión no es lo que solicitó el Parlamento; nosotros le pedimos que presentara propuestas al Parlamento Europeo, pero su respuesta ha sido ampliar su anterior comité. 
La evaluación de la biotecnología no es lo mismo que evaluar las implicaciones éticas de las solicitudes de patentes. 
Un ejemplo de ello es que la biotecnología produce tratamientos terapéuticos que tienen la finalidad de beneficiar a los pacientes. 
Patentar ese tratamiento, sin embargo, puede que no sea lo mejor para los pacientes o podría prohibirse por motivos de política pública, preservando los derechos de los médicos al tratamiento, sin depender de un proveedor monopolista ni de los derechos de los investigadores para producir tratamientos alternativos a partir del mismo material genético. 
Quisiera preguntar al Presidente Santer: ¿cómo puede el comité actuar como un organismo de escrutinio de la ética en materia de innovaciones biotecnológicas como desea el Parlamento, si su competencia se limita a examinar los principios éticos básicos y no los casos individuales que surjan a raíz de las solicitudes de patente? 
¿Cuánto tiempo y cuántos recursos se destinarán al escrutinio minucioso de los descubrimientos biotecnológicos? 
¿Qué recursos se pondrán a disposición para las amplias consultas del público sobre temas éticos clave? 
Hemos oído sobre el acceso, pero el acceso no es lo que el Parlamento quería; queremos pedir que el comité dé una opinión directa al Parlamento sobre temas específicos. 
¿Tendremos los diputados ese acceso directo al comité para dar una opinión sobre cualquier tema específico, y no a través de la Comisión? 
Gracias. 
En primer lugar, quisiera subrayar que el grupo es un órgano consultivo cuya misión es la de examinar cuestiones generales relacionadas con los principios éticos fundamentales. 
Por esa razón, no debe emitir sistemáticamente dictámenes sobre casos particulares, como, por ejemplo, sobre la dimensión ética de una solicitud de patente o sobre la autorización de comercialización de un producto determinado. 
El grupo está para examinar todas las cuestiones, como he dicho, relacionadas con los principios éticos fundamentales. 
De todos modos, se le podrá pedir que examine también otras cuestiones. 
Así, pues, es posible encargar al Grupo europeo de ética que evalúe todos los aspectos éticos relacionados con la biotecnología. 
Se trata ya sin duda de una delimitación de las competencias, pero tampoco conviene sobrecargarlo con las misiones que se le encomienden. 
Señor Presidente, me da un poco de temor que la misión de este nuevo grupo tal vez llegue a ser algo vaga, como consecuencia de que se ha ampliado el mandato. 
Por eso deseo preguntar si sería posible que el grupo también dé consejos de carácter general a otros, es decir, una fiche d 'impact d' ethique que se podría instaurar en relación con todos los asuntos políticos. 
Por ejemplo, me gustaría que pudiésemos evitar situaciones en que se usan argumentos económicos para apreciar valores humanos, lo cual anteriormente a veces ha sucedido aquí en Europa. 
¿Cómo piensa hacer la Comisión para que el trabajo tenga un contorno delimitado y para que se tomen en cuenta los puntos de vista éticos en otras materias, por ejemplo, mediante esta apreciación? 
Finalmente, deseo manifestar que me alegró escuchar que recibiremos inmediatamente esos informes del grupo sin tener que conformarnos con las cuentas cada tres años. 
Quiero asegurarme que recibiremos los informes del grupo dentro de un breve plazo. 
No comparto en absoluto la inquietud de Su Señoría. 
Este grupo ya tiene una experiencia, en el pasado, bajo la presidencia de la Sra. Lenoir, y se ha apreciado su trabajo. 
Lo hemos ampliado a otras cuestiones y se ha aumentado su composición. 
Sus miembros son independientes, muy competentes y de gran renombre y la competencia de los nuevos miembros le permite afrontar la ampliación de su ámbito de actividades. 
Además, el pluralismo del grupo, que es esencial, le permitirá sin lugar a dudas llevar a cabo una reflexión ética adaptada al abanico de cuestiones que se le pueden plantear. 
Por lo demás, se transmiten inmediatamente todos los dictámenes y no sólo mediante un informe cada cuatro meses. 
Por lo demás, la cuestión que plantea Su Señoría, relativa a unas relaciones más estrechas con el Parlamento Europeo, se podrá plantear en la próxima entrevista que la presidenta del grupo celebrará con el Presidente del Parlamento Europeo y en esa ocasión- creo que será el próximo 29 de abril, es decir, mañana- será posible también examinar, junto con la presidenta, todas esas cuestiones, por si acaso abrigan aún inquietudes Sus Señorías sobre el funcionamiento de dicho grupo. 
Los cultivos " terminator» son aquéllos que han sido programados genéticamente para que, una vez plantados, duren probablemente una sola temporada, al final de la cual mueren, y el agricultor en cuestión debe comprar nuevos productos alimenticios del proveedor. 
Creo que eso plantea un problema ético, señor Presidente, y por ello permítame preguntarle ¿cómo puedo, en calidad de diputado, obtener una opinión de este nuevo comité? 
Presidente Santer, usted tiene conocimiento de mi preocupación por este asunto, porque el pasado lunes le envié un fax preguntándole cómo podía, en calidad de diputado, obtener la opinión del nuevo comité. 
Quisiera hacerlo y soy consciente de que actualmente no existen reglas, por lo que la situación puede ser algo difícil. 
No obstante, su opinión sería muy bien recibida. 
Puedo confirmar a Su Señoría que me formuló efectivamente una pregunta a ese respecto y también que transmití inmediatamente su carta al grupo, que dictaminará al respecto. 
Ahora corresponde al grupo organizar su labor para dar una respuesta a Su Señoría. 
Lo que deseo es que el procedimiento no sea demasiado engorroso y que los diputados a este Parlamento puedan tener acceso directo a dicho grupo. 
Por eso he dicho antes, en respuesta a una pregunta del Sr. Cot, que corresponde al Parlamento Europeo establecer un procedimiento para permitir a los diputados dirigirse directamente a dicho grupo. 
Por nuestra parte, no tenemos ninguna dificultad para aceptar semejante procedimiento. 
Señor Presidente, yo agradezco el compromiso personal del Presidente Santer en relación con este tema. 
Señor Presidente Santer, lo cierto es que no estábamos demasiado satisfechos con el trabajo del grupo inicial. Así quedó patente también en el debate que celebramos el año pasado en esta Cámara. 
No obstante, yo pienso que la incorporación de nuevos miembros y la ampliación de la pluralidad del grupo contribuirán a que su labor sea también más satisfactoria. 
A mi parecer, uno de los problemas, que se manifestó particularmente en relación con la opinión sobre la clonación de humanos, ha sido la falta de tiempo para alcanzar un acuerdo con los institutos científicos que trabajan en el campo de la ética y la ciencia en Europa. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo incorporarán en el futuro los trabajos del Grupo la labor que están realizando dichos institutos en Europa, parte de la cual cuenta con el apoyo de la Comisión? ¿Quizá mediante una primera lectura, seguida de un examen por parte de los institutos que trabajan en dicho ámbito, con una segunda lectura a continuación? 
Señor Presidente, la labor de este grupo, como la del antiguo, puede compararse, desde luego, con la emprendida por los grupos de ética en otros países, desde el punto de vista científico. 
Espero que sea comparable a la labor emprendida en el nivel nacional. 
Así, pues, no hay que exigir al grupo que hemos creado más de lo que se exige a grupos creados en el plano nacional. 
Con toda franqueza, se pueden hacer también algunas críticas a éstos, pero, como nada es perfecto en este mundo, limitémonos a disponer de un procedimiento y dejemos que ese grupo trabaje con toda independencia. 
Queremos un grupo independiente, conque procuremos garantizar dicha independencia a sus miembros. 
Los hemos nombrado, los hemos seleccionado. 
Creo que hay personalidades muy valiosas en ese grupo, cada una de las cuales tiene su especialidad en una esfera particular. 
Dejemos trabajar a ese grupo con toda independencia sin inmiscuirnos en su labor, pues en ese caso no podría ser independiente. 
Por otra parte, no cabe la menor duda de que el grupo contará con toda clase de asesoramiento científico y, desde luego, se pondrá en relación con institutos científicos extranjeros. 
Se concertarán sin lugar a dudas acuerdos al respecto y espero que los resultados de la labor del grupo consigan aclarar la labor no sólo de la Comisión, sino también de las demás instituciones y, por tanto, del Parlamento Europeo. 
Pero, por favor, no me pregunten con qué procedimientos se va a dotar a ese grupo, porque así se enmarañaría en cierto modo y quedaría privado de la independencia necesaria. 
El valor de ese grupo radica precisamente- y lo repito porque es importante- en que pueda trabajar con toda independencia y no esté sometido a una influencia interior, ejercida por la Comisión, o exterior, por presiones de grupos económicos y de otra índole. 
Señor Presidente, señor Presidente Santer, usted sólo tiene alabanzas para el nuevo grupo consultivo sobre ética. 
¡Muy bien! 
Así habla un buen padre de sus hijos, aunque se hayan descarriado. 
Resulta impresionante la amplitud del abanico de tareas del nuevo grupo consultivo. Ahora abarca desde las técnicas de comunicación hasta la biotecnología, pasando por las técnicas de la información. 
Con esto no se revaloriza el trabajo que deberá realizar, sino que se está poniendo una mordaza a unos especialistas de primera línea. 
Ésta se ha embellecido ópticamente, pero sigue siendo una mordaza que frena la capacidad del grupo asesor para hincar el diente a los temas. 
¿O acaso cree usted de veras que doce científicas y científicos de alto quilate, que están habituados a trabajar muy a fondo, podrán seguir realizando un trabajo de la misma calidad si se amplía ilimitadamente su campo de tareas? 
Yo no creo que hayamos puesto una mordaza al grupo asesor. 
Yo no soy de ese parecer. 
Tampoco estoy tan orgulloso como usted dice de las personalidades que hemos designado. 
Creemos haber elegido unas personalidades que gozan de buena reputación en diversas organizaciones, una reputación fundamentada también desde el punto de vista científico. 
La cual está a la altura de la reputación de los diferentes institutos u organismos científicos extranjeros. Así lo han demostrado sus trabajos. 
Yo también he tenido que ocuparme últimamente, en los últimos dos o tres años, de diversos dictámenes científicos, si bien no soy científico. 
En cualquier caso, debo reconocer que dichos dictámenes científicos no siempre estaban redactados tal como yo habría deseado en mi calidad de jurista. 
Por lo tanto, es necesario demostrar también una cierta humildad, incluso antes unos grandes científicos. 
Yo creo que el grupo cumple su tarea. 
Permítanle que trabaje con plena independencia y que despliegue plenamente las aptitudes de las personalidades que lo componen. Yo tengo el convencimiento de que si así lo hacen, con posterioridad no sólo se congratularán por la composición de dicho grupo, sino que también valorarán debidamente su trabajo. 
¡En cualquier caso yo me opongo a que si diga que hemos puesto, de la manera que sea, una mordaza a ese grupo! 
Señor Presidente, esto tiene naturalmente todo que ver con la directiva de patentes. Volveremos con detalle sobre ello en el debate sobre la misma. 
He tomado nota de que será un grupo de opinión y de recomendación y de que su perfil abarca más que solamente la biotecnología. 
Pero dado que nosotros, como Parlamento nos gustaría tener un grupo de opinión fuerte y muy serio, quisiera abogar por un perfil que no fuera demasiado amplio, sino lo más específico posible. Porque si trazamos un perfil demasiado general, la fuerza del grupo se mermará. 
Me gustaría que el Presidente Santer contestara a esto. 
Luego, la ciencia no está nunca libre de valores. 
¿Se ha previsto alguna influencia del Parlamento Europeo en la composición de este grupo de opinión y de recomendación? 
Estas dos preguntas son complementarias de las que se han formulado antes. 
En primer lugar, el grupo ya está constituido. 
Es un hecho. 
Ha iniciado su labor y hemos deseado que fuera totalmente independiente. 
En segundo lugar, el mandato de dicho grupo no es muy amplio, porque la biotecnología sigue siendo el centro de sus preocupaciones, aun cuando deba, naturalmente ocuparse, más allá de la biotecnología, de otras cuestiones relacionadas con los principios éticos fundamentales. 
Así, pues, su mandato no es tan amplio como algunos piensan. 
Por otra parte, por lo que se refiere más en particular a la directiva sobre las patentes, no voy a entrar en detalles, dado que el Comisario Monti hablará de ello mañana o un poco más adelante. 
El Parlamento Europeo acaba de terminar el informe y Sus Señorías tendrán tiempo de examinar juntos cuestiones relacionadas con las patentes. 
No quisiera yo mezclar las dos cosas. 
De momento, digamos que el grupo de trabajo que se ha constituido es pluralista e independiente. 
Tiene un mandato, pero es abierto y puede, por tanto, trabajar en relación con este Parlamento. 
Corresponde a este Parlamento decidir, por su parte, cuáles son los procedimientos más eficaces para poder someter asuntos al grupo. 
Por nuestra parte, el grupo desea asegurar a Sus Señorías que transmitirá directamente todos sus dictámenes a la vez al Parlamento y al Consejo. 
Por consiguiente, no hay filtro entre la Comisión y la labor del Grupo de ética tal como se acaba de constituir. 
Así, pues, su intervención pone fin a esta sesión de preguntas y respuestas. 
Convergencia y moneda única 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0130/98) del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el dictamen del Parlamento Europeo (C4-0201/98) relativo al informe de convergencia del Instituto Monetario Europeo y al documento de la Comisión titulado «Euro 1999-25 de marzo de 1998- Informe sobre la convergencia y recomendación correspondiente con vistas a la transición a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (COM (98) 1999- C4-0200/98). 
Señor Presidente, Señorías, en diciembre de 1991 se acordó, en el Tratado de Maastricht, la introducción de la moneda única. 
El Tratado fijó como fecha límite para la misma el 1 de enero de 1999. 
Sin embargo, se estableció que sólo se incorporarían al círculo más restringido de la Unión Monetaria aquellos Estados miembros que ya contasen con una moneda estable. 
A fin de garantizarlo, se enraizaron en el Tratado unos criterios concretos de estabilidad. 
Dichos criterios fueron objeto de intensos debates desde el primer momento. 
A unos les parecían demasiado tolerantes e ineficaces para alcanzar una estabilidad suficiente, mientras que los otros los consideraban, por el contrario, excesivamente rigurosos y restrictivos. 
La evolución que ha tenido lugar en los años transcurridos desde Maastricht hasta ahora demuestra que los criterios cumplieron extraordinariamente bien su objetivo. 
En el conjunto de la Unión Europea se está desarrollando una cultura de la estabilidad que es fundamental para el éxito de la moneda única. 
De conformidad con la recomendación de la Comisión, once países se han calificado para acceder a la Unión Monetaria el 1 de enero de 1999. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha examinado detenidamente dicha recomendación. El informe del Instituto Monetario Europeo ha sido una referencia muy importante para esta tarea. 
Mi objetivo era elaborar un informe lo más ponderado posible, que reconociera los éxitos indiscutibles que se han conseguido. Sin embargo, no por ello se han pasado por alto los aspectos criticables. 
El verdadero indicador de la estabilidad de una moneda es la tasa de inflación. Los bancos centrales orientados hacia el mantenimiento de la estabilidad también dan por sentado que unas tasas de inflación inferiores al 2 % son indicativas, en la práctica, de una estabilidad del valor del dinero. 
Yo tengo la impresión de que todavía no ha calado suficientemente en la conciencia pública que los once países candidatos presentan tasas de inflación inferiores al 2 % y, por lo tanto, una estabilidad del valor del dinero. 
En el año de referencia de 1997, cuatro países candidatos- concretamente Italia, Países Bajos, Portugal y España- registraron una tasa de inflación del 1, 9 %. 
En dos de ellos- Bélgica y Alemania -, ésta fue del 1, 5 %. 
Uno- Luxemburgo- registró una tasa de inflación del 1, 4 % y otro- Francia- del 1, 3 %, y otros tres- Finlandia, Irlanda y Austria- alcanzaron el 1, 2 %. 
La tasa media de inflación de los once países candidatos fue del 1, 5 % en el año de referencia de 1997. Lo cual indica que, con la perspectiva de la Unión Monetaria, en toda la Unión Europea se ha desarrollado ya una cultura de la estabilidad del valor del dinero. 
El nivel de los tipos de interés a largo plazo indica que los mercados creen que esta tendencia se mantendrá. Dichos tipos de interés se sitúan claramente por debajo del valor de referencia del 7, 8 % en los once países candidatos. 
Hace sólo un año, la Confederación de Bancos Hipotecarios Europeos todavía preveía que los tipos de interés para préstamos hipotecarios a diez años se incrementarían en el contexto de la introducción del euro. Esto no ha ocurrido. 
Lo cual también corrobora que los mercados financieros creen que el euro tendrá un comienzo estable y, por consiguiente, la estabilidad del euro en el momento de su entrada en vigor en enero de 1999 está garantizada en opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. 
No obstante, para que la estabilidad del euro sea sostenible a largo plazo es sumamente importante que los Estados miembros mantengan también unas condiciones de estabilidad en lo que se refiere a sus déficits presupuestarios y a la situación de la deuda. 
Por lo tanto, hemos verificado con especial cuidado el cumplimiento de dichos criterios. 
Los déficits presupuestarios son inferiores al 3 % del producto interior bruto en todos los países candidatos, y los presupuestos y las previsiones permiten esperar nuevas reducciones. 
La valoración no es tan inequívoca por lo que respecta a la deuda pública. El Instituto Monetario Europeo también señala claramente este hecho. 
En este caso, es preciso determinar si se ha cumplido el valor de referencia del 60 % del producto interior bruto o si la deuda total del país en cuestión evoluciona con suficiente rapidez hacia el mismo. 
En este contexto resulta significativo saber si las deudas se financian predominantemente mediante los recursos propios del país o si se recurre a una financiación a corto o largo plazo de los compromisos. 
En este sentido, debemos decir que los dos países con la deuda más elevada presentan al mismo tiempo una tasa de ahorro por encima de la media y que la financiación de los compromisos es en gran medida de carácter interno. 
Esto fue una consideración importante para emitir nuestro dictamen. 
La ampliación progresiva, aunque lenta, de los plazos de vencimiento también permite constatar que la evolución de la deuda estructural es favorable. 
El informe que presento hoy insta a los Gobiernos de esos países a que adopten compromisos concretos para profundizar en el proceso de consolidación. 
La propuesta de resolución que hoy se presenta al Parlamento pide asimismo que todos los participantes en la Unión Monetaria Europea respeten estrictamente el Pacto de estabilidad y crecimiento. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha valorado las circunstancias anteriores y se ha manifestado en favor de aprobar el dictamen positivo de la Comisión Europea por lo que se refiere al cumplimiento del criterio relativo a la deuda pública por parte de los once países candidatos. 
Otro criterio formal para la participación en la Unión Monetaria es la independencia del banco central de los correspondientes Estados miembros. 
Los procedimientos legislativos necesarios todavía no han concluido en todos los países candidatos. 
Yo tengo la confianza de que las medidas necesarias se habrán ultimado el 1 de julio de 1988, dentro del plazo establecido para la constitución del Banco Central Europeo. 
La evolución del desempleo no figura, de hecho, entre los criterios formales que establece el Tratado de Maastricht, pero, sin embargo, constituye en estos momentos el reto más importante al que deben hacer frente los países de la Unión Europea. 
Por esto, en nuestra valoración general también hemos incluido los aspectos del empleo y pedimos una transposición consecuente de los compromisos adquiridos en la Cumbre de Luxemburgo. 
Tras un examen de todas estas circunstancias, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial llegó por amplia mayoría a la conclusión de que los once candidatos deben estar presentes en la línea de salida de la Unión Monetaria el 1 de enero de 1999. 
El Banco Central Europeo asumirá el 1 de enero de 1999 la competencia exclusiva en materia de política monetaria. 
Una política monetaria única también hará, sin embargo, cada vez más necesaria una mayor cooperación en el ámbito de la política económica. 
La política presupuestaria de los Estados miembros, la definición de la política fiscal, las decisiones de las partes que negocian los niveles de los sueldos y salarios, las políticas relativas al mercado laboral y la constitución de un marco determinado de condiciones sociales y ecológicas tendrán repercusiones cada vez más importantes para el crecimiento y el empleo, y éstas se extenderán a todos los países miembros de la Unión. 
El Parlamento Europeo es el foro adecuado y democráticamente legitimado en el que debe desarrollarse el debate público sobre la definición de la política económica europea. 
Por esto, la exigencia más importante para nosotros será continuar profundizando el diálogo que ya mantenemos sobre este tema con la Comisión Europea, con el Consejo de Ministros y con los Ministros de Economía y Finanzas de los Estados miembros y establecer el correspondiente diálogo con el presidente del Banco Central Europeo. 
El Parlamento ya ha presentado nuestras propuestas al respecto. 
Ahora estamos a la espera de que el Consejo designe este fin de semana un candidato para la presidencia del Banco Central Europeo y que éste sea designado para la totalidad de los ocho años de mandato previstos en el Tratado de Maastricht. 
La introducción de la moneda única marca un hito en la historia europea reciente. 
Con la resolución que hoy se debate, el Parlamento Europeo emitirá su dictamen, tal como prevé el Tratado, sobre esta histórica decisión. 
Como corresponde a la extraordinaria importancia de la decisión debemos adoptarla con un amplio acuerdo parlamentario, ya que sólo de este modo podemos dejar patente que el Parlamento Europeo directamente elegido asume su responsabilidad en relación con el futuro de la Unión Europea. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, la resolución que lleva el nombre de Karl von Wogau representa un paquete, y los apartados 24 hasta 33 de dicha resolución constituyen una parte integral de dicho paquete. 
El hecho de que la opinión de la comisión haya sido incluida como un conjunto en la presente resolución es prueba de las buenas relaciones laborales que existen entre nuestras dos comisiones, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Ello demuestra nuestra preocupación común y nuestra interés como institución en hacer hincapié en la importancia de conectar las políticas macroeconómicas sensatas, por un lado, con una mayor coordinación de las políticas económicas y estructurales, por otro. 
Es evidente que eso debe quedar reflejado en la gestión global de la Unión Monetaria. 
Veo el reconocimiento de la importancia del crecimiento y del empleo, junto con la estabilidad, en las resoluciones del Consejo, y la inclusión de un capítulo sobre el empleo y de un nuevo procedimiento orientativo para el empleo en el Tratado de Amsterdam, como señales inequívocas de que la importancia de esta conexión global ha sido reconocida para la gestión de los asuntos de la Unión a medida que nos acercamos a la Unión Monetaria. 
En nuestra opinión, hacemos un llamamiento a los Estados miembros para que intensifiquen la coordinación entre la política económica y las políticas activas del mercado laboral, y para que aceleren la aplicación de las disposiciones del capítulo de empleo y las iniciativas aprobadas en la Cumbre extraordinaria sobre el Empleo de Luxemburgo el pasado noviembre. 
En particular, consideramos necesaria la creación de un marco favorable para las condiciones que fomenten la demanda interna y la inversión, por ser éstas de la máxima importancia. 
La Unión Monetaria no se alcanzará o no se mantendrá a costa de continuos niveles altos de desempleo. 
Esta Unión está basada en los principios de desarrollo sostenible y en un alto nivel de empleo. 
La importancia central de estos principios está claramente reconocida en la presente resolución y, como presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, me complace recomendar su aprobación a la Asamblea. 
Señor Presidente, en primer lugar, deseo agradecer al ponente su informe y la labor que ha realizado en la comisión. 
La votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, así como las negociaciones que hemos podido celebrar han permitido que cuando mañana votemos sobre el presente informe, obtengamos una amplia mayoría en la Asamblea. 
Es un momento muy importante para el Parlamento Europeo. 
Durante los próximos dos o tres días, el Parlamento Europeo será el único organismo democrático que será capaz de expresar opiniones sobre el importantísimo tema de la Unión Económica y Monetaria. 
En nombre del Grupo Socialista, debo decir de entrada, que acogemos con satisfacción las recomendaciones del Instituto Monetario Europeo y de la Comisión, en el sentido de que 11 países se integren en el primer grupo de la UEM el 1 de enero de 1999. 
Teniendo en cuenta los criterios de convergencia recogidos en el Tratado de Maastricht, ha sido un notable éxito para la Unión Europea. 
Fueron muchos los que, al ver los criterios de convergencia no dudaron en apoyar el Tratado de Maastricht, porque creyeron que sería imposible que los países de la Unión Europea alcanzaran este nivel de convergencia. 
Los 15 Estados miembros y, ciertamente los 11 que se incorporarán a la moneda única, han demostrado a los que dudaban que estaban equivocados, y es un testimonio de lo que puede lograrse en la Unión Europea cuando existe la voluntad política de trabajar unidos como una Comunidad. 
Actualmente tenemos unos niveles históricamente bajos de inflación y tenemos estabilidad de precios. 
Eso significa que cuando se cree la moneda única, tendremos ocasión de afrontar planes de mayor envergadura. 
Mi Grupo quiere que se garantice que cuando se establezca el Banco Central Europeo y cuando los 11 países creen la zona del euro, sin prejuicio de dicha estabilidad de precios, comencemos, con una cierta urgencia, a estudiar temas más amplios en el seno de la Unión Europea, sin olvidar la cuestión del crecimiento y el desempleo. 
Para convencer a los ciudadanos de la Unión Europea de que éste ha sido un proyecto que ha merecido la pena, el proyecto de la consolidación de nuestras economías, es fundamental que podamos demostrar que el proyecto de la UEM no es sólo una Unión Monetaria, sino una Unión Económica y una Unión Social, que, a largo plazo, traerá consigo reducciones del desempleo estructural y cíclico en toda la Unión Europea. 
También tenemos legislación para elaborar un presupuesto equilibrado- el Pacto de estabilidad y crecimiento. 
Quisiera decir al Comisario de Silguy que hemos alcanzado nuestra legislación en materia de un presupuesto equilibrado con mucho menos revuelo y excitación que los Estados Unidos de América. 
Eso significa que tendremos sostenibilidad en la convergencia. 
Mantendremos la estabilidad de los precios y mantendremos los déficits presupuestarios dentro de los niveles de contención, y espero que tengamos un presupuesto equilibrado a lo largo del ciclo económico. 
No obstante, en nombre de mi Grupo, quiero advertir que al aceptar la aplicación estricta del Pacto de estabilidad y crecimiento, estamos aceptando el pacto propuesto inicialmente durante la Presidencia irlandesa. 
No aceptaremos nuevos plazos y condiciones que provengan de algún Estado miembro en particular ni el viernes por la noche, cuando se reúna el Consejo Ecofin ni en ningún momento posterior. 
Tenemos un Pacto de estabilidad y crecimiento y aceptaremos la aplicación estricta de dicho pacto, pero ninguna otra medida para situar a las economías de la Unión Europea en una camisa de fuerza. 
Eso sería inaceptable. 
Por último, en relación con la Presidencia del Banco Central Europeo, el Grupo Socialista espera que este fin de semana sea nombrado un presidente del Banco Central Europeo y un comité ejecutivo. 
Esperamos que el presidente asuma su mandato por ocho años y no menos. 
Advierto que si la semana próxima se presenta al Parlamento Europeo un candidato que no puede comprometerse a cumplir íntegramente el mandato de ocho años, habrá un signo de interrogación sobre si mi Grupo deseará o no apoyar ese nombramiento. 
Señor Presidente, Señorías, apreciado Karl von Wogau, todos sabemos que sólo una moneda estable garantiza el bienestar y el empleo a largo plazo. 
Por esto, el Parlamento Europeo tiene que manifestar hoy de manera inconfundible que se toma en serio el Tratado, con todas sus disposiciones y criterios, y que los cumple rigurosa y estrictamente. 
Por consiguiente, es adecuado y necesario que el Informe von Wogau inste a dos de los Estados de la Unión a adoptar compromisos para consolidar su deuda pública global, de conformidad con el Tratado. 
La misma fidelidad al Tratado debe exigirse por lo que respecta al nombramiento del futuro presidente del Banco Central. 
Si el Tratado prevé un mandato de ocho años, esto también debe cumplirse al pie de la letra. 
Cualquier interpretación, cualquier manipulación de las disposiciones del Tratado es perjudicial y debe ser impedida por el Parlamento Europeo en su totalidad. 
También debe ponerse fin de inmediato al indigno tira y afloja en torno a la elección de la persona que ha de ser el nuevo presidente. 
Europa necesita confianza, Europa necesita claridad, precisamente en relación con los temas muy sensibles de la política monetaria. 
Sabemos que estos días el mundo entero está pendiente de la actuación de Europa justamente en relación con estas cuestiones. 
El estricto cumplimiento del Tratado es la mejor tarjeta de presentación para el nuevo euro. 
El euro no sólo se ha hecho acreedor de un buen comienzo, de un comienzo extraordinario, sino que también merece convertirse en una garantía global de estabilidad para todas las personas y en primer lugar para los europeos. 
Y podrá serlo si mañana aprobamos el Informe von Wogau con el menor número posible de modificaciones. 
Señor Presidente, Señorías, desde el 15 de abril el presidente Karl von Wogau sabe que nuestro Grupo apoya su excelente informe y que, por consiguiente, aprobamos la recomendación de la Comisión que establece el inicio de la tercera fase de la UEM en el 1º de enero de 1999, con once Estados miembros. 
Ésa es la razón por la que, sin extenderme sobre ese informe de un interés primordial y después de haber formulado las felicitaciones, muy merecidas, del Grupo UPE al Presidente Jacques Santer y al Comisario Yves Thibault de Silguy, así como a toda la Comisión, quisiera referirme a la absoluta necesidad de una estrecha participación del Parlamento Europeo en el proceso de control democrático del Banco Central Europeo. 
El euro es el resultado de las medidas adoptadas desde la designación por Antoine Pinay, el 21 de julio de 1952, de Jean Monnet como primer Presidente de la Comisión Europea del Carbón y del Acero, embrión de una Europa que no ha cesado de mejorar con los años y que concluye con la creación de la moneda única. 
Pero el fin de ese ciclo es también un comienzo. 
La moneda única abre una nueva era de la política monetaria, de la política económica y de la política social de Europa. 
Ésa es la razón por la que nuestro Grupo propugna desde hace varios años un nuevo orden económico europeo, ya que en materia de grandes equilibrios económicos y presupuestarios nada volverá ya a ser como antes. 
Por esa razón, deseo subrayar dos hechos extraordinariamente importantes relativos a la política francesa respecto del euro. 
En primer lugar, ésta se caracteriza, desde hace veinte años, por una continuidad muy marcada, que siempre ha sabido superar las divergencias partidistas. 
Así, tanto con la aprobación, en octubre de 1986, del Acta Única Europea como con el llamamiento en pro de la ratificación por referéndum, en septiembre de 1992, del Tratado de la Unión Europea, el Presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, comprometió resueltamente a Francia en el proceso de creación de la moneda única y, desde mi punto de vista, habrá aportado a Europa a ese respecto tanto como muchos políticos que ya han pasado a la posteridad. 
Ésa es la razón por la que tengo mucho gusto en proponer a nuestra Asamblea que haga suya la recomendación de la Asamblea Nacional francesa que el pasado 21 de abril, a petición de Valéry Giscard-d ' Estaing, gran europeo donde los haya, pues desempeñó en junio y julio de 1978 un papel fundamental, del que partió lo que ahora vivimos, propuso que se dotara a las instancias comunitarias de un comité parlamentario del euro una mitad de cuyos componentes serían diputados europeos y la otra mitad diputados nacionales, miembros de las comisiones de hacienda de los países miembros del euro y designados por el sistema proporcional. 
Dicho comité se pronunciaría periódicamente sobre las orientaciones de la política monetaria del Banco Central Europeo y completaría oportunamente el tríptico al que se debe el éxito de la construcción europeo, es decir, un equipo técnico de muy alto nivel encargado de la aplicación de la política común, pues el impulso procede del Consejo de Ministros, es decir, en este caso, el «Ecofin» en su forma mejorada, bautizada Euro X y cuya configuración está aún en elaboración y, por último, el control parlamentario, que desde la creación de la CECA ha permitido siempre a los diputados de las naciones de Europa participar en la política europea. 
Esa medida es totalmente indispensable para que los representantes de los países de Europa en el nivel de los parlamentos de las once naciones que entran en el euro, así como en el nivel de sus representantes encargados por el sufragio universal tanto en Estrasburgo como en Bruselas de defender el punto de vista de los pueblos de Europa, puedan participar plenamente en ese acto histórico que es la creación del euro. 
Señor Presidente, debo decir que no puedo evitar sentirme estupefacto ante la sugerencia del Sr. Giansily sobre lo que le gustaría al Sr. Giscard d ' Estaing. 
He oído muy poco de él desde que presidiera el Grupo de los Liberales y recibiera asilo político en el Grupo PPE hace algunos años. 
Me alegra saber que está vivo y se encuentra bien. 
En cuanto al tema que hoy debatimos, quisiera decir que nos espera un fin de semana de gran transcendencia para la Unión. 
Nos encontramos en el umbral de la realización de un objetivo político estratégico compartido, en la forma del lanzamiento de la UEM. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Donnelly en que la convergencia alcanzada es el firme reconocimiento de lo que la voluntad política y la voluntad política compartida pueden conseguir. 
Cuando nos encontramos en el umbral del lanzamiento de este proyecto irreversible, es importante hacer balance de algunos temas aún sin resolver. 
Quiero declarar, de la forma más clara posible, que el Grupo de los Liberales no sólo toma nota con pesar, sino con creciente irritación, de la incapacidad del Consejo de resolver la controversia en torno al nombramiento del presidente del futuro Banco Central Europeo. 
El Tratado no deja lugar a dudas. 
Los plazos del nombramiento son claros. 
La duración de ocho años del nombramiento es clara. 
Interferir en esto por razones políticas sería un comienzo pasmoso para este importante proyecto estratégico irreversible. 
Esperamos que el Consejo infunda confianza en este sistema y que no la debilite. 
Puede demostrarlo haciendo una elección estratégica clara este fin de semana, que sea conforme al Estado de derecho y al Tratado en cuanto a la duración del nombramiento. 
No se trata de defender el orgullo nacional. 
De lo que se trata, a todas luces, es de lanzar con éxito la moneda. 
Hemos celebrado un interesante debate en comisión con motivo de la elaboración del presente informe. 
Mi Grupo ha estudiado con gran interés la labor del Instituto Monetario Europeo. 
Ha señalado políticamente que no ha cesado la necesidad de la consolidación del presupuesto, sino que, ahora que nos encontramos a las puertas de este nuevo sistema, se ha profundizado. 
Políticamente, no podemos evitar asumir responsabilidades estratégicas. 
Me gusta el talante actual del informe von Wogau. 
Saludo el equilibrio y el liderazgo que Karl von Wogau le ha aportado. 
Cuando mañana votemos sobre este informe, apoyaremos la candidatura de los 11 Estados candidatos. 
Queremos un acuerdo que incluya a todos, pero no a cualquier precio. 
Señor Presidente, las potencias que dominan en la Unión Europea entran este fin de semana en la recta final para materializar la introducción del euro, la opción más importante del Tratado de Maastricht, la que va a ser moneda única a partir del 1 de enero de 1999. 
Tanto el informe de la Comisión Europea como el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo festejan y aplauden la convergencia lograda ignorando las consecuencias dramáticas que va a tener para los trabajadores y para amplias capas populares, es decir, el desempleo, la pobreza, la discriminación social. 
Como saben, los pueblos y los trabajadores no lo están ni festejando ni aplaudiendo. 
Posiblemente los festejos los continúen a partir del lunes los especuladores del mercado financiero, las bolsas internacionales y los representantes del gran capital, que van a ser los que lleven a cabo sus juegos especulativos ahora que cuentan una nueva y potente moneda que tantos sacrificios ha costado a los pueblos y que tanto ha mermado sus derechos. 
Los trabajadores no pueden hacer otra cosa que preocuparse y asistir con inquietud a los siguientes pasos. 
Los portavoces del capital para reforzar aún más al euro, y animados por el ya visible comienzo de la UEM, exigen un mayor endurecimiento de la política financiera, una aplicación inmediata del Pacto de Estabilidad y medidas de adaptación inmediatas en el mercado de trabajo y en el mercado de productos. 
Por desgracia, el Parlamento Europeo ha reservado para sí ese papel aceptando bastantes propuestas del informe Wogau, un informe que insiste en establecer a la UEM condiciones más severas que las de la Comisión Europea y las del propio Tratado. 
Señor Presidente, bajo tales condiciones, nuestro Grupo no puede votar a favor del informe von Wogau. 
Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es que los pueblos europeos no se van a quedar con los brazos cruzados y van a reaccionar luchando para invertir el rumbo de la marcha y van a abrir el camino hacia una Europa distinta, la de la democracia y el desarrollo social. 
Señor Presidente, una gran mayoría del Grupo de los Verdes se muestra de acuerdo con el planteamiento básico de la Comisión en el sentido de que hay once países que pueden emprender en este momento la creación de la moneda única. 
Con esta propuesta es posible asimismo evitar una situación en la que los países que conforman la espina dorsal de Europa podrían dejar al margen otros países fundamentales de la Unión. 
Nunca hemos apoyado esta circunstancia, por lo que estamos satisfechos de que el nacimiento del euro tenga lugar en un contexto de amplitud. 
Reconocemos la magnitud del proyecto ante el que nos encontramos y no queremos hacernos ilusiones. 
Es seguro que surgirán problemas, pero reconocemos también las posibilidades que puede ofrecer la moneda única. 
Deseamos que se construya una Unión Europea más social y más ecológica, y que se haga uso del euro para fomentar la estabilidad monetaria a nivel mundial. 
En numerosas ocasiones, el informe del Sr. von Wogau hace favorablemente hincapié en el empleo y en la política económica. 
Parece que se han dejado de lado un poco las prioridades económicas de los neoliberales más extremistas, y esta tendencia ofrece motivos para esperar que se pueda crear verdaderamente una Europa social. 
Resulta imprescindible estrechar la cooperación en materia de política económica con objeto de crear un verdadero contrapeso a la política de la moneda única. 
Sin embargo, este informe presenta también problemas. 
No podemos aceptar que se establezcan ahora, de repente, nuevas exigencias a los países que adopten el euro. 
Tampoco creemos que sea muy inteligente, y en absoluto aceptable, que se afirme que se debe aplicar rigurosamente el pacto de crecimiento y estabilidad. 
O se aplica o no se aplica, pero desearíamos preguntar qué se entiende por esta " aplicación rigurosa». 
En nuestra opinión, no es razonable transmitir señales de este tipo. 
Tampoco estimamos que, tal como se afirma en el informe, la evolución de la deuda estatal de Bélgica e Italia sea de por sí algo preocupante. 
Creemos que se ha avanzado en la dirección adecuada y confiamos en que continúe esta favorable evolución en ambos países. 
También representa un problema el hecho de que en el informe no se mencione el peligro del grave desfase que se puede registrar en el desarrollo económico de las distintas regiones de la Unión Europea. 
Es posible que se produzcan perturbaciones asimétricas, que podrían llevar a algunos Estados miembros a situaciones muy difíciles. 
Por este motivo, resulta indispensable crear para estos casos mecanismos que permitan aliviar con recursos de la Unión las dificultades a las que se enfrentarían algunos Estados miembros. 
Para finalizar, desearía decir que la política financiera no se puede desligar completamente de la política económica. 
Queremos hacer hincapié en que debe existir un diálogo entre ambas políticas, en el cual el Parlamento Europeo desempeñaría un papel de fundamental importancia. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial de este Parlamento, que tenía ante sí dos informes sobre la convergencia, el del IME y el de la Comisión Ejecutiva, había de pronunciarse esencialmente sobre los límites del primer círculo de participantes en el euro y, respecto de esa cuestión fundamental, el análisis de la comisión parlamentaria carece de la menor ambigüedad. 
Existe un acuerdo muy amplio a la hora de hacer constar, en primer lugar, los resultados de los Estados miembros en relación con el objetivo de convergencia y, además, a la hora de aprobar el acceso inmediato al euro de once Estados que lo desean y satisfacen globalmente los criterios establecidos por el Tratado de la Unión Europea. 
El informe del presidente von Wogau expresa claramente dicho acuerdo amplio sobre lo esencial y ésa es ya para nosotros una razón suficiente para aprobarlo. 
Los debates que ha propiciado han versado exclusivamente sobre elementos accesorios, que tal vez se hayan sobrevalorado por el hecho de que estuviéramos de acuerdo respecto de lo esencial. 
En todo caso, nos parece indispensable que de aquí a mañana se desplieguen todos los esfuerzos para garantizar una posición clara de nuestra Asamblea sobre lo que es, una vez más, lo esencial, es decir, el lanzamiento de un euro entre once. 
Por lo demás, quisiéramos indicar, con ocasión de este debate, algunas preocupaciones. 
La primera se refiere a lo que se llama control democrático del Banco Central Europeo, cuestión mencionada durante el debate del informe presentado por la Sra. Randzio-Plath. 
Hemos tenido ocasión de decir que el Parlamento Europeo era el órgano apropiado para dicho control, que se debe ejercer con respeto del principio de independencia del Banco. 
En cambio, nos inquieta la perspectiva de una multiplicación de los lugares y los procedimientos de control que se desprende de la lectura de ciertas enmiendas que se nos presentarán mañana y que establecen que el Banco Central Europeo debe rendir cuentas ante los parlamentos nacionales. 
Semejante desmultiplicación del control democrático, además de que sería inviable, afectaría al principio mismo y menoscabaría, en realidad, la construcción del proyecto de política monetaria única e independiente. 
Que los bancos centrales nacionales cumplan con su deber de información a los parlamentos nacionales es totalmente conveniente. 
En cambio, nos parece indispensable que el control democrático del Banco Central Europeo siga correspondiendo al Parlamento Europeo. 
Segunda preocupación, a la que voy a referirme rápidamente, pues ya se ha mencionado; se trata de la presidencia de dicho Banco Central. 
Por lo que a nosotros respecta, diremos simplemente que, para ser un instrumento legítimo y eficaz de un destino europeo común, el Banco Central Europeo no debe parecer en el punto de partida como algo compartido entre algunos. 
Y deseamos que el sábado se tenga en cuenta ese aspecto. 
El Sr. von Wogau menciona otras preocupaciones en su informe. 
Se trata de contrapesar la política monetaria única mediante otros instrumentos de acción económica. 
A ese respecto, deseamos que nuestro Parlamento y la Comisión vayan un poco más lejos que la fase a que ha llegado la reflexión común hoy y que se estudie la posibilidad de que, paralelamente a la aplicación de una política monetaria común, se pongan a disposición de la Unión en un futuro próximo instrumentos de acción económica comunes distintos de los monetarios, que se deberán encontrar en las esferas presupuestaria o fiscal. 
Señor Presidente, nunca en toda su historia ha participado Francia en una coalición en la que se encontrara en una posición hasta tal punto minoritaria. 
Afirmar que Europa aumenta el poder de Francia en el mundo no es sino un miserable intento de dar un tinte político a los parloteos de la vanidad y la necesidad de glorificación. 
Esta construcción ilegítima y artificial llamada Unión Europea es una agresión programada contra Francia, la soberanía del pueblo, las estructuras del Estado y de la sociedad. 
En fin, no todo está perdido, ya que algún día, cuando las fuerzas revolucionarias tomen el poder, un referéndum devolverá la palabra al pueblo para afirmar la superioridad de la ley francesa sobre los tratados europeos. 
Y será de justicia, pues sabido es con qué descaro, e incluso desprecio de los Tratados, afirman los eurócratas de toda laña que se respetan los criterios de convergencia. 
Poco importa, pues, la aplicación a Bélgica y a Italia del criterio relativo a la deuda pública global y, en el caso de este último país, del criterio relativo al déficit anual, que, al parecer, ha pasado en un año de 6, 7 % a 3 % con un crecimiento económico de sólo 1, 5 %. 
Increíble, ¿verdad? 
El pueblo francés, a quien se ha ocultado que el franco podría desaparecer completamente en 2002, sigue sin conocer esa maquinación, el mayor atraco del siglo: por los azares del calendario, ¡en plena elección presidencial! 
Los franceses sancionarán entonces a este presidente que, en lugar de realzar a Francia, la rebaja, con lo que traiciona la misión que se le ha confiado mediante el sufragio universal. 
A menos que, con un rapto de dignidad, someta a aprobación por referéndum la creación concreta de una moneda que hasta esa fecha no será esencialmente sino la unidad de cuentas exteriores del Estado. 
Señor Presidente, también en nombre de Alianza Nacional comparto el informe del Sr. von Wogau en la parte en que hace constar los innumerables esfuerzos realizados por los distintos Estados miembros para cumplir los criterios de Maastricht. 
Ahora bien, en este sentido, amplio sería el debate en torno a las medidas adoptadas y a lo que realmente deberá hacerse para que todos los sacrificios de estos años no se malogren y se pueda permanecer en la Unión de forma estable. 
En efecto, el énfasis de estos últimos días puede conducir, por un lado, a hacer olvidar que cada Estado, con un despliegue de grandes energías y capacidades, deberá saber adaptar a la moneda única su sistema de desarrollo y, por otro, a descuidar la necesidad de informar a los sectores económicos mayormente implicados y, a la vez, a los colectivos más débiles acerca de las ventajas y los riesgos reales del euro. 
No cabe duda de que es conveniente establecer la independencia del Banco Central Europeo en el desempeño de sus funciones, pero al mismo tiempo es imprescindible e importante que se lleven a cabo consultas periódicas con el Parlamento Europeo. 
Por lo que se refiere, además, a la segunda garantía en el proceso de adopción de la moneda única, vinculado al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, considero que la misma es necesaria a los efectos de la elaboración de presupuestos nacionales equilibrados a lo largo del ciclo coyuntural, con un tope máximo del 3 % anual. 
Estimo asimismo necesaria la definición de estrategias adecuadas, al objeto de solucionar el grave problema del empleo, en especial en las regiones europeas menos desarrolladas, tanto a través de políticas macroeconómicas apropiadas, dirigidas a contener la inflación, como a través de una mayor coordinación de las políticas estructurales europeas. 
El problema del empleo sólo puede solucionarse con medidas coordinadas que deben ponerse en marcha en cada uno de los mercados laborales nacionales tanto a través de la educación, seguida por una experiencia laboral o un aprendizaje posterior, como previendo una formación profesional centrada muy especialmente en la demanda de las empresas y en las preferencias del territorio. 
Asimismo, en la definición y estructuración del mercado único europeo, son indispensables el respaldo a las pequeñas y medianas empresas, así como la efectiva armonización fiscal, al objeto de no distorsionar la competencia. 
Por último, señor Presidente, en nombre del Grupo de Alianza Nacional, deseo reiterar la exigencia de que la Unión Monetaria represente un primer paso hacia la Unión Política, sin la cual Europa resultaría debilitada y privada de su propia vocación. 
Señor Presidente, con la posibilidad de que la Unión Monetaria se inicie el 1 de enero de 1999 se hace realidad un sueño: los pueblos europeos se hacen partícipes de un espíritu comunitario más amplio y de una mayor cooperación, que trasciende las formas que ha adoptado hasta ahora. 
Una vez aprobada la rigurosa verificación del cumplimiento de los requisitos para la participación en la Unión Monetaria y una vez examinados los informes del Instituto Monetario Europeo y de la Comisión Europea sobre la convergencia, el Parlamento Europeo se adherirá a las recomendaciones de la Comisión, sobre la base del informe del colega von Wogau, y apoyará la creación de una gran Unión Monetaria. 
Con la participación de once Estados miembros, ésta será realmente importante y promoverá un funcionamiento más eficiente del mercado interior. En efecto, integrará a 300 millones de personas, que constituyen un factor económico de peso y representan un enorme volumen de actividad económica, toda vez que alrededor del 20 % del comercio y el 20 % del producto social bruto mundiales se generan en este espacio económico. 
Es muy importante que se cree una gran Unión Monetaria el Parlamento Europeo se ha manifestado siempre en favor de la participación un gran número de Estados miembros en la Unión Económica y Monetaria Europea. 
No obstante, en algún momento también hemos llegado a dudar si la comunidad estable que ha de ser la Unión Monetaria Europea podría abarcar a tantos Estados. 
Afortunadamente, ha quedado demostrada una vez más la eficacia del enfoque europeo para avanzar en el marco de la integración europea: se establecen unas condiciones y se fija un calendario para su cumplimiento. Como resultado de este enfoque, un gran número de Estados miembros cumplen ahora los criterios de convergencia y esto también se puede verificar. 
Por consiguiente, el Parlamento Europeo puede anunciar hoy a la opinión pública europea con gran optimismo, sobre la base de un dictamen probado, que la Unión Monetaria Europea será una comunidad estable. 
Lo será porque las tasas de inflación históricamente bajas no son flor de un día, sino que, según consta, se han ido consolidando a lo largo de los años; porque la aceptación del proceso por los mercados financieros queda de manifiesto en los bajos niveles de los tipos de interés a largo plazo; y porque la estabilidad de los tipos de cambio también pone firmemente de relieve la seriedad con que han asumido sus obligaciones los Estados miembros y la magnitud de los esfuerzos políticos, económicos, en materia de política financiera y también de política monetaria, que se han realizado en los últimos años para alcanzar un resultado que conducirá precisamente a una gran Unión Monetaria. 
Este proceso tampoco tenía como único punto de mira el 31.12.1997, sino que ya había empezado a perfilarse en el primer examen de la convergencia, cuando tuvimos que declarar que la Unión Monetaria no podría ponerse en marcha el 1.1.1997. 
Entonces ya estaba claro que Europa haría un esfuerzo, que Europa era consciente del reto con que nos enfrentamos, que somos pequeños a escala global y que sólo los esfuerzos comunes, sólo la unión de nuestros esfuerzos puede conducirnos al éxito y a una cura de salud con vistas al próximo siglo, al próximo milenio. 
Por lo tanto, hoy podemos destacar que la Comunidad Europea será una comunidad de la estabilidad y que ha quedado patente que los procesos definidos en el pasado han quedado confirmados ahora. 
Justamente aquellos Estados miembros que han tenido que realizar especiales esfuerzos, porque la estabilidad no era una característica tan habitual de su política monetaria como en otros Estados miembros, se han comprometido también a demostrar una vez más en los planes financieros a medio plazo que se toman en serio no sólo los criterios monetarios de convergencia, sino también los fiscales. 
En este sentido la Unión Monetaria Europea nos une en una comunidad de solidaridad y de destino. 
¡El éxito que ahora hemos alcanzado tiene que seguir manteniéndose! 
Señor Presidente, deseo centrarme en el tema de la deuda pública: un tema importante en cuanto el nivel de la misma tiene una importancia directamente relacionada con el objetivo de garantizar a la zona euro un buen funcionamiento de los mercados financieros, en particular en lo que atañe al factor público de los mismos. 
Esto es fundamental para que el euro consiga solidez y credibilidad, a fin de que la moneda única produzca los efectos positivos que todos esperamos. 
La cuestión, por lo tanto, tiene que analizarse desde una doble vertiente: por un lado, la deuda no debe interponerse en las exigencias de solidez y credibilidad del euro, y, por otro, tiene que permitir que la zona euro se caracterice por un desarrollo elevado. 
A mi juicio, por lo tanto, es necesaria una evaluación del equilibrio financiero global de los varios Estados y de las perspectivas en la materia, cuyos elementos son, además de la deuda pública, la situación financiera del sector privado, la evolución del ahorro, la posición concreta respecto al exterior, así como el reciente comportamiento de sus mercados financieros. 
Lo que, en mi opinión, necesita la moneda única no es una visión estática y meramente contable, casi maniquea de la Hacienda Pública, sino la capacidad de conjugar el rigor fiscal y la perspectiva de desarrollo que sigue siendo la razón fundamental para llevar a cabo la Unión Económica y Monetaria. 
Por otra parte, con tasas de crecimiento elevadas y una tendencia a la reducción de la deuda, se va rápidamente en la dirección de satisfacer el criterio de la relación entre la deuda y el PIB. 
He querido ilustrar estos conceptos porque propuse tres enmiendas, incorporadas por el informe von Wogau, a los apartados 13, 14 y 15. 
Para terminar, señor Presidente, deseo insistir en el hecho de que el reto más importante al que nos enfrentamos en este momento es lograr demostrar que el rigor fiscal y la estabilidad que deberán caracterizar la zona euro, constituirán la base para implementar una política de desarrollo que sigue siendo el objetivo prioritario en pos del cual fue concebida la Unión Económica y Monetaria. 
Señor Presidente, Señorías, me encuentro entre los que apoyaron el informe del Sr. von Wogau en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y creo que, pese al voto ajustado, todos los puntos fundamentales de este informe merecen un amplio consenso. 
Suscribo la solemne ratificación que el Parlamento Europeo está a punto de dar a la decisión del euro con 11 miembros desde el 1 de enero de 1999 y esto no sólo porque Italia forma parte de él, sino también porque creo en el significado político de esta participación tan amplia en la Unión Monetaria. 
El Herald Tribune de hoy sostiene que con este paso ahora la Unión Europea va pareciéndose a un Estado federal: quizás exagera, pero el mensaje político es muy claro. 
A partir de ahora, el impulso político de la Unión Monetaria debe traducirse en un acicate para los Gobiernos de los Estados en favor de un ritmo acelerado de las reformas estructurales, una reducción del gasto público, una disminución de la presión fiscal, una reducción de las excesivas rigideces del mercado laboral, un esfuerzo de eficacia de los servicios y con esto pienso especialmente en el sistema bancario. 
Si estas orientaciones de los Estados miembros complementarán los objetivos de estabilidad de los precios y de la moneda del Banco Central, las empresas relanzarán las inversiones y, en consecuencia, el empleo. 
La puesta en marcha de la Unión Monetaria ha aprovechado el círculo virtuoso de los tipos de interés más bajos, que ella misma ha impulsado. 
Creo que, incluso sin imposiciones expresas, todos los Estados- y en particular los que se han beneficiado del descenso de los tipos de interés- deberán seguir actuando con rigor. 
Por último, me parece que, dentro de la satisfacción por esta histórica etapa de Europa, no debemos olvidar la necesidad de robustecer el control democrático en el equilibrio de las Instituciones europeas, a través del relanzamiento de la política y de las reformas institucionales de la Unión. 
Señor Presidente, señor Comisario, he constatado con mucha satisfacción que los portavoces de los grandes partidos se han pronunciado en este debate a favor de un nombramiento del presidente del Banco por ocho años. 
Creo que para la legitimidad del euro en el futuro es muy importante que se despierte la confianza de los ciudadanos y que no haya juegos políticos alrededor de este tipo de nombramientos. 
Por consiguiente, es de gran importancia que el Parlamento tenga el valor de pronunciarse con unanimidad. 
Y creo incluso que el Parlamento tiene en esto un papel pionero de cara al Consejo Europeo y dicho punto de vista incluso puede abogar por un reforzamiento de la legitimidad de este Parlamento, ya que tal vez este Parlamento actúe en esta cuestión mejor que el Consejo. 
Aunque no me gustaría incluir la intervención del Sr. De Gaulle, porque en el momento en que intervenía, tuve la sensación de que algunos partidos no pueden superar del todo el nacionalismo. 
Aparte de esto, quiero plantear una cuestión que hubiera preferido no plantear, pero parece que hay problemas en el grupo parlamentario socialista con el punto 16 del informe Von Wogau relacionado con la evolución demográfica. 
Como miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales he planteado estas cuestiones como ponente tanto sobre las pensiones como sobre la evolución demográfica y también las he vinculado al euro y sí recibí el apoyo de los socialistas. 
Me parecería extraordinariamente curioso que los socialistas votaran una vez en una dirección y otra vez en la otra dirección. 
Hago un llamamiento a los socialistas para que apoyen el punto 16 y todo el informe Von Wogau. 
Como punto final quiero decir que felicito al ponente por su informe. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, han comenzado los dolores del parto, el nacimiento del euro ya es imparable. 
Esta constatación indiscutible no nos debería hacer perder de vista, sin embargo, que la moneda común sigue siendo una criatura con riesgos, que requerirá urgentemente, si no una incubadora, sí al menos el entorno imprescindible de una reorientación socioecológica de la política económica europea. En vez de permitir que se convierta en el monstruo neoliberal de una moneda presuntamente apolítica, pero orientada, en realidad, unilateralmente en favor de los intereses de los propietarios de activos monetarios. 
Sin embargo, es necesario establecer también una distinción política entre dos cuestiones distintas, a saber, el proyecto de la plena realización del mercado único por medio de la Unión Monetaria Europea y el proyecto monetario neoliberal del dictado de los mercados financieros. 
Por suerte, podemos constatar que la primera fase de la avanzada monetaria neoliberal ha quedado en gran parte estancada. 
A ello contribuyeron de manera fundamental las luchas sociales que han desembocado en la elección de nuevos gobiernos, con un mandato distinto en materia de política europea, y en la apertura de un nuevo debate en Europa. 
Al gobierno reformista francés le corresponde un mérito central en el replanteamiento del debate sobre una nueva base. 
Los criterios de convergencia, concebidos inicialmente desde una perspectiva monetaria, se han aplicado con mucho más tino. 
El pensamiento de Tietmeyer no ha marcado el tono. La idea de un núcleo duro europeo ha chocado totalmente con la realidad. 
Ésta es una buena noticia que nos permite votar afirmativamente la puesta en marcha del euro con once Estados miembros. 
No obstante, también es necesario cortar el paso a cualquier intento de llevarle la corriente a un descaminado nacionalismo en favor del marco alemán jugando un triunfo escondido en el ámbito europeo. 
No se deben imponer exigencias adicionales a Bélgica e Italia y también debe abandonarse el propósito disparatado de reservar los beneficios extraordinarios para el saneamiento de la deuda y prohibir a los franceses y a otros países que lleven adelante su política de empleo. 
En efecto, cualquier otra cosa significaría que la introducción del euro se realizaría en realidad a expensas de los parados y esto es algo que no podemos apoyar. 
Necesitamos medidas correctoras- éste es un hecho reconocido -, necesitamos una política de empleo, necesitamos una coordinación eficaz de la política macroeconómica. 
Necesitamos un anclaje democrático del Banco Central Europeo y esto también requerirá probablemente alguna revisión de los Tratados. 
Tenemos que tener claro, señor colega Friedrich, que el Tratado debe cumplirse, ¡y punto! 
¡Sin matices adicionales! 
¡Pacta sunt servanda no es un salvoconducto para jugar un triunfo escondido cuando ya se ha cerrado la partida! 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero agradecer al ponente, Sr. von Wogau, este informe y al mismo tiempo formular a él y a los colegas que me están escuchando una crítica- una sola- y una recomendación. 
Permítanme esta pequeña crítica, a pesar de que me doy perfecta cuenta de la dificultad del trabajo que ha tenido que realizar la Comisión de Asuntos Económicos. 
Es evidente que nos encontramos ante un momento histórico de la construcción europea; nos encontramos ante un paso que, todavía hace pocos años, pocos meses, parecía imposible e inconcebible; nos encontramos ante el esfuerzo que realizaron muchos Estados para tratar de tomar este tren, para intentar dar cuerpo y forma a esta esperanza de que, gracias a la Unión Económica y Monetaria, puede alcanzarse- inevitablemente para quien cree en ella, para quien piensa en que éste es el proyecto del futuro- la Unión Política de Europa. 
Desde este punto de vista, algunos Estados tuvieron que esforzarse más, mientras que otros Estados se encontraron en situación- me refiero también al país del Sr. von Wogau- de tener que rendir cuentas con el tope del 3 % que de repente se convirtió en una dificultad también para los países que parecían los adalides del virtuosismo monetario. 
Ahora bien, en el momento en que la familia europea se encuentra ante este dato- ciertamente no faltarán ocasiones para volver a insistir en este punto- no estropeemos este momento dejando sin resolver y no disipando críticas, dudas y perplejidades que pueden crear dificultades con respecto a este o aquel país. 
Por ello, en mi opinión, se debería realizar una evaluación- que nosotros podemos hacer mejor que el Consejo Europeo, habida cuenta de que podemos expresarnos con independencia- para el conjunto de los Estados examinando a esos Estados que para alcanzar el 3 % quizás actuaron, según parece, de una forma no del todo transparente; sin embargo, en un documento que bien o mal debe ser muestra de la fuerte adhesión y del reconocimiento de los esfuerzos de los Once, no se puede ser más intransigentes con respecto a dos países- uno en especial, según veo- que con respecto a otros. Y no porque no sea justo decirlo, sino porque, a lo mejor, hay otras maneras de hacerlo. 
Por otra parte, queremos que este Parlamento siga siendo árbitro o, de cualquier modo, juez o interlocutor privilegiado del Banco Central en cuanto a la política que se llevará a cabo. 
Señorías, para terminar, considero que la recomendación o el augurio que hago con mi enmienda que exhorta al Parlamento a que pida al Consejo que nombre al Presidente durante este Consejo Europeo- un Presidente con un mandato de 8 años- es la recomendación que debe hacerse y la instancia que podemos ofrecer a los pueblos que representamos. 
Bien, después de la oración... , perdón, de la intervención del Sr. Martinez, corresponde ahora la intervención al Sr. Metten que tiene la palabra por el tiempo de tres minutos. 
Señor Presidente, hoy, como han recordado todos los oradores, es un día solemne, alguno ha dicho que casi religioso. 
Y el informe von Wogau subraya esta solemnidad con elegancia y sencillez. 
Pero el informe von Wogau subraya sobre todo que el euro es un salto adelante, un big- bang en este proceso de integración política del continente, integración que empezó hace 40 años. 
El informe von Wogau nos invita por eso a preservar la cultura de la estabilidad, a entablar un diálogo institucional, cuyo eje sea el Parlamento, para coordinar las políticas económicas, a reducir las diferencias fiscales, y- lo que es más importante- a hacer lo que sea necesario para preservar el Estado del bienestar, creando empleo y manteniendo las prestaciones sociales, que constituye la imagen de marca del modelo social europeo. 
Pero, señor Presidente, si yo en términos religiosos creo y en términos religiosos espero, quiero decir también que- y me van a permitir una referencia singular, puesto que soy el primero de los españoles que habla- hoy para nuestro país, para mi país, es un momento extraordinariamente importante. 
Cuando España históricamente dejó de mirar a Europa, se ensimismó, se volvió sobre sí misma, y empezó un largo proceso de conflictos civiles que acuñó en el mundo la imagen de las dos Españas. 
Cuando España volvió a mirar a Europa, siguiendo el magisterio, entre otros, de Ortega, fuimos capaces de hacer una transición pacífica, una reconciliación nacional, que culminó con nuestra incorporación a la Europa democrática. 
Hoy, España, a la que nadie esperaba en esta reducida familia de la moneda única hace escasamente dos años, ha hecho el esfuerzo religioso- porque «creer es poder» -de estar dentro. 
Yo por eso me felicito y termino diciendo que, como español- y como cristiano de religión sé tanto como el Sr. Martinez -, creo, espero y comulgo con lo que estamos haciendo. 
Señor Presidente, hace tan sólo ocho o nueve años, cualquiera que hubiese pensado en una semana como la que nos espera, hubiera pasado por visionario. 
Hoy hemos logrado que llegara a puerto el barco que contenía todos los productos indispensables para crear la moneda única: la confianza, la estabilidad, el compromiso común y la lógica colectiva que supera la individual. 
Como en todos los barcos que han llevado a cabo una larga travesía, se ha infiltrado y transportado también algún germen patógeno como la incertidumbre y el escepticismo que, sin embargo, estamos venciendo gracias a esa gran medicina que es la esperanza. 
Retomo las palabras del Sr. von Wogau- a quien le damos las gracias por el gran trabajo realizado- que en su informe dice textualmente: » Por primera vez desde los tiempos del Imperio Romano, los europeos utilizarán la misma moneda, desde Irlanda- que hoy ha sido feliz protagonista en este Pleno por la paz alcanzada- hasta el Mediterráneo. 
El mérito de todo esto, aunque queda mucho por hacer, no es sólo nuestro, sino sobre todo de quien creyó y trabajó en esto desde el principio. 
Nuestro Grupo, como ya sucedió en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos, apoyará el informe del Sr. von Wogau apreciando en el trabajo del presidente de la comisión precisamente la síntesis del trabajo realizado a lo largo de todos estos años por todas las Instituciones europeas, pero también y ante todo por los miles de desconocidos protagonistas de la vida cotidiana. 
La síntesis del pensamiento del Comisario señor de Silguy, a quien le agradecemos el ingente trabajo llevado a cabo y su paciencia, es: hemos creado el euro, ahora tenemos que crear Europa. 
Evidentemente, estamos de acuerdo con él, aunque debemos hacer todo lo posible para luchar contra los grandes problemas de la Comunidad; tenemos que hacer entender a los ciudadanos que Europa, hoy, es la moneda única, pero mañana será la unión política; por ultimo, debemos constituir el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, cuya composición ha de ser lo más lógica y heterogénea posible, con objeto de que se creen cuanto antes todas las condiciones necesarias para confiar al Banco Central Europeo la soberanía total e independiente en materia de política económica desde el 10 de enero de 1999. 
Hoy hemos creado la moneda única; significa mucho, muchísimo, pero no lo es todo. 
Ahora los ciudadanos europeos esperan grandes y urgentes cosas de nosotros. 
Nos piden que luchemos para lograr, también en el ámbito social, las victorias que estamos logrando en el ámbito económico, a fin de ayudar a solucionar los grandes problemas de todos los días. 
Entretanto, hoy podemos decir lo que dijo Gandhi: » Me conformo con un paso». 
Señor Presidente, Señorías, los informes de la Comisión y del Instituto Monetario Europeo sobre el paso a la moneda única siguen presos de los criterios financieros establecidos por el Tratado de Maastricht y, por esa razón, presentan un análisis totalmente superficial de la convergencia entre los países europeos. 
Hay que examinar mejor las realidades nacionales subyacentes para distinguir, más allá de los criterios financieros de convergencia, tres grandes criterios de divergencia. 
En primer lugar, la divergencia de las necesidades económicas de los diferentes países: los niveles de desempleo, los costos salariales, los tipos de deducciones obligatorias, las estructuras sociales y fiscales y las fases de los ciclos económicos difieren mucho de un país a otro. 
Al comienzo del año próximo, por ejemplo, el futuro Banco Central deberá aplicar el mismo tipo de interés a países al borde del recalentamiento y a otros en estado de crecimiento lento. 
En segundo lugar, la divergencia de las concepciones políticas. 
En vísperas del lanzamiento de la moneda única, siguen sin resolverse cuestiones esenciales para la gestión de la futura Unión Monetaria: por ejemplo, en qué consistirá el control democrático. 
Algunos quieren un control microscópico, como el establecido por el Tratado de Maastricht, con el pretexto de la independencia, e incluso de la soberanía, del Banco Central, según la extraordinaria expresión del informe von Wogau. 
Otros quieren instituir un control no establecido en el Tratado en el nivel del Parlamento Europeo, otros más quisieran un control parlamentario nacional. 
¿Quién vencerá al final? 
Vamos a saltar a la unificación monetaria con los ojos cerrados. 
Por último y sobre todo, la divergencia de las opiniones públicas. 
El proyecto de la moneda única no goza en los países europeos del consenso en masa que sería absolutamente necesario para su éxito. 
En ciertos países decisivos, la opinión pública es francamente hostil incluso. 
Por eso, el Grupo Europeo de las Naciones pide al Consejo que no se limite a los criterios financieros y tenga en cuenta un panorama global de la situación, como le autoriza el artículo 109J el Tratado. 
Pedimos al Consejo que tome conciencia de que hoy no es posible una unificación monetaria sin grandes riesgos en una zona como Europa, en la que coexisten pueblos distintos. 
Señor Presidente, Señorías, el informe de nuestro colega Karl von Wogau se sitúa en la perspectiva del avance forzoso hacia el euro impuesto a los pueblos europeos. 
Quienes se felicitan del éxito de la convergencia deben considerar a qué precio, desde el punto de vista del empleo, se han logrado esos resultados. 
La unión monetaria entre países dispares en materia de productividad provocará un aumento del desempleo en los países menos productivos y obligará a los demás países a pagar considerables transferencias de solidaridad, lo que provocará un aumento de la presión fiscal. 
Ese modelo ya se ha realizado históricamente en Alemania: desempleo en el Este y aumento de impuestos en el Oeste para subvencionar al Este, ése ha sido el resultado de la unificación monetaria alemana. 
La Comisión, en su informe del 25 de marzo de 1998, se vio obligada a reconocerlo. La cito: » Los costos excepcionales que ha entrañado la reunificación monetaria alemana siguen dejándose sentir gravosamente». 
Ahora bien, se quiso hacer la reunificación monetaria por razones políticas, que no voy a juzgar, sabiendo que tendría efectos perversos en la economía. 
Asimismo, en Europa el euro es resultado de una voluntad política de borrar todo lo que es nacional, sin consultar a los pueblos por referéndum y sea cual fuere el costo económico de la operación. 
Cuando los ciudadanos franceses comprendan que el poder de crear desempleo en su país estará situado en Frankfurt, la cohesión entre nuestros pueblos resultará menoscabada. 
Por lo demás, se juega con la democracia. 
El informe de nuestro colega dice claramente que la soberanía monetaria- emplea la palabra soberanía- estará en Frankfurt. 
Además, la soberanía presupuestaría y fiscal estará embridada por el Pacto de Estabilidad establecido. 
Desempleo y poder tecnocrático: eso es lo que se nos brinda. 
Dudo que los pueblos acepten semejante política. 
Se anuncia la prosperidad y la democracia. 
Pero se va aumentar la injusticia del desempleo y se va a mantener la ficción mentirosa de una democracia de fachada, que oculta cada vez más el poder real de los tecnócratas apátridas. 
Como dijo el gran orador griego Demóstenes, ningún poder injusto y mentiroso puede durar mucho tiempo. 
Eso es lo que preveo yo para los gobernantes actuales, que quieren forzar a los pueblos de Europa privándolos de su soberanía nacional. 
Señor Presidente, Señorías, antes incluso de que se realizara, la Unión Monetaria ha dado ya resultados espectaculares. 
Ha obligado a los Estados miembros a poner orden en sus finanzas públicas. 
No era algo evidente en el punto de partida. 
Y ha colocado el sistema monetario europeo al abrigo de las grandes turbulencias financieras que han afectado a los países del Extremo Oriente. 
Ha sido la primera vez que una crisis de semejante amplitud no se ha materializado en un ataque a las monedas débiles, como la libra o el franco francés o el franco belga, y en una subida del marco alemán, valor refugio en esos casos. 
Además de los numerosos argumentos que se repiten regularmente a favor del euro, hay uno que muy raras veces se menciona y que aún no he oído hoy: la recuperación de la utilización de un instrumento monetario hoy completamente congelado por la necesidad de mantener la estabilidad de los tipos de cambio intracomunitarios bajo la altanera tutela de los mercados. 
La repercusión de dichos tipos afecta hoy a la mitad del PIB europeo. 
Después de la Unión Monetaria, ya sólo afectará al 10 %. 
El que era privilegio extraordinario de los Estados Unidos podrá llegar a ser el de los europeos, si éstos quieren. 
El mejor medio de afrontar el imperativo de la mundialización es el de devolver al poder político la capacidad de librarse de la tiranía de los mercados. 
Que los comunistas y el Frente Nacional se encuentran unidos hoy en una nostalgia que da la espalda al estado del mundo no es de extrañar. 
Nuestro talentoso bufón público, el humorista Martinez, ha merecido la réplica que se le da y que veo hoy en un editorial de Claude Humbert: » Los antiguos compadres enemigos se vuelven a encontrar siempre en el batiburrillo nacionalista bajo las efigies invertidas de Marx y Déroulède. 
Rojo y blanco, es el tiempo de las cerezas y la vieja Francia de las fronteras y del clarín». 
Señor Presidente, Señorías, el informe en torno al cual tenemos que expresar nuestra opinión, independientemente del aspecto del mayor o menor rigor con respecto a uno u otro Estado miembro, supone la aprobación de la próxima decisión intergubernamental acerca de la entrada en funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. 
Los electores que aquí represento, expresan a través de mi persona su contrariedad con respecto a esta Europa que está a punto de nacer y que representa una tomadura de pelo propiamente dicha para el sistema productivo de Padania. 
En su momento, la fijación de los criterios de convergencia desencadenó, dentro de cada uno de los Estados miembros, una carrera hacia al saneamiento de las cuentas, con frecuencia más aparente que real. 
El Estado italiano, en particular, logró convertir en creíbles sus cuentas, más o menos maquilladas, gracias a un fuerte crecimiento de los ingresos fiscales, obtenido a través del endurecimiento de la presión fiscal en perjuicio de los sectores productivos. 
Ahora la permanencia en Europa requerirá apretar más las tuercas y esto debilitará aún más, si cabe, la capacidad competitiva del sistema. 
La competencia tanto dentro como fuera de la Unión Europea se frota las manos pensando en que los empresarios de Padania estarán obligados a luchar en un mercado cada vez más competitivo soportando sobre sus espaldas el peso del asistencialismo estatal, de la clase política nacional italiana y del Sur. 
Es evidente que en Padania, es decir dentro de una comunidad de pueblos consciente de sí misma, se van a producir tensiones de alcance imprevisible y no es un misterio para nadie que Padania haya ya emprendido un camino institucional que la llevará a su independencia. 
Considero, por lo tanto, que estos pueblos, que nadie consultó acerca de esta Unión Monetaria, pronto harán valer el peso de su opinión. 
Señor Presidente, el que estamos a punto de dar es un paso histórico propiamente dicho, que separa netamente el antes y el después. 
Asimismo es un paso cargado de problemas: no los que cierta santurronería denuncia en la sostenibilidad de la deuda de los Estados que están empeñados desde hace años en un saneamiento financiero creíble, irreversible y sin milagros- Italia ya hizo su milagro cuando de un país pobre y atrasado, se convirtió en la quinta potencia económica del mundo- sino más bien los problemas de un vacío político entre la transferencia de la soberanía monetaria y la rígida conservación de las soberanías fiscales y políticas nacionales. 
Hará falta llenar este vacío. 
Tras la adopción de la moneda única, nada será como antes en Europa. 
Hoy podemos medir el dramática fisura que se hubiera abierto en la Unión entre los Estados del núcleo duro que coincide prácticamente con la zona marco, y los países relegados a una periferia ansiosa e inestable. 
Ahora se trata de que todos andemos el camino del desarrollo que la Unión Monetaria indica: consolidación de la estabilidad, garantía de responsabilidad democrática del Banco Central Europeo, construcción de una política macroeconómica de la Unión, fortalecimiento democrático de sus Instituciones políticas. 
Un insigne economista americano, conocido por sus predicciones equivocadas, ha visto en el futuro del euro incluso la amenaza de guerras fratricidas entre los Estados europeos. 
Nosotros, cuando estamos a punto de votar el euro, vislumbramos un futuro de solidaridad entre los pueblos de Europa y un equilibrio más razonable respecto al dominio del dólar. 
Felicito al Sr. von Wogau por los esfuerzos que ha realizado en la elaboración del presente informe. 
Los miembros británicos del Grupo del Partido Europeo de los Liberales sentimos una gran admiración por su presidencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Por ello nos pesa tener que abstenernos sobre este informe. 
Lo hacemos, en primer lugar, porque el Reino Unido no será miembro fundador de la Unión Monetaria. 
Es un hecho que, como saben los diputados, personalmente lamento muchísimo. 
Pero considero acertado manifestar que la esperanza del Gobierno británico de que es posible estar en el corazón de los asuntos europeos y, al mismo tiempo, eludir la resolución de la participación británica en la UEM es una ilusión peligrosa. 
También deseamos manifestar, a pesar de que comprendemos el deseo de este Parlamento de alcanzar el apoyo más amplio posible a este informe, que su logro ha sido a costa de negar las serias dificultades futuras a las que deberán hacer frente los gobiernos participantes a la hora de gestionar las finanzas públicas conforme al pacto de estabilidad. 
No debe existir ninguna duda acerca de que los miembros británicos del Grupo del Partido Europeo de los Liberales deseamos que la Unión Monetaria sea un éxito. 
Personalmente, he dedicado buena parte de mi tiempo en este Parlamento a la creación del euro. 
Desde esta perspectiva, apoyamos los esfuerzos del ministro de Finanzas Waigel en su deseo de obtener mayores garantías de todos los gobiernos miembros de que gestionarán unos presupuestos equilibrados a lo largo del ciclo y reducirán la deuda histórica hasta el 60 % del PIB. 
Ojalá que el Parlamento Europeo hubiera apoyado más al Sr. Waigel. 
Es una pena que en el Grupo Socialista y en otros grupos haya habido algunos que han atacado la independencia absoluta del Banco Central, que fue la piedra angular del Tratado de Maastricht, y que sean reacios a potenciar nuestra visión general de los acuerdos presupuestarios de los Estados miembros. 
Es especialmente lamentable, ya que brindaría la posibilidad de una cooperación seria entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Ahí radica la mejor ocasión de corregir el déficit democrático. 
Por mi parte, estoy absolutamente convencido de que el euro de los Once será un éxito a largo plazo. 
Ese éxito podría entrañar dificultades en los mercados, porque hoy hemos elegido unos términos más suaves de lo que hubiera sido conveniente. 
Señor Presidente, los esfuerzos de nuestros Estados miembros para reducir sus déficits presupuestarios, restringir considerablemente su deuda global y consolidar los presupuestos públicos han dado fruto. 
Los responsables políticos y económicos no son los únicos que se han empleado a fondo, como revelan los niveles históricamente bajos de las tasas de inflación y los tipos de interés a largo plazo. 
Las ciudadanas y ciudadanos han asumido las restricciones con la clara conciencia de que Europa sólo podrá ser competitiva y aspirar a un futuro si mantiene de manera consecuente una trayectoria de estabilidad. Esta trayectoria sólo será consistente- como se expone en el ponderado informe de Karl von Wogau- si se garantiza que los criterios de convergencia seguirán cumpliéndose a largo plazo. 
Por esto es necesaria una rápida transposición del Pacto de estabilidad y crecimiento y su cumplimiento debe ser vigilado por el Banco Central Europeo, cuya independencia y competencias como máximo garante de la moneda no deben modificarse ni en una coma. 
En nuestra calidad de parlamentarios libremente elegidos, nosotros seremos sus interlocutores. 
Nuestros ciudadanos, que no manifiestan la menor comprensión hacia los juegos de poder tácticos en el forcejeo por el puesto de presidente del BCE, así lo esperan. 
Ellos esperan que, gracias a la fortaleza del euro, que no es el fruto enfermizo de un parto prematuro, se incrementen las inversiones y se genere un nuevo crecimiento que promueva el empleo y permita reducir el paro. 
Esperan una mejor coordinación de las acciones y medidas que se comprometieron a adoptar los Estados miembros en la Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo, en el marco de la política económica y estructural. Esperan que se agilice la aplicación de las iniciativas de políticas activas en el mercado laboral, y que una mayor formación inicial, profesional y continua permita responder a la demanda de trabajadores cualificados. 
Con este paquete global de medidas, nuestras ciudadanas y ciudadanos se identificarán con Europa, como una nueva patria, y con el euro. 
Señor Presidente, distinguido Sr. von Wogau, Señorías, cuando regresé la última vez a Austria después de la sesión de Estrasburgo me alegré sobremanera por la desaparición de la barrera fronteriza entre Alemania y Austria. 
Cuando esta vez regrese a Austria desde Bruselas, tendremos un tipo de cambio fijo entre el marco alemán y el chelín austriaco, y también con el franco belga y en relación con el conjunto de los once Estados. 
Esto supondrá enormes ventajas inmediatas para nuestras empresas. 
Habrán desaparecido los riesgos cambiarios, los cálculos podrán ser más adecuados y más exactos, y a partir de la semana próxima ya disfrutaremos de esta ventaja. 
Luego, el 1 de enero tendremos una moneda única. Esto también supondrá considerables ventajas, no sólo para los balances de las empresas, sino también por lo que se refiere a la posibilidad de comparar entre las distintas ofertas, y esto mejorará la competitividad de Europa. 
¿Quién hubiera creído, cuando empezamos a debatir sobre el deseo y la necesidad de contar con un euro, que once países participarían en él de entrada? 
Los pesimistas hablaban de seis o siete países. 
Hoy son once y mi pronóstico es que para el año 2002 seremos quince. 
Yo creo que ninguno podrá permitirse permanecer al margen y tendremos que procurar ayudar también en este aspecto a los países que aspiran a la adhesión. 
Nos aguardan grandes tareas y yo estoy orgulloso de que éstas se estén cumpliendo aquí en Europa. 
Señor Presidente, al entrar en Bruselas estos días, se pueden ver carteles con el lema «Seamos concretos y positivos» a propósito de un partido político belga. 
Me gusta mucho ese lema por su carácter razonable y mesurado. 
Es el espíritu que hay que tener- creo yo- a propósito de la Unión Monetaria, frente a la demagogia nacionalista y el catastrofismo de la extrema izquierda, que se desata contra esta Unión Monetaria. 
Por eso quisiera recoger ese lema. 
Sí, seamos positivos a propósito de la Unión Monetaria. 
Como se sabe, los socialistas votaron contra el informe del Sr. von Wogau en comisión, no por el excelente trabajo del ponente, sino por ciertas enmiendas que se votaron en comisión y que recargaron la barca. 
No creo que el Parlamento Europeo deba ser más ortodoxo que el más ortodoxo de los presidentes de bancos centrales. 
Sí, hay que respetar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; en nuestro informe se añade: " rigurosamente». 
Puedo proponer a Sus Señorías un montón de adverbios: formalmente, absolutamente, claramente, sinceramente, exactamente, y me quedo corto; son efectos de estilo, gesticulaciones que nada aportan. 
Los socialistas quieren ser positivos y quieren votar a favor del informe del Sr. von Wogau, a condición de que se apruebe un criterio riguroso y razonable en materia de respeto de la estabilidad. 
Creo que al final se ha logrado. 
También queremos ser concretos. 
La situación actual, en el plano financiero y monetario, brindan muchas posibilidades. 
Se debe al avance hacia el euro y el euro ha creado ya y va a crear nuevas posibilidades para responder a los azares coyunturales y crear empleo. 
También va a profundizar en la unión política y hacer retroceder a los nacionalismos guerreros. 
Tengamos, pues, señor Presidente, la firma voluntad de utilizar esas posibilidades. 
Seamos positivos y concretos ante la enorme oportunidad que nos brinda el euro. 
Permítanme rebatir la indicación de John Stevens de que el Grupo Socialista se muestra poco firme con respecto a la independencia del BCE. 
No es cierto, pero estamos empeñados en que la transparencia democrática del banco esté garantizada. 
En unos momentos en que nos disponemos a tomar decisiones históricas para Europa y la introducción del euro, deberíamos dar un paso atrás y contemplar y celebrar el notable logro de los once Estados miembros que se han calificado para la UEM. 
El benigno panorama de baja inflación y de bajos tipos de interés es un sonoro tributo a los países que se incorporarán a la UEM. 
A veces los comentaristas no alcanzan a ver el bosque a causa de los árboles; dos países, en particular, se han destacado por la febril atención a la sola cuestión de la adecuación de su deuda pública a los índices del PIB. 
Una lectura estricta del Tratado de Maastricht les permite calificarse, según han verificado la Comisión, el IME y el Tribunal Federal alemán, un augusto organismo que no debe nada a nadie. 
Contamos, asimismo, con la protección que ofrece el Pacto de estabilidad y crecimiento, que garantizará la sostenibilidad de esta rectitud fiscal, y con la promesa de Bélgica e Italia de que seguirán consolidando sus índices de deuda pública. 
Ha llegado el momento de que apartemos nuestra mirada de las minucias de los criterios de convergencia. 
Dirijamos nuestra mirada a las cumbres soleadas del euro que nos llaman cada vez con más fuerza. 
El premio de oro, que es nuestro, es un mercado único europeo dinámico, que se ha visto acelerado con la introducción de la moneda única. 
Ese mercado, el mayor del mundo, ofrecerá puestos de trabajo y prosperidad a nuestros pueblos, y no olvidemos nunca que tenemos el mercado para crear la moneda en beneficio de la población de Europa, y no al revés. 
En un futuro no muy lejano, cuando Gran Bretaña surja del estado de desánimo en que le han dejado los años de Thatcher y Major, el Reino Unido se unirá asimismo a la larga marcha de Todos hacia el lugar soñado. 
También nosotros aplicaremos la moneda única en un mercado único en nuestra singular Europa. 
Señor Presidente, muchos de nosotros aguardamos con expectación y algunos con entusiasmo- como estamos viendo- las decisiones que se adoptarán estos próximos días en Bruselas. 
Sin embargo, un gran número de ciudadanos de la Unión espera la introducción del euro con escepticismo y también con preocupación. 
El hecho de que sólo tres países candidatos se sitúen por debajo del 60 % en lo que se refiere a la deuda global y que dos de ellos superen el 120 % resulta en realidad sumamente preocupante. 
Ello obliga a señalar con mayor claridad que nunca, como hace el informe del Sr. von Wogau, la absoluta necesidad de un estricto cumplimiento del Pacto de estabilidad y crecimiento por parte de todos los participantes en la Unión Monetaria Europea. 
El Parlamento Europeo debe exigir la garantía de que el euro será tan estable como la más estable de las monedas a las que reemplazará. 
Yo quisiera utilizar el minuto escaso del cual dispongo para felicitar personalmente, con toda la objetividad, al Sr. von Wogau por el presente informe y por la ponderación con que ha realizado su trabajo. 
Señor Presidente, Señorías, en vísperas de un Consejo Europeo histórico, ya que los Jefes de Estado o de Gobierno van a decidir el lanzamiento de la Unión Económica y Monetaria, el excelente informe del presidente von Wogau nos permite apreciar el camino recorrido. 
Sepamos por una vez alegrarnos de ello y yo me felicito de la muy favorable acogida dada a la recomendación de la Comisión, que propone once Estados miembros. 
En efecto, durante este largo debate, en el que han intervenido unos cuarenta diputados, no he oído críticas sobre la calidad del trabajo de la Comisión ni sobre el propio contenido de sus propuestas, aun cuando el debate sobre la política económica sea un debate amplio y abierto, cosa normal en democracia. 
Hago mías las opiniones del Sr. Giansily, la Sra. Randzio-Plath, el Sr. Rübig, el Sr. Harrison y la Sra. Berès, que han vuelto a situar el debate en perspectiva, y en una perspectiva- creo yo- histórica, ya que se trata, en efecto, del resultado de esa gran realización por la que Europa trabaja desde hace 40 años. 
Constituye una gran satisfacción ver el trabajo realizado. 
¿Quién habría podido imaginar semejante resultado hace tan sólo un año e incluso tal vez en esta Asamblea misma? 
Este resultado no es fruto del azar e, independientemente de los notables esfuerzos hechos por todos los Estados miembros en materia de convergencia, este éxito es fruto de una voluntad política común de respetar las condiciones y el calendario establecidos por el Tratado de la Unión Europea. 
A ese respecto permítanme Sus Señorías, puesto que el debate ha sido general, que vuelva también yo a referirme al método que ha propiciado este éxito y que merece reflexión, antes de formular algunas observaciones, algunas enseñanzas, para la tarea no menos importante que nos espera ahora. 
En efecto, hoy no debemos centrarnos en el 2 de mayo, sino en la fase posterior al 2 de mayo. 
El euro no debe ser un niño con problemas, sino que mañana será un recién nacido y debemos velar por su desarrollo armonioso y equilibrado. 
De modo que la llegada del euro es, ante todo, el éxito de un método que ha descansado en primer lugar en una voluntad política. 
Sin dicha voluntad política nunca habría podido dar resultado semejante empresa. 
Ha sido la garantía esencial de una realización única en la historia europea. 
Desde 1995 todos los Consejos Europeos han expresado, contra viento y marea, esa voluntad inquebrantable de los Jefes de Estado o de Gobierno. 
Han sabido sacar de ella las consecuencias políticas y prácticas para cada uno de ellos a fin de llevar a cabo, por ejemplo- y era importante -, el saneamiento de sus finanzas públicas y reducir su déficit a un nivel inferior al 3 %. 
Y creo que esa misma voluntad política es la que me permite decir hoy a Sus Señorías que los estatutos de los bancos centrales nacionales, que, hace tan sólo un mes de que no eran aún, según el informe de convergencia, conformes, hoy sí que lo son. 
Los cuatro países de que se trataba- Austria, España, Luxemburgo y Francia- han concluido- o en el caso de Francia concluirá esta noche- los procedimientos legislativos parlamentarios que permiten la armonización de todos los estatutos de los bancos centrales. 
Respecto del Banco Central Europeo, ya que varios de Sus Señorías han mencionado esa cuestión, quisiera decir, a fin de disipar todo posible malentendido, si lo hay, que, para la Comisión, se debe aplicar el Tratado estrictamente. 
El Consejo no puede dividir un mandato en dos, debe designar un presidente para todo el mandato establecido por el Tratado. 
Dejemos que los Jefes de Estado o de Gobierno hagan su trabajo, ya que ellos son quienes tienen el cometido de decidir. 
El Sr. Friedrich ha dicho a ese respecto antes: » Europa necesita confianza». 
Pues bien, creo que la confianza estará presente, naturalmente, en la cita, cuando los Jefes de Estado o de Gobierno hayan designado por unanimidad al presidente del Banco Central Europeo y a los miembros de su dirección. 
El segundo elemento importante en el método es la convergencia. 
Voy a tomar un solo ejemplo, Sus Señorías conocen las cifras tan bien como yo: el saneamiento de los déficit públicos. 
He de recordar, no obstante, que la media del déficit público recomendado por los once países era del 5, 5 % en 1993 y que en 1997 se redujo al 2, 5 %. 
Tengo el deber de decir, en particular a los diputados de los Grupos situados en la extrema derecha de este hemiciclo, que no se han manipulado esas cifras, sino que se han verificado, que son verídicas. 
Como representante de la Comisión, no puedo aceptar la menor sospecha sobre la calidad del trabajo que se ha hecho, en particular en materia estadística y en relación con los elementos que se han transmitido a Sus Señorías para permitirles formular también su juicio. 
Así, pues, este resultado, tanto más impresionante cuanto que la coyuntura ha sido poco favorable, quiere decir que el saneamiento de las finanzas públicas se ha hecho esencialmente gracias a una reducción efectiva de los gastos: de una reducción del 3, 7 % correspondiente al conjunto de los Quince, la reducción de los gastos ha representado el 2, 8 %. 
Como ven Sus Señorías, ha sido, pues, la reducción de los gastos la que ha permitido en gran medida alcanzar esa reducción de los déficit públicos, mucho más que la coyuntura, mucho más que las «one off measures» , que se han transformado en medidas definitivas, mucho más también que el aumento de los ingresos. 
Por eso decimos que el saneamiento de las finanzas públicas es duradero y los mercados han reconocido el carácter duradero de esta convergencia. 
No he oído hablar mucho de la durabilidad de la convergencia durante el debate y ésta me parece un elemento esencial para el paso a la moneda única. 
Los mercados lo han hecho constar, pues los tipos de interés están hoy en un nivel históricamente bajo. 
Ello me permite decir que ya existe en Europa una familiarización con la estabilidad y que ahora conviene consolidarla, es decir, cumplir sin demora los compromisos subscritos en Amsterdam, y sin añadir- se lo aseguro, señor Donnelly- nuevos compromisos. 
Tercer elemento del método: la preparación sistemática de la llegada del euro. 
Quisiera, de todos modos, recordar a Sus Señorías, en particular porque desde hace tres años y medio hemos trabajado mucho juntos, la extraordinaria labor que hemos llevado a cabo todos juntos en materia de reglamentación jurídico-técnica, labor meticulosa, indispensable para el buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. 
En efecto, para garantizar desde el principio una buena moneda, era necesario un buen marco jurídico, un buen marco reglamentario. 
Era un elemento esencial de su credibilidad y, para ello, debíamos garantizar, con la anticipación necesaria, la visibilidad y la legibilidad que los operadores necesitaban para prepararse a tiempo. 
Hoy es cosa hecha y esta Asamblea ha contribuido en gran medida a ello. 
En esa labor de preparación, debo mencionar también la notable labor llevada a cabo por el Instituto Monetario Europeo, que dentro de pocos días verá su plasmación en decisiones que adoptará el Banco Central Europeo. 
Por último, cuarto elemento del método- y me asombra no haber oído hablar más de él esta noche -: la movilización de las fuerzas vivas de Europa. 
¿Acaso habríamos alcanzado semejante movilización sin la iniciativa adoptada, en particular por esta Asamblea, de llevar a cabo sin demora, desde 1996, una acción de información concreta en todos los Estados miembros? 
Hoy la movilización de las administraciones públicas europeas, nacionales, regionales, locales, los bancos, las empresas, los interlocutores sociales, se ha debido en gran medida a esa iniciativa adoptada conjuntamente por esta Asamblea y por la Comisión. 
Con todo esto quiero decir que, desde mi punto de vista, debemos enorgullecernos de ello. 
¿Por qué no habríamos de hacerlo por una vez? La realización del euro ha sido un modelo de cooperación interinstitucional. 
Ésta deberá proseguir, desde el día siguiente al del Consejo Europeo, para garantizar el control democrático que muchos de Sus Señorías han mencionado antes y que debe contribuir lo más eficazmente posible al crecimiento y al empleo, pues ése es sin duda el objetivo de la UEM, pero también de la Unión, en vísperas del nacimiento del euro. 
En este segundo aspecto quisiera insistir ahora un poco para comunicar a Sus Señorías mis observaciones sobre lo que debe ser, a mi juicio, nuestro plan de ataque, nuestro orden del día de trabajo, para los próximos meses. 
En primer lugar, la continuación del saneamiento presupuestario. 
La recuperación del equilibrio de las finanzas públicas a medio plazo es la única forma de liberar el ahorro para la inversión creadora de puestos de trabajo y de recuperar márgenes de maniobra presupuestarios, por eso es el objetivo fundamental del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento, pero han de saber Sus Señorías que, en comparación con el nivel de déficit actual de la Unión Europea- 2, 5 %-, recuperar el equilibrio significa liberar prácticamente 150.000 millones de euros en provecho de la inversión. 
Y creo que se debe aprovechar, por tanto, el período actual de crecimiento económico para acelerar la consolidación presupuestaria. 
No dilapidemos lo conseguido: se debe proseguir el esfuerzo de saneamiento. 
Ya se ha hecho lo más duro, Europa está recogiendo ya los frutos, no aflojemos en nuestros esfuerzos. 
Asimismo, en este marco, insisto, en respuesta a la Sra. Berès, en la importancia de la coordinación de las políticas económicas, que no corresponde sólo a la esfera presupuestaria, sino también a la del empleo, a la de la competitividad. 
Tenemos los instrumentos: las grandes orientaciones de política económica, los programas de estabilidad. 
Tenemos las instancias: este Parlamento, el Consejo Ecofin, el Consejo del Euro. 
Ahora conviene que nuestros gobiernos den muestras de voluntad política para ponerlo todo en práctica. 
Segunda prioridad absoluta de la política económica: el imperativo del empleo. 
Señor Hughes y señor Paasilinna, he de decirles que no hay ni que pensar en que la EUM pueda significar más desempleo. 
Al contrario, la UEM debe significar más puestos de trabajo: ésa es la razón por la que el Consejo Europeo de Luxemburgo- y el Sr. Thomas Mann se ha referido a ello. La Unión, concibe el empleo como una cuestión de interés común, una prioridad de nuestra política económica, y, aparte del desarrollo de una política macroeconómica correcta, sólo se podrá reducir en su momento el desempleo en Europa mediante reformas estructurales adecuadas y concertadas. 
A ese respecto, el euro debe ser el catalizador de la lucha contra el desempleo. 
Mañana hablaremos de las grandes orientaciones de política económica. 
Este año, la Comisión situará en el núcleo de sus grandes orientaciones la estrategia común en pro del empleo. 
Asimismo, la Comisión está examinando actualmente los planes nacionales que se acaban de notificar y presentará sus conclusiones al respecto en Cardiff. 
Hay otros dos temas importantes para el futuro, voy a mencionar sólo sus títulos, por falta de tiempo para desarrollarlos: se trata de la dimensión internacional del euro, de la que hemos hablado poco esta noche. 
Sin embargo, ¿cómo va a poder Europa con el euro hablar con una sola voz? 
Ése es también un imperativo importante que afrontar, si queremos obtener todas las ventajas y los beneficios que va a aportar a la primera potencia económica y comercial del mundo la llegada de su propia moneda. 
Por último, el último imperativo es el de la aceptación de la moneda por todos. 
En un aspecto al menos voy a estar de acuerdo con la Sra. Shörling: el de la importancia de las poblaciones; no las pasemos por alto. 
Y en ese marco cada uno de los ciudadanos debe poder familiarizarse rápidamente con la nueva moneda y utilizarla con comodidad y confianza. 
Ésa es la razón por la que se deben acelerar las estrategias de comunicación en todos los Estados miembros. 
Para concluir, señor Presidente, Señorías, permítanme felicitarme de nuevo por la excelente colaboración que hemos tenido desde hace tres años y medio y que ha sido una de las claves del éxito de este proyecto histórico. 
Permítanme, a título personal, agradecer muy en particular al presidente von Wogau, así como a la Sra. Randzio-Plath, su incansable compromiso y su apoyo al euro a lo largo de estos meses, que no siempre han sido fáciles. 
Ahora creo que el Parlamento Europeo va a ver amplificarse aún más su papel, ya se trate del proceso de coordinación de las políticas económicas, del control democrático de la Unión Económica y Monetaria o de los esfuerzos para convencer a nuestras opiniones públicas. 
Puedo decir a Sus Señorías que ahora mismo me felicito de nuestra colaboración. 
Me felicito también del sentido de las responsabilidades de Sus Señorías y, puesto que el Sr. Garosci ha dicho antes: » Ya tenemos el euro, ahora debemos hacer Europa» , he de decir que se trata de una hermosa ambición. 
Señor Fayot, usted lo ha dicho: » Seamos positivos y concretos» , se trata de una hermosa actitud. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Informe Económico Anual 1998 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0133/98) del Sr. Gasòliba i Böhm, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre: " Crecimiento y empleo en el marco orientado a la estabilidad de la UEM- Reflexiones de la política económica de cara a las próximas Orientaciones Generales 1998» (COM (98) 0103- C4-0135/98). 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar querría agradecer la colaboración que ha habido a lo largo de la elaboración de este informe en la Comisión de Asuntos Económicos y que dicho informe fue aprobado prácticamente por unanimidad en la misma. 
Por lo tanto, no es un informe mío, es un informe de la comisión, y refleja una serie de puntos que se han comentado en el debate anterior, pero que los orienta en el ámbito de lo que hay que hacer- y sobre ello insistiré- después del euro. 
También quiero señalar que, cuando se discutió mi informe en comisión, disponíamos ya de la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales, cuyas propuestas esenciales se han incorporado a este informe. 
No ocurrió así en el caso de la opinión de la Comisión de Política Regional, que llegó después. 
Pero como ponente yo, con las propuestas que hace la Comisión de Política Regional, no tendría ningún inconveniente en que se incorporasen a las conclusiones del presente informe siguiendo el procedimiento Hughes. 
Para que el Comisario de Silguy no nos reproche el no haber prestado atención al informe de la Comisión, diré que, evidentemente, el informe que aquí defiendo hace referencia al Informe Anual de la Comisión, un informe económico anual de características un poco especiales porque no responde a la estructura habitual de los informes económicos anuales de esa institución, sino que responde a la situación específica de lo que podríamos llamar «el año de la constitución del euro». 
Por lo tanto, fija su reflexión en dos aspectos: crecimiento y empleo, y utiliza una metodología que nosotros hemos aceptado, pero nuestro informe destaca que, en el futuro, debe ser diferente, debiendo contemplar y ofrecer un tipo de análisis diferente al que se ofrece en el informe de este año, introduciendo, por ejemplo, un análisis a medio plazo; una metodología, que hay en economía, que es la de los escenarios; y no contemplar una evolución lineal de la economía europea sino tener en cuenta los efectos de lo que nosotros llamamos «choques asimétricos» , no únicamente a nivel de Estados sino también a nivel de regiones. 
Hechas estas consideraciones para demostrar al Sr. Comisario que hemos tenido en cuenta el informe de la Comisión Europea, querría hacer en los escasos minutos que me quedan una reflexión sobre dos aspectos. 
El primero de ellos es el crecimiento. 
El crecimiento es una base, no la única, para el progreso y también para la ocupación. 
En el presente informe se hace mención de algunos aspectos que la propia línea de estabilidad y solvencia, que se ha exigido para poder llegar a la constitución de la Unión Monetaria y del euro, tal vez ha marginado, pero que es preciso retomar. 
Por ejemplo, tener en cuenta la necesidad de potenciar la inversión pública y privada con fines productivos, elemento esencial para aumentar la productividad y la competitividad de la economía europea, el tener en cuenta y reforzar aspectos esenciales en el ámbito de la investigación y el desarrollo, en el ámbito de la enseñanza y la formación profesional y, evidentemente, tener en cuenta todos aquellos aspectos que han de hacer que esta Europa reforzada a través del euro sea competitiva a nivel interno, es decir, ofrezca más posibilidades a las economías que sepan adaptarse a las nuevas exigencias, y también a nivel internacional porque coincido con la aseveración del Sr. de Silguy sobre la importancia del euro en su dimensión internacional. 
El segundo aspecto que quiero mencionar se refiere a la ocupación. 
En el informe que hemos elaborado hemos tenido muy en cuenta, en base al informe presentado por la Comisión Europea, la dimensión del euro como motor de ocupación. 
Y también hemos debatido sobre la necesidad de flexibilizar los mercados laborales, disminuir los costes indirectos que influyen en la creación de un puesto de trabajo, tener en cuenta el entorno fiscal y, obviamente, la necesidad también de que todo este proceso tenga como consecuencia una renovación en la iniciativa empresarial, destacando especialmente el papel de las pequeñas y medianas empresas como motor de desarrollo, de progreso y también de creación de empleo. 
Señor Presidente, este es realmente el primer informe anual después del Tratado de Amsterdam y después de la Cumbre de Luxemburgo. 
De por si es comprensible en si que en este informe se preste poca o ninguna atención a las directrices para el empleo, como fueron ideadas allí. 
Espero que en futuros informes esto continúe formando una parte integral del informe más, como yo espero, el " benchmarking» en el ámbito de la estrategia del mercado laboral. 
Uno de los importantes objetivos de Amsterdam y también de Luxemburgo era la coordinación para crear un equilibrio entre la atención a la política macroeconómica y a la política de empleo. 
Debo reconocer que no entiendo bien que en el informe anual que tenemos aquí delante, de hecho no se haya prestado atención a ese equilibrio, a esa coordinación. 
Usted verá en nuestro informe que insistimos en que se hagan propuestas lo más rápidamente posible para esa coordinación. 
El ECOFIN y el Consejo Social- no digo ahora cuántas veces, pero sí por lo menos algunas veces al año- deben debatir este tema entre ellos y no quedarse en compartimentos estancos. 
Me asustó un artículo de la " European Voice» que se ha filtrado sobre la declaración que se va a presentar en la cumbre a finales de esta semana y en la que se les pide a los presidentes de gobierno que digan sobre todo que la reducción del déficit estatal es la prioridad principal y no la reducción del paro. 
Esto se hace a menudo con el argumento que de esta manera habrá más margen en el futuro para hacer algo con respecto al empleo. 
Me gustaría saber de usted, señor Comisario, ¿cuándo empieza realmente ese futuro? 
Hace poco, el fin de semana pasado, hubo unas elecciones realmente horribles en Alemania en las que la derecha inesperadamente obtuvo unos resultados gigantescos. 
Si usted no relaciona esto con el paro galopante de allí, entonces hay que estar ciego. 
Quiero insistir enérgicamente en que se comprenda definitivamente que para mucha gente el futuro debe comenzar ahora y que es una locura esperar que el euro vaya a significar algo si no se toman ahora unas medidas concretas de las que el ciudadano pueda deducir que los gobiernos hacen algo concreto con el empleo. 
Este informe no cumple en absoluto con esto, pero lo que he leído sobre las propuestas para este fin de semana me parece realmente escandaloso en ese contexto. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe del Sr. Gasòliba y le felicito por su contenido. 
Como él ha dicho, el informe es el resultado de la colaboración, y en el Grupo Socialista, la mayoría nos sentimos contentos con su contenido. 
Y algo que quizá hoy es más importante, quisiera dar las gracias también al Comisario y a sus servicios, porque desde el Grupo Socialista veníamos solicitando desde hace mucho tiempo a la Comisión un informe económico anual de mejor calidad, que aborde los problemas reales a los que se enfrentan nuestros ciudadanos. 
Me alegra decir que, por primera vez durante estos últimos años, ahora tenemos un informe que no sólo puede ser leído convenientemente por las personas ajenas a las instituciones comunitarias, sino que además refleja sus inquietudes. 
Quisiera agradecer a los funcionarios de la Comisión la labor que han realizado al respecto. 
Quiero llamar la atención, en particular, sobre una serie de puntos que han sido destacados por la Comisión y que el Sr. Gasòliba ha incorporado en su propio texto. 
El primer punto es relativo a la inversión. 
La Comisión ha reconocido en el Informe económico anual el hecho de que durante este período de consolidación, hemos asistido a una fuerte caída del nivel de inversión y, en particular, de la inversión pública, en el seno de la Unión Europea, y la propia Comisión recomienda que los Estados miembros deben ser muy cautelosos durante el período de consolidación para no debilitar del todo la inversión pública. 
Debemos buscar la forma de impulsarla, especialmente, a través de asociaciones entre el sector público y el sector privado. 
Espero que el Comisario de Silguy haga hincapié en este aspecto cuando se reúna con los ministros de Economía para discutir sobre las conclusiones del informe del Parlamento Europeo y el texto de la Comisión. 
En lo relativo a la política monetaria, en particular, ya presentamos el argumento en el debate sobre la Unión Económica y Monetaria de que, en virtud del artículo 105 del Tratado, cuando la estabilidad de los precios está garantizada, la autoridad monetaria se dedique a objetivos más amplios de la Unión Europea. 
Queremos una política monetaria que ayude a fomentar el empleo y el crecimiento en el seno de la Unión Europea. 
La Comisión se refiere a ello en su texto de una manera muy clara, y queremos asegurarnos de que las autoridades monetarias de Europa, en particular el Banco Central Europeo, abordarán también este tema. 
Por primera vez, la Comisión destaca asimismo en su texto el hecho de que la Unión Europea es, en buena medida, una comunidad de comercio interior. 
El 90 % de nuestro PIB lo genera el comercio interior de la Unión Europea. 
Por primera vez, la Comisión ha dicho que la política macroeconómica de la Unión Europea deberá basarse en el estímulo de la demanda interna, en el seno de los quince Estados miembros. 
En las grandes orientaciones económicas queremos propuestas específicas de la Comisión sobre cómo podemos estimular la demanda interna en la Unión Europea. 
No es una cuestión del comercio internacional, es una cuestión de la demanda interna. 
Permítame decir, por último, que acojo con especial satisfacción el hecho de que hayamos celebrado estos dos debates hoy. 
Creo que no sólo estamos analizando la Unión Monetaria, sino también la Unión Económica, y es acertado que hoy abordemos el proceso de la creación de la Unión Monetaria, al mismo tiempo que nos ocupamos del Informe económico anual de la Unión Europea. 
En primer lugar, deseo acoger con satisfacción el informe Gasòliba sobre el Informe económico anual, del que creo que se desprende claramente que desde 1996, se ha producido un crecimiento económico estable en el seno de la Unión Europea. 
Se estima que el crecimiento de la inversión en 1998 será aproximadamente del 4, 7 % y, ojalá, del 5, 5 % en 1999. 
Para los dos próximos años se prevé un incremento del 2, 5 % de la demanda interna. 
Se ha registrado un crecimiento pequeño, pero estable del desempleo, y 1997 marca un nuevo índice. 
Los pilares macroeconómicos para la futura coordinación de las políticas económicas nacionales deberán basarse, naturalmente, en una política monetaria por la estabilidad de los precios y la reducción de la deuda pública. 
Lo importante al respecto de todo esto es que podemos estar seguros de una inflación baja y unos tipos de interés bajos, y en mi país, Irlanda, el déficit público se ha reducido hasta el 11 % del PIB desde los años ochenta, y la deuda pública ha pasado del 115 % al 65 % en ese mismo período. 
Pero también es cierto, afortunadamente, que la situación está mejorando en todas partes dentro de la Unión. 
Irlanda tiene claro que la UEM traerá consigo un crecimiento continuado, la creación de puestos de trabajo, baja inflación, bajos tipos de interés y la eliminación de los costes de las transacciones. 
Para los titulares de hipotecas, los hombres de negocios y para un país como Irlanda, que exporta un porcentaje importante de nuestros productos a otras partes de Europa, es bueno que ahora tengamos la misma moneda. 
Será de gran utilidad, naturalmente, para el turismo, que también es muy importante para nuestro país. 
Está claro que la moneda única ahogará a los especuladores de divisas, y acude a nuestra memoria con toda intensidad la situación por la que atravesamos hace algunos años. 
En conclusión, felicitaciones al Sr. Gasòliba por la presentación de un informe excelente sobre el Informe económico anual. 
Señor Presidente, el informe económico anual correspondiente a 1998 constituiría una oportunidad para evaluar los caminos recorridos, para corregir estrategias y políticas. 
Han sido oportunidades desaprovechadas. 
Porque el camino hacia el euro ha cobrado tal importancia real y simbólica, que ha distorsionado, si es que no ha apagado, la capacidad de evaluación y, con mayor razón. de corregir orientaciones. 
El informe Gasòliba adopta el casi dogma de que el euro y el Pacto de Estabilidad son instrumentos indispensables para el crecimiento y la creación de puestos de trabajo y que los obstáculos para el aprovechamiento de ese nuevo instrumental son los costos no salariales, la falta de adaptabilidad de los trabajadores y la excesiva reglamentación. 
Eliminados dichos obstáculos, con el BCE independiente de coyunturas y la coordinación de políticas económicas bajo el garrote presupuestario, estaríamos en «el (euro) dorado». 
No es ésa nuestra perspectiva. 
Preocupa en esa dinámica la insistencia en la referencia a la dispersión salarial, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos. 
Hay una clara tendencia a la agravación de las desigualdades... y el «ejemplo» norteamericano las aceleraría. 
Por eso, acogemos con satisfacción que el ponente lo considere demasiado excesivo para poder ser un ejemplo. 
Insistimos una vez más en nuestras propuestas de enmienda: tributación de capitales especulativos, reducción de la jornada laboral sin pérdidas salariales, evaluación de la responsabilidad de esta construcción de la UEM en la evolución del desempleo. 
Señor Presidente, no se trata de impulsar sólo el crecimiento económico, sino un crecimiento económico sensato y razonable. 
Desarrollar una política económica europea significa desarrollar una economía de mercado social y ecológica. Ésta debe incluir no sólo la rápida introducción del impuesto energético- y en este sentido yo le estoy muy agradecida al Sr. Monti por su enérgica transposición -, sino también una situación social y medioambiental y, como parte de la misma, también una unión. 
¿Qué relación tiene el Informe anual con el pavoroso porcentaje que ha conseguido un partido de derechas en Alemania? 
Mucha, muchísima. 
El desempleo y el paro juvenil generan desamparo y los partidos de derechas se aprovechan de ello, no sólo en Alemania, sino en toda Europa. 
El 2 de mayo inauguraremos y también celebraremos en el Parlamento Europeo la situación histórica que significa la creación de una moneda común europea. 
Es bueno que así sea y yo me alegro mucho por ello. 
Para acabar, yo quisiera añadir que me alegro porque entonces ya será un hecho histórico y porque por fin se habrán acabado, también dentro de mi Grupo político, los malos agüeros contra la Unión Monetaria, que dentro de diez años nos parecerá algo lógico. 
Señor Presidente, me congratulo del informe Gasòliba sobre el Informe Económico Anual porque, con arreglo a las indicaciones de la Comisión, ha puesto claramente en evidencia los mayores obstáculos que existen de cara al crecimiento económico y del empleo europeo. 
Excesivas cargas fiscales y administrativas a cargo sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, gravadas por una competencia internacional cada vez más fuerte, insuficiente formación profesional, excesiva rigidez del mercado laboral que impide desarrollar las nuevas oportunidades de empleo, y altos costes laborales, no derivados del salario que reducen la capacidad de las empresas de invertir y crecer. 
Sin embargo, algunos puntos del informe sólo se pueden compartir parcialmente, en particular las evaluaciones acerca de la reducción del tiempo de trabajo, tratadas en los apartados 39 y 40 de dicho informe. 
Mientras que el apartado 39 confirma, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la imposibilidad de proponer una reducción obligatoria de la jornada laboral en el conjunto de la Unión Europea, el siguiente apartado 40 se presta a una serie de reflexiones. 
En efecto, en la primera parte del texto del apartado 40 se puede leer que «estamos a favor de la reducción de la jornada laboral en el caso de que ésta fuera necesaria». 
Es evidente que dicha definición se presta a diferentes interpretaciones. 
De hecho, la genérica y abstracta formulación del principio del carácter necesario de la reducción de la jornada parece destinada a producir equívocos y ambigüedades, puesto que no sólo es totalmente genérica, sino que en el informe no existe ninguna referencia específica a la hipótesis de una reducción de la jornada sobre la base de la existencia de condiciones de necesidad. 
En definitiva, el apartado 40 puede interpretarse como la prerrogativa de cada Estado de definir un principio de necesidad no específico para imponer una reducción indiscriminada de la jornada laboral en todo el territorio nacional. 
Esta última hipótesis contradice las consideraciones formuladas en el informe de la Comisión que, al evidenciar los riesgos de las llamadas 35 horas impuestas por ley, se limitaba a admitir reducciones de la jornada sólo a nivel microeconómico o a través de la negociación entre las partes sociales. 
En conclusión, por su carácter no específico el apartado 40 parece el resultado de un confuso acuerdo político. 
Por lo tanto, sobre la base de las consideraciones hechas, invito al Parlamento a que vote en contra del apartado 40 del informe Gasòliba. 
Además de esto, querría que el señor Comisario de Silguy se pronunciara al respecto. 
Presidente, quien piense que el euro y la política monetaria uniforme que tendremos a partir del uno de enero del año próximo nos depararán automáticamente todo tipo de ventajas, está muy equivocado. 
Una política monetaria requiere una política económica bien coordinada e inteligente. 
En su defecto se puede fracasar mucho. 
Dicho de otro modo, habrá que quitar lo de no compremeterse en cuanto a la coordinación de la política económica. 
Sólo un ejemplo: el Banco Central Europeo orientará en la práctica su política monetaria en función de la tasa media de inflación en la zona del euro. 
Esto significa para cada país individual que una baja inflación interna en combinación con una inflación creciente en otro lugar puede llevar sin embargo a unos tipos de interés más altos y que puede suponer un freno para el desarrollo económico. 
Resumiendo, cualquier participante de la UME tiene interés en que también los otros países del euro mantengan la inflación baja, porque si no el BCE independiente castiga inevitablemente con consecuencias negativas también a los países con inflación baja. 
Afortunadamente, los Estados miembros disponen de suficientes instrumentos para mantener la inflación baja, por ejemplo tomando medidas fiscales concretas si hay peligro de que la economía se caliente demasiado. 
Sin embargo, a veces se necesitará un poco de presión, también por el interés de los otros, para que se tomen a tiempo estas medidas indudablemente impopulares. 
Las directrices globales de la política económica que tratan de la " policy mix» a nivel europeo y en los Estados miembros, van a tener una importancia predominante. 
Si se quiere que se salde con éxito, entonces tiene que haber un apoyo político al respecto. 
Para ello los parlamentos deben poder tener una influencia real. 
Para llenar este agujero democrático existente, hace falta urgentemente un acuerdo interinstitucional, como pidió este Parlamento hace dos semanas. 
Una característica importante de la Europa de la moneda única es que solamente depende en un 10 % del comercio exterior. 
Esto implica que sobre todo nosotros mismos podemos determinar nuestra prosperidad o desgracia. 
Por lo tanto, la mezcla política a nivel europeo debería tomar también en cuenta que la zona del euro tiene que proveerse de sus propios impulsos de crecimiento. 
El incremento del comercio exterior hace todavía alguna aportación pero es muy limitada y este año incluso es nula. 
Las principales recomendaciones de las directrices globales de los últimos años, es decir, los recortes continuos, la política monetaria estricta y la moderación salarial en la que la subida salarial es seguro un 1 % menor que la subida de la productividad, no pueden continuarse sin modificación alguna: o bien los recortes se tienen que temporizar, o bien la política monetaria, o bien la moderación salarial tienen que flexibilizarse. 
El mensaje político ha de ser que el crecimiento y el empleo van a tener la prioridad ahora, pero sin producir un paréntesis repentino con la política actual. 
Esto significa en la práctica que se le recomienda a cada país su " policy mix» apropiada para que Europa en su totalidad pueda hacer una política orientada al crecimiento y al empleo que no ponga en peligro la inflación. 
Estoy en completo desacuerdo con la postura de la Comisión. 
Observo que en el informe del Sr. Gasòliba y Böhm hay una positiva orientación en cuanto a temas de desarrollo y empleo pero me temo que esa orientación del ponente se sacrifica en aras de su aprobación. 
En este sentido observamos también importantes contradicciones: en el apartado 40 está a favor de la reducción de la jornada laboral; en el apartado 39 está en contra; en el apartado 26 desea dicha reducción. 
Creo que es necesaria una orientación más clara que rompa esa política unilateral y que no convierta al euro en algo odioso en lugar de querido para los pueblos de Europa. 
Señor Presidente, a pesar de su tono quizá en exceso optimista, el presente informe aborda con gran claridad los puntos más importantes. 
Cuando el principal problema de Europa es- como todo el mundo sabe- el desmesurado nivel de desempleo, es preciso tener claro que se trata sobre todo de un problema estructural. 
En efecto, la competitividad de la economía europea deja en realidad bastante que desear. Por lo tanto, es urgentemente necesario incrementar los recursos europeos y nacionales destinados a la investigación y a promover la tecnología avanzada. 
La adopción de medidas que promuevan la competitividad de las pequeñas y medianas empresas debe ser un tema prioritario, al igual que la reducción de sus costes técnicos de gestión y la facilitación de su acceso al capital de riesgo. 
La problemática de los costes salariales, en parte claramente excesivos, y también de la desgravación fiscal del factor trabajo serán temas prioritarios para la política económica europea en los próximos años. 
Señor Presidente, el informe de la Comisión Europea y también el informe del colega Gasòliba i Böhm destacan con gran claridad que nos estamos preparando para aprovechar las oportunidades de la globalización y de la integración europea con objeto de promover el crecimiento, las inversiones y el empleo, y contribuir a un mayor bienestar y también a incrementar la justicia social en la Unión Europea. 
En el Informe económico anual y también en el informe del Sr. Gasòliba i Böhm queda claro que hemos dejado atrás el tiempo de los enfrentamientos: política en favor de la oferta, por un lado; medidas orientadas hacia la demanda, por el otro. 
Nosotros pensamos que en la Unión Europea necesitamos medidas tanto en el ámbito de la macropolítica como en el de la micropolítica, y también políticas orientadas hacia la demanda y hacia la oferta. 
Por esto tenemos sobre la mesa un abanico de paquetes de medidas, que debería utilizarse, y sabemos que sólo podremos conseguir una orientación en favor de un mayor nivel de empleo, tal como nos exige con razón el Tratado de la Unión Europea en su artículo 2 y en las que hace acertadamente hincapié, al igual que el capítulo sobre el empleo del Tratado de Amsterdam, los compromisos de la Cumbre sobre el empleo y las estrategias adoptadas durante la Presidencia británica del Consejo y las de la futura Presidencia austriaca, las cuales esperamos que marquen el camino que habrá que seguir. Sabemos que sólo podremos conseguir esta orientación y un crecimiento del empleo si, además de la política estructural, además de las medidas de las políticas en el mercado laboral, educativas y de formación, adoptamos otro paquete de medidas que haga posible un crecimiento económico del orden del 3-3, 5 %. 
La introducción de la Unión Monetaria dentro de los plazos previstos es sin duda imprescindible para ello, pues con ella se acabarán las fluctuaciones de los tipos de cambio en el ámbito del mercado interior, que resultan perjudiciales desde el punto de vista político económico, y será posible adoptar una combinación de políticas más adecuada y evitar los conflictos entre la política presupuestaria y la política monetaria. 
Pero, sobre todo- y es algo que yo quiero volver a apoyar explícitamente -, por fin será posible una coordinación de las políticas económicas digna de tal nombre. Hasta ahora, las líneas fundamentales de la política económica no han exigido nada a ningún Estado miembro. 
Yo espero que, como resultado del Informe económico anual y como resultado del presente debate en el Parlamento Europeo, la coordinación de las políticas económicas en la Unión Europea por fin deje claro que la unión política significa también impulsar una política económica común, una política económica en favor del interés común, que tenga efectos sobre el crecimiento, la inversión y el empleo. 
Yo quisiera subrayar firmemente una vez más que la magnitud de reducción de las inversiones públicas es una irresponsabilidad. 
Por esto, tenemos que prestar también mayor atención al estímulo que suponen las inversiones públicas para las inversiones privadas y tenemos que lograr progresos en este ámbito. 
De lo contrario no será posible conseguir el crecimiento del empleo que es tan urgentemente necesario en la Unión Europea. 
Señor Presidente, la Unión Monetaria es ya un éxito, aún antes de entrar en vigor. 
Ella ha acelerado el necesario saneamiento de deudas que ahora ha dado como resultado un crecimiento en la economía europea y un aumento de la confianza dentro de la UE. 
Para que podamos sacar el mayor provecho de la UEM y al mismo tiempo fortalecer la competitividad y mejorar las condiciones del bienestar en Europa, las políticas deben orientarse hacia las reformas en las infraestructuras. 
El saneamiento presupuestario ha influido en la vida diaria de los ciudadanos. 
Ahora una política de estructuras, bien concebida, puede crear mejores condiciones para la UE y sus habitantes. 
Entonces lo extraño es que las reformas estructurales, que no cuestan, parecen ser más difíciles de conseguir que el saneamiento presupuestario, acaso porque se desafía a poderosos grupos de poder. 
Por esto yo quisiera dar la enhorabuena a la Comisión por este valiente documento, en el que se plantea la importancia de las reformas y el buen funcionamiento de los mercados laborales. 
Esto me alegra y también deseo felicitar al ponente Gasòliba i Böhm, cuyo informe demuestra que en el Parlamento estamos preparados para contribuir activamente al necesario debate y para acelerar las decisiones que deben tomarse a fin de que se puedan reformar mercados rígidos donde quedan demasiados elementos monopólicos. 
Además, opino que vale la pena fijarse en el anexo del informe de la Comisión que contiene datos estadísticos. 
El objetivo del informe no es evaluar el desarrollo en determinados países, pero las columnas lo indican claramente. 
Podemos ver cómo los países con direcciones políticas que han descuidado o demorado la modernización especialmente de los mercados de trabajo, han aumentado la presión fiscal y, consecuentemente, han bajado los niveles de empleo y disminuido los recursos comunes. 
Por otra parte, podemos ver cómo los países que han utilizado las nuevas condiciones de manera adecuada pueden aumentar el crecimiento, el empleo y el bienestar. 
¡Esperemos que esas cifras y los fundamentos de la Comisión sean un despertador y un estímulo a la hora de concretar el trabajo con las líneas orientadoras de la economía! 
Señor Presidente, Señorías, es muy importante que el informe de la Comisión para 1998 se titule por primera vez «Crecimiento y empleo en el marco orientado a la estabilidad de la Unión Económica y Monetaria» , y quiero destacar también, como lo han hecho mis anteriores colegas, la importancia histórica que para todos los ciudadanos europeos va a tener la trascendental decisión que los representantes del pueblo europeo vamos a adoptar en esta Asamblea el próximo día 2 con la implantación de la nueva moneda. 
Es verdad también que el Tratado de Amsterdam y la cumbre de Luxemburgo han marcado un antes y un después en las políticas de empleo de cada uno de los países comunitarios. 
Pero tenemos que ser conscientes de que lo que el ciudadano europeo espera es que nuestros discursos políticos se plasmen en hechos concretos para que nuestros jóvenes, nuestras mujeres, los parados de larga duración y los incapacitados- los sectores más castigados por el desempleo- vean cumplidas sus lógicas expectativas de poder trabajar y desarrollarse personal y socialmente en la nueva Europa que todos estamos construyendo. 
Es importante también, Señorías, que se haya conseguido casi un consenso generalizado sobre las medidas a adoptar para paliar la preocupante cifra de paro que sufre el conjunto de la Unión Europea. 
Pero es necesario también que, junto a la convergencia económica nominal ya conseguida, se avance mucho más en la convergencia social que facilite el afianzamiento del mercado interior, la ruptura de barreras idiomáticas y culturales que impiden la movilidad de los trabajadores y la armonización de los sistemas de seguridad social que, junto a una reforma en profundidad de los sistemas educativos y de formación, permita la adaptación de nuestros ciudadanos a las demandas no sólo de los mercados de trabajo nacionales sino de todo el mercado europeo. 
Junto a ello, la nueva sociedad europea tiene que adaptarse casi con velocidad de vértigo a las nuevas tecnologías que, día a día, nos sorprenden y que están suponiendo un cambio radical en el concepto tradicional de trabajo y empresa. 
Por ejemplo, el teletrabajo, el comercio electrónico, la telemedicina o el propio desarrollo de Internet exigen un importante esfuerzo de los Estados miembros para que especialmente nuestros jóvenes se adapten a esta mutación de la sociedad. 
En definitiva, señor Presidente, queridos colegas, hagamos de la Europa del euro la Europa del trabajo, de la solidaridad y del bienestar. 
Si estos objetivos fracasan, será el fracaso de quienes el próximo sábado vamos a dar un vuelco a la historia de Europa. 
Señor Presidente, en el informe económico anual de la Comisión se afirma que se ha puesto en marcha una recuperación a largo plazo de la economía. 
La industria exportadora crece y el euro se va a convertir en una divisa de cambio favorable en relación con el dólar. 
Ahora está en nuestras manos modelar una Unión Económica y Monetaria que acentúe el empleo, la inversión pública y una mayor competitividad europea. 
Si bien su informe anual no presta atención a las repercusiones de la crisis asiática en la economía europea, la Comisión ha logrado elaborar un documento extremadamente competente y exhaustivo. 
Sin embargo, resulta algo superficial abordar la situación económica de cinco años sin llevar a cabo, por ejemplo, análisis de riesgos de carácter específico. 
El ponente resalta que es importante crear un procedimiento comparativo que englobe a toda la Unión en materia de inversiones y empleo. 
Creo que el nivel actual de las inversiones públicas en la Unión es a todas luces insuficiente para mejorar la competitividad europea. 
Resulta evidente que las inversiones públicas incentivan las inversiones privadas, por ejemplo, en el sector de las inversiones infraestructurales. 
La propuesta de la Comisión para reducir el porcentaje del IVA en los sectores con predominancia de la mano de obra es merecedora de todo mi apoyo. 
También yo hablo a menudo acerca de un impuesto de transacción sobre las actividades productivas relacionadas con el comercio de divisas. 
Se trata de un asunto al que se han referido también Jacques Delors y otros muchos. 
Este impuesto permitiría compensar las desgravaciones fiscales a los sectores creadores de empleo. 
Señor Presidente, queridos colegas, quiero en primer lugar unir la mía a las generalizadas felicitaciones al colega y buen amigo Carles Gasòliba por el informe que ha preparado y por la flexibilidad con que ha sabido integrar las enmiendas que al mismo se presentaron. 
Se trata de un informe equilibrado, que identifica de manera adecuada las principales líneas de actuación en materia de política económica a nivel del conjunto de la Unión, y que hace acertados comentarios o precisiones al informe de la Comisión. 
Quiero añadir algunos comentarios para razonar lo que acabo de explicar. 
En primer lugar, la referencia al empleo, que es tratado con amplitud, poniendo el acento en el crecimiento, en la inversión, en las reformas estructurales, e incorporando una interesante referencia al concepto de «empleabilidad» , la employability, puesta en circulación por el New Labour, por el Partido Laborista de Tony Blair, y que se está convirtiendo en uno de los puntos claves en el debate sobre el empleo. 
En segundo lugar, la insistencia en la necesidad de coordinación de la política económica de los países miembros bajo la Unión Monetaria. 
Coordinación que nosotros desearíamos profundizar hasta llegar a un auténtico gobierno económico de la Unión que sirva de contrapeso a la autoridad monetaria, pero no sólo por esta cuestión de contrapeso sino para lograr un gobierno económico que permita extraer toda su potencialidad al nuevo panorama que se crea con la introducción de la moneda única. 
En tercer lugar, me parece importante resaltar la insistencia en la inversión como elemento indispensable para el crecimiento y para la mejora de la competitividad. 
Hago mías en este punto las palabras que anteriormente ha expresado el colega Alan Donnelly. 
En cuarto lugar, otro punto a resaltar en el informe de Gasòliba es la apuesta que en el mismo se contiene en relación al mantenimiento del modelo social europeo en los términos que se expresan en el apartado nº 25 del informe. 
Y por último, aunque habría más cosas que añadir, concluyo mi intervención apreciando la aproximación realista a la cuestión de la reducción del tiempo de trabajo, es decir, la cuestión de las 35 horas. 
Señor Presidente, felicito al ponente por un informe excelente. 
El informe de la Comisión era sumamente optimista. 
Hablaba de un nuevo auge en la primavera de 1996, que está tomando impulso y que es de esperar que se convierta en una expansión sostenible. 
Quisiera pecar de cauteloso. 
La Comisión dice que el auge está siendo impulsado por la demanda procedente de fuera de la UE y, a todas luces, ha tomado en consideración los recientes acontecimientos en Asia. 
Los acontecimientos en Asia no han terminado y Japón, en particular, está atravesando por dificultades y presiento que sus dificultades irán en aumento. 
No sé con exactitud hasta qué punto ha revisado la Comisión sus cifras de crecimiento, a raíz de lo ocurrido en Asia, pero no ha desaparecido la posibilidad de que se produzca el desastre. 
La Comisión habla también de un círculo eficaz para la economía en base a tres razones: unas condiciones monetarias favorables, el fortalecimiento de la demanda interna y la mejora de la confianza. 
Mi crítica al informe de la Comisión es que hace muy poco en términos de apoyo a una política positiva que potencie la demanda interna. 
Cómo podemos atajar el desempleo, si no creamos las condiciones necesarias para que crezca la demanda interna, especialmente, en unos momentos en que la demanda externa procedente de Asia puede verse muy reducida. 
La Comisión confía en el crecimiento endógeno, y es un salto a ciegas que me temo que muchos ciudadanos europeos no querrán dar. 
Fui elegido a este Parlamento en 1994, cuando el informe Delors era el centro de atención e intentábamos reducir el desempleo a 15 millones antes del año 2000. 
No estamos siendo del todo sinceros con la sociedad europea, porque el desempleo en la Unión Europea no se ha reducido ni remotamente hasta esos índices. 
Las personas recuerdan y, aunque reconocemos que se producirá un crecimiento de entre el 2 % y el 3 %, no se acerca lo suficiente al 4 % que vienen experimentando de manera consistente los Estados Unidos para crear los millones de puestos de trabajo que el país necesita. 
Quiero que Europa también cree millones de puestos de trabajo. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar mi felicitación al Sr. Gasòliba i Böhm por la excelencia de su informe, que nos invita a reflexionar sobre las opciones que debemos abordar en las grandes orientaciones de política económica para 1998, que la Comisión presentará el próximo 13 de mayo. 
Las grandes orientaciones de política económica son las primeras posteriores al euro y, por tanto, eso es lo que les confiere importancia. 
Son también las primeras en inscribirse en el marco de las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo sobre el empleo. 
Así, este año el informe económico anual de la Comisión se presenta como la primera etapa en la elaboración de esas grandes orientaciones. 
Es una operación importante y me felicito de la audición de los expertos económicos que Sus Señorías organizaron el pasado 17 de marzo para preparar dicho informe. 
Puedo asegurarles que la Comisión tendrá en cuenta debidamente sus observaciones y sus indicaciones al respecto para formular su propuesta. 
Para responder a todas las cuestiones que se han mencionado, quisiera decir muy rápidamente, puesto que la hora es relativamente tardía, algunas palabras sobre el estado de la economía europea, antes de recordar o formular las principales recomendaciones de la Comisión. 
Respecto del estado de la economía europea, la recuperación iniciada en la primavera de 1996 se está amplificando y ha de propiciar un proceso de crecimiento autosostenido. 
Éste tendrá repercusiones favorables en el empleo, que, de todos modos, sigue siendo- lo repito- nuestro mayor motivo de preocupación. 
Señor Hendrick, podría decirle que no es que seamos demasiado optimistas. 
Nuestras previsiones de crecimiento corresponden en general a las formuladas por las grandes instituciones internacionales. 
En el pasado mes de marzo las revisamos ligeramente a la baja, es decir, en 0, 2 puntos para 1998 y 0, 1 puntos para 1999, para tener en cuenta, en particular, los efectos de la crisis asiática. 
Ahora bien, el crecimiento será, de todos modos, del 2, 7 % en 1997, del 2, 8 % en 1998, del 3 % en 1999: ya es una mejora. 
La Comisión sigue con particular atención la situación en Asia, sobre todo por lo que se refiere al Japón, al comercio internacional y a los aspectos sectoriales de la crisis, en los que hemos determinado, en particular, ocho sectores que nos han parecido más particularmente expuestos. 
Lo seguimos de cerca. 
Quisiera hacerme eco aquí de una petición del ponente, relacionada, por lo demás, con lo que el Sr. Paasilinna- creo- ha mencionado. 
No crean Sus Señorías que la Comisión no evalúa los riesgos que podrían plantearse en su hipótesis fundamental. 
Al contrario, la Comisión toma buena nota de su propuesta de hipótesis alternativa y de análisis a medio plazo del Parlamento. 
Puedo asegurar a Sus Señorías que en los próximos años se dedicará a darle respuesta. 
Pero hoy el crecimiento de Europa descansa cada vez más en sus propias fuerzas, en la demanda interna. 
La Sra. Randzio-Plath y los Sres. Paasilinna, Pérez Royo, Donnelly, Metten y otros más han mencionado esa cuestión. 
El consumo privado aumentará del 2 % en 1996 al 2, 6 % en 1998 y 1999. 
Es tranquilizador para la evolución de la demanda interior. 
Asimismo, las inversiones han sido más sostenidas de lo previsto y las inversiones en equipo aumentarán en un 6, 4 % en 1998 y en un 7 % en 1999. 
Compárese con el 4, 4 % correspondiente a 1997. 
Son datos que reflejan una recuperación de la confianza. 
A ese respecto, podría precisar al Sr. Donnelly que es verdad que la participación de la inversión pública en el PIB ha disminuido del 2, 9 % en 1990 al 2, 2 % en 1997 y esa tendencia no debe continuar. 
La Comisión no ha desaprovechado ninguna ocasión de recordarlo y en las nuevas grandes orientaciones de política económica para 1998 insistiremos en particular en ese aspecto. 
Ahora bien, no subestimen Sus Señorías las repercusiones de la inversión a causa de la cofinanciación de ciertas inversiones en el sector privado que puede dar una visión un poco deformada de las cifras. 
Por último, sobre este aspecto de la demanda, responderé al Sr. Metten que no conviene, de todos modos, que se estimule artificialmente la demanda mediante nuevos déficit presupuestarios o aumentos salariales demasiado rápidos. 
Con ello se pondría en entredicho el saneamiento del que se ha beneficiado nuestra economía desde hace algunos años y volveríamos a caer en los déficit, con sus consecuencias en cuanto a aumentos de los tipos de interés y sus efectos negativos en el crecimiento y el empleo. 
Así, la estrategia económica propugnada por la Comisión, basada en el seguimiento que los Estados miembros ejercen desde hace varios años, comienza a dar sus frutos, en particular en cuanto a la creación de puestos de trabajo. 
Responderé al Sr. van Velzen: observemos las cifras. 
Europa ha creado 600.000 empleos en 1997. 
Según nuestras previsiones, debería crear 2.800.000 en 1998 y 1999, es decir, que en tres años crearemos 3.400.000 en total. 
Es estimulante, si bien soy consciente de que eso no compensará las pérdidas- 4.500.000- registradas durante el decenio de 1990. 
Estos datos ilustran la necesidad de favorecer un crecimiento más sostenido y más rico en puestos de trabajo. 
Señor Gasòliba, propone Su Señoría que se utilicen benchmarks al respecto. 
Me permito recordar a Su Señoría que en la recomendación de la Comisión para las primeras directrices sobre el empleo figuraban objetivos cuantificados y fue el Consejo el que no siguió a la Comisión a ese respecto. 
Pero favorecer un crecimiento más rico en puestos de trabajo sigue siendo el objetivo esencial de las grandes orientaciones de política económica y éste es el segundo aspecto que ahora quisiera abordar muy rápidamente ante Sus Señorías. 
A petición del Consejo Europeo de Amsterdam, las grandes orientaciones de política económica para 1998 harán hincapié en la necesidad de coordinar mejor las políticas macroeconómica y estructural. 
Si se quiere favorecer el crecimiento y el empleo, como subraya con razón el ponente del Parlamento, esas dos políticas son indisociables. 
Respecto de la política macroeconómica, se ha tenido la oportunidad de hablar en el informe anterior, por lo que no voy a insistir por extenso en ese aspecto. 
Evitemos- y la Sra. Randzio-Plath tiene razón- la confrontación entre la política de la oferta y la de la demanda. 
La Comisión siempre ha intentado hacerlo. 
Desde hace varios años observo que las grandes orientaciones de política económica propugnan un marco macroeconómico estable dentro de la Unión Económica y Monetaria, cuyos tres pilares son, naturalmente, una política monetaria orientada hacia la estabilidad de los precios, el saneamiento duradero de las finanzas públicas y un comportamiento salarial compatible con la estabilidad de los precios y la rentabilidad de la inversión. 
La UEM y el euro fortalecerán ese marco macroeconómico estable para todos los Estados miembros. 
A ese respecto, me felicito del apoyo del Parlamento Europeo a esta estrategia. 
Pero, aparte de esa política macroeconómica, para producir el máximo efecto desde el punto de vista del empleo, se debe completar dicho marco con reformas estructurales, reformas, en primer lugar, en el nivel del mercado de bienes y servicios. 
Los empresarios, para hacer las inversiones, no deben verse desanimados desde el principio por reglamentaciones demasiado burocráticas. 
Asimismo, un crecimiento más importante debe provocar también una demanda más importante de trabajo. 
Ahora bien, en Europa existen aún, como subraya el ponente del Parlamento, demasiadas rigideces administrativas, demasiadas formalidades administrativas, demasiadas dificultades de acceso al mercado de capitales para las pequeñas y medianas empresas. 
He de recordar, no obstante, que el pasado 31 de marzo la Comisión propuso un plan de acción sobre el acceso de las pequeñas y medianas empresas al capital de inversión. 
Ya desde el comienzo del ejercicio 1998 se ejecutará dicho plan de acción, si los Jefes de Estado o de Gobierno, lo aprueban, naturalmente, en Cardiff. 
Reformas necesarias también en el nivel del mercado laboral. 
Se deben examinar varias vías: la de la reducción de los costos no salariales, si bien sólo es posible, por razones presupuestarias, una bajada de los costos no salariales, correspondiente al grado inferior de la escala de salarios. 
La diferenciación salarial, segunda vía: en efecto, ¿acaso es normal que en 25 regiones de la Unión Europea la tasa de desempleo sea inferior al 5 %, mientras que en otras 25 regiones es superior al 22 %? 
Ello obliga a preguntarse por el problema de la diferenciación salarial según el nivel de productividad y en función de las calificaciones de las regiones o incluso de los sectores de actividad. 
Por último, otra vía que se ha mencionado y sobre la que debo decir unas palabras: la reducción de la jornada laboral. 
Creo que ha sido la Sra. Angelilli la que me ha preguntado, en particular, por ese asunto. 
Hay que evitar las consignas y las ideas fijas a ese respecto. 
La reducción de la jornada laboral puede tener efectos complejos y contradictorios en el empleo, pues, contrariamente a un perjuicio generalizado, el empleo no es una cantidad fija. 
Es, al contrario, una variable endógena del sistema económico, que fluctúa en función de todas las demás variables. 
Así, pues, hay que ser prudente y calibrar todas las consecuencias de las medidas que se adopten. 
La reducción de la jornada laboral puede favorecer el empleo, pero en ciertas condiciones. 
También a este respecto conviene recordar que no debe tener consecuencias en el saneamiento de las finanzas públicas y debe ser neutra respecto del costo representado para las empresas. 
En efecto, hay que procurar no disminuir la rentabilidad de las empresas, lo que podría causar una reducción de las inversiones, con efectos en definitiva negativos en el empleo o bien hay que evitar también que semejante reducción entrañe una revisión a la baja de los salarios en las empresas interesadas. 
De todos modos, respecto de la reducción de la jornada laboral, no me parece que se pueda tratar ese asunto de forma general y absoluta. 
Se debe apreciar en el marco más general de la organización del trabajo. 
Esa cuestión corresponde a la negociación entre interlocutores sociales en el nivel microeconómico- el ramo, la empresa -, como, por lo demás, señala- me parece- el ponente del Parlamento. 
Pero, aparte del interés particular de esas medidas concretas, la reducción del desempleo no puede resultar sino de la aplicación continua en el tiempo de políticas globales, coherentes, determinadas y, como subrayaba el Sr. Caudron, que abarquen aspectos de investigación, educación, formación. 
Para terminar, diré que esa operación de grandes orientaciones de las políticas económicas está situada bajo los auspicios del empleo y el objetivo es sin lugar a dudas el de formular un marco propicio para el crecimiento y el empleo, sin por ello dejar de velar por un buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. 
Todo esto no es contradictorio. 
Señor Presidente, señor ponente, Señorías, la Comisión se felicita de la contribución de esta Asamblea a esta reflexión y puedo asegurarles que tendrá en cuenta sus recomendaciones para la redacción de las grandes orientaciones de política económica. 
Señor Presidente, distinguido señor Comisario, aquí se ha expuesto en dos o hasta en tres ocasiones, con los aplausos de la Asamblea, la relación entre el paro, la desesperanza y los votantes de la derecha. 
Yo quisiera pedirle cordialmente que diga algo sobre este tema, pues creo que el resultado, en Alemania, de un 13, 6 % de los votos en favor de la Unión Popular Alemana (Deutsche Volksunion) -financiada por una sola persona, un partido de derechas sin programa- le provoca tanto temor y retortijones como a mí. 
Yo le ruego que se manifieste también al respecto. 
Puedo responder muy claramente que el desempleo es el azote de Europa. 
No se resolverá el problema del desempleo agravando los déficit y la experiencia pasada nos ha demostrado que era al contrario. 
Los países que han reducido su déficit son los que han obtenido un mayor crecimiento para su país y han permitido crear más puestos de trabajo: véase el ejemplo de los Países Bajos o de Irlanda. 
Sin embargo, no es suficiente para solucionar el problema del desempleo. 
Hay que atacar las raíces mismas de ese azote. 
Por eso hay que aplicar políticas coherentes en materia estructural. 
En el plano político, me parece un poco facilón, con fines populistas, con fines puramente políticos, buscar chivos expiatorios, buscar responsables donde no los hay. 
No achaquemos a Europa la responsabilidad del desempleo, cuando, en realidad gracias a Europa, a una profundización de Europa y a acciones concertadas en el nivel europeo, es como se logrará precisamente vencer el azote del desempleo en la situación actual. 
Pero hará falta tiempo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas. 
Industria textil y de la confección 
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales, formuladas al Consejo y a la Comisión, sobre la industria textil y de la confección: 
Soltwedel-Schäfer, Hautala y Wolf, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo.-B4-0275/98 y B4-0276/98, de los Sres. Puerta y Ribeiro, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica.-B4-0277/98 y B4-0278/98, del Sr. Ferrer, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo.-B4-0284/98 y B4-0285/98, de Gasliba y Böhm, en nombre del Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas.-B4-386/98 y B4-387/98, de Pasty, en nombre del Grupo Unión por Europa.-B4-462/98, de Sainjon a la comisión, en nombre de la Coalición Radical Europea. 
Señor Presidente, mis preguntas van dirigidas al Consejo y a la Comisión. 
Ya tienen ustedes mis propuestas de enmienda. 
Muy sucintamente, su común denominador es una ecologización de toda la industria textil. 
No es la primera vez que abordo este tema. 
Hemos mantenido ya extensos debates y algunas discusiones al respecto, con el comisario Bangemann, entre otros. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿con qué programas cuenta la Comisión y qué procedimiento tiene previsto el Consejo con vistas a una ecologización, urgentemente necesaria, de la industria textil, por ejemplo, por lo que respecta a la eliminación de las substancias nocivas contenidas en los propios tejidos y que provocan alergias, y en relación con los riesgos para los trabajadores que fabrican estos productos y para el medio ambiente, cuando entran en contacto con el aire, el suelo y el agua? 
El Sr. Bangemann me explicó hace un año aquí que un grupo de trabajo se estaba ocupando de este tema. Dijo que se estaban elaborando unas directivas. 
Esto, por una parte. 
Después de dirigir varias preguntas a la Comisión, también por escrito, hasta ahora sólo he recibido papeles vacíos de contenido, o sea, que no ha habido respuesta. 
Yo desearía conocer su opinión al respecto. 
Finalmente, está el tema del trabajo infantil. 
Como ustedes saben, en muy diversos dictámenes del Parlamento Europeo se hace referencia al trabajo infantil en la industria de la confección y textil, sobre todo en Portugal. 
Es alarmante que este fenómeno se dé en Europa y yo les ruego que manifiesten también su posición al respecto. 
Señor Presidente, señores representantes del Consejo y de la Comisión, las preguntas orales y la resolución resultante procuran dar una señal clara de este Parlamento para la reunión del Consejo de Política Industrial del 7 de mayo, que, según se espera, evaluará la propuesta de la Comisión relativa a un «plan de acción para la competitividad de la industria textil europea». 
Esta fórmula reglamentaria sirve para decirles que el Parlamento no hace dejación, ni por omisión ni por mero cumplimiento de un ritual, de su función de emitir su dictamen sobre la competitividad de un sector con la importancia del textil y de prendas de vestir, decisiva para la economía y el empleo de algunos Estados miembros. 
Sirve también para afirmar la insatisfacción por lo que la Comisión ha llamado «plan de acción» y no lo es. 
Será un documento de reflexión estratégica, pero, para ser un plan de acción, le faltan proyectos, calendarios, asignación de medios. 
Por lo demás, habría bastado aprovechar algunas de las recomendaciones de los interlocutores sociales expresadas en el informe para que tuviera ese estatuto y como tal fuese examinado. 
Sirve también para afirmar lo que el Parlamento considera necesario y urgente. 
Por nuestra parte, propugnamos un planteamiento no fragmentado y desequilibrado, sino del sector como un todo, como ramo productivo y con particular atención a las actividades de trabajo intensivo. 
Sostenemos que la competitividad del sector exige la lucha contra la competencia fraudulenta y distorsionada, sobre todo en cuanto a condiciones sociales, por lo que se impone la adopción, en los planos bilateral y multilateral, de cláusulas sociales basadas en las disposiciones de la OIT. 
Propugnamos la certificación, en cuanto al origen y las condiciones sociales y medioambientales de producción, con el reconocimiento, en el nivel de la Unión Europea, de las certificaciones nacionales. 
En pro de la competitividad del sector, propugnamos también el estímulo de nuevos productos y tecnologías, la promoción del acceso a los mercados exteriores, sobre todo de las PYME, el fortalecimiento de la formación, en particular para la mano de obra femenina, pero la enumeración y la profundización de estos y otros aspectos corresponde al informe que estamos elaborando. 
Porque esta forma reglamentaria sirve, por último, para decir a Sus Señorías que en el Parlamento se está elaborando un informe a partir del documento de la Comisión. 
Se está haciendo con la seriedad de una posición institucional y exigiendo que se tenga en cuenta su participación en procesos como éste y su labor. 
Entre otras cosas, porque muy mal estaría esta «construcción europea» , si el tratamiento de un tema como el de la competitividad de un sector tan importante como el textil y de prendas de vestir se limitase al documento que la Comisión ha presentado. 
El proceso debe continuar y el Parlamento Europeo debe participar en él, como le corresponde y como lo exige y necesita el sector. 
Señor Presidente, quiero empezar mi intervención lamentando que el Consejo de Industria haya previsto pronunciarse sobre la comunicación de la Comisión relativa a las medidas en favor de la competitividad del sector textil y de la confección, sin esperar a conocer la posición del Parlamento sobre esta comunicación. 
Por ello, este debate tiene un propósito muy claro: señalar las grandes líneas que, al entender del Parlamento, deben proponerse para incrementar la competitividad y, en consecuencia, asegurar la pervivencia del sector textil y de la confección europeos. 
Un sector que, contrariamente a lo que algunos pueden pensar, ni está en crisis ni representa un sector en vías de extinción. 
Efectivamente, gracias a las reestructuraciones llevadas a cabo, gracias a la calidad de sus productos, de sus diseños, a su capacidad de respuesta rápida, hoy el sector textil y de la confección está en condiciones de enfrentarse al gran reto de la competitividad internacional y encarar el futuro con optimismo. 
De ahí que, al entender del Partido Popular Europeo, la Comisión y el Consejo deberían poner mayor énfasis, en relación al acceso efectivo a los mercados de los países terceros en condiciones de reciprocidad, de lo que lo hace el plan de acción que acompaña dicha comunicación. 
¿Son conscientes la Comisión y el Consejo de que se ha computado un total de 600 barreras arancelarias que impiden la libre exportación de los productos textiles comunitarios? 
Si de verdad el Consejo y la Comisión quieren favorecer la competitividad del sector textil y de la confección, deben exigir de los países terceros el respeto de las normas y de las disciplinas del GATT, proponer medidas coordinadas eficaces y ágiles que permitan luchar contra el fraude y las falsificaciones de los certificados de origen, proteger la propiedad industrial y hacer respetar a los países terceros las normas sociales y medioambientales fundamentales. 
Es cierto que se requieren otras muchas medidas en materia, por ejemplo, de investigación y desarrollo y en materia de formación, pero ninguna medida será efectiva si no hay un auténtico acceso a los mercados internacionales y el respeto de unas mismas reglas de juego para todos. 
Para acabar, señor Presidente, quiero manifestar la frustración de mi Grupo ante el proyecto de conclusiones elaborado por el Consejo, que no responde en absoluto a las necesidades de un sector clave y, por ello, pido al Consejo que reflexione y recoja las opiniones que este Parlamento está elaborando. 
Señor Presidente, Señorías, creo que es significativo que todo el espectro político de este Parlamento manifieste su preocupación por el futuro de la industria textil y de la confección en Europa. 
La coincidencia de diferentes sensibilidades políticas en expresar esta preocupación creo que muestra la importancia de un sector que, por una parte, tiene una larguísima tradición en el desarrollo industrial europeo y, por otra, tiene una característica que no escapa a nadie por su importancia en estos momentos y de la que hemos tratado en los anteriores debates de esta tarde: su capacidad de generar ocupación. 
Por lo tanto, la dimensión social de la industria textil y de la confección debe ser también tenida en cuenta. 
El núcleo de las diversas intervenciones lleva a pedir tanto a la Comisión como al Consejo una actuación adecuada para asegurar la continuidad, en las mejores condiciones posibles, de la industria textil. 
No se trata de mantenerla en su situación actual. 
No se trata de favorecer simplemente su sobrevivencia. 
Se trata de dotarla de una serie de mecanismos que aseguren su competitividad en un mercado abierto y cada vez más competitivo en la economía global en que nos movemos. 
Por ello, nosotros hacemos una serie de propuestas a la Comisión. 
Se trata, en primer lugar, de asegurar que la innovación tecnológica, las mejoras tecnológicas y el recurso a nuevas tecnologías, y básicamente las de la información y el comercio electrónico, se puedan aplicar correctamente en el ámbito de la industria textil y que ello lo analice la Comisión. 
Otro aspecto de gran importancia es que se considere toda la cadena de producción y no se consideren sólo algunos subsectores específicos en la industria. 
Y en tercer lugar, un tema que también es muy importante: asegurar la correcta formación para- insisto- que la competitividad de la industria textil europea permita su mantenimiento y el nivel de ocupación que todos deseamos. 
Señor Presidente, la industria textil es para la Unión Europea un sector muy importante pero muy delicado a la vez, como han dicho mis compañeros precedentes. 
Importante, por cuanto representa una industria básica en muchas regiones Objetivo 1 de los Fondos estructurales y da trabajo a más de dos millones de ciudadanos de la Unión Europea. 
Y delicado, por sus desalentadores números. 
Se han perdido más de 600.000 puestos de trabajo en el sector en los últimos seis años y, según las previsiones, se perderán, a corto plazo, más de 800.000 empleos. 
El momento para dicho sector resulta dramático. 
Desde este foro debemos denunciar la situación y promulgar remedios urgentes. 
No puede seguir existiendo en el mercado europeo, sea cual sea el sector, una competencia desleal y un dumping continuado que afecta negativamente a nuestras empresas y, en definitiva, a nuestros ciudadanos. 
La actual situación del sector textil europeo viene dada como consecuencia, entre otros factores, de la vulneración de las normas internacionales y comunitarias de mercado, como son el respeto al medioambiente, a la protección social y a la protección intelectual. 
Ya he comentado anteriormente la importancia que la industria textil tiene en la mayoría de las regiones Objetivo 1, las menos desarrolladas de la Unión Europea. 
Tal vez por ese motivo son regiones muy vulnerables, no sólo a los efectos del dumping que aquí denunciamos, sino a la propia política comunitaria de mercado con la reciente entrada en vigor de acuerdos con terceros países como Turquía o la liberalización con los países del Este. 
Especial importancia adquiere la entrada en vigor de la segunda fase del acuerdo textil de la Organización Mundial del Comercio, que da paso a una mayor liberalización del mercado. 
Todos estos factores golpean nuestra industria textil comunitaria. 
El documento presentado por la Comisión sobre el textil de la Unión Europea es, cuando menos, necesario y resulta importante, pero en el mismo echamos en falta una auténtica estrategia de acción que tenga en cuenta todas las dificultades por las que la industria textil y las regiones Objetivo 1 están pasando en estos momentos y realice una verdadera política de cohesión económica y social. 
Y aquí es donde debemos insistir e instar a la Comisión a que realice una política comunitaria acorde a la realidad de nuestra industria textil y, sobre todo, a la realidad de sus regiones implicadas. 
Un buen paso a dar por la propia Comisión sería aumentar la dotación financiera incluida en la Agenda 2000 y dar continuidad a un programa comunitario tan importante para el sector como es el RETEX. 
Esto no haría sino mejorar la competitividad de nuestra industria textil y la de sus regiones afectadas, contribuyendo positivamente, como ya hemos dicho, a la cohesión económica y social en la Unión Europea. 
Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría agradecer a las cinco Señorías sus preguntas y la presentación de las mismas y a las otras cinco Señorías que se han quedado a escuchar las respuestas y por conceder al Consejo la oportunidad de reafirmar su apoyo a esta industria europea de vital importancia. 
El Consejo es consciente de los desafíos a los que se enfrenta la industria europea en su conjunto, en un mundo de creciente globalización y nuevas tecnologías. 
Ha reconocido que la competitividad de la industria europea es la base misma para el crecimiento, la creación de puestos de trabajo y la mejora de los niveles de vida de todos nosotros. 
La industria textil y de la confección europea es un sector clave de la economía europea en términos de producción y empleo. 
El Consejo siempre ha reconocido la necesidad del apoyo comunitario para garantizar la competitividad de este sector de la economía. 
En este contexto, quizá convenga que exponga el panorama de las actuales iniciativas. 
Las orientaciones por las que se rigen las políticas comunitarias en este ámbito fueron definidas por el Consejo en 1994. 
Estas orientaciones establecieron un marco general para la estrategia industrial europea en el sector textil y de la confección. 
La estrategia fue ideada de manera que tuviera especialmente en cuenta las características específicas de cada sector. 
Dichas orientaciones establecieron un marco general para la estrategia industrial europea del sector textil y de la confección, y las actuales iniciativas del sector se remontan a las conclusiones del Consejo de Industria de 28 de marzo y de 14 de noviembre de 1996, y son relativas a las repercusiones de los acontecimientos internacionales sobre el sector textil y de la confección de la Comunidad, así como a la competitividad de la subcontratación en la industria textil y de la confección de la Unión Europea respectivamente. 
A estas conclusiones siguió, el 3 de noviembre de 1997, una comunicación de la Comisión titulada Plan de acción para incrementar la competitividad de la industria textil y de la confección europea. 
Dicha comunicación fue preparada en el contexto del diálogo que, por iniciativa de la Comisión, se ha celebrado entre las partes interesadas del sector textil y de la confección y, en particular, entre las administraciones públicas nacionales y comunitarias y los interlocutores sociales. 
El plan de acción de la Comisión define una serie de ámbitos prioritarios en los que deberán centrarse las acciones de las distintas partes. 
Actualmente está siendo examinado por los organismos competentes del Consejo y figura en el orden del día de la próxima reunión del Consejo de Industria de 7 de mayo de 1998. 
En estos momentos, la Presidencia prevé que el Consejo de Industria dé una respuesta inicial a la comunicación de la Comisión en la forma de conclusiones. 
Estas conclusiones detallarían la posición del Consejo sobre las iniciativas identificadas por la Comisión en los ámbitos de acción prioritaria. 
Todas las cuestiones planteadas hoy por las cinco Señorías son destacadas como ámbitos de actividad dentro de dicho plan. 
En particular, el Consejo deseará considerar cinco cuestiones clave: puestos de trabajo y formación; desarrollo y difusión de nuevos productos, métodos y equipamiento de las tecnologías de la comunicación y la información; el buen funcionamiento del mercado interno; acceso a los mercados de terceros países y el estricto cumplimiento de las normas y disciplinas aprobadas libremente en el marco de acuerdos internacionales; y desarrollo regional. 
Algunas Señorías, y en particular, el Sr. Ribeiro han planteado la cuestión de los recursos necesarios para la formación, si queremos mejorar la competitividad de la industria textil y de la confección. 
El plan de acción de la Comisión no contiene pormenores en los que basar una evaluación de sus consecuencias financieras. 
La iniciativa propuesta será financiada dentro del actual marco presupuestario. 
Recomiendo el excelente documento elaborado por la DG III en colaboración con Eurotex, la Federación europea del textil y de la confección, que detalla, en 91 páginas y por sectores, de dónde pueden sacarse los fondos en cada uno de los Estados miembros. 
A pesar de que no se ha propuesto ningún calendario para las iniciativas recogidas en el plan de acción, esperamos poder avanzar de manera continuada. 
También esperamos que prosiga el diálogo iniciado por la Comisión con todos los interesados del sector, incluidos los Estados miembros y los interlocutores sociales. 
Ello contribuiría a garantizar una vigilancia constante del progreso y nos permitiría adaptar las medidas a la evolución estructural y económica. 
Pasaré, a continuación, a algunas de las cuestiones más específicas presentadas hoy y que no están contempladas directamente en el plan de acción. 
En primer lugar, la pregunta de la Sra. Soltwedel-Schäfer. 
La cuestión del trabajo infantil está contemplada, principalmente, en los convenios de la OMT suscritos individualmente por todos los Estados miembros de la UE, en particular, el Convenio nº 28 sobre los trabajos forzados y el nº 138 sobre el trabajo infantil. 
Esta cuestión también ha sido abordada a nivel comunitario en la Directiva del Consejo 94/33/CE sobre la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo, que, en su artículo 1, declara que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir el trabajo infantil. 
Velar por el buen cumplimiento de esta directiva es responsabilidad de los distintos Estados miembros y de la Comisión. 
Algunas Señorías también han expresado su preocupación por la salud y la seguridad y por el medio ambiente. 
Son temas que el Consejo se propone tener en cuenta en todas sus políticas. 
Todas las medidas que se adopten para modernizar la industria textil y de la confección en la Unión Europea deberán ajustarse a las actuales normativas comunitarias en materia de salud y seguridad de los trabajadores y de protección del medio ambiente. 
Estas normativas incluyen, entre otras, la Directiva marco 80/1107/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos en el lugar de trabajo, así como todas las directivas subsiguientes. 
La Directiva marco del Consejo 89/391 sobre la introducción de medidas para fomentar mejoras de la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo y todas las directivas subsiguientes también han sido tomadas en consideración. 
Se han planteado otras dos cuestiones a las que deseo responder directamente. 
Se ha apuntado y se ha manifestado preocupación por no haber dado al Parlamento Europeo la oportunidad de dar su opinión. 
Sé que este Parlamento aprobará mañana una resolución y me aseguraré de que el Consejo la estudie detenidamente antes de decidir su programa de acción en el Consejo de Industria de 7 de mayo. 
A los diputados les preocupa el acceso al mercado. 
Es un objetivo clave del plan de acción que exige el cumplimiento estricto de las normativas y las disciplinas en el marco de los acuerdos internacionales. 
En conclusión, la comunicación de la Comisión ha tenido el valioso efecto de promover un amplio debate en torno a la idea de una auténtica estrategia europea para la industria textil y de la confección, que exigirá la plena participación de todas las instituciones y todos los organismos comunitarios, así como de los Estados miembros y de los interlocutores sociales. 
En ese contexto, el Consejo no dejará de tener en cuenta las opiniones manifestadas aquí por el Parlamento Europeo al respecto. 
Espero con interés escuchar sus opiniones en el transcurso del presente debate. 
Señor Presidente, Señorías, me alegro de poder expresarles la posición de la Comisión sobre toda la política que aplica o que intenta aplicar en el sector textil y de prendas de vestir. 
Voy a intentar responder sucesivamente a los diferentes aspectos de las preguntas que se han formulado, oralmente o por escrito, procurando ser lo más sintético posible. 
En primer lugar, respecto de la evaluación de las ayudas financieras concedidas en el sector textil y de prendas de vestir: este sector no recibe ayuda alguna con arreglo a un régimen propio específico. 
Actualmente tenemos varios programas horizontales: RETEX, PME, ADAPT, Empleo, así como acciones en la esfera de las tecnologías específicas y en los sectores tradicionales. 
El número de solicitudes aceptadas depende, en realidad, de la calidad de los proyectos y de la capacidad de coordinación entre la industria y los interlocutores sociales. 
Por lo que se refiere a todas las iniciativas comunitarias, actualmente están en marcha informes de evaluación, que deberán permitirnos examinar las repercusiones de esas iniciativas en la modernización del tejido industrial de las regiones interesadas y su coherencia con los objetivos de la política industrial. 
Segunda cuestión: el ajuste de ese sector, en vísperas de la liberalización del comercio mundial. 
He de decir en primer lugar que la liberalización ya se ha producido y se ha plasmado en una profunda reestructuración y modernización de dicho sector, pero globalmente los aumentos de la productividad, el refuerzo de las ventajas competitivas, los conocimientos especializados, el alto valor añadido y la innovación propician la preservación por el sector textil y de prendas de vestir de Europa de su posición dominante en el comercio mundial, ya que sigue siendo el primer exportador mundial de productos textiles y el tercero de prendas de vestir. 
En cuanto a las medidas previstas para atenuar en el nivel regional las consecuencias económicas y sociales de los esfuerzos de reestructuración, he de precisar a Sus Señorías que hay numerosos instrumentos disponibles para acompañar y sostener la transformación de ese sector; pienso en particular en los Fondos estructurales, el Fondo de Cohesión, que desempeñan un papel importante en las regiones en que precisamente el costo de las inversiones y el costo social de la reestructuración son particularmente elevados. 
Ése es el papel de RETEX y el de los marcos de iniciativas comunitarias o de los marcos comunitarios de apoyo. 
Además, hay programas de formación de los trabajadores en materia de mutaciones industriales, que permiten preservar puestos de trabajo estables en la Unión. 
A ese respecto, para la nueva programación que va a abarcar el período 2000-2006, la Comisión aprobó el pasado 18 de marzo un proyecto de reglamento en el que figuran disposiciones generales sobre los Fondos estructurales. 
En dicho proyecto, la Comisión propone en particular la aplicación de un nuevo objetivo 2, que debería apoyar la reconversión económica y social en las zonas que afrontan reestructuraciones y, en particular, las que están particularmente afectadas por el textil. 
Esas acciones, que se llevan a cabo hoy en el marco de la iniciativa RETEX, podrían prolongarse en el marco del nuevo objetivo 2. 
Cuarta cuestión: el trabajo infantil. 
He de recordar a Sus Señorías que una directiva 94/37, relativa a la protección de los jóvenes, prohíbe el trabajo infantil en los países miembros. 
Según dicha directiva, la edad mínima está fijada en 15 o 16 años, según el sistema escolar en vigor. 
Los Estados miembros disponían de dos años para transponer dicha directiva en su legislación nacional. 
La Comisión está examinando actualmente las notificaciones de cada uno de los Estados miembros para ver precisamente en qué Estados se ha hecho y cómo se ha hecho la transposición. 
Además, he de precisar que, en el marco del diálogo social, los sindicatos y la patronal han firmado la carta de buena conducta relativa a las condiciones de trabajo en las industrias europeas del sector textil y de prendas de vestir. 
Los interlocutores sociales se han comprometido a velar por la promoción de dicho código de conducta y a seguir su cumplimiento progresivo, en particular mediante una evaluación anual. 
Quinta condición: el medio ambiente y la salud pública. 
Evidentemente, constituyen un elemento fundamental en la modernización del sector textil y de prendas de vestir. 
No obstante, conviene asegurarse de que las legislaciones nacionales, que a veces son diferentes, no crean nuevos obstáculos técnicos, que no estarían justificados, al funcionamiento del mercado comunitario. 
Ésa es la razón por la que la Comisión está haciendo ese examen, teniendo en cuenta al máximo, naturalmente, la protección del consumidor y del medio ambiente; en ciertos casos, la armonización en el nivel comunitario es insuficiente; así es, por ejemplo, en el de los colorantes azoicos. 
En otros casos- pienso en particular en los metales pesados -, sigue siendo necesario proseguir la labor de análisis y está en marcha un estudio de evaluación de los riesgos para la salud que podría entrañar la utilización de esas substancias peligrosas. 
Sexta cuestión: ¿se pueden calcular los recursos financieros de formación necesarios para mejorar la competitividad del sector textil? 
La Comisión no puede determinar el importe necesario para la reestructuración del sector. 
En efecto, corresponde a las propias empresas precisar sus necesidades financieras para las nuevas inversiones y utilizar los importes fijados para ello en los Fondos estructurales o en el marco de los programas de investigación e innovación o en el marco de las iniciativas comunitarias como ADAPT- 1.400 millones de ecus- o Empleo, con el mismo importe. 
Todos esos programas pueden acompañar estrechamente las mutaciones de ese sector, en particular en materia de formación. 
Séptimo aspecto: la Sra. Ferrer y el Sr. Gasòliba han preguntado a la Comisión por el calendario establecido en el marco de esas iniciativas comunitarias y de ese plan de acción. 
La Comisión ha descrito en su plan de acción todas las iniciativas que se han adoptado o que se van a adoptar. 
Esas acciones son- he de recordarlo- competencia de los Estados miembros y de los interlocutores sociales, por lo que la Comisión no puede imponer un calendario preciso. 
Por eso, la Comisión está creando un cuadro de la marcha de los trabajos que abarcará las acciones concretas. 
A partir de dicho cuadro, los interlocutores sociales, la Comisión, los poderes políticos nacionales, evaluarán los avances logrados y lo haremos en el marco de una reunión que convocarán los servicios de la Comisión al final de este año. 
La evolución del sector a lo largo de estos últimos años ha revelado todo un conjunto de puntos fuertes y ciertos puntos débiles. 
El problema estriba en integrar ese nuevo sector en la revolución tecnológica que le da su carácter de modernidad. 
Por eso la Comisión, en su plan de acción, está convencida de que las ventajas competitivas relacionadas con la innovación, la creación, la calidad, los conocimientos especializados, le permiten desempeñar un papel de vanguardia en los mercados internacionales, aunque el sector ha dado estos últimos años pruebas de resultados competitivos notables. 
Tiene futuro y ésa es la razón por la que la estrategia de política industrial, en el sector textil y de prendas de vestir, debe tener en cuenta las características específicas de ese sector y al tiempo integrarse en una estrategia industrial global. 
Y respondo al Sr. Novo Belenguer que en los grupos de trabajo se han examinado por extenso sus repercusiones y su funcionamiento con todos los agentes económicos interesados de Europa. 
A partir de esos resultados la Comisión ha elaborado una comunicación en la que se describen las directrices de un plan de acción. 
Se ha presentado al Parlamento, al Consejo y al Comité Económico y Social dicha comunicación, que va acompañada de un cuadro analítico de las acciones concretas que se realizarán hasta el año 2000. 
Por último, última cuestión, relativa a la acción financiera y al apoyo a la investigación y la innovación. 
Por lo que se refiere a la actividad comunitaria, afecta a varias esferas. 
En la social, está claro que el respeto de las normas fundamentales de derecho laboral es esencial. 
La Comisión subraya la necesidad de que dichas normas fundamentales sean respetadas, rechazando al mismo tiempo, naturalmente, el uso proteccionista que algunos podrían intentar hacer de ellas. 
Y, por último, por lo que se refiere al medio ambiente, están en marcha debates en el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC. 
La Unión participa en ellos y está iniciando un análisis de los efectos medioambientales, que está relacionado con la liberalización del comercio, y los efectos comerciales de las legislaciones en la esfera que afecta al sector. 
Por último, para concluir, he de decir que, en la esfera de la propiedad intelectual, la Comisión participa actualmente en los debates relativos a la aplicación de los acuerdos TRIP (Trade Related Intellectual Property) en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 
He recibido una propuesta de resolución común, presentada conforme al apartado 5 del artículo 40 del Reglamento por siete grupos políticos sobre las preguntas orales acerca de la competitividad en el sector de la industria textil y de la confección. 
Permítame decir, señor Comisario, que, ciertamente, la opinión tan optimista que la unidad para el sector textil de la DG III ha escrito para usted no coincide con mi experiencia personal acerca de los sectores textiles de mi región, y estoy segura de que el Sr. Caudron también tendrá una opinión diferente acerca de la región francesa a la que representa. 
Todos los días me entero de la pérdida de puestos de trabajo en el sector textil de la región de East Midlands, a la que represento, y el mes pasado me enteré de que se habían perdido otros 350 puestos de trabajo en el sector de la confección para señoras y niños de Huthwaite, en Nottinghamshire. 
Debo decir que estos problemas de reestructuración se deben en su mayor parte al fuerte competencia en costes de los países en desarrollo. 
Las ventajas de los costes de dichos países no desaparecerán. 
Los mercados están cada vez más liberalizados, como han dicho otros diputados durante el debate, y eso significa, inevitablemente, que la competencia de ultramar se intensificará. 
No podemos depender de los niveles tradicionalmente altos de los aranceles ni de la protección de cuotas de la UE. 
La industria textil europea tiene ventajas globales, y debemos desarrollarlas y potenciarlas. 
Lamentablemente, el plan de acción de la Comisión no llega lo suficientemente lejos en este sentido. 
Un reciente estudio del Gobierno del Reino Unido, sobre el que estoy segura de que el Presidente en ejercicio querrá hacer algún comentario, analizó el benchmarking y nuestra asociación con las empresas del sector textil. 
Hemos examinado la posición predominante a nivel mundial del Reino Unido, hemos examinado la moda, el diseño, la TI, las técnicas de " justo a tiempo» y las cadenas de suministro, como decía el Sr. Ribeiro, y hemos descubierto que, en realidad, podemos aprender de otros países. 
Por ejemplo, los italianos han salido con éxito a los mercados de ultramar, en base a su fortaleza y servicio al cliente, y han sabido evitar la competencia frontal de las importaciones de bajo coste. 
Permítame decir, por último, que creo que la Comisión es inconsistente en sus políticas. 
Estoy muy decepcionada de que la Comisión, en su política anti-dumping, no siempre se ajuste a los intereses comunitarios. 
Opino que la Comisión debe ser más coherente en su enfoque de las necesidades de las industria textil. 
Debe escuchar al sector y cuando tome sus decisiones en materia anti-dumping, debe escuchar a los Estados miembros. 
Cuando los Estados miembros votan 10 contra 5 en contra de procedimientos anti-dumping, porque creen que no favorecerán a la industria, usted y la Comisión deben aceptar dichas decisiones. 
Por lo tanto, pido al Consejo que incluya estos asuntos en el Consejo de Industria de 7 de mayo. 
Por este motivo, los Socialistas pedimos que el Parlamento Europeo participe en la investigación anti-dumping, que el Parlamento tenga un papel en términos de transparencia y la obligación de rendir cuentas, y que la Comisión no adopte decisiones en contra de la subsidiaridad, sin ninguna transparencia democrática. 
Señor Presidente, cuando el año pasado en el Estado miembro de Bélgica una empresa como la Renault pone en la calle a 3.000 personas, el país se trastorna y con razón. 
Y se pregunta: ¿Qué hace Europa? 
Sin embargo, cuando constatamos que en el sector textil y de la confección entre 1991 y 1996 se han perdido unos 600.000 puestos de trabajo, tenemos la tendencia a ignorarlo porque esto no se produce en una sola empresa. 
Ahora bien, creo que podemos constatar, también hoy, que la comunicación de la Comisión y en especial el plan de acción para la industria textil y de la confección son muy necesarios y que han llegado a tiempo y que constituyen un firme punto de partida para mantener e incrementar la competitividad del sector. 
Con la condición de que las medidas propuestas se traduzcan, en un plazo razonable y con el suficiente apoyo financiero, en hechos políticos. 
Un año perdido en la industria textil y de la confección supone, pues, una pérdida de, digamos, 100.000 puestos de trabajo. 
Señalo cinco prioridades para el programa de acción. 
En primer lugar, la realización y el respeto por parte de nuestros socios comerciales de las regulaciones acordadas en la Ronda de Uruguay, en las que el acceso a los mercados está en primer lugar. 
Hago dos preguntas concretas a la Comisión Europea. 
¿Cómo está el tema de las prácticas de dumping de Brasil? 
Y hago la otra pregunta: ¿Cómo está el tema de la aplicación del acuerdo que se firmó recientemente con Rusia en relación con los cupos de importación de alfombras? 
Segunda prioridad: el desarrollo de un programa de la investigación y desarrollo y de una tecnología de la información que permitan llegar a las 120.000 empresas textiles y de confección de la UE. 
Me alegro de que el representante del Consejo haya resaltado esto. 
En tercer lugar, la protección de la propiedad intelectual por medio de la lucha reforzada contra los productos de imitación. 
En cuarto lugar, la intensificación de la política industrial y social basándose en la negociación sistemática con los agentes sociales. 
Puedo asegurarles, Señor Presidente, estimado Comisario, que los agentes sociales en los sectores textiles y de la confección son capaces de llegar a un acuerdo con mucho apoyo. 
En quinto lugar, la elaboración de planes de formación polivalente, una mejor preparación para la conversión industrial que se producirá sea como sea. 
Espero, Señor Presidente, y el Presidente del Consejo de Ministros, que el debate del 7 de mayo conduzca a una política reforzada, tanto industrial como social en beneficio de la industria textil y de la confección. 
Señor Presidente, como ha dicho uno de mis colegas, las afirmaciones del Consejo y de la Comisión no corresponden a la realidad. 
En efecto, desde 1992 se han suprimido 100.000 puestos de trabajo todos los años. 
La crisis en el sector textil es debida esencialmente a los traslados de empresas decididos por la patronal y al aumento de las importaciones, que han provocado, además de las supresiones de empleos, retrasos importantes en materia de formación, investigación y modernización de los equipos. 
Resulta mucho más práctico producir en países con salarios bajos y mucha mano de obra que perfeccionar los equipos. 
Las dificultades del poder adquisitivo han contribuido también al descenso del consumo. 
Sin embargo, la industria textil representa aún un sector cargado de futuro, con más de dos millones de asalariados en Europa en 120.000 empresas. 
Así, pues, se deben adoptar medidas en los niveles nacional y comunitario para detener la hemorragia de empleos y contribuir al desarrollo del sector textil. 
Ahora bien, las palabras del Sr. de Silguy en las que ha mencionado el apoyo previsto para reestructuraciones no son suficientes para tranquilizarme. 
Ante todo hay que detener los traslados, frenar las importaciones, que podrían aumentar aún más con la crisis asiática y el desmantelamiento progresivo de el Acuerdo Multifibras de aquí al año 2005. 
Nuestro Grupo propone que se instauren cláusulas sociales en los acuerdos comerciales. 
Podrían adoptar la forma de un impuesto contra el dumping social sobre los productos reimportados hacia la Unión Europea por las empresas que se implanten en países con salarios bajos, cosa que menciona con razón la resolución común en su párrafo 5. 
En cualquier caso, se deben suprimir las ayudas públicas nacionales y europeas a las empresas que se trasladen. 
Por lo demás, si no he entendido mal, las ayudas existentes constituyen, en realidad, primas al despido, cosa que no podemos aceptar. 
En su comunicación, la Comisión Europea sigue, por desgracia, las recomendaciones de la patronal, ya que sus propuestas van encaminadas, a fin de cuentas, a mejorar la competitividad de las empresas esencialmente presionando sobre el costo del trabajo y desarrollando la flexibilidad, solución que ha demostrado su ineficacia, como también, por lo demás, los regalos fiscales. 
Así, pues, además de remediar las distorsiones de la competencia y luchar contra el dumping social- y me gustaría que el Consejo y la Comisión diesen su opinión sobre las medidas precisas que están previstas en esa esfera -, existe también la necesidad de dedicar en el nivel europeo medios importantes a favorecer la inversión, el desarrollo de la investigación, la formación y la modernización de los equipos. 
Se podrían instaurar créditos con tipos bonificados para las empresas creadoras de puestos de trabajo, se debe revisar la reglamentación europea, en particular el TPP, y, evidentemente, en el nivel nacional el aumento del poder adquisitivo permitiría aumentar el consumo y constituiría, por tanto, un medio de reactivación del sector textil. 
Así, pues, me gustaría recibir como respuesta la opinión de la Comisión sobre esas propuestas y también sobre el nivel de los medios empleados, porque no tenemos demasiadas precisiones sobre ese plan. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi informe sobre la competitividad industrial europea lo he recordado, personalmente: contra viento y marea, sigo pensando que el sector textil y de prendas de vestir europeo es un elemento importante de nuestra industria europea, de su potencia y su futuro. 
Si a eso añadimos que dicho sector está implantado en regiones con múltiples y graves dificultades que se superponen y que comenzaron con la reestructuración de las minas, de la siderurgia y ahora del textil, se puede calibrar la importancia de ese sector y, por tanto, la gravedad de este debate en nuestras regiones. 
Por eso, antes incluso de que se debata ante nuestra Asamblea el informe de nuestro colega el Sr. Ribeiro sobre el plan de acción textil, es necesario conocer muy precisamente las intenciones de la Comisión y del Consejo para con esa industria y, por consiguiente, para con las regiones que se esfuerzan por salir de una crisis económica y social, cuando no moral, profunda. 
La respuesta de la Comisión a esta pregunta es primordial, ya que se nos dice que centenares de miles de puestos de trabajo están aún amenazados, pese a la sangría pasada de más de 600.000 puestos de trabajo. 
Hoy en nuestras regiones se ha llegado al límite. 
Y en esas condiciones hay que adoptar medidas concretas sólidas y comprensibles para ese sector a fin de disminuir las cargas que pesan sobre los puestos de trabajo con poco valor añadido. 
Es necesario también- y lo repito una vez másluchar contra los traslados salvajes y económicamente injustificados de empresas. 
Conozco las reticencias de los puristas del liberalismo a los que espantan las perspectivas de semejantes ayudas. 
Pero es el único medio para luchar contra un dumping social practicado por ciertos países, lo que constituye una competencia desleal para con la Unión Europea, su industria, sus puestos de trabajo y su modelo social. 
El informe del Sr. Ribeiro será- estoy seguro- un documento importante. 
Igualmente importante es que la Comisión y el Consejo, desde ahora mismo, se orienten en ese sentido. 
Se trata también aquí de plasmar en los hechos, en todos los hechos, las resoluciones de la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo en Europa, así como la necesaria y vital lucha contra el desempleo, que- de sobra lo sabemos- fortalece prácticamente en toda Europa los nacionalismos de extrema derecha totalmente antieuropeos. 
Señor Presidente, la Cumbre sobre el empleo de Luxemburgo del pasado mes de noviembre y el Consejo de ministros de Economía y Finanzas del mismo mes, al afrontar la necesidad de responder positivamente al problema del empleo, formularon, entre otras, la posibilidad de intervenir para aligerar la carga fiscal o contributiva en los sectores muy intensivos en mano de obra. 
En la industria manufacturera, el textil y la confección constituyen, sin duda, el sector con la mayor intensidad de mano de obra, en particular femenina. 
Por lo tanto, si de verdad se pretende salvaguardar el empleo y el sector productivo, es necesario ser coherentes con los objetivos declarados, sin penalizar a los trabajadores y sus retribuciones. 
En consecuencia, el plan de acción de la Comisión debe responder a la cuestión de cómo hacer frente a la gran incidencia del coste de la mano de obra en los costes globales de este sector. 
Hace falta asimismo prestar ayuda a los productos de alta calidad a través de una política de apoyo a la pequeñas y medianas empresas del sector, con objeto de aumentar el valor moda y la calidad de las materias primas utilizadas por las mismas. 
A dicho fin, hay que realizar una política que abarque toda la cadena de producción en las regiones implicadas y en las áreas del textil y de la confección como, por ejemplo, la zona de Carpi, de la que soy originario. 
Con frecuencia se ha hablado de igualdad de oportunidades en este Parlamento. 
Si queremos fomentar realmente la ocupación, en especial de las mujeres, éste es un sector que hay que defender y consolidar a través de la prórroga y la gestión positiva del acuerdo Multifibre, así como a través de controles rigurosos en puntos fronterizos específicos, a fin de evitar el abuso del tráfico de perfeccionamiento pasivo. 
En la Comisión de Asuntos Económicos hemos comenzado a discutir el plan de acción de la Comisión en lo referente al textil y la confección, plan que parece, sin embargo, inadecuado para hacer frente a los problemas del sector. 
Las propuestas han se ser reexaminadas, mejoradas y convertidas en más concretas y factibles. 
Señor Presidente, esta resolución no puede ser interpretada como una exigencia abierta o solapada de medidas proteccionistas para disminuir la importación de productos textiles de la UE. 
Durante los años 60 y 70 la industria textil y de confección sueca se vio expuesta a una competencia que significó una marginación notable y demandas de adaptaciones. 
Los países que entonces aumentaban sus exportaciones eran, por ejemplo, Portugal, Italia y Finlandia. 
Esas naciones exportadoras exigían libertad de comercio para los productos textiles y no toleraban incumplimientos de los compromisos de política mercantil y Suecia también se resistió a exigencias internas de restricciones comerciales. 
Si la UE ahora usase barreras comerciales, por ejemplo mediante los recursos de cláusulas sociales o necesidad de medidas antidumping, se dañaría a los países comunitarios que ya han adaptado su industria textil para beneficiarse del libre comercio. 
También disminuiría el espacio para que países pobres en vías de desarrollo participasen en el comercio internacional. 
En el largo plazo, toda la UE perdería con esas medidas proteccionistas. 
Si se impusiesen barreras a la importación, otros países impondrían las suyas en contra de la UE. 
Esto dañaría la producción comunitaria de bienes que representan un valor de transformación más alto que el de los textiles y que, en el largo plazo, proporcionan más puestos de trabajo dentro de la UE. 
Es cierto que hay casos de antidumping real, pero a menudo se abusa de este argumento cuando los verdaderos motivos son proteccionistas. Lo mismo ocurre con las cláusulas sociales. 
Es importante ver los desafíos en las regiones expuestas a demandas de adaptación. 
Para hacer frente a la competencia de nuevos países se requieren empresas dinámicas y mercados laborales flexibles. 
El proceso dinámico que produce mayor bienestar es la capacidad de realizar adaptaciones y crear nuevas industrias. 
Ésta es la tarea, señor Presidente, y no las barreras comerciales. 
Señor Presidente, voy a ser breve, habida cuenta de lo avanzado de la hora y de que en mi larga respuesta de antes ya he adelantado varias cuestiones que se me habían planteado. 
Está claro que el sector textil es un sector muy delicado. 
Señora Moreau, no es a mí a quien debe decirlo, pues soy tan consciente de ello como Su Señoría. 
Es también un sector que ha conocido reestructuraciones considerables, pero que, con ello, ha fortalecido mucho, de todos modos, su competitividad, por lo que hoy ocupa el primer puesto mundial. 
Ahora bien, el futuro no es de color de rosa, naturalmente, estoy de acuerdo con Su Señoría. 
Ésa es la razón por la que hay que proseguir el esfuerzo que descansa esencialmente en la creación de un medio favorable para el desarrollo de las empresas, para permitir su adaptación y para que aprovechen sus bazas, que, en esta materia, son el alto valor añadido, la innovación y la calidad. 
Así, pues, corresponde a los poderes públicos, esencialmente nacionales, por lo demás, habida cuenta del poco contenido, al menos en el sentido francés de este término, que tiene en el nivel comunitario lo que se llama política industrial. 
En segundo lugar, conviene que en el nivel europeo pongamos en práctica de forma eficaz ese mercado único, ese mercado interior, pues sólo el tamaño del mercado permite, en definitiva, a cada una de las empresas disponer de una posible salida más importante. 
En tercer lugar- y esto me parece importante en relación con terceros países -, conviene aplicar una política que sea a la vez ofensiva y equitativa. 
«Ofensiva» quiere decir que, con vistas a la exportación, debemos utilizar todas nuestras bazas en las negociaciones internacionales para que se puedan desmantelar los obstáculos a los intercambios que encuentran nuestras empresas en el marco de sus exportaciones. 
Eso es lo que está en juego en las negociaciones pasadas y sobre todo en las futuras. 
Conviene también velar por que en el nivel de las importaciones se apliquen las reglas normalmente. 
Puedo asegurar a Sus Señorías que en materia de lucha contra el dumping la Comisión aplica las reglas estrictamente y adopta las decisiones que debe adoptar. 
El Sr. Chanterie ha citado antes las alfombras rusas. 
Recuerdo que no hace mucho se adoptaron medidas al respecto. 
Creo comprender que, por lo que se refiere al Brasil, la Comisión está examinando la situación. 
Por lo demás, remito a Sus Señorías a lo que he dicho antes sobre los medios que existen dentro de los programas comunitarios. 
No voy a volver sobre esa cuestión. 
Los programas comunitarios permiten, en los diferentes aspectos mencionados, aportar a las empresas europeas que lo deseen, si cumplen las condiciones, el apoyo comunitario necesario para proseguir ese esfuerzo de modernización que les permite precisamente desarrollar y valorizar sus activos. 
Concluiré refiriéndome a un aspecto relativo a las organizaciones internacionales: el de la cláusula social. 
La Comisión le atribuye mucha importancia. 
Mi colega Padraig Flynn lo sabe mucho mejor que yo, en el marco, en particular, de la Organización Internacional del Trabajo. 
Y en cuanto a las cláusulas medioambientales, se están examinando profundamente en este momento, como he indicado antes, en el marco de los grupos de la Organización Mundial del Comercio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
El aprendizaje en Europa 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0315/98) del Sr. Castagnetti, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM (97) 0575- C40064/98-97/0321 (SYN) ) relativa a la promoción de «itinerarios europeos» de formación en alternancia, incluido el aprendizaje. 
Señor Presidente, los objetivos de esta decisión son fundamentalmente dos: en primer lugar, el de fomentar la movilidad de las personas en formación, por lo que, el mismo se incluye en la materia que caracteriza este período parcial de sesiones, ya que el euro nos ayuda a integrar todavía más, si cabe, a Europa, a convertir el Espacio Económico Europeo en cada vez más estrecho, a consolidar el mercado interno y, en consecuencia, a consolidar un espacio en que debe ser facilitada realmente la libre circulación de las personas y, por ende, la libre circulación de las personas en formación. 
El otro objetivo es orientar cada vez más la formación hacia las necesidades del mercado y de la industria, así como responder a las novedades que se nos demandan con objeto de convertir de verdad la formación en un instrumento de implementación, de inserción profesional y, en este sentido, creo que esta resolución responde a las numerosas acciones definidas por el Consejo Europeo sobre el Empleo, celebrado en Luxemburgo en el pasado mes de noviembre. 
¿Cómo pueden cumplirse estos objetivos? 
Lo acabo de decir, a través de la movilidad: la movilidad entre escuela y trabajo, la movilidad entre las diferentes profesiones. 
¿Quiénes son los destinatarios de estas intervenciones de movilidad? 
Qué duda cabe de que son los trabajadores, los jóvenes aprendices, los mismos responsables de la formación, y a través de la promoción de la movilidad de los jóvenes en formación, los responsables de la formación, los trabajadores que pierden su puesto de trabajo y que deben y quieren de alguna manera, gracias a la formación, volver a tener una cualificación profesional, nosotros conseguiremos también la movilidad, no sólo de los modelos formativos, sino también de las culturas y las técnicas industriales. 
Cada uno de nosotros, cada joven, cada aprendiz que se traslada de un país a otro, de una escuela a una empresa, también transfiere consigo conocimientos y culturas que ofrecen ventajas a quienes los acoge. 
Sabemos que existen unos límites en el Tratado. Los artículos 126 y 127 protegen la autonomía de los ordenamientos educativos y formativos de cada unos de los Estados y, en este sentido, este itinerario europeo de formación se configura como una modalidad de formación que se aplica a los programas ya existentes: no se trata de un nuevo programa, sino que es una forma de realizar la formación en alternancia, es una modalidad que se ofrece a los Estados miembros como una oportunidad y, por lo tanto, prevé una adhesión voluntaria. 
El trabajo previo que realizamos en la Comisión de Asuntos Sociales ha sido un trabajo sobre todo de diálogo, a fin de llegar a comprender si esta decisión respondía a la demanda de los interlocutores sociales. 
Entablamos un diálogo con otras comisiones parlamentarias, las demás Instituciones comunitarias, el Comité Económico y Social, las Cámaras de Comercio, los Gremios de las distintas ciudades europeas, los sindicatos, las asociaciones de productores y encontramos una respuesta positiva. 
El Consejo informal de los Ministros de Educación y de Trabajo que se celebró en Londres en el pasado mes de marzo, nos confirmó esta orientación, esto es, nos confirmó el compromiso de promover acciones de formación en alternancia a través de experiencias de asociación. 
Y con este ánimo, la Comisión, casi de forma unánime, ha presentado un serie de enmiendas que confío en que puedan ser aprobadas mayoritariamente y que están encaminadas fundamentalmente a crear una sinergia entre las iniciativas que la Comisión deberá llevar a cabo y las acciones de los Estados nacionales, precisamente en un contexto de una Comisión que no sólo observa y se limita a registrar lo que hacen los Estados miembros, sino que les impulsa e insta a que se adhieran a esta propuesta. 
Dichas enmiendas están dirigidas a seguir de cerca, incluso a través del sistema EURES, las experiencias realizadas en el pasado, la eficacia de las mismas, la existencia de una red de empresas dispuestas a acoger a los jóvenes en formación. 
En definitiva, debemos utilizar todos los instrumentos que el aparato comunitario ha creado en estos años. 
Con estas enmiendas también queremos solicitar una iniciativa de la Comisión y de los Estados miembros de cara a establecer cuáles son los sectores productivos mayormente receptivos, desde el punto de vista de la mano de obra, al objeto de que la formación profesional llegue a ser cada vez más eficaz en crear puestos de trabajo efectivos. 
Con nuestras enmiendas queremos facilitar la efectiva aplicación de esta decisión y solicitar a todos los Estados miembros, incluso los que aún no han previsto el aprendizaje en sus ordenamientos. 
Pretendemos garantizar la seguridad, la protección de estas experiencias en centros de trabajo que sean saludables y acogedores para nuestros jóvenes que eligen este sistema de formación en alternancia. 
Queremos garantizar una duración mínima de 3 meses para estas experiencias a fin de que no se convierta en inútil el sentido de la formación en alternancia y para que no se transformen en experiencias de turismo formativo. 
Es preciso que sean experiencias de permanencia efectivas en los centros de trabajo. 
En definitiva, lo que ambicionamos es poner en marcha, también gracias a esta decisión de la Comisión y del Consejo, un proceso de modernización, o sea, de verdadera europeización de los conocimientos y de los procesos formativos. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo creo que la doble denominación en la lengua alemana, mediante los términos "Lehrling» (aprendiz) y" Auszubildender» (persona en formación) , ya pone de manifiesto que nos encontramos ante una realidad bastante diversa. 
Tenemos dos términos que designan realidades muy distintas. Lo único que tienen en común, en realidad, es que no se cursan estudios secundarios de carácter primordialmente teórico. 
Aun así, a pesar de esta diversidad, es posible formular un par de cometidos comunes. 
Todos los países necesitan incorporar una dimensión europea, los itinerarios formativos europeos son una puerta de acceso necesaria para la movilidad en el ámbito del mercado interior, precisamente también para quienes no obtienen su calificación en la enseñanza secundaria. 
Deben crearse estímulos. Se requiere una certificación que la persona pueda llevar consigo y que pueda exhibirse en todas partes, el llamado " Europass». 
Se requieren investigaciones y evaluaciones para seguir avanzando en este proceso. 
Todavía subsisten una serie de problemas que ya ha expuesto mi colega. 
Además, tampoco contamos con un marco jurídico común, sino sólo con una decisión sobre las subvenciones. 
Queda pendiente la tarea de garantizar la calidad de manera transparente. 
Queda pendiente la tarea sumamente importante de impulsar el mainstreaming también en este ámbito y garantizar la igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminaciones, y queda pendiente que instemos a la Comisión a que presente un informe en toda la regla como mecanismo mínimo para el posterior desarrollo de la presente iniciativa. 
En efecto, es bien sabido que mientras no se integren la formación práctica y la teórica- lo cual quizá todavía lleguemos a presenciar -, salta a la vista que en cualquier caso se trata de vías de acceso complementarias. 
Los conocimientos implícitos que se adquieren en la práctica no desaparecen sin más, sino que van adoptando continuamente nuevas formas, entre otras cosas como resultado de los avances del progreso tecnológico. 
En este sentido, sigue siendo fundamental ofrecer una formación cualificada a quienes no hayan completado la enseñanza secundaria y darle una dimensión europea en el marco del mercado interior. 
La Comisión ha realizado una labor meritoria en este sentido, pero al Parlamento le corresponde la tarea de seguir impulsándola y de estructurarla. 
Señor Presidente, señoras y señores, esta propuesta tiene el potencial de fomentar el desarrollo de los aprendizajes con un valor añadido europeo. 
Su objetivo es proporcionar oportunidades a los que reciben formación en alternancia y que sus patronos se beneficien de los aprendices que realizan parte de su formación en otro Estado miembro, y que dicho aprendizaje sea reconocido. 
Al analizar esta propuesta legislativa, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha intentado introducir importantes mejoras y, en su intervención, nuestro ponente, Sr. Castagnetti, ya ha explicado algunas de las ideas que se encontraban detrás de estas útiles propuestas. 
Quizá deba destacar algunos de los temas que nos gustaría que analizasen el Consejo y la Comisión. 
Pensamos que esta propuesta debe ser contemplada y aplicada como parte de todo un paquete de medidas que la UE ha emprendido para fomentar el empleo, la educación y la formación. 
Varias enmiendas hacen referencia a la necesidad de sinergia entre esta medida y otros programas e iniciativas comunitarios. 
También es muy necesario garantizar que estos itinerarios europeos estén abiertos a todos e incluyan una igualdad de oportunidades real. 
Debido a que, probablemente, la mayoría de los que se beneficien de estas oportunidades serán jóvenes, es especialmente importante tener en cuenta aspectos como la salud y la seguridad. 
Los jóvenes que reciban formación en alternancia, incluido el aprendizaje en otro país europeo necesitarán medidas de protección. 
También deseamos que en esta iniciativa participen los interlocutores sociales y las empresas pequeñas y muy pequeñas. 
Queremos que se proporcione formación a los propios tutores pedagógicos y que exista un acuerdo sobre el período mínimo en el lugar de destino del aprendizaje. 
Ciertamente necesitamos sistemas eficaces de vigilancia y evaluación y, por último, aunque no por ello menos importante, necesitamos un presupuesto comunitario. 
Las propuestas presentadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pueden mejorar este plan, tanto respecto a la movilidad de los aprendices, como a la calidad de la formación en alternancia, incluido el aprendizaje que reciben los aprendices y, por consiguiente, contribuir a la mejora de los niveles de especialización en la UE. 
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Florencia encargó hace casi dos años un informe a la Comisión sobre la importancia relativa de la formación profesional en alternancia. 
Este tipo de formación cuenta con una gran tradición en mi país. 
Se adquieren conocimientos, se ejercitan habilidades, se inculcan actitudes sociales y una buena disposición para la integración. 
La formación en alternancia, en contacto con la práctica, capacita a los jóvenes para responder a las exigencias cada vez más complejas de los mercados de trabajo y contribuye de manera considerable a la reducción del paro juvenil. 
Su fundamento es la cooperación entre los centros escolares y las empresas. 
Cuando ésta funciona y está sujeta a una continua revisión pedagógica, de contenidos y organizativa, que tenga en cuenta las nuevas exigencias, el sistema de formación en alternancia puede tener y tiene futuro. 
No obstante, existen diferencias entre los sistemas de formación en alternancia en Europa, tal como ha señalado el autor de este excelente informe, Sr. Castagnetti. 
Por consiguiente, es necesaria una aproximación de los mismos, con objeto de establecer unos itinerarios europeos con la participación activa de los agentes sociales. 
Las medidas adoptadas por los Estados miembros, salvaguardando la subsidiariedad y sus competencias en relación con la formación profesional, adquieren un valor añadido europeo gracias a un intenso intercambio de información y de experiencias, la ejecución de proyectos piloto y el fomento de la movilidad, o sea, de las estancias en el extranjero, adaptadas a cada caso individuales y financiadas a través de programas comunitarios, como el Leonardo da Vinci. 
Hoy coinciden los debates y mañana la votación de dos temas importantes. 
En primer lugar, tenemos el informe sobre la convergencia, el euro y los Estados miembros. 
Pero también decidiremos una parte del futuro de la formación profesional. 
Si todo sale adelante, a partir del 1.1.1999 contaremos con una moneda común y una acción común en el ámbito de la formación profesional. 
Para recorrer el camino que conduce del mercado interior al mercado nacional europeo son necesarios tanto los grandes como los pequeños pasos. 
Señor Presidente, yo también deseo dar la bienvenida a esta Asamblea al Comisario y rendirle homenaje a él y al Sr. Castagnetti por la iniciativa de ambos sobre la propuesta relativa a la promoción de itinerarios europeos de formación en alternancia incluido el aprendizaje. 
En Europa hay en estos momentos 18 millones de parados de larga duración. 
Y sin embargo, en todos los países de Europa hay patronos y empresas que reclaman personal y sostienen que no lo encuentran. 
La causa no son los bajos salarios ni la falta de protección social. 
La causa es la falta de especialización y la falta de especialización práctica. 
Nos disponemos a ratificar el Tratado de Amsterdam, que incluye un capítulo especial sobre el desempleo y se está introduciendo esta nueva vía coordinada de presentar en Bruselas los planes de empleo nacionales para que sean evaluados por la Comisión y también al final del primer año. 
Debemos asegurarnos, por consiguiente, de que podemos proporcionar auténticas especializaciones y auténtica formación para que las personas puedan obtener auténticos puestos de trabajo, y no simplemente para manipular las cifras sacando a esas personas de las listas del paro durante unos meses. 
Entre 1994 y 1999, la agencia estatal de formación de Irlanda recibió 428 millones de libras para formación profesional y educación. 
Esto tuvo fuertes repercusiones sobre la mejora de la fuerza laboral disponible para el creciente sector industrial y de servicios de Irlanda. 
Desde una perspectiva irlandesa, es fundamental que se mantenga esta financiación después del año 2000 y hasta el año 2006. 
También es fundamental que estudiemos nuevos modelos y nuevas formas de aprendizaje, y que creemos esta sinergia entre los patronos, los sindicatos y los propios desempleados, para desarrollar los modelos que mejor se adapten a ellos. 
En Irlanda existen actualmente 14.000 aprendices de los que unos 11.400 están integrados en el nuevo sistema de aprendizaje basado en el nivel, y aproximadamente 2.600 en el antiguo sistema, basado en la duración. 
Es fundamental que en el Parlamento Europeo y en la Comisión mantengamos nuestras mentes, nuestros oídos y nuestros ojos abiertos a las nuevas formas de atajar el problema del desempleo. 
Por último, quisiera, muy brevemente, citar el siguiente proverbio: " Dale a un hombre un pez, y lo alimentarás un día, enséñale a pescar y lo alimentarás durante toda la vida». 
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Castagnetti por el excelente trabajo realizado, así como expresar mi aprecio a la Comisión por la iniciativa adoptada. 
Uno de los problemas que todos los Estados miembros deben afrontar al tratar de fomentar el empleo juvenil, es el de facilitar y fomentar una más estrecha cooperación entre la escuela y la empresa, siendo éste, por otra parte, uno de los objetivos del Libro Blanco «Enseñar y aprender: hacia la sociedad del conocimiento». 
La figura del aprendizaje, aunque se desarrolla de forma dispar en los distintos Estados miembros, se considera un marco privilegiado de encuentro entre estos dos mundos y, en consecuencia, un sector de intervención prioritaria para la Unión. 
La movilidad europea de los estudiantes, los trabajadores, los profesores, los responsables de la formación, los sindicalistas ha tenido un fuerte impulso en Europa gracias a las solicitudes de la Comisión, a través de los programas PETRA, COMETT y FORCE en el pasado, o LEONARDO y SOCRATES actualmente. 
Esta tendencia debe ser secundada por no decir fomentada, en particular por lo que se refiere a la colocación de los estudiantes en las empresas y las necesidades de formación en alternancia de los aprendices. 
Sin embrago, junto con el indispensable incremento cuantitativo de la movilidad, es necesario prever un contrapeso cualitativo a través del establecimiento consensual de reglas y comportamientos que sean aptos para garantizar la eficacia didáctica de las colocaciones y de los intercambios. 
Por lo tanto, hay que evaluar positivamente la propuesta de decisión que hoy estamos debatiendo, relativa a la creación del programa de «los itinerarios europeos» y del certificado «Europass» , destinados a establecer condiciones de calidad concretas de cara a la promoción y realización de las colocaciones, así como a introducir la práctica del certificado dentro de un modus operandi actualmente demasiado desregularizado y falto de garantías en favor de los participantes. 
Esta propuesta, sin embargo, por sí sola no puede resolver los problemas y superar todos los obstáculos relacionados con la movilidad en el sector de la formación profesional en alternancia. 
La misma Comisión lo ha reconocido y ha anunciado su intención de crear, en el contexto del nuevo programa LEONARDO, un ERASMUS del aprendizaje para facilitar la movilidad del sector. 
No sólo hace falta crear un ERASMUS del aprendizaje, sino que, como acaba de decir el señor ponente en su intervención, hay que establecer sistemas de seguridad social vinculados a la movilidad de los aprendices, así como llevar a cabo un control. 
Como Parlamento Europeo vigilaremos muy de cerca que la Comisión, en el contexto de las propuestas de sus programas de formación y educación para las futuras generaciones, que me imagino va a presentar a corto plazo, cumpla sus promesas. 
Señor Presidente, el excelente informe del Sr. Castagnetti constituye sin duda un hito en el camino hacia una mejora de la situación del empleo juvenil, en la medida en que hace hincapié en dos pilares fundamentales. 
Uno es la movilidad de los jóvenes, que es preciso incrementar, para ampliar así sus oportunidades. 
El segundo es la cualificación, la calidad de la formación, que debe mejorarse en general, sobre todo en el ámbito de la cualificación de los trabajadores especializados, a la cual también se ha hecho referencia en varias ocasiones hoy aquí. 
La movilidad se incrementará sin duda alguna con las propuestas, a través del reconocimiento mutuo, mediante un certificado- el denominado " Europass» -que acredite la formación profesional, con la supresión de las barreras burocráticas. 
El otro aspecto es la formación en alternancia, que mejora la calidad. 
Un hecho que, sin embargo, plantea un problema es que demasiados jóvenes obtienen una cualificación para profesiones inadecuadas. 
En mi país, formamos a un 80 % de los jóvenes para sólo once profesiones. Con lo cual, sus oportunidades de encontrar un empleo adecuado son consiguientemente bajas. 
Por esto, yo me permito añadir a este excelente informe una propuesta que quizá pueda permitirnos avanzar un paso más, a saber, que pidamos a la Comisión que elabore anualmente un análisis cualitativo sobre la demanda de formación, que ponga de manifiesto cuál es, de hecho, la demanda del mercado de trabajo a medio plazo y quizá también a más largo plazo. 
Esta información debería ponerse luego a disposición de los países, en calidad de servicio, con objeto de que puedan utilizarla voluntariamente como orientación. 
Es decir, que esto les permitiría definir y remodelar su sistema de formación profesional de manera que los jóvenes adquiriesen una cualificación que respondiese a la auténtica demanda del mercado laboral. 
Esto podría actuar como un estímulo adicional para preparar a los jóvenes para dicho objetivo y ofrecerles la oportunidad de conseguir efectivamente un primer empleo. 
Con ello abriríamos un nuevo camino. 
Señor Presidente, también yo desearía felicitar al Sr. Castagnetti por la valiosa labor que ha llevado a cabo con motivo de la elaboración del presente informe. 
La formación en alternancia y el aprendizaje muestran dos dimensiones distintas, la económica y la socioeconómica, que se complementan entre sí. 
Por otro lado, es importante hacer hincapié en el considerable papel que desempeñan principalmente las PYME a la hora de crear empleo. 
El buen funcionamiento de este sector repercute enormemente en el bienestar de toda Europa y en la situación del empleo de los jóvenes europeos. 
Por este motivo, se deberían destinar recursos comunitarios precisamente para satisfacer las oportunidades que brinda este sector a los jóvenes en forma de puestos de aprendizaje y de prácticas. 
El Sr. Castagnetti aborda igualmente el proceso de vinculación de las organizaciones del mercado laboral. 
La Comisión debería tener en cuenta en su propuesta que las organizaciones empresariales desempeñan un papel fundamental para las PYME. 
Como componente de pleno derecho del diálogo social de la Unión, se lleva ya mucho tiempo infravalorando el papel de estas organizaciones. 
En la armonización de los sistemas de aprendizaje hay que realizar mayores esfuerzos por armonizar las titulaciones. 
Para lograr una buena incorporación de los jóvenes al mundo laboral y el fomento de la libre circulación de la mano de obra, es imprescindible que las titulaciones sean en toda Europa lo más parecidas en materia de estructura, duración, contenidos y, también, de rigor académico. 
La responsabilidad principal por lo que se refiere a la armonización de las titulaciones y de los períodos de prácticas y aprendizaje relacionados con las mismas recae en las autoridades de los Estados miembros de la Unión. 
Únicamente una cooperación directa y un intercambio de la información permitirán instaurar la confianza necesaria fundamental para toda reciprocidad paneuropea en materia de titulaciones. 
Los sistemas educativos europeos no se benefician del hecho de que las normas que se deban establecer vengan impuestas, como se suele decir, desde arriba. 
Señor Presidente, de entrada, permítame agradecer al Sr. Castagnetti los enormes esfuerzos que ha dedicado a la elaboración de este informe, y a todos los que han participado en el debate. 
La finalidad de la propuesta de decisión dirigida al Parlamento y al Consejo relativa a la promoción de itinerarios europeos de formación en alternancia, incluido el aprendizaje, y el objetivo de la Comisión es promover la movilidad de las personas que reciben formación en Europa independientemente de la edad que tengan. 
El Sr. Castagnetti ha hecho especial hincapié en ello y le apoyo. 
Esta propuesta se inscribe en tres importantes impulsos de la política comunitaria: culminar el mercado interior, construir una Europa de los ciudadanos y crear una Europa del conocimiento. 
En estos tres aspectos, la movilidad de las personas que reciben la formación es muy importante. 
La experiencia comunitaria de la cooperación bilateral y multilateral entre los Estados miembros, demuestra claramente que existe una fuerte demanda de formación a todos los niveles, incluida la enseñanza superior. 
Entre 1995 y 1997, el Programa Leonardo da Vinci ha permitido a 100.000 personas recibir apoyo durante el período de formación en otro Estado miembro. 
Sobre esta base de la experiencia acumulada y en vista del fuerte incremento de las necesidades y de la demanda, es importante que ahora potenciemos esta movilidad para garantizar el máximo provecho posible. 
Para ello debemos aprobar, a nivel europeo, un marco común de calidad para el desarrollo de auténticos itinerarios europeos de aprendizaje y el incremento de su visibilidad. 
La propuesta, que está basada en el artículo 127 del Tratado, tiene un doble objetivo. 
En primer lugar, intenta definir el contenido y los principios de calidad general comunes de los períodos de formación en alternancia en otro Estado miembro, en relación con la formación que recibe la persona en cuestión en su país de origen. 
En segundo lugar, intenta garantizar que la formación sea entendida más fácilmente y adquiera un nivel más alto, gracias a un certificado conocido como el " Euro Pass Training» , que valida la experiencia adquirida en el trabajo o el aprendizaje. 
Como ha señalado el Sr. Castagnetti, también está relacionada con la política de empleo de la Unión Europea y con las directrices aprobadas en la Cumbre sobre el Empleo el pasado noviembre. 
Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los diputados a la Asamblea, y en particular al Sr. Castagnetti, ponente de la Comisión de Asuntos Sociales, sus sugerencias. 
La Comisión ha observado el interés que ha despertado esta propuesta en otras comisiones, como la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, de la que ha sido ponente el Sr. Kerr; la Comisión de Presupuestos con el Sr. Bösch y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial con el Sr. Skinner, y quiero dar las gracias a todos ellos. 
El Parlamento ha presentado 28 enmiendas, 26 de las cuales pueden ser aceptadas, incluida la enmienda 28, en parte. 
Dichas enmiendas mejoran nuestra propuesta e incluso, en algunos casos, la refuerzan. 
Quisiera mencionar, en particular, las enmiendas que destacan el papel de las PYME y los artesanos en el desarrollo de la formación en alternancia, porque el carácter específico de este tipo de empresas exige condiciones especiales, y aquellas otras que hacen hincapié en los interlocutores sociales y las demás partes que intervienen en los aprendizajes. 
Luego están las enmiendas encaminadas a promover la buena información y unos sistemas de apoyo de una base más amplia para los itinerarios europeos, como la asistencia médica, la seguridad en el lugar de trabajo y los idiomas. 
Quisiera agradecer a la Sra. Waddington, que ha llamado nuestra atención sobre este elemento, que es un factor clave para su éxito. 
En tercer lugar, hay enmiendas que hacen hincapié en el carácter voluntario de la aplicación de los itinerarios europeos. 
La Comisión es consciente de la diversidad de políticas de los Estados miembros y no es la intención de esta propuesta modificar ni la organización ni el contenido de los sistemas y las maquinarias de formación de los Estados miembros. 
Por otro lado, las dos enmiendas relativas a la duración podrían presentar dificultades. 
Me refiero a la enmienda 19 del Sr. Castagnetti, que especifica que la duración total no debe ser inferior a tres meses, y a la enmienda 21 del Sr. Ettl, cuyo objetivo es garantizar que los itinerarios no prolonguen el período de formación previsto en el Estado miembro de origen. 
Entiendo las inquietudes que se esconden detrás de estas enmiendas, nadie desea que estos itinerarios europeos se conviertan en mero turismo, como se ha dicho en las intervenciones. 
Debemos asegurarnos de que proporcionan períodos de formación de auténtica calidad. 
Este es el motivo por el que la Comisión propone que su duración esté estrechamente ligada a los objetivos del itinerario europeo y a la especialización que se desea adquirir. 
Todo esto debe especificarse de antemano en un acuerdo entre el interlocutor que envía al aprendiz, el anfitrión y el beneficiario. 
La diversidad de sistemas, la particularidad de las distintas ramas de actividad, pero también la amplia gama de duraciones propuesta en el transcurso del debate dan prueba de la dificultad de fijar una duración mínima. 
Para concluir, señor Presidente, puedo asegurarle que lo que el Parlamento propone de cara al futuro, especialmente en lo relativo a los nuevos programas y, con especial énfasis, al programa Leonardo da Vinci, será estudiado detenidamente. 
Este último debe promover en mayor medida la movilidad de las personas que participan en la formación en alternancia y, como ha dicho mi colega Edith Cresson en más de una ocasión, convertirse en un programa " Erasmus para los aprendices». 
Muchas gracias, señor Comisario Flynn. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Derechos a pensión complementaria 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0134/98) del Sr. Ettl, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (97) 0486- C4-0661/97-97/0265 (CNS) ) relativa a la protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Unión Europea. 
Es una pena, porque ha realizado un trabajo excelente en la elaboración del presente informe. 
Prueba del éxito de su trabajo como ponente ha sido la aprobación unánime del informe en comisión. 
Sólo prevalece un punto de discrepancia que no fue abordado debidamente en la votación y que ahora es tratado aquí en el pleno, me refiero a la enmienda 18, plenamente respaldada por los Grupos Socialista, del PPE y de los Liberales. 
No es fácil llegar a ese grado de consenso; son necesarios muchos esfuerzos y quisiera felicitar a Harald Ettl por el éxito de esta labor. 
La propuesta es relativa a la protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Unión Europea. 
Como tal, supone un importante paso adelante hacia la realización de la libre circulación. 
Dicha libre circulación de los trabajadores está contemplada en el Tratado, pero en la práctica, existe un enmarañado de dificultades de orden práctico en lo que respecta a su realización propiamente dicha. 
Una de estas dificultades de orden práctico es la falta de coordinación entre los regímenes complementarios de pensión de los Estados miembros, así como el diferente peso de los regímenes estatales y complementarios de seguridad social en los distintos Estados miembros. 
Todo ello representa auténticos obstáculos a la libertad de circulación. 
Esta propuesta no eliminará, ni mucho menos, todas las dificultades, que hay que considerar en relación con el Libro Verde sobre los sistemas complementarios de pensiones elaborado por la Comisión en 1997; que, a su vez, surge del fracaso de una propuesta de directiva relativa a la libertad de gestión e inversión de los fondos de pensiones que fue presentada en 1992 y posteriormente retirada. 
A ésta siguió, en 1995, otra directiva, cuyo objetivo era atajar algunas de dichas dificultades, pero que tampoco prosperó cuando llegó a la Comisión, para gran frustración del Comisario Flynn. 
Ésta, a su vez, dio lugar a la creación de un Grupo de Alto Nivel sobre la libre circulación de las personas, presidido por la Sra. Simone Veil. 
Todos estos diferentes intentos se han centrado en tres dificultades principales a las que deben hacer frente los trabajadores en materia de libre circulación y las pensiones complementarias. 
La primera es relativa a los largos períodos de carencia necesarios para la adquisición de derechos de pensión. 
Es evidente que el hecho de exigir varios años de contratación en una empresa para poder obtener derechos de pensión, supone un obstáculo a la libre circulación. 
La segunda es la transferencia de los derechos de pensión y la tercera, es el tema de la doble imposición. 
Un informe provisional del Grupo Veil de 1996 se centraba en un enfoque que, al menos, suponga un primer paso en la solución de estas dificultades. 
El enfoque propuesto en dicho informe provisional es el que sigue la propuesta que esta noche nos ocupa. 
Sólo pretende asegurar el principio de igualdad de trato para los trabajadores migrantes, y hace especial hincapié en la manutención de los derechos de los trabajadores migrantes, en contraposición a la transferencia de los derechos de un sistema a otro. 
La propuesta se compone de cuatro elementos principales. 
El primero radica en el artículo 4, que garantiza que los derechos de pensión adquiridos por un beneficiario de un régimen se mantengan cuando éste se desplace de un Estado miembro a otro. 
El artículo 5, el segundo elemento, garantiza que los beneficiarios que residen en otro Estado miembro reciben el pago de todas las prestaciones a las que tienen derecho en virtud del régimen. 
El tercer elemento es relativo a la situación de los trabajadores desplazados, situación que contemplan los artículos 6 y 7. 
El último elemento- que será muy importante- se encuentra en el artículo 8, que obliga a la administración de los regímenes complementarios de pensión a informar adecuadamente a sus afiliados sobre sus derechos cuando se desplazan a otro Estado miembro. 
La principal enmienda del informe de Harald Ettl es la 4. Ésta llama la atención sobre el hecho de que la presente directiva sólo constituye un primer paso hacia la regulación del régimen complementario de pensiones en el seno de los Estados miembros de la Unión, y afirma que el Consejo deberá, si procede, adoptar otros actos jurídicos sobre los períodos de carencia y el carácter transfronterizo de los derechos a pensión adquiridos. 
La presente propuesta es un paso en la dirección acertada. 
Espero que la Comisión tenga especialmente en cuenta la enmienda 4, y felicito al ponente por su trabajo. 
Señor Presidente, en realidad creo que esta propuesta se puede considerar, como decía el Sr. Hugues, sólo como un primer paso, ya que se trata de una propuesta de directiva de mínimos, pese a la relevancia del problema que es el de asegurar la efectiva movilidad de los trabajadores y de garantizarles algunos derechos importantes. 
Si bien es verdad que la enmienda 4 se centra en los derechos a pensión devengados y, por ello, en los derechos adquiridos, sin embargo, por desgracia, no ha quedado incorporada la enmienda propuesta por la Comisión de Asuntos Jurídicos, así como por la Comisión de Asuntos Económicos que mediaba entre períodos largos, previstos por algunos Estados, y períodos demasiado cortos, previstos por otros, y adoptaba la solución del Grupo de Alto Nivel, presidido por la señora Simone Veil, que proponía 5 años. 
La propuesta de la Comisión, por el contrario, parte de una enmienda- mejor dicho la hace suya- de la Comisión de Asuntos Jurídicos relativa a la interpretación de los Reglamentos núms. 1408/71 y 574/72, es decir, la enmienda 1. 
Esto es muy significativo, puesto que, desde el punto de vista jurídico, ofrece un marco que integra esta propuesta y los reglamentos que la Comisión había interpretado demasiado rígidamente, pues previó su interpretación con respecto a los regímenes de pensión obligatorios. 
En realidad, la enmienda 1, al sustituir la palabra «sólo» con «sobre todo» admite los regímenes compensatorios voluntarios, contractuales y, en consecuencia, una integración que armoniza de forma bastante adecuada la legislación. 
Por lo tanto, en mi opinión, ésta es una propuesta positiva a nivel global que, sin duda, debe ser incluida en el Libro Verde que pronto se debatirá en este Pleno y que constituirá el contexto en que se situará la problemática central. 
Señor Presidente, señor Comisario, colegas, la propuesta de directiva que tenemos aquí delante es efectivamente una propuesta minimalista. Quiere sencillamente aplicar a los trabajadores que se desplazan por la UE el principio de la igualdad de trato. 
No puede ser que un trabajador que durante su vida profesional hace uso de su derecho a la libre circulación y que ha pagado en diferentes Estados miembros unas aportaciones para unos sistemas de pensión complementaria, tenga sólo un derecho limitado a una pensión complementaria al final de su carrera. 
La comisión económica en su opinión ha propuesto seis enmiendas. 
Por una parte, ha querido subrayar cuán importante es la movilidad de los trabajadores no sólo entre los Estados miembros, sino también dentro de los mismos para el buen funcionamiento del mercado interno y de la Unión Monetaria y que en el futuro tendremos que prestar atención a la transferencia de los derechos de pensión y a la reducción de los periodos de carencia largos. 
Por otra parte, ha presentado una nueva definición de trabajador desplazado en otro Estado miembro y del Estado miembro de origen. 
La propuesta de directiva no tiene la ambición de solucionar todos los problemas del mundo. 
Es un primer paso en el ámbito de la regulación de la pensión complementaria. 
El grupo bajo la dirección de la Sra. Veil insistió en que Europa se limitara a la aplicación del principio de la igualdad de trato de los trabajadores que se desplazan. 
Pero esto no es óbice para que continúe el debate sobre los obstáculos restantes, por ejemplo los largos periodos de carencia y el problema de la transferencia de los derechos de pensión. 
El punto más controvertido concierne la enmienda que modifica la definición del trabajador desplazado. 
Señala que el Reglamento 1408/71 se refiere sólo al desplazamiento dentro de la empresa y por lo tanto no se aplica a los trabajadores que se desplazan a otra empresa incluso dentro del contexto de una multinacional. 
Por eso, pensábamos que el Reglamento 1408/71 debería complementarse con la directiva 83/349 que define el concepto " multinational concern». 
El servicio jurídico del Parlamento prefiere, no obstante, la directiva 96/71 que trata de la disponibilidad de los trabajadores y que por lo tanto también abarca el desplazamiento de los trabajadores. 
De ahí que apoyemos con mucho gusto la correspondiente enmienda del Sr. Ettl. 
El informe del Sr. Ettl es un informe muy bueno y espero por lo tanto que no solamente esta Casa dé su aprobación, sino también los ministros de Asuntos Sociales. 
Como ya ha señalado nuestro presidente, la comisión adoptó el informe por unanimidad y con un amplio consenso entre todos los grupos políticos de esta Asamblea. 
Por consiguiente, yo quisiera empezar por expresar también mi agradecimiento a Harald Ettl, que se ha ocupado con intensa dedicación de esta cuestión realmente complicada. 
También quisiera dar las gracias al grupo de expertos bajo la presidencia de Simone Veil, que- no debemos olvidarlo- ha realizado un trabajo extraordinario para el Parlamento y es de esperar que también con vistas a las propuestas legislativas de la Comisión, cuya presentación aguardamos ahora con especial interés. 
Actualmente, en los Estados miembros de la UE, alrededor de 300.000 hombres y mujeres trabajan en un país distinto de aquel donde residían con anterioridad. 
Un número muy inferior, de hecho, al que habíamos anticipado y que, en realidad, hemos dado por sentado que se ampliaría desde que se inauguró el mercado interior. 
Las razones son múltiples, entre ellas sin duda también de tipo individual, pero existen asimismo razones políticas. 
Tenemos que ocuparnos de estas razones políticas. 
Éste es un tema al que hemos dedicado intensa atención en los últimos meses, sobre todo en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, pero también en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, y en la Comisión de Derechos de la Mujer. 
El tema, en conjunto, se ha debatido exhaustivamente en el Parlamento en los últimos meses y en cada ocasión hemos constatado que las regulaciones nacionales, las normas nacionales, generan una increíble profusión de obstáculos y yo casi diría que de trabas. 
Ésta es una de las razones políticas. 
La segunda es también, señor Comisario Flynn, y lo digo con toda sinceridad, que en el pasado la Comisión ha abordado este tema con demasiadas vacilaciones y excesiva indolencia, y cuando se ha ocupado de él, el Consejo- como siempre, como sabemos bien- lo ha bloqueado. 
Sin embargo, se ha acaba de dar un pequeño paso, y es un buen paso. En cualquier caso, garantizará que las trabajadoras y trabajadores de Europa no se encuentren en peores condiciones si hacen uso del derecho a la libre circulación que pueden ejercer. 
De los tres pilares de las pensiones de jubilación, el empresarial, las pensiones complementarias, todavía es relativamente poco importante; concretamente, en mi país, Alemania, todavía no cubre ni el 5-7 % de los contratos. 
No obstante, sabemos que en el futuro estos sistemas complementarios tendrán con toda seguridad una importancia mucho mayor que en el pasado. 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, señor Comisario, en nombre del grupo del Partido Popular Europeo, yo acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión y a la vez felicito al Sr. Ettl por su objetivo y ponderado informe. 
En él describe con gran exactitud la problemática que supone que el derecho de los trabajadores migrantes a percibir pensiones complementarias se vea restringido en determinadas circunstancias cuando trabajan en distintos Estados miembros, lo cual tiene repercusiones negativas para la libre circulación y la muchas veces necesaria movilidad. 
En consecuencia, en los últimos años se ha pedido reiteradamente que se aplique simplemente a los sistemas complementarios el Reglamento nº 1408, que hasta ahora sólo es aplicable a los sistemas de seguro social obligatorio para los trabajadores migrantes. 
La diversidad de las pensiones complementarias no permite sumar sencillamente los períodos de cotización, como prevé el Reglamento nº 1408. 
El presente proyecto de directiva sólo incluye- como ya han señalado varios oradores- los primeros pasos hacia una regulación común de los sistemas complementarios. 
Yo los enumeraría como sigue, por orden de urgencia y de necesidad: primero, protección de los derechos adquiridos en relación con los regímenes empresariales y complementarios de pensión. 
Segundo, pago transfronterizo de las pensiones correspondiente a los regímenes empresariales, o sea, posibilidad de exportar las prestaciones, en el sentido que contempla el Reglamento nº 1408. 
En tercer lugar, es necesario adoptar normas especiales que regulen el caso del empleo de corta duración en otro Estado miembro en el marco de los traslados de trabajadores. 
El Informe Ettl reformula de manera más adecuada los objetivos de la directiva y modifica algunas definiciones imprecisas. 
La directiva incluye parte de las medidas relativas a las pensiones complementarias de jubilación propuestas en el Libro verde. 
En éste se concedía, además, una importancia especial a que se posibilitaran las inversiones transfronterizas en fondos de pensiones, con objeto de facilitar la libre circulación. 
Este tipo de fondos ya tienen un papel importante en una serie de Estados miembros. 
En mi país, Alemania, apenas se está empezando a consolidar su importancia; sin embargo, un detalle particular de la nueva política de rentas que pretenden impulsar diversos partidos es el propósito de conseguir que los títulos de estas sociedades de inversión resulten atractivos precisamente para los trabajadores con ingresos más bajos, concretamente a través de la ampliación del catálogo de inversiones recogidas en la ley sobre formación del patrimonio de los trabajadores. 
La participación de los trabajadores en los rendimientos de activos ofrece, a mi entender, una importante perspectiva para el futuro, si no como segundo pilar, junto con la pensión obligatoria, al menos como un ingreso complementario para la vejez. 
El Informe Ettl no contempla obviamente esta perspectiva, sino que se concentra, como corresponde, en el proyecto de directiva de la Comisión, y lo mejora en algunos aspectos importantes. 
Por lo tanto, el Grupo del Partido Popular Europeo lo votará afirmativamente. 
Presidente, este informe trata sobre todo de la transferencia de las pensiones por encima de las fronteras y unos colegas han señalado con razón que se trata de un primer paso y que en el fondo es una directiva limitada. 
Estaba realmente encantada con lo que dijo nuestro colega Ferri en su informe sobre la movilidad de los trabajadores y que ésta implica un enfoque totalmente distinto de la transferencia de las pensiones. 
Creo que debemos indagar todo esto de nuevo con el Libro Verde porque allí volverá a aparecer todo este asunto. 
No obstante, también nuestro colega Ettl señaló en su aportación escrita los problemas, como la doble imposición y los largos periodos de carencia en algunos países, que seguramente deberían pertenecer al pasado. 
No puedes decir por un lado a los trabajadores que su comportamiento debe flexibilizarse y por otro lado atarles, y eso se lo digo sobre todo a mi colega Menrad con respecto a los largos periodos de carencia. 
Sinceramente, me parece una especie de robo al trabajador. Deberíamos atrevernos a solucionarlo desde Europa. 
Este informe ha mejorado algunos asuntos, en especial en relación con la definición de desplazamiento, a mi juicio, se han presentado buenas propuestas. 
Espero que la Comisión quiera adoptarlas. 
También quiero agradecer mucho a nuestro colega Ettl su buena colaboración, y esto tendrá que comunicárselo nuestro presidente, el Sr. Hughes, porque creo que en este tema se ha colaborado estupendamente. 
Pero, de nuevo, colegas, Presidente, Señor Comisario, este es solamente un primer paso en el camino de la solución de la cuestión de las pensiones. 
Si somos capaces de colaborar como hacemos ahora en este Parlamento, entonces la Comisión podrá esperar unas cuantas cosas de nosotros. 
Señor Presidente, quiero agradecer a Ettl, en su ausencia, por este buen informe. 
En general puedo decir que creo que el sistema de pensiones es algo que se discute en todos los países miembros, entre otros motivos, por la creciente cantidad de personas mayores lo que, a grandes rasgos, hace que todos los sistemas de pensión necesiten ajustes, especialmente los estatales. 
Esto no se debate aquí hoy, pero esos sistemas son los más importantes, lo cual deseo enfatizar a nuestros ciudadanos. 
Aquí lo que se discute son las pensiones complementarias. 
Es decir como dijo un interviniente anterior, que son cada vez más importantes. 
Los problemas de estas pensiones complementarias son las dificultades en relación con el mercado interior y las limitaciones que hay en la libre circulación. 
En la propuesta de la Comisión se trata esto de forma parcial, donde se dice que los trabajadores que han sido enviados fuera por su empleador podrán pertenecer al sistema al que habían pertenecido antes. 
Además, se dan garantías de que serán informados sobre su derecho a pensión y sobre las reglas comunitarias que rigen cuando ellos se mudan. 
Sin embargo no son suficientes sino que sólo constituyen un primer paso. 
Las dificultades que ha señalado Ettl, es decir los largos periodos de cotización, las dificultades de traspaso y la doble tributación son asuntos que deberán tratarse en el futuro y que deberán ser completados en propuestas posteriores de la Comisión para que la libre circulación se convierta en realidad. 
Obviamente que apoyo esta buena propuesta. 
Sin embargo, es importante destacar, una vez más, que éste es un primer paso. 
Muchas gracias, señor Comisario Flynn. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Señor Presidente, usted ha conducido con gran ecuanimidad la sesión de esta tarde. Por esto yo quisiera señalar de nuevo que mi Grupo político solicitó tres minutos para mi intervención. 
De no ser así, yo la habría estructurado de manera muy distinta. 
En segundo lugar, una vez transcurridos dos minutos no pude ver ninguna señal roja ahí arriba. 
Lo único que le pido, en realidad, es que lo haga constar. 
Señora Weiler, debo aclarar que, según la indicación que aquí tengo, el tiempo atribuido a Su Señoría era de dos minutos. 
Durante el debate celebrado hasta ahora, la Sra. Weiler ha sido quien se ha excedido más de ese tiempo de uso de la palabra que se le había atribuido. 
Y por eso me he visto obligado a interrumpirla, porque ya se había excedido en una tercera parte de su límite de tiempo. 
Probablemente los dos tengamos razón, pero así ha sido y quería darle esta explicación. 
Resoluciones en asuntos matrimoniales 
Señor Presidente, hace 30 años la entonces Comunidad Económica Europea entendió que el aumento del comercio internacional obligaba a los países miembros de aquella Comunidad a llegar a un convenio en cuanto a la determinación de la competencia y a la ejecución de las sentencias en materia contractual. 
Los contratos eran- y lo son hoy, cada vez más- contratos internacionales, sobre todo en la Unión, y esto era absolutamente necesario. 
Se utilizó la forma de convenio porque la Comunidad no tenía competencia en este campo. 
30 años después, puede decirse que este Convenio de Bruselas de 1968, bajo la tutela jurisdiccional del Tribunal de Justicia de las Comunidades, ha desarrollado su camino de una forma satisfactoria durante este tiempo. 
Llegados a este punto, los Estados miembros han constatado también que hay otro campo, el de la libertad de circulación de personas, que ha producido un fenómeno de trasvases y contactos entre los distintos países comunitarios y esto ha dado origen a unos matrimonios cada vez más numerosos de nacionales de distintos Estados miembros. 
Al mismo tiempo, se ha producido un fenómeno, no diré que paralelo pero también muy creciente, de rupturas matrimoniales con sentencias de divorcio, separación, nulidad, etc. 
Ha entendido bien el Consejo y ahora ya bajo la pauta de una competencia que empieza a ser comunitaria, que es la de la cooperación judicial- los artículos, hasta ahora, K del Tratado de la Unión -, ha presentado este proyecto de convenio en materia matrimonial. 
Este Parlamento tiene solamente la capacidad de consulta respecto de este convenio presentado por el Consejo. 
El Consejo no está presente en este debate; por lo tanto, tampoco tengo que hacer unas reflexiones muy profundas para intentar convencerle de la bondad de nuestras enmiendas, pero sí señalaré que la intención del Parlamento y de la Comisión de Asuntos Jurídicos ha sido la de aceptar este convenio, que sabemos ha sido muy debatido en el Consejo, pues ha provocado tensiones entre países- especialmente entre los países nórdicos que también tienen un convenio, y desde hace mucho tiempo, y otros- sobre esta cuestión, y que ha llevado a la elaboración de un texto sumamente delicado en el que cualquier modificación puede poner en cuestión otra vez todo el convenio. 
Las enmiendas que presenta la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde fueron aprobadas prácticamente por unanimidad, no intentan una gran modificación del convenio. 
Había un proyecto de la Comisión de Libertades Públicas que intentaba rehacer un nuevo convenio, más con vistas a la aplicación ya del Tratado de Amsterdam. 
Pero, evidentemente, el Tratado de Amsterdam no está en vigor y, por consiguiente, es mejor ceñirse a lo que es la competencia actual de cada una de las instituciones. 
Por ello, me he limitado a hacer mías algunas de las enmiendas de la Comisión de Libertades Públicas. 
Las enmiendas, señor Presidente, no intentan, de ninguna manera, modificar el convenio. 
Intentan aclarar algunos puntos importantes y solamente me referiré a una de ellas porque crearía un título especial, que es la que hace referencia a la materia lingüística, a como tienen que ser notificadas estas resoluciones. 
Y sobre esto, que puede parecer lo más innovador, quiero decir que existe una propuesta de la Comisión que va prácticamente en el mismo sentido y que se refiere al Convenio de Bruselas. 
Me parece que si la innovación es válida respecto de aquel convenio, era oportuno aprovecharla también para éste. 
Estas son las líneas generales, señor Presidente, de un convenio para el que espero que, por una parte, el Consejo tenga en cuenta las reflexiones- más que enmiendas son reflexiones- que exponemos en voz alta y por escrito y que, de una u otra forma y a la mayor brevedad, llegue a un término feliz y pueda ser publicado en el Diario Oficial para que entre en vigor lo antes posible porque realmente la sociedad lo necesita. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Sr. Verde i Aldea su estudiado y minucioso trabajo. 
Es un punto importante de la cooperación judicial y un tema trascendente de interés humano. 
El objetivo de la propuesta es paliar las dificultades que experimentan las parejas en su intento de salir de matrimonios fracasados o insatisfactorios y de otras relaciones legales en las que existe un elemento transfronterizo. 
La propuesta también abarca a los hijos de dichos matrimonios. 
Este proyecto de convenio, conocido como el Convenio de Bruselas II, es aplicable a los procedimientos civiles en caso de divorcio, separación legal y anulación de matrimonio y los procedimientos civiles relativos a la responsabilidad de los padres sobre los hijos de ambos cónyuges. 
Al igual que el Convenio de Bruselas, garantiza que una orden judicial obtenida en un Estado miembro sea reconocida en otro Estado miembro sin ningún procedimiento especial. 
De forma similar, una sentencia sobre la custodia de un hijo fallada en un Estado miembro, puede ser ejecutada en otro Estado miembro. 
Es especialmente importante debido al incremento de matrimonios transfronterizos y de la movilidad de las personas, así como de la necesidad de proteger a los hijos de matrimonios de este tipo. 
Por último, quisiera agradecer a la Presidencia del Reino Unido y, en particular, al antiguo colega de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, actual ministro de Justicia, Sr. Hoon, que haya dirigido esta importante reforma de la cooperación judicial. 
Al igual que el Sr. Verde i Aldea, en nombre de mi Grupo, deseo apoyar las enmiendas que el ponente ha presentado. 
Le doy las gracias por su trabajo. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, deseo agradecer al Sr. Verde i Aldea esta importante propuesta legislativa, en particular, porque es relativa a un problema muy humano que va en aumento y que preocupa a muchos de nosotros. 
En nombre de mi Grupo quisiera felicitar al Sr. Verde i Aldea por su informe. 
En primer lugar expondré la posición oficial de mi Grupo, tras lo cual haré algunas reflexiones en mi propio nombre como mediadora del Presidente para casos de secuestro de niños. 
El Grupo considera muy importantes las enmiendas 3, 6 y 10. Son relativas a los puntos D, E y F. El Grupo está en contra de la opinión de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, porque ésta fue adoptada sin procedimiento formal. 
Se anunció como una carta, incluso en el orden del día de la Comisión de Libertades Públicas el día de la adopción y no se fijó ningún plazo para las enmiendas. 
Mi Grupo se opone a las enmiendas 4, 5 y 8 por motivos jurídicos. 
Los dos oradores anteriores han expuesto la historia y la necesidad de este convenio. 
Espero realmente que obtenga el apoyo unánime del Parlamento. 
El motivo por el que he pedido intervenir esta noche es porque una de las enmiendas es relativa a mi papel como mediadora del Presidente del Parlamento Europeo en el caso de secuestro transnacional de niños. 
Entre las numerosas dificultades a que nos enfrentamos en este ámbito, está la frecuente negativa de los tribunales de un Estado miembro a reconocer las sentencias falladas en otro. 
Esto tiene un doble efecto. 
A menudo prolonga un sufrimiento muy real, pero en lo que a mí respecta, uno de los principales problemas que provoca es el secuestro de los hijos. 
En muchos casos es auténtico temor lo que lleva a raptar a un hijo. 
Debemos poder garantizar al padre y a la madre, ya tengan la custodia de su hijo o no, de que pueden confiar en el respaldo de los tribunales de su propio país y de los tribunales del país en que viva el niño a la hora de garantizarles poder ver a sus hijos. 
Muy a menudo, este temor de la pérdida de un hijo deriva en un secuestro. 
A veces no se trata de un solo secuestro, sino de dos y, en circunstancias extremas, incluso de tres. 
Esto quiere decir que uno de los padres secuestra al hijo, la otra parte secuestra de vuelta y, más tarde, el primero vuelve a secuestrarlo. 
Debemos llegar a alguna forma de auténtica cooperación entre los tribunales; existe un gran número de ámbitos en los sistemas judiciales en todos nuestros países que necesitan ser evaluados de nuevo cuidadosamente a la luz de este difícil y creciente problema. 
Dicho esto, reconozco que no sólo necesitamos el respaldo jurídico que su excelente informe ofrece, sino que necesitamos también mucha más formación para los jueces de todos nuestros países. 
Evidentemente, me gustaría que existiera también en los países que no pertenecen a la Unión, en los que encontramos serias dificultades, especialmente en los países del norte de África, cuando se producen secuestros de niños. 
El informe reconoce de forma pragmática las realidades de una ley del divorcio introducida muy recientemente en Irlanda y también las realidades históricas relativas a la anulación de matrimonios y acuerdos con la Santa Sede. 
Quisiera expresar mi agradecimiento al ponente y felicitarle por su labor. 
Señor Presidente, es posible sumarse a las dudas de la Comisión de Libertades Públicas sobre si la iniciativa del Consejo se presenta en un momento adecuado, habida cuenta que todavía se está desarrollando el proceso de ratificación del Tratado de Amsterdam y que actualmente está en curso la revisión del Convenio de Bruselas de 1968. 
Sin embargo, yo opino de otro modo y agradezco al señor Ponente que nos haya indicado un camino que nos permite reconocer las ventajas de dicha iniciativa. 
El proyecto se basa en el claro fundamento jurídico del artículo K3. Sus definiciones son restrictivas y rígidas, pero claras, y a pesar de este estrecho marco- me dirijo ahora a la colega Banotti- también toma en consideración los derechos de los hijos, los cuales merecen una especial protección. 
Toda vez que vendrá a reemplazar al Convenio existente, el proyecto representa un paso muy importante en la dirección de un Derecho civil de la Unión. 
Por esto, la Asamblea debería aprobar la propuesta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y sus enmiendas, y apoyar esta importante iniciativa del Consejo en favor de un Derecho civil de la Unión Europea. 
Señor Presidente, yo soy una de las personas que desde hace tiempo ha señalado que es absurdo que dentro de la Unión Europea sea posible ser considerado como casado en un Estado miembro y como soltero en otro. 
Por eso doy una cálida bienvenida al informe del estimado diputado Verde i Aldea sobre la convención relativa a la competencia judicial, al reconocimiento y ejecución de resoluciones en asuntos matrimoniales. 
La convención constituye un ejemplo concreto de lo que podemos alcanzar en el ámbito comunitario para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, las familias y los niños dentro de la Unión. 
Es obvio que el asunto de la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución se agudice cuando los países se acercan unos a otros. 
Una cooperación más profunda hace que aumenten los contactos y las relaciones entre los individuos, las instituciones y las empresas. 
También hace que aumenten los litigios que traspasan las fronteras nacionales. 
Ya en 1968 los Estados miembros de la Unión tomaron la decisión de redactar una convención para regularizar la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de sentencias en materia civil. 
Esta convención está principalmente dirigida a las empresas y otros operadores económicos. 
Los asuntos matrimoniales y de patria potestad se dejaron, sin embargo, afuera. 
Después de eso, hemos evolucionado hacia un punto en que los ciudadanos están cada vez más en el centro de la cooperación. 
La libre circulación de personas es un objetivo que hoy, en gran medida, se ha hecho realidad. 
Cada vez más frecuentemente los ciudadanos se casan con personas de otros países miembros, cada vez son más los que son como nosotros, es decir, que eligen por distintos motivos vivir o trabajar durante un tiempo, más o menos largo, en un país miembro que no es el propio. 
Esto es, evidentemente, una evolución favorable. 
Por esto es obvio que se desarrolle el marco del derecho internacional privado. 
Para nosotros, el objetivo tiene que ser que los litigios entre los individuos que afecten a más de un Estado miembro, puedan resolverse de manera rápida y eficiente. 
Los litigios de divorcio, de patria potestad y alimentos son a menudo dolorosos para todas las partes. 
Por eso es especialmente importante que esos litigios puedan resolverse sin que se compliquen con dificultades procesales. 
El Parlamento Europeo conoce mejor que la mayoría los problemas que las normas procesales en materia matrimonial causan a los ciudadanos comunitarios. 
Se han enviado una gran cantidad de requerimientos sobre este asunto al Parlamento Europeo. 
La situación actual significa, en la práctica, que las resoluciones sobre divorcio adoptadas en un Estado miembro no se reconocen automáticamente en otro. 
Las consecuencias de esto pueden ser graves. 
Una pareja puede, en consecuencia, estar legalmente divorciada en un Estado miembro al mismo tiempo que se les considera casados en otro. 
Evidentemente que esto es totalmente inaceptable para los individuos. 
Las consecuencias son especialmente graves si una de las partes desea contraer matrimonio nuevamente. 
El resultado puede llegar a ser que el nuevo matrimonio, en otro Estado miembro, sea considerado como bigamia, que es un delito. 
El borrador de convención sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial contiene disposiciones claras y precisas sobre quién tendrá competencia en un asunto determinado. 
El principio esencial es que la competencia se fija según el domicilio permanente de las partes. 
En casos excepcionales se podrán tomar en cuenta también la nacionalidad y la residencia. 
La convención comprende también una serie de disposiciones que simplifican y aceleran los procedimientos para el reconocimiento de la ejecución. 
En la práctica, estas disposiciones implican que una sentencia en materia matrimonial casi automáticamente va a ser ejecutada en otro Estado miembro. 
En un divorcio o separación los más afectados son, generalmente, los niños. 
Por eso es importante crear las condiciones, hasta donde sea posible, para que los niños en una separación, también hasta donde sea posible, puedan mantener contacto cercano con su padre y su madre. 
Cuando más de un Estado miembro se halle involucrado, las normas deberán ser tales que permitan que el litigio de tutela pueda ser fallado inequívocamente. 
El punto de partida tiene que ser siempre lo mejor para los niños. 
La convención implica en estos aspectos un sensible mejoramiento en relación con la actual situación. 
El tribunal que falle un asunto de divorcio podrá también en el futuro decidir sobre la tutela de los hijos si ellos tienen su domicilio permanente en ese Estado miembro. 
El tribunal podrá también conocer del asunto de tutela si los niños tienen su residencia en otro país miembro con la condición de que al menos una de las partes tenga la tutela de los hijos y que ambas partes acepten someterse a la competencia de ese tribunal. 
El ponente trata en su informe el papel que corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas en la interpretación de la convención y comprueba que éste es limitado. 
La petición de interpretación sólo puede ser hecha por una instancia de apelación o por la más alta instancia judicial de un Estado miembro. 
Estoy de acuerdo con la apreciación del ponente de que habría sido beneficioso que el Tribunal tuviese mayores posibilidades de dar su interpretación. 
Puedo anotar especialmente que esta limitación es más amplia que la referente a la convención de Bruselas de 1968. 
La convención relativa a la competencia judicial, al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en asuntos matrimoniales constituye un paso importante hacia la Europa de los ciudadanos. 
Mi esperanza es que la decisión formal sobre esta convención se adopte en el Consejo de Ministros con los Ministros de Interior y Justicia el 28 y 29 de Mayo. 
Por eso es importante también que los Estados miembros después ratifiquen la convención. 
Muchas gracias, señora Comisaria Gradin. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
Determinados aspectos relacionados con el comercio mundial 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0125/98) del Sr. Pimenta, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre los aspectos de medio ambiente, salud y protección del consumidor del comercio mundial. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera respaldar la última parte de la intervención del Sr. Pimenta. 
Espero no repetirla. 
Cada vez con mayor frecuencia asistimos a unos resultados de decisiones de apelación en el seno de la OMC que tienen repercusiones negativas sobre el medio ambiente y, a pesar de lo previsto en el artículo 20 del GATT, la protección del medio ambiente parece estar lejos de la mente de muchos de los abogados de comercio internacional que intervienen en dichas decisiones. 
En nuestro trabajo en este Parlamento hemos asistido a decisiones sobre pieles de crías de focas, cepos y pruebas de cosméticos en animales, que no han prosperado sencillamente debido a las amenazas a la OMC, por no hablar de los casos reales. 
Por ejemplo, no sé si los funcionarios que están desarrollando las políticas y las medidas pos-Kioto están tomando precauciones contra futuros ataques a la OMC procedentes, por ejemplo, de los países productores de petróleo. 
Pero ciertamente espero que lo hagan. 
Las decisiones sobre el asunto de los atunes y los delfines y sobre las gambas y las tortugas han agravado la inquietud entre las ONG y la opinión pública, en el sentido de que la OMC sea una amenaza para el desarrollo social y ambientalmente sostenible. 
Y sin embargo, ninguno de estos casos es intrínsecamente una disputa comercial y debería, sencillamente, haberse mediado en ellos. 
Si hubieran existido acuerdos multilaterales más sólidos en materia de medio ambiente, se habrían evitado algunos de estos problemas. 
Sería muy triste que las ONG perdieran por completo la fe en la OMC, porque éstas podrían utilizar las herramientas de la OMC, por ejemplo, para luchar en favor de la reducción de los aranceles sobre bienes y servicios que respetan el medio ambiente. 
Mi Grupo apoya sinceramente el excelente informe del Sr. Pimenta, incluido el apartado 8. 
Debería suponer una aportación fundamental a la principal cumbre ministerial de la OMC, y espero que el Consejo de Ministros preste oídos a nuestras inquietudes acerca de la necesidad de fortalecer el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC. 
La Comisión había lanzado esta idea de celebrar el próximo otoño una reunión de alto nivel sobre comercio y medio ambiente en Ginebra, en la que participen políticos del más alto nivel para impulsar el debate sobre cómo fortalecer la labor del CCMA. 
Podría muy bien ser una iniciativa muy útil. 
Al Sr. Pimenta le preocupa que ésta pueda ser una táctica para ganar tiempo y, en muchos aspectos, es necesario que funcionarios de alto nivel realicen todos los trabajos preliminares. 
De todas formas, podría suponer un importante paso adelante. 
Vivimos en un mundo en el que, contemplando uno de sus aspectos, el creciente número de innovaciones en el campo de la biotecnología está amenazando el medio de vida de los agricultores de los países en desarrollo. 
Las hierbas medicinales naturales de esos países están siendo pirateadas y patentadas por multinacionales codiciosas que, más tarde, se proponen venderles esos mismos productos de vuelta a unos precios que no se pueden permitir. 
Se está negociando un Acuerdo Multilateral sobre Inversiones que posiblemente no contiene cláusulas sociales y ambientales lo suficientemente firmes. 
Todos estos problemas repercuten sobre el comercio mundial y la forma en que la OMC necesita desarrollarse y hacer frente a los mismos. 
La OMC debe poder evolucionar para que pueda funcionar en el respeto de estos importantes ámbitos. 
El informe del Sr. Pimenta contiene algunos puntos muy importantes y sensatos, y lo recomiendo a la Asamblea. 
Señor Presidente, no voy a poder hablar mucho en un minuto, pero, en todo caso, diré que el informe del Sr. Pimenta es excelente y que lo votaremos sin vacilar. 
En efecto, el Sr. Pimenta pone bien de relieve las carencias de la OMC actual y el hecho de que la jerarquía de valores que funciona actualmente ponga por delante el libre cambio respecto de la protección del medio ambiente y de la salud. 
Los tres conflictos más conocidos sobre los que la OMC ha dictaminado desde la aprobación de los estatutos en Marraquech, relativos a las hormonas, los plátanos y los carburantes en los Estados Unidos han sido, todos ellos, conflictos que han dado pie a la adopción de decisiones contrarias a la salud pública y al medio ambiente y eso me parece esencial. 
Si queremos que cese ese proceso destructor, es absolutamente necesario abordar el núcleo del problema y no vacilar en poner en entredicho los propios estatutos de la OMC, en los que figuran muy claramente principios de decisión perversos. 
Pienso, en particular, en que, cuando un Estado, o la Unión Europea, desea adoptar medidas más rigurosas en materia de salud o de medio ambiente, debe ser él quien se justifique. 
Las incertidumbres sobre la inocuidad de ciertos productos o ciertos procesos no son suficientes para justificar medidas más restrictivas, cosa que nos parece insoportable. 
Es necesario que en Ginebra se adopte el inicio de un cambio. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, tengo que decir, en primer lugar, que a la Comisión le parece muy oportuna una discusión sobre este informe antes de la segunda conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio y de la reunión ministerial de la OCDE, donde, según espera la Comisión, los ministros se pondrán de acuerdo sobre la importancia de un debate público que pueda ser más abierto y con mejor información sobre las repercusiones para la economía mundial de la liberalización del comercio y de las inversiones. 
La Comisión aprecia mucho el compromiso del Sr. Pimenta en este tema. 
El nuevo informe que tenemos ante nosotros representa una contribución fundamental al debate sobre comercio y medio ambiente, tanto desde un punto de vista general como en el seno de la Organización Mundial de Comercio. 
Considero que, además, constituye un elemento esencial del proceso de elaboración de las políticas, ya que estamos convencidos de que no puede darse ningún avance importante en la liberalización del comercio sin contar con el apoyo activo de la sociedad civil, y esto no sólo en Europa sino también en el resto de los países desarrollados y los países en desarrollo. 
La Comisión sigue creyendo que la continuación del proceso de liberalización es buena para el mundo, en general, y para Europa, en particular. 
Sin embargo, el colegio de Comisarios también comprende las preocupaciones que puede despertar la globalización, y que se han puesto en evidencia aquí esta noche, y está persuadido de que debe ahondarse más en la definición de un marco para la liberalización global que garantice que el futuro crecimiento redunde en beneficio de un gran número de ciudadanos en todo el mundo y suponga, además, un beneficio y no un coste para el medio ambiente del planeta. 
Este fue el mensaje transmitido por Sir Leon Brittan en su intervención sobre medio ambiente en la Fundación Bellerive de Ginebra el pasado 23 de marzo, y espero que la Comisión cuente con el apoyo de esta Asamblea en la elaboración de ideas nuevas a este respecto. 
Sir Leon consideró alentadoras las positivas reacciones iniciales de gran parte de sus Señorías que también siguen de cerca el debate sobre medio ambiente y desarrollo. 
Y dentro de este espíritu, tras la Conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio de mayo, Sir Leon va a pedir a sus servicios que desarrollen un diálogo transparente y de amplio alcance sobre las repercusiones de la globalización, de forma que, a medida que avancemos hacia el lanzamiento de una futura ronda del milenio a finales de 1999, la opinión pública de Europa no sólo esté preparada sino comprometida con los objetivos europeos en estas importantes negociaciones. 
Permítanme a continuación abordar más detalladamente, desde ese marco político general, el informe que hoy se nos ha presentado. 
Este informe plantea una serie de cuestiones relativas a la interrelación comercio-medio ambiente. 
La Comisión considera que esa interrelación no tiene por qué ser conflictiva y no debe serlo. 
Tal y como se establece en la comunicación del 96 a esta Asamblea y al Consejo, creemos que comercio y medio ambiente pueden apoyarse mutuamente. 
Habrá momentos en que surjan problemas de adecuación a lo largo del proceso, pero ésta es precisamente la razón por la que se creó, como primera medida, el comité de la OMC sobre comercio y medio ambiente. 
La Comisión comparte muchas de las observaciones del informe del Sr. Pimenta. 
También comprende y comparte la decepción expresada en determinados círculos sobre el limitado avance conseguido hasta la fecha por el comité. 
Es posible que éste no haya avanzado tanto como algunos esperaban, pero debemos decir también que esta falta de progreso no se ha debido ciertamente a una falta de esfuerzo por parte de la Comunidad Europea, que ha ejercido constantemente un liderazgo dentro del comité desde el comienzo de sus reuniones. 
Tampoco debemos infravalorar el trabajo realizado por el comité a la hora de reunir a los responsables procedentes del mundo del comercio y del medio ambiente, ayudándoles así a comprender las complejidades de sus sectores respectivos. 
Y no podemos tampoco despreciar la valiosa aportación que suponen las labores de análisis del comité a lo largo del año pasado y el progreso que ha alcanzado en la desmitificación de muchos problemas. 
Quiero también decir una palabra en relación con el resultado del caso camarón-tortuga. 
La Comisión no está en situación de hacer un comentario concreto sobre este caso en el que la Comunidad no es parte directa, ya que, como es bien sabido, la OMC no ha publicado aún las conclusiones del grupo de trabajo. 
En términos generales, la Comisión considera que las conclusiones de una serie de grupos de trabajo anteriores de la OMC y del órgano de apelación han llegado a sentar, a lo largo de los años, una especie de jurisprudencia que avanza de forma coherente en la dirección que siempre ha defendido la Comunidad. 
Y por lo que se refiere al grupo de trabajo concreto al que me refiero, resulta conveniente y necesario ir más allá de las conclusiones un poco sensacionalistas que he leído y hemos visto en la prensa, como por ejemplo cuando se dice que los Estados Unidos pierden la batalla por la salvación de las tortugas. 
Si adoptamos un enfoque más técnico y consideramos los datos del caso y el análisis que presentó la Comunidad al grupo especial, como contribución de un tercero, podemos concluir que, probablemente, la cuestión es algo más sutil. 
El hecho real es que los Estados Unidos prohibieron la importación de camarones de determinados países asiáticos, invitándoles a negociar un acuerdo sobre protección de tortugas marinas. 
Y probablemente el grupo especial podría haber llegado a una conclusión diferente si los Estados Unidos hubieran hecho un intento más serio para llegar a un acuerdo con los países asiáticos antes de decidir la prohibición. 
En todo caso, ese grupo especial impulsará el debate en el seno del comité de comercio y medio ambiente donde la Comunidad ha preconizado continuamente que las medidas acordadas multilateralmente deben atenerse a las normas de la OMC. 
Por consiguiente, la argumentación básica sigue la línea mantenida por la Comisión. 
Y si bien es posible que el grupo de trabajo dictamine en contra de la medida de los Estados Unidos, muchas de sus conclusiones pueden representar un paso en la dirección del reconocimiento del amplio margen de maniobra con que cuentan los miembros de la OMC para adoptar las políticas de medio ambiente y de conservación que consideran apropiadas, incluidas las políticas aplicadas fuera de su propia jurisdicción. 
El informe del Sr. Pimenta también aborda la cuestión de la jurisprudencia de la OMC y su artículo 20. Las conclusiones de los distintos grupos de trabajo de la OMC y del órgano de apelación han llegado a constituir, a lo largo de los años, una especie de jurisprudencia, y ésta continúa avanzando sólidamente en la dirección preconizada por la Comunidad, es decir, que las medidas adoptadas por los miembros de la OMC en defensa del medio ambiente más allá de su propia jurisdicción, deben ser tenidas en cuenta siempre que se adopten de forma multilateral y no unilateral. 
Aunque se han hecho avances en este ámbito, la Comisión considera que no basta con resolver la cuestión de las exenciones establecidas en el artículo 20 del GATT exclusivamente mediante resoluciones jurídicas pronunciadas en el marco del sistema de solución de conflictos. 
La importancia del artículo 20 es tal que debe ser abordada a nivel político, tal vez en forma de una interpretación o de un acuerdo general de la OMC. 
Y la Comisión está convencida de que el progreso constante alcanzado por resoluciones de los grupos de trabajo ofrecerá una buena base para cualquier interpretación de este tipo. 
Y pasando al tema de la moralidad ética y protección de los animales incluido por el ponente en el presente informe, considero que es un tema en el cual hay que actuar con una cierta cautela. 
Baste con decir que, en la fase actual, debemos evitar dar la impresión de querer dar lecciones a otros países sobre lo que deben hacer dentro de sus propias jurisdicciones. 
Cuando se presente un problema con respecto a sus políticas, probablemente la actitud correcta será colaborar con ellos y convencerles de nuestros puntos de vista, incluso a través de acuerdos vinculantes. 
En cualquier caso, estas cuestiones no deben añadirse al programa de trabajo del comité que, desde el punto de vista de la Comisión, debe seguir ocupándose de problemas específicos y auténticamente relacionados con el medio ambiente. 
Quizá sea este el tipo de cuestiones que podían ser abordadas por el grupo de sabios. 
En principio, la Comisión está abierta a la idea de crear este grupo, pero necesita saber con más detalle cuál sería exactamente el mandato de ese grupo antes de comprometerse con él. 
Evidentemente, sería importante que su trabajo no se solapara con el trabajo del comité y que contara con un mandato amplio, que incluyera no sólo los problemas clásicos relacionados con el comercio y el medio ambiente sino también cuestiones como los aspectos éticos de la protección de animales, la salud humana, la defensa del consumidor, entre otros. 
Sin embargo, tal y como se indica en el informe del Sr. Pimenta, en primer lugar, nuestros esfuerzos deben dirigirse prioritariamente a robustecer el trabajo del propio comité. 
Por lo que se refiere al debate digamos filosófico, la Comisión trataría de coincidir con el punto de vista del ponente, en el sentido de que el debate sobre comercio y medio ambiente ha madurado lo suficiente como para permitir la intervención a un nivel más político. 
La madurez del debate se debe en gran medida a los esfuerzos constructivos de la Comunidad en el seno del comité, labor que ahora debe aumentarse. 
Sin embargo, tal y como señaló Sir Leon en Ginebra el mes pasado, la Comisión también considera que sería de utilidad mantener una reunión de alto nivel sobre comercio y medio ambiente antes de la conferencia ministerial de la OMC de 1999. 
Esa reunión, a celebrar bajo los auspicios de la OMC, podría reforzar la labor del comité en el sentido de aumentar la importancia concedida por las Administraciones al comercio y al medio ambiente, garantizando que la cuestión permanezca firmemente asentada en el programa de la OMC con miras a la preparación de la conferencia de 1999. 
Y lo que es más importante: una iniciativa política de alto nivel de esta naturaleza podría deshacer el atasco que hasta ahora nos ha impedido en buena medida avanzar como hubiéramos querido y podría resolver muchas de las cuestiones que el Sr. Pimenta plantea en su informe. 
Por consiguiente, la Comisión quiere trabajar con el Parlamento en iniciativas como ésta que nos permitan situar al medio ambiente directamente en el centro de nuestras prioridades tanto comerciales como ecológicas, otorgándole un lugar preponderante en la ronda global de negociaciones. 
Quiero añadir también que, en relación con algunas de las observaciones del Sr. Pimenta, por una parte en cuanto a si la Comisión está de acuerdo con la idea del grupo de sabios, ya me he manifestado en el sentido de que la Comisión lo ve con simpatía, la conferencia ministerial de mayo representa sin duda una fase intermedia entre dos conferencias ministeriales y la Comisión no ha previsto ciertamente el dar una preponderancia especial a un tema o sector particular y no tiene programado proponer algo por iniciativa propia, pero está abierta a considerar todo de forma positiva si lo proponen otras partes. 
En cuanto al apoyo por la Comisión a la idea de una declaración política solemne, en Ginebra, como ha manifestado el Sr. Pimenta esta noche, entendemos que la conferencia ministerial de mayo representa una fase intermedia entre dos conferencias ministeriales, y la Comisión claramente no ha previsto dar una importancia especial a este tema, pero entendemos que el objetivo de esta declaración, de acuerdo con el informe del Sr. Pimenta, consistiría en recobrar el impulso político y la Comisión reconoce la necesidad de revitalizar el debate y por esta razón ha propuesto, como he dicho antes, esa reunión de funcionarios de alto nivel a la que ya me he referido. 
Estos son los temas sobre los que me quería manifestar fundamentalmente. 
Quiero también decir a la Sra. Pollack que, en cuanto a la mención que ha hecho del protocolo de Kioto, entendemos que no hay ningún riesgo de incompatibilidad con la Organización Mundial de Comercio, y en relación al acuerdo multilateral sobre inversiones, al AMI, negociado en el marco de la OCDE, la Comunidad está dispuesta a ir todo lo lejos que sea preciso- y esto quiero decirlo de una forma categóricapara garantizar que las inversiones extranjeras sean respetuosas con las normas nacionales de protección del medio ambiente. 
Estos son algunos de los comentarios que quería hacer en relación con este informe del Sr. Pimenta, que la Comisión ve con mucha simpatía y le parece muy importante, como las intervenciones que luego se han producido. 
Señor Presidente, primero una observación destinada a los servicios del Parlamento: el párrafo 4, en todas las versiones lingüísticas, está equivocado. 
No es el principio de caución, sino el principio de precaución. 
Pido que lo corrijan los servicios del Parlamento, porque se trata de una cuestión importante. 
En relación con el Comisario, en primer lugar quiero agradecerle que esté aquí, decirle que lo conozco bien y sé que es sincero, por su pasado y por su forma de estar en la vida, cuando habla sobre las cuestiones del medio ambiente y de la participación de la sociedad civil. 
Ahora bien- y espero contar con usted, señor Comisario Oreja, en el Colegio, como aliado nuestro, en la defensa de estas causas -, no quería dejar de decir a la Comisión, al Colegio en conjunto, que, en primer lugar, en mayo tiene que haber en Ginebra una declaración sobre el medio ambiente, porque en Singapur no la hubo. 
Porque en Singapur, como se sabe, no se ratificó siquiera el informe del Comité de Comercio y Medio Ambiente (CTE) y, si no hay declaración en mayo en Ginebra, significa que se pierde otro año con el debate en el nivel de los funcionarios. 
Es preciso un impulso político en el más alto nivel, en la OMC, sin el cual no se puede volver a iniciar el debate. 
En segundo lugar, la reunión de alto nivel no puede ser una reunión de funcionarios, debe tener un impulso ministerial. 
Porque quienes van a los parlamentos nacionales a responder políticamente y recibir orientaciones políticas no son los directores generales, por competentes que sean en el nivel técnico, sino los ministros. 
Son ministros de Comercio, ministros de Medio Ambiente, como aquí son Comisarios. 
Pido al Comisario que transmita realmente a la Comisión que este Parlamento considera de gran transcendencia el impulso político y el planteamiento de esas cuestiones en el nivel político, sin menosprecio por el excelente trabajo que los técnicos, en particular los técnicos europeos, ha hecho en esa esfera. 
No dejaré de tenerla presente y expresar su opinión ante el Colegio de Comisarios. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0083/98) del Sr. Monfils, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM (97) 0549- C4-0580/97-97/0290 (COD) ) relativa a la adopción de una iniciativa comunitaria en favor de la manifestación «Ciudad Europea de la Cultura». 
Señor Presidente, Señorías, desde 1985 la elección de las ciudades europeas de la cultura había correspondido al Consejo de Ministros de la Unión. 
Las decisiones no siempre se basaban en el valor cultural de los proyectos. 
Por lo demás, en 2000 Europa no ha hecho ninguna elección, pues ha permitido que se designara a nueve ciudades como ciudades de la cultura. 
La directiva presentada por la Comisión ha querido conceder mayor importancia a las ciudades europeas y más objetividad a las designaciones. 
En el nivel del procedimiento, la directiva propone que se instituya un jurado. 
Sobre la base de su dictamen, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, el Consejo designa por mayoría cualificada la ciudad europea de la cultura. 
Por otra parte, la directiva hace extensiva la elección de la ciudad a los países del Espacio Económico Europeo. 
Refuerza también las exigencias relativas al contenido del expediente de presentación. 
Tras un debate particularmente profundo, y que agradezco en particular a los miembros de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, algunos de los cuales están presentes hoy, debo decir que dicha comisión aprobó casi por unanimidad las enmiendas que se presentan a Sus Señorías y que se inscriben, por lo demás, en la línea de las propuestas que he hecho en mi informe. 
Siete aspectos me parecen dignos de mención. 
Primero, por lo que se refiere a la elección de la ciudad, proponemos que se substituya el método intergubernamental, antes utilizado, por el método comunitario. 
Así, pues, las ciudades presentarán directamente el expediente de su candidatura sin pasar por los Estados. 
Sé perfectamente que en el Consejo de Ministros existe una oposición manifiesta a esa fórmula. 
Algunos querrían incluso que la ciudad europea de la cultura fuera designada por turno por los Estados o por el Estado que ejerza la Presidencia de la Unión Europea. 
Así, después de Gran Bretaña, Austria designará una ciudad austríaca durante seis meses, después Suecia, Dinamarca, Bélgica, etc. 
Hacer eso sería arruinar completamente la idea de capital europea de la cultura, que no debe ser una designación circunstancial o de oportunidad por un Estado, sino el fruto de un análisis propiamente cultural del expediente presentado por la ciudad y de una apreciación de las capacidades de irradiación europea del proyecto cultural de la ciudad candidata. 
Estoy convencido de que una gran mayoría de este Parlamento compartirá el punto de vista casi unánime de la Comisión de Cultura y no aceptará liquidar la idea misma de ciudad europea de la cultura. 
Segundo, hemos querido reforzar la independencia del jurado y hacer hincapié en su calidad, en particular en el nivel de las competencias culturales. 
Tercero, en el nivel del procedimiento proponemos que se aplique íntegramente el de codecisión para la elección de la ciudad, lo que entraña una estrecha participación del Parlamento en la designación de la ciudad y no un simple dictamen. 
Cuarto, consideramos que una ciudad candidata puede presentar un proyecto cultural concreto en asociación con otras ciudades, incluso de un Estado que no pertenezca a la Unión Europea- de la Asociación Europea de Libre Cambio, del Espacio Económico Europeo, por ejemplo -, pero la ciudad que presente el proyecto será la única responsable ante la Unión Europea y la que llevará el título de ciudad europea de la cultura. 
Quinto, la Comisión de Cultura ha querido profundizar en el contenido del expediente que deberán presentar las ciudades haciendo hincapié en el desarrollo de la creación artística, es decir, no contentándose con un simple anuncio de manifestación cultural importada de otros países y ciudades, pidiendo que el proyecto cultural esté enraizado en el tejido social de la ciudad, deseando la máxima participación de los ciudadanos y de los grupos en el proyecto cultural, insistiendo en que se presenten en el proyecto las condiciones de prosecución por la ciudad del esfuerzo cultural emprendido durante el año oficial de designación. 
Sexto, la nueva importancia concedida a la designación como ciudad europea de la cultura y el establecimiento de condiciones más estrictas de adhesión requieren un apoyo financiero más importante. 
Proponemos una suma de dos millones de ecus, sin perjuicio, evidentemente, de la posibilidad de beneficiarse de otras ventajas, en particular por mediación de los Fondos estructurales. 
Y séptimo y último, mantenemos la propuesta de mes cultural europeo para los países que no forman parte de la Unión Europea, pero encontrarían en él un interés innegable, siempre que se le infunda dinamismo. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión de Cultura y el Parlamento Europeo han trabajado deprisa. 
Como ya he dicho, hemos querido hacer de la designación de ciudad europea de la cultura uno de los elementos fundamentales de la política cultural de la Unión. 
Insistimos, evidentemente, en que el procedimiento no sufra retraso alguno a fin de que todo esté listo para el fin del año y, por consiguiente, se puedan aplicar las disposiciones de la nueva directiva para la designación de la ciudad europea en 2002, como, por lo demás, lo desea la Comisión Europea y en particular el Comisario europeo, Sr. Oreja, que nos ha hecho el honor de estar presente aquí hoy. 
Presidente, Señor Comisario, nos alegramos de verdad de que usted esté con nosotros a estas altas horas. 
Estamos muy contentos porque realmente queremos comunicarle algo. 
Este es sin duda el programa cultural que más se conoce en Europa. 
Si pidieras a los ciudadanos que mencionaran un programa cultural, entonces dirían casi todos el proyecto " Capitales culturales de Europa». 
Pero lo que es extraño en este proyecto, es en primer lugar que se decide a nivel intergubernamental y en segundo lugar, que no hay dinero para ello. 
Esto lo quiere corregir el Parlamento. 
Usted lo quiere corregir también. 
Porque ¿qué es lo que ocurre hoy? 
Los ministros de Cultura deciden de forma totalmente arbitraria lo que va a pasar. 
Y usted se anticipa y dice: vamos a realizar un nuevo procedimiento y adaptar el artículo 128 y cambiar la unanimidad por la mayoría cualificada. 
Esa es una propuesta muy buena, pero no nos lo tome a mal: en vez de que como ahora la primera y la última palabra las tenga el Consejo, con su propuesta la Comisión va a tener en realidad la primera y la última palabra. 
Ya es mucho mejor, ya que por lo menos es algo comunitario. 
¿Pero qué propone el Parlamento? 
En primer lugar, lo ha dicho el ponente, el Sr. Monfils: más medios y en segundo lugar, un nivel más alto. 
Queremos conseguir que siete expertos independientes del sector cultural hagan la elección y que no solamente tengan la primera palabra, sino también la última. 
Justamente por eso no sólo pedimos una opinión del Parlamento, sino la competencia controladora del Parlamento para vigilar que el procedimiento de elección que, como está establecido, hace el jurado, sea respetado por las instituciones. 
¿Qué está pasando mientras tanto? 
La verdad es que es un poco penoso. 
Bueno, como belga y flamenco, debería estar realmente muy contento, porque el Consejo de ministros ha dicho que Brujas tiene que serlo en el 2002, pero la verdad es que no estoy contento por ello. 
Porque la elección debería hacerse basándose en criterios de calidad, de contenido, de proyección cultural, de dimensión internacional, y no ocurre de esta manera. 
Se hace por medio de un arreglo, un arreglo pobre, entre los Estados miembros. 
Por favor, amigos, salgamos de ahí, demos una dimensión cultural de verdad a este proyecto y subamos el nivel. 
El Sr. Monfils lo ha dicho: en la comisión de cultura se votó casi unánimemente a favor. 
Parece que mañana se va a votar probablemente también casi con unanimidad a favor de este informe. 
Le invitamos, Señor Comisario, a librar esta batalla contra el Consejo de ministros con nosotros para que el proyecto " Ciudad Europea de la Cultura» obtenga una dimensión comunitaria, de alta calidad, y que tenga una gran dimensión cultural. 
No se trata de que todo el mundo pueda decidir algo así, porque entonces no tiene ninguna proyección. 
Se trata de que una ciudad de la cultura se convierta de verdad en el símbolo en ese año de lo que Europa significa a nivel cultural y que nosotros lo apoyamos plenamente. 
Comisario, esto ha sido en breve lo que el ponente expuso con mucho detalle en las propuestas. 
Esperamos que se pueda sumar a nuestras propuestas y le damos las gracias. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, por fortuna, mi Grupo me ha pedido que iniciara las intervenciones en nombre del PPE, porque considero una idea genial, un verdadero «huevo de Colón» , esta ciudad europea de la cultura. 
Y, por eso, espero que no matemos en el parto lo que aún está por nacer. 
Este programa deberá dejar de ser, a partir del año 2002, un experimento de carácter intergubernamental, que se ha prolongado en el tiempo, para pasar a ser- y así se debe reconocer- una iniciativa comunitaria en la que los Gobiernos, la Comisión y el Parlamento compartan cometidos. 
Se trata de un cambio que consideramos fundamental para garantizarle un importantísimo triple carácter de representación de las culturas nacionales, regionales y locales- naturalmente, de cara a los gobiernos -, escaparate de la cultura común europea- naturalmente, de cara a la Comisión- y expresión de las fuerzas vivas de la sociedad: naturalmente, de cara al Parlamento. 
No avanzar hacia la comunitarización y la codecisión que el Parlamento propone pone en riesgo el futuro de tan importante programa. 
Las propuestas del informe Monfils constituyen una importante señal dada a los ciudadanos. 
Prueban que, cuando un programa demuestra lo que vale, las instituciones europeas saben reconocerlo, en este caso proponiendo un refuerzo del presupuesto y una ampliación de sus participantes para permitir al programa desarrollar todas sus posibilidades. 
Veremos si la Comisión y los Estados miembros acompañan la generosidad del Parlamento, que propone un importe de referencia de dos mil millones de ecus. 
La ciudad europea de la cultura, desde su primera edición en 1985 fue cobrando diversos fines y en los últimos años ha revelado una madurez que se ha plasmado no sólo en la cohesión e innovación de la mayor parte de los programas propuestos por las ciudades, sino sobre todo en el peso que la dimensión de transformación urbana adquirió en algunos casos. 
Ésa es una forma fundamental de garantizar las repercusiones de una inversión más allá del año de la celebración. 
De ser aceptada la propuesta del Parlamento, a partir del 2002 la ciudad europea de la cultura no podrá celebrarse alejada de sus habitantes ni de otras ciudades de dentro y de fuera de la Unión con las que esté llamada a asociarse. 
No podrá dejar de vincular el pasado y el futuro, valorizando, como propugna el informe, la relación entre la reutilización del patrimonio y la creación contemporánea. 
También deberá procurar que las iniciativas creadas en el plano local circulen y lleguen a otras ciudades y a otras regiones de Europa. 
La futura ciudad cultural deberá representar directamente su candidatura sin pasar por los gobiernos centrales, deberá ser seleccionada por un jurado consultivo independiente y, por último, aprobada por las tres instituciones europeas. 
Con esta propuesta, el Parlamento apuesta claramente por la iniciativa y la responsabilidad de las ciudades. 
Dicha propuesta contribuirá a dar protagonismo a ciudades medias y periféricas a las que, si dependiesen de la elección gubernamental, les resultaría muy difícil ser candidatas. 
La buena propuesta de la Comisión ha sido audazmente completada por el Parlamento. 
Ojalá sepan los Estados miembros ver lo que les estamos proponiendo para alcanzar el objetivo que nos es común: el de fortalecer la cohesión del tejido europeo mediante la cooperación cultural. 
Señor Presidente, señor Comisario, en nombre de mi grupo desearía agradecer y felicitar al Sr. Monfils por su excelente informe. 
La iniciativa lanzada hace trece años por Melina Mercouri dio lugar a un programa de capitalidad cultural europea que ha sido un rotundo éxito. 
La totalidad de los Estados miembros ha conseguido una capital europea antes del año 2000, si bien es cierto que Finlandia es el único Estado miembro que se ha visto obligado a compartir su año cultural con otras ochos ciudades. 
A este respecto ya no se puede hacer nada, pero creo vehementemente que también Finlandia, y podría incluso decir que especialmente Finlandia, habría necesitado su propia capital cultural, al ser un nuevo Estado miembro relativamente desconocido. 
Helsinki habría merecido celebrar su propio año cultural si tenemos en cuenta su oferta cultural internacional de elevada calidad, su oferta cultural propia y la enorme labor cultural que se está llevando a cabo ahora de cara al año 2000. 
El reparto de la capitalidad cultural entre muchos candidatos echa por tierra las posibilidades de cada una de estas ciudades de hacerse visibles en el desarrollo de sus propias culturas. 
En el próximo programa se debe otorgar claramente la responsabilidad de la capitalidad cultural a una sola ciudad a la vez. 
A fin de cuentas, el mayor beneficio de la capitalidad cultural reside en la permanente repercusión social, por lo que es imprescindible intentar atraer a las celebraciones a un amplio público, para lograr su participación y suscitar sus estímulos. 
Es así como se consigue un impacto funcional y creativo que permanece incluso después de que haya transcurrido el año cultural. 
Estos años culturales deben basarse principalmente en los recursos y las características propias de cada ciudad, en su historia y en los desafíos que entrañan las transformaciones. 
De este modo es posible, pues, construir sobre un fondo cultural propio un diálogo y una oferta internacionales que sirvan de apoyo al tema elegido. 
La creación de proyectos permanentes de cooperación en materia cultural es uno de los objetivos fundamentales a nivel de la Unión. 
Si bien se debe perseguir la cooperación entre las ciudades, es importante, por lo tanto, que una sola ciudad asuma la responsabilidad principal y que, si así lo deseara, esta ciudad pudiera buscar la asociación natural de otra ciudad, por ejemplo de otro Estado miembro, para llevar a cabo la celebración de su año cultural, ya sea por motivos de su historia o de sus relaciones culturales. 
Espero que la Comisión continúe y profundice el proyecto del mes cultural europeo, que constituye una excepcional oportunidad para los Estados asociados, por ejemplo, de desarrollar sus tradiciones culturales y sus actividades creativas. 
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, un mercado común, unas instituciones políticas comunes y una moneda común, como la que nos proponemos poner en marcha estos días, son todos resultado de un proceso de unificación europea. 
Deben conducir a una mayor aproximación de las personas que viven en Europa y a que éstas unan sus fuerzas. 
Sin embargo, el fundamento sobre el que los Estados de la Unión Europea construido su comunidad desde hace casi medio siglo, el terreno sobre el que ésta debe prosperar, es algo que une a los pueblos de nuestro continente desde hace varios milenios. Es su cultura común. 
La iniciativa comunitaria de la " Ciudad Europea de la Cultura» está basada en esta idea. Recuerda aquello que hizo posible que los europeos concibieran la idea de emprender una unificación europea y se vale de ello para fortalecerla. 
El programa de la " Ciudad Europea de la Cultura» se propone despertar en los ciudadanos de la Unión un nuevo interés por el patrimonio cultural de las ciudades y hacerles más sensibles a su belleza. 
Pero lo que se espera de una Ciudad Europea de la Cultura no es que dirija la mirada hacia dentro. 
Sólo tienen oportunidad de obtener esta designación, este distintivo, las ciudades que enmarquen su cultura ciudadana en un contexto europeo. 
¿Qué influencias europeas recibió la ciudad y qué influencias irradió hacia Europa? 
Las ciudades de Europa deben manifestarse dispuestas a exponer este hecho y transmitirlo por medio de actividades culturales. 
Los resultados serán mejores cuanto mayor sea la cooperación con otras ciudades europeas en sus proyectos, tal como prevé la iniciativa que debe someterse a votación, y cuanto mayor sea la incorporación de creadores de esas ciudades a sus acciones. 
En todos los Estados miembros de la Unión Europea existe un consenso de fondo sobre la ineludible necesidad de preservar la grandeza cultural de los Estados miembros por mor de la diversidad cultural europea. 
Sin embargo, en el caso de la Capital Europea de la Cultura, el objetivo es no perder de vista la raíz común a partir de la cual se desarrolló dicha diversidad, sin dejar de prestar atención a la que riqueza que ésta representa. 
La gran oportunidad que ofrece esta iniciativa reside en el hecho de que puede llegar a todos los ciudadanos de la Unión, pues todos son capaces de crear cultura y de disfrutarla. 
Y precisamente porque la cultura se caracteriza por este efecto integrador tan potente, desde el Parlamento Europeo solicitamos encarecidamente la participación a partir del año 2002, en nuestra calidad de órgano democráticamente legitimado, en la elección de la Ciudad Europea de la Cultura y pedimos que se prevea un importe de dos millones de ecus como contribución directa anual a la financiación de la iniciativa. 
Antes de acabar, yo también quisiera expresar mi sincero agradecimiento al ponente por su buen informe. 
Señor Presidente, Señor Comisario, colegas, deseo felicitar primero a nuestro colega Monfils por su excelente informe. 
El acontecimiento " Ciudad Europea de la Cultura» pertenece a los pocos proyectos que apelan a la imaginación de todos, que dan bastantes ventajas económicas a la ciudad y que pueden contar con el apoyo del sector privado. 
El ponente subraya con razón que ni el tamaño de una ciudad ni su peso político dentro de un país constituye un factor decisivo. 
Con la nueva directiva la intención es que también ciudades más pequeñas tengan posibilidades. 
Sin embargo, la condición es que las ciudades candidatas presenten un proyecto claro enfocado hacia el futuro de la ciudad y que ha de partir de sus propias características y sus raíces en la historia europea. 
Un punto importante para la participación de ciudades más pequeñas en el programa es que Europa facilita los medios suficientes. 
Mi ciudad Brujas, por ejemplo, que es candidata para el año 2002, no tiene en absoluto las posibilidades ni la infraestructura que las capitales sí tienen. 
De ahí mi apoyo para la enmienda que provee dos millones de ecus. 
En último lugar, estoy de acuerdo con la propuesta de que las ciudades candidatas puedan presentar su candidatura directamente a la Comisión Europea y no a través de su gobierno. 
Si a ello se juntan un jurado independiente y un parlamento que puede ser determinante en la elección de la ciudad, entonces veo una democratización real del procedimiento de selección. 
Esperamos que la aprobación de esta directiva se pueda culminar este año, de modo que a partir del 2002, como estaba previsto, se pueda hacer la selección según esta nueva directiva. 
Señor Presidente, felicito al Sr. Monfils por la buena labor que ha llevado a cabo con motivo de la elaboración de su informe. 
Es importante resaltar que el programa de capitalidad cultural europea debería permitir ofrecer también a las capitales de Estados que no son miembros de la UE la posibilidad de darse a conocer al gran público. 
Es posible contribuir a la creación de proyectos permanentes en materia de cooperación cultural mediante iniciativas que no se centren únicamente en una sola ciudad, sino también mediante proyectos regionales transfronterizos. 
En estos programas de cooperación, una ciudad debería asumir, no obstante, la responsabilidad de coordinación en la aplicación de los mismos. 
Hay que lograr una financiación comunitaria suficiente de los programas, si bien aún es más importante lograr vincular a los agentes de la vida económica en la preparación y la celebración de los acontecimientos. 
Un importante esfuerzo por parte de estos agentes es garantía de publicidad para las celebraciones y para la región en la que éstas tengan lugar; además, la vinculación de los agentes económicos contribuye al desarrollo futuro de proyectos permanentes. 
Señor Presidente, Señorías, yo quiero en primer lugar felicitar al Sr. Monfils por su excelente informe, así como a la Comisión de Cultura. 
El Parlamento subraya la importancia de la inserción de la «Ciudad Europea de la Cultura» dentro del marco comunitario y pone de manifiesto la necesidad de apoyar esta manifestación que ha conocido desde su lanzamiento un éxito creciente. 
La iniciativa presentada por la Comisión tiene como propósito realzar la riqueza y la diversidad cultural de las ciudades de Europa y, al mismo tiempo, como recordaba también hace un momento la Sra.Vaz da Silva, poner de relieve el patrimonio cultural común. 
Y esto se corresponde con el espíritu y la letra del artículo 128 del Tratado. 
La Comisión se complace en aceptar la mayor parte de las enmiendas propuestas por el Parlamento que, sin duda, mejoran de forma notable el texto. 
Sin embargo, hay algunas enmiendas- concretamente las enmiendas núms. 7, 10, 12, 13 y 14 y una parte de la 9- que preferiríamos no incorporar a la propuesta inicial. 
Consideremos en primer lugar las enmiendas 7 y 14. 
La dotación financiera de la iniciativa «Ciudad Europea de la Cultura» está prevista en la propuesta de la Comisión sobre el programa marco que no ha sido todavía adoptado por la Comisión. 
En consecuencia, en esta fase del procedimiento, la Comisión no puede aceptar enmiendas que se refieran a la ayuda financiera, ya que la dotación presupuestaria tiene que formar parte del programa marco. 
En cuanto a la enmienda 8, por lo que respecta a la presentación de candidaturas, la Comisión considera que el apoyo y la iniciativa de los Estados es una condición indispensable para el éxito de la manifestación. 
Y ello para evitar lo que nos parece que puede ser una pérdida de esfuerzos y de dinero por parte de las ciudades que no cuenten, desde el principio, con serias posibilidades de ser nombradas al carecer, por ejemplo, de suficientes infraestructuras de acogida. 
En cuanto a la última parte de la enmienda 9 y a la enmienda 10, la propuesta de la Comisión no pretende en absoluto marginar al Parlamento sino, al contrario, quiere que aumente su participación en esta acción que, de tener un carácter intergubernamental, pasa a convertirse en una iniciativa comunitaria. 
El procedimiento de selección propuesto por la Comisión trata de asociar plenamente a las instituciones comunitarias, y es lo suficientemente flexible como para conseguir que la decisión sea adoptada en un plazo rápido que permita que las ciudades seleccionadas puedan disponer del tiempo necesario para la preparación de la manifestación. 
El procedimiento legislativo de codecisión, previsto en el artículo 189 b del Tratado, es necesario para establecer, con carácter general, las medidas de fomento en el sector cultural, pero no parece el más apropiado para la designación concreta de la ciudad, que podría perjudicar al buen funcionamiento del programa dada su complejidad y su duración. 
En cuanto a las enmiendas 12 y 13, la Comisión considera que el enfoque de estas enmiendas no se corresponde con los compromisos que han sido contraídos por la Comunidad con los países terceros asociados sobre la posibilidad de que éstos puedan participar en los programas y acciones comunitarias. 
Por último, la Comisión quiere insistir sobre la necesidad de que concluyamos lo más rápidamente posible el conjunto de los procedimientos vinculados a la puesta en marcha de esta iniciativa, y en ese sentido puedo decirles que la Comisión no va a escatimar esfuerzos y prestará sus buenos oficios para intentar aproximar las posturas de las diferentes instituciones y conseguir llegar a una solución satisfactoria que preserve e incluso incremente la vitalidad y el éxito de esta manifestación. 
Quiero decirle al Sr. De Coene- que hace un momento se refería a que el Consejo había adoptado una decisión- que el Consejo no puede adoptar ninguna decisión mientras ustedes no hayan adoptado la suya. 
Y, aquí, permítame que me ponga mi sombrero de institucionalista. 
Por lo tanto, el Consejo puede cambiar impresiones pero no decidir, porque primero tiene que haber una primera lectura, que es lo que están ustedes haciendo ahora, y después se manifestará el Consejo, y para eso tiene una ocasión el día 28 de mayo que es cuando el Consejo podrá examinar, si así lo desea, y adoptar eventualmente una posición común. 
Muy rápidamente, señor Presidente, quisiera decir simplemente al Comisario que me ha decepcionado profundamente su respuesta y sobre tres aspectos, sin insistir. 
Abandono el problema de la financiación: uno o dos millones de ecus, cuando la Unión Europea administra 900 millones o mil millones de ecus, ¡qué digo! , 100.000 millones de ecus al año, es, evidentemente, ridículo. 
Pero hay dos aspectos que quiero señalar a su atención, señor Comisario. 
Primero, no acepta usted la enmienda 8, que es, en realidad, la que permite a las ciudades presentar directamente su expediente a la Comisión. 
Creía yo que era usted el defensor y el promotor del desarrollo cultural de la Unión Europea. 
Entregar la elección de las ciudades culturales a los Estados es trivializar completamente el papel de la ciudad europea de la cultura y- discúlpeme que se lo diga- hace usted el juego a los Estados y no el del aspecto comunitario que debe defender. 
Segundo elemento: cuando dice usted que la codecisión va a provocar retrasos, he de recordarle, señor Comisario, que usted comunicó su expediente un poquito antes del nuevo año. 
Yo comencé mi informe hacia el 10 de enero. 
El 20 de enero fue presentado para su traducción. 
Y los retrasos experimentados por dicho expediente se debieron únicamente a razones puramente administrativas y de calendario. 
Decirme que en el nivel del Parlamento Europeo no somos capaces de emitir un dictamen sobre una ciudad europea, o sea, decir sí o no a Brujas, Salamanca, Helsinki u otras es, evidentemente, caricaturizar el trabajo del Parlamento. 
En tres meses, con una serie de retrasos que no se han debido al Parlamento Europeo, hemos demostrado que éramos capaces de redactar un informe, debatirlo, enmendarlo y votarlo. 
Por consiguiente, tengo la sensación, señor Comisario, de que en ese plano, en todo caso, caricaturiza usted el trabajo del Parlamento. 
Quisiera terminar, señor Comisario, diciéndole lo siguiente: han querido ustedes, en su directiva- y nosotros estábamos de acuerdo -, un signo, un símbolo sólido de la Unión Europea en materia cultural. 
No sólo lo aceptamos, no sólo lo proponemos, sino que, además, lo reforzamos. 
Señor Comisario, no destruya los símbolos culturales en un mundo como el nuestro. 
Son esenciales para vivir nuestra cultura en sus diversidades. 
Señor Comisario, no pretendo poner en duda su sabiduría respecto a los asuntos institucionales. 
Sé que usted es un experto en estos temas. 
Sólo le quiero decir una cosa: si el Consejo en su posición común introdujera una enmienda para la entrada en vigor de la directiva, es decir poner en lugar del año 2002 el año 2005 ó 2006, esto significaría de hecho lo mismo, porque ya se han hecho promesas a ciudades, a países a nivel intergubernamental. 
Todo el mundo lo sabe, incluso salió en publicaciones no oficiales. 
O sea, tampoco seamos ingenuos. 
Sé que usted se opone a esto. 
Sé que usted no lo acepta porque como Comisario quiere cuidar de que los procedimientos sean auténticos. 
Pero no nos engañemos: simplemente a través de esta sencilla enmienda el Consejo de ministros de Cultura puede vaciar lo que usted pretende y lo que nosotros queremos. 
Esto ya está en plena marcha. 
Por lo tanto, seamos prudentes y reaccionemos inmediatamente diciendo que esto no puede ser. 
Solamente quería avisar de que están ocurriendo algunas cosas. 
No quería dictarle a nadie la lección. 
Como me ha parecido entenderle que decía que el Consejo había decidido, lo único que quería decirle es que el Consejo no había podido decidir, porque el Consejo no puede decidir mientras no decidan ustedes. 
Era un problema de principio. 
No me refería a otro. 
Evidentemente, yo he leído, lo mismo que usted, rumores respecto de las posiciones que en este momento intenta adoptar el Consejo. 
Pero únicamente quería salir al paso de dichos rumores porque es un tema institucional que me afecta. 
El Consejo no puede decidir mientras no decidan ustedes. 
Pero sé, igual que usted, que suenan rumores en este momento respecto de ciertos propósitos que van en la línea que usted apunta. 
Veremos lo que dice el Consejo el día 28 y yo, inmediatamente después del día 28, en cuanto ustedes me inviten a ir a la comisión, iré para explicarles lo que ha pasado en la Comisión y en el Consejo. 
En segundo lugar, quisiera decirle al Sr. Monfils que el carácter comunitario de la iniciativa no depende de que sean las ciudades o los Estados los que intervengan en la presentación de candidaturas. Es un problema de preferencia. 
Yo respeto muchísimo su opinión, que es enormemente estimable y que yo voy a examinar con toda seguridad. En este momento, no voy a aceptar la enmienda, lo que no quiere decir que no vaya a aceptarla nunca. 
Lo que quiero es que haya un tipo de seguridad, que me da más un Estado que cualquier ciudad. Hay muchas ciudades que no me plantearían ningún problema, pero puede que haya alguna que me lo plantee, y yo prefiero el procedimiento del Estado. 
Pero, mire usted, no tengo ninguna rigidez respecto a este tema. 
Este no es un tema teológico. 
Usted me hace una observación y yo hoy no estoy todavía en condiciones de aceptarla. 
Lo que sí le prometo es que la voy a pensar. 
Respecto del segundo tema, creo- y entramos también en un problema de principio- que la regla general tiene que ser adoptada por codecisión, y eso es lo que están haciendo ustedes ahora. 
Ustedes ahora adoptan las decisiones por codecisión. 
En cambio, yo creo que la elección de la ciudad es una medida de ejecución y, por consiguiente, en la medida de ejecución yo creo que no se debe actuar en codecisión. 
Es un tema opinable. 
Usted sabe que las fronteras entre lo que pueda quedar sometido o no a codecisión no siempre están muy definidas. 
En este tema yo soy partidario de extender al máximo la codecisión, y así lo he dicho en la Conferencia intergubernamental. 
Es bien sabido lo que yo he pensado. 
Pero creo que, en este caso, estamos ante una medida de ejecución. 
Ayer estuve yo aquí, en este Parlamento, hablando durante mucho tiempo sobre el tema de la comitología, que es también una medida de ejecución. 
Por tanto, yo tomo nota de lo que me ha dicho el Sr. Monfils. 
Yo soy partidario de distinguir entre lo general y la ejecución y esa es la razón por la cual no he aceptado su enmienda. 
Muchas gracias, señor Comisario Marcelino Oreja. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 0.05 horas) 
Señora Presidenta, quisiera pedir su intervención y, de hecho, la del señor Presidente del Parlamento en favor de la concesión de una ayuda a las víctimas de las devastadoras inundaciones y los efectos de esas inundaciones que ha sufrido mi circunscripción al final de la Semana Santa. 
Se han visto afectadas unas 2.000 viviendas y cientos de familias se encuentran viviendo actualmente en alojamientos provisionales. 
Para empeorar las cosas, en Northampton, solamente, la zona afectada es una zona socialmente desfavorecida en donde la mayoría de la gente tiene muy poca cobertura de seguros. 
Sé que se mostrará usted sensible a estas inundaciones, que han afectado a todas las Middlands. 
Ya he escrito a la Comisión pidiendo su apoyo y ahora también pido el suyo para conseguir fondos de ayuda en caso de catástrofe que alivien esta situación realmente trágica en la que no sólo hubo pérdida de bienes, sino también una trágica pérdida de vidas. 
Muchas gracias, Sra. Billingham. 
Lamento profundamente esta catástrofe y presto especial atención a lo que usted acaba de decirnos. 
Transmitiré sus palabras al Presidente, por supuesto, y se tomarán las medidas necesarias. 
Puede contar con mi apoyo. 
Seora Presidenta, quiero intervenir acerca de un asunto que ya expuse a esta Asamblea en septiembre del ao pasado después de la trágica muerte de Diana, Princesa de Gales. 
Dije que esto traía a colación la cuestión de la intrusión de la prensa en la vida privada de los particulares. 
En ese momento, siguiendo una enmienda de la Sra. Pauline Green, se sugirio que el asunto debía ser sometido a una comisión. 
Volví a hacer referencia al asunto a principios de ao, se trata de un problema que según tengo entendido aun no ha sido enviado a ninguna comisión de esta Asamblea, a pesar de que así lo decidiera la misma, como digo, en septiembre del ao pasado. 
Me pregunto si puedo usted aclararnos si se va a hacer honor a la voluntad de la Cámara y remitir la cuestión a una comisión o, por el contrario, si hay alguien intentando encubrir algo. 
En términos generales, Sr. Perry, puedo decirle que tenemos la precisa intención de respetar la voluntad del Parlamento. 
Esto está claro. 
Acerca del asunto mismo al que usted se refiere, ¿qué ha ocurrido? 
En este momento no puedo darle ninguna información, pero veremos qué hay al respecto y haremos lo necesario para que también en este caso se cumpla estrictamente la voluntad del Parlamento: me ocuparé de que sea así. 
Aprobación del Acta 
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señora Presidenta, mi nombre no figura en la lista de asistencia de ayer, únicamente por culpa mía. 
Estuve presente en la Asamblea y participé en el debate sobre Irlanda del Norte. 
Le agradecería que mi nombre pudiera incluirse entre los presentes. 
Es un error, Sr. Collins, totalmente. 
Hemos comprobado que usted estaba presente y se harán las rectificaciones oportunas. 
Seora Presidenta, me gustaría preguntar cuándo se podrán encontrar en el Acta los resultados relacionados con la declaración sobre la criminalidad en Bruselas. 
Según el Acta, el Sr. Schulz ha dicho que nos concentramos solamente en la protección de los que trabajan en las instituciones europeas. 
Sin embargo, quisiera destacar que, evidentemente, nos preocupa en igual medida la protección de todos los ciudadanos en Bruselas. 
Por supuesto, Sr. Rübig. 
Si se hizo una declaración y no ha sido transcrita en el Acta, nos ocuparemos de ello. 
(El Acta queda aprobada) 
Servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0136/98) del Sr. Anastassopoulos, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso (COM (97) 0356- C4-0475/97-97/0198 (COD) ). 
Seora Presidenta, no veo a ningún representante de la Comisión Europea en la Sala en este momento y no estaría dispuesto a avanzar en el debate si no hay un Comisario que la siga. 
Desearía solicitar que interrumpiéramos, quizás uno o dos minutos, hasta que venga el Sr. Comisario porque no es posible debatir sin su presencia. 
Señor Anastassopoulos, ya he advertido la ausencia de la Comisión. 
He caído en la debilidad de pensar que la Comisión llegaría en el curso del procedimiento. 
No ha sido así. 
Estoy disgustada, nada contenta. 
Debe de haber habido problemas con los aviones, sin duda. 
La comunicaciones no son siempre tan fáciles en todas partes... 
(Sr. Martens: " La Comisión está en Bruselas» ) Era una broma, Sr. Martens. 
El Sr. Anastassopoulos ha hecho formulado una petición que personalmente apruebo, si no hay objeciones. 
Vamos a suspender la sesión unos minutos, para aguardar la llegada del Comisario interesado. 
Y espero que lo más rápidamente posible reanudemos la sesión. 
(La sesión, suspendida a las 9.10 horas, se reanuda a las 9.15 horas) 
Estimados colegas, podemos reanudar la sesión. 
El Comisario Monti se ha retrasado a causa de la huelga de funcionarios de la Comisión. 
Conocemos su puntualidad y su disponibilidad respecto al Parlamento Europeo, y por eso estábamos realmente inquietos y pensábamos que le habían demorado motivos muy serios. 
Tiene la palabra el ponente, Sr. Anastassopoulos. 
Señora Presidenta, ha pasado casi un ao desde el momento en que el Parlamento Europeo dio luz verde a la Comisión para que avanzara en la toma de medidas para combatir la piratería en el ámbito de los servicios codificados en el mercado interior. 
Un informe anterior del ponente llevó a la Resolución del 13 de Mayo de 1997. 
La respuesta de la Comisión Europea fue inmediata. 
Se puso de manifiesto con la propuesta de directiva que estamos analizando con nuestro informe de hoy en un intento de articular las constataciones y las conclusiones que se habían establecido en el Libro Verde. 
Esta propuesta de la Comisión merece nuestras felicitaciones: 
primero, porque la Comisión Europea ha mostrado en qué medida ha comprendido la necesidad de enfrentarnos de la manera más rápida posible al problema de la piratería también en los descodificadores, para que no tome la dimensión que ya se distingue en otras expresiones del sector audiovisual, como por ejemplo en el comercio de los fonogramas y de las ilustraciones; -segundo, porque la Comisión ha ampliado el campo de aplicación de la propuesta de directiva de manera que cubra todos los servicios de la sociedad de la información y así ha creado el marco jurídico adecuado para una protección jurídica conveniente a cada servicio de acceso condicional o basado en dicho acceso.Desgraciadamente hemos de contener la satisfacción que expresamos con las constataciones que hemos manifestado en este punto, porque los otros puntos de la propuesta revelan una prudencia, una indecisión y una timidez que no nos es posible compartir. 
Así, la propuesta de la Comisión es muy débil para resistir, con el paso del tiempo, en un sector en que los progresos se miden en aos luz y donde la industria pirata muestra continuamente su flexibilidad y su adaptabilidad. 
Y que no se nos objete que la autolimitación de la conexión de la actividad ilícita o no autorizada que estamos intentando combatir, con el único objetivo comercial de la actividad, representa lo factible. 
En ningún caso podemos aceptar que la Comisión Europea se vea bloqueada por la indecisión de algunos posibles representantes de Estados miembros en los límites del mínimo común denominador. 
Sin embargo, se han aducido también otros argumentos, en mi opinión igualmente débiles, para justificar la debilidad de la Comisión en aceptar modificaciones esenciales en su propuesta: que supuestamente, de otra forma, el mercado interior correría el peligro de desbaratarse, que, supuestamente, los centros de la investigación académica y los consumidores podrían verse afectados, que supuestamente podría verse afectado el derecho a la libertad de expresión. 
Señora Presidenta, nada de esto es más falso. 
La tolerancia de la ilegalidad no genera tejido aglutinante en el mercado interior y los consumidores no se benefician de la piratería. 
Son, por el contrario, aquellos en quienes redundará el coste adicional. 
En cuanto a la defensa de la libertad de expresión, me es imposible no decir a los eventuales fanáticos. " Apartaos de la blasfemia». 
Este ponente ha luchado durante casi 30 aos, como periodista, por esta libertad; pero nunca la ha confudido con el libertinaje.. 
La conclusión es clara: era necesario reforzar la propuesta de directiva, y en esta apreciación han coincidido no sólo la Comisión Jurídica y de Derechos de los Ciudadanos competente sino también la Comisión para opinión de Asuntos Económicos, Monetarios y Política Industrial y la Comisión para opinión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación con posiciones y análisis que merecen ser aplaudidos. 
Tras una revisión especialmente detallada, concluimos que el criterio que caracteriza la actividad ilegal debería ser más amplio de modo que se incluyera también el concepto del beneficio económico directo o indirecto y así cubrir a los organismos públicos de televisión. 
Y con nuestras 25 enmiendas, hemos trazado también los nuevos límites de la protección jurídica y el nivel de las sanciones. 
El problema que se presentó desde 1995 ya es importante. 
Cuando en sólo cinco meses el famoso Internet ha publicado mas de un millón de anuncios de dispositivos ilícitos y cuando los organismos que proporcionan servicios codificados se ven privados de ingresos por encima de los 240 millones de ecus al ao, żquién puede poner en tela de juicio el florecimiento de la piratería? 
Y es característico el caso del DVB de la piratería que afecta a los Países Bajos con aparatos construidos en Turquía, que no es un país comunitario, anunciados a través de Internet y comercializados en el comunitario Reino Unido. 
Señora Presidenta, tras estas constataciones, la necesidad de armonizar las normas de la protección jurídica a nivel europeo es obvia. 
Debe hacerse, en nuestra opinión, al máximo común denominador. 
A este concepto van encaminadas las enmiendas de mi nuevo informe que tengo el honor de presentar hoy al Parlamento. 
Debemos combatir la piratería y en esta dirección el Parlamento va a llevar a cabo su lucha con firmeza. 
Seora Presidenta, estimados colegas, la cuestión del conditional access- del acceso condicional- constituye un punto central de intersección de todo el ámbito de los servicios de la sociedad de la información. 
En realidad, aquí la pregunta es la siguiente: żbajo qué condiciones debe ser introducido el conditional access? 
Por consiguiente, se trata de definir las condiciones del acceso condicional y con esto se plantea una serie de cuestiones de principio. 
En primer lugar, debe determinarse la relación entre propiedad pública y apropiación privada, pues, naturalmente, no puede ser que alguien se apropie de Shakespeare y luego reclame derechos para siempre que se represente a Shakespeare en el futuro. 
De hecho, los contenidos de nuestra cultura son siempre aportaciones individuales, pero también son siempre aportaciones colectivas. 
Aquí es preciso hallar las correspondientes delimitaciones. 
En segundo lugar, se trata de la relación entre los ricos en información y los pobres en información. 
No debemos permitir que el conditional access conduzca a que contenidos esenciales de nuestra cultura, contenidos esenciales de la opinión pública, sólo sean accesibles a minorías privilegiadas que pueden pagarlos. 
Finalmente se trata de un efecto de segmentación de opiniones públicas que puede afectar de hecho la libertad de opinión. 
En este punto es preciso que se establezcan las condiciones pertinentes para que allí donde sea necesaria y significativa la apropiación privada, ésta pueda producirse también y pueda realizarse también de hecho la explotación de los derechos. 
Hay que indicar solamente que nosotros discutiremos repetidas veces sobre convergencia y éste constituiría seguramente un contexto. 
Pero en el fondo tenemos aquí una primera ocasión de hablar también sobre el problema de la convergencia en este punto crucial. 
También yo he lamentado el minimalismo regulador que ha manifestado la Comisión, en vez de aprovechar de manera beligerante este tema crucial. 
Dos puntos nos han llamado especialmente la atención. 
En primer lugar, la cuestión de la divergencia entre fronteras nacionales y alcances técnicos que conducen en la realidad a todo tipo de disparates, y que no han sido tratadas satisfactoriamente. 
Si, por ejemplo, como persona de habla inglesa se utiliza en Bélgica un descodificador para el Sky Channel żse es estructuralmente ilegal? 
Realmente, esto no puede ser. 
En segundo lugar, existe una tendencia, totalmente peligrosa, a que los representantes legales se coloquen en el lugar del propietarios de los derechos y en el de los autores y mediaticen, en cierta medida estos derechos. 
Es preciso garantizar que los autores y los propietarios de derechos también estén protegidos. 
Cuando hablamos de acceso condicional, hablamos precisamente de las condiciones que queremos poner a la industria privada para la introducción del acceso condicional. 
En este sentido, pienso que deberíamos plantearnos esto desde sus fundamentos. 
Señora Presidenta, yo también quisiera felicitar al ponente y a los integrantes de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos que nos presenta el informe que hoy nos ocupa. 
Desde nuestro punto de vista, es decir, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, se trata más bien de cuestiones de forma que de contenido. 
Hay muchas inquietudes respecto al contenido y las mencionaremos dentro de un momento. 
Sin embargo, el tema que hoy nos ocupa es, en esencia, la protección de determinados servicios desde el punto de vista de la distribución de la señal al consumidor individual. 
Por esta razón, no podemos votar la ultima parte de la enmienda 20, a pesar de que realmente nos preocupan los derechos de autor. 
Se trata de preocupaciones legítimas, pero necesitamos una directiva que se ocupe de los derechos de autor y la necesitamos urgentemente para tratar paralelamente el tema que hoy nos ocupa. 
Todos estamos de acuerdo en que el problema de la piratería es importante y que aumenta día a día. 
A fin de cuentas, el contenido es importante en esta directiva debido a que la financiación del contenido, el suministro de programas para el número creciente de servicios digitales, depende esencialmente para muchos servicios de radiodifusión de los ingresos procedentes del acceso condicional remunerado. 
Si se permite la multiplicación de los piratas, estos ingresos se verán disminuidos. 
Si los ingresos disminuyen, habrá menos servicios disponibles para el público en general. 
No obstante, queremos asegurarnos de que al intentar atajar el asunto de la piratería, delimitamos cuidadosamente y con toda precisión las acciones que estamos disponiendo. 
No estamos a favor de restricciones que recaigan sobre los ciudadanos, ni por castigos sumamente severos debidos a la mera posesión por inadvertencia de una tarjeta inteligente puesta en circulación por otras razones, quizás en otro Estado. 
Estamos por perseguir a aquellos que fabrican deliberadamente estos instrumentos con fines de lucro. 
Por ello apoyamos la redacción de la enmienda 22. 
Mi observación final es que en este caso es preciso tener en cuenta el ámbito de los servicios públicos de radiodifusión y los servicios gratuitos de radiodifusión. 
En esta directiva no debería haber nada que obligara a los organismos radiodifusores a introducir la codificación y medidas de protección que no sean necesarias para sus fines. 
Esta es la cuestión de la enmienda 25 y muchos de los preámbulos que me parecen adecuadamente tratados por las tres comisiones que han examinado este tema. 
Sin duda alguna recomendaría la directiva al Parlamento. 
Señora Presidenta, yo creo que en el debate de esta mañana se ha utilizado demasiado la palabra «piratería». 
El ponente es griego, el Sr. Anastassopoulos, y sabe que pirata era el marino que incendiaba las naves de otro país, de otra persona, causando muertes y que era un acto de una tremenda gravedad. 
Parece que, en este momento, se habla de piratería con una excesiva facilidad. 
Aquí no hay piratería, pues estamos tratando de la protección de ciertos intereses económicos. 
Los intereses económicos merecen protección. 
Pero, frente a esos intereses económicos, hay otros derechos que también tienen que ser protegidos, por ejemplo, el derecho a la información, el derecho a la vida privada, el derecho a la intimidad. 
Digo esto porque parece que ha habido, al menos en las discusiones en la Comisión de Asuntos Jurídicos, la tentación de proteger las comunicaciones codificadas como si fueran un derecho fundamental. 
Pero hay otros derechos fundamentales. 
Aquí solamente estamos dando una cierta protección al objeto de que esa actividad se pueda desarrollar y puedan tener remuneración los productores. 
Es un simple tema económico. 
Yo creo que, en este aspecto, la propuesta de la Comisión es buena y equilibrada porque, por un lado, protege esos intereses económicos y, por otro, no limita los derechos. 
Yo quiero felicitar al ponente por su comprensión en la discusión de este tema, porque yo creo que, al final, las veintitantas enmiendas que se han adoptado son enmiendas razonables y equilibradas. 
Pero, desde el Grupo Socialista, tenemos objeciones a la segunda parte de la enmienda 20 y a la segunda parte de la enmienda 22. 
Con respecto a la segunda parte de la enmienda 20, el Sr. Whitehead ya ha hecho referencia a la dificultad que ofrece esta protección del «contenido» que, en definitiva, puede llevar a que se justifique una protección que va más allá de la pura protección de la retribución económica. 
En segundo lugar, objetamos la segunda parte de la enmienda 22 pues, al referirse al «fin exclusivo de permitir el acceso no autorizado a un servicio protegido» , debilita la protección porque no cubre el supuesto de un instrumento que tenga una finalidad de uso. 
Es decir, salvando esta segunda parte de la enmienda 20, concretamente las palabras «o su contenido» , y salvando la segunda parte de la enmienda 22 -» con el fin exclusivo de permitir el acceso no autorizado a un servicio protegido» -, el Grupo Socialista está de acuerdo con las enmiendas y, desde luego, estamos de acuerdo con la aprobación del informe del Sr. Anastassopoulos en sus términos actuales, felicitando también a la Comisión por el ejercicio de equilibrio que ha llevado a cabo en la propuesta que nos ha presentado. 
Señora Presidenta, tengo que empezar diciendo- y no es retórica- que es para mí un honor tomar la palabra como primer orador del Grupo Popular después de un ponente que pertenece a nuestro Grupo. 
Es para mí un honor porque el ponente se inscribe en la mejor tradición de los parlamentarios europeos que defienden sus ideas, sus ideas de protección de los intereses de los ciudadanos con toda energía y sin escatimar ningún esfuerzo y, a la vez, con afán de llegar a unas conclusiones a través del diálogo. 
Señora Presidenta, nos encontramos aquí- y muy bien lo ha dicho el ponente- ante una propuesta de la Comisión que, desde este Parlamento, entendemos que responde a una resolución de esta Casa. 
Y, en ese sentido, hemos de dar la razón al ponente cuando afirma que no se ha llevado a cabo, por parte de la Comisión, todo el ejercicio que desde esta Casa se le había pedido, es decir, salir al paso de los problemas que se encuentran en los servicios codificados no remunerados y, eventualmente, reforzar en alguna medida la protección de los derechos de autor. 
Dicho todo esto, señora Presidenta, y ahora a título personal- puesto que el Partido Popular Europeo votará de acuerdo con la lista de votación que instruya el ponente -, voy a expresar unas cuantas dudas. 
Señora Presidenta, el problema de algunas de las enmiendas propuestas por el ponente, aceptadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de las que esta parlamentaria ha discrepado, estriba en una razón muy sencilla. 
En estos momentos abogamos en Europa por «legislar menos para legislar mejor». 
Existe una declaración en el Tratado de Amsterdam que nos obliga a que la legislación sea clara, concisa y se dirija a un problema concreto. 
La propuesta de la Comisión reunía esas condiciones. 
Es cierto que se debía haber indicado en el título de la propuesta que se refiere a los «servicios codificados remunerados». 
Esa referencia a la remuneración se debía haber recogido en los considerandos 5 y 12, en el artículo 1 y en otros lugares, para que quedase bien claro cuál era el problema considerado. 
Y en aras de esa claridad que propugnamos también se debía haber hecho referencia en esos considerandos a que hay otras amplias áreas de problemas, como son los servicios codificados no remunerados, que habría que abordar a través de otros instrumentos normativos. 
Dicho esto, hay algunas enmiendas de entre las aprobadas que no van a armonizar las legislaciones, a solucionar los problemas existentes, sino que, si seconstituyesen en texto definitivo, crearían problemas aún mayores. 
No voy a hacer referencia a lo que ya se ha dicho sobre «el fin exclusivo» , pero las cintas vírgenes no están prohibidas y, en ese sentido, no tenemos por qué pensar que un instrumento cuyo objetivo sea de carácter general pero que también se pueda utilizar para otros fines ilícitos, deba quedar prohibido. 
En otro orden de ideas, en español decimos que el que mucho abarca, poco aprieta. 
Y al incluir conceptos como el de los beneficios económicos directos o indirectos, al incluir conceptos como el del contenido, creamos márgenes de discrecionalidad que, interpretados en última instancia por los Tribunales de cada uno de los Estados miembros, podrá dar lugar a un, si cabe, mayor distanciamiento de la materia que se pretende armonizar.. 
Espero, pues, señora Presidenta, que, a lo largo del iter normativo, lleguemos a una buena solución que reúna las condiciones expuestas por el ponente, sin duda en otros instrumentos normativos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el punto de partida de esta directiva es importante, vale decir, que tratemos de dar protección jurídica a valores económicos relacionados con la actividad intelectual. 
Es esto lo que vale y que no se impida el acceso a la información, lo cual también señaló uno de nuestros colegas. 
Tenemos que reconocer que la protección a los servicios crea también un interés por desarrollar productos de primera línea. 
El punto de vista liberal es que los servicios privados deberán tener la misma protección que los servicios públicos dentro de este sector. 
No queremos que ocurra lo que pasa en algunos sitios en que se piensa tomar medidas represivas si la licencia de servicio público no está pagada y, por el contrario, no se hace nada para proteger la actividad de la televisión privada. 
Con razón la comisión y el ponente han destacado los aspectos de libertad de expresión, lo cual es importante. 
Espero que esta directiva ayude realmente a crear un mercado interior para los productos que se necesitan en la sociedad de la información. 
Actualmente tenemos el problema de que no existe un mercado que funcione tratándose, por ejemplo, de la codificación para proteger intereses privados. 
Es importante que se creen reglas que no constituyan barreras en el futuro. 
La enmienda que presentamos en la propuesta 22 está justamente pensada para promover este tipo de desarrollo. 
Por eso mi Grupo va a apoyar esto. 
Pero como alguien del Grupo PSE dijo anteriormente, no podemos apoyar la propuesta de enmienda 20, ya que se crearía confusión y haría la directiva más enredada. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al ponente y a mis compañeros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos así como a los que redactaron esta directiva más bien compleja. 
En particular, quisiera dar las gracias al Sr. Phillip Whitehead con el que he trabajado estrechamente sobre este asunto. 
Se trata de un tema importante para los ciudadanos de Europa ya que la televisión es un pasatiempo sumamente generalizado. 
La directiva reconoce que se está introduciendo la nueva tecnología en la industria y que ésta tenderá hacia la tecnología digital. 
Proporciona protección para las tarjetas inteligentes que ya permiten el acceso a la televisión pagada. 
La finalidad de la propuesta es proteger a los suministradores de estos servicios. 
He recibido una gran cantidad de cartas sobre esta propuesta y las reacciones que ha suscitado son sumamente variadas. 
En resumidas cuentas, lo que necesitamos es un equilibrio entre la protección y el acceso al servicio por parte de los consumidores. 
El ponente no ha escatimado esfuerzos para lograrlo. 
Algunas de las preocupaciones particulares planteadas por la correspondencia procedente de todo tipo de fuentes- tanto privadas como empresariales- ha sido que la posesión propiamente dicha de una tarjeta inteligente no debería ser ilegal y estoy de acuerdo con ello. 
Asimismo, preocupa el aspecto de las libertades civiles de esta directiva y algunos me han escrito diciendo que tienen la impresión de que esta propuesta es sumamente severa. 
Espero que la Comisión haya recibido una correspondencia semejante. 
Es importante que tanto en esta Asamblea como en la Comisión se escuchen las voces de los ciudadanos de a pie. 
Otra de las preocupaciones- para la que no he obtenido una respuesta adecuada por parte de la Comisión, así que quizás el señor Comisario Monti podría dármela- es saber por qué esta directiva se aplica únicamente a la televisión de pago. 
Algunos servicios de los organismos públicos de radiodifusión son remunerados y, por tanto, va a plantearse el problema de los litigios para averiguar qué servicios se suministran mediante remuneración y cuáles no. 
Como buen legislador, deberíamos evitar litigios innecesarios. 
En conclusión, apoyo ampliamente la propuesta y las enmiendas, aunque quizás experimente cierta inquietud en relación con algunos aspectos particulares. 
Señora Presidenta, quisiera presentar mis respetos al ponente y agradecerle su excelente informe. 
Sin embargo, hay una cuestión sobre la que quisiera pedir atención, se trata de la protección de los derechos de los artistas y autores. 
Es necesaria una protección jurídica estricta para ellos. 
También tienen derecho. 
De ahí, que apoye la enmienda 20 y lo haga de todo corazón. 
La piratería debe ser combatida con firmeza. 
Resulta insuficiente, por tanto, prohibir solamente los instrumentos especialmente diseñados para hacer posible el acceso no autorizado. 
A veces es, así mismo, posible violar el derecho de autor con una programación legal y aparentemente inofensiva, también debe lucharse contra esto. 
La enmienda 22, sin embargo, limita esta protección por establecer como fin exclusivo el permitir el acceso no autorizado. 
Esta enmienda debe rechazarse y, ciertamente, las palabras «con el fin exclusivo». 
El mundo cultural europeo debe protegerse no solamente mediante directivas especiales sobre el derecho de autor, por muy importante que sea, sino siempre, y por tanto, también en esta directiva. 
Por ello, pido a la Asamblea su total respaldo a la enmienda 20 y que vote contra la enmienda 22. 
De nuevo, mis felicitaciones al ponente y quiero pedir al Comisario Bangemann y al Comisario Monti, aquí presentes, que su política tenga en cuenta la dimensión cultural. 
Éste es un asunto importante. 
Determina la diversidad cultural de Europa y ésta es su fuerza. 
Deben tenerlo en cuenta en el desarrollo de su política. 
Seora Presidenta, pertenezco a los pocos diputados, ciertamente, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos que han votado en esta comisión contra algunas enmiendas del ponente y, luego, también, contra la directiva así modificada. 
Quisiera aclarar aquí que este rechazo no se ha referido a todas las enmiendas. 
Sólo puedo apoyar plenamente todas aquellas enmiendas que van encaminadas a proteger no sólo los servicios que por razones comerciales tengan un acceso restringido, sino también aquellos que tengan limitaciones por razones de seguridad e integridad de las informaciones que se transmiten. 
Por el contrario, creo que el derecho de los beneficiarios de la propiedad intelectual a plantear demandas debería tratarse en esta directiva, sino en la directiva sobre derechos de autor que se está tratando también actualmente en la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y debería tratarse en ésta junto con aspectos jurídicos materiales. 
De lo contrario conseguiremos una maraa de disposiciones, muy poco favorable a los derechos de autor, en las diferentes directivas. 
Sin embargo, tengo mi mayor problema de contenido con la exigencia, formulada con mayor o menor claridad a los Estados miembros, de criminalizar también la posesión privada de smart cards y medios semejantes. 
Creamos aquí un nuevo fisgoneo en los cuartos de estar y creo también, en suma, que los derechos al libre acceso a la información se hallan contemplados demasiado poco. 
Señora Presidenta, Señorías, ante todo deseo pedirles disculpas por el retraso de esta mañana, debido a la dificultades que plantea esta singular jornada. Lo siento mucho y agradezco a la señora Presidenta su comprensión. 
Quisiera dar las gracias a los ponentes de las diferentes comisiones parlamentarias y en particular al señor ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el vicepresidente Sr. Anastassopoulos, por el trabajo complejo y extremadamente atento llevado a cabo en torno a esta propuesta tan importante y difícil. 
La propuesta de directiva está orientada a proteger las emisoras de radio y televisión y a los prestadores de los nuevos servicios de la sociedad de la información frente a las acciones de piratería, esto es, de la fabricación y comercialización de aparatos que permiten la recepción gratuita de los servicios que normalmente se suministran previo pago. 
Hay que recordar que la puesta en marcha de la televisión de pago ha significado la puesta en marcha de una floreciente industria de piratería comercial que, facilitando a los usuarios aparatos piratas, ha producido ingentes pérdidas a los prestadores de servicios y ha obstaculizado el desarrollo de este sector emergente. 
Algunos Estados miembros han reaccionado estableciendo una protección jurídica específica contra las acciones de piratería, y otros, por distintos motivos, no lo han hecho. 
Tampoco hay que olvidar que las legislaciones nacionales, adoptadas recientemente, son extremadamente divergentes. 
En consecuencia, no existe un nivel de protección uniforme y la Unión se convierte así en el refugio de los piratas y ofrece varias posibilidades de eludir la protección jurídica garantizada en algunos Estados miembros. 
La propuesta de directiva trata de resolver este problema introduciendo normas armonizadas en el ámbito del mercado único. 
Me satisface constatar que el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las enmiendas presentadas son favorables en general a la propuesta de la Comisión y no hay que olvidar que ésta es la respuesta a las reiteradas solicitudes del Parlamento, formuladas últimamente en el anterior informe presentado por el Sr. Anastassopoulos sobre el Libro Verde de la Comisión del año 1996. 
Me complace asimismo comprobar que el informe Anastassopoulos, al igual que los informes de la Comisión de Cultura, contiene numerosas enmiendas que ayudan a aclarar más todavía, si cabe, o a reforzar la propuesta de la Comisión. 
Me refiero en particular a las enmiendas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24 y 25 que la Comisión va a acoger en su totalidad, si no literalmente al menos en cuanto a su espíritu. 
Existen, sin embargo, algunas enmiendas que la Comisión, tras un detenido examen y a la vista de las opiniones de las varias partes implicadas, no puede adoptar. 
Me refiero, por ejemplo, a la enmienda 20 que trata de ampliar el ámbito de aplicación de la protección jurídica a los servicios que emplean sistemas de acceso condicional por motivos que no son los de garantizar su pago adecuado. 
Este tipo de enmienda va más allá del objetivo de la propuesta que no es otro que el de hacer frente al problema fundamental de las acciones piratas, o sea, el deseo de algunos usuarios de conseguir, a precios reducidos o gratis, servicios que normalmente serían de pago, y el interés de la industria pirata de satisfacer esta demanda facilitando a los usuarios aparatos ilícitos. 
Estas enmiendas, por el contrario, tienden a ampliar la protección a los servicios que emplean sistemas de acceso condicional por motivos que no son los de garantizar su pago como, por ejemplo, la necesidad de hacer respetar acuerdos contractuales celebrados entre prestadores de servicios y prestadores de contenidos, dirigidos a evitar que sea posible la recepción de un servicio en territorios diferentes de aquellos para los cuales se han solicitado los derechos. 
Esto va más allá del ámbito de aplicación de la propuesta y no puede aceptarse en el contexto de la presente propuesta. 
Señora Presidenta, señor ponente, a este propósito, no obstante, quiero subrayar que personalmente estoy convencido del interés y de la necesidad de profundizar el análisis de este tema y, a dicho fin, pienso en que será útil realizar un estudio para establecer con mayor claridad los términos de la cuestión, la compatibilidad de ésta con el Derecho comunitario y los eventuales instrumentos disponibles de cara a ofrecer una solución adecuada que tenga en debida cuenta el interés de todas las partes implicadas. 
Otra enmienda que la Comisión no puede acoger es la 22, en cuanto, restringiendo la definición de dispositivos piratas ilícitos, se correría el riesgo de ofrecer escapatorias y de debilitar de forma notable la protección. 
La Comisión no puede aceptar otras enmiendas que, a nuestro juicio, no son suficientemente claras y podrían dar lugar a confusión o a interpretaciones inexactas. 
Me refiero a las enmiendas 5, 9, 11, 18, 21 y parte de la 23. 
Deseo recalcar, sin embargo, que a pesar del hecho de que varias enmiendas no pueden ser adoptadas por la Comisión, el consenso entre las Instituciones con relación a los objetivos y las finalidades de la lucha contra las acciones piratas, así como con respecto a la necesidad de reaccionar con urgencia, es amplio y muy esperanzador. 
Estoy seguro de que la cooperación constructiva entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo permitirá alcanzar el objetivo y confío en que no se escatimará ningún esfuerzo en este sentido. 
Señora Presidenta, unas pocas palabras con relación al punto planteado por el Sr. Pex para asegurarle que la Comisión ha tenido muy en cuenta la dimensión cultural y el valor de la diversidad cultural en Europa. Por otra parte, este espíritu se traduce en el hecho de que aceptamos todas las enmiendas de la Comisión de Cultura. 
En lo referente a la cuestión planteada por la Sra. Oddy, ya he aclarado en parte que la propuesta de la Comisión sólo garantiza la protección de los servicios que emplean el acceso condicional para garantizar su pago, ya que sólo en estos casos existen un interés legítimo y una exigencia de protección real. 
Deseo añadir que el derecho de propiedad intelectual no se viola, ya que la mera recepción, sin reproducción o retransmisión, no constituye una violación del derecho de propiedad intelectual. 
Además, cuando no se paga el servicio, el prestador de servicios no puede sufrir ningún menoscabo económico directo por el acceso no autorizado. 
Se trata de un asunto que merecería una ulterior profundización, pero, por el momento y dado que el tiempo apremia, voy a terminar aquí mi intervención. 
Seora Presidenta, quisiera dar las gracias especialmente al Sr. Comisario y a todos los Sres. colegas que participan en este difícil debate sobre un tema muy difícil, al que nos hemos dedicado en la Comisión Jurídica y de Derechos de los Ciudadanos- usted misma lo sabe, ya que participa en dicha comisión- durante bastantes meses, con muchísimas opiniones encontradas por muchas partes que insistían, ciertamente, hasta ahora en sus puntos de vista. 
Querría subrayar dos puntos tras la intervención del Comisario Sr. Monti. 
Hay un desacuerdo básico entre nosotros también justo en cuanto a los límites a los que debe o no extenderse la protección jurídica. 
Y este desacuerdo ha sido expresado también en la intervención del Sr. Comisario y en su desacuerdo con la enmienda básica nş 20 o, por lo menos, tal como le he escuchado, con una parte de esta enmienda; por lo tanto quizás este desacuerdo se reduce. 
Sin embargo, subrayo la declaración del Sr. Comisario que muestra su buena intención: que está dispuesto, junto con sus sres colegas de la Comisión Europea, a emprender un estudio precisamente para ver si, en el futuro, puede cubrir más allá del límite que la propia Comisión había puesto y que, por supuesto, el Parlamento pide que se amplíe. 
Tras esta declaración del Comisario Sr. Monti, no tendré problema en dejar que se vote el informe, si no existiera tal declaración, lo tendría; quizás debería solicitar al Pleno que lo volviera a remitir a la Comisión Jurídica y de Derechos de los Ciudadanos. 
Y veremos, hasta la segunda lectura, cómo podemos resolver este problema del desacuerdo. 
Naturalmente, sealo que la Comisión ha aceptado 16-17 enmiendas- es un punto que no puedo ignorar- y, por supuesto, seora Presidenta, creo que el esfuerzo que estamos haciendo todos es justo para que haya composiciones que sirvan a todos los posibles equilibrios. 
Tenemos siempre en cuenta que, de una manera u otra, los derechos son perjudicados e intentamos encontrar la mejor solución y subrayo que por mi parte- lo he acentuado en repetidas ocasiones- mi intención es cubrir también los organismos públicos de televisión, porque doy una importancia muy grande a los canales televisivos públicos por muchas razones. 
Con todas estas observaciones, seora Presidenta, querría darle las gracias porque podemos tener una imagen completa sobre este tema tan difícil que se someterá a votación a mediodía. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0140/98) , en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la posición común (C4-0103/98-00/0385 (COD) ) adoptada por el Consejo con vistas a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al establecimiento de normas comunes para el mercado interior del gas natural. (Ponente: Sr. Desama) 
Señora Presidenta, la votación que seguirá al debate de hoy ha de cerrar un dossier que, en realidad, se abrió hace seis años: el del mercado interior de la energía, con sus dos sectores, la electricidad y el gas. 
Quiero subrayar al respecto la continuidad del Parlamento Europeo, pues durante estos seis años un único ponente del Parlamento Europeo se ocupó de este tema, y también recalco que, en ese mismo lapso, han cambiado tres Comisarios y un número bastante mayor de Presidencias del Consejo. 
Dicho esto, ¿cómo debemos juzgar esta directiva sobre el gas, con la propuesta de posición común que se nos hace hoy? 
En primer lugar, se debe reconocer que, como en el tema de la electricidad, encontramos los elementos esenciales de lo que el Parlamento Europeo había votado en la primera lectura, en noviembre de 1993. 
No voy a hacer inventario ni enumeración de esos puntos; me limitaré a unos pocos, y fundamentales, que interesan de verdad a la estructura de esta próxima directiva. 
En primer lugar, desde luego, la creación del nuevo concepto del acceso negociado a la red. 
Precisamente fue el Parlamento Europeo el que lanzó esta idea. 
Está recogida en la directiva y nos felicitamos por ello. 
Segundo elemento importante: en esta directiva encontramos esa voluntad de una apertura progresiva de los mercados, que tiene en cuenta las grandes diferencias en la estructuración de los sistemas. 
Tercer elemento: la aplicación del principio de subsidiariedad, necesario no ya para proteger los intereses nacionales sino para que haya un tiempo suficiente dedicado a equiparar la organización y los sistemas, que tan distintos son en nuestra Unión Europea. 
Cuarto y último elemento: los cometidos del servicio público. 
Pienso que en la directiva sobre la energía, tanto para la electricidad como para el gas, probablemente hemos llegado a la mejor solución en cuanto a proteger los cometidos del servicio público; se trata de soluciones mucho mejores, sin duda, que las que encontramos juntos para las telecomunicaciones. 
O sea que estamos contentos. 
En el compromiso al que hoy se llega, también podemos señalar dos elementos positivos, por los que quiero felicitar a la vez a la Comisión y a las Presidencias que se empeñaron en esto, la neerlandesa, la luxemburguesa y la británica. 
Estos dos compromisos son elementos importantes para la seguridad y el abastecimiento de gas natural en la Unión Europea, en primer lugar el que se refiere al almacenamiento y al uso de las instalaciones, también el que toca la aplicación de los contratos take or pay, es decir, los contratos de larga duración, que garantizan el abastecimiento a una Unión Europea muy dependiente del exterior para aprovisionarse de gas. 
Por supuesto que, aun cuando nos identifiquemos con esta directiva en un 80 u 85 %, queda un pequeño margen en el que no nos reconocemos pero, como decía Alfred de Musset: " El placer es mucho más intenso cuando no es total». 
Sería total si hoy hubiéramos obtenido la posibilidad de elegir a los distribuidores y de elegir la cogeneración o generación simultánea. 
No es sorprendente que algunos de nuestros colegas hayan presentado enmiendas sobre este punto. 
Es una fuerte demanda del Parlamento Europeo que habrá que satisfacer, con seguridad, cuando se vuelva a examinar la directiva, dentro de unos años, pero para entonces habrán cambiado los tiempos y las mentalidades estarán más maduras en esos momentos. 
En cuanto a las enmiendas que se volvieron a presentar en la segunda lectura, en rigor se trata de tres, pues dos de ellas son idénticas. 
La primera se relaciona con el plazo en que pedimos que la Comisión valore la evolución del dossier. 
Queríamos recordar esta necesidad a la Comisión, pero estoy dispuesto a pedir a mis colegas que voten contra estas enmiendas, si el Comisario Papoutsis nos da las garantías necesarias al respecto. 
En segundo término hablé de la elegibilidad de los distribuidores. 
Ya defendimos este punto para la directiva sobre la electricidad; hoy, aunque en el fondo comparta esta voluntad, como ponente estoy obligado a pedirles, Señorías, que voten contra esta enmienda, porque produciría el efecto de cuestionar el equilibrio del compromiso y, por lo tanto, obstaculizaría al mismo tiempo la seguridad jurídica y la necesaria conexión con la directiva sobre la electricidad. 
Por esta misma razón me opondré a la enmienda sobre la cogeneración, a pesar de que la ha formulado mi grupo, pues también en este caso es difícil encontrar el punto de compromiso. 
Volver a cuestionar el tema equivaldría a cuestionar toda la directiva, de modo que pediré sin vacilaciones que se vote en contra de todas las enmiendas. 
Señor Presidente, primeramente quiero expresar mis felicitaciones más sinceras a Claude Desama por realizar para nosotros este inacabado tema en un calendario semejante. 
Claro está, cuenta con todo el apoyo del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Es obvio. 
Continuaremos con la enmienda sobre la cogeneración y enseguida explicaré por qué. 
En realidad, el retraso es realmente muy largo y durante este período, que abarca varios años, han tenido lugar varios acontecimientos. 
Por ejemplo, la experiencia del Reino Unido. La liberalización tan rápida del mercado en este país demostró que resulta más ventajoso introducirla de manera más paulatina, ir más despacio. 
La experiencia del Reino Unido fue tan rápida que la gran pérdida de puestos de trabajo y las dificultades asociadas a la facturación por separado se produjeron en un período de tiempo demasiado corto. 
Eso no va a pasar con esta directiva. 
No obstante, la experiencia con la directiva del gas, así como con la directiva de la electricidad, será una liberalización más rápida de lo que realmente pide la directiva. 
De alguna manera, los seis años la han vuelto un tanto anacrónica y hay evoluciones que no están previstas en la directiva. 
El otro aspecto que se ha desarrollado en estos seis años es la preocupación por el medio ambiente, expresada especialmente en los acuerdos concluidos en Kyoto, donde la cogeneración desempeña un papel importante, como una de las resoluciones. 
Por eso volvemos a presentar nuestra enmienda. 
La mayoría del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos no cree que el apartado 2 del artículo 18 sea apropiado. 
En realidad, creemos que contradice directamente la comunicación de la Comisión sobre la cogeneración. 
Por tanto, cuando votemos, brindaremos a la gente la oportunidad de manifestar claramente su apoyo a la cogeneración. 
No obstante, como todos los demás, queremos la directiva rápidamente. 
No queremos ser obstruccionistas. 
Seora Presidenta, después de tanto hablar y escribir durante tres legislaturas estamos reordenando hoy el último gran sector económico. 
Los Estados miembros han impuesto a la Unión agrupar sus mercados en un mercado único e implantar en todos los ámbitos las libertades reconocidas en el Tratado, es decir, la libertad de comercio y la libertad de establecimiento. 
El sector del gas es probablemente el último en el que no se han implantado aún ambos objetivos jurídicos. 
De esta suerte, la directiva constituye la piedra clave del mercado interior. 
Quiero recordar que los conocimientos de la economía nacional nos ensean lo siguiente: donde reinan los monopolios se pueden cometer errores con más facilidad pues, ciertamente, el comprador cautivo tiene que pagar los costes. 
Por el contrario, la competencia descubre los fallos, pues ésta rechaza a las empresas que adoptan decisiones equivocadas en el juego de la competencia. 
Por esta razón, la competencia presiona sobre los precios y motiva a los ofertantes hacia las mejores soluciones. 
Pero żcuándo existe competencia? 
Cuando el comprador puede elegir la misma mercancía entre suministradores diferentes. 
Ahora bien, esto lo aporta esta directiva en cuanto que implanta la libertad de oferta y, por ende, la libertad de los compradores. 
En el plano de la producción esto lo ha aportado ya otra directiva. 
La directiva sobre el gas lo aporta desde ahora en el ámbito del transporte y de la distribución y, por cierto, paso a paso, en cuanto que suprime monopolios legales y hace inviables los monopolios fácticos de las conducciones, pues se pueden construir derivaciones y existe un derecho a la construcción, mediante autorización libre, de una infraestructura paralela. 
Pero con esto es también patente e importante que los monopolios fácticos quedan eliminados por el hecho de que las conducciones mediante su apertura para cualquiera son utilizables por terceros, y ello dejando a salvo suficientemente la protección del propietario, en cuanto que éste recibe una compensación que cubre sus costes y en cuanto que los contratos de suministro a largo plazo reciben una protección suficiente. 
Los Estados miembros han dado mucha importancia a esto, e incluso, en mi opinión personal, existe en la directiva un volumen exagerado de protección. 
Finalmente, hay también protección para los Estados miembros que conceden una importancia especial a la posibilidad de imponer a las empresas obligaciones de servicio público. 
El Consejo ha aprobado por unanimidad tras tres aos de discusión un compromiso sumamente ingenioso, un compromiso muy equilibrado y sensible. 
Nosotros nos hemos decidido- hablo en nombre de mi Grupo en la comisión y aquí en el Pleno- por aprobar y apoyar este compromiso, pues de esta forma construimos Europa en la medida en que avanzamos paso a paso. żQué podría haber sido mejor? 
En mi opinión personal los distribuidores han sido insuficientemente tratados- pero esta no es la opinión de todo mi Grupo- y esto también podía haber sido mejor aún en el ámbito de la producción combinada de calor y electricidad. 
No obstante, reconocemos que importantes intereses de Estados miembros justifican la regulación que se ha propuesto. 
Seor Comisario, seoras y seores żcómo continúa esto? 
En primer lugar, esperamos declaraciones claras de la Comisión en pro de informes regulares y tempranos, para que se puedan producir pasos ulteriores. 
En segundo lugar, cuando los estados hagan uso de regulaciones de excepción acerca de la producción combinada de calor y electricidad, esperamos un informe dirigido al Parlamento, para que el Parlamento pueda discutir también esto. 
El Parlamento desea hacer un seguimiento de esto. 
En tercer lugar, esperamos de inmediato informes de la Comisión sobre la necesidad de armonización en el ámbito del medio ambiente y en el ámbito fiscal. 
En cuarto lugar, quiero aclarar que con la directiva estamos aprobando también un nivel al que tendrán que ajustarse los Estados reformistas de la Europa central y oriental que aspiran a la adhesión y para el que tienen que prepararse ahora. 
En quinto lugar, quisiera manifestar mi esperanza de que mediante esta reforma las empresas reformadas y que funcionan mejor en el mercado del gas sean capaces también de disputarse el mercado mundial en el cual, en mi opinión, están hasta ahora insuficientemente representadas. 
Quiero dar las gracias al Comisario, a toda la Comisión, y doy las gracias también a todos los miembros que durante todos estos aos- y a la cabeza de ellos nuestro colega, el Sr. Desama- se han afanado tanto por esta directiva. 
Señor Presidente, Señorías, voy a intervenir para anunciar la posición favorable de nuestro Grupo, Unión por Europa, en orden a la Directiva relativa al mercado del gas natural, así como con respecto al informe del Sr. Desama. 
Esta posición favorable es el fruto de un acuerdo con los demás grupos políticos del Parlamento Europeo, así como de una mediación dentro de nuestro propio Grupo. 
Yo hubiera preferido que la Directiva fuera más ambiciosa, que concediera más espacio a la producción descentralizada y que introdujera algún elemento más ambicioso en materia de competencia en favor sobre todo de las áreas y de los consorcios de las pequeñas y medianas empresas. 
Sin embargo, escuchamos con satisfacción los compromisos que la Comisión asumió en los debates celebrados en nuestra Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía y, por lo tanto, la cuestión que sigue planteada y que nos deja más perplejos es el tratamiento de los cogeneradores, con respecto a los cuales la Directiva nos parece que sigue siendo ambigua y que permite una total discrecionalidad en lo referente a los umbrales de acceso. 
He escuchado, sin embargo, las razones de las distintas partes implicadas y el análisis del ponente y, finalmente, me parece que ha de prevalecer la orientación de lo bueno más que lo mejor- como por otra parte hicimos para la Directiva relativa a la electricidad- y que se tiene que empezar cuanto antes con una nueva reglamentación del mercado del gas que sea buena, en cambio de seguir manteniendo un pulso con el Consejo, tal vez durante años, para que sea mejor. 
Por otra parte, la enmienda presentada por el Sr. Pompidou e incluida en el informe Desama, que pide una evaluación de los resultados de esta Directiva dentro de unos años, ofrece al Parlamento Europeo un camino seguro de cara a perseguir nuestros objetivos. 
Quiero terminar, felicitando al Sr. Desama y a la Comisión por el excelente trabajo realizado. 
Señor Presidente, estimados colegas, Comisarios, mi Grupo, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, está muy satisfecho por la realización de la directiva del gas. 
Por fin se logra el mercado interior para el gas con el correspondiente funcionamiento del mercado y, por supuesto, competencia. 
Eso significa precios conforme al mercado, por tanto, más bajos para las empresas europeas y, en último término, también para los consumidores. 
Naturalmente felicito al Sr. Desama por su resultado. 
Si bien la apertura del mercado es todavía muy limitada, mi Grupo está de acuerdo con la posición común del Consejo. 
Apoyamos al Sr. Desama excepto en dos puntos sobre los que mi grupo ha presentado enmiendas. 
Al fin y al cabo, nuestro cometido es ocuparnos de que se adopte una buena legislación en Europa. 
Los Estados miembros de la Unión Europea dependen cada día más para su abastecimiento energético del gas como fuente de calor y de producción eléctrica. 
Aunque el gas es una forma relativamente limpia de energía, su combustión continúa liberando CO2. 
Dado el acuerdo que se alcanzó en Kyoto respecto de la reducción de CO2, es necesario que utilicemos nuestro gas de la forma más eficiente posible. 
Una tecnología en la que participa es la producción combinada de electricidad y calor, la cogeneration. 
Las centrales de PCEC tienen un rendimiento del 80 al 90 % y eso casi duplica al de una central de gas convencional. 
La PCEC debe también fomentarse y beneficiarse de un mercado liberalizado. 
Sin embargo, la posición del Consejo únicamente concede a las grandes centrales de PCEC el derecho a comprar siempre gas libremente. 
No obstante, en la práctica, existen cada vez más centrales pequeñas de PCEC, por ejemplo, la de una empresa que produce su propia electricidad y utiliza el calor en un proceso industrial. 
En los Países Bajos se utiliza el calor eléctrico y también el CO2 de las centrales de PCEC en la horticultura, un circuito totalmente cerrado económico y respetuoso con el medio ambiente ¿No hemos acordado con el Consejo que deben fomentarse las tecnologías que ahorran energía? 
Mi grupo opina que todas las centrales de PCEC tienen derecho a una libre compra de gas. 
Estamos contra el artículo 18, apartado 2 y secundaremos con los socialistas las enmiendas referentes a todo esto. 
Mi segunda enmienda se refiere a la situación de las empresas distribuidoras en el mercado del gas. 
Las empresas distribuidoras pueden fomentar iniciativas a nivel regional o local, tales como la construcción de centrales de PCEC. 
Así mismo, es importante que las empresas puedan considerarse en todos los Estados miembros plenas integrantes del mercado y puedan comprar libremente su gas. 
Solamente el buen funcionamiento del mercado se ocupa de que, bajo las mismas condiciones, la energía se utilice de la forma más eficiente posible. 
Si queremos cumplir el acuerdo de Kyoto, éste es, por tanto, un requisito necesario. 
Por último, señor Presidente, que el Consejo toma las cosas a la ligera respecto de la reducción de la utilización de los combustibles fósiles y, por tanto, de la reducción de CO2, puede comprobarse una vez más en el presupuesto para el programa ALTENER, sobre el cual se debatirá después. 
Mi grupo se une por completo a la opinión de la ponente, la Sra. Bloch von Blottnitz, de que el presupuesto es tan bajo que todas las explicaciones del Consejo acerca de realizar mayores esfuerzos para proteger el clima casi parecen irrisorias. 
Señor Presidente, a pesar de la ausencia de una política energética común, se suceden las directivas para adaptar el mercado de la energía a los principios de libre comercio y de competencia. 
Después de la electricidad, como se ha dicho, se liberaliza el mercado del gas. 
El 8 de diciembre de 1997 se llegó a un acuerdo de compromiso entre los diferentes Gobiernos, compromiso que la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía no quiso cuestionar con enmiendas, porque consideró que el acuerdo del Consejo era equilibrado y razonable. 
Por mi parte, quiero felicitar al Sr. Desama por su trabajo. 
Sin embargo, la apertura a la liberalización es progresiva y menos vigorosa de lo que al principio propuso la Comisión. 
Los contratos de abastecimiento a largo plazo se respetan, y se reconocen las disposiciones relativas a las obligaciones de servicio público, en particular para la distribución. 
Pero aunque sea progresiva y controlada, no por esto pierde su carácter real la apertura del mercado a la competencia ni dejará de pesar cada vez más sobre la evolución del sector. 
Los industriales se aprovecharán de la baja de los precios gracias a la competencia entre los proveedores y, en compensación, los ciudadanos particulares sufrirán un aumento de precios. 
Esto ha sido, debo decir, lo que ha reconocido el Presidente de Eurogaz en una comparecencia ante la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
La presión de los mercados se ejercerá sobre los principios y la misión del servicio público, que corren el riesgo de resultar progresivamente desmantelados por los ataques de la competencia. 
Así es como, aun antes de la adopción final de la directiva, el Gobierno francés ha vuelto a cuestionar el monopolio del gas en Francia, y ha abierto al sector privado el mercado de los ayuntamientos que aún no estaban abastecidos. 
Además, por el interés de conseguir una recuperación rápida de lo invertido, la liberalización puede llevar a que la producción de electricidad mediante el gas natural se imponga, en detrimento de otras fuentes de energía, por ejemplo la nuclear. 
Por todas estas causas, la mayoría de nuestro grupo, en especial los diputados franceses, se opone a la directiva que abre el mercado del gas a la competencia. 
Consideramos que, a falta de una política energética común, nada justifica la liberalización del mercado de la energía, ni en el sector de la electricidad ni en el del gas. 
Nuestra posición se basa a la vez en el artículo 90.2 del Tratado, que reconoce a cada Estado la posibilidad de organizar sus servicios públicos sin atender a las normas de la competencia, y también sobre el principio de subsidiariedad, que debe permitir se tome en cuenta el carácter especial de la energía, que no es una mercancía como cualquier otra y, por lo tanto, no debe estar sometida a la libre competencia. 
Quiero agradecer a Desama que ha escrito este completo informe corta y concisamente, sin muchas palabras, lo cual nos facilita la tarea. 
Esta liberalización del mercado del gas natural tiene algunas ventajas, pero también tiene desventajas. 
Desama ha señalado algunos de los puntos de crítica. 
Sin embargo, quisiera añadir que quisiera que las producciones descentralizadas se beneficien mucho más de lo que se dice en esta directiva. 
Además, hay un problema con los criterios existentes para introducirse en el mercado, por ejemplo, la barrera de 25 millones de m3 para los clientes industriales. 
Tenemos que tratar de lograr algo mejor en este aspecto en el futuro. 
El gas natural es en muchos casos mejor que la energía atómica y la producida a base de carbón, pero, a pesar de todo, no es la mejor desde el punto de vista medioambiental. 
Por eso tenemos que trabajar aún más con las fuentes de energía renovables, justamente para cumplir con el objetivo acordado en la Conferencia de Kioto. 
Para esto, demandamos muchos más recursos. 
Señor Presidente, me congratulo de este compromiso, al que calificaría de elástico, pues permite a cada Estado de la Unión avanzar aún más hacia la creación del mercado interior del gas natural, a la vez que propicia una apertura controlada que reconoce como necesaria la obligatoriedad del servicio público. 
Este compromiso toma en consideración las diversas observaciones formuladas por los involucrados en este dossier desde 1993. 
El Parlamento ha contribuido ampliamente en este logro, y no creo que haya necesidad- como lo querrían algunos diputados- de recurrir a la conciliación a cualquier precio. 
Este procedimiento constituye un último recurso que, sin duda, a veces pretende mostrar la importancia y la decisión del Parlamento, pero un arma no es disuasiva de verdad si no se usa con parsimonia. 
Pues bien, en este dossier del gas podemos decir que hemos alcanzado un equilibrio satisfactorio en la segunda lectura. 
Por ejemplo, es esencial que los Estados miembros designen a los clientes elegibles. 
Como la directiva " electricidad» , la futura directiva sobre el gas deja este problema en el campo de la subsidiariedad. 
También es esencial que este acuerdo, como he señalado, sea elástico, es decir, que los Estados miembros puedan avanzar a su ritmo en lo relativo a la apertura de sus respectivos mercados, pues algunos querrán ir mucho más rápido que otros. Hay que tomar en cuenta las diferencias de estructura entre un país y otro en cuanto al consumo, y el grado de apertura mínima fijado por el acuerdo, en consecuencia, me parece aceptable. 
El Grupo de Coalición Radical Europea da las gracias al Sr. Desama y, por consiguiente, aprueba su informe, propiciador de una directiva que permite la definición de claras reglas de juego en un sector, sin duda, muy estratégico, porque si en el corto plazo Europa se va a encontrar en una posición de exceso de oferta, con una competencia renovada entre los proveedores tradicionales, no olvidemos que hacia el 2005 habrá que recurrir a nuevas fuentes y aumentará la dependencia de la Unión respecto al abastecimiento de gas desde el exterior. 
Seor Presidente, yo también quiero dar las gracias de corazón a Claude Desama. 
Enlazando con lo que acaba de decir, se podría decir también lo siguiente: los Presidentes del Consejo van y vienen, pero el ponente Claude Desama permanece. 
En cualquier caso, ha trabajado durante mucho tiempo en estas cosas y con ello se ha inscrito en el libro de la historia de la política europea. 
Nuestro auténtico problema es el artículo 18 (2). 
Nuestra intención es que la producción combinada de calor y electricidad tenga la posibilidad de adquirir el gas tan barato como sea posible, lo que significa la posibilidad de ser autorizado como cliente en todas partes, en cada país. 
Ahora bien, la objeción que se produce, dice así: muy bien, pero esto pone en cuestión el compromiso del Consejo. 
Ellos han se esforzado mucho en este punto. żPor qué habríamos de prolongar ahora el procedimiento a través de una intermediación? 
Lo siento, pero no puedo aceptar este argumento. 
Si se acepta este argumento, entonces son razonables, en principio, todas las propuestas del Parlamento y entonces podemos preocuparnos relativamente menos. 
Trasladado a los Parlamentos nacionales, esto significaría que si el gobierno propone un proyecto de ley, algo se habrá debido proponer con ello, por consiguiente el Parlamento debe aprobarlo. 
No puedo consentir esto, aunque reconozco que con esto, naturalmente, se alargaría el procedimiento. 
Pero, desde el punto de vista sustantivo, hay otro segundo punto. 
Al mismo tiempo que debatimos esta directiva sobre el gas, la Comisión ha presentado un documento, una comunicación interesante sobre la producción combinada de calor y electricidad. 
También nosotros, el Parlamento, exigiremos- la ponente es la Sra. Estevan Bolea- que la producción combinada de calor y electricidad se duplique o se triplique en su aportación en el seno de la Unión Europea. 
Lo que el Parlamento está haciendo aquí constituye una contradicción. 
Por un lado reclama una duplicación o una triplicación del papel de la producción combinada de calor y electricidad, por otro lado nos resistimos a incluirla en nuestra directiva; pueden comprar el gas donde quieran. 
Si nos comportamos así como Parlamento, perderemos credibilidad y esto es lo peor que puede pasar en política, y por eso estamos recibiendo aquí y allá en nuestros Estados miembros un considerable castigo. 
Por consiguiente, les ruego que apoyen la enmienda de los socialistas y luego veremos que es lo que sale de ahí. 
Estamos tratando, en efecto, con personas razonables. 
Señor Presidente, tras cerca de diez años de debate, está teniendo lugar la apertura del mercado del gas natural. 
Desearía agradecer al Sr. Desama la labor que ha desarrollado a este respecto. 
A pesar de que se trata de una buena propuesta de directiva, quisiera tratar sobre un defecto de la misma. 
Se debe tener en cuenta que en la directiva sobre el gas se coloca la producción combinada de calor y electricidad en una situación desfavorable con respecto al resto de modalidades de producción energética. 
Los productores de electricidad pueden transportar gas en sus redes, independientemente del tamaño de las empresas, pero si se trata de una compañía que produce electricidad y calor de manera combinada, los Estados miembros pueden determinar el tamaño de la misma, por lo que las empresas más pequeñas no tienen derecho a transportar gas. 
En mi opinión, esto no es correcto. 
La producción combinada de calor y electricidad es seguramente uno de los mejores métodos para alcanzar los objetivos establecidos en Kioto, ya que esta producción reduce las emisiones de efecto invernadero aumentando la relación global de beneficios de las compañías. 
Además, creo que es muy importante realizar un seguimiento de la aplicación de la directiva en los Estados miembros, así como que la Comisión ofrezca al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre las experiencias que se registren al respecto. 
Seor Presidente, puede que esto sea una discordancia, pero me veo obligado a decir que estoy en desacuerdo con la directiva, con la recomendación, y naturalmente no puedo felicitar al Sr. Desama. 
Y esto es porque no sólo la directiva, sino también la recomendación se mueven en el marco de la privatización, de la última liberalización, de la libre competencia en el inmune libre mercado. 
La directiva se dirige hacia la gradual exclusión del sector público mientras, por otra parte, anima, fomenta el monopolio privado sobre el gas natural, con la forma de una empresa integrada, vertical u horizontal. 
Y precisamente, cuando es horizontal pueden entrar en el gas natural también empresas que se dedican a otro sector como por ejemplo la electricidad, y podemos tener gigantescos conglomerados de empresas monopolizantes que tiranicen a la sociedad, teniendo este factor decisivo que se llama energético y que tiene relación e importancia para el desarrollo, para la oferta de servicio social, para la protección del medio ambiente. 
Y, seor Presidente, el monopolio privado es incompatible con estas tres características, porque persigue única y exclusivamente el beneficio. 
Va a tiranizar, pues, al conjunto social, que estará obligado, como contribuyente, a pagar también los trabajos de infraestructura para estas empresas e incluso seguridad y protección. 
Por estas razones nosotros vamos a votar en contra. 
Seor Presidente, seoras y seores diputados, como todos sabemos, la importancia de la propuesta sobre el mercado interior del gas natural es muy grande. 
La liberalización gradual de este mercado, que tiene un volumen de ventas anual superior a los 100.000 millones de ecus, se conecta orgánicamente con nuestro objetivo de aumentar la competitividad de la economía europea, y también de reducir el paro. 
Seor Presidente, quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo por su decisión, antes de nada, de acelerar el examen de la posición común sobre el gas natural, de manera que sea posible la presentación oportuna de la segunda lectura en el Consejo de Energía que tendrá lugar el 11 de mayo. 
La posición común sobre el mercado interior del gas natural, que se presenta en segunda lectura al Parlamento Europeo, es el fruto de negociaciones intensivas. 
En estas negociaciones conseguimos sentar las bases del nuevo mercado competitivo de energía eléctrica, así como del mercado correspondiente de gas natural, que son los ejes básicos del mercado interior energético. 
Estos importantes resultados no serían posibles sin la aportación personal del ponente, el Sr. Desama. 
Quisiera, pues, agradecer al Sr. Desama su excepcional labor durante todos estos aos. 
Es verdad que el paisaje del mercado interior de energía se ha transformado radicalmente. 
La adopción de la directiva sobre la energía eléctrica ha mostrado la decisión de los Estados miembros, la decisión de la industria, de los consumidores y también de la fuerza del mercado sobre la apertura del sector energético a la competencia. 
En realidad, y tal como resulta del reciente informe de la Comisión hacia el Parlamento Europeo y el Consejo, los Estados miembros eligen la apertura más rápida y de mayor alcance en relación con lo que exige la directiva del mercado de la energía eléctrica. 
Este hecho justifica nuestra elección en la adopción de la directiva sobre la energía eléctrica. 
Creo que es en interés de la industria, y también de los consumidores, que la directiva sobre el gas natural entre en vigor lo más rápido posible. 
Que no se retrase en relación con la del mercado de energía eléctrica. 
La apertura del mercado del gas no debe retrasarse. 
La posición común en cuanto a la directiva sobre el gas natural, que fue adoptada unánimemente por el Consejo del 12 de febrero, constituye un logro importante y refleja el espíritu del acuerdo general que se constató entre los Estados miembros. 
Incluye un gran número de normas comunes que los Estados miembros tienen que aplicar, pero según sus particularidades complementarias. 
De acuerdo con las intenciones de la Comisión Europea, y también del Parlamento, la presente directiva representa un marco común en toda Europa, dejando la fijación de las disposiciones complementarias al principio de subsidiariedad. 
Más especialmente, prevé la existencia de niveles mínimos de competencia en el mercado del gas natural. 
La directiva garantiza igualmente que justo desde el principio, por lo menos un gran número de consumidores industriales así como todos los productores de electricidad, serán libres de elegir su proveedor de gas. 
Esta posibilidad de elección incluye a las empresas de producción combinada de electricidad y calor y, por tanto se alinea plenamente en la prioridad que se da a este sector. 
Sólo en circunstancias muy especiales y excepcionales le es posible a un Estado miembro instituir determinados límites superiores que sin embargo, de una u otra manera, se comunicarán a la Comisión y, en consecuencia, serán controlados cuidadosamente por ella en cuanto a la justificación real sobre los desequilibrios de los mercados interiores de electricidad. 
Ya hay indicios de que algunos Estados miembros no se van a limitar a las exigencias básicas de la directiva, sino que van a abrir más allá sus mercados a la competencia. 
De acuerdo con estos indicios, los resultados de la liberalización serán más significativos de lo que se esperaba. 
La directiva prevé también la protección de las obligaciones de prestación de servicio público, obligaciones que los Estados miembros pueden imponer a las empresas de gas natural en su mercado por un interés económico más general. 
Y no debemos olvidar que la liberalización del mercado no significa privatización. 
La liberalización del mercado significa que las empresas estatales públicas, y también las privadas, deben funcionar en el marco del mercado interior, respetando los principios de la sana competencia. 
Los Estados miembros determinarán estas obligaciones en el ámbito del marco comunitario y a continuación se comunicarán a la Comisión, la cual las controlará también basándose en las normas de la legislación comunitaria. 
Este mecanismo permitirá a los Estados miembros equilibrar la competencia con el servicio público cuando se juzgue que sirve al interés público general. 
En cuanto al almacenamiento, estimamos que no se puede considerar parte de un monopolio natural, puesto que ya es una actividad comercial, y por este motivo la Comisión considera que no hay razón para otras normas diferentes de lo que ya se ha incluido en la propuesta. 
Sobre la importante cuestión de los contratos tipo take or pay, estoy muy satisfecho por el unánime y amplio apoyo a la solución que se ha conseguido. 
Esta solución permite a la Comisión llevar a cabo un control efectivo, basándose en criterios claros y objetivos. 
Estoy decidido a instituir un método eficaz de colaboración entre la Comisión y los Estados miembros para esta cuestión. 
Ahora la Comisión y los Estados miembros son llamados a desempear un papel muy importante en esta dirección. 
La posición común incorpora un gran número de enmiendas que se presentaron en la primera lectura del Parlamento y que ya las había tomado en cuenta la Comisión en su propuesta modificada. 
Debo decir que estas enmiendas contribuyeron a la aclaración de una serie de importantes puntos, así como al equilibrio más general del texto. 
Aprecio de forma especial la labor de la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología del Parlamento en esta segunda lectura. 
Y quisiera sealar que, en líneas generales, se ha reconocido la estructura equilibrada y el valor de la posición común. 
En cuanto a la enmienda sobre la presentación de un informe después de la aplicación trienal de la directiva, querría decir que la Comisión Europea tiene la intención de aceptar esta enmienda si el Parlamento considera que es realmente necesaria. 
Desearía dejar claro que en cada caso la Comisión está dispuesta a presentar informes al Parlamento Europeo y al Consejo cuando se juzgue que es conveniente y que se impone por la situación. 
Más especialmente, será una buena oportunidad de examinar periódicamente la posibilidad de que los Estados miembros apliquen la disposición especial relativa a la coproducción de electricidad y calor. 
Y quiero subrayar que la Comisión ha redactado recientemente su primer informe sobre el seguimiento de la directiva relativa a la energía eléctrica, aunque la propia directiva no preveía esta obligación. 
Entonces, lo que estamos haciendo por la energía eléctrica, con toda seguridad lo haremos también por el gas natural, y esto se lo aseguro. 
Estos informes son de vital importancia para la preparación de los estadios siguientes en la evolución del mercado energético interior. Y desearía aadir que la Presidencia comparte plenamente esta aproximación. 
Está claro que depende del Parlamento la decisión sobre si es necesaria una modificación de este tipo después de todo lo que hemos dicho con anterioridad. 
De un modo u otro, considero completamente necesario el estricto seguimiento, por parte de la Comisión, de la aplicación de la directiva sobre el gas natural, en estrecha colaboración con los Estados miembros. 
Además, esta es la única forma de evitar interpretaciones erróneas de las distintas disposiciones de la directiva y de garantizar la plena, oportuna y eficaz materialización de esta importante iniciativa. 
En el caso de la directiva relativa a la energía eléctrica, seguimos con éxito esta aproximación. 
La aproximación se mostró eficaz y todos los Estados miembros la recibieron con entusiasmo. 
En cuanto a las otras enmiendas que se han propuesto, la Comisión no está en posición de aceptarlas. 
No podemos aceptar las dos enmiendas propuestas relativas a la coproducción porque la coproducción, como ya he explicado antes, ya es elegible, excepto bajo unas condiciones muy concretas que deben comunicarse siempre a la Comisión. 
Sobre la enmienda propuesta relativa a los distribuidores, afecta a uno de los temas más sensibles que se han debatido en el marco de la compatibilidad total. 
Los distribuidores ya son elegibles en cuanto al abastecimiento de sus clientes elegibles, sean industriales o productores de electricidad. 
Cualquier libertad más allá de esto cae sobre la subsidiariedad, ya que afecta a la esencia de la compatibilidad, especialmente en relación con las posibles obligaciones del servicio público. 
La Comisión, por estas razones, no puede aceptar la enmienda. 
Seor Presidente, seoras y seores diputados, la Comisión considera de vital importancia la rápida aprobación de la presente directiva, que apoyan tanto los consumidores como la industria. 
El debate de hoy ha mostrado claramente que también comparte esta postura el Parlamento Europeo. 
Desearía terminar, expresando una vez mas mi agradecimiento al ponente Sr. Desama, a todos los miembros de la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología del Parlamento Europeo y a todos los diputados que hoy han tomado la palabra en el marco del debate en la Sesión Plenaria. 
Quiero darles sinceramente las gracias por su crítica constructiva en este proceso de gran importancia que completamos hoy. 
Muchas gracias, señor Comisario Papoutsis. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para segunda lectura (A4-0143/98) , en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0032/98-97/0106 (SYN) ) con vistas a la adopción de la decisión del Consejo sobre un programa plurianual de fomento de las energías renovables en la Comunidad (ALTENER II) (Ponente: Sra. Bloch von Blottnitz). 
Seor Presidente, el programa ALTENER II constituye un ejemplo típico en el que se puede constatar cómo en política la intención y la realidad distan quilómetros entre sí. 
Quisiera recordar solamente los acuerdos de Berlín, Rio y Kioto. 
Nos comprometimos a una reducción de las emisiones de sustancias nocivas y de CO2. 
Se dijo que ésta era una de las tareas más grandes que tenemos para el futuro próximo. 
El propio Consejo dice en sus considerandos sobre ALTENER II, que de aquí al ao 2000 tendremos un aumento, no una disminución, de las emisiones de CO2 del orden del 3 %. 
Dice también- y no puedo menos que considerarlo cínico- que ALTENER II tiene que ser una aportación esencial hacia una mayor utilización de las fuentes renovables de energía, compatibles con el medio ambiente, y debe representar un componente esencial de la estrategia comunitaria para la reducción de las emisiones de CO2. 
Debo decir que es francamente una desvergüenza cuando veo que sólo se han previsto 22 millones de ecus para esto. 
No sé qué se va a hacer con 11 millones de ecus por ao. 
El Consejo va incluso más allá aún, en cuanto que todavía limita nuestras facultades presupuestarias, no de jure, esto no lo puede hacer, sino de facto, y nos quiere dictar además cuánto tenemos que asentar el próximo ao en el presupuesto. 
Esto no es así y no podemos consentirlo en ningún caso. 
Este ao 11 millones de ecus, y el próximo ao ya veremos. 
Sin embargo, lo que constituye, por decirlo así, la guinda de estas desvergüenzas es el hecho de que el Consejo no haya previsto incluir ahora el tema en el orden del día de la reunión del Consejo de la energía que se celebrará el 11 de mayo. 
Esto significaría que este ao no tenemos más dinero, en absoluto, que no tenemos ningún programa ALTENER II y que de nuevo no haremos nada en pro de las energías renovables. 
Sólo quisiera recordar una vez más el vergonzoso desastre de SAVE, JOULE y THERMIE, porque no hay dinero suficiente. 
Todos sabemos que dependemos de las importaciones de materias primas. 
Pero, llegan, naturalmente, todos mis amigos de la energía atómica y dicen, sí, sí al átomo. 
Yo les digo que esto es una absoluta palabrería, pues para ello necesitamos uranio, también lo tenemos que importar. Que esto quede claro. 
Por lo demás, genera muchos puestos de trabajo. 
Constituye una oportunidad de exportación para el próximo milenio. 
Es compatible con el medio ambiente. 
Sólo así llegaremos a una reducción del CO2. 
El Consejo lo sabe, nosotros lo sabemos, pero no hay dinero para ello. 
Quisiera solamente que una vez- sólo por cuatro aosrecibiéramos tanto dinero para estos programas como el que derrochamos en un ao para la industria nuclear, por ejemplo, en la fusión. 
En este punto damos gastamos despreocupadamente 250 millones de ecus para la industria nuclear y un día, en el ao 2050 eventualmente... 
Pero en lo que es necesario, en lo que nos proporciona puestos de trabajo, en lo que es compatible con el medio ambiente, en lo que nos aporta una enorme fuerza innovadora de todo tipo, ahí, sencillamente, no hacemos nada. 
Entonces me debo preguntar żdónde estoy realmente, a qué estamos jugando aquí? żEs esto una comedia? 
Esto no es una comedia, esto es trágico.También quisiera indicar que en el programa está previsto, además, que los residuos urbanos sean considerados como energías renovables. 
Entonces tengo que preguntarme, naturalmente, żpara qué todo esto? 
Residuos urbanos. 
Por favor, éstos no son energías renovables. 
Naturalmente, está muy claro que ciertas industrias tienen gran interés en ello, en concreto, las instalaciones de incineración de residuos. 
Sólo que éstas se encuentran ya en manos de las grandes empresas de incineración de resíduos, porque éstas pudieron depositar las enormes provisiones de fondos, pudieron amontonar miles de millones de dinero de los contribuyentes y pudieron apoderarse de todas las instalaciones de incineración de residuos. 
Ahora, además, tenemos que subvencionarlas y permitir que se considere los residuos urbanos como energías renovables. 
Sería necesario emplear todo el conocimiento, y todo el dinero de que disponemos, en el ámbito fotovoltaico, en el del hidrógeno, en el geotérmico, etc., para que obtuviéramos éxitos en este campo. 
Habría que cargar también en el precio el grado de compatibilidad con el medio ambiente. 
Es decir, tengo que gravar con impuestos las otras energías. 
En definitiva, se socializan los costes medioambientales y los de sanidad. 
Sin embargo, las ganancias se privatizan. 
Bien, no tengo nada en contra, pero tenemos que lograr en este punto una distribución equitativa. 
Ésta falta, en absoluto, y ningún país quiere llegar a un gravamen impositivo. 
Se elude esto, se elude esto. 
Se sigue trampeando como hasta ahora y luego organizamos enormes conferencias internacionales, como la última, la de Kioto, y decimos: muy bien, reducción del CO2, nos comprometemos a un 10 %. 
Entonces dice el Consejo: muy bien, vamos a tener un aumento del 3 %, pero ALTENER recibirá 11 millones. En realidad esto es mejor que nada; puesto que estamos discutiendo entre nosotros, saquemos esto rápidamente el 11.5.1998 del orden del día de la sesión del Consejo. 
Si luego se vuelve amable la atmósfera, entonces, se dirá de pronto: bien, hagamos la subsidiariedad. 
Se echará mano de ella, pero cada país lo tendrá que hacer por sí solo. 
Si observo a los países en particular, entonces constato que ninguno hace nada. 
Cada cual dice: me encuentro en el mercado interior, me encuentro en medio de la competencia, etc., y no me puedo permitir esto. 
Ojalá que esta vez se actué, por fin, con seriedad y dotemos adecuadamente estos programas. 
La Comisión ha propuesto 30 millones de ecus. 
Esto me ha parecido todavía demasiado poco, pero en comparación con lo que el Consejo juega con nosotros, constituyen, ciertamente, sumas gigantescas. 
Por esta razón, quisiera pedir a la Asamblea que dé su conformidad a las enmiendas que ha presentado la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, y que, por lo demás, también ha aprobado ya el Parlamento en primera lectura. 
Con éstas estaba conforme, en último término, la Comisión, aunque ella modifica siempre un poco, diplomáticamente, la situación. 
Yo soy más partidaria de las palabras claras, para que no haya subterfugios. 
Si éstos se produjeran, quiero decirles una cosa: los costes de nuestra desidiosa conducta, de que no hacemos nada, son tan elevados en los sectores de la sanidad y del medio ambiente, que no podremos pagarlos más en el próximo milenio. 
En definitiva, tenemos una cierta responsabilidad para con las próximas generaciones. 
Seor Presidente, estimados colegas, seor Comisario, creo que me puedo sumar en gran medida a las muy claras palabras de la ponente. 
El programa ALTENER es el único programa que tenemos en la Unión Europea dedicado exclusivamente al fomento de las energías alternativas. 
De aquí al ao 2010 se va a duplicar la participación de las fuentes renovables de energía en el consumo global de energía. 
Así lo propone la Comisión Europea en su Libro Blanco sobre las energías renovables. 
Ustedes saben que con esta exigencia las energías renovables se encuentran realmente abiertas las puertas del Parlamento Europeo, pues ya en el Informe de iniciativa Mombaur y en mi informe sobre el Libro Verde hemos demandado que debe haber un incremento notable- al menos, del 15 %- en el punto de las fuentes renovables de energía, porque estamos profundamente convencidos que desde el punto de vista de la política climática, desde el punto de vista de la política del medio ambiente, desde el punto de vista de la dependencia respecto de las importaciones y teniendo en cuenta el espacio rural y el aumento adicional de puestos de trabajo, la Unión Europea debe ser considerablemente más activa en este punto. 
Sé también que no es sólo, y quizá ni siquiera esencialmente, una cuestión de los programas europeos de fomento, si se consigue este deseado objetivo. 
Un requisito fundamental es que haya decisiones políticas que conduzcan a condiciones reales de competencia leal a través de un acceso leal a la red, que conduzcan mediante impuestos europeos a la energía a la internalización de los costes de la diversa producción de energía. 
Una estrategia política que conduzca a un cambio de la imposición fiscal en la política energética debe abarcar casi todas las políticas comunitarias, debe llevarse a cabo en coordinación entre los Estados miembros y la Unión Europea. 
No obstante, si se quiere lograr una auténtica penetración en el mercado, es de extraodinaria importancia que se facilite a través de estímulos financieros, mediante un fomento concreto, el empleo de nuevas tecnologías de obtención de energía a partir de fuentes renovables. 
La Comisión ha propuesto en su Libro Verde una campaa de penetración. 
Un millón de tejados y fachadas con energía fotovoltaica, 10.000 megavatios con energía eólica y 10.000 megavatios a partir de la biomasa. 
Para esto se precisan 4.000 millones de ecus procedentes de recursos públicos. 
Sé que aquí una cantidad debe proceder de los Estados miembros. 
Pero sé también que los 22 millones que están previstos aquí para dos aos quizá no sean, en todo caso, siquiera una gota de agua sobre una piedra caliente. 
Por esta razón, debe estar muy claro que al menos para el ao próximo debe haber aquí un margen de acción, pues aquí podemos realizar mejoras. 
En segundo lugar, y usted, seor Comisario, puede estar seguro de que aquí nos va a oír, puesto que tratamos ahora de la sucesión de ALTENER II esperamos también en el mismo un incremento considerable. 
En tercer lugar, y en esto me sumo también plenamente a la ponente, es absolutamente necesario que el 11 de mayo adopte realmente un acuerdo para que las medidas puedan comenzar este ao. 
Señor Presidente, Señorías, el Grupo Popular también va a apoyar todas las enmiendas de la Sra. Bloch von Blottnitz, que a su vez fueron aprobadas en la Comisión de Energía. 
Debo decir, señor Comisario y señora Bloch von Blottnitz, que la mayoría de ellas sólo son buenos deseos y un ejercicio académico parecido a la cuadratura del círculo, porque no sólo no hay dinero- pues es verdad que no lo hay -, sino que tanto lo que nos presenta la Comisión como lo que solemos decir en la Comisión de Energía todos los días- porque todos los días hablamos de energías renovables- son sólo buenos deseos muy alejados de la realidad. 
Quizás en algún caso no sólo necesitamos dinero para apoyar las energías renovables, señor Comisario, sino también decisiones políticas. 
Si usted examina las cifras actuales de producción de energías renovables en la Unión Europea, verá que estamos en el 6 %. 
Pero, de ese 6 %, el 90 % es energía hidráulica convencional, con lo cual simplemente tenemos un 0, 4 de las otras energías renovables, señora Bloch von Blottnitz. 
Usted intenta utilizar en su casa la biomasa y sabe lo difícil que es. 
Yo creo que los Estados miembros deben tomar decisiones políticas para potenciar la energía hidroeléctrica- a lo que, por otro lado, se oponen la mayoría de los Grupos, que no quieren embalses- pues es la energía más limpia que tenemos, es la verdaderamente renovable y es la única que nos permite almacenar electricidad. 
El resto no permite almacenar electricidad. 
En el programa marco de investigación y desarrollo haremos gran hincapié en la investigación sobre las energías renovables, que creo que es el primer paso. 
Y dentro de ello, evidentemente, en la energía fotovoltaica. 
A mí me parece que el futuro de las energías renovables está en la energía solar fotovoltaica, pero no ahora, todavía es muy cara. 
¿Cómo podemos ayudar a las energías renovables? 
Evidentemente, desde el punto de vista económico, con las inversiones porque todas ellas trabajan muy pocas horas. 
La eólica es muy interesante, pero no opera más de 1.500- 2.000 horas al año, y a veces opera por la noche, cuando no necesitamos electricidad. 
Por lo tanto, habrá que apoyar las inversiones. 
Y creo que sí es importante la subsidiariedad, señoras Rothe y Bloch von Blottnitz, porque cada Estado miembro debe hacer el esfuerzo máximo si de verdad cree en las energías renovables. 
Si no, son sólo palabras. 
En cualquier caso, señor Comisario, apoyamos el programa ALTENER, creemos que tiene muy poca dotación, creemos que la Dirección General XVII tiene muy poco dinero en todos los programas, pero le voy a decir una cosa: a lo mejor no sólo necesita usted dinero, lo que necesita es más coraje, más valor, en sus decisiones políticas y más concreción y claridad con los países miembros. 
Porque, a todo esto, nos encontramos con un mercado eléctrico liberalizado que está funcionando muy bien, con un mercado del gas que no va a estar tan liberalizado porque, salvo el Reino Unido, Holanda y un poquito Dinamarca, nadie produce gas, luego es una liberalización del transporte muy especial. 
Por eso ha sido más fácil esta directiva que la eléctrica y, en definitiva, cualquier esfuerzo de todos es poco. 
Señor Presidente, el continuo debate sobre las energías renovables destaca una vez más la importancia de un enfoque coordinado e integrado de todos los programas de desarrollo de la Unión Europea. 
La importancia de la política relativa a las energías alternativas es ampliamente aceptada en esta Asamblea. 
En la medida en que la energía basada en los recursos renovables tiene una significativa importancia en la utilización de nuestros recursos agrícolas y, por ende, ofrece posibilidades a los productores agrícolas y a la creación de puestos de trabajo en las zonas rurales, instaría al Consejo y a la Comisión para que coordinen sus esfuerzos y formulen una política energética a largo plazo con el desarrollo de la agricultura y- es importante- hacerlo en el contexto de Agenda 2000. 
A mi juicio, hay una excesiva fragmentación de la política de la Unión Europea y ciertamente no se aprecia suficientemente la importancia de desarrollar todo el potencial de nuestros recursos agrícolas europeos. 
La inevitable reforma de la política agrícola común pone de relieve la importancia de producir cosechas no alimentarias. 
Los programas de energía alternativa basados en los recursos renovables ofrecen una provechosa alternativa para nuestros productores agrícolas así como para los habitantes de las zonas rurales y los programas de desarrollo rural. 
Como mencioné hace un momento, hemos dado prioridad a la importancia del desarrollo rural. 
Hemos determinado el modelo europeo de la agricultura basado en retener el mayor número posible de familias agrícolas en los campos de Europa. 
Esta posición es ampliamente aceptada y apoyada en esta Asamblea. 
No obstante, si intentamos seriamente alcanzar nuestros objetivos en ambos apartados, debemos coordinar la política energética con el desarrollo de la agricultura y el empleo en las zonas rurales. 
La tecnología destinada a la producción de energía alternativa basada en las cosechas agrícolas está claramente establecida. 
La tecnología está ahí. 
Ahora, necesitamos un enfoque coordinado y la voluntad a nivel nacional y de la Unión Europea para adaptar las políticas y crear el entorno económico necesario a un desarrollo sostenible de la energía alternativa. Este desarrollo sostenible ha de basarse y estar estrechamente relacionado con el desarrollo de los recursos de nuestra tierra y con la agricultura, teniendo como pauta central el retener el mayor número posible de productores agrícolas en las tierras europeas y el mayor número posible de personas que trabajen en las zonas rurales europeas. 
Así, si actuamos seriamente, debemos adoptar este enfoque coordinado y hago un llamamiento a la Comisión y al Consejo para que trabajen más estrechamente con el fin de elaborar una política europea y nacional en el contexto de Agenda 2000. 
Seor Presidente, quiero expresar también yo el acuerdo del Grupo de la Coalición de Izquierda Europea con el informe de la Sra. Bloch von Blottnitz; expresar nuestra satisfacción por la colaboración que tuvimos con la Comisión, con el Comisario Sr. Papoutsis, pero también nuestro gran descontento y protesta por la postura que mantiene el Consejo. 
Creo que la postura del Consejo sobre los 11 millones de ecus anuales esencialmente coloca el programa ALTENER fuera de la realidad, y así fuera de toda importancia práctica. 
Es algo contra lo que, como Parlamento, debemos luchar y que debemos combatir, especialmente durante el procedimiento presupuestario. 
Es muy importante que deje de haber estas contradicciones. 
Vemos, por ejemplo, que hay posibilidades de tremenda explotación de formas suaves de energía, como la energía eólica en las Cícladas por ejemplo, en las islas del mar Egeo. 
Y a pesar de los pequeos pasos que se han dado, su explotación será mucho menor de lo que sería posible, y quisiera presentar esta cuestión al Comisario Sr. Papoutsis: żQué podría hacerse aquí, en el marco de las, por supuesto, difíciles posibilidades financieras que hay? 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente Bloch von Blottnitz por su informe. 
Sin duda que el Programa Altener tiene que continuar, ya que es el único programa comunitario que, de hecho, solamente se ocupa de las fuentes de energía renovables, pero también pensando en todo el dinero que la UE da a otras fuentes de energía. 
Entonces lo mínimo que se puede pedir es que las fuentes de energía renovables también reciban dinero. 
Es risible que el Consejo sólo acepte darle 11 millones de ecus por año. 
Pero, ¿qué ha pasado con todas aquellas hermosas palabras del Consejo, entre otras, las vertidas en la Conferencia de Kioto? ¿Qué significan esas palabras? 
En realidad, ¡nada! 
¿Cómo se va a alcanzar el objetivo de disminuir las emisiones de dióxido de carbono? 
¿Cómo piensa hacerlo el Consejo? 
¿El Consejo va a usar la magia o se empezará a hacer malabarismos con las cifras de emisión? 
¡Si parece que casi no hay otra explicación! 
Los 30 millones de ecus que propone la Comisión también son pocos pero son, en cualquier caso, aceptables. 
Sin embargo, las cifras del Consejo son totalmente inaceptables. 
No se puede dar menos dinero para las fuentes energéticas renovables bajo esas premisas cuando las emisiones de dióxido de carbono aumentan constantemente. 
Si las emisiones disminuyesen sensiblemente, entonces se podría hablar de estabilizar el programa, pero no en este caso. 
Las enmiendas, especialmente la enmienda 3, son importantes. 
Si se ensucia la naturaleza, habrá que pagar por ello. 
Si por el contrario se tiene una buena política medioambiental, se pagará menos. 
Entonces es importante que las diferentes cifras que se requieren para estimar los costes de emisión, se calculen también de diferentes maneras. 
Lo barato será también bueno para el medio ambiente y lo que es dañino resultará caro para las empresas. 
Señor Presidente, permita que le presente un ejemplo práctico. 
En mi país, en mi ciudad, detrás de mi casa, se está proyectando la instalación de molinos de viento y un promotor privado está dispuesto a invertir entre 150 y 200 millones de FB en ese parque de molinos de viento. 
Curiosamente, la oposición contra este proyecto proviene de una asociación cultural que se preocupa por la belleza del paisaje y por el negativo impacto visual que sobre un castillo-fortaleza cercano tendrán los molinos. 
En este contexto, el proyecto Altener II es muy adecuado para hacer un estudio de impacto que permita probar, en una simulación en ordenador, que desde el castillo no se ven los molinos y que no tendrán ningún impacto visual. 
Como es natural, me preocupa mucho más el ruido y, sobre todo por esto, el proyecto Altener nos dará los medios para financiar estos estudios de impacto. 
Si se considera que el estudio de impacto de un proyecto cuesta 1, 5 millones de FB, se puede decir que los 22 millones de ecus que el Consejo nos otorga bastan exactamente para hacer 500 proyectos en toda la Unión Europea. 
Encuentro ridícula esta suma, y por eso mi grupo votará a favor de las enmiendas presentadas por la Sra. Bloch von Blottnitz, a quien debo felicitar por su excelente trabajo. 
Señor Presidente, ante todo, como el ponente, quiero decir que la incineración de los residuos no tiene nada que ver con un dossier sobre la energía renovable; no tiene ninguna relación. 
Sería un bonito ejemplo de cinismo conservar la incineración de residuos en este informe, porque se trataría de un verdadero desvío de fondos en provecho de las grandes sociedades que se burlan hasta el hartazgo de la energía renovable. 
Por lo demás, hace años que, por todas partes en el mundo occidental, se hacen "experiencias» -y pongo la palabra experiencias entre comillas -, se hacen" experiencias» en el campo de las energías renovables. 
Hace años que nos hablan de experiencias, pues, y que los Estados otorgan con cuentagotas algunas limosnas para engañar a la opinión pública. 
Pienso que ha habido bastantes experiencias y muy pocos esfuerzos a gran escala; si dejamos a un lado el caso de las centrales hidráulicas, las energías renovables siguen siendo sólo artilugios destinados a divertir a la gente. 
Se podría pensar que esta incapacidad de los Estados para articular una política activa de desarrollo de las energías renovables- incapacidad que se explica en especial por los grandes intereses económicos de los grupos de presión del campo de la energía- llevaría a la Unión Europea a compensar sus lagunas, a tener un enfoque mucho más adecuado al interés general, a ponerse por encima de todos esos intereses mercantiles. 
Pues bien, no es así: seguimos en el nivel de las buenas palabras, las frases bonitas, las declaraciones sin futuro. 
Y así es como, unos pocos meses después de la conferencia de Kyoto, que ya indicó tímidamente el camino a seguir para preservar los grandes equilibrios del planeta, parecería lógico que la Unión Europea establezca cierta prioridad de las energías renovables, porque son capaces de conservar el medio ambiente, porque son un potencial concreto de puestos de trabajo y de desarrollo tecnológico. 
Y esta prioridad por la que debería apostar la Unión sólo vale 22 millones de ecus, lo que equivale a decir dos veces nada, menos que una limosna. 
A decir verdad, me siento perplejo ante este informe. 
Perplejo porque el trabajo de la Sra. Bloch von Blottnitz me parece notable, y le doy las gracias por él. 
Los retos están bien expresados en este documento y, decididamente, sólo la asignación presupuestaria no está a la altura. 
Para que este trabajo no se haya hecho en vano, me pondré de parte de las recomendaciones del ponente, pero sigo estando persuadido de que permaneceremos durante mucho tiempo en esta edad de piedra energética, en especial mientras no veamos cuáles son todos los costos indirectos de las energías convencionales. 
Las cuentas se han falseado, las distorsiones de la competencia perduran y no se adelanta nada. 
Por lo tanto, hago votos para que en un futuro lo más cercano posible se tomen en cuenta, por fin, una nueva fiscalidad o, junto a los criterios económicos, los parámetros sociales y medioambientales con su dimensión rigurosamente financiera. 
Votaremos las enmiendas de la Sra. Bloch von Blottnitz. 
Señor Presidente, es raro debatir en esta Asamblea un tema que despierte el entusiasmo de tantos grupos. 
Este tema es la energía renovable. 
La energía renovable nos permite cumplir nuestras promesas, las promesas hechas en Kyoto. 
Crea puestos de trabajo, coincide con nuestra prioridad de la creación de empleo. 
Apoyo con toda sinceridad el informe de la Sra. Bloch von Blottnitz, salvo que no estoy de acuerdo con su omisión de los desechos domésticos y votaré en contra. 
Señorías, si quieren que la gente de su circunscripción tome en cuenta Europa, elijan temas que les interesen. 
La energía renovable interesa a los ciudadanos europeos. 
Tenemos un enfoque múltiple, gastamos millones y millones en la investigación sobre energía renovable. 
Al mismo tiempo, necesitamos crear el marco legal a través del acceso a la red de distribución que le permita prosperar y necesitamos un programa semejante a ALTENER. 
En cada uno de los Estados miembros de la Comunidad Europea, ALTENER promueve la energía renovable. 
Estoy enterado, por el excelente trabajo realizado por el Centro de Energía Renovable de South Midlands, el único que existe en el Reino Unido, que si enviamos el mensaje de que la energía renovable ayuda al medio ambiente y ayuda a la creación de puestos de trabajo, obtenemos el apoyo del público. 
Señorías, necesitamos el apoyo de la gente para la Unión Europea. 
Necesitamos analizar las circunstancias relevantes en cada zona geográfica de esta Unión, desde Laponia hasta las islas griegas y necesitamos una energía renovable apropiada a cada lugar de la Unión Europea. 
El ministro que representa a la Presidencia del Reino Unido, John Battle, es un entusiasta de las energías renovables y me ha tranquilizado personalmente afirmando que no permitirá que ALTENER II se nos vaya de las manos hasta que sea demasiado tarde para ponerlo en práctica. 
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que algo de tanto interés para todos los europeos pase ante la comisión correspondiente. 
Creo que el presupuesto que figura en el proyecto de presupuesto preliminar ha mejorado mucho, es una señal alentadora. 
Me parece que en los albores de la Unión Europea se tenían los ojos puestos en el carbón y en la energía nuclear; la energía hacia la que dirige hoy su mirada es la energía renovable y, por tanto, me alegro mucho de que el programa ALTENER II reciba el apoyo de todos los Grupos en este Parlamento. 
Señor Presidente, el objetivo que persigue la Comisión, que incrementaría en un 15 % la proporción de las fuentes de energía renovables en el consumo total de energía en la UE hasta el año 2010, respalda las metas fijadas en Kioto, por lo que debe contar con el respaldo del Parlamento Europeo. 
Por lo que respecta a Finlandia, se trata de un objetivo que se ha alcanzado ya con creces. 
Prosiguiendo el desarrollo del mercado y las actividades de formación e información, el programa Altener nos permite fomentar el uso de fuentes energéticas renovables en todo el territorio de la UE. 
Cada país se encuentra en una situación distinta, dependiendo de su situación geográfica. 
De acuerdo con las cuotas por país que se han propuesto, Finlandia pagará por la reducción complementaria de emisiones más que ningún otro país de la UE por cada tonelada de dióxido de carbono menos que emita. 
En nuestro país ya se vienen aplicando todas las medidas más sencillas de reducción de emisiones, como la calefacción colectiva, el uso de combustibles procedentes de la madera, la producción combinada de calor y electricidad y los programas de ahorro energético. 
Sólo quedan ya las alternativas y los medios verdaderamente costosos. 
La alta tecnología está disponible en nuestro país en prácticamente todos los sectores. 
A modo de ejemplo, nuestras viviendas- construidas para soportar el clima frío- no dejan escapar el calor, tal como ocurre en muchos otros Estados miembros. 
Seor Presidente, seoras y seores diputados, para empezar quiero dar las gracias de una forma especial a la ponente Sra. Bloch von Bloottnitz por la labor que ha efectuado en cuanto al programa ALTENER II. 
Antes de referirme a las enmiendas que propone el Parlamento en esta segunda lectura, querría mencionar algunos progresos generales. 
Seguro que se acuerdan de que en la Sesión Plenaria de noviembre de 1997, cuando les presenté el programa ALTENER II, les había trazado el marco en el que se sitúa el programa y también las ambiciones que teníamos sobre el reforzamiento de nuestra política. 
Sólo cinco meses más tarde tengo el placer de referir este desarrollo positivo que se ha producido posteriormente. 
Les había comunicado mi intención de proponer, lo más rápido posible, para su aprobación en la Comisión Europea el Libro Blanco sobre las fuentes de energía renovables y el programa- marco sobre la energía. 
La comisión adoptó estas dos importantes propuestas unánimemente y ahora están debatiendo sobre ellas los Órganos Institucionales. 
En cuanto al Libro Blanco sobre las fuentes de energía renovables, se prevé que el Consejo de Energía del 11 de mayo adopte una resolución que apoye nuestras propuestas. 
Este es un punto importante, porque el programa ALTENER II es un medio esencial para aplicar la estrategia comunitaria y también el plan de acción que se trazan en el Libro Blanco. 
En este punto, permítanme referirme a dos temas especiales, que han planteado algunos distinguidos Sres. diputados que hoy han tomado la palabra. 
Y antes de nada debo decir que comparto plenamente el punto de vista del Sr. Alavanos, sobre que debemos reforzar más la energía eólica. 
(El Presidente interrumpe al ponente) 
Señorías, vuelvo a insistir- si bien comprendo las razones por las que hay cierta agitación en la Sala, porque el debate se ha retrasado por razones que nos son completamente ajenas- en que Sus Señorías se abstengan durante unos minutos de conversaciones privadas y creen, para con los oradores- ya sean diputados o el Comisario- las condiciones mínimas de respeto para que puedan ser oídos con toda dignidad. 
Decía, pues, que comparto totalmente la opinión del Sr. Alavanos de que debemos reforzar aún más la energía eólica, especialmente en regiones donde las condiciones son buenas, como las Cícladas, tal como él mismo ha mencionado, pero también en otras zonas de Europa. 
Les aseguro que vamos a hacer esfuerzos en este sentido, en colaboración con los Estados miembros. 
Y con esta ocasión quiero subrayar que la Comisión ha propuesto que el Reglamento del Fondo Regional, del ao 2000 en adelante, incluya acciones también para las fuentes de energía renovables. 
Y espero que el Parlamento Europeo apoye también esta propuesta. 
Ahora, en cuanto al tema que han planteado la Sra. Rothe y el Sr. Pinel sobre los vertidos; en el marco del ALTENER y de acuerdo con la política residual de la Comunidad, se da prioridad a la gestión ecológica, como la biomasa, principalmente de la parte orgánica de los residuos. 
Seoras y seores diputados, debo decir que estoy especialmente satisfecho porque tanto el Consejo como el Parlamento se declararon a favor de la propuesta de la Comisión sobre el ALTENER II y aprobaron, prácticamente sin modificaciones, todas las acciones que están previstas en el marco del programa en cuestión. 
Así queda asegurada la importancia del ALTENER II y la necesidad de su aprobación inmediata en el Consejo del 11 de mayo, con vistas a que se aplique inmediatamente desde 1998. 
También querría subrayar algo que había mencionado en la primera lectura: la esencia de algunas enmiendas, en opinión de la Comisión, las sitúa mejor en el marco de la estrategia de la Comunidad sobre las fuentes de energía renovables que en el marco ALTENER. 
Más concretamente, en relación con las enmiendas que proponen, la Comisión acepta, en principio, las enmiendas núms. 1, 2, 6, 7 y 9. 
Sin embargo, en cuanto a las enmiendas 1 y 2, la Comisión considera, según la posición que ha formulado en la primera lectura, es más aconsejable que los principios fundamentales introducidos se sitúen en los considerandos núms. 20 y 19 respectivamente. 
7 y 9, ya están cubiertas en otros puntos de la propuesta del ALTENER II. El contenido de la enmienda nş 6 tiene una mejor situación y está cubierta en la propuesta del Libro Blanco sobre las fuentes de energía renovables. 
En cuanto a la enmienda nş 3, la Comisión considera prematura la referencia al coste indirecto y su inclusión en las tarifas. 
Esta posibilidad debe analizarse y sería posible introducirla en una posible propuesta legislativa que se presentará más tarde. 
Las enmiendas núms. 5 y 8 se refieren a la cantidad que se registra en el presupuesto. 
En este tema, la Comisión ha registrado en el Acta del Consejo de Energía de diciembre de 1997 una declaración según la cual está en contra de que se incluya en el texto de la decisión cualquier cantidad que concierna al presupuesto. 
Por otra parte, la Comisión estima que el presupuesto que aprobó el Consejo para los dos aos es insuficiente. 
Por consiguiente, consideramos igualmente insuficiente el presupuesto que aprobó la autoridad competente sobre el presupuesto para el ao 1998. 
Por tanto, la Comisión Europea puede aceptar la enmienda nş 5. 
Por el contrario, no puede aceptar la enmienda nş 8. 
La Comisión tampoco puede aceptar la enmienda nş 10, en cuanto a la comitología. 
Seor Presidente, la Comisión hará todos los esfuerzos para incorporar cuanto más posible y de la forma más fiel posible las propuestas del Parlamento en el texto jurídico de la propuesta, texto que tenemos ante nosotros para la decisión. 
Quisiera, entonces, agradecerles otra vez a ustedes y a la ponente Sra. Bloch von Blottnitz, así como a los miembros de la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología del Parlamento su apoyo en todo este intento. 
Muchas gracias, señor Comisario Papoutsis. 
Pido disculpas, en nombre de la Asamblea, por las condiciones en que se ha desarrollado el debate. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0126/98) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo el 23 de marzo de 1998 con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (C4-0177/98-96/0164B (COD) ) relativa a las medidas que deben adoptarse contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE, respecto de los vehículos industriales ligeros (Ponente: Sr. Lange). 
Seor Presidente, estimados colegas, en febrero con ocasión del Programa AutoOil adoptamos una decisión acerca de la calidad del aire en Europa. 
En la construcción faltaba una pequea piedra. Son los vehículos comerciales ligeros. 
Son los vehículos que hacen en las ciudades el transporte de distribución, los mensajeros, los pequeos comerciantes de verduras, el transporte de distribución de los proveedores. 
Por esta razón debemos aadir también aquí con la mayor rapidez posible una piedra relativa a estos vehículos, para que mejore la calidad del aire en las ciudades de Europa. 
Este procedimiento en segunda lectura constituye un ejemplo de la posibilidad del Parlamento de trabajar de manera rápida y eficaz. 
Hemos recibido la posición común el 2 de abril, y hoy- a finales de abril- hemos concluido ya y podemos adoptar una decisión. 
Por consiguiente, el Parlamento puede trabajar con esta rapidez y eficacia. 
Por esta razón no quiero hacer ahora grandes discursos, sino permanecer en esta tradición y recomendar rápida y eficazmente que se apoye esta propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, para que la industria tenga seguridad de planificación y para que mejore la calidad del aire en las ciudades de Europa. 
Seor Presidente, quisiera dar las gracias al Parlamento porque nosotros podemos llegar también rápidamente a un resultado en el procedimiento. 
También quiero dar las gracias al Sr. Lange, y una vez que estamos ahora en condiciones de introducir también este dossier en la concertación, quiero solicitar la comprensión de ustedes para el hecho de que la Comisión no pueda aceptar enmiendas que vayan más allá del Programa Auto-Oil II y esto rige especialmente para la enmienda 5 y para las demás enmiendas interrelacionadas con ella. 
Pero esto no significa que no vayamos a colaborar de manera muy abierta y positiva, como hasta ahora, con el Parlamento. 
Muchos no han escuchado esta puntualización, pero tampoco es necesario, porque somos conocidos por esto. 
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Votaciones 
Señor Presidente, Señorías, quisiera proponer a nuestro Pleno que se solidarizara con el personal del Parlamento Europeo que en este momento se encuentra reunido en junta general permanente para defender la independencia de la función pública europea en contra de la nacionalización y de la politización de la misma. 
Señor Presidente, para que no haya ninguna ambigüedad, mi Grupo votará en contra de todas las enmiendas. 
Lo hemos decidido por procedimiento. 
Acogemos con satisfacción un texto común que, muy lamentablemente, el Sr. Nicholson no fue capaz de firmar. 
Nuestra posición es apoyar este texto sin enmiendas. 
No debe interpretarse que no estamos de acuerdo con la sustancia de algunas de las enmiendas, pero estamos satisfechos con el acuerdo del Viernes Santo, que contenía un fuerte compromiso en relación con el decomiso. 
Por tanto, mi Grupo votará por el texto de compromiso que se debatió ayer. 
Señor Presidente, me refiero al mismo tema. 
La cuestión del decomiso de las armas en Irlanda del Norte es un tema sumamente delicado y profundamente sensible. 
Quiero manifestar claramente que la posición del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas es que votaremos la resolución común y no votaremos en favor de ninguna enmienda. 
Deseo decir al Sr. Nicholson y a las personas que representa, que lo hacemos porque creemos que el tema sensible del decomiso se trata globalmente en el marco del acuerdo. 
Por esta razón, no deseamos elegir temas individuales en relación con el texto global. 
Por tanto, apoyamos lo que está en el acuerdo, pero no votaremos por las enmiendas a la resolución común. 
Seores colegas, no podemos hacer ahora otra vez un debate. 
Esto sería para las explicaciones en el momento de las votaciones. 
Y ahora están desarrollando un debate que reconozco que me pone en una situación difícil. 
Han pedido también otros Sres. colegas el uso de la palabra. 
No voy a poder dársela a todos, daré la palabra sólo a dos y cerraré este debate. 
Señor Presidente, en relación con las enmiendas, con toda naturalidad apoyaría la mayor parte de las enmiendas que representan el decomiso activo de todas las armas que tienen los terroristas de ambas partes. 
Sin embargo, deseo declarar de que es sumamente imprudente destacar de manera selectiva cualquier aspecto que ya está cubierto de manera global en el acuerdo. 
Por tanto, en esta etapa, no podemos apoyar ninguna enmienda individual. 
En relación con las enmiendas que utilizan el término «República de Irlanda» , quisiera recordar que el nombre oficial de mi país es Irlanda. 
Señor Presidente, no presenté estas enmiendas esta mañana para crear problemas a este Parlamento, pero tengo que decir a la Sra. Banotti, al Sr. Cox y al Sr. Collins que no basta un mero apoyo verbal. 
Hoy digo a este Parlamento que tiene la oportunidad de decir a todos los terroristas de Irlanda del Norte: ¡Depongan sus armas! 
Voten en favor de mi enmienda. 
Por eso la presenté. 
Ya las dieron por anticipado. 
Seora Green, tiene usted toda la razón. 
Lo he dicho; pero ya ve que el Sr. Hume ahora pide la palabra. 
Me encuentro en una situación muy difícil, porque este baile ha comenzado y no estoy siendo justo frente a las otras partes. 
Voy a dar la palabra al Sr. Hume. 
No puedo hacer distinciones entre grupos políticos. 
Señor Presidente, sólo para dejar las cosas en claro. 
El Sr. Nicholson ha planteado un aspecto sumamente grave, el decomiso de las armas de las organizaciones violentas. 
No obstante, deseo señalar que al votar en favor del acuerdo y la resolución común, eso es lo que dice el acuerdo por el que estamos votando: » Por ende, todas las partes reafirman su compromiso en favor del desarme total de todas las organizaciones paramilitares». 
Eso es lo que está votando esta Asamblea. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, de conformidad con las instrucciones de la Mesa, pedí hacer uso de la palabra antes de la votación. 
Debería indicarse mi presencia en esta votación. 
Seor Falconer, me alegro de que siempre nos recuerde las instrucciones de la Presidencia, ˇno vaya a ser que alguien se haya olvidado de ellas! 
Seor Presidente, acerca del punto 16: este punto es importante, pero lo que aquí se ha dicho no pertenece al centro de este informe. 
Para conseguir una mayoría lo más amplia posible en esta Asamblea estoy dispuesto a suprimir este artículo, y yo pediría a los colegas que tienen dificultades con esto que voten en contra o que se abstengan. 
Señor Presidente, hemos aprobado otras enmiendas orales y, en consecuencia, con su consentimiento y el del Pleno, pero ante todo ateniéndome a la opinión del señor ponente, deseo proponer una enmienda oral, porque la enmienda está jurídicamente mal formulada. 
Se trata de una pequeña modificación técnica, repito, que quisiera leer, si sus Señorías están de acuerdo: » Invita al Consejo Europeo a que respete sus compromisos y que proponga un candidato único para la Presidencia del Banco Central Europeo con ocasión de su próxima Cumbre del día 2 de mayo de 1998». 
Quisiera preguntarle al señor ponente su parecer sobre la misma. 
Seor Presidente, quisiera manifestar lo siguiente sobre el punto 43: en la comisión ya nos habíamos puesto de acuerdo sobre el contenido de la enmienda de compromiso, pero una vez que la formulación no ha coincidido completamente con el mismo nos hemos puesto de acuerdo en lo siguiente: el punto 12, que ya hemos votado, dice exactamente lo que hay que decir aquí, por esta razón, yo propondría, como ponente, que votásemos contra el punto 43 y que los que tengan dificultades con esto se abstuviesen, al menos, cosa que les pido encarecidamente. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, como éramos, por cierto, muy pocos para el debate, y yo pedía a mis colegas que escucharan con atención, porque se trata de algo importante, querría explicar mi posición de ponente ante las distintas enmiendas. 
En efecto, el voto que vamos a emitir hoy cerrará un proceso que ya se había iniciado hace seis años. 
Vamos a votar cuatro enmiendas. 
Para empezar, me pronunciaré sobre las tres primeras. 
Le pediré la palabra, Señor Presidente, para la última enmienda que, paradojalmente, lleva el número 1. 
En lo que respecta a las enmiendas 2, 3 y 4, quiero decir que, como ponente, me opongo a ellas. 
Es decir que deseo que la Cámara no las vote, aun a riesgo de producir inquietudes en el seno de mi propio grupo, precisamente porque me opongo a una enmienda, la 2, de la Sra. McNally, miembro de mi propio grupo. 
Las causas por las que me opongo a estas enmiendas están claras. 
No se refieren al fondo, pero la Presidencia británica, que ha trabajado mucho para este compromiso, la Comisión, que podrá confirmarlo, si el Sr. Comisario así lo quiere, y yo mismo, somos del parecer de que después de seis años de trabajo no es posible llegar, en las materias que tocan estas enmiendas, a un compromiso mejor que este al que hemos llegado ahora. 
Ir a conciliación por estas enmiendas implica crear de veras la dificultad mayor que es el bloqueo de una directiva que, hoy, es urgente poner en marcha. 
Todos los agentes del mundo energético la reclaman. 
Por consiguiente, amigos míos, yo les pediría que, sea cual sea en el fondo la posición de ustedes, den muestra de sensatez política y rechacen las enmiendas. 
Señor Presidente, la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía votó en contra de esta enmienda presentada por el Sr. Pompidou, para conseguir que la Comisión definiera su posición en la materia, es decir, para dar al Parlamento las garantías de que muy pronto iba a tener, en efecto, un informe de la Comisión sobre el estado de aplicación de la directiva. 
En esta enmienda, habíamos previsto dar un plazo de tres años a la Comisión. 
Ahora el Sr. Papoutsis ha reaccionado ante esta enmienda diciendo que la Comisión podía aceptarla pero que, en realidad, los plazos que se fijaba la Comisión eran aún más breves que los que se habían previsto en la enmienda. 
Por consiguiente, creo que, si me excusan mis colegas del PPE, no hay que mostrarse más papistas que el Papa y, por lo tanto, pido que se rechace la enmienda de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. 
Seor Presidente, seoras y seores diputados, tras la conclusión de la votación del informe del Sr. Desama, querría dar las gracias al Parlamento, y especialmente a su ponente, el Sr. Desama. 
Con la votación de hoy hemos dado un gran paso hacia la integración del mercado interior. 
Desde el punto de vista político, el día de hoy tiene gran importancia, porque tras seis aos de negociaciones, con la directiva sobre el mercado interior del gas natural pero también con la directiva sobre el mercado interior de la energía eléctrica, en menos de dos aos, en el transcurso del presente periodo legislativo, hemos dado una nueva dimensión al mercado interior europeo, un mercado que representa 250.000 millones de ecus al ao o, en unos pocos días, 250.000 millones de euros, un mercado que va a tener importantes consecuencias beneficiosas en la industria, en el empleo, en los ciudadanos europeos. 
Por esta razón, seor Presidente, seoras y seores diputados, quiero agradecer una vez mas al Parlamento Europeo su especialmente importante, y también especialmente creativa aportación en este gran esfuerzo. 
Seor Presidente, con la presente votación llega a su término un debate que se ha mantenido a lo largo de tres legislaturas. 
En nombre de mi Grupo quisiera dar las gracias, de corazón, al ponente, el Sr. Desama, por su extraordinario compromiso y por los éxitos que el Parlamento, en su conjunto, ha alcanzado. 
Aunque no lo prevea el Reglamento, seor Mombaur, de declaraciones tan amables como la suya, es imposible no tomar nota. 
(El Presidente declara aprobada la posición común) Recomendación para la segunda lectura del informe (A4-0143/98) de la Sra. Bloch von Blottnitz, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una decisión del Consejo sobre un programa plurianual de fomento de las energías renovables en la Comunidad- ALTENER II (C4-0032/98-97/0106 (SYN)) 
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada) 
Señor Presidente, deseo que conste en Acta que desde este momento estoy presente y no voy a participar en la votación. 
Seor Presidente, he pedido la palabra, ya antes de esta votación, por una razón muy sencilla. 
Evidentemente, existe aquí una traducción equivocada en varios idiomas, y esta traducción equivocada de esta enmienda 29 puede conducir también a un resultado, totalmente diferente, de la votación. 
Se trata aquí de una medida contra el desempleo juvenil. 
Muchos jóvenes están cualificados para profesiones equivocadas, para aquellas que no se demandan. 
Por esta razón, la propuesta reza aquí que la Comisión indague mediante un análisis cualitativo de la demanda profesional qué profesiones se demandan realmente. 
Este análisis se debería poner luego a disposición de los Estados miembros, y los Estados miembros decidirán, si recogen esta información, si modifican o no los planes de formación. 
Es decir, se trata de la prestación de un servicio y los Estados miembros decidirán o no, sobre una base voluntaria, una modificación. 
En algunas traducciones esto se incluye como una propuesta vinculante y, por consiguiente, puede llevar a un falseamiento del resultado de la votación. 
En consecuencia, le solicito que se repita la votación de la enmienda 29. 
Seor Pirker, controlaremos la traducción de la lengua alemana a las otras lenguas. 
No tenga preocupación alguna. 
Su enmienda se ha votado. 
No le he dado inmediatamente la palabra, pero intentamos dar un ritmo muy rápido a las votaciones porque, de otra forma, iremos muy despacio y no puedo retrasar este ritmo dando la palabra continuamente a los seores colegas. 
(El Parlamento aprueba el proyecto de contenido legislativo) 
Hemos cerrado este tema. ˇPor supuesto, no puedo dar mi enhorabuena al ponente! 
Señor Presidente, yo he pedido la palabra porque, como el Presidente no puede en este caso felicitar al ponente, quiero hacerlo yo en nombre del Grupo Socialista. 
Siempre existe la cortesía espaola y, en el caso del Sr. Medina Ortega, también la amabilidad socialista por la cual estoy en deuda. 
Señor Presidente, evitaríamos problemas semejantes al planteado por el Sr. Medina Ortega si el ponente no presidiera la sesión en el momento de debatir su informe. 
Seora Thors, como ya sabe, esta es una práctica acostumbrada y cuando los informes no presentan problemas, no se ha creado jamás el más mínimo tema. 
Informe (A-0134/98) del Sr. Ettl, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a la protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Unión Europea (COM (97) 0486- C4-0061/97-97/0265 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el proyecto de resolución legislativa) 
Seor Presidente, lo lamento, pero precisamente desde aquí no he podido ver tan correctamente como usted que en las enmiendas 3, 4 y 5 de los Verdes se ha votado en contra por una clara mayoría. 
Sinceramente, tampoco me lo puedo imaginar, pues ayer, en el turno de preguntas sobre el tema, el Consejo y la Comisión estaban de acuerdo con esto. 
Este era el contenido de este turno de preguntas. 
Se ha visto confirmado. 
Existen ya grupos de trabajo en el ámbito de la ecologización de la industria textil. 
Seora Soltwedel-Schäfer, como ya sabe, el Parlamento, en su sabiduría, tiene el derecho de decidir cualquier postura que considere que debe tomar, sin tomar en cuenta, bien las posiciones del Consejo, bien las de la Comisión o las de muchos de nosotros. 
Esto sucede siempre; importancia tiene qué juzga o qué estima el Parlamento, y no creo que hagan falta comentarios. 
El Parlamento ha decidido. 
Ha retirado las dos enmiendas y ha aceptado la siguiente. 
(El Parlamento aprueba la propuesta común de resolución) 
El Grupo de los Verdes coincide con la Comisión y con la mayoría del Parlamento en que el desarrollo futuro del mercado de los servicios electrónicos- TV de pago, pago por visión, radio de pago, acceso-online a los bancos de datos- por un lado, y la actual fragmentación jurídica de este mercado a causa de las legislaciones nacionales, hacen ineludible una regulación a nivel comunitario. 
La presente directiva satisface este objetivo en tanto que mediante su conexión de las definiciones de los servicios protegidos ofrece a nivel comunitario un marco suficientemente amplio y flexible para la aplicación de las reglas del mercado interior y para la exclusión de todas las técnicas no autorizadas de acceso. 
Compartimos la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y de la Comisión de Cultura de que, con independencia de las normativas vigentes en otras partes, es preciso hacer valer también en esta directiva la importancia de la protección de los derechos de autor frente a los intereses de explotación, el aseguramiento de un acceso, independiente de los intereses de mercado, a la información pública y la posibilidad de la protección de la esfera privada mediante técnicas de codificación. 
También estamos de acuerdo con los que rechazan cualquier limitación de las definiciones del articulo c y e. 
sobre la resolución sobre Irlanda del Norte 
Señor Presidente, realmente me alegro de tener la oportunidad de hacer uso de la palabra. 
Ayer, debido a las limitaciones de tiempo, no nos fue posible intervenir a todos los que queríamos hacerlo. 
Creo que hubiera sido muy oportuno que John Hume, que ha desempeñado un papel sumamente importante para conseguir que el proceso de paz se encuentre hoy donde está, debiera haber sido nuestro principal portavoz. 
Sin embargo, quisiera rechazar las críticas del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos expresadas por Jim Nicholson ayer y de nuevo hoy. 
Me queda muy claro que el Acuerdo de Irlanda del Norte tiene que ser aceptado en su totalidad, no se trata de aceptar la mejor parte y dejar de lado las demás. 
Me alegra que esta mañana se votara abrumadoramente en favor de la resolución común redactada y aprobada por los representantes de los principales Grupos políticos. 
Me alegró mucho ver ayer aquí al Consejo y a la Comisión continuar brindando el apoyo que siempre han aportado al Proceso de Paz de Irlanda del Norte. 
Nuestro papel al apoyar a Irlanda del Norte ha tenido un gran éxito. 
El apoyo financiero concedido, por ejemplo, a las asociaciones, fue la primera vez que veo a republicanos y legitimistas sentarse juntos y trabajar a nivel de las bases. 
El anuncio de la ayuda financiera continua de la Unión Europea es exactamente lo que necesita Irlanda del Norte en este momento crítico. 
Asimismo, me alegró que nuestro Grupo iniciara la propuesta de entablar el debate aquí, ayer, debido a que es importante expresar claramente los puntos de vista del Parlamento y mostrar públicamente nuestra constante buena voluntad. 
También quisiera rendir homenaje al papel desempeñado por la Coalición de Mujeres en el proceso. Espero que su voz siga escuchándose y fortaleciéndose en Irlanda del Norte. 
Le permití exceder su tiempo de uso de la palabra porque debo decir que me sentí un poco incómodo porque por la mañana concedí a algunos de sus compañeros la oportunidad de intervenir. 
Por tanto, me encontraba en una posición muy difícil visto que la Asamblea me estaba pidiendo, con toda razón, que no debía haber debate. 
Por otra parte, ya había dado la palabra a uno o dos diputados y me sentí muy incómodo ante su petición. 
De modo que le concedí tiempo extraordinario para recompensarla. 
Señor Presidente, quisiera aclarar hoy por qué voté en contra de esta resolución. 
Espero que la Sra. Malone pueda permanecer en la Asamblea para escuchar por qué, puesto que quizás le haga algo de bien. 
Fue porque el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos no estaba preparado para incluir el decomiso. 
Seora Malone, déjeme decirle que no tomo la mejor parte para dejar de lado las demás. 
Puedo decirle además que este Acuerdo nunca hubiera visto la luz de no haber sido por la valentía y determinación del jefe de mi partido. 
Puedo decirle a usted y al Grupo del Partido de los Socialistas Europeos que hablo en esta Asamblea en nombre del numeroso Grupo Unionista de Irlanda del Norte. 
Si el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos desea no tener en cuenta lo que sentimos, desea no tener en cuenta lo que decimos y desea no tener en cuenta lo que realmente creemos desde lo más profundo de nuestro corazón, pueden hacerlo. 
Pero han de pagar un precio por ello y un precio muy alto. 
Su compañera, la Secretaria de Estado, nos demostró ayer aquí que no podía ser equitativa ni siquiera al dirigirse a esta Asamblea. 
Seora Malone, permítame dejarlo claro hoy en esta Asamblea, quiero que todos los grupos terroristas depongan las armas. 
Deseo que las entreguen. 
Sé que no las entregarán todas, pero al menos deberían indicar cuántas entregarán. 
Quisiera decir que, desafortunadamente, esta Asamblea envió el mensaje equivocado a los unionistas a los que represento en Irlanda del Norte. 
Tendré que llevar al Jefe de mi partido un mensaje que no es el mensaje correcto. 
No bastan las buenas palabras, necesitamos acción; si quieren nuestro consentimiento, si quieren el consenso tienen que ponerse a trabajar para conseguirlo. 
Yo no vi ningún intento por crear un consenso en el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos en esta Asamblea. 
No tengo nada en contra de ningún otro Grupo en esta negociaciones, sólo con el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Deseo expresar todo mi apoyo al Acuerdo logrado por los Gobiernos irlandés y británico y los partidos políticos en Irlanda del Norte, el Viernes Santo. 
El compromiso demostrado por ambos Gobiernos y en particular por el Primer Ministro Bertie Ahern y el Primer Ministro es un reflejo del profundo deseo que experimenta la mayoría de los habitantes de la isla de Irlanda y Bretaña en aras de una paz justa y duradera para todos. 
El tiempo no me permite enumerar la lista de todos los participantes en el proceso, no obstante, sería un descuido de mi parte no recordar la enorme valentía y visión de los antiguos Primer Ministro irlandés Albert Reynolds y el Primer Ministro John Major. 
El éxito de las negociaciones actuales puede remontarse a la firma de la Declaración de Downing Street de 1993 que estableció los parámetros de la cooperación conjunta, el respeto mutuo, la igualdad y la reforma de las desigualdades inherentes a los sistemas. 
El tan criticado documento Hume-Adams fue significativo porque hizo que los partidos nacionalistas se sentaran a la mesa de las negociaciones. 
No obstante, la inclusión de los representantes de los grupos legitimistas paramilitares ayuda a garantizar que se incluyan todas las tradiciones. 
El apoyo continuo, tanto financiero como moral, de las instituciones de la Unión Europea ha sido un ingrediente vital para el proceso. 
Europa nunca perdió la fe en que el pueblo irlandés alcanzaría un pacto que reflejara las distintas tradiciones, al mismo tiempo que incorporara objetivos e ideales comunes. 
El 22 de mayo, la isla de Irlanda votará un doble referéndum sobre el Acuerdo y los cambios propuestos a la Carta Magna irlandesa, la legislación constitucional británica y el establecimiento de los nuevos órganos Norte-Sur. 
Hago votos por que se produzca un clamoroso apoyo mayoritario para el Acuerdo, dicen que a la ocasión la pintan calva. 
Quisiera terminar con dos citas, la primera de Abraham Lincoln: » sin rencor hacia nadie; mostrando tolerancia hacia todos; con la firmeza de la justicia, ya que Dios nos permite ver la justicia, luchemos por acabar la obra que hemos emprendido.» 
Por último, los versos tan a menudo citados del poeta William Butler Yeats, en la Isla del lago de Innisfree: » y encontraré cierta paz allí donde la paz se posa lentamente; desprendiéndose del manto de la mañana en la que el grillo canta.» 
Señor Presidente, en la votación sobre el informe Von Wogau sobre las condiciones de convergencia para la introducción de la moneda única, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones ha querido hacer una prueba para demostrar que un abismo insondable separa las concepciones del Parlamento Europeo y las de los Parlamentos nacionales acerca del control de la Unión Económica y Monetaria. 
Hemos formulado dos enmiendas, sí, que reproducen palabra por palabra las demandas de la Asamblea Nacional francesa incluidas en su resolución del 22 de abril pasado; por una parte, se pide que el presidente de la Junta del futuro Banco Central acuda periódicamente a dar noticia de los objetivos y de la acción del Banco ante los órganos competentes de la Asamblea Nacional; por otra, se expresa el deseo de que se cree un comité interparlamentario del euro, compuesto por representantes del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales, encargado de escuchar con regularidad y en sesiones públicas a los responsables del BCE en temas relativos a las orientaciones de la futura política monetaria. 
Este test resultó concluyente por entero. 
El Parlamento Europeo acaba de rechazar por gran mayoría estas dos propuestas, y también acaba de adoptar la propuesta contraria, al votar el siguiente texto que cito: " En su carácter de única institución de la Unión Europea elegida por sufragio universal, el Parlamento Europeo tiene que desempeñar un papel formal como interlocutor del BCE». 
Y el texto del Parlamento Europeo continúa definiendo un control sumamente endeble sobre el Banco Central, que no debería poner en tela de juicio su soberanía. 
Son las palabras de esta Asamblea. 
Por lo tanto, en esta declaración el posible papel de los parlamentos nacionales está completamente despejado. 
Nosotros éramos muy conscientes, y lo subrayo con energía, de que si nuestras enmiendas hubieran sido adoptadas, no habrían producido ninguna modificación fundamental de la naturaleza antidemocrática de la Unión Económica y Monetaria, pero su rechazo no hace más que fortalecer la lección, una lección de la que tendrá que acordarse la Asamblea Nacional francesa; el Parlamento Europeo jamás aceptará que se otorgue ni un mínimo poder real a los Parlamentos nacionales en la Unión, porque en realidad quiere su subordinación completa, como también la de las naciones que ellos representan. 
Pero, al mismo tiempo, su control jamás tendrá la legitimidad de los Parlamentos nacionales, porque está demasiado lejos de los ciudadanos. 
O sea que la Unión Económica y Monetaria europea está construida de tal manera que el control parlamentario más legítimo es, al mismo tiempo, el más imposible. 
Auguramos días muy malos para la democracia, si de verdad el sistema se mantiene en su concepción actual. 
Seor Berthu, por supuesto no suelo hacer comentarios, pero debo decir que realmente tenía usted un tono muy premonitorio. 
Señor Presidente, he votado en contra de este informe, porque el mismo consagra la línea del eurofanatismo, línea obsesivamente encaminada a cumplir el objetivo exclusivo de la moneda única, sin tratar de definir a un tiempo una política económica común. 
El informe acepta asimismo que el futuro Banco Central tenga un papel hegemónico, un estatus de inaccesibilidad, carente de cualquier control democrático. 
Lamentablemente, al aceptar todo esto, la mayoría confirma el papel secundario del Parlamento Europeo. 
Hoy hemos votado en contra de este informe. 
Lo hemos hecho, principalmente, por las siguientes razones: 
La UEM no conducirá sólo a una política monetaria común. 
El paso siguiente, hacia una política financiera y fiscal común, será obligado aunque no se quiera, porque en caso contrario toda la unión monetaria amenazaría con romperse a causa de los problemas derivados de los sobresaltos externos, la insuficiente movilidad de la fuerza de trabajo, etc.-Traspasar el derecho a decisión sobre las políticas monetaria, financiera y fiscal a banqueros inamovibles en Fráncfort, a los que no se puede exigir responsabilidad política, es empobrecer la democracia.-Un aumento del curso federal de los Estados miembros de la UE va a significar que las decisiones políticas se tomarán cada vez más lejos de los ciudadanos. 
La democracia se empobrecerá aún más.-La UEM es un proyecto económico de riesgo. 
En el mejor de los casos, los efectos beneficiosos serán marginales, y en el peor, las consecuencias llegarán a ser graves. 
Si la moneda común se viera afectada por una crisis, sabemos por experiencia que serán los grupos más débiles los que tendrán que pagar.-El proyecto de UEM no está políticamente arraigado entre los ciudadanos en muchos de los Estados miembros de la UE. 
La democracia es demasiado importante para ser manipulada. 
Un proyecto político de esta naturaleza tiene que tener el apoyo de la mayoría popular para poder ser puesto en práctica. 
Se daña gravemente la democracia si los representantes elegidos políticamente perseveran en poner en práctica un proyecto de riesgo que carece de apoyo popular. 
Ayer entramos en una semana histórica. 
La Unión Económica y Monetaria, emprendida hace muchos años, llega al mundo concretamente, pues acabamos de elegir el primer grupo de países que la integrarán. 
Hemos podido examinar los pro y los contra en prácticamente todos los campos, durante los meses y los años pasados. 
Sin embargo, hay un tema sobre el que quiero detenerme ahora y que ha sido objeto de numerosos debates hace quince días. 
La próxima implantación del euro inquieta mucho, sin duda, a los numerosos operadores económicos y políticos de los países ACP: cuando se celebró la asamblea paritaria ACP-Unión Europea se abordó el asunto con amplitud. 
Uno de los principales temores es la redistribución de las influencias en esas zonas, en detrimento de Europa y en provecho de un dólar fluctuante. 
También se teme a las tensiones sociales, étnicas y políticas que se podrían derivar, sobre todo en África central, en un futuro más o menos cercano. 
Nuestro ingreso en la moneda única no debe hacernos olvidar a nuestros asociados económicos exteriores. 
Una mejor inserción de África y de las zonas Caribe y Pacífico en la economía mundial debe ser una de nuestras principales prioridades. 
La cooperación monetaria tendrá que mantenerse tal como existe actualmente, con el resultado de un verdadero anclaje en el euro. 
Este principio, definido por los Tratados de Maastricht y de Amsterdam, no parece discutible. 
No obstante, tenemos que seguir atentos, en vista de las ambigüedades jurídicas de los Tratados. 
También en esto el Parlamento tiene que desempeñar un papel político importante, en bien del equilibrio mundial y del desarrollo de los terceros países. 
Apruebo el informe Von Wogau en el conjunto de sus aspectos. 
Sin embargo, no debe hacernos olvidar que la futura zona euro puede contribuir a fortalecer las economías de nuestros asociados y ofrecernos un acceso más amplio a los grandes mercados. 
Para muchos, entre los cuales nos incluimos, este informe representa la última posición política sobre el fondo- y no de fondo- que debe adoptar el PE sobre la moneda única, antes de que se apruebe formalmente ésta. 
Evidentemente, se podrán adoptar otras posiciones más adelante, pero nada será ya como ha sido hasta ahora. 
Ésa es la razón por la que concedemos a este informe una importancia política bastante superior a la estrictamente reflejada por todo lo que en él está escrito. 
Manifestamos siempre nuestras reservas en relación con la propuesta de «Euro, ya» , sobre todo en lo relativo a la opción seguida por la Unión de pretender primero una convergencia nominal entre los Estados miembros, cuando nosotros habríamos preferido primero su convergencia real. 
Se dijo- y se dice aún hoy- que ésta vendrá a continuación, como por arrastre, como se dijo y se dice aún hoy que la moneda única será la panacea para los diversos problemas que afronta la UE, con el del desempleo a la cabeza. 
Dicho con realismo, ¡no estamos de acuerdo! 
El informe que estamos examinando no es un mal informe en sí: parte de observaciones verdaderas, pero abunda en juicios de valor, a nuestro entender, prescindibles; justifica el criterio político para que dos países más puedan integrar «el pelotón de cabeza» del euro, lo que introduce un concepto de flexibilidad en cuanto al cumplimiento de los criterios establecidos en un Tratado, que nos limitamos a hacer constar, y afirma la transferencia de soberanía de los Estados miembros a la esfera comunitaria, por ahora en cuanto a la política monetaria, lo que consideramos de una probidad intelectual y política que muchos y durante mucho tiempo no tuvieron o no quisieron asumir. 
Votar a favor de este informe sería, así, decir que siempre hemos estado de acuerdo con el camino recorrido desde su inicio en cuanto a la adopción de la moneda única, cosa que no es verdad; votar en contra sería, por otro lado, poner en entredicho las reglas de la democracia, no reconocer los esfuerzos hechos por tantos y, en particular, por los Estados miembros; sería, por último, no conceder el beneficio de la duda. 
Así, pues, nos hemos abstenido y sin intención alguna de obtener en el futuro dividendos político-partidistas de las dificultades que, a nuestro juicio, vamos a afrontar previsiblemente por culpa del euro. 
Se trata, evidentemente, de un asunto bastante serio... 
Y por eso esta abstención nuestra entraña, en sí misma, un voto suplementario: ¡ojalá estemos equivocados! 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Karl von Wogau sobre la introducción de la moneda única. 
El informe concluye que 11 Estados miembros, Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal y Finlandia, reúnen las condiciones necesarias para poder participar en la tercera fase de la UEM y que estos países deben entrar desde su puesta en marcha, el 1 de enero de 1999. 
El informe de la Comisión " EURO 1999» acredita que los 11 países miembros antes mencionados reúnen las condiciones necesarias para la participación en la tercera fase de la UEM. 
Los socialdemócratas daneses consideramos que estos 11 países pueden participar en la tercera fase de la UEM y no deseamos impedir que estos países establezcan esta cooperación más estrecha entre sí. 
Esta postura armoniza con la posición del Gobierno. 
La necesidad de un control democrático sobre el Banco Central Europeo. 
Es importante garantizar la apertura de las instituciones comunitarias.-La formación continua que tenga como base un sistema educativo fortalecido es importante para la lucha contra el desempleo.-El llamamiento del informe al Consejo para que ponga en práctica los compromisos relativos a una política de empleo activa que fueron contraídos en la cumbre extraordinaria de Luxemburgo.Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo no apoyamos partes del informe relativas a la coordinación de sistemas tributarios y tasas. 
Subrayamos que las cuatro reservas de Dinamarca, entre ellas, la reserva sobre la tercera fase de la UEM, no se ven afectadas. 
Estoy a favor de una moneda única. 
Digo no a la implantación del euro en la situación actual y al informe del Sr. Von Wogau, porque no existen las garantías democráticas y sociales mínimas, porque el equilibrio global presentado en Maastricht no se ha alcanzado. 
En el estado actual, la implantación del euro no constituye una transferencia de soberanía de los Estados nacionales a las instituciones democráticas europeas, sino que implica un abandono puro y simple de la soberanía de los pueblos. 
El poder monetario se transfiere por entero al BCE, que será el banco más independiente del mundo. 
El poder del BCE proviene de un tratado. 
El poder del Banco Federal americano o del Bundesbank proviene de leyes que permiten a los Parlamentos y Gobiernos unas modificaciones fáciles, lo que les garantiza la posibilidad de hacerse oír si surge algún problema grave. 
Pero no es así en el caso del BCE que, por lo tanto, tiene las manos libres. 
La ausencia de un gobierno económico europeo agrava la situación, porque el BCE no tendrá ante sí ningún poder legítimo que encarne el interés de la UE, y por lo tanto no tendrá que " aplicar la política del gobierno» tal como hoy lo prevé el Bundesbank. 
Además, el informe del Sr. Von Wogau no cita el Consejo del euro, del que se podría esperar que se convirtiera poco a poco en ese gobierno económico indispensable. 
Así es como entregamos nuestro destino monetario a una institución sin control ni contrapoder democráticos y esto es inaceptable. 
Pero la situación se agrava con el pacto de estabilidad, que graba sobre el mármol el conjunto de los criterios decisivos de una política macroeconómica, y de este modo mete en un círculo de hierro permanente a nuestras economías. 
Se podría discutir hasta la náusea el buen (yo, más bien, diría el mal) fundamento de los niveles retenidos, y de los riesgos que implican tanto para nuestra protección social como para los salarios o el porvenir de los servicios públicos. 
Esto forma parte del debate normal que existe en una democracia. 
Pero hay algo muy grave, y está en el hecho de que esos parámetros, que son opciones macroeconómicas tan esenciales para el empleo y nuestra vida diaria, ya no serán determinados por los Gobiernos o por un Gobierno europeo en función de las circunstancias, de las voluntades expresadas por los pueblos en las elecciones. 
Serán intangibles, se decidirán de una vez para siempre, y se impondrán incluso de una manera draconiana, porque se prevén sanciones rigurosas para los países que los incumplan. 
En adelante, las decisiones monetarias y macroeconómicas ya no estarán sometidas a los compromisos políticos. 
Caro nos costará este renegar de las conquistas democráticas, tan difícilmente adquiridas por quienes, en el pasado, tuvieron que oponer a las fuerzas del capital y a los poderosos la exigencia del interés general y de la elección soberana de los pueblos. 
Por otra parte, cuando se votó el Tratado de Maastricht, la realización de la UEM si inscribía en un marco más amplio. 
Al mismo tiempo que se construía la moneda única, la unión política de Europa tenía que atravesar una nueva etapa y la CIG tendría que poner en marcha medidas institucionales decisivas: Amsterdam ha parido un ratón. 
La UEM avanza a un ritmo forzado, la Europa política está atascada, la Europa social continúa en estado virtual. 
El equilibrio previsto entre lo monetario-económico y lo social no se ha alcanzado. 
Ya en aquellos días, el doloroso problema del paro y del crecimiento acosaba a todos. 
Jacques Delors había presentado un Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, en el que preveía una reactivación, en particular, mediante un programa de grandes obras que no vio la luz. 
Apoyaba una evolución de la fiscalidad y gravámenes que devolvieran un equilibrio a la relación trabajo-capital, en la que el segundo era siempre el más valorado, el mejor remunerado, el más favorecido, a costa de los asalariados y de los agentes productivos... 
En síntesis, ni la reactivación interior ni una fiscalidad más justa han permitido reducir de modo significativo el paro. 
Incluso se puede temer que el conjunto de las políticas económicas en el pacto de estabilidad y la imposibilidad de operar con el nivel de la moneda dejen tan sólo un único parámetro para influir sobre la competitividad: los costos salariales, que se llevarán a la baja, como ya sucede con demasiada frecuencia. 
Las mismas tendencias de dumping se perfilan en el campo de la fiscalidad, lo que significa que se ciernen enormes riesgos sobre la financiación de la protección social o de la acción pública. 
En este punto, la idea de armonización se dibuja más o menos en el horizonte. 
En lo social, sobre la defensa de los asalariados o de los más débiles no se ha previsto ninguna convergencia concreta y de peso. 
La Europa social está entre los abonados ausentes, como ocurrió en Vilvorde e incluso, ¡ay! , a menudo la ortodoxia de la competencia a cualquier precio engendra paro y retraso social. 
Esto ya no puede seguir. 
En lo relativo al tema político y social, las promesas de Maastricht no se han cumplido. 
Debe implantarse el euro, pero para conseguirlo, hay que rechazar el pacto de estabilidad y, con urgencia, firmar un nuevo tratado que instituya un gobierno económico europeo que refuerce las instituciones democráticas y la cohesión de la UE, y que instaure criterios de convergencia social armonizándolos en niveles altos. 
Hoy, la UEM debilita a la Europa política y social; es preciso restablecer el equilibrio para que esos tres pilares de la construcción europea se realicen armoniosamente. 
Debido a la mala traducción los diputados Raschhofer, Hager, Linser y Lukas hemos confundido la enmienda 11 con el artículo 11. 
Queríamos votar a favor de la enmienda 11. Por equivocación hemos votado en contra. 
Por lo demás, la Sra. Raschhofer y el Sr. Lukas han querido votar a favor del artículo 12. 
Con el nacimiento de la Unión Económica y Monetaria, vivimos un momento tristemente histórico y de una rara importancia. 
La UEM toca a muerto por la soberanía, la libertad y la independencia de nuestras naciones. 
Pero no somos dueños de esta soberanía sino meros depositarios: la hemos recibido de nuestros padres y debemos transmitirla, intacta, a nuestros hijos. 
Más allá de la desaparición del franco CFA, la UEM toca a muerto, además, por la política de cooperación entre Francia y África, y mucho debemos temernos que esta pérdida no llegue a ser compensada por la Europa federalista. 
Toca a muerto por muchos decenios de relaciones, a veces desdichadas, pero de una gran riqueza y un gran calor humano. 
Como subraya Dominique Souchet, la muerte del franco es también el golpe de gracia al franco CFA y, por lo tanto, una herida fatal para toda el África francófona. 
Al aceptar la UEM, el Gobierno y el Presidente francés asumen a los ojos de la Historia la responsabilidad abrumadora de abandonar al África francófona. 
La Europa de la moneda única es una Europa de egoísmo mercantil, que ignora y desdeña al África, cuando precisamente el deber de Francia y de Europa sería ayudar al continente negro en su desarrollo y permitirle que dé recursos de supervivencia a todos sus hijos 
Esta Europa del dinero, que desprecia a las naciones y a las personas, no es la nuestra. 
El informe del Sr. von Wogau recomienda al Parlamento que apruebe la recomendación de la Comisión relativa a que la tercera fase dé comienzo el 1 de enero de 1999 con 11 Estados miembros. 
El desarrollo económico en Europa de los últimos años ha demostrado que es posible para los países europeos estabilizar sus economías. 
Los tipos de interés son bajos, la inflación es baja y se mantiene estable, y la tasa de desempleo está disminuyendo en muchos países europeos. 
Esta estabilización mostrará a largo plazo su importancia para el bienestar y, en segundo lugar, para la paz de Europa. 
Con una moneda común y un banco central europeo la base para una mayor prosperidad económica estará garantizada. 
Los costes de las transacciones para las empresas bajarán y el nivel de precios será más transparente. 
Todo para beneficio de tanto las empresas como de los consumidores de Europa. 
Me sumo al párrafo del informe relativo a que los grandes porcentajes de deuda pública de los países deben seguir reduciéndose y doy al informe mi total apoyo. 
El informe de iniciativa presentado por el Sr. Von Wogau no tiene más ambición visible que la de ser un eco de crasa fidelidad de la postura de la Comisión, y nos invita a desempeñar apaciblemente, y en lo posible alegremente, un papel de oficina de registro al compás de: " Alegrémonos de ver que muy pronto circulará una misma moneda desde el Mar de Irlanda hasta el Egeo... » 
Nos aseguran que el euro será estable, fuerte, creador de empleo y que reforzará aún más la estabilidad de los precios. 
Nos bañamos en una euforia de compras. 
Se despejan con gran cuidado todos los problemas reales que plantea la implantación del euro. 
Importa tan sólo "dar la soberanía (sic) en materia de política monetaria, el 1 de enero de 1999, al Banco Central Europeo» y" aplicar de inmediato las disposiciones del pacto de estabilidad y de crecimiento». 
Entre los problemas olvidados figura, en especial, una relación privilegiada en materia de desarrollo: la que une a Francia con los países de la zona del franco. 
La zona del franco constituye un factor de desarrollo importante, en particular porque, dentro de un aire de estabilidad monetaria, favorece las inversiones europeas directas y facilita el acceso de los países africanos al mercado de los capitales europeos. 
¿Cómo se traducirá el impacto del euro en el porvenir de la zona del franco? 
Es una pregunta seria que se debe discutir con el apoyo de estudios económicos y financieros serios y precisos, previos y obligatorios, y no por peticiones de principio de índole ideológica. 
¿Dónde están esos estudios? 
Tras comprobar su inexistencia, he pedido que este punto se añada al Informe Rocard, y el Parlamento me ha apoyado. 
Es anormal, en efecto, que hasta ahora sólo el FMI haya puesto la atención sobre todo en cierto número de riesgos que corre, a causa del vuelco hacia el euro, la competitividad de los países africanos afectados. 
La doctrina oficial es que la zona franca, que resulta de un acuerdo presupuestario y no de un acuerdo monetario, no se verá afectada por la implantación del euro. 
¿Es exactamente así? 
¿Cómo podrá la zona del franco seguir siéndolo, cuando el franco francés, moneda nacional de referencia, haya desaparecido? 
¿Cómo se operará la gestión de la paridad del franco CFA respecto al euro? 
Aunque regulada por el presupuesto francés, la zona del franco- nos dicen- no será una zona euro. 
Pero, ¿cómo conservar un marco bilateral, cuando Francia misma haya pasado a un marco multilateral? 
Algunos asociados de Francia, como Alemania, sugieren que la competencia de esos acuerdos monetarios se transfiera a nivel europeo. 
Después de haber rechazado este análisis, parece que el gobierno francés- al menos si he de creer las declaraciones del Sr. Strauss Kahn del 25 de marzo pasado, ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional francesa- se reconoce forzado a aceptar que esta gestión sea compartida: si bien Francia mantendrá la gestión normal de sus asuntos, será indispensable la opinión de sus asociados europeos en caso de modificación de la paridad del franco CFA o de la entrada de nuevos miembros en la zona. 
¿Qué garantía de estabilidad para los países africanos presentará esta cogestión de la zona del franco? 
¿No corre el riesgo de, llegado el momento, desembocar en graves desacuerdos en el Consejo del euro, que se traducirían en dura incertidumbre sobre los tipos de cambio de los países de la zona del franco, sobre las modalidades de su determinación, incluso sobre la continuidad de la propia zona, si se le ocurriera a alguno de los once miembros de la UEM considerarla como un factor de inestabilidad que pudiese repercutir en la gestión de la moneda única, incluso si la masa monetaria implicada fuese relativamente poco importante? 
En esto hay un elemento de incertidumbre y de confusión, de posible gran peso sobre el porvenir económico y social de los países asociados, que hasta ahora han apostado por un estrecho codesarrollo con Francia y Europa. 
He votado a favor del informe sobre la introducción de la moneda única y me congratulo de los avances logrados en los Estados miembros de la UE en materia de convergencia con vistas al inicio de la tercera fase de la UEM, que han propiciado las bajas tasas de inflación, los bajos tipos de interés a largo plazo, las reducidas fluctuaciones monetarias y una clara consolidación de los presupuestos públicos. 
En particular, me congratulo de que mi país, gracias al conjunto de políticas económicas correctas aplicadas por los gobernantes portugueses, ha cumplido todos los criterios de convergencia necesarios para ingresar en la tercera fase de la UEM el 1º de enero de 1999. 
Se ha conseguido sin un aumento de la carga fiscal, con un marcado aumento de la inversión pública o privada, gracias sobre todo al apoyo de los fondos comunitarios, y con un significativo aumento del peso de los gastos sociales en el presupuesto del Estado. 
Felicito al Grupo parlamentario del PSE por haber conseguido retirar de este informe la petición de la aplicación inmediata del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pues los ciudadanos europeos podrían haberlo entendido como una señal negativa para el euro. 
Hoy debemos pronunciarnos sobre la posición común del Consejo relativa al establecimiento de normas comunes para el mercado interior del gas natural. 
Con nuestro voto validaremos el conjunto de las disposiciones destinadas a instaurar el mercado interior de la energía. 
Debemos inspirarnos en la directiva sobre la electricidad, para que el mercado del gas respete los mismos grandes principios: acceso a la red, subsidiariedad, reciprocidad y demás. 
Felicito al ponente, nuestro colega Claude Desama, y permítanme insistir sobre una idea especial: la apertura progresiva y controlada del mercado. 
En nombre del interés de los consumidores, no podemos aceptar que se abra, de un día para otro, un mercado tan sujeto a la competencia. 
No rechazamos esta apertura: sólo pedimos un período de adaptación para los distribuidores. 
Queremos evitar una situación anárquica que constituya un cuestionamiento de los principios del servicio público de distribución. 
Nosotros no estamos por la defensa de los monopolios, sino del interés del ciudadano en su derecho de acceso al servicio público, y en especial a las principales leyes que lo rigen. 
Por último, pienso también en el personal de esas empresas, al que felicito, y me gustaría aliviar a todos de sus temores ante la apertura del mercado. 
La posición común del Consejo representa un buen compromiso; debemos atenernos a ella y no claudicar ante el " puro liberalismo». 
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Claude Desama. 
Esto se ha hecho considerando que es deseable una directiva global para el mercado del gas natural. 
El acuerdo ahora alcanzado es un acuerdo de compromiso entre los países miembros y lo contemplamos como el mejor acuerdo posible que podía obtenerse teniendo en cuenta las grandes discrepancias imperantes. 
Además, el Parlamento Europeo ha influido profundamente en la propuesta actual de la Comisión. 
Una carencia en la propuesta de la Comisión es que no se proponga una dimensión temporal para llevar a cabo una revisión de la aplicación de la directiva. 
Por lo tanto es perfecto que se haya presentado una enmienda por la que la Comisión tres años después de la aprobación de la directiva emprenderá una revisión. 
La ampliación del gas natural debe hacerse con gran prudencia si queremos que crezcan con vigor las fuentes energéticas menos dañinas del medio ambiente, sostenibles y renovables, tales como la bioenergía, el biogas, la energía solar y la energía eólica. 
sobre la recomendación Bloch von Blottnitz (A4-0143/98) 
El programa Altener II es complementario del programa marco de investigación y desarrollo, puesto en marcha por la Comisión, que a través de Joule y Thermie, permite financiar acciones de investigación y desarrollo (Joule) , acciones de demostración (Thermie) y acciones de difusión de las tecnologías (acciones de acompañamiento). 
El programa Altener II se comporta, pues, como aval de las acciones producidas dentro del programa marco, y procura facilitar su penetración en el mercado, aumentando la confianza de los usuarios en las tecnologías de energía renovable. 
Este programa no se refiere uniformemente a todas las energías renovables, sino en primer término a las tecnologías que hayan adquirido una madurez suficiente como para que su empleo se pueda valorar en los mercados. 
En febrero pasado, cuando se votó el informe Hautala sobre la calidad de los carburantes, nuestro grupo se pronunció a favor de implantar normas ecológicas que favorezcan el uso de biocarburantes. 
Este programa Altener II, por tanto, debe incluir los biocarburantes entre las energías renovables y nos felicitamos por esta iniciativa de la Comisión. 
Sin embargo, nuestra habitual coherencia nos obliga a plantear muchas preguntas. 
Por ejemplo, en Agenda 2000 apenas si se alude a alguna medida específica que permita el desarrollo de los biocarburantes. 
Por el contrario, en su reforma de la OCM " cultivos mayores» , la Comisión propone una tasa de barbecho obligatoria del 0 %, y una equiparación de las ayudas a los oleaginosos y a los cereales, con el doble pretexto de los acuerdos de Blair House, que limitaban el barbecho industrial, y de un futuro aumento potencial de rentabilidad de la producción de oleaginosos, si se emplean, por supuesto, semillas modificadas genéticamente. 
En cuanto a este tema, pedimos que la Comisión establezca medidas específicas que permitan utilizar productos agrícolas de uso no alimentario, y con más interés aún en términos de energía renovable. 
En cuanto a la coherencia de la Comisión, nos hacemos serias preguntas al saber que ataca a un Estado miembro- Francia, en este caso- cuando, para favorecer el uso de biocarburantes, es decir, de carburantes que no van en contra del ambiente, Francia aplica una desgravación fiscal parcial que sirva como estímulo. 
En conclusión, sobre este dossier, como sobre tantos otros, pedimos a la Comisión que sea coherente. 
Algunas acciones que impulsan sus distintas Direcciones generales se contraponen y anulan. 
En este caso concreto, la Comisión prevé el desarrollo de un programa que favorezca el uso de energías renovables, a la vez que impide que los Estados miembros tomen unas medidas fiscales propicias para el uso de esas energías renovables, y anula todos los esfuerzos hechos por los agricultores europeos para crear unas plantas que emplean productos agrícolas como carburantes, e invertir en ellas. 
sobre el informe Castagnetti (A4-0135/98) 
Nos felicitamos por la propuesta de la Comisión relativa al contenido de los sistemas y de los dispositivos de formación profesional de los Estados miembros. 
Es otro camino para la reflexión en la lucha contra el paro que afecta muy particularmente a los jóvenes. 
Me adhiero por completo a esta iniciativa de recorridos europeos de formación, que permita a los jóvenes cumplir su formación de un modo alternativo en otros Estados miembros. 
Esta experiencia, probada en el nivel de la enseñanza universitaria con el programa Erasmus, debe basarse en una estrecha colaboración entre el establecimiento, u organismo, de formación y el " socio de acogida». 
Nuestro ponente, con acierto, se refiere a la creación- en el marco del programa Leonardo- de un " Erasmus de la formación profesional». 
Adjudiquemos, pues, los medios para su existencia, lancemos sin demora los proyectos-piloto. 
Millones de jóvenes están dispuestos a aprender. 
Tenemos que abrirles el horizonte europeo, permitir un cambio fructífero de experiencias. 
Por último, no nos olvidemos de apuntar hacia los principales interesados, y me refiero a las PYME: como creadoras de empleo deben ser integradas y ser partes perceptoras de estos recorridos europeos de la formación. 
Me congratulo por este informe que responde a la iniciativa de la Comisión Europea, y cuyo objetivo es promover la movilidad transnacional en el campo de la educación y de la formación. 
Además, si el Consejo Europeo de Luxemburgo se comprometió a trabajar por el empleo de los jóvenes y por su mejor formación, nosotros debemos recibir esta propuesta favorablemente. 
Sin embargo, como miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, he de reiterar las palabras de nuestro ponente, el Sr. Kerr. 
Tenemos que aplicar todos los medios de nuestra política, si no queremos despertar esperanzas que serán vanas. 
Es preciso prever vigorosas medidas de acompañamiento, tanto financieras y jurídicas como sociales, para que la indispensable movilidad de los aprendices sea una realidad. 
Por esta razón apoyo este informe, a la vez que señalo que la movilidad tiene que ir a la par de: 
la definición de la condición de aprendices (que incluya sus derechos y sus obligaciones) -la coordinación entre la Comisión, los Estados miembros y los agentes sociales en lo relativo a la sensibilización de la opinión pública-la habilitación de los medios necesarios (presupuestarios, jurídicos y prácticos de las personas en formación) -el seguimiento de esta formación.-sobre el informe Monfils (A4-0083/98) 
No se han dado razones suficientes para abandonar el proyecto interestatal sobre el evento " El año de la capital europea de la cultura» que funciona perfectamente. 
Tampoco hay nada que indique que su emplazamiento en el marco de las actividades comunitarias con programas culturales uniformes, financiamiento común, etcétera, sería una mejor forma de organización. 
Sin embargo, es conveniente una ampliación que permita elegir ciudades de toda Europa. 
" La Capital Cultural de Europa es una manifestación que fue lanzada por el Consejo de Ministros, por iniciativa de Melina Mercouri, con el fin de contribuir al acercamiento de los pueblos europeos». 
Así comienza el informe Monfils, tal como se menciona también en el prólogo del documento de la Comisión Europea. 
Con la propuesta de Melina Mercouri, la primera "Capital Cultural Europea» en 1985 fue Atenas, y después, en 1997, (primera en la" segunda vuelta» de la institución) fue Salónica. 
Creo que la iniciativa y la visión de Melina Mercouri se ha justificado, con el éxito y la resonancia general de la institución, que se ha reconocido como símbolo de vida de la Cultura en la Unión Europea. 
El Informe Monfils que estamos debatiendo hoy, así como la propuesta original de la Comisión Europea, apunta al reforzamiento y al apoyo adicional de la institución de la " Capital Cultural de Europa». 
En este sentido, voto con mucho gusto a favor del Informe Monfils, con la seguridad de que al final formará una concepción y una política europea aún más fuerte en el ámbito de la Cultura. 
sobre el informe Anastassopoulos (A4-0136/98) 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo votan a favor del informe del Sr. Anastassopoulos. 
Sin embargo, en nuestra opinión, varias de las enmiendas del Parlamento resultan oscuras tanto en su redacción como con relación a las consecuencias que de éstas se esperan. 
Nos preocupan muy especialmente las enmiendas que pueden ser interpretadas como que se criminalizará la transmisión de información que facilite el acceso no autorizado a servicios de información- también aunque no se produzca con fines comerciales. 
No podemos adherirnos a semejante idea. 
También dudamos de la necesidad de una regulación muy restrictiva a nivel comunitario dentro de este campo. 
Muchos de los planteamientos mencionados ya se resuelven hoy en día perfectamente en los Estados miembros. 
sobre el informe Ettl (A4-0134/98) 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado en el día de hoy a favor de una propuesta de directiva que hará más fácil a asalariados y autónomos instalarse en la UE. 
Se hace más fácil y factible trasladarse al extranjero si uno puede mantener su plan de pensiones complementario en el país de origen. 
Con esta propuesta de directiva uno podrá conservar reunidos sus derechos de pensión en un lugar, es decir, el país de origen, y también podrá recibir el pago de su pensión complementaria, aunque resida en el extranjero. 
Al igual que a la LO, nos preocupa que los trabajadores extranjeros puedan llegar a servir para rebajar los salarios en el país miembro anfitrión. 
Las pensiones complementarias son una parte del salario y si los asalariados destacados no disponen de las mismas condiciones de trabajo y de contratación que los asalariados en el país de origen, pueden llegar a servir para rebajar los salarios. 
El problema es, sin embargo, que el principio relativo a que uno debe pagar su antiguo plan es toda la base para la directiva. 
Votamos por ello a favor de la propuesta de directiva. 
Y esperamos que se halle una solución al problema en el Consejo. 
Dado el caso, esto podría suceder en el sentido de que las partes del mercado laboral reconocieran las contribuciones que se pagan en el país de origen como equivalentes a las cotizaciones que se pagan en el país miembro anfitrión. 
La propuesta de directiva que estamos examinando se refiere a las medidas que se anuncian en el Libro Verde de la Comisión sobre las pensiones complementarias de la Unión Europea. 
La propuesta se sitúa en la dirección más general de refuerzo de los regímenes de pensión complementaria operativa privada en un intento de que en la conciencia de los trabajadores se acepten los recortes de prestaciones y el endurecimiento de los términos de los derechos a pensión por parte de los regímenes públicos de pensiones y pretende combatir un problema gravísimo al que se enfrentan los trabajadores migrantes que ven cómo pierden y se reducen sensiblemente sus derechos a pensión complementaria y cómo se adapta el marco institucional comunitario a la realidad que prevalece. 
La propuesta de directiva que estamos examinando se centra en el tema de la igualdad de tratamiento de los trabajadores migrantes y de la protección de los derechos que han adquirido en caso de desplazarse a otro estado. 
Sin embargo, no se enfrenta al problema de los largos periodos de carencia que se exigen para la adquisición de los derechos a pensión, ni al problema de la doble imposición en caso de transferencia de los derechos a pensión adquiridos en otro estado. 
Desde este punto de vista es necesario emprender iniciativas legislativas complementarias y en este sentido apoyamos las enmiendas relativas. 
Creemos que los derechos a pensión adquiridos por un afiliado a un régimen de pensión complementaria deben mantenerse en caso de desplazamiento a otro Estado miembro, en la misma medida que los tendría si permaneciera en su país de origen habiendo asegurado el derecho a pensión. 
Consideramos importante la garantía de cobro de las prestaciones en el estado de residencia y la previsión de regulaciones especiales para los trabajadores desplazados en el extranjero. 
El informe seala correctamente determinadas insuficiencias de la directiva propuesta y estamos de acuerdo con algunas de las enmiendas que se proponen. 
Estimamos que los derechos de los trabajadores deben salvaguardarse plenamente, incluso en caso de desplazamiento a otro Estado miembro y apoyamos cada medida que apunte en esta dirección. 
Doy hoy mi apoyo a este informe porque los derechos de pensión de demasiados de nuestros ciudadanos no están adecuadamente protegidos cuando ponen en práctica el ideal de la Unión Europea y se mudan a otro Estado miembro. 
De modo que nos corresponde corregir esta situación a aquellos que tenemos voz a nivel de la Unión Europea. 
Ya es hora de que los derechos de pensión de la gente que paga programas complementarios de pensión estén correctamente protegidos cuando se mudan de país. 
Esta protección debería incluir tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los trabajadores por cuenta propia. 
La espinosa cuestión de cómo gravar con un impuesto estas contribuciones y ganancias evitando la doble imposición deberá examinarse a nivel europeo para asegurar un juego limpio tanto para el erario público como para el esforzado ciudadano. 
Estos trabajadores internacionales con pensiones complementarias están haciendo, de hecho, las dos cosas que las generaciones anteriores de dirigentes políticos les alentaron a hacer: " salir en sus bicicletas a buscar su propio trabajo» y no depender del Estado para que satisfaga todas sus necesidades de jubilación. 
No deberían ser penalizados por seguir el consejo de aquellos que eligieron para gobernar durante tantos años, tampoco en mi propio país. 
sobre el informe Gasliba i Böhm (A4-0133/98) 
El informe Gasòliba i Böhm comprueba una recuperación económica en Europa y afirma que el marco de la Unión Económica y Monetaria puede fortalecerla el día de mañana, creando las condiciones de una zona de estabilidad. 
Nuestro parecer es mucho más matizado: hoy existe, en efecto, una recuperación en Europa, providencialmente acelerada por el reflujo de los capitales del Sureste asiático, pero la unificación monetaria y el super-estado que pronto la seguirá amenazan, muy por el contrario, con limitar el crecimiento. 
Además, no creo que la UEM vaya a dar a la economía europea un marco estable: al implantar la unificación monetaria en momentos en que no se han dado las condiciones adecuadas, más bien instalaremos una zona de inestabilidad europea durante varios decenios. 
Otro elemento desfavorable para el crecimiento: el Banco Central Europeo decidirá, sin duda, que los tipos de interés a corto plazo sean más altos que los actuales, para reforzar su credibilidad, sobre todo porque la zona euro incluye once países muy heterogéneos. 
Por fin, la unificación monetaria exigirá que se aumenten los impuestos, lo que jamás es favorable al crecimiento. 
La reducción de los déficits públicos desde hace unos años se viene obteniendo en gran parte por los aumentos de las contribuciones obligatorias, que han llegado al nivel récord del 42, 4 % de los PIB europeos en 1996. 
Pero esto no es lo peor. 
La unificación monetaria exigirá estructuralmente nuevos impuestos. 
Encontramos un nuevo testimonio de ello en la resolución Gasòliba i Böhm, votada por el Parlamento Europeo, que aprueba con firmeza el criterio de la Comisión sobre el tema de una necesidad mayor de ajustes estructurales, con una utilización activa y aumentada de los fondos estructurales europeos dentro del marco de la UEM. 
O sea que el Parlamento Europeo, como las demás instituciones europeas y también los Gobiernos, está persuadido de que la unificación monetaria, al suprimir la posibilidad de ajuste de las economías mediante la flexibilidad de los cambios internos, necesitará la subida potencial de un presupuesto europeo destinado a hacerse cargo, compensatoriamente, de una redistribución financiera entre los países. 
Se suprimirá la incertidumbre sobre los cambios internos generando además considerables efectos malignos en toda la economía. 
De esta manera, los efectos positivos de simplificación generados por la unificación monetaria quedarán anulados y el resultado final no será favorable al crecimiento. 
El informe de nuestro colega Gasòliba i Böhm está bien en su conjunto. 
Se pliega al criterio de la Comisión respecto a los resultados económicos que se han alcanzado en la Unión Europea. 
El crecimiento ha vuelto, los tipos de interés y las tasas de inflación están en un nivel históricamente bajo. 
En términos globales, la mayor parte de los países de la Unión Europea cumplen con los criterios definidos en el Tratado de Maastricht. 
Se trata, pues, de los indicadores, que nos permiten esperar una recuperación económica en el largo plazo. 
En tales circunstancias, como lo subraya el ponente, no podemos quedarnos en un optimismo satisfecho y alimentarnos de buenas cifras, porque los hechos están allí: el paro sigue siendo alto en muchos países de la Unión. 
Aun cuando dispongamos desde ahora de bases que nos permitan resolver el problema del paro y mantener el crecimiento a largo plazo, esto no es bastante. 
De modo que conviene recordar que hay importantes obstáculos por los que no podemos llevar a buen puerto nuestro empeño. 
Las inversiones son pobres, el costo no salarial de la mano de obra es alto, los requisitos administrativos demasiado rígidos y pesados impiden que las empresas funcionen y operen con eficacia, y no siempre se encuentra una mano de obra adaptada a los cambios tecnológicos. 
Vistos estos datos, quedan por hacer reformas importantes. 
Éstas tienen que abarcar los campos antes citados, pero también el impositivo, mediante una mínima base de coordinación fiscal entre los Estados de la zona del euro, así como el de la disminución de las cargas que gravan los salarios, en particular los de los trabajadores menos cualificados. 
También me hago eco del escepticismo del informe en lo relativo a una obligatoria reducción del tiempo de trabajo en la Unión Europea, que, además, estaría en contra del principio de subsidiariedad. 
Pero iré más lejos aún. 
Es, asimismo, una mala idea la de imponer tal reducción desde el Estado. 
Dejemos que los interlocutores sociales negocien en las empresas, es decir, allí donde existe la información necesaria para tomar decisiones. 
Me temo que, desafortunadamente, en mi país nuestros dirigentes no lo entienden así. 
Por último, para concluir, añadiría, siguiendo al ponente, que conviene ser precavido antes de cantar victoria. 
Si la recuperación está aquí, esto no significa que se mantenga largo tiempo. 
Algún impacto puede afectar nuestras economías, por ejemplo una fuerte fluctuación del dólar, o los efectos no evaluados aún de la crisis del sureste asiático. 
Por esta causa sería útil que la Comisión impulsara un estudio que vaya más allá del plazo de dos años. 
Felicito al ponente por su excelente trabajo y votaré a favor del informe. 
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado en el día de hoy a favor del informe del Sr. Carles-Alfred Gasòliba I Böhm sobre crecimiento y empleo en una UEM orientada a la estabilidad. 
El informe constata que la muy rápida reducción del déficit público en muchos de los Estados miembros de la UE antes de la puesta en marcha de la tercera fase de la UEM ha tenido consecuencias aciagas para el empleo en la UE. 
De ahí que sea importante que los países miembros de la UE intensifiquen los esfuerzos por combatir el desempleo como ha hecho Dinamarca. 
Los socialdemócratas daneses consideran que el desempleo es uno de los problemas más graves en la UE hoy en día y son para ellos un motivo de alegría las importantes posturas que se mencionan a continuación: 
Debe intensificarse la lucha contra el desempleo haciendo referencia a la cumbre de Luxemburgo.-Mayor movilidad entre los diferentes sectores y actividades.-Debe realizarse un benchmarking como parte del desarrollo del seguimiento del mercado laboral.-Los recortes drásticos en los salarios de la mano de obra no especializada no son un camino viable para la creación de empleo. 
Esto sólo crea nueva pobreza y puede amenazar la cohesión social en Europa.-Es preciso coordinar los niveles mínimos de las cargas fiscales sobre las empresas de los países comunitarios, mediante lo cual se evita que los países se arrebaten mutuamente puestos de trabajo a través del dumping fiscal.Los socialdemócratas daneses no apoyan una reducción común de las tasas fiscales y no comparten la creencia del informe en que la reducción del IVA tendrá alguna influencia digna de mención sobre el empleo. 
Voto en contra del informe del Sr. Gasòliba i Böhm sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las regiones sobre " Crecimiento y empleo en el marco orientado a la estabilidad de la UEM- Reflexiones de política económica de cara a las próximas Orientaciones Generales de 1998» , en primer lugar porque el diagnóstico de las dificultades actuales de Europa me parece insuficiente. 
Faltan dos elementos clave: primero, si el paro es un problema grave, son también temibles el aumento de la pobreza, de la precariedad y el crecimiento de las desigualdades, pues hay países en los que el número de registrados en el paro parece disminuir, pero el número de asalariados pobres y de marginados crece considerablemente. 
Negar esta realidad equivale a aceptar un modelo " a la americana» que nada tiene que ver con el modelo social europeo, y a dejar que se cuestionen las garantías con que hoy cuentan los asalariados, y los niveles sociales, además de permitir que bajen los salarios para satisfacer los imperativos de la competitividad. 
El segundo elemento es la insuficiencia de la demanda interior y del consumo general, que limitan nuestra capacidad de crecimiento. 
A continuación, el informe continúa desde un acto de fe, con una argumentación carente de fundamentos, por la que el hecho de que los Estados miembros pongan en marcha los criterios de convergencia y una ortodoxia monetarista resolvería de inmediato nuestros problemas de empleo y de crecimiento. 
Es obligado comprobar que, en cuanto al empleo, no hay ningún retroceso significativo ni importante de un paro que ha llegado a cifras considerables, y que, en realidad, a todos los que buscan empleo tendría que sumarse el número de esas personas que buscan un segundo trabajo para satisfacer sus necesidades. 
El crecimiento del 2-3 % no es suficiente, o al menos es insuficiente para reducir ese paro al que, es obvio, el informe y la Comisión se acomodan con facilidad. 
Con el ritmo que se ha llevado hasta aquí, ¿cuánto tiempo habrá que esperar para acercarse al pleno empleo? 
Por lo que dice el informe... jamás llegaremos a esto. 
Sin embargo, Europa podría hacer algo para apoyar con más fuerza el crecimiento y el empleo, al menos en tres direcciones: 
1.Recuperando la idea del Libro Blanco, presentado en su momento por la Comisión y Jacques Delors, donde se hablaba de vastos trabajos europeos para acelerar nuestra modernización y poner en marcha las grandes redes de transporte y telecomunicaciones.2.Estableciendo una fiscalidad europea para el movimiento de capitales y una armonización al alza de los impuestos sobre el capital y el patrimonio, y rebajar el IVA, en especial para los artículos de primera necesidad, en los sectores que crean empleo y en los multimedia.3.Promoviendo una reducción masiva del tiempo de trabajo en Europa. 
Desde este punto de vista, los enunciados del informe del Sr. Gasòliba son totalmente inaceptables en orden a un relanzamiento salarial en Europa y, en sentido más amplio, en orden a hacer avanzar poco a poco la idea de las convergencias sociales de suerte que se igualen por arriba nuestros niveles sociales.4.Estimulando la investigación y la renovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y, con mayor amplitud, el espíritu de creación y creatividad en todos los campos, sobre todo el de la cultura.Es inevitable comprobar que ni la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ni el Parlamento Europeo han tomado en cuenta el conjunto de estas propuestas. 
De modo que votaré en contra de este informe tan propio del " pensamiento único». 
El informe contiene muchas propuestas favorables para el aumento del empleo, por ejemplo, rebajas fiscales para el trabajo, inversiones para aumentar la demanda interna y la desburocratización. 
La UEM no es el camino adecuado para un crecimiento sostenido, un buen medio ambiente y un equilibrio regional. 
El canje de impuestos, la disminución de la jornada laboral, las inversiones en los sectores del futuro como el medio ambiente y las nuevas tecnologías, tienen que llevarse a efecto dentro del marco de una economía con mayor diversidad local y regional y con menos centralismo. 
Una vez más la Comisión se niega a sacar las enseanzas que debe sacar de las consecuencias de la política que practican la Unión Europea y los Estados miembros. 
Por el contrario, exige el endurecimiento de la austeridad y de las limitaciones financieras a través de una mayor reducción del consumo público, del " peso» de las pensiones públicas, de los gastos de la sanidad y de los destinados para el subsidio de desempleo. 
Cada vez más claramente, no sólo la política monetaria y de cambios, sino esencialmente la política económica pasa a la Unión Europea, mientras los gobiernos nacionales se transforman en simples administradores y ejecutores de las directrices asfixiantes de Bruselas. 
La Comisión llega además al punto de trasladar la responsabilidad de la evolución del empleo a las organizaciones sindicales de los trabajadores, incitando a " convenios colectivos realistas» , ˇ porque de otra forma serán responsables del aumento del paro y de la ola de recolocaciones! 
De la forma más provocativa utilizan el diálogo social como caballo de Troya para anular las relaciones laborales y el sistema de seguridad social. 
En el informe de la Comisión falta también la más mínima referencia al nivel de vida de los trabajadores y a las consecuencias de la austeridad, cualquier iniciativa concreta sobre la toma de inversiones productivas, aparte de las ya conocidas teorías sobre la competitividad y productividad de las inversiones que no existen. 
La Comisión no hace siquiera el esfuerzo de reflexionar por qué, a pesar de que el capital encuentra condiciones favorables- que las constata ella misma y que consisten en aumento de las exportaciones, aumento de los beneficios, reducción de los coeficientes fiscales sobre las empresas y sobre la propiedad, coste laboral por unidad de producto producido por debajo del de 1970 -, no avanza en inversiones productivas. 
El informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial del Parlamento Europeo se mueve en la misma dirección. 
Acepta las directrices de la Comisión y toda la lógica de la UEM, pide la aceleración de la modificación de las relaciones laborales y del régimen público de pensiones. 
Cualquier observación adicional, aunque alguna sea correcta, es insuficiente, ya que, por ejemplo, nadie puede considerar que un factor inhibitorio del desarrollo sea la insuficiente demanda interior y el insuficiente consumo privado y, a continuación, pedir nuevos recortes en los gastos, la "continua moderación de los salarios» , la reducción del coste laboral no salarial y la protección, de cualquier forma posible ," de un alto rendimiento de las inversiones» , es decir, de altos beneficios. 
No es casual que las enmiendas, que habíamos presentado a la comisión, fueran retiradas bajo la responsabilidad de los Socialistas y de los Democratacristianos. 
Vamos a votar en contra del informe Gasliba i Böhm porque se sitúa en la lógica que hasta hoy ha llevado el problema del desempleo, de la pobreza y de la marginación a dimensiones explosivas, realizándose a costa de cada idea de desarrollo y de convergencia real. 
Especialmente hoy, víspera de la decisión sobre los países que van a participar en la zona del Euro desde el 1 de enero de 1999 y del paso de la Unión Europea a una nueva fase de integración, subrayamos que la única solución para combatir los gravísimos problemas a los que se enfrentan la economía europea y los trabajadores de todos los Estados miembros es el abandono de la lógica de la convergencia nominal y de la estabilización, proyectando otra lógica alternativa para la evolución, que apoye la renta de los trabajadores, que salvaguarde y amplíe sus adquisiciones explotando también las posibilidades que ofrece el desarrollo tecnológico, fomente las inversiones productivas, ponga una barrera a la inmunidad del gran capital y abra el camino a cambios más amplios que fomenten la visión de otra Europa de la paz, del progreso y de la prosperidad social. 
El comienzo de la tercera fase de la UEM y la aplicación de políticas de rentas todavía más apretadas también en el marco de las previsiones del Tratado de Estabilidad hará más visible a los pueblos la necesidad de una salida así. 
Nosotros vamos a ser líderes en tal dirección, apoyando con decisión su lucha a nivel nacional y comunitario. 
sobre la resolución sobre la industria textil (B4-0438/98) 
Causa angustia el hecho de que se hayan perdido más de 600.000 puestos de trabajo en menos de 5 años en el sector textil y de la confección a través de un proceso masivo y constante de despidos. 
Es de esperar que el Consejo defina una nueva estrategia común, al objeto de incentivar la adaptación del sector en vísperas de una nueva liberalización a escala mundial. 
No cabe duda de que la difusión y la transferencia de tecnología, así como la utilización de las tecnologías de la información, pueden lograr que el sector salga de la crisis en que está inmerso. 
Pero esto no es suficiente. 
Es extremadamente importante revitalizar y contrarrestar la desigualdad del crecimiento industrial de este sector, habida cuenta de que existen industrias que se adaptan a los cambios económicos rápidamente y otras que de forma frustrante desaprovechan la ocasión de hacerlo. 
El plan de acción de la Comisión Europea es importante y bien recibido, pero no constituye una estrategia real, debido al mero hecho de que carece de medidas efectivas que puedan adaptarse a los casos específicos y, lo que es más grave, carece de una dotación financiera apropiada. 
Esto es aún más desconcertante, puesto que el sector textil y de la confección representa la columna vertebral, vital para el desarrollo, de una buena parte de las regiones de la Unión Europea que están atravesando graves dificultades económicas. 
Es necesario replantear una nueva estrategia en el sector textil que pueda lograr que se cumpla uno de los principios fundamentales de la propia construcción de la Unión Europea, es decir, la cohesión económica y social de las regiones en que el sector está fuertemente arraigado en el territorio. 
Tanto las Highlands como las islas de Escocia tienen amplias zonas que dependen en gran medida de la industria textil: Harris Tweed, Johnstone Mills en Elgin, Brora Mills y Shetland Knitwear. 
Algunos de sus productos se han visto desfavorablemente afectados por las importaciones y algunos de los Estados exportadores no obedecen los convenios internacionales relativos a las condiciones sociales y de empleo. 
Apoyamos el plan de acción y el observatorio europeo para la industria textil. 
He votado a favor de la propuesta de resolución sobre la competitividad de la industria textil y de las prendas de vestir porque, como diputada por un país en el que esa industria tiene un gran peso económico, me parece que la Comisión debe mejorar su plan de acción para ese sector, teniendo en cuenta que se trata de uno de los sectores industriales más importantes de la UE, con 2, 25 millones de puestos de trabajo, ocupados principalmente por mano de obra femenina, en un total de más de 120.000 empresas. 
Al modificar su plan de acción, la Comisión deberá tener en cuenta la dependencia de la industria textil y de prendas de vestir de muchas regiones de la UE, muchas de las cuales son regiones menos desarrolladas o en declive industrial, y la necesidad de mejorar los marcos financieros disponibles para aumentar la competitividad de dichas regiones y del propio sector. 
El plan de acción que ha presentado la Comisión sobre la industria textil y la confección se sitúa en su estrategia más general para aumentar la competitividad por medio de la reducción del coste laboral no salarial, de los cambios en las relaciones laborales, del fomento adicional de la " flexibilidad». 
Falta la reflexión sobre el hecho de que se trata de un ramo tradicional, de importancia estratégica para determinados países de la Unión Europea. 
Sobre el hecho de que en los últimos aos se han perdido más de seiscientos mil puestos de trabajo, de que se observa la utilización de las formas flexibles y ocasionales de empleo, de que, en conjunto, tenemos una importante reducción de la producción, de que zonas que dependen directamente del ramo se encuentran en declive. 
Sobre el hecho de que se trata de uno de los sectores con grandes cantidades de recolocaciones en la búsqueda de mayores superbeneficios por parte del gran capital. 
Tememos que las directrices de la Comisión predispongan acerca de la dirección negativa de los debates que tendrán lugar en el Consejo y, por consiguiente, los trabajadores y las numerosas pequeas y medianas empresas del sector no tengan nada de qué beneficiarse del plan de intervención estructural de la Unión Europea. 
Incluso a nivel de programas especiales, las nuevas propuestas sobre los Fondos Estructurales en el marco de la Agenda 2000 prevén la anulación del programa RETEX. 
La Unión Europea tiene serias responsabilidades sobre la liberalización, de inspiración americana, del mercado mundial de los productos textiles y de su entrada en las normas del GATT. 
No se preocupó de asegurar, aunque fuera de forma elemental, la producción europea frente a la competencia desleal de los países que ejercen dumping social. 
Ahora viene a posteriori y habla con hipocresía de la necesidad de protección, cuando tampoco entró esta famosa cláusula social en el acuerdo sobre la OMC y, por supuesto, tampoco hay garantía a causa de la contradictoria y no vinculante Declaración de Singapur. 
La Unión Europea debe enfrentarse al fenómeno de las reinstalaciones de empresas, que en Grecia ha tomado dimensiones muy amplias y es utilizado como una amenaza por la patronal para que los trabajadores acepten la no aplicación de los convenios colectivos y condiciones laborales de carácter medieval. 
Este fenómeno tiene también otras dimensiones si tomamos en cuenta el fuerte carácter regional del sector cuya reducción, aparte de los problemas que crea en el tejido económico y social de zonas enteras, aumenta la distancia entre economías menos desarrolladas (como la griega) y las de los países más desarrollados de Europa. 
La Unión Europea tiene serias responsabilidades también sobre la política que sigue en una de las principales materias primas que se utiliza en el ramo, el algodón. 
En lugar de apoyar la producción de este cultivo deficitario, contribuyendo también al aumento de las inversiones en la industria textil, con las regulaciones que aplica en el marco de la PAC- reducción de la producción, aumento de los términos de corresponsabilidad- fomenta de facto las reinstalaciones o la colocación de la inversión principal en países terceros de producción de materia prima barata. 
La resolución común del Parlamento Europeo, a pesar de contener bastantes propuestas interesantes, especialmente en relación con la financiación del ramo, la aplicación de los convenios laborales internacionales y la toma de medidas contra el dumping social, esencialmente limita su horizonte y evita mencionar los grandes problemas del sector, las reinstalaciones que están hiriendo de muerte a la industria textil, la crisis más general y las medidas para combatirla. 
Los problemas colectivos del ramo no pueden solucionarse sin una revisión más general de la política " de competitividad» , y también de la política industrial y comercial de la Unión Europea. 
Sólo una política radicalmente distinta que combatiera el tema de la competitividad desde el punto de vista del apoyo de la producción y de las inversiones, de la modernización de las unidades de producción existentes, que fomentara el empleo pleno y estable, que tomase medidas para combatir el dumping comercial y social, podría conducir al desarrollo del ramo y al aumento del empleo. 
sobre el informe Pimenta (A4-0125/98) 
En los últimos acuerdos del GATT, que dieron origen a la OMC, no se incluyeron dos elementos esenciales: la cláusula ecológica y la cláusula social. 
Respecto a la primera, que debe ser objeto de un enfoque global, en el que a la vez se traten la protección del medio, la protección del consumidor y los aspectos bioéticos, se han producido algunos tímidos progresos, por ejemplo con la creación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
A fines de 1980, se empezó a abordar el tema de la relación entre la actividad comercial y el respeto del medio ambiente, sobre todo cuando se elaboró la reglamentación para proteger a los mamíferos marinos, víctimas de las redes de enmalle y deriva de varias decenas de kilómetros de longitud, usada en el Pacífico y en el Océano Índico. 
Ante este problema, la Unión Europea adoptó la norma fijada por Naciones Unidas, que limita la longitud de este tipo de redes a 2, 5 km. Los estudios científicos han demostrado que las capturas de delfines por parte de los pescadores europeos son muy limitadas desde que se aplica esta restricción, restricción que no rige en el Mar Báltico, donde la pesca con redes de enmalle y deriva de 21 km sigue autorizada. 
Es particularmente lamentable que, en este asunto, la Comisión haya decidido pasar por encima de la norma internacional, que procura suprimir por completo el uso de las redes de enmalle y deriva en el Atlántico y en el Mediterráneo, porque esta propuesta no se funda en consideraciones científicas sino que, en realidad, se basa en una negociación política. 
Para lograr que desaparezca la minoría responsable del bloqueo, la Comisión ha aceptado que se sigan usando las redes de enmalle y deriva de 21 km en el Báltico, sin causa científica probada: esto es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer. 
Las medidas de gestión respetuosas del medio ambiente deben fundarse siempre en bases científicas serias, para no perder la credibilidad. 
En 1986, cuando se introducían los productos agrícolas en el peligroso ciclo de la mundialización de los intercambios, sin reconocer su especificidad, el problema de la relación entre el comercio y el medio ambiente no figuraba en el mandato otorgado a los negociadores de Punta del Este. 
No se llegó a él sino in extremis, en la fase final de la negociación del coloquio de Marrakech y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se creó justamente antes de la Conferencia Ministerial de Singapur, en diciembre de 1996. 
Tras el coloquio de Marrakech, Estados Unidos realiza un esfuerzo metódico para limitar al máximo la aplicación de consideraciones ecológicas y de protección de los consumidores en el marco de la OMC. 
Su muy restrictiva actitud durante la Conferencia de Kyoto sobre el cambio climático ilustra de un modo bien explícito esta voluntad. 
Los dossiers que actualmente se tratan en la OMC, como el del plátano o el del uso de las hormonas para la alimentación de ganado bovino destinado al consumo, muestran que los principios de precaución y de producción durable son desdeñados por los grupos de presión americanos. 
Por ejemplo, en el apartado 123 de la decisión que sobre las hormonas ha dado a conocer el órgano de apelación de la OMC, el principio de precaución se ha rechazado por completo. 
Este cuerpo considera que, en vista de que " es inútil, y probablemente poco adecuado, que el órgano de apelación tome una posición en este asunto, sobre este tema importante pero abstracto. 
Comprobamos que el propio grupo de expertos no ha establecido conclusiones definitivas en lo que se refiere al estatuto del principio de precaución en la legislación internacional y que el principio de precaución, al menos fuera del marco de la legislación internacional en materia de medio ambiente, espera una formulación que tenga autoridad». 
En cuanto a la bioética, la legislación internacional se pronuncia en favor de patentar genes de seres humanos y de animales, y también en el caso de los productos naturales, incluidos los animales de las explotaciones agrícolas, se aplica a todos la clasificación de " productos similares» sea cual sea el método de producción (cría superintensiva, degradación del medio ambiente, etc.). 
Por lo tanto, la legislación internacional de la OMC protege el uso y la propagación de organismos genéticamente modificados, a la vez que se ocupa de que no haya obstáculos aduaneros no tarifarios para las carnes " hinchadas» con hormonas sintéticas, o con procesos de producción que no toman en cuenta ni el medio ambiente ni la protección del consumidor ni el bienestar de los animales. 
La Comisión Europea, bajo la influencia de los grupos de presión ecologistas, elabora con regularidad directivas muy sofisticadas sobre la calidad del agua, el bienestar de los animales, el transporte de animales vivos, al mismo tiempo que, en perfecta contradicción, firma tratados de libre comercio en los que " olvida» establecer cláusulas restrictivas por las que los productos importados tengan que responder, obligatoriamente, a las condiciones de producción que la Comisión impone a la agricultura europea. 
A modo de ejemplo: para instalar una granja de cría de cerdos en Francia, es necesario hacer estudios de impacto, obtener las autorizaciones adecuadas, que significan una demora administrativa de varios años. 
En Estados Unidos, el proceso de autorización para montar una granja de cría de cerdos se cumple en tres días y las restricciones medioambientales son poco menos que inexistentes. 
Acabamos de enterarnos del contenido de una nueva legislación sobre el bienestar de las gallinas ponedoras, por la que se obliga a duplicar la superficie adjudicada a cada gallina lo que, paradojalmente, implica un desarrollo de la mortalidad de las aves a causa del canibalismo (estudio CNEVA) y un aumento del 40 % en los costos de producción. 
Al mismo tiempo, la internacionalización de los intercambios y el desmantelamiento de la preferencia comunitaria nos somete a una competencia cada vez más fuerte por parte de los productores de países terceros que, sin duda, no tendrán ninguna obligación de respetar este tipo de norma. 
En resumen, la legislación elaborada por la Comisión termina por penalizar la producción europea, porque a la vez suprime el principio de la preferencia comunitaria. 
Cuando la propia Unión Europea quiere desarrollar una vertiente " social» , la Comisión no produce ninguna demanda de que se exija a la OMC el reconocimiento de la cláusula social. 
Por ejemplo, en el caso de los plátanos, la Comisión prefiere desmantelar la producción europea (en Martinica y en Guadalupe, sobre todo) , aplastar los acuerdos de Lomé con los países ACP y favorecer la implantación del " plátano-dólar» , olvidando sin más que el plátano de los países terceros importado por la Unión Europea no respeta las cláusulas sociales y ecológicas que se imponen a nuestros productores. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
Declaro interrumpido el periodo de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a la 13.05 horas) 
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 30 de abril de 1998. 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión del jueves, 30 de abril de 1998, ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, con el fin de no hacer perder tiempo al Parlamento, entregué por escrito una modificación de voto. 
Ésta no ha sido registrada adecuadamente. 
Solicito que se lleve a efecto la corrección y que se cambie mi voto de la enmienda n. 2 del Informe Desama de "en contra» por" a favor». 
Gracias, lo haremos. 
(El Acta queda aprobada) 
Composición del Parlamento 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión Europea, Señorías, asistimos hoy a un acontecimiento hasta ahora inédito en la historia. 
Once países, después de un duro esfuerzo de convergencia en sus economías, están a punto de poner en común algo tan importante como es la moneda. 
Lo hacen voluntariamente, con el respaldo de sus respectivos Parlamentos pero, de acuerdo con el Tratado de Maastricht, el Parlamento Europeo, representante legítimo no sólo de esos once países sino de todos los ciudadanos de la Unión, también ha de pronunciarse. 
Corresponde hoy a esta Asamblea debatir la propuesta del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, y ratificar o rectificar nuestro dictamen conforme a una decisión que cambiará el futuro de nuestros pueblos. 
La Unión Monetaria es un paso más en el camino en que todos nos hemos embarcado hacia una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, como recuerda aquel Tratado. 
La moneda común es un medio para alcanzar ese objetivo. 
Deseo a todos, en este momento histórico, lucidez y acierto. 
Me es muy grato poder saludar y dar la bienvenida al Parlamento Europeo a las distinguidas personalidades presentes en la tribuna, que han decidido acompañarnos en este día tan especial para el futuro de Europa, así como a los medios de comunicación que están haciendo un enorme esfuerzo por trasladar a los ciudadanos nuestras deliberaciones. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación del Consejo relativa a los Estados miembros que cumplen las condiciones necesarias para la adopción de una moneda única de conformidad con los apartados 2 y 4 del artículo 109 J del Tratado CE (7884/98- C4-0250/98-98/0812 (CNS) ) y sobre la propuesta de dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, de conformidad con el artículo 79 bis del Reglamento (Ponente: Sr. Von Wogau). 
Tiene la palabra el Sr. Fabre-Aubrespy para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, al abrirse este debate, desearía presentar una solicitud cuyo objeto es rechazar la admisibilidad de éste, de conformidad con el artículo 128 de nuestro Reglamento. 
Lo hago por razones de procedimiento y por razones de fondo. 
En el plano del procedimiento, señalo que no se ha respetado el artículo 109 J del Tratado de la Unión Europea y que no puede considerarse que el artículo 79 bis de nuestro Reglamento, aprobado deprisa y corriendo, sea conforme al mismo. 
Hoy la Comisión de Asuntos Económicos nos somete una propuesta oral. 
Se nos pide que nos pronunciemos con un "sí» o con un" no» sobre el conjunto de las recomendaciones del Consejo. No puede presentarse ninguna enmienda. 
Se trata de un procedimiento de dictamen conforme y no de dictamen, como establece el Tratado. 
El propio Consejo se equivocó al aludir en su recomendación al dictamen del Parlamento Europeo del pasado jueves, que no era ni en el plano jurídico ni político el que establece el Tratado. 
Existe una verdadera desviación institucional que hace que el Consejo no ejerza sus responsabilidades ni desempeñe el papel que le confiere el Tratado, y que hará que el Parlamento tampoco respete el debate que se le brinda. 
Sé que no se quiere que se debata. 
Añado, señor Presidente, que en cuanto al fondo... 
Señor Fabre-Aubrespy, el artículo 128 dispone que la votación de esta solicitud tiene lugar de inmediato. 
Por lo tanto, se procede a la votación. 
(El Presidente somete la solicitud a votación) El resultado no admite duda. 
Proseguimos con el debate. 
Tiene la palabra el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Brown. 
Señor Presidente, miembros del Parlamento Europeo, en el comienzo de un día de significado histórico para Europa, permítanme empezar dando, de parte del Consejo de Ministros, nuestro sincero agradecimiento al Parlamento por su contribución al desarrollo de los procedimientos que han conducido hasta las decisiones de hoy. 
Hemos alcanzado el éxito trabajando juntos. 
Está en perfecta concordancia con las condiciones y tradiciones democráticas de nuestro continente que el Parlamento desempeñe un papel relevante en las decisiones históricas que estamos realizando. 
Sé que también hablo en nombre del Consejo que se reúne esta tarde, cuando digo que su opinión, que saldrá de las deliberaciones de esta mañana, será de gran valor para nosotros. 
Hace cincuenta años cuando los fundadores de la Comunidad Europea empezaron su trabajo su gran prioridad era establecer acuerdos para conseguir la paz permanente en Europa occidental, desechar para siempre disputas y enemistades antiquísimas y configurar un marco de cooperación y progreso para los pueblos de Europa. 
Así, comenzando por el Tratado de Roma, empezaron a diseñar esta Unión Europea, un experimento único en la Historia de la Humanidad y que ha proporcionado la base para medio siglo de paz en Europa occidental y una prosperidad para nuestros pueblos, desconocida hasta la fecha. 
Desde el principio aquellos fundadores empezaron a pavimentar el camino que nos ha llevado a las decisiones históricas sobre la unión monetaria que se tomarán hoy. 
Porque ya en la resolución tomada en la Conferencia de Messina hace 43 años apelaban a la coordinación de las políticas monetarias para que se pudiera crear y desarrollar un mercado común. 
De modo que ahora, después de medio siglo, en el que construyendo sobre las cenizas de la guerra, Europa se ha ido estrechando, Europa entra hoy en una nueva era. 
Nuestra ambición, al crear una moneda única para los países de la Europa de hoy, es crear más empleo y prosperidad para los pueblos de la Europa del mañana. 
Cuando el Euro se introduzca habrá más de 290 millones de personas utilizándolo, un 5 % de la población mundial. 
La moneda única representará un quinto de la producción mundial, igual que los Estados Unidos. 
El área del Euro será una de las áreas más exportadoras e importadoras del mundo y nuestros objetivos comunes- altos niveles de crecimiento y empleo para todos- dependen mucho de su introducción exitosa. 
Así, en primer lugar, quiero presentar al Parlamento Europeo las recomendaciones de los Ministros de Economía de nuestros 15 Estados miembros resultantes de su reunión de anoche. 
Como la Unión Económica y Monetaria es sostenible y duradera, las decisiones que recomendamos se basan en la consideración relativa a si los Estados miembros han cumplido las condiciones de convergencia tanto legales como económicas establecidas por el Tratado de Maastricht. 
Hemos convenido unánimemente con la Comisión que 11 Estados miembros- Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal y Finlandia- cumplen las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única. 
Hemos convenido que estos Estados miembros han tomado las medidas necesarias para asegurar que su legislación nacional es compatible con el Tratado y con el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales. 
De este modo han completado las condiciones de convergencia legal. 
También hemos acordado que estos Estados han alcanzado un grado de convergencia económica sostenible, han realizado progresos en la consecución de la estabilidad de precios, un alto grado de estabilidad de los tipos de cambio, convergencia en los tipos de interés a largo plazo y que también ha habido progresos en el control de los déficits presupuestarios y la reducción de la deuda, a pesar de que como dice el informe del IME, una mayor consolidación fiscal es necesaria para un cumplimiento duradero de los criterios fiscales. 
De todos modos, a la vez que recomendamos esta decisión histórica, también se debe decir que los progresos realizados por los países no deben representar un único compromiso para alcanzar la meta de un año en concreto, sino que tiene que ser parte de un compromiso continuo con la estabilidad y la disciplina. 
En nombre del Consejo de Ministros también quiero darles a conocer la importante declaración que emitimos ayer por la noche. 
Incluir en nuestro compromiso con la disciplina fiscal y la reforma económica la nueva declaración expresa cómo debemos llevar a cabo, de forma inmediata y en el periodo siguiente, los compromisos que ya han sido incluidos en el Pacto de estabilidad y crecimiento, y debemos hacerlo, además, de la manera más eficaz y rápida posible. 
Es asegurando nuestro compromiso hacia la disciplina monetaria y fiscal que la unión monetaria puede convertirse en una plataforma de estabilidad de larga duración y sobre la cual se pueda desarrollar el empleo y el crecimiento. 
La declaración enfatiza así mismo la necesidad de reformas económicas. 
Ciertamente la reforma económica aparece ahora como el próximo gran reto de Europa para crear oportunidades de empleo para todos, hacer los mercados de productos, trabajo y capital más eficaces, aumentando la capacidad de adaptación de los mercados laborales, asegurando la mayor eficacia de los sistemas nacionales de educación y formación, fomentando la creación de empresas, posibilitando un más fácil acceso a los mercados de capital a las pequeñas y medianas empresas, aumentando la eficacia fiscal, evitando la competencia fiscal nociva, todo ello, para crear más empleos y un mayor crecimiento. 
La declaración refleja la importancia que concedemos al tratamiento de las necesidades de 18 millones de desempleados, sobre todo si queremos hacer que la unión monetaria opere con éxito. 
La declaración enfatiza lo importante que es acabar con el desempleo a través de la reforma del Estado de bienestar, de los impuestos, y de la seguridad social, así como a través de medidas relativas a la educación y la formación y acabando con la exclusión social si queremos tener tanto una moneda única como una economía exitosa. 
(Aplausos) La unión monetaria no es sólo un logro, sino que también lanza el desafío de hacer las reformas económicas esenciales para conseguir los altos niveles de crecimiento y empleo que todos nosotros queremos ver. 
Colegas parlamentarios, la Unión Económica y Monetaria nace de una serie de objetivos comunes de crecimiento y empleo. 
Se basa en nuestro compromiso duradero con la estabilidad. 
Se está llevando hacia delante por nuestro interés común en la disciplina fiscal y la reforma económica para asegurar una sociedad que sea tanto emprendedora como justa. 
Permítanme decir finalmente desde este Parlamento que nuestro gran logro, la prueba de nuestro éxito, no se encontrará en declaraciones ni documentos, ni tampoco en las nuevas instituciones o procedimientos. Estará en los empleos para la gente, el crecimiento para la gente, la prosperidad para la gente, una Europa de los pueblos donde todo el mundo tiene oportunidades y a la que todo en el mundo puede contribuir. 
(Aplausos) Ésta, con nuestro trabajo conjunto, del Parlamento y de los Gobiernos, es nuestra tarea. Esto, a su tiempo, será nuestro logro. 
(Aplausos vivos y prolongados) 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, se hallan aquí reunidos, en sesión extraordinaria, para emitir el dictamen del Parlamento tras la reunión de los ministros de Economía y antes de la de los Jefes de Estado y de Gobierno. 
De este modo, su Parlamento asumirá su responsabilidad en esta decisión sin igual. 
El euro es hoy, ya que hoy once de nuestros países van a cambiar juntos el destino de nuestra Unión. 
Hoy los europeos hacen de una visión una realidad, también gracias a ustedes, señoras y señores Diputados, que desde el principio se han atenido a las reglas del juego. 
Y tras meses y años de trabajo, la Comisión ha hecho todo lo que estaba en sus manos para conseguir hoy este objetivo. 
Se trataba para ella de un objetivo capital. 
Por eso la hipótesis esbozada en Madrid se ha convertido en realidad. 
Sin embargo, debo recordar que nada estaba ganado de antemano. 
Tan sólo hace un año no se creía posible una convergencia económica tan importante. 
Ha sido necesario que los países miembros, es decir, las naciones y los pueblos, hicieran esfuerzos sin precedentes, y saludo el éxito de su empresa. 
Señor Presidente, esta inversión en convergencia ha sido una inversión en prosperidad. 
Nunca las condiciones económicas han sido tan buenas. 
Los esfuerzos de convergencia han permitido crear una base para el crecimiento, para la inversión y para el empleo. 
A partir de mañana, el euro va a dar todo su sentido al mercado interior, al eliminar los costes de transacción, acabando con las especulaciones, mejorando la transparencia de los precios y profundizando en la integración financiera. 
El euro facilitará el comercio, la inversión y también los desplazamientos de los europeos de un país a otro. 
El euro será no sólo una garantía de la irreversibilidad de los esfuerzos acometidos, sino también un catalizador de cambios importantes. 
En cuanto a la irreversibilidad, en primer término, con el euro ya no hay marcha atrás posible. 
El alto nivel de convergencia se convertirá en una realidad intrínseca de la Unión Monetaria. 
Será un catalizador de cambios importantes, en segundo término, ya que permitirá que se movilice el espíritu creativo, el espíritu de empresa y de innovación de una Europa fuerte; y en este sentido, como siempre lo he dicho desde mi designación como Presidente de la Comisión, el euro es un instrumento, no un objetivo en sí mismo. 
Por ello es necesario seguir luchando contra el paro y la exclusión, sobre la base de lo decidido en la cumbre Europea de Luxemburgo sobre el empleo y en el marco de las condiciones macroeconómicas sanas creadas por el proceso de convergencia de la Unión Económica y Monetaria. 
Finalmente, el euro se convertirá también en el mensajero más tangible de la integración para los ciudadanos. Por eso es imprescindible que su introducción no se haga a costa del consumidor. 
No debe haber costes suplementarios, sino una transparencia total de los precios y una óptima preparación para que sea aceptado. 
Por otra parte, gracias al euro, Europa se impone de una sola vez en el mapa financiero y monetario mundial y podrá contribuir a partir de ahora a la formación de un sistema monetario internacional equilibrado y estable, convirtiéndose en un lugar seguro en caso de crisis y en un polo de atracción para nuestros socios. 
Esto permitirá que una Unión fuerte acoja a nuestros países amigos y socios de Europa Central y Oriental. 
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, les corresponde ahora votar. 
Su votación será una votación histórica. 
Señor Presidente, Señorías, las decisiones que se van a adoptar este fin de semana son de importancia histórica para el futuro de la Unión Europea. 
Hay que decidir qué países pueden participar a partir del 1 de enero de 1999 en la moneda única. 
Esperamos también que este fin de semana se nombren los candidatos para la dirección del Banco Central Europeo. 
Se van a adoptar importantes decisiones que van a afectar a los futuros tipos de cambios. 
Estas decisiones pueden tener grandes repercusiones sobre los mercados financieros y de divisas, por lo que ha sido necesario elegir un momento en el que estén cerradas las bolsas. 
Por esta razón, las tres instituciones afectadas, el Consejo de Ministros de Economía y de Hacienda, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, estamos reunidos aquí en Bruselas este fin de semana para preparar y adoptar estas decisiones. 
Hoy tenemos que emitir nuestro dictamen sobre la cuestión de qué países miembros cumplen los criterios del Tratado de Maastricht. 
El Tratado de Maastricht asigna al Parlamento Europeo un papel institucional. 
Éste debe ser oído acerca de la propuesta de los Ministros de Economía y de Hacienda antes de que los Jefes de Estado y de Gobierno adopten sus decisiones. 
Como la recomendación de los Ministros de Hacienda solamente se pudo emitir ayer por la tarde, fue necesario convocar este sábado por la mañana una sesión extraordinaria del Parlamento. 
Fue necesario hacerlo también porque decidimos mediante procedimiento oral. 
El Presidente del Consejo en ejercicio, el Canciller del Tesoro, Gordon Brown, ha informado esta mañana a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial que el Consejo acepta la recomendación realizada por la Comisión Europea. 
Esto significa que el Parlamento Europeo, en su decisión de hoy se puede remitir directamente a la resolución que adoptamos el jueves pasado con una gran mayoría. 
En esa resolución, el Parlamento Europeo constató lo siguiente en base a mi informe: desde la conclusión del Tratado de Maastricht, todos los Estados miembros de la Unión Europea han realizado considerables progresos en lo tocante a la convergencia. Esto se refleja en las bajas tasas de inflación, los reducidos tipos de interés a largo plazo, las reducidas oscilaciones monetarias y en una consolidación evidente de los presupuestos públicos. 
El Tratado de Maastricht prescribe que sólo se admita en la Unión Monetaria a aquellos países que dispongan ya de una moneda estable. 
Esto es de especial importancia, pues una moneda estable es una condición previa básica para el éxito de una economía social de mercado. 
El auténtico baremo para la estabilidad del valor del dinero es la tasa de inflación. 
Los Bancos Centrales creen que las tasas de inflación inferiores al 2 %, en la práctica significan estabilidad en el valor el dinero. 
A este respecto, los presentes informes, contienen unas noticias satisfactorias. 
Los once países candidatos tienen tasas de inflación inferiores al 2 %, lo que significa que solamente están en la línea de partida países que disponen actualmente de monedas estables. 
Cuatro países candidatos tuvieron en el año de referencia de 1997 una tasa de inflación del 1, 9 %, Italia, los Países Bajos, Portugal y España. 
Dos países se encontraron en el 1, 5 %, Bélgica y Alemania. 
Un país, el 1, 4 %, Luxemburgo; un país, el 1, 3 %, Francia. 
Tres países alcanzaron incluso el 1, 2 %, a saber, Finlandia, Irlanda y Austria. 
Por término medio, la tasa de inflación de los once países candidatos en el año de referencia fue del 1, 5 %. 
Esto muestra que de cara a la Unión Monetaria se está desarrollando ya en toda la Unión Europea una cultura de estabilidad monetaria. 
Los mercados confían además en que esta evolución va a proseguir, lo que se deduce de los tipos de interés a largo plazo. 
En los once países candidatos se encuentran claramente por debajo del valor de referencia del 7, 8 %. 
La estabilidad del euro está garantizada en su puesta en marcha en enero de 1999. 
Lo constatamos coincidiendo con todos los informes que se nos han presentado. 
Los grandes esfuerzos de los meses y años pasados han dado sus frutos. 
Ahora hay que asegurar para el futuro lo que se ha logrado. 
Alexandre Lamfalussy, el primer Presidente del Instituto Monetario Europeo, ha insistido siempre con gran vehemencia en que no hay que sobrecargar los instrumentos de la política monetaria. 
Para garantizar la estabilidad de la moneda a largo plazo, la política presupuestaria de los países miembros debe realizar también su aportación. 
Por esta causa, hemos examinado de un modo especialmente cuidadoso el cumplimiento de los criterios de deuda del Tratado. 
Los déficits presupuestarios se encuentran por debajo del 3 % del producto interior bruto en todos los países candidatos y los presupuestos y pronósticos permiten esperar que sigan retrocediendo. 
En lo tocante al estado de deudas de los países miembros, en nuestra resolución del jueves hemos constatado que el endeudamiento global sigue siendo preocupante en algunos países. 
Hay que examinar si las deudas de estos países se encuentran dentro del margen que permite Maastricht. 
Es de importancia la cuestión de si las deudas están financiadas en el propio país y si se trata de compromisos a corto o largo plazo. 
En este contexto, hay que constatar que en el caso de los dos países más endeudados existe al mismo tiempo una tasa de ahorro superior a la media y que los compromisos se financian en su mayor parte internamente. 
Por lo demás, se puede constatar una mejora en la estructura del endeudamiento, ya que los plazos se van prolongando paso a paso, si bien lentamente. 
Además, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial hemos mantenido extensas conversaciones con los Ministros de Hacienda de los países afectados. 
En este contexto, quiero decir expresamente que las declaraciones del Ministro de Hacienda, Sr. Ciampi, sobre los grandes y exitosos esfuerzos realizados para la consolidación del presupuesto en Italia, han contribuido esencialmente a la positiva apreciación de los miembros de la comisión. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha valorado adecuadamente estos hechos. 
Hemos llegado a la conclusión de que se debe aprobar la positiva valoración realizada por la Comisión y el Consejo en lo tocante al cumplimiento del criterio de la deuda para los once países candidatos. 
Pero para garantizar estos resultados para el futuro, en nuestra resolución del 30 de abril de 1998 hemos exigido que se aplique estrictamente en los once países el pacto de estabilidad y de crecimiento. 
Aunque la evolución del paro no es un criterio formal del Tratado de Maastricht, sin embargo es el mayor desafío ante el que se encuentran los países de la Unión Europea. 
Por ello, en nuestra valoración general hemos incluido también la cuestión del empleo y exigimos una aplicación consecuente de las resoluciones que se han aprobado en la cumbre de Luxemburgo. 
Voy a referirme ahora a mi propuesta de decisión oral. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 109 J del Tratado, en la sesión del 2 de mayo de 1998 se transmitió a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial la recomendación del Consejo de Ministros de Economía y Hacienda del 1 de mayo de 1998. 
En esta resolución, el Consejo llega a la conclusión de que los siguientes países cumplen las condiciones necesarias para la introducción de la moneda única: Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia. 
En esta sesión no pública el Presidente en funciones del Consejo, el Canciller del Tesoro, Gordon Brown, presentó a la comisión el texto de las recomendaciones. 
Los miembros de la comisión pudieron constatar que la propuesta aprobada por el Consejo corresponde a la recomendación de la Comisión del 25 de marzo de 1998, en base a la cual el Parlamento Europeo emitió un dictamen positivo el 30 de abril de 1998. 
Sobre esta base he pedido a la comisión que proponga a sus Señorías que den su voto favorable a la recomendación del Consejo del 1 de mayo de 1998. 
Mi propuesta fue aceptada con 54 votos favorables, 3 en contra y 2 abstenciones. 
En consecuencia, propongo a la Asamblea en este procedimiento oral que de su voto favorable a la recomendación del Consejo de Ministros. 
Pierre Werner, Valéry Giscard d´Estaing, Helmut Schmidt, Jacques Delors, François Miterrand y Helmut Kohl son los destacados hombres de Estado que han configurado y siguen configurando la gran obra de la Unión Económica y Monetaria Europea. 
Sin su participación, no podríamos adoptar hoy estas decisiones históricas. 
No debemos olvidar a los otros muchos que han participado en esta obra, muchos de los cuales están presentes hoy en esta Sala. 
Si dan su voto favorable a mi propuesta, nos pronunciaremos a favor de la introducción de la moneda única en los once países miembros a partir del 1 de enero de 1999. 
Digamos sí, pues el euro muestra el camino de Europa al siglo XXI y mejora decisivamente la competitividad de la economía europea. 
Digamos sí, pues la historia de la moneda única desde la conclusión del Tratado de Maastricht es una historia de éxitos en lo que a la estabilidad se refiere. 
Digamos sí, pues con el euro se creará una moneda de importancia mundial que fortalecerá la posición de Europa en el mundo. 
Digamos sí con la conciencia de que esta va a ser la decisión más importante en la historia de Europa desde que los padres de los Tratados de Roma los firmaron en 1957 en el Capitolio. 
Por ello, les insto a que voten afirmativamente. 
(Vivos aplausos) 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera darle las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo Ecofin por su exposición de hoy. 
No puedo dejar pasar este momento sin expresar mi satisfacción personal por dar la bienvenida a esta Asamblea a un Ministro de Economía británico laborista... 
... y sin solicitarle que traslade al gobierno laborista las felicitaciones del Grupo Socialista por el primer año de gobierno de los laboristas. 
(Reacciones diversas) A la vez que esta Asamblea representa su papel y asiste a la entrada de 11 Estados miembro en el euro permítanme saludar el acercamiento sensible y positivo que Gordon Brown ha llevado a cabo con relación a la introducción del euro en Gran Bretaña. 
Los cuidadosos preparativos que se han hecho van a permitir que aquéllos de nosotros que apoyan la participación británica- yo soy uno de ellos- realicen una campaña a favor del Sí con cierta confianza en que existe un mejor equilibrio entre las ventajas y las desventajas, lo que era absolutamente impensable con el gobierno anterior. 
A pesar del hecho de que Gran Bretaña no estará presente en la primera ola de participantes en la moneda única, ha coincidido que sea durante la Presidencia británica que el euro llegue a su etapa final. 
Espero que aquéllos que dudaban que un país que se mantiene fuera de la moneda fuera a conducir esto con integridad, rigor e incluso vigor hayan podido escuchar las afirmaciones unívocas del Primer Ministro Blair, varias veces repetidas, de que el lanzamiento del euro tiene que ser un éxito, no sólo para aquellos Estados miembros participantes, cosa muy importante, sino también para los que se quedan fuera. 
Las economías de los 15 están unidas tan cercan e intrincadamente que cualquier problema del euro no lo sería solamente de los 11 sino también de Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca y Grecia. 
Por ello, el euro debe tener éxito y la Presidencia británica se comprometió a hacer todo lo posible por que así fuera. 
En este punto mi grupo quisiera rendir tributo al trabajo de la Comisión por haber logrado que esto diera su fruto, pero también al anterior Presidente de la Comisión Jacques Delors, cuya contribución a Europa y al euro ha sido extraordinaria. 
(Aplausos) El Grupo Socialista saluda el hecho de que se haya bajado la bandera de salida hacia la UEM a 11 países. 
Mi grupo siempre ha expresado su deseo de que desde el principio se incluyera en la Unión Económica y Monetaria al mayor número de países posible. 
No estamos de acuerdo con que el euro de los 11 equivalga a un euro débil. 
Tan sólo observemos el extraordinario grado de convergencia conseguido por los 15 Estados miembros, incluso en los que no se van a unir hoy. 
Jamás tantos estados, impulsados por su propia voluntad, se han esforzado por alcanzar los mismos objetivos al mismo tiempo y con tal grado de éxito. 
La dimensión del proyecto no tiene precedente y muestra lo que la Unión Europea puede hacer cuando hay voluntad política y cuando decidimos trabajar conjuntamente. 
Hasta la fecha el proyecto de la UEM ha sido de un éxito inmenso. 
Es necesario recordar esto y rendir tributo al coraje de los líderes que lo han hecho posible. 
Sin embargo, hoy tenemos que dejar bien claro que asegurar una moneda única es más necesario que nunca. 
Algunos de nuestros ciudadanos temen la llegada del euro y sus consecuencias económicas. 
Muchos piensan que la austeridad económica de los últimos años y el consecuente aumento del paro son el resultado del proceso para alcanzar el euro. 
Hay que captar que, hasta cierto punto, no hemos dado una clara imagen de cual es el contexto global en el que la moneda única no sólo se convierte en un instrumento utilísimo para la integración europea, sino mucho más. 
A la vez que hemos podido ver como en los últimos ocho años se expandía el mercado mundial, se ha hecho evidente que si queremos construir un futuro para nuestros jóvenes, debemos desarrollar nuevas e imaginativas estrategias que combatan las consecuencias negativas del mercado global y de la sociedad de la información, al tiempo que aprovechar sus consecuencias positivas. 
La moneda única con su potencial de estabilidad, mayor seguridad para los inversores, el ahorro inherente en los costes de transacción, transparencia de precios, etc., es una importante e innovadora oportunidad para Europa. 
Puede que quizá no digamos suficientemente que con moneda única o sin ella la economía mundial está cambiando drásticamente y que el trabajo tal y como lo concebimos ya ha cambiado y lo hará más aun dentro de cinco o diez años. 
Por tanto, hoy empezamos una nueva etapa. 
Sí, es una etapa llena de desafíos. Sí, es una etapa llena de peligros. 
Pero por lo menos tenemos el coraje y la visión para imaginar, concebir, organizar y crear una nueva moneda para Europa, una nueva oportunidad para Europa. 
Todos sabemos que si el Euro debe vencer en el enfrentamiento con el desempleo y el descenso de los niveles de vida tiene que ser acompañado de políticas de crecimiento, de creación de empleo y de inversión. 
Mi Grupo ha insistido, y lo seguirá haciendo, en la necesidad de una mayor cooperación y coordinación de las políticas económicas y laborales de los Estados miembros. 
Finalmente, quisiera destacar dos cuestiones que son importantes para mi Grupo. 
En primer lugar, este Parlamento ha sido absolutamente serio respecto de nuestro papel en la introducción del euro. 
Nadie puede acusarnos de haber dañado el concepto o cualquier aspecto del procedimiento. 
¿Por qué? 
Porque el dinero de los bolsillos de nuestros ciudadanos es un asunto demasiado serio como para jugar con él. 
Así, esperamos que el Consejo sea en las próximas 24 horas igual de serio con su parte del acuerdo y lleve a cabo las obligaciones que le corresponden según el Tratado. 
Esperamos que el Consejo nombre maana al gobernador y al consejo del Banco Central siguiendo la letra del Tratado, un gobernador para ocho años. 
Este es el primer examen del euro y el Consejo no debe suspender. 
(Aplausos) En segundo lugar, la daina especulación de la prensa de las últimas semanas en torno a la cuestión del gobernador y las disputas políticas a las que estamos asistiendo dan la medida de las presiones políticas a las que se va a someter al Banco Central. 
Sabemos a ciencia cierta el tipo de llamadas que el gobernador recibirá a media noche y el origen de tales llamadas. 
Es muy importante, por tanto, que las líneas de responsabilidad desde el Banco Central a este Parlamento sean trazadas muy nítidamente. 
Desde aquí apoyamos la independencia del Banco Central tal y como se contempla en el Tratado. 
Pero la independencia no está reñida con la responsabilidad. 
Los conceptos son muy diferentes. 
El euro debe operar para el bien de todos los Estados miembro incluidos en el área del euro al igual que de sus pueblos. 
La única institución con esa dinámica paneuropea capaz de observar la responsabilidad del Banco Central es el Parlamento Europeo. 
Cualquier gobernador que se precie entenderá que esta Asamblea ofrece un contrapeso político a la presión política nacional y procurará establecer buenas relaciones de trabajo con esta Asamblea como una cuestión de urgencia. 
Mi Grupo no perderá de vista esto en nuestras consultas públicas de las próximas semanas sobre el gobernador y el consejo. 
Hoy es un día de celebración. 
La llegada del euro marca un importante paso adelante para la Unión. 
No significa que nuestro trabajo haya acabado, pero desde luego significa que una tarea titánica se ha concluido. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, hoy, 2 de mayo de 1998, celebramos un acontecimiento histórico para Europa y el mundo entero: nace el euro, nuevo símbolo unificador y tonificador- yo diría- para Europa y para nuestros pueblos en un espíritu de estabilidad, de solidaridad y de paz. 
El mismo Klaus Emmerle que fue obispo de Aquisgrán, con ocasión de la V Conferencia Episcopal Europea, dijo que «la unidad siempre ha estado presente en la historia de Europa, una unidad que no nivela las diferencias, sino que abraza las tensiones, que salva los elementos diferenciadores y que, al final, los sintetiza desde su interior». 
En realidad, el euro es una síntesis de nuestros deseos de unidad; el euro es importante como tarjeta de visita, porque contará al mundo entero la historia europea, con sus éxitos y sus problemas, pero también será el reflejo del estado de salud de nuestra economía. 
El Banco Central Europeo gozará de plena autonomía para garantizar la estabilidad monetaria, pero serán los Gobiernos, con sus política económicas y presupuestarias, quienes deberán garantizar las condiciones óptimas a fin de que el euro sea estable y fuerte a lo largo del tiempo. 
Por lo tanto, no cabe duda de que la celebración de este momento histórico representa sólo el principio de un camino aún más importante y fatigoso, que necesita la continua confirmación de las voluntades de los Gobiernos nacionales de trabajar conjuntamente y en plena sintonía en pos de una moneda fuerte y estable. 
Éstas son las premisas indispensables para que el Pacto de Estabilidad, es decir, la garantía que los Estados miembros admitidos en el euro deben prestar para asegurar la eficacia de su actuación, no agote su cometido con notificaciones de multas no deseables. 
Nos alegramos de que casi todos los Estados candidatos hayan entrado a formar parte de la Unión Monetaria. 
Todos conocemos los milagros que algunos Estados admitidos en el euro tuvieron que hacer para presentar sus cuentas en orden. 
Creo que la decisión de crear la Unión Monetaria con 11 miembros se debió al convencimiento de que los países estructuralmente más atrasados serán capaces de demostrar que saben convertir los milagros en programas de saneamiento y de desarrollo serios, duraderos y extremadamente responsables, donde las políticas inflacionistas, asistenciales y de depauperación de los recursos- que, conviene recordarlo, para bien o para mal, serán comunes- dejarán paso definitivamente a las políticas de buena gestión de los presupuestos públicos y de fuerte compromiso de cara al relanzamiento económico, no con instrumentos asistenciales y de beneficencia, sino con atentas políticas fiscales, de inversión productiva, de flexibilidad y de recalificación de la mano de obra, hoy por hoy, únicas garantías de desarrollo para la creación de nueva ocupación y de una verdadera y más sólida solidaridad social. 
Para terminar, señor Presidente, deseo llamar la atención sobre la necesidad de que la Europa monetaria y de los mercados, precisa de una Europa política, es decir, de un Gobierno europeo decididamente más democrático y más cercano a la voluntad de los ciudadanos, para la gestión de una Europa ampliamente integrada con procesos de toma de decisiones que gocen de la suficiente legitimación democrática. 
Por último, nuestro pensamiento se dirige a los que, desde la fundación de la Unión Europea hasta hoy, se han prodigado para que Europa llegara a esta etapa histórica, los padres fundadores y los demás arquitectos que hasta este momento han llevado adelante el «proyecto Europa» con convencimiento y tenacidad. 
Es gracias y en homenaje a ellos que quiero afirmar que la famosa frase» c 'est l' argent qui fait la guerre» hoy se convierte para nosotros en» c 'est l' argent, l ' euro, qui fait la paix». 
Señor Presidente, con el nacimiento del euro y con la decisión sobre los países que formarán parte de la moneda única vivimos un momento singular en el difícil e ilusionante proceso de la construcción europea. 
El adjetivo «histórico» no es hoy exagerado y cumple bien con la importancia de la decisión y las consecuencias para el futuro. 
Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, con su diversidad de experiencias y de sensibilidades según los países y los partidos- diversidad que se manifestará en la votación -, participa en esta sesión parlamentaria con sentimientos contradictorios de esperanza y de inquietud, esperanza e inquietud ante el balance de las ventajas y los riesgos de esta moneda única. 
Desde una visión personal, coincidente con la posición de bastantes colegas, puedo expresar esto con una breve frase: » Euro sí, pero no así». 
» Euro sí» , en cuanto que el concepto y la realidad de una moneda única suponen la culminación racional del mercado común y un elemento de transparencia para los ciudadanos como consumidores. 
También porque el euro significa ahorro de recursos interiores y defensa frente a la agresividad del dólar norteamericano y del yen japonés; defensa ante la fácil especulación del mercado financiero internacional contra las actuales monedas nacionales. 
Además, sin duda alguna, el euro será percibido psicológicamente por la ciudadanía como un elemento clave de la unidad europea, mucho más impactante que los actuales símbolos y las instituciones comunes, y esto puede significar, a medio plazo, la aceptación y aun la exigencia de la unión política. 
» Pero no así» , porque nos han impuesto un modelo de moneda única a partir del obligado cumplimiento de unos índices de convergencia que, además de ser arbitrarios, producen efectos negativos en la lucha contra el paro y en las políticas sociales de los Estados miembros. 
Uno de los padres de la moneda única, el ex canciller alemán Helmut Schmidt ha escrito que nunca se ha justificado por qué el déficit presupuestario nacional no debe superar el 3 % del PIB, y lo mismo ocurre con el tope del 60 % para la deuda pública. 
A su juicio, son criterios derivados de una ideología deflacionista, que establece dogmas económicos y monetarios más allá de una razonable lucha contra la inflación. 
Podemos añadir que, sobre estos dogmas, se han levantado en la Unión Europea las recetas económicas ultraliberales y que la gravedad aumenta si esos criterios se quieren perpetuar a través del pacto de estabilidad. 
Nos produce también gran inquietud el simultáneo nacimiento de un Banco Central Europeo independiente de directrices políticas y sin verdaderos controles democráticos y en cuya naturaleza está sacrificar el crecimiento económico y el empleo al menor indicio inflacionista. 
Hay que decir con claridad que el previsto Consejo del Euro no tiene poder para definir orientaciones vinculantes ni este Parlamento Europeo las competencias suficientes para ejercer un efectivo control democrático. 
Por otra parte, en el espacio monetario europeo, en el contexto de la mundialización, las crisis económicas asimétricas pueden producir efectos muy negativos en los países más vulnerables, al no haber ni un Gobierno europeo de la economía ni movilidad laboral entre los diferentes Estados. 
No es improbable que la rivalidad entre el dólar y el euro se sustancie en Europa con pérdida de empleo y disminución salarial en aras de una falsa competitividad. 
Ante este panorama, todavía hay quien dice que es necesario rebajar los fondos de solidaridad y que los países del euro no deben ser receptores de Fondos estructurales y de cohesión. 
Estimados colegas, representantes de los ciudadanos europeos: no somos catastrofistas, y mucho menos somos euroescépticos. 
Somos europeístas convencidos, pero europeístas críticos desde la izquierda. 
Consideramos la construcción europea como un proyecto deseable, democrático y progresista, que debe buscar la solidaridad y la prosperidad común. 
Pero también proclamamos que el actual modelo monetarista puede convertirse en instrumento al servicio de las políticas ultraliberales y aumentar la amenaza ya existente para el Estado del bienestar y la dimensión social europea. 
Como dijo en este Parlamento el Presidente Mitterrand, no se puede construir Europa contra los intereses de los trabajadores. 
Recordamos hoy el Consejo Europeo sobre el empleo de Luxemburgo, la prioridad de la lucha contra el paro y el gran objetivo de la cohesión económica y social. 
Recordamos la necesidad de aumentar el presupuesto comunitario para que se tenga la capacidad de contrarrestar los desequilibrios regionales que el mercado y la moneda única pueden generar. 
Pedimos una armonización laboral, social y fiscal en el espacio monetario europeo. 
Que tome buena nota la Presidencia en ejercicio del Consejo. 
Desde nuestra condición de partidos de izquierda agrupados en la Izquierda Unitaria Europea, pedimos una reorientación de la construcción europea basada en la solidaridad, en la corresponsabilidad y en instituciones plenamente democráticas. 
Cuando nace la Europa del euro se hace imperativa la unión política europea que haga posible la participación de los ciudadanos. 
Para finalizar, quiero desear, en mi nombre y en nombre del Grupo, cordialmente, éxito en su andadura a los once países- entre ellos, el mío- que van a compartir la moneda única, su potencialidad positiva y sus riesgos, pero no consideramos menos europeos a británicos, daneses, griegos y suecos. 
Y no es pequeña paradoja que, en estos momentos, la Presidencia de la Unión sea británica. 
El futuro es de todos y todos juntos debemos compartir plenamente la Unión Europea. 
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, Bert Brecht escribe: " yo, que lo que más amo es la insatisfacción con lo modificable, lo que más odio es la profunda insatisfacción con lo inmodificable». 
Los Verdes vamos a votar hoy mayoritariamente a favor de la propuesta del euro. 
Hay diversas opiniones en el grupo político. 
Vamos a votar mayoritariamente a favor, con convencimiento, en ningún caso a la ligera y acompañados por la idea de Brecht. 
Siempre nos hemos pronunciado a favor de un dinero unitario en Europa. 
Pero desde un principio hemos advertido también frente a los riesgos económicos y sociales de una política monetarista. 
El euro viene, esto es lo inmodificable. 
Viene mejor de lo que se temía, lo que se debe a que la insatisfacción de las fuerzas sociales en Europa ha conducido a modificaciones reales. 
Me gustaría que el Parlamento Europeo tuviese también estos deseos de modificación, pues nuestro papel debe ser diferente al de meros comparsas entre bastidores. 
Con once participantes, el euro no se va a convertir en un elemento de división de la integración europea. 
No va a separar a un núcleo de una periferia. 
Es bueno que sea así. 
Saludamos que en la decisión sobre la participación se haya hecho uso de la totalidad del margen de interpretación del Tratado. 
Esto es también positivo. 
Pero que no se siga insistiendo, tal como el Sr. Waigel ha intentado de nuevo ayer como si fuese el maestrillo del país, por motivos electorales. 
Es decir, ninguna condición adicional que pueda limitar la libertad de actuación política y fiscal de los diversos participantes. 
Hoy todos hablan de un día histórico. 
Se nota el anhelo de grandes hombres de hacer historia. 
Pero desearía que estos hombres aprendiesen también de la historia. 
El edificio de la Unión Europea no debe acabar como la torre de Babel. 
Quedó sin terminar pues los constructores estaban confusos. 
Ya no se entendían entre si. 
El plan común se perdió. 
Comenzaron las riñas y en la obra no se hacía nada. 
Los constructores desaparecieron y la obra se desmoronó. 
Tenemos que saber qué y para qué construimos. 
La historia de la Unión Europea no concluye hoy. 
Debe proseguir y esto requiere coordinación y reorientación de la política económica, fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo y participación democrática del Banco Central Europeo. 
Lucha contra una competencia fiscal perniciosa mediante una política fiscal común y, sobre todo, una auténtica política de empleo eficaz. 
La estabilidad es mucho más que una dimensión contable. 
La democracia y la justicia social son la condición básica para la estabilidad. 
(Aplausos) No se debe construir solamente una Unión Monetaria. 
Si al mismo tiempo no se construye una Unión Social, una Unión Democrática, las personas verán la Unión Monetaria como algo ante lo que deben tener miedo. 
Las personas quieren sentir y ver que esta Europa es su Europa, una Europa que les proporciona trabajo, paz interna, pan, agua fresca, buen vino, es decir, futuro. 
La Unión Monetaria es buena, pero sin duda no lo es todo. 
Hoy no es un día para destapar monumentos conmemorativos. 
En la casa europea hoy celebramos la fiesta de cubrir aguas. 
La casa se encuentra aún en su esqueleto, hagámosla habitable. 
El Sr. Brown y la Sra. Green han hablado con gran entusiasmo- Pauline and Gordon- if it´s so important, why the hell you do not join? 
(Aplausos) 
Señor Presidente, no es frecuente que las cuestiones monetarias susciten emoción, como no sea, a veces, la inquietud que provocan las crisis. 
Pero hoy, aquí, muchos de nosotros sentimos una emoción positiva, un sentimiento grave, pero optimista. 
Primeramente, porque se ha puesto de manifiesto una verdadera voluntad política. 
Se han llevado a cabo esfuerzos considerables por los once países que finalmente han sido aceptados. 
Algunos han recuperado plenamente su retraso, y saludo con admiración a nuestros amigos del Sur. 
Tampoco paso por alto los esfuerzos realizados por los sucesivos gobiernos de mi país. 
Otros han sabido superar sus ideas preconcebidas y sus reparos; rindamos homenaje a Alemania y a la valiente votación del Bundestag. 
El hecho de hacer estos esfuerzos con respecto a sí mismo constituye, de por sí, un signo de vitalidad política y un estímulo. 
Nuestro Grupo es sensible, igualmente, frente al hecho de que el euro es también una victoria política de los mercados financieros. 
Por fin, nuestros países respirarán con mayor libertad puesto que serán menos víctimas de los especuladores y de quienes presionan a los gobiernos. 
Aunque en el futuro no pueden excluirse del todo las presiones exteriores, en lo sucesivo, la moneda única, al ser más estable, permitirá ejercer una mayor resistencia; se trata asimismo de un avance político importante. 
Por último, el euro debería servir de acelerador para la integración política en la Unión Europea, con la condición de que se sepa utilizar esta herramienta. 
Con respecto a las instituciones, nosotros nos contamos entre aquellos que quieren ir más allá de los logros modestos del Tratado de Amsterdam. 
Ahora bien, se puede confiar en que el funcionamiento de la moneda única significará un impulso en este sentido, lo que resultará provechoso. 
En particular, debería reforzarse el papel del Parlamento Europeo, ya que sólo éste posee la legitimidad democrática para controlar la línea política en la que se inscribirá el trabajo del Banco Central. 
En cuanto al contenido de diversas políticas esenciales para nuestros conciudadanos- política económica, fiscal, política social en particular respecto al empleo, política de protección del medio ambiente, etcétera -, también podemos pensar que el euro debería tener un doble efecto benéfico: fomentar el acercamiento o la armonización de estas políticas y obligar a los organismos europeos a asumir plenamente sus responsabilidades. 
Así pues, esperemos que tras haber superado con éxito esta etapa de la creación del euro, el Consejo Europeo y el Consejo de Ministros sepan resolver las cuestiones aún pendientes. 
Me refiero en particular a la elección del presidente del Banco Central. 
La prudencia reclama, exige, una solución rápida y transparente; este es el sentido de la votación que tuvo lugar el pasado jueves en el Parlamento. 
En efecto, no sería muy acertado dividir en dos partes el mandato del primer presidente del Banco Central, designando sucesivamente a dos titulares; sería infringir el Tratado y sentar un precedente lamentable, cuando hoy, señor Presidente, nada debería empañar este gran día. 
Es de esperar que los países que no han podido o que no han deseado adoptar hoy la moneda única se nos unan pronto, para que la familia esté reunida. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, en los últimos meses han aparecido mensajes en los periódicos y en la literatura especializada en los que se señala con sólidos argumentos que la Unión Europea no está bien preparada para la UEM. 
Si bien es cierto que las perspectivas a corto plazo son favorables por la reactivación de la economía, el peligro reside en que los participantes en la UEM olviden que las reformas económicas estructurales son necesarias para poder afrontar- en el marco de la UEM- una eventual recesión. 
El hecho de que el Consejo en su recomendación no dedique una sola palabra a las elevadas deudas públicas constituye una señal. 
¿Por qué entonces la UEM? 
¿Está al servicio del objetivo del aumento del bienestar, sirviendo sobre todo para las economías que funcionan bien en Europa Occidental, mientras que los países de Europa Central y Oriental entran como miembros de tercera? ¿O no existe algo así como una obligación moral hacia estos países después que los admitan como miembros de pleno derecho de la Unión? 
Todavía hay un reparo moral. 
La UEM tiene un efecto difusor para la transmisión de competencias sobre otros terrenos políticos, especialmente en el de la política fiscal y social. Esto a pesar de las claras palabras de los líderes de los gobiernos en diciembre del año pasado acerca de que la política económica y la política salarial continúan siendo responsabilidades nacionales. 
La UEM conduce a una inaceptable concentración de poder en las instituciones europeas que están acostumbradas a juzgar la mayoría de las cuestiones políticas según la regla de la eficiencia. 
Con el materialismo y el pensamiento de mercado no siempre se sirve al bienestar de la sociedad y sus ciudadanos. 
Señor Presidente, optamos por una Unión Europea lo más amplia posible de estados europeos independientes y democráticos. 
El encorsetamiento de la UEM presiona negativamente la cooperación y distancia demasiado a los países menos prósperos. 
Además, es más útil para los ciudadanos un gobierno más cercano y una política en la que no solamente se tengan en cuenta los intereses materiales. 
Votaremos, por tanto, en contra. 
Señor Presidente, un soplo de ansiedad en la mente: ¿El euro supondrá la ampliación a los 19 millones de parados que viven en la Unión? 
Una emoción en el corazón por haber llegado a esa meta, perseguida desde finales de los años sesenta; una esperanza que quiere convertirse en una certeza: la moneda única debe llegar a ser el punto de partida para alcanzar, por fin, la unión política. 
En realidad, la moneda por sí sola nunca podrá deshacer los nudos que hoy todavía sujetan a la sociedad europea y que aún no han logrado poner en marcha la unión política. 
Una construcción técnica como la del euro, aunque necesaria e indispensable, no podrá ofrecer una respuesta satisfactoria al fenómeno del desempleo que requiere estrategias y soluciones políticas coordinadas a escala comunitaria. 
Quiero dar las gracias al ponente, Sr. von Wogau, por el trabajo realizado y por haber recalcado la necesidad de un acuerdo comunitario sobre la problemática del desempleo. 
En nombre de la delegación de Alianza Nacional, me alegro del logro de uno de los objetivos más controvertidos del Tratado de Maastricht, pero en este solemne día de fiesta debemos mostrar nuestra sincera gratitud a los ciudadanos europeos por haber aceptado grandes sacrificios económicos para alcanzar un ideal que no puede ni debe ser sólo económico. 
Alianza Nacional recuerda a cada uno de nosotros que el empeño de los padres fundadores es la unión política, la integración social y cultural, el objetivo de una paz duradera que sólo el respeto mutuo podrá garantizar. 
Por esto es urgente fortalecer la complementariedad entre las políticas económicas, las políticas activas del mercado laboral y las estrategias aptas a colmar la diferencia social y económica entre las regiones de la Unión y por eso estamos de acuerdo con la propuesta de institucionalizar el diálogo parlamentario con la soberanía monetaria. 
Con todo, este respaldo que damos a la recomendación del Consejo no debe reducir el empeño del Pleno por conseguir la unión política, sin la cual se convertirá en más profunda, si cabe, la diferencia entre las dos Europas, de la moneda única y de las monedas nacionales. 
Estos peligros que atentan contra nuestra unidad, pueden ser afrontados sólo gracias a la consecución de la unión política. 
Señor Presidente, hoy es un gran día, un día histórico. 
La Unión Monetaria va a transformar Europa. 
Por primera vez, con la moneda única se va a emplear el mismo dinero desde Flensburg a Sicilia o desde Dublín a Helsinki, un importante y acertado paso en el camino hacia una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos. 
El euro va a ser la experiencia vivida cotidianamente en la integración europea. 
Por primera vez surge una autoridad federal europea. 
Por primera vez, Estados nacionales ceden voluntariamente soberanía en la política monetaria, sin imposiciones y sin guerras. 
Pero esta cesión de soberanía conduce en realidad a una ganancia de soberanía para todos, pues la Unión Monetaria Europea, con 300 millones de personas, con un producto interior bruto y una proporción en el comercio mundial de casi el 20 %, gana en soberanía y en capacidad de configuración política en provecho de Europa y de sus habitantes, pudiendo enfrentarse con consciencia de su propia fuerza a las amenazas de la globalización. 
La introducción del euro suprime interferencias en las relaciones económicas del mercado interior, elimina el riesgo de los tipos de cambio, eleva la seguridad de planificación, reduce los costes de las transacciones y hace de este modo que se utilicen mejor los márgenes de crecimiento, de los potenciales de innovación y de las oportunidades de empleo. 
Sabemos que juntos somos más fuertes que solos. 
Europa está madura para el euro. 
El euro va a ser una moneda sólida y segura. 
Al final, en Europa se ha impuesto una cultura de estabilidad con unas tasas de inflación históricamente bajas. 
El grado de convergencia va a hacer de la Unión Monetaria una comunidad de estabilidad. 
En tiempos de cambios, no todos miran sólo con alegría hacia el futuro sino también con escepticismo e inseguridad. 
Es nuestra tarea como Parlamento Europeo orientar a estas personas y proporcionarles confianza, pues, a la postre, el euro no sólo necesita la aceptación de los mercados, sino también de las personas. 
Hemos extraído lecciones provechosas del pasado. 
La estabilidad del dinero es una base necesaria para la estabilidad social y política. 
La estabilidad de los tipos de cambio es una condición básica necesaria para la estabilidad del dinero en un mercado abierto e integrado. 
Ambos solamente se pueden asegurar a largo plazo con una política monetaria unitaria. 
Un Banco Central Europeo independiente es una condición para ello. 
Pero en el futuro, la política monetaria se va a hacer en interés de todos los participantes de la Unión Económica y Monetaria, en la que afortunadamente van a participar once Estados miembros, a los que espero pronto sigan los otros. 
El Tratado de Maastricht obliga con razón al Banco Central Europeo a apoyar la política económica en la Unión Europea. 
La Unión Monetaria Europea va a contribuir a la estabilidad económica real que necesitamos tan urgentemente en interés de las inversiones, del crecimiento y del empleo. Por estos motivos, la Unión Monetaria es ya una parte de la Unión Política. 
Necesitamos progresos también en la política social y de empleo. 
Con el espíritu común europeo y el mercado interior no son compatibles el " dumping» y la competencia desleal en los estándares sociales y de medio ambiente, así como tampoco una ruinosa competencia fiscal. 
Necesitamos, pues, progresos en la Unión del Empleo y en la política social. 
Las próximas generaciones nos preguntarán por qué no tuvimos ya mucho antes el euro. 
La Unión Monetaria constituye un nuevo ente europeo que va representar con razón una importante palanca para el papel de Europa en el siglo XXI. 
Willy Brandt dijo en una ocasión: esta Europa es de todos nosotros. 
Depende de nosotros encontrar la respuesta correcta a los desafíos de nuestro tiempo en el momento adecuado. 
El euro viene en el momento correcto. 
Aprovechemos esta oportunidad. 
Por ello, este euro es de todos nosotros. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, ahora que la característica principal de la Unión Económica y Monetaria debería ser la presencia de una Europa unida con una voz unánime y cuando en los últimos meses todo ha evolucionado inesperadamente bien, me parece un gran error político la creación de problemas por nuestra parte que puedan dar motivos para cuestionar la fiabilidad de la UEM. 
Eso es lo que debe constituir el inmediato mensaje político de este importante momento. 
Consideraciones escrupulosas y de corazón estrecho o asuntos de egoísmo nacional, como el tema del Presidente del Banco Central, no deben hacernos olvidar el verdadero marco de la Unión Económica y Monetaria, ese sueño común que aspira a la integración europea y que no debe convertirse para algunos países en una causa de exclusión y marginación. 
Por ello, quisiera ahora centrar su atención en el caso de Grecia que, independientemente de las razones por las que no cumple los criterios- y aquí quisiera señalar que una gran parte de ellas están relacionadas con el elevado gasto de defensa- va a ser el único país que permanecerá fuera de la UEM contrariamente a su voluntad. 
La pequeña magnitud de su economía no habría influido de forma negativa en las economías de los otros Estados miembros si hubiera logrado entrar, en cambio ahora va a padecer todas las consecuencias negativas de su no participación. 
Esto significa en la práctica que, de aquí en adelante, va a necesitar un mayor esfuerzo que antes para conseguir la convergencia en cuanto a los tipos de interés y a la estabilidad de los tipos de cambio, una convergencia que dentro del marco de la UEM hubiera sido más fácil. 
Por descontado que esta observación no quiere decir que la entrada en la UEM deba ser sin condiciones. 
Al Gobierno griego se le ha aclarado de manera muy correcta cómo debe proceder y cómo debe tomar las adecuadas medidas estructurales, y de otro tipo, que debe aplicar de forma inmediata y consecuente. 
Sin embargo, creo que debería asumirse, de forma paralela y de modo concreto e irrevocable, la responsabilidad de que la entrada de Grecia se realizará en el mismo marco de interpretación que tuvieron los once primeros miembros. 
Además, creo que para entonces el euro será muy fuerte y por ello no va a verse influido por situaciones extremas. 
Así, el pueblo de Grecia tendrá hoy una esperanza y no se sentirá desesperado en un momento en que los otros pueblos de Europa están viendo con optimismo el anuncio oficial de su participación en el euro. 
Señores Presidentes, Señorías, la fecha del 2 de mayo marcará un viraje decisivo en la historia de la construcción europea, al abrir definitivamente y de manera irreversible la vía para la aplicación del euro, la moneda única, por once de los quince países de la Unión Europea. 
La aplicación del euro marca una meta, pero también y sobre todo un punto de partida hacia un nuevo futuro, que de ahora en adelante debemos construir juntos. 
Una meta, en primer lugar, que confirmará la realización del mercado interior, que los desórdenes monetarios del pasado con frecuencia han perjudicado, pero que también es el resultado de los pacientes esfuerzos de convergencia económica emprendidos tenazmente desde 1992 por los gobiernos de los Estados miembros. 
Sin embargo, aún queda por hacer lo más difícil, y la aplicación del euro dará la señal de un nuevo comienzo en un camino sembrado de obstáculos. 
A partir de hoy debe concebirse un nuevo orden económico europeo, a fin de que el euro sea un éxito popular, lo que implica que no deberá ser únicamente el resultado de convergencias económicas, sino que tendrá que permitir la convergencia social, que debe ser el fin último de la aventura europea. 
Al suprimir las fluctuaciones cambiarias entre las monedas europeas, el euro hará aún más efectiva y más transparente la competencia entre las empresas de la Unión, lo cual exigirá de éstas mayores esfuerzos en materia de gestión, de innovación y de adaptación al mercado. 
Puesto que los reajustes económicos ya no podrán efectuarse modificando las paridades monetarias, no puede subestimarse el riesgo de que se realicen a través de los niveles de empleo o de remuneración. 
Para evitar estos riesgos, que serían mortales para la construcción europea, la conducción de las economías de los diferentes Estados miembros deberá llevarse a cabo con el objetivo determinado de garantizar un índice de crecimiento lo más elevado posible con el fin de crear el máximo de empleos. 
Paralelamente, deberá impulsarse la aceleración de las reformas estructurales indispensables, haciéndose hincapié en la formación de las personas, en su adaptabilidad permanente a los progresos técnicos, que no dejarán de intensificarse; acompañando la movilidad cuando es necesaria; y favoreciendo por todos los medios la investigación y la innovación científica y técnica. 
La credibilidad y el papel internacional del euro, concretamente frente al dólar y al yen, dependerán de ello. 
Son las economías fuertes y dinámicas las que permiten que las monedas sean fuertes y respetadas, y no a la inversa. 
La aplicación del euro excluye cualquier política fácil. 
Los ciudadanos y los gobiernos europeos deben saber que el euro supone nuevas dificultades, que gravitarán sobre ellos para obligarlos a adoptar actitudes prudentes- y todos sabemos que la prudencia no es espontánea -: hay que fomentar el esfuerzo de los individuos y, con respecto a los gobiernos, la moderación fiscal y la lucha contra el despilfarro. 
La vía abierta por el euro será prometedora si sabemos adoptar el código de conducta que nos permitirá evitar los patinazos y los bandazos que ponen en peligro a los conductores imprudentes o simplemente negligentes. 
En conclusión, señor Presidente, desearía ilustrar mis palabras con una imagen: dentro de algunas semanas, mi país organizará un torneo futbolístico: la Copa del Mundo. 
Con respecto al euro, nos hubiese gustado formar un equipo de rugby de quince, con nuestros amigos ingleses. 
Tendremos un equipo de fútbol con once jugadores, que han debido realizar enormes esfuerzos para clasificarse; el equipo del euro se enfrentará al equipo del dólar y al equipo del yen en una competición mundial abierta, aunque despiadada. 
Nuestro equipo ha sido bien preparado por el entrenador Yves-Thibault de Silguy, pero los seguidores de las tribunas, es decir, las opiniones públicas, representadas por los diputados europeos y los diputados nacionales, están ansiosas; están preocupadas porque el árbitro encargado de hacer respetar las reglas del juego, el presidente del BCE, aún no ha sido designado. 
Los seguidores también están preocupados porque aún no saben quién organizará el juego e inventará la estrategia que permitirá que gane el equipo del euro. 
Pero una cosa es segura- concluyo, señor Presidente -, los seguidores serán muy exigentes con los jugadores; no dudarán en abuchear al equipo si marca un gol en contra o le meten demasiados goles. 
Señorías, todos deseamos que nuestro equipo gane. 
Comportémonos entonces como seguidores; seamos entusiastas, pero a la vez muy exigentes. 
Señor Presidente, parece como si hoy no se pudiera hacer ninguna crítica sobre el euro, pero justamente porque la Unión está en mi corazón, quiero mostrar los riesgos que este euro implica. 
La moneda que debería ser un fuerte símbolo de integración europea, amenaza, después de todo, con sembrar la discordia. 
Una mayoría solicitó el pasado jueves en esta Asamblea un cumplimiento estricto del Pacto de Estabilidad. 
Insensato, señor Presidente. Ese pacto ofrece, de forma bastante paradójica, la posibilidad de que la Unión Monetaria se fragmente. 
Es una receta para una crisis política y monetaria, ya que, ante los estrictos criterios presupuestarios y las sanciones draconianas, no cabe ninguna solidaridad europea. 
Algunos dicen que precisamente la Unión Monetaria impondrá solidaridad en el terreno social, medioambiental y fiscal. 
Sin embargo, por el momento, esto es una ilusión vana. 
Existen poderosas fuerzas contrarias, tales como los contribuyentes netos que quieren arruinar el presupuesto europeo y, en los Países Bajos, los cuatro partidos más importantes prevén, por de pronto, fuertes reducciones en la contribución. 
Nuestra sesión parlamentaria de hoy es un ejercicio de aplauso carente de sentido. 
Sin embargo, me tomaré en serio la votación que, de hecho, se refiere a Italia. 
Los autores del Tratado de Maastricht querían desenganchar a Italia del continente y, con ello, dividir la Unión. 
Afortunadamente, han resultado engañados. 
Como no quiero estar del lado de la «espaguetifobia» , hoy voto «sí». 
El eurodebate se ha centrado demasiado en cuestiones secundarias. 
Debe ser presidente del Banco el francés Trichet o el prototipo alemán Duisenberg ¿Está ya Italia preparada para el euro? 
Sin embargo, la pregunta de si Europa ya está lista para el euro, desgraciadamente, se ha tratado poco. 
La Europa del mercado y de la moneda debe ser también la Europa de las personas y del medio ambiente. 
Si no trabajamos rápida y seriamente en esto, el euro podría terminar como el dinero del Monopoly. 
Señor Presidente, Señorías, al dar su acuerdo definitivo al paso a la moneda única, quizá algunos de ustedes crean que emitirán un voto en favor de la Unión Europea. 
Pero, en realidad, estarán votando por la desunión. 
La moneda única, así como la ideología de la convergencia y de la unificación que la acompañan, pretenden imponer leyes uniformes a unos pueblos que aún son muy distintos, con sus tradiciones, su libertad, su democracia, su soberanía nacional. 
Al imponerse frente a esta naturaleza plural, que plasma la riqueza de Europa y que, por el contrario, habría que dejar que se manifestase, la ideología de la unificación suscitará profundos conflictos en los próximos años. 
En lugar de hacer más fuerte a Europa, la hará sumirse en sus conflictos internos por lo menos durante un decenio, para finalmente debilitarla frente a sus grandes socios mundiales. 
También penalizará el crecimiento y el empleo, impidiendo que cada país decida una política económica adaptada a sus especificidades, y subordinará, en último término, las democracias nacionales sin poder sustituirlas por algo equivalente en el plano europeo. 
De hecho, si ustedes aprueban el paso a la moneda única, en las actuales condiciones, habrán votado a favor de una verdadera ley que otorga plenos poderes a un colegio de expertos y de banqueros internacionales, y que significará un grave retroceso de la democracia en Europa. 
Hoy los pueblos de Europa no han sido convenientemente informados sobre el fin último de la moneda única. 
Si consiguen imponerla en estas condiciones, ello supondrá un siniestro presagio para nuestras libertades en los albores del siglo XXI. 
Pero eso no ocurrirá. 
Pensamos que en cuanto el euro comience a ser aplicado, los pueblos se darán cuenta de la trampa en la que se les ha hecho caer; comprenderán de inmediato que el euro es el enemigo de Europa. 
Entonces podremos empezar a realizar nuestro ideal, el de una Europa de las libertades y de las democracias nacionales que se llama " Europa de las naciones». 
Señor Presidente, señoras y señores, indudablemente estamos viviendo momentos excepcionales en este recinto, donde hemos sido convocados urgentemente, un sábado, para ratificar, de hecho, la muerte de once de nuestras monedas. 
Es precisamente por la importancia que reviste este acto, y sobre todo porque estas monedas representan la síntesis del trabajo de los pueblos que las crearon, por lo que era necesario consultar a estos últimos. 
Ahora bien, nuestros pueblos, a pesar de ser los dueños de su moneda, han sido excluidos de esta decisión de expropiación. 
Esta exclusión es incluso doble: presente y permanente. 
Es presente porque en este recinto, en el Parlamento Europeo, que representa a los pueblos de Europa, la votación de ustedes no tiene más alcance jurídico que el resultado de un coloquio propio de una sociedad científica. 
Pero la exclusión de nuestros ciudadanos, a pesar de ser soberanos, es también permanente. 
La gestión del futuro euro será confiada al Banco Central Europeo- cuyo Consejo de Gobernadores, instalados en su edificio de Francfort, no recibe órdenes de nadie ni nadie lo controla, salvo un inconsistente y artificial Consejo del Euro -, dependiendo de este modo del gobierno de una docena de altos funcionarios. 
La gestión del euro es oligárquica. 
Por lo tanto, el pueblo está totalmente excluido, lo que tendrá un efecto destructor. 
Destructor, en primer lugar, de la solidaridad que se manifiesta en el seno de las naciones. 
En efecto, en una Europa sin fronteras, donde los productos y las personas circulan libremente, una moneda única va a favorecer al producto menos caro, o sea, fabricado con los costes sociales más bajos. 
Por eso Europa significa menos reducciones de gravámenes sociales, menos protección social, menos solidaridad. 
La Europa del euro es la Europa del capital, por el capital y para el capital. 
Además, al fracturar nuestras sociedades, que cuentan con un pasivo de veinte millones de parados, Europa destruirá la libertad de nuestras naciones. 
Sabemos que el objetivo es aplicar una política económica y presupuestaria única, con gobierno único, lo que significa la desaparición de nuestros Estados naciones. 
Pero una moneda es algo vivo, en ella late el corazón de un pueblo; querer suprimirla es, en parte, querer repetir el sacrificio de Isaac por su padre Abraham, pero Dios fue el primero en detener su brazo. 
¿Podrá detener la votación antes de que se apruebe el sacrificio? 
Así lo deseo; pero perdurará en ustedes como una marca vergonzosa de la sangre de las once naciones que habrán hecho desaparecer, y la Historia dirá de ustedes: " Ruont in servitudinem». 
(Vivos aplausos de la extrema derecha) 
Señor Presidente, le agradezco al ministro de economía y al Consejo Ecofin su recomendación que este Parlamento Europeo aprueba. 
Quisiera también decirle a toda la Asamblea que ésta es una buena lección para el resto del mundo sobre lo que Europa puede hacer cuando hay voluntad política. 
Es un excelente ejemplo para nuestros propios ciudadanos y para el resto del mundo. 
Es por esta razón que la gente del ala extrema derecha de este Parlamento sienten tanto temor cuando la voluntad política de Europa se expresa en el modo que lo ha hecho hoy. 
El Presidente en ejercicio del Consejo Ecofin se ha referido a nuestros ciudadanos, a la necesidad de crear empleos, a la necesidad de solucionar la exclusión social y la pobreza. 
Lo que queremos, seor Presidente en ejercicio, no son declaraciones solemnes del Consejo. 
Lo que queremos ver es el trabajo detallado que se está llevando a cabo para la unión monetaria y el que se ha seguido para tratar la exclusión social y el desempleo. 
Esa es la señal más fuerte que podemos mandar a nuestros ciudadanos de que este proceso está dirigido a ellos y no sólo a los mercados financieros. 
Esta tarde esperamos ver un compromiso especialmente fuerte del Consejo y esperamos ver, en particular respecto a las directrices macroeconómicas, medidas apropiadas para atajar el desempleo en Europa. 
Desde luego, queremos alcanzar la estabilidad para Europa. 
Consideramos esto como un medio para frenar el desempleo, como un medio para reforzar el mercado interior de la Unión Europea. 
Pero aquélla tiene que ser complementada con políticas anexas que potencien la educación y la formación, que le den a los jóvenes una oportunidad, que aseguren que las regiones periféricas de la Unión Europea se incluyan y se beneficien de este proyecto. 
Es sobre esta base que los ciudadanos europeos juzgarán este proceso y no sólo sobre si el Banco Central es capaz de mantener la estabilidad de precios o si puede responder al crecimiento impulsado por las inversiones o crear nuevos empleos para nuestros ciudadanos. 
Otra cuestión que debe ser mencionada, y espero que el Presidente en ejercicio pueda referirse a ella hoy, es la cuestión de la coordinación política. 
He visto hoy la declaración y en mi opinión confirma que el Consejo Ecofin es la institución responsable de la coordinación económica en la Unión Europea. 
Esto es muy importante. 
No debe delegarse en organizaciones informales la cuestión de la coordinación política. 
Se trata de una responsabilidad de las instituciones oficiales de la Unión Europea. 
Saludamos su declaración pero le rogamos que siga avanzando en estos otros puntos de la agenda, en especial en la cuestión del desempleo. 
Señor Presidente, Señorías, ya se ha ensalzado suficientemente el momento histórico del día de hoy. 
Yo quiero expresar también mi agradecimiento a las muchas personas que no se encuentran en primer plano pero que han contribuido a hacer posible este histórico fin de semana, entre las que incluimos naturalmente también a los numerosos intérpretes de las cabinas. 
El euro va a ser fuerte a pesar de los mensajes negativos que se lanzan, como el del candidato a Canciller de Hanover/Baja Sajonia quien ha dicho que el euro es un sietemesino enfermizo. 
Tras una dieta de varios años y un estricto y consecuente programa de saneamiento, el euro llega al mundo. 
Los acuerdos de estabilidad vinculados a ello, tal como se acordó y se confirmó ayer de nuevo en el Consejo ECOFIN, ayudan a este jovencísimo euro a desarrollarse mirando claramente hacia adelante y no a perdiendo de vista el objetivo por estar doblegado por unas cargas estatales demasiado elevadas. 
Dotado de los necesarios accesorios, el euro solamente puede ganarse la confianza de los ciudadanos. 
Por ello ya no se va a prestar atención a aquellos que provocan confusión con declaraciones no bien recapacitadas. 
El objetivo de los próximos meses debería ser responder a los ciudadanos en el marco de una estrategia de información dirigida las preguntas que aún tengan. 
Todos los Estados miembros deben tener claro que no sólo las grandes y medianas empresas tienen que emplear a partir de 1999 el euro como dinero contable sino que los mismos Estados tienen también que practicar con el ejemplo. 
Tienen que incluir al euro en sus liquidaciones, integrarlo lo más rápidamente posible en la vida cotidiana y, de este modo, en las consciencias de las personas. 
El consumidor tiene derecho a la transparencia, sobre todo en la relación existente entre la moneda nacional y el euro. 
La doble indicación voluntaria de precios desde 1999 hasta finales del 2002 puede ser una ayuda al respecto. De este modo posiblemente se evitarán costosos escenarios transitorios en el primer semestre. 
Hoy, 2 de mayo, los semáforos se ponen en verde para el euro. 
Como PPE, vamos a impulsar hacia un buen futuro en el parlamento Europeo los objetivos claramente marcados, de conformidad con nuestras tareas. 
Señor Presidente, probablemente el Parlamento Europeo va a dar hoy por gran mayoría su voto favorable a un parto prematuro. 
Un bebé de nombre euro va a ver la luz del mundo en un momento en que aún no se cumplen importantes condiciones para que pueda prosperar y funcionar armónicamente. 
Como no consideramos acertado impulsar un parto prematuro que además no es absolutamente necesario, los liberales austríacos vamos a votar en contra. 
Con ello, no me pronuncio en contra del bebé euro como tal. 
En interés de los ciudadanos europeos va que este parto prematuro no se convierta en un aborto. 
No hay que escatimar esfuerzos para impulsar los pasos de armonización que aún hay que dar, para que la Unión Monetaria obtenga una base sana. 
Respecto a la participación en estos esfuerzos, como alguien que va a votar hoy en contra, quiero comprometerme y apelar a todos los colegas que van a votar también en contra, para que no miren demasiado hacia el pasado sino que avancen hacia el futuro de nuestra nueva moneda con un espíritu crítico pero constructivo... 
(El Presidente retira la palabra al orador por sobrepasar el tiempo de intervención) 
Señor Presidente, los socialistas españoles nos congratulamos de haber llegado a este momento. 
Durante los casi 14 años que España tuvo un gobierno socialista bajo la presidencia de Felipe González, no sólo nuestro país ingresó en la Unión Europea sino que, además, colaboró de una manera intensiva en la construcción europea. 
Concretamente, el nombre de la capital de España, Madrid, aparece ligado al euro al menos en dos ocasiones importantes: el Consejo Europeo de Madrid de julio de 1989 aprobó el plan Delors sobre la Unión Económica y Monetaria, y el 15 de diciembre de 1995 el Consejo Europeo de Madrid crea, efectivamente, esta nueva moneda europea. 
En consonancia con eso, el gobierno socialista español se esforzó por fijar los criterios de convergencia, y concretamente en el año 1994 el entonces ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, sometió el plan de convergencia de la economía española. 
El cambio de gobierno que se produjo en 1996 no alteró el rumbo de la política española, el actual gobierno continuó esa política, por ello le felicito y, por tanto, tenemos todos motivos para congratularnos de que hayamos pasado a una nueva etapa de la construcción europea. 
Señor Presidente, Señorías, el camino que conduce al euro ha sido, desde el comienzo, árido y cubierto de obstáculos. 
Se ha necesitado mucha firmeza, mucho valor, para llegar adonde estamos hoy. 
Rindamos homenaje a los actores de esta hazaña. 
No los citaré a todos en mi intervención de dos minutos. La Historia conservará sus nombres. 
Sin embargo, la jornada de hoy no es más que el comienzo de la función; aún queda mucho por hacer para que tras las flores prometedoras maduren los frutos. 
Para que el euro goce del clima de confianza que necesita, hoy el Consejo Europeo debe acabar con esta disputa digna de otros tiempos. 
A partir del momento en que se admite que sólo existe una moneda, que sólo existe una política monetaria y que el Banco Central será independiente, ¿qué sentido puede aún tener este psicodrama, con resabios nacionalistas, para saber si el responsable será un francés, un holandés, un finlandés o cualquier otra persona? 
¿Qué importa la nacionalidad de este candidato, siempre que sea competente, independiente y que goce de credibilidad? 
Este abuso evidente del derecho de veto, este poder de chantaje, que aún existe, ya no puede ser tolerado cuando se trata de designar titulares de funciones importantes. 
En el futuro habrá que recordarlo, cuando se modifiquen los Tratados, antes de la ampliación. 
Al Consejo le espera otra tarea: la coordinación de las políticas económicas, que siguen siendo nacionales, y de la política monetaria, que es federal. 
En este sentido, quizá el contenido del Tratado no sea suficiente, y sobre todo, el comportamiento del que el Consejo ha dado muestras hasta ahora, indicaba que habría sido necesario un impulso procedente de otro sitio, y concretamente del Parlamento. 
Finalmente, una última observación: puesto que sólo tenemos una política común, será necesario que con respecto al exterior y en las grandes organizaciones internacionales Europa hable con una sola voz. 
Señor Presidente, ¿dónde está Europa? 
¿Dónde está la verdadera Europa que ustedes tanto han publicitado como único remedio para los grandes males como el desempleo o la delincuencia organizada que afectan a los pueblos europeos? 
La omnipotencia de los Gobiernos ha alumbrado el euro, pero no quiere construir la Europa de la gente, la Europa de las regiones, la Europa federal, la Europa de los pueblos. 
Hoy se celebra la victoria del gran capital subvencionado, la victoria de los potentados económicos que, ayudados por la desinformación, hacen pagar a los ciudadanos y a las pequeñas actividades económicas el enorme coste del euro. 
La efervescencia de las pequeñas y medianas empresas es sofocada a diario por una tecnocracia cada vez más dirigista, alimentada por los intereses de los grandes capitales que dirigen esta Europa. 
Ciertamente no serán estas fórmulas financieras las que van a solucionar los grandes problemas de Europa. 
Una vez más se olvidan los verdaderos orígenes y los fundamentos de esta Unión, el papel de las autonomías, de los ayuntamientos y de las regiones. 
¡Hoy muere el sueño de una Europa federal! 
Señor Presidente, yo discrepo totalmente de quien me ha precedido. 
La Unión Europea da hoy un paso político decisivo para el futuro del Continente y señala un camino a otras grandes regiones del mundo, un camino de integración, de superación de los nacionalismos precursores de conflictos y de guerras. 
Se trata de nuestra mayor contribución a un nuevo orden mundial. 
Estamos orgullosos de que Italia haya creído firmemente en esta empresa: mérito de los italianos que han entendido y aceptado la carga de la prueba y de la clase dirigente que ha sido creíble y valiente. 
Ahora, tras el eclipse de varias décadas, Italia puede contribuir al futuro de la Unión desempeñando un papel adecuado. 
Vamos a contribuir con decisión a lograr que la Unión tenga una verdadera política económica común y unas Instituciones políticas representativas fuertes. 
Desde hoy Europa es más creíble como ejemplo de unión supranacional. 
Y será todavía más creíble para los ciudadanos europeos si empleará la fuerza del euro para solucionar el problema del empleo y del futuro de millones de jóvenes de este Continente. 
Señor Presidente, nos encontramos en un momento crucial de la historia europea. 
La introducción del euro es el símbolo del derrumbamiento de los muros entre los países, de la voluntad de trabajar juntos, la primera muestra de unidad que los ciudadanos tendrán cada día en la mano. 
Tras la Segunda Guerra Mundial y también antes de ésta, se realizaron tentativas para vincular las monedas europeas, primero indirectamente, a través del dólar, y más tarde en la serpiente y en el sistema monetarios. 
De vez en cuando, surgieron tensiones, como en 1992 y 1993, y también al principio del sistema monetario. 
Debido a las reacciones contrarias de los bancos centrales, algunos países a veces se vieron obligados a abandonar el sistema. 
El euro pone fin a la política monetaria nacional de los países del euro y a decenios de adaptaciones de los tipos de cambio, de desacuerdos sobre la estrategia que se debía seguir en la política monetaria. 
Ahora ha llegado el momento de cooperar y coordinar de forma intensiva la política económica. 
Quiero, desde este lugar, hacer una advertencia al Consejo Europeo para que el desacuerdo sobre la política monetaria no sea reemplazado por el desacuerdo sobre el presidente del Banco Central. 
Se causará un daño indecible a Europa si la imagen de transición armoniosa hacia la nueva moneda se ve alterada por la persecución de intereses nacionales. 
Rechazo el aplazamiento de la elección porque es de gran importancia que el Banco Central Europeo desde el principio pueda ocuparse de que el 1 de julio su propia Casa esté en orden y pueda abordar con plena dedicación la difícil tarea de la política monetaria europea. 
La candidatura del presidente del IME, que es el embrión del Banco Central, aporta continuidad a la transición de IME a Banco Central. 
Ése fue el motivo por el que Alexander Lamfalussy abandonó antes de tiempo el Instituto Monetario Europeo. 
Hago un llamamiento al Consejo para que mantenga esta línea. 
Por último, deseo, en interés del ciudadano europeo, que el euro sea estable y seguro, incluso en los momentos económicamente malos. 
Por fin pisamos la tierra prometida. 
Por fin existirá el euro. 
¿Y los criterios de convergencia? 
Recuerden a todos esos profetas que afirmaban que los criterios iban a asestar un golpe mortal a nuestras economías. 
Ha sucedido todo lo contrario; han creado las condiciones indispensables para un crecimiento y un alto nivel de empleo sostenible. 
Por lo tanto, tenemos el euro. 
Ahora hay que procurar que funcione. 
Dicho de otra manera, es imprescindible que esté bien gestionado. 
En este sentido, podemos confiar en el Banco Central Europeo y en las personas que estén al frente de éste, de la nacionalidad que sean. 
El BCE debe ser y será- no nos cansaremos de repetirlo- independiente. 
Lo cual no quiere decir que sus dirigentes deban estar como en una especie de estado de levitación, por encima del común de los mortales. 
Sin poner en entredicho su independencia, han de estar sometidos a un control democrático claramente identificado, en el cual nuestro Parlamento debe desempeñar un papel central. 
Pero el euro será un éxito sólo con la condición de que también se consigan coordinar nuestras políticas económicas. 
De ahí la importancia del Consejo del Euro; no- insisto- para servir supuestamente de contrapeso al Banco Central, sino para definir juntos los objetivos comunes de política económica. 
Dicho esto, hago una advertencia: no se trata de engañar a la opinión y de hacer creer a nuestras poblaciones fascinadas que el euro va a solucionar, como por arte de magia, todos nuestros problemas de desempleo; o, peor aún, que nos va a hacer a todos felices y dichosos. 
Con respecto al desempleo, hay que ser claro. 
Digamos, para simplificar, que su evolución depende en una cuarta parte de medidas europeas y en tres cuartas partes de medidas nacionales. 
Pero la ayuda de la moneda única será muy valiosa. Ésta creará condiciones favorables para la aplicación de las reformas estructurales nacionales, que- estoy convencido de ello- serán inevitables. 
Para concluir, permítanme expresar un deseo, Señorías: que el euro fortalezca nuestro sentimiento de pertenencia a un mismo pueblo, el pueblo europeo; y lo hará. 
Lo hará sin por ello borrar nuestras especificidades nacionales y regionales, que también forman parte de nuestra riqueza. 
Señor Presidente, la delegación del PASOK en el Parlamento Europeo saluda la importante decisión que se adopta hoy y que inaugura la moneda única. 
Creemos en la visión de una Europa Unida, sin odios nacionalistas, sin fricciones, una Europa basada en la mutua confianza, en la comprensión, en la unidad política entre sus pueblos. 
El establecimiento de la moneda única constituye el paso decisivo hacia la profundización de la unificación europea. 
Por ello cuenta con nuestro apoyo. 
Sin embargo, no nos engañemos. 
La cooperación a nivel político entre los Estados miembros y la moneda única no solucionan, por sí solos, los problemas económicos a los que están sometidos los trabajadores. 
No solucionan el problema del desempleo, ni el de la pobreza, ni el de la marginación; tampoco van a eliminar por sí solos las discriminaciones laborales en cuanto a sexo y edad, ni van a ser suficientes para fomentar la cohesión real entre las sociedades europeas más ricas y menos ricas. 
Comencemos la construcción de una política social y pongamos a su servicio la moneda única; para que la poderosa economía se ponga al servicio de lo colectivo; para que se alumbre una nueva era para la Europa social, una gran esperanza y un gran motivo de inspiración para todos sus ciudadanos. 
Señor Presidente, hoy es un día para la esperanza. 
El dinero ha sido con frecuencia motivo de conflicto entre los Estados y los pueblos. 
Hoy, Europa lo convierte en motivo de unión entre los ciudadanos. 
El proceso ha sido largo y difícil. 
Ha sido grande el esfuerzo de ciudadanos y gobiernos en los últimos años de convergencia. 
En el caso del gobierno español, ha sido ejemplar y decisivo para que hoy el euro nazca con 11 miembros. 
Mañana- y utilizo sus palabras, señor Presidente- los ciudadanos sentirán Europa en sus bolsillos, y ésa es nuestra gran responsabilidad: que la moneda- expresión tangible de la Europa unida- tenga la credibilidad, la estabilidad y la solidez que necesita y que deseamos para Europa. 
Para que así sea, en este día histórico que abre una nueva etapa de la construcción europea, este Parlamento debe renovar un triple compromiso con los ciudadanos: primero, velar por la independencia y eficacia del Banco Central Europeo; en segundo lugar, exigir la coordinación de unas políticas económicas generadoras de empleo y, por último, fomentar la solidaridad y la cohesión entre todos los ciudadanos y regiones de la Unión. 
Si así lo hacemos, les dejaremos a nuestros hijos no sólo una moneda común sino la garantía de un futuro en paz, verdadera razón de ser de la construcción europea. 
Señor Presidente, la confirmación, deseada por la gran mayoría de los portugueses, de que Portugal es uno de los once Estados miembros fundadores del euro enorgullece a todo mi país y fortalece los lazos que desde hace doce años nos unen a la Unión Europea. 
Por primera vez en este siglo, fruto de la democracia conquistada hace poco más de dos decenios y de una opción profunda y lograda en pro de la integración legítima en Europa, Portugal va en cabeza, al lado de los países y pueblos en este momento más avanzados de nuestro continente. 
Ha sido grande el empeño y no menor el esfuerzo. 
Pero ha valido la pena, porque hemos llegado en el momento oportuno al destino cierto. 
Portugal, de la mano de su Gobierno y de su Primer Ministro, António Guterres, llega, con el apoyo de la gran mayoría de los portugueses, al corazón de la construcción europea. 
Pero la historia no acaba aquí. 
Vivimos hoy el primer día del sueño antiguo de una Europa unida. 
Con la misma determinación con la que optamos por Europa, con el mismo rigor con el que hemos sabido cumplir los criterios de convergencia, Portugal seguirá siendo, con la estabilidad de sus políticas, un factor de crédito del euro. 
Los portugueses siguen, señor Presidente, necesitando a Europa. 
Y, a partir de hoy, Europa podrá más que nunca contar con el entusiasmo, las convicciones y el trabajo de los portugueses. 
Señor Presidente, todos comprenderán que en este momento desee rendir homenaje a Jacques Delors y a François Mitterrand, cuyo proyecto europeo ha contribuido ampliamente a la etapa que la Unión Europea se dispone a cumplir. 
Pero si hoy el euro es posible para Europa, es porque sus pueblos han aceptado realizar los esfuerzos necesarios para que sus países descubran una soberanía compartida, una libertad nueva. 
Esta nueva soberanía sólo tiene sentido si se la utiliza. 
Para eso es imprescindible una voluntad política colectiva. 
No debemos hacer trampas con los objetivos de la Unión Económica y Monetaria, y someterla únicamente a la lógica del mercado. 
Necesitamos progresar por la vía de la coordinación de las políticas económicas. Para ello necesitamos un gobierno económico democráticamente controlado, cuya viga maestra debe ser el Parlamento Europeo. 
La próxima reforma de nuestras instituciones no debe ignorarlo. 
El paso al euro demuestra la viabilidad del método comunitario. 
Mañana debe utilizarse la misma determinación para crear una unión política, una Europa social y de la solidaridad. 
El euro da a Europa la oportunidad de un nuevo comienzo. 
Corresponde ahora a los responsables políticos utilizar esta nueva soberanía que hemos adquirido. 
Señor Presidente, hoy entregamos a las generaciones de la posguerra, que vivieron las divisiones del Continente, el fruto de una utopía convertida en realidad, y a las nuevas generaciones un motivo de compromiso y de esperanza de cara al futuro, un mito concreto como decía Alcide de Gasperi. 
Nace una moneda que cambia el panorama mundial que se dirige hacia un bipolarismo monetario; se asientan las bases de la relación entre el Banco Central Europeo y los bancos nacionales y de un nuevo federalismo europeo; se reconstruye el tejido ético de la sociedad europea en torno a los fuertes valores de la responsabilidad y de las virtudes cívicas, requeridos por los compromisos de la nueva moneda, y ante nosotros las señales de un camino que va más allá: después de la Unión Monetaria, la Unión Económica. 
Debatir juntos, cada año, las decisiones en materia de política económica significa hacer política. 
Por ello, hacen falta nuevas Instituciones europeas, más eficientes, más transparentes, más capaces de tomar decisiones. 
Señor Presidente, hace tan sólo tres años, se pensaba que la Unión Monetaria se constituiría con 5 países. 
Hoy alcanza a 11 países, gracias a sus extraordinarias actuaciones, no siendo menos importantes las de mi país que, tras haber adquirido confianza en sí mismo y ambición europea, ha contribuido a ampliar el ámbito de la nueva moneda y a dar el realce histórico que se merece a este día. 
Señor Presidente, muchos en Europa se dan cuenta del carácter histórico del paso que damos; puesto que la decisión que adoptamos hoy, a fin de que la Unión Económica y Monetaria comience para once Estados miembros, cambiará a Europa más profundamente que cualquier otra decisión adoptada desde la creación de la CEE en 1957. 
Sin embargo, no olvidemos que una moneda y una política monetaria no son suficientes. La UEM sólo puede tener éxito si la cooperación económica mejora sustancialmente. 
Únicamente logrará abordar y favorecer a nuestros habitantes, si supone no solamente más estabilidad, sino también más crecimiento y empleo. 
Por ello, el euro no es solamente el finish de un gran proyecto, sino que debe ser también el principio de un proyecto todavía mayor que, a través de esfuerzos conjuntos, conlleve una disminución del paro en Europa. 
Comencemos hoy, en efecto, ese nuevo proyecto económico y social. 
Señor Presidente, es éste un día de gran significado para Europa y para el mundo, con la adopción de una decisión que será un factor decisivo de progreso y aproximación entre las personas y entre los pueblos. 
Al haberse cumplido las condiciones necesarias, el euro aparece más fuerte y con mayor crédito por ser adoptado desde el inicio por la mayoría de los países de la Unión, tanto del Norte como del Sur. 
El tiempo demostrará que no tenían razón de ser los recelos de algunos, que preferían limitarlo en el inicio a un espacio próximo a la zona del marco, pues la ausencia de especulación entre nuestras monedas en estos últimos meses- cuando podría haberse producido- es un testimonio inequívoco de la confianza recíproca que ya se ha creado. 
Y es otra impresión de fuerza causada por una moneda que no divide: al contrario, comienza ya a reunir a todos los europeos comprometidos en el mismo proceso. 
Para Portugal, la adhesión al euro, con el cumplimiento claro de los criterios de Maastricht, constituye también un testimonio inequívoco de nuestra capacidad y de nuestra unión, en un recorrido que comenzó con el gobierno anterior y continúa con el gobierno actual, que representa a gran parte de la población, con el mantenimiento de tasas apreciables de crecimiento y niveles de desempleo de los más bajos de nuestro continente, pero ahora también con exigencias mayores de reformas estructurales que no se pueden seguir aplazando. 
Cuando se asiste a un proceso irreversible y deseable de apertura al exterior, en un mundo en el que adquieren un relieve cada vez mayor países de lengua portuguesa con los que estamos tan estrechamente vinculados, nos congratulamos también por ser participantes iniciales en una moneda que no aparece contra nadie, una moneda que será, en Europa y fuera de Europa, un factor importante de estabilidad y progreso. 
Señor Presidente, todos sabemos que en mi país, Suecia, se tienen grandes dudas respecto de la unión monetaria. 
Sin embargo, creo que todos- tanto los que creemos que el euro es la consecuencia lógica del mercado común y una manera de fortalecer la política económica en Europa como aquellos que dudan o simplemente se oponen a la ideaestamos de acuerdo en que la decisión tomada hoy es histórica. 
También podemos estar de acuerdo en que se trata de una decisión importante, no sólo para los países cuya adhesión votaremos pronto, sino que también es una decisión que de manera sensible nos afecta a todos los que, por diferentes razones, nos encontramos fuera. 
Hoy quiero decir aquí que también para nosotros que no participamos desde el comienzo es importante que el euro tenga éxito y que llegue a ser una plataforma para el crecimiento y el empleo. 
Espero que mi país también pueda contribuir a esta política de crecimiento y empleo, aunque ahora hayamos elegido quedarnos fuera de la UEM. 
Señor Presidente, en raras ocasiones un nacimiento ha chocado con unos sentimientos tan encontrados como el del euro. 
Pero no se trata de un parto prematuro ni de un aborto. 
Para un país como Austria que está vinculado desde hace dos decenios al marco alemán, es lógico ir con él a la Unión Monetaria. 
Estamos también aliviados de que participe Italia, cuyas oscilaciones monetarias nos han ocasionado grandes pérdidas en los últimos años. 
Un gran mercado interior solamente puede funcionar con una moneda común. 
Pero el euro en si no es aún una garantía. 
Hay que asegurar su valor de modo sostenido. 
El dinero europeo obliga a una cultura europea de estabilidad, no en último lugar en interés de la seguridad social y del trabajo en Europa. 
El euro tiene que ganarse nuestra confianza. 
El conflicto sobre quién debe figurar a la cabeza del Banco Central Europeo ya ha dañado esta confianza. 
Los padres no deben pelearse ya antes del nacimiento del niño. 
Sólo si el euro se convierte en un aglutinante político, este fin de semana de Bruselas merecerá pasar a la Historia. 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, el euro es hasta ahora el elemento que junta y mantiene unidos a los Estados europeos. 
Como austríaco estoy orgulloso de que nuestro país participe desde el principio en la Unión Europea y estoy contento de que nuestros interlocutores comerciales más importantes, en especial, Alemania e Italia, participen asimismo desde el principio. 
No obstante, va a ser necesaria una gran sensibilidad para demostrar a nuestra población que lo que queremos afianzar con la introducción del euro es una Europa unida, una Europa de las ciudadanas y ciudadanos. Aquí se incluye sobre todo el aseguramiento y preocupación por los puestos de trabajo. 
Tenemos que demostrar que 20 millones de parados es para nosotros algo inaceptable. 
Tenemos que demostrar día a día que hemos ahorrado para tener un sistema estatal más sano y eficaz que puede impulsar una política de empleo concreta. 
Los empresarios de nuestro continente deben ser estimulados a crear puestos de trabajo mediante una reestructuración del sistema fiscal. 
Tenemos el euro y la Unión Monetaria en nuestras cabezas pero muchas de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos no lo tienen aún en sus corazones. 
Esta es la tarea que debemos cumplir en los próximos años. 
Señor Presidente, los ciudadanos de once Estados miembros de la UE estrechan hoy aún más su relación mutua. 
La moneda común no significa únicamente una nueva dimensión a nivel de cooperación económica, ya que también es significativa en el ámbito político y de seguridad. 
Estoy orgulloso de que Finlandia, aunque sea mencionada en el último lugar de la lista de los Estados participantes, sea uno de los tres países que cumplen todos los criterios de convergencia iniciales. 
Este hecho es consecuencia de la política económica enérgica y ejemplar que ha llevado a cabo este país. 
A continuación está prevista la elección del consejo de dirección del Banco Central Europeo. 
Espero que esta elección sea representativa de la amplitud de opiniones en materia de política económica. 
Espero también que se tome en consideración la igualdad entre hombres y mujeres. 
Finlandia cuenta con una candidata extraordinaria que reúne perfectamente ambas condiciones, la actual Gobernadora del Banco de Finlandia y doctora en Ciencias Económicas, la Sra. Sirkka Hämäläinen. 
Señor Presidente, estimados colegas, este fin de semana constituye un momento histórico para la unidad europea. 
La introducción del euro es a la vez el punto final de un largo proceso y un nuevo principio histórico. 
La llegada del euro ofrece grandes posibilidades no solamente económicas sino también para el empleo. 
Los bajos costes de cambio, la estabilidad de los precios y el desarrollo de las rentas que de esto resulta, propician el crecimiento. 
Ahora todo ello depende de si se protege fuertemente la introducción del euro, no sólo mediante la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, sino también con una política económica voluntarista para la propia Europa. 
Nos alegra especialmente que desde los cambios de gobierno producidos en Francia y en el Reino Unido, últimamente se hayan dado pasos en la dirección adecuada. 
Hay un primer embrión de gobierno económico. 
Debemos ahora continuar ese camino. 
El empleo debe ser el verdadero objetivo central de Europa. 
Además de eso, debemos intentar utilizar la llegada del euro como palanca, palanca para una mejor coordinación fiscal, social y ecológica. Esto es necesario para garantizar que la plusvalía del euro contribuya al máximo a lograr una Europa más habitable para las personas que viven en ella. 
Señor Presidente, me satisface mucho poder tener la oportunidad de hablar en este histórico debate. 
La Unión Europea ha dado hoy un gran paso tanto hacia la integración política como económica. 
El euro se convertirá, seguramente, en el símbolo de nuestra interdependencia y un incentivo para los Estados de la Unión Europea para que profundicen la cooperación. 
Quisiera hacer constar los esfuerzos de Karl von Wogau, su comité, y desde luego, de este Parlamento por su dedicación a este proyecto a lo largo de estos años. 
También tenemos que reconocer el liderazgo del Canciller Kohl. 
Sin su fuerza y su visión nunca habríamos podido llegar hasta aquí hoy. 
En esta histórica ocasión quiero expresar que espero que todos los Estados miembros se unan a la moneda única en breve. 
Quiero hacer mención especial al Parlamento Irlandés por su aproximación pragmática y sensible al proyecto. 
Cuando Irlanda ingresó en la Unión Europea se encontraba en el 59 % de la media comunitaria. 
Hoy estamos en la media comunitaria. 
El marco europeo ha sido bueno para Irlanda. 
Será mejor con la moneda única y será bueno para todos los Estados miembros. La necesitamos más que los estados grandes. 
Señor Presidente, Dinamarca ha demostrado que se pueden combinar los esfuerzos por consolidar una economía fuerte con una disminución del desempleo. 
Esto ha de ser el objetivo de la UE. 
En un día como hoy debemos recordarnos mutuamente que la Unión Económica y Monetaria debe ser el proyecto de los ciudadanos. 
El empleo no sólo gira en torno a estímulos económicos, sino también a la cualificación de la mano de obra. 
No cabe ninguna duda de que el euro no sólo influirá hondamente en los 11 países participantes, sino también en los países que observan desde la grada. 
Dinamarca se alegrará sin duda de una exitosa puesta en marcha de la tercera fase de la UEM. 
Pronto tendremos una votación sobre el Tratado de Amsterdam en Dinamarca. 
Permítaseme recalcar que la reserva danesa sobre la UEM se mantiene firme al 100 %. 
Es la decisión de los daneses. 
No obstante, en nombre de los socialdemócratas daneses me gustaría desearles a los 11 países mucha suerte y éxito con el euro. 
Votamos a favor. 
La reserva danesa no impide que otros tomen parte. 
Señor Presidente, es evidente que la controversia en torno a la presidencia del Banco Central Europeo no es esencial. 
En este día histórico en que los europeos consolidan su destino común, lo único que debe interesarnos es la aplicación del euro. 
Los luxemburgueses están orgullosos de haber contribuido durante los últimos decenios a la creación de la moneda única. 
Han estado incluso presentes en sus orígenes. 
Les remito al informe Werner de comienzos de la década de los 70, donde el ex primer ministro luxemburgués había concebido los elementos que constituían la futura moneda única, elementos que finalmente sirvieron para crear el euro. 
La moneda única representa para nosotros el sentido común económico, un medio eficaz para fortalecer la posición de Europa en un mundo globalizado, y ante todo un instrumento para hacer irreversible la Unión, a fin de consolidar la paz para las generaciones futuras. 
Señor Presidente, junto con el pueblo luxemburgués, me emociona y enorgullece participar hoy en esta contribución sin par a la historia de los pueblos europeos. 
Señor Presidente, cuando adoptamos soluciones en torno al futuro de Europa y de los europeos, nos encontramos en la misma situación que el escritor ruso Lev Tolstói en " Guerra y paz» , en medio de una serie de acontecimientos en continuo movimiento. 
Si bien comprendemos su significación, hemos de admitir que no vemos todavía el carácter global de este momento. 
El acontecimiento podrá percibirse como totalidad una vez que haya tenido lugar y se haya convertido en parte del pasado. 
Un nuevo Estado miembro que ha sufrido una violenta recesión durante la década de los 90, Finlandia, ha logrado gracias a una enérgica actividad política incorporarse y participar de manera esencial en la creación de la Europa del futuro. 
Las decisiones han sido conscientes y se han adoptado con arreglo a las informaciones disponibles y a las mejores previsiones posibles. 
Señor Presidente, me siento muy feliz de ver nacer la Europa monetaria. 
En tanto que nueva profundización de la integración europea, la Unión Monetaria constituye, pues, una garantía suplementaria contra los nacionalismos agresivos, que durante este siglo han acarreado tantos infortunios a mi país, como a toda Europa, y que amenazan con reproducirse. 
El mejor medio para combatir estos nacionalismos agresivos es garantizar juntos nuestra prosperidad económica y social, a la que el euro contribuirá, si existe voluntad política. 
Como ciudadano de un país pequeño, estoy convencido de que el euro nos permitirá compartir una soberanía monetaria común más fuerte que si cada uno se quedase en su casa. 
Por eso hay que hacer un llamamiento a los Estados que no ven con buenos ojos el hecho de unirse a la Europa monetaria. 
Quedándose fuera, se debilitan y nos debilitan. 
Amigos ingleses, suecos, daneses, griegos, únanse pronto a nosotros. 
¡Es bueno para ustedes, para nosotros y para todos! 
Señor Presidente, los socialistas irlandeses también nos congratulamos de que hayamos llegado a este momento. 
Como otros oradores han dicho puede que éste sea el momento de mayor trascendencia histórica en Europa en los últimos 40 años. 
Creo que este euro va a tener éxito. 
No obstante en mi intervención quiero llamar la atención sobre un punto que me parece que no ha sido adecuadamente tratado. 
Me refiero al artículo 109m del Tratado de Maastricht que establece que las políticas de tipos de cambio deben hacerse en el interés común. 
En mi opinión la Comisión y el Consejo aun no han tratado esta cuestión suficientemente. 
Existe una responsabilidad de todos los Estados miembros, pero en particular de aquéllos que han decidido no tomar parte desde el inicio en la en la UEM. 
Evidentemente me estoy refiriendo a Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca. 
Esto es de un interés vital para mi país, Irlanda, y para Finlandia. 
Espero que no se le permita a Gran Bretaña emprender súbitas devaluaciones de la libra esterlina. 
Quizá el Presidente en ejercicio pudiera asegurarnos este extremo. 
Europa ha recorrido un largo camino en estos últimos 40 años pero la decisión de hoy es sin duda una de las más importantes jamás tomada. 
Europa se encuentra en un proceso que abre un nuevo capítulo en su desarrollo. 
Hoy estamos asistiendo a la creación de una Europa que nunca antes ha cooperado tan estrechamente, una Europa de paz verdadera y estabilidad, una Europa de gran prosperidad económica. 
Me siento orgulloso de que tal decisión se haya tomado bajo la Presidencia británica. 
Estoy igualmente orgulloso de que el gobierno británico laborista sea el primer gobierno británico en tener un compromiso de principios con la participación del Reino Unido en la moneda única. 
Estoy seguro de que el euro va a ser una moneda fuerte y con éxito y confío en que las economías británica y europea vayan cooperando en aumento de modo que se deje una puerta abierta a la participación británica en esta gran empresa europea. 
Hoy, avancemos unidos en nuestro compromiso común de asegurar que el euro opere en beneficio de nuestros pueblos. 
Señor Presidente, ha sido un privilegio, no sólo como uno de los 15 Ministros de Economía, sino un privilegio como ciudadano de Europa, poder haber estado hoy en este Parlamento y escuchar cerca de 50 intervenciones apoyando las recomendaciones de los Ministros de Economía. 
En primer lugar quiero dejar constancia de la elocuencia, la pasión, el compromiso y el sentido de la historia que se ha sacado a relucir en estos debates esta mañana. 
Quiero asegurar que los derechos y responsabilidades del Parlamento no sólo serán reconocidas hoy sino en todo lo que hagamos en el futuro. 
Quiero unirme a todos aquellos que han dado las gracias a la Comisión, al Instituto Monetario Europeo y al personal del Parlamento por la manera expedita y ordenada en la que hemos llegado al punto de esta histórica decisión. 
También quisiera darle las gracias a todos aquellos que en estos últimos 50 años, en los que la unión aduanera se convirtió en mercado común, el mercado común en mercado único y ahora el mercado único en moneda única, han contribuido a un logro que es reconocido en todo el mundo. 
(Aplausos) Como respuesta a las cuestiones que se han mencionado en el debate, puedo decirle al Parlamento que no sólo ha sido la decisión de los Ministros de Economía que hoy estamos recomendando unánimemente, sino que también hemos seguido y continuaremos siguiendo en su letra y espíritu las obligaciones contenidas en el Tratado. 
Puedo afirmar que en la creación del euro-x el papel de coordinación del Ecofin, los Ministros de Economía de los 15, no sólo ha sido reconocido, sino que ha sido fortalecido en el modo en que vamos a vigilar y monitorizar la política económica en toda la Comunidad. 
Puedo decirle a este Parlamento que se han hecho progresos y que creo que en breve estaremos en disposición de poderles informar sobre éstos. 
Permítanme decir, como han hecho casi todos los oradores, que las decisiones que recomendamos hoy no sólo son el final de un proceso de negociación y acuerdo sino también el comienzo de un nuevo desafío para nuestro continente. 
Coincido prácticamente con casi todo el mundo que ha dicho que la moneda única que estamos creando no la hacemos sólo porque sí sino con un determinado fin. 
El fin es la creación de mayores niveles de crecimiento, empleo y prosperidad para todo el continente. 
(Aplausos) Es por esta razón por la que los planes de empleo y las nuevas directrices de reforma que hoy les presento son tan relevantes para los Ministros de Economía. 
Permítanme decir algo. Las decisiones que tomamos muestran una Europa que no sólo está más unida sino que está más abierta hacia el futuro, a ser internacionalista y a responder generosamente a las necesidades de los pobres de todo el mundo. 
Por último, somos conscientes de nuestros intereses mutuos y de nuestro destino compartido. 
Estamos comprometidos a avanzar en los objetivos comunes a través de la disciplina y la reforma. 
Hemos acordado apoyar el crecimiento y el empleo y alcanzar la prosperidad para todos. 
Tenemos en cuenta las necesidades de los parados y de aquéllos que están socialmente excluidos. 
Sobre esta base vamos a avanzar con decisión y confianza en el futuro, y hoy, con la misma visión que mostraron hace 50 años aquellos que fundaron la Unión Europea, vamos a aceptar los grandes desafíos que juntos no sólo vamos a asumir, sino también lograr. 
(Aplausos vivos y prolongados) 
El debate queda cerrado. 
Antes de proceder a la votación quiero dar las gracias a todos aquellos funcionarios de nuestro Parlamento y otras instituciones comunitarias que han hecho posible con su trabajo en estos días de vacaciones que podamos tomar adecuadamente esta decisión. 
Nuestra votación sobre la recomendación del Consejo relativa a los Estados miembros que cumplen las condiciones necesarias para la adopción de una moneda única de conformidad con los apartados 2 y 4 del artículo 109 J del Tratado CE (7884/98- C4-0250/98-98/0812 (CNS) ) y propuesta de dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, de conformidad con el artículo 79 bis del Reglamento del Parlamento Europeo se basa en lo siguiente: 
la recomendación de 1 de mayo de 1998 del Consejo en su formación de Ministros de Economía y Hacienda, relativa a los Estados miembros que cumplen las condiciones necesarias para la adopción de una moneda única; -la consulta por el Consejo, reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno, de conformidad con los apartados 2 y 4 del artículo 109 J del Tratado de la Comunidad Europea; -el artículo 79 bis de nuestro Reglamento; -y la propuesta presentada oralmente por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.Tiene la palabra el Sr. Gollnisch para une cuestión de orden. 
Hemos escuchado el emocionante alegato del Sr. Presidente del Consejo, que es, según creo, ministro inglés. Y no podemos menos que sorprendernos, al escuchar este alegato tan emocionante, de que el gobierno... 
Señor Gollnisch, no se trata de una cuestión de orden, sino que usted continúa con el debate. 
Lo lamento, pero éste ha concluido. 
Procedemos a la votación. 
(El Parlamento aprueba la recomendación y con ello emite dictamen conforme sobre el texto) 
(El Parlamento saluda el resultado de la votación con fuertes y prolongados aplausos) 
Transmitiré el dictamen conforme del Parlamento al Consejo reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno y a la Comisión. 
(A continuación, en presencia del Sr. Brown, Presidente en ejercicio del Consejo, del Sr. Santer, Presidente de la Comisión, del Sr. Von Wogau, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, y ponente, y de la Sra. Randzio-Plath, presidenta de la Subcomisión de Asuntos Monetarios, firma la carta de transmisión del dictamen conforme) 
Señora Presidenta, Señorías, hoy hemos conseguido que llegara a puerto el barco que transportaba todos los ingredientes indispensables para crear la moneda única europea: confianza, mejor estabilidad, compromiso común y lógica colectiva que supera la individual. 
Como en todos los barcos que han llevado a cabo una larga travesía se ha infiltrado y transportado también algún germen patógeno como la incertidumbre y el escepticismo que, sin embargo, estamos venciendo gracias a esa gran medicina que es la esperanza. 
Por primera vez desde el Imperio Romano, los europeos utilizarán la misma moneda de Irlanda al Mediterráneo. 
El mérito de todo esto, aunque queda todavía mucho por hacer, no es sólo nuestro o de una política provisional de un Gobierno de algún Estado miembro, sino de los sacrificios de los trabajadores, de los sectores económicos y profesionales y de todos los ciudadanos. 
Nuestro Grupo apoya este compromiso votando favorablemente, salvo algún colega diputado que, a título personal, ha votado de otra forma. 
Nosotros hemos apreciado en el documento de hoy la síntesis del trabajo realizado a lo largo de todos estos años por el Parlamento y por todas las Instituciones europeas. 
Después del euro, ahora tenemos que construir Europa. 
No debemos escatimar esfuerzos para solucionar los grandes problemas de la Comunidad: el desempleo, la injusticia, la violencia, la defensa del medio ambiente, el desarrollo cultural y de la libertad personal. 
Tenemos que conseguir que todos los ciudadanos entiendan que hoy Europa es la moneda única, pero mañana, también gracias a la moneda, será una unión política. 
Hemos creado la moneda única: es mucho, muchísimo, pero no lo es todo. 
Los ciudadanos europeos esperan de nosotros grandes y urgentes cosas. 
Nos piden que luchemos para conseguir también en el ámbito social las victorias que hoy estamos obteniendo en el ámbito económico, a fin de ayudar a resolver los grandes problemas cotidianos. 
Mientras tanto, sin embargo, podemos repetir con serenidad lo que Gandhi dijo: » Me conformo con un paso». 
Señora Presidenta, una gran mayoría del Grupo de los Verdes ha votado a favor de que once países conformen la zona del euro a principios del próximo año. 
Este carácter amplio es importante para la UEM-11, ya que el euro no debe dividir la Unión Europea. 
El mayor desafío a nivel mundial es la creación de estabilidad una vez que los capitales puedan moverse con plena libertad. 
Se debe hacer uso del euro en la cooperación con el resto de las grandes divisas para crear una estabilidad de alcance mundial, si bien es importante al mismo tiempo reforzar la democracia en la Unión Europea. 
Los ciudadanos han de poder influir en mayor medida que en la actualidad en esta Unión, con objeto de evitar que crezca aún más el abismo que separa a los ciudadanos de sus políticos. 
Sin embargo, estas posibilidades de orden político no deben impedirnos ver en qué medida son imprevisibles las consecuencias económicas del euro. 
Necesitamos concienciarnos de los riesgos y asumir una responsabilidad común. 
Aún hoy las diversas economías nacionales son muy distintas entre sí, y su desarrollo económico tiene lugar a distinto ritmo. 
En el futuro, será preciso poder equilibrar con medios de la Unión también estas perturbaciones y crisis a las que se puede ver abocado alguno de sus Estados miembros. 
Se debe dejar ya de dar prioridad al saneamiento de las economías públicas, ya que complicaría considerablemente la paz social y el empleo. 
La política monetaria ha de ser abierta y debe estar justificada. 
El Parlamento Europeo tiene ante sí la considerable tarea de lograr que el Banco Central Europeo justifique abiertamente sus decisiones o de que, cuando menos, las justifique. 
Se debe utilizar el euro para crear una Europa social, y la Unión debería desmarcarse de las tendencias neoliberales que dificultan la construcción de esta Europa social. 
Señora Presidenta, me siento ahora exactamente como aquellos que estaban en el muelle diciendo adiós al flamante barco Titanic, el cual a ciencia cierta no podía hundirse. 
Espero que en el puente de mando no discutan tanto que el barco se hunda. 
No obstante, si ha de hundirse, entonces es mejor que sea ahora, cuando los pasajeros aún puede ganar a nado la costa y utilizar las monedas nacionales como cinturones salvavidas. 
El auténtico trayecto peligroso comenzará en el año 2002, cuando se arrojen los cinturones salvavidas. 
Entonces puede producirse un grave motín acompañado de discusiones y, lo que es peor, entre, por ejemplo, Francia y Alemania. 
El euro es un experimento peligroso que terminará por hacer odiosa la necesaria cooperación internacional y mi grupo ha votado en contra en el día de hoy. 
Por lo demás, me gustaría felicitar a los 11 países comunitarios con la capacidad para hacer caso omiso de toda teoría económica. 
¿En qué manual figura que una unión monetaria funciona mejor cuando sólo hay dinero y política monetaria? 
¿Dónde aparece entonces que el tipo de cambio debe ser constante cuando la competitividad empeora o mejora? 
Espero por los 11 países que el experimento salga bien. 
Tiene, a pesar de todo, mayores posibilidades para triunfar que la revolución cultural china, en la que también se hizo caso omiso de las leyes de la economía. 
Sin embargo, el sentido común dice que la UEM en su configuración actual o bien naufraga en su encuentro con el mercado o bien debe verse seguida por una unión política con un gobierno común para dirigir una política de rentas, una política financiera y otras políticas económicas en dosis precisas en provecho de los hombres y mujeres de Europa. 
Recuerden: Una moneda única no es la finalidad de la vida, sino, a lo sumo, un instrumento para hacer felices a las personas. 
Cuando la unión monetaria se aprobó, teníamos 12 millones de desempleados. 
Ahora tenemos más de 18 millones sin trabajo, de modo que si se ha de calificar a la unión monetaria de éxito, entonces es la escala la que está equivocada. 
Señor Presidente, los neerlandeses de la Unión por Europa están a favor del euro, pero, sin embargo, han votado en contra. 
A favor del euro, porque se trata claramente de una necesidad histórica. 
Contra el euro, porque los requisitos para tener un euro estable a corto plazo no se cumplen de forma suficiente y no existen sanciones obligatorias para respetar los criterios. 
El aplazamiento del euro sería lo mejor. 
Por ello, en nuestro país todavía queremos un referéndum, de otra manera los padres de Europa podrían sufrir las consecuencias y la aprobación amenaza con imposibilitar una mayor integración de la política europea. 
Ninguno de los partidos políticos tradicionales de los Países Bajos ha hecho del euro una cuestión importante de cara a las elecciones del próximo miércoles. 
Eso constituye un indicio sumamente negativo para una Europa democrática. 
Por ello, de ningún modo queremos participar. 
Señora Presidenta, el Tratado de Amsterdam ha dejado las Instituciones europeas en su prehistoria comenzando por el Parlamento que carece de poderes decisorios y definitivos. 
Los integristas monetarios nos dicen que la moneda única es la única vía para anticipar la unión política. 
Esta ortodoxia dirigista cultiva la ingenua esperanza de desintegrar, desde dentro, los Estados nacionales. 
Pero la historia nos recuerda que han sido siempre las instituciones políticas las que han creado la moneda y no lo contrario. 
Hoy no se propone que el Estado europeo acuñe la moneda, sino que la moneda acuñe el Estado europeo. 
La Unión Europea avanza con un Banco Central supranacional y sin una unión política ni una fiscalidad común. 
Desde hace tiempo la integración monetarista manifiesta sus límites: paro juvenil extremadamente alto, ninguna política económica común, crisis del Estado social en todas partes, bloqueo de las políticas medioambientales, nuevas pobrezas, marginación de los más débiles. 
Se dice que la moneda única responde al imperativo de la globalización. 
Pero ¿no corresponde más bien al propósito de crear un bloque regional para competir duramente con los Estados Unidos y Japón? 
En definitiva, se ha invertido la secuencia europeísta: en lugar de abandonar la lógica de los tratados entre los Estados para pasar a la de la Constituyente europea, se opta por una moneda única lanzada al vacío. 
Es un juego de azar que supone arriesgar mucho y que no ofrece ni garantías ni contrapartidas. 
Durante años he trabajado en pos de una Europa diferente y no puedo votar a favor de la que, en mi opinión, es una aventura autoritaria e ilógica. 
Señora Presidenta, Señorías, el mío es un voto que discrepa del expresado por mi Grupo, ya que, en mi opinión, ninguno de los problemas que plantea la moneda única representa, en esta etapa histórica, una auténtica cuestión de conciencia y, por lo tanto, en mi calidad de diputado europeo que siempre he tenido como bandera la Europa de los pueblos y la Europa de las regiones, no puedo más que respaldar el nacimiento de la moneda única, la primera gran y auténtica repulsa de la soberanía de los Estados nacionales centralistas y enemigos de toda autonomía. 
Considero así cumplido el compromiso que contraje solemnemente con los electores de Piamonte, Aosta, Liguria y Lombardía que creen plenamente en las razones de la autonomía política y cultural. 
Lo que acabo de manifestar justifica mi voto personal favorable, en discordancia con la declaración del portavoz de mi Grupo. 
Señora Presidenta, como la mayoría de mis colegas en esta Asamblea, quisiera adherirme a la celebración general en este día histórico. 
Pero mi alegría está teida de tristeza porque mi país, Escocia, no va a tomar parte en este histórico avance de Europa. 
Como escocés quisiera hacer constar que creo que la mayoría de los escoceses hubieran apoyado un paso hacia la moneda única europea si hubieran tenido la oportunidad de expresarlo en un referéndum. 
Quizá se pregunte por qué Escocia no da ese paso adelante. 
El Sr. Bonde utilizó la analogía del Titanic. 
Somos como el bote de salvamento que está amarrado al Titanic. 
Desgraciadamente el gobierno de Londres ha conducido en la dirección equivocada y me parece irónico que un año después de la entrada del Sr. Blair y del Sr. Brown en Downing Street ahora celebren haber perdido el eurobarco. 
De todos modos esto es una aberración temporal y preveo que no dentro de mucho un parlamento escocés votará la adhesión a la moneda europea y Escocia, junto la resto de Europa, avanzará hacia nuestro destino común. 
Señora Presidenta, hoy un sueño se convierte en realidad. 
El euro va a ser un nuevo símbolo de la unidad de Europa. 
Crea las necesarias condiciones para más inversiones, un crecimiento sólido y unos puestos de trabajo duraderos. 
Las trabajadoras y los trabajadores, es decir, la amplia mayoría de nuestra población europea, se van a beneficiar de que las tasas de inflación sean reducidas, de que el endeudamiento público siga reduciéndose, de que los intereses a largo plazo desciendan y de que desaparezcan las oscilaciones en los tipos de cambio. 
La Comisión Europea ha dado a conocer antes de nosotros, el Parlamento Europeo, su recomendación para los once Estados miembros sobre el espacio del euro. 
Anteayer hemos emitido nuestro dictamen al igual que ahora. 
Tengo que felicitar al Canciller Federal, Helmut Kohl, por su tenacidad y capacidad a la hora de poner en marcha políticamente a tiempo el euro. 
Ha tenido perseverancia y no se ha dejado nunca confundir por personas irresolutas y críticos parciales. 
Esta actitud es la base para confiar justificadamente en el euro y en un futuro estable de Europa. 
Señora Presidenta, le doy las gracias por permitir que una voz liberal destaque el alcance histórico de nuestra votación y de esta entrada en el euro, que, al optarse por una moneda estable, representa la elección de un tipo de sociedad y una especie de glorioso adiós al siglo XX, al término de ese gran y funesto paréntesis abierto por la Primera Guerra Mundial, durante el cual las fluctuaciones monetarias y las pérdidas de referentes han progresado paralelamente y en detrimento de una cohesión basada en la confianza en el contrato social que significa la moneda. 
Se trata igualmente de una alternativa de poder, lo que supone la capacidad de intervenir en los asuntos mundiales, capacidad que las guerras mundiales habían desgastado, y que es acorde con la elección del general De Gaulle de volver al patrón oro. 
Ciertamente, el instrumento será diferente. 
En lugar de un patrón material, tendremos un conjunto contractual, definido por normas de gestión, pero las finalidades son del mismo orden: evitar que el libre arbitrio de un actor privilegiado monopolice una función esencial para el interés general. 
Saludemos, pues, como es debido, señora Presidenta, esta victoria común, paradójica y póstuma del general De Gaulle y de Raymond Poincaré. 
Señora Presidenta, el respeto que me merecen usted, mis colegas y los funcionarios que están esperando, en un día como el de hoy, en que se les ha pedido un gran esfuerzo, solicito excepcionalmente su autorización para realizar mi explicación de voto por escrito. 
Señora Presidenta, como sueco siento alivio de quedarme en el muelle cuando el Titanic se hace a la mar, como dijo Bonde. 
Como europeo, sin embargo, lamento que se obligue a los trabajadores, a las mujeres y a los socialmente débiles de once países a participar en este arriesgado viaje como pasajeros de tercera clase. 
Ahora que zarpa el barco de la UEM, el timón está fijo: el capitán no puede seguir consejos de los tripulantes ni de los pasajeros. 
La UEM nos hace presa de un monetarismo dogmático, una política de derechas legalizada. 
El precio de esta política ya lo están pagando los desempleados y las crecientes diferencias de clases. 
La UEM es económicamente arriesgada, democráticamente defectuosa, y se lleva a efecto por motivos políticos: el sueño de una Europa supra estatal, sueño que gran parte de los habitantes de la Unión no comparte. 
Señora Presidenta, después de todas las grandilocuentes palabras y promesas sobre las excelencias de la UEM que hoy se han expresado aquí, hago uso de la palabra para expresar los puntos de vista de muchos millones de ciudadanos a quienes los políticos y los representantes de los medios no han consultado ni van a consultar. 
En mi propio nombre, en el de mi partido y en el de nuestros votantes he votado en contra, aunque Suecia justamente ha elegido quedarse fuera. 
Creo que de esta manera he votado a favor de los millones de mujeres, desempleados y pobres de Europa oprimidos por la actual política económica que ahora se fija como la única para Europa: el neoliberalismo. 
Señora Presidenta, al expresar mi voto favorable a la recomendación del Consejo, no puedo dejar de exponer los tres motivos que lo sustentan. En primer lugar, creo que la moneda única representa el primer paso significativo hacia la creación de una auténtica soberanía europea, más allá de la proclamada hace tiempo sólo por los Estados; en segundo lugar, creo que la Europa del euro representa un instrumento indispensable para la construcción de esa Europa federal- la Europa, entre otras cosas, anhelada por Altiero Spinelli- abierta a la contribución activa de los pueblos y de las regiones; en tercer lugar, la moneda única supone la respuesta más significativa frente a todos los intentos que actualmente se realizan, también en mi país, para destruir a Europa. 
De hecho, el resurgir de los estatalismos y de los nacionalismos no desaprovechará ninguna ocasión para beneficiarse de cualquier dificultad, especialmente económica, que aparezca en su construcción. 
Arrinconemos, por lo tanto, cualquier egoísmo neoestatalista no sólo en pos de una nueva moneda, sino también de una nueva política y ante todo de una nueva sociedad europea. 
Señora Presidenta, he votado afirmativamente en esta última votación. 
Sin embargo, es importante que no se introduzcan nuevas restricciones en el pacto de estabilidad y crecimiento, y que- por el contrario- se cree un margen económico de movimientos para la mejora del empleo y para la creación de una Europa social. 
Los objetivos en materia de empleo con los que se comprometieron los Estados miembros de la UE en Luxemburgo deben convertirse en criterios tan sólidos como los criterios de la UEM. 
Si se quiere obtener la aprobación de la UEM por parte de los ciudadanos europeos, es necesario reducir los elevadísimos índices de desempleo. 
El proyecto de la UEM debe potenciar el bienestar y el empleo de los ciudadanos. 
No se puede abandonar el desarrollo del mercado interior a merced de las fuerzas del mercado. 
Es importante que el bienestar y el empleo se repartan de manera equitativa entre los ciudadanos. 
Señora Presidenta, el infierno está empedrado de buenas intenciones. 
Hoy no se trata de poner en tela de juicio las intenciones de todos nuestros colegas, pero a pesar de la experiencia comunista, observo con tristeza que el marxismo triunfa en Europa. 
No creo, no acepto, que las infraestructuras monetarias, económicas, sean determinantes con respecto a lo que Marx denominaba " superestructuras políticas» y demás. 
Por consiguiente, lo de hoy constituye un paliativo y no una verdadera búsqueda de soluciones para la situación catastrófica, en todos los planos, de nuestros diferentes países de Europa. 
En efecto, ¿qué significa una estabilidad monetaria cuando no existe la estabilidad social, cuando asistimos a una verdadera desintegración de nuestras sociedades? 
Por lo tanto, hago un llamamiento, recuperando el contacto con el gran patrimonio intelectual y humanista de Europa, para que se revise a fondo la ciencia económica, que no es una ciencia como las demás, sino que es una ciencia humana. 
Hoy hemos asistido a una derrota del pensamiento, del pensamiento económico y del pensamiento político. 
Señora Presidenta, los dos eurodiputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra porque creemos, de forma fundada y por todo lo que hemos oído aquí, que el euro y la Unión Económica y Monetaria harán más profunda y aguda la explotación de los trabajadores en Europa y fuera de ella, dejando en clara desventaja incluso a algunas regiones de Europa. 
No va a reducirse ni siquiera un solo millón de los ya 25 millones de desempleados ni de los ya 50 millones de pobres. 
Porque si éstos llevan existiendo desde hace años no es porque hiciese falta el euro ni la Unión Económica y Monetaria. 
Hay otras causas y éstas van a seguir existiendo y van a empeorar gracias a la Unión Económica y Monetaria y al euro. 
En segundo lugar, señora Presidenta, hemos votado en contra porque hay un doble reto antidemocrático. 
Todos ustedes afirman que lo que han votado está en relación con el presente y con el futuro de Europa y de sus pueblos, pero todo el proceso se ha desarrollado sin contar con los pueblos ya que no han expresado su opinión. 
Ustedes han evitado, como el diablo al incienso, la convocatoria de un referéndum para que los ciudadanos se expresasen. 
Señora Presidenta, ya que se ha hablado mucho acerca de historia y de pasos históricos, permítame señalar que el resultado que obtengan será lo que quede en la historia, como pasó a Cambronne. 
Ésta es su victoria. 
Por ella, ustedes, los vencedores de esta votación, cuando se encuentren ante la futura tormenta de revoluciones exclamarán: " ay de los vencedores». 
Señora Presidenta, en este día histórico, también por el ingreso de mi país en la moneda única, no puedo dejar que pase este día sin advertir y recordar que en Italia existe y persiste la que nosotros llamamos la «peste» italiana. 
Hace pocas fechas, el secretario del Partido Democrático de la Izquierda, Sr. Massimo D ' Alema, dijo: » En Italia no existe libertad de prensa». 
Pues bien, señora Presidenta, su partido, sobre todo su partido, coarta la libertad de información en Italia e impide, por ejemplo, que una radio como Radio Radical pueda seguir realizando su cometido institucional que no es otro que garantizar las transmisiones en directo desde el Parlamento, las transmisiones en directo de la vida democrática de nuestro país. Un país que entra en el euro, pero en el cual Marco Pannella, que fue nuestro colega, y miles de otras personas están en este momento llevando a cabo una huelga de hambre para garantizar esa libertad de información que hoy por hoy se nos niega, que se niega al país- hecho que nos preocupa realmente- y en pos de la cual queremos advertir a los colegas del Parlamento Europeo que Italia está en el euro, pero la «peste» italiana, al menos en lo que se refiere a este aspecto, corre el riesgo de aparecer de nuevo en la escena europea. 
Señora Presidenta, los diputados del Partido Comunista Portugués, con la solemnidad que la ocasión exigiría, pero que la euforia para impresionar a la opinión pública no permite, declaran que: 
su voto es la expresión coherente de una posición contra este proyecto, el modo como se ha ejecutado y los intereses a los que sirve. 
No es un voto contra la estabilidad de precios, el equilibrio presupuestario o el control de deudas, mecanismos e instrumentos. 
Y sí un voto contra su utilización para imponer estrategias que concentran la riqueza, agravan el desempleo, agudizan las asimetrías y desigualdades, crean mayor y nueva pobreza y exclusión social, disminuyen la soberanía nacional y aumentan los déficit democráticos; -es también un voto contra la formación del núcleo duro para la Comisión Ejecutiva del BCE, que da preferencia a zonas geográfico-monetarias y se reparte la influencia entre grandes familias partidistas, en una evidente polarización del poder en la institución que condicionará todas las políticas de los Estados miembros; -después de este paso, seguirán luchando contra los ya reales y previsibles perjuicios del proyecto que integran los mecanismos e instrumentos creados; procurarán del mismo modo contribuir a que se potencien sus virtualidades; -lamentan, por último, que el Parlamento haya desaprovechado la oportunidad de darse crédito como institución democrática, por haber cedido a la pompa y la circunstancia de un ritual de homologación o de confirmación de que se le ha presentado. 
En esta votación hemos elegido votar en contra. 
Los motivos son los siguientes: 
No nos corresponde decidir qué países van a participar en la UEM. 
Los países que participen tienen que decidirlo por sí mismos. 
La UEM implica un crecimiento del super-estado y coarta la libertad de los países para llevar a cabo la política económica que deseen. 
La UEM significa de hecho que la democracia se restringe. 
El dar poder de decisión sobre la política monetaria a un BCE centralizado implica despojar a los parlamentos nacionales de una importante facultad económica y política. 
En realidad los parlamentos nacionales también renuncian al derecho a decidir sobre la política financiera y fiscal, ya que estas políticas no deben ser contradictorias. 
La UEM constituye un proyecto de riesgo a gran escala cuyas consecuencias aún no podemos ver con claridad pero que implica que los más débiles de la sociedad serán los grandes perdedores si el proyecto fracasa. 
Otra razón poderosa que avala nuestra posición es que en la mayoría de los Estados miembros de la UE hay grandes vacilaciones respecto de la UEM. 
Las encuestas de opinión demuestran que gran parte de los habitantes están en contra de la UEM, especialmente en Suecia. 
Los políticos tienen la responsabilidad de guiar y convencer a la gente, pero también de escuchar a los ciudadanos. 
Ésta es una decisión demasiado importante como para tomarla precipitadamente. 
Opinamos que el objetivo de los criterios de convergencia no deben centrarse exclusivamente en la estabilidad de los precios y el crecimiento sino que también en la preocupación por las personas, mediante criterios de desempleo y criterios sociales. 
La delegación de Alianza Nacional desea expresar su satisfacción por el nacimiento del euro y por la participación en el mismo de Italia y a la vez reitera que los italianos tienen intención de entrar y permanecer en la familia del euro, pero sin sumisiones de ningún tipo y en igualdad de condiciones. 
Hoy, se alegran y celebran el hecho de haber cumplido el objetivo no sólo el Gobierno y las fuerzas que lo respaldan, sino todo el país y, por lo tanto, también los partidos de la oposición: una oposición que, pese a las distintas evaluaciones sobre las estrategias aptas para lograr la participación en la Unión Monetaria y pese a considerar oportuno que antes de ésta tenía que fortalecerse la unión política e institucional de Europa, en ningún momento ha puesto trabas al proceso de saneamiento de la economía italiana- aunque hubiera preferido que dicha participación se alcanzara a través de reformas estructurales y de recortes duraderos de los gastos inútiles -, ni nunca ha llevado a cabo maniobras obstrucionistas en las dos alas del parlamento y, sobre todo, nunca ha utilizado la mayor presión fiscal como argumento para infundir al país animadversión y desconfianza acerca de la construcción europea. 
Por lo tanto, es el país Italia en su conjunto de que hoy entra en el euro, sin esas divisiones y esas hostilidades manifiestas que, por el contrario, prosperan peligrosamente en varios Estados de la Unión. 
Francia, de hecho, se encuentra casi dividida en dos bloques, con la extrema izquierda y la extrema derecha unidas para rechazar la moneda única y el propio centroderecha mostrando señales de incertidumbre. 
En Alemania, el Partido Comunista y la extrema derecha rechazan el euro y se muestran críticos también los socialdemócratas. 
Hostiles son la derecha austriaca, la extrema izquierda española y la portuguesa; igualmente desconfiada se muestra una parte de la clase política y de la opinión pública inglesa, por no hablar de la oleada de euroescepticismo que se ha levantado en Dinamarca. 
El proyecto europeo- sobre todo cuando éste deberá completarse inevitablemente con la unión política y, en consecuencia, con la Política Exterior y de Seguridad Común- no puede prescindir del entusiasmo y de la compenetración italiana. 
También por estos motivos, Italia entra en el euro no desde la puerta falsa, sino por la puerta grande. 
También por otros motivos, los sinceros europeístas europeos deben alegrarse de la participación de Italia en la moneda única desde el inicio de su andadura. 
Hemos votado en contra de la recomendación hecha por los Ministros de Economía en lo relativo a la UEM durante la sesión parlamentaria. 
Con arreglo a la posición del partido Centrista de Finlandia, rechazamos la creación de la UEM en su formulación actual y la incorporación de Finlandia a la misma en el grupo de cabeza. 
Como justificación de nuestro voto, desearíamos señalar los siguientes puntos: 
1.Finlandia es un país muy diferente por su estructura económica, la cual explica su mayor fragilidad frente a las coyunturas en comparación con el resto de los países de la Unión Europea. 
Al perder Finlandia en el seno de la UEM su independencia en materia de política monetaria y ver limitadas sus posibilidades por lo que respecta a su política financiera, es necesario desarrollar nuevos mecanismos en caso de alteraciones coyunturales. 
La UEM potencia un desarrollo de la economía mundial que propicia la centralización de la producción y de los conocimientos en concentraciones de población. 
Hoy en día se está produciendo ya un desequilibrio de las estructuras económicas regionales en Finlandia, el país más periférico de la Unión, que tendrá como consecuencia la aparición de alteraciones coyunturales y de problemas para la economía regional. 
Se debería reforzar la política regional a nivel nacional con objeto de compensar el desarrollo centralizador.2.Finlandia se ha preparado deficientemente para afrontar la mayor dureza de la competencia y los cambios estructurales que conlleva la UEM. 
Su incorporación a la misma entraña para este país un riesgo que no debería asumir en una situación de elevado desempleo y deuda pública como es la actual. 
La aceptación de este riesgo debería implicar la renovación de la estructuras económicas, con objeto de potenciar la actividad empresarial y la creación de empleo.3.El modelo de Unión monetaria con once países que se presenta no es ventajoso para Finlandia. 
El hecho de que se haya cedido por lo que respecta a los criterios de Maastricht no constituye un buen punto de partida para una UEM estable. 
Al permanecer Suecia, Dinamarca y el Reino Unido al margen de la Unión Económica y Monetaria, el territorio de la moneda única se presenta desventajoso para Finlandia. 
Por este motivo, los riesgos pueden ser mayores que los beneficios.4.En la UEM se debería prestar mayor atención a la situación del bienestar y del empleo entre los ciudadanos. 
Una UEM en su forma actual constituiría una amenaza para la sociedad nórdica del bienestar, para el factor de equilibrio que representa el sector público y para la igualdad social. 
El euro entrará en vigor el 1º de enero de 1999. 
Es una certeza que desmiente categóricamente los vaticinios negativos que muchos hacían. 
Portugal, contrariamente a las previsiones de quienes no apostaban un céntimo por sus posibilidades, ha aprobado brillantemente todos los exámenes y está en la primera fila de los países fundadores, por lo que participa con orgullo en este momento, verdaderamente crucial de la historia de Europa, que da, así, señales de no querer envejecer ni declinar. 
Al contrario también de quienes arrogantemente garantizaban a pie juntillas que para alcanzar el euro sería necesario sacrificar los intereses inmediatos de los ciudadanos y, al mismo tiempo, preveían una crisis de la producción nacional. 
Portugal ha desmentido en esta recta final del euro todas las teorías académicas y los prejuicios: se ha acelerado el crecimiento económico del país, ha mejorado el nivel de vida de los portugueses y ha aumentado la capacidad de exportar. 
Se ha conseguido todo eso porque la gran mayoría de los portugueses se sienten identificados con este gran proyecto, porque los trabajadores y los empresarios han sabido aprovechar la coyuntura favorable y porque- justo es decirlo- el Gobierno socialista ha sabido combinar hábilmente la expansión de la demanda interna con la inversión pública y ha apostado por la iniciativa privada, dinamizada por la bajada de los tipos de interés. 
Todo ello realizado en un clima de tranquilidad social y de solidaridad, cuyo símbolo mayor ha sido la introducción de la renta mínima garantizada. 
A partir de ahora los críticos de la integración y los escépticos van a cambiar de tema. 
Los hechos son los hechos. 
Ya empiezan a expresar dudas sobre la capacidad de la economía portuguesa para resistir la competencia en el espacio de la Unión Monetaria y del Mercado Único. 
Prevén o adivinan crisis en el horizonte de la vida nacional. 
No se puede decir que no vaya a haber problemas o dificultades. 
No obstante, así como el país ha demostrado ser capaz de obtener sus excelentes resultados inesperados, así también será capaz de aprovechar, con el mismo espíritu y dinamismo, las oportunidades que tiene ante sí y aproximarse más deprisa a los niveles medios de riqueza y a las exigencias de competitividad de nuestros socios del euro, con los cuales iniciamos esta caminata inédita en la historia contemporánea. 
Se trata de un camino que no dispensa, sino que exige, una intensificación de la dimensión política y social de la integración europea. 
La Europa política tiene ahora la palabra. El funcionamiento democrático de la Unión Europea y la participación de los ciudadanos tienen la prioridad. 
Nosotros, que desde siempre hemos luchado y soñamos con este momento, temiendo tantas veces que no nos correspondiera la alegría de la llegada, sabemos reconocer quién nos indicó el camino y quién lo hizo posible. 
Vivimos un acontecimiento singular de la historia de Europa, un principio y no un fin, y somos conscientes de que en esta nueva etapa del proyecto europeo, esta institución estará llamada a una mayor intervención en los destinos de Europa. 
Tengo grandes esperanzas en el éxito del EURO. 
Este es el día más histórico desde el final de la guerra. 
La moneda única va a tener profundas consecuencias económicas, algunas de las cuáles serán sin duda complejas, pero por encima de todo, va a tener un profundo significado simbólico para todos los europeos, tanto para los que son parte del proceso como para los que se quedan fuera. 
Ha sido un viaje lento, pero en ese viaje hemos aprendido a conocernos y respetarnos mutuamente y de manera inevitable nos hemos ido aproximando. Estoy muy orgulloso de que mi país esté en la línea de salida. 
Esto se debe a una prudente gestión de varios gobiernos irlandeses sucesivos, hay buenos augurios para el futuro de la población más joven de Europa. 
Tenemos que asegurar que estos jóvenes continúen valorando la gran visión y éxito de los anteriores líderes de Europa. 
Por nuestra parte debemos mantener la cuestión de Europa presente en cada generación. 
La llegada del Euro constituye un hito para el nuevo milenio. 
En este momento, por una cuestión de transparencia y responsabilidad política, pretendo asumir y fundamentar expresamente la posición que he adoptado sobre la creación de la moneda única. 
Apoyé desde el primer momento el Tratado de Maastricht con la fórmula ¡» Sí, pero»! 
Apoyé la moneda única y la participación de Portugal en las condiciones y fechas previstas. 
Me satisface la dirección política del Gobierno de António Guterres, que ha creado las condiciones para que el esfuerzo de toda la sociedad portuguesa diera buenos resultados. 
Me congratulo de haber podido participar activamente en este cambio de proporciones históricas del que, a pesar de las dificultades, es de esperar más apertura, modernización y desarrollo de Portugal. 
Considero que este cambio cualitativo en la UE exige el fortalecimiento de la integración política y social, en términos federales, que asegure la democracia y la coordinación de las políticas económicas, un auténtico «gobierno económico» que permita superar los efectos nefastos del neoliberalismo, luchar contra el desempleo y preservar, reformándolo, el modelo social europeo. 
Exige, así, una fiscalidad europea y un presupuesto de la UE apto para garantizar la cohesión económica y social. 
Exige, por último, una política exterior y de defensa que garantice la autonomía de Europa, el apoyo al desarrollo, los derechos humanos y la paz. 
Esta dimensión política no es una consecuencia automática del euro. 
Exige voluntad política y la lucha de los demócratas y de las fuerzas progresistas de Europa. 
Once Estados miembros han sido admitidos para participar en el euro. 
Por lo demás, no cabía ninguna sorpresa, ya que los gobiernos afectados se preocuparon por descartar una consulta a los pueblos con respecto al paso final a la moneda única. 
Todos conocían la lista de países que aceptaría el Consejo, y la votación del Parlamento estaba ganada de antemano. 
Se imponen algunas observaciones a fin de asumir nuestros compromisos. 
Los criterios de convergencia se han manipulado, en parte, para poder aceptar once Estados en la moneda única, ya que siete de ellos habrían sido excluidos si se hubiesen respetado los criterios iniciales. 
El Consejo se basó en criterios de convergencia muy formales y, además, falseados, dejando de lado deliberadamente criterios de divergencia, que son muy profundos y que corresponden a la realidad económica, social y psicológica de las naciones. 
La Comisión, esa institución bastarda, que carece de responsabilidad política real, ejercerá, en nombre del Pacto de estabilidad, una tutela rigurosa sobre las políticas económicas de los Estados que participan en el euro, pudiendo incluso llegar a imponerles multas. 
Finalmente, como han reconocido el propio Consejo y el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo estará dotado de una soberanía monetaria, sin control ni responsabilidad. 
Un Banco soberano con poder absoluto: ¡se trata de una innovación excepcional en la historia del gobierno de los pueblos! 
Estos hechos imprimen un carácter preocupante al lanzamiento del euro, y tanto nuestros gobiernos como nuestros colegas deberían demostrar un optimismo menos ingenuo. 
Pero la política es el arte de lo real. 
Por lo tanto hay que mirar hacia el futuro. 
El combate de mañana consistirá en el control democrático de la Unión Europea. 
Ahora más que nunca es necesario dar la voz de alarma, un " SOS democracia». 
La Europa que se nos está construyendo, fuera del alcance de la mirada de los pueblos, puede acabar con la idea europea. 
Es preciso iniciar un debate sobre la reforma institucional, pidiendo que cese el poder hegemónico de la Comisión, y limitarla a desempeñar un papel puramente administrativo. 
El Consejo debe tener el poder de iniciativa respecto a los textos europeos y ejercer el poder ejecutivo. 
Los Parlamentos nacionales deben estar asociados, en una fase anterior, al trabajo legislativo, junto con el Parlamento Europeo. 
Hay que acabar con la concepción estatal centralizada, que va mucho más allá de la idea federal, aplicada a la construcción europea. 
Debemos imperiosamente preocuparnos por garantizar una cooperación europea transparente y democrática, controlada por las opiniones públicas. 
Europa no se hará contra las naciones, sino con ellas, en pro de la felicidad y la paz de nuestros pueblos. 
La delegación sueca del PPE ha trabajado en el Parlamento Europeo para promover el proyecto de UEM y hoy ha apoyado la decisión sobre los países que formarán el grupo de los primeros miembros de la unión monetaria. 
Lamentamos que el gobierno socialdemócrata de Suecia, a pesar de las obligaciones emanadas del Tratado, no haya trabajado para que Suecia participe en este grupo de cabeza. 
Estamos actuando para crear dentro de Suecia una mayor comprensión hacia el gran significado que tendrá la UEM para el futuro de Europa. 
La opinión sueca también ha evolucionado en una dirección favorable. 
Nuestra esperanza es que pronto Suecia pueda ser miembro de la UEM. 
Al votar en contra de la proposición de que once países cumplen con las condiciones necesarias para la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y que debería empezar el 1 de enero de 1999 no me opongo al derecho de once países a proceder a ésta. 
Esa es, por supuesto, su prerrogativa y su elección. 
La principal razón para votar no ha sido mi convencimiento de que las condiciones previstas en el tratado no han sido cumplidas y que los once países van a avanzar sobre la base de unos criterios de convergencia imperfectos y amaados tal y como se indicó en el Informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios relativo a la introducción de la moneda única. 
En particular me refiero a los parágrafos del informe rechazados y, por tanto, suprimidos por una mayoría del voto del Parlamento. 
Mi voto también es una protesta contra las tácticas de las autoridades francesas al intentar subvertir los principios establecidos por el Tratado en lo que concierne a la independencia e integridad del previsto Banco Central Europeo, tanto en el intento de someterlo a una intervención política excesiva como por presentar en el último momento a su propio candidato a la cabeza del BCE en contra del consenso de todos los demás Estados miembro. 
Esta acción unida a los rumores de un pacto privado para acortar el mandato del primer Presidente del BCE va a debilitar la confianza de los mercados y el resto del mundo. 
Tengo muchas otras reservas acerca de la moneda única y la posibilidad de que el Reino Unido participe en ella en un futuro, lo que creo que es compartido por muchos de mis votantes, en especial los pequeños empresarios y autónomos de Devon que en su mayoría no ven más que costes y desventajas en este proyecto. No voy a citarlos en esta ocasión porque el asunto de la participación del Reino Unido no es lo que se discute hoy. 
No obstante, hay un debate considerable porque no se cuestiona que al ser el Reino Unido uno de los miembros iniciales de la UEM bajo la cláusula del opt-out, los parlamentarios del Reino Unido deberían abstenerse o no participar en esta votación. 
En mi opinión, en esta ocasión, en una votación tan importante, es absolutamente vital que nosotros, los diputados británicos, ejerzamos nuestro derecho al voto en el Parlamento y expresemos lo que juzgamos es la perspectiva de nuestros electores. 
Finalmente, reconozco que mi voto negativo será uno de los pocos que se encuentren entre las voces disidentes. 
En el estilo político de consenso, de coalición que genera el sistema electoral de representación proporcional, predominante en el Parlamento Europeo, hay una tendencia hacia una intolerancia impaciente respecto de cualquier punto de vista discordante con la mayoría, porque la mayoría debe tener razón y cómo es posible que alguien disienta. 
Esto no es bueno para la democracia y, en mi opinión, es otra razón por la que voto no y esparzo un poco de arena sobre los trabajos. 
El Reino Unido va a tener lo mejor de ambos mundos. 
Aquéllos de sus ciudadanos que quieran utilizar el euro lo podrán hacer. 
Los que no, no tendrán porqué. 
Pueden seguir usando nuestra moneda nacional. 
La City de Londres, especialmente los bancos y los gestores de opciones y futuros girarán beneficiosamente en euros como lo hacen ahora con ecus. 
Algunas empresas británicas están siendo instadas por sus clientes a dar sus precios en euros. 
Otras insisten en que sus proveedores hagan lo mismo. 
Los turistas británicos que viajen en área del euro también lo utilizarán. 
Pero para los que no tengan negocios o no pasen sus vacaciones en el extranjero (la mayoría de mis conciudadanos pertenecen a este grupo) nada va a cambiar. 
No me ha sido posible votar a favor de las recomendaciones de los Ministros de Economía porque han " eludido» la deuda pública de Italia y Bélgica y han ignorado completamente las advertencias del Instituto Monetario Europeo acerca de las amenazantes crisis de pensiones, especialmente en Francia, Alemania, Italia y España. 
Votar en contra hubiera sido una impertinencia hacia los once estados soberanos que han decidido tomar parte en el euro. 
Así, como el Reino Unido va a tener lo mejor de ambos mundos, me abstengo. 
¡Hoy 2 de mayo de 1998 voto con entusiasmo y emoción a favor del euro! 
Federalista europeo desde mi tierna infancia, voto sin reservas ni reparos a favor de esta herramienta federalista esencial, como es la moneda única, nuestra moneda única: el euro. 
Pero para mí es sólo una etapa y no un fin en sí mismo. 
Rápidamente, detrás de la moneda única tendremos que construir la Europa política, la Europa social, la Europa ciudadana, la Europa contra el desempleo. 
Este es el objetivo de los cinco años que se abren ante nosotros. 
Nada debe ya detenerse, todo debe acelerarse. 
Como socialista, pienso que existe el marco para avanzar en ese sentido, con la condición, primero, de querer hacerlo y, luego, de hacer todo lo posible para lograrlo. 
Se trata de un combate político esencial y soy optimista en cuanto a nuestras posibilidades de salir airosos. 
Por eso, repito, hoy la votación del euro es una etapa poco frecuente. 
Es el resultado de la acción de los militantes europeos, a quienes hay que dar las gracias. 
Se trata sobre todo de un nuevo punto de partida. 
Quisiera hacer constar en el Acta de esta Asamblea mi entero apoyo a la introducción del Euro y saludar las decisiones del Consejo de Ministros de Economía sobre la inclusión de once estados participantes. 
Tenemos la oportunidad de asegurarnos que la inestabilidad financiera sea condenada a los archivos de la historia. 
No obstante, no se puede ignorar que surgirán problemas. 
Aun existe una falta de información del consumidor a pesar de las cantidades astronómicas invertidas en la promoción del Euro. 
No podemos permitir que esta situación continúe. 
La información y el entendimiento son esenciales para atraer el necesario apoyo público para la moneda, y esto no puede dejarse a la suerte. 
Existen otros problemas que afectan especialmente al sector de venta, en concreto a las pequeñas y medianas empresas. 
Las reformas necesarias en términos tecnológicos no deben traducirse en una carga financiera o administrativa del sector, los gobiernos deben proveer alguna asistencia, ya sea vía exenciones fiscales o en términos financieros. 
Por último, el debate actual en torno a la presidencia del Banco Central Europeo no debe menoscabar la operatividad de este banco. 
Habrá disparidades en el conjunto de la economía europea y las intervenciones no deben ser reguladas en el momento del inicio. 
Este día va a ser el de un nuevo comienzo en el que asistiremos a una mayor estabilidad económica, un mayor crecimiento económico y un futuro más esperanzador para las generaciones venideras. 
Me siento honrado por estar presente hoy aquí y ser parte de esta histórica decisión. 
El establecimiento de la moneda única va a reportar un gran beneficio al país que represento y a toda Europa. 
Podemos enfrentar el futuro con una confianza renovada. 
Esto es especialmente importante porque exportamos más del 70 % de lo que manufacturamos y producimos. 
En el futuro esta actividad se desarrollará sobre un fondo de estabilidad económica, financiera y monetaria. 
Los ciudadanos irlandeses y los europeos se beneficiarán de una baja inflación, bajos tipos de interés, hipotecas más baratas, bienes de consumo más baratos, etc. Además, en el contexto del área del euro los días de inconveniencias y costes relativos a las transacciones monetarias están contados. 
Estoy orgulloso de que mi país haya cumplido con los criterios y se encuentre en la primera ola de países participantes en la moneda única. 
No obstante, mi alegría está empaada por el hecho de que el Reino Unido no se nos vaya a unir. 
Esto puede causar problemas para nuestra economía y también puede tener importantes consecuencias para las relaciones entre las dos partes de Irlanda. 
Muchos de nosotros hemos albergado la esperanza de que Europa sería el marco para la reconciliación de las dos partes de Irlanda. 
El opt-out británico desgraciadamente establece una frontera económica creciente en nuestra isla. 
Espero sinceramente que el coraje mostrado por el actual gobierno británico tanto en asuntos europeos como en Irlanda del Norte, culminará en la decisión de adherirse a la moneda única y que tomarán esta decisión más pronto que tarde. 
He votado "sí» al euro, porque creo que éste es un momento histórico en la construcción europea y, tal como está planteada la cuestión, un" sí» al euro significa un sí a Europa. 
Aunque los criterios de Maastricht no hubiesen existido, un " no» en este momento significaría negar todos los sacrificios realizados por los pueblos de Europa para llegar al día de hoy. 
También significaría negar los grandes sacrificios que realiza, de manera especial, el pueblo griego que aspira acceder al euro en enero del 2001, como ha sido acordado y pueda reunirse con el resto de los socios en la moneda única, con el mismo compromiso que los demás. 
Lo contrario significaría también una especie de peligroso aislamiento para dicho pueblo. 
Finalmente, "sí» al euro significa también" no» a las voces antieuropeístas que se alzan en Europa desde la extrema derecha y desde una parte de la izquierda, en una Europa que se ha construido para mantener al margen las ideologías extremistas. 
El euro es una herramienta. 
Una herramienta esencial para evitar que sigan actuando los efectos perversos que acompañaron el nacimiento del gran mercado europeo. 
La competencia desleal, a través de devaluaciones competitivas, las deslocalizaciones de empresas en busca de zonas con baja fiscalidad o con salarios y cargas sociales reducidas, el desempleo masivo, han socavado la confianza de los ciudadanos en la construcción europea. 
El euro contribuirá a reducir las divergencias experimentadas desde la aprobación del Acta Única. 
Pero no será suficiente; deberán iniciarse rápidamente otros procesos. De lo contrario, la competencia desleal, al no poder alimentarse más de las fluctuaciones de los tipos de cambio, buscará otras formas que acarrearán nuevos perjuicios. 
Ha de proseguirse, sin descanso, el trabajo para equilibrar aún más a Europa, con el fin de restablecer la legitimidad popular de ésta. 
Me congratulo, a través de mi primera votación de esta sesión extraordinaria, de poder aprobar la adhesión de mi país al euro. 
No cabe duda de que tras esta votación la Unión Europea entra en una política monetaria única, hecho éste de trascendental importancia. 
La implantación de la moneda única en once Estados miembros es un hito histórico, ensombrecido, sin embargo, por el paro estructural elevado y persistente de ciertos Estados miembros y también por el elevado nivel de deuda pública de otros. 
Hoy es un día que nos baja de la ensoñación europea a la realidad ciudadana y a la par que nos congratulamos de este gigantesco paso, exigimos también hoy una mejor definición y realización de otras políticas: social, ambiental, política, fiscal, etc., para que la moneda única sea realmente un factor de estabilidad, de crecimiento y de paz. 
Sin temor a ser aislado entre los concertistas de la llamada jornada histórica, que constituiría la presente reunión, he votado " no» a las recomendaciones que el Consejo ECOFIN dirige al Consejo Europeo, en las que le sugiere que se pronuncie sobre el lanzamiento de la moneda única con la participación de once de los quince Estados miembros. 
Lo he hecho sin dudar, porque sigo pensando que la moneda única presenta grandes peligros para la prosecución de la construcción europea y que no responde a las condiciones económicas y sociales de los Estados miembros. 
Al crearse un Banco Central Europeo, cuyo carácter independiente y cuya soberanía se subraya a porfía, que funcionará sin que ningún órgano democrático lo controle, y al imponerse a once Estados un Pacto de estabilidad y de crecimiento que los privará definitivamente de toda libertad en materia económica, presupuestaria, financiera e incluso social, el euro supone asestar un golpe fatal a la soberanía de las naciones europeas. 
Este ataque mortal se realiza sin ninguna consulta democrática, al término de un proceso que debe calificarse de totalitario: el debate sobre las ventajas y los inconvenientes de la moneda única nunca ha tenido verdaderamente lugar, los pueblos de los Estados miembros de la Unión Europea no han sido realmente consultados, aun cuando se les suprime en lo sucesivo el derecho de pronunciarse sobre la mayor parte de las políticas que les afectan directamente. 
El despertar puede ser difícil cuando nuestras poblaciones experimenten el verdadero traumatismo que les imponen sus dirigentes, suprimiéndoles sus respectivas monedas nacionales. 
Además, la moneda única se instaura en un contexto de desempleo importante, que exigía una movilización de todos los sectores económicos, mientras que éstos serán penalizados por las consecuencias concretas del paso inmediato al euro. 
Ya la carrera desenfrenada por respetar los criterios de Maastricht, a menudo realizada echando mano de artimañas contables o presupuestarias, resultó costosa desde el punto de vista del empleo. 
Desgraciadamente, nos apostamos a que mañana las obligaciones del Pacto de estabilidad tendrán consecuencias aún más negativas. 
Las grandes etapas de la construcción europea, Señorías, se han hecho con prudencia y respetando democráticamente la voluntad de los pueblos de nuestras grandes y antiguas naciones. 
Esto no habrá ocurrido en el ámbito monetario. 
En efecto, era necesario continuar por la vía del Sistema Monetario Europeo, aplicando una moneda común que no sustituyese las monedas nacionales y que permitiese, ya que esta alternativa no habría sido irreversible, hacer el balance al cabo de algunos años, antes de plantearse, en su caso, y con la aprobación de los ciudadanos, el paso a una etapa posterior. 
La opción de hoy es ante todo ideológica: la opción del Estado federal, impuesta en silencio, libre de toda obligación democrática y política. 
No tiene realmente en cuenta nuestro entorno económico. En conciencia, no puedo, por lo tanto, darle mi aprobación. 
Mi explicación de voto favorable a la recomendación del Consejo no tiene otro propósito que el de participar en el tan trascendente debate que acabamos de realizar y que nos ha hecho coprotagonistas privilegiados del capítulo de la historia de Europa que hoy estamos escribiendo. 
Un debate que abre la puerta a la adopción de una moneda única por parte de 11 países de la Unión Europea el próximo 1 de enero de 1999 y, con ella, el establecimiento de una plataforma de estabilidad económica gracias a la cual conseguir el crecimiento económico que permitirá la creación de empleo y hacer realidad, así, uno de los objetivos fundamentales del proceso de integración europea: el bienestar económico y social de los ciudadanos de la Unión. 
De ahí la importancia del Pacto de estabilidad porque de la existencia de una economía sana y estable depende que los beneficios del euro se traduzcan en creación de empleo. 
Pero el euro, y con él la unión monetaria, es también, y sobre todo, un símbolo de la unidad europea; de ahí el carácter histórico de la sesión de hoy. 
Porque la moneda única nos permitirá dar un salto cualitativo hacia aquella unión de los pueblos de Europa que constituye la base y el fundamento de la construcción europea, en la medida en que, más allá de sus ventajas innegables de orden económico, más allá de su contribución a la creación de empleo, más allá de los avances que a largo plazo conllevará inevitablemente sea en el ámbito de la fiscalidad, sea en el ámbito de lo social, sea, en particular en el terreno decisivo de la unión política, la existencia de una moneda única contribuirá, sin lugar a dudas, a despertar en los ciudadanos de la Unión aquel sentimiento de pertenencia a una misma comunidad indispensable para finalizar la obra de paz y de solidaridad que diseñaron los utópicos arquitectos de la construcción europea. 
Celebro el hecho de que Irlanda vaya a participar en la moneda única que comenzará el 1 de enero de 1999. 
Los beneficios para Irlanda de una moneda única europea son los siguientes: 
Tipos de interés más bajos, lo que es una buena noticia para las pequeñas y medianas empresas.-Eliminación de los costes de transacción lo que es una buena noticia para los exportadores y que claramente va a suponer un aumento del número de turistas que visite Irlanda.El Instituto de Economía, Investigación y Social de Irlanda ha elaborado un informe en el que se manifiesta claramente que es de gran interés para Irlanda participar en el primer momento de la Unión Económica y Monetaria de la U.E. El I.E.I.S, además, declara que es beneficioso para la economía irlandesa participar en la moneda única aunque Gran Bretaña decida no incorporarse a la moneda única de principio. 
Es imperativo que se lleven a cabo grandes campañas en todos los supermercados con antelación a la introducción de la moneda única, de modo que los consumidores y usuarios de la moneda conozcan el valor de los billetes y monedas del Euro comparadas con el valor de la libra y asegurar que no se produzca ningún tipo de confusión. 
El déficit de información relativo a la moneda única es un hecho real que debe ser abordado cuidadosamente. 
La introducción de la moneda única es un verdadero desafío. 
Los errores que se produjeron en 1972 cuando se introdujo la decimalización no deben volver a producirse. 
La moneda única europea es un paso lógico desde el mercado interior que acaba de completarse dentro de la Unión Europea y que ha supuesto la libertad de movimientos de personas, servicios, capitales y mercancías dentro de la U.E. Esto tiene que ser celebrado por el pueblo irlandés. 
Es una buena noticia para nuestra economía y una buena noticia para nuestro futuro. 
Sábado, 2 de mayo de 1998. 
Se considera que hoy es un día histórico. 
Lo será. 
Para los pueblos europeos, para la Unión Europea, para el mundo. 
La moneda única europea es su razón de ser, la voluntad de los Estados que han aspirado a adherirse al euro ha sido su causa primera. 
Como sucede con todos los días históricos, también éste será recordado: positiva o negativamente. 
Por haber reconocido siempre que a Portugal no le sería posible mantenerse solo en una competencia monetaria, tantas veces desleal, criticamos responsablemente, en el pasado y en el presente, el camino elegido para la adopción de la moneda única. 
Si hubiera dependido de nosotros, lo habríamos orientado hacia la convergencia real de los pueblos europeos, habríamos esperado tal vez algún tiempo más, habríamos hecho participar sin lugar a dudas a los pueblos europeos en su decisión. 
Votamos, sin éxito, contra el Tratado de Maastricht en la Asamblea de la República Portuguesa. 
Como respetuosos de las reglas democráticas que somos, una decisión emanada de nuestro Parlamento, aunque no concordemos con ella, es ley. 
Si es ley, como tal la respetamos. 
Lo que hoy se propone al Parlamento Europeo es que dé su opinión sobre una decisión que ya está adoptada y en la que no ha participado: la lista de los países que pueden adherirse a la tercera fase de la UEM. 
Como, a nuestro juicio, no se puede decir «no» a una realidad comprobada, nosotros, diputados portugueses, preferimos hoy subrayar que pertenecemos a un país cuyo pueblo ha sabido, con grandes privaciones, superar las mayores dificultades para que en este día pudiéramos presenciar aquí, en el PE, el resultado de una parte de su esfuerzo. 
Ahora esperamos que la solidaridad, plasmada también en la cohesión económica y social y, por lo demás, consagrada en los Tratados, no sea olvidada. 
A partir de hoy, sábado, día 2 de mayo de 1998. 
Algunos miembros de nuestro Grupo, y entre ellos la diputada y los diputados de Nueva Izquierda y de Iniciativa per Catalunya, vamos a votar positivamente a la propuesta que se hace de los Estados que van a entrar en la moneda única. 
Entendemos que el proceso se inicia de una forma incompleta. 
La política económica, para poder caminar con un mínimo de solidez, exige junto a la moneda única, la armonización fiscal. 
Pero más allá, para construir una Unión justa, junto a la política económica es imprescindible un política social y el pleno funcionamiento democrático de las instituciones. 
Nada de esto se da en la medida necesaria. 
Pese a ello votaremos positivamente porque entendemos que la solución para andar bien no es cortar la pierna que se tiene, sino esforzarse en contribuir a conseguir, con urgencia, las que faltan. 
Entendemos, también, que desde una posición constructiva, nos sentiremos más legitimados para exigir que con urgencia superemos las insuficiencias. 
La importancia política, económica y social del pronunciamiento que hoy realizamos y al que aportamos nuestro voto, podría convertirse en una mera cortina de humo, es decir en un fracaso si no contribuimos responsablemente todos a instaurar en la Unión Europea: la equidad fiscal, la justicia social y la plena legitimidad democrática. 
No puedo apoyar la decisión que aprueba la declaración de que aquéllos países que desean entrar en la moneda única el 1 de enero de 1999 están actualmente en disposición de hacerlo. 
No pongo en duda la sinceridad de los que votan a favor, algunos de ellos lo hacen más convencidos que otros, y aunque todos son conscientes de que hay un riesgo han marginado una prudente previsión económica y financiera pensando que a través de un acto político la deseada integración europea podrá alcanzarse forzando la convergencia económica mediante la disciplina monetaria. 
Creo que este camino es absolutamente defectuoso. 
Aquéllos que están realmente a cargo del proyecto, y ninguno está en esta Asamblea, han depositado una errónea confianza en el capitán del barco ahora irrevocablemente comprometido con echarse al mar, a pesar de las prudentes advertencias relativas al deficiente diseño y los fallos estructurales, y que cree que las buenas intenciones y un viento favorable van a llevar el proyecto adelante. 
Los que están aquí simplemente están reorganizando las sillas de la cubierta y guardando un poco las apariencias, pretendiendo tener más influencia de la que en realidad tienen y si se me permite continuar con la metáfora, la mayoría del público ha rechazado la invitación a compartir el entusiasmo por el viaje, porque después de todo, los demócratas no sólo tenemos que seguir, sino también dirigir. 
Cuando algunos países están cualificados, pero han considerado prudente quedarse al margen del proyecto, al tiempo que otros no están claramente cualificados y están dentro, nos movemos en los reinos de la fantasía donde lo que cuenta es la apariencia política y la economía no vale nada. 
Permítanme decir categóricamente que no estoy en contra de la moneda única, es un hecho inevitable si el mercado único funciona. 
Sin embargo, la moneda única no es indispensable para el mercado único. 
La razón de ser de la moneda única es promover la integración política y es un desatino apretujar diferentes economías en una sola moneda. 
No estoy en contra de la integración económica, de nuevo el mercado único traerá esto consigo, pero no va surgir una sociedad equitativa de unas economías dirigidas por el mercado y yo sigo siendo un socialista que cree que el único objetivo sano y realista de la planificación económica es conseguir una sociedad justa y equitativa. 
Creo que esto solo puede ser conseguido de forma realista y practicable en los existentes estados nación con su poder acumulado y cooperando, no a través de una " unión» aun dirigida por una Comisión no electa y por los banqueros no electos de esta moneda única. 
La moneda única que se nos ofrece no puede ser alcanzada sin mayores recortes del gasto público y esto no puede más que significar un daño para el tejido social de nuestro continente y no puede más que suponer un daño a la estructura del bienestar social, cuyo establecimiento fue reclamado por mi propio partido. 
En el mejor de los casos la moneda única nos va a encerrar en una rigidez de los tipos de cambio que ha caracterizado a las economías occidentales por un bajo crecimiento y un elevado desempleo. 
Es una locura deshacerse del instrumento económico que permite variar los tipos de interés para compensar las inevitables disparidades del rendimiento económico existentes entre diferentes regiones y países y entre diferentes sectores de la economía. 
En el peor de los casos esta moneda única nos va a encerrar en una carrera con los especuladores que van a estar ansiosos por comprobar la verdadera fuerza del lazo entre la ficticia economía europea y la capacidad comercial de la moneda única. 
Todavía existen diferentes economías europeas y mantener diferentes monedas europeas sería una medida prudente por el momento. 
Pero aun tengo otra objeción fundamental a esta moneda única y esa es su naturaleza no democrática. 
Si yo hubiese querido tener influencia en el destino de Europa no hubiese dado el mal paso de declarar abiertamente mis convicciones políticas, solicitar abiertamente el apoyo de un partido político y después someter a prueba esas ideas en unas elecciones democráticas libres. 
Me hubiera convertido en un banquero cauto, burócrata, inmerso en mi mundo bizantino de intrigas en comités, deliberadamente escondido tras una pila de estadísticas, hubiera atraído la atención de los grandes y los buenos y, desde luego, no me presentaría a las elecciones al Parlamento. 
Una persona, tampoco varias, pueden tener el poder de un banco o una institución financiera, a no ser que ese banco sea sometido a un control democrático. 
Este Banco Central que estamos construyendo se estampa en la cara de varios siglos de democracia Europea- yo, el miembro elegido tengo que depender del banco en mi presupuesto, mientras no está obligado a estar al corriente de mi mandato democrático. 
Cualquier Parlamento que vote " sí» está renunciando a décadas de esfuerzo, aspiraciones y decisión por introducir la responsabilidad del poder económico. 
Yo no lo haré, votaré " no» , no de forma negativa, pero para tener una base de principio sobre la que discutir acerca de una Europa diferente, una que anteponga un bienestar social permanente a la desacertada ortodoxia monetaria. 
Como parlamentario irlandés saludo a la moneda única que es un paso positivo en el camino hacia la integración europea. 
Estoy especialmente orgulloso del éxito de mi país por cumplir con todos los aspectos de los criterios de convergencia. 
Irlanda ha demostrado lo que se puede conseguir a través de la planificación de objetivos económicos y el compromiso por su puesta en práctica. 
La estricta política fiscal de la UEM otorga a largo plazo una base para un crecimiento sostenible y evita que, a corto plazo, la tentación política de fundar las decisiones en argumentos de popularidad política. 
A largo plazo las decisiones del Parlamento de este día serán un factor importante en el tratamiento del desempleo y consolidarán la base económica de la UE para aceptar el reto del comercio mundial. 
El PNV da un voto positivo al euro. 
Por razones económicas, pero también por sus consecuencias políticas. 
El euro va a consolidar el mercado interior, elimina los costes de cambio entre las monedas europeas, ayuda a mejorar la competitividad de nuestras empresas, y va a aumentar la estabilidad pudiendo favorecer la inversión y el empleo. 
También para los consumidores supondrá mejor oferta, más transparencia de precios y menos costes cuando viajen por Europa. 
El euro nos introduce en un positivo escenario de competitividad, pero que nos obliga a estar vigilantes con aquellos que pueden tener más dificultades. Ello exige más solidaridad territorial en la Unión Europea y reforzar la cohesión social en nuestras sociedades. 
Pero el euro abre sobre todo un proceso político. 
El ejercicio del poder monetario en Europa, exigiría mayor coordinación de políticas económicas, y supone una aceleración de la integración europea. 
Una buena noticia para los que apostamos por una Europa federal. 
Además, este proceso de integración debilita el papel de los Estados, y abre una oportunidad histórica para que pueblos y naciones como la vasca, puedan participar de forma directa en una Europa unida que respeta la diversidad de los pueblos que la integran. 
Es un hecho innegable que el euro se introducirá el 1-1-1999 en once países de la Unión Europea. 
Lo saludo expresamente. 
Tendría que haber negado mi voto a una introducción del euro en sólo 6 ó 7 países de la Unión Europea, según el deseo del Presidente del Consejo de Ministros de Baviera, Edmund Stoiber, del diputado por el Parlamento Europeo, Ingo Friedrich, y de Theo Waigel, el Ministro de Hacienda alemán (todos de la CSU). Si hubiese ocurrido así, habría conducido irremediablemente a una división de la Unión Europea y a una pérdida de solidaridad entre las poblaciones y países de la UE. 
Sin embargo, no debemos ahora reclinarnos con satisfacción en el sillón y dejar al Banco Central Europeo el resto de las decisiones políticas. 
El desempleo extraordinariamente elevado en los Estados miembros de la UE y que los expertos calculan en 34 millones de personas, exige una política económica y de empleo coordinada en la UE. 
Si solamente se persigue la estabilidad del valor del dinero, el paro seguirá ascendiendo ocasionando unas tensiones sociales insospechadas. 
La consecuencia sería un resurgimiento de los sentimientos nacionales en los países y un giro a la derecha, lo que los Verdes no deseamos. 
Por ello, es absolutamente necesario que el banco Central Europeo tenga unos fundamentos realmente democráticos para que no se desvincule de una política económica, social y de mercado de trabajo común europea y no se sienta obligado sola y exclusivamente a la estabilidad de los precios, con todo lo importante que esto sea. 
Es necesario poner a disposición del BCE un Consejo Económico, para que la política del BCE siga los mismos objetivos políticos de la política global europea. 
Hay que rechazar la exigencia del Ministro de Hacienda alemán, Waigel, de modificar las reglas del juego durante el procedimiento e imponer, por ejemplo, a algunos países, como Italia y Bélgica, unas reglas especiales. 
No se debe dar preferencia al pacto de estabilidad y no se puede determinar que el aumento de los ingresos en el presupuesto se deban emplear exclusivamente a amortizar el déficit del Estado. 
Esto limitaría considerablemente la capacidad de un Gobierno, por ejemplo, para imponer un programa de empleo y debe considerarse como una injerencia ilícita en la soberanía nacional. 
La política debe comprometerse con el bienestar de todos y no sólo con el de los poseedores de dinero. 
Por ello, necesitamos muy urgentemente una coordinación eficaz de la política macroeconómica que se plantee como una de las tareas más importantes y urgentes la lucha contra el paro. 
Por ello, el BCE no debe comprometerse solamente con una rígida política monetaria, tal como se exige en el informe Wogau. 
Este ha sido un motivo por el que he votado en contra del informe von Wogau que quiere subordinar el bienestar de las personas en la UE a una política monetarista neoliberal. 
Tampoco es mi objetivo construir con el euro una hegemonía europea. 
La Unión Europea debe emplear sus competencias y su fuerza, que se van a ampliar sin duda con el euro, en crear un orden económico mundial social, ecológico y solidario. 
El euro no debe emplearse para seguir elevando y afianzando las murallas que rodean Europa. 
Ante la tan gustosamente citada " globalización de la economía mundial» , este sería el camino erróneo que no solamente provocaría tensiones adicionales entre los Estados miembros de la UE sino también a nivel mundial. 
Debe rechazarse claramente una política monetaria como la que proponen los responsables de la CSU. 
Con Francia y otros países de la UE, así como con otra política alemana tras las elecciones al Parlamento el 27 de septiembre, que se concentre de nuevo en los más que justificados deseos de las personas, el euro puede servir como instrumento para profundizar y también abrir la Unión Europea. 
El éxito y la estabilidad del euro así como también la aceptación por parte de las ciudadanas y ciudadanos, dependerá de una política económica de orientación social y ecológica. 
Saludo expresamente la introducción del euro, pero precisamente de cara a la inserción política de Alemania en la Unión Europea hay que poner en marcha los necesarios correctores. 
En esta etapa, la votación del Parlamento Europeo, emitida sin comentarios ni enmiendas, ya no puede influir en el curso de las cosas ni en las condiciones del paso al euro. 
Hoy me abstendré. 
Me habría gustado poder votar " sí» en este momento histórico, porque soy favorable a la moneda única. 
Pero el marco que actualmente se nos propone supone demasiados riesgos para nuestra democracia y para nuestro modelo social, como para que yo pueda aprobar esta evolución. 
El euro podría ser una apuesta fantástica para nuestros pueblos si permitiera acelerar la unión política y el fortalecimiento democrático de Europa, si diera márgenes de maniobra económicos para permitir erradicar el desempleo y abrir una nueva era de progreso social, si permitiese que nuestro continente reafirmara, frente a la hegemonía norteamericana, una concepción distinta de la transformación de nuestro planeta. 
Ahora bien, esto no ocurre hoy. 
El marco de la aplicación del euro organiza, no ya una transferencia de soberanía de los Estados naciones hacia órganos democráticos europeos (lo que sería positivo) , sino una cesión de soberanía por los pueblos. 
El BCE, que será el banco más independiente del mundo, claramente más omnipotente que el Banco Federal norteamericano o el actual BUBA, tendrá un poder absoluto, sin control parlamentario, y no tendrá que aplicar la política de un gobierno europeo, ya que, por no haber constituido un gobierno económico, la Unión Europea se ha privado de esta herramienta indispensable. 
Así, los pueblos europeos son desposeídos de todo tipo de control sobre las opciones monetarias. 
Con el Pacto de estabilidad de Dublín, también son desposeídos del control de las opciones macroeconómicas, que son decisivas para su vida y su futuro. 
El Pacto de estabilidad no sólo limita nuestras economías en el ámbito monetario, sino que- lo cual es aún más grave- instaura una verdadera constitución económica, que impide que los gobiernos o parlamentos puedan ejercer un arbitraje macroeconómico, llegándose incluso a sancionar a los Estados infractores. 
¿De qué servirán las elecciones si estas decisiones tan importantes ya no pueden ser modificadas? 
Me niego a entregar nuestro destino común a las potencias del dinero y a los defensores de los dogmas monetaristas. 
Algunos ven en el euro una etapa que conduce al fortalecimiento de una integración política de Europa. 
El gran mercado, la zona de libre cambio, que actualmente hace las veces de proyecto europeo, no necesita una Europa política fuerte. 
En última instancia, es a la inversa, ya que puede observarse que la autonomización de la esfera económica y financiera, exenta de toda regulación colectiva y democrática, tiende a relegar la política al margen. 
Por otro lado, en el momento del Tratado de Maastricht se había previsto la reunión de la CIG para fortalecer la integración política y mejorar las instituciones. 
Así, los progresos de la Europa política debían efectuarse al mismo tiempo que se realizaba la UEM. 
Es necesario constatar que Amsterdam no confirmó ningún avance significativo. 
La Europa política es impotente, y el equilibrio entre lo monetario, lo económico y lo político, anunciado en Maastricht, no se ha realizado. 
Para responder a la preocupación de los europeos frente al aumento del desempleo, los organismos europeos anunciaban la creación de millones de puestos de trabajo y el lanzamiento de un Libro Blanco. 
Desde entonces, no se han concretado ni las grandes obras ni una mejora del gravamen sobre el capital, para aliviar los impuestos sobre el trabajo. 
El desempleo ha aumentado en la zona "euro» , sobre todo si se considera que las cifras oficiales de índices de desempleo no toman en consideración a todos los solicitantes de empleo ni a esos" asalariados pobres» , que van en aumento. 
Por lo tanto, las promesas de Maastricht, en particular sobre el fortalecimiento político y democrático de Europa, y sobre el empleo, no se cumplen. 
Y lo que es más grave: el Pacto de estabilidad ya no deja a los países más que un margen de maniobra, el dumping fiscal y social, para hacer frente a la competencia exacerbada. 
El marco actual del paso al euro puede acelerar la deriva liberal de Europa y el alineamiento al modelo norteamericano. 
Nuestros pueblos no tienen nada que ganar con ello y mucho que perder. 
Deseo que el esfuerzo, que no ha podido realizarse antes del paso al euro, para imponer una Europa política y una Europa social dignas de ese nombre, pueda producirse a partir de ahora. 
Será una prioridad para esta " euroexigente» que les habla. 
Lindqvist (ELDR) , Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V) , por escrito. 
(SV) La UEM es un proyecto centralista con débil arraigo popular. 
La UEM da primacía a la estabilidad de los precios ya la baja inflación. 
La UE no constituye una zona monetaria óptima y las economías de los países miembros son demasiado distintas como para instaurar una moneda única. 
Hay un gran riesgo de que la UEM, con su orientación exclusiva hacia el combate de la inflación, conduzca hacia un aumento del desempleo. 
Las diferencias entre las regiones de crecimiento y despoblación pueden agravarse con mayores desequilibrios regionales como consecuencia. 
La UEM conduce hacia un fuerte centralismo y un debilitamiento democrático de las políticas económica, monetaria y de divisas que a la larga puede llegar a comprender también a las políticas financiera y fiscal. 
Esto de deduce también del informe que habla de " una colaboración reforzada de los sistemas fiscales y las tasas de impuesto». 
La UEM trata de economía pero es, en alto grado, un proyecto político centralista y orientado hacia el super- estado. 
La UEM intensifica los aspectos federalistas de la UE orientados hacia la creación de un estado, el estado UE. 
La UEM y la nueva moneda, el euro, se dirigirán desde el Banco Central Europeo, desde elBCE. 
Este banco tendrá más independencia y poder que cualquier otro banco en el mundo. 
Los directores del banco, elegidos por ocho años e inamovibles, tendrán una influencia enorme en las políticas de divisas, de intereses y en el resto de la política económica que directamente afecta a las personas, a las regiones y a las naciones. 
El control democrático es débil. 
La Comisión ha presentado una recomendación para instaurar la moneda única en once estados desde el 1 de enero de 1999, el Consejo Ecofin ha apoyado esta recomendación. 
Es lo que esos estados han elegido. 
El Parlamento de Suecia ha decidido no participar en la etapa de la UEM desde el 1 de enero de 1999. 
Esta es una decisión sabia. 
La UEM adolece de defectos económicos y democráticos, independientemente de cuántos países sean miembros de la unión monetaria. 
Por los motivos expuestos, hemos votado en contra del informe. 
Éste no es un posicionamiento en contra de las decisiones o la economía de determinados países, sino que se funda en la concepción misma del proyecto de UEM. 
He votado a favor de la decisión del Consejo en la que se designa a los fundadores de la Europa de los once, entre los cuales se encuentra mi país. 
Para Europa es la creación de un formidable símbolo de identidad, palanca de poder en el mundo y medio de desarrollo económico, cohesión intraeuropea y solidaridad entre los ciudadanos. 
Será el santo y seña para 300 millones de personas con lenguas diferentes. 
Pero es necesario avanzar hacia una política fiscal más común, una legitimación democrática más perfecta, una política social por lo menos suficiente, una mayor movilidad intraeuropea, un presupuesto más comunitario y solidaridad para eliminar posibles choques asimétricos. 
Para mi país, significa entrar en la lista de los fundadores de la Europa del futuro y resarcirse mediante la esperanza de decenios de aislamiento y atraso. 
Nuestra responsabilidad es, pues, ahora mayor, pero estaremos a la altura de esta revolución de la historia europea, que es la más importante desde el comienzo de la construcción comunitaria y la más firme garantía de su irreversibilidad. 
Como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial que ha dedicado mucho tiempo y energía durante los últimos años a la aplicación de la moneda única, pero que no ha tenido tiempo de uso de la palabra durante el debate, deseo aclarar que he votado " sí» a pesar de que, en su recomendación y concretamente en la Sección 1, el Consejo escamotea, sencillamente, el criterio que se refiere a la deuda a largo plazo, que no debería rebasar el 60 % del PIB. 
Teniendo en cuenta cómo están las cosas en este ámbito, esto es a pesar de todo algo insólito, puesto que el criterio relativo a la participación en el mecanismo de cambio- que considero menos importante- es perfectamente tomado en consideración, entre otras cosas para comprobar que Suecia no cumple con las condiciones. 
Es cierto que este país aún no quiere formar parte de la zona " euro». 
Felizmente, existe la declaración del Consejo ECOFIN, que es mucho más sólida con respecto a algunos puntos que me preocupaban y que, en la resolución aprobada en el marco de nuestro informe sobre la convergencia, no han gustado al Grupo Socialista. 
Así pues, me felicito de que el Pacto de estabilidad entre en vigor el 1 de julio, lo que la mayoría de este Parlamento no se ha atrevido a escribir; de que el Consejo reconozca que estamos sentados sobre una bomba por lo que se refiere a la financiación de los sistemas de pensión, en razón de la situación demográfica; de que con respecto a la fiscalidad, la principal preocupación no sea abolir la competencia fiscal, sino evitar la competencia desleal y nociva, es decir, ni más ni menos lo que se decidió en el Consejo ECOFIN del 1 de diciembre de 1997. 
A reserva de estas precisiones, y a pesar de todo, he votado " sí» de buena gana. 
A los colegas diputados, representantes de 15 Estados miembros y de más de un centenar entre regiones y naciones históricas, comunidades y pueblos, deseo expresar el testimonio y el voto de una nación histórica, Véneto, la Vainita, the Véneto, das Venetland, que ha contribuido al progreso de la economía y de la civilización europea y cuyos ciclos históricos han simbolizado constantemente el gran acontecimiento del cual hoy somos copartícipes: la consecución de la moneda única europea. 
Hoy Véneto, pueblo y región administrativa, junto con las demás regiones y pueblos del colegio electoral europeo del noreste de la República de Italia, es uno de los más ricos y dinámicos motores económicos y productivos de Europa. 
Si a lo largo de 130 años- más de la mitad sin democracia- el trabajo y el ingenio vénetos han contribuido a fortalecer la moneda italiana, desde ahora en adelante, caídas por fin las artificiales y sofocantes barreras establecidas por la dinastía de los Saboya y los nacionalismos, Véneto sabrá aún más, si cabe, ser determinante para la estabilidad, el éxito y la fuerza de una moneda en la que, como durante los milenios de independencia, podrá de nuevo y por fin reconocerse plenamente. 
En la época prerromana, los vénetos estaban presentes y desplegaban su actividad en numerosas rutas comerciales y encrucijadas- terrestres, fluviales y marítimas- de nuestro Continente, así como en Cirenaica y Asia Menor, el Báltico y Europa central, a lo largo de las rutas del ámbar y del estaño, en el actual Véneto, Lacio, Bretaña y en las islas Británicas, la península balcánica y la ibérica, el lago de Constancia, el Mar Negro, caracterizándose siempre por su preferencia por las artes del trabajo, el comercio y la convivencia civilizada, en lugar de las de la guerra, las tropelías y los saqueos. 
Los vénetos anteponen, como recuerda el judío Abrahám en la «Vida de San Jerónimo Manni» de Suzanne Chantal, el interés general a sus intereses particulares. 
Por esto, durante tres milenios, prefirieron crear instituciones republicanas y sociedades equilibradas y, por lo tanto, prósperas y contribuyeron a favorecer soluciones diplomáticas más que conflictos, constituciones federales más que feudales, la libre circulación de bienes, personas e ideas en lugar de sistemas autárquicos y estancados. 
En la época de la guerra de Troya, los vénetos estuvieron al lado de un pueblo agredido para defender, además de sus libertades, también la libertad del comercio entre toda Europa y Asia. 
Igualmente instructiva es la experiencia monetaria véneta anterior a la creación del primer gran imperio europeo: mientras las vecinas poblaciones celtas, griegas o helenizantes e itálicas acuñaban miles de monedas- una por tribu o clan o asentamiento- que circulaban en un espacio limitado, los vénetos fabricaron durante siglos, a través de las diferentes cecas de las ciudades o comunidades federadas entre sí, una moneda única de plata con un valor estable y constante, difundida, mucho más allá de Venetia et Histria, en gran parte de Europa continental: signo elocuente de la vocación y de la capacidad de los vénetos de establecer un sistema económico y monetario supranacional, mejor dicho de índole continental y supracontinental. 
Los vénetos se adhirieron al Imperio Romano pacífica y paritariamente, de la misma forma que España e Irlanda, Austria y Finlandia se integraron en la creciente Unión Europea y hoy en el euro, y mantuvieron a lo largo de todo el Imperio su autonomía, su comercio y su prosperidad, prosperidad compartida con un número creciente de poblaciones. 
Ese comercio nunca se interrumpió del todo, ni siquiera en los tiempos de los hunos y de los godos e incluso aumentó a poco a poco en intensidad, volumen y calidad gracias a su nueva capital, Venecia, donde las instituciones republicanas y federales vénetas se habían concentrado. 
La moderna República de Venecia, que se extendía desde Suiza hasta el Mar Negro, se presenta ante nuestros ojos no sólo como un Estado federal multiétnico y multicultural, patria de las libertades civiles y religiosas y del buen gobierno durante más de un milenio, sino también como el sistema económico y financiero más estable o estabilizador de toda Europa- sigue sin superarse la permanencia en el espacio y en el tiempo de los valores de la moneda véneta- desde el Atlántico de los hermanos Zen hasta el Mediterráneo, desde los florecientes países y mercados situados a lo largo de las rutas de la seda y de Marco Polo, hasta Persia y más allá. 
Hoy que en la Unión Europea vuelven a florecer muchas de las mejores características de las instituciones vénetas, es para mí un honor, como véneta y europea, contribuir con mi voto a la concreta consecución de la moneda única en la cual todos podremos identificarnos democráticamente, en cuanto la misma no es tan sólo un mero instrumento económico, sino un factor de tolerancia, diálogo, solidaridad no retórica y civilización. 
Izquierda Unida ha manifestado suficientemente su crítica al actual modelo económico social que está desarrollándose en los últimos años en la UE bajo la disciplina monetarista de los criterios de Maastricht. 
De la misma forma hemos criticado radicalmente los contenidos del Pacto de estabilidad que supone mayor desempleo y precariedad del Estado de Bienestar. 
Hace falta justamente otra política económica que sitúe en el centro el pleno empleo y el bienestar social. 
El actual modelo en que el euro se basa significa la hegemonía del mercado en detrimento de la democracia y de la unión política. 
En este momento en el que sólo se evalúa qué países cumplen las condiciones para formar parte del euro solamente podemos abstenernos puesto que precisamente nuestra opinión es que el euro, la moneda única, tal como se ha implantado supone incertidumbre y precariedad para los trabajadores, mientras que se debía haber configurado la moneda única basada en otros parámetros orientados por la solidaridad, pleno empleo y el bienestar social. 
¡Ya está! 
Por 467 votos contra 65, la secta del templo euromonetario acaba de decidir el suicidio de once naciones. 
La lira de la Italia de las antiguas ciudades, la peseta de España, cuyo imperio se extendía hasta aquí, hasta Bruselas, la libra de la Irlanda de los póneys salvajes, el escudo del gran Portugal de Vasco de Gama, todas estas monedas, que constituyen la síntesis, el símbolo y la identidad de las naciones, acaban de ser eliminadas. 
Señorías, ¡escuchen! , ahí fuera, delante del hemiciclo, no pueden evitar oírla, está actuando una orquesta del Ejército alemán. 
Pueden oír sus tambores, sus trombones, sus chinescos. 
¿Qué están ejecutando? 
El Preussen Gloria. 
Nada menos que esta pieza, una marcha del paso de la oca, una marcha de la Prusia de Federico II, aquí mismo, en un Parlamento, el 2 de mayo de 1998, para festejar la muerte de las monedas nacionales y el nacimiento del euro. 
¿Qué más quieren? El Banco Central en Francfort, el paso de la oca y la música del Ejército alemán, el pacto de racionamiento presupuestario impuesto por Theo Waigel; el euro es el Anschluss monetario de diez monedas (entre ellas el franco) por el deutsche mark. 
Nuestras monedas fueron creadas con el sacrificio de miles y miles de obreros de las acerías, de las minas de carbón o de la industria textil, del Pas-de- Calais o de Lorena a Asturias, con el sacrificio de los pescadores, de Bretaña a la Galicia española, con el trabajo de los campesinos de Europa. 
Una moneda es todo eso. 
La sangre y el corazón de los pueblos. 
Suprimir una moneda es suprimir, negar, toda esta época de sudor y sacrificio. 
Por eso es por lo que ustedes no podían hacerlo. 
Porque al hacerlo, ustedes han cometido un acto de usurpación. Han rebasado nuestros poderes. 
Los pueblos tienen el derecho de sobrevivir monetariamente a sí mismos. 
Más allá de lo que piense y haga el Parlamento Europeo. 
Voto en contra de esta proposición para dejar constancia de mi protesta por este desastroso, no democrático y mal concebido plan para la moneda única. 
Sé que mucha gente ha estado trabajando durante aos para lograr esta unión monetaria y su euforia es por ello comprensible. 
También creo, no obstante, que en un futuro no muy lejano contemplaran con arrepentimiento su sentimiento de euforia tanto como lo hicieron los pasajeros del Titanic mientras el barco se hundía en el océano Ártico. 
Nosotros los británicos hemos escuchado muchas veces que deberíamos unirnos al euro en la primera ola, que en caso contrario existía un riesgo de perder el barco. 
El caso del Titanic, sin embargo, demuestra que hay algunos barcos en los que es mejor no estar. 
No creo que este navío esté en condiciones de navegar y estoy seguro que más adelante aparecerán icebergs. 
Como con el Titanic, por tanto, serán los pasajeros de las cubiertas inferiores los que sufrirán más. 
La mayoría de la gente que ha impuesto este esquema sin una verdadera reflexión o una oportunidad para el debate democrático se subirán en los botes de salvamento cuando el euro se hunda. 
Serán la clase trabajadora, los desempleados y los grupos más vulnerables de nuestras sociedades los que, como siempre, sufrirán en el momento en que este barco endeble desaparezca en las gélidas aguas de la realidad económica. 
El voto que nuestra Asamblea acaba de emitir compromete el futuro de nuestros países. 
No abre un camino bordeado de rosas, sino sembrado de obstáculos y de sacrificios para los pueblos. 
La introducción del euro marcará, en efecto, una nueva etapa de la Europa ultraliberal, que ya cuenta- en su pasivo- con cerca de 18 millones de parados y 57 millones de pobres. 
Se impondrán- ya se han impuesto- limitaciones drásticas a los presupuestos nacionales a través de los criterios de convergencia y de las amenazas de sanciones establecidas por el Pacto de estabilidad, cuya aplicación acaba de anticiparse. 
La unicidad de los tipos de cambio producirá una presión enorme sobre los salarios y una sobreexplotación de los trabajadores, junto con la desreglamentación y la flexibilidad. 
Dominada por los mercados financieros, se trata siempre y aún más de la Europa de la guerra económica- en oposición a una política progresista-. 
Es esta Europa la que criticamos, a la par que luchamos por una Europa distinta. 
Deseamos contribuir a reorientar la construcción europea con respecto al ámbito social, a la cooperación y al codesarrollo de naciones iguales y soberanas, una Europa en la que se repartan los costes y los conocimientos, una Europa abierta al mundo, y cuyas relaciones estén basadas en la solidaridad y en los intereses recíprocos. 
En resumen, una Europa capaz de responder a los desafíos del siglo XXI. Capaz de movilizar recursos para combatir el desempleo y la exclusión, preocupada por armonizar hacia arriba la legislación social, capacitada para prevenir los conflictos y para garantizar la seguridad de cada país. 
Desde este punto de vista, estamos decididos a acercar posiciones, por ejemplo, para poner en tela de juicio el Pacto de estabilidad y sustituirlo por un Pacto de crecimiento y de empleo; o incluso para que se revisen el estatuto y la misión del Banco Central; para lograr una verdadera cooperación monetaria, con una moneda común, no única, basada en las monedas nacionales, que podría permitir desarrollar una política crediticia en favor del empleo; para que los servicios públicos, que contribuyen a la cohesión social, tengan los medios para cumplir su cometido de servicio de interés general. 
Para existir, esta Europa necesita la intervención de los pueblos. 
En los dos últimos años han tenido lugar las primeras grandes euromanifestaciones; éstas demuestran la posibilidad de ampliar las convergencias de lucha para rechazar la recesión, abrir las tenazas de los mercados financieros, promover soluciones alternativas que respondan al importante papel que desempeñan los pueblos. 
En una palabra, para democratizar por fin la construcción europea. 
Nosotros pretendemos dedicar a ello todos nuestros esfuerzos, y nuestro voto en contra de hoy se inscribe en favor de la construcción de otra Europa. 
He votado a favor de la introducción del euro pues estoy profundamente convencido de que esta moneda común acerca a las europeas y europeos, además con mayor rapidez e intensidad de lo que puede lograr nunca una Conferencia Intergubernamental. 
No obstante, como diputado alemán echo en falta que la introducción del euro, este revolucionario proyecto, se haya acordado solamente en una Conferencia Intergubernamental y no se haya visto acompañado por un referéndum en mi país. 
Este déficit democrático ha hecho que muchas personas hayan sido poco informadas sobre sus ventajas. 
También en Alemania deberíamos haber tenido el valor de adoptar una decisión amplia, segura y consciente sobre este proceso de integración. 
Las ciudadanas y ciudadanos de Europa se identifican con Europa si sienten que son parte activa de la decisión. 
En segundo lugar, quiero destacar que en un tiempo previsible no va a existir confianza en esta nueva moneda si no se mantiene en equilibrio esta Europa común que se va ampliar además en el futuro. 
En este contexto, equilibrio significa sobre todo no orientar la estabilidad unilateralmente a la estabilidad monetaria sino luchar también con la misma intensidad por la estabilidad social. 
Por ello, el euro no es el punto final de una visión política de Europa sino, por el contrario, el punto de partida para lograr una mayor integración, una coordinación más efectiva de las políticas económicas y para un fortalecimiento de los derechos sociales fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos en Europa. 
La decisión de proceder a la moneda única es prematura y ha sido forzada por consideraciones políticas en lugar de preocupación por el crecimiento económico y un menor desempleo en la UE. 
Estoy preocupado por el efecto que esta prematura decisión va a tener en las personas del Norte de Irlanda que represento. 
Como los criterios de Maastricht no han sido observados por algunos de los once países, en especial por Bélgica e Italia, el proyecto del Euro comienza con unos fundamentos inseguros. 
La introducción del euro va a tener tanto efecto en los países que se mantengan fuera del proyecto como en aquéllos que se incorporen a la primera ola. 
Mi circunscripción electoral va a ser la única que va a compartir una frontera terrestre con un país participante. 
Por esta razón estoy preocupado por que el impacto negativo que Bélgica e Italia van a propinar al proyecto tenga repercusiones en mi economía local. 
Celebro que el gobierno del Reino Unido haya adoptado una posición tan responsable y no participe en el primer momento. 
El proyecto del euro tiene el potencial de deshacer los éxitos de la UE. 
El Gobierno del Reino Unido ha decidido sabiamente no lanzar al pueblo británico hacia lo desconocido. 
He estado a favor de una moneda única europea para poder comprar bienes en toda Europa al mismo precio, para acabar con el coste de cambiar dinero necesario para nuestras transacciones y para impulsar el comercio. 
La moneda única debería eliminar la posibilidad de que los especuladores puedan apuntar a monedas nacionales y hagan enormes beneficios a expensas de los ciudadanos de a pie, tal y como ha ocurrido en el pasado. 
Sin embargo, en las presentes proposiciones se han ignorado medidas para salvaguardar a los sectores más vulnerables del pueblo. 
Los empleos, desde mi punto de vista, son tan importantes como la estabilidad de precios. 
Sin embargo, las restricciones en el gasto público y el estricto techo impuesto a los presupuestos van a privar a los Estados miembro de medios económicos para ayudar a los sectores menos competitivos que van a perder empleos e inversiones. 
Hemos visto como el empleo ha renqueado en Alemania, especialmente en los sectores menos competitivos desde la reunificación y el establecimiento de una moneda única alemana. 
Es necesario hacer mucho más para contrarrestar el creciente desempleo y la pobreza y me he abstenido para demostrar mi profunda insatisfacción a este respecto. 
Una sucesiva cohesión, cada vez más fuerte, de los países de Europa ha sido el principal objetivo de la integración europea desde los años cincuenta. 
La actual decisión sobre una moneda común y una Unión Económica y Monetaria es una de las mayores e importantes resoluciones adoptadas en este proceso. 
La UEM es así una contribución importante al proyecto por la paz y fortalece a la Unión Europea en el trabajo de ampliación hacia la Europa Central y del Este. 
Esta resolución distingue a Europa como un actor unitario, coherente y poderoso en la economía mundial. 
Durante el debate de la UEM en Suecia y en mi partido, he sostenido reiteradamente la idea de que Suecia debería compartir las responsabilidades y los beneficios de esta colaboración. 
Estoy convencido también que Suecia, después de un tiempo de reflexión, va a adherirse a este proyecto histórico. 
Fundamentalmente por todas estas razones creo que es provechoso votar que " sí» y de este modo demostrar mi fe en la colaboración europea. 
Depende de nosotros, de los pueblos y los Estados, del Parlamento Europeo que el euro sea una gran casa común y no una torre incompleta como la de Babel. 
No cabe duda de que sobre el euro se ciernen luces y sombras: es así para las cosas que al final acaban mal y lo es también para las cosas que al final acaban bien, para los proyectos ambiciosos. 
Integración monetaria, sí, pero seguida inmediatamente después por la jurídica y judicial, del sistema de defensa, del desarrollo económico y del medio ambiente y- al igual y por encima de todas- la social y laboral. 
Dos notas positivas: la participación desde ahora de Portugal, España, Italia y Francia da un seguimiento coherente y concreto a la necesidad de una construcción de una Europa tanto central como mediterránea. 
La participación desde ahora de Italia ha bloqueado fugas secesionistas impidiendo que un Norte rico pudiera elegir causas secesionistas en perjuicio de un Sur «culpable» de haber impedido dicha integración. 
Hoy que Italia, una y entera, está en el sistema europeo, toda realidad local puede con paso firme- y debe con fantasíarecorrer caminos originales. Es lo que espero que harán Sicilia y Cerdeña, es lo que espero que comprendamos en las regiones y las islas que tengo el honor de representar en este Parlamento Europeo. 
En el mes de junio, Palermo va a acoger la Cumbre Euromediterránea de los 27 ministros de Asuntos Exteriores de los países europeos y ribereños africanos y asiáticos, con toda la fuerza, con todas las oportunidades y con todas las seguridades ligadas a la participación de Italia en la Unión Monetaria. 
Hace mucho tiempo que he optado por Europa, por una Europa del empleo, del progreso social, una Europa democrática, próxima a los pueblos y respetuosa de las culturas nacionales, una Europa capaz de resistir a la empresa hegemónica de Norteamérica. 
Si me opuse al Tratado de Maastricht, cuya parte central era la moneda única, es porque pensaba que no podía responder a esta concepción de Europa. 
La Europa que se construye desde entonces confirma mis temores. 
A pesar del interés que revisten, las declaraciones y las resoluciones sobre el aspecto social no han corregido realmente las fuertes tendencias ultraliberales de la construcción europea. 
En ese sentido, la moneda única constituye a la vez un resultado y un nuevo punto de partida de una Unión Europea más dura para los débiles y totalmente favorable a los fuertes. 
En lugar de favorecer la cooperación, exacerba la competición entre países, entre regiones y entre pueblos. 
Dejo hablar al Sr. Tietmayer, presidente del Banco Federal de Alemania, uno de los principales arquitectos del euro: " Hoy el objetivo es crear condiciones favorables al crecimiento sostenible y a la confianza de los inversores; por lo tanto, hay que controlar los presupuestos públicos, bajar el nivel de tasas e impuestos hasta conseguir un nivel soportable a largo plazo, reformar los sistemas de protección social, desmantelar las rigideces en los mercados del trabajo, de tal modo que no pueda alcanzarse otra vez una nueva fase de crecimiento si no realizamos un esfuerzo de flexibilidad en los mercados del trabajo». 
El euro someterá las políticas económicas y sociales de los Estados miembros a un yugo- que Alemania ha querido hacer aún más pesado a través de la denominada " declaración de Waigel» en el Consejo ECOFIN de ayer -, sin un verdadero control democrático ni de los Parlamentos nacionales ni del Parlamento Europeo. 
Esta Europa, basada en la moneda única y en su Pacto de estabilidad constituirá un obstáculo importante para alcanzar nuevas etapas en los cambios que los franceses- que votaron a un gobierno de izquierdas- desean, e impedirá desarrollar una voluntad realmente transformadora. 
Por todas estas razones he votado en contra del euro. 
Como ha subrayado recientemente el sociólogo Pierre Bourdieu: " Hay que elegir entre la confianza de los mercados y la confianza del pueblo. 
La política que pretende conservar la confianza de los mercados pierde la confianza del pueblo». 
Yo prefiero la confianza del pueblo y confiar en el pueblo, ya que considero que la lucha no ha acabado. 
La exacerbación de las contradicciones ligadas a la aplicación del euro puede llevar a los pueblos a imponer otras exigencias, otras orientaciones a la construcción europea. 
Pienso continuar el trabajo de información y de explicación para contribuir al desarrollo y a la coordinación de las luchas en el plano europeo, con el objetivo de situar el empleo, la cultura, el progreso social y la democracia en el centro de la construcción europea. 
Con el proceso extraordinario de hoy se cierra el capítulo que se había abierto con el Tratado de Maastricht. 
Todavía no se ha completado la unificación monetaria, ya que ello tendrá lugar cuando todos los Estados miembros de la Unión Europea sean también miembros de la UEM, y en este punto quisiera añadir que me alegro de que ECOFIN haya manifestado la seguridad y la esperanza de que mi país podrá entrar en la UEM el 1 de enero de 2001 en las mismas condiciones que los 11 estados que lograron su convergencia y adoptaron el euro. 
En cualquier caso, la creación del euro tiene gran importancia histórica. 
Significa la culminación del mercado interior único al que viene a servir y fomentar. 
Abre importantes posibilidades para que Europa pueda jugar un papel notorio y decisivo en el mundo y no sólo en el ámbito de la economía y de los mercados. 
Y lo que es más importante, el euro simboliza la existencia de una voluntad política concreta y clara en el " curso natural de las cosas» de la economía y de los mercados. 
Demuestra hasta dónde puede llegar el rango de una voluntad política europea cuando la hay y es llevada a cabo con consenso y firmeza. 
Espero que tal voluntad se vea expresada también en la lucha contra el desempleo y la exclusión social, en el fomento del desarrollo y, naturalmente, en la marcha hacia la integración institucional y política de la Unión Europea sobre una base federal. 
Ahora contamos con un instrumento fundamental, el euro. 
Tenemos que decidirnos a usarlo para tales objetivos. 
Teniendo en cuenta este análisis, esta esperanza y estas reivindicaciones que son siempre las de la izquierda europea, europeísta, revolucionaria y ecológica, votaré " sí» a la propuesta planteada para el comienzo del Euro. 
Los partidarios más devotos de la Europa federal crean, como remedio milagroso, la Unión Económica y Monetaria, ponderando sus virtudes benéficas a cada paso y a veces cuando no viene a cuento, afirmando complacidos que el euro fomentará una mayor adhesión económica y social o que contribuirá a luchar contra el desempleo, cuando el Canciller Kohl ha indicado claramente que " el euro no creará puestos de trabajo». 
En realidad, la UEM agravará los desequilibrios entre regiones prósperas del centro de Europa (Benelux, cuenca de París, los valles del Rhin y del Ródano, norte de Italia) y regiones periféricas, afectadas por el alejamiento geográfico (Finlandia, Mezzogiorno, sur de Italia y de España) , pero también las regiones rurales menos pobladas. 
Cuando un mercado se extiende, se asiste a especializaciones industriales de cada región y de cada ciudad. Cada región, cada ciudad, tratará de salir a flote. 
Del mismo modo que las regiones que poseen infraestructuras modernas pueden esperar salir adelante, las regiones más alejadas del centro económico de Europa, las regiones agrícolas, se sienten amenazadas por la Unión Económica y Monetaria. 
Estas últimas, en efecto, mucho menos pobladas, constituyen mercados menos interesantes, que las grandes industrias no tendrán en cuenta, máxime si, además, en dichas regiones los costes de transporte son más elevados. 
Es de temer que el medio ambiente resulte afectado por estos desequilibrios. 
Naturalmente, los Fondos estructurales curarán las heridas; el maná comunitario calmará los descontentos. 
No obstante, según eminentes economistas, como el profesor Rosa, a pesar de que los Fondos estructurales sean eficazmente utilizados, lo que hoy está lejos de ocurrir, no podrán " atenuar las diferencias locales, como tampoco las ayudas de Milán han podido resolver los problemas del Mezzogiorno». 
Una vez más se demuestra que la Europa de la moneda única es una Europa del egoísmo, que condena a los más débiles para que sólo unos pocos saquen provecho. 
Aquí, como en otros sitios, es de buen tono felicitarse por la creación del euro. 
Pero, en realidad, persisten muchos problemas, y los promotores de la moneda única ocultan voluntariamente las consecuencias negativas del euro, en particular para la agricultura europea. 
Primer argumento falso en favor del euro: la estabilidad de los precios. 
En primer término, deseo recordar, como lo he dicho y escrito en mi informe sobre los precios agrícolas- que se presentará en el Pleno en el mes de junio -, que los precios y las compensaciones agrícolas se expresan en ecus " verdes». 
Ahora bien, se nos explica que un euro equivaldrá a un ecu. 
La Comisión no responde. 
En su defecto, ¿existirá un coeficiente de compensación? 
La Comisión sólo responde que ello costaría al presupuesto comunitario 400 millones de ecus por el tanto por ciento de diferencia entre el ecu " verde» y el euro. 
Ahora bien, la diferencia media actual entre la paridad del ecu " verde» y el euro es del 2, 5 %. 
Una simple multiplicación demuestra que el coste de la aplicación del euro para la agricultura europea debería ser del orden de un millardo de ecus, es decir, más de 6 millardos de francos. 
Y de esto nadie habla: ni los políticos responsables de agricultura ni las organizaciones profesionales agrícolas. 
El euro será, por tanto, desfavorable a los precios y a los ingresos de los agricultores. 
Segundo argumento falso en favor del euro: la supresión de las medidas agro-monetarias. 
En el último Consejo de Ministros de Agricultura del 20 y 21 de abril de 1998 se aprobó por mayoría cualificada una enmienda al Reglamento nº 724/97 por el que se establecían medidas y compensaciones frente a las variaciones monetarias que afectarían a los ingresos de los agricultores, y ello, naturalmente, con respecto a los Estados miembros que estarían fuera del euro. 
Las medidas agromonetarias persistirán, por lo tanto, para los llamados países " out». 
Los agricultores ingleses tendrán una " red de seguridad» , a pesar de que su gobierno y muchos diputados europeos del Reino Unido continúan oponiéndose frontalmente a la PAC y no buscan más que suprimir totalmente la preferencia comunitaria, en provecho de la mundialización de los intercambios. 
Por lo tanto, contrariamente a los que nos habían dicho los grandes " filósofos» del euro, las medidas agro-monetarias continuarán. 
Tercer argumento falso en favor del euro: el contrapeso al dólar. 
Como indica el último informe de la OCDE sobre las perspectivas agrícolas mundiales, la cuota de mercado de la Unión Europea en las exportaciones mundiales de cereales, de productos lácteos y de productos elaborados a base de carne no cesa ni cesará de disminuir. 
Todos sabemos que los precios mundiales son y seguirán expresándose en dólares. 
El mercado a plazo de Chicago sigue y seguirá existiendo. 
El ecu era una cesta de monedas que no reaccionaban todas de la misma manera con respecto a las fluctuaciones del dólar. 
Por consiguiente, el ecu tenía cierta estabilidad. 
En cuanto al euro, éste fluctuará de manera mucho más acusada. 
Les recuerdo que el valor de las restituciones se establece para períodos de dos semanas. A fin de poder continuar su actividad, los exportadores europeos deberán jugar al póker y, en realidad, ser especuladores. 
Los responsables de la Comisión no correrán este riesgo; nos lo han demostrado recientemente en materia de certificados de exportación. 
Este será el gran freno para las exportaciones europeas. 
Algunos ven en estas dificultades la posibilidad de suprimir, a la larga, el propio principio de las restituciones y de las exacciones. 
Los precios europeos se ajustarán, por tanto, a los precios mundiales y la preferencia comunitaria se suprimirá totalmente. 
Cuarto argumento falso en favor del euro: limitar las distorsiones de competencia entre Estados miembros. 
En su intervención del pasado 30 de abril ante la Comisión del Parlamento Europeo encargada de los asuntos económicos, financieros y monetarios, el Comisario de Silguy aclaró: " A título de ejemplo, si no se quiere generar un desempleo importante, los Estados que participan en el euro en los cuales los salarios son menos elevados que la media, no podrán esperar ajustarse instantáneamente al nivel de remuneración de los Estados más ricos: previamente es imprescindible un alza de la productividad del trabajo». 
Los productores franceses de frutas y hortalizas estarán contentos. 
Las fresas españolas podrán continuar ocupando el sitio de la producción francesa. 
En cualquier caso, la agricultura especializada que utiliza mano de obra se deslocalizará cada vez más hacia los Estados miembros donde los niveles de remuneración sean más bajos. 
En efecto, el Comisario de Silguy olvida que la productividad del trabajo, en términos macroeconómicos, no tiene el mismo valor que el análisis de la productividad del trabajo sectorial. 
Además de estos argumentos falsos, me adhiero, naturalmente, a las intervenciones de los colegas de mi Grupo, y voto " no» a la aplicación del euro. 
Dentro de poco, los agricultores europeo y franceses se darán cuenta de que el euro es en realidad la herramienta destructiva de la política agrícola común, que hasta ahora es la única política común que funciona. 
La Europa de la Unión Monetaria tiene que ser también la Europa de los ciudadanos. 
Aunque el calificativo de " histórico» se emplea mal con mucha frecuencia hoy día, sin embargo es adecuado para describir los acontecimientos de este fin de semana. 
Tras 20 agitados años, se ha dado el definitivo pistoletazo de partida a la moneda común, el euro. 
Lo que con frecuencia fue calificado como de delirio o quimera, se convierte en realidad. 
El pequeño Luxemburgo se ha pronunciado desde siempre en favor de la moneda común. 
Ya muy pronto se vieron las ventajas financieras y económicas de participar en una gran moneda común. 
El antiguo Jefe de Gobierno de Luxemburgo, Pierre Werner, elaboró ya en 1969 (en el llamado " informe Werner» ) los elementos fundamentales que hoy representan la base de la moneda común. 
La economía luxemburguesa se va a beneficiar del euro: para nuestras empresas, que están orientadas en su mayor parte a la exportación, la nueva estabilidad monetaria va a significar un riesgo financiero menor y, en consecuencia, ahorros que aumentan la competitividad. 
A largo plazo, esta evolución va a tener sin duda unos efectos positivos sobre el empleo. 
Como Luxemburgo es relativamente pequeño, el consumidor luxemburgués tiene que vivir continuamente con otras monedas y, en consecuencia, con los costes de las transacciones y los problemas de la comparación de precios. 
Con el euro desaparecerán estos problemas: ya no existirán los gravosos costes de cambio y sí transparencia en la comparación de precios. 
Por lo demás, podemos estar orgullosos de que seamos el único país que ha logrado un acuerdo entre el comercio y la protección del consumidor que garantiza un tiempo de transición abarcable y correcto: no se van a producir veladas elevaciones de precios, pues los precios se mostrarán tanto en euros como en francos luxemburgueses. 
Junto a estos aspectos prácticos de la introducción, no se deben perder de vista los objetivos políticos y las consecuencias. 
El euro es un gran paso en dirección a " una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos» : el dinero común es un fuerte símbolo de la profundización de la sensación de pertenecer conjuntamente a Europa. 
Esta profundización de las relaciones va a tener también lugar entre los Estados miembros: la Unión Monetaria impondrá la necesidad de adoptar decisiones políticas comunes. 
Por estos motivos, es también deseable que todos los Estados de la UE se adhieran a corto o largo plazo a la UEM, para que puedan participar en este proceso de integración: el euro hace además que Europa sea irreversible y significa de este modo una garantía de seguridad para las próximas generaciones. 
Para finalizar, queda sólo por desear que la cooperación financiera y económica tenga también su acompañante social, para que la Europa de la Unión Económica y Monetaria sea también la Europa de los ciudadanos. 
¡Hagamos votos porque este día se inscriba en la historia como un día " histórico»! 
El Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo se ponen de acuerdo para aplicar de una extraña manera unos criterios curiosos, ocultando algunos de ellos; esto ha hecho correr mucha tinta. 
El balance: 
11 Estados en lugar de 15, casi un fracaso; la Unión Monetaria no logra la unanimidad... ; -opiniones públicas hostiles o resignadas.Por lo tanto, no puedo sino oponerme a esta decisión prematura que, hasta el último momento, no se ha ajustado a un proceso realmente democrático. 
Una avalancha de propaganda ha hecho creer que con el euro ocurre lo que con cualquier producto alimenticio de cuya calidad se desea convencer: " la prueba es que la gente lo come». 
Finalmente, hay que tener cuidado con el hecho de que el proceso monetario no lo arrastre todo a su paso, impidiendo de este modo que los Estados tengan un margen de maniobra económica, lo cual éstos ya no podrán justificar ante los ciudadanos, que han aceptado realizar muchos esfuerzos a cambio de hipotéticos beneficios que siempre se dejan para más adelante. 
Hoy el problema capital de Europa es el desempleo- 20 millones de ciudadanos esperan trabajo -, y no se trata de una fatalidad, puesto que los Estados Unidos anuncian al mismo tiempo una cifra de parados menor al 5 %. 
¿Es razonable que el empleo se excluyera de los criterios? 
La satisfacción de los políticos no debería ser otra que la de los pueblos. 
El euro es una moneda política dotada de unas bases económicas deficientes. 
Es un paso importante y, según se ha afirmado, definitivo hacia la federalización de la UE. 
Al dirigir el ahondamiento en una Unión política, la UEM dirigirá también el reforzamiento de las estructuras federalistas de la UE. 
A la UEM la seguirá inevitablemente una renovación institucional (supresión del derecho a veto de los Estados miembros y aumento de las decisiones por mayoría cualificada) y una política exterior y de seguridad común, que podría ocasionar a los países no alineados militarmente unas presiones irresistibles para incorporarse a la OTAN. 
La mayor parte de los países elegidos para formar parte de la UEM no cumple realmente los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht. 
Se violan políticamente los criterios de ratificación por parte de los parlamentos de los distintos países, ya que el euro va a entrar en vigor con arreglo a un calendario inusitadamente rápido antes de que existan las condiciones económicas necesarias. 
De conformidad con el Tratado de Maastricht, la política monetaria pasa a formar parte de las competencias comunitarias, pero también el pacto de estabilidad, léase de disciplina, de Dublín representa un elemento importante del proceso de la UEM. 
Esta decisión merma la independencia económica de los distintos países y les priva de los mecanismos de que disponían en materia de política económica. 
La política económica de la UE se ve dominada por los problemas cíclicos coyunturales de los grandes Estados miembros. 
Para que se pudiera justificar la adopción de la moneda única en los distintos países se deberían armonizar y equiparar estos mismos países. 
Esta medida llevaría indefectiblemente a la deflación en Europa, con lo que continuaría el desempleo masivo. 
Aunque los cursos irrevocables de cambio fueran correctos en el momento del nacimiento de la UEM y la divisa fuera estable, la adopción del euro podría llegar a causar graves problemas debido a la diferente historia y a las diferentes estructuras de cada uno de los países. 
Precisamente las diferencias existentes entre los países son el motivo del reparto desigual entre las ventajas y los perjuicios de la UEM. 
La UEM estará gestionada por el Banco Central Europeo, cuya gestión, a su vez, no se llevará a cabo de manera democrática ni parlamentaria. 
El BCE representa en la evolución de la democracia política un gran paso atrás, relacionado con la santificación del mercado y la irrevocable cesión del poder por parte de los políticos en beneficio de las denominadas fuerzas del mercado. 
La UEM no tiene una buena base desde el punto de vista de la economía. 
Nunca anteriormente se había adoptado una decisión política para incorporar una unidad monetaria de carácter político sin disponer antes de los correspondientes órganos políticos para la toma de decisiones, el control y la depuración de responsabilidades. 
Ahora no estamos construyendo ni una federación de Estados ni una Europa de Estados independientes, sino un Estado federal, una Unión política dotada de órganos supranacionales para la toma de decisiones. 
De este modo, se obliga a Estados miembros a aceptar individualmente medidas de flexibilidad en materia de política económica, decididas por el resto de los países, que resultarán con toda probabilidad insostenibles con arreglo a los planteamientos de los movimientos sindicales y para el modelo nórdico de bienestar. 
Para los países nórdicos, la UEM significa mayor desigualdad social y mayor desigualdad entre los sexos. 
Mi voto de acuerdo a las posiciones del partido de Nueva Izquierda es favorable a la propuesta que se hace sobre los Estados que van a entrar en la moneda única. 
Considero que la introducción de la moneda única abre una nueva perspectiva en la construcción europea que pasa por consolidar un mercado único, pero que necesita a su vez de prácticas económicas que entrañen políticas de empleo y de armonización fiscal, sin olvidar que el objetivo es una Europa solidaria y plural. 
Voto afirmativamente porque considero que, desde la corresponsabilidad en la decisión, estoy legitimada para continuar exigiendo una política fiscal equitativa que salvaguarde el conjunto del acervo comunitario, en particular, el «Estado del Bienestar» y continuar trabajando a partir de ahora por la Unión Política. 
Frente a la euforia de las solicitudes de los países y a la oleada de propaganda que rodean el vuelco hacia el euro, algunos de nosotros, una minoría, no deseamos que se cumpla con general satisfacción lo que nosotros consideramos y lo que nuestros pueblos experimentan como un error político capital contra nuestras naciones y contra Europa. 
Se oye aludir, a propósito de la moneda única, a un " sentido de la historia» irresistible e irreversible, al que sería inútil querer oponerse. 
Cuidado con las utopías: no tenemos disculpa; sabemos adónde conducen. 
Cuando se trata- como hoy ocurre en la Europa de los Once, o de los Quince, y como con mayor razón ocurrirá mañana en la gran Europa continental- de un conjunto de sociedades diferentes y de economías heterogéneas, la imposición artificial de una moneda única constituye un factor de tensiones y de conflictos, mientras que la variación de los tipos de cambio entre monedas diferentes constituye un factor de paz. 
¿Acaso la historia reciente no nos enseña que las construcciones artificiales están destinadas a derrumbarse? 
Incluso para aquellos cuya experiencia diplomática es limitada saben que la variación de los tipos de interés sirve de indicador de gestión neutro y despersonalizado, lo que contribuye a objetivar los conflictos; mientras que las decisiones, las órdenes terminantes y las discriminaciones de una autoridad central los ponen, por el contrario, en evidencia y los avivan. 
¿Cómo reaccionarán unas naciones y unos pueblos tan diferenciados, tan preocupados por el respeto de su identidad como los nuestros, en particular en sus capas medias y populares, frente a los mecanismos de sanciones establecidos por el Pacto de estabilidad? 
¿Cómo reaccionarán nuestros pueblos frente a juicios, condenas, penalidades, exclusiones, que serán personalizadas y pondrán directamente en tela de juicio la gestión de los gobiernos que ellos han elegido para que cumplan con su voluntad? 
¿Cómo reaccionarán frente a esas órdenes terminantes que emanarán de organismos centralizados y reconocibles, pero con los que las poblaciones no se identifican: el Consejo ECOFIN y sobre todo el Banco Central Europeo " soberano»? 
¿No lo experimentarán acaso como una injerencia insoportable? 
Cuando los comportamientos económicos, sociales, culturales, no son homogéneos, el tipo de cambio se considera como una válvula irremplazable para evitar que una crisis localizada se propague en el conjunto de un área geográfica. 
¿Las rigideces de una moneda única no facilitarán, por el contrario, la difusión de las crisis locales, hasta tal punto que lleguen a amenazar directamente la estabilidad de toda Europa, en caso de que se cree un conflicto importante? 
No se comprende, en todo caso, cómo estas tensiones podrían superarse a falta de una nación europea sólidamente unida, que no existe en modo alguno. 
Nos damos perfecta cuenta, en cambio, cómo estas tensiones podrían provocar una desintegración de la unidad- apenas alcanzada- de Europa y un resurgimiento, sobre todo entre Francia y Alemania, de antiguos antagonismos. 
¿El euro no envenenará, en los próximos años, las relaciones franco-alemanas? 
No es un buen augurio que la historia del BCE se inicie con una lucha exacerbada con respecto a su presidencia? 
¿Qué sucederá entonces cuando las divergencias ya no recaigan sobre personas que comparten la misma filosofía, sino sobre la fijación de tipos de interés que condicionan la vitalidad de economías específicas? 
En el momento que las naciones acaban por fin de liberarse de los bloques que habían intentado disolverlas, ¿por qué crear a la fuerza, con la zona "euro» , un" imperio de una naturaleza distinta» , según la fórmula del Sr. Moscovici en Aix-laChapelle, un nuevo bloque, es decir, un nuevo factor de división y de enfrentamiento en Europa? 
El engranaje de la moneda única había sido creado directamente por el informe Delors, antes de la caída del Muro de Berlín, en un contexto en el que aún existían los bloques. 
Lejos de ser la señal de la nueva Europa postsoviética, el euro es, por el contrario, el símbolo supremo de una construcción europea nacida en y de la guerra fría, y que no ha sabido revisar sus fundamentos y sus objetivos a la luz del nuevo orden geopolítico. 
Lanzar hoy el euro es lanzar el euro que entraña todos los peligros. 
La aventura es demasiado arriesgada como para ser emprendida a la ligera. 
El hecho de intentar, en un proceso de corte prometeico, homogeneizar a la fuerza, a través de la moneda única, las economías y las sociedades actuales, es dar el paso de más que puede hacer zozobrar todo el buque de la Europa reconciliada y de hacer imposible el reencuentro de la gran Europa, que a pesar de todo estaba llamada a suceder a la Europa mutilada de Yalta. 
La fuerza de Europa reside en la sinergia de las naciones emprendedoras que la componen, no en la eliminación de su soberanía en beneficio de un poder central. 
Es sólo por preterición que se habla de construcción europea, cuando se tiene la intención, a través de la unificación monetaria, de romper de este modo el propio motor del dinamismo europeo. 
Digamos, más bien, que nos embarcamos en una aventura autodestructiva. 
Mañana uno se interrogará sobre el extraño origen de la moneda única. 
¿Quién pedía el fin de las monedas nacionales y la creación de esta moneda única? 
¿Qué pueblos? 
¿Dónde está la democracia? 
¿Qué necesidades económicas la imponían? 
¿Dónde está la preocupación por el bien común? 
En realidad, nos encontramos ante un " ucase» tecnocrático elaborado por un círculo restringido de connivencia y sustituido ciegamente por jefes de Estado y de Gobierno que se han dejado despojar de las responsabilidades que les habían confiado los pueblos. 
Todos se han sometido a la arrogancia de expertos animados por un sueño de poder, obstaculizado por la persistencia de las naciones, y que, por lo tanto, han decidido aniquilar. 
Debido a esta flaqueza del Consejo, los grandes ausentes de este debate son los pueblos y sus voluntades. 
Los inventores de la moneda única han hallado en ella el instrumento puro de la supranacionalidad, sin ningún otro rastro intergubernamental; el instrumento definitivo que permitirá absorber sucesivamente las competencias nacionales decisivas que aún subsisten. 
El Consejo ECOFIN acaba de hacer más rígido el Pacto de estabilidad y los federalistas proclaman que la moneda única no podrá producir sus efectos si no se consigue rápidamente un mayor grado de cooperación y de convergencia. 
El engranaje que denunciábamos funciona de lleno. 
Pero esta política no corresponde a la voluntad de los pueblos. Éstos no desean una construcción europea basada en la confusión, en que el ministro de Hacienda inglés acaba de presentarnos propuestas que su gobierno no apoya y en que los diputados europeos de los países que no son miembros de la UEM aprueban la creación de una zona " euro» en la que sus países no participan... 
Los pueblos no desean- y pronto nos daremos cuenta de ello- una Europa imprecisa basada en una constante huida hacia delante. 
Existen límites que no se deben traspasar. 
La adopción de la moneda única crea un engranaje que podría llevar un día a los pueblos a rechazar en bloque la propia idea de la construcción europea. 
Entonces aparecerá claramente la gran responsabilidad de aquellos que han lanzado y que apoyan este proyecto. 
Es para que las naciones puedan seguir garantizando su servicio del bien común en provecho de los pueblos que representan, en nombre de la conservación de la unidad y de la estabilidad de Europa, en nombre del futuro duradero de la amistad francoalemana, por lo que hemos rechazado la recomendación del Consejo ECOFIN: nosotros consideramos indispensable mantener, contrariamente al proceso " irreversible» de la moneda única que se nos propone, el derecho de los pueblos a la autodeterminación. 
Me he abstenido, a título personal, en la votación histórica de hoy. 
La idea de una moneda única es quizá seductora, pero siempre he manifestado serias reservas en cuanto a su aplicación por un número limitado de Estados miembros. 
Siempre he manifestado mi convicción de que la moneda única habría debido ser el colofón de la Unión Europea, y no un medio más para lograrla. 
Acabamos de lanzar el euro con sólo once países de quince; lo deploro vivamente. 
El carácter prematuro de la aplicación del euro tendrá consecuencias económicas, políticas y sociales desestabilizadoras, cuyas proporciones aún no podemos valorar hoy. 
Por eso no podré revisar mi posición sobre el euro hasta el día en que el conjunto de los quince Estados miembros participe en la Unión Económica y Monetaria. 
El nacimiento del euro señala la marcha que completará el rapto de Europa por parte del capital, de las multinacionales, de la autarquía y la represión; mientras, el camino para los trabajadores se vuelve más difícil y angosto. 
La Europa sin fronteras ni discriminaciones, la Europa de los pueblos, la de los trabajadores, la de la cooperación, la de la paz y de la democracia, sigue siendo un sueño de millones de ciudadanos europeos, de trabajadores que siguen luchando insistentemente por una sociedad de justicia y de igualdad, por un desarrollo armonioso que tenga como centro al hombre y a los valores humanos y no el beneficio y el dinero. 
El euro dificulta esta lucha, supone un cimiento más a favor de la sociedad de la explotación y de la injusticia social. 
Este sentimiento común se ve suscitado por la cruel política de los actuales gobernantes de la UE y de los Estados miembros. 
Las reacciones del pueblo ante los planes del capital multinacional se van a intensificar y no van a permitir el éxito de tales planes. 
La introducción de la moneda única viene acompañada por la ruina del llamado estado social europeo y por las consecuencias dramáticas para los derechos laborales y sociales y para los sistemas de seguridad social de los trabajadores. 
La postura del Parlamento Europeo no sólo no ha puesto de manifiesto las responsabilidades de los que han contribuido mediante sus decisiones y su política a esta catastrófica realidad, al contrario, ha dado luz verde a los líderes de los estados, a los gobiernos y al famoso ECOFIN para que continuasen con su política antipopular y reaccionaria. 
Los pactos de estabilidad, la disciplina financiera y el " cierre» de las paridades de los tipos de cambio son el medio de aplicación de una política monetaria radical que se ocupa de asegurar los intereses del capital y que impone a los Estados miembros el ejercicio de una política económica que exprese sus intereses. 
La llamada independencia del Banco Central Europeo, que ahora se constituye, intenta mantener la marginación de los pueblos y permitirá al gran capital tomar decisiones sin la intervención molesta de los movimientos populares ni la de los propios gobiernos. 
La explotación, la austeridad, los esfuerzos dirigidos a derribar el sistema de seguridad social, la desestructuración de las relaciones laborales, se van a ver intensificadas mediante las draconianas disposiciones de todos los Acuerdos y las disposiciones establecidas para el fomento del euro y los mecanismos reforzados de supervisión multilateral. 
Una vez que acaben los festejos organizados, la falsa imagen de la unificación europea y las visiones ficticias van a verse sustituidas en breve por la verdadera imagen de la miseria humana que va a llenar a Europa, a los trabajadores, a los pueblos. 
Se haga lo que se haga y aunque el poder y los intereses del capital intenten blindarse, las reacciones sociales irán en aumento. 
Los trabajadores, con su lucha, van a destruir esta sólida construcción. 
Construirán su Europa. 
Una Europa que tenga como centro al hombre. 
La Europa de la paz, de la beneficiosa cooperación mutua, del progreso y del desarrollo social. 
La Europa del socialismo. 
Por haber sido el único de los diputados portugueses que desde el comienzo de la legislatura es miembro efectivo de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del Parlamento Europeo, he tenido la oportunidad, además de participar, día a día, en este trabajo apasionante que ha sido la creación del euro y en todas las medidas legislativas y políticas necesarias para su aplicación, de ser uno de los diputados que desde 1995 ha elaborado uno de los 14 informes que el Parlamento Europeo ha aprobado sobre esta materia. 
Ha sido un trabajo inmenso, pero extraordinariamente satisfactorio. 
Desde el primer día sostuve que el euro debía entrar en vigor el 1º de enero de 1999 con el mayor número de países y que las consecuencias políticas y económicas del aplazamiento de tal medida serían de enorme gravedad para el modelo de UE que defiendo e incluso para el futuro de Europa. 
El euro propiciará una integración mucho mayor de las políticas económicas, fiscal y de empleo y obligará a reforzar la cohesión económica, social y regional, así como un apoyo francamente mayor a la educación, a la innovación científica y tecnológica y a la formación profesional de los europeos. 
Se trata de un imperativo que no es fácil ni está libre de obstáculos. 
Pero así como Portugal ha sido capaz de afrontarlo con éxito y estar por primera vez en el grupo de países que inicia un viraje histórico como el que acabamos de vivir, así también la UE ha demostrado que, con determinación y voluntad política, es posible vencer oposiciones internas y externas al cambio y ha avanzado en la creación de un espacio político que será determinante en el mundo. 
Por eso, he votado a favor de la decisión sobre los once países que integrarán desde el 1º de enero de 1999 la tercera fase de la UEM. 
Señor Presidente, he votado a favor de la introducción del euro el 1-1-1999. 
Lo he hecho con el convencimiento de que esta decisión radica en interés de las ciudadanas y ciudadanos que me han votado. 
Pero que este convencimiento sea compartido por las mismas ciudadanas y ciudadanos debe ser puesto en duda, al menos en la República Federal de Alemania. 
El déficit democrático de la Unión Europea se refleja también en un grave déficit de información. 
La abundante distribución de lustrosas carpetas no puede compensarlo. 
La creación democrática de opinión no se puede sustituir por la publicidad. 
A la ciudadanía de la Unión de todos los países miembros no se ha transmitido que el nuevo espacio monetario es un espacio político que obliga en el futuro a sus Gobiernos a hablar con una sola voz en las negociaciones monetarias y económicas a nivel internacional. 
Voy a seguir abogando por que en el futuro se incluya entre las condiciones democráticas necesarias para la pertenencia a la Unión Europea y, en consecuencia, también en la RFA, la posibilidad de celebrar referéndums sobre cuestiones que afecten a la totalidad de la ciudadanía de la Unión. 
Muchos hablan del histórico momento de hoy. 
Tienen razón. 
Lo más chocante es que muy pocas veces se ha adoptado de una forma tan negligente una decisión tan drástica. 
Consejo, Comisión y Parlamento han estirado de tal forma los criterios de convergencia que la UEM se inicia con un grupo demasiado grande y heterogéneo de países. 
Los déficits presupuestarios estructurales de dos participantes superan ampliamente el tres por ciento del PIB, a pesar de la cosmética coyuntural. 
Las ideas acerca de la política económica y el papel de la administración pública se oponen a menudo diametralmente. 
En este contexto, es irresponsable que los Estados miembros cedan el control de instrumentos políticos muy importantes y estén entregados a los caprichos de las posibles coaliciones en el ECOFIN y en el Consejo del euro. 
Los grupos más grandes del PE amenazan con volver a considerar a la problemática de las pensiones. 
La importancia de la reducción de la deuda pública es evidente, teniendo en cuenta el futuro envejecimiento de la población. 
Entre tanto, se ha tachado un párrafo de la resolución sobre esta cuestión, resulta ser un pasaje de la Declaración del Consejo apoyado por todos ¿Negligencia? 
En todo caso suscita poca confianza. 
Por motivos políticos, estoy en contra de la realización de la UEM y de la introducción del euro. 
No obstante, el asombroso y superficial descuido constituye un motivo más para votar en contra. 
Nosotros, representantes del Partido Centrista de Finlandia en el Parlamento Europeo, suscribimos las posiciones de nuestro partido, que ha acordado rechazar tanto la entrada en vigor de la Unión monetaria como la participación de Finlandia en el grupo de cabeza durante su tercera fase. 
Rechazamos la decisión de adoptar la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, y la participación de Finlandia en la misma, tanto por razones de orden político como económico. 
La Unión Económica y Monetaria tendrá como consecuencia la transformación de la Unión Europea en un Estado federal, circunstancia ésta que rechazamos. 
Consideramos que la Unión hubiera debido de evolucionar hacia una Unión de Estados compuesta por Estados independientes. 
La Unión Europea no constituye lo que se ha dado en llamar una zona monetaria óptima, en la que pudiera desarrollarse con éxito un sistema de moneda única. 
Los anteriores intentos por crear en la UE una política cambiaria plenamente común se saldaron con sendos fracasos. 
La última tormenta monetaria se registró a comienzos de la presente década, cuando las divisas de muchos de los Estados miembros más importantes también sufrieron alteraciones. 
Resulta irreal imaginar tras estos acontecimientos que las economías de los Estados miembros de la UE se equipararan entre sí de tal manera que fuera posible el funcionamiento con éxito de una moneda única. 
Ahora que, a pesar de todo lo mencionado, entra en vigor la Unión monetaria, surge la necesidad cada vez mayor de emprender medidas para equilibrar las crecientes diferencias regionales en materia de desarrollo y para apoyar a los Estados miembros cuando se enfrenten a dificultades económicas específicas por motivos coyunturales o estructurales. 
Rechazamos también la propuesta de decisión que se ha presentado ante el Parlamento, debido principalmente a que, en nuestra opinión, Finlandia debería haber actuado como el Reino Unido, Dinamarca y Suecia, y haber permanecido al margen de la tercera fase de la Unión monetaria. 
La adopción de la moneda única constituye un enorme proyecto político. 
Los países que participen en la moneda única perderán su moneda nacional, lo cual mermará de manera considerable su independencia en materia de política económica. 
De este modo, también Finlandia adoptará una moneda sobre cuyas tasas de interés y valor internacional de cambio no podrá ejercer ninguna influencia verdadera. 
Por el contrario, la política económica y el desarrollo de las economías de los otros países sí influirán de manera decisiva en nuestra economía y en nuestra sociedad. 
Finlandia es un país periférico por su situación geográfica. Nos encontramos alejados de los principales mercados de la UE. 
Las estructuras de nuestra sociedad y de nuestra economía difieren decisivamente de las condiciones de los países que conforman la espina vertebral de Europa. 
Finlandia sufrirá las consecuencias de la moneda única, tanto por motivos de índole estructural como coyuntural. 
La puesta en práctica de la Unión monetaria no ha tenido presente en absoluto la resolución de estos problemas. 
Una moneda única en la Unión Europea significa un avance gigantesco en la integración europea. 
Hace de la unión de Europa una realidad palpable para todas las personas y justifica una nueva responsabilidad recíproca de todos los países y sociedades de la Unión. 
Una moneda común puede ser también un importante paso para superar el nacionalismo. 
El euro aporta una serie de ventajas económicas y podría convertirse a largo plazo en un contrapeso al poder global del dólar norteamericano. 
Por este motivo, he votado hoy a favor del Informe " von Wogau» sobre la recomendación del Consejo. 
Sin embargo, el Parlamento no debe prorrumpir en júbilo sobre el actual estado de desarrollo de la Unión Monetaria. 
Demasiado graves son las erróneas decisiones adoptadas sobre una política monetarista unilateral y demasiado negativo se muestra en este contexto el fracaso de la cumbre de Amsterdam para impulsar una unión política tan necesaria para la Unión Monetaria y proporcionar por fin a la integración europea una dimensión social y de política de empleo. 
Demasiado escandalosa es la ignorancia sobre el desarrollo concreto de la Unión Monetaria en lo tocante al paro, la nueva pobreza y la cada vez más injusta distribución del bienestar y de los ingresos. 
Estas decisiones erróneas gravan la aceptación de este proyecto de integración entre las ciudadanas y ciudadanos de Europa y han ocasionado grandes peligros sociales. 
Los Verdes se han opuesto con decisión a esta manipulación de la gran idea de una moneda común por parte de la ideología neoliberal dominante, que se muestra cada vez más agresiva, y a la desproporcionada influencia de los mercados financieros. 
A pesar de estas condiciones marco tan inciertas, tomo nota de la realidad creada por las fuerzas políticas establecidas, realidad, que en esta fase tan avanzada hace imposible, dar aún antes del comienzo de la Unión Monetaria, los pasos políticos y sociales no ejecutados si no queremos correr unos riesgos desproporcionados. 
Sin embargo, tampoco quiero silenciar que en los últimos meses se han producido también acontecimientos positivos con los que se han podido reducir claramente algunos peligros. 
Aquí debe incluirse sobre todo la decisión de comenzar la Unión Monetaria con once participantes y evitar de este modo el peligro de una división de la Unión como consecuencia de una " Europa concéntrica». 
La utilización de los márgenes políticos discrecionales a la hora de evaluar los criterios de convergencia debe considerarse también positivamente al igual que los primeros enfoques, si bien aún totalmente insuficientes, sobre una política económica coordinada, la finalización del ruinoso " dumping» fiscal y una política de empleo europea. 
La construcción de una Unión Política, la creación de una democracia europea y de una Unión Social son, sin embargo, irrenunciables y van a ser el desafío decisivo de la integración europea para los próximos cuatro años. 
El Parlamento ha agotado el orden del día. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 13.06 horas) 
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 2 de mayo de 1998. 
Señorías, todos ustedes saben que Italia vive en estos momentos días de particular sufrimiento y tristeza a causa de la tragedia causada por un deslizamiento de fango y agua sobre varias localidades de la región de Campania, principalmente Sarno, Bracigliano, Quindici y Siano. 
Las víctimas reconocidas ascienden ya a 135 y el número de desaparecidos puede ser incluso mayor. 
Los heridos son 95 y más de un millar de personas han perdido su casa y sus propiedades. 
En momentos como éste creo que es importante que el conjunto de la Unión Europea muestre su solidaridad con las víctimas y con sus familiares. 
Si a ustedes les parece bien, transmitiré las condolencias y el sentimiento de solidaridad de nuestra institución a las autoridades italianas. 
Señor Presidente, deseo sumar la Comisión a sus palabras acerca de esta gravísima tragedia. 
La Comisión, por su parte, está considerando las modalidades para asociar esta solidaridad con alguna forma de intervención concreta. 
Señor Presidente, quisiera comunicar al Parlamento que hoy a las 13.00 horas GMT, la India efectuó un ensayo termonuclear subterráneo análogo al que hizo en 1974. 
Quisiera pedir a este Parlamento que condenase sin reservas los ensayos nucleares y que condenase a la India por no adherirse al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. 
Quisiera pedir también a este Parlamento que criticase a las cinco Potencias nucleares reconocidas por haber dado mal ejemplo y en particular por el ensayo nuclear efectuado hace algún tiempo en Mururoa. 
En la Unión Europea hemos dado un mal ejemplo a la India y me gustaría que este Parlamento condenase la transferencia de tecnología civil nuclear a terceros países. 
Señor Presidente, una rapidísima cuestión de orden con objeto de expresar el deseo de que la Comisión pueda destinar con rapidez los importes adecuados a la gravedad del desastre que ha asolado la región de Campania y el valle del monte Sarno. 
Señor Presidente, ya pedí la palabra antes, sin embargo, su sensibilidad le ha movido a abrir esta sesión recordando a las víctimas que ha causado la tragedia que se abatió en el valle del Sarno. 
Deseo expresar mi agradecimiento por esta solidaridad tanto a usted como al Sr. Monti. 
Es preciso que el Parlamento haga todo lo que esté en su mano para que el Consejo Europeo y la Comisión intervengan eficazmente, a fin de que estas poblaciones martirizadas, que visité pudiendo comprobar personalmente las condiciones en que se encuentran, puedan sentir más cerca a Europa. 
Señor Presidente, deseo agradecerle la sensibilidad que ha mostrado al dedicar la apertura de este período parcial de sesiones a la tragedia vivida por la región de Campania. 
Espero vivamente que la simpatía y la sensibilidad manifestada también por los colegas que han aplaudido su iniciativa, así como la sensibilidad mostrada por el Comisario Sr. Monti que ha retomado sus palabras y ha hecho algunas promesas, permitan realmente a Italia sentir a Europa muy cerca en este trágico momento. 
Señor Presidente, me gustaría saber si usted puede hacer alguna gestión para saber cuál es la razón de que la compañía Air France haya suspendido su vuelo regular y su vuelo especial con destino a Estrasburgo. 
Ayer tuve que viajar durante 14 horas. 
Cuando por fin llegué a Estrasburgo, sede de este Parlamento, ciudad encantadora, parecía que había llegado a la India dado mi estado de cansancio, y desde luego lo que no nos gustaría tampoco es hacer el indio. 
Por ello, señor Presidente, le agradecería mucho que hiciera una gestión en este sentido para conocer los motivos de la suspensión de los vuelos de Air France. 
En segundo lugar, ya que usted ha tenido la sensibilidad adecuada al iniciar este Pleno hablando de la catástrofe ocurrida en Italia, le agradecería también que tuviera en consideración otra catástrofe de una magnitud inmensa también, no en vidas humanas, pero sí en el sustento de esas vidas humanas y de un entorno europeo único como es el Coto de Doñana. 
Por ello, le agradecería que se dirigiera a las autoridades en este sentido demostrando su solidaridad. 
Muchas gracias. 
Muchas gracias, señora Díez de Rivera. 
Así lo haré. 
Señor Presidente, en el Pleno del 29 de abril el Parlamento Europeo rindió honores a la memoria de un gran europeo. 
Konstantino Karamanlis ha sido un líder nacional universalmente reconocido que supo sobrepasar los marcos partidistas y pudo ver a lo largo de su vida el reconocimiento de su obra tanto por los políticos afines como por los políticos rivales. 
Su vida política se distinguió por la prudencia, la modestia y la intuición. 
Hizo realidad anhelos nacionales y con prudencia y responsabilidad trazó siempre la política más beneficiosa para la nación, estableciendo las bases para el desarrollo del bienestar del país. 
Además, Konstantino Karamanlis, fue un gran europeo, no sólo porque ha sido uno de los pocos líderes que han logrado por sí mismos que su país entrase en las Comunidades Europeas, sino porque ha tenido siempre una idea muy clara del ideal europeo. 
Él creía que sólo una Europa unificada podría garantizar a sus pueblos la democracia, el bienestar y la paz. 
Señor Presidente, mañana, a las ocho y media de la mañana, en el Palais, en la primera planta, los eurodiputados griegos celebrarán una misa en memoria de Konstantino Karamanlis donde serán bienvenidos todos los colegas que quieran participar. 
Señor Presidente, esta Asamblea, que tantas muestras ha dado de querer defender los derechos humanos, no debería pasar por alto que la pasada semana la banda criminal ETA ha vuelto a actuar contra un político, un defensor de la libertad en España, Tomás Caballero, miembro del partido político Unión del Pueblo Navarro y portavoz del mismo en el Ayuntamiento de Pamplona, y ha asesinado también a un subteniente de la guardia civil, Alfonso Parada. 
Señor Presidente, la banda criminal ETA constituye hoy todavía la más flagrante violación de los derechos humanos que se produce en los territorios de la Unión. 
Esta Asamblea no puede dejar pasar por alto estos crímenes y debe condenar los atentados. 
Le pido, señor Presidente, que transmita esta condena a las autoridades españolas y a las víctimas. 
Señor Presidente, en nombre de los socialistas españoles quiero expresar mi condolencia al Sr. Pomés por el asesinato de su correligionario y adherirme a las expresiones de condena de este vil atentado y del asesinato del guardia civil, Sr. Parada. 
Señor Presidente, Señorías, al denunciar con dolor dos nuevos asesinatos de ciudadanos europeos no cumplimos un ritual, sino que, frente a la irracionalidad fascista de la mano asesina, afirmamos una vez más los principios en los que se asienta la construcción de la Unión Europea: la convivencia democrática, el respeto a las minorías y el reconocimiento de la voluntad mayoritaria. 
Al decir «no» a los intentos de instaurar la violencia como forma de imponer la voluntad de los iluminados, reafirmamos nuestra decisión de defender la democracia, con métodos y con medios democráticos, pero sin que esto deba ser interpretado como una debilidad, sino como la profunda convicción que tenemos de que, si es cierto que desde la irracionalidad fascista de la violencia se pueden matar demócratas, no es menos cierto que jamás se podrá asesinar la democracia. 
Nuestro dolor por las víctimas y nuestra condolencia a sus seres más próximos nos comprometen coherentemente con lo que ellos defendieron y por lo que fueron asesinados. 
Por ello, al decir «no» a cualquier forma de fascismo- aunque se disfrace de nacionalismo- no es superfluo recordarles que, aunque es cierto que desde la cobardía pueden asesinar demócratas europeos, no podrán debilitar nuestra convicción ni abrir brechas en nuestra solidaridad. 
Señor Presidente, me sumo a lo que ha dicho mi colega la Sra. Ahern acerca de los ensayos nucleares de la India y quisiera poner en conocimiento de este Parlamento que esta semana es la Semana de Ayuda Cristiana en el Reino Unido. 
Espero que podamos enviar un mensaje inequívoco de este Parlamento a la reunión del Grupo de los Ocho en Birmingham, diciendo que todos somos partidarios de que se ocupen urgentemente de la cuestión de la deuda mundial. 
Ésta es una cuestión que está costando la vida a muchos millones de personas, especialmente de jóvenes, y me parece que no deberíamos vacilar y que deberíamos enviar un mensaje clarísimo pidiendo al Grupo de los Ocho que por lo menos resuelvan la cuestión de la deuda mundial y la forma en que está perjudicando a los jóvenes, particularmente del Tercer Mundo. 
Señor Presidente, me encuentro por primera vez en el Parlamento Europeo y soy también concejal de la región de Campania, por ello no puedo dejar de reconocer la sensibilidad con la cual usted ha querido recordar a las poblaciones de nuestra región que hace unos días se vieron afectadas por la riada de lodo, por una tragedia que arrasó varios pueblos causando víctimas, mientras siguen siendo todavía muchos los desaparecidosque se hallan sepultados bajo los escombros. 
Deseo subrayar asimismo que nuestra región, hoy, vive y paga el precio de la política desatinada llevada a cabo a lo largo de las pasadas décadas y que, en consecuencia, es necesario un plan de acción que la región está elaborando y poniendo a punto a través de un programa de control, determinación y prevención de las catástrofes naturales. 
Todo esto, sin embargo, requiere el esfuerzo y la solidaridad de la Unión Europea y, por lo tanto, le agradezco y también les doy las gracias a todos los oradores que han instado a la Comisión Europea a que intervenga cuanto antes con objeto de dar una señal tangible de la solidaridad europea con nuestra región. 
Señor Presidente, continuando lo que han dicho mis colegas Pomés, Medina y Gutiérrez, quiero también manifestar la condena al atentado que ha tenido lugar en el País Vasco y en Navarra la pasada semana y manifestar nuestra condolencia a las víctimas y sus familiares. 
Muchas gracias, señor Vallvé. 
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Campos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0155/98) de la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. António Carlos Ribeiro Campos. 
Señor Presidente, me cabe el honor de presentar, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, este informe sobre la solicitud de las autoridades portuguesas de suspensión de la inmunidad parlamentaria de nuestro compañero en esta Asamblea, el Sr. Ribeiro Campos. 
La conclusión a la que llegó la Comisión de Reglamento por siete votos a favor y dos en contra es que NO ha lugar a un pronunciamiento de esta Asamblea sobre el suplicatorio transmitido por las autoridades portuguesas, por razón de no constar en el expediente enviado suficientes elementos de juicio. 
Paralelamente- y como punto segundo -, la Comisión de Reglamento se pronunció a favor de que el Parlamento dejara claro en su informe que NO ponía ningún obstáculo a que se escuchase al Sr. Ribeiro Campos- aunque la comparecencia ante el tribunal debería ser en concepto de testigo y sin merma alguna de sus derechos, en particular, de los derechos de que goza por ser diputado de esta Asamblea y, por supuesto, con exclusión de toda medida coercitiva. 
Por tanto, la medida adoptada por la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades consta de dos partes: un NO ha lugar a pronunciarse y un NO hay obstáculo por parte del Parlamento a que el Sr. Ribeiro Campos comparezca y testifique en ese procedimiento. 
Señor Presidente, en realidad nos encontramos ante un viejo problema, un problema que esta Asamblea viene tratando por lo menos desde el año 1976, desde que la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo ha hecho sentir la necesidad de que exista un estatuto único del diputado. 
Se trata de una muestra clarísima de los problemas a los que conduce no tener un estatuto único del diputado. Porque, para examinar este asunto, nos tenemos que referir al artículo 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades del año 1965, y al Acta del año 1976 relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo, y a la Constitución o al ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados miembros donde encontramos situaciones tan dispares como que no hay inmunidad parlamentaria en el Reino Unido o hay una inmunidad parlamentaria de una naturaleza totalmente distinta en otros Estados miembros. 
Esta Asamblea representa cada vez más a los ciudadanos de Europa. Por ello, sus parlamentarios deben tener unos mecanismos de protección, pues la inmunidad parlamentaria no es más que la protección de su trabajo en el seno de este Parlamento. 
Y esta protección se debe llevar a cabo respetando el principio de igualdad entre sus miembros. 
En ese sentido, señor Presidente, me gustaría abundar en la segunda parte de la decisión adoptada por amplia mayoría en la Comisión de Reglamento. 
La Comisión de Reglamento, desde antaño, viene intentando establecer, pese a la disparidad debida a la remisión a las legislaciones de los distintos Estados miembros a que nos obligan los actos comunitarios, establecer una jurisprudencia, una línea de conducta que constituya una práctica común. 
Y esa línea de conducta debe estar basada fundamentalmente en no establecer diferencias artificiales entre un diputado al Parlamento Europeo y un ciudadano normal. 
Un diputado al Parlamento Europeo es un ciudadano normal frente a la Justicia, pero también es un representante del pueblo, y como tal debe ser protegido frente a las actuaciones judiciales que vayan en merma no de él, sino de lo que él representa. 
En realidad, en merma de la ciudadanía europea. 
Por eso, señor Presidente, esa segunda parte matizada de la decisión adoptada por la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. 
Lo que la Comisión de Reglamento quiere hacer llegar a las autoridades portuguesas es que no plantea ningún obstáculo, pero mantiene alta las garantías que cualquier diputado a este Parlamento merece por el hecho de serlo. 
Por lo tanto, deja claro que no ha lugar momentáneamente a la suspensión de la inmunidad, pide que se nos envíe mayor información cuando la instrucción del expediente llegue a un estadio más avanzado y, mientras tanto, no se opone a que sea escuchado en estas condiciones el Sr. Ribeiro Campos. 
Señor Presidente, permítame comenzar dando las gracias a Palacio Vallelersundi por este magnífico informe, cuyas conclusiones comparto totalmente. 
Permítame también decir que el asunto fundamental que discutimos en la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades fue el de dónde empieza a regir la inmunidad parlamentaria en un proceso judicial. 
El asunto es dónde empieza a tener vigencia la inmunidad parlamentaria en este proceso. 
Hay ejemplos de inmunidad parlamentaria que solamente comprenden la pena; se puede ser declarado reo y juzgado pero no castigado con penas. 
Semejante inmunidad no rige para los diputados del Parlamento Europeo. 
Nos quedamos, en cambio, antes del auto de procesamiento. 
El asunto esencial es si la instrucción del sumario, como se trata en este caso, también puede estar comprendida en la inmunidad. 
Hemos decidido que no está comprendida por nuestra inmunidad. 
Por tanto, las autoridades portuguesas pueden iniciar un sumario, pero si llegan al punto del auto de procesamiento, en este caso de Campos, tienen que solicitar la suspensión de la inmunidad. 
Hay dos motivos por los que no consideramos que un sumario deba incluirse en lo que se requiere para la inmunidad: en primer lugar, se puede decir que se necesita la instrucción de un sumario para desentrañar la naturaleza exacta del supuesto delito que haya cometido la persona; un sumario puede, en consecuencia, aclararnos la situación aquí en el Parlamento. 
La otra razón es precisamente lo que señaló Palacio Vallelersundi, es decir, que queremos minimizar tanto como sea posible este derecho a la inmunidad y tratar de que no se convierta en un privilegio para los diputados de este Parlamento. 
Por el contrario, debe ser justamente lo que está pensado que sea, es decir, una protección a nuestra libertad de opinión. 
Con esto deseo solicitar la aprobación de este informe. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria del Sr. Rosado Fernandes 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0154/98) del Sr. Wijsenbeek, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad del Sr. Raúl Miguel Rosado Fernandes. 
Señor Presidente, si bien los hechos de este suplicatorio varían respecto de los del informe anterior, de la Sra. Palacio, referidos al Sr. Campos, en realidad, se trata de lo mismo. 
La fiscalía portuguesa quiere iniciar una investigación sobre los dos miembros del Parlamento Europeo en relación con los hechos imputados que, por otra parte, no vienen al caso; no obstante, ambas situaciones tienen que ver con la malversación de fondos agrícolas de la UE. 
En este Parlamento, hemos elaborado gradualmente una jurisprudencia fija y, en este caso, e incluso en el anterior, podríamos decir que se trata de fumus persecutionis. 
Aun así, no deseamos hacer eso porque, justamente en los últimos años, partimos de que no debemos dar un solo motivo para que la prensa y el público puedan pensar que queremos proteger a nuestros miembros y que éstos pueden libremente hacer o sostener todo tipo de asuntos, haciendo uso de la inmunidad parlamentaria, sin que se les impongan sanciones. 
La inmunidad parlamentaria tiene un propósito y debe también manejarse y continuar de tal manera que, con ella, la institución pueda verse libre de obstrucciones en el ejercicio de su actual tarea colegislativa. 
Esto significa que sus miembros no pueden reclamar de forma individual una protección frente a una investigación penal. 
Con esto llegamos precisamente al núcleo del problema que se expone hoy en el informe de la Sra. Palacio y en el mío. 
El artículo 10 del Protocolo señala que los miembros del Parlamento Europeo «en su propio territorio nacional, (gozarán) de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país». 
En Portugal, no se puede tomar declaración a los miembros del Parlamento, tampoco como testigos, -señor Presidente, debo aclarar esto último- sin que la inmunidad se suspenda formalmente. Nosotros justamente partimos de que nuestros miembros no necesitan que se les suspenda la inmunidad para que se les pueda tomar declaración. 
Aquí, por tanto, se paga, una vez más, la falta de un estatuto propio detallado y de la existencia de una inmunidad propia, idéntica para todos sus miembros, independientemente de su nacionalidad. 
Ya es hora de que la Mesa realice las propuestas necesarias, con las que nos ha engatusado desde hace tanto tiempo, si de nuevo no se llega a nada en el próximo período de sesiones. 
Mi comisión ya ha tratado varias veces de manera informal de llegar a un acuerdo con las autoridades portuguesas ya que, después de todo, no es la primera vez que Portugal nos solicita la suspensión de la inmunidad, particularmente en lo que respecta al Sr. Campos, a lo que invariablemente respondemos que las autoridades pueden hacer lo que quieran para tomarles declaración e investigarles, en tanto el Parlamento como institución, o en su caso los miembros pertinentes, puedan ejercer sus actividades libremente y sin interferencias. 
Dentro de poco, una delegación de nuestra Comisión realizará una visita de trabajo a Portugal y se expondrá una vez más este asunto, pero entonces será directamente y no solamente a través del intercambio de correspondencia con nuestros colegas del Parlamento portugués y con las autoridades correspondientes del Ministerio de Justicia. 
Mientras tanto, nos aferramos a nuestra propuesta para no aceptar ni denegar este suplicatorio. Solicitamos a la fiscalía que realice la investigación deseada, incluyendo la posibilidad de tomar declaración a los miembros, pero manteniéndonos al tanto; y que, antes de que hayamos tenido la oportunidad de emitir un juicio, no contra los miembros implicados medidas que les hagan imposible desempeñar sus funciones. 
Al igual que la Sra. Palacio, ruego a esta Asamblea plenaria que apoye esa recomendación. 
Señor Presidente, quiero decir nuevamente que no tengo ningún tipo de objeción respecto del informe que ha presentado Wijsenbeek. 
Como él mismo señala, la cuestión de fondo es la misma que en el asunto anterior, es decir, si un fiscal tiene derecho a iniciar un sumario o si esto exige que suspendamos la inmunidad de los diputados. 
En este caso rige la misma decisión adoptada en el caso Campos. 
Sin embargo, hay una cierta diferencia entre estos dos casos que puede ser interesante destacar. 
Creo que estamos casi unánimemente de acuerdo en la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades acerca de lo que debe comprender la inmunidad parlamentaria, es decir, libertad de expresión para nosotros los diputados; no se podrá, por tanto, coartar de ningún modo. 
En principio esto significa que no podemos ser procesados por algo que digamos desde la tribuna en esta Asamblea. 
Estamos igualmente de acuerdo respecto de los delitos " comunes» , es decir, de los actos delictivos, por los que los parlamentarios pueden ser procesados sin obstáculos, en los cuales se suspende nuestra inmunidad. 
Sin embargo, deseo destacar que hay una zona intermedia entre esos dos extremos. 
Podríamos imaginarnos por tanto que un parlamentario pronuncia un discurso en el Parlamento por el que no puede ser procesado. 
Si el diputado después viaja a su país y pronuncia exactamente el mismo discurso, con contenido político, ¿podrá ser juzgado por esto? 
¿Vamos a suspender su inmunidad por esto? 
Es aproximadamente lo que ocurre en el caso Campos, pero que no sucede en este otro caso, en que se trata de un presunto delito que está totalmente al margen de la actividad de diputado del Parlamento Europeo. 
Con estos comentarios detallados deseo felicitar nuevamente al ponente por este excelente informe. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40170/98) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas [C4-0132/98-95/0350 (COD) ] (Ponente: Sr. Rothley). 
Señor Presidente, estimados colegas, recomiendo que el Parlamento Europeo acuerde no introducir modificaciones en la posición común. 
Soy ponente desde hace diez años, y cuando esta directiva sea adoptada, no me faltará nada. 
Es tiempo de tomar una decisión. 
Necesitamos reglas claras para esta cuestión: qué se debe proteger en el ámbito de la biotecnología y qué no. 
La posición común del Consejo recoge en lo esencial las propuestas que el Parlamento había aprobado con amplia mayoría en primera lectura. 
Necesitamos una decisión del legislativo europeo. 
Este ámbito no está regulado ni en las leyes nacionales sobre patentes ni tampoco en los convenios europeos al respecto. 
Es tarea nuestra, por tanto, velar por la seguridad jurídica en la Unión Europea, y es nuestra obligación evitar la dispersión jurídica. 
En la discusión tuvieron peso los siguientes puntos: el Acuerdo sobre Diversidad Biológica, el llamado Acuerdo de Río. 
Este acuerdo reconoce expresamente, por lo demás, patentes y otras formas de protección de la propiedad intelectual. 
Estoy a favor de que la Convención de Río sea respetada rigurosamente tanto por la Unión Europea como también por el Parlamento Europeo, y que pongamos todo de nuestra parte para que lo que se pretendía con esa Convención se haga plena realidad. 
El próximo año examinaremos los acuerdos ADPIC. 
Si se pusiera de manifiesto que es realmente necesario revisar esos acuerdos, entonces yo seré uno de aquellos que pugnen por que sean revisados y por que también la directiva sea modificada. 
Pero esto no lo sabemos aún. 
Ya dije que se regulará también aquello que no necesita protección. 
La discusión sobre el cuerpo humano que se viene prolongando desde hace años ha encontrado su reflejo en formulaciones que el Consejo ha aceptado literalmente. 
Por lo que concierne a la clonación, el Consejo ha hecho una formulación más afinada de la que ha aprobado el Parlamento Europeo. 
Sobre los embriones, punto muy discutido en la primera propuesta, tenemos ya una reglamentación clara. 
En relación a los animales, el Consejo ha suprimido tres palabras, que son: "sufrimiento de los animales» y" daños corporales». 
Quisiera señalar que también en la directiva sobre experimentos con animales sólo se habla de " sufrimiento». 
No me puedo imaginar que a causa de esas tres palabras, que carecen de un significado autónomo, tengamos que abrir realmente en serio un procedimiento de conciliación. 
Respecto de la utilización de embriones, el Consejo ha puesto limitaciones: no deben ser usados para fines industriales ni comerciales. 
Simplemente, no olviden que esto se hizo en consideración al Reino Unido. 
En cuanto legisladores europeos, no podemos decretar que atenta contra el orden público aquello que no atenta contra los principios fundamentales del Derecho de todos los Estados miembros, y no podemos tildar de delito contra las buenas costumbres aquello que nosotros, en conjunto, no consideramos detestable. 
¡Las cosas no son así! 
Por lo demás, esto solamente tiene carácter ilustrativo, esto es, también otras formas de utilización de embriones pueden ser examinadas bajo reserva de que atenten contra la opinión pública y las buenas costumbres por otras razones. 
Tenemos que estar maduros para los retos del siglo XXI. 
En la Unión Europea hemos perdido el tren de la tecnología informática, de la electrónica para el ocio, del láser, de la tecnología para el aprovechamiento de la energía solar, de la tecnología de la comunicación, etc. Entonces, ¿cómo queremos conquistar el futuro? 
¿Cómo queremos crear puestos de trabajo? 
Tirándonos del pelo unos a otros seguramente no. 
Esta no es una directiva sólo para la industria europea. 
No, también es una directiva para los centros de investigación, estatales, universitarios y privados que financien mediante tasas por licencia los logros de su investigación patentados. 
¿Queremos privar a la investigación de su instrumento para caminar? 
¿Queremos de verdad privar a la investigación de su base financiera? 
(Agitación) Investigación significa inversión. 
Inversión significa puestos de trabajo. 
Si ustedes rechazan la directiva- estimado colega Graefe zu Baringdorf -, no suscriba por favor ninguna resolución contra el desempleo. 
El Parlamento Europeo puede asegurar con esta directiva su papel como colegislador de la Unión Europea. 
Es tiempo de una decisión. 
Esa decisión la tomaremos mañana. 
Señor Presidente, en Europa hace falta una directiva que armonice los procedimientos para patentar las invenciones biotecnológicas, la Directiva «Europa». 
La cuestión está abierta desde hace diez años. 
Por fin puede cerrarse aprobando sin ulteriores enmiendas el texto equilibrado y eficaz de la posición común establecida por el Consejo. 
Por ello, comparto el informe elaborado por el Sr. Rothley. 
En realidad, existe la urgente necesidad de poner en orden y aclarar una situación caótica y confusa con objeto de evitar divergencias interpretativas y viejas disputas que continúan penalizando a Europa y dan vía libre a las grandes multinacionales americanas o japonesas. 
Esta directiva nace precisamente de la urgente necesidad de establecer normas europeas, conscientes del marco normativo que se ha ido perfilando y enriqueciendo a nivel internacional: el Convenio del Consejo de Europa sobre los derechos humanos y la biomedicina, el Convenio sobre la biodiversidad de Río que justamente en estos días está sometiéndose a revisión en Bratislava. 
Quien ha aceptado no sólo desde hoy la adopción de la directiva objeto de debate considera que la patente, en el contexto de una economía global que no permite soluciones marginales o excepcionales, es fundamental para garantizar la investigación, facilitar su control, difundir sus resultados y favorecer el consiguiente desarrollo económico a gran escala. 
En lo que se refiere a las biotecnologías, en mi opinión, es retrógrado el «no» ideológico y preconcebido, aunque lo respeto. 
Según mi punto de vista, es preciso gestionarlas y orientarlas abordando, mientras tanto, el ámbito específico y restringido de las modalidades de su patentabilidad, fijando límites éticos muy concretos e infranqueables. A tenor de las propuestas que nuestro Parlamento presentó en la primera lectura, ésta es la especificidad europea. 
No recuerdo los pormenores del texto que aquí se han mencionado. 
Se han formulado muchas críticas inexactas contra el acuerdo alcanzado y es necesario reiterar que no es cierto que puedan patentarse técnicas de ingeniería genética germinal; tampoco es cierto que puedan crearse patentes de obstrucción, habida cuenta de que la patente confiere derechos con respecto al procedimiento que lleva a obtener un medicamento limitadamente a la única función descrita en el mismo. 
Evidentemente, no seré yo quien infravalore los posibles desequilibrios en perjuicio de la agricultura y en beneficio de la industria y los riesgos de una explotación agresiva del sur del mundo. 
Europa debe ser la primera en luchar en pos de una efectiva cooperación y de opciones coherentes con la protección de la biodiversidad, respetuosas de la naturaleza y de los derechos de los pueblos, sin embargo, deberá hacerlo con políticas valientes y no es a través de la patentabilidad y con esta directiva que se puede lograr un instrumento apto para estos fines. 
En cuanto a esta directiva, por el contrario, hay que pensar de forma positiva con vistas al futuro de las biotecnologías. 
A quien evoca sugestivas y espantosas imágenes de seres humanos cerdos o nuevos Frankenstein, como lo ha hecho recientemente mi querido amigo Dario Fo, le recuerdo otros monstruos, muy reales y no imaginarios: enfermedades gravísimas sin vencer todavía, azotes como el cáncer y el sida. 
Esta directiva nos puede ayudar a vencerlos ofreciendo certeza normativa a la investigación y la industria. 
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, quisiera primeramente agradecer al ponente su paciencia, su entrega y su increíble perseverancia durante los diez años que ha durado el procedimiento legislativo. 
Quisiera apoyar con el máximo convencimiento su recomendación de adoptar la posición común sin ninguna modificación. 
Yo también reconozco que la posición común que actualmente estamos discutiendo representa una mejora respecto del primer texto. 
Muchas cosas del texto aparecen más claras y fáciles de comprender. 
Sin embargo, no quisiera dejar de referirme al hecho de que en este segundo proyecto, existente ahora en forma de posición común, no se trata de una modificación elemental respecto del resultado que alcanzamos en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Mi grupo había aprobado por amplia mayoría el compromiso conseguido en la Comisión de Asuntos Jurídicos y lo respalda completamente. 
Quisiera llamar la atención sobre esto para contrarrestar la impresión de que tan sólo ahora en el marco del segundo procedimiento legislativo hay un texto del que se puede realmente responder. 
No obstante, el texto actual, como ya he dicho, está hecho de un modo más claro y hay que felicitarse por ello. 
Los problemas relacionados con la aceptación de esta directiva descansan sobre un malentendido fundamental. 
En cuanto fuese aceptada, se deberían regular también en el marco de la directiva sobre patentes todos los temas de carácter ético. 
En ella se pasan por alto muchas cosas. 
En primer lugar, la patente de una invención no significa de ninguna manera que el titular de la misma pueda utilizarla y menos que pueda usarla industrialmente. 
Sobre esto deciden únicamente las leyes nacionales. 
En el terreno de la biotecnología éstas son principalmente, en el caso de Alemania, la Ley de Tecnología Genética, la Ley de Protección del Embrión y la legislación relativa a los medicamentos. 
Si se pretende una uniformización en este ámbito, entonces se precisa justamente una ley europea de tecnología genética, una ley europea de protección del embrión, pero no cabe apoyar ahí la palanca en el marco de la Directiva sobre biopatentes. 
Además, el rechazo de una solicitud de patente, esto es, la negación de la protección mediante patente, tampoco significa, contrariamente al primer punto de vista, que quede vedado sacar partido de una invención. 
Significa simplemente que su uso está a disposición de quienquiera, supuesto que está permitido por las leyes nacionales generales. 
Referirse a ello es importante para facilitar una mejor comprensión de esta directiva, independientemente de que se trate del primer o del segundo proyecto, y para clasificarla correctamente desde un punto de vista de técnica jurídica. 
Sólo considerando estos aspectos podemos adoptar una posición objetiva en el marco de este procedimiento legislativo. 
El derecho de patentes no es un instrumento para postular una ordenación jurídica y de costumbres a escala europea. 
Por consiguiente apruebo el contenido de la exposición del ponente sin ninguna limitación. 
Necesitamos esa directiva, y si mañana la aprobamos aprobando la posición común, lograremos un fortalecimiento de Europa como sede de la biotecnología y podremos afirmarnos con ello mucho mejor en el terrenodel Derecho de la competencia. 
Señor Presidente, después de muchos años, van a dictarse por fin las reglas que definen las condiciones y los límites de las investigaciones sobre los seres vivos. 
Bravo, y gracias al Sr. Rothley, que ha dirigido magníficamente los debates. 
El Parlamento ha modificado considerablemente el proyecto de directiva y en ello ha sido seguido por el Consejo de Ministros, de lo cual me alegro. 
Ahora tenemos un texto equilibrado entre la voluntad de facilitar el progreso científico en la investigación sobre los seres vivos y la preocupación por proteger la dignidad humana y la integridad del ser humano. 
Podrá patentarse cualquier intervención que tenga incidencia sobre una sustancia biológica o en un procedimiento de obtención. 
Así, una secuencia parcial de un gen puede patentarse a condición de que la invención tenga en cuenta una aplicación industrial concreta. 
Como ha dicho sin embargo el Sr. Pompidou, la directiva fija igualmente límites a las investigaciones y a las patentes. 
El artículo 6 dice que no son patentables los procedimientos de clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano, la utilización de embriones para fines industriales o comerciales y que, por supuesto, el cuerpo humano no puede ser objeto de patentes. 
Así, está claro que las objeciones que tienen relación con los riesgos y manipulaciones genéticas no son fundadas, en tanto que la directiva prevé, como también ha dicho el Sr. Pompidou, la creación de un grupo de ética a nivel europeo, sin perjuicio evidentemente de la existencia de los comités de ética en cada país. 
Esto responde a las campañas engañosas emprendidas en algunos países como el mío, Bélgica, donde se hace creer a la gente que están permitidas la clonación, la manipulación de las células germinales u otras manipulaciones, lo que no es el caso. 
Que se lea la directiva y se verá que todo esto es totalmente falso. 
Señoras, señores, Señorías, centrándome exclusivamente en el terreno de la salud, diré que con esta directiva, será posible proseguir en buenas condiciones las investigaciones que pretenden suprimir las enfermedades genéticas. 
A aquellos a quienes, por razones puramente ideológicas, les gustaría bloquear las investigaciones, les sugiero que reúnan a los pacientes afectados de enfermedades genéticas, como la de Huntington, por ejemplo, y les digan cara a cara que no se les puede curar porque los parlamentarios han decidido no curarlos. 
Por otra parte, las sumas comprometidas para descubrir nuevos medicamentos son enormes. 
Las patentes son un medio para cubrir el gasto, y la industria europea no puede en ningún caso estar ausente de este mercado de productos biológicos, de otro modo, en el año 2000 habremos de tratar a las personas con medicamentos que vengan de Estados Unidos y Japón. 
Sería impensable, Señorías, que Europa cediese a otros el futuro de la salud de los europeos. 
Finalmente, a aquellos que recuerdan lo que ocurría hace cincuenta años, quisiera decirles que la historia ha mostrado que no han sido médicos o científicos descarriados los que han creado los regímenes totalitarios, sino lo contrario. 
Todo estado democrático ha de poner a punto instrumentos no de prohibición sino más bien de delimitación de la actividad científica para evitar cualquier desliz. 
Eso es lo que hace la directiva con un texto perfectamente equilibrado que tiene, evidentemente, todo nuestro apoyo. 
Señor Presidente, vamos a votar en contra de la posición común y del informe Rothley porque afecta a un asunto tan importante para el presente y el futuro de la humanidad mediante regulaciones tecnocráticas y financieras, porque no prevé ni establece normas estrictas que sean preventivas, represoras y permanentes ni proporciona controles eficaces para evitar que haya riesgos para el hombre y el medio natural, para la vida pública y para el desarrollo humano. 
Al contrario, consideramos que, lo quieran o no, tanto el informe como la posición común son regulaciones que van a facilitar que los oligopolios se aprovechen de esos descubrimientos biotecnológicos y los apliquen- como siempre- para el logro de sus ingentes e inhumanos beneficios. 
Por ello, he dicho que votaremos en contra e insisto en que es necesaria la retirada del informe y de la posición común y creo que es preciso buscar una orientación que corresponda a la verdadera misión de la ciencia, a la demanda del hombre, para que pueda, a través de la ciencia y sus descubrimientos, mejorar y salvaguardar su vida y no empeorarla ni exponerla a graves peligros. 
Señora Presidenta, todo el mundo conoce la oposición de los Verdes a esta directiva, de la misma manera que son igualmente conocidos y claros los motivos de la misma. 
La directiva se propone patentar organismos vivos, sus genes y las partes de sus cuerpos, incluso los del ser humano. 
Es un absurdo evidente para cualquier ciudadano: un organismo viviente no es una cosa, ni tampoco un objeto, fruto de una invención, a pesar de que se modifiquen algunos de sus genes utilizando métodos biológicos existentes en la naturaleza. 
En el mejor de los casos, dichos genes se descubren, sin embargo, los descubrimientos no son patentables. 
No tenemos ningún prejuicio en cuanto a patentar técnicas que permitan obtener organismos modificados o aislar y replicar los genes; sin embargo, esto no autoriza a patentar organismos y genes. 
Los genes son información, una información escrita a través de un alfabeto molecular y dicha información es patrimonio de quien la posee. Tal vez se puede afirmar que la misma es patrimonio colectivo de la humanidad, pero no puede pertenecer a una industria cuyo objeto sea transformarla en mercancía. 
Definir como patentable dicha información- por ejemplo, un gen humano cuando se aísla y reproduce fuera del cuerpo- es como afirmar que las obras literarias escritas por Homero, Dante o Shakespeare- hoy patrimonio cultural de la humanidad- son patentables si se reproducen en otro sistema fruto de la tecnología humana como, por ejemplo, un disco compacto. 
Creo que todos están de acuerdo con que es el disco compacto el que puede ser objeto de una patente y no la obra de Dante o Shakespeare. 
Y así, son patentables las tecnologías y no lo genes y los organismos. 
Esta teoría está produciendo consecuencias extremadamente peligrosas, por ejemplo, pone en tela de juicio el Convenio sobre la biodiversidad, y su único objetivo es beneficiar la industria. 
Es por eso que creemos que no se puede aceptar patentar organismos vivos y que hacerlo supone, entre otras cosas, entorpecer peligrosamente la investigación científica, hecho que también está denunciando el National Institute of Health en Estados Unidos de América, que ahora rechaza la patentabilidad de los genes. 
Las terapias génicas además sólo se emplearán para las enfermedades más extendidas, habida cuenta de que a las industrias no les interesará desarrollar terapias para atajar enfermedades raras que no pueden ofrecer beneficios adecuados. 
El Parlamento Europeo ya modificó esta directiva, no obstante, el Consejo rechazó todas las enmiendas que presentamos, en particular en lo referente a la biopiratería, al privilegio del agricultor y a los malos tratos a los animales. 
Por todas estas razones, nosotros los Verdes afirmamos que hay que rechazar esta directiva o al menos volver a incluir las enmiendas que fueron aprobadas por el Parlamento. 
Señora Presidenta, mi Grupo votará en contra de esta directiva. 
A este respecto quisiera sumarme sin reservas a lo que han dicho los dos últimos oradores- el Sr. Ephremidis y el orador del Grupo de los Verdes- y reiterar todas sus manifestaciones acerca de la degradación del concepto de humanidad. 
Tengo la impresión de que se nos está pidiendo que demos carta blanca a la motivación lucrativa de las empresas transnacionales en el sector farmacéutico. 
No me parece que ese sector necesite que lo tratemos con demasiada simpatía. 
En realidad se nos pide que seamos los vasallos del derecho de patentes. 
Algunas de las alegaciones que se han formulado son totalmente falsas. 
Se nos ha dicho que la posición común tiene en cuenta 66 enmiendas esenciales aprobadas por el Parlamento, pero un análisis detenido demuestra que no es así. 
A pesar de ello eso es lo que se ha dicho, haciendo pasar por poco razonables a las personas que estaban en contra. 
Lo cierto es que algunas de esas enmiendas han sido modificadas, y que otras han sido suprimidas. 
Citaré a título de ejemplo la enmienda 13, en la cual se ha suprimido la palabra "derechos» y se ha dejado únicamente la palabra" obligaciones». 
No estoy de acuerdo con ello. 
También hay una contradicción en la forma en que los seguidores de esta directiva la apoyan. 
Por una parte dicen que están en contra de hacer objeto de patentes al cuerpo humano, y a continuación legalizan la concesión de una patente a un gene aislado de una secuencia genética. 
Gran parte de esa publicidad tiene aspectos que inducen en error. 
Se dice que necesitamos legislación para evitar que haya un batiburrillo de leyes nacionales en materia de derechos de propiedad intelectual, pues eso estaría en contradicción con el mercado único, pero lo cierto es que las consideraciones éticas son mucho más importantes que todo eso. 
No podemos prescindir de la humanidad para hablar del derecho de patentes. 
Tengo una carta del Sr. De Clercq, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, de la cual formo parte, en la que se alega que la actual falta de protección está provocando un exilio de investigadores con destino a los Estados Unidos y al Japón. 
Creo que se trata de una cuestión totalmente diferente. 
Hay muchas denuncias falsas según las cuales las empresas transnacionales se niegan a hacer progresar ese mercado competitivo de fármacos si no obtienen una protección concreta. 
Siento simpatía por los grupos de pacientes, y muchos de los grupos de pacientes han recurrido a mí para decirme que sus intereses no están bien representados. 
Considero realmente que esta cuestión es una cuestión grave que requiere la atención de este Parlamento, y recurro al sentido de humanidad de este Parlamento para que se ocupe debidamente de ella. 
Señora Presidenta, salvo que las enmiendas sean aprobadas, votaré también en contra de esta directiva. 
Hay muchas razones diferentes para ello y no tengo tiempo para abordar aquí muchas de ellas, sin embargo, particularmente dos cosas me han parecido importantes. 
Por un lado, pienso que la posición común adoptada por el Consejo no garantiza la investigación de enfermedades poco frecuentes y por otro lado, la posición común hace muy difícil para nosotros cumplir con nuestros compromisos ante la parte más pobre del mundo. 
Sigo teniendo grandes problemas con el patentado de genes. 
Un gen es una información y de hecho no tiene sentido decir que se puede patentar una copia genética, es decir, patentar una información genética, pues, a grandes rasgos no hay diferencia o, categóricamente, no hay diferencia en absoluto. 
Puedo admitir que pueda patentarse la información que atañe a una aplicación totalmente concreta del gen, sin embargo, sólo esta aplicación. 
Esto puede garantizar en grado suficiente las posibilidades de lucro de la industria y al mismo tiempo será también un acicate mayor para la investigación de enfermedades poco frecuentes. 
Mi segunda preocupación es que con la posición común adoptada por el Consejo minamos la posibilidad de los países en vías de desarrollo de proteger su rica naturaleza y sobre todo la posibilidad de lucrarse de ella. 
En la Convención sobre biodiversidad europea se recalca que la propiedad de materiales genéticos es decidida de modo nacional. 
Es muy sencillo garantizar el cumplimiento de este principio. 
Es suficiente que se cumplan las leyes del país en cuestión o que se obtenga el libre consentimiento de la persona de la que se tiene la base para el hallazgo. 
Ésta es una forma efectiva de garantizar los intereses de los países en vías de desarrollo. 
No puedo aceptar sencillamente el argumento de que una pretensión semejante esté reñida con el acuerdo ADPIC. 
La Unión Europea debe trabajar en las futuras negociaciones de este acuerdo por que sean asegurados los intereses de los países en vías de desarrollo y nosotros como Parlamento debemos cuidar de que la Comisión mantenga en estas negociaciones una posición clara en favor de la Convención sobre biodiversidad y de un reparto justo de los ingresos provenientes de la propia naturaleza de los países en vías de desarrollo. 
Por último, únicamente quiero exhortar a todos a que apoyen estas importantes enmiendas que garantizan nuestros compromisos tanto ante las personas enfermas como ante los países en vías de desarrollo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, algunos quisieran que la Directiva sobre protección de patentes de invenciones biotecnológicas estuviera lista en un tiempo récord. 
Esta no es la misión del Parlamento Europeo. 
Nuestra misión es no dejarnos quitar por el Consejo en la segunda lectura lo que acordamos en la primera. 
En caso contrario, crearíamos un precedente peligroso que mina los derechos del Parlamento. 
Por eso han sido presentadas algunas enmiendas a la posición común que debemos aceptar necesariamente. 
Me limitaré a dar dos ejemplos. 
Primero: si ya hemos decidido que elementos constitutivos de la vida humana y partes de todo el mundo vegetal y animal sean patentables como invenciones, no debemos además dejar el campo libre a la biopiratería. 
Por eso hemos exigido en la primera lectura un certificado de procedencia del material biológico, que impida su mala utilización y sobre el cual se puedan basar en un momento dado los derechos de indemnización. 
El Consejo ha tachado este punto. Tenemos que incluir de nuevo el certificado de procedencia. 
Segundo: tenemos también que salvar a la Comisión de Bioética en la forma acordada por nosotros. 
Con el nuevo Grupo de Asesoramiento ético creado por la Comisión y cuyas funciones abarcan desde las técnicas de comunicación hasta la tecnología biológica y genética, no basta. 
¿Cómo podrían cubrir seriamente todo el campo de las tecnologías modernas, además de sus actividades propias, doce científicos de alta categoría? 
Los ciudadanos y ciudadanas no esperan una organización de fachada en un ámbito poblado con miedos y esperanzas, sino un seguimiento seguro. 
Por esto, el Parlamento Europeo debe insistir en la existencia de una comisión de bioética propia en el marco de la directiva sobre patentes. 
Señora Presidenta, cuando por primera vez se trató de votar en este Pleno la posición común aprobada por el Consejo, yo defendí con fuerza esa posición común. 
Lo hice por una razón que me parecía de carácter ético y simplificando las cosas, me dije a mí mismo que el valor de la vida humana es el fundamento de todo ordenamiento jurídico y debe estar en la base de cualesquiera programas políticos y, en definitiva, que fomentar la investigación, en particular en el ámbito médico y farmacológico, con objeto de luchar contra enfermedades terribles para el hombre, es una manera de respetar, mejor dicho, de promover los principios éticos. 
El Parlamento, sin embargo, consideró que no se habían tenido debidamente en cuenta otras exigencias éticas, por lo que esa primera posición común del Consejo no fue aprobada. 
El trabajo volvió a comenzar y las exigencias éticas fueron tenidas muy en cuenta por el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
En primera lectura, el Parlamento aprobó una serie de enmiendas que convertían la directiva en clara y respetuosa de las exigencias éticas, incluso en los nuevos ámbitos abiertos. 
La Comisión declaró que se identificaba con todas estas enmiendas votadas por el Parlamento. 
El Consejo, por el contrario, consideró oportuno introducir algunas modificaciones. 
Así pues, considero que el punto clave, respecto al cual cada uno expresa su opinión personal y creo que esta opinión es personal y, no obstante, compartida por muchos colegas, repito, considero que la prueba para comprobar la transparencia de las modificaciones aportadas por el Consejo estriba en la cuestión del embrión humano y al respecto, el Consejo aportó modificaciones que convierten en ambiguo un lenguaje que antes era claro. 
Para que todos las entiendan, pues se trata de una materia que también jurídicamente es muy compleja, diré que el Parlamento dijo: » El embrión humano no podrá ser objeto de patente ni como producto de un procedimiento ni como instrumento de un procedimiento». 
El Consejo ha empleado un lenguaje que, a la hora de hacer una interpretación, permitirá transformar la directiva europea en leyes internas del Estado y patentar los procedimientos que emplean embriones, así como los propios embriones. 
Ésta es mi opinión de jurista. 
Lo que se ha incluido es un elemento de ambigüedad. 
Creo que este Parlamento debe eliminar dicha ambigüedad. 
En consecuencia, votaré las enmiendas núms. 1, 14, 19 y 24, cuyo fin es eliminar dicha ambigüedad. 
Conozco perfectamente el discurso de fondo que se hace, no se trata de un discurso jurídico, ni tampoco ético, sino que se trata de un discurso práctico. 
Esta directiva está sobre la mesa del Parlamento desde hace demasiados años, sin embargo, es una directiva justa que tiene que ser aprobada sin más dilación. 
Estoy de acuerdo con que la directiva en su conjunto es una buena directiva, no obstante, quisiera corregir este punto. 
¿Por qué el Consejo ha introducido algunas modificaciones que convierten en ambiguo un lenguaje transparente? 
O quiere decir, como se dijo en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y como tal vez se seguirá repitiendo en este Pleno, que estos cambios son únicamente lexicológicos y no modifican la substancia. 
Y entonces, no consigo imaginar que una enmienda que aclara lo que ahora me parece carente de precisión, pueda provocar retrasos e impedir que el Consejo acepte esta enmienda del Parlamento. 
O, si no, que volverá a plantearse una discusión sobre este punto, lo que significa que hay gato encerrado en estas expresiones algo ambiguas, o sea, que se intenta dejar las manos libres para algo que, en cambio, el Parlamento no quiere que se haga. 
Por estas razones, aunque sigo expresando mi acuerdo con la elección de fondo de fomentar la investigación para luchar contra las enfermedades que perjudican gravemente a la vida humana, espero que se aprueben las enmiendas núms. 1, 14, 19 y 24 que, en definitiva, tienen todas la misma finalidad. 
Confío en que esto no retrasará la aprobación definitiva de la directiva. 
Señora Presidenta, en mi anterior intervención en este debate reconocí lo importante que es la investigación genética debidamente organizada y su función para hacer frente al problema de la producción mundial de alimentos y para mantener la viabilidad comercial de las explotaciones agrícolas familiares. 
Ahora bien, me defrauda muchísimo que las anteriores enmiendas 95, 76 y 78, que fueron examinadas y aprobadas por este Parlamento, vuelvan a aparecer en el contexto de la propuesta que tenemos ante nosotros. 
Me parece que esa forma de proceder tiene poco de democrática, y que, en todo caso, no es un sistema que refleje plenamente las opiniones de los diputados que tomaron aquí la palabra. 
Cuando la directiva original fue objeto de votación en el Parlamento Europeo, se insertó una cláusula específica, denominada enmienda 95, que reconocía el derecho de los pequeños agricultores a volver a utilizar libremente todas las semillas homologadas y a conservar y seguir desarrollando sus propias semillas. 
Para la práctica agrícola de innovación constante, es fundamental que haya libre acceso e intercambio de semillas y de material genético. 
Si Europa quiere proteger la diversidad de los cultivos en el futuro, tiene que esforzarse por que los agricultores reciban esa garantía de libre acceso y de utilización. 
El privilegio de los agricultores requiere protección a ese respecto a fin de defender la unidad social y económica de la explotación agrícola familiar en toda Europa. 
De lo contrario estaríamos poniendo el monopolio de la producción alimentaria en manos de las empresas transnacionales, lo que constituiría realmente un resultado muy antisocial. 
Diré para acabar que no apoyo- y esto ya lo he dicho anteriormente- la ingeniería genética en la medida en que se aplica a los seres humanos. 
La vida no es un producto que pueda comprarse y venderse. 
Me alegra sobremanera que la directiva revisada excluya la posibilidad de hacer objeto de patentes las siguientes cuestiones: procesos clónicos de seres humanos, procesos encaminados a modificar la identidad geneticogenómica de los seres humanos, y utilización de embriones humanos para fines industriales y comerciales. 
Señora Presidenta, señor Comisario, como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos considero que el actual proyecto de directiva sobre biotecnología es el prototipo de legislación europea. 
En ningún otro ámbito el Parlamento Europeo ha tenido tanta influencia en la regulación europea como en esta materia. 
La Comisión, primero, y el Consejo, después, han aceptado casi todas las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, las de su ponente y, finalmente, las del Parlamento. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha valorado esto enormemente y se ha adherido a la posición común del Consejo de Ministros. 
Espero que también sea éste el caso con motivo de esta votación plenaria y que, tras diez años de debate, quede abierto el camino para proteger jurídicamente las invenciones biotecnológicas en el ámbito europeo. 
Además, no puede retrasarse durante más tiempo la adopción de una norma europea sobre esta cuestión. 
La ausencia de protección de las invenciones biotecnológicas tiene como consecuencia, después de todo, un brain-drain hacia los Estados Unidos y Japón. Nos enfrentamos a la amenaza de perder completamente un mercado importante que se está desarrollando rápidamente. 
Aquí, también hay que considerar la cuestión del empleo. 
Esto seguramente es válido para el sector farmacéutico, en el que el 96 por ciento de las innovaciones biotecnológicas encuentra aplicación. 
La posición común ofrece una solución a este problema. Sin embargo, es todavía más vergonzoso dejar sufrir a los niños y a los enfermos incurables cuando hay una solución a mano. 
Considero, por tanto, que en el proyecto de directiva aparece un equilibrio acertado, un equilibrio acertado entre la dimensión técnica y la ética. 
Como parlamentarios europeos no podemos asustarnos de la biotecnología. 
Al contrario, debemos demostrar que estamos a la altura del reto de la biotecnología y atrevernos a responder con una normativa adecuada. 
Señor Presidente, espero que los diputados no se dejen engañar por la afirmación del ponente de que la posición común respeta los deseos de este Parlamento. 
En el texto de la posición común hay 68 cambios con relación al texto aprobado por el Parlamento en primera lectura. 
Esto debería bastar para demostrar que este documento no refleja exactamente los deseos de este Parlamento. 
Han transcurrido diez años, se ha rechazado ya un texto sobre el particular, y seguimos sin poder liquidar esta cuestión. 
No voy a repetir todas las objeciones de los Verdes, que han tenido ustedes ocasión de escuchar. 
Voy a hacer constar en acta las opiniones de algunos de esos sectores de la sociedad civil cuya voz no se escuchó cuando se preparó esta directiva. 
He distribuido entre los diputados una lista de las organizaciones de pacientes que se oponen a la concesión de patentes para las secuencias genéticas humanas. 
El Official Genetic Interest Group del Reino Unido dice lo siguiente: " Si se concede una patente a un producto o a una terapia o a un producto farmacéutico que incorpora una secuencia genética o que se basa en el conocimiento de dicha secuencia, la protección de la patente no debería abarcar la secuencia propiamente dicha. 
Un producto diferente o una terapia diferente que incorpore la misma secuencia genética o que utilice conocimientos relativos a ella, debe ser objeto de una patente totalmente diferente y no deben concederse patentes por derivación». 
La Irish Inherited Disorders Organization se ha quejado de que se le ha inducido en error, de que se le ha informado mal y de que se ha expresado mal su posición. 
Esa organización no es partidaria de conceder patentes a las secuencias genéticas humanas. 
La Sociedad Alemana de Genética Humana, por conducto de su presidencia, dice lo siguiente: " Nos oponemos a la concesión de patentes al genoma humano y a las secuencias de ADN que contiene. 
Nos sumamos a la posición de la Asociación Médica Mundial, del Comité de Médicos Europeos, que se oponen sin excepción a la concesión de patentes en relación con genes humanos». 
La British Society for Human Genetics dice lo siguiente: " El artículo 5 parece permitir y excluir al mismo tiempo la concesión de patentes a secuencias genéticas humanas». 
La confusión se debe a que este Parlamento aprobó en julio, en primera lectura, una propuesta conflictiva que permitía y prohibía al mismo tiempo la concesión de patentes relacionadas con el genoma humano. 
Una campaña persistente, lanzada por grupos de presión con el apoyo financiero de Smith-Kline-Beechman, hizo objeto de una presentación e información equivocadas de las organizaciones de pacientes a los diputados de este Parlamento. 
Nuestra enmienda 22 procura corregir la redacción de esta directiva. 
La Comisión Ecuménica Europea para la Iglesia y la Sociedad dice lo siguiente: " Seguimos estando sumamente descontentos de esta directiva. 
Instamos firmemente al Parlamento a que vuelva a preconizar la necesidad de que haya un comité específico de cuestiones éticas que pueda ocuparse de la aplicación de patentes y de la enmienda 76 acerca del material de origen humano y de otro origen». 
Nuestras enmiendas 4, 11 y 12 vuelven a exponer íntegramente las enmiendas de carácter ético. 
El propio grupo de asesores de la Comisión en materia de consecuencias éticas de la biotecnología dice en el párrafo 2 de la opinión 8 que una invención basada en la utilización de elementos de origen humano que haya sido obtenida sin respetar el principio del consentimiento, no podrá pretenderse que cumple los requisitos de la ética. 
La posición común no lo garantiza. 
En cuanto al uso de embriones, quisiera decir a mis colegas que hablemos con toda claridad y que dejemos bien sentado que no podemos comercializar el empleo de embriones. 
Señora Presidenta, por una preocupación ética, mi grupo se ha opuesto a cualquier forma de patente relativa al hombre o a sus componentes biomoleculares. 
El Grupo de Coalición Radical Europea había manifestado su desacuerdo con el ponente, que no tenía suficientemente en cuenta este aspecto. 
Ahora bien, la nueva posición común del Consejo, que retoma la Comisión de Asuntos Jurídicos, modifica sustancialmente el texto mismo que habíamos adoptado y va en el sentido de un debilitamiento de la ética ampliando aún más el campo de aplicación de las patentes. 
No podemos estar de acuerdo. 
Incluso si se sopesan, por una parte, las presiones, los grupos de presión y los desafíos financieros y, por otra, el avance que han conseguido los Estados Unidos en este ámbito, la piratería biológica es contraria a la filosofía humanista que compartimos- espero- un gran número de diputados en este Parlamento. 
A otro nivel, el Consejo ha eliminado igualmente una práctica ancestral, a saber, la cláusula del privilegio del agricultor que le autoriza a reutilizar semillas que él mismo produce y revende para uso agrícola. 
Nuestro grupo apoyará, especialmente, la enmienda 28 que pretende reintroducir esta práctica. 
Por otra parte, según la propuesta que se nos ha sometido, las variedades antiguas serían patentables. 
Esto puede llevarnos muy lejos. 
Les citaré simplemente el ejemplo de una variedad india de arroz «basmati» para la que una sociedad americana ha presentado una patente, impidiendo de este modo la continuación de las exportaciones tradicionales de ese arroz a Estados Unidos. 
No se trata en este caso de hacer antiamericanismo primario, sino de hacer nuestro trabajo político resistiendo, sobre la base de nuestros valores comunes, a la fría lógica de los beneficios que, desafortunadamente, los Estados miembros parecen dejar que se imponga con demasiada facilidad. 
Señora Presidenta, de nuevo el Parlamento Europeo se inclina ante la posición común del Consejo respecto de la directiva relativa a la patente de las invenciones biotecnológicas. 
Ya en la primera lectura no respaldamos el informe Rothley. Esto tenía una motivación ética. 
Estamos convencidos de que las personas, animales y plantas son creación única de Dios y, por tanto, nunca, tampoco en el caso de partes sintéticas y artificiales, una invención puede calificarse de humana. Esto, al margen de la discusión sobre la forma en que se utiliza el conocimiento genético. 
Mediante la directiva, el material hereditario se convierte solamente en un fin comercial. 
Además de eso, falta analizar si el hecho de patentar las invenciones biotecnológicas será tan bueno para los pacientes: una patente se solicita con fines comerciales, no con fines benéficos. 
A todo esto, hay una segunda posición común del Consejo y el Parlamento parece cansado de debatir. 
Las ventajas económicas para la industria parecen superar plenamente las observaciones éticas, tanto incluso, que la Comisión de Asuntos Jurídicos no vuelve a presentar algunas de las enmiendas más importantes que no fueron adoptadas por el Consejo. 
El ponente solicita que se adopte la posición común tal como está. 
Hemos presentado de nuevo, como otros, las enmiendas más importantes. 
Sin embargo, ¿no puede suceder que sea más importante adoptar rápidamente la directiva que tener una directiva con un contenido equilibrado? 
Por último, quiero señalar que el claro dominio de la importancia económica de esta directiva y la supuesta simpleza de los reparos éticos me causan preocupación. 
La patente de genes no es natural. 
Solamente con muy buena voluntad, los genes sintéticos se pueden considerar invención. 
La dignidad humana, el respeto por animales y plantas en la creación de Dios siguen siendo puntos de discusión importantes. 
Es demasiado cómodo para esta supuesta directiva puramente técnica perder de vista las consideraciones morales y éticas. 
Quien piense que con la aceptación de la posición común los eternos problemas éticos se han acabado, se equivoca. 
La discusión acaba de empezar y seguramente no se hará más fácil con la aceptación de la actual posición común. 
Señora Presidenta, hace tiempo que 1, 2 millones de mis conciudadanos se pronunciaron en una iniciativa popular contra la protección de las invenciones biotecnológicas mediante patente. 
La afirmación de que la Comisión y la posición común del Consejo han incorporado enmiendas del Parlamento, no se sostiene tras una consideración más detenida. 
En puntos importantes se produce subrepticiamente un ablandamiento. 
La posición común del Consejo establece en su artículo 5, párrafo 2, que un componente aislado del cuerpo humano puede ser una invención patentable. 
Con esta disposición se podrá sortear de facto la prohibición de clonar seres humanos. 
Además se establece que la utilización de embriones humanos con fines comerciales e industriales no es patentable. 
De esta suerte la exclusión de la patentabilidad no abarca la utilización de embriones con fines terapéuticos y de diagnóstico. 
Sin embargo, pienso que toda utilización de embriones humanos debería ser excluida de la patentabilidad. 
La posición originnaria del Parlamento relativa al denominado privilegio de los agricultores resulta igualmente socavada. 
Las excepciones previstas son maquillaje, pues aunque a los agricultores les estará permitida la utilización de las cosechas para el aumento vegetativo y generativo, de la regulación de excepción se les excluye cuidadosamente la explotación económica de las patentes de utilización. 
Con ello el intercambio de semillas entre agricultores es imposible sin pagar derechos de licencia. 
Las pequeas agrupaciones de semillas no se podrán sostener económicamente. La consecuencia es una liquidación del mercado. 
Lo mismo cabe decir también de la cría de animales. 
Por estas razones rechazamos el documento. 
Señora Presidenta, quisiera dar gracias a la presidencia por lo mucho que está trabajando en relación con esta cuestión. 
He seguido con interés esta propuesta y yo formaba parte del grupo inicial de conciliación que no tuvo éxito. 
La directiva representa un equilibrio delicado entre la concesión de patentes y el respeto del bienestar de los animales y de la dignidad de los seres humanos. 
Hay que tener en cuenta que los productos farmacéuticos representan un sector en el que la Unión Europea va a la cabeza, y que constituyen una considerable fuente de ingresos para la Unión. 
He recibido cartas de sindicatos del Reino Unido que son partidarios de esta directiva, y que temen que se pierdan puestos de trabajo si no conseguimos ponernos de acuerdo sobre una directiva. 
Ahora bien, no pequemos por exceso de ingenuidad: no basta con rechazar esta directiva para evitar los experimentos en materia de biotecnología. 
Lo que sucederá, sencillamente, es que las investigaciones y las actividades en esta esfera se desarrollarán en otros lugares del mundo y que la Unión Europea saldrá perdiendo. 
Apoyo en general la posición común aunque comparto algunas de las preocupaciones de mis colegas en relación con el bienestar de los animales y el control ético. 
Sin embargo, algunos de mis colegas de este Parlamento pecan de falta de sinceridad cuando pretenden estar en contra de la directiva debido a la redacción de algunas obligaciones éticas indicadas en la propuesta. 
La realidad es que no están dispuestos a aceptar esta propuesta en ningún caso, sea cual fuere su texto. 
En cuanto a la discusión acerca de si la labor de los grupos de presión se ha desarrollado en favor de los pacientes, me parece que se trata de un debate estéril. 
Díganme ustedes el nombre de una sola organización en la cual no se hayan registrado disensiones entre sus miembros. 
Lo que importa es la expresión general de las opiniones de los que componen la organización. 
Diré para acabar que apoyo en general la posición común aunque haya consideraciones éticas que me preocupen. 
Señora Presidenta, distinguidas seoras y seores, la presente posición común que será votada mañana es mejor que su fama. 
No veo ningún motivo de euforia y, al contrario que el Sr. Rothley, soy de la opinión de que aún podrían formularse mejor algunos extremos, si bien el texto que votaremos mañana es mejor que el que el Parlamento rechazó mayoritariamente en febrero de 1995. 
Se han conseguido muchas mejoras, y creo que el Parlamento tenía entonces buenas razones para votar en contra, pero ahora también tenemos tan buenas razones para desestimar las propuestas en favor del rechazo de la posición común. 
Entonces faltaba la exclusión clara de la manipulación de la línea germinal. 
Esta nítida exclusión de la cría de seres humanos por medio de la intervención en la línea germinal humana se halla contenida en la posición común. 
Entonces teníamos una formulación poco consistente del privilegio de los agricultores. 
Ahora tenemos una formulación más sólida. 
En relación a los pacientes quisiera advertir sobre el hecho de pretender ganarlos para una u otra postura. 
Hay asociaciones de pacientes que están a favor de la directiva, y hay otras que están en contra. 
Ambas tienen buenas razones. 
En este Parlamento no puede afirmar nadie con buena conciencia que en la investigación de este o de aquel medicamento las cosas saldrán de un modo u otro. 
Hay científicos serios que defienden una postura, y otros, igualmente serios, que defienden la otra, por lo que no debemos lanzarnos a la polémica como han hecho algunos colegas. 
Debemos ver esta directiva como lo que es, una directiva para el mercado interior y una directiva que trata de factores económicos y de desempleo. 
Deberíamos, no obstante, referirnos con toda vehemencia a los límites impuestos por motivos éticos, a los que el Parlamento siempre ha dado importancia. 
Pues, al contrario de lo que afirma el Grupo de los Verdes, no se trata precisamente de que queramos crear empleo mediante la clonación, sino por las posibilidades de aplicación en el ámbito de la biotecnología, las cuales, en opinión de la mayoría de este Parlamento y, creo yo, de la mayoría de los ciudadanos europeos, no son cuestionables desde un punto de vista ético. 
Pero las limitaciones éticas debemos formularlas muy claramente. 
Por eso estoy satisfecho de que el Consejo haya logrado una amplia formulación del tema de la clonación. 
Tras el experimento de clonación de la oveja Dolly y la publicación de ese experimento, se ha despertado un justificado temor en muchos ciudadanos de Europa y de otras partes. 
La clonación de seres humanos no es ninguna quimera. 
Si no estamos atentos, la clonación humana será realidad antes de lo que todos creemos. 
Por eso es bueno que nosotros, como Parlamento, y ahora también el Consejo, queramos poner aquí un límite preciso. 
Lo que el Grupo de Asesoramiento en bioética de la Comisión Europea propuso, no estaba claro. 
Se decía que sólo se rechazaría la clonación reproductiva de seres humanos, lo que habría significado que los experimentos de clonación con embriones estarían permitidos y sólo la clonación de un bebé sería repudiable. 
Esta no es una actitud coherente, porque en primer lugar, el derecho a la vida y la dignidad humana están vigentes desde el principio, y en segundo lugar porque la generación de un embrión por clonación es el paso técnico decisivo para la aparición de un bebé clonado. 
Por ello es bueno que tengamos esa formulación que define la clonación como la producción de seres humanos con la misma información genética que otros seres humanos. 
De esta suerte tenemos una posición más sólida que el documento del Consejo de Europa sobre clonación, pues aquí, precisamente, está definido también el concepto de " ser humano» en el dossier interinstitucional. 
Todos los intentos de suavizar la prohibición de la clonación contarán con la oposición de mi grupo parlamentario ahora y en el futuro. 
Como solamente tengo un minuto, señora Presidenta, seré breve. 
También nosotros vemos que el texto ha mejorado si lo comparamos con el de la primera lectura, pero no lo bastante. 
Encuentro motivos suficientes para iniciar la conciliación con el Consejo sobre algunos puntos. 
Uno de ellos es el comité de ética. 
Hace poco, hemos escuchado la interpretación del Presidente Santer respecto de este comité y todavía no entiendo por qué la Comisión Europea quiere extender este proyecto a la tecnología de la información. 
Que la Comisión explique bien una vez más por qué no puede adoptar la enmienda 11 y por qué considera que su propio texto, su propia interpretación, es mucho mejor que la del Parlamento Europeo. 
Por último, señora Presidenta, se trata del bienestar de los animales. 
Hemos presentado una enmienda, y no sólo nosotros como Grupo liberal sino también David Martin y 29 miembros más, a fin de que se exceptúer también a los animales si se les ocasiona una minusvalía corporal. 
El ponente Sr. Rothley sí puede decir ahora que son un par de palabritas, pero significan algo para el bienestar de los animales. 
Espero que esta Asamblea apruebe mañana esta enmienda. 
Señora Presidenta, es incuestionable que las biotecnologías pueden contribuir al progreso de la Humanidad en los ámbitos de la alimentación, del medio ambiente, de la salud, de un desarrollo duradero creador de empleos y de actividades. 
Europa no debe retrasarse en este ámbito. 
Ahora bien, en el sector de la investigación farmacéutica, sólo el 15 % de las patentes son de origen europeo, contra un 65 % de origen americano. 
Una directiva sobre las invenciones biotecnológicas debería ayudar a Europa a recuperar ese retraso, pero no a cualquier precio. 
Las biotecnologías plantean problemas nuevos cuya solución exige transparencia, democracia y ética. 
Nuestro grupo consideraba que el informe de conciliación de 1995 sacrificaba estos aspectos en el altar de la economía y de los beneficios, y por ello votó en contra contribuyendo a su fracaso. 
La nueva propuesta de la Comisión extrajo algunas enseñanzas de este fracaso, pero no suficientes. 
El Parlamento adoptó 66 enmiendas que la posición común del Consejo ha integrado en la práctica para precisar mejor las condiciones y excepciones de la patentabilidad. 
Como han señalado otros colegas, la patente del cuerpo humano está prohibida, al igual que la de las variedades vegetales y razas animales. 
El privilegio del agricultor está confirmado, permitiéndole así utilizar el producto de su cosecha para fines de reproducción o de multiplicación por sí mismo, en su explotación. 
Lamento sin embargo que el Consejo no haya considerado la enmienda del Parlamento Europeo orientada a proteger los derechos de los países en desarrollo sobre el patrimonio genético. 
A pesar de estos avances, el texto que se nos ha sometido suscita temores legítimos ya que los riesgos son reales. 
Estos riesgos se han reducido desde 1995 salvaguardando la dignidad y la integridad del ser humano, fijando protecciones. 
La posición común precisa entonces que el derecho de las patentes no sustituye ni anula las legislaciones que limitan, prohíben o controlan, por razones éticas, la investigación y utilización de los resultados. 
Pero la cuestión esencial sigue siendo la de los medios de control de los pueblos y de sus representantes sobre el desarrollo de las biotecnologías. 
La humanidad extraerá beneficios de las biotecnologías únicamente si interviene en el contenido de su desarrollo, en lugar de las multinacionales, que sólo ven en ello una nueva fuente de beneficios. 
Señora Presidenta, el ponente así como todos los que apoyan la aceptación de la posición común del Consejo han reconocido que la posición común actual contiene mejoras respecto del documento de la primera lectura. 
Señor ponente, esta es una referencia a los críticos, porque usted quería aceptar esa posición común entonces. 
Si hubiésemos seguido esa recomendación no tendríamos ahora estas mejoras, y ese informe iría asociado a su nombre y sería peor que el otro. 
Para no ser mal entendido: estoy a favor de una directiva común, pero también de que sea desarrollada de una manera cualitativamente sensata. 
Soy ponente de la Comisión de Agricultura, y el llamado privilegio de los agricultores ha sido mejorado en la actual posición común respecto del primer documento. 
Sin embargo no se ha recogido lo que la Comisión de Agricultura quería y que el Parlamento había votado a favor. 
Señor ponente, no se desiste cuando se está próximo a la meta. 
Si usted pierde el resuello, a mí aún me queda. 
Hemos trabajado juntos en ello durante diez años, y por ello soy partidario de que esta enmienda, que nosotros hemos presentado de nuevo, vayamos a discutirla con el Consejo en el procedimiento de concertación. 
Estoy bastante seguro de que no pondrán en marcha el procedimiento de concertación y que se aceptará enseguida el asunto o de que, en caso contrario, terminaremos imponiéndonos. 
Por eso rehusamos la posibilidad de una mejora allí donde incluso defendemos la misma postura, porque como ya he dicho, el documento del Consejo no es lógico ni concluyente. 
Así pues, señor Rothley, escuche por favor de nuevo a los críticos y tenga un poco de paciencia, porque entonces tendremos un documento mejor y el Parlamento estará en una buena posición en su discusión con el Consejo. 
Señora Presidenta, muchos de los que han intervenido han manifestado que a este Parlamento no le queda otra que aceptar la posición común tal y como es. 
Se ha dicho que el Consejo, así y todo, ha incorporado muchas enmiendas y que la directiva de ahora es mucho mejor que los proyectos anteriores, incluso sustancialmente mejor que la propuesta de directiva de la Comisión. 
Quisiera unirme expresamente a esa apreciación, pero no a la conclusión que se saca de ella. 
La sistemática y la calidad jurídica esencialmente mejoradas de la directiva hay que agradecérselas seguramente a nuestro ponente. 
Pero también es un hecho que el Consejo, en contra de lo que se suele afirmar, no ha incorporado algunas de las enmiendas aprobadas en este Parlamento con un gran apoyo. 
Y si se nos concede desde todas las partes que la directiva ha mejorado desde la primera lectura en el Parlamento Europeo, se puede deducir de ahí que la directiva podrá mejorar aún más en la segunda... 
si todas las enmiendas que no han sido incorporadas hasta ahora por el Consejo son presentadas de nuevo y aprobadas. 
El tiempo y los plazos tampoco están en contra de una nueva aprobación de las enmiendas. 
La aprobación en el Consejo de la presente posición común ha ido veloz, y las enmiendas presentadas no pretenden cambiar nada de aquellos puntos que fueron esenciales para el compromiso en el Consejo. 
Podemos, por tanto, partir del hecho de que también estará garantizada una rápida entrada en vigor de la directiva aún cuando aprobemos otra vez nuevas enmiendas y nos entendamos rápidamente con el Consejo en el procedimiento de conciliación o tal vez antes directamente. 
En una cuestión no puedo entender en absoluto por qué el Consejo no ha aceptado las formulaciones procedentes del Parlamento, concretamente en el tema de las excepciones para los agricultores. 
Como muchos de los aquí presentes saben, precísamente en mi país, en Austria, la tecnología genética, en especial en la agricultura, es rechazada por una amplia mayoría. 
Tan sólo ahora se está empezando producir una apertura prudente por parte de nuestros agricultores, que ven que las semillas y el material de reproducción manipulados genéticamente pueden ser provechosos para ellos. 
Pero si se dan cuenta de que mediante esta directiva caerán de nuevo en una dependencia económica, porque las excepciones para agricultores son demasiado escasas, entonces esto no fomentará la aceptación de la biotecnología en la agricultura. 
Señora Presidenta, como última oradora del Grupo del PPE, me parece que, en primer lugar, quiero destacar mi enhorabuena. 
Yo creo que mañana se consolidará la posición común como directiva, y es enhorabuena para esta Asamblea y enhorabuena para la Comisión. 
Considero que en el Acta literal de las sesiones debe quedar constancia del magnífico trabajo desarrollado por el Sr. Vandergheist, a quien veo aquí sentado. 
Pero, sobre todo, quiero resaltar mi admiración y mi respeto por el ponente, fraguado a lo largo de estos años. 
Yo no he seguido los 10 años de esta directiva, señor Rothley, pero, desde que llegué a este Parlamento, estaba esta directiva sobre la mesa creando problemas. 
He de decir que he tenido ocasión, a través de ella, de conocer a un gran jurista y a un gran parlamentario. 
Es muy egoísta, pero a mí me ha servido. 
Señora Presidenta, no es esta una directiva de mal menor. 
No. 
Este es un buen texto. 
No es, posiblemente, el texto que el erudito hubiera hecho, y sin duda hay imperfecciones, pero es un buen texto. 
En este sentido, hay que salir al paso de alguna afirmación que se ha hecho, como que el Sr. Rothley quería aceptar el texto de la primera lectura. 
No es cierto. 
El Sr. Rothley ha batallado, y ha batallado muy fuerte por que lleguemos a la actual versión. 
Un compromiso es mejor que el que resultaba de las enmiendas que salieron de este Parlamento. 
Enmiendas que reflejaban el acuerdo entre los distintos grupos; pero, técnicamente, insisto en que este texto es mejor. 
Y permítanme dar algunos ejemplos: el privilegio del agricultor. 
Pues bien, en la enmienda 28, se está intentando modificar el Reglamento 2100/94. 
Esta es una directiva de patentes. 
Se ha repetido en varias ocasiones y no puedo más que suscribir lo que ha dicho el Sr. Barzanti o la Sra. Mosiek-Urbahn o el Sr. Pompidou o la Sra. Oddy. 
Esta directiva es una directiva de patentes. 
Si alguien quiere modificar el Reglamento 2100/94 que lo modifique, pero no se puede modificar por la puerta de atrás, a través de la presente directiva. 
Igual ocurre con la piratería que se ha mencionado. 
Los acuerdos ADPIC (TRYPS) , entre otros textos internacionales, que nos vinculan a todos los Estados miembros de la Unión Europea, establecen los tres requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. 
Lo ha recordado el Sr. Pompidou. 
No podemos introducir un cuarto. 
Sería nulo de pleno derecho. 
Evidentemente, si alguien obtiene fraudulentamente un elemento y lo patenta, entrarán en juego las leyes sustantivas del Estado miembro, será una ofensa civil o penal, en su caso, y se aplicará todo el corpus legal y la justicia para, en su caso, incluso anular esa patente. 
Pero en una norma de patentes no podemos incluir nuevos requisitos que no están en acuerdos internacionales, como no podemos establecer por la puerta de atrás modificaciones a leyes sustantivas. 
Señora Presidenta, en realidad lo que está sucediendo, como han dicho el Sr. Barzanti y la Sra. Mosiek-Urbahn, es que quedan muchas cosas por hacer. 
Efectivamente, pero no en una ley de patentes. 
En una ley de patentes, tenemos que atenernos a su objeto. 
Y tengo que hacer una última observación con relación a lo dicho por mi colega Casini, a quien tanto admiro. 
No es cierto que el artículo 6 sea contrario a Derecho. 
El artículo 6 establece, por primera vez en un texto internacional, una protección del embrión que está en el acuerdo de Oviedo de bioética, que previsiblemente entrará en vigor después. 
Y esa frase que, efectivamente, es prescindible, no es impedimento mayor porque se trata de una lista abierta en un artículo que lo que previene es la patentabilidad de todo aquello que sea contrario a la moral o al orden público. 
Para resumir, señora Presidenta, san Agustín dice que hay que ser sabio para saber lo que hay que cambiar, más sabio todavía para saber lo que hay que conservar y que, realmente, la verdadera sabiduría es saber cuándo se ha llegado a un texto aceptable. 
Creo que este es el momento y así espero que quede consolidado mañana. 
Señora Presidenta, estimados colegas, la directiva que debatimos hoy conducirá a una legislación armonizada para las patentes de las invenciones biotecnológicas en el ámbito de la Unión Europea. 
Esto es esencial para garantizar la competitividad del sector biotecnológico en Europa. Precisamente, este sector creará en los próximos años mucho empleo y, solamente con una buena legislación, Europa puede recuperar el retraso respecto de los Estados Unidos y Japón. 
Una terapia mejor para Europa que un texto sobre empleo en un tratado. 
Curiosamente, los Países Bajos se encuentran aislados dentro de Europa al ser el único Estado miembro que ha votado en contra de esta directiva en el Consejo de Ministros. 
Los Países Bajos acaban de adoptar una normativa nacional que prohíbe registrar bajo patente plantas o animales. 
Con ello, el sector biotecnológico neerlandés está aislado internacionalmente y condenado a ocupar una posición en la retaguardia. 
Señorías, la enmienda 9 de los liberales al artículo 26 no constituye una amenaza para la investigación científica en cuanto al material genético ya logrado; ni ahora ni en el futuro. 
La directiva no empieza a funcionar, después de todo, con efecto retroactivo. 
La enmienda garantiza una correcta información y la libre aprobación de donantes de material genético, independientemente de las disposiciones nacionales. 
Por último, señora Presidenta, ruego a mis colegas que utilicen sus competencias legislativas para ocuparse de que exista una legislación buena, transparente y éticamente responsable en Europa y no se dejen intimidar por las amenazas del Consejo de que rechazará la directiva si el Parlamento presenta enmiendas. 
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo se pronuncia ahora sobre la ética de toda la especie humana, sobre qué es lo correcto y adecuado desde el punto de vista de la vida y qué no lo es. 
En esta propuesta se aborda la expedición de patentes sobre formas de vida presentes en la naturaleza, y se hace en nombre de las grandes empresas europeas, para dotarlas de los mismos derechos de que ya disponen las grandes compañías de los Estados Unidos. 
El Parlamento debe ahora hacer una valoración sobre cómo se han tenido presentes en la nueva propuesta de directiva las enmiendas que aprobamos el verano pasado. 
La enmienda original n- 76, aprobada por el Parlamento y torpedeada por el Consejo, constituye una cuestión especialmente contradictoria, relacionada con toda una serie de problemas como la posibilidad de expedir patentes sobre material genético en general y las relaciones entre la industria farmacéutica y los países en desarrollo, sin olvidar la cuestión principal: ¿es posible robar material listo para su utilización que se halle presente en la naturaleza y hacer un uso monopolístico del mismo patentándolo en secreto? 
Resulta imprescindible que el Parlamento presente de nuevo esta enmienda. 
De no ocurrir así, se podría comparar este tipo de patentes con la búsqueda de oro biológico, algo que tendría lugar en todos los países del mundo excepto en los industrializados, ya que es sabido que los países en desarrollo contienen las cuatro quintas partes de la diversidad genética del planeta. 
Estoy convencido de que este debate ha demostrado, especialmente a los Sres. Rothley, Pompidou y Monfils, que en este tema existen numerosos problemas a los que ellos no han prestado atención en sus respectivas intervenciones. 
Señora Presidenta, señor Comisario, no puedo seguir la recomendación del ponente de aceptar la posición común, porque no satisface ciertos presupuestos mínimos que se refieren directamente al núcleo de la cuestión. 
El primero es que la libertad de los Estados miembros de hacer uso de sus derechos de utilizar sus derechos procedentes de acuerdos internacionales se ve reducida por el tenor literal actual, a las obligaciones que se siguen de los mismos. 
En segundo lugar, el comité de ética, acertadamente previsto, no tiene las competencias específicas y generales exigibles y no goza de la independencia necesaria. 
En tercer lugar, no se han tenido en cuenta las precisiones formuladas por la Iglesia en relación con la distinción entre seres vivos y cosas inertes en los artículos 3, 4, 5 y 9. 
A aquellos que pertenecen a la mayoría que quiere aceptar la posición común, les pregunto: ¿creen ustedes verdaderamente que de este modo están haciendo un buen servicio a la biotecnología? 
Ustedes pueden finalizar el debate con la votación, pero el debate, la discusión moral y política de este tema en la sociedad, continuará con mayor energía aún. 
Señora Presidenta, no creo en absoluto que ésta sea una cuestión que hemos estado discutiendo durante diez años. 
La estricta realidad es que la última vez que esta cuestión se discutió aquí, el Parlamento la rechazó en tercera lectura después de un procedimiento de conciliación sin éxito. 
Lo que quiero decir es sencillamente que rechazamos la propuesta anterior porque no incluía una dimensión ética. 
Por eso mi enmienda 78 relativa a la nueva propuesta preconiza que haya una dimensión ética y, más concretamente, que se establezca un comité sobre aspectos éticos. 
Permítame el Parlamento que le recuerde que ya pedí que se estableciera un comité para que considerasen todos los aspectos éticos de la biotecnología y, en particular, su utilización en materia de patentes. 
La Comisión debía presentar propuestas acerca de la composición y el mandato de ese comité antes de que esta directiva entrase en vigor. 
No se ha hecho nada de eso. 
En mi opinión, y hablo como autor de la enmienda del Grupo Socialista, eso no se refleja en la posición común que se nos ha pedido que discutamos hoy. 
Por lo tanto, no acepto que la propuesta relativa al comité de ética sea satisfactoria y espero que la Comisión nos conteste a ese respecto. 
He de decir que no lo hicieron cuando discutimos recientemente esta cuestión en Bruselas. 
He pedido ya al nuevo comité de ética que nos dé una opinión sobre determinados cultivos. 
Ni el presidente del actual comité se ha dado por enterado, ni tampoco se ha dado por enterado de mi petición el Presidente de la Comisión Europea. 
La razón de todo ello es sencillísima: los parlamentarios no tienen acceso actualmente a ese comité. 
Ésta es una cuestión que tenemos que resolver. 
¿Cómo vamos a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres? 
¿Por qué hay tantos hombres en ese comité y por qué casi todos tienen la ética por profesión? 
¿Qué sucede cuando un acontecimiento particular en biotecnología exige una consideración ética? 
¿Tendremos la posibilidad de instituir quizá una moratoria en un caso concreto? 
Ninguna de ellas se ha estudiado con seriedad en los textos que tenemos ante nosotros. 
Así lo digo en alta voz para que lo oigan esas personas de la galería que llevan camiseta amarilla de biotécnicos. Soy un defensor de la biotecnología, pero estimo que debe estar firme y debidamente controlada por un comité de ética organizado adecuadamente. 
Señora Presidenta, nuestro rechazo de la propuesta en 1995 mereció la pena. 
Hoy tenemos una propuesta que atiende en un grado mucho más alto a consideraciones éticas, humanistas y de protección de los animales. 
Debemos promover la investigación y el desarrollo de métodos terapéuticos para las personas que tienen enfermedades genéticas. 
Muchos son atiborrados de química a lo largo de su vida sin que se logre hallar una verdadera solución a su sufrimiento. 
Debemos respetar nuestros compromisos ante los pueblos primitivos. 
Aunque ya es una parte del texto, apoyo la enmienda que pone los puntos sobre las íes respecto del consentimiento informado. 
Apoyamos el farmers ' privilege, de modo que no esté limitado el derecho de los agricultores a, entre otras cosas, sembrar sus propias cosechas sin pago de licencia. 
Me parece que el grupo consultivo de Santer sobre ética funciona de modo un poco dudoso. 
Si éste está autorizado, ¿por qué no está entonces justificado en el tratado un consejo ético regulado? 
Agradecemos, por supuesto, la promesa de transparencia, sin embargo, prefiero tener derecho a la transparencia en vez de obtener una promesa al respecto como un favor por parte del Sr. Presidente de la Comisión. 
Señor Presidente, ha podido usted comprobar que se ha registrado aquí un gran enfrentamiento entre las consideraciones éticas y morales de muchas religiones y culturas y las ambiciones de las industrias farmacéuticas que quieren afianzar su posición en los mercados mundiales. 
Sigo pensando que el proyecto de directiva no proporciona la debida protección para los agricultores de Europa o de los países en desarrollo. 
Todos sabemos que muchas variedades nuevas de plantas patentadas por empresas de biotecnología se basan en conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación, y ahora se pide a los agricultores que paguen por esas patentes. 
En este Parlamento hemos ejercido ya cierto grado de poder en relación con este texto legislativo, y sería una lástima que no siguiéramos ejerciendo ese poder con sensatez. 
Votando en favor de las enmiendas y recurriendo después al procedimiento de conciliación para resolver cuestiones como la concesión de patentes en materia de embriones humanos y la adopción de medidas en favor de un buen comité de ética, como acaba de indicar el Sr. White, podríamos conseguir los adelantos que queremos obtener en medicina y agricultura, pero acompañados de diversas medidas de protección. 
Señora Presidenta, siento mucho respeto hacia el ponente, él lo sabe, y el texto se ha mejorado, pero como muchos, también yo creo que la mejora es insuficiente. 
Mi país, los Países Bajos, ha sido el que hasta el final ha puesto más resistencia al derecho de la humanidad a patentar plantas y animales, a pesar de que en los Países Bajos se realiza investigación médica muy valiosa y la biotecnología es, por supuesto, un sector importante. 
Fue mi grupo el que presentó la enmienda 76- yo fui su ponente originario-. 
En el nuevo texto falta la enmienda conforme a la que, sobre todo, los países del Tercer Mundo y los estados en general tienen derecho a proteger su propia biodiversidad. 
Debo decirle, señora Presidenta, que me sorprendió oír comentar a un representate de la Comisión en la Comisión de Asuntos Jurídicos que el Convenio sobre biodiversidad, firmado por los quince Estados miembros de la UE, no es necesario que sea seguido por la Comisión Europea porque no es jurídicamente vinculante. 
Mientras tanto, tenemos una declaración del Convenio de Viena sobre biodiversidad en la que delegados de 34 países, que en este momento están reunidos en Bratislava, se oponen a la no incorporación de la enmienda 76. 
34 países, no les leeré la lista, pero nos ocuparemos de que se facilite este texto al Comisario y al ponente. 
Señora Presidenta, señor Comisario, el texto actual que se somete a nuestra deliberación es un texto nuevo, un texto mejorado, todo el mundo lo ha dicho, hasta tal punto, además, que me sorprenden un poco ciertas conclusiones que algunos han extraído. 
Se trata, en efecto, de partir de una nueva propuesta de la Comisión, que ha sido también profundamente modificada en primera lectura por el Parlamento, principalmente en la definición de la materia patentable, donde hemos tomado la formulación del grupo de consejeros de bioética, así como en las excepciones a la patentabilidad por razones de utilidad pública y, donde, en particular, hemos recogido las propuestas del Sr. Liese. 
La Comisión y el Consejo, en la posición común, han recogido todas nuestras enmiendas sin modificar sustancialmente la formulación, con una excepción, sobre la que volveré en un momento. 
El resultado es que el texto que está hoy sometido a debate es el nuestro. 
Este texto es el texto del Parlamento Europeo. 
Entonces, ¿es necesario mejorarlo aún, tal como sugieren algunos de nuestros colegas? 
Ésta es en todo caso la posición de los socialistas europeos y la de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, votar el texto tal como está, sin enmiendas, por dos razones principales. 
En primer lugar, para preservar su coherencia, para evitar las ambigüedades y las declaraciones unilaterales que habían envenenado la primera conciliación. 
Recordamos que el Parlamento había rechazado, con toda razón, el resultado de esta primera conciliación. 
Hoy, el texto que se somete a nuestra aprobación es claro, depurado, coherente, no está contaminado por declaraciones unilaterales que lo falsearían o que podrían complicar su comprensión. 
Es preciso preservar esta coherencia. 
En segundo lugar, y ésta es la segunda razón, creemos que es preciso evitar un nuevo plazo abriendo una conciliación que nos parece inútil, ya que este texto está en suspenso desde hace diez años. 
Corremos el riesgo, en caso de conciliación, de abrir la caja de Pandora, es decir, el debate en el seno del propio Consejo, incluso, en caso de dificultad en el seno del Consejo y en el debate, de no llegar a un resultado antes del fin de este Parlamento, que está cercano, lo que nos retrasaría de una forma catastrófica, bloqueando, esperando las inversiones económicas, bloqueando ante todo, esperando la investigación científica y médica. 
Permítame, señora Presidenta, decir unas palabras a propósito de los enfermos. 
La Sra. Ewing ha dicho que estaban misrepresented. 
Las asociaciones de enfermos, sin duda, tienen una gran diversidad de puntos de vista sobre esta cuestión, lo cual es perfectamente honorable. 
Observo que las grandes asociaciones francesas, en todo caso, desean la adopción de la directiva. 
Pero deseo sobre todo protestar aquí contra la injuria que se les hace a estas asociaciones cuando se las acusa de estar a sueldo de la industria farmacéutica, injuria recogida aquí mismo por la Sra. Ahern. 
Este tipo de ataque es indigno de un debate de una importancia así, sobre todo porque, por lo demás, observo que Comisión y Consejo han tomado ampliamente en consideración las preocupaciones que han manifestado los autores de las presentes enmiendas. 
La Comisión de Medio Ambiente ha vuelto a presentar su enmienda sobre el origen de la materia patentable. 
Esta enmienda, y la Sra. Putten lo sabe bien, plantea problemas difíciles en lo que respecta a la prueba ante el juez nacional. 
Observo, por lo demás, y el Comisario Monti nos lo confirmará sin duda, que la Comisión ha adquirido el compromiso, no sólo de respetar el Convenio de Río sobre biodiversidad sino, por el informe anual que se compromete a presentar, de permitirnos hacer balance de esta cuestión. 
La enmienda del Sr. White sobre la bioética ha sido recogida en una materia diferente, pero sobre todo, hemos tenido una declaración formal del presidente Santer dando una serie de seguridades, y principalmente la de que el Parlamento podría hacerse cargo directamente del nuevo grupo de bioética, tal como ha sido instituido. 
Sobre la enmienda relativa al sufrimiento de los animales, quisiera, también aquí, preguntar al Sr. Monti si puede darnos la seguridad de que las dos formulaciones, de hecho y en concreto, son idénticas en cuanto a su efecto, pero que el hecho de haber suprimido tres meses no cambia nada en cuanto a la aplicación concreta de la patentabilidad sobre este punto. 
Finalmente, quisiera decir al Sr. Graefe zu Baringdorf que sin duda ha expuesto una posición personal sobre los problemas de agricultura, pero que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no le ha seguido y no ha presentado de nuevo sus enmiendas. 
No se instituye por consiguiente hoy en portavoz de una comisión que no ha tenido la suerte de seguirle. 
Por todas estas razones, señora Presidenta, deseo que este texto se vote sin enmiendas. 
Ésta es la posición de mi grupo. 
Señora Presidenta, Señorías, en nombre de la Comisión y en el mío propio, deseo expresarles la profunda gratitud y admiración por el extraordinario e importante trabajo realizado por el Parlamento Europeo durante el procedimiento legislativo para adoptar esta directiva. 
La Comisión está convencida de que el texto, sobre el cual ahora deben pronunciarse, es un texto claro y de calidad, en el cual las especificidades del Derecho de patentes y las legítimas preocupaciones de orden ético encuentran un indudable punto de equilibrio. 
Este texto es fruto de un intenso trabajo colectivo, a lo largo del cual las opiniones y las argumentaciones de todos, dentro y fuera de las Instituciones, fueron consideradas y ponderadas ampliamente con objeto de conseguir un resultado final que representa, estoy profundamente convencido de ello, algo importante para la comunidad. 
El 16 de julio de 1997, en el marco de la primera lectura, el Parlamento Europeo aprobó 66 enmiendas. 
La Comisión las incorporó en su conjunto, salvo una, ya que era incompatible con el Derecho internacional en vigor. 
Pese a ello, a la hora de aprobar la posición común, haciendo un ulterior esfuerzo para atender las exigencias que se expresaban a través de esa única enmienda que fue rechazada y demostrando una indudable voluntad de apertura y de compromiso, el Consejo y la Comisión coincidieron en reflejar en dos considerandos los puntos esenciales de la enmienda 76. 
Ya desde ahora, deseo manifestar que modificarlas, conforme a lo indicado por algunas de sus Señorías, no sería ni útil ni sensato. 
No sería útil, puesto que supondría un enfrentamiento con el Consejo que tiene de su parte el Derecho internacional vigente y la transparencia de la estructura jurídica actual que resultaría comprometida por las modificaciones solicitadas. 
Y tampoco sería sensato, porque el equilibrio entre la dimensión comunitaria y la nacional, establecido también aquí a través de una atinada utilización del principio de subsidiariedad, se alteraría en el sentido comunitario, sin que la Comunidad pueda establecer oportunamente normas concretas ni aportar siquiera ese mínimo de valor añadido. 
El pasado 27 de abril, cuando intervine ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, intenté facilitar algunas aclaraciones para explicar por qué la posición común del Consejo podía aprobarse tal cual, apoyando, por tanto, la posición del ponente, Sr. Rothley. 
Seguidamente, a través de la votación de 28 de abril, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos confirmó que la posición común del Consejo podía ser aprobada, ya que incorpora adecuadamente las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura. 
No puedo dejar de alegrarme de esta decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos. 
Ahora, el Parlamento debe pronunciarse en sesión solemne. 
En consecuencia, les corresponde a sus Señorías ratificar con su voto la aprobación del texto abriendo así el camino para su aprobación definitiva. 
No considero oportuno volver a referirme en detalle, aquí y ahora, a las razones en que, según la Comisión, se basa la aceptación del texto aprobado en la posición común. 
Sin embargo, señora Presidenta, tras haber escuchado con gran atención este debate, compruebo que siguen existiendo cuatro puntos con relación a los cuales puede ser útil que yo reitere brevemente la posición de la Comisión, al objeto de que sus Señorías puedan decidir con pleno conocimiento de causa. 
En primer lugar, una alusión más al Grupo Europeo para la ética de las ciencias y las nuevas tecnologías, para recordar lo que el Presidente Sr. Santer ya confirmó al Parlamento el pasado día 29 de abril con ocasión de su intervención, es decir, que dicho Grupo es y continuará siendo independiente y garantizará la total transparencia de sus trabajos. 
El Parlamento Europeo podrá interpelarle cuando lo considere oportuno, con arreglo a un procedimiento que, en su caso, deberá establecer el propio Parlamento. 
Siempre he recalcado con firmeza y convicción el importante papel que el Comité está desempeñando y deberá desempeñar en esta delicada materia. 
Estoy profundamente convencido de la gran contribución que el Parlamento Europeo podrá ofrecer y es mi obligación reafirmarlo especialmente hoy. 
En segundo lugar, una referencia al embrión. 
Puedo confirmar que, según la Comisión, el esencia de la posición expresada por el Parlamento ha quedado reflejada en la posición común, habida cuenta de que se excluye expresamente toda manipulación dirigida a explotar el embrión, así como que se marcan claramente los procedimientos en favor del embrión para tutelarlo y protegerlo, y es indudable que el Parlamento nunca ha pretendido excluir este último aspecto. 
En tercer lugar, en el ámbito de la protección de la biodiversidad. 
La Comunidad se halla muy comprometida tanto a escala internacional como interna- el informe anual es uno de sus instrumentos- a defender dicha diversidad y no tiene intención alguna de renunciar a sus posiciones. 
Por eso, el caso de la patente americana sobre el arroz basmati es para la Comisión un buen ejemplo en favor de su coherencia. 
Dicha patente no se podría conceder en Europa simplemente porque la directiva la prohibiría, puesto que no se trata de una invención y sí de una variedad vegetal expresamente excluida. 
Cuarto y último punto: los sufrimientos de los animales. 
El objetivo de impedir que, a través del Derecho de patentes, se cometan atrocidades inútiles y actos de barbarie contra los animales y el instrumento jurídico para hacerlo respetar están muy presentes en el texto, ya que estamos todos de acuerdo con este punto. 
El no haber hecho referencia a los daños físicos no tiene ningún significado especial: simplemente nos parece que el concepto de sufrimiento ya lo abarca, pues es difícil imaginar un daño físico que no cause sufrimiento. 
Sólo por esto la Comisión no considera necesario mencionar este aspecto. 
Señora Presidenta, señor ponente, Señorías, el debate sobre la propuesta de directiva en el Parlamento Europeo- no lo digo por razones de cortesía- ha sido trascendental y el texto de la posición común lo refleja plenamente. 
Lo que pasó en el año 1995 fue para todos grave e importante y creo que puedo decir que todos nosotros tratamos de que fuera motivo de reflexión para reanudar nuestro trabajo con tenacidad, humildad y serenidad. 
Confío en que las anteriores incomprensiones hayan quedado atrás, porque hemos debatido largamente y porque el texto es mucho más claro. 
Sirva de ejemplo para todos la parte relativa a la patentabilidad de los elementos de origen humano, donde la posición común del Consejo incorpora totalmente, palabra por palabra, el texto del Parlamento Europeo. 
La Comisión está convencida de que, aprobando la posición del Consejo, el Parlamento Europeo no hará más que recoger los frutos de su importante trabajo. 
Señora Presidenta, Señorías, termino agradeciéndoles este importante trabajo y su amable atención. 
Señora Presidenta, quisiera en mi intervención hacer pública la opinión de que el Sr. Cot ha descuidado el trato digno que se debe a los colegas: primero, cuando él expresó la sospecha de que nosotros no somos capaces de leer el texto porque es idéntico a las enmiendas que ha presentado el Parlamento. 
Hay una diferencia entre decir que es idéntico en sustancia- lo que aún es discutible- o decir que es idéntico. 
Por cierto, tampoco yo digo que usted esté comprado por la industria de tecnología genética. 
Yo no he empezado con una imputación semejante. 
Esta es la primera cosa. 
La segunda es ésta: la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no puede presentar enmiendas en este procedimiento. 
Tampoco puede presentarlas en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sino que sólo lo pueden hacer diputados individuales que reúnan el número correspondiente de firmas que son necesarias, a saber: 29. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha dirigido una carta a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos que no es objeto del procedimiento, sino que pretende manifestar que en la cuestión del privilegio de los agricultores no se asumió la opinión del Parlamento. 
Como ponente he reunido en conversaciones con mis colegas y he presentado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural esas 29 firmas, porque esto es lo que prevé el procedimiento. 
Seor Cot, el hecho de que en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural haya habido diputados socialistas, que han estampado su firma de un modo un tanto vacilante, no puede ser interpretado en el sentido de que el conjunto no sea expresión de la posición de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Me revelo contra la impresión que ha suscitado usted en el Parlamento de que yo mezclo intereses personales con los intereses de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
No tengo por qué tolerar esto, para que usted me entienda bien. 
Si usted busca la disputa, la tendrá, y si no, compórtese seriamente y respete la dignidad de sus colegas. 
Señora Presidenta, eché de menos una respuesta del Sr. Monti en su alocución al Parlamento respecto de la opinión de la Comisión sobre la interpretación que debe hacer Europa, y también la Unión Europea, de la Convención de Naciones Unidas sobre la biodiversidad. 
Hice una observación sobre esto que reflejaba lo que se comentaba en la Comisión de Asuntos Jurídicos ¿No es extraño que la Comisión Europea vuele a Río de Janeiro con un avión lleno de funcionarios y luego resulte que no espera transformar completamente en legislación la Convención sobre la biodiversidad? 
Señora van Putten, puedo hacer referencia, en particular, al segundo párrafo del artículo 1 de la directiva, en el que se dice: » La presente directiva no afecta a las obligaciones de los Estados miembros derivadas de los acuerdos internacionales, en particular del acuerdo TRIPS y d la Convención sobre la biodiversidad». 
Creo que, más allá de mis opiniones, ésta es la referencia textual definitiva. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0152/98) del Señor Wijsenbeek, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos sobre la comunicación interpretativa de la Comisión (SEC (97) 1193- C4-0465/97) relativa a la libre prestación de servicios e interés general en la segunda Directiva bancaria. 
Señora Presidenta, debemos estar agradecidos a la Comisión por haberse dado cuenta de que el propósito originario de la segunda directiva bancaria, el fomento de la prestación de servicios bancarios transfronterizos, no ha solucionado mucho. 
Así mismo, debemos estar agradecidos a la Comisión por haber querido consultar con el Parlamento esta cuestión, aun cuando no estaba obligada a ello. 
Sin embargo, y esto es algo que probablemente ustedes esperan de mí porque sigo las actividades de la Comisión con una actitud positiva pero recelosa, tengo algo que señalar sobre la forma, es decir, sobre la comunicación. 
Por más que se necesite precisar, de hecho no se detalla demasiado porque, después de todo, al final de la comunicación se dice que la propia comunicación, formulada con motivo de una sentencia del Tribunal, sólo puede ser juzgada de forma definitiva y firme por el propio Tribunal de Justicia. 
Si bien el Parlamento, en tanto institución, es el último en querer socavar de alguna forma el sometimiento de las consecuencias de la legislación a la opinión del juez, con ello, los beneficiarios de la ley con la que se quiere y puede conseguir de forma convincente el mercado interior y la competencia- es decir, las instituciones bancarias de los Estados miembros que quieren ejercer sus actividades en otros Estados miembros- permanecen en la incertidumbre. 
Por consiguiente, apreciaría que el Comisario nos explicara claramente una vez más por qué se prefiere este instrumento, una comunicación, a una directiva nueva o modificada que, después de todo, es jurídicamente vinculante y, por tanto, no da lugar a dudas ni a inseguridades. 
Las inseguridades más importantes son de dos tipos ¿Cuál es la definición clara de interés general en virtud del cual los Estados miembros pueden impedir el establecimiento de una institución bancaria de otro Estado miembro? 
¿Dónde se ha realizado la prestación de un servicio a un cliente que no reside en el país de establecimiento originario del banco, cuando esta prestación se inicia desde la oficina central utilizando o no los medios de comunicación electrónica? 
La segunda pregunta es importante porque una contestación conforme a Derecho puede influir enormemente. 
Para el cliente, claro está, lo más favorable y ventajoso es que un eventual procedimiento judicial tenga lugar en su propio país. 
Visto al revés, justamente es importante que la institución bancaria no se encuentre en una situación desfavorable y, por tanto, es mejor si puede disponer formalmente de un establecimiento en el mismo país del cliente. 
La primera pregunta, a mi juicio, realmente no debería formularse ¿Por qué es realmente necesario que las instituciones bancarias antes de establecerse en otro Estado miembro deban someterse a un procedimiento de inscripción? 
¿Por qué no puede aplicarse a los bancos la doctrina del Cassis de Dijon? 
Cuando un banco, que en su propio país se somete al control del Banco Central, quiere prestar servicios en otra parte de la Unión, las autoridades de otro Estado miembro pueden confiar en que este control se ha realizado con esmero y que, por tanto, los clientes de otros Estados miembros también están protegidos frente a errores en la solvencia, liquidez y otras situaciones ¿O es que hay motivos para que la Comisión admita que los bancos abusen de sus establecimientos situados en otros lugares a fin de evadir la aplicación de los requisitos de sus propios bancos centrales? 
¿No se centraliza a la vez con la llegada del euro, con el que se puede suponer que aumente el interés de los bancos por extender su prestación de servicios por toda la Unión, el control de las instituciones de crédito y de sus vigilantes, es decir, los bancos centrales nacionales? 
Como ustedes ven, allí donde la comunicación tenía el propósito de dar respuesta a las preguntas podría decirse que más bien suscita más interrogantes. 
Espero que la Comisión actúe con firmeza ante estas preguntas y agradezco a mis colegas que hayan colaborado conmigo en la elaboración de este informe que, en mi opinión, contribuye a un mercado interior libre. 
Señora Presidenta, tal vez pueda recordar al ponente que el banco Crédit Lyonnais utilizaba su filial de los Países Bajos para hacer cosas que mejor que la oficina central no supiera. 
Este informe trata sobre la normativa aplicable a las instituciones bancarias que actúan en los Estados miembros de la Unión Europea. 
La segunda Directiva bancaria de 1989 debe ocuparse de que la normativa de los distintos Estados miembros guarde relación entre sí a fin de garantizar la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios financieros. 
Ésta es una cuestión importante. 
El mercado interior de los servicios financieros no puede sino aumentar con la llegada del euro y la expansión de la informática y de la tecnología de las comunicaciones. 
La comunicación de la Comisión se centra en dos partes de la segunda Directiva bancaria: el procedimiento de notificación y el derecho de establecimiento. 
Los bancos deben poner al corriente de sus actividades transfronterizas a las instancias de control de los Estados miembros en los que empiezan a actuar. 
No siempre ha estado claro cuándo esto cuándo esto debía hacerse. 
La comunicación aclara algunos puntos de esta cuestión. 
En el informe se dice con demasiada facilidad, creo yo, que el proyecto SLIM haría superflua la presente comunicación. 
No todos los Estados miembros estaban representados en el grupo SLIM sobre banca, lo que significa que no todos los Estados miembros querrían suprimir sin debate el procedimiento de notificación. 
Y creo que esto forma parte del problema. La comunicación sí tiene interés en tanto no se logre la supresión. 
La segunda parte de la comunicación aclara las condiciones bajo las que un Estado miembro puede invocar el interés general para imponer limitaciones a las instituciones bancarias. 
Estoy de acuerdo con el ponente cuando afirma que la comunicación podría ayudar en los conflictos que surjan entre los interesados. 
Se enumeran de forma estructurada, pues, las condiciones para invocar el interés general. 
Quiero hacer una única observación sobre el párrafo 8 del informe del Sr. Wijsenbeek. En él aparece que el procedimiento de notificación es malo para las instituciones bancarias comunitarias en comparación con las instituciones bancarias de terceros países. 
Eso no me parece justo. 
Los bancos de terceros países deben solicitar una autorización para actuar en la Unión y entonces se les aplican exactamente las mismas reglas que a las instituciones bancarias comunitarias. 
En la OMC se ha acordado el national treatment para los bancos. 
Por tanto, no hay ninguna diferencia en el trato dado a los dos, tal vez una pequeña observación de un miembro de una comisión económica a un jurista. 
Señora Presidenta, le pido disculpas a usted, al Comisario y al ponente por haber estado en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial en la audiencia pública de los miembros de la dirección del Banco Central Europeo. Perdonen que no haya podido estar presente en toda la exposición del informe. 
Señora Presidenta, mi grupo parlamentario apoyará el informe Wijsenbeek en sus planteamientos básicos. 
Quisiera tratar el aspecto institucional del problema. 
No creo que la Comisión tenga la competencia de dar a conocer a la opinión pública comunicaciones interpretativas sobre actos jurídicos. 
Ni el Parlamento Europeo ni el Consejo, esto es, los dos poderes legislativos de la Unión Europea, se manifiestan ante el Tribunal Europeo sobre la interpretación de un acto jurídico sancionado por ellos. 
Tanto menos aún tendrá la Comisión la facultad de pronunciarse sobre la interpretación de un actos jurídicos realizados por el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Para esto no existe en la Comisión ninguna competencia. 
Por esta razón no se ajustan a Derecho tales comunicaciones en tanto dirigidas, ciertamente de manera intencionada, a surtir efectos legales. 
Creo que éste es un problema profundamente político. 
La Unión Europea sufre las consecuencias de ofrecer una imagen tan difusa ante la opinión pública. 
No se sabe quién exactamente es responsable de ello. 
¿Quién es responsable? 
Por ello debemos, creo yo, tener cuidado con estas cosas, debemos respetar las competencias. 
Por lo demás, esto es lo que el Tribunal Europeo ha venido a confirmar en este último año, cuando- seguramente fue en Febrero- declaró no ajustada a Derecho una comunicación semejante de la Comisión. 
Por tanto, señor Comisario, para velar por esa responsabilidad, para dotar a la Unión Europea de perfil y contornos claros hacia el exterior, sería de gran ayuda que la Comisión renunciase a tales comunicaciones. 
O bien existe la necesidad de cambiar una directiva, y entonces la Comisión puede hacer una nueva propuesta, o bien no la hay, y entonces debe dejar las cosas como están. 
Señora Presidenta, señoras y señores, para hacer realidad el derecho de la libre prestación de servicios para todo el que quiera hacer uso de él, es preciso contar con reglas comunitarias que sean claras, manejables y fiables. 
La segunda Directiva bancaria ha efectuado intentos en este sentido, pero ese objetivo, como la práctica nos muestra, no se ha conseguido. 
En esta medida hay que reconocer que con esta comunicación la Comisión ha intentado despejar las incertidumbres en la interpretación de distintos conceptos. 
Ciertamente, y aquí doy la razón a mis antecesores en el turno de palabra, los Sres. Rothley y Wijsenbeek, la comunicación puede ser entendida como un instrumento adecuado si cumple dos condiciones. 
No puede y no debe socavar ni sortear el procedimiento legislativo democrático, -en este caso, claramente, el procedimiento de codecisión- en el cual el Consejo y el Parlamento son legisladores en igualdad de derechos, y además aquella debe hacerse bajo la reserva expresa del posterior sancionamiento jurídico del Tribunal Europeo de Justicia. 
Bajo estos presupuestos entiendo que la comunicación de la Comisión es una medida dirigida a la práctica que puede ser completamente de gran ayuda. 
A partir del inminente comienzo de la unión monetaria hay que contar, según la estimación de todos los expertos, con un claro aumento de las prestaciones de servicios transfronterizas en el sector bancario, de modo que necesitamos rápidamente tener claridad. 
El principal mérito se halla, a mi parecer, en que expone sistemáticamente la jurisprudencia existente hasta ahora procedente del Tribunal Europeo de Justicia en el ámbito de la libre prestación de servicios y de la cláusula del interés general en la segunda Directiva bancaria. 
Contribuye así, sobre todo, a una mayor transparencia, a una información mejor. 
Quisiera ir a un tema concreto, el tema de las ventanillas electrónicas. 
Creo que aquí hay que ver exactamente cómo se desarrollan las cosas, y una disposición prematura sobre la aplicación del derecho de establecimiento o del derecho de prestación de servicios debe permanecer a reserva del desarrollo tecnológico posterior. 
Por último, querría comunicarles a ustedes que mi grupo parlamentario apoyará el informe del ponente en toda su extensión. 
En suma, la comunicación será de utilidad para las instituciones crediticias y también para los consumidores. 
Señora Presidenta, Señorías, ante todo quiero congratularme del informe presentado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y, en particular, deseo darle las gracias al ponente, Sr. Wijsenbeek. 
Estamos especialmente satisfechos porque la Comisión de Asuntos Jurídicos se muestra favorable a suprimir la notificación en caso de prestación de un servicio financiero transfronterizo. 
Como es sabido, la supresión del artículo 20 de la segunda Directiva bancaria fue recomendada por el grupo operativo SLIM encargado de los asuntos bancarios y la Comisión apoyó dicha recomendación en su informe al Consejo. 
Suprimir el procedimiento de notificación en el caso de prestación transfronteriza de servicios, supone reconocer que ya no es indispensable determinar con exactitud en qué Estado miembro se ha prestado un servicio financiero y convierte en superflua una distinción que de cualquier modo es cada vez más difícil establecer, puesto que los servicios financieros se prestan cada vez más a través de medios de comunicación electrónica como Internet. 
Sin embargo, no sería correcto, afirmar que la supresión del artículo 20 y la consiguiente irrelevancia del lugar de prestación de un servicio implican que el consumidor disponga de mayores posibilidades a la hora de elegir el lugar en que instar el procedimiento judicial. 
Las acciones judiciales y la competencia de los tribunales, en realidad, son un problema diferente, regulado por otras normas. 
Quiero recordar asimismo algunos de los principios del mercado único de los servicios financieros que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de examinar los apartados 4 y 8 del informe. 
Las autoridades de control de un Estado miembro de acogida no están obligadas a conceder o denegar una autorización a una entidad de crédito extranjera tanto por razones de interés general como por cualesquiera otros motivos. 
Uno de los resultados fundamentales del mercado único de los servicios bancarios es que sólo las autoridades supervisoras del Estado miembro de origen son competentes para adoptar dicha medida. 
La segunda Directiva bancaria, en efecto, prevé el principio de que una institución bancaria debe solicitar la autorización a las autoridades de control del Estado miembro de origen. 
Dicha institución bancaria, en consecuencia, puede prestar en cualquier Estado miembro los servicios financieros para los cuales ha obtenido la autorización en su Estado miembro de origen. 
Deseo recalcar que la comunicación presentada por la Comisión muestra un panorama de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y expresa la posición de la Comisión acerca de estas cuestiones y, por ello, no constituye en absoluto un acto vinculante. 
Se trata, por tanto, de un intento de contribuir a lograr una transparencia en materia de interpretación por parte de un órgano, la Comisión, que es el guardián de los Tratados. 
Por otra parte, ¿en qué se basa, repito, esta comunicación? 
Se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en este ámbito. 
Si queremos interpretarlo así, éste es el valor añadido aportado por la Comisión, esto es, ordenar la materia sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, naturalmente, no a través de la creación de una legislación adicional. 
Esta iniciativa, en nuestra opinión, es útil y fundamental para aumentar la transparencia en el ámbito bancario, habida cuenta de que francamente no podemos esperar que el ciudadano europeo esté informado- o que todos los ciudadanos europeos, si queremos ser más optimistas, estén informados- sobre los desarrollos más recientes de la jurisprudencia del Tribunal. 
Es por esto que la Comisión no ha seguido el procedimiento legislativo. Si la Comisión decidiera presentar una propuesta en relación con la supresión del artículo 20, el Parlamento, obviamente, será llamado a desempeñar ampliamente su papel de codecisión. 
Por último, señora Presidenta, dos puntos. 
No deja de ser interesante el asunto referente a la segunda Directiva bancaria y «Cassis de Dijon». 
La segunda Directiva bancaria, de hecho, no es otra cosa que la pura aplicación de la doctrina del «Cassis de Dijon» , en el sentido de que aplica el principio del reconocimiento mutuo, aunque la idea de disponer de una notificación en el ámbito de la libre prestación de los servicios era facilitar el intercambio de información a las autoridades de control en los respectivos Estados miembros. 
No obstante, a la vista de la nueva evolución tecnológica como, por ejemplo, Internet, esta solicitud de notificación parece que se convierte en algo obsoleta cuando se ofrecen servicios financieros en otro Estado miembro. 
Ésta es la razón por que la Comisión va a proponer la supresión del requisito de la notificación. 
Finalmente, el último punto, referido a la pregunta formulada por el ponente Sr. Wijsenbeek: » ¿Pero, por qué? ¿No hubiera sido más lógico modificar la segunda Directiva bancaria en lugar de publicar una comunicación interpretativa?» 
Los conceptos como el de «interés general» están cambiando: los Estados miembros pueden adoptar posiciones muy dispares en lo que atañe a los aspectos específicos del principio del interés general; sólo un sistema basado en un nuevo examen judicial puede garantizar el respeto de este principio con suficiente flexibilidad. 
Si se intentara definir este concepto en la directiva, ésta sería objeto de frecuentes modificaciones. 
Por otra parte, el proceso legislativo es tal- nadie lo sabe mejor que sus Señorías- que las modificaciones de directivas requieren plazos muy largos. 
A pesar de que la Comisión haya anunciado la supresión del artículo 20 de la segunda Directiva bancaria, antes de lograr despejar la incertidumbre legislativa harían falta varios años desde la puesta en marcha del procedimiento legislativo. 
Por esto hemos considerado necesario clarificar la situación ahora y, en este contexto, puedo también anunciar que el Comité consultivo bancario va a examinar dentro de poco una propuesta relativa a la supresión del artículo 20 de la segunda Directiva bancaria. 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas 
(Se levanta la sesión a las 19.45 horas) 
Aprobación del Acta 
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, quisiera decirle simplemente que estaba presente ayer aunque mi nombre no figura en acta. 
Muchas gracias, señor Giansily. 
¿Hay alguna observación más? 
Señor Presidente, debo decirle que, aunque asistí a la sesión de ayer, mi nombre no consta en acta. 
Muchas gracias. 
Muchas gracias, señor Sisó Cruellas. 
También su observación constará en acta. 
Señor Presidente, en mi caso ocurre lo mismo, yo estuve presente y tampoco figuro en el Acta. 
(El Parlamento aprueba el Acta así modificada) 
Señor Presidente, quisiera preguntarle cuál es el plazo para la presentación de enmiendas a la propuesta que vamos a examinar mañana respecto a la votación del Parlamento relativa a los administradores, al presidente y al vicepresidente del Banco Central Europeo. 
¿Hay alguna observación más? 
Sí, efectivamente, he presentado una enmienda a las 19 h 45. 
Al estar fijado el plazo a las 20 h 30, fue presentada a tiempo. 
Simplemente me dicen que es necesaria la confirmación por parte de la Sesión. 
Ésta es la razón por la que le pido que lo confirme. 
Señor Giansily, me he limitado a decir sólo lo que vi, como testigo, ayer por la tarde. 
Efectivamente, la respuesta del presidente me pareció algo irónica, puesto que se facilitó a las 20.32 horas. Es por eso que dijo que el plazo se cumplía a las 20.30 horas. 
Así y todo, creo que el presidente, Sr. von Wogau, podrá explicárselo mejor que yo. 
Señor Presidente, ayer tarde propuse que se fijara el plazo para las enmiendas a las 20.30 horas. 
He visto claro que esto no va a resultar. 
Sin embargo, quisiera pedir a nuestro colega, el Sr. Giansily, que piense si no puede conseguir lo mismo mediante una enmienda verbal o mediante una votación por separado. 
Se trata solamente de las palabras " para 8 años» y de si se puede votar por separado esta cuestión. 
Por consiguiente, yo pediría que se dejara a los expertos en cuestiones de Reglamento que estudiasen si existe esta posibilidad. 
De esta manera se haría justicia a nuestro colega, el Sr. Giansily, pues es absolutamente legítimo que plantee esta exigencia. 
La dificultad ha estaba en que nosotros teníamos que trabajar extraordinariamente deprisa. No era necesario, por ello, un plazo para enmiendas. 
Aquí se trata realmente de un problema esencialmente político. Por esta razón, soy de la opinión de que nuestro colega, el Sr. Giansily, tiene el derecho de manifestar su opinión sobre este tema. 
Ésta no coincide con la mía en este caso, cosa que sucede muy rara vez, pero creo que es legítimo que esta opinión llegue a expresarse. 
Normalmente, cuando se elige un candidato, el voto se expresa por «sí» o por «no» sin objeciones. 
Pienso que la propuesta que acaba de sugerir el Sr. von Wogau puede ser aceptada por el Sr. Giansily y los demás colegas y que se podrá proceder de esta forma aceptando una especie de solicitud de votación por separado. 
Decisión sobre la urgencia 
Señor Presidente, la Comisión comparte las razones expresadas por el Consejo para solicitar la aplicación del procedimiento de urgencia a las propuestas de la Comisión. 
Las mismas, en efecto, están relacionadas con el Quinto programa marco en la medida en que las normas de participación y de difusión de los resultados de la investigación son necesarias para la ejecución del propio programa. 
El Consejo de «Investigación» se reunirá el próximo 22 de junio. Si el Parlamento aceptara emitir su dictamen con ocasión del período parcial de sesiones de los días 27 y 28 de mayo en Bruselas, en lugar del período parcial de sesiones de junio en Estrasburgo, tal como está previsto actualmente, el Consejo podría disponer a tiempo de los elementos para adoptar una posición común. 
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia) 
En aplicación del apartado 1 del artículo 78 del Reglamento, deseo hacerles la comunicación siguiente sobre el fracaso del procedimiento de conciliación relativo a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables. 
Desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, el procedimiento de codecisión ha venido demostrando su eficacia: ha permitido al Parlamento y al Consejo adoptar conjuntamente actos legislativos en interés de los ciudadanos europeos en campos extremadamente variados. 
Hasta el día de hoy, por este procedimiento se han adoptado 124 actos, 77 de los cuales no han llegado al Comité de Conciliación previsto en el artículo 189 B del Tratado. 
En el examen de los 47 textos restantes ha sido necesario que se reuniera el Comité de Conciliación en busca de un acuerdo. 
Hasta ahora y después de más de 4 años, sólo una vez se ha producido desacuerdo en el seno del Comité, en julio de 1994, en cuanto al tema de la telefonía vocal. 
Otro acto de conciliación acaba de concluir ahora con constatación de desacuerdo. 
A través de un escrito de 3 de abril de 1998, los copresidentes del Comité de Conciliación referente a la propuesta de directiva por la que se establece un Comité para los valores negociables, han informado al Parlamento y al Consejo que el Comité no ha podido aprobar un texto conjunto en el plazo máximo de ocho semanas que se le había concedido. 
A pesar de los enormes esfuerzos realizados, no ha sido posible acercar las posiciones de las dos Instituciones, en concreto en lo que respecta a la comitología que se debía elegir en dicho acto. 
En cuanto a la continuación del procedimiento, informo a sus Señorías que el Consejo ha hecho saber que no tenía intención de confirmar su posición común. 
En estas condiciones, la propuesta de acto debe considerarse no adoptada, de conformidad con el apartado 6 del artículo 189 B del Tratado. 
A pesar de que lamentemos este fracaso en el Comité de Conciliación, conviene recordar que es el mismo Tratado el que prevé esta posibilidad. 
Al decidir no confirmar su posición común, el Consejo no ha insistido en una de las prerrogativas que le otorga el procedimiento actual de codecisión. 
Yo me felicito por esta decisión que, de hecho, anticipa la aplicación de las nuevas reglas de procedimiento que serán vinculantes a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. 
Por primera vez, el Parlamento Europeo y el Consejo pueden constatar como resultado final de un procedimiento de codecisión la falta de acuerdo en el Comité de Conciliación. 
Este hecho resalta la igualdad de condiciones en que se encuentran las dos Instituciones, en cuanto ramas de una verdadera autoridad legislativa comunitaria, igualdad que quedará reforzada una vez que entren en vigor las nuevas reglas de procedimiento. 
Constato que las dos Instituciones defienden posiciones profundamente encontradas en lo que respecta a la comitología. 
Espero que esta falta de acuerdo las va a incitar a encontrar un terreno de acuerdo en el debate sobre la nueva propuesta de la Comisión, que está previsto para comienzos del mes de junio. 
El Parlamento hará todo lo posible para llegar a este acuerdo pero sin abandonar sus exigencias fundamentales, insistiendo en la simplificación del procedimiento del Comité y en la necesidad de que las dos ramas del legislativo instauren de manera equilibrada y eficaz un control de los actos de ejecución. 
Con respecto a este tema, están previstas tres intervenciones que invito a sus Señorías a seguir con atención. 
Señor Presidente, una vez no hace hábito, es obligado constatar que no hemos llegado a un acuerdo de conciliación sobre este expediente del Comité de valores mobiliarios, en perjuicio de los esfuerzos realizados por una parte y por otra, y quisiera rendir un homenaje particular a nuestra ponente, Christine Oddy, que no ha ahorrado esfuerzos para intentar, a pesar de todo, llegar a buen término. 
Hemos chocado, señor Presidente, Señorías, con la obstinación del Consejo en pretender imponernos un tipo de comité de reglamentación 3b, del que habíamos denunciado su carácter antidemocrático y que, esperamos, desaparecerá en el marco de la solución general que la Comisión ha de proponer inmediatamente al Parlamento Europeo en materia de comitología. 
Señor Presidente, menciono este fracaso con pesar, por supuesto, pero sin amargura, y sé también que la Sra. Lidl ha dado muestra personalmente en este expediente de una gran disponibilidad y también de una gran comprensión. 
En realidad, el elemento que acabo de mencionar ha sido determinante para nuestra delegación. 
No podíamos, Señorías, en vísperas de la búsqueda de un nuevo equilibrio de comitología, aceptar una solución que hubiera podido comprometernos en un precedente enojoso, susceptible incluso de comprometer el resultado de las futuras negociaciones. 
Agradezco muy sinceramente a los miembros de la delegación que han querido, a pesar de la importancia de los demás desafíos, aceptar que este aspecto institucional prevalezca en este caso, y doy las gracias a nuestros institucionalistas, y principalmente al presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Sr. De Giovanni, por el apoyo esclarecedor que nos han aportado en este asunto tan delicado. 
Debo señalar que nuestra delegación ha asumido sus responsabilidades por unanimidad. 
El Consejo ha decidido no confirmar su posición común. 
Como ha señalado muy bien el Presidente en su declaración, se trata en este caso de una prudente decisión que hemos de registrar de forma positiva ya que anticipa la aplicación del nuevo artículo 251 del Tratado de Amsterdam que suprime, como habíamos deseado, la famosa tercera lectura. 
Queda ahora, Señorías, desear que se produzca rápidamente un acuerdo con el fin de que de una vez por todas las negociaciones de conciliación se liberen de este problema horizontal con el que nos encontramos de forma reiterada en muchos expedientes. 
Esperamos que la buena comprensión de la Comisión, y me dirijo al Comisario Monti, nos ayude a conseguir que el Consejo tome conciencia de que las medidas de ejecución han de adoptarse también en el respeto por la transparencia y la democracia. 
Señor Presidente, quiero dejar claro que la decisión del grupo de conciliación fue unánime. 
También quiero agradecer a los colegas por el apoyo y la firmeza que mostraron a lo largo de muy difíciles negociaciones; mi agradecimiento especial a la Sra. Fontaine y al Presidente del Parlamento, que pusieron un interés personal en el dossier. Asimismo, doy las gracias al equipo que me ayudó y que incluso me rescató de algunos malos sueños. 
Segundo, el Parlamento cree que la comitología es antidemocrática, pues, en esencia, margina al Parlamento y puede permitir que se enmienden las directivas sin recurrir a él. 
El actual modus vivendi no es satisfactorio en ningún sentido. 
Tercero, la Comisión ha anunciado una revisión del procedimiento de comitología. 
Por otra parte, el grupo de conciliación tenía la firme idea de que las deliberaciones sobre el dossier no debían incidir en la revisión del procedimiento de comitología y, como ha dicho la Sra. Fontaine, se aplicará un nuevo artículo del Tratado de Amsterdam. 
Cuarto, la Comisión no mostró que sea un particular sostén, si se me permite la expresión. 
Cuando el Parlamento indicó que estaba preparado para apoyar la postura de la Comisión, la Comisión no aceptó la oferta. 
Quinto, el Consejo, también en mi humilde opinión, no negoció con buena fe. 
Quería que el Parlamento hiciera todo el esfuerzo, sin aplicar ninguno por su parte. 
El Comité de Representantes Permanentes (COREPER) visitó hace poco mi circunscripción, de modo que puedo asegurar a Sus Señorías que no ha habido ningún daño irreparable y que se han reanudado las relaciones cordiales. 
Tampoco ha sido afortunado, por razones ajenas a su control, que la Ministra británica no pudiera asistir a la primera reunión. 
De haber podido hacerlo, el sentido común y la capacidad de persuasión de la Ministra podrían haberse aplicado desde el principio de las ocho semanas. 
Diré que en el futuro jamás deberíamos iniciar un procedimiento de conciliación sin la presencia de un ministro, como cuestión de principio, y que, además, no debemos crear un precedente vinculante. 
El Parlamento ha hecho lo que debía, y quiero felicitar a mis colegas por apoyarme en el curso de estas ocho difíciles semanas. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión comparte la opinión positiva que usted ha expresado sobre el funcionamiento del procedimiento de codecisión hasta el día de hoy y, en particular, sobre el fructífero resultado del trabajo llevado a cabo por el Comité de Conciliación en los asuntos en que el mismo ha intervenido para tratar de alcanzar un acuerdo. 
Y es precisamente en este contexto favorable que la Comisión considera oportuno examinar el resultado de la conciliación sobre la propuesta de directiva que crea un comité de valores negociables y hacer una doble lectura del mismo. 
Por una parte, lamentamos tener que constatar que, a pesar del esfuerzo de las partes implicadas, no fue posible alcanzar un acuerdo. 
Estamos muy agradecidos al Comité de Conciliación que, bajo la encomiable presidencia de la Sra. Fontaine, dedicó tiempo y atención a este tema. 
Deseo asimismo reconocer el valor del papel desempeñado por la ponente, Sra. Oddy. 
La Comisión- permítanme recordarlo- ha desempeñado su papel para favorecer un acercamiento de las posiciones de las dos partes, en particular aclarando el carácter técnico de las funciones de ejecución previstas en la propuesta y proponiendo algunas fórmulas de compromiso, respetuosas de la responsabilidad política que los Tratados han atribuido a la Comisión como autoridad responsable de las medidas de ejecución. 
Por otra parte- y ésta es, señor Presidente, la segunda lectura- creo que la falta de acuerdo sobre el comité de valores negociables no tiene que considerarse como un resultado exclusivamente negativo. 
Dicho resultado ha permitido a los colegisladores y la Comisión constatar, mejor dicho, probar en un caso concreto, el alcance de los problemas de fondo de la decisión del mes de diciembre de 1987 y, en consecuencia, reiterar con serenidad la necesidad de una revisión. 
En conclusión, señor Presidente, confirmo que la Comisión está debatiendo en estos días la definitiva orientación que deberá darse a la nueva propuesta relativa a la comitología que se presentará a principios del próximo verano. 
Muchas gracias, señor Comisario Monti. 
Creo que ha sido útil e interesante para todos los colegas escuchar este breve intercambio de ideas. 
Efectivamente, se trata de una situación que nunca se había registrado antes y en la que hemos podido comprobar que no fue posible tener en cuenta las imprescindibles exigencias institucionales del Parlamento Europeo. 
Control de las drogas sintéticas 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0157/98) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM (97) 0249- C4-0244/97) sobre el control de las nuevas drogas sintéticas (drogas de diseño). 
Señor Presidente, me congratulo del informe del señor ponente, comparto el análisis que ha realizado en este Pleno y yo también quiero reiterar la gravedad de este fenómeno en Europa. 
La irrupción de las drogas sintéticas es un hecho y tenemos que constatar una situación todavía más difícil: la labor de prevenir, curar y reprimir el fenómeno de la droga va a ser cada vez más difícil. 
Es por eso que tenemos que trabajar con gran empeño y sobre todo no debemos subestimar el problema. 
Por desgracia, -como decía el señor ponente- algunos, incluso eminentes personalidades del mundo científico, han tratado de difundir actitudes extremadamente graves: hay quien sostiene que es posible convivir con la droga del sábado noche. 
Estas afirmaciones, en realidad, no tienen en cuenta las graves consecuencias potenciales, incluso físicas, con el deterioro de la células cerebrales, relacionadas con el consumo de las drogas. 
No se quiere considerar extremadamente grave el efecto psíquico que estas drogas provocan en los jóvenes, los cuales- llevados al principio por la euforia- acaban rápidamente siendo víctimas de fuertes depresiones. 
Las consecuencias van en aumento si se tiene en cuenta que, con frecuencia, las drogas sintéticas van asociadas al consumo de las drogas naturales y al consumo de alcohol: se registra un auténtico fenómeno de politoxicología. 
Dichas consecuencias son sobre todo de carácter social, baste pensar en los actos de violencia sin motivo de muchos jóvenes y de las bandas juveniles, los accidentes de tráfico, los destrozos del sábado noche y, por último, en el aumento de los suicidios. 
Nos parece que la difusión de las drogas sintéticas es un fenómeno que precisa de la máxima atención. 
Compartimos la línea represiva en contra de la delincuencia organizada y, sin embargo, consideramos que también es necesario intervenir con objeto de reducir la demanda y, en consecuencia, pensar en la prevención dirigida a promover los valores y la diversión espontánea, en lugar de la diversión artificial. 
Creo, por último, que hay que pedir un esfuerzo al Parlamento Europeo. Hoy más que nunca se pone de manifiesto este continuo cambio en el mundo de la droga y, por lo tanto, es imposible esquematizar el consumo de las distintas drogas. 
Hay que decir con firmeza «no» a todas las drogas. 
La amenaza que se deriva de las drogas sintéticas se dirige, y esta es una peculiaridad frente a las drogas tradicionales, casi exclusivamente contra la salud y la vida de los jóvenes de nuestra sociedad. 
Es fácil de comprender que en mi calidad de representante de la Comisión de Cultura, que precisamente es también Comisión de Juventud, aborde específicamente en este contexto la cuestión de cómo se puede actuar directamente en la juventud mediante medidas preventivas. 
Un paso imprescindible deberá ser el de informar insistentemente a los jóvenes acerca de los riesgos del consumo de las drogas sintéticas, iniciar ya la información en la infancia y hacer participar en la información, sobre todo, a los padres, a los docentes, a los formadores, a los médicos y a los farmacéuticos. 
Muchas enmiendas que se basan en esta convicción han sido presentadas en la Comisión de Cultura. 
Otra peculiaridad de las drogas sintéticas consiste en que prácticamente se consumen de manera exclusiva en el ambiente tecno y rave que para muchos jóvenes de todos los estratos sociales constituye una parte de su cultura. 
Por consiguiente, hay un enorme peligro en la glorificación de este ambiente en los medios de comunicación, especialmente en Internet, donde literalmente se hace publicidad de determinadas drogas nuevas. 
No sólo debemos combatir este efecto nocivo de Internet, sino que debemos utilizar Internet para lanzar campañas de información. 
Es importante, realizar un diálogo serio tanto con los jóvenes como con los adultos. 
Un ejemplo de esto lo constituyen en mi país las denominadas discotecas antidroga. 
Pero, al mismo tiempo, es preciso hacer patente lo siguiente: no existe un consumo de drogas libre de problemas. 
Para las drogas de diseño vale también algo que, como farmacéutica, se me ha convertido en evidente, el hecho de que no hay medicamento que no tenga efectos secundarios. 
Incluso las más pequeñas dosis de estas sustancias pueden ocultar peligros en sí mismas, y lo que una persona tolera, puede originar serios daños en el cuerpo de otra persona. 
Por todo ello, apoyo especialmente la exigencia del Sr. Pirker de una escuela libre de drogas. 
He defendido esto durante 20 años, pero debo decir que aunque podemos tener una escuela libre de drogas, con frecuencia los alumnos ya llegan a la escuela con drogas en su cuerpo. 
Señor Presidente, el informe que nuestro colega Pirker ha redactado con motivo de la comunicación de la Comisión, por cierto me parece una comunicación muy equilibrada, sobre el control de las nuevas drogas sintéticas, contiene una serie de ideas muy defendibles. Ideas que están bajo la rúbrica de medidas represivas, información y sistemas de control, control de precursores, prevención y limitación de daños. 
Es una clasificación clara y lógica que sin embargo por las enmiendas dentro de nuestra propia comisión ha quedado un poco desequilibrada, con lo que quiero decir que se resalta demasiado la represión y que tanto la prevención como la " harm reduction» o sale malparada o empobrecida. 
Mi grupo parlamentario ha intentado reestablecer ese equilibrio por medio de unas enmiendas sobre las que podemos votar luego a las doce. 
La enorme popularidad de las nuevas drogas sintéticas se planteó en una conferencia que organizamos hace algún tiempo nosotros como Parlamento junto con la Comisión y el Consejo, en una serie de conferencias sobre drogas. 
Conferencias muy útiles y muy interesantes puedo decir aquí, porque no nos enzarzamos políticamente entre nosotros, sino que pudimos hablar racionalmente sobre esa cuestión difícil, el Comisario reconocerá también lo que digo. 
Se nos dijo que la popularidad de las drogas sintéticas tiene su explicación en el hecho de que no son caras, no crean adicción, se consumen la mayoría de las veces en un contexto festivo y porque crean la ilusión de formar parte, de hacer contactos. 
En contraposición con los opiáceos duros y que enganchan que se asocian con desgraciados y perdedores, éstas son las drogas para los ganadores. 
Esta es la imagen, pero naturalmente la realidad es algo menos bonita. 
En combinación con otras drogas o con alcohol, los consumidores pueden ser agresivos. 
En caso de consumo frecuente o prolongado los efectos en la salud pueden ser tal vez peligrosos, pero no tan aterradores como se dice aquí. Si fueran tan aterradores, entonces no serían tan populares. 
He hablado con un montón de jóvenes que se sentían extraordinariamente bien, que en absoluto se sentían con náuseas o deprimidos. 
Si fuera así, a lo mejor sería bueno, porque entonces serían menos populares que en este momento. 
Hubo muertes para enturbiar esta imagen un poco más de lo que ya es. 
Hubo muertes porque la gente sobrepasó sus límites bajo los efectos del éxtasis o porque tomó pastillas peligrosas. 
Pero también esa turbia realidad apenas ha mermado la popularidad de esas drogas constituyendo por lo tanto una importante fuente de ingresos para el crimen organizado. 
Se encargan de tener una oferta variada, con una producción sencilla y cerca de casa y los jóvenes, que por las razones que sean tienen un afán insaciable de cada vez más estímulos, se encargan de la demanda. 
Se debe romper el círculo vicioso de oferta y demanda por medio de una serie equilibrada de medidas que van desde la prevención hasta una lucha común contra el crimen organizado con, entremedio, una limitación del riesgo para los jóvenes. 
Si se recupera ese equilibrio en el informe, entonces nuestro grupo parlamentario podrá votar a favor del mismo. 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar yo también quiero felicitar al Sr. Pirker por el excelente informe que ha realizado. 
Nuevamente debatimos en este Parlamento sobre un fenómeno, como es el de la droga, que produce unos devastadores efectos en nuestros ciudadanos. 
Coincido con el ponente en resaltar los riesgos especiales que supone el consumo de las denominadas «drogas sintéticas». 
Y digo drogas sintéticas y no de diseño, porque, en mi opinión, » sintéticas» es una denominación más adecuada ya que las connotaciones positivas que la palabra «diseño» evoca pueden llevar a la confusión, sobre todo a los jóvenes que son los principales consumidores de estas drogas. 
Actualmente, se ha constituido un modelo dominante de consumo de drogas juvenil, que se vertebra en torno al consumo de estas drogas de síntesis y que se asocia, en algunos casos, al consumo de otras drogas, especialmente alucinógenos, anfetaminas, cannabis y cocaína. 
Se trata de un consumo esporádico y muy relacionado con el estilo de vida y ocio de fin de semana que se está convirtiendo en el modelo dominante entre un cierto sector de jóvenes. 
Esta «constelación» de consumos, junto al consumo abusivo de alcohol, constituyen, en estos momentos, un serio problema epidemiológico y social que precisa de la máxima atención. 
En otro aspecto del informe, coincido con el ponente en cuanto a la problemática especial que presentan estas drogas debido a su facilidad para eludir los controles. 
Por ello, es necesario el desarrollo de programas y modelos uniformes que promuevan medidas efectivas de cooperación entre las autoridades gubernamentales y, a su vez, creo también que es de una gran importancia promover la investigación con los expertos acerca de las sustancias químicas que podrían utilizarse en la producción de drogas ilícitas con fines de control y regulación, sin interferir en el comercio o el uso comercial o industrial legítimo de estas sustancias. 
En conclusión, Señorías, nuestro esfuerzo debe ir dirigido especialmente hacia una labor preventiva y de formación, poniendo un énfasis especial en el reforzamiento de valores positivos y conductas alternativas que sean la base para el rechazo de las drogas. 
Ofreciendo una información realista sobre los efectos nocivos de estas sustancias y sobre los riesgos de su uso podremos conseguir, entre todos, nuestro objetivo, que debe ser una sociedad libre de drogas. 
Señor Presidente, Señorías, una vez más, un debate de sociedad va a dividir a esta Asamblea. 
Un debate, diría, entre los «post-sesentayochistas» retrasados que, en nombre del «prohibido prohibir» , confunden libertad y permisividad y aquellos que simplemente desean que la verdadera libertad para los jóvenes consista en tomar el destino en sus manos. 
Estas drogas de síntesis, como recuerda el informe de nuestro colega Pirker, las consumen no jóvenes social o afectivamente desfavorecidos y cuyas motivaciones podrían comprenderse, sino jóvenes totalmente integrados, que lo consideran la moda, que está de moda acompañar una velada «rave» o tecno con éxtasis, LSD o anfetaminas, sin peligro, según afirman los defensores del «haz lo que desees». 
Es fácil hacer este tipo de afirmaciones sin ninguna prueba y, sobre todo, ocultar algunas opiniones científicas referidas en la excelente opinión de nuestro colega Burton, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Como ha recordado hace unos momentos, el LSD podría provocar fenómenos alucinatorios, incluso varios años después de su absorción. El éxtasis provoca profundas modificaciones en el cerebro de los animales. 
¿No se debería, en este ámbito, como en muchos otros que afectan a la salud de los consumidores, aplicar el mismo principio de prevención? ¿Cómo se podría decir: consuman todas las drogas que deseen, pero desconfíen de los alimentos modificados genéticamente? ¿Dónde estaría la lógica? 
Finalmente, las anfetaminas pueden provocar comportamientos violentos. 
Se ha aplazado el debate sobre la seguridad urbana y es una lástima. 
Podemos preguntarnos si efectivamente algunos comportamientos violentos e inexplicables de jóvenes no podrían explicarse a través de un consumo de este tipo de drogas. 
Creo que sería útil hacer análisis médicos a los autores de tales dramas. 
Por tanto, en estas condiciones, mi grupo dará su apoyo en su integridad al excelente informe del Sr. Pirker, a condición de que no se vea desnaturalizado por ciertas enmiendas. 
Presidente, las drogas sintéticas son ya bastante antiguas. 
El precioso clásico de los Beatles " Lucy in the sky with diamonds» ya tiene más de 25 años. 
Es curioso que sólo ahora se preste atención a estas drogas y que se sepa tan poco sobre ellas según el informe. 
Sí es sabido que se producen y se toman drogas sintéticas en grandes cantidades en la Unión Europea. Mi país, los Países Bajos, está en este aspecto en las primeras líneas. 
La presente resolución es una buena resolución. Con razón no se habla de la legalización de estas " designer drugs». 
Ya hemos hablado muchas veces en esta Casa sobre legalización y esto no conduce a una mayor armonía. 
Como en la política general antidroga, el grupo parlamentario liberal opina que también en este asunto la política ha de tener tres vertientes bajo el lema: prevenir, combatir y tratar. Esto implica por lo tanto la política combinada. 
El enfoque de la lucha contra las drogas sintéticas debe ser una parte de una política general antidroga y no convertirse por lo tanto en un sector aparte. 
El informe indica como principales líneas de actuación- resumo brevemente- una mayor investigación por parte del Observatorio de las Drogas, armonización de las respectivas medidas penales y una mayor cooperación con los países de la Europa oriental. 
El grupo parlamentario liberal está muy de acuerdo con esa línea del informe y quiero felicitar al ponente Pirker por ello. 
Podremos en principio, tal como lo vemos ahora, votar a favor de su informe. 
Señor Presidente, Señorías, suscribo la propuesta de la Comisión, que adopta un planteamiento bastante equilibrado, sobre todo en lo que respecta a la lucha contra los traficantes, algo que está totalmente conforme con el espíritu de las negociaciones en curso, pretendo hablar del convenio de las Naciones Unidas. 
En efecto, se trata en este caso de traficantes clásicos, pero también de nuevos métodos con, por supuesto, los proveedores de productos que permiten hacer estas nuevas drogas. 
Aunque puedo suscribir esta lucha contra el tráfico, mi grupo y yo mismo no podemos apoyar este proyecto de resolución si conservamos su aspecto represivo, que no tiene absolutamente ningún efecto disuasorio sobre los jóvenes. 
Ello se sabría. 
En Francia, desde hace mucho tiempo y contra la opinión de muchos, se sigue condenando a personas por consumo. 
Sin embargo, el consumo no ha descendido. 
Se nos ha dicho que posiblemente estos jóvenes son totalmente inconscientes del riesgo. 
Quizá es justamente porque conocen el riesgo por lo que las consumen. 
¿Cuándo se tomará en consideración al hablar de drogadicción la existencia, sin duda, de un sufrimiento social, por el hecho de que es el resultado de una enfermedad social, pero también de los propios individuos que a veces no tienen otra posibilidad para expresarse que la voluntad de poner su vida en juego, para intentar precisamente darle un sentido cuando la sociedad, la familia, los padres, no han sabido inculcar el deseo de vivir? 
Así pues, dejémonos ya de efectos disuasorios sobre el consumidor. 
Por otro lado, mi grupo no puede aceptar que se hable en los considerandos de personas que «no desentonan en el paisaje social». 
Resulta insoportable y es ahí donde ustedes empujan a los jóvenes a la delincuencia. 
Nuestro grupo sólo podrá apoyar esta resolución si algunas enmiendas suprimen el aspecto estrictamente represivo vinculado al consumo y, sobre todo, ese aspecto despreciable de una sociedad que produce jóvenes a veces obligados a buscar su futuro en la asunción de riesgos como ésos. 
Señor Presidente, siempre es difícil en un parlamento permitir que salgan adelante la verdad y las cosas verdaderas. 
Por tanto, podrán ustedes contar esto o aquello sobre las drogas de síntesis y podrán apelar a la represión, pero no llegarán a las personas a las que desean proteger porque éstas no quieren esa protección. 
La cosa es sencilla: desde el LSD hay personas, hay jóvenes y menos jóvenes que esperan encontrar un placer en un cierto tipo de drogas. Es evidente que mezclar placer y drogas es peligroso. 
Drogas de síntesis y alcohol es peligroso. 
Pero esto lo sabemos hace mucho tiempo, al igual que sabemos también que conducir después de haber consumido LSD o alcohol es hiperpeligroso, para los demás y para uno mismo. 
El problema que tienen ustedes, el problema de este informe es que ustedes están intentando moralizar a una sociedad que no lo entiende así. 
Por tanto, de las dos cosas una: o se acepta disponer de reglas muy duras- por ejemplo, para el tabaco, por ejemplo, para el alcohol, por ejemplo para las drogas sintéticas, por ejemplo, para las drogas naturales- o se piensa que existen en la vida personas que tienen otra concepción del mundo, de los valores, de la forma de ser, o no se piensa esto y seguirán pronunciándose en los parlamentos discursos que no tendrán ningún resultado. 
La represión, que se ve reforzada en este informe, no es solamente un error sino que es también contraproducente. 
Ustedes no marginan a jóvenes que están en lo más bajo de la escala social, marginan en la cabeza a toda una parte de la sociedad que rechaza esta concepción de que, cuando hay un problema, no hay más que una solución que es la represión. 
Por ello les digo que si ustedes dejan el informe tal como está, si no hay enmiendas, votaremos en contra porque este informe es falso, porque no dice nada y porque van ustedes en contra de las realidades de la sociedad. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por la buena descripción que ha hecho del fenómeno en sus considerandos. 
Dice que hay cinco millones de consumidores de drogas sintéticas, lo que no es en absoluto marginal. 
Habla de la situación social totalmente especial de estos consumidores. 
Daniel Cohn-Bendit acaba de referirse a ello. 
Habla de los pocos elementos de los que se dispone frente al peligro que representa el fenómeno. 
Esto me parece importante. 
Habla, y es fundamental, de la sencillez de producción de estas drogas. 
También habla del hecho de que algunos Estados han creado ya, fuera de un sistema de legalización, controles sobre la calidad de estos productos prohibidos. 
Por el contrario, no podemos estar de acuerdo sobre las conclusiones del informe, sobre las medidas que solicitamos a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros. 
Se puede razonablemente pretender que haya cinco millones de policías, uno en cada cocina, uno en cada granero, en cada bodega, ya que es en esos lugares donde se fabrican esas drogas. 
Sabemos que estas drogas se transportan de manera muy sencilla, que no son detectables con los medios utilizados habitualmente para detectar las demás drogas. 
Ahora bien, el ponente nos propone una penalización de los consumidores, una penalización de los productores, que con frecuencia son consumidores, y unos medios para luchar contra el tráfico organizado que son absolutamente ineficaces. 
Digámoslo de nuevo, por el hecho de que nuestros amigos del PPE y otros del Very New Labour, y los escandinavos, se hayan dado cuenta de que han perdido la primera guerra contra las drogas tradicionales no es necesario inventarse una nueva guerra, que por otra parte ya está perdida ya que hay cinco millones de consumidores de drogas sintéticas. 
Lo que hay que imaginar rápidamente para poder prevenir, para poder informar, es la creación de un sistema legal que devuelva a los Estados la capacidad para controlar este fenómeno. 
Porque si el problema consiste en buscar nuevas guerras, en ese caso invitaré al Sr. Pirker, invitaré a los amigos del PPE a que se dediquen a hacer la guerra al paracaidismo, que provoca un muerto por cada 80.000 saltos. 
El éxtasis, las drogas de síntesis, provocan un muerto por cada 3, 4 millones de ingestiones. 
Por consiguiente, sería necesario comenzar a pensar que aquellos que desean que les suba la adrenalina saltando en paracaídas son mucho más peligrosos para la sociedad y para sí mismos que los que toman éxtasis. 
Creo que es necesario comenzar a ver las cosas de esta manera, viéndolas de forma racional, esforzándose por poner bajo control de nuestros Estados unos fenómenos que, como lo demuestran cinco millones de consumidores, en la actualidad está fuera de todo control. 
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Pirker describe con lucidez y rigor el fenómeno preocupante del consumo de nuevas drogas de síntesis. Debo darle las gracias. 
Parece que cerca de cinco millones de jóvenes podrían consumir drogas en la Unión Europea. 
Éstas se presentan con demasiada frecuencia como un elemento de diversión de las tardes de baile actualmente. 
Ahora bien, por una parte se sabe que pueden tener efectos nocivos sobre la salud, al igual que sobre el dominio de uno mismo- problemas cardíacos, aumento de la presión sanguínea, alucinaciones, problemas depresivos, agresividad, pero la dificultad de luchar contra las drogas se debe al hecho de que varían constantemente y son fáciles de producir. 
Nos parece claro, por consiguiente, que es necesario combatirlas utilizando al máximo todo el arsenal de medidas preventivas, curativas y también represivas, y asegurar una mejor cooperación entre los Estados miembros en esta lucha. 
Debemos, en el Parlamento Europeo, ser los mejores abogados, los mejores defensores de la libertad verdadera, de la libertad real, es decir, de la libertad responsable, cuyo ejercicio hace que aumente la dignidad de la persona. 
Sería aberrante que esta Asamblea pudiera, de una o de otra forma, estimular el libre consumo de sustancias cuyo primer efecto es el de hacer que pierdan, aquellos que las consumen, el control sobre sí mismos, que es una de las condiciones de la dignidad de los hombres libres. 
Por ello, el informe del Sr. Pirker, proponiendo tanto medidas preventivas como represivas, que por sí mismas pueden tener un efecto preventivo y pedagógico, nos parece equilibrado y merece que se le apoye tal como se nos ha presentado. 
Para concluir, Señor Presidente, mencionaré una experiencia reciente. 
Estaba yo en Turín el fin de semana donde, a lo largo del Po, está situado un muelle que se podría llamar el muelle de la droga. 
El espectáculo de decadencia de los jóvenes que por allí vagabundean nos exige forzosamente que entablemos la lucha para liberar a nuestra sociedad de las drogas. 
Señor Presidente, al igual que mis colegas, yo también quiero felicitar al Sr. Pirker por su excelente informe, muy pormenorizado y a la vez muy concreto. 
En efecto, a través del informe se pone de manifiesto que la clásica subdivisión entre drogas blandas como, por ejemplo la marihuana y el hachís, y drogas duras como la heroína no es la subdivisión más realista. 
La difusión cada vez más extendida y amplia de las drogas sintéticas ha revolucionado totalmente el escenario de las sustancias estupefacientes. 
Las drogas sintéticas son las que usan con siempre mayor frecuencia los adolescentes, son las que están más de moda y, sin embargo, no se conocen plenamente sus efectos negativos a largo plazo en la salud. 
Hace falta una minuciosa y enérgica iniciativa en materia de información y de prevención y, sobre todo, un esfuerzo por parte de los Estados miembros de cara a reprimir la fabricación y el tráfico de estas nuevas sustancias. 
Por lo tanto, desde mi punto de vista, es necesario rechazar duramente la lógica de los antiprohibicionistas que, también con respecto a las drogas sintéticas, teorizan que la legalización limitaría el daño y, cuando menos, eliminaría los beneficios ilícitos, como si el problema de la toxicomanía fuera sólo un problema de orden público. 
En el ámbito de la lucha contra la droga, toda solución de resignada aceptación representa un compromiso inaceptable porque, con frecuencia, puede costar vidas humanas. 
Como se recalca en el informe sobre la acción común relativa a la lucha contra la droga 1996-2000, la única forma de reducir realmente el tráfico de drogas es tratar de eliminar las causas que determinan su demanda. 
Por tanto, es preciso dar a los jóvenes europeos respuestas concretas a su malestar y sus problemas, ofrecerles nuevas oportunidades, trabajo, cultura, solidaridad y de ningún modo la legalización. 
Señor Presidente, desearía felicitar al Sr. Pirker por la valiosa labor que ha llevado a cabo en la elaboración de un informe tan importante. 
El tema del control de las drogas sintéticas es vital para el futuro de toda la lucha contra las drogas. 
Si no se aborda este problema con seriedad desde un primer momento, las sustancias sintéticas lograrán que aumente el número de consumidores de drogas fuera de los denominados grupos marginales. 
Un joven normal se encontraría el listón más bajo a la hora de iniciarse en el consumo de drogas sintéticas si las sustancias estupefacientes fueran de fácil acceso y de coste reducido, o si se consideraran parte integrante de una cultura joven moderna, tal como está ocurriendo en la actualidad en numerosos países. 
No debemos dar alas a la tentación, ya que el uso de drogas sintéticas allana el camino hacia el consumo de drogas más duras. 
En la cuestión de la lucha contra las drogas sintéticas, que salió a la palestra con ocasión del Consejo Europeo de Dublín, es preciso que se planteen ideas concretas y que se establezcan rápidamente modalidades y procedimientos de cooperación. 
El control del comercio de las drogas sintéticas a pequeña escala representa un problema particular, ya que este tipo de drogas se puede fabricar con celeridad y cerca de los clientes. 
Los sistemas de control han de tener el mismo poder de reacción en toda Europa. 
El problema fundamental reside en la creación de un sistema de información en tiempo real, destinado al uso de las autoridades aduaneras, policiales y judiciales, en el que se pudieran registrar los datos recientes acerca de las nuevas drogas sintéticas que se detectan en el mercado. 
De este modo, sería importante comenzar a esclarecer los medios técnicos necesarios para la creación de este sistema, así como saber con qué otros sistemas se debería establecer conexiones. 
Vinculando desde un primer momento los PECO al ámbito de acción de este sistema, se conseguiría dotar al proceso de credibilidad y permitiría ahondar en una amplia cooperación con objeto de garantizar el principio de libre circulación. 
Señor Presidente, en primer lugar, permítame decir que nuestro grupo está enteramente a favor del informe del Sr. Pirker. 
Hace unos meses, hubo en esta Cámara un movimiento para legalizar el cannabis. 
Ahora estamos sugiriendo que el LSD y el Éxtasis son productos de consumo que tendrían que distribuirse como caramelos. 
Tal vez tendríamos que distribuir minas terrestres entre todos los que estamos en esta Asamblea, porque no es nada distinto que afirmemos que las drogas no son peligrosas. 
En mi propia ciudad, Dublín, hemos visto comunidades enteras destrozadas por el flagelo de la droga. 
No digo que el Sr. Dupuis, los verdes y los socialistas no tengan derecho a abrir este debate. 
Todo lo contrario. Hacen muy bien en exponer su modo de ver el caso para que podamos darles nuestra réplica. 
A la vez que me felicito por este debate- me felicito por ambas partes del debate que se está celebrando aquí -, digo a los Verdes que me ha desencantado mucho el tipo de enmiendas que han presentado ante la Asamblea, en las que apoyan la reglamentación y distribución libre de drogas. 
El objetivo general de casi todas las enmiendas es innegablemente peligroso. 
Mientras el texto de Pirker plantea la aplicación de sanciones por el tráfico, la venta y el consumo de drogas sintéticas, los Verdes tratan de eliminar la referencia al consumo. También quieren que estas drogas se regulen. 
En otras palabras, tendrían que ser legales y comprarse en máquinas, supermercados y otros puestos de venta. 
Recomiendo al Pleno, sin reservas, el informe del Sr. Pirker, a quien doy las gracias por su trabajo. 
Señor Presidente, yo también deseo felicitar a Pirker por este informe con el que estoy de acuerdo en muchos aspectos, aunque no en todos. 
Quiero decir a Andrews y a otros que en el Grupo de los Verdes no hay unanimidad en la postura frente a las drogas; hay muchas opiniones. 
Posiblemente todos estamos de acuerdo en que la lucha contra las drogas se basa en la colaboración y la voluntad. 
Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es, por ejemplo, en que sería deseable una armonización del derecho penal. 
A mi entender, éste es un asunto para los países miembros. 
Estimo, y al parecer igual que la Comisión, que el artículo 129 no se puede aplicar como base para la armonización de leyes y de la política en el campo de las drogas. 
Opino que, desgraciadamente, Pirker resta importancia a los efectos de adicción y de peligro de las drogas sintéticas y también, como está comprobado, a la miseria social a que ellas conducen. 
Tampoco estoy de acuerdo en que las drogas sintéticas se encuentran principalmente sólo en ambientes de música. 
Nuestro objetivo aquí en el Parlamento y en los Estados miembros tiene que ser una sociedad libre de narcóticos. 
Espero que el Parlamento rechace las propuestas de enmiendas que directa o indirectamente abogan por la liberalización. 
Presidente, debo decir que el trabajo de nuestro colega Pirker me ha sorprendido muy gratamente porque la reputación de este Parlamento en el ámbito de la política de la lucha antidrogas, la reputación se determina más por una minoría de este Parlamento que es la que grita más fuerte. 
Se acordarán todavía de que se rechazó en este hemiciclo hace escasos meses con muchas dificultades un informe que quería imponer una amplia política permisiva al ejemplo neerlandés para unas drogas que incluso eran decenas de veces más dañinas que las sintéticas de las que hoy hablamos. 
Nuestro colega Pirker, en cambio, describe con razón los enormes riesgos que conlleva el consumo de cualquier droga, confirma el carácter criminal del negocio de las drogas y propone unas medidas tanto preventivas como represivas y el informe señala con razón que no sólo hay que anunciar las medidas represivas sino que también hay que aplicarlas de verdad. 
Parece algo obvio, pero no lo es. 
Además me gustaría añadir algo al presente informe. 
Me gustaría señalar el papel esencial de la familia tradicional en la prevención del consumo de drogas. 
Sigo convencido de que muchos de los graves males de nuestra sociedad actual encuentran su explicación en la desaparición del papel de la familia como piedra angular de la sociedad como protección, formación y ejemplo para los niños. 
Tal vez necesitemos también una recomendación de la Comisión para denunciar la degradación material, moral e incluso fiscal de la familia en muchos Estados miembros. 
Como punto final, naturalmente es muy difícil imponer dentro de Europa una cooperación sana entre los Estados miembros soberanos respecto a la lucha antidrogas cuando algunos Estados miembros y en primer lugar los Países Bajos y ahora lamentablemente también mi propio Estado miembro Bélgica ya han impuesto de hecho una política permisiva para el consumo de drogas. 
Señor Presidente, acabo de pensar cuán peligrosos serían para la sociedad unos paracaidistas adictos a las drogas. 
El Sr. Dupuis se ha referido a los paracaidistas. Sin embargo, deseo volver de nuevo a la seriedad y quisiera felicitar de todo corazón al ponente por su trabajo. 
Efectivamente, yo me quedo siempre totalmente tranquilo cuando sé que los informes sobre este tipo de temas están en sus manos, pues sé que él es un garante de que no se va a derivar para nuestros hijos ningún peligro, procedente de esfuerzos liberalizadores falsamente entendidos. 
Las especiales peculiaridades y los efectos colaterales de las drogas sintéticas, descritos en el informe, en especial la tendencia de los drogodependientes de tiempo libre- si puedo decirlo así- a minusvalorar gravemente los efectos de estas drogas, constituyen su especial peligro. 
Además, el hecho de que estas drogas de moda sean distribuidas comercialmente en el marco de un nuevo sector económico de la criminalidad hacen especialmente urgente la adopción de las medidas que se proponen en el informe, especialmente un eficaz trabajo preventivo. 
Señor Presidente, en conjunto no tengo muchos problemas con el informe Pirker. 
Es importante que no caigamos en la trampa de dar cierta forma de aprobación social a cualquier forma de consumo de drogas. 
Dicho esto, por fortuna casi todos nosotros reconocemos que un enfoque puramente punitivo no funcionará- en realidad no lo está haciendoy que necesitamos hacer mucho más en los campos de la atención sanitaria, la educación y de los esfuerzos por apartar a los jóvenes de la cultura de la droga. 
Encuentro una dificultad en particular en el informe Pirker: es demasiado optimista, demasiado ambicioso al pensar que, en esta etapa, de alguna forma podemos armonizar o integrar la legislación sobre las drogas en todos los Estados miembros. 
Imaginemos lo que sería conciliar el enfoque de los Países Bajos, por ejemplo, con el de Suecia. 
Sencillamente sería imposible. 
Por esto pienso que debemos permitir que cada Estado miembro trate este asunto a su manera. 
Por supuesto que debe haber una coordinación de las tareas, por supuesto que debe haber cooperación. 
Pero la enmienda nº 21, presentada en nombre de Schulz y D ' Ancona, donde se dice que de momento es imposible hablar de armonización, es una enmienda sensata: si se acepta, no tendré grandes dificultades para apoyar el informe. 
Pero estoy en contra de las enmiendas nº 19 y nº 22, que no ayudan mucho en estas circunstancias. 
Estamos ante un asunto muy serio. 
Me gustaría que este informe se tratara al mismo tiempo que el informe D ' Ancona, en un debate amplio. 
Pero así están las cosas: tenemos ante nosotros este informe esta mañana. Con las condiciones que he expuesto, apoyaremos el criterio señalado. 
Señor Presidente, el informe del estimado diputado Pirker trata de uno de los principales problemas contra los que tenemos que luchar actualmente en Europa. 
Todos sabemos que hoy las drogas sintéticas se extienden como un reguero de pólvora entre los jóvenes europeos. 
La tendencia es similar en todos los Estados miembros de la UE. 
Esto lo pudimos comprobar ya en 1995 en la conferencia sobre drogas que organizaron conjuntamente la Comisión, el Parlamento y la Presidencia española. 
También las dos últimas memorias anuales del Observatorio Europeo de la Drogas y las Toxicomanías de Lisboa han confirmado nuestros peores temores. 
Nadie necesita dudar ya de que las drogas sintéticas se han convertido en una de las amenazas más graves contra la vida y la salud de los jóvenes en nuestros países miembros. 
La realidad tras las cifras es amedrentadora. 
Aquí hablamos de una campaña consciente dirigida por poderosas fuerzas criminales internacionales organizadas. 
El objetivo es claro: crear una extendida drogodependencia entre los jóvenes de la nueva generación. 
Se reparten gratuitamente nuevas substancias en las puertas de los colegios y de los centros juveniles para atraer a los principiantes a empezar y a probar. 
Los efectos se desdramatizan y se minimizan. 
La táctica es asociar las drogas sintéticas con una nueva y atractiva cultura juvenil, relacionada con el baile, la música y una fuerte solidaridad de grupo. 
Han quedado atrás las inyecciones desagradables, las pipas de mal olor y el revelador olor a humo. 
La estrategia ha sido hasta ahora efectiva. 
Los jefes de estado y de gobierno de la UE se ocuparon del problema en la Cumbre de Dublin en 1996. 
Inmediatamente después mis colaboradores y yo presentamos una serie de propuestas para medidas concretas. 
Uno de nuestros puntos de partida fue que actualmente tarda mucho la prohibición de las nuevas substancias que aparecen. 
Las convenciones de Naciones Unidas no son suficientes. 
Entonces el resultado es que los fiscales y la policía tienen dificultades para trabajar eficientemente. 
Otro punto de partida ha sido que la coordinación de los esfuerzos entre los Estados miembros debe mejorarse, sin olvidar el aprovechamiento mutuo de recursos y expertos. La conclusión fue que necesitábamos mejorar tres puntos: en primer lugar, tenemos que crear un sistema más eficiente para el intercambio de información entre los Estados miembros. 
En segundo lugar, necesitamos hacer una apreciación de riesgos común y con bases científicas. En tercer lugar, tenemos que procurar que las drogas sintéticas sean prohibidas rápidamente en todos los Estados miembros; no sirve que actúe uno u otro Estado miembro sino que son necesarias medidas comunes. 
Éste es también el contenido de la medida común aprobada por el Consejo de Ministros del 16 de junio de 1997. 
Ha sido muy alentador ver con qué intensidad han trabajado Europol y el Observatorio Europeo de la Drogas y las Toxicomanías de Lisboa para llevar a cabo esta decisión. 
El resultado es que hoy tenemos un sistema de información que funciona muy bien. 
Antes del fin de año se habrá hecho también el primer análisis científico de una nueva forma de éxtasis llamada MBDB. 
Después el Consejo de Ministros tendrá un mes para adoptar las medidas pertinentes. 
En el informe de Pirker hay también una recomendación de envolver en esta cooperación a los países de Europa Central y del Este, idea que apoyo sin reservas. 
He podido comprobar en reiteradas ocasiones durante mis viajes a los países que solicitan la adhesión que la producción y el abuso de anfetamina, metaanfetamina y éxtasis se extiende allí rápidamente también. 
Por eso es que sin lugar a dudas nos interesa, tan pronto como sea posible y de todas las maneras, involucrar a esos países en la lucha contra los narcóticos. 
También va a discutirse en la reunión del Consejo de fines de mes la idea de hacer participar a los países solicitantes en la decisión de medidas comunes contra las drogas sintéticas. 
Mi esperanza es que podamos ir aún más lejos. 
Actualmente estoy identificando todos los acuerdos alcanzados por el Consejo de Ministros en relación con el tercer pilar y a los que los países solicitantes pueden adherirse de forma más o menos inmediata. 
Otro punto que Pirker trata en su informe es el control de los precursores químicos. 
También traté este asunto en una comunicación sobre las drogas sintéticas en 1996. 
Entonces señalé la necesidad de reforzar el control de las sustancias que se usan para producir las nuevas drogas sintéticas. 
Puedo decir que la Comisión ya ha presentado propuestas de ajustes a las dos directivas que actualmente regulan la fabricación y el comercio con esas sustancias. 
Esas propuestas ya han sido presentadas al Parlamento Europeo para su conocimiento. 
Señor Presidente, tiene gran importancia para nuestra credibilidad internacional que la UE combata de este modo las drogas sintéticas. 
Como se sabe, la lucha contra las drogas químicas estará entre los primeros puntos de la agenda cuando Naciones Unidas tenga su sesión especial sobre drogas en junio de este año. 
Una estremecedora gran parte de la producción de anfetamina, metaanfetamina y éxtasis tiene lugar hoy en el ámbito de la UE. 
Por eso ha llegado la hora de limpiar frente a nuestra propia puerta. 
La sesión especial a comienzos de junio en Nueva York es, según mi parecer, una de las reuniones más importantes de Naciones Unidas. 
Se hacen intensos preparativos en el Consejo de Ministros y, como ustedes saben, la Comisión ha contribuido a este trabajo mediante una comunicación en la que hemos presentado nuestros pensamientos e ideas. 
Espero que esta comunicación se esté tratando actualmente aquí en el Parlamento. 
Personalmente voy a estar presente en Nueva York junto a mi colega el Comisario Marín. 
La Comisión vería con agrado que el Parlamento Europeo también estuviera presente cuando se realice esta importante reunión. 
Actualmente estamos estudiando la posibilidad de incluir representantes del Parlamento Europeo en la delegación de la Comisión. 
A mi entender, hay buenas posibilidades de que esto pueda concretarse. 
-El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Anteproyecto de presupuesto general 1999 (presentación) 
De conformidad con el orden del día se procede a la presentación por parte de la Comisión del anteproyecto de presupuesto general para el Año Económico 1999. 
Señor Presidente, el 29 de abril la Comisión aceptó el anteproyecto del Presupuesto General de 1999. 
Sobre la base de sus orientaciones de enero y los resultados de las conversaciones tripartitas sobre el presupuesto, la propuesta de la Comisión suma 97 mil millones de euros para atender créditos de compromiso y 86 mil millones de euros para los de pago. 
El anteproyecto de 1999 es el primero que se establece en " euros». 
Comparados con los del presupuesto de la Comunidad para 1998, estos totales representan una tasa de aumento del 6, 5 % en los créditos de compromiso y de 3, 4 % en los de pago. 
Para preparar el anteproyecto del Presupuesto General de 1999, la Comisión tuvo que conciliar dos objetivos contradictorios: de una parte, el respeto a los créditos de compromiso del Acuerdo interinstitucional de 1993 y, de otra, el mantenimiento de una orientación presupuestaria rigurosa. 
Por consiguiente, el anteproyecto del Presupuesto General de 1999 se caracteriza por una tasa de crecimiento elevada e inevitable para las acciones estructurales, que es más del 16 % en los créditos de compromiso y el 9 % en los de pago. 
Se propone que todas las otras categorías sumadas crezcan sólo un 0, 5 % en créditos de compromiso y de pago. 
Al mismo tiempo, la Comisión propone un presupuesto suplementario y rectificativo para 1998. De este modo, los Estados miembros se reembolsarán 1.300 millones de ecus, pues se ha gastado menos de lo estipulado en 1997, y habrá estimaciones presupuestarias mayores para los recursos tradicionales propios. 
En este reembolso hay una cifra adicional para gastos sociales de 450 millones de ecus, 150 millones de ecus en créditos de compromiso PHARE, y para la ayuda humanitaria 150 millones de ecus en créditos de compromiso y 100 millones de ecus en créditos de pago. 
El anteproyecto del Presupuesto General de 1999, señala un fin y un comienzo: es el último dentro del marco del Acuerdo interinstitucional de 1993, y prepara el campo para AGENDA 2000, que tendrá que dar lugar a la ampliación histórica de la Unión a los países de Europa central y oriental, incluso dentro del actual clima de rigor en el gasto público. 
En el Acuerdo interinstitucional de 1993, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión establecieron dos prioridades financieras básicas para la Comunidad hasta 1999. 
Primera: dentro de los criterios del Acuerdo de 1988, un refuerzo fundamental del apoyo financiero a la cohesión económica y social de la Unión, por el que se dé total aplicación al Tratado de Maastricht; segunda: aumentar en especial los medios financieros para la cooperación exterior. 
Según la ambiciosa decisión del Consejo Europeo de Cannes, este esfuerzo estaba dirigido principalmente a los países de Europa Central y Oriental, así como a países terceros mediterráneos. 
También quedó claro que las reformas agrícolas decididas en 1992 requerirían un esfuerzo presupuestario, pero a medio plazo redundarían en la estabilización de los gastos. 
En el Presupuesto comunitario de 1999, estos objetivos se pueden alcanzar. 
Con un esfuerzo final mayor, se tendrá que conseguir el monto total de los fondos para acciones estructurales. 
De acuerdo con los precios de 1999, incluidos los efectos de la ampliación de la Comunidad, esto representaría 208 mil millones de euros. 
En 1999, la parte de las acciones estructurales en el total de los compromisos de gastos, por primera vez, será virtualmente igual a la de la agricultura, a un nivel del 40 %. 
El esfuerzo final para 1999 es, sin duda, considerable. 
Para la cooperación exterior, las cantidades propuestas para PHARE y MEDA son las que se decidieron en la cumbre de Cannes. 
Si tomamos en cuenta el presupuesto complementario para PHARE en 1998, las promesas hechas por los Jefes de Estado y de Gobierno se financiarán en su totalidad. 
Los nuevos niveles de magnitud del apoyo financiero a los vecinos del Este y del Sur de la Unión han exigido cambios fundamentales en la gestión de estos programas y en la organización de la Comisión. 
No mencionaré sino unos pocos ejemplos: la nueva orientación de PHARE o, en breve plazo, la nueva regulación para la cooperación con la antigua Yugoslavia y, en el campo de las organizaciones, la creación de nuevas direcciones de recursos y el inminente lanzamiento de la estructura común para programas externos para racionalizar la administración de las actividades operacionales. 
En el futuro, estas medidas deberán mejorar el apuntalamiento conceptual y organizativo de los programas de cooperación externa. 
Respecto de la Política Agraria Común, los requisitos financieros se aumentaron en un tercio desde 1992, en particular para financiar la primera ronda de la reforma. Pero tendrán que permanecer estables en 1999 por tercer año consecutivo. 
Aunque así se alcanzan los objetivos del Acuerdo interinstitucional de 1993, de este modo se necesitará una cantidad de recursos comunitarios considerablemente menor que la prevista en Edimburgo. 
El anteproyecto de Presupuesto General para 1999 se ha estipulado en el 1, 11 % del producto nacional bruto. 
Comparado con el techo de pagos totales fijado en las Perspectivas financieras en el 1, 24 %, esto representa ahorros virtuales de unos 11 mil millones de euros para los Estados miembros sólo en 1999. 
Sin duda es verdad que los recursos de los nuevos Estados miembros desde 1995, las condiciones favorables en el mercado mundial para ciertos productos agrícolas y un esfuerzo máximo para evitar la sobrepresupuestación en créditos de pago han sido una contribución significativa para lograr este resultado. No obstante, innegablemente también se trata del fruto de un cambio deliberado en la estrategia presupuestaria. 
La Comisión y la autoridad presupuestaria han conseguido poner el presupuesto de la Comunidad en línea con los esfuerzos presupuestarios de todos los Estados miembros en la carrera hacia la Unión Económica y Monetaria, a la vez que se respetaban las prioridades fundamentales del Acuerdo interinstitucional. 
En 1998, el crecimiento del Presupuesto de la Comunidad en pagos es del 1, 4 %. Incluido el presupuesto complementario y modificatorio sería del 2, 1 %. 
Al mismo tiempo, el gasto público en los Estados miembros crece en un 3, 2 %, lo que significa que el gasto de la Comunidad está por debajo de la media de los Estados miembros. 
Para 1999, las proyecciones hoy disponibles indican una tasa de crecimiento en el gasto público de alrededor del 3, 6 % en los Estados miembros. 
Por lo tanto, el 3, 4 % propuesto en el anteproyecto de presupuesto está " aproximadamente en línea con el crecimiento de los presupuestos nacionales» , como ha pedido el Parlamento en sus resoluciones sobre las directrices para el procedimiento presupuestario de 1999. 
Otro ejemplo del cambio en la estrategia presupuestaria son los márgenes de las Perspectivas financieras para los gastos interno, externo y administrativo. Estos márgenes son posibles gracias a una política de claras prioridades. 
En la Categoría 3, políticas internas, se recalca una vez más el tema del empleo y el gasto en el crecimiento y creación: la iniciativa de empleo y crecimiento del Parlamento Europeo, el Programa de Investigación V y el refuerzo de las redes transeuropeas. 
La Categoría 4, acción exterior, se centra en las conclusiones de las promesas hechas en la Cumbre de Cannes, como se ha dicho antes. 
La nueva propuesta para los plátanos y productos ACP también se ha tomado en cuenta. 
Se ha propuesto la renovación de la mayoría de los programas de cooperación exterior, pero se hizo un esfuerzo para integrar algunos programas de reconstrucción y rehabilitación en los correspondientes programas geográficos. 
Con respecto al gasto administrativo, la Comisión no pide más que los 110 puestos finales relacionados con la última ampliación. 
El ejercicio interno de la Comisión repite el del año anterior, en que se formó un fondo con el 1 % de todos los puestos de cada departamento y de la DG para su posible redistribución. 
Se tomaron medidas adicionales para reducir el número de puestos vacantes. 
Excluidas las pensiones, las asignaciones administrativas de la Comisión tendrán que crecer sólo en el 1, 3 %. 
Para los demás órganos, la Comisión considera un enfoque igualmente estricto. 
El crecimiento de las pensiones será de un 6, 7 % en todos los órganos, lo que permite que el crecimiento del gasto en la Categoría 5 se limite a menos del 2 %. 
Por último, quiero llamar la atención de Sus Señorías al hecho de que, en el contexto del anteproyecto de Presupuesto General para 1999, la Comisión ha confirmado que propondrá 100 millones de euros adicionales para la iniciativa comunitaria PEACE. 
La Comisión espera que las asignaciones necesarias puedan derivarse de la nueva programación general de la iniciativa comunitaria que propondrá durante el procedimiento presupuestario. 
Y gracias, Comisario Liikanen, por su presentación exhaustiva del anteproyecto de presupuesto para 1999. 
También quisiera darle las gracias por haber hecho posible que este año podamos trabajar sobre el presupuesto antes de tiempo, ya que ustedes han presentado su anteproyecto antes de lo previsto, lo que permite celebrar un diálogo tripartito con el Consejo el día 17 de julio, en vez de a finales de julio, y que esta Asamblea y las comisiones competentes puedan trabajar con tranquilidad con miras a la primera lectura. 
También quiero decirle que, a grandes rasgos, este Parlamento ya ha expresado sus prioridades para el presupuesto de 1999 y que, aunque estamos de acuerdo en que hay que elaborar un presupuesto riguroso, no deben sufrir mermas los compromisos que la Unión ha adquirido en aras de una mera contabilidad al final del año. 
De todos modos, no es el momento, señor Comisario, de entrar en ningún debate. 
Por ello, me limito a agradecerle su presentación y a señalar que hay detalles con los que no podemos estar de acuerdo y sobre los que las comisiones competentes tendrán que pronunciarse. 
No es oro todo lo que reluce. 
Hay un punto sobre el que quisiera hacer hincapié: usted sabe muy bien, señor Comisario, que su presupuesto rectificativo y suplementario no resuelve el problema, en este presupuesto de 1999, de la discrepancia entre créditos de compromiso y de pago. 
Espero que de las deliberaciones surja una fórmula de solución. 
Por lo demás, señor Comisario, le agradezco su colaboración y creo que entre todos- ustedes, el Parlamento y también el Consejo- llevaremos este presupuesto a buen puerto. 
Señor Presidente, la Sra. Dührkop Dührkop ha preguntado si se mantiene la misma discrepancia entre créditos de compromiso y de pago que en 1998. 
Lo que proponemos es añadir uno 560 millones de ecus a los créditos de pago del Fondo Social. Esto se hará porque los previstos no han sido suficientes para cubrir todos los compromisos. 
A fin del año pasado algunos gastos del Fondo Social tuvieron que postergarse hasta este año. 
Para solucionar la situación, para que no se extendiera demasiado el problema, agregamos estos 560 millones de ecus. 
No sabemos si es suficiente pero, al menos, las cosas resultarán algo más fáciles. 
El debate queda cerrado. 
Publicidad del tabaco 
De conformidad con el orden del día se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40150/98) , de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de Consumidor, respecto a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco (C4-0034/98-00/0194 (COD) ). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, vamos a pronunciarnos acerca de la posición común del Consejo sobre la propuesta de directiva relativa- e insisto en el título- a la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco. 
En primer lugar, quisiera decir, para poner término a cualquier discusión en este sentido, que esta directiva está perfectamente fundamentada para apoyarse en el artículo 100A ya que, como su título indica, tiene como objetivo suprimir las profundas divergencias que existen entre las disposiciones legislativas de los Estados miembros, divergencias profundas que pueden crear obstáculos a la libre prestación de servicios en la materia y provocar distorsiones de competencia que pongan obstáculos al funcionamiento del mercado interior. 
Por consiguiente, no hay, repitámoslo, ningún problema en este expediente en cuanto a la base jurídica. 
Por lo demás, el servicio jurídico del Parlamento lo ha confirmado en su dictamen de 27 de marzo de 1998, cuando incluso la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos pretendía hacer creer lo contrario. 
Además, el artículo 100A fue confirmado como base jurídica apropiada por el Parlamento Europeo en su primera lectura y no fue discutido por ninguna de las instituciones que participaron en el proceso legislativo ulterior. 
La adopción de enmiendas que pusieran en duda la base jurídica haría de esta segunda lectura un verdadero disparate y les pido formalmente que las rechacen. 
En segundo lugar, quisiéramos decir también que el artículo 100A es, además, perfectamente apropiado en este caso, ya que, en su párrafo 3º, este artículo prevé explícitamente que, cuando la Comisión proponga medidas relativas al funcionamiento del mercado interior que afecten al ámbito de la salud y de la protección de los consumidores, ha de tomar como base un nivel elevado de protección del consumidor. 
Ahora bien, éste es el caso de esta directiva que, para hacerlo, acerca las disposiciones nacionales, actualmente divergentes, en el sentido de una prohibición de la publicidad directa e indirecta de los productos del tabaco, por tanto, a favor de una protección elevada del consumidor. 
Porque el tabaco mata: 500.000 personas pagan el tributo cada año en la Unión Europea, en forma de cáncer de boca, de vías respiratorias altas, de pulmón, de vejiga, en forma de enfermedades cardíacas, de enfermedades arteriales, en forma de enfermedades derivadas del entorno, los niños sufren afecciones respiratorias crónicas cuando sus padres fuman. 
Ahora bien, la publicidad del tabaco estimula a fumar, a provocar esta absurda mortalidad. 
Incitar a fumar es una verdadera incitación al homicidio, y ello sólo por los intereses financieros de las firmas productoras de tabaco. 
Finalmente, en tercer lugar, podemos decir que esta posición común da satisfacción al Parlamento sobre la mayoría de las enmiendas propuestas en primera lectura. 
Sin duda, el texto no es perfecto, pero aporta en este ámbito un progreso considerable. 
Prohibiendo la publicidad directa e indirecta para los productos del tabaco, deja el cuidado a los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad, de regular algunos ámbitos y prevé un plazo de tres años en las disposiciones nacionales. 
Ahorra plazos suplementarios a la prensa y al patrocinio. 
Por consiguiente, es, en el actual estado de cosas, el mejor compromiso posible, que permite todos los ajustes económicos necesarios, que conozco bien. 
Saben ustedes que este texto ha sido el resultado de debates difíciles, muy difíciles, que han durado casi diez años. 
Por ello, con el fin de evitar cualquier nueva discusión que podría romper este equilibrio frágil y retrasar exageradamente, incluso suspender sine die esta directiva, habíamos pedido que se adoptase sin ninguna enmienda. 
Ahora bien, a pesar de esta recomendación, esta posición común está siendo objeto de un verdadero desencadenamiento de enmiendas. 
No nos equivoquemos, Señorías: si algunas de esas enmiendas se deben a parlamentarios de buena fe, preocupados por mejorar la posición común pero que, por ello, pueden hacer que dé un vuelco, la mayoría de ellas han sido presentadas por diputados experimentados, perfectamente conscientes de lo que desean obtener, empujados por algunos grupos de presión y, en ningún caso, tengo la prueba, apoyados por la opinión pública de su país. 
Sus enmiendas son pretextos para, en realidad, hacer que fracase esta directiva mediante procedimientos ulteriores. 
Una cosa así es inaceptable. 
Esta actitud es incomprensible por parte de parlamentarios tan exigentes cuando se trata de defender la calidad del aire o del agua, cuya alteración es peligrosa, sin duda, pero mucho menos que el consumo de tabaco. 
Entonces, Señorías, no nos hagamos culpables ante la historia de este homicidio de masas y adoptemos esta posición común tal cual para obtener esta reglamentación comercial- insisto una vez más- de la publicidad, necesariamente uniforme en la Unión Europea, y para que la incitación a una autodestrucción así, a una automutilación absurda se termine por fin. 
Señor Presidente, la tos del no fumador Janssen van Raay se la debo a los otros que fuman. 
Estoy de acuerdo con el enérgico alegato del profesor Cabrol a favor de la reducción del tabaco. 
Ha pedido a la comisión de medio ambiente que plantee una prohibición total del tabaco basándose en la salud pública. 
La comisión jurídica no ha hablado en absoluto sobre la salud pública. 
La comisión jurídica se ha preguntado si una prohibición total de la publicidad fomenta el funcionamiento del mercado interior sí o no. 
Es evidente que una prohibición de coches, de bebidas alcohólicas es lo contrario al fomento del funcionamiento del mercado interior. 
El artículo 100 A es por lo tanto un medio inservible. 
La Asamblea federal alemana ya ha decidido presentarlo al Tribunal, no a nosotros como Parlamento, no a la Comisión, no al Consejo, sino al Tribunal de Justicia que siempre sigue la regulación si hay un artículo especial en el Tratado sobre este tema. También se aprovecha eso, y no un artículo general. 
Dicho de otra forma, si esta directiva se adopta, el Tribunal rechazará la directiva porque no hay fundamento jurídico. 
Desde Maastricht existe el artículo 129 que insta a mejorar la salud pública y el camino de los que quieren prohibir el tabaco es el artículo 129 del Tratado. 
Hay más víctimas, víctimas inocentes, debido al uso del automóvil. 
Si se quiere reducir el uso del automóvil basándose en la salud pública por medio de la prohibición de la publicidad que limita el comercio y dificulta el funcionamiento interno del mercado interior, entonces hay que hacerlo con el fundamento del artículo 129. 
En eso sí apoyaré al profesor Cabrol, pero esto es absolutamente inservible. 
De ahí que reenvíemos esto a la comisión. También el servicio jurídico del Consejo ha dicho: no. 
Señor Presidente, llevamos casi nueve años, y por iniciativa de este Parlamento, presidencia tras presidencia, intentando que se prohíba la publicidad directa o indirecta, así como el patrocinio de acontecimientos deportivos dentro de la Unión, de los productos del tabaco. 
Los daños del tabaco para la salud, tanto en fumadores activos como en fumadores pasivos, son de sobra conocidos y los diputados que llevamos casi una década en este empeño los hemos repetido hasta la saciedad. 
El tabaco mata, como decía el profesor Cabrol. 
Un treinta por ciento de todos los cánceres va unido a su consumo. 
Es también la primera causa de muerte prematura, más de medio millón de ciudadanos mueren cada año en la Unión a causa de este funesto hábito que se ha fomentado durante años, añadiendo incluso criminales aditivos para incrementar la adicción entre adolescentes y niños, algunos de ellos de cinco años de edad. 
Realmente monstruoso, señor Presidente. 
Omito toda referencia a argumentos de escasa racionalidad o de fragilidad conceptual como que el coche también es peligroso, etcétera, porque de lo que estamos hablando hoy aquí es de proteger la salud y la vida y no de incitar, como lo hacen las tabaqueras, a un proceso de enfermedad y de tristeza en nombre de la satisfacción de intereses económicos privados. 
La publicidad directa e indirecta y el patrocinio de acontecimientos deportivos, no cabe duda, han desempeñado y desempeñan un papel importante en la promoción del consumo del tabaco entre los jóvenes, todos lo sabemos. 
Pero detrás hay demasiados intereses económicos como ha quedado patente con el escandaloso intento de acuerdo de las tabaqueras norteamericanas. 
La posición común que ahora examinamos es un primer paso, fruto de un compromiso nada sencillo, en la dirección adecuada y como tal la acogemos con satisfacción, aunque también con prudencia, porque resulta difícil de entender que hasta el año 2006 se siga aceptando el patrocinio o que en algunas regiones se sigan subvencionando productos de tabaco que perjudican tan gravemente a la salud. 
A pesar de lo dicho, es un primer paso nada desdeñable dentro de la estrategia de la lucha contra el cáncer y que votaremos favorablemente. 
No quisiera concluir, señor Presidente, este debate histórico sin felicitar tanto al ponente, profesor Cabrol, como a la actual presidencia y a la anterior presidencia luxemburguesa, cuya labor hizo posible el llegar a este acuerdo, dentro del mercado único, a pesar de la interpretación sesgada de la Comisión de Asuntos Jurídicos, algo que ya ocurrió también, señor Presidente, en primera lectura. 
Señor Presidente, quisiera decir que hoy tenemos ante nosotros un tema especialmente político y que simplemente se enfrenta a los defensores de la salud pública. 
Desearía que, en este Parlamento, nuestro objetivo prioritario fuera la defensa de la salud pública. 
Como mujer, me estremezco cuando veo mujeres jóvenes embarazadas fumando. 
Sabemos muy bien que fumar durante el embarazo es especialmente perjudicial para los niños que van a nacer y que nacerán además con un retraso ponderal y un retraso en su talla. 
Volviendo a la publicidad de los productos del tabaco, ¿qué pretende? 
Está orientada simplemente a los jóvenes porque la industria del tabaco necesita renovar la población fumadora. 
Por tanto, se busca a los jóvenes, sabiendo muy bien el impacto que la publicidad tendrá sobre jóvenes influenciables en busca de imágenes, preocupados por afirmar su personalidad. 
Una vez los jóvenes enganchados, se sabe que no llegarán a dejar de fumar y se sabe también que la publicidad, en este caso, ya no operará. 
Frente a esto, ¿qué hacen los diputados que sufren la influencia de las multinacionales del tabaco? 
Adelantan argumentos jurídicos. 
Invocan el artículo 129, que permite únicamente adoptar medidas favorables a la salud pública. 
Ahora bien, no hay que taparse la cara. Si no se aplica la base jurídica 100A, se llega a una distorsión de competencia ya que, en el mercado interior, hay enormes diferencias entre las legislaciones nacionales relativas al patrocinio y la publicidad a favor de los productos del tabaco. 
Estas disparidades pueden crear además obstáculos a la libre circulación de productos, principalmente para los publicistas. 
El artículo 100A permite, en los ámbitos en relación con la salud, introducir un nivel de protección elevado, y eso es lo que deseamos. 
Por otro lado, rechazo los argumentos según los cuales se va a acabar con la financiación de las grandes competiciones deportivas o las actividades de las pequeñas asociaciones deportivas. 
Son injuriosos para todos los patrocinadores que no sean de la industria del tabaco, que hacen esfuerzos enormes para financiar estas competiciones. 
Citaré, por ejemplo, las grandes competiciones de vela y el nombre de Fleury-Michon. 
Una gran mayoría de ciudadanos europeos, incluida Alemania, se está pronunciando a favor de la prohibición de la publicidad del tabaco. 
Esperan una decisión política por parte de sus diputados. 
Entonces, yo digo a mis colegas que han hecho todo para endurecer el texto únicamente para que no lleguen a buen término: sí, ya sé que algunas reuniones políticas alemanas están patrocinadas por la industria del tabaco; sí, sé que Alemania pensaba que el Consejo no llegaría a ponerse de acuerdo, y por ello no comprometió las negociaciones relativas a esta directiva hasta una fecha tardía. 
Es este error estratégico el que Alemania trata de reparar por cualquier medio. 
Deploro que mi grupo haya considerado adecuado dar la palabra a un número mayor de diputados favorables a la publicidad del tabaco. 
Esto me parece un poco mezquino, sin contar que damos una mala imagen. 
Seamos diputados libres que votamos en interés de nuestros conciudadanos, de los ciudadanos europeos. 
Hoy se puede leer en «Le Monde» , que es un diario bastante serio y que ustedes conocen, que según la OMS, el único cáncer llamado a desarrollarse en el futuro es el de pulmón, sencillamente a causa de un aumento del consumo del tabaco. 
La OMS precisa además que el tabaco mata cada año en el mundo a 3, 5 millones de personas, y que esta cifra alcanzará los 10 millones en el 2020. 
Por ello, dejándoles que mediten sobre los números, les propongo seguir al ponente, Sr. Cabrol, y votar la posición común tal cual, sin enmiendas. 
Señor Presidente, señor ponente, Señorías, permítanme, en primer lugar, felicitar al profesor Cabrol por su compromiso tenaz y sincero a favor de la prohibición de la publicidad del tabaco y por su informe, que recomienda claramente la aprobación de la posición común del Consejo sobre la propuesta de directiva relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco. 
Quisiera asegurarle mi apoyo total y, en nombre del número excesivo de víctimas directas o indirectas del tabaco, como acaba de decir la Sra. Grossetête, y de los 13.000 médicos europeos, entre ellos diez premios Nobel, que han firmado una petición en favor de esta directiva, quiero agradecerle esta posición valiente que hemos de apoyar. 
Efectivamente, debemos saber que el tabaco mata cada año a 548.000 europeos, lo que significa que provoca más víctimas que los accidentes de carretera, que el alcohol, que los asesinatos, que la droga y los suicidios juntos. 
Se ha constatado igualmente que la publicidad del tabaco tiene una influencia considerable en el comportamiento de los jóvenes, arrastrados a fumar por identificación con un modelo de vida irreal. 
Ahora bien, es a estos jóvenes, fuerza viva y futuro de Europa, a quienes hemos de proteger e informar para que puedan consciente y libremente tomar sus decisiones en la vida. 
Frente a esta realidad humana, los argumentos jurídicos que ha lanzado la industria del tabaco en una campaña de presión inteligentemente orquestada parecen destinados a eludir el debate de fondo sustituyéndolo por un debate de procedimiento. 
Ya que, no nos equivoquemos, Señorías, se trata de una decisión política la que hemos de adoptar votando el informe Cabrol. 
Que el Tribunal de Justicia decida sobre la cuestión de la base jurídica, si se le somete la cuestión, está en su derecho. 
Pero el Parlamento Europeo, voz de los pueblos europeos, no puede dejar pasar esta ocasión para defender la Europa de la salud, importante para nuestros conciudadanos, y al mismo tiempo una visión voluntarista y pragmática de Europa, que hace que prevalezca- una vez no hace hábito- la decisión política sobre la pusilanimidad administrativa. 
Señor Presidente, Señor Comisario, colegas, todo el jaleo acerca de la discutibilidad del fundamento jurídico es una maniobra en la que no nos debemos dejar atrapar. 
Los servicios jurídicos tanto del Parlamento, como de la Comisión y del Consejo afirman que el artículo 100 A es el fundamento correcto. 
Se trata claramente de una cuestión del mercado interior, tal como se promulgó una prohibición federal en Canadá y en Australia basándose en la libre circulación de los medios de comunicación y de los servicios de publicidad en un mercado unificado. 
Ahora el contenido. Algunos aducen como argumentos que se debe permitir la publicidad mientras un producto se venda legalmente. 
Una prohibición de publicidad para un producto legal no es ninguna novedad. 
En 1992 se prohibió la publicidad de medicamentos, y encima basándose en el artículo 100 A. Otros aducen que una prohibición de la publicidad no reduce el tabaquismo. 
De las cifras del ministerio británico de salud pública se desprende que en Noruega, Finlandia, Canadá y Nueva Zelanda se ha reducido el tabaquismo a causa de la prohibición de la publicidad del tabaco. 
Como liberal digo que la protección de la salud permite limitaciones de la libertad de expresión y de los principios de la economía de libre mercado. 
La comunidad tiene como tarea la protección del ciudadano contra un producto que es directamente responsable de la muerte de más de medio millón de ciudadanos europeos al año. 
Por cierto, es la misma comunidad que se tiene que encargar de los gastos del servicio de salud. 
Señorías, es primordial proteger a nuestra juventud. 
Son fácilmente influenciables por el valiente vaquero, que por cierto murió de un cáncer de pulmón. 
Y digo a los que esgrimen el argumento del empleo, de las consecuencias económicas y sociales de esta directiva que su efecto se limita por los amplios términos de su entrada en vigor, prevista en el compromiso conseguido en el Consejo. 
Colegas, la lucha contra el tabaquismo no se libra solamente aquí sino también en otras partes en el mundo. 
Conocemos la postura perversa del sector tabacalero. 
Quiero hacer un llamamiento a mis colegas para que voten a favor de la posición común y en contra de todas las enmiendas, aunque supuestamente hayan sido presentadas con el propósito de proteger aún mejor la salud pública. 
Señor Presidente, nuestro Grupo defiende la posición de la Comisión de Medio Ambiente y la del Sr. Cabrol- que es la misma -, en el sentido de que rechazamos todas las enmiendas que puedan desvirtuar el acuerdo del Consejo porque, aunque haya enmiendas presentadas con la mejor voluntad, lo único que pueden conseguir es que la posición del Consejo no sea la que fue en su día. 
Y la prueba de que hay diputados de todos los Grupos que, en la Comisión de Medio Ambiente, han votado a favor del informe Cabrol tal como es ahora, y de la posición común del Consejo, es que hay 37 diputados de esa comisión que han votado a favor de la propuesta que contiene el informe. 
Es clarísimo que hay presiones de todo tipo. 
Y es clarísimo también que la utilización del fundamento jurídico es un subterfugio para intentar invalidar la posición común del Consejo. 
Cuando se dice que debe utilizarse el artículo 129, se olvida que, según ese artículo, no se pueden tomar medidas para la armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. 
Se trata, pues, de un mero subterfugio. 
Tan es así que nosotros consideramos que se ha intentado devaluar la posición del Consejo y de la Comisión de Medio Ambiente. 
También estamos de acuerdo con las recomendaciones que hace el Sr. Cabrol al final de su informe, en las que pide que esta medida- la prohibición de la publicidad- no sea la única. 
Ha de revisarse el etiquetado del tabaco, ha de revisarse la capacidad adictiva de los aditivos, ha de tenderse también a la armonización al alza de los impuestos sobre el tabaco. 
En la prensa española apareció hace poco una noticia según la cual una tabaquera- que es la primera fabricante mundial de cigarrillos y cuyo nombre no quiero mencionar- encargó en 1983 a un laboratorio de su propiedad un estudio sobre los efectos adictivos de la nicotina. 
Cuando tuvo el resultado del estudio de los científicos, que decían claramente que la nicotina era adictiva, destruyó el estudio y desmanteló ese laboratorio. 
Por lo tanto, se engaña fraudulentamente y, sobre todo, a los jóvenes, que entran en el mundo del tabaco sin saber bien en qué mundo entran. 
Apoyamos el informe del Sr. Cabrol y así lo vamos a defender en este Pleno. 
Señor Presidente, los Verdes, sin duda, no están a favor de propuestas prohibicionistas o represivas en lo referente a sustancias como el tabaco, consumidas por placer personal por un gran número de personas. 
Sin embargo, a la vista del elevado número de tumores, de enfermedades respiratorias y cardiovasculares- alrededor de 500.000 personas mueren cada año en la Unión Europea a causa del tabaco -, es necesario realizar una seria política de prevención, sobre todo a través de una acción cultural y de una información adecuada. 
En este contexto, resulta totalmente absurdo que la Unión Europea gaste dinero para dicha política de prevención, si ésta corre el riesgo de convertirse en inútil debido a formas directas o indirectas de publicidad y de patrocinio. 
Dicho esto, en nuestra opinión, no cabe duda de que la posición común es mejorable y que la fecha en que entrará en vigor la prohibición de patrocinio de acontecimientos deportivos- el año 2006- está demasiado lejos respecto a las expectativas de muchos ciudadanos, preocupados por las graves consecuencias tanto para el fumador activo como pasivo. 
Somos conscientes, no obstante, de las dificultades que dicha propuesta ha encontrado a lo largo de sus casi nueve años de camino para responder a las numerosas solicitudes de ciudadanos, consumidores, asociaciones comprometidas en la lucha contra el cáncer, así como de médicos y organizaciones que se ocupan de la prevención de los tumores y de las enfermedades respiratorias. 
Voy a recordar sólo algunas de éstas organizaciones: la UNICEF, la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional de la Investigación contra el Cáncer, cuya sede está en Lyon, la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias, que sólo sirven de ejemplo para entender el alcance del problema, aunque podría citar los cientos de médicos que se emplean a fondo en este sentido. 
Para responder a estas demandas, los Verdes consideran oportuno aceptar la invitación del ponente Sr. Cabrol de aprobar esta posición común sin ninguna enmienda y sin modificar el correspondiente artículo del Tratado. 
Por todo ello, apoyamos el informe del Sr. Cabrol. 
Señor Presidente, es preciso proteger a la juventud contra los perjuicios del tabaco, todo el mundo está de acuerdo. 
Por consiguiente, es necesario oponerse a la inundación publicitaria de los cigarrillos, todo el mundo está de acuerdo. 
Por tanto votaremos el texto de la posición común sin ningún problema. 
Dicho esto, hemos de estar atentos, ya que temo que esta loable actitud, tan ampliamente compartida, de protección de la juventud, se inscriba en una deriva moralizadora, represiva, prohibicionista, políticamente correcta, copiando sin pensar, en nombre de la modernidad, el ejemplo que nos dan los Estados Unidos de América, ellos mismos sin embargo tan a remolque en el tratamiento de los problemas sociales. 
Entonces, a las prohibiciones hemos de preferir la actitud más laboriosa, más perseverante, más modesta también, de educación de los jóvenes de nuestros países. 
El placer no está prohibido. 
El tabaco, el «puenting» , las rutas en moto, el abuso del café, el cannabis, el consumo de alcohol, todo eso es peligroso. 
Pero todo ha de ser objeto de un prolongado esfuerzo pedagógico por nuestra parte. 
Es preciso ayudar a nuestros pequeños en el difícil aprendizaje de la prudencia. 
La prohibición produce delincuencia. 
Desconfiemos de una sociedad en la que a base de prohibiciones todo lo que no esté prohibido se convertirá en obligatorio, y habrá resuelto de este modo todos los problemas. 
Presidente, parece que se pone fin al tira y afloja de casi diez años. 
La prohibición de la publicidad de los productos del tabaco es casi un hecho, al menos si no naufraga aquí en este Parlamento, en el Consejo o quizá incluso en el Tribunal. 
El concepto de la subsidiariedad ha jugado todo el tiempo un papel importante en esta discusión. Es un principio que tiene mis simpatías. 
Por eso, una prohibición de la publicidad de fumar es a primera vista un asunto que hay que dejar en manos de los mismos Estados miembros. 
Sin embargo, si se opta por la perspectiva económica entonces las cosas cambian mucho. 
Hacer publicidad es una actividad económica muy corriente. No hay que confundirlo con la libertad de expresión. 
Si empezamos así, entonces habrá que considerar la publicidad como uno de los derechos fundamentales del ser humano. 
Nadie sentirá entusiasmo por ello. La publicidad es por lo tanto un tipo de servicio que a veces se convierte en un tipo de servicio indeseado. 
Por eso, se debe también poner límites a esta actividad económica. Tal como se limitan las actividades industriales en función de la legislación medioambiental, se regulan los servicios de publicidad. 
Naturalmente bien es verdad que por una parte esto beneficia a la salud pública y que por otra parte se quieren evitar alteraciones de la competencia. 
En el caso de la prohibición del patrocinio y de la publicidad de los productos del tabaco naturalmente está clarísimo que se beneficia al objetivo de la salud pública y no se trata precisamente de un objetivo pequeño. 
Medio millón de muertos en la Unión Europea como consecuencia de la adicción al tabaco no es poca cosa. Sin embargo, dicha legislación de la publicidad es una manera de crear un " level playing field» , como se le llama, para las expresiones publicitarias de productos del tabaco. 
Soy por lo tanto de la opinión de que esta posición común con razón está basada en el artículo 100 A y votaré a favor. No apoyaré ninguna de las enmiendas. 
También todas las enmiendas que se han presentado en nombre del grupo parlamentario I-EDN deben ser rechazadas. 
Si se adopta esta directiva, la Unión Europea da una señal clara de que la economía de libre mercado es importante pero, eso sí, con ciertas condiciones. 
Señor Presidente, seis años después de que estas propuestas fueran debatidas por última vez, y asombrosamente aprobadas, por esta Cámara, hoy tenemos nuevas y viejas voces arguyendo de nuevo sobre estos asuntos, e incluso más aún sobre temas técnicos. 
Sugiero que nos detengamos un momento. Preguntémonos más bien el porqué y no tanto el cómo estamos haciendo esto. 
Estamos tratando de eliminar la publicidad del tabaco, porque se trata de algo que establecerá nada menos que la diferencia entre la vida y la muerte para algunos ciudadanos europeos, en particular para los que son más vulnerables. 
De modo que no lancemos estadísticas al aire, como si fueran insultos en un partido de fútbol. 
Una muerte innecesaria ocasionada por el tabaco es mucho si podemos evitar la venta engañosa de los productos que la pueden producir. 
Que no se argumente con eso de la amenaza a la libertad personal o a la libertad de prensa. 
Un niño que respira el humo mortífero no tiene la libertad de salvarse a sí mismo. 
Se ha prohibido la publicidad de coches, de alcohol e incluso de dulces, que no se pueden comparar con la realidad de los efectos sobre el fumador pasivo, y tenemos muchas otras medidas para evitar esos productos. 
De igual manera, no hagamos tratos en contra de la salud. 
Escuchen y vean la agonía de un médico que se ve obligado a decir a una no fumadora que tiene cáncer porque ha respirado el humo de alguien que pensaba que fumar hacía bonito en una pantalla o en una revista. 
La agonía es muy distinta ante la noticia reiterada de que esa industria obtiene beneficios que a menudo superan los ingresos de un Estado. 
En cambio, demos las gracias a los que han trabajado para establecer una medida modesta, seria, legal y práctica, con un impacto importante, una medida que contribuirá a que otros, en el futuro, apliquen otras medidas aún más efectivas. 
Tenemos que sentirnos orgullosos y agradecidos a los Comisarios y a los funcionarios, a nuestros ponentes y ministros, a los que hacen las campañas y a los médicos que lucharon para llegar a esto, porque tuvieron la voluntad y el valor de hacer lo que es debido. 
Dejemos que los productores y los promotores, y sus ejércitos de abogados y apologistas también midan por un instante su vergüenza, su engaño y la destrucción que han causado. 
Llegarán generaciones, en el porvenir, que se pregunten qué fue lo que les permitió medrar durante tanto tiempo. 
Mañana, nuestros votos a favor del valiente y preciso informe del Sr. Cabrol, para la posición común sin enmiendas, literalmente llevarán un soplo de aire fresco a las futuras generaciones de ciudadanos europeos. 
Es decir que estamos ante uno de esos momentos raros e incisivos en este mundo frenético: una medida de mercado será la que colabore en la salvación de vidas. Tendríamos que celebrarlo. 
Señor Presidente, señoras y señores, sin duda alguna la lucha contra el tabaco en Europa es uno de los retos más importantes. 
A todos nosotros se nos insta a tomar parte en la misma. 
El colega que me ha precedido ha dicho que dentro de seis años seguiremos discutiendo acerca de la prohibición de la publicidad del tabaco. 
Señor colega, como ponente presupuestario he intentado seis veces consecutivas, durante seis años, eliminar de este presupuesto- en el que tenemos, ciertamente, la competencia pertinente- 2.000 millones de ecus de las subvenciones para el tabaco. 
Nunca he estado tan solo en esta Asamblea- también ahora- como cuando se trató de obtener apoyo para esta idea. 
Y todos los que han pronunciado fuertes discursos aquí en las últimas horas, no me ayudaron entonces a modificar el sistema de subvención del tabaco. 
(Exclamación) No, todos no, pero sí una gran parte. 
Señoras y señores, cada día gastamos 5 millones de ecus en subvencionar el tabaco europeo que ninguna persona quiere fumar en Europa. 
Luego, tenemos también que vender todavía la picadura fuera de Europa, en concreto, en el Tercer Mundo. 
Al mismo tiempo, recaudamos de los ciudadanos de Europa impuestos sobre el tabaco, por ejemplo, 20.000 millones en mi país. 
Y creemos todavía que lo siguiente que podríamos decir es que, a pesar de todo, no podemos permitir la publicidad de este producto. 
He discutido esto una vez con mis hijos, que están entre los 13 y los 20 años de edad. No pueden comprender, en absoluto, semejante manera de proceder. 
Por esta razón, considero este informe como un mal planteamiento. 
Estamos de acuerdo en el objetivo. Por lo demás, abrigamos los mismos temores, yo también. 
Pero si perseguimos objetivos, debemos echar mano de otros instrumentos. 
¿Qué tienen en común la publicidad indirecta de una agencia de noticias del Benelux y una empresa tabaquera en Europa? 
¿Podemos prohibir realmente de una forma tan simple la publicidad indirecta? 
No creo que esto funcione tan fácilmente. 
Si esto se quedase solamente en el ámbito del tabaco, yo tendría todavía comprensión para esto. 
Pero, señor Flynn, hace mucho tiempo que usted ha demostrado el efecto dominó, pues hace tiempo que la próxima directiva sobre la prohibición de la publicidad de los automóviles está en su departamento. 
Luego discutiremos también sobre el alcohol, etc., etc.. 
Creo que hemos de abordar este tema de una manera global. 
Si queremos combatirlo realmente entonces este informe está realizado con demasiada simpleza. 
Necesitamos una acción concertada, para proteger realmente a nuestros jóvenes, para modificar nuestra mentalidad, para hacer avanzar realmente la eliminación de las subvenciones. 
Precisamos, además, una norma de conducta respecto de los no fumadores. Naturalmente que necesitamos esto. 
Tengo la impresión de que mucha gente cree que avanza si con el agua del baño arroja también el niño recién lavado. 
Señor Presidente, queridos colegas, he leído atentamente el informe del estimado profesor Cabrol. 
Estoy de acuerdo con la documentación científica a la que alude el informe acerca de las consecuencias negativas que provoca el tabaco en la salud humana. 
Además, soy fumador y lo sé como pudiera saberlo cualquier otro. 
Sin embargo, albergo dudas en relación con los siguientes puntos: en primer lugar, el tabaco, como muy correctamente ha señalado el Sr. Florenz, es un producto subvencionado por la Unión Europea que circula libremente y cuya elaboración está permitida. 
Por lo tanto me pregunto: ¿en qué medida se dispone de una fuerte base jurídica? Como menciona el Sr. Cabrol existe la posibilidad de que el Parlamento se encuentre en la difícil situación de ver cómo se da la razón a las empresas publicitarias cuando éstas recurran ante el Tribunal Europeo. 
En segundo lugar, no creo que aumentar la presión fiscal o prohibir la publicidad sea la mejor manera de reducir el consumo del mismo, al contrario, creo que es la formación sobre la salud que debiera impartirse desde la enseñanza primaria. 
Sobre ello no he escuchado ni una sola mención hoy en el Parlamento. 
En tercer lugar, no acepto la alegación que hacen algunos colegas acerca de que los que albergamos dudas sobre el informe no estemos interesados en la salud pública ya que muchos de ellos han apoyado la libre circulación de las drogas blandas, como si éstas no supusiesen un riesgo para la salud pública y para la sociedad. 
Señor Presidente, esta directiva es mala por tres razones: En primer lugar, la base jurídica. 
Mientras que todos los oradores precedentes han mostrado que la iniciativa de Europa está basada en los riesgos del tabaco para la salud, la directiva hubiera debido basarse en el artículo 129 del Tratado. 
Como este artículo sólo permite medidas de estímulo, con exclusión de medidas de armonización, la directiva no hubiera podido presentarse sobre esta base. 
La Comisión ha elegido por tanto la base jurídica del artículo 100A, es decir, la armonización del mercado interior. 
Pero entonces, esta directiva es absurda ya que, por un lado pretende suprimir cualquier obstáculo a la competencia, pero por el otro permite a cada país vigorizar la disposición de la directiva ya sea inmediatamente, ya sea en el 2006. 
Si hay que armonizar el mercado, es preciso que todos los países estén al mismo nivel y que uno no pueda prohibir el patrocinio de los grandes acontecimientos deportivos y culturales por parte de los fabricantes de cigarrillos, mientras que el país vecino lo permite. 
En ese caso existe una distorsión de competencia y, para colmo de ironía, es una directiva la que la organiza. 
En segundo lugar, el fondo. 
No es aceptable prohibir la publicidad de un producto que es de venta libre y cuya producción está además autorizada y financiada por la Unión Europea. 
En tercer lugar, el desorden y la hipocresía en la lucha contra las drogadicciones en la Unión Europea es total. 
Se reprime con ferocidad la publicidad del tabaco, se multiplican las vejaciones a los fumadores, pero al mismo tiempo, muchos Estados, entre ellos el mío, dan prueba de laxismo en la lucha contra la droga autorizando el consumo individual, incluso y sobre todo entre los jóvenes. 
En resumen, fumar un cigarrillo es peligroso, pero fumar un canuto de hachís es evidentemente bueno para la salud. 
En realidad, esta directiva hace «surfing» sobre las olas de la moda y la virtud fácil. 
Sería hora de que la Comisión tuviera el coraje de definir para todos los Estados una política razonable y adaptada de lucha contra las drogodependencias. 
Tal como está, su directiva autoriza durante diez años un gran desorden en la organización de las manifestaciones deportivas, mi propia región, que alberga el circuito de Francorchamps, sufrirá de lleno las consecuencias económicas desastrosas de su directiva y, más grave aún, como lo muestran las estadísticas de países en los que la publicidad está prohibida, esta directiva no reducirá el consumo del tabaco. 
Será por tanto un fracaso en el plano económico y en el plano de la salud. 
Señor Presidente, desearía comenzar felicitando al Sr. Cabrol por su firmeza de ideas a la hora de lograr la prohibición de la publicidad del tabaco. 
Al mismo tiempo, desearía felicitar al Comisario Flynn por la posición común del Consejo. Espero vehementemente que esta posición común del Consejo sea aprobada sin modificaciones. 
A menudo se afirma que no existen datos de investigaciones sobre el grado en que influye en la reducción del consumo el rechazo al tabaco y la prohibición de la publicidad. 
En Finlandia contamos con muy buenas experiencias a este respecto: la prohibición publicitaria es un método eficaz para reducir el consumo de tabaco. 
Un estudio de la Unión Internacional contra el Cáncer ha podido demostrar que la prohibición de publicidad del tabaco redujo el consumo de este producto en Finlandia en un 37 %. 
Se ha podido igualmente comprobar que, de hecho, las actividades de información en Finlandia, que se vienen realizando desde los años 50, son ya visibles también en las estadísticas, habiéndose reducido espectacularmente los casos de cáncer de pulmón entre la población masculina. 
Ésta es una muestra irrefutable tanto de la necesidad de prohibir la publicidad del tabaco, como de la amplia significación que esta medida tendrá para la salud pública. 
Señor Presidente, señor Comisario, medidas de política sanitaria, como la prohibición de la publicidad del tabaco, no se pueden apoyar en el artículo 100 a porque está expresamente prohibido en el artículo 129. 
Ésta es la situación jurídica. 
Por esta razón una mayoría dentro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha opinado que la Comunidad no tiene ninguna competencia reguladora en esta materia. 
Naturalmente esto va más allá del objetivo. 
Respecto de los servicios publicitarios transfronterizos la Unión tiene competencia y, en mi opinión, debería aprovecharla también contra la publicidad del tabaco. 
Pero una prohibición total o una prohibición de regalos en los países miembros no está amparada por el artículo 100 a. 
Por consiguiente, la Comisión debería acometer una iniciativa a tenor del apartado 2 del artículo 129, para- en la medida que sea posible- se dicte en favor de la salud una prohibición. 
Y quien no quiera perder el proceso en esta materia en el Tribunal Europeo de Justicia, debería votar, al menos, a favor de las enmiendas de la Sra. Roth-Berendt. 
Señor Presidente, es evidente que esta Asamblea debe apoyar la posición común o nada. 
He oído sofismas de diversos sectores de la Cámara, en los que se cuestiona la base legal, en lo que me parece nada más que una táctica de distracción, o el subsidio al tabaco en Grecia, etcétera. 
Está muy claro que el momento de la verdad llegará cuando nos pongamos de pie para que nos cuenten. 
Existe una inmensa cantidad de intereses en este debate y en la votación de hoy. 
Recibí una saca de correspondencia repleta, como sin duda también le habrá ocurrido a los demás diputados, cartas llegadas de todos los puntos de sus circunscripciones y de sus países. 
Si se me permite, citaré tan sólo a una profesora de medicina que me decía que en veinte años jamás se había comprometido en ninguna actividad política ni en manifestaciones, pero ahora se decide a escribir para abogar por esta causa, pues considera que la prohibición de la publicidad del tabaco puede reducir el número de personas que empiecen a fumar o continúen haciéndolo. 
Y prosigue: " Me disgustó que el Sr. Blair decidiera exceptuar las carreras de coches de la prohibición de publicidad del tabaco, porque gran cantidad de jóvenes, sobre todo adolescentes, acuden a esas competiciones.» 
Creo que aquí hay que señalar dos cosas importantes. 
Sin duda, pienso que es vergonzoso que la Presidencia británica disminuya el impacto de esta posición común, pero no obstante es esta posición o nada. 
Si no votamos por la posición común, estamos diciéndole a los jóvenes: " Sí, está bien, fumar es elegante. 
Creo que si apoyamos la prohibición, habrá una ola de silencioso alivio en toda Europa. 
Si la rechazamos, la gente que lo celebre no será la que está en las salas de oncología: serán los que llenan las Salas de juntas de las compañías tabacaleras. 
Señor Presidente, el texto que estamos debatiendo es el resultado de cerca de diez años de disensiones. 
Cada año, como ha señalado el profesor Cabrol en su informe, mueren más de 510.000 personas en la Unión Europea como consecuencia del tabaquismo. 
Por consiguiente, es necesario, ya lo he explicado en otras intervenciones, limitar la publicidad y la promoción del tabaco, pero es preciso hacerlo de forma inteligente. 
Comencemos, pues, en este campo, por aplicar el artículo 129 del Tratado, que estipula con precisión que «la Comisión contribuirá a la consecución de un alto nivel de protección de la salud humana fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere necesario, apoyando la acción de los mismos.» 
Como antiguo miembro de la Comisión de Investigación de la EEB, he de precisar con todo que hubiera deseado que la Comisión se aplicase ella misma el artículo 129 en este caso preciso de la EEB. 
Pero eso es otra historia... 
Por lo que respecta a la publicidad y al patrocinio a favor de los productos del tabaco, es necesario tener una reglamentación europea estricta, aplicada a todos los Estados miembros. 
Un gran número de acontecimientos deportivos, por ejemplo, se retransmiten a todo el territorio europeo: no debería producirse una deslocalización de la publicidad hacia los Estados miembros más laxistas. 
En Francia, por ejemplo, existe una legislación restrictiva sobre la publicidad de los productos del alcohol y del tabaco. 
Ahora bien, ¿qué estamos viendo hoy? 
Publicidad de marcas francesas en los acontecimientos deportivos europeos en los que compite un equipo francés, y ello, por supuesto, en otro Estado miembro. 
Esto ya no puede durar más, ya que nadie comprende a esta Europa que se deja utilizar sólo en beneficio de las empresas. 
Debo precisar que esta directiva no constituye más que un paso en la lucha contra el tabaquismo en la Unión Europea. Sería necesario por consiguiente que ésta se inscribiera en un planteamiento más general del consumo del tabaco, que se aplicase también a una reglamentación sobre el etiquetado de los productos que incorpora, por supuesto, los aditivos, y limitando su utilización a la armonización de los impuestos especiales, con el fin de evitar los fraudes y los tráficos ilegales. 
Aprovecho la ocasión para recordar que me opongo a toda reducción de la producción del tabaco europeo. 
Recuerdo que la Unión Europea es una gran importadora de tabaco, y de tabaco de calidad. 
Señor Presidente, estimados colegas, los que me conocen desde hace muchos años saben que, sin duda, no hay que suponer que yo me halle bajo presión, como han supuesto la Sra. Grossette o el Sr. Chabrol, sino que soy una diputada libre. 
Creo que todos los que me conocen saben que soy amiga de las palabras claras y libres. 
Si hoy estoy defendiendo una convicción no muy popular en este Parlamento es porque es mi convicción. 
Comparto con ustedes la posición de que los cigarrillos son peligrosos y no discuto hoy la cuestión del fundamento jurídico, aunque creo que nos vamos a poner en ridículo en el Tribunal Europeo de Justicia. 
Pero este no es mi tema. 
Tampoco es mi tema el hecho de que existan subvenciones al tabaco. 
Mi tema es el siguiente: ¿cómo es posible que autoricemos que se produzca legalmente un producto peligroso, cuando creemos que es tan peligroso? 
Si estamos convencidos de que los cigarrillos son peligrosos y mortíferos, deberíamos tener el coraje de prohibir su producción. 
Pero si no lo tenemos- y nadie de ustedes tiene este coraje- entonces debemos pensar qué hacemos con productos legales, que se producen legalmente, que están autorizados? 
¿Cómo podemos imponer limitaciones a su comercialización, si pensamos que ésta debe estar limitada? 
Comparto con algunos de ustedes la opinión de que los productos peligrosos deben estar sometidos a limitaciones. 
Tenemos que decir que la comercialización puede hacerse solamente en determinados lugares. 
Podemos decir que no debe haber expendedores automáticos de cigarrillos. 
Podemos decir que no puede haber publicidad alguna en publicaciones juveniles o en cualesquiera otras. 
Si ustedes dicen que puede haber una especie de jerarquía en la peligrosidad de un producto y que según ésta jerarquía ha de determinarse cómo debe comercializarse este producto- tipo, amplitud, volumen- entonces hay que hacer posible esta jerarquía y también con mi apoyo. 
Pero entonces esta jerarquía comprenderá también el alcohol, señor Flynn. 
Aguardo con gran alegría a que defienda usted en Irlanda que tampoco se podrá hacer publicidad de la guiness y del whisky, porque le proporcionaré a usted buenos argumentos acerca de que el whisky y otras cosas también son peligrosos. 
Aquellos de ustedes que dicen hoy que una prohibición de la publicidad de cigarrillos no hará que fume una persona menos, que dirijan su mirada hacia el antiguo bloque del este o hacia Grecia. 
Allí fuman igualmente multitud de jóvenes y allí no hay publicidad. 
En el bloque del este fumaban igualmente muchas personas y allí no había publicidad. 
Si queremos obrar con lógica, debemos aprobar unas limitaciones y al mismo tiempo fomentar campañas de información. 
Señor Presidente, se considera que la nicotina es una droga altamente adictiva. Lo cierto es que muy pocos jóvenes se apartan del hábito de fumar durante su vida. 
Está muy bien documentado el hecho de que, si una persona no empieza a fumar antes de los 18 años, hay posibilidades de que no se convierta en fumador para el resto de su vida. 
Por consiguiente, hay un grado de urgencia en la perspectiva de los fabricantes de tabaco para tentar y cercar al mercado de los adolescentes con formas innovadoras e incitantes de publicidad, relacionada con distintos tipos de cigarrillos. 
Sólo en Europa, los fabricantes de tabaco gastan un total de 320 millones de libras al año en publicidad del tabaco. 
Creo con firmeza que nuestros jóvenes necesitan ser protegidos del azote del tabaco. 
La prohibición de la publicidad y promoción de los productos del tabaco dentro de la Unión es un paso positivo en la dirección correcta para que este importantísimo objetivo social se concrete. 
Los gobiernos europeos y las instituciones de la UE deben centrar ahora su atención en la promoción de la educación sanitaria en las escuelas, para que los niños y jóvenes tengan conocimiento de los peligros del tabaco. Tienen que disponerse los recursos financieros apropiados para poner en marcha este proceso. 
La atención de los legisladores europeos también ha de centrarse en la necesidad de que estén disponibles más recursos financieros para la investigación médica en materia de prevención del cáncer y de las consecuencias que sufre el fumador pasivo. 
Los hechos hablan por sí solos en esto: más de medio millón de personas muere cada año en la Unión directamente a causa del tabaco. 
En mi país, murieron 6.000 personas en 1997 a causa del tabaco. 
La disminución del consumo de cigarrillos en la Unión tendrá la función positiva de proteger la salud de todos nuestros ciudadanos. 
Este informe debe ser apoyado porque es un paso concreto y positivo en la buena dirección. 
Presidente, le estoy muy agradecida, pero estábamos reunidos arriba en la Conferencia de presidentes sobre el debate de temas políticos actuales y el sol brillaba en la pantalla. 
Esta ha sido la razón, me parece, por la que vi mi nombre un poco tarde. Mis disculpas por ello. 
Permítame comenzar con la observación de que, por cierto después de dudarlo yo personalmente y lo mismo digo de mi grupo parlamentario y de una gran parte de la delegación neerlandesa del CDA, apoyaré la propuesta de limitar la publicidad del tabaco. 
Me parece, y conmigo hay muchos que piensan así, que debemos hacer de todo para limitar como sea el consumo de tabaco. Pero esto no es óbice para que la prohibición de la publicidad del tabaco, tal como se plantea ahora, traiga consigo una serie de problemas. 
Habiendo dicho esto y habiendo explicado nuestro voto, constato que la posición común chirría en el fondo. 
La posición común es, cuando se lee, simplemente el resultado de un compromiso político. 
Por consiguiente, me pregunto qué posibilidades ve la Comisión Europea todavía, por ejemplo por medio de los decretos de aplicación, o el Consejo para aclarar esto un poco más en algunos puntos. 
Menciono por ejemplo el artículo 3, apartados 2 y 3, referente a todo lo que tenga que ver con la publicidad indirecta. 
Creo que la manera en que están redactados los textos ahora en cualquier caso no aclaran demasiado las cosas. 
Lo único que quiero hacer entonces es preguntarle al Comisario Flynn: ¿Cómo cree que se puede manejar decentemente lo que está escrito ahora en esta posición común? 
Distinguido señor Presidente, distinguidas señoras y señores, creo que no se ajusta a los principios democráticos de este Parlamento que se criminalice una opinión contraria aludiendo al influjo de lobbystas. 
Ésta es una modalidad de difamación que deberíamos evitar. 
Quiero hacer aquí uso del derecho a afirmar- incluso a riesgo de ser denunciado, en mi calidad de no fumador, como agente pagado por el lobby del tabaco- que la función del estado es proteger a los consumidores pero no tenerlos bajo tutela. 
Por lo que respecta al control de las sustancias contenidas en relación a la toxicidad, efecto de adicción y al control del suministro a los jóvenes, ahí debe intervenir el estado, ahí debe intentar proteger a los jóvenes. 
No puede ser tarea del estado- como en " 1984» de George Orwell- tutelar y proteger al ciudadano dictándole qué debe hacer. 
Señor Presidente, a pesar del asesoramiento jurídico que sirve de base a la propuesta, aún perdura la discusión sobre la base jurídica. 
Creo que no podemos dejar la pelota muerta devolviendo la propuesta a la Comisión Legal. 
Después de todo está integrada por políticos. 
No, el asunto debe ser aprobado, de modo que pueda continuar hasta el dictamen definitivo del Tribunal de Justicia y quiero proponer a la industria tabaquera que allí envíe su réplica jurídica. 
Me extrañaría si la industria tabaquera fuera la única empresa comercial que hiciera publicidad sin querer establecer contacto con nuevos grupos de clientes. 
No obstante, cuando uno habla con los miembros de los grupos de presión, se entera de que éste es el caso. 
Dicen que sólo pretenden que los fumadores establecidos cambien de marca. 
Sin embargo, los fumadores establecidos quizá no sean todos tan infantiles que los vertiginosos anuncios juveniles les llamen la atención. 
Tenemos ya normas que prohíben la publicidad del tabaco en televisión. 
De ahí que se esté dispuesto a limitar la publicidad de tabaco en otros medios. 
El tabaco se produce legalmente como muchas otras cosas que tampoco pueden anunciarse de manera totalmente libre, por ejemplo, medicamentos, armas y sustancias tóxicas. 
El tabaco crea adicción y perjudica la salud, puede ser una catástrofe para el individuo e impone a la sociedad unos enormes gastos sanitarios. 
Esta es una de las razones para que yo siempre haya estado en contra de que la UE de dinero a la producción tabaquera. 
Tampoco subvencionamos el tabaco importado. 
¡1000 millones de ecus a la producción tabaquera y unos pobres 11, 2 millones de ecus a la lucha contra el cáncer! 
¡Medio millón de personas mueren de enfermedades relacionadas con el tabaco mientras que la UE apoya a 135.000 cultivadores de tabaco! 
Presidente, el buen funcionamiento del mercado interior requiere una armonización de la legislación de la publicidad del tabaco y, se quiera o no, está en la línea del artículo 100 A del Tratado que esta armonización desemboque en unas prohibiciones radicales. 
Si sabemos que en la Unión Europea cada año hay más de medio millón de muertos a causa de la adicción a la nicotina, que fumar es un peligro patente para la salud pública y que la publicidad del tabaco y el patrocinio no sirven solamente para promocionar unas marcas sino que también para promocionar el consumo de tabaco y fomentar el tabaquismo entre los jóvenes, si sabemos todo esto, entonces debemos rechazar esta publicidad por medio de una directiva de armonización. 
Lo sabemos, ¿o sea qué nos lo impide? 
En ningún caso nos lo puede impedir la aguda tecnología jurídica de algunos colegas que se utiliza para diseñar construcciones jurídicas con un solo objetivo: hundir la directiva. 
Respeto su sabiduría jurídica pero constato que no me convencen para que cambie mi convicción política jurídicamente fundada en tres planos. 
Primero, el artículo 100 A como fundamento está bien. 
Sí tenemos tal competencia por lo tanto. 
Dos, no hay ningún motivo válido para solicitar una consulta nueva. 
Tres, hay muy poco margen reglamentario para hacer enmiendas. 
Presidente, sólo podemos llegar a otra decisión si ya no tomamos en serio a nuestro servicio jurídico, me remito a la opinión del asesor jurídico de 1 de abril de este año, o si hacemos caso omiso de nuestra propia votación de 2 de diciembre de 1993 y hacemos como si no hubiéramos asumido el Tratado de Maastricht y si queremos dar una señal al mundo de que el Parlamento no ve el parecido entre sus propias enmiendas y la posición común, ni conoce la diferencia entre unas modificaciones mínimas y drásticas. 
Colegas, mantengamos la seriedad. 
Defendamos conscientemente la salud pública y aprobemos la posición común y sigamos en ese sentido la opinión del ponente. 
Ahora tenemos la ocasión, después tal vez ya no. 
A nuestros colegas que esgrimen como argumentos la subvención al cultivo de tabaco o el derecho de voto en temas de drogas les digo: no por haberse comportado dos veces como tontos, o por no haberlo conseguido dos veces, hace falta que uno vuelva a comportarse como un tonto la tercera vez o que no siga luchando para aprovechar una tercera ocasión. 
Señor Presidente, hace diez años representé a Italia en una conferencia de la Organización Mundial de la Salud que se celebró en Lisboa, titulada «Tabaco o salud». 
El último día, un periodista, encargado de animar el debate entre los representantes de los países sobre el tema de la medidas a adoptar para reducir el uso del tabaco, con aire solemne, comenzó su discurso leyendo la lista de las víctimas políticas de la lucha contra el tabaco, es decir, de los ministros que habían perdido su puesto y que nunca más volvieron a recuperarlo, porque en sus países habían promovido leyes para prohibir la publicidad o para prohibir fumar en los locales públicos. 
Sabemos que éstas y otras amenazas han tenido éxito, si es cierto- como lo es- que esta directiva está a la espera de ser aprobada desde hace años. 
Éste, por tanto, es un gran día y nos debemos emplear a fondo para que no se aplace la aprobación de esta directiva y para que se premie el esfuerzo de la Comisión, el Consejo y la Presidencia. 
Como sugiere justamente el señor ponente, habrá que tomar otras medidas como, por ejemplo, el aumento de los impuestos para desalentar el consumo; la educación en beneficio de la salud, porque muchos jóvenes creen que fumar no hace daño y muchos adultos- incluso profesores y médicos- les dan mal ejemplo; el control de los distribuidores automáticos, etcétera. 
Se objetará que, en general, italianos, españoles y griegos quieren seguir apoyando a los cultivadores de tabaco europeos. 
Es cierto, pero no existe contradicción alguna: ¿por qué deberíamos penalizar nuestras economías en beneficio de los productores de otros continentes? 
Es sabido, en efecto, que los europeos fuman preferentemente tabaco americano y, sin duda, nuestra producción no es la más extendida en los países en desarrollo. 
Por eso mismo, no estamos dispuestos, ni lo pedimos, a penalizar a los productores europeos de cerveza o de bebidas alcohólicas, el problema está en la educación, la disuasión y la no promoción, puesto que hay que evitar que se caiga o se persevere en el consumo de tabaco, así como de alcohol y de todas las drogas. 
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y ponente para el Grupo del PPE en materia de conflictos de fundamento jurídico. 
Y voté en comisión con todos los compañeros de todos los grupos políticos que mayoritariamente decidieron que éste no era el fundamento jurídico apropiado. 
Y lo primero que quiero hacer es alzar mi voz en nombre de todos ellos ante este planteamiento maniqueo: no se trata de estar a favor o en contra de la salud. 
Nosotros estamos a favor de la salud, estamos a favor de la vida. 
Y sabemos perfectamente que la tendencia en todos los países de la Unión Europea es hacia la restricción de la publicidad del tabaco. 
Pero ante todo y sobre todo, señor Presidente, estamos a favor de las reglas de convivencia que establece el Tratado y de su respeto. 
Señor Presidente, evidentemente no se puede decir que esto sea un asunto técnico menor, que queramos plantear un subterfugio a través de una cuestión de procedimiento. 
Efectivamente hay una cuestión técnica, pero la cuestión técnica es otra, es un problema de venire contra factum propium del propio Parlamento, que por dos veces se ha pronunciado a favor de tomar el artículo 100 A como fundamento jurídico, incluso después del Tratado de Maastricht en diciembre del 93. 
Los planteamientos de la Comisión de Asuntos Jurídicos han sido estrictamente políticos antes que jurídicos, también jurídicos pero estrictamente políticos. 
Y dichos planteamientos son consecuencia de unas preguntas tan sencillas como las siguientes: ¿cuáles son los objetivos de las medidas propuestas en relación con las obligaciones de la Comunidad? 
La salud, estamos todos de acuerdo. 
Pues de acuerdo con eso hemos de actuar. 
¿La actuación propuesta se refiere a un asunto de competencia exclusiva de la Comunidad o de competencia compartida con los Estados miembros? 
Creo que la respuesta también es bastante clara, por lo menos así lo fue para nosotros. 
¿Cuál es la dimensión comunitaria del problema y qué medidas se han tomado hasta ahora? 
¿Cuál es el valor añadido de la acción prevista por la Comunidad y cuál sería el coste de una acción alternativa? 
¿Qué tipo de medidas puede tomar la Comunidad? 
Y por último, ¿es necesaria, es posible una normativa uniforme que además prohíbe? 
Es decir, aquí armonizamos la libre circulación de unos servicios que no van a circular porque no van a existir. 
¿O es preciso, de acuerdo con el Tratado, establecer una medida- que puede ser una medida que afecte a todos los Estados miembros- pero una medida a partir del artículo 129? 
Señor Presidente, estamos aquí ante una de esas situaciones en donde al Leviatán de Bruselas se le manda lo que no somos capaces muchas veces de hacer a nivel de los Estados miembros. 
Sabemos por experiencia que esa es una mala técnica y que no trae más que complicaciones. 
Complicaciones porque en última instancia podemos llevar diez años debatiendo este problema, pero es muy probable- y aquí la palabra la tiene el Tribunal de Justicia- que dentro de dos años esta Directiva quede anulada, con lo que habremos perdido ese tiempo. 
Creo que mejor sería abordarlo con el Tratado en la mano y adoptar, con un fundamento jurídico correcto, las medidas adecuadas con vistas al fin que se persigue. 
Señor Presidente, la Unión Europea tiene una Política Pesquera Común y yo, que también participo en la Comisión de Pesca, comprobé el otro día con estupefacción que la Unión Europea gasta más dinero en la producción de tabaco que en el sector de la pesca y que incluso en países como Portugal, muy dependientes de la pesca, esta última representa el 40 % de la contribución financiera en comparación con el tabaco. 
Se trata de una profunda contradicción, si subrayamos, además, lo que ocurre en materia de salud pública, dado que no tiene sentido mantener inversiones en el sector de la salud pública y simultáneamente aumentar las subvenciones para la producción de tabaco. 
Así, pues, se trata de un mensaje claro. 
Avancemos, sí, en la reducción gradual de las subvenciones a la producción y adóptese la posición común del Consejo, relativa a la prohibición de la publicidad del tabaco. 
Hay ejemplos, aunque limitados, que revelan una disminución del 14 % al 37 % en el consumo, gracias a la aplicación de medidas restrictivas de la publicidad. 
Sí, porque el tabaquismo provoca anualmente 540.0000 muertos en la Unión Europea y limitar el presente debate a una cuestión jurídica, aunque académicamente interesante, no pasa de ser un salto adelante como recurso defensivo. 
Modificar la posición del Consejo o negar la aprobación de la directiva por la falta de competencias de la Comunidad significaría la renacionalización de la salud pública, con lo que se menoscabarían, a fin de cuentas, el sentido y los objetivos del propio Tratado. 
La remisión a la subsidiariedad es un intento desesperado de condicionar la opinión de las autoridades nacionales, cuando la posición del Consejo representa, a fin de cuentas, la orientación de esas mismas autoridades por mediación de los ministros de Sanidad, que desearían de este modo una legislación reguladora del mercado del tabaco, con la exigencia de un alto nivel de protección de los consumidores. 
A eso se debe nuestro voto de apoyo al informe Cabrol. 
Señor Presidente, ante todo quiero decir cuánto disgusto y rechazo me produce la idea de que cualquiera que se ponga en pie en esta Cámara y hable en contra o se haga preguntas sobre esta directiva esté manipulado por la industria del tabaco. 
Yo no lo estoy y no creo que la Sra. Palacio Vallelersundi lo estuviese; a todos los que han puesto objeciones a la directiva debe acordárseles el beneficio de la duda y se les debe permitir que expresen sus conjeturas sin que se les acuse, como he dicho, de ser personas que sencillamente hablan en nombre de la industria tabaquera. 
También quisiera poner fin a la subvención del tabaco por parte de Unión Europea. 
Una de las cosas interesantes que salen en este debate es que la UE gasta en subsidios a la producción del tabaco tres veces más de lo que gastan las compañías tabaqueras en la propaganda de sus productos dentro de la Unión Europea. 
Las personas que, como yo, quieren ver el fin de la propaganda del tabaco se preguntan: ¿será eficaz la directiva? 
Sospecho que la respuesta veraz es " no, no lo será» , porque terminará en el Tribunal con una cantidad de dudas y, posiblemente, sin directiva ninguna al fin del proceso. 
Existe un evidente problema legal. 
Es algo que el Gobierno británico está ignorando durante su Presidencia del Consejo de Ministros porque quiere una victoria fácil. 
El Sr. Blair podría haber prohibido la publicidad de productos del tabaco y el patrocinio de acontecimientos deportivos por parte de las tabaqueras en el Reino Unido, pero se habría metido en problemas políticos. 
Por lo tanto, ha tenido que recurrir a Bruselas para librarse de ello y, como acabo de decir, para obtener lo que él piensa que es una victoria fácil. 
Existe un evidente problema en la votación por mayoría calificada. 
No me gusta la idea de aplicar una prohibición que se apruebe por una mayoría muy escasa. 
Sin embargo, si ustedes quieren una directiva, sepan que no les será posible obtenerla con el Artículo 129 como fundamento jurídico, porque los Estados miembros nunca la aprobarán. 
Si quieren una recomendación, sepan que tampoco les permitirá prohibir la publicidad de los productos del tabaco, porque no se puede conciliar una recomendación con la idea de la reglamentación común para el mercado interior. 
La respuesta pasa por dos cosas. 
Una es elaborar un código de conducta sobre la publicidad de los productos del tabaco, como alguno lo ha pedido pero, probablemente, eso no permitirá un prohibición universal de la publicidad, pues dejaría a cada Estado miembro la posibilidad de hacer lo que quiera. 
La segunda es hacer justamente lo que estamos haciendo: decir " sí» a esta directiva y dejar en manos del Sr. Flynn la tarea de poner orden, porque, como hemos descubierto en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, hay muchos errores en esta directiva: no se ocupa de un modo adecuado de la idea del uso de marcas de fábrica de productos existentes, y en ella hay ideas extraordinarias sobre el mundo de los patrocinadores. 
Ustedes miran al Sr. Flynn, viendo en él al hombre al que se pide que haga realmente lo que los miembros del Parlamento Europeo no harán porque están sujetos a un chantaje emotivo. 
Pido disculpas a los intérpretes. 
Señor Presidente, la prohibición de la publicidad del tabaco y de sus derivados es una cuestión de salud pública en su sentido más amplio, de prevención de enfermedades y, en mi opinión, ésta es la dirección que debe tomar también la política común de la Unión Europea en materia de salud: se debe dar prioridad a las causas antes que a las consecuencias. 
¿Tiene algún efecto la publicidad? 
Me pregunto, entonces, por qué se destinarían incalculables sumas de dinero a la publicidad si ésta no surtiera efecto. 
Lo mismo se podría decir de la publicidad de los productos del tabaco, es decir, con ella lo que se persigue sencillamente es aumentar su consumo o, lo que es lo mismo, el número de fumadores. 
¿Es posible, pues, orientar la publicidad hacia un determinado colectivo? 
¿Es posible excluir a los jóvenes de esta publicidad? 
Creo que no, y más aún cuando sabemos por los resultados de los estudios que los jóvenes se encuentran más expuestos a la publicidad que los demás grupos de población. 
La publicidad preferida es aquella a la que se rinden los jóvenes, precisamente la que utiliza la industria tabaquera en sus actividades de patrocinio de acontecimientos, en las que el objetivo estriba en reflejar una imagen acelerada de la vida. 
La prohibición publicitaria ha surtido efecto. 
Gracias a esta prohibición, el consumo del tabaco ha disminuido en Finlandia un 37 % durante los últimos veinte años. 
La prohibición de la publicidad reviste una especial importancia por lo que respecta a los jóvenes: con anterioridad a la prohibición, el 35 % de los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años eran fumadores, mientras que, tras la entrada en vigor de la prohibición, este porcentaje es del 23 %. 
Espero vehementemente que el Parlamento reconozca su responsabilidad a este respecto y apruebe el informe del Sr. Cabrol sin modificaciones. 
Ahora tenemos la oportunidad de prohibir, a nivel europeo, la publicidad de los productos del tabaco. 
Señor Presidente, señoras y señores, creo que la prohibición de la publicidad del tabaco no es el instrumento adecuado para llevar a cabo la protección de la salud. 
La posición común no sólo prevé una prohibición total de la publicidad de productos del tabaco sino también una prohibición total de la publicidad indirecta como, por ejemplo, la de las embarcaciones Camel o la cosmética de Davidoff. 
Sólo hay unas excepciones determinadas para Grecia, éstas han sido el precio del asentimiento de Grecia y, por ende, de la consecución de la mayoría requerida en el Consejo de Ministros contra los votos de Alemania y de Grecia y frente a la abstención de Dinamarca y de España. 
Una prohibición en un régimen de libertad económica constituye el más tajante de todos los mecanismos imaginables. 
Antes de aprobar preceptos legales de este tipo es preciso analizarlos respecto de si son adecuados para alcanzar realmente el objetivo que se declara, es decir, la protección de la salud. 
Con una prohibición de la publicidad del tabaco se vinculan expectativas y se suscitan esperanzas que no son realizables. 
Es indiscutible el carácter nocivo del hábito de fumar, frecuentemente con resultado de muerte. Por lo tanto, sería consecuente, y en esto coincido con la Sra. Roth-Berendt, prohibir la fabricación de productos tan nocivos, como, por ejemplo, los cigarrillos. 
En un régimen de libertad económica la publicidad desempeña la importante función de la información y constituye un instrumento eficacísimo de la verdadera competencia. 
Los productos que habiéndo sido fabricados legalmente, se comercializan y se consumen legalmente, pueden ser también, en principio, publicitados legalmente. 
Una prohibición total de la publicidad del tabaco constituye un ataque al régimen de libertad económica. 
Si cae esta primera ficha de dominó, le seguirá toda una serie. 
Quisiera preguntar al Sr. Comisario Flynn si es cierto que existe un documento de la Comisión con la siguiente afirmación: los vehículos a motor se cuentan entre los bienes industriales de adquisición libre que con frecuencia son potencialmente letales. 
Puesto que para intervenciones tan considerables de este tipo no habrá, incluso después del Tratado de Amsterdam, ningún fundamento jurídico europeo en el marco de una política sanitaria, el Consejo y la Comisión recurren, contra su propia convicción, al instrumento armonizador de la competencia. 
Queremos construir un mercado interior y queremos decidir políticamente quién puede hacer publicidad de productos libremente ofertables y quién no. 
Esto de hoy produce precisamente lo contrario. 
Habrá que esperar con suspense las querellas que se plantearán desde los Estados miembros ante el Tribunal Europeo de Justicia. 
Señor Presidente, habitualmente no respondo a la Sra. Jackson, pero sólo quiero recordarle que este debate sobre la publicidad del tabaco se viene manteniendo desde hace más de diez años y no se nos ha vuelto a consultar hasta febrero del año pasado. 
El Sr. Blair, del que ella sugiere que ha venido a la carrera a Bruselas, es Primer Ministro del Reino Unido desde hace bastante menos tiempo. 
Lo que estamos tratando es una directiva europea. 
Felicito al Sr. Cabrol por el trabajo que ha hecho en este tema. 
Personalmente habría ido mucho más allá y, en circunstancias normales, habría preferido ir a la conciliación. 
Sólo la persuasión eficaz del ponente me hace pensar que debemos aceptar la posición común y votaré de acuerdo con esto. 
También debo decir, en términos domésticos, que en el Reino Unido y en la prensa inglesa, se creó la impresión de que habían decidido la prohibición de la publicidad del tabaco el Primer Ministro del Reino Unido y alguien que es responsable de la Fórmula Uno. 
Debo recordar a la prensa inglesa que lo que hoy consideramos es una directiva del Consejo Europeo y también del Parlamento Europeo y, como siempre en los procesos de codecisión, incluso en una segunda lectura, este Parlamento tiene la palabra final, como debe ser. 
Asimismo, me gustaría decir que, dada mi posición, no sólo he consultado a la industria sino también a los sindicatos. 
Me gustaría que no hubiésemos mantenido la discusión sobre el fundamento legal. 
No puedo creer que sea justo que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos se presente en esta ocasión y nos dé un punto de vista diferente, y que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que es la principal en este tema, tenga que ser disuadida de aceptar el dictamen que aceptó en la primera lectura. 
Apoyaré este informe, y lo apoyaré sin enmiendas en la segunda lectura. 
Espero que cuando termine esta sesión ya esté prohibida la publicidad del tabaco dentro de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señoras y señores, siento un gran respeto hacia todos los que están en contra de fumar y pretenden prohibir la publicidad de productos de fumador. 
Pero aquí no estamos decidiendo sobre nuestras convicciones o sobre una resolución política, sino que estamos decidiendo acerca de una propuesta legislativa europea, sobre algo que ha de convertirse en legislación europea. 
Esta Unión Europea es una comunidad jurídica. Sólo puede legislar si ha sido autorizada al respecto en el Tratado. 
Para esta directiva, en opinión de la mayoría de los que se han ocupado de este asunto, no existe precisamente en el Tratado ningún fundamento jurídico. 
Por consiguiente, la Unión se está arrogando un derecho que no tiene. 
Esto se hace patente, por ejemplo, en el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo de 1993. 
En el mismo se dice literalmente lo siguiente: " El Servicio Jurídico extrae la conclusión de que la propuesta de directiva no puede ser aceptada sobre el fundamento del artículo 100a ni sobre el fundamento de otro artículo del Tratado.» 
Este dictamen no se ha visto revocado jamás. Por esta razón, la presente directiva se mantiene jurídicamente sobre unos pies vacilantes. 
A lo sumo podría fundamentarse sobre el artículo 100a si se tratase de una armonización. 
Pero ésta no armoniza sino que prohíbe. 
Del procedimiento queda claro también que se trata de una directiva relativa a la sanidad. Por esta razón se encuentra aquí consecuentemente el Comisario de Sanidad y la defiende. 
Por esta razón también ha aceptado ser responsable sobre el fondo la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores y no la Comisión de la Competencia. 
En resumen, si esta directiva se convierte en texto legal entonces estaremos haciendo, como Parlamento, justamente lo mismo que reprochamos siempre a la Comisión, es decir, arrogarse competencias que son asunto de los Estados miembros. 
Por esta razón, deberíamos reflexionar cuidadosamente sobre esto. 
Señor Presidente, Señorías, pese a las dificultades de carácter jurídico que se puedan crear con la aprobación de esta propuesta de directiva, encaminada a acabar con la publicidad directa e indirecta de los productos del tabaco, no puedo dejar de manifestar mi conformidad con los presupuestos que le dan legitimidad. 
El consumo de tabaco sigue siendo uno de los mayores problemas en materia de salud pública, pues es el responsable de más de 500.000 muertes al año en la Unión Europea. 
Casi el 50 % de todas las muertes por cáncer entre los hombres con edades comprendidas entre los 35 y los 69 años se deben a los efectos del tabaco, sin olvidar su papel como factor favorecedor de la aparición de enfermedades agudas y crónicas del aparato cardio-respiratorio. 
Ahora bien, para que las medidas aquí propuestas resulten más eficaces, hay que incluirlas en una estrategia más vasta que requiere obligatoriamente la prevención del consumo de tabaco mediante campañas que alerten sobre sus perjuicios, dirigidas esencialmente a las capas más jóvenes de la población, y que no se incentive el cultivo del tabaco en los países miembros de la Unión Europea, concediendo a los productores subvenciones que les permitan reconvertir esos cultivos. 
Señor Presidente, una cuestión relativa al Reglamento. 
A la entrada de la Sala se están repartiendo materiales sobre la directiva relativa a la biopatentabilidad. 
Se intenta influir de manera directa a la entrada de la Sala sobre nuestro comportamiento de voto. 
Le rogaría que comprobase si esto es admisible según las normas del Reglamento. 
Yo lo pongo en duda. 
Muchas gracias, señor Nassauer, la mesa toma nota y va a encargar una verificación al respecto. 
Señor Presidente, considero que tienen mayor peso las demandas de los médicos por la salud de sus pacientes que las de las compañías tabaqueras, que procuran justificar el hecho de que el objetivo de su publicidad sean los jóvenes, para atraerlos al consumo de una sustancia adictiva, de modo que reemplacen a los cientos de miles de clientes que matan cada año. 
No necesito lecturas sobre los subsidios a los productores de tabaco, pues me he opuesto a que se acordaran desde que me eligieron para ocupar un puesto en esta Asamblea. 
También rechazo las demandas de la compañías que propagandizan otros productos que usan el mismo nombre comercial que las grandes marcas de cigarrillos. 
Se presenta a personas guapas, jóvenes, atrevidas y elegantes junto al logo de una marca de cigarrillos. 
¿Por qué para promover sus productos no usan un logo independiente, un logo que no se asocie con una mercancía que mata? 
Es absurdo aducir que las normas de la Comunidad determinan que los jóvenes sean el constante blanco de este tipo de publicidad a través de los patrocinadores deportivos y de los productos de diseño especial. 
El Tratado de Roma dice que la Comunidad existe para el bienestar de sus ciudadanos. 
La salud de nuestros ciudadanos tiene que estar antes que los beneficios de las compañías multinacionales. 
Señor Presidente, ésta es, creo, una muy noble iniciativa que muestra a Europa en lo mejor de sí. 
Nos hace ver del lado del bien común, mientras rechazamos las bien financiadas y, a veces, hasta amenazantes campañas de los lobbies del tabaco y de los magnates de los medios. 
Estoy de acuerdo con Dagmar Roth-Behrendt y otros que han hablado aquí: los adultos tienen libertad para dedicarse a fumar o a beber, pero es lamentable que se incite a los jóvenes a empezar a fumar como resultado de las vallas publicitarias y de la publicidad en general. 
La publicidad del tabaco se propone otorgar un encanto al hecho de fumar, pero no hay nada encantador en ello, ni en el cáncer, la bronquitis crónica y todas las demás enfermedades relacionadas con el tabaco, que matan a varios millones de personas todos los años. 
Nuestro siguiente paso debe ser convencer a los jóvenes, en especial a las chicas, de que no emprendan ese camino. 
Sé por las declaraciones que he recibido de profesionales médicos- y quiero darles las gracias por ello- que son más las mujeres jóvenes que hoy sufren cáncer de pulmón. 
O sea que nuestro Comisario, el Sr. Flynn, tiene que recibir nuestras felicitaciones. Pido a Sus Señorías que voten para apoyar la posición común. 
Muchas gracias, señora Malone. 
Quisiera pedir a Sus Señorías el favor de que ocupen sus puestos y permitan que haya las condiciones mínimas para que se puedan oír las palabras del señor Comisario Flynn en las mejores condiciones y con el respeto debido a un Comisario. 
Señor Presidente, doy las gracias a todos los que han contribuido al importante debate de hoy. 
La discusión acerca de la directiva propuesta sobre la publicidad del tabaco es muy significativa, sin duda, y es muy grande el interés público por este debate parlamentario, concretado tras un largo periodo de reflexión en el Consejo, que por fin llegó a una posición común el 12 de febrero. 
El texto de la posición común refleja plenamente el espíritu de la propuesta de la Comisión, o sea que la Comisión pudo aceptarlo tal como es. 
Desde el punto de vista de la Comisión, la posición común representa los acuerdos más satisfactorios posibles para enfrentar el complejo tema de la publicidad de tabaco en el contexto del mercado interior. 
Varios Estados miembros han introducido ya restricciones nacionales o prohibiciones a la publicidad del tabaco, por lo que han surgido problemas prácticos de aplicación, en la medida en que han desaparecido los controles fronterizos del mercado interior. 
Por consiguiente, como en muchos otros sectores de la actividad económica, había que encontrar una solución común. 
El Artículo 100a del Tratado obliga a la Comisión a incluir un alto grado de protección a la salud pública como elemento básico al hacer propuestas para el mercado interior. 
Veo la referencia a buscar una base legal alternativa como una especie de maniobra de distracción en lo relativo a esta propuesta. 
Recuerdo a los miembros de este Parlamento que esta base legal ya se ha usado en el caso de las directivas existentes sobre el etiquetado del tabaco y el contenido de alquitrán. También se ha aplicado para prohibir la publicidad en televisión y la publicidad indirecta. 
Se ha aplicado a la prohibición de comercializar el tabaco de mascar. Se ha usado en la publicidad de otros productos medicinales y está de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Tribunal Europeo sobre otros temas. 
Además, también se ajusta a los últimos dictámenes del servicio legal del Parlamento. 
Algunos diputados han citado el Artículo 129, pero yo digo que este artículo excluye específicamente cualquier armonización de las leyes y regulaciones de los Estados miembros. El Artículo 129 no es un base legal adecuada y por lo tanto ha de rechazarse. 
De otra parte, en 1989, como todos ustedes lo saben, se acordó una prohibición total de la publicidad del tabaco. 
Asociado a este objetivo principal referido al mercado interior, la Comisión ha tenido que considerar un alto nivel de protección de la salud pública. Así nos lo demandan nuestras obligaciones acordadas en el Tratado. 
Esto me lleva al asunto de la prevención del hábito de fumar, que fue el tema de una comunicación en diciembre de 1996. 
Las restricciones propuestas a la publicidad del tabaco han de verse como una parte de un enfoque más general de la Comunidad en lo relativo a lo que, sin duda, es la causa evitable número uno de muerte y enfermedad en Europa, hoy. 
Me gustaría hacerlo constar una vez más. 
Se ha tocado la cuestión de los subsidios al cultivo del tabaco. 
Siempre he estado en contra de otorgar subsidios a los cultivadores de tabaco... 
... y espero que llegue el día en que podamos pararlos. 
No fui capaz de conseguir un acuerdo unánime pero sí de hacer algunos progresos en ese sentido. 
Espero que no esté lejano el momento en que todo el tema se vuelva a revisar y en que el subsidio al cultivo del tabaco, como parte de la política de la Unión, se acabe. 
No tengo que recordar a Sus Señorías el tremendo impacto del hábito de fumar en la salud. 
La Organización Mundial de la Salud estima que la tasa de mortalidad anual por el tabaquismo está en más de medio millón de ciudadanos en la Unión Europea: semejante cantidad de víctimas produce el cáncer por consumo de tabaco, ya se trate de fumadores activos o pasivos. 
Para este Parlamento la cuestión es: ¿puede hacer algo esta Cámara en el campo europeo para invertir esa situación? 
Puede, si vota para apoyar esta posición común y rechaza todas las enmiendas, que sólo son una manera de soslayar la situación y de hacer más difícil la consecución del objetivo que todos sustentamos. 
El Sr. Needle ha expresado algo muy revelador cuando dijo que la Asamblea tiene una rara oportunidad. 
Este momento es el de la verdad para todos los interesados que apoyan lo que esta propuesta quiere conseguir. 
Y no olvidemos que la propia industria tabaquera ha dicho que ve en los jóvenes de entre 14 y 24 años a su clientela de mañana. 
Esto es lo que intenta con la publicidad: llevar a los jóvenes a adquirir el hábito para mantener su mercado y mantener sus beneficios. 
Aquí tenemos que ponerle fin a todo esto. 
La publicidad de los productos que causan tanto sufrimiento y tantas muertes está claramente injustificada, como ya lo han decidido muchos Estados miembros. 
Actuar ahora en el campo de la Comunidad es, creo, oportuno, necesario y enteramente proporcionado al problema. 
Al adoptar esta medida, la Comunidad evitará que se incentive a los jóvenes a iniciarse en un hábito que les ocasionará enfermedades y una muerte prematura. 
Esta iniciativa de eliminar todo incentivo del hábito de fumar es más vital aún si recordamos que la mayoría de los fumadores se hicieron adictos a una edad anterior a los 18 años, sin duda muy anterior. 
Respecto a los futuros ciudadanos de la Unión tenemos la responsabilidad de dar un primer paso para cambiar el curso de los hechos e ir en contra de la muerte por cáncer de los fumadores. 
El Sr. Cabrol, que ha sido el ponente, ya ha identificado con claridad lo que plantea la publicidad del tabaco. 
Lo ha hecho a la perfección en su informe, aceptado sin enmiendas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Muchos miembros de esta Comisión señalaron la importancia de establecer sin demora un sistema comunitario, tal como se decía en la posición común del Consejo. 
Concuerdo por entero en que este compromiso es una solución buena y viable. 
Se funda en un equilibrio- un equilibrio satisfactorio entre los intereses involucrados- y determina el tiempo de transición necesario para que los que se ocupan de la promoción del tabaco busquen otras posibilidades. 
No hay necesidad, y tampoco lógica, de enmendar el texto del Consejo que, además, toma en cuenta los puntos señalados por el Parlamento en su primera lectura. 
Por lo tanto, la Comisión no apoyará ninguna enmienda a esta posición común que, como lo han dicho el Sr. Cabrol y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, es un texto aceptable tal como es. 
La Sra. Oomen-Ruijten y la Sra. Jackson han hablado de publicidad indirecta. 
El objetivo de la posición común en cuanto a la publicidad indirecta es un enfoque estrictamente práctico de un asunto muy complicado: cómo evitar que otros productos se usen para promocionar el tabaco o cómo impedir que el tabaco se promocione usando el nombre de otros productos. 
La posición común también toma en cuenta el caso especial de los productos existentes. En todos estos casos, la posición común establece objetivos muy claros. 
Como todos sabemos, esta directiva pasará a las leyes nacionales según el calendario establecido. 
Es responsabilidad de la Comisión asegurar que estas normas nacionales estén conformes con la intención de la directiva. 
Debo decir a la Sra. OomenRuijten que la Comisión se presentará con informes periódicos, según el Artículo 6, y hará responsables al Parlamento y al Consejo y dará los pasos necesarios para asegurar que la directiva pase y aplique como está estipulado. 
Por último, querría pedir a Sus Señorías que adopten sin enmiendas esta importante documento, que tanta significación tendrá para nuestros jóvenes ahora y en el futuro. 
¡Es esta posición común o nada! 
Esa elección es la que tenemos que hacer hoy y mañana aquí. 
(Aplausos) El Parlamento Europeo se adelanta para dar un paso trascendental e histórico a fin de apoyar su mercado único y proteger a sus ciudadanos. 
¡Pido a Sus Señorías que actúen en consecuencia! 
(Aplausos) 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana, miércoles, a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, antes de que la votación comience, querría llamar su atención sobre el Reglamento de esta Cámara y la avalancha de representantes de intereses presentes en los corredores de la Casa. 
El acoso y los interrogatorios a los diputados en los accesos de esta sala están en contra del Reglamento. 
Se lo pregunto a usted como vicepresidente muy respetado y con mucha experiencia de esta Asamblea y presidente en ejercicio en este momento: ¿ha apartado usted a los servicios de seguridad de la puerta exterior? 
Lo pregunto porque al entrar me pusieron este papel en las manos. 
Soy diabético y, de no ser por la biotecnología basada en el hígado de un pobre e inocente cerdo, hoy sería un hombre muerto. 
Ponga usted fin de inmediato al desatino que se está produciendo en los corredores de este digno Parlamento. 
Señor Killilea, he dado órdenes inmediatas para controlar la presencia de los miembros de diversos grupos " lobby» , pero me cuesta creer que algún colega se vea influenciado en su apreciación por la actuación de tales miembros. 
Señor Presidente, quiero referirme a la misma cuestión de orden. 
Junto a la entrada del edificio del Parlamento hay gente que lleva un uniforme muy distintivo; yo puedo sentir simpatía por su causa, pero los diputados debemos tener la libertad de entrar en esta Cámara sin que haya grupos de presión junto a la puerta defendiendo sus causas, sean cuales sean. 
Esperamos que usted y los funcionarios de la Casa defiendan nuestro Reglamento y nuestras disposiciones. 
Señor Presidente, quisiera enlazar con lo que se acaba de decir. 
Creo que no es la primera vez que se distribuyen octavillas hasta en las puertas del hemiciclo, pero en ello va la dignidad de esta Asamblea. 
Finalicemos aquí estas observaciones. 
Procedamos ahora a las votaciones. 
Votaciones 
Ruego retirar la pancarta del hemiciclo. 
Me veré obligado a interrumpir la sesión si la pancarta sigue allí. 
El Parlamento no puede convertirse en un teatro. 
(La sesión se interrumpe hasta que se retira la pancarta) 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
No quiero interrumpir el procedimiento, pero debo hacerle una pregunta: ¿ha autorizado usted la presencia de esa cámara de televisión y, si lo ha hecho, de quiénes se trata y por qué se les ha dado permiso de filmar una conducta contraria al Reglamento y que se produce en la Cámara, cosa que no jerarquiza para nada al Parlamento? 
Señor Provan, no sé quien ha autorizado la toma televisiva, pero el equipo se ha marchado ya. 
Por lo tanto el asunto está zanjado. 
Señor Presidente, considero injustificado este tipo de preguntas, puesto que en muchas ocasiones hemos visto las cámaras en este Pleno y esas cámaras, cuando están autorizadas, garantizan que los ciudadanos que nos eligieron puedan controlar lo que sucede en este hemiciclo: la garantía de la democracia es un precio que hay que saber pagar. 
Si alguien tiene miedo de lo que hace, entonces no creo que responde a las exigencias de los votos que ha obtenido. 
Si aquí hay alguien que responde a los lobbies de las multinacionales, evidentemente no quiere que se sepa qué está haciendo aquí dentro. 
Creo, sin embargo, que los ciudadanos europeos tienen derecho a saberlo. 
(Reacciones diversas) 
Señor Tamino, las tareas del Parlamento están siempre siendo cubiertas por las cámaras que existen en los lugares adecuados y todos nos encontramos a plena luz. 
No se precisan tomas especiales, hay que cumplir las normas establecidas. 
Señor Presidente, esto es una votación en el parlamento Europeo y, si no me equivoco, en el Parlamento Europeo los miembros de esta Asamblea tienen derecho de voto. 
En esta Asamblea hay manifiestamente un grupo de actores disfrazados. 
Le ruego que se alejen de la votación ,... 
... o que manifiesten qué son, es decir, diputados libremente elegidos a esta Asamblea y no un teatro de marionetas. 
(Aplausos) 
Señorías, hay que cerrar este debate. 
No puedo dar la palabra más que a dos o tres colegas. 
Ahora bien, esta nave ha sido abordada por piratas. 
¿Tiene usted realmente la intención de permitir este acto de piratería de nuestras votaciones, o tiene la intención de comportarse como un capitán de navío triunfante, es decir, procediendo a la expulsión de los piratas? 
Señor Giansily, a mí, igual que a todos, me ha alegrado la manera con la que ha expuesto su observación. 
La pancarta ha sido retirada. En cuanto a la indumentaria de los colegas le diré que es una responsabilidad suya en la que no puedo intervenir. 
Señor Presidente, es terriblemente molesto, aunque se ha retirado la gran pancarta, que las pequeñas pancartas sigan todavía en esta sala. 
Me parece que los miembros del grupo parlamentario verde han de saber que hay más gente en esta Casa que está preocupada con la directiva tal como está redactada ahora. 
Presidente, le ruego por lo tanto que haga retirar también las pequeñas pancartas. 
Señor Presidente, se trata de la dignidad de esta Asamblea, tal como lo estamos oyendo. 
Quisiera decir a uno de los que me han precedido en el uso de la palabra que debería acudir alguna vez a un teatro de marionetas y entonces vería que un teatro de marionetas es un bien cultural de alto valor. 
Pero quisiera otra cosa, en concreto, que el diputado, Sr. Ferber, pida disculpas. 
Si él cree que puede calificar nuestro Grupo como paquete de piratas, eso ya no tiene nada que ver con la dignidad, con la confrontación democrática y con el buen estilo. 
Espero que usted se excuse y si no lo hace, ello hablará por usted. 
(Aplausos del Grupo de los Verdes) 
Señor Presidente, una cuestión de orden. 
He venido a este escaño con la idea de que lo hacía para votar. 
Estamos a punto de votar sobre un asunto de la máxima importancia y debemos hacerlo de un modo calmo, digno y responsable. 
No tiene sentido discutir la forma en que varios diputados de esta Asamblea van vestidos. 
Cada uno tiene el derecho de vestirse como mejor le plazca. 
Si la gente quiere hacer manifestaciones, que las haga fuera, no dentro de este hemiciclo. 
¿Podríamos ahora ocuparnos de la votación? 
Señor de Vries, creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo con sus observaciones. 
Señor Presidente, lo que está ocurriendo es para consternarse. 
Quisiera proponerle que levante la sesión y que pida a nuestros colegas que tengan un comportamiento decente. 
Sobre las enmiendas 6 y 28 
Señor Presidente, ayer se produjeron algunas irritaciones en la discusión de estas enmiendas. 
Se afirmó que no se trataba de enmiendas de la Comisión de Agricultura. 
Ahora bien, en este procedimiento no es posible que una comisión, tampoco la Comisión de Agricultura, presente una enmienda. 
Por esta razón, hemos elegido la vía de que yo, como ponente de esta cuestión, recabase firmas individuales de miembros de la Comisión de Agricultura y éstas se encuentran en la lista que figura detrás de las enmiendas. 
Por lo demás, nuestra comisión ha escrito una carta a la Comisión de Asuntos Jurídicos en la que se pone de manifiesto que nuestros intereses- se trata aquí del derecho de los campesinos y de las campesinas a seguir criando animales y cultivando plantas- están en juego. 
Sólo he querido hacer reflexionar una vez más sobre esto. 
(El Sr. Presidente declara aprobada la posición común) 
Señor Perry, no podemos de forma continua volver a debatir ni dar la palabra a los colegas. 
En cualquier caso, tomo nota de su observación. 
(Algunos diputados del Grupo de los Verdes agitan banderas piratas) 
Señor Presidente, en el caso en que no lo supiera, el pabellón negro, en términos de derecho internacional, tiene un sentido preciso. 
Es el símbolo del rechazo de la ley. Por ello, lamento que algunos de nuestros colegas hayan elegido ese modo de expresión en este Parlamento, y por ello me parece vergonzoso que haya permitido celebrar una votación con un símbolo así. 
(Vivos aplausos) 
Señor d ' Aboville, cada uno tiene el derecho a tener opinión y apreciación propia. 
Señor Presidente, como el Sr. Perry ha tenido la amabilidad de mencionar mi nombre, permítame advertirle que, si él quiere seguir y adoptar mis principios en estas cuestiones, tendría que ir más lejos aún. 
La gente trabajadora de mi país, y estoy seguro que la de todos los países europeos, puede reconocer a los tories conservadores, porque siempre llevan el mismo uniforme: ¡por lo general, trajes cruzados y a rayas! 
Señor Falconer, no creo que debamos efectuar observaciones acerca del modo de vestir, pero no estoy seguro si es correcto todo lo que ha dicho pues hay más personas vestidas con los trajes a los que ha hecho referencia. 
En el mismo sentido de otros intervinientes, señor Presidente, invocando el artículo 19, aunque fuera de tiempo puesto que la votación ya ha tenido lugar, junto con el artículo 109, sólo quiero añadir a lo que se ha dicho que esperemos que en alguna otra ocasión alguien no nos recuerde este precedente para justificar la utilización de algún otro símbolo en este hemiciclo. 
Los símbolos no son un disfraz, no son una forma de vestir, son símbolos y los símbolos tienen una lectura, esa es nuestra cultura y esa es nuestra civilización. 
Gracias. 
Presidente, si se vota en esta sala sobre una enmienda y esa enmienda consigue una mayoría, entonces se ha adoptado. 
No había visto nunca aquí que se vote sobre una enmienda y que se diga después: es el párrafo original el que votamos. 
No puede ser. 
Va en contra de las reglas de esta Asamblea. 
Señora Aelvoet, se ha votado una parte de la enmienda que no afectaba a todo el texto. 
El ponente tenía la opinión que se debería votar también el original. Dicha opinión ha sido aceptada por la Mesa. 
Señor Presidente, sólo quisiera aclarar que la enmienda o la parte de la enmienda que se ha aprobado aquí debe ser corregida en su texto originario. 
Señor Swoboda, esa ha sido también mi apreciación. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución) 
Señor Presidente, quisiera, si me lo permite, hablar simultáneamente de los dos informes, del informe de la Sra. Palacio y del informe del Sr. Wijsenbeek. 
Nuestro grupo, efectivamente, se ha pronunciado a favor de las conclusiones que contienen ambos informes, lo que no impide algunas reservas que quisiera exponer. 
Estamos en un caso particular, el de la constitución portuguesa, que establece, en su artículo 157, un régimen de inmunidad especialmente protector para los diputados. 
Debo recordar que el párrafo 2º de este artículo 157 dispone, en efecto, que los diputados no podrán comparecer como testigos ni como acusados sin autorización de la Asamblea, siendo obligatoria la decisión de autorización, en el segundo supuesto, cuando existan claros indicios de comisión de delito castigado con pena mayor cuyo límite máximo sea superior a tres años. 
Este Parlamento, siguiendo en esto a la Comisión de Reglamento, está preocupado por señalar «el carácter autónomo de la inmunidad parlamentaria europea con relación a la inmunidad parlamentaria nacional». 
Decimos que se pretende establecer las bases de una verdadera inmunidad europea, que culmine en la igualdad entre sus miembros, cualquiera que sea el estatuto nacional. 
Quisiera decir en este sentido que esto, como ocurre con frecuencia, es sólo un deseo bondadoso y las declaraciones de la mayoría de este Parlamento no podrían en el momento actual suprimir el carácter nacional del estatuto de diputado, y no existe un carácter europeo de la inmunidad, o de carácter autónomo. Eso depende. 
Esta posición, por otra parte, y ésta es mi tercera observación, lleva a la Comisión de Reglamento a proponerles un dispositivo que la mayoría ha aceptado por desgracia hace unos momentos, y no está en absoluto conforme con nuestro reglamento. 
El párrafo 4º del artículo 6 sólo prevé propuestas tendentes a la adopción o al rechazo de la solicitud de inmunidad, al poder la recomendación ser eventualmente escindida si hay varias bases de acusación para la solicitud de suspensión de la inmunidad. 
Estipula por otra parte que «el informe de la comisión podrá proponer que se conceda la suspensión de la inmunidad únicamente a efectos del ejercicio de la acción penal, sin que pueda adoptarse contra el diputado, mientras no recaiga sentencia firme, medida alguna de detención, etc.» 
No está previsto en absoluto, señor Presidente, que se haga lo que hemos adoptado hace unos momentos, es decir, decidir no estatuir sobre la solicitud y, con el fin de poder apuntalar el expediente de solicitud de suspensión de la inmunidad, no oponerse a que el Sr. Rosado Fernández comparezca de la misma manera que el Sr. Campos, ante el magistrado competente. 
En realidad, pues, y esto es lo que ha aprobado nuestro grupo, hemos suspendido la inmunidad en el sentido de la constitución portuguesa, es decir, que hemos permitido a los interesados comparecer ante las autoridades judiciales portuguesas. 
No lo hemos dicho, lo cual no quiere decir que no lo hayamos hecho. 
No será redactando como se ha redactado el párrafo 2 de nuestra decisión como suprimiremos este carácter de suspensión de la inmunidad parlamentaria. 
Sobre el informe Wijsenbeek (A4-0152/98) 
La Comisión, a través de su comunicación interpretativa para promover la aplicación de la segunda Directiva bancaria, además de incumplir el procedimiento legislativo oficial está fomentando la desregulación del mercado bancario y está limitando los derechos de soberanía de los Estados miembros. 
Dicha comunicación se engloba en el marco de la política general de la U.E. que está definida por la globalización del mercado único interior y la adopción de la moneda única. 
La Comisión, incumpliendo de manera flagrante el proceso legislativo regular, empieza a sobrepasarse en sus competencias y a infringir el principio de separación de poderes a costa de los derechos de los Estados miembros. 
Su derecho a redactar comunicaciones interpretativas está limitado a asuntos ejecutivos que sean de su competencia (como las subvenciones estatales y la política de competencia) , en cambio, el derecho de interpretación del derecho primario y derivado es competencia del Tribunal de Justicia. 
Teniendo en cuenta que un proceso similar se está desarrollando también en el ramo de los seguros tememos que se está intentando, de facto, encauzar y apartar las objeciones de los Estados miembros. 
Además, se pueden plantear más cuestiones si tenemos en cuenta que, como señala la propia Comisión, sus interpretaciones no vinculan a los Estados miembros ni presuponen la posible postura del Tribunal de Justicia. 
Sin ninguna duda, el progreso tecnológico y especialmente los retos que plantea la sociedad de la información crean la necesidad de adaptar la legislación. 
Tomando como ejemplo el desarrollo de los servicios a distancia a través de medios informáticos se hace necesario aclarar los conceptos que permitan una interpretación flexible y adoptar criterios claros para determinar, por ejemplo, el " lugar» de la prestación del servicio. 
Pero dichos criterios no pueden establecerse de forma unilateral y arbitraria, deberán ser resultado del acuerdo y no podrán violar los principios fundamentales del derecho privado internacional teniendo en cuenta las importantes consecuencias que supone determinar, entre otros asuntos, el derecho aplicable, el régimen fiscal, etc. 
Manifestamos nuestra preocupación especialmente por las orientaciones de la Comisión y también por las del Tribunal con normas de " interés general» y el fomento de la supresión del procedimiento de notificación en caso de prestación de servicios. 
La segunda Directiva bancaria establece que la entidad financiera que ejerza su actividad en el territorio de otro Estado miembro en un marco del reconocimiento mutuo, es decir, mediante una sucursal o bajo el régimen de libre prestación de servicios, deberá cumplir las disposiciones de interés general que estén vigentes en dicho país. 
Desde entonces las instituciones de la U.E. están efectuando esfuerzos sistemáticos para elaborar criterios de evaluación de las normas del derecho interno cada vez más amplios y más complejos en aquellos sectores que no hayan sido cubiertos por la normativa comunitaria. 
Este proceso, que supera incluso a las disposiciones y a los objetivos de las directivas para la liberalización de los servicios bancarios va a conducir a una notable disminución de los derechos del estado de acogida, limitando su derecho de control y condicionando su legislación a la aceptación por parte de los banqueros y de las instituciones de la U.E. De este modo se va a incumplir también al conocido principio de la igualdad de trato y sitúa a los bancos extranjeros en un régimen más favorable ya que no se les exime de la obligación de cumplir una serie de normas legislativas vigentes para los bancos nacionales que se rigen por el derecho interno. 
En consecuencia, supone la concesión de primas a los bancos de los Estados miembros que establecen condiciones y diligencias administrativas y legislativas más suaves. 
En una economía unificada esta situación conduce, de facto, a una reducción de la protección del consumidor. 
A escala institucional este proceso se interpreta como una intervención de la U.E. en sectores que fundamentalmente están regulados por los Estados miembros como es el derecho civil (y especialmente el derecho de obligaciones) y el de enjuiciamiento, sin previa armonización y, por lo tanto, sin fundamento jurídico. 
Nosotros consideramos que cada país debería poder elegir las normas a aplicar a todos los que ejerzan actividades económicas en su territorio, y, de forma paralela, debería estar en situación de asegurar la posibilidad de llevar a cabo un control eficaz por parte de las autoridades competentes, como medio para garantizar el funcionamiento correcto del sistema bancario y proteger el interés general. 
Estamos en desacuerdo con las propuestas para una aplicación flexible del procedimiento de notificación en caso de prestación de servicios en otro Estado miembro y todavía más con cualquier intención para suprimirla. 
Además, consideramos que la captación de clientes de los servicios a distancia no puede estar desvinculada de la obligación de notificar. 
Por ello, las autoridades que lo supervisen han de estar informadas para que les sea más fácil ejercer sus funciones de supervisión y llevar a cabo su misión. 
Las actividades citadas son normalmente el prólogo de una penetración más sistemática en el mercado del país en cuestión. 
El procedimiento de notificación debería cumplirse incluso en casos de prestación de servicios que han desmaterializado sus tareas sin necesidad de traslados, como son los que se prestan a través de Internet. 
Porque, a pesar de que el agente que presta el servicio no se encontrase en el país del comprador, el lugar en el que " en realidad se presta» ese servicio es dicho país y por lo tanto se trata de un caso claro de prestación de servicio en otro Estado miembro. 
Cualquier otra interpretación conduciría a debilitar el procedimiento en cuestión por la expansión continua de los servicios a distancia. 
Por esas razones, es decir, por lo inaceptable del procedimiento y por la orientación promovida en la interpretación de la segunda Directiva Bancaria, no podemos votar a favor del informe. 
Señor Presidente, el hecho de que esta directiva sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, que ha sido aprobada ahora por el Parlamento, sea mejor que la que tratamos la primera vez en el Parlamento y que luego rechazamos, se debe a los que entonces votamos esencialmente contra esta directiva. 
Nos hemos preocupado de realizar mejoras y yo soy de la opinión de que el texto que ahora se ha aprobado no es comparable con el que rechazamos en aquella ocasión en el Parlamento. 
Sólo que creo que deberíamos haber agotado el procedimiento y lo que aprobamos por mayoría aquí en el Parlamento en la primera lectura deberíamos haberlo confirmado una vez más en la segunda lectura para iniciar luego un procedimiento de concertación con el Consejo, en el cual tendríamos todavía enormes posibilidades de precisar y de llevar a cabo posiciones que aprobamos por mayoría en el Parlamento en la primera vuelta. 
En este punto el Parlamento no ha agotado todas sus posibilidades y nos hemos colocado en una mala posición frente al Consejo y a la Comisión, en la que siempre hemos de procurar fortalecer la posición del Parlamento Europeo. 
No hemos aprovechado esto esta vez y por esta razón he votado también en contra. 
Señor Presidente, he votado algunas de las enmiendas a esta directiva. Encuentro sumamente ofensivo que la Sra. Breyer piense que cualquiera que apoye algún cambio en esta directiva carece, en cierta forma, de capacidad de juicio moral sobre ella. 
Ninguna directiva me ha preocupado más ni me ha provocado mayor angustia a la hora de llegar a una decisión. 
Ha habido duras críticas a los representantes de los de interés. 
Sin embargo, por alguna razón, los que representan los intereses del grupo de la Sra. Breyer no son representantes de intereses y, al parecer, los que tienen un punto de vista distinto al de ellos son los que representan intereses y, por lo tanto, así se les echa en cara. 
He hablado con muchos de los grupos de pacientes de los que se dice que se oponen a esta directiva, y me han dicho absoluta y categóricamente que se usaron sus nombres sin su consentimiento. 
En esta directiva hay muchos campos que han provocado preocupación en nosotros. 
No creo que mi voto de hoy haga peor al mundo en que vivimos. 
Espero que reconozcamos que se pueden alcanzar logros médicos significativos a través de la biotecnología. 
También yo tengo motivos para estar agradecido a los avances biotecnológicos, pues soy un diabético y dependo de la insulina. 
Me alegra que no tengamos que matar 50.000 cerdos a la vez para obtener la insulina. 
Gracias a la biotecnología, la insulina se produce ahora de un modo mucho más seguro, uniforme y estable. Estoy agradecido por ello. 
Ayer, el Comisario Monti me ha convencido con sus seguras palabras de que el comité de ética en biotecnología será serio y el Parlamento podrá trabajar con él de manera regular. 
Señor Presidente, quisiera decir algo relativo al Reglamento. 
Hace poco me acerqué a la Mesa y quería inscribirme para emitir una explicación oral de voto no sólo sobre el Informe Pirker, sino también sobre el Informe Rothley. 
En ella se me dio la falsa información de que solamente había explicaciones de voto por escrito. 
Pero supongo que lo que rige para mis colegas rige también para mí y me gustaría hacer una explicación oral de voto. 
(El Presidente: ˇNo! ˇNo!) 
Se me ha dado una información falsa. 
Se me ha dicho que en la segunda lectura sólo hay explicaciones de voto por escrito. 
Pero una vez que la Sra. Breyer, la Sra. Banotti y muchos otros han realizado explicaciones orales de voto insisto en poder hacer también mi explicación oral de voto en el marco de la igualdad de trato. 
Señor Posselt, no hay ninguna disposición explícita en los artículos del Reglamento. 
Pero sí hay una práctica parlamentaria y a ésa es a la que se han referido nuestros colaboradores de la Mesa. 
La práctica parlamentaria establece que no haya explicaciones de voto en tales casos. 
En este caso y dado que el asunto era muy delicado y había muchos colegas que deseaban expresarse, me he permitido interpretar de otra manera la práctica parlamentaria. 
Tengo ese derecho porque no hay ningún artículo del Reglamento que me obligue hacerlo de una u otra manera. 
De modo habitual sigo la práctica parlamentaria pero en este caso he considerado oportuno que debía desviarme así que le daré la palabra, como ya hice con los demás colegas. 
Señor Presidente, primero quiero que conste en el procedimiento de hoy del Pleno que hubo muchas críticas a mis colegas del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo por vestirse como piratas. 
Sin embargo, en la galería del público había gente, tal vez pagada por las compañías farmacéuticas y por quienes esperan beneficiarse de esto, que vestía uniformes en los que se proclamaba el ridículo lema " Patentes para la Vida» , y a eso no se hizo ninguna alusión. 
No está bien que se permitiera a esa gente que mostrara tal lema de ese modo peculiar. 
Ésta es una jornada negra para Europa. 
No se trata de la única directiva europea de patentamiento, y hoy hemos abierto una caja de Pandora: nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos lo lamentarán profundamente. 
Hemos dado nuestra autorización para que las grandes compañías multinacionales expolien, se jueguen sin reparos y pierdan los recursos genéticos del mundo. 
Una y otra vez las Sagradas Escrituras nos advierten contra lo que se llama confusión genética. 
La decisión de hoy da luz verde a la mezcla y mutación industrializada de genes de especies no relacionadas entre sí. 
No tenemos un marco ético o moral que sea aplicable. 
Ni siquiera tenemos un comité ético elemental. 
Durante mucho tiempo nosotros pagaremos un alto costo por esto, y en tanto algunos países capitalistas obtendrán enormes beneficios. 
Señor Presidente, como he dicho, no he querido criticar a nadie, sino que he querido solamente un igual derecho para todos. 
Junto con nuestro colega, el Sr. Graefe zu Baringdorf, soy de la opinión de que se ha logrado mejorar esta directiva en puntos sustanciales. 
Creo, yendo incluso más lejos de su opinión, que se ha logrado mejorarla de manera extrema y me siento orgulloso de haberme contado entre quienes entonces se opusieron con todas sus fuerzas en la primera vuelta. 
En aquella ocasión se afirmó que si decíamos no, jamás habría un fundamento jurídico, no habría ninguna directiva, mejor una mala regulación que ninguna regulación. 
Todo aquello ha resultado ser falso. 
Hoy tenemos una directiva notablemente mejor. 
Sin embargo, yo habría preferido que en una serie de puntos, entre ellos, sobre todo, las cuatro enmiendas sobre la protección de embriones, hubiéramos hecho lo que ha propuesto nuestro colega el Sr. Graefe zu Baringdorf, es decir, habría preferido agotar el procedimiento. 
Soy de la opinión de que debíamos haber aceptado una serie de enmiendas y, por esta razón, he votado a favor de una serie de enmiendas. 
El informe Rothley es muy complejo, con grandes repercusiones en el futuro. 
Comprende no sólo la posibilidad de coordinar y unificar los sistemas de patentes dentro de los países comunitarios sino también riesgos morales y éticos que, en nuestra opinión, han sido tratados demasiado injustamente. 
Deseábamos que la demanda de creación de un comité ético especial para asuntos de biotecnología se hubiese cumplido; opinamos que los efectos para los países del tercer mundo son todavía difusos y creemos que no se ha tomado suficientemente en cuenta la diversidad biológica. 
Nuestro recelo no significa que nos oponemos a la creación de un sistema europeo común de patentes, también podemos ver que se necesita. 
Pero todavía el informe exhibe signos de interrogación que nos hacen dudar profundamente sobre nuestro apoyo al informe en su totalidad. 
Podemos comprobar que la gran mayoría de las enmiendas que el Parlamento Europeo propuso en el primer tratamiento han sido aceptadas por el Consejo. 
Apoyamos en esta votación dos propuestas de enmiendas, las propuestas 10 y 25 sobre marcación de origen. 
No consideramos que sea necesario establecer un comité especial de ética sino que compartimos el criterio del Consejo que esas tareas pueden ser realizadas por el comité existente. 
Aunque esas propuestas de enmienda no alcanzasen la mayoría necesaria, vamos a apoyar el informe en la votación final, y por lo tanto la propuesta del Consejo, ya que consideramos que es importante que consigamos una reglamentación de las patentes en este ámbito. 
El balance actual de las invenciones biotecnológicas es impresionante. 
El objetivo de la directiva propuesta es estimular la investigación para la mejora de la salud y de la alimentación humana y reducir los efectos perversos o imprudentes que podrían amenazar colectiva o individualmente a los seres humanos pero también a la naturaleza viva (animal o vegetal). 
La patentabilidad sólo es un medio. 
¿Será eficaz? ¿Constituirá un buen engranaje? 
Hasta hoy nadie puede responder a esta pregunta por dos razones: 
Las biotecnologías han progresado de forma explosiva en el transcurso de estos últimos decenios y esta progresión no ha terminado. 
Todos los días aparecen nuevas vocaciones y se engranan nuevos resultados. 
Es necesario por tanto permitir a los investigadores que prosigan su trabajo y eviten que un monopolio no choque con los intereses legítimos de los diversos grupos de investigación que intercambian a nivel mundial informaciones, productos y cepas según una deontología que se han dado libremente y que ha dado prueba de su eficacia. 
Evidentemente, es preciso erradicar el pillaje que los amenaza; -Con mucha frecuencia en el ámbito de la bioquímica de los seres vivos, la discreción y la protección pasiva de las capacidades han constituido el único modo de protección, que se ha revelado más eficaz que una patente que algunos expertos sin escrúpulos se afanan por soslayar.Teniendo en cuenta lo expuesto, creo que la aprobación de la directiva propuesta en segunda lectura constituye una respuesta aceptable y razonable a las preocupaciones de los investigadores y que un período de evaluación permitirá valorar la pertinencia de las patentes en el ámbito de la biotecnología. 
Deseo que esta evaluación exista, y ésta es la razón por la cual doy mi apoyo a la recomendación del ponente, en su estado actual. 
La posición común contiene, ciertamente, mejoras frente a la primera propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, faltan todavía disposiciones relativas al aseguramiento de la prueba de origen del material obtenido mediante técnica genética, lo cual es especialmente importante de cara a la diversidad de las especies y a la protección de los animales. 
En el ámbito de la agricultura son necesarias también algunas mejoras en el ámbito de la cría. 
Falta un artículo sobre una comisión de ética, creada especialmente para las invenciones biotecnológicas. 
Lamento que tan pocas diputadas y diputados hayan dado su conformidad a las enmiendas. 
No es correcto otorgar patente a la vida, a los componentes de la naturaleza. 
Son recursos naturales comunes a los que todos debemos tener acceso y nadie debe monopolizar. 
Por eso, no se necesita ninguna directiva comunitaria que dé derecho a patentar genes humanos, células, plantas o animales. 
En la postura común del Consejo muchas de las propuestas de enmienda del Parlamento, que estudiamos en julio del año pasado, se han modificado haciéndolas peores. 
La afirmación del Consejo en cuanto a que se han seguido las sugerencias del Parlamento, más tajantes en cuanto al rechazo a patentar la vida, es, en consecuencia, falsa. 
Por eso he votado para que se reinserte la propuesta de enmienda originaria sobre el rechazo a patentar la vida, igual como voté en el primer informe. 
Esta directiva tiene que conseguir el equilibrio entre las necesidades de la industria y las inquietudes generales de toda la población. 
La biotecnología tiene la posibilidad de hacer mucho bien en el tratamiento de las enfermedades genéticas. 
El trabajo pionero desarrollado en el Roslin Instituye, cerca de Edimburgo, en mi circunscripción, es un buen ejemplo. 
La introducción de un gen humano en una oveja programa al animal para que produzca en su leche una proteína humana aplicable al tratamiento del enfisema y la fibrosis cística. 
La posición común permitirá que los científicos e investigadores y quienes los financian obtengan una rentabilidad razonable de su inversión. Esto es auspicioso. 
Sin embargo, no estoy convencido de que la posición común haya hecho lo bastante como para responder a las genuinas inquietudes que se han expresado sobre los desarrollos en este campo. 
Me habría gustado que la posición común fuese más clara acerca de la necesidad de una distinción firme entre descubrimiento e invención. 
Creo que debemos tener un comité de ética independiente que se ocupe de las solicitudes de derechos. 
Se necesita un consentimiento previo en cuanto al material obtenido de seres humanos o proveniente de países del tercer mundo. 
Por último, la posición común tendría que ser más clara al declarar que el sufrimiento animal debe ser proporcionado al beneficio humano real. 
Aunque reconozco que se trata de un intento genuino de hallar un compromiso entre intereses dispares, no puedo apoyar la posición común en su forma presente. 
Nos encontramos de nuevo ante esta directiva sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y, con ella, de todo el debate legítimo entre, por una parte, la preocupación de la industria farmacéutica europea por no verse privada de los medios técnicos, cuya utilización no se ha negado a los competidores de los Estados Unidos, pero, por otra parte, también, la necesidad de evitar las derivas que, en nombre de la competitividad necesaria, van a hacer que se incline hacia la monstruosidad escandalosa. 
En este sentido, si la patentabilidad de los seres vivos puede provocar angustia con la intrusión del mercado en este ámbito en el que algunos ven un aspecto sagrado, la utilización de embriones humanos «para fines industriales y comerciales» no puede ser aceptada. 
Ni siquiera sin el fumígeno impostor de comités de ética. 
De hecho, el problema es menos complejo de lo que parece si se enumeran en primer lugar los principios y las necesidades, y se jerarquizan posteriormente. 
La enumeración de los parámetros es la siguiente, sin orden jerárquico: no obstaculizar la investigación, en razón al suplemento de bienestar que puede aportar al hombre, tal como confirman los fulgurantes progresos de la medicina desde la revolución de Pasteur; no dificultar nuestras industrias punta, sobre todo en el importantísimo sector farmacéutico, donde cualquier medicamento es ante todo materia gris; no tocar el derecho histórico del campesino a reutilizar los productos de la tierra; no tocar el aspecto sagrado, sin el cual no hay sociedad, y lo sagrado son los seres vivos; no infligir sufrimientos inútiles a los animales. 
Así, una vez enumerados los parámetros, la jerarquía es fácil. 
En la cima, está el aspecto sagrado, es decir, los seres vivos, y en primer lugar, el embrión. 
Es preciso conocerlo, estudiarlo. 
El mercado se detiene donde comienza lo sagrado. 
Se evitarán así las derivas, que van desde la utilización de cadáveres de bebés con fines experimentales, para probar estúpidamente los asientos de los coches. 
A continuación, el campesino tiene derecho a volver a sembrar sin tener que pagar derechos. 
De otro modo, sería la vuelta al estatuto jurídico de los siervos, con los gigantes de la agroquímica como señores y sangradores. 
Una vez recordadas las normas superiores, el campo restante ha de abrirse a la ciencia, al progreso y a los beneficios que la ciencia aporta a la Humanidad. 
Voto en contra de esta propuesta por muchas razones. 
El Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo invariablemente ha trabajado para suavizar los peores defectos de esta directiva, pero la posición común es inaceptable en su forma actual. 
La negativa del ponente, Willi Rothley, a admitir errores en el texto, a pesar de que es muy evidente que las enmiendas del Parlamento en la primera lectura se han ignorado o tergiversado hasta dejarlas irreconocibles, produce honda preocupación, y habrá que considerar que el proceso democrático ha fracasado, si la posición se refrenda en el Pleno. 
En opinión de médicos e investigadores de la medicina, la directiva asfixiará la investigación y multiplicará los costos de los tratamientos. 
El Manchester Regional Genetics Centre ya ha recibido pedidos de pagos por derechos para cuando haga las pruebas del gen de la fibrosis cística. 
El hecho de patentar los genes reducirá la colaboración entre los científicos y aumentará los costos para las fundaciones de beneficencia que se ocupan de enfermedades genéticas demasiado raras como para resultar comercialmente interesantes. 
Las empresas dueñas de derechos tendrán un monopolio sobre una parte de la humanidad. 
Las grandes empresas se han visto involucradas en técnicas publicitarias poco limpias, como la protesta de un grupo de personas en sillas de ruedas, que presuntamente tenían los gastos pagados y habían recibido " regalos en especie» de Smithkline Beecham. 
La vida no es un bien que se pueda comprar y vender. 
La gran industria alega que la directiva aumentará la producción de alimentos. 
Cuando ya se produzcan bastantes alimentos, la directiva hará que los agricultores tengan que pagar derechos por las semillas y obligará a adoptar una agricultura de monocultivo más costosa. 
Con la actual formulación de la directiva, sólo se puede denunciar una patente en caso de que se pueda demostrar la probabilidad de sufrimiento físico de un animal: ni siquiera se acepta la prueba de una minusvalía física. 
Los genes y embriones humanos, los animales y las plantas se podrán patentar todos, continuará el robo legalizado de los recursos genéticos de los países en vías de desarrollo y los agricultores sufrirán una seria desventaja. 
El artículo 5 " al parecer permite y excluye a la vez el patentamiento de cadenas génicas humanas» , según la opinión de la British Society for Human Genetics, es decir, de los médicos clínicos que tendrán que trabajar con este texto, y es un ejemplo de primera línea acerca de la forma en que la lógica y el sentido común se han visto corrompidos. 
El Convenio Europeo sobre Patentes, en su artículo 52.4, prohíbe las patentes de tratamientos quirúrgicos y terapéuticos y de métodos de diagnóstico por razones de política pública y por la libertad de los médicos, si bien esto se reconoce en un considerando (35) y se niega en otro (42). 
El artículo 6 prohibirá las patentes en " procesos de clonación de seres humanos». 
La definición de tales procesos se ha extraído de los artículos e insertado en los considerandos (no preceptivos) , lo que es un lugar extraño para un tema tan importante y controversial. Así se deja abierta la puerta para patentar los procesos de clonación de todo lo que sea menos que un ser humano completo. 
El Parlamento incluyó en la primera lectura una declaración inequívoca en la que dice que todos los métodos en los que se usen embriones humanos no se podrán patentar. 
El texto de la posición común lo ha matizado de modo que se dice que sólo los usos industriales o comerciales son los que no se pueden patentar, lo que deja la puerta abierta para las patentes de modelos de investigación en los que se usen embriones. 
La biopiratería es la expropiación y comercialización no autorizadas de material genético sin el correspondiente consentimiento previo del donante. 
Dar el consentimiento para una donación de material genético para la investigación médica no es lo mismo que consentir que se comercialice cualquiera de los productos resultantes. 
El Parlamento reconoció este problema en su enmienda nº 76, que introducía un nuevo artículo para exigir el acuerdo voluntario y previo de la persona donante, como condición previa para solicitar una patente. 
La posición común ha eliminado esta disposición y la ha sustituido por un mero considerando, pobremente formulado, en el que se pide " una oportunidad» para dar ese consentimiento, a la vez que se citan los problemas de protección de datos como el motivo para rechazar el texto del Parlamento. 
No hay ninguna directriz para el caso de que esa " oportunidad» no se considere o se rechace. 
El Parlamento votó a fin de que se ampliara la dispensa concedida a los agricultores para que usaran las semillas cosechadas en sus tierras y criaran ganado de raza, porque la propuesta original de la Comisión era muy limitada técnicamente. 
La posición común vuelve a imponer la mismas restricciones, desafiando los puntos de vista de los agricultores. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ignoró una petición de la Presidencia de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural para restablecer esas enmiendas. 
Aun cuando reconozco que la posición común implica una mejora en la propuesta que se nos presentó la última vez que debatimos la patentabilidad de los productos biotecnológicos, me preocupa que los asuntos éticos no se hayan resuelto por completo. 
Cuando se trata de un asunto de dimensión ética, no basta con tan sólo pedir un equilibrio liso y llano entre las necesidades de una industria dada y las inquietudes morales. 
El equilibrio tiene que inclinarse siempre del lado de esas inquietudes morales, y por ello he apoyado las enmiendas, en especial las que presentaron los miembros de mi grupo, que tratan de fortalecer los controles éticos. 
Como cualquier otro diputado, siento simpatía por los grupos de pacientes que han insistido en que se acepte el informe sin enmiendas. 
Es comprensible que esos grupos quieran ver el asunto zanjado lo antes posible. 
Sin embargo- y lo lamento -, no puedo aceptar el argumento de que ya no se necesita la conciliación. 
Está claro, por la cantidad de inquietudes despertadas, que la dimensión ética tiene que estar asegurada, pues de otro modo nos enfrentaremos con enormes dificultades en el futuro, dificultades que no beneficiarán a nadie y menos que a nadie a todas las personas representadas por esos grupos de pacientes. 
Comparto el criterio de muchos diputados, cuando afirman que las necesidades de los agricultores no están contempladas adecuadamente en la posición común. 
Parece haber un error fundamental acerca de cómo se trabaja la tierra. 
Es absurdo imponer una sanción financiera a los agricultores simplemente porque ellos quieren seguir con sus prácticas innovadoras, como lo han hecho durante siglos. 
Rechazo con énfasis esas disposiciones que eliminan el " privilegio de los agricultores». 
Hace más de diez años que están en marcha los debates sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
Resulta totalmente paradójico que las instituciones internacionales, en particular la Organización Mundial del Comercio, consideren posible la protección jurídica de la biotecnología mientras que no consideran más que el producto alimentario como tal, y ello, sin tener en cuenta procesos de fabricación. 
El ejemplo nos lo da en estos momentos la carne con hormonas, para la cual la prohibición de importación en la Unión Europea se considera condenable. 
En el ámbito de la agricultura, la protección jurídica de la biotecnología no ha de hacerse en detrimento de lo que se llama abusivamente «el privilegio del agricultor». 
Es en ese sentido como nuestro grupo ha presentado la enmienda 6 y ha confirmado las enmiendas 28, 29 y 30. 
En efecto, de siempre, los agricultores han podido hacer su propia semilla y han desarrollado un circuito específico que son los granos con destino a siembra en la propia explotación. 
Ya recientemente, la Comisión ha subordinado las ayudas a la producción de trigo duro a la utilización de semillas certificadas, provocando con ello un incremento de los costes de producción para los agricultores. 
En consecuencia, se puede constatar una disminución de las siembras de trigo duro en las zonas de producción llamadas «no tradicionales» y que sólo disfrutan de una ayuda reducida a la producción. 
El «privilegio del agricultor» , es decir, la producción de granos con destino a siembra en la propia explotación y la producción propia de semillas es la mejor barrera posible contra el desarrollo de semillas genéticamente modificadas. 
En efecto, su bajo coste de producción obliga a las empresas productoras de semillas (multinacionales) a aprovecharse de forma abusiva de su posición dominante en el mercado. 
Votamos a favor de una serie de enmiendas al informe del Sr. Rothley sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 
Hicimos esto en un intento por llevar la directiva al Comité de Conciliación, puesto que nos parece un mal texto. 
Hay al menos tres grandes problemas con la directiva, tal como está ahora, después de que el Parlamento haya rechazado todas las enmiendas: El requisito de certificado de origen no está incluido de forma aceptable, el Farmers ' Privilege no está asegurado y la posibilidad mediante el artículo 5 de patentar genes- y no sólo la aplicación- es sumamente censurable. 
Cada uno de estos problemas representa en sí mismo razón suficiente para rechazar la posición común adoptada por el Consejo, sin embargo, esto lamentablemente no se logró. 
La aprobación del informe del Sr. Rothley es en nuestra opinión una decisión irresponsable. 
He apoyado la mayoría de las enmiendas al informe del Sr. Rothley. 
Escuché con respeto muchas de las argumentaciones expuestas para sustentar la posición común, incluidas las representaciones de mi sindicato, M/F., y de la Asociación de Bioindustria del Reino Unido, y también las del Sr. Rothley y de otros miembros del Parlamento Europeo. 
Reconozco el potencial que tiene la biotecnología para curar trastornos genéticos y para crear empleo en Europa. 
También comprendo que otorgar una patente no es algo que, en sí mismo, permita el uso del producto patentado. 
Muchas de las presiones de uno y otro lado han sido poco claras e incluso, en ciertos casos, hasta deshonestas. Esto no ayuda en nada a los representantes de los diversos intereses, y tampoco a los diputados de este Parlamento, que procuran establecer una posición en un campo de extraordinaria complejidad, en el que hay temas legales, científicos y éticos, además de no pocos problemas políticos. 
Las alegaciones de que si se aprueba la posición común se podrán curar males que de otro modo no se podrían tratar, o de que rechazarla hará un daño fatal a la industria europea no están justificadas. 
Por la misma razón, muchos de los que se oponen a la directiva han exagerado las consecuencias prácticas de la concesión de patentes y han esgrimido el argumento de que cualquier producto patentado está aprobado para el uso. 
No obstante, no puedo apoyar la posición común, en primer lugar porque la batalla acerca de la directiva se ha convertido en una batalla política sobre si debe o no debe haber una expansión de la biotecnología rápida y regulada con ligereza. El significado de la directiva va más allá de sus disposiciones específicas. 
Por eso es importante crear una Comisión de ética digna de confianza, como se propuso en las enmiendas nº 11 y nº 12; proteger los derechos de los ciudadanos de los países en desarrollo; proteger los privilegios de los agricultores y preservar la biodiversidad. 
A la vista de las potentes fuerzas económicas y políticas que ahora piensan en hacer dinero con la biotecnología en el mundo en desarrollo, existe un serio peligro de que los derechos tradicionales se vean afectados y de que las gentes más pobres del mundo sean explotadas en el futuro. 
Al adoptar un modelo de patentabilidad biotecnológica cercano al de Estados Unidos, estamos estableciendo un bloque que podría imponer la biotecnología en el resto del mundo. 
Esto no es deseable. 
Es necesario que vayamos más despacio. Mi voto indica mi inquietud. 
Las empresas Bayer, BASF, Hoechst y Boehringer están intentando asegurase la protección jurídica de su negocio con los genes. 
Las " Directrices sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas» van a posibilitar a los trusts hacer valer a través de la patente sus aspiraciones monopolistas de explotación de materiales biológicos de plantas, animales y seres humanos. 
De esta suerte, aunque los trusts pueden hacerse otorgar en forma de patente unos cuasi-derechos de propiedad sobre informaciones genéticas, con ello no están garantizados, en absoluto, los puestos de trabajo y las posibilidades curativas que ha prometido la industria biotecnológica. 
Sin embargo, es seguro que las grandes corporaciones biotecnológicas europeas van a sacar beneficio de la directiva. 
Una gran parte de los recursos biológicos y del conocimiento para las denominadas invenciones biotecnológicas del norte y para las patentes que se concedan sobre las mismas procede de países del " Tercer Mundo». 
El 83 % de la diversidad genética se encuentra en África, Latinoamérica y Asia, combinado con los correspondientes conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas que viven en ellos, o de las comunidades locales, sobre la utilización de esta biodiversidad, una fuente de enormes beneficios. Esto es cierto, sobre todo, de la sabiduría tradicional en los campos de la medicina y de la agricultura. 
Actualmente, uno de cada cuatro medicamentos se está obteniendo ya de plantas tropicales. Frecuentemente, estos medicamentos han sido desarrollados a partir de remedios tradicionales de los pueblos indígenas. 
Generalmente, el conocimiento y los recursos biológicos de los pueblos indígenas son comercializados sin la aprobación e incluso contra la voluntad de los mismos por las empresas multinacionales. 
La tasa de ganancia es enorme: Bayer, Agro.Evo, BASF, KWS o Hoechst tienen un lugar en la lista mundial " Top 10» de la industria agrícola, veterinaria o farmacéutica. 
Estas ganancias se multiplicarán con la directiva de la UE sobre patentes, sin la decisión, sin la aprobación, sin la protección jurídica, sin el control y sin la participación de los afectados. 
Incluso sería posible la intervención de la industria en el material genético humano y no se descartaría más la posibilidad de patentar elementos aislados del cuerpo humano. 
Informaciones genéticas aisladas serían consideradas como resultados de procedimientos técnicos y, por tanto, como invenciones patentables. 
En el pasado se ha intentado ya varias veces patentar líneas celulares de pueblos indígenas contra la voluntad de éstos. 
Hoy el Parlamento Europeo está votando sobre la expropiación forzosa de los recursos genéticos. 
Por esta razón voto en contra del Informe Rothley. 
Sobre el informe Pirker (A4-0157/98) 
Me he abstenido en cuanto a este informe por muchas razones. 
Todo el tema de las drogas en Europa y la forma en que la gente lo trata es algo muy inquietante. 
La gente se niega a aceptar que hay drogadictos por todas partes, que hay personas que padecen toxicomanías y que hay que hacer algo para asegurarse de que esa gente tenga protección y no sea criminalizada. 
Son víctimas de individuos explotadores. Tenemos que asumir esto. 
En este Parlamento parece que hay dos bandos. 
Por una parte, algunos dicen que hay que liberalizar el consumo de drogas, mientras otros dicen que nos negamos a tratar el problema. 
Todo el mundo tiene el deber de enfrentarse a las realidades de la vida y una de esas realidades es que se puede comprar droga y que la gente joven y las personas vulnerables son explotadas por eso. 
Tenemos que enfrentarnos a esta situación y no huir de ella. 
Incluso el informe D ' Ancona de hace unos meses exponía con gran despliegue algunos argumentos muy cínicos. 
Tenemos que enfrentarnos a las realidades de la vida. 
Tenemos que enfrentarnos al hecho de que no sólo sufren las víctimas de la drogadicción sino también sus familias. 
No debemos criminalizar a esas personas sino buscar la manera de tratar las raíces mismas del problema. 
Si no nos enfrentamos con ello y no dejamos de huir del problema, jamás encontraremos una solución. 
El motivo por el que me abstuve en la votación de este informe ha sido que, aunque hay en él cosas positivas, también veo renuencia a la hora de abordar la realidad de la situación. 
Señor Presidente, sólo quisiera decirle brevemente que estoy muy satisfecho de la gran mayoría que se ha producido a favor del Informe Pirker, porque aquí se perfila un cambio en la política sobre las drogas que ya se hizo patente por vez primera en el debate del Informe D ' Ancona, que, lamentablemente, fue devuelto a comisión. 
El Informe Pirker ha puesto de manifiesto de una manera definitiva que en esta Asamblea existe una amplia mayoría a favor de una línea dura y clara contra las drogas. 
Creo que hay que llevar a cabo también esta vuelta atrás en cada uno de los estados. 
En Alemania, por ejemplo, el debate renguea aún muy por detrás del grado que hemos alcanzado en esta cuestión en el Parlamento Europeo. 
Desearía que en la política nacional reinase la misma unidad que en el Parlamento Europeo en la política sobre drogas y en la lucha contra las mismas. 
Es inconcebible que en una semana en que el Parlamento Europeo refrendará la prohibición de la publicidad del tabaco, no nos tomemos en serio la amenaza que para la vida y la salud representan las llamadas drogas de diseño. 
Todos sabemos que se han producido muertes trágicas entre los jóvenes por consumo de Éxtasis, pero el daño solapado y a largo plazo que hacen esas drogas al cerebro y al sistema nervioso no se conoce a fondo. 
Es una desgracia que los promotores del Tratado de Amsterdam no hayan advertido el riesgo de precipitarse hacia la armonización europea. 
También se ha dado luz verde al crimen. 
Los puestos aduaneros de la costa occidental, como el de Casteltownbere en Cork, se han cerrado precisamente cuando necesitamos una vigilancia mayor para evitar el tráfico de toda clase de drogas ilegales. 
El cannabis ya está legalizado en los Países Bajos y existe una tendencia a legalizarlo en algunos otros Estados miembros de la Unión Europea, lo que no hará más que aumentar las presiones. 
Debemos decir NO al Tratado de Amsterdam y NO a las drogas. 
Queremos destacar que el informe Pirker es excelente y que apoya la propuesta de la Comisión sobre un early warning system para detectar nuevas drogas sintéticas. 
Sin embargo, no compartimos el criterio de que se necesite una armonización de las consecuencias por el uso de drogas, ya que muchos de los países de la UE actualmente no penalizan el uso de narcóticos. 
Una armonización implicaría que Suecia corriese el riesgo de tener que abandonar partes de su actual legislación. 
Apoyamos la propuesta de enmienda que plantea que la legislación no solamente debe basarse en castigos y prohibiciones. 
Opinamos que es exitosa y digna de imitarse la línea sueca que establece que las penas se pueden convertir en atención sanitaria y tratamientos. 
Finalmente, rechazamos enfáticamente todas las propuestas de legalización y uso reglamentado de narcóticos. 
Como ha señalado el ponente, nuestro colega Hubert Pirker, la importancia de las drogas llamadas de síntesis- éxtasis, LSD y anfetaminas- con respecto al consumo global de drogas está aumentando constantemente. 
Por tanto, es necesario atacar con urgencia y de manera prioritaria este fenómeno que afecta especialmente a los jóvenes en su tiempo de ocio. 
Las legislaciones relativas a este tipo de drogas, de las que se desconoce en la mayor parte de las ocasiones su composición exacta, no ofrecen en el seno de los quince países miembros una muralla homogénea y satisfactoria. 
En lugar de ello, tampoco representan una protección capaz de detener o de invertir esta evolución. Emprendiendo acciones de prevención, nos corresponde armonizar rápidamente la lucha contra el tráfico, la detención y el consumo de drogas. 
Por ello, doy mi aprobación al informe Pirker, principalmente en sus aspectos disuasorios y preventivos. 
La ratificación progresiva del Tratado de Amsterdam nos da de nuevo medios jurídicos y policiales para actuar contra esta delincuencia especialmente estructurada y organizada. 
Un relanzamiento de la cooperación transfronteriza, en especial, puede aportar mucho en este ámbito y poner remedio al desarrollo de los «Rave Parties». 
Aseguramos la protección de los menores y de los jóvenes adultos en numerosos ámbitos. 
Esto no ha de dejarnos indiferentes. 
Procede de la misma lógica de lucha contra la gran delincuencia y de preservación de la salud pública que la lucha contra las drogas llamadas «clásicas». 
Por las mismas razones médicas y sociales, como médico y diputado, no sabría considerar su legislación. 
Señor Presidente, me congratulo por este informe del Sr. Pirker. 
El uso de las drogas de diseño ha aumentado muchísimo, y es de vital importancia que la Unión Europea coordine sus actividades para responder al problema. 
Se deben inspeccionar cuidadosamente todas las legislaciones nacionales para tener la seguridad de que no existen espacios en blanco que permitan la manufacturación de drogas sintéticas alterando una fórmula química. 
Esto también se debe complementar con una mayor cooperación policial y aduanera en la UE, para perseguir a los criminales que se dedican a este tráfico perverso y se aprovechan de un modo terrible de ese sufrimiento y esa miseria que ellos crean. 
Los márgenes de utilidades son considerables. 
Un comprimido de Éxtasis cuesta unos 20 ó 25 peniques y, sin embargo, se vende a un precio de entre 5 y 10 libras. 
Las ganancias superan con amplitud los castigos que se aplican. 
Por lo tanto, es esencial que los Estados miembros de la Unión Europea armonicen su política penal para asegurar que el castigo se corresponda con el crimen y funciones como un poderoso elemento disuasivo. 
También debe jugar un papel básico la acción en el ámbito local. 
No se debería olvidar que estas drogas se venden sobre todo en locales frecuentados por jóvenes, como discotecas y bares. 
Hay que presionar a los propietarios de esos locales para asegurarse de que tomen todas las precauciones para evitar la circulación de las drogas. 
Si se prueba que a sabiendas permiten la venta de drogas en sus establecimientos, las policías y los tribunales locales tendrán que quitarles las licencias. 
Por consiguiente, está claro que, si vamos a responder como se debe a la amenaza de las drogas de fórmula manipulada, tenemos que actuar simultánea, coordinada y vigorosamente en el nivel nacional y en el de la UE. 
El rápido desarrollo del consumo de drogas de síntesis en el seno de la Unión Europea- se estima actualmente en cerca de 5 millones los jóvenes consumidores ocasionales- constituye al mismo tiempo un fenómeno social nuevo y un nuevo problema de salud pública. 
Se sabe que el consumo de drogas de síntesis asociado a otras drogas o al alcohol conlleva riesgos particulares: efectos secundarios más o menos graves, riesgos para la conducción de automóviles, riesgos de comportamientos sexuales sin protección... 
Se sabe también que el mercado de las drogas de síntesis es especialmente aprovechable: facilidad de fabricación, equipo poco costoso, numerosos productos de sustitución... 
Por ello, la producción de drogas de síntesis está con frecuencia en las manos de grandes organizaciones criminales. 
Teniendo en cuenta estos elementos, doy mi apoyo al informe de nuestro colega Pirker que hace hincapié en los diferentes apartados indisociables de la lucha contra estas nuevas drogas. 
1.Necesidad del control de los precursores; 2.Necesidad de lucha contra la producción y el tráfico de las nuevas drogas de síntesis; 3.Necesidad de prevenir los riesgos informando a los jóvenes y valorizando las «alternativas» menos arriesgadas. 
En la votación, los abajo firmantes nos hemos basado en los siguientes principios básicos: 
La drogadicción en los términos aquí discutidos constituye una amenaza contra la salud y el bienestar. 
Por eso la sociedad no puede tener una actitud pasiva o permisiva frente a tal amenaza.-La sociedad debe tener medios para hacerse cargo, atender y ayudar a los drogadictos.-La prohibición del uso de narcóticos no debe conducir a penas de cárcel sino que a medidas de carácter sociopolíticas que, entre otras cosas, incluyan la atención forzosa. 
El encarcelamiento lo vemos como un método para combatir las drogas que es ineficaz y destructivo para el individuo. 
Los socialdemócratas daneses hemos votado en el día de hoy a favor de un mejor control de las llamadas drogas de diseño en la UE. 
Puesto que la criminalidad traspasa las fronteras, nos parece importante una cooperación estrecha entre los países miembros a la hora de combatir a estos grupos criminales. 
No debe haber, sin embargo, dudas sobre si permanecemos firmes en la reserva danesa en el ámbito jurídico. 
Esto significa que no apoyamos una armonización de las normas penales de los Estados miembros. 
Es claramente el momento de tomar conciencia de los daños de la producción y consumo de las drogas llamadas «clásicas» o también de las llamadas «de síntesis». 
También, es claramente el momento de considerar y adoptar todas las medidas represivas necesarias para luchar contra su producción y consumo. 
Es satisfactorio el informe del Sr. Pirker, el cual, para el control de las nuevas drogas de síntesis (LSD, éxtasis, anfetaminas) , hace un planteamiento basado en la represión. 
Sí, es necesario prohibir el consumo de cualquier droga, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, éxtasis, LSD o también anfetaminas. 
Sí, es necesario desarrollar la cooperación de las policías en materia de lucha contra el trafico de drogas. 
Por todas estas razones, como repite incansablemente el Frente Nacional, hay que decir no a la despenalización de las drogas, no a su libre consumo y no a una sociedad de drogados para drogados. 
Es necesario que se produzca una toma de conciencia real de los riesgos vinculados a las drogas de síntesis. 
En efecto, además de los efectos secundarios indeseables tales como angustias, alucinaciones y estados de confusión, éstas pueden provocar lesiones del hígado, calambres, ataques de apoplejía, el coma o incluso la muerte. 
Estas drogas, que consumen en la mayoría de los casos jóvenes entre 15 y 25 años en «rave parties» , son peligrosas. 
Es primordial, aunque sólo sea en este sentido, que se prohíban y que su venta y consumo sean severamente castigados. 
Las drogas sintéticas como el éxtasis, el LSD y la anfetamina son cada vez más comunes, especialmente entre los jóvenes. 
Las causas del crecimiento son que esos compuestos pueden producirse fácilmente a partir de sustancias químicas existentes y que son difíciles de descubrir y controlar. 
Se necesita más coordinación en el ámbito comunitario pero también coordinación europea e internacional de la penalización de la producción y venta y un mejor control. 
He votado favorablemente las propuestas que hay en el informe en este sentido. 
Las medidas punitivas son, con todo, de carácter nacional y nada que deba armonizar la UE. 
Es especialmente importante que las penas estén en concordancia con el resto de las concepciones jurídicas imperantes en cada Estado miembro. 
El mercado doblemente negro de las drogas sintéticas- muy variadas e identificableses una de las mayores amenazas para nuestra juventud. 
El informe Pirker es una contribución excelente y una alerta fundamental con vistas a luchar contra ese flagelo. 
Quisiera subrayar en particular dos propuestas que en él figuran: la petición al Observatorio de la Droga de Lisboa para que intensifique su misión de control respecto de las drogas sintéticas y sobre todo la propuesta de organización, en el nivel de toda Europa, de una campaña de «escuelas libres de droga» , hoy mismo lanzada simbólicamente aquí, en Estrasburgo, por lo demás. 
Es una idea que considero muy positiva en el sentido de un movimiento de autodefensa juvenil contra la droga. 
Aunque con algunas reservas- sobre todo en lo relativo a la creación de unidades especiales supranacionales, propuesta que consideramos particularmente negativa y también en lo relativo a la armonización de la legislación -, consideramos globalmente positivo el informe, ya que afronta el consumo de drogas sintéticas inserto en la problemática global de la droga en el nivel mundial. 
Aceptando el principio del castigo a los consumidores- aunque no debe significar nunca su criminalización- y de la necesidad de reprimir la producción e impedir la comercialización de estas drogas, el informe señala también la necesidad urgente de profundizar el estudio de las cuestiones asociadas al consumo de este tipo de drogas, en particular en los aspectos sociales y de salud. 
Con todo, era de esperar un planteamiento mucho más claro y frontal, dada la necesidad de luchar contra la producción de las drogas y los intereses con ella asociados... aunque sólo fuera por la intervención de los dispositivos políticos normativos ya existentes, aunque, por desgracia, aplicados limitadamente. 
Las drogas sintéticas son peligrosas, aunque a veces se banaliza sobre ellas. 
Puesto que son " atípicas» y, por consiguiente, no se meten en el mismo saco junto con las drogas usuales (heroína, cocaína, etc.) , se les atribuye con frecuencia un carácter inofensivo. 
Los especialistas saben que esto no es cierto. 
Incluso los jóvenes son muy conscientes de que las drogas de diseño y el " éxtasis» no son, en ningún caso, inofensivas. 
Según una encuesta, el 95 % de los jóvenes encuestados clasifican como "drogas» los productos sintéticos; el 90 % reconoce que el" éxtasis» perjudica la salud; el 77 % sabe que el consumo de drogas de diseño conduce a la adicción. 
No obstante, numerosos jóvenes consumen estas sustancias. 
Puesto que las drogas de diseño forman parte desde hace tiempo de una cierta cultura juvenil, son consumidas en los lugares públicos y privados de baile por jóvenes (fundamentalmente entre los 17 y los 25 años y, a veces también a partir ya de los 13 años). 
Unos 5 millones de jóvenes en la Unión Europea consumen ocasional o regularmente drogas sintéticas. 
En Luxemburgo el fenómeno es tan agudo que el " Centre de prévention de las toxicomanías» ha encargado un informe sobre las drogas sintéticas en Luxemburgo. 
Las drogas sintéticas son fabricadas en laboratorios domésticos a partir de sustancias químicas. 
Por esta razón, es imprescindible lograr el control de estas sustancias (que frecuentemente proceden de la Europa central y oriental). 
Es absolutamente necesario prohibir la producción y la comercialización de las drogas de diseño y de las anfetaminas y, por cierto, en la misma medida en todos los Estados de la Unión Europea. 
Es preciso adaptar las legislaciones nacionales a la nueva situación. 
Para limitar los daños son imprescindibles la prevención y la información. 
En este punto se han recogido experiencias interesantes en algunos Estados miembros (entre otras, en discotecas y en Internet) que deberían difundirse lo más posible. 
También es importante investigar mejor los efectos y los efectos secundarios en estas drogas relativamente nuevas, para que se reconozcan a tiempo las sustancias especialmente nocivas. 
En resumen, para poder reducir los daños es preciso reconocer las nuevas drogas como sustancias peligrosas, luchar contra su producción y comercialización y proporcionar información a los jóvenes. 
(La sesión interrumpida a las 13.45, se reanuda a las 15.00 horas) 
Calidad del agua 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A40146/98) , en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Consejo (C4-0083/98-95/010 (SYN) ) relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (Ponente: Sr. K. Collins). 
Señor Presidente, para nosotros se trata de discutir sobre una segunda lectura, que sigue a una primera lectura que tuvimos hace un año. 
Por tanto podemos felicitarnos de no haber perdido el tiempo entre la primera y la segunda lectura, lo que no siempre es el caso como pudimos ver esta mañana. 
Por tanto, podemos alegrarnos de que la posición común del Consejo integre elementos que parecían especialmente importantes para el Parlamento en nuestra primera lectura de esta directiva «agua potable» , y, principalmente la solicitud de puesta a punto de métodos de muestreo armonizados para el control de la concentración plomo en el agua. 
Yo introduje en primera lectura una enmienda sobre la materia, en nombre del PPE, y este punto se ha aprobado. Sólo puedo alegrarme por ello. 
Hay también otro punto sobre el que estamos muy satisfechos. 
Se trata de la definición de los puntos de conformidad. 
El Consejo ha aprobado la enmienda, que había sido adoptada en primera lectura, que define este punto de conformidad como el grifo utilizado para el consumo humano, lo que permite evitar, por ejemplo, los controles de conformidad sobre los grifos de jardín. 
Sin embargo, quedan algunos puntos que parecen plantearnos problemas, y quisiera justamente señalar el que tiene relación con la situación del cobre en los anexos. 
En primera lectura ya insistí mucho en este problema, recordando que deseamos que el cobre pase del anexo B, producto anexo, que tiene relación con los productos químicos, al anexo C, que contiene el hierro y el manganeso. 
Este cambio de anexo significa que en caso de superar la concentración de cobre, como para la totalidad de parámetros que figuran en el anexo C, párrafo 2º del artículo 8 se aplique, y según este artículo los Estados miembros han de poner en práctica medidas correctoras lo más rápidamente posible, para restablecer la calidad del agua si hay problemas. 
Me parece que esto representa una garantía fundamental para la calidad de las aguas potables. 
Insisto por tanto especialmente en este punto, y somos muchos los que deseamos claramente que esta enmienda pueda ser aprobada. 
Puedo precisar también que las enmiendas aportan otras mejoras, principalmente sobre los valores de los parámetros que tienen relación con algunas sustancias químicas como los trihalometanos o parámetros físicos como la radiactividad que habrá de tomarse en consideración a la luz de la directiva Euratom. 
A propósito de la solicitud de estudios relativa a las sustancias susceptibles de provocar desarreglos a nivel endocrino, insisto en el hecho de que esperamos que la Comisión ponga en práctica estos programas de investigación y que los acelere con el fin de que tengamos todos los elementos necesarios. 
En cuanto al plomo, que también ha sido objeto de una serie de debates, los Estados miembros han de producir un informe acerca de la incidencia de las canalizaciones de plomo en la calidad del agua, disponiendo de un plazo de cinco años para poner a punto un plan que prevea su sustitución. Se trata de la enmienda 12. 
Creo que esto constituye una buena solución. 
Según el texto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, los Estados miembros tienen un plazo de cinco años para alcanzar en primer lugar los 25 microgramos por litro; después, han de adecuarse a la norma de 10 microgramos por litro en un plazo de diez años y no de quince, tal como ha sido aprobado por el Consejo. 
Recuerdo simplemente para terminar, señor Presidente, que es preciso tomar cuidadosamente en consideración el coste que esta medida provocará en una serie de países muy afectados por la instalación de canalizaciones de plomo en las redes de distribución de agua potable. 
Señor Presidente, Señorías, la directiva que estamos debatiendo relativa a las aguas destinadas al consumo humano es importante. Y lo es tanto porque se trata de proteger la salud de los efectos adversos derivados de la contaminación de las aguas como porque, por fin, proporcionará a los Estados miembros un marco normativo más flexible y adecuado que el que está actualmente en vigor, que se remonta a hace 18 años. 
La directiva permitirá disponer de una política comunitaria en materia de aguas potables y, por último, permitirá a los consumidores estar informados. 
Los Estados miembros tendrán que hacer frente a inversiones que, en el conjunto del territorio comunitario, ascenderán a unos 100 millardos de euros. 
También es importante porque se establecerán programas de control, métodos de medición y de análisis de la calidad de las aguas potables, así como de control minucioso del conjunto de todas las redes de abastecimiento de agua potable. Qué duda cabe de que se deberá llevar a cabo la sustitución de más de 50 millones de kilómetros de tuberías que ya van siendo viejas. 
Por desgracia, sin embargo, los daños causados al agua, pese a que la misma- quiero recordarlo, como lo hizo también el Sr. Florenz en la primera lectura- es fuente de vida, provocan varios problemas. El agua ya no es inodora, incolora ni tampoco insípida. 
Es necesario, en consecuencia, ponerse a cubierto y cumplir las Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 
Me parece increíble y no se entiende por qué los valores de la Organización Mundial de la Salud se toman en cuenta para algunos elementos y para otros no. 
Me refiero al cobre que continúa apareciendo en la tabla de los parámetros químicos en la que figuran el arsénico, el cianuro, el mercurio, el plomo y otros venenos. 
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud haya precisado que un contenido de 2 miligramos de cobre por litro de agua potable ofrece un adecuado nivel de seguridad, aunque el Parlamento Europeo- repito- en primera lectura se expresó a favor de incluir el cobre en la tabla de los parámetros indicadores, pese a que la utilización de tuberías con bajo contenido de cobre permitiría obtener importantes ahorros a los Estados miembros, aunque no exista todavía un sistema alternativo... 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Presidente, pido disculpas por no haber estado presente en el momento en que se abrió el debate. 
Estaba presidiendo la Conferencia de Presidentes de Comisiones, y aún no he perfeccionado el arte de estar en dos lugares a la vez. 
El principio prioritario que hoy tratamos aquí es el de asegurar un suministro de agua potable de buena calidad en toda la Unión Europea, un agua que no haga daño a la salud y que sea de alta calidad medioambiental. 
La directiva que tenemos que tratar ahora no se ha aplicado debidamente. 
La oradora que me ha precedido ha señalado la cuestión: se trata de un texto complejo, confuso y, además, en ocasiones se basa en un conocimiento científico que era el aceptado en su época pero que hoy está obsoleto. 
La propuesta presentada por la Comisión en 1995- que es la que tratamos hoy- establecía unos parámetros que deberían respetar los Estados miembros, fundados en los últimos descubrimientos de la investigación y en las normas de la OMS. Creemos que representaba una mejora significativa. 
La posición común representaba un progreso importante respecto a la propuesta original de la Comisión, si se me permite, gracias al trabajo del Parlamento en la primera lectura, en la que se estableció, por ejemplo, la limitación total de los pesticidas y la información óptima al consumidor. 
La que hoy tenemos sobre la mesa es una buena propuesta, creo. El motivo es que ha sido el producto de un proceso de decisión fundado en la cooperación y un espíritu abierto. 
Quiero felicitar a las personas que contribuyeron en la elaboración de este documento, entre las que están la Comisión y su personal, muchas personas que trabajan en la industria del agua y también muchas ONG. Sin toda esta gente no tendríamos hoy esta propuesta sobre la mesa. 
Me referiré sólo a uno o dos temas. 
Primero, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor no está por completo de acuerdo con la posición común, en la medida en que trata de dispensas. 
Queremos rebajar las exenciones- es muy importante en cuanto al plomo -, en las que se ha reducido el lapso otorgado a los Estados miembros para la aplicación del parámetro del contenido de plomo de 15 a 10 años. 
También hemos introducido un requisito que deben cumplir los Estados miembros: han de elaborar un plan dentro del plazo de cinco años, en el que expliquen cómo piensan cumplir con el parámetro relativo al plomo, que se establece en la directiva. 
Quede claro que no sugerimos que los Estados miembros tengan que eliminar el plomo en el plazo de cinco años. 
Lo que decimos es que los Estados miembros deben tener un plan en el que nos digan cómo harán esa eliminación, en algún momento futuro. 
Segundo: el tema de los productos químicos endocrino-disruptivos. 
Hemos introducido un parámetro para ellos y hemos encargado un estudio del asunto, porque pensamos que es necesario, en vista de la creciente sensibilidad política que hay al respecto en la Comunidad. 
Tercero: la cuestión de los trihalometanos. 
Hemos rebajado el parámetro para estas sustancias y pedimos que los Estados miembros también elaboren un plan al respecto, con los detalles de lo que van a hacer para cumplir con ello. 
Cuarto: la radiactividad. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha aceptado una enmienda para incluir un parámetro de radiactividad para asegurar que el suministro de agua potable no resulte contaminado. 
Quinto: el cobre. 
He explicado con toda claridad mis puntos de vista acerca de las presiones ejercidas por algunas personas asociadas con la industria del cobre. 
Debo decir que han sido mucho menos que responsables en su comportamiento: que telefoneen a mi secretaria por la noche a su casa no es mi idea de una defensa responsable de sus intereses. 
No se trata del conjunto de esta industria, sino de algunos sectores. 
Deploro esta actitud. Pero la Comisión rechazó decididamente las enmiendas acerca del cobre, que se vuelven a someter al Pleno. 
Sigo la línea de la Comisión y, por lo tanto, debo pedir a Sus Señorías que no apoyen las enmiendas nº 31 a nº 34. 
Sexto: la distribución y los casos de cumplimiento. 
Hemos intentado aclarar la confusión existente respecto de la determinación de los casos en que se da el cumplimiento y de las diferencias que hay entre las instalaciones públicas y privadas. 
Hemos intentado eliminar las ambigüedades en estos asuntos. 
En último lugar, la Comisión ha aprobado mi petición de que se termine con la práctica de cortar el suministro de agua a abonados particulares. 
En donde yo vivo, esto ya es ilegal: en Escocia no se puede cortar el suministro de agua. 
En una comunidad civilizada creo que no se puede privar a los ciudadanos de uno de los más elementales medios de supervivencia, como lo es un buen suministro de agua potable. 
Por último, las fuentes de agua potable en la Comunidad son variadas. 
Algunos países se abastecen de aguas subterráneas; otros, de aguas de superficie. 
La directiva sobre el agua potable tiene que establecer la posibilidad de desinfección del agua proveniente de todas las fuentes posibles, pues así el agua será segura para el consumo humano, y no obstante tiene que ser flexible y respetuosa del principio de subsidiariedad. 
Se trata de alcanzar un grado de equilibrio muy difícil, pero creo que esta directiva lo ha conseguido. 
Las enmiendas nº 1 y nº 2 mejoran esta directiva. Las recomiendo al Pleno. 
Esta directiva perfecciona los términos de su antecesora. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer al señor ponente, Sr. Collins, el excelente trabajo que ha realizado con la directiva de aguas destinadas al consumo humano. 
Es bueno ver que las enmiendas del Parlamento Europeo han sido incorporadas a la posición común. 
Las aguas limpias en Europa no son una consecuencia natural. 
La mayoría de los países hoy ya han de efectuar una limpieza técnica o química regular de sus aguas destinadas al consumo humano. 
La estrategia de las aguas destinadas al consumo humano europeas debe, por lo tanto, estar basada en la prevención de la contaminación y el control de la calidad de las aguas. 
El problema del control del agua es, sin embargo, que sólo detectamos lo que es objeto de nuestras mediciones. 
De ahí que sea bastante positivo que la directiva de aguas destinadas al consumo humano establezca exigencias sobre el control de las sustancias que sospechamos son dañinas para las personas. 
Pienso que también es importante que las aguas destinadas al consumo humano estén libres de sustancias similares a las hormonas como mencionó el Sr. Ken Collins. 
Veo con satisfacción que en la directiva ha vuelto el valor límite para la cantidad de pesticidas en las aguas destinadas al consumo humano. 
Vivimos en una época en la que especialmente la agricultura ha asumir la responsabilidad de su uso de sustancias químicas y las consecuencias para los recursos naturales. 
Me alegra que la referencia al agua como un bien se haya retirado de la posición común. 
Abogo- como dijo el señor Presidente de la comisión- por que los Estados miembros presenten un plan para la sustitución de tuberías de plomo y griferías de tubo en los hogares dentro de cinco años y pienso, dicho sea de paso, que será necesaria una implementación más rápida de la directiva. 
Señor Presidente, puedo unirme a grandes rasgos a los comentarios que han hecho los dos oradores anteriores, es decir, el señor ponente del Grupo Socialista y el señor Presidente de la comisión. 
Es una propuesta importante la que hoy tratamos. 
Si se observa la situación que existe en el mundo en este ámbito, hay un número increíble de niños expuestos a la muerte, porque en realidad no tienen la suficiente agua limpia, que es de una importancia decisiva para su crecimiento. 
De ahí que por supuesto sea también importante que en Europa procuremos lograr una situación en la que el agua limpia sea una consecuencia natural. 
Como ha dicho el orador anterior, esto no es una consecuencia natural en una parte muy grande de Europa. 
De ahí que sea importante que en aquellos lugares en los que hoy en día hay agua destinada al consumo humano limpia también en el futuro sea posible obtenerla. 
Por consiguiente en nombre del Grupo Liberal puedo adherirme a las enmiendas en cuestión. 
Señor Presidente, también nosotros prestamos la natural atención a la importante problemática del presente informe y hacemos nuestras, en términos generales, la evaluación y las orientaciones adoptadas por la Comisión de Medio Ambiente respecto de la posición común sobre el agua destinada al consumo humano. 
Pero hay un aspecto en el que no es así: me refiero al cobre. 
A ese respecto, nos alineamos efectivamente con la posición mayoritariamente adoptada por la Comisión de Medio Ambiente y preferimos la posición antes adoptada, en primera lectura, por el Pleno del Parlamento. 
La razón es que no hay ningún estudio científico actual, en particular de la Organización Mundial de la Salud, que justifique la integración del cobre en el anexo 1, parte B. Por eso, no comprendemos la insistencia en esa clasificación, insistencia que inspira cierta extrañeza cuando observamos la ausencia de precaución alguna respecto del producto considerado normalmente sucedáneo del cobre en las canalizaciones de agua, a pesar de ser también conocidos y de dominio público los resultados de los estudios hechos sobre él. 
Así, pues, consideramos que la posición adecuada consiste en la confirmación de la posición adoptada por el Parlamento en la primera lectura, o sea, la inclusión del cobre en el anexo 1, parte C. Ésa es, por lo demás, la única actitud que garantiza un acompañamiento permanente y riguroso de los efectos del cobre en el agua. 
Éstas son las razones principales que han movido a mi Grupo- y a mí mismo- a subscribir una enmienda- la nº 34 -, a semejanza de lo que otros Grupos y otros conjuntos de diputados han hecho también al respecto. 
El grupo de los Verdes apoyará totalmente el informe del Sr. Collins, que es excelente. 
La votación en primera lectura era ya excelente y la posición común mejora sensiblemente la directiva de 1980. 
Dicho esto, consideramos indispensables una serie de enmiendas presentadas de nuevo en segunda lectura. 
Estamos especialmente interesados en las enmiendas 25 y 26. 
La primera tiene relación con las sustancias que alteran el sistema hormonal. 
Se sabe hasta qué punto, a niveles muy bajos, estas sustancias son susceptibles, en opinión de muchos científicos, de producir un efecto extremadamente devastador en el sistema hormonal. 
Por otra parte, la segunda enmienda, relativa a la radiactividad, muestra que también en ese caso, desde 1980, han cambiado algunas cosas. 
Sabemos ahora que no hay umbral en lo que respecta a los efectos de la radiactividad. 
Por tanto, no se pueden aceptar en el agua potable contenidos de radiactividad, ni siquiera débiles. 
Han de minimizarse lo más posible sabiendo que no es posible eliminarlos totalmente. 
Quisiera llamar la atención en especial sobre el tritio, que es hidrógeno pesado. 
El tritio tiene la doble particularidad de formar agua tritiada, pero también de integrarse en las partículas orgánicas. 
En este sentido, habida cuenta de la larga duración de su vida, puede desempeñar una función potencialmente muy grave en la formación de procesos cancerosos. 
Los investigadores están divididos sobre el tema, pero creo que, si se observa el principio de prevención, sería deseable adoptar los valores que ha aprobado la Comisión de Medio Ambiente. 
Por consiguiente, pido a la Comisión que apoye esta enmienda, y que de ese modo se vote una directiva claramente mejorada con respecto a la antigua. 
Señor Presidente, cuando hablamos del agua y de la calidad del agua hemos de tener claro que en el mundo hay solamente un tipo de agua. 
A largo plazo no va a ser posible aplicar una distinción entre un agua que podemos contaminar, que podemos envenenar y que utilizamos como instrumento para transportar nuestros desechos y un agua que necesitamos para nuestras necesidades. 
Por consiguiente, tenemos que proteger de la manera mejor posible en cada lugar del mundo nuestro sistema global de agua, pues todo el sistema hidráulico de la Tierra se encuentra en comunicación. 
El informe- y me repito aquí- es, evidentemente, un paso acertado en la dirección correcta. 
Sobre todo, habría que corregir tan rápidamente como fuera posible, decisiones históricas equivocadas como la utilización de tuberías de plomo que constituyen un peligro para la salud de las personas. 
Igualmente importante es la introducción de valores límite para la radiactividad. 
Puesto que la desinfección del agua es un negocio especialmente bueno para la industria química, hay que procurar en el futuro que se reduzca a una proporción mínima absoluta la adición de productos químicos. 
Señor Presidente, Señorías, quiero manifestar mi apoyo global al informe del Sr. Collins, en particular en lo que se refiere a la calidad del agua. 
Casos como los que se dieron hace algunos años en el Reino Unido, en Cornualles o en Portugal- en Évora- propiciaron la inclusión de las cuestiones relativas a la calidad del agua en las primeras páginas y en el orden del día como cuestiones motivadoras de la opinión pública respecto de los problemas del medio ambiente. 
Y la perspectiva aquí subrayada, de prioridad para el abastecimiento, de prioridad para la protección y la recuperación de las aguas contaminadas, de prioridad para la calidad del agua, es un aspecto que merece nuestro apoyo. 
Surge, así, una mayor exigencia en materia de control de los trihalometanos (he de señalar que hay varias redes en que no se hacen esos análisis) , así como la exigencia de una substitución a plazo de las canalizaciones de plomo. 
Por tanto, es una buena propuesta la que de aquí resulta, como fue una propuesta positiva la resultante de la primera lectura. 
Mi discrepancia, como en la primera lectura, se refiere a la clasificación del cobre como parámetro químico, en vez de parámetro indicativo. 
Consideramos que la posición de la Comisión no ha evolucionado. 
Desde el memorando preliminar (COM (94) 0612) , en el que la Comisión consideraba que la «utilización de materiales de cobre en el sistema de distribución de agua no es, por sí solo, perjudicial para la salud humana, al no existir dificultad alguna para conseguir el valor paramétrico de 2 mg/litro con el control adecuado del proceso de tratamiento del agua» -fin de la cita -, hasta ahora la Comisión no ha evolucionado. 
Citando a mi colega el Sr. Collins, parece que ha habido más sensibilidad para con otros lobbies, tal vez los de los sucedáneos del cobre, que con el rigor en relación con los propios estudios existentes. 
Y por eso hemos vuelto a subscribir una enmienda encaminada a convertir el cobre en parámetro indicativo en el marco de esta directiva. 
Señor Presidente, como lo han hecho otros diputados, recibo con satisfacción esta directiva y el informe respectivo. 
Es un documento importante, porque simplifica la original y muy complicada directiva sobre el agua potable, a la vez que establece una disminución de ciertos máximos, en especial los relativos al contenido de plomo que se admite en el agua. 
La pregunta que quiero formular se refiere a algo que hasta aquí no se ha aclarado en este debate- sé que el ponente lo sabe muy bien- y es la siguiente: ¿quién paga por todo esto? 
El Reino Unido es uno de los países que tiene un problema con las conducciones de plomo. 
La organización ecologista Amigos de la Tierra estimó hace unos pocos años que en Inglaterra había cuatro millones de casas en las que la concentración de plomo en el agua potable excede el máximo propuesto en esta directiva. 
Y es peor aún en Escocia: no sólo tienen al Sr. Collins como eurodiputado- o, al menos, como uno de ellos- sino que además cuentan con 589.000 hogares, sobre un total de 2, 1 millones, donde hay tuberías de plomo. 
Es obvio que hay que hacer algo al respecto. 
Me pregunto si la Comisión querría comentar algo acerca de la enmienda nº 12, que el Sr. Collins ha explicado. 
El ponente ha añadido a la directiva algo que no está en ella: pedir a los Estados miembros que elaboren y presenten a la Comisión un informe sobre la incidencia de las tuberías de plomo en viviendas familiares dentro de sus respectivos territorios, y que al cabo de cinco años preparen un plan para reemplazar esas tuberías de plomo. 
En otras palabras, son los Estados miembros, y no la Comisión, los que tienen que hacer ese plan. 
Sería interesante saber si la Comisión respalda esta idea o si la propia Comisión tiene pensado abordar no sólo el problema de las tuberías de plomo del suministro sino también el de las que hay en las viviendas. 
¿Dispone la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor de alguna estadística actualizada de cuánto costaría esto en cada Estado miembro? 
Las cifras que conozco son de 1993 y llegan a los dos mil millones de libras en Inglaterra y Gales, para el cambio de las tuberías de las compañías de suministro, y a los seis mil millones de libras para el cambio de las tuberías domésticas. 
Es una cantidad de dinero muy importante y me gustaría saber si la Comisión tiene alguna cifra concreta. 
Por último, debemos entrar en este asunto con los ojos abiertos en cuanto al costo probable. 
Tenemos un registro terrible al respecto: por ejemplo, la directiva sobre los nitratos, que está recogida en la legislación, pero se ignora ampliamente, porque los Estados miembros no pueden pagar su aplicación. 
Señor Presidente, la directiva es positiva porque, al fin, regula un asunto tan importante que afecta a la salud humana. 
También es positiva porque prevé que las tuberías de plomo van a ser sustituidas dentro de un período de cinco años pues ya se conocen sus nocivas consecuencias para la salud. 
También hay aspectos negativos en la directiva. 
En primer lugar, mantiene en el anexo 1b al cobre, mientras, la propia Comisión, a través de su comisión de investigación, y la OMS en la revisión de 1997 declaran que no existen repercusiones negativas para la salud por el uso de tuberías de cobre. 
Siendo eso así se mantiene en el anexo 1b; por otra parte, y de forma curiosa, la directiva, la Comisión y el Consejo omiten referirse a los iones de bromo y al amianto que sí está demostrado que es cancerígeno y que provoca diversas enfermedades. 
Tanto la Comisión como el Consejo decidieron derribar sus edificios en Bruselas y volverlos a construir gastando ingentes sumas en ello porque el amianto era nocivo y ahora no incluyen la prohibición de usar tuberías de amianto para la distribución de agua. 
Por último, señor Presidente, me temo que hay una intención de apoyar algunos grandes intereses, hecho que considero inaceptable. 
Señor Comisario, hay una manera de disipar esta sospecha si usted, por una parte, acepta las 4 enmiendas de los 4 grupos, que no piden más que el traslado del cobre desde el apartado 1b al 1c, ya que la gente así lo prefiere y porque es más fácil técnicamente y más barato y no existe otra solución alternativa, y, por otra, prohíbe el uso del amianto. 
Señor Presidente, la posición común que somete ahora a examen el Parlamento en segunda lectura sobre la calidad del agua destinada a consumo humano ha mejorado claramente con el transcurso del debate, lo cual cabe agradecérselo al ponente, el Sr. Collins. 
La propuesta responde a las exigencias actuales que plantea la salud humana, si bien el problema estriba, tal como ya se ha mencionado aquí, en unos períodos de transición excesivamente largos. 
No obstante, y como también se ha dicho ya, lo importante es que contemos con la seguridad de que los planes para introducir mejoras en esta cuestión se apliquen, a más tardar, en el plazo de cinco años. 
La propuesta modificada garantiza una mayor flexibilidad al suprimir las reservas incluidas en el artículo 13. 
La propuesta actual también responde mejor que antes a las exigencias en materia de medio ambiente. 
En su conjunto, la directiva implica una aplicación proporcional de las exigencias de calidad que se han establecido para la calidad del agua potable en relación con los requisitos que plantea la salud humana. 
Debemos estar dispuestos a pagar por un agua potable de buena calidad. 
En una cuestión tan trascendental y de un alcance tan global desde el punto de vista de la salud y la sanidad, no podemos permitirnos practicar una política que posibilitara el regateo en la calidad del agua potable mediante reservas sobre las normas de calidad. 
Para finalizar, creo que debemos considerar el asunto del cobre como una cuestión de salud, por lo que nuestra actitud al respecto ha de ser consecuente con este planteamiento. 
Señor Presidente, en el anexo a la Directiva sobre el agua que ahora sometemos a debate se han clasificado, con arreglo a su peligrosidad, distintas sustancias que influyen en la calidad del agua potable. 
Tras la primera lectura por parte del Parlamento Europeo, el Consejo ha modificado la clasificación del cobre incorporándolo en el grupo de productos tóxicos como, entre otros, el arsénico. 
El cobre ha sido un material bueno, seguro y duradero para las cañerías de agua potable en Europa durante muchos decenios. 
Si prosperara la propuesta del Consejo y el cobre quedara clasificado como tóxico, se daría a entender a los consumidores un mensaje completamente equivocado. 
Es cierto que el cobre es peligroso en cantidades elevadas, pero también lo es que nuestro organismo incluso necesita pequeñas dosis de este elemento, tal como ha constatado la propia Comisión en anteriores ocasiones. 
Se ha demostrado científicamente también que la falta de cobre es más perjudicial que su exceso. 
En un estudio elaborado en 1997 por la Organización Mundial de la Salud se comprobó que no existe ninguna prueba científica de que el uso del cobre en las cañerías influya en el agua potable y ocasione un perjuicio para la salud. 
Un estudio elaborado en Estocolmo en 1997 mostraba igualmente que el cobre no tiene ninguna repercusión perjudicial para los bebés. 
Si se el cobre pasara a engrosar el grupo de las sustancias perjudiciales, se sustituiría fácilmente este elemento con otros materiales de consecuencias desconocidas. 
En un mundo con tantas sustancias aditivas, colorantes y conservantes, es positivo que se controle la calidad del agua que bebemos- y en esa dirección va encaminado el presente informe -, pero todo tiene un límite. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión me gustaría agradecer a los miembros del Parlamento Europeo su cuidadoso examen de la posición común adoptada por el Consejo. 
También me alegré de las observaciones hechas por el señor ponente, Sr. Ken Collins, sobre la cooperación entre la Comisión y el Parlamento Europeo. 
También pensamos que ha sido positiva y que el procedimiento entero ha sido realizado con toda apertura y así ha permitido también la posibilidad de involucrar a las ONG, como mencionó el Sr. Collins. 
Antes de pasar a mis comentarios sobre las enmiendas, me gustaría destacar que la posición común adoptada por el Consejo quedó dispuesta tras discusiones muy complicadas y bastante prolongadas entre el Consejo y la Comisión. 
Algunas de las disposiciones, vistas así, no son enteramente satisfactorias para la Comisión, sin embargo, visto en su totalidad, me parece, no obstante, un compromiso aceptable que la Comisión apoya completamente. 
Con este trasfondo puede aceptarse lo siguiente: Las enmiendas núm. 6, 8, 15 y 19 pueden aceptarse completamente. 
La enmienda núm. 12, por la que la Sra. Jackson preguntó especialmente, y la núm. 29 pueden aceptarse en parte. 
En principio, también las enmiendas 13, 26 y 30. 
La Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: las 1-5, 7, 9-11, 14, 16-18, 20-25, 27, 28 y finalmente las 31-34. 
Permítaseme comentar brevemente las enmiendas más importantes, también porque han tenido naturalmente un papel en este debate aquí hoy. 
En primer lugar, el régimen de excepciones, es decir, las enmiendas 16, 17 y 22. 
La Comisión ha aceptado las propuestas que lanzó el Parlamento en la primera lectura y las ha incorporado a la propuesta. 
El Consejo, no obstante, las ha modificado después, puesto que esta cuestión estuvo entre las más problemáticas durante las negociaciones. 
No obstante, quiero subrayar que sólo se conceden excepciones cuando no existe peligro para la salud. 
Las excepciones tendrán una duración determinada y la Comisión estará involucrada. 
Se han tenido así en cuenta los mayores reparos del Parlamento. 
Creo que será desgraciadamente muy difícil renegociar este punto con el Consejo. 
Luego están los parámetros de radiactividad, se trata de las enmiendas 23 y 26, como dijeron tanto el señor ponente, Sr. Collins, como el Sr. Lannoye. 
Me alegra poder comunicar que la Comisión acepta la implantación de parámetros para la radiactividad en la parte C del anexo 1 de la directiva que trata de los parámetros indicativos. 
Es la primera vez que tales parámetros se añaden a una directiva que no está comprendida por el Tratado Euratom y me gustaría dar la enhorabuena al Parlamento por esta enmienda. 
Luego están las enmiendas 8, 25 y 30, que atañen a las sustancias que se asemejan a hormonas. La Comisión por supuesto ha tomado nota cuidadosamente de los reparos del Parlamento en este punto, y comparto por lo demás también estos reparos. 
Los servicios de la Comisión están examinando la cuestión en la actualidad, y en el futuro más inmediato aparecerán directrices para la política a seguir. 
Estoy atenta al informe de la Sra. Kirsten Jensen sobre sustancias que se asemejan a hormonas que se presentó a la Comisión de Medio Ambiente el 22 de abril de 1998, puesto que éste también está siendo examinando. 
Esto mismo se aplica a las cuestiones que el señor ponente ha planteado a la Comisión. 
Una referencia a la letra a del párrafo 1 del artículo 4 puede ser aceptada, sin embargo, por ahora es demasiado pronto para introducir los parámetros en la parte B del anexo 1. Saludo especialmente la idea de un estudio acerca de las sustancias que se asemejan a hormonas, siempre que se faciliten los medios presupuestarios necesarios y sean aprobados por el Parlamento. 
No obstante, no es necesario o conveniente consignar esta idea en una directiva. 
Finalmente están las disposiciones relativas al plomo, esto es, las enmiendas 12 y 28, que trató especialmente la Sra. Jackson. 
La idea del señor ponente de exigir informes de los Estados miembros sobre de la manera en que va a tratarse el problema del plomo es interesante y puede ser aceptada con una necesaria reformulación. 
La enmienda 28, en la que se propone un plazo de 10 años para el cumplimiento de las normas sobre plomo, no puede aceptarse. 
La Comisión ha propuesto un plazo de 15 años y el Consejo lo ha aceptado. 
Es de esperar que este período represente un equilibrio razonable entre la atención a la salud pública y los problemas prácticos de hacer cumplir las normas y quizá a esto debiera añadirse aquello que trató particularmente la Sra. Jackson, es decir, los costes ligados a la presente propuesta. 
Están por último las enmiendas 24 y 29, los trihalometanos, los THM. 
La idea de un informe a semejanza de aquél sobre los parámetros sobre plomo también se acepta. 
La propuesta de un valor más estricto para los THM, sin embargo, no puede aceptarse. 
Permítaseme decir también que la referencia a la directiva 89/106 sobre los productos de construcción es una modificación muy útil que puede ser aceptada en la forma existente. 
Permítaseme, a modo de conclusión, hacer unas observaciones sobre el cobre. 
Como dijo también el Sr. Collins, todas las enmiendas fueron rechazadas por la Comisión de Medio Ambiente y, sin embargo, parece que desempeña un papel. 
La Comisión se ha atenido en la propuesta al valor límite para el cobre que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha propuesto. 
Durante la revisión rutinaria de la OMS que tuvo lugar en Ginebra en abril de 1997, este valor no fue modificado. 
Puesto que es un valor basado en la salud, es lógico conservar éste en la parte B del anexo 1. 
En el caso de que apareciera nueva documentación que pudiera motivar una modificación de la clasificación del cobre, es evidente que se tendrá en cuenta. 
Por lo que saben los servicios de la Comisión, no hay por el momento en camino ninguna modificación del criterio de la OMS. 
De ahí que no estemos dispuestos a proponer al Consejo ninguna modificación. 
En cuanto a la parte de la enmienda que atañe a la consulta previa con el Parlamento, la Comisión está de acuerdo. 
No obstante, quiero llamar la atención del Parlamento sobre el hecho de que esto ya está cubierto por el párrafo 1 del artículo 11. 
Sólo puede producirse un ajuste del cobre y de todos los demás parámetros del anexo 1 previa consulta al Parlamento, puesto que se trata de un procedimiento de artículo 189 C. Finalmente me gustaría citar al señor ponente, las observaciones del Sr. Ken Collins relativas a que hay muchas disposiciones en esta directiva que son más importantes que este único punto sobre el cobre. 
Señor Presidente, éstos eran mis comentarios más importantes sobre las enmiendas. 
Doy las gracias por su atención. 
Señor Presidente, desearía únicamente puntualizar que, durante las intervenciones sobre el cobre, no ha existido ninguna intención de modificar los valores límite de este elemento, sino de trasladarlo del grupo B al grupo C. En lo relativo a los valores límite nos mostramos plenamente de acuerdo. 
Señora Matikainen-Kallström, me ha parecido un comentario más que una pregunta. 
Creo que podemos seguir adelante en este caso, pero también la Sra. Baldi desea formular una pregunta. 
Señor Presidente, quisiera saber si la Comisión considera acertado incluir el cobre entre los productos químicos- o mejor dicho, los venenos- como el arsénico, el cianuro, el mercurio y el plomo, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el contenido de 2 miligramos de cobre por litro de agua potable ofrece un adecuado nivel de seguridad. 
Quisiera simplemente preguntar a la Sra. Comisaria si ella comprende el impacto que su decisión puede tener en lo que respecta al cobre. 
En muchos países tenemos, actualmente, canalizaciones de cobre para el agua potable. 
Clasificando estas canalizaciones con el arsénico, se puede engañar a la población haciéndole creer que son peligrosas. 
Creo que esto es especialmente grave. 
Señor Presidente, después de escuchar todo lo que ha dicho la Sra. Comisaria quisiera decir que tengo un texto escrito por organizaciones responsables acerca de que en la revisión de la OMS de 1997 se había admitido que no hay una base científica para fundamentar los rumores acerca de las graves repercusiones para la salud que pueda tener el uso de cobre en las conducciones de agua potable y la recomendación que se había hecho en otra época ha quedado definida como provisional. 
Por último, la propia Comisión había aceptado que el uso de materiales de cobre en el sistema de distribución del agua no es de por sí nocivo para la salud pública, documento COM (94) 612. 
La señora Comisaria ha dado diversas respuestas sin responderme directamente, y ahora pregunto: ¿acaso es falso lo que he referido basándome en tales documentos? 
Puede ser que la Sra. Comisaria no haya sido completamente informada y ha respondido de esa manera para insistir en que no acepta las enmiendas, es decir, el traslado del cobre del apartado 1b al 1c, y por eso ha callado acerca de la no-inclusión del amianto en la relación de sustancias peligrosas. 
Señor Presidente, también sobre la cuestión del cobre, quisiera referirme a una pregunta que he formulado en mi intervención y a la que la Comisaria no ha dado respuesta alguna. 
La cuestión es ésta: admitiendo que sea correcta la información que la Comisaria tiene respecto de la peligrosidad del cobre, habrá que substituirlo entonces por otros productos. 
Y la pregunta que formulo de forma totalmente directa es la siguiente: ¿cuál es el producto con el que vamos a substituir entonces el cobre y qué estudios se han hecho ya respecto de esos sucedáneos? 
Se trata de una pregunta concreta a la que quisiera que se diese respuesta, dado que hasta ahora no se le he dado respuesta alguna, ni por la Comisión ni por la Comisión de Medio Ambiente, y esa respuesta me parece de la mayor importancia. 
Tanto más cuanto que mantengo la posición, ya mencionada aquí, de que la Organización Mundial de la Salud no reconoce, de hecho, al cobre la peligrosidad a que aquí se ha referido la Comisaria. 
Doy ahora la palabra a la Sra. Flemming, pero recuerdo que las preguntas no pueden transformarse en un segundo debate. 
Señor Presidente, se ha declarado que el cobre no causa daños a la salud. 
Esto es, sencillamente, falso. 
En niños de corta edad existen daños graves en tanto que se da una cierta predisposición genética. 
Existen casos muy concretos de cirrosis hepática en niños de corta edad. 
En Austria existe un caso, en el cual la madre preparaba el te diario del niño con el agua primera que salía de la cañería por la mañana y que, por tanto, se había enriquecido en cobre durante la noche en el tubo de cobre. 
El niño murió. 
La situación se agravó además por el hecho de que la madre preparaba el te en una marmita de cobre. 
Por consiguiente, los niños de corta edad pueden morir por esto. 
En este punto habría que despertar las conciencias. 
Señor Presidente, tengo que decir que esta falta de análisis y discusión tendría que darse sólo bajo la forma de preguntas. 
De modo que plantearé una o dos y me atendré al procedimiento normal. 
¿Convendrá conmigo la Señora Comisaria en que la industria del cobre debería felicitarse por la eficiencia con que ha sido capaz de persuadir a la gente- que por otra parte no sabe nada del cobre- sobre la validez del asunto? 
¿Estará, además, de acuerdo conmigo en que la Comisión, de manera asombrosa, dejó fuera las enmiendas del cobre, porque creía que no era una cuestión de que el cobre fuera ilegal como medio de conducción del agua a las viviendas, sino como medio de asegurarnos de que estamos aplicando las normas de salud adecuadas? 
Nadie sugiere que se reemplace el cobre en las viviendas. Nadie sugiere que se arranquen las tuberías de cobre y se las reemplace por otra cosa. 
Estamos introduciendo parámetros que se refieren al plomo. 
Por ejemplo, pedimos estudios sobre los productos químicos endocrino-disruptivos. 
Sabemos que no existe el modo de tener un suministro de agua seguro en las viviendas. 
Lo que hacemos es lo posible para procurar que cuando las viviendas reciban agua, la tengan en buenas condiciones para la salud. 
¿Convendrá la Señora Comisaria con este enfoque de la situación y convendrá en que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor- a la que, sea dicho de paso, no acudió ninguna de las personas que han tocado este tema -, convendrá conmigo en que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor lo ha contemplado correctamente? 
Señor Presidente, voy a dejar de inmiscuirme en cómo ha transcurrido el debate en la Comisión de Medio Ambiente y en quién ha votado y en quién no ha votado. 
De lo que he tomado buena nota es- como destaca el Sr. Collins- de que hubo un rechazo de la propuesta. 
Querría decir en relación con las numerosas cuestiones planteadas que es evidente que aquello en lo que nos hemos basado en estas circunstancias es la OMS. 
Me ha sorprendido que haya habido hoy aquí varios oradores que han puesto en entredicho las directrices basadas en la salud elaboradas por la OMS. 
A partir de las numerosas experiencias de que disponemos, mi posición política es que, si la OMS aprueba directrices basadas en la salud, entonces presumamos de saber mejor al atenernos a ellas. 
He de decir que en Europa sí que no vamos más lejos que los países con los que normalmente nos comparamos. 
Tanto los EE.UU. como Japón disponen de normas muy estrictas en este campo, y haciendo referencia a lo que el Sr. Ken Collins dijo sobre la industria del cobre, he de decir que no tenemos consciencia de que las normas que tienen en EE.UU. y Japón hayan tenido mayor influencia en la industria del cobre de los países en cuestión, por lo tanto tampoco comparto su preocupación. 
Por ello tampoco puedo apoyar la enmienda que traslada el cobre al párrafo C en lugar del párrafo B. 
Muchas gracias, señora Comisaria Bjerregaard. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Valores límite de contaminantes en el aire ambiente- Estrategia contra la acidificación- Contenido de azufre de combustibles líquidos 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes: 
A4-0161/98 de la Sra. Pollack, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (97) 0500- C4-0662/97-97/0266 (SYN) ) relativa a los valores límite de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas y el plomo en el aire ambiente; -A4-0162/98 de la Sra. Hulthén, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una estrategia comunitaria contra la acidificación (COM (97) 0088- C4-0436/97) ; -A4-0174/98 de la Sra. Hautala, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM (97) 0088- C4-0283/97-97/0105 (SYN) ) relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE. 
Señor Presidente, los expertos suponen que al menos 40.000 personas en toda Europa sufren los efectos de la contaminación atmosférica, y las que tienen afecciones respiratorias corren el riesgo de una muerte prematura por la peligrosa mezcla de productos químicos existente en el aire que respiran. 
Una mezcla que aumenta el sufrimiento de una gran cantidad de niños que padecen asma. 
Los habitantes de las ciudades son los que más sufren, por supuesto, porque la contaminación generada por la circulación de vehículos automotores es un problema que crece todos los años. 
De hecho, a medida que disminuye la contaminación industrial, el elevado aumento del número de coches en nuestras carreteras nos da la certeza de que el aire limpio se está transformando en un bien escaso. 
Aparte de los problemas de salud, la vegetación en los bosques, las cosechas y los ecosistemas vulnerables van sucumbiendo a este envenenamiento progresivo y nuestra magnífica herencia cultural- edificios y monumentos que han estado en pie durante siglos- se desmoronan a causa de la agresión de los productos químicos que hay en el aire. 
El proyecto de directiva que hoy analizamos es un intento radical y de gran alcance, que aspira a poner fin a este sinnúmero de desastres. 
Es la primera vez que se establecen valores límite, que serán vinculantes, para la emisión de gases. Quiero felicitar a la Comisión por su propuesta. 
Sus Señorías han de saber que los valores límite propuestos son el resultado de un acuerdo unánime, obtenido al cabo de dos años de trabajo de grupos amplios y se basa en las últimas normas de la OMS para la protección de la salud humana. 
Se han sometido a un análisis de la relación costo-beneficio y son muy estrictos. 
Cuatro contaminantes distintos se abordan en esta primera directiva derivada, y otros se contemplarán en directivas futuras. 
Estos cuatro, que son dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión y plomo, ya estaban incluidos en una directiva marco como los primeros contaminantes atmosféricos que había que combatir. 
En el breve tiempo que me corresponde aquí, no puedo entrar en los detalles de las propuestas. 
Cada contaminante tiene distinto valor límite y todo el tema es bastante complejo pero, en pocas palabras, la directiva establece para las emisiones unos valores límite con los que habrá que cumplir hasta el 2005 y el 2010. 
Requiere planes de acción viables con fondos públicos y aprobados por los Gobiernos para las áreas en que las emisiones actuales están por encima de los límites fijados, con el fin de asegurar que se darán los pasos concretos dentro de los plazos fijados. 
Esto es muy importante. 
En algunos casos, se fijan valores umbral de alerta para informar a los ciudadanos sobre el aire que respiran y está prevista una valoración en el 2003. 
Asimismo, establece criterios y técnicas de medición uniformes. 
Para cubrir las brechas en el conocimiento científico en cuanto a los efectos de algunos de esos contaminantes, se han elaborado planes de investigación. 
Una de las cosas que he hecho ha sido sugerir algunas áreas específicas en que se necesita la investigación, pues la información científica no existe en este momento. 
En resumen, las enmiendas principales aceptadas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor son las siguientes: primero, tratamos de aumentar la información pública en todas las ocasiones. 
Hemos añadido valores umbral de alerta para el óxido de nitrógeno y las partículas. 
Sé que la Comisión ha tenido algún problema para aceptar la idea de un umbral de alerta para las partículas, y acepto que la OMS no ha establecido ningún valor límite desde el cual haya que informar a la población. 
No obstante, considero que debemos tratar de hacerlo. 
El Reino Unido tiene fijado ese valor umbral. En el caso del óxido de nitrógeno, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se ha informado de cuál es el valor umbral de alerta usado en Francia, más bajo que el que se aplica en el Reino Unido. 
Hemos establecido un valor umbral más bajo para el SO2- demasiado optimista, lo reconozco- pero en vista de los graves efectos que sobre la salud pública tienen los altos niveles de SO2, aun en un periodo breve de tiempo, espero que la Comisión y el Consejo encuentren la manera de reducir las cifras actuales, aunque piensen que no pueden cubrir toda la distancia. 
El grupo de trabajo no ha recomendado una cifra horaria límite, pero creo que es más realista tratar de reducir los excesos que establecer drásticamente el valor límite inferior que algunos colegas quieren. 
Sin embargo, en el caso del SO2 habrá que volver sobre las cifras en la valoración del 2003, y debemos ser conscientes de que algunos Estados miembros tienen una cifra más baja que la que se ve en este texto. 
Hay un pequeño inconveniente con la propuesta de la Comisión sobre la protección de los ecosistemas frente al SO2. 
Las directrices de la OMS consideran distintos valores para los distintos tipos de vegetación, ya sean cultivos alimentarios, bosques, plantas vulnerables y líquenes. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se ha decidido por un valor límite que proteja a los líquenes, que son los más vulnerables, y esto va mucho más allá que el texto de la Comisión. 
Me parece que la Comisión y el Consejo deben considerar esto otra vez, para ver si pueden encontrar un camino mejor para fijar los valores límite adecuados. 
La elección de una cifra arbitraria cuando se trata de cuatro cosas distintas es muy difícil. 
La enmienda nº 32 es un texto de compromiso para el emplazamiento de estaciones de medición en áreas pequeñas de ecosistemas vulnerables, y creo que constituye una mejora considerable respecto al texto de la Comisión. 
Aunque con bastantes vacilaciones, también hemos abierto la puerta a cierta tolerancia localizada en cuanto a los excesos de plomo en los puntos en que las fundiciones de metales no ferrosos simplemente no pueden cumplir con el plazo máximo fijado ni siquiera con la mejor de las tecnologías existentes. 
Como es obvio, esto se vigilará con mucho cuidado. 
Los diputados del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo quieren valores límite mucho más bajos para el óxido de nitrógeno y las partículas; estas enmiendas son bienintencionadas pero nada realistas y todas se rechazaron en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. 
Sin embargo, tenemos que considerar con atención los aumentos que haya en el 2003. 
Las sustancias son peligrosas y yo comparto el deseo de mis colegas de ir más rápido. 
Pero los valores límite fijados en el texto ya implican una considerable reducción del óxido de nitrógeno y las partículas en suspensión y, para conseguir lo que ellos sugieren, prácticamente tendríamos que prohibir la circulación de vehículos automotores y cerrar la industria. 
Como londinense, conozco muy bien los problemas de contaminación atmosférica que provoca el tráfico, y no hay arreglos fáciles. 
Pero toda una serie de directivas en proceso de tramitación contribuirá a encontrarlos. 
Por último, quiero dar las gracias a la Comisión, a la representación del Reino Unido, al secretariado de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y a mis propios ayudantes por el duro trabajo que han realizado. 
Espero que las autoridades regionales y locales sean capaces de aplicar los muy estrictos valores límite que se han establecido. 
Recomiendo la directiva y las enmiendas al Pleno. 
Señor Presidente, la acidificación es un problema complejo porque puede afectar de modos diferentes. 
Hay quienes nunca han visto los efectos de la lluvia ácida, otros pueden notar casi diariamente los resultados de la acidificación. 
Lo que se ve entonces son árboles que crecen de modos extraños, ramas sin vida, lagos tan claros como piscinas y carentes de vida, flores que desaparecen para nunca más volver, insectos y mariscos que han encontrado el mismo destino y peces que ya no son capaces de reproducirse. 
Se percibe un extraño silencio en un sitio afectado por la acidificación; la naturaleza es como un telón sin contenido. 
Sin embargo, no siempre es fácil hacer entender los problemas que no son visibles para todos. 
No es fácil encontrar una estrategia para corregir las consecuencias medioambientales que se iniciaron junto con el nacimiento del industrialismo moderno. 
Esto exige cooperación y comprensión, incluso de aquellos a quienes no les afecta. 
Por eso quiero aprovechar para agradecer a todos lo que han colaborado en este trabajo, que han tenido ideas y que han presentado propuestas de enmiendas. 
También quiero aprovechar para agradecer a la Comisión por este excelente trabajo. 
Con esta comunicación empezamos una estrategia para, por lo menos, detener la acidificación, aunque se necesite mucho más para hacer posible una recuperación de los ecosistemas afectados. 
Pero evidentemente lo que es bueno siempre puede mejorarse. 
Obviamente se pueden completar los datos iniciales que se introdujeron en la comunicación de la Comisión, y pueden recibirse más propuestas. 
Obviamente que necesitamos medidas concretas también para la navegación marítima y, en mi opinión, también un límite para el combustible aéreo. 
Además necesitamos una revisión de la directiva sobre grandes plantas de combustión. 
También tenemos que iniciar un diálogo con los países solicitantes que tienen problemas similares o tal vez peores que muchos de nosotros que ya somos miembros de la Unión. 
¿Cómo vamos a conseguir reformar sus instalaciones? 
¿Cómo vamos a conseguir que alcancen los valores que actualmente exigimos? 
Aunque algunos de nosotros pueden ver que esto es necesario, hay otros que sienten intranquilidad porque vamos demasiado rápido, y esto llega a ser un problema. 
Entonces surge el clásico conflicto entre medio ambiente y empleo. 
A quienes sienten esta intranquilidad queremos decirles que, aunque hoy no vean la acidificación, podrán entender que lo que la ha motivado también tiene consecuencias para los humanos y otros seres. 
Lo que daña a un pez tampoco puede ser bueno para los humanos. 
La contaminación del aire es un problema para todos, no sólo para los afectados por la acidificación. 
La contaminación medioambiental no tiene límites. 
Por eso pueden desplazarse las emisiones de aire. 
La polución que tiene origen en un sitio tiene efectos en la naturaleza a miles de kilómetros de allí. 
Por este motivo, las medidas tienen que ser comunes. 
Mediante la estrategia que ha presentado la Comisión y las propuestas con que ha contribuido la Comisión de Medio Ambiente, espero que próximamente podamos ver despertar la naturaleza a la vida, incluso en lugares alejados, como lo es mi propia región. 
Creo que las propuestas y la estrategia que ha elegido la Comisión entrañan la flexibilidad necesaria para que los países den forma a las normas que mejor les convengan y para lograr una directiva y un objetivo que, a la larga, tendrán que hacer que la acidificación se detenga. 
Señor Presidente, en febrero sometimos a votación la reducción de la concentración de azufre en los combustibles que se utilizan en el tráfico rodado, con el objetivo de purificar las emisiones de los tubos de escape de los automóviles. 
Ahora tenemos una propuesta de la Comisión para reducir un poco la concentración de azufre en los combustibles más pesados: se trata de los fuelóleos y los gasóleos, cuyo contenido en azufre es muchísimo mayor. 
En el marco del programa Auto-Oil, debemos lograr reducir la concentración de azufre a millonésimas, cuando ahora hablamos de porcentajes. 
La idea principal es que la industria del petróleo debe eliminar esta sustancia amarilla del ciclo de combustión para evitar su propagación al aire ambiente. 
Se trata de un objetivo totalmente posible desde el punto de vista técnico, y sus costes son razonables. 
La propuesta de la Comisión es la primera propuesta de directiva propiamente dicha cuyo objetivo es hacer frente a la acidificación, a la que acaba de referirse la Sra. Hulthén. 
Esto es algo especialmente importante para el medio ambiente, la naturaleza y, por supuesto, para el patrimonio cultural de la humanidad. 
Muchos edificios valiosos se están desmoronando en la actualidad a causa de las emisiones de azufre. 
Sin embargo, hay que resaltar que esta medida tendrá consecuencias en la calidad del aire ambiente también a nivel local. 
Abordamos, pues, las mismas cuestiones que ha expuesto aquí la Sra. Pollack. 
Las emisiones de azufre de los combustibles líquidos pueden actuar conjuntamente con las emisiones de partículas y ocasionar serios perjuicios a la salud. 
Hay que señalar que no se trata de un fenómeno de acidificación que afecta únicamente a la Europa septentrional, sino que se trata de un problema presente en todas las comunidades, en todas las ciudades de la Unión Europea, como consecuencia de la calidad del aire ambiente local y de la concentración de azufre en el mismo. 
He sugerido que se incluyan en esta propuesta también los carburantes utilizados por los barcos. 
En un principio, la Comisión también planeó a este respecto alguna medida que, sin embargo, no se recoge en la presente propuesta de directiva. 
El Parlamento aprobará con toda probabilidad el planteamiento de la Comisión de Medio Ambiente para que también la Unión Europea comience a reducir la concentración de azufre en los combustibles de los barcos. Es un planteamiento más que justificado. 
La Organización Marítima Internacional (OMI) ha sido escenario de negociaciones a nivel estatal que no han dado ningún resultado, por lo que, en mi opinión, no debemos quedarnos a esperar a que se produzca algún avance en estas negociaciones. 
En este mismo contexto, se ha decidido crear una zona especial para el mar Báltico, donde no se podrán utilizar combustibles que rebasen una concentración de azufre superior al 1, 5 %. 
Sin embargo, este resultado no es completamente satisfactorio, ya que se ha dejado tanto el mar del Norte como el mar de Irlanda al margen de esta clasificación de zona especial, circunstancia ésta que se debe corregir sin ningún lugar a dudas. 
Paso ahora a abordar la cuestión del gasóleo, es decir, de los combustibles ligeros. 
Aparte de ser un tema muy importante para el medio ambiente, también es una cuestión interesante desde el punto de vista político, ya que se han concedido a Austria, Finlandia y Suecia unos períodos transitorios de cuatro años para mantener restricciones más estrictas en lo relativo al contenido de azufre en los gasóleos. 
La Comisión de Medio Ambiente propugna ahora que el punto de partida ha de ser el límite para la concentración de azufre actualmente en vigor en Austria, que se sitúa en el 0, 1 %, es decir, inferior a la propuesta de la Comisión. 
La Comisión de Medio Ambiente ha decidido también presentar el artículo 100 A como fundamento jurídico de la presente directiva. 
Como ponente, debo decir que no estoy completamente de acuerdo con este planteamiento, ya que la directiva se podría justificar perfectamente como una medida de protección medioambiental, por lo que se podría optar por el artículo 130 S. Esta opción podría ayudar a Austria a mantener su legislación más estricta en caso de que la Comisión no tuviera en cuenta el límite actualmente en vigor en este país para la concentración de azufre. 
Señor Presidente, estimada señora Comisaria, queridos colegas, en realidad se trata aquí de un problema del mercado interior y de un problema de la protección del medio ambiente. Efectivamente, aquí no estamos determinando ningún valor límite para instalaciones fijas, para refinerías o para instalaciones de incineración. 
No, aquí estamos determinando valores límites para carburantes que puedan comercializarse libremente en el mercado interior. 
Hemos oído ya numerosa veces que la combustión de estos carburantes es la causa de la acidificación de nuestros bosques y de nuestros paisajes. 
Pero precisamente, ahí se trata también de un aspecto del mercado interior. 
El 18 de febrero aprobamos con una gran mayoría la directiva relativa a la gasolina y al gasóleo y en ella pretendemos también una reducción del azufre. 
Ahora se trata de hacer lo mismo con el fuel ligero y con el fuel pesado pues actualmente su contenido en azufre es sustancialmente más elevado. 
Estimados colegas, luchemos porque haya en Europa normas unitarias relativas al fuel ligero y al fuel pesado. 
Pues, en mi opinión, es inexplicable, absolutamente, por qué no se permite confeccionar una especie de alfombra de diferentes fragmentos no sólo de cara al mercado interior sino también de cara a la protección del medio ambiente. 
Pues, ¿qué significa realmente decir que los Estados miembros pueden decidir separadamente qué valores límites quieren imponer? 
Fácticamente, esto significa que unos van más lejos que otros y esto va a traer consigo enormes dislocaciones en el mercado interior del fuel ligero y del fuel pesado. 
He recogido una vez las cifras y puedo facilitárselas de nuevo con mucho gusto a la Comisión. 
En algunos Estados miembros más de la mitad de la demanda se cubre a través de la importación y de la exportación, por consiguiente, esto no es una pequeña proporción que no afecte al mercado interior. 
A esto se suma, además, el aspecto medioambiental. 
Puede suceder, absolutamente, que un país establezca un 0 % de azufre en los carburantes a base de este fuel ligero y de este fuel pesado y que otros países, precisamente, no lo hagan. 
Lamentablemente, lamentablemente las nubes que portan la acidificación no se detienen en las fronteras. 
Probablemente resulte más afectado que antes este país, en el que rige el 0 %. 
No, necesitamos normas unitarias. Por esta razón, esto constituye un problema de mercado interior. 
Por esta razón, necesitamos como fundamento jurídico el artículo 100a. 
Segundo aspecto: tenemos que incluir también el gasóleo marino. Pues el 14 % de todas las emisiones N y de las emisiones X y el 16 % de todas las emisiones de azufre proceden únicamente de los navíos. 
En especial, aquí hay que hacer algo, incluso en el reequipamiento de los navíos viejos. 
Por consiguiente, estimados colegas, pongámonos al trabajo, hagamos de los carburantes de Europa una zona libre de azufre. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión para una estrategia contra la acidificación es importante y avanza en la dirección adecuada. 
Esta propuesta se centra en la reducción de las emisiones acidificantes. 
A pesar de ello, no estamos aún en condiciones de adoptar una decisión en torno a esta estrategia, ya que antes de su aprobación es absolutamente imprescindible corregir los datos anticuados e insuficientes. 
Como consecuencia de la acidificación, es importante dar prioridad a la reducción de las emisiones en las estrategias de convergencia de los países candidatos a la adhesión a la UE. 
Con motivo de la ampliación, se deberían orientar las ayudas destinadas a la protección medioambiental hacia las tareas de reducción de emisiones transfronterizas. 
La transferencia de tecnologías modernas a estos países podría permitir alcanzar considerables resultados de una manera más rápida y eficaz en toda Europa. 
También se debe avanzar lo más velozmente posible en la reducción de la concentración de azufre de los combustibles líquidos, estableciéndose también disposiciones para los combustibles fijos y para las instalaciones que hagan uso de estos combustibles. 
Habida cuenta de que la Organización Marítima Internacional (OMI) no ha limitado los niveles de azufre en los combustibles que utilizan los barcos, éstos tampoco se deberían incluir en la directiva de la UE relativa a los combustibles líquidos. 
El ámbito de competencias de la UE no afecta a algunos Estados ribereños del mar Báltico. 
Como consecuencia de ello, los barcos se dirigirían a repostar a estos países extracomunitarios en caso de que se incluyeran los combustibles de los barcos en el ámbito de la directiva. 
Esta medida no beneficiaría los intereses de la UE, por lo que se debería recurrir a otros métodos. 
Debido a la naturaleza del refinado de petróleo, esta actividad genera cantidades considerables de residuos no comercializables procedentes del destilado, que se utilizan como carburante de las propias plantas refinadoras. 
No es congruente establecer por separado restricciones a los combustibles de las refinerías. 
Desde el punto de vista medioambiental, sería posible alcanzar un resultado igualmente favorable estableciendo legislación tanto sobre las emisiones de las refinerías de petróleo, como sobre las características de cada uno de los combustibles por separado. 
Para la industria refinadora europea es importante conservar la flexibilidad a la hora de elegir los combustibles de las plantas. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, me congratulo por los informes de las Señoras Hautala, Hulthén y Pollack, pues representan una importante contribución a la mejora de la calidad del aire y de la protección de la salud humana en el medio ambiente dentro de Europa. 
Al establecer estas nuevas normas de calidad del aire en nuestras ciudades, podremos hacer que la industria empiece a tomar las medidas necesarias para ir a las que hoy son las fuentes de los problemas de contaminación atmosférica en nuestras ciudades. 
En particular, los problemas del azufre y a veces del SO2, y por supuesto de los óxidos nitrosos, del óxido de nitrógeno, en nuestra atmósfera provienen de la combustión de distintos combustibles sucios en las fábricas, los vehículos automotores y de otras fuentes como los barcos. 
No deberíamos subestimar el alcance de este problema. 
En su primera etapa es invisible y de muy graduales efectos pero su resultado son ríos sin vida, bosques perdidos y miles de muertes prematuras a causa de afecciones respiratorias. 
No podemos seguir pagando este precio y, por lo tanto, estos informes deben aprobarse para evitar mayores daños, descomposición y muerte en Europa. 
Las propuestas de reducir al 0, 1 % del peso el contenido de azufre en diversos combustibles son técnicamente realizables dentro de límites razonables de costo. 
Otras medidas de particular interés son las propuestas de crear una zona de control de emisión de SO2 en el Mar del Norte. 
Esta propuesta y las medidas asociadas servirán para atajar una fuente de emisiones que antes estaba fuera del control de la UE. 
En especial el informe de la Sra. Hautala, también plantea la base legal de esta propuesta. 
¿Se trata de una medida de mercado o es una medida de protección del medio ambiente? 
Mis anteriores consideraciones demuestran que para mí se trata ante todo de una medida para la protección del medio ambiente. 
Sin embargo, me dispongo a escuchar a mis colegas y a aceptar que hay verdaderas connotaciones de mercado en la propuesta, imprescindibles para controlar el azufre. 
Por último, las propuestas de este conjunto de documentos sólo pueden verse como pasos necesarios y, por consiguiente, insto a la Comisión y al Consejo a que acepten los informes y las enmiendas del Parlamento, en la seguridad de que los ríos, los bosques, los pueblos y las ciudades, desde Middlesbrough hasta Milán serán lugares más sanos, más limpios y más adecuados para vivir en ellos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la propuesta de directiva del Consejo, relativa a una reducción del contenido de azufre en algunos combustibles líquidos, en especial el fuelóleo y el gasóleo, ha de facilitar la lucha contra una serie de contaminaciones atmosféricas, que llamamos «lluvia ácida». 
Los efectos de esta contaminación son bien conocidos, sobre todo en las zonas urbanas. 
Por lo demás, he tratado esta cuestión en mi informe sobre el programa de acción comunitaria 1999-2000 relativo a las enfermedades vinculadas a la contaminación en el marco de emisiones de dióxido de azufre. 
Pero esta preocupación, muy legítima, de protección del medio ambiente, no ha de hacer que se olvide el aspecto económico, principalmente con respecto a la competitividad de las empresas de los Estados miembros. 
Existen, en efecto, grandes disparidades entre éstos. 
Algunos son grandes consumidores de fuelóleo pesado, otros consumen menos. 
Por ello presenté enmiendas en comisión, con el fin de que los Estados miembros adoptasen medidas para garantizar que los fuelóleos pesados no puedan ser utilizados en su territorio si el contenido de azufre sobrepasaba el 2, 5 % de peso, en lugar de un 1 % como precisa la Comisión. 
Esto permitiría un mayor respeto de la competitividad, pero parece que las normas exigidas son cada vez más severas y corren el riesgo de poner en peligro a los industriales que sin embargo- insisto- han comprendido el interés de todos y el interés en fijar normas razonables. 
Con esta severidad hay un peligro de que existan reducciones de normativas. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión parece aceptable en su conjunto. 
También les pido que respeten el texto, eliminando las enmiendas demasiado severas, un texto que, aunque ya muy exigente, ha de evitar normas aún más vinculantes y menos realistas del ponente. 
Presidente, cuando leo el informe de nuestra colega Hulthén sobre la estrategia para combatir la acidificación, tengo que pensar en mi propio país, los Países Bajos. 
En los Países Bajos en los últimos cinco años la emisión de amoniaco de la agricultura sólo se han reducido la mitad de lo que realmente hacía falta y lamentablemente este resultado tan decepcionante no es ninguna sorpresa. 
Esto demuestra que hacen falta medidas adicionales para alcanzar los objetivos medioambientales marcados. 
Por lo tanto, estoy muy satisfecho, y mi grupo parlamentario también, de que la Comisión haya elaborado una estrategia para combatir la acidificación y estaremos completamente de acuerdo con el endurecimiento que propone el informe Hulthén. 
La Comisión propone para el 2010 reducir a la mitad los umbrales críticos de la acidificación, que se sobrepasaron en relación al año de referencia 1990. 
Pero soy de la opinión de que esta estrategia se puede endurecer un poco. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Hulthén de que este objetivo se debe adelantar al año 2004. 
Y en el 2015 no se deberían poder alcanzar los umbrales críticos de las tierras de cultivo ya en ningún lugar. 
Además, las subvenciones para la agricultura tendrían que estar vinculadas a unas exigencias más severas para la emisión de amoníaco. 
Esto se llama integración del medio ambiente en el ámbito de la agricultura. 
En este marco se debe fomentar absolutamente la agricultura biológica sostenible. Si no, no llegaremos nunca. 
Por lo tanto, espero que la influencia de la Comisaria Bjerregaard en su colega Fischler sea lo suficientemente grande como para alcanzar este objetivo. 
Aunque, si leemos la Agenda 2000, también las propuestas de la Comisión del Sr. Fischler son alentadoras, también en el ámbito de la agricultura y el medio ambiente. 
Como punto final me parece muy importante que la lucha contra la acidificación no termine en las fronteras de la Unión Europea actual. 
Tenemos que ayudar y preparar a los países candidatos para que se acerquen a estos niveles. 
Señor Presidente, desde la perspectiva de la contaminación atmosférica, no sólo los depósitos de combustible de las centrales constituyen un grave peligro para la salud humana, sino también los motores de combustión de los automóviles. 
Hemos de reconocer este hecho, aunque nuestros votantes también tengan coches. 
Estamos fijando ahora valores límite para los combustibles líquidos, con la excepción del queroseno. 
El establecimiento de valores límite representa una medida positiva. 
Se deben hacer más estrictos también los valores de los combustibles fijos, principalmente por lo que respecta al carbón. 
De acuerdo con la estrategia de la UE en materia energética, está aumentando el consumo de gas y el uso de los recursos energéticos renovables. 
La mejora de la eficacia energética y la producción combinada de calor y electricidad reducen las emisiones. 
Habida cuenta de que el consumo de energía crece a un ritmo del 1 % anual, urge establecer para el consumo de carbón los mismos valores que estamos fijando ahora para el petróleo. 
Estamos tratando ahora sobre la acidificación del suelo; me gustaría recordarle a la Sra. Comisaria de manera especial que hay que mantener en vigor en las regiones septentrionales- en Finlandia, Suecia y Austria- estos valores límite, que son más estrictos que en otras partes, y que en la UE se deberían establecer los mismos límites también para el resto de sus Estados miembros. 
Señor Presidente, los tres informes que tratan de las limitaciones a la contaminación del aire me dan alegría y rabia. 
Por una parte, se trata de un tipo de problemas por los que la UE debería preocuparse muchísimo más, problemas cuya naturaleza es internacional y que exigen legislación internacional. 
En general, esos informes significan un fortalecimiento de la lucha contra la contaminación del aire, aunque hay defectos; se ha olvidado, por ejemplo, el combustible para aviones. 
Aún así, sin embargo se han ocupado, en general, por ejemplo de la acidificación que es un problema grande en mi país y en otros países comunitarios. 
Esto está bien. 
Esto tiene el total apoyo de nosotros el Grupo de los Verdes y también de mi propio Partido del Medio Ambiente sueco. 
Sin embargo, por otro lado, las infinitas ambiciones de poder de ciertos parlamentarios de la UE han causado una grave mancha en el informe Hautala, en contra de la voluntad del propio ponente. 
La Comisión de Medio Ambiente exige una modificación de las bases jurídicas de los artículos 130s a 100a, lo cual tiene su fundamento en la preocupación por la naturaleza, no solamente en el deseo del Parlamento Europeo de cambiar el proceso de decisión para los procedimientos de colaboración y coparticipación. 
Obviamente que a veces puede justificarse, pero en este contexto significa que las reglas de ser normas mínimas se transforman en armonización total, lo que puede tener efectos medioambientales desfavorables en países que tienen reglas más severas, por ejemplo, Suecia. 
Además, el artículo 100a impide a los países comunitarios darse reglas más estrictas en el futuro. 
Una referencia al artículo 100a.4 no tiene valor ya que todos sabemos que no es una garantía medioambiental sino que una estrecha posibilidad de excepción que casi nunca puede usarse; además será aún peor en el Tratado de Amsterdam. 
Es, por tanto, provechoso que el Parlamento quiera intensificar la lucha contra la contaminación del aire, pero no lo es que en la elección entre proteger el Medio ambiente... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, en lo que atañe a la directiva relativa a la reducción del contenido de azufre de algunos combustibles líquidos, no parece que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor haya seguido los consejos del señor ponente que recomendaba aprobar el fundamento jurídico propuesto por el Ejecutivo, optando por el artículo 100 A que, si el Consejo está de acuerdo, someterá este acto legislativo al procedimiento de codecisión. 
La Comisión de Medio Ambiente ha insistido en el hecho de que las ventajas que se derivan de la reducción del contenido de azufre en los combustibles serán muy superiores a los costes que deberá sufragar la industria para adaptar la maquinaria de refinación. 
Confiamos en que en el procedimiento de codecisión prevalezca el sentido común y que se tenga en cuenta que, por ejemplo, el petróleo extraído del mar del Norte tiene un contenido de azufre mucho más bajo que el que se extrae en el Mediterráneo. 
En consecuencia, se plantean problemas diferentes para los países del sur y los países del norte, por lo que, sin lugar a dudas, la armonización deberá tener en cuenta los problemas medioambientales, así como los laborales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, de las muchas influencias del medio ambiente a las que están expuestos los seres humanos la contaminación del aire es percibida por la mayor parte como la más fuerte y es clasificada como la más desagradable. 
Por esta razón, celebro mucho los informes que estamos discutiendo aquí esta tarde: una estrategia contra la acidificación, directivas sobre valores límite para el dióxido de azufre, para el dióxido de nitrógeno, para el plomo y para las partículas, así como la reducción del contenido azufre en determinados carburantes y combustibles líquidos. 
Quiero dar las gracias a la ponente y creo que su trabajo es apropiado, en conjunción con la legislación que se ha aprobado bajo el programa auto-oil, para hacer más libre de sustancias nocivas el aire sobre o en la Unión Europea y también para hacer más limpia el agua, pues hemos de pensar siempre que la mitad de la contaminación del agua es producida por sustancias nocivas que son transportadas por el aire. 
La contaminación del aire es transfronteriza, pero también se produce en pequeños espacios, y ambas pueden ser reducidas realmente mediante esta directiva, pues, precisamente, la contaminación del aire que se origina por el alto contenido en azufre de los combustibles líquidos, contribuye, sobre todo, en los valles estrechos de montaña a que se contamine el aire local, mientras que en otras partes, en las planicies, donde se encuentran los valles llanos, se hace más fuertemente perceptible la contaminación transfronteriza del aire. 
Creo que es muy importante que la industria que se ve confrontada con esta directiva elija en sus reequipamientos nuevas soluciones tecnológicas y ninguna estrategia end of pipe, pues así no mejoramos nuestra industria sino solamente encarecemos los productos. 
Quisiera indicar que la ciudad en la que vivo tenía hace unos 15 años los mayores problemas de contaminación del aire de todas las ciudades austriacas y mediante las nuevas tecnologías ha conseguido una mejora tal que la industria emite solamente el 10 % de las sustancias tóxicas de entonces y esto en una industria que está más desarrollada que entonces. 
Aprobar estas directivas constituye un importante paso en dirección hacia la prevención sanitaria, y creo que con esto debería ir pareja una estrategia encaminada a impedir la formación de ozono cercano al suelo. 
Espero también que las enmiendas que se han realizado en el Informe Hautala, en el que la Comisión de Medio Ambiente ha votado en favor de uno de los valores limite austriacos-finlandeses-suecos para el azufre y el fuel, sean aceptadas por la Comisión y se avance un paso más en la mejora de los valores relativos al aire en la Unión Europea. 
Para finalizar quisiera decir una cosa. En el pasado, en la Edad media, se decía: " El aire de la ciudad hace libre». 
Señor Presidente, no voy a volver sobre los daños, bien conocidos, que provoca la acidificación sobre el medio ambiente. 
Ya hemos hablado suficiente. 
Por lo que respecta a la reducción del contenido de azufre y el informe presentado por la Sra. Hautala, soy favorable a un cambio en la base jurídica y a la adopción del artículo 100A relativo al mercado interior y por consiguiente al acercamiento de las legislaciones, con el fin de evitar las distorsiones de competencia. 
Sabemos bien que el contenido de azufre es diferente cuando se trata de combustible procedente o bien del norte de Europa o del Golfo Pérsico. 
Debo precisar, por otra parte, que el párrafo 4º del artículo 100A permite a los Estados miembros, por razones medioambientales, aplicar disposiciones nacionales mucho más vinculantes. 
Esto permite a Austria, a Finlandia y a Suecia continuar imponiendo normas mucho más estrictas. No hay problema por ahí. 
Debo decir, sin embargo, a la Sra. Hautala, que me parece que ella quizá va demasiado lejos y es preciso tener en consideración problemas económicos que plantea su informe. 
Por consiguiente, no soy favorable a la ampliación del campo de aplicación de la propuesta a los fuelóleos pesados, a los gasóleos, ni al queroseno de aviación que no representa más que el 0, 2 % de las emisiones totales de azufre y sólo alcanza las capas superiores de la atmósfera. 
Igualmente, en lo que respecta al fueolóleo para calderas, creo que es preferible esperar a la negociación del convenio Marpol en el marco de la Organización Marítima Internacional que debería concluir pronto y que debe fijar el contenido de azufre de este fuelóleo y definir las zonas de protección especial. 
Creo que es razonable esperar a la conclusión de esas negociaciones y no perturbar el correcto desarrollo de las mismas. 
Finalmente, siempre por razones económicas, deseo que no se fijen plazos demasiado cortos para disminuir el contenido de azufre, ya sea de los fuelóleos pesados, ya sea del gasóleo. 
Cuando se decide fijar estas reducciones a 1999 cuando estamos a mitad de 1998, creo que los plazos son especialmente cortos y que eso es perjudicial para la economía. 
Señor Presidente, esos tres informes que estamos debatiendo están muy relacionados entre sí. 
El informe Pollack se orienta hacia la contaminación del aire como una amenaza a la salud de los ciudadanos. 
Estoy convencido de que es perfectamente posible poner exigencias aún mayores que las de la Comisión, al menos en algunos campos. 
Algunos países ya han llegado más lejos. 
Con todo, voy a concentrarme en el informe Hulthén sobre una estrategia común contra la acidificación. 
Es un buen informe sobre un problema muy grave. 
La Comisión de Medio Ambiente opina que se necesita un objetivo más ambicioso para el año 2015. 
Dentro de ciertos terrenos se va a rebasar el límite crítico de carga, pero esos terrenos deben ser muy escasos. 
En Suecia, han disminuido los recursos destinados al tratamiento con cal de los lagos para aumentarles su pH. Se calcula que solamente esta medida puede ser la causa de que cerca de 3000 peces y un millón de invertebrados desaparezcan. 
En muchos lugares de Europa hay grandes daños en los bosques debidos a las emisiones acidificantes. 
En el año 1993 el uso del carbón correspondía a cerca del 60 por ciento de los vertidos de dióxido de azufre. 
Por eso, la propuesta de acabar con las subvenciones al carbón es importante. 
Por el contrario, debería imponerse gravámenes al carbón por las emisiones de azufre. 
Las ponentes también han destacado otros efectos de las emisiones acidificantes, entre otros, los efectos para la salud. 
Si se usan datos de los propios estudios externos de la Comisión sobre las diferentes clases de energía, se puede comprobar que si reemplazásemos durante diez años la energía atómica con energía producida con carbón, se producirían cerca de 20000 nuevos casos de cáncer en la Unión. 
Además, también tenemos que reconocer que la segura energía atómica occidental nos da una poderosa contribución tanto contra la acidificación como contra el efecto invernadero. 
También tengo el convencimiento de que el cálculo de los costes totales de la contaminación del aire demuestran que es muy conveniente tratar de alcanzar objetivos parlamentarios y que ellos deben poder solventarse con recursos económicos de gestión eficaces. 
Señor Presidente, señoras y señores, desde hace casi 20 años las medidas europeas y nacionales contra la contaminación del aire han dejado sentir sus efectos. 
Sin embargo, el transporte sigue siendo una de las fuentes principales de contaminación. 
Un principio importante de nuestro grupo ha sido desde el principio la lucha contra la contaminación en su origen. Éste es también el objetivo de las dos directivas que son objeto de los informes de la Sra. Hautala y de la Sra. Pollack. 
Propuestas esenciales de mejora son apoyadas también por nuestro grupo. Sin embargo, me parece importante que la nueva legislación coincida con otras disposiciones fundamentales, por ejemplo, con las directrices de la UIV relativas a la autorización de las instalaciones. 
Por lo demás, en varios Estados miembros existe el problema de las denominadas cargas del pasado, originadas, en concreto, por la extracción de los minerales metálicos que se ha venido practicando a lo largo de los siglos. 
Esta carga histórica origina en los alrededores de los hornos de fundición del plomo una mayor contaminación con sustancias tóxicas que apenas pueden ser reducidas en el volumen exigido dentro del plazo previsto y para la cual considero necesario que se haga una excepción estrictamente limitada. 
La enmienda correspondiente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores es demasiado amplia, posibilitaría excepciones prácticamente para cada ciudad. 
Por esta razón, he presentado una enmienda. 
Por lo demás, ruego que se considere una problemática típica en las fronteras con los estados del antiguo bloque del este, Hungría, Chequia y Polonia. Las altas contaminaciones de sustancias tóxicas que todavía nos seguirán llegando por aire desde estos países durante un tiempo previsible, deben registrarse, pero no deben ser atribuidas a los Estados de la UE a la hora de la medición de los valores límite. 
Solicito el apoyo para estas enmiendas y quisiera preguntar también a la Comisión acerca de si está dispuesta a aceptarlas. 
Señor Presidente, señoras y señores, las emisiones de dióxido de azufre constituyen un considerable problema en Europa. 
Para unas regiones se trata de daños originados en los bosques, para otros el motivo de la preocupación es la amenaza de valiosos monumentos arquitectónicos. 
Pero para todos nosotros se trata de la salud de las personas en Europa. 
Es necesario adoptar medidas en diversos ámbitos. 
Una de las más importantes es, sin duda, la reducción del contenido de azufre en los carburantes de los vehículos a motor. 
El programa Auto-oíl sobre el cual este Parlamento ha dicho con toda claridad todo lo que es necesario desde el punto de vista de la política de medio ambiente, se encuentra actualmente en una difícil fase de intermediación con el Consejo. 
Hoy estamos discutiendo un complemento importante al programa Auto-oíl, sobre determinados carburantes y combustibles, que en parte tienen una considerable participación en el conjunto de las emisiones de SO2. 
Esto es especialmente cierto de los aceites pesados. 
Esto se ve asegurado, en especial, por la excepción que permite sobrepasar los valores límites de azufre en caso una contaminación defendible de SO2. 
No obstante, es necesario modificar la propuesta de la Comisión en dos puntos: el ámbito de aplicación de la futura directiva debe ampliarse al aceite y la diesel marinos. 
La propia Comisión ha indicado en los considerandos de su propuesta que aquí reside una importante fuente de emisiones, en especial en el espacio del Mar Báltico y en partes del Mar del Norte. 
Sin embargo, es un error pretender esperar a posibles resultados de negociaciones internacionales. Más bien la Unión Europea debería ejercer una cierta presión mediante el establecimiento de valores límite en su ámbito. 
Igualmente importante es, en mi opinión, la cuestión de sobre qué fundamento jurídico debe apoyarse la directiva, en el artículo 130s o en el 100a. 
Todos somos conscientes de que ésta es una cuestión jurídica, para cuya respuesta el Tribunal Europeo de Justicia ha desarrollado criterios claros. 
La Comisión ha movilizado determinadas razones para la elección del artículo 130. 
No quiero comentarlas, ni entrar en detalles. 
Sólo esto: en los argumentos en favor del artículo 130s no se ha abordado hasta ahora la pregunta de por qué la directiva del programa Auto-oíl se basa en el artículo 100a. 
Aquí tenemos las mismas condiciones, los mismos fundamentos. Por consiguiente, vuelve a regir aquí el artículo 100a. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo en que hay que luchar contra la acidificación, pero también quiero decir que Europa es muy diversa y que no es lo mismo los lagos suecos que determinadas zonas áridas del sur, y que, por lo tanto, señora Comisaria, al legislar habría que ser mucho más flexible. 
A mí preocupa, señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, el problema que tenemos con la legislación en medio ambiente. 
Generalmente no se cumple. 
Lo sabe usted, señora Comisaria. 
Se cumple poquísimo. 
Y a mí me parece que parte del problema reside en que no se legisla adecuadamente. 
Quiero insistir en que, siendo muy importante la estrategia contra la acidificación- la reducción del contenido de azufre en los combustibles- hay que tener en cuenta determinados sectores. 
Yo presenté unas enmiendas- que no fueron aceptadas por mi Grupo- para las refinerías de petróleo y para las plantas cementeras. 
Las refinerías de petróleo van a estar sometidas a la directiva que limita las emisiones procedentes de los grandes focos de combustión y, por lo tanto, creo que no tiene sentido una doble regulación, sobre todo cuando ya existe ésta que es más estricta. 
Y las fábricas de cemento queman toda clase de combustibles, no admiten óxido de azufre, porque lo incorporan al clinker y ello, señora Comisaria, habrá que tenerlo en cuenta. 
En cualquier caso, bienvenida sea toda esta normativa que regula la acidificación, pero tengan en cuenta que, si no son flexibles, no se cumplirá y será motivo de una enorme frustración. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar agradeciendo a la Comisión de Medio Ambiente y especialmente a las tres señoras ponentes, Sra. Pollack, Sra. Hulthén y Sra. Hautala, el gran trabajo llevado a cabo en el tratamiento de tanto la estrategia de acidificación como de las dos propuestas de directiva y también me gustaría dar las gracias a la Comisión de Energía, que también ha estado involucrada en este trabajo. 
Se trata de materias técnicamente complicadas, sin embargo, materias al mismo tiempo que tienen gran trascendencia para la protección del medio ambiente y la salud en Europa. 
Quiero, aunque hayamos tratado juntas las tres propuestas, dividirlo de todas formas en tres partes distintas, puesto que a dos de las propuestas hay bastantes enmiendas que puede ser necesario comentar y por lo tanto esto también vaya a llevar algún tiempo. 
En primer lugar y acerca del informe sobre la propuesta relativa a la calidad del aire. 
La propuesta es la primera que la Comisión ha lanzado bajo la Directiva marco sobre evaluación y gestión de la calidad del aire. 
Establece nuevos valores límites para el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, las partículas y el plomo. 
Estos valores límites están basados en las directrices de la OMS, que se aprobaron en 1996 tras un programa de colaboración con la Comisión. 
Darán la mayor protección posible en toda la Unión Europea y también protegerán el medio ambiente. 
Hay muchos aspectos en los que la Comisión está de acuerdo con las constructivas enmiendas de la comisión. 
Particularmente las enmiendas 5, 18 y 19, que establecerán un umbral para los óxidos de nitrógenos, son un valioso aditamento a la propuesta. 
La concentración que la comisión propone está basada en un umbral para efectos especiales y se aplica ya en Francia como base para la alerta a la población. 
Puedo aceptar también las enmiendas 1 y 2 en principio, las 3, 4, 6, la 10 parcialmente, las 12 y 14 en principio, la 16 parcialmente, las 17 y 22 en principio, las 23, 24, 25, 26, 32 y finalmente la 36 en principio. 
Ahora me gustaría aclarar brevemente las razones por las que la Comisión no puede aceptar las restantes enmiendas. 
En cuanto a las partículas, no puede identificarse ninguna concentración, bajo la cual no puede contarse con sus efectos. 
La Comisión no puede, por tanto, aceptar las enmiendas 7, 20 y 21. 
Los indicadores de información a la población deben mantenerse. 
No puedo aceptar en consecuencia las enmiendas 11 y 27. 
Estoy completamente de acuerdo en que las ONG deben estar informadas, sin embargo, pienso que no es necesario establecer normas detalladas del modo en que esto debe producirse. 
Una parte de la enmienda 10 no puede, por tanto, ser aceptada. 
Los valores de calidad del aire propuestos son ambiciosos, pero alcanzables, y los valores límites para proteger la salud humana deben mantenerse doquiera que haya riesgo de que los ciudadanos estén expuestos. 
Las enmiendas 8 y 34, que introducirían una excepción para las plantas industriales que emiten plomo, no pueden aceptarse. 
Algunas de estas plantas se hallan situadas cerca de áreas residenciales. 
Por otro lado tampoco puedo aceptar la enmienda 40 que va bastante más lejos que las directrices de la OMS. 
Tampoco puedo aceptar la enmienda 15, la segunda parte de las 16, 37, 38 y 39 que harían más estrictos los valores límites para el bióxido de sulfuro. 
Los valores límites para protección de la salud y del medio ambiente que la Comisión propone proporcionan un alto nivel de protección. 
Las restricciones propuestas no aumentarían esencialmente en algunos casos el nivel de protección y serían muy difíciles de cumplir en partes de la Comunidad, especialmente en los países meridionales. 
Estos valores serán sometidos a una nueva evaluación cuando la Comisión informe sobre la puesta en práctica de la directiva en el año 2003. 
Hasta entonces los Estados miembros pueden, puesto que tratamos con el artículo 130 C, establecer por supuesto valores límites más estrictos si piensan que esto es necesario a causa de circunstancias locales. 
Algunas partes de la Unión podrán cumplir los valores límites propuestos de la Comisión para los óxidos de nitrógeno en el año 2010 como resultado de medidas tales como la propuesta Auto-oil. 
Muchas otras zonas, especialmente nuestras grandes ciudades, deberían, no obstante, hacer un esfuerzo mucho mayor y sobre todo adoptar decisiones difíciles. 
Esto lleva tiempo y la Comisión no puede, por tanto, aceptar la enmienda 28. 
La propuesta de la Comisión establece valores límites extremadamente estrictos para las partículas. 
Cumplirlos será un desafío considerable en toda la Unión. 
La Comisión considera justificado el desafío teniendo en cuenta la importancia de las partículas para la salud humana. 
Las enmiendas 29, 30 y 31 no son, sin embargo, en absoluto realistas y la Comisión no puede aceptarlas. 
La enmienda 13 determina las necesidades investigadoras pertinentes a fondo y claramente. 
Esta propuesta no es, sin embargo, el lugar indicado para semejante lista, puesto que las necesidades investigadoras se tratan dentro del quinto programa marco de investigación. 
La Comisión no acepta la enmienda 9, la cual limitaría el mandato de la comisión consultiva, que ha sido creada bajo la Directiva marco, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire. 
La enmienda 35 no puede ser aceptada, pues la contaminación transfronteriza se trata en la legislación comunitaria de otra manera. 
Finalmente no puedo aceptar la enmienda 33 sobre la IPPC, pues no hay ninguna conexión con las disposiciones de la propuesta. 
Creo que como conclusión podemos estar todos de acuerdo en que la propuesta es un importante paso para garantizarles a los ciudadanos europeos un aire más limpio al que tienen derecho en el próximo siglo. 
De ahí que me alegre de que sea de esperar que podamos aprobar y poner en práctica la propuesta rápidamente. 
Ahora me gustaría pasar a la estrategia de acidificación y con ello al informe de la Sra. Hulthén. 
La Comisión ha propuesto a petición del Consejo- como se ha mencionado también- una estrategia ambiciosa para combatir la acidificación en la UE. 
La estrategia establece un objetivo preliminar para el año 2010 y este objetivo pretende que la superficie que reciba más lluvia ácida de la que el ecosistema pueda tolerar se reduzca de casi 9 millones de hectáreas a 4, 5 millones de hectáreas. 
Para alcanzar esta reducción los medios de actuación más importantes son la directiva propuesta sobre el contenido de azufre de los combustibles líquidos, que también tratamos hoy, y una propuesta de directiva por la que se establecen techos de emisión nacionales para sustancias acidificantes que la Comisión presentará a comienzos del próximo año. 
Constituye para mí una gran alegría ver el apoyo habido hoy aquí a la estrategia, especialmente en lo que atañe a la valoración integrada, el objetivo preliminar y el uso de los techos de emisión nacionales, porque son medios importantes para alcanzar el objetivo. 
Puedo entender bien por qué el Parlamento ahora desea ya un nuevo y ambicioso objetivo para el año 2015 que en principio conducirá a que la carga crítica no se sobrepase en ninguna región. 
La Comisión se propone revisar la estrategia en el año 2004 y en este sentido tendrá en mente la posición del Parlamento. 
He observado con gran interés el número de medidas con respecto a las emisiones de los buques que el Parlamento desea que la Comisión recoja. 
Es un tema que figura en el orden del día de la Comisión y tenemos planes de presentar propuestas de medidas en este ámbito. 
En cuanto a la idea de un plan de acción por medio del cual los países entrantes se involucren en la estrategia, me gustaría señalar que el proceso que los países solicitantes deben seguir para armonizar su legislación con la legislación medioambiental comunitaria satisface esta necesidad. 
Creo que fue particularmente la Sra. Schleicher quien trató esta cuestión. 
Los países entrantes deben haber armonizado sus legislaciones con el compendio normativo comunitario en el momento de la adhesión y el programa Phare se aplica en este momento para ayudarles a cumplir esta obligación. 
El Sr. Eisma planteó una pregunta sobre una estrategia coordinada para reducir los efectos dañinos para la agricultura. 
Y aquí, igual que el Sr. Eisma, me gustaría destacar que en la reforma en curso de la política agraria común se hace especial hincapié en que las consideraciones medioambientales se integren en la política agraria y creo que puedo decir que esto se produce de una forma que no hemos visto antes. 
Celebro que haya en general un acuerdo claro sobre los objetivos y las líneas generales de la estrategia de la Comunidad para luchar contra la acidificación. 
Este apoyo es valioso para la Comisión a la hora de seguir trabajando en los diferentes elementos de la estrategia. 
Finalmente está el informe de la Sra. Hautala sobre el azufre en ciertos combustibles. 
La propuesta es una de las once medidas que se han descrito en la estrategia de acidificación. 
El objeto de la propuesta es reducir la emisión de dióxido de azufre, el cual- como también ha sido subrayado- es uno de los mayores contaminantes acidificantes en la UE en su conjunto y esto lo hacemos introduciendo restricciones en el contenido de azufre de ciertos combustibles líquidos. 
Se espera que la propuesta reduzca la emisión de dióxido de azufre en cerca de un millón de toneladas al año de los 3 millones exigidos en total en la estrategia de acidificación. 
Ahora abordaré más detenidamente las 28 enmiendas. 
En primer lugar, puedo comunicar que la Comisión puede aceptar 16 de las enmiendas bien total, bien parcialmente, bien en principio, puesto que mejoran la propuesta. 
Celebro en especial que el Parlamento haya recogido la cuestión de las emisiones de los buques, tal y como la señora ponente subrayó también. 
La Comisión había esperado que en la conferencia sobre la lucha contra la contaminación de los mares de septiembre de 1997 se hubieran adoptado decisiones sobre una solución razonable a la cuestión de las emisiones de dióxido de azufre de los buques. 
De ahí que fuera muy desilusionador que no ése no fuera el caso. 
Puedo aceptar por lo tanto el principio de la enmienda 6 sobre petróleo para calderas, siempre que se inserte un artículo en el que se pida a la Comisión que considere medidas adicionales y dado el caso presente propuestas al respecto. 
Por lo demás, la Comisión puede aceptar íntegramente la enmienda 2, la segunda parte de la 3, la primera parte de la 5, las enmiendas 8, 13, 14, la primera parte de la 15, la primera parte de la 19 y la 28, las enmiendas 16, 17, 23 y 27 parcialmente, la primera parte de la 3, en principio, la segunda parte de la 5, la 6, la primera parte de la 9, la segunda parte de la 15 y la 26. 
La Comisión ha de rechazar, no obstante, las restantes enmiendas por las razones siguientes: Consideramos las enmiendas 1, 4, 7, 11 y 22 por las que se modifica la base jurídica por el artículo 100 A, que por supuesto varios oradores trataron durante el debate de hoy, irreconciliables con las miras medioambientales de la propuesta y la circunstancia de que como punto de partida se haya escogido precisamente la relación coste-eficacia. 
Además, la modificación de la base jurídica- como dijeron varios oradores- implicaría que Austria y Finlandia se encontraran en una situación difícil, puesto que sus posibilidades actuales para establecer valores límites más estrictos cesan a finales de año. 
Las enmiendas 10, 12, la segunda parte de la 19 y la 24 exigen valores límites más estrictos, sin embargo, esto hará la propuesta menos eficaz con relación a su coste. 
Cada Estado miembro siempre puede instaurar un valor límite más estricto si tiene necesidad de ello, entiéndase, si mantenemos la base jurídica. 
La enmienda 20 será un paso atrás en lo que al medio ambiente se refiere, puesto que ya algunas refinerías se rigen por valores límites más estrictos para las emisiones medias. 
La segunda parte de la enmienda 9 exige que la Comisión presente propuestas sobre los instrumentos económicos. 
Visto así, no es necesario, pues la Directiva 92/81 ya contiene los marcos para la implantación de impuestos especiales específicos diferenciados. 
La Comisión naturalmente se propone revisar esta cuestión en relación con la revisión general de la directiva en el año 2003. 
Luego están las enmiendas 21 y 25 que pensamos atañen a cuestiones institucionales que nos parece que no vienen al caso en la propuesta de directiva. 
Y están finalmente la segunda parte de la enmienda 18 y la primera parte de la enmienda 24, que introducen el concepto de " territorio de la UE». 
Con ello no se añade nada esencial y esto, sin embargo, puede dar lugar a complicaciones jurídicas. 
La primera parte de la enmienda 18 es irrealizable en la práctica a causa de su corta dimensión temporal. 
La implantación de nuevas normas para el fuel antes del año 1999 no es posible. 
Señor Presidente, ha sido un turno largo, había, sin embargo, muchas enmiendas y pienso que le debía al Parlamento abordar todas ellas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Etiqueta ecológica 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0119/98) del Sr. Poggiolini, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica (COM (96) 0603- C4-0157/97-96/0312 (SYN)) 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hoy abordamos en primera lectura la revisión del Reglamento nº 880/92 relativo a la ecolabel, la etiqueta ecológica para los productos con un reducido impacto medioambiental, cinco años después de su adopción. 
En estos cinco años, el sistema no ha funcionado perfectamente y muy pocos ciudadanos de la Unión han podido encontrar en las estanterías de sus supermercados productos etiquetados con el logotipo europeo, una graciosa florecilla compuesta por una corola de 12 estrellas que enmarca la «E» de Europa. 
Las múltiples dificultades y los retrasos de su aplicación, las obvias cuestiones relativas a conflictos de competencia y la excesiva burocratización de los procedimientos, han supuesto establecer los criterios sólo con respecto a 12 grupos de productos, para los cuales hasta septiembre de 1997 sólo fueron concedidas 40 licencias a 22 fabricantes. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, pese a reiterar su pleno apoyo a la Comisión con objeto de mantener y de mejorar la etiqueta ecológica comunitaria, al aprobar numerosas enmiendas, ha introducido importantes y valientes cambios. 
En primer lugar, a raíz de la propuesta de la Comisión de crear la Organización Europea de Etiquetado Ecológico, dotada de personalidad jurídica y encargada de establecer los criterios con respecto a cada grupo de productos, a la vista de las dificultades, ha propuesto sustituir la nueva Agencia por el Comité Técnico de Etiquetado Ecológico, dependiente de la Comisión y compuesto por los organismos nacionales competentes y, no obstante, presidido por la propia Comisión, cuya importante tarea de mediación política y de coordinación técnica, en nuestra opinión, debe mantenerse. 
Asimismo, se ha vuelto a incluir y reforzar el Foro de carácter consultivo que, inexplicablemente, la Comisión ha suprimido, a fin de permitir a todas las partes implicadas participar con mayor peso en el proceso de toma de decisiones. 
Además, se ha ampliado a los servicios el ámbito de aplicación del reglamento, una importante oportunidad para las pequeñas y medianas empresas y para las empresas de artesanado; por ejemplo, se piensa en el «ecocarrocero» que sólo emplea pinturas ecológicas. 
Otro importante concepto adoptado es el grado de fiabilidad técnica en cuanto a la calidad del producto. 
En efecto, debemos garantizar que los productos ecocompatibles sean también de buena calidad y que los consumidores estén satisfechos y dispuestos a volverlos a adquirir, porque si no son de buena calidad, pese a ser ecocompatibles, se corre el riesgo de que nadie los compre. 
Ha sido incluida también una novedad que será muy apreciada por sus destinatarios, o sea, la reducción del 50 % del gasto correspondiente a los cánones anuales para las pequeñas y medianas empresas y para los países en desarrollo. 
En cuanto al logotipo, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha elegido una etiqueta compuesta por una sola flor en lugar del complicadísimo sistema propuesto por la Comisión, en que se incluirán, en su caso, informaciones sobre al menos uno y no más de tres criterios de incidencia medioambiental como, por ejemplo, la contaminación atmosférica reducida, la eficacia energética y la toxicidad. 
El último y no menos importante escollo a superar de cara al relanzamiento de la etiqueta ecológica europea, es su relación con los numerosos sistemas nacionales ya existentes en los diferentes Estados miembros, conocidos y valorados por muchos ciudadanos europeos, por ejemplo, en Alemania el Ángel Azul o en los países escandinavos el Cisne Blanco. 
En realidad, la flor europea debe coexistir con más de ocho sistemas europeos. 
La Comisión, en el artículo 11, ha propuesto que, en el plazo de 5 años desde la entrada en vigor del presente reglamento, se lleve a cabo la sustitución de los sistemas nacionales por el europeo, pero sólo para los grupos de productos con respecto a los cuales se hayan establecido criterios comunitarios específicos. 
No es verdad, por lo tanto, que se quieran suprimir los sistemas ya existentes y, como prueba de nuestra firme voluntad de garantizar la complementariedad de las diferentes etiquetas existentes y la rigurosidad del sistema europeo, en mi calidad de ponente, deseo expresar mi pleno apoyo a la enmienda nº 52, presentada por el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo y por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea- Izquierda Verde Nórdica, pero suscrito también por numerosos colegas de otros Grupos. 
Esta enmienda perfecciona el artículo 11 al prever un estudio independiente, encargado por la Comisión, que demuestre que los criterios medioambientales establecidos con respecto a la etiqueta europea son tan rigurosos como los previstos por el mejor sistema nacional. 
Sin embargo, para lanzar la etiqueta ecológica, es preciso que se publicite con objeto de que, por fin, sea reconocida y valorada por los consumidores como un importante instrumento para contribuir a un mundo más verde y limpio, conceptos que están perfectamente en línea con una Unión Europea que ha adoptado una moneda común, que aspira a una ampliación y a una integración económica y política cada vez más amplia. 
Señor Presidente, ante todo, felicito al ponente. 
Recuerdo nuestras interesantes y a veces viscerales discusiones sobre el tema, en las que me impresionaba su comportamiento democrático y encantador. 
¿Pero qué pasa con el asunto en sí? 
El plan de etiquetas ecológicas de la Unión Europea es una buena iniciativa para proteger el medio ambiente dentro del mercado interior. 
Como plan voluntarista destinado a promover los procesos de producción favorables al medio ambiente y a ayudar a los consumidores en una elección informada a la hora de hacer sus compras, el etiquetado ecológico es un instrumento potencialmente prometedor. 
Por lo tanto, me alegro por la revisión del plan de la etiqueta ecológica de Unión Europea, porque hasta ahora este plan no ha tenido el éxito que debiera, como lo ha señalado el Sr. Poggiolini. 
Sin embargo, la propuesta de la Comisión no significará que se imponga el plan del etiquetado ecológico, tal como está formulado. Entre otros, lo han criticado con dureza tanto agentes interesados como consumidores y organizaciones medioambientales en la industria. 
Primero, la introducción de una etiqueta clasificada por calidad no tiene el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor a causa de su complejidad. 
Los consumidores no tendrán la ocasión de comprender por qué se otorga más de una flor. 
Esta etiqueta graduada será confusa, porque resulta difícil entender las razones que hay detrás de la atribución de dos o más flores a un producto. 
Por consiguiente, nuestro grupo votará a favor de una etiqueta ecológica con una flor, que también proporcione información adicional sobre los criterios medioambientales usados para atribuir dicha etiqueta a ese producto específico. 
Segundo, nuestro grupo concuerda con el ponente en que la formación de una organización de etiquetado ecológico europea independiente (OEE) no sorteará las dificultades que surgen de los complejos procedimientos para definir los criterios de otorgamiento de las etiquetas ecológicas. 
Nuestro grupo apoya la iniciativa del ponente respecto a un compromiso: la creación de un comité técnico para la etiqueta ecológica, bajo la responsabilidad de la Comisión. 
También refrendamos la propuesta del ponente de alinear todo esto con el artículo 100a del Tratado. 
Por último, no estamos de acuerdo con la Comisión respecto a la armonización total de las etiquetas ecológicas nacionales y privadas para productos que hayan recibido una etiqueta ecológica de la UE. 
También quiero referirme- como lo ha hecho el Sr. Poggiolini- al cisne nórdico y al ángel azul alemán. En estos momentos, hay que reconocer que son etiquetas con gran fuerza. 
Antes de armonizar, debemos establecer un calendario para que en el futuro las podamos unir. 
Para terminar, espero que la Comisión consiga que los europeos reconozcan una etiqueta ecológica fuerte. 
Señor Presidente, el informe Poggiolini implica en la mayoría de los terrenos que la propuesta de la Comisión se ha mejorado. 
Con todo, queda un gran problema en el punto 11.1 de la propuesta de la Comisión que trata de la posibilidad de prohibir sistemas de etiquetado ecológico tanto nacionales como internacionales. 
Opino que no es una desventaja contar con sistemas paralelos. 
En Suecia, que es uno de los países que ha tenido mejor etiquetado ecológico, tenemos dos sistemas que compiten, lo que le da fuerza. 
Además, no es en absoluto seguro que la flor de la UE alcance el mismo nivel de calidad o comprenda a tantos productos como los sistemas de existentes, ni siquiera después de cinco años. 
Entonces hay un riesgo evidente de que se destruya un sistema de etiquetado ecológico que funciona y que da buena información a los consumidores. 
La Comisión, que como en situaciones similares acostumbra a loar las bondades de la libre concurrencia, puede hacerlo también en este caso. 
¡Se lo agradeceríamos! 
Por eso, lo mejor sería sacar todo el punto 11.1, es decir, que se borre. 
También hemos presentado una propuesta de enmienda en este sentido. 
Como segunda opción sería que la propuesta de enmienda 52 se aprobase. 
Por lo menos así se limitan los posibles daños producidos al intervenir en los sistemas nacionales. 
Señor Presidente, tenemos todos los motivos para respaldar los intentos del ponente, el Sr. Poggiolini, por mejorar el etiquetado medioambiental en la Unión Europea, pero la verdad es que el presente sistema no funciona hoy por hoy. 
En la propuesta de la Comisión se comete un error muy grave, al que ya se han referido los Sres. 
Sjöstedt y van Putten: en este asunto no se quiere permitir la libre competencia entre los distintos sistemas de etiquetado, sino que, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, en el plazo de cinco años deberían desaparecer los sistemas voluntarios de etiquetado. 
La Comisión lo llama armonización. 
Se trata de una circunstancia que me sorprende enormemente, ya que- por lo general- la Comisión defiende la libre competencia y la economía de mercado. 
Creemos que no se deberían eliminar de esta manera etiquetas medioambientales muy positivas y logradas, por lo que exhorto al ponente a aprobar nuestra enmienda, cuyo punto de partida es que esta medida no se debe adoptar de ningún modo a la ligera. 
Lo mejor sería que la Comisaria danesa responsable de las cuestiones medioambientales aceptara suprimir el punto de la propuesta de la Comisión que establece la desaparición dentro de cinco años de estos sistemas de etiquetado voluntarios, ya que ello asestaría también un golpe mortal, quizás, al mejor de ellos, a la etiqueta ecológica del cisne nórdico. 
Les pregunto a todos los presentes si esta bonita flor ecológica debería acabar de un venenoso pinchazo, entre otras víctimas, con nuestro cisne, que tan bien ha venido funcionando hasta hoy. 
Y si así ha sido, es porque las ONG han participado en las decisiones que se han adoptado al respecto y porque todo el proceso ha sido muy transparente. 
Señor Presidente, yo sigo con el mismo tema. 
La única manera de saber cuál es el mejor etiquetado ecológico es a través de la práctica y del mercado. 
A la hora de llevar a cabo una adquisición sensata, el etiquetado ecológico es prácticamente el único medio de que dispone la política medioambiental para ofrecer al consumidor información en este ámbito. 
Desde el punto de vista del consumidor, cuanto más haga suyo el etiquetado ecológico y más lo exija en los productos que consume, en mayor medida se lanzarán los productores a elaborar productos sostenibles para el medio ambiente. 
El etiquetado nórdico del cisne ha logrado ganarse esta confianza entre los consumidores. 
Es una marca visible y fiable, que figura, por ejemplo, en el papel de fotocopiado que se utiliza aquí en el Parlamento. 
Por el contrario, el etiquetado ecológico europeo se encuentra aún lejos de ser generalmente reconocido y, por lo tanto, aceptado; no es conocido ni entre los productores ni entre los consumidores. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha sometido a votación si se debe renunciar a los etiquetados ecológicos de ámbito nacional. 
La decisión de acabar con ellos en el plazo de cinco años se adoptó por una mayoría de un voto. 
Ahora espero que, con ocasión de su examen en el Pleno, se llegue a un resultado que permita la supresión de las etiquetas nacionales únicamente cuando el sello medioambiental europeo sea mejor que una sola de ellas. 
En otro caso, sería de veras lamentable que- de una manera u otra- se intentara mermar o debilitar la acción de unos sistemas que han mostrado un buen funcionamiento. 
Señor Presidente, quiero empezar agradeciendo al ponente por este buen informe. 
Opino que un sistema europeo común también puede dar a los consumidores la orientación que necesitan para hacer elecciones adecuadas desde el punto de vista medioambiental y conseguir productos elaborados de manera ecológica. 
Quiero subrayar lo que dijo van Putten, que basta con una flor para que los consumidores estén bien orientados; demasiadas flores sólo crean confusión. 
Espero que en el futuro esto no solamente se limite a mercancías sino que también podamos etiquetar ecológicamente los servicios y los transportes. 
Igual que otras personas aquí, comparto el temor producido al retirar sistemas ya existentes, tanto privados como regionales y nacionales. 
Realmente espero que el Parlamento y el ponente tomen en cuenta estos temores y consigan que podamos mantener los sistemas actuales que funcionan. 
Señor Presidente, ante todo, gracias al señor ponente, Sr. Poggiolini. 
Voy a abordar las diferentes partes contenidas en el informe. 
El sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica forma parte, como se ha mencionado también, de una estrategia más amplia encaminada a fomentar una producción y un consumo sostenibles. 
Esto concuerda con los esfuerzos realizados también por el Parlamento con la vista puesta en mejorar la situación y la información de los consumidores. 
Aunque se hayan realizado avances considerables en los dos últimos años con el sistema comunitario en su forma actual, han surgido algunas dificultades con el funcionamiento del reglamento. 
A partir de las experiencias acumuladas hasta la fecha y de sólidas indicaciones por parte del Consejo, la Comisión concluyó que hacía falta mejorar y optimizar las técnicas, los métodos y el procedimiento del sistema para hacerlo más efectivo y transparente. 
De ahí que la Comisión aprobara el 10 de diciembre de 1996 la propuesta que tratamos hoy aquí. 
No hay ninguna razón para que explique esta propuesta una vez más. 
El Parlamento sí que ha dado a conocer maravillosamente los principios que subyacen tras ella. 
No obstante, tras diversas discusiones informales tanto con los miembros del Parlamento, los Estados miembros, las organizaciones de la etiqueta ecológica responsables como con algunas ONG, la Comisión reconoce que hay una serie de puntos de la propuesta que no son lo bastante buenos. 
La Comisión, no obstante, mantiene la postura fundamental de que la Comisión debe responsabilizarse de su propia propuesta en la primera lectura en el Parlamento. 
La Comisión de Medio Ambiente propone amplias modificaciones del informe y en el momento actual la Comisión sólo puede aceptar 7 de las 34 enmiendas que se han aprobado en la Comisión de Medio Ambiente. 
La Comisión tampoco puede aceptar en el momento actual algunas de las 5 enmiendas adicionales que se han sometido a votación en la sesión plenaria. 
No obstante, me gustaría dar las gracias de corazón al señor ponente, Sr. Poggiolini, por el grandísimo trabajo realizado en la propuesta. 
Me parece natural informar al Parlamento de que la Comisión en el momento actual del procedimiento de decisión sólo puede aceptar este número limitado de enmiendas, pero que la Comisión, no obstante, estará dispuesta a considerar mejoras adicionales de la propuesta en un momento posterior del procedimiento. 
En cuanto a los puntos de la idea general de financiación, la Comisión toma nota del dictamen del Parlamento. 
Por lo que respecta a las enmiendas, tengo que hacer en el día de hoy los siguientes comentarios: En cuanto a la creación de la Organización de la Etiqueta Ecológica Europea, la Comisión de Medio Ambiente rechaza la idea originaria y propone crear un comité técnico de la etiqueta ecológica. 
Defenderé el sistema que nosotros mismos hemos planteado diciendo que la cuestión es en gran medida si puede contemplarse la estructura que se cree como una persona jurídica y si puede, por tanto, llevar a cabo las tareas técnicas que deben ser solucionadas. 
La propuesta originaria de la Comisión por la que se introduce una etiqueta ecológica graduada ha sido también rechazada, como se mencionó hoy aquí, son las enmiendas 5, 12, 26, y 28. 
La idea de tener una flor más algunas informaciones complementarias escogidas para los consumidores echa a un lado la idea original, porque el Parlamento no acepta la idea original de que hubiera varias etiquetas que facilitaran a los consumidores las informaciones que éstos hubieran de tener. 
Visto así, es una enmienda que me ha sorprendido, no obstante, he comprendido la argumentación, tal y como se ha expuesto hoy en este Parlamento. 
Está finalmente la enmienda por la que se amplía el campo de aplicación del reglamento para incluir también las prestaciones de servicios. 
Son las enmiendas 3 y 14, y veo esto como una interesante posibilidad de ampliación para el sistema comunitario de la etiqueta ecológica comunitaria. 
Esto implica, sin embargo, que deban rehacerse partes de las disposiciones de la propuesta y a ello podemos volver en otro momento. 
Las enmiendas por la que se bajan los cánones de uso de la etiqueta comunitaria- son las enmiendas 31-34- van más allá de la propuesta de la Comisión de establecer un techo de 4000 ecus. 
Es también una propuesta interesante, la Comisión, sin embargo, no ha valorado las consecuencias financieras de la OME y, por lo tanto, estas enmiendas no pueden ser aceptadas. 
Un elemento importante de la propuesta de la Comisión es la extensión de la transparencia y la mejora en el desarrollo del debate abierto. 
El restablecimiento del anterior foro consultivo para la etiqueta ecológica- hablamos aquí de las enmiendas 16, 17 y 27- es una propuesta original que la Comisión de Medio Ambiente ha aprobado. 
Tiene por objeto volver a establecer la actual consulta a los grupos de interés en el reglamento revisado. 
El papel actual del foro consultivo no es satisfactorio, principalmente porque su aportación en primer lugar se toma en cuenta en un momento muy tardío durante el transcurso de la toma de decisión. 
La idea de un foro consultivo de la etiqueta ecológica renovado no puede aceptarse, en parte a causa de la representación insatisfactoria de las pequeñas y medianas empresas y de los productores no europeos y la necesidad de mejorar la pericia técnica. 
La Comisión puede apoyar el principio de la contribución financiera a las organizaciones ecologistas y de consumidores no gubernamentales que se menciona en la enmienda 17. 
Puesto que, no obstante, ya existe una disposición sobre una financiación semejante fuera de los marcos del reglamento de la etiqueta ecológica, la Comisión considera esta modificación superflua. 
La Comisión de Medio Ambiente solicita una ampliación de la base jurídica vigente, apartado 1 del artículo 130 S, para incluir también al artículo 100 A. Los dos artículos juntos implican que los artículos tanto 189 C como 189 B sean también aducidos, y puesto que estos dos procedimientos son de carácter opuesto- al menos con las disposiciones existentes- no podemos aceptar esta enmienda. 
Hay una serie de enmiendas adicionales presentadas por el Parlamento, sin embargo, como he mencionado, no podemos apoyar especialmente muchas de ellas en el momento actual, y voy a desistir de analizarlas todas ellas, salvo que haya alguna enmienda específica sobre la que el Parlamento quisiera recibir una explicación más detallada. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(La sesión se interrumpe durante tres minutos). 
Turno de preguntas (Comisión) 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0464/98). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
Antes de comenzar, me pide la palabra el Sr. Wijsenbeek para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, esto es basándose en el artículo 41 del Reglamento y el Anexo II. Presenté el 31 de marzo una pregunta, dirigida al Sr. Kinnock a quien hoy le toca contestar las preguntas. 
A continuación me quedo un poco sorprendido porque ayer en la entrega del documento PE 268.631 en el que se enumeran las preguntas, vuelvo a encontrar mi pregunta bajo el nº 77 entre las demás preguntas, o sea no entre las que contestará el Sr. Kinnock y por lo tanto con posibilidades muy escasas de que se conteste mi pregunta. 
Señalo que mi pregunta habría sido la cuarta en el orden del día si el Sr. Kinnock hubiera podido contestarla. 
Ahora veo con gran alegría que el Comisario Van Miert está aquí presente que también está al tanto del tema del que trata mi pregunta, es decir el seguro de barcos y el sistema de seguros de barcos. 
Me gustaría plantearle esto porque mi pregunta, normalmente, tendría que estar en el orden del día y según el artículo 41 sólo el Presidente de esta institución puede juzgar si se admite una pregunta o no, esto por lo visto lo ha hecho el Presidente, pero no entiendo que la Comisión por si sola pueda cambiar el destinatario de mi pregunta y que pueda decir: no, esta pregunta no le atañe al Sr. Kinnock o no se puede hacer al Sr. Kinnock. 
Nuestro Presidente debería decidir estas cuestiones y por lo menos se debería poner al tanto de esto al que hace la pregunta antes del mismo día del turno de preguntas. 
Por lo tanto, le pregunto si el Sr. Van Miert quisiera contestar mi pregunta nº 77 con prioridad. 
Señor Wijsenbeek, usted, que es un gran conocedor del Reglamento- debo confesar con modestia que lo conoce mejor que yo -, sabe que la admisibilidad de la pregunta corresponde al Parlamento, pero la atribución al Comisario o Comisaria que debe responder corresponde a la propia Comisión. 
En consecuencia, nosotros no podemos más que aceptar que la Comisión, señor Wijsenbeek, atribuya cada pregunta al Comisario o Comisaria que entienda, acertadamente o no, que debe responder. 
Esto es lo que ha motivado la situación en la que se encuentra su pregunta. 
Le rogaría, por lo tanto, que, recogida la reflexión, que usted nos ha hecho, por parte de la Comisión, pudiéramos iniciar el turno de preguntas, dado que su preocupación va más allá de la potestad que tiene esta Presidencia. 
Así pues, iniciamos el turno de preguntas. 
Tras la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 9 de diciembre de 1997 en el asunto C-265/95, la Comisión se dirigió, en fecha 9 de marzo de 1998, a las autoridades francesas a fin de que cumplieran las obligaciones que les incumben en virtud del Tratado de la Unión Europea, en particular de los artículos 5, 30 y 171, así como de las Organizaciones comunes de mercado en el sector de los productos agrícolas. 
La Comisión ha presentado asimismo una propuesta de reglamento del Consejo- (COM (97) 0619/DEF) de 18 de noviembre de 1997- dirigida a establecer un sistema que permitirá a la Comisión pedir a un Estado miembro que adopte sin dilación las medidas necesarias y apropiadas para eliminar los obstáculos de especial gravedad que dificultan la libre circulación de mercancías. 
Dicha propuesta está siendo examinada por el Consejo y el Parlamento. 
En la respuesta de 9 de abril de 1998, las autoridades francesas describieron las medidas que consideran apropiadas para cumplir sus compromisos. 
Dichas medidas se articulan en tres niveles y prevén precisamente una concertación francoespañola, un mecanismo de orden público y un mecanismo judicial. 
Mientras se han dirigido nuevas amenazas contra la comercialización en Francia de productos hortofructícolas procedentes de otros Estados miembros, la Comisión está en trámites de insistir de nuevo ante las autoridades francesas con objeto de que las medidas adoptadas se apliquen con el rigor y la eficacia suficientes para asegurar, en la práctica, la libre circulación de los productos agrícolas. 
De hecho, señor Comisario, no quiero tanto hacer una pregunta complementaria como agradecer la actuación de la Comisión en este caso, en la medida en que no hay duda de que de las actuaciones como las que se han iniciado depende el que realmente se respeten los derechos fundamentales en la Unión, uno de los cuales es el de la libertad de circulación de mercancías. 
Y ello mucho más importante en estos momentos en que estamos intentando construir Europa junto con el ciudadano. 
El hecho de que no se respeten estos derechos es sentido por muchos como si Europa estuviese de espaldas a los ciudadanos. 
Por tanto, yo, aparte de agradecerle estas actuaciones, quisiera insistir en pedirle que siga velando por que Francia cumpla con sus compromisos y que realmente estos reglamentos, estas medidas que han adoptado, puedan llevarse a la práctica para que garanticen, de una vez por todas, la libertad de circulación. 
En lo referente a este punto, yo también deseo recalcar la importancia que la Sra. Ferrer atribuye a este asunto. 
La libre de circulación de mercancías es algo en absoluto accesorio, sino fundamental para la credibilidad del mercado único y de toda la construcción europea. 
Ésta es la razón por que la Comisión ha formulado la propuesta de reglamento de noviembre de 1997, que acabo de mencionar, y de hecho, es la razón por que, en cumplimiento del mandato otorgado a la Comisión por el Consejo Europeo de Amsterdam, nos estamos empleando a fondo en pos de una solución legislativa satisfactoria en esta materia. 
Mi pregunta se refiere a la propuesta de ley que la Comisión ha presentado al Consejo de Ministros para garantizar la libre circulación. 
Esta propuesta de ley ha sido criticada, incluso por los sindicatos. 
Se ha visto un posible conflicto entre el derecho a la huelga y a realizar acciones en el mercado de trabajo y la exigencia de instaurar la circulación. 
Por ejemplo, hemos tenido hace poco una gran huelga en Dinamarca. 
Está claro que ella ha influido en la libre circulación de diferentes maneras. 
¿Puede garantizar la Comisión que la propuesta presentada no cercena de ninguna manera la posibilidad de conflicto en el mercado de trabajo ni las posibilidades de los trabajadores para realizar acciones plenamente legales que afecten a los transportes? 
Muchas gracias, Señoría, por esta pregunta que me brinda la oportunidad de aclarar dos puntos. 
Ante todo, ya en la propuesta de reglamento elaborada por la Comisión se aclaraba- considero que muy bien- que no se trata en absoluto de poner en tela de juicio el derecho de huelga u otras libertades fundamentales garantizadas por los ordenamientos de los Estados miembros. 
De todos modos, y a mayor abundamiento, en los ulteriores debates en curso, en particular en el Consejo, la Comisión ha declarado su adhesión a las fórmulas que aclaran plenamente este concepto, por lo que el reglamento nunca podrá interpretarse como fuente de límites o de interferencias en cuanto al ejercicio de estos derechos fundamentales. 
Por lo tanto, puedo ofrecerles cualesquiera garantías en este sentido. 
Señor Presidente, señor Comisario, recuerdo que en el pasado hemos tenido ya el mismo problema y el transporte se paraba totalmente por las huelgas de los funcionarios de aduanas. 
Señor Comisario, en su declaración o en las normas que usted prepara debería puntualizar que los estados tienen la responsabilidad de que sea posible una circulación libre en Europa. 
Con independencia de cómo y por parte de quién se vea limitada la circulación, el aseguramiento de una libre circulación es una de las responsabilidades esenciales del estado. 
Muchas gracias, Sr. von Habsburg, por su pregunta y por su observación, pues se trata de una libertad fundamental del mercado único. 
La libre circulación de mercancías justifica esta propuesta de reglamento y el Consejo sobre el Mercado Interior ha confirmado en repetidas ocasiones- la última, el 30 de marzo- la voluntad política de dar una respuesta apropiada en virtud del mandato otorgado por el Consejo Europeo. 
Durante las diferentes reuniones del Grupo de Trabajo del Consejo, los Estados miembros y la Presidencia han presentado varias propuestas de solución, mientras que la Comisión ha seguido manteniendo su propuesta inicial de reglamento. 
La última propuesta de la Presidencia consiste en un reglamento, basado también en el artículo 235, y en una resolución. 
El reglamento incluiría tres nuevos elementos que voy a mencionar en pos de una mayor concreción: primero, la obligación de los Estados miembros de intervenir para eliminar obstáculos, de conformidad con el reglamento, y de informar a la Comisión; segundo, la creación de un sistema de alerta- early warning system- y tercero, la intervención de la Comisión en forma de notificación. 
La Presidencia espera alcanzar un consenso político sobre esta última propuesta con ocasión del Consejo sobre el Mercado Único del día 18 de mayo, o sea, el próximo lunes. 
Mientras tanto, la propuesta de la Comisión está examinándose en el Parlamento Europeo: la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ya se han reunido una vez en el mes de abril. 
En consecuencia, señor von Habsburg, nuestras Instituciones están buscando un acuerdo sobre las modalidades para garantizar más plenamente- sin poner en peligro el derecho de huelga- los demás derechos fundamentales y para asegurar más ampliamente esta condición fundamental de la libre circulación de mercancías. 
Pregunta nº 40 formulada por Graham Watson (H-0491/98): 
Asunto: Sistema de venta de entradas para el Campeonato Mundial de Fútbol 1998 
¿Está satisfecha la Comisión con las disposiciones adoptadas por el Comité Francés de Organización (CFO) para la distribución de las entradas que todavía están disponibles por medio de una línea telefónica especial (» hotmail» )? 
Naturalmente, usted está al tanto del desarrollo de este asunto. 
Hemos debatido esto en la sesión plenaria de este Parlamento. 
Usted sabe que la Comisión no estaba de acuerdo con la manera en que se organizó la venta de las entradas y también entonces insistimos en que se pusieran las entradas que todavía estaban disponibles, se trataba sólo de un cinco o seis por ciento, a disposición de los ciudadanos que viven fuera de Francia pero dentro de la Unión Europea como una forma de compensación. 
Lamentablemente el comité no lo aceptó y es por eso, usted lo sabe, que continuamos con el procedimiento, el procedimiento de infracción, y que estamos trabajando en la preparación o que estamos redactando los denominados escritos de queja, o sea el " statement of objection» como se llama en inglés. 
La pregunta trata más específicamente del régimen o de la fórmula que el comité organizador ha elaborado para poner a disposición las otras 110.000 entradas, no solamente a los ciudadanos de fuera de Francia sino también a los residentes de Francia misma. 
Sí se puede comunicar un punto positivo, en el sentido de que se han añadido 60.000 entradas complementarias. 
Son las entradas que se habían puesto a disposición de las asociaciones de fútbol de fuera de Europa pero que no consiguieron vender. O sea, recibieron más de lo que necesitaban. 
Esas 60.000 entradas complementarias se han puesto ahora también a disposición de los ciudadanos de la Unión Europea y eso es un punto positivo. Quiero subrayarlo. 
Por otra parte, usted sabe que se pusieron muchas decenas de líneas telefónicas a disposición de los ciudadanos que querían telefonear para, efectivamente, intentar conseguir una entrada. 
Creo que globalmente funciona bastante bien. 
Nos han señalado algunas cuestiones que estamos investigando en este momento para determinar si se ha llevado a cabo de forma completamente indiscriminada. 
De momento no le puedo contar más sobre ello pero si se nos señala algo que indicara alguna discriminación, entonces se investigará inmediatamente. 
Por lo tanto, si tiene conocimiento de este tipo de hechos, háganoslo saber. 
Esto es más o menos el estado de las cosas en este momento. 
Señor Comisario, gracias. 
Usted ha hablado de puntos brillantes. 
Si hay aquí algún punto brillante, lo hay sólo en la medida en que cada nube tiene un revestimiento plateado. 
La organización del Campeonato Mundial Fútbol 1998 ha sido una desgracia: más del 60 % de las entradas se puso a disposición exclusiva de los aficionados franceses, aun cuando la Comisión intervino, y CFO se ha negado a que 160.000 entradas estuvieran a disposición de los aficionados de otros países. 
Señor Comisario, FIFA y CFO se están burlando de la ley de la Unión Europea. 
Como temíamos que la Comisión no actuara, algunos miembros del Parlamento Europeo, entre los que me cuento, hemos iniciado una acción legal. 
Hoy le pregunto a usted: ¿se unirá a nosotros la Comisión en esa acción legal? 
¿Qué acción emprenderá unilateralmente la Comisión y hasta dónde piensa ir en esta demanda? 
No arregla nada eso de decir que esa línea de información telefónica funciona bien: cualquier aficionado británico que intente comunicarse con Francia sabe que " bien» es cualquier cosa menos la descripción de cómo ha funcionado para él. 
Ya hemos tenido un debate general en el Pleno, o sea que no es necesario celebrar otro más. 
Usted sabe muy bien lo que he dicho: fundamentalmente estamos en desacuerdo con este tipo de sistema y, por consiguiente, tendría que ser revisado. 
Debo decirle que los organizadores del Campeonato Europeo del año 2000, que como usted sabe se celebrará en los Países Bajos y Bélgica ya están hablando con los servicios de la Comisión- con mi personal- para ordenar ahora las cosas, antes de que se venda una sola entrada. 
Es decir que el mensaje se ha entendido bien. Este resultado es positivo. 
En lo demás, como usted sabe, seguimos buscando el procedimiento adecuado, pero tenemos que hacerlo ateniéndonos a las normas. 
En términos legales tenemos que plegarnos a ellas. Vuelvo a reiterar que así lo haremos hasta el final. 
Sin embargo, la Comisión seguirá su propio procedimiento, como siempre, probablemente basado en el artículo 86, y por lo tanto es evidente que no nos uniremos a lo que ustedes están haciendo sino que continuaremos nuestro propio camino. 
Ésta es la situación. 
Comisario Van Miert, ¿puede decir cuál es la utilidad de los costosos estudios que la DG X hizo realizar en el año 1993? 
Yo fui entonces ponente de deportes y se hizo un libro gigantesco sobre el impacto de las actividades de la UE en el deporte. 
Había tres páginas ya, hace cinco años, sobre la venta exclusiva de entradas. 
" The Commission's position» , por escrito en ese informe, de hace cinco años, reza que la venta exclusiva de entradas es inadmisible y que está en contra de los artículos 85 y 86. 
Me alegro de que haga ahora un seguimiento directo de los organizadores belgas/neerlandesas del Campeonato Europeo del 2000. 
Mi pregunta es: ¿por qué se ha tardado tantísimo tiempo y estos costosos estudios no han tenido entonces ninguna utilidad? 
Gracias, señora Larive. 
Perdone, señor Van Miert, pero lo que sucede es que, cuando escucha usted la pregunta en una de las lenguas que le es conocida, no recuerda que tenemos un sistema de interpretación que necesita un cierto tiempo para informar al conjunto de los diputados y diputadas y, sobre todo, a esta Presidencia. 
Por lo tanto, no le he interrumpido a usted porque hubiera tomado la palabra espontáneamente sino porque todavía no habíamos recibido el conjunto de la interesante intervención de la Sra. Larive. 
Por lo tanto, le invito ahora a que usted responda a la interesante pregunta de la Sra. Larive. 
Estos estudios se realizaron, como ha indicado, para la DG X. Se trata de la política general en relación con esto, pero usted sabe que la DG IV se ocupa de las cuestiones de competencia. 
En el pasado ha habido asuntos, por ejemplo cuando se vinculaba la venta de entradas con la venta de viajes por ejemplo o con plazas hoteleras. 
Siempre hemos insistido en que esto no se permita. 
Si un cliente lo quiere así, ningún problema, pero una agencia de viajes por ejemplo no puede ponerlo como condición. 
De vez en cuando recibimos reclamaciones porque resulta que todavía se hace en algunos lugares. De esta manera sí hemos solucionado mientras tanto algunos problemas. 
Aquí se trataba de una discriminación de otro tipo, es decir que se reservó una gran parte de la venta de entradas a los residentes de un país. 
De nuevo, cuando esto quedó claro, se tomaron medidas. 
Lamentablemente ya se había vendido entretanto la mayoría de las entradas. 
Permítame recordarle que ya también antes habían ocurrido asuntos así sin que hubiera muchas reclamaciones. 
Lo novedoso en esta cuestión es que ahora ya no se acepta y que los ciudadanos de la Unión Europea opinan, también con razón, que tienen derecho a un trato no discriminatorio. 
Esto me alegra mucho y, lo digo de nuevo, vigilaremos que en futuros acontecimientos deportivos ya no sucedan estas cosas. 
Pero permítame recordarle nuevamente que las asociaciones deportivas no se dirigen con mucho entusiasmo a la Comisión. La mayoría de las veces ponen en entredicho la competencia de la Comisión. 
Ahora resulta que no hay mucho que discutir. En lo que me incumbe a mi o en lo que respecta a las competencias de la Comisión, sobre todo cuando se trata de la competencia, pero no siempre es tan evidente como para que lo acepten. 
Señor Comisario, de sus respuestas no se desprende la pregunta de si no somos auténticos aliados objetivos. 
Creo que aquí no se trata de la cuestión de quién tiene más razón. 
Me parece que tenemos un enemigo común, son aquellos que con uniones corporativas creen que están por encima y al margen de la legislación europea. 
Pero de lo que resulta de nuestra información, hemos visto que en cuanto a la venta combinada, cuando usted dice que no había problemas, hay diecisiete agencias de viaje reconocidas que fueron obligadas por el CFO a organizar la venta combinada. 
Por lo tanto, en los países fuera de Francia no se puede conseguir ninguna entrada si con ellas no se aceptan algunas condiciones obligatorias. 
Le puedo dar el ejemplo de algunas agencias de viaje o de una agencia de viaje en el país que está oficialmente delegada para realizar esa venta. 
Mi pregunta es: ¿no debemos actuar contra esta venta combinada? 
En segundo lugar, tenemos la intención de ir al Tribunal. 
¿No cree que una decisión prejudicial del Tribunal le puede ayudar en los pasos que en realidad deberíamos tomar juntos? 
El Parlamento es soberano para organizar su propia historia, por así decirlo. 
La Comisión debe atenerse a los instrumentos que le han sido asignados. 
O bien constatamos que se trata por ejemplo de una infracción basada en el artículo 86. 
Entonces podemos actuar. Si no se da el caso, no. 
Pero usted sabe cuál es nuestra intención y hoy quiero afirmarlo de nuevo aquí. 
Por lo demás, si tiene algún conocimiento de hechos que no respetan lo acordado, háganoslo saber. 
Efectivamente, yo también ya he recibido desde Bélgica, lo confirmo, unas cartas de ciudadanos que intentaron conseguir una entrada de una manera normal y que evidentemente dicen: si, si no aceptamos lo demás entonces no conseguimos ninguna. 
Esto no está bien. Por otra parte, esto no debe terminar en las fronteras. 
Tampoco se podría negar por ejemplo el vender una entrada a un ciudadano alemán. 
No se permite, fue un acuerdo claro. 
Pero me temo, como usted, que de vez en cuando aquí y allí ocurren cosas que no están bien, también tomando en cuenta lo que en el pasado se ha producido a menudo. 
Pero si tenemos alguna posibilidad de actuar contra esto, entonces lo hacemos y le puedo decir: enérgicamente. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El Sr. Wijsenbeek me pide la palabra para una cuestión de orden. 
Señor Wijsenbeek, permítame recordarle que todas las veces que me pida usted la palabra para una cuestión de orden yo se la concederé, pero que el tiempo que dediquemos a sus cuestiones de orden irá en detrimento de las preguntas de otros diputados de esta Asamblea. 
Tiene usted la palabra. 
Basándome en el Anexo II, capítulo B, artículo 2 del Reglamento, le ruego ahora, y quisiera que me diera una respuesta a esto, que ponga en el orden del día la pregunta nº 77 dado que el Comisario Van Miert todavía está aquí presente. 
Señor Wijsenbeek, debo decirle que el turno ha sido ya establecido con anterioridad de acuerdo con el Presidente del Parlamento y la Comisión, y que durante el curso de esta sesión le es imposible a esta Presidencia modificar lo preestablecido. 
Tomo buena nota para pasarla al Presidente y a la Comisión, pero, en ningún caso, señor Wijsenbeek, voy a modificar el turno previamente establecido. 
Asunto: Venta de medicamentos a través de Internet 
Ante la preocupación que despierta la venta incontrolada de medicamentos a través de Internet, ¿cómo piensa garantizar la Comisión que las empresas europeas vendedoras de medicamentos a través de Internet cumplan con la normativa nacional y comunitaria en materia de licencias de comercialización, publicidad de medicamentos y venta de medicamentos con receta médica? 
Teniendo en cuenta la dimensión internacional del problema, ¿qué medidas puede y piensa adoptar la Comisión al respecto para proteger al ciberconsumidor contra esta venta incontrolada de medicamentos? 
Señor Presidente, la pregunta debe tener dos respuestas. 
Una respuesta que es muy formal y que se refiere a lo que ya hemos conseguido en común para procurar que la comercialización de medicamentos en Internet se realice de una forma ordenada, y otra respuesta que se ocupa de la realización práctica de estas disposiciones. 
En primer lugar, puede existir una violación de la legislación comunitaria si, por ejemplo, no hay una autorización para la comercialización de los medicamentos que se han distribuido. 
Con esta autorización se pretende garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento. 
Puede existir también una contravención de la directiva que prohíbe la publicidad abierta, en especial, de los medicamentos sujetos a prescripción facultativa y, naturalmente, puede haber también una contravención de la directiva que faculta expresamente a los Estados miembros a prohibir en el territorio de su soberanía la comercialización de medicamentos en el marco de contratos de venta a distancia. 
También puede haber una violación de normas nacionales contra el monopolio de las farmacias en determinados Estados miembros, etc. Todas éstas son normas jurídicas claras. 
Naturalmente, la pregunta es sólo la siguiente, y ésta es la pregunta realmente importante: ¿qué pueden éstas normas en la práctica? 
En la práctica se puede proceder contra cada empresa que cometa semejantes contravenciones desde la Unión pues se pueden sancionar, naturalmente, las contravenciones legales de los propios súbditos. 
Pero, puesto que Internet constituye un acontecimiento internacional que cada vez es más importante, es prácticamente, pero también jurídicamente, imposible proceder conforme a las leyes de su patria contra empresas o contra personas aisladas que actúan fuera del ámbito de vigencia de las leyes de la Unión o de las normas nacionales. 
Si se comportan con arreglo a las leyes de su patria, están protegidas jurídicamente, sin más. 
Si contravienen estas leyes, entonces la persecución de la contravención corresponde a la patria respectiva. 
Con otras palabras: sólo tenemos posibilidades limitadas. 
Podemos proceder contra nuestras empresas, pero no contra las otras. 
Por esta razón hemos emprendido numerosas iniciativas para regular esto en el plano internacional. 
Esto constituiría, al menos, un fundamento jurídico con validez internacional. 
Estamos en conversaciones, tanto con la industria sobre cuestiones de autocompromiso, como con otros estados sobre normas comunes así como también con organizaciones internacionales, en este caso, con la Organización Mundial de la Salud, para encontrar tales normas. 
Pero quisiera indicar enseguida lo siguiente: incluso si hay normas internacionales no es sencillo, dado el carácter técnico de Internet, perseguir y sancionar las violaciones de aquellas. 
Hay que tener presente siempre esto y, por esta razón, estamos buscando más bien posibilidades prácticas que normas legales o, en cualquier caso, estamos buscando no sólo normas legales pues éstas no pueden garantizar la protección necesaria. 
Naturalmente constituye un problema para la protección del consumidor si un medicamento que sólo se expende por prescripción médica puede ser adquirido sin prescripción a través de Internet. Hay al respecto dos buenos ejemplos. 
Pensemos en la melatonina que se puede conseguir libremente en los Estados Unidos pero que aquí sólo se expende con receta. Hay también un medicamento reciente como Viagra que se obtiene libremente sin prescripción a través de Internet, que eventualmente puede tener consecuencias negativas para el consumidor. 
¿Qué hará el Comisario para investigar las infracciones? y ¿ya se ha enterado de algunas infracciones? 
Dicho de otra forma, ¿cómo se puede controlar esto? 
La Sra. Diputada está reiterando una vez más la pregunta que presentó ya por escrito y yo podría repetir ahora la respuesta que ya he dado. 
Pero esto no nos haría avanzar. 
Yo he dicho los siguiente: tenemos disposiciones legales en la Unión, en los Estados miembros, que protegen suficientemente a los consumidores. 
Pero usted misma ha citado un caso en el que no entran estas disposiciones legales. 
Si, por ejemplo, un medicamento está autorizado en los EE.UU., que no son ningún país salvaje en vías de desarrollo en el que se pueda comercializar cualquier cosa, entonces un fabricante o cualquiera que quiera ofertar este medicamento puede hacerlo, naturalmente, a través de Internet. 
Esto no está prohibido. 
Según nuestras leyes esto no está permitido en Europa, pero él no se desplaza a Europa, sino que lo oferta desde América. 
El hecho de que esta Internet se extienda a todos los posibles países del mundo se debe a la naturaleza técnica de esta infraestructura. 
Por consiguiente, puede- en cualquier caso, según el Derecho internacional- ofertarlo en América y si se lo pide un consumidor europeo, también lo puede enviar a este consumidor sin transgredir el Derecho europeo. 
El consumidor europeo tampoco se hace merecedor de una sanción ni viola ninguna ley, a no ser que pretenda comprar medicamentos que están claramente prohibidos. 
Pero en el caso que usted ha citado el consumidor no se hace merecedor de una sanción penal. 
Por consiguiente para nosotros la única regulación posible es que busquemos un acuerdo internacional en el que, por ejemplo, el fabricante americano se comprometa mediante un autocompromiso a enviar sus medicamentos solamente a países en los que éstos sean adquiribles sin necesidad de receta médica. 
Todo lo demás no sirve de nada. 
Con meros preceptos jurídicos no podemos abordar estos problemas. 
Por lo demás, existe un problema de competencia, pues si estas limitaciones de las que estamos hablando aquí rigen para las empresas o farmacias europeas, entonces veremos cómo estas farmacias o comerciantes o empresas sufren un perjuicio competitivo con relación a otros países en los que está permitida la libre comercialización de estos medicamentos. 
En consecuencia, tenemos también un problema para nuestra industria y esto no se resuelve simplemente haciendo una nueva ley. Al contrario. 
Estoy convencido de que debemos analizar las leyes existentes para poder atender ambas cosas, la protección de los consumidores y también, naturalmente, la competitividad de nuestra industria. 
Señorías, con la respuesta del Sr. Bangemann hemos agotado el tiempo asignado a la primera parte de las preguntas a la Comisión. 
Por lo tanto, las preguntas núms. 42 y 43 se contestarán por escrito. 
Pregunta nº 44 formulada por Richard Howitt (H-0488/98): 
Asunto: Discapacidad y cooperación al desarrollo 
Más de 500 millones de personas en el mundo tienen una discapacidad y la mayoría de ellas viven en países en desarrollo. 
Puesto que la erradicación de la pobreza y los derechos humanos se consideran partes fundamentales e integrantes del Convenio de Lomé, también la Unión Europea debería prestar una atención adicional a la situación de las personas con discapacidades en los países ACP. 
¿En qué medida ha apoyado la Comisión los proyectos de desarrollo relacionados con las personas discapacitadas en los países ACP en el pasado? ¿Tiene la intención de que en el futuro se considere a las personas discapacitadas como un grupo específico especial en las políticas de desarrollo de la Comisión? 
Señor Presidente, Señorías, de conformidad con el Tratado de Maastricht, el IV Convenio de Lomé insiste en los objetivos de lucha contra la pobreza y en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. 
Esa orientación resulta aún más acentuada en el proyecto de mandato que la Comisión propuso al Parlamento y al Consejo y que ahora se examina y relativo a una nueva asociación, a un nuevo convenio con los países ACP. 
Sin embargo, hasta la fecha, y para responder directamente a la pregunta de Su Señoría, la Comunidad no ha considerado explícitamente el apoyo a las personas deficientes una prioridad explícita de su cooperación. 
No obstante, en el ámbito de sus acciones de reforma y rehabilitación de los sistemas de salud, la Comunidad apoya numerosas acciones, en particular, en favor de las víctimas de la guerra y, más en particular, de las víctimas de las minas antipersonales y de las víctimas de patologías invalidantes. 
Así es en el caso concreto de Angola, de Mozambique y también de otros países no ACP, como Camboya. 
Las acciones mencionadas en los países ACP son financiadas no sólo con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo, sino también a algunas rúbricas presupuestarias relativas a la ayuda de emergencia y a la rehabilitación. 
La Comunidad apoya también la acción de numerosas organizaciones no gubernamentales, tales como «Handicap Internacional» ,» Help the Aged» ,» Médicos sin fronteras» y otras. 
Las acciones mencionadas tienen como objetivo el desarrollo, en particular de centros ortopédicos, medicamentos, infraestructuras, acciones de formación profesional y proyectos de salud para víctimas de minas y de incendios, entre otros. 
La intención de la Comisión, en lo relativo al próximo Convenio de Lomé, es la de seguir insistiendo a ese respecto, en la medida en que se considera que el número de víctimas, o de personas afectadas, en particular por minas antipersonales, asciende, tan sólo en la zona del África austral, a más de 60.000. 
Señor Presidente, doy las gracias al Comisario por sus sentimientos. 
Pero debo decir que discrepo y pienso que la mayoría de los miembros de este Parlamento también discrepan cuando se dice que la discapacidad no es algo prioritario en la cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y los países ACP. 
Le pido que durante las negociaciones piense si debemos o no acordar prioridad a este asunto, en vista de que: una de cada cuatro familias pobres de los países en desarrollo tiene un miembro discapacitado; sólo el 3 % de los 500 millones de personas discapacitadas de todo el mundo está alfabetizado; la tasa de mortalidad de los menores de cinco años en los países en desarrollo está por debajo del 20 % pero sube al 60-80 % en los niños discapacitados. 
De verdad que no tendría que haber ninguna prioridad anterior a la de atender a estas necesidades. 
En respuesta a mi pregunta complementaria, ¿podría el Sr. Comisario expresar un serio compromiso de cuantificar en términos reales la asistencia que damos? 
No lo ha hecho en su respuesta. 
¿Podría explicarnos cómo piensa tratar este tema en las negociaciones con los países ACP? 
Hasta ahora no ha sido una prioridad. 
Ya hice una declaración concreta. 
Hemos trabajado en muchas áreas en las que, de un modo u otro, las personas discapacitadas estaban en el centro focal de nuestra atención, por ejemplo en el tema de las minas antipersonales en África del Sur. 
Creo que entre las principales acciones que se están ejecutando, sobre todo en lo relativo al sistema de salud, se atiende a la discapacidad. 
Lo que no se contempla- y seré muy honesto- es la integración social de las personas discapacitadas. 
Hasta ahora, la formación ha sido casi inexistente en nuestros acuerdos. 
Pero tomo nota de su sugerencia porque, en particular en ciertos países, las cifras justifican una declaración específica sobre esta orientación. 
Asunto: Reparto de cargas personales 
¿Qué avances se registran en la Iniciativa para el reparto de cargas personales en caso de producirse a corto plazo flujos de refugiados, o de solicitantes de asilo? 
La Comisión presentó en marzo de 1997 una propuesta sobre una medida común de protección temporal en caso de flujos masivos de refugiados. 
El objetivo del artículo 5 de esta propuesta es posibilitar el ofrecimiento de ayuda, de distintas maneras, a los Estados miembros que reciban una cantidad especialmente grande de personas necesitadas de protección individual. 
La idea es que la decisión sobre ayudas de este tipo se tomará basándose en un informe anual de la situación preparado por la Comisión. 
La propuesta concuerda con posturas anteriores del Consejo de Ministros. 
Pienso especialmente en la resolución que se adoptó en septiembre de 1955 y que trata del reparto de cargas en relación con la recepción y residencia transitoria de personas refugiadas. 
Pienso también en la decisión del Consejo adoptada el 4 de marzo de 1966 y que trata de cómo debe hacer la Unión Europea para compartir la responsabilidad por las personas que necesitan protección temporal. 
La propuesta de la Comisión ha sido discutida en diferentes oportunidades en el Consejo de Ministros durante el último año, especialmente durante la Presidencia de Luxemburgo. 
También este asunto estuvo en la agenda de la reunión informal del Consejo en Mondorf en octubre de 1997. 
Las discusiones que tuvimos entonces demuestran que el asunto del reparto de cargas, burden sharing, exige continuar con las reflexiones. 
Algunos Estados miembros consideran que el artículo 5 de la propuesta de la Comisión va demasiado lejos; otros estiman que es demasiado limitado. 
A instancias de la Comisión, el Consejo de Ministros consultó también al Parlamento, lo cual ustedes evidentemente saben. 
El Parlamento apoyó la propuesta el 23 de octubre de 1977. 
Fueron 22 propuestas de enmiendas; dos de ellas, las núms. 12 y 13, tenían como objetivo ampliar el artículo sobre reparto de cargas y hacerlo más concreto. 
Sobre esta base, la Comisión ahora piensa presentar una propuesta separada sobre reparto de cargas. 
La razón es que sería muy deplorable que la iniciativa sobre protección temporal de personas se atrasase justamente por motivo del reparto de cargas. 
Es mi esperanza, señor Presidente, que una propuesta separada de la Comisión contribuya a una solución. 
Por eso espero que durante la Presidencia austríaca no solamente se llegue a una decisión sobre protección temporal sino que también se encuentre una solución separada para el burden sharing. 
Señor Presidente, señora Comisaria, muchas gracias por esta precisa respuesta. 
No obstante, no he entendido del todo si ahora la Comisión ha presentado realmente al Consejo una propuesta concreta para el reparto de cargas personales. 
Efectivamente, se me dice una y otra vez que la Comisión no quiere presentar esto, pues cuenta con que no va a obtener ninguna mayoría en el Consejo. 
Ahora bien, tengo que decir con toda franqueza que aquí hay que hacer la prueba y tenemos que constatar con toda precisión qué gobiernos, eventualmente, están frenando, para que luego podamos mostrarlos también en su responsabilidad política a la opinión pública y podamos discutir esto en este Parlamento y en la opinión pública. 
Pero no podremos hacer esto si no existe ningún documento preciso sobre el reparto de cargas personales en el sentido de un acuerdo firme entre los Estados miembros. 
El estimado Diputado sabe muy bien que la discusión sobre burden sharing lleva muchos años. 
No es culpa de la Comisión que no hayamos resuelto este asunto. 
Se puede decir que ha habido contradicciones tan grandes en el Consejo de Ministros que no ha sido posible encontrar una solución. 
La Comisión ha tratado en numerosas oportunidades de encontrar soluciones de compromiso, pero no han caído en tierra fértil. 
Actualmente estamos preparando una nueva iniciativa, después de haber sondeado el terreno con algunos gobiernos. 
Tratamos, entre otras cosas, de sacar el asunto del burden sharing de la propuesta sobre protección temporal para hacer de él un asunto separado. 
Después veremos cuáles son las reacciones. 
Pregunta nº 46 formulada por Eva Kjer Hansen (H-0493/98): 
Asunto: Protección de los intereses financieros de la Comunidad 
Como afirma la Comisión en su respuesta a la pregunta P-3615/97, las posibilidades de protección de los intereses financieros de la Comunidad mejorarán tras la ratificación del Tratado de Amsterdam. 
¿Ha pensado la Comisión adoptar medidas, basándose en el artículo 209A revisado (artículo 280 del Tratado de Amsterdam) , para armonizar la legislación relativa a la protección de los intereses financieros de la Comunidad, incluyendo la armonización de la legislación relativa a la protección contra el fraude con el euro? 
Según el artículo 209a del tratado los Estados miembros deben tomar las mismas medidas para combatir el fraude con los intereses financieros comunitarios como para combatir el fraude con sus propios intereses. 
Se exhorta, por tanto, a los Estados miembros para coordinar sus medidas de protección de los intereses económicos comunitarios contra el fraude. 
La Comisión ayudará a organizar una colaboración estrecha y regular entre las organizaciones pertinentes. 
Desgraciadamente el artículo 209a no contiene una base judicial operativa. 
Para adoptar decisiones sobre medidas comunes en esta materia tenemos que usar hoy el artículo 235, el que exige, como es sabido, unanimidad. 
Esto se modificará en el Tratado de Amsterdam desde que entre en vigor. 
En primer lugar, se transforma el artículo 209a en un nuevo artículo, el 280. 
Éste da una base judicial a las medidas comunes para la protección de los intereses económicos comunitarios. 
En segundo lugar, se va a simplificar el trabajo mediante resoluciones que podrán ser adoptadas por mayoría cualificada. 
En tercer lugar, se establece que la protección de los intereses económicos comunitarios debe ser equivalente en todos los Estados miembros. 
Esas modificaciones van a fortalecer nuestras posibilidades de proteger a los contribuyentes contra fraudes y engaños. 
Esperando la ratificación del Tratado de Amsterdam no planificamos por el momento ninguna propuesta concreta basada en esos dos artículos modificados. 
Vamos a la pregunta sobre impedir falsificaciones del euro: el programa de acción de la Comisión sobre fraudes y estafas para 1998-1999 se aprobó el 6 de mayo y contiene muchas medidas para proteger la moneda común. 
Esto significa que la Comisión ya ha iniciado discusiones con los Estados miembros sobre cómo combatir los fraudes y los engaños. 
Estimo que tiene que haber una protección eficaz antes que el euro se ponga en circulación el 1 de enero de 2002. 
Entonces es especialmente importante construir un marco jurídico estable para intercambiar información e introducir una base de datos común. 
También tiene que establecerse una estrecha colaboración y ayuda mutua entre los Estados miembros, el Banco Central Europeo, Europol e Interpol. 
El objetivo tiene que ser que las medidas que se introduzcan para la protección del euro deberán tener el mismo efecto intimidatorio en todos los Estados miembros. 
Para conseguir esto son necesarias medidas tanto dentro del primer como del tercer pilar. 
Mi colega el Comisario de Silguy y yo pensamos presentar antes del verano sendas comunicaciones al Consejo y al Parlamento sobre el tipo de medidas que se necesitarán. 
Me gustaría agradecerle a la señora Comisaria su respuesta a la pregunta y decirle que esperamos naturalmente recibir las propuestas más concretas sobre qué iniciativas van a ponerse en marcha y me alegra que esto se produzca antes de las vacaciones de verano, pues me parece que es importante seguir este asunto precisamente ahora, cuando tenemos esta discusión actual sobre el euro. 
En cuanto al nuevo artículo 280 del Tratado de Amsterdam he de decir que me sorprende que la Comisión no esté dispuesta en el momento actual a proceder de modo más concreto, pues para mí esto es un buen argumento que junto a muchos otros buenos argumentos habla en favor del Tratado de Amsterdam. 
Me parece importante que también aparezcamos ante los ciudadanos comunitarios y en atención a los intereses de los residentes fiscales con iniciativas concretas que puedan mostrar que de hecho se toman algunas iniciativas en este campo, y éste sí que es uno de los campos en los que es de la mayor importancia que ahora pasemos a otra forma de decisión. 
Mi cuestión es así más bien un llamamiento a la señora Comisaria para que se encargue de venir con ofertas concretas. 
Yo también opino que es necesario ver qué iniciativas tomaremos para llevar esto a la práctica. 
Creo que es muy lamentable que los países miembros no hayan ratificado el único instrumento para proteger los intereses económicos europeos. 
Cuando haya pasado el 1 de julio, que es el límite que se ha establecido en el Tratado de Amsterdam para la ratificación en los países miembros, tendremos motivos para empezar a discutir si, en cambio, estos instrumentos y directivas debieran pertenecer al primer pilar. 
Pregunta nº 47 formulada por Mark Watts (H-0088/98): 
Asunto: No transposición por los Estados miembros de las directivas de la UE en materia de transportes 
Considerando que el 60 % de las directivas del mercado único en materia de transportes no han sido transpuestas por los Estados miembros- el porcentaje más bajo de no transposición de la UE -, ¿qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión con objeto de garantizar que los Estados miembros cumplan con sus responsabilidades y completen el mercado único en este sector? 
Señor Presidente, según el informe sobre los resultados en materia de aplicación del mercado único, adoptado por la Comisión en noviembre pasado, la tasa de la no aplicación de las directivas del mercado único es alta en el sector del transporte, como lo indica Su Señoría en su pregunta. 
En parte se puede explicar esto porque gran parte de la legislación del mercado único en el sector del transporte es relativamente reciente. 
Por ejemplo, se adoptaron 38 directivas de transporte en el decenio de 1990, comparadas con sólo seis para el sector de seguros, la última de las cuales se adoptó en 1992: aquí el registro de transposiciones es mejor. 
La razón principal de esta significativa cantidad de leyes en el transporte es, obviamente, la evolución de la política de transportes común y su aplicación en el contexto cambiante del mercado único. 
Sin embargo, a pesar de la explicación práctica, la Comisión está preocupada por la no transposición de la ley que, por otra parte, los Estados miembros aceptaron en el Consejo. 
En general, la mayoría de los Estados miembros adoptan las medidas de transposición nacionales con un importante retraso y sólo después de que las advertencias no hayan producido una respuesta positiva y la Comisión haya iniciado procedimientos por infracción. 
Por ejemplo, los procedimientos por infracción abiertos a dos tercios de los Estados miembros se relacionan con las 19 directivas sobre el transporte, cuya transposición tendría que haberse completado a fines de 1997. 
Por supuesto que la Comisión continuará con estos y otros casos de infracción, hasta que los Estados miembros hayan aplicado debidamente la directiva. 
En todo momento, las acciones se fundarán por entero en el hecho de que la Comisión debe asegurar el cumplimiento de la ley aceptada por los Estados miembros en el Consejo. 
Agradezco al Comisario Kinnock su respuesta. 
Con acierto subraya el gran esfuerzo de la Comisión, y en particular su Dirección, para asegurar que las directivas y normas aceptadas por los Estados miembros sean transpuestas por éstos. 
Me complace oír que ya se han hecho progresos en la publicación de los resultados de la aplicación del mercado único. 
Sin embargo, ¿está de acuerdo conmigo en que quizá se podría señalar con mayor especificidad a alguno de los Estados miembros más renuentes a la transposición, elaborando una tabla de los Estados miembros menos eficaces, o tal vez un lista vergonzante, para asegurar que la presión pública en esos Estados miembros sea una garantía de que se cumplirá la ley comunitaria? 
Segundo: ¿está de acuerdo conmigo en que quizá también el Parlamento pueda apoyar los esfuerzos del Sr. Comisario reforzando la vigilancia y el control de la aplicación? 
Quizá podríamos dedicar algo más del tiempo de nuestras Comisiones a estos temas, en lugar de tratar nuevas leyes. 
Me gustaría conocer sus puntos de vista sobre estas dos ideas. 
Señor Comisario, sin duda nos arrastra a todos los hábitos, por otra parte envidiables, de agilidad y espontaneidad de la Cámara de los Comunes. 
Por lo tanto, no es un defecto, sino, al contrario, un ejemplo a imitar, por la vitalidad que todos hemos visto en la Cámara de los Comunes. 
Le invito a usted a responder a la pregunta del Sr. Watts. 
Sólo diré a Su Señoría que le agradezco sus comentarios. 
En su propuesta de una tabla de la liga, ha sugerido uno de los mejores usos que se pueden dar a una pregunta parlamentaria escrita. 
Tenga la certeza de que recibirá una respuesta ingenua y completa. 
En lo que se refiere a los hechos de nombrar y de avergonzar, no estoy seguro de cuál sería el efecto, pero estoy preparado para trabajar con la idea de que si una ley puede pasar por el Consejo de Ministros, tiene que ser adecuada para la transposición y, sin duda, para aplicarla y hacerla respetar en un Estado miembro. 
Se podría suponer que debemos asistir a los Estados miembros que traten de asegurar que se ha prestado pública atención a la brecha entre su voluntad de aprobar las leyes y su voluntad de convertirlas en legislación nacional. 
Apruebo el compromiso de la Comisión en lo que respecta a la aplicación del procedimiento en el sector del transporte, pero quiero llamar la atención del Comisario sobre el caso de un ciudadano de mi circunscripción, Salvatore Colucci, que intenta en vano trabajar como oficial de marina mercante en el Reino Unido. 
Ha librado batallas tremendas contra las autoridades británicas, en especial con la anterior administración. 
Hemos descubierto que la Maritime Marine Agency no reconocerá sus aptitudes, aunque la directiva de la UE estipula que debe hacerlo. 
Existe en el Reino Unido una ley de extranjeros que se remonta a 1911, en la que se dice que los oficiales de la marina mercante tienen que ser ciudadanos británicos. 
Estamos esperando que esta legislación se derogue. 
No sé si el Comisario conoce estas cosas. Estoy dispuesto a pasarle la correspondencia sobre el tema. 
Es muy importante que se reconozca la titulación de los marinos mercantes. 
Debo decir a Su Señoría que de verdad no conozco los detalles del caso particular que ha mencionado, de modo que le estaré muy agradecido si puede hacerme llegar un escrito, como ha sugerido. 
Por supuesto que Su Señoría sabrá que con la actual legislación, los Estados miembros se reservan el derecho de establecer la proporción de nativos que se eligen como oficiales en ciertas categorías de la marina. 
Si quiere escribirme, me ocuparé del asunto y si se comunica con la Sra. Glenda Jackson, actual Ministra de Marina en el nuevo gobierno británico, es muy probable que obtenga una respuesta oportuna. 
Muchas gracias, señor Kinnock, por su respuesta y por su disponibilidad, que estoy seguro que el Sr. McMahon trasladará al interesado. 
Pregunta nº 48 formulada por Anne McIntosh (H-0185/98): 
Asunto: Bloqueo de camiones en Francia 
¿Piensa la Comisión investigar por qué el Gobierno francés ha confirmado ahora que los transportistas británicos que sufrieron las consecuencias del bloqueo de camiones en Francia el pasado año no recibirán compensaciones a pesar de los trastornos ocasionados al mercado interior? 
La Comisión ha hecho investigaciones sobre los temas señalados por la pregunta de Su Señoría, y tengo que informar a la Cámara que no hemos encontrado ninguna prueba de la existencia de una comunicación del Gobierno francés en la que se diga que los transportistas británicos no serán compensados por los trastornos sufridos durante la huelga que en 1997 mantuvieron los transportistas franceses. 
En todo momento, la Comisión ha dejado claro a todos los afectados su esperanza de que el Gobierno francés cumpla sus obligaciones legales de compensar a esos transportistas que, directa e infortunadamente, se vieron afectados por las controversias del año pasado, sean de la nacionalidad que sean. 
Puede que Su Señoría ya tenga noticia de que el Departamento de Transportes del Reino Unido ha hecho saber a la Comisión que todos los casos producidos durante la huelga de 1966, en que están implicados camiones británicos, se han puesto en marcha y se llevan adelante los procedimientos para resolver, sin demoras indebidas, los incidentes principales de la huelga de 1997. 
Si Su Señoría puede aportar referencias que funden la afirmación hecha en su pregunta, por supuesto que la Comisión investigará el asunto de inmediato a pesar de que, como sabe Su Señoría, los acuerdos de compensación están dentro de la legislación y los procedimientos nacionales y, por consiguiente, no están dentro de la autoridad legal de la Comisión. 
Señor Presidente, me complace dar a conocer al Comisario el texto de una respuesta escrita, emitida por el Ministerio británico sobre este tema, que me ha llevado a plantear la pregunta de esta manera. 
Como custodio y guardián de los Tratados, si se puede probar- como es el caso- que la compensación no se paga, ¿reconocerá el Comisario que se ha infringido la disposición de libre circulación y que debe denunciarlo ante el Tribunal de Justicia para que se aplique una sanción al Gobierno francés? 
¿Le importaría comentar la hipótesis que se ha difundido acerca de que en los prolegómenos de la celebración en Francia de los partidos del Campeonato Mundial de Fútbol 1998 existe la amenaza de otro huelga, y adoptará el Comisario medidas preventivas de esa huelga que impediría trabajar a los camioneros y produciría enormes pérdidas a transportistas británicos, holandeses, españoles y otros? 
Su Señoría es una concurrente demasiado puntillosa en cuanto a esta Cámara y en cuanto al Tratado. 
Por lo tanto, sabrá cuál es exactamente la posición legal. 
Repito que, en lo relativo a los acuerdos de compensación, como Su Señoría sabe muy bien, la Comisión no tiene poder. 
No existe una yuxtaposición de acontecimientos que den a la Comisión un poder relativo a la compensación. 
Segundo, Su Señoría conocerá muy bien el alcance de la autoridad que tiene la Comisión para intervenir en lo que respecta a los litigios industriales internos. 
Estas limitaciones me resultan frustrantes, pues quiero salvaguardar la libertad de circulación, pero en mi papel de guardián de los Tratados- como dice Su Señoría- yo respeto la ley. 
En cuanto a hipótesis, reales o no, Su Señoría no debe esperar que yo comente posibilidades teóricas. 
Sin embargo, sabrá muy bien- espero que haga referencia a esto el mes próximo más o menos- que el Tratado no otorga a la Comisión ningún poder preventivo; tampoco compete a la Comisión hacerse cargo de la gestión de un litigio. 
Por lo tanto, si se emprende, o si resulta necesaria, cualquier otra acción en el curso de los próximos meses, espero que nadie, y menos que nadie Su Señoría, trate de dar una visión totalmente deformada y exagerada de lo que la Comisión Europea puede hacer en el caso de que se produzca alguna circunstancia extremadamente infortunada, muy lamentables y por completo contraproducente, que se pueda llevar a cabo en algún campo durante la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol 1998. 
Sabe Dios que la gente que quiere asistir al Mundial de Francia ya tendrá que soportar bastante de todas formas. 
A diferencia de la anterior interviniente, cuyos puntos de vista mezquinos, insulares, al parecer sólo se centran en los camioneros británicos, yo diré al Comisario que las autoridades francesas han pagado la compensación sólo al 10 % de todos los transportistas de toda Europa perjudicados. 
Por consiguiente, pregunto al Comisario si no piensa que se necesita ese mecanismo de intervención que, de momento, el Consejo parece negar a la Comisión, y que habrá que asignar a ese mecanismo de intervención algún tipo de fondo para que, en lugar de que los Estados miembros paguen sólo una décima parte de lo que deben, la Comisión pueda adelantar el dinero que se adeuda a las personas damnificadas, sin tener culpa alguna, en esas huelgas y bloqueos de carreteras. 
La Comunidad Europea, como sin duda lo sabe el Sr. Wijsenbeek- y por cierto que es un criterio que el apoyará- es una libre asociación de democracias. 
Esto significa que el hecho de otorgar a la Comisión el poder de intervenir para imponer compensaciones o, en otros sentidos, establecer la dirección en que deben marchar los asuntos cuando se produce un litigio industrial, o inmediatamente después, no sólo sería inapropiado sino también altamente ofensivo para todo lo que como demócratas sustentamos, a menos que el Consejo refrende una propuesta relativa a intervenciones del tipo de las que Su Señoría sugiere. 
Sean cuales sean sus opiniones personales o, por supuesto, sean cuales sean las posibilidades de actuar que yo pueda considerar, mientras el Consejo rechace las intervenciones de esa clase, respetaré la voluntad de los integrantes de los Gobiernos democráticamente elegidos. 
Señor Comisario, algunos de los camiones de mi circunscripción bloqueados en las carreteras francesas el año pasado transportaban género perecedero, en especial frutas y verduras, como también ocurría con muchos de los camiones españoles y portugueses: todos ellos perdieron por completo sus cargas, no sólo la fecha de entrega de la mercancía. 
Muchos están todavía esperando la compensación prometida de un bloqueo anterior y mucho más prolongado. 
Además de mantener su presión para persuadir al Gobierno francés de que cumpla también con sus anteriores compromisos de compensación, ¿la Comisión no podría, a la vez, sugerirle que esto aliviaría no poco la irritación creciente que existe en los demás Estados miembros hacia Francia, no sólo por su tan mal manejo del asunto del bloqueo de las carreteras sino también por su reciente mal manejo en la distribución de las entradas para el Campeonato Mundial de Fútbol? 
Señor Presidente, estoy seguro de que sería un excelente parlamentario en cualquier democracia... , no, no se trata de eso. 
No estoy tratando de congraciarme con usted. 
Mi respuesta a la parte fundamental de la pregunta de la Sra. Hardstaff es " sí» , los tratos continuarán dentro de las limitaciones que esta Asamblea conoce muy bien. 
No puedo aceptar las diversas calificaciones del modo de conducir los asuntos en Francia. 
Tengo una dura opinión acerca del modo en que se ha organizado- si es que se puede decir así- la distribución de las entradas- si es que se puede decir así -, y también lamento los prolongados bloqueos y las dificultades surgidas en 1996. 
Sin embargo, debo decir que, aunque hubo demoras y recursos en el caso de los camioneros que se vieron bloqueados en Francia por la huelga del año pasado, la acción emprendida por el nuevo Gobierno francés es de distinto tipo y ha aliviado mucho los problemas vividos por los transportistas. 
Naturalmente, si hay demandas especiales de compensación, siempre estoy dispuesto a presentarlas, pero ha de ser con la certeza de que los acuerdos alcanzados son estrictamente franceses, hechos bajo la legislación nacional francesa, y todo lo que podemos buscar y esperar es una respuesta más rápida y eficaz que la que ha recibido un número demasiado grande de transportistas de todos los países, como nos recordaba el Sr. Wijsenbeek en su anterior intervención. 
Pregunta nº 49 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0394/98): 
Asunto: Acuerdos de «cielo abierto» con los Estados Unidos 
¿Puede informar la Comisión acerca de los procedimientos de infracción contra los Estados miembros que concluyeron acuerdos de " cielo abierto» con los Estados Unidos en el sector de la aviación civil? 
Señor Presidente, una breve pregunta a veces exige una extensa respuesta, de modo que me disculpo anticipadamente por lo que es inevitable que sea un amplio grado de detalle en la respuesta a Su Señoría. 
En noviembre de 1994, la Comisión comunicó a los Estados miembros su preocupación sobre la forma en que los acuerdos bilaterales de transporte aéreo con Estados Unidos podrían afectar la legislación interna de la Comunidad. Hizo saber a todos que, desde su punto de vista, esas negociaciones sólo podían hacerse con la Comunidad. 
Se pidieron garantías sobre el asunto a los principales Estados miembros en febrero de 1995 y en junio de este mismo año, como esas garantías no llegaron, la Comisión inició los procedimientos previstos en el artículo 169 del Tratado. 
Entre tanto, proseguían en el Consejo las discusiones acerca de las relaciones en materia de aviación con Estados Unidos, y en junio de 1996 se otorgó a la Comisión un mandato parcial para negociar un área de " cielo abierto» entre la Comunidad Europea y Estados Unidos. 
Esto significaba la posibilidad de establecer un enfoque acorde con la ley comunitaria, por lo que la Comisión suspendió el procedimiento de infracción. 
Sin embargo, ese mandato conferido en 1996 no incluía temas de acceso al mercado como derechos y capacidad de tránsito, que son claramente vitales para los objetivos de cualquier acuerdo de servicios aéreos amplio y efectivo. 
No obstante, las conversaciones se sostuvieron con representantes de Estados Unidos, de acuerdo con el mandato. 
Pero la única conclusión concreta a que se llegó fue la de que un área común de aviación sólo se podía alcanzar si las negociaciones incluían todos los temas fundamentales. 
La Comisión continuó con sus esfuerzos para obtener un mandato pleno por unos años, y en todo momento recalcó su total compromiso de atender con detalle todas las preocupaciones e intereses de todos los Estados miembros, para que ninguno pudiera enfrentarse nunca con cualquier clase de desventajas. 
Lamentablemente, el Consejo hasta hoy no se ha mostrado propicio a ningún mandato viable y, en recientes reuniones, no ha mantenido discusiones importantes sobre este tema, aunque ahora se le está prestando atención a través de un grupo de trabajo. 
Por consiguiente, la Comisión advirtió al Consejo que la suspensión del procedimiento de infracción contra los Estados miembros ya no se podía justificar. 
Por lo tanto, en marzo de este año, la Comisión elaboró unas opiniones motivadas y las envió a los ocho Estados miembros involucrados. 
Como Su Señoría sabrá por otros procedimientos parlamentarios a los que habrá asistido, el criterio de la Comisión y su actuación son por entero congruentes con nuestro deber de sustentar la ley comunitaria. 
Además, como también sabrá Su Señoría, la Comisión está muy motivada por un deseo práctico de negociar, en el campo de la aviación civil, unas condiciones justas, equilibradas y seguras a fin de defender los intereses de la Comunidad, de todos sus Estados miembros, de la industria de la aviación civil de la Unión Europea y de los ciudadanos de la Unión. 
En este asunto tengo que reconocer, señor Comisario, que está actuando usted con una gran gallardía. 
Y aunque pueda parecer que está usted solo ante el peligro- como Gary Cooper -, no lo crea, no lo crea porque yo quiero asegurarle que muchos europeos le apoyan y le agradecen su esfuerzo por consolidar nuestro mercado comunitario. 
El resultado, si no se corrige, es que se crearían serias discriminaciones y distorsiones de competencia provocando la ineficacia de las normas de la Unión Europea y la violación del propio Derecho europeo. 
Además, estos acuerdos de «cielo abierto» no permitirían garantizar la eliminación de los desequilibrios que se crearían entre los mercados nacionales y las principales compañías que acudirían aquí desde Estados Unidos, sin que hubiera reciprocidad en absoluto. 
Por tanto, le insto, señor Comisario, a que siga usted luchando en la misma dirección. 
Muchas gracias, señor Camisón. 
Señor Kinnock, ya ha visto usted que no está solo aunque no esté muy lleno el hemiciclo. 
En todo caso, cuenta usted con nuestra solidaridad sobre esta cuestión, como ha expresado el Sr. Camisón, y le invito a que responda a su pregunta complementaria. 
Señor Presidente, le estoy muy agradecido: a usted y al Señor Diputado. 
Como dice Su Señoría, esto no es " Solo ante el peligro» , yo no soy Gary Cooper y, por cierto, no me acompaña Grace Kelly. 
Si el tiempo me lo permitiera, de muy buen grado le cantaría Do not forsake me, oh my darling, pero no lo haré. 
Incluso podría perder votos si torturase con mi voz a los presentes. 
Lo que es verdad, por supuesto, es que el criterio del Parlamento- adoptado con coherencia- da mucha fuerza a la Comisión. 
Pero la buena nueva es que, además, hay Estados miembros que paulatinamente van viendo las ventajas conjuntas e individuales de negociar como una Comunidad con Estados Unidos. 
Por lo tanto, confío en que llegue el día en que se otorgue un mandato pleno a la Comisión para negociar temas amplios y sacar lo máximo posible para nuestros aviones, para nuestros ciudadanos y nuestros Estados miembros. 
Mi única preocupación es que el acuerdo para un mandato no llegue lo bastante pronto como para que estemos en condiciones de desplegar nuestra total fuerza negociadora, simplemente porque una multiplicidad de acuerdos bilaterales puede dar a los estadounidenses casi todo lo que ellos quieren sin que, a cambio, los aviones europeos puedan tener un acceso razonable y equivalente al muy rico mercado de Estados Unidos. 
Por lo tanto, cuanto antes tengamos la necesaria capacidad de amplia negociación, tanto mejor para toda la Comunidad. 
Señor Presidente, señoras y señores, considero muy razonable que en el turno de preguntas pueda plantarse también una pregunta complementaria. 
Yo me aprovecho de esto con frecuencia, pero lo que hemos vivido ahora aquí, precisamente en las últimas preguntas, es el hecho de que no se ha hecho ninguna pregunta complementaria, sino que- con toda comprensión- se han intercambiado cumplidos, lo cual quizá sea muy positivo para el buen ambiente, pero es malo, por ejemplo, para mí, porque no voy a poder entrar con mi pregunta, porque la sesión se va a levantar enseguida. 
Permítame pedirle, señor Presidente, que conduzca la sesión con un poco más de rigor. 
Señor Konrad, admiro la capacidad que usted tiene para distinguir lo que va a ser una pregunta, de lo que va a ser un cumplido y de lo que va a ser un comentario. 
Esta Presidencia no tiene esta capacidad y, en todo caso, entiende que los diputados y diputadas de esta Asamblea cuentan con un minuto- y este minuto el Presidente sí que lo anuncia con rigor- para disponer de él en la forma en que responsablemente consideren. 
Como usted ha utilizado este minuto para cuestiones de orden, obviamente, no será utilizado para una pregunta complementaria porque cuando lleguen las 7 de la tarde interrumpiremos la sesión. 
Pregunta nº 50 formulada por Jan Andersson (H-0418/98): 
Asunto: Enlaces de transporte en la región de Öresund 
Se ha realizado un estudio con vistas a la construcción de un túnel entre la ciudad sueca de Helsimborg y la ciudad danesa de Helsingör, separadas por una distancia de 4 kilómetros. 
Este estudio ha sido financiado en parte por la UE. 
Teniendo en cuenta que ambas ciudades están situadas en una zona de alta densidad de población donde la cooperación regional entre ambos países se está desarrollando en numerosos ámbitos, la construcción de este túnel no deja de ser importante. 
Una mejora de la infraestructura de transporte favorecerá sin duda la cooperación en la región. 
¿De qué forma puede contribuir la Comisión a la realización cuanto antes de este enlace entre Helsingborg y Helsingör? 
Como lo señala Su Señoría en su pregunta, los estudios de viabilidad de la construcción de un túnel entre la ciudad danesa de Helsingør y la ciudad sueca de Helsingborg se han subvencionado a través del programa INTERREG IIa de la Unión Europea. 
Sin embargo, la Comisión no conoce ninguna decisión de construir ese enlace a través de un túnel y no ha recibido ninguna petición de ayuda comunitaria para ese proyecto. 
Si se recibiera, esta petición se trataría según el procedimiento normal. 
Agradezco al Comisario por esta respuesta. 
También quiero dar las gracias por los recursos que la Comisión destinó para hacer este estudio que demostró que los costes de un túnel entre dos países son menores que los de una enlace por vía terrestre por el lado sueco y danés, como es el puente entre Malmö y Copenhague. 
Entiendo perfectamente que se necesitan decisiones tanto del gobierno sueco como del danés antes que la Comisión pueda destinar nuevos recursos, pero quisiera formular la siguiente pregunta: si se diera el caso de que el gobierno sueco y el danés acordasen construir un enlace de este tipo, ¿habría posibilidades de que la UE ayudase como lo hizo con el enlace entre Malmö y Copenhague? 
Como sabe Su Señoría, el programa INTERREG no ofrece la posibilidad de otorgar fondos para desarrollo de infraestructuras. 
Sólo puedo repetir lo que he dicho antes: si los Estados miembros, individual o conjuntamente, presentan propuestas de costos razonables para obtener alguna clase de ayuda para el desarrollo de una infraestructura de enlace importante del tipo de la mencionada, como es natural se le prestará una seria atención. 
No quiero inducir a esta Cámara ni a Su Señoría a creer que existe algún derecho automático de asignación. 
Es obvio que cada propuesta se estudia con mucho detalle y con todo rigor. 
Muchas gracias, señor Kinnock. 
Señorías, quedan todavía 2 minutos para llegar a las 19.00 horas. 
Abusando, una vez más, del Sr. Kinnock le propondría que respondiera a una última pregunta. 
Pregunta nº 51 formulada por Maj Theorin (H-0430/98): 
Asunto: Transporte por vía férrea 
Muchos grandes transportistas europeos que en la actualidad transportan mercancías por carretera desearían transferir los transportes pesados de la carretera al ferrocarril, en particular por razones relacionadas con el medio ambiente. 
¿Considera la Comisión que esta es una buena idea? 
De ser así, ¿podría señalar cuáles son las medidas que tiene intención de adoptar para facilitar una transferencia de estas características? 
A la vista de los recortes de tiempo, estoy tentado de decir tan sólo " sí» , pero creo que Su Señoría querrá más detalles. 
Con persistencia y de modo activo hemos tratado de promover el transporte de mercancías por ferrocarril como una alternativa al transporte por carretera. 
La Política Común de Transportes contribuye a aumentar la competitividad y el atractivo del transporte por vía férrea mediante diversas acciones, incluido el programa PACT, Project Action for Combined Transport, la eliminación de barreras técnicas y de reglamentación para el transporte de carga, que es absolutamente crucial, los esfuerzos para completar el mercado interno en ferrocarril, lo que aumentará su eficacia y atractivo, y también otras políticas como el desarrollo de las redes transeuropeas que, por su sustancial componente ferroviario, pueden contribuir a la sustentabilidad creciente del transporte de carga. 
Agradezco el " sí» de respuesta, puesto que es lo más importante. 
Como la Comisión bien sabe, hoy el problema es que los ferrocarriles no pueden competir plenamente con sus precios, debido a un sistema bastante extraño que significa que cada país fija sus propios precios. 
Actualmente entre el 50 y el 70 por ciento de los vagones de ferrocarril circulan vacíos, al mismo tiempo que las grandes empresas de transportes quieren de buena gana doblar su capacidad de transporte por ferrocarril. 
Se trata por lo tanto de que quieren usar 40000 vagones más. 
En caso contrario se verían obligados a usar 80000 camiones, lo que ninguno de nosotros desea. 
Me gustaría que de alguna manera pudiésemos contestarles que en un futuro cercano la UE tomará iniciativas concretas para ayudar a esos transportistas que realmente desean transportar sus mercancías por ferrocarril. 
Enviaré a la Sra. Diputada una amplia respuesta por escrito, pero le estoy agradecido por su especial interés. 
Quizá pueda dar alguna explicación a lo que Su Señoría pregunta: si las autopistas de ferrocarriles de mercancías- sólo unaque la Comisión, junto a otros, se preocupó por organizar, se usaran, podrían eliminarse 70.000 camiones por año de las carreteras de la Unión Europea. Esto aumentaría la competitividad, el empleo y el cuidado del medio ambiente en toda la Unión. 
Cuando le envíe la documentación a Su Señoría, estoy seguro de que se interesará lo bastante como para ponerle música: es verdadera poesía. 
Muchas gracias, señor Kinnock. 
Como ustedes saben, repartimos estos 60 minutos entre 3 Comisarios y al Sr. Kinnock le ha correspondido hoy una intervención muy amplia en el turno de preguntas. 
Como ya es habitual en él, ha respondido con el rigor y la extensión que todos conocemos. 
Pero debo agradecerle especialmente hoy el esfuerzo que nos ha dedicado. 
Por lo tanto, de nuevo, thank you very much, señor Kinnock. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas núms. 52 a 119 se contestarán por escrito. 
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado. 
(La sesión, interrumpida a las 19.03 h., se reanuda a las 21.00 h.) 
«Por una Europa del conocimiento» 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0166/98) del Sr. Perry, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones «Por una Europa del conocimiento» (COM (97) 0563- C4-0649/97). 
Señor Presidente, el Primer Ministro laborista británico, en estos instantes Presidente del Consejo de Ministros, dio comienzo a su administración declarando que sus prioridades eran " la educación, la educación y la educación». 
He observado que ha adoptado políticas y prioridades razonables de la anterior administración conservadora y me satisface decir que comparto con él esas prioridades y creo que también para la Unión Europea las prioridades deberían ser educación, educación y educación. 
Sin embargo, estudiantes, por favor, no creáis que voy a proponer la introducción de tasas al estudio en toda Europa. 
En realidad, sin querer hacer de esto una cuestión política, emplazaría a los miembros del Consejo de Ministros de Educación a que consideren la manera en que sus acciones unilaterales pueden, sin importar que quizá sea involuntariamente, dañar gravemente la labor de ayudar a los estudiantes a que realicen gran parte de su enseñanza superior en diferentes lugares de Europa. 
Así que cuando digo " educación, educación y educación» reconozco en mi informe que se requieren unos recursos adicionales considerables. 
El Parlamento mostró su compromiso respecto a esto en el procedimiento de conciliación del presupuesto del año pasado cuando luchamos y conseguimos fondos adicionales para el actual programa Sócrates, y la Comisión y el Consejo no ponen en duda el acuerdo abrumador que existe entre los miembros de este Parlamento para dedicar un dinero extra a la educación. 
Es desde esta perspectiva desde la que solicito al Parlamento que rechace la enmienda nş 2 a mi informe, que tiene como objetivo doblar los fondos. 
Ya que estamos hablando de sumas realmente modestas, ¿por qué limitarnos a doblar? 
Dos veces muy poco sigue siendo muy poco y la política presupuestaria está siempre sometida a lo que es posible. 
Así que le digo al Consejo: " pon tu dinero en el lugar donde se encuentra tu boca». 
Sé que se trata de un viejo cliché citado numerosas veces en esta Cámara, pero hemos invertido mil millones de Ecus en el cultivo del tabaco, aparentemente para proteger el empleo. 
Dediquen una suma similar de dinero a la educación para promover el empleo y para ayudar positivamente a los pueblos de Europa, ayuden a nuestra gente a prepararse para nuevos empleos, no protejan únicamente los empleos antiguos. 
Desde luego, no le corresponde a la Unión europea hacerse cargo de la educación en Europa, pero debemos reconocer que los europeos deben ser asistidos para extraer lo mejor de las oportunidades del mercado único, que es en lo que la Unión Europea tiene que involucrarse. 
La Unión debe proveer un añadido a la provisión educativa de los Estados miembros. 
Estoy completamente seguro que eso significa continuar con los programas existentes. 
Conserven los nombres existentes para los programas Sócrates, Leonardo y Jóvenes para Europa. 
Lleva mucho tiempo obtener el reconocimiento público, y constantes cambios en los nombres oscurecen las proyectos y los hacen poco conocidos. 
Los proyectos se pueden modificar y poner al día, pero el nombre debería permanecer. 
Los estudiantes que se embarcan en estos programas llevan a efecto el ideal europeo. 
Deben ser felicitados y ayudados y, desde luego, no deben ser penalizados por sus decisiones, lo que es especialmente importante para el justo reconocimiento del periodo formativo realizado en otros Estados de la UE. 
En la mayoría de los casos esto funciona correctamente, pero no siempre. 
Respecto a una cuestión relacionada, quisiera mencionar la multiplicación de nuestros esfuerzos por conseguir el reconocimiento recíproco de los títulos académicos y de las calificaciones. 
El fracaso en la consecución de esto se está convirtiendo en un inhibidor real de la movilidad en Europa y es una necesidad vital en los días del euro y de la moneda única ayudar a las fuerzas laborales a ser verdaderamente flexibles. 
He llamado la atención sobre la necesidad de una dimensión europea de los servicios de educación auxiliares tales como la orientación profesional. 
Las oportunidades laborales en otros países de la Unión no deberían ser un libro cerrado y con facilidades tales como Internet los estudiantes disponen de todas las posibilidades para estar al corriente de las oportunidades de trabajo en toda Europa. 
Esta es la razón por la que apoyo los proyectos Netdays y Netyear que ayudan a los estudiantes a conectarse a Internet y hacer un buen uso de la misma. 
En mi informe he hecho referencia a algunos elementos del currículum escolar y quiero enfatizar en esta intervención la importancia de incluir en nuestros programas lazos con Europa central y oriental, con los países candidatos a la adhesión. 
Considero que esto es especialmente importante para un país como Eslovaquia donde debemos ayudar a su gente a desarrollar al máximo su potencial democrático, siendo los intercambios educativos especialmente útiles al respecto. 
De forma similar necesitamos desarrollar lazos educativos con otros países y culturas vecinas. 
Citaría especialmente a nuestros vecinos del mundo islámico donde la comprensión y el respeto mutuos deben ser aun muy potenciados. 
Volviendo a las enmiendas, acabo de explicar que la enmienda nş 2 es demasiado limitadora y demasiado precisa en cuanto a los fondos. 
Convengamos en que lo que decimos es lo que pensamos y que se necesita un aumento sustancial de los fondos. 
La enmienda nş1, relativa a los fondos estructurales reformados del programa de educación profesional de la Unión Europea, es muy útil y por tanto la saludo. 
La tercera enmienda la abandono a esta Asamblea. 
Tenemos que ser muy cuidadosos y no actuar como avestruces en al cuestión del lenguaje y asegurarnos que nos concentramos en una lengua central de manera que nuestra gente pueda verdaderamente conseguir esa flexibilidad a lo largo y ancho de Europa. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar de forma cálida y sincera al estimado colega Sr. Perry por su informe y también quisiera decir que no puedo extender mis felicitaciones a la Comisión porque acerca de la comunicación de la Comisión sobre una Europa del conocimiento tengo buenas y malas palabras. 
Hay algunos aspectos correctos en ese informe, como por ejemplo que en los principios que rigen los programas el número de objetivos es limitado, las acciones están más concentradas, el énfasis que se pone en las relaciones entre los agentes implicados y la promoción del principio de la cooperación. 
Pero hay una característica en esta comunicación de la Comisión que es la generalización, la falta de detalle. 
Es preciso evaluar los programas existentes, es decir, los programas SÓCRATES, LEONARDO y Juventud para Europa. 
El informe sobre el programa LEONARDO no nos ha dado luz en cuanto al perfil y el porcentaje de participantes y la repercusión que ha tenido el programa. 
Existe un problema acerca de la complementariedad del tercer objetivo y de los nuevos programas de formación. 
No se ha tomado en cuenta la influencia mutua entre dichos programas, lo que persigue el objetivo 3 y lo que buscan los nuevos programas. 
No está clara la continuidad que se van a dar a las decisiones de Luxemburgo en relación con los programas que aquí nos interesan. 
En lo que afecta a la simplificación de los procedimientos se sabe que el Tribunal de Cuentas critica, en su informe sobre el presupuesto de 1999, la existencia de dos procedimientos para escoger los planes en el programa LEONARDO y, por dicha razón, la Comisión habla por una parte y de forma correcta sobre la descentralización en la toma de decisiones y de un nuevo procedimiento; pero creo que de un extremo se pasa al otro. 
Una cosa son los Fondos Estructurales y los procedimientos que conllevan y otra es el programa LEONARDO, en el que la Comisión debería ocuparse de las funciones de dirección y coordinación. 
Por último, señor Presidente, voy a referirme a lo que nos gustaría. 
En la Comisión de Asuntos Sociales desearíamos, en primer lugar, una comunicación sin esos puntos débiles y, en segundo lugar, que se concediera importancia a las medidas lingüísticas que faciliten la movilidad y el fomento de las tecnologías de la información. 
Eso es algo muy importante dada la actual irrupción en nuestra vida de la sociedad de la información. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, estimados colegas, la comunicación de la Comisión quiere establecer directrices para la futura iniciativa comunitaria en el campo de la formación profesional general, en concreto, para el periodo 2000-2006. 
Después del 4 de junio de este año, cuando la Comisión presente sus propuestas concretas, empezaremos a discutir sobre ello de forma individualizada. 
Sin embargo, hoy quisiera en nombre de mi Grupo indicar lo siguiente: la cuestión de la cooperación reforzada en el ámbito de la formación es un requisito importante del proceso de integración. 
La cuestión de los fondos para los programas de intercambio y el asunto relacionado del acceso igualitario a la educación y la cultura para todos en Europa, deberían verse en el contexto de las deliberaciones que en la actualidad se llevan a cabo acerca de las políticas laborales activas. 
Debemos conseguir que cualquier bachiller domine, por los menos, una lengua extranjera y que cada joven disponga durante su formación profesional de la posibilidad de disfrutar de una experiencia en el extranjero. 
La propia Comisión hace referencia a esto en su comunicación, y es doloroso que, por una parte, se provean unas sumas absolutamente insuficientes para las viajes de estudios de estudiantes y jóvenes trabajadores, en el marco de esos programas de formación, y que, por otra parte, los mismos Estados miembros, a pesar de su disposición inicial a favor de las políticas educativas, hayan hecho tan poco para prepara a los jóvenes de Europa en el sentido de las experiencias multiculturales, la educación para la tolerancia y la movilidad para tener un más fácil acceso al mercado laboral común europeo. 
Sólo el 10 % de las escuelas, el 1 % de los alumnos de formación profesional y el 5 % de los estudiantes participan hoy en programas de intercambio. 
¡Con todo y con eso! 
Apelo a la Comisión y al Consejo para que en las consultas sobre la nueva estructura del fondo social reflexionen sobre una política laboral más activa, sobre cómo podrían emplearse en el futuro medios del fondo social para iniciativas de formación orientadas al empleo y, naturalmente, también sobre la manera en que SOCRATES y LEONARDO podrían ser mejorados, para acompañar de una forma innovadora los esfuerzos y políticas laborales de la Unión Europea. 
Por ello, en lo referente a los exitosos programas de formación, he presentado una enmienda al magnífico informe del Sr. Perry que no sólo exige un aumento sustancial de los medios financieros, sino, a ser posible, que éstos se doblen a partir del año 2000, porque, en caso contrario, no se podrán cumplir las actuales tareas teniendo en cuenta la ampliación al este de la UE y las, para entonces, bajas tasas y posibilidades individuales de fomento, insoportables desde el punto de vista sociopolítico. 
Si las declaraciones vagas se pueden interpretar de una o de otra manera ayuda poco a los jóvenes, en última instancia está en juego una parte de la credibilidad de Europa. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, estimados colegas, con su comunicación sobre la Europa del conocimiento la Comisión proporciona las directrices de la próxima generación de programas de formación. 
Creo que todos los que hacen política, independientemente de que sea en el ámbito europeo o en los Estados miembros, son conscientes de la importancia que va a tener una concepción bien meditada de nuestros programas de formación para la Unión Europea en el siglo XXI. 
Una formación general y profesional, a ser posible de las más amplias capas de la población, es una condición indispensable para una participación exitosa en la vida laboral y los programas que fomentan el intercambio cultural y profesional o que se ocupan del desarrollo personal de los jóvenes son decisivos para el crecimiento político común de la Unión. 
En este contexto considero que la posición de la Comisión es digna de elogiar en lo que concierne a la simplificación de la administración que es necesaria para la ejecución de los programas, y que en su estructuración se procure una mayor transparencia y publicidad. 
También me parece importante dedicar mecanismos de fomento al sector formativo de la continuidad. 
Precisamente en las escuelas y el ámbito de la juventud han ido apareciendo a lo largo de los años estructuras de cooperación. Reflejan la existencia de un potencial que no deberíamos ignorar. 
Por ello considero importante continuar separadamente con los tres programas en su denominación actual. Además se debería intentar, de forma constructiva y sobre la base de una evaluación cuidadosa de los programas hasta la fecha, introducir mejoras en el sistema resultante. 
En cualquier caso hay que evitar que con cambios bien intencionados pero poco meditados se pongan en peligro las relaciones humanas que ya se hayan establecido con ayuda de los programas existentes hasta la fecha, lo cual era uno de sus objetivos. 
Para terminar quisiera felicitar al Sr. Perry por su excelente informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, los programas comunitarios que existen en los ámbitos de la educación, de la formación y de la juventud se terminan en 1999. 
¿No es hora ya de preparar un trabajo de fondo sobre la evolución de las políticas europeas para una Europa del conocimiento? 
La comunicación de la Comisión al Parlamento es algo decepcionante ya que es demasiado poco explícita. 
Nuestro grupo político ha querido por tanto asumir todo su lugar junto al ponente Perry, a quien felicitamos por su trabajo, y hemos querido proponer numerosas enmiendas entre las que consideraré las más importantes a nuestro juicio. 
En primer lugar, hemos reafirmado que todas las acciones del sector educativo tenían por finalidad el fortalecimiento de la aptitud para el trabajo favoreciendo el completo desarrollo personal. 
Después, hemos querido introducir las nociones de responsabilización de la juventud y de su participación en la elaboración de los próximos programas. 
Hemos señalado también que debían realizarse esfuerzos suplementarios en favor del aprendizaje de los idiomas. 
Y si bien somos favorables a la continuación de programas ya bien identificados, pedimos su desarrollo para favorecer su complementariedad. 
Insisto no obstante ante el ponente y la Comisión para señalar la necesidad de la creación de una verdadera política integrada de la juventud en Europa, que vaya más allá de la Europa del conocimiento, pero que facilite la participación activa de los jóvenes en la decisión, el compromiso de la juventud contra la intolerancia, la violencia en la escuela y la violencia urbana, así como la valoración y validación de la educación informal adquirida en los grupos, las organizaciones juveniles, incluidas las deportivas. 
Éstas son las posiciones que nuestro grupo ha defendido y nosotros daremos, por supuesto, nuestro apoyo al informe del Sr. Perry a quien felicito de nuevo. 
Señor Presidente, ahora que el Parlamento examina la comunicación de la Comisión sobre los principios de actuación y los objetivos para el próximo milenio de la cooperación en materia de formación y de juventud, nos hallamos ante un tema de fundamental importancia para los ciudadanos de la Unión. 
El excelente informe del Sr. Perry ofrece una buena base para proseguir el diálogo a este respecto. 
Espero que la Comisión tenga presentes en sus futuras propuestas las observaciones de la Comisión de Cultura y del Parlamento, aun si se ha establecido unos plazos increíblemente cortos para abordar esta cuestión. 
La reforma de los programas de formación y de juventud no es solamente un proceso técnico, sino también una gran posibilidad de entablar un diálogo sobre las estructuras de valores europeos sobre las que queremos construir nuestro futuro. 
Hoy por hoy, los programas de la Unión Europea son precisamente ese instrumento que nos permitirá acercar la Comunidad a los ciudadanos y alcanzar en la práctica los objetivos de tolerancia, igualdad entre los sexos y desarrollo sostenible. 
En el Tratado de Amsterdam se hace hincapié en las posibilidades de que han de disponer todas las personas para recibir una formación de elevado nivel y actuar de manera equilibrada como ciudadanos de la Unión. 
La mejor manera de apoyar el desarrollo de una ciudadanía participativa y activa estriba en una estimulante política de juventud europea que ofrezca también variados entornos de formación al margen de los centros educativos. 
Es conveniente dar una mayor importancia a la función de las ONG en el aprendizaje y la formación a la largo de toda la vida. 
Igualmente, deberíamos poder superar con más flexibilidad los antiguos límites entre los distintos centros educativos, los puestos de trabajo y las actividades ciudadanas, las que se han dado en llamar el tercer sector. 
A través de esta interacción se generan nuevas modalidades de asociación y colaboración que, por su parte, ofrecen nuevas oportunidades tanto para el desarrollo de los individuos, como para su incorporación a la vida laboral. 
Creo que todos estamos convencidos de la gran importancia y las necesidades de desarrollo que encierra la política europea de formación y de juventud. 
Ahora es el momento de reconocer esta importancia también en el plano concreto y extraer las conclusiones necesarias, de modo que se reflejen en forma de un aumento de los recursos en los próximos presupuestos de educación. 
Señor Presidente, yo estoy de acuerdo con la postura del ponente, el Sr. Perry, y también quisiera hacer referencia a tres grandes obstáculos que, según mi opinión, encuentro en relación con la creación de una sociedad del conocimiento y los jóvenes y el papel de la Unión Europea respecto a ambos. 
En primer lugar, y como ya destacó el Sr. Perry, están las insuficientes dotaciones presupuestarias por parte de la Unión Europea, ya que no puede, en nombre de la subsidiariedad, darse una prioridad tan pequeña a la financiación de la cultura y la educación. 
El segundo es la dificultad de acceso a la enseñanza de tercer grado, que en algunos países alcanza situaciones extremas, como es el caso de Grecia donde la posibilidad que tienen los jóvenes de acceder a la enseñanza superior supone para las familias un auténtico drama. 
Creo que ése es un asunto no sólo de interés griego sino de alcance europeo. 
El tercer asunto es la necesidad de mantener el carácter cultural, especialmente en lo referido a las lenguas. 
Existe un problema relacionado con las lenguas de menor número de hablantes y creo que es necesario que la Unión Europea tomase medidas especiales. 
Por último, viendo lo que está ocurriendo en varios países, quiero referirme a la importancia de apoyar y mantener la enseñanza de lenguas como el griego antiguo y el latín que son las raíces de tantas lenguas de la Unión Europea. 
En un momento en el que nuestra sociedad se hace preguntas acerca del problema de la transmisión a las generaciones futuras de nuestros conocimientos y de nuestros valores, es especialmente reconfortante ver que las instituciones europeas estudian el concepto de conocimiento. 
Y quisiera felicitarla, señora Comisaria, por el trabajo que ha emprendido y que es determinante en este sentido después del Libro Blanco que usted misma había propuesto recientemente. 
Es necesario, en el momento en que los programas para la educación y la juventud llegan a su vencimiento, poder no sólo hacer el balance sino reorientar estas acciones en función de los ejes que habían sido aprobados anteriormente. 
En este sentido, comprendo y aprecio su deseo de acentuar la formación y la educación y de asegurar la promoción a lo largo de toda su vida. 
En segundo lugar, sabemos que la política del empleo es indisociable de la política de la educación y que es necesario por tanto dar a todos la oportunidad de adquirir una formación. 
Me adhiero pues a los deseos expresados de racionalizar los objetivos, desarrollar la movilidad transnacional, favorecer el recurso a nuevos instrumentos educativos y promover el aprendizaje de las lenguas. 
En este sentido, se ha de hacer un esfuerzo muy especial para ayudar a las escuelas a entrar en la era del futuro y a aprender a comunicar mediante las nuevas tecnologías. 
Por encima de estas observaciones, quisiera señalar lo que algunos colegas han expresado y en especial nuestro ponente, el Sr. Perry, a quien quisiera felicitar por la calidad de su trabajo. 
Es absolutamente necesario conservar en los programas su denominación actual. 
Los jóvenes europeos han aprendido a conocerlos. 
Pienso en especial en el programa Sócrates, tan apreciado por los jóvenes. 
Sería una lástima que por cambiar su título se perdiera algo de su reputación. 
Sin duda, es preciso también superar estos programas y promover un verdadero estatuto para los estudiantes con el fin de favorecer su movilidad. 
Y para concluir, quisiera recordar que estos nuevos programas deberán no sólo ayudar a los jóvenes europeos a entrar en el nuevo milenio sino también a marcar la apertura de la Unión hacia el este, y quizá también hacia el sur, y que a este nivel la juventud tiene una función insustituible que realizar. 
Éstos son, pues, los desafíos a los que hemos de enfrentarnos. 
Señor Presidente, la financiación que no cesa de citarse aquí es sólo una parte de la solución al problema. 
Lo que sigue faltando son programas que desde el punto de vista del contenido se orienten hacia el aprendizaje y hacia las demandas de aprendizaje. 
Lo que también falta son conexiones transversales con otros sectores. 
Quiero citar como ejemplo el informe holandés " Cultura 2000» , que por primera vez logra una conexión entre educación, un programa de formación y el mercado cultural de un país. 
Ya no se habla, por tanto, de que la cultura necesite cada vez más dinero y subvenciones, sino que en el sector cultural existe una solución respecto de las subvenciones, cuando la gente estudia más, experimentan más, compran más libros, van más al cine, vistan más museos y de este modo, gastan más dinero en el mercado de la cultura. 
Al mismo tiempo se cita en el informe el problema de la lengua, que aún no ha sido discutido aquí. 
El problema de la multiplicidad de lenguas en Europa no puede reducirse a un problema únicamente práctico. 
Una lengua unitaria para Europa no puede ser un problema práctico, sino que debe relacionarse más con la demanda cultural de los países individualmente considerados. 
Señor Presidente, la Europa del conocimiento y del aprendizaje, tanto en la actual como en la futura sociedad mundial de la información, creo que deberá ser el objetivo principal de la Unión Europea. 
Además, el Tratado de Amsterdam señala de manera clara ese objetivo como una obligación, en sentido amplio, de la Unión Europea. 
Recuerdo que, según el Tratado de Amsterdam, los Estados miembros tienen la obligación de fomentar que los pueblos alcancen el mayor desarrollo de conocimientos posible. 
Como es lógico ese esfuerzo debe estar dirigido a las nuevas generaciones. 
Eso significa, en pocas palabras, que ese gran esfuerzo debería dirigirse a los jóvenes, que son los que constituyen el presente y el futuro. Todo ello quiere decir que el fundamento de nuestra política debería ser los programas que refuercen la tendencia natural de los niños a la comunicación, que faciliten la movilidad de los jóvenes dentro de los Estados miembros y que les familiaricen con las costumbres de otros países. 
Creo que el programa que nos presenta la Comisión ofrece una base real, como ya se ha demostrado en el debate desarrollado en las comisiones del Parlamento y me gustaría, en este punto, felicitar al Sr. Perry por su ponencia principal y también al Sr. Hatzidakis por la opinión elaborada en mi comisión, la Comisión de Asuntos Sociales. 
El debate celebrado en el Parlamento Europeo y el que se está desarrollando hoy, así como la decisión final que espero que adoptemos, demuestran que un esfuerzo de tal calibre, ambicioso, amplio y costoso puede verse enriquecido y continuado en esa dirección. 
Creo, a modo de ejemplo, que la propuesta contenida en dicho programa, es decir, que debería existir un eje común de acción para poder coordinar y seguir mejor dicha actividad, es muy correcta. 
Esto, según mi opinión, no significa que sea una contradicción mantener los nombres de los programas tal y como son actualmente. 
Quisiera formular un comentario sobre los temas de formación puesto que, como ya les he dicho, pertenezco a la Comisión de Asuntos Sociales: creo que en estos momentos la formación profesional, dada la naturaleza de las nuevas profesiones y el momento histórico en el que se encuentra la Unión Europea abriéndose a los países del Este, debería ser el centro fundamental de nuestra política y ofrecer a los trabajadores la posibilidad de disponer del aprendizaje a lo largo de toda la vida y para que los desempleados puedan acceder a la formación y, con ello, poder acceder al mundo laboral. 
Señor Presidente, señora Comisaria, como afirma la Comisión en su comunicación, la base de la sociedad del futuro será el saber: la cantidad de conocimientos, pero, sobre todo, su calidad y su actualidad. 
Y no para algunos ciudadanos, sino para todos, de todas las clases y de todas las edades. 
Hoy «es preciso repartir el saber como antiguamente era preciso repartir el pan» , he oído decir recientemente. 
Aprender a lo largo de la vida- y no, como antes, durante algunos años de la juventud- abre las puertas al empleo, pero también- no lo olvidemos- a la realización personal. 
La educación y la cultura liberan en cada hombre la parte de libertad que lleva dentro. 
Si no queremos una sociedad de robots o de yes men, es esencial tenerlo presente. 
Voy a recordar algunos aspectos que deben preocuparnos. 
Primero: la Europa del saber debe ser toda Europa, desde ahora mismo. 
No tiene sentido establecer en el sector del saber las excepciones, derogaciones y transiciones que se establecen para el Mercado Único o para la agricultura. 
La Europa central y oriental, como la Europa meridional o septentrional, son partes inseparables del saber común europeo. 
Y las lenguas europeas no deben ser enseñadas sólo como lenguas extranjeras, sino que deben constituir vehículos para la enseñanza de las diversas disciplinas. 
Tercero: la creación de info-points comunes a la Unión y a otras organizaciones internacionales que se ocupan de la educación y la juventud, como el Consejo de Europa, la UNESCO o la OCDE, sería una medida de gran alcance para concretar la cooperación que mucho se anuncia, pero poco se practica. 
Y, por último, si la Unión reconoce la gran prioridad de la educación, debe plasmarla en decisiones políticas sólidas que permitan concretarla con éxito. 
Voy a señalar tres: el fortalecimiento visible de los recursos financieros, asignándoles desde ahora mismo un porcentaje mínimo del presupuesto comunitario; la generalización rápida del acceso a las nuevas tecnologías, desde la enseñanza primaria; una política lingüística valiente- ésta es muy importante- que entrañe la enseñanza desde el nivel elemental de dos lenguas extranjeras: una lengua europea que pueda ser lengua común de comunicación entre todos los ciudadanos, reforzada en la enseñanza secundaria por otra lengua, sin olvidar que cada vez se hablan más las lenguas no europeas dentro de Europa. 
Nosotros somos los herederos del «48» , cuando se forjó la idea de Europa. 
Cincuenta años después, tenemos el deber de dar un nuevo impulso a esta Europa infundiéndole nuevos valores y nuevas prioridades. 
Eso es lo que ha intentado hacer en su informe el Sr. Perry, al que felicito por su excelente trabajo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, debo felicitar a nuestro ponente por su interesante trabajo, que permite alertar una vez más a la Comisión sobre los enormes desafíos que representan la educación, la formación y la juventud. 
Es importante, para el futuro de la Unión Europea, conservar y dar consistencia a los programas que han resultado positivos, a pesar de sus escasas dotaciones. 
Como ha señalado el ponente, » en el contexto de los recursos financieros limitados, el valor añadido europeo sólo puede obtenerse desarrollando verdaderos programas-laboratorio de innovación». 
Europa ha de provocar importantes sacudidas, ya que la sociedad del mañana será una sociedad de la inteligencia, de la investigación y del conocimiento, que traerá trabajo y riqueza. 
Hacer hincapié en la necesidad de lanzar las bases de una política integrada de la juventud, distinta de los programas de educación, me parece de una enorme importancia. 
El hecho de estimular la creatividad entre los jóvenes permite comprometerlos en la lucha contra la exclusión social, la violencia en la escuela y en las ciudades. 
La educación informal adquirida en las organizaciones juveniles, principalmente deportivas, ha de reconocerse y estimularse. 
Por otra parte, estoy apoyando en mi región iniciativas piloto en materia de reestructuración de los jóvenes de las ciudades que asocian el deporte aventura al conocimiento y a la creatividad, en estrecha relación con jóvenes del campo. 
En Europa, la tarea es aún inmensa. 
Necesitamos determinación y constancia. 
Desafortunadamente, la contabilidad tradicional concede poco espacio a los activos intangibles. 
En el momento de la creación del euro, ¿no sería necesario pensar en la creación de una moneda del saber? 
Señor Presidente, mi más sincero agradecimiento al Sr. Perry y a la Comisión por sacar adelante este informe que, como sabemos, es muy importante y marca el camino hacia el futuro. 
La educación es un elemento crucial en la construcción de una sociedad para el futuro, tanto con economías vigorosas como con comunidades felices y exitosas. 
Es igual de importante en el campo europeo como en el individual de cada país. 
El Sr. Elchlepp acaba de hablar sobre la financiación y creo que no hay mejor uso de los dineros europeos, no hay una manera más justa de distribuir los recursos que invirtiéndolos en educación. 
Creo que deberíamos revisar algunas de las maneras en que gastamos nuestro dinero europeo. 
Por ejemplo, dedicamos una parte a los subsidios al tabaco y a las corridas de toros. 
Creo que deberíamos redirigir ese dinero hacia algo verdaderamente útil como la educación en lugar de esas áreas indefendibles. 
Recientemente una cantidad ingente de dinero se ha metido en la Unión Monetaria y sabemos que existe cierta oposición a la misma, pero hay un entusiasmo masivo por los programas de educación de Europa y debo decir que, en comparación, muy poco dinero. 
Quiero hablar en particular sobre tres parágrafos: 26, 30, y 31. 
El parágrafo 26 habla sobre lenguas y este, lo creo apasionadamente, es el medio crucial de comunicación y el definidor de identidad más vibrante y valioso, en especial para países pequeños. 
Es cierto que algunas lenguas son más poderosas que otras, pero como ha dicho el Sr. Alavanos debemos respetar la rica diversidad lingüística de Europa y también, diría, rechazar lenguas artificiales y resistir frente a los que quieren suprimir la variedad. 
Quisiera hablar sobre el parágrafo 30, pero no tengo tiempo y la Sra. Vaz Da Silva lo ha expresado tan elocuentemente que voy a pasarlo por alto. 
El parágrafo 31 hace referencia a un asunto muy importante. 
Habla, en particular, de la educación cívica y esto es muy importante para mi país, el Reino Unido, donde existe un nivel de entendimiento del proceso democrático terriblemente bajo. 
Tenemos que invertir en este tipo de educación para nuestros jóvenes y propiciar un mayor entendimiento del proceso democrático a la vez que estimular a la gente para comprender y participar. 
Este es un factor tan importante como cualquier otro para construir una Europa unida. 
Tenemos que proteger esos sectores, debemos desarrollarlos y espero con gran ilusión las nuevas proposiciones de la Comisión. 
Creí que iba a agotar mi tiempo porque pensé que sólo tenía dos minutos pero he tenido tres, de modo que podría haber hablado más. 
Ahora voy a dejar el camino libre a todos los demás que van a compartir con nosotros sus maravillosas contribuciones. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ante todo deseo congratularme con el Sr. Perry por su exhaustivo informe que, yo diría, coincide con un momento especialmente oportuno, ya que en estos días no se hace más que hablar de la Europa monetaria y de asuntos financieros. También mañana tendrá lugar una importante votación. 
En cambio, es extremadamente importante hablar de la Europa del conocimiento y hablar de ella en términos de propuestas, precisamente con la intención de construir un auténtico espacio educativo europeo, en que sean prioritarios el conocimiento, la ciudadanía, el desarrollo de las aptitudes para el empleo, cuestiones todas ellas que dependen directamente de la eficaz promoción de la educación y la formación. 
Sin lugar a dudas, hay algo que señalar acerca del informe del Sr. Perry, sobre todo en lo que respecta a lo que ha propuesto la Comisión. 
Ante todo, a modo de amarga constatación, se ve enseguida que el texto fue remitido con cierto retraso, y éste es siempre un problema que advertimos: el Parlamento debe pronunciarse demasiado tarde sobre las que luego serán las decisiones de la Comisión. 
Espero que esto no vuelva a ocurrir, porque lo que propone el Parlamento Europeo, donde hay personas elegidas por sufragio universal por el pueblo, es sumamente importante. 
Somos conscientes de la relevancia de los asuntos que estamos abordando y, por lo tanto, es fundamental que se pueda realizar un trabajo conjunto. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a nuestro ponente por su amplio informe que creo que ha aunado todos los sentimientos e intereses que tenemos en tanto comisión y que no voy a repetir excepto en el caso de la necesidad de incorporar la dimensión europea a la educación. 
Al respecto, Señora Comisaria, creo que usted puede ponerse a la cabeza como impulsora, aunque claro está, que depende de los estados nación incluir esto en sus agendas nacionales. 
Hablamos incesantemente sobre la globalización de la economía pero limitamos a nuestros jóvenes a un currículum muy nacional. Esto tiene que cambiar si de verdad creemos lo que decimos respecto a que puedan ser empleados en una economía global y, en particular, en el mercado único europeo. 
Todo lo que se puede hacer es estimular a los Estados miembros a que incluyan en todas las materias esa dimensión europea, de modo que en matemáticas aprendan quién fue Pitágoras, de donde venía y la contribución que alguien como él hizo a las matemáticas en su conjunto. 
El Sr. Evans hizo mención a una cuestión clave del informe del Sr. Perry relativa a la educación cívica que, una vez más, es determinante para asegurar que nuestros jóvenes entiendan la sociedad en la que viven. 
De parte de Federal Trust y la Asociación de Escuelas secundarias de la Unión Europea quiero agradecerle a usted, Señora Comisaria, y a su Dirección General el incalculable apoyo que han dado a un proyecto de ciudadanía. 
Ha hecho posible que este proyecto desarrollase materiales de enseñanza sobre ciudadanía, en particular ciudadanía europea, conteniendo todo un módulo sobre democracia europea y, en especial, sobre este Parlamento. 
Creo que debería ser distribuido por todas las escuelas secundarias de la Unión Europea como una cuestión de urgencia antes de las elecciones europeas del año que viene. 
Señoras y señores diputados, me agrada especialmente intervenir en esta Sesión Plenaria del Parlamento sobre la Europa del conocimiento y he escuchado a todos los oradores que se han pronunciado. 
También he visto su grado de compromiso y en ocasiones el tono apasionado que han adoptado sobre este tema que es de máxima importancia para el futuro de Europa, un tema que debería movilizarnos a todos, y me alegro de que podamos celebrar en el día de hoy este debate. 
Se trata de un debate fundamental para el futuro de la Unión, con prolongaciones inmediatas ya que el Parlamento y el Consejo examinarán muy pronto las propuestas sobre instrumentos jurídicos y operativos que permitan construir esta Europa del conocimiento. 
En primer lugar, un rápido balance de las evoluciones y progresos conseguidos en el transcurso de estos tres últimos años en este ámbito; en segundo lugar, un calendario en el que se inscribe nuestra reflexión y, finalmente, las cuestiones de las estructuras, de los contenidos, de la gestión y de la financiación de las acciones comunitarias. 
Por lo que respecta en primer lugar al camino recorrido y a los elementos adquiridos, el debate en torno al Libro Blanco «Enseñar y aprender- Hacia la sociedad cognitiva» , al que ustedes han aportado una colaboración muy importante, nos ha hecho progresar mucho en este ámbito provocando una amplia reflexión con todos los actores implicados. 
Con el Tratado de Amsterdam, la Unión tiene ahora la responsabilidad de promover el desarrollo del nivel de conocimientos más elevado posible para nuestros conciudadanos, facilitando un claro acceso, a lo largo de la vida, a la educación y a la formación, y algunos de ustedes han señalado esta noche la necesidad de aprender durante toda la vida. 
Además, la Comisión, considerando que la investigación, la educación y la formación son inversiones inmateriales esenciales para nuestro futuro, propuso, en su Agenda 2000, hacer de las políticas del conocimiento uno de los cuatro ejes fundamentales de las políticas internas de la Comisión. 
Voy ahora al calendario para un vencimiento próximo. 
La ejecución de los programas comunitarios Sócrates, Leonardo da Vinci y Juventud con Europa se encuentra a medio camino. 
Hemos de comenzar a preparar, por tanto, la futura generación de acciones. 
Ocupará su lugar en la fecha simbólica del 1 de enero del 2000. 
Para hacerlo hemos de tomar las decisiones en 1999, después de haber empleado el tiempo necesario para examinar la totalidad de los proyectos de textos. 
Por ello, agradezco al Parlamento que haya aceptado estas limitaciones de tiempo. 
He oído hace unos momentos que los documentos se habían distribuido quizá algo tarde, pero ello se debe a que estamos presionados por el calendario, para poder ir más deprisa y para poder en definitiva terminar los textos a tiempo. 
El debate sobre la comunicación «Por una Europa del conocimiento» nos aporta elementos muy importantes y nos permite abordar la fase en la que entramos de manera que podamos, creo, calificarla de satisfactoria. 
Doy las gracias especialmente al Sr. Perry, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y al Sr. Hatzidakis, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, al igual que a los diputados de estas dos comisiones, por el interés que han manifestado hacia la Europa del conocimiento al presentar un centenar de enmiendas. 
Construir un espacio educativo europeo, con nuevos programas, una gestión mejor adaptada y un nivel de financiación adecuado constituye el tercer punto. 
La voluntad de ponerlo todo en práctica para construir progresivamente un espacio educativo europeo aparecerá plenamente en las propuestas de decisión actualmente en preparación y que el Colegio debería examinar próximamente. 
Ésta voluntad se manifestará en particular en los contenidos y en la articulación de los programas, en la renovación de su forma de gestión y en el nivel de financiación. 
Recordemos en primer lugar que este espacio educativo europeo es una noción que ha de entenderse en sentido amplio, en la medida en que se inscribe a la vez en el espacio y en el tiempo, teniendo en cuenta el movimiento en curso para la ampliación de Europa. 
Representa por tanto el marco en el cual ha de concretarse el objetivo de educación y formación a lo largo de la vida para todos los ciudadanos. 
Se trata de un instrumento que necesitamos para construir una sociedad más solidaria, como señala la Sra. Hawlicek. 
En este sentido, hay tres dimensiones que me parecen fundamentales: los ciudadanos europeos han de tener la posibilidad de enriquecer permanentemente sus conocimientos, desarrollar sus aptitudes para el empleo mediante la adquisición de competencias, y desarrollarse como ciudadanos. 
Efectivamente, el problema de la Europa del conocimiento no es sólo aprender, es también el desarrollo completo, como lo han señalado muy bien varios oradores, en especial la Sra. Poisson, es decir, permitir también el desarrollo de la personalidad. 
El empleo es naturalmente el factor de integración más importante en la sociedad, pero está también el desarrollo de la persona. 
A mi juicio, el documento de trabajo de la DG XXII sobre los logros de los programas y su evaluación permite, como señala el Sr. Hatzidakis, extraer las enseñanzas necesarias para la prosecución de nuestra acción comunitaria en esta dirección. 
Son todos ustedes favorables a la continuación de programas comunitarios distintos, bajo sus denominaciones actuales, a saber, Sócrates, Leonardo, Juventud con Europa y el servicio voluntario europeo, que ustedes conocen. 
Doy las gracias por otra parte a aquellos que han planteado la pregunta y quisiera tranquilizarlos: los títulos de esos programas, por supuesto, se conservarán. 
Nuestros conciudadanos, en especial los jóvenes, están habituados a ellos, los conocen y se trata además en ese caso de un factor de toma de conciencia de la ciudadanía europea. 
También, teniendo en cuenta por una parte la diversidad de los protagonistas implicados y, por otra, una exigencia importante de comprensión, presentaré próximamente al Colegio tres propuestas de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, en los ámbitos respectivos de la educación, de la formación y de la política de juventud. 
Pero han sido varios de ustedes, en especial el Sr. Perry, la Sra. Waddington y el Sr. Papakyriazis, los que han deseado que haya más progresos integrados y que se instauren pasarelas entre los programas. 
He tenido por otro lado muy en cuenta, en la reflexión que realizamos, opciones y opiniones expresadas sobre este aspecto de los problemas. 
Es cierto que hay que intentar al máximo multiplicar estas pasarelas. 
Deseo volver un instante, si ustedes quieren, sobre la política lingüística que lleva adelante la Comisión y que ha sido mencionada además por varios de ustedes. 
De acuerdo con los términos del Tratado de Amsterdam a favor de la diversidad de lenguas y culturas, esta preocupación está totalmente a la orden del día. 
Comprendo el pragmatismo del ponente, Sr. Perry, ante las dificultades que tendremos que superar por la ampliación de Europa. 
Y les recuerdo que nuestra ambición en este ámbito es actuar de forma que cada ciudadano europeo domine tres lenguas comunitarias: su lengua materna más otras dos. 
Me alegro de que ustedes hayan hecho tanto hincapié en el aprendizaje precoz de idiomas y del interés que conceden al mundo del conocimiento llamado pasivo de los idiomas, es decir, la comprensión de una lengua próxima a la suya. 
Nuestra política se inscribe en la perspectiva de la ampliación. 
Suscribo por tanto la enmienda 3 de la Comisión de Cultura que propone desarrollar los intercambios con los países de la Europa central y oriental y la cuenca mediterránea. Saben ustedes que estos intercambios existen ya en el ámbito de la educación y que hemos tenido varios Consejos de Ministros que se han celebrado con los Ministros de Educación de los países de Europa central y oriental. 
Por otra parte, me sumo con gusto al interés que han demostrado en el papel que los interlocutores sociales y amplios sectores de la sociedad civil habrán de jugar en la nueva generación de programas. 
Esto es de una importancia especial en el marco del programa Leonardo da Vinci y algunos de ustedes, en especial la Sra. Guinebertière, han llamado la atención sobre el hecho de que era necesario asociar a los jóvenes a la reflexión sobre estos programas. 
Estoy totalmente a favor de esta idea. 
Hace algunos meses tuvimos una importante reunión en Bruselas con representantes de los organismos de juventud de los diferentes países de la Unión. 
La próxima tendrá lugar en el mes de noviembre de este año y tengo la intención de someter a esos representantes dichos textos, también los problemas, y discutir con ellos. 
Debo decir además que la reunión que tuvimos con los jóvenes estuvo muy animada, muy viva, y facilitó muchos intercambios muy interesantes en los que tuve ocasión de aprender mucho. 
La puesta en práctica de los próximos programas estará marcada por un esfuerzo de simplificación y concentración, como han solicitado varios de ustedes. 
Busco cinco orientaciones principales que pueden resumirse con las siguientes palabras: visibilidad, complementariedad y coherencia, evaluación, descentralización y, finalmente, simplificación. 
Sé hasta qué punto están ustedes preocupados, en especial, por ver que se asegura una mejor coordinación y una mejor sinergia con los Fondos Estructurales y desarrollar relaciones profundas entre los programas europeos de formación profesional y el Fondo Social Europeo, y puedo decirles que me sumo totalmente a esta orientación. 
Me alegro en especial por la nueva orientación de los fondos estructurales a favor de la política de recursos humanos. 
Los fondos estructurales se han tomado durante mucho tiempo en su acepción de ordenación del territorio, de transporte, de integración territorial, etc., y es totalmente deseable que esos fondos puedan orientarse hacia las preocupaciones de educación de la juventud, con el fin de darle una oportunidad. 
Los servicios de la Comisión trabajan en la actualidad sobre la articulación que hay que asegurar entre estos nuevos programas y el Fondo Social y la nueva política de los fondos estructurales. 
Ven ustedes que en ese caso estamos en el centro de sus preocupaciones, incluso con los instrumentos de que disponemos. 
En efecto, han señalado ustedes con toda razón, frecuentemente, la modestia de los créditos. 
Nunca habrá demasiado dinero, por supuesto, para hacer frente a todas las necesidades en ese ámbito, ya que, por definición, las necesidades educativas son infinitas, pero cuando menos, si podemos utilizar estos fondos estructurales y el fondo social, evidentemente, es totalmente deseable. 
Mi colega Padraig Flynn y yo misma tenemos una preocupación real por actuar de forma que se pongan en práctica todas las acciones comunitarias para la promoción de la educación, de la formación y de los recursos humanos de manera complementaria y coherente. 
Por tanto, se trata de una orientación que yo sé que se comparte ampliamente en el Parlamento, y me complace tener sobre este punto el apoyo de ustedes. 
Sólo puedo compartir la preocupación expresada por varios de ustedes, tanto el Sr. Hatzidakis como por la Sra. Heinisch, el Sr. Elchlepp y la Sra. Hawlicek de disponer, al nivel de nuestras exigencias, de los recursos financieros necesarios para la nueva generación de programas al servicio de la Europa del conocimiento, y utilizarlos como propone su informe final de forma que resulte de ello un valor añadido europeo máximo. 
En la Agenda 2000, la Comisión señaló su intención de dar prioridad a las acciones relativas a la política del conocimiento. 
A la espera de los arbitrajes definitivos, puedo señalarles ya que he propuesto que esta prioridad se traduzca en un aumento sustancial de los medios concedidos a los programas de educación, de formación y de la juventud, y tengo alguna esperanza de ser oída. 
Les doy las gracias por la contribución sustancial que representa su informe, esencial en su contenido por las propuestas que se han hecho, y diré esencial también por el apoyo que aporta a la política que estoy intentando desarrollar- naturalmente, no yo sola sino en conjunto con la Comisión -, y debo decir, cuando se compara lo que ha surgido principalmente de la Cumbre de Amsterdam con lo que dicen los Estados miembros- naturalmente, cuando se trata de financiación siempre es un poco más complicado- pero en todo caso en la política que están defendiendo los Estados miembros, esta preocupación es totalmente primordial. 
Espero que esta cooperación se prolongue para las propuestas relativas a los programas de acción en el ámbito de la educación, de la formación y de la juventud que vamos a abordar próximamente. 
Y es cierto, algunos de ustedes lo han dicho, Europa progresará gracias a la juventud. 
Será tomando conciencia de la forma de vivir, de trabajar en los demás países de la Unión, será mediante el intercambio de lo que se llama buenas prácticas y mediante el conocimiento de los idiomas como se conseguirá que progrese la idea europea. 
Muchos de ustedes, especialmente la Sra. Todini y la Sra. Tongue lo han señalado, y no puedo citar a todos los demás porque han sido muchos de ustedes los que han apoyado este punto de vista. 
Se trata de un punto de vista político, es decir, que fuera del problema de la adquisición de conocimientos y de la formación que es necesaria, la percepción por la juventud de lo que es nuestro horizonte europeo pasa por estos programas, y por esta razón son esenciales. 
Les doy las gracias por lo que han dicho, por el apoyo que dan a estos programas. 
Les doy las gracias por las reflexiones, sugerencias y críticas que han emitido. 
Todas, sépanlo bien, son escuchadas y oídas con mucha atención y deseo que podamos continuar trabajando juntos. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Protección de los menores en los servicios audiovisuales y de información 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0153/98) del Sr. Whitehead, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la propuesta de recomendación del Consejo relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información (COM (97) 0570- C4-0670/97-97/0329 (CNS) ). 
Señor Presidente, este es el primer debate sustancial que tenemos relativo a los costes y beneficios de los nuevos servicios de información desde las grandes discusiones sobre la televisión sin fronteras. 
Los servicios que ahora se ofrecen- más o menos, de un punto a otro, en línea, y ahora en el maravilloso mundo aleatorio de Internet- reconocemos que pueden extender horizontes: cruzan cualquier frontera, entran en todas las casas, directa o indirectamente influyen en todos nosotros. 
Pueden multiplicar prácticamente hasta el infinito la variedad de la información y los intercambios educativos. 
Puede que sea el mejor de los momentos, pero debemos permanecer vigilantes para que no sea también el peor de los momentos y que aquellos que usen esos servicios no lo hagan para abrir nuevas posibilidades y enriquecernos, sino para explotar, degradar y amenazar la dignidad humana. 
Este es un debate tan antiguo como la propia sociedad humana: el debate acerca de cómo se enriquece esa sociedad. 
Cuando era un estudiante me sentaba a los pies de Sir Isaiah Berlin en Oxford y asistí a sus clases sobre los dos conceptos de libertad: la libertad positiva y negativa, la libertad respecto de y la libertad de. 
Libertad para extender horizontes, para ser desafiado, para comunicarse y libertad respecto de otros que invaden nuestro espacio y destruyen la integridad de nuestras vidas. 
Es un equilibrio, si quieren, entre el artículo 10 y el artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. 
Saludo el hecho de que el Parlamento y la Comisión se hayan unido en esta cuestión y se les haya otorgado todo el apoyo del Consejo bajo la Presidencia de mi propio país e, incluso, lo hayan hecho antes de eso. 
Nos estamos uniendo, tal y como han hecho los Estados miembros, en el reconocimiento de una meta común en la persecución de los vendedores de material ilegal y los sistemas a través de los cuales, sin ningún tipo de restricción en cuanto al tiempo, pueden atrapar a los más jóvenes y vulnerables. 
Los vulnerables no son siempre los jóvenes ni tampoco los jóvenes son siempre los vulnerables. 
Necesitamos una vigilancia y necesitamos una cooperación entre las fuerzas de policía de los Estados miembros que sean eficaces contra el material ilegal, sea pornografía infantil o racismo, en toda la Comunidad e, incluso, más allá. 
Existen muchas cosas que no son ilegales y respecto de las cuales una sociedad libre debe ser tolerante pero que, sin embargo, pueden ser dañinas para algunos. 
Siguiendo fielmente las recomendaciones de la Comisión, y celebro que dos Direcciones Generales se hayan unido en una recomendación conjunta sobre esta cuestión, y un plan de acción- una situación ideal de las cosas con la que ahora estamos delirantemente contentos- abogamos en el informe por un proceso en el que el desarrollo técnico y la convergencia vayan de la mano con una evaluación de seguimiento sobre la manera en que operan estos servicios. 
Eso es esencialmente lo que el informe de la Comisión recomienda. 
Esto debería producirse sobre la base de una autorregulación responsablemente ejercida por los proveedores de servicios y contenidos unidos en grado máximo a los sistemas de filtro domésticos- como los sistemas de PICs en mi país- y la involucración de las iniciativas ciudadanas tales como los programas de Internet Watch iniciados en Holanda y en otros lugares. 
La recomendación y el plan de acción invitan a los Estados miembros a ser activos, a promover la investigación, a involucrar a profesores y padres para facilitar el intercambio de información. 
Estos son unos objetivos valiosos. 
El plan de cuatro puntos establecido en la proposición a la Comisión para que emitiese definiciones de buenas prácticas, para facilitar la investigación, el intercambio de experiencias, la conexión con las autoridades legales de policía es absolutamente encomiable. 
La reunión de Birmingham bajo al Presidencia británica trata esta cuestión. 
Tengo que felicitar a mi viejo amigo, Mark Fisher, por su trabajo con nuestro Secretario de Estado, Chris Smith, por intentar que esta proposición disfrutase de un viento favorable en el Consejo de Cultura de mayo. 
Le escuchamos con mucho interés en Birmingham hace algunas semanas. 
También estamos agradecidos por el apoyo prestado por su equipo de la DG X que se encuentra junto a usted esta noche, y estoy agradecido por el trabajo de mis colegas y de mis dos asistentes que han trabajado en este informe. 
Nuestras recomendaciones y enmiendas son evidentes por sí solas. 
Paso encima de los sonoros tópicos que afloran en todos los informes en las recomendaciones y en los preámbulos y solo hago mención a las recomendaciones más contundentes para endurecer los cuatro puntos al final de este informe. 
Señor Comisario, espero que pueda tratar, en particular la enmienda n. 19 que prevé un informe de evaluación de la Comisión y que debería presentarse al Parlamento y el Consejo en un plazo de dos años. 
Esperamos que pueda adoptar éste como una medida de la efectividad y no, meramente, de los efectos de la autorregulación junto con una indicación de las medidas adicionales que fuesen necesarias. 
Es precisamente esa forma de examen preventivo, dirigido a extraer lo mejor de los que se autorregularán el día de mañana, la que constituirá un punto de referencia para esos esfuerzos. 
Estos pueden, desde luego, fracasar. 
Hay colegas que tienen pruebas de fallos en otros sectores en los que probablemente se haya dado una cierta confusión. 
Esperamos que tengan éxito. 
Pero independientemente de que lo tengan o no tenemos que asegurar que el Parlamento y la Comisión hayan jugado su papel. 
Ellos y nosotros, esperanzados aunque prudentes, compartimos el viaje por la autopista electrónica. 
Señor Presidente, en primer lugar, hay que reconocer el valor de la iniciativa adoptada por la Comisión en cuanto a sus intenciones, ya que no ha obviado la necesidad de tomar iniciativas en un ámbito en que, sin duda, las competencias comunitarias son bastante limitadas. 
En segundo lugar, en cuanto a la solicitud de tener en cuenta lo que ya existe a escala comunitaria, ya aprobamos la Directiva «Televisión sin fronteras» , en la que se dispone que ningún programa debe perjudicar al desarrollo físico, mental y moral de los menores, en particular los programas que contienen escenas de violencia, pornografía o violencia gratuita, y no hay que olvidar las diferentes acciones comunes ya emprendidas, sobre todo en lo referente a fomentar los intercambios destinados a las personas responsables de la lucha contra el tráfico de seres humanos y la explotación sexual de los niños. 
Otra acción común, también relacionada con esta misma materia, está encaminada a luchar contra el racismo y la xenofobia. 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos considera que hace falta ampliar de forma explícita las tres acciones comunes en su conjunto y el Convenio de Europol a la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información, así como armonizar el ámbito jurídico de esta materia. La comisión opina que todo esto es extremadamente importante. 
La propuesta de la Comisión se refiere a la protección de los menores y de la dignidad. 
No se trata de proteger a los menores únicamente, sino de proteger también la dignidad humana, de todo el mundo y no sólo de los menores. 
En este sentido, más tarde o más temprano, será preciso reflexionar profundamente sobre el significado de la actual pornografía industrial que en los nuevos medios de información, sobre todo en Internet, encuentra la posibilidad de ampliar todavía más, si cabe, su mercado, al objeto de entender la novedad que la misma representa, ya que su justificación está en el dinero que genera y no la libertad de expresión. Creo que es imprescindible hacer este tipo de reflexión. 
Los recientes sucesos de crónica demuestran que existe una relación muy estrecha entre el repetitivo y obsesivo mensaje pornográfico y los gravísimos actos de violencia sin límite contra los menores ocurridos recientemente. 
Es por eso que, apoyando la propuesta de la Comisión, creo que en el futuro será preciso hacer hincapié en la necesidad de una reflexión más profunda sobre el tema de la pornografía en su conjunto y no habrá que conformarse con la autorregulación, sino que hará falta intervenir mediante una reglamentación eficaz. 
Señor Presidente, el informe que estamos tratando conduce a una discusión de principios muy importante. 
Se enfrentan dos valores fundamentales: por un lado la necesidad de proteger a nuestros niños de materias dañinas como, por ejemplo, violencia y pornografía y, por otro, el principio de libertad de expresión, del cual nosotros los suecos somos muy celosos. 
Es importante subrayar el valor que tienen las nuevas técnicas e Internet desde el punto de vista de la información. 
Sin embargo, las nuevas técnicas no tienen sólo ventajas sino que también desventajas. 
Entre las ventajas se cuenta que las personas que por motivos geográficos o culturales no tienen acceso a la información, a bibliotecas o librerías, pueden ahora acceder a la información que deseen. 
Cuando se ha aprendido a navegar en la red es como pasearse por la mayor y mejor biblioteca del mundo. 
Sin embargo, Internet también puede significar desinformación que puede tener consecuencias graves, especialmente para los débiles en la sociedad. 
Pienso en los niños. 
La libertad de expresión es un principio sagrado pero no se puede aplicar a costa del derecho de nuestros niños a tener un desarrollo armónico. 
Es muy difícil crear normas comunes relativas al material ilegal. 
Aún más difícil es ponerse de acuerdo sobre cómo definir el concepto " dañino». 
Apoyo la propuesta de mi camarada de partido Whitehead sobre las marcas distintivas comunes para los índices con el objeto de facilitar la identificación del material ilegal o dañino. 
También estoy de acuerdo con un sistema de autorregulación que se evalúe periódicamente y con una evaluación de este plan de acción después de dos años. 
Señor Presidente, señor Comisario, en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación hemos tenido muy claro el informe del Sr. Whitehead y, por lo tanto, al examinarlo el pasado 23 de abril, lo hemos aprobado por unanimidad. 
He de hacer dos precisiones, recogiendo lo que ha dicho mi colega, el Sr. Casini, sobre cómo hemos entendido esta protección. 
Por una parte, debemos considerar la protección de los menores frente a determinados contenidos que puedan afectar a su desarrollo físico o moral y, por otra, la protección de la dignidad humana contra contenidos ilícitos, prohibidos al conjunto de la sociedad, independientemente de la edad de los destinatarios potenciales, que van contra los fundamentos mismos de la sociedad y, en concreto, como dije, de la dignidad. 
Como afirma el ponente en su magnífico informe, los nuevos medios de comunicación ofrecen un contenido a cualquier usuario en cualquier momento y en cualquier lugar y eso hay que regularlo para preservar la protección de los más débiles. 
Pero no olvidemos que el asunto lo regulan los Estados y que, por lo tanto, esta regulación no es suficiente si no va acompañada de una política gubernamental activa, ya que sin fomentar la cooperación entre la policía y las autoridades judiciales se podrían limitar los excesos, pero no se pondría fin a las actividades ilegales. 
Tiene que haber unas directrices mínimas, que se apoyen en cuatro elementos clave: consulta, código de conducta, instancia nacional y evaluación periódica. 
Estos objetivos son los que se plantea la Unión Europea. 
¿Va a funcionar todo ello en la práctica? 
Por lo menos estamos de acuerdo en que merece la pena intentarlo. 
Y, señor Presidente, por lo menos hasta ahora lo que sí se ha dado es un enorme consenso. 
Señor Presidente, señor Comisario, me parece extremadamente importante el asunto que estamos abordando esta tarde y retomo aquí un concepto ya expresado por el Sr. Carlo Casini, o sea, que la industria de los servicios audiovisuales y de información no puede prescindir del respeto de la dignidad humana y, en consecuencia y ante todo, tampoco de la protección de los menores. 
Sin embargo, este concepto de protección de la dignidad humana es fundamental. 
Esto supone, por lo tanto, que los Estados miembros deben evaluar sus respectivas medidas nacionales, siguiendo una metodología elaborada a escala europea, para favorecer un marco nacional de autorreglamentación para los servicios on line, pero ensayando también otros y nuevos sistemas de protección de los menores. 
Paralelamente al desarrollo técnico-operativo, es necesario seguir estimulando y fomentando una adecuada actividad de formación y educación de los menores y de las familias con respecto a la utilización de los nuevos instrumentos digitales, de lo contrario, si no existe este paralelismo de actividades, todo será inútil. 
En consecuencia, es fundamental que haya un enfoque ético común de la sociedad de la información a escala europea y es justo que los Estados miembros sean responsables de sus respectivas actuaciones internas y quizás sería importante que los Estados miembros que ya han adoptado normativas similares, puedan servir de modelo para otros. 
Italia, por ejemplo, acaba de aprobar un código ético para regular las relaciones entre la televisión y los menores y me parece que las actuaciones siguen avanzando de forma apropiada. 
Señor Presidente, cuando hablamos sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los medios audiovisuales, nos internamos en cuestiones muy delicadas. 
Con facilidad se cae en un antagonismo extremo, en el que se defiende la libertad de expresión por rechazo a la censura, o la protección de los niños por oposición a los abusos de los comerciantes codiciosos. 
Quiero felicitar al ponente, el Sr. Whitehead, por haber abordado este problema en su informe de una manera excepcionalmente equilibrada y profunda, evitando con gran profesionalidad todas las actitudes críticas. 
Creo que estamos ampliamente de acuerdo en la necesidad de protección propiamente dicha. 
Las autoridades policiales y judiciales de los distintos Estados miembros están comenzando a entablar una cooperación más estrecha con el fin de evitar, por ejemplo, los contenidos ilegales o dañinos, las ofensas y los fraudes que tienen cabida en Internet. 
No obstante, la industria de los medios de comunicación modernos exige nuevos métodos. 
Una regulación a la antigua usanza, protectora desde arriba, sencillamente no funciona con los nuevos servicios, por lo que la Comisión ofrece como solución la autorregulación. 
En el plan de acción se exhorta a los Gobiernos a fomentar la autorregulación mediante una amplia colaboración. 
Hay que entablar una cooperación real con la industria y con los proveedores de acceso y de servicios. Es posible crear con carácter voluntario códigos de conducta a nivel nacional, con lo que la tarea de la Comisión consistiría en coordinar y apoyar el asentamiento de los marcos de autorregulación nacionales y la propagación de los resultados obtenidos. 
La autorregulación redunda seguramente en beneficio de todos los proveedores civilizados de servicios pero cabe preguntarse si todos ellos son civilizados. 
Si así fuera, se habría terminado el problema. 
La autorregulación por sí sola no es suficiente. 
Es necesario también establecer unas normas internacionales que sean eficaces, pero que, a la vez, tengan presentes las diferencias culturales. 
Ningún acuerdo de alcance internacional puede funcionar si no se adquiere el compromiso de entablar en la práctica una continua cooperación transfronteriza. 
Señor Presidente, la tecnología de la información avanza a galope tendido haciendo trizas a su paso la tecnología del estado nacional de derecho, mientras, a escala europea, el estado de derecho va a paso de marcha. 
En estos momentos se precisan medios de investigación y de intervención en esas cuestiones, como de manera correcta lo ha descrito el colega Sr. Whitehead y por eso nos falta la voluntad de realizarlo. 
Las propuestas de la Comisión se adaptan a nuestras debilidades. 
El Sr. Whitehead lo ha expresado bien y propone reforzar los medios de control para el seguimiento de la autorregulación. 
Pero yo no creo en esas medidas ya que ni me inspiran confianza ni van a tener fruto. 
Señor Presidente, acaso la Comisión, trabajando en equipo, pudiera elaborar un guión, como ya hizo en otra ocasión, acerca de qué haríamos si realmente tuviésemos una Europa políticamente unificada, con un estado de derecho real, cómo reaccionaríamos ante el atentado que supone entregar a nuestros niños a las potencias del dinero y del beneficio sin importarnos todo lo demás. 
Señor presidente, quisiera comenzar felicitando a Phillip Whitehead por su informe. 
Ha trabajado con gran velocidad y erudición y ha mostrado un claro entendimiento de las cuestiones y grandes complejidades involucradas. 
Por una parte ha animado la creatividad y el éxito comercial en Internet, pero también ha defendido la libertad de expresión, respetando la privacidad y conciliándola con la necesidad de proteger la dignidad humana y a los menores. 
Como el propio Phillip ha dicho, en un clima por lo general alfabetizado siempre habrá unos cuantos que quieran comerciar con la crueldad y el miedo para corromper la sociedad. 
Parece posible que cualquiera puede acceder a cualquier parte de Internet. 
La gente puede acceder a lugares que no tenían intención de visitar. 
Un profesor me ha contado recientemente que en su clase los chicos eran capaces de acceder a material para adultos en el instante que se diera la vuelta. 
En otra clase una búsqueda inocente utilizando el nombre de un grupo pop condujo a un material cuya carga sería ilegal para adultos. 
La obscenidad está dañando los beneficios de Internet. 
A causa de estos temores algunos padres me dicen que van a comprar un PC para sus hijos pero sin el modem que les proporcionaría el acceso a la malla multimedia mundial. 
Este es un grave problema que debemos tratar. 
Internet tiene una gran potencial par servir como herramienta educativa, un medio con el que nuestros ciudadanos pueden comunicarse por encima de las fronteras, uniendo aún más a Europa, una herramienta vital de la ciudadanía, un complemento a los servicios públicos de difusión, una ventana al gobierno abierto, un medio para dirigirse a los poderosos. 
Pero no será ninguna de estas cosas si los padres no tienen la seguridad de que pueden dejar a sus hijos solos con un PC y un modem. 
¿Cuál es el papel de la Unión Europea? 
Según vamos penetrando en los problemas de los servicios en línea la Unión Europea tiene un papel fundamental en el desarrollo de Internet hacia una herramienta de la ciudadanía. 
Puede propiciar la maximización de la cooperación transfronteriza. 
En un medio que todavía se esta desarrollando puede posibilitar que compartamos su mejor uso. 
El Sr. Whitehead tiene razón al enfatizar la necesidad de una revisión sistemática de como están funcionando los sistemas de autorregulación. 
También acierta al solicitar un análisis después de dos años para decidir si es necesaria una acción reguladora. 
La autorregulación, como pudieron escuchar al Sr. Oreja en Birmingham, siempre necesita una revisión de última instancia en caso de que los que se autorregulan vacilen o incluso fallen. 
Lo más importante, creo, es la enmienda nş 6 en la que el Sr. Whitehead nos recuerda que la competencia no lo es todo en el esfuerzo humano. 
La industria tiene una responsabilidad hacia toda la sociedad. 
Si Internet tiene que entrar en todas las casas, debemos ahora procurar que las industrias de comunicaciones busquen medios que permitan que la autorregulación y la eventual regulación aseguren que Internet sea tanto segura como beneficiosa para todos nuestros ciudadanos. 
Espero que, gracias a la colaboración entre la Comisión y el Parlamento, se adopte pronto esta recomendación bajo la presidencia británica, especialmente con la bendición de los ministros británicos Chris Smith y Mark Fisher. 
Señor Presidente, hace veinte años hablé con un caballero venerable acerca del salto generacional. Me dijo: " desde luego que hay un salto generacional. 
El único contacto que yo tenía cuando niño con cualquier cosa que estuviera lejos de la calle en la que vivía en Cork, se producía cuando íbamos a casa de un vecino y pegábamos las orejas a una vieja radio y escuchábamos a alguien que desde lejos cantaba " When the red red robbin comes bob bob bobbing along». 
Mire lo que mis nietos están viendo ahora». 
Solo se estaba refiriendo, en aquél entonces, a la televisión. 
Nos satisface mucho apoyar completamente el excelente informe del Sr. Whitehead. 
Como acaba de decirse recibió el apoyo unánime de toda la comisión. 
Soy consciente, ya que soy una de esas personas que aún no ha podido doblegar este sistema, de la dificultad para todos nosotros de legislar un medio tan volátil y dinámico. 
Los padres están justificadamente preocupados. 
Desgraciadamente, tal y como pasó con la televisión, no siempre es posible dejar a tus hijos solos. 
Muchas agrupaciones voluntarias están preocupadas por el material que indudablemente esta apareciendo y, como bien ha dicho Carole Tongue, es fácilmente accesible y ello se comprueba siguiendo las instrucciones más elementales y, tanto si se comprenden o no, se acompaña a nuestros hijos en alguno de sus viajes por el ciberespacio. 
Seguramente no se entenderá completamente lo que esta ocurriendo, puede que se finja que se está al tanto, pero el hecho es que si ellos saben que se está interesado, eso puede ya constituir una manera de tratar esta cuestión. 
Con demasiada frecuencia, casi diariamente, tenemos constancia de casos en los que chicos se han desensibilizado por la exposición a cierto material, tanto en Internet como en las pantallas de televisión. 
Me quiero unir al coro de alabanzas para el Sr. Whitehead. 
Este fue un informe con apoyo unánime. 
Ninguno de nosotros tiene el más mínimo problema en apoyar todas sus indicaciones y esperamos que la eficacia de la regulación voluntaria se evidencien tan pronto como recibamos el primer informe. 
Señor Presidente, el asunto que estamos debatiendo es algo más que importante, como ya han dicho todos, y creo que merece la pena felicitar al Sr. Whitehead por su atento trabajo. 
Quisiera subrayar que nuestro grupo apoya por completo sus propuestas, que también fueron votadas por unanimidad en el seno de la comisión competente. 
La protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información en general es una cuestión de máxima importancia en la época de la convergencia electrónica. 
Dicha protección es urgente si uno tiene en cuenta el contenido ilícito que circula de forma intensa en las redes internacionales. 
La Comisión recomienda a los Estados miembros trabajar con vistas a alcanzar un marco nacional de autorregulación, reforzar la aplicación experimental de nuevos medios de protección de menores, fomentar la sensibilización de los padres entre otras medidas y pide a la industria un código de conducta. 
A su vez, se pide a la propia Comisión que facilite la colaboración entre las autoridades encargadas de determinar y aplicar las redes nacionales de autorregulación y que proporcione medidas contra el contenido ilícito del material difundido. 
El ponente, por su parte, ofrece importantes aclaraciones acerca de la autorregulación y considera conveniente el desarrollo de la cooperación europea para el reforzamiento de la eficacia de las medidas técnicas y la determinación de un acercamiento deontológico común. 
Lo que debemos ver es cómo vamos a conseguir ese acercamiento, se han subrayado por algunas partes sus puntos débiles, y ése es un asunto fundamental porque se debe conseguir por encima y contra cualquier tipo de presión e intereses. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, proponer una serie de recomendaciones con vistas a la protección de los menores en los nuevos servicios de los medios audiovisuales y de la información me parece urgente e indispensable. 
Ésta es precisamente nuestra función como diputados. 
Pero creo que más que cualquier reglamentación, con frecuencia difícilmente aplicable internacionalmente, el esfuerzo por la educación que ha señalado Phillip Whitehead me parece esencial. 
Es necesario enseñar a los jóvenes a navegar sanamente, como responsables, con los nuevos instrumentos de la información a su disposición, al mismo nivel que se enseña a leer, o a circular, a un joven solo por la ciudad frente a los peligros, como un ciudadano libre. 
Hemos de estimular decididamente todos los esfuerzos de educación en la imagen, mediante una mejor cooperación con los padres, con los centros escolares, con los centros culturales y asociaciones, con los espacios sociales de información, para contribuir a iniciar una buena identificación de los contenidos de la sociedad de la información. 
Los nuevos servicios, ventanas abiertas al mundo, a menudo consideradas como perversas, han de permitir ante todo a los jóvenes que desarrollen sus conocimientos, su sentido lúdico, ayudarles a situarse mejor en la sociedad, facilitar el nacimiento de sus proyectos. 
Daré pues mi apoyo a las recomendaciones de nuestro ponente, invitando a una mejor cooperación europea para la protección de los menores y de la dignidad humana. 
Señor Presidente, Señorías, hay debates que son especialmente reconfortantes, y éste es uno de ellos. 
Primero, porque es un tema importante que afecta al modelo de sociedad europeo; segundo, porque ha logrado la unanimidad en la Comisión; y, tercero, porque coincide prácticamente con todo lo que había sido la propuesta que la Comisión había presentado en su momento. 
Por consiguiente, debo decirles que a mí me llena de satisfacción asistir a este debate, escuchar a sus Señorías y ver cómo estamos afrontando un tema importante que afrontamos, además, en un programa on line que era preciso llevar a cabo, y lo hacemos con determinación y decisión. 
Nos gustaría ir más lejos, porque probablemente la autorregulación podría ser insuficiente, pero es lo único que podemos hacer en este momento. 
Y la verdad es que creo que es un buen comienzo, un buen arranque de lo que debemos hacer. 
Quiero a continuación felicitar muy especialmente al Sr. Whitehead. 
El Sr. Whitehead ha hecho un gran trabajo, y hoy lo ha expuesto aquí de una forma magistral. 
Y es importante además porque no se trata de uno de esos informes rituales que un miembro del Parlamento tiene que hacer, sino que es fruto de la convicción del Sr. Whitehead. 
El Sr. Whitehead ha hecho esto y lo ha hecho también porque además está convencido de ello, y ésta es la razón por la que él ha sido capaz también de convencer a los demás, y tanto en su condición de ponente sobre el Libro Verde relativo a la protección de menores y de la dignidad humana como en esta recomendación, ha hecho un trabajo por el cual yo, de verdad, le felicito. 
Creo que ha habido también una excelente colaboración entre el Parlamento y la Comisión desde el principio. 
Espero que la mantengamos en el futuro, en relación con este tema y con otros, pero muy especialmente con este tema. 
Creo que esta recomendación es un paso importante que da la Unión Europea y creo que es importante por varias razones: en primer lugar, por una razón de orden general. 
En diversas ocasiones me he referido a la importancia de lo que significa la dimensión ética de la sociedad de la información. 
Hoy, todos celebramos acontecimientos como, por ejemplo, el de la entrada en vigor del euro, que es una realidad ya. 
Sin embargo, junto a éste y otros acontecimientos, como el mercado interior, hay algo que nosotros no podemos olvidar, que es un proyecto político final basado en unos condicionamientos éticos. 
Nosotros no haríamos nada, no conseguiríamos nada, por mucho que avanzásemos en problemas económicos o en problemas monetarios, si no tuviéramos un proyecto ético que guiase nuestra acción, y éste es uno de los proyectos que responde precisamente a eso. 
Y responde también a un alto nivel de protección del interés general, lo cual representa también una prioridad para la Unión Europea, porque responde a lo que decía yo al principio, es decir, a lo que significa un modelo europeo de sociedad. 
Yo creo que ésa es una de las preocupaciones que nosotros debemos sentir en un momento como éste. 
El modelo europeo de sociedad no es igual que otros modelos, y lo estamos viendo constantemente. 
Nosotros tenemos que defender y salvaguardar ese modelo europeo de sociedad, y esta recomendación y este informe responden precisamente a esa idea y a ese modelo de sociedad. 
Por otra parte, resulta indispensable también- qué duda cabe- aumentar la competitividad de los servicios audiovisuales y de información, ya que esto contribuye a crear un clima de confianza, que es necesario para el desarrollo de estos servicios. 
Y en ese sentido, la protección de los menores, la protección de nuestros hijos, futuros ciudadanos, resulta indispensable para que puedan crecer en un entorno audiovisual adecuado. 
Yo quiero subrayar una afirmación que han hecho muchos de los oradores que aquí han participado cuando se han referido a que hay una preocupación por la protección de los menores, pero no sólo por la protección de los menores, sino por la protección de la dignidad humana. 
Lo ha dicho el Sr. Whitehead y lo han repetido el Sr. Casini y el Sr. Añoveros. 
Muchos de los oradores han hecho referencia a lo que significa esa preocupación por la dignidad humana, no solamente por la protección de los niños, que es muy importante, sino también por la persona, en cuanto tal, que tiene derecho a que se busque ese entorno adecuado. 
Quiero decir también que otro aspecto importante de esta recomendación es su ámbito de aplicación y la naturaleza del instrumento que se crea. 
Creo que la Unión Europea ha sabido dotarse rápidamente de un instrumento jurídico tanto para los servicios audiovisuales y de información como para los nuevos servicios en línea como los que transitan por Internet. 
La Unión Europea ha demostrado claramente una buena capacidad de reacción. 
Creo que se nos echa en cara algunas veces que no somos capaces de reaccionar inmediatamente, y aquí lo hemos hecho: hemos reaccionado y hemos reaccionado pronto. 
Cuando se aprobó el Libro Verde- en octubre de 1996 -, el nuevo entorno de los servicios en línea planteaba muchos interrogantes en cuanto a la manera de aplicar las leyes, y los propios agentes se veían muchas veces superados por los retos y la complejidad jurídica de los servicios en línea más allá de la simple afirmación de que lo que es ilegal fuera de línea lo es también- y lo debe ser también- en línea. 
Es decir, que no tenía sentido que hubiera dos tratamientos diferentes. 
Y los trabajos que se han ido desarrollando han logrado un consenso, que era tan necesario. 
La nueva industria exige en este momento un alto nivel de protección del interés general, y no se trata de poner en tela de juicio la normativa existente. 
La cuestión es cómo facilitar la aplicación de las leyes de manera que los nuevos agentes puedan trabajar concertadamente para elaborar los códigos de conducta, cuestión ésta a la que se han referido en todas sus intervenciones. 
Y la palabra clave es la palabra autorregulación, una palabra que, aunque delimitada por el marco jurídico, es algo que resulta siempre indispensable. 
La recomendación es, por otra parte, el primer instrumento jurídico que se refiere al contenido de los nuevos servicios audiovisuales en línea, y es también un nuevo enfoque normativo en el que se definen orientaciones para las medidas nacionales a fin de evitar la aparición de normativas que puedan ser demasiado restrictivas para esta industria incipiente o- quizá- demasiado dispares para que sea posible la libre circulación de servicios. 
En su informe, el Sr. Whitehead comparte el enfoque de autorregulación reconociendo sus ventajas, aunque destaca, naturalmente y de forma muy justificada, sus límites. 
Es preciso desarrollar paralelamente las competencias judiciales y policiales, es decir, de las autoridades encargadas de hacer respetar la ley. 
Hay que desarrollar también el uso de etiquetas para los contenidos y los sistemas de filtrado y, sobre todo, hay que seguir y supervisar, hay que evaluar la aplicación de la recomendación, y hacerlo muy atentamente. 
En ese sentido, el ponente propone unas enmiendas al texto que responden íntegramente al sentido y a las intenciones de la Comisión y que, a mi juicio, reflejan perfectamente el espíritu de la recomendación. 
La última enmienda merece a mi juicio una especial atención. 
Se trata de invitar a la Comisión a presentar al Parlamento y al Consejo un informe de evaluación sobre la aplicación y la eficacia de la recomendación. 
Varios de los oradores han hecho referencia a ello, en particular la Sra. Tongue. 
Procuraré- quiero decirlo aquí, en este Pleno del Parlamento- que en el texto final que pueda aprobarse por el Consejo el próximo día 28 de mayo, el Parlamento obtenga satisfacción sobre este punto, y debo decirles que, al dar satisfacción al Parlamento, me darán satisfacción también a mí, porque yo comparto absolutamente esta propuesta que hace el Sr. Whitehead. 
Además, en esta misma enmienda se pide a la Comisión que organice consultas regulares con los Estados miembros. 
Yo quiero decirle también, señor Whitehead, en nombre de la Comisión y con toda la solemnidad que significa decirlo aquí, en el Pleno del Parlamento, que la Comisión tiene la intención de reunir periódicamente, por su propia iniciativa, a las autoridades nacionales competentes en el marco del seguimiento regular de la aplicación de la recomendación. 
Creo que, si no, algo quedaría cojo. 
Me parece que es necesario no quedarse únicamente en la recomendación, sino que me parece necesario llevar a cabo, por una parte, esa evaluación a la que se ha referido y, por otra, esa reunión de las autoridades competentes para, a través de esos encuentros, poder saber exactamente hasta dónde se llega y cómo se llega. 
En conclusión, Señorías, mientras que hay países- Estados Unidos por ejemplo- que en cierta forma no han superado lo que significó la invalidación por el Tribunal Supremo de las disposiciones en materia de protección de menores en la Communication Decency Act, yo creo que la Unión Europea ha sabido dotarse rápidamente de un instrumento coherente para los servicios audiovisuales y de información que ha de contribuir a garantizar un alto nivel de protección de los menores y también de la dignidad humana en nuestro continente. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Acuerdo interino sobre comercio con México 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0156/98) de la Sra. Miranda de Lage, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra [COM (97) 525-11619/1/rev. + 11620/1/97 rev. 1- C4-0024/98-97/0281 (AVC) ]. 
Señor Presidente, Señorías, señor vicepresidente de la Comisión, la primera consideración que deseo expresar se refiere al hecho de que los Estados Unidos Mexicanos conforman hoy una nación que, desde el inicio de esta década, se ha ido convirtiendo en una economía pujante y prometedora. 
El esfuerzo de modernización del tejido productivo y del sistema financiero ha ido acompañado de la modernización institucional y, en pocos años, se ha dado un vuelco espectacular al sistema institucional y de partidos. 
Hoy, las instituciones son más plurales y participativas. 
Y, como ha quedado demostrado en las últimas elecciones, los ciudadanos mexicanos han elegido, sin ataduras con el pasado, convirtiéndose, por tanto, en los auténticos protagonistas de la modernidad y del cambio de una nación que es ya la decimotercera economía mundial. 
La segunda consideración que deseo expresar se refiere a su vinculación en diferentes opciones de integración regional y bloques económicos. 
México desempeña un papel cada vez más relevante en la economía mundial. 
Su participación más destacable es su inserción en uno de los bloques comerciales y económicos más poderosos del mundo, el ALCAN. 
Casi el 80 % de sus exportaciones tienen como destino el mercado de los Estados Unidos. 
Esta dependencia es, a todas luces, excesiva, y arranca, desde 1994, por el hecho bien conocido de la reducción del grado de autonomía financiera, como consecuencia de la crisis que provocó la intervención de los Estados Unidos en la economía mexicana. 
Este hecho no debe empañar los buenos resultados que el ALCAN está produciendo, como el aumento de la inversión, la modernización industrial; en definitiva, la animación económica. 
Tampoco hay que olvidar el hecho de que México se haya insertado en los últimos años en organizaciones como la OCDE o la APEC. 
Pero también sería deseable un reparto más justo y equitativo de la bonanza económica, de los beneficios actuales. 
La tercera consideración es la relación Unión Europea-México. 
Nuestra vinculación actual se basa en un acuerdo firmado en 1991 con carácter comercial limitado, hoy obsoleto por las causas que he señalado. 
Insistiré en dos: en la vinculación de México al ALCAN, que ha reducido de forma significativa nuestro comercio bilateral y, en segundo lugar, porque el perfil exportador mexicano se ha modificado tanto que hoy apenas el 9 % de las exportaciones a la Unión Europea provienen del sector agrícola. 
El Parlamento Europeo, siguiendo la recomendación de la Comisión REX, ya señaló en 1994 que esta realidad comenzaba a apuntar, y pidió en aquel momento que la Unión elevase el rango de las relaciones políticas y considerase negociar un acuerdo de libre comercio para equilibrar nuestra presencia en la región. 
Si el Parlamento ratifica este acuerdo, las negociaciones para la apertura de los mercados podrán comenzar en 30 días. 
En la exposición de motivos así como en la resolución relativa a la comunicación, aprobados en 1995, han quedado reflejadas las recomendaciones de la Asamblea para la fase final, que deberán incluirse en el acuerdo global. 
Tenemos, por tanto, varios meses por delante, y durante este tiempo el Parlamento tendrá la oportunidad de seguir de cerca la evolución de las negociaciones para manifestarse al término de las mismas sobre el resultado final. 
La cuarta consideración se refiere a la preparación de este informe realizado en una situación de una cierta complejidad. 
Los acontecimientos violentos que tuvieron lugar en los últimos meses, sobre todo en el Estado de Chiapas y que todos los demócratas hemos condenado, han restado una cierta tranquilidad al debate que, a todas luces, tiene un calado político y de futuro. 
La inclusión de la cláusula democrática es un elemento nuevo en la relación bilateral, que enlaza directamente con la nueva realidad mexicana a la que hacía referencia. 
No se ha culminado todavía el proceso que se anunciaba en 1994 pero los avances son evidentes, y solamente se pueden negar desde una posición miope. 
La lucha por la equidad, por una justicia más eficaz, por la igualdad de oportunidades, por el desarrollo regional no se han completado ni alcanzado, pero lo mismo ocurre en nuestras sociedades. 
El Acuerdo Unión Europea-México contendrá elementos progresistas y compromisos que pueden ayudar a la modernización, al desarrollo regional, a la lucha para la superación de las desigualdades, así como también a la mejora de las condiciones de los derechos humanos. 
En esto podremos ayudar. 
En coherencia con las posiciones del Parlamento, con el análisis de la actual situación y con nuestra política de cooperación con América Latina, tanto la Comisión REX, competente para el fondo, como la de Asuntos Exteriores y de Seguridad y la de Cooperación y Desarrollo, han recomendado, por amplísima mayoría, la ratificación. 
Nuestra responsabilidad, sin embargo, no acaba aquí. 
A través del diálogo parlamentario establecido en el protocolo firmado por el presidente de la delegación competente, Sr. Salafranca, nos hemos dotado de un instrumento que permitirá el seguimiento de la relación y de la evolución de los compromisos firmados, entre los que destaco la cláusula democrática. 
Señor Presidente, finalizo agradeciendo todas las ayudas que se me han proporcionado, tanto por parte de los ponentes de opinión como por los miembros de la Asamblea, de la Comisión REX y de la sociedad civil que me han servido y proporcionado elementos que han quedado reflejados en la exposición de motivos y que creo debe ser satisfactoria para todos. 
Señor Presidente, tras mi felicitación a la ponente, quisiera decir que la adopción del dictamen conforme del acuerdo interino con México no constituye el final de un camino sino el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre la Unión Europea y México. 
México, que bajo el mandato del presidente Zedillo se encuentra incurso en un proceso inacabado de reformas, constituye por su población, por su tamaño y por su condición estratégica una de las potencias del continente americano, y es un auténtico puente entre los Estados Unidos y Centroamérica y una puerta de entrada privilegiada para todas aquellas inversiones extranjeras deseosas de implantarse en el emergente mercado iberoamericano. 
Pero México, como el resto de los países iberoamericanos, no representa, por importante que sea, sólo un mercado. 
Este acuerdo interino, referido a los aspectos comerciales, se inserta en un esquema más amplio e innovador como el que quiere establecer la Unión Europea frente a las veleidades de otras potencias, dando toda la prioridad a la primacía de la voluntad política. 
La máxima expresión de esa prioridad viene recogida en la cláusula democrática que inspira o debe inspirar todos los ámbitos de cooperación de este acuerdo, cláusula a la que este Parlamento otorga una importancia fundamental y que sólo se concibe como de obligado cumplimiento. 
Este Parlamento, con motivo de la resolución del mes de enero sobre los trágicos sucesos de Acteal, expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en México, preocupación que la Comisión de Asuntos Exteriores ha querido recoger en su opinión. 
Ha querido asimismo pedir que la voz de la sociedad civil sea tenida en cuenta de alguna manera a la hora de seguir y de evaluar una materia tan sensible e importante como ésta. 
Para terminar quisiera, de nuevo, felicitar a la ponente por su trabajo y recordar, señor Presidente, que la Comisión de Asuntos Exteriores ha querido, por unanimidad, recomendar el dictamen conforme para este acuerdo interino, pero no como un cheque en blanco, sino pensando que será un elemento útil y valioso para situar las relaciones entre la Unión Europea y México en el nivel que les corresponde. 
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por el trabajo realizado para este informe. 
El comercio entre los Estados Unidos y Canadá, por una parte, y México, por otra, ha recibido un impulso muy fuerte con su inclusión en la NAFTA, que siguió a la crisis económica mejicana. 
Sin un nuevo acuerdo con Europa las relaciones con México sufrirían tanto en la esfera política, cultural y otras, como en la comercial. 
Tengo una marcada antipatía por muchos aspectos de lo que se describe como modernización económica, por las políticas neoliberales, por la desrregulación y la privatización. 
Sin embargo, la mundialización de nuestras economías es una evolución inevitable y nosotros, en este Parlamento, tenemos que apoyar con toda seguridad un acuerdo que ayudará a estimular el comercio entre México y Europa para nuestro beneficio mutuo y que ayudará a enderezar la balanza contraria a México y que no sea aun más dependiente de los Estados Unidos. 
En el Parlamento Europeo hemos adoptado, muy acertadamente, una posición férrea con relación a los derechos humanos. 
Hemos aprobado algunas resoluciones en contra de la disolución de los zapatistas por las armas, condenando las masacres del último diciembre y apelando a una mayor justicia social para aquellos que son absolutamente pobres, son discriminados y privados de los derechos comunales a la tierra. 
Tenemos que seguir tratando estas cuestiones porque nos importa y nos ocupamos del pueblo mexicano. 
El acuerdo reforzará nuestro poder para hacer esto, su rechazo reduciría la atención prestada a nuestras opiniones. 
Espero que la Comisión reconozca plenamente la importancia de seguir de cerca la situación de los derechos humanos y de expresar la profunda preocupación que sentimos. 
Confío en que esta tarde se nos haga alguna indicación respecto a la aceptación de esta posición y de cómo se va a poner en práctica. 
Apoyando este acuerdo espero que se contribuya a un desarrollo de ambas partes. 
Muchos mexicanos, sobre todo la población indígena que vive en condiciones de miseria y degradación, que carece de medios para conseguir un buen nivel de vida, una vivienda decente, una adecuada educación y cuidados sanitarios o el completo reconocimiento como ciudadanos iguales, demandan actualmente cambios que provean las necesidades básicas de todos los ciudadanos y debemos expresar nuestra solidaridad con ellos y oponernos a los intentos por aplastarlos con medios violentos.