Éstas no constituyen una opción económica viable, ni para los pescadores, cuyos activos no se utilizarán realmente en su totalidad, ni para los gobiernos, que gastarán cantidades considerables de dinero en ayudas sin conseguir un cambio a largo plazo que asegure un futuro viable para la industria. 
Los pescadores han impulsado en Irlanda del Norte las siguientes alternativas: continuación del desmantelamiento dirigido de las flotas; prohibiciones de pesca en tiempo real; medidas técnicas de conservación adicionales. 
Los pescadores desean colaborar con los científicos, pero los científicos que asesoran a la Comisión no quieren trabajar con ellos. 
Asistí a una reunión a la que se había invitado a los científicos para que observasen el Mar de Irlanda, pero éstos ni siquiera quisieron ir a verlo. 
Habían preparado un barco para ellos y ni siquiera quisieron embarcar en él. 
Yo considero que si los científicos no pueden embarcarse y argumentar su caso en el Mar de Irlanda, lo que en realidad plantean no deben ser argumentos científicos. 
El presidente de la Comisión de Pesca tiene una propuesta que garantizaría más fondos para la investigación de los efectos de las medidas que ya se están aplicando. 
Esto es muy importante. 
Tenemos que saber si todos los sacrificios que hicieron los pescadores en el pasado han sido de alguna ayuda para la industria pesquera y si ha sido así, se deberían aportar las pruebas científicas que lo demuestren. 
Éstas deben ser refrendadas y se debe realizar una evaluación adecuada de las medidas que ya se han impuesto antes de adoptar nuevas decisiones que tendrán un efecto discriminatorio para la flota pesquera de Irlanda del Norte. 
Los temores a una discriminación no son mitos sino hechos recalcitrantes en Irlanda del Norte. 
Necesitamos una auténtica evaluación de los logros conseguidos por las anteriores restricciones y toda la información disponible, para poder examinarla. 
Los pescadores de Irlanda del Norte han hecho grandes sacrificios en el pasado, pero ahora están convencidos de ser objeto de un ataque. 
Por ejemplo, desde Dublín se ha anunciado que los buques serán más grandes y mejores. 
Se va a cumplir un sueño atlántico financiado en parte con la ayuda de la UE, mientras se obliga a los pescadores de Irlanda del Norte a destruir sus buques. 
Finalmente, quisiera añadir que no sólo se verán afectados los pescadores, sino también sus familias, y esto supondrá la muerte de las poblaciones pesqueras y de las esperanzas de futuro de esas personas. 
Señor Presidente, Señorías, los informes que estamos debatiendo están bien estructurados, contienen exposiciones de motivos útiles, plantean buenos argumentos y, como ha dicho la Sra. Figueiredo, deben ser muy bien acogidos. Sin embargo, quisiera hacer algunas observaciones. 
La regla de oro para cualquier política pesquera es la conservación de las poblaciones y la prioridad fundamental debe ser la conservación de éstas y de la vida marina, ya que, utilizando una metáfora culinaria, al igual que no se puede hacer una tortilla sin huevos, no se puede pescar si no hay peces. 
Este problema surgió por primera vez hace mucho tiempo, en torno al 1600, cuando un reconocido jurista, Hugo Grotius, escribió un libro titulado «Mare liberum» , en el que abogaba por el principio de la libertad de navegar por los mares, que posteriormente se convirtió en un principio de derecho internacional. 
Ya entonces, algunos juristas añadieron que esto también implicaba la libertad de pescar, lo cual podría conducir al agotamiento de las poblaciones. 
En otras palabras, la libertad para pescar debe estar condicionada a los recursos marinos disponibles. 
Proteger los recursos marinos no consiste solamente en garantizar el futuro de la pesca, sino que implica un valor biológico, un valor esencial de humanidad y de vida en la Tierra. 
Por lo tanto, no podemos tener discursos intrínsecamente contradictorios en los que abogamos por una cosa y también por lo contrario; discursos en los que, por una parte, exigimos la conservación de las poblaciones, pero también reclamamos inmediatamente el derecho a la pesca prácticamente ilimitada e incondicional. 
Dicho esto, me gustaría decir algo al Comisario Fischler: tal y como ha dicho la Sra. Miguélez, lo que es admirable del Comisario Fischler es su indiferencia por el destino de los pescadores y de las comunidades pesqueras, además de su falta de sensibilidad. 
De hecho, necesitamos mostrar solidaridad y comprensión hacia los pescadores, especialmente hacia aquellos que, como ya se ha dicho, están sufriendo ahora las consecuencias de un naufragio terrible y criminal. 
Señor Presidente, voy a centrar mi intervención en la crisis del bacalao. 
La situación es especialmente mala y a menudo se hace referencia a lo que sucede en Terranova, donde la pesca ha llegado al punto en que los Grandes Bancos están vacíos, pero también deberíamos poner en marcha medidas drásticas para detener la pesca excesiva. 
Sin embargo, no siempre hemos hecho esto en el pasado. 
A modo de comparación, en la década de 1960 había escasez de bacalao, que vino seguida de un enorme excedente en el Mar del Norte en la década de 1970. 
Hasta la fecha nadie puede explicar a qué se debió. 
No sabemos lo suficiente, y realmente no todo lo que hay que saber, sobre el bacalao. 
En 2000-2001 se impusieron recortes del 40%, una medida bastante drástica. 
Los efectos de dicha medida han dejado al sector con escasa capacidad de recuperación para soportar más reveses. 
El sector se encuentra bajo presión y se espera que nosotros adoptemos un enfoque cuidadoso. 
No deberíamos considerar las reservas del año pasado como una opción; éstas tuvieron un efecto negativo sobre las poblaciones de bacalao. 
Este es un ejemplo de toma de decisiones precipitada, en lugar de cuidadosa, con un efecto negativo. 
Huelga decir que la situación es muy preocupante, pero quiero repetir que necesitamos producir información mucho más clara antes de poder adoptar medidas draconianas de este tipo. 
No podemos vender esto a la gente que trabaja en la industria pesquera. 
No podemos limitarnos a suspender la pesca del bacalao. 
Realmente no podemos pasar el problema al sector de los peces planos, ya que el bacalao se pesca en dicho sector a modo de línea secundaria. 
Ni las poblaciones de peces planos, ni las poblaciones de bacalao justificarían esto. 
No estamos hablando solamente de las poblaciones de peces, sino también de las implicaciones socioeconómicas de otra intervención importante. 
Por lo tanto, deberíamos pensarlo detenidamente y tomar decisiones informadas. 
Por ello me satisface la resolución del Sr. Stevenson. 
Deberíamos pensar en alternativas, pensar en cortar el vínculo con los peces planos y plantearnos la creación de un fondo de compensación. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, represento a un país en el que la pesca y el mar son parte integrante de su historia y en el que el sector de la pesca genera unos cincuenta mil empleos. 
En este contexto es preciso realizar cierta crítica fundamental a las propuestas de la Comisión. 
Estas propuestas son inaceptables tal como están formuladas. 
Nuestra primera crítica se refiere a que poner fin a las ayudas para la modernización de la flota es totalmente inaceptable. 
Dado que el 40% de la flota de Portugal tiene más de 25 años, esto marginaría definitivamente a la abrumadora mayoría de pescadores portugueses y les impediría realizar cualquier modernización. 
Nuestra segunda crítica es que la prohibición de la ayuda para la creación de empresas comunes para la pesca fuera de aguas comunitarias solamente servirá para aumentar nuestras importaciones desde terceros países; por lo tanto, sería sensato seguir permitiendo a los barcos clausurados de la flota comunitaria pescar en las aguas de terceros países a través de estas empresas conjuntas. 
Por último, hay que tener en cuenta los esfuerzos que algunos países, en este caso Portugal, han realizado ya conforme a los Planes de Orientación Plurianuales para la pesca, en los que debería considerarse el esfuerzo que ya se ha hecho para reducir la flota y deducirse de sus objetivos. 
Para concluir, Señor Comisario, también me gustaría decir que a otros problemas no se les ha otorgado la consideración que merecen. 
Por ejemplo: si existe un programa de conservación de las poblaciones, ¿por qué seguimos permitiendo que haya pesca para la fabricación de harina de pescado? 
Asimismo, ¿por qué no se han previsto medidas específicas para las regiones más alejadas, cuyos ecosistemas acuáticos son extremadamente sensibles? 
Es esencial, a este respecto, hallar una solución específica para estas regiones más alejadas que, en el caso de Portugal, son Madeira y las Azores. 
También espero que la opinión emitida por el Parlamento Europeo tenga en cuenta los aspectos que no han sido considerados y que el Consejo pueda llegar a un acuerdo razonable. 
Señor Presidente, voy a centrarme en la crisis del bacalao. 
Hoy será un día trágico si nos hemos reunido aquí no para centrarnos en una reforma positiva de la PCC, sino para debatir el destino de la pesca en el Mar del Norte. 
Como todos sabemos, ISIS ha recomendado que no se pesque eglefino y pescadilla en esas áreas salvo que pueda demostrarse la utilización de medios para pescar esas poblaciones- y cito- «sin capturas accesorias o descartes de bacalao». 
ISIS también ha sugerido fuertes restricciones en la pesca de cigalas, platija y lenguado con- y cito- «estrictas restricciones en las tasas de captura y descarte de bacalao con una supervisión efectiva del cumplimiento de esas restricciones». 
Me complace que la Comisión haya abandonado su discurso de una moratoria para todas las especies. 
Sin embargo, por desgracia, dado el carácter de la pesca mixta, el 80% seguiría significando lo mismo en la práctica: el cierre de las pesquerías en el Mar del Norte. 
Quiero elogiar el trabajo de los Ministros de Pesca del Reino Unido y de Escocia: el Ministro de Pesca del Reino Unido, Elliot Moreley, el Ministro de Pesca escocés, Ross Finny y la Secretaria de Estado para Escocia, Helen Liddle. 
Todos están luchando por el futuro de la pesca en Escocia y la decisión última está en sus manos, y no en las nuestras. 
Sin embargo, tenemos que analizar qué tipo de futuro deseamos. 
¿Queremos realmente decir: «que se fastidie el bacalao, vamos a permitir que la pesca continúe, esperando que todo salga bien, a las demás poblaciones no les va a pasar lo mismo que al bacalao»? 
O, por el contrario, ¿queremos trabajar, de una forma cooperativa, con la industria, los Ministros y otras organizaciones para intentar lograr una solución común? 
Sea cual sea la solución que se acuerde, el cambio es inevitable. 
En estos momentos, no hay ninguna contrapropuesta del RU/Escocia a la propuesta de la Comisión. 
Sin embargo, no es posible no hacer nada ante el descenso de las poblaciones de bacalao. 
Sigue pendiente la complicada tarea de alcanzar una cuota que sea sostenible y al mismo tiempo creíble desde el punto de vista científico. 
Las próximas dos semanas serán vitales para encontrar una solución a esta crisis. 
Señor Presidente, mi intervención también trata de la crisis pesquera del bacalao. 
Los investigadores del Consejo Internacional para la Explotación del Mar han averiguado que las poblaciones de bacalao en el Mar del Norte, el Mar de Irlanda y el Skagerrak están amenazadas de colapso total. 
Reclaman una prohibición total. 
¿Escuchamos acaso sus consejos y sugerencias? 
No, estamos tratando de encontrar todo tipo de argumentos para evitar asumir nuestra responsabilidad. 
Creo que es vergonzoso oír a los diputados en esta Asamblea, sobre todo al presidente de la Comisión de Pesca, culpar a la Comisión cuando está haciendo todo lo posible por asumir su responsabilidad. 
El veredicto del CIEM sobre el Báltico es posiblemente un poco más difícil de interpretar, pero parece como si pretendiesen adoptar el punto de vista más optimista con respecto, por ejemplo, a la pesca ilegal. 
Sin embargo, Suecia ha decidido aplicar una prohibición de pesca unilateral sobre el bacalao, dado que vivimos conforme al principio de cautela. 
Si no lo hacemos, puede significar la total destrucción del futuro de la industria pesquera. 
Ahora mi pregunta a la Comisión es: ¿apoya la Comisión plenamente la prohibición de pesca unilateral sueca? 
¿Podría repetir el Comisario Fischler lo que dijo cuando estuvo recientemente en Suecia, que él también apoya la compensación para los pescadores? 
Señor Comisario, una vez más, esta noche ha oído usted a numerosos diputados expresar su descontento por diversos motivos, y esto se ve intensificado por los problemas que existen en el Mar del Norte y en Galicia- y hacemos llegar a la gente de estas regiones nuestro más sentido pesar -, aunque no creo que el enfoque del Sr. Nogueira fuese el modo más adecuado de defender la causa de Galicia; por ello me gustaría hacer un llamamiento a los demás diputados para que sean más objetivos y conscientes del hecho de que este es, en realidad, un problema que afecta a toda Europa. 
Sin embargo, Señor Comisario, hay algo que todavía no llego a comprender. Tenemos las mismas perspectivas y metas y entendemos las preocupaciones expresadas por la Comisión: entendemos sus preocupaciones sobre la conservación de las poblaciones; entendemos sus preocupaciones en torno a la congelación del esfuerzo pesquero. 
El Parlamento está de su parte. 
Incluso estamos de acuerdo en proporcionar incentivos al desguace y, por lo tanto, animar a algunos pescadores a que dejen el sector pesquero. 
Sin embargo, no logro entender por qué no conseguimos llegar a un acuerdo. 
Usted sigue negando que la modernización, específicamente la modernización de la flota, sea esencial, aunque en nuestros países los buques pesqueros tengan las peores condiciones de trabajo que todavía existen en Europa. 
El otro punto que me gustaría mencionar es la fiabilidad de los datos científicos, que hemos comentado en numerosas ocasiones. 
Por ello, no creo que no pueda alcanzarse un acuerdo entre el Parlamento y la Comisión, dado que nuestras metas son las mismas. 
Señor Comisario, me gustaría añadir solamente una cosa: considere las implicaciones políticas si fracasamos en este tema. 
Nos encontramos en vísperas de la redefinición de la Europa que queremos, y queremos que sea más intergubernamental y que esté más basada en la Comunidad. 
Si usted fracasa, será la prueba de que una organización más basada en la Comunidad significa una Unión Europea que está más apartada de los ciudadanos y menos atenta a sus preocupaciones. 
No creo que fracasemos, pero debemos librar juntos esta batalla, para garantizar que no se pierda todo lo que hemos construido en los últimos 50 años. 
¿Señor Comisario, cómo podemos convencerle de que restaure la ayuda estatal? 
Usted es tan testarudo en esta cuestión como un pescador de altura. 
Ha concedido pequeños caladeros para los buques de menos de 12 metros de eslora, lo cual es positivo. 
Sin embargo, desde mi punto de vista, no es debido a que el dinero es dinero público por lo que los peces están desapareciendo. 
Y usted es consciente de que sin la ayuda del Estado, los pescadores de alta mar, o por lo menos varios de ellos, prolongarán la vida de los barcos, utilizándolos para la pesca en el mar durante más tiempo. 
Sin embargo, un barco viejo es un barco peligroso. 
Un viejo arrastrero es tan peligroso como un viejo petrolero. 
Ahí están los datos estadísticos de Francia, publicados hace unas semanas. 
Conforme a la Oficina de «Investigación de Accidentes» , se han producido 30 naufragios y han fallecido 22 personas. 
Sin embargo, ¿qué tipo de barcos están implicados en ellos? 
Todos tenían más de 30 años, eso es obvio. 
Sin embargo y sobre todo, la mayoría de ellos se modernizaron hace unos meses o poco tiempo antes del accidente, en otras palabras, fueron desestabilizados y hechos más pesados, ya que los pescadores no tienen otra elección. 
Por ello creo y espero que, en diciembre, también encuentre una respuesta para los barcos de más de 12 metros de eslora, en otras palabras, para la pesca a pequeña escala, que depende no sólo del tamaño de los barcos, sino también del patrón a bordo. 
Usted quiere encontrar una solución sin aumentar la capacidad. 
Estupendo. 
La pesca a pequeña escala no cuenta con una financiación adecuada y así, sin un impulso por parte del Estado, nada cambiará. 
Por mi parte, creo que necesitamos una solución distinta a «nada» , así que espero que adopte un planteamiento ligeramente más flexible al final de este debate. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi solidaridad con el pueblo gallego y con los diputados del PE que provienen de esa región. 
Dados los recientes acontecimientos, es justo y oportuno que la Unión Europea y la Comisión manifiesten su solidaridad. 
Observo que, de hecho, el Comisario ha tomado el toro por los cuernos con respecto a lo que sucede en relación con las poblaciones de peces. 
Es cierto que, en cuanto al bacalao, existe un problema. 
Es cierto también que el bacalao puede encontrarse en otros lugares, pero el hecho es que los niveles de bacalao en el Mar del Norte se encuentran en su mínimo histórico. 
Sin embargo, también deberíamos tener cuidado si queremos adoptar una gestión justa y sana en Europa, y no tirar la fruta sana con la podrida. 
Deberíamos analizar la situación de forma equitativa y considerar las causas subyacentes. 
Por supuesto existe el calentamiento en cierto grado del agua del mar, pero también deberíamos examinar primero las causas probables de la sobrepesca. 
¿Por qué no existía un control de las cuotas? 
Centrémonos principalmente en estas cuestiones. 
Ahora quisiera referirme al tema siguiente. 
Es inaceptable que paguen justos por pecadores. 
Si la Comisión indica que también cree que debería reducirse la cuota correspondiente a los peces planos, por ejemplo, un 30% y un 40%, en ese caso debo decir que no lo apoyo. 
Una buena gestión de las cuotas en este sector concreto ha significado que, hablando en términos relativos, este sector va bien, considerando realmente los recortes drásticos de las capturas adicionales. 
Por este motivo la cuota de pesca de peces planos puede recortarse de forma desproporcionada en comparación con la del bacalao, como ha sucedido en Dinamarca, Alemania y ciertamente en mi país, los Países Bajos. 
También me gustaría añadir que en el plazo de diez años, las capturas de bacalao de los Países Bajos se han reducido un 70%. 
Es inaceptable para los pescadores tener que sufrir adicionalmente por el lenguado y la platija. 
Si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble, es esencial que su política en relación con los peces planos no se aplique a otros sectores, y asumo que la Comisión actuará también equitativamente al respecto. 
Señor Presidente, creo que la reforma de la política pesquera común es uno de los problemas más apremiantes que tenemos en la UE e, incluso aunque el Comisario Fischler parezca un poco cansado, la propuesta de una nueva reforma pesquera merece grandes elogios. 
Existe una necesidad real de establecer una política de pesca que cree un equilibrio entre los recursos y su uso, que se base en el principio de la sostenibilidad y que tenga mucho más en cuenta las consideraciones medioambientales y ecológicas que la política anterior. 
Necesitamos los planes de gestión plurianuales propuestos por el Comisario, basados en el asesoramiento científico y que se apliquen a todas las poblaciones. 
Debemos dejar atrás las loterías de cuotas anuales y la resolución de crisis de emergencia que se producen todos los años. 
El colapso de las poblaciones de bacalao en el Mar del Norte, el Mar de Irlanda y el Skagerrak es, en realidad, todo un juicio sobre la política pesquera hasta la fecha. 
Si los Estados miembros hubiesen seguido los consejos y las advertencias de los científicos, incluida la propuesta de la Comisión de junio del año pasado de un plan de rescate, este colapso posiblemente no se hubiese producido. 
La falta de seguimiento y responsabilidad política por parte de los gobiernos es la que está dando lugar ahora a diversas consecuencias sociales, ambientales y económicas en la región implicada. 
Necesitamos reducir la flota pesquera en conjunto, algo que a la fuerza significa utilizar las ayudas para eliminar el exceso de capacidad de la flota pesquera y, si fuese necesario, para apoyar a los pescadores afectados por las medidas requeridas. 
Sin embargo, no debemos utilizar las ayudas para renovar y convertir la flota pesquera. 
Por otra parte, necesitamos establecer una supervisión común de la pesca mucho más eficaz. 
Sobre este aspecto, el Comisario debería saber que hará falta ayuda. 
No puedo apoyar los informes del Sr. Varela. 
Espero que pueda aplicarse una reforma pesquera sostenible antes de Año Nuevo y sería útil si el Comisario pudiese confirmar que el trabajo prosigue de acuerdo con este calendario y si pudiera facilitar sus valoraciones de las opciones. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, en el marco de la reforma de la política pesquera común, la Comisión ha decidido avanzar con una enmienda al reglamento sobre la política estructural de pesca, estableciendo medidas de emergencia para la destrucción de barcos e incluso disponiendo un incremento de las primas de desguace, a pesar del hecho de que Europa se encuentra actualmente en un período de restricciones presupuestarias. 
En nuestro debate conjunto sobre esta propuesta, en primer lugar me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar al ponente, el Sr. Varela Suanzes-Carpegna y destacar la gran calidad del trabajo que ha sometido a nuestra consideración. 
Al igual que el ponente, reconozco que la propuesta de la Comisión es bastante inaceptable. 
Sin cuestionar el concepto completo del desguace de barcos, debo hacer hincapié en la naturaleza irreversible de esta medida y llamar la atención sobre sus enormes costes socioeconómicos en el Estado miembro que yo represento, y especialmente en mi región, el Algarve. 
Esta es la realidad de la situación en Portugal: cincuenta mil empleos en el sector pesquero, el 90% de los barcos son viejos y pequeños y practican métodos tradicionales de pesca. 
Me gustaría señalar que hay otras medidas que no son irreversibles y que causarán menos trastornos para conseguir un equilibrio entre la capacidad de la flota y los recursos pesqueros disponibles. 
Portugal ha estado muy comprometida con el cumplimiento e incluso la superación de sus objetivos para los planes de orientación plurianuales, a diferencia de otros Estados miembros, que no han hecho esfuerzo alguno o que incluso han aumentado la capacidad de su flota, con total impunidad. 
Portugal está cada vez más preocupada al ver que la Comisión ignora esta situación, rechaza las inspecciones y sigue pidiendo ciegamente a todos los Estados miembros que hagan los mismos sacrificios. 
Volviendo a la propuesta de la Comisión, el repentino desvío de fondos del Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP) plantea serias dudas en el plano jurídico, financiero y presupuestario. 
Por lo tanto, deviene injustificable a todos los niveles reprogramar los fondos ya destinados para el período hasta 2006 y que han sido planeados junto con los órganos nacionales y regionales y los operadores económicos y sociales. 
Como el ponente ha dicho con acierto, esta propuesta de la Comisión parece ser, más que nada, un salto al vacío. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera darles las gracias por el extenso debate que hemos tenido. 
Me gustaría decir a todos aquellos que han hecho referencia al naufragio del Prestige que quizás no ha quedado claro en mi primera intervención que nosotros, con lo que me refiero a los servicios responsables del transporte marítimo en la DG de Transporte, bajo la dirección de la Sra. Loyola de Palacio, los expertos medioambientales bajo la dirección de la Sra. Margot Wallström, los expertos en Fondos Estructurales y mis expertos se han unido para formar un grupo de trabajo. 
Todos los expertos llevan ya un tiempo en Galicia y han estado considerando ideas in situ, junto con las instituciones responsables, sobre cómo ayudar del mejor modo en este caso. 
En la medida en que está implicada la responsabilidad directa sobre la pesca, como saben, las normas actuales solamente permiten utilizar un 4% de los recursos estructurales totales destinados a la pesca para la compensación en caso de desastre. 
He dicho que esto es muy poco. 
Necesitamos hacer más en este caso y estoy tratando de hacer algo al respecto. 
Estiraré los artículos en la medida de lo posible sin llegar a incumplirlos. 
También estamos dispuestos a ver, junto con el Gobierno español, cómo podemos destinar recursos estructurales para la pesca al mejor uso posible en este caso. 
Queremos que las normas de compensación sean suficientemente flexibles como para incluir actividades conjuntas realizadas por grupos u organizaciones en el sector pesquero. 
Realmente no podemos ignorar por completo en este caso el principio de quien contamina paga, pero como saben, existe una especie de solidaridad al respecto, en la forma de un fondo de 300 millones de euros, que la Comisión ha demandado aumentar a 1 000 millones de euros desde hace algún tiempo, de hecho desde hace unos meses. 
En este caso no depende de la Comisión tomar la decisión; se trata de una decisión del Consejo. 
Ahora me referiré al plan del bacalao y a la pregunta oral. 
Debo rechazar de forma categórica lo que el Sr. Stevenson ha dicho de que todo se basa en datos obsoletos y que por lo tanto no son muy relevantes. 
Estos son los últimos datos disponibles y las evaluaciones no fueron realizadas por un grupo de científicos cualesquiera, sino que las hicieron científicos de todos los Estados miembros que trabajaron en grupo, fueron remunerados por los Estados miembros y tuvieron que llegar a un veredicto común. 
Decir esto constituye un ejercicio académico que, si desean, pueden ustedes ignorar, y que está totalmente fuera de lugar. 
En su mayor parte, se utilizan datos de capturas de 2001. 
Si 2001 registró unos resultados tan dramáticos, está claro, conforme a las pautas de las poblaciones, que 2002 registrará datos todavía peores. 
Si ustedes creen que todos estos peces se han desplazado a Islandia, no se hagan ilusiones. 
¿Por qué es mejor la situación en Islandia? 
Porque los islandeses introdujeron un plan de gestión plurienal para el bacalao hace unos años. 
Somos nosotros los que necesitamos ponernos al día, no al revés. 
Y necesitamos ceñirnos a los hechos si queremos avanzar en este terreno. 
Veamos ahora los informes. 
Me gustaría comentar principalmente las enmiendas propuestas, en primer lugar en relación con el informe del Sr. Jové Peres y la gestión de poblaciones. 
Me complace mucho aceptar las enmiendas 4, 14, 27 y 30, porque la Comisión también considera que la gestión de la pesca debería incluir aspectos sociales y económicos. 
Sin embargo, debo rechazar la enmienda 2, ya que las consideraciones económicas no pueden utilizarse como excusa para atenuar las medidas necesarias. 
También debo rechazar las enmiendas 24, 31 y 99, porque nuestra formulación del principio de cautela sigue la línea de la legislación marítima internacional y por lo tanto no puede atenuarse. 
Las enmiendas 19 y 50 no plantean ningún problema importante; sin embargo, el principio de cautela ya tiene en cuenta las consideraciones medioambientales de por sí y por lo tanto considero que estas enmiendas son superfluas. 
Sin embargo, agradezco su apoyo a los planes de gestión plurianuales, señor Jové Peres, y con mucho gusto acepto las enmiendas 1, 3, 6, 29 y 32. 
No puedo aceptar las enmiendas 35 y 36 porque depende del Consejo establecer el marco para los planes de gestión. 
Sin embargo, acepto de buen grado la enmienda 22 sobre las directrices internacionales para la gestión de la pesca sostenible. 
Debo rechazar las enmiendas 67 y 68, aunque estoy de acuerdo con que necesitamos urgentemente mejores datos científicos sobre las poblaciones de terceros países y remitiremos al Parlamento una comunicación independiente sobre este tema en primavera de 2003. 
Con respecto al acceso a las aguas y las poblaciones, acepto con mucho gusto las enmiendas 8 y 46, pero debo rechazar las enmiendas 70 a 74 y 94, ya que creo que necesitamos mantener la zona de doce millas. 
También debo rechazar la enmienda 45, ya que en 2003 examinaremos las restricciones de acceso, por ejemplo a los caladeros de Shetland. 
Debo rechazar las enmiendas 9, 47, 95 y 97 sobre una zona económica de 50 millas para las regiones más alejadas, porque se trata de un asunto de legislación nacional. 
Rechazo las enmiendas propuestas sobre la estabilidad relativa, ya que creo que ésta forma parte de nuestra política pesquera común. 
Puedo aceptar las enmiendas 28 y 76 pero debo rechazar la enmienda 11, ya que los servicios jurídicos tanto de la Comisión como del Consejo tienen la opinión unánime de que debe modificarse el sistema para las aguas occidentales y que estos Estados miembros deberían ser tratados en igualdad de condiciones que otros Estados miembros en lo que se refiere al esfuerzo pesquero programado para esta zona. 
Y por último, con respecto a la política de flotas, me complace que el ponente esté de acuerdo en general con nuestras propuestas y celebro estas enmiendas. 
Acepto la enmienda 44, aunque debemos cumplir las disposiciones comunitarias que rigen la protección de datos. 
También acepto la enmienda 78. 
Sin embargo, debo rechazar las enmiendas 7, 26, 34 y 39 a 43, porque no añaden nada nuevo sustancial y crean gran número de problemas prácticos. 
En lo que respecta a sus enmiendas propuestas al capítulo sobre controles, me complace que muchos de ustedes estén a favor de intensificar los controles y la aplicación de una política pesquera común y acepto de buen grado las enmiendas 51, 57 y 61. 
Sin embargo, sólo aceptaré las enmiendas 51 y 57 si se retocan ligeramente. 
No puedo aceptar las enmiendas 52 a 56 ni la 62. 
Tampoco puedo aceptar la enmienda 12, ya que necesitamos herramientas eficaces si se va a hacer responsables de los daños que causen a aquellos que rompen las reglas. 
Y esto incluye la reducción de las cuotas. 
Con respecto a las consultas y procedimientos de toma de decisiones, debo rechazar las enmiendas 21, 37, 65, 66, 80, 84 y 86 a 89 en nombre del equilibrio institucional, aunque acepto de buen grado su enmienda 64 y parte de la enmienda 85 que tiene que ver con las comisiones consultivas regionales y la exigencia de que también deberían establecerse en terceros países Por último, desgraciadamente no puedo aceptar su enmienda 69, ya que los principios básicos se incluirán en nuestra nueva normativa marco en el futuro. 
Sobre los dos informes del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en primer lugar, he dejado bastante claro el punto de vista de la Comisión al respecto. 
Debo decir, muy a mi pesar, que muchas de las enmiendas propuestas están concebidas simplemente para mantener el status quo. 
Considero que esto es inaceptable y por lo tanto debo rechazar las enmiendas propuestas que hacen referencia a esto. 
Estoy convencido de que no tiene sentido dar dinero para desguaces con una mano y financiar nuevos barcos con la otra, porque esto no hace otra cosa que ejercer más presión sobre las poblaciones en peligro y subsidiar una situación tan absurda con cargo al contribuyente. 
Tampoco estoy de acuerdo con usted sobre las exportaciones ni las empresas conjuntas. 
Estos mecanismos no sirven para reducir el exceso de capacidad en sus aguas porque la mayoría de los barcos que reciben ayudas públicas para empresas conjuntas o para la exportación ya estaban pescando en terceros países. 
Sin embargo, puedo aceptar la enmienda 3 sobre la posibilidad de adaptar la planificación de programa durante el actual período de los Fondos Estructurales. 
Solamente puedo aceptar la parte de las enmiendas 19 y 37 destinada a promover la diversificación de los barcos fuera de las pesquerías. 
Por último, creo que la enmienda 27 es superflua. 
Con respecto a la propuesta final sobre el desguace, desgraciadamente, debo rechazar las enmiendas 2 y 9, porque si pedimos a los contribuyentes que financien el desguace de barcos con dinero público adicional, entonces solamente es lógico que programemos las ayudas públicas a la renovación de flotas al mismo tiempo. 
En lo que respecta a las enmiendas 3 a 6 y 8, en este caso también debo discrepar. 
Los científicos han estado diciéndonos durante años que nuestra flota es demasiado grande y que las poblaciones están disminuyendo bajo la enorme presión de la pesca. 
Nuestros científicos han llegado a la conclusión en repetidas ocasiones de que solamente con los TAC, las cuotas y las medidas técnicas no es suficiente. 
En lo que respecta a los fondos adicionales para el desguace, hemos efectuado cálculos basados en valores empíricos. 
Por supuesto, no son más que estimaciones, pero la mayoría de los Estados miembros los considera un límite superior, por lo que no puedo estar de acuerdo con las enmiendas 3 a 6 y 8. 
Tampoco puedo aceptar la enmienda 7, porque la Comisión ha cumplido en efecto sus obligaciones al iniciar acciones públicas por incumplimiento contra los Estados miembros que no alcanzan sus objetivos en cuestión de flotas. 
En lo que respecta a la enmienda 10, la cuestión aquí es que los Estados miembros deben cumplir todas las condiciones del MAP 4, es decir, los objetivos individuales y los objetivos de flotas generales, si quieren solicitar primas adicionales para el desguace. 
Cualquier otra cosa pondría en desventaja a los Estados miembros que han conseguido su objetivo de flota general. 
Señor Presidente, el señor Comisario dijo que no se podía tratar el principio de estabilidad relativa porque forma parte de la PCP. 
Justamente la reforma de la PCP, que deberíamos emprender hoy y en estos días, es la del principio de estabilidad relativa, que no es inmutable. 
El Sr. Comisario en cambio dijo que otra enmienda era mantener el statu quo. 
Quien mantiene el statu quo en mares comunitarios es la Comisión y el Sr. Fischler, señor Presidente. 
-Sobre esta pregunta oral relativa a la crisis del bacalao, se ha recibido la correspondiente propuesta de resolución. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0389/2002) del Sr. Pérez Álvarez, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República del Senegal relativo a la pesca en aguas senegalesas, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2006 [COM (2002) 497- C5-0493/2002- 2002/0238 (CNS)] 
(ES) Señora Presidenta, quisiera referirme brevemente al debate anterior sólo para decirle, señor Comisario, que todas esas posibles medidas de aplicación para ayudar a Galicia, las impulse todo cuanto sea posible y las acelere, porque en Galicia los perjudicados tienen carné de identidad y rostro concreto; son los pescadores, sus vecinos, pequeños comerciantes, etc. Y si bien es verdad que quien causa el daño debe pagarlo, los causantes aquí se ocultan bajo las urdimbres jurídicas, bajo el paraguas de la sociedad anónima, y aquí anónima tiene el sentido más literal. 
Quizás, señor Comisario, sea bueno impulsar medidas de transparencia, claridad y agilidad también en el ámbito del ordenamiento mercantil marítimo. 
Paso ya al Acuerdo de Pesca Unión Europea/Senegal, para decir que fija las posibilidades de pesca en aguas senegalesas y las contrapartidas financieras. 
Creo que la celebración de un nuevo protocolo sobre las relaciones pesqueras entre Senegal y la Unión Europea- especialmente importante ante la falta de acuerdo con Marruecos- debe ser saludada con satisfacción. 
El impacto del protocolo, como usted dijo, en las poblaciones de peces en las aguas de Senegal es mínimo, puesto que las actividades pesqueras de la Unión Europea sólo representan entre un 1,7 % y un 3% del total de capturas de la zona. 
Además, las posibilidades de pesca de los buques comunitarios se han reducido en lo que respecta a las poblaciones sensibles y se han acordado medidas de tipo técnico que incluyen una veda biológica de dos meses para aumentar la protección de las poblaciones y reducir el riesgo de competencia con la flota artesanal. 
No quiero extenderme demasiado porque muchos datos constan ya en el informe. 
Permítame, en todo caso, decir que, en lo referente a las especies de mersales, las posibilidades de pesca pelágica desaparecieron y las posibilidades de pesca de atún se mantuvieron en los mismos niveles, que la compensación financiera de la Unión Europea ascenderá de 12 a 16 millones de euros anuales y que de esos 16 millones, 3 estarán destinados a medidas específicas: desarrollo de la industria local y el compromiso informal- lástima que no conste en el acuerdo- de las autoridades senegalesas de destinar el 50% de la compensación total al sector, que es importante porque la economía de Senegal depende en gran medida de la pesca y uno de cada seis senegaleses en activo trabaja en el sector. 
Igualmente destacaré que el período de descanso biológico es obligatorio frente a la simple previsión del acuerdo anterior, que la prohibición de la pesca pelágica busca favorecer la conservación de las poblaciones sensibles y promover el sector artesanal y defender la sostenibilidad de la pesca en Senegal. 
Elementos todos éstos que ratifican cuanto se viene afirmando, como lo son también la fijación de índices menores de capturas accesorias y de mallas de mayores dimensiones. 
No menor importancia tiene la previsión de una mayor presencia de marineros senegaleses a bordo de los buques comunitarios. 
Quiero insistir, señor Comisario, en una referencia a la enmienda número 3, que tiene un claro contenido social- yo soy vocal en la Comisión de Asuntos Sociales- y que, en síntesis viene a marcar similares condiciones de trabajo, de derechos y de libertades para todos los marineros embarcados en buques de la Unión Europea, sean marineros de la Unión Europea o no. 
Desde luego, nuestra Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea no hace distinciones y en su artículo primero nos dice que la dignidad de la persona humana es inviolable. 
En conclusión, me parece un buen acuerdo: el acuerdo posible siempre es el mejor acuerdo. 
El acuerdo, evidentemente, es encuentro de voluntades, y muchas veces- casi siempre -, buscando ese acuerdo hay que hacer recíprocas concesiones. 
No suele ser costumbre de las señorías de este Parlamento el felicitar, pero creo que es un buen acuerdo y que debemos felicitar a la Comisión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0390/2002) del Sr. Lage, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan, para el periodo comprendido entre el 3 de agosto de 2002 y el 2 de agosto de 2004, las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Angola sobre la pesca en aguas de Angola [COM (2002) 495- C5-0492/2002- 2002/0237 (CNS) ]. 
Señora Presidenta, Señorías. En primer lugar, debo darle las gracias por su informe, señor Lage. 
Me alegra saber que apoya usted esta propuesta, en virtud de la cual se concede a los buques comunitarios el acceso a aguas angoleñas hasta el 2 de agosto de 2004. 
El nuevo protocolo beneficia tanto a la Comunidad como a Angola y contiene algunas cláusulas adicionales que desearía comentar. 
Científicos locales investigarán anualmente las poblaciones en aguas angoleñas a fin de asegurar el desarrollo de la pesca sostenible. 
Como base de este conocimiento científico, o mejor dicho, en virtud de este conocimiento científico, las posibilidades de pesca se revisarán de acuerdo con el mismo. 
Un 36% de la contrapartida financiera se destinará al establecimiento de un marco de cooperación entre la Unión Europea y Angola, para el desarrollo de la investigación científica, la pesca a pequeña escala, la formación y la acuicultura. 
Esto representa un incremento neto aproximado del 28% asignado a las medidas específicas en el protocolo anterior. 
Todos los buques de pesca, no sólo los atuneros, deberán llevar a bordo seis marineros angoleños, frente a los cinco exigidos anteriormente. 
De este modo, se crearán entre 160 y 180 puestos de trabajo adicionales en la zona. 
Quisiera formular unos breves comentarios sobre las enmiendas propuestas, que en líneas generales coinciden con los realizados anteriormente en relación con el protocolo con Senegal. 
Debo afirmar, en conexión con la inclusión de la obligación de los Estados miembros, en virtud del Reglamento 500/2001, de declarar las capturas realizadas por sus buques en terceros países, que esto no es posible. 
No obstante, estoy ansioso por incluir dicha obligación en un nuevo acuerdo, ya que se trata de una cuestión que debe ser negociada. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el Sr. Fischler ya ha abordado el punto principal: el informe adopta los resultados de las negociaciones entre la Comisión y Angola, e incluso celebra el modo en que se alcanzaron dichas negociaciones. Asimismo, el protocolo ofrece a las flotas de los Estados miembros interesantes posibilidades de pesca y actualmente representa, creo, el segundo acuerdo más importante, tras el firmado con Mauritania. 
El nuevo protocolo es el noveno desde la entrada en vigor en 1997 del Acuerdo de Pesca entre la Comunidad Europea y Angola; este protocolo se aplica al período que va desde agosto de 2002 a agosto de 2004 y proporciona acceso a los recursos pesqueros a 33 atuneros y 22 camaroneros. Las cuotas para la pesca atunera se reparten entre Francia, España y Portugal (hay que tener en cuenta que el protocolo anterior ofrecía el acceso a 43 buques atuneros comunitarios, una cifra ligeramente superior a la actual). 
En relación con la pesca demersal, España ha recibido el mayor porcentaje, compartiendo el resto Portugal, Italia y Grecia. 
La compensación financiera anual ha aumentado de 14 millones de euros a 15,5 millones, lo cual merece ser aplaudido, ya que representa una importante contribución de la Unión Europea al desarrollo de la industria pesquera en Angola. 
Se destinan asimismo 5 500 millones a medidas específicas cuyo objetivo es la investigación, el control y la gestión, tal y como ha señalado el Sr. Comisario. 
Señora Presidenta, Señorías, no quisiera concluir mi breve intervención sin mencionar el hecho de que Angola constituye una terrible y sorprendente paradoja: Angola es un territorio amplio, con una población aproximada de trece millones de habitantes, dispone de increíbles recursos subterráneos como petróleo y diamantes (baste afirmar que el petróleo, cuya producción aumentará los próximos dos años, representa cerca del 15% del consumo de los Estados Unidos) y, sin embargo, la mayor parte del dinero no va a parar a manos de aquellos que, en Angola, sufren una espantosa tragedia de hambre y miseria. 
Un informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional revela incluso que han llegado 4 000 millones de euros a las arcas estatales y que han desaparecido a través de impenetrables y tortuosas rutas. 
¿Significa esto que la Unión Europea no debería apoyar a Angola? 
Por supuesto que no. 
Lo que quiero decir con ello es que Angola ha iniciado una nueva fase en su historia, que ha estado plagada de guerras civiles, muerte y destrucción. 
La industria pesquera angoleña resulta verdaderamente interesante. 
Recuerdo, a pesar de que siempre es arriesgado depender de la memoria de uno, que en 1973, cuando Portugal todavía era el administrador colonial de esta zona, llegaron a los puertos angoleños cerca de 490 000 toneladas de pescado. Esto lo he leído en un libro sobre la historia y la economía de Angola. 
Por tanto, esto significa que la pesca angoleña ha sufrido un descenso importante que, en la actualidad, se está recuperando, debido en parte a que ha dejado de ser una industria gestionada por el Estado para pasar a depender básicamente del sector privado. 
Asimismo, esto quiere decir, si los datos científicos son correctos, que Angola ofrece importantes posibilidades de pesca y que sus aguas contienen una gran riqueza de recursos pesqueros. 
Los textos revelan al mismo tiempo que la pesca en este país representa el 3% del producto interior bruto, de modo que se agradecerá cualquier esfuerzo realizado para apoyar a la industria pesquera angoleña. 
Por consiguiente, desearía felicitar al Comisario y a la Comisión por los resultados alcanzados al respecto. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, para empezar desearía felicitar a nuestro ponente, el Sr. Carlos Lage, por la perfecta estructura y la claridad de las propuestas presentadas en este informe. 
Tal y como ha declarado el Sr. Lage, se trata de una nueva prórroga del Acuerdo de Pesca firmado con Angola. Éste se inició en 1987 y actualmente va a ser renovado una vez más. 
Asimismo, como ya se ha comentado, los buques comunitarios que faenan en esas aguas se dedican a la pesca de atún, camarones, especies demersales y, con carácter experimental, a la pesca de algunas especies pelágicas. 
Este nuevo protocolo demuestra claramente que se ha producido un ligero aumento de la pesca demersal y una caída apreciable de la pesca atunera. Esto resulta verdaderamente preocupante, ya que esta zona, durante algunos años y debido a la migración de los atunes, ha sufrido una importante reducción de las poblaciones, provocada en gran medida por la pesca ilegal, no reglamentada y no documentada. 
Se puede observar una presencia enorme de la pesca atunera ilegal, especialmente en aguas tropicales, como el Golfo de Guinea, donde se mata a los atunes antes incluso de que se reproduzcan. 
Puede que la situación de pesca ilegal en aguas tropicales no se diferencie demasiado de esta reducción de la cuota de pesca atunera en el Acuerdo con Angola. 
Asimismo, es preciso resaltar que a la hora de calcular la contraprestación financiera de la Unión Europea, que también experimenta un aumento, debemos tener en cuenta las tasas pagadas por los armadores. 
Tal como pone claramente de manifiesto el informe, la compensación de la Unión Europea ha aumentado de 14 millones de euros a 15,5 millones. Resulta esencial destacar que un 35% de estos créditos se destinan específicamente al desarrollo del sector pesquero. 
Además, es preciso subrayar que este acuerdo con Angola representa un progreso gradual en el ámbito de los acuerdos pesqueros con terceros países. 
Esta considerable asignación de créditos al sector pesquero resulta importante y muestra que es posible celebrar acuerdos pesqueros comerciales en los que se incluya un componente de desarrollo. 
Opino que no debemos manifestar prejuicio alguno; en otras palabras, los acuerdos pesqueros deben convertirse en parte integrante de la política pesquera común: pueden beneficiar a terceros países, contribuyendo a fomentar su desarrollo, así como a la Unión Europea, a través de la mejora del abastecimiento de sus mercados. 
Por último, considero que también sería razonable, en conexión con la reforma de la política pesquera común, que los buques destinados al desguace en la Unión Europea pudieran unirse a las empresas conjuntas que faenan en estas aguas. 
Asimismo, quisiera mencionar, en nombre de mi Grupo, el PPE-DE, que apoyaremos este informe por considerar que está bien fundamentado. 
Señora Presidenta, el completo y vergonzoso fracaso de la política de pesca común y el consiguiente hundimiento de las poblaciones de peces hace que la UE deba ahora lanzar sus redes cada vez más lejos para satisfacer las voraces exigencias españolas. 
No contentos con destrozar el Mar del Norte, ahora vamos a por África. 
Actualmente, hay en vigor 16 acuerdos con terceros países. 
Hoy vamos a debatir el caso de Angola y, de acuerdo con el World Wildlife Fund, este acuerdo despojará a una vulnerable comunidad costera africana de un valioso activo. 
Mi colega, el Sr. Nigel Farage, les ha pedido que, durante el debate de cada acuerdo, abran los ojos a la destrucción medioambiental y, lo que es más grave, a la muerte de muchos cientos de pescadores del África negra que los barcos de la Unión Europea están causando cada año. 
Amplias pruebas documentales procedentes de Mauritania y Senegal confirman el alcance de esta tragedia. 
El desprecio con que se han topado nuestros ruegos me lleva a pensar que la mayoría de ustedes deben vivir en otro planeta. 
Hay formas mejores de proceder. 
Hace diez años, Namibia expulsó a los barcos españoles y asumió el control de sus aguas territoriales de 200 millas. 
14 000 personas trabajan ahora en una industria cuyo valor asciende a 350 millones de dólares estadounidenses anuales. 
Namibia debería ser nuestro modelo si realmente deseamos ayudar al tercer mundo. 
Dejemos de explotar a los países pobres y fomentemos que modernicen sus propias industrias. 
Reconozcamos que los únicos planes de gestión pesquera que funcionan en el mundo son los que están bajo el control del país en cuestión. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120) 
Tenemos tendida ante nosotros a toda la llamada «Europa azul» esperando su reorganización. 
La realidad de la situación es que los recursos pesqueros están experimentando una reducción, mientras el debate se centra en la fiabilidad de los instrumentos utilizados para medir el alcance de la rareza de los bancos de pesca. 
Nuestros instrumentos para la gestión de las capturas, el mercado, las flotas y las relaciones con terceros países reciben las críticas de los profesionales. 
La Comisión pretende actuar como sustituto del Consejo de Ministros en los procesos de toma de decisiones. 
Continúa aplicando sus tácticas malthusianas a través del desguace de los buques e incluso la negativa a financiar la modernización. De este modo, además de poner en peligro la seguridad de los marineros, surge el problema de la competencia desleal. 
Mientras socavamos las posibilidades de pesca de nuestra propia industria, otros marineros de terceros países aparecen para ocupar su lugar. 
El margen de acción es, no obstante, muy reducido. 
Ni siquiera la acuicultura es una solución, ya que para «fabricar» un kilo de pescado cultivado se precisan de cuatro a siete kilos de alimento para peces. 
Este es el límite absoluto de la pesca industrial. 
Las soluciones potenciales son conocidas: regionalización de la gestión para una mayor flexibilidad, evaluación científica más precisa de los recursos para prevenir conflictos, mayor participación de los profesionales? 
(Declaración por escrito acortada en aplicación del apartado 7 del artículo 120 del Reglamento) 
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías, esta es mi opinión sobre el informe de hoy. Uno: el objetivo de la estrategia de Lisboa consiste en transformar la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, una economía capaz de originar un crecimiento económico permanente, más y mejores empleos y una mayor cohesión social. 
Dos: para ello, necesitamos una estrategia económica, de empleo, educativa, de política de investigación y de política social, desarrollada conjuntamente por los Estados miembros, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Tres: Europa está experimentando un cambio de una economía de mercado a secas a una economía de mercado social, y está dando el siguiente paso y situando la economía de mercado ecosocial en el orden del día del siglo XXI. 
Tal y como alguien bien ha señalado, el siglo XXI será el siglo de Europa, pero, añadiría yo, sólo si queremos. 
Cuatro: partiendo de la idea de que realmente es esa nuestra intención, la estrategia de Lisboa y la economía de mercado ecosocial nos permitirán, por fin, superar el tradicional enfrentamiento entre capital y trabajo, política social y política económica, sector público y sector privado, Europa y los Estados miembros. 
Cinco: todo resultaría bastante sencillo si lográramos ponernos de acuerdo en torno a algunos principios básicos: que la economía genera trabajo, que todo lo que crea el trabajo es social y que la cohesión social y la protección medioambiental son elementos que se favorecen recíprocamente a efectos de sostenibilidad. 
Todo esto depende principalmente de los recursos humanos más que de los recursos estatales, no de la igualdad para todos, sino de ideas competitivas que fortalecen el continente europeo en su conjunto. 
Seis: por lo tanto, deberíamos resaltar que la política económica no se comunitarizado y que se encuadra principalmente en el ámbito de competencia de los Estados miembros. Asimismo, debemos destacar que, en virtud del artículo 99, la política económica debe ser contemplada y coordinada por los Estados miembros, como un asunto de interés común. 
Siete: por lo tanto, a modo de conclusión, celebramos el enfoque general de la comunicación de la Comisión sobre la racionalización de los ciclos de la coordinación política económica y de empleo. 
Es preciso lograr esta coordinación para así, a pesar de las diferentes jurisdicciones, poder alcanzar objetivos comunes. 
No obstante, esta coordinación depende de la colaboración de los Estados miembros, de la transmisión rápida y clara de información a la Comisión, de la definición de las responsabilidades individuales dentro del concepto global- ya que la resistencia de una cadena equivale a la de su eslabón más débil- y de que la zona euro sea más consciente de su responsabilidad dentro de Europa. 
Este punto se describe ampliamente en el apartado 18 del informe con la petición de que se refuerce el papel de los interlocutores sociales, es decir, la colaboración social Europea, en el proceso de implementación de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo. 
Por consiguiente, instamos a que se establezca una cumbre social tripartita, que cuente con la participación del Parlamento Europeo. 
No hay tiempo para discusiones jurídicas entre instituciones; es preciso fomentar este diálogo social de forma conjunta e involucrar a organizaciones de los interlocutores sociales. 
Por este motivo precisamente solicitamos más derechos en los foros y en este proceso, lo que significa una participación más plena y más derechos de participación por parte del Parlamento Europeo. 
En el punto 8 del informe destacamos que aquel que esté a favor de esta participación democrática debe preocuparse por el hecho de que el nuevo calendario del paquete de orientaciones reduce aún más el tiempo disponible por el Parlamento Europeo para llegar a un acuerdo sobre su postura. 
Celebramos el hecho de que este proceso se haya racionalizado. 
Celebramos el hecho de que este proceso se centre en la implementación. 
Celebramos los acuerdos en torno a los calendarios específicos y celebramos el hecho de que se refuerce un concepto político estratégico a medio plazo. 
Si logramos insuflar vida en esta comunicación, nos encontraremos un paso más cerca de la estrategia de Lisboa. 
Señora Presidenta, las perspectivas económicas no atraviesan uno de sus mejores momentos, por lo que la Unión Europea se ha dado cuenta de que debe coordinar la política económica y de empleo de forma más eficaz. 
La propuesta de la Comisión relativa a la racionalización de los ciclos de coordinación ha captado el interés de todas las instituciones. En consecuencia, se han llevado a cabo numerosos debates en distintos niveles, en los que se ha puesto de manifiesto que dicha propuesta no es una simple propuesta técnica, tal y como puede parecer a primera vista, sino que está claramente orientada por objetivos políticos, tales como la eficacia y la transparencia en la aplicación de la agenda de Lisboa y el papel de la Estrategia Europea de Empleo que, tras cinco años de aplicación, se encuentra en la actualidad firmemente establecida. 
Quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Karas, y al ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, el Sr. Bullmann, por el excelente trabajo realizado. 
Limitaré mis comentarios sólo a algunos aspectos básicos. 
En primer lugar, el informe apoya el enfoque a medio plazo. 
Esto significa que debemos ser bastante más moderados a la hora de cambiar y revisar las orientaciones. 
La Comisión aprobará por primera vez un paquete de orientaciones en consonancia con el nuevo programa en el mes de abril de 2003, con el que se cubrirá un período de tres años hasta 2006. 
Es preciso evitar la introducción de cambios radicales en las orientaciones antes de esta revisión intermedia del año 2006. 
Se ha demostrado que resulta bastante más positivo ceñirse a las orientaciones y garantizar su aplicación que añadir constantemente nuevos elementos. 
En segundo lugar, el enfoque a medio plazo requerirá mayor disciplina por parte de todos los implicados en el proceso: la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo y todas las demás partes interesadas. 
Naturalmente, la Comisión revisará todos los años las recomendaciones en materia de empleo de cada país para asegurar que sigan reflejando avances políticos en cada Estado miembro. 
Permítanme recordarles que el Tratado exige la presentación de este informe anual, que adoptará la forma de un seguimiento de la puesta en práctica. 
Esto me lleva al segundo aspecto que deseo comentar, referente a la coherencia y la complementariedad. 
Resulta esencial que los dos procedimientos se complementen mutuamente si pretendemos lograr el grado máximo de coordinación posible entre la política económica y la política de empleo. 
En el pasado ha existido una intensa interconexión entre ambas; en ocasiones, no obstante, hemos visto surgir enfoques contradictorios de las dos estrategias. 
En tercer lugar, es preciso centrarse en la aplicación. 
Ahora que han transcurrido varios años desde la puesta en marcha de la estrategia de empleo, hemos identificado los problemas prácticos básicos y el vacío que suele aparecer entre la presentación de los planes de acción nacionales sobre el empleo y su implementación. 
Me gustaría resaltar en particular que este procedimiento de racionalización debería conducir a una colaboración más estrecha, no sólo entre los distintos Consejos- el Consejo Ecofin y el Consejo de Empleo deberán buscar un modo más claro y eficaz de cooperación -, sino también entre las instituciones de la Unión Europea. 
Opino que el Parlamento- y el procedimiento en su conjunto, por supuesto- se beneficiarán de la racionalización propuesta de los procedimientos, especialmente del suministro de información más transparente, gracias a la coordinación de los principales elementos de la aplicación de políticas financieras y de empleo. 
Quisiera recordarles que, anteriormente, la información sobre estos dos procedimientos no se facilitaba, por lo general, de forma simultánea, lo que originaba una enorme confusión. 
En cuarto lugar, la racionalización significa un modelo de gobernanza mejorado de estos procedimientos, lo que a su vez significa un proceso de consulta más eficaz con el Parlamento Europeo y una mayor implicación por parte de los interlocutores sociales y la sociedad civil. 
La cuestión principal en lo que respecta a la evaluación de las políticas de empleo consiste en que, durante este tiempo, ni los interlocutores sociales ni los parlamentos nacionales han participado como es debido. 
Para terminar, debo decir que esta propuesta respeta la necesidad de mantener procedimientos autónomos, tal y como se especifica en el Tratado. 
En resumen, las orientaciones económicas ofrecen un marco global para la política económica y la estrategia de empleo conserva el grado necesario de autonomía. 
Me alegra saber que el Parlamento apoya este enfoque. 
¿Qué hay más? 
Todo este procedimiento coincide con la revisión de la estrategia de empleo. 
Presentaremos una comunicación inicial en enero de 2003 y ambos documentos, la comunicación sobre la revisión de la estrategia de empleo y el proyecto de informe conjunto, presentado hace un mes, se convertirán en los dos documentos políticos básicos que deberán ser debatidos para poder incluirlos en el Consejo de la próxima primavera y proceder a la aplicación del nuevo procedimiento siguiendo las orientaciones. 
Aunque contamos con un largo historial de colaboración con el Parlamento Europeo en lo que respecta a la estrategia de empleo, creo que ahora tenemos la oportunidad de establecer una colaboración más eficaz y sustancial. 
Señora Presidenta, Comisaria, Señorías. El Parlamento ha tramitado esta propuesta de la Comisión de forma verdaderamente atenta y concertada. 
Hemos sido rápidos y hemos alcanzado un acuerdo entre las comisiones y los partidos políticos, bajo la dirección del Sr. Karas, en torno a lo que creemos que es una postura correcta. 
Y gracias a la forma en la que hemos trabajado, podemos formular demandas precisas acerca del tipo exacto de coordinación que se necesita. 
En primer lugar, en ningún momento, ni siquiera por un minuto ni por un segundo, dispone nadie de autoridad alguna para subordinar los objetivos sociales de la estrategia de Lisboa, las ambiciones de la política de empleo incluida en la agenda de Lisboa, a una interpretación unidimensional del mercado interior. 
Esto debe quedar perfectamente claro y deberá reflejarse en los procedimientos elegidos. 
Al contrario, sólo si se adoptan medidas específicas para fomentar la integración social, sólo si se desarrolla todo el potencial de los ciudadanos de Europa y se les incorpora al mundo laboral, habrá alguna posibilidad de poner en práctica la ambiciosa agenda de Lisboa. 
Y digo esto intencionadamente en un debate que se centra en las reformas del mercado laboral y la reforma de los sistemas de seguridad social. 
Por supuesto que necesitamos que los sistemas sean flexibles y adaptables, pero es preciso que sean, al mismo tiempo, modernos. 
En este sentido, un sistema moderno es un sistema que ofrece seguridad, seguridad para los buscadores de empleo, seguridad laboral, seguridad en caso de enfermedad, jubilación o discapacidad. 
Por este motivo, la reforma económica se convierte en un medio para alcanzar el mantenimiento y la renovación del modelo social europeo, y no al revés. 
Si esto es lo que pretendemos conseguir, tendremos que poner en el mismo nivel los objetivos de competitividad, seguridad social y pleno empleo. 
Es preciso encontrar el modo de vincular dichos objetivos y hacer que se apoyen recíprocamente. 
Y, si queremos lograr esto, deberemos garantizar también el mismo grado de participación por parte de los Consejos competentes y los respectivos servicios de la Comisión, así como evitar que se creen nuevas jerarquías o que las ya existentes reafirmen su posición. 
Llevaremos a cabo la evaluación de su actuación basándonos en el informe que presenten la próxima primavera, en su paquete de orientaciones, en función del cumplimiento de estos objetivos y de las promesas subyacentes al concepto de racionalización. 
En segundo lugar, si deseamos satisfacer las exigencias de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo, debemos dejar de andarnos con rodeos en lo que respecta al tema medioambiental. 
Es preciso que utilicemos todo el potencial de la política medioambiental para lograr que resulte positiva en lo que respecta a cualificaciones y empleo. 
En tercer lugar, tal y como señala acertadamente el Sr. Karas en su informe, la política económica es una cuestión de interés común que merece ser coordinada. 
Si pretendemos coordinarla, deberemos al mismo tiempo tener el valor para hablar acerca de las inversiones y de una ofensiva en este ámbito ante la existencia de un porcentaje aproximado de desempleo del 8% y un índice de crecimiento inferior al 1%. 
El Parlamento participará en este debate y debemos asegurarnos el lugar que nos corresponde. 
Señora Presidenta, desde el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos apoyamos las propuestas del Sr. Karas y de la Comisión. 
En lo que respecta a la política económica y de empleo en la Unión Europea, se acerca la hora de la verdad. 
Las exigencias y los objetivos de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo deben hacerse realidad. 
La simplificación resulta más importante que la racionalización. 
Lo que verdaderamente importa es el aumento de la participación, la apertura y la transparencia. 
Para nosotros los Demócrata-Cristianos, resulta además esencial afirmar que estamos a favor de la instauración en Europa de una economía de mercado social, ecológica y basada en la ética. 
Debe ser asequible para el pueblo. Debe ser favorable a las familias. 
Ha de dar cabida a la creatividad responsable y personal, así como a la seguridad y la iniciativa. 
La coordinación abierta no equivale a la estandarización, sino que se trata de un método que permite a los Estados miembros, en el marco de una cooperación estrecha, la búsqueda de las soluciones más apropiadas para cada país concreto. 
Para alcanzar las tres dimensiones definidas, es importante que el objetivo medioambiental establecido en Gotemburgo se combine con el necesario crecimiento económico y la cohesión social. 
Lamentamos que la Comisión no lo haya incluido en su comunicación. 
Como Demócrata-Cristianos, permítannos destacar que la confianza y los valores morales y éticos son fundamentales para el desarrollo social y económico. 
Si la economía carece de confianza y de una base ética y moral, no podrá desarrollarse. 
El Parlamento Europeo debe tener una mayor participación sin exigir necesariamente el derecho a tomar decisiones. 
Se trata de conceder al Parlamento Europeo no sólo el derecho a estar presente, sino también el tiempo necesario. 
Para terminar, me gustaría decir que resulta esencial que los países candidatos participen cuanto antes en esta tarea y que se permita asimismo a las autoridades regionales y locales desempeñar un papel activo en esta cuestión. 
Señora Presidenta, la comunicación de la Comisión retoma en realidad una propuesta debatida continuamente por el Parlamento en esta Cámara desde la segunda etapa de la unión monetaria, concretamente la necesidad de coordinar e interrelacionar de forma más estrecha los distintos ámbitos políticos. 
Siempre hemos creído que esto sólo será posible cuando todos los ámbitos políticos se encuentren en el mismo nivel y todos los Consejos sean considerados iguales bajo la dirección del Consejo General. 
Aunque, por desgracia, hubo que esperar al proceso de Lisboa, unos seis años más tarde, para aprovechar esta oportunidad, me alegra saber que por fin nos hemos decidido a pasar de la teoría a la práctica. 
Señora Comisaria, esperamos mucho de la Comisión; esperamos que se llegue a un acuerdo. 
Europa lo necesita urgentemente. 
Y esto se aplica no sólo a la política económica y de empleo, sino que también atañe a la política social y medioambiental. 
Europa necesita de forma apremiante que se llegue a un acuerdo porque no podemos permitirnos el lujo de contar con políticas no coordinadas. 
La Comisión Delors llegó a la conclusión de que la falta de coordinación entre las políticas afectaba al crecimiento económico, lo que significa automáticamente una reducción del número de empleos en la Unión Europea. 
Esperamos que esta situación termine y, desde este punto de vista, apoyamos firmemente este nuevo documento, siempre y cuando se encuentre respaldado por un nivel de información más seguro que el actual. 
Asimismo, apoyamos este documento si nos permite explicar a nuestros ciudadanos que el proceso de coordinación no es sólo un instrumento ni un eurotecnicismo más, imposible de llevar a la práctica. 
¿Qué quiero decir con esto? 
Debemos ser capaces de mostrar que determinadas decisiones en materia de política económica, de empleo o medioambiental adoptadas en un Estado miembro pueden perjudicar o beneficiar a la economía nacional, al mercado laboral o el medio ambiente de otro Estado miembro, al tiempo que pueden frenar, congelar o favorecer el crecimiento económico. Por lo tanto, necesitamos estadísticas que nos proporcionen datos de interés. 
Lamentablemente, para decepción de los investigadores económicos europeos, la realidad es aún bien distinta. 
Es preciso contar con un modelo de coordinación que se haga patente a la hora de decidir las inversiones, las inversiones en investigación y desarrollo por ejemplo, donde Europa tiene todavía mucho por hacer. 
La cuestión principal es que el Parlamento debería tener derecho de participación en virtud de un acuerdo interinstitucional, como muy tarde para cuando la Convención finalice sus reformas y el Tratado sea modificado. 
Señora Presidenta, ningún método de coordinación, ningún procedimiento podrá resultar efectivo si falta voluntad política. 
Debemos partir de este punto. 
Aunque en Lisboa y Gotemburgo se establecieron algunos objetivos positivos, entre el dicho y hecho todavía existe un gran trecho. 
La Unión Europea se enfrenta a una serie de graves problemas económicos, su crecimiento potencial se desacelera, la inversión pública y privada es muy baja y faltan cualificaciones. 
Ni el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ni la política monetaria hacen frente a estos retos, sino que asignan toda la responsabilidad a los Estados miembros. 
Y los ciclos de coordinación, concebidos para encuadrarse dentro de la competencia de los Estados miembros, no resultarán efectivos si la Unión no adopta e implementa políticas comunes. 
No existe ninguna política económica europea auténtica debido a las diferencias entre los Estados miembros. 
Los ciclos de coordinación no analizan las relaciones económicas entre los distintos países. 
Y aún no disponemos de un enfoque global sobre la economía comunitaria y la zona del euro que se enmarque en el contexto de la globalización. 
Todavía no contamos con una política en materia de demanda, de redes o capacidades humanas. 
La Unión se encuentra todavía inmersa en una fase de competencia reguladora y fiscal, en la que la propia noción de economía de mercado social no es aceptada y por tanto no se incluirá, en mi opinión, en la futura Constitución, especialmente debido a la persistente aversión por los asuntos económicos. 
Procederé a hablar a continuación sobre los procedimientos institucionales. 
Esto que la Comisión nos ha propuesto es meramente un concepto tecnocrático. 
Estoy a favor de unir ámbitos diferentes y establecer un ciclo. 
Asimismo, estoy de acuerdo con el principio de la racionalización. 
No obstante, esto no eliminará los obstáculos políticos mencionados anteriormente, de ahí mis sugerencias. 
En primer lugar, los Tratados no ofrecen una base sólida para la comunitarización de la política económica. 
Por consiguiente, el establecimiento de dicha base en la Convención debe convertirse en nuestra prioridad principal. 
En segundo lugar, no existe una herramienta fiable para la comparación analítica y estadística, concretamente en lo que respecta a la cohesión social y el desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, debemos proporcionar prioritariamente a la Unión recursos analíticos y de investigación que estén a la altura de lo que dice. 
En tercer lugar, los procedimientos propuestos no tienen aún ningún valor democrático. 
Necesitamos urgentemente un proceso general de deliberación pública sobre las situaciones y las opciones antes de que se presente el paquete de la Comisión, así como una evaluación posterior, llevados a cabo por la sociedad civil y los representantes elegidos, y no sólo por la Comisión. 
En cuarto lugar, no creo que, actualmente, el Parlamento Europeo se encuentre aún en condiciones de debatir correctamente y optar por una política económica coherente. 
Existen numerosas posturas al respecto marcadas por intereses nacionales y diferentes concepciones ideológicas. 
Dicho esto, el Parlamento está más preparado que el Consejo y la Comisión para deliberar sobre la política económica y emitir su valoración acerca de la misma. 
Por lo tanto, es preciso que se entable un debate interactivo anual entre las comunidades nacionales y las instituciones comunitarias en virtud de una iniciativa parlamentaria. 
Sólo entonces la Comisión podrá redactar sus propuestas, sólo entonces se volverá a remitir la decisión al Consejo, momento en el que el Parlamento podría hacer uso de su poder de ratificación. 
En resumen, sin una voluntad política compartida y un procedimiento democrático común, no será posible alcanzar la coordinación de las políticas nacionales. 
Señora Presidenta, el informe que hoy se debate constituye un paso importante en el camino hacia la aplicación de los objetivos planteados en Lisboa. 
Al igual que el Sr. Karas y el Sr. Bullman, estoy bastante decepcionada por el hecho de que la Comisión haya olvidado nuevamente las decisiones tomadas en la Cumbre de Gotemburgo, en virtud de las cuales la cuestión medioambiental pasaría a incluirse en el proceso de Lisboa. 
Aunque considero positivo que el ponente anime a la Comisión y al Consejo a agregar el desarrollo sostenible a la racionalización de la coordinación política, esto se puede hacer bastante antes del plazo propuesto por la Comisión. 
La realidad es que, además de fracasar en el refuerzo de los objetivos de Lisboa con la inclusión de un objetivo medioambiental, existen otros muchos asuntos que siguen sin resolverse. 
Hemos debatido la política de pesca prácticamente durante toda la noche, pero esto también se aplica a una revisión de la política agrícola, un ámbito en el que debemos enfrentarnos a las subvenciones que sabemos que son perjudiciales. 
Asimismo, debemos garantizar la abolición de aquellas subvenciones que afecten negativamente al medio ambiente. 
A pesar de que esto se encuadra en el concepto de «desarrollo sostenible» , parece que la Comisión no lo ha aceptado o ni siquiera lo ha estudiado detenidamente. 
El objetivo para la cumbre de la próxima primavera debe consistir en equilibrar las diferentes medidas entre las tres partes de la agenda de Lisboa, sobre todo a través del desarrollo de la dimensión medioambiental, así como mediante el refuerzo y la concreción del concepto de desarrollo sostenible dentro de las tres dimensiones de dicha agenda. 
La Comisión debe actuar al respecto de un modo mucho más insistente. 
Por encima de todo, hay que garantizar el estudio detenido de los indicadores medioambientales que, de hecho, no se debatirán hasta unos días antes de que el Consejo tome una decisión sobre este asunto. 
Todo el trabajo sobre el desarrollo sostenible incluido en esta agenda está mal enfocado y el tratamiento del mismo por parte de la Comisión es bastante lento. 
Señora Presidenta, al igual que otros muchos oradores, opino que la comunicación de la Comisión es muy estrecha de miras. 
El tema de debate es la coordinación de las orientaciones económicas y de empleo. 
Estamos de acuerdo, no obstante, en que el concepto debe ampliarse. 
Necesitamos el desarrollo de un proceso medioambiental y, especialmente, necesitamos un proceso social que se integre como una parte importante en el proceso global iniciado a partir de la Cumbre de Lisboa. 
Estas cuatro partes, cuya importancia es independiente, deben ser coordinadas. 
De lo contrario, se producirá un desequilibrio, un cambio de carácter de la política de empleo, ya que dejará de estar determinada por su vínculo con la perspectiva social para pasar a convertirse en poco tiempo en una política estructural. Esto significa que la política de empleo se transformará en una especie de imagen refleja o en un apéndice. 
Es sumamente importante hablar sobre ideas como integración social, pleno empleo y trabajo de calidad. 
La Comisión suele ocuparse de la mayoría de estos aspectos. 
A veces me pregunto si la Comisión habla con lengua viperina, ya que a menudo resalta la importancia de objetivos sociales positivos de este tipo y, sin embargo, éstos no se incluyen en esta comunicación concreta. 
Considero tal la seriedad de este tema, que quisiera formular una especie de advertencia. 
Si se da el caso de que esto no es una mera coincidencia, sino una tendencia, el equilibrio y la armonía que parecían derivarse de las decisiones adoptadas en Lisboa se verán reemplazados por un conflicto en el mercado laboral y por lo que se denomina la lucha de clases. 
Actualmente, ya podemos observar estas tendencias en el mercado laboral europeo, y su presencia se hará más patente en el futuro. 
Considero que el enfrentarnos a este tipo de conflicto es lo peor que puede sucederle al desarrollo económico en Europa. 
Además, me gustaría añadir un comentario relacionado con la sincronización y la coordinación. 
Actualmente se debate un tipo de coordinación horizontal de la economía y el empleo en el ámbito europeo. 
Opino que, también en este aspecto, debemos hablar sobre cuestiones sociales y medioambientales. 
Al mismo tiempo, existe la coordinación vertical entre niveles. 
El principal problema de todos a los que nos enfrentamos, al cual- incluso la Comisaria, por ejemplo, lo sabe- siempre hago referencia, consiste en que no importa el grado de coordinación alcanzado a escala europea si no logramos coordinar mejor dicho nivel con el nacional, y si los mercados laborales nacionales no se abren suficientemente. 
Quisiera destacar este punto especialmente ya que, en ocasiones, se afirma de manera bastante imprecisa que hay que otorgar una mayor participación a los parlamentos nacionales. 
Sin embargo, debemos ser más claros y hablar del modo en que se pretende conseguir esto. 
Mi respuesta siempre será que la responsabilidad debe estar en manos de los parlamentos nacionales. 
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a nuestro ponente, el Sr. Karas. Ha tenido ante sí la muy complicada tarea de racionalizar las medidas de coordinación. 
Celebro los esfuerzos de la Comisión a este respecto y me gustaría agradecer a nuestra Comisaria, la Sra. Diamantopoulou, el valor que ha demostrado al proponer estos temas. 
No quiero ser la oveja negra del Parlamento hoy, pero creo que también deberíamos ser críticos en lo relativo la ampliación de los métodos de coordinación abiertos a distintas áreas. 
En el informe, el Parlamento afirma que hay dos aspectos que son importantes. 
Si ustedes leen el apartado (e) del informe Karas- les leo un extracto de ese apartado: «Considerando que un examen más racionalizado de la aplicación en forma de un nuevo paquete de medidas de aplicación requiere que los Estados miembros informen sistemáticamente de la aplicación de las políticas adoptadas a escala europea y que se proceda a una evaluación política de la misma en los ámbitos políticos pertinentes». 
Les he leído un extracto del informe que demuestra que, para el Parlamento, la aplicación de los actuales mecanismos de coordinación es realmente importante. 
No hemos visto suficientes resultados concretos de los mecanismos de coordinación y eso es lo que necesitamos. 
La otra preocupación del Parlamento se refiere a su papel y, como pueden ver en todos los informes, nuestra función como parlamento, como representante de los ciudadanos, es una gran preocupación para nosotros. 
En el grupo de trabajo de reguladores económicos de la Convención, del que he sido miembro, una mayoría de miembros pensaba que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea debían tener una función y que los métodos de coordinación abierta y los procesos debían incluirse en el Tratado Constitucional. 
Desgraciadamente, yo estaba en minoría en ese grupo de trabajo, porque yo pienso que el principal objetivo de un método abierto de coordinación es ser flexible, y que no debería regularse en el Tratado. 
Deberíamos utilizar los actuales mecanismos. 
Señora Presidenta, desearía expresar mi total apoyo al informe que vamos a votar, especialmente por su enfoque global sobre la estrategia de desarrollo sostenible, tal como se estableció en Lisboa y, a continuación y de forma más especifica, en Gotemburgo: no se trata de una fórmula para agrupar los objetivos económicos, de empleo y medioambientales en un mismo paquete. Se trata de un enfoque integrado que orienta las política sectorales y horizontales hacia un nuevo concepto de desarrollo. 
En la práctica, esto nos permitirá eximirnos de nuestra responsabilidad para con las próximas generaciones y los países cuyo desarrollo va a la zaga. 
Me gustaría realizar unos breves comentarios acerca de los instrumentos necesarios para la aplicación práctica de esta estrategia. 
Si realmente adoptamos el enfoque que afirma que la calidad de las condiciones sociales y del medio ambiente es un aspecto principal y no secundario en lo que respecta al crecimiento económico, y que resulta asimismo un factor esencial para la competitividad, el instrumento de aplicación más adecuado podría ser el método de coordinación abierta. No obstante, éste debe ser reforzado y racionalizado, tal como indica el informe, especialmente en lo que se refiere a la participación del Parlamento Europeo, que, además, debe prepararse mejor, mucho mejor, en relación con este asunto. 
El éxito de una política de este tipo depende de la participación real de todos los niveles institucionales y de todos los agentes sociales. 
Sin esta participación y este compromiso general, el desarrollo no será sostenible. 
Por último, quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer sonar la alarma, y en esto cuento con el apoyo, entre otros, del Grupo de Contacto de la Sociedad Civil. 
El anteproyecto del Tratado Constitucional presentado por el Presidente de la Convención no contiene ninguna referencia al concepto de desarrollo sostenible. 
Si no damos un nuevo ímpetu a lo afirmado anteriormente en el Tratado y en Gotemburgo, llegaremos a una situación de auténtica regresión cultural, un paso atrás que, además, reducirá la influencia de Europa como agente mundial. 
Señora Presidenta, la estrategia de Lisboa será valorada nuevamente en la cumbre especial que se celebrará la próxima primavera. 
No se trata sólo de valorar si los objetivos se han llevado a la práctica, sino que es preciso corregir determinadas medidas e introducir nuevos elementos. 
Por ejemplo, el Consejo ha decidido añadir una tercera dimensión a las dimensiones de la política económica y de empleo: la dimensión ecológica, tal y como ya han mencionado algunos de mis colegas. 
No logro entender el motivo por el que la Comisión rechaza la inclusión de objetivos ecológicos. 
Hemos debatido la posibilidad de una nueva edición del Pacto de Estabilidad en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Mi Grupo, el PPE-DE, está en contra de suavizarlo porque esto afectaría a la estabilidad del euro y crearía ansiedad en la población. 
Creo que la mayor participación de los interlocutores sociales en una cumbre social tripartita, así como el refuerzo del diálogo macroeconómico, son ideas interesantes. 
Considero que existen tres puntos importantes en el formidable informe de Othmar Karas. 
En primer lugar, es preciso coordinar mejor la política económica, la política de empleo y la integración social. 
Las orientaciones anuales son la principal herramienta para la coordinación de la política de empleo. 
Es una pena que varios Estados miembros estén de acuerdo acerca de los objetivos y, sin embargo, no sean capaces de ponerlos en práctica. 
En segundo lugar, el Parlamento debe participar intensamente en los preparativos de la cumbre de la próxima primavera. 
Esto significa que ha de disponer del tiempo suficiente para examinar la propuesta de la Comisión durante el período previo a dicha cumbre. 
Realmente es preciso que se nos proporcione el tiempo necesario. 
Esperamos que la Convención refuerce nuestra posición como representantes del pueblo y que el Tratado de la Unión Europea se modifique para otorgarnos más derechos de codecisión en todas las fases del proceso de coordinación. 
En tercer lugar, en relación con los futuros Estados miembros de la Unión Europea: debemos integrar a los países candidatos lo antes posible si queremos alcanzar el ambicioso objetivo de transformar la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo en el plazo de ocho años. 
Instamos a la Comisión a que garantice la participación de los departamentos competentes de estos países de un modo eficiente desde un punto de vista técnico y sobre todo logístico. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0401/2002) de la Sra. Thorning-Schmidt sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) (decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (PE-CONS 3666/2002- C5-0501/2002- 1992/0449A (COD) ). 
Señora Presidenta, acogemos con satisfacción el paso tan importante que se ha dado hoy en el terreno de la salud y la seguridad en el trabajo. 
La propuesta sobre los riesgos derivados de los agentes físicos para los trabajadores se presentó hace ocho años, y la primera parte, dedicada al ruido, se ha aprobado este año. 
Por ello, somos conscientes de la dificultad, tanto técnica como política, que entraña este tipo de legislación. 
En nombre de la Comisión, por consiguiente, quisiera felicitar al Parlamento Europeo, y en especial a los miembros del Comité de Conciliación, por la puesta en práctica de esta cuestión tan complicada en el ámbito técnico y en el ámbito político. 
La versión final de la Directiva encierra tres logros importantes. 
En primer lugar, proporciona una mayor protección para los trabajadores de todos los sectores de la economía, incluidos el transporte marítimo y aéreo, que no estaban recogidos en la legislación actual. 
En segundo lugar, reconoce que los sectores de la música y el ocio constituyen un caso especial y les concede un período de transición de cinco años para redactar los códigos de conducta necesarios para que los trabajadores y los empleadores puedan hacer honor a sus obligaciones legales, y en tercer lugar, reduce el límite de exposición de 90 dB, que era el límite establecido en la Directiva de 1986, a 87 dB. 
Sin duda, se ha progresado. 
La aprobación de esta Directiva completa la segunda fase de la propuesta de la Comisión sobre riesgos derivados de agentes físicos. 
Se necesita trabajar más sobre las otras dos vertientes de la propuesta de la Comisión, a saber, los campos electromagnéticos y la radiación óptica. 
Señorías, quisiera pedir a los colegisladores que sigan esforzándose por completar este marco legal sobre los agentes físicos, que nos proporcionará un marco integrado para la protección de los trabajadores, y que hay que decir que ha permanecido sobre la mesa de negociaciones demasiado tiempo. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer a la Comisaria que se haya ocupado finalmente de los demás agentes físicos, porque de ese modo no tengo que decir que todavía quedan elementos sin tratar. Además, estoy encantada de que la Comisión haya situado siempre esta cuestión un lugar destacado de su orden del día. 
Todos sabemos que el ruido es un problema muy grave en el lugar de trabajo. 
Es un aspecto que se ha esclarecido plenamente en términos científicos. 
De hecho, sabemos que hace falta muy poco ruido para causar daños permanentes al oído. 
También sabemos que los daños al oído pueden causar una reducción de la capacidad de las personas para trabajar o pueden incapacitarles definitivamente para obtener un empleo en el mercado laboral. 
Por ello, estamos hablando de una situación muy grave 
Y por este motivo, estoy muy satisfecha de que mañana tengamos la posibilidad de aprobar una Directiva que proporciona una mayor protección a los trabajadores de la que gozan en este momento. 
Lo que tenemos ante nosotros es una Directiva mejor, ante todo porque por fin hemos podido fijar un límite superior adecuado del ruido al que los trabajadores pueden estar expuestos. 
Me habría gustado que se hubiera fijado un límite más bajo, algo que también incluí en mi propuesta. 
Del mismo modo, también me habría gustado que no se hubieran tenido en cuenta los medios de protección personales, pero sin duda lo que tenemos supone una mejora. 
El otro factor positivo es que la Directiva hace hincapié sistemáticamente en la prevención, a la que se da tanta importancia en la Directiva marco. 
La prevención es importante para la acción, pero por lo que respecta a la Directiva también hemos insistido en asegurar el uso de protectores auditivos que funcionen como es debido. 
Sin embargo, hay otras varias disposiciones que conviene evitar. 
Tenemos que aplicar métodos de trabajo alternativos que minimicen la exposición al ruido. 
Tenemos que examinar las herramientas de trabajo que se utilizan en las empresas. En general, la responsabilidad de las empresas sobre la aplicación efectiva de Directiva está prevista en la propia Directiva. 
La Directiva proporciona protección, y al mismo tiempo destaca la responsabilidad de las empresas en situaciones laborales específicas. 
Por último, unas palabras acerca de los sectores de la música y el ocio. 
Éste es un tema muy debatido. 
Hemos oído hablar de la industria del pop británica y de los gaiteros, temas que han animado el debate. 
No es que quiera provocar a ninguno de los participantes en el debate sobre este asunto, pero me encantaría repetir que el ruido es, y sigue siendo, sencillamente ruido. 
Independientemente de que sea un sonido agradable o desagradable, el ruido puede causar daños muy graves al oído. Sólo tenemos que fijarnos en nuestra propia experiencia. 
Sin duda, somos conscientes de quiénes son las personas más afectadas por la enfermedad llamada zumbido. 
Se trata, de hecho, de personas que han vivido con ruidos agradables o que se han visto afectadas por ruidos muy agradables, es decir, por la música. 
Por lo tanto, sabemos que el ruido es ruido. 
Y me complace que la Directiva reconozca este punto con tanta claridad. 
La Directiva también reconoce que el sector de la música podría encontrarse con dificultades a la hora de aplicar las disposiciones de la Directiva dentro del plazo previsto. 
Por ello, ha ampliado el plazo de aplicación de la Directiva. 
También me complace que hayamos concedido importancia a la prevención y a que las cosas funcionen en la práctica. 
Hemos establecido un período de transición, que también está destinado a la elaboración de normas que rijan el comportamiento de los sectores de la música y el ocio en su conjunto. 
Estoy muy satisfecha con estas normas porque están orientadas al futuro y porque ayudarán de manera práctica al sector a cumplirlas. 
También vale la pena señalar que estas normas de comportamiento, o ideas de normas de comportamiento, surgieron durante el trabajo realizado en las reuniones tripartitas, y esto ilustra muy bien el modo en que la cooperación a través de estas reuniones tripartitas puede producir resultados constructivos y positivos. 
No se trata simplemente de ser combativos. 
También surgen buenas ideas que pueden llevar a compromisos constructivos, y eso es algo que complace a muchos de nosotros. 
A ese respecto, también le debemos gratitud a la Comisión por el papel que ha desempeñado y al Consejo por su constructiva cooperación. 
Por último, simplemente quiero expresar mi satisfacción por que hayamos logrado un compromiso tan amplio y obtenido un apoyo tan importante en esta Cámara. 
Ahora espero que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoye este compromiso y confirme así lo que sus diputados del Parlamento Europeo dicen normalmente en el comité, a saber, que cuando existen datos científicos y pruebas claras de que una cuestión constituye un problema para los trabajadores, también debemos legislar para resolver ese problema. 
Este es un punto de vista que espero que el Grupo ELDR adopte mañana. 
Espero que obtengamos una gran mayoría para una buena Directiva. 
Señora Presidenta, Señorías, Comisaria, siguiendo con las palabras finales de la ponente, tanto yo como el Grupo del PPE-DE estamos satisfechos con el informe y con el compromiso que se ha alcanzado. 
Creo que este informe constituye otra pieza fundamental del esquema de protección sanitaria de los trabajadores europeos, aunque, por desgracia, tendrá que pasar mucho tiempo antes de que tengamos normas europeas comunes de protección. 
En este caso concreto, la primera propuesta data de 1993. 
La Directiva sobre el ruido no ha sido precisamente una tarea fácil, puesto que el Consejo y el Parlamento defendían puntos de vista distintos. 
Pero aun así, la única finalidad del proceso de conciliación es alcanzar un acuerdo. 
La verdadera naturaleza de este acuerdo es siempre un compromiso, pero como he dicho, todos tenemos razones para estar satisfechos con este compromiso concreto. 
Objetivamente, la protección contra el ruido se ha visto incrementada, y la oradora anterior nos ha proporcionado los datos técnicos y los detalles al respecto. 
Pero lo que importa es que la cosa está clara, no hay zonas de sombra o poderes discrecionales que puedan inducir a confusión a la hora de la aplicación. 
La obligación de las empresas de proporcionar protectores auditivos, comprobar que son efectivos y asegurarse de que las personas los usan es reciente. 
Esto establece la obligación general de las empresas de cuidar de sus empleados sin dejar resquicios a los malentendidos. 
Mi grupo también se interesó por que se tuvieran en cuenta las particularidades del sector de la música y el ocio al aplicar la Directiva. 
Este es un paso que se acoge con satisfacción por razones de verdad y claridad jurídica, puesto que no tiene sentido ignorar permanentemente el hecho de que en teoría, la Directiva se aplica a los miembros de las orquestas, pero en la práctica nunca se hace por razones de comodidad o de estética. 
Por ello, sencillamente es más honesto establecer un período de transición y dejar que los Estados miembros y los interlocutores sociales decidan por sí mismos lo que quieren hacer. 
No obstante, quisiera señalar que aunque sobre el papel la Directiva queda muy bien, todavía ha de aplicarse en la práctica. 
Cada vez me convenzo más de que las Directivas de protección de los empleados quedan muy bien sobre el papel, pero que en realidad nadie quiere ponerlas en práctica. 
Eso quizás tenga algo que ver con la evolución de la economía, pero es precisamente en tiempos difíciles cuando necesitamos asegurarnos de que las Directivas se aplican. 
Y digo esto firmemente de cara a los países candidatos, porque en este aspecto también debemos dar un ejemplo muy claro. 
Señora Presidenta, me gustaría felicitar a la ponente por su trabajo; asimismo, celebro el resultado de la conciliación sobre el asunto, pero creo que también hay varios aspectos que merecen mis críticas. 
La Directiva original sobre agentes físicos cubría cuatro aspectos, uno de ellos el ruido, pero la Directiva original de 1986 sobre el ruido debía someterse a revisión en 1991. 
Sin embargo, no hemos dispuesto de un texto revisado hasta ahora, casi a finales de 2002. 
La vibración era otro de esos aspectos tratados, pero el Consejo tardó ocho años en llegar a una posición común sobre la vibración y, según nos ha dicho la Comisaria, siguen pendientes los aspectos relativos a campos electromagnéticos y ondas y a la radiación óptica. 
Los avances son excesivamente lentos. 
Sin embargo, en esta era altamente tecnológica sufrimos un creciente bombardeo de campos y ondas de redes inalámbricas de acceso local, dispositivos Blue Tooth, láseres de clase A y otros aparatos similares. 
Espero que el Consejo dé muestras de una urgencia renovada. 
La Directiva no puede sino ser bien recibida, ya que va a generar mejoras directas. 
Los trabajadores van a estar expuestos a menos ruido en el trabajo y sus representantes tomarán parte en la evaluación de riesgos colaborando en la elección de los protectores auditivos. 
Nuestras pruebas de audiometría preventivas estarán disponibles en determinadas circunstancias. 
Todas estas medidas y muchas otras son de agradecer. 
En lo que respecta al sector de la música y el ocio, creo que hemos establecido una estrategia muy buena. 
Como hemos oído aquí, los Estados miembros redactarán un código de conducta mediante la realización de consultas con los agentes sociales y establecerán directrices prácticas sobre cómo deben cumplir sus obligaciones los empresarios y los trabajadores de ese sector. 
La estrategia ha sido muy bien recibida por el sindicato de músicos del Reino Unido, que se encargó de coordinar el trabajo de los sindicatos de músicos de toda la Unión Europea. 
Por razones de tiempo, sólo voy a decir otra cosa. 
En la conciliación, se oyeron muchas voces que destacaban la importancia de una evaluación del impacto empresarial de propuestas de este tipo, una rigurosa evaluación de ese impacto. 
Voy a hacer aquí una pregunta que ya hice en la Comisión: ¿qué valor deberíamos dar a si una persona de 40 ó 50 años puede oír y comunicarse realmente con sus nietos pequeños? 
Porque ésa es la parte del espectro auditivo que destruye con frecuencia la pérdida de audición por motivos laborales. 
Así que, por supuesto, vamos a hacer una evaluación de coste-beneficio, pero tengamos en cuenta todos los costes y todos los beneficios, no sólo los beneficios estrictamente financieros. 
Señora Presidenta, hemos avanzado mucho desde el momento en que la ponente presentó por primera vez un informe en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Creo que todavía tenemos problemas en el sector del ocio, pero el resto de los sectores y los trabajadores encontrarán muy fácil convivir con esta Directiva. 
Si se hubieran aprobado las primeras propuestas, la industria de toda la UE habría quedado diezmada y se habrían perdido puestos de trabajo- sobre todo en el sector de la construcción, el del cemento, la minería y una buena parte del sector de la ingeniería- así que debemos dar gracias por haber vuelto a una solución sensata y a la posición del Consejo, según la cual los protectores auditivos pueden tenerse en cuenta cuando se miden los niveles de decibelios. 
Estoy contenta de que hayamos vuelto a la medición semanal autorizada por los Estados miembros si la consideran oportuna. 
Sin embargo, por desgracia la enmienda que concedía a los sectores del ocio un período de transición de cinco años para la aplicación mientras la Comisión analizaba la mejor forma de regular este sector, teniendo en cuenta los problemas específicos a los que se enfrenta el sector de los bares y discotecas en particular, se perdió en la conciliación, aunque, con un código de conducta, sigue siendo mejor que lo que se propuso en un primer momento. 
Se lo garantizo. 
Sin embargo, en estos momentos la actual directiva del ruido no se está aplicando en los sectores de bares y discotecas, ni en el Reino Unido, ni en Dinamarca, ni en muchos otros Estados miembros. 
La razón de que no se esté aplicando es que no es factible. 
Mi problema es que, si añadimos otra capa de burocracia como ésta para el sector de los bares y discotecas, causaremos graves problemas. 
Es por eso que yo, personalmente, me niego a firmar la conciliación, ya que creo que podríamos haber obtenido más del Consejo. 
No tuve apoyo, salvo una notable excepción, así que supongo que mi voto de mañana no supondrá ninguna diferencia para el resultado final. 
Hemos conseguido, tras un duro trabajo, un sistema mejor tanto para el sector como para los trabajadores. 
Podríamos haber conseguido un acuerdo mejor para el sector del ocio y siento que no hayamos aprovechado esa oportunidad. 
Señora Presidenta, permítame decir que es un placer que se me invite a tomar la palabra a las doce menos cinco de la noche. 
A menudo pienso- porque suele ocurrir con la legislación en materia de empleo- que todo es un complot de la Secretaría para recordarnos el disparate de la Directiva sobre la distribución del tiempo de trabajo, aunque no es que nos haga falta que se nos recuerde ese disparate concreto sobre esa Directiva concreta. 
Volviendo a la Directiva que estamos tratando hoy, este texto conciliado es, en mi opinión, un mal compromiso sobre una mala Directiva. 
Habría sido mucho mejor para ambas partes haber mantenido sus posiciones iniciales y que la legislación no se hubiera aprobado. 
Yo desde luego voté en contra; yo era la notable excepción a la que se refería mi colega, la Sra. Lynne. 
También voté en contra de la misma en el comité de conciliación por esa misma razón, aunque conseguimos diluir muchas de las enmiendas más tontas durante ese proceso de la comisión. 
En lo que respecta al Reino Unido, la actual normativa sobre el ruido fue objeto de un profundo estudio y no son necesarias ni convenientes normas más estrictas a escala comunitaria. 
El Sr. Hughes mencionó la importancia de las evaluaciones del impacto en las empresas y que se deberían llevar a cabo de una forma exhaustiva. 
Estoy de acuerdo. 
Resulta significativo que no se haya realizado ninguna evaluación del impacto sobre las empresas a escala comunitaria con el fin de determinar los costes y beneficios de la Directiva propuesta. 
De hecho, en el Reino Unido se llevó a cabo una evaluación, que determinó que los costes superaban con mucho a los beneficios, y es posible que fuera eso lo que decidió a la UE a no realizar una evaluación. 
Esta legislación no refleja el mundo real. 
Presentada dos semanas después de que el Parlamento aprobara la atípica Directiva sobre los trabajadores, cuyos costes adicionales y burocracia podrían provocar la pérdida de 160 000 puestos de trabajo temporales sólo en el Reino Unido, esta última Directiva demuestra que la UE sigue instalada en un túnel del tiempo en lo tocante a la legislación social y sobre empleo. 
Por último, me gustaría decir que, durante el paso de la legislación por el Parlamento Europeo, ha habido tres ministros distintos en el Reino Unido, lo que quizá explique por qué el Gobierno del Reino Unido ha dado una respuesta tan débil a esa Directiva. 
La respuesta de los Conservadores del Reino Unido no será débil. 
Defenderemos el sentido común y votaremos contra ella. 
Señora Presidenta, me han sorprendido un poco las dos últimas intervenciones, porque pensaba que habíamos alcanzado un consenso razonable entre la primera lectura y ahora en el proceso de conciliación, y que habíamos mejorado la propuesta de la Comisión en varios aspectos. 
Pienso que el proceso de conciliación ha sido rápido y se propuso firmemente alcanzar un resultado, que la actitud del Consejo ha sido constructiva y yo tenía la impresión de que el PPE-DE y los Liberales se habían acercado en cierto modo a nuestra postura. 
¡Pensaba que había triunfado el sentido común! 
Sin embargo, y aquí coincido con los oradores que me han precedido, un aspecto que debe preocuparnos es la aplicación en los Estados miembros, pero no por razones técnicas, como ha afirmado el Sr. Bushill-Matthews. 
Pienso que hay otra razón por la que la aplicación debe preocuparnos. 
Hoy me he enterado de que un músico profesional que trabaja en una famosa orquesta alemana había rechazado una entrevista con nosotros por miedo a represalias. 
Iba a describir los problemas que había experimentado como músico profesional, pero estaba demasiado asustado para hacerlo, y estoy segura de que no es el único caso. 
Como ha afirmado la Sra. Stauner, la protección de los empleados es una necesidad básica de la vida laboral moderna, y no un lujo superfluo. 
La Directiva ha incorporado algunos aspectos importantes con el fin de proporcionar a los empleados de todos los sectores, desde la música hasta la industria, la seguridad de saber que tienen derecho a la instrucción y a la información acerca de los riesgos a los que están expuestos, y que las empresas deben señalarles estos riesgos. 
Existen varias opciones para los Estados miembros, no únicamente la protección auditiva pasiva. 
También pueden introducir nuevos métodos de trabajo y desarrollar nuevos puestos de trabajo en los que los niveles de ruido se reduzcan al mínimo. 
Señora Presidenta, dado que soy la última persona que va a hablar sobre este asunto, me gustaría repetir y recalcar que la Directiva conseguirá que enfermedades como la pérdida de audición por causa de la exposición al ruido de los trabajadores y otros problemas físicos relacionados sean cosa del pasado. 
Eso es un logro de la ponente, un logro que es aún mayor dado que había varias posiciones nacionales muy complicadas en el momento de la presentación de este informe, como ya han dicho otros diputados. 
Esa posición requirió una enorme cantidad de trabajo. 
Desde el punto de vista del Reino Unido, nos quedamos en una situación en la que había varias aristas que limar. 
Actualmente estamos en una situación en la que nuestro Gobierno, y me sorprende la declaración del Sr. Bushill-Matthews a este respecto: es posible que hayan participado tres Ministros distintos, pero el Gobierno británico- que es uno de los Gobiernos más interesados en esta medida concreta de salud y seguridad- cree que se consigue un equilibrio entre la mejora de la protección de los trabajadores y la necesidad de evitar una normativa excesiva e innecesaria. 
Creo que es importante no caricaturizar medidas de salud y seguridad en el trabajo, cuando se ha necesitado una ingente tarea para limar esas posiciones nacionales. 
La Sra. Lynne ha hablado mucho sobre el impacto sobre los músicos en el sector del ocio. 
Todos en el Reino Unido hemos oído hablar mucho de eso. 
La verdad es que esos sectores se han mostrado satisfechos con lo que podría haber sido una Directiva mucho más complicada. 
Debemos felicitar a la ponente por los progresos realizados. 
Por lo tanto, votaré a favor de esa Directiva. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0387/2002) de la Sra. Evans, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Directiva 86/609 relativa a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos (2001/2259 (INI) ). 
. (EN) Señora Presidenta, se calcula que cada año se utilizan en la Unión Europea unos 12 millones de animales vertebrados para crear y poner a prueba medicinas, vacunas, sustancias químicas y otros productos. 
Otros nueve millones nacen y se destruyen como animales excedentarios. 
Desde que hace más de 16 años se aplicara por primera vez la Directiva 86/609, que controla la utilización de animales en experimentos, se han producido muchos cambios. 
La finalidad inicial de esa Directiva era evitar distorsiones en el comercio. 
La Unión Europea no tenía la obligación, que ahora sí tiene, de tener en cuenta el bienestar de los animales en las políticas agrícolas, de investigación, de transporte o del mercado único. 
Hoy en día, el bienestar de los animales es objeto de un amplio debate público, y el interés y la preocupación sobre la utilización de animales ha aumentado. 
Asimismo, se han realizado enormes progresos en los conocimientos y las prácticas científicas. 
Por esas razones, así como por las deficiencias del funcionamiento actual de la Directiva, que han dado lugar a que la Comisión iniciara muchos casos de procedimientos de infracción a lo largo de los años, es evidente que esta Directiva precisa una urgente revisión. 
La Comisión ya se ha comprometido a revisar la Directiva el año que viene. 
Espero que los asuntos en los que hemos centrado este informe sirvan de directrices para su trabajo, porque hay muchas lecciones que aprender. 
La primera es la necesidad de una inspección central a escala comunitaria, que coordine el trabajo de los inspectores de los Estados miembros, pero que también esté facultada para visitar instalaciones y revocar licencias si fuera necesario. 
En 1986, el Parlamento solicitó que una comisión permanente supervisara la aplicación de la Directiva, pero esa medida no fue aprobada, lo que, en mi opinión, se ha demostrado que fue un error. 
Hay grandes diferencias entre los Estados miembros en la forma en que recopilan información y en la forma en que se aplican la sustitución, la reducción y el refinamiento. 
Por ejemplo, la Comisión ya ha publicado dos conjuntos de estadísticas sobre el número y la utilización de animales en experimentos. 
Los datos deben presentarse cada tres años. 
Asimismo, no es preciso que sean muy detallados y no hay un formato estándar de presentación de los mismos. 
Algunos Estados miembros publican estadísticas muy detalladas anualmente, mientras que otros publican el mínimo necesario con la menor frecuencia posible. 
Como consecuencia, la evaluación de la aplicación de la Directiva resulta complicada. Necesitamos que los datos se publiquen anualmente y de acuerdo con un formato estándar. 
La utilización de métodos de prueba alternativos es, como es lógico, fundamental. 
La experimentación con animales debería considerarse la excepción a la regla, en lugar de un procedimiento científico normal. 
La búsqueda de alternativas está avanzando rápidamente. Es en este campo en el que deberían concentrarse los Estados miembros y al que deberían conceder prioridad. 
El apartado (2) del artículo 7 de esta Directiva, que estipula que los animales deben utilizarse para experimentos únicamente cuando no haya ninguna alternativa científica viable, tiene esa finalidad. 
Dado que la Comisión no exige actualmente información estadística detallada, es imposible controlar si este artículo se está cumpliendo en la práctica. 
Como consecuencia, el informe recomienda que se cree una base de datos comunitaria central en la que se recoja información sobre todos los experimentos con animales aprobados, en curso y concluidos. 
Esto permitiría la realización de comprobaciones a escala comunitaria para garantizar el cumplimiento de este artículo y evitar la duplicación de los experimentos. 
Aunque parece que el número de animales utilizados para la experimentación se ha reducido, la utilización de animales transgénicos está aumentando. 
Eso es algo que no podía preverse en 1986, cuando se adoptó la Directiva. 
Por lo tanto, las disposiciones de la Directiva resultan insuficientes a este respecto. 
Es preciso incluir los animales transgénicos. 
Por último, muchas de las quejas de las ONG y de otras entidades y organizaciones se refieren a incumplimientos del artículo 5 en relación con los cuidados y el alojamiento de los animales. 
Esto podría solucionarse en su mayor parte mediante un curso de formación estándar a escala comunitaria en el que se aborde el bienestar de los animales y la ética de los experimentos. 
Se han presentado cuatro enmiendas al informe. 
Quiero dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente. 
También quiero dar las gracias en particular al Sr. Nisticò, por haber hablado de su enmienda conmigo. 
Lamento no poder apoyar las enmiendas 1 y 2, puesto que debilitan considerablemente el informe en un punto que preocupa mucho, la utilización de primates, sobre todos los capturados en libertad. 
Por el contrario, sí puedo apoyar la enmienda 3. 
Creo que hay un consenso general en el Parlamento y en la Comisión de que la Directiva 86/609 no es apropiada ni eficaz en la actualidad y a la necesidad de una nueva legislación. 
Espero que la Comisión asuma las recomendaciones del Parlamento. 
Celebro el informe realizado a iniciativa propia por el Parlamento Europeo sobre la Directiva relativa a la protección de los animales de laboratorio. 
Quiero dar las gracias al Parlamento y a la Sra. Evans por la iniciativa y por la labor realizada. 
El informe llega en el momento preciso para mantener el impulso para la revisión en profundidad de la Directiva. 
En marzo de 2003, convocaremos una reunión de un grupo de trabajo de expertos técnicos. 
Expertos de todas las partes implicadas trabajarán sobre aspectos concretos, incluidos los que se tratan en el informe. 
Sin embargo, quiero decir que la creación y la realización de pruebas de armas con animales y la prohibición que propone el informe no son de competencia comunitaria. 
El informe destaca también varios casos de transposición incorrecta de la Directiva en la legislación nacional de los Estados miembros y algunos casos en los que se ha producido una aplicación práctica incorrecta. 
Hemos actuado activamente contra esos casos y, debido a ello, cuatro de los nueve casos presentados en el informe ya se han cerrado satisfactoriamente. 
En conclusión, considero que debemos dar una calurosa acogida a ese informe, ya que proporciona los elementos clave para la revisión detallada de la Directiva. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles las gracias por su apoyo a la estrategia de dos fases que hemos adoptado para enmendar la Directiva. 
En estos momentos, se está dando el primer paso, relativo a la inclusión del procedimiento de adaptación técnica en la Directiva. 
El Parlamento aprobó la propuesta en julio de 2002 sin enmiendas. 
Sin embargo, recientemente se ha hecho necesaria una modificación de la redacción y es probable que el Consejo adopte una posición común. 
Por lo tanto, quiero pedirles que, en el momento de la segunda lectura, la aprobación vuelva a ser rápida. 
El segundo paso para enmendar la Directiva será, por supuesto, la revisión en profundidad. 
Quiero volver a recalcar que creo que el informe del Parlamento constituye una ayuda importante y espero poder contar con el apoyo continuado del Parlamento en nuestros esfuerzos para seguir mejorando el bienestar de los animales utilizados para la experimentación en la Unión Europea. 
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo ha expresado en varias ocasiones su firme convicción acerca de este asunto y se ha declarado en contra de la utilización de animales de laboratorio en casos en los que se repiten experimentos que ya se han llevado a cabo en otros países tecnológicamente avanzados, cuando existen métodos alternativos aprobados a escala internacional y cuando los productos en cuestión no son estrictamente necesarios, como es el caso de los cosméticos. 
La Directiva 86/609 establece límites y normas que los países de la Unión Europea tienen que respetar para garantizar la máxima protección de los animales. Espero que estos se apliquen en toda la Unión Europea. 
Sin embargo, debemos recordar que las personas que dedican su vida a la investigación científica son profesionales cualificados, como lo son los asesores científicos de la Comisión, que son plenamente conscientes de esta responsabilidad y realizan experimentos con el noble objetivo de erradicar enfermedades que hoy en día son incurables y mortales. 
Además, tenemos que reconocer que en la actualidad todavía tenemos que usar primates subhumanos para ciertos fines. Esta práctica es necesaria para evaluar la efectividad y la seguridad de las vacunas del sida- cada año siguen muriendo dos millones de personas -, para la producción de vacunas de anticuerpos monoclonales para combatir enfermedades como el cáncer, la polio, la tuberculosis o la malaria, o cuando no se dispone de otros métodos alternativos. 
Comisaria, prohibir este tipo de experimentos con primates supondría poner en peligro las vidas de muchos niños y adultos, privándolos de medicamentos y vacunas que son esenciales para preservar sus vidas. 
He presentado tres enmiendas. 
Voy a retirar la segunda, pero las enmiendas 1 y 3 se mantienen tal como están. 
La enmienda 1 reviste una importancia especial para mí, y por ello espero que mañana la razón prevalezca sobre la emoción, porque es fundamental para la protección de la salud humana. 
Si la enmienda 1 no se aprueba, lamentablemente me veré obligado- como ya he comunicado a la ponente- a abstenerme en la votación final. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera darle las gracias a la Sra Evans por su excelente informe y agradecer a la Sra. Wallström la acogida tan positiva que ha dado al informe del Parlamento. 
Creo que teníamos razón al señalar la aplicación insuficiente de la Directiva de 1986 por parte de los Estados miembros. 
También pienso que el informe muestra claramente la necesidad de endurecer las reglas actuales. 
Apoyo plenamente la obligación de la Comisión, antes del año que viene, de presentar una propuesta acerca del modo en que los experimentos con animales van a estar regulados en el futuro. 
Entre los aspectos que creo que habría que endurecer está el ámbito de aplicación. 
Creo que sería importante que los experimentos con animales incluyeran el uso de éstos con fines educativos, y también debemos considerar las condiciones en las que se utilizan animales transgénicos y modificados genéticamente en experimentos. 
Tenemos que establecer reglas éticas claras. 
También creo que es muy importante que obtengamos una base de datos centralizada de experimentos con animales que estén aprobados, tanto los que están en curso como los que ya se han realizado, y tanto los que se han llevado a cabo con éxito como los que han sido un fracaso. 
Creo que es importante que contemos con una base de datos combinada de este tipo para evitar repetir experimentos que ya se han realizado. Por último, quiero apoyar la idea de la Sra. Evans de mejorar la supervisión de las condiciones en las que se crían los animales, quizás mediante una inspección común de la Unión Europea que garantice el cumplimiento de las reglas. 
Permítame decir que apoyo la enmienda 3 y que la votación será libre para la enmienda 4 en el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Por otra parte, no apoyamos las enmiendas 1 y 2. 
Espero ansiosamente una propuesta de la Comisión que esté a la altura de las expectativas que muestra el informe del Parlamento, inspirado por la Sra. Evans. 
Señora Presidenta, empezaré diciendo que no pertenezco al grupo de extremistas de los derechos de los animales ni por naturaleza ni por inclinación, nunca he sido vegetariano y no soy de los que les gusta dormir con el perro encima de la cama. 
Creo firmemente que no nacemos queriendo a los animales, pero tenemos el deber de respetarlos. También ésta es una manera de medir el grado de civilización de un pueblo. 
La falta de atención casi total por parte de muchos Estados miembros a la necesidad de aplicar adecuadamente la Directiva 86/609 relativa a los animales utilizados con fines experimentales, las terribles deficiencias de la propia Directiva y el retraso en darse cuenta de la necesidad de actualizarla confirman como mínimo dos cosas: primero, que el bienestar de los animales es un tema tabú en esta Europa rica y opulenta, y segundo, que los grupos de presión económicos internacionales todavía consiguen bloquear el debate político libre acerca de ciertos temas. 
Admitir, como yo lo hago, que el progreso científico incluye la experimentación con animales no significa permitir que los Estados miembros incumplan y violen repetidamente las normas y ocasionen sufrimiento innecesario a los animales de laboratorio. 
Por lo tanto, la Comisión Europea debe agilizar su proceso de reforma en este ámbito y reforzar el control y seguimiento de los Estados no sumisos, y el Parlamento, sin permitir que haya tensiones entre su cabeza y su corazón, debe armarse de valor, con la resolución que hoy tenemos ante nosotros de coger las armas y hacer la guerra ideológica al egoísmo y las maneras perversas de la humanidad, y sin poner en peligro la investigación científica, confirmar nuestra incuestionable obligación de respetar a los animales indefensos. 
Señora Presidenta, Comisaria, es tarde, así que voy a ser breve. 
Estoy encantada con este informe. 
Gracias a la Comisaria por lo que acaba de decir. 
Estoy encantada de que las enmiendas que propuse fueran aceptadas por todos los miembros de la Comisión de Medio Ambiente. 
También quiero darle las gracias a mi amigo el Sr. Nisticò aunque estemos en desacuerdo en una cuestión. 
Creo que es moralmente censurable sacar a los primates de su estado salvaje. 
Si pensamos que no podemos pasar sin ellos, entonces debemos criarlos. 
Yo vengo de un país en el que ya no nos atrevemos a tener a estos animales en un zoo, ni siquiera en el zoo de Schönbrunn, que es el más bonito y antiguo del mundo. 
La última vez que una compañía farmacéutica se atrevió a traer dos chimpancés de África a Austria, estos fueron rescatados. 
Ahora viven con los nombres de Liesl y Hiasl en un centro de salvamento animal en Viena, y son muy queridos por el público. 
Como dijo una vez un famoso jurista inglés, no nos preguntamos si los animales piensan o si los animales hablan. 
No, nos preguntamos si pueden sufrir. 
Y sin duda pueden. 
Señora Presidenta, siempre es un placer escuchar a una ponente comprometida y a una Comisaria comprometida hablar de su preocupación común en este asunto. 
Eso ha permitido, como es lógico, acortar el debate, ya que no se han presentado preguntas. 
Quiero decir dos cosas. 
En primer lugar, es extraordinario que una Directiva aprobada en 1986 no haya sido todavía aplicada como es debido en algunos Estados miembros. 
Creo que el informe de la Sra. Evans ha servido como mínimo para llamar nuestra atención sobre la necesidad de acelerar el proceso, porque es un aspecto central para la reforma de nuestros procedimientos en general: en la actualidad, la aplicación y cómo se realiza, y no la innovación, es siempre nuestro lema. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Lund sobre las enmiendas del Sr. Nisticò. 
Tengo que decir con todo respeto que no creo que pueda apoyar las enmiendas 1 y 2 que ha retirado. 
La razón es, simplemente, que me parece que se devalúa a los animales capturados en libertad, como si fueran un suministro barato que puede traerse, mientras que todas nuestras preocupaciones se centran en los animales nacidos en cautividad y a los que están en los laboratorios. 
También creo que tenemos que analizar muy detenidamente esta Directiva, con el fin de determinar la forma en que el proceso de experimentación funcionará en el futuro. 
Tenemos el tríptico presentado por la Sra. Evans: sustitución, reducción y rebaja. 
Yo añadiría la reflexión: tenemos que reflexionar antes de que se lleve a cabo cada experimento. 
¿Por qué vamos a hacerlo? 
¿Lo vamos a duplicar? 
¿Cuáles van a ser los resultados? 
Será un buen día para el Parlamento, y también para los animales en cuestión, si podemos hacerlo. 
Señora Presidenta, se ha dicho mucho esta tarde sobre este tema. 
Cada orador ha explicado su postura de forma calmada y resuelta, y yo no quiero utilizar todo el tiempo del que dispongo por miedo a repetir lo que ya se ha dicho. 
La Directiva 86/609 establecía disposiciones que reflejaban el entendimiento- bastante limitado todavía- de la época. 
Han transcurrido más de 15 años desde entonces, y durante este tiempo diría que apenas ha tenido efecto alguno, porque todos los días recibimos noticias que no tratan precisamente de situaciones que se ajusten a la Directiva, sino de maltrato de animales y comportamientos ilegales. 
Los Estados no han cumplido de ninguna manera la Directiva, y el conjunto de la sociedad- tanto la sociedad humana como, por supuesto, el reino animal- se ha sentido desprotegida. 
El informe incluye varias disposiciones muy específicas sobre el comportamiento de países sin duda importantes- Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, España y el Reino Unido- que se han comportado de modo distinto, pero en cualquier caso, de manera que justifica la aserción de que casi ningún Estado ha cumplido la Directiva durante mucho tiempo. 
El incumplimiento de la Directiva ha tomado formas diferentes, pero sigue siendo incumplimiento. 
Pocos países de la Unión Europea han escapado a las críticas, y puede que sea porque en la fecha en cuestión todavía no formaban parte de la Unión Europea y por tanto no han sido evaluados. 
Pienso que debe haber un compromiso a este respecto. 
Las propuestas del informe son sin duda sólidas, las recomendaciones por parte de la Comisaria- aunque pienso que es un poco demasiado optimista- son sin duda sólidas, pero lo importante es que la legislación se aplique, y para ello necesitamos inspectores, necesitamos seguimiento, necesitamos todos los esfuerzos posibles para asegurar que se respete la Directiva, incluso antes de empezar a revisarla. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas. 
Permiso de residencia de corta duración 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0397/2002) de la Sra. Sörensen en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la expedición de un permiso de residencia de corta duración a las víctimas de la ayuda a la inmigración ilegal o de la trata de seres humanos que cooperen con las autoridades competentes [COM (2002) 0071- C5-0085/2002- 2002/0043 (CNS) ]. 
Señor Presidente, Señorías, antes de entrar en el debate propiamente dicho del informe de la Sra. Sörensen, quiero expresar mi reconocimiento por la calidad del trabajo y felicitarle por su implicación personal en la lucha contra el verdadero azote que supone la trata de seres humanos. 
La propuesta de Directiva que nos ocupa hoy representa sin lugar a dudas un problema enormemente preocupante; la inmigración ilegal en sus dos modalidades especialmente abyectas: por una parte, el desarrollo de redes de contrabandistas que actúan por motivos muy distintos de los humanitarios, y por otra, la explotación de migrantes en el contexto de la trata de seres humanos. 
Esta Directiva afecta, más concretamente, a las víctimas de la trata y el contrabando en cualquiera de estas dos formas de delito, que no deben confundirse entre sí. 
Uno de los elementos clave para desarticular las redes que explotan a los migrantes radica en la obtención de información. 
Las víctimas se encuentran en situación inmejorable para poder proporcionar este tipo de información a las autoridades. 
Y, sin esta información, las autoridades encontrarán mayores dificultades para luchar contra las redes de trata de seres humanos. 
El objetivo de esta propuesta consiste, por consiguiente, en reforzar los instrumentos para combatir tales redes, estableciendo un permiso de residencia para las víctimas de la ayuda a la inmigración ilegal o de la trata de seres humanos con unas disposiciones que les animen a colaborar con las autoridades competentes contra los autores de las infracciones en cuestión, pero evitando cualquier tipo de abuso en la utilización de este mecanismo. 
Conviene resaltar que, dado que la trata de seres humanos y la ayuda a la inmigración ilegal se encuentran a menudo relacionadas entre sí, el ámbito de aplicación del texto abarca ambas infracciones, porque en el fondo son elementos de una misma lucha. 
. (NL) Señor Presidente, permítame comenzar agradeciendo a todos los colegas diputados que tanto han contribuido con su tiempo y su esfuerzo a lo que considero ha sido un ejercicio de colaboración tremendamente fructífero. 
Fue a mediados de septiembre y en esta misma Cámara cuando la Organización Internacional para las Migraciones y la Comisión Europea decidieron organizar la conferencia más importante jamás convocada sobre el tema de la trata de seres humanos. 
El resultado fue la llamada Declaración de Bruselas, que refleja claramente la importancia fundamental de la Directiva que nos ocupa y sobre la que debemos pronunciarnos hoy. 
Es importante dejar sentado desde un principio que la trata y el contrabando de seres humanos constituyen parte integrante de nuestra economía actual. 
En esencia se trata de conceder a las personas una consideración que en nada les diferencia de una mercancía. 
Al mismo tiempo, las víctimas de la trata de seres humanos son víctimas de toda una gama de abusos y prácticas delictivas. 
La trata de seres humanos se ha convertido a su vez en el tema central de múltiples comisiones, en las que todo el mundo parece querer adoptar su propia postura al respecto. 
Lo que a menudo se pasa por alto es el hecho de que la trata de seres humanos está proliferando porque la corrupción, junto con la indiferencia y el escepticismo, también está proliferando. 
En algunos de los países que pronto llegarán a convertirse en miembros de la Unión Europea, los padres venden a sus hijos con la esperanza de proporcionarles un futuro mejor. 
Esta propuesta de Directiva constituye un primer, y por ende importante, paso hacia una posible actuación concreta. 
La Directiva exige a los Estados miembros expedir un permiso de residencia de corta duración a las víctimas del contrabando o la trata de seres humanos, dispuestas a cooperar con las autoridades competentes. 
La esencia de la propuesta radica en que aquí sí tienen los gobiernos y las víctimas intereses compartidos: acabar con las redes criminales. 
A efectos de esta Directiva especial, la Comisión ha considerado conjuntamente el contrabando y la trata de seres humanos. 
De hecho, en términos estrictamente legales se trata de dos cosas muy diferentes, pero en la práctica resulta tremendamente difícil concretar esa distinción. 
Esta propuesta de Directiva se fundamenta, no obstante, sobre profundos conocimientos prácticos de expertos en la materia. 
La experiencia que hemos acumulado en Bélgica, por ejemplo, demuestra que el instrumento de un permiso de residencia de corta duración no resulta desencaminado. 
Otros Estados miembros poseen igualmente sistemas parecidos, aunque con diferentes grados de éxito. 
Yo apoyo plenamente la propuesta de la Comisión y es de vital importancia que su contenido permanezca intacto. 
En primer lugar, y sobre todo, esto significa que algunas de las enmiendas estudiadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores son inaceptables, concretamente desde mi punto de vista las enmiendas 7 y 27, por la sencilla razón de que destrozan la propuesta. La convierten en una carcasa vacía. 
El voto a favor de estas enmiendas no es sino una aprobación tácita de las prácticas de la delincuencia organizada. 
Lo que quiero decir es que la piedra de toque de esta Directiva es la provisión social mínima para las víctimas. 
Una víctima jamás querrá cooperar si no se le ofrece el punto de partida de una alternativa a la situación en que se encuentra actualmente. 
Permítame comentar brevemente otros dos aspectos. 
En primer lugar, hay personas que desearían ver aplicada inmediatamente esta Directiva también a los menores de edad. 
A primera vista puede parecer una buena idea, sencillamente porque nunca podremos hacer lo suficiente en favor de la posición extremadamente vulnerable de los menores. 
Sin embargo, tiende a olvidarse que lo que esta Directiva ofrece, en resumidas cuentas, es solamente un mínimo. 
A los menores se les ofrece actualmente mucho más en todos los Estados miembros y, por tanto, estaríamos dando un paso atrás si a los menores únicamente se les concediera este mínimo de protección y de derechos. 
Esto no cambia para nada la necesidad real de hacer un esfuerzo especial en pro de las víctimas que sean menores de edad. 
Por último, quisiera decir algo más en relación con algunas de las enmiendas originales de la Sra. van der Laan, las enmiendas 20, 25 y 35. 
Su sagaz mente legal prevé la posibilidad de que, en algunos casos concretos, las autoridades acepten el contacto entre víctima y delincuente con el fin de favorecer la investigación. 
Es una idea tentadora, pero representa una bomba de relojería legal en muchos países. 
El riesgo de secuestros o incluso de maquinaciones e intimidaciones también es muy real. 
Las víctimas que están dispuestas a cooperar con las autoridades no quieren tener absolutamente ningún contacto con los delincuentes, ni siquiera a distancia. 
Quiero resaltar además que esta Directiva asigna un papel especial a las ONG especializadas y registradas, así como a las organizaciones internacionales y las agencias gubernamentales. 
Tal como ha dicho acertadamente la Sra. Van der Laan- y, aunque debido a un error técnico, no aparece en el texto que tienen ustedes delante, pero ha quedado anotado en la lista de votación- las ONG también tienen un papel especial a desempeñar como intermediarias entre los servicios de investigación y de procesamiento, por una parte, y la víctima, por otra. 
A este respecto resulta importante reseñar que siempre que se habla de Organizaciones No Gubernamentales, tienen que ser ONG reconocidas por el Estado. 
Al fin y al cabo, cualquiera puede fundar una ONG, incluso los delincuentes. 
O, como ocurre en no pocas ocasiones, puede haber infiltrados en las ONG que las manipulan. 
Creo, por consiguiente, que todo el mundo involucrado en este asunto debe suscribir un código de conducta. 
Señor Presidente, Señorías, las estimaciones internacionales indican que los tratantes de seres humanos transportan anualmente hasta 700 000 personas, principalmente mujeres y niños. 
Cada año entran en la Unión Europea 120 000 mujeres y niños, sólo de los países de Europa Central y Oriental. 
Estas cifras no contemplan la inmigración ilegal ni el contrabando de seres humanos. 
Queda así puesta de relieve la necesidad urgente de medidas coordinadas contra esta modalidad de delincuencia organizada. 
La propuesta de Directiva, que establece la expedición de un permiso de residencia de corta duración para las víctimas que cooperen con las autoridades competentes, representa un paso importante. 
Hasta ahora, no ha existido ninguna disposición paneuropea que se ocupara de las víctimas de acciones para la ayuda a la inmigración ilegal o de la trata de seres humanos. 
Los permisos de residencia de corta duración propuestos aquí no inhabilitarán la práctica actual de deportar a los inmigrantes ilegales. 
Al revés, las autoridades estarán en situación de obtener información y pruebas acusadoras por parte de las víctimas que colaboren, con el propósito de arrestar a los tratantes y contrabandistas de seres humanos y emprender acciones penales contra ellos. 
La deportación inmediata de las víctimas puede servir para maquillar las estadísticas, pero no nos acerca lo más mínimo a la consecución de nuestro objetivo de combatir eficazmente el delito organizado, mientras que los permisos de residencia de corta duración para las víctimas que desean cooperar permiten identificar estructuras, desarticular círculos criminales y poner a los delincuentes a disposición de la justicia. 
Ése debe ser nuestro objetivo. 
En este punto me gustaría volver a dar las gracias muy sinceramente a la Sra. Sörensen por su enorme implicación en este informe. 
También quiero dar las gracias a la Comisión y a los demás Grupos por su provechosa cooperación, que considero se ha traducido en el buen resultado final del informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, estamos a punto de expresar nuestra opinión acerca de un texto enormemente importante, que se ocupa de la cuestión de combatir el crecimiento de redes de contrabandistas que explotan a hombres, mujeres y niños en la forma de trata de seres humanos. 
El objetivo, por tanto, consiste en expedir un permiso de residencia de corta duración a favor de las víctimas de estas redes que cooperen con la justicia o con la policía. 
Medidas de este tipo ya se encuentran en vigor en Bélgica, en los Países Bajos y en Italia y han producido efectos muy positivos. 
El informe de la Sra. Sörensen, a quien deseo expresar particularmente mi gratitud, hace referencia al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Las organizaciones no gubernamentales deben desempeñar un papel más preponderante a la hora de asistir a las víctimas de la trata de seres humanos y hemos reforzado los derechos de las víctimas al permitirles presentar una solicitud de asilo. 
No sería justo denegarles este derecho por el hecho de que frecuentemente sólo dispongan de documentos de identificación falsos. 
Señalemos que es esencial que los Estados miembros se obliguen a preservar el anonimato de las víctimas de la trata de seres humanos celebrando sólo juicios a puerta cerrada. 
Así pues, estamos a punto de conseguir un gran avance en Europa en la lucha contra la trata de seres humanos. 
Sin embargo, deseo llamar su atención sobre las enmiendas 7 y 27, que deniegan al titular de un permiso de residencia el derecho a acceder al mercado laboral, a la formación profesional y a la educación. 
Este derecho está recogido en el artículo 12 de la propuesta de la Comisión. 
La supresión de esta disposición distorsionaría completamente la Directiva. 
Las víctimas que carezcan de posibilidades para salir de la situación en que se encuentran tendrían grandes dificultades para cooperar con las autoridades policiacas y caerían fácilmente de nuevo en manos de las redes mafiosas. 
Esta iniciativa hará más fuertes a las víctimas y les ayudará a cortar las ataduras con su pasado ilegal tan pronto como hayan cercenado las relaciones con la red delictiva. 
Insistimos en que los Estados miembros siguen siendo libres de supeditar la emisión de permisos a la participación de las víctimas en un programa de rehabilitación, destinado a promover su integración en el país de acogida o el retorno a su país de origen. 
Estamos obligados a proporcionar ayuda y asistencia a las víctimas. 
Esta es la forma de asegurar que sean hombres y mujeres respetuosos con la ley. 
Señor Presidente, señor Comisario, todos los días son objeto de abusos y violaciones en Europa personas, cuyo único anhelo es labrarse en nuestro continente un futuro o una nueva vida para sí o para sus familias. 
Sus aspiraciones son objeto de odiosa explotación por todo tipo de aprovechados, incluidos los que transportan a estas personas hasta Europa y los que explotan su vulnerabilidad dentro de nuestros propios Estados miembros. 
Muchas mujeres jóvenes ven destrozadas sus vidas por la prostitución y las drogas. 
Otras son explotadas en trabajos peligrosos y remuneradas de forma miserable, al margen de cualquier tipo de sistema de protección social. 
Así pues, es necesario luchar contra la gente que se dedica al contrabando y a la trata de seres humanos con todos los medios que el Estado de derecho pone a nuestro alcance. 
Esta Directiva nos proporciona una oportunidad adicional de capturar a los principales culpables. 
Tenemos naturalmente la responsabilidad de ayudar a las víctimas y ofrecerles la posibilidad de una vida mejor. 
Creo que muchas de ellas pueden tener sobradas razones para permanecer dentro de la Unión Europea si así lo desean, pero siempre dentro de los cauces habituales. 
Con la ayuda de las víctimas, lo que cuenta es poder ponerles la mano encima a los grandes villanos. 
Al mismo tiempo, se ha de encontrar un equilibrio justo y sensato entre ayudar a las víctimas y poner coto a la actividad delictiva, una combinación de humanitarismo y de Estado de derecho. 
La propuesta de la Sra. Sörensen mejora la Directiva que, de todas formas, se puede perfeccionar. 
Ella misma ha mencionado una serie de propuestas. 
Cabe señalar a este respecto las organizaciones individuales y las autoridades estatales responsables, pero lo que importa igualmente es que la Directiva especifique que se autoriza a las víctimas a acceder al mercado laboral, un aspecto que de momento no está contemplado en esta propuesta. 
Quiero apoyar lo que se ha dicho, en el sentido de que tiene que existir para las personas la posibilidad clara de salir de la angustia y los graves problemas que se originan por el hecho de ser tan vulnerables. 
Quiero dar las gracias a la Sra. Sörensen por su excelente trabajo. 
Señor Presidente, probablemente no exista nadie en esta Cámara, ni fuera de ella, capaz de afirmar que no desea combatir este tipo de actividad delictiva. 
Soy totalmente consciente de que la policía y los servicios judiciales están deseando disponer de una Directiva marco. 
Como políticos, sin embargo hemos de hacer una valoración global y, como ha dicho el orador anterior, sopesar diferentes intereses. 
No me gustan los textos que confunden los delitos contra la persona con los delitos contra el Estado. 
Hemos tenido problemas en este sentido con Directivas anteriores que versaban específicamente sobre la trata de seres humanos. 
Naturalmente, necesitamos cooperación policial bilateral que haga honor a tal denominación. 
Ése, precisamente, es uno de los problemas. 
Las Directivas, por tanto, no sirven de mucho. 
La mayoría de las personas a las que se refieren actualmente son mujeres y niños que son objeto de explotación sexual. 
No puedo apoyar este informe debido a lo que considero es un planteamiento cínico respecto de estas personas. 
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión constituye un intento loable como Unión para abarcar más ampliamente el contrabando y la trata de seres humanos. 
Las circunstancias en las que la gente entra ilegalmente en un país son trágicas y degradantes. 
Hay que emplear todos los medios legales para detener a los delincuentes que no muestran ninguna compasión en su afán por ganar mucho dinero. 
Los medios propuestos aquí pueden contribuir a este fin. 
Hace unos años entró en vigor con éxito en los Países Bajos una legislación similar para las víctimas de la trata de seres humanos. 
No obstante, la Sra. Sörensen ha señalado inmediatamente el punto flaco de la propuesta de la Comisión. 
La definición de «víctimas de la ayuda a la inmigración ilegal» resulta confusa. 
Ella propone seguir el camino señalado por el protocolo de Naciones Unidas contra el contrabando de seres humanos y utilizar el término «víctimas del contrabando de seres humanos». 
La Comisión se opone a seguir esta orientación precisamente para evitar confusiones. 
Esta Directiva afecta de hecho a un grupo distinto de personas que el considerado en el protocolo de Naciones Unidas. 
La Directiva sólo se ocupa de aquellas personas que pueden considerarse razonablemente como víctimas y que han sufrido daños tales como amenazas de muerte o ataques a su integridad física. 
Comprendo este razonamiento, pero pienso que la definición de la Comisión puede producir, cuando menos, el mismo número de malos entendidos. 
Realmente estamos hablando de los mismos términos. 
El problema radica en que el término tiene que destacar que las personas implicadas han sufrido un daño desproporcionado. 
La Sra. Sörensen intenta resolverlo proponiendo la formulación «víctimas del contrabando de seres humanos que desemboca en explotación». 
Pero esta terminología tampoco cubre las necesidades porque, entonces, ¿qué ocurre con el daño físico a que hace referencia la Comisión? 
Ambas definiciones amenazan con permitir abusos de la legislación. 
El Consejo debe estudiar cuidadosamente si el delito de contrabando de seres humanos debe incluirse en la Directiva de esta manera. Especialmente desde el momento en que legislación en este ámbito sólo existe en España. 
Quiero apuntar asimismo que no me parece una buena idea eliminar el artículo 12. 
El acceso al mercado laboral, a la formación profesional y a la educación sólo es una parte de lo que este sistema debe contemplar. 
Si se omite, ¿qué razones puede tener entonces la víctima para cooperar en los trámites contra los contrabandistas y tratantes de seres humanos? 
Es precisamente por medio de la posibilidad de ganar un poco de dinero y de recibir cierta formación como finalmente se les proporciona mayores oportunidades en su país de origen y como se le concede más oportunidades a los propios países de origen. 
Señor Presidente, la resolución sometida al Parlamento recaba su justificación legal de un marco institucional en el que no resulta difícil reconocer el compromiso de las instituciones europeas, en particular el Parlamento Europeo, con la acción importante y necesaria de erradicar una de las formas existentes más peligrosas y vergonzosas de tráfico criminal: la trata de seres humanos. 
No debemos olvidar que además comprende el fenómeno aún más aterrador, que a menudo se omite o se pasa por alto, del tráfico de órganos humanos. 
A este respecto, las autoridades legales de mi país ya han llevado a cabo numerosas investigaciones minuciosas, especialmente en relación con la frontera nororiental, que hace muchos años vio desaparecer los controles fronterizos como consecuencia de una decisión irresponsable. 
Me referiré ahora al contenido de la resolución. 
Sin menoscabo de las razones fundamentales que sustentan este enfoque, que por supuesto debe ser respaldado, -precisamente por estas razones y debido a la necesidad de dar pasos concretos para paralizar la trata de seres humanos y el fomento de la inmigración ilegal- no podemos ignorar el riesgo. 
El peligro consiste en que, mediante la aplicación práctica de estas leyes en apoyo de quienes cooperan, podemos crear vías subrepticias clandestinas a través de las cuales las mismas organizaciones pueden, mediante una cooperación falsa o superficial, establecer otros métodos de introducir ilegalmente personas en el territorio de la Unión Europea. 
Por eso resulta extremadamente importante limitar el alcance y los procedimientos legales, así como definir con claridad los procedimientos legales de este proceso, precisamente para evitar retrasos artificiales y la posibilidad de retornos. 
Por último, quiero recordar a la víctima de un horrendo crimen de signo racista en sentido inverso hace dos años: un joven sueco asesinado por racistas en Salem, un suburbio de Estocolmo. 
Señor Presidente, yo también quiero explicar una vez más por qué nos sentimos totalmente incapaces de votar a favor de este informe; las premisas sobre las que se sustenta son totalmente equivocadas. 
Los migrantes se ponen en manos de los tratantes y contrabandistas de seres humanos porque la inmigración legal en la «fortaleza Europa» resulta prácticamente imposible hoy en día. 
Ése y sólo ése es el punto de partida de todo esto. 
Ésa es la razón por la que se produce la trata y el contrabando de seres humanos en primer lugar, y la gente se encuentra en una situación precaria porque los que llegan aquí por esas vías se ven obligados a actuar de forma ilegal. 
Y sólo por esa razón es posible someterles a una explotación hasta el grado en que son explotados. 
A este respecto, puedo afirmar que por lo menos encuentro honesta la propuesta de la Comisión, ya que el propio título deja bien claro que trata de asegurar que las distintas formas de inmigración ilegal resulten más difíciles, en vez de tratar de ayudar a los «clientes» de los responsables de la trata y del contrabando de seres humanos. 
Eso se desprende del hecho de que este informe también versa sobre contrabandistas que no hacen otra cosa que transportar gente al otro lado de las fronteras a cambio de un dinero. 
Por eso, lo único que tengo que decir es lo siguiente: si realmente se tratara de ayudar a la gente, como han sugerido algunos diputados, entonces deberíamos estar trabajando en el sentido de abolir la reglamentación fronteriza de una manera coherente y de garantizar que la gente tenga libertad para elegir en qué lugar del mundo quiere vivir. 
Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar dando las gracias a todo el mundo por su contribución a este debate y por el respaldo expresado a la propuesta de la Comisión. 
Estamos de acuerdo con las enmiendas tendentes a clarificar el sistema que ha sido propuesto. Me refiero aquí a la simplificación del permiso de residencia, a la posibilidad de ampliar el periodo de reflexión razonable cuando existan motivos serios y a la necesidad de que la víctima, a la que se haya facilitado un permiso de residencia, continúe a disposición de las autoridades competentes. 
Del mismo modo, podemos apoyar las enmiendas que especifican que la víctima debe ser informada en un idioma que entienda o que pueda presentar una solicitud de asilo, así como las enmiendas que prevén la posibilidad de apelar contra la decisión de retirar o no renovar el permiso de residencia, así como que la retirada de la autorización debe obedecer a una razón sólida. 
Apoyamos también las enmiendas que procuran clarificar ciertos conceptos, tales como la gravedad de las infracciones cometidas o los ejemplos de personas vulnerables. 
Sin embargo, no podemos respaldar las propuestas que eliminan la concesión de beneficios sociales como el acceso al mercado laboral, a la formación profesional y a la educación. 
Estamos hablando de permisos de residencia de corta duración y estas medidas no sólo tendrán un notable impacto económico, sino que constituirán sobre todo un incentivo importante para la cooperación con las autoridades policiales. 
Del mismo modo entendemos que los menores no deben quedar incluidos en el régimen común. 
La dotación de un marco específico que garantice mayor protección para los menores, que son víctimas particularmente vulnerables, es de importancia capital. 
Por último, creemos que proporcionar a las víctimas la oportunidad de mantener contactos con las redes de tratantes con el fin de actuar como informadores puede tener consecuencias terribles. 
Tenemos que ser conscientes del poder de estas redes, de la vulnerabilidad de las víctimas y del riesgo que entrañaría este tipo de solución. 
Finalmente, no podemos aceptar las enmiendas que, a pesar de razonables y fundamentadas, parecen sobrepasar la base jurídica de este instrumento: me refiero a la protección de la vida privada, a la identificación de la víctima durante el proceso judicial y al reconocimiento del daño sufrido y la compensación por el mismo, todos ellos aspectos de los que se ocupan otros textos, tanto de ámbito europeo como nacional. 
Quiero agradecer de nuevo al Parlamento por el apoyo dispensado a esta iniciativa de la Comisión. 
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Esto nos lleva al siguiente punto del orden del día, pero existe un pequeño problema. 
El Señor Prodi, Presidente de la Comisión, viene de camino, pero tardará todavía un poco en llegar a la Cámara. 
Por consiguiente, la sesión queda suspendida durante algunos minutos. 
(La sesión, interrumpida a las 9.35, se reanuda a las 9.45 horas). 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre su contribución a los trabajos de la Convención Europea. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión presenta hoy su segunda contribución a la Convención sobre la futura estructura institucional de la Unión. 
Para evitar malentendidos creados por las noticias de prensa, quisiera aclarar de entrada que hoy estoy aquí para presentar únicamente el texto adoptado por la Comisión, tal como se ha acordado. 
El documento relativo a la Constitución de la Unión Europea, difundido por la prensa, no es más que un documento de trabajo, un estudio de viabilidad que los Comisarios Barnier, Vitorino y yo mismo encargamos a un grupo de expertos jurídicos de la Comisión, con el fin de tener una idea inicial sobre cómo podría organizarse un Tratado. 
El documento se ha redactado esencialmente sobre la base de la estructura del borrador preeliminar presentado a la Convención por el Praesidium. 
Como no es más que un instrumento técnico de trabajo, como ya he explicado, no ha sido discutido por el Colegio de Comisarios ni sometido a su aprobación, de modo que éste no tiene ninguna responsabilidad política sobre su contenido. 
Aunque ha sido formulado fundamentalmente para uso interno, consideré que era mi deber informar al Sr. Giscard d ' Estaing sobre su existencia y, en aras a la transparencia, hemos decidido publicarlo en Internet al término del día, como ya han hecho otros en el pasado, como herramienta de trabajo para la Convención y para todos aquellos que estén interesados. 
Para marcar el tono de mi presentación y del debate posterior, quiero recordar a alguien que desempeñó un papel destacado en la colocación de los primeros cimientos del proyecto europeo. 
Esto es lo que dice Jean Monnet de su famoso método: «Nunca he pensado que pudiéramos cambiar la naturaleza humana. 
Pero cambiando el contexto en el que viven los pueblos, dándoles las mismas normas y las mismas instituciones democráticas, podemos cambiar su forma de relacionarse entre ellos. 
Dentro de la Comunidad, los europeos están aprendiendo a vivir juntos como un mismo pueblo. 
No somos estados en proceso de fusión; somos seres humanos que se unen.» 
Si queremos mirar adelante, a un futuro lejano, tenemos que subirnos sobre las espaldas de los grandes hombres de Estado que nos han precedido. 
Ello requiere un enfoque responsable y humilde; y con humildad propongo seguir la intuición de Jean Monnet para enfrentarnos a los grandes retos del futuro. 
Para unir a todos los ciudadanos de Europa debemos crear una verdadera armonía entre Estados y entre pueblos. 
El debate que se ha entablado en los últimos meses, desde que se iniciara la Convención, ya ha aclarado numerosos aspectos borrosos y contestado a muchos interrogantes. 
En primer lugar, el debate ha demostrado que los ciudadanos no quieren que la Unión abandone ámbitos en los que se encuentra presente. 
Por el contrario, los ciudadanos quieren que la Unión desempeñe un papel más destacado en política exterior, justicia, seguridad y asuntos sociales. 
Es más, existe un amplio acuerdo en torno al método de la Unión, ya que gracias al mismo hemos obtenido muchos logros. 
Por supuesto, es necesario especificar y aclarar la relación entre las instituciones principales, pero incluso los más escépticos han tomado conciencia de que sin un elemento comunitario fuerte, Europa sería menos eficaz y menos democrática. 
Nuestra contribución a la Convención pretende responder a estas preocupaciones. 
En pocas palabras, los objetivos son tres: la Unión ha de ser más democrática, más eficaz y más transparente. 
La senda por la que debemos caminar en pos de estos objetivos aún no ha quedado marcada en detalle, pero ya sabemos dónde se encuentran los puntos de partida y de llegada. 
El rediseño de la Unión debe basarse en su doble naturaleza de Unión de pueblos y de Estados, junto con una tercera fuente de legitimidad: la Unión es también la garante del interés común. 
Este camino debe llevarnos a construir la primera democracia supranacional real en el mundo. 
Para dar una mayor sustancia democrática a nuestra estructura, debemos establecer de forma más clara los papeles y las responsabilidades de nuestras principales instituciones. 
Así pues, planteamos dos propuestas de reforma. 
La primera se refiere al nombramiento de la Comisión. 
El Presidente de la Comisión debería ser elegido por el Parlamento Europeo con dos tercios por lo menos de los votos emitidos en sufragio secreto. 
Una vez confirmado el nombramiento del Presidente de la Comisión, el Consejo, de común acuerdo con él, deberá designar a los demás miembros de la Comisión. 
Seguidamente, el Parlamento Europeo deberá ratificar el conjunto de la Comisión, tal como haya sido nombrada por el Consejo. 
La segunda innovación se refiere a la doble responsabilidad de la Comisión ante el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Nosotros proponemos que ambas instituciones tengan derecho a plantear una moción de censura contra la Comisión. 
Ello proporcionará al triángulo institucional un mayor equilibrio y reforzará la posición de la Comisión como garante del interés general. 
Evidentemente, se trata de una propuesta especialmente delicada y atrevida, pero, en mi opinión, el mecanismo propuesto divide el poder decisorio de manera más equilibrada entre los representantes de los gobiernos nacionales y los representantes de los pueblos, es decir, entre el Consejo y el Parlamento. 
Por la misma razón, proponemos convertir en norma la codecisión. 
Toda la legislación europea debe ser fruto de una propuesta de la Comisión, adoptada por mayoría en el Consejo y codecidida por el Parlamento Europeo. 
Por último, como ya he dicho a menudo en esta Cámara, ha llegado el momento de poner al Parlamento en pie de igualdad con todos los demás parlamentos elegidos democráticamente, mediante la reforma del sistema de financiación de la Unión. 
Sus responsabilidades son las propias de todos los parlamentos del mundo. 
Queremos dar al Parlamento Europeo más poder para decidir sobre los recursos. 
Por tanto, el presupuesto de la Unión debe ser adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo, mediante un procedimiento derivado de la codecisión, como acabo de decir. 
Como reconoce asimismo el Praesidium en el borrador de Tratado Constitucional, la Unión debe tener sus propios recursos. 
Esto eliminaría la distinción entre el gasto obligatorio y no obligatorio. 
Señorías, los puntos clave de la Comunicación conforman una unidad. 
La legitimidad democrática de nuestras instituciones, por ejemplo, está íntimamente ligada a sus funciones. 
Nuestras propuestas principales en este sentido pueden resumirse en tres puntos. 
El primer punto es abolir el voto por unanimidad, ya que esta regla ha desempeñado un papel importante en los periodos más negros de la historia reciente de la Unión. 
Si el veto ha paralizado a menudo la toma de decisiones con 15 Estados miembros, imagínense lo que podría suceder con 25 o más. 
Por ello creo que el voto por mayoría debería ser la norma. 
Sin embargo, el sistema actual de ponderación es extremadamente complejo y constituye un misterio para los ciudadanos, aunque no sólo para ellos, ya que tampoco los expertos logran entenderlo. 
Por lo tanto, proponemos que el Consejo tome prácticamente todas las decisiones por medio de un voto doble por mayoría simple, es decir, un voto que represente tanto a una mayoría de Estados miembros como a una mayoría de ciudadanos. 
Por supuesto, las decisiones más delicadas requerirían mayorías cualificadas. 
El segundo punto tiene que ver con la Presidencia del Consejo, una cuestión que ha hecho correr ríos de tinta. 
Creo que la propuesta de un Presidente de la Unión, planteada desde varios lados, suscita más problemas que los que resuelve. 
Por una parte, refuerza la continuidad y la visibilidad de la Unión, pero, por otra, niega a los Estados miembros y nos priva a todos de la oportunidad de involucrarnos en el plano europeo. 
Existen, además, otras preocupaciones. 
¿Quién elegiría al Presidente de la Unión? 
¿Ante quién sería responsable el Presidente? 
Y, sobre todo, como ha señalado el Sr. Verhofstadt, ¿cuáles serían las funciones de dicho Presidente los 360 días restantes del año, cuando no haya reuniones del Consejo y George Bush no llame? 
Está claro que dicho cargo abriría una brecha en el seno de nuestra estructura institucional. 
Así pues, recomendamos mantener el sistema de rotación de la Presidencia del Consejo Europeo, el Consejo de Asuntos Generales y la Comisión de Representantes Permanentes. 
Para todas las demás configuraciones del Consejo, proponemos una nueva fórmula: los miembros de las configuraciones del Consejo deberían elegir un presidente entre ellos, con un mandato de un año. 
Esta fórmula proporcionaría una mayor continuidad al trabajo del Consejo y pondría a la Presidencia en manos de personas que gozarían de la plena confianza de sus homólogos. 
El tercer punto está relacionado con nuestra representación exterior. 
La Unión debe actuar como una entidad única en el escenario internacional para defender sus valores y promover su modelo social. 
En términos comerciales, la Unión ya se encuentra en pie de igualdad con los demás protagonistas mundiales. 
Por lo tanto, ¿por qué no podemos ser igualmente creíbles en la escena política? 
Esto requiere imaginación y valor porque es vital para la Unión hablar con una única voz en la escena política internacional. 
Lo que nosotros proponemos es un nuevo cargo de Secretario de Asuntos Exteriores de la Unión. 
El Secretario sería nombrado conjuntamente por el Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión, y sería igualmente un Vicepresidente de la Comisión. 
De ello se desprende que el Secretario de la Unión debería responder de forma personal tanto ante el Consejo Europeo como ante el Presidente de la Comisión. 
Como miembro de la Comisión, sin embargo, el Secretario sería responsable junto con los demás Comisarios ante el Parlamento Europeo. 
Como pueden ver, se trata de una importante innovación, pero, repito, es inevitable. 
Dada la magnitud del cambio, y esto es fundamental, hemos previsto un periodo transitorio, tras el cual el Secretario de la Unión tomaría posesión plenamente de sus responsabilidades. 
Quiero comentar brevemente a estas responsabilidades. 
El Secretario de la Unión ejercería de forma autónoma el derecho de iniciativa de la Comisión en materia de política exterior, de acuerdo con las directrices del Consejo. 
El Consejo, o un grupo de Estados miembros, podría, no obstante, pedir al Secretario que presentara propuestas adecuadas al Consejo para lograr objetivos comunes. 
El Secretario de Asuntos Exteriores de la Unión sería responsable igualmente de la aplicación de las decisiones comunes y, sobre todo, sería el único representante de la Unión para la política exterior en sus relaciones con países no miembros y otros órganos internacionales. 
Varias actividades de la Unión, como la política comercial y de cooperación al desarrollo, están relacionadas con la política exterior. 
La continuidad en estas áreas quedaría garantizada mediante la colaboración entre el Secretario de la Unión y el Presidente de la Comisión, quien, en este sentido, se encargaría de la coordinación de las distintas cuestiones. 
El asunto de la representación exterior de la Unión es igualmente importante para los asuntos económicos. 
Es necesario asegurar la representación de la zona euro en el escenario internacional. 
El poder económico del euro ya ha sido reconocido, pero es necesario que se convierta en una fuerza política y que se note su presencia en todo el mundo. 
El tercer y último punto de nuestra propuesta se refiere a la simplificación y la transparencia. 
El volumen actual de directivas, decisiones y reglamentos que se combinan para formar nuestro sistema legislativo es quizá el principal obstáculo que encuentran los ciudadanos para entender las instituciones europeas. 
La Comisión cree que es hora de poner en orden los instrumentos de que disponemos. 
Así pues, proponemos clasificar la legislación en sólo tres categorías: leyes orgánicas adoptadas por mayorías cualificadas en el Parlamento y el Consejo; leyes adoptadas por la vía de la codecisión por el Parlamento y el Consejo, y reglamentos de aplicación adoptados por la Comisión para aplicar estas leyes. 
El Tratado Constitucional debe hacer una clara distinción entre las leyes y los reglamentos de aplicación. 
Es más, debe quedar claro quién pone en práctica la legislación europea. 
Nosotros proponemos que la Comisión tenga competencia exclusiva para aplicar (repito, aplicar) la legislación europea y, como ya he dicho, sería responsable de ello ante el Parlamento y el Consejo. 
El principio de transparencia debe aplicarse a la llamada comitología. 
Por lo tanto, creemos que sólo deberían mantenerse las comisiones consultivas. 
Cuando los legisladores decidan adoptar leyes europeas, repito, únicamente la Comisión debería tener la responsabilidad de su aplicación. 
Sin embargo, cuando la Comisión deba desempeñar un papel legislativo por delegación, entonces lo más correcto sería que las dos instituciones del poder legislativo (el Consejo y el Parlamento) se hallen en pie de igualdad en cuanto a la posibilidad de controlar la labor de la Comisión, lo que se llama el «call back». 
Señor Presidente, Señorías, al citar a Jean Monnet al principio de mi intervención he dicho que, en esta etapa de la integración europea, debemos mirar adelante. 
El debate suscitado por la Convención en los meses recientes ya ha ampliado nuestros horizontes. 
Los parlamentos y gobiernos nacionales han creído en dicho foro desde el principio, y han enviado a personalidades importantes para representarlos. 
El objetivo de la Convención se ha hecho más ambicioso. 
Ya no se trata sólo de garantizar que las instituciones funcionen bien después de la ampliación, sino que además debe conformar la Unión para las futuras generaciones. 
Me complace ver que las cosas van en este sentido. 
La Convención que con tanto interés el Parlamento y yo deseábamos tener está aportando a nuestros conciudadanos y a todo el mundo un análisis de todos los aspectos de nuestras instituciones. 
También estoy muy satisfecho de que la Convención se esté desarrollando con luz y taquígrafos. 
En los próximos meses veremos emerger una nueva Europa, más unida, y podemos sentirnos orgullosos de que haya nacido de forma democrática y transparente. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, Señorías, acabamos de dar un caluroso aplauso al Presidente de la Comisión. 
Me alegro por él personalmente, pero también me alegro por la causa que está defendiendo. 
No siempre podemos aplaudir al Presidente de la Comisión de forma tan entusiasta. 
Señor Prodi, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos quiere dar las gracias muy sinceramente a usted y al conjunto de la Comisión por el trabajo que han realizado. 
Asimismo me gustaría añadir que nuestro Grupo apoya firmemente a la Comisión en lo que respecta al futuro de la Unión Europea y sus instituciones. 
Esto no significa que no tengamos diferencias de opinión en ciertos detalles, y el debate de hoy forma parte de un proceso en el que es necesario un intercambio de opiniones, y también un proceso en el que intervienen otros órganos, como los gobiernos, con los cuales a fin de cuentas también tendremos que llegar a una conclusión. 
Creo que lo más importante en el debate que nos ocupará en los próximos meses es que la Comisión y el Parlamento garanticen sin ambigüedades que el resultado de la Convención se apoyará en el método comunitario. 
El método comunitario significa que las instituciones de la Unión Europea deben actuar de forma conjunta y que debemos rechazar de plano el método intergubernamental. 
Quiero resaltar este punto para que quede claro a los ojos del público: si al final de la Convención prevalece el método intergubernamental, nosotros no podríamos apoyarlo. 
En este sentido, estamos plenamente de acuerdo con la Comisión. 
Queremos una Europa democrática, y en lo que a nosotros respecta, una Europa democrática significa una democracia representativa a escala de la UE. 
Esto significa que el Parlamento Europeo ha de participar activamente en todas las cuestiones legislativas, como colegislador al 100%, como ha señalado el Sr. Prodi. 
Sin embargo, una Europa democrática basada en una democracia representativa también implica reconocer el principio de subsidiariedad. 
Si no queremos que una cámara europea se componga de parlamentarios nacionales, debemos esforzarnos por definir cuáles van a ser las tareas europeas. 
Todas las demás tareas corresponderán a los Estados miembros de la Unión Europea y son ellos los que deberán definir qué son cuestiones nacionales, regionales o locales. 
El principio de democracia representativa debe aplicarse a estos cuatro niveles: autoridades locales, regiones, naciones y Unión Europea. 
Esto implica que tenemos que unir el método comunitario a escala europea con el principio de subsidiariedad. 
Es necesario que Europa sea eficaz- permítanme hacer hincapié en esto- y también más clara y fácil de entender. 
En lo que a nosotros respecta, un asunto clave relacionado con el método comunitario es que la Europa que estamos construyendo debería ser una Comunidad de derecho. Porque si no es una Comunidad de derecho, será una Europa intergubernamental, lo cual supondría abrir el camino al oportunismo político, y la historia nos ha demostrado que esto no es positivo para Europa. 
No puedo entrar mucho en detalles en los cuatro minutos de los que dispongo, pero animo a todos a que nos dejemos guiar consecuentemente por la cuestión del método cuando debamos tomar decisiones individuales. 
Lo que pido a los miembros de la Convención, y permítanme repetirlo aquí, es: asegúrense de que la Convención consiga resultados. 
Si no logramos conseguir objetivos en la Convención y transferimos esta tarea a la Conferencia Intergubernamental, el resultado de dicha conferencia deberá menos al método comunitario que a lo que podemos lograr en la Convención. 
Por ello, hago un llamamiento a completar nuestro trabajo en la Convención y a demostrar una voluntad de consenso en dicho foro, de forma que a finales de junio de 2003 seamos capaces de presentar una propuesta razonable para una Constitución europea. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, a veces es una ventaja ser portavoz del tercer Grupo del Parlamento, ya que me ha dado tiempo para leer el informe de la Comisión. 
Por tanto, puedo decir con cierta autoridad que lo acojo con gran satisfacción. 
Constituye una declaración firme de la función ortodoxa de la Comisión y debería trasladar el debate acerca de dónde se halla un determinado poder, al centro neurálgico de la Convención. 
Representa todo un desafío para aquellos Primeros Ministros que prefieren opinar sobre los aspectos periféricos de la Convención, mostrándose extremadamente temerosos a la hora de aportar propuestas oficiales. 
Ya que la mayoría de los temas del programa de la Comisión también están recogidos en mi propuesta a favor de una Unión federal, parece evidente que no sea yo su crítico más encarnizado y, al tiempo que abogo por el rechazo decidido de la idea de un Superpresidente del Consejo, me causa preocupación y cierta reserva la propuesta de una Presidencia ejecutiva del Consejo. 
Me pregunto si ello no aumentaría la incoherencia y los conflictos con la Comisión que padecemos en la actualidad. 
Seguramente constituiría un avance asumir la lógica de su propuesta en cuanto a la política de Asuntos Exteriores y Seguridad, que consiste en la clonación virtual de los señores Solana y Patten, así como aplicar dicha práctica a los otros dos ámbitos en los que el Consejo tiene autoridad ejecutiva. 
¿Por qué no dejar que el Comisario responsable presida el Consejo en sus respectivas formaciones de política económica y asuntos de interior? 
No obstante, a pesar de ciertas reservas, la delegación parlamentaria en la Convención acatará las líneas maestras de esta propuesta y hago votos por una estrecha colaboración futura en el seno de la Convención con los señores Barnier y Vitorino. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, al contrario que mi colega liberal, no he podido, en calidad de portavoz del cuarto Grupo de esta Cámara, leer la comunicación de la Comisión en el tiempo disponible, ya que acabo de descubrir que tiene 145 páginas; felicito al Sr. Duff por su capacidad para leer el documento. 
Señor Presidente, me gustaría mencionar de forma específica que acojo con satisfacción el hecho de que la Comisión realice una contribución sustanciosa y constructiva a la Convención y que nos haya presentado sus apreciaciones en el momento oportuno, ya que esto garantiza que la contribución de la Comisión se tenga en cuenta en el trabajo de la Convención. 
En el mes de enero comenzaremos a elaborar el contenido del tratado constitucional, y estoy segura de que las propuestas de la Comisión desempeñarán entonces un importante papel. 
Señor Presidente de la Comisión, estoy de acuerdo con los objetivos que usted ha mencionado, ya que se trata de construir una Unión Europea más democrática, más eficaz y más transparente. 
Acojo muy favorablemente el hecho de que haya señalado la doble naturaleza de la Unión Europea como una Unión de Estados miembros y de pueblos, y creo que, de hecho, una de las tareas de la Convención es hacer de la Unión Europea una de las primeras democracias supranacionales genuinas en el mundo, como usted mismo la ha llamado. 
Me gustaría mencionar de forma muy breve los puntos que, de acuerdo con su intervención, yo apoyo. 
Pienso en el claro compromiso con el método comunitario, en sus propuestas para mejorar y reforzar el papel del Parlamento, y en la extensión del procedimiento de codecisión a todas las decisiones legislativas. 
Apoyo la propuesta de que el Parlamento Europeo elija al Presidente de la Comisión en el futuro, y también estoy de acuerdo con su rechazo de la creación de un Presidente permanente del Consejo. 
Asimismo apoyo las propuestas de procedimiento legislativo que usted acaba de formular. 
Me gustaría referirme a un problema que no ha mencionado en su discurso, y se trata de la división del tratado en dos partes. 
Se considera de forma general que esto guarda relación con el hecho de que la totalidad del tratado constitucional sea legislación primaria. 
Sin embargo, nadie ha explicado hasta ahora por qué ello justifica la división del tratado en dos partes. Naturalmente, esto suscita interrogantes en cuanto a los diferentes procedimientos para revisar determinados aspectos legales estipulados en esas dos partes del tratado. 
Por ello, me gustaría saber, señor Presidente de la Comisión, si su propuesta de hoy aporta también diferentes procedimientos de revisión en el tratado constitucional. 
Planteo esta pregunta porque hay algo que está claro, y es que de acuerdo con la legislación alemana no sería posible, por ejemplo, introducir ajustes en la «segunda parte» del tratado constitucional, es decir, si se diera el caso de que la UE obtuviera en la práctica una «competencia sobre la competencia». 
En otras palabras, debe quedar claro si la segunda parte del tratado debe estar sujeta también al procedimiento de ratificación por parte de los parlamentos nacionales en el futuro, en cuyo caso, como ya he dicho, me gustaría conocer la opinión de la Comisión al respecto. 
Señor Presidente, en lo que respecta a la Comisión, se trata de un caso de ahora o nunca. 
Prácticamente no se ha dado un paso importante en la historia de la integración europea sin que haya comenzado con una visión por parte de la Comisión, respaldada por un plan importante y un Libro Blanco. 
Este proceso constitucional es, de hecho, el primer paso de gran trascendencia en el que la Comisión se ha demorado de forma cauta y, en todo caso, se ha comportado de un modo reactivo en lugar de liderar el proceso. 
Sin embargo, acojo favorablemente las palabras del Presidente Prodi. 
El Presidente de la Comisión ha resumido los resultados de la Convención hasta la fecha y se ha situado en el lado bueno en algunos temas conflictivos- con ello quiero decir, si me permiten la osadía, que se ha puesto de parte del Parlamento -, en particular al defender una Europa comunitaria y oponerse a una Europa intergubernamental, presentando una serie de inteligentes propuestas. 
Yo tampoco he podido leer este documento tan rápidamente como nuestro amigo Andrew Duff, por lo que sólo podré realizar unos comentarios limitados. 
Hay algo que es necesario decir acerca de este documento, y es que no provoca disputas. 
No genera un gran entusiasmo ni pinta grandes escenarios. 
No intenta involucrar al público, a los ciudadanos de Europa, en esta fuerte batalla por el poder. 
Se trata de un documento cauto, quizás tecnocrático y sin duda inteligente, incluso en ocasiones brillante. 
Sí, está a favor del método comunitario, pero en ese caso debería haber presentado una imagen más clara de la unidad europea. 
Hay tareas de enorme trascendencia e importantes horizontes en este proceso de integración europea, pero usted no los ha presentado aquí. 
La dimensión social, que quizás sea la cuestión principal en la que falla la Convención, casi no se menciona. 
Lo mismo podemos decir de la democracia europea. 
Este documento habla, por ejemplo, de un «texto constitucional» , en lugar de una constitución como tal. 
Sí, está a favor de eliminar la regla de la unanimidad, pero la mantiene para cuando haya que modificar las propuestas de la Comisión. 
La unidad y la democracia son buenos principios, pero la obtención de poder es un poco más importante. 
En cuanto a la Carta de los Derechos Fundamentales, no encuentro ninguna referencia al acceso al Tribunal de Justicia Europeo, que tiene poder de decisión en materia de derechos fundamentales. 
El papel del Parlamento debe reforzarse, pero el derecho de iniciativa sigue estando exclusivamente en manos de la Comisión. 
El Parlamento debe elegir al Presidente de la Comisión, pero el Presidente también es responsable ante el Consejo. 
La responsabilidad de la Comisión está lejos de ser clara, y obtiene un mayor margen para sus maniobras tácticas, mientras que los ciudadanos ganan relativamente poco. 
No deseo que esto se convierta en una crítica exagerada. 
Esta es una propuesta que también hace de la Comisión la aliada del Parlamento, pero me habría gustado ver una mayor determinación al hablar de las tareas realmente importantes y responder con un sentido más visionario, en particular en lo que se refiere a la respuesta de Europa a los peligros de la globalización, al reto intelectual y político sin precedentes de desarrollar una democracia supranacional, de tomarse en serio la separación de poderes, así como el rechazo de la Europa intergubernamental, de hacer el proceso legislativo más abierto y proporcionar a los ciudadanos acceso a toda la documentación. 
Espero que aún podamos convencer a la Comisión de que no se limite a ser cauta a la hora de hacer causa común con nosotros, sino que se convierta en nuestra verdadera aliada de cara a los nuevos horizontes de la integración europea. 
Señor Prodi, por supuesto que hemos escuchado atentamente sus palabras y hemos extraído algunos aspectos positivos de ellas, al igual que otros, con los que, sin embargo, no podemos estar de acuerdo. 
Esto es normal y saludable en democracia. 
Lo que debemos resaltar es que se trata de una contribución significativa a la definición de la Europa del futuro, la cual, junto con otras contribuciones, permitirá a la Convención continuar su trabajo para lograr un resultado basado en el consenso y políticamente realista. Esta es la única forma en la que podemos esperar ejercer algún poder o influencia en la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Además de las distintas propuestas y soluciones concretas que debatiremos en la Convención y que reflejarán evidentemente la postura de la Comisión y su idea de aumentar el poder interno dentro del actual marco institucional, la conclusión principal que extraemos de sus palabras es la preocupación por el modo de responder a una pregunta fundamental. 
La cuestión fundamental que todos, incluida la Comisión, debemos afrontar es la de cómo mantener la capacidad de una Unión Europea ampliada para perseguir sus objetivos fundamentales de desarrollo y cohesión económica y social, de libertad y seguridad para los ciudadanos actuales y futuros de sus Estados miembros. 
Hemos de reconocer que la integración europea es un proceso cada vez más complejo, no sólo en virtud de su dinámica interna, la cual es víctima del conflicto natural entre las soberanías nacionales y el concepto de soberanía europea, sino también porque esto está sucediendo en un contexto internacional que cada vez se encuentra más expuesto a las consecuencias y los peligros de la globalización, las amenazas del terrorismo, a los conflictos violentos en casi todos los puntos del planeta, a crisis económicas, medioambientales y energéticas, así como al desempleo, la exclusión y la pobreza. 
No obstante, debemos reconocer que, en la Convención, todas las cuestiones se han debatido de forma abierta, franca y justa. 
No debemos cerrar temas ni levantar obstáculos en el transcurso del debate. 
Los pueblos de los actuales y futuros Estados miembros exigen y merecen esto. 
Creemos, de hecho, que la confianza en la Convención está creciendo porque, además de la ahora tradicionales instituciones Comunitarias, también engloba a instituciones nacionales, es decir, a los gobiernos y los parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos. 
Aunque no pretendo afirmar que hay dos facciones- menos aún cuando, debido a las circunstancias, todas las partes se han mezclado dentro de la Convención, y de manera acertada -, el hecho es que este componente nacional aporta un valor añadido al debate. 
Digo esto porque, en lugar de contar con una única ciudadanía europea, ahora tenemos quince, pronto habrá veinticinco y más adelante, habrá aún más opiniones públicas nacionales y son ellas a las que debemos dirigir nuestras palabras, puesto que tienen la capacidad de influir en la dirección que tomará Europa. 
Sin embargo, hablemos en términos prácticos. 
¿De qué estamos hablando exactamente? 
En términos políticos, de lo que se trata es de interrogar, debatir y definir «cosas» tan simples como la legitimidad democrática y la gobernabilidad de la Unión Europea. También tenemos entre manos los objetivos de la Unión y su lugar en el mundo, la asignación y definición de las competencias de la UE y su adaptación al acervo comunitario, la simplificación de los instrumentos de la Unión, su democracia, transparencia y eficacia, el papel de los parlamentos nacionales, la eficacia del proceso de toma de decisiones y el funcionamiento de las instituciones en una Unión ampliada y la elaboración (o no) de una Constitución Europea. 
Así pues, todo es materia de debate, y es acertado que sea así, porque esta es la forma en que deben desarrollarse los debates. 
Por consiguiente, la primera cuestión que deberíamos preguntarnos es: ¿qué clase de Europa queremos construir? 
Con este fin en mente, debemos definir este modelo europeo en términos políticos. 
Esta tarea es la responsabilidad y el deber de todos. 
La Comisión ha vuelto a desempeñar de nuevo esta tarea y personalmente añadiría que aún tenemos confianza en las naciones y que, por consiguiente, creemos en Europa. 
Confiamos en el Estado-nación y por lo tanto, también en una Europa en la que las naciones disponen de libertad para tomar decisiones, y que se ve respaldada por el hecho de que los Estados tengan un estatuto jurídico igualitario. 
Tenemos confianza en los pueblos de Europa y, por lo tanto, creemos en una Europa que signifique mayor democracia y no lo contrario, que es mayor burocracia. 
Confiamos en la diversidad y creemos en una Europa que respete las tradiciones de los Estados miembros, que conserve su patrimonio cultural y salvaguarde sus respectivas lenguas. 
Confiamos en la subsidiariedad y, por lo tanto, creemos en una Europa que no busque retener para sí decisiones que podrían resultar más ventajosas si las tomaran los Estados miembros. 
Confiamos en la solidaridad y, por lo tanto, creemos en una Europa en la que la cohesión económica y social también redunde en la prosperidad de los pueblos y de todas las regiones lejanas y remotas sin excepción. 
Confiamos en la paz, la estabilidad y la seguridad y por lo tanto, creemos en una Europa que se encuentre unida, pero no uniforme, que sea capaz de movilizarse por grandes causas, y que esté gobernada por valores y guiada por principios. 
Debo concluir añadiendo que el fin evidente de la contribución de la Comisión a este debate es la Convención. 
La Convención está entrando en este momento en una fase crítica de su trabajo, por lo que esperamos que las propuestas que realice, que desearíamos fueran políticamente realistas y consensuadas, cumplan su objetivo de permitir que los Jefes de Estado y de Gobierno que se encuentren presentes en la próxima Conferencia Intergubernamental tomen las mejores decisiones en nombre de los Estados miembros y de los pueblos a los que representan. 
Este es, además, su deber. 
Señor Presidente, como era de esperar, la Comisión propone que se le dé más poder. 
El Parlamento Europeo y los Primeros Ministros de la UE también están haciendo campaña para que se les otorgue mayor poder. 
No es difícil prever el compromiso en la Cumbre de Roma, que tendrá lugar en el mes de diciembre del año que viene. 
Los Primeros Ministros no desean renunciar a la política exterior y de seguridad, por lo que elegirán a algún miembro del Consejo Europeo para que represente a la UE en el mundo. 
Quizás consigan, por ejemplo, que Tony Blair se convierta en el primer presidente de la UE y a continuación nombren al Sr. Aznar Presidente de la próxima Comisión. 
En lugar de preocuparse de la política exterior y de seguridad, la Comisión tendría potestad sobre la cooperación desarrollada en asuntos jurídico-políticos y policiales, hacia los cuales, por supuesto, el Sr. Aznar siente una especial predilección. 
Es posible que se otorgue a la Comisión mayores poderes ejecutivos, y que el liderazgo del Sr. Aznar haga que se convierta en un gobierno adecuado con responsabilidad. 
Sí, ¿pero ante quién? 
Difícilmente sería sólo el Parlamento Europeo, sino, probablemente, el Congreso propuesto por el Sr. Giscard d ' Estaing en el que los parlamentos nacionales también estarían presentes como rehenes, encontrándose con poco más que un congreso de señores que asienten, diseñado para aplaudir la elección de Comisarios por parte de los Primeros Ministros por mayoría. 
A cambio, el Parlamento Europeo asistirá a la abolición de la diferencia entre gasto obligatorio y no obligatorio, por lo que dispondrá de mayor poder sobre el gasto. 
También verá cómo se extiende la toma de decisiones común incluyendo más áreas, por lo que tendrá una mayor influencia sobre la legislación. 
Los Primeros Ministros de la UE están recibiendo más poder y se está reforzando la Comisión, al igual que el Parlamento. 
Cuando se refuerzan todas las instituciones supranacionales, alguien tiene que salir perdiendo, y estos son los votantes, los cuales ya no tendrán la última palabra sobre la legislación relativa a determinadas áreas. 
Se encontrarán con una democracia reducida, siempre que se otorgue cada vez más poder supranacional y antidemocrático a la UE. 
Señor Presidente, el borrador de reforma institucional que presenta hoy la Comisión a la Convención y al Parlamento, cuya esencia fue comunicada al menos a la prensa hace dos días, está rompiendo barreras de forma clara con sus propuestas sobre la responsabilidad de la Comisión ante el Consejo. 
Sin embargo, la «innovación» sirve de pretexto en todas las áreas para ampliar los poderes de dicha institución, anteriormente considerada la única guardiana del interés general europeo. 
Sin embargo, se trata de un enfoque sesgado. 
Tomemos el caso del monopolio de iniciativa que la Comisión propone consolidar y extender al conjunto de lo que da en llamar el dominio legislativo. 
¿Por qué deberían 20 Comisarios poseer un mejor entendimiento del interés general europeo que todos los demás Gobiernos presentes en el Consejo? 
Es cierto que se dice que cada Gobierno protege sus intereses nacionales, pero el debate permite avanzar más allá. 
Esto mismo se aplica al mercado: cada consumidor protege su propio interés de forma egoísta, y sin embargo, todas sus transacciones fijan precios que reflejan el mejor enfoque general. 
La Comisión, con su monopolio de iniciativa, se coloca en la posición del planificador que afirma conocer los precios mejor que el mercado. 
En un mundo de apertura, libertad y democracia, esto es inaceptable. 
El monopolio de iniciativa legislativa, reforzado por el requisito de unanimidad en el seno del Consejo para rechazar las propuestas de la Comisión y por la extensión de la mayoría necesaria para aceptarlas, distorsiona la totalidad del proceso de toma de decisiones europeo y sin duda hace que la brecha que se percibe entre la Unión y los ciudadanos sea más profunda. 
En nuestra opinión, debemos reformar estos aspectos con una visión de conjunto de las instituciones. 
O bien abrimos el monopolio de iniciativa a otros agentes, como el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, que poseen una legitimidad democrática indiscutible, o bien lo mantenemos, pero en este caso, a cambio, estamos oficializando el derecho de veto para cada parlamento nacional. 
De cualquier modo, parecía que el reciente debate en el seno de la Convención acerca del monopolio de iniciativa de la Comisión había llegado a su fin incluso antes de comenzar. 
Esperemos, señor Presidente, que el nuevo documento de la Comisión tenga el efecto inesperado de reiniciar el debate. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, hemos pedido una propuesta de la Comisión para resolver los problemas institucionales existentes. 
Por fin, la tenemos ante nuestros ojos, y la acogemos con satisfacción. 
Su documento realiza otra interesante e importante contribución al trabajo de la Convención, pero no aporta una solución completa a los problemas institucionales. Arroja, sin embargo, alguna luz sobre la posición de la Comisión con respecto a una serie de cuestiones. 
Por ejemplo, el voto por mayoría en el Consejo como norma general, aspecto que acogemos favorablemente. 
También el voto por mayoría del Parlamento sobre la legislación como norma general, otro aspecto con el que estamos de acuerdo. Traer la justicia y los asuntos interiores al seno del marco comunitario, lo cual también es positivo, y la creación de un Secretario de Asuntos Exteriores de la Unión como Vicepresidente de la Comisión con una relación especial con el Consejo; todo esto es positivo, y representa un compromiso factible como medio para resolver un difícil problema. 
Por otra parte, hay mucho más. 
Veo muchos puntos positivos en sus propuestas. 
Sin embargo, en algunos aspectos, señor Prodi, sus propuestas no aclaran las cosas, sino que crean mayor confusión. 
Me referiré a una cuestión en particular. 
Se trata de la cuestión del nombramiento y de la responsabilidad política de la Comisión. 
Usted propone que el Parlamento Europeo elija al Presidente de la Comisión. 
Es una buena propuesta, y un paso adelante muy necesario. 
Pero al mismo tiempo dice que este Presidente de la Comisión debe ser elegido por una mayoría de dos tercios del Parlamento Europeo, lo cual evita que los resultados de las elecciones europeas se vean reflejados en una decisión relativa a un nombramiento a nivel europeo. 
Dicho de otro modo, está impidiendo que ocurra precisamente lo que quiere, es decir, impide que los votantes decidan qué Presidente de la Comisión desean para los próximos cinco años. 
Esto significa construir un compromiso permanente, en la línea de la gran coalición permanente de Austria. 
Nosotros no podemos estar de acuerdo con esta línea. 
La segunda cuestión es que el Consejo Europeo debe confirmar la elección del Presidente de la Comisión por parte del Parlamento Europeo. 
¿Cómo se hará esto? 
¿Por mayoría o por unanimidad? 
¿Tiene algo pensado? 
¿Qué sucedería si el Consejo no confirmara dicha elección? 
¿Tendría el Parlamento derecho a disolver el Consejo? 
Yo creo lo siguiente. 
Sus propuestas no incluyen ningún mecanismo de resolución de conflictos. 
En última instancia, y esto es verdaderamente el colmo, la Comisión es responsable tanto ante el Parlamento como ante el Consejo. 
¿Cómo funcionaría esto en la práctica? 
¿Va usted a dimitir en cada ocasión? 
Si el Parlamento afirma tener confianza en usted, ¿se quedará? Y si el Consejo dice que debe dimitir, ¿dimitirá? 
¿Qué clase de mensaje se está dando con respecto a la construcción de las instituciones de la Unión Europea? 
Lo único que crearíamos es confusión. 
Señor Presidente de la Comisión, su propuesta en este sentido crea más problemas de los que resuelve. Además, el Parlamento Europeo opina que lo que nos propone como un paso adelante supondría, de hecho, dar dos pasos atrás. 
Señor Presidente, el Sr. Prodi, en nombre de la Comisión Europea, ha expuesto hoy una posición de gran importancia política e institucional. 
Sumándose a la visión de Jean Monnet y al método comunitario, la Comisión está reforzando su papel ambicioso y de vanguardia en la integración europea con un anteproyecto con satisface nuestras expectativas. 
Por mi parte quisiera centrarme en tres asuntos principalmente: en primer lugar, Europa debe convertirse en un poder político mundial. 
El nuevo puesto de Secretario de Asuntos Exteriores de la Unión significaría contar con una Europa fuerte, capaz de exponer su posición en órganos internacionales a través de un único representante. 
Señor Presidente, usted es consciente de mi deseo personal de avanzar más rápidamente y ver un aumento sustancial de la calidad de nuestras capacidades en el área de defensa. Y digo esto como amigo de Estados Unidos. 
El mundo se convertirá en un lugar mejor si cuenta con una Europa fuerte, capaz de actuar basándose en la fortaleza de sus valores. 
En segundo lugar, la Comisión debe convertirse en la única depositaria del poder ejecutivo, y verse reforzada en su papel de expresión del interés común de la Unión. Dicho de otro modo, debemos avanzar hacia un verdadero gobierno europeo, elegido por representantes democráticos de los ciudadanos europeos y que sea responsable ante las instituciones que representan a los ciudadanos y a los Estados. 
Otras figuras institucionales que carezcan de un papel claramente definido y que pudieran arruinar la unidad de representación en el exterior, no deben interferir en el gobierno de la Unión. 
En tercer lugar, Europa debe hacerse más eficaz y coherente; debe ser capaz de rechazar de manera contundente los ataques lanzados por grupos de euro escépticos, los cuales, también en mi país, utilizan Europa como chivo expiatorio de los fracasos nacionales. 
Resumiendo, para crear un alianza entre Europa y sus ciudadanos, es necesario simplificar nuestros procedimientos y hacerlos más transparentes, convirtiendo la codecisión en norma, reduciendo el número de instrumentos legislativos, aboliendo el voto por unanimidad y reformando el sistema de financiación de la Unión. 
Yo añadiría que debemos realizar un gran esfuerzo para luchar contra la corrupción y promover el pluralismo de la información. 
Señor Presidente, únicamente si procedemos sobre esta base, seremos capaces de concluir este proceso a finales del año 2003, con una Constitución y un segundo Tratado de Roma, creíbles y de gran calidad. 
Señor Presidente, desde la posición que adoptó en relación con este tema, el Sr. Prodi ha sido un firme defensor del método comunitario, que es el método federal. 
También ha representado el oportunismo a gran escala. 
Si defiende el método comunitario, no debería proponer que el Consejo tenga potestad para destituir a la Comisión. 
Utilizando las palabras del propio Presidente Prodi, la propuesta es estúpida, stupide. 
Los Comisarios forman un conjunto de funcionarios que no necesitan inspirar confianza parlamentaria. 
Si se producen abusos, se les debe penalizar como a cualquier funcionario. 
La Comisión quiere incrementar su poder a expensas de los responsables de la toma de decisiones. 
No ha quedado claro si la anterior propuesta de otorgar a los Comisarios un estatuto distinto sigue en vigor. 
Si esto es así, significa que la UE tendría su propio «Politburó» , compuesto, suponemos, por representantes de los grandes países. 
Desde el punto de vista de los países pequeños, eso no es democracia. 
La exigencia de la Comisión de retirar el sistema de toma de decisiones consensuada, o el derecho de veto de los Estados miembros, es un ataque a los Estados miembros. 
El derecho de veto es la última defensa contra los sistemas supranacionales desiguales de toma de decisiones bajo el método comunitario. 
Aquellos que representan a la Comisión en el grupo de trabajo de la Convención han estado militarizando la Unión y creando una nueva zona jurídica europea en la que habría euroleyes y euroórdenes. 
La Comisión está pidiendo que la política exterior y de seguridad común pase a estar bajo su control, con competencia transferirla de los Estados miembros a la Comisión. 
No debemos permitir que se acabe con los últimos vestigios de independencia de los Estados miembros. 
La Comisión contaba y cuenta aún con apoyo para su propuesta por parte de los federalistas europeos de esta Cámara, cuyo fin es erosionar la independencia de los Estados miembros y convertir a la Unión Europea en una federación. 
Ya hay una moneda federal. 
El ejército europeo comenzará sus operaciones el año que viene. 
Se están preparando la ley y la orden federal. 
Los federalistas se encuentran sobrerrepresentados en la Convención sobre la Constitución de la UE. 
Los Estados miembros no deberían aprobar propuestas de proyectos de federación diseñadas por la Comisión o la Convención simplemente como están. 
No debemos alcanzar compromisos sobre la situación de la Comisión como cuerpo de funcionarios en contraposición a un Gobierno político. 
Señor Prodi, el poder que posee la Comisión no es propio de una democracia. 
Usted es un funcionario que está adoptando una postura sobre cuestiones que competen a sus amos. 
Señor Presidente, respondiendo a la cuestión que plantea el Sr. Seppänen, no conozco muchas administraciones públicas en el mundo que sólo sean nombradas tras una audiencia parlamentaria y que deban obtener la confianza del Parlamento antes de asumir el cargo o que puedan ser destituidas colectivamente por el Parlamento. 
Esa es una de las características importantes de la situación tal como están las cosas. 
Como ha dicho el Sr. Prodi, lo que perseguimos es una democracia supranacional en Europa y esa será, en ciertos aspectos importantes, una democracia sui generis, no exactamente igual a ninguna de las de los Estados o sociedades ya existentes. 
Acojo con beneplácito gran parte de lo que ha dicho hoy acerca de la manera en que la Comisión debe ser elegida y ejercer su función. 
Constituye un intento por preservar el tipo de equilibrio entre las tres instituciones que debería caracterizar a Europa y que no muestran por el momento, ni de lejos, muchos de nuestros Estados miembros, en los que el Gobierno se ha convertido en el controlador de la legislatura parlamentaria, en vez de ser a la inversa. 
Ése es un buen aspecto de sus propuestas. 
Aunque el Sr. Hänsch ha señalado con gran precisión ciertas dificultades y posibles contradicciones, lo que se traducirá en que tales propuestas deberán analizarse con mayor detenimiento para afrontar la problemática, ¿qué hay de los riesgos de un bloqueo en el sistema que usted propone? 
Otro de los puntos que recoge lo expresado por el Sr. Poettering y al que nadie más ha hecho referencia es el de que una democracia europea debe ser una democracia en muchos niveles. 
Una de las mayores decepciones de la Convención hasta ahora ha sido la escasa atención dispensada a esos niveles de democracia que existen en los Estados miembros y en un nivel inferior. 
Si no tenemos en cuenta como es debido las importantes regiones constitucionales con poderes legislativos- las naciones interiores de los Estados miembros -, entonces esta Unión no funcionará como una democracia satisfactoria. 
El Sr. Napolitano ha elaborado hoy un informe para la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Parlamento. 
Hemos introducido algunas enmiendas en la comisión y creemos que lo hemos reforzado. 
Él no está plenamente satisfecho con todo lo que hemos logrado, pero espero que la Comisión y la Convención le escuchen, porque si tampoco prestan atención a este nivel fundamental de democracia en Europa, todo será un fracaso. 
Señor Presidente de la Comisión, me parece que estaba usted más inspirado el mes pasado cuando condenó la estupidez del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que desde entonces creo que ha cambiado su nombre por el de «Pacto de Estupidez» , gracias a algunos comentaristas perspicaces. 
Con sus comentarios, usted ha iniciado un auténtico debate acerca de los objetivos económicos y sociales de la Unión Europea, que se está esforzando por encontrar una legitimidad real entre los ciudadanos y las naciones de Europa. 
Hoy siento decir que está allanando el camino (de forma prematura en mi opinión, dado el trabajo de la Convención y más concretamente la actitud de los europeos) para que la Unión Europea retome de nuevo su mala costumbre más característica, a saber, el «mirarse el ombligo» institucional. 
Este debate es prematuro y estoy seguro de que usted lo lanza porque la Comisión siente que tiene una pistola apuntando a su cabeza. Si me lo permite, creo que su propuesta suena más bien como el canto de cisne de unas instituciones federales que se encuentran de rodillas y carentes de inspiración en los comienzos del sigo veintiuno. 
Espero que la Europa que está tomando forma sea una Europa de naciones protegida y enraizada en las democracias nacionales y alimentada por las democracias nacionales. 
Espero que pongamos fin a lo que personalmente- permítame repetirlo hoy, y usted ha ilustrado muy bien este punto en su informe- califico de intento de crear una especie de Estado extraterritorial. 
Señor Presidente, Señorías, el Presidente de la Comisión ha presentado hoy el borrador de Constitución de la Comisión, o más bien, su propio borrador de Constitución. 
Él mismo y otros miembros han mencionado el nombre de Jean Monnet. 
Yo creo que hay una diferencia fundamental entre el trabajo del señor Monnet y la propuesta que se nos presenta hoy. 
Desde mi punto de vista, Jean Monnet siempre se esforzó por centrarse en lo esencial y conseguir los objetivos- eso sí, modestos, a veces minúsculos- que se propuso y, en 40 años, muchas de sus propuestas han llegado a cumplirse en la realidad. 
Actualmente, con respecto a su propuesta, y por encima de la aclamación que recibirá en los medios de comunicación y de su éxito entre la mayoría de los representantes de esta Cámara, yo me pregunto, sin querer llevarle la contraria, cuántas de estas propuestas se llevarán efectivamente a cabo, como hubiera sucedido cuando Jean Monnet estaba en el puente de mando. 
Creo que existen algunas diferencias entre los dos casos. 
¿Por qué digo esto? 
Por supuesto, es bonito poder decir «qué buenas propuestas está realizando la Comisión, con codecisión para estos asuntos, y otros procedimientos para otros... ». Sin embargo, todo esto debe funcionar verdaderamente en la práctica, y por lo tanto, me pregunto si la Comisión, la Comisión del Sr. Prodi, en contraposición a las Comisiones que la precedieron y que contribuyeron a Maastricht, al Acta Única y demás, será capaz de lograr el éxito. 
Lo veremos en los próximos días. 
Deseo que el Presidente Prodi y a sus propuestas tengan éxito, pero, señor Prodi, sinceramente quiero aclarar que lo que me preocupa, lo que nos preocupa a los diputados Radicales, lo que yo considero el talón de Aquiles de esta propuesta y lo que por sí solo la debilitaría, es la cuestión de que el Presidente sea nombrado por dos tercios de los diputados de la Cámara. 
Esto significa que lo único que se necesitaría es que los señores Poettering y Barón Crespo del futuro se reúnan en privado y... 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, me gustaría expresar mi más sincera gratitud por la iniciativa que ha tenido la Comisión en este proceso constitucional con el documento que tenemos hoy ante nosotros. 
Particularmente, aprecio el hecho de que en las áreas clave se haya adoptado el método comunitario como principio rector. 
Las cuestiones del proceso de toma de decisiones, la codecisión y la extensión del voto por mayoría cualificada, así como la sustitución del proceso de toma de decisiones del Consejo procedente del Tratado de Niza por mayoría simple dual son enfoques esenciales que podrían conducir a una mejora. 
Dado que dispongo de un tiempo de palabra limitado, me gustaría referirme a estos comentarios iniciales con algunas observaciones críticas acerca del intento por parte de la Comisión de conseguir la legitimidad del Parlamento y del Consejo. 
Creo que esto es ir en contra de la división de poderes de Montesquieu, ya que crea confusión entre los papeles ejecutivo y legislativo, confusión que se encuentra en el polo opuesto de la transparencia y la responsabilidad. 
También conduciría a un marcado debilitamiento del papel del Parlamento, ya que hasta hoy la Comisión ha sido responsable únicamente ante el Parlamento, y sólo el Parlamento ha sido capaz de destituir a la Comisión. 
Pero aún sigue existiendo la cuestión de la responsabilidad. 
El derecho de destitución de la Comisión por una mayoría de dos tercios también se mantiene, pero ahora se supone que además debemos elegir al Presidente de la Comisión por una mayoría de dos tercios. 
Esto constituye una repudiación del papel de esta Cámara: se está privando de poder al Parlamento Europeo. 
Considero que se trata de una difícil situación. 
No sé si la Comisión conseguirá lo que pretende con esto, porque una vez que tenga la misma relación con el Consejo y el Parlamento en todas estas áreas, la alianza natural entre el Parlamento y la Comisión dejará de existir. 
Esto significa que perderemos algo sin ganar nada a cambio, porque el Parlamento, en su labor técnica cotidiana, tendrá que defenderse de cara a las dos instituciones, la Comisión y el Consejo por igual, mientras que hasta la fecha la Comisión y el Parlamento han estado de acuerdo. 
Creo que merece la pena considerar el hecho de que el papel del Secretario de Asuntos Exteriores de la UE, que parece positivo en la propuesta, aparecerá de forma muy distinta, bastante negativa, dentro de este contexto institucional. 
La cuestión es que esto tendrá otra consecuencia: el Consejo Europeo tiene potestad para destituir a la Comisión y, sin embargo, el Presidente de la Comisión es miembro del Consejo. 
No creo que sea el mejor enfoque permitir que únicamente el Presidente de la Comisión no participe en una discusión tal como una posible destitución. 
Si el Consejo Europeo debe tener un derecho de control casi parlamentario sobre la Comisión, entonces el Presidente de la Comisión no debe ser miembro del Consejo Europeo. 
Esto una consecuencia lógica tan clara como que el día sigue a la noche. No puede ser bajo ningún concepto miembro del Consejo Europeo, porque ¿cómo podría un órgano ejercer un control y pedir responsabilidades si esa persona es miembro de dicho órgano? 
Creo que esto no funcionaría en absoluto. 
Por lo tanto, yo haría un llamamiento a la Comisión para que reconsiderara este aspecto muy cuidadosamente, ya que la propuesta es extraordinariamente débil en esta cuestión de tamaña importancia. 
El tema fundamental de cara a la Convención es si el Consejo, en su papel de legislador, es un Consejo legislativo, con una segunda cámara que se reúna en sesiones públicas. 
La respuesta de la Comisión a este punto es que debería examinarse esta propuesta. 
Esto es todo lo que tiene que decir. 
Yo hubiera esperado que la Comisión formulara una posición clara a este respecto. 
El hecho de que deje la cuestión del Consejo legislativo tan poco clara y que presente de tal modo la relación entre el Consejo y la Comisión parece indicar un debilitamiento tanto de los derechos del Parlamento como de la transparencia en general. 
Por esta razón considero que esta propuesta es altamente cuestionable en lo relativo a este aspecto fundamental. 
Señor Presidente, escucharé con gran interés la respuesta del Sr. Prodi a los comentarios del Sr. Hänsch y del Sr. Brok, ya que ambos están de acuerdo en este punto. 
Hemos asistido ya al comienzo de las luchas por el poder y la faceta social de Europa. 
Existe, por supuesto, una lucha entre grandes y pequeños, entre tecnócratas y demócratas, entre la orientación por los resultados y la burocracia, y todo gira en torno a la cuestión de quién manejará los hilos de la Europa del futuro. 
Otorgando mayor poder al Consejo Europeo, como desean algunos, desde luego romperemos el equilibrio de poderes entre las instituciones. 
Esto significa el triunfo de la política entre bambalinas de los países grandes, lo cual tendrá un efecto paralizador. 
Sin embargo, podemos votar por la democracia, a favor de una Europa que los ciudadanos puedan entender, es decir, por el método comunitario, en el que la Comisión sea el gobierno electo y el Primer Ministro sea nombrado por el Parlamento, donde se reúnen los representantes de los ciudadanos europeos. 
Esta es la mejor garantía para que los Estados miembros medianos y pequeños como los Países Bajos vean que sus intereses también cuentan. 
Al mismo tiempo podemos hacer que la política europea sea eficaz. 
Consideren, si no, la inmigración y las propuestas del Comisario Vitorino. 
Resultado: la democracia y los ciudadanos juntos contra los Reyes Sol de este continente. 
Aux armes democratiques, Presidente Prodi. 
Y al mismo tiempo, el conflicto sobre la cuestión de si tenemos o no una Europa social. 
La Europa conservadora, con mentalidad de libre mercado, rechaza, incluso aquí en el Parlamento, que la Constitución europea incluya la tarea de asegurar un modelo social europeo. 
Y es precisamente en este frente en el que los ciudadanos, las organizaciones sociales y nosotros como socialdemócratas queremos luchar, ya que atañe al punto central de la cuestión. 
¿Vamos a elegir una Europa que incluya la protección social para nuestros ciudadanos o preferimos la Europa del libre mercado, sin ningún poder ante la globalización, en la que los ciudadanos se sientan alienados y, en tiempos de despidos masivos, se consideren artículos de usar y tirar? 
De nuevo reitero, señor Prodi: aux armes democratiques, Commission et citoyens. 
Por último, insto a la Convención a que aproveche su oportunidad. 
Señor Presidente, la principal contribución de la Comisión al trabajo de la Convención no puede sino animar a aquellos que crean que Europa necesita un Tratado Constitucional antes de que comience la fase de reunificación. 
Las nuevas tareas de ingeniería constitucional deben basarse exclusivamente en un diálogo profundo y responsable entre los representantes de las instituciones europeas y nacionales. 
Por lo tanto, la Convención debe convertirse cada vez más, no en un foro que discuta incansablemente diferentes posturas, sino más bien en un foro capaz de encontrar un punto intermedio que confirme las dos formas de legitimidad en Europa: la comunitaria y la intergubernamental. 
La nueva Europa, fundada en los principios de solidaridad y subsidiariedad, debe ser políticamente fuerte y disponer de credibilidad económica. 
Con este fin, es necesario que tengamos una única voz en política exterior. 
Debe tratarse de una Europa con un pequeño número de competencias eficaces y bien definidas que incluyan, además de la política exterior, cuestiones como la defensa, la seguridad, el control de la inmigración, el mercado único y la gestión de la economía. 
Debe ser una federación de Estados nacionales, no un superestado entrometido. 
Debe ser una institución que disponga de un equilibrio estable de poderes entre sus tres instituciones: el Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Por supuesto, el principio de rotación semestral de la Presidencia de la Unión deberá alterarse. 
La propuesta de la Comisión, esbozada ayer en Le Monde y hoy en esta Cámara, es la reminiscencia del modelo francés, con la Comisión ejerciendo el papel del señor Raffarin y el Consejo en el papel del señor Chirac. 
Yo me pregunto si será posible conseguir un punto de acuerdo que permita la existencia de un único Presidente de la Comisión y del Consejo, el cual sería nombrado por el Consejo y elegido por una mayoría de dos tercios de los votos en el Parlamento. 
Un último punto. 
La Europa que estamos construyendo no puede permitirse perder sus raíces judeocristianas, ya que son la garantía de la secularidad de la institución. 
Si, en el futuro, quisiéramos crear una Unión que no tuviera en cuenta nuestra historia, ello equivaldría a construir un castillo sin cimientos. 
Señorías, el hecho de que los diputados estén llegando a la Cámara para el turno de votaciones mientras que el debate sigue su curso hace que los oradores que todavía han de hablar a la Cámara y el Sr. Prodi tendrán dificultades para hacerse oír. 
Les pido a todos que colaboren y se concentren en el debate hasta el comienzo de la votación. 
Señor Presidente de la Comisión, quisiera darle las gracias por su contribución al trabajo de la Convención. 
Nosotros también estamos deseando finalizar esta labor interminable porque creo que, con cada uno de nosotros adoptando una posición diferente, redactando su propia Constitución, tenemos suerte de que algunos miembros de la Comisión se estén preocupando por llevar a cabo esta tarea común y aporten su propia contribución. 
Gracias también por sus propuestas para el nombramiento de sus sucesores y el procedimiento de nombramiento en tres fases de la Comisión. 
Consideramos que merece la pena y que es importante. 
Sin embargo, me gustaría plantear una pregunta. Entiendo que adopta usted una posición negociadora, pero me parece que, al hablar de preservar el método comunitario- que es lo que desea la Comisión, por supuesto -, este método se basa en el papel de los tres puntos de un triángulo, con el necesario equilibrio. 
Desde ese punto de vista, tengo que admitir que su propuesta de satisfacer el deseo de los Jefes de Estado y de Gobierno y a sus Ministros de reforzar e ir más allá de la Presidencia rotativa del Consejo no se tratará de forma adecuada y se considerará un punto débil de su contribución. 
Por consiguiente, las posturas que adopte con respecto a la Secretaría de la Unión serán consideradas con entusiasmo y se repetirán en otros sectores. 
Desde esta óptica, la idea de que el Secretario de la Unión no presida el Consejo competente me parece un punto débil. 
Usted dice que el Presidente del Consejo no podría buscar un punto de acuerdo y al mismo tiempo realizar propuestas. 
Todos sabemos que existen numerosas asambleas en las que estos dos papeles son desempeñados por la misma persona. 
Así pues, creo que este es el aspecto que deberíamos examinar en mayor profundidad y considero que en el ámbito de la representación exterior de la zona euro podrían reproducirse estas propuestas. 
Señor Presidente, le doy las gracias por haber llamado al orden a nuestros colegas parlamentarios. 
Lo que necesita es un altavoz para que su mensaje llegue también a todos aquellos que se encuentran fuera del hemiciclo, ya que son los que vuelven quienes están molestando. 
Gracias, señora Berès, por esta sugerencia tan valiosa. 
Quizás los diputados que me estén escuchando podrían pedir a los diputados que están entrando en la Cámara que lo hagan en silencio y de manera ordenada para que los oradores puedan hacerse oír sin dificultad. 
Señor Presidente, estoy segura de que el Sr. Prodi puede entenderme, ya que estoy sentada a su lado, por lo que podemos comunicarnos fácilmente. 
Quería comenzar dándole las gracias al Presidente de la Comisión por el excelente documento que se ha presentado. 
También estoy satisfecha de que este documento mantenga muy fielmente la posición del Parlamento y esté tan en consonancia con el Memorando del Benelux que acaba de ver la luz. 
En primer lugar, me alegro de que el Sr. Prodi no propugne la figura del Presidente de la Unión Europea, como ha propuesto el Sr. Giscard d ' Estaing. 
Nosotros vemos fundamentalmente al Presidente de la Unión Europea en el papel del Presidente de la Comisión. 
Estos dos cargos deben coincidir en la medida de lo posible. 
Si debe existir un Presidente de la Unión Europea, entonces debe ser el Presidente de la Comisión. 
Lo que a nosotros nos parece una buena idea, o al menos a mí me lo parece, es que la futura Comisión tenga tres, o incluso cuatro vicepresidentes. Por ejemplo, uno de política exterior, que podría ser responsabilidad del Sr. Solana. 
Uno de seguridad interior, que entraría dentro de las atribuciones del Sr. Vitorino. El tercero sería el vicepresidente de asuntos socioeconómicos, y el cuarto se ocuparía de los Comisarios más técnicos. 
Si se dividiera el trabajo de esta manera, el Presidente de la Comisión tendrá relativamente más libertad para desempeñar sus tareas presidenciales. 
También acogemos con satisfacción el énfasis que se ha puesto en el método comunitario y que existan propuestas de simplificación legislativa. 
Hay buenas propuestas en este sentido en el seno de la Convención, propuestas que van un poco más lejos de las realizadas por la Comisión. 
Creemos que en el futuro sólo deberíamos hablar de reglamentos, directivas, decisiones y de la legislación de aplicación. 
Esto debería ser suficiente. 
Asimismo, en la medida de lo posible, todo debe hacerse mediante el procedimiento de codecisión. 
Por último, nos satisface igualmente que la Comisión no haya propuesto la absurda idea de crear un Congreso. 
Creemos que esta no sería una medida positiva. 
Lo que sí consideramos importante es que debería existir una mayor participación de los ciudadanos, y que una mayor transparencia debería hacerlos más conscientes de lo que sucede en Europa. 
Esto es lo que propone la Comisión. 
Por consiguiente, señor Prodi, tiene usted todo nuestro apoyo. 
Señor Prodi, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la Sra. Maij-Weggen. 
La comunicación que nos ha presentado es extremadamente interesante y es ampliamente compatible con las posturas del Parlamento Europeo. 
Sin embargo, no existe una propuesta clara acerca de un punto fundamental, a saber, la integración de la Carta de los Derechos Fundamentales (su integración, no la inclusión de una referencia a la misma) , ya que no puede existir una Constitución moderna si no se incluyen los derechos humanos. 
Espero que la Comisión no vaya en contra del desarrollo de una práctica constitucional moderna y adopte el argumento de que Europa debería tener una Constitución corta, con un anexo donde se escondan los derechos humanos. 
Personalmente, acojo con satisfacción la propuesta de generalizar el método comunitario, la codecisión y el voto por mayoría. 
También acojo favorablemente la idea de tener un único portavoz para la política exterior que forme parte de la Comisión, pero que también sea responsable personalmente ante el Consejo. 
Existen muchos otros puntos que deben aclararse y someterse a debate, pero estamos de acuerdo en que no deberíamos crear instituciones nuevas e innecesarias y que debería reforzarse el poder de decisión del Eurogrupo y el sistema financiero de la Unión. 
Por último, estamos de acuerdo con que se haya hecho una distinción entre quienes hacen las leyes y quienes las aplican. Por fin Montesquieu ha llegado a la Unión. 
Espero que la futura Constitución de la Unión sea la de una democracia supranacional, como ha reclamado el Parlamento Europeo, y también la Comisión y los ciudadanos europeos. Espero además que encontremos un modo de evitar que un pequeño grupo de euroescépticos impida a los países avanzar en la dirección que desean. 
Señor Presidente, no creo que haya quedado claro cuál es la longitud efectiva de la propuesta de la Comisión. 
He leído un documento que ocupa 23 páginas. 
En cuanto a los aspectos que se tratan, yo me pregunto si podríamos estar de acuerdo con ellos. 
Únicamente me gustaría hacer algunos comentarios acerca de la coordinación abierta. 
Se trata de un problema bastante delicado en el Tratado en este momento y que ha recibido escasa atención. 
¿Qué dice la Comisión al respecto? 
Afirma que debe ser decidido por el Consejo, habiendo sido preparado por la Comisión, y entre paréntesis leemos «en su caso, previa consulta con el Parlamento Europeo». 
Por supuesto, esto resulta imposible. 
Si la Comisión desea eliminar la coordinación abierta en algún momento, creo que debería hacerlo de este modo. 
Una de las tres instituciones en las que se basa esta Comunidad no puede simplemente menospreciar de esta manera una cuestión de tal calibre. 
Este es el mensaje principal. 
El segundo mensaje es que en general el elemento social de la Convención ha recibido más bien poca atención hasta la fecha. 
Creemos que es muy positivo que se haya creado un grupo de trabajo preocupado en particular por la cuestión social. 
Pienso que es posible que los partidos mayoritarios alcancen un acuerdo en este sentido, basándose en la experiencia que hemos adquirido con el modelo social europeo. Es posible, pero debemos tener cuidado. 
Existe una diferencia fundamental entre los dos partidos; el PPE-DE, por una parte y los socialistas por otra, y esta diferencia es el punto de partida. 
¿Quieren empezar con lo económico o con lo social? 
Se trata de una cuestión importante si deseamos llegar a una conclusión satisfactoria. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la intención de la Comisión de hacer de la UE la primera democracia supranacional del mundo. 
Este es un proyecto fantástico, y los ciudadanos deben entenderlo y apoyarlo. 
En cualquier democracia, el Gobierno es elegido por el Parlamento, y por ello también acojo favorablemente la propuesta de que aquí en la UE, la Comisión y el Presidente deberían ser elegidos por esta Cámara y no por el Consejo Europeo. 
El enfoque actual es muy confuso, y creo que debemos reinstaurar los principios de Montesquieu. 
Por eso le doy la enhorabuena por hacer conseguido llegar hasta ahí. 
Se trata de un punto verdaderamente importante, pues es un asunto en el que el Parlamento y la Comisión pueden caminar en la misma dirección. 
Asimismo me gustaría darle la enhorabuena por defender claramente que exista sólo un ejecutivo y no dos. 
No puede haber un Presidente electo del Consejo Europeo junto con un Presidente electo de la Comisión. 
No queremos que las instituciones se renacionalicen; lo que necesitamos es aplicar el método comunitario, y en este documento, la Comisión y el Parlamento se encuentran en la misma línea. 
Así pues, debemos conseguir que la Convención lo apruebe. 
Señor Presidente, seré muy escueto, sobre todo porque vamos retrasados con respecto al horario y el Parlamento Europeo debe continuar su trabajo con toda celeridad. 
Me limitaré a hacer algunos comentarios, el primero de los cuales está dirigido al Sr. Barón Crespo. 
Hemos estado examinando los problemas de Galicia de manera muy cuidadosa y seguimos haciéndolo. 
La Comisaria de Palacio acaba de visitar la zona, la Comisaria Wallström irá allí mañana y el Comisario Fischler ya ha recomendado las medidas que hay que tomar. Y sobre todo estamos movilizando y coordinando todos nuestros recursos con el fin de emprender la acción más amplia y cohesiva posible. 
Podemos confirmar que, en nuestra opinión, este incidente podría y debería haberse evitado. 
Por lo tanto, debemos tratar esta cuestión del modo más exhaustivo posible, porque si llegaran a producirse incidentes similares en el futuro, sería nuestra responsabilidad. 
La Comisión ya ha ejercido presión sobre los Estados miembros para limitar la circulación de buques obsoletos, y seguiremos trabajando en ello. 
Permítanme sólo unos comentarios breves. 
En primer lugar, me gustaría darles las gracias por su apoyo entusiasta a nuestras propuestas, por el apoyo que han dado al método comunitario y por su comprensión del simple hecho de que no se trata de una propuesta final- no es ni la primera ni la última propuesta de la Comisión-. 
Se trata de un avance fundamental que nos permitirá debatir las cuestiones juntos. 
Los puntos en los que existe disensión son aspectos extremadamente importantes que tendremos que discutir. 
En cuanto a la aportación del Sr. Brok, por ejemplo en relación con el hecho de que la Comisión sea responsable ante el Consejo y el Parlamento, se trata de un aspecto que debemos explorar, pero personalmente creo que se encuentra plenamente en concordancia con lo que se ha dado en llamar la norma Montesquieu, aunque es cierto que, en caso de que el Consejo adopte medidas que afecten a la Comisión, el Presidente de la Comisión no formaría parte del Consejo, evitándose así la confusión a la que se refería el Sr. Brok. 
Más aún, existe un concepto común que subyace a estas propuestas, y me refiero al concepto de países y pueblos: hemos adoptado un enfoque coherente, completamente cohesivo en este sentido. A este respecto, a menudo nos damos cuenta de que estamos en casi completa armonía con el documento Benelux. 
No es que hayamos desarrollado este enfoque juntos, sino que más bien parece que hemos adoptado la misma perspectiva en estas cuestiones, la misma creencia de que esta es una unión de naciones y de pueblos o, como muy acertadamente apunta el Sr. Méndez de Vigo, de ciudadanos. Este es el enfoque que perseguimos. 
No entraré en los aspectos concretos porque sé que el tiempo apremia. 
Tan sólo resaltaría un punto esencial: la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Puedo confirmar que la Comisión pretende proponer la integración de la Carta en la futura Constitución. 
De hecho, ya lo hemos propuesto en el estudio de viabilidad que he pedido, y demostramos que es algo completamente viable. 
En cuanto a este estudio de viabilidad, yo resaltaría que se trata sólo de un documento de trabajo técnico. No ha sido sometido a la aprobación de la Comisión y no ha sido discutido. 
Es un estudio de viabilidad que constituye un documento de trabajo extremadamente útil. 
Para evitar que se confunda con el documento que hemos propuesto y ratificado en la Comisión, tampoco lo repartiré hoy en la Convención, sino que se publicará en Internet inmediatamente después, como todos los documentos que hemos utilizado durante esta fase. 
Les aseguro que se trata de un documento de trabajo, ni más ni menos. un simple documento de trabajo. 
(Aplausos) 
Creo que esta ha sido una excelente oportunidad de avanzar en el debate sobre el futuro de Europa. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Informe (A5-0411/2002) del Sr. Carlos Westendorp y Cabeza, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera adicional a Moldavia (COM (2002) 538- C5-0484/2002- 2002/0236 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Después de la votación: 
Señor Presidente, quisiera proponer algunas enmiendas al Acta. 
En el párrafo 11 de la página 26, en lo que respecta al Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, no figura la propuesta de resolución del PPE-DE del 14 de noviembre, aunque tengo aquí el registro electrónico; tampoco se mencionan las dos enmiendas de transacción presentadas por los grupos pequeños y los dos grupos grandes. 
Eso quedará reflejado en el Acta de hoy. 
Informe (A5-0406/2002) del Sr. Per Stenmarck, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el Acuerdo interinstitucional por el que se prorroga el Acuerdo interinstitucional relativo a la financiación de la Convención sobre el futuro de la Unión Europea (14249/2002- C5-0561/2002- 2002/2247 (ACI)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0407/2002) del Sr. Per Stenmarck, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el presupuesto de la Convención Europea para el ejercicio 2003 (3923/2002- C5-0545/2002- 2002/2234 (BUD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0408/2002) del Sr. Guido Podestà y la Sra. Kathalijne Maria Buitenweg, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario nº 6/2002 de la Unión Europea para el ejercicio 2002 (SEC (2002) 1220) -14811/2002- C5-0560/2002- 2002/2239 (BUD) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0375/2002) del Sr. Jean-Claude Fruteau, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (COM (2002) 139- C5-0178/2002- 2002/0066 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0391/2002) del Sr. Christian Ulrik von Boetticher, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la financiación de actividades aplicadas por Europol en el marco de la cooperación en la lucha contra el terrorismo (COM (2002) 439- C5-0471/2002- 2002/0196 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0390/2002) del Sr. Carlos Lage, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan, para el periodo comprendido entre el 3 de agosto de 2002 y el 2 de agosto de 2004, las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República de Angola sobre la pesca en aguas de Angola (COM (2002) 495- C5-0492/2002- 2002/0237 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0400/2002) del Sr. Othmar Karas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la comunicación de la Comisión relativa a la racionalización de los ciclos anuales de coordinación de la política económica y de la política de empleo (2002/2215 (INI)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0402/2002) de la Sra. Jacqueline Foster, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil (PE-CONS 3660/2002- C5-0482/2002- 2001/0234 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto conjunto) 
Informe (A5-0401/2002) de la Sra. Helle Thorning-Schmidt, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) (decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (PE-CONS 3666/2002- C5-0501/2002- 1992/0449A (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto conjunto) 
Informe (A5-0392/2002) del Sr. Salvador Jové Peres, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (COM (2002) 185- C5-0313/2002- 2002/0114 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0396/2002) del Sr. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 2792/1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (COM (2002) 187- C5-0314/2002- 2002/0116 (CNS)) 
Antes de la votación conjunta de las enmiendas de la comisión: 
Las enmiendas 4 y 17 no van a ser sometidas a votación porque el Presidente las ha considerado inadmisibles. 
En su opinión, pertenecen más a la exposición de motivos que al texto legislativo. 
Tengo una carta del Presidente en la que afirma que las enmiendas 4 y 17 han sido juzgadas inadmisibles. 
Tomo nota de su protesta formal, pero las enmiendas continúan siendo inadmisibles. 
Después de la votación conjunta de las enmiendas de la comisión: 
En aras de la claridad, como bien ha dicho el ponente, vamos a votar la versión reformulada de la enmienda 4. 
Antes de la votación de la enmienda 20: 
Permítame leer en voz alta lo que ha dispuesto el Presidente. 
Ha juzgado inadmisible la enmienda 4 en su versión actual. 
Si el ponente se aviene a modificarla eliminando la referencia a la propuesta actual de la Comisión- una referencia que no sería relevante una vez adoptado el instrumento legal- entonces la enmienda 4 sería aceptable. 
Es lo que hemos hecho. 
Lo único que dice el Presidente en su carta acerca de la enmienda 17 es: «Declaro inadmisible esta enmienda». 
No dice que pueda resultar aceptable en cualquier otra forma modificada... 
Señor ponente, le debo una disculpa. 
El Presidente ha pretendido decir que ahora declara admisible esta enmienda. 
Pido disculpas. 
Está bien, ¡dimito! 
(Risas) 
Señor Presidente, no quiero y no deseo que esto sea una disputa entre un gallego y un escocés, ni tampoco entre dos europeos. 
Soy el ponente de estos informes, soy jurista de profesión y estoy haciendo un informe jurídico y político. 
He mantenido contactos con los servicios y nos han dicho que esta enmienda era admisible. 
Por eso, lo único que le pido es que, por favor, haga la votación un poco más despacio. 
Nada más. 
Tiene usted toda la razón y vuelvo a pedir perdón. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
La votación, suspendida a las 11.40 para la sesión formal 
. (ES) Señor Presidente, la pesca no es protagonista en este Parlamento nada más que cada veinte años. 
Estamos reformando la política de pesca y hoy la Cámara ha aprobado dos informes muy importantes, y yo quiero mostrar el agradecimiento a todos los diputados que me han apoyado en esta tarea. 
Y lo hago especialmente, señor Presidente, como gallego, porque Galicia está pasando momentos muy dramáticos en estos momentos. 
Concluyo diciendo que me gustaría que el Sr. Fischler estuviera presente en este momento histórico y no lo está. 
Pero quiero que la Comisaria le transmita, por favor, lo siguiente: su colega, el Sr. Barnier, le dijo por escrito que su reforma no tenía ni base legal, ni moral y hoy, este Parlamento le ha suprimido la base política y la base presupuestaria, y ha rechazado la reforma. 
Señor Presidente, quisiera proponer, en nombre de mi Grupo, y de conformidad con el apartado 4 del artículo 37 del Reglamento, que esta Asamblea decida si la propuesta de resolución común presentada por el PPE-DE y el PSE debe votarse antes de las demás resoluciones. 
Justifico esto de la siguiente manera: el 14 de noviembre presentamos una propuesta de resolución a la administración, de lo que da fe este registro electrónico. 
Por consiguiente, nuestra propuesta original tiene prioridad. 
De conformidad con el apartado 4 del artículo 37 del Reglamento, una propuesta de resolución común presentada con posterioridad reemplaza a la propuesta original. 
Esto significa que la propuesta común presentada con posterioridad obtiene la misma consideración que la propuesta presentada en primer lugar y debe someterse a votación primero. 
En caso de que la Asamblea no siga este procedimiento, deseo pedirle al Presidente que no admita las enmiendas presentadas por los liberales, los verdes y los comunistas, de conformidad con el apartado 4 del artículo 140 del Reglamento, que estipula que sólo se pueden presentar enmiendas que no se hayan presentado previamente. 
Puesto que el contenido de la propuesta de resolución común presentada por estos grupos es exactamente igual a esas enmiendas, sólo se puede admitir una de las dos. 
Para nosotros no tiene sentido seguir la lista de votación, porque, en tal caso, tendríamos que votar dos veces sobre lo mismo. 
Esto es contrario al espíritu y a la letra del Reglamento. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, quisiera apoyar expresamente esta propuesta en nombre de mi Grupo, una postura que está plenamente justificada. 
Esta mañana hemos modificado el Acta para que refleje que la propuesta del PPE-DE se presentó antes. 
Las peticiones que hay sobre el tapete están claras. 
No veo ninguna utilidad en prolongar el debate. 
He revisado el orden cronológico en que se han recibido las resoluciones. 
Mi decisión en cuanto a la secuencia en que debemos votar se basa única y exclusivamente en el orden cronológico y los precedentes que lo rodean. 
Se me informa ahora de que el orden cronológico indica que en primer lugar vamos a votar la resolución común presentada por los tres Grupos. 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0620/2002) presentada por Diana Wallis y Astrid Thors en nombre del Grupo ELDR, sobre el Estatuto de los Diputados 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0621/2002) presentada por Heidi Anneli Hautala y otros en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el Estatuto de los diputados 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0622/2002) presentada por Francis Wurtz en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el Estatuto de los diputados del Parlamento Europeo 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución común 
Señor Presidente, tenemos que modificar esta enmienda para que refleje mejor la realidad del Tratado de Niza. 
Solicito suprimir las dos últimas palabras y que usted la acepte como enmienda oral. 
Señor Presidente, no quiero volver a plantear un debate que ya se ha celebrado en este Parlamento, pero usted fue elegido sobre la base de un programa de reforma de esta Cámara. 
Ciertos elementos poderosos en el seno de los dos grupos principales han bloqueado dicha reforma y espero, señor Presidente, que el Consejo y la Comisión, representados aquí en este momento, sean capaces de percibir la fuerte corriente, mayor que nunca, dentro de esta Cámara a favor de tal reforma, y que la tomen en cuenta. 
Señor Presidente, usted ha pensado que tenía razón al seguir el procedimiento que ha adoptado. 
En nombre de mi Grupo, me gustaría decir que no estamos de acuerdo con su decisión, pero no quiero detenerme demasiado en ello. 
He pedido la palabra porque así lo ha hecho el Sr. Watson. 
No obstante, no acepto que nadie- ya sea de nuestro Grupo o de un grupo ajeno- adopte una postura moralista y acuse a los demás de tener dudosas intenciones. 
(Aplausos grandes y prolongados; interrupción) 
Señor Presidente, Señorías, la reacción de esta Cámara, su gran apoyo a lo que acabo de decir, me basta. 
No necesito añadir nada. 
Señor Presidente, mi Grupo respeta a los demás grupos. 
Los problemas internos del Grupo Liberal les toca a ustedes resolverlos, pero yo planteé una pregunta al Consejo pidiéndole que manifestara su voluntad de diálogo y el Consejo la ha manifestado. 
Una vez efectuada la votación, creo que debemos todos unirnos, y me dirijo especialmente al Sr. Watson, al que pido, en nombre de mi Grupo, que cese en su política de agresión y de difamación injustificada de otros grupos políticos y de nacionalidades concretas en este Parlamento. 
Ésta es la hora de la unidad y de sacar adelante el Estatuto. 
Gracias. 
No voy a admitir ninguna otra intervención. 
Hoy hemos adoptado una resolución. 
Dicha resolución facilita lo que yo llamaría una visión indicativa de la opinión presentada por el Sr. Rothley a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Como ponente, el Sr. Rothley dijo ayer que espera en el transcurso del año próximo- tal vez para marzo de 2003- hacerla que de indicativa pase a ser a definitiva. 
Durante ese periodo intermedio pretendo trabajar conjuntamente con el ponente para ver hasta qué punto podemos intentar movilizar a una mayoría de esta Cámara para dialogar con las demás instituciones a fin de alcanzar un acuerdo sobre este tema, de manera que constituya una salida satisfactoria y un resultado digno. 
Informe (A5-0397/2002) por la Sra. Patsy Sörensen, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la expedición de un permiso de residencia de corta duración a las víctimas de la ayuda a la inmigración ilegal o de la trata de seres humanos que cooperen con las autoridades competentes (COM (2002) 0071- C5-0085/2002- 2002/0043 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Propuesta de resolución común 
Quisiera señalar la necesidad de que se revise la legislación comunitaria en torno a los productos DOP e IGP. 
El informe Fruteau, sobre el que estamos a punto de votar y que cuenta con nuestro apoyo, nos parece bueno, aunque no contiene algunas enmiendas importantes presentadas y argumentadas por varios diputados italianos de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. 
En este caso concreto, no se han incluido importantes enmiendas sobre la posibilidad de registrar DOP e IGP en Bruselas cuando ya se hayan registrado productos que, por una razón diferente- como en el caso de una variedad de una planta -, tengan la misma denominación geográfica solicitada (por ejemplo, el nombre de una ciudad). 
Por consiguiente, voy a enviar una carta a la Representación Permanente de Italia en Bruselas para pedir que mi país adopte una postura clara sobre este asunto en el Consejo, una carta que pienso enviar también a los diputados italianos para invitarles a que apoyen esta iniciativa. 
Quisiera subrayar que no se trata de una cuestión que ataña sólo a Italia: afecta a la protección de todos los productos típicos europeos. 
Por tanto, apelo también a los diputados no italianos para que la consideren como una cuestión de protección jurídica de los productos típicos. 
El ponente acepta la base de la propuesta de la Comisión de adaptar el presente Reglamento n° 2081/92 a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC, 1994). 
Después de apoyar la posición de la Comisión, que considera fundamental para llevar a cabo una política de calidad de los alimentos y combatir cualquier intento de crear confusión entre los consumidores, al pronunciarse sobre las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) , el informe pasa por alto algunas contradicciones y presenta algunas enmiendas que suscitan dudas. 
Por ejemplo, con respecto al procedimiento de anulación del registro comunitario de una DOP o una IGP, el informe pasa por alto el hecho de que, a veces, una DOP o una IGP no son sólo propiedad privada, sino que pueden pertenecer también a una comunidad o región en particular, debido a las características de su producción o de la materia prima empleada. 
Por consiguiente, debería haber salvaguardas para garantizar que la voz de los órganos institucionales locales se escuche en estos casos. 
Debemos tener en cuenta también la relación entre la marca y la DOP, para salvaguardar una posible deslocalización de una marca con características regionales que no se puede producir en otra región o país. 
En Portugal, este problema ya se ha dado en el caso del queso limiano. 
Por este motivo, nos hemos abstenido en la votación. 
El mercado no tiene piedad, pues el que produce y vende más barato es el que se lleva siempre el gato al agua, aunque sus precios sean inferiores debido a que ofrece salarios bajos y malas condiciones laborales, a que es cruel con los animales, a que contrata a menores de edad o a que carece de medidas para controlar la contaminación medioambiental. 
En un mercado cada vez más amplio, la producción de alimentos y bebidas regionales con solera se halla amenazada. 
Éstos pueden verse perjudicados por la competencia de un lugar donde los costes de producción sean inferiores. 
Si el libre mercado echa sus redes, el queso, el vino, la mostaza, el vinagre y la pastelería dejarán pronto de venir de la región de origen. 
Por tanto, es positivo que, en medio de esta liberalización imperante de la economía, se plante cara a la lógica del mercado protegiendo de imitaciones a estos productos y a sus zonas de origen. 
No obstante, tenemos que tener cuidado de que no surjan nuevas injusticias. 
Bajo estas disposiciones, los viejos Estados miembros de la UE se encuentran en una situación de ventaja con respecto a los nuevos. 
Recientemente he formulado algunas preguntas ante la Comisión referidas al hecho de que el queso feta búlgaro ya no se puede exportar desde que el nombre feta se ha concedido exclusivamente a los productos griegos. 
El queso búlgaro tiene que venderse ahora bajo un nombre desconocido y, a causa de ello, tiene menos demanda. 
Por consiguiente, debe permitirse que los nombres protegidos ya asignados se puedan emplear para evitar condenar al olvido a un producto agrícola tradicional de una región desatendida perteneciente a un país que haya ingresado en la UE con posterioridad. 
. 
PT) Desde 1993, la UE cuenta con un sistema de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y de Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). 
Este mecanismo ha contribuido a hacer que el sector agroalimentario sea más dinámico y a preservar los métodos tradicionales de producción, ofreciendo a los consumidores productos de alta calidad. 
Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión de adaptar este sistema, especialmente en lo que se refiere a controlar las falsificaciones y las imitaciones ilegales, tanto dentro de la UE como en terceros países. 
Una medida, que creemos que sería importante, sería insistir en que los productos se empaqueten en la zona en la que se producen, como garantía de control en cuanto a su origen y su calidad. 
El actual mecanismo de inspección debe ser eficaz, y para ello, los sistemas existentes y los trabajos de los órganos nacionales y europeos deben armonizarse, y a los Estados miembros se les deben otorgar mayores responsabilidades. 
Defiendo también la idea de que el titular de una marca debería, en ciertas circunstancias, tener el derecho de registrar un producto de su marca con una DOP o una IGP. 
De la misma manera, el procedimiento de registro del producto debe simplificarse y hacerse más accesible, y los Estados miembros deben contar con un mayor poder de análisis, limitándose el papel de la Comisión Europea a un mero control de forma. 
. (EN) He votado en contra del Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios porque da su aprobación al Reglamento, pero no persigue mejorar el contenido o modificar los objetivos ni del Reglamento antiguo ni de la propuesta de la Comisión. 
El objetivo global radica en la regionalización mediante un enfoque uniforme de la Comunidad. 
Un planteamiento que yo, como soberanista, no puedo apoyar. 
El Reglamento impondrá restricciones innecesarias a los productores, afectando particularmente a los pequeños y medianos productores de productos agrícolas. 
Además, creo firmemente que los consumidores se orientarán mejor si aparece el nombre del Estado miembro del que procede el producto. 
El consumidor debe poder apoyar la producción nacional si así lo desea. 
Por último, resulta injustificable que las LDC tengan que cumplir las normas de producción de la UE. 
Eso constituye una barrera comercial oculta. 
. (EN) Este Informe se ha sometido a votación de acuerdo con el artículo 110a del Reglamento que permite la ausencia de debate en el Parlamento y de enmiendas al Informe. 
La Delegación británica del Grupo PPE-DE ha intentado anteriormente presentar enmiendas a informes que no eran merecedores de su apoyo. 
El nuevo artículo, sin embargo, no deja más alternativa que la de abstenerse sobre determinados informes. 
Antes de que incrementemos las competencias y los recursos financieros de Europol, los Diputados conservadores británicos opinan que es necesario concretar si debe concedérseles competencia en este o en otros ámbitos, o si la prioridad absoluta la debe constituir la cooperación entre Estados, utilizando los recursos naciones actuales. 
Permítanme unas breves palabras para expresar, como ha hecho el ponente, mi firme esperanza de que ahora, dentro de un nuevo marco que nos permite augurar una paz duradera en Angola, la industria pesquera de ese país, a través de los instrumentos específicos acordados dentro de la CE, contribuya al desarrollo de la economía de un país que ha sufrido mucho con la larga y devastadora guerra civil que lo ha asolado desde su independencia en 1975. 
Esto es lo que marca la diferencia, en términos políticos, entre este protocolo- válido para el período comprendido entre el 3 de agosto de 2002 y el 2 de agosto de 2004- y los ocho anteriores, en lo que se refiere a desarrollar el acuerdo que, como se sabe, se remonta a 1987. 
Además, es un importante instrumento del que se pueden beneficiar los armadores portugueses- además de los españoles, los franceses, los italianos, los griegos y los irlandeses -, por lo que es de lamentar que la Comisión no haya respetado la clave de distribución contenida en el acuerdo previo y que haya penalizado a Portugal con 20 toneladas. 
Por último, cabe subrayar el aumento significativo de la contribución financiera y, en relación con ello, no sólo el incremento correspondiente de las posibilidades de pesca, sino también la creación de una asociación con Angola para fomentar la pesca responsable y sostenible, y particularmente, el desarrollo de la investigación científica, la vigilancia, la pesca artesanal, la formación y la acuicultura. 
En el futuro, será preciso hacer un seguimiento de las consecuencias concretas de estas novedades. 
. 
(PT) He votado a favor de este informe, que hace hincapié en la necesidad de racionalizar y sincronizar procedimientos para coordinar las políticas económicas, sociales y de empleo, sin olvidar la dimensión medioambiental, con vistas a orientarlas hacia una perspectiva a medio y largo plazo. 
Debemos centrarnos en poner en práctica medidas, más que en elaborar directrices. 
Este análisis de la ejecución de las directrices, que tomará la forma de un nuevo paquete de medidas de aplicación, va a implicar que los Estados miembros proporcionen información de manera sistemática, de acuerdo con un calendario específico. 
Deberá garantizarse la adecuada participación de todas las instituciones y de todos los socios interesados, tales como el Consejo, el Parlamento Europeo y los interlocutores sociales. 
Debemos subrayar la importancia de reforzar la legitimidad democrática en este proceso y de otorgar al Parlamento poderes de participación y de codecisión en la totalidad del ciclo de coordinación de las políticas. 
Con este fin, confiamos en que la Convención proponga esta mejora para el nuevo Tratado. 
Finalmente, quiero recalcar la importancia de reforzar el papel desempeñado por los interlocutores sociales mediante la organización de la Cumbre Social Tripartita y de un diálogo social macroeconómico, así como la participación de los países candidatos en la puesta en práctica de la Estrategia de Lisboa. 
Este informe respalda a la Comisión, que defiende la idea de una mayor coordinación a la hora de aplicar la política económica y la llamada política de empleo de los Estados miembros. 
No obstante, la única «política económica» que la Unión Europea y sus Estados miembros conocen consiste en favorecer, en todo momento, los intereses de las empresas y de sus dueños. 
En cuanto a su «política de empleo» , es en el mejor de los casos- si se puede decir así -, un pretexto para repartir ayudas y subvenciones a estas mismas empresas, y sobre todo a los principales grupos industriales y financieros de Europa. 
En el peor de los casos, se traduce en el aumento constante de desempleados: en la actualidad, existen 20 millones de parados en la Unión Europea y, además, hay millones de trabajadores que cuentan con trabajos precarios. 
Constantemente oímos planes de despidos masivos, y usted se atreve a hablar de «política de empleo». 
¿Y cómo osa hablar de «racionalizar» la política económica y de empleo, cuando cada día aparecen nuevas pruebas del carácter irracional de su sistema, así como de su injusticia social intrínseca? 
Por consiguiente, al votar en contra de este informe, estamos reiterando nuestro rechazo al sistema capitalista. 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento.) 
La comunicación de la Comisión que sirve de base a este informe sigue la petición efectuada en el Consejo de primavera de Barcelona de racionalizar los procesos pertinentes de coordinación política y de mejorar la aplicación de la Estrategia de Lisboa. 
En torno a esta cuestión, el ponente tratar de mejorar algo la posición inaceptable de la Comisión Europea, que sistemáticamente pasa por alto los ámbitos social y medioambiental. 
No obstante, estas mejoras son del todo insuficientes, ya que fueron rechazadas las propuestas que presentamos sobre la necesidad de modificar los objetivos, los criterios y los fundamentos del Pacto de Estabilidad, partiendo del principio de que los presupuestos de los Estados miembros deben reflejar las necesidades de cada pueblo y de cada país, y no los intereses de los grupos financieros, a los que el Banco Central Europeo trata de servir. 
En consecuencia, no se han dado garantías para establecer condiciones que aseguren que se da prioridad al empleo, a la cohesión económica y social y a la lucha contra la exclusión social, una cuestión fundamental para combatir la preponderancia de las políticas neoliberales en la Unión Europea. 
Por tanto, a pesar de algún que otro aspecto puede considerarse como positivo, hemos votado en contra de este informe. 
En el año 2000, la Cumbre Europea de Lisboa defendió una implacable política de liberalización y de privatización integral de los servicios públicos. 
La justificación, que resultó ser ilusoria, era que estas medidas darían lugar a un mayor crecimiento económico que permitiría a Europa derrotar a los Estados Unidos y a Japón. 
Según esta línea de pensamiento, los inconvenientes esperados en cuanto al trabajo y el medio ambiente se compensan automáticamente con un aumento de los beneficios y del empleo. 
La propuesta que vamos a votar hoy es un esfuerzo encomiable del Sr. Karas por suavizar una elección política equivocada. 
Lo ha logrado, hasta cierto punto, en la esfera medioambiental, al menos en lo que se refiere a las buenas intenciones. 
En efecto, tengo mis dudas acerca de que en una política liberal despiadada haya espacio para el respeto al medio ambiente, pero la propuesta de la Comisión de dedicar más atención a la política medioambiental cuenta con mi respaldo. 
En el ámbito de la política social, lo principal de la propuesta es que trata de responsabilizar, en parte, al movimiento sindical de la política económica neoliberal. 
El ponente está intentando reconciliar lo irreconciliable de una manera astuta. 
De este modo, lo que debemos valorar no son sus buenas intenciones, sino la política subyacente, y esto nos ha llevado a nuestro grupo y a mí a votar en contra de esta propuesta. 
Los cambios propuestos y la idea de coordinar las directrices de la política económica general y de empleo podrían constituir un paso adelante para contribuir a dar un giro radical a la política económica, si los problemas sociales más graves representasen una prioridad para otros ámbitos políticos. 
No obstante, está sucediendo lo contrario. 
Se sigue haciendo hincapié en el Pacto de Estabilidad y en la política de privatizaciones, fusiones y reestructuración capitalista, lo que ha provocado- y, de hecho, sigue provocando- despidos masivos, una disminución del nivel de vida, salarios inferiores, un número cada vez menor de servicios sociales, así como violaciones de los derechos de los trabajadores, algo que crea temores justificados de que la coordinación cause aún más problemas al desempeñar los asuntos sociales un papel secundario en la política de liberalización y de búsqueda desenfrenada de beneficios. 
Por supuesto, la coordinación omite dos de los cuatro pilares de la UE (a saber, la protección medioambiental y la cohesión social) , pero añade la consecución del mercado único. 
Creemos que el único objetivo de este tipo de «coordinación» es engañar a los trabajadores. 
Nosotros apoyamos una política basada en el objetivo del pleno empleo y en el hombre y sus necesidades, que permita una protección de todos los derechos sociales de los trabajadores, un mejor nivel de vida, un desarrollo social real y una prosperidad. 
A lo largo del tiempo, volar se ha vuelto cada vez más barato, y en muchos casos, resulta también económico en relación con la distancia recorrida. 
Esto se debe a que los costes sociales y medioambientales no repercuten en los bolsillos de los pasajeros. 
El combustible no está gravado y las rutas que se toman no requieren ninguna infraestructura fuera de los aeropuertos. 
Los viajes por avión llevan camino de acabar con los trayectos en tren de media y larga distancia, a pesar de las inversiones en trenes de alta velocidad para distancias de hasta 1000 km y pese a la comunicación de la Comisión «Transporte aéreo y medio ambiente» de 1999 y el Libro Blanco sobre política de transportes de cara al 2010. 
Los precios a los que las compañías aéreas venden los billetes nunca han sido más bajos, empresas no europeas transportan pasajeros dentro de la UE prácticamente de forma gratuita y las compañías baratas apartan a empujones a las viejas compañías aéreas nacionales. 
A pesar de las bajas tarifas, que no pueden compensar los efectos negativos de la contaminación aérea y acústica, sigue habiendo una mayoría política a favor de tarifas aún más reducidas. 
¿Es una prioridad política reducir los gastos de viaje de los más pudientes? 
El compromiso que se ha alcanzado entre la mayoría del Parlamento y el Consejo contempla que las autoridades deberían asumir algunos de los costes de seguridad derivados de la lucha contra el terrorismo. 
Este dinero estaría mejor empleado en el transporte público de masas (concretamente, el transporte urbano e interurbano) , que está sufriendo todo tipo de recortes. 
Por todo ello, expreso mi rechazo a este compromiso. 
. (EN) He votado a favor del informe Foster, y quisiera felicitar al Sr. Foster por presentar un conjunto de propuestas que proporcionan sistemas de control de calidad oportunos, y normas más estrictas en la seguridad de la aviación civil. 
Tras haber presentado un minucioso informe, me gustaría añadir que la especial importancia que se ha concedido a la seguridad en los aeropuertos no debe impedir que los Estados miembros de la UE adopten medidas que ofrezcan alguna forma de reparación a los ciudadanos de la Unión que sean registrados, detenidos o acosados injustamente en los aeropuertos, sin motivo que lo justifique. 
En la actualidad, existen medidas legales de reparación insuficientes para tal violación, tanto en los puertos como en los aeropuertos. 
A menudo esto se ve reflejado en los informes de circunscripción. 
Tras el 11 de septiembre, el informe Foster supone una gran contribución para la seguridad de todos los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, en este preciso momento estoy dejando constancia de que me he abstenido en la votación del informe Thorning-Schmidt. 
Mi explicación de voto, si alguien puede oírme, es que aunque hemos conseguido muchas cosas para el sector industrial en su conjunto, y la ponente cambió su punto de vista durante el proceso de aprobación del informe por parte del Parlamento Europeo- en otras palabras, tomó en cuenta la protección acústica y pasó a las medidas semanales, las cuales son de agradecer -, la enmienda que votamos en el Parlamento sobre la exención para los sectores de la música y el ocio durante cinco años, mientras la Comisión redactaba un informe sobre la naturaleza específica de dichos sectores, se perdió en la conciliación. 
Este fue el motivo de la abstención. 
Obtuvimos algunas cosas para el sector industrial, pero perdimos otras para los sectores de la música y el ocio. 
El ruido durante el ejercicio de una actividad profesional puede tener como consecuencia fatiga, dificultades de comunicación y la pérdida total de audición. 
Este informe ha merecido mi voto favorable porque establece, de una forma equilibrada, un conjunto de normas que tienen como objetivo la protección de los trabajadores contra los riesgos de exposición al ruido, y fija unos valores límite de exposición. 
La aplicación de esta directiva conducirá a una reducción significativa de los niveles existentes de ruido y, por tanto, a una mejora de las condiciones de trabajo. 
Los problemas actuales en este ámbito podrán ser, en gran parte, minimizados o incluso evitados mediante las medidas que se espera que tomen los empresarios para analizar y reducir los niveles de ruido a los que están expuestos los trabajadores. 
Tampoco podemos olvidar la adopción de medidas preventivas en todas las fases: diseño del lugar de trabajo, mejoras en éste y disponibilidad de equipos y maquinaria adecuados. 
Finalmente, los trabajadores deben ser conscientes del problema y recibir formación para utilizar de manera adecuada los equipos. 
He dado mi apoyo a este informe, que es el resultado del proceso de conciliación llevado a cabo, porque creo que contribuye directamente a proteger del ruido- un ámbito particularmente delicado- a los trabajadores, durante el desempeño de su labor profesional. 
Es, en efecto, una causa preocupante y demasiado frecuente de problemas de salud relacionados con el trabajo. 
Acojo con agrado la elaboración de un código de conducta que proporcione orientaciones prácticas destinadas a ayudar a los trabajadores y a los empresarios de los sectores de la música y el ocio a cumplir las obligaciones legales estipuladas en esta directiva. 
Creo que la directiva que estamos considerando satisface nuestras legítimas expectativas de una mejora de las condiciones de trabajo. 
Comparto con la ponente el deseo de que las normas referentes a los demás factores de riesgo para la salud y la seguridad en el lugar de trabajo- esto es, los campos electromagnéticos y la radiación óptica- se adopten pronto. 
Señor Presidente, sobre el informe del señor Jové Peres, los diputados laboristas del Parlamento Europeo han votado de distinto modo que la línea propuesta por el Partido de los Socialistas para ser coherentes con el enfoque adoptado por el Gobierno británico con respecto a la pesca, y para reflejar nuestro apoyo a lo siguiente: considerar la gestión pesquera sobre la base de que la ausencia de pruebas científicas no significa posponer la conservación, apoyo a un papel fuerte de los consejos de gestión regionales con capacidad y acceso a la toma de decisiones, apoyo a la ampliación hasta 24 millas, apoyo a la restricción de 12 millas y apoyo a la ampliación hasta 50 millas en las regiones ultraperiféricas, apoyo a medidas eficaces para reducir la capacidad pesquera y apoyo a la continuación de una estabilidad relativa. 
Señor Presidente, los diputados del SNP aquí presentes, Neil MacCormick y yo, hemos adoptado un enfoque constructivo de la cuestión de la reforma de la política pesquera común porque estamos de acuerdo en que es una necesidad imperiosa. 
Por esta razón, hemos votado hoy a favor de mejorar el texto del Sr. Jové Peres de varias formas. 
No obstante, al final votamos en contra del conjunto porque no creemos que vaya muy lejos en la consolidación de garantías en la estabilidad relativa, por ejemplo, en mantener las restricciones de acceso a ciertas aguas y en las cuestiones del cumplimiento de las normas. 
Las comunidades pesqueras escocesas exigirán que una nueva política pesquera común cumpla, realmente, lo que se supone debe cumplir, es decir, que trate, de hecho, las cuestiones de gestión real de un modo que sea eficaz en términos de conservación y sostenibilidad. 
Señor Presidente, quiero únicamente refrendar lo que mi amigo y colega, el Sr. Hudghton, ha expuesto, y refrendar igualmente muchas de las cosas que Catherine Stihler ha dicho. 
Aún nos queda mucho por discutir sobre esta cuestión debido a las distintas interpretaciones del trasfondo jurídico, en particular, de la permanencia de los efectos del Tratado de Adhesión de España y Portugal de 1985. 
Esto necesita probarse de forma jurídica y no únicamente mediante el debate político en el Parlamento. 
Me gustaría dar los pasos para que esto avance. 
Como mencioné ayer, esto pone de manifiesto uno de los tipos de regiones en las que sería muy provechoso, si se diera el caso de que regiones con poder legislativo tuvieran el derecho de anteponerse al Tribunal de Justicia en estas cuestiones ya que, después de todo, un parlamento como el escocés, que dispone de responsabilidad legislativa para estas cuestiones, debería ser capaz de poner a prueba la cuestión del fundamento jurídico y por tanto el Parlamento gallego también debería poder, si se me permite señalarlo. 
No se trata de una cuestión de un país en particular. 
Esto tiene que ver con la reflexión de que estas son cuestiones jurídicas además de políticas, y deberíamos pensar en vías adecuadas para sea una autoridad judicial la que resuelva finalmente la legislación. 
De acuerdo con la Comisión, la puesta en práctica de un nuevo reglamento marco, en sustitución de los de 1976 y 1992, está justificada por «una amenaza general para todos los recursos pesqueros». 
Parece, no obstante, según los profesionales y los científicos, que sólo hay que proteger a ciertas especies. Esto demuestra que la reforma debería centrarse en una gestión más específica por especie y zona de pesca, para adecuarse a las realidades de cada situación. 
Además, deseo reiterar la petición expresa del «grupo de amigos de la pesca» de que se apliquen controles más estrictos a la industria pesquera. 
¿Cómo puede pretender la Comisión poner en práctica una pesca sostenible, a la vez que fomenta esta modalidad de pesca excluyéndola de su propuesta, cuando tiene un efecto particularmente perjudicial sobre los ecosistemas? 
En lo que se refiere a la supresión de la ayuda estatal para construir nuevas embarcaciones y reorientar fondos ya otorgados a actividades alternativas, subrayo la absoluta necesidad de que se mantenga la ayuda estructural y de que incluso se aumente, ya que sólo representa el 0,84 % del presupuesto de la Comunidad, con el fin de modernizar y hacer más segura la flota, sobre todo la flota artesanal. 
Para concluir, quisiera decir que, nuevamente, estoy sorprendido de la lógica europea que prevalece en materia de política común. 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
¿Deberíamos hacer desaparecer la actividad pesquera? 
Si seguimos el enfoque unilateral de la Comisión sobre desarrollo sostenible, ésa será la mejor solución para lograr la regeneración de los recursos pesqueros. 
En efecto, lo que dice la Comisión es irrefutable: simplemente nos estamos quedando sin recursos pesqueros. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con la solución de la Comisión, ya que se olvida de los hombres y de las mujeres; en otras palabras: no tiene en cuenta, en absoluto, a las personas que trabajan en la industria y que se ganan la vida gracias a la pesca. 
Un enfoque basado en el desarrollo sostenible debería tratar no sólo de preservar los recursos pesqueros, sino también de garantizar, si es posible, la supervivencia de la industria pesquera. 
La solución de la Comisión, que es demasiado drástica, prevé una «recuperación rápida» de los recursos pesqueros, en lugar de una recuperación que, en el menor espacio de tiempo posible, reduzca al mínimo el impacto socioeconómico sobre los pescadores y sus familias. 
La supresión de la ayuda estatal para la construcción de nuevas embarcaciones y para modernizar la flota existente es inaceptable. 
Las enmiendas representan cambios positivos para la propuesta de la Comisión, con el fin de que la dimensión socioeconómica de la industria pesquera no quede condenada al olvido. 
Así pues, voy a votar a favor del texto con estas modificaciones. 
La identidad propia de las regiones ultraperiféricas, traducida en una problemática específica que requiere un tratamiento especial por parte de la Unión Europea, ha sido reconocida, una vez más, por el Parlamento Europeo, esta vez en el contexto de la política pesquera común- un ámbito en el que es particularmente evidente el carácter específico de las regiones ultraperiféricas -, al pronunciarse a favor de la necesidad de ampliar de 12 a 50 millas la zona de pesca exclusiva para barcos de pesca regionales. 
Esta medida es acertada por dos razones: 
En primer lugar, puesto que las oportunidades de que disponen los pescadores de estas regiones han disminuido, es fundamental aumentarlas ampliando la zona de pesca exclusiva hasta las 50 millas. 
En segundo lugar, es también un modo de garantizar, en los mares de las regiones ultraperiféricas, la preservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros. 
Además, la capacidad pesquera de las flotas regionales es limitada, y los métodos de pesca empleados en estas regiones tienen en cuenta la protección del medio ambiente, en la medida en que son totalmente compatibles con la necesidad imperiosa de garantizar la protección de los recursos pesqueros. 
Por tanto, acojo con agrado la aprobación por parte del Parlamento de esta importante medida para las regiones ultraperiféricas, así como el voto a favor del PPE-DE, decisivo para dicha aprobación. 
La disminución gradual de los recursos pesqueros de los mares, como consecuencia de la contaminación medioambiental y de la sobreexplotación, es alarmante. 
Se están volviendo inevitables las cuotas e incluso las prohibiciones de captura. 
Sin embargo, esto supone un grave problema para aquellas zonas donde el trabajo y los ingresos de una gran parte de la población dependen de la pesca, y donde el consumo de pescado es proporcionalmente elevado. 
Esto se aplica, sobre todo, a España y Portugal, países que están también indignados con la pesca danesa orientada a la industria de producción de harina de pescado y con el tamaño mucho mayor de las embarcaciones danesas, aunque éstas sólo faenan durante un número limitado de días. 
A pesar de los peligros del mar, muchos pescadores preferirían seguir desempeñando su profesión, pero ni siquiera para aquellos a los que les gustaría cambiar de trabajo, se ha organizado sistema alguno que ponga a su disposición otro empleo. 
Sus intereses conducen, a menudo, a que se niegue el problema o a que prosiga la investigación científica. 
El principal objetivo de esta investigación es no hacer nada de momento y retrasar el hallazgo de una solución. 
Mi colega, el Sr. Jové Peres, ha intentado tomar en consideración estos conflictos de intereses y conciliarlos, labor en la que ha obtenido un gran éxito. 
Hay un punto en su enfoque al que pongo objeciones: está tratando de trasladar la decisión sobre las cuotas de capturas de la Comisión al Consejo. 
Esto es beneficioso en caso de que un Estado miembro ponga trabas, pero dificulta la adopción de las medidas radicales que es preciso tomar. 
La Comisión parece augurar una política pesquera común más centrada en los intereses a corto plazo de los Estados miembros que en los intereses de los pescadores. 
Ha llegado el momento de que la PPC se esfuerce por mantener vivas a las regiones que dependen de la pesca y que no convierta esta cuestión en un campo de batalla para los Estados miembros. 
Los pescadores comparten intereses comunes: todos necesitan los recursos pesqueros para ejercer sus actividades profesionales. 
Las decisiones y los objetivos de los planes de recuperación no deben ignorar las consecuencias que puedan acarrear. 
Los planes de recuperación deben buscar un equilibrio entre la recuperación o protección de los recursos pesqueros y las medidas para limitar el impacto en la industria pesquera. 
Algunas enmiendas aprobadas- incluidas varias presentadas por mi propio Grupo, la Unión por la Europa de las Naciones, en especial el mantenimiento de la zona exclusiva de 12 millas, fundamental para Portugal- han determinado mi voto favorable. 
Señor Presidente, en relación con el informe Varela sobre las ayudas estructurales, rechazamos el informe porque tiene por objeto mantener la estructura actual de subvenciones de la política pesquera común. 
El sistema de subvenciones ha conducido a una situación contradictoria en la que dichas subvenciones se gastan por una parte en el desguace de barcos para reducir la capacidad, y por otra parte en financiar la construcción de nuevos barcos y la modernización de otros. 
El sistema de subvenciones ha contribuido a impulsar la sobrecapacidad de la flota de la Unión europea. 
Fundamentalmente ha financiado a los grandes armadores a costa de compañías más pequeñas y de comunidades pesqueras locales, y este sistema de subvenciones ha financiado la exportación de nuestra sobrecapacidad a otros lugares del mundo. 
Esto es inaceptable y es el motivo por el que rechazamos el informe Varela sobre ayudas estructurales. 
Este informe, al igual que muchos otros de los últimos meses, suscita algunas preguntas serias sobre el «desarrollo sostenible» de la pesca, sobre la reducción de las poblaciones de peces y las prohibiciones de pesca de algunas especies en aguas comunitarias, sobre las cuotas de capturas o el tamaño mínimo de los peces que tienen que respetar los pescadores para proteger a los alevines, sobre los recursos pesqueros, etc. Sin embargo, hay una pregunta que nadie ha formulado: ¿cuántos de los peces que dicen estar salvando morirán en otro desastre como el del Prestige? 
¿Cuántos otros mueren, día tras día, víctimas de los vertidos ilegales de barcos no aptos para la navegación fletados por las grandes empresas petrolíferas? 
Es cierto que las autoridades nos anuncian importantes decisiones, tales como prohibir las embarcaciones monocasco? pero luego dan a las empresas petrolíferas diez años para que se ajusten a la normativa. 
Tienen diez años para seguir asolando las costas de España, Francia y otros lugares, y causando la muerte de un número incontable de especies marinas. 
Para salvar a estas especies y no olvidar a aquellos que se ganan la vida con la pesca, los pequeños pescadores a los que no cesan de acosar, cuando no de llevar a la ruina (al pretender destruir parte de la flota pesquera europea, por ejemplo) , ¿por qué no empiezan aplicando sus propios reglamentos, como los que introdujeron tras el desastre del Erika? 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
La propuesta de la Comisión pretende, entre otras cosas, modificar el Reglamento (CE) nº 2792/1999 suprimiendo la ayuda prevista en el sistema actual para la renovación y la modernización de la flota pesquera. 
Es evidente, por supuesto, que debemos lograr un equilibrio óptimo entre el tamaño de la flota y los recursos pesqueros, pero no a cualquier precio, y ciertamente no a expensas de los hombres y mujeres que se ganan la vida con la pesca y que mantienen viva esta actividad. 
Dicho de otro modo, una verdadera política pesquera no se limita a la aprobación de normas sobre recursos pesqueros: tiene que ver también con una actividad económica de gran repercusión social, y esto es algo que no debemos olvidar. 
Además, la supresión de las ayudas estatales para la modernización y la renovación de la flora pesquera es inaceptable, porque éstas no fomentan el exceso de capacidad, ni la sobreexplotación pesquera, ni la competencia desleal entre Estados miembros. 
En efecto, creo que el único instrumento eficaz y pertinente que puede emplearse para gestionar los recursos pesqueros, siempre que se efectúe un seguimiento adecuado, es el Total Admisible de Capturas (TAC) y las cuotas. 
Las enmiendas van en este sentido, y por tanto, es el texto modificado el que recibirá mi voto favorable. 
El voto a favor de un número creciente de obstáculos a la industria pesquera demuestra claramente que lo único que persigue la UE es aplicar una política pesquera restrictiva. 
Las políticas emprendidas hasta la fecha han logrado reducir el número de embarcaciones, sobre todo de pesca costera, asestando un duro golpe a los pequeños negocios familiares y obligando a la gente a abandonar su profesión. 
Con la excusa de preservar los recursos pesqueros, el objetivo es poner fin a las subvenciones y limitar los fondos para la renovación de la flota, acelerando así el cierre de pequeñas y medianas empresas en países como Grecia, donde la pesca tiene tradicionalmente una gran importancia social y económica. 
La meta es poner a la industria pesquera en manos de las grandes empresas. Esto va a acabar con el lado social de la pesca, que pasará a ser el coto exclusivo de unos pocos pescadores contratados por las empresas y que estarán desarraigados socialmente en el ejercicio de su trabajo. 
Al mismo tiempo, el objetivo es desarrollar el sector piscícola mediante aumentos globales de la producción de todo tipo de productos. 
Lo que necesitamos es un cambio de orientación general y de enfoque, algo a lo que no es dado el capitalismo de la UE, junto con una política general basada en sus intereses, los intereses de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la pesca y a la piscicultura, y no en los intereses de las grandes empresas. 
Al modificar la legislación sobre las intervenciones con finalidad estructural en el sector pesquero, la Comisión trata, simple y llanamente, de poner fin a las ayudas públicas para la construcción de nuevas embarcaciones. 
Es fundamental que se mantengan las ayudas públicas para la renovación de la flota. 
Por tanto, deseo expresar mi apoyo incondicional al ponente. 
Pienso que desguazando barcos no se soluciona el problema de la escasez de recursos pesqueros. 
Sencillamente no se puede tomar los fondos destinados a modernizar la flota existente y reorientarlos al desguace de embarcaciones, cuestionando así medidas presupuestarias ya aprobadas y que estarán en vigor hasta 2006. 
Reducir la flota es perfectamente compatible con el mantenimiento de las ayudas públicas. 
No obstante, no podemos esconder la cabeza como el avestruz. 
Las medidas legislativas son necesarias para impedir que las ayudas públicas conduzcan a un aumento de la capacidad de la flota. 
Por consiguiente, apoyo la creación de un registro único de embarcaciones de pesca (clasificado por segmento, capacidad y potencia) , cuyo propósito sea precisamente controlar el crecimiento de la flota. 
Estoy a favor de un control más férreo y de imponer multas disuasorias (por ejemplo, la pérdida de ayudas públicas para la renovación de la flota) a aquellos Estados miembros que no cumplan la reducción de capacidad fijada en los programas plurianuales de orientación. 
Como ha señalado el ponente, uno de los objetivos de cualquier política pesquera es controlar la flota y garantizar que sea adecuada para los recursos pesqueros disponibles, logrando así un equilibrio entre la flota y los recursos, y evitando el exceso de capacidad y la sobreexplotación. 
Este equilibrio, no obstante, debe basarse en un análisis imparcial de todos los elementos en juego. 
Frente al incumplimiento continuo por parte de los Estados miembros en lo referente a la reducción de su esfuerzo pesquero, la Comisión Europa adoptó la política de no penalizar a los infractores, una política que la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha criticado siempre. Por ello, es del todo inaceptable que ahora trate de aplicar a ciegas una reducción generalizada del apoyo a la reestructuración y la renovación de la flota. 
Esto acarrearía enormes perjuicios- además de penalizar a los Estados más cumplidores- y tendría consecuencias imprevisibles que pondrían en peligro la supervivencia de todo un colectivo social y de un modo de vida imprescindible, sobre todo en regiones muy dependientes con marcada vocación marítima y fuerte tradición pesquera. 
Por eso, estoy de acuerdo, en general, con las opiniones del ponente, que son coherentes con las ideas que, como portugués y europeo, defiendo: conservar las ayudas para la renovación y la modernización de la flota; fijar niveles de referencia globales de capacidad de la flota correspondientes a la suma de los objetivos establecidos en los programas plurianuales de orientación (para el 31 de diciembre de 2002) para el conjunto de segmentos; contar con un sistema de gestión de altas y bajas de la flota que impida que estos niveles de referencia se excedan; imponer multas a los Estados miembros que no cumplan los objetivos de estos programas de orientación plurianuales; mantener las primas para la retirada permanente de la actividad pesquera, aparte del desguace; mantener las ayudas para las sociedades mixtas; y mantener las ayudas para el paro temporal. 
Señor Presidente, en relación con el segundo informe Varela sobre el desguace de barcos pesqueros, rechazamos el informe porque el número de barcos en Europa debería ajustarse al volumen de pesca disponible, y actualmente la flota europea se encuentra muy por encima de dicha capacidad. 
Consideramos que el informe apoya el desvío de fondos estructurales entre 2004 y 2006 para contribuir a reducir el tamaño de la flota de forma voluntaria. 
El informe sugiere que cualquier medida comunitaria de emergencia necesitaría una financiación adicional hasta el año 2006. 
Esto no es lógico que ya propone financiación adicional para el desguace, a la vez que ofrece subvenciones para mejorar la eficiencia de los barcos existentes o incluso para la construcción de nuevos barcos. 
No respeta el principio de cautela. 
Sin llegar a la perfección, la mayor parte de las pruebas científicas ponen de manifiesto que muchas reservas corren peligro de agotarse y están siendo esquilmadas por una flota europea que es demasiado grande. 
. (EN) Apoyo el análisis sumamente crítico del Sr. Varela sobre las propuestas de la Comisión. 
Estas propuestas carecen de base y no lograrán el objetivo de un desarrollo sostenible. 
La mayoría de los Estados miembros comparten esta opinión. 
No se han realizado estudios, análisis o informes de ningún tipo sobre el impacto económico y social de los drásticos cambios que la Comisión quiere llevar a cabo en la política estructural de la pesca. 
La Comisión también ha realizado un cálculo aproximado del presupuesto para la financiación de estas propuestas que, a todas luces, carece de lógica. 
Los cálculos de la Comisión se basan en meras suposiciones, sin un fundamento sólido. 
La misma Comisión reconoce que, probablemente, sólo se trate de hipótesis de trabajo. 
Esta es una forma totalmente inaceptable de tratar una cuestión de tanta importancia. 
Por todas estas razones, y lo que es aún más importante, porque estas propuestas supondrían una reducción de un 40 % de la flota de pescado blanco irlandesa y una pérdida de aproximadamente 2 000 puestos de trabajos, brindaré mi apoyo al informe Varela. 
Si bien no me parece aberrante adoptar medidas para retirar de la flota a las embarcaciones sobrantes teniendo en cuenta los recursos pesqueros disponibles, no estoy dispuesta a aceptar una medida semejante que, hoy por hoy, sigue sin contar con financiación. 
La implantación de esta medida de urgencia para desguazar embarcaciones de pesca no tiene en cuenta los créditos del IFOP, y no estoy de acuerdo con que a los Estados miembros se les obligue a reprogramar créditos ya programados y asignados para otros fines. 
Los objetivos de los programas nacionales financiados con créditos del IFOP- como por ejemplo, el programa de renovación y modernización necesaria de la flota- pueden ser contrarios al desguace. 
Un programa para retirar de la flota a las embarcaciones sobrantes, a escala comunitaria, podría haber resultado, por ejemplo, un medio eficaz y justo de identificar cualquier exceso de capacidad existente en algunos Estados miembros, a la vez que habría respondido a la preocupación de la Comisión de reducir el exceso de capacidad de la pesca comunitaria. 
En resumen, sería muy de desear que la Comisión pensara en una solución que diera preferencia al Total Admisible de Capturas (TAC) , en lugar de a medidas de desguace irreversibles que tendrían unas repercusiones socioeconómicas mucho más drásticas sobre los afectados. 
Puesto que el informe sigue la línea de mis comentarios, voy a votar a favor de él. 
El informe Varela es muy crítico con la propuesta de la Comisión. 
Los únicos datos que aporta la Comisión en esta propuesta de reglamento por el que se establece una medida urgente para el desguace de buques pesqueros son cifras indicativas. 
Según la mayoría de los Estados miembros, estos datos sobre la flota pesquera son pocos realistas y, en muchos casos, erróneos. 
No se ha presentado tampoco ningún estudio, análisis o informe sobre la repercusión social y económica que causarán los drásticos cambios en la política estructural pesquera que la Comisión desea introducir. 
Por otro lado, la Comisión hace un cálculo de las previsiones presupuestarias necesarias para financiar estas propuestas que carece de toda lógica, ya que se basan en simples supuestos sin base real, como la propia Comisión reconoce al señalar que son tan solo hipótesis de trabajo probables. 
Los Estados miembros ya han destinado estos fondos a otros fines, por lo que es improbable que estén dispuestos a aceptar esta nueva asignación. 
Por tanto, es probable que surjan algunos problemas presupuestarios graves en el contexto de un programa tan poco realista como éste. 
Un informe tan claro como el presente merece ciertamente mi voto favorable. 
Después de expresar mi satisfacción por el gran trabajo realizado por el ponente, quisiera señalar que el signo de mi voto refleja mi plena identificación con las posturas portuguesas en esta materia. 
En efecto, es incomprensible que las nuevas medidas penalicen más a aquellos Estados miembros que ya han realizado grandes reducciones de su capacidad (como es el caso de Portugal que, en efecto, ha sobrepasado las metas fijadas) , en lugar de afectar directamente a las flotas de los países que no hayan alcanzado los objetivos de reducción establecidos en los programas de orientación plurianuales (POP) , que deberían ser los que sufrieran los necesarios recortes. 
Es fundamental que la Comisión comprenda, de una vez por todas, que el sistema que ha propuesto- que fomenta el desguace de barcos de pesca aumentando el valor de las primas, pero seleccionando sólo embarcaciones de los Estados miembros que hayan cumplido los objetivos de los POP- acaba resultando gravemente contradictorio con el objetivo declarado de la medida. 
Por otro lado, no está de más subrayar que es muy injusto tratar de imponer a Portugal, por ejemplo, una política según la cual el dinero para sufragar estas medidas se tomaría de los fondos que están asignados ahora para ayudar a renovar la flota. Por el contrario, es evidente que los programas de ayuda para la renovación y la modernización de la flota- en particular, de la flota portuguesa- deberían seguir adelante, y que las intervenciones comunitarias con finalidad estructural no deberían limitarse al desguace de embarcaciones. 
La Europa de la prosperidad tiene a África, el continente más pobre, a la vuelta de la esquina. 
Este continente, que sufre el azote de numerosas enfermedades mortales, que cuenta con una industria poco desarrollada, que padece la desertificación y en el que hay continuas luchas por apropiarse de sus riquezas minerales, vende sus productos agrícolas y mineros al mundo rico. 
En el pasado, durante el dominio colonial, esto se hacía bajo coacción. 
En la actualidad, se hace aparentemente de manera voluntaria, aunque apenas les dan alternativas. 
Desde el punto de vista político, el colonialismo ha desaparecido, pero desde el punto de vista económico, su presencia es cada vez mayor, algo que también sucede en el ámbito de la pesca. 
La Unión Europea arrienda zonas pesqueras situadas en aguas territoriales y en zonas económicas costeras de países africanos, en nombre de sus propias flotas pesqueras, en particular de España y Portugal. 
Para los países pobres, es una forma rápida de hacer dinero, pero no ofrece soluciones a largo plazo. 
En caso de que se agoten pronto los recursos en estas zonas pesqueras, como está sucediendo en el mar del Norte, estos países se hallarán ante un problema sin solución. 
En efecto, necesitan desesperadamente los alimentos del mar para dar de comer a su población desnutrida, y los excedentes podrían exportarse. 
En lugar de ello, se limitan a la rudimentaria pesca costera y venden a otros sus derechos de pesca. 
Hay que poner, sin demora, punto y final a esta situación. 
Por este motivo, soy cada vez más reacio a aprobar acuerdos como el de hoy con el Senegal y Angola. 
Señor Presidente, con respecto a esta resolución en concreto, permítame decir que estoy consternado por la hipocresía oportunista de ciertos grupos y ciertas personas de esta Asamblea. 
Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de mi colega, el Sr. Poettering, cuando les criticó por considerarse a sí mismos guardianes de la moralidad de esta Asamblea. 
Todos los eurodiputados quieren un estatuto justo porque al final nosotros somos quienes vamos a pagar el pato, y cuando juegan a esta política oportunista, le ofrecen a la prensa, de mi país y de otros países, una oportunidad de arremeter contra el Parlamento. 
Desafortunadamente, la prensa ignora el trabajo real de este Parlamento, la seriedad con la que lo lleva a cabo, se trate de política exterior, de la promoción de los derechos humanos y la democracia y, de hecho, de otras cuestiones, y se limitarán a este tipo de cosas. 
Pero la otra razón por la que no puedo admitir la hipocresía oportunista es esta: aquellos diputados que se quejan del sistema actual no están obligados a asumir gastos de viaje. 
Pueden ir a la Caja y obtener el reembolso de los gastos de viaje. 
Si piensan que este sistema no es adecuado deberían poner en práctica lo que preconizan. 
Dicho sea en su honor, algunos diputados, especialmente los diputados neerlandeses, sólo solicitan el reembolso de los billetes. 
Aquellos que piensen que el sistema es inadecuado, deberían predicar con el ejemplo y solicitar el reembolso de sus billetes, exclusivamente, y no aprovecharse de los otros gastos y continuar con este tipo de hipocresía. 
Señor Presidente, hablo en nombre de una alianza de oportunistas e hipócritas. 
En nombre del Partido Laborista Parlamentario Europeo, desearía expresar que estamos totalmente a favor del establecimiento de un estatuto de los diputados antes de las elecciones al Parlamento Europeo en el año 2004. 
Por esta razón, la delegación laborista británica ha votado a favor de la resolución ELDR/Verdes/GUE/NGL. 
Esto es lo que mejor refleja el deseo de transparencia de toda la delegación y la remuneración de los sueldos y los gastos de los eurodiputados, como hicieron las mociones independientes de aquellos grupos para los que también votamos. 
La resolución PPE/PSE respalda el texto existente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y esto implica legislación primaria muy polémica que no es aceptable para el Consejo y, por lo tanto, es casi seguro que fracase. 
El texto no deja clara la necesidad de llevar a cabo una reforma completa y transparente de todos los gastos de los diputados. 
Esta es una situación, con toda nuestra simpatía por nuestros colegas del PSE, que no estamos dispuestos a aceptar. 
La resolución PPE-DE/PSE también solicita la opinión de la Comisión sobre el texto de la Comisión de Asuntos Jurídicos antes de que debatamos sobre éste en el Pleno. 
La delegación laborista británica considera esto un retraso más. 
Fundamentalmente, este será nuestro problema y nuestra responsabilidad. 
Durante la votación del Estatuto, nos pronunciamos a favor de la transparencia y la comparabilidad y en contra de los ingresos ocultos, y también a favor de suprimir el sistema de reembolso de gastos de viaje y sustituirlo por un sistema por el que se reembolsen los gastos reales. 
Hemos optado por esto, aunque nos oponemos, en principio, a la remuneración uniforme, pues creemos que los eurodiputados deben contar con la misma remuneración que sus colegas de los parlamentos nacionales. 
Hemos votado a favor de todas las enmiendas que tienen como objetivo lograr una mayor transparencia en lo que se refiere al sistema de remuneración, de pensiones y de dietas para cubrir los gastos esenciales, y en lo que respecta al trato igualitario de los diputados. 
Dicho esto, no hemos votado a favor de todo en su conjunto, porque hay dos principios para nosotros que deberían prevalecer en este ámbito y que no están presentes en ninguna resolución, y son los siguientes: 
1- que la remuneración de un diputado no exceda de la de un trabajador cualificado; 
2- que los representantes electos puedan perder su cargo en cualquier momento si así lo deciden las personas que los votaron. 
Nos asombra que a aquellos que se quejan de que los cargos electos viven al margen de la población no se les haya ocurrido esta idea, que sin duda sería muy apreciada por los ciudadanos. 
. (EN) Es responsabilidad del Parlamento redactar un estatuto para sus diputados (relativo a cuestiones de pago, pensiones, seguros sociales y de salud, tributación e inmunidad parlamentaria). 
La Comisión debe ser consultada y el Consejo debe dar su conformidad al estatuto. 
El proyecto del estatuto del Parlamento (ponente: Rothley) ha sido aprobado mediante resoluciones del Parlamento Europeo, y el Presidente recibió un mandato del Consejo de Presidentes en junio para llevar a cabo contactos preliminares con los Gobiernos de los Estados miembros e informar posteriormente a la Conferencia de Presidentes en el contexto de la opinión sobre el informe Rothley. 
He votado a favor de un estatuto justo para todos los diputados, que debe ir de la mano de un régimen de gastos justo, honrado y abierto. 
El Consejo necesita exponer qué problemas, si es que hay alguno, tiene con la Opinión Rothley y, con vistas a la ampliación, la necesidad de poner término a esta cuestión se convierte en algo apremiante, de tal modo que el sueldo y las condiciones de los diputados del Parlamento de la próxima legislatura se establezcan claramente con antelación. 
Hemos votado en contra de esta resolución para reiterar nuestro total desacuerdo con la creación de una «asignación parlamentaria» mensual, igual para todos los diputados independientemente del Estado al que representan, porque creemos que el salario de los parlamentarios europeos debe basarse en el sueldo de los diputados de los parlamentos nacionales de los países donde han sido elegidos, y cuyas realidades sociales son diferentes. 
Si se aprobara la propuesta contenida en el proyecto de informe del Sr. Rothley sobre el «proyecto de Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo» , insistimos en que sería inmoral contar con una «asignación parlamentaria» de 8 500 euros al mes (aproximadamente 1 700 000 escudos) , sobre todo en el caso de los eurodiputados portugueses, cuando la comparamos con los sueldos que ganan los trabajadores en Portugal. 
Por otro lado, los eurodiputados son elegidos en cada país. 
Por tanto, están y deben seguir estando ligados a sus países. 
La propuesta que defiende la creación de una asignación parlamentaria única encaja con un concepto federalista de la función parlamentaria, y pretende transformar al actual «diputado nacional del Parlamento Europeo» en un futuro «diputado europeo» , algo con lo que no estamos de acuerdo. 
Mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, está a favor de un sistema por el que todos los eurodiputados percibirían los mismos ingresos mensuales de, por ejemplo, 2 000 euros, se les reembolsarían sólo los gastos esenciales en los que incurrieran de verdad, pagarían impuestos en sus países de residencia, como es normal, y no gozarían de ninguna prerrogativa jurídica negada a otros ciudadanos. 
Los diputados de cualquier parlamento no son elegidos para beneficiarse a ellos mismos, sino para representar al electorado. 
Para responder a las críticas de trato preferente, se debatió un estatuto de los diputados al Parlamento Europeo en 1998 y en 2002. 
Dicho estatuto es positivo si acaba con los privilegios y los ingresos excesivos, y si pone fin a cualquier medio de aumentar estos ingresos sacando partido del sistema de reembolso de gastos. 
Por desgracia, algunos diputados se expresan a favor de tal estatuto, con el fin de obtener más beneficios y darles validez. 
Hace unos años, me quedé estupefacto al oír decir al Sr. Rothley y a muchos diputados, durante un debate orientativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que consideraba una degradación no tener unos ingresos máximos. 
En la actualidad, los dos grupos mayoritarios están intentado hacer que se apruebe este polémico informe sin debate ni modificación alguna y poner fin al análisis de alternativas mejores, quizás incluso con la esperanza de que el Consejo rechace el estatuto. 
Es fundamental que pongamos fin al problema de la inmigración ilegal desde su origen y tomemos medidas eficaces contra los individuos involucrados en la trata de seres humanos (la tercera actividad más lucrativa del crimen organizado) y en la explotación económica de los inmigrantes. 
Es importante que exista una política común de la Unión Europea que tenga como objetivo la prevención, la represión y la sanción eficaz y disuasoria de la trata de seres humanos, pero es igualmente importante adoptar medidas para proteger la seguridad y la dignidad de las víctimas. Es necesario prestar una atención especial a la situación de los más débiles: por ejemplo, las mujeres y los niños. 
He votado a favor de este informe porque la propuesta de directiva, al introducir un permiso de residencia de corta duración para las víctimas de la inmigración ilegal y la trata de seres humanos, permitirá a estas víctimas colaborar para identificar y llevar a los tribunales a los autores de estos delitos. 
Hay que ayudar a las víctimas de estas redes- que con frecuencia son objeto de violencia, amenazas, malos tratos y aislamiento- a defenderse y a liberarse de los traficantes, que a menudo se aprovechan de su frágil posición económica y social. 
Se les debería dar la oportunidad de comenzar una nueva vida, con acceso a un alojamiento adecuado, a cuidados médicos y psicológicos, al mercado de trabajo, a la educación y a la formación. 
De esta manera se refuerzan los instrumentos para combatir la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. 
La Conclusión nº 3 del Consejo Europeo de Tampere es clara: la Unión Europea debe detener la inmigración ilegal. 
Al introducir el permiso de residencia de corta duración para las víctimas de la ayuda a la inmigración ilegal o de la trata de seres humanos que ayuden a los Estados miembros a luchar contra estas redes cooperando con la justicia o la policía, la presente directiva trata de hallar una solución para el grave problema planteado por el aumento de la inmigración ilegal y, en particular, el problema del crecimiento de las redes de pasadores de fronteras que no actúan por razones humanitarias, sin olvidar la explotación de extranjeros mediante la trata de seres humanos. 
El permiso, renovable cada seis meses, va acompañado (artículo 12) de una autorización para que el beneficiario tenga acceso al mercado de trabajo, a la formación profesional y a la educación. 
No obstante, durante la votación en comisión, se aprobó una enmienda de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que suprime este acceso para los beneficiarios del permiso de residencia. 
Por consiguiente, no voy a apoyar este informe, a menos que se rechacen las enmiendas nº 27 y 7? que eliminan el artículo 12 de la propuesta de la Comisión? , así como el considerando correspondiente, ya que de lo contrario, está en juego el espíritu de esta directiva. 
Cada año, entre 700 000 y 2 millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, son víctimas de la trata de seres humanos. 
En todo el mundo, la trata de seres humanos constituye la tercera mayor fuente de ingresos de procedencia ilegal, por detrás del tráfico de armas y del tráfico de drogas, y genera beneficios de entre 5 y 7 mil millones de dólares al año. 
El volumen actual de la trata de niños es, hoy por hoy, diez veces mayor que el comercio transatlántico de esclavos en su apogeo. 
Este tráfico es la modalidad de trabajos forzados que experimenta el mayor crecimiento. 
La trata de seres humanos es una plaga que afecta a todos los rincones del globo, y está adquiriendo unas proporciones alarmantes a raíz de la globalización. 
El crimen organizado se ha dado cuenta muy rápidamente de los enormes beneficios que podía obtener aprovechándose de la angustia de las personas que desean emigrar. 
La propuesta de directiva relativa a la expedición de un permiso de residencia de corta duración a las víctimas de la ayuda a la inmigración ilegal o de la trata de seres humanos que cooperen con las autoridades competentes- una propuesta que va a ser sometida hoy a voto- representa uno de los instrumentos que nos permitirán combatir esta lacra. 
Este informe sigue de cerca la propuesta de directiva presentada por el Comisario Antonio Vitorino, que tiene como objetivo la lucha contra el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos, sin hacer una distinción clara entre estos dos tipos de tráfico, que son muy diferentes, e interesándose más, de hecho, por combatir la inmigración ilegal que por proteger a las víctimas. 
La ponente trata de hacer alguna distinción, pero sólo de modo parcial y sin sacar de ella todas las conclusiones que se podrían obtener. 
Si bien apoyamos la idea de ofrecer respaldo a las víctimas del tráfico de inmigrantes, no aceptamos el modo en que la Comisión lo pretende hacer, ya que contempla a las víctimas de la trata de seres humanos para la prostitución del mismo modo que a los inmigrantes ilegales que buscan trabajo en la Unión Europea y que sólo recurren a la ilegalidad debido a las posturas inaceptables que mantienen las instituciones comunitarias, que intentan convertir a la Unión en una «fortaleza europea» , en lugar de incrementar la cooperación con los países de origen y apoyar su integración. 
El Estado no debería recurrir a la amenaza de expulsión para presionar a las víctimas con el fin de que cooperen con la policía y las autoridades encargadas de la investigación. 
Al contrario, el manto de protección ofrecido a las víctimas debería garantizarles, desde un principio, un permiso de residencia, además de acceso a los procedimientos de asilo y a los servicios médicos y sociales, independientemente de si las víctimas colaboran en la lucha contra el tráfico ilegal. 
Por consiguiente, hemos votado en contra del informe. 
. (EN) Aunque la Delegación conservadora británica está a favor de perseguir a aquellos que trafican con seres humanos, esta medida no es un modo efectivo de tratar con tales delincuentes. 
Al permitir que los inmigrantes ilegales permanezcan en un Estado miembro, aunque sea aparentemente por motivos judiciales, la directiva haría posible que se abusara del sistema de asilo. 
Si esta legislación llegara a entrar en vigor, los problemas se agravarían. 
Lo que necesitamos es tratar estas cuestiones como estados individuales y adoptar medidas más estrictas para disuadir a los traficantes y a los que fingen buscar asilo. 
Estamos de acuerdo con el principio de dar protección a las víctimas de las redes de trata de seres humanos. 
No obstante, la propuesta de la Comisión es de una duplicidad perversa. 
Expedir un permiso temporal de residencia renovable de seis meses para los inmigrantes ilegales que ayuden a las autoridades de los Estados miembros a luchar contra las redes de inmigración ilegal constituye una medida del todo insatisfactoria, una medida que, tal y como está propuesta, no va a conseguir poner fin al círculo vicioso de la inmigración ilegal. 
Las víctimas seguirán bajo el control de las redes y de las mafias. 
Una protección global de las víctimas, por encima de todo, debe procurarles un permiso de residencia permanente, así como acceso- sin restricciones ni condiciones, y sobre la base de la igualdad- a los servicios médicos y sociales y al mercado de trabajo: qué menos que estas exigencias mínimas. 
Por consiguiente, he votado en contra del informe. 
- (DA) Los socialdemócratas daneses de la Unión Europea hemos votado hoy a favor del informe Sörensen (A5-0397/2002). 
Estamos de acuerdo en que es positivo que la UE apruebe normas sobre la expedición de permisos de residencia de corta duración con vistas a luchar contra la inmigración ilegal organizada y la trata de seres humanos. 
No obstante, somos conscientes del hecho de que la propuesta se refiere a un ámbito tratado en el título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y que, por tanto, no es aplicable a Dinamarca (véase el protocolo sobre la posición de Dinamarca). 
A la hora de perseguir y castigar el crimen, debemos plantar cara a los delincuentes (ya sean traficantes de droga o de seres humanos, o individuos que se aprovechan de otras personas para comerciar con sexo) y no a las víctimas (ya sean drogadictos, refugiados o mujeres engañadas que se ponen a trabajar en la prostitución en contra de su voluntad). 
No sólo hay que ayudar a las víctimas en lo que se refiere a la atención médica, el alojamiento o los ingresos, sino también darles la oportunidad de que testifiquen en una causa judicial y reclamen daños y perjuicios a aquellas personas que hayan ganado dinero a costa de ellas. 
Me consta el compromiso continuo de la ponente con aquellas mujeres del mundo de la prostitución de Amberes que se encuentran en graves apuros, y éste es, en un primer momento, el motivo de que aguardase sus propuestas con buena disposición. 
Por desgracia, estas propuestas- o en todo caso, los compromisos que ella defiende- me siguen pareciendo insuficientes. 
Ésta es probablemente la razón de que una amplia mayoría de esta Cámara, a la que casi siempre le importa muy poco la situación de las personas que viven en la marginación, haya dado su voto favorable durante el debate en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Las posibilidades de que las víctimas puedan ampliar sus permisos de residencia son tan pequeñas, que los debates en el seno de mi Grupo han llevado a la conclusión de que, en este caso, sería preferible votar en contra, al fin y al cabo. 
No queremos cargar con la responsabilidad de un programa que hace forjarse ilusiones a la gente, pero que ofrece una protección insuficiente. 
He dado mi apoyo a este informe porque creo que pone en práctica un gran número de declaraciones de intención sobre la protección que se debe dispensar a muchas personas que, cada día, son víctimas indefensas y que luego se ven expulsadas sumariamente de los países donde pensaron que podrían tener un futuro digno. 
Por otro lado, la aplicación de esta medida especial está supeditada a una cooperación real de la víctima con las autoridades nacionales, con el fin de desarticular las redes de inmigración ilegal, lo que ciertamente evitará a estas personas tener que recurrir a otros medios para obtener derechos a los que, de otro modo, no tendrían acceso. 
En efecto, ésta puede ser una manera de convencer a las víctimas de que denuncien a los autores de los delitos y de liberarlas, amparadas jurídicamente por el Estado miembro, de la red de dependencias que se tejen en torno a ellas y que, con frecuencia, forman una prisión de la que no pueden escapar. 
En otro plano, pienso que son adecuados el período de «reflexión» de treinta días y la fórmula encontrada para conceder el permiso de residencia, ya que su corta duración evitará que se creen falsas esperanzas. 
No obstante, lamento que el permiso de residencia de corta duración no se renueve al concluir el enjuiciamiento de los traficantes, porque creo que la cooperación de la víctima con las autoridades debería ser mejor recompensada, independientemente del resultado de las acciones legales emprendidas contra estos traficantes. 
Hemos votado en contra de la resolución del Parlamento Europeo sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2003, primero porque aprueba este programa, que ya había criticado en mi intervención del 20 de noviembre pasado, y segundo porque se suma a otras propuestas que tampoco aprobamos, como la petición de un estatuto y de una financiación para los llamados partidos políticos europeos. 
En mi intervención del 20 de noviembre, en particular cuestioné las disposiciones del programa de trabajo relativas a la inmigración, que no me parecen a la altura del problema. 
El Presidente de la Comisión agravó las cosas con su respuesta a varios oradores al final del debate. 
Se embarcó en una loa desmesurada a la inmigración, durante la que declaró, en particular, que la total integración es un importante objetivo para toda sociedad abierta, sobre la base del respeto absoluto a todas las culturas, con el fin de lograr sociedades sin conflictos. 
Quizás habría que decir que el «respeto absoluto» a todas las culturas no conduce a una «total integración» , sino más bien a una sociedad multicultural, y que una sociedad multicultural es, en realidad, una sociedad llena de conflictos. 
En su programa legislativo y de trabajo para 2003, la Comisión se ha fijado tres prioridades: la ampliación, el fortalecimiento de la seguridad y de la estabilidad, y la economía. 
No estamos satisfechos, desde un punto de vista fundamentalmente presupuestario y contable, con la manera en que se han tratado estas prioridades, y estamos horrorizados ante la falta de ambición y la amplitud de miras de este programa. 
En cuanto a la ampliación, la principal preocupación es la integración obligada del acervo comunitario en nombre del mercado único. 
No obstante, lo que necesitan los nuevos Estados miembros es solidaridad, democracia y servicios públicos. 
En lo que se refiere a la seguridad y la estabilidad, en el nombre de la dogmática lucha contra el terrorismo, la Comisión va a continuar con sus planes de acabar con la libertad y criminalizar a los inmigrantes. 
Además, la política de la Unión Europea sobre Oriente Medio, que tiene como objetivo lograr una paz justa y duradera, no ha dado muchos frutos. 
Es precisa una política diferente que se base en la apertura de fronteras, en la lucha contra las dictaduras, en la supresión de los paraísos fiscales y en el apoyo a los pueblos oprimidos. 
En lo que respecta a la economía, a pesar del reconocimiento de que el Pacto de Estabilidad es «absurdo» , la Comisión prosigue su política de austeridad presupuestaria, de desregulación del mercado y de privatización de los servicios públicos. 
La Europa que está construyendo la Comisión no es la Europa que los ciudadanos desean. 
Señor Presidente, el Consejo de Ministros de Pesca de diciembre tendrá un largo orden del día para aprobar al primer paquete de propuestas de reforma de la política pesquera común. 
La Comisión dice que lo que quiere es una nueva forma de hacer las cosas, una forma mejor de hacerlas, en la que participen más los interesados, que utilice un enfoque plurienal y de ecosistema multiespecies de la gestión. 
Y además, al mismo tiempo, la Comisión parece empeñada en hacer que se aprueben sus actuales propuestas sobre la recuperación del bacalao y la merluza, que considero son tan diferentes de versiones anteriores que deberían dejarse a un lado para realizar más consultas. 
También considero que seguir adelante y aprobar dicho paquete con el enorme alcance que tendrían sus consecuencias, de hecho, torpedearía el paquete de la reforma de la política pesquera común e impediría cualquier percepción del Consejo de que la UE va en serio cuando dice que quiere hacer las cosas mejor. 
Considero que el Consejo debe concentrase en la reforma, hacerla bien y aplicarla de modo urgente, estableciendo un organismo consultivo regional para que los interesados formen parte de la resolución de la crisis del bacalao y de la merluza, y que no sólo se les considere el problema. 
La semana pasada, la Comisión presentó unas propuestas drásticas referentes a las cuotas. 
Estas propuestas se inspiraban más en consideraciones políticas prácticas que en una justificada preocupación por los bajos niveles de las reservas de bacalao. 
En lugar de prohibir la pesca del bacalao y la pesca industrial, la Comisión preferiría restringir la mínima pesca adicional del bacalao por parte de la flota neerlandesa dedicada a la pesca de pescados planos. 
Pensamos que un enfoque de este tipo significa luchar por una causa que ya está perdida de antemano. 
La gestión de los recursos pesqueros y las correspondientes cuotas dependen de que las capturas se registren debidamente. 
Después del fiasco de los años ochenta, este registro es prácticamente infalible en los Países Bajos. 
Del suministro total de pescado, el 99% se registra y se vende por medio de las subastas. 
¿Cuál es la situación en los demás Estados miembros? 
¿Cómo es posible que uno de los mayores Estados miembros exporte el doble de pescado que el aportado por sus pescadores según los registros? 
El informe Jové Peres tiene razón al pedir un control eficaz y sanciones armonizadas. 
Ya es hora de que hagamos algo al respecto. 
Los Estados miembros que respetan las cuotas de pesca no sólo sobre el papel, sino también en la práctica, están sufriendo un duro golpe. 
Durante siglos, la gente automáticamente no sólo se ha alimentado de animales, sino que también los ha utilizado de todas las maneras en que podía obtener provecho de ellos. 
La consecuencia de esto ha sido atrocidades como las peleas de perros y de gallos, las corridas de toros, el transporte en trineos tirados por perros, la cría de animales a gran escala para obtener sus pieles, la caza y la experimentación con animales. 
Mientras tanto, una generación más joven de personas- en muchos casos- mejor educadas está mostrando una creciente preocupación por el bienestar de los animales de compañía, de los animales de granja y de los animales que viven en sus hábitats naturales, a la vez que la experimentación con animales se convierte en una elección cada vez menos obvia. 
Los experimentos sobre animales se llevan a cabo por razones militares y para la fabricación de cosméticos y fármacos. 
Según la ponente, siete Estados miembros, incluidos los Países Bajos, no aplican la directiva actual sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos. 
Por tanto, lleva razón al pedir una propuesta para mejorar esta directiva antes de finales de 2003 que tenga como objetivo lograr un mayor control, crear un procedimiento obligatorio de examen ético y prohibir la experimentación con primates cogidos en cautividad, así como el maltrato a los animales para la fabricación de armas químicas y cosméticos. 
Por desgracia, no se trata todavía de un texto legislativo en el propio sentido de la palabra, sino de un intento de invitar a la Comisión a que tome la iniciativa. 
Por desgracia, al contrario que los demás parlamentos, esta Cámara no puede tomar una decisión sin cooperación. 
Hay en la actualidad dos posibles soluciones: utilizar animales para la experimentación y otros fines científicos, o bien emplear a seres humanos. 
Escogimos con total conocimiento de causa a los animales para conseguir el progreso de la ciencia y crear la medicina moderna, que ha inventado los antibióticos y las vacunas. 
Apoyemos pues el cese de la experimentación con animales en aquellos casos en que haya métodos alternativos autorizados o se trate de especies en peligro de extinción. 
Las propuestas de la ponente son inaceptables. 
Al prohibir el desarrollo y la experimentación de armas en animales, al detener la elaboración de nuevos productos cosméticos debido a que no se dispone de métodos alternativos de experimentación que sean seguros para los seres humanos o al impedir la utilización de grandes primates para la obtención de nuevas vacunas, estaríamos poniendo en peligro la salud de las personas. 
Además, la creación de una inspección central a escala comunitaria para controlar las instalaciones públicas y privadas donde se llevan a cabo estos experimentos no va a contribuir tampoco a resolver el problema de la experimentación con animales. 
Al votar en contra de este informe, no estamos despreocupándonos de los intereses de los animales, sino más bien protegiendo los intereses de los seres humanos. 
No demos prioridad a los animales en detrimento de las personas y de su salud. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo 
Señorías, es un gran placer para mí dar hoy la bienvenida, en nombre del Parlamento Europeo, al Sr. Alejandro Toledo, Presidente de la República de Perú. 
Nos hemos encontrado en la entrada de personalidades, y esta mañana hace un frío terrible en el exterior. 
Por ello le he asegurado al Presidente que este Parlamento le daría la más cálida de las bienvenidas. 
Señor Presidente, su elección el 3 de junio de 2001 supuso un nuevo comienzo en la vida política de su país y un paso adelante hacia la consolidación democrática. 
Las prioridades de su administración- oportunidades de empleo de calidad, lucha contra la pobreza, fortalecimiento de la democracia y Estado de derecho- son los mismos valores que esta Asamblea defiende y promueve, y en los que cree. 
Sé que incluso antes de llegar al poder usted mostró un gran interés por fortalecer los lazos existentes entre Perú y la Unión Europea. 
Por este motivo estamos más que encantados de su presencia hoy aquí y, de hecho, esta semana. 
Este es un momento muy importante en nuestro Parlamento y en la vida de nuestro viejo continente y de toda la Unión Europea. 
Nos acercamos al final de un largo proceso para la ampliación de nuestra Unión con nuevos Estados miembros. 
En este momento, como puede imaginar, estamos desbordados por esta actividad; es tan compleja y tan exigente. 
Su presencia aquí hoy nos hacer recordar el deber de pensar más allá de la introspección, y de estar en contacto con nuestro mundo más amplio. 
Al estar aquí hoy, nos recuerda, incluso ahora que hemos dado un paso adelante hacia una nueva gran ola de integración europea, que nuestra responsabilidad política será aún mayor. 
Gracias por este recordatorio. 
Estamos a favor del tratado de la Unión Europea con la Comunidad andina, y esperamos que éste se profundice, como se manifestó en Madrid el presente año en la cumbre de Estados de América Latina y el Caribe. 
También soy consciente de su interés por los fondos humanitarios internacionales para intentar atenuar el impacto de la pobreza y de la declaración de Guayacil, de julio de 2002. 
Compartimos tantas perspectivas y ahora desearía escucharle, por lo que le invito amablemente a dirigirse a este Parlamento. 
(Aplausos) 
Quiero dar las gracias al Presidente. 
Ha dicho en su discurso que se preguntaba si lo que había dicho era una locura. 
Ni mucho menos, ha sido una llamada a la acción. 
Le damos las gracias por su mensaje, señor Presidente. 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 4 de diciembre de 2002. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 17 de diciembre de 2002, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento. 
Señor Presidente, comprendo que no puedo solicitar un cambio. No obstante, ¿puedo protestar por un cambio hecho por la Conferencia de Presidentes? 
Hoy deberíamos estar debatiendo el informe Napolitano sobre el papel de las autoridades regionales y locales en la integración europea. 
Se trata de un asunto de vital importancia, y el Parlamento debería dar su opinión a la Convención antes de terminar el año. 
Por ejemplo, esta semana el Consejo de Pesca está debatiendo sobre las poblaciones de bacalao y la política común de pesca. 
Escocia, enormemente interesada por este asunto, desempeña hoy por hoy un mero papel de figurante. 
El papel de las regiones en Europa es muy importante para la gente de toda Europa y este Parlamento, mediante un acuerdo tácito entre los grandes partidos, se ha negado a debatirlo, si bien lo tenemos sobre la mesa desde julio. 
Es indignante que se haya eliminado del orden del día. 
La propuesta de la Conferencia de Presidentes es que este asunto se debata en el Parlamento en enero. 
Martes 
Por lo que se refiere a la comunicación de la Comisión de las 17 horas, a cargo de la Sra. Diamontopoulou, sobre el futuro de los sistemas de pensiones, la Comisión desea que la Sra. Schreyer haga una segunda comunicación sobre la modernización de la contabilidad. 
Puesto que ambos asuntos son importantes, es posible de que el debate se alargue un poco más de lo previsto. 
Quizás la persona que presida la sesión pueda prolongarlo un poco más para que los diputados puedan formular preguntas sobre estas dos importantes comunicaciones. 
Señor Presidente, su sugerencia me parece aceptable. Sin embargo, existe el riesgo de mermar de nuevo la posibilidad de interrogar a la Comisión que tienen en general los diputados en el turno de preguntas. 
¿Podría alargarse un poco el turno de preguntas, a modo de compensación? 
Señor Presidente, ¿tiene noticias del Gobierno turco sobre la Sra. Leyla Zana? 
He planteado este asunto en la Conferencia de Presidentes cada vez que me he reunido con las autoridades turcas. 
No dispongo de más información que usted al respecto. 
Sin embargo, mañana por la tarde volveré a hablar de este asunto, si bien doy por sentado que nuestros deseos aún no se habrán cumplido. 
Miércoles 
Por lo que se refiere a las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a la seguridad marítima y a las medidas para paliar los efectos del desastre del Prestige, he recibido una petición del Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos de que se presenten resoluciones para concluir este debate. 
Señor Presidente, me opongo a esta propuesta. 
Tan sólo el mes pasado elaboramos una resolución sobre este asunto de gran importancia y decidimos que se iba a incorporar una formulación sobre este terrible accidente en la declaración adoptada en Copenhague. 
No consideramos apropiada ninguna resolución suplementaria más sobre este tema; desde mi punto de vista, se le podría conceder aún más peso a toda esta cuestión, si se elaborara alguna medida en el marco de la declaración de Copenhague. 
Por este motivo, nos oponemos a la moción del Grupo Socialista. 
Señor Presidente, esta catástrofe, sin entrar en el fondo de la cuestión y ateniéndonos a los datos que se van conociendo, en este momento afecta, por lo menos, a cuatro países comunitarios: España, Francia, Portugal y Dinamarca. 
No se trata solamente de seguridad marítima, sino que es un tema transversal que afecta, por lo menos, a cuatro comisiones (Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, Pesca, Desarrollo y Cooperación y Asuntos Jurídicos y Mercado Interior). 
Por tanto, no solamente de cara a la situación dramática que se vive en Galicia, sino pensando en el conjunto de la Unión Europea, nosotros debemos dar una respuesta y plantear también algo que es importante y en lo que espero que haya acuerdo con el Grupo del Partido Popular Europeo, por lo menos lo había la semana pasada: la creación de una comisión de investigación. 
Señor Presidente, quiero plantear otra cuestión en relación al miércoles: ¿por qué se ha vuelto a reducir en media hora el tiempo asignado a las preguntas al Consejo? 
Al mismo tiempo, me gustaría formalizar una protesta contra este hecho. 
Como bien saben, considero que la formulación de preguntas es un derecho parlamentario fundamental. 
Lamento el hecho de que esto ocurra cada vez con mayor frecuencia. 
Señor Posselt, la respuesta es que hemos fijado para el Consejo un orden del día muy ambicioso. 
Este tiempo yo lo hemos reservado para otros asuntos, incluido el que acabamos de votar. 
(El orden del día queda así establecido) 
En la cumbre de Copenhague se ha tomado una importante decisión histórica. Se han planteado una serie de cuestiones de interés institucional específico para el Parlamento. 
Paso a informarles. Los grupos podrán seguir estudiando estas cuestiones en el debate con la Presidencia danesa. 
La primera es un acuerdo de principio de que para finales de enero habremos establecido los procedimientos para el nombramiento de los diez nuevos Comisarios de los Estados que se adhieren a la UE, y para el nombramiento de la nueva Comisión tras el cese de la Comisión Prodi. 
Ya se está trabajando en ello. 
Las comisiones y los grupos han presentado toda una serie de sugerencias, pero tenemos que concluir este proceso a finales de enero. 
Quisiera recordar a los grupos que para esta fecha tenemos que ultimar el calendario de 2004 con respecto al nombramiento de la Comisión, las fechas de la elección y nuestros propios procedimientos internos. 
En segundo lugar, hay indicios de que se ha progresado de forma significativa, cosa que agradezco a los colegas, en la elaboración de un acuerdo interinstitucional para mejorar el proceso legislativo. 
Existe un compromiso de principio entre las instituciones de intentar cerrar este asunto antes de la cumbre de primavera en Bruselas. 
Disponemos de varios meses para ultimar las cuestiones pendientes antes de que finalice el plazo. 
Ya he informado de ello a los grupos y a las diferentes comisiones directamente relacionadas con este asunto. 
En tercer lugar, se ha llegado a la conclusión de que la Convención Europea debería preparar su propio informe final a tiempo para la reunión del Consejo Europeo en Tesalónica. 
De nuevo, al prever nuestro trabajo para el próximo ejercicio, tenemos que presentar a tiempo las eventuales propuestas sobre los temas a tratar y sobre el calendario para intentar influir en lo que ocurra en ese momento y después. 
Por lo que se refiere al Prestige, el Parlamento pretende que se dé la máxima prioridad a la cuestión de la solidaridad financiera, y urge a la Comisión a presentar propuestas concretas a la Cámara. 
Asimismo, he señalado que tramitaremos dichas propuestas con la debida urgencia en cuanto nos las presenten. 
Finalmente, en materia de derechos humanos, he hecho especial hincapié en el diálogo con Rusia sobre la cuestión de los derechos humanos en Chechenia. 
Mi discurso está a su disposición y quizá los grupos deseen discutir algunas de estas cuestiones durante nuestro debate con el Consejo, en particular las relativas a los aspectos institucionales. 
Señor Presidente, queridos colegas, ustedes saben que, en este momento, miles de marineros y de voluntarios están trabajando en Galicia con sus propias manos para resolver un problema que no les corresponde- una catástrofe que está provocada por la desidia de los poderes públicos- supliendo la ausencia de la Unión Europea y del propio Estado español. 
En este momento yo quiero mostrar aquí, señor Presidente, la indignación del pueblo gallego y la decepción por las resoluciones de Copenhague, que fueron un auténtico fracaso, que ni siquiera hicieron caso de las demandas de la propia Comisión Europea, de manera que hay Estados en la Unión Europea- la mayor parte de los Gobiernos, con el concurso del Gobierno español, presidido por el Sr. Aznar- que prefieren atender los intereses de las grandes compañías petrolíferas- yo diría incluso, de las mafias del capitalismo delincuente- en lugar de proteger a los países y a los ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, como una de las promotoras de la candidatura de Oswaldo Payá al Premio Sajarov, quiero agradecer sus gestiones y las de los colegas del Parlamento Europeo, gracias a las cuales el Gobierno de Castro ha dejado finalmente salir de Cuba y, sobre todo, regresar, a Oswaldo Payá que podrá así recoger el premio que este Parlamento le ha otorgado por su pacífica lucha en favor de la reconciliación del pueblo cubano y para ganar espacios de libertad. 
Señor Presidente, la decisión del reciente Consejo Europeo de Copenhague supone la victoria de la libertad y la democracia frente a los dos totalitarismos que asolaron Europa. 
Un paso histórico que no debe hacernos olvidar a quienes todavía se ven privados, como dice Oswaldo Payá, del derecho a los derechos. 
Por ello, Sr. Presidente, y en razón del compromiso de la Unión Europea con la causa de la democracia y de los derechos humanos, le pido que, en nombre de esta Asamblea, inste a la Asamblea Nacional del Poder Popular a tramitar el proyecto Varela, convertido en proyecto de ley gracias a las más de 11 000 firmas que lo acompañaban, para que el pueblo de Cuba pueda finalmente recuperar su voz y decidir en libertad su propio destino. 
Creo que toda la Cámara comparte su reconocimiento y satisfacción por el hecho de que, finalmente, el Sr. Paya Sardiñas haya obtenido un visado para poder asistir a la ceremonia de mañana. 
Señor Presidente, Señorías, deseo informarles acerca de las inquietudes de todos los que en la República Francesa luchan por la supervivencia de las lenguas autóctonas. 
Como todos ustedes saben, por desgracia, Francia no ha ratificado todavía el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos; además, las recientes decisiones adoptadas por el Consejo de Estado han condenado la enseñanza intensiva de lenguas autóctonas y la enseñanza lingüística equitativa en la educación pública, en la escuela pública. 
Estas decisiones son extremadamente graves porque destruyen más de 20 años de trabajo dedicado a defender causas lingüísticas como el bretón y el alsaciano. 
Reitero que, en Alsacia por ejemplo, existen colegios bilingües llamados colegios asociativos (ABCM). 
Espero que el Parlamento reconozca que se están violando los derechos de las minorías y apelo al sentido común de los diputados para que el experimento emprendido por estas escuelas pueda seguir su curso. 
Señor Presidente, la semana pasada vi en la televisión danesa al Presidente del Parlamento manteniendo una conversación con un miembro de su partido que ahora es el Presidente de turno del Consejo Europeo e imagino, sin saber leer en los labios, que estos dos colegas han debido de tratar dos asuntos relacionados. 
El primer asunto fue la adhesión turca a la UE y el segundo, el de los referendos. 
No entraré en detalles sobre el primer punto, salvo limitarme a hacer la observación de que en la actualidad, el Gobierno turco ha conseguido el apoyo de un lobby muy efectivo en la figura del belicoso presidente de los Estados Unidos de América, que es quien se encarga de organizarlo todo por ambas partes. 
Sin embargo, el problema del Primer Ministro y lo que surgió en nuestra reunión de Grupo en Copenhague fue el hecho de que en cada país, la gente pudiera confundir la adhesión de Turquía con el nuevo tratado. 
Además, como el Presidente del Parlamento es en cierto modo especialista en referendos, mi pregunta es la siguiente: de hecho, ¿de qué se ha hablado? 
¿Qué tipo de consejo le dio el Presidente del Parlamento al miembro de su partido en Dinamarca? 
No tiene que recurrir necesariamente a la lectura de los labios. 
Basta con que lea el acta. 
Le proporcionaremos una copia de mi discurso. 
Señor Presidente, ahora resulta que el desastre del Titanic africano hundido frente a las costas senegalesas se ha cobrado probablemente la vida de 2 000 víctimas. 
El pasado sábado, los parientes y otros partidarios de la iniciativa, se manifestaron en Dakar y en París para exigir el rescate del barco y de sus víctimas. 
Su petición a los dirigentes europeos y al presidente senegalés, el Sr. Waden, era muy simple: «Exigimos el rescate inmediato». 
Este caso excepcional exige un liderazgo excepcional y una acción excepcional que sobrepasan las vías normales. 
Éste es un caso excepcional. 
Señor Presidente, sabe que ya he mencionado este asunto y no ha habido reacciones por parte de la Comisión en las últimas cuatro semanas. 
Me gustaría pedirle que al menos intente comunicarle al presidente de Senegal, el Sr. Waden, que desde el Parlamento Europeo nos complacería enormemente que, a pesar de las formalidades diplomáticas, decidiera rescatar el barco y que si así procede, nosotros desde Europa estamos dispuestos a ayudarle. 
Después de todo, lo que sería absolutamente inaceptable es escandalizarse, con razón, ante los desastres más importantes que se producen frente a nuestras costas y no echar una mano a la hora de rescatar los cuerpos de 2 000 personas en las costas de Senegal. 
Le pido que, en calidad de Presidente, transmita este mensaje al presidente Waden en nuestro nombre. 
Lo volveré a hacer gustosamente. 
Como usted ha dicho, no es la primera vez que me lo piden. 
La respuesta que dimos la última vez no ha provocado una reacción específica. 
Volveremos a tratar este asunto. 
Señor Presidente, mis comentarios se refieren a Côte d ' Ivoire. Usted me dio permiso para enviar una misión parlamentaria el 9 de diciembre con motivo de una resolución adoptada el 10 de octubre. 
Me gustaría darle las gracias por ello. Sin embargo, esta misión no ha podido llevarse a cabo debido al hecho de que ninguno de los dos principales grupos parlamentarios, ni el Grupo del PPE-DE ni el Grupo del PSE, pudo reunir a dos diputados para ello. 
En mi opinión, es lamentable y, en particular, bastante perjudicial que el Parlamento, que de hecho está contribuyendo al programa de desarrollo, no sea capaz de intervenir en un país en guerra y que, por lo tanto, se contente con misiones de observación o investigaciones de las masacres y no participe en la prevención ni en la gestión de un conflicto que está teniendo unas consecuencias tan importantes como las que afectan a Côte d ' Ivoire, uno de los países más estratégicos de todo el oeste de África. 
Por ello le pido, señor Presidente, pues sé que este tema le interesa, que organice una misión del Parlamento Europeo para visitar Côte d ' Ivoire antes de fin de año, puesto que esto es precisamente lo que han solicitado el Presidente Gbadgo, Francia y la Comunidad para el Desarrollo de África occidental. 
Es una cuestión de honor y de dignidad para esta Cámara. 
Señor Scarbonchi, como sabe ya se ha tomado la decisión de principio de asistir. 
Una de las principales preocupaciones de los líderes de los diferentes grupos es la seguridad de quienes viajen hasta allí. 
Se trata de una gran responsabilidad. 
Podemos volver a discutir este asunto y examinar la situación actual en nuestra Conferencia de Presidentes esta semana. 
Los principios son claros, pero también es primordial proteger la seguridad de los diputados. 
Señor Presidente, yo también quiero agradecerle el esfuerzo que ha realizado personalmente para permitir que el Sr. Oswaldo José Payá Sardiñas salga de Cuba tras mil y una dificultades y un sinfín de obstáculos burocráticos. 
Sin embargo, me gustaría comunicarle que, entre estos cubanos a los que no se les permite abandonar el país, existen docenas de personas que, tras haber firmado el proyecto Varela pidiendo un referéndum, han sido expulsados de sus respectivas universidades, detenidos, maltratados y encarcelados. 
El único crimen que han cometido es haber dado su apoyo a un referéndum por la democracia. 
Esto es sólo una muestra de la provocación que representa este premio y de su importancia. 
He pensado que querría estar al tanto de ello antes del debate y la entrega de premios que tendrán lugar mañana. 
Señor Presidente, para completar la información que usted ha dado sobre la posible misión a Costa de Marfil, en primer lugar está el asunto de la seguridad y luego, también, el realizar la misión en relación con la Asamblea ACP, porque, en este tipo de casos- y yo se lo había manifestado al Sr. Scarbonchi, por lo cual no comprendo la acusación que ha hecho a mi grupo, teniendo en cuenta que el Presidente de Costa de Marfil es un vicepresidente de la Internacional Socialista -, tenemos que tener un especial cuidado para no dar la impresión de que estamos haciendo neocolonialismo. 
Acabamos de recibir la noticia de que el Sr. Mokhart Yahiaoui, uno de los defensores de las libertades civiles más conocidos en Túnez, ha sido secuestrado esta mañana en Túnez capital. 
El pasado 11 de diciembre le asaltaron y le agredieron de forma violenta cuando se disponía a visitar a su abogado. 
Por tanto, insto al Presidente a que contacte con el Gobierno tunecino para averiguar por qué el Sr. Yahiaoui ha sido secuestrado, por quién y, si ha sido el Gobierno tunecino, determinar las razones del secuestro. 
Mi oficina se pondrá en contacto con usted para recabar más información con objeto de investigar este asunto. 
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento: si bien acojo con satisfacción la próxima ampliación de la Unión Europea, quisiera señalar que el 1 de enero de 2003 se celebra el trigésimo aniversario de la adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, países que han aportado su propia impronta a esta Unión. 
En Gran Bretaña, el trigésimo aniversario es lo que se llama «bodas de perla». 
Hay quien opina que Gran Bretaña es el grano de arena dentro de la ostra que ha formado la perla. 
¿Qué se hará el 1 de enero para celebrar el trigésimo aniversario de la adhesión de estos tres grandes países? 
Señor Perry, no tengo ni idea de lo que usted y sus colegas van a hacer. 
Yo voy a estar con mi familia. 
Señor Presidente, ayer, el tren nº 299 dejó de existir: el glorioso y legendario Orient Express de los pobres, que hacía el trayecto desde la estación de Bruselas-Midi, pasando por Luxemburgo, Francia y Suiza hasta Milán, en Italia, ha sido retirado de la circulación. 
Es un tren histórico, usado por infinidad de inmigrantes y también un modo de viajar alternativo y muy útil para nosotros los diputados, señor Presidente, para los que, por varias razones- salud, tiempo o, por qué no admitirlo, miedo- no querían y no quieren viajar en avión. 
Por decisión unilateral de la compañía estatal de ferrocarriles belga, este tren ha sido retirado de la circulación. 
No está clara la razón de este hecho, precisamente en el momento en el que Europa está promocionando el transporte ferroviario frente a los desplazamientos por carretera. 
Por esta razón, esta decisión debe impugnarse por dos razones distintas. 
En lo que a Italia se refiere, nos encargamos de nuestra parte. 
El senador Giampaolo Bettamio, a quien muchos recordarán como un valioso miembro de la Mesa parlamentaria, ha planteado esta cuestión al Ministro de Transportes e Infraestructuras. 
Señor Presidente, le pido que eleve las protestas más firmes ante el Gobierno belga, instándole a que se retraiga de tal decisión. 
Es cruel tomar una decisión como ésta diez días antes de Navidad, puesto que este tren lo usaban con asiduidad los emigrantes que precisamente lo cogían para regresar a sus casas en las fiestas navideñas. 
Le agradezco de antemano su ayuda, señor Presidente. 
Señor Presidente, intervengo para proponer que este Parlamento exprese su condena y rechazo a la parodia de elecciones presidenciales que tuvo lugar ayer en la Guinea Ecuatorial. 
La falta de garantías democráticas y la obligación incluso de manifestar por parte de los votantes el sentido del voto llevó a todos los candidatos de la oposición a retirar sus candidaturas dos horas después de iniciado el falso proceso electoral. 
Como saben, el actual Gobierno de Teodoro Obiang no permitió la presencia de observadores de este Parlamento ni de observadores internacionales en estas elecciones y, por lo tanto, creemos que hay sobrados motivos para manifestar una muy firme y categórica condena en relación a esta parodia electoral, reflejo y expresión de la dictadura que sufre el pueblo guineano. 
Por lo tanto, a la espera de que haya una manifestación en el Pleno del Parlamento, creemos que, a través de su Presidente o de los canales que considere oportunos, ha de expresarse ya una condena sobre esta lamentable parodia electoral que tuvo lugar ayer. 
Señor Presidente, disculpe mi insistencia: en esta Cámara hemos hablado de todo lo posible e imaginable pero aún seguimos sin un debate específico sobre el tema del hambre en el mundo. 
Si no hacemos nada ya, un millón de personas están condenadas a morir en pocos meses, pero si seguimos haciendo lo que hasta ahora ha hecho la comunidad internacional, estas hambrunas se van a repetir cíclicamente. 
No podemos seguir mandando excedentes agrícolas que están destrozando constantemente las frágiles economías agrícolas de estos países. 
Hemos hecho everything but arms; es loable, pero absolutamente insuficiente. 
Por eso necesitamos un debate específico, en profundidad, que produzca decisiones avanzadas y acordes con nuestras necesidades actuales. 
Señor Presidente, supongo que está al tanto de la serie de desgraciados disturbios que tuvieron lugar en Oldham el verano de 2000, provocados por miembros pertenecientes a grupos de extrema derecha, como el British National Party, el National Front y Combat 18. 
Las secuencias filmadas recogidas por la policía local han caído en manos del British National Party, que las está distribuyendo. 
Aparte de las comprensibles preocupaciones acerca de la seguridad de los implicados, la aparente connivencia que existe entre los miembros de la policía local y el British National Party sólo puede ser fuente de preocupación para aquellos que esperan que se juzgue a los autores de ambos bandos en un sistema de justicia ajeno a la política. 
Espero que plantee este tema a las autoridades británicas. 
Espero que usted también haya hecho lo mismo, señor Ford. 
Señor Presidente, hace tres o cuatro días, la policía italiana entregó una familia iraquí al Gobierno demócrata liberal de Siria. 
El cabeza de familia había sido condenado a muerte hace 20 años por pertenecer a la organización llamada «Hermanos Musulmanes». 
Tememos que la sentencia ya puede haber sido ejecutada en Siria. 
Esta familia fue retenida en el aeropuerto de Malpensa durante 5 días; no les permitieron tener ningún contacto con ninguna otra persona y luego les enviaron de vuelta a Siria sin haberles informado sobre su derecho de asilo. 
Pido al Parlamento Europeo y a su Presidente que inste al Gobierno italiano a proporcionar más detalles al respecto. 
Señor Presidente, deseo llamar su atención, así como la de la Comisión y la de esta Cámara sobre unos hechos de extrema gravedad que se están produciendo en Timor Oriental; esta Cámara siempre ha apoyado el proceso de independencia y de paz en Timor Oriental, que es como un hijo o una hija para esta Cámara y para la Unión Europea, y un país con el que estamos comprometidos. 
Se han producido estallidos de violencia y revueltas extremadamente graves y un tanto misteriosas en Timor Oriental que merecen la atención de las autoridades europeas. 
Le pediría al Presidente que considerase contactar con el presidente Xanana Gusmão para averiguar qué ocurre en Timor Oriental, dada nuestra gran preocupación por este país que acaba de estrenar su independencia recientemente. 
Señor Presidente, me gustaría señalar una vez más a esta Cámara que, a pesar de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Iraq y del hecho de que el régimen de Sadam Hussein haya respetado las fechas establecidas en la resolución 1441 y haya entregado un informe de doce mil folios sobre sus sistemas de armamento, el presidente Bush insiste en decir a quien quiera escucharle que las pruebas no son fiables y ha decidido bombardear Iraq. 
El otro día llegó incluso a decir que no dudaría en usar armas nucleares. 
Al mismo tiempo, hemos podido saber que Estados Unidos está financiando a los partidos iraquíes que se oponen al régimen de Sadam, entre los que se encuentran el Conseil suprême de la Révolution islamique en Iraq, por una cantidad de 92 millones de dólares americanos. 
De hecho, los financian quienes aparentan luchar contra el Islam y las revoluciones islámicas. 
Tampoco nos sorprendería si las palabras de Bush padre se hicieran realidad. 
Dijo que, si redunda en interés de los Estados Unidos, apoyarán y crearán organizaciones terroristas. 
Me gustaría escuchar sus comentarios o al menos, algún tipo de intervención para hacer que Bush se responsabilice de sus actos antes de que llene el planeta de humo. 
No es necesario que yo comente todo lo que se dice, pero quiero señalar que estos asuntos pueden plantearse en el orden del día y en las correspondientes comisiones de la Cámara. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0425/2002) presentado por el Sr. Bourlanges, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la tipología de los actos y la jerarquía de las normas en la Unión Europea (2002/2140 (INI) ). 
Señor Presidente, no creo que nadie pueda negar que el sistema de la Unión Europea de actos legislativos es increíblemente complicado, falto de transparencia, incomprensible al gran público y a veces difícil de entender incluso para nosotros. 
En efecto, esta complejidad puede explicarse y justificarse. 
No es fácil tener un sistema jurídico que asuma la responsabilidad global del resto de los sistemas jurídicos (de momento, de 15 Estados, en el futuro, de los de 25) y cuyos fundamentos son tan diferentes. 
Sin lugar a dudas, la Unión Europea tiene que enfrentarse tanto a problemas convencionales relacionados con la jerarquía de las normas que proceden de cada uno de los Estados miembros- la Constitución, las leyes, los reglamentos de aplicación, las decisiones individuales- como a problemas específicos de la Unión, relativos a la siempre delicada relación entre los poderes de la Unión y los de los Estados miembros. 
Por tanto, existe una complejidad justificable que nos impedirá disponer de un sistema completamente sencillo. 
Una vez dicho esto, hay que añadir que, por otra parte, existe una complejidad totalmente injustificable a este respecto. 
Sufrimos un caos legislativo, un caos de procedimiento y un caos lingüístico. 
El caos legislativo se produce cuando, dentro de un mismo marco, se adoptan decisiones que por naturaleza son completamente diferentes, como suele ocurrir en el marco constitucional. Existen disposiciones relativas a políticas y otras relativas a las instituciones. 
También disponemos de una decisión de naturaleza presupuestaria (sobre recursos) adoptada en un marco virtualmente constitucional. 
Por otro lado, como no existe una clara distinción entre el ámbito de medidas legislativas generales y el de las medidas reglamentarias, hay medidas de aplicación que se adoptan en el marco de la ley y hay medidas de naturaleza general que se adoptan en el marco de los reglamentos de aplicación. 
Por último, sufrimos indudablemente un caos lingüístico desde el momento en que cada esfuerzo se destina a evitar dar un nombre a lo que estamos haciendo. 
Adoptamos leyes, pero procuramos no calificarlas de leyes. 
Usamos el término «decisión» , como si fuera algo que procediera de las profundidades de la jerarquía, para describir las medidas individuales y las de naturaleza constitucional. 
A ello hay que añadir el problema de los pilares de la UE y el hecho de que, de forma absurda (e intento entender por qué) , hayamos decidido que era posible, que era incluso necesario debido a la delicada naturaleza de algunas de las decisiones, como por ejemplo las decisiones relacionadas con los derechos fundamentales en asuntos penales, recurrir a procedimientos que son menos democráticos- no implicar al Parlamento Europeo- menos efectivos y que podrían adoptarse por unanimidad. 
También resultarían menos ciertos desde el punto de vista jurídico si su adopción no dispone del respaldo del Tribunal de Justicia. 
Hagan con esto lo que mejor puedan. 
¿Por qué algo que afecta directamente a los derechos fundamentales no se beneficia de las garantías y procedimientos que se aplican al resto de los actos legislativos? 
El informe propone resolver todo esto y aplicar un principio muy simple: un acto, un procedimiento, una descripción, un nombre. 
Proponemos por lo tanto reagrupar el procedimiento en tres bloques principales: el bloque constitucional, que se dividirá en- creo que coincide con la opinión de la Convención- dos partes: Parte A, que incluye todo lo que es estrictamente constitucional, es decir, los valores, los principios, los objetivos, las instituciones y los procedimientos que permitan operar a la Unión Europea, y parte B, que incluye los principios políticos contenidos actualmente en el Tratado. 
Con respecto a este bloque, la cuestión es si conviene desarrollar los procedimientos de ratificación o no. 
Este ponente ha planteado propuestas, de las que no todas han obtenido el apoyo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero está claro que debemos ampliarlas si queremos evitar que 25 Estados rechacen totalmente la posibilidad de desarrollar esta legislación. 
En segundo lugar, un bloque legislativo. 
Un bloque legislativo es sencillo. 
Debemos llamar a una ley por su nombre y proponemos, desde luego, establecer una distinción entre leyes orgánicas, que serían más bien leyes formales sujetas a un procedimiento específico, leyes marco, que reemplazarían a las directivas, y leyes ordinarias, que reemplazarían a los reglamentos legislativos, y entonces, establecer una distinción entre leyes y temas financieros y presupuestarios que tratarían, lógicamente, los asuntos financieros y presupuestarios. 
Sin embargo, llamemos a todo esto «leyes» , puesto que son leyes. 
Y por encima de todo, establezcamos muy claramente que lo que caracteriza a una ley es la codecisión y que la codecisión debe convertirse en el único procedimiento de toma de decisiones para todo el bloque legislativo. 
Por supuesto, existen aplicaciones específicas, en particular en los aspectos financieros, pero éste es el camino que debemos tomar. 
El tercer y último elemento es el bloque reglamentario o, dicho de otro modo, los reglamentos de aplicación. 
A este respecto debemos aplicar tres sencillos principios. 
En primer lugar, debemos asimilar el hecho de que, a partir de ahora, la autoridad legislativa no será sólo el Consejo, sino que intervendrán el Consejo y el Parlamento de acuerdo con el procedimiento de codecisión. 
Los poderes que se otorgan actualmente al Consejo, en concreto de conformidad con el artículo 202, deben por tanto ser ejercidos por ambas ramas de la autoridad legislativa. 
Además, debemos admitir que no podemos regular a 25 Estados miembros del mismo modo en que lo hemos hecho hasta ahora. 
Tenemos que repartir más el trabajo entre una autoridad legislativa que autorice y supervise y una autoridad ejecutiva que adopte los reglamentos de aplicación que, en nuestra opinión, debe ser la Comisión. 
Ni que decir tiene que esto irá unido a un proceso de revocación que permita a ambas ramas de la autoridad legislativa determinar la conformidad de los reglamentos con estas disposiciones estatutarias sobre las que se basan dichos reglamentos. 
Estos son, por tanto, los puntos principales. 
En efecto, quedan muchas otras cosas por decir sobre este informe, pero creemos que si introdujéramos esta importante distinción entre un bloque constitucional, un bloque legislativo regido por la codecisión y un bloque reglamentario que pusiera fin al procedimiento de comitología, al menos en cuanto a la consulta se refiere y a opción de la Comisión y que reemplazara a la comitología con un auténtico control ejercido por las dos ramas de la autoridad legislativa, entonces ganaríamos en transparencia, en democracia y en efectividad y quizás, algunas personas en Europa podrían comenzar, de una vez por todas, a entender lo que hacemos. 
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo felicito al Sr. Bourlanges por el admirable grado de consenso que ha logrado alcanzar en la comisión en torno a las principales propuestas de su informe. 
Es un tema difícil. 
Como dijo el Sr. Amato, no hay nada tan complejo como la simplificación. 
Al intentar plantear la posibilidad de simplificar nuestra jerarquía de actos en la Unión Europea, el Sr. Bourlanges ha abordado un tema muy complicado y difícil, y ha intentando dotarlo de cierta racionalidad. 
Por nuestra parte, apoyamos este doble enfoque, con el que se pretende, en primer lugar, racionalizar la jerarquía definiendo ampliamente tres categorías de actos: los actos constitucionales, los actos legislativos y los actos de aplicación. 
Como es natural, hay subcategorías- desafortunadamente, tampoco podemos simplificar demasiado- pero al menos existen estas tres grandes categorías. 
La otra cara de este enfoque afecta a la terminología o vocabulario; por ejemplo, los reglamentos deberían denominarse en un futuro «leyes» , y las directivas, «leyes marco». 
Parece razonable y debería permitir que nuestros actos fueran más comprensibles para el público. 
Con esto llegamos a un punto especialmente importante que el Sr. Bourlanges ha tocado al final de su intervención. Precisamente, esta categoría de acto reglamentario de aplicación es la que permite que deleguemos en la Comisión el derecho a adoptar algunos tipos de actos. 
Hay un problema de terminología sobre cómo denominar estos actos, pero no obstante, cuando nosotros, como Parlamento, y el Consejo, como autoridad legislativa, deleguemos en la Comisión las competencias de ejecución, actualmente ejercida en el contexto del sistema de comitología, necesitaremos algún cambio fundamental, necesitaremos avanzar aún más allá de lo que ya ha sido acordado. 
El Sr. Bourlanges ha mencionado lo que acordamos en comisión, llegando incluso a enmendar su propio proyecto de informe original y estableciendo un texto que recibirá el apoyo de una amplia mayoría de este Parlamento. 
La posición acordada fue que sí, que nosotros como Parlamento estamos dispuestos- junto con el Consejo- a delegar dichas competencias de ejecución, siempre que tengamos la oportunidad de recuperarlas cuando sea necesario. 
No es que queramos entrar en todos los detalles técnicos de las medidas de aplicación, ni tampoco suplantar al ejecutivo, sino que queremos tener la garantía de que podemos recuperar las competencias si no nos gusta el modo en que las está ejerciendo la Comisión. 
Hemos propuesto que si el Consejo, por mayoría cualificada, o el Parlamento, por mayoría de diputados- es decir, no una mayoría exigua típica de los jueves por la tarde, de 29 sobre 36- deciden recuperar las medidas de aplicación, la Comisión debe retirar dicha medida o someter su medida original al procedimiento legislativo completo que implica la codecisión para confirmar, enmendar o revocar el acto en cuestión. 
Es un sistema sencillo que nos permitirá delegar mucho más de lo que actualmente lo hacemos, pero que además garantizará democracia y transparencia, y por ello, recomiendo a la Cámara que vote a favor. 
Señor Presidente, debo elogiar al Sr. Bourlanges por haber realizado un buen informe acerca de un conjunto de cuestiones extremadamente complejas. 
Es un informe que será de gran interés para la Convención, que está estudiando estas cuestiones. 
Los principales logros son: en primer lugar, hacer una distinción más clara entre los actos legislativos y los actos ejecutivos; en segundo lugar, racionalizar la elección de los instrumentos disponibles para que la vigencia de la ley siga de forma más clara a la forma; en tercer lugar, introducir una clase de legislación subordinada más clara que contribuya a incrementar no sólo la calidad de la legislación primaria, sino también el control parlamentario de lo que se aprueba. 
La enmienda principal que presento en nombre de mi Grupo pretende insistir en un procedimiento de enmienda separado para la segunda parte del Tratado constitucional. 
Es esencial que los capítulos de política sean sometidos a una forma más flexible de revisión que la unanimidad vigente, además de la ratificación nacional en todos los Estados miembros. 
Si no logramos introducir un procedimiento más flexible, nunca podremos modificar los capítulos políticos. 
Si la Unión Europea insiste en aplicar el mismo procedimiento para la primera y la segunda parte, ¿para qué dividir el Tratado? 
Los Grupos PPE-DE y PSE tenían la intención de apoyar el procedimiento más ligero; creo que sus respectivos portavoces tendrán que explicarnos la razón por la que parecen haber cambiado de opinión. 
Señor Presidente, Señorías, este informe pretende definir la posición del Parlamento y ayudar a la Convención en su trabajo, que ya se está implicando de forma muy importante en la simplificación del proceso legislativo europeo, en especial, en su Grupo de Trabajo IX. No hay duda de que se trata de una cuestión de gran urgencia porque, a fin de cuentas, el público quiere entender a Europa y lo que se pretende es que Europa sea más fácil de entender. 
Estoy segura de que, en el curso de sus conversaciones sobre el contenido real del Tratado Constitucional, la Convención dedicará mucha más atención al tema de la tipología de los actos y la jerarquía de las normas. 
En cuanto a este informe, me gustaría hacer únicamente tres observaciones críticas. 
El informe describe una jerarquía de cinco tipos de actos en la Unión Europea: la constitución, las leyes orgánicas, los acuerdos de derecho internacional, las leyes, las leyes marco y sus reglamentos de aplicación. 
El apartado 1 establece estos cinco tipos de jerarquía basándose en tres principios, algo que encuentro un tanto confuso y que apenas simplifica el tema, pero espero que el público nos perdone por ello. 
No obstante, no estarán tan dispuestos a perdonarnos si lo que les presentamos es una manifiesta potestad tributaria para la Unión Europea sin realmente denominarlo así. 
En el apartado 6, la decisión sobre recursos propios se califica de ley orgánica. 
El procedimiento de adopción de las leyes orgánicas está definido en el apartado 9, según el cual se estipula que la decisión sobre recursos propios ya no tendría que ser ratificada por los parlamentos nacionales. 
Podríamos discutir largo y tendido acerca de la introducción de la potestad tributaria de la Unión Europea, pero no creo que sea aceptable, incluso con la mejor de las voluntades posibles de este mundo, que simplemente esto se decida, junto a muchas otras cosas, en el epígrafe de «tipología de los actos y jerarquía de las normas». 
Considero con bastante escepticismo el que las propuestas para cambiar de forma radical la naturaleza confederal de la Unión Europea tengan que presentarse con este epígrafe y en este informe. 
El apartado 5 abandona el que hasta ahora ha sido un principio válido por el que los Estados miembros podían controlar los Tratados; el objetivo que persigue esta formulación establece que no se requerirá su consentimiento cuando se transfieran poderes en el futuro. En lugar de esto, bastaría con una mayoría cualificada de Estados miembros. 
No obstante, por su propia naturaleza, esto sería un apoderamiento con el fin de acaparar el poder en el ámbito europeo y tengo serias dudas de si es eso lo que se pretende. 
Quiero dejar bien claro que la ley constitucional alemana impediría dar el consentimiento a un tratado de estas características. 
Señor Presidente, como siempre, cada vez que el Sr. Bourlanges plantea alguna propuesta, hace que todo el Parlamento Europeo y todos los que siguen este tipo de temas realice un esfuerzo intelectual extremadamente interesante y estimulante. 
Me gustaría darle las gracias por ello y por el hecho de que sus propuestas contengan una serie de puntos que mi Grupo considera importantes y positivos. 
Sin embargo, no puedo decir lo mismo de todas sus propuestas y por ello me centraré en lo que creemos son las más problemáticas. 
La Convención se enfrenta al tema que las Conferencias Intergubernamentales de Maastricht, Ámsterdam y Niza no fueron capaces de resolver con anterioridad, es decir, a la cuestión de la jerarquía de las normas y la distinción entre la función legislativa y los reglamentos de aplicación, que tiene que expresarse de forma más clara. 
Tal como se pretendía, éste es el alcance del informe del Sr. Bourlanges, pero creemos que el informe se ha excedido en sus competencias al incluir más cuestiones problemáticas que, en nuestra opinión, deberían haber sido discutidas con más detenimiento por el Parlamento y que no podemos aceptar bajo ningún concepto como la última palabra en este asunto. 
En especial, me gustaría mencionar las propuestas que formula el Sr. Bourlanges con respecto al procedimiento de revisión constitucional que, como Grupo, no podemos refrendar. 
De hecho, abogamos por la subdivisión (descrita por el ponente) del sistema normativo de la Unión Europea en tres partes: el bloque constitucional, el bloque legislativo y el reglamentario. 
Sin embargo, creemos que no podemos apoyar las propuestas que plantea acerca del procedimiento de revisión constitucional, porque son contradictorias. 
Creemos que es inaceptable estipular la necesidad de obtener un acuerdo unánime por parte del Consejo y de los representantes de los Estados miembros y luego decir: «Pues muy bien, no tendrá que firmar todo el mundo». 
No podemos estar en misa y repicando: o aceptamos el principio por el cual es posible revisar los Tratados incluso sin el apoyo unánime de todos los Estados miembros, o no lo aceptamos. 
Está claro que nosotros o al menos la mayoría del Grupo estamos firmemente a favor de la primera opción. 
Otro aspecto que creemos importante destacar es el bloque legislativo. 
Creemos que el artículo 308 debería corregirse porque, tal como está formulado- con la adopción de una decisión unánime sólo por parte del Consejo- no puede satisfacer la necesidad de flexibilidad que exige la definición de las competencias de una Unión Europea de 25 Estados miembros. 
Además, en lo que respecta a los elementos ejecutivos más específicos, nos oponemos a la idea de que un órgano especial o unas agencias especializadas controlen la aplicación técnica de la ley comunitaria. 
Nuestra experiencia en este ámbito ha sido casi siempre negativa. 
Por último, en lo que respecta al asunto específico de la comitología, me gustaría destacar un punto concreto: el hecho de que se haya concedido un plazo de tres meses al Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar una decisión. 
Creemos que es un plazo demasiado largo que ampliaría el procedimiento de aplicación innecesariamente. 
En cualquier caso, presenta dificultades para aplicarlo de forma efectiva. 
Es una cuestión que tenemos que destacar y analizar más detenidamente y espero que no sea la última palabra del Parlamento en este asunto. 
Señor Presidente, el informe del Sr. Bourlanges es a la vez excepcional y técnico, dos cualidades que son, cada vez con más frecuencia, virtualmente imposibles de combinar en un único documento. 
Éste es el primer logro por el que creo que hay que felicitar al orador. 
El Sr. Bourlanges consigue un segundo objetivo- pero por éste ya no va a recibir felicitaciones tan entusiastas- que consiste en despistarnos haciendo un repaso muy superficial de los principales aspectos de sus intenciones. 
En última instancia, este informe está basado completamente en un supuesto implícito, a saber, en la concepción de una estructura piramidal de Europa en la que las naciones formarían la base de la pirámide. 
Es la misma estructura piramidal que fue condenada tan firmemente por el informe del Sr. Napolitano, y donde existe el riesgo de que el modelo se aplique a las regiones y a las autoridades locales. 
En la parte superior de la pirámide se encuentra la Constitución Europea, sobre la que el informe, hábilmente, dice en pocas palabras que todas las naciones estarían subordinadas a ella. De hecho, ocurre todo lo contrario. 
El apartado 4 llega a especificar que la Constitución sería un acto gobernado por el Derecho internacional firmado por los Estados miembros, pero no aclara el punto clave: de este modo, los Estados prácticamente aceptarían renunciar a su soberanía, puesto que la Constitución Europea prevalecería sobre las constituciones nacionales y porque impondría, por ejemplo, decisiones adoptadas por mayoría sobre todos los llamados actos legislativos. 
Este desarrollo, favorecido por el informe, apunta a un problema crucial. 
¿Qué ocurre cuando una decisión adoptada por la mayoría en el ámbito europeo contradiga a una constitución nacional o a un principio fundamental al que una nación esté particularmente vinculada? 
El informe no dice nada sobre este aspecto, porque, si lo mencionara, estaría obligado a reconocer que lo que está proponiendo en estos momentos es la renuncia a la soberanía, sin ningún tipo de mecanismo de seguridad. 
Creemos que este modelo de Europa es inaceptable; además, en una Europa ampliada y cada vez más diversa, simplemente no podría ser operativo. 
En este tipo de Europa, la cuestión de ampliar las decisiones por mayoría sólo podría funcionar si, a cambio, se reconociera el derecho de veto a los parlamentos nacionales, tal como explico en la opinión minoritaria que he adjuntado al informe del Sr. Bourlanges. 
Hablando en términos más generales, el informe se sirve de la simplificación como un pretexto para realizar una propuesta a favor de una unificación supranacional. 
Éste es el método probado y comprobado, que usa la Convención y que constantemente nos dice que unificar los tratados es más sencillo, que definir la personalidad jurídica única es más sencillo, que fusionar los pilares de la UE es más sencillo, que ampliar el uso del procedimiento de codecisión es más sencillo, que abolir la unanimidad, inclusive en la revisión de los tratados, es más sencillo. 
Todo podría simplificarse en un único eslogan, que en sí mismo es único: el superestado es más sencillo. 
De hecho, esta solución parece más sencilla, pero tampoco se debe ocultar su principal inconveniente: debilita la democracia considerablemente. 
El apartado 1 del informe del Sr. Bourlanges afirma abiertamente que las propuestas están basadas en un principio de «democratización». 
Al leer la descripción aportada, nos damos cuenta, sin embargo, de que esto es lo que el Presidente Prodi denomina, en sus discursos y en su propuesta de constitución, democracia supranacional. 
En resumidas cuentas, esto significa retirar los poderes de los parlamentos nacionales y otorgárselos al Parlamento Europeo, que forma el núcleo del procedimiento de codecisión junto con las decisiones por mayoría del Consejo. 
Por desgracia, señor Presidente, esta democracia supranacional parece altamente artificial, puesto que en la actualidad, las naciones conceden la principal legitimidad a sus democracias nacionales. 
Por tanto, no es más que una trampa que permite retirar el poder de las naciones con objeto de aprovecharse más de él. 
Por último, nuestra respuesta al informe del Sr. Bourlanges y a la Convención es que resulta inaceptable proponer consideraciones técnicas en nombre de la simplificación con objeto de eludir el debate sobre las cuestiones políticas esenciales. 
En la actualidad, la cuestión política esencial es que las naciones fundamentalmente piden una Europa más unida, pero no conseguiremos una Europa más unida por medio de ciertos procedimientos de simplificación que, por su naturaleza, terminan por ser eliminados de las naciones, negándoles, de este modo, sus derechos. 
Conseguiremos una Europa más unida de forma bastante sencilla ofreciendo a los parlamentos nacionales el derecho de intervenir directamente en la toma de decisiones europeas. 
El resto sólo son detalles. 
Señor Presidente, debo comenzar disculpándome por haber llegado con retraso por culpa de las vicisitudes del sistema de transporte europeo. 
El informe del Sr. Bourlanges es, en mi opinión, una obra de arte sumamente virtuosa y, desde el punto de vista personal, he de decir que lo admiro mucho. 
Sin embargo, refleja una tradición de pensamiento político muy diferente de la de mi país. 
Después de todo, lo que ha hecho es crear un modelo teórico en que encajaría el funcionamiento de las instituciones europeas y, en concreto, algunos aspectos de la relación entre el Parlamento Europeo y otras instituciones. 
Creo que esto es justo lo que no hay que hacer. 
La mejor solución para las cuestiones y problemas que el Sr. Bourlanges plantea es, más bien, decidir sobre los procedimientos, los procesos y los mecanismos específicos necesarios para poder tratar de forma más efectiva las cuestiones concretas y entonces, definir y describir el funcionamiento de la Unión Europea de este modo. 
Independientemente de la cuestión que nos ocupa, aunque algunos de nosotros, como miembros del Partido Conservador, estemos de acuerdo y otros no, debemos votar en contra del informe porque creemos que trata esta cuestión de una forma errónea que consideramos inadecuada para Europa. 
Ha sido fascinante haber escuchado a la oposición hace un momento. 
Señor Presidente, entré en este Parlamento hace tres años y medio con el firme propósito de conseguir una legislación europea más inteligible, más eficiente y más democrática para nuestros ciudadanos y con la convicción de ayudar a derribar las catedrales burocráticas y simplificar la administración. 
He de decir que, tras estos tres años y medio, en este Parlamento hemos discutido toda una serie de propuestas. 
Recordaré las reformas del Sr. Kinnock y al informe del Sr. Lamassoure sobre el claro reparto de papeles entre los cuatro niveles administrativos de nuestra casa europea, a saber, los niveles europeo, nacional, regional y local. 
Actualmente estamos discutiendo el informe del Sr. Napolitano e intentamos aprobarlo con la intención de afianzar los cimientos de nuestra casa europea en la constitución europea tanto en el ámbito local como en el regional. 
Hoy discutimos el informe del Sr. Bourlanges que oficialmente aborda la jerarquía de las normas. 
En principio, este informe era un tanto complejo y bastante teórico, de hecho, demasiado teórico. 
Sin embargo, hemos conseguido sentarnos y mantener una conversación como es debido y podemos estar contentos con el resultado: hemos logrado reducir de forma considerable a una propuesta más clara más de 30 tipos de decisiones de ámbito europeo que en complejidad podrían rivalizar fácilmente con la Sagrada Familia de Gaudí. 
Finalmente, nos hemos quedado con tres bloques legislativos: un bloque constitucional con principios, un bloque legislativo y un bloque reglamentario de medidas de aplicación. 
Me gustaría decir una cosa. 
A pesar de dar nuestro apoyo incondicional al Sr. Bourlanges, no coincidimos en un punto en particular. 
No queremos que una serie de Estados se vean privados de su derecho de veto cuando se trate de revisar el Tratado. 
No podemos decirle a ciertos países- Países Bajos, Luxemburgo, Francia o cualquier otro- que no pueden participar en la revisión del Tratado. 
Con respecto a esto estoy de acuerdo con las opiniones de la Sra. Kaufmann y la Sra. Frassoni. Por lo tanto, votaremos en contra de este punto en particular. 
Permanecemos firmes ante el hecho de que el Tratado debería ser unánime y debería cambiarse por unanimidad. 
Sin embargo, esto pertenece al bloque constitucional; en cuanto a lo relativo a los otros bloques, como es natural, opinamos que éstos deberían simplificarse. No obstante, esto no podría aplicarse a la parte constitucional, porque entonces terminaríamos haciendo las cosas sobre una base muy desigual. 
Señor Presidente, quiero expresar mi opinión diciendo que las hábiles reflexiones del Sr. Bourlanges sólo podrán poner fin al caos reglamentario si estamos dispuestos realmente a dejarnos guiar por esta transparencia y claridad de la jerarquía de las normas, y eso no es siempre muy fácil, especialmente para los que nos dedicamos al proceso legislativo en las comisiones especializadas de este Parlamento, ya que existe la tentación en las leyes actuales de establecer una distinción entre cuestiones técnicas y cuestiones políticas. 
Además, como el proceso legislativo se ha convertido no sólo en un procedimiento más comprometido, sino más complicado también, se da por hecho que los diputados de esta Cámara son incapaces de controlar los problemas de dificultad técnica. 
Por lo tanto, el ejecutivo, queriendo ayudar, introduce sus normas en apéndices o en actos de otro tipo, a pesar del hecho de que en algunos casos existen asuntos políticos realmente intrincados de importancia decisiva que acechan en la oscuridad. 
Creo que por tanto es correcto y conveniente proponer una jerarquía de normas para crear formas de cooperación fiables. 
Aparte de la legislación primaria, necesitamos legislación secundaria; sólo al hablar de legislación secundaria resulta necesario, incluso más que en los parlamentos nacionales- que ya lo tienen actualmente- lo que se denomina un procedimiento de revocación (call-back) , puesto que esta Cámara no tiene derecho de iniciativa para revocar las iniciativas de la Comisión. 
Creo que honra a la comisión el hecho de que coincida ahora con la opinión de que ambas instituciones, implicadas en un equilibrio institucional, deben disponer cada una de su propia oportunidad de retirar una propuesta. 
En realidad, creo que redunda en interés de un proceso legislativo democrático y transparente. 
Señor Presidente, me gustaría decirle al Sr. Bourlanges «¡buen trabajo! » Buen trabajo porque creo que, gracias a su labor ha destacado lo que se convertirá en uno de los aspectos importantes de la Convención. 
Buen trabajo también por haber logrado incorporar en su informe las cuestiones de terminología. 
Creo que cuando los europeos intentan explicar a sus ciudadanos lo que hace el Parlamento Europeo, es mejor usar palabras simples. 
Usted nos está pidiendo insistentemente que lo hagamos. 
Creo que la Convención brindará su apoyo a este plan, dando así un paso adelante. 
Nos ha dicho usted que pretende simplificar. 
En lo que respecta a Europa, no me gusta la idea de la simplificación porque he aprendido que la complejidad no es necesariamente sinónimo de complicación y que, a veces, hacemos las cosas más complejas al intentar simplificarlas. 
Sin embargo, hay un punto en el que su informe es absolutamente esencial en relación con los poderes de la Unión Europea: se trata de la cuestión de las consecuencias que tiene la codecisión con respecto a la comitología. 
Usted pide que se reforme el artículo 202. 
Las dos dimensiones del artículo 202 son absolutamente esenciales: definir competencias y controlar su ejecución. 
Con respecto a los poderes, es importante que los poderes del Consejo y los del Parlamento Europeo sean paralelos. 
Si el Consejo renuncia a una parte de sus poderes, nosotros también podríamos renunciar a algunos de ellos y viceversa. 
Dicho esto, debemos tener en cuenta lo que ocurre realmente y me temo que el trabajo que hemos realizado en relación con su informe no nos sitúa exactamente en la misma línea de lo que realmente ocurre en materia de cambios en la legislación europea. 
Se ha referido correctamente a los mecanismos que se han establecido en relación con el procedimiento Lamfalussy, que dudamos que el Consejo y la Comisión quieran ampliar a otras áreas, de ahí la importancia de que el Parlamento obtenga un auténtico procedimiento de revocación. 
Además, también ha mencionado la cuestión de las políticas de coordinación. 
Me gustaría tratar un último aspecto, que es la autorregulación de los operadores del mercado y llamar la atención de los diputados sobre un riesgo importante al que nos enfrentamos sobre todo al centrar nuestro trabajo y nuestras deliberaciones en el procedimiento legislativo, mientras que en realidad, la legislación en Europa, en el futuro, vendrá determinada por la autorregulación, la coordinación y la comitología. 
Señor Presidente, apoyo, en el plano intelectual, el proceso de racionalización y simplificación tan bien defendido por el Sr. Bourlanges. Estoy a favor porque tiene en cuenta el gran trabajo teórico que se ha venido desarrollando en este Parlamento desde el Tratado de Maastricht, porque es un acervo parlamentario que debe incluirse en el texto de la Convención y por último, porque de este trabajo han surgido la claridad de los instrumentos y la eficacia de los procedimientos de la toma de decisiones que son cruciales para el buen funcionamiento de la futura Unión. 
Por desgracia, el Sr. Bourlanges, en el subconsciente filosófico y teórico del texto- por ejemplo, en el apartado 5, segundo inciso- llegamos a discernir un terrible recelo hacia los Estados pequeños y medianos que me lleva a no querer aprobar este informe por una serie de razones bastante claras. 
Las diferencias entre los grandes Estados acerca de las cuestiones más importantes son las que han dificultado el progreso de la Unión Europea. 
¡No es por falta de voluntad por parte de los Estados pequeños que el Reino Unido no se haya adherido al euro o al espacio de Schengen! 
Como tampoco los Estados pequeños pueden ser responsables de la ausencia de una Europa social, de la nimiedad del presupuesto, de la falta de reforma en la PAC, de la crisis de la política estructural o de las limitaciones de los instrumentos judiciales en el espacio de libertad, seguridad y justicia. 
Por tanto, en lo que hace al tamaño de los Estados, no podemos repetir la respuesta perenne de aquel inolvidable agente de policía de Casablanca: «¡detengan a los sospechosos habituales!» 
No son los kilómetros cuadrados, las longitudes, las latitudes y el PIB per cápita lo que determina el grado de importancia que tienen los países para el interés común, para el interés europeo. 
Por esta misma razón, no pueden usarse estos criterios para imponer soluciones constitucionales acabadas, dejando a los que no estén de acuerdo esperando en el vestíbulo o, dicho de otro modo, a un paso de la puerta de salida. 
Quizás el Sr. Bourlanges, con su inteligencia, con su conocimiento y con su inquebrantable actitud proeuropea, debería haber analizado con más detenimiento este punto y haber luchado más para llegar a una solución razonable y consensuada. 
Así lo espero, al menos para mañana. 
Señor Presidente, me gustaría agradecer al ponente su infatigable entusiasmo en favor del desarrollo europeo y su espléndido y tan detallado informe. 
No obstante, voy a centrarme en dos puntos en los que discrepo. 
El primer punto trata del procedimiento de revisión de los tratados. 
Estoy completamente de acuerdo en que, vista la labor de la Convención, queda claro que en el futuro deberemos usar el método de la Convención para enmendar los tratados. 
En todo caso, es una lección que hemos aprendido de este proceso. 
No obstante, debo declarar que estoy en total desacuerdo con la propuesta del ponente en lo que se refiere al cambio del propio procedimiento de ratificación. 
Considero que privar a los Estados miembros del control del desarrollo de la UE es una medida que no contribuye a mantener el espíritu que prevalece en nuestra Unión. 
En realidad, tengo miedo de que tal procedimiento se interponga en el camino del desarrollo de esta Europa, puesto que la ciudadanía no confiaría en el hecho de conceder a Europa más competencias si, por ejemplo, no tuviera la impresión de poseer el control de lo que ocurre. 
Por tanto, creo que tenemos que reconocer que Europa se basa en su ciudadanía y en sus naciones, pero que las unidades que la sustentan y la constituyen son los Estados miembros y esto debe quedar, como es natural, reflejado en nuestro procedimiento de ratificación. 
Sólo tenemos que ceñirnos al procedimiento que ya tenemos ahora. 
El segundo punto trata del lugar que ocupa el diálogo social en la Unión. 
El ponente intenta introducir un procedimiento de aprobación ejercido por el Consejo y el Parlamento Europeo siempre que las dos partes hayan consensuado a una propuesta. 
Creo que este procedimiento daría pie a la participación de una tercera parte que no tendría ninguna relación con el diálogo social. 
Como es obvio, la idea del diálogo social consiste precisamente en que los interlocutores sociales deberían establecer acuerdos vinculantes entre ambos y en que no debería haber terceras partes ajenas, en este caso los legisladores, implicados en tales acuerdos. 
Si queremos seriedad para comenzar el diálogo social, y quizás para alcanzar acuerdos europeos oportunos, deberíamos reconocer que los propios interlocutores sociales son los que deben negociar y que los legisladores deben permanecer al margen. 
Señor Presidente, parece que en este momento nos estamos congratulando de la ampliación de la Unión Europea, a partir del año 2004, de 15 a 25 miembros, y posiblemente, un par de años después, a 27, y posiblemente a 28, 30, etc. 
Si esa ampliación no va acompañada de un profundo cambio constitucional, probablemente lo que estamos celebrando es la muerte de la Unión Europea. 
Es decir, el actual procedimiento de decisión, basado en que las modificaciones constitucionales se hacen por unanimidad, es un procedimiento que no se presta a la evolución de una institución como nuestra Comunidad, que por lo menos hasta ahora ha sido eficaz. 
El peligro es que transformemos nuestra Unión Europea en una especie de Consejo de Europa, foro parlamentario ineficaz- lo único que funciona es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- en una especie de gran ONU, con la diferencia de que en la ONU solamente hay cinco Estados que tienen el veto, mientras que en la Unión Europea tendrían derecho de veto 27 o 28 Estados. 
Por lo tanto, en primer lugar, con respecto a las propuestas del Sr. Bourlanges, creo que es esencial que sustituyamos la actual unanimidad por un sistema de mayorías, pero, desde luego, cuanto más amplia sea la posibilidad de adopción de decisiones por mayoría más cerca estaremos de la auténtica comunidad política a la que aspiramos. 
En segundo lugar, estoy de acuerdo con la Sra. Frassoni en que la escapatoria de la regla de la mayoría a través de la geometría variable nos puede llevar- como señalaba el Sr. Marinho- a que algunos Estados como, por ejemplo, el Reino Unido se escapen por la puerta falsa de la geometría variable. 
Es decir, renunciando mediante las opciones- como en materia de Schengen o en materia del euro- a participar en la contribución europea. 
Esa es, quizás, la mayor debilidad de la propuesta del Sr. Bourlanges. 
Pero, en definitiva, quiero manifestar aquí mi conformidad con las propuestas en general y creo que, en todo caso, aunque no esté conforme con alguna propuesta del Sr. Bourlanges, la aprobación de su informe constituiría un gran progreso para el reforzamiento de las instituciones europeas. 
Señor Presidente, la jerarquía de las normas es un tema que en circunstancias normales podría llevarlo cualquier persona normal sin dificultad, pero creo que es evidente la importancia que tiene el informe del Sr. Bourlanges en lo que se refiere a la capacidad jurídica de la UE y, por supuesto, también en lo que se refiere a la ampliación y- como veremos- a la democratización del procedimiento de toma de decisiones. 
En mi país, nuestros actos se clasifican en tres niveles: la constitución, las leyes y las disposiciones de aplicación subordinadas a las leyes. 
En la UE disponemos de treinta instrumentos diferentes. 
Debido a ello, la caja de instrumentos de la UE es demasiado grande y demasiado confusa; nadie es capaz de encontrar el modo de abordarla y la terminología, también, es muy amplia. 
Por tanto, tenemos un sistema absolutamente carente de transparencia que también es, hasta cierto punto, poco democrático. 
Lo que hace que el reportaje del Sr. Bourlanges sea tan meritorio es el gran paso adelante que representa en este ámbito. 
Se trata de un gran avance en términos de claridad y democratización. 
A base de mucho esfuerzo, hemos intentado establecer los tres niveles también en la UE: el nivel constitucional, el nivel legislativo y los actos subordinados. 
En lo que respecta al ámbito constitucional, opino que debería haber un procedimiento de revisión menos engorroso para la segunda parte de la constitución. 
Si pretendemos exigir unanimidad a los 25 ó más Estados a la hora de corregir cualquier disposición de la segunda parte, sabemos perfectamente bien que lo que tendremos es un bloqueo. 
No obstante, se trata, en efecto, de un tema muy delicado, porque en las decisiones por mayoría siempre hay alguien que acaba perdiendo. 
Pero hay que dar este paso y esta voluntad interior debe estar presente, o si no nos estaríamos vetando mutuamente y eso es lo que el público no quiere. 
En cuanto al proceso legislativo, el primer paso que debemos dar es llamar a las leyes «leyes» y no (como hacemos en la actualidad) «reglamentos» , una expresión que en alemán se refiere a un acto administrativo y no a una ley. 
Yo preferiría más que se usaran los términos «ley de la Unión» y «ley marco de la Unión» y que la codecisión fuera la norma, que debe estar presente en cada tipo de proceso legislativo. 
En cuanto a la legislación presupuestaria- las decisiones sobre el presupuesto son otra prerrogativa muy importante del Parlamento- precisamos un procedimiento especial, pero el principio de codecisión debería ser el mismo. 
La tercera cuestión, que consiste en separar el proceso legislativo normal llevado a cabo por el Parlamento y por el Consejo de las disposiciones de aplicación adoptadas por la Comisión, es muy significativa. 
Tenemos que tener claro en nuestra mente lo que es legislativo y lo que es ejecutivo. 
Podríamos hacer que las cosas fueran más fáciles si el Parlamento no tuviera que aprobar los reglamentos técnicos, sino los actos subyacentes a ellos. 
Señor Presidente, creo que estamos ante un gran éxito; muchas gracias, señor Bourlanges, por haber realizado un esfuerzo de tal envergadura y haber presentado un informe realmente bueno. 
Por un lado, me gustaría decir a la Sra. Frassoni y a la Sra. Kaufmann que no deben malinterpretar este informe: el artículo 308, mencionado en este informe, daría lugar a decisiones tomadas en régimen de codecisión y por mayoría cualificada; por lo tanto, dejaríamos atrás la unanimidad del Consejo para dar paso a la codecisión, tal como procedemos con los recursos propios. 
No es cierto que propongamos sobrepasar los poderes del Parlamento Europeo; estamos- puesto que la Sra. Kaufmann se ha referido a ello- completamente en línea con la interpretación del Tribunal Constitucional alemán que, según el informe del Sr. Herzog en la época del Tratado de Maastricht, señaló que siempre que se transfieran competencias de un área a otra ha de intervenir el poder parlamentario europeo. 
Por lo tanto, no realicemos acusaciones infundadas sobre este punto: estamos a favor de la codecisión. 
También comprendo perfectamente que pueda haber cierta hostilidad hacia la propuesta de que la ratificación de la Constitución no debería realizarse por unanimidad, aunque éste no es el punto principal del informe y por lo tanto, no me gustaría extenderme al respecto. 
Entiendo perfectamente que pueda haber hostilidad en este aspecto y entiendo lo que la Sra. van den Berg ha dicho al respecto. 
No obstante, no me gustaría que se realizaran acusaciones infundadas. 
No es cierto afirmar- y creo que el Sr. Marinho debería repasar este punto- que la propuesta suponga en cierto modo un insulto o desprecio por los Estados menores. 
La propuesta permitiría a los Estados que representan un 2,4 % de la población de la Unión emitir su veto ante la adopción o ratificación de un Tratado que hubiera podido ser aprobado por los Estados que representan un 97,6 % de la población comunitaria. 
Si estamos a favor de la soberanía de un Estado miembro, puedo entender que no es deseable que la ratificación de un tratado esté en manos de algunos Estados solamente. 
Sin embargo, mi propuesta no discrimina en ningún caso a los pequeños y medianos Estados. 
Me gustaría decir unas cuantas palabras sobre el Sr. Duff, que presentó la enmienda 14. 
Estoy de acuerdo con el contenido de su enmienda, puesto que establece la necesidad de revisar las partes A y B de la futura Constitución por separado. 
Formulé una propuesta en este sentido, pero no he recibido ningún apoyo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y por ello no puedo aprobar esta enmienda personalmente. No obstante, creo que el argumento avanzado por el Sr. Duff da totalmente en el clavo y, a título personal, apruebo plenamente su gesto, incluso si, como ponente, mis manos están atadas. 
Señor Presidente, Señorías, puesto que soy el último en hablar, seré el último en felicitar al Sr. Bourlanges por este informe, aunque no soy el único en hacerlo. 
El informe es ciertamente destacable en muchos aspectos. 
En primer lugar, porque examina a fondo uno de los aspectos fundamentales de las cuestiones planteadas en Laeken. En segundo lugar, por su rigor, su efectividad y la concisión de las propuestas que el Parlamento formula en el informe, que conducen a una auténtica simplificación de nuestro sistema legislativo, que en palabras del propio ponente, el Sr. Bourlanges, es bastante caótico. 
Por último, por la rica, astuta y hábil pluma de su ponente, cuyo talento contradice cada día lo que solía decir un gran diplomático francés. Este diplomático, el Sr. Talleyrand, a quien el Sr. Bourlanges conoce muy bien, solía decir, sin razón, que el espíritu puede ser muy útil, pero no lleva a ninguna parte. 
Por el contrario, señor Bourlanges, su inspirado informe nos conduce a una resolución muy bien argumentada. 
Quiero gustaría manifestar el pleno apoyo de la Comisión a la mayoría de las conclusiones de esta resolución, que coincide además con nuestra propia comunicación que preparé junto con el Presidente Prodi y mi colega el Sr. Vitorino el pasado 5 de diciembre, con motivo del marco institucional. 
El primero trata los principios reales de la organización de la estructura jurídica de la Unión en tres bloques- constitucional, legislativo y reglamentario- que aportaría a la operación de la Unión la claridad de la que hoy en día está tan desprovista. 
Esta reorganización es indispensable si pretendemos definir claramente el papel legislativo de cada institución: la responsabilidad del Parlamento Europeo y del Consejo de establecer los actos legislativos y la responsabilidad primaria de la Comisión de asegurar que los actos legislativos se aplican y de adoptar los actos de aplicación. 
Como es natural, los procedimientos de adopción y revisión de los futuros tratados constitucionales también son importantes. 
A la Comisión, como al Parlamento, le gustaría que la Convención sirviera de modelo para estos procedimientos con más frecuencia a partir de ahora. 
Por encima de las cuestiones reglamentarias, el Parlamento y la Comisión comparten el mismo punto de vista sobre la necesidad de incluir las políticas sectoriales en el Tratado Constitucional. 
De nuevo, debo reiterar que no podemos tener instituciones fuertes con políticas débiles. 
Mi segundo punto, Señorías, fundamental para este informe, afecta a la creación de un auténtico bloque legislativo. 
Es hora de llamar al pan, pan y al vino, vino, tal como usted mismo ha dicho, y hablar de las leyes europeas. 
Estas leyes serán adoptadas por una autoridad legislativa dividida en dos ramas iguales; serán adoptadas mediante un procedimiento único, el procedimiento equitativo de codecisión al que el Sr. Leinen acaba de referirse muy apropiadamente. 
Aquí tenemos por fin una opción que nos proporcionaría a todos los ciudadanos un plan claro, transparente, aunque es cierto que habría que racionalizar algunos aspectos del procedimiento de codecisión. 
Además, habría que realizar los ajustes específicos necesarios en el ámbito de las leyes orgánicas o de las normas presupuestarias, y su informe, señor Bourlanges, prepara el terreno para que esto ocurra. 
Mi tercer punto trata del papel que les gustaría que la Comisión Europea desempeñara en la aplicación de la legislación. 
No me refiero a las funciones gubernamentales reales, a pesar de que, de paso, comente que también deberíamos aclarar el ejercicio de estas funciones, que deberían compartirse entre la Comisión, que propon, y el Consejo, que decide, facilitando la información adecuada al Parlamento Europeo. 
Esto se aplica a los ámbitos de la política y de la justicia y al ámbito de la política exterior y de seguridad común. 
Sin embargo, con respecto a la competencia comunitaria en materia de aplicación de la legislación europea, nos gustaría, como a ustedes, que dicha aplicación estuviera en manos de la Comisión y que el control fuera ejercido tanto por el Parlamento como por el Consejo, en otras palabras, por las dos ramas de la autoridad legislativa y presupuestaria. 
Además, la Sra. Randzio Plath ha insistido en este punto. 
Necesitamos llevar a cabo una racionalización fundamental para saber quién hace qué en la Unión Europea e introducir mayor transparencia y responsabilidad en el ejercicio de estas competencias de aplicación. 
Desde este punto de vista, Señorías, debo decir que a la Comisión le preocupan dos puntos del informe. 
El primer punto ya ha sido planteado por la Sra. Frassoni. 
Se trata de la posibilidad de conceder al menos una parte de estas competencias ejecutivas a una autoridad diferente de la Comisión. 
Señorías, debemos evitar promover o facilitar lo que podría considerarse un desmantelamiento del poder reglamentario de la Unión Europea. 
El segundo punto que nos preocupa- el Sr. Corbett y la Sra. Bérès, entre otros, ya lo han planteado- es el de la concesión de un derecho generalizado de veto al Parlamento y al Consejo en relación con las medidas de aplicación. 
De hecho, estoy hablando de las medidas de aplicación. 
Este punto es objeto actualmente- a pesar de que algunos detalles puedan ser diferentes- de una discusión razonable en el contexto de la preparación de la propuesta de acuerdo interinstitucional para la mejora de la legislación y mi colega, la Sra. De Palacio, hablará de ello mañana. 
No repetiré la posición de la Comisión, pues ya es de sobras conocida. 
Permítanme simplemente decir que, en lo que respecta a las medidas de aplicación, cada institución debe poder ejercer sus prerrogativas de forma autónoma, en armonía con el resto de las instituciones y debe evitar trasladar el riesgo de la inseguridad jurídica a los ciudadanos y a las entidades económicas. 
Señor Presidente, para concluir me gustaría felicitar a los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y a su ponente por el trabajo realizado en relación con este informe. 
Tendremos que luchar por imponer las ambiciosas conclusiones que plantea este informe. 
Señor Bourlanges, Señorías, existe cierta distancia entre el informe del Sr. Bourlanges, tal como lo van a adoptar, y las conclusiones del grupo de trabajo de la Convención, dirigido por el Sr. Amato. 
Con objeto de limar estas diferencias cuando se elabore el Tratado Constitucional, es esencial que la Comisión y el Parlamento sigan adoptando el mismo punto de vista en la Convención. 
Pueden contar con el Sr. Vitorino y conmigo para ello. 
Éste es un punto que la Sra. Kaufmann y el Sr. Duff han planteado antes, que hace aún más útil e importante el informe del Sr. Bourlanges. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11 30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0436/2002) del Sr. Coelho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre las iniciativas del Reino de España con vistas a la adopción de: 
1. una Decisión del Consejo relativa a la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de Schengen, en particular en materia de la lucha contra el terrorismo, 
2. un Reglamento del Consejo relativo a la introducción de nuevas funciones en el Sistema de Información de Schengen, en particular en materia de lucha contra el terrorismo. 
. (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Sistema de Información de Schengen (SIS) es un sistema de red informatizado en el que se almacena la información aportada por los Estados de Schengen, pudiendo ser consultada por la policía y por las autoridades aduaneras de otros Estados de Schengen. 
El SIS es la mayor base de datos de Europa y tiene una función doble: en primer lugar, mantener la seguridad y el orden público y, en segundo lugar, gestionar la inmigración, proporcionando el apoyo necesario para las medidas encaminadas a compensar la libre circulación de personas. 
En este contexto, se han presentado dos iniciativas españolas con objeto de atribuir al SIS nuevas funciones entre las que se encuentra, principalmente, la de la lucha contra el terrorismo. 
Debo lamentar que este informe, por razones internas del Parlamento Europeo, se limita a las dos iniciativas españolas y no abarca además, como en un principio se pretendía, una resolución sobre la comunicación de la Comisión relativa al desarrollo del futuro SIS II, que contiene propuestas destinadas a aumentar la capacidad del sistema e introducir nuevas posibilidades técnicas y de investigación. Lo lamento sobre todo porque las dos iniciativas españolas pretenden introducir en la versión actual del SIS mejoras que deben reflejar necesariamente los objetivos a largo plazo del SIS II y, en consecuencia, deben considerarse parte integrante del proceso de transición del SIS I al SIS II. 
Tras un riguroso examen de las iniciativas españolas, llegamos a la conclusión de que, a pesar de no poder suscribirlas en su totalidad, podrán ser aceptadas si se introducen algunas enmiendas que aseguren que no se pongan en entredicho las garantías de protección de los derechos de los ciudadanos, respondiendo así a la principal preocupación del Parlamento Europeo en todo este proceso. 
Algunas de las propuestas contenidas en las iniciativas españolas son aceptables, como el acceso de Europol o de Eurojust, siempre y cuando se ofrezcan garantías que aseguren debidamente la legitimidad y la legalidad de cualquier uso que se haga de los datos. 
En tal caso, para tener acceso deberán cumplirse las condiciones previstas en mi enmienda 7, acerca de Europol, y en mi enmienda 10, acerca de Eurojust. 
Una vez este acceso está abierto a los nuevos usuarios, siempre deberá respetarse la finalidad para la cual se les ha concedido el acceso, limitándose únicamente a consultar la información solicitada y asegurándose de que existe un nivel igual o superior de protección de nuestros derechos ciudadanos. 
También es importante que se examinen y justifiquen de forma más rigurosa las necesidades de Europol y Eurojust de acceder a los datos del SIS. 
Se aceptarán las propuestas de elaborar un registro completo de todas las búsquedas, pero parece oportuno especificar en el artículo qué información debe registrarse. 
También es preciso establecer un fundamento legal que regule las funciones de las oficinas de SIRENE, una idea que ya había sugerido en el informe que elaboré en junio de 2001 y que obliga a estas oficinas a suprimir datos siempre que sea necesario. 
Por otro lado, estas dos iniciativas contienen otras propuestas que, en nuestra opinión deben esperar a que se desarrolle el SIS II, cuando se establezcan las garantías adecuadas. 
Esto se aplica a la propuesta de ampliar el acceso a los datos sobre documentos de identidad desaparecidos, robados o perdidos. 
A pesar de que en principio no tengo objeciones, creo que ante la falta de medidas adicionales para proteger los derechos de las personas a las que les han robado los documentos, cuya identidad se utiliza de forma ilegal o simplemente cuyos datos figuran de forma incorrecta en el SIS, el Parlamento Europeo no puede, en este punto, aprobar esta propuesta, porque probablemente agravará los problemas de los ciudadanos a los que han usurpado la identidad. 
Esto mismo se podría aplicar a la propuesta de incluir datos adicionales relativos a las personas buscadas e incorporar material para la identificación de las personas, en particular fotografías y huellas dactilares, para las que en primer lugar hay que ofrecer las garantías debidas. 
La Comisión ha encomendado un estudio de viabilidad en relación con el desarrollo del SIS II, que debería estar disponible en marzo de 2003. 
Espero que para entonces el Parlamento Europeo tenga la oportunidad de emitir una opinión sobre estas conclusiones. 
De nuevo quiero expresar mi malestar por el hecho de que este estudio de viabilidad no considere la posibilidad de combinar las bases de datos de Schengen, de Europol, de las aduanas y probablemente de Eurojust en una única base de datos con objeto de eliminar duplicaciones, racionalizar recursos y mejorar la precisión; dicha base de datos combinada permitiría el acceso de diferentes usuarios en distintas modalidades, garantizando un acceso restringido y específico a las distintas partes de las bases de datos. 
Parece que ya existe un acuerdo político en torno a la necesidad de crear un nuevo SIS; es una decisión del Consejo con base legal para el desarrollo del SIS II y con el presupuesto necesario. 
El modo en que esté gestionado vendrá definido en un documento futuro. 
Quiero recordar que ésta ha sido la posición inequívoca de este Parlamento: esta gestión debe ser asumida por la Comisión y debe estar sujeta al control parlamentario y judicial. 
Se espera que el SIS II concluya su desarrollo en 2006. Sin embargo, dado el riesgo de que este desarrollo se demore más de lo previsto, creo que es necesario y oportuno que introduzcamos algunas mejoras- al menos las que son posibles en este nivel- en el SIS actual. 
Por último, señor Presidente, me gustaría dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, cuyas enmiendas han contribuido a mejorar este informe. También quiero agradecer a los ponentes alternativos su cooperación y, sobre todo, al ponente alternativo socialista, el Sr. Sousa Pinto. 
. (PT) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al ponente, el Sr. Coelho, por este excelente informe que, en términos claros y concisos, contribuye a mejorar los proyectos de iniciativa del Consejo relativos a las nuevas funciones del Sistema de Información de Schengen. 
De hecho, podría incluso añadir que algunas de las enmiendas propuestas por el ponente ya están incluidas en los textos del grupo de trabajo del Consejo que estudia estas iniciativas. 
Los proyectos de iniciativa en cuestión se tratarán por primera vez en el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores el 19 de diciembre, en la Comisión Mixta con Islandia y Noruega; la Comisión está dispuesta a apoyar varias de las preocupaciones expresadas por el ponente y, estoy seguro, también recibirá el apoyo del pleno del Parlamento. 
En particular, estoy de acuerdo con la opinión relativa a la necesidad de limitar el acceso de Europol a las categorías de datos registrados con arreglo a los artículos 95, 99 y 100 del Convenio de Schengen y de asegurar que los datos en cuestión no serán copiados ni descargados. 
Este acceso no debe transformar el SIS en un instrumento de investigación ni debe ser, bajo ninguna circunstancia, desproporcionado con respecto a las razones por las que se ha concedido el acceso. 
En mi opinión, este tipo de acceso puede ser particularmente útil para dar a Europol la oportunidad de pedir información adicional a los Estados miembros en casos específicos que estén investigando, como por ejemplo en el contexto de la lucha contra el terrorismo. 
De hecho, ésta es la información que Europol ya está autorizada a solicitar y obtener directamente de los Estados miembros. 
Con respecto a la protección de datos, la Comisión cree que las nuevas disposiciones sobre el SIS, que en parte son de competencia comunitaria, sobre todo con respecto al artículo 96, deben analizarse a la luz de su compatibilidad no sólo con el Convenio del Consejo de Europa de 1981 sobre protección de datos, sino también con el contenido de la Directiva 45/96/CE. 
Del mismo modo, el estudio de la proporcionalidad de algunas medidas puede obtenerse mediante consulta a las autoridades competentes, tanto si actúan bajo el tercer pilar como bajo el primero. 
A este respecto apreciamos en particular la opinión emitida por la Autoridad Común de Control sobre estas propuestas de iniciativa, con las que estamos muy de acuerdo, incluida la referencia al hecho de que el acceso ampliado debe concederse a las autoridades responsables para emitir permisos de residencia, para acceder a los datos del artículo 100 del sistema de seguridad de la información que trata los documentos de identidad. No obstante, es preciso establecer garantías para asegurar que tal acceso no infringirá los derechos de los ciudadanos a los que hayan robado los documentos de identidad. 
Creo que este tema, planteado por el ponente y que es muy significativo, no puede ser resuelto únicamente mediante el desarrollo de soluciones técnicas o mediante la introducción de nuevas funciones, tal como el Sr. Coelho ha dicho, puesto que el SIS II, en principio, comenzará a ser operativo en el año 2006. 
Este tema debe plantearse desde ya y sobre todo debe venir acompañado de toda la información necesaria destinada a la ciudadanía sobre la existencia del Sistema de Información de Schengen y sobre las condiciones que regulan su uso, incluida la necesidad de suprimir algunos datos en el caso de documentos robados o perdidos. 
En cuanto al Sistema de Información de Schengen II, tal como ha dicho el ponente, a la Comisión se le confió la misión de desarrollar una nueva generación SIS para enero de 2003 y hemos anticipado un enfoque global de sus funciones en la comunicación que presentamos al Consejo y al Parlamento el 18 de diciembre de 2001. 
De forma sucinta, me gustaría comunicar a la Cámara que, por el momento, hemos conseguido cumplir el calendario de preparación del SIS II y que está previsto que el estudio de viabilidad se concluya en marzo de 2003, lo que nos permitirá ayudar a los países candidatos a prepararse para la futura desaparición de las fronteras interiores, que sólo podrá tener lugar cuando SIS II esté operativo. 
Se está ultimando un informe de los servicios de la Comisión en los que se describe detalladamente el estado actual del estudio, que será entregado al Parlamento Europeo y al Consejo a principios del año que viene. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la iniciativa española y el informe del Sr. Coelho representan la satisfacción de una antigua reivindicación parlamentaria. 
Por fin se va a conceder a Europol y a Eurojust el derecho a acceder al Sistema de Información de Schengen, un logro que ya urgía a la luz de las nuevas amenazas del crimen organizado y del terrorismo. 
Poder cotejar los concursos de licitaciones también supone un verdadero paso adelante. 
En este informe, el Sr. Coelho plantea las cuestiones y problemas relacionados con la protección de datos y presenta unas propuestas bien razonadas para resolverlos. 
Por tanto, su informe merece un apoyo incondicional. 
Como antiguo ponente de esta Cámara sobre el desarrollo de la segunda generación del Sistema de Información de Schengen, me gustaría aprovechar la oportunidad para instar de nuevo a la Comisión y al Consejo a actuar con urgencia. 
El Sr. Coelho ya ha indicado que el acceso a algunas personas u organismos sólo se podría ampliar en combinación con esta nueva generación. 
Este desarrollo debe concluir en el año 2006 como muy tarde y, en realidad, esto ya supondrá un retraso de dos años porque, como todos sabemos, la ampliación al Este se realizará en 2004. 
En todo caso, tenemos que pensar con vistas al futuro. 
Hay indicios de la Convención prescindirá del modelo vigente de los tres pilares de la Unión Europea y creo que hará bien, puesto que el pilar intergubernamental «justicia y asuntos de interior» fue el que originó el problema de la protección de datos que estamos tratando ahora. 
La aplicación de quince diferentes series de normas relativas a la protección de datos nacionales en Europol y en Eurojust nos está llevando al caos. 
Además, una ausencia de perspectiva parlamentaria y judicial ha dado como resultado un déficit democrático de tal envergadura que haría revolverse en su tumba a Montesquieu. 
Ahora el Grupo de Trabajo X de la Convención propone correctamente la incorporación de Europol a la esfera comunitaria, pero, señor Comisario, eso no será suficiente. 
Lo que realmente se necesita es la plena incorporación de los Acuerdos de Schengen, así como de Europol y Eurojust, en la esfera comunitaria, y el establecimiento de lo que podría ser un organismo europeo de coordinación adicional para las fronteras exteriores. 
Bajo este techo común necesitamos un sistema unitario, combinando el Sistema de Información de Schengen, el sistema de información de aduanas y la base de datos de Europol, que esté sometido al sistema europeo de protección de datos y controlado por un Comisario europeo de Protección de datos, por el Parlamento y por el Tribunal de Justicia Europeo. 
Permítanme decir algo a los diputados de izquierdas de esta Cámara. 
Veo que el Sr. Krarup está presente. 
Seño Krarup, usted se opone al Sistema de Información de Schengen y le gustaría que lo abolieran. 
Esto es todo lo que tengo que decir a este respecto: cualquiera que se preocupe por el destino de los refugiados y defienda su causa, mientras que al mismo tiempo ignora el hecho de que existen criminales y transgresores de la ley fuera de Europa, tiene la desgracia de vivir en un mundo de ensueño y adopta una actitud muy irresponsable, por no decir sin escrúpulos hacia nuestros ciudadanos. 
¡Así no conseguirán la mayoría en esta Cámara! 
El informe del Sr. Coelho que estamos adoptando hoy es un paso en la dirección correcta, pero es la Convención quien tiene que dar los grandes pasos. 
Por ello, señor Comisario, le deseamos mucho éxito y quizás un poco más de valor que el que ya ha demostrado hasta ahora. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, señor Coelho, me gustaría comenzar dando la enhorabuena al ponente por su trabajo. 
El informe realiza una evaluación equilibrada de las dos iniciativas españolas acerca de la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de Schengen, que reviste especial importancia en la lucha antiterrorista. 
Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Consejo, junto a la Comisión, elaboró un conjunto de medidas destinadas a incrementar el nivel de seguridad en Europa y a garantizar el mayor grado de efectividad en la lucha contra el terrorismo. 
Algunas de estas medidas tienen un efecto directo en el Sistema de Información de Schengen. 
Como el SIS II no estará operativo hasta 2006, mejorar el sistema actual se convierte en una necesidad urgente que debe considerarse parte del proceso de transición hacia el nuevo sistema. 
Por lo tanto, estas nuevas funciones tendrán que ser adoptadas respetando escrupulosamente los derechos individuales, las libertades y las garantías de la ciudadanía y preservando un estricto control del uso de los datos personales disponibles en el SIS. 
Todos entendemos la necesidad de disponer de sistemas de información eficientes, que estén a la altura de los desafíos que plantea el crimen internacional, pero esto no puede servirnos de excusa para despreciar los principios fundamentales en que se basa la Unión como Comunidad de derecho. 
Por lo tanto, intentamos corregir algunos artículos del Convenio de Schengen con el fin de introducir nuevas funciones. 
Conceder a Europol y a los miembros nacionales de Eurojust la oportunidad de acceder a ciertos datos del SIS es una de las propuestas prácticas más importantes de esta iniciativa. 
La necesidad de mejorar la cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior y, en particular, la asociación y el cruce de información de las bases de datos es uno de los objetivos que deben perseguir la Unión Europea y los Estados miembros. 
Sobre este telón de fondo, el hecho de que el SIS fuera creado para apoyar a los Estados miembros en los ámbitos relacionados con la seguridad nacional y el orden público, ámbitos incluidos en la esfera de acción de Europol y Eurojust, nos lleva a aprobar el principio de intercambio de información que subyace en la propuesta contenida en la iniciativa española. 
Sin embargo, tal como ha subrayado la Autoridad Común de Control de Schengen, órgano responsable de controlar el SIS, el acceso de Europol y de los miembros nacionales de Eurojust a las bases de datos levanta serias dudas en materia de protección de datos y únicamente podrá hacerse realidad si se respeta el principio básico de legitimidad y legalidad de acceso a la base de datos y el uso de dicha información. 
En este contexto de cierta reserva ante las propuestas iniciales españolas, acogemos favorablemente la introducción de enmiendas por parte del ponente, que creemos que pueden responder a las inquietudes expresadas por la Autoridad Común de Control y por varios miembros de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
El Servicio Europeo de Policía (Europol) sólo tendrá derecho a consultar y estudiar los datos del SIS para la finalidad para la que le han sido facilitados. 
En cuanto al acceso de los miembros nacionales de Eurojust, tendrán derecho a consultar los datos del SIS si tal derecho es compatible con la finalidad para la que se ha facilitado la información. 
Los miembros nacionales de Eurojust tendrán que registrar todas las búsquedas y no podrán suministrar ningún dato a terceros países o a otros organismos. 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos ha rechazado otras propuestas contenidas en la iniciativa que planteó el ponente, en mi opinión correctamente, porque no aportan suficientes garantías y sería preferible esperar a la aplicación del SIS II. 
Esto se refiere principalmente a la propuesta que pretende conceder a los organismos responsables de la emisión y análisis de permisos la oportunidad de acceder a los datos contenidos en el SIS. 
Por estas razones, el informe que ha presentado el Sr. Coelho merece un aplauso y el apoyo del Grupo Socialista. 
Señor Presidente, tras el amable comentario dirigido hacia mi persona por parte del Sr. von Boetticher, me gustaría decir que no tengo ninguna duda de que existen criminales fuera de Europa, pero que sin embargo estos criminales son de poca monta, comparados con los que hay en el interior de las mismísimas instituciones de la Unión Europea. 
Me basta con pronunciar el nombre, que comienza por «B» , del futuro Presidente del Consejo Europeo, que asumirá este cargo dentro de tan sólo seis meses. 
Por supuesto, hay un tipo de criminales junto a los cuales los pillos de poca monta que existen fuera de la UE no inspiran temor alguno. 
Esto por un lado. 
Mi principal crítica y mi actitud ante las propuestas planteadas están expresadas en una opinión minoritaria incluida en el informe. 
Están basadas en la fascinación que siempre he sentido por la habilidad que tiene la Unión Europea y sus instituciones para vaciar el lenguaje de significado y, en algunos casos, para hacer que el lenguaje signifique justo lo contrario de lo que se pretendía. 
La oposición a las propuestas planteadas se basa en el hecho de que se refuerza la tecnología de vigilancia, pero no se le dedica la suficiente atención al Estado de derecho, a pesar de las protestas para que así sea. 
Me basta citar a título de ejemplo el artículo 101 a) de la propuesta relativa al acceso de Europol al Sistema de Información de Schengen. 
Se exigen a Europol una serie de requisitos, pero no existe ninguna garantía razonable de que Europol respetará dichos requisitos. 
Existe la Autoridad de Control contemplada en el artículo 24 del Convenio de Europol, pero todo lo que se puede decir con certeza sobre este cuerpo de control es que no tiene ningún poder en relación con la cantidad de abusos que se podrían cometer en todo el sistema. 
Además, debo añadir que lo que hace que las cosas sean más alarmantes desde el punto de vista del Estado de derecho es que los poderes en cuestión tienen un concepto extremadamente poco claro del terrorismo. 
Puedo decir ante esta Asamblea que en este caso viene a cuento el antiguo proverbio danés de «vender goma elástica al metro» y, como mis paisanos bien saben, eso es algo que sólo pueden hacer las personas dignas de confianza. 
No hay ninguna posibilidad razonable de que las instituciones implicadas tengan un carácter suficientemente digno de confianza. 
El Estado de derecho sufrirá daños irreparables. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0404/2002) de la Sra. Damião, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo. 
Señor Presidente, me ha concedido usted la palabra como ponente, pero de hecho, el nombre que figura en el informe es el de la Sra. Damião. Me gustaría empezar por agradecerle de todo corazón el duro trabajo que ha realizado en la elaboración de este expediente. 
Desgraciadamente está enferma, pero ya se está recuperando, aunque con lentitud. 
Me consta que hablo en nombre de todos cuando digo que le deseamos que se reponga del todo lo antes posible. 
Me gustaría también agradecer al Consejo la adopción de una posición común que refuerza la propuesta original de la Comisión y que además incorpora algunas de las enmiendas del Parlamento Europeo aprobadas en primera lectura. 
El Parlamento acoge favorablemente la inclusión de un nuevo punto en la Directiva propuesta con miras a prohibir todas las actividades que supongan la exposición de los trabajadores a las fibras de amianto, excepto los trabajos de demolición y de eliminación de los desechos resultantes. 
La tendencia general de la propuesta consiste en proteger a los trabajadores contratados en este tipo de actividades y trabajos de reparación que les pone en contacto con el amianto que ha estado contenido en los edificios durante mucho tiempo. 
Teniendo esto en mente, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales hemos adoptado tres enmiendas en segunda lectura, destinadas a reforzar aún más la posición común. 
Mencionaré brevemente cada una de estas enmiendas: el apartado 3 del artículo 3 de la propuesta deroga importantes elementos de la Directiva que atañe a los trabajadores sometidos a una exposición esporádica o de baja intensidad. 
Este aspecto no ha quedado claramente definido para la Comisión de Empleo, y por lo tanto queremos precisar todavía más la definición de exposición esporádica o de baja intensidad. 
La enmienda 1 lo hace especificando que los Estados miembros, con arreglo a sus tradiciones y prácticas habituales, consultarán a los interlocutores sociales y establecerán las orientaciones prácticas para determinar el trabajo de estas características. 
Creemos que éste es un paso importante en la dirección adecuada. 
La enmienda 2 contempla las pausas de los trabajadores obligados a llevar un equipo respiratorio de protección individual debido a su potencial exposición. 
De nuevo, creemos que es un paso importante porque es muy incómodo trabajar durante largos períodos con un equipo respiratorio de protección individual. 
En un principio, el Consejo se mostró algo reacio con respecto a la enmienda 3, pero pensamos que era importante mencionar de forma específica las sanciones y, al final, hemos incluido un texto que ha servido en bastantes ocasiones para otros expedientes sociales sobre empleo en el pasado. También estamos bastante satisfechos con este punto. 
En general, hemos mantenido una relación de colaboración muy satisfactoria con la Presidencia danesa en este expediente, hasta tal punto que creemos que podemos llegar a un acuerdo en segunda lectura con la garantía que nos ofrece ahora el COREPER de que el Consejo está dispuesto a aceptar estas tres enmiendas adoptadas en la Comisión de Empleo. 
Tengo la esperanza de que cuando mañana estas enmiendas se sometan a votación, los daneses tramiten este expediente como un punto «A» el 20 de diciembre y se adopte lo antes posible. 
Digo que espero que así sea, porque el plazo de presentación de enmiendas para este expediente ha finalizado hace tan sólo unos minutos. 
Espero que ningún Grupo haya aprovechado este plazo para presentar enmiendas. 
Si así es, les puedo decir con absoluta certeza que esas enmiendas no saldrán adelante en la Cámara (lo sabemos por los márgenes en la Comisión de Empleo). 
Sin embargo, esto retrasaría la adopción de este expediente más allá de la Presidencia danesa, durante la primavera; la fecha más temprana podría ser marzo, bajo la Presidencia griega. 
Esto nos llevaría a un nuevo aplazamiento de semanas, si no meses, antes de llegar a un acuerdo en torno a esta Directiva, lo que volvería a retrasar la adopción y la aplicación final de la Directiva en el ámbito de la Unión Europea, y durante este plazo adicional los trabajadores seguirían estando expuestos inevitablemente a las fibras de amianto y podrían morir a causa de esta exposición. 
Dicho esto, espero que ningún grupo haya aprovechado este plazo, y si alguno lo ha hecho, espero que, auque sea a estas alturas, retire las enmiendas. 
Por lo tanto, espero que podamos incluir este expediente en la lista de votaciones de mañana. 
Cada uno ha podido disponer de las enmiendas aprobadas en comisión ya traducidas desde hace un par de semanas, lo que permitiría a la Comisión tratar este expediente en la reunión de mañana al mediodía, y a su vez, a los daneses tramitarlo el 20 de diciembre. 
Si resulta que no hay enmiendas adicionales o si éstas se retiran, le pediría, señor Presidente, que se sirva de sus buenas artes para añadir este punto a la lista de votación de mañana a la hora de comer. 
Señor Presidente, me gustaría expresar a la ponente, la Sra. Damião, mis mejores deseos de que se recupere lo antes posible y felicitar tanto a ella como al Sr. Hugues por su excelente trabajo en este expediente tan delicado y de tanta dificultad técnica como es el amianto. 
También me gustaría expresar mi satisfacción por la unánime convicción de que debemos mejorar la protección de los trabajadores ante los riesgos que genera la exposición al amianto. 
La Comisión concede la máxima importancia a todas las medidas encaminadas a proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. 
Hemos destacado este interés en la agenda social y así lo hemos confirmado en la comunicación de la Comisión sobre una nueva estrategia comunitaria de seguridad y salud en el trabajo. 
Con gran satisfacción les comunico que la Comisión acepta plenamente las tres enmiendas que el Parlamento propone en esta segunda lectura. 
Quiero felicitar a la Cámara por la calidad de las enmiendas presentadas, que expresan la preocupación del Parlamento Europeo por los riesgos y los efectos producidos por la exposición al amianto y la necesidad de incrementar los niveles de protección de los trabajadores europeos que todavía trabajan expuestos al amianto. 
La Comisión está convencida de que las tres enmiendas propuestas mejoran el texto y contribuyen a una mejor aplicación de la Directiva. 
Todos ustedes son conscientes del gran paso que supuso la posición común del Consejo: la prohibición de todas las actividades que exponen a los trabajadores a las fibras de amianto durante la extracción del amianto o la fabricación y procesamiento de los productos derivados del amianto o la fabricación y procesamiento de productos que contienen amianto añadido de forma intencionada, con algunas excepciones inevitables y muy limitadas. 
Por último, quiero agradecer al Parlamento, así como a la Presidencia danesa y al Consejo, los esfuerzos invertidos hasta la fecha en este tema. 
No olvidemos que los efectos de la exposición al amianto tienen repercusiones dramáticas para la salud de los trabajadores e incluso para sus familias. 
Si adoptamos esta importante Directiva cuanto antes, demostraremos que la salud y la seguridad de nuestra población activa son para nosotros una prioridad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mis primeras palabras deben ser de felicitación para la Sra. Damião. 
Asimismo, y no sólo por la proximidad de siempre del pueblo gallego con el pueblo portugués, sino también por el afecto personal, le deseo que recupere pronto su salud. 
Como el trabajo es riesgo, probablemente la cuestión de los riesgos en la actividad laboral pudiera simplificarse con una sencilla fórmula: ¿qué porcentaje de riesgo se ha de admitir? 
Pero ocurre, además, que algunos agentes de riesgo se caracterizan por su actuación casi imperceptible, larvada, silenciosa y, por lo tanto, más peligrosa. 
La exposición al amianto puede causar graves enfermedades, como la fibrosis pulmonar y pleural, el cáncer de pulmón, de pleura, de peritoneo. Puede también producir otro tipo de tumores como el cáncer de laringe, de recto, o del aparato urogenital. 
Y ello independientemente del tipo de amianto: anfibólico o crisótilo. 
Los períodos de incubación varían, al decir de los estudiosos, entre los 20 y los 50 años. 
Además, persisten dudas e incertidumbres sobre el efecto de pequeñas dosis de inhalación y el límite y porcentaje de riesgo por debajo del cual se tenga la certeza de no contraer cáncer, y sobre la diferencia de riesgo entre el amianto crisótilo- parece que menos dañino- y el amianto anfibólico, así como la preocupación por que se prohíba el empleo de amianto en las tareas de reparación, remodelación o recuperación de edificios. 
En los casos de demolición los trabajadores pueden y tienen que estar en contacto con el amianto aunque éste estuviese prohibido globalmente. 
Pienso que, ante la ampliación inminente ya acordada de la Unión Europea cobra, además, una importancia extraordinaria la modificación de la Directiva 83/477 sobre protección contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo debido a la utilización de productos o materiales con amianto en los futuros Estados miembros. 
Principalmente empleado en actividades vinculadas con la construcción, no es exclusiva su utilización en esta actividad económica. 
De hecho, la construcción naval, aeronáutica y de equipos industriales lo han utilizado y pueden, por lo tanto, ser consideradas actividades de riesgo. 
Con este escenario, reorientar las medidas de protección para las personas más expuestas, estudiar los diferentes riesgos derivados de aquellas actividades en las que la exposición resulta necesaria, intensificar las medidas para prevenir o reducir al mínimo la exposición y revisar los niveles de exposición, son objetivos que justifican la modificación de la Directiva. 
Pedir previsión de pausas pertinentes en situaciones derivadas de la carga física y climatológica, que también deberán fijarse desde la concertación social. Pedir que los Estados miembros prevean sanciones eficaces, proporcionales- creo que en la traducción española debería de decir proporcionada, no se trata de establecer una proporción a) , sino una ponderación con respecto a la entidad de la infracción, tiempo de exposición, riesgo, etc. y disuasorias. 
Las tres peticiones expresan la voluntad de cumplir la estrategia de Lisboa. Ésta hablaba de mejores empleos y mejor empleo quiere decir, sin duda, empleos más seguros. 
Por eso, me alegra especialmente escuchar que las palabras del Sr. Comisario son favorables a estas enmiendas. 
Señor Presidente, para ser eficaces, toda esta normativa, esta modificación, este perfeccionamiento de la normativa exigen otras medidas. 
Como pone de manifiesto la estrategia de salud laboral 2002-2006, es preciso fomentar la cultura de la prevención. Dicha prevención se contempla en las enmiendas a que me refiero. 
Desde luego, la utilización del diálogo social será el mejor método de difusión de la cultura de prevención frente a los riesgos del trabajo, en general, y frente a los riesgos derivados de la utilización del amianto, en particular. Será, por lo tanto, el mejor método de horizontalización de las políticas, método de investigación, de cumplimiento de la legalidad, de fijación de condiciones de salud y de seguridad o, lo que es lo mismo, de respeto a la dignidad humana. 
Para terminar, animo a que se cumpla el calendario, porque con el cumplimiento del calendario al que se refería el Sr. Hughes estaremos mejorando de modo inmediato la protección de los trabajadores afectados. Estaremos, por tanto, cumpliendo lo que dispone el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Señor Presidente, yo también querría desear a la Sra. Damião una recuperación rápida y completa y agradecerle todo su trabajo en torno a este informe. 
También me gustaría dar las gracias al Sr. Hughes por su esfuerzo. En ausencia de la Sra. Damião ha realizado un excelente trabajo, logrando alcanzar los acuerdos que teníamos ante nosotros en este debate. 
El amianto es un asesino invisible y silencioso. 
En Europa, América del Norte, Japón y Australia mueren unas 30 000 personas al año por exposición al amianto. 
Según un estudio belga presentado el año pasado en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea, se estima que uno de cada siete ciudadanos presentará daños en el pulmón por causa del amianto. 
Aunque los niveles de exposición alcanzaron su cota máxima en la década de 1970, el proceso de aparición de los cánceres relacionados con el amianto tarda muchos años. 
Debido a ello, los médicos especializados en este ámbito predicen que se producirá un incremento continuo en la incidencia de cánceres relacionados con el amianto hasta el año 2020. 
En el futuro habrá que demoler algunos edificios, mientras que en la actualidad ya se están derribando otros, por lo que es esencial reforzar la protección de los trabajadores que trabajen en la demolición de estos edificios. 
Acojo favorablemente las enmiendas aprobadas. No suponen ninguna carga añadida grave ni onerosa para los empresarios que contratan a los trabajadores afectados ni para los Gobiernos. 
Sin embargo, insisto en que se prevean sanciones para asegurar que la Directiva, una vez adoptada, se aplique de forma efectiva. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Damião por todo su trabajo y espero que se recupere pronto. 
Cada año, en el Reino Unido mueren unas 4 500 personas únicamente de enfermedades relacionadas con el amianto. 
Se prevé que, en los próximos 35 años, en la Unión Europea morirán 250 000 personas a causa de estas enfermedades. 
Las pruebas médicas y científicas demuestran que realmente se necesita una Directiva de este tipo. 
Estoy muy satisfecha con la prohibición de la producción y venta de amianto en toda la UE a partir de 2005. 
Afortunadamente, ya están prohibidas en el Reino Unido. 
Sin embargo, existen todavía millones de toneladas de amianto en los edificios de toda la Unión Europea. En algún momento habrá que pensar en demoler estos edificios, eliminando, reparando o manteniendo el amianto, con los consiguientes efectos para la salud y la seguridad de todos los trabajadores del sector. 
Acojo favorablemente el hecho de que esta Directiva reduzca los valores límite de exposición al amianto. 
Brindo todo mi apoyo a las tres enmiendas de las que ha hablado el Sr. Hughes. 
Sin embargo, me ha decepcionado enormemente que la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales cambiara de parecer tras la primera lectura; mis enmiendas, que no han sido aceptadas, podrían haber reducido a la mitad el valor límite de exposición. 
Las razones de la comisión, tal como yo las he comprendido, eran que, como el Consejo no había aceptado mis enmiendas, no había motivo alguno para proceder a la conciliación, puesto que no las habrían aceptado en el futuro. 
No obstante, sabemos por experiencia que el Consejo cambia bastante a menudo de parecer durante el procedimiento de conciliación y me parece vergonzoso que no hayamos luchado por esas enmiendas. 
Si hubieran salvado la vida de al menos un trabajador del amianto, ya habrían merecido la pena. 
De todas formas, he decidido no volver a presentar las enmiendas porque no contaba con el apoyo de la Comisión de Empleo ni tampoco de los demás Grupos de esta Cámara. 
Incluso a pesar de que me hubiera gustado que la Directiva llegara más lejos, considero que es una Directiva muy buena que salvará la vida de muchos trabajadores del amianto en toda la UE. 
Por esta razón, aconsejaré a mi Grupo que vote a favor de esta Directiva, porque es muy necesaria. 
Señor Presidente, los optimistas que opinan que la política y la estructura de la UE se está desarrollando correctamente, también suelen afirmar que en la UE, la economía y las finanzas ya no son las cuestiones más importantes (y no lo son ya desde hace tiempo) y que nos hemos transformado en una comunidad que persigue valores como la paz, la solidaridad y la protección del medio ambiente. 
Por desgracia, la discusión sobre las directivas relativas a la protección de los trabajadores contra el amianto ilustra una vez más que la UE es más propensa a la economía que a cuestiones como la salud pública, y que el Consejo y la Comisión quieren mantener esta misma tendencia. 
El 10 de abril, en la primera lectura, insistí en que había que ir mucho más allá de lo propuesto por la Comisión con respecto al amianto. 
Es necesario, porque esta sustancia tóxica se ha usado durante demasiado tiempo como solución para todo, porque las viviendas y los edificios industriales de Europa del Este contienen grandes cantidades de amianto ruso y porque, aparte de los trabajadores que manipulan el amianto, podrían resultar afectadas otras personas. 
Entre las personas de riesgo están los familiares de los trabajadores del amianto, los residentes en viviendas que contienen amianto y las personas asociadas a las actividades de eliminación del amianto. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, he intentado ampliar el alcance de la directiva para incluir a otras víctimas y para incrementar el acceso público a la información de las empresas. 
En principio, obtuve un amplio apoyo a favor de estas propuestas, hasta que la Comisión señaló los escollos legales. 
Con este fundamento, propuse invitar a la Comisión antes de que finalizara el año 2003 e independientemente de esta directiva, formular realizar propuestas adicionales en materia de indemnizaciones y de protección de todas las víctimas distintas de las que están expuestas al amianto en el curso de su trabajo. 
La Comisión está en contra de esta ampliación y el Consejo es todavía más crítico con ella. 
Por supuesto, supondría un paso adelante si ahora se adoptara una directiva más estricta, pero es bastante decepcionante ver cuáles son las medidas que no van a estar incluidas durante este tiempo debido a las objeciones planteadas. 
El compromiso se ha quebrado y las tres enmiendas correspondientes son, en mi opinión, insuficientes. 
Señor Presidente, Comisario, en primer lugar la Comisión de empleo y Asuntos Sociales desea sumarse a todos los demás y expresar sus mejores deseos de pronta recuperación a la Sra. Damião, la ponente original, y felicitar asimismo al Sr. Hughes por su labor en su calidad de sustituto y otras muchas cosas. 
Creo que estamos hablando de añadir todo lo esencial, retocando los detalles de una directiva que principalmente trata la situación de los empleados. 
En realidad, pienso del mismo modo que el Sr. Meijer, pero me gustaría repetir que es importante para todos los tipos de categorías de afectados y debemos hacer algo con respecto a esta situación. 
Estos son mis comentarios sobre la Directiva 83/477/CE. 
Al igual que el Sr. Hughes, me complace que se haya podido evitar el inminente punto muerto, motivado por el hecho de que las enmiendas del Parlamento no se hubieran aprobado, gracias a la excelente contribución del Consejo en forma de posición común y a las enmiendas adicionales que tienen un mayor alcance. 
Esto significa que hemos hecho un gran progreso y que el amianto de cualquier tipo, no en el caso de los productos derivados, por fin ha sido prohibido tras 25 años. 
Con esto concluyo diciendo que, como el período de incubación es de unos 25 años o más, debemos aplicar el principio de cautela de forma más enérgica. 
Me referiré a unos pocos ámbitos en los que no hemos hecho absolutamente nada, como las ondas electromagnéticas, la radiación óptica, los organofosfatos, las descalcificadoras y su uso. 
No sólo deberíamos experimentar estos productos, sino que también deberíamos considerar el uso que tienen en los procesos de producción. 
Esto conduce automáticamente a la necesidad de promulgar leyes y directivas en aquellos países, pero también sanciones, y de ahí también una enmienda. 
Además, conviene que se impliquen los interlocutores sociales; todo esto me parece tener un sentido perfecto. 
Sin embargo, ¿quién mantiene la ley y el orden en la práctica? 
Sin duda, los dirigentes de los sindicatos, trabajadores miembros de los comités de empresa, a veces servicios de especialistas en las empresas importantes, y todos ellos necesitan tener algo a lo que agarrarse. 
Ésta es la razón que nos obliga a centrarnos precisamente en este aspecto en nuestro próximo programa de Salud y Seguridad. 
Por último, me gustaría comprobar que se crea un registro de los edificios afectados, y en este sentido apoyaré al Sr. Meijer. 
De hecho, se trata de lo que hemos pedido, pero el Consejo, debido a una serie de dificultades, no lo aceptó de inmediato. 
Debemos estar en contacto con el Consejo e intentar alcanzar una solución con respecto a los registros nacionales o bien una solución diferente, de tal modo que tengamos un seguimiento de los edificios de que estamos hablando. 
Conozco uno de ellos: el edificio de la Comisión, pero lo han echado abajo. 
Señor Presidente, sobre la serie de recomendaciones que pretenden prohibir el amianto en la Unión Europea se podría decir «más vale tarde que nunca». 
Sin embargo, esto significaría olvidar las generaciones de trabajadores que han muerto debido al trabajo con el amianto, incluso cuando ya se conocía su naturaleza dañina. 
Significaría olvidar a los miles de personas que morirán, incluso una vez que se haya prohibido, en unos pocos meses o en unos años. 
También significaría olvidar a todos los propietarios de fábricas y accionistas que se han lucrado con el amianto sabiendo que era letal, que han sido capaces de invertir sus infectas ganancias en otros sectores y cuya riqueza continúa incrementándose incluso cuando sus víctimas siguen muriendo. 
Estos explotadores de seres humanos enfermos ni siquiera sufren pérdidas financieras, puesto que ninguno de los Estados miembros les obliga a pagar indemnizaciones a todas las víctimas actuales y futuras ni a sus familiares. 
En efecto, debemos votar por estas enmiendas, pero con un sentimiento de náusea y rabia provocado por el comportamiento servil tanto de las instituciones europeas como de las nacionales, hacia los empresarios implicados. 
Este servilismo es el causante del retraso durante tanto tiempo de una medida tan básica como la prohibición del amianto. 
Señor Presidente, al igual que mi colega, la Sra. Thorning-Schmidt, no esperaba que me permitieran intervenir antes de medianoche para hablar de algo tan importante como la salud y la seguridad... 
Es bastante simbólico que estemos hablando de este tema a una hora razonable, porque abarca muchos más aspectos que la cuestión de la salud y la seguridad. 
Esta mañana, en el Reino Unido, en el programa estrella de noticias, the Today Programme, se planteó inusitadamente la cuestión del amianto a otra hora también muy razonable. Se planteó debido a la cuestión suscitada por la Sra. Thorning-Schmidt, a saber, la aplicación de esta Directiva. 
El trabajo en torno a esta Directiva, y en particular a esta cuestión, ha sido tan efectivo, al igual que lo han sido la forma de llevar el debate y el acuerdo alcanzado entre los Grupos políticos, que los Estados miembros están valorando atentamente la forma de aplicar la Directiva. 
Esta mañana, la Ejecutiva de Salud y Seguridad ha determinado cómo se aplicará esta Directiva en el Reino Unido, y la manera en que incluso las PYME podrán adaptarse a esta legislación en materia de salud y seguridad. 
Es importante; suscita un gran acuerdo, pero debemos entender también los peligros reales. 
Los Estados miembros comenzarán a aplicar dicha Directiva (que debemos controlar cuidadosamente) , mientras que los países candidatos usan amianto en unas cantidades que, aunque sólo sean estimativas, se consideran bastante peligrosas. 
Debemos marcar el tono por medio de la aplicación de esta Directiva, rendir homenaje al modo en el que el Parlamento lo ha planteado y asegurar que nosotros, desde los Estados miembros de la UE, y los países candidatos hacemos lo posible por que esta Directiva refleje el nivel de debate en esta Cámara. 
Señor Presidente, a pesar de que 13 países hayan prohibido el amianto y, en su mayoría, se hayan desecho de él porque se haya probado que es carcinógeno, Grecia aplica todavía la legislación comunitaria que permite el uso de amianto hasta el año 2005, poniendo, por lo tanto, en peligro las vidas y la salud de los trabajadores del sector y de la sociedad en general. 
La protección del medio ambiente y la protección de la salud pública no son de ningún modo las prioridades de la Unión Europea, a pesar de lo que se diga. 
Su prioridad es conseguir el máximo beneficio para las grandes empresas. 
El escándalo del amianto es un ejemplo muy obvio de la crueldad del sistema capitalista y ya va siendo hora de que se actúe para prohibir la extracción, el procesamiento y el uso de los productos del amianto. 
Al mismo tiempo, hay que adoptar medidas para proteger la salud pública del amianto e indemnizar a los trabajadores del sector por los daños y perjuicios sufridos durante estos años. 
-Muchas gracias. 
El debate queda cerrado. 
Se procederá a la votación de este informe, si no estoy mal informado, el miércoles, a partir de las 11.30 horas. 
-De conformidad con el orden del día, procedemos al debate del informe (A5-0384/2002) de la Sra. Breyer, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a los alimentos e ingredientes alimentarios autorizados para el tratamiento con radiación ionizante en la Comunidad (COM (2001) 472- C5-0010/2002- 2002/2008 (COS) ). 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Breyer, por elaborar un informe que responde a la cuestión formulada por la Comisión. 
La cuestión era la siguiente: ¿para qué alimentos se permite la radiación en la Unión Europea? 
La Comisión formuló esta cuestión al Parlamento y al Consejo tras consultar a las organizaciones del sector y de consumidores y a otras partes interesadas. 
La consulta suscitó una respuesta polarizada. 
Las partes interesadas estaban o completamente en contra de esta tecnología o totalmente a favor de ella. 
No parece haber un punto medio entre ambos extremos. 
En la actualidad, la lista positiva de productos irradiados autorizados en toda la Unión Europea sólo incluye hierbas aromáticas deshidratadas, especias y condimentos vegetales. 
Para completar esta lista, la Comisión ha sometido tres opciones a debate. 
La primera opción proponía permitir la radiación de camarones y ancas de rana, ya que dichos alimentos suelen importarse de países tropicales o subtropicales y siempre contienen cierta cantidad de microbios. 
La segunda opción proponía permitir la radiación de una serie de alimentos, además de los camarones y las ancas de rana, que vienen irradiándose ya en grandes cantidades en los Estados miembros. 
Entre estos alimentos se encuentran los frutos secos, los cereales, el pollo, los despojos cárnicos, la clara de huevo y la goma arábiga. 
La tercera opción proponía que la lista positiva actual debería estar cerrada, lo que significaría que sólo las hierbas aromáticas deshidratadas, las especias y los condimentos vegetales podrían someterse a radiación en la Unión Europea. 
El informe adoptado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ofrece la posibilidad de añadir más productos a la lista positiva actual si se puede demostrar la seguridad de dichos productos. 
La adopción de las enmiendas 2 y 3, presentadas por la ponente y otros diputados del Parlamento, darían lugar sin embargo a la tercera opción, que es la más restrictiva. 
La Comisión tendrá en cuenta las conclusiones del Parlamento, pero debe esperar a la reacción del Consejo antes de plantear cualquier propuesta formal. 
Sin embargo, me gustaría, en nombre de mi colega, el Sr. Byrne, aprovechar esta oportunidad para aclarar unos cuantos puntos. 
En primer lugar, quiero reiterar que el Comité Científico de Alimentación Humana ha concluido que la radiación de alimentos es segura. 
Esta opinión se basa en muchos estudios científicos y la comparte la Organización Mundial de la Salud y otros organismos científicos. 
Por tanto, no se requieren estudios toxicológicos adicionales, puesto que la opinión de la comunidad científica es muy clara a este respecto. 
Hay muchas ideas falsas en torno a esta técnica. 
He de destacar que no todos los alimentos pueden ni deben ser irradiados. 
Es la misma situación que para la cocción y la congelación: ni todos los alimentos se cocinan ni todos se congelan. 
La radiación es sólo un método para conservar los alimentos. 
Para algunos alimentos esta técnica es la mejor, mientras que para otros, no. 
La Unión Europea tiene unas normas de etiquetado muy estrictas para los alimentos irradiados. 
Incluso si un alimento contiene pequeñas cantidades de ingredientes irradiados, este hecho quedará claramente indicado. 
También disponemos de las herramientas técnicas para controlar el etiquetado correcto. 
La Comisión ha financiado el desarrollo y la normalización de los métodos de detección de alimentos irradiados. Estos métodos están siendo utilizados por las autoridades del control alimentario para supervisar los alimentos del mercado. 
El primer informe de la Comisión sobre la radiación de alimentos, de reciente publicación, demuestra que la gran mayoría de alimentos del mercado están etiquetados correctamente. 
Esto significa que los consumidores podrán elegir libremente entre los productos irradiados y no irradiados. 
Me gustaría repetir que la legislación vigente exige a los Estados miembros que informen de los resultados de los controles efectuados en sus instalaciones de radiación y en los productos alimenticios. 
Si las autoridades de control alimentario detectan productos que no cumplen los requisitos legales, estos productos tendrán que ser retirados del mercado. 
Por último, creo que el informe estigmatiza a terceros países, especialmente a Estados Unidos y a Brasil, por usar esta técnica y lo considero improcedente, ya que nuestro Comité Científico considera que la radiación de alimentos es segura. 
Señor Presidente, Señorías, antes que nada les pido disculpas por mi voz, afectada por un resfriado. 
Este informe nos hace retomar el debate sobre la medida en que se irradian los alimentos en la Comunidad y la manera en que esto debería regularse. 
A finales de los noventa se adoptó una Directiva, tras un prolongado debate, que permite que solamente las especias y las hierbas aromáticas secas pueden ser irradiadas en la UE. 
La UE se enfrenta de nuevo ahora a la decisión de si debería continuar el permiso de irradiar solamente especias y hierbas, si debería ampliarse esta lista para incluir algunos alimentos con condiciones higiénicas problemáticas, como las ancas de rana y los langostinos, o si la lista debería incluir alimentos que se permite irradiar conforme a los acuerdos de transición en cada uno de los Estados, como las patatas, las aves de corral, los vegetales, los langostinos, el marisco, las ancas de rana o la proteína. 
La Comisión- tal y como acaba de aclarar el Comisario- enumera estas tres opciones en su comunicación y por lo tanto más o menos nos deja decidir al Parlamento cuáles aprobar. 
En su informe, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha tomado de hecho una decisión contradictoria sobre el tema que creo que ha mencionado el Comisario brevemente. 
Por una parte, en el apartado 3 se pide que tomemos nota de la propuesta de la Comisión y consideremos la lista actual como completa, y se expresa la opinión de que sólo debería permitirse irradiar más hierbas, especias y condimentos obtenidos de plantas en la UE si se reconoce científicamente que ello es inocuo y eficaz. 
Al mismo tiempo, en el apartado 4, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor propone que los productos irradiados, que son numerosos en algunos Estados miembros, se añadan a la lista positiva en la medida en que esta tecnología puede hacer que algunos productos alimenticios sean más seguros. 
Lo que hace esto en realidad es dejar clara nuestra falta de una posición inequívoca, dado que, por una parte, en el apartado 3 afirmamos que queremos una decisión muy restrictiva, mientras que por el contrario, en el apartado 4 dejamos claro que estamos a favor de una decisión que vaya más allá. 
Sin embargo, el Parlamento es bastante claro con respecto a su posición, expresada en el apartado 5 del informe, que consiste en que cada producto alimenticio debe ser sometido a un análisis detallado antes de que se presente cualquier propuesta de añadirlo a la lista positiva, con objeto de demostrar que se cumple cada una de las condiciones para autorizar la irradiación de los alimentos de acuerdo con el Anexo I de la Directiva de 1999. 
La comunicación de la Comisión deja claro, al igual que lo ha hecho el Comisario, que en realidad no existe demanda por parte de los consumidores de la irradiación de los alimentos, que de hecho la mayor parte de la industria alimentaria la rechaza y la declara superflua. 
Incluso Eurotoc, una asociación independiente de consumidores que promocionan la alimentación sana- cuyos cocineros nos son familiares a todos- ha dejado claro que la irradiación de alimentos es incompatible con la concepción de su propósito y ha obtenido en pocos días una amplia aprobación de su resolución que rechaza la irradiación de los alimentos. 
Creo que esto demuestra que la Directiva sobre irradiación merece una fuerte crítica y sus presupuestos deben ser refutados. 
Hay algo que debemos tener claro, y es que la irradiación solamente tiene sentido si se utiliza para disimular y correr un velo sobre las condiciones higiénicas que son inaceptables para nuestra forma de pensar y quizás se simula en beneficio de los consumidores una calidad de la que de hecho carecen. 
Solamente entonces tendría sentido tratar los alimentos con radiación, ya que, si las condiciones higiénicas fuesen buenas, no habría dudas sobre los productos y estos no necesitarían ser irradiados. 
Mi segundo argumento es que la irradiación sirve principalmente para mantener los alimentos frescos durante largos trayectos. 
Los langostinos son un ejemplo destacado de ello, en el sentido en que se transportan desde el norte de Alemania hasta Marruecos para ser pelados. 
Esto también- como hemos oído de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo- debería considerarse por supuesto de forma muy crítica en lo que respecta a una política de transporte buena para el medio ambiente y nuestra comisión ha hecho frecuentes llamamientos a la integración de la política medioambiental en las demás políticas. 
Para concluir, no puedo por más que reiterar que en los apartados 3 y 5 la comisión ha adoptado posturas muy distintas, y la votación de mañana demostrará si mantendremos nuestra postura a favor de los consumidores y de su protección, o si haremos concesiones a la industria, que en las últimas semanas ha estado presionando enérgicamente. 
Creo que todos deberíamos ser conscientes de que la irradiación debería considerarse de forma muy crítica, ya que también puede implicar ciertos riesgos, de los cuales puede que no seamos conscientes en la actualidad, y de que los consumidores la rechazan. 
Espero que nuestra decisión de mañana sea a favor de la protección de los consumidores, permitiendo a la Comisión y al Consejo seguir con su trabajo, que también aclaremos de algún modo el informe ligeramente contradictorio de la Comisión de Medio Ambiente y seamos capaces de llegar a una posición inequívoca, que sirva de base para futuros trabajos del Consejo y de la Comisión. 
Señor Presidente, señor Comisario, siempre he creído que la protección de la salud y de los consumidores debería estar por encima de cualquier otra consideración. 
Sin embargo, el cumplimiento del principio de cautela no significa impedir que se realicen avances tecnológicos en el campo del procesado de los alimentos. 
Por lo tanto, con respecto a la ionización de alimentos, la comunicación de la Comisión Europea- porque debo especificar que realmente se trata de una comunicación y no de un texto legislativo- hace hincapié en que la comunidad científica considera que irradiar los alimentos no representa riesgo alguno para la salud de los consumidores si se aplican buenas prácticas de fabricación. 
Por supuesto, la ionización no debe ser utilizada para compensar la negligencia en materia de higiene. 
Considero bastante decepcionante el proyecto de informe que nos presentó la Sra. Breyer en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor el pasado mes de septiembre. 
Es esencial que evitemos la confusión ocasionada por algunos diputados. 
Lo que estamos debatiendo aquí es el contenido del informe de la Sra. Breyer, no la comunicación de la Comisión. 
Sin embargo, quiero decirle a la Sra. Breyer que no he estado sometida a ninguna presión. 
Este informe, tras la adopción de la mayoría de mis enmiendas y las del Sr. Bowis, fue aprobado por unanimidad en la comisión parlamentaria. 
Mi grupo consideró que se había alcanzado un equilibrio y que este informe podría aceptarse como estaba, incluso aunque se mantengan determinados párrafos particularmente complacientes para la galería. 
Por ejemplo, el apartado 14 no aporta nada al informe. 
La diputada del Partido Verde considera que debería ser obligatorio para los fabricantes de alimentos prevenir los riesgos para los trabajadores, la salud humana y el medio ambiente. 
¿Cómo podemos mantener nuestra credibilidad a los ojos de los consumidores si nos limitamos a este tipo de declaraciones? 
Debemos centrarnos en tomar decisiones prácticas que aumenten de forma eficaz la seguridad de los consumidores. 
Con este fin presenté las enmiendas adoptadas en comisión con ánimo aumentar los controles para impedir que se comercialicen productos ionizados ilegalmente. 
Por otra parte, dado que la ionización ha demostrado ser extremadamente útil para destruir los microorganismos o insectos presentes en cierto tipo de alimentos, creo que es razonable no cerrar la puerta a esta clase de tratamientos. 
Por otra parte, no estoy de acuerdo con el punto de vista de la ponente sobre el transporte de mercancías. 
Creo que es beneficioso que hoy se puedan importar y exportar productos que no podrían haberse transportado en el pasado. 
Por ejemplo, las especias pueden transportarse entre puntos muy distantes. 
No veo cómo conservar los alimentos durante más tiempo compromete el objetivo del desarrollo sostenible que todos queremos alcanzar. 
Por último, señor Presidente, Señorías, me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer un comentario general. 
Creo que es muy lamentable que el Parlamento esté dispuesto a discutir y elaborar informes sobre todas y cada una de las comunicaciones de la Comisión Europea. 
Este tipo de procedimiento era útil cuando solamente se nos consultaba. 
Sin embargo, en la actualidad, sería más útil y lógico que nos concentrásemos en nuestro trabajo legislativo. 
Ganaríamos mayor respeto, racionalizaríamos nuestra sobrecargada agenda y podríamos dedicar más tiempo a los procedimientos legislativos, y por último, evitaríamos hacer el trabajo de la Comisión al establecer nuestra postura sobre un expediente incluso antes de haber recibido una propuesta de la Comisión. 
No diré nada más sobre este tema, que, en mi opinión realmente no necesita más enmiendas ni debates en el pleno. 
No me parece que dedicar mucho tiempo a un informe sobre una comunicación de la Comisión, por solamente tres enmiendas presentadas en el pleno, no creo que sea un comportamiento digno de los debates que deberíamos celebrar aquí en el Parlamento. 
Señor Presidente, la postura de mi Grupo es bastante diferente de la de la última oradora. 
Nosotros pensamos que es correcto que se consulte al Parlamento. 
Creemos que en una serie de ámbitos contenciosos (por ejemplo, los peligros derivados de la radiación no ionizante) no se sabe lo suficiente en términos científicos como para dejarlo pasar sin más. 
Mi Grupo también apoyará la enmienda que otros colegas y yo hemos firmado en nombre del Grupo Socialista, para eliminar el apartado 4. 
¿Por qué lo hacemos? 
No porque necesariamente discrepemos con el Comité Científico sobre si la radiación es segura para los alimentos o no, sino porque ahí no se acaba toda la historia. 
La cuestión es ¿por qué se realiza la radiación? 
¿Se hace realmente en beneficio del consumidor? 
¿Es una técnica para la que existe una demanda por parte del consumidor? 
Si así fuera, no existirían tantos casos de radiación ilegal y clandestina como existen, al menos en mi país. Se lleva a cabo de esta manera porque no quieren que los consumidores lo sepan. 
No quieren que la gente lo sepa y reflexione sobre el comercio, que está más preocupado por las reducciones de costes que por el producto final en términos de satisfacción del consumidor. 
La Sra. Breyer se ha referido a los camarones que se llevan de un mercado a otro, pelados en un continente y luego devueltos a otro. Esto no responde a preocupaciones sobre la seguridad o el atractivo del producto: se trata de las ganancias que acarrea este negocio. 
A la luz de las opciones presentadas por la Comisión, nosotros, al igual que la ponente, somos de la opinión de que la lista no debe ampliarse más. 
El peso de la prueba continúa recayendo sobre los que quieren hacer este tipo de cosas, pero la prueba todavía está por aportar. 
Señor Presidente, señor Comisario, tengo edad suficiente como para recordar el enérgico debate sobre los alimentos irradiados que hubo en toda Europa hace 15 ó 20 años. 
Fue muy similar al debate sobre alimentos modificados genéticamente que tenemos en la actualidad. 
Es un hecho que la opinión científica unificada, la OMS y la FAO, afirman que la irradiación por sí misma no es peligrosa en absoluto. 
Por ello podemos afirmar que los considerandos I y J de este informe son bastante engañosos. 
La tecnología es supuestamente buena para aquellas partes del mundo en que la seguridad alimentaria significa simplemente tener algo que comer. 
Sin embargo, una vez dicho esto, quiero insistir en que no existen motivos de ningún tipo en la Europa actual para irradiar nada que no sean, concretamente, las especias. 
Para ello existen buenas razones, ya que otros métodos de esterilización de las especias son todavía menos apropiados desde el punto de vista sanitario y medioambiental. 
En otros casos es innecesario utilizar esta tecnología en una parte del mundo y en un sistema en el que hacemos lo imposible por crear un alto nivel de seguridad en toda la cadena alimentaria. 
Si mantenemos un nivel de higiene suficientemente alto, aplicamos buenas prácticas de producción y garantizamos que la cadena de refrigeración y congelación no se rompe, no tendremos necesidad de una tecnología que puede- y no digo que esto suceda siempre- utilizarse mal para ocultar una falta de higiene o deficiencias en la cadena de refrigeración, etc. Es un pelín demasiado difícil controlar esto. 
Por supuesto, podemos decir que este tratamiento está bien si se indica claramente en el etiquetado, pero creo que los riesgos de que se abuse de esta tecnología son demasiado elevados. 
No creo que sea peligroso, pero creo que es del todo impropio para nosotros mismos. 
Señor Presidente, al igual que la oradora anterior, creo que no existen argumentos sostenibles para permitir la irradiación de alimentos que no sean especias. 
En su lugar, varios Estados miembros deberían ejercer controles más estrictos sobre la irradiación de alimentos que no deberían ser irradiados. 
Queremos que el informe resulte más restrictivo mediante la adopción de las enmiendas nº 2 y 3, de modo que éstas reflejen la posición del Parlamento. 
Existe un riesgo obvio de que la irradiación se utilice para disimular la escasa higiene o el hecho de que los alimentos son demasiado viejos para ser comercializados. 
No hay razón para aprobar métodos que lo permitan. 
También es un hecho que, si son irradiados de forma que se mantengan durante más tiempo, los alimentos corren el peligro de perder algunos de sus valores nutricionales y por lo tanto ser menos buenos para los consumidores. 
Creo que de este modo se engaña a los consumidores en cierto modo para que compren cosas que no son de la misma calidad. 
También tiene que ver en parte con la cuestión de qué tipo de política agrícola y alimentaria hemos a tener. 
¿Vamos a tener una producción a muy gran escala de mercancías transportadas a grandes distancias y con prolongados tiempos de almacenamiento, o vamos a desarrollar una política agrícola y alimentaria basada en que se produzcan más alimentos localmente y se suministren y consuman en plazos razonables? 
Parece ser que los alimentos frescos y los alimentos seguros no siempre son lo mismo. 
Por ejemplo, cada año mueren muchas personas debido al envenenamiento por Salmonella y Campylobacter de los pollos. 
Estas bacterias pueden controlarse mediante productos químicos, como el bromuro de metileno, que es tóxico. 
Una importante desventaja del uso de este método es que se pueden encontrar restos de estas sustancias tóxicas en los alimentos. 
La irradiación de los alimentos constituye una buena alternativa para matar los microorganismos y evita el posterior envenenamiento de los alimentos. 
Si queremos consumir productos frescos, entonces es imposible tratarlos térmicamente. 
Sin embargo, para evitar que las verduras, la fruta y los cereales se estropeen, podemos irradiarlos. Por lo tanto, este es un modo estupendo de mantenerlos frescos después de todo. 
Sin embargo, sería injusto decir que los alimentos son irradiados por motivos equivocados, para darles un mejor aspecto o para disimular cualquier imperfección. 
Cualquier sustancia nociva producida por los microorganismos no puede eliminarse mediante irradiación. Por ello es necesario que se sigan aplicando las normas higiénicas y sanitarias durante la producción y los procesos agrícolas. 
Entonces ¿cómo sabemos que estos productos frescos también son seguros? 
En primer lugar, la experiencia nos ha enseñado que la irradiación de alimentos es común en países de la Unión Europea y países terceros. 
Por otra parte, la seguridad de los alimentos irradiados queda confirmada por el historial de cincuenta años de investigación por parte de la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica, entre otros. 
Sin embargo, la irradiación de los alimentos no comporta la formación de nuevas sustancias, como sucede también cuando se cocinan los alimentos. 
Solamente en el caso de las grasas no está totalmente claro si la irradiación podría tener implicaciones adversas para la salud. Esto exige proseguir con la investigación. 
De lo anterior deduzco que existe una necesidad técnica de irradiación de los alimentos, que no existe peligro para la salud pública, que es útil para el consumidor y que no es una alternativa a las normas de higiene. 
Por lo tanto, se cumplen las cuatro condiciones establecidas en la Directiva marco de 1999. 
Por ello, quisiera que se dé luz verde a la inclusión de las verduras, las frutas y los cereales, entre otros, en la lista positiva. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor se ha mejorado la resolución mediante la incorporación de enmiendas. 
Sin embargo, quisiera hacer un comentario sobre el etiquetado. 
El etiquetado no debería funcionar como una señal de aviso. 
Una vez que se ha demostrado que el producto es seguro, ya no tiene interés que haya un aviso. Esto transmitiría al consumidor la idea errónea de que después de todo hay algún problema con el producto. 
Para evitar cualquier confusión, la designación de que este producto ha sido irradiado por motivos de higiene puede ser suficiente, al igual que se indica en un cartón de leche que ha sido pasteurizada. 
Permítanme concluir diciendo que la irradiación de los alimentos es necesaria en algunos casos con el fin de permitir que alimentos frescos sea equivalente a alimentos sanos. 
Por lo tanto, no deberíamos rechazar la irradiación de los alimentos de forma desmesurada, sino respetarla por lo que es. 
Hace cinco años, la Sra. Bloch von Blottnitz era la ponente sobre la irradiación de los alimentos. 
En aquel momento, la Comisión quería tomar medidas rápidas e irradiar muchos más alimentos que simplemente las hierbas y las especias. 
Por lo menos ahora lo estamos debatiendo antes, lo cual ya es un avance. 
Existen disposiciones distintas en los quince Estados miembros. 
En mi país, los Países Bajos, se irradian las patatas, pero nunca he visto que la etiqueta así lo indique. 
La legislación europea no se aplica como es debido en este ámbito. 
La irradiación no es necesaria. 
Hay muchas alternativas. 
Si el etiquetado dijera la verdad, los consumidores no comprarían los productos. 
Este es el motivo por el que también existe el etiquetado fraudulento. 
El ciclobutadieno es una sustancia siempre detectable cuando se irradian los alimentos. 
Por lo tanto, es perfectamente posible etiquetar como es debido, dado que la sustancia puede detectarse siempre. 
Este es el talón de Aquiles de la industria de la irradiación, ya que los consumidores no la quieren. 
Si la sustancia se etiquetase explícitamente, esta industria sufriría una muerte lenta. 
Señor Presidente, me ha gustado bastante la presentación del Comisario sobre este tema. 
Creía que todo se entendía bien, con una excepción: había malinterpretado el apartado 3; no es tan negativo como él sugiere. 
El texto original de la Sra. Breyer, que aplaude la sugerencia de la Comisión de que se pueda considerar completa la lista actual, se ha convertido en «toma nota de la sugerencia de la Comisión de que se pueda considerar completa la lista actual». 
Esto se ha cambiado de forma bastante significativa. Hay que observar todos los cambios introducidos en comisión. 
Después de todo, los alimentos llevan recibiendo tratamiento con radiación ionizante desde hace 50 años, tal como ha dicho acertadamente la ponente. 
En mi país, el Reino Unido, se someten a este tratamiento productos como verduras, frutas, cereales, aves, pescado, mariscos, pero no muchas ancas de rana... 
Toda esta gama de alimentos, hasta cierto grado, reciben este tratamiento. 
Cada país tiene listas diferentes. 
El punto común entre todos nosotros es que el alimento no plantee riesgos para la salud, que sea beneficioso para los consumidores y que esté etiquetado. 
Si se necesita y es seguro, entonces ¿por qué no aplicarlo? 
Esa es la opinión general de la comisión. 
De acuerdo, es una técnica segura. La OMS así lo afirma. 
El Comité Científico de Alimentación Humana de la UE dice lo mismo y por lo tanto, se convierte en un elemento de protección del consumidor en sí mismo. 
Se necesita, por ejemplo, en hospitales para proteger los alimentos destinados a pacientes muy vulnerables a las bacterias peligrosas. 
Protege los alimentos de la contaminación. Lo que de ninguna forma hace es contaminar o pudrir la comida. 
La Comisión nos brindó una comunicación perfectamente acertada- un documento de discusión- con sus opciones para la lista actual de la UE, además de los camarones y las ancas de rana, para la lista actual más amplia de los Estados miembros o simplemente para la lista actual de la UE. 
Me temo que la respuesta está en algún punto entre la primera y la segunda opción, pero no estamos aquí para tratar la propuesta legislativa. 
La Comisión está en actitud de escucha. 
Necesitábamos realizar una reflexión fría y sosegada sobre este asunto. 
La realidad está a años luz de esa amenaza apocalíptica que pudimos percibir en el informe original, con sombras de peligros como los viajes de larga distancia que, en realidad, benefician a los países en desarrollo a la hora de exportar sus productos. 
La comisión ha desterrado esa imagen de fuentes radioactivas que plantean riesgos potenciales para la seguridad, motivados por la adquisición de material radioactivo por parte de terroristas para fabricar bombas sucias. 
Estamos buscando algo más proporcionado. 
El informe en su forma original era como si describiéramos la dinastía merovingia como el despotismo temperado por el asesinato. 
La realidad es que tenemos un proceso que es seguro si se usa adecuadamente. 
Puede aportar beneficios y debería ser considerado cautelosamente con las evaluaciones de riesgos y con una gestión de riesgos adecuadas, pero sin alarmismos. 
Las enmiendas que la Sra. Grossetête y yo proponemos, y que la comisión ha apoyado, devuelven este informe al punto en el que la Comisión preferiría que esté. 
Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias a la Comisión por la claridad con la que ha presentado la situación en lo que respecta al tratamiento de los comestibles con radiaciones ionizantes en la Unión Europea. 
También agradezco al Comisario la claridad en lo que ha tenido que decir sobre este asunto problemático. 
En 1999, cuando estábamos discutiendo sobre la Directiva, nuestro temor era que la Comisión no lograra elaborar una lista positiva antes del 31 de diciembre de 2000. 
¿Y qué ha sucedido? 
Pronto será 31 de diciembre de 2002 y, en lugar de debatir sobre la adopción o no de la lista, volvemos a los debates que tuvimos en los días previos a que se elaborase la Directiva. 
Creo que las cosas no pueden dejarse como están y la situación es inaceptable. 
La Comisión, en su comunicación, indica que tanto la FAO como la OMS consideran científicamente probado que la irradiación es bastante segura para los consumidores. 
De hecho, la OMS insta a que se use más, dado que el procedimiento reduce los riesgos para el consumidor. 
El Comité Científico sobre la Alimentación Humana indica, con referencia a 17 categorías de productos, que el tratamiento con radiaciones ionizantes es inocua, y estas categorías incluyen todos los productos tratados hasta la fecha en los países de la Unión Europea. 
Señala que no se ha producido ningún caso en el que se haya superado una dosis crítica en la Unión Europea. 
En la comunicación de la Comisión se indica que las condiciones básicas para el tratamiento con radiaciones ionizantes- obtención de licencias, etiquetado y control- se cumplen y que los métodos para detectar la irradiación han sido validados, es decir, también cumplen los requisitos. 
Poco a poco empiezo a considerar intolerable que se nos diga constantemente en este contexto que existe la posibilidad de engañar, que da cabida al fraude y demás. 
Existen métodos de detección. Podemos determinar si los productos han sido tratados, sea ello legal o no. 
Entonces ¿por qué volvemos una y otra vez sobre este debate? 
Por ello consideramos que se reúnen todas las condiciones para elaborar una lista positiva y para que la Comisión se ocupe de ella. 
Sin embargo, la Comisión está cogiendo miedo. 
Esto se deriva del estudio que ha realizado, que, a modo de ejemplo, ha descubierto que los fabricantes de alimentos no quieren este tratamiento. 
¿Por qué no lo quieren? 
Como aclara la comunicación, temen un boicot a sus productos, dado que la Unión Europea y este debate se han impregnado de una ideología que da la espalda a todos los hallazgos científicos y simplemente se niega a aceptar todo lo que se ha descubierto y establecido hasta la fecha. 
Así que volvemos a nuestros debates y a lamentar esta lamentable situación. 
Entonces es cuando se introduce el argumento de la higiene. 
Yo ayudé a elaborar la Directiva sobre las condiciones de higiene en la manipulación de la carne fresca. 
Sería la última persona que querría eliminar nada en este caso, pero hemos debatido sobre el APPCC cuando trabajamos en la versión actual de la Directiva sobre higiene alimentaria. 
Para nosotros está muy claro que esto no es aceptable en todos los casos y que también debemos utilizar otros métodos con el fin de hacer que los productos sean más seguros para los consumidores. 
Para eso sirve este procedimiento. 
El único planteamiento aceptable es que la Comisión elabore la lista positiva muy rápidamente, y además, no en la forma que ha propuesto ahora. 
La necesidad real es cambiar la situación en la Unión Europea. 
No podemos permitirnos vernos abrumados por este lastre ideológico. 
-Muchas gracias, Sr. Schnellhardt. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
-De conformidad con el orden del día, procedemos al debate del informe (A5-0386/2002) de la Sra. Langenhagen, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe especial n° 2/2002 del Tribunal de Cuentas sobre los programas de acción comunitarios «Sócrates» y «La juventud con Europa» (RCC0002/2002- C5-0257/2002- 2002/2125 (COS) ). 
Señor Presidente, no ha sido una decisión automática por la que esta Asamblea debate hoy aquí sobre los programas de acción comunitarios Sócrates y «La juventud con Europa». 
Se da el caso de que nuestro nuevo Reglamento establece que un tema adoptado de forma unánime por una comisión no necesita ser debatido en el pleno, y la Comisión de Control Presupuestario celebró mi informe y lo adoptó de forma unánime. 
Sin embargo, consideré que, siendo los programas Sócrates y «La juventud con Europa» temas de relevancia general para muchos ámbitos de la política europea, deberían presentarse ante un público más amplio, dado que este público ha manifestado malestar y quejas sobre el modo en que se han gestionado. 
Estas quejas han sido retomadas por el Tribunal de Cuentas europeo, que detalla en su Informe especial varios puntos débiles importantes que ha descubierto. 
El Tribunal de Cuentas confirma que algunos recursos no han sido utilizados de acuerdo con los objetivos del programa y que, en algunos casos, las metas no se han definido claramente. 
La financiación anticipada necesaria no existió en determinados proyectos, y esto ha hecho que el trabajo de los jefes de proyecto y los participantes fuese mucho más difícil, si no imposible. 
Un número cada vez mayor de escuelas, universidades y otras instituciones están dando la espalda a estos programas, y puedo entender que no les faltan motivos para ello. 
Por otra parte, el coste administrativo desproporcionado y los pesados procedimientos administrativos no guardan relación con su utilidad. 
No se puede permitir que los recursos que se aportan simplemente se queden retenidos en la maquinaria administrativa en lugar de llegar a las personas a las que están destinados en primer lugar. 
Otros defectos encontrados incluyen retrasos en el pago de las becas, deficiencias en la coordinación general y la ausencia de estructuras reales para llevar a cabo un seguimiento y una evaluación, principalmente debido a la complejidad de los programas. 
Es realmente incomprensible que la Comisión haya retrasado la presentación de su informe de evaluación. 
Esto es lo que ocasionó el consiguiente retraso en el informe posterior del Tribunal de Cuentas, lo cual es realmente inexcusable, dado que implicaba una evaluación de un informe que comprende el período de 1995 a 1999 y pronto será 2003, casi cuatro años después. 
En 1999 estábamos dispuestos a continuar el primer programa con el lanzamiento de un segundo programa, para un período de seis años entre 2000 y 2006, sin dar tiempo suficiente para evaluar los problemas que he mencionado. 
A pesar de esto, mi informe sobre el Informe Especial y sobre los programas Sócrates y «La juventud con Europa» tiene algo muy positivo que decir. 
No me cabe duda de que estos programas son importantes para la cooperación transnacional en la Europa unida, y de hecho necesarios para ésta, y de que complementan al sistema educativo. 
Pero esto no es todo: estos programas, en definitiva, engloban a ciudadanos europeos, ya sean estudiantes o jóvenes trabajadores, y éstos se acercan, mediante intercambios de puntos vista, lo que se denomina diálogo activo, y una formación dirigida sobre asuntos europeos, promueven el entendimiento mutuo en asuntos sociales, política europea y economía, y profundizan la integración europea. 
En el programa quinquenal de 1995 a 1999 se destinaron a Sócrates fondos que ascendieron a 920 millones de euros, y 126 millones de euros en el caso de «La juventud con Europa» , sumas bastante considerables. 
Esta suma se duplicó en el programa siguiente para los años de 2000 a 2006, lo cual es notable. 
En lugar de reducir su importancia, el hecho de que nos encontremos en el umbral de la ampliación hace que nuestra labor en relación con los jóvenes europeos y su educación, adquiera aún mayor importancia. 
Por ello hago un llamamiento a que las denominadas oficinas de asistencia técnica sean sustituidas ahora, por fin, por organizaciones públicas y para que se garantice una delimitación clara de las competencias entre la Comisión y las oficinas nacionales, con el fin de eliminar las diferencias entre los distintos Estados miembros. 
Las oficinas nacionales deben estar equipadas con recursos humanos, materiales y financieros suficientes con el fin de realizar de forma eficaz las tareas que les han sido confiadas. 
Después de todo, estamos de acuerdo en que una buena educación es la base del éxito económico futuro y de la capacidad de Europa para competir en el mundo. 
El informe enumera medidas específicas para tratar los problemas. 
Estas representan un paso en el buen camino y tienen la intención de garantizar que, en el futuro, las características predominantes de los programas Sócrates y «La juventud con Europa» serán: mayor eficacia, transparencia y entusiasmo. 
Señor Presidente, Señorías, señora ponente, el informe elaborado por la Sra. Lagenhagen, que se adoptó de forma unánime en la última reunión de la Comisión de Control Presupuestario, reitera sobre todo las principales críticas incluidas en el informe especial del Tribunal de Cuentas europeo sobre determinadas deficiencias en el diseño o la gestión de los programas. 
Se refiere, en concreto, a la utilización de una Oficina de Asistencia Técnica y, aunque esto no está claramente definido, a organismos nacionales, así como a una aplicación incompleta y retrasada. 
Como la Comisión indica en su respuesta al Tribunal, ya ha introducido mejoras con respecto a la aplicación de los nuevos programas Sócrates y «La juventud con Europa» , que sustituyeron a los programas examinados por el Tribunal en el año 2000. 
Este es el caso concreto en lo que respecta a las relaciones con las agencias nacionales en la gestión de las partes descentralizadas de los programas, o su intención de realizar avances, lo antes posible, en la dirección indicada por el Tribunal, desmantelando en otras palabras la Oficina de Asistencia Técnica dado que la Comisión puede utilizar una agencia encargada de la aplicación del programa educativo. 
En lo que respecta a la mejora de la gestión de las partes descentralizadas de los programas, las decisiones de la Comisión adoptadas en 2000 establecen, con los cambios necesarios, para cada programa las responsabilidades de la Comisión y las responsabilidades de las autoridades nacionales con respecto a los beneficiarios y organismos nacionales. 
Estas decisiones también especifican en sus anexos las tareas que deben realizar las agencias. 
Por otra parte, las cláusulas de los contratos entre la Comisión y las agencias nacionales se han aclarado y simplificado. 
Con respecto al control de las agencias nacionales, las decisiones de la Comisión adoptadas en 2000 estipulan que los Ministerios deberán establecer sistemas para controlar y auditar el funcionamiento de aquellas, incluida la gestión de sus acciones descentralizadas. 
La Comisión, dentro del ámbito de las relaciones contractuales con las agencias nacionales, realiza controles y audita tanto su funcionamiento como sus proyectos financiados. 
El control realizado por la Comisión sobre las agencias nacionales y el intercambio regular de información entre las autoridades nacionales y la Comisión permiten un mayor seguimiento de la aplicación de las acciones descentralizadas por parte de las agencias. 
Antes de remitirse a la Comisión, la contabilidad financiera de las agencias debe ser certificada por entidades autorizadas. 
También se han realizado avances en lo que respecta a la gestión de las acciones centralizadas. 
Se han internalizado determinadas tareas, algunas de las cuales son de competencia pública, que han sido confiadas previamente a la Oficina de Asistencia Técnica, hasta que la Comisión pueda recurrir a una agencia encargada de la aplicación. 
El trabajo preparatorio para el establecimiento de la agencia ha comenzado, y ésta debería estar en funcionamiento en 2004 con la idea de que asuma tareas que en la actualizad realiza la Oficina de Asistencia Técnica temporal, así como determinadas labores de gestión que en la actualidad desempeña la Comisión. 
A petición suya, se entregaron a la Sra. Langenhagen varios documentos que dan fe de este avance, una vez elaborado su proyecto de informe. 
A pesar de varios inconvenientes en el diseño o la gestión de los programas durante el período 1995-1999, debería destacarse que el Tribunal reconoce el valor europeo añadido de estos programas dado que también indica, a modo de introducción, que estos dos programas han contribuido a aumentar la cooperación entre las universidades de la Unión y en otros países participantes, y han permitido a los jóvenes participar en intercambios multiculturales y, en conclusión, han tenido un efecto innegable sobre los jóvenes y los estudiantes. 
Por último, la Comisión tendrá muy en cuenta la opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, que destaca la importancia que otorga a la evaluación provisional de estos dos nuevos programas para el período 2000-2006 y a la simplificación de la nueva generación tras 2006, con el fin de garantizar la aplicación de una gestión más eficaz, además de procedimientos simplificados, en concreto en el caso de la concesión de pequeñas ayudas. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista me gustaría felicitar a la ponente, sobre todo por los comentarios tan críticos que ha realizado. 
Con el fin de cortar de raíz cualquier historia sobre la aplicación posterior al año 2000, me gustaría también recordar al Comisario- y sé que esta no es exactamente su ámbito de competencia- que el 6 de diciembre de este año teníamos 500 millones de euros que quedaron en la línea presupuestaria B31, que comprende la educación y los programas de juventud. 
Quinientos millones de euros, Señor Comisario; y quisiera decirle qué significa cuando el dinero se paga en este terreno con una lentitud que no es de recibo. 
Significa que se está librando una guerra de clases. 
En estas circunstancias, los primeros a los que se impide participar en programas de gran valor para Europa son los estudiantes de las clases más pobres. 
Como representante del Grupo Socialista, mi comentario al respecto es que no se trata de dificultades burocráticas que simplemente parecen haber surgido; en realidad se impide que la gente reciba nada y eso es algo que no toleraremos de ninguna manera. 
Cuando llegue la hora de conceder la aprobación de la gestión para el próximo año, señor Comisario, estaremos observando qué sucede con los pagos se realicen en el futuro y qué se hará con respecto a las demoras en este programa, y también espero que nuestra ponente lo examine con gran atención. 
De no ser así, saldrán perdiendo los más débiles: en este caso, aquellos cuyos padres tienen ingresos más bien modestos, para con los que creemos que tenemos obligaciones especiales. 
Señor Presidente, también a mi me gustaría asociarme a las palabras de mi colega el Sr. Herbert Bösch felicitando a la Sra. Langenhagen por el contenido de su informe y decir que la cuestión de la simplificación y la transparencia de estos programas- cuestión que está siendo debatida en el Tribunal de Cuentas- es con diferencia la cuestión más importante y decisiva para su éxito. 
Creo que cuando nos embarcamos en un proceso de creación de nuevas agencias- y creo que en este momento se está pensando en varias docenas de agencias para crear programas a una escala similar- considero que antes de embarcarnos en este proceso deberíamos pensar detenidamente sobre los problemas que queremos resolver, si en realidad una agencia será distinta y resolverá los problemas que estas oficinas técnicas y científicas no han podido resolver. 
Opino que más importante que pensar en las agencias es reflexionar sobre cómo hacer que toda esta cuestión sea más clara, accesible y uniforme en todos los Estados miembros, de forma que todo pueda procesarse con mayor rapidez, tanto en materia de pagos, como ha expuesto el Sr. Bösh, como en la cuestión de la concepción del propio programa. 
Esta invitación a reflexionar sobre esta cuestión es lo que quería transmitir a la Comisión. 
-El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 20.20 horas) 
Fiebre aftosa: enseñanzas que deben extraerse de la crisis de 2001 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0405/2002) del Sr. Kreissl-Dörfler, en nombre de la Comisión Temporal sobre la Fiebre Aftosa, acerca de la lucha contra la fiebre aftosa en la Unión Europea en el año 2001 y sobre futuras medidas preventivas para evitar y combatir las epizootias en la Unión Europea [2002/2153 (INI) ]. 
Señor Presidente, Comisario Byrne, Señorías, antes que nada quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los colegas que han realizado un gran trabajo en la comisión y en relación con el informe. 
Estoy especialmente agradecido a nuestra presidenta, la Sra. Redondo, a la secretaría, que ha realizado un excelente trabajo, al servicio científico y a la Comisión. 
En febrero de 2001 se produjo el brote de fiebre aftosa sin duda más grave que Europa había sufrido jamás. 
Afectó a Irlanda, los Países Bajos, Francia y, en particular, a Gran Bretaña. 
Sólo en Gran Bretaña, donde se produjo el primer brote de la epizootia, se sacrificaron 6,5 millones de animales para combatirla, según cifras oficiales. 
Otras fuentes mencionan hasta 10 millones. 
En los Países Bajos se perdieron 285 000 animales y en Francia, donde se localizaron cuatro brotes, otros 65 000. 
Las consecuencias fueron catastróficas para todos los afectados. 
No tiene sentido que ninguna política futura sobre epizootias se base exclusivamente en el sacrificio de animales, como medio para erradicar el virus, y los ciudadanos de la UE no tolerarán que se repita ningún planteamiento de este tipo. 
A comienzos de año, nuestro Parlamento constituyó una Comisión Temporal- y no, como desgraciadamente siguen pensando algunos diputados, una comisión de investigación- con objeto de ayudar a elaborar una política mejor que operara no sólo en el plano europeo. 
Una de nuestras tareas consistía en utilizar las numerosas audiencias públicas y visitas sobre el terreno para analizar los acontecimientos en los Estados miembros afectados, con el fin de evaluarlos de forma objetiva y aprovechar las lecciones aprendidas para sacar las conclusiones pertinentes de cara a una política paneuropea sobre la fiebre aftosa. 
Esto también significa que no asumimos ninguna función judicial, ni podemos resolver conflictos científicos. 
En nuestro informe no podemos emitir juicios, y mucho menos condenar a nadie anticipadamente por causas que no podemos demostrar de ningún modo. 
Este no era nuestro cometido y no estábamos equipados para ese fin. 
Señorías, estoy casi seguro de que cualquier otro Gobierno de la Unión Europea se habría enfrentado a problemas similares si se hubiese encontrado en una situación similar, con unos 50 a 70 brotes simultáneos en todo el país y con el ganado ovino también afectado. 
Ahora sabemos que después de que por razones de política económica y comercial se interrumpieran las vacunaciones en la Unión Europea en 1992, los planes de emergencia que elaboramos eran defectuosos, dado que estaban concebidos únicamente para unos cuantos brotes y no para una situación tan grave. 
El hecho de que la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) únicamente restableciese la designación de «libre de FA sin vacunación» doce meses después de la última vacunación quiere decir que el lema era «matar antes que inocular o simplemente inocular con el fin de sacrificar posteriormente». 
Que esto se haya reducido a seis meses desde mayo de este año supone un gran paso adelante. 
Ahora voy a enumerar algunas de nuestras demandas más importantes. 
La política futura no sólo debe incluir planes de emergencia eficaces para combatir la epizootia, sino que todos los Estados miembros deben comprobar cómo funcionarían sus redes de comunicaciones y estructuras de toma de decisiones en caso de emergencia, y organizar ejercicios de emergencia transfronterizos en tiempo real. 
También resulta fundamental que los planes tengan mucho más en cuenta que hasta ahora los efectos psicológicos de cualquier política sobre los agricultores afectados por la epidemia y sobre todos aquellos a los que se les prohíbe el transporte de animales. 
Hay que prestar mayor atención a la bioseguridad. 
Todos y cada uno de los agricultores deben tener cuidado a la hora de seleccionar con qué alimentan a sus animales, a quién se los compran y en qué plazo juntan a los nuevos animales con los que ya tenían. 
De hecho, fueron las prácticas irresponsables de un agricultor las que provocaron el brote de la epizootia en Gran Bretaña. 
Es preciso mejorar aún más la trazabilidad de los animales y, por lo tanto, la forma de identificarlos. 
También resulta importante hacer todo lo posible para prevenir las importaciones ilegales de productos de origen animal de países en los que la fiebre aftosa es endémica. 
La Comisión ya ha decidido que, por ejemplo, los viajeros de estos países ya no puedan introducir productos de este tipo en la Unión Europea. 
Sin embargo, nuestra demanda más importante en términos de acción contra futuras epidemias es que la vacunación de emergencia se considere la opción preferente, con el fin de permitir que los animales vivan y evaluar los productos derivados de ellos regionalmente. 
Esto supondría una mejora crucial con respecto a lo que se ha hecho en el pasado, puesto que sigue sin existir ninguna duda acerca de la ausencia absoluta de cualquier riesgo sanitario para los humanos en la carne de los animales inoculados y en otros productos derivados de ellos. 
Por lo tanto, existe una necesidad urgente de informar a la población al respecto. 
Sin embargo, hay algo que quiero dejar claro. 
El ganado infectado siempre será sacrificado, al igual que cualquier animal que haya estado expuesto a un riesgo de contagio por contacto con aquel. 
Las consideraciones económicas y las demandas del mercado interior, entre otras cosas, hacen que no se retornará pronto a la vacunación general, cosa que tampoco ha recomendado ningún experto reconocido en las audiencias realizadas hasta la fecha. 
Por lo tanto, no debemos dar demasiadas esperanzas a la población. 
En efecto, esto sería irresponsable. 
Sin embargo, es necesario seguir investigando para encontrar una vacuna marcadora duradera y apropiada, capaz de cubrir todos los serotipos y que permita establecer una distinción clara entre animales inoculados e infectados. 
Señalaré que hasta 1990 en Alemania sólo se inoculaba al ganado vacuno, quedando excluidos todos los demás animales. 
Señorías, estoy convencido de que una política como la que estamos proponiendo pondría fin a imágenes como las que se emitieron por todo el mundo el pasado año. 
Permítanme decir solamente una cosa acerca de la votación. 
Voten a favor de mis enmiendas y de las presentadas por el Grupo Socialista. 
Éstas acabarán con un montón de acusaciones formuladas contra el Gobierno británico, acusaciones que nosotros como Parlamento- o al menos así entiendo yo las prácticas parlamentarias- no estamos autorizados a plantear de esta forma y que, por lo tanto, no están justificadas. 
Como político, puedo entender que se redactaron en medio de una gran exaltación política, pero, por favor, las disputas internas deben librarse en casa. 
El Parlamento Europeo es la plataforma menos adecuada de todas para ello. 
Una última cosa: hay catorce Estados miembros en la Unión Europea además de Gran Bretaña. 
Es importante, Señorías, que no sólo el Gobierno británico, sino también el Consejo, la Comisión, los países candidatos, la OIE y otros países, como los Estados Unidos, Australia, Argentina y Sudáfrica, puedan tomarse nuestro informe en serio. 
La lucha contra la epizootia requiere una estrategia mundial, puesto que la fiebre aftosa es una enfermedad internacional y no británica. 
En mi opinión, nosotros, que representamos a la población de los quince Estados miembros, hemos conseguido un gran éxito al debatir este problema como se merece que sea discutido y al sacar conclusiones finales que señalan el camino a seguir. 
De lo que desafortunadamente no cabe duda es de que se producirá otro brote de fiebre aftosa. 
Lo único que desconocemos es dónde y cuándo se producirá y con qué intensidad. 
Debemos estar preparados para eso. 
. 
(EN) Señor Presidente, estoy agradecido al Parlamento, y en particular a la Comisión Temporal sobre la Fiebre Aftosa, por el duro trabajo que han realizado en respuesta a las lecciones que hay que extraer para el futuro de la epidemia de fiebre aftosa de 2001. 
En particular, quiero dar las gracias a la Sra. Redondo Jiménez por su eficaz y objetiva presidencia de la comisión, al ponente, el Sr. Kreissl-Dörfler, por un informe equilibrado, directo y orientado al futuro, así como a la secretaría de la comisión parlamentaria. 
Mis servicios y yo hemos seguido su trabajo muy de cerca. 
Hemos asistido a todas sus reuniones, audiencias, misiones y debates y hemos aportado pruebas y prestado apoyo cuando era preciso. 
Confío en que podrán comprobar ustedes que las opiniones del Parlamento están claramente reflejadas en la respuesta política de la Comisión a la epidemia de fiebre aftosa. 
Ahora pasaré a las principales conclusiones y recomendaciones de su informe. 
En primer lugar, la dimensión internacional de la política comunitaria sobre la fiebre aftosa; en segundo lugar, los cuestiones de mercado único que se plantean y, en tercer lugar, las medidas de control. 
Con respecto a la dimensión internacional, entiendo que la profunda preocupación existente acerca del escaso control impuesto sobre las importaciones de terceros países puede haber provocado el brote del pasado año y los llamamientos para que estos controles sean más rigurosos. 
Quiero hacer una distinción muy clara entre introducción ilegal e importaciones legales. 
Las acciones ilegales son, por su propia naturaleza, muy difíciles de eliminar. 
Sin embargo, la Comisión ha propuesto, en el marco del paquete sobre higiene, eliminar las exenciones de las estrictas condiciones sanitarias de los animales y de los procedimientos de control para las importaciones. 
También hemos decidido introducir normas más estrictas con respecto a la importación personal de carne y productos lácteos, por parte de los viajeros que llegan a la Unión Europea desde la mayoría de terceros países. 
Nuestra campaña de difusión en relación con esta medida comenzará el 1 de enero de 2003. 
Con respecto al control de las importaciones legales, las pruebas demuestran que las condiciones de las importaciones comunitarias y de los controles en las fronteras exteriores han resultado efectivos. 
Antes del brote del pasado año, la Unión Europea llevaba prácticamente libre de fiebre aftosa durante casi una década. Durante ese tiempo, cientos de miles de toneladas de productos a base de carnes frescas se importaron de manera segura. 
Estas importaciones incluían grandes cantidades procedentes de regiones libres de fiebre aftosa de Sudamérica, donde la fiebre aftosa es enzoótica y se practica la vacunación. 
El brote del año pasado no puede haberse originado en Sudamérica, puesto que la cepa Pan-Asia del tipo O1 es desconocida en ese continente. 
Los llamamientos para que se prohíban dichas importaciones deben analizarse teniendo esto en cuenta, puesto que se sigue haciendo llamamientos de este tipo. 
Me resulta difícil no concluir que hay intereses proteccionistas implicados en este ámbito y que quizá se escondan tras estas peticiones. 
Sin duda, debemos continuar insistiendo en controles estrictos. 
Asimismo debemos rechazar las presiones para convertirlos en barreras comerciales ligeramente- o no tan ligeramente- disfrazadas. 
Debemos continuar luchando por la erradicación de la fiebre aftosa a escala internacional. Con este fin, colaboramos estrechamente con organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) , y continuaremos haciéndolo. 
Sentí una gran inquietud al leer algunas de las modificaciones propuestas del informe, que sugerían medidas encaminadas a desmantelar el mercado único europeo. 
Por lo tanto, felicito a la comisión por rechazar la mayoría de estas propuestas y por su defensa del mercado único. 
Como ustedes sabrán, la mayor parte de nuestra legislación en materia de sanidad animal está establecida en forma de directivas. Este planteamiento ofrece una flexibilidad suficiente para que los Estados miembros apliquen medidas armonizadas. 
Sin embargo, las deficiencias en la aplicación han contribuido sin duda a la magnitud de la epidemia de fiebre aftosa de 2001. 
La Comisión ha dedicado grandes esfuerzos a mejorar la legislación cuando ha resultado necesario y a reforzar los controles oficiales en la Comunidad. 
Una de las características fundamentales de la epidemia del Reino Unido fue el enorme número de traslados de animales a menudo no registrados. 
La Comisión ha presentado una propuesta para reforzar los controles sobre los traslados de animales. 
Esta propuesta introduce, en particular para las ovejas- con respecto a la cría y la producción- una residencia obligatoria de 30 días antes del envío a otro Estado miembro. 
También limita el número de operaciones en centros de concentración, sometidas a requisitos de sanidad animal más restrictivos. Esto cuenta con el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, así como del Parlamento. 
La Comisión ha propuesto al Consejo una importante revisión de las condiciones sanitarias y de salud animal aplicables a los lugares de descanso donde permanecen los animales por motivos de bienestar durante el transporte. 
El brote de fiebre aftosa de los Países Bajos puede estar directamente relacionado con uno de estos lugares de descanso en Francia. 
En espera de los resultados de los grupos de trabajo técnicos del Consejo, el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal ha apoyado unánimemente una propuesta de la Comisión de prorrogar las estrictas medidas adoptadas durante la crisis de fiebre aftosa hasta mediados del próximo año. 
Los controles de los traslados sólo pueden resultar verdaderamente eficaces si se cuenta con sistemas de identificación fiables. Resulta evidente que el punto débil en este ámbito está relacionado con las ovejas. 
Las disposiciones actuales y, en particular, su ejecución por parte de los Estados miembros, han resultado insuficientes para permitir a las autoridades veterinarias realizar un seguimiento de los animales. 
La Comisión va a presentar una nueva propuesta de reglamento para exigir la identificación individual de las ovejas, con la opción de una identificación electrónica en el futuro. 
Espero que el Parlamento Europeo también apoye esta propuesta. 
Asimismo debo mencionar otro importante avance: la revisión intermedia de la política agrícola común. 
El resultado de la revisión tendrá una influencia decisiva sobre la dirección futura de la producción agrícola en la Unión Europea. Sin embargo, esto no se puede separar de la salud y el bienestar de los animales. 
Una de las características de la revisión intermedia es la mayor insistencia en la calidad en vez de la cantidad. 
Aplaudo esta tendencia desde el punto de vista del consumidor. Sin embargo, también debería servir para el control y la prevención de la epizootia. 
Con respecto a la vacunación, el enorme número de animales sacrificados y destruidos durante el brote del pasado año tuvo un gran impacto sobre la opinión pública. No podemos ignorarlo. 
De hecho, hemos de tener muy en cuenta las opiniones arraigadas entre nuestros ciudadanos. Nuestro planteamiento con respecto a la fiebre aftosa tendrá que adaptarse a ello. 
Evidentemente, el rápido sacrificio y eliminación de los animales infectados o sensibles debe constituir un elemento importante de nuestra estrategia para el control de la epizootia. 
La vacunación de emergencia también debe desempeñar un papel fundamental, según las circunstancias. 
Ha habido muchos malentendidos con respecto al papel de la vacunación y a la postura de la propia Comisión en esta cuestión. 
No me propongo repetir hoy lo que ya he dicho al respecto. Por lo tanto, mis observaciones se ciñen ahora a la política futura. 
La Comisión sigue opinando que una vacunación profiláctica de toda la población ganadera susceptible o incluso de especies particulares no es recomendable por sólidas razones científicas, técnicas y económicas. 
La situación de la Unión Europea no se puede comparar con la situación endémica de la fiebre aftosa de Sudamérica u otros países. 
La fiebre aftosa no es enzoótica en la Unión Europea, por lo que la vacunación profiláctica no resulta apropiada. 
Sin embargo, la Comisión opina que la vacunación de emergencia debería convertirse en un elemento esencial del mecanismo de respuesta en el caso de futuros brotes. 
Ya existen medios disponibles para detectar la infección en una población vacunada y la Comisión- que cuenta ya con el apoyo de la OIE- busca activamente nuevas mejoras de estas pruebas. 
La futura propuesta de la Comisión de una Directiva del Consejo sobre la fiebre aftosa reflejará esta postura con respecto a la vacunación de emergencia, de acuerdo con las recientes modificaciones introducidas en el capítulo correspondiente del código zoosanitario. 
Sin embargo, no debemos vivir de ilusiones: la vacunación no es una cura milagrosa que resolverá todos nuestros problemas. 
A pesar de que puede desempeñar un papel mucho más importante en el futuro, no puede servir de excusa para relajar nuestros esfuerzos por alejar la fiebre aftosa de la Unión Europea, ni puede obviar totalmente la necesidad de difíciles medidas en caso de futuros brotes. 
Ahora pasaré a la planificación de contingencias. 
Debemos extraer muchas lecciones para el futuro a partir de los acontecimientos del año pasado, pero no son necesariamente nuevas. 
El hecho sigue siendo que el éxito de la prevención de futuros brotes- o su erradicación si se llegan a producir- dependerá de que haya planes bien preparados, cuyos principales elementos expuse a la comisión el pasado mes de septiembre. 
Los planes de alerta deben revisarse regularmente, actualizarse y ensayarse mediante ejercicios de simulación periódicos. 
Las lecciones del brote del año pasado son prácticamente idénticas a las de brotes anteriores similares. 
El desafío está en actuar con arreglo a dichas lecciones. 
A pesar del retraso provocado por el brote del año pasado, mis servicios han terminado ya las inspecciones de la ejecución de los planes aprobados y continuaremos controlando la ejecución de todo un paquete de medidas adoptadas a escala comunitaria para la prevención y el control de importantes epizootias. 
A este respecto, permítanme hacer hincapié en que rechazo la crítica a la Comisión del apartado 54 de su informe, relativa al examen de los planes de alerta de los Estados miembros por parte de la Comisión. 
La Oficina de Alimentación y Veterinaria continuará desempeñando un papel decisivo en este proceso de revisión y la Comisión se asegurará de prestar los servicios necesarios, incluso en una Unión ampliada, en función de las reservas asignadas por las autoridades presupuestarias. 
Me gustaría mencionar el delicado tema de las indemnizaciones por gastos relacionados con la epizootia en los que hayan incurrido los Estados miembros. 
Mis servicios han realizado auditorías en el Reino Unido y en los demás Estados miembros implicados. 
Los pagos a los Estados miembros se realizarán de conformidad con los resultados de dichas auditorías. 
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas europeo está preparando un informe independiente acerca de los aspectos económicos del brote. 
He tomado nota de su petición de armonización de los diferentes planes de indemnizaciones aplicados en los Estados miembros. 
Sin embargo, me gustaría recordarles que la Comisión está obligada a actuar sobre la base de la Decisión del Consejo 90/424. 
La Comisión ya ha ultimado los términos de referencia para una revisión exterior de los planes de indemnización actuales y para la elaboración de posibles soluciones para el futuro. 
Sin embargo, no deberíamos hacernos ilusiones con respecto a que las indemnizaciones del fondo veterinario estén a disposición de todos los miembros de la comunidad rural indirectamente afectados. 
Para concluir, permítanme elogiar una vez más el valioso papel desempeñado por su comisión con respecto a su contribución al planteamiento de la Comisión sobre la fiebre aftosa. 
Queda mucho trabajo por hacer y la propuesta de la Comisión de una nueva Directiva sobre la fiebre aftosa llegará al Parlamento muy pronto. 
Confío en que la evaluación de nuestra propuesta por parte del Parlamento se beneficie de la experiencia adquirida durante el trabajo de la Comisión Temporal. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Byrne por su declaración y a todos los implicados en la elaboración de este informe. 
La primera vez que lo planteé al Parlamento no podía imaginar que iba a tener el éxito que ha tenido. 
Ha sido un logro positivo, no sólo para el Reino Unido y la Unión Europea, sino también para el Parlamento Europeo. 
En muchas ocasiones, cuando estábamos viajando por toda la Unión Europea a fin de descubrir qué había ocurrido, la gente decía «menos mal que están realizando una investigación oficial». 
Esta es la única investigación pública real que se ha llevado a cabo sobre la fiebre aftosa. 
Ha dado la oportunidad al público en general de expresar su opinión. 
Eso es lo que se pretendía y lo que yo esperaba conseguir. 
Voy a leer unas palabras de una carta que recibimos de la Asociación Nacional de la Fiebre Aftosa: «Baste decir que, sin este informe, muchas personas no habrían sido capaces de enfrentarse a la epidemia y sus efectos». 
La epidemia ha tenido unos efectos catastróficos para las vidas de muchas personas de toda la Unión Europea, no sólo de los que se dedican a la agricultura, sino también de muchas personas pertenecientes a la comunidad rural en general. 
Llegados a este punto, quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Kreissl-Dörfler, a la Sra. Redondo Jiménez, al Presidente y a la Comisión, que nos han ayudado mucho en la Subcomisión sobre la Fiebre Aftosa, trabajando con nosotros día a día. 
También quiero dar las gracias a las personas que presentaron pruebas a la Subcomisión sobre la Fiebre Aftosa. 
Hemos extendido nuestras actividades a toda la Unión Europea. Había gente de Estados Unidos y de otros muchos países. 
En una ocasión, algunos de mis colegas estaban sentados escuchando las manifestaciones de la gente casi con lágrimas en los ojos. 
Una señora lo resumió todo diciendo «han arruinado nuestros sueños». 
Era una referencia directa al Gobierno británico. 
Esto no debe volver a ocurrir. Ese es el motivo por el que se constituyó esta Comisión Temporal. 
Sí, el informe ha sido crítico con el Gobierno británico y le ha atacado en muchos aspectos, pero si el Gobierno cometió errores, nosotros, como comisión, teníamos que averiguarlos. 
El informe no habría sido bueno si no los hubiésemos averiguado y hubiésemos emitido un juicio, porque el principio fundamental de la investigación era que teníamos que averiguar qué había ido mal, y sin duda las cosas habían ido mal, para después formular propuestas. 
Teníamos que analizar cómo plantear enmiendas a las propuestas que el Sr. Byrne va a formular. 
Estoy ansioso por escuchar lo que dirá el Sr. Byrne. 
Tengo una crítica con respecto a lo que acaba de decir, y a este respecto tendremos que mostrar nuestro acuerdo o desacuerdo. 
En el Reino Unido seguimos contando únicamente con dos perros- de hecho, todavía los están entrenando- para controlar las importaciones, frente a las 3 000 personas que controlan las importaciones ilegales en Estados Unidos. 
El Sr. Byrne ha dicho que estaba en contra de cualquier propuesta que supusiera el control de las importaciones procedentes de países en los que la fiebre aftosa es enzoótica. 
Le diría que todavía no sabemos dónde se originó este brote. 
No sabemos exactamente cómo llegó al Reino Unido. 
Una cosa que descubrimos es que los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia todavía no tienen fiebre aftosa y controlan todas sus importaciones en general. 
En resumen, quiero decir que necesitamos cambiar la legislación, aunque también las actitudes: bienestar, transporte, importaciones. 
Sé que la Comisión aprecia los resultados de este informe y espero con gran interés su propio informe. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nos reunimos hoy aquí tras varios meses de trabajo, audiencias, visitas sobre el terreno, encuentros con expertos, agricultores, con hombres y mujeres y, de hecho, con todos los que han experimentado de primera mano la crisis de la fiebre aftosa, que se han visto gravemente afectados por ella y que, sobre todo, no quieren que suceda nunca más. 
Este ha sido el principal objetivo de nuestro trabajo: entender lo que sucedió, analizar los acontecimientos desde todos los puntos de vista- económicos, sociales y psicológicos- con el fin de aprender una lección y minimizar los riesgos y efectos de este tipo de epizootia en el futuro. 
A algunos les habría gustado que el principal objetivo del trabajo de la Comisión Temporal hubiese sido buscar a la o las partes culpables, lo que es una reacción comprensible cuando uno está desesperado y aterrorizado por lo que está pasando. 
Sin embargo, éste no era el objetivo específico de nuestra comisión ni la razón por la que se constituyó. 
¿Podemos aceptar el hecho de que en un informe destinado a ser el producto de la investigación más objetiva posible, existan algunos elementos muy subjetivos y algunas suposiciones irracionales? 
Yo creo que no. 
La misma credibilidad de nuestro trabajo como parlamentarios depende de ello y por ese motivo nuestro Grupo presentó una serie de enmiendas destinadas a recuperar el equilibrio del informe. 
Aparte de unas cuantas disgresiones políticas insignificantes, debemos reconocer que nuestro trabajo ha resultado muy provechoso y valioso, ya que el gran número de contactos directos nos ha permitido entender mejor los problemas de la gestión de la crisis y sus innumerables consecuencias. 
Debemos señalar que la epizootia fue una experiencia traumática para decenas de miles de personas, particularmente porque los recuerdos que podemos tener de la fiebre aftosa son los de una epidemia indudablemente grave, pero no hasta el punto de destruir regiones enteras y de provocar el sacrificio de millones de animales que con tanto esfuerzo han sido alimentados y cuidados por los agricultores. 
Habiendo sucumbido a nuevos métodos de cría y a un mayor número de transportes de animales, no fuimos capaces de hacer frente a esta crisis ni de responder como hicimos hace 50 años, cuando aislamos a la cabaña bovina infectada, dado que el número de infecciones ya era demasiado grande para el momento en el que se identificó la epidemia. 
Por supuesto, si volvemos la vista atrás siempre podemos decir «deberíamos haber hecho esto o aquello» , pero no debemos olvidar que, en esos momentos, nos estábamos enfrentando a una crisis y que urgía encontrar soluciones junto con las instituciones, comunidades locales y poblaciones que no estaban preparadas para este tipo de situación. 
Incluso los expertos opinan que esta crisis habría tenido las mismas dimensiones trágicas si se hubiera producido en cualquier otro país europeo. 
La desafortunada experiencia del Reino Unido ha permitido a otros Estados miembros mantenerse más alerta y estar mejor preparados para enfrentarse a la epizootia. 
¿Qué haremos ahora? 
¿Qué decisiones debe tomar la Unión Europea? 
El ponente, varios de mis colegas y el Comisario lo acaban de explicar. 
En primer lugar, la prevención resulta fundamental y esta prevención implica facilitar más información, formar constantemente a los agricultores- que no siempre fueron capaces de identificar la epizootia con la rapidez suficiente- una mayor trazabilidad y más profesionales veterinarios a los que se pueda recurrir más fácilmente. 
La vigilancia dentro de las fronteras de Europa resulta fundamental, pero también debemos incrementar nuestro control sobre las importaciones, tanto en las fronteras terrestres como en los puertos y aeropuertos. 
Estamos en el centro del comercio mundial y la gente cada vez viaja más, por lo que debemos tener en cuenta esta dimensión internacional. 
También debemos aportar soluciones en una crisis anticipando respuestas sobre la base de planes de emergencia más idóneos, fomentando las vacunaciones de emergencia siempre que sea posible y recordando que el sacrificio es el único resultado posible cuando el ganado ha resultado infectado. 
El último comentario que quiero añadir es que la investigación es una actividad de la que podemos esperar que nos proporcione ciertos resultados, siempre que le suministremos los recursos necesarios. 
En resumen, quisiera repetir, después de los desastres marítimos que han afectado a Europa una vez más, que nuestros informes, aunque colmados de buenas intenciones, no servirán de mucho si la Unión Europea y los Estados miembros no asumen todas sus responsabilidades, aplicando sin demora las recomendaciones que formulamos en esta Cámara. 
Ahora estamos esperando el informe que elabora la Comisión y que esperamos que apoye las conclusiones de nuestra Comisión Temporal. 
Finalmente, me gustaría dar las gracias y felicitar al ponente, a la presidenta y a todos los diputados que contribuyeron al informe, así como a la comisión y a todo el personal implicado en este trabajo. 
Hace aproximadamente un año, el Sr. Sturdy me planteó la idea de constituir una comisión para investigar la reciente crisis de fiebre aftosa. 
Inmediatamente expresé mi acuerdo con la sugerencia y todavía estoy satisfecho de que las listas de firmas que posteriormente circularon por el Parlamento incluyesen los nombres de dos diputados del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, así como de dos diputados del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
Sigo creyendo que fue una buena iniciativa. 
Pocas veces en mi vida de diputado del Parlamento Europeo he observado el grado de interés despertado en toda Europa por esta comisión. 
Dondequiera que fuésemos, en el Reino Unido o en los Países Bajos, el interés era arrollador y, en mi opinión, benefició al propio Parlamento Europeo. 
También quiero expresar mi agradecimiento a la Sra. Redondo como presidenta, por su competente dirección, así como al Sr. Kreissl-Dörfler, que ha sido un excelente portavoz de la labor de la comisión, no sólo en su informe, sino también en sus discretas contribuciones durante las diversas reuniones. 
¿Cuáles han sido los principales puntos de interés para el Grupo ELDR durante el pasado año? 
En primer lugar: más vale prevenir que curar, y nosotros apoyamos firmemente el llamamiento a que se establezcan mejores controles fronterizos. 
Si comparamos la situación de los Estados Unidos, Nueva Zelandia, Australia, Japón, etc. con la de Europa, observamos que los controles en las fronteras exteriores de Europa son pésimos. 
Cuando llego a un aeropuerto, apenas hay ningún control de mi equipaje, en contraste absoluto con lo que sucede en otros continentes. 
Me parece esencial que estas medidas se apliquen también en Europa. 
También se ha debatido mucho acerca de si hay que reintroducir o no la vacunación profiláctica. 
Yo me opongo a ello. 
Ninguno de los expertos a los que consultamos estaba a favor. 
En términos generales, no se puede asumir que exista una sola vacuna que ofrezca protección contra las casi cien cepas diferentes del virus de la fiebre aftosa que se han descubierto. 
Por lo tanto, es una ilusión pensar que nunca se producirá otro brote. 
Sin embargo, estoy totalmente a favor de la vacunación de emergencia desde el principio y, al mismo tiempo, del consumo de los productos procedentes de animales totalmente sanos localmente o en la Unión Europea. 
Es imposible explicar al público por qué los animales sanos deben ser destruidos y estoy satisfecho de que la Comisión haya anunciado que va a modificar la política en este ámbito. 
Con respecto a la financiación: la Comisión se ha quedado un poco corta. 
La Agenda 2000 adjudica un importe anual de 41 millones de euros para combatir las epizootias infecciosas. 
La crisis de la fiebre aftosa costó casi mil millones. 
Tuvimos suerte de que el tipo de cambio del euro estaba bastante bajo y había un excedente en el presupuesto de agricultura, aunque sin duda esto no puede continuar así indefinidamente. 
Por lo tanto, sería positivo que la Comisión lo reflejase en los sistemas de seguro. 
Y ya que estamos hablando de la Comisión: hemos escuchado elogios de todas partes respecto del papel que ha desempeñado la Comisión en la crisis de la fiebre aftosa. 
Dicho esto, he de mencionar un aspecto negativo. incluso antes de que se constituyese la Comisión Temporal, el Grupo ELDR ya había presentado dos enmiendas al presupuesto de 2002. 
Una acerca de la investigación de vacunas marcadas y la otra acerca de los regímenes de seguro, específicamente para contrarrestar las distorsiones de la competencia en Europa, por las que los agricultores de un país tenían que pagar por el brote de epizootias infecciosas, mientras que los de otros países no. 
Hasta donde yo sé, no se ha firmado ni un solo contrato, a pesar de que hoy es 17 de diciembre y de que yo ya había señalado a todos los servicios de la Comisión a comienzos de año que las autoridades presupuestarias ya habían dado su aprobación. 
Esta es la única nota negativa de la que tengo que hacerme eco en este discurso. 
Señor Presidente, como miembro de la Comisión Temporal sobre la Fiebre Aftosa, tengo una opinión muy positiva acerca de su informe final, que va a ser debatido hoy por el Parlamento. 
El proyecto del ponente ha hecho que el informe final constituya un trabajo objetivo y pulido. 
El asesoramiento de expertos en las diversas audiencias se caracterizó por el consenso de que había que oponer resistencia al avance de esta epizootia. 
Teniendo en cuenta el hecho de que la fiebre aftosa está presente en todo el mundo, la constante globalización y desregulación, o lo que es lo mismo, el incremento del comercio mundial, que ya es muy importante, y del tráfico de viajeros, hacen que la Unión Europea tenga que contar con un creciente riesgo de que la fiebre aftosa se introduzca desde zonas infectadas. 
Mientras que anteriormente existían tres tipos de FA en toda Europa y se combatían con éxito mediante la vacunación en anillo, Europa se enfrenta ahora al riesgo de que la epizootia sea importada desde una gran variedad de fuentes. 
El problema en este sentido es que- al igual que sucede con la gripe- la vacunación sólo funciona cuando se deriva en gran medida de la misma cepa que la epizootia. 
Poco puede hacer la vacunación profiláctica contra las cepas del virus, dado que es imposible saber por adelantado qué virus de FA va a ser introducido. 
En cambio, lo que sí tiene sentido es lo que se defiende en el informe: una vacunación de emergencia en el caso de que se produzca una epidemia, presuponiendo, por supuesto, que se puede averiguar rápidamente la cepa de la enfermedad en cuestión. 
Es una postura controvertida, pero, ante la ausencia de acciones efectivas contra la epidemia en las áreas de las que procede y dado el estado actual de la investigación, no veo otra alternativa ni otra opción. 
Me gustaría destacar que la vacunación de emergencia está destinada a ayudar a prevenir la propagación de la fiebre aftosa. 
Por esta razón, mi grupo ha presentado una propuesta con el fin de que los países de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) elaboren una estrategia mundial para combatir la fiebre aftosa. 
Lo que exigimos de esta política es el mensaje que recibimos, alto y claro, en las diversas conversaciones que mantuvimos con los agricultores dedicados al ganado vacuno, con representantes de las asociaciones y autoridades locales, y con el público, que estaba profundamente preocupado y, en términos éticos, indignado. 
Además de esto, existe la necesidad de utilizar las medidas adecuadas al menos para poner coto a los crecientes transportes de animales vivos por toda Europa. 
En absoluto se trata únicamente de una cuestión de protección animal; se trata de prevenir enfermedades. 
Existen circunstancias en las que la Comunidad debe implicarse en las estrategias preventivas nacionales, dado que todos los países de la Unión Europea pertenecen al mercado común interior y pueden mantener importantes relaciones con terceros países. 
Todos los Estados miembros deben contar con los servicios de un personal veterinario convenientemente cualificado para la prevención y el tratamiento de epizootias. 
Se necesita una mayor investigación científica de cuestiones relacionadas con la vacunación de emergencia contra la FA y con el constante uso de animales inoculados. 
No resulta posible justificar el envío de diez millones de animales a lo que supone, al final del día, una muerte injustificada, si se tienen en perspectiva procedimientos preferibles desde el punto de vista ético y económico. 
El quinto punto es que espero que la Comisión plantee propuestas para mejorar la protección jurídica de las partes afectadas, con el fin de compensar las enormes pérdidas económicas y los daños resultantes en las regiones. 
En conclusión, quiero decir que me gustaría que hubiera una amplia conciencia pública en torno a la revisión de la política agrícola común, y no sólo en los más difíciles y desoladores momentos de crisis. 
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente por su informe, que es extremadamente importante. 
Es fundamental que el Parlamento lance un mensaje claro de que la vacunación debería considerarse el primer recurso ante cualquier brote futuro. 
Me satisface enormemente que nuestra comisión haya llegado a esa conclusión. Asimismo me complace que apoyemos un cambio de la legislación, para que no exista ningún incentivo automático que favorezca el sacrificio en lugar de la vacunación. 
Reconocemos que en Gran Bretaña se sacrificaron más de diez millones de animales, muchos de ellos innecesariamente, debido a que se dio la máxima prioridad al mezquino objetivo económico de recuperar la condición de exportador lo antes posible. 
Resulta adecuado y conveniente que formulemos propuestas constructivas para la futura gestión de los brotes de fiebre aftosa. 
Sin embargo, también resulta conveniente- cuando haga falta- que seamos muy críticos con la gestión de los brotes de fiebre aftosa en el pasado. 
Por lo tanto, no estoy de acuerdo con el ponente en que resulta inapropiado e injustificado criticar al Gobierno británico. 
Esta crítica refleja las pruebas que escuchamos y, si no aprendemos del pasado, no existen garantías de que vayamos a actuar mejor en el futuro. 
Por este motivo, me entristecen los intentos del Gobierno británico de correr un tupido velo sobre este informe, de reescribir la historia y maquillar eficazmente el pasado. 
Las enmiendas del Grupo del PSE se ajustan a la información que el Gobierno británico ha entregado a todos los diputados de su país, que argumenta, por ejemplo, que no existen pruebas que respalden las acusaciones relativas a la violación del bienestar de los animales. 
Esto no es cierto. 
Quisiera recordarles la documentación presentada por la asociación protectora de animales a petición de la Oficina Nacional de Auditoría británica, donde se dice lo siguiente: «en muchos casos había pruebas circunstanciales muy fiables de que se había cometido un delito». 
El Gobierno afirma que un inspector veterinario supervisó de cerca todos los sacrificios. 
De hecho, a menudo había un veterinario supervisando diez sacrificios simultáneamente, una misión imposible. 
El Gobierno niega que los agricultores se sintiesen intimidados en relación con los sacrificios y pide pruebas. 
Tenemos pruebas a montones. 
Quisiera recordarles que la comisión fue a Knowstone en Devon precisamente para reunir ese tipo de información. 
Ellos alegan que las conclusiones sacadas de la investigación demuestran que los sacrificios inmediatos fueron eficaces a la hora de frenar la epizootia, cosa que tampoco es cierta. 
La Oficina Nacional de Auditoría británica demostró que la epidemia ya había tocado techo antes de que las políticas de sacrificios inmediatos pudiesen haber tenido ningún efecto. 
Alegan que los sacrificios anticipados o preventivos eran legales, cosa que tampoco es cierta. 
El nuevo plan de alerta del Reino Unido deja patente que los sacrificios anticipados o preventivos exigen «la aprobación de la nueva cartilla sanitaria animal». 
Esa cartilla no se había aprobado el año anterior y, por lo tanto, esos sacrificios preventivos obligatorios no eran legalmente ejecutables. 
La gente tendría mucho más respeto por este Gobierno si éste simplemente admitiese que se equivocó. 
Esto es importante, porque mientras no lo admita, no existirán garantías de que, en caso de que se produzca otro brote, el Gobierno no actuará de la misma forma de nuevo. 
Espero que nuestro informe represente un paso en el proceso de garantizar que nunca más se permita esta devastación en el Reino Unido ni en otros países de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el informe final que tenemos ante nosotros, que ha sido adoptado unánimemente por la Comisión Temporal, representa el fruto de un exhaustivo proceso de investigación y consulta, incluidas numerosas audiencias públicas y visitas a las zonas afectadas. 
Dado que he vivido toda mi vida en el campo y he estado activamente implicado en la agricultura y la política agrícola, apoyo plenamente a los agricultores afectados por el brote y a sus familias. 
En Irlanda nos libramos de la peor parte gracias a nuestra situación geográfica y, también en gran medida, gracias a las extremas precauciones ejemplares tomadas por las autoridades irlandesas, tal como se menciona en el informe de hoy. 
Debemos extraer muchas lecciones para el futuro basándonos en las experiencias adquiridas en relación con el brote. 
El ponente ha hecho un excelente trabajo al señalarlas y al mostrar cómo evitar que se repitan los errores del pasado. 
Me satisface que la Comisión haya cooperado tanto con la Comisión Temporal durante toda su existencia. 
Espero firmemente que las recomendaciones finales de la comisión queden plenamente reflejadas en la futura propuesta legislativa. 
En particular, recomendaría que se prestase especial atención a las áreas en las que se han identificado lagunas en los recursos. 
Espero con interés el informe de evaluación de la Comisión relativo a si la Oficina Alimentaria y Veterinaria en Irlanda cuenta con el personal y la infraestructura adecuados para cumplir sus obligaciones eficazmente a largo plazo. 
En conclusión, espero sinceramente que este prolongado ejercicio proporcione algunos resultados muy concretos. 
Tenemos una batería de medidas legislativas que deberían servir para prevenir futuros brotes y sobre todo para garantizar que cualquier brote de este tipo no llegue a alcanzar las proporciones del que presenciamos el año pasado. 
Los Estados miembros, así como la Comisión, tienen claras responsabilidades en este ámbito. 
La legislación sobre residuos del sector de la restauración, el transporte de animales, el bienestar de los animales y la vigilancia y el control de enfermedades deberá ser debidamente aplicada y controlada. 
Apoyo plenamente las medidas destinadas a prohibir todas las importaciones de carne de países no comunitarios en los que la fiebre aftosa sea enzoótica y apoyo también la existencia de unos controles más estrictos sobre las importaciones ilegales de carne. 
Señor Presidente, ya se trate del accidente de un jumbo en un aislado pueblo escocés, del naufragio de un petrolero en unas costas ecológicamente delicadas, de un atentado terrorista o de importantes disturbios en las calles, la efectividad de una respuesta depende casi totalmente de la planificación previa. 
Esto mismo resulta aplicable a una grave epidemia de una epizootia de gran importancia para el comercio como la fiebre aftosa. 
Sin embargo, en este contexto la Comisión ha asumido la responsabilidad legal de imponer la naturaleza de la planificación a la que se habían comprometido los Estados miembros, la llamada planificación de urgencia. 
También debería haber controlado su idoneidad. 
Por lo tanto, independientemente del obvio y manifiesto error de las autoridades británicas a este respecto, la actuación de la Comisión fue sin duda desastrosa. 
La Comisión Temporal había identificado con acierto esta lamentable falta de diligencia por parte de la Comisión. 
Sin embargo, este informe no incluye ninguna indicación del motivo por el que la Comisión incumplió de forma tan manifiesta sus obligaciones. 
Por lo tanto, lamento que la Comisión Temporal haya optado por centrar la atención sobre- y cito textualmente- «la gran calidad del trabajo de la Comisión en la lucha contra la crisis... resaltada incluso por las autoridades veterinarias nacionales de algunos Estados miembros afectados». 
Así pues, sugeriría a la Comisión que antes de meterse en su papel habitual de decir a todos los demás lo que va mal, dedique esta vez su tiempo a analizar por qué tuvo una actuación tan mala cuando llegó la hora de la verdad. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ha sido fundamental lo que hemos aprendido con la crisis de la fiebre aftosa que golpeó al Reino Unido en 2001, porque alcanzó niveles sin precedentes en el Reino Unido, debido en particular a errores- por parte del Gobierno británico y de la Comisión- cometidos en el ámbito de la planificación de emergencia, porque supuso una amenaza muy grave para los demás países europeos y, finalmente, porque nos recordó lo terrible que resulta esta epizootia, por la rapidez con la que puede aparecer y propagarse, así como por las nefastas consecuencias económicas y psicológicas que puede comportar. 
En general, nuestra comisión ha hecho un buen trabajo. 
El informe del Sr. Kreissl-Dörfler hace especial hincapié, y este es un punto crucial, en que el gran tamaño y la especialización de los rebaños, la densidad del ganado en ciertas regiones, el cierre de mataderos locales y el impresionante aumento del transporte de animales vivos son factores que, en ausencia de vacunación profiláctica, permiten que la epidemia se propague como un incendio incontrolado. 
Cuando nos dispongamos a examinar las futuras pautas de la política agrícola, deberemos recordar esto, con el fin de asegurarnos de fomentar que la agricultura esté uniformemente diseminada por todo el campo y de evitar potenciar que las regiones se especialicen mucho en explotaciones de alta densidad. 
Por lo tanto está claro, por ejemplo, que la supresión de las cuotas lecheras- que la Comisión Europea parece apoyar- podría provocar muy pronto el fin de los rebaños lecheros en zonas que tienen inconvenientes naturales, como las zonas montañosas o lluviosas, y el incremento de la densidad de ganado en las llanuras. 
Así pues, debemos asegurarnos de que mantenemos una red de explotaciones familiares de tamaño razonable; esta es la mejor manera posible de evitar la fiebre aftosa. 
Nuestra Comisión Temporal recomienda con acierto la vacunación de emergencia como la mejor manera de combatir la epidemia, puesto que evita el sacrificio masivo que, comprensiblemente, provocó semejante protesta pública y resultó tan doloroso para los agricultores. 
Cuando existen cientos de millones de personas hambrientas, resulta inaceptable destruir la carne de millones de animales sanos, que es lo que sucedió en 2001. 
Con la vacunación de emergencia se formará un redil cerca de la fuente de la epidemia donde se vacunará a los animales, que entonces podrían ser sacrificados y utilizados para el consumo sin la presión de una situación de emergencia. 
Sin embargo, con respecto a este punto, lamento el hecho de que la Comisión no hiciese propuestas más atrevidas. 
Con el progreso realizado en el ámbito de las vacunas- ahora tenemos vacunas de más amplio espectro, vacunas más duraderas y vacunas marcadoras que permiten distinguir a los animales vacunados de los animales infectados- ya es posible dar a los Estados miembros carta blanca para autorizar o incluso para imponer la vacunación profiláctica, es decir, la vacunación preventiva, tal y como se aplicaba hasta 1992, cuando el riesgo de epidemia sea muy elevado. 
Esta posibilidad deberá dejarse al criterio de los Estados miembros, que están en mejores condiciones para evaluar las consecuencias de los riesgos específicos para su ganado. 
También lamento que el informe no cuestione más claramente el marco actual, establecido por la Oficina Internacional de Epizootias, cuyas normas son por supuesto demasiado rígidas, demasiado restrictivas y demasiado dogmáticas con respecto a las condiciones para conceder el estatuto de «zona libre de FA». 
Está claro que favorecen excesivamente a los países del Nuevo Mundo, que cuentan con una gran extensión de espacio abierto, donde la densidad de la población de las tierras es menor y que, por lo tanto, se enfrentan a un menor riesgo de propagación de una enfermedad. 
Resulta absolutamente necesario que se perfeccionen estas normas. 
Señor Presidente, ahora estamos destinados a vivir bajo la constante amenaza de nuevos brotes de fiebre aftosa, dado que constantemente se descubren nuevas cepas. 
Esto es especialmente cierto en Europa, que está rodeada de países en los que la fiebre aftosa es endémica. 
Esto es particularmente cierto en Turquía, que representa un constante peligro, y también en el resto de Oriente Medio y el norte de África. 
También se ha producido una serie de brotes en Asia y Latinoamérica. 
Por lo tanto, la globalización del comercio de animales vivos sólo puede potenciar y acentuar la globalización de epizootias y virus. 
Esto explica por qué los trayectos cortos son preferibles, por qué hay que rechazar una forma indudablemente inapropiada de especialización extrema que incrementa el transporte de animales a través de largas distancias, por qué resulta preferible la cría y el engorde en la misma explotación agrícola y por qué el sacrificio debe realizarse en la región productora. Estos métodos vienen dictados por el sentido común y son la mejor manera posible de prevenir el desarrollo de nuevas epizootias. 
Debemos recordar esto, señor Presidente, señor Comisario, a la hora de debatir la futura PAC, si queremos evitar que se repita la pesadilla de 2001. 
Señor Presidente, señor Comisario, se cumple ahora un año desde que la Comisión Temporal de la Fiebre Aftosa comenzó sus investigaciones para dar soluciones y hacer propuestas de cara al futuro a este problema que, además de ocasionar graves perjuicios económicos al sector ganadero europeo, originó importantes daños morales a todos los ganaderos y causó un gran impacto en la sociedad en general. 
Todos recordamos la gran cantidad de animales que tuvieron que ser sacrificados tras el brote que el año pasado afectó gravemente al Reino Unido y a los Países Bajos. 
Y el principal cometido de esta comisión era evitar que situaciones como las vividas a causa de esta enfermedad vuelvan a repetirse en Europa. 
Durante este intenso período de trabajo de un año, la comisión ha escuchado las opiniones de decenas de expertos de todos los ámbitos, desde el económico al veterinario, pasando por los aspectos de logística, política, legislación comunitaria e internacional, así como aspectos tangenciales como el turismo, transporte de mercancías, aspectos emocionales, etc. 
Muchos de los invitados de la comisión ocuparon puestos de gran responsabilidad durante la gestión de la enfermedad en el pasado brote. 
Pero, además, la comisión también dio la oportunidad de expresar su opinión a los propietarios de las granjas afectadas, a las autoridades y asociaciones locales de estas áreas durante las diferentes visitas organizadas tanto al Reino Unido como a Holanda. 
Además, como presidenta de esta comisión, he mantenido varias reuniones sobre esta enfermedad, junto con el señor ponente, el Sr. Kreissl-Dörfler, con expertos y responsables de países extracomunitarios, como Paraguay, Argentina y Brasil. 
El fruto de todo este trabajo es el informe que hoy se presenta y se somete a votación en esta sala. 
El informe realizado por el Sr. Kreissl-Dörfler ha conseguido un gran consenso entre todos los grupos políticos y esperamos que, de igual forma, el resto de los parlamentarios de esta Cámara encuentren los puntos de acuerdo necesarios para lograr la aprobación mayoritaria del mismo sin cambios sustanciales, con la aprobación de algunas de las enmiendas presentadas. 
Uno de los aspectos primordiales en los que incide el informe final de la comisión que presido es la vacunación de emergencia, que se considera un recurso primordial para controlar cualquier brote futuro de la enfermedad. 
La actual política de la Unión Europea- sofocar los brotes de esta enfermedad sacrificando el ganado de las explotaciones donde ya se ha detectado algún animal infectado y los de las explotaciones contiguas con probabilidades de contagio- no puede continuar como hasta ahora. 
La política de vacunación de emergencia debe formar parte de una estrategia que permita vivir a los animales. 
La actual política de no vacunación pone énfasis en la prioridad de los aspectos políticos y de comercio y esto es algo que debe cambiar en el ámbito internacional, en la línea iniciada por la Oficina Internacional de Epizootias y la FAO. 
La política futura también ha de tener en cuenta el impacto social y psicológico de una epidemia de fiebre aftosa en el público y no debe descuidar las consecuencias que provoca en todos los sectores, como turismo, comercio, aspectos sociales y aspectos emocionales. 
Esta comisión temporal aboga en su informe por la vacunación de emergencia y no por recurrir a las vacunas preventivas, ya que, Señorías, éstas podrían ser consideradas como un paso atrás en la política de erradicación por las razones científicas, técnicas, económicas y comerciales, que tanto el Comisario como nosotros hemos expresado. 
Señorías, otro de los puntos más importantes del trabajo de esta comisión es el que hace referencia al control de las importaciones. 
Queridos diputados, el Parlamento Europeo debe insistir en una política de importación de carne que imponga una tolerancia cero para garantizar que ni un kilogramo de carne sin examinar proveniente de un país tercero ingrese en la Unión Europea. 
Esta Cámara debe insistir en este asunto y debe recordar a la Comisión que no puede desinteresarse por el problema de las importaciones ilegales. 
Las grandes crisis alimentarias siempre están basadas en incumplimientos de la legislación comunitaria. 
Asimismo, creo que debemos felicitar a la Comisión por haber actuado tan rápidamente con los proyectos legislativos que nos acaba de anunciar el señor Comisario, en cuanto al control, a la identificación, a la calidad de los productos y en cuanto a las vacunaciones. 
De igual modo la comisión temporal pide a la Comisión que elabore una estrategia global para las enfermedades y zoonosis en la Unión Europea. 
Por todo lo expuesto, solicito a la Cámara su apoyo mayoritario para este informe. 
Quiero felicitar especialmente al ponente, con el que me ha sido tan fácil trabajar; a todos los miembros de la Comisión Temporal de la Fiebre Aftosa, que han trabajado duramente, y que han realizado una crítica y un trabajo constructivos; también quiero felicitar especialmente a la secretaría de la comisión por su rigor y por su denodado trabajo y a nuestros intérpretes, sin los cuales esta comisión no habría podido llevar a cabo su trabajo. 
Señor Presidente, una mala práctica agrícola fue la causa fundamental del brote de fiebre aftosa. 
Los cerdos se alimentaban de forma inadecuada y estaban en pésimas condiciones, lo que supone una mala práctica agrícola. 
No se realizaban informes sobre los cerdos infectados, lo que supone una mala práctica agrícola. 
Las ovejas cercanas resultaron infectadas. 
La mala práctica agrícola se vio agravada por la ineptitud demostrada al enviar al matadero a los cerdos que ya no mostraban síntomas físicos, pero que podían seguir transmitiendo la enfermedad. 
Otros animales resultaron infectados y esto retrasó la identificación del origen del brote. 
La infección en la granja del brote era tan grave que pasaron seis meses hasta que se pudo desinfectar de forma segura. 
La mala práctica agrícola provocó una situación en que la epizootia se había propagado a 57 granjas de 16 países para el momento en el que se confirmó su presencia. 
El resultado fue el peor brote de fiebre aftosa que se recuerda jamás, que desbordó con creces la planificación de urgencia de cualquier Estado miembro. 
El informe no elude las terribles consecuencias que esto tuvo para los agricultores y para los negocios rurales, la angustia, el trauma ni las pérdidas económicas. Tampoco elude los problemas operativos a los que se enfrentó el Gobierno. 
Nadie intenta fingir que no se cometieron errores políticos y deficiencias en la aplicación, pero la investigación realizada con el fin de sacar conclusiones aplicables en el futuro demuestra claramente que las decisiones tomadas estaban justificadas por los datos disponibles en esos momentos. 
El informe es especialmente positivo por lo que respecta a las medidas necesarias para combatir cualquier futuro brote; de hecho, es su punto más fuerte. 
Cabe destacar la necesidad de un control eficaz del transporte de animales y de la trazabilidad. 
Estos errores tienen que ver con la legalidad y efectividad del sacrificio inmediato. También tienen que ver con las acusaciones de violación del bienestar de los animales y con los errores en materia de bioseguridad que permitieron una mayor propagación de la enfermedad. 
Se han presentado ocho enmiendas para corregir estos errores. 
Como ha dicho la Presidenta de modo tan revelador durante la votación en comisión, no nos enfrentamos a la realidad. 
Los rumores y las percepciones retrospectivas han sido los principales testimonios. 
La realidad es que el sacrificio inmediato era legal. 
Era legal de acuerdo con la legislación británica y era legal de acuerdo con la legislación europea. 
El sacrificio constituía un arma esencial para controlar la enfermedad. 
La vacunación no habría funcionado en la situación en la que se encontraba el Reino Unido. 
La realidad es que los heroicos esfuerzos del Gobierno, de los veterinarios, los agricultores, de la policía, el ejército y tantos otros consiguieron controlar la epizootia más rápidamente que cuando se produjo un brote mucho menos importante en el Reino Unido durante 1966-68. 
Esta es la realidad. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a todos los implicados en esta excelente comisión de investigación, particularmente a su Presidenta, la Sra. Redondo Jiménez, y al Sr. Kreissl-Dörfler, que han desempeñado un papel ejemplar durante todo el proceso. 
También quisiera mencionar una nota de agradecimiento a las innumerables personas del Reino Unido que nos ayudaron a organizar nuestras visitas a las diferentes partes del país en el transcurso de nuestras investigaciones. 
Resultaba casi un reto para muchos de ellos enfrentarse a este puñado de diputados políglotas que no paraban de discutir y que aparecieron de repente ante ellos, aunque, en general, las visitas fueron extremadamente bien. 
El informe, como muchos oradores han afirmado, es juicioso y equilibrado. 
Es claro y directo justo donde conviene, particularmente con respecto a la vacunación y al control de las importaciones. 
El informe transmite algunos mensajes muy claros acerca de lo que se debería evitar en el futuro y lo que se debería hacer en el terrible caso de que se produzca otro brote. 
En estos dos puntos, está claro que el informe ya ha repercutido en el cambio de política pública que está introduciendo el Reino Unido. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Sturdy y otros en que la respuesta, particularmente con respecto al tema del control de las importaciones- por supuesto en el Reino Unido- sigue siendo muy lenta. 
Se han asignado recursos insuficientes a esa importante tarea. 
Creo que el Grupo del PSE y el ponente han presentado algunas enmiendas para proteger la reputación del Gobierno del Reino Unido. 
Únicamente me gustaría sugerir a mis colegas que no deberían ser tan hipersensibles. 
El hecho de que existan algunas observaciones críticas es simplemente parte esencial de la independencia de una comisión de investigación como ésta. 
Francamente, es un aspecto de la independencia que el Gobierno ha evitado deliberadamente, al negarse a realizar su propia investigación pública en el Reino Unido. 
Algunas de las enmiendas que se han planteado de nuevo parecen ser simple y llanamente equivocadas. 
Elijo arbitrariamente una enmienda que afirma que no existían pruebas de que se produjeran problemas sanitarios o medioambientales a raíz de algunos de los enterramientos masivos del suroeste. 
Invitaría a mis colegas, por ejemplo, a que visitasen, al igual que yo hice, el enterramiento de Viridor, cerca de Kingsteignton, en el suroeste, y que después volvieran para decirme con toda confianza que creen que no se produjeron consecuencias medioambientales o sanitarias. 
Si hablasen con alguno de los habitantes de esa localidad, podrían comprobar que esta enmienda no tiene ningún sentido. 
Finalmente, me gustaría pedir a mis colegas que prestasen especial atención al apartado 128 del proyecto de informe. 
El Grupo ELDR pedirá una votación por partes para borrar la última frase del apartado 128. 
La última frase sugiere que, en el futuro, cualquier indemnización deberá estar condicionada por el hecho de que se cuente con el seguro apropiado. 
Estamos muy interesados en que se realice un estudio acerca de la viabilidad, los elementos a favor y en contra de los sistemas de seguros, pero no creemos que resulte apropiado en este punto hacer que cualquier indemnización futura dependa de la existencia de planes de seguros. 
Señor Presidente, hemos leído el informe detallado sobre la fiebre aftosa en Gran Bretaña y en otros países, pero creemos que esta epizootia se produjo y se propagó como una consecuencia natural de una serie de factores. 
El primer factor es que los animales y productos de origen animal pueden ser transportados con total libertad- o debería decir irresponsabilidad- por todo el mundo actualmente, gracias a la globalización exigida por las grandes empresas que buscan maneras de hacer dinero rápidamente. 
El segundo factor es que se han eliminado todos los controles veterinarios transfronterizos sobre los traslados de ganado entre Estados miembros de la Unión Europea. 
Esto significa básicamente que los animales se pueden trasladar sin controles de un país a otro, al igual que cualquier epizootia peligrosa que puedan portar. 
Esto se une a un tercer factor, que es la eliminación de los servicios veterinarios gubernamentales, los recortes de personal y la escasa importancia que se concede en general a los mecanismos de control gubernamentales, todo ello debido a la exigencia de las grandes empresas de que se minimicen todos los controles entre países o dentro de ellos, que puedan obstaculizar el traslado rápido del ganado, junto con el beneficio generado. 
Finalmente, y esto está relacionado con lo que acabo de decir, está el factor de la alimentación- ausencia de controles de ningún tipo sobre los piensos- que parece haber ayudado a la propagación de la fiebre aftosa. 
Este factor es importante, como sabemos por anteriores crisis en el sector ganadero de la Unión Europea, tales como las dioxinas de las aves de corral y la encefalopatía espongiforme bovina. 
No nos equivocamos al pensar que crisis como estas, que amenazan a la cabaña y a la salud pública, continuarán produciéndose mientras la producción esté dirigida por los intereses económicos y las normas de producción, traslado y comercio impuestas por multinacionales y otras empresas capitalistas del sector. 
Todas las medidas estructurales o de otro tipo que se tomen no serán más que medidas fragmentarias que funcionarán hasta que se produzca la siguiente crisis. 
La única solución a largo plazo que no afectaría a la economía agrícola de los Estados miembros ni destruiría explotaciones ganaderas enteras es la abolición de los beneficios capitalistas de la producción, así como la introducción de suficientes controles fronterizos y de otro tipo, contrariamente a las exigencias de las multinacionales, que han conseguido que se eliminen. 
Señor Presidente, me gustaría decir para comenzar que la comisión está muy agradecida de que hayamos realizado esta investigación. 
Como todos sabemos, la decisión inicial de realizar una investigación no estuvo exenta de dificultades. 
Contaba con la oposición del Gobierno británico, que también manifestó su desacuerdo con respecto a la duración de la investigación. 
Sin embargo, nunca podríamos haber logrado lo que logramos si no se nos hubiese concedido un plazo de 12 meses. 
Esto resultó vital para que pudiésemos realizar la tarea que se nos encomendó. 
Con respecto al asunto del sacrificio selectivo en un radio de tres kilómetros, en mi país, Gales, hasta 700 granjas tuvieron que sacrificar a todos sus animales y sólo en 60 de esas granjas existían casos demostrados de fiebre aftosa. 
Subrayo esto porque, en algunas de las enmiendas contrarias, el Grupo Socialista afirma, y cito textualmente su justificación: «No existían pruebas de que se hubiese violado el bienestar de los animales en más de unos cuantos casos.» 
Si los animales fueron sacrificados a esta escala sin pruebas fundadas de análisis de sangre, se trató de una clara y flagrante violación del bienestar de los animales y a gran escala. 
Estoy decepcionado por la desgana mostrada por el Sr. Byrne para aprobar o incluso investigar una vacunación profiláctica rutinaria en el futuro, en un momento en el que la Comisión ha anunciado en publicaciones agrícolas- diaria y semanalmente en el Reino Unido- todo tipo de vacunaciones rutinarias para hacer frente a todo tipo de epidemias y enfermedades. 
Con respecto al tema de la legalidad del sacrificio en el Reino Unido, resulta inaceptable que, basándose únicamente en dos casos judiciales de Gran Bretaña, el sacrificio cuente con una base legal. 
En el futuro debemos contar con una planificación de urgencia adecuada. 
Resulta bastante sorprendente que el ejemplar Gobierno del Reino Unido no haya intentado ni probado un plan de alerta. 
También tengo serias dudas con respecto a si hemos consultado lo suficiente con el público y si hemos realizado suficientes ejercicios de simulación como para garantizar que, si se produce un brote mañana por la mañana, sepamos todos qué hacer y cómo reaccionar. 
La epidemia en el Reino Unido fue un catálogo de errores. 
En regiones como la mía no tenían ni idea de cómo enfrentarse a la situación ni se les concedió la facultad de trabajar para hacerle frente de forma efectiva. 
En interés de las comunidades de todos los rincones de Europa, resulta fundamental que no se repitan los mismos errores. 
Señor Presidente, finales de diciembre es un buen momento para hacer balance: qué ha ido bien este año, qué ha ido mal y qué necesita mejorar. 
A veces, la conclusión que uno saca es: si hubiese hecho... 
Un año después de la constitución de la Comisión Temporal sobre la Fiebre Aftosa, mi conclusión es: ¡si no hubiésemos acordado la política de no vacunación en 1991! 
Los costes de esa política han sido enormemente infravalorados. 
Pero lo peor es que la política de no vacunación, junto con los correspondientes sacrificios cuando se produce un brote, no pasaría ninguna prueba ética. 
Señor Presidente, el arca de Noé no estaba llena de factores de producción, sino de criaturas vivas. Como administradores de la creación, debemos tener eso muy presente. 
Los partidos que rechazan tales pruebas deberían pagar en las urnas por las consecuencias de un brote de fiebre aftosa. 
Las consecuencias van mucho más allá de las meramente económicas. 
El hecho de calificar la lucha contra la fiebre aftosa de éxito veterinario, tal y como han sugerido los liberales, es perder todo sentido de la proporción. 
La lucha contra la fiebre aftosa no fue un éxito, ni veterinario, ni económico, ni en términos de comunicación. 
Así lo admite el informe. 
Una excepción es un párrafo sobre Frisia, donde, según el proyecto del texto, se produjo una implicación óptima de los expertos regionales. 
Aquí se han confundido hechos y ficción. 
Una enmienda que presenté conjuntamente con mis colegas, el Sr. Maat y el Sr. De Roo, intentaba recuperar una versión correcta de los acontecimientos. 
Durante años, la vacunación profiláctica protegió a nuestra cabaña. 
El argumento de que la vacunación es inútil debido al número de variantes del virus de la fiebre aftosa viene a ser tan convincente como mantener que la vacuna de la gripe para los seres humanos no sirve para nada. 
Por otra parte, si analizamos los costes reales de la política de no vacunación, sólo sacamos una conclusión: la vacunación preventiva no sólo es la solución más ética, sino también la más económica. 
En conclusión, me gustaría felicitar al ponente por su valiente, lúcido y valioso informe. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al ponente y también a la presidenta de la comisión, la Sra. Redondo, porque ambos proceden de países donde no ha habido fiebre aftosa y, sin embargo, han conseguido elaborar este informe implicándose enormemente en el tema. 
Lo mismo cabe decir de nuestra secretaría, puesto que nuestro trabajo como comisión temporal consistía en gran medida precisamente en visitar a las personas que habían resultado afectadas. 
Sin la dedicación demostrada por nuestra secretaría no habríamos podido hacerlo, lo que significa que esta comisión ocupa un lugar especial en la labor del Parlamento. 
Señor Presidente, las palabras de la Sra. Redondo me han llegado al corazón. 
Ha afirmado que la política actual se centra excesivamente en valores políticos y económicos, pero no lo suficientemente en valores humanos, por lo que respecta a la fiebre aftosa, y es necesario cambiar de rumbo en ese sentido. 
Estoy totalmente de acuerdo con ella y puedo hablar en nombre de los habitantes de las zonas afectadas de mi país: Veluwe y Frisia, que agradecieron enormemente el hecho de que los diputados visitasen esas zonas para escucharles. 
Les hizo sentir que, en este caso, la democracia europea verdaderamente daba de sí. 
Eso me parece fundamental, en parte también pensando en las próximas elecciones de 2004. 
Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que hemos sufrido una catástrofe en la que se sacrificaron siete millones de animales, lo que supone una pérdida económica superior a 10 000 millones de euros, y que en algunas zonas, como por ejemplo en la zona de Carlisle, ahora están tomando antidepresivos muchas más personas que antes. 
Tan grande fue el impacto. 
Solamente mencionaré el caso de la escuela de Oene, donde descendió el rendimiento de los alumnos de primaria. 
Eso refleja el impacto que esta crisis tuvo sobre la población. 
Esto significa que si pretendemos tomarnos a los ciudadanos europeos en serio, debemos cambiar de política. 
En ese sentido, estoy satisfecho de que el Comisario Byrne haya señalado al menos que se hace cargo de esto. 
Sin embargo, es esencial que, a menos que adoptemos la vacunación general, la vacunación de emergencia se convierta en norma en caso de que se produzca un brote, como ha dicho la Comisión, y que incluso tras la vacunación de emergencia las granjas implicadas reciban el mismo trato que si se hubiese producido el sacrificio. 
Eso significa que la zona estaría aislada por un período no superior a tres meses y que se comercializarían libremente los productos. 
Eso resulta crucial para el éxito de una política futura. 
También significa que la Comisión tiene una gran responsabilidad, por lo que no podrá, en las propuestas que presente mañana, evitar que haya que acordar nuevas normas en el seno de la OIE, con el fin de armonizar los plazos y garantizar que puedan comercializarse productos de animales vacunados, puesto que eso no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria, pero sí tiene mucho que ver con un comportamiento ético en materia de política agrícola. 
Ya he señalado que esta comisión intentó que los ciudadanos europeos tuviesen voz en materia de política europea. 
Como comisión, intentamos al menos poner rostro a la crisis, mostrar qué le sucedió a la gente, qué le sucedió a los animales y demostrar que esas cosas son políticamente importantes. 
A ese respecto, espero ansioso el nuevo debate acerca de las propuestas de la Comisión. 
La Comisión y el Consejo tienen una gran responsabilidad. 
No pueden ignorar este informe del Parlamento. Deben incorporar este informe a su política, porque de lo contrario nos encontraremos con nuevas dificultades en materia de democracia en Europa. 
En primer lugar quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi colega, el Sr. Kreissl-Dörfler. 
Ha hecho un magnífico trabajo y su planteamiento objetivo ha hecho posible salvar las diferencias políticas. 
La crisis de la fiebre aftosa ha dejado profundas cicatrices, los sacrificios han supuesto una desgracia para innumerables familias, aunque también han provocado una gran rabia e indignación pública, en ocasiones rabia impotente hacia las autoridades. También rabia hacia Europa, que prohibió la vacunación de la cabaña en los alrededores de las granjas afectadas. 
El Parlamento Europeo presenta hoy una opinión minuciosamente argumentada, una opinión que apoyo totalmente. 
Sí, estamos en contra del sacrificio innecesario de animales sanos. 
Sí, debemos convencer a los supermercados de que vendan la carne de animales vacunados normalmente. 
Sí, deben existir planes de acción de emergencia. 
Hemos de introducir una dimensión global, la OIE debe emitir una declaración clara y hay que imponer un control eficaz sobre las importaciones, incluso en los aeropuertos. 
Y sí, debemos mejorar la salud estructural del sector: buena higiene, no más transporte destartalado y poner fin a la política de subsidios que potencia en exceso el traslado de animales. 
También debemos garantizar un control adecuado en todo momento. 
Estoy totalmente de acuerdo con todos estos puntos. 
Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. 
Una lista de intenciones políticas no es suficiente. 
Mientras el Parlamento Europeo no tenga voz en el ámbito agrícola, existe el riesgo de que nuestra resolución se convierta en papel mojado. 
A menos que unamos esta resolución a la presión conjunta de la Convención, todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano. 
Lo que es todavía peor es que habremos despertado expectativas infundadas y estaremos impulsando un euroescepticismo renovado. 
En los Países Bajos, la crisis de la fiebre aftosa de 2001 fue una especie de presagio de la convulsión política de 2002. 
También debemos aprender a toda costa la lección en términos políticos. 
La confianza en la política sufrió un duro golpe. 
Una razón importante fue que las responsabilidades políticas no estaban claras, porque ¿quién fue el verdadero responsable de la política de no vacunación? 
¿Fue el Gobierno, la Unión Europea o la Oficina Internacional de Epizootias? 
Nada estaba claro. 
Los Ministros señalaban a la Unión Europea, los Comisarios de la Unión Europea señalaban a los gobiernos nacionales y a la OIE. 
Para los ciudadanos, la compleja estructura de responsabilidades resultaba prácticamente incomprensible y eso generó la impresión de que los políticos que habían expuesto su postura, habían preferido esconderse posteriormente detrás de otros. 
Los políticos que eluden responsabilidades destruyen la credibilidad de la política. 
Este juego de escurrir el bulto ha perjudicado mucho a Europa. 
Los cientos de cartas y mensajes de correo electrónico de protesta fueron signos de una tragedia humana, pero también interinstitucional. 
Un futuro brote de fiebre aftosa nunca debería desembocar en un sacrificio masivo del ganado. 
En adelante, debemos dirigir todos nuestros esfuerzos hacia este fin. 
Esto exige una política sobre la fiebre aftosa en la que las responsabilidades estén claramente establecidas, en el plano regional, nacional, europeo e internacional. 
Deberán participar los Parlamentos. 
Nuestro objetivo debe ser una política sobre la fiebre aftosa que no sea anónima. 
Las responsabilidades por las opciones y su cumplimiento deberán estar claramente establecidas y será nuestra misión comunicarlas. 
Espero que este informe favorezca este proceso y, una vez más, doy las gracias al ponente. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la presidenta de la comisión, la Sra. Redondo, y al ponente, el Sr. Kreissl-Dörfler, por su gran trabajo. 
Desafortunadamente, el trabajo no ha demostrado claramente que exista alguna alternativa a la actual política de no vacunación. 
Está muy claro que no hay vacunas ni capacidad en los laboratorios y que, en general, nos falta todo lo que necesitaríamos para abandonar la política de no vacunación. 
Esto significa que, si hay que tomar una decisión acerca de la vacunación, será una decisión política y no una decisión basada en hechos científicos y veterinarios. 
Finalmente, quiero decir algo acerca de las consecuencias en términos de política comercial. 
Las reacciones han sido muy claras. 
Cuando se produce un brote de fiebre aftosa, los países importadores- o terceros países- excluyen todas las importaciones de carne fresca de toda la Unión Europea. 
La Comisión debe garantizar de forma muy clara que terceros países, particularmente los Estados Unidos, acepten que la Unión Europea está compuesta por Estados miembros y regiones, especialmente tras la ampliación de 2004. 
Si la fiebre aftosa aparece en un país o una región determinada, no es necesario paralizar todas las importaciones de carne fresca de toda la Unión Europea. 
Por el contrario, la oferta y la demanda se vuelven totalmente caóticas cuando esto sucede. 
Este es el motivo por el que quiero hacer un llamamiento muy claro para que la Comisión renegocie los acuerdos, que actualmente no son suficientemente concretos ni mucho menos. 
Si se produjese un nuevo brote de fiebre aftosa, deberían existir acuerdos, particularmente con los Estados Unidos, para que las exportaciones de los países no afectados por la epizootia pudiesen continuar. 
Señor Presidente, la fiebre aftosa no surgió por un error humano, como en el caso de la enfermedad de las vacas locas (EEB) , sino que se trata de un fenómeno natural muy común. 
Solía considerarse normal que todas las vacas resultasen afectadas por la misma cada cierto tiempo, adquiriendo así cierta inmunidad. 
Posteriormente la gente intentó erradicar de una vez por todas esa enfermedad infecciosa, cara, sucia y dolorosa para la cabaña mediante la vacunación. 
Sin la extremada globalización y el comercio mundial, la epizootia y la forma en que la gente cree que puede combatirla nunca habrían atraído tanta atención. 
El próspero comercio norteamericano no quiere carne de animales que hayan estado enfermos. 
Simplemente por el hecho de que sin una vacuna marcadora no podemos distinguir fácilmente a los animales enfermos de los vacunados, se comenzó a confiar en que la enfermedad sería eliminada por completo gradualmente. Eso mismo pensaban de la tuberculosis humana. 
Los intereses de la exportación han sustituido al bienestar de los animales y a la inventiva humana. 
Desafortunadamente el error no fue sólo de una serie de empresas o de todos los Estados miembros, sino también de la Unión Europea en su conjunto. 
Durante diez años, los Estados miembros y nuestros agricultores han sido presionados desde arriba para que colaboren con algo que no resulta prudente ni aceptable. 
Prácticamente nadie habría pensado que durante el último brote surgido en el Reino Unido y los Países Bajos pudiera ser necesario semejante sacrificio masivo de animales sanos, para garantizar que en ninguna parte de los alrededores se encontrase ningún animal que pudiese estar infectado. 
Incluso las razas raras y exóticas o los animales de compañía que vivían en el campo fueron obligatoriamente sacrificados. 
Mucha gente acusó con razón a las autoridades que impusieron semejante comportamiento insensato y dejó de confiar en ellas. 
Hasta ahora, los Ministros de Agricultura y la Comisión Europea pueden haber admitido que las cosas pueden cambiar en un futuro lejano, pero todavía no han cambiado de rumbo totalmente. 
Las vacunaciones se consideran como mucho una medida de emergencia para el ganado sano que no puede ser sacrificado con la rapidez suficiente. 
Como suele suceder, el poder gubernamental es más inepto que la sociedad humana en su conjunto. 
Mucha gente está protestando. 
La misión del Parlamento consiste en poner fin de una vez por todas a la política equivocada de sacrificios preventivos y en no descartar para siempre la opción de la vacunación profiláctica. 
Gracias. 
Señor Presidente, la fiebre aftosa es una epizootia altamente infecciosa para nuestra cabaña, pero totalmente inofensiva para los humanos. 
Yo procedo de los Países Bajos, donde a nuestro ganado se le administró la vacunación profiláctica durante más de 60 años. 
El Reino Unido, Dinamarca e Irlanda no tienen esta tradición. 
Tras entrar en la Unión Europea, estos países presionaron durante 20 años para que se aboliese la vacunación profiláctica en Europa. 
Desafortunadamente lo consiguieron. 
Los intereses de las exportaciones predominaron por encima de todo. 
Tanto en Gran Bretaña como en los Países Bajos, hemos presenciado las terribles consecuencias sufridas por los animales, agricultores, el sector turístico y, en definitiva, por toda la sociedad. 
La propuesta de la Comisión Temporal consiste en facilitar la vacunación de emergencia. 
Es una buena idea. 
También existe la propuesta de obligar a los supermercados a vender la carne vacunada en el futuro. 
Las últimas tentativas de una economía planificada no funcionarán. 
Los Países Bajos producen mucha más carne de la que su propia población puede consumir. 
Lo que resulta necesario es regresar a la vacunación profiláctica. Al menos en los países que, como los Países Bajos, así lo deseen. 
Las nuevas técnicas, tales como las vacunas marcadoras, permiten distinguir entre un animal enfermo y uno vacunado. 
Esto significa que incluso se pueden mantener las sacrosantas exportaciones. 
Para mí es todo un misterio por qué la mayoría del Parlamento no opta por este planteamiento. 
Para mí, este informe representa tan sólo medio paso en la dirección correcta. 
Sin embargo, medio paso en la dirección correcta es mejor que ningún paso, por lo que votaré a favor del informe. 
No obstante, me veo en la obligación de decir que me parece una lástima que nuestros colegas dedicados al área de la agricultura en particular hayan concedido la máxima prioridad a los intereses de las exportaciones directas. 
Señor Presidente, me complace enormemente decir que la crisis sanitaria ha quedado atrás, aunque sus efectos colaterales siguen sin resolverse. 
Lo primero que debemos hacer es comprender. 
Desafortunadamente, a estas alturas, sólo podemos especular con respecto al origen de la infección y a los factores que provocaron la propagación de la epizootia. 
Sin embargo, ya podemos aprender nuestra primera lección, que es concretamente la importancia de una política de proximidad, que puede significar reconciliar mucho más las actividades de todas las fases del proceso o mantener los servicios públicos a escala local, con el fin de evitar el transporte de animales, que parece, en este caso, que ha desempeñado un papel importante. 
Es evidente que no podemos repetir un sacrificio a semejante escala. 
El informe también nos plantea propuestas que apoyaremos, como la revisión de los planes de emergencia junto con todos los socios comunitarios, política de formación, intercambio de información entre Estados miembros e incremento de los recursos destinados a la investigación de vacunas marcadoras. 
Estos programas de prevención también deberán contemplar la conservación de recursos genéticos, mientras que las especies salvajes, los animales de caza y en peligro de extinción deberán ser protegidos a base de medidas específicas. 
Finalmente, los programas de prevención sólo serán efectivos si se garantiza una compensación adecuada. 
Señor Presidente, yo que estuve entre los principales instigadores de la constitución de esta comisión desearía dar las gracias al Presidente Cox por su valiosa ayuda y a todos los diputados que han permitido que este informe y esta comisión hayan sido un éxito rotundo. 
Me gustaría dar las gracias particularmente al Sr. Kreissl-Dörfler por su duro trabajo, su disposición a escuchar y su enfoque equitativo. 
Las visitas al Reino Unido y a los Países Bajos nos permitieron escuchar a todos los afectados. 
Creo que el Parlamento Europeo ha hecho lo que mi propio parlamento en Westminster no haría. 
Lo que tenemos en este documento es un informe justo y equilibrado sobre la terrible devastación y el sufrimiento que la epizootia supuso para mi país. 
No olvidemos que la fiebre aftosa no respeta fronteras. 
Esta plaga podría haber aparecido en cualquier otro país europeo y todavía puede aparecer en cualquier momento en el futuro. 
Con respecto a la situación en el Reino Unido, sencillamente el Gobierno británico se equivocó. 
El Sr. Adam puede intentar culpar de todos a los agricultores, como siempre, y ha hablado mucho acerca de que los agricultores se equivocaron, pero ¿qué hay de la equivocación del Gobierno? 
No se puede negar que se cometieron errores. Los agricultores británicos podrían aceptarlo, puesto que todos cometemos errores. 
Lo que no es de recibo es que el Gobierno siga negándose a aceptar que se equivocó y a pedir disculpas a los afectados. 
Miren las enmiendas del Sr. Adam y miren el último comunicado del Gobierno británico: ¡no han aprendido nada! 
Esta epizootia no sólo afectó a los agricultores, sino también a los hoteles y al turismo; afectó a los carniceros y a los comerciantes de toda Europa. 
No podemos permitir que este terrible sacrificio de 10 millones de animales se repita. 
Me satisface que este informe contenga un planteamiento sensato y factible con respecto a la vacunación en el futuro. 
Nuestra visita a los Países Bajos demostró los enormes beneficios de la vacunación de emergencia. Ésta eliminaría la necesidad de las enormes incineraciones de cadáveres y enterramientos que constituyeron el sello personal de la gestión del brote por parte del Gobierno británico. 
Esas inolvidables imágenes permanecerán como un recuerdo duradero de lo que podría suceder de nuevo si no aprendemos la lección extraída de esta epizootia tan terrible. 
Me satisface que este informe establezca planes para el futuro. 
Resulta fundamental que contemos con un plan de alerta eficaz y factible. 
Este informe supone un gran progreso para el desarrollo de un planteamiento positivo en toda Europa. 
La Comisión Europea ha trabajado codo con codo con la comisión y no es coincidencia que mañana presente sus propuestas para el futuro. 
Me gustaría felicitar al equipo del Comisario Byrne por su trabajo. 
Quisiera formular una petición final al Gobierno británico: les ruego que escuchen y acepten este informe, para que podamos establecer planes para el futuro. 
El sufrimiento causado el pasado año por la fiebre aftosa fue simplemente inaceptable y no se debe permitir que se repita nunca más. 
Espero que todos ustedes apoyen este informe y las medidas que contiene. 
Los agricultores europeos y las comunidades rurales europeas se merecen saber que se les aprecia. Merecen saber que los políticos europeos están preparados. 
Espero que le brinden su apoyo hoy. 
Señor Presidente, ningún miembro de la Comisión Temporal olvidará nunca las consecuencias de la gran epidemia de fiebre aftosa de 2001. 
Cuando viajamos por el país hablamos con las víctimas, con las que no podían ser indemnizadas, así como con las que sí iban a ser indemnizadas, que podían reponer su ganado y comenzar de nuevo, con la esperanza de hacerlo en un sistema más equilibrado y menos intensivo de producción ganadera, y con las víctimas cuyas vidas habían cambiado completamente, las que habían, como ha dicho el Sr. Sturdy, perdido sus sueños. 
Me gustaría poder estar de acuerdo con todas y cada una de las palabras de este informe y acojo con satisfacción el intento del ponente de elaborar, según palabras del Comisario, un informe equilibrado, directo y orientado al futuro. 
¿Por dónde debería empezar? 
Tiene que empezar por el brote en sí, con lo que sucedió realmente y con el reparto de culpas. 
Un informe equilibrado es aquél en el que todos los responsables aceptan cierto grado de culpa, incluido el Gobierno británico. 
Me gustaría señalar a la Cámara que se han realizado cinco informes independientes sólo en el Reino Unido, dos de ellos de las autoridades locales gravemente afectadas por la crisis. 
También han elaborado informes el Sindicato Nacional de Agricultores y otros participantes en toda esa tragedia. 
Por lo tanto, si decimos que es la primera vez que lo analizamos no es cierto. 
El Sr. Kreissl-Dörfler ha elaborado un informe objetivo, que intenta ser justo en cuanto al reparto de culpas y responsabilidades. 
Lamento que algunas de las enmiendas que se han presentado vayan en contra de esa intención. 
No deberíamos intentar una percepción retrospectiva equilibrada. 
No deberíamos utilizar la lógica de choque para inventar normas legales que supuestamente se incumplieron. 
Cuando oigo a la Sra. Lucas hablar, me recuerda a un historiador ruso que me dijo una vez que lo más sorprendente del pasado es que allí las cosas siempre están cambiando. 
Uno nunca sabe lo que va a suceder. 
Aquí se está reescribiendo el pasado. Esto no está bien. 
Algunas de las alegaciones del discurso de la Sra. Lucas son de hecho incorrectas y no deberían estar incluidas en este informe de ningún modo. 
Yo prefiero mirar hacia el futuro. 
Quiero pensar que podemos felicitar a otras personas que todavía no han sido mencionadas en este debate, en la cultura de culpabilidad en la que se ha envuelto. 
En primer lugar, los veterinarios extranjeros, más de 2 000 de los cuales vinieron al Reino Unido para tratar de ayudarnos a resolver los problemas del brote. 
También los granjeros, los funcionarios, la policía que luchó durante esos terribles días de marzo y abril, antes de que nosotros supiéramos dónde y cómo podríamos controlar la situación. 
Miremos ahora al futuro: a las inspecciones, al transporte de animales muertos o vivos, miremos con nuevos ojos los diferentes tipos de agricultura, basándonos en la contabilidad, las lecciones aprendidas- sí, incluida la lección de objetividad que el Sr. Kreissl-Dörfler y la Presidenta han intentado aportar a nuestra comisión y que nos ha convencido a la mayoría de nosotros, si no a todos. 
Finalmente, quiero dar las gracias al Comisario. 
Es correcto que sea este Comisario, con sus preocupaciones y prioridades, el que responda en este debate. 
Esencialmente se trata de un asunto no sólo de sanidad animal, sino también de bienestar y sanidad humana. 
Señor Presidente, para mí, como representante de Cumbria, la zona más afectada por esta enfermedad de toda Europa, retroceder 20 meses en el tiempo supone recordar la desgracia de los granjeros que, en muchos casos, vieron cómo sus animales eran sacrificados- a pesar de que no existían pruebas de que estuviesen infectados- y, en particular, la desgracia de quienes viven del turismo en el Distrito de los Lagos. 
Con demasiada frecuencia, las voces de las personas cuyos ingresos dependen del turismo y cuya contribución a la economía se estima seis veces mayor que la de los granjeros fueron totalmente ignoradas. 
Vimos las imágenes en nuestros televisores: los visitantes eran rechazados debido a los sacrificios masivos; se pasaba por alto la preocupación por el bienestar de los animales; con respecto a las incineraciones, se hacía caso omiso de las políticas adoptadas por esta Unión Europea en un intento de hacer frente a las preocupaciones relativas a la propagación de dioxinas en nuestra atmósfera. 
La gente estaba verdaderamente molesta por lo ilógica que resultaba la situación: montañas, colinas y caminos estaban cerrados sin motivos. Al mismo tiempo, era posible caminar por un camino vecinal mientras las ovejas y corderos asomaban sus cabezas por las cercas. 
La gente sentía ira y desesperación. 
Esto no debe volver a ocurrir. 
Me satisface que este informe deje claro que la política del Gobierno británico no fue la adecuada y que deberíamos plantearnos una vacunación de emergencia, en caso de que esta situación se repita. 
Yo pienso también que, para tener en cuenta las reflexiones más amplias y en vista del papel relativamente menor que desempeña la agricultura en nuestra economía actual, también deberíamos plantearnos una vacunación preventiva, a modo de solución a largo plazo para las dificultades de este tipo. 
Señor Presidente, Comisario Byrne, recuerdo cómo debatimos sobre la fiebre aftosa en Bruselas durante todo el año pasado, cuando yo todavía era presidente y seguía lo que decían por el monitor. 
Debo decir que hemos acercado nuestras posturas, puesto que en aquel entonces eran todavía mucho más divergentes. 
Yo expliqué la postura de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que consistía en que una política basada en los sacrificios y en mantener a los países libres de la epizootia no nos permitiría resolver este problema. 
En esos momentos, la Comisión tenía otra opinión. 
Confieso que las organizaciones internacionales defendían también otro argumento con respecto a la cuestión de cuándo debía procederse a la inoculación. 
Ahora hemos cambiado un poco y yo le llamo a eso progreso. 
En mi opinión, la vacunación selectiva nos permitirá limitar los daños, no sólo en términos materiales, sino también culturales. 
Los escándalos asociados con la fiebre aftosa y con las incineraciones de cadáveres dieron al mundo una imagen de Europa que no podemos permitir que se repita. 
Permítanme decir solamente una cosa acerca de la profilaxis. 
No estoy a favor de la vacunación profiláctica constante, pero también debemos dejar claro que la vacunación de control siempre viene a ser lo mismo que la vacunación profiláctica. 
Es necesario identificar el momento idóneo para esta vacunación, y éste es el ámbito en el que la Comisión tiene que estar alerta. 
También tenemos que dar a los Estados miembros libertad de acción para que podamos realizar la vacunación en anillo y la vacunación de control en una fase temprana. 
Sin embargo, eso no incluye necesariamente una constante vacunación profiláctica, a la que me opongo. 
Señor Presidente, esta comisión y su informe han supuesto un ejercicio extremadamente positivo. 
Me gustaría felicitar a todos mis colegas, particularmente al Sr. Sturdy por la iniciativa, a la Presidenta, la Sra. Redondo Jiménez, y al ponente, el Sr. Kreissl-Dörfler. 
Ya se ha hablado mucho acerca de «vacunación o no vacunación» , ya sea vacunación profiláctica, vacunación en anillo, vacunación de emergencia o vacunación protectora. 
Lo que hemos acordado es que no vamos a volver a la vacunación profiláctica. 
Al menos eso es lo que dice este informe y yo creo que tiene sentido. 
Después de todo, cuando hablamos de vacunación, hablamos sobre vacuno únicamente, aunque fue el transporte de ovejas en el Reino Unido, Irlanda, Francia y otros países lo que realmente propagó la epizootia la última vez y no debemos olvidar esto. 
Quiero centrarme en un punto que me preocupa profundamente, que es la futura disponibilidad de recursos veterinarios, particularmente en regiones remotas de la Unión Europea. 
Con seguridad se producirá otro brote de una epizootia exótica, si no de fiebre aftosa, con el transporte de personas y animales y los modernos viajes de nuestros días. 
Resulta absolutamente fundamental la manera en la que lo gestionemos y detectemos. 
Si no contamos con veterinarios sobre el terreno, particularmente en las zonas remotas donde no resulta viable tener prácticas veterinarias, no tendremos sistema de detección para el futuro. 
Ruego a la Comisión que preste especial atención y que evalúe la disponibilidad de recursos veterinarios para la futura gestión de las epizootias dentro de la Unión Europea en general. 
Se ha planteado la identificación de animales, los problemas de transporte, el seguro y muchos otros temas, además de la vacunación. 
Yo recomiendo una gestión sensata del transporte y la identificación individual de los animales. 
Deseo felicitar a Joe Walsh y Brid Rogers por su gran cooperación, que permitió que en Irlanda nos librásemos de la peor parte en relación con el brote. 
Sin embargo, si optamos por la identificación y el etiquetado de cada oveja individual, además de una etiqueta de identificación del rebaño, para después retirarla cuando el cordero va al cebadero, tendríamos una oveja con tres o cuatro etiquetas, o habría que estar quitando y añadiendo etiquetas: algo que estamos intentando resolver sin éxito en Irlanda en estos momentos. 
Finalmente, me gustaría dar las gracias a la Presidenta por aceptar nuestro comentario sobre el protocolo para el transporte de animales no sensibles y, en particular, por la promesa de revisar el transporte de equinos durante futuros brotes, dado que los caballos no son sensibles en este caso. 
Señor Presidente, estamos ante un excelente informe parlamentario- flexible, valiente, equilibrado y positivo- en una materia muy difícil. 
Por lo tanto, felicito al ponente, Wolfgang Kreissl-Dörfler, por este magnífico trabajo, del que quisiera señalar los siguientes aciertos: 
En primer lugar, nos pone al día en materias que no estaban contempladas, por ejemplo, la vulnerabilidad de sectores como el turismo. 
En segundo lugar, introduce novedades flexibles en cuanto a la vacunación de emergencia denunciando lo obsoleto de la actual normativa. 
En tercer lugar, denuncia deficiencias, pero con un sentido constructivo. 
En cuarto lugar, señala las insuficiencias de la política informativa. 
Señor Comisario, a la vista de los apartados 20 y 21 y de lo que yo misma he vivido con las crisis de la dioxina, las vacas locas y ahora el Prestige, creo que la Comisión debería tomarse muy en serio el poder informar directamente a los europeos. 
En quinto lugar, también me parecen muy acertados los apartados 81 y 82 sobre indemnizaciones. 
Y, por último, señor Presidente, aunque no es competencia de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, ni de este informe parlamentario, sí quiero llamar la atención sobre el informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2001, porque allí figuran unas denuncias de corrupción y, en aras de la lucha contra la corrupción en las ayudas de la PAC, esto debe tenerse muy en cuenta. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente y a todos los implicados en la elaboración de este informe. 
Se trata de un informe equilibrado y ha resultado una buena iniciativa. 
Ha sido positivo para este Parlamento, porque ha demostrado que podía elaborar un informe temido por el parlamento nacional. 
Quisiera comentar una de las observaciones del Comisario. 
Ha afirmado que los efectos eran los mismos que los de otras epizootias o brotes anteriores de fiebre aftosa y que tenemos que actuar, pero la pregunta es: ¿cómo tenemos que actuar? 
Esto es lo que hay que abordar. 
Este informe y la investigación han mostrado los efectos más amplios. 
Al producirse, como se produjo, tras la crisis de las vacas locas en el Reino Unido, esta epizootia ha hundido la economía rural y destruido a muchos granjeros del país. 
Yo procedo de Irlanda del Norte y la Sra. Doyle ha mencionado el hecho de que ella procede de la República de Irlanda. 
En realidad tuvimos mucha suerte. 
No debemos olvidarlo. 
No lo hicimos tan bien, pero tuvimos suerte. 
Un cargamento de ovejas abandonó el mercado de Longtown, cruzó todo el mar de Irlanda, fue descargado en Larne, en medio de la isla de Irlanda y se tardó mucho tiempo en detectarlas. 
Seré claro: necesitamos mejores controles también en este ámbito. 
Lo que quedará en nuestro recuerdo es la imagen de las incineraciones en nuestros televisores. 
Hizo llegar a nuestros hogares lo terrible que era la situación. 
Debe existir una forma mejor de controlarlo. 
La vacunación en anillo tiene que ser la forma que buscamos para intentar controlarlo. 
Deberíamos destinar más recursos y fondos para la investigación y desarrollo, con el fin de conseguir una vacuna trazable, de forma que se sepa si los animales están vacunados. 
Voy a terminar repitiendo lo que ya se ha dicho sobre controles en las fronteras: los controles en las fronteras son totalmente insuficientes. 
Se introduce carne en la Comunidad Europea, en el Reino Unido y otros países sin que se detecte. 
Tendremos que hacer frente a esto, al igual que han hecho otros países. 
Éstos han sido más eficaces que nosotros. 
Debemos garantizar que nuestros puertos y aeropuertos estén convenientemente controlados en todos los sentidos. 
Lo cierto es que esta epizootia puede aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. 
Espero que no sea así, pero debemos estar preparados por si aparece. 
Señor Presidente, Señorías, en nuestros días un brote de fiebre aftosa, incluso en una pequeña parte de un Estado miembro, tiene unos efectos muy rápidos y graves en toda la Comunidad. 
La pérdida de un considerable número de animales debido al sacrificio de rebaños enteros y la profunda inquietud e inseguridad que sufrió la sociedad en general de los países afectados y de otras partes de Europa provocaron grandes pérdidas financieras en las áreas afectadas, no sólo para los agricultores, sino también para la economía en general y el turismo en particular. 
El control de la enfermedad ya no se puede entender en nuestros días simplemente como un medio para preservar nuestra cabaña ni para defender intereses comerciales específicos, sino que debe tener en cuenta el cambio del estilo de vida de la población, su movilidad, sus nuevas actitudes con respecto al medio ambiente y a la protección de los animales. 
Teniendo todo esto en mente, la Comisión Temporal sobre la Fiebre Aftosa abordó intensivamente todos los problemas asociados con la epidemia, incluido su efecto sobre la población y sobre la economía. 
A pesar de que no es necesario que reinventemos la rueda, podemos mejorar mucho a la hora de limitar los riesgos y minimizar los daños para la economía, teniendo en cuenta al mismo tiempo el bienestar de los animales y los sentimientos de la población. 
No se trata sólo de unas cuantas vacas y ovejas. 
Nos afecta a todos; esto es importante para todos nosotros y ayuda bastante a realizar declaraciones tajantes acerca de quién es el culpable y quién no. 
También me gustaría refutar claramente las acusaciones- y ha habido unas cuantas- lanzadas contra los agricultores, ya sea en Gran Bretaña o en cualquier otro país. 
Lo importante es que todas las importaciones deberían estar controladas, que los planes de emergencia deberían mantenerse actualizados y que la Comisión debería implicarse de forma más activa en todo ello. 
El sacrificio masivo no puede ser una solución, y quiero plantear el hecho de que la vacunación de emergencia es lo mínimo que podemos hacer y, aparentemente, el mejor medio para conseguir controlar rápidamente la enfermedad y salvar las vidas de los animales. 
Todos sabemos que la carne de animales vacunados resulta completamente segura y que, por lo tanto, se puede comercializar. 
Me gustaría expresar mi gratitud a nuestro ponente, el Sr. Kreissl-Dörfler. También quiero dar las gracias a la Sra. Redondo Jiménez, presidenta de nuestra comisión, a la Comisión y a aquellos de sus miembros que nos fueron de gran ayuda. 
¡Confío en que todos ustedes vayan ahora a disfrutar de un sabroso y jugoso filete! 
Señor Presidente, en esta Cámara debatimos a menudo lo que consideramos grandes problemas políticos. 
Sin embargo, creo recordar que cuando fuimos elegidos en 1999, nuestra principal preocupación era que nuestros debates fueran relevantes para nuestros electores. 
Quisiera decirles que la zona a la que represento en el Parlamento- la circunscripción de Gales- es un país que se ha visto gravemente afectado por el brote de fiebre aftosa. 
Este debate es muy relevante para la población de mi circunscripción, que sufrió lo que se ha descrito como una tragedia para la comunidad. 
Realmente se trató de un duro golpe para toda la población. 
En ocasiones no reconocemos la sensación de aislamiento que sintieron muchos agricultores y otras personas de las zonas rurales, debido a los devastadores efectos económicos y de otro tipo provocados por este brote. 
Por lo tanto, quiero comenzar dando las gracias a la comisión por visitar Welshpool, Builth Wells y Sennybridge y por reunirse con las gentes de mi circunscripción, que dijeron al Sr. Kreissl-Dörfler que el Parlamento Europeo había sido el único organismo oficial que había acudido a escuchar sus opiniones. 
En mi opinión, esto es enfrentarse al problema de la relevancia del Parlamento Europeo. 
La constitución de la comisión mereció la pena. 
En segundo lugar, lamento que tuviésemos tantas dificultades para constituir la comisión. 
Lamento que se produjese semejante conflicto. 
Lamento que el Gobierno británico estuviese tan preocupado por su propia postura- porque se pudieran producir críticas con respecto a su postura- que tuviésemos que luchar durante seis meses antes de conseguir que la comisión estuviera constituida y funcionando. 
Todos sabemos que sólo era un grupo el que se oponía a la constitución de la comisión. 
El Sr. Kreissl-Dörfler, a pesar de pertenecer a ese grupo, ha sido todo un ejemplo al plantearse este problema de forma no política. 
Su informe es de primera calidad. 
Su informe se ha esforzado por tratar los verdaderos problemas principales que eran objeto de preocupación. 
En contra de las opiniones de las personas que afirmaron que este ejercicio iba a resultar irrelevante, señor Comisario, estamos esperando su declaración de mañana y esperamos escuchar una declaración que haga referencia a las preocupaciones subrayadas por la comisión, que se han producido en el transcurso del último año. 
Otros han mencionado los detalles. 
Yo no quiero hacerlo. 
Lo único que quiero decir es lo siguiente: este es un informe que ha contado prácticamente con apoyo universal en la comisión. 
Lamento que se hayan presentado algunas enmiendas adicionales, porque deberíamos unirnos al consenso que existe en el informe. 
En mi opinión, es el mejor ejemplo de que el Parlamento Europeo se enfrenta a las preocupaciones de los votantes de manera práctica. 
Se trata de un gran ejemplo para el problema de la relevancia en el futuro del Parlamento Europeo. 
Resulta lamentable que llegados a este punto haya algunas personas que todavía creen que resulta apropiado, de forma bastante maleducada, proteger la reputación del Gobierno británico. 
Nosotros estamos ocupados con cosas mucho más importantes que eso. 
Señor Comisario, le ruego que analice el informe, tal y como lo elaboró la comisión, y que responda en consecuencia. 
Señor Comisario, apoyo el informe del Sr. Kreissl-Dörfler y le felicito por el unánime consenso alcanzado en la Comisión Temporal sobre la Fiebre Aftosa. 
La comisión ha demostrado que, a la luz de los acontecimientos que se han producido hasta ahora, la Unión Europea ya no puede continuar sin modificar su política y garantizar un uso más efectivo de las vacunas, dado que nuestro objetivo consiste en mantener el mayor número posible de animales vivos. 
Las preocupaciones relativas al bienestar de los animales y al daño social y psicológico causado por los numerosos sacrificios que exigió la crisis del pasado año deben tener prioridad sobre los asuntos comerciales, tal y como la presidenta, la Sra. Redondo, ha señalado con gran acierto. 
Apoyo totalmente el informe del Sr. Kreissl-Dörfler, porque, tomando una epidemia como punto de partida, ha descrito una situación general que no sólo engloba la cuestión de la fiebre aftosa. 
Por ejemplo, tomemos la propuesta de ampliar la compensación a sectores asociados con la alimentación del ganado, que resultaron- al menos indirectamente- muy afectados por los problemas causados por la fiebre aftosa. 
Una vez más, al considerar la idea de un fondo de garantía o de un régimen de seguro que cubra los costes derivados de la epidemia, que son cada vez más escasos y causan grandes distorsiones del mercado, hacemos frente a todos los problemas del mundo agrícola. 
A este respecto, señor Comisario, tenemos que reflexionar detenida y extensamente acerca del papel de los servicios veterinarios públicos. 
Debido a la creciente perturbación del estado general de las finanzas públicas en muchos de los Estados miembros, estamos presenciando un descenso del número de veterinarios, lo que resulta totalmente inaceptable, y también necesitamos que los servicios veterinarios públicos desarrollen un nuevo tipo de relación con los agricultores: precisamos nuevas formas de cooperación. 
Si el paquete legislativo que presentan incluye una revisión de la Directiva 92/102 destinada a crear una relación muy estrecha entre agricultores y servicios veterinarios públicos, entonces es muy posible que, en el futuro, podamos evitar toda una serie de situaciones que hemos venido experimentando hasta ahora. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión Temporal sobre la Fiebre Aftosa ha realizado algunas observaciones importantes acerca de la gestión de la crisis del pasado año. 
Ha definido estrategias necesarias para el futuro, que también incorporan importantes sugerencias para el trabajo legislativo que vamos a comenzar. 
En conjunto, se trata de un buen resultado para la cooperación entre los distintos grupos, por lo que quiero especialmente expresar mi más profundo agradecimiento al ponente, el Sr. Kreissl-Dörfler, y a la presidenta de la comisión, la Sra. Redondo Jiménez. 
No cabe duda de que el primordial y principal requisito para la cría de animales, que ha de cumplirse en el terreno de la alimentación, la sanidad animal, la higiene y la profilaxis, es que el hecho de mantener un sistema de cría de animales lo más autónomo posible puede suponer una importante contribución a la protección de los animales y también a su salud y la de los seres humanos. 
Sin embargo, en mi opinión, el debate público también debe prestar más atención a la necesidad de que se establezca una distinción entre epizootias que ponen en peligro la salud humana y epidemias en las que únicamente peligra la salud de los animales, su bienestar y la protección de valioso ganado. 
A pesar de la crisis del año pasado, no debemos olvidar que fue en el ámbito del control de epizootias peligrosas para la salud humana donde conseguimos grandes éxitos durante las pasadas décadas, gracias a los masivos esfuerzos económicos de todos los implicados. 
De hecho, era y sigue siendo absurdo que la práctica de la vacunación contra la fiebre aftosa se ponga en entredicho públicamente, al mismo tiempo que las medidas profilácticas, incluido el tratamiento y la vacunación de animales, se utilizan diariamente como parte del repertorio necesario para la cría moderna y responsable de numerosas especies animales. 
¿Qué se supone que debemos hacer si sucede lo peor? 
¿Se supone que debemos usar la vacunación de emergencia de protección en el momento adecuado? 
Yo añadiría flexibilidad por lo que respecta a la vacunación en anillo. 
La vacunación y los análisis deberían ser, en principio, la principal opción y convertirse en práctica estándar. 
La restricción del comercio debería reducirse a tres meses como máximo, tal y como aconsejaba la comisión científica ya en 1999. 
Yo añadiría un punto muy importante, que no está relacionado con el futuro trabajo legislativo. 
Si todos los participantes del mercado pudiesen ponerse de acuerdo entre ellos para que las explotaciones infectadas que deseasen y estuviesen obligadas a hacerse con estas nuevas herramientas no se quedasen plantadas ni terminasen soportando el desprecio del mercado por emplear esta estrategia en el futuro, nosotros nos podríamos ahorrar todas estas molestias. 
Creo que lo necesario es alcanzar un consenso social por parte de todos los implicados. 
Si esto se consigue, podremos desarrollar una estrategia para el futuro, capaz de incluir la protección y salud de los animales, y de contar con la aceptación de la sociedad. 
Señor Presidente, como algunos colegas sabrán, vivo en Cumbria, el lugar más afectado por el brote de fiebre aftosa del pasado año. 
Muchos de mis amigos, vecinos, electores y yo mismo perdimos nuestros animales. 
Para nosotros las incineraciones no estaban en la pantalla de la televisión, sino al otro lado de la valla del jardín. 
Me gustaría dejar una cosa totalmente clara: la gran mayoría de los afectados eran buenos agricultores cuyas prácticas no tienen nada que ver con las descritas por el Sr. Adam. 
Debido a mi implicación en el problema, no desempeñé ninguna función directa en los procedimientos de la investigación, aunque creo que está claro que sus hallazgos suponen una valiosa contribución para sacar las conclusiones oportunas del brote de 2001. 
Me gustaría hacer simplemente cuatro comentarios: en primer lugar, lo que ocurrió en Cumbria, en el Reino Unido- y he dicho exactamente lo mismo en los debates del Parlamento británico y en la Cámara de los Lores- se vio agravado por los errores cometidos por el Gobierno del Reino Unido a la hora de gestionar el brote. 
En segundo lugar, aunque quienes sufrieron daños materiales recibieron compensaciones, aquellos cuyos medios de vida se vieron afectados de forma similar por las medidas administrativas introducidas para combatir la epizootia no recibieron nada. 
Esta pérdida, provocada directamente por las acciones del Gobierno y totalmente previsible, fue igual de real. 
Su contribución a la lucha contra la epizootia fue igualmente válida. 
En mi opinión, se ha hecho una injusticia con ellos. 
En tercer lugar, las pruebas que están apareciendo ahora en Cumbria sugieren que las consecuencias para la salud pública del brote son mucho más diversas y duraderas de lo que se supuso en aquellos momentos. 
Quisiera terminar con un llamamiento- no sólo en nombre de esta Cámara- a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros: aprendan la lección de lo que sucedió en 2001. 
No permitan que otras personas pasen lo que nosotros pasamos ese año. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a mí también me gustaría comenzar dando las gracias a nuestro ponente, el Sr. Kreissl-Dörfler, por su gran cooperación en la Comisión Temporal. 
Asimismo quiero dar las gracias a la Sra. Redondo, que ha dirigido la comisión de forma muy constructiva y con gran diplomacia y serenidad, y a todos mis colegas. 
Nuestros debates con funcionarios, expertos y víctimas, así como nuestras visitas a los lugares afectados, nos ayudaron a implicarnos profundamente en la crisis provocada por el brote de fiebre aftosa y, en general, en las epizootias y los medios con los que se tratan y controlan, en su prevención y la política de vacunación en Europa. 
También estoy muy agradecido a la Comisión por haber estado siempre ahí acompañándonos y por su contribución. 
Lo que hace que la fiebre aftosa sea especialmente problemática es que resulta altamente infecciosa y, por lo tanto, se transmite fácilmente de un animal a otro. 
Así pues, resulta totalmente crucial que se tomen las medidas apropiadas para combatir la enfermedad tan pronto como se produzca un brote, para que nunca más tengamos que ver el tipo de imágenes que lógicamente provocaron la indignación de la sociedad. 
A este respecto, me gustaría decir, a modo de observación crítica, que el informe podría haber dejado más claro que una crisis de este tipo se podría haber prevenido si se hubieran tomado las medidas de control apropiadas y si los reglamentos de la Unión Europea existentes se hubiesen cumplido o, en ciertos casos, si se les hubiese concedido máxima prioridad. 
Lo importante aquí es que los brotes de enfermedades como ésta sólo se pueden evitar si existe un número suficiente de inspectores cualificados y si todos los implicados cumplen unas normas y unas medidas de seguridad mínimas. 
Por otra parte, me gustaría señalar que los Estados miembros son los responsables de ampliar las inspecciones realizadas de conformidad con sus sistemas veterinarios y de llevar a cabo la investigación pertinente. 
Por lo tanto, para mí resulta evidente que no se puede seguir permitiendo que los procedimientos burocráticos y una política informativa inadecuada sean las causas de la propagación de una enfermedad. 
No obstante, todos nosotros debemos tener claro que desafortunadamente la epizootia puede aparecer de nuevo en el futuro, hágase lo que se haga para prevenirla. 
Señor Presidente, señor Comisario, el mensaje del debate de esta mañana ha sido que «más vale prevenir que curar». 
No a la vacunación profiláctica; sí a la vacunación en anillo. 
La idea que se repitió una y otra vez fue que, en el futuro, las mejoras generales de los sistemas resultarán imprescindibles. 
En términos de animales sacrificados, el curso de la fiebre aftosa en la Unión Europea en 2001 hizo que resultase, sin duda, el brote más serio de la historia. 
La Comisión Temporal sobre la Fiebre Aftosa trabajó intensa y eficazmente durante varios meses, y todos los implicados han sido felicitados y se les ha dado las gracias esta mañana. 
Es importante que cualquier cambio futuro de la política tenga parta de un análisis acerca de cómo se ha gestionado la enfermedad hasta ahora. 
Los productores y consumidores europeos conceden la misma importancia al cambio de la legislación comunitaria, a la financiación comunitaria y, en particular, a la elaboración de propuestas para la prevención y el control de enfermedades en el sector agrícola. 
Dado que procedo de una región vecina a los Países Bajos, con una población muy elevada de granívoros, me gustaría decir lo siguiente: debemos llamar la atención una vez más sobre la necesidad de mejorar la interconexión con respecto a la cooperación en un caso agudo de la epizootia. 
Los requisitos políticos son importantes, señor Comisario, pero el verdadero trabajo sobre el terreno, en las granjas, realizado por veterinarios y autoridades de inspección, utilizando los planes de crisis necesarios y una sala de emergencia, constituye una absoluta necesidad, si pretendemos tomar decisiones rápida y eficazmente. 
Me gustaría concluir citando un ejemplo de mi circunscripción, donde muchas instituciones han provocado un gran revuelo entre los agricultores al participar en una prueba a gran escala acerca de cómo gestionarían una crisis de fiebre aftosa. 
Debemos pensar en ello como un ejercicio práctico de prevención, un simulacro de incendio. 
Lo que se solicitó fue la reacción más rápida posible en un caso X y esta cooperación transfronteriza entre los Países Bajos y Alemania dio un resultado absolutamente impresionante. 
Esperemos que este ejercicio nunca se tenga que repetir en la realidad. 
Apoyaremos las propuestas de la Comisión. 
Tenemos grandes esperanzas de que, en el futuro, podamos contar con una política sobre epidemias que obtenga una mayor aceptación entre los agricultores y consumidores que la que ha tenido en el pasado. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, espero que, en estos momentos, por encima de las medidas que necesitamos adoptar inmediatamente, se hayan descubierto dos cosas que son más importantes que la carrera por adoptar medidas de emergencia: me refiero concretamente a cómo comenzó la epidemia y por qué se propagó con tanta rapidez. 
El informe del Sr. Kreissl-Dörfler- aunque aceptable en todos los demás aspectos- no nos ofrece una respuesta definitiva acerca de esos puntos, cuando lo que asoma, una vez más, es la preocupante debilidad, las deficiencias de los sistemas de control veterinario de la Unión Europea, una debilidad que ha sido admitida por el propio Comisario con gran franqueza intelectual, que es lo mismo que decir que las lecciones de la crisis de EEB de la legislatura anterior no han servido para mucho a este respecto. 
Sin embargo, resulta tranquilizador saber que la Comisión tiene previsto unánimemente conceder la debida importancia a las recomendaciones extraídas de la revisión a mitad de período de la política agrícola común, de la Agenda 2000, con respecto a la sanidad, el transporte y la alimentación animal, en términos de medidas cautelares y preventivas para evitar epidemias y, lo que es más importante, en términos de controles futuros sobre las importaciones. 
Estamos de acuerdo con respecto a las vacunaciones: las vacunaciones obligatorias no resultan todavía factibles; las vacunaciones de emergencia, preventivas, resultan más apropiadas, aunque deben existir unos planes de emergencia bien coordinados: no planes dictados por la emoción en un arranque, en el peor momento de la crisis, sino planes que tengan en cuenta la situación de toda Europa y el desarrollo histórico de la epizootia, de forma que tales desastres puedan ser comprendidos y prevenidos; prevención es un término que debe subrayarse una vez más en esta Cámara. 
El Sr. Sturdy acaba de afirmar que, incluso actualmente, hay personas que no entienden cómo ha podido suceder todo esto o de dónde procedía la epidemia. 
En estos momentos, al finalizar el trabajo de nuestra comisión de investigación y al finalizar este debate, sería en cualquier caso tranquilizador poder decir que sabemos prevenir y, lo que es más importante, qué hacer para impedir que una tragedia similar se repita en el futuro. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la Presidenta y al ponente de la comisión, la Sra. Redondo Jiménez y el Sr. Kreissl-Dörfler, que han dirigido esta comisión de forma excelente. 
En particular, les agradezco que hayan permitido a la comisión visitar Northumberland, en mi país, donde se originó la epizootia. 
No tengo tiempo para hablar de todo ahora, pero quiero destacar en particular que es muy probable que la epizootia fuese provocada por importaciones ilegales de carne. 
Una de mis grandes preocupaciones es que, a pesar de que lo sabemos perfectamente, seguimos sin contar con los controles apropiados en nuestros puertos y aeropuertos para evitar que se produzcan nuevas importaciones ilegales de carne. 
Existen multitud de pruebas anecdóticas en el Reino Unido que demuestran que siguen entrando en el país grandes cantidades de carne ilegalmente. 
Me gustaría pedir al Comisario que hiciese referencia a esto en su respuesta mañana, porque se trata de una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento. 
La epizootia podría repetirse fácilmente en cualquier parte de Europa. 
La gente agradeció particularmente que se le ofreciese la oportunidad de hacer sus propios comentarios a los miembros de la comisión en persona. 
No deberán verse nunca más las enormes incineraciones de cadáveres a lo largo de todo el paisaje de la parte noreste de Inglaterra, que tuvieron un efecto tan devastador no sólo para la agricultura, sino también para el sector turístico y todas las industrias relacionadas. 
Sobre todo, a pesar de los esfuerzos de algunos diputados de este Parlamento, espero que aprendamos la lección que nos ha ofrecido el brote de esta epizootia y que nos aseguremos de que no se repita jamás. 
. 
(EN) Señor Presidente, estoy muy agradecido de tener la oportunidad de responder en este valioso e importante debate acerca de este informe. 
Hay varios temas que han planteado muchos oradores y que debo tratar, aunque sólo sea brevemente en este momento. 
En primer lugar, con respecto a la cuestión del control de las importaciones, muchos de ustedes- si no todos- han mencionado este importante tema. 
Es fundamental garantizar que no sólo exista la legislación necesaria para enfrentarse a este tipo de cuestiones, sino también que existan controles para garantizar que la legislación se aplique como es debido. 
El trabajo de la Comisión consiste en proponer la legislación relativa al control de las importaciones. 
Sin embargo, corresponde a las autoridades de control de los Estados miembros garantizar que la legislación se aplique plena y correctamente y no corresponde a la Comisión, como ha sugerido el Sr. Santini, garantizar que se ejecuten los controles. 
Debemos asegurarnos de identificar quién es el responsable de qué, para que podamos indicar claramente a los responsables que tienen que desempeñar esas funciones debidamente. 
Con respecto a la legislación, desde 1972 tenemos una normativa en vigor a escala europea con respecto a las importaciones de productos comerciales. 
Es ilegal importar mercancías contraviniendo dicha normativa. 
Más recientemente hemos promulgado una normativa sobre las importaciones personales, que entrará en vigor el 1 de enero de 2003. 
Yo, al igual que ustedes, desearía realizar un llamamiento a los Estados miembros para que garanticen que sus autoridades de control se aseguren de que estas partes de la legislación sean plena y debidamente aplicadas. 
Este tema también se trata en los reglamentos relativos a la higiene que tramita el Parlamento en estos momentos. 
Por lo tanto, la cooperación de todas las partes en este ámbito resulta fundamental para intentar garantizar que no se produzca otro brote en el futuro. 
La segunda cuestión que se ha planteado con cierta pasión es la vacunación. 
He tomado nota de lo que ha dicho el Sr. Whitehead acerca del pasado que cambia constantemente. 
Sin embargo, en este caso hay un punto que he tenido que tratar en muchas ocasiones. Lo han planteado de nuevo la Sra. Corbey y el Sr. Graefe zu Baringdorf. 
Se trata de la función de la Comisión en la aplicación de vacunas. 
Dos Estados miembros de los cuatro que sufrieron el brote de fiebre aftosa pidieron permiso a la Comisión para administrar una vacunación de emergencia. 
El permiso se concedió, no cabe duda de ello. Uno de esos dos Estados miembros no la aplicó en absoluto. 
El otro sí lo hizo, pero después decidió que los animales que estaban vacunados debían ser sacrificados. 
Obtuvieron permiso de la Comisión para vacunar a los animales y mantenerlos vivos. 
Sin embargo, por razones relacionadas con aspectos comerciales- no son irrelevantes y no lo critico por ello- ese Estado miembro decidió vacunar y después sacrificar a esos animales. 
Cualquiera de los Estados miembros implicados podría haber aplicado vacunas por voluntad propia, basándose en su propia legislación, sin necesidad de pedir permiso a la Comisión. 
En este punto me gustaría aclarar esta cuestión, en lugar de dejar en las mentes de algunas personas la duda de si podría haberse cometido algún error por parte de la Comisión al no permitir a los Estados miembros responder al brote mediante el uso de vacunas y dejando vivir a los animales. 
Eso no sucedió, aunque se podría haber hecho dado que la Comisión lo autorizó en términos muy claros. 
Repito que uno de los Estados miembros implicados decidió no utilizar la vacunación en absoluto y el otro decidió utilizar la vacunación pero, por motivos comerciales, siguió adelante con el sacrificio del ganado implicado, incluso en circunstancias en las que podría haber dejado vivir a esos animales. 
Estoy muy satisfecho de que una serie de oradores hayan elogiado el trabajo de la Comisión. 
Estoy seguro de que quienes trabajan conmigo, mis colaboradores que están aquí, también están satisfechos por ello. 
Han trabajado muy duro en esto. 
Me satisface mucho que las dos instituciones hayamos trabajado tan bien juntas en este caso, como ha dicho el Sr. Jonathan Evans. 
Hemos intentado garantizar que lo que hacemos aquí en el plano europeo- ya sea en el Parlamento o en la Comisión- resulte relevante para la gente. 
En este caso, el debate y el informe han sido relevantes para los ciudadanos de la Unión Europea. 
También espero que la normativa que se publicará mañana responda no sólo a las necesidades y deseos del Parlamento, sino también a las necesidades y deseos de los ciudadanos ordinarios de la Unión Europea. 
Verán que muchos de los temas que han planteado en su informe están reflejados en nuestra legislación que se publicará mañana, porque hemos trabajado colaborando estrechamente en su informe y en la elaboración del proyecto de la legislación. 
Otra parte de la legislación que se publicará mañana regula la identificación individual y la trazabilidad de la oveja. 
Eso también contribuirá a ofrecer cierto tipo de seguridad contra un brote de este tipo en el futuro. 
Finalmente, quiero felicitar a la Sra. Redondo Jiménez por su presidencia de esta comisión y al Sr. Kreissl-Dörfler por el excelente trabajo que ha realizado y por la cooperación que él y su gente nos ofrecieron a mis colaboradores y a mí. 
Se trata de un claro ejemplo de que las dos instituciones trabajan juntas de manera muy positiva y eficaz, en beneficio de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 11.30 horas. 
(La sesión, suspendida a las 11.20, se reanuda a las 11.30 horas) 
Señor Presidente, quisiera pedir que la votación del informe Damião sobre el amianto se incluya en el turno de votaciones de hoy. 
Se trata de un asunto urgente. 
Solamente tenemos sobre el tapete las tres enmiendas votadas en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
En este pleno no se ha presentado ninguna nueva enmienda. 
La traducción de esas enmiendas ha estado disponible durante más de dos semanas. 
Por lo que tengo entendido, si podemos celebrar la votación hoy, el Colegio de Comisarios podrá considerar el asunto esta tarde. De este modo, el viernes de esta semana podrá presentarse al Consejo, bajo la Presidencia danesa. 
La Presidencia danesa se ha esforzado mucho para alcanzar un acuerdo con nosotros con respecto a estas enmiendas y esto nos permitiría dejar cerrado el tema en segunda lectura sin necesidad de conciliación. 
Espero que se pueda incluir en el turno de votaciones de hoy. 
¿Estoy en lo cierto al pensar que la Sra. Thors desea hablar acerca de esta cuestión? 
Señor Presidente, me gustaría, amparándome en el artículo 110 bis, poder intervenir en relación con la lectura de mi informe, dado que los servicios del período de sesiones rechazan la posibilidad de añadir al informe la respuesta que recibí del Consejo durante la lectura por parte de la comisión. 
Por ello me veo obligada a intervenir ahora. 
Lo que se debate aquí es la reclamación del Sr. Tony Bunyan al Defensor del Pueblo, cuyo resultado representa un éxito para el Parlamento, para el Defensor del Pueblo y para el Sr. Bunyan. 
Gracias a nuestro trabajo se ha resuelto un prolongado conflicto entre las instituciones acerca de lo que caracteriza a un documento que se diferencia de otros documentos de menor importancia. 
El Consejo se ha negado a permitir al demandante el acceso a la documentación, basándose en que los documentos eran efímeros o que sólo reflejaban las opiniones de personas individuales. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
De conformidad con nuestro Reglamento, tiene todo el derecho a intervenir en su calidad de ponente, pero sólo podrá hacerlo inmediatamente antes de que se celebre la votación sobre su informe. 
Por lo tanto, le sugiero que espere y yo se lo haré saber cuando le corresponda su tiempo de uso de la palabra de dos minutos. 
Hemos recibido una petición del Sr. Hughes que propone que celebremos la votación sobre el informe de la Sra. Damião en el día de hoy. 
Señor Presidente, apoyo la petición del Sr. Hughes. 
Es muy importante que se someta a votación hoy, y dado que en realidad no existe ningún problema con respecto a este informe, no hay motivos para no hacerlo. 
¿Hay algún diputado que quiera hablar en contra de la petición del Sr. Hughes de que se celebre la votación sobre el informe de la Sra. Damião en el día de hoy? 
Puesto que nadie desea hablar en contra de esta solicitud y dado que esto implica un cambio en el orden del día, sugiero que celebremos primero una votación sobre esta propuesta de cambio. 
(La Asamblea da su conformidad al cambio del orden del día) 
Así pues, la votación tendrá lugar después de la votación sobre el informe Langenhagen. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
La comisión presidida por la Sra. Redondo Jiménez hará a los agricultores un magnífico regalo de Navidad al proponerse poner fin al lamentable sacrificio sistemático de entre 6 y 10 millones de animales afectados por el virus. 
La reintroducción de la vacunación, especialmente desde que tenemos pruebas de detección capaces de distinguir serológicamente entre una infección viral y una respuesta inmunológica a la vacuna, es la solución correcta. 
Diez años después de que se reintrodujese la vacunación, hubo sólo 148 casos y, 30 años después, sólo 18. 
La vacunación resulta efectiva y las objeciones basadas en el coste derivado de vacunar a 300 millones de animales, así como las objeciones del comercio mundial que exigen a los países que estén libres de la infección, no son válidas. 
Los costes derivados de la epidemia son superiores a los costes de la vacunación. 
Con respecto a la necesidad comercial, es insólito que se utilice este argumento, cuando es el consumo nacional interno el que absorbe la mayor parte de la producción. 
A menos, por supuesto, que la fiebre aftosa haya sido simplemente un pretexto para deshacerse del exceso de carne y evitar los costes de almacenamiento. 
Eso por no mencionar los sectores del mercado abiertos al ganado ovino de Nueva Zelandia, miembro de la alianza angloparlante Reino Unido-Estados Unidos, éstos últimos beneficiarios de la EEB, que también apareció en el territorio de su aliada, Gran Bretaña, y que declaró oficialmente en 1996 que la transmisión a los seres humanos era posible, es decir, en pleno apogeo de la batalla entre Europa y los Estados Unidos acerca de la ternera tratada con hormonas. 
(Declaración acortada en aplicación del apartado 7 del artículo 120 del Reglamento) 
Sr. Presidente, debo repetir que, debido a que los servicios de la sesión han rechazado la posibilidad de añadir al informe la respuesta que recibimos del Consejo durante la lectura por parte de la comisión, me veo obligada a tomar la palabra en su lugar. 
Yo quería que lo que dijo el Consejo se añadiese a las actas, de forma que mis colegas diputados sepan cuál fue la respuesta. 
Se ha resuelto un prolongado conflicto entre las instituciones sobre qué constituye un documento y qué son «papeles secundarios». 
El Consejo había rechazado entregar documentación al demandante, el Sr. Tony Bunyan, basándose en que los documentos eran efímeros o solamente reflejaban el pensamiento de individuos. 
Toda persona que haya estado en contacto con el proceso de toma de decisiones sabe que precisamente estos documentos son importantes. 
Tras la lectura por parte de la Comisión de Peticiones, el Consejo ha prometido introducir una nueva práctica. 
La lista de documentos del Consejo será completa y también incluirá textos distribuidos en las reuniones del Consejo. 
Esto significa que el acuerdo que adoptamos previamente funcionará todavía mejor y que el público podrá seguir más fácilmente el proceso de toma de decisiones. 
Me gustaría citar la carta remitida por el Sr. Brunmayr, Director General de la Secretaría del Consejo. 
Muchas gracias por su aclaración. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Señor Presidente, me pregunto si sería posible conseguir unos auriculares. 
Parece que no hay en mi mesa y pido disculpas a la Sra. Thors, pero mi finlandés no llega a tanto. 
Señor Presidente, la enmienda 14 ha sido presentada por el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
Como ponente, no estoy cualificado- dado que la Comisión de Asuntos Constitucionales no me ha autorizado para ello- a expresar una opinión a su favor, pero me gustaría simplemente reiterar que esta enmienda está totalmente de acuerdo con las posiciones tradicionales del Parlamento Europeo, y concretamente con el informe del Sr. Dimitrakopoulos y el Sr. Leinen. 
Por este motivo, y a título personal, apruebo esta enmienda. 
Señor Presidente, me gustaría hacer referencia a la traducción al inglés del término «loi organique» , que se ha traducido como «organic law». 
En inglés no estamos muy familiarizados con este concepto. 
He advertido que el documento de la Comisión- el denominado documento «Penelope» -utiliza el término «institutional law» en su versión en lengua inglesa, que es, al menos, algo más claro. 
Propongo que armonicemos nuestra terminología en lengua inglesa con la de la Comisión, lo que permitiría que las cosas resultasen más claras en general. 
Propongo que todas las versiones sean revisadas a la luz de su comentario, Señor Corbett, de forma que todos tengamos claro este punto. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Dada la hora, propongo que suspendamos la votación y la retomemos inmediatamente después de la sesión formal para la presentación del Premio Sajarov 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, antes de que procedamos con la votación final, me gustaría decir unas palabras. 
En ocho años, nunca antes había tomado la palabra tras un informe, pero considero adecuado hacerlo hoy. 
No cabe duda de que algunas de las enmiendas sobre las que hemos votado hoy son perfectamente adecuadas. 
Pese a que no deseo retomar el tema de Gran Bretaña, sobre el que hemos hablado extendidamente esta mañana, algunas de las que no se aprobaron tienen que ver con la eliminación de repeticiones, por ejemplo con respecto al período de prueba, que nos causa gran preocupación. 
También nos preocupaba dar un formato coherente al informe. 
No lo hemos conseguido, pero eso no importa. 
Lo que me gustaría decir es que me alegra que se rechazase la enmienda 25 de los Verdes. 
También me gustaría decirles por qué. 
El hecho es que esto haría que el mercado interior fuese fundamentalmente nulo e inválido y, cuando sus granjeros procedan a la vacunación, tendrían que explicarles que éstos permitieron a los granjeros británicos comer sus propias ovejas y a los granjeros neerlandeses beber su propia leche, ya que estos productos no entrarán nunca más en el mercado de la UE ni en los mercados de terceros países de fuera de la Unión Europea. 
Simplemente deben tener esto en cuenta. 
Puede que sea perfecto en lo que respecta a la protección de los animales, pero carece de posibilidades políticas. 
Por ello me complace que la enmienda fuese rechazada. 
Aparte de esto, me satisface que hayamos trabajado muy bien juntos en la comisión, independientemente de las afiliaciones políticas, y que este informe haya sido apoyado hoy por una importante mayoría. 
Permítame recordarle, Sr. Kreissl-Dörfler, que usted ha podido tomar la palabra por concesión del Presidente, ya que no quiero iniciar otro debate a estas alturas de la votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Esta Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, que pretende reunir en un único texto todas las normativas sobre la organización del tiempo de trabajo elaboradas por la UE a lo largo de varios años, es una ilustración incluso más clara del deseo de permitir a los patronos organizar el tiempo de trabajo como les venga en gana. 
Por este motivo aprovechamos esta oportunidad para reiterar, en concreto, nuestra rotunda oposición al trabajo nocturno en aquellos casos en que no es socialmente indispensable, dado que en éstos constituye simplemente otro modo de aumentar los beneficios a costa de la salud de los trabajadores. 
En lo que respecta a la duración de la jornada de trabajo, el gran número de páginas dedicadas a las exenciones autorizadas para un período transitorio de cinco años, a partir del 1 de agosto de 2004, ciertamente ilustra la medida en que se trata menos de una cuestión de organizar el tiempo de trabajo de los empleados que de dar a los patronos libertad para actuar a su antojo, de forma que puedan explotar a los trabajadores como deseen. 
Esto es lo que estipula una de las muchas escandalosas exenciones: «Los Estados miembros velarán por que el número de horas semanales de trabajo no supere en ningún caso una media de 58 horas durante los tres primeros años del período transitorio, una media de 56 horas durante los dos años siguientes y una media de 52 horas durante el período, en su caso, restante». 
Está claro que no podemos refrendar una Directiva de esta naturaleza. 
Hemos votado en contra de este informe, y en contra de los relativos a Bulgaria y Rumania, dado que incitan, o incluso obligan, a los Gobiernos de estos países a «reestructurar» su producción de acero. 
Con el pretexto de «simplificar» , el texto reclama una reducción de las capacidades productivas de estos países. 
Condenamos esta «simplificación» absolutamente estúpida e inhumana, que significará que cierren algunas de las empresas existentes, que se reduzcan sus plantillas y que se agrave el desempleo, y el único fin de esta simplificación es que las fábricas que sobrevivan obtengan beneficios para sus propietarios. 
Pese a que apoyamos la ampliación de la Unión Europea a los países de Europa oriental, nos oponemos al hecho de que la ampliación sirva de pretexto para hacer que se deteriore la calidad de vida de las clases trabajadoras de estos países. 
Si el Parlamento Europeo desea castigar los crímenes de guerra, debería comenzar por poner orden en su propia casa. 
Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Portugal y España, es decir, prácticamente todos los Estados cuyos representantes se sientan en esta Cámara, han emprendido vergonzosas guerras coloniales dejando a su paso un reguero de crímenes contra la humanidad. 
No procede perseguir a los generales o coroneles que torturaron a los argelinos, al igual que no procede juzgar a los líderes políticos que los encubrieron y justificaron sus acciones. 
¿Cuántos otros conflictos se han producido, incluso tras la descolonización, en Ruanda, Sierra Leona o en Liberia, por ejemplo, donde los Estados Europeos han sido responsables o cómplices de crímenes contra la humanidad? 
¿No deberíamos condenarlos también? ¿Quién juzgará los crímenes que se cometen contra civiles en Côte d ' Ivoire, incluso mientras estamos aquí hablando, por parte de soldados rebeldes, pero también por parte de soldados del régimen bajo la protección directa del ejército francés? 
El ejército francés no protege en este caso a la población, sino el dinero francés. 
¡Fuera el ejército francés de Côte d ' Ivoire! 
En lo que respecta al informe, peca de hipocresía, y por ello hemos votado en contra. 
- (NL) Durante siglos no se enjuiciaron los crímenes cometidos en las guerras. 
La intimidación cruel y el asesinato de civiles constituyeron una herramienta aceptada, utilizada para realizar la expansión territorial y garantizar las esferas de interés económico. 
Lo militar estaba por encima de la ley. 
No fue hasta 1945, tras vencer a Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial, que los criminales de guerra de dichos países fueron condenados por los vencedores. 
¿Fueron ellos los únicos criminales de guerra? 
¿O la designación de criminal de guerra es igualmente aplicable a los responsables de la destrucción de Dresde, Hiroshima y Nagasaki? 
Evidentemente, hay que ser el perdedor en una guerra para ser tratado y sentenciado después. 
Los perdedores parciales, que no han perdido el control sobre su patria, salen ilesos; recuerden las guerras coloniales de Países Bajos en Indonesia, Francia en Argelia y Portugal en Angola y Mozambique. 
A pesar de este enfoque selectivo, es bueno que los crímenes se castiguen, incluso si se hace un intento para justificarlos invocando las exigencias de la guerra. 
De este modo podemos tratar de evitar que se repita en el futuro. 
Desgraciadamente, el informe Kirkhope ofrece principalmente una política para acosar a los refugiados acusados por sus oponentes políticos de ser culpables. 
Esto difícilmente nos ayudará a impedir crímenes futuros de los dirigentes contra su pueblo. 
. 
(EN) He votado a favor de este informe porque, en mi opinión, trata con mucho acierto un tema complejo aunque urgente, el de someter a juicio a los criminales de guerra en la Unión Europea. 
El Sr. Kirkhope, como antiguo Ministro de Interior del Reino Unido, conoce bien la complejidad del tema y ha demostrado en sus informes las ventajas de actuar en el plano europeo. 
El texto del Consejo ha sido modificado, de forma que algunos artículos que podían contravenir las normas de subsidiariedad (los relacionados con la reglamentación de las investigaciones y los enjuiciamientos, en lugar del intercambio de información) ya están, en mi opinión, en consonancia con este principio. 
. 
(PT) Creo que esta iniciativa danesa, que pretende promover la cooperación más estrecha en la investigación y la persecución de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre otros, realiza una contribución eficaz y práctica al importante objetivo que se propone para la UE, a través del plan de acción adoptado por el Consejo el 20 de marzo de 2000, con el título de «Prevención y control de la delincuencia organizada: Programa de la Unión Europea para el comienzo del nuevo milenio». 
También considero apropiadas y justificadas algunas enmiendas presentadas por el ponente y adoptadas por la comisión parlamentaria competente, relativas a la protección de datos personales, para que esta Decisión del Consejo no interfiera en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y relativas a la aclaración de que las autoridades responsables de la persecución de estos crímenes son las autoridades nacionales responsables de garantizar que se cumple la legislación nacional, no las responsables de la inmigración, especialmente las establecidas a nivel europeo. 
Por ello he votado a favor del informe. 
. 
(PT) Deseo felicitar al Sr. Sousa Pinto por la calidad y la audacia de su informe. 
Estoy de acuerdo con su crítica de la falta de ambición y la escasa sustancia de la propuesta danesa. 
No se han realizado avances en el reconocimiento mutuo de sentencias y todavía estamos lejos de aplicar el principio del reconocimiento mutuo de sentencias. 
La propuesta realizada simplemente plantea establecer un sistema de intercambio de información entre los Estados miembros sobre las inhabilitaciones impuestas en los tribunales, pero no dispone ningún tipo de reconocimiento mutuo de sentencias a efectos de su aplicación, lo que significa que un individuo sentenciado a inhabilitación o a la pérdida de derechos en un Estado miembro todavía puede ejercer dichos derechos libremente en otro Estado de la Unión. 
Debemos hacer realidad el deseo expresado en Tampere y Laeken de hacer efectivo el principio del reconocimiento mutuo de los juicios sobre asuntos penales. 
La cuestión del reconocimiento de sentencias en asuntos penales es muy sensible y plantea cuestiones delicadas. 
Existen diferencias en los diversos Estados miembros y debemos evitar la posibilidad de que existan «puertos seguros para criminales» e impedir que la libertad de movimientos beneficie a los que actúan al margen de la ley. 
Debemos dar una respuesta clara a las demandas de los ciudadanos para que la UE haga frente eficazmente al problema de la amenaza cada vez mayor que el crimen representa para su libertad y sus derechos mediante una política sólida y común para la prevención del crimen y la lucha contra el mismo. 
Por lo tanto, rechazar la propuesta danesa sería una importante señal política para el Consejo y para los Estados miembros. El Parlamento Europeo quiere que se realicen avances sólidos y coherentes conforme al tercer pilar y no desea iniciativas sin ambiciones que parezcan centrar toda su energía en conseguir la aprobación de los medios de comunicación. 
Los diputados conservadores británicos no creemos que el reconocimiento mutuo sea necesario en este campo. 
Las inhabilitaciones deberían seguir siendo una cuestión de cooperación intergubernamental. 
Por ello, la Delegación Conservadora británica está a favor de rechazar esta propuesta del Consejo. 
. 
(PT) La creación de un auténtico espacio europeo de justicia y seguridad que abarque todo el territorio de la Unión solamente puede conseguirse a través de una mejor coordinación entre las autoridades nacionales de los Estados miembros, con un doble enfoque: por una parte, la promoción de una política coherente y coordinada de lucha contra el crimen organizado- que ha sido muy hábil a la hora de explotar la consolidación y la profundización del mercado interior- y, por otra, dar una respuesta inteligente a lo que constituye, como ha dicho el ponente, la tercera de las nueve principales preocupaciones de los ciudadanos europeos, la lucha contra el crimen organizado, que viene inmediatamente después de la paz y seguridad y el desempleo. 
Aunque esta iniciativa danesa pretende establecer un sistema para compartir información entre los Estados miembros sobre las inhabilitaciones emitidas contra un individuo en un juicio penal, esta no dispone ningún tipo de reconocimiento mutuo de sentencias a efectos de su ejecución. 
Por ello he apoyado este informe y he estado de acuerdo en rechazar la iniciativa danesa tal y como ha propuesto el ponente y tal como ha aceptado la comisión parlamentaria competente. 
De hecho, esta iniciativa solamente concierne a la creación de un sistema para compartir información entre los Estados miembros, y este instrumento carece de auténtica capacidad operativa en la lucha contra el crimen organizado, ya que la iniciativa no prevé, al mismo tiempo, ningún reconocimiento mutuo de sentencias con vistas a su ejecución, lo cual constituye un requisito previo para la inhabilitación que pretende conseguir. 
. 
(PT) La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha propuesto al Parlamento rechazar una iniciativa del Reino de Dinamarca conforme al tercer pilar. 
La Comisión y este ponente consideran que es preciso adoptar esta posición para que el Parlamento afirme con claridad su gran insatisfacción con la situación de parálisis que afecta al tercer pilar, de la cual son responsables los Estados miembros. 
Importantes propuestas de la Comisión anteriores y posteriores al 11 de septiembre de 2001, principalmente el paquete de medidas contra el terrorismo, siguen bloqueadas en el Consejo o a la espera de su transposición o ratificación por parte de los Estados miembros. 
Incapaces de construir los consensos necesarios en el Consejo, o de respetar sus compromisos sobre legislación nacional, los Estados miembros están usando y abusando de su derecho de iniciativa. 
Hemos recibido numerosas propuestas descabelladas, con lo que me refiero a propuestas que no forman parte de ningún plan y que no aparecían en el «marcador» de la Comisión. 
Se trata de propuestas arbitrarias, insignificantes e incoherentes, en ocasiones dictadas por la agenda política nacional que convierten el tercer pilar en un universo en expansión continua, caótica en todas las direcciones, un ovillo burocrático sin principio ni fin. 
Es obligación del Parlamento Europeo denunciar esta cortina de humo, hecha de una aparente hiperactividad legislativa, que contribuye a disfrazar el letargo de la Unión en un área esencial- sobre todo después del 11 de septiembre de 2001- y la incapacidad política del Consejo y de los Estados miembros para aportar una única medida importante, que proviene de la Comisión y está prevista en el marcador. 
El vacío entre el discurso de los responsables políticos, los representantes de los Gobiernos y su traducción en acciones concretas está adquiriendo proporciones escandalosas en el campo de la lucha contra el crimen transnacional. 
Debemos poner fin a esta situación. 
Este es el mensaje que el Parlamento Europeo desea enviar al Consejo y a los Estados miembros. 
Estamos a favor del desarrollo de la investigación científica y de sus aplicaciones en todos los ámbitos que contribuyan a los avances de la humanidad. 
Este informe trata el tema de las actividades de desarrollo tecnológico e investigación en Europa y explica que resultarían beneficiosas para los ciudadanos, mujeres, investigadores, Europa, la competencia con los Estados Unidos y Japón, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
No se trata de una omisión por su parte si esta enumeración no incluye a los negocios, que de hecho son los primeros a quienes concierne, puesto que propone aumentar sus subvenciones. 
Simplemente el informe parece dar a entender que esto se da por supuesto. 
Sin embargo, pensamos lo contrario. 
Rechazamos que este pretexto se utilice una vez más para que los fondos públicos se empleen para reforzar los beneficios de carácter privado. 
La única razón por la que nos abstenemos en lugar de votar en contra es porque también aporta algunas subvenciones que pueden ayudar a los investigadores y a la investigación estatal y universitaria. 
Uno de los problemas fundamentales pero que demasiado a menudo no se reconoce como es debido por la investigación científica en Europa es el de la flagrante poca representación de las mujeres. 
No se trata de un problema de igualdad y justicia- también es un problema relacionado con la eficacia de la investigación europea, que demuestra por lo tanto que la UE todavía está lejos de aprovechar el potencial de sus recursos humanos. 
Es por ello por lo que, en vista del objetivo que la Unión se fijó en Lisboa de convertirse en la economía más competitiva y basada en los conocimientos más dinámicos del mundo, es especialmente importante que se vote a favor de este informe, que da la atención que merece a la cuestión de las mujeres en el ámbito de la investigación. 
Se trata fundamentalmente de respaldar los esfuerzos que se han llevado a cabo en el marco de la política de investigación europea, como la importancia concedida a «Mujeres y Ciencia» , como parte del programa específico «Estructuración de la Zona de Investigación Europea». 
También destacamos que todavía se debe llevar a cabo una gran tarea, como la integración de una perspectiva de género en todos los niveles de los futuros programas marco y la continuación de la compilación y diseminación de estadísticas acerca de la participación de hombres y mujeres. 
De modo más general, el informe plantea también la cuestión de cómo lograr una mejor reconciliación entre la propia trayectoria profesional y la vida familiar, en beneficio de los hijos, así como de los hombres y mujeres que trabajan, como por ejemplo, mediante el establecimiento en cada Estado miembro de instalaciones de guardería y parvularios. 
. 
(PT) Este informe se basa en el principio equivocado de que la ayuda concedida por el FED entra en la esfera de competencia de la Comunidad. 
Se ha demostrado claramente que la naturaleza de las relaciones entre los diversos Estados miembros y los países que reciben ayuda para el desarrollo es bastante diferente. 
Ello es debido en parte a factores históricos y viejos lazos que, en muchos casos, como Portugal, conducen a relaciones que implican una muy estrecha cooperación. 
Estas relaciones se expresan en marcos que sólo pueden identificarse y darse la debida consideración en el contexto de consulta con el propio Consejo. 
Estoy en desacuerdo con la comunitarización y, por consiguiente, he votado en contra del informe. 
Señor Presidente, la cooperación en el ámbito de la educación ha reunido a un gran número de estudiantes de diferentes lugares de la Unión Europea, así como a estudiantes de los países de adhesión. 
Los estudiantes que participan en estas actividades no sólo adquieren mayores conocimientos y habilidades para abordar la naturaleza y forma en continuo cambio del mundo en el que vivimos, también representan los futuros bloques de construcción para una nueva sociedad y una nueva comprensión y tolerancia de la diversidad cultural en la Unión Europea. 
El número de personas que han participado en el programa Erasmus desde su comienzo ascenderá a más de un millón en el año académico 2002 a 2003. 
Actualmente, hay un total de 30 países que participan en el mismo. 
Acojo con satisfacción que la Unión Europea esté preparando en estos momentos unos estatutos para los estudiantes de Erasmus que estarán disponibles para todos los estudiantes en 2003. 
Estos estatutos explican con detalle las responsabilidades y derechos, como puede ser el pleno reconocimiento por la universidad de origen de los logros académicos, así como los créditos que los estudiantes deberán obtener durante su período de participación en el programa Erasmus. 
La meta de la Comisión Europea y del Parlamento es lograr la participación en el programa de dos millones de estudiantes en 2007. 
También debemos cerciorarnos de que, mientras se encuentran fuera de sus países, los estudiantes siguen recibiendo becas de estudios de sus Estados miembros y que el programa Erasmus no es exclusivamente para aquellos que pueden permitírselo. 
El programa «La Juventud con Europa» ha obtenido unos muy buenos resultados en el estímulo de un mayor intercambio entre los estudiantes. 
Debemos fomentar un mayor desarrollo de este ámbito, en particular para aquellos que están en desventaja. 
También cabe observar que el programa Sócrates ya ha sido prolongado para abarcar el período 2000 a 2006 y que se han destinado 1 850 millones de euros a este programa. 
Finalmente, como resultado de las decisiones del Tribunal de Cuentas, debemos asegurar que nuestras prácticas contables y de entrega sean mejores, para asegurar que todos los estudiantes puedan beneficiarse no sólo de un logro académico extraordinario sino también de una experiencia cultural. 
Señor Presidente, he aquí algunas de las estadísticas que contiene el documento: 920 millones de euros para el programa Sócrates; 126 millones de euros para el programa «La Juventud con Europa». 
El lunes pasado, me quedé dormido en el avión que me trasladaba a Estrasburgo, vía Roma, Niza y Milán, y soñé que me encontraba a bordo de un barco: eso es, en un barco, ya que normalmente la Sra. Langenhagen es la ponente encargada de los temas marítimos. 
En este barco, mecido por las olas, soñé que me encontraba en el Parlamento Europeo, preguntando- tras votar a favor del informe, tal como he hecho- a los numerosos diputados que se hallaban presentes en la Asamblea: «¿Cuándo existirá un programa «Matusalén» para los pensionistas? 
¿Cuándo va a haber un programa «Joven de corazón con Europa»? 
Esta moción se refiere al informe del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de los programas Sócrates y Juventud (1995-1999). 
El Tribunal de Cuentas destaca los puntos débiles de concepción (Sócrates es excesivamente complejo, lo que deriva en interpretaciones y problemas diferentes entre la Oficina de Asistencia Técnica y las agencias nacionales) y en deficiencias en la ejecución (retrasos, insuficiencias en la gestión, sospechas de fraude, siete casos remitidos a OLAF) y en la evaluación. 
Se han retrasado los informes de evaluación y se han producido tantas irregularidades que al Tribunal de Cuentas le fue difícil emitir un juicio sobre si se habían logrado los objetivos de los programas, mientras el informe intermedio sobre el programa Juventud fue elaborado por una empresa propiedad de un antiguo director de la OAT. 
La moción incluye comentarios y propuestas que merece la pena tener en cuenta. 
Pide a la Comisión que actúe con arreglo a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, incluyendo su recomendación de sustituir las OAT por agencias de derecho público comunitario. 
También exige que todo contrato «marco» con organismos externos se vaya retirando paulatinamente de la circulación y que la supervisión y evaluación se encargue a organismos públicos. 
También parecen existir dudas sobre la eficacia de los propios programas. 
Sin embargo, estos comentarios positivos sólo son formas de mejorar programas que, tal como he recalcado repetidamente, han sido concebidos para fines que no guardan relación alguna con sus nobles denominaciones. 
Estos programas imponen de forma agresiva el modelo de educación unificador europeo en el ámbito de la educación y la juventud y han sido concebidos para que la juventud se familiarice con los denominados ideales europeos. 
Habiendo considerado todos estos factores, los diputados del Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia se han abstenido en la votación. 
. 
(PT) He votado a favor de este informe ya que creo que mantener los fondos comunitarios para promover intercambios entre los estudiantes europeos, en particular en el marco de estos dos programas de acción comunitarios, Sócrates y «La Juventud con Europa» es de suma importancia. 
A pesar de los defectos resaltados por la ponente y por la comisión parlamentaria especialista, y no en menor medida de las deficiencias en el desarrollo y administración de los programas, para los que de hecho se han presentado algunas sugerencias, hay que reconocer que ha habido alrededor de un 90% de participación, lo que nos permite apreciar la gran importancia y, en consecuencia, el gran éxito que han tenido, tienen y tendrán este tipo de programas en el enriquecimiento y desarrollo tanto de las futuras generaciones europeas como en la contribución al aprendizaje continuo, lo que cada vez resulta ser más necesario. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo en que se mantengan estos programas y el enfoque presupuestario que se propone, puesto que es de vital importancia que sigamos fomentando la creación de un ámbito educativo europeo mediante experiencias educativas informales entre la juventud, incluyendo la movilidad física en concreto, para fomentar el aprendizaje continuo, el aprendizaje de idiomas extranjeros, una mayor utilización de las nuevas tecnologías en el campo de la educación y fomentar la cooperación a escala europea entre los diferentes proveedores educativos en cuestión. 
Señor Presidente, el próximo jueves a las 15.00 horas, me reuniré con el Profesor Alexis Valas y sus estudiantes de la Universidad Robert Schumann en la Universidad de Estrasburgo quienes, habiendo sido informados de las explicaciones de voto del Sr. Fatuzzo, han solicitado una clase sobre el tema. 
Voy a decir a estos estudiantes que he votado a favor del informe Damião y que he pedido precisamente lo que van a preguntarme, es decir que aquellas personas que están expuestas al amianto en sus puestos de trabajo consigan de Europa la autorización para trabajar media jornada y que sean remuneradas como si trabajaran a tiempo completo, cuyo coste sería asumido por todos los otros trabajadores que tiene la suerte de trabajar en un entorno más saludable que no les expone al riesgo de contraer enfermedades graves como la amiantosis. 
Señor Presidente, en el contexto de la lucha contra el terrorismo, el Informe Coelho propone, entre otras cosas, el establecimiento en cada Estado de una oficina conocida como SIRENE mediante la decisión del Consejo. 
En italiano, la palabra sirene [sirenas] se utiliza para describir a bellas mujeres con colas de pez, desnudas de cintura para arriba y que viven en el mar. 
Por lo tanto creo que- y he tenido que votar a favor del informe- con este sistema, se derrotará a los terroristas. ¿Cómo van los terroristas a resistirse a las sirenas? 
Si me permite, quisiera por lo tanto recomendar que las sirenas posean las características de Claudia Schiffer, Kim Basinger, Sabrina Ferilli y- ¿por qué no? -estrellas más recientes como Britney Spears, Shakira, Christina Aguilera y otras muchas, que todo el mundo puede añadir como le plazca. 
Esta iniciativa forma parte de un planteamiento de introducción de propuestas gradual con el fin de incrementar los poderes discrecionales, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, en este caso, mediante la creación totalmente injustificada de SIS II. 
permite a los organismos, en particular de terceros países, tener fácil acceso a información de carácter personal sin ningún tipo de control; 
no da ninguna garantía de que toda propuesta para el funcionamiento del SIS sea aprobada por la Autoridad Común de Control de Schengen. 
la discusión y la preocupación sobre la cuestión del terrorismo no puede utilizarse como pretexto para la creación de ficheros sobre ciudadanos, por motivos puramente políticos, lo que podría conducir a que el SIS se convirtiera en un servicio de información política, al servicio de una futura política sobre policía europea, con consecuencias imprevisibles para la salvaguarda de las libertades y derechos de los ciudadanos. 
El Sistema de Información de Schengen consiste en un sistema electrónico para el registro, identificación y control de sospechosos y se utiliza pura y simplemente para fines represivos y de control. 
Se aplica con gran entusiasmo para suprimir el movimiento de base creciente que se opone a la política de la Unión Europea y para asegurar que la Europa Fortaleza mantenga a raya a los inmigrantes. 
Aunque se han presentado un gran número de reclamaciones, incluyendo las presentadas por defensores del SIS, sobre la ausencia de transparencia y la amenaza de los derechos humanos, el año pasado el Parlamento Europeo dio su conformidad a un sistema de segunda generación, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. 
Recordamos a la Asamblea que el Sistema de Información de Schengen se puso en marcha en 1995, mucho antes del 11 de septiembre de 2001. 
La iniciativa española, que el informe Coelho refrenda a pesar de su retórica sobre la protección de los derechos humanos, propone que todas las agencias represivas de la Unión Europea (Europol, Eurojust, etc.) tengan acceso al sistema y que se amplíe a nuevas categorías de datos. 
La propuesta de recopilar e intercambiar información sobre extranjeros que soliciten permisos de residencia, utilizando la lucha contra el terrorismo como excusa, es mantener la actitud racista y xenófoba de los gobernantes de la Unión Europea. 
Se trata de una iniciativa antidemocrática y el movimiento de base está luchando por rechazar tanto ésta como al propio Sistema de Información de Schengen. 
La propuesta que se halla ante nosotros implica un cambio tácito en la función del Sistema de Información de Schengen, de ser una herramienta de control en el contexto de la libre circulación de las personas, a una herramienta de detección en el contexto de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. A pesar de que existe una claridad insuficiente sobre las modalidades, en particular la supervisión y la protección de datos. 
Por lo tanto, los derechos de los ciudadanos no están lo suficientemente garantizados en esta propuesta. 
Señor Presidente, si me lo permite, quisiera destacar el carácter excepcional del informe del Sr. Bourlanges, que llega en el momento justo, dada la evolución de la Convención. 
La Convención ha sido desangrada casi completamente por una IGC virtual con la llegada de un gran número de ministros de Asuntos Exteriores. 
Gracias al informe del Sr. Bourlanges, el Parlamento Europeo está restituyendo a la Convención su fortaleza con los elementos absolutamente fundamentales de claridad y un sentido de la perspectiva. Una legislación clara, puesto que si se supone que todos debemos conocer la ley, las categorías legales deben estar perfectamente claras, y un sentido de la perspectiva, puesto que siempre es claramente importante distinguir entre datos constitucionales y políticas reales. 
El informe del Sr. Bourlanges contribuirá significativamente a ello. 
De hecho, tenemos la sensación que se trata menos de un informe que del marco para una Constitución Bourlanges. 
- (SV) Hemos votado a favor del informe ya que, en caso contrario, se hubiera votado en contra de un punto de importancia fundamental para nosotros. 
El punto 2 del apartado 5 proponía que el procedimiento de ratificación para una futura Constitución debía designarse de forma que una «pequeña minoría» de Estados miembros no pudiera oponerse a la ratificación. 
Esto es inaceptable ya que este veto es uno de los pilares constitucionales de la UE. 
Creemos que hubiera sido desafortunado si el Parlamento Europeo hubiera señalado a la Convención y a la Conferencia Intergubernamental que, tal como se propone en el informe en su forma original, se pudiera ignorar a una minoría de un tercio de los Estados miembros de la UE. 
Además, queremos señalar que no sería especialmente adecuado exigir que las futuras propuestas constitucionales de una Convención no se puedan cambiar por el Consejo Europeo sin la aprobación de la Convención. 
No se puede considerar que la representatividad democrática de la Convención en este tipo de casos sea mayor que la de los gobiernos. 
Quisiéramos destacar que, si bien estamos en principio a favor de extender el procedimiento de codecisión y el procedimiento mediante el cual se toman las decisiones por mayoría cualificada para incluir toda la legislación, creemos que debe existir un requisito para la toma de decisiones por unanimidad en materia de política exterior y seguridad. 
También deseamos señalar que la codecisión relacionada con el procedimiento establecido en el artículo 139 no debe significar ninguna limitación en la aptitud de las dos partes de la industria para llegar a acuerdos de forma autónoma. 
La codecisión no debe conducir a un cambio en el procedimiento actual donde se examina el contenido esencial de los acuerdos, algo que no sería de la competencia de la autoridad legislativa. 
Una de las tareas fundamentales de la Convención es presentar propuestas para simplificar y clarificar los instrumentos jurídicos y las normas de procedimiento utilizados por la Unión Europea, así como clarificar cuáles son los poderes que los Estados miembros deben delegar a la UE. 
Los esfuerzos de la Convención por lograr una estructura de toma de decisiones uniforme basada en la codecisión y el modelo comunitario en el marco de un «tratado constitucional» combinado significan cambios importantes con miras a la democratización del proceso de toma de decisiones de la UE y facilitar su entendimiento. 
El informe incluye propuestas sólidas para una nueva terminología cuyo objetivo es clarificar la forma en que funcionan los instrumentos jurídicos y hacer que el proceso de toma de decisiones sea más fácilmente accesible. 
El informe explica claramente que la UE sólo puede actuar en ámbitos delegados por los Estados miembros. 
Estos ámbitos que los Estados miembros han elegido delegar se caracterizan por el claro valor añadido que supone la cooperación frente a la actuación individual de los Estados miembros, en concreto respecto al mercado interior y la lucha conjunta contra la delincuencia grave transfronteriza. 
El informe no es claro respecto a si los cambios en el tratado sólo deben basarse en los resultados de la Convención y si las convenciones futuras exigen que se aprueben posibles cambios mediante conferencias intergubernamentales en las recomendaciones de las convenciones. 
Una obligación por parte de conferencias intergubernamentales futuras para cumplir los requisitos de la Convención alteraría fundamentalmente las relaciones entre la Unión Europea y los Estados miembros. 
El requisito de unanimidad en caso de cambios en tratados debe mantenerse. 
Deben respetarse los procesos de ratificación y continuar funcionando como vienen haciéndolo hasta hoy. 
Otro punto que no está claro es si será posible para las leyes propuestas suplementarias a la Constitución, basadas en la toma de decisiones por mayoría cualificada, determinar cómo se va a financiar la UE en el futuro. 
La financiación de la UE debe decidirse por unanimidad. 
Los Moderados se oponen a propuestas que podrían conducir a que la Unión Europea se financiara mediante impuestos de la UE. 
En la opinión minoritaria que se adjunta como anexo al informe Bourlanges, critiqué, en particular, la propuesta que figura en el apartado 5 de permitir que los Tratados sean revisados mediante votación por mayoría, si bien es cierto que en votación por mayoría extremadamente cualificada, en lugar de por unanimidad. 
Si consideramos a Europa más allá de su trayectoria actual, este método distanciará a los Estados miembros del proceso de toma de decisiones europeo. 
Uno de nuestros colegas luxemburgueses, el Sr. Poos, ex ministro de Asuntos Exteriores de su país, y ex Presidente en funciones del Consejo de la Unión Europea, se ha dirigido por escrito al Sr. Bourlanges para explicarle esto. 
Manifestando «que ningún Estado miembro aceptará que se le imponga un cambio de la ley fundamental contra su voluntad» , añade: «los ciudadanos de los Estados que resulten en minoría a consecuencia de ello rechazarán una Europa con ideas vagamente autoritarias. 
A medida que se llevan a cabo sucesivos cambios constitucionales, un número de Estados miembros cada vez mayor podría quedar reducido a la categoría de estados dependientes. 
Podemos imaginar el resultado en cuanto a la adhesión al proyecto comunitario». 
Al final, la resolución aprobada incluía un pasaje mucho más vago sobre este punto, pero la intención permanece. 
En cualquier caso, el espíritu de esta propuesta está mucho más presente en la idea del informe (y la Convención) para que la codecisión por mayoría cualificada en el Consejo sea la norma, sin contrarrestarla con un sistema de veto nacional. 
Casi sentimos compasión por el ponente, quien intenta introducir un poco de orden en lo que él mismo viene a llamar «caos» , en otras palabras el embrollo de normas contradictorias o inaplicables, reglamentos y directivas derivadas del tira y afloja que ha tenido lugar entre los Estados miembros en lo que llamamos de forma incorrecta integración europea. 
Sin embargo, el caos que critica no sólo está en los textos, sino también en la realidad. 
Existe un conflicto total entre el proceso en curso, que se desarrolla según los diferentes grados de presión ejercida por intereses privados competidores defendidos por los Estados miembros, y la unificación legítima que crea una Europa sin fronteras con una economía organizada de forma racional a escala europea. 
Al querer conciliar la unificación europea con los intereses capitalistas competidores, el informe se reduce a hacer cuadrar el círculo. 
Este informe está en consonancia con la perspectiva de la integración federalista de la Unión Europea, y apunta hacia el establecimiento de una Constitución, esforzándose por incrementar los poderes supranacionales del Parlamento Europeo con la extensión de la codecisión. Por consiguiente, aboga por la extensión del uso de la votación por mayoría cualificada en el Consejo con la comunitarización de un mayor número de políticas. 
La resolución también lucha por cambiar el método de modificación de los tratados y recomienda la institucionalización del método de «convención» con mayores poderes, estableciendo procesos de modificación diferentes- diferenciando entre lo que se conoce como la parte «constitucional» y la parte «política» -y abriendo la posibilidad de que los Parlamentos nacionales no puedan ejercer más su plena función en la ratificación de los tratados. 
Aunque estamos satisfechos de que se retire esta resolución, tal como ha propuesto mi grupo, desde el punto donde recomienda el final de la toma de decisiones por unanimidad en el Consejo para toda revisión de los tratados (cuando lo que está en juego son cuestiones tan vitales como la decisión de transferir competencias nacionales a la UE) , la resolución prevé un sistema jurídico de la UE que tenga prioridad sobre los de los Estados miembros, aumentando de esta forma los poderes de sus instituciones supranacionales. Incluso propone crear una nueva institución, con la institucionalización de la «convención» , estableciendo los fundamentos para crear un futuro «Estado europeo» y socavando la soberanía e independencia nacionales, en particular la de Portugal. 
Por todo ello, nuestro voto en contra de este informe. 
Las normas que se aplican en la UE forman un galimatías incoherente. 
Han surgido en el transcurso de cincuenta años a través de tratados, ordenanzas y Directivas, en los que el Tribunal de Justicia ha actuado como árbitro. 
Los ciudadanos de Europa no tienen muy claro quién es responsable de estas normas, su alcance y cómo pueden cambiarse. 
En la UE, ordenanza es el nombre que se da a la legislación directa en el nivel más centralizado, mientras que el mismo término se utiliza en los Países Bajos para normas establecidas por los municipios y provincias en el ámbito que permite la legislación nacional. 
La palabra «Directiva» da la impresión de que estas recomendaciones no son vinculantes y, por consiguiente, se trata de un consejo bien intencionado. 
En realidad, los Parlamentos nacionales están obligados a establecer la legislación correspondiente en un plazo de dos años, por lo que la esencia de la decisión que hay que tomar ya ha sido establecida antes de que se lleve a cabo el debate público sobre su conveniencia. 
Todo aquél que desee un superestado europeo con una ingente cantidad de legislación centralizada tendrá una excelente visión general dada por el ponente, el Sr. Bourlanges, de la relación entre constitución, legislación ordinaria, de programas, legislación marco, legislación orgánica y financiera. 
No respaldo sus intenciones, pero apoyo su claridad. 
Desea, bastante acertadamente, que se presenten medidas ejecutivas por parte de la Comisión Europea para su aprobación por este Parlamento si presentamos una objeción en el plazo de tres meses. 
Dado el talento que el Sr. Bourlanges demuestra tener normalmente, esperábamos más de él que este informe de poco valor, que, ciertamente, no se distingue por su originalidad. 
La jerarquía legislativa que propone (bloque constitucional, ley orgánica, ley ordinaria) no es sino una copia exacta de lo que establece la Constitución francesa de la Quinta República. 
Asimismo, en la medida en que la jerarquía legislativa implica necesariamente una jerarquía de funciones y organismos, el ponente lo único que hace es exponer una nueva arquitectura comunitaria que reproduce el modelo constitucional del Estado miembro a escala europea. 
Como en todo ejercicio de este tipo, la imitación institucional tiene, no obstante, sus limitaciones. 
¿Es realmente adecuado intentar transponer a escala comunitaria el modelo constitucional común a los Estados miembros? 
La respuesta es claramente «¡No! ». 
Lo que el ponente olvida cuando substituye el derecho europeo por legislación actual, que de esta forma es evidente que exige la extensión del procedimiento de codecisión, o cuando menciona una reforma del procedimiento para revisar los tratados, es que la Unión, incluso provista con un sistema político idéntico al de los Estados miembros, siempre carecerá del factor esencial: la legitimidad democrática. 
. 
(PT) Comparto ampliamente la evaluación jurídica que se lleva a cabo en este informe sobre el sistema jurídico comunitario. 
Sería difícil estar más de acuerdo con la observación del ponente de que nos enfrentamos a un verdadero caos legislativo, de procedimiento y lingüístico; e incluso más, cuando afirma que la falta de coherencia entre las diversas categorías de actos jurídicos que comprende este sistema hace que sea incomprensible para los ciudadanos, e incluso para las personas mejor informadas sobre cuestiones legales. 
El marco actual ignora todo principio para la designación de actos jurídicos y se basa en términos a menudo oscuros y que a veces inducen a error. 
Sin embargo, no puedo respaldar el informe cuando, en términos políticos, busca aprovecharse de esta necesidad para establecer una tipología coherente de derecho comunitario y una jerarquía lógica de actos- una necesidad legislativa- para avanzar en la «Larga Marcha» de la doctrina constitucional y federalista altamente discutible, dando por supuesto que ya existe un Estado europeo soberano de facto con poder constituyente y llega tan lejos como omitir hacer toda referencia a Parlamentos nacionales o incluso proponiendo finalizar el procedimiento basado en los propios tratados. 
El hecho es que dar coherencia y claridad al sistema jurídico comunitario no significa de ningún modo imponer un marco legislativo federal y esto es algo que todos sabemos. 
Por consiguiente, he votado en contra del informe, mientras lamento que el ponente- quien ha elaborado una gran obra técnica- se haya topado con lo que considero que es oportunismo federalista. 
Señor Presidente, la semana pasada, me encontraba en visita oficial en Grecia con una comisión parlamentaria. 
Esto significa que cada vez más habrá un número mayor de explotaciones grandes que elaborarán alimentos y los enviarán a todo el mundo, ya que este tratamiento permitirá conservar los alimentos durante más tiempo. 
No, Sr. Fatuzzo, queremos que haya huertas en cada población, cuidadas por agricultores que preparen los productos necesarios para cada día, con productos procedentes directamente de la tierra, para todos los habitantes de las poblaciones. 
Por lo tanto, vote a favor de que se dé la menor ayuda posible a este tipo de tratamiento de los productos agrícolas». 
. (FR) Este informe, sin comentar el contenido- las ventajas para los consumidores del proceso de ionización, que no refuta- destaca un determinado número de peligros y ejemplos de abuso en este campo. 
La única razón por la que votamos a favor de este informe es porque recomienda la prudencia, aspecto que consideramos es beneficioso para los consumidores. 
El problema real no surge tanto del propio proceso de ionización sino del uso que se haga de éste. 
Si bien se puede ya aplicar en beneficio de productores y consumidores (conservación de los alimentos, erradicación de parásitos, etc.) , los sectores de los alimentos agrícola y de comercialización masiva, que sólo están interesados en incrementar sus beneficios, pueden hacer que el proceso se vuelva en contra de los consumidores. 
El informe ilustra este peligro: no se advierte al consumidor mediante un etiquetado adecuado de que el producto, a pesar de que su aspecto se ha logrado mediante el tratamiento por ionización, se va a deteriorar igualmente, y esto ya ha causado intoxicación alimentaria (algunas compañías ya han declarado que se han producido casos de exposición mortal de trabajadores a productos ionizantes). 
Una vez más, cuando un proceso innovador puede conducir a avances para los humanos, la irresponsabilidad inducida por presiones de mercado es peligrosa puesto que los operadores no tienen en cuenta la vida y la salud humanas en su lucha por obtener beneficios capitalistas. 
Debe agradecerse el informe final ya que mantiene la lista de productos restrictiva actual. 
También debe agradecerse que insista en la retirada inmediata de todos los productos etiquetados falsamente «No irradiados» cuando esta afirmación ha sido desmentida mediante las pruebas pertinentes. 
Debe recordarse que siempre se debe cumplir el principio de precaución. 
La cuestión radica en que toda tecnología necesita probar las ventajas de su utilización y tener en cuenta los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente, dado que la tecnología de irradiación de alimentos es muy problemática. 
De hecho, sobre la base de un uso civil de la energía nuclear, resulta que no tiene ningún otro uso sino es el de sustituir las prácticas de higiene normal y las normas de seguridad que los alimentos procesados tienen ya que seguir. 
También parece no presentar ninguna ventaja para los consumidores ya que, exceptuando los riesgos de un uso indebido, con la posibilidad de sufrir una intoxicación, la irradiación hace que resulte más difícil para el consumidor discernir el verdadero estado del producto. 
En consecuencia, el objetivo primordial de esta tecnología parece ser otra cosa: acelerar la liberalización del comercio internacional e incrementar la centralización/concentración de la producción y distribución masiva de alimentos en todo el mundo, con consecuencias para la deslocalización de la producción de alimentos agrícolas y para la disminución de los agricultores locales de pequeño tamaño, y de este modo poner el desarrollo sostenible en duda. 
Señor Presidente, los diputados del Partido Laborista británico han votado en contra del informe ya que no se llevaron a cabo las enmiendas que presentamos para suprimir errores de hecho. 
Estos errores siguen figurando en los apartados 15, 22, 25, 26, 30, 31, 32 y 33. 
Asimismo, los apartados siguientes contienen afirmaciones que no están respaldadas por las pruebas ni por los hallazgos de las lecciones a aprender e informes de la Real Sociedad: apartados 6, 16 y 25. 
Los apartados siguientes contienen afirmaciones que no se corresponden con el resto de pruebas presentadas a la comisión y contienen errores de hecho de menor importancia que aquellos para los que se han presentado enmiendas. apartados 3, 7, 9, 11, 20, 21, 34 y 57. 
Señor Presidente, he votado en contra de este informe, no porque no apoye las recomendaciones en caso de que se produzca otro lamentable brote de fiebre aftosa en el futuro, sino debido a las imprecisiones fundamentales en el preámbulo. 
Prefiero votar por hechos concretos y no por hechos de ficción y, puesto que algunas personas desean obscurecer la verdad con ficción política, he votado en contra. 
Se ha afirmado que se sacrificaron más de 10 millones de animales durante el brote de fiebre aftosa, pero los propietarios sólo reclamaron que se les indemnizara por 6,5 millones. 
Sé que los ganaderos no se quedan cortos cuando se trata de hacer propuestas. 
No existen pruebas de incumplimientos de la legislación sobre el bienestar de los animales. 
De ser así, seguramente se hubieran interpuesto demandas, puesto que los grupos de defensa de los derechos de los animales en el Reino Unido se encuentran entre los más activos del mundo. 
Por último, el informe insinúa que se produjeron incumplimientos de la legislación medioambiental debido a la incineración de cadáveres. 
La Agencia Europea de Medio Ambiente en el Reino Unido llevó a cabo una investigación sobre el procedimiento utilizado en ocasión del brote de fiebre aftosa y llegó a la conclusión de que no hubo incumplimientos. 
Por consiguiente, el informe está lamentablemente viciado. 
Señor Presidente, en nombre del Partido Laborista Parlamentario Europeo, desearía felicitar al ponente por la forma razonable, imparcial y asidua con la que ha realizado su labor. 
El presente informe, cuando mira hacia el futuro, es un informe excelente y proporciona directrices útiles para acciones futuras. 
Lamentablemente, la comisión y el Pleno han elegido modificar el texto con relación a lo que ha sucedido en el pasado, de tal forma que ha sido imposible para mi delegación darle su apoyo y, de hecho, ha votado en contra. 
Rechazamos enérgicamente las cuestiones sobre la legalidad de los sacrificios ya que los tribunales del Reino Unido han confirmado su legalidad. 
Rechazamos enérgicamente la idea de que existan incumplimientos de la legislación sobre el bienestar de los animales ya que no se han producido acciones judiciales derivadas de las investigaciones de estas afirmaciones. 
Rechazamos totalmente las demandas relacionadas con incumplimientos de la legislación medioambiental debido a que la Agencia de Medio Ambiente ha efectuado su evaluación y ha llegado a la conclusión de que no se ha producido ningún daño medioambiental. 
Rechazamos la demanda de descuidos en bioseguridad puesto que no existen pruebas de la propagación de la infección por los cadáveres trasladados o por personal oficial. 
Rechazamos la cifra de 10 millones de animales sacrificados debido a que los ganaderos sólo han reclamado la cifra de 6,5 millones y ésta es una cifra irreal que se utiliza en beneficio político. 
. (EN) Quisiera felicitar al ponente y a los miembros de la Comisión temporal sobre la fiebre aftosa por el excelente trabajo que han realizado juntos. 
Se trata de un informe importante al refrendar algunos puntos de referencia sólidos en el ámbito problemático de la prevención de esta terrible enfermedad. 
Ante todo porque exige que las vacunaciones de emergencia sean una prioridad para el control de todo nuevo brote de la enfermedad, además de, naturalmente, exigir la prohibición de las importaciones de terceros países en los que la fiebre aftosa es una enfermedad endémica y para la implantación de unas medidas mucho más decisivas para luchar contra la importación de carne ilegal, que creemos es la causa más probable de la entrada de la enfermedad en la Unión Europea. 
En segundo lugar, porque el informe insta a la Unión Europea para que cambie su política actual de vacunación como último recurso. 
En caso de producirse un nuevo brote de la enfermedad, la vacunación con vistas a mantener a los animales vivos debe considerarse correcta desde el principio, junto con la necesidad inmediata de sacrificar a los animales de las explotaciones infectadas y evitar que se produzcan contactos, los cuales es de amplio conocimiento que son peligrosos. 
La Comunidad debe poder desempeñar un papel fundamental en la definición de una estrategia para el control de la fiebre aftosa. 
De hecho, respaldamos la exigencia de un cambio de énfasis en la política de la Unión Europea lejos de consideraciones puramente comerciales. 
(Texto acortado en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
La epidemia de fiebre aftosa que afectó a Europa en 2001 representó una gran catástrofe, y no sólo para el Reino Unido donde fue necesario el sacrificio masivo de ganado. 
Además de las trágicas consecuencias que tuvo para los ganaderos, los efectos de esta catástrofe y las medidas sanitarias urgentes que se implantaron fueron más allá del sector agrícola. 
El informe destaca una serie de factores que agravaron la situación: La cría de ganado y el sector de los productos agrícolas estaban supeditados a las exigencias de importadores y exportadores y a la carrera para el dominio del mercado mundial; no ha habido una transposición de las directivas sanitarias europeas en la legislación nacional; los controles fronterizos veterinarios a veces han sido insuficientes, a pesar del elevadísimo valor de los intereses que están en juego; y se ha producido una importante disminución en el número de veterinarios. 
Sin embargo, si bien destaca los factores agravantes y «fracasos» por parte de las autoridades (que algunas enmiendas intentan disimular) , este informe no consigue desafiar el principio financiero general de «cría comercial» , el principio de la lucha por obtener beneficios capitalistas. 
Éste es precisamente el motivo por el cual, para no perder su posición en el mercado mundial, las autoridades tomaron la decisión de prohibir la vacunación profiláctica a escala europea, incluso si esto significaba recurrir al sacrificio masivo en caso de epidemia. 
Por consiguiente, nos hemos abstenido de votar a favor de este informe, si bien respaldamos algunas de sus recomendaciones. 
Mientras el informe de la comisión establecido por el Parlamento Europeo efectúa algunas recomendaciones importantes sobre cómo mejorar el tratamiento de todo nuevo brote de fiebre aftosa, algunos parlamentarios europeos utilizan la «sabiduría que da la experiencia» para lanzar ataques absolutamente injustificados contra el gobierno del Reino Unido. 
No hay duda de que el informe de la comisión destaca la envergadura de lo ha sido el peor brote de fiebre aftosa que jamás haya existido en el mundo. 
Hay que recordar que el día que se dio por primera vez la voz de alarma, la enfermedad ya se había propagado a más de 50 explotaciones en 16 condados diferentes. 
Entiendo los estragos que causaron a tantos particulares y comunidades en North Yorkshire y en otras partes. 
Sé que necesitan ayuda para recuperarse y asegurarse de que, tanto en el Reino Unido como a escala europea, haremos cuanto esté en nuestras manos para asegurarnos que un brote tan devastador como éste no vuelva a ocurrir jamás. 
Espero que nos centremos en las propuestas sensibles y prácticas formuladas por la comisión y otros estudios realizados al comienzo del brote, incluyendo la necesidad de impedir que carne y productos cárnicos infectados entren en la Unión Europea. 
Me he unido a mis colegas del Partido Laborista Británico del Grupo PSE al votar en contra de este informe. 
Como Presidente del Intergrupo de Todos los Partidos del Parlamento Europeo para el Bienestar y Conservación de los Animales, tengo, naturalmente, un interés especial en el informe de Kreissl-Dörfler. 
Respaldo las medidas para impedir que se produzca un brote similar de fiebre aftosa, tal como se propone en el informe. 
Rechazo las demandas relativas a la legalidad del sacrificio. 
Si bien es muy lamentable, el sacrificio se percibió en aquellos momentos como la medida más eficaz para erradicar el brote. 
Es muy fácil criticar en retrospectiva. 
El planteamiento del gobierno del Reino Unido respecto a los sacrificios fue aprobado por la Comisión Europea. 
Todo informe de estas características requiere información exacta. 
Como, por ejemplo, las estadísticas citadas se contradicen con las cifras oficiales del Reino Unido, esto cuestiona los puntos más amplios del informe. 
Es por ello, y con las reservas anteriormente citadas, por lo que he votado en contra del informe. 
En términos generales, me alegra que se haya aprobado el texto. 
Reúne a todos los actores (autoridades públicas, el sector agrícola y a los ciudadanos) y les implica en una etapa temprana en el debate, en particular respecto al establecimiento de sistemas de alerta. 
Estos sistemas de alerta precoz, una vez establecidos por la Comisión, se beneficiarán visiblemente de la supervisión y mayor control de su funcionamiento. 
Hay que distribuir e incluir información sobre los riesgos y medidas pertinentes. 
Igualmente, todos los Estados miembros deben llevar a cabo, tal como solicitamos, inspecciones en explotaciones con regularidad para asegurar que las normas generales en materia de control sanitario y bioseguridad se entiendan y apliquen con eficacia. 
En caso contrario, se incurriría en sanciones que corresponden proporcionalmente a las infracciones observadas. 
Aunque los ganaderos asumen una responsabilidad considerable en la medida, demasiado a menudo el incremento en el volumen de ganado para ingresos se percibe como un factor esencial en el riesgo de epidemia. 
Sin embargo, el comercio internacional también es un factor que debe tenerse en cuenta. 
Me alegra también que mis colegas hayan reaccionado favorablemente a mi propuesta de prohibir la introducción de productos destinados a almacenes libres de impuestos o al aprovisionamiento de barcos de países no autorizados a exportar a la UE. 
Hoy en día, esta carne que podría representar un riesgo de fiebre aftosa puede llevarse a estos almacenes dentro de la propia Unión. 
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(EN) La fiebre aftosa ha causado grandes estragos en mi propia circunscripción del Este de Inglaterra y esperaba que este informe del Parlamento Europeo haría justicia a las pérdidas sufridas por los ganaderos, la industria turística y toda nuestra comunidad. 
De hecho, el modo en que la comisión de investigación ha llevado a cabo su labor me dio algunas esperanzas de que podríamos ampliar legítimamente las lecciones aprendidas, luchar e impedir de forma esperanzadora todo nuevo brote. 
Sin embargo, tal como han señalado otros diputados, el informe final ha estado sujeto a enmiendas presentadas por grupos políticos al Parlamento, que sugieren incumplimientos legales que no tuvieron lugar, incluso tergiversando deliberadamente las cifras de animales sacrificados. 
Esperaba que se daría más importancia a este asunto y que no estuviera expuesto a obtener puntos políticos de demagogia. 
No ha sido así. 
En estas circunstancias, hago constar mi oposición a la votación final. 
Mantengo mi apoyo a las recomendaciones originales que guiarán nuestra futura legislación, y asegurarán que Europa desempeñe un papel constructivo al abordar la fiebre aftosa en el futuro. 
Es lo mínimo que esperan mis electores. 
Como diputado del Partido Laborista Parlamentario Europeo (EPLP) voy a votar en contra de este informe. 
Aunque el informe contiene algunas sugerencias útiles para evitar nuevos brotes de fiebre aftosa, presenta grandes imperfecciones en toda una serie de aspectos importantes. 
Es incorrecto en cuanto a los hechos respecto a sus referencias sobre la legalidad de los sacrificios, sugiere incumplimientos de la legislación sobre el bienestar de los animales, sugiere incumplimientos de la legislación sobre el medio ambiente y descuidos en bioseguridad. 
También, por ejemplo, afirma que se sacrificaron 10 millones de animales cuando los ganaderos han reclamado sólo 6,5 millones. 
El informe está tan viciado que no puede respaldarse. 
Respaldo plenamente las medidas descritas en el informe que ayudarán a impedir todo nuevo brote de fiebre aftosa, que ha devastado a las comunidades de ganaderos de todo el país y de mi propia región de Yorkshire y del Humber. 
Sin embargo, algunos aspectos del informe necesitan clarificarse. 
En primer lugar, los sacrificios se llevaron a cabo con arreglo a las disposiciones legales y consultando plenamente a la Comisión Europea. 
En segundo lugar, el número de animales sacrificados debería reflejar las reclamaciones de los ganaderos de 6,5 millones y no de 10 millones. 
En tercer lugar, no se han interpuesto acciones judiciales debido a incumplimientos de la legislación sobre el bienestar de los animales ni la Agencia Europea de Medio Ambiente identificó ningún daño medioambiental. En cuarto lugar, no existen pruebas de que haya habido una propagación de la enfermedad de los cadáveres durante el transporte o por el personal. 
Dado que no se clarificaron suficientemente estos puntos en la votación, aunque acojo gustosamente las disposiciones que miran hacia luchar contra todo nuevo brote de fiebre aftosa, he decidido votar en contra en la votación final sobre el informe. 
Respaldo plenamente las medidas descritas en este informe para impedir un nuevo brote de fiebre aftosa de la envergadura experimentada en el Reino Unido y la región de West Midlands a la que represento. 
El informe del Sr. Kreissl-Dörfler aporta directrices relevantes si la futura legislación tuviera que enfrentarse a un nuevo brote, o si se produce en algún otro lugar de la Unión Europea. 
Sin embargo, rechazo una serie de observaciones y conclusiones del informe que son incorrectas, en particular aquellas que se refieren a la legalidad de los sacrificios, sugieren que se han cometido incumplimientos de la legislación sobre el bienestar de los animales y de la legislación sobre el medio ambiente y sugieren descuidos en bioseguridad. 
Dado que los ganaderos reivindicaron 6,5 millones de animales, también rechazo la reclamación de que se sacrificaron 10 millones durante el brote. 
A pesar de los numerosos aspectos positivos que presenta el informe, voy a votar en contra en vista de los comentarios anteriores. 
. 
(EN) El sudeste de Inglaterra fue una de las primeras regiones que se vio afectada por el brote de fiebre aftosa en el Reino Unido. 
Así pues, este informe da una idea general de muchas de las medidas necesarias para impedir que un brote de estas características vuelva a producirse con la misma envergadura en el futuro. 
Sin embargo, se han introducido numerosas discrepancias mediante enmiendas por motivos políticos que distorsionan el informe; 
En particular: insinuaciones de incumplimientos de la legislación sobre el bienestar de los animales. 
No se interpusieron acciones judiciales de ninguna reclamación. 
Descuidos en bioseguridad. 
Las investigaciones probaron que no se han producido estos descuidos. 
Los sacrificios se declararon ilegales. 
Los tribunales fallaron a favor de la acción del gobierno respecto al sacrificio contiguo. 
Se consideró que se trataba de una medida necesaria para la contención de la propagación de la enfermedad. 
La Comisión Europea estuvo informada en todo momento. 
Incumplimientos de la legislación medioambiental. 
La Agencia Europea de Medio Ambiente investigó el asunto y no halló ningún daño medioambiental. 
En el sudeste de Inglaterra, los diputados europeos laboristas consideraron que errores estadísticos e información errónea dieron lugar a una imagen inexacta del brote y de la lucha del gobierno del Reino Unido para resolverlo. 
Me alegra que el informe Kreissl-Dörfler haya sido aprobado por amplia mayoría, incluyendo la importante sección dedicada a la necesidad de aumentar en gran medida los controles de animales y productos animales importados de países vulnerables y sus vecinos, lo que provocó la enfermedad que acosó a Europa en 2001. 
Sin embargo, ningún control de productos importados podría ser tan exhaustivo, preciso y riguroso como los que aplican los propios Estados miembros y organismos profesionales. 
Los controles sobre las importaciones nunca proporcionarán las mismas garantías de seguridad que los controles y trazabilidad regulares aplicados a la producción nacional y la producción localizada en Europa. 
Esto debería alentarnos aún más a aplicar eficazmente la preferencia comunitaria y mantener en lo posible nuestra producción agrícola dentro de la Unión Europea. 
La preferencia comunitaria, que se establece en el centro de nuestros tratados, debe constituir, en el futuro, nuestros medios favorecidos de satisfacer las nuevas necesidades del consumidor en Europa en el ámbito de la seguridad alimentaria. 
Esa es otra razón para defenderla vehementemente ante la OMC y asegurar que se respete nuestro derecho a que los productos importados asuman el coste de los controles que necesitamos para realizarlos. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 12.55 horas, se reanuda a las 15 horas) 
-El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, el punto 11 del acta del día de ayer hace referencia a un discurso que realicé de conformidad con el artículo 121 bis del Reglamento. 
Me gustaría preguntar a la Secretaría el motivo de que no exista un resumen por escrito de lo que dije, además de recordar a la Cámara que solicité a la Presidencia que protestara seriamente ante la red de ferrocarriles belgas en nombre del Parlamento, rogándoles que se retractaran de su decisión unilateral de suspender el tren nocturno número 299, un tren legendario que solía conectar las tres sedes del Parlamento Europeo (Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo) , que atravesaba Suiza y tenía llegada a Milán. 
Dicho tren ha sido retirado por una decisión unilateral. 
Además del grave inconveniente que ello supone para los empleados del Parlamento Europeo, pone las cosas muy difíciles a otros miles de pasajeros que con frecuencia realizan dicho trayecto, especialmente ahora que se aproximan las fiestas de finales de año. 
Desde la Presidencia del Parlamento, en respuesta a un discurso similar a cargo de la Sra. Ghilardotti al comienzo de la sesión de 5 de septiembre en el que declaró que protestarían ante la red de ferrocarriles belgas, me gustaría saber qué es lo que se ha hecho al respecto para conseguir una respuesta por parte de la red de ferrocarriles belgas tras las peticiones de mis colegas diputados y las mías propias. 
¿Existe algún seguimiento para este tipo de petición? 
También me gustaría saber qué es lo que ha ocurrido con el discurso que pronuncié ayer del cual me gustaría tener un resumen por escrito que se incluyera en la publicación de mañana. 
-De conformidad con el orden del día, procedemos al debate del informe A5-0440/2002, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003, modificado por el Consejo (todas las secciones) [11138/2002- C5-0600/2002- 2002/2004 (BUD) ] y sobre las notas rectificativas nº 2/2003 (14847/2002- C5-0571/2002) y nº 3/2003 (15169/2002- C5-0595/2002) al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003. 
Ponentes: 
Sr. Färm, en lo que respecta a la sección III, y 
Sr. Stenmarck, para las otras secciones. 
Abre el debate el Sr. Färm, en su calidad de ponente general. 
Señor Presidente, el procedimiento presupuestario anual ha sido aprobado sin problemas, algo poco habitual. 
Es la primera vez en muchos años que, por ejemplo, no ha sido necesario que la Comisión de Presupuestos se reúna durante esta último período parcial de sesiones en Estrasburgo para ocuparse de numerosos escollos. 
El motivo es, por supuesto, que todos los partidos han contribuido a un proceso constructivo y eficiente, sin duda, en parte porque son conscientes de la importancia que tiene para nosotros ser capaces de mostrar consenso antes de la ampliación. 
Deseo hacer llegar mi agradecimiento por este hecho, en particular a la Presidencia danesa y al Ministro de economía, el Sr. Pedersen, a quien espero tengamos la oportunidad de ver en esta Cámara el próximo jueves, alguien que ha contribuido a conducir a los miembros del Consejo hacia un acuerdo muy constructivo. 
También deseo expresar mi agradecimiento a la Comisión y a la Sra. Schreyer, a mis colegas ponentes, el Sr. Stenmarck y el Sr. Colom I Naval, y a los ponentes para el presupuesto de otras comisiones que han contribuido a este proceso de una forma muy favorable. 
En último lugar pero no por ello menos importante, quiero agradecer a mis colegas de la Comisión de Presupuestos y, en especial, a su magnífico presidente, el Sr. Wynn, que ha respaldado el trabajo a lo largo del proceso. 
Cuando este proceso comenzó hace más de un año, uno de mis objetivos era desarrollar los propios procedimientos del Parlamento y creo que hemos conseguido algunos progresos. 
Desde el principio hemos establecido un diálogo sobre los objetivos y directrices. 
Hemos trabajado estrechamente con otras comisiones especializadas con el fin de conseguir que participen de forma activa en el proceso presupuestario. 
Hemos desarrollado el nuevo debate presupuestario de septiembre, algo que seguramente podrá desarrollarse aún más el próximo año. 
Todo esto ha funcionado. 
Desgraciadamente, también tengo que hacer eco de un apunte crítico relativo, no a nuestra labor en el presupuesto sino al sistema presupuestario de la UE. 
En mi opinión, el problema radica en el plan presupuestario a largo plazo y el acuerdo interinstitucional que establece de una vez los límites presupuestarios desglosados por sector para siete años. 
Se trata de un modelo totalmente irracional. 
Dicha planificación detallada y a largo plazo no es posible en un sistema presupuestario moderno sino que recuerda más bien a la Unión Soviética. 
Por supuesto, estoy de acuerdo en que exista una disciplina presupuestaria. 
Soy partidario de los límites presupuestarios pero dicho modelo queda lejos de ser estricto. 
Mientras sigamos estando bajo su gobierno, seguiremos buscando medios de huir de la camisa de fuerza de la perspectiva financiera. 
Desde la llegada del plan presupuestario en 1999, todos los años hemos empleado el instrumento de flexibilidad en mayor o menor medida. 
También hemos desarrollado métodos nuevos e incluso más creativos para conseguir flexibilidad. 
Contamos con una reserva de emergencia de la que hacemos un uso cada vez más amplio. 
Hemos incorporado un nuevo fondo de solidaridad que es a la vez un instrumento de flexibilidad. 
Este año, nosotros mismos hemos introducido el uso sistemático de lo que se denomina como distribución anticipada para detectar recursos no utilizados en el presupuesto del año actual con el fin de anticipar el gasto del próximo año y concedernos así un margen de maniobra. 
Esta creatividad ha sido de gran ayuda pero no es especialmente abierta ni transparente. 
No existe una metodología presupuestaria a largo plazo segura. 
Por tanto, me gustaría pedir a nuestros colegas de la Convención que, realmente reflexionen un poco sobre cómo podemos incrementar la influencia del Parlamento en el presupuesto en conjunto en futuros tratados y, a la vez, crear a largo plazo un modelo menos rígido para los límites presupuestarios que sea menos hostil al desarrollo. 
También me muestro crítico con respecto al modo en el que se ha aplicado el presupuesto, a pesar de que hayamos constatado mejoras en todos los aspectos, por ejemplo, por lo que respecta a la política en materia de ayuda. 
Por supuesto, no es lógico que en el año 2001 tuviéramos que devolver e 15% de las contribuciones de los Estados miembros a la UE porque no fuimos capaces de aplicar lo que habíamos decidido en el presupuesto. 
Si el ritmo de la implementación sigue siendo tan lento, en el futuro se correrá el riesgo de que surja una situación en la que las regiones a las que se les ha prometido ayuda y los países candidatos a los que se les han hecho generosas promesas de ayudas previas a la adhesión protestarán, y con razón, cuando vean que sus promesas no se han cumplido. 
Sin embargo, si se acelera el ritmo de la implementación en un momento en el que la ampliación se encuentra solicitando nuevos e importantes recursos, tenemos que hacer frente a la enorme cantidad de pagos que se nos han acumulado y correremos el riesgo de enfrentarnos a problemas graves a la hora de mantener el presupuesto. 
A pesar de estas deficiencias, creo que tenemos mucho por lo que mostrarnos satisfechos. 
Permítanme que mencione sólo algunas de las áreas más importantes tales como es, por supuesto, la ampliación. 
Gracias al modelo de distribución anticipada desarrollado, hemos podido ofrecer a la Comisión los nuevos recursos que necesitaba, por ejemplo, los 500 nuevos puestos de empleo requeridos para la ampliación. 
Estoy seguro de que mi colega diputado, el Sr. Stenmarck, dirá algo más al respecto puesto que se encuentra relacionado con los presupuestos del Parlamento y el resto de instituciones. 
No obstante, la ampliación también ha dejado huella en otros ámbitos. 
Los principales nuevos recursos relativos a la información se demorarán con la ampliación. 
Una serie de distintos organismos que reciben asistencia de la UE ahora se encuentran invirtiendo dichos recursos para conseguir la integración de los nuevos países. 
Aquí nos mostramos preocupados por el diálogo social, la cooperación juvenil, la lucha combinada contra el terrorismo, etc. También hemos lanzado un nuevo proyecto piloto para la cooperación entre las pequeñas y medianas empresas en la que participan tanto los países candidatos como los países de la UE que tienen fronteras externas (Rusia, los países balcánicos, el Norte de África, etc). 
Creo que éste es el más importante de los logros obtenidos. 
Permítanme también mencionar los esfuerzos de la UE en la lucha por combatir la pobreza y la enfermedad de los países en vías de desarrollo. 
A pesar de que, personalmente, me siento decepcionado al comprobar que no hemos logrado cambios más evidentes en materia de política agrícola y que probablemente sea lo más destacable que podríamos haber hecho en lo que respecta a la lucha por combatir la pobreza, sin embargo, me agrada saber que podemos realizar otras contribuciones firmes. 
Soy consciente de que el hecho de que hayamos reducido los créditos consignados a la ayuda alimentaria y humanitaria ha levantado críticas. 
Sin embargo, hemos actuado así, en parte, con el fin de hacer llegar la ayuda a la zona del Cuerno de África azotada por el hambre y, por otro lado, con el fin de liberar recursos destinados a Afganistán para el próximo año. 
Se trata de una acción realizada con la condición de que nosotros y el Consejo prometamos proveer el próximo año los recursos adicionales que puede que sean necesarios para conseguir estos fines. 
También se nos ha criticado por la forma en la que hemos tratado la contribución de la Unión Europea al Fondo Mundial de la Salud. 
Hemos convencido al Consejo para que duplique el importe de 20 millones de euros propuesto en su primera lectura a 42 millones de euros. 
También hemos conseguido que el Consejo prometa producir el importe correspondiente desde el Fondo Europeo de Desarrollo. 
Finalmente, hemos realizado una promesa conjunta de contribuir a dichos recursos necesarios si la UE es capaz de conservar su lugar al frente de la administración del fondo. 
No creo que sea razonable pedir más que eso. 
Por último, también hemos logrado un acuerdo relativo al papel futuro del Parlamento en la política de seguridad y exterior y es algo de lo que me parece que todos estamos satisfechos. 
Señorías, este presupuesto no es histórico por los conflictos dramáticos ni por las nuevas e importantes iniciativas presupuestarias revolucionarias. 
No obstante, será histórico porque es el último presupuesto que contiene la antigua terminología presupuestaria. 
El año que viene estaremos obligados a aprender de forma autodidacta cómo realizar presupuestos basados en actividades. 
También será histórico porque se trata del último presupuesto referido a una Unión Europea compuesta por 15 Estados miembros. 
Me complace, sobre todo, que hayamos encontrado las soluciones necesarias para preparar la ampliación con un acuerdo político de tan amplias dimensiones. 
Creo que se trata del mayor éxito conseguido este año. 
Señor Presidente, nos encontramos ahora al final de un proceso completo de producción de un presupuesto para los próximos ejercicios presupuestarios y me gustaría dar las gracias a todos los que han contribuido a esta labor. 
Por supuesto, esto atañe especialmente a la Comisión de Presupuestos, a su presidente, el Sr. Wynn, y a mi co-ponente sueco, el Sr. Färm, pero, sobre todo, atañe a la muy competente secretaría de la Comisión de Presupuestos. 
También me gustaría hacer partícipe de mi agradecimiento por su provechosa cooperación a la Presidencia danesa por haber contribuido de forma activa, con las dos autoridades presupuestarias de la UE, a alcanzar conjuntamente el marco de trabajo de la rúbrica 5 en una conciliación el e julio de este año, algo que considero que ha sido muy importante. 
A lo largo de este año, el presupuesto administrativo de la UE, también conocido como rúbrica 5, ha sido una de las grandes áreas que ha planteado verdaderos problemas al presupuesto. 
Empezamos el año con importantes déficits anticipados para el presupuesto del año 2003. 
Fue reducido significativamente, pasando por distintas fases, con lo que obtuvimos un superávit razonable, algo que a mí me parece que, con toda seguridad, se convertirá en un margen totalmente aceptable para el próximo ejercicio presupuestario. 
Dentro de este presupuesto, también hemos conseguido aplicar las prioridades que establecimos ya cuando se redactaron las directrices a principios de año. 
La ampliación ha sido la prioridad principal más evidente a lo largo de todo este tiempo. 
Mediante las decisiones realizadas en consecuencia sabemos que los Estados miembros, especialmente a través de la decisión positiva adoptada en la Cumbre de Copenhague, están cumpliendo los compromisos referidos a los nuevos diez Estados miembros. 
Si se firma el acuerdo en marzo, antes de abril podremos contar con 147 observadores de todos estos países. 
Por entonces se habrán adoptado y aplicado las decisiones pertinentes. 
Conceder a cada institución la oportunidad de terminar sus preparativos para la ampliación también ha sido una de nuestras preocupaciones. 
Este aspecto adquiere más importancia si ahora tenemos en cuenta la acertada decisión de Copenhague. 
Permítanme que haga extensivo mi agradecimiento a todas las instituciones por haber participado de forma activa en este trabajo y, especialmente, por la gran lealtad que han mostrado con respecto a la ampliación y el proyecto europeo en el marco de la distribución anticipada que hemos llevado a cabo juntos. 
La segunda prioridad consistía en aplicar las reformas necesarias. 
Eran necesarias, sobre todo, para el Parlamento Europeo, con o sin la ampliación. 
La principal preocupación era hacia estas áreas principales en las que todos los parlamentos, de ámbito nacional o europeo, deberían mantenerse firmes. 
Para el Parlamento Europeo, se trataba de una cuestión de reforzar la estructura presupuestaria, lo que significa, en general, no solo la Comisión de Presupuestos sino, más bien, el resto de comisiones implicadas en el trabajo presupuestario tan importante que realizan. La función legislativa del Parlamento también debe ser reforzada. 
En un período muy corto de tiempo, al Parlamento se le ha concedido poder legislativo importante, lo que significa que las condiciones fundamentales bajo las que el Parlamento funciona dentro de esta área también deben ser reforzadas. 
Se trata de áreas fundamentales para el Parlamento Europeo y es precisamente en ellas en las que debemos mostrarnos especialmente firmes. 
La tercera prioridad consiste en tratar todo ello con éxito. 
Se trata de hacer frente tanto a los preparativos previos a la ampliación como al compromiso de las reformas necesarias y de hacerlo dentro del marco de trabajo presupuestario establecido. 
Lo hemos logrado. 
Esto implica que ahora entramos en un nuevo ejercicio presupuestario con un margen bastante amplio que esperamos que pueda ser ampliado a una cantidad ligeramente superior a los 20 millones de euros. 
Se trata de algo que se aplicará si el Parlamento aprueba la enmienda oral que, según tengo entendido, presentará mi colega diputado, el Sr. Färm y a la que de esta forma me gustaría ofrecer mi apoyo. 
Permítanme que destaque que soy consciente del hecho de que el Consejo desea poder ser testigo de un margen aún más amplio. 
Entiendo perfectamente el motivo y, por ello, prometí en la conciliación tratar de ver lo que podía hacer para conseguir un margen aún mayor. 
En consecuencia, repasé el presupuesto por completo y ahora hemos llegado hasta este punto, pero, desgraciadamente, no más lejos. 
Déjenme terminar con la observación de que se trata del último presupuesto que el Parlamento Europeo aprobará antes de que la ampliación incluya a diez nuevos Estados miembros. 
La aplicación de todo esto de una forma que implica que los preparativos de la ampliación pueden llevarse a cabo en todas las instituciones ha sido un hecho de gran importancia. 
En mi opinión, es posible. 
También ha sido importante poder adoptar una serie de decisiones a lo largo del año para hacer frente a los problemas a largo plazo en la rúbrica 5. 
En mi opinión, creo que lo hemos hecho, pero, además, me parece importante que se realice un seguimiento de este asunto. 
En el ejercicio presupuestario venidero se necesitarán más decisiones de este tipo. 
Señor Presidente, Señorías, sin duda, el presupuesto de la UE para el año 2003 es aceptable. 
Representa un claro ejemplo de cómo un presupuesto puede redactarse con éxito ahorrando al máximo mientras que, al mismo tiempo, se destinan los fondos suficientes a las áreas prioritarias y a nuevas tareas. 
Este presupuesto frugal y con vistas al futuro ha resultado positivo por la excelente cooperación, como la mejor con la que cualquiera podría soñar, entre el Parlamento y los ponentes. 
No puedo hacer otra cosa que no sea manifestar mi mejor reconocimiento al Sr. Färm y al Sr. Stenmarck. 
Mi más sincero agradecimiento, en nombre de la Comisión, por esta excelente cooperación también se dirige al Sr. Colom i Naval y, por supuesto, al Sr. Wynn, el presidente de la comisión, así como a la Comisión de Presupuestos en conjunto. 
Por supuesto, gracias también al Consejo. 
Así, deseo destacar la manera decidida en la que se han llevado a cabo las negociaciones evitando que nos enredásemos en un solo aspecto o incluso en lo que podrían considerarse asuntos de importancia meramente secundaria, de manera que, en su lugar, siempre hemos seguido adelante con las negociaciones teniendo en mente su último propósito. 
Los créditos consignados del presupuesto para el año 2003 ascienden a 99,69 millardos de euros que pueden emplearse para participar en nuevos compromisos en representación de la UE. 
Existe un aumento de tan solo un 0,26 % frente al de este año. 
Me gustaría saber de alguien más que hace lo mismo. 
Se han destinado 97,5 millardos de euros a pagos para el año venidero, lo que representa un aumento de un 1,9 % por encima del de este año y, por tanto, por debajo de la tasa de inflación. 
En términos de porcentaje del producto interior bruto de la UE, solo se ha gastado el 1,02 % en el presupuesto de la UE para el año 2003, lo que significa el índice más bajo registrado durante diez años. 
El plan financiero votado en 1999 presentaba 103 millardos de euros para el año 2003, lo que supone 5 millardos de euros más de lo que el presupuesto del año 2003 necesita realmente. 
Señorías, ahora se trata de un hecho cierto: el Presupuesto 2003 será el último presupuesto de la UE para una Unión Europea de 15 Estados miembros. 
Me gustaría felicitar a la Presidencia danesa del Consejo por el resultado conseguido en Copenhague, pero también me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al Sr. Böge, ponente del Parlamento sobre la financiación de la ampliación por su apoyo a lo largo del último año y medio. 
La preparación del paquete financiero llevó ciertamente mucho tiempo y como Comisario para el Presupuesto, me siento orgulloso y, por supuesto, encantado de que las conclusiones de Copenhague estén tan cerca de lo propuesto por la Comisión en enero. 
Copenhague ha enviado ahora realmente el mensaje de que es hora de que todas las instituciones de la UE se arremanguen. 
Es hora de llegar a todos los acuerdos institucionales para que nuestras instituciones puedan realizar estos cambios de forma efectiva. 
De los nuevos puestos creados, 236 serán destinados al Consejo para esta preparación mientras que 500 serán destinados a la Comisión. 
En nombre de la Comisión, quiero agradecer a la autoridad presupuestaria su decisión. 
Por lo que se refiere al modo en el que la Comisión distribuirá estos puestos, diremos que 59 de ellos se encontrarán en el área de competencia, 53 en agricultura, 56 en los Fondos Estructurales, 10 en la OLAF, 69 en el servicio de lenguas y 60 en la Oficina de Publicaciones. 
Está claro que el acervo debe aplicarse desde el primer día en todas estas áreas y deben hacerse los preparativos para ello. 
Finalmente, también se ha decidido qué proporción de los fondos se destinará a los nuevos Estados en el período de los años 2004 a 2006: la cantidad ascenderá a 10 millardos de euros para la política agrícola y a 21 millardos de euros para la ayuda estructural. 
Se trata de importes importantes y su aplicación, por supuesto, debe prepararse bien. 
El Parlamento y el Consejo han acogido con agrado las nuevas prioridades de las políticas para el Presupuesto 2003 que son la «estabilidad» y el «desarrollo económico sostenible y global». 
Estas prioridades quedan recogidas en el Presupuesto 2003, puesto que el presupuesto para la DG de Medio Ambiente se ha visto aumentado en un 14% y los recursos están destinados específicamente a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de las regiones fronterizas. 
El presupuesto para la DG de Investigación y el Centro Común de investigación cuenta con un total de 3 millardos de euros para el año 2003, lo que pone de relieve la importancia de un desarrollo económico global y sostenible. 
La prioridad de «estabilidad y seguridad» está relacionada con las medidas del área de justicia e interior- el presupuesto, mi colega Comisario, Señor Vitorino aumenta un 11% -y en el área de la política exterior. 
El próximo año el presupuesto de la UE soportará los costes conjuntos de la Misión Policial de Bosnia. 
Se trata de un importante paso adelante hacia una política exterior común y de seguridad. 
Seguimos manteniendo nuestras promesas y los compromisos policiales realizados en la región balcánica. 
Creo que es preciso hacer hincapié en el hecho de que se ha propuesto un gran presupuesto que asciende a más de 689 millones de euros para el año 2003 y que es la cuarta vez que se ejecuta. 
Afganistán puede contar con un gran apoyo por parte de la UE y el Fondo Global para la Salud volverá a recibir recursos sustanciales para su lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria. En estas áreas, Europa es sin duda el donante más importante. 
Este año, Señorías, hemos creado el nuevo Fondo de Solidaridad para la ayuda en casos de catástrofes naturales importantes en los Estados miembros y en los países candidatos. 
En el futuro, se ofrecerá una financiación de 1 millardo de euros cada año, algo que empieza ya en el año 2003. 
En conjunto, el balance del trabajo de la política presupuestaria del año 2002 ha sido muy favorable. 
Un reglamento financiero completamente renovado se ocupa del Presupuesto de la UE así como del Fondo Europeo de Desarrollo y otros servicios. 
Hoy día, la Comisión ha aprobado todos los artículos destinados a aplicar dicho reglamento financiero. 
Esto significa que la reforma de la gestión financiera existe no solo en el papel sino que también dirige las actividades de los que trabajan para los recursos europeos, de forma que el Presupuesto 2003 será el primero en ser aplicado de conformidad con las nuevas normativas del nuevo Reglamento financiero. 
Como ya he destacado anteriormente, el presupuesto 2003 será el último de una Unión Europea compuesta por 15 Estados miembros. 
Ahora tenemos que adaptar la perspectiva financiera a las conclusiones de Copenhague con el fin de redactar un presupuesto para el año 2004 destinado a una Unión Europea compuesta por 25 Estados miembros. 
Mantendremos un diálogo a tres bandas, ya desde el mes de febrero, para debatir las adaptaciones actuales, y para entonces, se confía en que habrá una mayor claridad con respecto al futuro de la parte septentrional de Chipre. 
La ayuda de preadhesión para Bulgaria y Rumania tiene entonces que renovarse y el presupuesto destinado a la ayuda de preadhesión también tiene entonces que incluir a Turquía. 
Es lo que decidió el Consejo de Copenhague. 
Por tanto, el presupuesto refleja la dinámica del desarrollo europeo. 
Espero poder cooperar en estos aspectos en el futuro y estoy seguro de que encontraremos soluciones adecuadas al igual que encontramos las soluciones adecuadas para el presupuesto 2003. 
Señor Presidente, Señor Presidente en funciones del Consejo, Comisario, Señorías, si comparamos el presupuesto del año 2003 con el de años anteriores, veremos que el procedimiento presupuestario fue realmente muy satisfactorio por lo que me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a los ponentes, el Sr. Färm y el Sr. Stenmarck. 
Así, para nosotros se ha convertido en una práctica establecida el hecho de favorecer la seriedad escandinava en el procedimiento presupuestario así como el hecho de que además contáramos con la Presidencia danesa en el Consejo, lo que implicó que pudiéramos encontrar nuestra ruta entre los precipicios desde el principio y conseguir que el procedimiento tuviera una gran armonía, sobre todo en la segunda lectura. 
Me parece que este hecho merece una mención especial. 
En el grupo del PPE-DE, nos mostramos muy satisfechos por el modo en el que fuimos capaces de unirnos a nuestros colegas de otros grupos a la hora de exponer muchas de nuestras inquietudes, y es evidente que le estamos pidiendo, Comisario, que nos apoye en consecuencia. 
Permítanme que diga claramente, aquí y ahora, que no tiene mucho sentido para este Parlamento redactar un presupuesto de forma laboriosa con el Consejo únicamente para que muchos aspectos de gran importancia para ambas partes de la autoridad presupuestaria no se vean reflejados en la vida cotidiana cuando el presupuesto acaba convirtiéndose en legislación. 
Si se refiere a las cifras del presupuesto para el año 2003, con el incremento mínimo que todos hemos recibido con gran agrado y hemos apoyado, en ese caso, sinceramente, es preciso que añadamos que se necesita adoptar muchas medidas por nuestra parte para que estas tasas de crecimiento mínimas sean posibles, puesto que el presupuesto 2002 no se aprobó de la forma en la que fue redactado. 
Estoy pensando ahora en lo que nuestra jerga técnica denomina de forma espléndida como medidas de distribución anticipada, es decir, el empleo de los fondos del año 2002 para liberar compromisos que nos afectarán únicamente en el año venidero, de ahí la transferencia de recursos consignados desde el Presupuesto 2002 al Presupuesto 2003 mediante el Fondo de Solidaridad. 
Todo ello sumado al presupuesto suplementario esperado que asciende a un importe considerable de unos cuantos millardos. 
Sinceramente, creo que hace falta que lo digamos. 
El hecho de que estemos transfiriendo fondos del Presupuesto 2002 que se usaron de forma incorrecta o irregular es lo que contribuye a financiar el bajo nivel de incremento del próximo año. 
Desde el Grupo del PPE-DE nos gustaría solicitar de forma expresa que la Comisión no se detuviera en el área de su propia reforma. 
Esperamos con ansiedad los informes que nos ha prometido el Comisario Neil Kinnock, responsable de estos asuntos, que examinaremos en profundidad, con el fin de, por supuesto, tener en cuenta cuáles son las medidas futuras derivadas de los mismos. 
La mejora destacada por lo que se refiere a la cooperación entre el Consejo y el Parlamento a la hora de definir las medidas de política exterior es algo que yo personalmente considero como un gran logro, algo en lo que el PPE-DE desempeñó un papel en la iniciativa y que, afortunadamente, fue secundado por otros diputados de esta Cámara. 
Creo que el procedimiento al que hemos llegado es adecuado para superar el déficit democrático que detectamos en las relaciones intergubernamentales del Consejo debido al hecho de que los parlamentos nacionales ya no son responsables y a que el Parlamento Europeo todavía no estaba implicado. 
El procedimiento de diálogo que hemos acordado con el Consejo construye un puente que conduce a una democracia más amplia en la definición de los objetivos de la política exterior de Europa. 
Considero que ha sido un gran éxito de nuestra parte haber logrado asegurar las promesas de ayuda a Afganistán también para el año 2003 pero creo realmente, -y esto se ha debatido aquí en muchas ocasiones- que no se puede aceptar que los ministros de asuntos exteriores de Europa sigan proponiendo nuevos aspectos en los que centrarse, de forma que las prioridades anteriores de repente están de más y nos enfrentamos a la laboriosa tarea de ajustar todo en cifras. 
Hemos obtenido un éxito bastante aceptable a la hora de combinar los nuevos retos y los anteriores compromisos en un buen compromiso para el año 2003, lo que se merece un sincero agradecimiento a todos los que han contribuido a que sea posible. 
Realmente pienso que, en conjunto, se trata de un Presupuesto respetable y vuelvo a solicitar a la Comisión que supervise que lo que el Consejo y el Parlamento decidieron también se aplica en el año 2003. 
Señor Presidente, Señor Presidente en cargo del Consejo, Comisario, Señorías, estos discursos son los que nos recuerdan lo cerca que hemos estado este año a la hora de tratar cuestiones especializadas, puesto que me parece que siempre nos encontramos discutiendo prácticamente los mismos temas en esta Cámara, los mismos que estamos explicando ahora. 
Por supuesto, no puedo quedarme al margen de esto tampoco, pero quiero decir algo ahora, algo a lo que quizás el pueblo europeo debería mostrarse más dispuesto a prestar atención y que se ha repetido en diversas ocasiones a lo largo de los últimos años. 
El Comisario Schreyer se ha referido al nivel de incremento de los compromisos del presupuesto que es de un 0,26 %. 
Nuestro presupuesto no refleja las tasas de incremento, sin hablar de las tasas de inflación, que ofrecimos en Berlín. 
Estamos muy por debajo. 
En Berlín se tomó la precaución de crear un margen con el fin de que la ampliación fuera posible y más sencilla. 
Nuestro comportamiento presupuestario actual nos sitúa un paso más cerca con un aumento de un 0,26 %. 
Si se echa un vistazo a los pagos y a la cifra del 1,9 %, a primera vista, no parece ser mucho. 
Es sustancialmente inferior a lo que necesitaríamos para reducir las deudas que aún son destacables. 
A pesar de ello, la cifra del 1,9 % representa más de lo que actualmente los ministros de economía pueden disponer a la hora de redactar sus propios presupuestos. 
Sin embargo, nos adherimos a este 1,9 %, porque es importante. 
Tenemos que tener en cuenta este presupuesto y lo que abarca en conjunto. 
Tenemos un presupuesto inferior a 100 millardos de euros, lo cual supone un 25% menos de lo que los quince Estados de la Unión Europea gastan en materia de defensa. 
Lo que conseguimos por un 25% menos, dicho de otro modo, por 100 millardos de euros, es una cooperación a través de Europa en asuntos medioambientales, en el ámbito de la investigación y el desarrollo así como cohesión de forma que no dejemos a los más vulnerables en la estacada. 
La agricultura se ha europeizado por completo y se están haciendo preparativos para realizar actividades de intercambio juvenil. 
Nos estamos preparando para la ampliación, tenemos una política exterior y de seguridad común y colaboramos en asuntos de justicia e interior. 
Creo que conviene decir en voz alta y clara que gastamos sustancialmente menos en todas estas cosas, dirigidas a conceder a Europa un futuro pacífico y viable, de lo que se gasta únicamente en el área de la política de defensa en el ámbito nacional. 
A pesar de que contemos con este presupuesto ajustado y a pesar de que tengamos que hacernos cargo de nuevos aspectos como ya se ha dicho, hay nuevas tareas de la rúbrica IV prácticamente cada año, sin embargo, hacemos lo posible para establecer las prioridades que consigan que el desarrollo económico del continente europeo avance. 
No solo conservamos y sostenemos un continente lleno de grandes empresas sino también las pequeñas y medianas empresas de este continente europeo pueden hacer uso de las oportunidades que ofrece un mercado interno común. 
No necesitan tener sus propios ministerios para ocuparse de asuntos jurídicos o fiscales; lo que necesitan para poder hacer el mejor uso de este mercado interno europeo con todas sus ventajas es ayuda y es lo que les damos. 
Somos sensibles al envejecimiento de la sociedad en la Unión Europea. 
Nuestra planificación financiera tiene que tener aún más en cuenta este aspecto. 
Ya he hecho referencia en repetidas ocasiones a las pensiones, pero queremos que en el futuro podamos responder a la sociedad europea mayor en conjunto. 
Una de nuestras prioridades principales ha sido y todavía es la rúbrica IV. 
He leído un reportaje en el periódico de hoy en el que se afirmaba que el Parlamento Europeo no consideraba la lucha contra el SIDA como algo importante. 
Déjenme destacar que ahora el Parlamento ha cuadriplicado el importe propuesto en un principio para ser destinado a este fin. 
Aquel que diga que no concedemos la suficiente importancia a este aspecto no tiene idea de lo que está diciendo. 
Me gustaría volver a destacar el gran avance que el procedimiento presupuestario de este año nos ha permitido hacer. 
Puedo enlazar perfectamente desde donde lo dejó el Sr. Ferber. 
Existen vacíos parlamentarios que necesitamos rellenar en este aspecto, vacíos que están relacionados con el seguimiento de las políticas que se han desplazado desde el ámbito europeo al nacional y cuya ubicación intentamos descubrir. 
Hemos conseguido una declaración conjunta con el Consejo, lo que supone un avance importante precisamente el área de política de defensa y seguridad, al dejar claro para el público que el Parlamento Europeo no tiene margen de maniobra en las políticas europeas en el ámbito europeo. 
Se trata de asuntos que tendremos que solucionar en la Convención que verdaderamente tienen que organizarse en otro lugar. 
Aun así, ya los hemos abordado. 
Señora Schreyer, ya ha actuado como si todo esto ya se encontrara en el saco. 
Por supuesto, escrutaremos las conclusiones de Copenhague pero, en cualquier caso, está claro que no se trata de una cuestión que tenga que ser resuelta en Copenhague por el Consejo, sino de un asunto que deberíamos discutir nosotros mismos en esta Cámara. 
Aunque nuestra actitud sea muy positiva, su dogmático y «así se decidió» es algo que no podemos dejar sin respuesta. 
Es algo que solo puede decirse cuando los debates hayan funcionado y concluido. 
Deseo dar las gracias a mis colegas diputados de esta Cámara, sobre todo a los dos ponentes y al Presidente, que ha tenido la suficiente paciencia como para permitirme treinta segundos adicionales. 
Señor Presidente, Comisario, en primer lugar me gustaría felicitar a los ponentes del presupuesto, Göran Färm y Per Stenmar, Presidente de la Comisión de Presupuestos por el liderazgo en dicha comisión. 
También me gustaría agradecer a los presidentes del Consejo en Dinamarca por su cooperación, que resultó excelente así como al Comisario Michaele Schreyer por su estupenda aportación. 
El presupuesto del año que viene de la Unión Europea es un presupuesto disciplinado. 
El aumento del gasto se encuentra por debajo de la inflación, justamente en el 1,9 %, lo que representa un gesto destacable de apoyo por parte del Parlamento Europeo para ayudar a los Estados miembros a que equilibren sus presupuestos nacionales. 
Este hecho también pone de manifiesto la responsabilidad por parte de la UE mientras los Estados miembros tratan de cumplir los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya este objetivo aunque menosprecia en parte el intento a largo plazo de la UE de equilibrar su economía, puesto que la mayor preocupación presupuestaria de la UE en esta ocasión son los compromisos financieros que quedan por resolver. 
En la actualidad ascienden a 103 millardos de euros, es decir, más del total del presupuesto para un año. 
Se ha producido un aumento de retrasos de 17 millardos de euros desde el principio del año que, por el momento, no parece tener límites. 
La situación es de lo más penosa en el área de las operaciones estructurales puesto que los compromisos que quedan por resolver a lo largo del año han aumentado en 13 millardos de euros. 
Sin embargo, la situación más difícil es, relativamente, la del área de las ayudas de la preadhesión, donde el montante correspondiente acumulado asciende a 8,5 millardos de los que solo se han gastado en ayuda real algo menos de 2 millardos de euros. 
Lo que resulta más desconcertante es que hubiera dinero disponible para el pago de estos compromisos pero que no fueran usados. 
Por tanto, la situación desvela una ineficiencia administrativa de la que la Comisión y los Estados miembros son las partes culpables. 
Es el motivo de que la reforma de la Comisión sea tan importante. 
Actualmente, la Comisión se muestra muy conservadora y rehúye sus responsabilidades. 
También deberíamos simplificar los procedimientos e instrumentos jurídicos según se acordó en verano en conciliación con el Consejo. 
La ampliación es el punto de referencia del presupuesto del nuevo año. 
Se trata del último presupuesto que se redactará para una Unión Europea compuesta por 15 Estados miembros. 
El Parlamento salvaguardó los puestos necesarios en la Comisión para la ampliación mediante la acumulación de recursos de parte del presupuesto de este año. 
De este modo, pudimos ajustarnos previamente a los gastos del siguiente año y ajustar el gasto administrativo dentro de un marco de trabajo ajustado para la rúbrica 5. 
Mi grupo se muestra a favor de ello. 
De no ser así, podríamos decir con respecto al contenido del presupuesto que las funciones de la UE se encuentran financiadas adecuadamente. 
El gasto agrícola se encuentra controlado por lo que no es necesario aplicar reformas importantes por razones de presupuesto. 
Las acciones externas pudieron financiarse parcialmente de forma previa, y no fue necesario volver a examinar las prioridades del Parlamento. 
Entre otras medidas, pudimos mejorar en alguna medida la financiación de la Dimensión septentrional, algo que tiene que considerarse como algo positivo. 
Señor Presidente, el total del presupuesto para el próximo año si se compara con el PIB de los Estados miembros supone una cifra sin precedentes. 
Nuestro grupo se muestra preocupado por el bajo nivel de créditos consignados. 
Se temía que no se ajustaran a los compromisos realizados con anterioridad y que habría nuevos RAL en consecuencia, es decir que se acumularían los créditos asignados acumulados. 
Se temía que, como consecuencia de una nueva norma, una «cláusula de suspensión» , los Estados miembros perderían los pagos que se les debía. 
El problema ha sido únicamente de tipo teórico principalmente mientras que la Comisión no ha adelantado los créditos consignados para el pago y mientras los Estados miembros han sido capaces de devolver millardos de euros de sus propios recursos o contribuciones no utilizados. 
Si los créditos consignados del próximo año no se ajustan a las necesidades de pago, la cláusula de suspensión originará un nuevo problema. 
A nuestro grupo le gustaría centrarse en el acuerdo interinstitucional que el Parlamento anterior hizo en nuestro nombre. 
Han surgido nuevas necesidades, sobre todo bajo las rúbricas 3 y 4, que no pueden quedar cubiertas por los importes máximos actuales. 
En mayo de 1999 nadie podría haber previsto que se necesitaría una reconstrucción en Yugoslavia y Afganistán en una situación en la que la UE parece haberse comprometido con el alivio económico de las consecuencias de una política estadounidense de agresión. 
El hecho de que se comparta la responsabilidad podría dar la impresión de que EE UU realiza el ataque y la Unión Europea costea la operación de limpieza y reconstrucción en la guerra subsiguiente. 
Una nueva guerra contra Iraq podría aumentar la presión en el programa de ayuda al exterior del próximo año puesto que no hay márgenes en dicha rúbrica que permitan iniciar nuevas medidas. 
Nuestro grupo considera que deberían volver a considerarse los límites del acuerdo interinstitucional. 
Hagamos que este Pacto de Estabilidad y Crecimiento sea más flexible. 
El presupuesto cuenta con un instrumento flexible especial, pero parecería que el Consejo no hace buen uso del mismo para pagos que podrían ser previstos. 
El fracaso del acuerdo de pesca de Marruecos no era una parte imprevisible del gasto para el que el instrumento flexible era verdaderamente necesario. 
La desintegración de la flota pesquera española y portuguesa debería ser financiada totalmente el próximo año de alguna otra forma que en parte no fuera la de un instrumento flexible. 
A nuestro grupo le parece positivo que se haya dado un paso con el inicio de debates serios sobre la reducción del transporte de seres vivos para la matanza y pone en duda el trato que reciben los animales en el centro de investigación de primates de Rijswijk en los Países Bajos. 
Sin embargo, nos mostramos críticos ante el hecho de que el balón haya ido a parar al campo del presupuesto de la Unión Europea empleado para financiar la política exterior y de seguridad común. 
Esta vez financiaremos la gestión de la crisis civil: la próxima vez quizás será la guerra. 
A lo largo del debate sobre el presupuesto no me ha quedado claro cómo se pretende organizar la auditoría de los fondos que son responsabilidad del Consejo, ni tampoco cómo ni a quién se supone que hay que eximir de las culpas con respecto al uso de dichos fondos. 
Puede que el Comisario lo sepa. 
Señor Presidente, a título propio y en representación de mi grupo, me gustaría agradecer enormemente a los dos ponentes, el Sr. Färm y el Sr. Stenmarck, su trabajo así como felicitarles por el resultado final del mismo. 
En aras del equilibrio, me gustaría mencionar una serie de aspectos positivos y negativos, comenzando por los negativos. 
Personalmente, creo que éstos son los pagos y respaldo por completo lo que el Sr. Virrankoski ha dicho sobre los mismos. 
Normalmente el Parlamento centra su batalla en las asignaciones finales, es decir, en promesas, mientras que el Consejo se interesa principalmente en mantener los pagos lo más bajos posibles y, por tanto, no tanto en el hecho de mantener promesas. 
A lo largo del proceso de arbitraje, el Parlamento accedió a la reducción de los pagos presupuestados. 
Entiendo los motivos que han llevado a ello, pero no me agrada el hecho. 
Corremos el riesgo de que el tiempo de espera se prolongue, de que las organizaciones y otros receptores de lo que podríamos denominar dinero «en efectivo» tengan que esperar más para poder recibir su dinero, algo que probablemente no sea lo que se pretende. 
Este hecho va en detrimento de la credibilidad de las instituciones, pero puede que el Consejo o los Estados miembros consideren que no pueden dar más vueltas a este asunto. 
Otro de los problemas que tengo que plantear está relacionado con la reducción en 55 millones de euros de los préstamos para ayuda humanitaria y alimentaria. 
Evidentemente, soy consciente del hecho de que aquellos que se muestran a favor alegan que se trata simplemente de un mecanismo de contabilidad y que las cifras totales siguen siendo las mismas. 
Pero ése es precisamente mi problema, porque los préstamos siguen siendo los mismos, aunque ya sabemos que harán falta préstamos adicionales, por ejemplo, para el Cuerno de África. 
Los fondos siguen siendo los mismos, pero el número de personas que necesitan dinero de la partida presupuestaria está aumentando. 
Por tanto, a modo de ajuste del balance, señalaré tres aspectos positivos: mi grupo se muestra muy satisfecho con la congelación de los fondos de KEDO. 
Siempre nos ha parecido lamentable que nunca hayamos optado por una solución duradera con respecto al asunto de la energía de Corea del Norte, a saber, la inversión en fuentes de energía eficaces y renovables. 
Gracias a la Unión Europea, alrededor de un millar de coreanos del Norte están siguiendo algún tipo de formación sobre el uso de la tecnología nuclear moderna. 
Ahora, surge el problema de que Corea del Norte no está respetando su parte de los acuerdos y que, después de todo, está invirtiendo en su propio programa de armas nucleares. 
Es el motivo de que debamos ahora, una vez más, volver a examinar detenidamente KEDO y cómo poner fin a este asunto. 
Podemos encontrar fácilmente un uso alternativo a esos veinte millones. 
Después se encuentran los puestos para la Comisión: es muy probable que este hecho tenga que ser visto como un logro importante en esta parte de las negociaciones presupuestarias. 
Mediante otra operación extraña de contabilidad, sin embargo, hemos creado el espacio presupuestario del próximo año para quinientos nuevos puestos en la Comisión. 
Son buenas noticias. 
Pero si he entendido bien lo que el Comisario acaba de decir, ninguno de esos quinientos puestos se dirige a la DG de Medio Ambiente, lo que me parece lamentable puesto que, por supuesto, es muy importante que la normativa medioambiental se respete y sea evaluada y seguida en los estados candidatos. 
Por tanto, es posible que deseen volver a examinar este aspecto puesto que, después de todo, todos aprobamos por unanimidad que la Unión Europea tiene tres prioridades, una de las cuales es el desarrollo sostenible. 
Por tanto, sería sensato que una cantidad considerable de dichos puestos se destinara a reforzar la DG de Medio Ambiente. 
Mi último punto, Señor Presidente, se refiere al centro de ensayos con animales de Rijswijk. 
Ya he escuchado cómo sus Señorías suspiran por una historia que lleva rodando mucho tiempo pero ahora se encuentra en el punto de la resolución. 
Debemos aplicar condiciones previas claras y éticas a los experimentos que allí se realizan con monos. 
En el caso de que exista una alternativa o que las pruebas no sean necesarias desde un punto de vista objetivo, la Unión Europea no debería seguir subvencionando estos ensayos. 
En cualquier caso, debería ponerse fin a los ensayos con homínidos. 
Son inaceptables desde el punto de vista ético y confío en poder contar con su apoyo. 
Señor Presidente, Señorías, si me lo permiten, me gustaría comenzar felicitando a los dos ponentes de este año, el Sr. Färm y el Sr. Stenmarck, por el excelente trabajo realizado. 
El presupuesto 2003 no ha sido un presupuesto sencillo ni tampoco lo ha sido desde el punto de vista político. 
Ciertamente se trata de un presupuesto en el que ha habido tensión entre las exigencias que tenemos que cumplir ahora de forma imperativa, tales como la financiación del gasto administrativo para la preparación de la ampliación y las prioridades políticas tales como el apoyo a Afganistán. Existe cierta tensión entre los compromisos que tienen que resultar en algo positivo, como la financiación de la restructuración de las flotas española y portuguesa? un asunto sobre el que, al final, parece que hemos llegado a un acuerdo? y las nuevas medidas urgentes, tales como la necesidad de la participación de la Unión Europea en el Fondo Mundial para la Salud. 
Se trata de un compromiso que, en mi opinión, sufre desde que no se consiguió revisar la perspectiva financiera establecida en Berlín en 1999: una perspectiva financiera que me parece que ahora resulta inapropiada y que únicamente puede llegar a ser aún más inaceptable desde el punto de vista político en los años venideros. 
Los resultados obtenidos en la conciliación de noviembre, aunque significativos, tampoco pueden conducir a un cambio duradero de la situación. 
Por ejemplo, la declaración conjunta mediante la que el Consejo se compromete a consultar al Parlamento antes de adoptar una decisión que podría conllevar compromisos políticos en el ámbito de la política de política exterior y seguridad común es, por encima de cualquier objeción posible, un punto de referencia considerable, un paso adelante hacia la participación plena del Parlamento Europeo en un sector estratégico, hacia el desarrollo de una Unión más fuerte y segura. 
Sin embargo, ello no cambia el hecho de que el límite de la rúbrica 4 siga siendo demasiado bajo, por no decir sofocantemente bajo. 
¿Qué haremos ahora cuando el Consejo nos pida que le autoricemos a realizar un compromiso financiero derivado de los nuevos desarrollos políticos internacionales? 
¿Nos negaremos a concederle la autorización argumentando que no hay fondos suficientes o aceptaremos el reto y nos comprometeremos a encontrar el dinero de algún modo y en algún lugar? 
Ahora, por ejemplo, tenemos que encontrar fondos para resolver los problemas de Galicia. 
¿Qué habríamos hecho, por ejemplo, en el caso de Afganistán? 
¿Qué habríamos hecho en el caso de los Balcanes? 
Sin olvidar la rúbrica 3. Ciertamente, los compromisos de la Unión Europea aumentan cada año también en el ámbito de la política interna. 
Cada año que pasa aparecen nuevos y costosos programas plurianuales de enorme importancia política que, como tales, deben ser tramitados y cumplidos. 
¿Qué haremos, sin embargo, cuando ya no quede margen para ninguna iniciativa política que el Parlamento pueda desear poner en marcha? 
¿Qué haremos cuando la distinción entre un gasto obligatorio y otro no obligatorio quede reducida a un gasto en el que el Parlamento no tiene la última palabra y un gasto que el Parlamento no puede modificar por miedo a que las instituciones europeas se desprestigien? 
Y esto es solo mencionar dos rúbricas. 
En consecuencia, pido a sus Señorías que eleven sus respectivas protestas frente a sus delegaciones y gobiernos para garantizar que se evita una situación en la que, consecuentemente, cuando ya se ha dicho y hecho todo, todo lo planeado para este presupuesto en esta conciliación se ve frustrado dada la falta de recursos y para asegurar que se convierte en el objetivo conjunto de cada uno de nosotros, independientemente de nuestra afiliación política. 
Según un antiguo proverbio holandés, con el ahorro y el trabajo duro se puede construir un palacio, algo que puede aplicarse solo parcialmente al presupuesto de la Unión Europea para el año 2003 y que se establecerá esta semana. 
No tengo ninguna crítica con respecto al trabajo duro. 
El resultado elaborado, fruto de los esfuerzos conjuntos de la Comisión, el Consejo y este Parlamento, es loable. 
No, me muestro más preocupado con el valor mencionado en primer lugar: el ahorro. 
En la resolución que tenemos frente a nosotros, el Parlamento solicita a la Comisión que persiga de forma activa la reducción de los pagos atrasados, la mejora de una programación mediante una aplicación cuatrimestral y de planes de cobertura, etc. Todo muy bien. 
Una y otra vez, se ha pasado por alto una cuestión importante, sin embargo. Se trata de la cuestión de la eficiencia de muchos aspectos en los que existen problemas de pago. 
Estamos seguros de que la Comisión está ingiriendo mucho más de lo que puede digerir alentada de forma activa por el Parlamento. 
La resolución habla de «superávits excesivos». Probablemente, esto nos conceda una pausa para pensar. 
Por tanto, agradecemos el hecho de que, a cualquier precio, en este caso se haya dado el primer paso en la reducción de pagos y créditos consignados relacionados con medidas estructurales. 
La elevada tasa de atrasos, sobre todo en el ámbito de los fondos estructurales, debe conducir a la seria reducción de unas líneas presupuestarias sin beneficios. 
Se trataría de una verdadera contribución a una política financiera más creíble de la Unión Europea. 
Sin embargo, en otros ámbitos políticos también se acogería con agrado un recorte sustancial de las líneas presupuestarias. 
En el ámbito de las operaciones externas en concreto podrían descartarse muchas líneas. 
Sólo es una operación que merece la pena considerar si la Unión Europea tiene un valor añadido en el ámbito de la política exterior. 
¿Qué pasaría, por ejemplo, si fuera a realizarse una enmienda 139 a la línea B7-6000? Se trata de una asignación no inferior a 20 millones de euros para fundaciones independientes y autónomas de la Unión Europea. 
Para justificarla hay una nota evasiva según la que las fundaciones políticas están cualificadas de forma idónea para las actividades mencionadas. 
Pero, en ese caso, ¿qué significan conceptos como independencia y autonomía? 
Abundan otros ejemplos. 
Únicamente señalaremos aquí la enmienda número 147 a la línea B7-6312. 
Tras un debate previo sobre los embriones en el programa marco de investigación, tengo que volver a mencionar una cuestión ética. 
En esta ocasión se refiere al aborto en el contexto de un programa para la promoción de la denominada salud reproductora y sexual y los derechos en los países en vías en desarrollo. 
La Comisión Europea declara de forma oficial que el aborto no puede financiarse como un método de planificación familiar. 
En la práctica, sin embargo, nos parece que las cosas no están tan claras, puesto que la Comisión Europea coopera y contribuye a los fondos de organizaciones que incluyen el aborto como uno de los derechos de la reproducción. 
Por no decirlo de otra forma: el aborto está siendo cofinanciado. 
Por tanto, les insto a que rechacen enérgicamente la enmienda 147. 
Este asunto demuestra que, una vez más, la financiación de las actividades polémicas desde el punto de vista ético conlleva problemas. 
La Comisión Europea debería mostrarse más reservada en dichos aspectos. 
Además, el modo en el que la política de desarrollo de la UE complementa la de los Estados miembros se ha ubicado dentro de una nueva perspectiva. 
Probablemente la Unión Europea no puede aceptar que se aplique la cooperación al desarrollo de los Estados miembros con actividades que no cuentan con el apoyo de los propios Estados miembros porque no las consideran responsables. 
Alabar esta idea me deja un mal sabor de boca. 
Me gustaría escuchar los argumentos de la Unión Europea que justifican esta implicación indirecta en el aborto. 
Señor Presidente, vamos a ser ahorrativos, haciendo honor a la confianza que los ciudadanos ponen en nosotros y aplicando el ahorro así como el trabajo duro. 
Después de todo, el ciudadano es quien paga. 
Señor Presidente, al igual que el Sr. van Dam, a mí también me gustaría poder centrarme en una línea presupuestaria específica, en parte porque, como componente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, he podido seguir el asunto de cerca. 
Se trata de la línea B7-6310: Los programas de cooperación Norte-Sur en la lucha contra la toxicomanía. 
Primero fue la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, después la Comisión de Presupuestos y, por último, el Pleno quienes por unanimidad han decidido bloquear las nuevas consignaciones y dejar las créditos consignados en la reserva porque, a juicio del Parlamento, esta línea presupuestaria no tiene un base legal. 
No tiene una base legal porque la Comisión debería haber presentado al Parlamento una evaluación de las medidas financiadas por la Comunidad bajo esta línea ya en octubre de 2000 y haber propuesto un nuevo reglamento. 
En su lugar, esta línea ha sido financiada sin base legal durante al menos dos años. 
Justo después de la votación en el pleno, la Comisión declaró al Presidente de la Comisión de Presupuestos que, en efecto, esta línea no tenía una base legal, algo que se encuentra en oposición a lo que el Comisario ha repetido en reiteradas ocasiones en respuesta a las preguntas del Parlamento, al declarar que se trataba de una línea financiada de conformidad con una base legal bastante precisa y el hecho de que dicha evaluación no se haya realizado no significa que no pudiera seguir siendo financiada. 
Se nos dijo que realmente había habido una evaluación. 
Dicha evaluación, que debería haber afectado al Reglamento de 21 de octubre de 1997 y que se habría presentado ante el Parlamento en julio de 2002, ciertamente nunca llegó a la Secretaría de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos. 
Logré, aunque con dificultad, sacarlo a la luz. 
Es un informe final de 9 de mayo de 2002, que de haber tenido tiempo, la Comisión de Derechos y Libertades de los Ciudadanos podría ciertamente haber evaluado y posiblemente haber evitado la situación, haber evitado lo que está sucediendo ahora con el nuevo presupuesto que ha llevado a que la Comisión, el Parlamento y el Consejo de forma conjunta liberen los créditos consignados en la reserva ahora que parece que hay una evaluación. 
Además de la portada y el título, se trata de una evaluación que se centra principalmente en los años 90 y la cooperación Norte-Sur en la lucha contra las drogas y la toxicomanía, que solo se encuentra relacionada parcialmente con el Reglamento publicado el 21 de octubre de 1997. 
Es más, la evaluación se concentra en todas las medidas adoptadas en los años previos mientras que todavía no se logra afirmar con claridad qué sucedió con este Reglamento durante esos tres años. 
La evaluación muestra claramente que, en los últimos tres años, la mayoría de las medidas habían sido adoptadas de forma conjunta con la agencia de las Naciones Unidas bajo la dirección del Sr. Arlacchi. 
Durante años, hemos pedido a la Comisión que investigue las medidas que las propias Naciones Unidas han calificado como no transparentes y, además, contrarias al Reglamento financiero. 
El propio Presidente Prodi ha asumido la responsabilidad de determinar lo que las Naciones Unidas han reconocido. 
Nada de esto ha sucedido y ahora nos encontramos volviendo a financiar alegremente esta línea presupuestaria cuando ya la hemos financiado año tras año durante mucho tiempo, sin una base legal, para operaciones dudosas de las que, incluso ahora, la Comisión no es capaz o no está dispuesta a ofrecer una evaluación adecuada. 
Señor Presidente, igual que otros oradores de esta tarde, acojo con agrado la conclusión satisfactoria de este proceso presupuestario. 
Ciertamente es uno de los más apacibles que he conocido y quisiera felicitar a nuestros dos ponentes por la labor excelente que han realizado. 
En todo proceso presupuestario hay éxitos y fracasos. 
En nuestro Grupo político, tal como ha señalado el Sr. Ferber, creemos que hemos logrado más éxitos que fracasos en este proceso presupuestario. 
Sobresalen tres cuestiones y quisiera mencionarlas. 
La primera de ellas se refiere a la mejora de la calidad de la ejecución del presupuesto. 
Desde el principio, insistimos en que deberíamos señalar a la Comisión, al Consejo y al Parlamento la declaración de diciembre de 2000, en particular con vistas a reducir los compromisos pendientes a un nivel normal en diciembre de 2003. 
A este efecto, propusimos que las partidas relativas al personal se consignaran en la reserva. 
Debido a ello, en estos momentos se nos promete un documento para el AP 2004 en el que se expondrá cómo vamos a eliminar los compromisos pendientes anómalos a finales de 2003. 
Creemos que todavía existe un largo camino por recorrer pero esto representa un paso en la buena dirección. 
En segundo lugar, en lo que se refiere a una participación adecuada del Parlamento en las medidas PESC, aquello que más nos inquietaba era cómo va el Parlamento a implicarse plenamente en la consulta e información sobre la forma en que el Consejo va a emplear los fondos. 
A este efecto, hemos consignado una retención de dinero en la reserva en primera lectura para poder negociar adecuadamente con el Consejo en segunda lectura. 
Y ahora tenemos una declaración conjunta de conformidad con el Acuerdo Interinstitucional, en la que se establece por primera vez una forma para que el Parlamento participe plenamente en la consulta e información, incluyendo el diálogo político sobre la PESC. 
También hemos consignado fondos en el presupuesto para que la Comisión pueda presentar un estudio en el que se establezcan prioridades de la PESC para los próximos cinco años. 
Espero encarecidamente que este estudio llegue a buen fin. 
Y por último, está la cuestión de la aplicación efectiva de las reformas de la Comisión. 
Para mi Grupo, se trata de un punto fundamental. 
Por consiguiente, proponemos que podamos tener una perspectiva general de ello y, con esta finalidad, en primera lectura, consignamos 500 empleados en la reserva, que son los puestos adicionales solicitados. 
Y, ¡quién lo iba a decir! , debido a ello ahora disponemos de un informe exhaustivo que justo en este momento estaba comentando con mis colegas- incluido el Comisario Kinnock- observando que efectivamente se habían realizado progresos. 
Desearíamos, sin embargo, que se conociera más ampliamente que se han realizado progresos, pero, en estos momentos, hay otros métodos en estudio en el Consejo y decisiones que hay que tomar antes de enfrentarnos de nuevo al electorado en junio de 2004. 
Por consiguiente, creo que en lo que se refiere a estos tres puntos, el presupuesto 2003 ha sido un éxito. 
Teníamos una estrategia y alguna influencia que nos permitió conseguirlo, con la retención de fondos o puestos de trabajo para que pudiéramos actuar. 
Tenemos que estar ojo avizor durante los próximos meses y asegurar que continuamos avanzando en estos tres puntos, ya que ninguno de ellos ha sido resuelto de forma plenamente satisfactoria en este presupuesto 2003. 
Pero gracias a los poderes del Parlamento, y a la determinación de nuestro Grupo político de utilizarlos, hemos avanzado en estos tres puntos hasta hoy. 
Concluyo con unas palabras de advertencia: las propuestas presentadas en la Convención Europea pretenden limitar por lo visto el poder del Parlamento en el procedimiento presupuestario; debemos asegurarnos de que esto no ocurra. 
. (EN) Señor Presidente, ya que nos felicitamos- todos han hecho discursos muy elogiosos sobre el papel desempeñado por la Comisión de Presupuestos- recuerdo una historia que en una ocasión me relató el vicepresidente Schmid. 
Un ex presidente de la Comisión de Presupuestos y un antiguo ponente general fueron a esquiar juntos. 
Mientras estaban esquiando tuvieron un accidente: cayeron por un barranco. 
Se quedaron atrapados y no podían salir. 
Veinticuatro horas más tarde, la gente se dio cuenta de su ausencia y salió un grupo de rescate. 
Cuando éste llegó al barranco, miraron abajo y vieron a dos personas. 
Gritaron: «¿Son ustedes de la Comisión de Presupuestos?» 
Contestaron: «¡Sí!» 
Les volvieron a gritar: «Somos de la Cruz Roja.» 
Les respondieron: «No tenemos dinero». 
Esa es la imagen que la mayoría de la gente tiene de la Comisión de Presupuestos. 
Sin embargo, con este presupuesto hemos sido sumamente considerados con casi todo el mundo que ha venido. 
Todo aquel que ha participado en este procedimiento conoce los faxes, correos electrónicos, llamadas telefónicas y llamadas a la puerta habidos para intentar ejercer presión sobre algo que pudiera obtenerse de este presupuesto. 
Sin embargo, en esta ocasión los ponentes han trabajado muy bien para asegurar que se acepten las prioridades de las comisiones, los diferentes grupos políticos y los que tienen intereses externos que han presionado eficazmente. 
Tenemos un presupuesto que refleja la buena voluntad por parte del Parlamento. 
De hecho, hay tanta buena voluntad que, tal como he comentado en comisión, disponemos de demasiado dinero en el presupuesto, en particular en algunas áreas de la categoría 4 en que no se gastará el dinero. 
Sin embargo, está ahí, y se ha conseguido con el buen trabajo de los ponentes y de la comisión y también con nuestros esfuerzos conjuntos con el Consejo y la Comisión. 
Hay que decir que ha habido un buen montón de primicias en este proceso presupuestario y no en menor medida debido a la actitud de la Presidencia danesa. 
Todos les hemos felicitado, y se han esforzado mucho para asegurar que finalmente dispongamos de un presupuesto del que podemos enorgullecernos. 
Normalmente, en esta última etapa se produce un gran cabildeo, pero no ha sido así en esta ocasión. 
Las escasas ocasiones de cabildeo con que nos hemos enfrentado se refieren a una o dos líneas relacionadas con la categoría 4. 
Nuestras negociaciones en la conciliación con el Consejo y la Comisión han sido realmente fructíferas. 
En la categoría 4 se han efectuado todas las modificaciones solicitadas por las comisiones, excepto en aquellas líneas referidas a ECHO- estamos convencidos de que se puede encontrar el dinero- y el Fondo Mundial para la Salud. 
No disponemos de los 80 millones de euros que nos solicitaron, pero tenemos 42 millones de euros del presupuesto general y una garantía de que la Unión Europea tendrá un miembro en el consejo del Fondo Mundial para la Salud. 
Desde este punto de vista, está bastante bien. 
Sin embargo, el mensaje que debe transmitirse, entre todas estas felicitaciones, es cómo se va a utilizar el dinero en el próximo año, ya que nuestro punto débil en este Parlamento es que no controlamos el modo en que se gasta el dinero. 
El Sr. Ferber instó a la Comisión y al Consejo a que se asegurara que el dinero se gasta adecuadamente. 
También es responsabilidad nuestra, y las comisiones de este Parlamento deben asegurar que lo controlan mes tras mes. 
Lo último que deseamos es una devolución del 15% a los Estados miembros al final del ejercicio, que es lo que ha sucedido este año cuando tuvimos que devolver 15 000 millones de euros. 
Los Estados miembros se alegran de ello, pero no es una buena práctica presupuestaria. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, deseo unirme al regocijo que se ha manifestado hoy en muchos aspectos relativos al modo provechoso en el que las negociaciones presupuestarias se han llevado a cabo. 
Es posible que para alguien de fuera el modo efusivo en el que nos elogiamos unos a otros pueda resultar extraño, pero la confianza mutua, la apertura y la integridad que ha caracterizado a las negociaciones presupuestarias este año despierta confianza en el hecho de que es posible acortar y simplificar el proceso presupuestario junto a las líneas tratadas en la Convención de forma sencilla y que podemos seguir trabajando para garantizar que el presupuesto parezca un documento político con prioridades políticas claras. 
En cualquier caso, este proceso será aún más claro el año que viene cuando cambiemos la presupuestación basada en actividades y, con suerte, acabará con el misticismo que rodea al lenguaje empleado en el presupuesto. 
Para todos nosotros será mucho más sencillo ver las prioridades políticas y económicas del presupuesto. 
En el presupuesto de este año se han conseguido resultados positivos y, en primer lugar, me gustaría destacar que para el año 2003 hemos encontrado el importe necesario para preparar la ampliación que incluya a diez países en el año 2004. 
La legislación de la UE debe traducirse a las lenguas de los nuevos Estados miembros y deben designarse puestos de los nuevos países sin sobrepasar el acuerdo marco financiero acordado. 
Creo que el Parlamento ha contribuido a este proceso. 
En segundo lugar, hemos encontrado los fondos para la reconstrucción de Afganistán y, en tercer lugar, el Consejo nos ha dado garantías claras de que habrá un escrutinio y una mejor cooperación en lo que respecta a la financiación de la política exterior y de seguridad común. 
Ciertamente, es importante que, por el bien de todos, no se produzcan recesos en el presupuesto que queden fuera del control parlamentario. 
Señor Presidente, como ya he destacado anteriormente, los ejercicios de ingeniería financiera que ha necesitado el proceso presupuestario actual han vuelto a demostrar la precariedad del marco de trabajo financiero de la Comunidad y, en consecuencia, la necesidad de que sea revisado y adaptado. 
Se sabe que el marco de trabajo financiero aprobado en Berlín es totalmente inapropiado para afrontar los costes de la ampliación, los cada vez más numerosos requisitos para la cohesión económica y social y, al mismo tiempo, para responder a las nuevas prioridades surgidas mientras tanto, en particular, en lo que respecta a las políticas externas e internas. 
Por tanto, la revisión de las perspectivas financieras sería la medida más adecuada. 
O, en ausencia de dicha revisión, el empleo total y legítimo de las prerrogativas presupuestarias concedidas al Parlamento Europeo de conformidad con los Tratados habría constituido un daño menor, evitando así los juegos que implican la redistribución y los recortes a los que nos hemos acostumbrado, con frecuencia a expensas de las prioridades y objetivos establecidos previamente. 
Estoy pensando concretamente en un área que se ha visto especialmente perjudicada: la política de cooperación y desarrollo. 
De hecho, de conformidad con el marco de trabajo actual y a la luz de las nuevas prioridades surgidas mientras tanto- Kosovo, Afganistán, así como Palestina y los fondos previos a la adhesión para Turquía o incluso el Fondo Mundial para la Salud- condensar los créditos consignados destinados a los países más pobres se ha convertido en algo inevitable. 
Esta condensación de fondos ahora se está ampliando a la ayuda alimentaria, a la cooperación con Latinoamérica, los Balcanes y el Programa MEDA. 
No obstante, como consecuencia de todos los avances, transferencias, reservas y la no ejecución ni siquiera se han aplicado las decisiones presupuestarias aprobadas. Es el caso ahora de los 55 millones de euros destinados a Afganistán específicamente. 
También estamos estudiando el intento de incluir la financiación del Fondo Mundial para la Salud en el seno del Fondo Europeo para el Desarrollo sin ni siquiera consultar a los países objetivo del FED y en detrimento suyo. 
Todo esto sucede porque no se ha tenido en cuenta el principio de suficiencia de medios, según el que deberían asignarse nuevos medios a nuevas prioridades. 
Según la rúbrica 4, que se ocupa de las políticas exteriores, era evidente que se necesitaba una revisión del límite superior de las perspectivas financieras. 
Sin embargo, la cuestión se hace más clara y urgente si se tiene en cuenta el hecho de que el importe para pagos propuesto para su aprobación supone un aumento de sólo el 1,9 % para el año 2003 o, lo que es lo mismo, inferior a la tasa de inflación esperada, que llevará a una reducción real en el presupuesto para pagos. 
En realidad, este presupuesto para el año 2003 se convertirá, relativamente, y desde el punto de vista de los criterios del Pacto de Estabilidad en el más bajo de la última década, puesto que representa únicamente un 1,02 % o menos del PIB de la Comunidad. 
No tiene sentido pretender conseguir más y más Europa y al mismo tiempo querer aprobar un presupuesto cada vez más bajo. 
Tras haber dicho esto, me gustaría añadir un apunte positivo por lo que respecta a Timor Oriental. 
Acojo con agrado los resultados obtenidos, tanto mediante la conservación de una línea presupuestaria específica (algo por lo que siempre he luchado) y mediante el incremento de esta línea en 6 millones de euros por encima de lo propuesto por el Consejo. 
Este hecho envía una señal política positiva a un país y a una población que hace poco que ha conseguido la independencia y que todavía tiene serias dificultades y esto aúna, en realidad, las distintas decisiones que hemos aprobado a este respecto. 
Por último, me gustaría decir unas palabras sobre Palestina, teniendo en cuenta la situación trágica a la que actualmente se enfrenta el país debemos responder a la situación del próximo año mediante la creación de una línea y de asignaciones suficientes, sobre todo, para recuperar las inversiones que la Unión Europea ha realizado allí. 
Señor Presidente, Comisario, no estamos contentos con el presupuesto en la parte que se refiere a la agricultura. 
No se hicieron constar nuestras propuestas aunque el Consejo nos hizo algunas pequeñas concesiones, pero nuestra solicitud de un nuevo acuerdo institucional con el fin de transferir los fondos en excedente del primer pilar al segundo no se ha cumplido, creyendo simplemente que las cosas no se pueden hacer así. 
Ahora hemos percibido con asombro que en Copenhague ha sucedido justamente lo contrario, y que los fondos fueron transferidos con un toque de pluma desde el desarrollo rural del segundo pilar con el fin de dejar espacio para que los fondos fueran desembolsados como si fueran pagos directos. 
Tengo que decir que me parece escandaloso. 
Nosotros redactamos en el Parlamento una resolución en la que se expresa nuestra oposición a los pagos directos y al hecho de que sean transferidos a los nuevos Estados miembros de la Unión Europea y damos por hecho que los pagos en conjunto no se verán afectados pero que ello se hace como una forma de apoyar el desarrollo rural, es decir, el segundo pilar. 
Esto no se ha cumplido. 
Las conclusiones de Bruselas imponían un tope financiero que no agotaba las posibilidades que Berlín ofrecía. 
No se impuso ningún tope en la financiación del segundo desarrollo y habíamos confiado en que esto implicaría que la reforma podía incluir al Parlamento en este segundo pilar con lo que se le permitiría participar en estas áreas así como realizar progresos en el segundo pilar. 
Pero si la decisión del Consejo toma los fondos, un acuerdo alcanzado en esta Cámara con gran esfuerzo, y los vuelve a transferir a un desarrollo que no deseamos, Comisario, este hecho no está de acuerdo con las intenciones del Parlamento. 
En consecuencia, soy de la opinión de que esto no puede aprobarse de este modo, que tendremos que ocuparnos de las negociaciones en el mismo Presupuesto y de que, definitivamente, esperamos que la Convención Europea consiga una codecisión que pueda aplicarse en los aspectos agrícolas tanto en lo esencial como en lo que se denomina fondos obligatorios. 
En lugar de aguantar a largo plazo los cambios aquí y allí a gusto del Consejo, queremos poder votar el presupuesto y decidir estos asuntos nosotros mismos. 
Señor Presidente, desearía felicitar a los ponentes por la labor realizada en el presupuesto de la UE para 2003, que ahora asciende a casi 100 000 millones de euros. 
Cerca de 44,8 millardos de euros deben destinarse a la política agrícola común en el próximo año y agradezco mucho la ayuda que la Unión Europea da a la agricultura en general. 
Todas las principales instituciones de la UE reconocen la importancia política de ayudar a las explotaciones agrícolas, a sus familias y a las comunidades rurales donde habitan. 
Hay que seguir invirtiendo para asegurar que disponemos de un sistema agrícola europeo económicamente viable. 
Es por ello que estoy especialmente satisfecho de que en el contexto de unas políticas presupuestarias más amplias de la UE, los líderes de la Unión Europea hagan previsiones para salvaguardar la viabilidad de la política agrícola común ahora y en el futuro. 
También me siento alentado por el efecto en los fondos regionales en Europa que ascenderán a 33,98 millardos de euros y me alegra especialmente que se vaya a gastar en zonas como mi propia región de Connacht/Ulster en Irlanda. 
Estos fondos aliviarán el déficit manifiesto en infraestructuras que existe en regiones como la mía y, de hecho, en otras regiones que van a la zaga en Europa. 
Señor Presidente, señores representantes del Consejo, señora Comisaria, Señorías, el chiste que ha contado nuestro colega Terry Wynn habría quedado mucho mejor si en lugar de miembros de la Comisión de Presupuestos hubiéramos sido ministros de Hacienda. 
Por lo demás, todos nos reímos exactamente igual. 
Nos felicitamos hoy porque los informes Färm y Stenmarck han traído consenso a esta Cámara. 
Han traído también consenso a nuestras relaciones con el Consejo y han respondido en la medida de lo posible a lo que eran las justas exigencias de la Comisión. 
En resumen, creemos que la dimensión nórdica ha sido muy beneficiosa para los intereses de la Unión Europea y, por eso, hoy debatimos el proyecto de presupuestos para el año 2003 en una situación que, los que tenemos una larga experiencia presupuestaria, podemos calificar de excepcionalmente tranquila. 
Los casi 100 000 millones de euros que vamos a aprobar tienen un escaso peso cuantitativo en la economía de la Unión, pero su peso relativo es muy grande porque, no olvidemos, lo que tanto políticos como ciudadanos entendemos por Europa está ahí, en esos 100 000 escasos millones de euros. 
Sin embargo, el consenso final, que tanto es de agradecer a la muy dialogante Presidencia danesa, no esconde las espinas que todavía están clavadas en el corazón de este Parlamento. 
Voy a mencionar un par de ellas: en primer lugar- lo han dicho otros oradores- cada vez es menor el poder presupuestario real de esta Cámara. 
Cuando no hablamos de gastos obligatorios, hablamos de programas plurianuales o de gastos privilegiados o de presupuestos rectificativos. 
Cada año es mayor el porcentaje del presupuesto comunitario que escapa a la decisión y el control directo de este Parlamento. 
Dentro de las propuestas que mi Grupo hace a la Convención destacan aquellas que tratan de cambiar esta situación. 
Un Parlamento representativo debe decidir sobre todos los gastos. 
La codecisión debe generalizarse, sin que por ello se pongan en riesgo los gastos agrícolas y estructurales que deben garantizarse. 
Sobre todo, creo que es un error político trasladar de la manera que se está haciendo la austeridad presupuestaria de los Estados miembros al presupuesto de la Unión, y ello por dos motivos: primero, porque se están aplicando restricciones presupuestarias a un presupuesto comunitario que de por sí ya no tiene capacidad de endeudamiento. 
Uno puede entender que un gobierno nacional que quiere o que debe cumplir el pacto de estabilidad tenga que actuar sobre su déficit público y, de ser posible, llegar al déficit 0 pero aplicar esas tasas anuales de crecimiento presupuestario inferior al 2% anual al presupuesto de la Unión lleva a una creciente insuficiencia de recursos comunitarios. 
Intentan que la Unión haga cada vez más cosas con menos recursos. 
Y ese milagro no sólo no es eterno, sino que, además, es insostenible. 
En segundo lugar, ¿cómo explicaría el Consejo estos saldos presupuestarios crecientes que se devuelven a los Estados miembros con una tasa de utilización de los recursos propios ya prácticamente en el 1% en vez del teórico 1,27 %? 
La respuesta flota en el aire. 
Hay Estados miembros que utilizan como variable de sus ajustes presupuestarios nacionales los fondos estructurales que no comprometen y que no ejecutan. 
Yo me pregunto, si es ésa la manera correcta de administrar la Unión Europea, si debe este Parlamento conformarse con este modo de actuación. 
Esperemos que la Convención nos ayude a solucionar este problema que todos tenemos planteado. 
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a los dos ponentes, quienes han obtenido buenos resultados. 
Desearía agradecer especialmente al Sr. Stenmark su cooperación al trabajar conmigo en los presupuestos de otras instituciones y, sobre todo, en la aplicación del ejercicio de concentración de la financiación en los primeros años. 
Esto significa que estos presupuestos, que, al principio superaban el tope en 66 millones de euros, se encuentran ahora dentro de un margen aceptable. 
Esto nos va a ayudar también en el presupuesto de 2004. 
El comienzo de 2003 ha sido un año presupuestario difícil. 
No sólo había importantes preparativos en las instituciones debido a la futura ampliación, sino que también se pusieron de manifiesto los imperativos de tener que trabajar dentro del marco rígido acordado en Berlín, en especial en la categoría 4. 
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes el Sr. Färm sobre el sistema restrictivo en el que tenemos que trabajar. 
Los ponentes han tenido que hacer verdaderos malabarismos, en especial en nuestro presupuesto principal. 
Durante los últimos tres años he observado una situación de crisis de un año a otro. 
Mientras crecen las obligaciones y necesidades generales de la UE, no ocurre así con las finanzas. 
Uno de los problemas fundamentales del Parlamento es la falta de influencia sobre el conjunto del presupuesto de la UE, en particular respecto a la categoría 1. 
Mientras nosotros, como parlamentarios, estamos obligados al rigor presupuestario, nuestra incapacidad de influir sobre el 50% del presupuesto de la UE resulta frustrante al no poder trasladar totalmente las prioridades políticas a las prioridades presupuestarias. 
Por consiguiente, desearía felicitar tanto al Sr. Stenmarck y al Sr. Färm, en particular a este último, por lograr cumplir la mayoría de las prioridades del Parlamento. 
La realidad de la ampliación se nos echa encima. 
Sin embargo, hasta que no dispongamos de los resultados de la Convención y no se haya establecido el pleno alcance del nuevo papel de la institución, será difícil implementar planes directos. 
Aunque hemos empezado los preparativos en este presupuesto y ya se han puesto en práctica algunas pequeñas adaptaciones en esta Asamblea, las instituciones todavía no se han asumido la realidad. 
No hemos empezado a tratar debidamente todas las implicaciones que comportará la ampliación. 
Echemos un vistazo a los tres lugares de trabajo. 
Respecto a Estrasburgo, es probable que haya cerca de 100 nuevos diputados, además de sus ayudantes y sus homólogos del Consejo, así como personal adicional de la Comisión procedente de los nuevos miembros de la Unión Europea. 
En términos prácticos, esto significa que muy probablemente habrá de 2 000 a 3 000 personas más una vez al mes en esta ciudad. 
Incluso ahora los hoteles luchan para dar abasto. 
Sé que se nos considera un circo ambulante, pero en mayo de 2004 tendremos que acampar en nuestras carpas, ya que no habrá suficientes habitaciones de hotel debido a la ampliación del Parlamento. 
Junto con esto, los enlaces de transporte- en particular, los aéreos- distan mucho de ser satisfactorios para los diputados actuales. 
Por consiguiente, es absolutamente indispensable que la Convención coja el toro por los cuernos y observe con detenimiento los tres lugares de trabajo. 
¿Cómo puede reducirse? 
Es importante que el Consejo y la Convención reconozcan que deben tomar esta decisión política. 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, como ya se ha dicho en muchas de las explicaciones, el procedimiento presupuestario de este año ha sido ejemplar. 
Ha habido una cooperación eficaz entre todos los componentes de la autoridad presupuestaria. 
También me gustaría dar la enhorabuena a los dos ponentes de la comisión presupuestaria que han demostrado que se encuentra en buenas manos. 
Creo que las dificultades más serias se plantearon en las rúbricas 4 y 5 pero también creo que se ha encontrado una buena solución para ambas categorías. 
Pudimos encontrar una solución adecuada para ayudar a Afganistán y al Fondo Mundial para la Salud y, por lo que respecta a la rúbrica 5, también se hizo un uso adecuado de la distribución anticipada. 
Esta mañana hemos hablado en esta Cámara sobre la traída y llevada crisis de fiebre aftosa de 2001. 
La resolución aprobada esta mañana vuelve a instar al compromiso de investigación de diversos ámbitos. 
Por lo que se refiere al presupuesto del año pasado, la Comisión ha tenido todas las oportunidades. Porque antes incluso de que la comisión fuera llamada a existir, el Parlamento ya había votado a favor de una investigación inicial. 
También dije en la primera lectura de octubre que la Comisión debería llevar a cabo una investigación en dos áreas, las vacunas marcadoras y los sistemas de seguros. 
Por lo que sé, la decisión de la autoridad presupuestaria ha sido aparcada y la Comisión todavía no ha comenzado la firma de contratos. Me gustaría volver a poner de manifiesto cuánto lo lamento. 
Una cosa: ya hemos puesto en marcha los programas para Europa Oriental que deberían estar aplicándose en este preciso instante, pero dicha aplicación es muy lenta. 
Me parece que el gran peligro de los años venideros radica en el hecho de que hagamos todo lo posible para aplicar el mayor número de programas posible en Europa Oriental pero, simplemente, no podemos. 
Creo que la Comisión debería prestar una atención especial a este aspecto. 
Por último, me gustaría poner de manifiesto la esperanza de que con el nuevo sistema presupuestario basado en actividades del próximo año, el proceso presupuestario se realizará sin problemas como ha sucedido este año. 
Señor Presidente, es para mi un gran placer afirmar que el presupuesto para 2003 se ha desarrollado extraordinariamente bien. 
Fue un privilegio asistir a las reuniones de conciliación provisional y de fin de año, donde se llevaron a cabo debates y acuerdos constructivos y sensatos. 
Desearía elogiar al Comisario Kinnock por sus reformas de la Comisión, aunque ha habido un punto débil. 
Me alegra ver hoy a la Sra. Schreyer en este hemiciclo, que espero hablará sobre la auditoría contable. 
En la discusión del presupuesto, tanto nosotros los Conservadores como el Partido Popular Europeo intentamos indicar que necesitábamos una auditoría contable mejor y más ajustada. 
Si no lo lográbamos, no liberaríamos determinadas sumas de dinero ni permitiríamos determinados niveles de personal. 
Esto es absolutamente crucial. 
Es muy lamentable que la Comisión de Presupuestos eche una ojeada al presupuesto, pero entonces se tropieza con implicaciones de control presupuestario, y así existe cierta brecha entre ambos. 
Debe existir un hilo sin costuras, y me complace que la Sra. Schreyer esté aquí para tratar hoy este tema. 
Mirando hacia el futuro, es de suma importancia que se lleve a cabo la reforma de la política agrícola común de acuerdo con el programa y que no se aplace, por ser tan fundamental para la ampliación y el pago de subvenciones razonables- e insisto en la palabra razonable- a los países candidatos. 
Me complace que sepamos aprovechar el presupuesto de la Unión Europea. 
Hemos conseguido reducir el porcentaje del PIB previsto en el presupuesto, por lo que en estos momentos, con un 1,02 %, apenas sobrepasa el 1%. 
Elogio a todos lo que han participado, en particular a los ponentes, por este resultado presupuestario muy satisfactorio. 
Señor Presidente, voy a ceñir mi breve intervención a las prescripciones de pesca. 
Quiero constatar que la segunda lectura, en la que vamos a aprobar unos acuerdos internacionales de pesca que no han presentado grandes problemas, es un mero trámite. 
Sin embargo, la principal batalla que hemos tenido ha sido satisfacer el compromiso adquirido el año pasado de paliar los efectos en la flota pesquera comunitaria que faenaba en las aguas del Reino de Marruecos, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con este país para renovar el acuerdo de pesca. 
Es bien sabido que el Consejo, a pesar de haber adquirido este compromiso en su proyecto de presupuesto para 2003, eliminó los 27 millones de euros previstos por la Comisión en el anteproyecto de presupuesto. 
Sin embargo, el Parlamento Europeo- sobre todo a través de su ponente socialista sobre perspectivas financieras, el Sr. Colom i Naval- con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, logró llegar a una solución en este asunto, adoptando al final 15 millones de euros de transferencia al cierre del ejercicio 2002 y 12 millones de euros a través de la movilización del instrumento de flexibilidad para el ejercicio 2003. 
Por supuesto, mi Grupo va a apoyar este acuerdo en segunda lectura. 
Votará a favor de este acuerdo por el que luchó y que impulsó y espero que quede suficientemente claro el papel de los diputados europeos socialistas, tanto en las negociaciones como en la conclusión del mismo. 
Si insisto en este asunto es para prevenir una vez más, señor Presidente, las infundadas acusaciones de boicoteo continuo que se vierten por parte del Presidente del Gobierno español, señor Aznar, hacia el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, sin el más mínimo escrúpulo, intentando, como siempre, confundir a la opinión pública. 
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, en el año 2003 concluirá la mitad del período vigente de las perspectivas financieras. 
Estamos ante el primer procedimiento presupuestario que afronta con éxito en el gasto administrativo las consecuencias derivadas de la ampliación. 
A mi juicio, esto es un buen punto de partida para afrontar las dificultades en el futuro. 
Es de justicia señalar que los esfuerzos por alcanzar un acuerdo en la conciliación de julio fueron exitosos y nos permitirán mañana dar un voto favorable al presupuesto 2003. 
Vaya por delante, pues, mi sincera felicitación a los ponentes, Sr. Färm y Sr. Stenmarck, y al presidente de nuestra Comisión de Presupuestos. 
El conjunto de los compromisos adquiridos en la conciliación, y plasmados en las declaraciones, indica un avance claro para el Parlamento en la toma de decisiones con consecuencias presupuestarias y un avance en asegurar un mejor control de la ejecución presupuestaria y de los compromisos pendientes. 
Aquí se ha hecho mención a un tema muy importante para mi país: solucionar el segundo tramo de la financiación de las flotas pesqueras española y portuguesa ante la imposibilidad de faenar en aguas del Reino de Marruecos. 
Quiero, sinceramente, decir a mi querida colega Bárbara Dührkop Dührkop que compartimos los objetivos, pero no los métodos ni los discursos que acabamos de escuchar aquí. 
Creo que éste es un buen ejemplo de colaboración interinstitucional. 
Tanto la Comisión como el Parlamento y el Consejo hemos conseguido alcanzar un acuerdo y creo que en estos momentos en los que regiones como Galicia están sufriendo las consecuencias de una catástrofe extraordinaria, que nuestras instituciones demuestren que son sensibles y que tienen solidaridad es algo positivo que podemos transmitir a los ciudadanos. 
También tengo que decir que, una vez más, los ingresos para el próximo ejercicio consignarán una significativa cantidad por los excedentes del año anterior. 
Esta situación, que revela una crónica infrautilización de los pagos en algunas áreas, debe terminar. 
Quiero decirle al Consejo que no puede desconocer ni menoscabar las prioridades políticas del Parlamento y que no debe repetirse la pérdida de créditos, como va a suceder con la financiación comunitaria a Europol para determinadas acciones en la lucha contra el terrorismo, simplemente porque el Consejo no quiere someterse al control de esta Asamblea. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, también yo quiero dar las gracias a los ponentes generales, el Sr. Färm y el Sr. Stenmarck, por su habilidad en el manejo de este asunto y el logro de un compromiso que nos ha permitido alcanzar nuestro objetivo con un resultado que el Parlamento considera en conjunto satisfactorio. 
Como muchos de ustedes ya saben, he expresado cierta preocupación en torno a una serie de decisiones, particularmente el recorte de las asignaciones de pago para la categoría 2 de los Fondos Estructurales. 
Sin embargo, aunque el compromiso alcanzado no me entusiasma, entiendo cómo ha llegado a producirse, dada la enorme presión por parte de los Estados miembros con objeto de reducir el importe de los pagos que, siento decirlo, aumentan más lentamente que la inflación. 
No quiero centrarme en el cotenido del presupuesto, sino hablar de otra cosa. 
Se trata de un presupuesto de transición: como ha dicho el Sr. Walter, nos muestra la cruda realidad de unas cifras que, una vez más, reflejan la miserable rigidez de los Estados. 
Habría que ser ciego para no ver que hemos inaugurado una nueva fase de la historia de Europa. 
Copenhague es un hito histórico. 
Los que han creído en la ampliación han tenido que tener verdaderos poderes visionarios, los poderes visionarios de Spinelli, Monnet and Schumann antes que nosotros. 
¿Es realmente imposible ser de nuevo visionarios también con respecto al presupuesto? 
No podemos construir un poder europeo con Estados míserables. 
¿Llegará el día en que la Perspectiva Financiera se establecerá sobre la base de un arranque de generosidad, por ejemplo de los Países Bajos, con el Fondo de Solidaridad enteramente financiado por Luxemburgo, sin ir más lejos, con la Comisión de Control Presupuestario urgiéndonos a que gastemos más y no menos, con los Estados miembros calculando, no lo que entra y sale de sus bolsillos, sino lo que Europa necesita de verdad para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos? 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, junto a la ampliación y la política exterior, la política estructural y agrícola representan la prioridades esenciales del presupuesto. 
Algo que únicamente era correcto y adecuado cuando el presupuesto europeo era originariamente agrícola en esencia. 
Es un aspecto que tiene que tenerse en cuenta a la hora de considerar las áreas de la política del Consejo. 
Hay algo dudoso con respecto a la constante carga del presupuesto europeo con las nuevas labores de la Comunidad sin especificar de dónde tiene que obtenerse el dinero para estas tareas. 
Según yo lo entiendo, ciertamente no va a ser del presupuesto agrícola. 
No entiendo que nuestra función tenga que ser la de conservar los presupuestos nacionales mediante la división del trabajo de este modo. 
En ese sentido, se deduce que las enmiendas adoptadas por el Consejo desde la primera lectura del Parlamento tienen un doble filo. 
Por un lado, me complace saber que el Consejo ha retirado el 25% de los recortes generales de las líneas bajo el título 1A. 
Por otro lado, esto significa que si se compara con el proyecto de presupuesto, estamos dando 200 millones de euros incluso aunque el límite superior calculado tenga un margen de 2,6 millardos de euros. 
Este importe no se ha utilizado donde era necesario, como una ayuda que realmente genera ingresos. 
Se ha quitado dinero incluso del fortalecimento del segundo pilar que ha sido solicitado por todas las partes. 
Me gustaría dejar constancia de estoy a favor del apoyo y el desarrollo de las áreas rurales, si a largo plazo ello proporciona a la gente de allí un hogar y el dinero no se malgasta en símbolos de estatus locales ni se permite que vaya a parar a proyectos nacionales con tintes ideológicos. 
Por lo que se refiere a la carta de enmienda de la Comisión, acojo con agrado el hecho de que la Comisión haya aprobado algunas de las propuestas del Parlamento desde la primera lectura y, en concreto, que no se hayan realizado recortes adicionales a la financiación de la exportación. 
En conclusión, para mí es importante volver a hacer hincapié en el hecho de que el presupuesto agrario recibe un ataque por los dos frentes. 
En uno, el Consejo está intentando emplear el sector agrícola para financiar más que nunca nuevos gastos y, en otro, el reajuste de los fondos a un segundo pilar todavía por definir implica que los agricultores estén perdiendo pagos del primer pilar que generan ingresos. 
Las dos cosas me parecen injustas y me gustaría aprovechar esta oportunidad para dejarlo muy claro. 
Creo que, como ya ha sido repetido con frecuencia, ciertamente, podemos mostrarnos satisfechos con este presupuesto. 
No obstante, ahora que he escuchado a todo el mundo en este extenso debate, me pregunto si lo que estamos experimentando hoy no es la calma antes de la tormenta. 
En esta ocasión todo ha funcionado bien, puesto que todos hemos actuado de forma satisfactoria pero tenemos cosas que posponer para el futuro. 
¿Cómo irán las cosas el próximo año? 
¿Cómo seguirá a largo plazo este presupuesto cumpliendo la función que cumple en el momento si se habla de él con términos tan rimbombantes? 
Si se escucha a cada uno de los ministros de economía, parece que la mayoría de sus problemas reside en el presupuesto europeo. 
Explico a la gente de los Países Bajos que de cada cien euros que ganan, pagan cuarenta y tres en impuestos y que sólo uno se destina a la Unión Europea. 
Sin embargo, todo el mundo se pregunta por qué se gasta tanto dinero aunque desde la perspectiva nacional implique una cantidad de dinero relativamente pequeña. 
Temo que uno de los motivos sea que se trata de una pista falsa porque en ese caso no es preciso hablar de los millardos que se gastan a escala nacional. 
La gente se muestra reacia a mirarlos de cerca. Pero siempre están dispuestos a hablar sobre lo que es, después de todo, una suma de dinero relativamente pequeña, sobre todo, porque se supone que va al exterior, y es mucho más fácil hablar de algo así. 
Por tanto, creo que debemos tener esto en cuenta. 
Si, por ejemplo, se echa un vistazo al presupuesto destinado a defensa que, por supuesto, depende totalmente del ámbito nacional, puede parecer que gastamos aproximadamente la mitad de lo que los americanos gastan pero que obtenemos únicamente el diez por ciento de los ingresos. 
Por tanto, pueden ver claramente que un enfoque colectivo para dicha política puede solucionar muchos más problemas que si se hace de forma aislada. 
Creo que estos últimos ruidos no se escuchan con demasiada frecuencia y deberían hacerlo. 
Probablemente todo el mundo se muestra demasiado preocupado con la cantidad relativamente pequeña. 
Es algo que se cierne sobre nosotros y considero que la calma que nos rodea puede derivar en una tormenta una vez que nos hayamos enfrentado a todas las consecuencias de la expansión. 
Podemos superarlo, hemos puesto los cimientos adecuados pero debemos estar seguros de que los vigilamos. 
Señor Presidente, Señorías, a pesar de que la política exterior de la nación mantiene que, por tradición, se trata de un asunto del ejecutivo, el dinero para determinadas actividades de política exterior tiene que contar con la autorización de sus respectivos parlamentos. 
El derecho del control sobre el presupuesto es el medio tradicional con el que un parlamento nacional ejerce un control parlamentario en la política exterior y también nos complace saber que este presupuesto nos permite dar un paso adelante en el camino hacia el control parlamentario de la política exterior y de seguridad común. 
Existe un acuerdo con el Consejo por el que se ha asegurado que, antes de las futuras decisiones- en concreto lo que se refiere a las acciones conjuntas- se notificará al Parlamento, la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Presupuestos a su debido tiempo que todavía pueden ejercer cierta influencia en la medida en conjunto. 
Ahora hacemos un llamamiento a la Convención para que consagre esto de conformidad con la naciente constitución europea y para que lo refuerce. 
Nadie desea poner en duda el derecho de los Estados miembros a adoptar decisiones autónomas sobre asuntos de política exterior pero si se espera que el Parlamento tenga disponibles los fondos, en ese caso, tiene que avisarse previamente. 
En los últimos años hemos sido testigos de muchos ejemplos de compromisos de política exterior y de que nuestro procedimiento presupuestario haya tenido que ser usado para encontrar los fondos necesarios mediante recortes realizados en otras partes del presupuesto. 
Como comentó nuestro colega el Sr. Bourlanges: «La reconstrucción de la antigua República Yugoslava y los Balcanes fue costeada por África puesto que fue donde tuvimos que hacer recortes para conseguir que fuera posible». 
Este acuerdo con el Consejo supone un importante paso hacia lo que ya no será el futuro y hacia la competitividad de la política exterior que guarda alguna relación con el procedimiento presupuestario, y alentamos a la Convención para que tenga en cuenta el trabajo que se está haciendo. 
Señor Presidente, Señorías, como ponente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía me parece necesario mantener un debate sobre las cuatro áreas que nosotros consideramos como de gran importancia. 
La primera se refiere al comercio exterior. 
La próxima ronda de negociaciones de la OMC es inminente. 
En mi opinión la tendencia que va desde la promoción de productos hacia la promoción de calidad es significativamente importante y será de gran importancia para Europa. 
En segundo lugar, la OMC tiene una necesidad urgente de una asamblea parlamentaria que la acompañe. 
Podemos observar cómo la presión de las ONG se encuentra en constante aumento y cómo se hace cada vez más importante contar con un debate político sobre cuestiones políticas. 
En tercer lugar, nosotros mismos en esta Cámara debemos conducir nuestros esfuerzos para cumplir los retos implicados en la preparación de la OMC de cara al futuro. 
A la larga, este aspecto afectará de forma decisiva entorno a un 20% de los empleos de la Unión Europea. 
Por lo que se refiere a la industria, quiero hacer constar el hecho de que el apoyo de las regiones fronterizas ha sido un gran éxito, sobre todo, el ofrecido a las pequeñas y medianas empresas. 
La línea presupuestaria B5-510 también resultaría muy adecuada para aumentar el presupuesto para la comunidad trabajadora ARGE 28 de las cámaras de comercio. 
Me parece muy sensato que los debates hayan abordado este asunto. 
Otro de los factores a los que se presta atención es el hecho de que en el cuarto programa plurianual se tengan en cuenta los diversos modos de financiar Basilea II. Creo que estos programas son de gran importancia para el futuro. 
En concreto, quiero iniciar una operación preparatoria para el próximo año con el fin de ofrecer una ayuda particular en esta área a las pequeñas y medianas empresas que cumplen los requisitos de Basilea II. Volviendo a la investigación y el desarrollo, los fondos destinados a las PYME merecen una mención especial y creo que los 3 millardos de euros que se prevé gastar en el año venidero también pueden darnos un impulso para un desarrollo económico mejorado. 
El cuarto y último punto final está relacionado con la energía inteligente. 
En este sentido, también creo que hemos dado un paso adecuado en la dirección correcta por lo que se refiere al suministro, la seguridad y la eficiencia de energía con una consideración especial a las pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, Señorías, quiero ocuparme brevemente de una serie de cuestiones que han surgido, empezando, por supuesto, con la gestión del presupuesto. 
También me gustaría mencionar aquí el hecho de que una vez más hayamos recogido muy bien en este procedimiento presupuestario la cuestión de los proyectos pilotos y las medidas preparatorias, es decir, que una votación sobre los enfoques a la aplicación pueda realizarse de antemano de forma que lo que la autoridad presupuestaria ha decidido también pueda ser aplicado por la Comisión con rapidez. 
La Sra. Buitenweg ha pedido una serie de puestos complementarios en el área de medio ambiente haciendo referencia, entre otras cosas, a las labores necesarias para la ampliación, puesto que la legislación medioambiental también debe, ciertamente, aplicarse de un día para el otro, a menos que se hayan puesto en práctica medidas provisionales, pero, las medidas provisionales también tienen que tenerse en cuenta. 
Una vez finalizada la votación del jueves sobre el Presupuesto 2003, se concederán 18 puestos adicionales para la preparación a la ampliación a la DG de Ampliación que serán aumentados una vez que se aplique el presupuesto, por lo que, en el curso del año 2003, la DG de Medio Ambiente tendrá a su disposición 33 puestos adicionales. 
Me gustaría retomar lo que el Sr. Walter ha dicho en su intervención con respecto al ajuste de la perspectiva financiera en el curso de la ampliación. 
Puedo asegurarle abiertamente, Señor Walter, que la Comisión ha sido muy específica a la hora de hacer hincapié en el hecho de que el ajuste de la perspectiva financiera no es algo que, por decirlo de algún modo, haya sido decidido previamente, sino que, más bien, tiene que ser decidido de forma conjunta por el Parlamento y el Consejo basándose en la propuesta de la Comisión. 
Comparto su opinión en este sentido: En Copenhague se tomaron decisiones sobre los montantes máximos pero las decisiones sobre lo que podríamos denominar ajustes precisos supondrán un esfuerzo conjunto. 
Estaría encantado si lográramos establecer la secuenciación de la forma que propone la Presidencia griega, para que ciertamente contemos con los debates esenciales en estos asuntos como parte de un primer diálogo a tres bandas. 
El Sr. Graefe zu Baringdorf, que ya no se encuentra en esta Cámara, ha planteado la cuestión de las decisiones del Parlamento sobre el gasto en el área de la política agrícola. 
La Comisión está totalmente de acuerdo en que, en el futuro, debería eliminarse esta distinción entre gasto obligatorio y no obligatorio así como las consiguientes diferencias entre los derechos del Parlamento de forma que el Parlamento Europeo tenga plena competencia en asuntos presupuestarios. 
Creo que este procedimiento presupuestario particular ha vuelto a demostrar que el presupuesto europeo no puede mantenerse si esto no se consigue. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.30 horas. 
(La sesión, suspendida a las 4,55 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las comunicaciones de la Comisión sobre el futuro de los sistemas de pensión y la modernización de la contabilidad. 
Señor Presidente, hoy la Comisión ha aprobado un análisis exhaustivo de las estrategias de los Estados miembros para asegurar pensiones adecuadas y sostenibles. 
El presente informe es fruto de una nueva forma de cooperación entre los Estados miembros, dado el consenso de que los sistemas de pensiones deben seguir siendo responsabilidad de los Estados miembros, y así el papel de la Unión Europea estará limitado a apoyarlos en sus esfuerzos de reforma. 
Naturalmente, esto no va en detrimento de las políticas comunitarias en una serie de ámbitos que afectan a los responsables políticos nacionales, inclusive la política de mercado interior y la sostenibilidad de las finanzas públicas, que se examina en el marco de las amplias directrices de política económica. 
Por otra parte, la sostenibilidad financiera de las pensiones depende en gran parte del éxito de la estrategia de empleo europea. 
Me complace mucho que el Parlamento Europeo respalde este enfoque, aun cuando todavía debemos hallar una forma satisfactoria de implicar más al Parlamento en el método abierto de coordinación. 
El acuerdo de aplicar el método abierto de coordinación al tema de las pensiones se alcanzó en el Consejo Europeo de Laeken hace un año. 
En esa ocasión se establecieron 11 objetivos comunes que abarcaban la adecuación de las pensiones, su sostenibilidad financiera y la modernización de los sistemas de pensiones para adaptarlos a los cambios del mercado laboral y de la sociedad, en particular para asegurar que satisfacieran bien las necesidades de las mujeres. 
Un concepto importante del informe en su conjunto es que existen tres dimensiones diferentes: sostenibilidad, modernización y adecuación de las pensiones. 
No sólo se trata de la única dimensión que teníamos hasta ahora en nuestras políticas europeas, situada en el marco de nuestras finanzas públicas. 
También se acordó que los Estados miembros presentarían informes de estrategia nacionales en los que explicaran cómo logran estos objetivos comunes. 
Los informes nacionales se presentaron en septiembre, y el documento que la Comisión ha aprobado hoy es un análisis de las estrategias nacionales, objetivo a objetivo. 
La meta de la Comisión no es el establecimiento de una clasificación de Estados miembros o el de sermonearles. 
El método abierto de coordinación en materia de pensiones no es un concurso de belleza. 
Los Estados miembros deben decidir por sí mismos qué tipo de sistemas de pensiones desean. 
Pero nuestro informe intentaba destacar determinadas ventajas y desventajas concretas de los sistemas y políticas nacionales. 
Los objetivos comunes pueden lograrse mediante un amplio abanico de sistemas de pensiones. 
Los Estados miembros disponen de planes de pensiones estatales de cantidades a tanto alzado que cubren a todos los residentes, o planes relacionados con los ingresos cuyas prestaciones se basan en el empleo. 
Dependen, en mayor o menor cuantía, de la financiación pública o privada para complementar estos sistemas públicos. 
Los interlocutores sociales desempeñan un papel más o menos importante en los sistemas de pensiones nacionales. 
A pesar de esta diversidad de sistemas, el hecho de que podamos estar de acuerdo en torno a una serie de objetivos comunes demuestra que tiene sentido hablar de un modelo social europeo. 
La diversidad de sistemas de pensiones no nos impide tener metas compartidas en esta importante área política. 
En general, los informes de estrategia nacionales describen el estado actual de la situación en lugar de introducir nuevas iniciativas políticas. 
En su elaboración, los Estados miembros han hecho participar no sólo a diferentes departamentos gubernamentales, sino también a los interlocutores sociales y otras partes interesadas y, en algunos casos, han sido aprobados por los parlamentos nacionales. 
Una importante conclusión que se puede sacar de esta práctica es que los Estados miembros pueden hacer frente al envejecimiento de la sociedad y evitar un desastre financiero y social en sus sistemas de pensiones. 
El informe intenta no ser ni excesivamente alarmista ni demasiado complaciente con la situación de los sistemas de pensiones. 
De hecho, en el informe destaca un gran número de evoluciones positivas, aunque también hay desventajas significativas. 
En muchos países no está asegurada la plena financiación de las futuras prestaciones de pensiones. 
Una forma eficaz de lograrlo sería aumentar la edad de jubilación real. 
De hecho, lograr el objetivo de Barcelona de aumentar en cinco años la edad de abandono del mercado laboral casi resuelve nuestros problemas de financiación señalados por la Comisión de Política Económica en las proyecciones de gastos de pensiones públicas. 
Sin embargo, sólo vamos a conseguirlo si los Estados miembros se esfuerzan mucho más no sólo por estimular a la gente de más edad a permanecer durante más tiempo en el mercado laboral, sino también por facultarles a que lo hagan. 
El Parlamento Europeo insistió acertadamente en la importancia de la salud y la seguridad en este aspecto y en la necesidad de adaptar el entorno laboral a las necesidades especiales de los trabajadores de más edad. 
Numerosos Estados miembros también deben esforzarse por mejorar el acceso a los sistemas de pensiones ocupacionales, en particular para los trabajadores atípicos, entre los cuales las mujeres suelen estar sobrerrepresentadas. 
La transferibilidad de los derechos de pensiones ocupacionales también exige más mejoras, y vamos a tratar con los interlocutores sociales a escala europea cómo se puede fomentar. 
El Parlamento Europeo insistió especialmente en la situación de las mujeres de más edad. 
Las mujeres suelen vivir más tiempo que los hombres; así pues, la mayoría de los pensionistas son mujeres: aproximadamente el 60% de las personas de más de 65 años y cerca de dos terceras partes de las personas de más de 75 años. 
Por consiguiente, en este informe se trata profundamente la dimensión del género. 
Podemos esperar que se incrementen los derechos de pensiones para las mujeres a nivel individual, gracias a una mayor participación de las trabajadoras y a una menor diferencia en las remuneraciones entre hombres y mujeres. 
Sin embargo, las interrupciones de la trayectoria profesional todavía suelen ser más frecuentes entre las mujeres que entre los hombres. 
Así pues, sigue siendo importante la concesión de derechos de pensiones para los períodos del cuidado de los hijos y el mantenimiento de derechos derivados, sin los cuales muchas mujeres de edad estarán expuestas al riesgo de la pobreza. 
Sin embargo, nuestra prioridad debe ser incrementar los derechos de pensiones individuales ofreciendo mejores oportunidades laborales a las mujeres. 
¿Qué es lo que va a suceder seguidamente con este informe? 
El Consejo Europeo solicitó un informe conjunto de la Comisión y el Consejo. 
Así pues, el próximo paso será el examen del texto de la Comisión en el Consejo para poder concluir un informe a tiempo para la reunión del Consejo Europeo en marzo. 
No existe ningún compromiso para una segunda ronda de informes sobre estrategia nacional y su valoración a escala europea. 
Sin embargo, nuestra obligación es revisar los objetivos comunes y métodos de trabajo antes de 2005, como base para la toma de decisiones sobre el futuro de esta cooperación. 
Intentamos cooperar con los países solicitantes y realizar el mismo ejercicio para sus sistemas. 
También estamos elaborando indicadores comunes que nos permitirán medir las consecuciones de los Estados miembros. 
Sin embargo, el acuerdo sobre indicadores comunes es una cuestión que plantea muchas dificultades y que podría no estar concluido a tiempo para este informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, celebro este informe por un motivo, porque subraya el hecho de que el problema de los sistemas de pensiones es doble: la viabilidad financiera y la suficiencia. 
Nosotros, y me refiero a países como Alemania o, en particular, Italia, estamos sentando las bases para que haya generaciones de pensionistas pobres. 
Pediremos contribuciones cada vez mayores para equilibrar nuestras cuentas, pero el volumen de las pensiones irá disminuyendo constantemente. 
Además, pediremos un esfuerzo sobrehumano de contribución a planes de pensiones suplementarios. 
No pienso que seamos alarmistas. 
Hemos de examinar y determinar los hechos tal y como son, y el hecho es que, en Europa, y como he dicho antes me refiero en particular a países como Italia y Alemania, estamos sentando las bases para que nuestros pensionistas sean pobres, estamos cavando más agujeros en nuestro presupuesto. 
Me temo que hayan depositado ustedes demasiada confianza en las previsiones de los Estados miembros. 
Señor Presidente, el informe no es ni optimista ni pesimista. 
Intervienen dos factores objetivos. 
El primero es el problema del envejecimiento de la población y el segundo es el aumento de la edad con derecho a percibir una pensión. 
Teniendo en cuenta estos dos factores, los Estados miembros han introducido políticas específicas en que el aumento del límite de edad en el mercado laboral parecer se la opción básica, de hecho la mayoría de los países ahora lo consideran un requisito imprescindible, junto con políticas de ayuda a las personas mayores en el mercado laboral. 
Creo que podemos evitar que las pensiones sean más pequeñas si nos atenemos a la filosofía que he mencionado antes. 
Agradezco encarecidamente sus comentarios, señor Comisario. 
Quisiera solamente retomar un único punto, cuando dijo «los Estados miembros deben esforzarse más por facultar a los empleados a permanecer más tiempo en su empleo». 
Estoy de acuerdo en este punto. 
Mi pregunta, en realidad, es la siguiente: ¿Qué hace la Comisión, más que los Estados miembros, y en particular, qué hacen las instituciones de la UE, no sólo para posibilitar que las personas permanezcan más tiempo, sino también para contratar a las personas de más edad en primer lugar? 
Mi pregunta concreta es: ¿Es cierto que todavía existen algunas instituciones de la UE que ponen barreras de edad de manera que si uno tiene más de una determinada edad, no le pueden contratar? 
¿Se han suprimido ya esas barreras? 
De no ser así, ¿cuándo se van a eliminar? 
Señor Presidente, dos cuestiones a la señora Comisaria, tras felicitarla porque continúe el debate y con una música que a mí me gusta, ya veremos la letra. 
En primer lugar, señora Comisaria, los diputados no conocemos la comunicación, y me gustaría saber cuándo la vamos a conocer y cómo se va a asociar al Parlamento antes del Consejo de primavera, para que se pueda escuchar su opinión. 
En segundo lugar, señora Comisaria, usted ha dicho que éste es un proceso de apoyo a las reformas de los Estados miembros. 
Mi pregunta es si se apoyará sólo a aquellas reformas que vayan en la línea de las comunicaciones de la Comisión y en la línea de la doctrina común que hemos apoyado en el Parlamento Europeo. 
Porque no sería suficiente cualquier reforma. 
Si la reforma solamente es de carácter financiero y no toma en consideración las necesidades sociales que plantea el horizonte del envejecimiento, mucho me temo, señora Comisaria, que una amplia mayoría del Parlamento no la podrá apoyar. 
Señor Presidente, es evidente que la jubilación a edades más tempranas, una esperanza de vida cada vez mayor y la creciente reclamación de pensiones de jubilación anticipada implican que muchos sistemas de pensiones tienen problemas para ser viables desde el punto de vista financiero, y sin embargo dice usted, Comisaria, que no se destaca ningún modelo en especial. 
¿Acaso no se presta atención al modelo sueco, también ratificado por Polonia y Letonia, como método para garantizar la futura sostenibilidad? 
Debido a que afectarán notablemente a los importes de las pensiones, ¿entra el informe a examinar la importancia de la caída de los valores de participación este verano, aún más pronunciada este otoño? 
Este factor no se ha tenido en cuenta, pero implica la necesidad de ser cautelosos con respecto a futuras inversiones, dada la importancia que tienen los fuertes descensos de los valores de participación para la sostenibilidad de las pensiones. 
¿Han tenido ustedes esto en cuenta en sus deliberaciones? 
Señor Presidente, en respuesta a la primera pregunta es cierto que en el pasado en algunos países había límites de edad. 
Permítame recordarle que hace dos años adoptamos una Directiva contra la discriminación, que todos los Estados miembros deberán adoptar para julio de 2003, que prohíbe la discriminación por motivos de edad. 
Por lo tanto, este será el marco europeo a partir de julio de 2003. 
En cuanto a la segunda pregunta, como he dicho en mi intervención, debemos encontrar una función más clara para el Parlamento Europeo en el método abierto de coordinación y otra vez hemos discutido cómo podemos fortalecer el papel del Parlamento en el método abierto de coordinación dentro del marco de la Convención con la comisión competente. 
En cuanto a la orientación del informe, he dicho con bastante claridad que las políticas de reforma de las pensiones son políticas nacionales. 
Por supuesto que estas políticas nacionales tienen dimensiones europeas y un país no puede aplicar una política de reforma de las pensiones sin tener en cuenta el pacto de estabilidad, las leyes del mercado interior o la estrategia de empleo. 
Por tanto, es política nacional. 
Comisaria, quisiera pedirle que explique con claridad en el seno de la Comisión que cuando aquí hablamos de pensiones en realidad nos referimos a la previsión para las personas mayores y no a planes de ahorro como dispone ahora la Directiva. 
En segundo lugar, ¿podría usted pararse a pensar si la expresión «elevar la edad de jubilación» es realmente apropiada? 
Sería mejor que creáramos programas para personas que han alcanzado la edad de 55, 65 o más que permitan a los trabajadores de más edad seguir trabajado y reciclarse de modo que los desempleados de más edad puedan reincorporarse a la vida laboral. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Diamantopoulou y estoy totalmente de acuerdo con su última declaración en el sentido de que la finalidad del informe no es sólo equilibrar cuentas, sino también garantizar que las personas mayores puedan llevar una vida digna, que es lo más importante. 
En este clima general de satisfacción, quisiera preguntar a la Comisaria si no sería apropiado, en lo referente a los fondos que cada uno de los Estados miembros ha decidido libremente utilizar para pagar las pensiones, evaluar el grado de justicia con que se aborda cada una de las distintas situaciones individuales. 
Podríamos dar más a quienes necesitan mejorar su nivel de vida y menos a quienes tienen demasiado, gastando el mismo importe. 
En Italia, por ejemplo, hay viudas con cuatro hijos? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, creo que la Comisaria tiene una percepción clara de los problemas. 
Tengo dos preguntas. 
En primer lugar: en su opinión, ¿para qué sirven las pensiones suplementarias? 
La segunda pregunta se refiere a la verdadera edad de jubilación y a la función de la no discriminación. 
Por supuesto que está la Directiva, pero si he entendido bien, ésta no abarca el mayor problema, a saber, la jubilación obligatoria a los 65 o a los 60. O al menos hasta ahora no se ha interpretado así. 
Si no podemos resolverlo, naturalmente el problema seguirá existiendo. 
¿No sería necesario modificar la Directiva en este aspecto? 
Señor Presidente, ¿refleja el proceso de consulta que se utilizó por los Estados miembros la confianza de los ciudadanos de que van a tener una pensión decente al final de sus vidas laborales, dado el estado actual de las finanzas y de los mercados de los Estados miembros? 
¿Ha examinado alguno de los Estados miembros, en particular, la cuestión de cómo funcionan los fondos de pensiones, dado que son, tal como ha señalado la Sra. Jensen, grandes agentes financieros en el mercado? 
¿Cuánto están invirtiendo en la cuestión de la responsabilidad social de las empresas? 
¿En qué medida se plantean unas inversiones éticas que entonces tratarían cuestiones como la calidad del trabajo, mantener a las personas de más edad en el mundo laboral, la formación y toda una serie de medidas, al mismo tiempo que administran las pensiones? 
Señor Presidente, en respuesta a la primera pregunta, estoy de acuerdo. 
Tal y como he señalado en mi introducción, el problema no sólo consiste en aumentar la edad de jubilación; también necesitamos políticas complementarias para ayudar a las personas mayores a permanecer o, en muchos casos, a entrar en el mercado laboral, por esto he mencionado tanto el pacto de estabilidad como las estrategias de empleo. 
Permítame recordarle que uno de los objetivos básicos de la estrategia de empleo consiste en integrar a las personas mayores. 
Podemos lograrlo a través de propuestas y medidas de formación específicas e iniciativas especiales. 
Permítame también recordarle que el Comisario Monti y yo hace poco hemos decidido que ayudar a las personas mayores durante la primera fase de su integración en el mercado laboral no constituye una ayuda estatal. 
Este es, por lo tanto, nuestro enfoque. 
No podemos elevar los límites de edad a menos que al mismo tiempo introduzcamos políticas para apoyar la integración de las personas mayores. 
Respondiendo a la pregunta del Sr. Fatuzzo sobre la redistribución interna de las pensiones, debemos recordar que éste es un modelo puramente nacional y que de hecho corresponde a cada Gobierno decidir qué tipo de pensión va a conceder y cuándo, en función del modelo y los principios que haya decidido. 
Sin embargo, para volver sobre una de las líneas básicas de la estrategia, la suficiencia de las pensiones, de nuevo se están emprendiendo acciones específicas para definir políticas actuales e indicadores futuros para sectores de la población que se hallan en riesgo de exclusión o tienen problemas particulares, como familias monoparentales, que ya he mencionado, o la cuestión de las mujeres. 
Por lo tanto, los Estados miembros deben especificar lo que han hecho al amparo de estas líneas de enfoque en los informes que presenten. 
Por lo tanto, si hay sectores específicos que garantizan la suficiencia, cada uno de los Estados miembros deberá subrayar y determinar qué medidas han adoptado en sus informes. 
Para responder a la pregunta del Sr. Pronk con respecto a la edad de 60 ó 65, no hay ninguna Directiva que fije la edad de jubilación en los Estados miembros. 
Cada Estado miembro la fija sobre la base de sus análisis y capacidades económicas. 
Actualmente, todos los Estados miembros tienen un límite inferior de 65. 
Francia es una excepción, pero exige otros requisitos, y los países escandinavos están experimentando un nuevo enfoque y tienden a abolir el límite de edad, que podría elevarse hasta 67 o descender hasta los 60, y a ajustar las pensiones en consonancia con la edad de jubilación. 
Por último, en cuanto a la gestión de las entidades financieras y los fondos se refiere, no estoy segura de haber entendido bien la pregunta, pero diría que los fondos de pensiones públicos están naturalmente sujetos al marco general de estabilidad financiera de cada país, en lo referente a los fondos de pensiones privados. 
Quisiera recordarle que una reciente Directiva de la Comisión ha introducido importantes válvulas de seguridad para la gestión segura de estos fondos. 
Se procede ahora al punto relativo a la comunicación de la Comisión sobre la modernización de la contabilidad de la Sra. Schreyer. 
Señor Presidente, Señorías, hoy la Comisión ha adoptado un paquete de reformas financieras que marca una fase crucial en los esfuerzos de reforma de esta Comisión. 
En primer lugar, el marco legislativo para el nuevo Reglamento financiero está completo; la Comisión ha adoptado el Reglamento de aplicación del Reglamento financiero, junto con el Reglamento para el cobro de cuentas deudoras. 
Ha supuesto un gran esfuerzo por parte de todos los afectados, del Parlamento Europeo en particular, cumplir el objetivo de la Unión Europea de tener un nuevo y moderno presupuesto para el 1 de enero de 2003. 
Esta nueva ley presupuestaria supondrá una mayor protección de los intereses financieros de la Comunidad; podría mencionar, por ejemplo, los valores que tendrán que depositar los beneficiarios de pagos por adelantado, la obligación de los contratistas de facilitar certificados de auditoría o la capacidad de la Comisión para vetar a contratistas en procedimientos de licitación si se han encontrado irregularidades en el pasado. 
Esta nueva ley presupuestaria también dotará a la ejecución presupuestaria de mayor transparencia y coherencia. 
En segundo lugar, la Comisión ha realizado una evaluación global de la preparación de sus servicios para aplicar esta nueva ley presupuestaria. 
De acuerdo con esta evaluación se han logrado avances considerables al introducir los antiguos controles «ex ante» en los procedimientos de control interno de los servicios. 
En cuanto a los problemas restantes se les prestará una atención continua y todos los implicados harán esfuerzos concertados. 
Los servicios horizontales prestarán ayuda selectiva. 
Esto creará las condiciones necesarias para ultimar el control financiero central a finales de este ejercicio y también para concluir las partes restantes de la Dirección General de Control Financiero a comienzos de 2003. 
La mayoría de los empleados liberados de esta forma podrán estar disponibles para los servicios a fin de complementar los recursos humanos para la reforma financiera que han reunido en los últimos tres años. 
Entonces, las secciones de los fondos de gestión de la Comisión serán plenamente responsables de la ejecución presupuestaria, incluidas las medidas de control necesarias. 
Por último, la Comisión también ha aprobado la comunicación sobre la modernización del sistema de contabilidad de las Comunidades. 
Esta comunicación se divide en tres partes. 
En primer lugar, la reforma de las normas de contabilidad; segundo, la adaptación de la información y del sistema tecnológico subyacentes; y tercero, la arquitectura de la gestión de proyectos. 
La Comisión había prometido al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas presentar estas medidas y el calendario para finales de este año. 
Con ello, la Comisión da un importante paso más en la estrategia a largo plazo para la modernización de su sistema de contabilidad que se inició en el año 2000. 
En 2000 la Comisión presentó un estudio que le llevó a proponer que el Reglamento Financiero debería incorporar nuevas reglas de contabilidad basadas en la llamada accrual accounting. 
Esta comunicación expone ahora paso a paso las medidas que deben adoptarse para que el nuevo sistema esté implantado para 2005. 
En el futuro se aplicará el sistema de doble entrada en la contabilidad. 
En los presupuestos se utilizará la tradicional cash accounting para los ingresos y los gastos presupuestarios, que es lo que exige la autoridad presupuestaria para comprobar la ejecución y la aplicación del Presupuesto; esto implica comparar los gastos y los ingresos reales con los importes calculados que se han decidido en el presupuesto. 
Sin embargo, la accrual accounting también tendrá que incorporar la cuenta de capital para calcular el estado del flujo de caja del Presupuesto europeo, y se introducirán nuevas normas para esta parte del presupuesto correspondientes a las normas internacionales que acaban de aprobarse; volveré sobre esto en un momento. 
A fin de introducir las nuevas normas contempladas en el Reglamento financiero de 2005, el jefe de contabilidad de la Comisión elaborará los detalles concretos de la aplicación de estas normas internacionales en relación con las diversas medidas financiadas con cargo al presupuesto de la Unión Europea. 
A tal efecto se creará una nueva Comisión de Normas de Contabilidad. 
En esta comisión estarán representados varios expertos de los servicios y del exterior. 
Otro punto importante es que el nuevo sistema no sólo se aplicará a la contabilidad de la Comisión, sino también a todas las instituciones europeas, es decir, también al Parlamento y a los presupuestos del Consejo, del Tribunal de Cuentas y de las agencias. 
En realidad las normas en cuestión son muy pocas. 
Este organismo internacional adoptó su primera norma para el sector público en 2000, la última en octubre de 2002. 
Por lo tanto, son normas bastante nuevas y las utilizaremos como referencia para nuestro sistema de contabilidad. 
Una vez ejecutado este proyecto, el presupuesto europeo se situará en la vanguardia de las normas de contabilidad. 
Para introducir las nuevas normas también habrá que modernizar el soporte técnico del sistema informático, es decir, la tecnología de la información. 
El sistema actualmente utilizado para la contabilidad es Sincom 2. Se introdujo en 1997 y en 1999 se hizo extensivo a todos los departamentos de gestión de fondos. 
El sistema SAP, que todos los expertos llaman brevemente A3, es crucial para la contabilidad de la Comisión, y el cierre de los libros y el balance anual dependen totalmente de este sistema. 
Al mismo tiempo, el sistema SI II se creó para que los departamentos gestionaran los recursos y los datos relativos a todas las medidas pertinentes, es decir, todos los datos relevantes para la contabilidad deben introducirse en él. 
Sin embargo, la experiencia enseña que el futuro sistema debe ser un sistema totalmente integrado con fines de contabilidad. 
No obstante, en la medida en que lo permita la plena integración, también habría que tener en cuenta las diferentes necesidades de los servicios y las correspondientes tareas de gestión, que también están sujetas a diferentes necesidades de las distintas secciones del presupuesto europeo. 
Hay tres opciones para modernizar el sistema TI en cuestión, a saber, seguir con el sistema actual, introducir un sistema completamente nuevo o desarrollar un sistema integrado a partir del que ya tenemos. 
Como habrán ustedes deducido de lo que he dicho, la Comisión rechaza la primera opción. 
Se realizará un estudio de viabilidad de la segunda opción y de la tercera, que estará listo en la primera mitad de 2003. 
Entonces se adoptará una decisión sobre las medidas que puedan adoptarse para desarrollar un sistema integrado. 
¿Cómo se organizará este proyecto, dado que es un proyecto de gran envergadura que abarca a la Comisión y a todas las instituciones europeas? 
La organización del proyecto otorga al jefe de contabilidad un lugar central. 
La Comisión ha decidido hoy nombrar al Sr. Brian Gray, el nuevo vicedirector general de la Dirección General de Presupuestos, jefe de contabilidad responsable de supervisar esta ambiciosa reforma. 
Esto implica que la Comisión ha decidido otorgar a este proyecto el máximo grado, A1, para dejar claro que también se precisa una autoridad del mismo grado si queremos que nos acompañen todas las instituciones y todos los servicios. 
Se creará un Consejo de Supervisión del Proyecto con representantes de los servicios más importantes y también del Tribunal de Cuentas Europeo, que prestará ayuda en la aplicación de este ambicioso y costoso proyecto. 
Con el Sr. Gray como jefe de contabilidad y el Sr. Oostens como director de la división de contabilidad, tendremos a dos contables cualificados y experimentados y dos gestores preparados a la cabeza de este ambicioso proyecto que, si tiene éxito, y estoy segura de que sí, situará a la administración de la Unión Europea al frente de la administración pública moderna en el ámbito de la contabilidad, como ya lo está en otros ámbitos. 
Con todo, el paquete de decisiones de hoy que acaba de aprobar la Comisión subraya el hecho de que la Comisión y el paquete de reformas administrativas han dejado atrás la fase de planificación y han iniciado la fase de aplicación, y me complace haber podido presentar hoy estos avances de la gestión financiera al Parlamento Europeo, que nos ayuda con su crítica constructiva. 
Señor Presidente, tengo un par de preguntas a la Comisaria. 
Naturalmente me alegro de que se esté preparando un informe, pero he de indicar que existe una gran discrepancia entre el informe de la Comisión y lo que dice el Tribunal de Cuentas. 
Podría ser estimulante oír un par de comentarios con respecto a esta discrepancia. 
En el informe también se señala que hay graves problemas con el sistema, como también sabemos, por supuesto, por el Tribunal de Cuentas y por una astuta Sra. Andreasen. 
El hecho de que el sistema no pueda hablar consigo mismo también es un gran fallo. 
Me complace comprobar que se ha rechazado la idea de que puedan producirse fraudes e irregularidades, pero la Comisión sostiene que hay muy pocos usuarios autorizados que tengan acceso al sistema, y esto es algo con lo que el Tribunal de Cuentas no está de acuerdo. 
Quisiera saber por qué hay tanto desacuerdo entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas. 
Realmente son cuestiones que deberían tratarse en la Comisión de Control Presupuestario. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la declaración de la Comisión y me alegra ver que nos estamos poniendo a la vanguardia, emergiendo de la prehistoria de la contabilidad en la que vive actualmente la Comisión. 
Es interesante oír decir que se va a comprobar la recepción de fondos de la Comisión: quién obtiene contratos, a quién se adjudican los concursos. 
Va usted a cambiar sus normas de contabilidad, sus sistemas informáticos y su gestión de proyectos. 
Pero ¿qué es lo que preside usted en estos momentos? 
¿Qué ha estado haciendo la Comisión durante los últimos años? 
¿Por qué ha tardado tanto en introducir esta reforma? 
Y sobre todo, habiéndose ahora confirmado que todas las acusaciones planteadas por la Sra. Marta Andreasen eran acertadas, ¿dónde estaba la parte- puede que yo no lo haya oído en su declaración- en que se excusa por las difamaciones personales sobre los antecedentes y el carácter de la Sra. Andreasen, que se hicieron tanto oficial como extraoficialmente por su departamento de prensa? 
¿Podría usted decir ahora que va a detener el proceso disciplinario contra su ex jefa contable y que la contratará para dirigir estas reformas que ella ya le dijo que eran necesarias hace ahora un año? 
Por último, ¿quién firmó las cuentas de la Comisión en 2001? 
Señor Presidente, responderé ahora a la pregunta del Sr. Blak. Todos los años desde 1994 y, también, otra vez en el Presupuesto de 2001, el Tribunal de Cuentas Europeo ha comprobado que los libros y los balances financieros reflejan una imagen fiel de los ingresos y gastos de la Unión Europea, y que también reflejan exactamente la situación financiera al final del ejercicio. 
Al mismo tiempo, el Tribunal de Cuentas Europeo nos ha insistido repetidamente, en cuanto a la cuenta de capital, que pensemos en un nuevo sistema en el que no haya que esperar a que se haya efectuado un pago o un ingreso para registrar las transacciones financieras, sino que las contabilice cuando se reclama un pago o se contrae un compromiso. 
Es un paso importante, que ahora está contemplado en el Reglamento financiero. 
En los últimos años, lo que me lleva a la pregunta del Sr. Heaton-Harris, ya hemos avanzado en dirección a esta cuenta de capital. 
Por supuesto, entonces llegó de fuera del sistema de contabilidad un montón de información sobre nuestras reclamaciones y compromisos. 
Por ejemplo, nos preguntábamos por las futuras obligaciones de la Comisión con respecto a las pensiones de sus funcionarios. 
Esta información la obtenía y la procesaba la Dirección General de Administración y la introducía en el sistema de contabilidad. 
Esta información no procedía del presupuesto anual. 
Otro ejemplo, que también se aplica al presupuesto del Parlamento. 
El inmovilizado, como por ejemplo este edificio. El presupuesto solamente contenía el gasto realizado en un año determinado. 
Si lo prefieren, los activos ya no figuraban en las cuentas, o debían introducirse en ellas de nuevo con una valoración adecuada. 
Para el futuro que prevemos, y así es como se está introduciendo, esta información pasará del presupuesto anual directamente al presupuesto de capital. 
Entonces sabremos cuáles son los activos de la Unión Europea y no tendremos que introducirlos por separado. 
Sin embargo, he de indicar que no podemos basarnos simplemente en las buenas prácticas de los Estados miembros. 
Algunos Estados miembros, y lo hemos hablado numerosas veces en la Comisión de Control Presupuestario, han adoptado medidas en este sentido, pero los Estados miembros también tienen diferentes problemas. 
Los municipios, por ejemplo, poseen infraestructuras de su propiedad, y por lo tanto puede decirse que tienen activos diferentes de los nuestros y tienen que valorarlos de otra forma. 
Si por ejemplo, y esto es nuevo, ahora hay que reflejar en los libros los valores que tiene que depositar los contratistas cuando participan en un concurso o éste les ha sido adjudicado, entonces tenemos que tomar nuevas decisiones. 
Las normas internacionales son, si lo prefieren, principios, pero deben, por así decirlo, adaptarse al presupuesto específico, a las tareas específicas que tenemos en el presupuesto, si se desea que funcionen. 
Esto también se decidirá en esta Comisión de Normas. 
Si da buenos resultados, creo que en el futuro los Estados miembros o terceros países podrán copiarlo de nosotros. 
Señor Presidente, si hubiera ingresado en el Parlamento este año, o mejor aún este mes, y hubiera escuchado las palabras de la Comisaria, probablemente me habría quedado impresionado. 
Sin embargo, llevo un tiempo por aquí y sé que los posibles avances que puedan manifestarse en la Unión Europea a partir de 2005 van precedidos de un período que aún no ha concluido y que cuenta con un sistema que definitivamente no cumple esas normas o ni siquiera las anteriores. 
Seamos sinceros: antes también había normas. 
¿Cómo ha podido la Comisión justificar la presentación de cuentas todos los años aún sabiendo que no se basaban en un sistema de contabilidad fiable? 
Mi segunda pregunta es: ¿cuánto se ha invertido, financieramente y de otras formas, en el desarrollo interno del sistema SI 2? 
Comisaria, llama usted a su comunicación «Modernización de la contabilidad». 
Para decirlo con buenas palabras, me parece una tergiversación de los hechos, porque lo que hemos presenciado en las últimas semanas ha sido un caos total. 
Su administración está a punto de estallar de forma espectacular y si tuviera usted el coraje de sus convicciones lo admitiría. 
Sólo me pregunto por qué hasta ahora no han admitido ustedes esta situación escandalosa- y sólo menciono el hecho de que evidentemente no se hizo nada para evitar múltiples entradas- aunque el Tribunal de Cuentas venga llamando la atención a este respecto desde 1994, por qué parece que necesitan ustedes unos años más, hasta 2005, para acabar con esta situación, por qué despidieron a una contable jefe que fue la primera en llamar la atención sobre estos errores a principios de este año y por qué la han sometido a un procedimiento disciplinario. 
Me pregunto de verdad cómo creen ustedes poder vendernos su nuevo Reglamento financiero como un gran éxito si no se basa en un sistema contable operativo. 
Señor Presidente, Comisaria, les ruego me perdonen si debo marcharme antes de que responda usted, pero he de atender a un grupo de visitantes y tengo por costumbre ser puntual. 
No es algo habitual en toda Europa, pero es mi costumbre. 
Quiero hacerle una pregunta muy precisa. 
Ha dicho usted que quería realizar un estudio de viabilidad sobre el sistema de TI. 
Estamos de acuerdo en que el tiempo apremia para la modernización del sistema de contabilidad. 
Al pensar en ello, por su carácter plausible me parece que un estudio de viabilidad sólo puede referirse a la opción 2, a saber, la modernización del sistema existente de tal forma que también satisfaga los futuros requisitos. 
Mi pregunta es, dado que a todos nos presiona el tiempo y que es necesario modernizar el sistema, ¿no sería más razonable ahorrar tiempo dejando de plantear esta cuestión y sustituir directamente este sistema? 
Señor Presidente, señora Schreyer, le felicito por este ambicioso proyecto y le planteo las siguientes preguntas. 
El nuevo sistema ha de estar operativo a partir de 2005. 
¿Qué propone hacer mientras tanto, ya que el Tribunal de Cuentas viene profiriendo desde 1994 duras críticas al sistema contable actual? 
Sabe usted que muy probablemente el Parlamento aborde estos problemas una vez hayan sido presentados a la Comisión de Control Presupuestario. 
¿Cuánto se tardará para que después de 2005 todo funcione realmente si el nuevo contable jefe, posiblemente apoyado por la comisión a la que se ha referido, en realidad tendrá que garantizar entonces que funcionará? 
Señor Presidente, volviendo a la pregunta del Sr. Heaton-Harris sobre la responsabilidad de las cuentas de 2001, por supuesto fue la contable jefe de entonces quien se encargó de las cuentas de todo el ejercicio, incluido el balance anual de 2001. 
En cuanto a la pregunta del Sr. van Dam, he de decir otra vez que no es correcto que las cuentas de la Unión Europea y las cuentas de la Comisión Europea no hayan cumplido las normas internacionales. 
Sin embargo, hay diferentes normas internacionales, hay normas que se basan únicamente en el principio de cash accounting y hay otra innovación que integra más categorías gerenciales. 
En el pasado el Reglamento financiero, es decir, la ley que nos es aplicable y también a otras instituciones, sólo prescribía el principio de cash accounting. 
Cumplía la norma y ésta se respetó. 
Esta otra innovación es relativamente reciente, incluso para el sector público. 
Repito, las normas IPSA correspondientes de la Federación Internacional de Censores de Cuentas son las primeras normas para el sector público y se aprobaron en el año 2000, la última no se aprobó hasta octubre de 2002, es decir, hace dos meses. 
Estas normas aún no abarcan todas las cuestiones, en otras palabras, de hecho es un desarrollo en curso, y a este respecto podemos verdaderamente decir que estamos a la vanguardia si decidimos ir en esta dirección, que es lo que hemos hecho con el Reglamento financiero. 
En cuanto a la pregunta de la Sra. Stauner, ha vuelto usted a suponer, señora Stauner, que el Tribunal de Cuentas no emitiría una declaración de fiabilidad con respecto a las cuentas. 
Esto no es cierto. 
De nuevo quisiera hacer hincapié en que este año el Tribunal de Cuentas ha descubierto otra vez que, para el año 2001, el balance financiero, la cuenta presupuestaria, refleja una imagen fiel de los ingresos y gastos. 
Fue usted la ponente, la ponente general, señora Stauner, y también lo confirmó en su declaración. 
Explicaré otra vez que el balance financiero se presenta por supuesto no sólo al Tribunal de Cuentas, sino también al Consejo y al Parlamento, en otras palabras, los libros están abiertos sobre la mesa. 
En cuanto a la pregunta del Sr. Kuhne sobre el desarrollo del sistema informático necesario, también diré que, cuando veo la situación en que están algunos Estados miembros, donde se presentan varios balances financieros porque todavía no tienen un sistema uniforme, sólo puedo decir que la Comisión anterior dio un paso importante en 1999 al pedir que todas las entradas en los libros se hicieran utilizando el mismo sistema. 
Supuso un paso extraordinario también para la Comisión, pues anteriormente había cinco o siete balances financieros distintos, no recuerdo el número exacto, que entonces debían integrarse o no podían integrarse completamente. 
Por lo tanto, esto fue esencial, y todos sabemos que los programas y sistemas informáticos también siguen evolucionando. 
En cuanto al sistema SAP, por ejemplo, en el que se basa nuestra contabilidad o que lleva a cabo nuestra contabilidad, SAP sólo utilizará el software en cuestión hasta 2004; ahora se introduce en todo el mundo un nuevo sistema y nos enfrentamos a la tarea de tener que adoptarlo e implantarlo en ese período de tiempo. 
Ahora contestaré a la pregunta de la Sra. Theato. 
¿Qué ocurrirá mientras tanto? 
Por supuesto, se sigue trabajando todo el tiempo. 
Por ejemplo, ahora se está creando un registro central de cuentas y un registro central para contratos, que entonces estará a disposición de todos los servicios. 
Ahora tenemos el Sistema SI-II para las secciones que gestionan fondos. 
Los datos que produce se introducen en el sistema de contabilidad SAP, después de haber sido comprobados por el control financiero. 
Los gestores de recursos no pueden consultar directamente el sistema de contabilidad. 
No tienen acceso, es verdad, pero tampoco pueden consultarlo. 
El objetivo consiste en que el contable jefe ponga los datos a disposición de todos para que no haya más desajustes, pero al mismo tiempo, por supuesto, se mantienen estas salvaguardias, por lo que la persona que gestiona los fondos no puede, por así decirlo, traspasar la barrera de seguridad de primera línea y acceder a la transacción. 
-Muchas gracias, Sra. Schreyer. 
Les digo a los señores diputados que, por favor, hagan sólo cuestiones de orden, porque los demás comisarios y los demás diputados, necesitan entrar conmigo en el turno de preguntas. 
Sean solidarios. 
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, he escuchado con gran interés las preguntas de la Sra. Stauner y del Sr. Heaton-Harris, quienes han solicitado a la Comisaria que comente las acusaciones de la Sra. Andreasen y si, de hecho, no tenía motivos justificados. 
He observado que la Comisaria no ha contestado a estas preguntas. 
Señor Presidente, ruego invite a la Comisaria a responder ya que, como dos diputados han formulado la misma pregunta, tienen derecho a una respuesta completa. 
Señor Presidente, responderé con mucho gusto a la pregunta. 
Como he explicado antes, en el año 2000 la Comisión encargó un estudio del sistema de contabilidad. 
Entonces decidimos, en la propuesta de la Comisión de Prodi del Reglamento financiero, proponer nuevas reglas de contabilidad. 
Entonces, en junio de 2001, los servicios de la Comisión prepararon un primer paquete de medidas, un primer plan de acción, de lo que hay que hacer. 
Sobre esta base se designó en enero de 2002 al contable jefe y en esto se basó el trabajo que debería haberse realizado. 
Creo que el propio Parlamento opinará que toda persona que trabaja en la Comisión es responsable de la aplicación. 
No basta con repetir ciertas críticas, pero entonces es tarea de esa persona ponerse a aplicar la reforma. 
-Es la última cuestión de orden que voy a conceder, porque si esto necesita más debate tendrá otro momento u otra ocasión, pero hoy no podemos estirar más el tiempo. 
Última cuestión de orden. 
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, aprecio sus comentarios pero éste es uno de los problemas fundamentales que tenemos en la Comisión en estos momentos. 
Señora Comisaria, la Sra. Sandbæk le ha escrito solicitándole una copia de la firma de las cuentas de 2001 de su antiguo jefe contable. 
Le he preguntado quién era esa persona. 
Tiempo atrás se me dijo que fueron firmadas mientras esta persona todavía estaba en funciones. 
Esta persona dejó de ser un empleado de la Comisión el 31 de diciembre de 2001. 
Fue el grupo de cuentas más rápidamente confeccionado de la historia o se produjo algún tipo de magia. 
Lo que ha dicho hoy no me ha convencido y dudo mucho de que las personas de la tribuna estén convencidas. 
Sólo agradecería que hubiera algunos intercambios sinceros y franqueza entre usted y aquellos de nosotros que están interesados, puesto que la Sra. Andreasen le contó lo que estaba sucediendo. 
Le escribió y se reunió con usted, y usted optó por ignorarlo. 
Lo que ha sucedido es una vergüenza para usted y para su institución. 
De manera realista, tiene que hacer de tripas corazón y empezar con la reforma del sistema contable de forma adecuada, cosa que puede lograr con la ayuda de la Sra. Andreasen. 
Señor Presidente, Señor Heaton-Harris, otra vez, la contable jefe responsable del presupuesto y de las cuentas de capital en 2001 también era la responsable del balance financiero de 2001. 
Este se remitió al Tribunal de Cuentas a tiempo. 
La Comisión presenta el presupuesto y la cuenta de capital al Tribunal de Cuentas Europeo, que también verifica los libros de forma continua. 
El Tribunal de Cuentas Europeo llegó otra vez a la conclusión con respecto a los libros de 2001 que el balance financiero refleja una imagen correcta y fiel de los ingresos y los gastos y la situación financiera al final del ejercicio. 
-Señoras y señores diputados, no tengo más remedio que pasar al siguiente punto del orden del día. 
Si necesitan continuar este debate, será en otro momento. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0510/2002). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
De conformidad con el apartado 2 del Anexo II del Reglamento, las preguntas 40, 42, 43 y 44 no serán contestadas, porque tratan de un tema que figura ya en el orden del día del presente período parcial del sesiones: Las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el Prestige, mañana miércoles. 
Los autores de las preguntas, naturalmente, ya han sido informados. 
Primera parte 
. 
(EN) Formando parte del diálogo sobre inmigración ilegal establecido por el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, y tras la iniciativa por parte de las autoridades marroquíes, el Comité MED aprobó un programa especial sobre la gestión del control de fronteras en diciembre de 2001 con arreglo al programa indicativo nacional (2002-2004) para Marruecos. 
Se han destinado fondos para un presupuesto indicativo de 40 millones de euros dentro del programa indicativo nacional Meda (2002-2004) , firmado por las autoridades marroquíes en enero de 2002. 
Esta iniciativa forma parte de un diálogo más amplio sobre cuestiones migratorias entre Marruecos y la Unión Europea, que también abarca cuestiones vinculadas a la inmigración legal y la dimensión socioeconómica de la presión migratoria. 
El programa concreto tiene por objeto la creación de instituciones, el desarrollo del marco normativo, la modernización de infraestructuras y equipamiento, la formación de funcionarios y el desarrollo de la cooperación entre las autoridades marroquíes pertinentes y sus homólogos en los Estados miembros. 
Se concertó una visita de expertos para la valoración de las necesidades y, posteriormente, la concreción de un calendario de medidas concretas para mejorar la situación. 
En el curso de la misión, que tuvo lugar en julio de 2002, los expertos de los Estados miembros y la Comisión tuvieron la oportunidad de visitar los principales puestos fronterizos y las zonas de la frontera más afectadas por la inmigración ilegal, en particular la procedente de los países subsaharianos. 
En estas visitas, las autoridades marroquíes expresaron su determinación política y compromiso firme de cooperar con la Unión en la lucha contra la inmigración ilegal y, en concreto, en los controles fronterizos. 
Con ánimo de apertura y cooperación provechosa, en julio y septiembre de 2002 proporcionaron a los expertos información sobre el marco normativo y la aplicación de las normas y de las estadísticas sobre emigración ilegal. 
A la vista de los resultados de las visitas sobre el terreno y tras examinar los datos comunicados por las autoridades marroquíes, los expertos deben concluir su informe antes de finales de 2002. 
El contenido del programa se determinará posteriormente. 
Este programa es la primera iniciativa sobre gestión de control de fronteras con un país en la región. 
Señor Presidente, la cifra que ha dado el Sr. Comisario es de 40 millones de euros, al parecer para el período 2002-2004. 
Me gustaría que me aclarara si es nada más para el año 2002 y si es un programa experimental porque, teniendo en cuenta que, cuando hablamos de las fronteras de Marruecos, hablamos de miles de kilómetros de fronteras, me da la impresión de que esta cantidad sería absolutamente insuficiente para poder ayudar al Gobierno del Reino de Marruecos a efectuar el control de sus fronteras. 
Me gustaría saber si existe la posibilidad de que esa primera cifra de 40 millones de euros, considerada simplemente como una cifra inicial, pueda ser ampliada para que tenga sentido un programa de cooperación con Marruecos que permita al reino alauita controlar sus fronteras. 
. 
(EN) Los 40 millones son para los años 2002 a 2004. 
Esto está bastante claro. 
También debe añadirse que esta cifra no representa todos los recursos disponibles para tratar el problema en general. 
Se trata de nuestra ayuda adicional, que incluye iniciativas y aportaciones que son fundamentales para Marruecos para que pueda mejorar el tratamiento de este problema. 
Sin embargo, Marruecos también aplica sus propias medidas. 
Asimismo quisiera añadir que esta cuestión también implica algo más que dinero. 
Todo este tipo de asuntos se retoman en una revisión intermedia. 
No se trata sólo de suministrar equipos aquí y allí. 
. 
(EN) Señor Presidente, a los medicamentos huérfanos se les llama de esta forma porque se emplean en el tratamiento o diagnóstico de condiciones que se presentan muy raramente. 
El coste de su desarrollo y comercialización no podría recuperarse con sus ventas previstas. 
Por este motivo, la industria farmacéutica ha sido reacia a desarrollar este tipo de productos en condiciones de mercado normales. 
El Reglamento sobre medicamentos huérfanos que entró en vigor en enero de 2000 establece un sistema de incentivos para los promotores que desarrollen y comercialicen medicamentos huérfanos designados. 
Uno de estos incentivos es la exclusividad del mercado durante un período de 10 años. 
Se concede si un medicamento huérfano designado obtiene una autorización de comercialización en todos los Estados miembros. 
Para obtenerla, el promotor debe llevar a cabo una serie de ensayos y estudios que demuestren que el producto satisface las estrictas normas de calidad, seguridad y eficacia que se exige a todos los medicamentos comercializados en la UE. 
Desde el año 2000, 123 productos han sido designados medicamentos huérfanos y han sido inscritos en el Registro de la Comunidad. 
En un pequeñísimo número de casos esto implica un producto químico disponible normalmente que ha sido suministrado por el fabricante a los hospitales que han preparado el producto químico para su administración a pacientes. 
La gran mayoría de estos medicamentos huérfanos contienen componentes novedosos. 
En unos pocos casos, ha sido práctica común por algún tiempo suministrar los ingredientes en bruto para tratar al paciente. 
Sin embargo, este producto químico no se ha sometido a ensayos para conocer su pureza y seguridad y el producto no ha sido autorizado. 
De hecho, el producto químico no cumple la calidad farmacéutica y puede contener impurezas sin especificar y sin cuantificar. 
En esta situación, no es sorprendente que un medicamento autorizado desarrollado para cumplir las estrictas normas de calidad, seguridad y eficacia tenga un coste más elevado que un producto químico de base. 
La Comisión no tiene autoridad con respecto al precio ni al reembolso de medicamentos. 
Sin embargo, el reglamento de medicamentos huérfanos incluye una disposición para reducir el período de exclusividad del mercado a seis años, si transcurridos cinco años se puede demostrar que el producto es lo suficientemente rentable para no justificar el mantenimiento de la exclusividad del mercado. 
. 
(EN) Sr. Posselt, la respuesta breve a su pregunta es no. 
La respuesta larga es la siguiente. Sigo muy de cerca el desarrollo de la situación humanitaria en Chechenia y en las repúblicas vecinas, donde parte de la población chechena está desplazada. 
En los comunicados de prensa más recientes, del 27 de noviembre y 5 de diciembre de este año, manifesté mi inquietud sobre la gravedad de la situación humanitaria y de los derechos humanos en esta parte del mundo, en particular las presiones crecientes sobre las personas desplazadas internamente para que abandonaran los campos de refugiados en Ingushetia y regresaran a Chechenia. 
Como bien sabe, ECHO es el principal donante de ayuda humanitaria a la región. 
Ha prestado ayuda a las víctimas del segundo conflicto de Chechenia desde que comenzó y continuará haciéndolo. 
Hasta hoy, la Comisión ha destinado, a través de ECHO, más de 90 millones de euros a ayuda humanitaria para ayudar a la gente a sobrevivir. 
Sólo en 2002 se han destinado 25 millones de euros a esta crisis y en estos momentos están proyectados otros 3 millones de euros para ayuda alimentaria de emergencia. 
En Ingushetia, en este mismo momento, ECHO ayuda a personas desplazadas internamente en campos de refugiados, asentamientos espontáneos y familias anfitrionas. 
La mayor parte de la ayuda suministrada al campo de Aki Yurt ha sido financiada por ECHO, y seguiremos estando presentes en todos los otros campos. 
Paralelamente, ECHO continúa financiando gran parte de la ayuda humanitaria que se desplazará próximamente a Chechenia. 
Se trata de una labor muy difícil, ya que es uno de los lugares del mundo en donde las condiciones de trabajo para las organizaciones humanitarias son peores, tanto en lo que se refiere a la seguridad como a las tareas de supervisión. 
Seguimos manteniendo conversaciones con las autoridades rusas sobre todos estos puntos, tal como he informado reiteradamente a este Parlamento. 
Lo esencial es que podemos suministrar ayuda humanitaria tanto en los alrededores como dentro de Chechenia, si bien con dificultad, pero podemos hacerlo y seguiremos haciéndolo. 
Señor Presidente, solo dos preguntas concretas. En primer lugar, ¿puede usted ofrecer algún tipo de garantías, aunque por supuesto nunca una garantía puede ser absoluta, de que la ayuda humanitaria realmente llega a los refugiados chechenos, o esto está totalmente en manos de las autoridades rusas? 
Mi segunda pregunta es esta: como ahora se han establecido campamentos en Ingushetia y numerosas personas han sido deportadas, ¿sabe usted a dónde han ido estas personas? 
. 
(EN) Una de las actividades más importantes y que nos complace mucho seguir financiando es la labor logística que realiza el Consejo de Refugiados danés, la única organización no rusa que distribuye alimentos y otros artículos en Chechenia. 
Emplean conductores locales, pero es esta ONG quien lo organiza todo. Así lo reconoce también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el sistema de Naciones Unidas en general. 
Es un logro muy importante porque permite el acceso a la comunidad humanitaria. 
Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de si podemos supervisar todo el flujo es que lo hacemos lo mejor posible. 
Varias veces a lo largo de los años he informado al Parlamento de que trabajamos sobre la base del llamado concepto de «control remoto» , lo que implica que tenemos que recurrir a socios locales para la aplicación. 
Sin embargo, hasta la fecha no hemos encontrado problemas relacionados con la responsabilidad. 
Intentamos hacer un seguimiento de cada una de las actividades con el mayor esmero posible. 
Yo diría que, mientras podamos seguir con la operación emprendida por el Consejo de Refugiados danés, tendremos ciertas garantías de saber qué está pasando. 
A este respecto, la aportación de las organizaciones de la ONU también es crucial y nuestra cooperación con ellas está bastante bien desarrollada. 
El problema de las personas que están más o menos deseosas de regresar, y tememos que sean numéricamente menos, es que regresan para encontrarse en todo tipo de situaciones distintas. 
Por este motivo criticamos las presiones que sufren. 
Realmente nos preocupa. 
-Entramos en la segunda parte de este turno, y comenzamos con las preguntas dirigidas a la Vicepresidenta Sra. de Palacio. 
Preguntas dirigidas a la Sra. de Palacio 
. (ES) Señor Presidente, Gibraltar es, de hecho, uno de los principales puntos de suministro de combustible marítimo en el Mediterráneo y gran parte de esta actividad es llevada a cabo por buques tanque. 
Aunque numerosos puertos disponen de dispositivos de suministro en muelle, esta forma de carga de combustible sigue siendo la más extendida a nivel portuario, no sólo en los puertos pequeños, sino también en otros como Rotterdam, Barcelona o Hamburgo. 
La Comisión considera que esta práctica debe supervisarse cuidadosamente a fin de evitar vertidos y contaminación marina. 
Por ello, muchos puertos han adoptado reglamentaciones y procedimientos específicos que regulan tales actividades y la Comisión, por su parte, en aplicación del Tratado, vela por la observancia de la normativa comunitaria en materia de protección del medio ambiente y así, el 24 de enero de 2001, interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia en relación con la no aplicación por parte del Reino Unido en Gibraltar de toda una serie de normas medioambientales, incluida la Directiva 93/12/CEE relativa al contenido de azufre de determinados combustibles líquidos. 
Respecto a la fiscalidad, en aplicación de la normativa fiscal comunitaria, los hidrocarburos utilizados como carburantes para la navegación y la pesca en aguas comunitarias, con excepción de las embarcaciones de recreo privadas, están exentos del pago de impuestos especiales, tanto a escala comunitaria como nacional. 
Señora Comisaria, detrás de la marea negra que hoy sufre Galicia y que en otras épocas han sufrido otras costas europeas hay siempre una marea de dinero negro que conviene investigar. 
Marea y dinero negro que están siempre integrados por grupos de estructuras mucho más mafiosas que empresariales, constituidas por sociedades con activos ridículos para eludir responsabilidades y cubiertas por seguros también ridículos. 
Estos grupos se amparan siempre en legislaciones permisivas desde un punto de vista medioambiental, mercantil, fiscal, etc., y Gibraltar no es una excepción. 
El puerto de Gibraltar suministra mucho más combustible que el de Algeciras, entre otras cosas porque allí se pagan menores tasas portuarias, porque allí- como ha reconocido la Sra. Comisaria- se aplican con mucho menos rigor las normas medioambientales y de seguridad marítima y, en tercer lugar, porque se pagan menos impuestos. 
No me refiero, naturalmente, a los impuestos especiales, porque cualquier alumno de primer curso de Derecho sabe que el combustible que se usa en el tráfico marítimo está exento del impuesto sobre el valor añadido de hidrocarburos. 
El problema es que tampoco se pagan los impuestos directos, los impuestos sobre sociedades, que también repercuten en los precios: en Algeciras un 35% y en Gibraltar nada, como lo sabe muy bien el Comisario Monti. 
Quisiera preguntar si hay o no diferencias fiscales en Gibraltar respecto a Algeciras. 
Teniendo en cuenta que no se pueden producir en impuestos especiales, sí se producen en el conjunto de la fiscalidad, que también repercute en los costes, como su Señoría sabe que ocurre, cada vez que va a comer o a cenar y paga una factura. 
. (ES) Señor Presidente, mi colega Mario Monti ya ha planteado y ha abierto en dos ocasiones procedimientos contra el Reino Unido, precisamente para asegurar la realidad del mercado interior y la aplicación adecuada de las normas de competencia, con un nivel equivalente en todos los lugares. 
De todas formas, estoy segura de que el Sr. García Margallo, que no está en primer curso de carrera, es perfectamente conocedor de estos temas, y estoy segura de que mi colega Mario Monti va a seguir trabajando para que no haya paraísos en ningún territorio de la Unión Europea respecto a ningún punto, en lo que se refiere a la aplicación de la legislación comunitaria. 
-Pregunta n 45 formulada por Nuala Ahern (H-0721/02): 
Asunto: Normativa nuclear a escala comunitaria 
Una «directiva marco» que establecerá las normas de seguridad nuclear en la Unión Europea; una directiva relativa a la gestión y la eliminación de los residuos radioactivos; una directiva por la que se regulen los mecanismos financieros destinados a garantizar la eliminación a largo plazo de los residuos radioactivos y la clausura de las instalaciones nucleares; un mandato de negociación con el objetivo de aumentar las cantidades de combustible nuclear que se importan en la Unión Europea. 
. (ES) Señor Presidente, en 45 años de aplicación del Tratado Euratom, se ha mostrado su adaptación y flexibilidad para responder a las necesidades y preocupaciones de cada momento. 
En ese sentido, ha favorecido y ha facilitado el desarrollo de la investigación comunitaria una legislación de control en el ámbito, tanto de la radioprotección como del control de la utilización de los materiales nucleares. 
Las medidas propuestas son la prueba concreta del carácter apropiado del Tratado, cuyas disposiciones proporcionan a aquéllas un fundamento jurídico sólido y suficiente. 
Estas propuestas de la Comisión refuerzan, sobre todo, el dispositivo existente para garantizar la protección sanitaria de la población y de los trabajadores, tal y como se define en el capítulo 3 del Título II del Tratado Euratom. 
Así, la protección sanitaria enmarcada por las normas de radioprotección se complementará con disposiciones de seguridad nuclear capaces de garantizar el cumplimiento de las normas de radioprotección. 
En lo que se refiere al comercio de materiales nucleares con Rusia, la Comisión se propone someter a la aprobación del Consejo una propuesta de mandato de negociación, de conformidad con su derecho de iniciativa. 
Comisaria, nos ha sorprendido que usted, una Comisaria especialmente responsable en las relaciones con el Parlamento, informara a la prensa en septiembre antes de que el Parlamento ni siquiera hubiera tenido noticia de estas propuestas. 
Esto es vergonzoso. 
No tengo palabras para expresar con suficiente firmeza que debería usted haber venido a hablar de ellas con el Parlamento antes de informar a la prensa. 
Me ha sorprendido oír que cuenta usted con una base legal suficiente. 
Deduzco que en estos momentos esto es objeto de debate en el Consejo y que sus propuestas nucleares se basan en el marco legal equivocado. 
Verdaderamente se ha equivocado, Comisaria. 
Al contrario de lo que ha sugerido la Comisión, los artículos 30, 31 y 32 del Tratado Euratom no son aplicables, pues la Comisión interferiría en la seguridad de las instalaciones nucleares con respecto a su funcionamiento técnico. Esto queda excluido en el Tratado Euratom. 
También quisiera informarle de que en los Estados miembros, en particular el Reino Unido, se habla del apoyo al reprocesamiento que ha expresado usted en algunas de sus declaraciones. 
Quisiera que aclarase que con estas propuestas no defiende usted el reprocesamiento de plutonio. 
. (ES) Señor Presidente, Señoría, perdone pero la intención de presentar este paquete de seguridad nuclear se la anuncié a este Parlamento antes que a nadie y lo he reiterado en distintas ocasiones, o sea que no fue ninguna novedad. 
Y no presenté a la prensa las iniciativas antes que a este Parlamento, al contrario, vine aquí a dar cuenta en el Pleno de las iniciativas que había planteado en Bruselas. 
Respecto al fundamento jurídico, me remito al comunicado de prensa del Tribunal de Luxemburgo de 10 de diciembre pasado. 
El Tribunal considera que Euratom tiene competencias en los dominios siguientes: establecimiento de un marco legislativo y reglamentario para organizar la seguridad de las instalaciones nucleares; las medidas relativas a la evaluación y a la verificación de la seguridad; la organización en casos de urgencia; la elección del lugar de las instalaciones nucleares y, por último, la concepción, construcción y explotación de las instalaciones nucleares. 
Por lo tanto, creo que nadie va a volver a discutir el fundamento jurídico en el Tratado Euratom para todas las propuestas que he hecho al Consejo y al Parlamento, porque el Tribunal lo ha dicho claro y alto. 
Por último, no apoyo en absoluto el reprocesamiento. 
No sé de dónde ha sacado estos elementos la señora diputada, yo no entro en ese tipo de cuestiones. 
Lo único que planteo es que hay que dar un marco de seguridad al más alto nivel en todos los países de la Unión. 
En todos, en los que van a venir ahora y en los actuales, y que ese marco tiene que ser el de mayor nivel de seguridad, haciendo obligatorias, entre otras cosas, lo que son meras recomendaciones de la Agencia de Seguridad de Viena. 
. (ES) Señor Presidente, quiero informar brevemente a la señora diputada de que, efectivamente, he recibido una visita- como tantas otras- de una serie de representantes que no sólo me han visitado a mí sino también a la Dirección General de Medio Ambiente, que es la responsable de tratar el asunto al cual se refiere la señora diputada. 
Es normal este tipo de visitas a la Comisión. 
Es más, en alguna ocasión también me he reunido con la señora diputada y con otras personas y estas reuniones me parecen, además, importantísimas para tener un conocimiento de lo que piensan los grupos sociales y la gente. 
Lo que tenemos que evitar cuando estamos en la Comisión, en Bruselas, es perder contacto con la realidad. 
Dicho esto, yo no puedo entrar en lo que son las declaraciones de las personas que me visitan y en los contenidos que son libres de expresar. 
Yo no quiero entrar en eso, pero sí quiero decirle, en primer lugar, que no soy la responsable respecto a las posibles aperturas de procedimiento o inicio de investigación que se puedan hacer sobre estos asuntos, que son competencia de mi colega la Sra. Wallström; en segundo lugar, respecto a la Comisión de Peticiones, tampoco tengo ninguna responsabilidad, porque corresponde a este Parlamento dilucidar estos asuntos. 
Señor Presidente, más que complementar la pregunta, porque a mí la respuesta de la Sra. Comisaria me parece correcta, lo que haré es informarla de que entonces utilizaron mal su nombre y el de dos funcionarios de la Dirección General de Medio Ambiente. 
Como digo en la pregunta, una serie de peticionarios se entrevistaron con el Sr. Gemelli, en Asturias- mi región- y después, efectivamente, hubo una serie de visitas a la Sra. Comisaria. 
Ahora bien, lo que aparece en la prensa regional es que la Sra. Comisaria y los funcionarios dicen que ese expediente está cerrado. 
Me parece desafortunado utilizar el nombre de dos funcionarios de la Dirección General de Medio Ambiente. 
Los peticionarios asturianos, con mucha razón, me preguntan a mí cómo puede estar cerrado un expediente que ni siquiera se discutió en la Comisión de Peticiones. 
Por eso le digo a usted que la aparición en la prensa de los nombres de esos funcionarios y de la señora Comisaria produce una total falta de credibilidad en las instituciones europeas y en la Comisión de Peticiones. 
Me apena que su nombre y el de esos dos funcionarios se vean involucrados en una cuestión política que no tenía que haber aparecido en la prensa de esa manera. 
Señor Presidente, me extraña que diputados tan experimentados puedan confundir lo que es una queja a la Comisión con una petición al Parlamento Europeo. 
Una obra pública de infraestructuras de comunicaciones tan importante como la autovía de Occidente merece todo el apoyo de todos los representantes políticos asturianos. 
Por eso, unos alcaldes asturianos, muy preocupados por algunas quejas que habían llegado a la Comisión por parte de determinadas organizaciones vecinales asturianas, vinieron aquí a interesarse sobre cuál era el trámite que la Comisión ejecutiva estaba dando a aquellas quejas. 
Los recibieron tanto la Comisaria Loyola de Palacio como determinados funcionarios, que les informaron de que aquella queja presentada ante la Comisión Europea, justo aquella semana había sido archivada y de que el expediente se había cerrado completamente. 
Por supuesto, no es tarea de la Comisión resolver el destino final de las peticiones al Parlamento Europeo, sino de los diputados europeos. 
Pero no confundamos quejas con peticiones. 
Sra. Loyola de Palacio, quisiera preguntarle si tiene noticias de si en los servicios correspondientes de la Comisión existe alguna otra queja presentada sobre el tema de la autovía de Occidente. 
. (ES) Señor Presidente, es posible que se haya producido una cierta confusión, como ha dicho su Señoría. 
Sólo me queda reiterar que no puedo entrar en el contenido de las declaraciones de las personas que me visitan. 
En segundo lugar, una cosa es una queja y otra cosa es la Comisión de Peticiones en la que, insisto, la Comisión no tiene arte ni parte, sino que es competencia de este Parlamento. 
En cuanto a la cuestión de las quejas, corresponde a la Sra. Wallström. 
Yo no tengo conocimiento pero, de todas formas, con mucho gusto, me informaré al respecto e informaré a su Señoría. 
-Ya saben ustedes que éste es un turno de preguntas y, en todo caso, de preguntas complementarias a la Comisión. No de explicaciones y descripciones por parte de los señores diputados. 
Yo respeto mucho su afán de debatir y explicar los hechos, pero esto es un turno de preguntas. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº47, formulada por el Sr. Herman Vermeer, decae. 
-Pregunta n 48 formulada por Carlos Bautista Ojeda (H-0781/02): 
Asunto: Fecha III Plan de Acción de Seguridad Vial 
En respuesta a mi pregunta E-1265/02 de 26 de abril de 2002, la Comisión aseguraba que el III Plan de Seguridad Vial sería objeto de una comunicación de la Comisión durante el tercer trimestre del año. 
Sin embargo, según declaraciones de la Sra. De Palacio el jueves 12 de septiembre en la celebración del primer aniversario de la campaña de seguridad vial de la Cruz Roja, el III Plan no sería presentado sino el año próximo (2003). 
Por otra parte, en el Programa europeo de investigación FANTASIE se informa que, en el caso de un "crecimiento sostenible" o de un "equilibrio sostenible" de la circulación europea, el uso de los vehículos de dos ruedas aumentaría considerablemente. 
¿Podría la Comisión confirmar la fecha de publicación de la comunicación del III Plan de Seguridad Vial? 
¿Podría la Comisión adelantar información sobre las medidas específicas de seguridad vial para los vehículos de dos ruedas que se contemplarán en el futuro plan? 
. (ES) Señor Presidente, el Libro Blanco sobre política europea de transportes anuncia un conjunto de medidas que deben tomarse para mejorar la seguridad vial, así como la presentación de un programa de acción sobre seguridad vial dirigido a determinar las medidas gracias a las cuales se podrá alcanzar para el 2010 el objetivo global de reducir a la mitad el número de víctimas mortales por accidentes de carretera en la Unión Europea. 
Este programa se está elaborando y su adopción está prevista para el primer trimestre de 2003. 
Algunas medidas se referirán concretamente a los vehículos de dos ruedas y, en ese sentido, quiero, una vez más, resaltar la magnífica labor realizada por su Señoría, Sr. Bautista Ojeda, en este terreno. 
Las medidas generales tendrán también consecuencias positivas importantes para la seguridad de los conductores y pasajeros de los vehículos de dos ruedas. 
Señor Presidente, gracias a la mejora de las redes de comunicación, sobre todo en el ámbito de las ciudades, en los núcleos de población, a la peatonalización de las calles y al aumento de volumen del tráfico rodado de cuatro ruedas, cada día es mayor el número de usuarios de vehículos de dos ruedas, como bien ha dicho usted. 
Quisiera preguntarle, Sra. Comisaria, si tiene previsto algún tipo de iniciativa específica que fomente el uso de vehículos de dos ruedas, teniendo en cuenta, además, la situación actual, con respecto al coste de los seguros, que está influyendo en la disminución considerable del número de ventas de estos vehículos. 
Por ejemplo, en el programa de seguridad en los coches, en los acuerdos con la industria de construcción del automóvil, se contempla el diseño de coches que sean menos agresivos en los choques contra cuerpos sin protección, es decir, tanto los peatones como los ocupantes de vehículos de dos ruedas (motocicletas, bicicletas, etc.). 
Asimismo, en el ámbito de la Unión Europea, es necesario, como siempre, hacer un seguimiento real del cumplimiento de los códigos y de las reglas de la circulación existentes, como, por ejemplo, llevar casco cuando se circula en motocicleta, porque hemos detectado que, en muchas ocasiones, lo que ocurre es que la legislación ya aprobada, por desgracia, no se aplica ni se exige con el debido rigor. 
Señor Presidente, Comisaria, se producen muchos accidentes que afectan a vehículos de dos ruedas, principalmente debido a obras, barreras, calzadas divididas, tramos de mala visibilidad. 
¿Se tiene previsto también desarrollar un tipo de sistema de buenas prácticas o de evaluación comparativa para subsanar los puntos negros de accidentes, después de todo conocidos por la experiencia, de modo que en el futuro las obras en carretera sirvan para que el tráfico sea más seguro y se produzcan menos accidentes? 
. (ES) La falta de visibilidad afecta a los vehículos de dos ruedas y a todos los vehículos en general. 
En cuanto al diseño de las barreras, quiero decir que el Sr. Bautista Ojeda, en varias ocasiones ha tenido iniciativas al respecto. 
Estamos estudiando en la Comisión si de verdad, en la construcción de las barreras, hay perfiles y diseños menos agresivos y, por lo tanto, más seguros. 
Es algo sobre lo cual no tenemos todavía conclusiones definitivas pero, efectivamente, es uno de los asuntos que estamos analizando para aumentar la seguridad y evitar accidentes terribles que a veces se producen. 
Señora Comisaria, mi compañero y colega Carlos Bautista Ojeda le ha hecho una breve referencia pero yo quisiera profundizar en una de las cuestiones que él ha planteado: como usted sabe, en el Estado español los usuarios de los vehículos de dos ruedas tienen verdaderas dificultades para encontrar compañías que quieran asegurar los ciclomotores, las motocicletas, etc. Su única salida- en algunos casos- es recurrir al consorcio de compensación de seguros. 
No sé si, en este sentido, desde la iniciativa de la Comisión Europea, se puede hacer algo, porque ésta es una gran demanda del sector de los motociclistas: que pueda haber realmente cobertura de seguros asequibles y proporcionales a lo que es el uso, disfrute y costo que tienen las motocicletas y vehículos de dos ruedas, en general. 
. (ES) Señor Presidente, todo lo relacionado con el mercado interior depende más directamente de mi colega el Sr. Bolkestein, pero de todas formas tomo buena nota de lo que me han dicho tanto su colega el Sr. Bautista Ojeda como su Señoría y trataremos de analizarlo. 
Indudablemente eso tiene también que ver con el problema de la peligrosidad y con sus consecuencias físicas y sanitarias. 
Por tanto, de lo que se trata es de actuar para tener una mayor seguridad en el sector de los ciclomotores, las motocicletas y las bicicletas, es decir, de los vehículos de dos ruedas, pero, por supuesto, estudiaré también la cuestión del problema de los seguros. 
. (ES) Señor Presidente, el Libro Blanco sobre los transportes habla claramente de revitalizar los ferrocarriles en toda la Unión Europea. 
Para alcanzar este objetivo, la Comunidad ha tomado distintas iniciativas y ha formulado propuestas recientemente. 
El nuevo marco regulador europeo que facilita la integración y la interoperabilidad del mercado permitirá que las empresas ferroviarias mejoren su competitividad y orienten su actividad empresarial hacia el crecimiento de segmentos de mercado tales como los servicios europeos de mercancías. 
La ayuda financiera de la Unión a la construcción o modernización de las infraestructuras ferroviarias, así como de la eliminación de cuellos de botella, crea las condiciones físicas previas para que el ferrocarril absorba un porcentaje mayor del aumento futuro previsto de los volúmenes de transporte. 
La Comunidad ha cofinanciado varios proyectos de desarrollo de la red ferroviaria transeuropea en Irlanda. 
Por ejemplo, en el año 2000, los proyectos han recibido una cofinanciación de aproximadamente 3 millones de euros del presupuesto de redes transeuropeas y alrededor de 16 millones de euros del Fondo de cohesión. 
Sin embargo, hay razones de subsidiariedad que impiden que la Comisión pueda ir más lejos que lo que son sus propias capacidades a la hora de asignar o de seleccionar lo que son los objetivos prioritarios de actuación en un Gobierno, en un momento dado y en un Estado concreto de la Unión. 
Probablemente el Comisario sepa que el sistema ferroviario irlandés está dirigido por una empresa pública de la que el Gobierno es accionista. 
Hace poco esta empresa pública ha anunciado su intención de revisar toda su red, en particular la red de mercancías, con la posibilidad de que se cierre en su totalidad. 
Dado que el objetivo de la Comisión, y de hecho de la Unión Europea, consiste en que el sistema ferroviario absorba el aumento de tráfico, ¿no cree el Comisario que aquí hay un conflicto entre lo que pretendemos lograr, en particular en relación con el transporte de mercancías, y la necesidad de que al menos hable con el Gobierno irlandés sobre el establecimiento de cierta coordinación entre el Libro Blanco, la política de transporte nacional propuesta que el Gobierno dice que está elaborando y la propuesta de cerrar la red ferroviaria de Irlanda? 
. (ES) Señor Presidente, Irish Rail ha tomado hace poco la decisión de suspender cualquier medida de reestructuración hasta que se publique un estudio estratégico del ferrocarril, que esperamos para principios del año 2003. 
La Comisión espera que este estudio del sistema ferroviario irlandés tenga en cuenta, por supuesto, no sólo la política general de transporte, sino también las inversiones que se han efectuado en los últimos años con fondos comunitarios en el ferrocarril en Irlanda. 
. (ES) La Directiva 2002/30/CE establece objetivos y métodos para resolver los problemas de contaminación acústica en las cercanías de los aeropuertos comunitarios. 
A tal fin, la directiva describe las medidas que los Estados pueden aplicar para reducir el ruido y prevé una serie de principios y normas sobre las modalidades de evaluación del ruido con miras a la disminución de los niveles de las emisiones sonoras. 
En estos momentos, la Comisión considera prioritario velar por la correcta incorporación de dicha directiva a las legislaciones nacionales de los Estados de la Unión, que deberá llevarse a cabo, a más tardar, el 28 de septiembre de 2003. 
Esta directiva es una medida más de un conjunto destinado a controlar la exposición al ruido en torno a los aeropuertos. 
En cuanto a la propuesta de directiva relativa al establecimiento de un marco comunitario para la clasificación de emisiones acústicas de los aviones subsónicos civiles y para el cálculo de tasas sobre el ruido, tras la primera lectura realizada por el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, corresponde ahora al Consejo iniciar el examen del texto propuesto. 
La Comisión no tiene previsto elaborar una Carta única de los derechos de las personas que viven en las proximidades de los aeropuertos. 
Quisiera recordar a la Comisión que, hace más o menos un año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió a favor de las personas que viven cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres, que veían trastornado su sueño a causa de los vuelos nocturnos, y a quienes se les informó de que en efecto fue una violación de los derechos humanos. 
Esta decisión adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría convertirse en jurisprudencia, lo que beneficia a las personas que viven cerca de los aeropuertos. 
Sin embargo, me parece que la Comisión Europea debería acelerar su trabajo para adoptar medidas prácticas con vistas a impedir que estos asuntos tengan que resolverse en los tribunales. 
Lo que necesitamos son medidas europeas eficaces que permitan reducir el ruido al que se ven expuestas las personas que viven cerca de aeropuertos, en particular por la noche. 
Comisaria, ¿no cree usted que el artículo 1 de la Directiva 2002/30/CE, aprobada en marzo de 2002, que dispone precisamente que se reduzca el número de personas que están expuestas al ruido, debería comportar más concretamente medidas prácticas para reducir el nivel de exposición que sufren estas personas? 
-De acuerdo con el Reglamento, la pregunta número 51, del Sr. Hatzidakis, será contestada por escrito. 
Preguntas dirigidas al Sr. Kinnock 
-Pregunta nº52 formulada por Gerard Collins, a quien sustituye el Sr. Hyland (H-0801/02): 
Asunto: El nuevo edificio Berlaymont 
Las principales características del contrato de compra del edificio Berlaymont de la Comisión se hicieron públicas el pasado 23 de octubre. 
El precio total que abonará la Comisión asciende a 553 millones de euros y su participación en los costes de renovación es de 503 millones de euros, incluidos 35,6 millones de euros para ampliación. ¿Qué medidas se han tomado con vistas al acceso del público al edificio Berlaymont? 
¿Qué ahorro espera obtener la Comisión una vez que ya no sean necesarias las actuales «medidas improvisadas» y haya vuelto a su sede original? ¿Qué innovaciones se han introducido para garantizar que los costes de mantenimiento del Berlaymont se reducen al mínimo y el edificio hace las funciones de símbolo de una Unión Europea dinámica? 
. 
(EN) Me complace mucho que cunda el interés por el edificio Berlaymont. 
Respondiendo a la pregunta originalmente presentada por el Sr. Collins, el acceso público al edificio se consideró un aspecto importante de la integración urbana en la fase de diseño del proyecto de renovación del edificio Berlaymont. 
La creación de un nuevo espacio público alrededor del edificio y la colocación de una pared de cristal de seguridad son solo dos de las consecuencias de este enfoque integrador. 
El diseño también garantiza que las personas con dificultades de movilidad puedan acceder sin problemas al edificio Berlaymont, excepto a algunas instalaciones técnicas especiales, Todas las oficinas, salas de reuniones, cabinas de interpretación y espacios comunes tendrán accesos directos por ascensor o rampas integrales. 
El edificio también contará con señales y marcas de fácil visibilidad por todas partes. 
En cuanto a la segunda pregunta del Sr. Collins, la Comisión obtendrá notables ahorros porque la compra del edificio Berlaymont a un coste relativamente competitivo coloca a la institución en condiciones de negociación más favorables en un mercado inmobiliario en que los principales participantes saben muy bien que la Comisión desalojará una serie de edificios de sustitución cuando vuelva a Berlaymont a principios de 2004. 
A fin de sacar el máximo provecho de esta situación, la Comisión ha convocado un concurso para el suministro de espacio de oficina. 
Los ahorros finales que se consigan solo podrán cuantificarse con precisión cuando esté clara la ubicación de todas las oficinas de la Comisión en Bruselas. 
Entonces se podrán establecer comparaciones exactas entre el precio pagado por la Comisión, que es estable, y los precios de mercado, que evidentemente no van a bajar en las zonas de Bruselas que más nos interesan. 
Además, a diferencia de los contratos de alquiler que deben renovarse tras un período de ocupación, el coste que el edifico Berlaymont ha supuesto para el presupuesto comunitario es totalmente predecible, porque los pagos anuales de 31,9 millones de euros y la subida anual del 2% se establecieron en octubre cuando firmé el contrato de Berlaymont con las autoridades belgas. 
Entre otros ahorros que no pueden cuantificarse con facilidad en esta fase se incluye la reducción de los costes de transporte y comunicación entre las oficinas de la Comisión que ahora están dispersas. 
Además, la tecnología de eficiencia energética y medioambiental del edificio Berlaymont, junto con un diseño que limitará los costes de mantenimiento, comportarán más ahorros. 
La cuestión de los costes financieros, el tercer punto del Sr. Collins, es básica para el desarrollo del proyecto. 
Las principales características de diseño del edificio Berlaymont ya han obtenido el Premio Internacional 2000 de arquitectura pasiva y bajo consumo energético al mejor diseño arquitectónico. 
Al diputado correspondiente se le enviará directamente una copia de un artículo especial que contiene los detalles. 
En él se demuestra claramente que la inversión en técnicas innovadoras de las instalaciones reduce notablemente los costes de explotación y de consumo energético. 
Hay otros muchos aspectos del diseño del edificio que reducen los costes de explotación a un mínimo. 
Por ejemplo, el agua de lluvia que caiga allí se recogerá automáticamente y se reciclará para los inodoros y las instalaciones de higiene. 
Me complace mucho decir que en Bruselas la regularidad de la lluvia no se pone en duda. 
Agradezco al Comisario su habitual respuesta exhaustiva. 
Evidentemente se ha anticipado a muchas de las preguntas adicionales que iba a hacer en nombre de mi colega, el Sr. Collins. 
Pido disculpas por su ausencia. 
El Comisario ha justificado fehacientemente el gasto incurrido en relación con el edificio Berlaymont. 
Supongo que ha contestado a muchas de las preguntas que ha venido haciendo el público en general, pero no estoy seguro de que estas respuestas hayan sido satisfactorias. 
Sin embargo, debemos aceptar la credibilidad de la explicación dada por la Comisión, y yo así lo hago. 
¿Podría explicar por qué se ha tardado tanto tiempo en acabar el edificio? 
Además, el público en general está ansioso por conocer los resultados de la comparación entre los costes originales y los costes finales. 
. 
(EN) Doy las gracias a Su Señoría y no tengo ningún inconveniente en enviarles a él y al Sr. Collin, de quien sé que lleva mucho tiempo interesado en este asunto, todas las declaraciones originalmente remitidas al Parlamento, pero estoy seguro de que las cifras les resultarán interesantes. 
Ahora haré un resumen para responder a las cuestiones precisas que ha planteado el Sr. Hyland. 
Uno de los objetivos fundamentales de la Comisión a lo largo de las negociaciones en torno al contrato del edificio Berlaymont ha sido salvaguardar los intereses del contribuyente europeo. 
El conjunto del proyecto ha llevado tanto tiempo y llevará aún más, hasta el 31 de diciembre del próximo año, en parte debido a las dificultades surgidas por la eliminación del amianto del edificio, que se desalojó en 1991. 
Para ello se han necesitado unos dos años más de lo previsto. 
En segundo lugar, también se demoraron los acuerdos para gestionar la renovación del edificio Berlaymont. 
En tercer lugar, diversas disputas, incluso litigios, han retrasado por lo menos varios meses, y de hecho probablemente ya podemos empezar a contar en años, la renovación. 
El problema es que la demora supone un coste, y uno de nuestros objetivos ha sido asegurar que solo aceptaríamos una parte equitativa de esos costes. 
Por eso aceptamos que todos los añadidos necesarios, en particular en relación con las posteriores solicitudes de ampliación, correrían a cargo de la Comisión, que es lo justo. 
También quisimos que las adaptaciones del diseño permitieran que el edificio fuera totalmente accesible y moderno. 
El resultado global es que el precio anual real que pagaremos, de 31,9 millones de euros al año, con un tipo de interés que hemos negociado en los últimos meses, será inferior al coste anticipado cuando en 1997 se firmó el protocolo, el memorándum de entendimiento, entre la Comisión y el Gobierno belga. 
Mientras tanto, el coste global del edificio Berlaymont ha subido, pero, gracias a los acuerdos contractuales, nuestra contribución a este coste es fija, mientras que el Gobierno belga tiene la obligación de sufragar los costes adicionales que surjan. 
Me complace facilitar las cifras exactas en la comunicación que hicimos en octubre al Parlamento y al Consejo, y me aseguraré de que Su Señoría las reciba antes de mañana por la noche. 
Asunto: Traslado de funcionarios de la Comisión a empresas privadas 
La Comisión fomenta el traslado de funcionarios del sector privado al sector público y viceversa. 
Incluso ha desarrollado un sistema que permite que los funcionarios trabajen temporalmente para empresas privadas. 
En sí, se trata de una iniciativa positiva, pero el traslado del Jefe del Servicio de Política de Información a Microsoft plantea cuestiones, porque fue parte implicada en la investigación antimonopolista en relación con Microsoft. 
El portavoz de la Comisión ha afirmado que el interesado fue consultado en el marco de la investigación por la Dirección General de Competencia y que ello no plantea ningún problema porque ha asegurado en una carta que en Microsoft él no se va a encargar de temas investigados por la Comisión. 
¿De qué garantías dispone la Comisión para que los funcionarios de la UE que se trasladan no pasen información crucial a sus nuevos empresarios? 
¿Constituyen garantías suficientes las promesas escritas de los interesados? 
¿Opina la Comisión que se imponen nuevas normas sobre el traslado temporal de funcionarios de la UE? 
En caso afirmativo, ¿qué medidas va a tomar concretamente? 
. 
(EN) Agradezco a Su Señoría que haya planteado esta cuestión. 
El artículo 40 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas regula la excedencia voluntaria de los funcionarios de la Unión Europea. 
Este artículo contiene disposiciones que permiten a un funcionario establecido obtener la excedencia voluntaria sin sueldo en casos especiales y a petición propia. 
Tal y como indica correctamente Su Señoría, esta excedencia sin sueldo puede concederse cuando el funcionario quiere trabajar durante cierto tiempo en el sector privado para ampliar sus conocimientos y su experiencia. 
La Comisión opina que la institución se beneficia de estos intercambios de competencia y experiencia y por lo tanto, en principio, cree que deberían promoverse. 
La Comisión reconoce que el nombramiento para ciertos puestos podría constituir, o al menos parecerlo, un conflicto de intereses. 
Por lo tanto, es importante hacer hincapié en que los funcionarios que disfruten de excedencia personal sigan estando sometidos plenamente a las disposiciones del artículo 12 del Estatuto, que exige a los funcionarios obtener el permiso antes de desempeñar ninguna actividad exterior y que también contempla la denegación del permiso o la imposición de condiciones cuando se considera que la actividad podría perjudicar la labor de las Comunidades. 
La Comisión interpretaría que la aparición de un conflicto de intereses perjudica a la Comunidad y, por lo tanto, denegaría el permiso para desempeñar estas actividades o impondría condiciones para impedir que surgieran conflictos. 
De todos modos, el artículo 17 del Estatuto exige a los funcionarios en activo o en excedencia voluntaria no revelar a ninguna persona no autorizada información que no sea pública. 
Si un funcionario o ex funcionario que se encuentra trabajando en el sector privado utiliza esta información privilegiada, será sometido a un procedimiento disciplinario. 
La finalidad de la carta firmada por el funcionario mencionado en la pregunta de Su Señoría es expresar que es plenamente consciente de que estos requisitos siempre prevalecerán y que son incondicionales. 
Las enmiendas de reforma propuestas por la Comisión, que, como sabrá Su Señoría, se encuentran actualmente en el Consejo, aclararán las disposiciones del Estatuto de los funcionarios que regulan la excedencia voluntaria. 
Además, la Comisión está estudiando la manera de orientar mejor a los funcionarios y a las empresas potencialmente interesadas a fin de contribuir a que se entienda mejor la necesidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos de permitir intercambios entre la Comisión y otros organismos, a la vez que se garantiza la salvaguarda total de la integridad y la seguridad de la Comisión. 
Como he dicho en mi pregunta, no quiero cuestionar en modo alguno que los funcionarios públicos puedan cambiar de puesto de trabajo, incluso en el sector privado. 
Pero su respuesta no me satisface del todo, Comisario. 
Quiero creer en la buena fe- y ciertamente creo en su propia buena fe, que quede claro- de este funcionario público. 
Pero se ha dado una impresión. 
Estuvo trabajando en la investigación antimonopolista en relación con Microsoft y se marchó para trabajar en esta empresa. 
Creo que habría a explicitar qué supone esto. 
Ciertamente quisiera pedir para el futuro un marco de acuerdos más claro y más aplicable en la práctica. 
Sí, debe ser posible cambiar de trabajo, pero no a empresas o a sectores con respecto a los cuales se han realizado trabajos para la Comisión, porque se da una imagen de parcialidad que perjudica a su Comisión y por extensión a todas las instituciones europeas. 
De nuevo quisiera urgir al Comisario en relación a que manifieste sus intenciones. 
. 
(EN) Señor Presidente, sí que es posible tener este marco, que es por lo que me he referido a las propuestas de la Comisión que ahora están sobre la mesa del Consejo. 
También por esto me he referido a la labor posterior con vistas a dejar bien claro, tanto para las empresas potencialmente interesadas como para los funcionarios y ex funcionarios de la Comisión, los límites de la actividad. 
De todos modos, el funcionario cuyo caso se plantea en la pregunta formulada por Su Señoría, obtuvo permiso para trabajar en una empresa después de haber firmado una declaración en que decía que conocía sus obligaciones de acuerdo con el Estatuto de los funcionarios y que no revelaría ninguna información confidencial a su empresa. 
Como Su Señoría comprenderá y ha tenido la amabilidad de reconocer tanto en su pregunta como en su pregunta complementaria, en una sociedad libre, si intentamos sacar provecho de un intercambio entre las instituciones y entidades externas, en último término debemos confiar en la honradez de los funcionarios públicos, así como en el hecho de que han sido advertidos y saben que si se incumplen sus obligaciones, se meten casi automáticamente en procedimientos disciplinarios. 
Quizá a Su Señoría y al Parlamento les interese saber que, en estos momentos, 566 funcionarios de la Comisión han obtenido esta excedencia. 
Hasta ahora se han examinado cuatrocientos casos, y todos ellos serán examinados. 
Cerca del 10%, en torno a 40 personas, desempeñan en realidad actividades profesionales. 
El 90% restante han pedido permiso por obligaciones familiares o educacionales, o porque imparten cursos en el exterior. 
Cuando dispongamos de las cifras definitivas, más o menos en la primera semana del año que viene, me aseguraré de que Su Señoría las reciba con todo detalle. 
-Muchas gracias, Sr. Kinnock. 
Preguntas dirigidas al Sr. Monti 
-Dado que su autor no está presente, la pregunta n 54, formulada por el Sr. Obiols i Germà, decae. 
-Pregunta n 55 formulada por Astrid Thors (H-0828/02): 
Asunto: Investigación de posibles infracciones del Derecho de competencia de la UE por parte de Microsoft 
¿Puede confirmar la Comisión que en las decisiones que adopte como consecuencia de la investigación en curso de posibles infracciones del Derecho de competencia de la UE por Microsoft se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de los mercados europeos y los intereses de los consumidores europeos, y que dichas decisiones contendrán soluciones suficientes para poner fin a las prácticas comerciales de Microsoft que hayan resultado ser contrarias a las normas antitrust de la UE y evitar que se repitan estas prácticas? 
¿Es consciente la Comisión de que en los EE.UU, los portavoces de los consumidores no creen que el acuerdo concluido recientemente entre Microsoft y el Ministerio de Justicia de los EE.UU redunde en beneficio de los consumidores, pese a las afirmaciones de las partes del acuerdo en este sentido? 
. 
(EN) La Comisión confirma que su investigación en curso sobre Microsoft está fundamentada en un análisis exhaustivo de la compatibilidad de las prácticas comerciales de Microsoft con las normas de defensa de la competencia de la Unión Europea y, por tanto, de los efectos de estas prácticas en la Unión Europea. 
La Comisión quiere asegurar que el resultado final beneficie a los consumidores y favorezca la innovación en los mercados en cuestión, y que este resultado siente un precedente apropiado con el que examinar futuros contactos. 
Por supuesto, la Comisión está al tanto del procedimiento en los Estados Unidos. 
Sin embargo, la Comisión hace hincapié en que la naturaleza de los respectivos casos en la Unión Europea y los Estados Unidos es diferente, tanto de hecho como jurídicamente, y, por lo tanto, la Comisión examina su caso sobre la base de las normas de defensa de la competencia vigentes en la Unión Europea. 
En este sentido, si bien la Comisión tendrá en cuenta la solución alcanzada entre el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos y Microsoft, en vista de las mencionadas diferencias de hecho y jurídicas que hay entre ambos casos, la Comisión tiene que buscar soluciones diferentes en ciertos ámbitos. 
Gracias, señor Comisario, por su explicación. 
Deduzco de sus palabras que es importante, en parte en interés de la innovación, tener en cuenta los mercados pertinentes. 
En nuestra situación actual, los fabricantes de software y gran parte de la sociedad de la información pueden verse afectados por este asunto en el futuro. 
¿Cuándo, según el Comisario, ocupa una empresa una posición especialmente dominante? 
¿Tendrá en cuenta la Comisión estos márgenes de beneficio que se han hecho públicos, a saber, el 85% para ciertos tipos de programas? 
¿Cuándo tomará la Comisión la decisión sobre este asunto, decisión que los consumidores europeos están sin duda esperando? 
. 
(EN) En cuanto a la cuestión del umbral a partir del cual la Comisión establece que existe una posición dominante, hay una jurisprudencia formada por decisiones de la Comisión y sentencias de los tribunales, sobre cuya base se adoptan las decisiones ulteriores. 
En cuanto a su pregunta relativa al calendario, nuestro análisis de lo que supone un expediente muy voluminoso está muy avanzado. 
Una vez examinada y evaluada toda la información relevante, podremos decidir cuál es la mejor forma de proceder en este caso. 
Lo realista sería esperar una conclusión definitiva en la primera mitad del año que viene. 
-Muchas gracias, Sr. Monti, por su contestación. 
Con ella finaliza este turno de preguntas. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nº56 a 102 recibirán una respuesta escrita. 
. 
(EN) Señora Presidenta, hace casi dos años que la Comisión aprobó su propuesta de Directiva por la que se establecen normas de calidad y de seguridad para la sangre y sus componentes. 
Fue presentada al Consejo y al Parlamento en enero de 2001. 
Desde entonces se ha trabajado mucho, y celebro el enfoque constructivo que se ha dado a la propuesta tanto en el Parlamento como en el Consejo. 
Ahora el Parlamento ha alcanzado un hito importante en la tramitación de esta propuesta. 
La aprobación pendiente por su parte de esta propuesta de Directiva es la culminación de los notables esfuerzos del Consejo por definir su posición común, aceptando muchas de las enmiendas del Parlamento en primera lectura; de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por proponer enmiendas a esta posición; y de la delegación del Parlamento por alcanzar un compromiso constructivo con el Consejo. 
Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al Sr. Nisticò y al Sr. Lund en particular por sus incansables esfuerzos por contribuir a dar salida con éxito en tan poco tiempo a esta Directiva técnicamente compleja y por encontrar un compromiso en torno a la cuestión de las donaciones voluntarias gratuitas. 
Me gustaría de verdad que la propuesta de Directiva de la Comisión sobre tejidos y células se estudiara con el mismo interés y la misma eficacia. 
Señora Presidenta, doy las gracias al Comisario. 
Su intervención ha sido breve y amable, pero a estas alturas ya se ha dicho casi todo. 
Quisiera dar las gracias a mi colega ausente, el Sr. Nisticò, por el gran volumen de trabajo realizado en relación con esta Directiva. Ha vuelto de la conciliación con un buen resultado bajo el brazo. 
La última cuestión en que se ha centrado el debate es si el responsable de evaluar la idoneidad de los donantes sería un médico, mientras que el Consejo proponía a un profesional sanitario y consideraba que esto era suficiente. 
La solución de compromiso consiste en que tanto el Parlamento como el Consejo han aceptado a un profesional sanitario cualificado. 
En un espíritu de conciliación esto es bastante satisfactorio. 
Otros quizá le den otro nombre, pero en todo caso nos lleva a donde queremos estar en este momento. 
Doy las gracias a todos quienes han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para alcanzar esta posición. 
La Directiva que tenemos sobre el tapete trata de la extracción, verificación, almacenamiento, tratamiento y distribución de sangre humana. 
Es una cuestión bastante polémica en muchos de nuestros Estados miembros, entre ellos el nuestro. 
Hemos contado con un tribunal, llamado tribunal Lindsey, disuelto hace poco, que durante cierto tiempo ha intentado resolver los trágicos casos de pacientes, muchos de los cuales han fallecido desde entonces, que recibieron sangre infectada. 
Hay otros países que han tenido experiencias similares. 
Uno de los aspectos más importantes de esta Directiva es que restablecerá la confianza en los servicios de transfusión de sangre en general y en la circulación de sangre y sus derivados por toda la Unión Europea, para que todos tengamos plena confianza en los sistemas de otros Estados miembros a este respecto. 
Esta nueva Directiva, junto con la Directiva vigente 89/381/CEE, garantizará que a partir de ahora la legislación comunitaria de obligado cumplimiento se aplique a la sangre y sus derivados sea cual sea la finalidad. 
Aparte de la sangre y sus derivados también abarcará todo el sector de los pacientes que donan su propia sangre antes de ser operados en hospitales, así como la reglamentación específica de este sector. 
Ha habido bastante polémica en lecturas anteriores de esta Directiva en torno a la cuestión de si todas las donaciones tenían que ser voluntarias o no remuneradas. 
Esta debe ser la cultura; este debe ser el espíritu que promovemos. 
Aunque nunca deberíamos arriesgarnos a que los pacientes no tengan acceso a grupos sanguíneos o productos sanguíneos poco comunes por nuestra negativa a pagar, esto deber ser la excepción. 
El pago puede adoptar muchas formas, en forma de gasto o de compensación por las horas de trabajo perdidas, diferentes del beneficio. 
La opinión de los grupos de pacientes, que en la primera y la segunda lecturas fueron muy firmes, es que no debemos descartar la remuneración, pero que ésta no debe ser la norma. 
Hemos de seguir con el espíritu de voluntariedad. 
Celebro el retorno de este informe del Comité de Conciliación y espero que todos nuestros Estados miembros no tarden mucho en transponerlo para que se convierta en ley. 
Quisiera agradecer al Sr. Nisticò y al Comisario Byrne el excelente trabajo que han realizado en torno a esta cuestión. 
El resultado de la conciliación supondrá que hemos obtenido altos niveles mínimos de seguridad y calidad con respecto al uso de sangre y sus componentes para transfusiones. 
En estos momentos se fijan requisitos relativos a la cualificación del personal, el funcionamiento de los bancos de sangre, la comprobación de la sangre donada y también la eficiencia de la supervisión y del seguimiento. 
Por supuesto, la cuestión más polémica ha sido si hay que remunerar a los donantes de sangre. 
Se ha demostrado que la donación voluntaria y sin remunerar proporciona la sangre de mejor calidad, especialmente si existe un cuerpo permanente de donantes. 
Sin embargo, el hecho de que haya distintas normativas en los Estados miembros implica que no hemos podido decidir que la donación sin remunerar se aplique en todos los Estados miembros desde el primer día. 
No obstante, me complace gratamente que la Directiva se refiera a la correcta definición del Consejo Europeo de la donación se sangre no remunerada. 
También me alegro mucho de que los Estados miembros tengan ahora que establecer mecanismos para fomentar la donación de sangre voluntaria y no remunerada y que, cada tres años, tengan que presentar informes a la Comisión en relación con los mecanismos que hayan establecido. 
Por último, me parece importante que los Estados miembros a título individual puedan mantener o introducir el requisito de la donación voluntaria no remunerada, un requisito que también incluye la prohibición de la importación de sangre y sus componentes no donados de acuerdo con estos principios de no remuneración. 
Creo firmemente que la Directiva que ahora tenemos contribuirá significativamente a la seguridad y la calidad de la donación de sangre en Europa. 
Señora Presidenta, Comisario Byrne, en nombre del Grupo de los Liberales, yo a mi vez quisiera agradecer a nuestro ponente, el Sr. Nisticò, la calidad y el rigor de su trabajo. Es una lástima que no esté esta noche con nosotros para cosechar los elogios, por así decirlo. 
Dicho esto, me alegro de que este texto conjunto haya sido aprobado en el Comité de Conciliación. 
Era fundamental garantizar el mismo nivel alto de seguridad en las donaciones y transfusiones de sangre en toda la Unión, al igual que eran cruciales todas las mejoras introducidas en el texto legislativo a lo largo de todo el procedimiento. 
Estas mejoras comportan, en primer lugar, una gran victoria para los donantes de sangre y los pacientes: la inclusión de un capítulo específico sobre el seguimiento, que abarca la trazabilidad y la notificación de incidentes y reacciones graves no deseadas. 
El Grupo de los Liberales cree que esto es particularmente importante, simplemente, diría yo, porque la necesidad de este tipo de seguimiento no requiere otras pruebas en Europa. 
Las redes de seguimiento de la sangre son un instrumento vital para que la cadena de transfusión sea lo más segura posible. 
En cuanto al espinoso asunto de las donaciones benévolas, mi interpretación difiere de la del Sr. Lund. 
Me alegra comprobar que se ha impuesto el sentido común a partir de la segunda lectura. 
Celebro el hecho de que el texto conjunto, a la vez que promueve firmemente las donaciones voluntarias y benévolas- este es el propósito del artículo 20- deja margen de maniobra a los Estados miembros para recurrir a donantes remunerados en un entorno estrictamente regulado. 
No necesito recordarles que la Unión importa no menos del 50% de los productos terapéuticos derivados del plasma, y que los hemofílicos, los pacientes que sufren graves quemaduras y otros pacientes necesitan desesperadamente estos productos. 
En este sentido, ahora más que nunca en Europa es preciso aplicar con determinación una política que garantice a los pacientes el suministro de factores recombinantes. 
El Grupo de los Liberales también quería que el texto recogiera una referencia a los avances científicos y técnicos. 
Esta cuestión se abordó en el artículo 29 que, en particular, establece directrices claras para establecimientos que realizan transfusiones de sangre. 
Por último, el procedimiento de conciliación ha dado los últimos toques al excelente trabajo realizado por las tres instituciones en torno a este asunto. 
El único punto de disputa, que mencionaré brevemente, es la cuestión del examen médico antes de donar sangre, que ya se ha mencionado. 
Me complace, una vez más, que el Comité de Conciliación considere suficiente requerir que un profesional sanitario cualificado realice este examen. 
Me parece una tontería, como he dicho desde la primera lectura, ir en contra de ciertas prácticas nacionales que dan excelentes resultados. 
Estoy pensando en particular, aunque no exclusivamente, en las campañas de sensibilización y las donaciones en unidades móviles que podrían desaparecer si exigiéramos la presencia de un médico. 
La Unión Europea no es inmune a los accidentes, por supuesto, o siquiera a la aparición de un nuevo virus. 
En Norteamérica se ha producido una nueva alarma con respecto a la seguridad de los productos de sangre a causa de un virus procedente de una isla occidental. 
Por lo tanto, debemos aumentar el seguimiento, aplicar el principio de detección temprana en relación con el uso de sangre, y garantizar la trazabilidad de donantes a receptores. 
Este es el precio que supone establecer una cadena de sangre que renovará la confianza de los ciudadanos europeos. 
Señora Presidenta, me complace poder hablar esta noche de este asunto de especial importancia, incluso vital, en el sentido literal de la palabra. Me complace en nombre de mi Grupo, el Grupo GUE/NGL, pero también a título individual, como alguien que ha sido un acérrimo defensor de la donación de sangre y un donante de sangre. 
Las donaciones de sangre, como muchos ya sabrán, tienen una dimensión humana incomparable, que nos concierne a todos. 
En primer lugar, ofreceré algunas cifras reveladoras. 
Me temo que sólo se refieren a Francia, pero imagino que podrían aplicarse en general a la mayoría de los Estados miembros de la Unión. 
En Francia todos los días se requieren 8 000 donaciones para salvar 60 000 vidas cada año y realizar 800 000 transfusiones. 
La víctima de un accidente en carretera bien puede necesitar la aportación de diez a treinta personas para garantizar su supervivencia, pero sólo el 5% de las personas donan sangre. 
Por lo tanto, podemos preguntar por qué hay tan poca gente que done sangre. 
Sé que la Comisión Europea ha entendido, y lo agradezco, una parte fundamental del problema cuando definió el objetivo de su propuesta para diciembre de 2000. 
Su objetivo es aumentar la confianza pública en la seguridad de la sangre y los productos derivados y, así, alcanzar la autosuficiencia en la Unión Europea. 
Esta noche no hablaré de los escándalos de la sangre contaminada, que lógicamente minaron esta confianza y que, además, derribaron a algunos líderes políticos que pecaron de falta de vigilancia, por no decir incompetencia. 
Sin perdonar u olvidar nada, preferiría centrarme en tres cuestiones. 
¿Qué debemos hacer ahora para restablecer esta confianza? 
¿Cómo podemos animar a la gente a que done sangre con más frecuencia y convencer a más personas de que donen? 
En tercer lugar, ¿no consiste la solución en remunerar a los donantes, como ya se hace en ciertos países europeos? 
En cuanto a esta última pregunta, yo diría directamente que la respuesta, en mi opinión, es «no». 
Terminantemente no. 
La sangre y los productos de sangre no son mercancías. 
A propósito, quisiera señalar que algunas personas, aquí y allá, e incluso en este Parlamento, que defienden vehementemente principios éticos sobre asuntos relativos a la genética humana, no tienen empacho en defender la opción de pagar por donar sangre, y por lo tanto, de pagar por el cuerpo humano. 
Por ahora no diré nada más, porque no quiero enfadarme. 
Sin embargo, también he de referirme al horrible tráfico que tiene lugar en países donde las personas no tienen otros medios de supervivencia que vender sangre u otros órganos. 
Por este motivo hemos de ser firmes en este asunto, para evitar cualquier desvío, escándalo o ataque a la dignidad humana y a los principios éticos que compartimos y tenemos en gran estima. 
Por lo tanto, las donaciones de sangre deben basarse en los principios de libre consentimiento, anonimato y benevolencia. 
Me parece que esto es algo que ni siquiera debería prestarse a discusión. 
Por supuesto, debemos distinguir entre remuneración a cambio de sangre como tal y reembolso de los costes en que se haya incurrido para donar sangre: refrescos y tentempiés, reembolso de los costes de transporte, y tiempo de trabajo perdido para donar sangre. 
La propuesta presentada a este respecto sigue una línea acertada. 
El Parlamento Europeo la ha reforzado y aclarado con efectos muy positivos. 
Aprovecharé esta oportunidad para felicitar calurosamente al profesor Nisticò por la calidad de su trabajo. 
Por último, es importante hacer hincapié en ciertos puntos esenciales: normas de calidad y seguridad de la sangre, especificaciones más estrictas sobre la idoneidad de los donantes de sangre y plasma, y comprobación de las donaciones de sangre en la Comunidad Europea. 
Para concluir, diría que, en cuanto a los puntos que han sido motivo de disputa, puedo aceptar los resultados obtenidos a través del procedimiento de conciliación con respecto a la garantía de la trazabilidad y la calidad del personal directamente implicado en la extracción, verificación, tratamiento y almacenamiento. 
Por todos estos motivos, señora Presidenta, Señorías, votaré a favor de este informe y les pido que hagan lo mismo. 
Es responsabilidad nuestra ayudar a aumentar la sensibilidad pública en torno a este gesto, que salva vidas de decenas de miles de personas todos los años, un gesto que podría ser más habitual en el futuro, para poder satisfacer nuestras necesidades de forma humana y ética. 
Señora Presidenta, quisiera felicitar a mi colega, el Sr. Nisticò, por el resultado de la conciliación, que debe considerarse un éxito desde el punto de vista del Parlamento. 
Se han alcanzado muchos de nuestros objetivos, y la Directiva debe sin duda alguna servir para aumentar la confianza general tanto en la calidad de la sangre donada como en la protección de la salud de los donantes en una Europa integradora. 
Sin embargo, para los finlandeses el resultado final no habrá dado en el clavo, por así decirlo. 
El Parlamento aceptó en septiembre de 2001 en primera lectura mi enmienda relativa a la no remuneración de la donación de sangre, pero al final tuvimos que ceder. 
Nos habría gustado mucho poder ver que se aplica un principio incondicional de no remuneración en toda Europa; ahora se menciona meramente como un objetivo deseable y no, por desgracia, como una obligación. 
En el artículo referente a la no remuneración se expresa la esperanza de que la sangre y sus componentes deberían derivarse en la medida de lo posible de este tipo de donación. 
Se opuso resistencia al principio de no remuneración argumentando que cuesta obtener productos de sangre escasos. 
Yo misma habría resuelto la cuestión en casos individuales sin abrir las compuertas a la remuneración para todos los derivados de sangre. 
Hubo un tiempo en que muchos grupos de pacientes y autoridades pidieron al Parlamento que no permitiera la comercialización de la donación de sangre. 
En primer lugar, hay un riesgo para la seguridad. 
También hay un riesgo ético. 
Somos responsables de la medida en que el resto del mundo copia lo que hacemos. 
Si permitimos que se comercie con partes del cuerpo humano y con la sangre, debemos tener en cuenta que los países menos desarrollados seguirán el ejemplo de Europa. Esto no sólo podría dar lugar a la explotación, sino también a mayores riesgos. 
Además, varios Estados miembros han firmado un acuerdo bioético que prohíbe categóricamente la explotación económica del cuerpo humano y sus partes, incluida la sangre. 
Sin embargo, Finlandia no necesita renunciar a su principio de no remuneración, pues los considerandos se refieren a los derechos de los Estados miembros a mantener medidas protectoras más estrictas en virtud del Tratado. 
Espero que cuando se revise esta Directiva, también estudiaremos el papel que deberá desempeñar el principio de no remuneración. 
Señora Presidenta, Comisario, Señorías, estoy de acuerdo con los demás oradores que han dicho que este procedimiento de conciliación ha ido bien desde el punto de vista del Parlamento, teniendo en cuenta la posición original en que nos encontrábamos. 
Es esencial que cuestiones como esta, que son tan importantes para la vida humana, como la calidad de la sangre y su seguridad, estén garantizadas en toda Europa. 
Por ello, creo que a este respecto se hicieron progresos cuando el objetivo consistía en la donación voluntaria y la no remuneración. 
Verdaderamente hay que lamentarse de que no se haya cumplido del todo este objetivo, aunque creo que seguiremos en esta dirección en futuros debates sobre este asunto. 
Las palabras de la decisión de conciliación también lo mencionan. 
Como ya se ha dicho antes, la sangre o sus componentes no pueden ser mercancías comerciales. 
Es más un obsequio de una persona a otra y así es cómo debería verse. 
Cuando en las últimas fases del procedimiento de conciliación lo que más preocupaba era la cualificación del personal sanitario encargado de realizar un examen médico a los donantes, en mi opinión el resultado final ha sido, de hecho, muy bueno. 
Es importante que sea un profesional sanitario: también hemos de tener confianza en otros que no ejercen la profesión médica. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la declaración de la Comisión sobre la presencia de nitrofuranos y otras sustancias prohibidas en las aves de corral y en los langostinos. 
Comisario, tiene usted la palabra. 
Señora Presidenta, señor Comisario, me parece un asunto complejo y de gran alcance. 
He escuchado atentamente sus palabras y la cuestión que ahora voy a tratar me hubiera gustado haberla presentado antes por escrito. 
Pero quizá con un esfuerzo conjunto se logre obtener una respuesta suya. 
Nitrofuranos es un término genérico. 
Un producto muy importante que abarcan es el Nifursol. 
Nifursol es el último histomonostato cuyo uso sigue permitiéndose en la Unión Europea como aditivo en los alimentos de aves de corral para prevenir la histomoniasis. 
Reconozco que no soy científica. 
Sin embargo, según la información que tengo, los expertos dicen que este producto se prohibió para siempre en el Reglamento 2377/90. 
La Comisión pidió al Comité Científico de Alimentación Animal (SCAN) que realizara una evaluación de riesgos del Nifursol. 
Todavía no se han llevado a cabo las investigaciones que pueden dar una respuesta definitiva. 
Al tener yo también el informe sobre aditivos en los alimentos para animales, ahora he oído la alarma, porque muchas de las personas preocupadas por este asunto temen que en unos pocos meses se producirá una crisis relativa al tratamiento. 
Como consecuencia lógica de la prohibición de los nitrofuranos en el Reglamento 2377/90, el 23 de septiembre de 2002 se promulgó el Reglamento 1756/2002, que prohíbe el Nifursol a partir de marzo de 2003. 
Cuando el 31 de marzo esta prohibición entre en vigor se producirá, por ejemplo, una crisis en el tratamiento utilizado para luchar contra la histomoniasis en los pavos. 
En la Unión Europea no se dispone legalmente de ningún remedio alternativo, ni como aditivo para los alimentos de animales ni como medicamento veterinario. 
Las consecuencias de la prohibición afectarán tanto a los ganaderos de engorde como a los consumidores. 
Las consecuencias conforman una emergencia de tratamiento, un doloroso final para grandes reservas de aves, un peligro para las granjas de pavos, el desarrollo de un mercado negro incontrolable y un aumento de las importaciones de aves de corral de terceros países, donde se utilizan muchas sustancias prohibidas en la Unión Europea con escasos o nulos controles. 
Apenas la semana pasada se encontraron antibióticos del grupo de los nitrofuranos, que están prohibidos en la Unión Europea, en importaciones baratas de carne procedentes de terceros países. 
Lógicamente, los fabricantes de alimentos mixtos para animales tendrán ahora que dejar de utilizar el Nifursol en enero de 2003 a más tardar si no puede haber este tipo de alimentos en los almacenes desde principios de marzo. 
La pregunta que deseo hacerle esta noche, aunque no sé si podrá responderla, es la siguiente: ¿de qué soluciones disponemos? 
Personalmente, me parece difícil entender cómo puede la Comisión, por un lado, en el informe que tengo sobre el proyecto de la Comisión que nos ha costado mucho trabajado elaborar, aprobar el uso de los histomonostatos, y por otro, en otro reglamento, prohibir el único producto que existe en este mercado. 
Por lo tanto, quiero formular algunas preguntas. ¿Qué vamos a decirles a los ganaderos de engorde? 
¿Qué van a hacer? 
¿De qué tratamientos disponen? 
Y, en segundo lugar, ¿es consciente la Comisión de que la producción europea sigue disminuyendo, va desapareciendo del mercado en la Unión Europea y que cada vez estamos más expuestos a importaciones de terceros países de carne de pavo, aunque todavía no sabemos qué niveles de calidad reúnen estas importaciones? 
Creo que podré ser breve, pero me gustaría mucho contestar a la respuesta del Comisario. 
Creo que es sumamente importante reconocer el problema de entrada. 
Sin embargo, tengo la impresión de que el Comisario no desea reconocer en absoluto que en estos momentos existe un problema en la Unión en relación con la presencia de una serie de antibióticos prohibidos en pollos y langostinos, por ejemplo. 
Todos sabemos, Comisario, que está usted especialmente preocupado y que hace grandes esfuerzos por garantizar la seguridad alimentaria, y esta Asamblea, por encima de las diferencias entre partidos, le apoya en este sentido. 
Pero es muy importante, y todavía tenemos dudas a este respecto, que se aplique el mismo marco reglamentario a los productos fabricados en la Unión Europea y a los productos comercializados en la Unión Europea. 
Creo que este es el verdadero escollo. 
Yo soy de Bélgica, donde sufrimos la crisis de las dioxinas, que no le es en absoluto desconocida. 
En esa ocasión, la Comisión actuó de forma draconiana contra Bélgica. 
Hizo usted bien, bastante bien al adoptar medidas estrictas, y una de sus principales acusaciones se refirió al hecho de que el Estado miembro no facilitó suficiente información. 
Ahora creo que estamos en una situación similar. 
No tenemos otra alternativa que reconocer el problema y, por lo tanto, lamentamos el hecho de que la misión de inspección no se haya llevado a cabo, pues estamos convencidos de que no tenían ustedes suficientes motivos. 
Me parece totalmente inaceptable que haya que revocar relaciones comerciales para garantizar que no se producen ciertas inspecciones o que deban aplicarse criterios menos estrictos o diferentes. 
Por lo tanto, preferiría una serie de respuestas más concretas a las preguntas, pues no tengo la impresión de que las haya usted abordado como es debido. 
También creo que puede usted dar una respuesta mejor para que el consumidor pueda estar seguro de que lo que al final va a encontrar en su plato es de fiar. 
Señora Presidenta, señor Comisario, hay dos aspectos que nos preocupan. 
La salud de los consumidores es, por supuesto, uno de ellos, pero también está la posición de los fabricantes si no podemos garantizar que lo que no puede utilizarse aquí, no pueda utilizarse tampoco fuera de la Unión Europea. 
La pregunta es: ¿quién fabrica estas sustancias y cómo entran en la Unión Europea? 
Ha dicho usted que hay controles intensos, pero, si lo he entendido bien, las misiones exteriores son innecesarias porque de todos modos encontramos malas condiciones. 
Así que no necesitamos ir. 
He oído que en la reunión de hoy del Comité Permanente se iba a hablar de tachar de nuevo a Tailandia de la lista de países que deben someterse a inspecciones especiales. 
También he tenido noticia de que han anunciado ustedes misiones de inspección a estos países para el año que viene. 
¿Por qué motivos suponen ahora que estas misiones merecen la pena? 
Creo que, si estos países no cumplen nuestros requisitos, deberían estar en la lista, y entonces no podrán suministrarnos hasta que garanticen que los productos que suministran a la Unión Europea cumplen nuestras normas. 
Hay otro problema que debe aclararse. 
¿Qué ocurre con los langostinos, la carne de ave de corral y el pavo importados en la Unión y que no cumplen nuestros requisitos? 
¿Se devuelven? 
¿Qué se hace con ellos? 
Como venimos diciendo desde hace tiempo sobre los desechos de alimentos, no basta con una prohibición. 
Lo pudimos comprobar con los langostinos de China, que de alguna manera llegaron a los alimentos para animales y de esta forma entraron de nuevo en la cadena alimentaria. 
Por lo tanto, lo que me gustaría es que presentara un plan concreto de que podemos, nosotros que tenemos que justificarnos como parlamentarios, inclusive ante la Comisión, seguir en pie y decir que la Comisión, la Unión Europea, está siendo bastante estricta en este asunto. 
No podemos permitir que se considere cierto que usted dice que la Comisión entabla relaciones comerciales con algunos países y que es menos estricta con ellos, a pesar de que recientemente han surgido dudas al respecto. 
Espero que pueda usted aclararlo en su respuesta. 
Señora Presidenta, parece que fue ayer que el Comisario y yo hablábamos sobre otras cuestiones relativas a la seguridad de algunos de estos alimentos. 
¿Sigue creyendo el Comisario que su declaración del 28 de junio fue una respuesta necesaria y suficiente a las inquietudes planteadas? 
Nos acaba de decir que las misiones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria a Brasil y Tailandia, y probablemente a otros lugares, se cancelaron porque en los Estados miembros se realizan ahora pruebas al 100%. 
Si no es esto lo que ha dicho el Comisario, entonces he oído mal. 
Sin duda es verdad que en algunos Estados miembros, especialmente en Alemania y los Países Bajos, ha suscitado especial preocupación el nivel de residuos de nitrofurano encontrado en aves de corral y hasta qué punto ni siquiera un Estado miembro sofisticado puede garantizar por sí mismo el grado de verificación. 
La cuestión no solo es lo que ocurre en los Estados miembros, ya que como sabe el Comisario en 2002 hubo toda una serie de alertas rápidas. 
Quisiera saber cuántas alertas rápidas se han proclamado en la Unión Europea en este año natural a raíz de esta continua ansiedad en torno a agentes carcinógenos como el nitrofurano cuando se descubren residuos en las importaciones. 
Me gustaría saber si a él le parece que las importaciones de aves de corral de países como Brasil son motivo de preocupación. 
Me gustaría que el Comisario hiciera constar la opinión de la Comisión y de sus propios expertos en residuos en cuanto al número de toneladas de aves de corral procedentes de los países en cuestión que han entrado en la Unión Europea sin haber pasado por una inspección apropiada. 
Según los datos de que dispongo, cerca de 2 000 toneladas de aves de corral de Brasil han entrado en la Unión Europea de esta manera. 
¿Cree el Comisario que vamos a lograr que en los Estados miembros se realicen pruebas de seguridad al 100%? 
¿Por qué se posponen estas misiones? 
¿La DG SANCO está presionada por otras direcciones generales? 
¿Se trata acaso de que peligran las negociaciones comerciales, es decir, de que no hay que lanzar sospechas contra otros países? 
Si esto es así, no es una respuesta suficiente para aquellos cuya principal preocupación es, como para la Comisión, la seguridad alimentaria. 
Por último, ¿cuándo se llevarán a cabo estas misiones propuestas? 
El Comisario ha dicho hoy en el debate sobre la fiebre aftosa que no le gustan las formas de proteccionismo disfrazadas. A mí tampoco. 
Sin embargo, tampoco me gustan las formas de ocultación disfrazadas cuando hay un riesgo. 
Si no hay dinero disponible, y este es el motivo por el que se han pospuesto las misiones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria, reconózcalo. 
Aquí hay ahora miembros de la Comisión de Presupuestos El Parlamento estará encantado de apoyarle, pero para ello pedimos franqueza. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en el pasado habremos hablado de porquerías, hoy parece que la cosa va más de pecerías. 
En la comunicación COM (2002) 422, que se presentó ayer, hemos leído hoy que una empresa ha importado de Vietnam langostinos con niveles de nitrofuranos muy altos, de 20 mg, a través de Ostende a Alemania, y desde allí a Austria y Luxemburgo, además de venderlos también en Alemania. 
¿Cómo es posible? 
Esta comunicación es del 25 de noviembre, pero sólo hoy, casi cuatro semanas después, se da la primera señal de alarma. 
¿Por qué han dejado pasar cuatro semanas? 
Quisiera que me diera, y también a los consumidores de Luxemburgo, una respuesta clara. 
Mi segunda pregunta es esta: El 2 de octubre relajaron ustedes los controles con respecto a Vietnam. 
Es una decisión de la Comisión. 
Le leeré lo que dice: 
. 
(EN) Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento a los diputados al Parlamento por plantear estas importantes cuestiones. 
Permítame decir también que estoy seguro de que todos ustedes aceptan sin problemas que se trata de una valiosa contribución a los debates del Parlamento, pero que a veces las preguntas generales van seguidas de preguntas de detalle a las que se respondería mejor por correspondencia. 
Sin embargo, responderé lo mejor que pueda a estas preguntas que me han planteado. 
He tomado notas y si no puedo abordar cuestiones técnicas de naturaleza específica, responderé a quien corresponda por escrito. 
Las cuestiones planteadas giran alrededor del tema de por qué se suspendieron las inspecciones y cuándo se reanudarán. 
Como he indicado en mi anterior intervención, estas inspecciones se suspendieron porque se había prohibido la importación de productos de ese país o porque en los dos países en cuestión se realizaban pruebas con el 100% de los productos procedentes de esos países. 
Se espera que los controles realizados en los Estados miembros cumplan efectivamente la tarea que tienen encomendada, porque se entiende que estas inspecciones son al 100%. 
Por lo tanto, es importante que detecten todos los residuos de todos los alimentos que se someten a las pruebas. 
Cuando las pruebas dan positivo, y quiero confirmarlo, como he dicho antes, los productos en cuestión se destruyen. 
Algunos de ustedes han preguntado si había dudas en torno a los niveles y si otras DG presionaban a la Comisión y a la DG SANCO en particular en relación con la realización de pruebas o el cambio de procedimiento, mediante la suspensión o no de las inspecciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria en terceros países. 
Confirmo a la Asamblea que consideraciones de este tipo nunca influyen en una decisión en relación con la seguridad alimentaria. 
He dicho lo mismo aquí en este Parlamento muchas veces y me complace repetirlo ahora. 
Inevitablemente se reúnen ustedes con representantes de los países en desarrollo de los que hablamos ahora y de otros, a veces diputados del Parlamento, que sugieren que quizá la Unión Europea esté poniendo barreras cautelares en vez de barreras arancelarias. 
Se trata de una cuestión importante y ha de tenerse en cuenta, pero siempre he respondido diciendo que ha de primar la protección de la salud pública, la protección de los consumidores y el mantenimiento de las normas que esperan los consumidores en relación con la importación de alimentos. 
He de asegurar a los diputados del Parlamento que han planteado esta cuestión que las decisiones adoptadas en relación con este tipo de cuestiones, las pruebas en busca de residuos, están estrictamente basadas en el análisis y el juicio científicos del personal técnico y científico de la DG SANCO, que aconseja el mejor camino a seguir con respecto a estas cuestiones. 
Nunca se tienen en cuenta otras consideraciones políticas o comerciales. 
Simplemente esto no ocurre. 
En cuanto a la fecha en que se reanudarán las inspecciones, será en primavera, pero no tiene mucho sentido enviar inspectores a terceros países, o a los que he mencionado, para realizar pruebas encaminadas a determinar lo que ya sabemos, a confirmar la continuidad de la prohibición o de las pruebas al 100%. 
La única conclusión que proponen quienes han planteado esta cuestión es que, si se mantienen estas pruebas e inspecciones y si se encuentra que sigue habiendo residuos o que las pruebas al 100% son una respuesta ineficaz e insuficiente, entonces deberíamos optar por prohibir la importación de alimentos de estos países en desarrollo. 
Es una decisión muy grave. 
Hemos de determinar si es una respuesta proporcional al riesgo que pueda existir para los consumidores de la Unión Europea, teniendo en cuenta no solo consideraciones comerciales, sino el tipo de consideración de las que estoy seguro tienen en mente ahora quienes han planteado la cuestión. 
Sé que también les preocupa a ustedes el bienestar y los beneficios de los países en desarrollo. 
No es una cuestión desdeñable. 
A la hora de decidir una respuesta apropiada, debemos tener en cuenta todas estas consideraciones y asegurarnos de que damos respuestas proporcionadas. 
Uno de los aspectos más difíciles de mi trabajo al ocuparme de la seguridad alimentaria es dar con soluciones que sean proporcionadas. 
Muy a menudo, cuando uno es demasiado duro, la gente señalará este aspecto. 
Otras veces, cuando creen que uno es demasiado permisivo, los del otro bando lo señalarán. 
No siempre es posible tener a todos contentos en todo momento. 
Pero estoy satisfecho, teniendo en cuenta el rigor con que los inspectores de la Oficina Alimentaria y Veterinaria realizan su trabajo y preparan sus informes, que se publican en Internet para que podamos leerlos todos, así como el trabajo emprendido por las autoridades de control de los Estados miembros para garantizar que cuando se exigen pruebas al 100%, éstas se lleven a cabo. 
Esta me parece una respuesta proporcionada al riesgo que pueda haberse detectado. 
Constantemente lo estamos examinando. 
En caso de que surja un problema como el que apareció en China, entonces se entiende que la única respuesta apropiada en esas circunstancias es la prohibición. 
A raíz de ello se prohibió la importación de pollos, crustáceos, miel y uno o dos productos más. 
Esta fue la respuesta apropiada en esas circunstancias. 
Si llegamos a la conclusión de que es la respuesta apropiada con respecto a otros países que quieren comerciar con la Unión Europea y enviarnos alimentos, como alternativa a la continuación del programa de control al 100%, eso es lo que se aplicará. 
Pero no pensamos así con respecto a los dos países en cuestión. 
He tomado nota de las preguntas más específicas y técnicas que muchos de ustedes han planteado. 
Me aseguraré de que cada uno de ustedes reciba una respuesta por escrito a su debido tiempo. 
-Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0437/2002) de la Sra Ries, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por vigesimocuarta vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo) [PE-CONS 3664/2002- C5-0500/2002- 2001/0018 (COD)] 
Señora Presidenta, señor Liikanen, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias a mis 12 colegas de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación. 
Veo al Sr. Bowe, a la Sra. Schörling, al Sr. Lund y a la Sra. Van Brempt, quienes han defendido firme y vigorosamente el derecho de los consumidores a disponer de pirorretardantes seguros y eficaces. 
Este texto conjunto no se habría podido elaborar sin la eficaz labor de la Presidencia danesa, que recibirá el mensaje, ni, por supuesto, sin la de la Comisión. 
Hemos llegado a este punto partiendo del 16 de enero de 2001, cuando la Comisión presentó esta propuesta de Directiva que, les recordaré, tenía por objeto prohibir la comercialización y el uso solamente del éter de pentabromodifenilo, un pirorretardante bromado utilizado, en particular, en la fabricación de espuma de poliuretano, una sustancia química que es perjudicial para el medio ambiente y para nuestra salud. 
Se encuentra en altas concentraciones, en particular en la leche materna, con un riesgo significativo de contaminación de los bebés. 
Por lo tanto, es lógico que en primera lectura el Parlamento se pronunciara a favor de prohibir el pentaBDE en todas sus formas, confirmando así la tarjeta roja que había mostrado la Comisión. 
Así que hubo consenso con respecto a esta primera sustancia. 
Dicho esto, el Parlamento, en su votación de septiembre de 2001, también quiso que esta propuesta abarcara dos sustancias hermanas, el éter de octabromodifenilo y el éter de decabromodifenilo. 
Dadas las sólidas indicaciones del carácter peligroso del éter de octabromodifenilo, tanto para el medio ambiente como para la salud pública, el Parlamento Europeo, una vez más por amplia mayoría, se pronunció a favor de prohibirlo inmediatamente. 
Sin embargo, el Parlamento eligió mostrar la tarjeta amarilla al éter de decabromodifenilo, proponiendo aplazar su prohibición hasta enero de 2006 a más tardar y condicionarlo a los resultados definitivos de un análisis de riesgos. 
Este enfoque aplicó estrictamente el principio de cautela y, entonces, no lo compartieron ni el Consejo en su posición común, ni la Comisión en su propuesta modificada. 
En este tipo de cuestiones, relativas a las sustancias químicas, el debate siempre es delicado. 
Necesitábamos establecer un frágil equilibrio entre las ventajas obvias en términos de seguridad frente al fuego y las desventajas igualmente demostradas en algunos casos en términos de salud y medio ambiente. 
Es este equilibrio de la gestión del riesgo, teniendo en cuenta factores tan variados como la evaluación de riesgos, la proporcionalidad y los análisis de rentabilidad, el que ha centrado los debates en nuestro Comité de Conciliación. 
Al final se necesitaron tres diálogos a tres bandas para unificar los diferentes puntos de vista y alcanzar un compromiso aceptable para todos, principalmente en lo que se refiere al éter de decabromodifenilo, pues, he de subrayar, en cuanto al éter de octabromodifenilo la presión ejercida por el Parlamento había dado sus frutos. 
Esta presión contribuyó a la rápida conclusión, al final negativa, de la evaluación de riesgos y convenció al Consejo de la conveniencia de apoyarnos en la prohibición del uso de esta sustancia. 
En el caso del éter de decabromodifenilo, la inserción en el texto conjunto de un considerando que invita a la Comisión a evaluar inmediatamente los resultados de la estrategia de reducción de riesgos, prevista para el 30 de junio del año que viene a más tardar, objetivamente me parece que es el primer compromiso que hemos sido capaces de alcanzar en esta fase porque, en este caso, a diferencia del caso del éter de octabromodifenilo, a falta de una estrategia de reducción de riesgos definitiva y, en particular, a falta de riesgos para la salud humana, las conclusiones de la ponente francesa son definitivas a este respecto, está justificado este aplazamiento acompañado de estrictas condiciones. 
No obstante, habría que indicar que el éter de decabromodifenilo, que se utiliza principalmente en productos aislantes, en la construcción y en textiles, es un pirorretardante especialmente eficaz y resistente al fuego. 
Solamente en el Reino Unido, en el año 2000 se salvaron 155 vidas y se impidió que 4 537 personas resultaran heridas gracias a la presencia de este tipo de sustancia en la tapicería de los muebles. 
Se han hecho grandes esfuerzos por alcanzar este acuerdo en el Comité de Conciliación. 
A veces tenía la impresión, como ponente, de que actuaba como miembro de la oficina europea de sustancias químicas, en lugar de representante elegida directamente por los ciudadanos, a causa del pesado y lento proceso de evaluación de riesgos, que es muy poco transparente. 
Se ha tardado casi diez años en evaluar por fin los pirorretardantes bromados, que están incluidos en la lista de sustancias prioritarias. 
Espero sinceramente que este caso de manual permita a la Comisión y, en particular, a los Estados miembros, entender la necesidad, al preparar la futura legislación sobre productos químicos, de establecer un nuevo método de evaluación que sea más rápido, más eficaz y más transparente, un sistema REACH que, como propone la resolución adoptada por el Parlamento en noviembre de 2001, se base en una verdadera estrategia de gestión de riesgos a escala comunitaria. 
Para concluir, y volveré a mi metáfora futbolística, mientras que la Comisión, en su propuesta inicial, sólo mostró media tarjeta roja al éter de pentabromodifenilo, el Parlamento y el Consejo, como árbitros justos e imparciales, mostraron sendas tarjetas rojas al éter de pentabromodifenilo y al éter de octabromodifenilo, y una tarjeta amarilla al éter de decabromodifenilo, pues el objetivo esencial es reconciliar la seguridad inmediata de los ciudadanos frente a los peligros de incendio con las ventajas más a largo plazo en los campos de la salud pública y el medio ambiente. 
El texto conjunto que mañana se presentará al Parlamento cumple este doble objetivo. 
Por todos estos motivos, pediría a mis colegas que lo apoyen. 
. 
(EN) Señora Presidenta, desearía empezar dando las gracias a los diputados por su interés en esta propuesta y especialmente a la Sra. Ries, la ponente, por su constructiva labor, así como a la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación. 
Es una Directiva importante, pues supondría la prohibición de sustancias denominadas pirorretardantes bromados que conllevan riesgos inaceptables para la salud humana y el medio ambiente. 
Se trata de una propuesta de gran alcance, ya que prohíbe la comercialización y el uso de todos los artículos que contienen estas sustancias. Por consiguiente, la Directiva propuesta fomentará la comercialización y utilización de productos alternativos más seguros. 
Además, la Directiva propuesta no solo se ocupa de la protección de la salud humana y del medio ambiente, sino que también protegería el mercado interior, pues introduciría normas armonizadas en toda la Comunidad. 
El procedimiento de conciliación que está a punto de concluir se ha beneficiado del hecho de que en julio de este año estaba a punto la estrategia de evaluación y reducción de riesgos con respecto al octaBDE. 
Por lo tanto, pudimos incluir el «octa» en esta Directiva. 
La Comisión cree que es un resultado positivo. 
Al examinar los debates sobre la ampliación de la prohibición al tercer pirorretardante bromado, el decaBDE, surge la necesidad de realizar un examen ulterior y de concluir la evaluación de riesgos actualmente en curso. 
Simultáneamente se desarrollará una estrategia de reducción de riesgos. 
Permitirá encontrar el justo equilibrio entre la protección de la salud y el medio ambiente, por un lado, y la necesidad de una protección eficaz contra el fuego, por otro. 
Como el procedimiento de evaluación de riesgos y la estrategia de reducción de riesgos concluirán en los próximos meses, la Comisión pronto podrá proponer medidas justificadas. 
Para concluir, me complace la fructífera cooperación entre el Parlamento Europeo y el Consejo, y espero que ahora pueda ultimarse esta importante Directiva. 
Señora Presidenta, al igual que los dos oradores anteriores, celebro este informe y admiro el trabajo realizado por la ponente. 
El Parlamento no consideró suficiente la propuesta inicial de prohibir el uso del pirorretardante pentaBDE, pues no incluía sustancias estrechamente relacionadas con aquel, el octaBDE y el decaBDE. 
Además, el Parlamento no estaba satisfecho con el ritmo con que se hacía la evaluación de riesgos, pues demoraba las verdaderas decisiones concretas. 
Nadie subestima el valor y la importancia de estas sustancias: son pirorretardantes muy eficaces y salvan vidas. 
Sin embargo, al parecer tienen efectos peligrosos para el medio ambiente y la salud pública y, por lo tanto, creímos que había que hacer algo al respecto. 
Estoy seguro de que al Parlamento le satisface el hecho de que ahora se haya ampliado la propuesta original y que también se haya prohibido el octaBDE. 
Sin embargo, el Parlamento no puede sentirse totalmente contento con el destino del decaBDE, que sigue sin determinarse. 
El Parlamento quisiera conocer una fecha clara para actuar a este respecto. 
El destino de esta última sustancia sigue en el aire. Necesitamos que el Consejo y la Comisión nos tranquilicen asegurándonos, mediante la inserción de un párrafo en el texto durante la conciliación, que se adoptarán medidas inmediatas cuando se conozcan los resultados de la evaluación de riesgos, como se prometió, en junio de 2003. 
Espero que el Comisario lo confirme esta noche. 
Sobre esta base el Grupo del PSE puede apoyar esta propuesta, que se someterá a votación mañana por la mañana. 
Señora Presidenta, la Sra. Ries ha hecho un excelente trabajo de información sobre las negociaciones del Comité de Conciliación y en torno a los problemas que han surgido en ellas. 
Los que hemos estado en la delegación del Parlamento podemos sentirnos muy satisfechos por el simple hecho de haber logrado llegar a un acuerdo que también incluye el octaBDE, lo que, por supuesto, implica que se podrá establecer una prohibición de modo más rápido. 
Sin embargo, considero que es un fallo desde el punto de vista de la protección del medio ambiente y de la salud que la Comisión y el Consejo no hayan aceptado la propuesta del Parlamento de incluir también el decaBDE en la prohibición. 
Entre el 75% y el 80% como mínimo de todos los pirorretardantes bromados utilizados incluyen el deca, y la evaluación de riesgos de que disponemos nos demuestra que habría que haber prohibido inmediatamente el decaBDE. 
Seguir esperando supondrá más riesgos para la salud pública. 
Estas sustancias duran mucho tiempo y son bioacumulativas. 
Se acumulan en los organismos vivos y producen cambios de comportamiento en animales utilizados en experimentos. 
El deca también puede convertirse en pentaBDE y octaBDE, que son precisamente los que el Consejo desea prohibir. 
También puede convertirse en dioxinas bromadas. 
Las pruebas científicas son tan preocupantes en cuanto a la salud pública y al medio ambiente, que la Oficina Europea de Sustancias Químicas recomendó a los Estados miembros que adoptaran una decisión política o, más concretamente, que aplicaran el principio de cautela. 
En junio de 2002 la autoridad competente de los Estados miembros consideró necesario adoptar medidas sin demora. 
Para concluir, he de decir que el resultado es un fracaso de la política medioambiental y sanitaria de la Unión Europea. 
Por lo tanto, creo que la Sra. Ries entenderá por qué mi Grupo se abstendrá en la votación final. 
Señora Presidenta, quisiera agradecer a la Sra. Ries la excelente labor que ha realizado en torno a esta cuestión. 
Es, por supuesto, un buen ejemplo de cómo el Parlamento Europeo puede promover la protección del medio ambiente y la salud pública en Europa. 
La Comisión solamente propuso prohibir la comercialización y el uso de uno de los pirorretardantes peligrosos, el pentaBDE y, oyendo las peticiones del Parlamento, la Directiva se amplió efectivamente, de forma que el resultado final al que se llegó en el Comité de Conciliación también incluye otros dos pirorretardantes. 
Con respecto al octaBDE, la evaluación de riesgos ha revelado claramente que implica riesgos evidentes para el medio ambiente y la salud pública, y ahora también, felizmente, se ha acordado aplicar una prohibición inmediata al uso de esta sustancia. 
En cuanto a la tercera sustancia se refiere, el decaBDE, los Estados miembros y la Comisión, por otro lado, en un principio se opusieron a la prohibición. 
Una mayoría del Comité de Conciliación optó por mantener esta situación, de forma que el decaBDE solamente aparece en un considerando de la Directiva y, citando a la Sra. Ries, solo se le ha mostrado una tarjeta amarilla. 
Puede decirse con certeza que ahora serán el medio ambiente y la salud pública los que, próximamente, corran los riesgos que supone el uso de esta sustancia. 
Me parece muy desafortunado, e ilustra claramente la importancia, en el campo de los productos químicos, de que podamos invertir la carga de la prueba, para que sean los fabricantes quienes deban demostrar que las sustancias no conllevan ningún riesgo para el medio ambiente y las personas. 
Sin embargo, a diferencia de la Sra. Schörling, creo que el resultado, por el que se adoptan las conclusiones del Comité de Conciliación, constituye, a pesar de todo, una mejora evidente de la situación actual. 
Por este motivo votaré a favor de la propuesta de conciliación y del resultado del Comité de Conciliación en la votación de mañana. 
. 
(EN) Señora Presidenta, ha habido una pregunta directa sobre el calendario de la propuesta de la Comisión. 
Como he dicho antes, la opinión del Comité Científico en su procedimiento de evaluación de riesgos estará ultimada en los próximos meses, y entonces podremos completar la estrategia de reducción de riesgos. 
Si así sucede, la Comisión podrá formular una propuesta para junio del año que viene. 
Por lo tanto, mi respuesta al Sr. Bowe es «sí». 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
[PE-CONS 3663/2002- C5-0486/2002- 2000/0158 (COD)] 
[PE-CONS 3662/2002- C5-0487/2002- 2000/0159 (COD)] 
En los últimos 18 meses muchas personas me han preguntado, «¿Qué es todo esto que hacéis en Europa con los residuos electrónicos? ¿Qué hay detrás?» 
Lo que hay detrás es muy simple: hace unos pocos años, en la Unión Europea decidimos que queríamos aplicar una política sostenible en el terreno económico, medioambiental y social. 
Seis millones de toneladas de residuos electrónicos por año contienen una enorme cantidad de material aprovechable que queremos reutilizar en el futuro. 
Este es la razón de esta Directiva. 
Quisiera hacer extensivo mi más sincero agradecimiento a los miembros del Comité de Conciliación, y también a la Comisaria y a los miembros del Consejo que, me parece, han obtenido una pequeña victoria con este informe sobre los residuos electrónicos. 
Nos han permitido llegar a un acuerdo en cuestiones difíciles. 
Hemos podido, por ejemplo, establecer que a partir de 2005 los Estados miembros recomendarán- yo hubiera preferido que los obligaran- a los consumidores que en el futuro no tiren aparatos a la basura, sino que los desechen separadamente. 
Hemos fijado objetivos obligatorios. 
Por desgracia, Europa siempre destaca en su uso indiscriminado de términos jurídicos poco precisos. 
Las vallas que hemos colocado en esta Directiva no son muy altas, pero son concretas y obligatorias. 
Creo que esto puede considerarse un éxito. 
Sin embargo, todavía hay mucha vaguedad con respecto a los materiales que se tratarán en el futuro, pero hemos utilizado la mejor tecnología disponible. 
Sé demasiado bien que en mi país el término «mejor tecnología disponible» se interpreta de 16 formas diferentes, porque Alemania tiene 16 Estados federados. 
Seguro que todavía hay lagunas, pero también hemos hecho verdaderos progresos en el campo de las cuotas de reciclaje. 
Creo que las cuotas impuestas a la industria son asequibles y nadie puede decir que pidamos demasiado. 
En el año 2005 los ciudadanos podrán llevar sus productos a un punto de recogida sin coste alguno, a menos que el Estado miembro dé un paso más. 
Los Estados miembros pueden decidirlo individualmente. 
Opino que nuestro acuerdo sobre la «financiación individual» ha sido un gran éxito. 
Es un paso adelante porque queríamos tener un instrumento guía y también habría que compensar a quienes hoy día fabrican ordenadores que se prestan al reciclaje, como éste por ejemplo, y habría que pedir a quienes quieren seguir fabricando los consabidos ordenadores de siempre que contribuyan a sufragar los altos costes de vertido. 
Me complace decir que gracias al trabajo realizado día y noche con la ayuda de otros miembros de otros Grupos, pudimos, después de todo, convencerles. 
Después del reglamento sobre envases y del reglamento sobre vehículos al final de su vida útil, esta responsabilidad individual es el primer paso hacia una política medioambiental realmente sostenible que, combinada con la política económica, cuenta con todo mi apoyo. 
Quizá hayamos logrado dejar fuera a los que siempre van por libre con respecto a este sistema. 
Hay grandes empresas que encargan 100 000 frigoríficos en la región del Pacífico justo antes de Navidad y no les ponen la marca, por lo que el pequeño comerciante o el ciudadano de a pie tienen que cargar con la cuenta después. 
Hemos hecho que el etiquetado sea obligatorio, para que los costes también puedan asignarse y haya recursos de reciclaje disponibles, independientemente de cómo lo hagan los Estados miembros, y estamos más que deseosos de dejarlo en manos de la subsidiariedad. 
Lo importante es que se ha establecido la garantía, y el texto refleja esta preocupación. 
No se duda de la necesidad de que las empresas existentes hoy día en el mercado gestionen estos viejos aparatos y paguen por ellos, en este caso de forma colectiva, porque no hay otro modo de hacerlo. 
Sin embargo, hemos dejado a los Estados miembros la posibilidad de revelar cómo ha sido financiado para que pueda haber una «visible fee» , o como quieran llamarla, para los productos obsoletos. 
Creo que este también ha sido un buen paso. 
Me habría gustado que, al discutir sobre los vehículos al final de su vida útil y los residuos electrónicos, pudiéramos haber celebrado un debate más encendido y largo sobre cómo podemos hacer más para impulsar en el futuro el flujo de materias primas de segunda mano. 
Por desgracia, todavía nos gusta mucho utilizar materias primas nuevas, y siempre tendemos a despreciar los materiales de segunda mano. 
Incluso diré que deberíamos dar a estas materias primas de segunda mano un trato preferente en términos de IVA. 
Esta no es necesariamente la posición normal de mi Grupo. 
Sin embargo, creo que sería un incentivo aportar verdadera sostenibilidad en este sector. 
De eso se trata precisamente, Señorías. 
En el futuro queremos reutilizar las materias primas. 
Motivando a las empresas a fabricar aparatos de tal forma que puedan reciclarse, hemos encontrado una forma de mercado libre para reunir a las partes afectadas en torno a la misma mesa, y no necesito decir a nadie que para mí es un motivo importante. 
También me alegré mucho de que las ONG estuvieran de nuestro lado en esta cuestión y de que las empresas y las ONG adoptaran una resolución conjunta para apoyar nuestros esfuerzos. 
En todo el tiempo que llevo en esta Asamblea nunca me ha ocurrido algo así, y han sido trece años y medio. 
En este punto también quisiera agradecer a los colegas que han seguido a bordo en los momentos difíciles. 
Siempre hay muchos que caen por la borda cuando las cosas se ponen difíciles. 
Una y otra vez los colegas se han mantenido en la brecha siempre que ha habido presiones desde el Consejo, y al final hemos podido cosechar este éxito, así como gracias a la excelente cooperación que nos ha prestado usted, señora Comisaria. 
Básicamente, esta Directiva consta de dos partes. 
La segunda parte trata de cómo vamos a ocuparnos en el futuro de las sustancias peligrosas como el cadmio, el plomo y el cromo hexavalente. 
Creo que en este sentido hemos hecho pocos progresos. 
En última instancia, se trata de recoger y concentrar, por ejemplo, el plomo disperso de las bombillas, pequeñas radios y pequeños aparatos que todos conocemos. 
Diez toneladas de plomo en un mismo lugar son absolutamente inocuas. 
Sin embargo, la misma cantidad en pequeñas porciones dispersas es un problema. 
Los japoneses, por ejemplo, nos han mostrado enfoques muy prometedores en este sentido, y ahora damos a entender a los fabricantes, con incentivos apropiados, que a largo plazo queremos crear una sociedad en que estas sustancias altamente peligrosas pertenezcan cada vez más al pasado. 
Señora Presidenta, Comisaria, quisiera decir unas palabras personales a mis colegas que han trabajado mucho, durante largas horas y a veces por la noche. 
Permítanme dar las gracias de nuevo a mis colegas, a usted, señora Comisaria, y a su plantilla, que siempre nos ha prestado una gran ayuda cuando nos hemos enfrentado a cuestiones de gran calado. 
Me he sentido orgulloso de esta Asamblea europea y me complacería que en el futuro todo siguiera igual con las próximas directivas. 
Señora Presidenta, Señorías, a mí también me complace que estas dos importantes Directivas hayan llegado finalmente a la última fase del proceso de toma de decisiones. 
El tipo de residuo que prolifera con más rapidez hoy en día son los residuos de los productos eléctricos o electrónicos. 
El europeo medio produce unos 14 kg de residuos de este tipo cada año. 
La mayoría terminan en vertederos o en incineradoras de residuos. 
Estas nuevas Directivas son hitos importantes que permitirán abordar con mayor facilidad los futuros problemas ambientales que puedan plantearnos los residuos. 
Esto se debe a que ahora podemos seleccionar este tipo de equipamiento para su reciclaje y reutilización y de esta forma también para reducir sus posibles efectos dañinos. 
Gracias a las nuevas Directivas, los Estados miembros se encargarán de asegurarse de que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se recogen separadamente de otros residuos. 
Las Directivas también fijan un objetivo obligatorio de recogida de 4 kg por habitante al año en el sector doméstico. 
De acuerdo con la propuesta del Parlamento Europeo, este objetivo debe basarse en la responsabilidad individual. 
A partir del 1 de julio de 2006 se irán eliminando gradualmente una gran cantidad de sustancias peligrosas en toda la Comunidad, por lo que será posible prevenir muchos problemas que acarrean los residuos antes de que puedan producirse. 
Creo que estas soluciones constituyen un gran éxito para el Parlamento Europeo y para la cooperación con el Consejo en el Comité de Conciliación. 
Quisiera corresponder a su amabilidad y agradecer al ponente, el Sr. Florenz, y a todos los Diputados de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sus contribuciones al acuerdo constructivo que se votará el miércoles. 
Es un paso importante en la política medioambiental. 
Una vez más, también quisiera dar las gracias al Sr. Florenz, con quien siempre es fácil colaborar. 
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias al Comité de Conciliación por su constructiva labor. 
Ha sido un gran éxito para el Parlamento y, de hecho, para los ciudadanos europeos. 
Los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos constituyen uno de los grupos de residuos que aumentan más rápidamente en la Unión Europea. 
Tal y como ha dicho la Comisaria, este grupo está formado por casi 14 kilogramos per cápita y aumenta por lo menos entre el 3% y el 5% anualmente. 
Los aparatos electrónicos y eléctricos son una de las principales fuentes conocidas de metales pesados y contaminantes orgánicos en el conjunto de los residuos. 
Sin un tratamiento previo apropiado, los componentes altamente tóxicos pueden contaminar el suelo y los acuíferos, así como la atmósfera. 
Puede considerarse que esta Directiva es uno de los instrumentos básicos de una política de productos integrada, que tendrá en cuenta toda la vida útil de un producto y que puede promover el diseño ecológico. 
Cada vez se reconoce más la necesidad de adaptarse a una nueva agenda, que tenga más en cuenta las consideraciones ambientales. 
De hecho, las empresas y las ONG de medio ambiente han estado en la misma onda durante este proceso, lo que no siempre ocurre. 
También se reconoce que los países y las industrias que innovan con mayor rapidez terminarán por ser más competitivos que los que van a la zaga. 
La aprobación de esta Directiva será una señal en este sentido. 
El principio rector de la Directiva es el ámbito de responsabilidad de los fabricantes. 
El objetivo de este principio es que los fabricantes sean financieramente responsables de sus productos cuando se convierten en residuos, creando así un efecto retroactivo que conduce hasta el diseño favorable para el medio ambiente, teniendo en cuenta la duración del producto, y si puede repararse o mejorarse, desmontarse o reciclarse. 
Además, está la reutilización de recursos y la recogida selectiva, y se impide que las sustancias peligrosas contenidos en los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) lleguen al medio ambiente. 
La Directiva también aplica el principio de internalización de los costes externos. 
Los costes del vertido, que hasta ahora han sufragado las autoridades locales, normalmente dentro del sistema de vertido de residuos, ahora deben internalizarse, y hay que prever la reutilización, el reciclado y el desmontaje de estos equipos. 
Por lo tanto, el objetivo último es la prevención, y por tanto la sostenibilidad. 
Señora Presidenta, quisiera unirme a los demás en la felicitación a todos los implicados, en particular por llevar a cabo este proceso de conciliación con éxito. 
En particular, felicito a mi colega, el ponente, Sr. Florenz, por la pasión que ha puesto en esta cuestión, a pesar de los diferentes problemas que ha tenido afrontar, planteados por la industria y los distintos Grupos políticos de esta Asamblea, y también por su propio Grupo. 
Le agradezco su compromiso y confianza en esta dos Directivas. 
Las restricciones a la utilización de ciertas sustancias peligrosas, por un lado, y la prevención de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por otro, es de lo que hablamos aquí en relación con las Directivas que tenemos ante nosotros. 
Los colegas han señalado a qué ritmo aumentan los RAEE. 
Es interesante saber que aumentarán tres veces más rápido que la media de los residuos urbanos para 2010, lo que resulta bastante aterrador. 
Debido a su contenido peligroso, los aparatos eléctricos y electrónicos causan problemas ambientales durante el proceso de gestión de residuos si no se tratan, clasifican, separan, reciclan, reutilizan, descontaminan, etc. como es debido. 
Podemos insistir en el diseño del producto, lo que facilitará el reciclaje y el vertido de los productos al final de su vida útil. 
Estas dos Directivas deben examinarse en este contexto. 
He advertido que en el proceso de conciliación las opiniones en cuestión han sido unánimes, incluidas las de Irlanda, Portugal, Grecia y otros países cuya red de residuos y sistemas de reciclaje están mucho menos desarrollados que en algunos países de la Unión Europea. 
Espero que nuestros funcionarios, ministros y aquellos que fijaron los objetivos y los calendarios lo hicieran de forma realista, porque no deberíamos comprometernos a algo que no podemos hacer. 
Si solo es cuestión de tiempo para que los países tengan que comparecer ante el TJE por incumplimiento o no transposición de una determinada Directiva, esto desacreditará la legislación aprobada en esta Asamblea. 
Me alegro de que hubiera unanimidad, pero me preocupa un poco porque quizá no se tomen en serio lo que se les pide. 
Conociendo el estado de «subdesarrollo» del reciclado y de la gestión de residuos en mi propio país, Irlanda, por ejemplo, espero sinceramente que hagan lo que dicen al aceptar esta Directiva y apoyo totalmente que lo hayan hecho. 
En relación con la Directiva RAEE, una de las cuestiones que ha causado más angustia en la industria ha sido la manipulación de residuos históricos: quién pagará, etcétera. 
Esto sigue siendo motivo de preocupación, según tengo entendido por parte de la industria, incluso aunque han aceptado, quizá uno poco a regañadientes, que la única forma de pagar es colectiva y en equidad. 
Cada uno de los fabricantes de nuevos productos debería sufragar sus propios costes, y la recogida y el tratamiento de todos los nuevos productos puede hacerse colectivamente. 
Los fabricantes tendrán que conceder una garantía antes de comercializar sus productos para garantizar la financiación del posterior vertido de los mismos, quizá a través de un seguro o una cuenta bancaria bloqueada. 
En caso de que un fabricante desaparezca del mercado, esta garantía aseguraría que la sociedad u otros fabricantes no tienen que sufragar los costes. 
Por último, deberíamos ser realistas desde el punto de vista de los objetivos y del calendario para la abolición de las sustancias peligrosas, en particular el plomo y soldaduras de plomo, en cuanto a las preocupaciones expresadas por la industria. 
Debemos asegurarnos de que tenemos capacidad tecnológica para sustituir por un producto más seguro, desde el punto de vista ambiental, lo que vamos a prohibir. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor ponente, seré breve por dos motivos. 
En primer lugar, me parece una tontería hablar de lo mismo con las mismas personas por tercera vez en una sesión plenaria. 
Sin embargo, el segundo motivo es quizá más importante y tiene un toque muy positivo. 
Esto casi no puede llamarse debate; son declaraciones de personas que en gran medida están de acuerdo entre sí. 
Esto es lo bueno del procedimiento, pero durante la primera lectura esto no fue así en absoluto. 
A lo largo del debate hemos ido acercándonos gradualmente. 
En este sentido, somos un Parlamento fuerte y una delegación fuerte en las negociaciones. 
En consecuencia, los principales aspectos que hemos planteado han sido efectivamente abordados. 
No en vano el ponente tuvo que haber hecho mucho hincapié en el concepto de responsabilidad individual del fabricante. 
No me extenderé otra vez sobre esto, pero es de vital importancia. Constituye un precedente y así es cómo debemos proceder a partir de ahora en nuestra política medioambiental. 
Y, sin embargo, quisiera dejar esto claro. 
No es cuestión de organización colectiva, sino de financiación colectiva. 
Quisiera mencionar otras cuestiones importantes, porque ninguna de ellas se ha logrado del todo. 
Estoy pensando, por ejemplo, en los objetivos obligatorios. 
Es cierto que tenemos objetivos obligatorios, pero hemos tenido que pararnos en el nivel que establecen. 
Hemos pasado de 6 a 4 kilogramos. 
No voy a hacer una montaña de esto, por el simple hecho de haber visto cómo en mi país, Bélgica, hemos logrado en un año, en Flandes, recoger 4 kilos, y estamos superando esta cifra a un ritmo muy veloz. 
También se lo digo a los diputados británicos. 
Quisiera invitarles a venir a Bélgica. 
No somos los primeros en cuestiones medioambientales, pero, en cuanto a la prevención de residuos y de reciclado de residuos, sí. 
Lo hacemos con plazos muy ajustados. 
Si hay voluntad política, se pueden cumplir plazos ajustados. 
Por este motivo los objetivos obligatorios son buenos en sí mismos. 
Lo que me parece especialmente deplorable es la cuestión de la exportación. 
Sencillamente exportamos un montón de problemas. 
En este sentido, no hemos logrado nuestro objetivo por motivos legales. 
Lo acepto aunque lamentándome, pero creo que debemos asegurarnos de que este problema se resuelva por otros medios. 
Concluyo con una última cuestión que personalmente siempre he defendido, a saber, el reciclaje. 
El principio está recogido en la Directiva. 
Espero que, la próxima vez, podamos lograr objetivos concretos también en relación con el reciclaje. 
Solo me queda agradecer sinceramente al ponente y a mis colegas los Diputados al Parlamento Europeo por la amable cooperación que hemos disfrutado a lo largo de la noche. He aprendido y he disfrutado mucho. 
Señor Presidente, por fin ya sé realmente cómo se hacen las leyes. 
Las hacen en el edificio del Consejo de Ministros personas agotadas que se gritan entre sí de madrugada por los pasillos, y el ponente y la Comisaria saben exactamente a qué me refiero. 
Si me pidieran un ejemplo de cómo pueden ponerse en práctica los principios del desarrollo sostenible, esta Directiva serviría muy bien. 
Si me preguntan por la carga de los nuevos reglamentos que el Parlamento a veces impone a la industria en aras a la mejora ambiental, proclamaré esta Directiva como ejemplo de colaboración entre la industria y el Parlamento. 
Este texto legislativo es espléndido. 
No es el fin, pero es un buen comienzo, y habla mucho en favor de la Comisión y de nuestro ponente. 
Me complace especialmente el principio de responsabilidad individual del fabricante, aceptado con tanta firmeza. 
En la última semana hemos visto dos buenos ejemplos de cómo la industria responde con profesionalidad y eficacia. 
Cuatro de los principales fabricantes de productos eléctricos, incluyendo al principal grupo de presión, Electrolux, se han agrupado para desarrollar un enfoque común de la gestión de residuos que intenta ser innovador y rentable. 
Y los fabricantes de teléfonos móviles han aceptado cooperar para garantizar la buena gestión desde el punto de vista del medio ambiente de sus productos al final de su vida útil. 
Mi principal preocupación se refiere, y me hago eco de las palabras de la Sra. Doyle, a la aplicación de la Directiva. 
Hace tan solo unas semanas los representantes gubernamentales en esa sala del Consejo se comprometieron con respecto a esta legislación en la reunión de conciliación. 
Pero de acuerdo con nuestra experiencia con la Directiva de vehículos al final de su vida útil, esto no ocurrirá en lo que concierne a muchos de los Estados miembros. 
El Gobierno del Reino Unido todavía no ha transpuesto la legislación del Sr. Florenz. 
Espero que la Comisión aproveche de la Convención Europea para presentar algunas propuestas con miras a cambiar los procedimientos de ejecución a fin de que los Estados miembros no se las arreglen para incumplir sus compromisos y jugar con el sistema. 
Por último, el texto del artículo 4 es la cuestión a la que me he referido en mis comentarios iniciales. 
Presenté el borrador para tantear y abordar el problema de los cartuchos de impresoras, muchos de los cuales no se reciclan por motivos anticompetitivos y, en su lugar, acaban en vertederos envenenados de China. 
He oído que, desafortunadamente, el Gobierno del Reino Unido intenta librarse del requisito en ciernes de impedir que los fabricantes obstaculicen la reutilización con la excusa de que estos productos son insumos. 
Probablemente un juez británico tenga que hacerles reconocer la verdad obvia, que un cartucho con un chip electrónico forma parte de un aparato electrónico. 
Espero que otros Estados miembros tomen la iniciativa en este y en otros aspectos a la hora de transponer esta directiva, y demuestren con el ejemplo que esta Directiva resultará ser una ley digna de elogio. 
Les deseo a ustedes y a los miembros de la delegación de conciliación, y a la Comisaria y a su equipo, feliz Navidad. 
También a mí me gustaría felicitar al ponente, el Sr. Florenz. 
Este es un paso histórico. 
Hace diez años, los del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea propusimos la responsabilidad individual del fabricante en la Directiva sobre envases. 
Entonces se rieron de nosotros. 
Tenemos una Directiva de envases que, como decimos en los Países Bajos, «no vale ni un pimiento» , porque la responsabilidad es compartida entre el gobierno y el fabricante. 
En el caso de la chatarra de coches, hace dos años casi tuvimos éxito. 
En este caso, los fabricantes tienen una gran responsabilidad, y es interesante ver que la industria alemana, que entonces se opuso firmemente a la medida, ahora asume toda la responsabilidad. 
Mañana habremos cumplido nuestro objetivo, más aún: los fabricantes pasarán a ser responsables al cien por cien de los residuos eléctricos y electrónicos. 
No es que la industria esté unida en torno a esta cuestión. 
La empresa más grande del ramo en mi país, Philips, estaba decididamente en contra. 
El hecho de que en esta Asamblea hayamos llegado a un compromiso entre los diferentes Grupos ya en la primera lectura y mantuviéramos el asunto hasta la sesión nocturna con sus ruidosos intercambios ha contribuido, sin embargo, a nuestro éxito y, por eso, quisiera especialmente dar mi más sincero agradecimiento al Sr. Florenz. 
Señor Presidente, las consideraciones sobre el aumento de las cantidades de equipos eléctricos y electrónicos que llegan al sistema de residuos han quedado bien enunciadas. 
No puede haber duda alguna de que este tipo de residuos son un problema. 
Además, no se discute que el problema siga aumentando. 
Sin embargo, hay una gran distancia entre aceptar que algo es un problema y aceptar una solución propuesta. 
Por lo tanto, con esta intervención tengo la intención de dejar constancia de mi total disconformidad con esta Directiva. 
Mi objeción central es que la Directiva es analfabeta en materia económica. 
Comportará la aparición de grandes cantidades de materiales en un mercado altamente volátil. 
Cuando las cantidades aumenten a raíz de esta Directiva, disminuirá el valor de los materiales reciclados, lo que creará mucha incertidumbre en la economía del reciclado. 
Sobre esta base, se pide a los fabricantes y en última instancia a sus clientes que firmen un cheque en blanco. 
Tampoco parece que se haya estudiado con seriedad el problema de la contratación de mano de obra. 
Rescatar materiales requiere mucha mano de obra, sin embargo es una labor poco atractiva. 
O bien los sueldos aumentan drásticamente para satisfacer la demanda de más personal o habrá escasez de mano de obra en todo el sistema. 
Las plantas de reciclado que deben cumplir esta directiva requieren mucho capital. 
Con unos rendimientos tan inciertos parece poco probable que haya algún compromiso de aportar las instalaciones necesarias. 
Por último, debo añadir a la lista de objeciones que no es en absoluto ejemplar el hecho de que, como hemos aprendido a esperar de la legislación de la Unión Europea, el sistema sea altamente burocrático, ya que añade grandes gastos indirectos e impone una carga totalmente innecesaria a la industria. 
También requiere a los Estados miembros que definan más delitos penales para regular el mercado comercial. 
¿Acaso la unidad europea no consiste más que en convertir a nuestros empresarios en delincuentes? 
¿Es esto realmente lo que previó Monnet? 
Seguro que hay un camino mejor. 
Lógicamente, si hubiera exenciones fiscales para empresas que utilizan material reciclado y controles de las importaciones que favorecieran a los equipos con elevadas proporciones de material reciclado, así como exenciones fiscales para empresas que procesan los materiales, se crearía un mercado. 
Como con el reciclado de las baterías de los coches, antes de que la Unión Europea lo destruyera, podría crearse un mercado. 
Debidamente diseñado, un sistema así podría permitir pagar a los consumidores finales por entregar material residual, que es exactamente lo que ocurría con las baterías de los coches y el motivo por el que, antes de que interviniera la Unión Europea, conseguimos reciclar más del 80% de las baterías de coches. 
Con este grado de cooperación se minimiza la parte más cara del sistema, los costes de recogida. 
Parece que cuando puede elegirse entre un sistema sencillo y eficaz y otro que es caro, burocrático e ineficaz, y que también criminaliza a la comunidad empresarial, la Unión Europea siempre elige el último. 
Si se requiere una explicación de por qué hay una creciente decepción con la Unión Europea, basta con fijarse en esta Directiva y muchas otras parecidas. 
Señor Presidente, el informe de mi colega, el Sr. Florenz, es uno de los logros más importantes de esta legislatura desde el punto de vista del Parlamento. 
En primer lugar, ahora se responsabilizará a los fabricantes de los ciclos de vida útil completos de los equipos que venden. 
La aplicación inequívoca de la responsabilidad individual del fabricante es algo de lo que yo, como la persona que primero propuso la enmienda, me alegro especialmente. 
Así es precisamente como podemos asegurar que en el diseño de los productos se tenga en cuenta el medio ambiente y, por lo tanto, toda la viabilidad de la Directiva. 
Si los fabricantes saben que son los únicos que habrán de pagar cuando los equipos lleguen al final de su ciclo de vida útil, minimizarán los costes de antemano y se asegurarán de que se cree el mínimo residuo posible y de que este mínimo tenga el máximo potencial para ser reciclado. 
También se ha tenido en cuenta de forma justa el deseo del Parlamento de impedir que alguien vaya por libre, entre otras cosas, reclamando que los fabricantes concedan garantías de que correrán con los gastos cuando se liberen los productos para su venta. 
En segundo lugar, hemos de mencionar la espléndida solución que da nuestro ponente en relación con la obligación de reciclar, algo que se ha logrado del todo, pero a este respecto hay que demostrar una cantidad obligatoria de cuatro kilogramos de residuos por habitante y año. 
Así, no quedará ni un gramo de residuos que no sea responsabilidad de alguien, aunque por diferentes motivos prácticos, y este fue el compromiso finalmente alcanzado durante la conciliación, la obligación relativa a las mismas pruebas se refiere sólo a 4 kilogramos. 
Por lo tanto, toda la cadena- fabricantes, importadores, distribuidores, consumidores, organizadores del vertido y reciclaje de residuos y autoridades- ocupará un lugar de responsabilidad, pero el equilibrio de la responsabilidades establecido entre ellos es excelente. 
Además, se han utilizado debidamente mecanismos de mercado: habrá incentivos positivos para promover un comportamiento más ecológico. 
Por desgracia, hay que decir que la posición adoptada por el Consejo hasta el último momento para resolver la cuestión de los costes no habría funcionado de esta forma y no habría tenido este impacto ecológico, aunque quizá haya sido tentador para los Estados miembros en términos tributarios. 
Espero que los Estados miembros también encuentren una solución justa para organizar las instalaciones de recogida. 
En la medida de lo posible, será responsabilidad de las autoridades locales y responsabilidad del fabricante, ya que los costes empiezan en el momento de la recogida. 
Creo que hemos dado con un excelente modelo en la Directiva RAEE, que, esperemos que pronto, podrá aplicarse a muchos otros grupos de productos. 
Cuando la Comisión se ponga a elaborar las propuestas correspondientes, quizá le anime el apoyo unánime que hemos logrado para la propuesta que ahora tenemos ante nosotros por parte de organizaciones ecologistas y de consumidores, así como de la propia industria. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con todos los que han intervenido esta noche. 
Se trata de una propuesta sustancial y muy importante. 
Cuando se aplique en su totalidad transformará la cultura del reciclaje en muchos Estados miembros. 
El ponente puede estar realmente orgulloso de su trabajo y hay que felicitarle por él. 
Los requisitos en estas dos propuestas son: en primer lugar, garantizar el reciclado de cantidades notables de aparatos electrónicos y eléctricos y, en segundo lugar, garantizar que se reduce sustancialmente la cantidad de sustancias peligrosas de estos productos, actividades que para muchas personas presentan grandes dificultades técnicas y financieras. 
Es preciso tener paciencia con algunos Estados miembros que empiezan desde cero y que cuentan con muy poca infraestructura de reciclaje. 
En particular, no podemos esperar que los países candidatos alcancen fácilmente o rápidamente los altos niveles de reciclaje de estos productos que ya existen en Estados miembros más avanzados. 
Podemos estar satisfechos de que los consumidores puedan esperar devolver sus aparatos con residuos gratuitamente, y que la principal responsabilidad de la recogida y del vertido de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recaiga en el fabricante. 
Sin embargo, también puede darse la desafortunada situación de que las autoridades locales, y consecuentemente los contribuyentes locales, tengan que enfrentarse a los residuos huérfanos e históricos. 
En esta situación, los gobiernos que han aceptado la propuesta tienen la responsabilidad de apoyar financieramente esta necesaria labor. 
A pesar de todas las dificultades que preveo en la aplicación de esta propuesta en zonas de la Unión, esta noche estamos dando un paso muy importante y mañana también cuando votemos; es un paso muy práctico que nos acerca a un futuro sostenible para la economía europea y a un futuro sostenible para todos. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quisiera dar las gracias al Sr. Florenz por este informe. 
Quisiera dárselas particularmente porque en un principio adoptó una posición bastante diferente en torno a la Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil. 
Creo que es un signo de grandeza cambiar de opinión y dejar claro que la responsabilidad del fabricante es posible. 
Si no hubiéramos encontrado una solución tan satisfactoria a los problemas con la Directiva sobre vehículos al final de su vida útil, tampoco habríamos podido haber adoptado esta Directiva, porque no se habría entendido por qué algunos quedan excluidos de la responsabilidad del fabricante y otros no. 
Por lo tanto, creo que es un gran éxito no sólo para el medio ambiente, sino también para la protección del consumidor. 
Me parece muy importante que en el futuro los consumidores puedan estar más seguros de que los precios reflejan la verdad ecológica y que los consumidores no necesitan comprar nuevos equipos cada vez que salen nuevos programas. 
De esta forma también incentivamos a la industria a aplicar políticas respetuosas no sólo con el medio ambiente, sino también con el consumidor. 
Me parece muy importante que hayamos tenido éxito a la hora de organizar esta financiación individual y también que hayamos podido impedir que el Consejo se salga con la suya y que las pequeñas y medianas empresas no queden exentas de la responsabilidad. 
Sin embargo, pediría a la Comisión que después controle estrictamente esta financiación individual y vele por su cumplimiento. 
Solo entonces esta Directiva se convertirá en un verdadero hito de la protección del medio ambiente y del consumidor. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, a mí también me gustaría empezar dando mi más sincera enhorabuena a Karl-Heinz Florenz. Se ha entregado con cuerpo y alma a este informe, ha luchado por él y creo que ha obtenido un buen resultado. 
Creo que abordar la responsabilidad de las empresas es ir directo al grano. 
En el futuro, estas empresas podrán participar en concursos públicos, servir a instituciones locales y regionales y convocar concursos. 
Esto implica que las cosas pueden resultar mucho más baratas para los consumidores. 
Un problema que por supuesto se plantea para las pequeñas y medianas empresas es cómo conceder una garantía para diferentes servicios. 
La cuestión de cómo conceder estas garantías en el futuro ha surgido en este momento con las reglas de Basel II, referentes a la solvencia, los valores y la transparencia. 
Es importante que los responsables de adoptar decisiones políticas de ámbito nacional, regional o local reflexionen sobre cómo pueden ayudar a las pequeñas y medianas empresas con sus garantías de cara al futuro. 
Otra cuestión son las prohibiciones de sustancias. 
Creo que la Comisión debería tener especial cuidado de garantizar que se faciliten pruebas de sostenibilidad en los próximos tres años, para que podamos comprobar que estas prohibiciones realmente sirven para lograr un comportamiento mejor, más sostenible y más ecológico. 
Es preciso impedir que aumenten el consumo y los costes en ciertos ámbitos a causa de las prohibiciones, lo que supondría una carga contraproducente para el sistema. 
Con todo, creo que el debate ha sido muy valioso. 
También quisiera agradecer sinceramente a la Comisaria, porque también es un paso importante hacia el futuro en el ámbito de los desechos y residuos, y porque se brindan oportunidades completamente nuevas a las pequeñas y medianas empresas. 
Muchas gracias, señor Rübig. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0435/2002) de Eija-Riitta Anneli Korhola, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (PE-CONS 3667/2002- C5-0512/2002- 2000/0169 (COD) ). 
- (FI) Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer a la Comisión el gran apoyo que ha recibido el Parlamento durante un proceso legislativo que ha durado dos años y medio. 
Creo que sin este apoyo el resultado que ahora hemos logrado no se habría parecido ni de lejos al éxito que es, incluso aunque la voluntad del Parlamento ha sido inequívoca y férrea todo este tiempo. 
Yo misma he sido una ardua defensora de las opiniones del Parlamento, pues de diversas maneras son cuestiones que tienen que ver con la función esencial del Parlamento. 
En primer lugar, con esta Directiva otorgamos al público nuevos derechos importantes. 
En segundo lugar, ratificamos los principios de buena administración y transparencia. 
En tercer lugar, promovemos el desarrollo sostenible tal y como se esbozó en la Cumbre de Río. 
Además, garantizamos a nuestros ciudadanos un medio ambiente saludable. 
Sería imposible recoger más cuestiones centrales para el Parlamento Europeo que estas en una única Directiva. 
El elevado número de opiniones divergentes en relación con las enmiendas fue todo un reto durante la conciliación. 
Además, observamos que el Consejo, una vez lograda realmente la conciliación, no estaba en absoluto dispuesto, de acuerdo con el país que ostentaba la Presidencia, a promulgar una Directiva. 
Si el informe del Sr. Florenz puede considerarse una gran victoria para el Parlamento en cuanto a su contenido, esta Directiva es una de las mayores victorias del Parlamento porque llegamos a una solución positiva a pesar de que el Consejo se cerrara en banda. 
Tampoco es una solución cualquiera. 
Es una Directiva que representa la opinión del Parlamento de forma significativa y cumple en su totalidad los requisitos mínimos del Convenio de Aarhus, e incluso ha ido más allá. 
Los detalles más importantes del resultado de la conciliación son los referentes a las circunstancias excepcionales. 
A raíz de la conciliación, la posibilidad de invocarlas es limitada, por lo que puede lograrse una verdadera transparencia. 
Además, las autoridades deberán adherirse a la práctica por la que las ventajas de hacer una excepción se sopesan caso por caso frente a las de hacerlo público. 
Es preciso divulgar siempre la información sobre emisiones al medio ambiente, incluso en circunstancias excepcionales, salvo por motivos de defensa nacional, de secreto de un sumario judicial o de derechos de propiedad industrial o intelectual. 
Otro resultado importante de las negociaciones se refiere a los pagos. 
La Directiva menciona el principio de facilitar información sin coste alguno como práctica general y, en particular, cuando se trata de examinar información sobre el terreno o utilizando listas y registros públicos. 
Cuando se aplican cargas deberán ser razonables y no superarán los costes en que se haya incurrido a la hora de facilitar el material en cuestión. 
Un tercer resultado importante de las negociaciones es que se aprobó para la Directiva un nuevo capítulo especial sobre los requisitos de calidad de la información medioambiental. 
Los Estados miembros deben asegurarse de que la información es actual, precisa y, sobre todo, comparable. 
En cuanto a las emisiones, también hay que hacer públicos los procedimientos de medición para poder hacer comparaciones. 
La calidad de la información es especialmente importante ahora que se garantiza la disponibilidad de información como derecho del gran público, que, por lo tanto, está poco familiarizado con este asunto específico. 
Los expertos deberían poder sospechar de que la información sobre emisiones que están examinando ha sido recopilada utilizando una escala o un procedimiento de medición muy diferente de los de la cifra con la que intentan relacionar la información. 
Otro buen resultado es que las autoridades deberán ayudar y asesorar a las personas que busquen información a ejercer sus derechos de la mejor forma posible. 
Otros mecanismos acordados en la Directiva también son viables y justos desde el punto de vista de las autoridades que se encargan de aplicarlos. 
Por lo tanto, podríamos decir que se ha logrado con éxito corregir los puntos débiles y los defectos observados en la aplicación de la antigua Directiva, que se mencionó como uno de los objetivos de esta Directiva. 
El objetivo de la Directiva que de hecho se cumple menos satisfactoriamente es el de su actualización con respecto a las innovaciones de la tecnología de la información. 
Parece muy fácil hacer grandes declaraciones sobre eEurope, pero cuando se trata de una obligación de crear contenido concreto para eEurope, algunos Estados miembros se oponen incluso a que se mencione Internet. 
Por suerte, se aprobó una declaración especial según la cual las innovaciones en telecomunicaciones y los medios electrónicos serían tenidas en cuenta especialmente en una revisión de la Directiva. 
Creo que para cuando tenga lugar esta revisión, las autoridades se habrán dado cuenta de que en realidad les beneficiará el hecho de que existan bases de datos fáciles de utilizar a disposición del público para buscar información por sí mismos. De esta forma no estarán absorbiendo el tiempo de las autoridades que atienden su petición. 
El resultado de conciliación puede considerarse satisfactorio en lo que concierne al Parlamento, pues se superan los objetivos mínimos establecidos en el Convenio de Aarhus en todos los aspectos básicos y se da un paso importante hacia la ratificación del Convenio. 
El resultado final será una legislación que parece factible y equilibrada y que los diferentes Estados miembros, incluidos los nuevos, pueden, con esfuerzos moderados, integrar en su legislación nacional y aplicar. 
Recomiendo encarecidamente que se acepte este resultado de la conciliación en la votación de mañana. 
Señor Presidente, Señorías, esta Directiva supone realmente un paso adelante muy importante. 
El público en general tiene derecho a recibir información medioambiental, y la Directiva recoge el derecho de toda persona física o jurídica, independientemente de su ciudadanía, nacionalidad o lugar de residencia, a recibir información medioambiental que posean o hayan preparado las autoridades públicas. 
Además, de acuerdo con la Directiva las autoridades deberán garantizar por propia iniciativa que esta información se almacene en bases de datos electrónicas de fácil acceso para el público, por ejemplo a través de Internet. 
Las autoridades públicas deben garantizar que la información que poseen es fácilmente accesible, pero el público también tiene derecho a recibir información medioambiental después de haberlo solicitado expresamente a la autoridad pública. 
Además, las autoridades deberán garantizar que las bases de datos están equipadas con los motores de búsqueda necesarios. 
El acceso extendido y sencillo a la información medioambiental aumentará los conocimientos y la comprensión por parte del público de las cuestiones medioambientales, además de su sensibilización general en torno a ellas. 
Por este motivo es un paso adelante importante. 
Para concluir, también quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Korhola, y a todos los miembros de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación. 
La Comisión observa que el Parlamento Europeo quiere una legislación eficaz y desea reforzar el derecho de las personas a una información medioambiental de calidad. 
Esta legislación constituye una parte significativa de la legislación comunitaria necesaria para ratificar el Convenio de Aarhus. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la ponente por haber luchado como una leona por el acceso a la información medioambiental. 
Si me he abstenido en la votación de la delegación de conciliación no ha sido precisamente por los esfuerzos de la ponente o del Parlamento, sino porque el Consejo no mostraba voluntad para actualizar la Directiva sobre información medioambiental y proponer objetivos ambiciosos en relación con las metas de Aarhus sobre el acceso a la información medioambiental. 
Creo que el Parlamento logró impedir las peores intenciones del Consejo de dar a los Estados miembros un marco muy amplio de interpretación, por ejemplo, en relación con las excepciones recogidas en la Directiva, según la cual es posible negarse a facilitar información al público. 
Es absolutamente normal que las autoridades administrativas de los Estados miembros quieran poder interpretar estas cuestiones, para poder entonces negarse a facilitar información. 
Sin embargo, creo que en este caso pudo impedirse lo peor. 
Por otro lado, en cuanto a los pagos, podemos alegrarnos de que se haya establecido el principio de información gratuita. 
Sin embargo, he de decir que, cuando una garantía de información dada al público requiere rebuscar en archivos y compilar datos, las autoridades todavía podrán cobrar gastos. 
No sé si habría que obligar a alguien del público a pagar al Gobierno por algo que se espera que haga de todos modos. 
El Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Antonio Tizzano, ha declarado recientemente que el público no puede recibir información en virtud, por ejemplo, de la Directiva sobre etiquetado de envases de productos genéticamente modificados.. 
Solo quería decir que esta Directiva ha de demostrar ahora si manejamos una definición suficientemente amplia de información medioambiental. 
Menciona, por ejemplo, la cadena alimentaria, y espero que garantice realmente que en el futuro podamos facilitar este tipo de información a nuestros ciudadanos. 
Muchas gracias, señora Hautala. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas 
Felicito a la Sra. Langenhagen por el informe excelente que ha elaborado sobre el Informe especial nº 2/2002 del Tribunal de Cuentas sobre la evaluación de la aplicación de los programas de acción comunitarios europeos Sócrates y «La Juventud con Europa» en el período 1995-1999, que apoyo plenamente, en concreto en lo que se refiere a la cuestión de imponer claridad, exactitud y rigor en cada etapa de los programas comunitarios, desde su concepción hasta su evaluación. 
En este contexto, también desearía hacer hincapié en que el Parlamento Europeo debe, en el marco del proceso de toma de decisiones que conduce a la aprobación de actos comunitarios, apelar por la claridad de los textos, procedimientos simplificados y, si procede, mecanismos que aseguren la gestión y evaluación eficaces del acto en cuestión. 
Refrendo el informe de la Sra. Damião y la felicito encarecidamente por su trabajo. 
La tragedia del amianto es una incidencia típica y deberíamos aprender sobre ello tanto como podamos. 
Conocíamos desde hace mucho tiempo el grave peligro que se estaba avecinando. 
Por motivos económicos, hemos ignorado este peligro durante mucho tiempo y, actualmente, decenas de miles de víctimas están sufriendo y muriendo. 
Ahora intentamos protegernos. 
Sin embargo, mañana, aquellas personas que se negaron a ver lo que tenían ante sus ojos deberán justificarse ante sus víctimas y darles una indemnización. 
Por encima de las nuevas medidas de protección que se han tomado, espero que esta tragedia del amianto sirva de lección a aquellos que tratan ligeramente los riesgos que plantean determinados productos, nuevas formas de producción, la manipulación genética y la creación ilimitada de nuevos campos magnéticos, sólo para citar unos pocos ejemplos bien conocidos. 
En otras palabras, cuando falla la razón, debemos invocar responsabilidad legal o incluso penal. 
Por esta razón he votado a favor del informe Damião. 
Hoy he votado a favor del informe del Sr. Bourlanges (A5-0425/2002). 
Estoy de acuerdo en que el sistema de la UE debe simplificarse y que el Parlamento debe contribuir al trabajo de la Convención. 
No obstante, lamento la referencia que se hace sobre los interlocutores sociales. 
El ponente intenta organizar la introducción de un procedimiento de aprobación por parte del Consejo y del Parlamento cuando los interlocutores sociales hayan llegado a una propuesta. 
Desde mi punto de vista, esto daría lugar a un tercero inadecuado en el diálogo social. 
La intención del diálogo social es que los interlocutores sociales deben concertar acuerdos vinculantes entre ellos. 
Presidencia danesa 
La cumbre de Copenhague ha sido un momento muy especial para la Unión Europea. 
Tuve el privilegio de representar al Parlamento en esta cumbre. 
No pude evitar la sensación de estar haciendo historia cuando, al final, la Presidencia danesa negoció la conclusión del acuerdo con cada uno de los Estados candidatos. 
He de decir que el resto de la labor llevada a cabo por la Presidencia también se ha avanzado sustancialmente. 
No me refiero a la cuestión de la ampliación, sino a la labor desarrollada a lo largo de muchos meses con este Parlamento respecto a la conciliación, que tal vez se ha visto eclipsada por los preparativos para la ampliación. 
En lo que se refiere a la asistencia de la Presidencia, este es 39º debate en sesión plenaria en el que intervendrá la Presidencia. 
El contacto con las comisiones ha sido excepcional y ha creado una nueva dimensión en las relaciones interinstitucionales con el Consejo, sobre la que espero que podamos apoyarnos en nuestro avance. 
Deseo manifestar al Primer Ministro danés, en nombre del Parlamento, mi gratitud por el alto nivel de cooperación alcanzado entre nuestras instituciones. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre la Presidencia danesa: el informe del Consejo Europeo y la declaración de la Comisión sobre la cumbre del Consejo Europeo de los días 12 y 13 de diciembre de 2002 y la declaración de la Presidencia en ejercicio del Consejo sobre la labor de la Presidencia danesa. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, la última vez que hablé en esta Cámara fue en el transcurso del debate sobre la ampliación el 19 de noviembre. 
Fue una experiencia muy positiva. 
Dejé esta Cámara con el firme y claro mandato de concluir las negociaciones de la ampliación. 
Me complace enormemente comparecer hoy aquí con un resultado igual de claro. 
Después de un largo y laborioso proceso, la Presidencia concluyó las negociaciones con los diez nuevos Estados miembros en la Cumbre de Copenhague. 
Es nuestro sueño común el que se hace realidad; es nuestro propósito común el que se está cumpliendo. 
El Parlamento Europeo, la Comisión y la Presidencia han luchado juntas por la ampliación. 
Me complació especialmente, por tanto, que el Presidente del Parlamento Europeo participase en la solemne ocasión final en que, la noche del viernes, dimos la bienvenida a nuestra Comunidad a los nuevos miembros. 
Las negociaciones de la ampliación de los últimos seis meses han sido como una carrera de fondo con una serie de obstáculos que tuvieron que superarse sobre la marcha. 
El Parlamento, la Comisión y la Presidencia han permanecido unidos durante la carrera y en Copenhague cruzamos la línea de meta. 
Me gustaría expresar mi gratitud por todos los esfuerzos realizados y por el apoyo constante y la ayuda recibidos a lo largo del camino. 
Las decisiones tomadas en Copenhague cerraron uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia de Europa. 
Pusimos fin a un siglo caracterizado por las guerras y los conflictos. 
Por fin dijimos adiós a la Europa de la Conferencia de Yalta y la Guerra Fría. 
Al mismo tiempo, abrimos la puerta a una nueva era en la historia de Europa: una era caracterizada por la libertad, la paz, el crecimiento y la prosperidad. 
La Cumbre de Copenhague marcó una de las cotas más elevadas en la historia de la cooperación europea: un triunfo de la libertad y de la democracia y una puerta a un futuro mejor para todos nuestros pueblos. 
La ampliación de la UE era la principal prioridad de la Presidencia danesa; pero tenemos en nuestro haber una serie de otros logros también considerables. 
Hemos sido una presidencia que ha establecido prioridades, pero no a expensas de otras cuestiones. 
Esto puede apreciarse en nuestros logros. 
Antes de pasar a la Cumbre de Copenhague, me gustaría señalar una serie de otras tareas que la UE ha llevado a cabo en los últimos seis meses. 
Hemos proseguido con éxito la lucha contra el terrorismo internacional y redoblado los esfuerzos contra la inmigración ilegal. 
En el ámbito del asilo, hemos alcanzado un acuerdo respecto a lo que se conoce por Reglamento Dublín II, que establece normas comunes para determinar qué país debe responsabilizarse de tramitar una solicitud de asilo. 
Conseguimos alcanzar un acuerdo sobre la plena apertura de los mercados de la electricidad y el gas de la UE. 
Logramos un gran adelanto en la política de transportes de la UE. 
Las normas sobre el Cielo Único Europeo han sentado las bases para que haya menos cancelaciones y se reduzcan los tiempos de vuelo, de lo que se beneficiarán los pasajeros, el medio ambiente y las líneas aéreas. 
Juntos hemos reaccionado rápida y efectivamente contra catástrofes inesperadas. 
En primer lugar sucedió la inundación en Europa central. 
La UE mostró su solidaridad aprobando la creación de un Fondo de Solidaridad de 1 000 millones de euros para que se utilizara en relación con las catástrofes naturales. 
Más recientemente, reaccionamos al trágico naufragio del petrolero Prestige. 
De un momento para otro, la UE mostró su capacidad de actuación, adoptando normas sobre asuntos como la retirada de petroleros monocasco y un control más estricto de los puertos en que recalan los barcos. 
Se ha alcanzado un acuerdo sobre el régimen de comercio de derechos de emisión de CO2. 
Se han realizado progresos en cuanto a seguridad alimentaria, incluidas las normas comunes para el etiquetado de OMG. 
Hemos conseguido hallar una solución a la cuestión del tránsito a y desde Kaliningrado que sea aceptable para todas las partes 
Por último, deseo recalcar la positiva y efectiva cooperación que hemos tenido con el Parlamento: la labor sobre los procedimientos presupuestarios y de codecisión, entre otras cosas. 
Por primera vez en muchos años, conseguimos alcanzar un acuerdo sobre grandes partes del presupuesto ya en primera lectura. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para manifestar mi gratitud por la actitud positiva que ha caracterizado la cooperación entre el Parlamento, la Comisión y la Presidencia. 
Juntos, hemos mostrado en los últimos seis meses que la UE puede cumplir su cometido; que a pesar de las diferencias políticas, institucionales y nacionales podemos obtener resultados, crear una vida cotidiana mejor y más segura para nuestros ciudadanos, generar mejores condiciones de competencia para nuestras industrias y aumentar la influencia de Europa en el mundo. 
Ahora volveré a la Cumbre de Copenhague. 
Concluimos las negociaciones de ampliación con diez nuevos Estados miembros: Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 
Éstas fueron negociaciones intensivas y difíciles hasta el final. 
Así están las cosas: se ha asegurado que al final alcancemos el equilibrio adecuado entre los deseos de los países candidatos y las posibilidades de los actuales Estados miembros. 
Las duras negociaciones sobre cuestiones muy específicas, como las cuotas lácteas y las transferencias de créditos son, por supuesto, un signo de que la UE no es un simple mentidero en el que se adoptan declaraciones irrelevantes, sino un foro efectivo de debate, en el que se realizan transacciones y se hace política en beneficio de todas las partes. 
Los diez nuevos países pueden convertirse en miembros desde el 1 de mayo de 2004. 
Para entonces, tanto los nuevos como los actuales Estados miembros habrán terminado sus procedimientos nacionales de ratificación. 
La primera fase de este proceso- que en muchos países conllevará referendos- es la culminación del tratado de adhesión. 
Esto se presentará en primer lugar a la Comisión, posteriormente al Parlamento y por último al Consejo para su aprobación, con vistas a que se firme el tratado en Atenas el 16 de abril de 2003. 
Insto a las tres instituciones a que hagan cuanto esté en su mano para cumplir este calendario. 
Las conclusiones de la Cumbre de Copenhague también abordan la cuestión de la participación de los nuevos Estados miembros en las instituciones de la UE. 
Hemos establecido que los diez nuevos Estados podrán participar en las elecciones de 2004 al Parlamento Europeo en calidad de miembros. 
El tratado de adhesión establecerá que los Comisarios de los nuevos Estados miembros se integrarán en la Comisión actual desde el momento de la adhesión de los países el 1 de mayo de 2004. 
Una vez que el Consejo Europeo haya designado un nuevo Presidente de la Comisión, el Parlamento recién elegido podrá aprobar una nueva Comisión, que entrará en funciones el 1 de noviembre de 2004. 
Esto proporciona un marco adecuado para esta cuestión fundamental. 
En este punto también hago un llamamiento a la cooperación entre las instituciones con objeto de encontrar soluciones flexibles que aseguren las mejores condiciones para nuestros nuevos Estados miembros. 
Con respecto a Bulgaria y Rumania, las conclusiones son claras: el proceso de ampliación continúa; y podemos confirmar que el propósito es recibir a los dos países como miembros en 2007. 
La cuestión de Turquía fue uno de los principales temas de Copenhague. 
Llegamos a una respuesta equilibrada y realista. 
Reconocemos los importantes pasos que Turquía ha dado para cumplir los criterios de Copenhague. 
Instamos a Turquía a que continúe con su proceso de reforma en curso y prometemos un mayor apoyo de la UE a Turquía en estos esfuerzos. 
Si el Consejo Europeo decide en diciembre de 2004, basándose en un informe y una recomendación de la Comisión, que Turquía cumple los criterios políticos de Copenhague, la Unión Europea iniciará negociaciones de adhesión con Turquía a la mayor brevedad posible. 
De esta forma se envió una señal política firme y positiva a Turquía, pero recalcaría que aún es un requisito esencial que Turquía cumpla los criterios políticos antes de que se inicien las negociaciones de cara a la adhesión. 
Así es como debe ser. 
Hay que tratar a Turquía como a los demás países candidatos. 
Por otra parte está Chipre. 
Chipre se adherirá como una isla dividida; pero, al mismo tiempo, hay una posibilidad realista de que las partes puedan encontrar una solución global de la cuestión de Chipre para el 28 de febrero de 2003, basándose en una propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Quisiera apremiar con firmeza a las partes implicadas en el conflicto a que aprovechen esta oportunidad única para resolver este desafortunado conflicto. 
Todos resultaremos beneficiados si encontramos una solución ahora, especialmente la población de Chipre. 
En Copenhague enviamos un mensaje claro a los nuevos vecinos de la UE ampliada: a los países de los Balcanes occidentales, a Rusia, a Ucrania, Moldova y Belarús, y a los países del sur del Mediterráneo: la ampliación no hará que la UE se cierre en banda; al contrario, la UE reforzará sus lazos con sus nuevos vecinos. 
Esto tendrá lugar en el marco de los instrumentos de cooperación existentes y mediante el desarrollo de los mismos. 
Además, en la Cumbre de Copenhague hubo acuerdo sobre los marcos para el futuro acuerdo entre la OTAN y la UE sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa. 
Me gustaría mencionar a modo de conclusión que el Consejo Europeo también se reunió con el Presidente de la Convención Europea, el Sr. Giscard d ' Estaing. 
Éste nos informó sobre la labor de la Convención y hubo consenso en el Consejo Europeo en que la Convención debería presentar los resultados de su labor antes de la cumbre de junio de 2003. 
Se manifestó que los nuevos Estados miembros participarán plenamente en la Conferencia Intergubernamental. 
Bulgaria y Rumania participarán en calidad de observadores. 
Ahora que la ampliación ha llegado a buen puerto, la labor de la Convención se ha convertido en la tarea crucial de la política europea. 
Hemos ampliado la UE; ahora tenemos que asegurar que la UE del futuro, con más de 25 Estados miembros, también pueda funcionar efectivamente. 
Debemos simplificar los procedimientos de toma de decisiones y recalcar los valores de la UE. 
Debemos describir la división del trabajo entre la UE y los Estados miembros de una forma más clara, debemos ampliar el uso del voto por mayoría cualificada y del procedimiento de codecisión y debemos asegurar que haya una cooperación abierta y sujeta al control democrático. 
La Presidencia danesa está llegando a su fin. 
Pasamos el testigo de la Presidencia a Grecia, deseándoles buena suerte y agradeciéndoles la buena cooperación en el seno de la troika. 
Por último, deseo dirigirme, una vez más, directamente a sus Señorías y especialmente al Presidente, el Sr. Cox. 
La reunión del Presidente del Parlamento con el Consejo Europeo en Copenhague fue otra afirmación constructiva más de las estrechas relaciones entre el Parlamento y el Consejo. 
La Presidencia danesa ha otorgado gran importancia a tender una mano al Parlamento Europeo y a la voluntad de iniciar una cooperación constructiva. 
He comprobado con gran satisfacción que el Parlamento ha mantenido la misma actitud con respecto a nosotros. 
Hemos tenido nuestras diferencias, pero la cooperación entre nosotros se ha caracterizado por el progreso, los resultados y la voluntad de alcanzar acuerdos. 
Lo he experimentado en esta Cámara, en nuestras cumbres interinstitucionales y en mis reuniones con la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo. 
Los Ministros del Gobierno danés se han hecho eco de este espíritu. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todo el mundo por esta cooperación constructiva. 
Sobre todo, sin embargo, deseo dar las gracias por el apoyo incondicional del Parlamento para la ejecución de la mayor tarea de la Presidencia danesa: concluir las negociaciones con los diez nuevos Estados miembros. 
La decisión, en Copenhague, sobre la ampliación de la UE marcó la reunificación de los pueblos y Estados de Europa, el final de la desafortunada división de nuestro continente y el inicio de una nueva era en la historia de Europa. 
La Cumbre de Copenhague también marcó el inicio de una nueva era para la Unión Europea. 
En Copenhague, la UE llevó a cabo la mayor tarea de la historia de la Comunidad. 
Tras la Cumbre de Copenhague, la Unión Europea se ha convertido en el marco global en torno a la Europa del futuro: la cooperación basada en los valores compartidos de la libertad y la economía de mercado, el espíritu comunitario y la responsabilidad social, la democracia y los derechos humanos; la cooperación efectiva que respeta las características nacionales de nuestros pueblos y Estados. 
La semilla sembrada por los padres fundadores de la Unión Europea en aquella Europa desgarrada por la guerra hace casi 50 años ha echado raíces. 
La ampliación de la UE ha hecho realidad su sueño y su visión. 
Ha nacido una nueva Europa. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, estoy seguro de que me entenderán cuando digo que comparezco ante ustedes con una gran sensación de alivio. 
Ello no se debe sólo a que me espera un período de tiempo en el que tendré bastante menos trabajo que hacer, sino, sobre todo, a que soy feliz de poder decir que los esfuerzos conjuntos de las instituciones europeas y de los 25 Estados de Europa han dado lugar al éxito que esperábamos. 
Dicho éxito no era obvio. 
Aunque recuerdo que ya en 1999 señalamos que podría ser factible que las negociaciones concluyesen a finales del 2002, debo decir que es una especie de milagro que lo hayamos conseguido. 
Como todos ustedes saben, no obstante, los milagros no ocurren por sí solos. 
Requieren una sólida voluntad política, mucha determinación y mucha habilidad. 
Por eso permítanme reiterar de forma muy clara que me he sentido muy afortunado de haber podido, durante esta fase final, colaborar con la Presidencia danesa y con un jefe de Gobierno como el Sr. Anders Fogh Rasmussen, que acometió su labor con una determinación verdaderamente admirable. 
No obstante, me gustaría decir que la ampliación no ha sido una labor de la que se haya ocupado únicamente un puñado de personas. 
Por el contrario, lo que en mi opinión resulta más importante es la forma en que muestra que el método comunitario es capaz de culminar, con exactitud y precisión y dentro de un calendario prefijado, un proyecto tan complejo y laborioso como las negociaciones de adhesión de diez países a la Unión Europea. 
No es cierto que el método comunitario no funcione cuando se trata de cuestiones internacionales de gran importancia. 
Creo que todos los miembros de esta Cámara son conscientes de la importancia del papel del Parlamento Europeo de cara a impulsar este proceso, por lo que estoy profundamente agradecido. 
Asimismo, me gustaría señalar que el Presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, se situó a la cabeza de un movimiento que causó una profunda impresión en los países candidatos. 
Creo que la forma en que el Sr. Cox representó al Parlamento Europeo en Europa central y oriental constituyó una gran contribución de cara a generar y aumentar la confianza en las instituciones europeas. 
(Aplausos) 
Hemos llegado a un punto en que me gustaría describir con palabras de uno de los más insignes europeos de nuestra época, alguien que, dicho sea de paso, también resulta importante para el éxito de este proceso de ampliación. 
Fue el Papa Juan Pablo II quien dijo una vez: «Lo que importa es que Europa pueda respirar por fin con los dos pulmones». 
Ése es justo el punto al que hemos llegado. 
(Aplausos) 
En Copenhague pudimos cosechar lo que millones de personas de Europa central y oriental habían sembrado cuando lucharon por conseguir la democracia y la libertad. 
No debemos olvidar que los pueblos de los países bálticos nunca optaron libremente por integrarse en la Unión Soviética. 
Ni los pueblos de Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia se dotaron voluntariamente de regímenes comunistas. 
Al contrario, crearon una democracia y un movimiento por los derechos humanos en las circunstancias más adversas. 
No debemos temer que se nos vayan a unir europeos que no entienden la democracia o los derechos humanos. 
Al contrario, veremos que el espíritu europeo, basado en la democracia, la justicia y los derechos humanos, irá cobrando fuerza gracias a aquellos que han luchado por la democracia y los derechos humanos. 
(Aplausos) 
Los muchos cambios que conllevará la ampliación no serán simplemente internos. 
También habrá muchos cambios de cara al exterior y contraeremos responsabilidades adicionales en nuestro papel internacional. 
Comparto las preocupaciones de quienes dicen que quizá no estemos todavía listos para asumir este importante papel internacional. 
Rusia, Ucrania, los Estados del Cáucaso, Oriente Próximo, todos ellos se nos acercan. 
Nuestros vecinos tienen una densidad de población cada vez mayor y cada vez están más cerca de nuestro umbral. 
El Presidente Prodi ha hablado sobre cómo debemos moldear nuestra política con relación a esta cuestiones. 
Señorías, nuestra labor aún no ha terminado, ni en el seno de la Unión ni en los países candidatos. 
En el próximo año proseguirán los preparativos para su adhesión con energía y vigor. 
La Comisión controlará cuidadosamente que todas las obligaciones se cumplan y, tal y como ha prometido, elaborará un balance final sobre el estado de los preparativos seis meses antes de la fecha de adhesión prevista. 
Creo que hemos logrado llegar a acuerdos fiables, aliviar la penuria y limitar los riesgos. 
El año que viene, la Comisión, junto con la Presidencia, presentará el proyecto de tratado de adhesión al Parlamento. 
Necesitaremos que el Parlamento vote a favor de cada Estado particular y del tratado en su conjunto. 
El Parlamento será el primero en decidir si podemos llegar hasta el final del camino que se tomó en Copenhague. 
El Parlamento es el único que tiene el privilegio de tomar una decisión sobre cada tratado de adhesión. 
Ningún parlamento nacional puede hacerlo. 
Podría decirse que será esta cámara la que establezca el punto de referencia para lo que veinticinco parlamentos nacionales tendrán que hacer en 2003. 
En 2004, la UE contará con 25 miembros. 
Dos países, Bulgaria y Rumania, pueden estar seguros de que recibirán un apoyo incluso más intenso en sus esfuerzos por entrar a formar parte de la Unión en 2007, lo cual es nuestro objetivo común. 
Turquía tiene una oportunidad clara de iniciar las negociaciones, la misma que todos los demás países candidatos tuvieron y que aprovecharon con determinación. 
Me gustaría subrayar las palabras del Sr. Rasmussen respecto a que hay una secuencia definida, que no se puede cambiar bajo ninguna circunstancia. 
Primero hay que cumplir las condiciones políticas plena e inequívocamente y sólo entonces se podrá tomar una decisión respecto al inicio de las negociaciones. 
(Aplausos) 
La Comisión no eludirá sus responsabilidades en lo tocante al informe y la recomendación. 
Permítanme dejar meridianamente claro que, en lo que se refiere a los informes, hemos desarrollado normas, procedimientos y métodos en el transcurso de los últimos años y trabajaremos con esas mismas normas, procedimientos y métodos. 
Lo más importante es que la recomendación que habrá que dar entonces debería basarse en las conclusiones del informe. 
No sucederá a la inversa. 
No tendremos un objetivo político, sabiendo qué recomendación haremos de antemano y amañando el informe en consecuencia. 
Por el contrario, el informe será justo, objetivo y neutral. 
Eso es una oportunidad para Turquía y creo que Turquía es capaz de cumplir estos requisitos. 
Ahora debe poner toda su energía en la labor de terminar las reformas y ponerlas en práctica. 
No nos basta con ver una prohibición de la tortura sobre el papel en forma de ley; queremos la certeza de que nadie será torturado hasta la muerte en cualquier comisaría o prisión turca. 
(Aplausos) 
Señorías, la necesidad de un amplio debate público ha sido a menudo objeto de discusión en esta Cámara. 
Ahora resulta aún más necesario si se quiere asegurar el éxito del proceso de ratificación. 
Entremos en este debate con la cabeza fría y argumentos objetivos, pero también con entusiasmo por la Europa que está naciendo. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, me gustaría manifestar mi absoluta aprobación, reconocimiento y profunda gratitud a los daneses por su Presidencia, que ha sido realmente excelente. 
Asimismo, me gustaría mencionar algunos nombres y dar las gracias en primer lugar al Presidente del Consejo Europeo, así como a su Ministro para Europa, que anteriormente fue miembro de esta Cámara, al Viceprimer Ministro, Ben Bendtsen, que ha conseguido tanto en el campo del mercado de la energía y, por supuesto, al Ministro de Asuntos Exteriores, Per Stig Møller. 
Asimismo, me gustaría decir algo que no resulta obvio, esto es, que mi homólogo en el Folketing, el Sr. Knud Kirkegaard, colaborando en estrecha concertación con el Sr. Christian Rovsing y conmigo mismo, planeó y organizó una conferencia en Bruselas de los presidentes de grupo y los líderes de partidos nacionales, en la que también llevamos a cabo un trabajo preparatorio relacionado con estas cuestiones de Copenhague. 
Resulta importante que construyamos una red de contactos en los parlamentos nacionales y para ello me gustaría particularmente extender mi gratitud más calurosa a nuestros homólogos del parlamento danés. 
Señorías, creo que el pueblo danés, representado por su Gobierno, puede enorgullecerse de lo que han hecho por Europa en los últimos seis meses. 
Espero que el pueblo danés muestre la misma determinación cuando llegue el momento de unirse a la moneda única europea, en lo que le deseo, señor Fogh Rasmussen, mucho éxito. 
Hablo por mí ahora cuando digo que su Presidencia también demuestra que los países que no son tan grandes- los grandes logros de esta Presidencia me inclinan a no calificar a Dinamarca de país pequeño- también pueden hacer grandes cosas. 
En los debates actuales de la Convención, sin embargo, sobre la eventual alternativa a la presidencia semestral, debemos ser cautelosos y tener en mente que los argumentos a favor de cualquier cambio deberán ser muy poderosos, puesto que su Presidencia demuestra- como otras lo han hecho- que, cuando un país ocupa la Presidencia, lo que tiene que aportar no sólo es ambición, sino también compromiso con Europa. 
(Aplausos) 
Una vez más, si queremos que el futuro Secretario General del Consejo no sea ya, al mismo tiempo, Alto Representante- y esto no es una crítica al Sr. Solana, el cual, quiero dejar constancia de ello, es merecedor de mi reconocimiento -, sino un Secretario General visible, recomiendo a nuestros colegas de la Convención que consideren concienzudamente estas cuestiones. 
Señor Presidente del Consejo Europeo, usted habló de un sueño que se hacía realidad y estamos absolutamente de acuerdo con usted. 
Un sueño se ha hecho realidad, pero esta gran e histórica decisión de Copenhague también ha dejado claro que los países que se unirán a la Unión Europea ya han alcanzado prácticamente los niveles normales de la UE. 
Teniendo esto en cuenta- y cuando se trataba de cuestiones financieras, les instamos a ser flexibles- los polacos y los demás prácticamente han alcanzado el estado de debate con el que estamos familiarizados en la Unión Europea hoy día. 
Uno de los principales periódicos europeos ha hablado de una familia europea muy bien avenida y así es como es Europa. 
Esperamos con ansia el día en que se firmen los tratados, en que tengamos a los observadores aquí en el Parlamento y en que, sobre todo- de acuerdo con la propuesta de nuestro grupo, que afortunadamente se ha aceptado- las elecciones europeas de 2004 serán el marco rector en el proceso de ampliación en su conjunto y así es como funcionarán las cosas. 
Señores Prodi y Verheugen, también me gustaría, no obstante, tener una palabra de sincero agradecimiento para con la Comisión. 
La Comisión no lo hace todo de forma espectacular, sino que cada día es un esfuerzo. 
El éxito de Copenhague, y su gran compromiso, fue posible únicamente porque la Comisión, y los miembros de esta Cámara, han estado apoyando el proceso durante muchos años y por tanto somos fervientes defensores de la necesidad de que el método comunitario esté en el núcleo de la labor de la Convención, de modo que la nueva Europa siga el método apropiado, no sólo en cuanto a su expansión geográfica, sino también en cuanto a las áreas fundamentales. 
Permítanme hacer un comentario sobre Turquía. 
Acogeríamos con entusiasmo que Turquía pudiera cumplir los criterios políticos llegado el otoño de 2004. 
Sería un tremendo éxito tanto para Turquía como para Europa, pero somos rotundos al decir que no debe haber oportunismo político al decidir si Turquía cumple los criterios políticos, sino que esa decisión debe regirse por la ley. 
Si, tras las elecciones europeas, tenemos esa responsabilidad, insistiremos en que la Comisión, representada por su Presidente y por el Comisario Verheugen, garantice estrictamente que la evaluación no se base en lo que es deseable políticamente, sino en la ley y los criterios, y no tengo duda de que así lo harán, puesto que éste es el mayor desafío al que debe hacer frente la actual Comisión. 
Estaremos con ellos a lo largo de este camino. 
En el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos no nos falta la solidaridad y seremos muy francos al decir a nuestros amigos norteamericanos que siempre respaldaremos a los Estados Unidos, pero no lo haremos de forma irreflexiva o de un modo que no esté justificado. 
Por esa razón, no obstante, también declararemos nuestra negativa a ceder a cualquier presión de los Estados Unidos o de cualquier otro lugar en lo que a la ley se refiere, puesto que la ley constituye los cimientos de nuestra comunidad europea de valores. 
(Aplausos) 
Aunque no deseo restar mérito a su labor, nos habría gustado que hubiera habido un comentario sobre Chechenia en las conclusiones de Copenhague. 
Usted hizo referencia a los derechos humanos y creo que verdaderamente tenemos la obligación y el deber de ocuparnos no sólo de nuestros propios asuntos, sino también de defender los derechos humanos en el entorno geográfico de la Unión Europea y en todo el mundo. 
Con esto en mente, hago un llamamiento a que respetemos los derechos humanos en lugar de ceder ante cualquiera. 
Ésta es una labor en la que tendremos que colaborar todos en el futuro. 
Felicidades por lo que ha hecho en Copenhague. 
Puede estar orgulloso de lo que ha conseguido y nos complace haberle acompañado en este viaje. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, Señorías, viene usted hoy, señor Presidente en ejercicio del Consejo, con la satisfacción del deber cumplido y merece la más sincera felicitación de mi grupo, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, por haber sido capaz de dar este paso histórico bajo su Presidencia y con su Gobierno, en el que saludo particularmente la contribución de nuestro estimado ex-colega Bertel Haarder. 
Ha hecho usted un símil diciendo que se trataba de una carrera de fondo la que ustedes han concluido. 
Yo creo que más bien, bajo la Presidencia danesa, ustedes han hecho una carrera de velocidad contra el reloj, incluso a la pata coja, con una sola pierna, y la han ganado. 
Creo que hay que felicitarles especialmente. 
Ahora nos toca a nosotros, a los parlamentarios europeos, a los de todos los Parlamentos de los Estados miembros y a los parlamentarios de los países que ya forman parte de la Europa ampliada, dar los siguientes pasos y no hay que subestimar la importancia del diálogo con la opinión pública, aparte de cumplir con nuestro deber. 
Tomo la palabra al Presidente Prodi, cuando ha dicho que va a haber una campaña de información en la que tenemos que participar. 
Estamos dispuestos a debatir sobre el presupuesto de esa campaña de manera inmediata. 
También quiero felicitar a la Comisión- que es la que ha negociado -, a su Presidente, al Comisario Verheugen, y me permitirán que mencione también al Director General de Ampliación, Eneko Landáburu, con el que he tenido la oportunidad de luchar contra la dictadura franquista y por la integración en Europa. 
Creo que ha cumplido seriamente, con su experiencia, en este proceso. 
Una pregunta solamente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en relación con el proceso democrático de integración de estos países- y veo que ustedes han recogido la propuesta que hizo el Sr. Hänsch, que adoptó el Parlamento Europeo, de que pudieran participar estos países en las elecciones de 2004. 
La cuestión es la transición. 
Ustedes han dicho, después de haber tomado decisiones, que van a consultar con el Parlamento antes de finales de enero. 
¿Son consultas sobre hechos consumados o es un acuerdo interinstitucional? 
Porque hay muchos temas pendientes. 
Por ejemplo, no sé si se han fijado en que, de acuerdo con el Tratado de Niza, habrá uno o dos comisarios, según los países, hasta 2005. 
¿Eso se va a modificar o no? 
Ésa es una cuestión que creemos que hay que debatir, además de la transición de la Comisión: ¿habrá un segundo comisario polaco por tres meses o no? , ¿qué ocurrirá con los parlamentarios? 
Esto tendremos que debatirlo, pero el tema es si va a haber acuerdo en ese punto. 
Respecto a Turquía, solamente una observación: creo que hay que decir a nuestros amigos turcos que han perdido una gran ocasión, en la semana del Premio Sajarov, de dejar venir a la Sra. Leila Zana aquí. 
Nosotros, que estamos a favor de la entrada de Turquía en la Unión Europea, seguimos sosteniendo que en Turquía lo que hace falta es que haya una democracia en la que el poder civil tenga la supremacía sobre el militar. 
Ése es el tema clave y ésa es la cuestión que hay que plantear claramente a nuestros amigos turcos. 
En cuanto a Chipre, quizás ahora Turquía tenga un interés objetivo en que el eterno Sr. Denktash cambie de opinión y encuentre una solución para el mes de febrero para poder conseguir una plena integración de toda la isla. 
Señor Presidente, con respecto a Oriente Medio ustedes han hecho una declaración valiente y creo que debemos de apoyarla porque no se puede aceptar la congelación que quieren hacer los Estados Unidos de las propuestas del cuarteto, y hay que saludar también el que la Comisión haya desbloqueado la financiación de las elecciones palestinas. 
Creo que Europa tiene una grave responsabilidad en estos momentos, de cara a Oriente Medio. 
Por último, Señor Presidente, también quiero expresar la profunda insatisfacción de mi Grupo por la forma en que el Consejo y la Comisión están siguiendo el problema de la catástrofe del Prestige. 
No ha habido una igualdad de trato en relación con lo que ha mencionado el Presidente con respecto a la situación alemana y austríaca y de la Europa Central, porque no se ha arbitrado un fondo, se ha hecho una reasignación de lo que hay. 
Yo le puedo expresar que hay una decepción y un resentimiento en mi país y un problema que se extiende a otras partes de la Unión. 
Concluyo, señor Presidente, diciendo: ahora que Dinamarca ha conseguido dar este paso histórico, por favor, acérquense más a nosotros, superen las barreras todavía existen en torno a la ciudadanía y a la moneda común por parte de Dinamarca. 
Estoy seguro de que lo harán. 
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, me gustaría felicitar a la Presidencia en ejercicio por la conclusión con éxito en Copenhague de una excelente Presidencia danesa. 
De acuerdo con mi experiencia, es poco frecuente que una Presidencia reciba tantas alabanzas de todos los sectores de esta Cámara. 
La mejora en las relaciones entre el Consejo y el Parlamento ha sido notable y le debemos mucho a este respecto al trabajo de nuestro antiguo y muy apreciado colega, el Sr. Haarder. 
El resultado de la cumbre rinde tributo a la habilidad negociadora del Sr. Fogh Rasmussen y de la persistencia de la que tanto él como su equipo han hecho gala. 
Su decisión de concentrarse con gran determinación en la ampliación ha dado excelentes resultados. Europa puede ahora reunificarse. 
Sin embargo, no debemos dormirnos sobre nuestros laureles. 
La plena aplicación de los criterios de Copenhague, tanto en los nuevos países como en los Estados miembros actuales, debe seguir siendo motivo de preocupación. 
Además, hay referendos que ganar en todos los países nuevos, referendos en los que todos y cada uno de nosotros podemos desempeñar un papel importante, si así lo decidimos. 
Copenhague ofrece a Bulgaria y Rumania la perspectiva de una mayor ayuda de preadhesión y el objetivo de entrar a formar parte de la Unión en 2007. 
Aunque resulta claro que estos dos países estarán en la próxima ola de ampliación, deberíamos seguir guiándonos por el principio de que cada candidato debe ser juzgado según sus propios méritos. 
Los Liberales Demócratas habríamos preferido una revisión más temprana de la situación de Turquía de cara a la adhesión. 
Sin embargo, Turquía ya está en la senda de la adhesión y, si se cumplen los criterios de Copenhague a finales de 2004, mi grupo exigirá que los Gobiernos respeten su compromiso de abrir las negociaciones de adhesión. 
Un acuerdo sobre el plan de las Naciones Unidas para reunificar Chipre habría sido la guinda sobre el pastel del Consejo de Copenhague. 
Sin embargo, seguimos siendo optimistas y creemos que se podrá alcanzar dicho acuerdo, de modo que un Chipre reunificado pueda firmar el Tratado de Adhesión en abril de 2004. 
Esperamos que Turquía aproveche la oportunidad para confirmar su vocación europea presionando al Sr. Denktash para alcanzar un acuerdo. 
Sin embargo, las celebraciones respecto a la decisión histórica de reunificar Europa- y celebro el papel preeminente de los liberales en el Consejo, la Comisión y el Parlamento, tanto si los de los bancos de enfrente se aplican a sí mismos esa etiqueta o no- no deberían eclipsar otro gran avance conseguido en Copenhague. 
Se trata del acuerdo con Turquía para que la Fuerza de Reacción Rápida tenga acceso a los recursos de la OTAN. 
Las ambiciones europeas en materia de seguridad y defensa pueden ponerse a prueba ahora que la UE se hace cargo de la operación Zorro Rojo en Macedonia. 
Esto puede allanar el camino a misiones más ambiciosas en el futuro, incluidas las operaciones de imposición de la paz contempladas en la Carta de las Naciones Unidas. 
Una Europa más amplia debe estar dispuesta a asumir sus responsabilidades en el mundo, ya sea en Oriente Próximo- felicito al Consejo por su firme declaración respecto a este conflicto- o en otros lugares. 
Debemos ser un baluarte de la libertad, la democracia y la justicia. 
Debemos mucho a Dinamarca en la construcción de esta fuerza. 
Señor Presidente, Señorías, la autocomplacencia y el fariseísmo me dan ganas de ponerme un poco sarcástico. 
«Chicos, lo habéis hecho de maravilla». 
También les diría a las señoras que les ayudaron y que desafortunadamente no veremos en estos bancos: «Señoras, han estado ustedes magníficas. 
Lo han hecho muy bien». 
La ampliación ya se nos echa encima, y sin duda es un gran logro de la Comisión, del Consejo, de la Presidencia danesa y de las presidencias que la precedieron. 
No cabe duda que la próxima Presidencia tendrá que ocuparse de la carga adicional de hacer de la ampliación una realidad y eso resultará difícil. No sólo por todas las votaciones que mencionó el Sr. Wurtz, que deberán celebrarse en varios países, sino porque nos reuniremos de nuevo y sólo podemos esperar que la ampliación no nos produzca la misma resaca que la reunificación que llevó a cabo la República Federal de Alemania, porque las finanzas no funcionen muy bien y porque la gente se dé cuenta de golpe que lo que habían soñado no es lo que se ha hecho realidad. 
Entonces volveremos a hablar del marco financiero. 
Déjeme decirle, señor Wurtz, que el problema no es nuestra promesa de que no habrá pagos directos antes de 2013, sino nuestra incapacidad para cuestionar por qué tenemos pagos directos, el no haber llevado a cabo la reforma necesaria de nuestra agricultura aquí y ahora con objeto de hacer justicia y hacer de la ampliación el medio de desarrollar una nueva política. 
No tiene sentido ampliar algo que está mal hecho. 
Lo único que tiene sentido es aprovechar la ampliación para cambiar lo que está mal y, juntos, hacer lo que hay que hacer. 
Muy a menudo no lo hemos conseguido. 
Por esta razón, lo que tengo que decir a Turquía es muy sencillo: «por supuesto que prestaremos atención a los criterios». 
Pero debemos decir cuáles son. 
Lo que pedimos a la Comisión es que, en los próximos meses, nos digan cuáles serán los criterios. 
¿Qué es lo que tendremos que debatir con Turquía en los próximos dos años? 
¿Tendremos que discutir la cuestión de que las mujeres lleven el pañuelo? 
¿Es ése uno de los criterios de Copenhague? 
Por supuesto que no; por el contrario, discutiremos cuestiones fundamentales de la democracia y cómo hacerla de nuevo una realidad. 
En este punto necesitamos un itinerario. 
Por último, me gustaría decir algo sobre Iraq. 
Apruebo lo que ha manifestado el Consejo. 
La Resolución de las Naciones Unidas puede interpretarse de esta o aquella manera. 
Desgraciadamente, el Gobierno federal alemán, por ejemplo, hacia el que tengo una gran simpatía, la interpreta de tal modo que entiende lo mismo que los norteamericanos, esto es, que no tiene que haber más debates en el Consejo de Seguridad. 
Creo que este enfoque es equivocado y espero que los europeos, en tanto que europeos, insistan en que continúe el debate y en que haya una votación en el Consejo si se considera que no se ha respetado la resolución. 
No es aceptable que los norteamericanos decidan por sí mismos en cuanto al cumplimiento o el incumplimiento de la Resolución. 
En última instancia- como señaló acertadamente el Sr. Poettering -, si tenemos que enfrentarnos a los norteamericanos, tenemos que probar con los rusos. 
Debemos decir a los rusos que, a pesar de la amistad que nos une- y estamos bastante próximos -, ciertas cosas no pueden permitirse. 
Estoy agradecido a los daneses por no deportar al Sr. Zakayev; era lo correcto y espero que los ingleses no puedan deportarlo tampoco. 
Si, no obstante, se puede conceder asilo político al Sr. Zakayev en Europa, debe haber algo que va mal en Chechenia. 
No creo que debiera haber ninguna reunión con Rusia sin que les digamos que lo que sucede en Chechenia no sólo está mal, sino que es una guerra colonial. 
Eso es algo que no queremos volver a ver en Europa. 
El Primer Ministro danés y el embajador danés ante la UE merecen nuestro reconocimiento por concluir las negociaciones a tiempo, pero el resultado augura un desastre. 
Nunca antes habían sido tantos países ricos tan miserables con respecto a tan pocos. 
La mayoría de los agricultores polacos serán contribuyentes netos de la UE. 
Pagarán más en contribuciones a la UE de lo que recibirán. 
Por otra parte, los agricultores más acomodados experimentarán un considerable aumento de su capital, por el que los futuros agricultores tendrán que pagar un interés. 
Una hectárea de suelo agrícola cuesta treinta veces más en los Países Bajos que en Polonia. 
Si los agricultores polacos y holandeses tienen el mismo derecho a comprar tierra unos de otros, difícilmente se puede llamar a esto igualdad. 
Debería realizarse ahora una revisión radical de los sistemas agrícolas, de modo que evitemos una situación en la que la ganancia financiera se obtenga subiendo los precios agrícolas, originando una nueva necesidad de subvenciones y condenando a un millón de agricultores polacos a una vida de desempleo en la ciudad. 
Los fondos presupuestarios y los Fondos Estructurales también deben revisarse. 
Las subvenciones a los países ricos deben eliminarse. 
Demos a los nuevos países una adhesión gratuita en lugar de teóricas subvenciones procedentes de los Fondos Estructurales, que no pueden recibir debido a nuestros procedimientos burocráticos y al requisito de cofinanciación. 
Reduzcamos drásticamente las 85 000 páginas de la legislación de la UE. 
Exijamos el cumplimiento de nuestras normas en los países candidatos únicamente cuando exportan para nosotros. 
Démosles mayores períodos de transición, más margen de maniobra, una mayor libertad. 
Permitamos una flexibilidad mucho mayor que la que establecen las negociaciones que hemos concluido. 
No estoy criticando al Sr. Fogh Rasmussen por el resultado. 
No podría haber hecho nada mucho mejor considerando el mandato que se le dio, pero ahora debería decir, en calidad de Primer Ministro danés, que la ampliación no terminará a menos que haya reformas radicales. 
En una UE con 25 miembros y más en camino, no es posible legislar como si se tratase de un Estado. 
La UE debería centrarse ahora en los aspectos transfronterizos y dejar que los parlamentos de los Estados miembros adopten el grueso de la legislación. 
Una UE ampliada sólo puede funcionar como una Europa de democracias y diversidades. 
Tuvimos esto en mente cuando pusimos nombre a nuestro grupo. 
Señora Presidenta, Señor presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, estoy plenamente de acuerdo con las felicitaciones que la Presidencia danesa ha recibido de todos los sectores. 
Son bien merecidas. 
Yo mismo apenas podía creer que sería posible culminar la ampliación en el brevísimo plazo disponible, a la vista de todos los problemas colosales asociados con ella. 
Es una muestra impresionante de labor administrativa y técnica, que merece el mayor reconocimiento. 
Sé que el personal de la Comisión, bajo el liderazgo del Sr. Verheugen, el Ministerio danés de Asuntos Exteriores, la oficina del Primer Ministro danés, el Parlamento Europeo: todo el mundo se ha agrupado y gracias a la dirección de la Presidencia danesa el proyecto debe tener éxito ahora, ha tenido éxito. 
Ha sido un logro impresionante que también se debe al hecho de que los objetivos y las prioridades se explicaron claramente. Se nos dijo: «ayúdennos, les escuchamos, trabajamos juntos» , y la cooperación ha sido un éxito. 
Ha sido un logro excepcional. 
Una de las grandes experiencias, personalmente, fue la reunión aquí en el Parlamento con los representantes de todos los nuevos países. 
Fue conmovedor escucharles estableciendo sus prioridades: libertad, justicia, el Estado de derecho, democracia parlamentaria. 
Por supuesto, son objetivos que todos deseamos y por eso llevamos a cabo la ampliación. 
Deseamos paz, libertad, estabilidad y respeto de los derechos humanos, entre otras cosas. 
Eso es lo que dijeron, alto y claro. 
Nos estábamos reuniendo con amigos, quizá con un mayor nivel de ambición en esas áreas del que normalmente manifestamos, pero tienen un historial que lo justifica. 
Hubo una cosa que el Presidente en ejercicio del Consejo no mencionó, pero que en cualquier caso me tomaré la libertad de señalar: por primera vez hubo retransmisiones televisivas del principio y el final de las reuniones del Consejo en Copenhague. 
Éste es un paso de gigante en lo que se refiere a la apertura, y debería señalarse, porque si hay algo que hemos deseado en el Parlamento Europeo es este aumento de la apertura. 
También me gustaría decir que fue impresionante que el problema de Kaliningrado se resolviera en las difíciles circunstancias que prevalecían en el momento en que se debatían las soluciones. Ésta, no obstante, es otra demostración de nuestra voluntad, ejerciendo la unidad y la cooperación el papel necesario para resolver también esta cuestión. 
Felicidades. 
Nos complacerá dar la bienvenida a los nuevos miembros al Parlamento Europeo. 
Gracias a la Presidencia del Consejo y a la Comisión por hacer esto posible. 
Señora Presidenta, Winston Churchill habló una vez de un telón de acero que se cerraba en Europa. 
Hoy puede decirse con toda seguridad que el telón de acero no sólo se ha levantado, sino que se ha desmantelado, guardado en su caja y subido al desván de la historia, donde servirá para recordarnos los horrores del pasado. 
Tenemos mucho que celebrar hoy. 
La cumbre de Copenhague ha reunificado Europa 13 años después de que cayera el muro de Berlín y 21 años después de que se impusiera la ley marcial en Polonia, y ya da la sensación de que estas cosas pertenecen a otra época. 
Felicito a la Presidencia danesa y a la Comisión por llevar a buen puerto diez grupos de negociaciones paralelas y muy diversas, considerando que hace tan sólo un par de semanas parecía que no seríamos capaces de hacerlo. 
Creo que resulta imposible infravalorar la importancia de lo que se ha logrado en Copenhague. 
Sin embargo, aún a riesgo de que se me acuse de aguafiestas, debo señalar que no todo está hecho. 
Queda mucho por hacer. 
Los países candidatos aún tienen que cumplir nuestros criterios y no se les debe permitir que cejen en sus esfuerzos. 
La Comisión aún debe elaborar su informe final sobre los países candidatos y debemos asegurar que el proceso no degenere hasta convertirse en una discusión caótica sobre la imposición de salvaguardas. 
Aún tenemos que hacer que este proceso sea ratificado por los parlamentos, incluido, particularmente, el Parlamento Europeo. 
Examinaremos los tratados de forma meticulosa y prestando atención al detalle y nadie debería dar por hecho el voto del Parlamento. 
Aún tenemos que vender la ampliación a la gente, tanto en la UE como en los países candidatos. 
No podemos dar por hecha la aprobación de la población. 
A pesar de los comentarios que el Sr. Rovsing acaba de hacer, debemos hacer que funcione la solución de Kaliningrado y que funcione de forma que no mine la soberanía de Lituania. 
Aún debemos asegurar que los acuerdos financieros funcionen realmente y que el papel del Parlamento en esos acuerdos financieros se respete plenamente. 
Aún tenemos que reformar nuestra política agrícola común antes de que nos lleve a una bancarrota política y financiera. 
Aún tenemos que decidir cómo puede funcionar una UE de 25 o más miembros, porque si no reformamos el proceso de toma de decisiones, esta ampliación será la destrucción y no la construcción de la Unión Europea. 
Se ha hecho mucho, pero también queda mucho por hacer. 
No debemos cejar en nuestros esfuerzos con respecto a Bulgaria y Rumania y estos países no deben asumir que 2007 es una fecha de adhesión garantizada. 
Celebro la decisión tomada respecto a Turquía- aunque habría preferido la fecha del 1 de mayo de 2004 -, pero éste debe convertirse en un punto de inflexión en nuestras relaciones con Turquía. 
Garantizamos que se iniciarán las negociaciones si cumplen los criterios de Copenhague en diciembre de 2004, pero, del mismo modo, si no se cumplen los criterios, debemos tener claro que la adhesión de Turquía estará fuera de la agenda en un futuro previsible. 
Debemos dejarnos de juegos. 
Celebro la determinación de resolver la cuestión de Chipre y me gustaría señalar que, dado que siempre hemos dicho que no permitiríamos a terceras partes ejercer un veto sobre nuestro futuro, esto nos fuerza a alcanzar una solución en este prolongado debate. 
Señor Primer Ministro, he sabido por mi gobierno que en Copenhague estuvieron siempre bien informados, decididos y brillantes y que ejercieron un liderazgo real. 
Si queremos superar los obstáculos que se nos presentan- el cambio institucional y la necesidad de una reforma política y económica- necesitamos un liderazgo así más a menudo y entonces tendremos realmente algo que celebrar. 
Señora Presidenta, la palabra «histórico» se ha utilizado abundantemente en las reseñas de Copenhague. 
Empieza a resultar bastante trillada, pero no hay palabra mejor, por el hecho de que acoger a diez países que han sufrido dictaduras comunistas en el seno de la Comunidad es verdaderamente una decisión histórica. 
Finalmente, el continente y sus ciudadanos se unen. 
El hecho de que se abriera la puerta de una forma tan clara para Bulgaria y Rumania también fue histórico, así como la señal dada a Turquía. 
La UE no es un club cristiano. 
Es una unión de valores que defiende la democracia y los derechos humanos. 
Sin duda, todas los cumbres son una labor de equipo, pero hay ejemplos terribles de labores en equipo que terminan patas arriba y de gente que casi llega a las manos. 
Cuando esto ha sucedido, se ha hecho notar mucho más allá de las salas de negociación. 
Indudablemente, hubo una cierta dosis de dramatismo en Copenhague, pero las cuestiones nunca deberían estar demasiado programadas de antemano. 
A pesar de ello, y sobre todo a pesar de las concesiones en materia de política agrícola, los liberales esperan que las reformas sean permanentes. 
Había la voluntad necesaria. 
Todo el mundo estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, pero son los daneses quienes deben llevarse el reconocimiento por el resultado. 
Su objetivo, de Copenhague a Copenhague, ha estado meridianamente claro durante todo el proceso. 
A pesar de las dudas de algunos, ustedes no dudaron, señor Rasmussen y señor Haarder, sino que siempre hablaron claro. 
Mientras que otros divagaban, como Hamlet monologando lastimosamente sobre si «ser o no ser» en Elsinor, ustedes tenían el camino claramente señalizado. 
Sus esfuerzos pasarán a la historia. 
Como liberal, estoy orgullosa de que haya sido un gobierno liberal el responsable de estos acontecimientos. 
Las victorias políticas, no obstante, sólo se pueden disfrutar durante períodos breves. 
Después de Navidad, empieza de nuevo el trabajo. 
La UE debe reformarse. 
Se necesita un liderazgo fuerte, así como el coraje político para atreverse a ejecutar una serie de reformas institucionales necesarias. 
La UE debe hacerse más efectiva y necesita más decisiones por mayoría, especialmente en el campo de la política agrícola. 
La UE debe ser más democrática. 
Precisa una constitución común, visiones comunes y un liderazgo común. 
Hay que celebrar referendos. 
Todos debemos mostrar que los nuevos países son bienvenidos. 
No habrá un equipo de segunda, sino que todos deben ser tan bienvenidos como nosotros mismos. 
Todos tenemos por tanto una pesada responsabilidad, incluida la Presidencia griega. 
Por último debemos acometer también la cuestión de qué tamaño puede llegar a tener realmente la UE. 
Esperamos con ansia el informe de la Comisión sobre la estrategia en relación a los países que en el futuro lindarán con la UE. 
Señora Presidenta, la gran labor realizada se merece sobradamente un agradecimiento. 
Me parece que hay una buena razón para estar exultantes hoy y puedo ver rostros muy felices en torno a mí. 
El Sr. Fogh Rasmussen está feliz, el Sr. Haarder está feliz y el Sr. Prodi, esperamos, también está feliz. 
El Sr. Verheugen tiene razones de sobra para estar satisfecho del gran trabajo que ha realizado. 
Los países candidatos también deberían estar complacidos con la tremenda labor que han realizado. 
Creo que esto quizá pueda olvidarse. 
Mientras que estamos aquí celebrando el hecho de que un país pequeño pueda conseguir tanto, es posible que se nos ocurra la idea de que esto podría ser una indicación de cómo estructurar el liderazgo en la UE. 
Quizá sería mejor confiar la Presidencia a los países pequeños y dejar a los grandes que se ocupen de las batallas que libran en otros lugares. Éste es, no obstante, un pequeño y humilde deseo de cara al futuro por parte de mi país. 
En cuanto a todas las buenas ideas sobre lo que mi país debería hacer respecto al euro, por ejemplo, diría que, si consiguen que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento funcione, Dinamarca las sopesará. Por el momento, no creo que haya razón para hacerlo. 
En mi opinión no está funcionando y creo que es cierto que el Sr. Fogh Rasmussen ha funcionado mejor que el euro. 
Por supuesto, es mortificante para mí que sea un gobierno liberal el que reciba el reconocimiento, pero hay que admitir la verdad: ha funcionado usted bien, señor Fogh Rasmussen. 
Ya hemos oído bastantes discursos históricos y quizá sea hora de seguir adelante: no con la historia, sino con el futuro. 
La ampliación ha sido un éxito, pero todos sabemos, por supuesto, que las cosas no se pondrán más fáciles. 
La ampliación no facilitará en absoluto el funcionamiento de la Unión Europea. 
Hay muchas cosas que serán considerablemente más difíciles, pero habría sido peor no preparar la ampliación. 
Ésta es la otra cara de la moneda. 
Por ejemplo, no será más fácil llevar a cabo la reforma agrícola, aunque sea incluso más necesaria que antes. 
Instaría a Dinamarca y a la próxima Presidencia a tomar nota de este punto. 
Hay algo tremendamente reprobable en el hecho de que la vida sea mejor para una vaca en la UE que para un agricultor en un país del mundo en vías de desarrollo. 
Eso no puede ser justo. 
Por tanto, debemos ponernos manos a la obra en este campo. 
Asimismo, debemos ponernos manos a la obra y examinar el papel mundial de la UE. 
¿Con qué propósitos queremos utilizar nuestra cooperación? 
¿Vamos a dejar que los Estados Unidos lo determinen todo en este mundo? 
¿Han de ser los Estados Unidos quienes dicten la lista de organizaciones terroristas, la política en materia de terrorismo, la estrategia del escudo antimisiles, Iraq, etc.? 
¿O encontrará la UE un contrapeso al dominio de los Estados Unidos? 
¿Qué quiere la UE en lo que se refiere a derechos humanos? 
Hemos sido conscientes de esto en relación con la ampliación: hemos observado a los países candidatos, les hemos dado consejo y orientación, les hemos exigido cosas; pero, ¿qué pasa después, qué hay de nosotros? 
¿Qué pasará con los derechos de los romaníes cuando la ampliación sea una realidad? 
Las cosas no serán más fáciles, pero es algo que debemos proseguir. 
Es cuestión de seguir con atención nuestra propia situación. 
¿Que hará la UE en el ámbito mundial en lo que respecta a los pueblos oprimidos? 
¿Qué haremos respecto a Chechenia? 
¿Dejaremos que Rusia lleve la voz cantante allí? 
¿Qué haremos en cuanto a los iraníes y su lucha contra el régimen de los mulás? 
¿Dejaremos que nuestra política venga determinada por el queso feta y el aceite, o queremos realmente respaldar nuestras grandiosas palabras con acciones? 
¿Hay mucho que acometer en el futuro; no será más fácil, pero lo conseguiremos. 
(Aplausos) 
Tras el turno de los hombres, ahora está visto que les toca a las mujeres. 
Señorías, permítanme felicitarles por el resultado, aunque no tengo tanto tiempo para explayarme en elogios. 
La ampliación a diez nuevos países puede hacerse realidad, como ha dicho el Sr. Rasmussen, tras cincuenta años de crecimiento, prosperidad y, en particular, de paz. 
Un excelente resultado, pero ¿seremos capaces de satisfacer las esperanzas de unos 500 millones de personas? 
¿Es esto factible, de hecho? 
¿Podremos desarrollar instituciones que sean democráticas, transparentes y eficientes? 
No hemos tenido mucho éxito al respecto hasta ahora y no tenemos mucho tiempo para conseguirlo. 
El Sr. Prodi dijo que la integración debe convertirse en una realidad y creo que ésa es una afirmación particularmente relevante. 
Sin embargo, ¿no han infravalorado realmente los costes que implica? 
¿Son las instituciones europeas suficientemente creíbles? 
No a los ojos de nuestros ciudadanos, según las encuestas de opinión. 
¿No deberíamos realizar mayores esfuerzos a este respecto? 
¿O vamos a dejar que se ocupe de todo la Convención? 
La ampliación aumentará su credibilidad, pero al mismo tiempo habrá mayores expectativas de que las cosas sigan yendo igual de bien que siempre para todos los ciudadanos, incluidos los de la actual Unión Europea, en lo tocante a paz, prosperidad y, en particular, solidaridad. 
La cuestión de la adhesión de Turquía es una cuestión que incumbe principalmente a la propia Turquía. 
Turquía debe desarrollar su democracia de modo que los distintos pueblos, incluidos los kurdos, puedan sentirse en casa allí. 
Por último, no podemos contemplar esta cuestión separadamente de la de nuestras fronteras. 
¿Realmente queremos que la Unión Europea- y me refiero a la propia Unión Europea- comparta fronteras con Irán, Iraq y Siria? 
¿A esto estamos llamados? 
Tendrán que convencer a la opinión pública. También tendrán que convencerme a mí, porque no creo que estemos en condiciones de desarrollar las instituciones necesarias para esto... 
(La Presidenta interrumpe a la oradora) 
Señora Presidenta, desde 1996 no sólo hemos estado desplazándonos entre Bruselas, Viena y Estrasburgo, sino que también, en compañía de esta Unión nuestra, hemos estado escalando, con mayor o menor éxito, varias cumbres cada seis meses. 
Estos asaltos a las cumbres pueden resultar atractivos para intrépidos montañistas como el Sr. Messner, pero creo que el ciudadano medio aún cree que las sesiones son laboriosas y difíciles de entender. 
En cuanto a Copenhague, hay que reconocer que la organización fue buena, que se hizo un trabajo excelente y que hubo una marcada mejora en cuanto a la transparencia. 
No se resolvieron todos los problemas, sin embargo, aunque se trataron de forma apropiada. 
Uno puede alegrarse de que la ampliación sea un suceso histórico, pero uno también puede sorprenderse de la forma en que se trató a Austria, como si fuera un candidato a la adhesión, y de la irrisoria consideración que se prestó a sus intereses vitales. 
Se ha demostrado que la Unión Europea no puede continuar funcionando del mismo modo que lo ha hecho hasta ahora, sobre todo cuando hay 25 países o más sentados a la mesa de negociaciones, especialmente considerando que la principal preocupación de cada Presidencia del Consejo es escaparse de todo el asunto sufriendo los menores contratiempos posibles. 
Es por esta única razón por lo que creo que se necesita urgentemente un debate sobre una mayor continuidad. 
Lo que quedará tras el éxito de Copenhague será, a pesar de todos esfuerzos de la Presidencia, una inseguridad residual y, en última instancia, la esperanza de que la Convención, en avanzado estado de gestación, dé a luz en un futuro cercano algo que pueda servir de base para mejoras adicionales. 
Señora Presidenta, una de las grandes desventajas de este Parlamento es que nunca escatima los superlativos cuando toca amontonar alabanzas a las Presidencias en este ciclo regular de seis meses. 
La desventaja es que cuando debemos hacer una alabanza genuina, no se puede hacer con la fuerza que merece. 
En mi opinión, el Sr. Rasmussen ha sido un excelente Presidente del Consejo. 
Me gustaría, en nombre de mi partido, felicitarle, considerando que viene- y en este punto hago mío lo que ha dicho nuestro Presidente- de un país que no está entre los más grandes de Europa. 
Habría dicho uno los más pequeños, pero acato la orden del Presidente al respecto. 
Asimismo, debo señalar que el propio Primer Ministro de mi país puede tener ciertas aspiraciones personales respecto a la presidencia del Consejo si funciona en un ciclo de cinco años, pero espero que el Sr. Rasmussen ya se haya puesto manos a la obra en este sentido. 
Resultó muy acertada la referencia a las palabras visionarias del Papa Juan Pablo de hace muchos años. 
Quiero hacer referencia a las palabras de la propia Margaret Thatcher en Brujas. 
Estas palabras se han convertido tristemente en sinónimos de euroescepticismo, pero el mensaje que Margaret Thatcher dio en Brujas se refería a una Europa más amplia. 
Su mensaje en aquellas circunstancias de que Europa no se encerrara tanto en sí misma ha sido retomado por el Sr. Rasmussen y todos lo celebramos hoy en día. 
Asimismo, apoyo los comentarios del Sr. Verheugen. 
Me distancio de lo que el Sr. Abitbol dijo sobre él porque tenía mucha razón al hablar de la obligación moral que tenemos respecto a los países candidatos, sobre el hecho de que la democracia y los derechos humanos son la batalla que estos países han emprendido. 
En ocasiones adoptamos una actitud muy condescendiente hacia los países candidatos. 
Debemos reconocer que tanto el Parlamento como los pueblos deben ratificar la entrada. 
Espero que aprendamos la lección de Niza. 
Es un mensaje para todos nosotros. 
Las elites de Europa no reconocen que tenemos que tratar a estos países con el respecto que merecen, no sólo porque queremos que voten sí a la entrada, sino también porque las instituciones que tenemos deben hacerse más responsables y más receptivas. 
Ésa se supone que es la razón de ser de la Convención. 
Tenemos un diseño estructurado para seis países que resulta difícil de manejar con 15 países y que pronto será un mecanismo que deberá servir los intereses de 25 países. 
La Convención no debería quedar atada en un debate que sólo cubra cuestiones institucionales, sino que debería dedicar su atención a mostrar cómo Europa puede convertirse en una institución más responsable y receptiva de cara al futuro. 
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría sumar mi voz a las calurosas felicitaciones a la Presidencia danesa. 
Creo que la Presidencia y la Comisión han llevado a cabo una labor excepcional respecto a la ampliación. 
El resultado ha granjeado muchos adjetivos positivos a lo largo del camino y me gustaría unirme a los que dicen que casi todas las palabras se han agotado; no obstante, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y diría que, en mi opinión, Dinamarca quizá pueda complacerse de dos cuestiones en particular. 
Fue en 1993, durante la Presidencia danesa, cuando se establecieron las condiciones para la ampliación y ahora, diez años después, tenemos la oportunidad de cerrar el ciclo también durante una Presidencia danesa. 
Creo que esto es algo muy positivo. 
El segundo punto que me gustaría recalcar es la oportunidad adicional que particularmente tiene nuestra región de Europa. 
Ahora tenemos una región en torno al mar Báltico formada casi exclusivamente por Estados miembros de la Unión Europea. 
Creo que esto presenta buenas oportunidades y podemos albergar muchas esperanzas con respecto a la situación. 
Incluso si finalmente la cumbre fue quizá algo materialista- a menudo lo es- esto no puede eclipsar el panorama general. 
Sencillamente, no podemos legar a las generaciones futuras una base más segura y democrática que la sólida comunidad que se acaba de crear. 
Debemos darnos cuenta también de que, una vez que se acaben las celebraciones de Navidad, debemos volver a poner los pies en el suelo y, en cualquier caso, nos esperan muchas tareas importantes, al igual que a los nuevos países. 
Una de ellas es hacer aprobar efectivamente la legislación de la UE en los nuevos países: aplicarla en la práctica tanto en términos administrativos como jurídicos, de modo que se respeten las normas de la UE. 
La otra tiene que ver con la agricultura. 
La forma en que se alcanzó el acuerdo respecto al presupuesto quizá no haya facilitado en ningún sentido el afrontar la necesaria y conveniente reforma agrícola. 
Todos sabemos que la política agrícola común, en su estado actual, es grotesca y muy perjudicial para los países en vías de desarrollo. 
En mi opinión, éste es realmente un campo en el que también resultarán necesarios el coraje político y la responsabilidad en el futuro. 
Deseo concluir con unas pocas palabras sobre Turquía. Como saben, se dejaron dos puntos claros en lo que se refiere a Turquía, que en mi opinión son muy importantes. 
Uno de ellos es que se trata de un país candidato que se puede unir en las mismas condiciones que otros países candidatos. 
La otra es que si la Comisión, en diciembre de 2004, puede determinar que los criterios- políticos- se han cumplido, el Consejo tomará una decisión respecto a iniciar las negociaciones. 
Ésta es una gran oportunidad para Turquía. 
Corresponde a Turquía aprovechar esta oportunidad: la pelota está en el campo del Gobierno turco. 
Podemos decir que hoy en día, al menos, no se cumple en Turquía ninguno de los criterios políticos- democracia, Estado de derecho, respeto de los derechos humanos y protección de las minorías; así pues, sigue habiendo una necesidad real de mayores reformas y sobre todo hay una necesidad de aplicar las reformas. 
Fue, sin embargo, una decisión prudente la que se tomó con respecto a Turquía la semana pasada en el Consejo Europeo. 
Una vez más, gracias por una Presidencia extraordinaria y felicidades por el resultado. 
Me gustaría felicitar sinceramente a la Presidencia danesa por la culminación de una tarea difícil. 
Después de todo, la cumbre no sólo fue histórica, sino también principalmente de naturaleza financiera. 
Estas negociaciones son siempre las más difíciles y los países candidatos obviamente tienen un excelente entendimiento sobre la razón de ser de la Unión Europea. 
Me pregunto, no obstante, hasta qué punto los acuerdos financieros están echando por tierra el debate político, concretamente los acuerdos con Polonia, en particular los relacionados con las reformas agrícolas. 
Asimismo, observo que aunque no se ha fijado ninguna fecha para las negociaciones con Turquía, los criterios políticos se evaluarán en diciembre de 2004, de forma que es posible que las negociaciones se inicien sin que ningún parlamento nacional, por no hablar de los ciudadanos de un Estado miembro, participen en absoluto en la toma de tal decisión. 
Me opongo a esto. Me pregunto si no sería éste un momento apropiado para detenernos y considerar adónde vamos con Europa y adónde queremos llegar. 
Por último, me complace la promesa del Sr. Verheugen al presidente de mi partido, Gerrit Zalm, de que en el informe de control de noviembre de 2003 señalará que cláusulas de excepción se aplicarán en los países que no hayan resuelto sus problemas relevantes antes de mayo de 2004 y cuáles son estos países. 
Creo que éste resulta un compromiso positivo, que inspira confianza, al que, desgraciadamente, se ha prestado muy poca atención en el Consejo. 
Señora Presidenta, como socialista independiente era escéptico y en agosto no podía creer que la ampliación pudiera tener éxito, pero debo admitir que he perdido mi apuesta con el Presidente en ejercicio del Consejo, así que tendré que invitar al Sr. Fogh Rasmussen a una cerveza después de este debate. 
Tengo un gran respeto por el liderazgo del Primer Ministro danés. 
Él, el Gobierno danés y particularmente los funcionarios han perseguido el objetivo y lo han alcanzado. 
Todo el mundo implicado merece un gran reconocimiento por esto. 
Se ha construido y decorado la fachada de la nueva casa de la UE; ahora es cuestión de colocar los muebles. 
La mayor tarea es, sin lugar a dudas, la reforma de la política agrícola común. 
Aún creo que la UE debería haber reformado el sistema de subvenciones a los agricultores europeos antes de que se tomara la decisión de ampliar la UE. 
La reforma ciertamente habría retrasado la ampliación, pero habría reducido el riesgo de tener una Europa de dos niveles y hasta que no se pongan en marcha amplias reformas no podremos volver a mirar a los países más pobres del mundo a los ojos, ya que están siendo muy perjudicados. 
También deseo decirle, Primer Ministro, que el hecho de que el Sr. Bonde se oponga es la mejor señal de que realmente es un buen resultado. 
Por tanto, una vez más, felicidades. 
Señora Presidenta, tengo sentimientos encontrados respecto a la Cumbre de Copenhague. 
Me complace que hayamos tomado una decisión a favor de la ampliación predominantemente hacia el este de la UE. 
Esta importante decisión subraya una vez más el hecho de que las divisiones de la Europa de posguerra son cosa del pasado. 
Ahora corresponde a los Estados miembros y a los países candidatos colaborar para crear una Europa realista. 
Por otra parte, lamento el irresponsable paso del Consejo Europeo con respecto a Turquía. 
A finales de 2004, la Unión Europea se verá sometida a una gran presión para declarar que Ankara ha cumplido los requisitos democráticos y constitucionales de la adhesión. 
Sin embargo, ¿cómo planea el Consejo encajar el influyente aparato militar turco en su nuevo marco democrático en tan corto espacio de tiempo? 
Requerirá un verdadero cambio político y público radical en Turquía, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el institucional, y esto es algo que podría llevar generaciones. 
¿O será el requisito de «estabilidad institucional» el factor determinante en 2004? 
Si es así, temo que resulte imposible hacer cumplir los requisitos constitucionales europeos. Asimismo, estaré muy preocupado por el futuro de la minoría cristiana en la antigua Asia Menor. 
Ahora resulta claro que los países europeos han estado comportándose- y cito las palabras del ex Comisario europeo Karel Van Miert, publicadas en un periódico flamenco hace unos días- «como marionetas de los Estados Unidos» al dar efectivamente luz verde a la futura adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
En contra de lo que sostienen algunos, es un hecho que se ha dado a los turcos una fecha para las negociaciones finales y para la adhesión en torno a 2007. 
Los criterios de Copenhague no son prohibitivos y no son mucho más difíciles de cumplir para Turquía que, por ejemplo, para Rumania o Bulgaria. 
Sin embargo, Turquía no puede calificarse de país europeo, ni por criterios culturales, ni geográficos, ni históricos, ni religiosos ni políticos. 
Por lo tanto, creo que huelga decir que una Unión Europea que se precie de democrática debería organizar referendos vinculantes respecto a un paso de tan grandes consecuencias en todos los países europeos, un paso con consecuencias que apenas resultan calculables, un paso que provocaría un flujo migratorio masivo de gente hacia el oeste, un paso que podría provocar una implosión completa de la Unión Europea. 
Si se niega a los ciudadanos de Europa esta oportunidad de consulta democrática, creo que de tener lugar una ampliación que incluya a Turquía, la Unión Europea perdería toda legitimidad democrática. 
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Comisario, varios aspectos de la ampliación que tenemos ante nosotros son objeto de debate público y uno de ellos tiene que ver con cuánto va a costar todo. 
¿Pueden expresarse las ventajas de la ampliación realmente en euros y céntimos? 
Desde luego que no. 
Esta ampliación proporcionará muchas más ventajas de lo que se puede expresar o describir en cantidades de dinero. 
En cualquier caso, todo el proceso de unificación y cooperación europeas entre los pueblos de Europa es algo mucho más grande que eso y no guarda relación con la concepción pública de cuánto cuesta. 
Lo que gastamos en la Unión Europea en conjunto, en nuestra labor para promover la investigación, la prosperidad económica, la solidaridad con otros, iniciativas respecto a la juventud, la protección del entorno, el transporte, la política exterior y de seguridad común y la política de justicia e interior asciende a 100 000 millones de euros por año. 
En 2001 se gastaron 125 000 millones de euros en defensa en la Unión Europea y 133 000 millones este año. 
Así pues, ¿qué es mejor: asignar dinero a defensa o seguir adelante con el desarrollo pacífico como el que se ofrece como una oportunidad para el continente de Europa? 
No hay nada romántico en las cuestiones financieras. 
No podemos afrontarlas únicamente con una buena imagen de un bonito futuro en nuestras mentes; por el contrario, tenemos que examinar la realidad de la situación y tener discusiones sinceras con la opinión pública, que sabe que éste es un desafío que requerirá que todos aporten su grano de arena. 
Fue, sin embargo, una buena señal que quedara claro en Copenhague, donde las negociaciones sobre dinero tenían que llevarse a cabo en estas difíciles condiciones, que ustedes, los miembros del Consejo, fueran al menos capaces de llegar a un acuerdo sobre un cierto esquema. 
Son por supuesto conscientes de que nosotros, siendo el segundo brazo de la autoridad presupuestaria, también tenemos un papel en todo esto. 
Iniciaremos un diálogo positivo y constructivo para tratar las cuestiones relevantes. 
Podemos adoptar un enfoque positivo respecto a la evaluación inicial de las resoluciones financieras de Copenhague. 
Han incorporado gran parte de lo que habíamos sugerido en esta Cámara. 
El paquete financiero permanece en un marco fijo, que puede defenderse frente al mundo exterior sin recurrir a lisonjas elocuentes, pero, por supuesto, aún contiene unos pocos elementos que debemos discutir. 
Está la misteriosa categoría X, que suena a algún horror salido de Expediente X o alguna serie de ciencia-ficción por el estilo. 
Tenemos que debatir qué se pretende hacer con esto. 
También tenemos que hablar de cómo funcionarán las cosas después de 2007, porque han aprobado resoluciones que sobrepasan holgadamente las perspectivas financieras para los dos próximos años. 
Este Parlamento forma parte de la autoridad presupuestaria. 
Llevaremos a cabo un debate con ustedes sobre estas cuestiones. 
Permítanme resumir, sin embargo, hablando también como experto en materia presupuestaria acostumbrado a vigilar de cerca qué dinero se gasta, en qué y cómo, señalando que seguiremos una línea muy positiva en cuanto a esta ampliación en su conjunto. 
También pondremos el Presupuesto bajo un microscopio y lo examinaremos cuidadosamente. 
Controlaremos lo que cabe esperar de nuestros Estados miembros actuales y de los países candidatos. 
Lo importante es que este continente europeo tenga unos cimientos sólidos sobre los que crecer unido y unos cimientos sólidos también están formados por una dotación financiera sólida, respecto a la cual llegaremos a un entendimiento juntos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Primer Ministro, felicidades por el gran resultado que usted, el Gobierno danés y los funcionarios daneses han conseguido. 
El resultado, una Europa unificada, nos pertenece a todos, pero su buena planificación y voluntad política fueron los factores decisivos. 
La ampliación por fin ha hecho que se entierre la Segunda Guerra Mundial. 
El pasado viernes, en la sala de prensa polaca, esto era muy visible. 
En el pasado siglo, Polonia fue uno de los territorios de Europa más damnificados, maltratado tanto por los regímenes del este como por los del oeste, cuyas ideas totalitarias no dejaron tras de sí más que destrucción y terribles recuerdos. 
Las desigualdades del pasado se han eliminado. Europa está reunificada, la palabra «solidaridad» ha cobrado un significado completamente nuevo, Europa ha sido curada. 
Ahora es la justicia la que impera, y no la fuerza bruta, entre los 25 países y con relación a los países que nos rodean. 
La UE representa así la única y más vinculante cooperación democrática entre países independientes del mundo. 
Deberíamos estar orgullosos de esto, y lo estamos. 
Esta cooperación única resulta muy exigente, no obstante. 
Nuestros ciudadanos esperan resultados y soluciones apropiados; tenemos que tomar decisiones y ser efectivos. 
Debemos centrarnos por tanto en los puntos esenciales, al tiempo que conservamos nuestra diversidad. 
Las decisiones del Consejo deben tomarse por mayoría cualificada: esta medida produce una voluntad de llegar a un acuerdo. 
El Parlamento Europeo debe ser un colegislador en igualdad de condiciones y, cuando el Consejo legisla, debemos ser capaces de seguir el proceso. 
La justicia, y no la fuerza bruta, impera en la UE. 
Por tanto, es fundamental que nuestras normas comunes sean respetadas por todos, grandes y pequeños, en el norte y en el sur, en el este y el oeste. 
Esto sólo resultará posible si tenemos una Comisión fuerte. 
Una UE ampliada requiere que todos apoyemos los valores en los que se basa la Comunidad. 
Éste fue el mensaje enviado a Turquía. 
Turquía aún tiene mucho que hacer y tiene que volver a ponerse manos a la obra. 
En 2004, será evaluada en detalle y, posteriormente, si cumple los criterios de Copenhague, se le dará una fecha para el inicio de sus negociaciones de adhesión. 
Por tanto, se está tratando a Turquía exactamente de la misma forma que a los demás países candidatos, puesto que es la justicia, y no la fuerza, lo que impera en la UE. 
La Cumbre de Copenhague ha mostrado que la UE está construida sobre grandes visiones y decisiones históricas, pero, al mismo tiempo, también sobre dilatadas y en ocasiones incluso desagradables negociaciones sobre cuotas lácteas, vacas nodrizas y todo tipo de mecanismos de transición. 
Los políticos debemos ser capaces de explicar las dos caras de esta fantástica cooperación europea. 
Muchas gracias al Presidente y, una vez más, mi más sincera felicitación: merece celebrarlo y no sólo con una cerveza. 
A mí también me gustaría felicitar a la Presidencia danesa, particularmente en lo que se refiere a la decisión con respecto a Turquía. 
Creo que esta decisión ha logrado un equilibrio entre, por una parte, el reconocimiento de las reformas que ya se han adoptado y las que se han anunciado y la voluntad del nuevo gobierno de ir más allá si fuera necesario y, por otra, la necesidad de recalcar que la Unión Europea considera los cambios legislativos muy importantes, pero que es incluso más importante lo que suceda en la práctica con estos cambios legislativos. 
La consideración de estas cuestiones llevará tiempo y creo que es correcto que observemos lo que ha sucedido precisamente a finales de 2004. 
Que no haya malentendidos; ahora la pelota está en el tejado de Turquía. 
La UE, no obstante, no debe quedarse de brazos cruzados. 
En lo que se refiere a Turquía, ya no basta simplemente con referirse a los criterios políticos de Copenhague, que son algo abstractos. 
Por otra parte, no tiene sentido aportar una gran cantidad de detalles sin ninguna forma de priorización. 
Por tanto, me gustaría subrayar el llamamiento hecho por el presidente de mi Grupo, el Sr. Cohn-Bendit, a la Comisión Europa y al Sr. Verheugen para que se clarifique de una vez por todas qué cambios esperamos que lleve a cabo Turquía. 
Por citar un ejemplo: el papel del ejército. 
Sí, debe cambiar- muchas cosas deben cambiar -, pero, ¿qué quiere exactamente la Unión Europea que suceda antes de que empiecen las negociaciones? 
¿Qué debe suceder posteriormente, cuando las negociaciones ya estén en marcha? 
¿Habrá que cambiar la constitución, por ejemplo? 
¿Habrá que abolir el Consejo de Seguridad Nacional? 
Todos estos son ejemplos específicamente de áreas en las que la UE tendrá que ser mucho más específica. 
Si no lo somos, estoy convencido de que terminaremos por tener una discusión desastrosa sobre la interpretación de los criterios políticos, que estará dominada por los prejuicios y no por la evaluación objetiva. 
Si somos más específicos, no obstante, le daremos a Turquía una oportunidad, pero no ejerciendo presión, sino demostrando que los valores y normas europeos son normativos, tanto en Turquía como en cualquier otro lugar. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Comisario Verheugen, Señorías, creo que también debería aprovechar esta oportunidad para expresar mis sentimientos, puesto que en pocas ocasiones he podido ver una Presidencia del Consejo que se haya concentrado tan atentamente en las cuestiones esenciales y haya tenido tanto éxito en hacerlas realidad. 
Asimismo, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a la Comisión, y al Comisario Verheugen en particular, por su tremenda cooperación en los últimos años, que nos ha ayudado a contribuir a este éxito. 
Creemos, sin embargo, que deberíamos dar la bienvenida a nuestros nuevos socios en una forma particularmente espléndida y en mi opinión no hay mejor marco para ello que la Acrópolis, de modo que celebremos la unidad de Europa allí mismo, en la Acrópolis. 
En este momento, no obstante, deberíamos hacer también algunas observaciones críticas. 
Porque, si se debe capacitar a los nuevos países para absorber el cambio, deben aumentar los esfuerzos para desarrollar las capacidades administrativas necesarias en estos países. 
Creo que es igualmente importante que el proceso de seguimiento, sobre el que se ha llegado a un acuerdo, se lleve a cabo de forma claramente abierta y con el mayor rigor, de modo que no nos encontremos con problemas al final del todo. 
Esto es por el bien de la Unión Europea en su conjunto y de su capacidad para actuar incluso con 25 miembros. 
Es obvio que deberíamos hacer esfuerzos particulares por ejecutar el proceso institucional en el contexto del debate constitucional de la Convención y creo que los países candidatos deberían gozar de todas las oportunidades para tener un papel político activo tanto en este proceso dentro de la Convención como de la posterior Conferencia Intergubernamental, de acuerdo con la fórmula de Laeken. 
El debate que estamos sosteniendo, no obstante, ha pasado a incluir a Turquía y otros países. 
Presidente Prodi, le agradezco que haya afrontado la cuestión de una Europa más amplia, a la que debemos ofrecer nuevas opciones además de la participación plena, con algo como un «Espacio Económico Europeo 2». 
A este respecto, también debemos tener el derecho, como Unión Europea, de preservar nuestros intereses con relación a acuerdos financieros y el efecto cohesivo de la institución legal y estar capacitados de esta forma para discutir la futura entrada de nuevos miembros u otras formas de asociación. 
Estoy, no obstante, particularmente contento de que se haya decidido que se tratará la cuestión de Turquía empleando el método comunitario. 
En lugar de la discriminación, positiva o negativa, hay un informe de progreso elaborado por la Comisión y la consulta con el Parlamento y el Consejo en cuanto a si los resultados justifican la iniciación de las negociaciones. 
Creo realmente que es un paso esencial adelante que se haya dejado esto claro y que se hayan evitado así los malentendidos. 
Sin embargo, me gustaría señalar además que debemos tener una idea clara del poder cohesivo de la Unión Europea, de modo que la Unión pueda retener en el futuro su capacidad para un mayor desarrollo y, cuando Tony Blair manifiesta- según recogieron ayer los medios- que con Turquía entramos en la esfera islámica y que también deberíamos considerar la entrada de miembros norteafricanos en la Unión Europea, deberíamos decir alto y claro que lo que esto esconde es un plan para destruir la Unión Europea. 
Eso es algo en lo que no debemos participar; por el contrario, debemos permanecer dentro de nuestras fronteras. 
Señor Presidente, después de todas estas alabanzas, uno no se atreve a emitir una sola crítica a Dinamarca, especialmente siendo sueco, por miedo a que se sospeche que es la envidia la que habla. 
La Presidencia sueca terminó, por supuesto, como un sangriento fracaso policial, mientras que la pacífica reunión danesa puede terminar en los libros de historia. 
Sin embargo, hay algunas críticas justificadas. 
Dinamarca no ha logrado mostrar que la UE es un proyecto para el pueblo y no sólo para las élites. 
No se ha cambiado nada respecto a la desastrosa política agrícola de la UE, que aumenta las fortunas de condes y barones, pero lleva a los pequeños agricultores de la Europa oriental a la bancarrota. 
No se ha mitigado la ansiedad, sentida en Estonia, por ejemplo, respecto a que la burocracia de la UE acabará con el recién recuperado derecho a la autodeterminación. 
No se ha explicado por qué Polonia se ve obligada a construir un nuevo telón de acero hacia el este. 
Señor Titley, el telón de acero no está desapareciendo. 
Simplemente se está desplazando. 
No se ha dado una explicación comprensible de por qué la libertad de circulación debería aplicarse desde el primer día al capital, pero mucho más tarde a las personas. 
Así, el proceso de ampliación se ha convertido en una anexión unilateral en la que Bruselas ordena y los países candidatos se someten. 
Dinamarca, que tiene sus propias exenciones, debería entender que una UE ampliada no puede ser uniforme, porque entonces se hace totalitaria. 
Debe ser diversa si queremos que sea democrática. 
Ahora se trata de asegurar que los referendos en los países candidatos son democráticos. 
Sobre todo, se trata de asegurar que no decidimos sobre la constitución de la UE antes de la entrada de los nuevos países. 
Si la UE tomase una decisión sobre una constitución, justo delante de las narices de sus nuevos Estados miembros, sería un triunfo de la arrogancia del poder y la democracia saldría derrotada. 
El éxito de Dinamarca en la Cumbre de Copenhague no sería entonces más que la calma antes de la tormenta. 
Señor Presidente, la Presidencia danesa se ha hecho acreedora de admiración por la forma inteligente y fiel a los principios en que la cumbre se preparó y se convirtió en un éxito. 
Hemos tomado iniciativas sólidas respecto a los litigios en torno a los acuerdos financieros. 
En los debates sobre Turquía nos sorprendieron las formulaciones, muy originales y apropiadas, que asignaban la responsabilidad de la adhesión abiertamente a Turquía. 
Una formulación que fue incluso mejor que el resultado final. 
Mis felicitaciones al Sr. Rasmussen en particular. 
Debo decir que me llenó de orgullo el papel destacado desempeñado por Bertel Haarder, antiguo colega nuestro en esta Cámara. 
El Sr. Verheugen puede ahora volver la vista atrás respecto a la difícil tarea que ha llevado a cabo con una sensación de alivio. 
Bulgaria y Rumania aún tienen un trecho que recorrer y lo aceptan. 
Si no alcanzan el objetivo de 2004, creo que lo harán antes de las elecciones de 2009. 
La cuestión de Turquía es mucho más difícil. 
Hasta la cumbre, Turquía nos daba la impresión de que basaba su adhesión a la Unión Europea en la antigüedad de sus solicitudes de adhesión. Así, olvidaba que cuando solicitó su adhesión en 1963, la Unión Europea no era más que una comunidad económica sin el mercado interior que tenemos hoy en día, sin parlamento electo y sin aspectos o ambiciones políticos. 
Mientras que la Unión Europea se ha desarrollado a gran velocidad, Turquía se ha quedado atrapada en las desventajas de su sistema kemalista, un sistema con grandes tensiones internas y por tanto con una represión muy extendida. 
Cualquiera que no perteneciera a la población principal de turcoparlantes sunitas lo pasaba mal. 
Durante una reciente visita a Turquía me di cuenta de que como protestante no podría vivir en un lugar como Diyarbakir, por ejemplo, sin entrar en conflictos graves con las autoridades. 
Eso resulta ridículo para un ciudadano de la Unión Europea en un aspirante a Estado miembro. 
Las cosas sólo han cambiado realmente en los dos últimos años. 
Por tanto aún queda un largo camino por recorrer. 
Al igual que respecto a Bulgaria y Rumania, recomendaría que no fuéramos excesivamente optimistas en cuanto a la velocidad a la que Turquía puede cambiar. 
Sólo hay que pensar en el lugar especial que ocupa el ejército, por ejemplo, que el Sr. Lagendijk ya ha mencionado. 
Este lugar no se puede cambiar sencillamente mediante unas pocas formalidades. 
El sistema está demasiado arraigado para ello. 
Si se retira una piedra angular, pueden caer muchas más cosas. 
Puede ser importante elaborar una lista de cambios que queremos que se lleven a cabo, como por ejemplo en cuanto al orden público, al que se da tanta importancia que los derechos humanos también se resienten en muchas otras áreas en consecuencia. 
Estoy encantado de la postura tomada por el Sr. Verheugen, quien dijo que su investigación no se basará en absoluto en respuestas preconcebidas y que será una investigación honesta y exhaustiva. 
Creo que tenemos razones de sobra para creer que así será y también que debemos asegurarnos de que no somos demasiado superficiales en lo que hacemos, lo cual sucede a menudo. 
Tengo mucha fe en lo que el Sr. Verheugen ha dicho. 
Queremos un Estado miembro normal; no queremos, por ejemplo, un Estado miembro que haga demandas y vaya por la vida ejerciendo presión política pegando un puñetazo sobre la mesa, como vimos recientemente. 
Esto es inaceptable; en mi opinión Turquía tendrá que demostrar buena voluntad poniendo fin a la tortura, la provocación deliberada de las minorías y cosas similares. 
Entre tanto estamos deseando la participación de los observadores de los primeros diez países. 
Éste es un acontecimiento importante y es increíble pensar que desde 1989 a 2004 hemos formado parte de este Parlamento que ha introducido cambios históricos tan importantes. 
Señor Presidente, deseo, en nombre de mi Grupo, hacer una serie de breves observaciones respecto a cuestiones que han surgido en la histórica cumbre de Copenhague. 
En primer lugar, el acuerdo de que la nueva Comisión entre en funciones el 1 de noviembre. 
Celebro este acuerdo, pero debe quedar claro- y así es- que le corresponde al nuevo Parlamento aprobar al nuevo Presidente y a la Comisión. 
Hay que concretar los detalles de esta cuestión, como señaló el Sr. Barón Crespo anteriormente, en un acuerdo interinstitucional entre nuestras instituciones. 
Me gustaría que noviembre se convirtiera en la fecha de cambio permanente. 
¿Por qué deberíamos, cada cinco años, tener un período de medio año en el que la labor de la UE prácticamente se bloquea, si en primer lugar tenemos las elecciones europeas y posteriormente una Comisión saliente que debe ser reemplazada por una nueva que sólo podrá empezar a trabajar el año siguiente en enero? 
Sería positivo introducir esto de forma permanente y no sólo en esta ocasión puntual. 
En segundo lugar, la cuestión de la firma de un nuevo Tratado que surja de la Convención y que incluya una constitución. 
Resulta apropiado que se haya decidido hacerlo en mayo, cuando los nuevos Estados miembros lo sean legalmente y puedan firmar el nuevo Tratado. 
Sin embargo, no me gustaría que la nueva fecha sirviera de excusa para mantener una larga e interminable CIG desde el otoño de 2003 hasta mayo de 2004. 
Debemos ceñirnos a la idea de mantener una breve e intensa CIG en otoño de 2003, con la participación de los nuevos Estados miembros, para aprobar los resultados de la Convención, que esperamos no necesitarán ningún cambio. 
Mi tercera y última observación es la cuestión del número de escaños en este Parlamento para Hungría y la República Checa. 
Según los planes de Niza les corresponden dos escaños menos que a Bélgica, Portugal y Grecia- aunque estos países tienen una población equivalente a la de Hungría y la República Checa. 
La República Checa y Hungría tienen derecho a pedir igualdad. 
Tanto si la igualdad se consigue reduciendo el número de escaños de los tres Estados miembros actuales- lo cual puede resultar difícil- como si se consigue aumentando el de Hungría y la República Checa, la cuestión debe abordarse en el Tratado de Adhesión. 
Sería arrogante intentar resumir la Cumbre de Copenhague en dos minutos. 
Por tanto me limitaré a unos pocos puntos. 
Ante todo, me gustaría felicitar a la Presidencia danesa- y estas felicitaciones no son sólo formales, vienen del fondo de mi corazón- por la habilidad con la que culminó las dilatadas negociaciones. 
En segundo lugar, estamos asistiendo a un periodo histórico, cuyo significado pleno quizá no hayamos entendido aún: por primera vez en la historia de la humanidad, una unión de Estados se construye sobre la base de un proyecto de civilización y valores comunes, sin recurrir a la fuerza militar. 
Esto supone que nosotros, el Parlamento Europeo, y el Consejo y la Comisión, debemos evaluar cautelosamente algo que el Presidente Prodi mencionó, a saber, el hecho de que, en este punto, ahora que Europa se ha construido, necesitamos hacer las normas. 
Las normas de los padres fundadores, las normas que fueron la base para el desarrollo de la Comunidad Económica Europea, necesitan una revisión detallada, revisión que la Convención llevará a cabo, pero que necesita más contribuciones. 
Voy a citar a un estadista que vivió hace dos siglos en Italia- el Conde Camillo Benso di Cavour -, quien dijo: «Hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer italianos». 
Ciertamente hemos hecho Europa en Copenhague, ahora tenemos que hacer europeos. 
Y para hacer europeos necesitamos esta campaña de información a gran escala que promueva Europa- como la mencionada por nuestro Presidente esta mañana- que se ha anunciado muchas veces, pero tendrá que ser ejecutada en la práctica en los próximos meses, porque lo que está sucediendo ahora debe ser en virtud del acuerdo común entre todos nuestros conciudadanos europeos. 
Señor Presidente, aunque la decisión de Copenhague tiene una gran relevancia histórica, ésta es sólo una fase en el desarrollo de la Unión Europea. 
Se ha dicho acertadamente hoy que la ampliación de la Unión debe continuar. 
Por una parte, una serie de países- estoy pensando en los balcánicos- esperan su entrada en una fecha posterior y, por otra, hay países con aspiraciones bien fundadas a una asociación estrecha y a igualdad de estatuto; me refiero a Rusia y a los estados en torno al Mediterráneo. 
Una UE ampliada debe, sin embargo, hallar un equilibrio entre la toma de decisiones flexible y eficiente y los aspectos de las estructuras de toma de decisiones relacionados con una política democrática. 
Junto con los representantes de la Presidencia del Consejo- veo que el Sr. Haarder está presente- el Parlamento, el Consejo y la Comisión participan en la búsqueda de una base común para el diálogo sobre mejores formas de gobernanza. 
El Sr. Haarder se ha tomado muchas molestias para proporcionar una serie de contribuciones. 
Aunque ahora sea un representante de un gobierno y ya no sea un miembro de esta Cámara, puede que una cierta conciencia esté entrando en juego en sus aportaciones. 
Lo principal, no obstante, es que hay una serie de gobiernos que son mucho más restrictivos que lo que él quiere ser. 
Considero esto bastante problemático, puesto que no hay un número suficiente de gobiernos que hayan contraído un compromiso público respecto a la transparencia y el acceso público, especialmente en lo que se refiere a las estructuras de toma de decisiones. 
Me gustaría particularmente dar las gracias al Presidente Prodi por la forma en que la Comisión, una vez más, ha presentado una serie de propuestas que señalan un camino adelante hacia formas de gobernar posiblemente mejores y, al mismo tiempo, más democráticas, indicando principalmente cómo pueden participar el Consejo y el Parlamento en la actividad legisladora con igualdad de derechos. 
No todos los Comisarios se han dado cuenta, no obstante, de que cuando esta Cámara delega y cede el poder para hacer leyes, podemos, por supuesto, hacerlo sólo si se cumplen unas condiciones determinadas y en conjunción con un derecho de revocación. 
Espero, no obstante, que las próximas conversaciones, que mantendremos al principio de la Presidencia griega, serán fructíferas. 
Valoro que la Comisión y el Consejo sigan reiterando su obligación de insistir en la observancia de los Tratados, pero les pido que reconozcan que desde esta Cámara tenemos que insistir en que se garanticen los principios de la democracia mediante la participación de los legisladores en el proceso de elaboración de leyes. 
Tendremos elecciones en 2004, que no ganaremos enfrentados; sólo podemos ganarlas juntos y si nos preocupamos realmente de que haya más flexibilidad, eficiencia y democracia en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, me cuento entre los que desean dar la más cálida felicitación a la Presidencia del Consejo por su éxito. 
Aunque creo que lo que se logró en Copenhague aún enviará señales mucho después del final de la cumbre y será de gran relevancia para la integración europea en el siglo XXI, quiero echar un jarro de agua fría respecto a este logro con el objeto de extenderme sobre unos pocos puntos. 
El primer tema al que me quiero referir es el siguiente. Estamos esperando ya que la República Checa tome la iniciativa de hacer una declaración sin ambigüedades, incluso antes de ser convocados para votar sobre su tratado de adhesión en este Parlamento. 
En noviembre, con referencia al informe Brok, el Parlamento expresó su postura con perfecta claridad. 
En segundo lugar, Presidente Prodi y Comisario Verheugen, me gustaría pedir a la Comisión que considerara cómo podemos colaborar para desarrollar una especie de tercera vía en lo que se refiere a Turquía. 
¿Cómo salvamos el lapso de tiempo entre que se controla el cumplimiento de los criterios y el día en que de hecho discutamos las negociaciones? 
¿Qué tipos de cooperación podemos ofrecer que nos beneficien a Turquía y a nosotros mismos? 
Creo que estas consideraciones hacen del 2003 un año muy importante. 
Todos- Consejo, Comisión y Parlamento- deberíamos colaborar para determinar cómo un gran número de proyectos individuales, desde la unión aduanera a la política exterior y de seguridad común, nos pueden permitir lograr un nuevo tipo de coexistencia con un vecino importante estratégicamente. 
Mi último tema, que quiero tratar brevemente, es la necesidad de que resistamos todos los intentos de chantaje que se están haciendo incluso desde dentro de la Unión Europea. 
No quiero entrar en detalles ahora mismo, pero distintos grupos de trabajo del Consejo se están reuniendo ahora mismo para resolver un problema de un Estado miembro que se unió en 1995. 
Creo que no deberíamos apoyar los intentos de extorsión por parte de Estados miembros y le estoy muy agradecido al Consejo y a usted, señor Presidente en ejercicio, por no ceder ante ellos. 
El pasado viernes, 13 de diciembre, fui al cine a ver la película de Roman Polanski, «El pianista» , la historia de un músico judío de Varsovia que sobrevivió de forma milagrosa a la Segunda Guerra Mundial. 
Al principio de la película vemos cómo su familia reacciona con alivio ante las noticias de que los británicos y los franceses han anunciado que vendrán a ayudar a los polacos tras la invasión de Polonia por los alemanes. 
Todos sabemos que esa ayuda no llegó hasta el pasado viernes, día trece. 
Ese día el resultado de Copenhague saldó una antigua deuda. 
El éxito de Copenhague es un éxito para todos, incluido este Parlamento, que ha participado tan intensivamente en este proceso. 
Podemos estar orgullosos de este resultado. 
Parafraseando las palabras del gran socialdemócrata Willy Brandt, algo que debe estar unido tiene ahora la oportunidad de estar aún más unido. 
Lo que comenzó con la genuflexión histórica de Brandt en la misma Varsovia, se ha culminado en Copenhague. 
El reconocimiento de este nuevo momento histórico corresponde a los que introdujeron los cambios decisivos en 1989 y 1990 y que fueron lo bastante astutos como para convertir las nuevas democracias en países candidatos a la UE con todas las de la ley. 
Muchos de aquellos que eran líderes en aquel momento han desaparecido de la escena política, pero el resultado de Copenhague también es un tributo a ellos. 
Por supuesto, nuestra Unión Europea también merece ser felicitada, ya que puede haberse tomado mucho tiempo para formular los puntos de partida y los requisitos para la adhesión, pero después ha mantenido el escenario acordado y se ha ceñido al calendario acordado de modo coherente y eficiente. 
En este contexto, me gustaría rendir un particular homenaje a los esfuerzos del Sr. Verheugen. 
Los países candidatos también merecen elogios. 
Su perseverancia se ha puesto realmente a prueba. 
Como ponente de este Parlamento para Eslovaquia, he sentido de cerca los esfuerzos hechos por los eslovacos para cumplir las condiciones de la UE. 
Fueron extensos y había muy poco tiempo. 
Los informes del final de la semana pasada sobre los resultados de la Cumbre de Copenhague hacían hincapié en los acuerdos financieros de las negociaciones y la cuestión de Turquía. 
Ambos aspectos son importantes, pero no son las únicas cuestiones de peso. 
Hay otros problemas que también tienen su papel en la evaluación final que el Parlamento Europeo tiene que emitir para cada país candidato. 
En este caso basta con recordar nuestras preocupaciones previas en cuestiones como la batalla contra la corrupción, la falta de capacidad administrativa en los países candidatos y la discriminación contra los romaníes. 
Señor Presidente, a mí también me gustaría felicitar al Sr. Rasmussen, al Sr. Haarder, al Sr. Prodi y al Sr. Verheugen por este excelente resultado. 
También me gustaría unirme al presidente de nuestro grupo, el Sr. Poettering, recalcando que este pequeño país ha producido un gran logro. 
Esto supone que no tendremos que cambiar este sistema de rotación en el futuro. 
La experiencia nos muestra que los países grandes en algunas ocasiones no hacen las cosas demasiado bien y que los pequeños en ocasiones las hacen muy bien. 
Creo que Dinamarca puede estar orgullosa del resultado. 
En segundo lugar, me gustaría hacer algunos comentarios sobre la ampliación. 
Estoy muy complacida de que Polonia haya conseguido estar en el primer grupo de países candidatos. 
Esto, por supuesto, no se hizo sin dificultades. 
Probablemente sería una buena idea- y me dirijo al Sr. Verheugen- dar a los Estados miembros una explicación más detallada de lo que la ampliación nos va a costar realmente. 
Si somos conscientes de que aún hay un margen de 25 000 millones de euros antes de alcanzar el límite máximo de gasto comunitario y si sabemos que sólo incurriremos en costes de 12 000 millones de euros en el primer año de la ampliación, de 12 600 millones en el segundo y de 14 900 millones en el tercero, sabremos que a pesar de la ampliación aún nos sobrará dinero en 2006. 
Por tanto, debemos dejar claro que esta ampliación no es cara; de hecho, es más barata que todas las ampliaciones que han tenido lugar anteriormente. 
En tercer lugar, me gustaría mencionar a Chipre y Turquía. 
Es una pena que Chipre no se haya incluido en su totalidad, pero es positivo que hayamos alcanzado acuerdos sensatos con relación a Turquía, que aún no tiene una fecha de adhesión, sino que tendrá que cumplir estos acuerdos alcanzados en Copenhague y será evaluada con respecto a ellos. 
Creo que esto es muy importante. 
De hecho, me pregunto si Turquía debería unirse, puesto que entonces tendremos que afrontar el debate sobre las fronteras de Europa en algún momento. 
Mi último comentario es el siguiente: ustedes recibieron la vista del Sr. Giscard d ' Estaing y yo tengo el honor de ser miembro de la Convención. 
Una vez más, el Sr. Giscard d ' Estaing habló del presidente de la Unión Europea y del congreso que habría que crear. 
Ésas son sus ideas. Puedo decirles que cuentan con muy poco apoyo en la Convención. 
Si alguna vez necesitamos un presidente de la Unión Europea, debería ser el presidente de la Comisión Europea y no necesitamos un congreso europeo en absoluto. 
Es este Parlamento el que necesita más competencias. 
Eso es lo que recoge también la declaración del Benelux. 
Si todos los países pequeños aprueban esto, afortunadamente podremos tirar este sinsentido del Sr. Giscard d ' Estaing a la papelera. 
Espero, por tanto, que Dinamarca apoye esto. 
Señor Presidente, la Presidencia danesa se fijó una agenda extremadamente ambiciosa para la cumbre de Copenhague. 
En consecuencia, se pasaron dos días tensos en Copenhague negociando un paquete financiero, con divergencias en un momento determinado que amenazaban con bloquear el proceso. 
Sin embargo, una vez se hubo resuelto este problema, la UE invitó formalmente a ocho países de Europa central y oriental, más Chipre y Malta, a adherirse en 2004. 
Ésta fue una ocasión clave en la historia europea, que ponía fin a las divisiones creadas por la Guerra Fría. 
Sin embargo, hay que señalar que la ampliación aún no está terminada. 
Aún deben concluirse las negociaciones con Bulgaria y Rumania y aún hay que empezar con Turquía. 
Apoyo el compromiso realizado en la cumbre de Copenhague para iniciar las negociaciones con Turquía en 2004, sujeto, por supuesto, a una revisión del progreso en cuanto a derechos humanos y las cuestiones del Estado de derecho. 
Siempre he señalado que la adhesión de Turquía podría formar una importante cabeza de puente entre Oriente y Occidente y ayudar a consolidar Turquía como una democracia secular y una fuerza pacificadora en una región por lo demás inestable. 
Debido a estas decisiones clave, nuestros nuevos vecinos serán Ucrania, Belarús y Moldova. 
Ahora es el momento de considerar qué tipo de relación queremos desarrollar con estos países y hasta dónde queremos llegar. 
Concluyendo, me complace que se haya superado la reciente incertidumbre respecto al calendario para la ampliación, que se debió en parte a nuestro rechazo del Tratado de Niza en el primer referendo irlandés. 
Ahora tendrá lugar en mayo de 2004, irónicamente bajo la Presidencia irlandesa y, señor Presidente, durante sus últimos seis meses como Presidente de este Parlamento. 
Estoy deseando dar la bienvenida a los nuevos países a la familia de la UE en esa ocasión histórica. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el año que está finalizando ha sido extraordinario para Europa. 
La introducción de los billetes y monedas de euro ha hecho del mercado común un mercado interior. 
Las resoluciones de Copenhague han puesto en marcha el proceso de ratificación de la ampliación como un requisito para la reunificación de Europa y han permitido superar el legado de Yalta y de la era de posguerra. 
Este movimiento también tiene repercusiones en todos los Estados miembros y países candidatos, incluido el mío propio, que poseía la frontera exterior- y muerta- más extensa. 
Hemos retrocedido desde el confín de Europa, para ser- como dice el himno austriaco- como un corazón en su centro. 
Nuestra tarea es unirnos más, aumentar la estabilidad de Europa y su capacidad de acción, escuchar, desear el entendimiento mutuo, para derribar los muros y cortar las alambradas, donde quiera que estén o vayan a estar. 
Ni Copenhague ni la participación en las elecciones de 2004 al Parlamento culminarán el proceso de adhesión. 
Se sigue necesitando información, comunicación y reforma. 
Los proyectos europeos abogan por que los ciudadanos tengan una mayor participación y no sólo antes de la ratificación de los tratados. 
Lejos de tocar a su fin, el proceso de ampliación está avanzando y no sólo estoy pensando en Bulgaria y Rumania, sino también en Croacia y los países de la antigua Yugoslavia, Suiza y Liechtenstein. 
Por último, permítanme señalar que la política de tránsito es una muestra de que la Presidencia danesa, a la que estoy muy agradecido, sigue trabajando hasta el último día. 
Permítanme decirles, como austriaco, que apoyamos la propuesta del COREPER, porque es buena y justa. 
Espero que se apruebe una resolución esta tarde a las 15.00 horas, o, en su defecto, en el Consejo extraordinario de Ministros de Transporte del 31 de diciembre. 
Pongamos fin a los mecanismos de transición; establezcamos normas europeas, introduzcamos la directiva de costes de infraestructura a más tardar en 2003. 
Señor Presidente, ante todo quiero darles las gracias por este debate positivo y constructivo y por los muchos comentarios positivos sobre la Presidencia danesa en general y el transcurso de la Cumbre de Copenhague en particular. 
La Presidencia considera la cooperación de la que ha disfrutado con el Parlamento constructiva y positiva y nos complace que el Parlamento comparta esta opinión. 
Se ha planteado una serie de cuestiones y se han tocado tantos temas que es imposible para mí comentar todo lo que se ha dicho en el tiempo limitado del que dispongo, pero me gustaría subrayar unas pocas cuestiones que muchos han mencionado. 
Señor Alavanos, el plan de paz de las Naciones Unidas incluye un itinerario que termina con la propuesta de que el proceso culmine en la celebración de un referendo en las comunidades griega y turca el mismo día y que combinaría ambas cuestiones, es decir, la aprobación de la resolución del conflicto y la aprobación de la entrada en la Unión Europea. 
En consecuencia, no puede darse una situación en la que se apruebe la entrada en la Unión Europa, pero no la solución política del conflicto de Chipre, por lo que su pregunta es hipotética. 
Por el contrario, es un hecho que si, por un proceso democrático, el pueblo rechaza la adhesión a la Unión Europea, lo lamentaremos profundamente, pero, como institución democrática, tendremos que respetarlo. 
El debate queda cerrado. 
He recibido seis propuestas de resolución de acuerdo con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento 
El Tratado de la UE especifica que el objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales es la estabilidad de los precios. 
Sin embargo, hasta la fecha no existe un sólo instrumento que registre, transmita y evalúe los costes laborales, que constituyen el factor más significativo de la estabilidad de los precios. 
La posición común que tenemos sobre el tapete llenará este vacío. 
Me satisface que el ponente apruebe el proyecto del Consejo, y que no haya propuesto nuevas enmiendas. 
Asimismo, acojo con satisfacción la idea propuesta en la Evaluación crítica de desarrollar un índice de productividad que permita que el incremento de los costes laborales se mida en relación con el crecimiento de la productividad. 
Sin embargo, nuestro estimado colega no ha podido contenerse y, en su Evaluación crítica, ha observado que no comparte el punto de vista de la Comisión y del Consejo de que los costes laborales sean una de las principales fuentes de inflación. 
Lamento no compartir la opinión del ponente. 
Si queremos entender la influencia potencial del salario total en el cambio de los precios, basta con examinar la proporción de los costes salariales en el coste global de cualquier empresa, ya sea grande o pequeña. 
El argumento aducido por el ponente de que el aumento de los salarios sólo es el resultado del aumento del coste de la vida, es como la cuestión de si primero fue el huevo o la gallina. 
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Cuando los precios aumentan, el valor de los salarios disminuye. 
Para protegerse, los sindicatos de muchos países europeos han luchado durante años por que se estableciese un índice. 
Esto significa que no es necesario negociar cada año la compensación por la reducción del poder adquisitivo, sino sólo el grado de participación de los trabajadores en el aumento de la productividad y el pago de los atrasos sufridos por algunos grupos profesionales que, durante años, han tenido un sueldo insuficiente. 
En muchos casos, la presión de las organizaciones empresariales y el apoyo de los Gobiernos neoliberales han llevado a suprimir este índice. 
Esto podría provocar una mayor intransigencia en los conflictos salariales. 
En repetidas ocasiones se ha intentado echar a los trabajadores la culpa de la inflación o de la falta de dinero para gastos útiles del Estado. 
Esto significa que, a los ojos de los partidos de derecha y de los empresarios, la economía prosperará sólo si una mayoría acepta la caída progresiva del poder adquisitivo. 
No tienen en cuenta que esto puede provocar una pérdida del poder adquisitivo de los hogares, beneficios excesivos e impuestos demasiado bajos. 
Las estadísticas oficiales sobre los costes salariales y la evolución de los precios son una importante fuente de información en los conflictos laborales y sobre la manera en que los Gobiernos y los empresarios intentan manipularlos. 
El Reglamento sobre el índice de costes laborales no acabará con este conflicto de intereses. 
. 
(PT) La Comisión considera que el establecimiento de un índice de costes laborales reviste la máxima importancia para que el Banco Central Europeo pueda controlar la inflación en la UME, y para que los agentes sociales lo utilicen en la negociación de acuerdos salariales. 
La propuesta actual intenta remediar esta situación mediante el establecimiento de un marco común para la elaboración, transmisión y evaluación de índices comparables de costes laborales. 
En resumen, se propone que, para calcular los costes laborales, se tengan en cuenta los costes trimestrales totales del empresario en la contratación de mano de obra. 
El Comité del Programa Estadístico asistirá a la Comisión en la aplicación del Reglamento. 
Cada dos años, la Comisión presentará un informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento, incluida una valoración de la calidad de la información facilitada. 
En su posición común, el Consejo ha introducido una serie de ajustes en la propuesta original de la Comisión. El ponente considera que estos cambios son fieles al espíritu de la propuesta original y, por lo tanto, quisiera utilizar esta explicación de voto para expresar mi posición favorable. 
. 
(PT) En vista de que, hasta la fecha, la falta de un marco común para la elaboración, transmisión y evaluación de índices comparables de costes laborales constituye una debilidad principal del plan de acción relativo a las estadísticas de la UME- un hecho que también tendrá un efecto perjudicial en la inflación de la zona euro- he apoyado este informe, que intenta garantizar la existencia de este marco común. 
De hecho, tal como indica el ponente, este marco común permitirá al BCE controlar la evolución de la inflación en el seno de la UME, y será muy beneficioso para los agentes sociales en la negociación de los acuerdos salariales. 
Al igual que en otros muchos casos, en la actualidad la información transparente y fiable y la existencia de criterios claros y comprensibles constituyen un instrumento esencial. 
Por una parte, esto contribuirá a la adopción de medidas justas, proporcionadas y adecuadas por parte de los poderes nacionales y comunitarios y, por otra, servirá de instrumento de clarificación y de composición justa del papel y los intereses de los agentes económicos. 
Si bien acojo con satisfacción el establecimiento de este marco común, estoy a la expectativa de los resultados de la aplicación de este nuevo Reglamento, en el que se evalúe la calidad de la información en particular porque, cada dos años, la Comisión tendrá que presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del Reglamento. 
. 
(PT) Felicito al Sr. Pohjamo y apoyo su excelente informe sobre la propuesta del Parlamento y del Consejo para la aprobación de un paquete de Reglamentos relativos al transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, en especial respecto de la necesidad de establecer mecanismos para que los transportistas europeos dispongan de estadísticas actualizadas y comparables de este sector. 
Dichas estadísticas ayudarán a garantizar la seguridad de los pasajeros y la gestión eficiente de estas empresas. 
En este contexto, quisiera subrayar la gran importancia que tendrá este paquete de Reglamentos para resolver el problema de la saturación del espacio aéreo. 
. (EN) Como antiguo ponente para Aduanas 2000, tengo un interés activo en la cooperación comunitaria en materia de aduanas en la UE y he votado a favor del informe Mollar, que mejora el intercambio de información. 
En todas las cuestiones relacionadas con la libertad, la seguridad y la justicia, debe conseguirse un equilibrio entre la libertad individual y la necesidad apremiante de enfrentarse al aumento del crimen organizado. 
Se espera que el fichero de identificación de expedientes de investigaciones aduaneras (FIEI) contribuirá positivamente a la lucha contra el crimen organizado en la UE. 
Señor Presidente, yo también aplaudo este informe y la nueva Directiva. 
La transfusión de sangre contaminada puede y tiene consecuencias fatales y celebro intensamente las propuestas para regular el transporte de sangre y asegurar la supervisión por parte de personal cualificado, que representa un paso adelante en esta Directiva. 
Quiero dar las gracias al personal médico del Addenbrookes Hospital de Cambridge y del Norfolk and Norwich Hospital, ambos en mi circunscripción, que me han ayudado y asesorado para que pudiera colaborar en esta Directiva. 
Quieren transmitir lo importante que es no sólo que personal cualificado supervise el proceso, sino también que se forme a todos aquellos que manejan la sangre, porque el error humano es la principal causa de accidentes a este respecto. 
Por último, la donación voluntaria de sangre- que es un principio importante para nosotros los británicos, particularmente- tiene el beneficio añadido de asegurar la mayor eliminación voluntaria posible del riesgo sanitario relacionado con la transfusión sanguínea. 
Deberíamos dar las gracias y felicitar a todos esos millones de británicos y europeos que donan sangre. 
También deberíamos instar al 94% de personas que no donan sangre a que lo hagan en el futuro. 
. 
(PT) Este informe pretende que se adopten normas más rigurosas en la admisión de donantes de sangre y de plasma y que las donaciones de sangre se analicen con el fin de establecer un sistema de control de calidad comunitario en los centros de transfusión de sangre, complementado con un sistema equivalente de control y aprobación en los Estados miembros, y que se establezcan normas comunes para la formación del personal y la trazabilidad de la sangre desde el donante hasta el paciente. 
El 12 de junio de 2002 el Parlamento aprobó ocho enmiendas en segunda lectura. 
Conforme al procedimiento escrito, el Consejo alcanzó y aceptó una solución de compromiso, por vía de conciliación, para que los donantes sean examinados por profesionales sanitarios cualificados. 
Por todas estas razones, he votado a favor de este informe. 
. 
(PT) Esta nueva Directiva obliga a los Estados miembros a facilitar al público acceso a la información medioambiental que las autoridades tienen guardada, en términos que son fruto de un compromiso alcanzado entre el Consejo y el Parlamento, que considero aceptable. 
En resumen, el texto conjunto establece: 
la obligación de los poderes públicos de asistir activamente a los ciudadanos en su búsqueda de información, alentándoles a utilizar las nuevas tecnologías para satisfacer sus demandas; 
normas de calidad destinadas a garantizar que la información facilitada sea actualizada, precisa y fiable; 
el principio de gratuidad de la información medioambiental, si bien se acepta que pueda pedirse una contribución financiera, limitada a una «cantidad razonable». 
He votado a favor de este informe porque este compromiso refuerza el derecho de los ciudadanos a obtener información de las autoridades nacionales, regionales o locales, específicamente en el caso de la contaminación de ríos, de construcción de nuevos proyectos o de destrucción de hábitats naturales de especies protegidas de la flora y la fauna, reforzando la transparencia en áreas de interés común. 
. 
(PT) Por supuesto, he votado a favor de este importante informe, que intenta establecer criterios comunes para el acceso a la información, con objeto de asegurar la participación pública en el proceso de toma de decisiones y el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales, porque creo que este acceso a la información sobre cuestiones medioambientales- y me refiero a información de alta calidad- tiene que ser una prerrogativa de ciudadanía. 
De hecho, el establecimiento de normas para dicho acceso contribuirá de manera eficaz a que los ciudadanos controlen un ámbito que concierne a todos, un verdadero Control Ciudadano en defensa de nuestro patrimonio medioambiental. 
Por lo tanto, considero procedente reforzar los mecanismos de acceso a la información y a las tecnologías de la información. 
La tendencia de las autoridades a proporcionar información gratuita, conjuntamente con la promoción del uso de tecnologías de la información- en particular de Internet- conducirá al acceso generalizado y libre de esta información. Por supuesto, dicho acceso estará sujeto a las limitaciones necesarias cuando esté en juego la seguridad nacional, en procesos judiciales o derechos industriales o de propiedad intelectual. 
Por último, acojo con satisfacción el establecimiento de modalidades prácticas para asegurar el aprovechamiento eficaz de la información sobre el medio ambiente, así como la concesión de poderes más rigurosos a los Estados miembros en este contexto, lo que se traducirá en una mayor responsabilidad para éstos, pero también en la aplicación del principio de subsidiariedad. 
El turno de votaciones queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 12.30 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
-El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, una cuestión muy brevemente, acabo de leer en un periódico español que Nestlé, una gran multinacional, reclama a Etiopía 6 millones de dólares en plena hambruna. 
No sé realmente en qué mundo vivimos, ni termino de salir de mi asombro, independientemente de las razones económicas y legales que tenga esta multinacional. 
Pero, en todo caso, la situación no deja de ser cruel. 
-De conformidad con el orden del día, pasamos a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la seguridad marítima y medidas para paliar los efectos de la catástrofe ocasionados por el petrolero Prestige. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Parlamento por darme esta oportunidad de expresar, en nombre del Consejo, mi más profunda solidaridad con los afectados por la devastadora y escandalosa contaminación tras el naufragio del petrolero Prestige en las costas gallegas. 
Tras el accidente del Erika en 1999, todos creíamos- yo mismo estuve presente en las discusiones sobre este tema en el Parlamento- haber puesto fin a este tipo de catástrofes en el corazón de Europa. Sin embargo, por desgracia ha vuelto a ocurrir, y la seguridad marítima y la prevención de catástrofes causadas por la marea negra vuelven a estar en el orden del día. 
Tras el accidente del Erika, el Consejo y el Parlamento aprobaron una serie de medidas para mejorar la seguridad y reducir la contaminación marítima provocada por el petróleo. 
Aún no conocemos la causa del naufragio en las costas gallegas, pero el hecho de que haya ocurrido demuestra que hay que tomar más medidas. 
Tenemos que realizar los esfuerzos necesarios para evitar este tipo de accidentes en el futuro, y enviar una señal política firme a la población, a los armadores y, en particular, a todos los implicados en el transporte de petróleo. 
El día 21 de noviembre, el Parlamento hizo una declaración contundente sobre el accidente del Prestige. 
Quisiera decir a la Sra. De Palacio que, en mi opinión, la Comisión ha sido muy enérgica en su actuación respecto de este difícil asunto. 
Ambas instituciones merecen un reconocimiento por la rápida actuación de la Comunidad en la toma de decisiones para promover la seguridad marítima y la protección del medio ambiente marino. 
Ahora disponemos de un punto de partida para continuar trabajando en este asunto. 
La intención de la Presidencia es tratar el accidente del Prestige de forma muy seria. 
El asunto se discutió en el Consejo de Ministros de transporte el 6 de diciembre y en el Consejo de Ministros de medio ambiente el 9 de diciembre, y yo estaba presente cuando se discutió en detalle en la reunión del Consejo Europeo de Copenhague la semana pasada. 
Esta es una de las razones por las que hubo un retraso, lo que significa que los Ministros no acabaron cenando con la Reina de Dinamarca. 
Era importante para la Presidencia que la reunión produjera resultados tangibles, y ahora podemos afirmar que, en efecto, produjo resultados. 
El Consejo ha declarado que se tomarán todas las medidas necesarias para prevenir este tipo de accidentes: en el ámbito internacional, de la UE y nacional. 
Me alegra que las Conclusiones del Consejo estén en consonancia con las opiniones del Parlamento Europeo. 
Tanto el Consejo como la Presidencia opinan que hemos logrado un buen resultado, que envía la señal política firme que necesitamos: una respuesta contundente frente a los petroleros monocasco en la UE y la voluntad política de encontrar soluciones. 
Espero que el Parlamento contribuya de manera activa- y estoy seguro de que lo hará- a la rápida consecución de las metas establecidas. 
En particular, me refiero a las medidas que el Parlamento y el Consejo aprobarán conjuntamente conforme al procedimiento de codecisión. 
No cabe duda de que estaremos de acuerdo en esto, dada la buena voluntad y la firme resolución que el Parlamento ha mostrado en este asunto. 
Asimismo, el Consejo espera cooperar de manera constructiva con el Parlamento, para que no haya retrasos innecesarios en la observancia de las disposiciones y de las normas de responsabilidad necesarias para la prevención y con objeto de que, si ocurriesen accidentes, paguen las personas a que corresponda pagar: es decir, los responsables. 
Señor Presidente, yo quisiera antes de nada agradecer la solidaridad expresada por las instituciones europeas con las personas y con las regiones afectadas y agradecer también la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios que nos han apoyado para la celebración de un debate, como recordaba el Sr. Haarder, el día 21 de noviembre pasado, y repetirlo hoy. 
Porque es crucial que, sobre todo en Galicia, pero también en Asturias, Cantabria, en el País Vasco, en las regiones francesas o portuguesas afectadas, se perciba muy claramente que seguiremos a su lado, que bajo ningún concepto deben sentirse solos. 
Quiero adelantar ya una propuesta que va a plantear el Grupo del Partido Popular Europeo, para que la Conferencia de Presidentes pida un informe a la Comisión Europea y encargue a la Comisión de Transportes la celebración de una audición pública sobre la seguridad del transporte marítimo en Europa y las consecuencias de accidentes como éste. 
Señorías, ésta es, de lejos, la peor catástrofe ecológica que ha sufrido mi país y es un desastre de dimensiones europeas que ningún país tiene medios, por sí solo, para afrontar. 
Es verdad que el hundimiento del Erika supuso un revulsivo que, como se ha demostrado, ha sido insuficiente, y la Vicepresidenta de la Comisión tiene razón en mostrar su indignación. 
Por eso, creo que es útil que hoy nos recuerde, en esta Cámara, qué medidas propuso en su día con el apoyo del Parlamento Europeo y que el Consejo no respaldó. 
Porque ésa ha de ser precisamente la base de nuestro trabajo, para tener una seguridad razonable de que sucesos como éstos no se repitan en nuestros mares y en nuestras costas. 
Señor Presidente, ésta no es una catástrofe natural, hay culpables que no son los vientos ni los mares, sino personas con nombres y apellidos. 
Pero esta catástrofe ecológica, social y humana exige que se movilicen todos los medios financieros de que dispone la Unión Europea y, también, el recientemente creado Fondo de Solidaridad. 
Es verdad que estamos sujetos a un Reglamento que aprobamos en esta Cámara con el apoyo de todos los grupos, pero las circunstancias exigen que actuemos con generosidad y flexibilidad. 
Y aunque este Fondo no existía cuando el hundimiento del Erika, quisiera también preguntar a la Comisión Europea ¿qué medios se habilitaron entonces para recuperar las costas francesas? 
Me dirijo ahora al Consejo para pedirle que se comprometa con las propuestas para reforzar la seguridad marítima que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo impulsan, y que cumpla el compromiso de Copenhague para crear un fondo de indemnización para los daños provocados por vertidos del petróleo. 
Y termino, señor Presidente, haciendo un llamamiento en general al Grupo Socialista, pero muy particularmente a mis compatriotas españoles. 
Ya se han debatido dos mociones de censura contra el gobierno del Partido Popular en Galicia, y se ha creado- en el Parlamento de Galicia- una comisión de investigación. 
Aquí les proponemos formalmente que colaboremos hombro con hombro para ayudar a los damnificados y para aumentar la seguridad del tráfico marítimo, pero si no tienen ganas, si les flaquean las fuerzas, al menos déjennos trabajar a nosotros. 
Señor Presidente, una vez más este Parlamento se encuentra debatiendo sobre otro desastre marítimo. 
Nos encontramos con un desastre de una magnitud tal que ya no se limita a una cuestión de transporte, sino que es además una cuestión medioambiental, social y pesquera, por lo que mi Grupo cree que es necesaria una comisión de investigación para determinar cuál fue el problema del Prestige. 
En nombre de mi Grupo, quisiera expresar al pueblo de Galicia nuestra tristeza por su tragedia y nuestra solidaridad y apoyo en su batalla contra esta peste negra de la época actual que está amenazando su medio de vida y dañando sus costas. 
Este Parlamento tendría todo el derecho a decir a nuestro Consejo de Ministros y a la OMI: «Se lo habíamos dicho». 
Los registros parlamentarios están llenos de llamadas de este organismo para que se tomaran medidas en materia de seguridad marítima. Del Estonia al Braer, del Sea Empress al Erika. 
Hemos advertido sobre banderas de conveniencia, control estatal de los puertos insuficiente, petroleros monocasco y tripulaciones deficientes, y sin embargo, a pesar de nuestros grandes esfuerzos y del apoyo de la Comisión, nuestro propio Consejo de Ministros no ha escuchado las advertencias ni ha tomado medidas decisivas y se ha prestado a asegurar que la OMI sea uno de los organismos más ineficaces de la historia. 
Digo al pueblo de Galicia que deberían ser nuestro propio Consejo de Ministros y la OMI, y no ellos, quienes deberían tener manchadas las manos de petróleo en este momento. 
Han fallado al pueblo de Galicia y a todos nosotros en esta cuestión de seguridad marítima. 
El Consejo de Ministros no quiere una comisión de investigación, puesto que tiene mucho que ocultar al respecto. 
Sin embargo, resulta chocante que el Grupo del PPE-DE se oponga a esta medida. 
Es un claro desaire al pueblo de Galicia. 
Parecen más preocupados por proteger a sus amigos políticos que por proteger a los europeos. 
Éste es el peor desastre ecológico en años y el Grupo del PPE-DE aboga por una audiencia; ¡es patético! 
Ya ha pasado el tiempo de hablar. 
Necesitamos pasar a la acción- prohibir las banderas de conveniencia en nuestras aguas; mejorar nuestro control estatal de los puertos; asegurar que los barcos de la vergüenza sean detenidos; prohibir todos los petroleros monocasco; asegurar que los responsables de estos desastres paguen todo el coste del daño que causaron y, por último, asegurar que el Prestige sea el último petrolero que esparce su peste negra por nuestra costa. 
Señor Haarder, transmítale este mensaje al Consejo: basta de bloqueos, retraso, subsidiariedad o de esconderse tras la OMI; acción es lo que exigimos. 
Señor Presidente, la rapidez con que la Unión Europea ha adoptado ciertas decisiones ilustra a la perfección lo que ha sido hasta ahora la inacción comunitaria en materia de seguridad marítima. 
Es evidente que si estas decisiones se hubieran adoptado con anterioridad, si el Prestige hubiera tenido un accidente, no lo habría tenido en aguas comunitarias. 
A este respecto, cabe hacer dos reflexiones: la primera, cuál es la razón de la inacción y de los retrasos en la toma de decisiones, y la segunda, si las medidas adoptadas son suficientes. 
En este sentido, las decisiones adoptadas en Copenhague, aunque son un avance positivo, a mi grupo político le parecen insuficientes y, como muestra, basta con señalar la cuestión de los pabellones de conveniencia, que ni siquiera ha sido abordada. 
El Consejo, y ahora me voy a referir a la gestión pasada, que habría podido evitar que se llegara a la situación actual, recortó considerablemente la propuesta de la Comisión, permitiendo así que bombas flotantes continuaran navegando hasta el 2005, en lugar de haberlas puesto fuera de circulación en septiembre de 2002, que es lo que habría ocurrido si se hubiera hecho caso a la Comisión. 
Los retrasos en la transposición de la legislación, o en la aplicación de los paquetes Erika I y Erika II son más que elocuentes. Los incumplimientos de la misma, como el caso de las inspecciones y controles a los buques también lo son. 
La actitud permisiva con la inscripción en registros de pabellones de conveniencia por parte de los Estados miembros tampoco es nada constructiva, y aún habría más motivos de preocupación. 
Creo que lo expuesto da como para investigar indicios de infracción del Derecho comunitario y mala administración y, en consecuencia, constituir una comisión de investigación. 
Sr. Galeote, aunque usted se ha dirigido al Grupo Socialista, que es muy grande, y el mío es pequeñito, yo le voy a hablar sinceramente, en nombre de un Grupo muy pequeño, pero que en las cuestiones vitales para el Estado ha estado presente, modestamente, hombro con hombro, con todos los demás compañeros españoles. 
Y de esta modesta experiencia le voy a decir, en primer lugar, que se le olvidó que ustedes han impedido la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento del Estado español. 
En segundo lugar, una cosa es tomar decisiones que pueden ser cuestionables y que, a lo mejor, se han podido revelar equivocadas, y otra, más seria, es adoptar una política de comunicación y de negación del problema, omitiendo emprender acciones preventivas y de corrección. 
Pero lo más grave de la gestión de su gobierno en Galicia, es que el Estado no tenía ni planes de previsión ni instrumentos para hacer frente inmediatamente a la crisis. 
Y no me extraña, Sr. Galeote, cuando el Sr. Aznar sustenta la concepción de que hay que reducir al mínimo los servicios públicos del Estado. 
La cuestión con la que nos debemos enfrentar ahora, -como diputados elegidos- es el sentimiento de la población que debe hacer frente a una catástrofe con medios artesanales y sacrificios extraordinarios, mientras que el Estado, al que paga sus impuestos, se queda, no sé si impotente o inmutable. 
El mal está hecho. 
Ahora no cabe más que pensar en compensar a los afectados hasta que se pueda reconstruir la actividad económica. Para ello es necesaria la movilización rápida del Fondo de Solidaridad y los Fondos estructurales. 
Y, permítame, para terminar, una consideración: necesitamos en el momento de la ampliación una Europa grande, pero no vacía como una cáscara de nuez, y lo que no puede seguir así es que no pongamos en marcha definitivamente procesos serios para evitar que operadores que se mueven al margen de la legalidad, buscando un beneficio especulativo, reduciendo las condiciones de seguridad y de protección social puedan seguir como si no pasara nada. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, Señorías, ya no podemos cambiar el pasado, pero tenemos que asegurarnos, una vez más, de que no es demasiado tarde para el futuro. 
Quisiera que pudiésemos discutir de nuevo este asunto en el futuro, pero en un contexto diferente al del 21 de diciembre y al de hoy, para decir que esto no ha vuelto a ocurrir o que, si se produjera una situación trágica que comportase riesgos y amenazas, esta vez, gracias a las medidas aprobadas y a la nueva conciencia técnica y política, la gestión de la crisis ha ido sobre ruedas. 
En la actualidad todavía estamos conmocionados, y esta conmoción es a la vez buena y mala para nosotros. 
Es buena si aprobamos medidas más firmes, rigurosas y estrictas para el futuro; sin embargo, es mala si llevamos a cabo una investigación sobre la gestión de la crisis en un estado de tensión emocional. 
Además, es muy importante que se lleve a cabo una investigación técnicamente rigurosa y políticamente imparcial sobre la gestión de la crisis, no para juzgar a nadie, sino para que no se vuelvan a cometer errores en el futuro. 
Nuestro Grupo desea llamar la atención sobre un nuevo paquete de medidas preventivas. 
Conocemos las medidas preventivas relativas a los riesgos técnicos que corren los buques o la manera en que se navega. Esto es cierto, pero no es suficiente. 
También tenemos que identificar condiciones de riesgo jurídico, si me permiten usar la expresión; dicho de otro modo, los pabellones de conveniencia y los certificados de navegabilidad que no merecen la más mínima credibilidad. Asimismo, tenemos que definir mecanismos que puedan ser exigidos en el ámbito internacional y que descalifiquen a estas empresas, las llamadas empresas off shore de navegación marítima. 
Se ha desarrollado una doctrina respecto de los delitos de blanqueo de dinero por parte de las empresas off shore; también es necesario desarrollar una doctrina para combatir a las empresas off shore por el blanqueo de responsabilidades respecto de las condiciones de navegación de los buques. 
Señor Presidente, todos los políticos tienen que entender que nuestra dependencia del petróleo importado comporta riesgos de transporte inevitables. 
Si queremos reducir esta dependencia, tendremos que invertir más en la investigación del uso de fuentes de energía renovables. 
Asimismo, tendríamos que estudiar la posibilidad de importar el petróleo a través de oleoductos. 
Sin embargo, esto no es óbice para que mejoremos las condiciones generales del transporte de petróleo por mar. 
En primer lugar, tenemos que reforzar el sistema actual de control estatal de los puertos. 
Mediante inspecciones más rigurosas y frecuentes se podrá inmovilizar mucho antes a los buques que no estén en condiciones de transportar ciertas mercancías o siquiera de navegar. 
En segundo lugar, el Consejo merece que apoyemos su plan para suprimir los petroleros monocasco. 
Sin embargo, todo el mundo está interesado en que se cree capacidad de transporte en doble casco para evitar toda falta de suministro. 
En tercer lugar, los Estados miembros tienen que ofrecer ayuda tangible a los buques y a las zonas afectadas. 
Algunos Estados miembros no estiman necesario designar puertos de refugio con facilidades de rescate, asistencia y limpieza. 
Además, también tenemos que avanzar en la creación del fondo COPE, que compensará a las zonas afectadas por el daño que han sufrido. 
Por cierto, no sólo deberíamos prestar atención al cargamento, sino también al petróleo utilizado como combustible por los propios buques. Puede causar un daño importante al medio ambiente, y hasta la fecha no ha sido competencia de la OMI. 
Por desgracia, hemos sufrido varias catástrofes importantes a causa del petróleo. 
Ya es hora de que examinemos con detenimiento nuestra posición y nuestra actitud al respecto. 
Espero que todos los implicados lo comprendan. 
Señor Presidente, los Estados miembros de la Unión Europea acordaron el pasado verano que los barcos en dificultades deberían ser acomodados inmediatamente en un lugar de refugio. 
El Gobierno español, por el contrario, decidió arrastrar el Prestige hacia el mar abierto, sin importarle las consecuencias. 
Durante más de un mes, ha falseado los hechos a diario y no se ha ajustado a las circunstancias. 
El Sr. Aznar, como principal autoridad política responsable, ha sido totalmente incapaz de alcanzar un sentido de la realidad. 
Por otra parte, aunque los gallegos no han avanzado mucho en su dura labor, no se descorazonan. 
Los gallegos son admirables. 
El desastre del Prestige se ha convertido en el desastre de José María Aznar y en el «prestigio» del pueblo de Galicia. 
Señor Presidente, decía hace un mes que ésta era una catástrofe europea y pedía una respuesta europea. 
Los ciudadanos gallegos- mis conciudadanos -, empeñados en una lucha titánica contra el fuel, que llega hasta la puerta de sus casas, han sido las víctimas casuales y han pagado el precio por todos los ciudadanos europeos. 
Por eso, desde el primer día he insistido aquí y allí en la necesidad de articular una respuesta europea clara y simple, como se hizo en el caso de las inundaciones en Alemania, que tenga en cuenta dos aspectos: el preventivo y el paliativo. 
¿Endurecimiento y cambios en la legislación de transportes? 
¿Reprimenda a los ministros? 
Pero hay que hacer más. 
A quienes están inmersos en la tarea de recoger el fuel con sus manos hay que explicarles por qué no hay medios y hay que garantizarles que, si esto vuelve a ocurrir, los habrá. 
Y hay que decirles, como mínimo, que lamentamos la falta de medios y de coordinación habida para afrontar esta catástrofe desde el primer momento. 
Porque son ellos los que la han padecido y hasta aquí ha llegado su clamor y porque no podemos negar esta realidad. 
Los ciudadanos gallegos, europeos, tienen que sentirse respaldados en la larga y difícil travesía a la que los ha arrojado la negligencia de sus propios ministros. 
Por eso no podemos entender que haya en esta Cámara quien se oponga a saber qué ha ocurrido, en qué se ha fallado y qué tenemos que hacer para que nunca más se vuelva a repetir. 
No es un desastre de dimensiones europeas: es un desastre europeo y no queremos que se repita en ninguna parte. 
Pero, si se repite, está claro que no podemos volver a actuar como lo hemos hecho. 
Las patéticas imágenes que han dado la vuelta al mundo- y que han mostrado lo que yo vi- me evitan, señor Galeote, el tener que dar mayores explicaciones. 
Los gallegos somos fuertes. 
Siempre lo hemos sido, siempre hemos sabido luchar contra la adversidad y no nos vamos a dejar vencer por este desastre. 
Lo que mi gente de Galicia no puede entender es por qué, si toda Europa reconoce la lección que como pueblo estamos dando, el Grupo del PPE en esta Cámara persiste en negarnos la posibilidad de esclarecer lo ocurrido, de evaluar los daños, de proponer programas de emergencia y de gestión de crisis a nivel europeo que puedan servir a todos los europeos. 
La pregunta no hay que hacérnosla a nosotros, compatriotas, como él dice, del Sr. Galeote. 
Compatriota no es lo mismo que cómplice, y no queremos ser cómplices. 
No nos insulte pidiéndonos complicidad con las decisiones de un Gobierno que durante un mes ha intentado minimizar esta catástrofe y que ha sido incapaz de movilizar a las instituciones comunitarias. 
En cambio, señora de Palacio, sí cabe hacerle una pregunta al Gobierno español. 
No se ha sabido utilizar y poner en marcha los medios abundantes de que dispone Europa. 
¿Por qué? 
Señor Presidente, la catástrofe causada por el petrolero Prestige ocurrió hace más de un mes, y aún no sabemos durante cuánto tiempo veremos olas de marea negra, lo cual por si solo ya constituye una dura crítica a los políticos de España y de la UE por el atraso y la ineficacia de las medidas tomadas, en un intento de minimizar los efectos de la auténtica tragedia acontecida en las comunidades y en el mar de Galicia, pero que también se ha extendido a las costas que se encuentran al norte y al sur, afectando a Portugal y a Francia. 
Aunque la tragedia demuestra que detrás de la catástrofe ecológica están los beneficios que algunos armadores y empresas petrolíferas intentan obtener a cualquier precio, incluso a costa de la seguridad marítima y de las condiciones de trabajo, en especial a través de los pabellones de conveniencia, el hecho es que los Gobiernos les han permitido llevar a cabo estas actividades mediante prácticas cada vez más neoliberales, incluido el retraso en la aplicación de las directivas aprobadas tras la catástrofe del Erika. 
Por lo tanto, tenemos que determinar las razones de la crisis actual, como la persistencia de las causas, la indecisión que hemos visto y el retraso en la transposición de la legislación. Sin embargo, tenemos que ir más allá, tal y como sugiere mi grupo en la propuesta que suscribo: acabar con los pabellones de conveniencia y con el transporte de productos petrolíferos y otros materiales peligrosos en los petroleros de casco único, establecer corredores marítimos lejos de la costa y aumentar las inspecciones constituyen medidas esenciales para prevenir nuevas tragedias. 
Señor Presidente, la imagen de los pescadores y los voluntarios luchando contra la marea negra del Prestige con sus pequeñas embarcaciones y sus manos demuestra la enorme fortaleza del pueblo gallego, y pone de manifiesto la culpabilidad del Consejo Europeo y del Estado español. 
A estas alturas está claro que los ciudadanos gallegos están sufriendo las consecuencias del grave conflicto político que se opone a las propuestas positivas de la Comisión y que ha dado pie al egoísmo y la irresponsabilidad demostrada por los Estados miembros del Consejo. 
Las decisiones de Copenhague no han respondido a las preguntas angustiadas de los ciudadanos, sino a los intereses del capitalismo depredador de las empresas petrolíferas que, aprovechándose de la situación internacional primitiva y oscura, han rechazado cualquier intento de establecer una legislación europea que proteja nuestros mares. 
El Consejo, al igual que el Sr. Aznar, ha despreciado a la gente de Galicia al no haber actuado con rapidez para ayudar a esta región. 
Ha despreciado el hecho de que Galicia sufre más catástrofes que ningún otro lugar del mundo. 
El Consejo ha concedido a Galicia y a los territorios vecinos la miserable cifra de cinco millones de euros adicionales, mientras que los Estados Unidos, que cuentan con una legislación rigurosa y específica, de la cual Europa claramente carece, reclaman 4 000 millones de dólares por el accidente del Exxon Valdez. 
Señorías, nuestros ciudadanos exigen que acabemos con esta situación, comenzando por la creación de una comisión de investigación. 
Esto no debe volver a ocurrir. 
¡Nunca más! 
Señor Presidente, mis pensamientos están con los gallegos y con la gente que está limpiando las manchas de petróleo, que ya tienen un metro de espesor. 
Sin embargo, por desgracia no disponemos de un equipo de emergencia, ni tenemos un enfoque profesional. Esto es particularmente lamentable. 
Tenemos que dejar de escurrir el bulto. 
Por supuesto, es importante discutir este asunto, pero no ahora, y no aquí. 
Es mucho más importante asegurarnos de que las costas europeas estén protegidas. 
Las sugerencias concretas de mi colega, el Sr. Dick Sterckx, sobre puertos de refugio son muy adecuadas. 
Quisiera pedir a la Comisión y al Consejo que eviten las palabras huecas por lo que se refiere al transporte marítimo. 
Apoyo a la Comisión respecto de la agencia y de los controles, como acaba de mencionar la Sra. de Palacio. 
La prohibición de que los petroleros monocasco transporten crudo sólo sirve para no hacer frente a los verdaderos problemas estructurales del transporte marítimo internacional. 
Un petrolero monocasco en buen estado es más seguro que un petrolero de doble casco en mal estado. 
No soy un admirador de la OMI, pero esta es totalmente necesaria para alcanzar acuerdos y para respetar y aplicar los acuerdos existentes. 
Parece que estamos creando una política más realista que la que ustedes proponen. 
Opino que es importante negociar con Rusia sobre el control de buques que se cargan allí y que viajan a través de las costas europeas hasta África. 
Creo que es muy importante comprobar las agencias de clasificación para conocer las responsabilidades de los capitanes y de los propietarios y, en particular, para planificar rutas claras. 
Espero que esto ayude a mejorar la política. 
Señor Presidente, Señorías, ante la enorme catástrofe ecológica, económica y social que está sufriendo Galicia y que la ha convertido en un auténtico problema europeo, creo que debemos de ser claros en este debate que estamos teniendo. 
Primero, prevenir, segundo, curar, se ha dicho aquí. 
Lo primero, la prevención, nos lleva a no desviar la atención de los auténticos responsables de la tragedia. 
Nos encontramos ante un barco basura, ante una mercancía peligrosa, ante una red opaca de intereses de empresarios sin alma que es preciso desentrañar y denunciar. 
¿Hay que investigar todos estos aspectos? 
¿Hay que evitarlos? 
También. 
Espero y creo que esta vez la Unión Europea ha aprendido la lección. 
La Comisión Europea ha aprendido la lección. 
La Comisión Europea lo tenía claro, creo que ahora el Parlamento Europeo y el Consejo tienen que ser intransigentes ante la permisividad y la tolerancia de este tráfico marítimo. 
Lo segundo, curar. 
Hemos de centrarnos en la reparación de los daños que se han ocasionado. 
Galicia no puede pagar la factura física, además de los daños que están sufriendo. 
La auténtica víctima es el pueblo entero de Galicia. 
Nuestra responsabilidad ahora es la unión para conseguir los máximos fondos estructurales y la aplicación del Fondo de solidaridad; lo vamos a conseguir. 
¿La investigación? 
Quiero decir aquí, -ya se ha dicho, pero quiero recordarlo- que el Parlamento gallego ha puesto en funcionamiento, hoy mismo y por unanimidad de todos los partidos políticos, una comisión de investigación. 
Se está aplicando el principio de subsidiariedad para que los políticos más próximos investiguen el asunto y, por eso nosotros, junto con el Grupo liberal y el Grupo UEN, hemos presentado una enmienda para hacer una investigación exhaustiva y técnica de este complejo aspecto. 
Vamos a pedir más medios europeos para que haya más coordinación y más protección civil; pero, señor Presidente, buscar rentabilidad electoral ante la tragedia, como pretenden algunos políticos, es simplemente repugnante. 
Creo que perjudica esta división a los propios políticos y perjudica a las víctimas, que están perplejas y atónitas sufriendo los efectos de la catástrofe y viendo además cómo los políticos se enfrentan con su egoísmo partidista. 
Finalizo, señor Presidente, agradeciendo, como europeo gallego, a toda la Cámara y a las instituciones aquí presentes, la solidaridad que nos están prestando y que sé que nos van a prestar en los próximos días. 
Señor Presidente, cualquiera que haga lo que algunos colegas de mi grupo y yo hemos hecho, y pase algún tiempo con los pescadores gallegos, descubrirá la urgencia con que necesitan la ayuda europea. 
Creo que esta Cámara podría alcanzar un acuerdo sobre esto hoy y mañana. 
Al llegar a Santiago de Compostela, uno se da cuenta de que allí finaliza el Camino de Santiago, que sin duda la Comisaria conoce bien. 
El Camino de Santiago es la ruta que los peregrinos y los pecadores seguían para hacer penitencia por sus pecados. 
Sabemos que muchos Jefes de Estado y de Gobierno deberían recorrer este camino, junto con sus Ministros de transporte, para hacer penitencia por sus pecados de omisión. 
El pecado que han cometido se llama control insuficiente de los puertos. 
Si un Estado miembro se ha comprometido a controlar un 25% de los buques, pero sólo consigue controlar un 9%, ha cometido un gran pecado. 
La hoja de cargos dice: ausencia de un sistema decente de puertos europeos de refugio. 
Señor Haarder, esto se decidió hace ya bastante tiempo, pero el Consejo aún no lo ha puesto en funcionamiento. 
La hoja de cargos dice: fracaso total del fondo de indemnizaciones para catástrofes petrolíferas. 
El Parlamento decidió esto hace un año y medio, pero hasta hoy el Consejo no ha dicho nada al respecto. 
Señor Haarder, el Prestige pasó por delante de Copenhague. 
Recordemos la ruta que siguió. 
Desde Letonia, pasó a través del Báltico, el Skaggerak, el Canal, el Golfo de Vizcaya y Galicia: podría haber ocurrido en cualquier lugar. 
Sin embargo, en el Báltico hay cuatro países candidatos, que se protegen muy bien cuando se trata de la seguridad marítima. 
Malta y Chipre siempre han sido criticados como pabellones de conveniencia. 
Comisaria, para abril de 2003 necesitamos que la Comisión haya elaborado un informe que decida si estos países candidatos deben participar en la política europea de seguridad marítima, y de ser así, la forma en que participarán. 
El Prestige- como ya sabe el Sr. Haarder- también podría haberse hundido en el «Kadettrinne» , uno de los lugares más peligrosos del Mar Báltico, escenario de numerosos accidentes, de accidentes apenas evitados y de buques que se equivocan de ruta. 
Aquí es donde necesitamos el pilotaje obligatorio. 
El Consejo y la Comisión tienen que presionar a Rusia para que introduzca el pilotaje obligatorio a través de la OMI. 
Este es uno de los lugares más peligrosos de toda Europa para el tráfico marítimo. 
Nuestra intención es eliminar los petroleros de casco único, así que necesitamos más petroleros de doble casco. 
Quizá podría hablar con su colega, el Comisario Sr. Monti, sobre las perspectivas de la ayuda futura a los astilleros europeos. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, señor Presidente en funciones del Consejo, señor Haarder, me alegra que estén aquí y que estemos debatiendo este asunto, pero quisiera ir al grano. 
Estoy encantado de leer las resoluciones del Consejo de Ministros de transporte del 5 y 6 de diciembre sobre el aumento de la seguridad marítima, pero, por desgracia, no me las creo. 
Permítanme señalar dos ejemplos. 
Hasta la fecha, el Consejo siempre ha defendido a ultranza el uso de los petroleros monocasco hasta el año 2015 y, de repente, los Ministros de transporte anuncian el final inmediato en el uso de los petroleros único para el transporte de fuel. 
Además, señor Presidente en funciones, quisiera hacerle una pregunta maravillosa: ¿En virtud de qué ley ocurrirá esto? 
No podemos crear una ley comunitaria en dos semanas. 
¿Puede citar algún reglamento nacional que posibilite la prohibición de los petroleros monocasco a los Estados miembros? 
En segundo lugar, señor Presidente en funciones, el Sr. Piecyk y otros ya han hecho referencia al hecho de que una serie de Estados miembros están incumpliendo la obligación impuesta por la Directiva sobre los Estados del puerto de controlar el 25% de los buques que arriban a los puertos de la UE. 
Ahora, a través del Consejo de Ministros de transporte, el Consejo ha decidido aumentar los controles, a ser posible para el 1 de enero. 
En su calidad de Presidente en funciones, ¿puede confirmar la cifra de puestos de inspector creados en la última semana o los últimos diez días, en qué países, y cuántos aspirantes cualificados se han presentado? 
Ya ve, señor Presidente en funciones, cómo no sirve de nada aprobar bonitas resoluciones. 
Queremos que nos diga cómo se van a aplicar. 
Quisiera hacer referencia al Sr. Sterckx, quien ha escrito el informe sobre puertos de refugio. 
Tiene toda la razón, señor Presidente en funciones, y sobre este asunto surgen las mismas preguntas. 
Usted ha dicho que los Estados miembros deberían establecer puertos de refugio y registrarlos más rápidamente, pero quisiera que nos dijera cómo piensa comprobar, una vez que los Estados individuales han designado los puertos de refugio, que realmente los establezcan. 
Recordemos que el Erika quiso hacer escala en un puerto y no se le permitió, y lo mismo ha ocurrido con el Prestige. Si hubiera hecho escala en un puerto, ¿habría podido salvarse, habría sido posible bombear el crudo más fácilmente y evitar una catástrofe de esta magnitud? 
Señor Presidente en funciones, ¿cómo se asegurará de que los Estados miembros realmente establecen estos puertos de refugio y evitan mayores calamidades? 
Señor Presidente, Comisaria, señor Presidente en funciones del Consejo, Señorías, el naufragio del Prestige ha puesto en evidencia la impotencia de las autoridades europeas y de los Estados miembros cuando se enfrentan con catástrofes como esta que, si bien ha asolado las costas de Galicia, no deja de ser una catástrofe europea y así lo sienten todos los ciudadanos europeos. 
La opinión pública europea, conmocionada por esta catástrofe, y el disgusto y la cólera de todos los afectados- en particular de la maravillosa costa gallega y de sus comunidades- está exigiendo que nunca vuelva a ocurrir una situación como ésta en nuestra costa común. 
Los ciudadanos esperan que la UE apoye a Galicia como es debido. Se necesita una comisión de investigación que aclare las circunstancias de la catástrofe y determine responsabilidades, de manera que podamos aprender una lección para el futuro. 
Los ciudadanos europeos están exigiendo una legislación más rigurosa que entre en vigor y se aplique de forma anticipada, sin más. 
La protección de la industria marítima europea tiene que ser, cada vez más, una preocupación común y, por tanto, una política común. 
La protección del medio ambiente marino y de las costas europeas es ahora un gran desafío para todos nosotros. 
Si la tragedia del Prestige sirve para aumentar la conciencia política e incitar a la acción, el desespero y la furia de los gallegos- y también los nuestros- no habrá sido en vano. 
Señor Presidente, Comisaria, señor Presidente en funciones del Consejo, quisiera comenzar reiterando mi solidaridad con el pueblo gallego y con todas las comunidades afectadas por esta tragedia en España y, por supuesto, en mi propio país. 
A medida que el tiempo pasa, se hace evidente la verdadera dimensión de la catástrofe. 
Espero que la investigación pedida por el Parlamento se lleve a cabo de forma exhaustiva y a tiempo. 
Como ya he dicho en esta Cámara, también tenemos que esclarecer el misterioso cambio de rumbo tomado por el barco que, tras dirigirse hacia el oeste, de repente dio la vuelta hacia el sur hasta que se hundió, a 30 millas de aguas portuguesas. 
Sin embargo, ahora tenemos que hablar más del futuro y, por esta razón, quisiera abordar cuatro cuestiones. 
En primer lugar, la Unión Europea tiene que proporcionar fondos para indemnizar, en la medida de lo posible, por los daños causados por la marea negra. 
En este sentido, creo que está justificada la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE, lo que hasta ahora no se había hecho. 
En segundo lugar, puesto que la marea negra ha tenido consecuencias terribles para la pesca y el marisqueo, tenemos que estudiar un paquete de medidas más integrado y de mayor alcance para dar respuestas prácticas a las comunidades afectadas. 
En tercer lugar, hay que tomar una decisión técnica y científicamente justificada sobre lo que se va a hacer con el barco, que ahora está en el fondo del océano cargado con 60 000 toneladas de crudo. 
A menos que esto se resuelva, no sólo estaremos condenados a una marea negra, sino a una sucesión de mareas negras durante meses y años. 
Por último, quisiera subrayar que es el momento de establecer la Agencia Europea de Seguridad Marítima, lo que supone que el Consejo tiene que decidir su ubicación. 
Para concluir, quisiera decir que queremos que haya una investigación rigurosa, tal como ya ha pedido el Parlamento. 
No queremos que el Parlamento sirva para debatir los problemas internos de un país. 
Señor Presidente, estamos asistiendo a un debate en el que podríamos clasificar las intervenciones en dos tipos: en primer lugar, las que plantean el problema desde una óptica europea, las que plantean las acciones que se tienen que desarrollar desde la política europea y comunitaria y, en segundo lugar, las que en estos momentos de tragedia humana, de tragedia de un país, que se encuentra a cinco meses de unas elecciones, creen que ésta es la ocasión de obtener unos réditos electorales sin mirar cuáles son las reales consecuencias para ese pueblo. 
Se habla de una comisión temporal de investigación, de conformidad con el artículo 150 del Reglamento del Parlamento Europeo, que debe estar debidamente fundamentada en causas y motivos de incumplimiento de normativa europea. 
¿Cuáles son los motivos que hemos oído aquí? 
Saber qué ha pasado; evidentemente todos queremos saber qué ha pasado, pero esto no lo vamos a conseguir en una comisión parlamentaria, eso nos lo van a decir los informes de los expertos y de ahí que la propuesta del Grupo del PPE es que sea la Comisión la que nos informe al Consejo y al Parlamento a través de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Evaluar los daños; se está condenando cuando resulta que el plazo para evaluar los daños termina el 23 de enero, pero hoy, a principios de diciembre, ya condenamos al Estado español por no haber evaluado los daños. 
Medios que se han de adoptar; resulta que España ha adoptado medios. 
Coordinar a 10 000 voluntarios, coordinar los trabajos de las instituciones, coordinar las ayudas internacionales, coordinar todo eso, son medios que se han adoptado. 
Movilizar instituciones europeas; ayer tuvimos una reunión con el Comisario Barnier, donde nos reconoció las intervenciones y relaciones que había tenido con el Gobierno español. 
Los pescadores ya están cobrando, ayudas ya están llegando. 
Por lo tanto, ¿cuáles son las causas fundamentadas? 
No existen. 
Sólo la voluntad de querer castigar políticamente ante unas elecciones, y éste no es el foro ni el sitio, y en esto no nos encontrarán. 
Nos encontrarán en ayudar a los gallegos, nos encontraran en ayudar a los españoles y en salvar esas costas y en eso es en lo que estamos trabajando. 
Señor Presidente, en nombre del Consejo quisiera decir que estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que se ha dicho, con la cólera, humillación y gran preocupación expresadas, y con las peticiones de la Cámara para que actuemos. 
No me parece justo decir que el Consejo no ha hecho nada y, por lo tanto, quisiera comenzar citando las conclusiones de Copenhague: «las conclusiones del Consejo de Transporte de 6 de diciembre de 2002 y del Consejo de Medio Ambiente de 9 de diciembre de 2002 deberán aplicarse en todos sus aspectos sin demora». 
Después se congratula del trabajo emprendido por la Comisión respecto de las consecuencias económicas, sociales y medioambientales derivadas del naufragio del Prestige. 
Asimismo, se congratula de la intención de la Comisión de investigar la necesidad de adoptar medidas concretas adicionales relativas a la responsabilidad y correspondientes sanciones. 
Por lo tanto, en Copenhague se ha apoyado plenamente a la Sra. de Palacio y a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
¿Qué se ha decidido en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del 5 y 6 de diciembre? 
Se trata de una serie de puntos que, aproximadamente, se corresponden con los puntos de vista del Parlamento, y que son muy rigurosos y cumplen casi todas las demandas de esta Cámara. 
Por supuesto, es cierto que si se hubieran dado los pasos necesarios mucho tiempo antes, esta catástrofe se podría haber evitado: sí, tenemos que reconocerlo. 
Pero ahora se está haciendo algo, y lo que se está haciendo es los que los oradores han exigido, y se ha aplaudido la rápida actuación de la Comisaria. 
Quisiera decir al Sr. Simpson que, por supuesto, uno de los asuntos a tratar es el de los responsables que han de pagar. 
Existen dos tipos de responsabilidad. 
La primera se honrará con los fondos destinados a cubrir los gastos derivados de la limpieza de las playas y para indemnizar a los pescadores, y nada indica que estos fondos sean insuficientes para cubrir dichos gastos. Sin embargo, también existe la responsabilidad por los daños causados al medio ambiente, por supuesto. 
La posibilidad de exigir una mayor responsabilidad está abierta a debate, y estamos de acuerdo en que, si es posible, esta responsabilidad tiene que aceptarse de forma obligatoria. 
El Sr. Sterckx y otros tienen razón al afirmar que el número de inspecciones no es importante, sino que la inspección se lleve a cabo en los lugares adecuados. 
Es obligatorio inspeccionar el 25% de los buques; también es cierto que algunos países no cumplen esta obligación, lo cual no está bien. Sin embargo, la cuestión esencial es que se inspeccionen los lugares adecuados, y que se inspeccionen correctamente. 
La Sra. Ramos está preocupada por los ataques al Gobierno español. 
He estado presente en el debate de Copenhague, y quisiera dar fe de que el Gobierno español ha dado una prioridad absoluta a este asunto. 
Respecto del asunto de los guardacostas y las agencias, quisiera hacer referencia a las secciones 7 y 9 de la resolución de los Ministros de transporte de los días 5 y 6 de diciembre. 
Respecto de la imposición de responsabilidad, quisiera hacer referencia a la sección 18. 
Sin embargo, es cierto que la sección 18 de la resolución no es particularmente sólida, y creo que todos esperamos que la Comisión ofrezca una solución más eficaz que la que se está preparando. Creo que esta solución tendrá la aprobación del Consejo. 
Respecto de los puertos de refugio, que antes no he tenido tiempo de mencionar, quisiera hacer referencia a la sección 8- en la que se menciona de forma expresa la cuestión de los puertos de refugio- y esta es mi respuesta al Sr. Jarzembowski. 
Mi consejo final al Parlamento es el siguiente: tomen la palabra al Consejo por las declaraciones acertadas que se han hecho. 
Esta afirmación es válida para el Consejo Europeo, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
Tomen la palabra al Consejo por las decisiones acertadas que se han adoptado. 
Después de todo, el Parlamento y el Consejo están de acuerdo sobre lo que hay que hacer; ahora hay que ponerlo en práctica, como ya han dicho muchos oradores. 
Suerte al Parlamento con este asunto y con la inspiración que pueda aportar a las futuras Presidencias. 
-Muchas gracias, señora Comisaria. 
Como conclusión a estas declaraciones del Consejo y de la Comisión, he recibido 7 propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
Señor Presidente, me he sentido aludida, como presidenta de los socialistas españoles en esta Asamblea, por las palabras del Sr. Galeote. 
Le pido que retire sus falsedades y sus descalificaciones. 
Verdaderamente no entiendo al Sr. Galeote. 
No entiendo por qué el Sr. Galeote se empeña hoy aquí en hacer de un debate europeo un debate español. 
No entiendo por qué nos provoca, no entiendo a qué viene esa actitud nacionalista de vía estrecha, tratando de que debatamos entre españoles, cuando lo que tenemos que hacer es resolver- como ha dicho la Sra. Comisaria- un problema que es europeo y que tiene que resolverse desde la perspectiva europea. 
Pero mire, señor Galeote, de española a español, voy a definir lo que pienso de su actitud con dos refranes castizos. 
El primero es que "no ofende quien quiere sino quien puede", y el segundo, también muy castizo y descriptivo, porque todos tenemos memoria y todos tenemos historia, señor Galeote, es que «cree el ladrón que todos son de su condición». 
La historia está escrita, respecto de cuáles han sido sus actitudes y de cuáles han sido y son nuestras actitudes, las de los socialistas españoles aquí, en este Parlamento, y la de los socialistas españoles allá, en el Parlamento español. 
-Señora Díez, usted se ha sentido aludida y la Presidencia le ha dado la palabra. 
Quizá el segundo de sus refranes, aunque la Presidencia entiende el sentido que usted le da, contiene un vocablo que, quizás, en aras a la cortesía parlamentaria, debiera usted también retirar, Sra. Díez. 
Señor Presidente, un refrán es un refrán. 
En modo alguno he tratado de llamar al Sr. Galeote ladrón, ni muchísimo menos. 
Es un refrán que viene a decir: todo el mundo cree que el otro es como él. 
Él nos ha acusado de un comportamiento desleal, que nosotros no hemos practicado nunca y que él sabe que en sus filas se ha practicado. 
-La Presidencia le agradece esta aclaración, Sra. Díez, que sitúa las cosas, otra vez, en la cortesía parlamentaria. 
Señor Presidente, señora Díez, yo retiraría, por supuesto, cualquier tipo de insulto y de descalificación de mi discurso, si pudiera, y le conmino a que lea el acta literal de esta sesión y me diga si contiene algún insulto y alguna descalificación, porque yo, sin duda, los retiraré. 
Lo que yo quiero decir, señor Presidente y señora Díez, es que las comisiones de investigación están previstas en el artículo 151 del Reglamento de esta Asamblea- la invito a que lo lea, por favor. 
Y esa petición para crear una comisión de este tipo está fundamentada en el quebranto del Derecho comunitario, y aquí se ha dicho explícitamente, literalmente, por parte de alguno de sus colegas y compatriotas, que lo que se pretende con esa comisión es dirimir las responsabilidades del Gobierno de España en la catástrofe del Prestige. 
Esto se ha dicho aquí, literalmente. 
Lo que yo le digo es que no se puede decir en España que vamos juntos a pedir más fondos y aquí decir que no les den fondos porque son culpables. 
Eso es lo que yo he querido decir. 
-Sra. Díez, usted ha tenido su turno de palabra por alusiones y el Sr. Galeote ha tenido el suyo. 
Lo que no podemos hacer es establecer una cadena interminable de alusiones. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre 
las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre política de inmigración y asilo, 
el informe del Sr. Watson (A5-0381/2002) , en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de decisión del Consejo [SEC (2002) 412- C5-0263/2002- 2002/0092 (CNS) ] relativa al acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China sobre readmisión de residentes ilegales, y 
la pregunta oral (B5-0505/02) del Sr. Watson a la Comisión sobre los principios y criterios de la Unión Europea con respecto a los acuerdos de readmisión con países terceros. 
Señor Presidente, gracias por esta oportunidad de informar sobre este ámbito tan importante, en el que mi estimado colega, el Comisario Vitorino, ha tenido un papel muy activo desde que empezó, y en el que creo que estamos empezando a cosechar frutos de los que me complace dar cuenta. 
Con el Tratado de Ámsterdam se decidió que se tomarían diversas medidas en materia de asilo e inmigración en un plazo de cinco años desde su entrada en vigor, es decir, el 1 de mayo de 2004. 
Como sabemos, el Consejo Europeo repitió y reforzó su deseo de emprender una acción en estos ámbitos en Tampere en octubre de 1999, en Laeken en diciembre de 2001 y en Sevilla en junio de este año. 
En Sevilla se marcaron prioridades específicas junto con los plazos para la adopción de los distintos actos legales. 
No sólo hemos cumplido estos plazos, sino que incluso hemos ido más lejos. 
Como se decía en las conclusiones de Sevilla, el Consejo ha de encontrar el equilibrio correcto entre, por una parte, una política de integración de los inmigrantes que se han establecido legalmente en los Estados miembros de la Unión y una política de asilo que respete los convenios internacionales- sobre todo la Convención de Ginebra de 1951 -, y por otra los esfuerzos requeridos, en especial los esfuerzos para combatir la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. 
La aplicación de las conclusiones de Sevilla ha sido una tarea de la Presidencia danesa. 
Esto incluye la cuestión de la lucha contra la inmigración ilegal y la gestión de las fronteras exteriores. 
Se han llevado a cabo diecisiete proyectos e iniciativas diferentes con miras a reforzar los controles fronterizos tanto en las fronteras marítimas como terrestres y en los aeropuertos. 
Además, se ha adoptado un programa general de expulsiones y un plan específico para el regreso a Afganistán. 
Estos dos fueron aprobados hace unas cuantas semanas. 
En lo tocante a la política de asilo, se han realizado progresos importantes en relación con la aplicación de los objetivos del Tratado de Ámsterdam y las prioridades establecidas en Sevilla. 
En septiembre de 2000 se creó el Fondo Europeo para los Refugiados, y en julio de 2001 se aprobó una Directiva sobre normas mínimas de protección temporal en casos de afluencia masiva de personas desplazadas. 
Durante la Presidencia danesa se han logrado más progresos en materia de asilo. 
Ahora hay un acuerdo en el Consejo sobre el Reglamento Dublín II, que se espera sea adoptado finalmente. 
Este era el objetivo particular que había que lograr bajo la Presidencia danesa. 
Este objetivo se ha alcanzado; hay unanimidad política. 
Posiblemente haya una reserva parlamentaria más, pero estoy seguro de que pronto podremos adoptar el Reglamento Dublín II, quizás incluso mañana, cuando se celebre una reunión del Consejo en Bruselas. 
Asimismo se espera que en la reunión que celebrará el Consejo mañana se adopte la propuesta de la Comisión sobre normas mínimas para la recepción de solicitantes de asilo. 
En el transcurso de los últimos seis meses, han tenido lugar negociaciones intensas en torno a la propuesta de la Comisión de establecer normas mínimas para el reconocimiento de súbditos de terceros países y personas apátridas como refugiados o personas que necesitan una protección subsidiaria. 
Se han logrado progresos importantes y ahora hay unanimidad política sobre la definición de un refugiado y unanimidad política sobre la definición de la protección subsidiaria. 
Esta unanimidad se basa en la Convención de Ginebra y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. 
Hemos alcanzado una unanimidad política en casi todos los artículos 1 a 19 concernientes a las condiciones básicas de la normativa relativa a los refugiados. 
Lo único que queda es la cuestión de los derechos de los refugiados y de las personas con protección subsidiaria, y por ello podemos esperar que la propuesta se adopte, a más tardar, en verano, como se decidió en Sevilla. 
Las cosas en torno a las cuales se ha alcanzado un acuerdo son algunas de las más espinosas. 
Algunos dirán: esto está muy bien, pero ¿qué tiene de especial adoptar algo que se basa en convenios que hace ya tiempo que están en vigor? 
La respuesta es: es bueno porque significa que a partir de ahora estos convenios tendrán que respetarse en todos los países, incluidos los nuevos Estados miembros que el viernes pasado decidimos incorporar a la Unión. 
Además, hay una gran diferencia entre tener convenios y tener directivas. 
La diferencia es que la Comisión tiene mucha más autoridad a la hora de determinar si se están cumpliendo las directivas, y finalmente también existe la posibilidad de acudir a los tribunales si los países incumplen los convenios. 
Por consiguiente, la respuesta a la pregunta que he planteado es: la cosa cambia muchísimo si las normas de estos convenios se introducen ahora en forma de directivas. 
En la reunión del Consejo en octubre tuvimos un debate abierto sobre la propuesta revisada de la Comisión acerca de unas normas mínimas para los procedimientos de asilo en la cual los Ministros de los Estados miembros hicieron varios comentarios sobre la propuesta. También esta propuesta será adoptada a finales de 2003. 
En lo que respecta a la política de inmigración, las conclusiones de Sevilla dicen que el Consejo ha de aprobar la propuesta de la Comisión de una normativa sobre la reunificación familiar y el estatuto de residentes permanentes de larga duración para junio de 2003. 
Se han realizado importantes progresos en las negociaciones sobre la propuesta revisada de una directiva sobre la reunificación familiar- la propuesta que fue presentada por la Comisión en mayo de este año- y se espera que sea posible adoptarla en la fecha fijada en Sevilla, a saber, en junio de 2003. 
En lo que respecta a la propuesta sobre el estatuto de residente permanente de larga duración, el 15 de octubre de 2002 el Consejo debatió diversas cuestiones políticas pendientes. 
Se han logrado ciertos progresos en este ámbito bajo la Presidencia danesa, pero quedan aún algunas cuestiones cruciales, entre ellas el derecho a una determinada forma de libre circulación. 
El Consejo se esforzará por cumplir el plazo establecido en Sevilla para adoptar la propuesta. 
Al mismo tiempo, en la Comisión de Justicia y Asuntos Interiores, el 15 de octubre de 2002 se celebró un debate abierto sobre la propuesta de directiva de la Comisión sobre las condiciones de entrada y residencia de súbditos de terceros países para realizar estudios. 
En todos estos casos se ha consultado al Parlamento, y se han incorporado, o se incorporarán, las declaraciones del Parlamento en la base para la decisión del Consejo. 
El Consejo considera muy importante que se implique al Parlamento en este ámbito, al cual aún no se aplica el procedimiento de codecisión. 
El Consejo espera poder cooperar aún más estrechamente con el Parlamento en el ámbito del asilo después de la entrada en vigor del Tratado de Niza. 
Espero haberles presentado, con esto, un informe de situación completo sobre los resultados conseguidos en el ámbito de la política de asilo e inmigración. 
Creo que, en general, el cuadro es positivo. 
Estoy de acuerdo en que los asuntos han avanzado con excesiva lentitud. 
Sé que el Comisario tenía esa misma sensación, como yo mismo la tuve cuando estaba sentado en la comisión competente aquí en el Parlamento. 
Aunque sea yo quien lo diga, pienso que el Consejo ha tomado impulso, que por fin hemos empezado a ver bastantes resultados y que hemos empezado a cumplir nuestros objetivos 
Es importante cumplir los plazos. 
La política de asilo e inmigración es muy importante para las personas implicadas, y es importante que consigamos resultados y encontremos el equilibrio al que me he referido al comienzo de mi intervención. 
Señor Presidente, podría haberme explayado mucho más, dado que en realidad hay muchas iniciativas- por ejemplo, en el ámbito de los controles fronterizos, en el cual se han puesto en práctica 17 iniciativas- sobre las cuales podría haber hablado durante un buen rato, pero todo ha de llegar a su fin, y por tanto termino aquí para dejar que las intervenciones de Sus Señorías determinen lo que debatiremos en mayor detalle durante la próxima hora. 
Señor Presidente, aunque la Comisión ha presentado todas las propuestas requeridas por el Tratado 18 meses antes del fin del plazo establecido por el Tratado de Ámsterdam, es cierto que sólo unos pocos de los objetivos definidos para el establecimiento de una política de inmigración y asilo común se han cumplido efectivamente. 
Espero que el Consejo siga adelante rápidamente con el examen y la adopción de varias medidas sometidas a debate, como pidió el Consejo Europeo tanto en Laeken como en Sevilla. 
Reconozco que durante la Presidencia danesa se consiguió un progreso importante, no sólo en lo que se refiere a las conclusiones de Sevilla, sino particularmente en cuanto al desarrollo de la política de asilo común. 
Este progreso se debió a la implicación personal y los conocimientos del Sr. Haarder, a quien alabo por ello. 
De hecho, se espera que el Reglamento Dublín II se adopte formalmente en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de mañana. 
Junto con la puesta en marcha del sistema Eurodac, prevista para el 15 de enero de 2003, esto constituirá un paso positivo adelante. 
Soy bastante optimista respecto a los debates en el Consejo sobre la Directiva que establezca normas mínimas para la recepción de solicitantes de asilo en los Estados miembros. 
Comparto la opinión del Presidente en ejercicio de que es posible que el Consejo adopte esta Directiva mañana. 
Gracias a la adopción de esta legislación, la primera fase del sistema de asilo común europeo está tomando forma progresivamente. 
Aún deben adoptarse dos elementos fundamentales del sistema. 
Sin embargo, como dijo el Presidente en ejercicio, se realizó un buen progreso, gracias a la enérgica Presidencia danesa, en cuanto a una definición común de «refugiado» y a un enfoque común de la protección subsidiaria. 
Poco queda por hacer en cuanto a esta propuesta clave que podría ser adoptada por el Consejo en su primera reunión en 2003. 
También espero que el Consejo acelere el examen de nuestra propuesta modificada sobre procedimientos de asilo, que presentamos hace seis meses. 
Resulta de una importancia extrema para la credibilidad de la Unión en estas áreas, que constituyen una parte fundamental de las esperanzas de la opinión pública en cuanto a Europa, que se consiga realmente un progreso importante. 
En ámbitos políticos tan delicados, la estrategia de los pequeños pasos demostrará ser eficiente y ganará la confianza de nuestros ciudadanos. 
Además, ha llegado el momento de considerar seriamente las ideas de futuro recientemente presentadas por el Alto Comisionado, Ruud Lubbers, y que han sido refrendadas por el Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
A principios de 2003 la Comisión pretende presentar una comunicación en la que expresaremos nuestras propias ideas respecto a los principales elementos de esta nueva agenda para la protección presentada por el Sr. Lubbers. 
Como saben- y ha mencionado ya el Presidente en ejercicio- las Directivas sobre reunificación familiar y el estatuto de residente de larga duración aún están en trámite. 
Animo a la nueva Presidencia griega a llevar a término estas negociaciones tan pronto como sea posible. 
Es posible adoptarlas durante la primera mitad del próximo año. 
Las normas sobre admisión de ciudadanos de terceros países por razones de empleo, presentadas por la Comisión en julio de 2001, han sido complementadas con una nueva propuesta, presentada en octubre, sobre las condiciones de entrada y residencia con fines de estudio. 
Urge progresar con estos dos textos, que son elementos clave de una política de inmigración europea activa. 
Además, con respecto a las relaciones internacionales, la Comisión ha presentado recientemente, en una propuesta conjunta elaborada por mis colegas el Sr. Patten y el Sr. Nielson, y yo mismo, una comunicación que recoge nuestras ideas sobre el nexo entre inmigración y desarrollo. 
En este documento, también comentamos las posibilidades, así como las limitaciones, del presupuesto comunitario en este ámbito. 
Me gustaría aprovechar esta ocasión para confirmar que la Comisión presentará una propuesta en 2003 con el propósito de establecer un programa plurianual de cooperación con terceros países en el campo de la inmigración, aprovechando la experiencia que hemos acumulado a través del uso de la línea presupuestaria B7-667. 
Nuestra intención es responder de forma específica y complementaria a las necesidades de los terceros países en sus esfuerzos por asegurar una mejor gestión de todos los aspectos de los flujos migratorios y estimularles en su preparación para la ejecución de los acuerdos de readmisión o ayudarles en la misma ejecución. 
Este programa complementa otros instrumentos de cooperación y desarrollo comunitarios. 
El grado de armonización conseguido o sometido a negociación en la actualidad no ha satisfecho a menudo las expectativas de la Comisión. 
Ciertamente, podría haberse hecho más. 
Sin embargo, la armonización que se está consiguiendo es merecedora de nuestro esfuerzo. 
Los que participamos en la formulación de esta política no deberíamos olvidar que hemos sido pioneros en colocar las primeras piedras de la legislación y la política europeas en una cuestión tan complicada como la inmigración y el asilo, sobre todo el Parlamento. 
Sin embargo, este primer intento de elaborar una política nos ha enseñado unas pocas lecciones. 
Esta política está aún constreñida por demasiadas limitaciones institucionales y jurídicas, como comentaba el Presidente en ejercicio en sus observaciones sobre los convenios. 
La codecisión debería convertirse en la norma y las disposiciones generales deberían permitir a la Comisión formular una política completamente armonizada. 
El objetivo no debería reducirse a unas normas mínimas, sino a todo un sistema de asilo común. 
El voto por unanimidad en el Consejo- especialmente a la vista de una Unión ampliada- parece cada vez más una invitación a entrar en un callejón sin salida. 
Por tanto, me complacen enormemente las conclusiones constructivas alcanzadas por el informe Bruton dentro del marco de la Convención. 
Apuntan en la dirección correcta en cuanto al futuro de la política europea de asilo e inmigración. 
Estoy seguro de que esas conclusiones recibirán el pleno respaldo del Parlamento Europeo. 
. 
(EN) Señor Presidente, en las últimas semanas hemos hablado mucho acerca de la ampliación de la Unión Europea. 
Esa ampliación extiende nuestras fronteras hasta Rusia, Ucrania y Belarús, por lo que no nos asombremos de que las cuestiones de control de fronteras y política de inmigración ocupen un lugar central. 
Pero tratándose de inmigración, ningún país es una isla. 
Se necesita un debate real a escala europea, y no esa especie de desagradable consigneo que tuvimos que soportar en el Consejo Europeo de Sevilla. 
Como cuestión política, la inmigración es simple. 
Si no abrimos nuestros mercados a los bienes procedentes de países más pobres, ayudando así a sus habitantes a prosperar, les quitaremos sus habitantes. 
Y si no establecemos nuestra propia política de inmigración, reinará la anarquía o- lo que es peor- las bandas criminales de traficantes de seres humanos establecerán esa política en nuestro lugar. 
Qué lástima que nuestros Gobiernos no escucharan con un poco más de interés los consejos del Gobierno canadiense sobre cómo, si deseamos ganarles la partida a los traficantes de personas, deberíamos abrir un poco nuestra puerta delantera a la inmigración legal, a fin de cerrar nuestra puerta trasera más eficazmente a la inmigración ilegal. 
Felicito al Comisario Vitorino por las propuestas que presentó hace unos años, al inicio de todo este debate. 
Lamento profundamente que los Estados miembros no las aprobaran tal como se presentaron. 
El debate ha estado dominado por los aspectos represivos de la política de inmigración y ha demostrado escasa consideración por sus aspectos humanitarios. 
La estrategia apenas puede describirse como estrategia de pasos pequeños, como han sugerido los Comisarios, y quizás sea mejor describirla como una estrategia de «pasos vacilantes». 
Tuve el honor de presidir la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores en esta Cámara durante los primeros dos años de ese debate. 
Lamento no sólo el fracaso de la UE a la hora de establecer unas políticas de inmigración y asilo eficaces y completas, sino también su incapacidad de asegurar una administración responsable de nuestra economía, que está estrechamente vinculada a la inmigración. 
La revisión de la economía europea en 2002 realizada por la Comisión muestra las devastadoras consecuencias económicas del estancamiento del crecimiento de la población, debido a lo cual la tasa de crecimiento económico potencial podría descender un 1% anual del PNB durante los próximos 50 años. 
¿Qué deberíamos hacer? 
Bien, que se sepa, las exhortaciones para procrear no han funcionado nunca. 
Todo indica que cuanto más alto es el nivel de vida, menos personas desean tener hijos. 
Así pues, también por razones económicas necesitamos celebrar un debate maduro sobre una política de gestión de la inmigración. 
Espero que el debate de esta tarde contribuya a que logremos pensar al unísono sobre la política de inmigración. 
He pedido que se presente un informe sobre el acuerdo de readmisión con Hong Kong. 
Lamento que no se haya consultado ni mantenido informado al Parlamento durante las negociaciones sobre este acuerdo de readmisión, por lo que nos encontramos con que tenemos que expresar nuestra opinión una vez que ya se ha rubricado el acuerdo, es más, después de que el Consejo de Agricultura del 23 de diciembre adoptara la decisión de autorizar su firma. 
De acuerdo con el artículo 97 de nuestro Reglamento, durante las negociaciones, y cito: «La Comisión y el Consejo informarán a la comisión competente, de forma regular y exhaustiva (... ) sobre el desarrollo de las mismas». 
Lamento que ello no haya sucedido, sobre todo porque se trata del primer acuerdo de readmisión negociado por la Comunidad. 
En el caso de futuros acuerdos, pido que se mantenga informado al Parlamento sobre el estado de las negociaciones de la Comisión y el Consejo. 
La readmisión trata del regreso de personas que han sido halladas en situación irregular en nuestro territorio. 
Pocos en esta Asamblea negarán la necesidad de una política de regreso. Es una parte integral de cualquier política de inmigración creíble. 
Un regreso eficaz salvaguarda la integridad de las políticas de asilo y de los programas de inmigración regulares y actúa como una medida disuasoria contra la inmigración irregular. 
El regreso ha adquirido importancia básicamente por el modo en que están siendo utilizados nuestros sistemas de asilo sobrecargados como alternativas a una política de inmigración de puertas cerradas. 
Cuando el Consejo aprobó su programa de acción de regreso a finales del mes pasado, estoy convencido de que tuvo en cuenta las numerosas ventajas de un regreso voluntario asistido, así como la posibilidad de un regreso forzado. 
La ventaja de un regreso voluntario asistido es que permite volver de una forma no punitiva y de bajo coste. 
Ha demostrado funcionar en Alemania, en el Reino Unido, en los Países Bajos y en Bélgica. 
Es más adecuado y menos caro, tanto financiera como políticamente, que la deportación. 
Se ha tratado casi exclusivamente de un fenómeno europeo, y tenemos que realizar más estudios sobre la sostenibilidad del regreso con programas de regreso asistido. 
Pero nuestra política ha de ser racional, no ha de estar impulsada por prejuicios, sino por una valoración sobria de nuestras necesidades. 
Ha de ser llevada a cabo por gobiernos que deberían resistirse a la tentación de deportar a veces para conseguir la aprobación de las masas. 
Esta política también ha de abordar cuestiones de género y salud que son vitales en este debate. 
El acuerdo de readmisión sobre el se me ha pedido que informe es el primer acuerdo de readmisión que ha firma la Comunidad. 
Comparto la apreciación del Comisario sobre la disposición de las autoridades de Hong Kong a negociar con nosotros. 
Existe el peligro de que el debate de hoy se confunda con un debate sobre Hong Kong de mañana, que refleja la preocupación en torno a la aplicación del artículo 23 de la Ley Fundamental. 
Algunos pueden afirmar que Hong Kong no es un país seguro. 
Acepto la promesa hecha el 10 de diciembre por Donald Tsang, el Secretario Jefe de Hong Kong, cuando dio su garantía personal de que la libertad de flujo de información y la libertad de expresión seguirían siendo características esenciales de la sociedad de Hong Kong. 
Tampoco me cabe ninguna duda de que la administración de Hong Kong está capacitada para administrar un acuerdo de readmisión. 
Además, el acuerdo en sí hace referencia a los compromisos internacionales para la protección de personas vulnerables. 
Sin embargo, lo que me preocupa sobre este acuerdo es que es el primero en lo que será una serie de acuerdos de este tipo. 
Ya se ha dado autorización para negociar este tipo de acuerdo con muchos países; algunos de ellos incluso ya se han iniciado. 
El hecho es que algunos de estos acuerdos serán mucho más difíciles que este. 
Por ello, quisiera pedir a la Comisión que esta tarde aclare diversas cuestiones. 
La primera de ellas tiene que ver con la escala de repatriación voluntaria y forzada fomentada por los Estados miembros, las categorías de personas implicadas y sus países de origen. 
¿Son adecuadas y eficaces las medidas que han adoptado los Estados miembros? 
Dado que esta Cámara también está muy preocupada por garantizar que las políticas de regreso y los acuerdos de readmisión que negociamos respeten los derechos fundamentales, quisiera preguntar cómo propone la Comisión garantizar que se respetarán los derechos de los individuos en caso de repatriación, especialmente si ello tiene lugar a gran escala. 
¿Está segura la Comisión de que los acuerdos de readmisión que propone son compatibles con nuestras obligaciones conforme a la ley internacional de refugiados? 
¿Se comprometerá la Comisión a establecer mecanismos de control conjuntos con los países con los que firmamos acuerdos de readmisión? 
La Asamblea quería obtener respuestas a todas estas preguntas. 
Asimismo me gustaría saber por qué se menciona al Parlamento Europeo en la comunicación de la Comisión sobre la política de regreso comunitaria. 
Me gustaría que se aclarara qué instrumento financiero coherente y transparente se utilizará para la política de regreso en cuestión y los acuerdos de readmisión en concreto. 
El papel del Parlamento Europeo como un brazo de la autoridad presupuestaria es sin duda importante en este contexto, y me gustaría saber si, desde un punto de vista financiero, vamos a necesitar una nueva base legal para esta política. 
La cláusula de los derechos humanos en el acuerdo de readmisión utilizado para Hong Kong no es suficientemente fuerte para protegernos contra todas las eventualidades en este tipo de acuerdos con otros países. 
Deberíamos reconocer que, mientras que firmar un acuerdo con Hong Kong fue una cuestión relativamente sencilla, pues pudimos ofrecerles un acceso sin visado a la UE a cambio, llegar a un trato con países como Rusia y Marruecos no será tan fácil. 
Tendremos que ofrecer incentivos para que muchos terceros países cooperen con nosotros, en lugar de amenazarles con sanciones económicas, como propusieron el Sr. Blair y el Sr. Aznar en Sevilla. 
Por ello, aplaudo la reciente comunicación de la Comisión sobre la integración de cuestiones de inmigración dentro de la política de relaciones exteriores de la Unión. 
Si unimos los puntos entre este documento, nuestra política de desarrollo, las negociaciones sobre la readmisión y nuestra necesidad de inmigración, haremos gala del pensamiento común que tanto necesitamos en la política de inmigración y asilo. 
Señor Presidente, es un placer estar aquí y tratar de nuevo estas cuestiones con el Sr. Watson, quien hay hecho una importante contribución a este debate en la Cámara como Presidente de la Comisión de Libertades de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Me complace ver que ha seguido la evolución de estas cuestiones. 
Empezando por Hong Kong, aplaudimos este primer acuerdo de readmisión de la Comunidad Europea con un tercer país o territorio. 
Demuestra no sólo la disposición de Hong Kong a comprometerse a cooperar con la Unión Europea en la gestión de los flujos migratorios, sino también la credibilidad del principio «un país, dos sistemas». 
En lo que respecta a este acuerdo concreto, hemos desarrollado un enfoque equilibrado. 
Como quizás recuerden ustedes, en marzo de 2001 la Unión Europea decidió conceder acceso sin visado a los ciudadanos de Hong Kong y, al mismo tiempo, propusimos la negociación de un acuerdo de readmisión. 
Reconozco que deberíamos haber mantenido más informado al Parlamento en relación con estas negociaciones. 
Lo único que puedo decir en mi defensa es que sólo hubo una ronda de negociaciones. 
Habría sido difícil informar al Parlamento en medio de las conversaciones. 
No obstante, tomamos en serio el hecho de que ahora negociaremos varios acuerdos de readmisión. 
Tenemos que introducir formas prácticas para consultar al Parlamento y mantenerle informado. 
Les aseguro que ya me he puesto en contacto con la secretaría de la Comisión de Derechos de los Ciudadanos para determinar cómo se puede otorgar al Parlamento acceso directo a la información sobre el desarrollo de las negociaciones en torno a los acuerdos de readmisión. 
En lo que respecta a la pregunta oral, la Comisión no dispone de cifras exactas sobre la escala global de la repatriación voluntaria y forzada promovida por los Estados miembros. 
Puedo decirles que un promedio del 40% del dinero asignado a los Estados miembros en el Fondo Europeo para los Refugiados se utiliza para financiar el regreso voluntario. 
Sólo el regreso voluntario se incluye en las disposiciones del Fondo Europeo para los Refugiados. 
De acuerdo con las estadísticas del CIREFI para 2001, con regresos desde 12 de los 15 Estados miembros- el Reino Unido, Irlanda y los Países Bajos no facilitaron cifras- han sido devueltas en total unas 333 000 personas. 
En 2002, desde enero a septiembre, 98 000 personas han sido devueltas por Estados miembros, pero esta cifra no incluye el Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos ni Luxemburgo, que no nos facilitaron cifras. 
Reconozco que necesitamos estadísticas más precisas sobre estas cuestiones. 
Por ejemplo, no puedo distinguir entre regresos voluntarios y regresos forzados porque las estadísticas nacionales de los Estados miembros no hacen tal distinción. 
Puedo señalar la nacionalidad de quienes han regresado, pero no puedo decirles adónde han sido devueltos porque, como saben, algunos de ellos no han sido devueltos a sus países, sino a los países a través de los cuales entraron en la Unión Europea. 
Reconocemos la necesidad de mejor información y, por consiguiente, durante la Presidencia griega presentaremos una propuesta para tener un instrumento específico para el intercambio de estadísticas armonizadas y normalizadas en lo que respecta a la política de asilo y de inmigración. 
En cuanto a la aplicación de las decisiones para devolver a las personas, la Comisión no tiene responsabilidades en lo que respecta a la aplicación. 
Es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros. 
No obstante, creemos que habría que adoptar algunos instrumentos a escala europea. 
Por ejemplo, el reconocimiento mutuo de las decisiones de expulsión es un elemento clave. 
Hay un instrumento con un alcance muy limitado en este ámbito; ahora estamos evaluando cómo ha funcionado en la práctica y espero que la próxima primavera podamos presentarles nuestra evaluación de cómo funciona el reconocimiento mutuo de las decisiones de expulsión en la Unión Europea. 
Lo mismo cabe decir de las normas de expulsión. 
Creemos que deberíamos tener algunas normas comunes a escala europea con respecto a las decisiones para devolver a las personas; por ello espero que podamos presentar algunas propuestas específicas sobre este tema bastante pronto. 
Reconozco que la Comisión no dispone de ningún instrumento para controlar las situaciones después del regreso. 
No entra dentro de nuestra competencia y no tenemos las herramientas para hacer tal evaluación. 
Por supuesto, aplaudo la idea de celebrar un debate amplio sobre la política de regreso. 
Como saben ustedes, hemos publicado un Libro Verde, hemos presentado un plan de acción y el Consejo ha respaldado este plan de acción. 
Espero que, en el marco del debate sobre las comunicaciones sobre inmigración y desarrollo, seamos capaces, junto con el Parlamento, de discutir cuáles son los elementos clave de la política de regreso en la Unión Europea. 
Espero con gran interés el punto de vista del Parlamento sobre esta cuestión. 
- (NL) Señor Presidente, la política de asilo es especialmente difícil, y tiene muchos aspectos desagradables. 
Uno de los principales aspectos es el hecho de que una gran proporción de solicitantes de asilo se enfrenta finalmente a la perspectiva del regreso, o incluso del regreso forzoso. 
Esto es algo que siempre llama mucho la atención y despierta emociones entre el público en general. 
Mientras por un lado se está ejerciendo mucha presión sobre los políticos para que rechacen al mayor número posible de solicitantes de asilo que no sean del todo legítimos, por otro lado la gente se siente muy conmovida con los que finalmente han de ser repatriados, a veces incluso después de muchos años. 
Hemos de tener en cuenta las emociones a menudo muy contradictorias de la opinión pública. 
Además, el regreso voluntario no siempre es sencillo, y hemos podido comprobar que muchas veces una organización como la OIM, por ejemplo, por lo menos en los Países Bajos, no tiene éxito. 
El número de personas organizadas para regresar voluntariamente a su país o a lo que antes era su país es relativamente bajo. 
Toda nuestra política de asilo- o por lo menos nuestra política de regreso- ha de cumplir los requisitos de la dignidad humana en todos los sentidos. 
Este es un punto al que hemos de prestar mucha atención, y me complace que nos ocupemos de la cuestión del regreso de una forma ordenada en acuerdos como el que hemos firmado con Hong Kong y otros acuerdos que actualmente se están preparando. 
Sin embargo, ni que decir tiene que estos deberían incluir otros aspectos, además de las cláusulas de regreso. 
Con respecto a lo que se acaba de decir sobre la comprobación de lo que sucede con la gente que ha regresado, creo que podemos hacer muchas cosas al respecto, también en el contexto de la UE. 
Los Gobiernos dicen a menudo: Vale, nuestra embajada se mantendrá en contacto con las personas que han sido repatriadas a pesar de que aseguran correr peligro en su país. 
Soy del parecer que es importante crear una especialidad en las embajadas de los Estados miembros a fin de descubrir si, en algunos casos, es posible mantenerse en contacto con personas que han regresado a fin de estar seguros- realmente seguros- de que su regreso fue una decisión meditada por la persona que los hizo repatriar. 
En lo que respecta al acuerdo con Hong Kong, apoyo de todo corazón lo que ha dicho el Sr. Watson al respecto. 
Por supuesto es una pena que pidan nuestra aprobación tan tarde. 
Su legitimidad depende por supuesto de nuestra aprobación. 
Así pues, ahora estamos legitimando esta aprobación. 
De hecho, esto es una inversión muy arriesgada de los procedimientos, pero creo al Sr. Vitorino, cuya buena voluntad ha quedado demostrada en varias ocasiones en este Parlamento, cuando dice que se encargará de que se investiguen otras oportunidades para informar antes al Parlamento sobre tales documentos a fin de permitirnos hacer una contribución efectiva si es posible 
En lo que respecta a la claridad de la política europea, el Sr. Haarder ya se ha referido a esta cuestión. 
Pienso que es muy importante, especialmente desde el punto de vista de la dignidad humana, en relación con terceros países. 
Si tenemos una política de asilo homogénea, o relativamente homogénea, en que hayamos coordinado muchas diferentes normas, seremos capaces de ofrecer información sobre ella a terceros países, a fin de que la gente sepa qué trato pueden esperar en la Unión Europea. 
Ello brindará la oportunidad a los solicitantes de asilo que simplemente prueban fortuna, de no probar fortuna, la oportunidad de no endeudarse con sus familias o vecinos, sino de permanecer donde están y no correr el riesgo de tener que regresar con las manos vacías. 
Por último, tengo una pregunta sobre el Fondo Europeo para los Refugiados que se ha mencionado. 
¿Es posible que el Fondo Europeo para los Refugiados tenga un futuro mejor, y es posible que la propia Unión Europea aborde en mayor medida la cuestión de la ayuda en la región? 
Señor Presidente, señor Haarder, en el último Consejo de Justicia y Asuntos Interiores, gracias a la complejidad de los procedimientos comunitarios, adoptaron ustedes una muy eficaz medida de lucha contra la inmigración ilegal, pero probablemente no se enteraron- porque era el último punto del orden del día- de que en él, sin debate, aprobaron la conclusión de un acuerdo extendiendo y aumentando las cuotas para la importación de tomates desde Marruecos. 
Aparte de esta decisión, no han tomado ustedes, ni en este Consejo ni en otro, grandes medidas en relación, por lo menos, al ámbito de la inmigración. 
Tenemos sobre la mesa un abanico completo de propuestas de la Comisión en relación con las políticas de inmigración, con una política proactiva de inmigración, y no las cito porque voy a aburrir a este Parlamento si lo hago en cada intervención. 
Ninguna de ellas ha sido adoptada. 
En el Consejo Europeo de Sevilla, sin haber hecho los deberes en este terreno, el Consejo volvió a establecer prioridades y plazos en relación a la política de inmigración. 
Ahí se empezó a hablar menos de esta política y más de la lucha contra la inmigración ilegal. 
Pero es que tampoco ahí hemos avanzado mucho. 
De todas formas, lo que sí se hizo allí fue empezar a hablar de esto de otra manera que a mí me preocupa relativamente. 
Se empezó hablar de retorno de inmigrantes, de control de fronteras exteriores, de una forma en la que no caben tampoco muchas propuestas concretas. 
Se habla de seguridad, se introduce el término del control de fronteras en esta materia y, si se les escucha a ustedes, parece que la inmigración ilegal tiene que ver con la inseguridad. 
Si se da usted una vuelta por nuestras ciudades, verá que la inmigración ilegal tiene más que ver con empleadas domésticas, con personas trabajando en la agricultura, con personas trabajando en nuestros restaurantes. 
Y sabemos quiénes son. 
Por darle una cifra, en mi país, y sólo en una ciudad cercana a Barcelona, L ' Hospitalet, que tiene 800 000 habitantes, se empadronan 17 670 personas, muchas de ellas inmigrantes ilegales. 
La Comisión, en este período, ha presentado dos propuestas que se aproximan globalmente a la cuestión, tal como preveían las conclusiones de Tampere: el Libro Verde sobre el retorno, la inclusión de la política de inmigración en la política exterior de la Unión. 
Ciertamente, esta aproximación global debe contener un aspecto represivo, pero para hacer cumplir una política de inmigración, para tener un control del empleo ilegal- con permiso de Berlusconi -, para establecer una política de integración del comercio exterior. 
Si no tenemos esta aproximación global, si no nos centramos en esta línea, tampoco vamos a ser eficaces en la lucha contra la inmigración ilegal. 
Señor Presidente, todos reconocemos que ha habido dos problemas en la realización de las políticas de asilo e inmigración comunes: falta de velocidad y falta de equilibrio. 
En lo que respecta al problema de la velocidad, la Presidencia danesa ha hecho un esfuerzo supremo en materia de política de asilo. 
Yo también rindo tributo a la energía del Sr. Haarder. 
Sin embargo, en cuanto a la cuestión del equilibrio, sigo sintiéndome frustrada por el hecho de se hayan descuidado la inmigración legal y los derechos de los inmigrantes. 
Se lanzan muchas críticas a los inmigrantes que no consiguen integrarse, pero se hace poco para ayudarles, por ejemplo, con la reunificación familiar o los derechos de libre circulación. 
Tomemos por ejemplo la directiva sobre las condiciones de recepción, que recalca el peligro clásico del enfoque del «mínimo común denominador» impuesto por el principio de unanimidad. 
No es culpa del Sr. Haarder. 
Después del aparente acuerdo sobre el texto el pasado mes de abril, volvió a abrirse el debate. 
El resultado fue que los alemanes se salieron con la suya y por consiguiente no hay necesidad de permitir a los solicitantes de asilo que trabajen si no se toma una decisión sobre su caso antes de un año. 
Los británicos se han salido con la suya en el sentido de que se permitirá que los Estados miembros nieguen ayuda en la recepción cuando el solicitante de asilo no pueda demostrar que ha presentado su petición lo antes posible. 
Si hubiera habido una votación por mayoría cualificada y codecisión con este Parlamento, estoy segura de que ninguna cláusula se habría incluido en este texto, puesto que habría prevalecido una mayoría más progresista. 
Sobre la cuestión del regreso, ¿estamos obligando a mujeres a regresar a Afganistán, a un entorno descrito por Human Rights Watch como tan opresivo como lo era con los talibán? 
Vigiladas por quinceañeros, las mujeres son conducidas al hospital donde se les obliga a someterse a unos exámenes ginecológicos ofensivos para demostrar su castidad. 
Siguen llevando el burka, que es medieval. 
Entiendo que no podamos garantizar la seguridad de las mujeres que han regresado a Afganistán. 
Quiero tener la garantía de que no estamos devolviendo mujeres a Afganistán. 
Señora Presidenta, Señorías, los acuerdos de readmisión que propone el Consejo es más tributaria de una estrategia para combatir la inmigración ilegal que de una cooperación genuina. 
Permítanme recalcar dos puntos. 
En lo que respecta al procedimiento, la falta de información dada al Parlamento plantea el problema del papel y los poderes de los diputados: lo que está en juego es nuestra credibilidad democrática. 
Nos quejamos de los índices de abstención, del hecho de que Europa sea una entidad desconocida para los ciudadanos, queremos convencer a los ciudadanos de la necesidad de la Unión, pero mientras se desprecie y no se consulte a sus representantes no conseguiremos que esta Europa de los ciudadanos que queremos construir sea creíble. 
En lo que respecta a las cláusulas de readmisión, en la cumbre de Tampere la Unión reafirmó su compromiso con las Convenciones de Ginebra y Dublín. 
Por ello es inaceptable que estos acuerdos de readmisión hagan posible repatriar a súbditos de terceros países cuando no existen garantías de que se respetarán los derechos humanos y las libertades democráticas en su país de origen. 
¿Qué criterios se aplican para verificar que un país al que se envía un súbdito es seguro? 
La Unión Europea basa su política en el respecto de los derechos fundamentales. 
Esto es válido, en particular, para las medidas que regulan la circulación de individuos, y en especial para las medidas relacionadas con el regreso voluntario o forzoso. 
¿Cómo tiene previsto la Comisión verificar que se están respetando estos derechos en caso de regreso, sobre todo cuando se trata de regresos masivos? 
Hoy en día, los afganos pueden ser devueltos a Afganistán a pesar del hecho de que no existen garantías en cuanto a su seguridad y a la paz en la región. 
El cierre de Sangatte no ha supuesto ninguna solución al problema de la admisión de refugiados; cada día siguen llegando kurdos e iraquíes. 
¿Son compatibles los acuerdos de readmisión con las obligaciones impuestas por el derecho internacional, respetan el principio de «no devolución» del que depende el derecho a pedir asilo? 
¿Qué mecanismos de control tiene previsto aplicar la Comisión con los países con los que se negocian estos acuerdos? 
Nos habría gustado que nos garantizaran que se respetan estos derechos fundamentales. 
A pesar de la calidad del trabajo de nuestro ponente, no tenemos ninguna garantía en relación con estas cuestiones, que son fundamentales para nuestras libertades y nuestros derechos. 
Las cláusulas de readmisión responden más a los intereses de los países de la Unión que a la necesidad de prestar ayuda al desarrollo de terceros países. 
Son nefastas para cualquier política comunitaria de inmigración y de asilo; por ello no podemos apoyarlas. 
Señor Presidente, esta cuestión tiene dos aspectos: en primer lugar, el problema de excluir a los inmigrantes no deseados de la Unión Europea, o por lo menos de controlar su acceso; y, en segundo lugar, las razones de la emigración. 
Si excluimos la presión demográfica, la inestabilidad política y la guerra regional, es evidente que la principal presión se debe a las disparidades económicas. 
En resumidas cuentas, la mayor parte de los inmigrantes que intentan entrar en los Estados miembros de la Unión Europea son emigrantes económicos. 
Por consiguiente, cualquier política acertada ha de hacer frente, no sólo a las cuestiones de exclusión, sino también a las causas de la emigración. 
Parece claro que la Unión Europea está empeorando las cosas. 
Prácticamente todas sus políticas exteriores en relación con terceros países y sus políticas hacia los países candidatos parecen concebidas para provocar la emigración desde los países menos desarrollados. 
La Unión tiene unas cuotas, aranceles y otras políticas proteccionistas rígidas, que limitan el comercio con terceros países. 
Mientras subvenciona sus propias industrias- especialmente la agricultura, a través de una política agrícola común no reformada- e inunda el mercado mundial con mercancías subvencionadas, todo ello desestabiliza las economías del tercer mundo. 
En relación con los acuerdos de pesca, la Unión saquea las aguas de terceros países, en lugar de estimular a las industrias locales. 
Asimismo saca a trabajadores cualificados y formados de estos países, privándoles de los elementos esenciales del desarrollo económico. 
Toda esta crueldad muestra el imperialismo del proyecto europeo. 
En lugar de seguir adelante con cuestiones prácticas, lanzan ustedes políticas comunes idealistas. Estas políticas empeoran los problemas. 
Tendría mucho más sentido dejar de perjudicar a las economías de terceros países, en lugar de embarcarse en estas nuevas y extraordinarias empresas. 
Dicho de otro modo, dejen el control de la inmigración a los Estados miembros- una política que mi partido apoya- y concéntrense en los fallos de las políticas existentes. 
Pues creo que, por deferencia hacia el miembro del Consejo aquí presente, hay que «try it harder» (intentarlo con más ahínco). 
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, yo quisiera agradecerles su presencia hoy en la Eurocámara para discutir sobre asuntos que tienen no sólo un gran componente humano, sino una enorme repercusión mediática y política, como es la inmigración y el asilo. 
Me voy a referir, en primer lugar, a la inmigración. 
Es bueno que una y otra vez, en esta Cámara, se diga y se repita que los flujos migratorios ordenados contribuyen muy positivamente al desarrollo del país de acogida, a la situación del propio inmigrante e incluso al desarrollo del propio país de origen. 
Pero también hay que repetir que la llegada ilimitada de personas en situación irregular acaba por saturar las estructuras de nuestras sociedades y termina sobrepasando la capacidad de acogida de las mismas, desembocando en situaciones de desigualdad y de marginalidad. 
Se hace pues necesaria una política europea coherente que prevea todos los elementos inherentes al fenómeno migratorio. 
Los Consejos Europeos de Tampere, Laeken y Sevilla han supuesto un importante avance en materia de inmigración. 
Sin embargo, no sin razón, surgen muchas voces denunciando la falta de acuerdo en los ámbitos no represivos, como ha dicho aquí mi colega y predecesor el Sr. Watson; es cierto que, a partir de hechos tan trágicos como los que casi, diariamente, son una triste noticia en las aguas del Estrecho, o en las costas italianas, la vigilancia, el control fronterizo y la lucha contra las mafias y explotadores de una mano de obra irregular, pueden y deben ser la respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos, cada vez más sensibles de cara a temas como la inseguridad o el tráfico de seres humanos. 
Sin embargo, quisiera resaltar la importancia de otros aspectos pendientes de avances sustanciosos. 
En primer lugar, la intensificación o reconsideración de la política de ayuda al desarrollo para generar, en los países de origen, un ambiente digno y prometedor y evitar así la desbandada de población- en su gran mayoría joven- que, además de huir a lo desconocido, jugándose la vida, pueden y deben desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de su propio país. 
En segundo lugar, activar los trabajos en la puesta en marcha de un observatorio, por ahora virtual, de las migraciones, que permita a través del análisis y distribución de información, abordar el fenómeno de la inmigración en su dimensión real y de forma fiable y comparativa entre los Estados miembros, como acaba de reconocer el señor Comisario. 
En tercer lugar, el fomento de la integración de los inmigrantes legales, una de las claves del éxito de cualquier política de inmigración, a través de medidas que incluyan la reunificación familiar, la educación de menores, la no discriminación, el acceso a la vivienda, las facilidades para el aprendizaje de la lengua del Estado de acogida, o medidas sociales y sanitarias. 
Ahora bien, para evitar choques con la sociedad de acogida, y como se ha reconocido en el Cuarto foro mediterráneo de Bari, celebrado los días 17 y 18 de junio, es necesario no olvidar la doble faceta del fenómeno, es decir, la necesidad de trabajar también para asegurar el respeto, por parte de los inmigrantes, de los principios y valores de la sociedad que los recibe. 
Finalmente, la cooperación con los países de origen y tránsito en un espíritu de asociación y corresponsabilidad, como se acordó en el Foro ya mencionado, para el control de los flujos migratorios, la lucha contra la inmigración ilegal, la adopción de acuerdos de readmisión nacionales y la gestión integrada de las fronteras de la Unión. 
Una misión que, para ser exitosa, ha de llevarse a cabo en estrecha colaboración con los países terceros fronterizos de la Unión Europea. 
Y pasando al ámbito del asilo, señor Presidente, quisiera recordar la importancia y el respeto de la Convención de Ginebra, regulando, complementariamente, otras formas necesarias de protección internacional para aquellos supuestos no incluidos en ella. 
Sin embargo, lamento tener que lanzar de nuevo una crítica, como ya hice con ocasión de la discusión de la Directiva, de la que fui ponente, sobre las condiciones de acogida y asilo porque, en efecto, en la práctica, se siguen llevando a cabo las negociaciones sobre los distintos aspectos de la política de asilo de forma confusa y desordenada. 
En español existe un dicho: «el que mucho abarca poco aprieta» , y me da la sensación que esa es la situación actual en el ámbito del asilo. 
Es cuanto menos incongruente discutir propuestas que, en sus disposiciones, dependen de conceptos regulados en otras, cuyas negociaciones deberían haber concluido antes, pero que por el contrario no avanzan. 
Les hago, pues, un llamamiento para que se racionalice el proceso europeo, y no nos perdamos en círculos viciosos altamente influenciados por los intereses nacionales. 
Por último, y con ello acabo, señor Presidente, pero no es por ello menos importante, me permito llamar la atención de la Comisión y del Consejo sobre el hecho de que con la entrada en vigor del Tratado de Niza, prevista para el próximo 1 de febrero, el procedimiento de codecisión Parlamento- Consejo, y la mayoría cualificada, serán de aplicación en materias tan sensibles como todas aquellas que se refieren a las normas mínimas que regulan los distintos aspectos de los procedimientos, requisitos y condiciones de la condición de asilado. 
- (NL) Como ya han dicho muchas personas, la política de asilo e inmigración común progresa de forma muy desequilibrada. 
En lo que respecta a las medidas represivas, incluido el combate contra la inmigración ilegal, el Consejo ha vuelto a actuar con energía este año. 
Sin embargo, actualmente no hay ningún atisbo de política común de asilo e inmigración, y no es culpa de la Comisión, no, es culpa del Consejo. 
El Consejo ha optado por un enfoque sumamente unilateral. 
Ha dado prioridad al control de nuestras fronteras exteriores y a las sanciones por ofrecer ayuda a quienes entran y permanecen ilegalmente. 
La política de expulsión y regreso se ha establecido ahora con carácter prioritario. 
En este contexto, hoy estamos hablando del acuerdo de readmisión con terceros países, en este caso Hong Kong. 
El Parlamento quedó más o menos fuera de juego durante las negociaciones para este acuerdo, y no pudo actuar conforme al el papel que tiene asignado. 
No tendría que haberse permitido que esto sucediera, sobre todo porque este acuerdo será un modelo para futuros acuerdos del mismo tipo. 
He tomado nota de la promesa del Sr. Vitorino que esto no volverá a suceder, y tengo intención de recordárselo. 
Por otra parte, mi grupo acepta el contenido del acuerdo de Hong Kong, pero apoyamos el enfoque crítico del Sr. Watson. 
A partir de sus preguntas, quisiera hacer los siguientes tres comentarios. 
En primer lugar, ¿en qué medida son efectivas en general las medidas de deportación ya tomadas, y cómo se evita que las personas procedentes de terceros países que han sido deportadas regresen de inmediato a los países de la UE de donde vienen? 
O, ¿acaso nuestra política de retorno es sobre todo una política virtual destinada al consumo nacional, que ha de enmascarar el hecho de que falta coraje político para enfrentarse a los problemas reales? 
En segundo lugar, el regreso forzoso tendría que ser el remate de nuestra política de retorno, un último recurso, y ¿qué instrumentos tiene en realidad la Unión Europea para promover el regreso voluntario a fin de evitar el regreso forzoso? 
Mi último punto es: la deportación colectiva está prohibida, también en la Carta Europea de los Derechos Humanos, pero ¿cómo asegurarán los Estados miembros de la Unión Europea que se controlará individualmente la decisión de deportar a inmigrantes ilegales procedentes de terceros países, y cómo pretendemos evitar que se viole el principio de «no devolución»? 
Señor Presidente, Dinamarca y el Sr. Haarder han recibido hoy una merecida felicitación. 
Me sumo a esta felicitación. 
Sin embargo, estoy menos satisfecho con la política de asilo e inmigración de la UE. 
Muy a menudo, las propuestas tienen que ver con el control y la represión. 
Se pierde con facilidad la perspectiva global. 
¿Qué se necesita? 
Pues bien, combatir la pobreza en el mundo y obtener más ayuda, más comercio y más democracia. 
El Sr. Haarder es consciente de ello. 
Necesitamos una política de asilo humana, basada en el respecto y la dignidad humana. 
Todos los seres humanos tienen derecho a buscar asilo dentro de la UE. 
No todos tendrán razones para pedir protección que les permitan permanecer, pero todos han de ser tratados de acuerdo con el Estado de derecho y en condiciones aceptables, y asimismo han de tener, por ejemplo, acceso al mercado laboral El hecho de que la UE esté abriendo la puerta a mano de obra inmigrante debería aflojar la presión en la política de asilo y, al mismo tiempo, darnos la oportunidad de hacer frente a los crecientes problemas demográficos. 
El ejemplo danés demuestra que la UE necesita una política de asilo común. 
Cuando Dinamarca cierra la puerta, los refugiados vienen a Suecia. 
Una UE humanitaria debería poder hacer mejor las cosas. 
Ello exige la codecisión en esta Asamblea, algo de lo que el Sr. Haarder es más consciente que cualquier otra persona. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero empezar como empezó la baronesa Ludford, diciendo que en el ámbito del asilo y la inmigración hay falta de velocidad y falta de equilibrio. 
Asimismo estoy de acuerdo con las palabras de la Sra. Terrón i Cusí, que ha dicho que se necesita un enfoque global de estas cuestiones. 
Un enfoque global significa que hemos de concentrarnos en dos aspectos de la serie de problemas planteados por el asilo y la inmigración; las causas subyacentes y cómo combatir su abuso. 
Y en este punto quiero decir que no estoy de acuerdo con quienes se oponen a las medidas represivas diciendo que no son necesarias. 
Por desgracia, sí lo son. 
Combatir la inmigración ilegal ha de ser una prioridad para la Unión, porque este fenómeno representa la mayor amenaza a la dignidad humana, permite que florezcan las redes criminales y la trata de seres humanos. La inmigración ilegal y nuestra incapacidad para controlar los flujos migratorios hace que las personas reaccionen de forma exageradamente xenófoba, racista e intolerante. 
Seguramente sería más fácil hacer que todo lo que es ilegal fuera legal, pero no podemos hacerlo. 
No todo el mundo que quiere entrar en el territorio de la UE puede hacerlo. 
Y por ello, como ha dicho el Sr. Watson, hemos de tener una política de repatriación que garantice la credibilidad de nuestra política de inmigración. 
Y esto es crucial y ha de hacerse sin complejos de carácter ideológico o de cualquier otra índole. 
Por consiguiente, lo que tenemos es una falta de velocidad y una falta de equilibrio. 
En lo que respecta a la falta de velocidad, confío en la energía del Comisario Vitorino; en cuanto a la falta de equilibrio, creo que este Parlamento tendrá que cambiar el equilibrio de algunas de sus posiciones. 
En lo que respecta a la sabiduría del Comisario Vitorino, quiero recalcar algo que ha dicho y que creo que es extremadamente importante: en esta cuestión hemos de tener una política de pasos cortos; pasos cortos, pero constantes. 
Señor Presidente, la voluntad de la Comisión en respuesta a las orientaciones del Consejo Europeo de establecer una política global e integrada sobre migraciones es muy loable, pero la perspectiva policial y de ministerio del Interior, que se desprende de la comunicación, choca frontalmente con la visión que tiene este Parlamento de las relaciones que debe mantener la Unión Europea con los países en desarrollo, cuyos inmigrantes, por cierto- y según la misma Comisión- no constituyen cuantitativamente un problema. 
Como señala la misma Comisión, más del 90% de los inmigrantes del mundo viven y trabajan fuera de la Unión Europea, cerca de sus países de origen. 
Ya en su día alertamos, a raíz del Consejo Europeo de Sevilla, del peligro de condicionar la cooperación al desarrollo a la represión de la inmigración por parte de las autoridades de los países en los que ésta se genera. 
La cooperación para el desarrollo no es un instrumento para solucionar los problemas internos de los donantes de la ayuda, sino una herramienta para luchar contra la pobreza. 
El origen de las migraciones, legales o no, está en la pobreza, en la represión política y en los conflictos armados. 
Ésas son las causas que hay que combatir con la cooperación para el desarrollo, en lugar de utilizarla para reprimir sus efectos. 
Esta voluntad de la Comisión de integrar la política europea de migraciones es una magnífica oportunidad para que, en lugar de gastar los fondos de desarrollo en vigilancia de las fronteras y en la repatriación forzosa de inmigrantes, se dediquen a una actividad más constructiva y acorde con los principios de lucha contra la pobreza que rige la política europea de cooperación. 
Se trata del codesarrollo o, en otras palabras, de contribuir al desarrollo de las zonas de origen de los inmigrantes, para que éstos puedan retornar con expectativas de futuro. 
Con ello, la Comisión estaría siendo coherente consigo misma, puesto que declara, en la comunicación que hoy debatimos, ser consciente de que las relaciones de la Unión Europea con los países en desarrollo deben estar basadas en la solidaridad. 
Ya el artículo 13 del Convenio de Cotonú sobre la readmisión de inmigrantes suscitó problemas y protestas. 
Por ello, readmisión negociada en el marco de programas de desarrollo globales, sí; repatriaciones forzosas, no, y menos aún con cargo a los fondos de desarrollo. 
Estaremos vigilantes para evitar que, a través de la reasignación de los escasos recursos existentes en la categoría 4, se modifiquen las prioridades de desarrollo establecidas por este Parlamento, máxime cuando ya el informe de la Comisión pone de manifiesto la preocupación por la falta de dinero que pueda haber para solucionar este problema. 
Señor Presidente, hoy el Parlamento parece haber adquirido conciencia de los problemas relacionados con la inmigración ilegal masiva que ha estado experimentando Europa durante 30 años. 
Ya va siendo hora de darnos cuenta de que el principio sancrosanto del laissez-faire y laissez-passer es el desastre para Europa. 
Un Gobierno europeo tras otro se ha mostrado incapaz de gestionar las oleadas ininterrumpidas de inmigrantes, y el reciente acuerdo anunciado a bombo y platillo entre Francia y Gran Bretaña en relación con Sangatte no va a cambiar nada. 
El campo de refugiados de Sangatte se ha cerrado, todo esto está muy bien. 
El Reino Unido ha aceptado admitir a mil inmigrantes ilegales, pero luego ¿qué? 
¿Qué pasará con todos los demás, los que no son controlados por la Cruz Roja, y qué pasará con los cientos de inmigrantes que llegan clandestinamente cada día? 
Cerrar Sangatte sin cerrar las fronteras es evidentemente incoherente, absurdo e ineficaz. 
Una vez más urge, como primer paso y como salvaguardia y precaución, restaurar los controles en todas nuestras fronteras nacionales y condenar los irresponsables y obsoletos acuerdos de Schengen. 
Señor Presidente, en el Consejo Europeo de Sevilla se concretaron tres aspectos fundamentales de la política de la Unión en materia de inmigración: en primer lugar, la necesaria gestión de los flujos migratorios, en colaboración con los países de origen; en segundo lugar, el tener en cuenta la integración de los inmigrantes legales; y, por último, activar las negociaciones de acuerdos de readmisión a nivel europeo. 
En relación con el primer punto, iniciativas como la propuesta de Directiva sobre libre circulación de ciudadanos o la reagrupación familiar o las relativas a las condiciones de entrada para el trabajo de inmigrantes o de nacionales de terceros países, deberían ser aprobadas por este Parlamento lo antes posible y con el mayor consenso posible, para demostrar que estamos a favor de una política unitaria de inmigración. 
En cuanto al segundo punto, el éxito de una política de inmigración depende, sin duda, de las medidas de integración que deben acompañarla. 
Por ello, la recepción y la integración deben considerarse como parte esencial de la política general de inmigración y esto implica la acción concertada, no sólo de la Unión Europea, sino de los Gobiernos nacionales y regionales, de la sociedad civil y los propios inmigrantes. 
Tenemos que aprovechar el impacto, generalmente positivo, que los inmigrantes legales surten en nuestras economías y asegurar un equilibrio adecuado entre los derechos de los ciudadanos de terceros países y los derechos de las comunidades receptoras. 
Apoyo con satisfacción las medidas de la Presidencia danesa en cuanto a los acuerdos de readmisión. 
Recuerdo que en uno de los grupos de trabajo de la Convención se dijo que la negociación de acuerdos de readmisión con Estados terceros ha resultado más eficaz cuando se lleva a cabo a nivel europeo. 
Otro punto importante es la creación de un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores. 
En este sentido, alabo también a la Presidencia danesa, que ha querido impulsar un intercambio de información rápido y seguro entre los Estados miembros, con el fin de reforzar la cooperación en el control de las fronteras. 
A este respecto, cabe mencionar el informe que se adoptó la semana pasada en la Comisión de Libertades Públicas en esta materia. 
Quiero acabar con una cita del Sr. Vitorino, que a menudo he utilizado: «la inmigración no es ni un problema ni una solución, es un fenómeno que tiene una clara vertiente humana, social, económica y política». 
Señor Presidente, ya se han dicho muchas cosas, pero me gustaría aprovechar esta oportunidad para condenar la falta de unidad de Europa en relación con la cuestión especialmente delicada de la armonización de las políticas de asilo e inmigración, una cuestión que con demasiada frecuencia se ha suplantado por la de combatir la inmigración ilegal. 
¿Vale la pena refrescar la mala memoria de nuestros gobiernos en relación con el artículo 63 del Tratado que define el proceso que lleva a la armonización y la comunitarización de cuestiones relacionadas con el derecho de asilo y la inmigración? 
Por mi parte quiero expresar mi frustración por las piadosas esperanzas que hemos oído en cada declaración de los representantes del Consejo sobre estas cuestiones, cuando, en realidad, es evidente que ningún Estado miembro de la UE desea compartir con sus vecinos una de las prerrogativas de la soberanía nacional, concretamente la admisión de extranjeros en su territorio. 
Hasta ahora, las medidas propuestas se han centrado sobre todo en la cuestión de la inmigración ilegal. 
En la cuestión del establecimiento de procedimientos adecuados para la inmigración, ha habido, por un lado, una falta de consulta con el Parlamento Europeo, y por otro, una falta de acuerdo entre los Gobiernos de los Quince. 
Sin embargo, después de la cumbre de Tampere en octubre de 1999, la Comisión enfocó la tarea con una actitud positiva. 
Creemos que es imposible hablar de combatir la inmigración ilegal si no tenemos en cuenta también unos procedimientos adecuados para la inmigración y las condiciones para integrar a los extranjeros. 
Como ya se ha señalado, necesitamos un enfoque global. 
Esto es esencial. 
Lo que queremos no es una «fortaleza Europa». 
En resumidas cuentas, diré que la falta de voluntad política por parte de los países de la UE nos obliga a constatar que aún nos queda mucho por hacer antes de conseguir un espacio de libertad, seguridad y justicia que fue, de hecho, uno de los temas fundamentales del Tratado de Ámsterdam. 
Señor Presidente, dado que tan sólo dispongo de un minuto para intervenir, iré directamente al tema que causa gran preocupación: el acuerdo de readmisión firmado por la Comisión con el Gobierno Regional de Hong Kong, que ahora forma parte de China. 
Antes que nada hemos de aplaudir la firma del primer acuerdo bilateral que permite a los inmigrantes ilegales regresar a casa, y que llega tres años después de la solicitud inicial del Consejo Europeo de Tampere. 
Sin embargo, en realidad, cuando leemos la exposición de motivos del acuerdo, nos horrorizamos al ver que, junto con su firma, los Ministros de Justicia e Interior han exonerado, a su vez, a los titulares de pasaportes de Hong Kong del requisito del visado. 
Pensamos que las dos decisiones paralelas son sumamente desproporcionadas. 
¿Cuántos súbditos chinos pueden entrar en la Unión Europea gracias a la exención de visado y permanecer ilegalmente aquí? Y ¿cuántos pueden ser devueltos a Hong Kong- a nuestras expensas, cabría añadir- a través del acuerdo de readmisión? 
Por ello consideramos que este acuerdo es sumamente desfavorable. 
Nos gustaría mucho saber cuántas de estas concesiones se han podido negociar. 
Sea como fuere, es inadmisible. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, señor Comisario, ¿no es absurdo que un Consejo nombre a una Comisión y le confíe la elaboración de una política de asilo e inmigración común, y que ese mismo Consejo haga todo lo que está en su poder para frustrar las propuestas de esta Comisión? 
Actualmente, esto es lo que hay en este ámbito en la Unión Europea, y cada día. 
Creo que mis colegas alemanes que no asisten a este debate tienen buenas razones para estar ausentes. 
Supongo que están celebrando el hecho de que, a partir de hoy, Alemania ya no tendrá una ley de inmigración moderna, porque han logrado evitar la creación de una ley moderna de este tipo. 
Esto, creo, es lo que los demócrata-cristianos deberían preguntarse a sí mismos, deberían preguntarse qué piensan que están haciendo. 
Si actuaran de forma responsable, inevitablemente acabarían compartiendo con nosotros una preocupación de que debería haber una política de asilo e inmigración común. 
Pero no es esto lo que pretenden. 
La mayoría demócrata-cristiana en la Unión Europea tiene un único objetivo: integración y frustración de cualquier política de inmigración razonable. 
Lo siento muchísimo. 
Señor Presidente, apoyo plenamente el excelente informe del Sr. Watson, en concreto el texto de la pregunta en la que el Parlamento Europeo pide al Consejo y a la Comisión que tomen en serio los derechos humanos fundamentales que la Unión Europea proclama cada día. 
Creemos que es posible respetar los derechos humanos al tiempo que se busca una política adecuada para combatir la inmigración ilegal. 
Sin embargo, necesitamos instrumentos adecuados, formas de control adecuadas, pues de lo contrario un sistema burocrático y ciego de rechazo y repatriación forzosa provocará tragedias como las que han ocurrido hace poco en Italia. 
En Milán, una familia que viajaba desde Siria, en tránsito de Ammán a Casablanca, fue obligada a repatriarse a Siria, donde el cabeza de familia fue arrestado de inmediato y corre el peligro de ser torturado y quizás sentenciado a muerte. 
Les pedimos que aseguren que semejantes tragedias se eviten de forma que nadie pueda decir, como dice la opinión minoritaria, que la política de readmisión de la Unión provoca la muerte de seres humanos. 
Pedimos a la Comisión y al Consejo que hagan todo lo posible por remediar las consecuencias de este acto trágico ocurrido en mi país, que puede provocar que una persona sea asesinada en otro país. 
Señor Presidente, voy a empezar por la Sra. Hazan, que se queja de que existe un desacuerdo con respecto a la política de asilo, y que por consiguiente no se llegará a nada. 
No entiendo del todo esta observación, porque al fin y al cabo he podido decir que acabamos de alcanzar un acuerdo sobre las piedras angulares de una política de asilo común. 
Hemos llegado a un acuerdo sobre la definición de refugiado, sobre lo que se entiende por protección subsidiaria y sobre la directiva en materia de condiciones de recepción, y según todas las informaciones esto será confirmado en una reunión del Consejo mañana. 
Además, también hemos acordado convertir el convenio de Dublín en una directiva de Dublín. 
Este acuerdo se basa en que el primer país receptor es responsable del primer año y después, el país en el cual la persona en cuestión ha residido durante cinco meses, y si la persona en cuestión no ha residido en ningún otro país durante cinco meses, entonces es el país en el cual se ha presentado la solicitud de asilo. 
Esto puede sonar muy sencillo, pero los intereses opuestos de diversos países son tan enormes- según dónde están situados en Europa- que ha resultado tremendamente difícil llegar a un acuerdo. 
Creo que es sumamente satisfactorio que ahora tengamos un acuerdo sobre estas piedras angulares de una política de asilo común. 
El Sr. Vitorino y yo nos reunimos por primera vez en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Él era el presidente y yo un diputado. 
Empezamos hablando de estas cosas que queremos conducir a una política común, y hablamos mucho de Eurodac. 
Ahora podemos contestar: algo saldrá de ello el 15 de enero, es decir, el mes que viene. 
Gracias por darme la oportunidad de repetirlo. 
La Sra. Sbarbati tiene razón de que hay que hacer algo por los menores que solicitan asilo, y sólo puedo decir que en el parlamento de mi país he propuesto una ley que asegura que habrá presente un adulto, un abogado, si es preciso, y que los casos en los que están implicados menores se tramiten con mayor rapidez. 
Se están realizando esfuerzos parecidos en otros países. 
Volviendo a la Sra. Ludford, quisiera decir que el hecho de que no se haya llegado a una política de inmigración común es debido en parte al número de permisos de trabajo a expedir. 
La mayoría de los gobiernos sostienen que ha de ser una decisión nacional. 
Por ello también ha sido difícil llegar a reglas comunes sobre el derecho a la libre circulación entre países. 
Es natural que llegar a un acuerdo sobre este punto sea una tarea difícil, especialmente porque algunos países tienen niveles muy altos de empleo mientras que otros tienen niveles muy bajos de empleo. 
Probablemente realizaremos algunos progresos, pero como he mencionado, no es tan fácil. 
A continuación diría a la Sra. Swiebel que un aspecto específico de la política de asilo común sobre el cual hemos llegado ahora a un acuerdo es que, en cualquier caso, garantizamos el cumplimiento de las convenciones. 
Con respecto a la preocupación de la Sra. Swiebel sobre las repatriaciones forzosas, creo que todos los Gobiernos están haciendo lo posible por garantizar que los solicitantes de asilo que son rechazados regresen voluntariamente; del mismo modo que los inmigrantes ilegales, si los Gobiernos desean devolverlos a su país. 
Sin embargo, es imposible descartar la repatriación forzosa; si la descartáramos, podríamos hacer las maletas y olvidarnos de una política de asilo, incluida una política de asilo común. 
En relación con lo que ha dicho la Sra. Ludford sobre las mujeres que son devueltas a Afganistán, por supuesto el caso- como debería ser- es que nadie ha de ser enviado de vuelta a la persecución, la tortura o un trato degradante. 
Para tranquilizarla puedo decirle que los afganos en la mayoría de los países- por lo menos en mi país- son hombres jóvenes procedentes de la región de Kabul. 
Ni siquiera ellos son devueltos a casa en estos momentos; pero es evidente que, cuando ello sea posible en primavera, no será más que razonable que, si su solicitud de asilo ha sido rechazada, garanticemos que la persona en cuestión regrese de un modo u otro. 
Pienso que es muy bueno que el Sr. Vitorino haya alcanzado un acuerdo en el Consejo no sólo sobre una política de regreso general, sino también sobre un programa de regreso especial para Afganistán. 
Por último, quisiera decir al Sr. Olle Schmidt que le agradezco su interés por la legislación danesa. 
Ya cumple todas las normas mínimas de las que estamos hablando, e incluso va más lejos. 
Por lo tanto, gracias por su interés. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero recalcar que, desde mi punto de vista, gracias al compromiso de la Presidencia danesa y al de la Presidencia griega, la posibilidad de lograr la aprobación en un futuro próximo de la primera fase de los instrumentos legislativos en el ámbito del asilo, está a nuestro alcance. 
La aprobación de estos instrumentos es muy importante, porque prepara el terreno para la plena aplicación del Tratado de Niza, que prevé el desarrollo de la segunda fase sujeta a una mayoría cualificada Comprendo las dificultades y reticencias que se siente a veces, pero por mi parte es muy importante poder decir que hemos completado, dentro del plazo estipulado por el Tratado de Ámsterdam, la primera fase de los instrumentos legislativos en el ámbito del asilo a fin de poder preparar el terreno para la plena aplicación del Tratado de Niza, incluida la integración, sujeta a mayoría cualificada, de un sistema de asilo común europeo. 
En lo que respecta a la contradicción entre políticas represivas y activas, creo que la Comisión se ha esforzado por presentar un abanico de propuestas equilibrado en los dos ámbitos. 
En lo que respecta, por ejemplo, a la política de regreso, disponemos de instrumentos financieros para el regreso voluntario, que es el Fondo Europeo para los Refugiados. 
Asimismo, recientemente hemos presentado una propuesta para utilizar el epígrafe B7-667. Con este fin presentaremos una propuesta de base legal que brinde la posibilidad de utilizar recursos financieros para apoyar la aplicación de acuerdos de readmisión, incluido el regreso forzoso. 
Hemos de reconocer que una política de gestión de los flujos migratorios ha de incluir, por definición, la existencia de instrumentos financieros para el regreso forzoso. 
Es precisamente por ello por lo que queremos adoptar normas comunes en el ámbito del regreso forzoso y queremos garantizar el respeto de determinadas normas en el ámbito de los derechos fundamentales, dentro del marco del desarrollo de la política sobre el regreso forzoso. 
A este respecto, responderé a la Sra. Boumediene-Thiery y diré que la Comisión no tiene responsabilidades ejecutivas en el ámbito del regreso. 
Todos los Estados miembros, a la hora de aplicar decisiones sobre el regreso, han de respetar los instrumentos internacionales aplicables en materia de derechos fundamentales, incluida la cláusula de no devolución. 
Asimismo hay instrumentos para la protección judicial cuando el Estado miembro rompe la regla de no devolución. 
Todos los acuerdos de readmisión han de respetar la Convención de Ginebra así como el principio de no devolución. 
Asimismo apoyo el enfoque del Sr. Watson en el sentido de que hemos de recalcar la dimensión de los derechos fundamentales en el marco de los acuerdos de readmisión. 
De ahí- y si tienen ustedes oportunidad de hacerlo, pueden verificarlo- que la Comisión haya reforzado la cláusula de no asignación en los nuevos mandatos para negociar los acuerdos de readmisión con Albania, Argelia, Turquía y la República Popular de China. 
En lo que respecta a la relación entre la política de desarrollo y la política de inmigración, hemos de ser claros y hablar con franqueza. 
Es cierto que la política de desarrollo trata las causas profundas de la inmigración, pero la política de desarrollo sólo puede aportar cambios a largo plazo en este ámbito. 
Sería imposible esperar efectos inmediatos de una política de desarrollo sostenible del tipo que aplicamos en nuestras relaciones con terceros países. 
Por ello no hemos de pasar por alto la necesidad de tomar medidas a corto plazo, por ejemplo en el ámbito de la gestión de los flujos migratorios de trabajadores cualificados, que son un verdadero azote para los países en vías de desarrollo que de este modo se ven privados de recursos humanos esenciales para su desarrollo. 
Se trata de un marco complejo que estamos intentando establecer en la comunicación entre Inmigración y Desarrollo. 
Espero que tengamos la oportunidad de debatirlo aquí en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. 
Por último, comparto plenamente la opinión de que hemos de ofrecer una protección especial a los menores. 
Asimismo quisiera llamar su atención sobre el hecho de que, en todas las propuestas que hemos hecho en el ámbito del asilo y la inmigración, hemos introducido normas específicas para la protección de menores y también de mujeres. 
En resumen, espero que durante la Presidencia griega tengamos oportunidad de debatir una comunicación de la Comisión que estamos preparando en estos momentos junto con la Sra. Diamantopoulou. 
La comunicación tiene que ver con la interacción entre la política en materia de gestión de la migración y la política social en general, y la política de empleo europea en particular. 
Será un momento importante para aclarar la estrecha relación entre la gestión de los flujos migratorios y la política de empleo a escala europea, como ha recalcado tan claramente el Sr. Watson. 
-Muchas gracias, Sr. Vitorino. 
Tiene la palabra para una cuestión de orden el Sr. Berthu. 
Señor Presidente, he formulado una pregunta específica al Consejo y a la Comisión, pero no se me ha dado respuesta. 
La pregunta era la siguiente: ¿cómo han podido firmarse simultáneamente exenciones de visado para los súbditos de Hong Kong por un lado y un acuerdo de readmisión por otro, sabiendo que, me temo, las exenciones de visado permitirían entrar en la UE a muchos más inmigrantes ilegales de los que el acuerdo de readmisión podría devolver a su país? 
¿Podría darme una respuesta precisa a esta pregunta? 
-Excepcionalmente le vamos a conceder la palabra otra vez al Sr. Vitorino. 
Le ruego brevedad. 
Daré una respuesta muy breve al Sr. Berthu. 
Los acuerdos no se firmaron al mismo tiempo. 
La decisión sobre la lista de visados se tomó hace dos años. 
La decisión relacionada con el acuerdo de readmisión acaba de firmarse hoy. 
Además, las estadísticas demuestran que el número de inmigrantes ilegales procedentes de Hong Kong es realmente muy pequeño en todos los Estados miembros. 
-Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a partir de las 11.30 horas. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0510/2002). 
Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo. 
Tres recordatorios: primero, ha sido recortado el tiempo a una hora; segundo, llevamos 25 minutos de retraso y tercero, el señor representante del Consejo debe ausentarse de este hemiciclo a las 19.10 horas. 
Es nuestro tope. 
Todas las preguntas que no dé tiempo a contestar, según el Reglamento, serán contestadas por escrito. 
Como ustedes comprenderán, está fuera de mis posibilidades personales resolver este problema de otra manera. 
Por lo tanto, vamos a iniciar el turno, para no perder más tiempo. 
-Pregunta nº 1 formulada por Josu Ortuondo Larrea (H-0724/02): 
Asunto: Carta de Derechos Fundamentales. 
Rótulos en Estación SMCF de Baiona (País Vasco- Francia) 
La Carta de Derechos Fundamentales de la UE, solemnemente proclamada en Niza en diciembre de 2000, contempla en su artículo 22 que «La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística» , así como en su artículo 21.1 que «Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de? , lengua, ?, pertenencia a una minoría nacional, ?» , entre otros. 
Sin embargo, ayer día 14 de octubre en la ciudad de Baiona, en el País Vasco norte, el Gobierno francés ha detenido a varias personas por colocar un letrero indicador de la estación de ferrocarril (SNCF) en euskera, que es la lengua de los vascos; dicho cartel señalaba las palabras BAIONAKO GELTOKIA, lo que simplemente significa, en español, estación de Bayona. 
¿Considera el Consejo que el Gobierno francés cumple con lo preceptuado en la Carta de Derechos Fundamentales al reprimir la utilización de una lengua y máxime en el lugar en donde la misma es originaria y preexistente al francés? 
¿No cree que debería ser el propio Gobierno francés quien se ocupara de que los ciudadanos vascos pudieran disponer de todos los letreros públicos en su lengua vernácula al objeto de que no sean discriminados por razón de su lengua o por su pertenencia a una minoría nacional? 
Señor Presidente, gracias por indicarme de qué trata esta pregunta. A menudo tengo mala conciencia al contestar preguntas que nadie ha oído. 
Sin embargo, tal y como ha mencionado usted, se trata del hecho de que las autoridades francesas han retirado un letrero en vascuence que indica el camino hacia una estación de ferrocarril. 
Y la pregunta es: ¿no es esto contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales? 
La respuesta es que la Carta está destinada a las autoridades de la UE y a las autoridades nacionales cuando administran la política de la UE. Por consiguiente, me veo obligado a responder «no». 
Al margen de lo que se piense sobre este conflicto lingüístico, este caso nunca será relevante para la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, porque la Carta tiene por objeto la UE y los Estados miembros cuando administran la política de la UE, y como sabemos, la UE no tiene ninguna política sobre señalización de los ferrocarriles. 
El pasado 28 de octubre el Consejo de Estado de la República Francesa aprobó una resolución entendiendo ilegal la integración en la red pública francesa de las escuelas de Diwan que imparten la enseñanza en el idioma bretón, otra lengua autóctona europea como la vasca, la catalana y como también la alsaciana, originaria de esta ciudad de Estrasburgo en la que nos encontramos. 
¿No cree la Presidencia en ejercicio del Consejo que, para cumplir la Carta de Derechos Fundamentales tan pomposamente proclamada en Niza por el Presidente Chirac y la expresidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, el Gobierno francés debería garantizar legalmente el acceso público a la enseñanza de estas otras lenguas originarias europeas dentro de su respectivo territorio? 
Éste es un asunto, señor Presidente, que sí está contemplado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la que se dice que se defiende y se defenderá la diversidad lingüística y todas las culturas. 
Y éste es un objetivo no sólo interestatal, sino también comunitario europeo. 
Señor Presidente, esto era precisamente lo que yo quería decir. 
Siento mucha simpatía por los idiomas regionales. 
Creo que tienen futuro y creo que seremos más conscientes de que existen, pero en este sentido me veo obligado a decir que cuando la Carta habla del respeto de la Unión por la diversidad cultural, religiosa y lingüística, etc., se refiere a las políticas de la Unión y no a las políticas de los Estados miembros. 
-Pregunta nº 2 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0726/02): 
Asunto: Expulsiones en el norte de Chipre 
¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo con relación a la expulsión de 16 españoles, de los que 10 eran periodistas y 2 profesores universitarios, del norte de Chipre, tras reunirse con sindicalistas, organizaciones no gubernamentales, periodistas y estaciones de televisión? 
Teniendo en cuenta la dependencia de las autoridades de ese territorio con respecto a Turquía, ¿qué consecuencias puede tener este tipo de medidas sobre la candidatura de este país a la Unión Europea? 
Se preguntó al Consejo qué medidas tomaría después de que 16 españoles fueran expulsados de la parte norte de Chipre. 
Puedo contestar que el Consejo no ha sido informado del suceso en cuestión. 
El Consejo, que se reunió los días 24 y 25 de octubre, se congratuló de ver que Turquía había dado pasos importantes para cumplir los criterios políticos de Copenhague. 
Y el Consejo estableció que el país había realizado progresos con respecto a los criterios económicos y la adaptación a la actual legislación comunitaria. 
El Consejo Europeo de Copenhague del viernes pidió de nuevo enérgicamente a Turquía que prosiguiera con su proceso de reforma e instó a Turquía a dar más pasos prácticos. 
En el marco de la asociación para la adhesión, Turquía ha empezado a apoyar plenamente los esfuerzos del Secretario General de la ONU para encontrar una solución del problema de Chipre. 
Después de que el Secretario General presentara su plan de solución, el Consejo tomó nota de una declaración de la Presidencia danesa en la cual ésta confirmaba que la UE estaba dispuesta a adaptarse a las condiciones de una solución global de la ONU de acuerdo con los principios en los que se basa la Unión Europea. 
El viernes se confirmó que el Consejo está dispuesto a adaptar el tratado de adhesión a estas condiciones, y el Consejo Europeo expresó su satisfacción por el hecho de que los grecochipriotas y los turcochipriotas hubieran acordado seguir con las negociaciones a fin de alcanzar una solución global el 28 de febrero de 2003. 
Estoy de acuerdo con las opiniones vertidas por el Presidente en ejercicio del Consejo. 
Estoy, desde luego, en total desacuerdo con la perspectiva del Sr. Giscard d ' Estaing de condicionar el ingreso de Turquía a ciertos requisitos racistas; pero lo que está claro es que los diputados tenemos la obligación de comunicar a las instituciones comunitarias aquellos casos en los que un país candidato no está cumpliendo con las condiciones que se le exigen. 
Teniendo en cuenta que la candidatura de Turquía tiene todavía mucho tiempo por delante, ¿no cree el Presidente en ejercicio del Consejo que hay que poner en conocimiento del Gobierno turco estos hechos para explicarle, de una manera concreta, que este tipo de medidas- la expulsión de periodistas que están realizando su labor- es incompatible con la pertenencia a la Unión Europea? 
Concretamente, ¿dispone el Consejo de algún tipo de mecanismo para informar al Gobierno turco de estos casos, para evitar que se repitan estos incidentes, y mostrarle, de una manera práctica, en qué consiste el funcionamiento democrático de las instituciones europeas? 
Como he dicho, no puedo hacer ningún comentario sobre este caso concreto, pero me gustaría recordarle lo que dijo el Sr. Verheugen en términos muy duros el viernes por la noche, poco antes de medianoche, en la conferencia de prensa, lo cual ha repetido hoy en términos aún más duros en esta Asamblea, concretamente que Turquía será evaluada de acuerdo con las mismas normas estrictas que los diez países que acaban de ser admitidos, que la Comisión realizará su trabajo con celo y meticulosidad, y que la tortura en las cárceles, los prisioneros políticos y la existencia teórica de lo que ha hablado el Sr. Medina son por supuesto impensables en un país que ha de iniciar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. 
-Tengo que decirles que la tercera pregunta, planteada por la Sra. Ludford, está relacionada con el debate que hemos tenido hoy, pero hay una parte en la que se refiere al proyecto de directiva relativa al estatuto de los nacionales de terceros países que sean residentes de larga duración. 
Teniendo en cuenta esto, vamos a pedirle al Presidente en ejercicio del Consejo que conteste la pregunta. 
Pregunta nº 3 formulada por Sarah Ludford (H-0728/02): 
Asunto: Integración de los nacionales de terceros países 
A raíz de la sesión del Consejo de Justicia y Asuntos Interiores de los días 14 y 15 de octubre, se han aprobado las Conclusiones del Consejo sobre la integración de los nacionales de terceros países. 
Estas conclusiones instan a los nacionales de terceros países a participar, de forma activa, en la vida comunitaria y subrayan que las medidas de integración representan un elemento clave en el desarrollo de una política común europea en materia de inmigración y asilo. 
¿Puede explicar el Consejo por qué, pese a los gestos políticos para hacer patente su compromiso con tales objetivos, establecidos por primera vez en el Consejo Europeo de Tampere hace tres años, no ha sido capaz de realizar progresos significativos en lo que atañe al proyecto de Directiva relativa al estatuto de los nacionales de terceros países que sean residentes de larga duración? 
¿No considera el Consejo que para promover y garantizar la integración es necesario ofrecer a los nacionales de terceros países una estabilidad, una seguridad y unos derechos similares a los de los los ciudadanos de la Unión Europea, tal y como se establece en las disposiciones legislativas del texto, en lugar de seguir repitiendo declaraciones generales y de ofrecer tan sólo una "red" de mejores prácticas? 
¿No estima que el hecho de no otorgar derechos jurídicos hace parecer las declaraciones de apoyo falsas e hipócritas? 
La cuestión de la integración de súbditos de terceros países es una de las prioridades del programa de trabajo de la Presidencia danesa. 
El Consejo, en las conclusiones adoptadas los días 14 y 15 de octubre, reconoce y subraya su importancia y la necesidad de impulsar y alentar la integración. 
A raíz de estas conclusiones, la Presidencia pidió a los Estados miembros que establecieran puntos de contacto nacionales para la integración a finales de este año, y todos los Estados miembros lo han aceptado. 
Utilizando estos puntos de contacto, intercambiaremos buenas prácticas y aprenderemos de los éxitos y fracasos respectivos. 
Quisiera añadir que en julio se celebró en Copenhague una importante conferencia sobre integración, que también brindó la oportunidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas. 
Los organismos competentes del Consejo han considerado diversas propuestas de directivas del Consejo, que la Comisión ha presentado con miras a aplicar las conclusiones de Tampere con respecto a la entrada y la residencia de súbditos de terceros países. 
Estos instrumentos legislativos tienen por objeto crear un marco legal de derechos y obligaciones a escala comunitaria para súbditos de terceros países que desean entrar y residir en el territorio de otros Estados miembros. 
El objetivo es por supuesto que, en la medida de lo posible, sean tratados del mismo modo y estén sujetos a las mismas condiciones que los ciudadanos de la UE cuando viajan de un país a otro. 
Ello contribuirá a la integración, pero como he dicho en el debate que acabamos de concluir, no es fácil llegar a un acuerdo acerca de estas condiciones. 
Sin embargo, no hay dudas sobre el objetivo. 
Cuando formulé esta pregunta hace dos meses, no sabía que, casualmente, esta tarde se celebraría un debate sobre inmigración y asilo. 
Quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. 
No subestimo la importancia del intercambio de buenas prácticas sobre las políticas de integración nacionales y aplaudo las medidas aplicadas en Dinamarca bajo su administración. 
Sin embargo, seguimos sin tener esta Directiva. 
¿Qué tipo de calendario hay para conseguir que se apruebe esta Directiva? 
Ello proporcionará a unos 20 millones de personas que son residentes legales a largo plazo en la Unión Europea el marco jurídico de derechos y obligaciones que ayudará a integrarlos. 
¿No es ridículo seguir exigiendo la movilidad de la mano de obra para estimular el crecimiento económico, si al mismo tiempo se evita que estos 20 millones vayan a trabajar a otro Estado miembro? 
Es una categoría de personas más bien evidente la que podría estar inclinada a hacerlo. 
¿Hay un calendario, hay una fecha señalada para aprobar esta Directiva? 
Señor Presidente, me temo que no hay ninguna fecha señalada. 
Podríamos fijar fácilmente una si estuviésemos dispuestos a aceptar una mala Directiva, pero si queremos una buena Directiva, necesitamos más tiempo. 
-Pregunta nº 4 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0729/02): 
Asunto: Sistema común de patentes 
La propuesta de la Comisión de establecer un sistema común de patentes ha sido objeto de debate y negociaciones en el Parlamento Europeo, así como de deliberaciones entre los Gobiernos de los Estados miembros. 
Los aspectos sobre los que ha resultado más difícil alcanzar un acuerdo son qué lenguas deberán utilizarse en la descripción de la idea del invento, y cómo configurar un sistema jurídico y una jurisprudencia común. 
Paralelamente a las negociaciones se está poniendo en práctica el denominado «Acuerdo de Londres» en el marco del PCE (Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas). 
Para las empresas que registran gran número de patentes, la situación actual crea una enorme incertidumbre sobre qué disposiciones se aplicarán en el futuro. 
¿Cuál es el calendario previsto para la instauración de una patente comunitaria? 
¿Qué medidas se han adoptado para alcanzar un acuerdo en las negociaciones durante la actual Presidencia? 
¿Qué aspectos de la propuesta de la Comisión crean mayores problemas en el curso de las mismas? 
Desde que la Comisión presentó su propuesta sobre las patentes de la UE en agosto de 2000, la Presidencia ha hecho un importante esfuerzo por impulsar el trabajo en torno a esta propuesta. 
En los pasados meses, el trabajo se ha centrado en los aspectos judiciales del sistema de patentes. 
El punto de partida ha sido un documento de trabajo presentado por la Comisión en agosto. 
A raíz de intensos debates, la Presidencia intentó, en la reunión del 14 de noviembre, llegar a un acuerdo sobre diversos principios centrales para el sistema judicial en el marco de un compromiso global, pero no ha sido posible llegar a un acuerdo sobre todos los puntos. 
A pesar de la falta de progresos, han proseguido los esfuerzos. 
En la reunión del 26 de noviembre, la Presidencia llegó a la conclusión de que el COREPER debía seguir con su trabajo, dando gran prioridad a la cuestión de ultimar un acuerdo y de este modo preparar el terreno para un acuerdo político. 
Sin embargo, la Presidencia también llegó a la conclusión de que el Consejo debía hacer todo lo posible por alcanzar tal acuerdo a tiempo antes de la cumbre de primavera del Consejo Europeo en 2003. 
Sobre la base de un acuerdo político global, el objetivo es que la cuestión de la patente comunitaria se ultime y adopte tan pronto sea posible. 
Las principales cuestiones que están sobre el tapete son las siguientes: el papel de las autoridades de patentes nacionales; los idiomas; los costes y quién ha de pagarlos; la distribución de cuotas y todo el sistema judicial en relación con la patente. 
Puede que suene simple, pero de hecho es terriblemente complicado, y cuando pienso en los numerosos debates que se han celebrado en el Parlamento de mi país, Dinamarca, me imagino el problema que tendrán las Presidencias de turno para que 15- y pronto, 25- parlamentos se pongan de acuerdo sobre las mismas normas. Sin embargo, no hay otra salida. 
Es absolutamente crucial, por ello deseo agradecer al Sr. Sjöstedt que haya formulado esta pregunta. 
Hemos de llevar esta cuestión a buen puerto. 
Quiero dar las gracias al Consejo de Ministros por su respuesta. 
Asimismo quiero expresar mi gratitud por el trabajo que se ha realizado en este importante ámbito. 
Mi pregunta tiene que ver con los problemas que quedan, como ha mencionado el Presidente en funciones del Consejo. 
Estos tienen que ver en parte con el sistema judicial y en parte con otros ámbitos, por ejemplo los idiomas en los que se ha de realizar el trabajo. 
¿Existen propuestas de soluciones o progresos en otros ámbitos- aparte del sistema judicial- sobre los que haya trabajado el Consejo, ámbitos en los que ahora veamos que se han realizado progresos en las negociaciones en el Consejo de Ministros? 
Creo que hay que decir que esta cuestión forma un conjunto y que el acuerdo sobre un punto exige también el acuerdo sobre los demás puntos, pues todo está interrelacionado. 
No estoy en condiciones de decir si uno de los temas puede ser más difícil que otros, pero en cualquier caso me imagino que la cuestión de los gastos es algo que tiene algo que ver. 
-Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas números 5 y 6 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 5 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0731/02): 
Asunto: Las propuestas del Presidente de la Convención Europea, Sr. Valéry Giscard d ' Estaing, sobre la denominación de la Unión Europea 
El Presidente de la Convención Europea, Sr. Valéry Giscard d ' Estaing, quiere proponer, para sorpresa de todo el mundo, cambiar el nombre de la Unión Europea, por todos aceptado, y rebautizarla como la Europa Unida o los Estados Unidos de Europa. 
¿Figura esta cuestión entre las orientaciones que acordó el Consejo Europeo de Laeken para la reforma constitucional de los Tratados? 
¿Hizo el Consejo Europeo alguna sugerencia en este sentido al Presidente de la Convención? 
Pregunta nº 6 formulada por Hans-Peter Martin (H-0768/02): 
Asunto: Constitución europea 
El 28 de octubre de 2002, el Presidente de la Convención Europea, Valéry Giscard d ' Estaing, presentó un anteproyecto de Constitución, en el que se prevé el establecimiento de un congreso de los pueblos de Europa. 
¿Qué opina la Presidencia danesa al respecto? 
¿Comparte la Presidencia del Consejo el punto de vista de que una Constitución aprobada con arreglo a ese anteproyecto reduciría la importancia y cometidos del Parlamento Europeo? 
¿No considera igualmente la Presidencia del Consejo que una Constitución de tal tipo sería una clara muestra de nueva intergubernamentabilidad? 
El Consejo sigue de cerca la labor de la Convención y por supuesto conoce la estructura de una constitución presentada por el Sr. Giscard d ' Estaing en octubre. 
Como saben ustedes, la próxima Conferencia Intergubernamental adoptará una posición final sobre las cuestiones planteadas por los dos diputados. 
Me resulta difícil predecir aquí y ahora qué dirá la Conferencia Intergubernamental. 
También creo que, a medida que se desarrolla todo, la Convención avanzará mucho hacia una solución aceptable para todos los Gobiernos. 
Por otra parte, esta solución será menos ambiciosa de lo que algunos habrían deseado. 
Sin embargo, creo que será viable y también podrá sobrevivir a una Conferencia Intergubernamental. 
Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar mi sorpresa por la pregunta formulada por el Presidente en funciones del Consejo. 
Personalmente creo, como estoy seguro que harán todos los diputados de este Parlamento, que una Europa ampliada será una Europa política, con más instituciones democráticas y una Constitución, una Europa más justa, con mayor solidaridad interna, una Europa que ocupará su lugar en el mundo como potencia, una fuerza, una Europa de paz y solidaridad, una Europa que mejorará la Unión Europea, contribuyendo a la unificación histórica del continente, pero no una Unión que sea institucionalmente diferente o nueva. 
Su nombre tendrá que ser la Unión Europea, un nombre que además es sin duda agradable al oído y adecuado. 
Teniendo en cuenta esto, quisiera preguntar, ¿cuál es entonces el significado de la propuesta del Sr. Giscard d ' Estaing- que el Presidente acaba de aceptar implícitamente- de que puede cambiarse el nombre de la Unión Europea? 
¿Podría ser una señal de que el Presidente de la Convención Europea está intentando reducir el poder político de la Unión? 
¿Puede usted darnos una respuesta directa, señor Presidente, sobre qué piensa usted realmente al respecto? 
La Presidencia no comparte la responsabilidad de las propuestas formuladas por el Sr. Giscard d ' Estaing. 
Él tiene todo el derecho de presentarlas, pero la Presidencia no tiene comentarios que hacer al respecto, ni en su nombre ni en el del Consejo. 
Lo que piensa Dinamarca, como nación, es algo que daremos a conocer después de Año Nuevo cuando, junto con tantos otros países, declaremos nuestra posición, pero no quiero, aquí y hoy, en nombre del Consejo, adoptar ningún tipo de posición sobre las propuestas del Sr. Giscard d ' Estaing. 
Señor Presidente, esta Cámara no ha sido la única en experimentar una Presidencia del Consejo muy activa, por no decir proactiva, sino que también lo ha percibido todo el mundo. 
Ahora, inevitablemente, todos nos quedamos sorprendidos cuando, al final de su mandato, la Presidencia responde a preguntas relacionadas con el futuro de una forma tan generalizada y diplomática que casi nos recuerda a otra Presidencia, también del norte de Europa, que esta Cámara calificó en general de excesivamente diplomática y general en su enfoque. 
Permítame, como diputado de esta Cámara, que pida al Consejo que haga una declaración inequívoca sobre cómo valora la Presidencia danesa el Congreso de los Pueblos de Europa y si se trata o no de la expresión de un nuevo intergubernamentalismo. 
Sea como fuere, el Sr. Haarder también ha sido diputado de esta Cámara y seguro que comprende hasta qué punto ello mermaría el papel del Parlamento. 
Simplemente responderé a su pregunta, señor Martin. 
¿Adopta el Consejo también esta línea de razonamiento, etc.? 
¿Es este el punto de vista del Consejo? 
El Consejo no tiene punto de vista. 
Ni debería tenerlo, pues hemos dejado que la Convención prepare todas estas cosas. 
Por ello, no he de comparecer aquí y juzgar, en nombre del Consejo, las propuestas que se han hecho en la Convención. 
Estoy seguro de que muchos aquí en la Cámara, incluido el Sr. Duff, se enfurecerían si lo hiciera. 
Se lo ahorraré. 
-Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas números 7 y 8 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 7 formulada por Andrew Nicholas Duff (H-0734/02): 
Asunto: Chipre 
¿Cuándo visitó el Alto Representante de la PESC la isla de Chipre por última vez y cuándo tiene previsto volver? 
¿Qué contactos mantiene el Sr. Solana con las autoridades de Chipre del Norte? 
¿Cómo valora la actual situación de la seguridad en la isla? 
Pregunta nº 8 formulada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0746/02): 
Asunto: Financiación para la parte norte de Chipre 
En el marco del Consejo Europeo celebrado en Bruselas el 24 y 25 de octubre de 2002, se decidió, con vistas a la materialización de un acuerdo político en Chipre, la creación de un programa especial para la parte norte de la isla, con una dotación global de 206 millones de euros para el trienio 2004-2006. 
¿Tiene el Consejo determinados sectores prioritarios que tomará en consideración cuando se elabore dicho programa? 
¿Prevé crear mecanismos específicos de control para tales financiaciones? En caso afirmativo, ¿cómo? 
En caso de que no se alcance un acuerdo político entre las partes, ¿continuará entregándose dicha financiación? 
Puedo decir que el Sr. Solana no ha visitado Chipre desde que tomó posesión de su cargo. 
Tiene una amplia gama de contactos con muchos de los protagonistas y ha aprovechado cada oportunidad para exigir una solución constructiva. 
Ha expresado su apoyo a los esfuerzos hechos por Kofi Annan y, el 12 de noviembre, expresó su satisfacción por la decisión de Kofi Annan de presentar voluntariamente una propuesta para resolver la cuestión de una Chipre unida. 
En la reunión del Consejo Europeo celebrada los días 24 y 25 de octubre, se decidió que había que establecer un programa de tres años para el periodo 2004-2006 para la parte septentrional de Chipre y con miras a aplicar una solución política. 
Por ahora no se han fijado prioridades prácticas, ni se han establecido disposiciones más específicas. 
El pasado viernes, el Consejo Europeo pidió a la Comisión que cooperar con el Gobierno chipriota a la hora de considerar cómo podía fomentarse el desarrollo económico en el norte de Chipre y cómo podía acercarse el norte de Chipre a la UE. 
En relación con la reunión del Consejo del 19 de diciembre, los Ministros debatieron la cuestión chipriota durante el almuerzo, una vez que el Secretario General de la ONU hubo presentado su plan para una solución de la situación. 
Posteriormente, la Presidencia presentó una declaración del Presidente, en la cual se apoyaban firmemente los planes del Secretario General, y se observaba que la UE está dispuesta a respetar las condiciones de una solución global de acuerdo con los principios que forman la base de la UE, y esto con miras a alcanzar una solución que haga posible que Chipre acceda a la UE como una isla unida. 
El último viernes, la reunión del Consejo Europeo aplaudió el hecho de que tanto los grecochipriotas como los turcochipriotas hayan prometido continuar la negociaciones para alcanzar una solución global sobre la base de la propuesta del Secretario General de la ONU antes del 28 de febrero de 2003. 
Desde el punto de vista del Consejo, la propuesta de Kofi Annan constituye una oportunidad única e histórica para poner fin ahora al conflicto que ha devastado esta preciosa isla durante demasiado tiempo. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Ministro por su respuesta, pero he de decir que el hecho de que el Sr. Solana esté tan desvinculado del proceso de resolución del litigio de la isla de Chipre me produce mucha inquietud. 
¿Está de acuerdo el Ministro en que el miedo por su seguridad es lo que está demostrando ser el principal obstáculo para que los turcochipriotas cumplan las propuestas de Annan? 
¿No está asimismo de acuerdo en que el mantenimiento de la paz en la isla será una responsabilidad central de la Unión Europea, a través del proceso de resolución del conflicto y después de este proceso, durante un largo periodo antes de que la tranquilidad y la estabilidad vuelvan realmente a este pobre lugar azotado por las contiendas? 
Señor Presidente, del mismo modo en que siento el mayor de los respetos por el compromiso que ha demostrado Su Señoría en la cuestión de Chipre, sin duda puedo seguir su razonamiento. 
Solamente he de recalcar que las negociaciones en torno a Chipre tienen lugar bajo los auspicios de la ONU y no bajo los auspicios de la UE. 
Existe una perfecta relación entre la ONU y la UE. 
Cada una sabe exactamente lo que está haciendo la otra. 
Si la ONU pidiera a la UE, por mediación del Sr. Solana, que propiciara una solución, nosotros en la UE lo haríamos inmediatamente. 
El Sr. Solana iría enseguida a Chipre. 
Sin embargo, hay una división de tareas y creo que la mantendremos mientras este sea el deseo del Kofi Annan. 
-Pregunta nº 9 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0738/02): 
Asunto: Repercusiones de la ampliación de las regiones más desfavorecidas 
De acuerdo con las últimas reuniones del Consejo sobre la próxima ampliación de la UE y teniendo en cuenta las previsiones existentes para agricultura y reforma de la PAC, políticas estructurales, cohesión económica y social así como en lo que se refiere al «cheque británico» , ¿puede deducirse de ello que serán los más débiles los que acaben pagando esta factura de la ampliación? 
¿Provocará un impacto negativo sobre las regiones más desfavorecidas? 
La ampliación no tendrá consecuencias para las regiones en los actuales Estados miembros hasta 2006, tras lo cual habrá que tomar una decisión sobre la política en relación con todas las regiones En su reunión de octubre, el Consejo Europeo sacó la conclusión de que el gasto de la UE había de garantizar que la Unión ampliada tuviera suficientes recursos a su disposición para garantizar el desarrollo ordenado de sus políticas en beneficio de todos sus ciudadanos Habría que salvaguardar las necesidades de los productores que viven en regiones desfavorecidas de la actual Unión Europea. 
Se añadió que la agricultura multifuncional se mantendrá en todas las zonas de Europa, conforme a las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997 y del Consejo Europeo de Berlín de 1999. 
Sea como fuere, la Comunidad ha de seguir comprometiéndose a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diferentes zonas conforme al artículo 158 del Tratado CE. 
Para favorecer este proceso, el Consejo Europeo de Bruselas decidió que, con miras a la ampliación, todos los créditos para compromisos habían de añadirse a los fondos estructurales y al Fondo de Cohesión por importe de 23 000 millones de euros en el periodo 2004-2006. 
Las consecuencias financieras de la ampliación se comunicaron en las conclusiones de la Presidencia aprobadas en la cumbre del Consejo Europeo celebrada el pasado viernes en Copenhague. 
El resultado global y bien equilibrado constituye una base sólida para integrar a diez nuevos Estados miembros, al tiempo que se asegura que la UE ampliada es capaz de funcionar eficazmente. 
Por tanto, me remito a las conclusiones de la cumbre, que muestran la situación económica en todo el periodo. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, la realidad es que, después del 2006, los desfavorecidos de la Unión Europea habrán aumentado, serán más y ampliados a peor. 
Dígame, por favor, en qué acuerdo o conclusión se habla de equidad o de redistribución. 
En los acuerdos de Bruselas y en el pacto franco-alemán que lo gestó, lo único que se deduce es que la factura de la ampliación no la van a pagar los más grandes ni los más potentes. 
La ampliación está muy bien, pero, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no cuadran los números. 
Es inadmisible que el mayor peso de la factura de la ampliación está previsto que lo paguen quienes están en renta por debajo de la media comunitaria. 
El marco financiero decidido en Berlín resulta claramente insuficiente para hacer frente a los costes de la ampliación y a las mayores necesidades de cohesión económica y social. 
Contésteme, por favor, con rigor, como es competencia del Consejo, y dígame, de 2006 al 2013, ¿quién va a pagar esa factura? 
No puedo contestarle ni con rigor ni de otra forma, porque la ampliación no tendrá consecuencias para las regiones antes de 2006, y eso se debe precisamente a que se necesitará tiempo para adaptar esta política a la nueva situación que surgirá a raíz de la ampliación. 
También puedo referirme al apartado 11 de las conclusiones del Presidente, donde se dice que el gasto de la UE ha de seguir respetando tanto el imperativo de la disciplina presupuestaria como el gasto eficaz y la necesidad de garantizar que la UE ampliada tendrá suficientes recursos a su disposición para asegurar el desarrollo ordenado de sus políticas en beneficio de todos los ciudadanos. 
Además, el apartado 12 dice: «Las necesidades de los productores de las regiones desfavorecidas de la actual Unión Europea deberán protegerse; la agricultura multifuncional se mantendrá en todas las zonas de Europa de conformidad con las conclusiones de los Consejos Europeos de Luxemburgo de 1997 y de Berlín de 1999.» 
En estos momentos no puedo ser más preciso, pero creo que de este modo se ha establecido un marco que debería tranquilizar a Su Señoría, pues por supuesto no hay razón para pensar en una revolución. 
No hay razón para pensar que se está transfiriendo una enorme cantidad de dinero de una parte de Europa a otra, por lo tanto yo le diría: esté tranquila, pues habrá tiempo suficiente para resolver las cosas después de 2006. 
-Dado que sus autores no están presentes, las preguntas nº 11 y n° 12 decaen. 
Pregunta nº 12 formulada por Bill Newton Dunn (H-0745/02): 
Asunto: «Acuerdo secreto» de la UE y los EE.UU. sobre asuntos criminales 
¿Cuándo serán consultados el Parlamento Europeo y los Parlamentos de los Estados miembros sobre las disposiciones que se están negociando en estos momentos en secreto? 
Estas disposiciones tenían que ser debatidas en profundidad por primera vez en Copenhague el 13 de septiembre, en la reunión informal de los Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la UE con el Fiscal General de los EE.UU., John Ashcroft. 
Estos asuntos debían incluir la pena de muerte, la extradición, la creación de equipos de investigación mixtos y un enfoque común de búsquedas, incautación e interceptación de telecomunicaciones. 
Realmente no es ningún secreto que se están celebrando negociaciones entre la UE y Estados Unidos sobre cooperación en materia penal. 
El Consejo tomó una decisión abierta para emprender estas negociaciones el 20 de septiembre de 2001 y, siguiendo el procedimiento habitual, el Consejo dio a la Presidencia un mandato preciso para negociar el 25 de abril de este año. 
La Presidencia ha dirigido las negociaciones sobre esta base. 
El 28 de diciembre de 2002, el Consejo fue informado de cómo habían progresado las negociaciones sobre un proyecto, y tomó buena nota de ello. 
El Consejo acordó la estrategia a seguir en posteriores negociaciones, y puedo decirle que la cuestión estará en el orden del día de la reunión que celebrará mañana el Consejo de Asuntos Generales. 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 39 del Tratado de la Unión Europea, la Presidencia tiene previsto informar al Parlamento acerca de las negociaciones relacionadas con esta cuestión una vez que las negociaciones hayan alcanzado una fase suficientemente avanzada para que tal información tenga sentido. Lo hará aunque el artículo 24 del Tratado de la Unión Europea no obliga al Consejo a consultar al Parlamento. 
Con respecto a los parlamentos nacionales, de acuerdo con sus propias reglas, es tarea de los Estados miembros informarles o consultarles. 
Esto es todo lo que puedo decir en estos momentos. 
Señor Presidente, el hecho de que están teniendo lugar negociaciones no es ningún secreto: por ello pude formular la pregunta- en esto no estamos en desacuerdo -; pero el problema reside en el contenido. 
Es todo un detalle por parte del Consejo decirnos que nos informará con posterioridad, pero nosotros- el único organismo democrático de la UE- quisiéramos que se nos consultara mientras se negocia tanto si está como si no está escrito actualmente en el Tratado. 
El principio es la exposición real. 
Sospecho que el Presidente en ejercicio está personalmente a favor de la transparencia. 
Por ello debería decirnos que está sucediendo realmente. 
Quisiera desear al Presidente en ejercicio una feliz Navidad y darle las gracias por haber estado con nosotros durante los últimos seis meses, porque tengo la terrible sensación de que no volveremos a verlo. 
Muchas gracias por sus amables deseos. 
Puedo asegurar a Su Señoría que, si estos contactos con los norteamericanos producen algún tipo de legislación o algún cambio en el acervo, se seguirán todas las reglas. 
Es bastante normal que los Gobiernos se comuniquen entre sí y si acuerdan algo que implica a los parlamentos, ello se remite a estos. 
Podría facilitar a Su Señoría información escrita sobre cuáles son los temas pero, como se indica en la pregunta, tienen que ver con la pena de muerte y es evidente cuál es la opinión de la Unión Europea a este respecto. 
-Conforme al programa anunciado y al horario posible, vamos a formular la última pregunta al Sr. Haarder. 
Que sepa el Consejo, no hay municiones del tipo al que se refiere la pregunta y que se produzca en Europa que contenga uranio empobrecido. 
Para los misiles de control remoto se utilizan varios tipos de acero especial o tungsteno, incluido el wolframio, pero no uranio empobrecido. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, su respuesta está en consonancia con la que me dio su predecesor de la Presidencia española; le formulé la pregunta y me contesto «no». 
De acuerdo con la información facilitada por tropas armadas presentes durante la guerra en Afganistán el año pasado, no se utilizaron municiones ni armas con uranio empobrecido. 
Sin embargo, toda la información- tanto militar como técnica- que tenemos a nuestra disposición, apunta al hecho de que, en cualquier caso, se utilizó un metal muy denso, ya fuera uranio o tungsteno. 
No es en absoluto una cuestión insignificante puesto que, si se trata de uranio- empobrecido o no- se habrá producido necesariamente una contaminación importante en algunos lugares de Afganistán, lugares donde actualmente no sólo hay personal militar, sino también ONG, organizaciones humanitarias y, por supuesto, la población local. 
Me parece que ha sido usted muy cauteloso en su respuesta. 
Personalmente, no estoy convencido de que esté usted bien informado. 
Por ello creo que convendría realizar una investigación sobre el terreno a fin de verificar si la zona ha sido contaminada o no por la radiactividad que puede causar graves daños a la población civil, a las ONG y al personal militar. 
Sólo puedo repetirle que, por lo que sabe el Consejo, en Europa no se producen municiones de este tipo que contenga uranio empobrecido. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, Señorías, en una resolución el Parlamento Europeo pidió una directiva marco sobre la seguridad del material nuclear y sobre la seguridad de las centrales nucleares. 
La seguridad nuclear es un tema que nos preocupa mucho a todos. 
La Comisión ha elaborado ahora una propuesta en forma de Libro Verde. 
Ahora le toca al Consejo hacer algo. 
¿Cree usted que sigue siendo posible aplicar esta directiva antes de que se adhieran los nuevos Estados miembros? 
Lo siento, pero esto se sale del marco de la pregunta que me había preparado para responder, por lo tanto no le daré ninguna respuesta. 
-Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas números 14 a 36 se contestarán por escrito. 
2004, Año Europeo de la Educación a través del Deporte 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura de la Sra. Pack (A5-0419/2002) , en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004 [9605/2/2002- C5-0498/2002- 2001/0244 (COD) ]. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en la escuela nos enseñaron: «Mens sana in corpore sano» -una mente sana en un cuerpo sano, y todos estamos de acuerdo, en teoría, con este sabio refrán de la antigua Roma. 
El deporte es la actividad de ocio más extendida, y lo practica, de una u otra forma, uno de cada tres europeos, en algunos casos hasta edades muy respetables. 
El ejercicio físico es beneficioso para la salud, y la competencia deportiva estimula una serie de habilidades sociales, como la amistad, el espíritu de equipo, la solidaridad, el compromiso, la perseverancia y, por último, pero no por ello menos importante, el juego limpio. 
Como es sabido, a un buen deportista se le reconoce por su saber ganar, pero a uno excelente, por su saber perder. 
Pese a la importancia social del deporte, Señorías, no existe una política comunitaria relativa a este ámbito. 
Por eso, llevamos ya varios años haciendo campaña en esta Cámara a favor de que su fundamento jurídico se consagre en los Tratados. 
Por consiguiente, acogemos con satisfacción, y sin reservas, la respuesta que, por fin, ha dado la señora Comisaria al deseo expresado en mi último informe sobre el deporte, que data ya de 1996, proclamando un año del deporte. 
Hay que reconocer que no se va a llamar el «Año del Deporte» sino, por muchas y buenas razones, el «Año de la Educación a través del Deporte 2004». 
Se trata de recurrir a un buen número de proyectos para subrayar la importancia del deporte en el aprendizaje informal y su valor educativo, así como la estrecha relación entre el deporte escolar y los servicios que prestan muchos tipos de organizaciones deportivas existentes en Europa. 
Para ir al grano, el objetivo y la justificación del «Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004» no es demostrar lo que el ser humano es capaz de alcanzar en el terreno deportivo? algo que podemos comprobar nosotros mismos para nuestro propio disfrute todos los días del año en docenas de canales de televisión? sino hacer ver lo que el deporte es capaz de lograr con las personas. 
Existe consenso en esta Cámara con respecto a los siete objetivos del Año. 
Se trata de promover la cooperación entre las organizaciones educativas y las organizaciones deportivas, el desarrollo de habilidades sociales a través del deporte, el voluntariado, la movilidad de los alumnos por medio de competiciones internacionales y el equilibrio entre la actividad mental y la física, así como de considerar la manera de satisfacer las necesidades educativas de los jóvenes deportistas. 
Señorías, el Consejo ha aceptado los puntos básicos del informe aprobado por esta Cámara en su primera lectura. 
Lo importante es que ha confirmado el presupuesto de 11,5 millones de euros, que la Comisión considera suficiente para llevar a cabo durante este Año todas las cosas que tiene en mente realizar. 
Si todos colaboramos ahora? y eso incluye a los medios de comunicación? este Año será trascendental para el deporte. 
Espero de todo corazón que consigamos invertir la tendencia a una disminución de la importancia del deporte escolar. 
Por medio de este Año, pretendemos crear redes y dar impulso a la cooperación transfronteriza. 
Lo que no queremos es invertir esta pequeña cantidad de dinero en proyectos de investigación interminables. 
Siempre hay investigaciones en curso, pero ésa no es la finalidad de este Año. 
Pienso que la única investigación que tenemos que hacer es preguntarnos a nosotros mismos, cuando todo haya concluido, «¿Qué se ha logrado con este Año? », pero aparte de esto, no debemos gastar dinero en ello. 
El Consejo comparte nuestra opinión al respecto. Asimismo ha aceptado mi idea de organizar una competición europea en el período previo a los Juegos Olímpicos, incorporándola no al Tratado, sino a un protocolo. 
Estoy muy satisfecha de ello, y tengo la firme esperanza de que la Comisión responda a nuestra preocupación anunciando una competición que culmine con la presencia de sus ganadores en el encendido de la llama olímpica en Olimpia en 2004. 
Esto constituiría un magnífico punto y final para el Año de la Educación a través del Deporte. 
¿De qué va todo esto, Señorías? 
Nuestra intención es crear una plataforma de medidas educativas en el deporte, más allá de fronteras, instituciones de enseñanza pública y organizaciones. 
Queremos impulsar iniciativas y redes transfronterizas, y tenemos que promover el intercambio de ideas, permitiendo que a los proyectos y las iniciativas ejemplares? es decir, las mejores prácticas? les sucedan otros en el mayor número posible durante los preparativos en 2003 y el Año en 2004. 
La Comunidad ha previsto que este instrumento reciba un 80% de apoyo, y que las actividades que se realicen exclusivamente en el ámbito nacional reciban un 50% de cofinanciación. 
Esta decisión me parece muy acertada para que la dimensión europea de este Año pase a un primer plano. 
Creo que lo voy a dejar aquí, pero me gustaría dar las gracias al Consejo y a la Comisión, así como expresar la esperanza de que podamos trasladar la idea de este Año de la Educación a través del Deporte a nuestras comunidades, y de que, por fin, la Convención sea lo suficientemente inteligente como para otorgar al deporte un fundamento jurídico. 
-Señorías, tengo que anunciarles algo relacionado con el trágico accidente del petrolero Prestige, que se hundió frente a las costas de Galicia, y las conclusiones finales que ha aprobado el Consejo en Copenhague. 
He recibido de la Comisión una propuesta de reglamento relacionada con estos hechos, relativa a la adopción de medidas específicas para compensar a los sectores pesquero, marisquero y acuícola españoles afectados por los vertidos de fuel del Prestige. 
En vista de las circunstancias de extrema urgencia y de los graves daños sufridos, el Consejo hará todo lo que esté en su mano para garantizar que esta propuesta se apruebe sin demora y, a ser posible, durante la reunión del Consejo que está teniendo lugar en la actualidad. 
El Parlamento debería emitir la opinión que se le exige al respecto, lo antes posible. 
Esta propuesta ha sido acordada con la Comisión de Pesca, y propongo que modifiquemos el orden del día para que podamos someter a votación la propuesta hoy al mediodía. 
Puesto que no hay objeciones a esta propuesta, procederemos de este modo. 
Señor Presidente, Señorías, he tenido a menudo el placer de hablar ante esta Cámara, pero debo reconocer que hoy es una ocasión especial, y comparto con ustedes la sensación de hallarme ante un momento de singular importancia. 
Iría aún más lejos y afirmaría que se trata de un momento casi histórico para los jóvenes de nuestros países. 
En efecto, ustedes están a punto de tomar la decisión de hacer de 2004 el Año Europeo de la Educación a través del Deporte. 
Es la primera vez que se emprende una iniciativa comunitaria a una escala tan grande en el ámbito deportivo, sobre todo centrada en el valor educativo del deporte. 
Es también la primera vez que hemos enviado un mensaje tan claro a nuestros ciudadanos con el fin de demostrarles que las instituciones comunitarias se van a preocupar en lo sucesivo del alcance social y educativo del deporte y de su papel fundamental en la educación informal. 
Era justo que el reconocimiento de estos valores se realizara en el Parlamento Europeo, porque es éste el que lleva años pidiendo que el deporte reciba una mayor atención. 
En el marco del Año Europeo, se van a movilizar recursos, buenas intenciones e imaginación durante todo un año para promover una política, para promover una estrategia y para permitir la participación de la sociedad civil. 
Estoy convencida de que el Año Europeo de la Educación a través del Deporte puede contribuir de manera decisiva a la promoción de los ideales que todos compartimos, a saber, el ideal del deporte como instrumento educativo y como medio de transmisión de valores. 
Por tanto, la decisión que están a punto de tomar hoy mediante su voto es una buena noticia para el mundo de la educación y del deporte. 
Es también la concretización del inteligente trabajo realizado conjuntamente por el Parlamento, la Comisión y el Consejo. 
Gracias a nuestro espíritu de cooperación, a nuestra perfecta colaboración y a nuestro consenso con respecto al texto, si esto fuera una competición olímpica, hoy nos tendríamos que repartir entre todos la medalla de oro. 
Todo lo anterior hace también que hoy todo esté en orden, lo que nos permite avanzar y comenzar el trabajo en sí, ya que los debates se han desarrollado deprisa y bien. 
No ha sido necesario sacar tarjetas rojas, por utilizar una metáfora futbolística, lo que demuestra claramente que nuestro esfuerzo conjunto se ha realizado en un espíritu de sincera amistad. 
Además, el Parlamento Europeo ha desempeñado perfectamente su papel: se ha enmendado y modificado nuestro texto original, y el resultado? no me avergüenza reconocerlo? es mejor que el texto de la Comisión. 
Señorías, han insistido ustedes en la necesidad de poner en práctica medidas concretas relacionadas con el deporte base. 
Han hecho hincapié en proyectos de campo más que en informes y estudios. 
Han recalcado la necesidad de que haya una colaboración más estrecha entre las organizaciones deportivas y las organizaciones educativas. 
Por último, han aclarado los objetivos de nuestro Año de la Educación a través del Deporte y han destacado la necesidad de respetar el principio de subsidiaridad y las respectivas competencias. 
Todas estas peticiones se han tenido en cuenta y se han incorporado a la decisión final. 
En sus últimas reuniones, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte estimó que la posición común del Consejo reflejaba debidamente las principales preocupaciones del Parlamento, y creo que así es. 
En mis viajes por Europa y en las conversaciones y reuniones que he mantenido, he comprobado lo popular que es ya esta nueva iniciativa y lo elevadas que son las expectativas de nuestros ciudadanos, en nuestros centros escolares, en las organizaciones deportivas y en las administraciones públicas. 
Señorías, por todo ello estoy plenamente convencida de que este Año Europeo de la Educación a través del Deporte será un gran Año. 
Si consideramos el ejemplo del Año Europeo de las Lenguas y la forma en que se desarrolló por medio de las contribuciones de los ciudadanos, estoy segura de que si el Año Europeo del Deporte sigue este modelo, será un éxito todavía mayor y penetrará aún más profundamente en nuestras diversas sociedades. 
Hace unos días, en Viena, en una conferencia que versaba sobre una ética para Europa, el Presidente Prodi dijo: «Europa [?] necesita ideas y un alma». 
Nuestro trabajo sobre la importancia social y educativa del deporte contribuirá a que se alcance este objetivo. 
Me complace poder afirmar que la educación y el deporte ocupan un lugar destacado en las preocupaciones cotidianas de todos los ciudadanos. 
Lo único que tenemos que hacer, y lo vamos a lograr, es señalar los aspectos positivos del deporte en contraste con las tendencias negativas. 
Concretamente ahora puedo decirles que mi equipo ya ha estado trabajando en las convocatorias de propuestas que se deberían poner en marcha en los próximos meses. 
Ya estamos pensando en un calendario, en la organización de eventos y en la creación de un comité consultivo. 
Debo reconocer que, como pueden ver ustedes, esta votación no representa el pitido final con el que termina un partido de carácter político caracterizado por el juego limpio. 
Más bien se trata del pistoletazo de salida. 
Por supuesto, el Parlamento será informado periódicamente del seguimiento del Año Europeo. 
La Comisión tiene, evidentemente, la obligación formal de mantener informado al Parlamento, pero también me dará la oportunidad de escuchar sus reflexiones, que tan valiosas han sido a la hora de concebir este Año. 
Señor Presidente, acabo de referirme a la histórica votación sobre la educación a través del deporte. 
El año 2004, como es bien sabido, será un año histórico en muchos otros aspectos también: primero la ampliación y luego la Convención, además de muchos otros asuntos importantes. 
En este sentido, quisiera pedirles que reflexionen sobre las siguientes cuestiones: en una Europa que desea estar cerca de los ciudadanos, ¿podemos seguir considerando al deporte sólo como una actividad comercial? 
¿No deberíamos tener en cuenta el hecho de que el deporte ocupa un lugar de honor en las vidas cotidianas de nuestros ciudadanos? 
¿No constituye el deporte una parte importante de cualquier política ciudadana? 
Señor Presidente, sé que el Parlamento ha comenzado a debatir estas cuestiones y que son ya conscientes del papel que desempeña el deporte en la integración europea y en el despertar de un espíritu europeo en nuestros compatriotas. 
De manera similar, los valores deportivos que vamos a promover enérgicamente entre las generaciones más jóvenes, entre los ciudadanos europeos, van a sentar las bases para una ciudadanía activa que respete a los demás y respete el ideal europeo. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la ponente por el trabajo tan duro que ha realizado y decir, una vez más, que el deporte ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para la educación. 
Tanto en casos normales como en casos de situaciones límite, de barrios marginados, de necesidad de integración, entre otros muchos. 
Asimismo, es una gran herramienta para educar en temas como el medio ambiente, la alimentación, la salud, el trabajo en equipo, etc. Esto tenemos que aprovecharlo al máximo. 
Hemos de aprovechar que el año 2004 es el Año Europeo de la Educación a través del Deporte para demostrar a los europeos que en la Unión Europea nosotros también nos preocupamos del deporte y que nos importan mucho, por ejemplo, por no hacer una lista interminable, los beneficios que éste pueda aportar para su salud, para la integración de las personas en nuestra Europa y para la lucha contra la xenofobia. 
También tenemos que aprovechar el eco que pueda tener el año 2004 para demostrar a los Estados miembros que es totalmente compatible trabajar por el deporte en los 15 Estados miembros- o 25, cuando se produzca la ampliación- y también a nivel comunitario, al mismo tiempo, y que ellos no deben temer que nosotros vayamos a asumir sus competencias. 
Lo que sí queremos es colmar el vacío que deja la subsidiariedad para que los europeos se puedan beneficiar de los numerosos aspectos positivos del deporte. 
Por ello, pido que todos hagamos un esfuerzo adicional para que se incluya, en la próxima revisión del Tratado de la Unión Europea, un artículo referido al deporte, de una vez y por todas, para que los europeos comprueben que aquí, en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea y en todas las instituciones europeas, nos preocupamos del deporte como una herramienta vital para mejorar su calidad de vida. 
Señor Presidente, señora Comisaria, me alegra que el deporte se haya incluido en el orden del día de hoy sin tener que esperar, como ocurre con frecuencia, a la tarde. 
Creo que el hecho de que hoy podamos debatir esta cuestión por la mañana es un buen punto de partida. 
Celebro que el año 2004 se vaya a dedicar plenamente al deporte. 
Los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos y la Eurocopa de fútbol, por citar sólo algunos acontecimientos deportivos, atraerán la atención de millones de personas, llenando a muchas de ellas de entusiasmo, de decepción a otras, pero también animándoles a iniciar o a intensificar la práctica del deporte. 
El Año Europeo de la Educación a través del Deporte puede aprovechar este interés público para hacer hincapié en el valor social del deporte. 
Existen ya pruebas, aportadas por numerosos estudios, del valor educativo del deporte, de su capacidad para prevenir problemas de salud y ayudar a la rehabilitación, de las habilidades sociales que desarrolla en la gente joven y la gente mayor, y de muchos otros aspectos que ya se han mencionado. 
Por eso, celebro que en lugar de seguir haciendo más estudios, aprendamos nuevas cosas de la experiencia práctica de la ampliación de actividades del Año del Deporte, como el fomento de una colaboración más estrecha entre los centros escolares y las organizaciones deportivas. 
Es muy importante aumentar la colaboración entre estos dos tipos de organizaciones y potenciar al máximo las ventajas que ambos pueden obtener en términos de movilidad de alumnos, centros deportivos y funcionarios, así como apoyar al deporte para que pueda desempeñar sus funciones sociales y cumplir con sus obligaciones sociales. 
En mi opinión, sin embargo, todo se sigue reduciendo a la importancia de preguntarnos qué entendemos por juego limpio, que es inseparable del deporte. 
Creo que el racismo, el dopaje y el tratamiento de los deportistas como mercancías han dejado profundas cicatrices en la imagen del juego limpio. 
Del mismo modo, deberíamos tratar a las mujeres deportistas con más respeto, y hacer algo también en lo que se refiere a su situación en este ámbito. 
Esto queda subrayado también en nuestro llamamiento a la participación de los centros deportivos en el Año de la Educación a través del Deporte, un llamamiento que no se incluía en las primeras propuestas. 
Hay unos 600 000 centros deportivos (con miles de funcionarios) , y éstos realizan una contribución educativa fundamental de la que nunca podremos prescindir. 
Señorías, 2003, el Año de las Personas con Discapacidad, está a punto de comenzar. 
Creo que también en este caso tenemos que aprovechar la ocasión para prepararnos anticipadamente para 2004, preguntándonos desde ya cuántas oportunidades de integración tienen los deportistas con discapacidades. 
¿Qué actividades pueden ofrecer los centros deportivos- más de 600 000- a estas personas? 
Ahí sí que existe la necesidad de concienciar a los ciudadanos y de obtener apoyo económico. 
Todo esto respalda nuestra petición de que este aspecto se incorpore al Tratado. 
Me gustaría empezar felicitando a la ponente por este importante informe. 
El Parlamento nos ha estado presionando para proclamar un año europeo del deporte en resoluciones anteriores, la última de las cuales data de 1997. 
Hasta ahora, la Unión Europea ha prestado atención principalmente al deporte profesional y mucha menos al deporte recreativo y a sus valores culturales, educativos y sociales. 
Como muy bien se ha dicho, esto se debe probable y principalmente al hecho de que el Tratado sigue sin incluir ningún artículo que otorgue a la Unión Europea poderes explícitos en esta materia. 
No obstante, considerando que la tercera parte de los ciudadanos europeos practican activamente algún deporte y que existen más de 600 000 centros deportivos, es innegable que el deporte constituye un importante fenómeno social. 
El deporte no es sólo importante en el plano social y cultural, sino también en el económico. 
Según las estimaciones, este sector representa en torno al 2% del producto interior bruto total de la Unión Europea. 
El deporte es muy importante como transmisor de valores positivos, tales como la fuerza de voluntad, el valor, la tolerancia, la lealtad y la amistad. 
Sin embargo, en vista de su enorme repercusión, el deporte con frecuencia se enfoca negativamente y surgen sentimientos como el chovinismo, el racismo o la violencia y, por desgracia, tiene también una imagen negativa a consecuencia de la violencia, la corrupción y el vandalismo. 
En este Año Europeo, la atención se va a centrar en la educación y la formación deportiva de los jóvenes, y eso es algo que tenemos que celebrar. 
Es cierto también que cada vez se dedica menos tiempo y atención a la educación deportiva en las escuelas, una tendencia que tiene que invertirse con urgencia. 
Ahí es donde los centros deportivos pueden apoyar y complementar a los centros educativos. 
Es, por tanto, fundamental que estrechemos los vínculos entre las organizaciones deportivas y los centros escolares. 
El deporte debe servir principalmente para conseguir un equilibro físico y mental, así como para lograr la integración social, y mientras nos aproximamos a la ampliación en 2004, esto adquiere una importancia mayor, sobre todo en un momento en el que la intolerancia está dejando ver cada vez más su feo rostro. 
Señor Presidente, felicito al ponente y celebro esta excelente iniciativa. 
Aparte de ser un fenómeno social importante y una forma de mejorar la salud psicológica y física, el deporte es también un excelente instrumento de educación que ayuda a los jóvenes a adquirir importantes capacidades sociales. 
Por eso he acogido con gran satisfacción la celebración del Año Europeo de la Educación a través del Deporte en 2004. 
Estoy deseando ver el efecto positivo que tendrá el deporte en las vidas de muchos jóvenes de comunidades desfavorecidas gracias a este programa. 
Presentará el deporte como una forma de mejorar la integración social de esos grupos y comunidades. 
No obstante, lamento que tanto el Consejo como la Comisión hayan rechazado las enmiendas del Parlamento que contemplaban la organización de certámenes escolares y que habrían permitido a los colegios ganadores acudir a los próximos Juegos Olímpicos en Grecia. 
Dicho esto, celebro que el Consejo haya reconocido la voluntad del Parlamento en este tema. 
Señor Presidente, desde hace tiempo se reconoce el valor del deporte como una herramienta para promover la identidad nacional y una mayor integración. 
Por algo tanto los gobiernos democráticos como totalitarios han utilizado el dinero del contribuyente para financiar actividades deportivas. 
En lo que se refiere a la construcción de Europa, el papel del deporte fue reconocido formalmente por las Comunidades en el informe Adonino presentado al Consejo Europeo de Milán en junio de 1985. 
El deporte fue considerado ya entonces, y sin lugar a dudas, como un importante activo que permitiría a las Comunidades promover la participación activa de los ciudadanos europeos en la construcción de ese proyecto. 
Por lo tanto, con independencia de la brillante retórica que puede inundar esta Cámara, la verdadera finalidad de este Año Europeo en especial es promover una mayor integración europea. 
En otras palabras, se trata de mera propaganda. 
No es casualidad que la declaración del Año se ha hecho coincidir con los Juegos Olímpicos. 
Sus Señorías pueden pensar lo que quieran, pero este es un intento cínico de apropiarse de los Juegos para promover la agenda europea. 
Por eso es vergonzoso que el dinero de los contribuyentes europeos se destine a este proyecto. 
La cantidad de 11,5 millones de euros puede parecer pequeña comparada con el presupuesto total, pero sigue siendo mucho dinero. 
No hay justificación alguna. 
No estamos aquí para financiar ese tipo de propaganda pura y cínica. 
Señor Presidente, creo que la presencia en esta Cámara, entre sus distinguidas Señorías, de algunos amigos a los que recordamos por sus éxitos históricos como deportistas, aclara de inmediato el significado de lo que hemos querido transmitir al colaborar con la Sra. Pack en este informe. 
Nuestros queridos amigos, la Sra. Zabell, la Sra. Matikainen-Kallström y el Sr. Mennea, son en cierta manera, un ejemplo, una prueba del simple hecho de que la educación a través del deporte significa crear una generación conocedora del valor y el precio de las cosas. 
Precisamente porque conocen su valor, pueden hacer gala de una gran pasión por los valores sociales cuando alcanzan la madurez, exhibiendo una fortaleza y un compromiso que no se limitan a la búsqueda de resultados a toda costa, y por eso estos diputados tienen todo el derecho a sentarse en esta Cámara y son dignos representantes de la Unión Europea. 
Nuestra intención es trasmitir este concepto y estos valores en un debate que abarque también los sistemas educativos. 
En este momento, si nuestro informe contiene alguna crítica severa, es la crítica a los sistemas educativos europeos, que asignan cada vez menos tiempo a la práctica del deporte en los centros escolares, de los cuales un número cada vez mayor cuenta con unas instalaciones deportivas muy deterioradas. 
Estos centros deben recibir apoyo y ayuda. 
Esto explica la preocupación de la ponente por darle un enfoque práctico a la cuestión, favoreciendo una reflexión concreta sobre el potencial educativo del deporte mediante la organización de competiciones. 
En otras palabras, creo que el Año Europeo de la Educación a través del Deporte puede ser el estímulo adecuado para conseguir que los centros educativos hagan algo por la juventud europea del mañana y cambien el destino de una generación, de manera que, en el futuro, tengamos jóvenes que no lleguen a ser sólo campeones, sino, lo que es aún más importante, personas que vean en el deporte un camino hacia la verdad; es decir, personas que lleguen a ser campeones en humanidad, porque un campeón en humanidad puede ser también un campeón en el deporte. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la principal acción que desarrolla el deporte en los practicantes es el fomento de la salud física y mental, así como la educación por la tolerancia, el respeto hacia unas reglas y la aceptación por todos de un resultado. 
Estas reglas son profundamente democráticas y fomentan el diálogo y el compañerismo. 
En este mundo en el que los pensamientos únicos, verdaderos, absolutos y reduccionistas son dominantes, el fomento de los valores del deporte son la principal medicina contra la intolerancia y la xenofobia y a favor de la integración social. 
Educar a través del deporte es asegurar valores democráticos para las futuras generaciones y esto debe figurar en los Tratados. 
Señor Presidente, seré muy breve, porque sé que el tiempo vuela y que el orden del día está muy cargado. 
Me gustaría sumarme en mis felicitaciones a todos los demás diputados que han destacado el excelente trabajo de la Sra. Pack y el esfuerzo que lleva años realizando y que, por fin, se ha visto coronado por el éxito. 
Hoy podríamos decir que se está llevando a su niño a la iglesia para que lo bauticen. 
Me gustaría responder brevemente a una serie de preguntas concretas que se han formulado. 
Aunque no se ha podido incluir en el texto la sugerencia del Parlamento de organizar competiciones escolares y de que los ganadores estén presentes en la ceremonia de encendido de la llama olímpica en Olimpia, les voy a revelar un secreto: mis colaboradores están ya trabajando con la Federación Internacional del Deporte Escolar para estudiar la manera de poder llevar a la práctica la petición del Parlamento. 
Soy plenamente consciente, señor Presidente, de que el Parlamento no desea una avalancha de estudios sobre la cuestión. 
Eso está muy bien, siempre que luego la Cámara no nos venga diciendo que habría sido conveniente realizarlos. 
Aunque reconozco la necesidad del trabajo práctico, sigo pensando que es necesario llevar a cabo una evaluación posterior, igual que se hizo con el Año Europeo de las Lenguas, que fue un éxito tal, que yo creo que podemos tomarlo como modelo para saber lo que tenemos y no tenemos que hacer. 
Les voy a revelar otro secreto: he recibido ya numerosos ofrecimientos de ayuda, de participación o de colaboración por parte de las principales federaciones deportivas europeas, que quieren comprometerse y poner su granito de arena en el proyecto. 
No nos quieren pedir dinero, porque tienen mucho más dinero que nosotros. 
El presupuesto de 11,5 millones de euros tiene como objetivo el fomento, la puesta en marcha de una fuerza motriz, porque el trabajo práctico lo tendrán que realizar la sociedad civil, los deportistas y los centros escolares. 
Se han formulado algunas preguntas relacionadas con el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, en el que estamos trabajando de lleno. 
Las Olimpiadas Mundiales Especiales se celebrarán en el verano de 2003 en Dublín. 
En este contexto, vamos a financiar la contratación de voluntarios irlandeses para que esta gran fiesta del deporte para discapacitados pueda tener lugar. 
Se trata de un experimento que se repetirá durante todo el año 2003 y 2004: reunir a jóvenes voluntarios- 100, 200, 300 voluntarios- de todos los países de Europa para que trabajen juntos al servicio del deporte con motivo de grandes eventos de carácter emblemático. 
El primer experimento, en Dublín, congregará, por tanto, a 200 voluntarios de todos los rincones de Europa. Esto se repetirá en Atenas durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y en todos los grandes eventos deportivos en los que las contribuciones de los voluntarios, la buena voluntad y el idealismo de nuestros jóvenes puedan tener cabida. 
En otras palabras: nuestros jóvenes ocuparán el centro del escenario. 
Pueden ver, por tanto, que ya se están tomando medidas prácticas. 
Tal y como les prometí, les mantendremos informados de las novedades, y cuento también con su contribución, para que podamos hacer de este año, en sus regiones y países, el año de todos los ciudadanos, ya que ustedes, como representantes de los ciudadanos, tienen un papel muy importante que desempeñar en este sentido. 
-El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre los servicios de interés general en Europa. 
Señor Presidente, la cuestión de los servicios públicos es objeto de un gran debate en Europa y en todo el mundo, y la tendencia general observada en los últimos 20 años ha sido una evolución del papel de la administración pública, que ha dejado de prestar directamente estos servicios y ahora se limita a regularlos y a establecer las reglas del juego. 
Así ha sucedido en Europa, en particular, donde el objetivo- que también era una necesidad- de crear un mercado único ha facilitado, sin lugar a dudas, esta evolución. 
La experiencia ha demostrado que la creación de un mercado único basado en el sistema de la competencia sana es totalmente compatible con las preocupaciones de índole socioeconómica, de las cuales los servicios de interés general constituyen uno de los aspectos más concretos. 
Además, el aumento de la competencia en el conjunto de la economía ha llevado a un incremento de la eficacia de los servicios de interés general. 
La historia de la Comunidad ha sido siempre coherente. 
En cada nueva etapa de la integración europea se ha avanzado en pos de una circulación más libre de mercancías, personas, servicios y capitales, así como en pos de una mayor solidaridad y cohesión. 
Cada paso que se ha dado hacia delante en el mercado interior ha venido acompañado de medidas para garantizar que a las regiones y a los ciudadanos más débiles no se les deje atrás. 
Así sucedió con el Acta Única, y también con Maastricht y Amsterdam. 
Un ejemplo de ello es la incorporación al Tratado de las políticas de cohesión económica y social, de protección del consumidor y de medio ambiente, todas las cuales tienen como finalidad complementar y equilibrar las estrategias de apertura de los mercados y de liberalización. 
El artículo 16 del Tratado, introducido en Amsterdam, reconoce explícitamente el papel de los servicios de interés económico general. 
Confirma la necesidad de encontrar mejores formas de reconciliar con armonía y coherencia los principios relacionados con los servicios de interés general y los demás objetivos del Tratado, especialmente el mercado interior y la libre competencia. 
La Comisión ha reconocido siempre el papel primordial de los servicios de interés general. En su comunicación de 1996 sobre los servicios de interés general en Europa, propuso incluir una referencia a la promoción de estos servicios. 
La legislación sectorial adoptada en el ámbito comunitario relativa a las grandes industrias de redes, en particular la energética, establece unos objetivos muy ambiciosos en lo que se refiere a los servicios públicos y la calidad. 
Además, la Comisión ha aplicado siempre las reglas de mercado y de la competencia de forma que no se obstaculice la prestación y el desarrollo de unos servicios de interés general de alta calidad. 
Podría mencionar, por ejemplo, la comunicación sobre la radiodifusión pública, elaborada por el Sr. Monti y yo mismo, que estableció normas relativas a las ayudas estatales y que constituye un ejemplo de cómo podemos aplicar las reglas de la competencia de manera inteligente, a la vez que dejamos a los Gobiernos todo el campo libre que necesitan para hacer funcionar los servicios públicos. 
Los servicios de interés general son, por tanto, un componente esencial del modelo europeo de sociedad. 
Contribuyen a la calidad de vida de los ciudadanos y son un requisito fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente muchos de sus derechos. 
En su informe para el Consejo de Laeken, la Comisión declaró su intención de, y cito textualmente: «examinar la propuesta de consolidar y precisar en una directiva marco los principios relativos a los servicios de interés general subyacentes al artículo 16 del Tratado». 
La Comisión ha decidido llevar a cabo este examen en el marco de un Libro Verde. 
Existen dos razones principales por las que ha adoptado este enfoque. 
En primer lugar, las cuestiones planteadas son muy amplias y no pueden tratarse en un debate que se limite a la propuesta de una directiva marco. 
En segundo lugar, teniendo en cuenta las expectativas y la existencia de posturas muy diferentes con respecto a la viabilidad de una directiva marco y al valor añadido que representaría, nos ha parecido fundamental que primero se cree un marco de referencia. 
No debemos subestimar tampoco los problemas técnicos y conceptuales que seguramente plantearía la creación de una directiva marco. 
El Libro Verde permitirá a la Comisión, en primer lugar, examinar la conveniencia de una directiva marco y, en segundo lugar, iniciar un gran debate sobre la cuestión en su conjunto. 
Por consiguiente, la finalidad de este Libro Verde no es retrasar el estudio de viabilidad de una directiva marco, sino todo lo contrario: considerando la diversidad de tradiciones, estructuras y posturas existentes en los Estados miembros, sólo un debate general de ámbito europeo nos permitirá alcanzar un consenso suficiente como para poder establecer un marco comunitario global. 
Paralelamente a la preparación del Libro Verde, estamos trabajando en otros documentos, en particular relativos a la aplicación de las normas sobre las ayudas estatales y a la evaluación de los servicios. 
Además, este trabajo podría ser de ayuda para el Libro Verde. 
En lo que se refiere al calendario, el Libro Verde debería aprobarse en marzo de 2003, y las conclusiones, presentarse antes de fin de año. 
Ésta es, señor Presidente, la declaración de la Comisión sobre esta cuestión. 
Señor Presidente, la tarea que tiene hoy ante sí la Comisaria Reding es difícil: hacer una declaración en nombre de la Comisión sobre las medidas que la Comisión lleva un año aplazando. 
Recordemos que, hace trece meses, el Parlamento ya hizo saber su opinión sobre los servicios de interés general en una votación que contó con un amplio respaldo, emitiéndose 435 votos en la votación final. 
Desde entonces, la Comisión ha hecho poco. 
Ha presentado cuatro documentos. Los dos últimos, presentados antes de la Cumbre de Copenhague, de la misma manera que la presentación de los demás, hace seis meses, precedió a la de Sevilla, lo único que dicen es que se está a la espera de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. 
No entiendo en absoluto, señora Comisaria, por qué la Comisión no ha debatido sus propuestas aquí en el Parlamento, abiertamente y sin trabas. 
Si, como en este caso, ustedes se limitan a mirar fijamente al Tribunal de Justicia Europeo del mismo modo que un conejo mira fijamente a una serpiente, no actúan como si todas las alternativas estuvieran a su disposición. 
Si bien es cierto, señora Comisaria, que a usted sólo le afecta esto indirectamente, ya que esta cuestión recae principalmente en el Comisario de la Competencia, es precisamente por eso por lo que quiero insistir con fuerza en que la Comisión no debe limitarse a distribuir documentos oficiosos que envía a los Gobiernos- el último, el 12 de noviembre de este año- sino hacer que el Parlamento participe en el debate. 
No estamos dispuestos a cargar con la culpa de las decisiones de la Comisión si el Parlamento no puede participar debidamente en el proceso legislativo. 
Permítame decirle pues sin rodeos que, tal y como acaba usted de mencionar, nosotros pedimos una directiva marco. Pedimos una directiva marco basándonos en el artículo 95, que trata del mercado interior. 
Eso significa que este debate público basado en el artículo 95 conduce a una decisión del Parlamento y el Consejo mediante el procedimiento de codecisión. 
Lo que hemos recibido hasta ahora dice sólo que se estaba siguiendo el procedimiento anterior en la política sobre la competencia; en otras palabras, que bastaría con una decisión del Consejo, que se informaría al Parlamento y que luego se vería lo que sucede a continuación. 
Esto es exactamente lo que usted ha dicho: el tema dará lugar a un gran debate sobre política social y económica. 
Lejos de ser algo que la Comisión pueda resolver con el Consejo a puerta cerrada, tiene que solucionarse a la vista de los ciudadanos, aquí, en el Parlamento elegido directamente por ellos. 
La razón de que haga comentarios un tanto mordaces es que estas cuestiones no se han tratado en ninguno de los documentos presentados, que son numerosos y de distinta calidad, siendo con diferencia el mejor de todos ellos el documento oficioso. 
La metodología de evaluación que se dio a conocer durante el verano se preparó con tan poco interés y era tan mala, que no puede servir como base para crear una concienciación adecuada. 
Apelo a la Comisión para que deje de perder el tiempo y se ponga por fin a trabajar de verdad. 
La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el caso Ferring puede servir como base para evaluar las ayudas estatales y los servicios públicos. 
Les pido que presenten, sin más demora, decisiones basadas en esta sentencia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, me gustaría naturalmente agradecerle a la señora Comisaria su declaración y la perspectiva de poder contar con un Libro Verde. 
Sin embargo, no es habitual que esté totalmente de acuerdo con las palabras del Sr. Langen. 
Mi Grupo está especialmente decepcionado por la reticencia de la Comisión a presentar al Parlamento Europeo una directiva marco. 
Como usted misma ha afirmado, los servicios de interés general constituyen el pilar de nuestro modelo social europeo. 
Me refiero a los derechos sociales de los ciudadanos, a servicios básicos como el agua, la energía, el transporte público, las comunicaciones y la asistencia sanitaria, que son además fundamentales para la cohesión social y para el buen funcionamiento de nuestras economías. 
Mi Grupo, y en realidad todo el Parlamento, lleva años haciendo presión para que se apruebe esta directiva marco. 
Hasta el propio Consejo va por delante de la Comisión, puesto que ya hizo presión a favor de esta directiva marco en Niza y de una manera mucho más explícita en Barcelona. 
Pese a ello, la Comisión insiste en realizar primero una amplia consulta a través de un Libro Verde en la primavera de 2003. 
Comprendo que los problemas relacionados con los servicios de interés general son complejos. 
Comprendo que existen diferentes enfoques entre los Estados miembros. 
Sé que están implicados el sector público y el privado y que, por tanto, es cierto que existen diferencias dependiendo del sector. 
No obstante, entretanto recibimos constantemente opiniones partidarias de liberalizar distintos sectores de la economía sin tener una directiva marco que establezca los principios generales. 
Que no haya malentendidos: mi Grupo está a favor del mercado interior, siempre que se realicen una serie de ajustes sociales y ecológicos. 
Ahora bien, el mercado es un instrumento que tiene sus limitaciones, y cuando se trata de los derechos sociales fundamentales de los ciudadanos, no deben ser las reglas del mercado y la competencia las que establezcan las reglas del juego. 
Además, el Libro Verde va a llegar demasiado tarde como para contribuir al debate en el seno de la Convención sobre el papel de los servicios de interés general. 
Ya estamos celebrando dicho debate en este momento. 
Lo vamos a concluir en febrero, y la Comisión no presentará su Libro Verde hasta marzo. 
Creo que la Comisión no llegará a tiempo. 
Finalmente, existe una última razón, un hecho que me produce una gran preocupación y que tiene que ver con los comentarios del Sr. Langen. 
Hasta ahora, la Comisión ha supuesto siempre que los Estados miembros podían financiar sus servicios de interés general debido a su cometido social, sin que ello se considerara un apoyo estatal ilícito, y en mi opinión están en lo cierto. 
Sin embargo, no puede negarse que el Tratado es poco claro. 
Las recientes conclusiones de dos abogados generales del Tribunal de Justicia Europeo han demostrado que este principio ya no está libre de toda sospecha. 
La Comisión concluirá ahora, obviamente, que no puede dar garantías jurídicas a los Estados miembros en materia de financiación de los servicios de interés general. 
¿Qué ha pasado entonces con esa autonomía, de la que se hacía tanto alarde, para organizar sus respectivos servicios públicos? 
Señorías, la conclusión nos parece clara. 
En primer lugar, le vamos a pedir inmediatamente a la Comisión que apruebe una directiva marco, como ya hemos hecho en repetidas ocasiones. 
En segundo lugar, la Convención debe ofrecer la oportunidad de establecer los principios básicos de los servicios públicos con total respeto por la autoridad de los Estados miembros. 
En tercer lugar, nuestra Constitución debe especificar claramente que los servicios de interés general son derechos sociales de nuestros ciudadanos y que no pueden dejarse a merced de las reglas del mercado y la competencia. 
Espero que la Comisión pueda apoyarnos en nuestras ambiciones. 
Señor Presidente, quiero decir en nombre de mi grupo que celebramos la inminente publicación de un Libro Verde, pero posiblemente no represente a la mayoría cuando digo que celebro dicha publicación como señal de que por fin se está haciendo algo. 
La promesa de una consulta futura y estudios de viabilidad merece una buena acogida, pero no debe servir de excusa para no hacer nada. 
En ese sentido, estoy de acuerdo con mis colegas en que tiene que hacerse algo, y mejor antes que después. 
El proceso puede ser importante, y tenemos que hacerlo bien. 
Quiero hacer dos comentarios en nombre de mi Grupo, el primero de ellos relacionado con la competencia. 
La competencia es excelente- estamos de acuerdo con el mercado interior- porque es una forma de mejorar la calidad en general y porque puede ser también una forma de mejorar la calidad de los servicios en cuestión, pero no sólo en su propio bien. 
Quizás sería interesante fijarse en un país no perteneciente a la UE- Suiza- en términos de política energética. 
Hace poco los suizos celebraron un referéndum para decidir si liberalizaban o no el suministro energético, actualmente en manos de sus cantones locales. 
Los ciudadanos suizos votaron en contra de esa liberalización porque no estaban convencidos de que una decisión así mejorara la calidad, en lugar de generar simplemente más confusión. 
La decisión se dejó en manos de los ciudadanos suizos. 
Nosotros, por nuestra parte, estamos esperando un marco para decidir cómo debemos tomar esas decisiones en toda Europa. 
La segunda cuestión que mi Grupo considera especialmente importante es la prestación de servicios universales. 
Eso garantiza la cohesión social en toda Europa. 
Considerando mi propia circunscripción, por ejemplo, y el problema actual de la banda ancha, mi despacho se está viendo inundado de cartas de residentes en zonas rurales quejándose de que la banda ancha está sólo disponible en algunas ciudades, pero no para ellos. 
Este tipo de cuestiones tienen que resolverse de manera que podamos prestar el mismo nivel de servicio a todos nuestros ciudadanos y garantizar así la cohesión social que tan importante es para Europa. 
Es ridículo que la Convención y sus grupos de trabajo estén todavía discutiendo estas cosas. 
Este tipo de cuestiones exigen coordinación a medida que avanzamos en la construcción de Europa. 
Así pues, es bueno que se esté haciendo algo por fin, es bueno que se haya hecho una declaración, pero tenemos que seguir avanzando. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en lo que se refiere a los servicios de interés general, la Comisión está tratando de conciliar dos requisitos que, en muchos aspectos, se contraponen: la necesidad de garantizar la prestación de una serie de servicios que el mercado no se considera capaz de prestar eficazmente y a unos precios razonables, y la necesidad de evitar que algunos servicios se conviertan en una causa de distorsión del mercado o de la competencia. 
Creo que la atención de la Comisión sigue excesivamente centrada en lo primero y muy poco centrada en lo segundo, la distorsión de la competencia. 
Esto no nos sorprende, puesto que los Gobiernos y, por tanto, el Consejo, están presionando en esta dirección como consecuencia de la existencia de un claro conflicto de intereses. 
Hay algunos sectores clave, como las telecomunicaciones, la energía, el agua, el transporte, la televisión y los medios de comunicación, en los que los Gobiernos son, a la vez, árbitros y jugadores, tienen que sortear graves conflictos de intereses, no regulan ni legislan y ellos mismos son empresarios con grandes multinacionales que, a veces, se utilizan para fines políticos y de otra índole. 
Hoy en día, este conflicto de intereses sigue sin resolverse en muchos países europeos. 
En efecto, en estos sectores se está creando una tierra de nadie donde, en lugar de llevarse a cabo una defensa del consumidor europeo y del interés general, se protegen los intereses específicos de las empresas y de los poderes económicos y políticos asociados a ellas. 
Existen innumerables casos en Europa en los que estas empresas adquieren una presencia desproporcionada en el mercado. 
Un ejemplo es Deutsche Post, que emplea su ventaja monopolística en el sector de los servicios postales para vencer a la competencia por medio también de absorciones, como sucedió en el caso de DHL International, adquirida por Deutsche Post, que aprovechó su ventaja monopolística para eliminar a un competidor. 
Por no mencionar a EDF: Francia aceptó trabajar en pos de la liberalización del sector energético en el país, segura de que EDF, una empresa 100% estatal que no cotizaba en Bolsa y que podía conceder créditos avalados por el Estado, adquiriría empresas en el extranjero, en Italia y en otros países, y de que, en resumidas cuentas, a través de adquisiciones consolidaría su posición dominante en el mercado europeo. 
En Italia tenemos el caso de una importante cadena de televisión, como la RAI, financiada con grandes sumas de dinero procedentes del bolsillo de los contribuyentes, que compite de todas las maneras posibles con otras cadenas de televisión como un canal comercial. 
Ésta es la situación: existen servicios públicos que terminan creando empresas estatales que distorsionan la competencia. 
Cuando los Estados se hayan desprendido de todas sus empresas, puede que nos resulte más fácil imaginar un Estado regulador, un Estado que contrate o saque a concurso los servicios que considere que el mercado, por sí solo, no puede prestar de forma adecuada. 
Hay un servicio, el servicio de telefonía móvil, que la Comisión no considera un servicio de interés general. 
Creo que eso es un grave error y que, actualmente, el servicio de telefonía móvil es, a efectos prácticos, un servicio de interés general. 
En efecto, se trata de uno de los servicios que mejor se prestan en toda Europa, caracterizado por su eficacia y sus excelentes precios, y es un servicio de interés general que el mercado presta a través de un sistema de competencia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, y nuestra antigua colega, creo que cualquier directiva marco o Libro Verde deben tener en cuenta la experiencia que ya tenemos con los servicios de interés general. 
Partiendo de esa base, quiero poner un ejemplo de cómo, desde esta Cámara, podemos ejercer cierta influencia. 
Si realmente lográsemos, por fin, algún avance con respecto a la legislación sobre el transporte público local, eso implicaría haber realizado una parte sustancial del trabajo del Parlamento y el Consejo. 
Por una vez, me gustaría reconocer a la Comisión el mérito de haber presentado, ya en el año 2000, una propuesta de reglamento muy concreta sobre el transporte público local. 
En esta Cámara expresamos una opinión inequívoca al respecto en 2001. 
¿Y qué ha hecho el Consejo? 
Ha archivado la carpeta en un cajón, no ha hecho nada con ella y sigue sin querer hacer nada con ella. 
Pienso que tenemos que advertir con claridad al Consejo que no toleraremos más atrasos en cuestiones tan importantes como el conjunto de servicios a los que tienen derecho los ciudadanos en sus ciudades y regiones, y que estamos dispuestos a considerar emprender acciones contra el Consejo por su negativa a actuar. 
¿Por qué, Señorías, es tan importante esta cuestión de la legislación sobre el transporte público local? 
La ley es poco clara con respecto a la situación en la que nos encontramos. 
Tenemos la opción de aguardar las sentencias del TJE, pero queremos que se tomen decisiones políticas sobre cómo deben ser los sistemas de transporte público, y así, nosotros, las ciudades, las comunidades y la empresa privada, necesitamos seguridad jurídica sobre cómo organizar el transporte público local. 
La segunda cuestión que quiero plantear es la siguiente. 
Creo que hemos tenido un lapsus aquí. 
Los servicios de interés general y la competencia no son mutuamente excluyentes, sino, en mi opinión, mutuamente complementarios, y eso se puede ver con especial claridad en el transporte público local. 
Si, como responsables de los servicios públicos, las ciudades o las regiones toman la decisión correcta y definen los requisitos del transporte público local (accesibilidad para las personas discapacitadas, horarios, frecuencia del servicio y tarifas- pueden añadirse todos los factores sociales que se quiera -) entonces, señor Presidente, tendrán que sacarlo a concurso y aceptar la mejor oferta que reciban, ya sea del sector público o del privado. 
La competencia es la que decide, y los ciudadanos son los que se benefician. 
Señor Presidente, estoy profundamente decepcionado por la declaración de la Comisión en el día de hoy. 
Hemos hablado de boquilla sobre el principio de los servicios de interés general. 
Nos habían dicho que la Comisión iba a crear un marco para los servicios de interés general antes de que concluyera este año, y ahora nos prometen un Libro Verde. 
Necesitamos urgentemente la directiva marco, no un Libro Verde. 
Necesitamos urgentemente un cambio de la legislación sobre la competencia que permita a los servicios públicos de interés general sobrevivir y prosperar, y necesitamos una cláusula en nuestra nueva constitución que garantice los servicios públicos en toda Europa. 
La solidaridad y la ciudadanía constituyen el núcleo del concepto mismo de la Unión Europea. 
Mi opinión es que, habiendo dado un paso importante esta semana hacia la unidad política y geográfica de Europa, si queremos crear ciudadanos europeos, tenemos que garantizar unos servicios de interés general disponibles, accesibles, asequibles y de alta calidad para todo el mundo. 
Bien entendidos, los servicios de interés general son para todos los ciudadanos, no sólo para los marginados, los pobres o los desfavorecidos; aunque, evidentemente, tienen una importancia crucial para las personas que se encuentran en esa situación. 
Los servicios de interés general apoyan y sostienen el crecimiento. 
Contribuyen a la sostenibilidad medioambiental. 
Constituyen un componente básico de cualquier estrategia territorial seria que nos permita tener comunidades rurales sostenibles y ciudades realmente habitables. Con ellos podremos tener ciudadanos sanos que no teman a la enfermedad. 
Con ellos los ciudadanos podrán desplazarse entre su lugar de residencia y su lugar de trabajo y comunicarse. 
Con ellos los ciudadanos podrán mantenerse debidamente informados y recibir una buena educación, no sólo en términos de enseñanza tecnológica, sino también de cultura política. 
Todas estas cosas son necesarias si queremos crear una Europa de la que podamos estar orgullosos y que los ciudadanos sientan suya. 
Señor Presidente, señora Comisaria, todos nosotros- o la gran mayoría de los que formamos esta Cámara- vemos bajo un prisma muy favorable el mercado único interior y la competencia. 
No obstante, son muchas las personas que se ven afectadas por esta cuestión de interés general, y tenemos que reconocer que se está produciendo una creciente comercialización de lo que se entiende por servicios de interés general. 
En muchos casos, esta comercialización está justificada, pero tenemos que reflexionar también sobre la conveniencia de seguir o no por este camino. 
Se ha hablado ya mucho sobre el Libro Verde y la Convención, y también sobre la cuestión de si hemos tardado demasiado en actuar. 
Hay una cosa que podemos decir con seguridad, y es que el Parlamento cree que hay que poner punto y final al diálogo entre la Comisión y el Tribunal de Justicia Europeo. 
Al Parlamento se le está ignorando hasta unos límites que, en este ámbito en particular, difícilmente pueden sobrepasarse; de ahí el llamamiento urgente a la Comisión para que realice algún avance en lo que se refiere a establecer criterios específicos al respecto. 
Hay dos cuestiones que para mí tienen una gran importancia, y que me gustaría que se resolvieran, de una vez por todas. 
Una característica del debate sobre los servicios de interés general es que la Comisión está dispuesta a participar sólo cuando se hable de actividad económica. 
Estoy seguro de que eso es perfectamente comprensible en principio, pero siempre se termina debatiendo sobre cuestiones de detalle. 
¿Es un servicio de ambulancias una actividad económica? 
¿Sí o no? 
No necesitamos decisiones para casos concretos, pero sí necesitamos que la Comisión establezca, de una vez por todas, los criterios que aplicará cuando tome decisiones en el futuro. 
Es inadmisible que anuncie sus decisiones- como las relativas a las cajas de ahorro- con tan poca antelación y que siempre remita los textos justo antes, sólo para fines informativos. 
Mi segundo comentario se refiere a la subsidiaridad, que en efecto ocupa un lugar privilegiado en las deliberaciones de la Convención. 
Aquí es donde ha sido crucial el retraso de la Comisión en llevar a cabo la presentación ante la Convención, pero las regiones y los Estados miembros deben seguir teniendo la posibilidad de decidir por sí mismos sobre estas cuestiones en el ámbito local. 
Lo que no puede permitirse es que la Comisión imponga sus criterios de manera encubierta. 
La subsidiaridad consiste en la posibilidad de tomar decisiones propias en el ámbito local; así, quizás las cosas son distintas en Baviera, de donde yo soy, en, supongamos, Luxemburgo, de donde es la Sra. Comisaria, y en España, Portugal, Grecia y, quizás en el futuro, Lituania. 
Por eso, no pueden imponerse definiciones de manera encubierta. 
No obstante, al fin y al cabo, tengo que decir que lo que nosotros y los ciudadanos necesitamos es seguridad jurídica, y que ésta no se fomenta con las declaraciones que a veces realiza uno de sus colegas Comisarios, que ha llegado incluso a proponer la desregulación del agua. 
Por el momento, esto no está en la agenda, y tendrá que abordarse sector por sector; por esta razón, la Comisión tiene que empezar a actuar en este ámbito. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, aunque se ha reconocido la importancia de los servicios de interés general, el hecho de obligarles a cumplir las reglas de la competencia devalúa su función social como servicios públicos de vital importancia para el conjunto de la población. 
Éste es el principal problema al que nos enfrentamos hoy, causado por las sucesivas decisiones de la Comisión y el Consejo, sobre todo las de las Cumbres de Lisboa y Barcelona, que han acelerado la liberalización y la desregulación de algunos sectores, como los de las telecomunicaciones, los servicios postales, la energía y el transporte, por citar sólo algunos de ellos. 
Estamos empezando ya a ver las consecuencias de tales decisiones, no sólo en los despidos y en la mayor precariedad del empleo en algunos de estos sectores, sino también, en algunos casos, en el hecho de que las tarifas y los precios de los servicios han subido, a la vez que ha disminuido la calidad. Estos cambios se han encontrado con la firme oposición de los trabajadores y del conjunto de la sociedad, como ha demostrado recientemente la huelga general convocada en Portugal. 
Debemos, por tanto, reconocer la importancia de contar con unos servicios públicos de calidad para garantizar el derecho de acceso de todos los ciudadanos a éstos, lo cual exige también que adoptemos una postura firme en las negociaciones con la OMC en contra de la liberalización de los servicios públicos. 
Así pues, señora Comisaria, ¿qué compromisos pueden asumir ustedes con respecto a la OMC? 
-El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Informe (A5-0445/2002) del Sr. Joan Colom i Naval, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del instrumento de flexibilidad, de conformidad con el punto 24 del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 (COM (2002) 399- C5-0599/2002- 2002/0157 (ACI)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Proyectos de enmienda al proyecto de presupuesto general 2003, modificado por el Consejo 
Seño Presidente, quisiera anunciar algunos cambios técnicos antes de la votación. 
A principios de esta semana les di las muy merecidas gracias a la Comisión y a la Sra. Schreyer, a mi colega ponente; a mis colegas de la Comisión de Presupuestos y a nuestro querido Presidente, el Sr. Wynn, entre otros. 
Sin embargo, al no haber estado presente el Ministro de Economía danés en esa ocasión, permítanme que reitere mi más sincero agradecimiento por lo constructiva y eficiente que ha sido la Presidencia danesa y, en particular, por la labor del Ministro de Economía, el Sr. Pedersen. 
Ha conseguido unir a todos los Estados miembros y encontrar con nosotros soluciones a problemas muy difíciles. 
Ha allanado el camino para las soluciones ampliamente consensuadas que constituyen la base de la votación de hoy, que esperamos que transcurra con rapidez y sin complicaciones. 
Se lo agradezco mucho a la Presidencia danesa. 
Quiero también agradecer la labor sumamente eficiente y competente de la secretaría de la Comisión de Presupuestos, que ha llevado a cabo una intensa labor bajo una enorme presión, sin abandonar por ello su ambiente agradable y cordial. 
Finalmente, quiero expresar mi más caluroso agradecimiento a los servicios que organizan las sesiones, que han abordado asuntos complicados sobre listas de votación, etc., siempre de una manera muy correcta y eficiente. 
(Aplausos) 
Paso ahora a las formalidades. 
Antes de iniciar la votación sobre las enmiendas al presupuesto, tengo que hacer una aclaración sobre ciertos ajustes técnicos, algunos de los cuales tienen que someterse a votación. 
En primer lugar, un ajuste puramente técnico: La enmienda 1 a las partidas presupuestarias B1-406 y B1-4081- Mejora del procesamiento y la comercialización de los productos agrícolas, se ha retirado, porque está contenida en las notas rectificativas nº 3/2003 al proyecto de presupuesto, que ya hemos votado. 
Se necesita una votación para confirmar las anteriores correcciones. 
En primer lugar, en la enmienda 25 a la partida presupuestaria B2-5120- Red de datos sobre contabilidad agraria (FADN) -las cifras deben modificarse del modo siguiente: adición de 1 391 000 euros en compromisos y de 1 383 000 euros en pagos, obteniéndose unas cifras definitivas de 11 337 000 euros en compromisos y 11 329 000 euros en pagos. 
En segundo lugar, la enmienda 238 a la partida presupuestaria B2-517 sobre recursos fitogenéticos y zoogenéticos. 
Esta enmienda debe retirarse porque también está contenida en las notas rectificativas nº 3/2003. 
En tercer lugar, la enmienda 246 a la partida presupuestaria B3-3062 para el programa Prince. 
Las siguientes cinco palabras deben suprimirse del comentario: '... «... de los sectores públicos nacionales». 
Por último, en la enmienda 168 de la partida presupuestaria A-200- Renta y renta por derecho de superficie, las cifras deben modificarse del modo siguiente: se añaden 3 409 073 euros, obteniendo un cifra final de 132 590 904 euros. 
Propongo que votemos estas correcciones en bloque antes de iniciar la votación sobre las enmiendas. 
Señor Presidente, todos los diputados de esta Cámara tienen derecho a plantear cuestiones relacionadas con la observancia del Reglamento, no sólo algunos de ellos. 
Si va usted a rechazar una comprobación electrónica de la tercera parte de la enmienda 139, que fue debidamente solicitada inmediatamente después de anunciar la votación, le agradecería que nos explicara a la Cámara el motivo que le lleva a rechazar esa comprobación. 
A menos que esta Cámara acepte su explicación, que yo no acepto, le pido que efectúe esa comprobación. 
Desde mi sitio saltaba a la vista que había la misma mayoría. 
En segundo lugar, ya se ha anunciado el resultado. 
Una vez que se anuncia un resultado, no volvemos sobre él. 
Señor Presidente, el Sr. Färm, el ponente, ha dicho lo mismo que iba a decir yo. 
Simplemente quiero agradecer a la Presidencia, pero también a los servicios que organizan las sesiones, todo el trabajo que realizan para conseguir que este proceso funcione correctamente. 
Voy a interrumpir brevemente la votación para invitar al presidente de la comisión, a los ponentes, al Consejo y a la Comisión a que se unan a mí para la firma del presupuesto. 
Hemos votado un presupuesto con unos compromisos de casi 100 000 millones de euros. 
Y lo hemos hecho en un tiempo récord. 
Quiero expresar también mi agradecimiento a todos los que han participado- colegas políticos y la administración- por la extraordinaria labor, la eficiencia y la rapidez con la que se ha aprobado el presupuesto. 
Señor Presidente, todavía tiene que preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo si el Consejo aprueba este presupuesto. 
Sigo con mucho gusto su consejo. 
Señor Presidente, el Parlamento ha emprendido ahora la segunda lectura del presupuesto para 2003, y observo que el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo en la reunión de asesores del 25 de noviembre de este año se ha ratificado en el presupuesto para 2003. 
No obstante, existen todavía algunas diferencias de opinión relativas a la clasificación del gasto en el presupuesto, con respecto a la cual el Consejo se reserva sus derechos. 
El Consejo puede, aun así, aceptar el presupuesto tal y como salga de la segunda lectura del Parlamento. 
Ahora que ha concluido la Presidencia danesa, me gustaría decir que siempre he sentido un gran respeto por el Parlamento Europeo, y puedo asegurarles que ese respeto no ha disminuido como resultado de la positiva colaboración que he tenido la fortuna de mantener con él durante los últimos seis meses. 
Me gustaría también expresar mi especial agradecimiento al presidente de la Comisión de Presupuestos, el Sr. Wynn, y a los ponentes para el presupuesto, el Sr. Färm y el Sr. Stenmarck. 
Desde nuestro primer contacto como parte de este procedimiento presupuestario, que tuvo lugar en una reunión celebrada en Copenhague, me he encontrado con personas muy competentes y deseosas de aceptar sus respectivas responsabilidades y encontrar entre todos soluciones que yo creo que justifican mis felicitaciones al Parlamento por el presupuesto que se acaba de aprobar. 
Me gustaría agradecerles su constructiva colaboración y su atención. 
Señor Presidente, ante la trágica naturaleza de la catástrofe ocurrida frente a las costas de Galicia y de otros Estados miembros que también se han visto afectados por el vertido de petróleo, esta Cámara quiere expresar su más sincera solidaridad y apoyo a nuestros colegas en Galicia. 
Por consiguiente, insto a la Cámara a que apruebe la transferencia de 30 millones de euros. 
Esos fondos se habrían destinado, si no, a indemnizar a los que perdieron su medio de vida cuando no conseguimos renegociar el Acuerdo con Marruecos. 
Puesto que esos fondos ya no son necesarios para indemnizaciones, se destinarán a ayudar a las víctimas de la catástrofe del Prestige. 
Insto a la Cámara a que apoye esta medida y demuestre su solidaridad con los pescadores y las familias de Galicia que están atravesando unos momentos tan difíciles. 
- (EN) Señor Presidente, en circunstancias normales, este procedimiento, tal como lo propone la Comisión, sería totalmente inaceptable. 
El accidente del Prestige ocurrió el 19 de noviembre. 
Seis días después, la delegación del Parlamento acudió a una reunión de conciliación en la que acordamos la movilización del instrumento de flexibilidad para los restantes 27 millones de euros destinados a la reestructuración de las flotas española y portuguesa. 
Todo esto podría haberse hecho de una manera diferente y en un marco temporal distinto. 
La propuesta, tal como se plantea, viola una serie de principios. 
En primer lugar, viola un procedimiento que es transparente. 
En segundo lugar, viola los principios de la especificidad del presupuesto establecidos por el reglamento financiero. 
Viola la decisión tomada el año pasado de movilizar el instrumento de flexibilidad para la reestructuración de las flotas española y portuguesa, y viola también el principio de una buena administración al no dejar margen alguno en el título 2, lo que implica la necesidad de abandonar y restablecer compromisos para disponer de los fondos necesarios. 
Una vez dejado claro todo eso, consideremos el enfoque político y pragmático. 
Nosotros, en la Comisión de Presupuestos, somos gente política y pragmática, ¡no pensamos sólo en los presupuestos como la gente cree que hacemos! 
(Reacciones diversas) 
Como me dijo el Sr. Gerhard Schmid hace un rato, no todo el mundo cree en Dios, ¡pero todos creen en la Comisión de Presupuestos! 
La propuesta de la Comisión nos da, cuanto menos, la oportunidad de utilizar el presupuesto de este año- el presupuesto de 2002- lo que sería una solución mejor para el contribuyente, para asegurarnos de que se utilizan fondos de este año, en lugar de utilizar recursos propios suplementarios del año que viene. 
Aunque condenamos el procedimiento y hemos dejado muy claro que este calendario de la Comisión no debe, bajo ningún concepto, sentar precedentes, recomiendo, en nombre del coordinador de la Comisión de Presupuestos que se apruebe la urgencia. 
(Aplausos) 
Señor Wynn, creo que los aplausos indican que la Cámara aprecia profundamente su extraordinario arrebato de pragmatismo en esta ocasión. 
(El Parlamento aprueba la propuesta de reglamento) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0419/2002) , de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004 (9605/2/2002- C5-0498/2002- 2001/0244 (COD) ) (Ponente: Doris Pack) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Informe (A5-0381/2002) de Graham R. Watson, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China sobre la readmisión de residentes ilegales (SEC (2002) 412- C5-0263/2002- 2002/0092 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Propuesta de resolución común 
Señor Presidente, mis botones de voto no funcionan bien. 
Tomamos nota de su intención, pero el resultado se mantiene. 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Con esto concluye la votación. 
Me gustaría hacer un comentario sobre la observancia del Reglamento antes de que se vayan Sus Señorías. 
Señor Howitt, espero que no piense que le he tratado con dureza en esta época de buena voluntad. 
Les deseo a todos unas Navidades muy felices. 
Espero que puedan disfrutar del esparcimiento y el descanso que todos nos merecemos. Espero que reanudemos con empuje y energía el Nuevo Año. 
¡Feliz Navidad! 
EXPLICACIONES DE VOTO 
- (PT) Hemos votado a favor de este informe, ya que garantizará la concesión de 27 millones de euros para la reconversión de las flotas pesqueras española y portuguesa que faenaban en aguas marroquíes. 
Nos gustaría subrayar también que la propuesta que lleva mi nombre, como ponente para el presupuesto de 2003 en la Comisión de Pesca, ha sido aprobada, al menos en parte. Dicha propuesta tiene como objetivo garantizar el uso del instrumento de flexibilidad. 
Debemos asegurarnos de que se cumpla el compromiso contraído el año pasado por las autoridades presupuestarias de incluir 27 millones de euros en el presupuesto de 2003. 
No obstante, no puedo dejar de lamentar el grave precedente que se ha creado con la transferencia anticipada de fondos estructurales que no se han utilizado en 2002- casi 15 millones de euros en total- lo que afecta a su futura reprogramación y redistribución, puesto que sabemos que se trata de un ámbito muy delicado para todos los Estados miembros. 
El procedimiento presupuestario de la UE se está convirtiendo en un ritual que se repite todos los años. 
El Parlamento quiere gastar más dinero del que propone la Comisión Europea, pero el Consejo protege los bolsillos de los Estados miembros abogando por un menor gasto. 
El resultado es una disparidad cada vez mayor entre el tope de gasto acordado en 1998 y el gasto real. 
Mi partido defiende que se aumente o se incremente el gasto gubernamental dirigido a mejorar los servicios públicos, a proteger el medio ambiente y a demostrar más solidaridad con los pueblos de las regiones más pobres del mundo. 
Ni qué decir tiene que para ello se necesita una presión fiscal mayor que la que desean los políticos neoliberales que nos gobiernan. 
Estos impuestos deben proceder de las personas que tengan rentas más elevadas y de las empresas. 
Ahora bien, aceptar un mayor gasto y más impuestos no significa que queramos gastar mucho más dinero en una UE innecesariamente centralizada. 
Nosotros pensamos que una parte del gasto de la UE es un despilfarro que sólo sirve para sostener la burocracia y la megalomanía. 
Hasta los fondos estructurales y la política agrícola común, que podrían beneficiar a las regiones más pobres y a los pequeños agricultores, se destinan en ocasiones a fines equivocados. 
Los únicos puntos en los que puedo apoyar el aumento de presupuesto propuesto por el Grupo GUE/NGL son los relacionados con los fondos sociales, el fondo de paz para Irlanda del Norte y los fondos de cohesión. 
- (PT) Apoyamos la idea de proclamar en 2004 el Año Europeo de la Educación a través del Deporte, porque corresponde a una necesidad de valorar los aspectos más positivos del deporte en la sociedad y especialmente su contribución al proceso educativo. 
Recordamos que una contribución que debe incluirse es la Eurocopa de 2004, que se celebrará en Portugal. 
Debe existir un vínculo más estrecho entre los sistemas educativos y los deportivos; en otras palabras, entre los centros escolares y deportivos, las asociaciones, las organizaciones y también las administraciones locales. 
Ésta es la mejor forma de promover entre las bases el componente organizativo del deporte para todos, lo que también exige más comunicación y transparencia para explicar las medidas y preparar los proyectos que recibirán financiación. 
No obstante, los créditos que se han destinado a este fin son limitados y no se corresponden con las necesidades expresadas, y eso es algo que lamentamos. 
Vamos a votar a favor del informe porque también esperamos que este aspecto reciba mayor consideración en el futuro. 
- (PT) Quisiera felicitar a la Sra. Pack por su excelente informe, que apoyo plenamente. 
Mediante la aprobación de la posición común del Consejo, trata de cerrar una cuestión que yo creo que tiene una gran importancia: la proclamación en 2004 del Año Europeo de la Educación a través del Deporte. 
Todos reconocen que el deporte es un gran fenómeno social en Europa y que constituye una herramienta educativa fundamental. 
Al igual que la ponente, creo que hay que hacer hincapié en la importancia del efecto que pueden tener los ideales olímpicos en la educación. 
El deporte contribuye, en particular, a mejorar las habilidades sociales de los jóvenes, como el espíritu de equipo, la solidaridad y el juego limpio. 
Por tanto, aplaudo la decisión de celebrar el Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004, que hará una contribución positiva para invertir lo que hasta la fecha era una práctica habitual, es decir, una acción comunitaria en el ámbito deportivo restringida a programas piloto y medidas preparatorias. 
Estoy de acuerdo también con la ponente en la necesidad de adoptar la posición común del Consejo en su versión actual, puesto que incorpora la mayor parte de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo. 
- (PT) La Comisión ha propuesto proclamar en 2004 «el Año Europeo de la Educación a través del Deporte». 
Debe recordarse que ese mismo año se celebrará la Eurocopa de fútbol en Portugal y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Atenas. 
El enfoque de la Sra. Pack, al igual que el de la Comisión, tiene como objetivo permitir un mejor aprovechamiento de los valores educativos del deporte para mejorar los programas escolares y, sobre todo, la educación paralela, por medio de una mayor colaboración entre los organismos educativos y deportivos. 
Desde el punto de vista de los objetivos, desde el punto de vista de las actividades descritas que contribuirán a cumplir estos objetivos y desde el punto de vista del presupuesto que se ha propuesto, que debe centrarse en apoyar iniciativas prácticas que estrechen los lazos entre el deporte y la educación, esta iniciativa merece todo nuestro apoyo, razón por la cual hemos votado a favor de ella. 
. 
(PT) He apoyado este informe y estoy plenamente de acuerdo con la recomendación realizada por la Comisión de Cultura, Juventud, Medios de Comunicación y Deporte de modificar la propuesta de la Comisión para, en primer lugar, eliminar las partidas presupuestarias para encuestas y estudios y, en segundo lugar, añadir esta suma de dinero- que en total ronda los 420 000 euros- a los recursos disponibles para las medidas locales, nacionales y transnacionales y para las iniciativas de los organismos deportivos y educativos cuya tarea consista en divulgar información sobre este Año. 
Como saben todos ustedes, siempre he apoyado estas iniciativas desde que 2004 fue designado «Año Europeo de la Educación a través del Deporte» , y así lo dejé claro en los primeros debates que, sobre la cuestión, se celebraron en esta Cámara. 
Quiero reiterar que se trata de un importante impulso orientado a una mejor utilización de los valores educativos del deporte para mejorar los programas escolares y, sobre todo, la educación paralela, por medio de una mayor colaboración entre los organismos educativos y deportivos. 
Además, creo que, en este contexto, vale la pena hacer hincapié en los vínculos existentes entre el deporte y la educación y aumentar así la notoriedad del «Año Europeo de la Educación a través del Deporte» , celebrando y financiando, por ejemplo, competiciones de atletismo a nivel escolar en todos los países participantes. 
El deporte escolar debe ser, en efecto, una prioridad de la política deportiva, pero al mismo tiempo, ha de ocupar un lugar de privilegio en los centros escolares y en la política educativa. 
Puesto que Hong Kong fue, en su día, arrebatado a China y posteriormente arrendado, China tenía derecho a su devolución. 
No obstante, esto está causando problemas a muchas de las personas que ahora residen allí. 
Disfrutan de un nivel de vida más alto que sus vecinos e imponen mayores demandas a su Gobierno. 
Quieren hacer una contribución crítica a la política gubernamental, cuando en el fondo, han pasado simplemente de un poder colonial a otro. 
La idea de «un país, dos sistemas» puede garantizar la presencia del capitalismo, pero no garantiza la instauración y el desarrollo de la democracia. 
Cabe esperar, por tanto, que muchos ciudadanos se sientan inseguros y quieran abandonar Hong Kong. 
Posiblemente deseen trasladarse a Europa, a los Estados Unidos o a Japón, donde tendrán más posibilidades de encontrar el tipo de sociedad a la que están acostumbrados. 
Por otra parte, el Gobierno chino quiere que Hong Kong se parezca más al resto del país. 
Puede que se le permita convertirse en un lujoso escaparate, pero no se autorizarán los movimientos que están prohibidos en China ni las elecciones democráticas normales mediante las cuales un partido de la oposición pueda hacerse con el poder. 
Por eso, dudo que un acuerdo sobre la readmisión de refugiados pueda servir realmente para algo. 
La intención de que este acuerdo se convierta en un modelo para otros Estados donde personas críticas se sienten inseguras es todavía más controvertida. 
Por eso, voy a votar en contra del informe. 
Al haberse rechazado la enmienda sobre la asociación especial con Turquía, no tengo ahora que explicarla pormenorizadamente. 
Para algunos miembros de mi Grupo, éste ha sido un paso pragmático; para otros, ha significado un paso más hacia la adhesión de Turquía, algo con respecto a lo que seguimos siendo bastante pesimistas. 
Pero como el texto ha sido rechazado, no tiene sentido seguir hablando del asunto. 
- (PT) Las conclusiones de la Cumbre de Copenhague demuestran que el Consejo Europeo ha optado por aplazar la resolución de problemas graves y, en su lugar, ha dado un paso radical hacia delante con la decisión de incorporar a la Unión a más de diez países, discriminando así no sólo a estos países, sino también a los Estados miembros actuales con las economías más débiles y los mayores problemas sociales, como Portugal. 
Ha discriminado también a Chipre, creando nuevas dudas sobre lo que terminará sucediendo allí. 
No obstante, la referencia que se hace en las conclusiones de la Cumbre a la situación específica de la agricultura portuguesa es tan vaga, que no supone ningún tipo de garantía. 
Si no se tienen debidamente en cuenta los intereses de Portugal en las negociaciones todavía pendientes, después incluso de la decisión política sobre la adhesión, las consecuencias podrían ser muy negativas. 
Es inadmisible que no se considere una revisión profunda de la PAC y de las perspectivas financieras en la propuesta de resolución común, por ejemplo, que nosotros hemos rechazado. 
Existe un riesgo real de que se acentúen las desigualdades y las diferencias, alejándose con ello, cada vez más, el objetivo de la cohesión económica y social. 
Rechazamos también el apoyo a unos vínculos más estrechos entre la UE y la OTAN, como parte del acuerdo global que se ha alcanzado. 
. 
(FR) Aunque me complace la unificación política de Europa decidida en principio en Copenhague, lamento el hecho de que se vaya a acometer con unos recursos financieros tan limitados. 
El Consejo Europeo ni siquiera ha agotado la dotación presupuestaria fijada en Berlín para el período 2003-2006. 
En aquel momento, se suponía que iba a financiar la adhesión de seis nuevos Estados. 
Con menos dinero, nos tenemos que encargar ahora de diez nuevos miembros. 
De los menos de 41 000 millones de euros previstos para tres años, casi 14 000 millones proceden, en realidad, de las contribuciones de los propios nuevos Estados, lo que reduce el esfuerzo «solidario» de los 15 a unos 27 000 millones de euros en tres años; eso significa una transferencia anual a los países candidatos inferior al 0,1 % del PIB actual de la Comunidad. 
Ésta es una cantidad vergonzosamente pequeña, dados los problemas estructurales que padecen casi todos estos países. 
Durante los cinco años que duró el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos transfirieron a Europa el 1% de su PIB de entonces. 
La RFA lleva más de diez años transfiriendo entre el tres y el cuatro por ciento de su PIB a los nuevos Länder, lo que supone una suma total cercana a los 75 000 millones de euros al año. 
Puesto que un crédito de compromiso no es igual que un pago, es de temer que algunos de los fondos asignados no lleguen a los países a los que se destinan. 
Como acaba de señalar el Tribunal de Cuentas, de los 520 millones de euros destinados en 2001 al programa Sapard, sólo un millón ha llegado realmente a los países candidatos. 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (EN) La resolución de hoy sobre la Cumbre de Copenhague felicita al Gobierno de Dinamarca por su excelente labor en la Presidencia del Consejo, y por permitirnos celebrar hoy la mayor ampliación en la historia de la Unión. 
Con esta ampliación se incorporan diez nuevos Estados, la mayoría de ellos relativamente pequeños, seis de los cuales han proclamado recientemente su independencia por vía democrática. 
Nosotros, en Escocia, escuchamos a menudo que, por ser un país pequeño, no tendríamos mucho peso en Europa si también nosotros lográramos la independencia en Europa al segregarnos democráticamente de un Estado mayor. 
Por otra parte, durante las actuales negociaciones pesqueras se nos ha advertido que no esperemos mucho, puesto que el Reino Unido carece de aliados sólidos en Europa. 
Hay cinco millones de daneses y cinco millones de escoceses. 
Celebro el gran logro de una de las pequeñas naciones más antiguas de Europa. 
Espero que llegue el día en que mi propia nación, también antigua, pueda hacer lo mismo. 
La idea de que los pequeños Estados no cuentan para nada mientras que los grandes se reparten el pastel ha quedado en evidencia por lo absurda que es. 
Mi voto ha estado motivado por estas ideas, así como por la gran satisfacción de ver cómo hemos conseguido sin percances esta Unión ampliada. 
Da la impresión de que, para algunos Estados miembros, la ampliación de la UE se reduce a la oportunidad de comprar un mercado lo más grande posible para sus empresas nacionales al precio más bajo posible. 
El resultado será la redistribución de las contribuciones a los fondos estructurales que ya se han establecido entre un número de Estados miembros mayor del previsto inicialmente para 2006. 
Habrá muchos menos fondos disponibles para los agricultores de los nuevos Estados miembros que para los de los actuales. 
Las cosas podrían haber ido peor, pero gracias al compromiso propuesto por Dinamarca y a la tenacidad de Polonia, la Cumbre de Copenhague va a contribuir, de alguna manera, a tender un puente entre los ricos y los pobres. 
Eso probablemente no va a evitar que Europa Central siga siendo el pariente pobre de Occidente durante mucho tiempo. 
Si la mayoría de los ciudadanos votan a favor del ingreso en la UE (esperemos que libremente y no como resultado del bombardeo de propaganda) , la ampliación tendrá lugar en 2004 y posiblemente incluirá a la mitad de la isla de Chipre. 
La UE debe asegurarse de no verse implicada en una guerra por esta isla ni sucumbir a la presión de permitir el rápido ingreso de Turquía sin que ésta haya tomado antes medidas para garantizar el respeto por la democracia y los derechos humanos. 
- (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución común sobre el Consejo Europeo de Copenhague, pese a discrepar con algunos de sus apartados, porque el paso histórico en pos de la ampliación que se ha dado en el Consejo Europeo representa un firme compromiso con la paz, la democracia y el desarrollo de las naciones europeas, así como un homenaje plenamente justificado a los esfuerzos realizados por los países candidatos para cumplir los criterios políticos y económicos de Copenhague y aplicar el acervo comunitario. 
No obstante, entre los aspectos con los que discrepo, debo mencionar mi descontento con la segunda parte del apartado 5 de la propuesta, que insiste en la necesidad de reformar la política agrícola común antes de 2006, sobre la base de las propuestas de la Comisión. 
En efecto, esta propuesta es contraria a la decisión adoptada por los quince Estados miembros de no modificar la PAC hasta después de 2006 y demuestra su aprobación apriorística de decisiones fundamentales que todavía no se han sometido al necesario debate parlamentario. 
Con respecto a Portugal, en particular, el debate tendrá que tener en cuenta, desde luego, las características específicas de la agricultura portuguesa, así como las rentas anormalmente bajas de los agricultores portugueses como consecuencia de nuestra adhesión a la Comunidad Europea en 1986, cuando los demás Estados miembros llevaban beneficiándose de ella desde 1962. 
. (SV) He votado a favor de la resolución. 
Nosotros, los demócrata-cristianos suecos, celebramos sinceramente el hecho de que la división de Europa vaya a quedar relegada a los libros de historia. 
Se ha puesto definitivamente fin a la Segunda Guerra Mundial. 
La UE ha dejado de ser sólo un vehículo de cooperación en Europa Occidental y está a punto de convertirse en una organización paneuropea. 
No obstante, la UE se vería seriamente amenazada como proyecto de paz si, en el futuro, el Consejo diera a Turquía una fecha para iniciar las negociaciones de adhesión, mientras ese país mantiene su ocupación militar, iniciada en 1974, del 37% del territorio de la República de Chipre, es decir, de un futuro Estado miembro. 
Por ello, considero muy lamentable que la enmienda 13, que llama la atención sobre este hecho, no se haya aprobado. 
La enmienda 10, presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, daba pie para reconsiderar la estrategia de ayudas a Turquía, sobre la base de una asociación especial. 
Ha sido una pena que esta alternativa y complemento para los deseos de adhesión de Turquía se haya rechazado por 201 votos a favor, 238 votos en contra y 16 abstenciones. 
Señor Presidente, realmente quería hablar sobre el presupuesto en el sentido de que la reprogramación de fondos para atender a las necesidades del accidente del Prestige contaron con mi apoyo y agradezco, incluso, si se me permite, la unanimidad conseguida en este Parlamento. 
Debo recordar que el camino de la reprogramación no es el adecuado, y que el Consejo aún no ha aprobado el Fondo de compensación de los paquetes Erika, aún no lo ha aprobado el Consejo de ministros, el Consejo Europeo, y hay, realmente, una división entre las instituciones europeas que está perjudicando el combate contra el tráfico marítimo internacional de mercancías peligrosas en nuestras aguas. 
Debo recordar también que el Consejo Europeo ha dado para el Prestige únicamente 5 millones de euros, una cantidad que yo ayer califiqué como miserable y así debe ser dicho, teniendo en cuenta que los Estados Unidos han aplicado una legislación específica en la All Pollutions Act y están reclamando y lo van a conseguir, 4 000 millones de euros a Exxon Mobil por el accidente del Exxon Valdés. 
Creo que estas cosas hay que recordarlas para que la Unión Europea, efectivamente, sea una unión política y solidaria, sobre todo ante un accidente como el ocurrido en Galicia, que es realmente un problema europeo. 
Lo sufre Galicia porque por allí pasa la mayor parte del tráfico, pero es auténticamente un problema europeo. 
. 
(PT) Es muy de agradecer que, una vez más, en una cuestión que puede abordarse mejor a nivel comunitario, haya podido elaborarse un compromiso que expresa el consenso general de todos los grupos políticos. 
Estoy totalmente de acuerdo con este texto base, del que fuimos los principales defensores y que se basa en el valioso contenido de los debates celebrados en el Pleno, hoy y el 21 de noviembre, y de la resolución previa sobre esta materia. 
Quiero reiterar nuestros dos enfoques principales: es importante que la Comisión y el Consejo extraigan las consecuencias inmediatas de esta catástrofe y adopten nuevas y rigurosas medidas de cara al futuro, anticipando la plena aplicación de otras medidas ya tomadas y un examen en profundidad de todo el marco jurídico y técnico. No obstante, la Comisión debe también acometer y presentarnos un estudio detallado y riguroso de toda la crisis del Prestige, incluida la manera en que se ha hecho frente a ella. 
Todos saldremos ganando si aprendemos, punto por punto, esta terrible lección. 
Es por eso que esta lección debe ser técnicamente rigurosa, científicamente precisa y políticamente objetiva y desapasionada. 
El hecho de mezclar nimiedades partidistas de carácter nacional con esta evaluación tan importante, como ha tratado de hacer el ala izquierda de esta Cámara, destruyendo el consenso espontáneo del 21 de noviembre y tratando de confundir al Parlamento Europeo por una rencilla política en el Parlamento español, sólo puede dañar la seriedad y la objetividad del debate- por parte de todos, debo insistir- y, en consecuencia, poner en peligro, una vez más, nuestro futuro en común al pasar por alto lo principal: nuestras costas, las poblaciones ribereñas, el mayor interés de los ciudadanos europeos, así como una mayor capacidad para prevenir y actuar correctamente en el futuro. 
Aquí lo importante es el mar: no el Sr. Aznar. 
Señora Lulling, como diputada que es desde hace mucho tiempo- incluso desde hace más tiempo que yo mismo- sabe perfectamente que lo que acaba de decir no tiene ningún precedente en esta Cámara. 
Está usted interpretando el Reglamento de una manera completamente errónea. 
El Reglamento dice claramente: cuando se celebra una votación nominal y se anuncia el resultado, éste se mantiene. 
Esa ha sido la práctica constante de todos mis predecesores y la que se ajusta al Reglamento. 
Lamento que, en ocasiones y debido a problemas técnicos, los votos de los diputados no queden correctamente registrados. 
Sin embargo, he seguido al pie de la letra un precedente sobre el que yo no tengo ninguna facultad discrecional. 
En ese sentido, aunque mis colegas lamenten que su voto no haya quedado registrado, es un hecho y una costumbre de esta Cámara que sólo los votos registrados y debidamente anunciados determinen el resultado. 
Cerrada ya la votación, ¡c ' est la vie, Madame! 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, si el Reglamento dice eso, es absurdo y debe cambiarse. 
Señor Presidente, éste es mi regalo habitual de Navidad a la Presidencia, a los funcionarios que ayudan a la Presidencia, a los intérpretes y a todos los que trabajan en esta Cámara y dedican tanto tiempo a lo largo del año a escuchar las explicaciones de voto del Sr. Fatuzzo. 
Se ha convertido ya en una costumbre que, en Navidad, el Sr. Fatuzzo se abstenga de dar explicaciones de voto durante la última votación del año, precisamente como regalo de Navidad para todos ustedes. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 12,30 horas, se reanuda a las 15.00 horas) 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0403/2002) de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre el informe de la Comisión sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea. 
Sexto informe anual (COM (2002) 258- C5-0336/2002- 2002/2180 (COS) ). 
Señora Comisaria, tenemos aquí el informe anual del año 2001 sobre los avances o dificultades observados en la consecución de la igualdad de oportunidades. 
Se analizan las medidas políticas que se han puesto en práctica pero no se valoran sus consecuencias. 
El objetivo de la estrategia marco es garantizar que todas la políticas de la Comisión tengan en cuenta las cuestiones de género y analicen las repercusiones de sus actividades en los hombres y las mujeres. 
De nuevo tenemos que insistir en la necesidad de crear más y mejores puestos de trabajo de aquí al año 2010, de acuerdo con los objetivos marcados en la Cumbre de Lisboa. 
Es preciso insistir en la necesidad de garantizar la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos políticos, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 3 del Tratado. 
Debemos exigir, una vez más, que se elaboren indicadores sobre las estructuras de asistencia para niños y personas dependientes y sobre las ayudas familiares, así como sobre las diferencias de salario entre hombres y mujeres. 
El Consejo Europeo de Barcelona pidió a los Estados miembros que eliminaran los obstáculos que impiden a las mujeres incorporarse plenamente al mercado de trabajo, en particular mediante la creación de guarderías. 
El respeto y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres forman parte del acervo comunitario y son, por tanto, una condición indispensable para los nuevos países de la Unión Europea. 
Es cierto que la Comisión ha hecho esfuerzos para promover la igualdad entre hombres y mujeres, pero hasta el momento han resultado insuficientes. 
En lo que se refiere a los programas financiados con Fondos estructurales, se ha comprobado que no se cumple el objetivo de la igualdad, incluido en el Reglamento referido a ellos. 
Incluso cuando algunos programas lo presentan entre sus objetivos, no se analizan los resultados y sabemos que no se cumple realmente este objetivo de la igualdad. 
Es significativa la ausencia de mujeres con una representación equilibrada en los órganos de toma de decisiones, en particular los interlocutores sociales y otros organismos. 
Deben realizarse esfuerzos complementarios para que la presencia de las mujeres en los órganos de toma de decisiones sea una realidad. 
Es un motivo de satisfacción que se haya incluido este tema como prioritario para el año 2003 y esperamos que tenga resultados positivos. 
Es muy importante que la Comisión haya incluido en las relaciones exteriores la integración del principio de igualdad entre hombres y mujeres, que debe estar presente en todos los acuerdos con terceros países. 
Señor Presidente, Señorías, ninguna persona sensata se atrevería a negar la igualdad entre mujeres y hombres, entre los seres humanos, dicho de otra manera. 
Estos días, en mi tierra, en Galicia, se pone bien claro de manifiesto esta igualdad, en la solidaridad y también en el dolor. 
Ayer las televisiones nos transmitían la imagen humana y desgarradora de los minutos de silencio solidario de condena y rechazo del último atentado terrorista por parte de quienes, mujeres y hombres, se esforzaban en la recuperación del medio ambiente de Galicia, del medio ambiente marítimo, y en la lucha contra las consecuencias del Prestige. 
También ayer, los medios se hacían eco de cifras relativas a la violencia doméstica ejercida sobre las mujeres por sus maridos, novios o excompañeros. 
Algún medio destacaba, además, que la gran mayoría de las víctimas no reconocía su situación. 
Esto me parece, precisamente, la primera gravísima agresión a la igualdad de género. 
Es reconfortante, por otra parte, que el resultado de la encuesta muestre una mejora de la situación respecto al sondeo de 1999, pero es preocupante que esta situación exista 15 años después de que un texto constitucional proclame en un hermoso artículo 14 que todos los españoles, en este caso, son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de raza, sexo, etc. 
Nuestra Carta de los Derechos Fundamentales, en su artículo 20, proclama que todas las personas- no dice expresamente mujeres y hombres, no es necesario- son iguales ante la ley. 
Y el artículo 21 dice que se prohíbe toda discriminación y, en particular, la ejercida por razón de sexo, raza, etc. 
El pasado martes, el Pleno del Congreso de los Diputados de España aprobaba que todas las disposiciones normativas que elabore el Gobierno tengan un informe que analice su impacto en la igualdad de género. 
Pienso que del excelente informe de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou, por el punto de equilibrio que ha sabido poner en un tema en que es muy fácil caer en la demagogia o quedarse cortos, deben extraerse conclusiones prácticas, descender de la teoría a la realidad e insistir en la tarea de la igualdad desde la horizontalización de las políticas de promoción de la igualdad, para que los principios se conviertan en realidad y la realidad sea reflejo de los principios que una gran mayoría profesamos y que queremos ver vivos y plasmados en la Europa que estamos construyendo. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou por su trabajo, a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de este Parlamento por el excelente trabajo que viene desarrollando y a la Comisión Europea, en lo relativo a la política de igualdad de oportunidades. 
Es muy importante que nos tomemos en serio la igualdad. 
No sólo con declaraciones, sino también con intenciones, con políticas y con acciones. 
Para ello, necesitamos tomar el pulso a la política de igualdad, medirla y evaluarla. 
Por eso reclamamos objetivos cuantitativos en las políticas de empleo, de acceso de las mujeres a la información, a la formación y a la política. 
Entre todas y todos hemos de hacer posible que tanto los Gobiernos de los actuales países de la Unión como los Gobiernos de los países candidatos se tomen en serio la igualdad, que transpongan las directivas en su momento y que no incumplan la legislación comunitaria. 
Se abre una nueva etapa en la que deberemos estar muy vigilantes. 
La igualdad- muchas de las que estamos aquí lo sabemos- se conquista todos los días y cada paso que no se da hacia adelante es, en realidad, un retroceso. 
Hay muchas mujeres mirando hacia las instituciones europeas. 
Muchas de ellas viven muy lejos de nuestra próspera Europa. 
Para ellas, los avances que aquí podamos producir son absolutamente fundamentales. 
Es posible que para muchas de ellas la única esperanza sea que, desde las instituciones europeas, nos tomemos en serio la igualdad, tanto la de las mujeres que están dentro como la de todas aquellas que, estando fuera, tienen muchas menos posibilidades de desarrollar sus expectativas de vida. 
Decimos a menudo que no hay discriminación peor que aquella que nace del hecho fortuito de ser mujer. 
Una no elige cuando nace ser mujer. 
Lo es y, a partir de ese momento, sobre ella caen un montón de trabas que no existirían si hubiera nacido varón. 
Por eso, teniendo en cuenta que las mujeres de la Unión Europea somos la mitad de la ciudadanía de la Unión, es fundamental atender a sus necesidades y a sus expectativas, porque son las necesidades y las expectativas de la mayoría de la ciudadanía europea. 
También son las expectativas, los derechos y la defensa de la igualdad de la mayoría de las mujeres del mundo. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de este Parlamento viene trabajando de forma muy intensa en torno a todas estas cuestiones. 
Desde esa misma comisión hemos conseguido- yo creo- avances importantes, pero no suficientes. 
Estamos muy pendientes del trabajo que realiza también la Comisión Europea y este informe creo que refleja perfectamente tanto lo que nosotras hemos evaluado como todo lo que nosotras solicitamos para el futuro más inmediato. 
Creo que esa excelente colaboración de nuestra comisión ha dado frutos. 
Ahora que ha llegado el momento de hacer la evaluación del trabajo del año, todas podemos felicitarnos. 
. (DE) Señor Presidente, varios diputados han preguntado cuándo va a presentar la Comisión una propuesta de directiva sobre discriminación por motivos de género basada en el artículo 13. 
La Comisión va a presentar una propuesta a principios del año que viene. 
-Muchas gracias, señora Comisaria, por esta aclaración. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas. 
DECLARACIONES POR ESCRITO (ART. 120) 
-De conformidad con el orden del día, pasamos a la declaración de la Comisión sobre el desarrollo sostenible de las regiones montañosas. 
Señor Presidente, éste es el Año Internacional de las Montañas, y celebro que la Sra. Frassoni, nuestra copresidenta, haya podido incluirlo en el orden del día, puesto que se trata de una cuestión de vital importancia. 
Las montañas son regiones que contienen algunos de los pocos santuarios de vida salvaje que quedan en Europa. 
El Tratado contiene una cláusula sobre las regiones ultraperiféricas que recomienda flexibilidad en la adopción de políticas comunitarias para atender necesidades especiales. 
Eso es lo que debería estar haciendo la Comisión. 
Debería declarar las montañas regiones sensibles y, seguidamente, adoptar la legislación pertinente. 
Es decepcionante que la Comisión no haya tenido iniciativas este año con relación con las montañas; ni siquiera una comunicación o un Libro Blanco. 
Habrían recibido muy buena acogida. 
La Comisión, aunque insiste en el Convenio Internacional para la Protección de los Alpes, declara que los protocolos han sido ratificados, cuando nadie ha ratificado el protocolo sobre transporte. 
Es fundamental, con relación a la amenaza que suponen las autovías y las redes transeuropeas para las regiones montañosas, que esos protocolos sean debidamente implantados, no sólo con relación a las regiones alpinas, sino también en otras regiones, como los Pirineos, que están en peligro. 
Necesitamos también convenios para proteger esas regiones. 
En lo que se refiere a las prioridades, existe un conflicto entre las redes transeuropeas y lo que necesitan y preocupa a los ciudadanos. 
Está claro que las personas que se han opuesto a las redes transeuropeas han expresado inquietudes reales y verdaderas. 
Sus inquietudes han sido ignoradas y se ha dado prioridad a las redes transeuropeas. 
Por último, no puedo entender por qué el Comisario no está presionando a los Estados miembros para conseguir que cumplan con Natura 2000 en las regiones alpinas ni por qué carecemos de listas oficiales de sitios de interés comunitario. 
Eso es lamentable. 
Insto al Comisario a que presione a los Estados miembros. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, las regiones montañosas representan el 30% de la superficie de la Comunidad de los Quince, y el 10% de la población vive en regiones montañosas. 
Hasta ahora, la Unión Europea ha considerado su política para las regiones montañosas como parte de la política agrícola. 
Creo que esta cuestión exige ser considerada en su conjunto y no sector por sector. 
Las regiones montañosas representan más del 50% de la superficie total de Estados miembros como Austria, Italia, España o Grecia. 
Por esta razón, resulta absolutamente primordial, además de definir qué es una región montañosa, estudiar la repercusión sobre diversos aspectos de la vida, así como considerar a las regiones montañosas espacios en los que viven personas, y no sólo ámbitos empresariales de sectores concretos de la economía. 
Me alegra que la señora Comisaria haya podido informarnos de que se ha llegado a una solución positiva para el problema de elaborar una definición. 
Creo que, en el informe final que se presentará en septiembre de 2003, esto nos proporcionará una base sobre la que trabajar. 
Las apreciaciones de que, tal vez, sea demasiado pronto para concretar algo acerca de las cuestiones financieras pueden ser reflejo de un grado inevitable de cautela, pero ciertamente no resultan demasiado satisfactorias, señora Comisaria. 
Yo soy de una región montañosa que se encuentra en una situación relativamente buena gracias a su autonomía. 
Hemos sufrido un cierto grado de emigración, aunque en los últimos años sólo en un porcentaje bajo. 
Sin embargo, las regiones montañosas de Piamonte, Lombardía o Véneto, por ejemplo, han quedado totalmente despobladas y, al final, se han convertido en el vergel de zonas acomodadas de las grandes ciudades, y estoy seguro de que existen multitud de ejemplos similares en otros Estados miembros de la UE. 
Si se tienen en cuenta, queda patente lo absolutamente imprescindible que es proporcionar a quienes han permanecido allí alguna indicación positiva de que se están produciendo cambios y de que no tendrán que esperar otra década. 
Una posible medida sería introducir modificaciones a corto plazo en la política sobre la competencia. 
Clasificar a las regiones montañosas como zonas delicadas en los tratados supondría una buena señal a tal efecto. 
En mi opinión, tanto el Parlamento como la Comisión han dado a la política sobre las regiones montañosas un trato más bien indigno. 
Hasta ahora sólo se han celebrado tres debates en esta Cámara sobre este asunto, algo que lamento, aunque la Comisión ha clausurado el Año Internacional de las Montañas organizando la conferencia que usted ha mencionado, en un intento por formarse una idea de la situación e invitar o escuchar a todos cuantos han participado en dicho Año. 
Esta conferencia se celebró en Bruselas en el mes de octubre, gracias a los esfuerzos de los Comisarios Fischler y Barnier. 
Sin embargo, sería muy positivo que convenciera a la Comisión de que tenga en cuenta el informe sobre esta cuestión aprobado por el Parlamento Europeo el 9 de septiembre del año pasado y de que actúe en consecuencia. 
Para concluir, permítanme referirme brevemente al Convenio de los Alpes. 
La Comisión no ha hecho prácticamente nada en este ámbito. 
El panorama que usted ha descrito no es del todo exacto. 
No es que los países signatarios del Convenio de los Alpes no hayan hecho sus deberes, sino más bien, que la Comisión, que sólo ha firmado tres protocolos, ha dejado incluso de asistir a las reuniones por motivos económicos. 
Creo que se impone tomar medidas urgentes al respecto. 
Señora Presidenta, nuestros corazones se ensanchan al hablar hoy de las montañas, aunque como siempre, los escaños de la Cámara están bastante vacíos. 
El mismo hecho de que se celebre este debate constituye todo un logro, y yo diría que este año, en honor del Año Internacional de las Montañas, el Parlamento Europeo también se ha esforzado por hacer su contribución. 
La Comisión y yo recordamos aquel seminario memorable del 17 al 18 de octubre; debatimos este asunto en el contexto de la revisión intermedia de la Política Agrícola Común y la Agenda 2000, y lo estamos debatiendo de nuevo hoy. 
Es una lástima que, como siempre, esto sea una conversación íntima entre unos cuantos amigos, pero ése ha sido siempre el sino de las montañas en la historia de la Comunidad. 
Señora Presidenta, si usted investigara un poco en Internet y rastreara en nuestras bases de datos en busca de la palabra montaña, encontraría tres referencias a resoluciones pasadas. 
La primera fue presentada por un tal Sr. Colleselli en 1983, la segunda, por mí en 1998 y la tercera, en 2001 por el Sr. Ebner, que acaba de intervenir. 
Si añade estos nombres a los pocos diputados presentes hoy en esta Cámara, obtendrá la gente de la montaña, los patriotas de la montaña, si se me permite la expresión. 
Sin embargo, las montañas cubren, como es sabido, el 30% del territorio de la Comunidad. 
En países como el mío, Italia, y también en Grecia, Portugal y España, más del 50% del territorio se define como montañoso. 
Entonces, ¿por qué se ha prestado tan poca atención a la montaña a lo largo de la historia? 
Porque las regiones montañosas tienen pocos habitantes. 
Entre el 5 y el 7% de los ciudadanos europeos vive en regiones montañosas, por término medio. 
Son pocos habitantes; por consiguiente, no llegan a formar un grupo de presión fuerte ni por número ni por riqueza. 
Es una pena, porque éste bien pudiera ser un momento histórico para la montaña, en lo que se refiere a su futuro y a sus perspectivas. 
Ante todo, su diversidad debe dejar de ser un inconveniente, como ha ocurrido hasta ahora, y convertirse en un valor añadido, a fin de que se comience a explotar el verdadero potencial que encierran. 
Europa no es una región deprimida: es un sistema económico y social complejo y completo. 
Yo diría que, paradójicamente, Europa no precisa tanto de ayuda económica como de credibilidad y de legislación específica que le permita poner en marcha sus iniciativas de cara al futuro. 
Ésa es la razón, señora Presidenta, de que si usted busca una directiva en la base de datos, verá que la directiva más reciente data de 1975. 
Han transcurrido veintisiete años, casi treinta: en todo este tiempo, la montaña ha cambiado de manera radical, pero nosotros seguimos trabajando con una directiva muy desfasada. 
Entonces, ¿qué podemos proponer? 
Algunos diputados han realizado ya propuestas, y a mí también me gustaría plantear ciertas reivindicaciones. 
Hemos de aferrarnos a las propuestas del artículo 158, que la señora Comisaria ha mencionado hace un momento. 
Este artículo apela a la Unión Europea para que reduzca y evite el desarrollo desigual de las regiones europeas. 
El mismo artículo reconoce, a continuación, el carácter específico de las islas de la Comunidad. 
No exigimos un nuevo artículo o un fundamento jurídico diferente: pedimos que, al menos, se reconozca la especificidad de la montaña, igual que se reconoce la especificidad de las islas. 
Salta a la vista que la montaña es diferente al resto del territorio: es distinta desde el punto de vista medioambiental y biológico, y en cuanto a la flora y la fauna y las condiciones sociales. 
A este respecto, quisiera mencionar una sugerencia realizada por el Sr. Mantovani- que no ha podido estar presente por razones de horarios de vuelo- que lamenta el hecho de que, además de los problemas medioambientales y económicos, la vida es dura en las regiones montañosas en lo que se refiere también a la asistencia sanitaria. 
Cuando se cierra un hospital en una región montañosa, se origina un grave problema. 
Cuando, en particular, el entramado sanitario resulta insuficiente, surgen serias dificultades. 
Por este motivo, la montaña precisa de medidas globales y generales. 
Basta con ayudarla. No está pidiendo que la socorramos: simplemente solicita un poco de atención y, como acabo de decir, que se reconozca su carácter específico. 
Quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda este debate tan interesante sobre las regiones montañosas para felicitar al Sr. Ebner y al Sr. Radwan por la forma tan impresionante y amena en que nos han ilustrado acerca de las regiones montañosas esta semana organizando aquí esta estupenda exposición y celebración. 
Ha sido todo un éxito, y desearía darles las gracias por habernos presentado, de una manera tan magnífica, estas maravillosas regiones de Tirol del Sur y de Alta Baviera. 
Permítame añadir que las regiones montañosas suecas también han sido presentadas en el Parlamento recientemente. 
El debate queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 50 del Reglamento). 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes siete propuestas de resolución sobre Hong Kong: 
B5-0643/2002 del Sr. Andreasen, la Sra. Plooij-van Gorsel, el Sr. Van den Bos y el Sr. Watson, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Hong Kong, 
B5-0645/2002 del Sr. Sjöstedt, la Sra. Eriksson, la Sra. Frahm y el Sr. Di Lello Finuoli, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la Constitución de Hong Kong, 
B5-0649/2002 del Sr. Gahrton y el Sr. Wuori, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre el artículo 23 de la Constitución de Hong Kong, 
B5-0650/2002 del Sr. van den Berg, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, sobre el artículo 23 de la Constitución de Hong Kong, 
B5-0653/2002 del Sr. Belder, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre el artículo 23 de la Constitución de Hong Kong, 
B5-0655/2002 del Sr. Cushnahan, el Sr. Posselt y el Sr. Sacrédeus, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre el artículo 23 de la Constitución de Hong Kong, 
B5-0657/2002 de la Sra. Muscardini, el Sr. Ribeiro e Castro y el Sr. Queiró, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre el artículo 23 de la Constitución de Hong Kong. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas está enormemente preocupado por el cambio previsto del artículo 23 de la Constitución de Hong Kong. 
Periodistas, políticos, diferentes grupos religiosos, representantes de organizaciones de derechos humanos y organizaciones como Falun Gong muestran, en conversaciones, una gran inquietud ante esta modificación programada. 
La fortaleza de Hong Kong reside en su éxito a la hora de preservar el principio de un país, dos sistemas. 
Yo, al igual que muchas otras personas, nos tememos que este cambio vendrá a socavar gravemente tal principio, algo que, por supuesto, sería del todo inadmisible. 
El hecho de que China esté haciendo presiones para que se produzca esta modificación no es nada tranquilizador. 
Sabemos que China presiona, a menudo, a Hong Kong para que adopte legislación ya existente en China. 
Me temo que la forma en que se está interpretando el artículo 23 puede conducir a la desaparición de libertades fundamentales como la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho de asociación. 
Si un grupo como Falun Gong, que está prohibido en China, también se prohibiera en Hong Kong, esto constituiría una grave ofensa contra el principio de un país, dos sistemas. 
No estoy preocupada sólo yo: la multitudinaria manifestación del fin de semana, en la que miles de ciudadanos de Hong Kong protestaron contra el cambio, demuestra que las autoridades de Hong Kong no han logrado apaciguar a sus propios conciudadanos y, por consiguiente, tampoco nos tranquilizan a nosotros. 
Si se trata solamente de un cambio técnico, tal y como sostiene Hong Kong, es necesario aclarar por completo este punto. 
Me temo que esto no es así. 
Espero que la Comisión analice este asunto con sumo detenimiento. 
Deseo hacer además un llamamiento a las autoridades de Hong Kong para que amplíen el plazo de examen y se mantengan muy alerta en lo que se refiere a estos cambios. 
Confiamos en que Hong Kong no adopte el sistema chino de leyes generales que permiten la persecución completamente arbitraria de los adversarios políticos. 
Al igual que la Sra. Malmström, tememos especialmente por la suerte de los partidarios de Falun Gong, cuya protesta pacífica no justifica ningún tipo de persecución. 
Hong Kong debe tener la posibilidad de permanecer como está, a la espera de que China recorra también el camino hacia la democracia y los derechos humanos. 
Únicamente bajo esta premisa podemos mantener el diálogo y la cooperación. 
Cuando visité China junto con otros diputados de nuestro Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, pude constatar hasta qué punto el modelo económico de Hong Kong servía de ejemplo para las grandes ciudades de la China continental. 
Sin embargo, el concepto de «un país, dos sistemas» sigue vigente en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión. 
En este sentido, Hong Kong continúa siendo, hasta la fecha, un fenómeno único dentro del ámbito de influencia chino. 
Muchas personas en China nos dijeron que, en el futuro, eran de esperar cambios en favor de una mayor democratización y del respeto de los derechos humanos. 
Por consiguiente, contemplamos con la mayor de las preocupaciones la creación de la ley para combatir las actividades subversivas en Hong Kong. 
Nos tememos que se hará a costa de la libertad de expresión, de la aplicación objetiva de la justicia, de la libertad religiosa y artística, de la libertad científica, etc. Eso es justo lo contrario de lo que siempre hemos anhelado: que se permita el alumbramiento de un gran espacio de democracia y derechos humanos. 
Señora Presidenta, un país, dos sistemas. 
Suena casi demasiado bien como para que sea cierto en el caso de Hong Kong. 
El artículo 23 de la Ley Fundamental, no obstante, es en potencia una bomba de relojería en tales circunstancias. 
Este artículo solicita la elaboración de leyes contra toda una serie de delitos graves contra el Gobierno de la República Popular China. 
Las autoridades de Hong Kong se han embarcado en la aplicación de este artículo tan polémico, en un momento de lo más inoportuno y mediante un procedimiento que carece de transparencia. 
Por eso, los ciudadanos de Hong Kong se echaron a la calle de forma masiva a principios de esta semana. 
¿Le está dando Hong Kong realmente algún motivo a Beijing para temer algún tipo de traición, secesión, disturbios, actividades subversivas, sustracción de secretos de Estado o actividades o conexiones políticas internacionales peligrosas? 
No. 
Sin embargo, las autoridades chinas insisten en la aplicación del artículo 23. 
Ojo: se trata de un artículo al que se le dio su forma actual después del baño de sangre de la Plaza de Tienanmen, en Beijing. 
El artículo 23 refleja, por tanto, la panaroia comunista china, tanto pasada como presente. 
Lo mismo cabe decir de los temores de los ciudadanos de Hong Kong, entonces y ahora. 
Mientras Hong Kong atraviesa un período económico difícil, Beijing no hace sino agravar la situación con su perjudicial incertidumbre política. 
Incluso el sector empresarial de Hong Kong está reaccionando de manera negativa, y eso lo dice todo. 
Refleja la amplia insatisfacción entre la población, causada por un inconexo proceso de consulta acerca de la aplicación jurídica del artículo 23. 
Falta la publicación de los proyectos de ley exactos. 
El Consejo y la Comisión deben apelar, por tanto, rápidamente a las instancias pertinentes de Hong Kong y Beijing, ya que la Unión Europea se toma muy en serio la cuestión de la preservación del principio de «un país, dos sistemas» para Hong Kong. 
Señora Presidenta, desde julio de 1997 el Parlamento Europeo ha sido un defensor acérrimo de la autonomía de Hong Kong de acuerdo con la política de «un país, dos sistemas». 
En pos de esa política, hemos trabajado constructivamente con la administración de Hong Kong, una labor que se refleja en la presencia de la anterior Secretaria Jefe Anson Chan y su sucesor, Donald Tsang, en las reuniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Por consiguiente, debemos seguir vigilando los acontecimientos que puedan, de un modo u otro, socavar la autonomía de Hong Kong y coartar las libertades fundamentales. 
La promulgación de legislación según el artículo 23 ha generado inquietud. 
Aunque celebro las garantías personales dadas por el Primer Secretario Donald Tsang en el sentido de que no permitirá que se vean amenazadas las libertades que disfrutan los ciudadanos de Hong Kong, sus intenciones deben quedar reflejadas en la legislación propuesta. 
El fin de semana pasado, una gran manifestación en Hong Kong demostró que el miedo a que las leyes promulgadas según el artículo 23 puedan socavar los derechos humanos y la libertad civil y religiosa que disfrutan sus ciudadanos, están justificados. 
Comparto esa inquietud e insto al Gobierno de la RAE de Hong Kong a que se haga eco de ella en las propuestas definitivas que presenten. 
En particular, las nuevas leyes no pueden violar las disposiciones del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como tampoco pueden en modo alguno socavar la independencia de los tribunales de Hong Kong ni su derecho a ejercer el poder de jurisdicción final. 
Muchas personas se acuerdan todavía de la reinterpretación de la Ley Básica que hizo el Comité Permanente del Congreso Popular Nacional en el asunto del derecho de residencia. 
Eso no tiene que repetirse con relación a los problemas que plantea el artículo 23. 
Quiero pedir a las autoridades de Hong Kong que tengan en cuenta este debate, que tengan en cuenta esta resolución y, especialmente, nuestra petición de que presenten un proyecto de ley para someterlo a consulta. 
Señora Presidenta, empezaré manifestando mi interés como copresidente del Grupo de Amigos de Hong Kong, junto con mi buen amigo y colega el Sr. De Clercq, del Grupo ELDR. 
El primer punto que quisiera tratar- al que también ha aludido mi amigo y colega, el Sr. Cushnahan- es que la constitución de Hong Kong no permite que se apruebe ninguna ley que viole las normas internacionales de derechos humanos. 
Mi segundo comentario es que todos los países necesitan legislación en materia de seguridad. 
Quisiera argumentar que lo que se propone es más suave que la reciente Ley de Seguridad Interior de Estados Unidos, sin que ésta haya suscitado grandes protestas por parte de esta Cámara. 
Hemos pedido a las autoridades de Hong Kong que garanticen que la propuesta relativa al artículo 23 no se utilice para silenciar a la oposición. 
Les pondré un par de ejemplos. Hace unos días, el 27 de noviembre, el Sr. Antony Leung, Secretario de Finanzas, acudió al Parlamento Europeo. 
En las actas de la reunión a la que asistió puede leerse: «Dio garantías personales del compromiso del gobierno para mantener el Estado de Derecho y respetar los derechos humanos y las libertades contemplados en la Ley Básica y arraigados en el sistema judicial de Hong Kong.» 
Eso ocurrió en presencia de nuestros diputados muy recientemente. 
Hace unos días, el 10 de diciembre, el antiguo Secretario de Finanzas y actual Primer Secretario, Donald Tsand, dijo en un discurso pronunciado en Hong Kong: «El libre flujo de información, la libertad de decir y hacer lo que queramos, constituye el verdadero entramado de la sociedad de Hong Kong.» 
Les informo que existe preocupación. 
Espero también que tengamos unas disposiciones claras y detalladas y me gustaría que tuviéramos un proyecto de ley para debatir. 
Pero tratemos primero de conseguir una buena legislación y no caigamos víctimas de los que quieren lanzar indirectamente una campaña contra la RPC. 
Señora Presidenta, el Gobierno de Hong Kong presentó en septiembre una propuesta de ley que pone en peligro la libertad de expresión, de prensa y de credo en la región. 
Esta ley, conocida como el artículo 23, pretende proteger a Hong Kong contra las amenazas internacionales e internas, pero al mismo tiempo supone equiparar la legislación de Hong Kong con la de China. 
De esta forma, las organizaciones y los movimientos prohibidos en la China comunista también quedarán prohibidos en Hong Kong. 
Al igual que las iglesias cristianas no autorizadas por el Gobierno chino, el movimiento Falun Gong tendría el mismo carácter ilegal en Hong Kong que ha tenido en China desde 1999. 
La ley aumentaría el poder de las autoridades para controlar y, consecuentemente, censurar todo lo que saliera impreso en los periódicos, así como en otros medios de comunicación y formas de publicación. 
Todo material que se juzgara pernicioso para la Región y para China en su conjunto quedaría, por tanto, censurado y su posesión constituiría un delito punible. 
La votación está prevista que se celebre en Hong Kong el día de Nochebuena. 
Ojalá podamos celebrar en estas Navidades la retirada del artículo 23. 
. (DE) Señora Presidenta, Señorías, la Comisión ha seguido muy de cerca el debate público en torno a la propuesta aprobada por el Gobierno Regional de Hong Kong de aplicar el artículo 23 de la Ley Fundamental de Hong Kong. 
La Comisión es consciente de la enorme importancia y la gran trascendencia política de esta iniciativa, especialmente en lo que concierne al desarrollo de Hong Kong y China en su conjunto. 
Dado que esta propuesta del Gobierno Regional ha sido formulada en términos muy generales, no va a ser posible juzgar correctamente este proyecto de ley hasta que no se presente ante el Consejo Legislativo de Hong Kong. Eso ocurrirá probablemente en febrero de 2003. 
El planteamiento de la Comisión se basa en la hipótesis de que ahora tendrá lugar un amplio proceso de consulta y de que éste se hará extensivo a las disposiciones legislativas detalladas, tan pronto como sean presentadas ante el Consejo Legislativo. 
La Comisión considera que es muy importante que, a la hora de elaborar las futuras disposiciones legislativas, se tomen totalmente en consideración las opiniones expresadas por los distintos grupos durante el proceso de consulta. 
Además, las disposiciones legislativas propuestas y su aplicación no deberían socavar la preservación de un sistema constitucional ni el respeto por los derechos humanos y las libertades básicas en Hong Kong, de conformidad con el principio de «un país, dos sistemas». 
Por último, según la Ley Fundamental de Hong Kong, la legislación propuesta debe ser compatible con los acuerdos de las Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales. 
La Unión Europea está siguiendo muy de cerca cualquier novedad en la zona a través de sus embajadores. 
Sobre la base de sus recomendaciones, se propone hacer llegar una declaración a las instancias más altas posibles del Gobierno Regional de Hong Kong, a la mayor brevedad posible, y en cualquier caso, antes del final del proceso de consulta, el 24 de diciembre; esta declaración hará hincapié en el compromiso de la Unión Europea con los principios que acabo de mencionar. 
Señora Presidenta, la destrucción de su patrimonio cultural representa para los palestinos una herida abierta que sangra de forma continua. 
Entre 1948 y 1952, el Gobierno israelí destruyó 420 aldeas palestinas, según documentos de historiadores israelíes. 
Algunos de los distritos árabes de Jaffa quedaron destruidos. 
En 1967, tras la ocupación de Jerusalén oriental, el barrio marroquí de la Ciudad Antigua fue demolido, con el fin de hacer sitio para una gran plaza frente al Muro de las Lamentaciones. 
A lo largo de todos estos años de ocupación militar, jamás se ha concedido permiso alguno para restaurar los cascos históricos de las diferentes ciudades. 
Tras el Acuerdo de Oslo y la creación de la Autoridad Palestina, se comenzó a restaurar, con gran entusiasmo, las Ciudades Antiguas de Nablús, Belén y Hebrón. 
En los últimos dos años, debido a la nueva ocupación de los territorios autónomos, los tanques y las bombas israelíes han vuelto a causar una enorme devastación. 
Sesenta y seis palacios construidos entre los siglos XIII y XVIII han quedado destruidos, incluyendo los caravanserai, los baños turcos y las viejas fábricas de jabón. 
Hoy le toca el turno al casco antiguo de Hebrón, en el que las casas se hallan al lado de la Tumba de los Patriarcas: casas mamelucas y otomanas y de la época del Mandato británico. 
Sin embargo, se trata de algo más que de preservar edificios antiguos: los centros históricos están habitados por mujeres, hombres y niños que, como los de los campos de refugiados de Jenin y Rafah, carecen de techo. 
Además, su número ha superado los 15 000 en los dos últimos años. 
La justificación oficial facilitada por las autoridades israelíes en el decreto militar que ordena la demolición de las casas en Hebrón alega motivos de seguridad y de índole militar. 
Nada más lejos de la realidad. 
Ariel Sharon ha dicho claramente que es necesario conectar el asentamiento de Quiriat Arba con la Tumba de los Patriarcas. 
Se trata de una anexión de territorio, ya que los asentamientos de Quiriat Arba son ilegales. 
Es cierto que la decisión de destruir el casco antiguo? motivo de nuestra resolución de hoy? fue tomada a raíz de que el ataque de un grupo palestino causara la muerte de nueve personas, de soldados del ejército y de guardias armados de los asentamientos. 
Es cierto que, en algunos casos, las casas destruidas en Cisjordania pertenecen a familias en las que un hijo, un hermano o un primo han tomado la decisión trágica y terrible de inmolarse y causar la muerte de ciudadanos israelíes, pero en los últimos dos años han sido destruidas más de 2 000 casas. 
Esto no da a los israelíes carta blanca para violar las leyes internacionales y la Convención de Ginebra, que prohíbe expresamente las represalias colectivas, la destrucción de propiedades y el asesinato de civiles. 
Más de 2 000 casas han sido demolidas en los últimos dos años y más de 20 000 personas han resultado heridas. 
Me entristece que también se hayan producido muchas bajas israelíes: más de 600 ya. 
Israel es un país invasor que está violando las obligaciones recogidas en la Cuarta Convención de Ginebra de sacar a su gente de los territorios ocupados- actualmente hay más de 400 000 colonos- y debería garantizar el bienestar y cubrir las necesidades del pueblo palestino, mientras el 72% de la población palestina carece de empleo y se halla confinado en las aldeas. 
La primera ilegalidad es la ocupación militar de Cisjordania y de la Franja de Gaza, que lleva produciéndose desde 1967. 
No se puede seguir permitiendo a Israel que continúe violando todas las leyes internacionales y provocando dolor y sufrimiento, no sólo a los palestinos, sino también a su propia gente. 
Debemos enviar a los palestinos algún gesto que les permita confiar en que se hará justicia y que pueda impedir el crecimiento del fundamentalismo. 
Debemos enviar una señal al Gobierno israelí para que sepa que no puede actuar continuamente fuera de la ley, poniendo como pretexto la amenaza del antisemitismo y del terrorismo. 
Nuestra única preocupación es que no se utilice un doble rasero: los derechos humanos y el derecho a la vida son iguales para todas las personas. 
La resolución de hoy pone un límite: hay que poner fin a la demolición. 
Hemos de ponernos del lado de aquellos israelíes que, junto con los palestinos, se han pronunciado en contra de la destrucción de casas en Hebrón y van a protagonizar una manifestación en esta ciudad, ya que el patrimonio cultural de Hebrón y Palestina forma parte del patrimonio cultural de la Humanidad y debe preservarse, no destruirse. 
Señora Presidenta, desgraciadamente no es ésta la primera vez que Israel ha arrasado monumentos religiosos y culturales y ha contravenido la Carta de Venecia y todas las convenciones de la UNESCO y del ICOMOS, sin que el mundo proteste por ello. 
Esta vez, las protestas mundiales deberían ser tan clamorosas como lo fueron a raíz de la vandálica destrucción de las estatuas de Buda en Afganistán. 
Lo que nos preocupa es un patrimonio insustituible de edificios de valor religioso y cultural que van del período mameluco, en el siglo XV, al período otomano, en el XIX: son tesoros culturales que no sólo pertenecen a los palestinos, sino al mundo entero. 
La destrucción de estos tesoros culturales nada tiene que ver con la seguridad y la defensa propia. 
Se trata de simple venganza, y venganza que hará aumentar la espiral de violencia en la que, lejos de la mirada pública, los soldados y los colonos israelíes asesinan a civiles palestinos con tanques y rifles, mientras los jóvenes palestinos se inmolan a la vista de todos los medios de comunicación. 
Más de trescientas viviendas están amenazadas con la destrucción. 
La ciudad histórica de Hebrón, con su singular arquitectura y su importancia religiosa, nunca volverá a ser la misma. 
Es una auténtica vergüenza, y la UE debe apelar a la comunidad internacional para que asuma la responsabilidad de detener esta destrucción. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes seis propuestas de resolución sobre el Tíbet: 
B5-0642/2002 del Sr. Andreasen, la Sra. Plooij-van Gorsel y el Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el Tíbet, 
B5-0646/2002 del Sr. Sjöstedt, la Sra. Eriksson, la Sra. Frahm y el Sr. Di Lello Finuoli, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet, 
B5-0648/2002 del Sr. Messner, el Sr. Gahrton, la Sra. Maes y el Sr. Wuori, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet, 
B5-0651/2002 del Sr. van den Berg, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, sobre la situación de los derechos humanos de los tibetanos en la provincia de Sichuan, 
B5-0656/2002 del Sr. Mann y el Sr. Posselt, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet, 
B5-0658/2002 de la Sra. Angelilli, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, el asunto del Tíbet lo hemos debatido multitud de veces en esta Cámara. 
Seguramente ésta tampoco será la última. 
En el Parlamento Europeo, existe un sentimiento generalizado de solidaridad con el pueblo tibetano. 
El pueblo tibetano lleva años sometido a un trato terrible por parte de Beijing, y esto continúa siendo así. 
Sin embargo, tal vez se esté haciendo una luz diminuta al final del túnel, dado que se ha entablado un cauto diálogo entre Beijing y los representantes del Dalai Lama. 
El hecho de que dos personas como Ngawang Sangdrol y Jigme Sangpo- dos conocidos presos de conciencia que han sido objeto de atención por parte de esta Cámara en varias ocasiones- hayan sido ahora liberadas de su prolongado cautiverio también resulta muy positivo. 
Sin embargo, hay muchos más presos. 
No creo que este hecho indique un cambio sustancial de política por parte de China. 
Ojalá me equivoque, pero no creo que sea el caso. 
De cualquier modo, representa un paso hacia adelante. 
Resulta, por tanto, aún más preocupante que los dos monjes budistas tibetanos, Tenzin Delek y Lobsang Dhondup, hayan sido ahora condenados a muerte. 
Se encontraban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y ahora se les tilda de terroristas. 
No se les ha sometido, ni mucho menos, a un juicio justo, no se ha presentado ninguna prueba, se les ha mantenido totalmente aislados durante ocho meses, y ahora van a ser ejecutados. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas exige un juicio justo, de conformidad con el Estado de Derecho, y un trato acorde a las convenciones internacionales. 
Como siempre, condenamos la pena de muerte allá donde se aplique. 
La contribución de China a la lucha internacional contra el terrorismo parece haber quedado restringida, desgraciadamente, por parte de Beijing a tildar de terroristas a los disidentes de la oposición y a diferentes minorías, obteniendo así una excusa para oprimirlos. 
Ésta no es la forma en que se debería proceder. 
La lucha contra el terrorismo debe ir siempre de la mano del Estado de Derecho. 
Seguiremos peleando en favor de los derechos en el Tíbet y continuaremos condenando cualquier violación de los derechos humanos en China, y esperamos que la Comisión refuerce el diálogo sobre derechos humanos con China. 
El Tíbet es una región que cuenta con su propia cultura, su propia religión y sus propias tradiciones políticas. 
También es una supuesta región autónoma de China, por mucho que no se entienda esta autonomía en la práctica. 
Al fin y al cabo, cualquier intento por lograr una autonomía real es considerado un delito, que da lugar a un proceso judicial, y el concepto de delito político resulta desconocido en China. 
Los adversarios políticos reciben, simple y llanamente, el mismo trato que los delincuentes comunes. 
La lucha contra el terrorismo viene a proporcionar una excusa más para tal práctica. 
Las penas de muerte contra Tenzin Delek, un influyente lama budista, y su ayudante, Lobsang Dhondup, dictadas el 3 de diciembre, ponen tristemente de manifiesto que esto es así. 
Consideramos que las acusaciones no están probadas, pero el hecho de que se haya mantenido a estas dos personas en reclusión aislada y que hayan sido finalmente condenadas a muerte, al cabo de meses de encarcelamiento y tras un simulacro de juicio, nos aturde. 
No debe permitirse que se ejecuten estas penas de muerte: hay que revisar los veredictos por medio de un juicio justo. 
Se ha de reanudar el diálogo entre China y los representantes del Dalai Lama, que inspira tanta confianza en este hemisferio, pero nos hemos de cuidar de ser ingenuos en nuestras relaciones con este enorme país. 
Prestan mucha atención a lo que pensamos de ellos, pero no hemos de dejarnos cegar por tácticas disuasorias. 
Debemos ver lo que está ocurriendo en realidad y provocar un cambio judicialmente y en la práctica. 
. (DE) Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, como miembro de la delegación para las relaciones con la República Popular China, he tenido ocasión recientemente de mantener muchas conversaciones fascinantes con mis interlocutores chinos. 
Llegué a tener la impresión de que efectivamente se iba a producir una auténtica apertura, un diálogo genuino sobre los derechos humanos. 
Por eso, aplaudí también la puesta en libertad de Ngawang Sangdrol y de Jigme Sangpo. 
La interpretamos como una señal de que se estaban respetando los compromisos y de que se estaba haciendo honor a las promesas. 
Nos satisfizo enormemente el hecho de que Li Peng cumpliera, al final, su promesa de entablar contacto con el Dalai Lama y de que llegaran realmente a celebrarse las conversaciones iniciales con los representantes del Dalai Lama. 
Los consideramos dos gestos muy positivos. 
Así que ahora nos sentimos aún más consternados por el hecho de que hayan arrestado simultáneamente a dos individuos, Tenzin Delek y Lobsang Dhondup- un lama y uno de sus seguidores- y los hayan mantenido aislados durante seis u ocho meses, aunque hasta el momento no haya podido demostrarse irrefutablemente que cometieran de verdad el delito del que se les acusa. 
Esto resulta totalmente contrario al comportamiento constitucional que esperamos y exigimos naturalmente de los ciudadanos o de un gobierno. 
Comprendemos perfectamente que la lucha contra el terrorismo es importante, pero siempre que sea combatir el auténtico terrorismo, no a los disidentes. 
La lucha contra el terrorismo tiene obligatoriamente que respetar los criterios constitucionales, pues de lo contrario, no puede justificarse. 
Sólo espero que esto haya sido un borrón que quede subsanado rápidamente por el Gobierno chino, y que estos dos individuos sean puestos en libertad o, cuando menos, sometidos a un proceso justo. 
Asimismo espero que China garantice que la puerta hacia los derechos humanos, que se ha abierto un poco, no se vuelva a cerrar de golpe, sino que se abra más para que también prevalezca en China un auténtico comportamiento constitucional. 
Señora Presidenta, el arranque fue efectivamente prometedor. 
Una delegación oficial del Dalai Lama visitó, en septiembre, a los dirigentes chinos. 
En octubre, fue puesta en libertad la monja Ngawang Sangdrol, tras décadas de encarcelamiento, como consecuencia de multitudinarias protestas internacionales, incluidas las del propio Parlamento Europeo. 
Un número considerable de diputados de esta Cámara la habían propuesto en repetidas ocasiones para el Premio Sajarov. 
¿Fueron estos gestos por parte de los chinos únicamente una maniobra política durante la fase previa a la visita de su Presidente a los Estados Unidos? 
¿Se volverá a agotar el camino hacia el diálogo constructivo, tras la conferencia del Partido Comunista y los profundos cambios de rostros que ha provocado? 
¿Están ganando la batalla los partidarios de aplicar mano dura? 
Últimamente nos han llegado noticias bastante alarmantes. 
A principios de diciembre, tal y como han relatado otros diputados, dos ciudadanos tibetanos han sido condenados a muerte por el Tribunal Popular de Kardze, tras un juicio tan apresurado, que no queda más remedio que poner en duda su legalidad. 
Han sido acusados de tenencia ilícita de armas, de separatismo y de participar en un ataque con explosivos ocurrido en Chengdu en el mes de abril. 
Uno de los implicados es el tibetano Tulku Tenzin Delek, sobre el que pende una pena de muerte con un aplazamiento de dos años. 
Ha estado dedicado durante décadas a preservar la cultura, la lengua y la religión tibetanas. 
Ha fundado nuevos conventos y ha promovido el bienestar social de la población. 
Su compañero Lobsang Dhondup también se enfrenta a la pena de muerte, sin aplazamiento. 
Resulta obvio que ninguno de los dos acusados recibió un juicio justo. Se han transgredido las normas internacionales. 
Por ejemplo, Tenzin Delek estuvo ocho meses en reclusión aislada sin contacto alguno con sus familiares o sus abogados, lo que constituye una flagrante violación de las normas mínimas de las Naciones Unidas relativas al trato de los prisioneros. 
Las autoridades reclamaban el pago de una fianza equivalente a 120 000 euros antes de iniciar el juicio propiamente dicho. 
Sus discípulos fueron arrestados cuando intentaron reunir el dinero. 
Esto constituye una violación evidente de los derechos humanos internacionales. 
Es fundamental que las autoridades chinas respeten la legalidad. 
Por muy necesaria que sea la lucha contra el terrorismo, y por mucho que todos nosotros la apoyemos, no se puede librar al margen del respeto por la ley y los derechos humanos. 
Resulta, a todas luces, inaceptable para la lucha pacífica en defensa de la práctica de la religión y la cultura tibetanas que sea calificada de acto terrorista. 
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, solicito a la Comisión que haga referencia inmediatamente a estos juicios injustos dentro del diálogo sobre derechos humanos con los chinos. 
Tenemos que evitar la ejecución de sentencias ilegales, y la concesión de ayudas económicas debe supeditarse a las mejoras en el ámbito de los derechos humanos. 
Señorías, les pido que movilicen, sin dilación, a las embajadas de los Estados miembros en Beijing, a fin de que estos acusados puedan recibir un juicio justo. 
El primer paso ha de consistir en suspender las sentencias de muerte. 
Por último, como presidente del Intergrupo Parlamentario del Tíbet, desearía expresar mi confianza en que la razón prevalecerá en China y en que nuestra campaña mundial en favor de los derechos humanos y el Estado de Derecho tendrá éxito. 
Señora Presidenta, como ya han dicho otros, estas sentencias de muerte no tienen nada que ver con la lucha contra el terrorismo. 
Sin embargo, esto viene a demostrar también la responsabilidad que asumimos al librar esta guerra. 
Los Estados Unidos también han de afrontar esa responsabilidad en el marco de las instituciones internacionales, las Naciones Unidas y la jurisdicción internacional. 
Si únicamente se combate el terrorismo- y ése es un peligro que desgraciadamente también existe en Washington- sobre la base estricta de una coalición de las grandes potencias, existe el riesgo de que dichas potencias hagan un uso indebido de la guerra contra el terror en beneficio propio: Moscú la utilizará contra los chechenos y Beijing la usará contra el Tíbet. 
Tenemos que ser plenamente conscientes de que la modalidad de represión practicada en el Tíbet o en Chechenia no constituye una forma de combatir el terrorismo: simplemente lo engendrará. 
Antes hemos hablado de las regiones montañosas. 
Hace algunas décadas todavía se producían ataques con bombas aquí en la Comunidad, en Tirol del Sur, que ahora es una región pacífica y modélica de Europa, de la que podemos sentirnos orgullosos. 
Había incluso movimientos extremistas en nuestras democracias europeas. 
Todo ello suena bastante improbable hoy día, ya que al conceder autonomía hemos logrado que nadie emprenda acciones separatistas o terroristas. 
Ahora nos sentimos más cómodos en una comunidad de europeos mayor y nos consideramos el núcleo de Europa. 
Mi mensaje a los chinos, por tanto, es el siguiente: «Denles autonomía a los tibetanos, denles democracia y denles derechos humanos». 
Ésa es la forma de combatir el terrorismo y el separatismo. 
Es un planteamiento satisfactorio que no provocará terrorismo, sino que realmente traerá la paz y garantizará que prevalezca la paz en la región montañosa más importante e históricamente más preciada del mundo, una paz que puede servir de modelo al mundo entero. 
La propuesta de resolución que tenemos delante contiene muchos aspectos valiosos, pero la formulación es más bien desacertada, y me estoy refiriendo a la expresión «la minoría tibetana en China». 
Desde luego, en comparación con la enorme población de China, todos somos minorías. 
Sin embargo, aquí estamos hablando del gran pueblo tibetano, con su ancestral cultura mundial, que constituye un valioso patrimonio para la humanidad. 
Hacemos un llamamiento a los chinos para que respeten a este pueblo y a su cultura como socios en igualdad de derechos, igual que nosotros tratamos a los tibetanos y a los chinos como iguales. 
. (DE) Señora Presidenta, Señorías, la Comisión acoge con satisfacción la iniciativa de presentar una resolución sobre los derechos humanos en el Tíbet. 
Estamos seriamente preocupados por las penas de muerte dictadas contra Lobsang Dhondup y Tenzin Delek el 2 de diciembre. 
Ustedes recordarán que el nombre del Sr. Delek se hallaba en la lista de casos individuales que entregamos a las autoridades chinas en el contexto del diálogo sobre derechos humanos entre la UE y China. 
La Comisión, además, está consternada porque estas sentencias de muerte son las primeras en muchos años que se dictan contra ciudadanos tibetanos por presuntos delitos políticos. 
La Comisión desea aprovechar esta oportunidad para informar al Parlamento de que la troika de la UE planteó este asunto, a través de conductos diplomáticos, a las autoridades chinas el 13 de diciembre, a nivel de embajada. 
Además, la troika reiteró que la UE rechaza, con carácter general, la pena de muerte y su aplicación en China, haciendo alusión a la campaña en marcha en favor de «acciones drásticas». 
Gracias a esta rápida intervención por parte de la Unión Europea y a la presión ejercida por los Estados Unidos y Australia, las ejecuciones no se han llevado a cabo de momento y los dos acusados han recurrido las sentencias. 
Las ejecuciones no se pueden realizar hasta que la Corte Popular no haya vuelto a estudiar el caso. 
Aunque creemos que se ha logrado alejar de momento el peligro inminente de ejecución, la Comisión continuará siguiendo el caso con mucho detenimiento, sobre todo en lo referente a la presentación de pruebas concluyentes y a las garantías de un proceso justo. 
La Unión Europea sigue presionando a China para que garantice la identidad cultural, lingüística y religiosa del pueblo tibetano. 
Ha pedido repetidamente el inicio del diálogo directo entre Beijing y el Dalai Lama, ya que probablemente sea la única forma de plantear una solución pacífica y duradera a la cuestión tibetana. 
En este contexto, la Comisión se siente animada por las noticias positivas facilitadas por los dos emisarios del Dalai Lama, que han visitado China en septiembre de 2002. 
Esperamos que éste sea el primer paso hacia la formalización de un diálogo más regular entre Beijing y el Dalai Lama. 
La Comisión se propone seguir adoptando este tipo de medidas de cooperación en el Tíbet sólo cuando beneficien directamente al pueblo tibetano. 
Muchas gracias, Comisaria Schreyer. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar inmediatamente después del debate. 
A continuación, se procederá a efectuar la votación. 
Antes de la votación sobre el Tíbet: 
Señora Presidenta, sugerimos cambiar el título, debido al derrotero por el que ha discurrido el debate. 
Estoy convencido de que muchos oradores estarán a favor de esta propuesta, que consiste en cambiar el título para que pase a ser «Situation des droits de l ' homme des Tibétains» o «Situación de los derechos humanos de los tibetanos». 
Señora Presidenta, simplemente quiero decir que, en aras de la coherencia, debería utilizarse la misma fórmula en el apartado 7. 
Por tanto, solicito que se utilice a lo largo y ancho de la resolución, en el título y en el apartado 7. 
Es una buena observación. 
(La Presidenta constata que nadie se opone a las enmiendas orales propuestas, por lo que son aceptadas).1 
Señora Presidenta, me pregunto si acaba de celebrar una votación nominal. 
Se había perdido mi cartulina de votación, por lo que he votado tarde. 
¿Sería tan amable de anotar que he votado a favor? 
Hemos tomado nota de la incidencia. 
La votación ha concluido. 
sobre el informe de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou (A5-0403/2002) 
La delegación del Partido Moderado Sueco en el Parlamento Europeo ha votado en contra del informe de la Sra. Kratsa-Tsagaropoulou sobre el sexto informe anual de la Comisión sobre la igualdad de oportunidades en la Unión Europea, 2001. 
Creemos que la igualdad emana del mismo valor de todas las personas y del derecho de cada individuo al respeto hacia su persona y sus opciones, en lo referente a la vida personal, familiar y profesional. 
Es de justicia que nadie sufra discriminación por razones de género o de cualquier otra índole. 
Hay que combatir toda modalidad de opresión, discriminación o encasillamiento, y es necesario fomentar las oportunidades para que todo el mundo pueda elegir libremente. 
Por consiguiente, no consideramos que la propuesta contenida en el informe apunte hacia el camino correcto a seguir. 
Estamos en contra de aquellas secciones del informe que recomiendan la adopción de cuotas y lo que denomina discriminación positiva. 
No incumbe a los políticos determinar la forma en que los empresarios del sector privado toman sus decisiones de contratación a la luz de estas consideraciones. 
La redistribución matemática no implica justicia y no conduce a la auténtica igualdad. 
No obstante, los procedimientos de selección para la elección y admisión a la educación superior deberían garantizar en lo posible la neutralidad en lo que se refiere al género. 
Más aún, consideramos que la labor continuada en favor de la igualdad debería centrarse, en primer lugar, en la modificación de las actitudes a largo plazo, y queremos resaltar la importancia de las escuelas a la hora de cambiar las actitudes en esta dirección. 
Creemos que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales debería encargarse de estos temas, que están siendo tratados ahora en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
Señora Presidenta, dado que nuestro presidente ya nos ha deseado una feliz Navidad hoy al mediodía, lo que tal vez explique por qué muchos diputados han partido por descuido precipitadamente, quiero aprovechar esta oportunidad para manifestarle mi gratitud, en calidad de presidenta durante la tarde del jueves, por su excelente dirección de la sesión, y expresarle mi enhorabuena. 
Le deseamos, así como por supuesto a todos los diputados que han permanecido con nosotros hasta esta tarde, muy felices Navidades. 
Quiero darles las gracias a todos ustedes y desearles una Navidad y un Año Nuevo realmente felices. 
La Cámara ha recibido con gran tristeza la noticia de la muerte el pasado fin de semana del Sr. Roy Jenkins, distinguido dirigente político y antiguo Ministro del Reino Unido. 
La Cámara conmemorará sus cuatro años como Presidente de la Comisión Europea. 
Durante su presidencia lanzó el Sistema Monetario Europeo, precursor de la moneda única. 
Fue un europeo y un estadista sobresaliente y entregado; les invito a guardar un minuto de silencio en su memoria. 
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio) 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 9 de enero de 2003, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento. 
Lunes 
Señor Presidente, simplemente quisiera explicar la razón por la que solicitamos que se elimine este punto del orden del día y, por otro lado, apoyar la inclusión del tema de Illinois. Asimismo, queremos preguntar si se podría incluir con suficiente antelación en el orden del día del período parcial de sesiones de Bruselas una declaración sobre Corea del Norte, dada la intención anunciada por este país de denunciar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. 
Consideramos que sería más apropiado abordar este asunto de un modo más formal y con mayor detenimiento que hacerlo en un debate de actualidad y urgencia de última hora. 
Señor Presidente, quiero hacer una propuesta al Grupo Liberal en el sentido de que retiren esta propuesta y toda la Cámara pueda pedir al Presidente que haga una declaración en nombre de la misma, dirigida a los speakers de ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos, expresando nuestra satisfacción por la decisión del Gobernador de Illinois. 
La razón es muy simple: en Europa somos abolicionistas y ésta es una cuestión que incluso está planteada como una de las condiciones de Copenhague. 
Nuestros colegas del Congreso de los Estados Unidos conocen nuestra posición, y a mi Grupo le resultaría muy difícil, por razones de procedimiento, votar en contra de la propuesta del Grupo Liberal, porque estamos de acuerdo. 
Creemos que tiene más fuerza y puede ayudar más a la campaña abolicionista en los Estados Unidos el que nosotros expresemos a través de una declaración del Presidente nuestro acuerdo total y nuestro apoyo a esta decisión que el lanzar una urgencia, que puede parecer algo polémico. 
Como estamos absolutamente de acuerdo, podríamos mantener la urgencia y, al mismo tiempo, enviar un mensaje constructivo y positivo al Congreso de los Estados Unidos, que es nuestro interlocutor. 
Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con la propuesta del Sr. Barón Crespo y las aclaraciones del Sr. Poettering. 
Simplemente quisiera decirle al Sr. Watson que en su país está a punto de tener lugar un acontecimiento secundario. 
A finales de este mes, un tribunal británico deberá resolver el caso de la solicitud de extradición del Viceprimer Ministro checheno. 
Considero que la importancia de este asunto no es en absoluto insignificante y me sorprende que el Presidente, que procede de Gran Bretaña, lo haya olvidado. 
Con respecto al tema de la pena de muerte, si me lo permiten quiero pedir al Presidente que envíe otra carta. 
Este caso está relacionado con una mala noticia: 26 ciudadanos congoleños han sido condenados a morir por el asesinato de Laurent Kabila. 
Esperamos recibir información sobre la posible decisión de su hijo de perdonarles la vida, aunque opino que sería positivo que nuestro Presidente también se ocupara de esta cuestión. 
Eso no es una cuestión del orden del día. 
Debería plantearse en otro momento. 
No obstante, tomaremos nota de sus comentarios. 
Señor Presidente, considero que resulta sumamente importante que expresemos nuestra postura sobre asuntos graves que no dependen directamente de la política de los Estados miembros. 
No obstante, hemos recibido nuevos datos desde que se estableció el orden del día. Nos hemos enterado de que el Gobierno británico participa casi a diario en ataques aéreos sobre Iraq. 
Creo que se trata de un asunto de verdadera importancia que debería interesar al Parlamento. 
¿Qué sentido tiene oponerse a la pena de muerte de ciudadanos norteamericanos, ya sean criminales o inocentes, si luego apoyamos la pena de muerte, por ejemplo, para civiles iraquíes? 
El Gobierno estadounidense, sin embargo, ha reconocido que el Reino Unido ha participado en los ataques aéreos de Al Qasidi, Al Kut, Al Basrah? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención diciéndole al Sr. Posselt que mi Grupo votó en contra de la reducción del número de debates de actualidad. 
Además, creo que fue prácticamente el único Grupo que se opuso, ya que el Grupo al que pertenece él actuó de forma muy diferente. 
En cualquier caso, lo que quería comentar con respecto al asunto de Corea del Norte es que, tal y como dije hace un momento, consideramos que es importante que en esta Cámara se entable un debate y se emita una declaración sobre la denuncia por este país del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. El Consejo y la Comisión también deberían emitir declaraciones. 
Por este motivo, hemos solicitado que se incluya este punto en el orden del día del período parcial de sesiones de Bruselas. 
Señor Presidente, Señorías, mientras nosotros estábamos disfrutando de nuestras vacaciones navideñas, Touria Tiouli, una mujer francesa y ciudadana de la Unión Europea, se encontraba encarcelada en Dubai. 
Tras haber denunciado a tres hombres por violación, se halla bajo custodia desde el mes de octubre, acusada de relaciones sexuales adúlteras, una extraña interpretación de la ley que degrada aún más a la víctima y, por si fuera poco, la encarcela. 
Hemos consagrado los derechos humanos europeos en los Tratados y la dignidad del ser humano en la Carta, resaltando su carácter vinculante en todo el mundo. 
Este escándalo acontecido en Dubai, señor Presidente, exige que se aborde este asunto. 
Le insto a que escriba una carta en nombre del Parlamento Europeo para que Touria Tiouli sea puesta en libertad, en la que quede constancia de que no queremos mantener relación alguna con Estados en los que se desprecia de tal modo la dignidad humana. 
Señor Presidente, quiero recordar que el diálogo entre los Gobiernos de los diferentes Estados miembros debe ser la principal herramienta para solucionar los problemas, más aún cuando se trata de Estados vecinos. 
Con esto, me refiero, en concreto, a la actitud del Gobierno de Portugal con los pescadores andaluces. 
Simples infracciones, como adentrarse en aguas lusas, han sido contestadas, recientemente, en dos ocasiones, con ametrallamientos que, gracias a la Providencia, no han provocado víctimas. 
Hago un llamamiento a la cordura y a la responsabilidad para que se encuentre una solución a un problema que arrastramos desde hace décadas. 
Señor Presidente, represento a la región costera atlántica de Francia y, por tanto, de Europa, que acaba de sufrir las consecuencias de la contaminación ocasionada por el Prestige. 
Quisiera decir que la gente está realmente preocupada por lo que está sucediendo, en especial porque se trata de un nuevo tipo de contaminación, porque se convierte en un problema crónico y porque no se sabe cuánto puede durar. 
Por consiguiente, opino que el Parlamento debería aceptar la constitución de la comisión de investigación que rechazó anteriormente. 
No podemos pretender reforzar el sistema de responsabilidades y, al mismo tiempo, rechazar la idea de que un organismo parlamentario como el nuestro acuda al lugar de los hechos para descubrir lo que ha sucedido y llegar a las conclusiones apropiadas. 
En segundo lugar, debemos decidir lo que se hará con los restos del naufragio. 
No podemos dejar esperando indefinidamente a miles de marineros, mariscadores y trabajadores del sector turístico, sin ofrecer ninguna solución industrial. 
Personalmente, quisiera solicitar a la Unión Europea que abra pronto una convocatoria de proyectos, para así tratar de obtener una solución industrial que seguro que existe. En concreto, se debería solicitar ayuda a COMEX, uno de los principales especialistas del mundo en este ámbito. 
Señor Presidente, quisiera abordar un asunto que, aunque a primera vista pudiera parecer bastante prosaico a los miembros de esta Cámara, creo que está relacionado con el modo en el que el Parlamento dirige sus relaciones públicas e informa a los ciudadanos europeos sobre su funcionamiento. 
Hace tan sólo unos días, se nos comunicó que la Mesa había aprobado la decisión propuesta por los Cuestores relativa al gasto per cápita previsto y aprobado por el Parlamento Europeo. Dicho gasto, en contra de todas las expectativas, ha sido recortado. 
Y, al menos en lo que respecta a mi país y mi región, estos recortes son cuantiosos. 
Por ejemplo, dentro de dos semanas recibiré la visita de un grupo de cincuenta personas procedentes de Creta y, por lo visto, la cantidad aprobada ni siquiera cubrirá el precio de sus billetes. 
En lo que a mí respecta, este asunto no sólo no está fuera de lugar, sino que engloba una dimensión moral. 
Si la Mesa y los Cuestores desean reducir el gasto previsto, no deberían comunicarlo a última hora porque ya tenemos hechos otros planes. 
Si pretendemos que se adopte una decisión seria al respecto, sugiero que se posponga hasta nuevo aviso esta- en mi opinión y la de otros muchos- inaceptable decisión de la Mesa de aprobar esta propuesta. 
Señor Presidente, quisiera informar a la Cámara de un accidente muy grave ocurrido el pasado viernes en Italia, en la ciudad de Verona para ser más exactos. 
Unos treinta miembros de un grupo neonazi irrumpieron en un estudio de una televisión local en el que se celebraba un debate y atacaron brutalmente a un representante de una comunidad islámica. 
El hecho de que las opiniones de esta persona fueran extremadamente provocadoras y discutibles no ha sido óbice, por supuesto, para que todos los grupos democráticos condenaran este inquietante incidente. 
Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es, señor Presidente, que un diputado de esta Cámara, el Sr. Borghezio, miembro de la Lega Nord, no sólo justificó el acto sino que afirmó estar a favor de este tipo de comportamientos. 
Comprenderá, señor Presidente, que, en lo sucesivo, me será realmente difícil permanecer en esta Cámara cuando el Sr. Borghezio intervenga. 
Señor Presidente, quisiera que le preguntara a la Comisión qué medidas pretende adoptar para reclamar el reembolso de las ayudas concedidas a la empresa Daewoo. 
Es un escándalo que esta empresa retenga las cantidades recibidas, habiendo cerrado las tres fábricas que tiene en Lorena, en Francia, y otras muchas más en el resto del mundo. 
Considero que la concesión de ayudas a empresas capitalistas so pretexto de promover el empleo se puede equiparar a una malversación del dinero de los contribuyentes, ya que lo único que hacen estas empresas es sumar las cantidades recibidas a sus beneficios y a los dividendos de los accionistas. 
Una vez percibido el dinero, muchas de estas empresas reducen los puestos de trabajo o, incluso, cierran algunas de sus fábricas, llevando a la ruina a ciudades y regiones enteras. 
Se trata de un fraude, en perjuicio tanto de los trabajadores como de los contribuyentes, que se produce con la complicidad de las instituciones europeas o de otros organismos, que siguen concediendo este tipo de ayudas. 
Señor Presidente, hace un momento estábamos discutiendo acerca de la pena de muerte y, en conexión con este tema, quisiera decir que Irán es un país en el que se dicta un gran número de sentencias de este tipo, en particular, de muerte por lapidación. 
Aunque es cierto que se ha producido una moratoria en las lapidaciones, todo el mundo sabe que, en agosto de 2002, se registraron una serie de manifestaciones a gran escala en Irán a favor de los derechos humanos y de la democracia, y en contra de las ejecuciones y las lapidaciones. 
Concretamente, estas manifestaciones estaban encabezadas por un grupo de estudiantes debido a que, si me permiten sacar el tema ahora, cuatro de esos estudiantes habían sido sentenciados por un tribunal de Shiraz a la amputación de sus piernas y brazos. 
Todos ellos menores de veinticinco años y sin antecedentes penales. 
Este es un ejemplo más de los métodos medievales aplicados por Irán. 
Quisiera pedir que se abordara el tema con el Gobierno iraní y, si es necesario, que se interrumpa el diálogo crítico hasta que se abandonen este tipo de métodos. 
Se trata de una cuestión de gran urgencia. 
Señor Presidente, partiendo de las palabras de la Sra. Frahm, quisiera expresar mi total desacuerdo con el hecho de que el régimen iraní, que destacó en el año 2002 como uno de los más represivos del mundo hacia su propio pueblo, que violó los derechos humanos más que ningún otro país, no haya sido condenado por las Naciones Unidas porque la Unión Europea decidió no proponer dicha condena. 
Este tipo de acción no tiene sentido alguno y me lleva a pensar que estamos ante una situación de oportunismo en la política de derechos humanos de la Unión Europea, la cual tampoco puedo aceptar ni comprender. 
Señor Presidente, hace un instante, uno de los diputados ha condenado con bastante acierto el tema de la clonación en esta sesión plenaria y ha instado a que sea rechazado de forma universal. 
No obstante, no ha llegado a establecer una diferenciación apropiada entre la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. 
En lo que respecta a la clonación reproductiva, estoy seguro de que todos opinamos que se trata de una técnica inhumana o deshumanizadora que debe ser rechazada. 
Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la clonación terapéutica. 
Hay que dejar la puerta abierta para que la ciencia, los científicos y la comunidad científica puedan llevar a cabo sus experimentos en los ámbitos innovadores que encierran un enorme potencial para la medicina. 
Los individuos dogmáticos que se oponen a cualquier tipo de clonación son los aliados más incondicionales de aquellos que permitirían la aparición de actividades secretas, la charlatanería y el tráfico en este campo. 
Debemos llegar a un acuerdo en un punto esencial como éste: si obstaculizamos la labor de la ciencia y la investigación en materia de clonación, siempre surgirán oportunistas sin escrúpulos deseosos de explotar esta área de conocimiento. 
Este punto queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0427/2002) del Sr. Giorgio Napolitano, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el papel de los poderes regionales y locales en la construcción europea (2002/141 (INI) ). 
Señor Presidente, por iniciativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Parlamento Europeo aborda por primera vez la cuestión del papel de los poderes locales y regionales en la construcción europea con un informe propio y una propuesta de resolución. 
No es difícil comprender las razones de esta iniciativa y sus objetivos. 
Especialmente durante la pasada década, hizo su aparición en los Estados miembros de la Unión Europea una tendencia generalizada hacia la descentralización, la regionalización y la autonomía creciente de los poderes locales. Considero acertado reconocer la importancia de esta tendencia a la hora de reflexionar y debatir sobre el estado de la Unión y su futuro. 
Los poderes regionales y locales han adquirido mayores competencias en la transposición de la legislación comunitaria dentro de cada Estado y en la gestión de programas comunitarios. 
Por consiguiente, también deberían participar en el trabajo preparatorio de las políticas y actos de la Unión Europea. 
En este sentido, la propuesta de resolución que se va a someter a voto en la sesión plenaria de esta Cámara contiene una serie de propuestas importantes: la inclusión en el nuevo marco constitucional de los principios de respeto de la identidad regional y local y, por tanto, de la aplicación de la subsidiariedad, que regule no solamente las relaciones entre la Unión Europea y los Estados miembros, sino también los asuntos relativos a los poderes regionales y locales; el compromiso de la Comisión, sobre todo en lo que respecta a su Libro Blanco sobre la gobernanza, de hacer partícipes a los representantes de las autoridades regionales y locales en el trabajo preparatorio de sus propuestas; el llamamiento a los Estados miembros para que fomenten y mejoren- siempre de conformidad con el propio sistema constitucional de cada uno de ellos- la participación de las autoridades regionales y locales en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. 
La resolución que hemos elaborado, si se adopta por amplio consenso, representará un importante punto de referencia para el debate posterior en la Convención de Bruselas, que se celebrará a primeros de febrero. Al mismo tiempo, impulsará notablemente el reconocimiento del papel de los poderes regionales y locales en la construcción europea. 
Confío en que se prestará la debida atención a determinados asuntos expresados por mí y otros colegas en la comisión. Asimismo, espero que se aprueben una serie de enmiendas para la corrección y clarificación del texto adoptado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el fin de evitar la aplicación indebida y la implementación de medidas unilaterales que pudieran perjudicar a nuestra causa. 
A este respecto, me gustaría destacar los criterios adoptados como ponente. En primer lugar, debemos tener en cuenta todas las entidades territoriales autónomas que funcionan dentro de cada Estado miembro como una unidad independiente. 
Tal y como todos ya sabemos, a pesar de que difieren enormemente en cuanto a su tamaño y naturaleza, todas estas entidades territoriales, desde la más grande a la más pequeña, independientemente de sus competencias, representan determinados valores compartidos: el valor de la proximidad, del mayor grado de cercanía posible a las opiniones y necesidades de los ciudadanos, el valor de la participación democrática más inmediata y extendida. Por lo tanto, la Constitución Europea debe reconocer el papel fundamental que todas ellas desempeñan a la hora de alcanzar el objetivo establecido para la Convención sobre el futuro de Europa: el objetivo de acercar Europa a los ciudadanos, de lograr una Unión más democrática y efectiva. 
Por consiguiente, en mi proyecto de informe no he incluido la subdivisión de las autoridades regionales o locales en categorías diferentes. 
Si se concediera a una categoría específica de entidad territorial autónoma un estatuto especial o prerrogativas exclusivas en el marco de la Unión Europea, se originaría una serie de conflictos complicados y contraproducentes, incluso en lo que respecta a la definición y establecimiento de los límites de una determinada categoría; por ejemplo, la categoría de regiones con poderes legislativos. Al mismo tiempo, encubriría el valor de reconocer a todas las autoridades regionales y locales como un todo, como una entidad global. 
En segundo lugar, debemos evitar la creación de unos procedimientos y de un sistema institucional más engorrosos ya que, de hecho, todos apoyamos la simplificación de los mismos. Dentro de este «sistema institucional» incluyo al Tribunal de Justicia y sus correspondientes procedimientos. 
Por norma, debemos tener cuidado de no reducir la efectividad de un proceso de toma de decisiones, que actualmente ya se encuentra sujeto a un amplio número de limitaciones, a través de la aplicación de un conjunto de comprobaciones y balances de diferentes grados de rigidez. 
En conclusión, confío en que Sus Señorías reflexionaran sobre los puntos que acabo de comentar y que se alcanzará un consenso general en la votación de mañana. 
Señor Presidente, Señorías, la Europa unida lanzada en Copenhague acabará convirtiéndose en una Europa llena de contrastes, sobre todo en lo que respecta a la diversidad económica y social. 
Nunca antes se había registrado una disparidad tan acuciante en el marco de la Unión Europea y, al mismo tiempo, además, nunca antes había resultado tan importante la definición de una verdadera política de cohesión. 
De hecho, utilicé esta misma expresión- diversidad territorial- para hacer referencia a uno de los tres temas del Segundo Informe sobre la cohesión económica y social titulado «Unidad de Europa, solidaridad de los pueblos, diversidad de los territorios» , hace tan sólo un año. 
Esta diversidad explica la dificultad de la tarea encomendada al respecto a su ponente, el Sr. Napolitano, de definir el papel de los poderes regionales y locales en la Unión Europea. 
Tal y como él mismo ha dicho, deberíamos celebrar una sesión destinada específicamente a este asunto durante la Convención que tendrá lugar los días 6 y 7 de febrero. 
Señor Napolitano, usted ha llevado a cabo esta tarea con su habitual talento y sabiduría. Por tanto, Señorías, no les sorprenderá saber que estoy de acuerdo con muchos de los puntos reflejados en el informe del ponente. 
El Sr. Napolitano ha tenido el acierto de señalar que, si deseamos que la Unión Europea funcione sin llegar a convertirse en un superestado, deberemos respetar el derecho de cada Estado miembro a organizarse a sí mismo según su propio criterio. 
Por consiguiente, no corresponde a las instituciones europeas ni a la Comisión la labor de proponer, ni siquiera de decidir, en Bruselas, el modo en que deben repartirse las competencias dentro de cada país, ni el modo en que deben organizarse las relaciones entre los diferentes territorios en el marco de cada Estado miembro. 
Teniendo en cuenta esta limitación, la Comisión puede aprobar los puntos principales del informe presentado. 
Apoyamos la reafirmación del papel del Comité de las Regiones siempre y cuando se mantenga el equilibrio interinstitucional actual. 
Asimismo, hay que tener en cuenta el derecho de este Comité de recurrir ante el Tribunal de Justicia cuando proceda para defender el respeto del principio de subsidiariedad. 
Apoyamos la instauración de lo que el informe denomina «nuevos métodos de participación» , para garantizar así la implicación más directa de los poderes regionales y locales en los diferentes procedimientos comunitarios. 
En su Libro Blanco sobre la gobernanza, la Comisión defiende el diálogo sistemático con las asociaciones que representan a estas entidades territoriales. 
Actualmente estamos ultimando mecanismos para este diálogo, que tras un proceso de consulta general empezarán a funcionar a finales del primer semestre de 2003. 
Apoyamos asimismo la adaptación de la forma en que se aplica la legislación de la Unión Europea con el fin de tener en cuenta circunstancias y necesidades locales excepcionales. 
Así, la Comisión pondrá a prueba un plan experimental de contratos tripartitos, entre Bruselas, las capitales nacionales y las colectividades territoriales. 
Más allá de este asunto, en términos generales, podemos encontrar en el Tratado las vías necesarias para operar a través de la legislación marco. 
Las tres instituciones responsables de la actividad legislativa comparten la competencia de evitar que estas leyes marco sean demasiado específicas. 
No obstante, debemos asegurarnos de que la legislación comunitaria se aplique de manera uniforme, equitativa y justa. 
Debemos evitar que las normas aquí adoptadas, mediante el debate democrático, se vean debilitadas al permitir, aunque sea con carácter excepcional, su aplicación en términos de geometría variable por parte de las autoridades territoriales. 
He hablado acerca de la fase inicial, cuando se redactan los textos comunitarios, y de lo que sucede después, durante su aplicación. 
En su contribución al trabajo de la Convención a finales del pasado año, la Comisión preparó el terreno en este ámbito y expresó su deseo de encontrar los medios adecuados para aumentar la participación de los poderes regionales en el proceso de construcción europea, respetando en todo momento el sistema institucional de cada país. 
Para terminar- y este es el cuarto punto en que muestro mi acuerdo con su informe, señor Napolitano- apoyamos el refuerzo de una política de cohesión europea y territorial, que resulte realmente efectiva para cada región de la Unión y para todos sus ciudadanos. 
En este ámbito, con el cual estoy familiarizado por ser mi responsabilidad dentro de la Comisión, tanto la Comisión como el Parlamento deberán realizar un enorme trabajo conjunto durante los próximos meses, antes de que presente, a finales de este año, las propuestas de la Comisión para la política regional futura que se aplicará a partir de 2006. 
Señorías, precisamente debido a que, tal y como acabo de decir, apoyamos los puntos principales de este informe, quisiera expresar la preocupación de la Comisión sobre un aspecto que también ha sido objeto de debate y de preguntas aquí, en el Parlamento. 
Se trata de la conveniencia o no de conceder exclusivamente a determinadas regiones, las que tienen poderes legislativos, la posibilidad de defender sus derechos ante el Tribunal de Justicia. 
Hace unas semanas, en su reunión de Florencia, tuve la ocasión de dirigirme de forma clara a estas regiones con poderes legislativos. 
Opino que no es realista ni deseable que se establezca este tipo de distinción entre autoridades territoriales europeas. 
Por ejemplo, ¿cómo podemos conceder prerrogativas exclusivas relevantes a estas regiones, si esta clase de organización no está presente en todos los Estados miembros de la Unión, ya sean actuales o futuros? 
Nuestro sistema institucional no debe favorecer más a unos Estados que a otros. 
Debe ser, repito, neutral, justo e imparcial. 
Sin embargo, no es nuestra intención ignorar las dificultades a las que se enfrentan las regiones con poderes legislativos, debido a las propias responsabilidades que asumen. 
En consecuencia, propongo una opción que planteé junto con su presidente: ¿por qué no nos basamos en la experiencia positiva del artículo 203 del Tratado, cuya inteligente aplicación nos permitió facilitar la participación de estas regiones en el propio Consejo, para responder a una de sus peticiones? 
¿Por qué no seguir este ejemplo, o al menos su espíritu, en lo que respecta al acceso a la justicia comunitaria? 
Por este motivo, considero interesante el hecho de que algunos de ustedes- en concreto, el Sr. Corbett y el Sr. Méndez de Vigo, según me consta- hayan avanzado en la búsqueda de una vía de escape de este callejón sin salida. Esta solución consistiría en otorgar a cada Estado la responsabilidad clara de acudir al Tribunal de Justicia en nombre de las autoridades territoriales. 
Señorías, no pretendemos que las distintas regiones se enfrenten a los Estados o a Europa, y mucho menos que esto ocurra entre los Estados y Europa. 
Nuestra intención es alcanzar una cultura de cooperación en lugar de mantener una cultura de confrontación. 
Las regiones deben poder confiar en los Estados miembros para la obtención de una verdadera representación política y jurídica en el marco de la Unión. 
Las regiones deben poder confiar en que la Unión Europea garantizará su participación sistemática en todas las etapas del proceso de toma de decisiones comunitario. 
Por su parte, la Unión Europea debe poder seguir contando con la cooperación fiel y constructiva de todas las autoridades territoriales: de las regiones, por supuesto, pero también de los pueblos, las ciudades y las distintas estructuras territoriales subregionales. 
Debe poder contar con sus aportaciones al debate sobre la democracia europea. 
Señor Presidente, se trata de un tema importante, así lo ha resaltado el Comisario Barnier, puesto que la Convención Europea va a celebrar un debate sobre esta cuestión los próximos días 6 y 7. Por lo tanto, este informe tiene que constituir la base de ese debate. 
Quiero felicitar al presidente, Sr. Napolitano, por el buen sentido, que es el menos común de los sentidos, de su propuesta. 
Señor presidente, en este caso ha hecho usted honor a su talento y a su reputación. 
Esta resolución es claramente regionalista, porque lo que pedimos a la Convención es que reconozca el objetivo de la cohesión territorial en el artículo 2; porque pedimos que reconozca la autonomía regional y local en el artículo 6; porque pedimos que recoja la diversidad lingüística en Europa y la protección de las lenguas minoritarias en el 151; porque pedimos que reconozca la cooperación transfronteriza en el 158; porque pedimos que el Comité de las Regiones, en el ámbito de la subsidiariedad, pueda acudir al Tribunal de Justicia- en este sentido enlazamos con el Grupo de trabajo sobre la subsidiariedad que he tenido el honor de presidir en la Convención- finalmente, porque en el apartado 2 del artículo 299 pedimos que se consolide la situación de las regiones ultraperiféricas. 
Me dirán ustedes: si es tan positivo, ¿por qué el Grupo del Partido Popular Europeo ha votado en contra mayoritariamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales? 
Pues bien, se lo voy a decir: porque hay dos temas que nos preocupan y que creemos que han sido mal resueltos en comisión: 
El primer tema es el dispositivo 2, donde se introdujo una enmienda que capacita a las autoridades regionales y locales para adaptar la forma en que aplican la legislación de la Unión Europea, con el fin de tener en cuenta, se dice, circunstancias y necesidades locales excepcionales. 
Por tanto, hemos presentado una enmienda, la número 21- creo que hemos logrado un acuerdo con los socialistas- para conjugar la enmienda número 21 nuestra y la 5 socialista en una enmienda de transacción que, creo, va en la buena dirección. 
Y, por último, otro tema que nos preocupa, señor Presidente, es la actual redacción del artículo 8 que, en la misma línea de lo que ha dicho el Comisario Barnier, concede a todas las corporaciones regionales y locales dotadas de competencia legislativa un derecho de recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Eso nos parece exagerado, nos parece que eso no es construir Europa, y por ello hemos presentado una enmienda, la número 24, que permite a las regiones, bajo la autoridad del Estado, defender sus prerrogativas a la luz del principio de subsidiariedad ante el Tribunal. 
Pedimos a los colegas que examinen esas enmiendas, y si llegamos a un acuerdo sobre las mismas, el Grupo del Partido Popular Europeo, atendiendo a los razonamientos que he hecho, podrá votar a favor de este importantísimo informe por el cual tengo el honor de felicitar a su ponente, Sr. Napolitano. 
Señor Presidente, acabo de llegar, debido al retraso del tren, y lamento no haber podido escuchar el debate anterior. 
He pedido la palabra porque, el año pasado, fui ponente de un informe relativo a la dimensión local de la Estrategia Europea de Empleo. 
En dicho informe, expresé mi sincero apoyo a una serie de aspectos recomendados por el Sr. Napolitano en su informe y, en particular, resalté la importancia de una perspectiva de abajo arriba. 
Sin embargo, no comparto la perspectiva del Sr. Napolitano, que en el fondo parece que pretende reducir o incluso eliminar de algún modo la importancia de las democracias políticas nacionales. 
En su informe hace especial hincapié, por un lado, en los niveles locales y regionales, y por otro en la Comisión y los niveles de la Unión Europea, enfoque que considero muy peligroso. 
Opino, a pesar de todo, que las propias democracias nacionales forman la base democrática del proyecto europeo y, por lo tanto, el desarrollo local y regional debería producirse en el marco de dichas democracias. 
Las naciones y, sobre todo, sus respectivos gobiernos y parlamentos, deben convertirse en el vínculo entre los niveles local, regional y europeo. 
Resultaría totalmente censurable pasar por alto el nivel nacional, ya que esto sólo conduciría al debilitamiento de la democracia europea, algo que todos nosotros deseamos evitar. 
Señor Presidente, aunque el informe Napolitano sobre el papel de los poderes regionales y locales en la construcción europea incluye una serie de puntos interesantes, encierra un gran defecto: no debería existir. 
De acuerdo con el principio mencionado en el propio informe, y que siempre ha sido respetado por la Comunidad, las instituciones europeas se basan en una Unión de Estados; respetan la estructura interna de los Estados; sus únicos interlocutores son los Estados y, si existe la participación de las regiones en determinadas políticas europeas, es porque los Estados, y detrás de ellos sus democracias nacionales, así lo desean y porque ellos son responsables, y deben seguir siéndolo, del proceso. 
En cualquier caso, la Comunidad no debe decidir- ni siquiera sugerir- el refuerzo del papel o la participación de los poderes regionales y locales en un determinado proceso decisorio europeo, tal como se indica en el informe Napolitano. 
Todo lo contrario. 
Según he explicado en una opinión minoritaria adjuntada al informe, el número creciente de Estados miembros que existirá tras la ampliación aumentará la importancia del papel de dichos Estados como coordinadores e intermediarios. 
Resulta difícil imaginar a la Unión Europea manteniendo relaciones directas con 250 regiones o más, o escuchando todas sus opiniones. 
Sería imposible gestionar una situación de este tipo. 
En cualquier caso, hay que respetar totalmente la identidad nacional y el derecho de los pueblos a organizarse del modo que mejor se adapte a sus necesidades. 
La Unión Europea no dispone de un poder supremo para intervenir en estos asuntos. 
No en vano, si esto sucediera, sería como abrir la caja de Pandora, provocando una situación de naciones trastornadas y una Europa imposible de gobernar. 
Señor Presidente, la futura Constitución europea debe conseguir una Unión más democrática y eficaz, es decir, más cercana a los ciudadanos y a sus preocupaciones. 
En este sentido, el papel de las regiones es, sencillamente, esencial. 
Lo que tiene que hacer la Convención es elevar a nivel de formal lo que ya es real. 
¿Cómo es posible que las regiones estén aplicando la legislación comunitaria y que esto no se reconozca formalmente en cuanto a derechos en el marco institucional de la Unión? 
¿Cómo es posible que incluso esas regiones transpongan la legislación comunitaria y su situación esté claramente subestimada en los Tratados en vigor? 
Tenemos que corregir esto, haciendo lo siguiente: en primer lugar, que las regiones deben ser consultadas de principio a fin del procedimiento legislativo en la Unión Europea; en segundo lugar, debemos animar a los Estados miembros a que les den la máxima participación en todo el proceso de toma de decisiones europeo en cada uno de los Estados, incluso a nivel de representación dentro del Consejo de Ministros; también tenemos que elevar el papel del Comité de las Regiones y permitir que las regiones sean capaces de actuar en el marco del principio de subsidiariedad. 
Si alguien tiene que aplicar o transponer según ese principio, lógicamente también debe poder defender sus prerrogativas y sus derechos. 
También en la Unión Europea los tribunales están para permitir el mejor funcionamiento en Derecho de las instituciones y las políticas que hemos decidido conjuntamente. 
Sea por una vía o por otra, lo importante es que el informe Napolitano, tal y como está hoy o como, probablemente, estará después de la votación en el Pleno, reconocerá el derecho de las regiones de defender sus prerrogativas ante el Tribunal de Justicia- esto es lo fundamental- y también de aplicar de la mejor manera, en el marco del Derecho comunitario, como dice la enmienda 5 del Grupo Socialista, las propias políticas de la Unión. 
Los socialistas españoles votamos en comisión a favor del informe Napolitano y lo volveremos a hacer mañana porque, efectivamente, es un paso hacia delante. 
Entre el cero y el diez, probablemente está en el aprobado. 
Señor Presidente, Señorías, opino que debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda el informe del Sr. Napolitano- a quien hay que reconocerle el mérito de haber triunfado en esta difícil y complicada tarea- para resaltar, con todo el peso institucional del Parlamento Europeo, la necesidad de que la nueva Europa, construida sobre las bases del Tratado Constitucional que está elaborando la Convención, aplique de forma completa y transparente el principio de subsidiariedad. 
Esto significa que el resultado deseado sólo se alcanzará si la subsidiariedad no se aplica sólo a las relaciones entre la Unión y los Estados nacionales, sino que se extiende a las autoridades territoriales- los poderes regionales y locales- respetando debidamente los sistemas constitucionales de cada país, por supuesto. 
Es más, las autoridades territoriales- los poderes regionales y locales- son las únicas que sustancian la democracia de proximidad. 
Gracias a ellas se pueden reforzar las raíces de la verdadera democracia y acercar los ciudadanos a las instituciones, incluidas las instituciones europeas. 
La Convención es el foro al que se ha asignado la tarea de resolver este espinoso asunto, y al principio centró su atención exclusivamente en el primer nivel de subsidiariedad, entre la Unión y los Estados. 
Debemos evitar caer en esta trampa ya que, si asignamos a este sistema dos niveles de subsidiariedad- la subsidiariedad entre la Unión y los Estados, y la subsidiariedad entre los Estados y las autoridades territoriales- impediremos- y creo que éste es el quid de la cuestión- el reconocimiento de esa conexión directa entre las instituciones europeas y las autoridades territoriales que existe actualmente y que resulta bastante prometedora, siempre y cuando no se interprete erróneamente ni se destruya en su origen. 
Debemos evitar a toda costa sucumbir a esta tentación y, para ello, confío en que la Convención asumirá el prolongado debate que ha tenido lugar en Europa, particularmente en el Consejo de Europa, sobre esta cuestión. 
Espero que la Convención acabará por reconocer y asignar el derecho a la autonomía regional y local. Este derecho estará regulado por los respectivos sistemas jurídicos de cada país, pero deberá comprender un único nivel de subsidiariedad, la misma dignidad para los niveles de gobierno, el derecho de las autonomías locales a administrar sus propios recursos financieros y el derecho de acceso a la justicia que, aunque puede evitar que la pérdida de control perjudique a las necesidades de las autoridades territoriales equilibrando las diferentes necesidades técnicas, no puede impedir que suceda. 
Quizás la idea de reforzar el vínculo a través del Comité de las Regiones sea la solución que todos necesitamos. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Sr. Napolitano por su excelente trabajo y voy a centrarme en el punto más controvertido de su informe, el apartado 8 (I). 
Opino que, como una consecuencia lógica y natural del cambio de la Unión Europea de un sistema basado en un tratado internacional negociado por diplomáticos a una unión política de naturaleza federal, basada en una constitución, habrá que revisar y consolidar los instrumentos de control constitucional. 
El argumento que defiende que el otorgamiento a determinadas regiones con poderes reconocidos constitucionalmente- poderes legislativos- de un derecho de acceso directo provocaría una saturación del Tribunal de Justicia, resulta poco convincente ya que, en tal caso, bastaría con hallar una manera de reforzar dicho tribunal y aumentar la robustez del sistema y su capacidad para hacer frente a la demanda. 
Además, tal y como acaba de decir el Sr. Duff, sería necesario facilitar el acercamiento de los ciudadanos al tribunal constitucional y la identificación de los canales a los que tienen acceso, no sólo en lo que respecta a las regiones, sino también en los casos de infracción de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Considero que este es un aspecto importante de la futura Constitución Europea. Por ello y para ser franca, opino que resulta exagerado presentar una imagen tan negativa de la oportunidad ofrecida por este informe, en la que es su sección más innovadora y original, tratándola como una especie de desastre inminente que posteriormente no podremos controlar. 
Asimismo, pienso que el compromiso que plantea encierra dos defectos principales, ya que propone el establecimiento de dos filtros que en sí mismos son inadecuados. 
El Estado no puede servir de filtro para las regiones porque, en muchos casos, resultaría una postura opuesta a la región y sus competencias. Por otro lado, el Comité de las Regiones, creado expresamente como un organismo débil, no se puede convertir en otro filtro de las competencias de las regiones porque, como mínimo, este hecho introduciría y reforzaría la idea de una falsa neutralidad, tal y como ha dicho el Comisario Barnier, y de una falsa igualdad entre las regiones. 
Esta igualdad no puede existir porque las competencias de las regiones son diferentes, y así debe seguir siéndolo. 
Señor Presidente, Señorías, el informe Napolitano aborda uno de los temas más polémicos a los que se enfrenta la Convención. Se trata de un asunto que pone a prueba el principio de subsidiariedad y el propio ideal de Europa como comunidad de diversidades, al tiempo que implica diferentes sistemas y tradiciones históricas nacionales con distintas posturas en lo que respecta a los poderes regionales. 
Me parece oportuno que la propuesta relativa a los poderes de la Unión no interfiera en los sistemas de cada Estado. 
No obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que determinadas constituciones nacionales confieren algunas competencias legislativas principales a las regiones. La Convención deberá reconocer este punto, pero evitando la creación de privilegios, la alteración del mercado interior y la eliminación de la necesidad de una Europa política. 
Por todas estas razones, creo que procede otorgar a las regiones con competencias legislativas el derecho de acceso directo al Tribunal de Justicia cuando sus prerrogativas se vean afectadas por medidas europeas. 
Pienso que sería un error ignorar el hecho de que algunos länder o regiones- en Alemania, Italia o España- son autoridades territoriales con una extensión mucho mayor que algunas de las entidades establecidas en los Estados nacionales. 
El consenso general en torno a este informe, reclamado acertadamente por el Sr. Napolitano, resulta imprescindible para el proceso constitucional, que debe facilitar la participación de los poderes regionales y locales en el futuro de Europa como comunidad. 
Señor Presidente, cuando hablamos de poderes locales entendemos todos lo mismo, pero en cuanto a los poderes regionales, existen distintos tipos de poderes regionales en Europa, algunos cuya capacidad legislativa está reconocida. Y es esta capacidad legislativa la que ha de permitir a estas regiones, a estos territorios, ejercer el derecho de recurso ante el Tribunal de Justicia cuando sus competencias puedan verse invadidas. 
El ponente dice que no hay que establecer diferencias entre las distintas regiones. 
Pero en su mismo país existen las regiones a statuto speciale, que tienen unas prerrogativas distintas. 
También pensamos que el principio de subsidiariedad no debe limitarse a la relación entre la Unión Europea y los Estados, sino pasar también a otros niveles de gobernanza. 
Hoy, en Europa, algunas regiones con capacidad legislativa son auténticamente naciones sin Estado, como lo es Cataluña, o, como seguramente dirá el orador que me seguirá en el uso de la palabra ,... 
Finalmente, a la cooperación transfronteriza corresponde también un elemento fundamental para la construcción europea, y saludamos que el informe Napolitano así lo reconozca. 
Señor Presidente, Señor Comisario, no descubro nada que no sepamos al insistir en la diversidad como una de las principales características de la Europa unida que estamos construyendo. 
Ello es una dificultad real, sí, pero nos debe motivar y no debe convertirse en la rama que no nos deja ver el bosque e impedirnos encontrar una arquitectura válida para que todos los eslabones institucionales, todos los poderes públicos democráticos existentes, puedan encontrar su espacio en la Europa común. 
En nuestra Unión todavía existen muchas deficiencias democráticas que debemos atajar. 
Una de ellas intentamos abordarla en este informe que debatimos hoy: la posición de las regiones y de los poderes locales, pero, sobre todo, de las entidades territoriales con competencias legislativas en la futura arquitectura comunitaria. 
Es necesario que en el Tratado de la Unión y en todas las normativas que se derivan del mismo sea obligatorio tener en cuenta la diversidad territorial e institucional que exista en el interior de los Estados miembros, incluidas las leyes electorales, a fin de que las regiones con competencias legislativas puedan constituirse en circunscripciones electorales al Parlamento Europeo. 
Es preciso que estas entidades constitucionales estén legitimadas para recurrir al Tribunal de Justicia si las decisiones comunitarias invadieran o menoscabaran sus competencias. 
Debe ser obligatorio que los Gobiernos de dichas entidades constitucionales participen en las reuniones del Consejo cuando se diriman asuntos que afecten a competencias exclusivas de aquéllas, como es el caso de la fiscalidad propia en el País Vasco. 
Y no se diga que hay demasiadas regiones, porque las entidades con competencias legislativas exclusivas no son tantas. 
Pero, incluso en el caso de que todas las regiones fueran constitucionales, mayor sería la necesidad y la razón para diseñar una arquitectura institucional europea donde tengan cabida todas ellas, donde todas tengan un lugar bajo el sol europeo. 
Señor Presidente, si el principio de subsidiariedad es uno de los pilares básicos del edificio europeo, si se quiere acercar las instituciones europeas a los ciudadanos y mejorar la democracia y la transparencia de las políticas comunitarias, si compete en gran medida a las colectividades subestatales aplicar las decisiones comunitarias y si, además, existen regiones con competencias legislativas que se ven directamente afectadas en su ámbito competencial por las políticas de la Unión, no se puede seguir negando la participación de dichas colectividades en el proceso de construcción europea. 
No estoy de acuerdo con quienes han afirmado que ésta es una responsabilidad de cada Estado miembro, que va en contra del principio de subsidiariedad. Porque la posibilidad de una participación de las regiones en la toma de decisiones que les afectan es consecuencia, y no causa, de la organización interior que cada Estado se ha dado. 
El informe Napolitano intenta definir el papel de los poderes locales y regionales en el proceso decisorio de la Unión. 
Pero es un intento demasiado tímido, que no da respuesta a las demandas de las regiones con competencia legislativa, que- desde su legitimidad democrática- tienen derecho a ser miembros activos del proceso de construcción europea. 
Las regiones con competencia legislativa, Sr. Napolitano, Comisario Barnier, quieren participar en el Consejo de Ministros cuando se traten cuestiones de su competencia y, contra lo que aquí se ha dicho, quieren poder recurrir ante el Tribunal de Justicia en caso de vulneración del principio de subsidiariedad. 
Una participación y una voluntad que constituirían, no una concesión gratuita, si así lo reconociera la próxima Constitución, sino un derecho de las regiones, como Cataluña, que la Unión Europea, y este Parlamento en especial, en tanto que representante de los pueblos de Europa, debe respetar si se quiere de verdad estar a la escucha de los ciudadanos. 
Señor Presidente, «Los Estados son el esqueleto de Europa y las regiones su carne y su sangre». 
Esta es la opinión del Presidente de Cataluña, el Sr. Pujol. 
En realidad, sucede que muchos ciudadanos se sienten de forma natural más cerca de las regiones y de los distritos- es decir, las unidades administrativas locales- que, en concreto, de las instituciones europeas. 
Además, las autoridades regionales y locales son las responsables de aplicar un gran número de decisiones comunitarias. 
Por lo tanto, sería justo reforzar el papel que desempeñan ahora que están siendo revisados los modos europeos de gobernanza. 
La implicación de estos organismos debería realizarse desde una etapa más temprana, llevando a cabo algún tipo de procedimiento consultivo cada vez que se formulen propuestas. 
Tal y como se presenta en el informe, por ejemplo, estas autoridades pueden desempeñar un papel importante en lo que respecta a las fases de evaluación y seguimiento, así como en la comprobación de la aplicación del principio de subsidiariedad. 
Aunque desde esta Cámara no podemos resolver los conflictos constitucionales internos, debemos dejar claro que otorgamos gran importancia a los niveles local y regional, y especificar este aspecto en el tratado. 
Por consiguiente, sería estupendo incorporar, por ejemplo, el estatuto de las autoridades locales y regionales. 
Me gustaría que se introdujera el menor número de cambios posible en este informe. 
Estoy convencida de que constituirá una excelente base de debate en la Convención, por ejemplo. 
Señor Presidente, Comisario Barnier, Señorías, con este informe, el Parlamento inicia el nuevo año de un modo excelente, tan excelente que he olvidado ponerme la corbata. 
Señorías, el mensaje político de este informe indica que el Parlamento de Europa trata de acercarse cada vez más a sus regiones y abandona así su anterior actitud, que resultaba algo distante. 
En lo que respecta al derecho de recurso de las regiones, me alegra que hayamos llegado a un acuerdo. 
Hemos acordado que la situación exige que las regiones deberían tener la opción de interponer demandas ante el Tribunal de Justicia Europeo. 
Asimismo, coincidimos en que, por otro lado, los Estados miembros deben ejercer algún tipo de control en este punto. 
En la práctica, esto significa que sólo falta por decidir cuál será el papel de los Estados miembros. 
Señor Corbett, su solución de compromiso propone que las regiones sólo puedan realizar sus peticiones a los Estados miembros. 
Sin embargo, desafortunadamente, esto no supondría ningún avance ni representaría compromiso alguno, puesto que es algo que las regiones ya pueden hacer. 
Además, su solución de compromiso presenta el gran inconveniente de que estaríamos haciendo justo lo que nos avisó que no hiciéramos, ya que acabaríamos interfiriendo en la relación entre las regiones y los Estados miembros, recomendando la forma que ésta debería adoptar. 
Por este motivo, quisiera recomendarles nuevamente la propuesta de compromiso 24, que permitiría a las regiones recurrir bajo la supervisión de los Estados miembros, por así decirlo. 
Esto permitiría hallar soluciones flexibles en todos los Estados miembros, soluciones que pueden adoptar en Alemania una forma diferente que en Gran Bretaña. 
Por esta razón, les pido realmente que reconsideren este punto. 
Se trata de un tema conflictivo que afecta a las regiones, que esperan recibir alguna señal nuestra. Me alegraría que mañana pudiéramos unirnos para enviar esa señal que esperan. 
Señor Presidente, en su proyecto de informe original, nuestro ponente, el Sr. Napolitano, ha descrito con bastante acierto el doble reto que plantea, por un lado, considerar el apego de los ciudadanos a sus raíces locales y regionales y, por otro, pasar de quince a veinticinco Estados miembros, sin debilitar a las instituciones. 
Por lo tanto, hay que ofrecer a los poderes regionales y locales la oportunidad de contribuir a la elaboración de las políticas comunitarias y, cuando corresponda, de promoverlas, sin reemplazar en ningún momento el papel de los Estados miembros y los ciudadanos de la Unión, sobre los que descansa en última instancia la legitimidad legal y política. 
La Unión Europea no debe interferir de ningún modo en la organización territorial de sus Estados miembros. 
Además, los Estados miembros pueden organizar libremente, cada uno por su lado, la participación de las regiones en sus procesos de toma de decisiones. 
El papel del Comité de las Regiones debería ser el de consultar a las regiones en el nivel comunitario y defender sus intereses. 
Este proceso debería aplicarse igualmente al control del principio de subsidiariedad. 
En contra de lo que acaba de decir el Sr. Wuermeling, el Comité de las Regiones nunca había tenido hasta ahora el derecho de invocar al Tribunal. 
Cualquier otra solución conduciría inevitablemente a la construcción de una Unión inactiva e ineficaz. 
Puesto que una votación ajustada en la comisión ha alterado el delicado equilibrio asegurado por nuestro ponente, ahora corresponde al Parlamento la tarea de restablecerlo mediante la votación de la enmienda 17 presentada por el Sr. Corbett, la cual pretende sustituir los apartados 8 y 9 de la propuesta de resolución. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tenemos que reconocer que estamos hablando de un informe de política regional de mucho calado y envergadura, que aboga por que las regiones sean protagonistas activas de su futuro europeo. 
Por ello, hay que seguir insistiendo en conseguir que esta Cámara mantenga el informe del Sr. Napolitano, elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que incluyó, entre otras cosas, el reforzamiento del papel de las regiones en la participación de la toma de decisiones, la adaptación de la legislación comunitaria y el derecho al recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Sería pertinente- como así lo señalé en una enmienda al informe Napolitano- que se pidiera a la Convención que garantizara la inclusión en la Constitución Europea del famoso apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE, que trata de la aplicación singular de las disposiciones comunitarias en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el asunto abordado por el informe Napolitano no es nada sencillo, especialmente cuando se analiza con el proceso actual de construcción de la Unión Europea como telón de fondo. Sin embargo, aunque no sea un asunto fácil de resolver, el ponente lo ha enfocado de un modo equilibrado, por no decir bastante pragmático, digno de elogio. 
De hecho, existe una tensión innegable entre la dimensión supranacional y la regional: una tensión de carácter histórico, ya que cuanto más tendía el desarrollo europeo hacia el nivel supranacional, más nos olvidábamos- lamento decirlo- de que, dentro de varios Estados, se registraban procesos de regionalización con características y enfoques sobre la descentralización diferentes a los que se producían en la Unión Europea. Por lo tanto, se ha creado una especie de zona gris, ha habido injusticias, si tenemos en cuenta lo sucedido en los últimos años. 
Hemos observado un proceso de europeización de los poderes otorgados a las regiones por las Constituciones. 
Hemos contemplado la escasa o nula participación de las regiones en los procesos de toma de decisiones comunitarios. Hemos sido testigos de la transferencia de responsabilidades de los Estados a la Comunidad y, por tanto, de la pérdida de competencias interactivas conferidas a las regiones por las Constituciones nacionales. 
Los länder participan en el proceso legislativo federal a través del Bundesrat y las regiones italianas disponen de poderes de iniciativa en el plano nacional. 
Además, las regiones se ven todavía más perjudicadas porque ya no cuentan con garantías en lo que respecta a la protección jurisdiccional en caso de cercenamiento de sus competencias. 
Considero que el informe Napolitano trata por todos los medios de ofrecer una respuesta legal muy interesante a todas estas cuestiones. 
Es la base para un debate que se celebrará formalmente en la Convención, probablemente a principios de febrero. 
Aunque quizás resulte necesario reflexionar con mayor detenimiento sobre algunas enmiendas en las que se hace demasiado hincapié en el acceso a un Tribunal Constitucional, el informe y las enmiendas presentadas permitirán al Parlamento proporcionar a la Convención un plan para la construcción de la Europa de los ciudadanos que todos deseamos. 
Señor Comisario, señor Presidente, quisiera hablar a favor de la igualdad entre regiones. 
El hecho de que algunas regiones tengan competencias legislativas no significa que puedan disfrutar de derechos adicionales o más amplios que otras. 
De lo contrario, estaríamos estableciendo una ciudadanía de dos velocidades, con europeos de primera y de segunda clase. 
Corresponde a cada Estado la concesión de poderes a sus regiones si así lo desea. 
Esta cuestión está siendo objeto de debate en varios de nuestros países, especialmente en el mío, Francia, aunque no sólo aquí. 
Corresponde a cada Estado consultar a sus autoridades locales y a sus regiones dentro del contexto de las políticas europeas y su transposición. 
Aunque los Estados miembros no llevan a cabo este proceso del todo bien y podrían hacerlo mejor, al menos supone un buen comienzo. 
Quisiera señalar que la Unión Europea no es la suma de sus regiones. Se trata de una Unión de Estados y personas. 
Cada Estado debe seguir controlando su organización interna, tanto en el nivel institucional como en el territorial. Así aparece reflejado en la redacción actual de los Tratados, cuyo espíritu y texto debemos conservar. 
Ningún país puede argumentar que su sistema es mejor que el de otro. 
Ningún país puede imponer su sistema sobre el de los demás. 
Europa es un contrato, no un imperativo. 
Para resumir, afirmaría lo siguiente: debemos decir sí a la existencia de regiones fuertes y fraternales en el seno de la Unión Europea, sí a regiones que cooperen más allá de sus fronteras, pero debemos decir no a una Europa de las regiones, que acabaría convirtiéndose en una Europa de geometría variable e injusta. 
Señor Presidente, quiero pedirle que se ocupe usted, si es tan amable, de que nuestra enmienda 24, que no ha sido repartida con las otras enmiendas al informe Napolitano, esté a disposición de todos los miembros de esta Cámara para las votaciones de mañana. 
Señor Méndez de Vigo, comparto su opinión, y si la enmienda no ha sido repartida, daremos instrucciones para que así se haga y tenga las mismas oportunidades que las otras 23 enmiendas. 
Tiene la palabra el Sr. MacCormick para una cuestión de orden. 
Sí, señor MacCormick, porque según los datos de que dispongo, por decisión del Pleno de este Parlamento se procederá a la votación mañana. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0451/2002) de la Sra. Swiebel, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2001) (2001/2014 (INI) ). 
Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar mi intervención dando las gracias a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia e Interior, así como a la Sra. Joke Swiebel, por habernos brindado la oportunidad de debatir hoy la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea durante el año 2001 en sesión plenaria. 
El informe que les ha sido presentado hoy es un documento a la vez vasto y ambicioso, ya que su intención es proporcionar una visión general de la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea y sus Estados miembros, y también porque hace un llamamiento a las autoridades nacionales y a las instituciones europeas para que adopten medidas prácticas. 
A título de ejemplo mencionaré la necesidad de seguir una política coherente de lucha contra la discriminación- todas las formas de discriminación- y para promover la integración de las sociedades europeas con el fin de evitar las manifestaciones de racismo y xenofobia y de proteger los derechos que sustentan la ciudadanía europea. 
El Informe Anual del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión es un instrumento importante porque supone dar la debida consideración a estos derechos, tanto a escala europea como en cada Estado miembro, tanto dentro de la actual Unión como en una Unión de 25 Estados miembros. 
Por su parte, la Comisión tiene un interés directo en el informe que habrá de votar el Parlamento, ya que, como acaba de señalar la Sra. Swiebel, también se nos pide que aprobemos un conjunto de acciones prácticas. 
Por mi parte, me comprometo a estudiar con gran cuidado todas las recomendaciones que el Parlamento desee hacernos, y nosotros, por supuesto, adoptaremos las medidas adecuadas para garantizar que se llevan a cabo. 
La Comisión siempre ha sido ecuánime con los retos que el Parlamento le ha planteado y creo que juntos hemos asumido estos retos de un modo positivo, con el fin de desarrollar una cooperación fructífera entre las dos instituciones en este terreno. 
Un excelente ejemplo de esta cooperación es con toda seguridad la creación por parte de la Comisión- siguiendo a la resolución del Parlamento de julio de 2001- de una red de expertos en el campo de los derechos fundamentales. 
En esta resolución, basada en el informe del Parlamento para el año 2000, elaborado por el Sr. Cornillet, el Parlamento expresó de forma clara su compromiso con la adopción de un enfoque serio y práctico para la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pidiendo que se pusiera en marcha un instrumento de control adecuado y que se realizara una evaluación de la situación de los derechos fundamentales, tanto en los Estados miembros como en la Unión Europea. 
La Comisión, al igual que el Parlamento, está convencida de que es esencial estar bien informado sobre el estado de protección de los derechos fundamentales para poder evaluar la calidad de esta protección, y esta evaluación deber ser siempre rigurosa y eficaz. 
Esta es la tarea de la Red de Expertos en Derechos Fundamentales. 
Esta red permitirá tanto al Parlamento como a la Comisión permanecer vigilantes para garantizar que se cumple la Carta de Derechos Fundamentales y que ésta recibe la debida consideración. 
Opinamos que se debe permitir que la red trabaje y comience a publicar sus resultados antes de seguir adelante con más soluciones institucionales complejas, como la creación de un centro de seguimiento. 
En la misma línea, esta red se verá obligada a proporcionar información al Parlamento y el Consejo sobre el delicado tema del equilibrio entre la seguridad y al libertad en la lucha contra el terrorismo, un ámbito que será objeto de especial atención en el informe que se está elaborando actualmente en el marco de la actividad de la red. 
Esta red de expertos en el terreno de los derechos fundamentales comenzó a funcionar en octubre de 2002, y el informe que está redactando debe tener en cuenta los cambios de la legislación nacional, la jurisprudencia de los tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo y la jurisprudencia relevante de los tribunales constitucionales y otros tribunales de los Estados miembros. 
En este contexto, la importancia del papel que tanto el Parlamento como la Comisión están llamados a desempeñar tiene dos vertientes: Por una parte, tener una idea aún más clara de la situación en el campo de los derechos fundamentales en los Estados miembros para adoptar las acciones y decisiones necesarias en este terreno de una forma ajustada y precisa en virtud de los poderes conferidos a las instituciones europeas por los Tratados. Por otra parte, mostrar a los ciudadanos europeos que la protección de los derechos fundamentales es algo más que una simple declaración política, ya que representa una preocupación real de las instituciones europeas. 
Con este fin, me gustaría recordar que el hecho de situar los derechos fundamentales en el centro de la construcción europea significa defender la tesis de que la Convención sobre el Futuro de Europa y la posterior Conferencia Intergubernamental deben incluir la Carta de los Derechos Fundamentales en el Tratado Constitucional de la Unión y darle validez legal vinculante. 
La Unión Europea es una zona de libertad, seguridad y justicia que no proporciona una protección rigurosa de los derechos fundamentales. 
La redacción de un Tratado de naturaleza constitucional, una auténtica Constitución Europea, de la que forma parte la Carta de los Derechos Fundamentales, y que al mismo tiempo y paralelamente autorice a la Unión Europea a suscribir el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es un reto de enorme importancia al que debemos enfrentarnos y que debemos superar. 
Al mismo tiempo, sin embargo, es preciso realizar una evaluación pragmática y eficaz de la calidad de la protección de los derechos fundamentales. 
Este informe, el debate en esta sesión plenaria y la resolución final del Parlamento constituirán sin duda una contribución de importancia capital a las acciones de la Comisión para el año que viene en el campo de los derechos fundamentales. 
Señor Presidente, aunque no deseo restarle valor al trabajo realizado por la Sra. Swiebel, quisiera ser ligeramente crítico con este informe, ya que creo que no ha sabido aprovechar su oportunidad y me temo que tal vez no tenga objeto alguno. 
Como ha señalado el Comisario Vitorino, el año pasado el Parlamento estableció de forma clara una serie de puntos que se basaban en el nuevo hecho de la adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales, que esperamos y rogamos que pasen a constituir el preámbulo de una constitución. 
Por lo tanto, existen tres puntos: la redacción de un procedimiento, sobre el cual volveré más adelante; la creación de recursos, ya sean parlamentarios o externos, que nos ayuden sin reemplazarnos, y que sin embargo estuvieran disponibles para la red de expertos; y por último, el llamamiento a la acción conjunta, es decir, trabajar con los tres ponentes- el de este año, el del año pasado y el del año que viene- para poder establecer un consenso, siempre y cuando este trabajo se refiera a hechos y por lo tanto no sea, a priori, demasiado polémico. 
Desgraciadamente, la idea no ha calado y mi opinión es que este informe es más una reflexión sobre las ideas de la ponente que un análisis extensivo, que hubiera sido lo deseable. La metodología podría resumirse del siguiente modo: la Carta en su totalidad y nada más que la Carta. 
Este análisis nos daría la oportunidad de comprobar si los Estados respetan la Carta de los Derechos Fundamentales o no. Además debería llevarse a cabo un análisis valor por valor, en los capítulos relativos a la solidaridad, lo cual permitiría dar una visión general de todos estos grandes valores, y averiguar así si estos valores se respetan dentro de la Unión Europea. 
Esta es una gran oportunidad para ir más allá de la aplicación estricta de la Carta en lo que respecta al hecho de que la legislación de la Unión de Estados establezca excepciones a la legislación de la Unión, y el Parlamento tenía ahí una gran oportunidad para adquirir el poder de controlar las acciones de los Estados, que nadie puede cuestionar en un Parlamento, con respecto a la libertad pública. 
Así pues, creo que era necesaria cierta humildad para cumplir esta tarea tan laboriosa. 
Naturalmente, esto no impidió que se hiciera mayor hincapié en una serie de temas preferidos por los ponentes, cosa que ha posibilitado este año el terrorismo, tras los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. 
Existen otros medios de acción, resoluciones, en ocasiones, directivas, etc. También podemos convocar una nueva Convención, como acabo de señalar. 
También podemos protestar en nuestros países, ya que cada Estado miembro es libre de ir más allá de los objetivos mínimos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para criticar muy brevemente una determinada actitud que considero muy irresponsable y populista, y que ha permitido que se reconsideren algunas enmiendas propuestas por la extrema izquierda y el grupo de los Verts/ALE, gracias, diría yo, a la complicidad del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Este es un hecho que detesto personalmente, porque actuando de este modo se han aceptado cosas que no estaban en ningún programa de ningún partido socialista de ningún país. 
Señor Presidente, a modo de conclusión, me gustaría expresar mi pesar. 
Tenemos ante nosotros un informe que podría haber sido anticipado por la prensa, que podría haber sido temido por los Estados miembros, y que podría haber servido de guía para marcar nuestra posición. 
Desgraciadamente, me temo que el informe del año 2001, que además fue adoptado demasiado tarde, acabe siendo enterrado junto con otros informes inútiles. 
Como el PPE-DE no tiene la intención de unirse a dicho entierro, yo votaré en contra. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a este informe y agradecer a la ponente su trabajo y quiero dar también la bienvenida a las palabras del Comisario Vitorino en relación con el procedimiento que se debe seguir para poder celebrar un verdadero debate anual sobre los derechos humanos en la Unión Europea. 
Éste ha sido, históricamente y para vergüenza de este Parlamento, un informe conflictivo. 
En esta casa somos capaces de decidir semanalmente cuáles son los problemas de los derechos humanos en cualquier rincón del mundo, pero no somos capaces de ponernos de acuerdo una vez al año sobre cuáles son los estándares que se deben cumplir en el seno de la Unión Europea en relación con los derechos fundamentales. 
La Carta debería ser un buen instrumento para medirlos. 
Estamos en el buen camino, evolucionan las fórmulas para poder hacer un trabajo conjuntamente con la Comisión. Un trabajo de control político, como decía la ponente, de cuál es el estándar de cumplimiento, en cada uno de los Estados miembros, de los derechos fundamentales en la Unión. 
Mientras esto sucede, mientras vamos evolucionando, deberíamos ser todos lo suficientemente generosos como para hacerlo juntos y hacerlo bien. 
Me parece que el informe de la Sra. Swiebel es un informe equilibrado, porque es un informe sincero, transparente, menciona las fuentes, sin valorarlas, no nos obliga a votar a favor o en contra de determinados hechos, sino que llama la atención en relación con unas denuncias que existen y que los ejecutivos deben comprobar y valorar. 
Le recuerdo al Sr. Cornillet que este informe siempre ha sido polémico. 
El año pasado, sin ir más lejos, Sr. Cornillet, su informe, que, según usted, iba por el buen camino, fue aprobado con la totalidad de los votos de los socialistas y con más de cien votos de su propio Grupo en contra y sólo 38 a favor. 
Creo que entre todos podemos hacer un esfuerzo para encontrar el camino principal de la evolución positiva del control de los derechos humanos en el seno de la Unión Europea. 
Señor Presidente, deseo comenzar dando las gracias a la ponente. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas da su apoyo al informe de la Sra. Swiebel. 
Creemos que el informe nos aporta un estudio importante y útil acerca de la situación de los derechos fundamentales dentro de nuestra Unión Europea. 
Por supuesto, podemos sacar a discusión el tema del alcance del informe en lo que respecta tanto a la elección de temas como a su contenido político. 
También podemos discutir una serie de expresiones y ejemplos, pero creo que probablemente podremos aprender de este trabajo a tiempo para el informe del año que viene. 
Por lo tanto, no estamos de acuerdo con las críticas de fondo que se han hecho al informe. 
Exigimos que muchos otros países cumplan las exigencias en materia de derechos fundamentales. 
Por esta razón, es aún más importante que examinemos qué tipo de orden existe en nuestra propia casa. 
Es positivo mirar a otros lugares, pero a veces es bueno centrar la mirada en nuestra propia situación. 
Desgraciadamente, existen demasiados indicios en este informe de que la situación podría haber sido significativamente mejor en nuestros propios países. 
Todos estamos de acuerdo en cuanto a la importancia de hacer todo lo posible por combatir a aquellos que utilizan la violencia y el terrorismo para dañar los cimientos de nuestra sociedad. 
Por supuesto, existe un amplio consenso en este tema. 
Quizás haya, sin embargo, razones para levantarse y preguntarnos a nosotros mismos si el fin justifica siempre los medios. 
¿Es posible que los medios represivos que las democracias se ven a veces obligadas a adoptar en la lucha por la democracia y la sociedad abierta constituyan también una amenaza para los valores que estamos defendiendo? 
Esta es una pregunta que merece respuesta. 
Hacer una norma para introducir cláusulas suspensivas, es decir, poner límites de tiempo para un tipo de legislación tan especial como la referente a la violación de la intimidad personal, nosotros creemos que constituye una vía hacia el fracaso. 
Un tema adyacente y actual que está relacionado sólo indirectamente con éste es el de la tortura en Estados Unidos, abordada por ejemplo por la revista The Economist, lo cual evidentemente también influye en Europa. 
Los liberales también acogemos con satisfacción la discusión sobre las condiciones inadecuadas de muchas prisiones en la UE, así como la acción de la policía. 
Estoy convencido de que las instituciones democráticas son suficientemente fuertes como para soportar un debate de estas características. 
Nuestra democracia es también suficientemente fuerte para permitir que sus expedientes se debatan abiertamente. 
Mi propio país también es objeto de críticas en este informe. 
El informe de la Sra. Swiebel es importante, como lo es que el debate sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo tengan lugar aquí en el Parlamento. 
Así pues, no hagamos de este debate una cuestión interna o nacional. 
Se trata de algo mucho más amplio. 
Permítanme que concluya resaltando la política de asilo y de refugiados dentro de la Unión Europea Se han cometido muchos delitos contra los derechos fundamentales, y siguen cometiéndose, en este campo. 
En particular, los hijos de los refugiados sufren este tipo de situaciones, y esta es una cuestión que debería avergonzar a todos los gobiernos. 
Si no conseguimos ponernos de acuerdo en nada más, deberíamos ser capaces en esta Asamblea de ponernos de acuerdo al menos en que todos los niños necesitan protección adicional. 
La formación de la opinión es importante. 
No lo olvidemos. 
Tal vez debamos mirar lo que pasó el fin de semana en Estados Unidos como prueba del hecho de que la formación de una opinión pública puede resultar también muy efectiva. 
Tenemos enmiendas del Grupo ELDR en los temas de las relaciones familiares y el concepto de familia. 
Señor Presidente, en su intervención la ponente comienza diciendo que el derecho a la vida y la dignidad humana son los derechos esenciales, y yo coincido completamente con ella; y para esa vida digna, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a una vivienda son imprescindibles. 
El informe recuerda muy bien que siete Estados miembros incumplen los principios de la Carta Social Europea, por ejemplo con respecto al acceso de los extranjeros al empleo y a sus derechos de reunión y sindicación. 
Como dice también el ponente de la Comisión de Asuntos Sociales, hay una tendencia a limitar los derechos sociales y económicos al hilo de las reformas del mercado de trabajo. 
Sólo me refiero a algunos aspectos, señor Presidente, por razones de tiempo. 
El ACNUR expresa también su preocupación por la creciente tendencia a vincular solicitantes de asilo con posibles delincuentes o terroristas, sobre todo después del 11 de septiembre. 
Yo creo que sería imprescindible, y lo recuerda también la ponente, una política común de asilo e inmigración que respete los derechos humanos. 
Deberían evaluarse las repercusiones de las medidas antiterroristas en el Estado de Derecho y los derechos humanos, sobre todo en los derechos de los solicitantes de asilo y de los inmigrantes. 
En España asistimos cada día, señor Presidente, a una tragedia sin límites de los que acuden a buscar una vida mejor. 
Por último, señor Presidente, la Comisión de Peticiones, a través del informe de su ponente, recuerda que la agrupación familiar, el derecho al asilo, la libre circulación, son problemas cotidianos en la Unión Europea. 
No entiendo muy bien las propuestas de algunos miembros de esta Cámara de que se menosprecie el carácter fundamental de este informe. 
Señor Presidente, Señorías, en lugar de examinar en detalle ciertas declaraciones altamente discutibles del informe Swiebel, y que además son muchas, me gustaría ilustrar con ejemplos la distancia que existe entre nuestras intenciones aquí expresadas y lo que sucede en la práctica. 
En teoría nos encontramos en una zona europea, una zona jurídica que es supuestamente un área de libertad: libertad de pensamiento y libertad de expresión. 
Bien, pues parece que no todo el mundo goza de esta libertad. 
Como prueba de ello, sólo necesito mencionar un ejemplo de mi propia ciudad, Lyon. Un joven historiador, sobre el cual ya he llamado la atención anteriormente, el Sr. Jean Plantin, se encuentra actualmente en peligro de que se le retire la suspensión de su sentencia y de convertirse en el primer preso de conciencia de Francia. 
Un periódico perfectamente normal. Un periódico que no hace daño a nadie. 
Un periódico serio y científico. Es cierto que este periódico discute la historia libremente y, en particular, lo que parece ser un tema tabú: la historia de la Segunda Guerra Mundial. 
Los intereses de determinados grupos de opinión, de presión, de determinadas fuerzas políticas y de determinados Estados extranjeros son tan grandes que no resulta difícil entender su deseo de asegurarse de que exista una única versión oficial y unilateral de este capítulo de la historia. 
Permítanme decir, sin embargo, que los magistrados del Tribunal de Apelación de Lyon, al condenar a Jean Plantin, han emitido un juicio que, como poco, no hace honor a nuestras libertades fundamentales y que pasará a los anales de la historia como un ejemplo de persecución del pensamiento denunciada por una de nuestras más excelsas periodistas. 
No puedo aceptar que los historiadores de hoy puedan ser encarcelados, como en otros países europeos, por sus ideas, sus creencias y sus análisis. 
Esta situación es absolutamente intolerable, como lo es la retirada de los títulos universitarios obtenidos por Jean Plantin hace más de diez años. 
Es necesario poner fin a esta situación inaceptable. 
Señor Presidente, la protección de los derechos fundamentales constituye sin duda alguna uno de los elementos motores de la actual evolución de la Unión Europea. 
Por ello, la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales, en diciembre del año 2000, fue un acontecimiento sin precedentes en el marco del reconocimiento de una Unión cada vez más próxima y cada vez más sensible a las necesidades de sus ciudadanos. 
El Parlamento Europeo, institución especialmente sensible en cuanto a la protección de los ciudadanos se refiere, no dudó en hacer de ella el instrumento rector de su informe anual sobre el respeto de los derechos fundamentales de la Unión, cuya finalidad es la evaluación del grado de cumplimiento de los derechos recogidos en la Carta en un año de referencia. 
En este contexto, entiendo que esta resolución anual constituye una oportunidad magnífica para que el Parlamento Europeo demuestre su interés por la salvaguardia de los derechos fundamentales, así como por controlar la aplicación de los mismos, sobre todo contando con la inestimable ayuda de la red de expertos a la que el Sr. Comisario se ha referido y cuyos trabajos tuve el honor de inaugurar en su compañía. 
Además, para no quedar debilitado en esta tarea, considero fundamental que el Parlamento Europeo trate de recabar el mayor grado de consenso posible, buscando aunar la posición de los grupos políticos y así erigirse en verdadera institución de control del cumplimiento de los derechos fundamentales de la Unión. 
Sin embargo, lamentablemente, tengo que reconocer que ésa no ha sido la situación, sino todo lo contrario. 
Optar por incluir versiones partidistas en asuntos como la familia o el trato que los extranjeros han de recibir en territorio europeo no hacen sino ensombrecer las otras importantísimas materias a las que se refiere el texto, como la lucha contra el terrorismo o contra la tortura. 
En efecto, el informe que ha llegado a nuestros manos para su votación en el Pleno, va más allá de su propio objetivo y desvía la atención de lo importante- evaluar si los derechos han sido respetados o no- hacia lo partidista, que consiste en adoptar posicionamientos sobre ciertos temas todavía en curso de discusión en el marco de otros informes y que incluso reflejan posiciones diferentes a la que el Gobierno del color de la ponente mantiene en el Consejo. 
Por ello, lamentablemente, tengo que participar que mi Grupo se verá obligado a votar en contra del informe, por la imposibilidad de respaldar un texto que no se ajusta a su finalidad ni a la continuidad marcada por sus antecesores. 
Señor Presidente, votaremos a favor de las escasas recomendaciones que defienden los derechos fundamentales, que denuncian el racismo y la xenofobia, o que se oponen a la pena de muerte, aunque probablemente sigan siendo sólo meras recomendaciones. 
¿Cómo podemos hablar de derechos fundamentales cuando el derecho al trabajo y el derecho a un salario decente no están garantizados porque la decisión depende de una minoría adinerada que tiene el poder mayestático de cerrar sus empresas y dejar a sus empleados hundidos en la pobreza? 
¿Qué sentido tienen las declaraciones de solidaridad cuando, en Francia, por ejemplo, con el pretexto de la seguridad, endurecemos las leyes contra los pobres en lugar de luchar contra la pobreza? 
Este informe en sí mismo ilustra lo que valen estos llamamientos a la igualdad y a la dignidad, puesto que su deseo es intensificar la lucha contra la inmigración ilegal, considerándola como la responsable de que los trabajadores se vean privados de sus derechos y se encuentren sometidos a condiciones inaceptables de empleo y explotación. 
¿Por qué no propone este informe luchar contra aquellos que imponen unas condiciones de explotación inaceptables? 
¿Por qué no propone luchar contra los gobiernos que privan a los inmigrantes de sus derechos fundamentales? 
Ustedes hablan de derechos y libertades. 
Sin embargo, para los más empobrecidos, e incluso para la clase trabajadora, que es mayoritaria en nuestra sociedad, estas son palabras huecas. 
En esta sociedad, basada en el comercio, el dinero confiere todos los derechos, incluido el derecho a pisotear los derechos y libertades de otros. 
Señor Presidente, me gustaría comenzar mi intervención dando las gracias a la Sra. Swiebel por su excelente trabajo o, al menos, lo que nosotros consideramos un excelente trabajo. 
Estamos de acuerdo con el contenido del informe y, sobre todo, compartimos el valiente enfoque que la ponente ha adoptado al nombrar, dando detalles específicos y prácticos, a los Estados que han violado los derechos humanos o que no han firmado o ratificado los convenios internacionales sobre la protección y la defensa de los derechos humanos. 
Entre los numerosos temas que trata el informe, como muestra este debate, hay dos que son especialmente importantes y delicados. En primer lugar, la preocupación de que una lucha ciega contra el terrorismo pueda conducir, si no ha sucedido ya, a bajar la guardia en la promoción, protección y defensa de los sacrosantos derechos civiles y humanos. 
A este respecto, hay ya personas en Estados Unidos que quisieran que se instaurara la tortura legal. 
Este es un debate que nos preocupa enormemente y que debemos combatir con firmeza, empleando las armas que nos otorgan las leyes y la legislación para oponernos a las armas de la violencia, en la medida en que esta pueda considerarse legal. 
La otra cuestión que la ponente ha resaltado con gran valentía es el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo. 
En nuestra opinión, también debemos recoger en nuestra legislación el derecho de los individuos a la libertad en un sentido amplio, que es la libertad verdadera. 
Como han señalado otros diputados, será necesario prestar más atención al trabajo de la Comisión y del Consejo en el campo de los derechos humanos. 
Nosotros, los eurodiputados radicales, condenamos el hecho de que demasiado a menudo el fracaso de las instituciones europeas a la hora de emprender acciones en el ámbito del respeto a los derechos humanos, tanto en terceros países como en los países de la Unión, tenga consecuencias graves y catastróficas para los ciudadanos y las propias instituciones. 
Los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea, así como lo que se denomina la cláusula democrática, carecen de todo significado, gracias, en primera instancia, al Consejo y a la Comisión. 
Para expresarlo de un modo más simple, el principio de los derechos humanos y la defensa de los mismos son completamente teóricos. 
De nuevo, en lo que se refiere a los artículos 6 y 7 del Tratado, el Parlamento Europeo ha utilizado, por primera vez, el procedimiento previsto en el artículo 108 del propio Reglamento para pedir una acción comunitaria contra Italia por la grave y continua violación de los derechos humanos y del Estado de derecho en relación con la ausencia persistente e ilegal del plenum que exige la Constitución, por parte del Parlamento italiano y del Tribunal Constitucional. 
Las vulneraciones en Italia continúan siendo muy frecuentes. 
Hace unos días, el Parlamento italiano estableció el llamado «42 bis» , el régimen de detención especial, cuya aplicación, según nuestras pruebas documentadas, equivale a una verdadera tortura dentro de una democracia. 
El propio Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha declarado que esta ley es antiliberal, pero necesaria. 
Hablaremos de ello en otra ocasión. 
Mientras tanto, los diputados radicales votaremos con convicción a favor del informe de la Sra. Swiebel. 
Señor Comisario, usted se ha referido a este informe calificándolo de vasto y ambicioso. 
Tomaré estos dos adjetivos como base para lanzar una serie de puntos de reflexión. 
Es sin duda vasto, quizás demasiado en relación con los temas tratados. 
¿Es ambicioso? 
No es ambicioso en sus conclusiones, que se limitan a unos cuantos objetivos políticos, que son los mismos de siempre. 
De hecho, la ponente pone ingredientes demasiado diferentes y escasamente relacionados en la misma coctelera con la esperanza de que el resultado sea un cóctel digestible y equilibrado con un enfoque que pueda someterse a aprobación por parte de todos los Estados miembros, un enfoque que incluye principios comunes y compartidos en los que la legislación y las posiciones se basan en el empeño de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. 
Junto a una serie de principios que apoyamos, por ejemplo en el campo de la lucha contra la discriminación y la xenofobia, la ponente incluye de hecho una iniciativa que es demasiado partidaria en el capítulo de la libertad, llegando hasta el punto de incluir en el surtido a la policía, los sistemas jurídicos y los medios de comunicación de algunos- sólo algunos, tomen nota- Estados miembros por hechos relacionados con disturbios callejeros provocados por los Black Blocks y sus seguidores vestidos con trajes blancos. 
La ponente se ha visto influenciada por magros consejos del tipo que podemos imaginar fácilmente- por parte de intereses partidistas y de partido- y ha desaprovechado y eliminado la oportunidad de presentar un debate serio sobre los derechos humanos, perdiéndose en polémicas vacuas y acusaciones gratuitas propias de debates de bajo perfil. 
Del mismo modo, el modelo de familia que propone la ponente es completamente inaceptable. Dicho modelo se encuentra en concordancia con sus creencias personales, pero contrasta con la actitud de la amplia mayoría de los ciudadanos europeos, que no ven las uniones homosexuales y el derecho de adopción como la fórmula ideal sobre la que debe construirse la sociedad europea del mañana. 
Señor Presidente, para la elaboración de su informe, mi colega, la Sra. Joke Swiebel, ha escogido un método de trabajo muy exigente. 
Dirige sus críticas en materia de derechos humanos directamente a los países, señalándolos por su nombre. 
Este método describe un contexto específico para cualquier evaluación de la situación de los derechos humanos en Europa, pero cualquiera que emplee tal método tiene la enorme responsabilidad de garantizar que el escenario presentado es exacto. 
Desgraciadamente, no es el caso de este informe. 
El punto 27 da al lector la idea de que no hay una alternativa viable al servicio militar en Finlandia. 
En el informe se pide a Finlandia y a Grecia que reconozcan el derecho de objeción de conciencia al servicio militar sin restricción y sin referencia a ningún tipo de razones religiosas. 
Sin embargo, este derecho existe en Finlandia desde 1931. 
Según las leyes actuales, cualquier persona que esté obligada a prestar el servicio militar puede elegir en la práctica una forma no militar de prestar servicio. 
Cada año, unas 2 500 personas ejercen este derecho, lo cual constituye un 7% de todas las personas convocadas. 
Alrededor del 80% prestan su servicio militar y un poco más del 10% está exento. 
La preocupación expresada en el informe se refiere supuestamente al hecho de que en Finlandia el tiempo que se dedica a la prestación del servicio alternativo no militar es el doble del periodo mínimo de servicio. 
También se expresa preocupación por el hecho de que exista un total de 20 personas en prisión por negarse y no estar dispuestas a cumplir sus deberes cívicos en ningún modo. 
La razón por la cual en Finlandia el tiempo de realización del servicio no militar es mayor tiene que ver con que las personas que realizan este servicio están obligadas a trabajar únicamente 8 horas al día (durante una semana normal de trabajo) , mientras que aquellos que realizan el servicio militar están de servicio las 24 horas del día. 
Creo que en el futuro corresponderá al Parlamento finlandés conseguir un buen equilibrio. 
El hecho de que la mayoría de los varones jóvenes en Finlandia realice el servicio militar no se explica por la falta de alternativas al mismo. 
En Finlandia aún recordamos demasiado bien lo importante que es para la independencia del país contar con un ejército de conscripción. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, además de Londres y Moscú, Helsinki fue la única capital de un país en guerra que no fue ocupada. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, erigiéndose en campeona de los derechos humanos, la Unión Europea diseña estos derechos en función de sus necesidades. 
No tiene empacho, por ejemplo, en defender los derechos de los homosexuales, pero no tiene nada que decir sobre el derecho al empleo, a la asistencia sanitaria, a la cultura o al deporte. 
Al mismo tiempo, anima de forma sistemática a la devaluación o la abolición de los derechos democráticos actuales, utilizando el terrorismo y la inmigración ilegal como pretexto. 
La versión de los derechos humanos de la Unión Europea queda establecida en la llamada Carta de los Derechos Fundamentales, que el Partido Comunista de Grecia ha denunciado por insuficiente y engañosa. 
El informe mide los derechos humanos en relación con esta carta, razón por la cual no se hace la mínima referencia a la esclavitud introducida por las nuevas formas de trabajo ni al recorte y la comercialización de las prestaciones sociales. 
No tiene nada que objetar a la plétora de nuevas leyes antiterroristas y hace caso omiso de los expedientes personales electrónicos mantenidos por el sistema Schengen y al hecho de que las ideas que molestan al sistema son pasadas por alto, distorsionadas o incluso excluidas y perseguidas. 
El aspecto positivo de este informe, sin embargo, es que identifica una serie completa de incumplimientos, como la tortura de prisioneros, la trata de seres humanos y la supresión de derechos en Génova. 
Otro elemento positivo es que hace un llamamiento para que haya una separación de iglesia y Estado, critica el trabajo infantil, señala el impacto adverso de las medidas para luchar contra el terrorismo, así como el asilo y las leyes de inmigración, y trata el tema de la emancipación social de las mujeres. 
Sin embargo, ni la situación sobre el terreno ni el informe son nada beneficiosos para la Unión Europea, y sólo se producirán mejoras si los movimientos populares avanzan en su lucha. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la importancia del debate de hoy reside en el artículo 6º del propio Tratado de la Unión Europea, que declara que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de derecho, principios que son comunes a los Estados miembros. Dicho de otro modo, la integración europea se ha logrado gracias el pleno respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos y fundamentales, en los que el bienestar y la dignidad de sus ciudadanos deben aparecer como la inspiración y el objetivo de todas y cada una de las acciones emprendidas por los Estados miembros y por las instituciones comunitarias. 
De ahí la importancia del Informe Anual sobre Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que ha proporcionado una excelente oportunidad de mirar más de cerca la política de la UE en materia de derechos humanos, dentro de la Unión y más allá, así como el papel desempeñado por el Parlamento Europeo, del cual podemos estar orgullosos. 
Y de ahí también mi decepción por el informe que se ha presentado, por su falta de equilibrio y rigor. 
El informe que nos presentó el año pasado el Sr. Cornillet era rico en ideas y análisis y constituyó un hito y un paso extremadamente positivo hacia la definición de una metodología para la supervisión y evaluación, que debería sustentar toda política en materia de derechos humanos, basada por supuesto en la Carta Europea que recoge estos derechos. 
Pese a incluir aspectos que merecen nuestro apoyo, tales como el terrorismo, la trata de seres humanos y los derechos humanos, así como el problema altamente técnico de lograr un necesario equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos, el informe presentado este año se presta en cierta medida y en determinados puntos a la demagogia y en general se aparta de los rigurosos principios que debería mantener una resolución adoptada por el Parlamento Europeo. 
Por esta razón, señor Presidente, Señorías, estoy más de acuerdo con el texto de la resolución alternativa presentada por el Sr. Ribeiro Castro, que contará con mi voto favorable. 
Señora Presidenta, personalmente me siento muy satisfecha de que el informe de la Sra. Swiebel resuma la situación de los derechos humanos en la Unión Europea e incluso dentro de los Estados miembros. 
Creo que se trata de una piedra angular del trabajo de este Parlamento porque nos permite dar un paso atrás, lo cual es poco usual aquí, y considerar una política clara y coherente con acciones específicas para lograr los objetivos que a menudo proclamamos. 
No voy a citar las distintas convenciones y tratados que debemos observar, ni creo que sea necesario afirmar nuestra voluntad de asentar la Carta de Derechos Fundamentales de forma incondicional en la conciencia europea con el fin de establecer los derechos y las libertades de estos ciudadanos europeos. 
Cada año, sin embargo, cuando elaboramos un informe sobre los derechos humanos, cuando lamentamos las violaciones que se han producido, cuando adoptamos resoluciones, hablamos sólo de terceros países. 
¿Cómo podemos tener credibilidad e imponer estos derechos en nuestras relaciones con estos países, si ni siquiera nosotros los respetamos? 
Algunos diputados se horrorizarán sólo de pensar que en este informe se cita a determinados países. 
Sin embargo, no debemos alejarnos del objetivo principal. 
Como demócratas, nosotros somos los representantes de nuestros ciudadanos, no protectores de las políticas de nuestros gobiernos nacionales. 
En este Parlamento, debemos confirmar que la defensa de los derechos y libertades fundamentales dentro de la Unión Europea se concreta en algo más que palabras, que afecta a todos los aspectos de la vida, y a todos los seres humanos, independientemente de dónde se encuentren, y de si viven o no en una zona donde reina la libertad. 
La defensa de los derechos humanos es un deber y un derecho que no deben verse obstaculizados por el principio de no interferencia en los asuntos internos de los Estados miembros. 
El objeto de este informe es, por lo tanto, evaluar la situación. 
Es nuestra tarea actuar si esta situación no nos satisface, de forma que estos derechos fundamentales sean un hecho normal de la vida cotidiana en nuestros Estados miembros. 
Me gustaría concluir con dos puntos: En primer lugar, estoy muy satisfecha de que los derechos económicos y sociales se evalúen a escala europea y creo que esta Convención debería inspirarse en ello. 
A continuación, yo pido a nuestros Estados miembros que pongan todos los medios posibles para establecer estadísticas claras, organizadas por sexo, en cada área, y que las pongan a disposición de nuestros próximos ponentes. 
Señor Presidente, en común con los Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo tiene la responsabilidad de defender los derechos humanos y los derechos y libertades fundamentales. 
Al mismo tiempo, existe una tendencia peligrosa a colocar determinadas libertades democráticas, como la libertad de expresión y de pensamiento y el derecho de voto, en pie de igualdad con otras exigencias sociales de gran alcance. 
Así se debilita la base de la democracia. 
Todos los derechos son igualmente importantes, ningún derecho goza, al final, de mayor importancia. 
Cualquier informe del Parlamento Europeo es de dudosa valía si consiste en un espectro de opiniones subjetivas. 
Las listas de objetivos políticos hacen que aparezcan nuevos temas en lugar de centrarse en los derechos realmente fundamentales. 
Tratando estos temas desde una perspectiva diferente a la de este amplio espectro de opiniones, me sorprende que no exista el derecho a la gobernanza y a elecciones democráticas. 
Estos derechos deberían situarse más en el punto de mira que la mayoría de los derechos incluidos en el informe. 
Se ha visto claramente que los actuales Estados miembros también necesitan que se les recuerde cuáles son estos derechos. 
La UE debería imponer sanciones a los Estados miembros que no defiendan unas elecciones democráticas y en los que se demuestre que ha existido fraude electoral. 
La Convención debería reflexionar sobre estas cuestiones. 
Sin embargo, existen aspectos muy positivos en el informe que merecen ser destacados. 
La protección de datos y la transparencia están incluidas. 
El derecho a ambas cosas debe ser desarrollado en el Tratado. 
La protección de datos y el derecho al acceso a los documentos se incluyen en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Ha llegado la hora de concretar más el derecho de los ciudadanos a la información, de acuerdo con el artículo 255 del Tratado. 
En conclusión, el Parlamento Europeo tiene un importante papel que desempeñar en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los derechos y libertades fundamentales. 
Espero que la Convención consolide este papel mediante la creación de un sistema democrático de toma de decisiones y del derecho de las personas a tener acceso a la justicia y, en determinados casos, obtener compensaciones por daños si sus derechos han sido vulnerados. 
Esta cuestión requiere un examen más profundo. 
La Sra. Swiebel lo ha dejado claro. 
Esto es positivo, pero sería preferible que la próxima vez hubiera un enfoque más centrado, examinando esta cuestión en mayor profundidad en lugar de simplemente ampliarla. 
Está claro que debemos desarrollar nuestros métodos de cara al futuro. 
Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias a mi colega, la Sra. Swiebel, por el excelente trabajo que ha realizado con este informe. 
No cabe duda de que en la UE salimos bien parados en materia de respeto de los derechos humanos. 
Precisamente por ello estamos teniendo este debate, con vistas a mejorar continuamente la situación, manteniendo un alto nivel de protección y debatiendo abiertamente las deficiencias existentes. 
Se trata de un tema importante que atañe al aspecto más básico de un funcionamiento adecuado de la UE, es decir, la confianza mutua entre los Estados miembros. 
Sin embargo, no somos perfectos. 
Hay derechos que se vulneran, y hay casos en los que no se respetan las libertades y derechos fundamentales, por lo que no podemos decir que esto sólo sucede «en otras partes del mundo». 
Mi propio país, Suecia, ha sido señalado, por ejemplo, en relación con una muerte sonada en la que las acciones de la policía, la fiscalía y el juez instructor han sido duramente criticados. 
Quiero dejar claro que el Gobierno sueco estuvo respondiendo a las críticas durante mucho tiempo y ordenó una investigación que concluyó el año pasado. 
Las perspectivas desde las cuales se llevó a cabo tal investigación incluyeron claramente la de los derechos de los ciudadanos. 
Otro asunto de gran importancia es el de los derechos de los ciudadanos europeos en procesos legales como las detenciones. 
Hay Estados miembros en que se mantiene detenidas a personas sin juicio durante largos periodos de tiempo. 
Hemos de debatir esta cuestión. 
Nuestros jóvenes viajan por toda Europa. 
Ninguna persona en territorio de la UE debería temer que su libertad personal pueda verse vulnerada por la falta de eficacia en las comisarías y prisiones. 
Así pues, debemos subrayar de forma clara que todos los ciudadanos europeos cuentan con la garantía de determinados derechos en procesos legales que tienen lugar en toda Europa. 
Espero con impaciencia la labor de la Comisión en esta materia y también sus propuestas. 
La trata de seres humanos, especialmente de mujeres y niños, es un hecho en esta nuestra UE. 
La UE es en muchos casos el lugar de destino de personas que, encontrándose en situaciones de desesperación y confusión, se ven alejadas de sus países de origen. 
Se trata de una forma moderna de comercio de esclavos, por lo que debemos preguntarnos a nosotros mismos si esta tendencia puede pararse. 
Personalmente me preocupa el hecho de que muchos países de la UE acepten distintas formas de prostitución. 
Ello hace que la UE sea un mercado favorable para los traficantes de seres humanos en todo el mundo. 
Existe una conexión muy clara entre el tráfico de seres humanos y la prostitución. 
Son dos caras de la misma moneda. 
Me hubiera gustado que el informe fuera más claro con respecto a este tema. 
Debemos ser muy exigentes con nosotros mismos aquí en la UE, precisamente ahora que estamos siendo exigentes con los países candidatos. 
Señor Presidente, la gran división en la votación de este informe en la comisión competente significa que la Sra. Swiebel no ha buscado una solución unificadora. 
Ha presentado una lista selectiva de aspectos que no sólo son políticamente controvertidos (por ejemplo, sus consideraciones sobre la familia y la legislación relativa a la misma) , sino que además se puede demostrar que no pertenecen a los ámbitos de competencia de la Unión Europea. 
La Sra. Swiebel debería haber mirado a lo largo y ancho de la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Fundamentales, de la Carta del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para encontrar una razón por la que estos temas deban incluirse en un informe sobre derechos fundamentales. 
Por ejemplo, señora Swiebel, quisiera preguntarle lo siguiente: el hecho de que no se acepte la poligamia en la Unión Europea, ¿significa que los musulmanes residentes en Europa están discriminados? 
¿Constituye esto un atentado contra los derechos humanos? 
La pregunta necesita sin duda una respuesta si tenemos en cuenta que se han añadido tantos nuevos temas a la cuestión de los derechos humanos. 
También me gustaría preguntarle a la Sra. Swiebel por qué, cuando trata tantos aspectos nuevos, no menciona en ningún momento el hecho, por ejemplo, de que los Países Bajos hayan legalizado la prostitución. 
Esto supone que hay una necesidad de «importar» mujeres en un país en el que la prostitución se considera, de forma muy extraña, una actividad legal y aprobada. 
¿Por qué no menciona la Sra. Swiebel la política de su propio país en cuanto a la eutanasia asistida, de la que abusan algunos médicos y que lleva a que las personas acaben con su vida sin dignidad? 
Se dan casos en los que se abusa de la llamada eutanasia asistida. 
¿Por qué no se hace ninguna referencia al derecho de los padres a que sus hijos crezcan en una sociedad libre de drogas en la que, como padres, sepan que la ley está de su parte? 
La Sra. Swiebel ha sido muy selectiva. 
Nosotros, los demócrata-cristianos, votaremos por supuesto en contra de este informe, ya que la Sra. Swiebel ha fallado en una tarea importante del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, suscribo los comentarios generales realizados por mis honorables amigos del Partido Popular Europeo, por lo que me limitaré exclusivamente a comentar dos críticas realizadas a Grecia que, por haber ido demasiado lejos, debilitan la credibilidad del informe y de los derechos fundamentales reales. 
La primera tiene que ver con la prohibición de permitir el acceso a las mujeres peregrinas al Monte Athos de Grecia. 
Esta prohibición ha estado en vigor durante 1 200 años y está recogida en el Tratado de la Unión Europea y en la Constitución griega. 
Por tanto, no puede modificarse, ni tampoco es aconsejable hacerlo, ya que ello equivaldría a aceptar que el hogar no es inviolable. 
El Monte Athos es el hogar de 5 000 monjes que están en su derecho de recibir a quien quieran en su casa, del mismo modo que nosotros, como ciudadanos, estamos en nuestro derecho de recibir y ofrecer nuestra hospitalidad a quien deseemos, o dejar fuera a quienes nos plazca. 
No se trata de un recinto turístico y las mujeres que estén interesadas en cómo viven los monjes ortodoxos pueden visitar centenares de monasterios de Grecia o de otros países ortodoxos para satisfacer su curiosidad. 
Mi segundo comentario está relacionado con los objetores de conciencia. 
Desgraciadamente, tanto las convicciones religiosas como la aversión a la violencia que pueda propugnar el ejército son utilizadas para evitar el servicio militar y el servicio civil a expensas del Estado, incluso a pesar de que muchas de estas personas no dudan en emplear la violencia siempre que sea favorable a sus fines ideológicos. 
Quisiera informarles, honorables amigos, de que algunos de los terroristas del 17 de noviembre que fueron arrestados recientemente en Grecia, cuyo juicio debe comenzar dentro de unos días, y quienes han asesinado hasta la fecha a cerca de 50 diplomáticos extranjeros, ministros, políticos, periodistas y jueces, han afirmado que son objetores de conciencia convencidos y que quedaron exentos del servicio militar, mientras que otro objetor de conciencia convencido que prestaba su servicio en una institución mental se ha divertido de lo lindo torturando a los internos. 
Es una pena que siempre vayamos demasiado lejos y acabemos ridiculizando derechos fundamentales. 
Señor Presidente, la debilidad de este informe no reside en el hecho de que condene las vulneraciones de los derechos humanos allí donde se producen, sino más bien, en mi opinión, en la forma en que ha sido redactado y en la metodología empleada para formular estas críticas. 
Al haber optado por realizar, en la exposición de motivos, una descripción demasiado larga y detallada de las posibles vulneraciones de los derechos fundamentales por parte de algunos Estados miembros, este informe ha suscitado quejas y acusaciones en contra de estos Estados miembros que no pueden ser refutadas y que ni siquiera han sido sometidas a votación porque no están incluidas en el texto de la propuesta de resolución. 
Estas quejas son por lo tanto injustas, ya que no permiten ninguna respuesta, por mucho que no tengan validez en el pleno, puesto que no están incluidas en la propuesta de resolución. 
Por otra parte, en cuanto a las fuentes utilizadas por este informe, y sin desear en modo alguno cuestionar la credibilidad de muchas ONG, debo señalar que un informe redactado por el Parlamento Europeo debería distanciarse de las conclusiones, o incluso rechazarlas, de todas estas organizaciones y evitar incluir, a veces de forma poco precisa, aspectos de esos estudios. 
Por ejemplo, en el caso de Portugal, se arguye que existe discriminación por razones de orientación sexual, sobre la base de las conclusiones y observaciones de una ONG, que no voy a nombrar por aparecer en el texto. Además, la ponente afirma que el Código Penal portugués contiene disposiciones discriminatorias en este campo, afirmación que rechazo basándome en una simple lectura de la ley. 
De hecho, el Código Penal portugués no hace distinciones en cuanto a la orientación sexual con respecto a la edad del consentimiento. 
Señor Presidente, creo que el Parlamento Europeo debe asumir de forma responsable sus poderes para salvaguardar los derechos humanos y no debería limitarse en ningún caso a transcribir simplemente las opiniones de terceras personas. 
Esto seguirá siendo así hasta que contemos con una Carta de los Derechos Fundamentales que pueda aplicarse legalmente; sólo cuando esto ocurra, las cosas se harán de modo distinto. 
Todos queremos acabar con las vulneraciones de los derechos humanos, pero no existen vulneraciones políticas de derechos. Los incumplimientos son o bien jurídicos o bien prácticos, y éstos pueden existir o no. 
Ningún tipo de flexibilidad política, ni ningún criterio interpretativo nos permitirá desvelar posibles violaciones de los derechos humanos si la ley no las considera una vulneración Por otra parte, tampoco podemos permitir que se justifique una posible vulneración de derechos en función de criterios políticos. 
Por ello no votaré a favor de este informe. Este texto carece del equilibrio fundamental necesario para expresar una opinión sobre una materia tan delicada como esta, por lo que no contará con mi apoyo. 
Señor Presidente, simplemente me gustaría pedirle que tomara nota de que en el punto 19, en el penúltimo guión, hay una corrección que hacer en la versión española. 
En este punto se dice que «recomienda a los Estados miembros que en su legislación específica para la lucha contra el terrorismo introduzcan una disposición de vigencia limitada». 
He comprobado el texto de la Sra. Swiebel y, desde luego, «específica» debe cambiarse por «excepcional». 
La legislación específica puede ser la legislación común que en ningún caso debe estar sujeta a sunset clauses ni nada parecido. 
Debe decir no «específica» sino «excepcional». 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0449/2002) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Hacia una gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea» (COM (2002) 233- C5-0505/2002- 2002/2212 (INI) ). 
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al Sr. Pirker por elaborar un informe centrado no sólo en la comunicación de la Comisión sobre la gestión integrada de las fronteras exteriores de la UE, sino también en el plan de acción adoptado por el Consejo. 
Deberíamos decir también que los dos documentos, la propuesta de la Comisión y el plan de acción del Consejo, comparten muchos puntos en común. 
De hecho, creo que los cuatro objetivos fundamentales que se plantearon en Laeken forman parte de este plan de acción: aumentar la confianza mutua de los Estados miembros en el control de nuestras fronteras exteriores, que es una frontera común, lo que significa que debemos ejercer un fuerte control en la frontera de un Estado, si no queremos que esto repercuta inevitablemente en la seguridad de todos los Estados miembros de la Unión Europea; hacer efectiva la lucha contra la inmigración ilegal; conceder prioridad especial al control de las fronteras exteriores para impedir la entrada de grupos terroristas y, por último, mantener un alto nivel de seguridad interior en la Unión Europea sin la cual no podemos preservar la libertad de movimientos ni la abolición de controles en nuestras fronteras exteriores. 
Tal como ha destacado el Sr. Pirker, los objetivos de este plan de acción están claros y creo que, en lugar de hablar de objetivos, debemos definir las metas y determinar cuáles son las necesidades reales. 
En primer lugar, en el ámbito legislativo. 
El acervo de Schengen, como muy bien ha señalado el Sr. Pirker, se aplica de forma muy diferente en cada Estado. 
Tenemos que uniformizar el modo en que se aplica el acervo de Schengen y estamos procediendo de dos maneras: en primer lugar, por medio de la revisión del Manual Común de Schengen, y para llevarla a cabo la Comisión presentará una propuesta en los primeros seis meses de este año. 
En segundo lugar, sin embargo, también por medio del establecimiento de un código de buena conducta que defina normas comunes. 
El segundo objetivo es la formación de la guardia de fronteras. 
Creo que en este preciso momento se está celebrando un encuentro en Viena, en el que participa la Comisión, con el fin de definir una propuesta que establezca un currículum común para la formación de la guardia de fronteras. 
Este proyecto lo están llevando a cabo Austria y Suecia. 
El tercer objetivo consiste en usar modernas tecnologías de la información para mejorar el control de nuestras fronteras exteriores. 
A este respecto, la Comisión planea presentar en el Consejo Europeo de Salónica del próximo mes de julio un estudio de viabilidad con motivo del lanzamiento del sistema de visado en línea a escala europea. 
Del mismo modo, presentaremos las primeras propuestas acerca del control de las fronteras exteriores marítimas de la Unión Europea. 
El cuarto objetivo consiste en definir una evaluación común de los riesgos en el control de nuestras fronteras exteriores. 
En este aspecto ya disponemos de una evaluación, definida a partir de una propuesta presentada por el Gobierno de Finlandia; además, se ha celebrado una primera reunión durante la Presidencia danesa sobre la denominada «SCIFA+» , instancia que coordina los servicios de control de fronteras de todos los Estados miembros de la Unión Europea. 
Gracias al funcionamiento de esta nueva instancia de ámbito europeo ha sido posible desarrollar, ya en el año 2002, dos operaciones prácticas. 
La primera fue la operación «Ulises» , coordinada por España, en la que participaron de forma conjunta equipos de varios Estados miembros para controlar la zona del Mediterráneo; la segunda fue la operación conjunta de un equipo dirigido por Alemania para controlar las fronteras terrestres. 
Las dos operaciones fueron financiadas por el Programa de acción ARGO en 2002 y ya se han presentado nuevas acciones para el año 2003 con objeto de fomentar la cooperación operativa. 
Por último, el Consejo Europeo de Sevilla apoyó el principio por el cual se comparten las responsabilidades para ejercer el control de las fronteras exteriores. 
Se trata de compartir las responsabilidades de financiación, en términos de compartir el equipo y también, con vistas a crear, con el tiempo, una policía común de fronteras. 
La Comisión presentó una evaluación inicial de la situación financiera. 
Debemos admitir que los datos que nos han aportado los Estados miembros sobre el verdadero gasto que cada uno de ellos destina al control de las fronteras exteriores han sido muy diferentes y difíciles de comparar. 
Por lo tanto, la Comisión ha solicitado una nueva aclaración y, durante la Presidencia griega, pretende proponer una serie de criterios para el reparto de la responsabilidad financiera en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
Espero que con la propuesta de resolución presentada por el Sr. Pirker, que se votará aquí mañana, el Parlamento pueda impulsar de forma decisiva este programa de acción tan ambicioso, exigente y crucial, destinado a controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea, y reforzando así la seguridad interior de todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones del Sr. Coelho. 
La libre circulación interior es uno de los logros más queridos en esta Cámara y por muchos ciudadanos de la Unión Europea. 
Las normas que regulan la libre circulación de personas en el interior son normas comunitarias. 
Muchas de las medidas que ha sido necesario establecer para garantizarla están dispersas en nuestro ordenamiento. 
Garantizar esta libre circulación exige un alto grado de confianza y cooperación entre los Estados miembros, en particular para la gestión de las fronteras exteriores. 
Son muchos los datos de la realidad que nos indican que ahí tenemos dificultades, desde la llegada a las costas del sur de la Unión Europea de personas a lo que ellos esperan que sea la primera etapa de un periplo y que muchas veces se convierte dramáticamente en la última, a las mujeres rescatadas día a día de sus carceleros y explotadores, que las ofrecen a europeos que se hacen pocas preguntas sobre su origen, o el espectáculo triste al que hemos asistido durante meses en relación con el centro de Sangatte. 
Creemos que la Comisión Europea ha planteado bien y en un buen momento la necesidad de abordar esta cuestión. 
En primer lugar, porque la ampliación de la Unión Europea nos obliga a ello. 
En segundo lugar, porque su propuesta es una buena señal a la Convención para resolver una maraña normativa en torno a una seña de identidad básica de la Unión como la libre circulación interior. 
En tercer lugar, porque plantea ya hoy, con el marco legal que tenemos- no sé si también con el marco financiero- la posibilidad de avanzar en este objetivo. 
Comparto la idea de que hay espacio para garantizar mejor tanto la libertad y la seguridad de aquellos que se encuentran en el territorio comunitario como la situación de aquellos que lo quieren cruzar. 
Por eso, y a pesar de nuestras tendencias extremistas, el Grupo Socialista va a votar a favor del informe del Sr. Pirker. 
Espero que el entusiasmo y el gran apoyo de esta Cámara sean contagiosos y que el Consejo, más allá de sus declaraciones políticas, apoye activamente y con entusiasmo esta propuesta. 
Tal como afirma la propia Comisión, el tema en este caso es la gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros. 
Incluso si se adopta la propuesta de resolución en este informe, hay que añadir que, por supuesto, no tendrá en sí misma ningún efecto legal directo. 
Es más, la propuesta de resolución y la comunicación de la Comisión sólo adquirirán importancia en el marco de una serie de decisiones que afecten al desarrollo de la cooperación policial. 
En este contexto, la propuesta plantea una evolución que, en mi opinión, es una amenaza para el control democrático y el Estado de derecho. 
Es una política que debilitaría notablemente a las autoridades nacionales a favor de las autoridades de la Unión Europea. 
Esta inconfundible ambición pretende desarrollar una policía de fronteras supranacional a largo plazo, uno de los primeros pasos para crear una verdadera policía federal. 
Esta ampliación del servicio de policía está relacionada al mismo tiempo con la precipitada integración de la UE y la protección de la fortaleza Europa. 
Ésta última surge obviamente a raíz de la presión externa provocada por la prosperidad de los países de la UE, si la comparamos con las desafortunadas condiciones sociales sufridas por nuestros vecinos, un contraste debido fundamentalmente a la política desarrollada por los países de la UE que, durante muchos años, han explotado a nuestros vecinos. 
Ése es el verdadero trasfondo de la propuesta y su contenido no es menos alarmante. 
El órgano legislativo común, el sistema de coordinación y cooperación operativa, las medidas interoperativas y el intercambio permanente de información y de datos, en resumen, el desarrollo total del servicio de policía sólo consigue desarticular el Estado de derecho cuyo establecimiento, basándome en la experiencia de los países nórdicos, han propugnado los activistas democráticos a lo largo de los años. 
¿Qué tiene que decir la Comisión sobre el control democrático y judicial? 
Estamos ante una política no vinculante y mal planteada cuyo efecto es que hay que asegurar el control. 
Pero, ¿cómo? 
No hay respuesta. 
¿Qué tiene que decir el informe al respecto? 
No dice nada. 
¿Policía fronteriza de la UE y cuerpo común para las de fronteras exteriores? 
No, gracias. 
Señor Presidente, por fin disponemos de un informe que recoge un enfoque verdaderamente comunitario, a pesar de que tome como punto de partida el tema específico y técnico del control de las fronteras exteriores de la UE. 
Es un tema de gran actualidad, tal como se ha indicado con anterioridad, si se considera que las fronteras actuales de la Unión van a cambiar radicalmente, ampliándose en mayo de 2004, cuando los doce nuevos Estados miembros formen parte de la estructura política y geográfica de la actual Unión Europea. 
Por lo tanto, es perfectamente lógico que propongamos ahora el modelo basado en la experiencia consolidada de los 15 Estados miembros antes de la entrada de los nuevos candidatos. 
El informe del Sr. Pirker entra dentro de este marco tan amplio de propuestas prácticas sobre el modo de alcanzar la gestión integrada de nuestras fronteras exteriores sin interferir en la soberanía territorial de los Estados individuales, sino más bien definiendo las fórmulas idóneas para conseguir una cooperación armoniosa. 
Es un enfoque aceptable que implicará la creación de un cuerpo comunitario de guardia de fronteras en los próximos años, no de forma inmediata, sino más bien después de que hayamos sintonizado claramente las técnicas y procedimientos y las medidas adecuadas para formar al personal y conseguir la cooperación necesaria entre los diferentes cuerpos de guardia de fronteras actuales. 
Hasta el momento, los experimentos improvisados con las patrullas mixtas han dado excelentes resultados. 
En lo que respecta a mi país, Italia, este tipo de cooperación se ha desarrollado en las fronteras con Estados miembros como Francia y Austria y también en las fronteras con terceros países como Suiza y con países candidatos como Eslovenia. 
La sección en la que se plantea la cuestión de combatir la inmigración ilegal es muy innovadora. 
Esto es una empresa diaria difícil, sobre todo para las fronteras de Estados como España, Portugal, Italia y Grecia. 
Sin embargo, este problema se convierte en un problema de todos, no sólo de estos Estados, porque, debido a Schengen, un inmigrante ilegal que logre entrar por las costas adriáticas, tendrá acceso inmediato a muchos otros Estados miembros, al menos a los del Espacio Schengen que, precisamente por ello, tienen una mayor responsabilidad, así como una gran oportunidad. 
Por lo tanto, el ponente tiene razón al solicitar a todos los países que trabajemos juntos, contribuyendo a sufragar los costes del control de las fronteras exteriores, tanto si tenemos fronteras exteriores como si no. 
De hecho, parece estar claro que a todos los países les conviene contribuir si desean un servicio efectivo de control y vigilancia, sobre todo en los lugares en los que se registra el mayor flujo de inmigrantes ilegales en la actualidad (el flujo de nuevos inmigrantes ilegales es un continuo goteo en estos precisos momentos en la Unión) , puesto que no se trata de un problema exclusivo de los que se ven envueltos diariamente en la lucha contra la inmigración ilegal: es un problema de todos aquellos países que son destino inmediato de estos flujos de inmigración ilegal. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas. 
(Se levanta la sesión a las 21.00 horas) 
Lo extraño del informe Swiebel es que recoge una serie detallada de razones por las que la Resolución que propone debe ser rechazada. 
La ponente alude a la «decisión adoptada el año pasado por el PE y la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores (LIBE) de hacer de esta Carta el hilo conductor del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la UE» , y añade que la «Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha reforzado (... ) [esta labor] enfocándola y orientándola». 
Si verdaderamente este es el caso, deberíamos atenernos estrictamente a dicho hilo conductor, sin ir demasiado lejos, sin sobrepasar los derechos recogidos en la Carta; sin permitirnos quedar acorralados en una serie de críticas excesivas, alejando este informe de su objetivo y de los aspectos a los que debería ceñirse y convertir la resolución que estamos votando en un instrumento abusivo, cosa que sería realmente insensata, por estar juzgando sin cesar a los Estados miembros. 
El Parlamento Europeo no tiene, de hecho, la potestad para hacer esto, excepto en situaciones muy específicas, situaciones tan graves que llegara a considerarse que puedan tener los efectos punitivos del artículo 7 del Tratado de la UE. 
Por otra parte, todos sabemos que es la propia Carta la que delimita su alcance: «Las disposiciones de esta Carta están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión respetando el principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión» (artículo 51). 
Por consiguiente, tanto el informe como la resolución deberían considerar directamente a las instituciones y a los órganos de la Unión; y, a excepción del comentario específico relativo a los artículos 6 y 7 del Tratado de la UE, deberían considerar a los Estados miembros sólo de forma indirecta, cuando apliquen la legislación de la Unión y sólo en esas circunstancias. 
Por lo tanto, nos quedamos todos bastante perplejos cuando la ponente finalmente dijo que la verdad era exactamente lo contrario: por una parte, que el «informe aborda deliberadamente sólo la situación de los derechos humanos en los Estados miembros actuales de la UE» , que es precisamente lo que no debería hacer y, por otra, que el informe «no incluye ninguna lista o evaluación detallada de las acciones del Consejo, la Comisión o el Parlamento» , que es lo que debería hacer. 
Si a esta flagrante desviación añadimos la incoherencia lamentable de numerosos comentarios acerca de los Estados miembros, sin suficientes motivos objetivos y adecuados, como la propia ponente ha admitido, contamos ya con una serie de razones fundamentales por las que, de acuerdo con sus propias premisas, el informe Swiebel debe ser rechazado. 
En su lugar debería adoptarse la resolución alternativa que propuse, con el fin de volver a colocar las cosas en su sitio y permitir así que el Parlamento cumpla las recomendaciones que nosotros mismos definimos. 
Ferrocarriles comunitarios 
A5-0417/2002 del Sr. Jarzembowski sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva del Consejo 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (COM (2002) 25- C5-0038/2002- 2002/25 (COD) ); 
(A5-0424/2002) del Sr. Sterckx sobre la propuesta de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios y por la que se modifica la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias y la Directiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (COM (2002) 21- C5-0039/2002- 2002/0022 (COD) ); 
A5-0418/2002 de la Sra. Ainardi sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva del Consejo 96/48/CE sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo (COM (2002) 2- C5-0045/2002- 2002/0023 (COD) ) y 
A5-0441/2002 del Sr. Savary sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea (COM (2002) 23- C5-0046/2002- 2002/0024 (COD) ). 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero agradecer, sinceramente, a los cuatro ponentes el excelente trabajo que han realizado y que ha permitido llegar hoy al Pleno con unos informes globalmente positivos, que van en el mismo sentido que la propuesta de la Comisión y que respaldan el enfoque de la Comisión. 
Quiero agradecer al Parlamento que, además, haya accedido a tratar estos informes como un paquete global, evitando la tentación de fragmentarlo, lo que, indudablemente, hubiera ido en detrimento de nuestro objetivo común que es el de crear, por fin, un auténtico espacio ferroviario europeo. 
Señorías, se trata de la segunda etapa de un proceso prolongado. 
Tras la entrada en vigor el 15 de marzo de 2001 de tres directivas del paquete de infraestructuras, que deberán incorporarse en los ordenamientos de los Estados miembros a partir del 15 de marzo de 2003, es necesario ahora completar el marco legislativo para acelerar la constitución de un verdadero espacio ferroviario europeo. 
En este proceso se enmarcan las cuatro propuestas que hoy vamos a debatir aquí. 
En primer lugar, me referiré a la propuesta de modificación de la Directiva 91/440/CEE, para hacer extensivos los derechos de acceso a la infraestructura y a los servicios de transporte de mercancías prestados dentro de los Estados miembros, así como para acelerar la apertura del mercado. 
Su ponente ha sido el Sr. Jarzembowski, que ha realizado una magnífica labor. 
Señorías, el Libro Blanco sobre la política europea de transportes hace una exposición alarmante de la evolución del transporte ferroviario de mercancías. 
En los últimos veinte años, la cuota correspondiente a este segmento- dentro del reparto global del transporte de mercancías de la Unión- se ha reducido a la mitad, pasando del 15% en 1980 al 8% en 1999. 
En este periodo la calidad de los servicios prestados a los clientes no ha mejorado y en algunos Estados incluso ha empeorado. 
Se trata, por lo tanto, de un tema urgentísimo. 
A mi juicio, no es posible esperar a 2008 para abrir a la competencia del transporte internacional de mercancías la totalidad de la red europea. 
También debe atenderse al transporte doméstico. 
Por esa razón, se proponen unas modificaciones que reemplazan el calendario y las modalidades de apertura previstos en la Directiva 2001/12/CE, instaurando sin esperar más la apertura del transporte de mercancías, tanto nacional como internacional, a la totalidad de la red. 
En la práctica, esta apertura total de los derechos de acceso en el ámbito de las mercancías sería efectiva para 2006, lo que supondría adelantar dos años esa apertura a la totalidad de la red. 
Señorías, la segunda propuesta de directiva se refiere, cómo no, a la seguridad ferroviaria. 
Creo que la cuestión de la seguridad en los transportes es algo que nos ocupa y nos preocupa a todos, muy especialmente en estos momentos. 
También quiero agradecer la labor realizada por el Sr. Sterckx. 
Hemos de garantizar que la integración de la red ferroviaria europea no se traduzca en una disminución de los niveles máximos de los estándares de seguridad en los distintos Estados miembros de la Unión. 
Pero a la vez tenemos que garantizar que el establecimiento de unas normas comunes evite que a través de la seguridad se pueda romper el mercado y discriminar en el acceso a las redes. 
La constitución de un mercado interior de los servicios ferroviarios no sería posible sin el establecimiento de unas normas comunes de seguridad. 
Asimismo, la apertura de los mercados y el final de los monopolios modifican sensiblemente algo esencial como es el sistema de responsabilidades en un ámbito como el de la seguridad, y, por lo tanto, hace falta establecer un marco coherente, transparente y claro, que evite toda duda en este terreno. 
La Directiva de seguridad se centra en cuatro ámbitos: designación de unas autoridades nacionales de seguridad, distintas de los operadores, con unas responsabilidades claramente definidas; determinación de los elementos esenciales de los sistemas de seguridad en relación con el gestionario de las infraestructuras y las empresas ferroviarias e instauración de un mecanismo de determinación y adopción de unos objetivos y de unos métodos comunes de seguridad- papel que debe desempeñar la Agencia ferroviaria- instauración de un sistema común para la concesión, el contenido y la validez de los certificados de seguridad; por último, introducción, como en otros sectores, del principio de independencia de las investigaciones técnicas en caso de accidentes o incidentes. 
Llegamos a la tercera propuesta de Directiva. 
Si establecemos la red, si garantizamos un nivel de seguridad común y con responsabilidades claramente definidas, hace falta, además, establecer un sistema interoperable. 
De ahí la modificación de las Directivas 96/48/CE y 2001/16/CE relativas a la interoperabilidad, cuya ponente es la Sra. Ainardi. 
Además de las adaptaciones que la experiencia aconseje realizar, se trata fundamentalmente de garantizar una coherencia en los campos de aplicación de la red en la que se lleva a cabo una apertura de acceso y la red en la que deben aplicarse las normas de interoperabilidad. 
Se trata, igualmente, de enviar una señal muy clara acerca de la necesidad de normalizar los equipos, con el fin de reducir los costes. 
No podemos suprimir sólo las fronteras administrativas, sino que tenemos que suprimir las fronteras tecnológicas para realizar esa red ferroviaria europea. 
Quiero agradecer el trabajo realizado en un dossier enormemente técnico y arduo, pero en el que el trabajo del Parlamento, una vez más, y del ponente, son del máximo nivel. 
Por último, me referiré a la cuarta propuesta, por la que se crea una Agencia Ferroviaria Europea, en la que el Sr. Savary ha realizado una labor muy notable. 
La Agencia constituye la clave de bóveda, es decir, el remate que cierra el círculo, el instrumento que permitirá progresar en el ámbito de la interoperabilidad de la seguridad ferroviaria y, por lo tanto, de la garantía de la integración de la red ferroviaria europea. 
Se trata de una Agencia de apoyo técnico para la toma de decisiones, sin poderes autónomos, que facilitará a la Comisión dictámenes y recomendaciones. 
Los textos en cuestión serán adoptados por la Comisión de acuerdo con un procedimiento de comitología, como ya es el caso actualmente tratándose de la interoperabilidad. 
Sus principales ámbitos de actividad serán los siguientes: elaboración técnica de textos previstos para la Directiva relativa a la seguridad- objetivos comunes de seguridad y métodos comunes de seguridad- y para las Directivas relativas a la interoperabilidad; constitución de una red de autoridades nacionales de seguridad e interoperabilidad; asesoramiento técnico a la Comisión y a las autoridades nacionales sobre casos concretos en materia de normas de seguridad. 
Esta Agencia, que contará con unas 100 personas, será la encargada de dinamizar los trabajos de aproximación técnica de los sistemas ferroviarios y será independiente, pero trabajará en colaboración estrecha con los expertos del sector. 
Señor Presidente, en conclusión, los textos aquí propuestos pretenden, por un lado, hacer que 15 sistemas nacionales incompatibles entre sí evolucionen técnicamente hacia un espacio ferroviario europeo integrado y competitivo y, por otro lado, acelerar la apertura del mercado del transporte de mercancías, con el fin de permitir que los operadores puedan prestar unos servicios eficaces en cualquier lugar donde se encuentren. 
Hagamos de una vez por todas la apuesta por un ferrocarril moderno, digno del siglo XXI, capaz de competir positivamente con los otros modos de transporte. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, creo que este es un buen día, aunque no haya muchas personas escuchando en estos momentos- y espero que la prensa informe sobre este importante debate- porque finalmente estamos en camino de establecer un mercado interior para el sector ferroviario. 
Se trata de un punto absolutamente crucial, ya que es el único mercado interior que sigue faltando en el sector del transporte. 
Por esta razón, señora Comisaria, nuestros cuatro informes expresan nuestro pleno apoyo a las ideas básicas de la Comisión. 
Sin embargo, este es un Parlamento seguro de sí mismo y colegislador, y por ello hemos presentado algunas enmiendas importantes a las cuatro propuestas de la Comisión. 
Espero que la Comisaria apoye todas las enmiendas. 
¿Por qué hemos presentado enmiendas? 
Al presentar estas enmiendas intentamos agilizar la revitalización del sector de los ferrocarriles en la Unión Europea. 
Hemos de crear antes las condiciones marco necesarias, puesto que si no conseguimos revitalizar los ferrocarriles, tampoco cumpliremos el objetivo de la política de transporte europea, consignado en el Libro Blanco, para el año 2010. 
En 2010 queremos devolver el equilibrio entre las diferentes modalidades de transporte, lo cual significa en la práctica que queremos transportar más mercancías por ferrocarril en lugar de la carretera y más pasajeros por tren que por avión o por carretera. 
Para alcanzar este objetivo de volver a colocar una mayor proporción del volumen global del tráfico en los ferrocarriles, necesitamos crear unas condiciones marco adecuadas. 
Estas han de permitir que las redes ferroviarias se abran realmente en toda la Unión a las empresas ferroviarias existentes y nuevas, es decir que se liberalice el acceso a la red. 
Además, al adoptar las normas europeas hemos de cruzar también físicamente las fronteras interiores, lo cual significa que los trenes han de poder cruzar fronteras sin detenerse ni disminuir la velocidad, para que podamos hacer realidad las ventajas ofrecidas por el mercado interior desde el punto de vista técnico. 
Y necesitamos un alto nivel de seguridad. 
Dado que en el futuro no sólo tendremos las empresas ferroviarias nacionales en los Estados miembros, sino también un creciente número de empresas ferroviarias privadas, que operarán en toda la Unión, ya no es suficiente con que las autoridades nacionales sean responsables de las normas de seguridad. 
En lugar de ello necesitamos unas normas de seguridad europeas comunes de alto nivel en beneficio de los pasajeros y el personal ferroviario. 
Por último, necesitamos una agencia ferroviaria europea que impulse enérgicamente todas estas medidas y las controle. 
Hemos realizado progresos en materia de interoperabilidad, pero demasiado lentamente. 
En una conferencia, los expertos técnicos nos informaron de que tardaríamos 30 años en alcanzar la interoperabilidad, es decir, para que los trenes sean capaces de utilizar diferentes redes sin parar. 
Señorías, si esperamos tanto ya no quedarán ferrocarriles en Europa que funcionen comercialmente. 
Sin embargo, queremos los ferrocarriles, y por consiguiente todos nosotros aquí hemos de impulsar enérgicamente estas medidas, y por ello necesitamos una agencia ferroviaria europea. 
Un mercado interior de los ferrocarriles diseñado de esta manera será crucial para que las empresas ferroviarias modernas y con visión de futuro atraigan más mercancías y más pasajeros prestando servicios que los clientes desean y que funcionan con puntualidad. 
Si seguimos teniendo el sistema de planificación que tenemos hoy, que implica que la empresa ferroviaria no puede garantizar cuándo llegará a su destino un tren que viaja de Alemania a Italia- hay retrasos de horas e incluso días- entonces el ferrocarril no podrá competir con los camiones de gran tonelaje. 
Pero queremos crear las condiciones marco para garantizar que los trenes podrán competir con los camiones de gran tonelaje. 
Me gustaría hacer cuatro breves comentarios sobre mi informe. 
El primero, señora Comisaria, es un comentario sobre el cual creo que ahora estamos de acuerdo. 
La Comisión quería posponer la introducción de la red ferroviaria especial para servicios de mercancías en Europa, la denominada Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías, que según el primer paquete ferroviario ha de crearse el 15 de marzo de 2003. 
Nos oponemos a ello y pensamos que necesitamos esta red ferroviaria especial el 15 de marzo de este año para adquirir experiencia sobre el transporte de mercancías transfronterizo. 
Espero que la Comisión esté de acuerdo. 
En segundo lugar, pensamos que el objetivo establecido por la Comisión de abrir toda la red a las mercancías- tanto servicios transfronterizos como nacionales- el 1 de enero de 2006, como también ha indicado la Comisaria, debería definirse claramente a partir de ahora, y que no debería expresarse como un año y medio o dos después de la entrada en vigor. 
Queremos que todo el mundo sepa que el 1 de enero de 2006 pueden estar preparados para que las redes se abran realmente a los servicios de mercancías. 
En tercer lugar, señora Comisaria, consideramos que también hemos de ampliar estos derechos para utilizar el transporte de mercancías a otros operadores de transportes, no sólo las empresas ferroviarias tradicionales o las nuevas empresas ferroviarias, sino también los expedidores y transportistas. 
Puesto que sólo si participan todos los agentes del sector- y esto incluye a los expedidores y transportistas- podremos transferir las mercancías de la carretera al ferrocarril. 
Por ello espero que esté de acuerdo con los derechos que queremos concederles. 
Mi último punto, señora Comisaria, tiene que ver con algo a lo que no se ha referido ahora, pero no obstante quiero hacerle esta petición. 
Usted ha dicho que la Comisión no quería presentar propuestas para abrir las redes a los servicios de pasajeros hasta 2003. 
Nosotros en el Parlamento vamos un paso delante de usted y decimos: no, no queremos que haya tanto tráfico aéreo dentro de Europa y preferimos que los pasajeros utilicen los servicios ferroviarios transfronterizos de pasajeros. 
Por ello también queremos que se abra el mercado ferroviario de los servicios de pasajeros. 
Lo que proponemos es permitir que los servicios transfronterizos de pasajeros funcionen a partir del 1 de enero de 2006, al igual que los servicios de mercancías, y los servicios nacionales de pasajeros en una fecha posterior, a partir del 1 de enero de 2008. 
Señora Comisaria, precisamente si queremos garantizar que el espacio aéreo se utilice con sensatez, tendremos que atraer más pasajeros al ferrocarril. 
Confiamos en que nos apoye en esto. 
Dos comentarios finales sobre el informe Sterckx: Creo que este informe sobre las normas de seguridad es tan magnífico que sólo puedo decir que sus principales puntos llegan al núcleo de la cuestión, en el sentido de que hace que las disposiciones resulten más precisas y aboga por un alto nivel de seguridad en interés de los pasajeros y el personal. 
Por ello apoyaré plenamente este informe. 
Por último, señora Comisaria, espero que esté usted de acuerdo con nosotros en que deberíamos alentar a la Presidencia griega a adoptar realmente las posiciones comunes en marzo para que podamos adelantar el procedimiento y quizás cerrar este capítulo, sobre la apertura de los ferrocarriles en la Comunidad Europea, a finales de año. 
Incluso si uno o dos Estados miembros tuvieran problemas, el Tratado de la Comunidad permitiría tomar una decisión por una mayoría en el Consejo de Ministros y deberían estimular a los griegos a aprovechar esta posibilidad. 
(FR) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, dado que la Unión Europea ha publicado un Libro Blanco en el que se explica la necesidad de revitalizar el transporte por ferrocarril, es esencial garantizar la interoperabilidad dentro del sistema ferroviario europeo si queremos desarrollarlo. Es crucial para el futuro de los ferrocarriles europeos en el siglo XXI. 
El ferrocarril es el medio de transporte más sostenible, que tiene menos costes externos que el transporte por carretera. 
Desde mi punto de vista hay tres razones importantes para este descenso. 
En primer lugar, tenemos estrategias industriales que privilegian el transporte por carretera y la gestión de entregas «justo a tiempo» , que provoca un mayor número de viajes y una mayor dispersión y fragmentación. 
Además, existe una distorsión de la competencia entre la carretera y el transporte por ferrocarril. El nivel de las normas sociales relacionadas con el transporte por carretera es notablemente bajo en comparación con el ferrocarril. 
Me refiero, en concreto, al hecho de que el reglamento esbozado en el informe Markov que ha de examinarse esta mañana no aborda adecuadamente la cuestión de un límite de tiempo de conducción. 
A pesar del hecho de que el Sr. Markov y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales propusieron reducir el tiempo de conducción a 45 horas, el límite sigue siendo de 56 horas, lo cual sin duda sigue siendo demasiado. 
Por último, comparto el criterio de que el desarrollo de diferentes redes de acuerdo con especificaciones nacionales ha limitado el comercio y ha provocado una cooperación inadecuada y unas normas incompatibles. 
Por ello, mi informe sobre la red de alta velocidad y la red convencional, respectivamente, intenta aumentar la compatibilidad de las normas alineando las dos directivas existentes. El informe también incluye una serie de propuestas para agilizar la armonización y ampliar su alcance. 
Me gustaría señalar que mi informe está estrechamente vinculado al informe sobre la creación de una Agencia Ferroviaria Europea. 
Por consiguiente, en mi informe he incluido diversas decisiones sobre puntos relacionados con la Agencia, a fin de garantizar que el paquete sea coherente. 
Durante la elaboración del informe me reuní en muchas ocasiones con operadores, expertos, la Comisión, sindicatos y autoridades públicas. A raíz de estas reuniones, delimité diversas cuestiones sobre las cuales me gustaría llamar su atención. 
En primer lugar, para lograr la interoperabilidad, creo que es absolutamente esencial tener plenamente en cuenta las habilidades y la pericia de los profesionales que trabajan en el sector. 
La Unión Europea ha de garantizar la implicación del sector si quiere armonizar el sistema ferroviario. 
Por ejemplo, durante una de las reuniones que mantuve con el personal ferroviario, propusieron un dispositivo de registro. 
Acepté esta propuesta pues creo que es pertinente. 
La introducción de un dispositivo de registro cuenta ahora con el apoyo universal y está incluida en mi informe. 
En segundo lugar, a raíz de todas estas reuniones, he visto claramente que la armonización y las reglas de seguridad están estrechamente vinculadas. 
La armonización en este ámbito no puede llevarse a cabo en un nivel mínimo. 
Las normas de seguridad varían de un lugar a otro en la Unión Europea. 
Reducir las normas de seguridad para facilitar el acceso a la infraestructura sería contraproducente e incluso peligroso. 
Reducir la seguridad no redundaría en interés de la armonización. 
Una cuestión sigue sin resolverse, concretamente la financiación. 
Se requiere una enorme inversión para lograr esta nueva fase de desarrollo. 
No se tiene prevista ninguna disposición presupuestaria específica, aunque sin duda es necesaria. 
Me complace ver que se ha alcanzado un acuerdo sobre el artículo 29 del informe Sterckx, que fomenta el diálogo social. 
Asimismo considero muy importante el acuerdo alcanzado sobre el informe Savary. Este tiene que ver con la participación de representantes del personal en la elaboración de especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) que les conciernen directamente. 
Para garantizar la coherencia entre los diferentes informes y la unidad del paquete, quiero proponer tres enmiendas orales que tienen en cuenta los compromisos alcanzados sobre los informes Sterckx y Savary. 
Asimismo quiero proponer una enmienda sobre cuestiones financieras. Aunque soy consciente de que no todo el mundo compartirá mi punto de vista, espero que comprendan ustedes la importancia de la cuestión. 
El conjunto del paquete es sumamente importante, teniendo en cuenta lo que está en juego. 
Tenemos una enorme responsabilidad para el futuro, dado que planificamos el sistema ferroviario europeo del siglo XXI. 
Además, quiero expresar mi opinión sobre el paquete en su conjunto. 
El informe Jarzembowski propone la completa liberalización de los servicios de mercancías por ferrocarril en 2003, y de los servicios de pasajeros nacionales en 2008. 
He de decir que me preocupan las propuestas que tienen por objeto acelerar la liberalización, de acuerdo con las planteadas por la Comisión. 
Sólo ahora está teniendo lugar la transposición del primer paquete en los Estados miembros, y aún ha de emprenderse una evaluación de las consecuencias. 
Sigo preocupada por el respeto de las conclusiones del Consejo de Barcelona, que exigía, con mucha razón, que se elaborara un informe y se realizara una evaluación antes de presentar una nueva propuesta. 
Estoy de acuerdo en que es necesario revitalizar el sistema ferroviario. 
Creo que la armonización de las normas es una cuestión importante, al igual que la necesidad de una Agencia y unas reglas de seguridad estrictas. 
Sin embargo, no veo por qué ni cómo debería considerarse necesario emprender el desarrollo de la red ferroviaria y abrirla a la competencia al mismo tiempo. 
El informe Sterckx sobre seguridad es también muy importante dado que, al igual que la Comisión, se preocupa en concreto de la armonización de las normas de seguridad. 
Sin embargo, la armonización de las reglas de seguridad debería tener en cuenta la situación real del sector, especialmente en lo que respecta al tiempo de aplicación. 
Sería inútil, o incluso perjudicial, intentar aplicar las normas europeas demasiado rápido. 
En conclusión, quiero reiterar mi convicción de que están en juego tanto el desarrollo a largo plazo como la revitalización del sector. Los agentes en este sector cuentan, tanto si son operadores como personal ferroviario. 
Sus habilidades y conocimientos son valiosos. La Unión Europea puede y debe demostrar que tiene intención de implicarlos en el desarrollo del sistema ferroviario. 
. (FR) En primer lugar quisiera felicitar a la Comisaria y dar las gracias a todos los miembros de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo que han trabajado de forma tan entusiasta en la elaboración de estos documentos. 
El público no nos perdonará que no desarrollemos alternativas al transporte por carretera. Además, la implicación de la Unión Europea en los ferrocarriles representa una oportunidad para el sector, no una limitación ni una amenaza. 
Lo que está claro es que los sistemas ferroviarios heredados de los viejos Estados nacionales ya no pueden satisfacer las demandas actuales. Como nos ha recordado la Comisaria, es evidente que en lo que respecta sobre todo al transporte de mercancías, en regiones como la mía, el cáncer de los camiones y los coches se está extendiendo día a día y la gente exige continuamente soluciones. 
Por consiguiente, creo que hemos de comprometernos firmemente a desarrollar el sistema ferroviario europeo. 
Actualmente existen tres soluciones o enfoques de este problema. 
En primer lugar están las tensiones nacionales o, dicho de otro modo, un proteccionismo no declarado. También implica el corporativismo y las medidas de obtención de votos nacionales. 
Creo que este enfoque, evidente en Francia y en Alemania, no es el bueno. 
No deberíamos temer una apertura dentro de la Unión Europea. 
Una vez más, esto representa una oportunidad para el sector ferroviario en su conjunto. 
Hay un segundo modo de enfocar el problema. Creo que los incidentes en torno al Prestige y al Erika deberían darnos motivo de reflexión. 
El transporte tiene un precio. 
La política de transporte no sólo implica bajar los precios a través de una competencia desenfrenada. No hemos de ignorar los recientes desastres marítimos. 
A raíz de estos terribles sucesos, hoy nos vemos obligados a imponer nuevas normas y sin duda aumentar el coste del transporte marítimo de mercancías peligrosas. Al mismo tiempo nos movemos en dirección opuesta en el sector ferroviario, y decimos que la política de dumping a cualquier precio y la competencia a cualquier precio es un fin en sí. 
Creo que la tercera vía para abordar el sector ferroviario es abrirlo de una forma controlada. Ello implica mantener la cultura y la pericia desarrolladas por el sector ferroviario, al tiempo que se garantiza que se abrirán las redes. 
Hemos de sacar conclusiones de la segunda vía, la británica y neerlandesa. La tercera vía, la suiza, que implica la apertura dentro de un marco de integración funcional, debería ser nuestro modelo duradero. 
La Unión Europea debería dirigir esta política, por supuesto. En concreto, debería controlar la aplicación de reglas y medidas de armonización europeas que se impongan en todos los Estados miembros. 
Creo que la seguridad ha de ser una prioridad absoluta, porque una cultura de seguridad es crucial para los ferrocarriles. 
Por ello es esencial que adoptemos este enfoque. Quisiera dar las gracias a la Comisaria de Palacio por las propuestas que han servido de base para estos informes muy importantes. 
En lo que respecta al informe Sterckx, que en mi opinión es un documento crucial, hemos de ser plenamente conscientes de que la política de seguridad no ha de ser una política para diluir las responsabilidades. No hemos de elaborar una política que implique la nivelación hacia abajo de las normas de seguridad. 
Más bien, hemos de conseguir una política muy exigente que mantenga su integridad funcional. Esto significa mantener la integración funcional del ferrocarril, sin dejar de asegurar una independencia política y jurídica. 
En lo que respecta el informe Ainardi, simplemente espero que se adopten las enmiendas compatibles con las relativas a la Agencia. 
Por último, sobre mi informe relativo a una Agencia para armonizar la seguridad ferroviaria, la comisión competente ya ha votado sobre 48 enmiendas. Creía que eso era todo, pero ahora acaba de presentarse otra enmienda. 
Me gustaría que el número de Estados miembros no aumentara, sino que se mantuviera en seis. Me gustaría que adoptaran una postura ejecutiva, en lugar de lo que cabría calificar de postura parlamentaria o legislativa. 
Espero que estén dispuestos a hacerlo. 
Además, esperábamos convertir la Agencia en una organización común para toda la industria ferroviaria europea. 
Personalmente, estoy convencido de que no podremos desarrollar un sistema ferroviario europeo si los agentes del sector no están de acuerdo en trabajar juntos para desarrollarlo. 
Por ello hemos propuesto incluir a representantes de todo el sector ferroviario en el consejo de administración. 
Claramente, ello permitirá efectuar progresos en muchas cuestiones. 
Por último, esperamos que haya comités consultivos, organismos de investigación y autoridades de seguridad. He de decir que personalmente estaría muy preocupado si se aprobara la enmienda 49, pues destruiría toda la propuesta. 
Me parece que, con motivo de esta votación importante sobre la Agencia, sería mejor contentarnos con el texto adoptado por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Con esto concluyo. Tenía previsto comentar el informe Jarzembowski, pero ya no tengo tiempo y lo haré en privado. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, durante mucho tiempo la política de transporte ha sido un pariente pobre en la política europea. 
Hablando en plata, durante mucho tiempo no sucedió nada de nada. 
Fue necesario un juicio en rebeldía del Tribunal Europeo de Justicia para que las cosas empezaran lentamente a avanzar, paso a paso. 
Es cierto que en los últimos años hemos visto algunos movimientos en el transporte aéreo y marítimo- esto nos complace y estamos agradecidos, también a la Comisaria- pero los sucesos trágicos ante la costa española han demostrado que aún nos queda mucho camino por recorrer. 
Nos queda mucho camino por recorrer sobre todo en el sector sobre el cual estamos debatiendo aquí y ahora, concretamente en el sector ferroviario. 
En los últimos años tendría que haberse hecho mucho y todavía no se ha hecho, como establecer una verdadera coordinación entre los Estados miembros. 
El Sr. Jarzembowski ya ha señalado que el sector ferroviario es el único en el cual el mercado interior no es una realidad. 
Yo quizás lo expresaría en términos aún más contundentes: en lo que respecta al ferrocarril probablemente ni siquiera hayamos empezado a hacerlo realidad. 
Por ello sigue sin existir el equilibrio necesario entre las modalidades de transporte individuales. 
Esto ya se ha mencionado una vez hoy. No puede recalcarse suficientemente. 
Los resultados son tan malos como cabría esperar, sobre todo entre la carretera y el ferrocarril, donde la diferencia tiende a ensancharse a falta de soluciones comunes adecuadas. 
Es preciso revitalizar y conseguir que funcione el sistema ferroviario europeo y su conexión con el sistema en los países candidatos que pronto serán miembros de esta Unión; de lo contrario muchas más cosas saldrán mal en nuestros ferrocarriles y tendremos aún más problemas que los que tenemos ahora. 
Como austriaco no sólo me refiero al tránsito a través del paso del Brennero y los Alpes; básicamente esto se aplica a todas las regiones de Europa, todas ellas sensibles en mayor o menor grado, no sólo aquellas que han sido objeto de intensos debates en los últimos días. 
En este contexto, me gustaría, de paso, informarles de un hecho que no carece de interés porque por desgracia nunca se ha tenido debidamente en cuenta en el debate: los ferrocarriles austriacos son los únicos que han aumentado su cuota en el mercado de mercancías en los últimos años. 
Todos nuestros países vecinos han seguido dejando que la carretera reforzara su ventaja frente al ferrocarril. 
Ahora bien, ¿de qué trata concretamente el informe Ainardi, del que también he sido responsable como ponente alternativo? 
La interoperabilidad debería y debe convertirse en una realidad en toda la red. 
No podemos concentrarnos, como hicimos en un principio, en las partes individuales de la red- líneas de alta velocidad y cosas por el estilo- y tratarlas por separado. 
Hemos de intentar encontrar realmente una estructura única, evidentemente con las excepciones necesarias para los ferrocarriles regionales- si realmente son ferrocarriles regionales- y para modelos históricos y otros. 
A la hora de redactar y adoptar estas especificaciones técnicas, hemos de recordar en primer lugar que esta no es una tarea del legislador europeo, sino que hay que poner a trabajar a especialistas, y que los políticos europeos han de limitarse a controlar los progresos. 
Lo importante en este caso son unos costes razonables y un alto grado de seguridad. 
Hoy hemos abordado suficientemente ambos aspectos. 
No hace falta que lo recalque especialmente, pero creo que deberíamos tomarlos en serio. 
En lo que respecta a la seguridad, quiero señalar que ahora hemos presentado una propuesta para ampliar el sistema de cajas negras a los ferrocarriles. 
Esto significa que también queremos realizar progresos en materia de investigación, a fin de asegurar que a largo plazo llegaremos donde tenemos que llegar, a un sistema de transporte europeo que funcione. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los ponentes por su trabajo en este ámbito tan importante. 
Se trata de un tema difícil y complejo que se complica aún más por la posición en que se encuentra toda la industria ferroviaria. 
Si contemplamos el transporte de mercancías por ferrocarril en Europa, por ejemplo, veremos que la disminución del tráfico es alarmante. 
Si no se hace nada, dentro de 15 años ya no se transportarán mercancías por ferrocarril. 
Es necesario cambiar el modo de funcionamiento de los ferrocarriles, tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías. 
El propio sector ha de reconocer que sus niveles de servicio son inaceptables y los Estados miembros también han de reconocer que los niveles de inversión han ido descendiendo durante muchos años. 
Esto es evidente sobre todo en el ámbito de la interoperabilidad. Quince sistemas diferentes, diferentes sistemas de señalización, diferentes corrientes eléctricas, y una obsesión nacional por trabajar con el sistema propio en detrimento de la cooperación internacional y en detrimento de la interoperabilidad. 
El problema de nuestros ferrocarriles es la incapacidad de un tren para cruzar una frontera sin cambiar de locomotora, sin cambiar de conductor o incluso de bogies. 
Un camión de 40 toneladas es totalmente interoperable. 
Un tren de mercancías, no. 
Esta es la dificultad a la que se enfrenta la industria. No es un problema fácil de resolver. 
Hemos de dar tiempo a los ferrocarriles para que mejoren su interoperabilidad, pero también hemos de recordarles que el tiempo apremia y francamente en relación con las mercancías, el sector tiene ahora su última oportunidad. 
Yo, en nombre de mi Grupo, he seguido más de cerca que los demás el informe del Sr. Sterckx relativo a la seguridad. 
Creemos que en cualquier trabajo en el ámbito de la seguridad es preciso implicar a quienes trabajan en el sector En este sentido existe una diferencia entre nosotros y el Grupo del PPE-DE. 
Nuestros principales objetivos son garantizar unos niveles más altos de seguridad, a la vez que integramos plenamente nuestro sistema ferroviario europeo. 
Hemos de abandonar los 15 sistemas diferentes, como he mencionado antes; sin embargo, hemos de garantizar que los Estados miembros puedan intervenir, y en los ámbitos en que existen normas más estrictas hemos de insistir en que se mantengan. 
La dilución de las normas de seguridad no es una opción. 
Por ello, como Grupo hemos presentado diversas enmiendas al informe del Sr. Sterckx. 
Todos nosotros somos defensores del ferrocarril. 
De hecho, algunos de nosotros somos algo fanáticos y a menudo nuestros colegas nos califican de fans de los trenes. 
Espero que las propuestas de la Comisión y la respuesta del Parlamento sean consideradas por el sector ferroviario como un intento honesto de asegurar que el sector ferroviario de Europa tendrá un futuro. 
Para alcanzar este objetivo necesitamos que los políticos, que los Gobiernos, que la Comisión, pero sobre todo que todas las partes del sector ferroviario trabajen conjuntamente. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en nombre de mi Grupo quiero empezar dando las gracias a todos los ponentes implicados en la elaboración del paquete ferroviario. 
Han realizado un trabajo excelente. 
Sin embargo, el desarrollo de los ferrocarriles ha tardado demasiado en ponerse en marcha. 
Ahora los aspectos como la promoción de la competencia en los servicios de transporte de mercancías y de pasajeros, una mayor interoperabilidad y las mejoras de la seguridad suponen un gran desafío que realmente exige actuar rápidamente. 
La competitividad de los ferrocarriles ha disminuido seriamente. 
Se ha producido un vuelco a favor del transporte por carreteras congestionadas así como por avión, porque los ferrocarriles no siempre han conseguido mejorar sus servicios con suficiente rapidez. 
Este paquete ferroviario nos permitirá favorecer la competitividad de los ferrocarriles europeos; una mayor competitividad significará que las empresas y el público tendrán la oportunidad de utilizar una forma de transporte más ecológica. 
Al mismo tiempo se puede reducir la congestión y sustituir los vuelos cortos por servicios de transporte por ferrocarril, lo cual ofrecerá un mejor equilibrio entre los operadores de transporte. 
El desarrollo de los ferrocarriles también despejará el camino hacia un mayor uso del transporte intermodal, mientras que al mismo tiempo se prestará atención a una mejor interoperabilidad de los puertos y los ferrocarriles. 
Como ponente alternativo, he seguido de cerca la elaboración del informe por parte del Sr. Savary. 
El Sr. Savary también ha realizado un buen trabajo. 
Una Agencia Ferroviaria debidamente establecida estimularía el desarrollo de los ferrocarriles, y controlaría y fomentaría la innovación y las buenas prácticas. 
Sin embargo, nuestro Grupo cree que en relación con la composición del consejo de administración de la Agencia, debería seguirse el mismo principio que se aplica a la Agencia de Seguridad Marítima. 
Hemos presentado una enmienda sobre esta cuestión que esperamos merezca su apoyo. 
- (NL) Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias a mis colegas diputados y a los ponentes. 
El objetivo de todas las reformas ha de ser la creación de una política de transporte sostenible en Europa. 
La liberalización puede ser a veces un medio para alcanzarla, pero nunca un fin en sí. 
La situación sumamente mala en relación con el transporte marítimo ha de ser una advertencia para nosotros. 
El tráfico de mercancías en Europa se ha convertido en un problema debido al enorme incremento del número de camiones en nuestras carreteras. 
Personalmente considero que la temprana liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril es un buen modo de reducir rápidamente el número de camiones en la carretera, siempre y cuando está liberalización sea suficientemente guiada. 
De hecho, no consideramos la liberalización como un fin en sí, y por ello no somos partidarios de la liberalización del transporte del pasajeros. 
El transporte de pasajeros por ferrocarril es un servicio público y ha de seguir siéndolo. 
El transporte también a de seguir estando al alcance de todos los bolsillos, y por ello no sólo ha de alquilarse o venderse líneas rentables. 
Los viajeros ya sienten las consecuencias negativas de la liberalización. 
Las líneas internacionales fuera de la red de alta velocidad están siendo desmanteladas. 
Un ejemplo es la conexión nocturna rápida entre Bruselas y Milán que, como bien saben mis colegas italianos, ha sido suprimida a causa de la competencia del transporte aéreo, una modalidad de transporte que no calcula los costes medioambientales en el precio del billete. 
Sin embargo, el hecho de que hay un problema lo demuestra la mala conexión ferroviaria entre Bruselas y Estrasburgo que pude probar ayer. 
La Comisión Europea no ha estudiado suficientemente las consecuencias de la liberalización para el transporte ferroviario. 
Pensamos que es necesaria una valoración urgente antes de seguir por el camino de la liberalización. 
No podemos tomar decisiones sobre el ritmo acelerado de la liberalización del transporte por ferrocarril hasta que no tengamos una idea clara del impacto que tendrá esta liberalización sobre las condiciones laborales, la seguridad, el medio ambiente, la mejora efectiva de la elección del consumidor y el crecimiento del sector. 
Teniendo esto en cuenta, hemos presentado una enmienda al informe del Sr. Jarzembowski. 
Los otros tres informes reflejan claramente los problemas y cuestiones del sector. 
En primer lugar, el de la seguridad, en el informe Sterckx. 
Luego la búsqueda de vías prácticas para cooperar eficazmente, en el informe Ainardi. 
Por último, una Agencia Ferroviaria para apoyar y encauzar todo el proceso de armonización, en el informe Savary. 
Los tiempos en que los contenedores eran transportados desde el mar del Norte al norte de Italia en trenes que avanzaban a 18 km por hora han de relegarse al pasado cuanto antes. 
Los informes Sterckx, Savary y Ainardi recalcan la cooperación y la consulta entre diferentes empresas. 
Estas empresas podrían por supuesto haberlo hecho por sí solas, pero parece que sólo espabilan cuando la competencia es inminente. 
Evidentemente, Europa debería haber organizado este mercado ferroviario interior mucho antes. 
Esta Agencia Ferroviaria debería haberse creado hace trece años. 
La libre circulación de mercancías no se organizó de forma sostenible en el siglo XX. El siglo XXI ha de aportar los cambios que con tanta urgencia necesitamos. 
Señor Presidente, Señorías, en efecto hay apartados excelentes en los informes sobre el desarrollo del transporte ferroviario que tenemos ante nosotros. 
En particular, el Sr. Jarzembowski tiene razón de preocuparse sobre el descenso del transporte por ferrocarril en comparación con el transporte por carretera y el transporte aéreo. 
En lo que respecta a las mercancías, la Comisión ha observado que la participación en el mercado del transporte de mercancías en Europa descendió del 21% en 1970 al 8% en 1998. Sin embargo, durante este tiempo, el volumen de mercancías que había que transportar aumentó considerablemente y las personas viajan con más frecuencia. 
Estos cambios tienen consecuencias desastrosas. 
También hay consecuencias para la seguridad personal, puesto que es más seguro viajar en tren que en automóvil, dado que, cada año, en Europa, muchas decenas de miles de personas mueren en accidentes de circulación por carretera. 
Los franceses sufren más que la nadie estos accidentes de circulación. El elevado número de víctimas no se debe a que los franceses sean más imprudentes al volante que sus vecinos, como sostiene el Gobierno francés. 
La explicación reside en el hecho de que las principales rutas utilizadas por camiones en Francia que comunican los países mediterráneos con el norte y este de Europa han alcanzado ahora su plena capacidad. 
Estos camiones acaparan a veces la carretera durante varios kilómetros y provocan muchos accidentes y retenciones. El sufrimiento que soportaron miles de conductores que quedaron atrapados en sus coches a temperaturas de cinco grados bajo cero en la noche del 4 al 5 de enero se debió sin duda a la nevada, pero también se estuvo motivado por las deficiencias de los servicios de mantenimiento de la carretera y los camiones atrapados en la nieve. 
Sin embargo, no creo que las propuestas presentadas en los informes de nuestros cuatro colegas, y que la Comisión apoya, aborden la situación de forma adecuada. 
En mi opinión, Francia no necesita una Agencia Ferroviaria Europea ni más normativas europeas para descongestionar sus carreteras. Necesita un gobierno que asuma sus responsabilidades y haga frente a las causas del problema. 
Deberíamos preguntarnos por qué el Gobierno francés no ha conseguido seguir el ejemplo del Gobierno suizo en esta cuestión. 
El Gobierno debería crear una red de transporte combinado y obligar a todos los camiones que atraviesan Francia a utilizarla. 
Deberíamos preguntarnos por qué tantas empresas francesas transportan sus productos en camión y no en tren, y por qué millones de franceses utilizan sus coches en lugar del transporte público. 
Una de las razones es que la SNCF está en manos de los sindicatos y por consiguiente desempeña cada vez peor su función de servicio público. 
Otra es que los franceses ya no se sienten seguros cuando utilizan el transporte público porque temen por su seguridad y porque se sienten intimidados por los granujas que alborotan en ellos. 
Una tercera razón es que el automóvil es una de las pocas libertades que quedan en una sociedad cada vez más regulada. 
Muchos maoístas se han reencarnado en ecologistas. Nuestros líderes quisieran que utilizáramos los anticuados transportes públicos o las bicicletas, como hacía la gente bajo Mao, mientras ellos gozan de los medios de transporte que tienen a su disposición. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero comenzar dando la enhorabuena a los ponentes que han realizado un excelente trabajo. 
Aunque hay algunas diferencias de opinión sobre los detalles, estamos básicamente de acuerdo con los informes y los aprobaremos- al menos eso supongo- hoy, porque, como acaba de decir la Sra. Peijs, ha sido posible alcanzar algunos compromisos importantes. 
Este paquete, que parte de anteriores decisiones, nos llevará más cerca del establecimiento de un ferrocarril europeo. 
Las restricciones impuestas por los Estados nacionales, y los temores que tendrán, serán pronto- así lo espero- cosa del pasado. 
He tenido que ver personalmente con el informe del Sr. Jarzembowski y de la Sra. Ainardi. 
El informe del Sr. Jarzembowski- una vez más, el Sr. Jarzembowski ha desaparecido; es un verdadero tren de alta velocidad europeo y nunca está donde debería estar, pero qué le vamos a hacer- propone una amplia liberalización. 
Evidentemente, para nosotros los socialdemócratas- permítanme ser franco al respecto- es un asunto peliagudo. 
Hoy, por diversas razones, una gran mayoría entre nosotros aceptará estas propuestas: en primer lugar, porque forman parte de un acuerdo global, en cuyo contexto también hemos logrado, sobre todo en el informe Savary, una serie de disposiciones que garantizan los derechos y las oportunidades de los trabajadores. 
No siento ningún temor en este sentido, señora Peijs, pero es cierto que hemos de concentrarnos en las condiciones laborales, la salud y la seguridad en el sector para el bien de los que trabajan en él. 
En segundo lugar, por desgracia hay diversos países que siguen siendo muy restrictivos en lo que respecta a la apertura del mercado. 
Por ello asumo que surgirá una propuesta de compromiso más constructiva y razonable a partir del procedimiento de conciliación. 
En tercer lugar, creo que necesitamos ejercer presión en las empresas ferroviarias nacionales, sean públicas o privadas. 
Muchas de estas empresas ferroviarias no saben cómo son los tiempos actuales; han empezado a colaborar entre sí de forma limitada y sólo en algunos ámbitos, por ejemplo los trenes de alta velocidad. 
Las empresas ferroviarias no han reconocido que hoy en día los servicios de transporte han de ser europeos- lo cual por supuesto es desde hace tiempo el caso de los camiones de gran tonelaje- o no han hecho nada al respecto. 
Por ello es muy importante ejercer cierta presión para que las empresas ferroviarias nacionales se liberalicen y se muevan hacia una apertura del mercado. 
Pasando ahora al informe de la Sra. Ainardi, se trata también de un trabajo muy bueno. 
Lamentamos el hecho de que, sobre todo en este informe, se haya tenido demasiado poco en cuenta algunos aspectos de la armonización social, porque es comprensible que los trabajadores teman que ello conlleve algún tipo de dumping social. 
Creo que es especialmente importante que se incluya a los trabajadores en el proceso de reforma de los ferrocarriles. 
Los funcionarios y otros trabajadores del sector ferroviario han de saber que se han acabado los tiempos de las empresas ferroviarias nacionales limitadas y controladas, y que ahora se trata de crear unos ferrocarriles europeos. 
Una vez más, creo que el punto esencial aquí es que, esperemos, la decisión de hoy envíe una señal a las empresas ferroviarias, para que se encarguen de crear un verdadero ferrocarril europeo. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, en primer lugar, yo también quiero felicitar a los ponentes, en concreto por su estrecha colaboración, porque el carácter interrelacionado del paquete exige que los informes sean relativamente interdependientes. 
Asimismo quiero mencionar que la comisión de la cual soy presidente ha trabajado bien en esta cuestión, como siempre. 
No es ninguna coincidencia que, durante 2002, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo iniciara 34 informes en el sector del transporte, siete de los cuales se concentraban precisamente en la modernización de los ferrocarriles. 
Sin embargo, es evidente que la comisión está preocupada por determinados retrasos en el Consejo y lo ha manifestado en términos más o menos formales. 
Yo, personalmente, he escrito una carta a la Presidencia danesa, y reiteraré estos mismos puntos al Ministro de Transportes griego, el Sr. Verelis, quien visitará la comisión y asistirá a una audiencia la semana que viene. 
El primer paquete ferroviario está estrechamente relacionado con el segundo paquete ferroviario y, al igual que los vagones de un tren, han de avanzar, o existirá el peligro real de que se produzca un embotellamiento. 
El segundo paquete ferroviario es importante, y quiero decir que nuestro enfoque no es una promoción ideológica del ferrocarril, de la que a veces se nos acusa. 
Creo que el caso del transporte de mercancías es sumamente importante: el uso de los ferrocarriles sigue descendiendo, a pesar de todas las buenas intenciones expresadas. 
Cuando considero los casos específicos que son especialmente importante para mí, como las rutas transalpinas, lo considero totalmente inaceptable. 
Lamento decir que no existe ninguna red ferroviaria europea genuina. 
La estamos construyendo con estas directrices. 
Es extraño que, habiéndoles sido retirados con todos los ámbitos de soberanía, lo único que les queda a los Estados en Europa es una especie de soberanía ferroviaria, que hemos de romper para darle forma en un molde europeo. 
No considero muy bueno este segundo paquete ferroviario, dado que soy una firme defensora de los servicios públicos. También voté en contra del primer paquete ferroviario. 
Ni siquiera se ha aplicado plenamente. No obstante, ya se nos ha presentado un segundo paquete, que es tan malo como su predecesor. 
El objetivo del informe Jarzembowski es acelerar el desarrollo de la competencia. Intenta aplicar las normas del transporte por carretera al transporte por ferrocarril con consecuencias desastrosas. 
De hecho se afirma claramente que abrir el mercado de transporte de mercancías por ferrocarril conllevará una mayor competencia, lo cual puede provocar pérdidas de puestos de trabajo. 
En resumidas cuentas, este informe significa más liberalización por menos empleo. 
En cuanto al informe sobre seguridad, su principal objetivo es la liberalización; la seguridad no es más que una excusa. 
Es evidente que en la exposición de motivos se utiliza con demasiada frecuencia el argumento de la seguridad para proteger el mercado interior y excluir a los recién llegados. 
El mercado y la seguridad son claramente incompatibles. 
Votaré a favor de los otros dos informes, a pesar de que los fondos asignados para lograr la interoperabilidad son escasos e insuficientes, y pese a que la Agencia se limitará al marco en el que se ha establecido, a saber, la liberalización. 
Haríamos bien en recordar la larga lista de desastres ambientales y humanos que ha provocado la liberalización del sector del transporte marítimo. 
La liberalización de los sectores que hoy se regulan aportará beneficios para algunos, pero para el resto significará accidentes, malas condiciones laborales, despidos y para los pasajeros un menor nivel de servicio. 
Lamentablemente, ya hemos visto muchos ejemplos, desde el fracaso de Sabena y el de Air Lib, hasta el estado de los ferrocarriles británicos. 
Soy partidaria de la cooperación entre diferentes redes ferroviarias. Apoyo plenamente el proceso de armonización de las condiciones laborales, las normas de seguridad, los salarios y los derechos sociales. 
Señor Presidente, Sra. Comisaria, abordamos hoy en primera lectura tanto la estrategia de desarrollo como la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo, incluida su seguridad, y la creación de una agencia europea que se encargue de su seguimiento y a mí me gustaría que también de su control. 
En mi opinión, y siendo partidario de la liberalización del transporte por ferrocarril, no estoy seguro de la conveniencia de liberalizar las infraestructuras, es decir, las vías férreas. 
Entiendo más conveniente, como ocurre con las autopistas, liberalizar solamente la explotación operativa de los ferrocarriles, permaneciendo bajo titularidad pública las infraestructuras viarias. 
Creo que sería la mejor fórmula para garantizar una responsabilización sostenible sobre el adecuado mantenimiento de las mismas más allá de las limitaciones que impondrían los objetivos de rentabilidad económico-financiera consustanciales a toda iniciativa privada. 
Y, en todo caso, considero necesaria una evaluación temprana de los efectos de la liberalización tanto en la seguridad, las repercusiones sociales y medioambientales, la incidencia en los intereses de los clientes y usuarios y en el servicio público como en la evolución de la intermodalidad, e, incluso, de su incidencia en las empresas afectadas dentro del mercado del transporte. 
Pido a la Comisión que informe regular y periódicamente acerca de todas estas cuestiones. 
Señor Presidente, Señorías, a veces en este debate se tiene la impresión de que hemos estado construyendo una Unión Europea durante un breve espacio de tiempo y que estamos tratando cuestiones que en realidad deberíamos haber tratado hace tiempo. 
Es inherente al concepto de mercado interior que el transporte de mercancías y pasajeros debería diseñarse de forma que resultara atractivo y fuera aceptado. 
Las acciones de las empresas de ferrocarriles nacionales en los últimos años se han caracterizado por el hecho de que han intentado acordonar sus mercados, al tiempo que intentaban adaptarse al enorme descenso de sus cifras en el sector del transporte de mercancías. 
El único modo de volver a encauzar el transporte de mercancías consiste en asegurar, en primer lugar, que los viajes transfronterizos puedan operar de forma más suave en el futuro y, en segundo lugar, que el mercado se abra y que se introduzca la competencia, de forma que aquellos que deseen ofrecer unos servicios atractivos de transporte de mercancías tengan oportunidad de hacerlo, y- por lo menos hasta ahora- no han sido las empresas ferroviarias nacionales las que lo han hecho. 
Cuando oigo a la gente argumentar que la liberalización significaría un recorte de empleos sólo puedo replicar una cosa: si continúa la actual tendencia, ya no quedarán trabajos en el sector del transporte de mercancías por ferrocarril, como resultado de la decisión consciente de los ferrocarriles de desatender el transporte de mercancías porque no vale la pena. 
Sólo puedo decir que quienes tienen buenas intenciones para con los ferrocarriles han de garantizar que los sistemas ferroviarios sean compatibles en toda Europa, que se pongan en práctica los más altos requisitos de seguridad y, además, han de garantizar que los ferrocarriles sean respetuosos con los clientes, lo cual significa que deberían ser fiables, que deberían tener servicios atractivos que ofrecer y que deberían respetar sus horarios. 
Sólo puedo esperar que nosotros y la Comisaria logremos que el Consejo lo apruebe. 
Las medidas en otros ámbitos- el cielo único europeo por mencionar un ejemplo, cuando queríamos que Europa diseñara bloques de espacio aéreo en el futuro, porque los Estados miembros no habían conseguido hacerlo durante décadas- fueron bloqueadas repetidas veces por el Consejo, porque pensaban que todo eso podía resolverse bilateralmente. 
Sólo puedo decir que los Estados miembros deberían haberlo hecho hace tiempo, ¡y ahora vamos a hacerlo! 
La primera tiene que ver con la abolición de la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías y contempla la completa liberalización de las redes de transporte de mercancías tanto nacionales como regionales y locales de aquí a 2006. La segunda tiene que ver con la apertura y la liberalización de la red ferroviaria de transporte de pasajeros. 
En lo que respecta a la primera propuesta, comparto el punto de vista de que hemos de hacer un gesto político en apoyo de los ferrocarriles. Aunque puede no ser sensato estar siempre cambiando las fechas, personalmente apoyo las propuestas del Sr. Jarzembowski en cuanto al transporte de mercancías, dado que la cuestión es ahora tan preocupante. 
Sin embargo, tengo muchas más reservas acerca de los servicios ferroviarios internacionales para pasajeros. 
A diferencia del transporte de mercancías, no considero que la liberalización de los servicios de pasajeros sea una prioridad absoluta. 
Regularmente viajo en tren y no he encontrado dificultades especiales al cruzar las fronteras. No obstante, soy consciente de que están en juego importantes intereses comerciales en este sector. 
No apoyo el punto de vista según el cual deberíamos limitarnos simplemente a crear un mercado ferroviario. Más bien, creo que deberíamos impulsar una política de transporte europea, lo que no es exactamente lo mismo. 
Para terminar, lo que ha surgido claramente a partir del debate de hoy es que, tanto si abrimos las redes ferroviarias como si no, no podemos limitar nuestro trabajo en torno a una red ferroviaria europea a la liberalización, la competencia o la apertura de las redes. 
Si lo hacemos, tendremos partes del mercado que se duplicarán dentro de la misma zona, y el ferrocarril se convertirá en un sustituto del transporte por carretera. 
Así pues, es preciso aplicar otros aspectos de la estrategia del transporte. Es preciso considerar la fijación de escalas de precios, así como la reducción de las disparidades sociales y fiscales entre los diferentes medios de transporte, especialmente entre el transporte por carretera y por ferrocarril. 
Creo que este último debería ser prioritario si queremos asegurar que la apertura del mercado ferroviario ofrece al sector ferroviario una ventaja frente a la carretera. Hemos de crear una política de inversión, no simplemente un mercado ferroviario. 
Por consiguiente, personalmente espero que este debate envíe un mensaje muy claro del Parlamento Europeo al Consejo. Durante muchos meses la política de financiación de la red transeuropea de transporte por ferrocarril ha sido bloqueada en el Consejo. 
Ha mantenido un enfoque regresivo de la cuestión y no quiere considerar las cuestiones fiscales, los impuestos sobre los combustibles o grandes préstamos europeos. Creo que sin una política importante y ambiciosa en materia de infraestructura ferroviaria, nuestros intentos de abrir el sector no detendrán el predominio del transporte por carretera, sino que sólo provocarán una lucha entre diversas empresas ferroviarias. 
Señorías, este es el mensaje que quisiera enviar desde el Parlamento Europeo al Consejo. 
Señor Presidente, todos estos informes sobre los ferrocarriles son una parte esencial de la reciente oleada de privatización cuyo objetivo es garantizar que ningún sector público escapará de las garras del capital privado, a expensas de la calidad, la seguridad pública y el coste de los servicios ofrecidos. 
Se están utilizando trucos de contabilidad y argumentos sin fundamento para persuadirnos de que, al igual que con el transporte por carretera, que no contribuye en nada a los costes de infraestructura de la red de carretera, pero que está abierto al sector privado, deberíamos permitir que el sector privado alcanzara las infraestructuras y servicios ferroviarios que no han hecho nada por crear, y que eran y siguen siendo pagados por el contribuyente, en nombre de la libre competencia. 
En medio de una grave recesión de la economía, de la energía, del transporte por carretera, por mar y por el aire, y del sector medioambiental, las grandes empresas han visto el potencial en los ferrocarriles para ahorrar energía y reducir costes- y por tanto, obtener beneficios- y han centrado su atención en el transporte ferroviario e intentan entrar en él como «un socio igual» , aunque en la práctica no haya nada de «igualdad» en relación con las empresas ferroviarias nacionalizadas. 
Es decir, que las propuestas de la Comisión- y por desgracia estos informes las aceptan- no se preocupan por la calidad, el coste del transporte o la seguridad de los usuarios, sino que todos se han visto arrasados por la filosofía de la competencia desenfrenada y la rentabilidad del capital, dejando vía libre a los inversores privados para que saqueen el rentable sector del transporte ferroviario y viertan la responsabilidad sobre los exorbitantes costes de infraestructura y mantenimiento, y el lado no rentable del transporte ferroviario, sobre el sector público. 
Como habrán ustedes comprendido, nos oponemos totalmente a las propuestas de liberalización moderada y calculada de los ferrocarriles porque allanan el camino a una plena liberalización con todas las consecuencias adversas que tendrán para el público que viaja. 
Señor Presidente, el proceso de apertura de la red ferroviaria europea a la competencia, como recomienda el informe Jarzembowski, es un paso atrás. Representa una grave amenaza para los intereses tanto de los usuarios como de los empleados del ferrocarril. 
Votar a favor de este informe equivale a comportarse como un vulgar grupo de presión para aquellos intereses privados que quieren acaba con los ferrocarriles de servicio público. 
Todo el mundo sabe que las empresas privadas sólo están interesadas en sus beneficios y que por ellos recortarán las inversiones o las plantillas de personal. 
Todo el mundo es consciente de que la privatización de British Rail ha provocado graves desastres. 
No olvidaremos el interés de las personas de Europa para que un pequeño número de organizaciones puedan ganar dinero a costa de los usuarios de los ferrocarriles, al tiempo que posiblemente arriesgan las vidas de los pasajeros. 
El transporte ferroviario debería ser un servicio público europeo integrado. 
Rechazamos este informe y las demás propuestas de privatización. 
Señor Presidente, en realidad tenía previsto decir algo completamente diferente, pero a la luz de los comentarios de los dos últimos oradores haré una digresión y hablaré de otra cuestión. 
Hemos oído hablar de cosas que en realidad pertenecen al pasado- un pasado afortunadamente muy lejano -, un tiempo en que lo único que importaba era intervención y la lucha de clases, cuando la gente intentaba crear confrontación. 
Creo que era una actitud completamente equivocada. 
La historia ha condenado este enfoque y la vida castiga a los rezagados, como dijo una vez un hombre muy famoso, un hombre que tenía sus raíces en este sistema, y al final provocó su caída porque lo conocía tan bien, me refiero al presidente Gorbachov. 
Queremos una protección medioambiental mejor, más mercancías que se transfieran de la carretera al ferrocarril, un mejor equilibrio modal y por consiguiente una mejor protección para los consumidores. Una mejor protección para los consumidores. 
Permítanme darles un ejemplo de algo que sucedió hace dos días en mi región, en el Paso transfronterizo del Brennero, donde los envíos de mercancías peligrosas que ahora han de transportarse por carretera, porque no hay servicios ferroviarios capaces de manejarlos, se incendiaron, con graves consecuencias para el medio ambiente y el público. 
Nos libramos por los pelos de un desastre medioambiental. 
Esta es nuestra intención: queremos tener un transporte más seguro, y en este punto estoy especialmente agradecido a mi colega, el Sr. Jarzembowski, que ha luchado por estas iniciativas durante años. 
Esperamos que estos informes- y el suyo en particular- signifiquen que podemos dar un paso sustancial en la dirección correcta. 
También le doy las gracias a la vicepresidenta de la Comisión, la Sra. de Palacio, que tiene una comprensión especialmente buena de esta cuestión y está volcada en lograr un equilibro modal. 
Espero que podamos seguir por esta vía tan positiva. 
Señor Presidente, por supuesto apoyamos todas las medidas concebidas para aumentar el papel del transporte ferroviario y cambiar la situación actual, que es más propicia al transporte por carretera. 
Por ello apoyamos especialmente los informes de Sylviane Ainardi y Gilles Savary. 
Si queremos tener un sistema ferroviario europeo competente, hemos de armonizar las normas técnicas y eliminar los cuellos de botella en la red internacional, al tiempo que creamos una normas de seguridad máximas. 
No obstante, no conseguiremos la interoperabilidad necesaria liberalizando este sector. 
En los casos en que ha sucedido, los operadores privados no han respondido, sobre todo en lo que respecta a las cuantiosas inversiones necesarias. 
Además, la Comisión no nos ha explicado dónde piensa encontrar los fondos necesarios para alcanzar este objetivo. No servirá de nada incrementar el flujo de tráfico estimulando la competencia entre diversos operadores si todos los trenes se ven obligados a avanzar por las mismas vías, porque eso simplemente provocará más caos y congestión. 
Además, estamos en contra de la liberalización total de los sectores del transporte de mercancías y pasajeros en 2008. 
Nos oponemos a esta posición extrema al igual que nos oponemos a la propuesta de la Comisión de anticipar la apertura del mercado en el transporte internacional de mercancías, como no podemos aceptar que se impida a los Estados miembros establecer normas de seguridad más altas que las estipuladas por la UE, simplemente para no crear dificultades en la apertura de este mercado. 
Somos responsables de los ciudadanos europeos. 
Hemos de tener el valor de luchar por un servicio de transporte ferroviario público que tenga un nivel alto y sea seguro, que aliente a la gente a utilizarlo. 
(ES) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar de nuevo a los cuatro ponentes por su excelente trabajo y decir que, en general, las enmiendas que plantean, respaldan- como decía al principio de mi primera intervención- las propuestas de la Comisión y que, además, en algunos casos, plantean ir más lejos y más deprisa en la reforma del sector ferroviario. 
De ahí que la mayor parte de las propuestas que se plantean sean aceptables para la Comisión, bien en su actual redacción bien en sus principios. 
Creo que suponen una mejora clara del texto inicial de la Comisión: lo precisan y mejoran, y clarifican algunos de los extremos. 
Voy a transmitir a la Secretaría del Parlamento una lista completa indicando la posición de la Comisión en cada una de las enmiendas, pero, sin embargo, quiero hacer unos cuantos comentarios al hilo de las discusiones y unas valoraciones globales sobre las enmiendas. 
En primer lugar, Señorías, me ha sorprendido que todavía algunos de ustedes sigan planteando el debate «liberalización del ferrocarril, sí o no». 
Señorías, a aquellos que quieren tanto al ferrocarril que desean que no se haga nada, lo único que les digo es que hemos visto durante todos estos años lo que se está produciendo: que está desapareciendo el ferrocarril. 
Si no hacemos nada- se lo digo a aquellos que están tan preocupados porque se va a perder empleo con esa teórica liberalización- lo que ocurrirá es que no va a haber ningún empleo, salvo aquellos que se queden en el museo del ferrocarril en los distintos países de la Unión Europea. 
Eso es lo que hay que saber. 
No estamos hablando de privatizar la red ferroviaria. 
Ésa es una opción que podrá tomar algún país, pero quiero señalar a sus Señorías que al único que había adoptado la red, la infraestructura fija, le hemos autorizado no hace mucho tiempo una serie de ayudas de Estado por un valor importantísimo para renacionalizar esa red ferroviaria. 
La Comisión no está impulsando ninguna acción de este tipo. Estamos planteando otra cosa: una red es un monopolio natural, y, por lo tanto, plantearía muchas dificultades la existencia de una titularidad no pública, en cuyo caso debería existir una serie de controles públicos sobre ese monopolio natural. 
Estamos planteando que un monopolio natural, como es una red europea, antes que nada debe ser europea, no debe haber un concepto nacional, sino europeo global, que exige reglas comunes desde el punto tecnológico, administrativo y de seguridad. 
En segundo lugar, planteamos que exista competencia entre los distintos operadores. 
Señorías, a algunos de ustedes les preocupa que haya competencia entre el operador francés- o los operadores franceses, Francia decidirá lo que hace- y el operador alemán, británico o de cualquier otro país de la Unión. 
La única alternativa a esa situación de competencia es crear un operador público único europeo, operando por toda la red ferroviaria europea. 
¿De verdad creen sus Señorías que eso se puede hacer? 
¿Que ése es el método para hacer que el ferrocarril sea más operativo, más competitivo y más dinámico, y recupere las cotas de mercado y las partes del transporte que le corresponden? 
Francamente, creo que no; que no es ése el camino. 
El camino es el que estamos planteando: concepto y diseño del ferrocarril a escala europea- más adelante me referiré también a la financiación- diseño europeo del ferrocarril y que los distintos operadores que ya existen en los distintos países de la Unión Europea puedan competir dentro de esa red. 
Y, si hay nuevos operadores- porque la legislación de los distintos países así lo autoriza- que cumplen los requisitos adecuados para operar en el conjunto de esa red ferroviaria, que también compitan. 
Estamos hablando de introducir la racionalidad en el sector ferroviario y transformarlo en un sector ferroviario europeo y adecuado para el siglo XXI. 
Comprendo que, efectivamente, como planteaba el Sr. Caveri, presidente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, la Dirección General de Transportes les ha hecho trabajar mucho sobre el ferrocarril. 
Como Comisaria responsable de transportes, quiero agradecer, una vez más, la comprensión, el apoyo y la cooperación de la presidencia y de la comisión en su conjunto para todos nuestros trabajos. 
Señor Presidente, voy a referirme brevemente a las enmiendas que se han planteado. 
Respecto al informe del Sr. Jarzembowski, en lo que se refiere a la apertura del mercado, subrayo su respaldo a la propuesta de la Comisión, a efectos de completar la apertura del mercado en el sector ferroviario de mercancías. 
Las enmiendas presentadas abordan la articulación en el tiempo entre la entrada en vigor de la Directiva 2001/12/CE, relativa a la primera etapa de la apertura a la competencia del transporte ferroviario de mercancías, que debe incorporarse al ordenamiento de los Estados miembros para que, a partir del 15 de marzo próximo, tengamos el pistoletazo de arranque en toda la Unión Europea, con las etapas suplementarias que nosotros proponemos y, concretamente, la incorporación de toda la red de los países de la Unión en una red europea. 
En ese sentido, todas estas enmiendas pueden ser aceptadas por la Comisión. 
Respecto a las enmiendas que proponen la extensión de la apertura a la competencia al sector de los pasajeros, Señorías, Sr. Jarzembowski, la Comisión cree que, para que se produzcan efectos positivos, esta apertura, que supone un paso diferenciado, reclama un marco más adecuado y estricto. 
Por lo tanto, debe considerarse esa apertura no sólo desde el punto de vista de los contratos celebrados por las administraciones públicas- algo ya regulado por la propuesta de reglamentos sobre las obligaciones de servicio público, que está todavía pendiente de la decisión del Consejo, pues el Parlamento se pronunció hace ya tiempo sobre ella- sino también desde el punto de vista de los derechos de acceso y de la protección de los derechos de los pasajeros. 
Señor Jarzembowski, no podemos aceptar estas enmiendas, porque nos reservamos hacer una propuesta específica este mismo año para los pasajeros, que contemplará de manera coherente el problema relacionado con la apertura a la competencia del ferrocarril en el sector «pasajeros». 
Quiero agradecerle, Señor Jarzembowski, su apoyo a las propuestas que en breve planteará la Comisión. 
En cuanto al informe del Sr. Sterckx sobre la seguridad ferroviaria, podemos aceptar la mayor parte de las enmiendas, bien en su estado actual o en su principio, mediante algunas adaptaciones en la redacción. 
Me refiero fundamentalmente a las enmiendas que refuerzan la exigencia de transparencia en materia de seguridad y que propugnan una convergencia más rápida e intensa de las normas de seguridad en su nivel más elevado. 
Creo que ése es el punto importante. 
Por el contrario, no podemos aceptar ni la enmienda 18 ni la 48, porque actuarían en contra de un reparto claro de responsabilidades; tenemos también dificultades para aceptar la 34, porque consideramos que podría debilitar considerablemente el alcance europeo de los certificados de seguridad. 
Por otro lado, hay que decir que otorgamos la máxima importancia a la independencia de los organismos de investigación en caso de accidente, y por ello no podemos aceptar ninguna limitación a esta independencia y, en ese sentido, no aceptamos la enmienda 56. 
Comparto con la Sra. Ainardi su planteamiento del problema de las inversiones, porque todo esto va a reclamar, por parte de los Estados miembros de la Unión, fortísimas inversiones. 
Cada uno de los Estados nacionales está interesado en impulsar esta modernización del ferrocarril, pero también hay un interés europeo clarísimo en impulsar la modernización de un ferrocarril transeuropeo. 
Éste es un elemento que deberemos tener en cuenta si queremos sacar adelante de verdad los objetivos y las ambiciones del Consejo Europeo de Lisboa. 
Por lo tanto, voy a hacer un llamamiento en ese sentido, de cara a las perspectivas financieras post Berlín, para que se aumenten los presupuestos dedicados a las infraestructuras de transportes ferroviarios, en un plan de realización de la red transeuropea ferroviaria, que exige un esfuerzo especial. 
Aceptamos la propuesta de la caja naranja de los registradores, que se va a ver reforzada con el LRTMS. 
También aquí podemos aceptar la mayor parte de las enmiendas, pero no todas, porque algunas no coinciden con los principios. 
En relación con el informe del Sr. Savary, que se encuentra- como todas sus Señorías y yo misma- entre los amigos del ferrocarril, quiero decir que la pieza clave que cierra todo el círculo es precisamente la Agencia. 
Quiero agradecer al Sr. Savary las mejoras que aporta con sus propuestas. 
Varias enmiendas tratan de la manera en que la agencia deberá trabajar con el conjunto de las partes involucradas, es decir, empresas, gestores, constructores de material, gestores de infraestructuras y también los usuarios y personas que trabajan en el sector ferroviario. 
Respaldamos estas enmiendas y, en particular, la 14, que consideramos muy positiva. 
También respaldamos, naturalmente, varias enmiendas relativas a la organización institucional de la Agencia que tratan, por ejemplo, del nuevo Reglamento financiero, que no existía en el momento en que se hizo la propuesta. 
Por el contrario, hay otras enmiendas que nos plantean dificultades, por ejemplo, las que tendrían como efecto conferir facultades de decisión a la Agencia, cuando entendemos que sólo debe tener una capacidad de propuesta técnica. 
Otras enmiendas son redundantes respecto a disposiciones vigentes o a propuestas previstas para 2003 y, por tanto, tampoco podemos aceptarlas. 
En conclusión, Señor Presidente, Señorías, quiero reiterar mi agradecimiento a los cuatro ponentes y a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo por el trabajo realizado, así como a este Parlamento por su apoyo. 
Después de mis conversaciones con la Presidencia griega, estoy segura de que bajo su mandato, y muy posiblemente en el Consejo del mes de marzo, podremos contar con la posición común del Consejo, que espero nos permita, si no en la primera lectura, sí en la segunda, alcanzar un acuerdo sobre este importantísimo paquete. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al mediodía. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
- (PT) La capacidad económica y la productividad de la economía europea dependen en un grado siempre creciente de un transporte interoperable eficaz que pueda mover rápidamente las mercancías y los pasajeros dentro de Europa y hacia vínculos de transporte internacionales. 
No obstante, no hemos conseguido realizar progresos significativos en el transporte ferroviario. 
Las decisiones se han tomado principalmente a escala intergubernamental, en que cada país intentaba defender sus propios intereses, y ello ha socavado la creación de un mercado ferroviario europeo. 
Esta situación es insostenible, porque estamos alcanzado el punto de saturación del transporte por carretera, lo cual impone una carga muy pesada sobre nuestros sistemas económico y medioambiental. Para hacer frente a este problema necesitamos voluntad política y un nivel adecuado de financiación. 
Además, es preciso tener en cuenta los problemas del transporte ferroviario en los países periféricos, como Portugal, al aportar soluciones a escala europea si queremos que la UE funcione como un todo y sea económicamente eficiente. 
Así pues, el Consejo ha de seguir al Parlamento Europeo mostrando la voluntad política necesaria y encontrando la financiación necesaria para crear un mercado europeo interior en el transporte ferroviario. 
. (ES) Señor Presidente, en primer lugar, como Comisaria de Transportes, quiero agradecer el poder presentar esta propuesta en materia social en el sector de los transportes por carretera que forma parte de la política de la Comisión destinada a aumentar la seguridad vial y la calidad del transporte por carretera. 
Hay aspectos sociales que tienen consecuencias en la seguridad del sector del transporte por carretera, y entiendo que debemos ocuparnos de ellos. 
La propuesta incluye medidas que van a favorecer la interpretación y aplicación eficaces y uniformes de las normas actuales, tal y como se anunció en el Libro Blanco, lo que igualará aún más las condiciones de la competencia en el sector del transporte por carretera. 
Esta propuesta deroga y sustituye el Reglamento del año 1985. 
Su finalidad es simplificar, aclarar y actualizar una legislación que se aprobó hace 17 años. 
Gracias a esta modificación, se favorece una aplicación eficaz de las normas y, en particular, la introducción del tacógrafo digital. 
Para simplificar estas normas se ha tenido que reducir el grado de flexibilidad del Reglamento en vigor, se han eliminado normas complejas sobre compensaciones por periodos de descanso reducidos y se ha aumentado en una hora la duración del descanso diario hasta alcanzar las 12 horas. 
Para actualizar las normas se han reducido al mínimo las exenciones y excepciones y se han limitado a los vehículos pequeños y ligeros, los utilizados en distancias cortas y los que ofrecen un servicio público. 
Uno de los principales factores que ha motivado esta revisión ha sido el aumento, durante los últimos 17 años, del número de servicios ofrecidos por las empresas privadas. 
Para lograr una aplicación más eficaz de las normas, la Comisión quiere introducir algunos aspectos nuevos en las mismas, entre otros, el refuerzo de las normas sobre la responsabilidad de los empresarios y disposiciones explícitas para facilitar la imposición de sanciones en un Estado miembro a los conductores que infrinjan las normas comunitarias en otro Estado miembro de la Unión Europea. 
Además, se introduce una disposición explícita para que todos los Estados miembros adopten el embargo del vehículo como una de las sanciones por incumplimiento de la ley. 
Inmovilizar el vehículo es una manera muy eficaz de sancionar no sólo a las empresas de transporte, sino también a los expedidores o agencias de transporte que presionan cada vez más a los transportistas, exigiéndoles plazos poco razonables e incluso absolutamente ilegales. 
Por último, para favorecer una aclaración constante de las normas, un intercambio fructuoso de experiencias y prácticas en el respeto de las mismas y una participación activa de todos los Estados miembros en la aplicación del Reglamento, la Comisión propone la creación de un comité consultivo compuesto por expertos nacionales de cada uno de los Estados miembros de la Unión. 
Este comité colaborará junto con el comité de diálogo con el sector existente en el ámbito europeo. 
Señor Presidente, Señorías, en resumen, ésta es nuestra propuesta, cuya intención primordial es mejorar el cumplimiento de las normas actualmente en vigor, aclarar su contenido, aumentar la responsabilidad y, a partir de ahí, mejorar la seguridad vial. 
Señor Presidente, en el avance de la prensa alemana había un titular que es muy adecuado para este expediente. 
Leo: las mercancías frescas necesitan conductores despiertos. 
En realidad, el caso es que solemos estar más preocupados por la economía y la competencia, y que con demasiada frecuencia no se presta suficiente atención a la cuestión de la seguridad y la vida y la salud del público. 
Recientemente lo hemos visto con el desastre del Prestige. 
Cuando hay un accidente marítimo o aéreo, el público europeo está furioso, pero las muertes diarias en nuestras carreteras son algo a lo que nos hemos acostumbrado. 
Sin embargo, no deberíamos acostumbrarnos, porque- como demuestran las estadísticas- hay dos causas principales de accidentes en nuestras carreteras. 
La primera son los vehículos pesados de transporte de mercancías con conductores agotados, que permanecen al volante durante demasiado tiempo, y en segundo lugar, cada vez más, los servicios rápidos, los llamados de clase sprinter, que representan el mayor potencial de peligro en nuestras calles y carreteras. 
Por ello es absolutamente crucial para nosotros incluir estos servicios rápidos, esta clase sprinter, en este reglamento. 
En la comisión hemos llegado a un consenso en torno a una serie de reglas sensatas para los tiempos de conducción y los periodos de descanso que son realistas y adecuados para las necesidades tanto de los conductores como de las empresas. 
Creo que es sensato, siempre que sea posible, que los conductores pasen sus periodos de descanso semanal en casa, allí donde viven, con sus familias. 
Asimismo es sensato, si están cerca de un transbordador y pueden pasar el resto del tiempo allí, que los tiempos de conducción y los tiempos de descanso les permitan llegar al transbordador. 
Evidentemente no es sensato pasar el tiempo de descanso en un vehículo que circula, y así lo decimos en el texto. 
Como ya ha dicho el Sr. Grosch, podemos adoptar todas las reglas maravillosas, detalladas, e incluso obsesivamente detalladas que queramos, pero si no pueden aplicarse, serán meras palabras. 
Para mí, en cualquier caso, este es también uno de los puntos más importantes. 
Actualmente tenemos una tasa de inspección media de tan sólo el 1% y en realidad sólo es posible efectuar inspecciones reales, controles reales, si realizamos paralelamente el control del vehículo y el control de la empresa. 
Sin embargo, la práctica en los Estados miembros de la Comunidad es muy variable y por esta razón, señora Comisaria, es preciso que el periodo de transición entre que nos despedimos del tacógrafo tradicional e introducimos el tacógrafo digital, ha de ser lo más breve posible, para que podamos inspeccionar cuanto antes todos los vehículos pesados en la Comunidad por medio de tacógrafos digitales. 
El hecho de que esto permita hacer el seguimiento de un periodo de 28 días en un control en carretera supondrá una enorme contribución a la seguridad en las carreteras europeas. 
Me gustaría dar las gracias al ponente, Helmut Markov, que ha realizado un buen trabajo, ha estado dispuesto a lograr un compromiso y se ha unido a nosotros en sus propuestas, así como a otros colegas que han sido ponentes alternativos de este expediente. 
Señor Presidente, el Sr. Markov ha realizado un excelente trabajo. 
Este informe examina reglas que simplificarán un ámbito muy complicado. 
Conducir es uno de los trabajos más duros y apremiantes que existen. 
El asiento detrás del volante en autocares y camiones es un lugar de trabajo deslomador. 
Las nuevas reglas simples propuestas por el Sr. Markov aligerarán la carga de trabajo. 
Hay que aplaudir que el Parlamento pueda contribuir a la simplificación de las reglas. 
Los asaltos son uno de los principales problemas con los que se encuentran los conductores cuando descansan en las carreteras europeas. 
Es más urgente que nunca cooperar en la prevención de la creciente violencia en nuestras carreteras. 
Por último, quiero llamar la atención sobre la mayor seguridad en carretera. 
Es importante no sólo para los conductores profesionales, sino también para todos los que conducimos por las carreteras europeas. 
Con demasiada frecuencia, hemos visto accidentes provocados por conductores cansados. 
Las nuevas reglas simples significarían que nadie tendría dudas acerca de cuándo y durante cuánto tiempo los conductores de largas distancias han de descansar. 
Sería más fácil para la policía controlar si se están cumpliendo las reglas. 
Espero que la policía también incremente el grado de control que ejerce. 
Asimismo he de decir que me sorprende mucho que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas tenga más en cuenta los costes de equipar camiones que las muertes de 40 000 personas cada año en las autopistas europeas. 
El Grupo del ELDR está haciendo gala de tacañería de la peor clase. 
Deberían avergonzarse. 
Señor Presidente, quiero centrar mi contribución a este debate en la esencia de lo que significa la propuesta para las personas en mi circunscripción. 
Este informe, y la propuesta original que hay detrás de él, tendrían graves implicaciones tanto para las empresas como para los individuos. 
Aunque se lograron importantes derogaciones en la comisión, el concepto de la propuesta sigue siendo poco práctico, insostenible e imposible de aplicar. 
Por ello, junto con diversos colegas, he presentado una enmienda por la que se rechaza en su totalidad la propuesta de la Comisión. 
De hecho me parece que recientemente hemos visto que el sector del transporte ha sido duramente golpeado por un instrumento tras otro de legislación excesiva. 
El lema parece ser: si se mueve, hay que regularlo. 
He de justificar ante mis electores la ética de un informe que en un principio intentaba vincular los servicios de rescate por carretera y los vehículos de servicio público- todos ellos absolutamente esenciales para la sociedad- a nuevos horarios de trabajo estrictos. 
Estos requisitos sobre el horario de trabajo impiden que los profesionales hagan su trabajo eficazmente imponiendo condiciones estrictas sobre cuándo han de descansar. 
Una vez más vemos que Europa paraliza las empresas en lugar de liberarlas. 
Sobre todo es preocupante la introducción de una gama común de sanciones. Ello abre las puertas a la intervención en asuntos de soberanía nacional y autonomía nacional. 
De hecho, las cuestiones de subsidiariedad y extraterritorialidad patentes en este informe son ejemplos claros de que el propio informe se está extralimitando. 
Los conservadores británicos, por su propia naturaleza, se oponen a que se imponga una legislación tan restrictiva a las empresas. 
Creemos que este instrumento legislativo es innecesario, excesivo y que tiene escasa relevancia tanto para las necesidades de las empresas como de los empleados. 
No tiene en cuenta la necesidad de flexibilidad en ámbitos clave del transporte, presta poca atención al consumidor y parece menospreciar la necesidad de que la industria europea siga siendo competitiva, una piedra angular de la Declaración de Lisboa. 
Por ello no dudo en pedir a esta Asamblea que apoye nuestra enmienda clave para rechazar la propuesta en su totalidad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, en el Pleno valoramos su presencia en los debates de la Comisión de Transportes. 
Este informe tiene un eje fundamental, que es la seguridad en carretera. 
Como ya han dicho algunos colegas, la falta de seguridad implica 40 000 muertos y 1 750 000 heridos al año en la Unión Europea. 
Y hay un gran consenso por parte de todos los Grupos con relación a la necesidad de conseguir el objetivo de la seguridad. 
A partir de aquí empiezan las diferencias, y estamos generando unas propuestas que darán trabajo al Consejo, porque éste deberá tomar posición sobre muchos puntos que en esta Cámara, lógicamente, no van a alcanzar la unanimidad. 
Concretamente, estamos hablando de uno de los factores de la seguridad. 
Es verdad que están las tecnologías, que están las infraestructuras, que hay muchos agentes que intervienen en relación con la seguridad o inseguridad, pero creo que debemos centrarnos en el fundamental, que es el factor humano, el conductor en este caso. 
A partir de las propuestas del Sr. Markov, y contando con su colaboración, este informe ha evolucionado, dando lugar a una mayor flexibilidad para el conductor, porque es él quien sabe qué nivel de cansancio tiene en cada momento y debe ser él quien domine y mande en cuanto a los descansos y la distribución del tiempo de trabajo. 
Hay un fantasma que se cuela en todos los debates y es que algunas veces esta flexibilidad puede ser aprovechada por la empresa de transporte en contra, precisamente, de la capacidad de decisión del conductor. 
Si eso fuera así, el sistema de controles sobre las empresas debería ser durísimo, puesto que estamos hablando de arriesgar vidas, empezando por la de los propios conductores. 
Estamos hablando también de una pequeña y mediana empresa europea muy importante, como es la empresa de transporte, que hemos de sacar adelante y cuya competitividad tenemos que defender. 
Y estamos hablando de un problema del transporte en una Europa que no es igual, una Europa que tiene áreas periféricas a las que el transporte afecta de manera diferente a como afecta a las áreas centrales. 
Creo que este informe pretende objetivos importantes, pero deberemos seguir trabajando en él hasta conseguir un consenso. 
Señor Presidente, yo también creo que es bueno que tengamos unas reglas más claras y que el reglamento se revise de forma que tenga en cuenta los cambios que han tenido lugar en el sector del transporte en los últimos 15 años. 
Sin embargo, creo que es importante que, en relación con la regulación de la seguridad del transporte por carretera, establezcamos una clara definición de las normas relacionadas con el tiempo de conducción y los periodos de descanso, en parte en relación con aspectos complementarios de estas normas, como las reglas que rigen el tiempo de trabajo de los conductores, así como los controles del cumplimiento de las reglas que rigen los tiempos de conducción y los periodos de descanso. 
La situación geográfica de mi país es tal que para nosotros es especialmente importante que el transporte sea eficaz y al mismo tiempo seguro. 
Por ello es importante que el concepto de tiempo de conducción se defina como el periodo durante el cual las ruedas del vehículo están girando y que no exista confusión con las reglas que rigen el tiempo de trabajo de los conductores. 
Quiero advertir contra las propuestas de cambiar las reglas presentes a fin de ampliar los periodos de descanso, porque tales cambios supondrían un importante gasto sin ofrecer a los conductores una mayor seguridad o mejores condiciones. 
Ello se debe a que la calidad del descanso no es por fuerza directamente proporcional a su duración, y también es importante que los propios conductores puedan organizar sus periodos de descanso y elijan dónde van a descansar. 
Todo el mundo puede estar de acuerdo en que hay problemas de seguridad del transporte en nuestras autopistas, pero no es necesariamente siempre debido a unas reglas demasiado laxas, sino más bien debido a unos controles inadecuados y unos esfuerzos insuficientes para garantizar que se están cumpliendo las reglas en la práctica. 
Esto hemos de resolverlo. 
Me gustaría añadir que estoy muy de acuerdo con mi colega, el Sr. Blak, en que hemos de examinar otro problema para los conductores. 
Es importante que tengan más seguridad cuando hacen una pausa. 
Es vergonzoso que los conductores tengan que vivir con miedo de ser asaltados o robados. 
El Consejo ha aceptado que los países han de realizar esfuerzos en este ámbito, y espero con impaciencia ver pronto algunas iniciativas prácticas. 
Señor Presidente, en esta legislación detecto una ampliación preocupante y siniestra del alcance del poder de la Comunidad. 
Me parece que la Comisión ya no se contenta con establecer normas armonizadas; ahora está empezando a establecer normas y prioridades para su ejecución. 
Dentro de los estrechos límites de esta legislación, garantizar normas para un cumplimiento adecuado sin duda tiene su propia lógica interna, pero esto no es todo. 
El transporte por carretera corre a cargo de diversos organismos, la mayoría de los cuales tienen muchas responsabilidades y deberes. 
En este caso, la principal carga recaerá en las fuerzas policiales, cuyas obligaciones también abarcan una amplia gama de cuestiones penales que están fuera del alcance de este reglamento y de la ley comunitaria. 
Con unos recursos dolorosamente limitados, las decisiones sobre el empleo de estos recursos deberían ser decisiones locales, basadas en una valoración de las necesidades de las comunidades locales y de sus diferentes pautas. 
En este contexto, en que los funcionarios que se ocupan de cuestiones de transporte también se ocupan de la prevención de delitos como el robo y de otros accidentes, las exigencias de la Comunidad en este ámbito específico provocarán con toda seguridad una distorsión de las prioridades, dictadas no por las necesidades locales, sino por una autoridad supranacional que no conoce ni comprende las condiciones locales. 
Debido a ello, las autoridades nacionales, en su precipitación por adecuarse a los requisitos de la Comisión en este ámbito, pasarán por alto otras obligaciones que en realidad son mucho más importantes. 
Por ello es realista sugerir que los ladrones podrán campar a sus anchas gracias a que la dirección policial, bajo la presión de las autoridades nacionales, está más preocupada por satisfacer las necesidades de la Comunidad. 
Esto es sencillamente inaceptable. 
Por ello votaré en contra de este reglamento. 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, quiero agradecer ante todo los comentarios constructivos sobre nuestra propuesta y decir, para que no quepa ninguna duda, que no es una propuesta de política social. 
Eso no me corresponde a mí, sino a la Sra. Diamantopoulou. 
No es mi competencia. 
Yo estoy hablando de seguridad vial, de seguridad en el transporte por carretera, ése es el objetivo de esta propuesta. 
Si tuviera el otro aspecto como objetivo primario, habría que plantear otros temas. 
Estoy hablando de seguridad en nuestras carreteras en el sector del transporte y, evidentemente, también de distorsiones de la competencia. 
Dado el gran número de enmiendas propuestas, presentaré por escrito a la Secretaría del Parlamento la lista indicando la posición concreta de la Comisión respecto a cada una de ellas. 
Sin embargo, quiero hacer unas cuantas observaciones genéricas sobre los asuntos más importantes que se han destacado hoy aquí. 
En primer lugar, la adopción de la Directiva sectorial sobre tipo de trabajo, que prevé un método de cálculo por semana, hace necesaria la adaptación de nuestro Reglamento, sobre todo en las disposiciones relativas al tiempo de trabajo y de descanso. 
Por lo tanto, la Comisión acepta las enmiendas- algunas con modificaciones redaccionales- que aclaran el texto en este sentido. 
También aceptamos aquellas- algunas reformuladas- que piden mejoras en el control y la aplicación de la norma. 
Incorporaremos estas sugerencias en la propuesta sobre controles en carretera que presentaremos próximamente, sabiendo que es una propuesta distinta- y ésta es mi respuesta a uno de los oradores que se refería antes a este aspecto. 
También aceptamos las enmiendas que reclaman la compatibilidad de las reglas de la Unión Europea con las de los países terceros y que piden la inclusión en la normativa de vehículos de transporte internacional más pequeños, sobre todo los que prestan servicios de mensajería, así como todas las que persiguen una cierta flexibilidad en cuanto a permitir todas las prácticas existentes que no afecten negativamente a la aplicación del Reglamento. 
No obstante, señor Presidente, no podemos aceptar los argumentos que consideran que esta propuesta no es necesaria. 
Hace ya diecisiete años que entró en vigor el Reglamento original y tanto las características del mercado como las realidades europeas y la evolución tecnológica, concretamente el tacógrafo digital, han evolucionado y cambiado notablemente. 
La Comisión asegurará un equilibrio entre flexibilidad y control en la aplicación. 
No podemos aceptar las enmiendas que piden más controles y suponen un aumento excesivo de las cargas administrativas. 
Y respecto a las excepciones y las derogaciones, la Comisión acepta aquellas que se basan en realidades concretas, pero no las genéricas que pudieran servir para eludir las reglas. 
Señor Presidente, quiero agradecer el magnífico trabajo realizado por el ponente Sr. Markov, que ha tenido que enfrentarse a un auténtico bosque de enmiendas, pero creo que al final ha podido plantear una propuesta de informe equilibrado y que, globalmente, la Comisión comparte. 
Gracias, señora Comisaria de Palacio. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, ayer tuvo lugar un pequeño incidente en el que me vi implicado junto con la Presidencia de la sesión. 
De conformidad con el artículo 122 del Reglamento, quiero que se me diera la palabra cuando se apruebe el Acta. 
¿Puede usted confirmar que el Acta será aprobaba al principio de esta tarde, dado que no estaba lista esta mañana? 
-Señor Gollnisch, mis servicios me dicen que el Acta será presentada para su aprobación hoy a las 15.00 horas. 
(La sesión, suspendida a las 11.37, se reanuda a las 12.00 horas) 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
. 
(EN) En algunas partes de la Unión Europea, como en las zonas rurales y las islas de Escocia, simplemente no existe alternativa al transporte por carretera para la distribución de mercancías o pasajeros. 
Por esta razón, un horario laboral excesivamente restringido para los conductores de camiones y autocares agravaría las dificultades a las que ya se enfrentan los residentes y las empresas, incrementando los costes de los bienes y servicios esenciales. 
Por ello votaré en contra de las enmiendas que pretenden reducir aún más el tiempo de conducción previsto en la propuesta de la Comisión. 
Si queremos que los reglamentos de la UE sean considerados relevantes, habrá que tener en cuenta las realidades a las que se enfrentan las comunidades rurales e insulares. 
Espero que la propuesta final en relación con el horario laboral de los conductores reconozca que algunas zonas, como las Highlands y las islas de Escocia, exigen adoptar un enfoque flexible, y espero que el Consejo y la Comisión estén de acuerdo. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Informe (A5-0432/2002) de Marianne Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo por la que se modifican las Directivas del Consejo 78/660/CEE, 83/349/CEE y 91/674/CEE relativas a las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedades y empresas de seguros (COM (2002) 259/2- C5-0233/2002- 2002/0112 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0439/2002) de Nicholas Clegg, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no miembros de la Comunidad Europea (COM (2002) 110- C5-0133/2002- 2002/0067 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0433/2002) de Marie-Arlette Carlotti, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la comunicación de la Comisión sobre el informe anual sobre ayuda humanitaria- 2000 (COM (2001) 307- C5-0397/2001- 2001/2155 (COS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0417/2002) de Georg Jarzembowski, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE del Consejo sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (COM (2002) 25- C5-0038/2002- 2002/0025 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0424/2002) de Dirk Sterckx, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios y por la que se modifica la Directiva 95/18/CE del Consejo sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias y la Directiva 2001/14/CE relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la seguridad (COM (2002) 21- C5-0039/2002- 2002/0022 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0418/2002) de Sylviane Airnardi, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 96/48/CEE del Consejo y la Directiva 2001/16/CE relativas a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo (COM (2002) 22- C5-0045/2002- 2002/0023 (COD)) 
Señor Presidente, por razones técnicas desafortunadas, no se han presentado las enmiendas que hice a mi informe. 
Antes de que procedamos a la votación de cada enmienda, quiero decir, ahora mismo, que para garantizar la coherencia de todo el paquete, he decidido presentar algunas de estas enmiendas como enmiendas orales. 
Hay dos enmiendas que corresponden a la nueva redacción propuesta para el artículo 3 relativo a la Agencia. 
Hay un considerando que hace referencia a la enmienda del artículo 29 sobre seguridad. 
Hay también otra enmienda que expone mi deseo de plantear la cuestión de la financiación. 
Señorías, me gustaría conocer sus opiniones al respecto. 
A fin de seguir correctamente los procedimientos, si 32 diputados se oponen a la hora de realizar la votación, no podrá haber una enmienda oral. 
Cuando lleguemos a los puntos respectivos en la votación, la Asamblea podrá expresar sus preferencias. 
Antes de la votación sobre las enmiendas al punto 4 del artículo 1, al punto 5 del artículo 2 y a los considerandos 6 y 8, el Presidente constata que más de 32 diputados se oponen a las enmiendas orales. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0441/2002) de Gilles Savary, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea (COM (2002) -0046- C5-0023/2002- 2002/0024 (COD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0388/2002) de Helmuth Markov, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera (COM (2001) 573- C5-0485/2001- 2001/0241 (COD) ). 
Antes de la votación de la enmienda 91: 
Señor Presidente, el orden decidido para las votaciones es discutible. 
En mi opinión, la enmienda 9 es la que más se aleja del texto aprobado en comisión. 
No obstante, el Presidente es quien tiene que decidir. 
Visto el grado de entendimiento, también cederé ante esa experiencia. 
La información que me han facilitado los servicios es, señor Martin, que ayer por la mañana habría usted tenido razón al señalar que la enmienda 24 no estaba disponible en todos los idiomas. Ello se debió a un fallo electrónico de nuestro sistema, que se rectificó ayer por la tarde. 
Por consiguiente, su objeción ya no es válida. 
Está usted autorizado a hacer una observación de este tipo si hay versiones lingüísticas que no están disponibles. 
Sin embargo, dado que esta cuestión se resolvió ayer, ahora procederemos a la votación de la enmienda 24. 
- - 
Antes de la votación de la enmienda 18: 
Señor Presidente, quisiera proponer al Sr. Méndez de Vigo que retire su enmienda. 
Nos está pidiendo que tomemos una decisión sobre un asunto fundamental que sé que es muy importante para el pueblo español. Estamos en deuda con el presidente Felipe González por haber introducido el concepto de ciudadanía europea en los Tratados, así como por haberlo desarrollado ampliamente. 
No obstante, no creo que se trate de una cuestión puramente lingüística o filosófica: es una cuestión de la mayor importancia. 
Constituye la base de la legitimidad de la Unión Europea. 
¿Desea el Parlamento desechar la definición tradicional de una Unión de Estados y de pueblos para adoptar el concepto de una Unión de Estados y de ciudadanos? 
En mi opinión, si queremos preservar el buen nombre de la Unión Europea, sería preferible prestar a este asunto la atención que merece, en lugar de actuar precipitadamente con la aprobación de una enmienda a uno de los considerandos de un informe relativo a un tema totalmente diferente. 
Para aclarar la cuestión a la Asamblea, señora Berès, usted pide que el autor retire su enmienda. 
Señor Presidente, no estoy de acuerdo con la última observación de la Sra. Berès. 
No se trata de hacer pasar una enmienda. 
Se trata de reflexionar, en un texto importante de cara a la Convención, sobre algo que importa mucho a este Parlamento, que es la legitimidad, la doble legitimidad de la Unión. 
El señor Tsatsos y yo, en nuestro informe sobre el Tratado de Amsterdam, hablamos de la doble legitimidad de Estados y de pueblos. 
El concepto de pueblo nos parece un concepto arcaico. 
Queremos hablar de ciudadanos, porque queremos acercar Europa a los ciudadanos. 
Por tanto, no retiro mi enmienda y pido que se someta a votación. 
Y pido también al Grupo Socialista que considere que eso es lo realmente moderno y no lo antiguo. 
Érase una vez una paloma blanca (Europa) y un águila malvada (los Estados Unidos). 
El cuento de hadas que nos cuentan en este informe no convencería ni a un niño de que los Estados Unidos es el único país que subvenciona a sus compañías aéreas. 
¡Nos vamos a creer que la Unión Europea no subvenciona también al consorcio europeo Airbus, entre otros! 
¡Nos vamos a creer que los Estados miembros no apoyan a sus compañías aéreas, ya estén en manos públicas o privadas! 
¡Que la Comisión publique las cuentas que detallan las enormes subvenciones directas e indirectas, reconocidas o no, que la Unión Europea y los Estados miembros conceden a los sectores de la aviación y la aeronáutica y a sus accionistas! 
En realidad, no son más que nuevas subvenciones para los capitalistas de la industria de la aviación. Ante todo, rechazamos su sistema en conjunto, basado en la competencia y en la guerra comercial, los cuales tienen un elevado coste para la sociedad. 
He votado a favor de este informe sobre la Comunicación de la Comisión relativa al Informe anual sobre la ayuda humanitaria 2000, porque comparto el diagnóstico que la ponente hace de la situación y también muchas de sus propuestas. 
Como afirma el ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa: «El objetivo esencial de la ayuda humanitaria de la Unión es responder con rapidez y de manera eficaz a las necesidades de las víctimas de las crisis humanitarias con objeto de aliviar sus sufrimientos dentro de un espíritu de solidaridad humana. 
Huelga decir que cualquier tipo de consideración política está fuera de lugar en este contexto». 
Me parece especialmente importante la advertencia de la ponente de que se ha producido una tendencia a la baja de la cuantía de la ayuda humanitaria urgente «que permite salvar inmediatamente vidas humanas». 
Para contrarrestar esta tendencia, me parece fundamental, como ya se ha propuesto, que se refuerce la actuación de ECHO, que se pongan en marcha campañas para concienciar a los ciudadanos de la Unión Europea, con vistas a lograr un mayor acercamiento de éstos, y que se invierta la tendencia negativa observada en el presupuesto. 
Una de nuestras prioridades debería ser mejorar la coordinación de la ayuda humanitaria y de los que la prestan, para evitar situaciones como la ocurrida recientemente en Angola cuando se «garantizó» la ayuda, pero ésta tardó mucho tiempo en llegar a su destino. 
Tenemos que hacer mucho más flexibles nuestros mecanismos de respuesta. 
Señor Presidente, últimamente duermo muy bien y sueño mucho. 
Uno de mis sueños transcurría en el casino Palais de l ' Europe? que no existe de verdad, sino sólo en mis sueños? donde había cuatro jugadores sentados a la mesa de juego: el Sr. Jarzembowski, el Sr. Sterckx, la Sra. Ainardi y el Sr. Savary. 
Jugaban de una manera animada y muy cordial. 
El Sr. Jarzembowski, vestido de jefe de tren, charlaba con los otros jugadores y les decía: «¡Debemos potenciar los ferrocarriles! ». 
Explicó su informe y defendió con gran entusiasmo e inteligencia el desarrollo de los ferrocarriles en Europa, y hablaba con tanta elocuencia, que me convenció para que votara a favor de su informe. 
Ya les diré lo que decían los otros jugadores cuando llegue su turno. 
A nuestro parecer, el informe del Sr. Jarzembowski se ha beneficiado de la propuesta de la Comisión de extender el ámbito del proceso de apertura a la competencia de un sector en el que nosotros creemos que el concepto de servicio público es fundamental. 
Esta apertura del sector a la competencia, así como el acceso a la infraestructura ferroviaria de los Estados miembros en un corto espacio de tiempo, podrían ser perjudiciales para el desarrollo de los ferrocarriles en Europa. En particular, el proceso traería inestabilidad e incertidumbre a un mercado que exige soluciones tecnológicas y cuantiosas inversiones a largo plazo. 
Todos sabemos que, por una parte, los servicios públicos deben garantizar un trato igualitario para todos los usuarios del país, con independencia de sus circunstancias particulares. Por otra parte, la apertura del sector a la competencia podría debilitar este concepto de servicio público o incluso acabar con él. 
Por eso, nos oponemos a cualquier tipo de liberalización, salvo que se demuestre que tendrá un verdadero valor añadido. La situación actual en algunos Estados miembros pone de manifiesto las limitaciones de un sistema cuyo único objetivo es generar los mayores beneficios posibles. 
Por eso, hemos votado en contra del informe Jarzembowski. 
Con este «paquete ferroviario» , la Comisión Europea propone una nueva versión de la Directiva 91/440, que pretende aumentar la liberalización de los servicios ferroviarios, en particular para las mercancías. 
Las enmiendas de la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo han ampliado su ámbito de aplicación para incluir también la liberalización de los servicios de pasajeros. 
Voy a votar en contra de estas dos medidas. 
¿Por qué estamos acelerando el proceso de liberalización, cuando la directiva de 1991 acaba de revisarse? 
¿Por qué estamos reconsiderando un acuerdo, un acuerdo equilibrado, que se alcanzó con cierta dificultad hace tan solo un año? Los Estados miembros ni siquiera han terminado la transposición de la directiva revisada de 2001. 
Esto significa que no habremos evaluado las consecuencias del inicio de la liberalización, antes de pasar a nuevas fases que crearán una situación irreversible. 
Es simplista afirmar que la principal razón de que el ferrocarril se haya vuelto menos competitivo que el transporte por carretera de mercancías es que el sector no se ha liberalizado. 
No tuvimos que liberalizar los servicios de transporte ferroviario de pasajeros para lograr la cooperación entre los operadores nacionales en lo referente a Thalys. 
Lo que funciona para los servicios de pasajeros podría aplicarse y desarrollarse para los servicios de mercancías. 
No obstante, hace falta buena voluntad y que las inversiones europeas y nacionales estén a mano. 
¡Utilicemos el ferrocarril, en lugar de camiones! 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (FR) La apertura total de la infraestructura ferroviaria de los Estados miembros a la competencia, en un corto espacio de tiempo, podría tener consecuencias fatídicas para la función de servicio público que desempeñan las empresas ferroviarias nacionales. 
Existe el riesgo de que las líneas transeuropeas rentables sean monopolizadas por los grandes operadores, mientras las redes secundarias menos rentables quedan en manos de pequeños operadores. 
Hasta ahora, la Comisión no ha presentado una evaluación de las consecuencias de la liberalización del sector ferroviario y de la separación de la infraestructura y el funcionamiento. Esta propuesta de liberalización total es muy prematura. 
Por eso, he votado en contra de ella. 
Somos conscientes de que el segundo paquete ferroviario de la Comisión y, en particular, la propuesta de directiva sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, que es el tema del informe Jarzembowski, toca cuestiones que vienen de largo y son importantes para algunos Estados miembros, entre ellos el mío: Portugal. 
Aunque no ha transcurrido mucho tiempo desde la aprobación del anterior paquete? el acuerdo con el Consejo no se alcanzó hasta 2001? la propuesta actual de la Comisión trata de ir más allá con medidas dirigidas a liberalizar este sector, particularmente en el ámbito del transporte de mercancías, además de medidas para reforzar las normas de seguridad aplicables a este medio de transporte. 
Creemos que debemos apoyar esta mayor liberalización propuesta por la Comisión, aunque rechazamos las enmiendas que fijan un plazo específico para la apertura total del mercado en el transporte ferroviario de pasajeros y mercancías. 
Por eso, tampoco hemos podido apoyar la enmienda 13 presentada por el Sr. Miranda, porque dicha enmienda carece de flexibilidad en su manera de enfocar la necesidad de revitalizar un medio de transporte que no contamina el medio ambiente y que puede contribuir, en el ámbito del transporte de mercancías, a reducir la congestión del transporte por carretera en Europa, pero que exige una gran inversión económica que sólo la apertura del mercado puede hacer viable. 
En ese mismo sueño, señor Presidente, estando todavía en el casino Palais de l ' Europe, otro jugador sentado a la mesa era el Sr. Sterckx. Pero ahora el Sr. Sterckx iba vestido de ciclista. 
¿Por qué? 
¡Quién sabe! 
Probablemente el hecho de que Merckx y Sterckx riman me llevó a imaginar que era ciclista, y un ciclista muy veloz, ya que Eddy Merckx ganó todas sus carreras, como bien recordamos. 
En efecto, el Sr. Sterckx charlaba con los demás y les explicaba su informe, mientras insistía en la importancia de la alta velocidad en los sistemas ferroviarios europeos y, en particular, en la necesidad de que los trenes de alta velocidad contaran con comodidades para los pensionistas. 
Después de escuchar esto, no podía hacer otra cosa que votar, a la mañana siguiente, a favor del excelente informe del Sr. Sterckx, como, en efecto, he hecho. 
. (FR) Con la excusa de terminar con la fragmentación nacional de la red ferroviaria europea, que debería haberse integrado ya hace tiempo, usted está imponiendo un tipo aún peor de fragmentación entre intereses privados en competencia. 
La pretensión de desarrollar un «sistema de seguridad comunitario» refleja, en el mejor de los casos, su propia preocupación ante la evidencia de que los intereses privados tratarán de obtener los máximos beneficios y de que no darán prioridad a las inversiones en recursos humanos y en materiales para garantizar unos niveles adecuados de seguridad. 
En realidad, usted sólo se refiere a la cuestión de la seguridad para oponerse a que «una normativa nacional más estricta» comporte «una limitación del acceso al mercado». 
Las normas de seguridad a las que usted se refiere son mínimas y provocarán catástrofes. 
Hemos rechazado el informe y declaramos que el carácter de servicio público del transporte ferroviario no debe alterarse. 
Nos oponemos también a que se pierda el concepto de servicio público por el afán de obtener mayores beneficios económicos. 
He votado a favor de este informe porque yo también creo que si queremos hacer más seguro el sistema ferroviario comunitario y mejorar los servicios ferroviarios internacionales, tenemos que promover la adopción progresiva de un sistema de normas comunes de seguridad en los Estados miembros. 
Me congratulo de que el sistema ferroviario europeo tenga unos indicadores de seguridad tan buenos. Esto no hace más que subrayar la necesidad urgente de aumentar la utilización del transporte ferroviario y de reducir el transporte por carretera? en particular, en camiones? que es menos seguro. 
El informe que tenemos ante nosotros describe un paquete de medidas para la liberalización de los servicios ferroviarios, cuya aplicación está prevista para 2008. A este respecto, es importante que aprendamos de la experiencia británica de los últimos años, en el sentido de que las administraciones públicas deben continuar supervisando y evaluando el cumplimiento de las normas de seguridad ferroviarias, sobre todo en lo que se refiere al mantenimiento de las infraestructuras. 
He considerado también algunas de las sugerencias de la comisión competente relativas a la introducción de un certificado de seguridad para las empresas ferroviarias y los responsables de la gestión de las infraestructuras. Estas sugerencias incluyen también dar una formación adecuada al personal ferroviario, conducente a la obtención de una certificación, además de poder acceder a la información sobre seguridad de todas las nuevas empresas ferroviarias y adoptar una misma lengua oficial para todo el transporte internacional, como ocurre en el mundo de la aviación. 
Refiriéndose al segundo paquete ferroviario que acabamos de someter a votación, la Comisaria de Palacio ha dicho esta mañana que sin liberalización, dentro de poco no nos quedará nada más que un museo del ferrocarril. 
¡Me temo que pronto no nos quedará más que un cementerio de pasajeros! 
El informe Jarzembowski aboga por acelerar la liberalización tanto de los servicios de mercancías como de pasajeros. La falta de realismo y la huida hacia adelante del informe dan miedo. 
En su visión liberalizadora, el autor no tiene en cuenta el tiempo que es necesario para modificar las estructuras e ignora totalmente los factores social y humano. 
Los sueños dibujados sobre el papel, especialmente cuando se refieren a la liberalización, suelen convertirse en pesadillas para aquellos que tienen que ponerlos en práctica. 
Para evitar que el proceso de liberalización genere problemas de comunicación, el personal ferroviario debe comunicarse en un lenguaje comprensible para todos, como ocurre en la aeronáutica. 
No pondría ninguna objeción a que el personal ferroviario fuera seleccionado y retribuido igual que los pilotos de aviación. 
Esa sería, desde luego, una buena noticia para todos los trabajadores ferroviarios, pero dudo que alguna vez llegue a producirse. 
Estando así las cosas, no puedo apoyar estos dos informes. 
Por eso, he votado en contra. 
Señor Presidente, en mi sueño, la Sra. Ainardi también jugaba en el casino Palais de l ' Europe? una partida de póquer, en este caso? con los otros ponentes sobre los ferrocarriles europeos. 
Estaba muy elegante y bella, y rodeada de jóvenes admiradores, pero siempre que le llegaba el turno de jugar, decía: «Paso, paso, paso». Cuando los demás jugadores le preguntaban por qué, ella contestaba: «Debemos evitar las interrupciones en nuestra partida, de la misma manera que, en las fronteras europeas, debemos evitar las interrupciones a la hora de cambiar de red ferroviaria». 
Observad qué rápida es la partida si no se interrumpe. 
Naturalmente, por tanto, no podía más que votar a favor del informe Airnardi. 
Apoyamos, desde luego, la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo y algunas de las medidas propuestas en este informe. 
Sin embargo, esta interoperabilidad se propone en un paquete ferroviario que pretende extender la competencia al sector del transporte ferroviario y abrirlo a la privatización. 
El informe insiste en la rentabilidad a largo plazo y expresa preocupación por una reducción de la competitividad del transporte ferroviario. Ahora bien, no adopta una postura clara en contra de la privatización y la competencia ni en contra del consiguiente desmantelamiento de un servicio público. 
En esencia, este informe refleja políticas que tratan de acabar con los servicios públicos. 
Por eso, nos hemos abstenido en la votación de este informe. 
Debo felicitar a la Sra. Airnardi por su excelente trabajo. 
Su informe forma parte de un «paquete ferroviario» que pretende promover el desarrollo del sector ferroviario por medio de la creación de un sistema ferroviario integrado. 
Eso supondría lograr la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo, una condición sine qua non para la fluidez del tráfico internacional. 
Hasta ahora, el hecho de que cada país tenga especificaciones y normas técnicas muy diferentes, a menudo incompatibles, ha creado dificultades a la hora de emplear el tren como medio de transporte. 
Como firme partidario de los ferrocarriles, creo que ésta es una situación deplorable. Tiene repercusiones tanto para la protección del medio ambiente como para la seguridad de los pasajeros. 
Por eso, acojo con interés la propuesta de la Comisión de tratar de coordinar las diferentes ETI (Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad). 
Una vez dicho esto, tengo que señalar que las normas de seguridad nunca deben armonizarse a la baja. 
Es necesario también evaluar las ventajas esperadas de todas y cada una de las ETI propuestas, en términos de cuota de mercado, crecimiento del tráfico, problemas medioambientales, normas de seguridad y aspectos sociales. 
Los defensores del concepto de servicio público han de estar ojo avizor con estas cuestiones, dada la filosofía imperante en el asunto. 
Señor Presidente, el Sr. Savary también jugaba en el casino Palais de l ' Europe con el Sr. Jarzembowski, el Sr. Sterckx y la Sra. Ainardi, pero en mi sueño llevaba uniforme de bombero y les decía a los demás: «Llevo uniforme de bombero por dos razones: en primer lugar, porque con mi informe corro en auxilio de los pasajeros de los trenes, que deben disfrutar de unos ferrocarriles seguros y, en segundo lugar, ¿quién está mejor cualificado que yo para garantizar unos ferrocarriles seguros? 
Me llamo Savary, y en inglés, la palabra seguro se dice safe, cuya forma verbal es save, es decir, salvar, Savary. 
¡Nadie mejor que yo para hacer seguros los ferrocarriles! 
Además, he comprobado en su informe que esto es así, y por eso, he decidido votar a favor del informe del Sr. Savary sobre la seguridad, en concreto, del transporte ferroviario. 
Para garantizar la seguridad, la calidad y la eficiencia del transporte en nuestro continente? tanto el de pasajeros como el de mercancías? tenemos que dar prioridad absoluta, de una vez por todas, al transporte y, en particular, al transporte ferroviario (por no mencionar el transporte marítimo de corta distancia o de cabotaje). 
Por eso, creo que es muy importante crear una Agencia Ferroviaria Europea; dicha agencia trabajaría con la Comisión para promover una mayor cooperación y coordinación entre las distintas partes implicadas en la política ferroviaria y en la operabilidad del sistema ferroviario, haciendo también una contribución continua al debate con sus recomendaciones y opiniones. 
Su labor de consulta, de supervisión y de presentación de propuestas, si recibe la debida publicidad, conducirá a una concienciación cada vez mayor de los Estados miembros y de los ciudadanos europeos sobre las enormes ventajas de este medio de transporte, especialmente en comparación con los crecientes problemas y peligros asociados al transporte por carretera. 
A propósito de esta cuestión, quiero mencionar el Libro Blanco «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» , que se refiere, en varios puntos, a la necesidad de invertir la tendencia a abandonar el transporte ferroviario y aumentar el transporte por carretera. 
Así pues, espero que éste represente un paso más para lograr el objetivo de crear un verdadero mercado interior del ferrocarril que, por encima de todo, haga posible reducir eficazmente el volumen de tráfico en nuestras carreteras y, en especial, el enorme volumen de mercancías transportadas en camiones. 
Ésta, señor Presidente, es una propuesta revolucionaria, una propuesta mía personal y del Partido de los Pensionistas, y por eso, espero que reciba una especial atención por parte de los numerosos y capaces diputados aquí presentes. 
El informe Markov fija, entre otras cosas, las horas de trabajo y los períodos de descanso de los conductores que se dedican al transporte de mercancías y de pasajeros por carretera. 
Así pues, mi propuesta es la siguiente: ¿por qué no regulamos los años de jubilación de la misma forma que la jornada laboral diaria: diez años de trabajo y cinco de jubilación, luego otros diez años de trabajo y cinco de jubilación, y luego otros diez años de trabajo y cinco de jubilación? 
De esta forma, estoy seguro de que podríamos empezar a disfrutar de nuestras pensiones, por ejemplo, de los 25 a los 30 años de edad, de los 35 a los 40 años, etc. Posiblemente mis cifras no sean exactas, pero creo que la idea está clara. 
Propongo que decidamos empezar a percibir nuestras pensiones y a disfrutar de un descanso laboral no cuando nos hayamos hecho ya mayores, sino a intervalos durante toda nuestra vida profesional, como les acabo de explicar. 
. (FR) En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por el informe del Sr. Markov en apoyo de la propuesta de la Comisión, de octubre de 2001, de un nuevo reglamento relativo al transporte por carretera. 
Este informe incluye, en particular, las aportaciones realizadas por el nuevo reglamento para mejorar la situación actual, con el doble objetivo de aumentar la seguridad de las carreteras y mejorar las condiciones de trabajo de los conductores. 
Algunas medidas, como la imposibilidad de dividir los períodos de descanso, la ampliación del ámbito de aplicación o el aumento de las sanciones por infracciones del reglamento, que son medidas contempladas en la propuesta de la Comisión y reiteradas en el informe, representan avances importantes. 
El informe Markov refuerza el reglamento, por ejemplo, oponiéndose a la introducción de una semana flexible, introduciendo un límite de horas de trabajo, estableciendo unas horas de conducción fijas o instando a la participación de los interlocutores sociales. 
Me gustaría insistir especialmente en la importancia de la medida dirigida a ampliar el ámbito de aplicación del reglamento a todos los conductores de camiones que operan en territorio europeo, sean ciudadanos de la UE o no. 
Esta medida podría reducir considerablemente el dumping social, animando, al mismo tiempo, a terceros países a reforzar sus legislaciones nacionales para mejorar las condiciones de trabajo de sus conductores. 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (FR) El texto propuesto representa, desde luego, un cierto avance para países en los que actualmente no existe ningún tipo de legislación o en los que la legislación es muy desfavorable para los trabajadores del sector. 
No obstante, es lamentable que un texto titulado «disposiciones en materia social» permita que los conductores trabajen 56 horas a la semana. 
Además, nos parece inaceptable que, para mejorar las cosas en unos países, las empeoremos en otros que disfrutan de los mayores niveles de protección. 
La única forma aceptable de armonización sería equiparar por arriba la protección social y las condiciones de trabajo. 
Además, ésa es la única forma de evitar que las empresas francesas de transporte contraten a trabajadores en peores condiciones retributivas y con menos protección por ser oriundos de países cuya legislación no dice nada sobre la duración de los períodos de conducción o es desfavorable para los conductores de camiones. 
Además, las leyes que confieren protección, por mínima que sea, a los trabajadores no deben quedar en letra muerta, como ocurre con tanta frecuencia, sino que deben imponerse a la fuerza a los empresarios. 
. 
(EN) Si bien esta propuesta se presenta en nombre de la seguridad y la simplificación, su contenido no hace más que aumentar la burocracia y la regulación. 
Estamos especialmente preocupados por el efecto que tendrían estas medidas en los minibuses utilizados en los sectores voluntarios y no comerciales. 
Mientras el Gobierno británico ha expresado su intención de solicitar una excepción nacional en este ámbito, nosotros creemos que los intereses del sector voluntario están mejor protegidos con las exenciones existentes. 
Los cambios de las condiciones de descanso y los tiempos de conducción reducirán enormemente la capacidad de las escuelas y las empresas de autocares para ofrecer viajes al extranjero a un precio viable. 
Estas propuestas imponen más cargas en una industria que ya está fuertemente regulada, pero la Comisión no ofrece ningún análisis de rentabilidad para justificar sus argumentos. 
El Gobierno británico ha dicho que muchas de estas propuestas son innecesarias o desproporcionadas en comparación con cualquier ventaja. 
Nos complace esta línea y confiamos en que el Consejo actuará de forma consecuente cuando considere estas medidas. 
- (FR) El objetivo, en este caso, es simplificar las normas que regulan la distribución de las horas de conducción y los períodos de descanso en la Unión, para aumentar la seguridad en las carreteras y mejorar las condiciones de trabajo de las personas contempladas por el reglamento. 
Esta propuesta trata también de hacer compatible las normas actuales con el uso de los nuevos tacógrafos digitales, con el fin de mejorar el cumplimiento de la normativa vigente. 
El informe del Sr. Markov está en consonancia con las propuestas positivas de la Comisión Europea: eliminar la posibilidad de dividir los períodos de descanso, reducir las exenciones, rechazar las medidas relativas a una edad mínima para los conductores e introducir sanciones más fuertes por incumplimiento de la normativa. 
El ponente, sin embargo, ha logrado también introducir enmiendas que a mí me parecen muy importantes. El informe rechaza las disposiciones referentes a la semana flexible, aumenta los controles y las sanciones por incumplimiento de las disposiciones del reglamento y fomenta la participación de los interlocutores sociales. 
Por otra parte, el ponente no ha conseguido que se votara a favor de la enmienda que proponía justificadamente la reducción del número de horas de trabajo semanales a 45. 
Por eso, ha vuelto a presentarse en el Pleno y yo, naturalmente, he votado a favor de ella. 
. (FR) Nuestro grupo está totalmente de acuerdo con la necesidad de armonizar la legislación social sobre el transporte por carretera. 
Lo que a nosotros nos preocupa no es prevenir la distorsión de la competencia con terceros países, sino garantizar a los conductores de camiones la mejor retribución, el mejor estatuto y las mejores condiciones laborales. 
No podemos contentarnos con medidas insuficientes en este sector que ha estado a merced de la brutalidad capitalista. 
Me parece razonable oponerse a la semana flexible, restringir las horas de trabajo y especificar una edad mínima para los conductores que se dedican al transporte de mercancías. 
Tenemos que aumentar los controles, sancionar a los empresarios que no cumplan las disposiciones del reglamento y aumentar la participación de los interlocutores sociales. 
No obstante, el informe Markov no va lo suficientemente lejos en lo que se refiere a las horas de conducción semanales y a la posibilidad de dividir los períodos de descanso. 
No basta con reducir el tiempo de conducción semanal, que actualmente es de 56 horas, a 45 horas. 
No se puede autorizar la división del tiempo de descanso. 
Estas dos medidas perpetúan el hecho de que los conductores son empleados que se ven obligados a incumplir la legislación para obtener los mayores beneficios posibles en el mercado. 
Por eso, aunque estamos a favor de las medidas sociales progresistas, finalmente no hemos votado a favor de este informe. 
Las decisiones relativas a la seguridad suelen ir precedidas de accidentes mortales. 
Siempre existen otras consideraciones que reciben prioridad hasta que se hace inevitable la aprobación de un reglamento, y entonces se hace hincapié en la libertad empresarial, en la reducción de los costes y en la libre competencia. 
No obstante, todo el mundo sabía de antemano que si se permitía a los conductores profesionales conducir demasiadas horas, se producirían accidentes. 
Por desgracia, eso no ha impedido que a los trabajadores de este sector se les permita trabajar durante períodos consecutivos más largos que en otros sectores donde pueden causarse menos daños. 
Las empresas quieren evitar tener que contratar a un segundo conductor, así como los tiempos de espera, porque estas medidas les cuestan dinero. 
Lo que es más: los conductores quieren que se les proteja contra el exceso de trabajo y la fatiga, pero también quieren volver a sus hogares cuanto antes, después de un largo viaje. 
Los conductores autónomos creen incluso que ellos no tienen que cumplir los reglamentos, y las empresas que han querido aprovecharse de esta ignorancia han vendido sus camiones a los conductores. 
Si cedemos ante esto, los transportistas honrados y los ferrocarriles se verán expulsados del sector. 
El requisito de que todos los camiones y servicios de mensajería que recorren el territorio de la UE, incluidos los conductores autónomos o los conductores de países no comunitarios, cumplan la norma de descansar, al menos, 12 horas al día y no trabajar más de 9 horas al día ni más de 90 horas en dos semanas representa un importante paso adelante. 
- (PT) El informe Markov ha merecido nuestro voto favorable. 
En un momento en el que se están haciendo esfuerzos, tanto en el ámbito europeo como en el nacional, para aprobar medidas que reduzcan el número de víctimas de accidentes de circulación? un ámbito en el que, por desgracia, Portugal encabeza la lista? sería muy difícil no estar de acuerdo con un informe que trata de mejorar las condiciones sociales y laborales de los conductores que se dedican al transporte por carretera. 
El informe al que acabamos de dar nuestro respaldo contempla medidas que son claramente positivas: retirar la propuesta de una semana flexible; imponer límites al tiempo de conducción y a las horas de trabajo; establecer una edad mínima para los conductores que se dedican al transporte de mercancías; limitar las posibles excepciones; aumentar la participación de los interlocutores sociales europeos; e instar a que estas disposiciones se hagan extensivas a todos los conductores que circulan por las carreteras de la UE. 
Estas medidas merecen nuestro apoyo, puesto que van a contribuir, en gran medida, a mejorar la seguridad de las carreteras. 
Ahora bien, lamentamos profundamente que la mayoría de Sus Señorías no hayan respaldado la propuesta del ponente de reducir las horas de conducción semanales a 45. 
No obstante, esperamos que la Comisión y el Consejo acojan con una mentalidad lo suficientemente abierta las enmiendas que acabamos de aprobar. 
Señor Presidente, quiero decir tan solo que he votado a favor de este mensaje, dirigido a la Convención, sobre el reconocimiento del papel de los poderes regionales y locales en la construcción europea. 
La Convención se ha mantenido más bien en silencio en lo que se refiere a esta cuestión. 
Teniendo en cuenta el fenómeno del regionalismo, la cesión de competencias y la descentralización, presente en toda Europa, es evidente la importancia que tienen las regiones en la práctica. 
Probablemente eran necesarias, en el informe Napolitano, soluciones más auténticamente federalistas, llevando el principio de subsidiaridad a sus últimas consecuencias: éste es un objetivo que debemos lograr en los próximos años. 
Lamento decir que en el informe se han defraudado las expectativas de crear colegios electorales regionales para las elecciones europeas, no se ha respaldado la petición de una participación directa de las regiones con poderes legislativos en las reuniones del Consejo y, por desgracia, se ha rechazado la propuesta de conceder a las regiones un derecho de recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
La Convención tendrá que reconsiderar estas cuestiones por el bien del regionalismo. 
Señor Presidente, en 1990, como ponente del Parlamento sobre lo que sería el Informe Maastricht, pedí el establecimiento de lo que conocemos por «Comité de las Regiones». 
Lo hice porque las autoridades locales en las regiones desempeñan un papel vital en la aplicación de la legislación europea. 
Por ello pensaba que era correcto que tuvieran algo que decir en la adopción de la legislación europea. 
El informe Napolitano adopta este principio y lo traslada al contexto de la Europa actual. 
Acojo favorablemente lo que plantea el Sr. Napolitano en cuanto al mayor poder de las regiones y las autoridades locales en la toma de decisiones europea. 
Pero también reconozco que está en lo cierto al hacerlo de una forma no prescriptiva, que no interfiera con las constituciones internas de los Estados miembros. 
Al defender a las regiones, pero dejando que sean los Estados miembros individuales los que decidan cómo aplicar estas recomendaciones, ha encontrado el equilibrio adecuado. 
Por ejemplo, acabamos de oír un argumento a favor de que las regiones participen en el Consejo de Ministros. 
Apoyo este argumento, pero cada Estado miembro ha de hacerlo en el contexto de su propia constitución. 
Por último, uno de los puntos débiles del informe Napolitano es que no se ha recalcado suficientemente el papel de las regiones con autoridad legislativa. 
Espero que la Comisión lo examine y encuentre una manera de implicarlas de una forma más coherente en las actividades de la UE. 
Señor Presidente, al igual que otros oradores, celebro que en relación con el informe Napolitano hayamos avanzado en algunos puntos importantes. 
Se reconoce que, en circunstancias constitucionales apropiadas, las regiones tendrán acceso al Tribunal de Justicia. 
Se reconoce con bastante claridad y en buenos términos que el principio de subsidiariedad es iterativo y aplicable a todos los niveles, no sólo a la Unión de los Estados miembros, sino también a las regiones y administraciones locales. 
Pero lamento algunos puntos. 
Lamento en particular que no se haya aprovechado la oportunidad para comentar la extraña composición del Comité de las Regiones. 
En el futuro, por ejemplo, es probable que haya cinco representantes de Malta en el Comité de las Regiones, frente a 21 de España y 24 del Reino Unido. Eso significa que probablemente habrá cinco veces más malteses que gallegos en el Comité de las Regiones, si es que los gallegos consiguen alguna representación, o los catalanes o escoceses. 
Esa no es una situación satisfactoria. 
Se supone que el Comité de las Regiones sirve de contrapeso al Parlamento. El equilibrio de poblaciones y regiones en el Comité de las Regiones no es nada razonable. 
Este informe no convencerá a mis compañeros de partido en mi país que piensan que, tal como están las cosas, es preferible ser un Estado miembro independiente que una región constitucional. 
Señor Presidente, anoche soñé también con el Sr. Napolitano. 
En mi sueño, el Sr. Napolitano, que es el ponente de este informe sobre el papel de los poderes regionales, era el presidente de la UMR: la Unión Mundial de Regiones. 
En mi sueño, se había creado un único Gobierno mundial constituido por las regiones, los Estados nacionales habían dejado de existir y las regiones habían adquirido tanta importancia, que habían constituido una organización mundial, la UMR (Unión Mundial de Regiones) , cuyo presidente era el Sr. Napolitano. 
Ya sé que se trata sólo de un sueño y que los sueños rara vez se hacen realidad, pero puesto que las regiones habían dejado de luchar entre sí (algo que siguen haciendo, por desgracia, algunos Estados) , mi esperanza y mi deseo es que, paso a paso, como propone el informe Napolitano, podamos llegar a tener, algún día, una UMR, una Unión Mundial de Regiones. 
Por eso, he votado a favor de la propuesta. 
Señor Presidente, a mí, como a muchos otros diputados, me resulta imposible votar en contra de la resolución que se deriva del informe Napolitano porque el informe, primero, y luego la resolución, son textos innovadores en lo que se refiere a la dimensión regional. 
Por desgracia, numerosas votaciones en el Pleno han perjudicado este excelente trabajo. 
Además, como ha señalado muy bien la Sra. Berès, es imprudente y peligroso improvisar en el momento de la votación, proponiendo en el Pleno la aprobación de conceptos que, como ha sucedido en este caso, no se habían debatido ni planteado siquiera en comisión. 
El Sr. Méndez de Vigo ha dicho que el concepto de pueblo está trasnochado. 
Eso es, en efecto, lo que el derecho lleva repitiendo continuamente en Europa desde hace siglos y no parece convincente. 
No obstante, como por casualidad, el texto, que se nos presenta como progresista, tiene el efecto de reforzar el concepto de Estado dentro de la Unión, que seguramente era el objetivo que se pretendía. 
Por eso, me he abstenido. 
Señor Presidente, he votado a favor del informe, aunque soy muy consciente de que no es un documento decisivo, sino sólo una recomendación, y no sabemos qué acogida recibirá. 
Espero que la Comisión y los Estados miembros tengan en cuenta muchos de los puntos aprobados, aunque lamento que se hayan rechazado algunas partes fundamentales, como la que contempla la participación de las regiones con poderes legislativos en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
Creo que éste es un ámbito en el que, en cualquier caso, la decisión corresponde a los Estados miembros. 
Mi partido político ha apoyado ya enmiendas y propuestas legislativas en esa dirección en Italia, y espero que las regiones europeas puedan llegar a tener una mayor influencia, a pesar de que esta cuestión debe seguir siendo competencia, en su mayor parte, de los respectivos Estados, sin interferencia de la Unión. 
Señor Presidente, sabía que el Sr. Méndez de Vigo era reaccionario en cuestiones de diversidad europea, pero no sabía que fuera tan ignorante. 
Llamar arcaico al concepto de pueblo no sólo va en contra de los principios fundamentales de nuestra civilización, sino que es también contrario a muchas constituciones, como la de los Estados Unidos de América, que comienza precisamente con la frase «We the people». 
Las palabras del Sr. Méndez de Vigo están en conflicto con la constitución de los Estados Unidos, y también con las opiniones de su jefe, José María Aznar. 
Señor Presidente, creemos que la Unión Europea es, en la actualidad, una unión de soberanía compartida, sin precedentes en la historia, y las naciones sin Estado, como Galicia, quieren avanzar por medio de su participación en estas instituciones, e incluso están tratando de lograr una especie de ampliación interna. 
Nuestra pregunta es: ¿por qué Malta y no Galicia? 
¿Por qué Chipre y no Escocia? 
Las naciones sin Estado suelen tener una historia, una voluntad política y una población que justifican esta participación. 
Con todo, el informe Napolitano representaba un paso hacia delante, pero se ha visto frustrado, en cierta manera, por el jacobinismo reaccionario de personas como el Sr. Aznar y el Sr. Méndez de Vigo, un jacobinismo que se ve ahora invalidado por la realidad de la propia Unión Europea. 
- (FR) En el debate que se celebró ayer aquí, en el Parlamento, dije que la participación de las regiones en las decisiones europeas, según propone el informe Napolitano, abrirá una caja de Pandora de la que saldrán todo tipo de sorpresas. 
Ya tuvimos un anticipo de ello en la reunión de la Comisión de Asuntos Constituciones, que votó, probablemente llevada por su propio entusiasmo, algunas disposiciones extrañas, como el derecho de los poderes regionales y locales a adaptar la legislación europea a las necesidades locales. 
Lógicamente, los miembros de la comisión que votaron a favor de estas disposiciones fueron luego desautorizados por sus respectivos grupos, y el Parlamento, reunido en Pleno, acaba de hacer correcciones. 
Sin embargo, se han resuelto sólo los problemas más obvios. 
El resto, que evita a los Estados miembros de manera más insidiosa, se ha mantenido. 
Estos errores han puesto de manifiesto simplemente a dónde conduciría este informe si llegara a ponerse en práctica. 
Además, el Parlamento ha votado a favor de una enmienda según la cual la Unión se basaría, en lo sucesivo, en la legitimidad, no de los «pueblos» (considerados colectivamente) , sino de los «ciudadanos» (considerados individualmente). 
Este tipo de iniciativas cambiaría la naturaleza de la Unión y la acercaría más a una nación-estado. 
- (DA) Vamos a votar a favor de la enmienda de compromiso 30 y de la enmienda 21, si la enmienda 30 no se aprueba. 
Queremos señalar, no obstante, que el contenido de las enmiendas no debe incluirse en una futura constitución europea, sino en un futuro tratado. 
En efecto, el Movimiento de Junio no quiere una constitución europea que reciba prioridad sobre las constituciones nacionales. 
. (ES) Este Parlamento acaba de perder una gran oportunidad de actuar conforme al papel de representante de los pueblos de Europa que le confieren los Tratados. 
En primer lugar, y esto es lo más grave, porque al aprobar la enmienda del Sr. Méndez de Vigo- cuyo «cuidado» sí se le nota- se desposee a los pueblos europeos de aquella condición de portadores de una parte de la legitimidad de la Unión que, de acuerdo con la filosofía de los Tratados, les corresponde. 
Segundo, porque el texto definitivo establece que las regiones con competencias legislativas no podrán recurrir por derecho propio ante el Tribunal de Justicia, debiéndolo hacer previa conformidad del Estado. 
No era mucho mejor la enmienda socialista que proponía que el recurso se presentara por intermediación del mismo. 
Tercero, tampoco se garantiza explícitamente a estas regiones el derecho a participar en los Consejos de Ministros que traten temas de su competencia, dejándose esta posibilidad al arbitrio de los respectivos gobiernos cuya falta de voluntad política ante esta cuestión es, en la mayoría de casos- entre ellos el del Gobierno español- notoria. 
Con todo, el informe Napolitano no deja de tener algunos aspectos lo bastante positivos como para que haya decidido votarlo de manera positiva. 
Nuestro grupo es partidario de la regionalización y de la idea de reforzar el papel que desempeñan los poderes regionales y locales, dentro del marco constitucional y dentro de los procesos soberanos de decisión en cada Estado miembro. 
Por ese motivo, apoyamos los aspectos en que hace hincapié el informe en este ámbito. Por esa misma razón, creemos que es importante que exista un foro comunitario, y de hecho, ya existe uno, el Comité de las Regiones, para intercambiar experiencias sobre el trabajo de estos poderes y dotarlos de un medio de exponer sus opiniones, a escala comunitaria, sobre cuestiones que les afectan. 
Aunque se han aprobado algunas enmiendas positivas, el informe Napolitano sigue inspirándose en el objetivo más o menos explícito de tratar de crear vínculos directos entre las instituciones de la Unión Europea y los poderes regionales y locales, pasando así por alto la soberanía de los Estados miembros. No podemos mostrarnos de acuerdo con esto, porque la organización interna es una cuestión que atañe exclusivamente a los Estados miembros, sobre todo cuando se trata de la manera de tomar decisiones. 
Así pues, aunque somos partidarios de reforzar el papel de las regiones, rechazamos todos los planteamientos federalistas que tratan de pasar por encima de la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea. 
Comparto también el deseo del Sr. Napolitano de que se consolide el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de la Comunidad Europea relativo a las regiones ultraperiféricas. 
Desde luego, es necesario que se adopten medidas para aprovechar al máximo la posibilidad de acción que permiten las disposiciones actuales sobre las regiones ultraperiféricas, haciendo así posible la aplicación de una verdadera política comunitaria en esas regiones, una política realmente empeñada en vencer las limitaciones impuestas por su situación geográfica. 
- (FR) Este informe no sólo constituye una injerencia inaceptable en la organización constitucional de los Estados miembros, sino que carece de fundamento real: su objetivo, como siempre, es destruir las naciones alterando el orden político interno de los Estados, con el fin de crear una Europa federal. 
El argumento de acercar la Unión a los ciudadanos es engañoso. 
Como complemento del trabajo realizado en el ámbito supranacional, consistente en la transferencia de poderes de los Estados miembros a la Unión Europea desde arriba, el Parlamento está simplemente tratando de despojar a las naciones de su soberanía, esta vez desde abajo. 
Aquellos que son tan ingenuos como para responder al canto de sirena de lo que viene llamándose nuevo gobierno o democracia local, conceptos fabricados por la tecnoestructura reinante, deben saber que el juego de la descentralización, fomentado por y para los federalistas, no puede tener más que un ganador: al final, será Bruselas la que, asumiendo las nuevas «prerrogativas» concedidas provisionalmente a los poderes locales, saldrá ganando de un proceso que ha sabido controlar hábilmente. 
La Comisión de Asuntos Constitucionales cree que la estructura jerárquica y piramidal del sistema institucional de la UE debe abandonarse en favor de un sistema que permita una mayor participación de los poderes regionales y locales en las decisiones europeas. 
Una de las cuestiones fundamentales que se plantean en este informe es, y está justificado, el papel del Comité de las Regiones. El informe insiste en la legitimidad y en el papel fundamental de este comité, como aliado institucional de los poderes regionales y locales en el marco de la Unión. 
En este contexto, se prevén cambios importantes en los Tratados, precisamente en el momento en que la Convención está avanzando en su trabajo, habiendo concedido al Comité de las Regiones el derecho de recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia, en caso de una presunta infracción del principio de subsidiariedad, un derecho que debería hacerse extensivo también a los poderes regionales y locales con poderes legislativos, para que puedan proteger sus derechos, en muchos casos frente a sus respectivos Estados miembros. 
Ésta y otras propuestas, como la modificación del apartado 3 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, harían que los Estados miembros, que son los únicos miembros de la Unión, se vieran relegados, de un día para otro, a un papel secundario en la construcción de Europa, aparte de los problemas de constitucionalidad que, sin duda alguna, se plantearían en algunos Estados miembros. 
Por todo ello, me he visto obligado a votar en contra del informe, pese a que incluye algunas propuestas positivas, como la defensa de la diversidad lingüística y la promoción de las regiones ultraperiféricas. 
En términos generales, comparto el diagnóstico que hace este informe acerca de la evidente diversidad de la regionalización y del mismo concepto de región, como también comparto la opinión de que la regionalización ha sido «en gran medida fruto de una dinámica institucional y política inherente a cada uno de los países en cuestión». 
Aunque, en principio, reconozco también la existencia de diferentes modelos administrativos tradicionales y específicos de cada Estado miembro, disiento del informe cuando, políticamente hablando, trata de relegar a los Estados miembros a un papel subordinado, fomenta la injerencia en las decisiones de los Estados miembros, intenta restringir sus competencias jurídicas e institucionales con la transferencia de poderes a las instituciones europeas y las regiones, y defiende que la legitimidad política de las regiones debe equipararse artificialmente a la de los Estados miembros en los Tratados. 
Tal y como yo lo veo, el intento que se hace en este informe de restringir las funciones y la importancia de los Estados miembros, argumentando que con ello se acercan las instituciones de la Unión a los ciudadanos, equivale a una nueva versión, en ocasiones encubierta, de oportunismo federalista. Parece que quieren hacernos olvidar el enfoque interestatal en el que se fundamentó la creación de la Unión, ignorando también el papel crítico y fundamental de los Estados miembros como conductores y actores privilegiados en el proceso de construcción de Europa. 
Por todo ello, he votado en contra del informe. 
No obstante, el informe contiene también un importante aspecto positivo: la recomendación de consolidar el artículo 299 del Tratado CE relativo a las regiones ultraperiféricas. 
El Acta de la sesión del lunes ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, permítame que le tranquilice. No voy a emplear los tres minutos de mi tiempo de uso de la palabra por razones personales, como así me lo permite el apartado 2 del artículo 122 del Reglamento de esta Cámara. 
Me gustaría tan solo referirme a un pequeño incidente que me ha llevado a discrepar con el Presidente de la sesión, el Sr. Provan. Aunque no sea grave en sí mismo, me ha parecido desagradable. 
Yo, al igual que otros diputados, había solicitado intervenir en la cuestión de fijar el orden del día. 
Yo quería plantear la cuestión de los ataques aéreos británicos al Iraq y pedir al Parlamento que escuchara al Sr. Javier Solana, para ver cómo encajarían esas acciones en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común. 
Así pues, mi intervención se ceñía al orden del día. 
No obstante, el Sr. Provan me interrumpió antes de que pudiera terminar mi intervención de un minuto, de manera que no pudo enterarse de que mis palabras se referían, en realidad, a la cuestión de fijar el orden del día. 
Puedo entender que el Sr. Provan quizás me haya malinterpretado, pero lo que me parece totalmente inaceptable es que me haya impedido hablar sobre todas las demás cuestiones sobre las que el Reglamento me permite hablar. 
En particular, creo que fui el primero en querer hablar sobre la propuesta hecha por un ponente con respecto a la inclusión de Corea del Norte en el orden del día. 
El Sr. Provan rechazó manifiestamente mi petición de uso de la palabra, pese a haber sido el primero en solicitarla. 
Por último, de conformidad con el artículo 121 bis del Reglamento, tenía también derecho al uso de la palabra durante un minuto. 
Le pedí a un ayudante que comprobara si mi nombre figuraba en la lista. 
El Sr. Provan, una vez más, se negó a darme la palabra, pese a que el personal administrativo de la sesión le comunicó que yo estaba incluido en la lista, de conformidad con este artículo 121 bis. 
El Sr. Provan dijo que él sabía de lo que yo quería hablar y que, en consecuencia, había decidido no darme la palabra por no estar de acuerdo con mi primera intervención. 
Me parece que esa interpretación es un tanto ofensiva. 
Creo que el Presidente de la sesión debería, como parte de sus obligaciones, ceder la palabra a los diputados que estén ejerciendo sus derechos, de conformidad con el Reglamento, sin prejuzgar lo que vayan a decir. 
Señor Gollnisch, para su información y la de la Cámara, habrá un debate el 29 de enero de 2003, dirigido por el Sr. Solana, sobre la cuestión de Iraq con respecto al informe del Sr. Hans Blix a las Naciones Unidas. 
(El Acta de la sesión anterior queda aprobada) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre la declaración del Consejo sobre el programa de trabajo de la Presidencia griega. 
En nombre de esta Cámara, quiero agradecerle al Primer Ministro Simitis el tiempo que ha dedicado en diciembre, antes del inicio formal de la Presidencia griega, a reunirse con la Conferencia de Presidentes del Parlamento. 
Se lo agradezco a él y a sus colegas ministeriales y funcionarios. 
Esperamos establecer una relación de trabajo estrecha y productiva con la Presidencia griega. 
Tengo el gran placer de invitar al Primer Ministro a que haga su primera intervención. 
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente de la Comisión, damas y caballeros, me siento a la vez honrado y complacido de estar aquí hoy, en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, para presentar las prioridades de la Presidencia griega. 
Como presidente de varios Consejos en el pasado, he participado en reuniones con el Parlamento Europeo y he podido apreciar de primera mano lo útil e indispensable que es este diálogo. 
La Presidencia griega tiene la intención de cooperar en todo lo posible con el Parlamento, a todos los niveles. 
Pretende cooperar no como una mera formalidad, sino porque la cooperación es, en mi opinión, un factor fundamental y necesario de cara a conseguir nuestros objetivos comunes. 
Vamos a aprovechar todas las oportunidades que se nos brinden para mantener una cooperación fructífera. 
Grecia es uno de los países que creen que desarrollar la Unión Europea contribuirá a reforzar la autoridad y el papel del Parlamento Europeo. 
Señorías, ésta es una fase histórica en el desarrollo continuo de Europa. 
Se espera que todos nosotros, el Consejo, el Parlamento, la Comisión y nuestros ciudadanos, ayudemos en esta etapa. 
Debemos contribuir a lograr la integración europea, la Europa de 25 o más Estados miembros, una Europa construida y desarrollada sobre la base de nuestros valores comunes, valores que han inspirado nuestra actuación durante los últimos cincuenta años; una Europa que crea las condiciones para que todos crezcan y prosperen, que refuerza la sociedad de cada país y que promueve la cohesión y la solidaridad; una Europa que, en un sistema mundial multipolar, trabaja por la paz, la cooperación y la justicia. 
Trabajar en esta dirección no es nuestra única responsabilidad: es importante lograr que estas políticas sean convincentes, que persuadamos a la gente de que la Europa que estamos construyendo tiene como objetivo cuidar a sus naciones y a sus ciudadanos y garantizar que todo el mundo comparta un futuro común en una comunidad de valores. 
El programa de la Presidencia no se ha elaborado únicamente para responder al desafío del desarrollo continuo de Europa, sino que se ha concebido también para responder al desafío planteado por la situación económica internacional actual, la recesión mundial y todas las fuentes de inseguridad dispuestas a atacar a nuestras sociedades: la falta de competitividad y estabilidad de la economía, el desempleo, la exclusión social, etc. Debemos responder a esta inseguridad con decisión, atacar de raíz la inseguridad individual y colectiva y crear un entorno más racional, justo y libre, que ofrezca más oportunidades a todos. 
Al mismo tiempo, tenemos que prestar atención a las crisis internacionales que crean inseguridad: las crisis internacionales que surgen en los Estados frágiles de los márgenes de la Unión, las crisis internacionales originadas en Oriente Próximo, las crisis internacionales causadas por el terrorismo internacional. 
Necesitamos una Europa que tenga una presencia constante y hable con claridad en la escena internacional. 
Señorías, de acuerdo con las decisiones tomadas en Sevilla, se nos pidió que planificásemos la Presidencia griega en colaboración con la próxima Presidencia, la italiana, para poder elaborar un programa de acción operativo anual. 
Esto es precisamente lo que hemos hecho, y quiero comentar nuestros cinco conjuntos de prioridades. 
Huelga decir que nuestra primera prioridad tras Copenhague es la ampliación. 
Tenemos que proseguir con todos los acuerdos básicos de procedimiento, para que los tratados de adhesión se puedan firmar en Atenas el 16 de abril. 
Su papel es primordial en estos acuerdos porque el Parlamento Europeo tiene que expresar su conformidad con respecto a la adhesión de los nuevos Estados miembros. 
Al mismo tiempo, vamos a continuar las negociaciones con Bulgaria y Rumania, aplicando la nueva estrategia de preadhesión para estos dos países. 
Nuestro objetivo es respetar el calendario para su adhesión en 2007. 
Vamos a trabajar activamente en los avances de Turquía para lograr la adhesión. 
Grecia cree que Turquía debería ocupar su lugar en Europa de acuerdo con las decisiones ya tomadas por los Consejos Europeos. 
Debemos dar a Turquía la oportunidad de llevar a cabo las reformas que el país necesita. 
Por esta razón, el Consejo Europeo de Copenhague decidió seguir una estrategia, un plan orientado a iniciar las negociaciones de adhesión con Turquía. 
Los dos próximos años serán cruciales, en lo que se refiere a esta cuestión. 
Grecia quiere colaborar en este nuevo proceso, tanto como país que ocupa la Presidencia, como en calidad de Estado miembro, por lo que uno de nuestros objetivos es elaborar un nuevo acuerdo de asociación con Turquía. 
Asimismo, tenemos la intención de entablar relaciones con los países de los Balcanes occidentales, para que se puedan unir al proceso y entrar a formar parte de la Unión Europea en una fecha posterior. 
En este punto, quiero comentar la cuestión de Chipre. 
Deseamos que Chipre ingrese en la Unión Europea como un país unido. 
Deseamos que supere y resuelva su problema político. 
Deseamos que las dos comunidades compartan un futuro común y se beneficien de las ventajas que ofrece la adhesión. 
Pensamos, desde el principio, que el plan Annan daba a Chipre una oportunidad de resolver su problema político. 
Hemos estado trabajando en esta línea y esperamos que se llegue a una solución antes del 28 de febrero. 
Pase lo que pase, Chipre va a ingresar en la Unión, tal y como se acordó en Copenhague, aunque se dejará vía libre para que se resuelva el problema de Chipre y se aplique el acervo comunitario en toda la isla. 
Nuestra segunda prioridad es reformar la economía europea y promover la cohesión social. 
La cumbre de primavera de 2003 se celebrará en un clima político y económico marcado tanto por los problemas como por las oportunidades. 
La introducción del euro, el año pasado, fue un acontecimiento histórico. 
Creemos que, aunque se han realizado avances, la estrategia de Lisboa está más de actualidad que nunca. 
Necesitamos aplicar las decisiones económicas tomadas en los últimos años que no hemos promovido lo suficiente. 
Ésta es una gran oportunidad de actualizar el modelo social y económico europeo. 
Señorías, vamos a trabajar en seis cuestiones. 
En primer lugar está la política macroeconómica: queremos una política económica europea fiable, una política económica intergubernamental para Europa. 
En segundo lugar, queremos crear más y mejores trabajos. 
Esto nos ayudará a consolidar la solidaridad y la cohesión social. 
Es importante que revisemos la Estrategia Europea de Empleo, y un debate sobre esta cuestión nos permitirá sacar más partido del pilar social de la estrategia de Lisboa. 
Nuestro tercer objetivo, dentro del marco de Lisboa, es fomentar el espíritu empresarial y apoyar a las pequeñas empresas. 
La Presidencia da mucho valor al apoyo al espíritu empresarial, que es importante para el desarrollo económico, por no mencionar el empleo y el desarrollo regional. 
Nuestro cuarto objetivo es construir la economía europea del conocimiento y la innovación, porque no podemos alcanzar los objetivos de Lisboa, a menos que desarrollemos el conocimiento y la tecnología. 
Como todos saben, hay una serie de cuestiones aún pendientes, como la patente comunitaria, que pretendemos llevar a buen puerto. 
La Presidencia también va a abordar otras cuestiones, como el desarrollo de la investigación sobre tecnologías de vanguardia, incluida la investigación en materia de defensa. 
Nuestro quinto objetivo es reforzar los lazos dentro de Europa: con esto me refiero a una liberalización plena y operativa de los mercados del transporte y la energía, extendiendo las redes de transporte y energía transeuropeas, promoviendo el mercado único de servicios y unificando los mercados financieros. 
Nuestro sexto objetivo es salvaguardar la prosperidad futura a través de la sostenibilidad. 
Esto supone principalmente revisar la estrategia de la Unión en materia de desarrollo sostenible, a la luz de las conclusiones de la Cumbre mundial de Johanesburgo. 
Deseamos sacar más provecho al papel destacado de la Unión en la protección del medio ambiente. 
Eso es todo, Señorías, en lo que se refiere a nuestro segundo conjunto de prioridades, relacionado con la estrategia de Lisboa. 
Nuestro tercer conjunto de prioridades abarca el delicado ámbito de la inmigración, la inmigración ilegal, las fronteras exteriores y el asilo. 
Todos sabemos que la inmigración de un tipo u otro ha adquirido tales proporciones, que nos vemos obligados a actuar. 
Y tenemos que actuar en dos direcciones. 
Es necesario garantizar que la Unión se convierta en un verdadero espacio de libertad, justicia y seguridad para sus ciudadanos, libre de cualquier forma de crimen organizado, de xenofobia o de racismo. 
Es preciso también que se transforme en un espacio multicultural de entendimiento para los problemas del hombre, y que combatamos las causas de problemas como la pobreza, la pérdida de nivel de vida y la represión política. 
Confiamos en aprobar, a este respecto, directivas sobre la reagrupación familiar de los inmigrantes que llevan mucho tiempo viviendo en Europa. 
En cuanto al asilo, queremos seguir adelante con directivas como las relativas a los refugiados. 
La segunda línea de nuestra labor en materia de inmigración consistirá en proteger a los Estados miembros de la Unión Europea de la inmigración ilegal, compartir más equitativamente los costes de la protección de nuestras fronteras exteriores comunes, promover políticas de repatriación y acelerar las negociaciones sobre acuerdos de readmisión. 
Nuestro cuarto conjunto de prioridades se refiere a una cuestión que ya ha consumido gran parte de nuestro tiempo y energía: el futuro de Europa. 
Creemos que la ampliación de Europa debería ir acompañada de una mayor unificación europea. 
Nuestro sistema institucional necesita políticas y funciones democráticas y eficaces que lleguen a nuestros ciudadanos. 
La pregunta es qué camino seguirá la Convención sobre el Futuro de Europa y cómo encajará éste en la labor de la Presidencia. 
Como tal vez recuerden, el Consejo Europeo de Copenhague decidió que la Convención debía terminar su labor antes del Consejo Europeo de junio y que en el Consejo Europeo de primavera debíamos centrarnos en los aspectos institucionales del futuro de Europa. 
Esperamos lograr tres objetivos principales en estos dos Consejos. 
En primer lugar, queremos llevar a cabo una revisión sin tomar decisiones, porque ello supondría prejuzgar el resultado de la Convención. 
En segundo lugar, pretendemos celebrar un importante debate sobre el resultado de esta labor en el Consejo de junio y fijar la fecha de inicio y/o de finalización de la labor de la nueva Conferencia Intergubernamental, porque algunos Estados miembros ya han expresado el deseo de que haya un período transitorio y necesitaremos algo de tiempo entre el inicio de éste y la cumbre de junio. 
En tercer lugar, queremos determinar el cometido de la Conferencia Intergubernamental; en otras palabras, tenemos que estar listos, a finales de junio, para los procedimientos subsiguientes, a medida que vayan empezando. 
Nuestro quinto conjunto de prioridades se refiere al perfil internacional de la Unión y a la tarea de reforzar su papel en la escena internacional. 
La Unión Europea ha dado pasos agigantados en lo que se refiere a su política de seguridad y defensa común. 
Lo que es necesario ahora es garantizar que tengamos una disponibilidad operativa plena en el ámbito de la gestión de crisis mediante el desarrollo de nuestras capacidades militares y no militares. 
Por tanto, tenemos la intenci? n de centrarnos en alcanzar el objetivo militar general y concluir los acuerdos permanentes de colaboraci? n entre la UE y la OTAN. 
Tenemos mucho interes en garantizar que las operaciones europeas en Bosnia y Herzegovina y en la Ex República Yugoslava de Macedonia, que serán la primera prueba sobre el terreno de la disponibilidad operativa de la Unión Europea, se preparen y se lleven a cabo adecuadamente. 
Además de esta política de defensa, es preciso examinar las relaciones con los vecinos de la Unión para garantizar que no se creen nuevas divisiones. 
Está previsto que se celebre una cumbre con Rusia en mayo, en San Petersburgo, a la que asistirán países de los Balcanes occidentales, del Cáucaso y del Mediterráneo, así como Ucrania, y en la que vamos a dar una gran importancia a la cooperación mediterránea. 
Quizá debamos abordar la guerra contra el Iraq en los próximos meses. 
Esperemos que no, porque deseamos la paz. 
No obstante, estamos prestando a este asunto toda nuestra atención, y justificadamente, ya que se trata de una de nuestras prioridades. 
Queremos trabajar y trabajaremos por la paz y por una solución pacífica de las diferencias. 
Confiamos en que los esfuerzos de la ONU conduzcan a un resultado positivo. 
La voluntad y las resoluciones de las Naciones Unidas deben prevalecer. 
El Iraq tiene que respetar y aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad. 
La Presidencia quiere hablar en nombre de una Europa que sea una unión de países con una voz y unas opiniones comunes y firmes. 
La salvaguarda de la estabilidad internacional, la eliminación de la amenaza de las armas de destrucción masiva y la paz son valores comunes que todos nos esforzamos por defender, y los países de la Unión Europea necesitan una política común clara con esa orientación. 
(Aplausos) 
Es necesario acabar con el viejo hábito de que cada país exprese una opinión distinta y persiga un objetivo diferente. 
No es tarea fácil, pero debemos tratar de conseguirlo. 
Señorías, quiero concluir comentando brevemente dos o tres puntos que revisten particular interés para el Parlamento Europeo. 
En primer lugar está el estatuto de los diputados del Parlamento Europeo. 
Se ha trabajado mucho al respecto y hemos dedicado una cantidad de tiempo considerable a debatir este asunto. 
Creo que es el momento oportuno para dar una solución final a esta cuestión, y vamos a tratar de alcanzarla en el Consejo Europeo de Tesalónica. 
En segundo lugar está el acuerdo interinstitucional para la mejora de la legislación de la Unión Europea, que ha contribuido mucho a mejorar la calidad de la legislación. 
Confiamos en que también se llegue a un acuerdo al respecto durante nuestra Presidencia. 
En tercer y último lugar, nos vamos a esforzar por concluir la legislación sobre partidos políticos europeos, pendiente desde hace tiempo. 
He comentado una serie de cuestiones fundamentales, aunque hay muchos más asuntos importantes. 
Hay muy poco tiempo para hablar de la revisión de la PAC, del desarrollo de la industria de defensa europea o de las medidas sobre seguridad marítima, cuestiones sobre las que muchos de nosotros estamos trabajando. 
Deseamos que la Presidencia griega dé un nuevo impulso al desarrollo de la Unión. 
Queremos reforzar cada aspecto de la Unión y convencer a nuestros ciudadanos de que Europa está cerca de ellos, de que incluye a todos en una sociedad de valores y de que ofrece a todos y cada uno un futuro común. 
Señor Presidente, Señorías, espero que mantengamos una colaboración fructífera. 
El éxito de la Presidencia depende de ello. 
El éxito de la Unión Europea depende de ello. 
Así que aunemos nuestros esfuerzos y busquemos una solución a los problemas. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Primer Ministro de la República de Grecia, Señorías, acabamos de dejar atrás 2002, un año absolutamente extraordinario que empezó con la introducción del euro y terminó con la decisión de llevar a cabo la mayor ampliación de la historia de Europa. 
Este año que acaba de comenzar se anuncia, en muchos aspectos, igual de importante. 
En 2003, tendremos que prepararnos para poner en práctica la ampliación y tendremos que llevar a cabo las reformas institucionales. Sobre todo, deberemos proporcionar a la nueva Europa unos cimientos económicos y sociales más sólidos. 
Señor Primer Ministro, al establecer sus prioridades para los primeros seis meses del año, la Presidencia griega ha demostrado ser muy consciente de los principales retos que nos esperan. 
Esto ha quedado claro a lo largo de su discurso, del que no es necesario, en absoluto, que resuma las líneas maestras, ya que estamos de acuerdo con ellas: el énfasis en la inmigración, en las patentes, en la energía y en los principales obstáculos para una paz duradera en Europa, es decir, la cuestión de los Balcanes y la cuestión del Mediterráneo. 
Quiero centrarme particularmente en estos dos últimos puntos, porque los Balcanes son una cuestión nuestra? son nuestra responsabilidad y están en nuestros corazones? por su parte, en el panorama descrito por el Primer Ministro Simitis, depende del Mediterráneo que el futuro traiga paz o guerra. 
Apruebo también la decidida apuesta por la paz realizada por la Presidencia griega: la apruebo y hago un llamamiento a favor de una acción concertada por la paz, por parte de los países y las instituciones europeas. 
Tenemos ante nosotros una oportunidad única, una gran presencia de países europeos en el Consejo de Seguridad, una Presidencia europea y, sobre todo, tenemos una opinión pública profundamente inquieta y preocupada por lo que la guerra pueda conllevar y, en particular, por las consecuencias que pueda traer. 
Los Gobiernos europeos pueden haber tenido discrepancias y puntos de vista diferentes en los últimos meses, pero sus ciudadanos están estrechamente unidos en el deseo de evitar la guerra, en la medida de lo posible. 
Naturalmente, esto no tiene nada que ver con el deseo igualmente palpable de combatir el terrorismo, de estar unidos frente a esta nueva amenaza. 
Sin embargo, la guerra se considera el último recurso, y nuestras medidas para mantener la paz deben ser firmes y estar coordinadas. 
Estamos, por tanto, completamente de acuerdo con la Presidencia griega y su programa para Europa, tanto en lo que se refiere a su intención de llevar a cabo la labor necesaria dentro de las instituciones para solucionar cuestiones como el estatuto de los diputados y el problema de los partidos, como en lo relativo a los dos temas principales del discurso del Primer Ministro Simitis, es decir, la ampliación y la unificación: deseamos una Europa más amplia, pero también una Europa más unida. 
No puede haber ninguna objeción al respecto y no hay necesidad de aclaración. 
A continuación, en relación a lo que ha dicho el Primer Ministro Simitis, quiero mencionar brevemente el hecho de que el informe de primavera, la contribución de la Comisión a la labor del Consejo de primavera, ha sido aprobado hoy por la institución y, por tanto, desempeñará un papel fundamental en los trabajos de la Presidencia griega. 
Hemos aprobado también una serie de documentos relacionados, entre los cuales destaca el informe sobre la aplicación de las directrices generales de política económica y los principios generales de una nueva Estrategia Europea de Empleo. 
Me gustaría dar las gracias a la Comisaria griega, la Sra. Diamantopoulou, porque ha realizado un trabajo excelente en este ámbito. 
Quisiera ahora detenerme en algunos puntos clave del informe de primavera, aunque la Comisión está, como siempre, a disposición del Parlamento, en caso de que desee celebrar debates específicos sobre estas importantes cuestiones. 
El informe de primavera es un informe general que no sólo trata las líneas básicas de nuestro programa, sino que además se adentra en aspectos concretos de éste. 
La estrategia de Lisboa pretende lograr una profunda renovación económica y social antes del fin de la década y será también la vía adecuada para la Unión Europea después de la ampliación. 
Ello supone- y no debemos olvidarlo- que no pierde ningún valor con la ampliación, sino que cobra una mayor importancia. 
Es el mejor modo de dar a nuestros ciudadanos lo que es importante de verdad- mayor prosperidad, mejores trabajos, mayor cohesión social y un medio ambiente más limpio y sostenible- y es el único modo de garantizar que estas conquistas sean sostenibles para las generaciones futuras. 
El Consejo Europeo de primavera debe impulsar este proceso frente al desafío doble de la ampliación y, sobre todo- y éste es el verdadero problema- de la aún incierta coyuntura económica. 
No debemos dejarnos desanimar por estos retos; al contrario: deben alentarnos para realizar mayores esfuerzos, porque la agenda de Lisboa es el mejor modo de integrar a los nuevos Estados miembros y de impulsar la economía. 
El proceso de Lisboa ya está empezando a dar sus frutos. 
En muchos sectores, las reformas ya están generando crecimiento y puestos de trabajos, pero- y se lo digo francamente, Señorías- gran parte del potencial productivo de la Unión Europea sigue sin explotarse. 
Los objetivos de Lisboa aún están a nuestro alcance, pero si no mostramos una mayor voluntad política, de aquí en adelante, no hay una garantía sólida de que logremos alcanzarlos. 
Hace un año, hacía hincapié en la brecha insostenible entre los acuerdos políticos y su actuación a nivel legislativo. 
Gracias a los esfuerzos conjuntos del Parlamento, de la Comisión y del Consejo, esta brecha ha disminuido. 
No obstante, se está formando una brecha similar en el ámbito de la transposición de las decisiones y las directivas comunitarias a las legislaciones de los Estados miembros. 
Así, el problema de la puesta en práctica de estas decisiones sigue, en parte, sin resolverse. 
Además, muchas de las reformas de las políticas nacionales necesarias para la consecución de los objetivos de Lisboa siguen sin llevarse a cabo. 
Por otra parte, es alentador observar que hay Estados miembros que cumplen e incluso superan muchos de los objetivos de Lisboa. 
Estos países, que podrían servir de modelo a todo el mundo, demuestran que el justo equilibrio de las políticas puede generar desarrollo en todos los frentes: económico, social y medioambiental. 
No obstante, el progreso no ha sido uniforme en Europa. El rendimiento insatisfactorio de algunos países está retrasando el desarrollo general de la Unión. 
Por ello, la coordinación a escala comunitaria es crucial para alentar a todos los Estados miembros a que alcancen unos objetivos que favorecen tanto sus intereses como los de los demás miembros de la Unión. 
Todos se beneficiarán de la estabilidad macroeconómica, del crecimiento, de la disminución del paro y de la inclusión social. 
Las propuestas de la Comisión para reforzar la coordinación de la política presupuestaria y las propuestas relativas a la estrategia de empleo muestran el camino que debemos seguir, y me complace que la Presidencia griega comparta este compromiso y que esté resuelta a cumplir su cometido al cien por cien. 
Vamos a formar un buen equipo. 
Señorías, la estrategia de Lisboa es una estrategia integrada que, por una parte, estimula la economía de la Unión Europea de manera sostenible y, por otra, responde a nuestros principales retos a medio y largo. 
Por esta razón, hoy, en el contexto de nuestra estrategia, quiero subrayar la importancia de la inversión en conocimiento e innovación. 
Hemos hecho de este punto nuestra prioridad para este año. 
Además de una lista de cosas por hacer, que todos conocemos bien y con la que ya estamos todos familiarizados, hay momentos en los que algunos factores asumen una mayor importancia. 
Creo que, este año, el conocimiento, la innovación, la investigación y la educación son las mayores prioridades en una Unión Europea escasa de recursos humanos, cuyo número decrece, y necesitada de una mejora de la calidad de estos recursos. 
Tengo que decir que esta observación es el resultado de un análisis de la política- aplicada, en algunos casos, en contra de su voluntad, por algunos Estados miembros debido a las restricciones- de reducir, según las necesidades presupuestarias, y a veces también a causa de los límites que nosotros mismos hemos impuesto, el gasto de investigación, en primer lugar. 
Si examinamos la política de muchos Estados miembros, éste ha sido el resultado, produciéndose un alejamiento del 3% que habíamos fijado entre los principales objetivos del proceso de Lisboa. 
No debemos cometer este error: debemos ayudarnos los unos a los otros para evitar caer en este error. 
Hablo de manera tan dramática, por así decirlo, porque están sucediendo cosas extraordinarias en el mundo. 
La capacidad de Asia para absorber las nuevas tecnologías, el creciente dinamismo de los mercados internacionales, las cuotas de mercado de muchos países europeos que se ven mermadas todos los años: todo ello supone que el problema al que nos enfrentamos ya no es teórico, sino que atañe a nuestra supervivencia futura, al equilibrio futuro de nuestra economía y a la conservación de nuestra riqueza. 
Por tanto, el conocimiento y la innovación son la fuerza motriz del desarrollo sostenible. 
Sin inversión ni innovación, no conseguiremos crecer y no podremos mantener nuestros niveles de prosperidad actuales. 
Se necesitan muchas cosas: desde ordenadores en nuestros colegios, hasta un aprendizaje permanente, pasando por empleo cualificado y flexible. 
Es fundamental que promovamos la investigación sobre los productos de vanguardia a escala mundial y sobre las tecnologías limpias, y debemos ayudar a las empresas a convertir el conocimiento en oportunidades comerciales. 
En mi opinión, es precisamente en este último paso- convertir los descubrimientos en innovación y explotarlos comercialmente- donde reside el punto flaco de las empresas europeas. 
Aunque la Unión ha hecho progresos de cara a una economía basada en el conocimiento, y pese a que el análisis de los últimos tres años no es desalentador, es un hecho que los demás avanzan aún más rápido y que la Unión continúa por detrás de sus principales competidores internacionales en lo que se refiere a inversión y resultados. 
Seguimos teniendo muchos menos investigadores que los Estados Unidos o Japón. 
Los niveles de gasto público en educación y en investigación y desarrollo varían demasiado en la Unión. 
Las empresas necesitan un entorno dinámico que estimule esta actividad económica. 
En la actualidad, en Europa, estas condiciones no están suficientemente extendidas. 
Es significativo e impresiona- y les daré sólo un dato, ya que esto no es un debate teórico: estamos aquí para tomar decisiones- que nuestras mayores empresas lleven a cabo el 40% de sus labores de investigación fuera de la Unión. 
A mí me produce impresión. 
Es una situación crítica, porque esto supone que los investigadores y los recursos permanecen fuera de la Unión. 
Debemos coordinarnos mejor y establecer objetivos nacionales más ambiciosos en los campos de la educación, la investigación y la innovación, y debemos hacer más por compartir nuestras mejores prácticas. 
La adhesión de los países candidatos, con su sólida preparación, ofrecerá a la Unión importantes oportunidades. 
Se ha hecho mucho hincapié en el hecho de que, tras la ampliación, estos países- los que hayan ingresado de facto, al recibir la luz verde política- representarán el 20% de la población, pero sólo el 5 o 6% de la renta. 
Sin embargo, esto supone un aumento del 25% en el número de científicos y técnicos aplicados. 
En muchos casos, trabajan en sectores específicos, pero una vez que formen parte del circuito europeo, podrán darnos un mayor impulso. 
Debemos asegurarnos, por tanto, de que estamos listos para absorber estos recursos humanos, para ponerlos en circulación y para garantizar que se conviertan en una parte activa de nuestra economía. 
A este respecto, la Comisión lanzará un plan de acción de investigación y desarrollo. 
Asimismo, debemos abordar urgentemente la cuestión del marco legislativo y administrativo para el mundo empresarial. 
Antes de terminar, permítanme hacer otra observación personal: podemos diseñar todos los procesos de Lisboa que queramos, pero si Europa no se convierte en un centro de captación de talentos de todo el mundo, nunca conseguiremos el liderazgo científico y económico. 
Los Estados Unidos triunfan porque emplean recursos humanos de todo el mundo. 
Mientras que nuestros jóvenes, que van a los Estados Unidos en un número cada vez mayor, se quedan allí en su mayoría, puedo decirles que la mayor parte de los asiáticos, de los chinos- y actualmente hay decenas de miles de chinos estudiando en los Estados Unidos- regresan a su país. 
Entonces, si no encontramos un modo de inducir a nuestros jóvenes a que vuelvan, si no creamos grandes centros de alto nivel que constituyan el símbolo y la atracción del futuro y que transmitan la impresión de que trabajamos para el mañana, nunca atraeremos a los jóvenes, a los mejores cerebros de los demás continentes, y nunca lograremos que nuestros jóvenes se queden aquí. 
Éste es un reto crucial, y por ello, la Comisión y yo personalmente hemos insistido en que este problema se afronte, como debe ser, en todos los países europeos, porque si nuestros jóvenes dejan Europa, si la situación es tal que, nuestras empresas crean laboratorios de investigación fuera de Europa, sobre todo en los Estados Unidos, les advierto que nuestros horizontes se estrecharán cada vez más; les advierto que, de seguir así, estaremos todos perdidos. 
Señorías, tenemos una responsabilidad clara con nuestros ciudadanos, los de hoy y los del futuro, y con el mundo entero, en este ámbito. 
Nos hemos fijado el objetivo de crear una sociedad competitiva, basada en el conocimiento y en el desarrollo sostenible. 
De nuestro éxito dependerá también el futuro del modelo social europeo. 
No creemos que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos fijado, con tanto cuidado, la Comisaria Diamantopoulou y yo, objetivos que constituyen la razón de ser de la política, como la igualdad social y la promoción de las clases: no creemos que podamos lograrlo sin una sociedad basada en el conocimiento. 
Por tanto, de nuestro éxito depende también la capacidad de cumplir los compromisos internacionales contraídos en Monterrey, Doha y Johannesburgo, así como la fuerza para poner en práctica las políticas que puedan garantizar la paz y la estabilidad en el mundo. 
Señor Presidente, señor Primer Ministro, una y otra vez, la Unión Europea ha puesto en evidencia a los críticos más escépticos con iniciativas valientes y resueltas. 
Hemos logrado muchos objetivos y sé que seguiremos haciéndolo en el futuro, pero les ruego que entiendan que esta cuestión de los centros científicos de alto nivel, del esfuerzo por la investigación, de las normas para atraer a Europa los laboratorios, los centros de innovación, de volver a ser, de nuevo, el catalizador y el centro de la cultura y la ciencia, como siempre ha sido Europa a lo largo de los siglos, es vital para nuestro futuro. 
Francamente, las generaciones actuales tienen menos oportunidades, menos opciones, que las que tuvimos la mayoría de los que estamos aquí. 
Creo que es nuestra obligación devolverles estas opciones, estas oportunidades, porque tienen derecho a ellas y nosotros también las necesitamos. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señor Presidente de la Comisión, Señorías, en este semestre el Consejo se va a enfrentar con cinco retos históricos que el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo ha mencionado. 
En primer lugar, la ampliación. 
Es una afortunada coincidencia que la ampliación a diez se vaya a firmar en Atenas, cuna de la democracia; y en un país como Grecia, que está en vísperas de Olimpiadas. 
Dos inventos de hace 2500 años que son el cemento de la Europa actual. 
Y las Olimpiadas son el primer sistema organizado de paz. 
Sólo les faltan los accesos al aeropuerto, pero ya se está trabajando en ello. 
En estos seis meses hay que acabar la primera fase de la ampliación: los diez países. 
Y usted ha mencionado también algunos desafíos importantes. 
En primer lugar, un Chipre reunificado. 
Apoyamos absolutamente la gestión que puedan hacer de cara a apoyar la política de Koffi Annan y creemos que es muy decisivo este paso. 
Además, y lo ha mencionado usted, por primera vez, tienen ustedes en su mano- y saludo la inteligente y atrevida política griega en relación con Turquía- la oportunidad de jugar un papel histórico en relación con nuestra aproximación a Turquía. 
Contamos con su inteligencia y su flexibilidad. 
En segundo lugar, la Estrategia de Lisboa. 
En lo que se refiere a ésta, hemos visto que ustedes insisten en el pleno empleo, en el desarrollo tecnológico, en la formación y en la cohesión social, que es una conditio sine qua non para el crecimiento económico, y no un obstáculo. 
También tienen ustedes ya, desde mediados del año pasado, la presidencia de la unión monetaria. 
Ahí les querría decir que es importante que aumentemos nuestra coordinación económica. 
No voy a pedirles que hagan una política tan intervencionista y brutal como los Estados Unidos, pero es importante y necesario que Europa pueda ser una locomotora económica y salga de este marasmo. 
Ésa es una responsabilidad de la Presidencia griega. 
También me dirijo al Presidente de la Comisión. 
Señor Prodi, ¿por qué no propone un Sócrates mundial para atraer cerebros? 
Ésa es una competencia de la Comisión y, desde luego, nosotros en el Parlamento apoyaríamos una propuesta de este tipo. 
En el capítulo económico, la Presidencia griega ha dedicado un apartado a la seguridad marítima, y después del drama que estamos viviendo de un naufragio globalizado, que está asolando nuestras costas- el caso del Prestige; uno más, no el único- creo que la Presidencia griega tiene que desempeñar un papel importante. 
Tienen ustedes más de la mitad del tonelaje bruto de la Comunidad y mucha experiencia. 
Ha hablado de desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente. 
Todo eso hay que integrarlo en un espacio europeo marítimo, y ésa puede ser una gran obra de la Presidencia griega. 
En la política del tercer pilar, especialmente en inmigración, la Presidencia griega es la primera, después de Tampere, que plantea una política de inmigración proactiva y no solamente represiva. 
Ahí contará usted con el Parlamento en las propuestas que vaya a hacer y creemos que, en este terreno, la Presidencia griega muestra el camino adecuado. 
Con respecto al futuro de Europa, hemos pasado el ecuador de la Convención- como nos ha recordado el Presidente Giscard D ' Estaing en un artículo aparecido hoy en la prensa. 
Nosotros queremos que la Convención prepare, bajo Presidencia griega, un proyecto de Constitución. 
En ese sentido, son importantes tanto el trabajo de nuestro compañero Giorgos Katiforis, para completar la dimensión social, como el de Georgios Papandreu, como incorporación al Praesidium de la Convención. 
Señor Presidente del Consejo, defiendan ustedes el método comunitario, que es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí, y es lo que puede inspirar y organizar nuestro futuro. 
Les pedimos, asimismo, que estudien cuidadosamente el calendario de Constitución del Parlamento Europeo, para que podamos hacer nuestro trabajo de investidura de la Comisión de una manera correcta y acordada entre todos. 
Por último, Señor Presidente, con respecto a las relaciones exteriores, quiero decir que se puede evitar una guerra con el Iraq, que es preciso que la Unión Europea hable con una sola voz y que esperamos con interés el resultado de la reunión que usted va a celebrar en Bruselas con Hans Blix, el jefe de los inspectores. 
Tienen ustedes una tarea muy importante: coordinar a cuatro Estados miembros del Consejo de Seguridad, más un candidato, y hay que hacer todo lo posible para que, en el marco multilateral y civilizado de la ONU, podamos avanzar y evitar una guerra no solamente innecesaria, sino absolutamente perjudicial, y podamos imponer los principios del Derecho internacional. 
En relación con esto, señor Presidente, y concluyo, sigan también con una política activa en Oriente Próximo. 
Es muy importante, está todo relacionado, y ustedes están pared por medio, son frontera. 
Es muy importante que podamos relanzar el proceso de paz en Oriente Próximo. 
En nombre del Grupo Socialista, permítame expresarle nuestro apoyo y nuestro agradecimiento por la mención que ha hecho del Estatuto del diputado y de los partidos, que es una muestra de la capacidad y de la sofía griegas. 
Les deseo mucha suerte. 
Señor Presidente, he oído decir que a la Presidencia griega no le queda nada que hacer salvo el servicio posventa de Copenhague. 
Nada más alejado de la verdad. 
La Presidencia griega tendrá un papel clave en el nacimiento de una Unión Europea reformada y ampliada. 
Pero para asegurarnos de que ese nacimiento se produzca sin problemas, es fundamental una que tengamos una buena comadrona y me alegra ver que la presidencia griega parece estar bien preparada para realizar esa función. 
Con respecto a la reforma de la Unión, la Convención tiene que presentar un informe en Tesalónica. 
Como sabe toda buena comadrona, es importante mantener alejados a los familiares impacientes de la sala de partos y aunque las conversaciones de esta noche en el Palacio Elíseo son importantes, no tienen que condicionar el resultado de esa Convención. 
Es también importante evitar que los Estados miembros, temerosos de un ambicioso Tratado constitucional, estrangulen al recién nacido. 
Por consiguiente, discrepo del Presidente en ejercicio y sugiero que el período transitorio no debería alargarse demasiado. 
Necesitamos una CIG breve, que sea un ejercicio de ordenación para ratificar rápidamente el resultado de la Convención. 
En el año 2003 los políticos tendrán que convencer a sus electores de las ventajas de la ampliación. 
Nueve de los diez nuevos países celebrarán un referéndum entre marzo y septiembre de este año. 
Tenemos que realizar un esfuerzo mucho mayor para conseguir un voto positivo en los países de Europa Central y Oriental del que hemos hecho últimamente para convencer a los ciudadanos de nuestra actual Unión de que Europa es «una buena cosa.» 
Los Demócratas Liberales presentes en esta Cámara y fuera de ella nos hemos comprometido a lanzar campañas en los nuevos países para conseguir un «sí» en el referéndum y hacemos un llamamiento para que otros se sumen a nosotros. 
Esperamos, en particular, que la Presidencia griega pueda utilizar su privilegiada relación con la población de la isla de Chipre para conseguir que se incorpore a nuestra Unión una isla unificada. 
El tiempo apremia, pero los últimos acontecimientos acaecidos tanto en la isla como en Ankara han abierto una ventana a la esperanza y confío en que usted, señor Presidente en ejercicio, trabaje con todos los partidos para articular un compromiso. 
Celebro las generosas aspiraciones que ha expresado usted hoy aquí en ese sentido. 
Pero si queremos que la Unión Europea triunfe, tanto para sus actuales ciudadanos como para los nuevos, necesitará una reforma. 
Al acercarnos al tercer aniversario de la estrategia decenal de Lisboa, tenemos que decir que el progreso hasta la fecha en productividad, crecimiento, empleo, inversión, investigación y desarrollo ha sido decepcionante. 
La recesión económica que no cesa está haciendo más urgente, y no menos, la reforma estructural, y los Gobiernos no deben desviar su atención de los objetivos que se fijaron. 
Será importante que la Presidencia reafirme se comprometa a reformar el Pacto de Estabilidad, de modo que se centre más en el déficit subyacente, y otorgue a la Comisión el poder de emitir alertas tempranas a los países en peligro. 
Tendrá también que cumplir el calendario previsto en el Plan de Acción de los Servicios Financieros, que ha sufrido ya un peligroso retraso, y conseguir que se apruebe la Directiva relativa a las ofertas de adquisición. 
Si quieren que alguien les ayude a recorrer ese camino, ¿por qué no le dan al Parlamento Europeo un papel más importante en el seguimiento de las decisiones de los Consejos de Primavera, pidiendo cuentas al Consejo por las decisiones tomadas? 
Eso es algo que haríamos muy bien. 
El concepto de Europa va, por supuesto, más allá de un mercado común y así lo reconoce su presidencia. 
Los Tratados de Amsterdam y Niza han creado una Comunidad de valores. 
Celebro que en la declaración de su Presidencia se haga hincapié en los valores de una sociedad generosa, abierta y civilizada. 
En su documento habla usted de una política de inmigración legal planificada. 
Expuesto como están ustedes a los flancos meridional y oriental de Europa, conocen la importancia que tiene comprender más y condenar un poco menos. 
La realidad es que, mientras prohibamos los productos de los países en desarrollo y les privemos de la esperanza del desarrollo económico, provocaremos flujos de población del sur y del este. 
Aquí necesitamos a muchos de ellos para afrontar los problemas de una población envejecida, o los problemas de fuga de cerebros a los que ha hecho referencia el Presidente de la Comisión. 
Debemos trabajar para frenar más eficazmente la inmigración ilegal ofreciendo oportunidades legales a los que deseen asentarse entre nosotros e integrándolos plenamente en nuestra sociedad. 
Tenía mucho que decir sobre Iraq y el proceso de paz en Oriente Medio, pero se me está acabando el tiempo. 
Aún así, les diré que los griegos conocen muy bien lo que nosotros, en el resto de Europa, entendemos por la palabra «maratón». 
Le toman el relevo al último corredor, Dinamarca, y tratan de recorrer la mayor distancia posible lo más deprisa que puedan, antes de entregárselo a la siguiente Presidencia. 
Les deseamos buena velocidad en la maratón que van ustedes a correr en nuestro nombre. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, es a usted, señor Presidente del Consejo, a quien deseo manifestar el firme apoyo de mi grupo a su iniciativa de resolver el conflicto con el Iraq por la vía diplomática. 
No debe haber guerra contra el Iraq. 
Los ciudadanos no la quieren, y es aquí donde la UE- como algunos diputados han dicho, y es algo que quiero respaldar- debe poner todo su peso político en la balanza, tarea en la que ha de estar unida. 
Declaraciones como las del embajador alemán ante las Naciones Unidas, que señalan que no sería necesaria una segunda resolución del Consejo de Seguridad para legitimar un ataque de los Estados Unidos contra el Iraq, son contraproducentes. 
Afortunadamente, la Presidencia griega del Consejo sigue una línea opuesta. 
Cuenta con todo nuestro apoyo en su empeño por evitar la guerra, a pesar de las intenciones declaradas del Gobierno Bush. 
El hecho de que las políticas sociales, económicas y de empleo ocupen un lugar destacado en la agenda griega es otro punto que merece el mayor de nuestros respetos pero, especialmente en vista de la cumbre de primavera, lo que importa es lo que hagamos al respecto. 
El pilar social necesita un buen refuerzo, y la UE debe prestar atención a las preocupaciones y las necesidades de los ciudadanos y, principalmente, seguir adelante con medidas eficaces para contrarrestar el fuerte desempleo y la exclusión social que se padece dentro de sus fronteras. 
Sobre todo, los Estados miembros deben estar dispuestos a contrarrestar la crisis económica que se avecina en Europa. 
Consideramos que la buena disposición para reformar el Pacto de Estabilidad es la prueba de fuego en lo que a ello se refiere. 
¡Tengan el valor de hacerlo! 
Dejen que la inversión pública se elimine, por fin, de la base de cálculo del Pacto de Estabilidad, evitando así que una política, socialmente irresponsable, de recortes hasta que no quede nada empeore una situación económica mala de por sí o incluso- como nos ha advertido el Presidente Prodi- haga que la educación sea manifiestamente incapaz de competir. 
Para concluir, señor Presidente en ejercicio del Consejo, deseo respaldar su objetivo de acelerar la labor reformadora de la Convención. 
Éste es otro ámbito en el que el interés ciudadano exige que se realicen avances tangibles, especialmente de cara a crear una Europa social. 
Le pido a usted y a su Ministro de Asuntos Exteriores, como nuevo miembro de la Convención, que perseveren hasta lograr resultados definitivos en esta cuestión en particular. 
Presidente en ejercicio del Consejo, permítame poner a prueba toda la capacidad de reflexión heredada de la filosofía griega, una de las fuentes de la filosofía política europea, pidiéndole que demuestre imaginación, perspicacia y lucidez en su labor como Presidente del Consejo. 
Comencemos por la crisis iraquí. 
No, señor Poettering, se equivoca al decir que no podemos hacer esto o aquello. 
Si queremos una postura de las Naciones Unidas, es necesario decir también qué se debe decidir en el Consejo de Seguridad: no podemos escondernos continuamente detrás del Consejo de Seguridad sin especificar lo que debe decidir. 
Hasta la fecha, no hay pruebas de una nueva hostilidad por parte del dictador Sadam Husein. 
Ninguna prueba. 
Si los servicios secretos tienen pruebas, deberían publicarlas en todos los periódicos. 
Si tienen pruebas de lo que Sadam Husein posee, seguro que éste también lo sabe. 
Por tanto, si esto es así, no es un secreto para nadie en el Iraq, ni para Sadam Husein. 
Si tiene armas, sabe dónde las esconde, y si la CIA o los demás servicios secretos saben dónde se ocultan estas armas, podemos decírselo al mundo, puesto que, en cualquier caso, el enemigo ya lo sabe. 
Por consiguiente, no entiendo esta estrategia. 
Por eso le pedimos, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que sea, a la vez, Sócrates y Platón, es decir, que reúna al Sr. Chirac, al Sr. Blair, al Sr. Aznar y al Sr. Schröder, los Jefes de los cuatro Gobiernos representados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en torno a una mesa para definir una postura europea que diga que no a la intervención militar, que no sólo sería perjudicial para todos, sino que tampoco resolvería ningún problema. 
Debemos tener el valor de decir lo que esperamos del Consejo de Seguridad, y creo que la Unión Europea tiene un papel decisivo a este respecto. 
Dijimos que sí. Una parte de mi grupo se oponía a ella, pero en todo momento dije que sí a la necesidad de una intervención militar en el Afganistán y Kosovo. 
Hoy, no obstante, todos aquellos que dijeron que sí a la intervención en estos dos casos deben decir que no a una intervención sin sentido. 
Es necesario hacérselo saber al Consejo de Seguridad. 
Francia y el Reino Unido tienen un derecho de veto que impediría la intervención. 
La Unión Europea debe tener la fuerza necesaria para imponer un no, precisamente en un momento en que Corea del Norte cuenta con armas de destrucción masiva y podría hacer una bomba atómica, y con la que, sin embargo, y acertadamente, vamos a negociar. 
Nuestra política actual fomenta la proliferación de armas nucleares, al decir a los dictadores que ya tienen armas nucleares que no les vamos a hacer nada, y a los que aún no las tienen, que los vamos a atacar. 
Esto equivale a decir a los dictadores de todo el mundo que se apresuren a conseguir armas nucleares, para que, de esa manera, ya no les hagamos nada y negociemos con ellos. 
Ésa es la lógica platónica aplicada, en la actualidad, por Washington. 
Le pido a Atenas que diga que no a esta lógica complemente desquiciada. 
Me gustaría ahora comentar la cuestión de la cumbre de primavera y el desarrollo sostenible. 
Estoy de acuerdo, pero ¿cuáles son los indicadores relativos al medio ambiente, a la economía y a los asuntos sociales? 
Estos indicadores deben ser iguales. 
En Salónica, por tanto, debemos elaborar una verdadera lista de indicadores y una estrategia para evaluar y poner en perspectiva el desarrollo sostenible. 
Ésa sería, en efecto, una iniciativa histórica, la primera de estas características. 
Hay muchas propuestas aquí y allá, pero nada más. 
Ha hablado de la seguridad marítima: ¡muy bien! 
Sin embargo, ¿quiénes son los responsables en lo que se refiere al medio ambiente? 
¿Quién pagará por el Erika? 
¿Quién pagará por el Prestige? 
Veamos un ejemplo: los responsables del Erika pagaron 11 millones de euros. 
¡Es un escándalo! 
Es un escándalo porque los responsables de las catástrofes marítimas deben pagarlo todo. 
Deben asumir todo el riesgo, y mientras no se les obligue a cargar con su responsabilidad, con toda la responsabilidad, harán lo que quieran. 
Usted sabe a lo que me refiero, porque Grecia es uno de los países con más responsabilidades en este sector. 
Por último, ha hablado de Chipre. 
Por supuesto, usted desea la reunificación de Chipre. 
En ese caso, no obstante, Turquía y Grecia tendrán que abordar el problema de los nacionalismos griego y turco. 
Uno de los últimos obstáculos que se oponen a una posible reunificación de Chipre se debe a estos dos nacionalismos, incluso me atrevería a decir que a la acción conjunta del Sr. Denktash y el Sr. Clerides. 
El pueblo chipriota, las poblaciones del norte y del sur, no quieren lo mismo que sus representantes. 
Por tanto, creo que todos juntos debemos tener la fuerza y el valor necesarios para dar un futuro a la gente que desea este futuro. 
Para concluir, usted sería realmente Sócrates y Platón en una sola persona si consiguiera resolver el problema del estatuto de los diputados. 
Si lo logra, será mi invitado en el restaurante parisino que usted elija, puesto que se habrá convertido en un gran maestro de la política. 
El Gobierno griego asume la Presidencia de la Unión Europea en un momento de gran incertidumbre internacional. 
Los inspectores de las Naciones Unidas en Iraq deben presentar su informe al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a finales de mes con sus conclusiones sobre si Iraq está o no en posesión de armas de destrucción masiva. 
Nadie puede aventurar lo que contendrá ese informe, pero la concentración militar de tropas norteamericanas y británicas en Oriente Medio es, desde luego, una pésima señal de que el conflicto en Iraq es una posibilidad muy real. 
Celebro los recientes comentarios del Primer Ministro Simitis cuando dijo que las Naciones Unidas constituyen el foro que tiene que utilizarse para tratar las cuestiones planteadas en el informe de los inspectores sobre Iraq. 
Es muy importante que la ONU sea la organización encargada de las cuestiones de seguridad internacional. 
La seguridad global internacional requiere un enfoque multilateral bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y no unilateral, y me complace que el Primer Ministro Simitis se proponga llegar a una posición común de la Unión Europea sobre Iraq cuando se publique el informe de los inspectores de Naciones Unidas. 
Este es, desde luego, un objetivo político muy ambicioso, pero cuenta con todo mi apoyo y estoy seguro de que la mayoría de los diputados de esta Cámara también lo apoyan. 
La economía europea no se está dando mucho de sí en la actualidad y la Presidencia griega hace bien en acelerar el Proceso de Lisboa. 
Tenemos que hacer más competitivas a las empresas europeas; tenemos que introducir más mecanismos de apoyo para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. 
La Presidencia griega considera también una cuestión prioritaria la inmigración ilegal en Europa. 
Cuando se trata de proteger las fronteras de la Unión Europea, se necesita una estrategia común a escala comunitaria. 
Sin duda vamos a tener que emprender una reforma de acuerdo con la Convención de la UE sobre la manera de legislar en materias como la inmigración, el asilo, los refugiados, las poblaciones desplazadas y los visados europeos. 
Como ya se ha dicho antes, la Convención informará a los Gobiernos europeos durante la Presidencia griega de la Unión. 
Los miembros de la Convención tienen previsto que el proyecto del nuevo Tratado de la Unión Europea esté listo para la reunión griega que se celebrará en junio en Tesalónica y, desde luego, el contacto con los miembros de la Convención y la preparación de ese nuevo Tratado van a ser muy importantes para la Presidencia griega. 
En virtud de las decisiones adoptadas en la Cumbre de Copenhague el pasado mes de diciembre, el 16 de abril se firmarán los tratados de adhesión de los nuevos Estados miembros que ingresarán en la Unión. 
Esos tratados se están preparando en la actualidad y, cuando estén terminados, se celebrará un referéndum en los países candidatos. 
Está muy claro que la Presidencia griega de la Unión Europea tendrá que abordar cuestiones de gran alcance y diversidad. 
El espectro de un conflicto en Iraq pende sobre nosotros como la espada de Damocles y eso es algo que nadie puede olvidar. 
Para terminar, le deseo a la Presidencia griega mucho éxito y quiero decir, en nombre de mi Grupo político, que estaremos más que dispuestos a cooperar con ellos plenamente para favorecer los intereses del conjunto de la Unión Europea. 
Señor Presidente, kalispera, el Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias también desea dar la bienvenida a la Presidencia griega. 
Grecia fue la cuna de la democracia. 
Esto significa que tienen la obligación especial de someter a la UE a una puesta a punto democrática. 
Asimismo, que la hospitalidad griega se vea acompañada de una organización eficaz, para que podamos seguir su labor en su página web, por el momento inacabada, y podamos decir dentro de seis meses: «¡Qué buena ha sido la Presidencia griega! ». 
Señor Presidente, quiero dar la bienvenida aquí esta tarde al Presidente del Consejo y al Presidente de la Comisión. 
Quiero hablar en particular sobre empleo, competitividad y mercado interior. 
Tengo un especial interés en esos temas como ponente del Parlamento para la estrategia del mercado interior: si todo va bien, mi informe será sometido a votación en febrero y se lo presentaremos a ustedes como base para la toma de decisiones en la Cumbre Económica. 
Ambos Presidentes tienen una responsabilidad crucial sobre la economía mundial en los próximos seis meses. 
Se ha citado a colegas de esta Cámara, y de hecho el Financial Times citaba ayer las palabras del Sr. Simitis diciendo que «nos hallamos en una recesión mundial». 
Espero que la cita fuera errónea, porque hasta donde yo sé, eso no es cierto. 
El crecimiento se ha frenado, pero una responsabilidad básica de los dos Presidentes en los próximos seis meses será estimular y reanudar el crecimiento, con la Cumbre Económica como eje principal. 
Me preocupa, señores Presidentes, que en ninguna de sus declaraciones hayan mencionado el hecho de que el crecimiento económico de la Unión Europea tiene que basarse en el perfeccionamiento del mercado interior, pese al hecho de que este año celebraremos su décimo aniversario. 
La Comisión nos ha presentado importantes informes que demuestran las ventajas del mercado interior y sabemos también que el principal motor de creación de empleo en los futuros mercados será el sector servicios. 
El proyecto de mayor alcance que tienen ustedes delante es la consolidación del mercado interior de los servicios, y el trabajo que ha hecho la Comisión demuestra ampliamente las barreras que existen para las empresas que quieren instalarse en toda la Unión Europea. 
Quiero pedirle, señor Presidente del Consejo, que incluya en su programa de trabajo una acción decidida por parte de los Gobiernos de todos los Estados miembros para eliminar las dificultades que existen para establecer empresas en toda la Unión Europea. 
No tienen que esperar a que la Comisión tome esa iniciativa para crear empleo y hacer que la economía europea avance; nosotros esperamos que sean ustedes quienes lo hagan. 
Señor Presidente, el ambicioso pero realista programa de la Presidencia griega, que pretende insuflar nueva vida a ámbitos políticos fundamentales de la Unión Europea, ya se ve, por desgracia, eclipsado por la amenaza de la guerra contra el Iraq, una guerra que ha movilizado a la opinión pública internacional que, como ha señalado el Presidente de la Comisión, no está dividida. 
Tampoco está dividida en los Estados Unidos donde, como sabemos, dos tercios de la población se oponen a esta guerra. 
Se trata de una guerra destructiva y sin sentido, como han señalado diputados de todas las facciones de esta Cámara. 
No obstante, el más afectado por cualquier ataque militar será el propio pueblo iraquí, que lleva años sufriendo debido al embargo económico. 
Un conflicto militar eliminaría cualquier esperanza de combatir la pobreza, el hambre, la desnutrición infantil y la falta de atención médica: éstos son los problemas con los que deben vivir millones de personas que son víctimas de un régimen autocrático y de una dura política occidental. 
El propio embargo de doce años ha actuado como un arma de destrucción masiva, ya que se ha llevado la vida de un millón de personas, la mitad de las cuales eran niños. 
Quien albergue alguna duda sólo tiene que visitar los hospitales del Iraq, en los que los niños se mueren de desnutrición y por falta de la más elemental atención médica. 
Los he visto con mis propios ojos. 
Señorías, en Grecia tenemos un dicho: se dice que en una tormenta se ve quiénes son los buenos capitanes, y la Unión Europea tiene la suerte de que su timón lo lleve un capitán capaz y una tripulación igual de competente, que han demostrado claramente su valentía, además de su cautela, su gestión eficaz de las cuestiones nacionales y europeas y una política exterior inspirada que ha hecho de Grecia un polo de estabilidad en la problemática región de los Balcanes, un polo que promueve el diálogo y la resolución de conflictos por vías pacíficas. 
Estoy segura de que la Presidencia griega responderá a los desafíos y cumplirá su papel histórico. 
Señor Presidente, quiero dar la bienvenida al Primer Ministro griego y desearle el mayor de los éxitos. 
Todos sabemos que Grecia es un país relativamente pequeño. 
Ésta no es la primera Presidencia griega: ha habido dos presidencias previas, las cuales se vieron expuestas a un buen número de críticas. 
Sin embargo, las Presidencias previas ocupadas por el mismo partido, el PASOK, cuando Andreas Papandreu era Primer Ministro, nos dejaron un legado útil: una postura combativa, a menudo contra corriente, en el ámbito de la paz. 
Confío en que esta tendencia positiva, demostrada tanto por nuestro país en su conjunto, como por el partido en el Gobierno, se mantenga ahora, especialmente en lo que se refiere a la cuestión del Iraq. 
Como señaló acertadamente el presidente de los Verdes, no pueden esconderse detrás del Consejo de Seguridad. 
Con cuatro miembros en el Consejo de Seguridad, la Unión Europea debería luchar por bloquear la guerra. 
He escuchado atentamente el discurso del Primer Ministro y quiero comentar tres puntos que me preocupan: en primer lugar, el hecho de que el Primer Ministro haya afirmado que éste es un programa anual conjunto de las Presidencias italiana y griega. 
En mi opinión, el Sr. Simitis es, y debe ser, una cosa, y el Sr. Berlusconi otra, y no entiendo cómo van a encontrar puntos de coincidencia en cuestiones sociales, en cuestiones democráticas, en la cuestión de las relaciones con los Estados Unidos o en las cuestiones sobre los medios de comunicación. 
Un segundo punto que me preocupa es la política agrícola- y me refiero a las pequeñas explotaciones agrícolas familiares, especialmente las del sur, asfixiadas por las reformas y por lo que está sucediendo en la Organización Mundial del Comercio- que no ocupó más de una línea en el discurso del Primer Ministro. 
Espero que se refiera a este asunto más extensamente en su próxima intervención. 
Y el tercer punto tiene que ver con cuestiones sociales. 
Señor Primer Ministro, estoy esperando que Grecia aplique la Directiva 70/1999 sobre el trabajo de duración determinada. 
Debería haber empezado a aplicar esta directiva el 10 de julio de 2002, pero aún no lo ha hecho. 
Por favor, no pongan a la Sra. Diamantopoulou en la difícil posición de tener que interponer una demanda contra Grecia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, quiero hacer referencia a dos puntos de sus declaraciones que me preocupan. 
El primero, señor Presidente en ejercicio del Consejo, es que usted no ha desarrollado realmente su proyecto sobre seguridad marítima. 
Espero que no tengamos sorpresas desagradables, puesto que, como sabe, los ciudadanos europeos de Galicia y de Francia esperan impacientemente, por no decir desesperadamente, que Europa les ayude, que establezca normas estrictas y claras, que garantice un transporte marítimo seguro y que prevenga la contaminación. 
Por supuesto, sabemos lo preocupada que está Grecia por esta cuestión; por tanto, nos preguntamos, por ejemplo, si apoyaría la creación de una unidad de guardacostas europeos, una fuerza de «cascos verdes» para organizar a los voluntarios, que tanto se echó de menos en Galicia. 
¿Impondría la designación de puertos de refugio? 
No seguiré con la lista, señor Presidente. 
La segunda cuestión que me preocupa es la cumbre de primavera. 
A este respecto, una vez más, lamento decirle- y me dirijo también al Presidente de la Comisión- que se equivoca, porque la cumbre de primavera tenía un objetivo específico: medir el avance o el retroceso realizado en el campo del desarrollo sostenible mediante las políticas de la Unión. 
La cumbre que están preparando no tiene nada de particular y, sin embargo, hay cuestiones urgentes. 
Daré sólo un ejemplo: ¿va a seguir proporcionando la Unión ayuda financiera a empresas multinacionales sin ninguna contrapartida, sin asegurar el empleo sostenible para los trabajadores? 
Me refiero, por supuesto, a los empleados de Daewoo de Lorena, Francia, que una vez más, han perdido sus trabajos, mientras la Unión y la región de Lorena habían contado con esta reestructuración, concediendo una cuantiosa ayuda financiera. 
Esto es lo contrario del desarrollo sostenible. 
Por tanto, lo que me gustaría que hicieran sus informes de primavera es presentar verdaderas políticas que tuvieran en cuenta el medio ambiente, para evitar destruirlo, y que creasen también puestos de trabajo realmente sostenibles. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, usted, señor Presidente del Consejo, ha finalizado sus observaciones con un breve comentario sobre la política europea de defensa. 
Ha señalado que el acuerdo entre la OTAN y la Unión Europea se ha materializado ahora, dejando el camino libre para las próximas medidas en materia de política de defensa europea, que podemos esperar que se tomen en Bosnia y Herzegovina. 
Ésta es una eventualidad a la que debe prestarse una especial atención, puesto que la Unión Europea, por primera vez, asumirá claras responsabilidades en el ámbito de la defensa. 
Esto me lleva a plantear dos preguntas, la primera de las cuales tiene que ver con cómo se va a desarrollar esta política de defensa en el futuro. 
¿Comparte la opinión de que el tratado constitucional que se negocia actualmente debería incluir un artículo que recogiese un compromiso mutuo de defensa, equiparable al artículo correspondiente del Tratado de la Unión Europea Occidental? 
Eso sería una muestra de confianza cuando llevásemos a cabo una acción conjunta. 
En segundo lugar, también ha comentado, muy brevemente, la cuestión de la política de armamento, haciendo referencia a cómo los países de la Unión Europea gastan 150 000 millones de euros en defensa, mientras que a nosotros siempre se nos dice que la duplicación excesiva resultante hace que la eficacia sea mínima. 
¿Comparte la opinión de que es necesario crear un mercado común de defensa? 
¿Qué pasos definitivos van a dar los griegos durante su Presidencia del Consejo? 
Señor Presidente, Señorías, se ha dicho mucho acerca de la política relativa al Iraq, a la mayoría de lo cual no tengo nada que añadir, pero me gustaría, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hacerle dos observaciones. 
Parece haber un amplio consenso en esta Cámara con respecto a que la Resolución 1441 no conlleva automáticamente una acción militar: lo que dice es que, en función de los informes de los inspectores de armamento, cualquier acción futura deberá atenerse a una resolución del Consejo de Seguridad. 
Es importante que la Presidencia se exprese en estos términos, en nombre de la UE, y por eso, le pido que tome la iniciativa y lo diga aquí y ahora. 
Es todavía más importante que lo diga porque resulta evidente que los Estados Unidos de América piensan de distinta manera, y es necesario que señalemos cuáles son nuestras diferencias con respecto a ellos. 
Creen de verdad- ¿cómo explicar si no el despliegue de 100 000 soldados en la zona? -que la Resolución 1441 no excluye la posibilidad de un ataque militar inmediato, pero también existe el peligro implícito de que el derecho internacional, al que las naciones están sujetas y que constituye el único elemento capaz de garantizar la paz mundial a largo plazo, se vea amenazado por la búsqueda unilateral de poder llevada a cabo por uno de los Estados miembros de las Naciones Unidas. 
En esta cuestión la Unión Europea debe manifestar su postura de forma clara, principalmente porque no se puede hacer respetar el derecho internacional de una forma arbitraria y oportunista. 
En el caso de Corea del Norte, país contra el que existen muchas pruebas de que es capaz o desea producir armas de destrucción masiva- y sus acciones así lo sugieren- se están llevando a cabo negociaciones y, sin embargo, se amenaza a Sadam Husein, a pesar de la presencia en su país de un buen número de inspectores, que no han encontrado nada. 
Podría añadir que esta amenaza no está justificada de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. 
Sacar a la luz esta diferencia entre nosotros es una de las principales tareas de la Unión Europea y de su Presidencia griega, y sabemos que está decidido a hacerlo. 
Puede contar con el apoyo del Grupo del Partido Socialista Europeo de esta Cámara. 
Señor Presidente, al tiempo de desearle mucho éxito a la Presidencia griega, le pido que haga todo lo posible por resolver el grave problema de la disminución de las rentas agrarias. 
Hago este llamamiento como alguien que de una manera u otra ha dedicado toda su vida a la agricultura y al desarrollo rural. 
Aquí en Europa tenemos un modelo diferente de agricultura familiar que, con la disminución de las rentas, se está viendo ahora seriamente amenazado. 
En el contexto de las propuestas de la revisión intermedia que se adoptarán esta semana y las próximas conversaciones mundiales sobre comercio, pido a la Presidencia griega que trate de mantener el compromiso de toda la UE con el modelo agrario europeo y que garantice un medio de subsistencia digno a nuestros agricultores. 
La reticencia de nuestros jóvenes a dedicarse profesionalmente a la agricultura es una prueba del problema que existe en el sector agrario. 
A no ser que afrontemos el grave problema del envejecimiento de la población en la agricultura europea, en un futuro no muy lejano el Parlamento tendrá que celebrar una sesión urgente para tratar lo que ha demostrado ser un problema muy grave. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, también quiero hablar hoy de la ampliación, de la Convención, del Iraq y de la situación económica, pero no tengo tiempo. 
Apoyo, naturalmente, lo que el presidente de mi grupo ha dicho. 
Antes de venir aquí, le pregunté a la Presidencia griega si daría prioridad a la cuestión del tráfico marítimo internacional de mercancías peligrosas. 
Posteriormente he observado que el Presidente en ejercicio del Consejo hacía referencia a esta cuestión. 
El tráfico marítimo es una cuestión importante para Grecia y se espera que el Primer Ministro griego le dé prioridad. 
Sin embargo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, el tráfico marítimo internacional, en estos momentos, se asocia, por desgracia, a un nombre, Galicia, donde se han producido las mayores catástrofes de Europa y de todo el mundo de los últimos 30 años. 
Estos nombres son de sobra conocidos: Andros Patria, Polycomander, Urquiola, Casón y Prestige. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, al igual que los que he citado, muchos de los nombres de estos barcos son griegos, y la mayoría de los armadores eran o son griegos. 
No parece haber solución ni final para la catástrofe del Prestige: nuestras costas y nuestros mares están contaminados y los restos del Prestige en el fondo marino siguen representando una amenaza permanente. La actuación del Gobierno español, del Partido Popular del Sr. Aznar, ha sido desastrosa, y lo mismo puede decirse del Gobierno gallego, mientras que la Unión Europea se ha mantenido al margen, estimando en el Consejo de Copenhague que cinco millones de euros bastaban para resolver este problema, que afecta a Europa, además de a Galicia y a otros países. 
El mar está, hoy en día, en manos de mafias ilegales. Sin embargo, ante este problema, los ciudadanos, los voluntarios, los marineros y los pescadores han tenido que hacer el trabajo del Gobierno y de la Unión Europea y resolver este problema con sus propias manos, porque la «marea negra» continúa llegando a las costas de Galicia, a las de la Península Ibérica e incluso a las de Francia. 
El Consejo Europeo de Copenhague reveló un grave conflicto político: los Estados miembros dieron la espalda a los ciudadanos, a los pescadores y a los voluntarios, cuyo comportamiento fue admirable. 
Los Estados miembros no han aplicado tampoco la legislación «Erika» ni han creado el fondo de compensación. 
Poco tiene esto que ver con la actitud de los Estados Unidos, que con la Oil Pollution Act están evitando accidentes y han creado incluso un fondo de responsabilidad de cuatro mil millones de euros. 
¿Qué piensa hacer, en este sentido, la Presidencia griega? 
Pienso que debería lucirse con su actuación en este ámbito. 
Señor Presidente, deseo darle la bienvenida al Primer Ministro de Grecia, en su calidad de Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, y desearle, de todo corazón, el mayor de los éxitos, porque su éxito será beneficioso tanto para Europa como para Grecia. 
Ha señalado acertadamente que uno de los objetivos básicos de la Presidencia es promover la estrategia de Lisboa; el Sr. Prodi también tenía muchas cosas importantes que decir al respecto. 
Sin embargo, he leído hoy en la prensa internacional que la Comisión va a presentar, en breve, un informe en el que se señala que Europa está perdiendo la batalla de lograr una economía más competitiva a nivel mundial para 2010. 
Antes bien, el crecimiento es muy débil y falta voluntad política. 
Este informe de la Comisión también afirma- si hemos de creer lo que dice Le Figaro- que se espera que surja una Europa de dos carriles, en uno de los cuales avanzarían rápidamente Suecia y Dinamarca, mientras que Grecia, Italia y Francia se moverían despacio por el otro. 
Lo que quiero preguntar, en primer lugar, es lo siguiente: ¿hay una política común para promover la estrategia de Lisboa o es, más bien, una cuestión de que cada país haga lo que desee o, como mínimo, no aplique dicha política común? 
Y en segundo lugar: ¿pretenden aplicar políticas que ayuden a alcanzar los objetivos de Lisboa en todos los Estados miembros de la Unión Europea, especialmente en Grecia? 
Señor Presidente, la Presidencia griega ha llegado en un momento crucial para nuestro planeta, y no sólo porque estemos al borde de, al menos, un conflicto armado. 
Es un momento crucial, porque la única superpotencia, los Estados Unidos, está haciendo todo lo posible por lograr la hegemonía mundial por medio de su tremendo poder, y naturalmente, esta situación está provocando una reacción. 
Cuando salgamos de estas vicisitudes, el mundo entero, y la Unión Europea en particular, será un lugar diferente, con independencia del resultado de la crisis. 
Lo que es seguro es que el orden mundial de posguerra y sus instituciones serán las víctimas del conflicto y, en consecuencia, surgirá un mundo diferente. 
La Unión Europea debe tener una opinión sobre este nuevo mundo. 
Sin embargo, me da la impresión de que el sentimiento dominante en las instituciones de la Unión Europea es la complacencia, como si lo que está sucediendo no tuviera nada que ver con nosotros. 
Me da la impresión de que muchos de nosotros creemos que vivimos en el vacío, en otro mundo, inmunes a lo que ya está sucediendo y a lo que nos aguarda. 
En momentos como éste, una Presidencia europea debe ser capaz de adaptar los valores que decimos defender a una visión del mundo futuro, así como de convencer a los ciudadanos europeos de que merece la pena luchar por estos valores. 
Una presidencia sólo podrá tener éxito y ser digna de los tiempos en que vivimos teniendo esta prioridad en mente. 
Las sesiones vienen y van; los programas también. 
Sin embargo, los tiempos en los que vivimos exigen una vuelta a los valores de los ciudadanos europeos, como debe ser cuando estamos luchando por la paz. 
Señor Presidente, señor Primer Ministro, señor Presidente de la Comisión, he escuchado muy atentamente las prioridades que ha señalado. 
Desearía que fueran seis, en lugar de cinco, pero creo que la sexta se añadirá en su debido momento. 
Me refiero a la revisión intermedia de la política agrícola común. 
Las propuestas finales deben presentarse antes de finales de enero. 
La Unión Europea va a recibir a diez nuevos miembros. 
La población rural de la Unión Europea aumentará en un 165% y las zonas rurales, en un 43%. 
La superficie cultivable aumentará en un 55%. 
Y sin embargo, el presupuesto hasta 2013, aunque se cumplan las hipótesis más optimistas- con una mínima inflación- seguirá siendo el mismo. 
Me gustaría preguntarle cuáles son los objetivos de su Presidencia, señor Primer Ministro, y qué pretende hacer para ayudar a los millones de agricultores europeos, tanto de la actual Unión Europea, como de la Unión Europea ampliada. 
En lo que se refiere a Lisboa, han pasado dos de los diez años y se ha logrado poco, mucho menos del 20% que ya se debería haber conseguido. 
Lo que es seguro es que, en lugar de reducirse, el diferencial de competitividad entre nuestra economía y la estadounidense, que es nuestro principal competidor, es aún mayor. 
Me ha interesado y complacido que el espíritu empresarial y las pequeñas empresas sean una de sus prioridades. 
Es un excelente paso. 
Usted lo ha anunciado hoy con tono ambicioso. 
Dentro de cinco meses estaremos de nuevo aquí, examinando las cuentas para ver qué se ha hecho. 
Me gustaría saber, señor Primer Ministro y Presidente en ejercicio, qué pretende hacer para alcanzar estos ambiciosos objetivos, que no ha logrado cumplir en su país. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, es un hecho que Grecia se ha puesto al timón de la Unión Europea en un punto de inflexión crucial para la Unión Europea, tanto dentro como fuera de sus fronteras. 
Se va a producir muy pronto la mayor ampliación de la historia de la Unión, una ampliación que pone fin a una fractura que ha durado cincuenta años. 
Estamos a punto de elaborar una constitución europea y de reforzar nuestras instituciones, con el objeto de garantizar la cohesión de Europa, después incluso del ingreso de los diez nuevos países, y de asegurarnos de que continúe funcionando como una unión política, de forma que pueda alcanzar su objetivo, que es la unificación cada vez mayor de Europa. 
La Convención ha pedido más Europa en numerosas ocasiones, y la Presidencia griega dará los últimos retoques a esta estructura en junio, en Tesalónica. 
Europa también se halla en medio de una grave desaceleración de la economía. 
La economía mundial está en recesión, pero eso no es algo nuevo. 
Europa sufre una crisis económica desde hace, al menos, diez años. 
Europa ha opuesto resistencia a una estrategia inspirada, la estrategia de Lisboa, y ahora esta estrategia corre el riesgo de ser barrida por la recesión. 
Creo que Grecia, un país cuya economía se ha recuperado, gracias a un programa de reformas llevado a cabo por iniciativa propia, un país que ha alcanzado tasas de crecimiento que lo sitúan al frente de la Unión Europea y que ha aprovechado este proceso para acometer una positiva revolución en el sector agrícola, un país que tiene ahora una economía del primer mundo, en lugar de una economía del tercer mundo, gracias también, por supuesto, a la política agrícola común, está de sobras preparada para insuflar nueva vida al proceso de Lisboa, que la necesita desesperadamente para sobrevivir. 
Además, Grecia, como país situado en la frontera de Europa, siempre ha servido de enlace para el comercio entre el este y el oeste, y ahora puede hacer lo mismo. Grecia entiende mejor que nadie que las economías de la Europa del Este tienen el potencial de convertirse en la fuerza motriz que impulse la economía de los Quince. 
No se puede dar marcha atrás a estas perspectivas creativas. 
No vamos a detener la ampliación ni la elaboración de una constitución europea. 
Sus consecuencias positivas, no obstante, pueden verse retrasadas si debemos afrontar una guerra contra el Iraq. 
Estoy de acuerdo con mi amigo, el Sr. Poettering, en que las armas nucleares no se pueden dejar en manos irresponsables. 
Pero tampoco pueden dejarse en manos responsables, señor Poettering. 
No hay manos lo suficientemente responsables para estas armas aterradoras y apocalípticas con las que nos hemos equipado. 
No sabemos qué va a pasar en el Iraq, pero sabemos que el Presidente en ejercicio del Consejo es el único líder europeo que ha tenido la desdichada fortuna de enfrentarse al peligro de que su país se viera envuelto en una guerra catastrófica. 
Confío en que la experiencia que adquirió le ayude a hacer lo mismo en lo que se refiere a la guerra que amenaza, en estos momentos, a todo el planeta. 
Señor Presidente, le agradezco la oportunidad que me da de responder al final del debate. 
Los diputados han planteado algunas cuestiones muy interesantes. Espero que el Presidente en ejercicio del Consejo haya tomado buena nota y se preste de buena gana a abordar tantas como le sea posible. 
Hasta hace poco, las relaciones entre el Parlamento y el Consejo no eran muy estrechas, pero la ampliación de los poderes de esta Cámara y la perspectiva de un incremento del número de Estados miembros ha tenido el efecto de acercar mucho más a nuestras dos instituciones. 
En nombre del Grupo Liberal, celebro estas relaciones de trabajo más estrechas entre el Parlamento y el Consejo. 
Lo vemos públicamente, sobre todo en la Convención, y también en la serie de negociaciones que tanto éxito han tenido por medio del procedimiento de codecisión. 
Celebro el objetivo planteado por la Presidencia danesa y mantenido ahora por la Presidencia griega de estrechar más las relaciones de trabajo con esta Cámara, que se refleja en el deseo del Presidente en ejercicio de incluir el estatuto de los diputados en la reforma efectiva de las instituciones de la Unión Europea. 
Señor Presidente, por desgracia, las circunstancias me impiden estar de humor para celebraciones. 
En efecto, el Gobierno griego se ha hecho cargo de la Presidencia en un momento de crisis económica aguda, con perspectivas crecientes de un nuevo ataque, aún más sanguinario, de las potencias imperialistas contra el pueblo iraquí. 
Su pretexto es que hay pruebas irrefutables contra el Iraq, aunque aún las deben encontrar; y sin embargo, estos mismos hipócritas fabrican, utilizan y venden todo tipo de armas de destrucción masiva. 
El Gobierno griego participó en las guerras contra Yugoslavia y el Afganistán, y ha afirmado que tomará parte en la inminente guerra contra el Iraq, aunque dice una obviedad al manifestar que es necesaria una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para emprender la guerra. 
La Presidencia griega promoverá una política europea de seguridad y defensa intervencionista mediante el despliegue inmediato de tropas europeas, primero en Bosnia y la Ex República Yugoslava de Macedonia, y luego donde quiera que haga falta. 
Redoblará los ataques a los derechos relativos al empleo, los seguros y las pensiones. 
Acabará con un número mayor de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas durante la revisión intermedia de la PAC. 
Fomentará mecanismos para deportar a los inmigrantes y endurecerá las leyes de asilo. 
Utilizando como excusa el terrorismo, promoverá la transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales de legislación europea contraria a los intereses de la gente, así como la abolición de libertades y derechos democráticos. 
La firma del tratado para ampliar la Unión Europea, que tendrá lugar durante la Presidencia griega, marcará el inicio de mayores penurias para sus ciudadanos, y nos tememos que provocará la europartición de Chipre. 
Puedo tranquilizar a cualquiera que esté preocupado por la etiqueta socialista que exhibe el Gobierno griego asegurándole que, como hemos escuchado hoy, la Presidencia griega pretende mantener contento al gran capital. 
Por esta razón, los ciudadanos europeos, que al contrario que el gran capital, no tienen nada bueno que esperar de la Presidencia griega, no deberían estar satisfechos. 
Su única salida es unir sus fuerzas e intensificar la lucha contra estas políticas. 
En Grecia, tienen lugar manifestaciones casi a diario, que culminarán con las manifestaciones de junio, a las que invitamos a todos los trabajadores de Europa. 
El Partido Comunista de Grecia estará en la primera línea de esta batalla. 
Señor Presidente, quisiera insistir en un par de puntos que han planteado el Sr. Prodi y la Presidencia griega. 
En primer lugar, refiriéndose a la política de investigación y desarrollo de la Unión Europea, el Sr. Prodi ha hablado de la necesidad de desarrollar e invertir en tecnologías limpias. 
Evidentemente, nuestro Grupo está de acuerdo con eso. 
Tenemos que desarrollar tecnologías respetuosas con el medio ambiente, en parte por las oportunidades de empleo que crean y las necesidades de formación que existen, pero también por sus repercusiones sociales positivas. 
Compruebo que la Presidencia griega ha incluido las tecnologías avanzadas, en biotecnología y defensa, como prioridades de la investigación. Esto me lleva a formular algunas preguntas sobre cómo decidimos en qué queremos invertir, con quién queremos competir y con qué fin. 
Quisiera saber cómo se vincula esto con el requisito establecido en el artículo 6 del Tratado actual de integrar el medio ambiente en las políticas y las prácticas de la Unión Europea. 
El Sr. Trakatellis ha hecho algunos comentarios muy importantes al respecto. 
Nos complace que en el futuro vayamos a supervisar las políticas desde el punto de vista del desarrollo social sostenible. 
Puesto que la cumbre de primavera tratará supuestamente de la sostenibilidad, me gustaría saber también qué propuestas presentará el Consejo sobre cómo va a cambiar sus propias estructuras para hacer frente a esta estrategia mucho más integrada. 
Nuestro Grupo también tiene interés en recordar que las prioridades de la presidencia griega incluyen las tareas relacionadas con servicios de interés general, puesto que mantendremos la atención puesta en los preparativos para Cancún y las propuestas que haga la UE en ese sentido. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Grecia ha cambiado mucho desde su última Presidencia, puesto que ha pasado a apoyar incondicionalmente la candidatura de Turquía. 
Hasta cierto punto, podemos comprender la postura del Gobierno griego, ya que pretende deshacerse de su problema, pasándoselo a la Unión Europea. 
No obstante, en el ámbito comunitario, como les he dicho en varias ocasiones a mis colegas de esta Cámara, no deberíamos aceptar, sin más, algo que se parece mucho a una huida hacia adelante. 
La postura de Grecia con respecto a las instituciones nos ha sorprendido un poco. 
El Primer Ministro, el Sr. Costas Simitis, que se encuentra hoy entre nosotros, dijo recientemente, en declaraciones a un diario francés, que «Grecia opina que es necesaria una Comisión fuerte, en lugar de dos organismos de toma de decisiones, la Comisión y el Consejo, ya que, de lo contrario, la Unión Europea correría el riesgo de convertirse en una Unión intergubernamental y no en la federación que deseamos». 
Al analizar atentamente estas declaraciones, descubrimos que, de acuerdo con el Gobierno griego, la Comisión debería contar con un poder de decisión mayor incluso que el del Consejo. 
Efectivamente, estamos muy lejos de una Unión intergubernamental, pero también del modelo comunitario tradicional. 
Espero que el Primer Ministro refute luego mis palabras. 
Con respecto a las prioridades de la Presidencia griega, celebramos que haya hecho hincapié en cuestiones como la inmigración, el asilo y la gestión de las fronteras exteriores, que en la actualidad son, efectivamente, muy importantes. 
Pedimos, por tanto, a la Presidencia que muestre una mayor firmeza en estos ámbitos y, en particular, en la lucha contra la inmigración ilegal. 
Por último, nos sorprende la falta, en estas prioridades, de un apartado específico sobre la unión económica y monetaria, porque, a este respecto, Grecia podría haber presentado no sólo las prioridades para el futuro, sino también un balance del pasado. 
Este balance habría estado plenamente justificado, puesto que Grecia preside el Eurogrupo desde hace seis meses. 
No obstante, no encontramos nada: no hay tal balance. 
En lo que se refiere al pasado, ¿cómo ha favorecido el euro el crecimiento o, por el contrario, lo ha perjudicado? 
Con respecto al futuro, ¿cómo, por ejemplo, pretende la Presidencia griega ayudar a mejorar el Pacto de Estabilidad? 
Nos habrían venido bien algunas aclaraciones sobre todos estos puntos. 
Señor Presidente, permítame comenzar dándole las gracias a todos los diputados del Parlamento Europeo. 
Sus intervenciones van a ayudar enormemente a la Presidencia a diseñar su política y a adoptar importantes medidas. 
Éste ha sido un debate muy útil. 
Señor Presidente, tras la exhaustiva respuesta del Primer Ministro Simitis, y con el objeto de no prolongar el sufrimiento de los aquí presentes, permítame tan solo un minuto para verter unas reflexiones y responder a algunas cuestiones que se han planteado en esta Cámara. 
La primera cuestión se refiere a la propuesta de crear un programa Sócrates mundial. 
Creo que ésta es la vía a seguir. 
Ya hemos creado un Erasmus World, basado en los mismos criterios, sólo que la financiación únicamente nos permite dedicarnos a proyectos menores. 
Que quede esto claro: si Europa no pone en marcha un gran programa común de investigación para recuperar a los cerebros que se han ido al extranjero, para sacar el mejor provecho de nuestro jóvenes y para crear un caldo de cultivo para el conocimiento científico y cultural, entonces estamos perdidos. 
Todos saben que nunca exagero. 
Se lo puedo asegurar: estamos perdidos. 
Todos nosotros, con nuestros costes, con nuestra estructura social, con nuestras diversidades: si no damos un gran salto hacia delante, estaremos perdidos. 
Les pondré un ejemplo, a modo ilustrativo: actualmente, cuesta tres veces más transportar un contenedor de China a Amsterdam que transportarlo de Amsterdam a China. 
Así son las fuerzas del mercado a ambos lados. 
Puedo darles otro dato: En el último mes, la telefonía móvil en China ha visto aumentar su número de abonados en 8 millones: en un mes. 
¿Creemos, de verdad, que podemos enfrentarnos a este mundo con nuestro sector de la investigación en un estado tan fragmentado, sin participar en la carrera tecnológica, sin estar a la cabeza de la innovación? 
Nos estamos engañando. 
Mi respuesta a la segunda cuestión es ésta: se nos ha acusado de no mencionar las ventajas del mercado interior. 
No: son la base de todas las medidas que vamos a tomar este año. 
Quisiera señalar tan solo que la importancia del mercado interior es tan grande, que si analizáramos los sectores afectados por la inflación en los últimos meses, entrando así en el acalorado debate sobre el euro, descubriríamos que, en los sectores en que se ha puesto en marcha el mercado interior, no ha habido inflación, mientras que en aquellos en que se ha retrasado la puesta en marcha del mercado interior, sí la ha habido. 
Creo que esto basta para decir que nuestro futuro depende de la competencia que el mercado interior pueda traer consigo. 
Este punto queda cerrado. 
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0001/2003). 
Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión. 
La Comisión acaba de comunicar que, debido a un imprevisto, el Sr. Vitorino no podrá estar presente en el Turno de Preguntas. 
Lo sustituirá la Sra. de Palacio, que responderá a la pregunta n° 18 del Sr. Papayannakis. 
Primera parte 
Tiene la palabra el Sr. Posselt para una cuestión de orden. 
Señor Presidente, la Comisión se ha comprometido a abordar de modo efectivo y sin demora la dramática crisis humanitaria que sufre Angola y apoyar el proceso de paz en ese país. 
La Comisión vigila constantemente la situación en Angola, como llevamos haciendo desde hace mucho años, para hacernos una idea clara de sus necesidades humanitarias. 
Yo mismo viajaré este mes a Angola- y de paso a Zambia- para evaluar personalmente la situación, de manera que conoceré de primera mano la situación humanitaria y el desarrollo del proceso de paz en Angola. 
Aprovechando la ocasión, firmaré la estrategia de cooperación entre la CE y Angola para el período 2002-2007, que incluye el plan de acción. 
La acción de la Comisión en Angola es doble: ayuda humanitaria urgente y una estrategia a más largo plazo basada en la cooperación. 
Estas actividades son financiadas por ECHO y fondos FED. 
En lo que se refiere a la ayuda humanitaria, la Comisión, a través de ECHO, ha reunido ya fondos suficientes para cubrir las necesidades y mantendrá su presencia y su compromiso en el país durante todo este año. 
El año pasado Angola estuvo entre los diez principales receptores de financiación de ECHO, recibiendo un total de 14 millones de euros. 
Este año se ha tomado la decisión inicial de concederles 8 millones de euros, que se adoptará en breve. 
La malnutrición es uno de los principales objetivos de nuestras ayudas en el terreno humanitario, especialmente en las regiones olvidadas en las que no están presentes otros donantes en el país. 
En lo que se refiere a la estrategia a más largo plazo, en mayo de 2002, un mes después de la firma del acuerdo de paz, la Comisión presentó un plan de acción para apoyar el proceso de paz que fue aprobado por el Consejo de Asuntos Generales el 13 de mayo. 
El plan de acción contemplaba un paquete financiero, inicialmente de 124 millones de euros, procedente de fondos FED y líneas presupuestarias no consumidas, con vistas a resolver los problemas más acuciantes en este momento, como ayudas de urgencia, ayuda alimentaria y seguridad alimentaria, reinserción y reasentamiento de los refugiados y las poblaciones desplazadas y operaciones de desminado. 
El plan está ya en vías de ejecución y para nuestra gran satisfacción podemos empezar a hacer otras cosas en un país en el que, durante muchos años y debido a las circunstancias, sólo hemos podido dedicarnos al trabajo humanitario. 
Partiendo de esa base y en el marco de este plan de acción, la Comisión ha destinado 30 millones de euros a ayudas de urgencia para el proceso de paz, reasignando fondos de los anteriores Fondos Europeos de Desarrollo para apoyar el trabajo a corto plazo en torno al proceso de paz. 
Esos fondos se utilizan para atención sanitaria, distribución de semillas y herramientas, ayuda alimentaria y reasentamiento de los antiguos soldados de la UNITA y sus familias. 
El desminado también es importante. 
El año pasado intentamos hacer todo esto lo más deprisa posible. 
Las decisiones sobre estos temas se pondrán en práctica a través de diferentes organismos de Naciones Unidas, EuronAid y la FAO para el componente de seguridad alimentaria y diferentes ONG para las operaciones de desminado. 
Se han firmado propuestas por valor de 16 millones de euros, y las demás propuestas están pendientes de aprobación por las autoridades nacionales angoleñas. 
Está previsto que se ultimen en las próximas semanas. 
Aunque se mantendrá la ayuda humanitaria, la Comisión considera que debe seguir presionando al Gobierno angoleño para que asuma una mayor responsabilidad directa sobre los segmentos vulnerables de su propia población. 
Hacemos, por tanto, un llamamiento al Gobierno de Angola para que se esfuerce más en atender las necesidades humanitarias críticas de la población. 
Celebramos la intención del Gobierno angoleño de organizar una conferencia internacional para la reconstrucción del país, y confiamos en que en el plan de reconstrucción que se presente queden reflejadas las opiniones de todos los grupos de la sociedad. 
La Comisión ha ofrecido ayuda para la organización de la conferencia, que se celebrará en marzo o abril de 2003 en Bruselas, sede amablemente ofrecida por el Gobierno belga. 
Este es un momento de grandes cambios y desafíos para Angola después de muchos años de conflictos. 
Ahora la atención se centrará en el progreso, el crecimiento económico, la estabilidad y la gobernanza. 
Eso cambiará todo el clima político del país y espero con impaciencia las conversaciones en las que participaremos la semana próxima. 
Señor Comisario, gracias por su ecuánime respuesta a mi pregunta. Estoy satisfecho de la actuación de la Comisión y de la Unión Europea en Angola, y observo que la Comisión está redoblando sus esfuerzos por contribuir al desarrollo de Angola y proporcionar ayuda humanitaria a este país. 
Estoy completamente de acuerdo con que la mejor solución para Angola es aprovechar su enorme potencial. 
Angola ha sido generosamente dotada de recursos por la naturaleza, pero por desgracia, también ha sido víctima de la locura de los hombres, década tras década. 
Ahora es posible utilizar estos ricos e inmensos recursos naturales en beneficio de la gente de este país que, a pesar de su descomunal extensión geográfica, tiene una población de tan solo 13 ó 14 millones de personas. 
Estamos, pues, ante una compleja paradoja: una tierra rica en recursos y una población que vive al borde de la miseria, el hambre y la muerte. 
Muchas gracias, señor Comisario, creo que la Comisión debería seguir trabajando en la línea de la que nos acaba de informar. 
Es difícil saber qué es lo más importante. 
En casos como éste, casi todo es importante. 
Yo le diría al Sr. Posselt que lo más importante ahora es consolidar la paz, inspirar a las personas una confianza irreversible. 
Pero, desde luego, también es esencial abrir el interior del país y limpiar las carreteras de minas, para despertar la vida económica y facilitar el reasentamiento de la población. 
Esa es una gran prioridad en el programa de trabajo. 
Desde hace muchos años, todas las ayudas, incluido el suministro de alimentos y productos básicos, han tenido que ser transportadas en avión hasta las pequeñas poblaciones que ocupan gran parte del país: esas poblaciones estaban más o menos aisladas porque la UNITA las tenía rodeadas. 
Por razones humanitarias, por razones políticas y por razones económicas, es absolutamente esencial abrir vías de comunicación y crear un flujo normal. 
Cada vez son más los accidentes debidos a las minas terrestres, porque ahora están empezando a moverse las cosas. 
Es, por tanto, extremadamente urgente que aceleremos ese esfuerzo. 
En lo que respecta a la agricultura, como se establece en el documento de estrategia del país, nos centraremos en el desarrollo agrícola. 
Eso es esencial tanto para la supervivencia de la población como por su enorme potencial, al que el Sr. Posselt se ha referido justamente. 
Angola es algo más que sus diamantes y su petróleo. 
Es también un país con grandes posibilidades de convertirse en una economía mucho más diversificada. 
Pregunta nº 17 formulada por John Walls Cushnahan (H-0872/02): 
Asunto: Recientes desastres marítimos 
Teniendo en cuenta los desastres marítimos que se han producido en aguas europeas en noviembre y diciembre de 2002, concretamente la catástrofe del Prestige, que sigue provocando mareas negras que están devastando la costa y la vida marina de Galicia, unida a la reciente colisión entre el carguero Tricolor y el Caribe y a la segunda colisión entre los restos del Tricolor y el Nicola, ¿reconocerá la Comisión que existe una gran necesidad de una respuesta coordinada de la Unión Europea? 
Además, dadas las graves consecuencias de estos recientes accidentes marítimos, ¿qué opina la Comisión de la propuesta que presenté a la Convención sobre el Futuro de la Unión Europea en junio de 2002 (referencia: Conv 150/02) , en la que pedía que se creara un servicio de guardacostas de la Unión Europea? 
. (ES) Señor Presidente, el pasado 3 de diciembre la Comisión aprobó una comunicación sobre las medidas que deben tomarse como consecuencia del naufragio del petrolero Prestige. 
En ese documento se proponen en detalle una serie de medidas y, en particular, acelerar la aplicación de la legislación que aprobaron el Parlamento y el Consejo después de la tragedia del petrolero Erika, los llamados paquetes Erika I y II. 
El Consejo de Transportes del pasado 6 de diciembre apoyó la mayor parte de las iniciativas propuestas por la Comisión. 
Así, el pasado 20 de diciembre el Colegio aprobó una propuesta de reglamento, que se acaba de enviar al Consejo y al Parlamento, en la que se prohíbe el transporte de petróleos pesados en petroleros de casco único con destino u origen en los puertos de la Unión Europea y se acelera la sustitución de este tipo de petroleros por petroleros de doble casco. 
La Unión Europea no ha esperado a los últimos acontecimientos para disponer de una política concertada de seguridad marítima. 
Existía ya una amplia gama de medidas para garantizar una mayor protección en este campo. 
La Comisión toma nota de la contribución de sus Señorías a los trabajos de la Convención referentes a la creación de un cuerpo europeo de guardacostas como medio eficaz para luchar contra el peligro de la contaminación y mantener la seguridad marítima. 
La repetición de accidentes como los del Erika, el Prestige, por no hablar de otros menores como el del Vicky hace tan solo unos días, demuestra que toda Europa ganaría si estuviera dotada de un cuerpo europeo de guardacostas, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de los futuros 25 Estados de la Unión no disponen en absoluto de ningún tipo de protección o de cuerpo de estas características. 
En cualquier caso, la primera tarea de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, de próxima creación, es coordinar técnicamente la aplicación de la reglamentación comunitaria, así la Comisión estudiará qué medidas deben adoptarse en el futuro, tomando en consideración la experiencia adquirida por la Agencia. 
Señora Comisaria, le agradezco su respuesta. 
La catástrofe del Prestige pone de manifiesto no sólo las lagunas que existen en la aplicación de la legislación comunitaria a la que usted se ha referido en su respuesta, concebida para evitar que se repitan estos incidentes, sino también la ausencia de un mecanismo de respuesta adecuado por parte de la UE. 
En relación con el Prestige, responsabilidad y culpa han sido objeto de polémica. 
La tardanza en actuar y la ausencia de una respuesta coordinada por parte de la UE han agravado el impacto medioambiental. 
Si este incidente, con las consecuencias que ha tenido para el medio ambiente compartido y las industrias pesqueras europeas, hubiera ocurrido en aguas comunitarias, y si hubiera existido un guardacostas de la UE, se habría reducido el tiempo de respuesta, se habría designado un puerto de refugio y se habrían minimizado los daños. 
Encima de todo, han ocurrido incidentes posteriores en los que se han visto implicados el Tricolor, el Kariba y el Nicola. 
Todo esto indica la necesidad no sólo de una legislación, sino también de recursos para poder actuar. 
¿Podría considerar la Comisión la posibilidad de realizar un estudio? 
Tenemos mucho que aprender del modo en que los Estados Unidos afrontan este tipo de problemas, no sólo en materia de prevención- se ahorran cerca de 6 000 millones de dólares anuales gracias a la prevención de este tipo de incidentes- sino también de su respuesta a estos incidentes. 
Tienen experiencia demostrada en este campo, y nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. 
Puesto que la Comisión es el órgano que tiene la iniciativa legislativa, le insto, señora Comisaria, a que considere la posibilidad de basar la acción en estudios de ese tipo que podría usted preocuparse de realizar. 
. (ES) Señoría, no puedo sino coincidir con usted en que, entre otras cosas, yo no puedo admitir que los ciudadanos tengan menos derechos en Europa que en los Estados Unidos. 
Eso es lo que dije muy claramente cuando hice las propuestas con los paquetes Erika I y Erika II. 
Si el Consejo hubiera seguido la propuesta de salida de los barcos de casco único de las aguas comunitarias en el transporte de petróleo, no se habría producido el desastre del Prestige, porque varios meses antes habría tenido que abandonar las aguas comunitarias. 
No entiendo por qué los Estados Unidos pueden tener un calendario por el que en 2010 ya no habrá en sus puertos barcos de casco único que transporten petróleo y nosotros no podemos adoptar una medida semejante. 
Al final, como saben sus Señorías, se aprobó un calendario menos ambicioso. 
Lo que he planteado ya ante este Parlamento y ante el Consejo de Ministros es volver a la propuesta inicial de la Comisión y acelerar la salida de barcos de casco único en el transporte del petróleo. 
Y además, tomar el máximo de medidas de seguridad, concretamente, que el transporte del petróleo pesado, del fuel pesado, de los bituminosos, de las breas, es decir, de los productos más contaminantes, se realice en los barcos más seguros, que son aquellos que tienen doble casco. 
En Copenhague se habla de medidas específicas. 
La Comisión está estudiando cómo aplicar dichas medidas específicas después del Prestige; entre ellas figura la posibilidad de impulsar la construcción y el mantenimiento de dos o tres grandes skimmers, grandes succionadores, para que, de producirse una marea negra- lamentablemente el riesgo cero no existe, aunque haya que reducir al máximo los riesgos- haya unos barcos de máxima potencia, superior a la de los barcos que existen hoy día en las costas europeas, que, además, puedan actuar y funcionar en el mar en momentos de tormenta y de dificultades. 
Hay que coordinar la respuesta europea. 
Efectivamente, la Agencia, que sería responsable de estos barcos y de su colocación en distintos puntos estratégicos de las costas europeas, también tiene que poner en marcha una serie de planes de respuesta ante un accidente marítimo de estas características. 
Esa será una de sus tareas: disponer ya de una manera preestablecida de esa colaboración entre distintos Estados miembros de la Unión, cuyo funcionamiento puede mejorar, pues en gran medida depende de acuerdos bilaterales más que de una acción ya perfectamente coordinada de tipo europeo. 
En cuanto a la responsabilidad, como sabe su Señoría, estamos trabajando en ello y espero que en las próximas semanas podamos presentar, en el ámbito de la Comisión y que se apruebe rápidamente, una propuesta para tipificar penalmente en todos los Estados miembros de la Unión la negligencia grave en este tipo de accidentes. 
Señora Comisaria, de los documentos elaborados por la Comisión, que llevan su visto bueno, y de sus palabras o, al menos, de las palabras que dice, de cuando en cuando, deduzco que hay un verdadero conflicto político entre su postura, la de la Comisión, y la del Consejo, tal y como se presentó en Copenhague. 
Tengo el documento del 3 de diciembre, que leí con gran interés. No obstante, y en mi opinión, los Consejos de Transporte y Medio Ambiente celebrados el mismo mes y el Consejo Europeo de Copenhague prácticamente no respondieron a la petición urgente de la Comisión. 
Usted solicitó que se cumplieran los compromisos de la legislación «Erika» , señora de Palacio, y pidió un enfoque que fuera más allá de esos compromisos, pero el Consejo Europeo dio la espalda a las víctimas del desastre que, en ese mismo momento, recogían petróleo con sus propias manos. 
El Consejo pareció desdeñar las opiniones de la Comisión, y basta decir que propuso una ayuda de tan solo cinco millones de euros para Galicia y todos los países afectados, mientras que los Estados Unidos están pidiendo, en la actualidad, cuatro mil millones de euros por el accidente del Exxon Valdez. 
Teniendo esto en cuenta, señora Comisaria, quiero preguntarle por qué la Comisión no elabora una ley como la Oil Pollution Act de los Estados Unidos, que permita realmente hacer frente a este problema. 
Por otra parte, ¿se pensará en Galicia como sede de un centro de la Agencia Europea de Seguridad Marítima? 
. (ES) Señor Nogueira, en primer lugar, en sus últimas manifestaciones no percibo ese conflicto entre la posición de la Comisión y la del Consejo. 
En el Consejo de Transportes del día 6 de diciembre, se aprobaron por unanimidad unas conclusiones en las que se afirma que los Estados se comprometen a nivel nacional, hasta que no llegue una propuesta comunitaria, a adoptar medidas destinadas a excluir de sus puertos cualquier barco que transporte bituminosos (fuel pesado, petróleo pesado, breas) que no tenga doble casco. 
Y el país que yo conozco mejor, al igual que su Señoría, ha tomado ya una medida que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, y hay algún otro país que la ha adoptado también. 
En segundo lugar, además de esta propuesta, se han comprometido a adoptar, antes de junio, un calendario acelerado de salida de los puertos europeos de los barcos de casco único que transportan petróleo. 
En tercer lugar, se han comprometido a acelerar la puesta en funcionamiento de todas las medidas adoptadas en los paquetes Erika I y Erika II y, por tanto, a no esperar al mes de julio de este año o a febrero de 2004 para hacerlo. 
Muy especialmente espero contestaciones a algo tan delicado como son los famosos puertos de refugio; en principio, los Estados miembros de la Unión tienen de plazo hasta febrero de 2004, pero espero que nos lo comuniquen antes- ya hay algunos países que están empezando a trabajar en este sentido- espero que lo hagan antes del verano. 
La tragedia del Prestige ha sido una auténtica sacudida para todos los Estados miembros de la Unión. 
Me gustaría tener las capacidades que tiene el Gobierno federal de los Estados Unidos, pero la Unión Europea no es una federación y la Comisión, por tanto, no es el Gobierno federal de los Estados Unidos de Europa; no me disgustaría que fuera así, y ser ministra de ese Gobierno federal, pero no es éste el caso. 
A pesar de todo, hemos propuesto una serie de medidas bastante similares a la propuesta norteamericana, salvo en el calendario- que, insisto, vamos a plantear de nuevo para que se acelere- y en el importe de las indemnizaciones, que está sobre la mesa de los ministros y que debe ser discutido, y, si no se adopta en el ámbito de la Organización Marítima Internacional, los ministros se han comprometido a plantearlo en el ámbito europeo. 
Por último, Señoría, no tengo nada en contra de la Agencia de Seguridad Marítima, sino más bien todo a favor, pero no soy yo quien decide. 
Esto lo decidirá, en su momento, el Consejo Europeo. 
Me gustaría agradecer al Sr. Cushnahan que haya tratado esta cuestión en la Cámara hoy. 
Mi otra pregunta a la Comisaria es: ante las recientes catástrofes marítimas ocurridas en la costa española y también en el Canal de la Mancha, ¿está de acuerdo conmigo en que sólo es cuestión de tiempo hasta que se produzca la colisión entre un transbordador de pasajeros y un petrolero deshonesto con consecuencias ecológicas y humanas devastadoras? 
¿No ha llegado el momento de prohibir de una vez por todas los buques con banderas de conveniencia, no sólo en los puertos de la UE, sino también en aguas comunitarias? 
. (ES) Señor Presidente, Señoría, usted conoce muy bien las materias de seguridad marítima; ha sido ponente y, además, con algunos éxitos muy notables como, por ejemplo, la inclusión de las cajas negras que, en gran medida, se consiguió gracias a su trabajo, empeño y tesón. 
También conoce muy bien el problema asociado al tráfico marítimo. 
Creo que hay que trabajar ahí; en el problema del Canal hemos visto que hay aspectos en los que se puede avanzar. 
En cuanto a las banderas de conveniencia, sus Señorías saben que, en el ámbito de la Organización Marítima Internacional, se está trabajando para mejorar esta situación. 
En cualquier caso, hay dos tipos de banderas de conveniencia: las que lo son por razones puramente fiscales y económicas y las que, además, demuestran muy poca responsabilidad con respecto al control y a la calidad de los barcos que las enarbolan. 
Hay que distinguir entre ambas situaciones. 
La manera de actuar no consiste en hacer una declaración genérica; sería lo más fácil, pero, a la hora de la verdad, es difícil de llevar a la práctica. 
Hay que hacerles la vida difícil, imposible, en nuestros puertos, para que dejen de venir. 
En este sentido, las inspecciones de puerto con los criterios selectivos que planteamos y aprobamos aquí gracias al respaldo de este Parlamento, y que también aprobó el Consejo, suponen claramente que, en el momento en que un barco que lleve esa bandera toque un puerto de la Unión Europea, va a ser inspeccionado a fondo. 
Por lo tanto, va a tener que estar en condiciones. 
Este tipo de acciones y de control, especialmente en aquellos países y pabellones que plantean riesgos, representan la manera más inmediata de actuar. 
De todas formas, su Señoría tiene razón, porque no se trata sólo de las banderas de conveniencia, sino también del problema de la responsabilidad de las sociedades de clasificación, que son a la vez juez y parte, porque justifican y certifican en nombre del Estado del pabellón la calidad de un barco pero, a la vez, trabajan para el armador propietario del mismo para emitir cierto tipo de certificados. 
Hay que analizar estas cadenas e ir al fondo de las cuestiones, complementando todo ello con la responsabilidad en caso de negligencia grave. 
Vamos a iniciar la segunda parte de este turno de preguntas con una que debería contestar el Sr. Vitorino pero que, como ya hemos anunciado, contestará la Sra. de Palacio. 
Preguntas dirigidas a la Sra. de Palacio 
Pregunta nº18 formulada por Mihail Papayannakis (H-0874/02): 
Asunto: Denuncias por torturas en Grecia 
En un reciente informe del Consejo de Europa (Comité para la prevención de la tortura) se indica que la policía griega y las autoridades portuarias y aduaneras ocultaron, de acuerdo con la investigación, la existencia de espacios provisionales para la detención de extranjeros, y también se comprobaron situaciones por completo ilegales en las cárceles de Kozani e Irákleio. 
Teniendo en cuenta que el Comité mencionado ha recibido un ' número importante? de denuncias de detenidos por haber recibido malos tratos de la policía y las autoridades portuarias, en general durante los interrogatorios, que en las conclusiones del informe se indica que Grecia subestima de forma importante la extensión del problema de los malos tratos a los detenidos por parte de las autoridades policiales y que la UE se basa, entre otros, en el principio del respeto de los derechos humanos, ¿cómo piensa intervenir la Comisión para poner fin a esta flagrante violación de los derechos humanos? 
Preguntas dirigidas al Sr. Liikanen 
. (ES) Señorías, la Comisión destaca que las cuestiones planteadas por su Señoría están vinculadas, en particular, al respeto de la dignidad humana y a la prohibición de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, principios que son comunes a todos los Estados miembros de la Unión. 
Estos principios se contemplan en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y se confirman en los artículos 1 y 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
El respeto de estos principios por parte de los Estados está garantizado por el procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado de la Comunidad Europea y por el procedimiento político previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión. 
Según el primero, la Comisión puede recurrir al Tribunal de Justicia si el acto impugnado entra dentro del ámbito de aplicación del Derecho comunitario. 
Según el segundo, la Comisión o un tercio de los Estados miembros de la Unión pueden plantear el asunto al Consejo, reunido en su composición de Jefes de Estado o de Gobierno, en caso de violación grave y persistente de los principios contemplados en el artículo 6. 
La mayoría de los casos de que tratan las cuestiones planteadas por su Señoría se refieren al asilo, la inmigración y la protección de los derechos de los nacionales de países terceros. 
Estas cuestiones están incluidas en el ámbito de aplicación de las competencias de la Comunidad. 
Esta última, por otra parte, comenzó a legislar sobre este tema de conformidad con los artículos 61 y 63 del Tratado de la Comunidad Europea. 
La Comisión destaca, no obstante, que el informe del Consejo de Europa al que se refiere su Señoría fue seguido de una respuesta detallada por parte de las autoridades griegas, que en la situación actual dan una serie de respuestas a las preocupaciones expresadas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. 
En cualquier caso, la Comisión seguirá atentamente la evolución del diálogo entablado por el Consejo de Europa con las autoridades griegas. 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, aparte de que- como le digo- parece ser que hay entablado un claro diálogo entre las autoridades griegas y el Consejo Europeo, quiero decir que el Consejo de Ministros de la Unión Europea logró un acuerdo político en diciembre de 2002 para sacar adelante una Directiva relativa a normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros de la Unión, sobre la base de una propuesta de la Comisión de mayo de 2001. 
La adopción formal está todavía pendiente de la reserva parlamentaria de un Estado miembro de la Unión. 
Sin embargo, esta Directiva- que también fue respaldada por el Gobierno griego- prevé conceder a los solicitantes de asilo facilidades materiales, que incluyen alojamiento, alimentos y ropa, así como una asignación diaria, que permitan garantizar un nivel de vida adecuado y la subsistencia de los solicitantes. 
Los Estados también deberán informar a los solicitantes de las ventajas de que pueden beneficiarse, darles acceso al mercado laboral en determinadas circunstancias, y procurar que reciban los cuidados médicos necesarios. 
Además, velarán por que el nivel de las condiciones de acogida sea objeto de una vigilancia y de un control adecuados. 
Por último, deberán velar por la prevención de la violencia en los locales destinados a albergar a los solicitantes, en la frontera y en los centros de alojamiento. 
Todas estas medidas se aplicarán en favor de los solicitantes de asilo autorizados a permanecer en el territorio en calidad de tales, aunque estén obligados a permanecer en un lugar determinado. 
Señorías, Grecia se ha sumado a ese acuerdo y- aunque la Comisión seguirá este asunto- sabemos que continúa el diálogo entre las autoridades griegas y el Consejo Europeo sobre estas quejas a las que su Señoría se ha referido. 
Señor Presidente, creo que el Sr. Papayannakis también planteaba la cuestión del control. 
En un Estado miembro, Italia, los diputados pueden visitar prisiones e instituciones similares en cualquier momento del día o de la noche, sin previo aviso. 
¿Está dispuesta la Comisión a presentar una propuesta para que los parlamentarios europeos puedan visitar prisiones e instituciones de este tipo en todo el territorio de la Unión? 
. (ES) Señor Presidente, lo único que puedo decir a su Señoría es que tomo buena nota y que le transmitiré a mi colega el Sr. Vitorino la sugerencia que acaba de formular. 
Señor Presidente, quisiera remitirme a la pregunta que aparece ahora con el número 52 y que formulé por escrito específicamente al Sr. Liikanen, dentro de plazo, sobre el tema de la evaluación del impacto de la regulación. 
Este es un tema que sé que él domina perfectamente, puesto que he participado en algunos de los seminarios organizados por sus servicios. 
Cuando llegué a Estrasburgo esta semana, descubrí que mi pregunta no había sido remitida al Sr. Liikanen para que respondiera, y los servicios del Parlamento me dijeron que había sido reclasificada por la Comisión- entiendo que por los servicios del Presidente Prodi- como una pregunta general, razón por la cual no se abordaría. 
Quiero decirle dos cosas al Presidente. 
En primer lugar, he hablado de esto con el Sr. Liikanen y, si disponemos de tiempo esta tarde, él está dispuesto a tratar el tema, si no necesariamente todo el ámbito de la pregunta. 
La cuestión general es si podríamos pedir a los servicios del Parlamento- y no les estoy culpando a ellos en ningún caso; éste es un problema de la Comisión- que, en el caso de que la pregunta de un diputado se reclasifique de esta forma, y no se formule al Comisario al que se redirija, se aseguren de informarnos para que podamos reformularla en caso necesario y el Comisario al que se dirija la pregunta pueda responderla. 
Me da la impresión, señor Presidente, de que desde el punto de vista de este Parlamento es perfectamente posible que los servicios de la Comisión retiren una pregunta dirigida a un Comisario por decisión unilateral, sin que el diputado en cuestión tenga conocimiento de ello. 
Quizás pueda usted tratar esta cuestión y plantearla a los servicios, para que en el futuro nos informen mejor de estos casos. 
¿Puedo pedirle, si disponemos de tiempo, que permita al Sr. Liikanen responder a mi pregunta? 
En términos generales, tengo que decirle, señor Harbour, que nos hemos dado un Reglamento- aprobado hace pocas semanas- y que este Reglamento llega a reglamentarlo casi todo. 
La competencia o atribución del ordenamiento o clasificación de estas preguntas corresponde a la Comisión, que, naturalmente, se puede equivocar, como se puede equivocar el Parlamento. 
En la clasificación que viene, como usted muy bien ha explicado, esta pregunta no está asignada al Sr. Liikanen. 
Yo no voy a oponer ninguna resistencia a que el Sr. Liikanen pueda contestar, pero le tengo que decir una cosa: que no se trata solamente de una cuestión entre el Sr. Liikanen, usted y yo, sino que hay otros diputados que están en un orden con sus preguntas, que desean preguntar y que tenemos un tiempo muy escaso. 
O sea, que introducir una pregunta significa prescindir de otra, y esto sienta un precedente muy difícil. 
Usted, que es británico, conoce mejor que otros la importancia de los precedentes. 
En principio, su pregunta va a ser contestada por escrito. 
Solamente si queda tiempo en los veinte minutos y el Sr. Liikanen está en disposición de contestarla, sería posible. 
Solamente en ese caso. 
De todas formas, el Sr. Liikanen puede opinar. 
Ya que usted se ha referido a la opinión del Sr. Liikanen, yo le concedo la palabra para que opine sobre este tema de cuestión de orden. 
Señor Presidente, en la Comisión, por supuesto, la evaluación del impacto recibe un enfoque global por el momento, puesto que tratamos de evaluar al mismo tiempo los aspectos empresariales, medioambientales y sociales. 
Me complace mucho que el Presidente de la Comisión haya asumido toda la responsabilidad, pero yo podría plantear algunas cuestiones que están estrechamente relacionadas con la pregunta del Sr. Harbour. En ese contexto sí que puedo responder entonces. 
Si entra dentro de los veinte minutos, sin que sirva de precedente- y he escuchado al Sr. Liikanen- permitiré una contestación breve. 
Si no, no será posible y usted recibirá la contestación por escrito. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta 19 decae. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
La única información concreta que me ha proporcionado es que el Libro Verde se está elaborando y contribuirá al esfuerzo conjunto realizado por las instituciones europeas y los Estados miembros para aumentar el espíritu empresarial, impulsar la economía europea y, en consecuencia, crear nuevos puestos de trabajo. 
Por mi parte, necesito más información concreta, y creo que merecería la pena que empleara su tiempo en ello porque, como hemos visto en el extenso debate que hemos mantenido hoy sobre la estrategia de Lisboa, tras la presentación de las prioridades de la Presidencia griega, no va a ser fácil cumplir los objetivos que nos hemos fijado, y la mejor forma de dar a la economía europea la competitividad que necesita y de crear empleo es desarrollar la pequeña y mediana empresa. 
Esperaré a ver qué información obtengo, en respuesta a mis preguntas, en el informe que publicará la próxima semana, y me reservo el derecho de volver a formular mi pregunta y de pedir respuestas concretas a preguntas concretas. 
Pregunta nº 21 formulada por Paul Rübig (H-0879/02): 
Asunto: Posición de los Organismos de Control Autorizados en la UE 
La Comisión trabaja actualmente en una nueva iniciativa sobre el marchamo CE y su futura organización. 
Desde el punto de vista de las PYME europeas, parece especialmente importante que los Organismos de Control Autorizados (OCA) puedan seguir poniendo su propio marchamo en todos los productos. 
Precisamente de cara a la competencia mundial y habida cuenta de los intereses de los consumidores, deberían ser perfectamente reconocibles para cualquier ciudadano los marchamos de los OCA. 
Los OCA no comunitarios tienen de hecho la posibilidad de poner siempre su propio nombre o su propio logotipo en los productos por ellos controlados. 
¿De qué manera piensa tener en cuenta la Comisión, en su nueva iniciativa sobre el marchamo CE, tales consideraciones sobre el fortalecimiento de los OCA europeos? 
Los objetivos de la próxima comunicación sobre el nuevo enfoque, la mejora de la aplicación y el nuevo enfoque, son: en primer lugar, analizar la situación general en el campo de las Directivas de nuevo enfoque, que abarcan una amplia gama de productos; en segundo lugar, detectar los posibles puntos débiles; por último, esbozar medidas correctivas para mejorar la aplicación de las Directivas de nuevo enfoque. 
La conformidad CE es uno de los puntos que se considera que más precisa ser reforzado. 
Este distintivo, exigido por la mayor parte de Directivas de nuevo enfoque, está destinado a las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros y simboliza la conformidad del producto con los requisitos comunitarios aplicables exigidos al fabricante. 
La comunicación también tratará la cuestión de la relación entre el marcado CE y los distintivos voluntarios. 
La Comisión ha llevado a cabo una encuesta en línea entre las partes interesadas en el nuevo enfoque. 
En lo que respecta al marcado CE, la Comisión ha adoptado las opiniones de la mayoría de los encuestados, siendo la idea principal que los marcados voluntarios adicionales no entran en conflicto con el marcado CE, siempre y cuando no causen confusión o se solapen en su significado o propósito con éste. 
A menudo, también proporcionan un valor añadido para consumidores, usuarios, autoridades públicas y todos aquellos a quienes están destinados. 
En algunos sectores ya participan certificadores terceros en los procedimientos de evaluación de la conformidad que dan pie al marcado CE. 
También se estipula bastante a menudo que el número de identificación del artículo debería aparecer junto al marcado CE. 
La certificación por terceros en ámbitos en que no se aplican las Directivas armonizadas de evaluación de la conformidad, se permite e incluso se valora positivamente, puesto que indica a las personas a las que está destinada que determinadas cualidades del producto han sido ensayadas y certificadas por el organismo en cuestión. 
Agradezco al Sr. Rübig su interés en esta cuestión de la evaluación de la conformidad. 
Las Directivas de nuevo enfoque sobre la evaluación de la conformidad no suelen incluirse entre las principales cuestiones de política que aparecen en primera plana. 
Cuando hablamos de PYME o en general de empresas, pequeñas o grandes, éstas son cuestiones clave que permiten a una compañía actuar en el mercado interior y a escala mundial. 
Por otra parte, también permiten dar el peso adecuado a los intereses del consumidor. 
Espero que el Parlamento cree un sistema que permita tramitar de forma adecuada la comunicación que aparecerá bastante pronto. 
Desde luego, yo no voy a sentar ningún mal precedente, y por eso, dentro del turno de respuestas del Sr. Liikanen, si se considera que se puede contestar parcialmente la pregunta- no la pregunta 53 sino la 20 bis- yo no me opongo, pero si el Sr. Liikanen considera que la pregunta es mucho más general y que la atribución de la Comisión al Sr. Prodi es correcta, esta pregunta será contestada por escrito. 
En primer lugar, quiero remitirme a la respuesta que dará hoy el Presidente. 
Por primera vez, la Comisión ha hecho una propuesta que ha sido sometida a esta evaluación del impacto ampliada, en relación con las directrices de política de empleo. 
Es muy importante para nuestro trabajo interno que nos ciñamos a este sistema de evaluación del impacto. 
Espero que el Parlamento también saque provecho de ello. 
Al tramitar la legislación, el Parlamento podrá evaluar debidamente la propuesta de la Comisión. 
El siguiente desafío es cómo evaluarán el Parlamento y el Consejo los cambios que puedan introducir en la propuesta de la Comisión. 
Ésa es la cuestión en que se centrarán los próximos debates del Parlamento, el Consejo y la Comisión. 
Remitiéndonos a la respuesta del Presidente, tendremos oportunidad de discutir esta cuestión más ampliamente. 
Señor Rübig, de todas formas usted recibirá la contestación por escrito como pregunta nº 52. 
Preguntas dirigidas al Sr. Patten 
Pregunta nº 22 formulada por Bart Staes (H-0832/02): 
Asunto: PESC: perspectivas de futuro para Kosovo 
Algunos contactos mantenidos recientemente con los líderes políticos de Kosovo me han permitido ver claramente que las jóvenes instituciones kosovares deben hacer frente a enormes obstáculos para aplicar una política realista y eficaz, en particular en el ámbito socioeconómico. 
No es necesario describir la penosa situación económica de Kosovo, que todos conocemos. 
Kosovo debe aplicar urgentemente una política audaz para atraer las inversiones, pero se encuentra con el problema de que el estatuto vigente impide a las autoridades kosovares llevar a la práctica tal política. 
A título de ejemplo, Kosovo no puede celebrar acuerdos comerciales internacionales ni obtener préstamos de las instituciones financieras internacionales. 
Kosovo necesita un estatuto autónomo claramente definido. 
¿Puede indicar la Comisión qué perspectivas de futuro puede ofrecer a este respecto a la población de Kosovo? 
Concretamente, ¿pueden contar las instituciones kosovares con beneficiarse en el futuro de una autonomía muy amplia? 
Permítanme recalcar que la estructura institucional de Kosovo, incluida la distribución de responsabilidades, ha sido definida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y debe ser respetada por todas las partes, incluidas las instituciones provisionales de autogobierno de Kosovo. 
La situación económica actual de Kosovo es claramente un producto de la opresión y el abandono políticos y económicos sufridos antes de 1999. 
Esto ha requerido esfuerzos económicos importantes por parte de la misión de administración provisional de las Naciones Unidas, y especialmente de su pilar de la Unión Europea, en los últimos tres años. 
Una región arrasada por la guerra ha sido estabilizada económicamente, se ha reparado la infraestructura básica, se ha introducido el euro y se está creando el marco jurídico para una economía de mercado. 
Un nuevo servicio aduanero está recaudando ingresos muy necesarios para el presupuesto de Kosovo. 
Estamos aún muy involucrados sobre el terreno para seguir apoyando la recuperación de Kosovo, por ejemplo con respecto a la consolidación del Estado de derecho, que resulta vital para atraer la inversión extranjera directa. 
Aún queda mucho por hacer, pero no deberíamos olvidar el punto de partida. 
Además, la Comisión ha conseguido que Kosovo se beneficie de los distintos instrumentos del proceso de estabilización y asociación de la Unión Europea, incluso sin que hubiera una decisión respecto a su futuro estatuto, para asegurar que no quede rezagado en la región. 
La UNMIK también está estudiando con distintas entidades financieras internacionales cómo dar acceso a Kosovo a sus fondos, a falta de una decisión sobre su estatuto definitivo. 
En el marco del pacto de estabilidad, la UNMIK está explorando formas de incluir a Kosovo en el proceso de liberalización comercial regional y ya ha firmado el Protocolo de Acuerdo sobre el mercado regional de la electricidad en el sudeste de Europa. 
Resumiendo, hemos recorrido un largo trecho para encontrar modos creativos de mejorar la situación económica de Kosovo y seguiremos haciéndolo. 
Nuestros esfuerzos y los de las Naciones Unidas ilustran la política imaginativa que Su Señoría menciona en su pregunta, aunque el estatuto de Kosovo, aún por determinar, plantea desafíos tanto a las autoridades locales como a las internacionales. 
Esto no debería impedirnos proseguir con una política económica y unas reformas estructurales firmes, viables y necesarias para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la población de Kosovo. 
Espero que la avería técnica no sea un reflejo de la situación de Kosovo, ya que todos sabemos que, a veces, se producen cortes de electricidad en este país, porque el suministro eléctrico aún no es plenamente operativo. 
Me gustaría dar las gracias, de todo corazón, al Comisario Patten por su respuesta. 
Ha sido una respuesta muy elaborada que ha tenido en cuenta la realidad. 
Mi pregunta surgió a raíz de conversaciones mantenidas con representantes de la comunidad kosovar, tanto del partido del Sr. Haradinaj como de la LDK de Ibrahim Rugova, que señalan, cada vez que nos reunimos con ellos, que Kosovo aún no tiene estatuto, lo cual hace su labor mucho más difícil. 
Nos están pidiendo que hagamos mayores esfuerzos para permitirles ponerse en contacto con instituciones financieras internacionales, a pesar de su estatuto actual. 
Sabemos que han sucedido muchas cosas. 
La guerra tuvo lugar hace casi tres años y medio. 
¿No es posible que, desde la Unión Europea, que tiene la influencia necesaria en las instituciones internacionales, nos esforcemos por ayudar a Kosovo a acceder a instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, en el contexto de las Naciones Unidas? 
Ésta es una pregunta de la gente que se encuentra allí. 
En primer lugar, me alegro de que la tecnología finalmente nos haya traído la pregunta suplementaria de Su Señoría. 
Tengo dos comentarios. 
En primer lugar, estoy de acuerdo con el argumento del responsable de la misión de las Naciones Unidas en Kosovo, el Sr. Steiner, de que la verdadera labor a realizar en Kosovo el año que viene es anteponer las normas al estatuto. 
Lo que deseamos es que Kosovo ponga en marcha el tipo de políticas y el tipo de agencias ejecutoras que le permitan, junto con los demás países de la región, acercarse cada vez más a la Unión Europea. 
En segundo lugar, Su Señoría tiene razón al manifestar que uno de los problemas a los que nos enfrentamos en Kosovo es que a medida que se hace más autosuficiente económicamente, a medida que se aleja de la fuerte dependencia de las ayudas, recurrirá naturalmente a las instituciones financieras internacionales y de otro tipo para obtener créditos. 
La cuestión del estatuto ha planteado algunos problemas a ese respecto. 
Estamos discutiendo esa cuestión con las IFI, en particular con el Banco Europeo de Inversiones, y espero que podamos resolverlo de un modo que permita a Kosovo, como cabría esperar respecto de cualquier economía en esas circunstancias, pasar de depender de las ayudas a poder solicitar créditos y hacer frente al pago de los mismos. 
Pregunta nº 23 formulada por Bernd Posselt (H-0866/02): 
Asunto: Estatuto de Kosovo 
¿Estaría dispuesta la Comisión a encargar la elaboración de distintas opciones para el futuro estatuto de Kosovo y a presentárselas al Consejo y al Parlamento para su debate o considera viables otras vías para abordar por fin este problema? 
El estatuto de Kosovo está definido actualmente en la Resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 10 de junio de 1999. 
Cualquier decisión respecto de su estatuto definitivo deberá adoptarla por tanto el Consejo de Seguridad. 
La comunidad internacional no ha fijado una fecha concreta para que se debata esta cuestión. 
Por consiguiente, no corresponde a la Comisión elaborar hipótesis respecto al futuro estatuto de Kosovo. 
La Unión Europea apoya plenamente la política de primar los criterios antes que el estatuto, llevada por la Misión de administración provisional de las Naciones Unidas en Kosovo que acabo de mencionar y refrendada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su reunión del 24 de abril del año pasado. 
La UNMIK ha fijado parámetros claros respecto de las reformas democráticas y de la economía de mercado, derechos humanos y de las minorías, necesarios en su totalidad para preparar a Kosovo para los desafíos futuros. 
Hay que cumplir estas normas mínimas antes de que se pueda empezar a debatir el estatuto. 
Kosovo es parte integrante de la región para la que hemos elaborado el proceso de estabilización y asociación con objeto de acercarla a las estructuras de la Unión Europea. 
Nos hemos asegurado de que el estatuto indeterminado de Kosovo no impida que se beneficie del proceso de estabilización y asociación. 
Su Señoría tiene razón al señalar la importancia de atraer la inversión exterior hacia Kosovo, pero creo que cualquier inversor potencial tendría muchas más preocupaciones en su agenda antes que el estatuto constitucional de Kosovo: preocupaciones en torno al Estado de derecho, el orden público, el crimen organizado y la infraestructura política dentro de la cual se le anima a invertir. 
Por esta razón, como dije anteriormente, apoyo los argumentos formulados por el representante especial del Secretario General, el Sr. Steiner, de que la labor en este momento consiste en centrarse en los criterios, en lugar de consumir el proceso político con debates sobre el estatuto. 
Hemos discutido esas cuestiones políticas con representantes kosovares. 
Me complace que en más de tres años que he estado visitando Kosovo hemos visto no sólo una transformación de la situación económica y social sobre el terreno, sino también el establecimiento de una administración provisional: la estructura política que refleje los deseos de la propia gente de Kosovo. 
Creo que eso es un paso adelante, pero espero, en el debate que mantienen los políticos locales, que reconozcan que cualesquiera que sean sus aspiraciones respecto a la cuestión del estatuto, lo primero que deben arreglar son los aspectos fundamentales de la vida económica y social de Kosovo. 
No es descabellado decir que hay que ir paso a paso, sin por ello sugerir en absoluto que el debate del estatuto es irrelevante para Kosovo y su futuro. 
No sugeriría tal cosa, pero creo que por el momento sería mejor para Kosovo que los esfuerzos se centrasen en la cuestión de los criterios. 
Esto no significa que seamos capaces de posponer indefinidamente un debate sobre las condiciones de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
«Lo primero es lo primero» no es un mal consejo para la población de Kosovo en este momento. 
Pregunta nº 24 formulada por Torben Lund (H-0836/02): 
Asunto: Acciones militares israelíes y pérdida de fondos de la UE 
La UE ha financiado numerosos proyectos en el Estado de Palestina, entre otras cosas, para restablecer la democracia y garantizar los derechos humanos. 
¿Podría la Comisión indicar qué proyectos financia la UE en el Estado de Palestina y la amplitud de los años causados por las acciones militares israelíes a los proyectos financiados por la UE? 
¿Puede asimismo la Comisión señalar qué consecuencias tienen las acciones militares israelíes en el Estado palestino para la posibilidad de que Israel obtenga ayuda de la UE y para las relaciones entre la UE e Israel en general? 
A petición del Consejo, la Comisión elaboró en enero del año pasado una lista de proyectos financiados por la Unión Europea y Estados miembros que han sido destruidos o dañados por fuerzas militares israelíes. 
La lista de proyectos destruidos ha sido actualizada recientemente por la oficina de la Comisión en Jerusalén, en coordinación con las oficinas de los representantes de los Estados miembros de la UE en Jerusalén y Ramala. 
El total estimado, a fecha de 14 de diciembre del año pasado, se sitúa en unos 24 millones de euros. 
Esta evaluación se limita a los costes de infraestructuras materiales y no incluye pérdidas indirectas como retrasos o suspensiones de proyectos. 
Estos daños estimados se presentaron al Consejo de Asuntos Generales el 28 de enero del año pasado; el CAG a su vez pidió al Gobierno de Israel que pusiera fin a esta práctica y se reservó el derecho de solicitar compensaciones en los foros apropiados. 
La cuestión también se discutió más recientemente en la reunión del 21 de octubre de 2002 del Consejo de asociación UE-Israel. 
La postura de la Unión Europea en la comunidad internacional es que la destrucción gratuita de infraestructuras e instalaciones básicas es contraproducente. 
Obstaculiza los esfuerzos por mejorar el desarrollo económico, social y humanitario en la franja de Gaza y Cisjordania. 
Los niveles de pobreza se encuentran actualmente por encima del 60% y el desempleo se sitúa en torno al 50%. 
Esta situación de colapso económico, y una crisis humanitaria en aumento, destruye la esperanza y cualquier perspectiva de estabilidad y seguridad tanto para Israel como para los palestinos. 
Israel, debido a su relativamente elevada renta media por habitante, no reúne las características para poder beneficiarse de la financiación bilateral de la Unión Europea en el marco de los programas MEDA. 
Así, el Gobierno israelí o las entidades públicas israelíes no reciben financiación del presupuesto de ayuda de la Unión Europea. 
Algunas organizaciones de la sociedad civil de Israel y los territorios palestinos pueden solicitar proyectos concebidos para apoyar el proceso de paz. 
Estos proyectos, en nuestra opinión, deberían llevarse a cabo en cualquier caso. 
Algunas organizaciones han abogado- y esto se ha debatido en el Parlamento- por sanciones comerciales contra Israel. 
Debo decir que a mi entender la suspensión del acuerdo de asociación, que sienta las bases no sólo de las relaciones comerciales de la Unión Europea con Israel, sino también del diálogo político, no contribuiría en absoluto a una mayor comprensión por parte de las autoridades israelíes de la preocupación generalizada de la Unión Europea y de muchos de sus ciudadanos. 
Se enviará directamente a Su Señoría un cuadro recapitulativo de la ayuda financiera prestada por la Unión Europea a la Autoridad Palestina de 1994 a 2002, así como un cuadro actualizado con la evaluación de las pérdidas. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario Patten por su respuesta muy precisa y satisfactoria. 
Es indudable que todos pensamos que la situación actual de Oriente Próximo está marcada por una poco imaginativa ley del talión, y personalmente creo que la acción militar por parte de Israel es de tales dimensiones, que hace casi imposible imaginar que el pueblo palestino pueda llegar a formar una sociedad que funcione adecuadamente. 
En respuesta a la única pregunta complementaria, me gustaría saber si la acción militar llevada a cabo, en la actualidad, por Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania afecta a la política de ayuda de la UE al pueblo palestino. 
¿Influye de alguna manera, o está tratando la UE de mantener la ayuda que actualmente puede prestar para el desarrollo de la sociedad palestina? 
Creo también que resulta muy esclarecedor el hecho de que no se hayan podido celebrar elecciones democráticas en la zona palestina por la situación que Israel ha impuesto al pueblo palestino. 
Me gustaría hacer dos observaciones. 
En primer lugar, todos condenamos los actos terroristas. 
Todos condenamos los atentados suicidas. 
Muchos dudamos de si el modo correcto de desmantelar la infraestructura del terrorismo en los territorios palestinos es destruir la infraestructura de las instalaciones públicas y la Autoridad Palestina. 
No estoy seguro de qué tiene que ver dañar y prácticamente destruir la Oficina Central de Estadística de los territorios palestinos con erradicar el terrorismo. 
No estoy seguro de qué tiene que ver destruir el Catastro con erradicar el terrorismo. 
A menudo los espectadores tienen la impresión de que cada manifestación de la vida institucional de los territorios palestinos está en el punto de mira, ya sea pública o privada, ya se trate de la estructura administrativa de las autoridades o de la sociedad civil. 
Creo que es una política profundamente errónea, en particular si se quiere intentar mostrar a los palestinos una perspectiva política y un camino a la paz y la seguridad futura. 
Respecto a la cuestión de nuestra ayuda en Palestina, seguimos proporcionando a la Autoridad Palestina- y ésta es una política que se inició debido al bloqueo del pago de los ingresos fiscales a la Autoridad Palestina por parte de Israel- una ayuda controlada y supervisada meticulosamente, como por ejemplo pagar a médicos y enfermeras y la infraestructura corriente. 
Hemos sido uno de los principales defensores de la Autoridad Palestina y hemos recibido por ello algunas críticas muy injustas. 
Sin embargo, asegurar la existencia de una Autoridad Palestina es importante para mostrar la perspectiva de un proceso de paz. 
Seguimos proporcionando importes sustanciales de otro tipo de ayuda, como por ejemplo ayuda humanitaria. 
Antes de las navidades anunciamos que proporcionaríamos 30 millones de euros para los municipios de Palestina más perjudicados por las hostilidades. 
Proporcionamos un fondo de crédito de 10 millones de euros para pequeñas y medianas empresas. 
Puedo enviar la información concreta de toda la ayuda que hemos proporcionado a las autoridades palestinas. 
Tan sólo lamento que no se haya logrado un éxito mayor de cara a la creación de los cimientos económicos y sociales tan importantes para un futuro político pacífico. 
Como he propuesto en mi respuesta a la pregunta complementaria previa, puede ser que la destrucción de algunos proyectos y de parte de la infraestructura haya sido un desafortunado efecto secundario de actividades antiterroristas legítimas, proporcionales a la violencia que intentan contener. 
Esto puede ser cierto en algunas circunstancias, pero lo que nos ha parecido sorprendente es la forma en que las instituciones palestinas, una tras otra, han sido destruidas o gravemente dañadas, como si algunos creyeran que el propósito del ejercicio era minar la capacidad de los palestinos de crear una estructura administrativa para un futuro estado palestino. 
Tomaré los dos ejemplos a los que me refería anteriormente. 
¿Cómo puede contribuir la destrucción del Catastro a acabar con el terrorismo? 
¿Qué otra cosa puede ser el tremendo daño a la Oficina Central de Estadística del territorio palestino que un ejemplo de destrucción gratuita? 
No resulta muy inteligente, considerando que la mayoría del material que contenía la Oficina Central de Estadística puede encontrarse gratuitamente en Internet. 
Resulta difícil saber cómo se pueden justificar estas actividades. 
Éste es un punto que ya he señalado anteriormente; un punto que también ha señalado el Consejo de Ministros y que las autoridades israelíes deberían tratar de una forma más inteligente y sensible que hasta ahora. 
La Comisión comparte plenamente las motivaciones y los objetivos de Su Señoría, en particular el de reforzar la presión para potenciar el respeto de los derechos humanos mejorando la disponibilidad de información. 
Diferimos en dos puntos: en primer lugar, la adecuación de esta propuesta concreta a las políticas y criterios de financiación actuales, y en segundo lugar el coste de la propuesta, tanto en lo que se refiere a la inversión como a los gastos de funcionamiento. 
Los proyectos de esta naturaleza no se prevén ni en la comunicación de mayo de 2001 sobre el papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países, ni en el documento de programación 2002-2004 relativo a la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
El documento de programación que rige la selección de proyectos establece qué temas pueden recibir apoyo, entre los que está la libertad de expresión para medios independientes, que se acotaron en el contexto de la programación de misiones de identificación en los 29 países destinatarios de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. 
Estos temas acotados, que efectivamente excluían la posibilidad de un proyecto de naturaleza regional, constituyeron la base de una convocatoria internacional de propuestas lanzada en julio de 2002, con un plazo que expiraba el 5 de noviembre. 
No obstante, es probable que, en próximas convocatorias de propuestas, los criterios de selección de proyectos enmarcados en el tema general de consolidación de la democratización, la buena gestión pública y el Estado de derecho se modifiquen para dar cabida a proyectos de naturaleza regional. 
En este contexto, sería posible presentar un proyecto relativo a «Voz de Europa». 
No obstante, esto me lleva al problema del coste. 
Cualquier solicitud se admitiría únicamente si satisface los requisitos generales aplicables de acuerdo con las directrices publicadas, incluida la condición de que la ayuda está destinada a financiar actividades de proyectos específicos y no gastos generales de funcionamiento. 
Independientemente de las comparaciones, el coste de crear una estación de radio sería elevado y probablemente requeriría una financiación básica anual permanente, para la que esta línea presupuestaría resultaría un instrumento inapropiado. 
La consecución de los mismos objetivos mediante el uso de Internet quizá sea una vía más apropiada. 
Señor Comisario, gracias por su respuesta, que abre una serie de perspectivas. 
Pienso leer detenidamente la versión escrita cuando esté disponible. 
No ha respondido específicamente a la pregunta sobre las diferencias de coste entre una iniciativa como Voice of América, que cuesta 130 millones de dólares, y otra emisora de radio muy eficaz, Radio Free Asia, considerada como tal por muchos habitantes de Asia, que tan solo cuesta 30 millones de dólares anuales. 
30 millones parece una cifra mucho más viable si la comparamos con los 100 millones del presupuesto anual dedicado a derechos humanos. 
Sin embargo, mi pregunta es, concretamente, la siguiente: si el Parlamento votara a favor de un aumento significativo de la partida presupuestaria para derechos humanos, ¿sería partidario de pasar a una fase operativa del proyecto Voz de Europa? 
En primer lugar, quiero recalcar mi interés personal por esta cuestión. 
Estoy absolutamente convencido de que proporcionar información fidedigna sobre cuestiones de política mundial en los países sometidos a una tiranía o en los que la libertad de expresión y la libertad de los medios se ven coartadas es excepcionalmente importante. 
Respecto al país que mejor conozco, la labor realizada por el servicio mundial de la BBC, a lo largo de los años, ha tenido una gran relevancia en el fomento del pluralismo en todo el mundo. 
Entiendo, no obstante, la observación que ha hecho Su Señoría. 
Radio Free Asia tiene un presupuesto de unos 30 millones de euros al año. 
Si la tomáramos como modelo, hablaríamos de comprometer el 30% del presupuesto para el Capítulo B7-7. 
Sospecho que la Cámara consideraría esta cantidad una porción bastante grande de los fondos disponibles. 
Su Señoría preguntó si establecer un medio de emisión sería un buen uso de los fondos si tuviéramos un presupuesto mayor y más fondos para dedicar a los derechos humanos. 
Sospecho que, de ser así, me vería obligado a discutir con el Tribunal de Cuentas y con el Parlamento. 
La política en materia de democracia y derechos humanos que seguimos fielmente refleja precisamente los informes del Parlamento y el Tribunal de Cuentas. 
Fue refrendada calurosamente por su empuje estratégico tanto por el Consejo como por el Parlamento. 
El diputado en cuestión tiene un gran poder de persuasión. 
Su don de palabra puede convencer al Parlamento de apoyar esta propuesta y cambiar de opinión respecto al empuje estratégico. 
Sin embargo, puede que le resulte más difícil convencer al Tribunal de Cuentas de que deberíamos apoyar la financiación básica que sin duda sería necesaria para establecer dicho medio de radiodifusión. 
Creo que sería mejor idea examinar otras opciones, incluido el uso de Internet, si bien coincido plenamente con lo que Su Señoría ha dicho sobre la importancia de intentar difundir la verdad en países donde, desgraciadamente, la verdad se ve eclipsada por la oscuridad y la tiranía. 
EuroNews ha promovido los valores europeos y asegurado que más gente de todo el mundo pueda seguir lo que sucede en Europa, pero tanto si la organización de la que se habla es EuroNews como si es otra, al empezar a discutir una subvención pública, según mi experiencia, los legisladores y otras partes interesadas empiezan a plantear preguntas perspicaces sobre si los fondos se están gastando de forma provechosa y sobre otras alternativas de conseguir el mismo objetivo. 
Nadie debería librarse de este tipo de escrutinio en lo que se refiere al dinero del contribuyente. 
Mirando atrás, puedo desear que las emisoras europeas hubieran hecho algo más anteriormente para presentar una mayor competencia a la CNN. 
En el campo de los telediarios habría sido una buena idea, pero no conviene infravalorar los costes ni señalar hoy en día que sería fácil para Europa rivalizar con la principal emisora internacional americana. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 26 a 58 serán contestadas por escrito. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0431/2002) del Sr. Andria, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Mecanismos de Compensación y Liquidación en la Unión Europea. -Cuestiones principales y desafíos futuros» [COM (2002) 257- C5-0325/2002- 2002/2169 (COS)] 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en los mercados financieros, donde la liquidez del mercado está estrechamente relacionada con la confianza que los participantes tienen en la fiabilidad de los sistemas de pago y liquidación de valores, un funcionamiento ineficaz de estos últimos puede representar una fuente de riesgo para los propios mercados. 
Unos sistemas de pago y liquidación fiables precisan un marco legal, normas y procedimientos claros que gobiernen las tenencias, transferencias, préstamos y pagos relacionados con los valores, así como la imposición de restricciones sobre dichos valores. 
La compensación y liquidación, componentes esenciales de todas las transacciones de valores, resultan por lo tanto fundamentales para el buen funcionamiento de mercados financieros integrados. 
En cualquier caso deberíamos tener en cuenta que, a pesar del aumento de la demanda de valores extranjeros, la infraestructura de liquidación y compensación de la Unión Europea para las transacciones transfronterizas no sólo se mantiene en gran medida fragmentada, sino que también existe una excesiva e incontrolada incidencia de costes en el plano transfronterizo. 
En todo caso, con el fin de alcanzar objetivos específicos, es necesario conocer la situación operativa del sector, para realizar los ajustes apropiados. 
Hay dos grandes mercados de referencia: los Estados Unidos y Europa. 
Los Estados Unidos han optado por el DTCC (Depository Trust and Clearing Corporation) , que incorpora simultáneamente los sistemas de compensación y liquidación, y está supervisado por un único organismo gestor, cuya eficacia demostrada ha permitido importantes reducciones de costes. 
El modelo europeo, con unos 20 DCV (Depositarios Centrales de Valores) , es fragmentario, beneficiándose del hecho de que la competencia es limitada a la hora de asegurar nuevas zonas de influencia. 
Nunca se ha producido una guerra de precios, dado que la liquidez del mercado está controlada por un único participante activo. 
Un análisis del marco existente y la minuciosa investigación realizada por el Grupo Giovannini ponen de manifiesto que existen una serie de barreras técnicas, legales y fiscales que provocan en gran medida los elevados costes y la ineficiencia. 
La eliminación de las barreras técnicas ha de ser nuestro principal objetivo y se puede considerar fácilmente alcanzable. 
Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la normalización de los lenguajes de la tecnología de la información ni de la documentación en papel, que precisan un especial esfuerzo operativo. 
Indudablemente habría mayores dificultades para armonizar las normas legales y fiscales. 
Debemos intentar conseguir el ambicioso objetivo de crear un solo código de valores, lo que constituiría una garantía real para los operadores; sin embargo, sería ciertamente difícil que los Estados miembros alcanzasen un acuerdo con respecto a esta cuestión, debido a razones delicadas, relacionadas con las disparidades existentes en el marco jurídico de los derechos de propiedad, el derecho de sociedades y la legislación concursal. 
Por lo tanto, la creación de este código deberá considerarse un objetivo a largo plazo. 
A corto plazo, debería elaborarse una ficha informativa que proporcione a los participantes del mercado una orientación acerca de las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros. 
Con respecto a las barreras fiscales, las dificultades no se derivan únicamente de las diferencias entre sistemas, sino también de la sólida resistencia al cambio y a la armonización demostrada por algunos Estados miembros. 
Partiendo de la necesidad de reformar el entorno postnegociación, con el objetivo de eliminar la confusión entre infraestructuras y funciones y de destruir las posturas monopolistas naturales existentes, debe existir una fórmula, con respecto a los servicios de liquidación básicos, gestionada para los fines jurídicos como un servicio de propiedad de los usuarios regido por las normas relativas al estatuto de entidad sin ánimo de lucro. 
Esta opción garantizaría la integridad del mercado, la facilidad de acceso al servicio por parte de los usuarios y una supervisión efectiva con respecto a los riesgos operativos. 
No podría haber ninguna distorsión de la competencia, dado que esta garantía se deriva del hecho de que el usuario de los servicios participa en la gestión de la entidad. 
También se podría conseguir el progreso técnico y la innovación, dado que la fórmula del apartado 11 del informe especifica que el estatuto de entidad sin ánimo de lucro es posterior a una previsión de las inversiones necesarias. 
La separación de los servicios básicos y los servicios de valor añadido se considera fundamental. 
En cualquier caso, estos últimos podrían ser ofrecidos por depositarios centrales pero con estructuras independientes, incluso desde un punto de vista logístico, mediante empresas compartidas o controladas. 
El servicio de compensación y liquidación incluye las actividades de garantía, establecimiento de márgenes, compensación, liquidación y regulación. 
Una rápida lectura revela que todos ellos son servicios de utilidad pública. 
Los servicios de valor añadido ofrecidos por bancos o estructuras independientes de los depositarios son el préstamo de valores, la gestión de garantías, gestión de efectivo, acciones societarias, gestión de ingresos y servicios fiscales: todas ellas actividades puramente comerciales. 
En conclusión, también resulta fundamental contar con una sólida cooperación entre los Estados miembros, con el fin de garantizar una supervisión oportuna. 
La Comisión acoge con satisfacción la oportuna y constructiva respuesta del Parlamento Europeo a su comunicación sobre compensación y liquidación. 
En particular, quiero dar las gracias al ponente por su importante informe. 
La Comisión examinará muy detenidamente la respuesta del Parlamento a su comunicación y tendrá en cuenta las opiniones expresadas en ese informe. 
La Comisión comparte la opinión expresada en la resolución de que un mecanismo eficiente de compensación y liquidación resulta vital para el funcionamiento adecuado y seguro de los mercados financieros europeos. 
De hecho, como se suele decir a menudo con razón, el mecanismo de compensación y liquidación es la fontanería de los mercados de valores, sin la cual nada funciona. 
El desafío que tienen ante sí las instituciones comunitarias es el de garantizar- en cooperación con los agentes del mercado, las autoridades reguladoras nacionales y los legisladores nacionales- la eliminación de todas las barreras existentes a la integración y la falta de competencia, que restarían eficiencia a los mecanismos transfronterizos de la fase postnegociación en la Unión Europea. 
Eso es esencial para nuestro objetivo común de crear un mercado de capitales integrado en la Unión Europea de aquí a 2005. 
La Comisión cree que deberíamos fomentar soluciones y planteamientos impulsados por el mercado siempre que resulte posible. 
Sin embargo, también es cierto que están en juego importantes inquietudes políticas del público, como la eficiencia de los sistemas, los costes, cuestiones de petición- concretamente el acceso abierto y no discriminado y los acuerdos de exclusividad- los sistemas de interoperabilidad y la seguridad prudencial y sistémica. 
Todas estas preocupaciones deben ser tenidas en cuenta y el ponente ha mencionado algunas de ellas. 
Ahora que ha concluido el período inicial de consulta, nosotros en la Comisión estamos asimilando las respuestas a dicho documento de consulta y definiendo nuestro planteamiento con respecto a los mecanismos de compensación y liquidación. 
La Comisión pretende ahora emitir una nueva comunicación que establecerá nuestras orientaciones políticas claras, algo que hasta ahora no hemos podido hacer. 
Ese documento servirá de base para una segunda ronda de consultas, posiblemente en el primer semestre de este año. 
Espero mantener un nuevo debate con el Parlamento, a poder ser con el mismo ponente, acerca de ese tema. 
Al igual que con todos los pasos futuros que pretendamos dar, tenemos la intención de actuar en estrecha cooperación con el ponente, con el Parlamento y, en particular, con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Señor Presidente, al igual que el Sr. Bolkestein, quiero dar las gracias al Sr. Andria por su gran labor en estos temas de extrema importancia. 
Estoy de acuerdo con el Comisario y el ponente en que resulta fundamental eliminar las barreras técnicas y de otros tipos a los que se enfrenta el mecanismo de compensación y liquidación transfronterizas en Europa. 
La Comisión y la Unión Europea pueden desempeñar un papel constructivo a la hora de facilitar la compensación y liquidación transfronterizas, factor crucial de la creación de un mercado único con respecto a los servicios financieros. 
Hay ciertos puntos con respecto a los que la opinión del Grupo del PPE-DE está dividida, en particular el punto 11. 
No es necesario separar los denominados servicios básicos y los servicios de valor añadido, en contra de lo que opina el ponente. 
Resulta fundamental establecer el precio de estos diferentes servicios de forma transparente, para que cuando la gente compre pueda saber exactamente qué servicio está comprando y cuál no. 
También resulta necesario garantizar la existencia de unos planes de gestión del riesgo apropiados, de forma que cuando surja un problema con un servicio no se produzca contagio entre los denominados servicios básicos y los servicios de valor añadido. 
Una legislación que establezca que una entidad financiera sólo puede crear u ofrecer un servicio básico determinado y que no le permita diversificar su oferta supondría una intervención excesiva en el mercado. 
Por lo tanto, muchos miembros del Grupo y yo mismo apoyamos una pequeña enmienda al informe del Sr. Andria con respecto a ese punto. 
Tengo mis dudas con respecto a la propuesta de que deberíamos elaborar una directiva en estos momentos. 
Es muy posible que debamos plantearnos una directiva en el futuro, pero puede ser prematuro decidir ahora si la directiva es necesaria. 
Puede haber otros muchos métodos mediante los que la Unión y la Comisión Europea puedan facilitar la compensación y liquidación transfronterizas, sin tener que recurrir necesariamente a una solución legislativa estricta. 
Finalmente, el otro punto importante con respecto al que tengo una opinión ligeramente diferente al Sr. Andria es la sugerencia de que deberíamos prescribir que los mecanismos de compensación y liquidación se basen en un principio «no lucrativo». 
Agradezco que el Sr. Andria haya tratado este tema y que se haya comprometido y haya añadido el sistema que permite a los servicios realizar inversiones apropiadas, pero no deberíamos prescribir un estatuto sin ánimo de lucro y obligar a los mercados a adoptar este modelo. 
El hecho de optar por los sistemas de la propiedad de los usuarios presenta grandes ventajas. 
Es una buena manera de garantizar que el servicio de liquidación y compensación ofrezca un excelente servicio a sus usuarios, pero no estoy totalmente seguro de que debamos legislar con respecto a ese tema. 
De hecho, no deberíamos poner por escrito, en este momento, el requisito de que estos servicios deban ser gestionados de forma «no lucrativa». 
Es importante permitir a las firmas que innoven e inviertan y se necesita cierto grado de generación de beneficios para realizar esa inversión. 
Acojo con satisfacción el informe del Sr. Andria, con esas tres pequeñas reservas. 
En particular, no deberíamos prejuzgar al mercado en este punto. 
Deberíamos permitir y fomentar que el mercado produzca sus propias soluciones, que produzca soluciones impulsadas por el mercado, aunque debo reconocer las ventajas de fomentar los sistemas de propiedad de los usuarios, porque si miramos a nuestro alrededor en la Unión Europea podremos ver que son muchos los sistemas de propiedad de los usuarios que funcionan bien. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Andria por su trabajo en nombre de mi Grupo. 
Se trata de una cuestión compleja y el Sr. Andria ha utilizado todos los medios de los que disponía para alcanzar un compromiso. 
Nuestro Grupo está muy satisfecho con sus métodos de trabajo y con los resultados que ha conseguido. 
El informe, tal y como se votó en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, es muy equilibrado. 
Nos gustaría añadir dos pequeñas enmiendas destinadas más bien a aclarar el texto que a cambiar el contenido. 
No repetiré la importancia de nuestro trabajo para establecer un mercado financiero integrado en el plano europeo. 
El Parlamento ya ha examinado algunos aspectos de este mercado y ha impuesto algunas de las innumerables normas comunes que serán necesarias para que funcione convenientemente. 
Un marco único y transparente para los mecanismos de compensación y liquidación forma parte de estas reglas fundamentales. 
Este es el motivo por el que, paralelamente a nuestro trabajo en la directiva sobre servicios de inversión, el Parlamento pide a la Comisión un proyecto de directiva sobre la liquidación y compensación. 
En ausencia de cualquier forma de reglamentación, los participantes del mercado se han organizado ellos mismos para crear un sistema que, aunque funciona, está muy lejos de ser el sistema ideal. 
Por otra parte, este sistema tiende naturalmente a establecer un monopolio privado y distorsiones de la competencia, debido a la confusión entre las diferentes funciones de las infraestructuras y los bancos. 
No podemos aceptarlo. 
Sin duda podríamos, como proponen algunos diputados, dejar que el mercado se organice por sí mismo. 
También podríamos asumir nuestras responsabilidades como colegisladores y pedir a la Comisión que estableciese normas que garanticen la transparencia y la libre competencia. 
Todos nosotros sabemos que los mercados no pueden conseguir un equilibrio saludable, a menos que estén organizados de forma transparente y segura. 
Ese no es el caso en la actualidad y eso es lo que pide mi Grupo. 
Apoyamos al ponente en tres puntos fundamentales: en primer lugar, la eliminación de todas las barreras para la creación de un mercado único de compensación y liquidación. 
Estas barreras, ya sean técnicas, fiscales o legales, obstruyen la culminación de transacciones transfronterizas individuales y deben ser eliminadas. 
En segundo lugar, una competencia transparente y libre. 
Solicitamos un acceso abierto y equitativo a las infraestructuras de liquidación. 
En nuestra opinión, estas infraestructuras de liquidación deberían considerarse como un servicio de interés general. Eso no debería afectar a su condición de privadas o públicas, sino permitirles funcionar como entidades sin ánimo de lucro y ser accesibles a todos los usuarios sin discriminación. 
Finalmente, debemos poner fin al actual estado de confusión entre funciones comerciales y no comerciales. 
No podemos aceptar que algunos participantes, impulsados únicamente por el afán de lucro, expongan las funciones no comerciales a los riesgos inherentes a la banca. 
Esto parece particularmente importante en un momento en el que los Estados Unidos están reforzando las medidas para proteger su mercado. 
Ese es el motivo por el que nuestro Grupo apoyará la petición del Sr. Andria de una clara diferenciación de las funciones. 
De ese modo protegeremos nuestros mercados y pondremos fin al dumping que a menudo se esconde tras la confusión. 
La Comisión Europea nos ha pedido que hablemos acerca de este asunto. 
Si queremos cumplir nuestra función de colegisladores, no basta con presentar a la Comisión una recomendación desprovista de cualquier contenido. 
Por esta razón, nuestro Grupo rechazará todas las enmiendas que no son más que tácticas retardatarias y apoyará al ponente en sus posturas claras y constructivas. 
Hemos presentado dos enmiendas, cuyo principal objetivo consiste en aclarar el texto votado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y que no pretenden eliminar nada del texto. 
Simplemente creemos que la redacción actual del apartado 11 ya no se corresponde con el estado de las fuerzas del mercado y provocaría una desorganización excesiva si los servicios de liquidación fuesen propiedad de sus usuarios. 
También nos hemos tomado la libertad de añadir al compromiso adoptado por todos los Grupos en el apartado 12 nuestra preocupación relativa a la transparencia y al ejercicio de la libre competencia. 
No creo que eso suponga un problema para mis colegas. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Andria en primer lugar por su excelente trabajo y en segundo lugar por la voluntad política demostrada en este difícil asunto. 
Desde el comienzo, en el plan de acción para el mercado financiero, este asunto de la compensación y la liquidación no recibió la atención que merecía y, por lo tanto, ahora tenemos que subsanar esta omisión. 
De hecho, las infraestructuras postnegociación desempeñan una función fundamental para la correcta conclusión de las transacciones. 
Usted ha hablado de confianza y seguridad. 
Los riesgos sistémicos son también inherentes a este tipo de actividad que, por lo tanto, corresponde claramente a la categoría de las actividades de interés general. 
Por otro lado, estas actividades generan un creciente beneficio. 
Por estas dos razones, basándonos en la experiencia, resulta fundamental una regulación del interés público. 
A pesar de que sabemos que estas reglamentaciones existen a escala nacional, así como en el plano europeo, hasta hace poco han predominado las infraestructuras y normas fragmentadas. 
Por este motivo, ha llegado el momento de establecer una legislación de conformidad con nuestro objetivo de crear un mercado interior. 
No obstante, podemos observar que en ausencia de una legislación apropiada, el desarrollo actual está sesgado y resulta peligroso, dado que se están formando entidades que desarrollan las actividades tanto de compensación como de liquidación y compiten con las actividades bancarias, sin ningún marco de interés general y aparentemente suponiendo un riesgo de distorsión de la competencia. 
Por lo tanto, el ponente tiene razón, tanto por motivos de contenido como de experiencia, al elegir una línea de servicios públicos, o como yo diría, una línea de utilidad pública, aunque los términos no son importantes; en los Estados Unidos hablan de utilidad pública, y se refieren a lo mismo. 
De aquí se derivan las propuestas de separar las actividades no lucrativas de los sistemas comerciales basados en los costes. 
En conclusión, quiero decir que ahora es el momento de legislar. 
No entiendo por qué deberíamos consultar de nuevo. 
Contamos con claras posturas del ponente que el Parlamento debería adoptar sin más dilación, con el fin de conseguir una línea positiva. 
En nuestra opinión, la Comisión debería preparar ya, en aras de la credibilidad de todo nuestro trabajo, el proyecto de directiva. 
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Andria por su informe acerca de la comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre las cuestiones políticas y los desafíos futuros de la compensación y liquidación en la Unión Europea, el proceso a través del que se producen las transacciones en un mercado de valores. 
Esta comunicación se basa en el informe de Giovannini de noviembre de 2001, que identificaba muchas fuentes de ineficiencia en los mecanismos de compensación y liquidación dentro de la Unión Europea. 
Es esencial gestionar de forma eficaz los riesgos potencialmente elevados de los sistemas de compensación y liquidación para garantizar la estabilidad del sistema financiero. 
Con el aumento de la demanda de valores extranjeros desde la introducción del euro, nuestra infraestructura para la compensación y liquidación de transacciones transfronterizas se mantiene fragmentada, lo que supone unos costes mucho más elevados que en las transacciones nacionales. 
En este informe se nos presentan propuestas para eliminar las barreras y distorsiones en el entorno de postnegociación en la Unión Europea, para crear igualdad de condiciones entre las instituciones, un marco regulador común y el desarrollo de derechos de acceso y elección. 
Las infraestructuras paneuropeas son esenciales para un mercado financiero integrado, en el que tanto los agentes del mercado como las autoridades reguladoras y competentes desempeñen una función. 
Sabemos que la Unión Europea ya ha aceptado monopolios naturales en ciertos ámbitos de los servicios, como el gas, la electricidad y el control del tráfico aéreo, con el fin de garantizar un acceso justo a todos los usuarios en el mercado único. 
Ahora debe aplicarse el mismo principio a la infraestructura para la fase postnegociación. 
Sin embargo- y esto es una seria advertencia- es fundamental para el efecto de consolidación en la competencia y la estabilidad financiera, proteger los precios en lo que será, de hecho, un entorno menos competitivo. 
Al concentrar los servicios en uno o dos agentes principales, debemos asegurarnos de no comprometer la seguridad, en caso de que se produzca un colapso institucional. 
Se necesitarán unas medidas de protección adecuadas. 
El modelo norteamericano constituye sin duda un patrón atractivo. 
Es muy eficiente, ya que permite una compensación y liquidación a bajo coste. 
Sin embargo, probablemente sería muy difícil conseguir un cambio tan radical con respecto a nuestros sistemas actuales, en los que existen hasta 20 depositarios centrales de valores y marcos legales muy diferentes. 
A pesar de que se necesita trabajar mucho más en ello antes de que la Comisión pueda plantear ninguna iniciativa legislativa- y, en ese sentido, acojo con satisfacción la oferta del Comisario Bolkestein relativa a una segunda ronda de consultas, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha expuesto su opinión, proponiendo servicios de liquidación básicos independientes como un servicio propio de los usuarios o público, regido por las normas derivadas del estatuto no lucrativo. 
Desea una directiva específica relativa a la compensación, por una parte, y a la liquidación, por otra, en la que se establezcan normas comunes con respecto a las autorizaciones y a la supervisión, así como un marco común, entre otras cosas. 
Sin lugar a dudas, un primer paso sería la revisión de la directiva sobre servicios de inversión, que prevé la posibilidad de elección de sistemas para las actividades de la fase postnegociación. 
Está claro que nos queda un largo y difícil camino por recorrer, con diferentes culturas bancarias y sistemas legales, pero no deben existir dudas acerca del principio fundamental: sin la existencia de una compensación y liquidación transfronteriza eficaz, no se pueden obtener los máximos beneficios de un mercado interior de servicios financieros. 
Muchas gracias, señor Karas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0452/2002) del Sr. Mantovani, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones acerca del futuro de la asistencia sanitaria y de la atención a las personas mayores: garantizar la accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad financiera [COM (2001) 723- C5-0163/2002- 2002/2071 (COS)] 
Señor Presidente, como ya se ha dicho, este es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Unión Europea. 
Dado que la población está envejeciendo, necesitamos buscar formas de enfrentarnos a ello y de elaborar una estrategia en toda la Unión Europea que verdaderamente funcione. 
Sin embargo, los responsables finales son los Estados miembros. 
Nuestro desafío consiste en garantizar que los Estados miembros elaboren sus propias previsiones, pero con coordinación y cooperación, compartiendo las mejores prácticas en toda la Unión Europea. 
También debemos saber que no todas las personas mayores entran dentro de una misma categoría. 
Es necesario fomentar que las personas mayores permanezcan activas, porque, de lo contrario, como ya han dicho los oradores anteriores, finalmente esto costará más dinero del que nos podemos permitir en estos momentos. 
Por lo tanto, necesitamos encontrar una forma sostenible de mantener a las personas activas y saludables, durante tanto tiempo como resulte posible. 
Acojo con satisfacción el informe del Sr. Mantovani y la comunicación de la Comisión. 
Debemos asegurarnos de que exista un diálogo real entre los Estados miembros y un intercambio de las mejores prácticas, lo antes posible, con el fin de que podamos aplicar las estrategias y hacer que esto se haga realidad. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, Señor ponente, quiero comenzar mi intervención felicitando al Sr. Mantovani por la calidad de su informe, que me parece serio y ponderado. 
He oído alguna vez que no se puede opinar sobre los números y, por eso, nada nuevo decimos al constatar que las tendencias demográficas mundiales revelan el progresivo envejecimiento de la población. 
Ya el Sr. ponente se refirió al porcentaje de población europea mayor de 65 años, un 16 %, un 22 % estimado y un 27,5 % para los años 2025 y 2050, y a que el número de personas mayores de 80 años va a crecer también, pasando del 3,6 % en 2000 al 6 % en 2025 y al 10 % en 2050. 
Ante el dato estadístico, no procede ni la actitud del avestruz- esconder la cabeza bajo el ala y esperar a ver qué pasa- ni la del catastrofismo. 
Obviamente, la situación demográfica es un éxito de la sociedad, atribuible a los cuidados médicos y a la mejora de las condiciones de vida en general. 
Las personas mayores no constituyen un grupo o conjunto homogéneo y, por tanto, sus necesidades son también diferentes y diversas. 
Las políticas relativas a los mayores han de enfocarse desde la doble perspectiva de sus necesidades y de las atenciones que demandan- y a las que tienen derecho- para hacerlas frente, pero también desde la de sus potencialidades y la de los servicios que pueden prestar a la sociedad. 
Ninguna sociedad- la europea tampoco- puede permitirse el lujo de prescindir de las aportaciones que la experiencia, la formación y el saber de sus mayores puedan proporcionarle. 
Además del artículo 152 del Tratado, avalan estas políticas el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al proscribir toda discriminación- en este caso, por razón de edad- y el artículo 25, al proclamar que la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural. 
Estos principios quedarían privados de contenido si no fuesen acompañados de las políticas que han de hacerlos realidad. 
En este sentido, el Consejo de Barcelona de marzo de 2002 ya señaló la necesidad de iniciar y desarrollar durante 2002 y 2003 la cooperación entre los Estados miembros en estos temas, la necesidad de proceder al intercambio de buenas prácticas y de información y la necesidad de entablar un debate sobre los retos comunes en el ámbito europeo. 
Los sistemas de asistencia sanitaria han de hacer frente a un triple reto. 
En primer lugar, el acceso a la asistencia para todos, con la singularidad que representa la asistencia a las personas mayores; en segundo lugar, un elevado nivel de calidad y, en tercer lugar, la sostenibilidad financiera de los sistemas. 
Creo que son tres objetivos necesarios y mínimos, elogiables y encomiables, y quiero llamar la atención sobre su estrecha vinculación. 
Cualquiera que sea el sistema de financiación, fiscalización o cotización, su logro puede y debe promoverse también a través de la promoción de modos de vida más saludables, medidas de prevención y concienciación de los prestadores de servicios y de los usuarios sobre la correcta aplicación de terapias y medicamentos. 
Ello va a permitir un equilibrio entre los tres objetivos. 
El riesgo de priorizar el objetivo de la sostenibilidad financiera puede devaluar y desvirtuar los de la calidad y la accesibilidad, pero también, sin sostenibilidad, calidad y accesibilidad sólo serían posibles a corto plazo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero empezar expresando mi más profundo agradecimiento al Sr. Mantovani por su excelente cooperación. 
Creo que hemos conseguido garantizar una amplia mayoría en la sesión plenaria de mañana para este informe tan importante. 
También es oportuno que consigamos al menos una cooperación más estrecha en el ámbito de la política sanitaria y, por supuesto, también en el de la atención a las personas mayores, algo para lo que la Cumbre de Gotemburgo, aunque a última hora, supuso un primer paso. 
Pero seamos honestos: en materia de política sanitaria, la Unión Europea todavía está poniéndose al corriente de la realidad. 
En muchos ámbitos, después de todo, ya existe una política sanitaria europea, y me acuerdo ahora de Euregios. 
Incluso ahora, por poner un ejemplo, los pacientes de Renania en Alemania tienen derecho a usar sus pólizas de seguro sanitario para recibir tratamiento en centros sanitarios de los Países Bajos. 
Además de eso, Europa tiene hospitales generalmente considerados especializados en enfermedades específicas y también existen redes europeas que establecen pautas para el tratamiento de esas enfermedades. 
Todos los Estados miembros están buscando estrategias para garantizar que sus sistemas de asistencia sanitaria sigan siendo accesibles para todos en el futuro, a fin de garantizar sus niveles de calidad y rendimiento, y que resulte posible financiarlos. 
Constantemente se están probando nuevos mecanismos, pero nadie ha introducido grandes novedades hasta ahora. 
Por lo tanto, el hecho de que los gobiernos se den cuenta de la importancia de organizar un intercambio de experiencias en toda Europa sobre temas relacionados con la asistencia sanitaria y atención a las personas mayores, simplemente quiere decir que están utilizando una lógica coherente. 
Sólo para bajar los humos a los escépticos, permítanme decir que estoy convencida de que nadie en esta Cámara busca activamente un sistema único europeo de asistencia sanitaria. 
La Comisión no lo busca y definitivamente el Consejo tampoco. 
La organización y financiación de los sistemas de asistencia sanitaria son asuntos que se deciden a nivel nacional y así debería seguir siendo en el futuro. 
Se trata más bien de cómo vamos a conservar, a largo plazo, nuestro modelo europeo de una política de asistencia sanitaria basada en la solidaridad. 
Estoy hablando de forma deliberada de un modelo europeo, puesto que los cuatro principios siguientes se incluyen en todos los sistemas de asistencia sanitaria: el primero es que la salud no es, y no se debe permitir que sea, una mercancía puramente económica. 
El segundo es que el acceso equitativo a los servicios sanitarios constituye un derecho fundamental y debe seguir siéndolo. 
El tercero es que, como ya se ha dicho, todos los sistemas de asistencia sanitaria se basan en el principio de solidaridad. 
Y el cuarto es que el Estado tiene un papel fundamental que desempeñar en la regulación, financiación y prestación de servicios. 
El informe del Sr. Mantovani realiza propuestas bastante prácticas relativas a cómo debería ser una cooperación europea mejorada en el ámbito de la política de asistencia sanitaria. 
Estas propuestas tienen que ver con la metodología, los objetivos y el contenido específico. 
Con respecto al método de trabajo, el informe propone que el método de coordinación abierta debería ponerse ya en marcha en este ámbito, como ya ha sucedido en otras partes, lo que coincide- y me satisface enormemente decirlo- con la recomendación de la Presidencia griega. 
Sin embargo, ahora no debemos perder más tiempo y por este motivo el informe recomienda a la futura cumbre europea de la primavera que decida un calendario preciso para emprender nuevas acciones y para alcanzar un acuerdo con respecto a los objetivos e indicadores comunes en el plazo de un año. 
Ahora bien, si queremos realizar cualquier tipo de intercambio de experiencias, tenemos que empezar por mejorar los sistemas nacionales y europeos de control sanitario. 
En este sentido los datos comparables resultan absolutamente indispensables, aunque hasta la fecha la Unión Europea no ha contado siquiera con una medición estándar de las tasas de mortalidad. 
Es aquí donde ya podemos realizar progresos, utilizando el nuevo programa de acción sobre política de asistencia sanitaria. 
Lo mismo se puede aplicar al establecimiento de criterios comunes para los derechos de los pacientes y, teniendo en cuenta la ampliación al este en particular, existe la necesidad de un estudio sobre la movilidad de los pacientes en las Euregios, puesto que todos sabemos perfectamente que la falta de prestación de asistencia sanitaria es especialmente pronunciada en las regiones limítrofes con los nuevos Estados miembros y cualquier constitución europea no sólo debe estipular una elevada calidad de la asistencia sanitaria como objetivo, sino también que la política sanitaria continúe siendo responsabilidad compartida de la Unión Europea y los Estados miembros. 
Al fin y al cabo, todos queremos que la Unión Europea pueda continuar utilizando la legislación para complementar las políticas de los Estados miembros en el futuro. 
Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias al Sr. Mantovani por el trabajo que ha hecho de cara a este informe. 
Y digo esto a pesar de que hay algunos puntos en la redacción final del informe con los que mi Grupo no está de acuerdo. 
Me gustaría dar las gracias a la Comisión por el estudio que nos ha ofrecido acerca de la atención futura de las personas mayores, dado que considero que la comunicación de la Comisión es verdaderamente constructiva. 
Indica una serie de objetivos fundamentales en términos de acceso, calidad y sostenibilidad financiera. 
También señala que, a pesar de que sabemos que habrá muchas más personas mayores en el futuro, resulta bastante incierto lo que eso significará realmente en términos de futuras cargas financieras. 
Pero sobre todo destaca que, en muchos aspectos, la Unión Europea tiene oportunidades de realizar contribuciones conjuntas de acuerdo con las normas actuales. 
Eso es lo que sucede en el ámbito de la política de sanidad pública, de acuerdo con el artículo 152 del Tratado, de la política económica y del desarrollo del mercado interior. 
Por lo tanto, tenemos multitud de oportunidades de cooperar de acuerdo con las normas existentes. 
Así pues, mi Grupo también tiene que rechazar la propuesta actual del Parlamento, tal y como se plantea en el informe, de que hay que introducir una coordinación abierta y total con respecto a la política sanitaria y la política relacionada con las personas mayores. 
Hemos presentado una serie de enmiendas y si, como creo que será el caso, no es posible que obtengan el apoyo del Parlamento, no será fácil que apoyemos el informe en su conjunto. 
En efecto, el método abierto de coordinación se ha hecho muy popular en los últimos años y se utiliza en muchas áreas de la política económica, tales como las pensiones, la exclusión social en el ámbito de la educación y los criterios de convergencia en la política de empleo. 
Es una buena forma de cooperación en la que se establecen una serie de objetivos comunes que se pueden conseguir de diferentes maneras. 
Creo firmemente en el uso de la coordinación abierta, porque es una forma de conseguir objetivos comunes sin necesidad de legislar en numerosas áreas nuevas, pero pienso que es importante que la coordinación abierta sea obligatoria. 
En algunas áreas, la coordinación abierta está directamente autorizada por los tratados. 
Ese es el caso de la política económica y la política de empleo. 
En otras áreas, existe una base menos obvia en los tratados, o incluso no existe base alguna. 
Es necesario decir que los Estados miembros tienen toda la libertad posible para coordinar sus esfuerzos y desarrollar buenas prácticas. 
Eso es algo que ya hemos hecho en el marco del OCDE durante muchos años, pero la diferencia entre los informes del OCDE y la coordinación abierta a la que nos comprometemos en el marco de la Unión Europea es- y, en mi opinión, debe ser- que la coordinación abierta es más vinculante y que los países verdaderamente se comprometen a perseguir los objetivos comunes. Por otro lado, las partes implicadas participan de forma muy activa. 
Creo que sería un error por nuestra parte permitir que el uso de la coordinación abierta se extienda hasta el punto de que se utilice en todas las áreas posibles. 
Sin duda, un principio básico de la cooperación de la Unión Europea es que aceptamos la diversidad y la diferencia. 
El hecho de que contemos con tantos modelos diferentes constituye una ventaja, dado que podemos aprender unos de otros. 
No debemos sacar a hurtadillas la armonización por la puerta de atrás, en áreas en las que indudablemente debería aplicarse la competencia nacional. 
Eso no se nos agradecería. 
En el ámbito de la sanidad, hay diversas áreas en las que la cooperación y las normas comunes son importantes y necesarias y, por lo tanto, existen normas claras al respecto en el Tratado. 
La cooperación se desarrollará a través del mercado interior, como resultado de dicho mercado interior y mediante otras formas de cooperación, como la cooperación científica. 
Sin embargo, con respecto a una política común europea en materia de residencias, mi respuesta es: no gracias. 
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros necesitan prestar especial atención a la asistencia sanitaria y, en particular, a la atención a las personas mayores, porque la salud constituye un derecho humano fundamental y social reconocido por la legislación internacional y nacional. 
Por lo tanto, es importante conceder absoluta prioridad a las políticas y medidas basadas en un planteamiento integrado, con el objetivo de promover la sanidad, garantizar la prevención primaria, eliminar los riesgos sanitarios, incluir un elevado nivel de protección sanitaria, y que defina y ejecute políticas sectoriales destinadas a eliminar las desigualdades sanitarias. 
También vale la pena señalar la estrecha relación existente entre medidas socioeconómicas y sanitarias, particularmente en los ámbitos del empleo, la vivienda, educación, transporte, distribución de ingresos y bienestar social. 
El hincapié que se hace en las políticas monetarias, en conceder prioridad a la convergencia nominal y en mantener los cuadriculados criterios del Pacto de Estabilidad, está conduciendo y sirve de justificación a políticas sociales restrictivas. Por otra parte, está teniendo un efecto negativo sobre las políticas sanitarias públicas y sobre la asistencia sanitaria para las personas mayores, como ha quedado patente en Portugal. 
La comunicación de la Comisión sobre este tema, que es acogida con satisfacción en el informe a pesar de algunas críticas ocasionales, es indicativa de las contradicciones existentes en las políticas sociales. 
A pesar de las declaraciones destinadas a defender la calidad y accesibilidad de la asistencia sanitaria, se concede demasiada prioridad al objetivo de conseguir la sostenibilidad financiera, con el fin de establecer un mercado interior de productos y servicios sanitarios. Esto podría provocar la liberalización y privatización de un servicio público esencial, como es sin duda el sanitario, y resultar finalmente perjudicial para la igualdad de acceso a servicios sanitarios de alta calidad. 
Esta es una postura insostenible y es el principal motivo por el que pretendemos rechazar el informe que tenemos ante nosotros, si no se revisa este punto clave y si las enmiendas que vamos a presentar no son aprobadas. Estas enmiendas defienden unos servicios sanitarios de mejor calidad, seguridad y solidaridad, y proponen nuevos medios para financiar los planes de jubilación legales, con la intención, en particular, de extender las cotizaciones sociales a todos los ingresos, a un tipo idéntico al aplicado sobre los sueldos y salarios. 
Por lo tanto, el desafío sigue siendo el de conseguir cierta coherencia entre los que dicen que están dispuestos a defender la asistencia sanitaria y la atención a las personas mayores. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la oportunidad de celebrar un debate sobre este informe, sobre lo que constituye una cuestión importante para todos nuestros países. 
Doy las gracias al Sr. Mantovani por su trabajo. 
La atención de las personas mayores en toda Europa será uno de los principales desafíos a los que se enfrentarán los Estados miembros en el futuro. 
Sin embargo, como ya se ha dicho, la organización de la asistencia sanitaria es un tema reservado para los Estados miembros, aunque no pueden hacerlo solos. 
Por este motivo mi grupo acoge con satisfacción la cooperación sugerida por la Comisión, en términos de intercambio de información y de las mejores prácticas, así como de desarrollo de criterios de calidad comunes. 
Las prestaciones y los sistemas de financiación actuales para la atención de las personas mayores son muy diferentes en toda Europa, que van desde una atención completa y gratuita en la que los riesgos financieros son soportados por toda la población, hasta la financiación estatal a modo de red de seguridad de último recurso. 
Elaborar comparaciones y analizar los sistemas sanitarios dentro de los Estados miembros podría suponer una forma válida de subrayar soluciones acertadas. 
Acojo con satisfacción la referencia que hace el informe del Sr. Mantovani a la asistencia social y a la asistencia sanitaria, dado que la combinación de ambas resulta un elemento esencial para el bienestar de las personas mayores. 
Si los responsables de la política sanitaria y social adoptaran un planteamiento que fuese verdaderamente para toda la vida, con el fin de prevenir la enfermedad y la discapacidad, y que considerase la prevención y promoción sanitaria como la piedra angular de una «política previsora» , en palabras del informe, no sólo mejoraría la salud, sino que también se reducirían costes. 
La reducción de costes no sería temporal ni a corto plazo, sino a largo plazo. 
Por ejemplo, sabemos que las mujeres mayores y las personas de las zonas rurales sufren mayores niveles de pobreza. 
En mi circunscripción de Gales, tres de cada cinco personas mayores viven en la pobreza. 
La mayoría de los pensionistas dependen totalmente de su pensión estatal o de otros subsidios estatales, que son sus únicos ingresos. 
Hay más gente con enfermedades de larga duración en Gales que en Inglaterra o Escocia. 
Estos hechos no son casuales. 
Algunos métodos de prevención sanitaria y detección temprana de enfermedades son esenciales. 
No menos importante es un enfoque de múltiples organismos para coordinar la atención, y un planteamiento multisectorial a la hora de elaborar políticas, con el fin de incluir las consideraciones sociales, de desempleo, medioambientales y económicas, y la necesidad de implicar a los usuarios y a sus familias. 
Las personas mayores desempeñan un papel muy importante en nuestra sociedad. 
Los conocimientos de toda una vida, la comunicación entre generaciones, el voluntariado y otras cuestiones similares, en las que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha trabajado mucho, están intrínsecamente relacionadas con este debate. 
El hecho de intentar establecer un mercado libre para la asistencia y el tratamiento, y armonizar los sistemas de atención sanitaria tiene sus peligros. 
Satisfacer las exigencias del Pacto de Estabilidad, proporcionando al mismo tiempo la financiación necesaria para los servicios sociales, de bienestar y sanitarios, constituye un importante desafío. 
La atención sanitaria, como ya he dicho anteriormente, es responsabilidad de los Estados miembros. 
Las referencias de este informe a un mercado interior de servicios y productos sanitarios refleja la tendencia a la liberalización. 
Como ya hemos visto en innumerables ocasiones y como vemos en la iniciativa de financiación privada de los servicios sanitarios del Reino Unido, la privatización no mejora los servicios ni reduce los costes, sino que provoca mayores listas de espera, peores niveles de atención y escasez de personal. 
Mi Grupo cree que la asistencia sanitaria y la atención de las personas mayores es demasiado importante como para ponerla en peligro con la privatización y con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). 
La igualdad de acceso debe constituir el punto central de este informe y una de las principales cuestiones de este debate. 
Esto significa acceso a la asistencia para todos y garantizar un suministro local de servicios. 
El GATS lo pone en peligro. 
Por lo tanto, quiero pedir su apoyo a la enmienda 6, y realizar un llamamiento para que los servicios sanitarios y de atención se excluyan del GATS, garantizando que las excelentes propuestas realizadas por el Sr. Mantovani- que espero que sean aprobadas mañana por el Parlamento- puedan ser ejecutadas y que se garanticen los servicios a las personas mayores a largo plazo. 
Señor Presidente, al igual que mis colegas, quiero felicitar y agradecer al ponente, el Sr. Mantovani, por su trabajo, y dar las gracias también a la Comisión por presentar la propuesta. 
La asistencia a las personas mayores y débiles es un desafío al que nos enfrentamos todos y desafortunadamente al que tendremos que enfrentarnos nosotros mismos en un momento de nuestras vidas. 
Según cómo ofrezcamos asistencia y servicios a las personas, así se nos juzgará. 
La asistencia sanitaria y atención a las personas mayores, aunque es una parte importante del sistema sanitario en general, no representa necesariamente la totalidad del sistema sanitario. 
El informe tiende a asumir que las cuestiones relacionadas con la asistencia sanitaria de las personas mayores son aplicables al sistema sanitario en su conjunto. 
En mi país, Irlanda, se está llevando a cabo un estudio detallado sobre la financiación de la asistencia a largo plazo para las personas mayores. 
Estoy ansioso por examinar las propuestas políticas que planteará. 
En el informe se presta especial atención a satisfacer las necesidades de asistencia a largo plazo, reducir los recursos innecesarios para la asistencia institucional y aumentar las posibilidades de elección del consumidor. 
En Irlanda tenemos una política sanitaria muy activa, para ofrecer a las personas mayores una calidad de vida mejor. 
Las implicaciones de las enmiendas 1 a 6 van en contra de esta política. 
Puedo apoyar las enmiendas 7 a 11 sobre la sustitución de «método abierto de cooperación» por «cooperación». 
Por otra parte, en el ámbito de la financiación privada para los servicios sanitarios, debe existir un elemento de compensación de riesgos por el que, si se introduce un seguro privado para el sistema de atención sanitaria, éste tendría que asumir el mismo riesgo que los seguros existentes o el Estado, lo que significa cubrir a todas las personas y a todos los sectores de la sociedad. 
Hemos venido desarrollando nuestra propia estrategia sanitaria, que incluye pagos y subsidios para los cuidadores, incluidos los cuidadores que se encargan de dos o más personas. 
Otro aspecto que quiero destacar es el cambio de función de la familia y la comunidad. 
Debemos asegurarnos su apoyo para permitir a las personas permanecer con sus familias y en sus comunidades locales tanto tiempo como sea posible. 
Con respecto a la atención y la asistencia a las personas mayores, eso significará utilizar nuevas tecnologías y nuevos métodos para garantizar que cuenten con medios independientes de vida y que puedan participar plenamente en su comunidad. 
Todos los Estados miembros se han enfrentado a los mismos problemas comunes: cómo hacer frente al impacto del envejecimiento demográfico o a los sistemas de atención sanitaria y a los gastos; cómo utilizar las nuevas tecnologías en beneficio de las personas mayores; cómo garantizar unas mejores condiciones y calidad de vida para las personas mayores. 
Compartir información en estos ámbitos sólo puede resultar beneficioso. 
Me gustaría también felicitar a mi colega, el Sr. Mussa, por su trabajo en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor al encargarse de cuestiones que no habían sido totalmente abordadas en la propuesta de la Comisión, concretamente la formación de los profesionales sanitarios, enfermeras y todos los implicados en la asistencia profesional específica para las personas mayores. 
Estas cuestiones ya han sido incluidas en el informe por el Sr. Mantovani. Es un cambio positivo. 
Existen muchas organizaciones que quieren trabajar ayudando a las personas mayores. 
Este año 2003 es el año dedicado a los discapacitados. 
Hay muchas personas mayores que también padecen discapacidades. 
Debemos asegurarnos de no estar sólo pendientes de los discapacitados este año, sino también de prestar especial atención a quienes no pueden hablar por ellos mismos, que son, en su mayor parte, las personas mayores discapacitadas. 
Sr. Señor Presidente, en primer lugar, voy a redundar en los agradecimientos y las felicitaciones de otros colegas a la Sra. Comisaria y al ponente, Sr. Mantovani, porque creo que, efectivamente, ha sido una excelente idea elaborar una comunicación sobre las necesidades de la asistencia sanitaria y de la atención a las personas mayores. 
Señora Comisaria, abrir este debate es coherente con el conjunto de preocupaciones de la Cámara sobre las necesidades de las personas mayores, y es muy interesante que el informe del Sr. Mantovani haya conseguido un consenso tan amplio sobre unas ideas muy importantes. 
Soy de los que creen que la dignidad de una sociedad se mide básicamente por la dignidad con la que trata a las personas mayores; también creo que los temas relativos a la salud, más que tema de mercancía, son un asunto de derechos. 
Afortunadamente, el informe del Sr. Mantovani y las enmiendas que, según espero, aprobaremos mañana y otras que rechazaremos- espero- van a subrayar estos elementos, que son fundamentales para el futuro de Europa. 
Celebro que vaya en esa línea, que subraye los elementos de coordinación a los que se ha referido la Comisaria, que mantenga un método de coordinación abierto, y espero que esto sea el principio de una reflexión más amplia, para que llegue también a otros elementos de nuestra sociedad. 
Como la Comisión ha dicho en alguno de sus documentos, Europa- a pesar de sus grandes avances y de haber incrementado sus índices de calidad de vida y de esperanza de vida en las últimas décadas- todavía tiene problemas como, por ejemplo, que uno de cada cinco ciudadanos muere prematuramente; los nuevos riesgos; las desigualdades y diferencias en temas de salud ,... 
Estos problemas no son exclusivos de las personas mayores, sino que son problemas y asuntos del conjunto de los ciudadanos europeos, que nos están interpelando a nosotros, a los políticos, a la Convención Europea, para que abordemos definitivamente Europa como un espacio donde puede haber competencia pero donde tiene que haber también cooperación y solidaridad. 
Los ciudadanos europeos nos lo están pidiendo para asuntos fundamentales de su vida como la salud y la sanidad. 
Por tanto, espero que este método de coordinación abierta, esta aproximación detallada y exhaustiva a las necesidades sanitarias- pero también sociales y de humanización de la vida de los ancianos- a estos problemas, se extienda en futuras comunicaciones. 
Espero que tengamos nuevos instrumentos para que Europa no sólo sea un mercado, sino también un conjunto de derechos y una esperanza, que es lo que nos está pidiendo la opinión pública. 
El futuro de la atención a las personas mayores no debe reducirse a una preocupación sectorial, o incluso simplemente humanista, y mucho menos a pensamientos puramente financieros o preocupaciones relativas a la sostenibilidad financiera. 
Estas generaciones constituyen un activo para la sociedad moderna, ¿sí o no? 
Nuestras sociedades tienen los medios para ofrecerles un futuro decente, suficientes medios para la atención, y una jubilación de alta calidad adecuada a nuestros tiempos, ¿sí o no? 
Mi respuesta es sí, un rotundo sí. 
Actualmente, en Francia el 40% de la población jubilada recibe menos de 1 000 euros al mes. 
Las estadísticas indican que para 2005, el 30% se aproximará a la línea de la pobreza. 
Así pues, sí, es preciso revisar la financiación de la protección social. 
El problema es determinar los principios de acuerdo con los que se hará. 
Formular preguntas acerca del futuro de la jubilación y la atención equivale por lo tanto a elegir opciones sociales. 
¿Cómo podemos enfrentarnos a las causas de la deuda, cómo podemos incrementar el número de personas participantes en el esfuerzo de solidaridad nacional? 
¿Combatiendo el desempleo mediante políticas de empleo o realizando despidos y cerrando empresas? 
También quiero expresar mi oposición, como ya han hecho otros, al apartado c del artículo 10 del informe en particular, que defiende, y cito textualmente, «la creación de un mercado interior de servicios y productos sanitarios». 
Esto abriría el camino a la actitud que mantienen los fondos de pensiones, que están más interesados en obtener una cuota de mercado que en cualquier tipo de política sanitaria. 
Personalmente no puedo imaginar que la atención se distribuya de acuerdo con el presupuesto. 
¿No existe ya un riesgo cuando, por ejemplo, en el Reino Unido la diálisis ya no se financia cuando se superan los 75 años? 
Por otra parte, estoy convencida de que los subsidios sociales como los del sistema de pensiones francés, deberían reforzarse. 
En Francia, siete sindicatos han pedido esto recientemente. Su plataforma conjunta demanda pensiones de calidad. 
También convocan manifestaciones en todo el país para el 1 de febrero. 
Finalmente, contamos con los recursos para garantizar un elevado nivel de las pensiones. 
Tal y como recomienda una de las enmiendas presentadas por mi Grupo, tenemos que analizar nuevas formas de financiar los sistemas legales de jubilación, en particular extendiendo las cotizaciones sociales a todos los ingresos, aplicando los mismos tipos que a los salarios. 
Para terminar, quiero expresar mi total oposición al incremento de la duración de la vida laboral en Francia y en Europa, tal y como recomendó el Consejo Europeo de Barcelona. 
Señor Presidente, como persona cada vez más encanecida estoy especialmente interesada en este debate, al igual que otros diputados de esta Cámara. 
Estoy un tanto inquieta por el tono del mismo. 
Me gustaría creer que verdaderamente se trata de la prestación de asistencia universal de alta calidad en diversas situaciones y circunstancias, pero no cabe duda de que ese no es el tono del debate, dado que a menudo se repite en muchos de nuestros Estados miembros, donde parece que el único fin es averiguar cómo podemos reducir costes y recaudar dinero para hacer provisiones. 
Como han dicho otros, esa no es la única manera en que deberíamos plantearnos este tema, si es que debemos planteárnoslo de esa manera. 
Una forma de mejorar la situación es pagar salarios razonables a un personal cualificado y bien formado. 
Sé que la atención no médica es una de las áreas de mayor crecimiento, en términos de creación de empleo. 
Sin embargo, con demasiada frecuencia está muy mal pagada, normalmente son puestos ocupados por mujeres, mujeres inmigrantes, y a menudo resulta difícil contratar personal. 
Se trata, sin duda, de un ámbito en alza para las agencias de trabajo temporal del Reino Unido. 
Sin embargo, esos trabajadores son tratados como si fuesen una especie de mercancía desechable y como si el trabajo no fuese cualificado, cuando esta asistencia es extremadamente cualificada y estresante. 
También hemos de tener en cuenta las implicaciones de la actual política de empleo, que no sólo fomenta, sino que también empuja activamente a más personas, especialmente mujeres, a trabajar y a abandonar la función de asistencia que debería haber realizado o el trabajo de voluntariado que podría haber realizado. 
No estoy diciendo que habría que obligar a las mujeres a permanecer en casa. 
Sin embargo, significa que debemos prestar especial atención a la ayuda financiera y social para los cuidadores, que debería reflejar los costes mucho mayores que, de no ser por ellos, la sociedad tendría que soportar. 
También tenemos que reconocer que los cuidadores que trabajan necesitan que se prevean permisos para ausentarse del trabajo, no sólo para los padres. 
Debemos atender a las necesidades de empleo de los cuidadores. 
Me satisface decir que la igualdad de financiación se está utilizando para uno de estos proyectos al menos, en el que está implicado el Reino Unido. 
Algunas de mis otras preocupaciones también se centran en el problema de la discriminación en la prestación de atención sanitaria para las personas mayores. 
Esto se observa en bastantes Estados miembros. 
Se trata de un aspecto de comparación entre Estados miembros muy útil y podría, en algún momento, formar parte de otra directiva horizontal para el artículo 13. 
Hemos mencionado en el debate la cuestión de unos ingresos inapropiados para las personas mayores. 
Me satisface mucho que el párrafo 7 del informe del Sr. Mantovani, citando a la Organización Mundial de la Salud, hable acerca de un mejor servicio sanitario en una sociedad igualitaria, más cohesionada socialmente y con menor carga de privaciones relativas. 
La gente ha planteado la cuestión del mercado interior en atención sanitaria, no sólo en términos de tratamiento transfronterizo, sino que, a juzgar por el correo que recibo, la capacidad para transferir pensiones de invalidez y subvenciones de cuidadores más allá de las fronteras, de conformidad con el Reglamento 1408/71, también se acogería con satisfacción. 
También es una cuestión de proveedores de servicios transfronterizos y de incrementar la provisión de proveedores de terceros países. 
Como ha dicho la Sra. Evans, todavía no está claro qué impacto tendrá la futura negociación relativa al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) sobre la provisión de servicios ni qué aspectos de la atención sanitaria u otro tipo de asistencia a las personas mayores se incluirá en alguna oferta de debate de la Unión Europea de conformidad con los acuerdos de la OMC. 
Sin duda, la opinión de mi Grupo es que esos servicios no deberían incluirse. 
También es evidente que en algún momento necesitaremos un marco para la responsabilidad transfronteriza de los proveedores de servicios. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Crowley en el tema de la igualdad de riesgos en el sector privado, para evitar que «picoteen» en lo que es rentable. 
También tenemos que tener en cuenta, tanto dentro como fuera de la Convención, hasta qué punto la atención sanitaria y la asistencia general son servicios de interés general y si el acceso universal y asequible debería garantizarse en los Tratados de la Unión Europea. 
Tenemos que continuar analizando qué son bienes o servicios en el ámbito de la atención sanitaria y otro tipo de asistencia. 
Sé que Dinamarca ya ha introducido una legislación al respecto. 
Este sería otro ámbito de comparación útil en un método abierto de coordinación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, este informe es bueno, la propuesta de la Comisión es positiva y, aunque a usted, señora Comisaria, se le puede dar las gracias por ello, permítame un comentario. 
Encontré en el informe la palabra «Überalterung». No sé lo que significa en griego, en inglés o en cualquier otra lengua, pero en alemán supone una discriminación bastante ofensiva de las personas mayores, o, como dice la palabra en cuestión, a los sobreenvejecidos. 
Cuando una ya no es tan joven y tan bella como usted, sino que, como me sucede a mí, ha cumplido setenta primaveras, ese tipo de cosas provocan una enorme angustia. 
Permítannos al menos dejar de utilizar estas absurdas expresiones acerca del sobreenvejecimiento o la geriatrización de Europa. 
A pesar de que se puede ver en todos los medios de comunicación, sencillamente no es cierto. 
Nunca ha habido tanta gente viva en Europa como actualmente y nunca antes ha habido una esperanza de vida como la actual. 
Hace tan solo 150 años, la esperanza media de vida estaba en torno a los 40 años y ahora es de 80. 
Cualquier niña nacida hoy tiene la oportunidad de vivir cien años. 
Actualmente, las personas tienen la suerte de poder, por fin, vivir hasta una edad que en realidad siempre ha sido genéticamente posible. 
Entiendo que sencillamente usted no se había dado cuenta de esto. 
Por favor, dejen de hablar de que la gente está sobreenvejeciendo. 
Permítame otro comentario. 
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor presenté numerosas enmiendas y todas ellas fueron aprobadas. 
Estoy muy satisfecha de ello. Hay una enmienda de la que estoy particularmente orgullosa, señora Comisaria, y tengo especial interés en comentarla. 
Tiene que ver con algo que representa una magnífica adición a lo que ya se ha conseguido en términos de política social y familiar- remuneración continuada durante una semana al año, en el caso de que una persona se quede en casa para cuidar a un familiar cercano, es decir, un padre o un abuelo, que haya enfermado. 
Así lo establece la legislación austriaca, por lo que cualquier persona trabajadora puede quedarse en casa durante una semana al año para cuidar de sus familiares mayores. 
Creo que es fantástico que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor haya aprobado esta enmienda. 
Espero que hagamos lo mismo en la votación de mañana. Señora Comisaria, le encomiendo este asunto. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el trabajo de la Comisión Europea, del ponente, al que doy las gracias, y de nuestro Parlamento, cuyos representantes han hablado esta tarde, se basa en dos hechos fundamentales. 
Un hecho muy positivo: la esperanza de vida humana está aumentando constantemente, mientras que los signos externos del envejecimiento están disminuyendo de forma notable. 
Otro hecho, que preocupa seriamente a los economistas y, en particular, a todos los que mantienen responsabilidades presupuestarias: este incremento de la esperanza de vida supone también un incremento de las necesidades sanitarias y de atención, cuyos costes también están aumentando y subirán considerablemente en los próximos años. 
Por lo tanto, a menos que pensemos que el mercado único y la libre competencia solucionarán todos los problemas a este respecto también, deberemos estar preparados para realizar importantes esfuerzos financieros en términos de contribuciones e impuestos, que sin duda tendrán que distribuirse equitativamente, con el fin de garantizar un elevado nivel de atención para todos. 
Algunos, que están bastante equivocados, lo niegan. 
Otros lo consideran lamentable; yo considero lamentable su opinión, porque ellos también se harán mayores algún día. 
Finalmente, otras personas, entre las que me incluyo, piensan y dicen que debemos coger el toro por los cuernos. 
Es la única manera de evitar que las vidas más largas no sean más que una muerte aplazada y de garantizar que esta prolongación represente la continuación de una vida auténtica, sin olvidar que la experiencia también es un factor de progreso. 
Esto exige servicios y atención de calidad, adaptados a cada situación, para lo que se necesita una investigación pública de nuevos medicamentos y tratamientos, cambios de mentalidad, diferentes prioridades para nuestra sociedad y, en particular, presupuestos públicos que satisfagan nuestras necesidades. 
Ahora que estamos comenzando un nuevo milenio, señor Presidente, todos sabemos, y algunos, incluso algunos de nosotros, lamentamos estar tan lejos de haber cumplido todas estas condiciones y criterios. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero comenzar felicitando al Sr. Mantovani por su excelente informe, que destaca la necesidad de garantizar el derecho de las personas a una protección de alta calidad frente a los riesgos sanitarios y la pérdida de independencia, así como la importancia de garantizar que ese derecho refleje los desafíos de nuestros tiempos y, en particular, la tendencia demográfica al envejecimiento de la población. 
Ese fenómeno es el resultado de las bajas tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, especialmente entre las mujeres. 
En menos de una década, entre 1990 y 1999, el número de mujeres mayores de 65 años aumentó casi un 3%. 
Los efectos del envejecimiento de la población se están dejando notar en diversos ámbitos. 
En Portugal, por ejemplo, si tenemos en cuenta el grupo de la población activa, una mayor longevidad entre las mujeres ha provocado que desde 1995 el número de mujeres mayores haya sido superior que el de mujeres jóvenes. 
Al mismo tiempo, el incremento del número de personas mayores está imponiendo una mayor carga sobre los servicios sanitarios y sociales. 
El asunto al que nos enfrentamos es sencillo e intuitivo. No se puede decir que la sociedad esté progresando si una mayor esperanza de vida no va unida a una mejora de la calidad de vida. 
Por lo tanto, el gran desafío para nosotros es el de conseguir un alto nivel de satisfacción entre las personas mayores con respecto a su calidad de vida, manteniendo al mismo tiempo controlados los costes que esto implica. 
Esto conllevará inevitablemente demandas de financiación pública, que es parte fundamental del gasto en sanidad de todos los Estados miembros. 
Incluso en Grecia, el país en el que menos contribuye la financiación pública a los servicios sanitarios, la cifra es cercana al 56%, aumentando hasta el 84% en el Reino Unido. 
El envejecimiento de la población tendrá un impacto considerable sobre los presupuestos, que a su vez incrementarán el gasto público. 
Por lo tanto, los sistemas de asistencia sanitaria de la Unión Europea deberían perseguir el objetivo de ser simultáneamente accesibles, de alta calidad y sostenibles desde el punto de vista financiero. 
Cada Estado miembro es responsable de la organización y financiación de su propio sistema de protección social. 
Sin embargo, esta responsabilidad se está ejerciendo cada vez más en un contexto general que afecta a diversas políticas comunitarias. 
Por este motivo, como ya se ha mencionado, el Consejo Europeo de Barcelona subrayó la necesidad de establecer y desarrollar una cooperación más estrecha entre los Estados miembros en el ámbito de la protección social, los intercambios de buenas prácticas e información, investigación, el establecimiento de indicadores y estándares comunes, y el desarrollo de servicios sanitarios y sociales para las personas mayores. 
Finalmente, creo que la Presidencia griega debería examinar la estrategia y el programa de acción de la Comunidad Europea en el ámbito de la sanidad pública, con el fin de que el próximo Consejo Europeo que se celebrará en primavera apruebe el uso del método abierto de coordinación y un calendario preciso para la cooperación entre los Estados miembros. 
Señor Presidente, nosotros no votaremos a favor de este informe, porque el ponente insiste en la necesidad de la sostenibilidad financiera, lo que básicamente significa que tenemos que limitar el nivel de gasto por adelantado. 
Sin embargo, además de eso, ¿cómo podemos hablar sobre el futuro de la sanidad y la atención a las personas mayores sin plantear el problema de las pensiones? 
Con el pretexto de la modernización, numerosos gobiernos de la Unión están atacando cada vez más a las pensiones y a los actuales y futuros pensionistas. 
En Francia, sólo en los últimos quince años, tras varias reformas, el nivel de las pensiones ha descendido un 30%. 
Así pues, ¿cómo podrían los pensionistas de la clase trabajadora, que, incluso como empleados, percibían unos salarios insuficientes, soportar esta permanente reducción de su poder adquisitivo sin que esto afectase a la calidad de su asistencia sanitaria y atención? 
El informe hace hincapié en la prevención. 
Sin embargo, el primer paso de la prevención consiste en garantizar unas condiciones de vida aceptables para los pensionistas. 
No sólo debemos detener la reducción del nivel de las pensiones, sino también garantizar que, para todas las personas que han trabajado toda su vida, la jubilación no signifique una reducción de su poder adquisitivo. 
No debemos aceptar que se nos diga que esto es imposible y que el ratio de población activa frente a población no activa no lo permite. 
El problema no es este coeficiente de población activa y población no activa, sino el coeficiente de los elevados beneficios de las grandes empresas y los ingresos en constante aumento de las clases más acomodadas frente a los ingresos en constante descenso de los empleados, no sólo como trabajadores, sino también como pensionistas. 
Con el fin de garantizar la dignidad de los pensionistas, debemos acordar la reducción de estos beneficios o ingresos de las clases acomodadas. 
Muchas gracias, señor Karas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 11.07 horas) 
Afganistán, un año después del Acuerdo de Bonn 
De conformidad con el orden del día, procedemos a las Declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre Afganistán, un año después del Acuerdo de Bonn. 
Tiene la palabra el Sr. Yiannitsis, Presidente en ejercicio del Consejo. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, hace ahora un año que se firmó el Acuerdo de Bonn de 2001 y si volvemos la vista atrás para ver lo que se ha hecho y lo que todavía queda por hacer para garantizar que se aplica en su totalidad, me gustaría hacer hincapié en el hecho de que este Acuerdo puso los cimientos de un estado afgano nuevo y moderno y que existen motivos para mostrarse satisfechos de manera reservada con los avances realizados hasta la fecha. 
Una vez establecida una autoridad y una administración provisional, se acordó una Loya Jirga de emergencia y se eligió un presidente. 
Se creó una comisión jurídica y una comisión independiente de derechos humanos. 
Se ha creado un banco central y se ha introducido una divisa nacional. 
Se ha creado una comisión de redacción predecesora de una comisión constitucional. 
Se ha aprobado una propuesta para conseguir un marco de trabajo de desarrollo nacional que será empleado como directriz para reconstruir y mejorar la situación del país. 
El presidente Karzai ha emitido un decreto por el que se crea un ejército nacional afgano, lo cual supone un paso importante hacia la propiedad afgana en el ámbito de la seguridad y la estabilidad. 
El 22 de diciembre de 2002, Afganistán y sus seis vecinos firmaron la declaración de Kabul relativa a las relaciones pacíficas entre vecinos, por la que acordaron no interferir en los asuntos internos particulares de cada uno, un hecho que contribuirá en gran medida a fomentar la paz y la estabilidad de la región. 
En términos generales, podemos decir que el presidente Karzai y la administración transitoria afgana han obtenido resultados importantes y que el proceso de Bonn se encuentra en el buen camino. 
Durante la Conferencia de Petersberg del 2 de diciembre en la que se reafirmaba el compromiso de apoyar el Acuerdo de Bonn sobre Afganistán y se inyectaba un nuevo impulso a los esfuerzos dirigidos a reconstruir el país, se emitió una declaración en la que se hacía una clara referencia a los objetivos y la agenda para aplicar el Proceso de Bonn, introducir una nueva constitución y celebrar elecciones en el año 2004. 
Sin embargo, tanto la administración transitoria afgana como la comunidad internacional todavía se enfrentan a muchos retos que quedan por alcanzar entre ahora y entonces. 
A lo largo de los últimos seis años se han acometido una serie de reformas, se ha conseguido una reconstrucción visible y una restauración limitada del equilibro de poder tanto en el ámbito de la administración central como entre ésta y las regiones. 
Se necesitan avances en estos sectores con el fin de impulsar la confianza del pueblo afgano que es la clave para obtener el apoyo de la administración. 
La idea principal que yacía bajo el Acuerdo de Bonn era que los acuerdos provisionales deberían basarse en estructuras religiosas, nacionales, locales y tradicionales de Afganistán. 
Y cualquier esfuerzo debe realizarse con el fin de garantizar que existe una representación clara, de conformidad con las normas introducidas por la administración central. 
Por tanto, la administración tendrá que introducir un orden más riguroso en los próximos meses, contener las hostilidades y mejorar el funcionamiento de las instituciones porque, de no ser así, se corre el riesgo de decepcionar a la población y de que, en consecuencia, se rebelen contra la administración central, cejando en sus esfuerzos por cumplir las exigencias de la comunidad internacional y poniendo en peligro los esfuerzos realizados para conseguir los objetivos del Acuerdo de Bonn. 
La administración se encuentra fragmentada por definición, puesto que sus miembros provienen de todas las partes del país, de modo que es fundamental que se consoliden sus esfuerzos y se agilice el proceso de reconstrucción del país. 
Una forma de apoyar a la administración central es garantizar que cualquier ayuda se canaliza a través de ella, con lo que se reafirmará su autoridad en todo el país y se asegurará que los países vecinos y los líderes locales se encuentran a bordo. 
La seguridad sigue siendo una prioridad y consideramos que debería alentarse a todos los grupos afganos a que solucionen sus diferencias de una forma pacífica. 
Compartimos la opinión del pueblo afgano que piensa que, mientras exista un estado de inseguridad, todavía no se ha alcanzado el nivel de progreso esperado. 
También debería ser una prioridad la reconstrucción de la economía del país. 
Las autoridades afganas necesitan trabajar en colaboración con el Fondo Monetario Internacional e introducir un marco de trabajo monetario y macroeconómico cohesivo y eficiente dentro del que pueda fomentarse un desarrollo económico estable y puedan invertirse las contribuciones de los donantes. 
Como parte de este aspecto, necesitamos alentar a los donantes de Tokio para que hagan posible que los fondos prometidos se encuentren disponibles a través del presupuesto nacional para la inversión presentado por la administración afgana. 
Por supuesto, la ayuda de la Comunidad a Afganistán seguirá ofreciéndose en los términos dictaminados por los valores y principios básicos a los que nos subscribimos como miembros de la sociedad occidental. 
Nuestros términos se dirigen a conseguir los objetivos del Acuerdo de Bonn y, por extensión, a garantizar que todas las partes de Afganistán cumplen con el procedimiento establecido para conseguir la paz, un Gobierno representativo y la estabilidad, condenar a los terroristas y detener la producción ilegal y el tráfico de estupefacientes. 
La ayuda comunitaria debe dirigirse a la reconstrucción de una nación estable, a la mejora de las provisiones y al apoyo al retorno de los refugiados y exiliados. 
Si los valores democráticos, el pluralismo y el respeto de los derechos humanos (incluidos los derechos de las mujeres) no se refuerzan, en Afganistán no puede producirse un desarrollo social ni político. 
Estamos animando a la administración transitoria afgana, en colaboración estrecha con la comunidad internacional, para que establezca parámetros y calendarios comprobables para asegurar que el Acuerdo de Bonn se aplica en su totalidad. 
El Consejo ya ha manifestado su reconocimiento al papel que Turquía ha asumido como nación líder como fuerza internacional para el mantenimiento de la paz y nos gustaría elogiar a Alemania y a los Países Bajos por aceptar hacerse cargo de la ISAF durante los próximos seis meses. Les deseamos lo mejor en esta difícil misión. 
Me gustaría reiterar el compromiso de la Unión Europea, en cooperación con las Naciones Unidas, de contribuir a eliminar la producción ilegal y el tráfico de estupefacientes a través de la implementación acelerada de programas de reconstrucción, incluidas las áreas de cultivo del opio, el desarrollo de instituciones para la aplicación de la ley y el ofrecimiento de una forma de subsistencia mejor para la población local. 
Si Afganistán va a conseguir la categoría de estado moderno, necesita reformar el ámbito de la seguridad, así como el administrativo, el judicial, el financiero y el social. 
Acogemos con agrado el hecho de que se haya creado una comisión para la redacción de la constitución con la que se modernizará el sistema jurídico y se protegerán los derechos humanos. 
Sin embargo, observamos que la comisión de la administración pública todavía no está funcionando plenamente. 
La Unión Europea tiene el compromiso de colaborar con la labor de dichos organismos. 
Es preciso reforzar la comisión jurídica si se quiere que mejore el sistema de procedimientos. 
Recibimos con agrado la contribución que Italia hizo aquí al organizar la conferencia sobre el sistema jurídico afgano en Roma el pasado mes de diciembre. 
Necesitamos calendarios y puntos de referencia para garantizar que las disposiciones del acuerdo de Bonn se aplican. 
La activación de la comisión para la redacción de una constitución y aprobar una ley electoral de forma que puedan celebrarse elecciones en junio de 2004 son ahora prioridades inmediatas y la presidencia seguirá realizando un seguimiento de estos aspectos a través del representante especial de la Unión Europea en Afganistán. 
El año 2003 será fundamental para Afganistán y probablemente decidirá cuál será la forma futura del país. 
A lo largo de 2003, el Presidente Karzai tendrá que impulsar las reformas necesarias para obtener una reconstrucción y una reestructuración rápidas, reducir el poder de los líderes locales, redactar una constitución funcional y moderna basada en los principios de una administración honrada, acordar una Loya Jirga constitutiva e iniciar los preparativos para unas elecciones en el año 2004, de forma que el pueblo afgano pueda ser consciente de sus aspiraciones a la paz y al progreso de Afganistán y determinar su propio futuro sin violencia ni miedo. 
Hemos reiterado el compromiso continuo de la Unión Europea de ofrecer una contribución sustancial a la reconstrucción de Afganistán. 
Por último, déjenme recordarles que, en sus conclusiones del 4 de diciembre, el Consejo invitó al Alto Representante y al representante especial de la Unión Europea, el Sr. Vendrell, a que siguieran de cerca la aplicación de los compromisos de Petersberg y a que, en cooperación con la Comisión, realizaran recomendaciones para emprender medidas a las que la Unión Europea pudiera comprometerse en apoyo a la administración transitoria afgana. 
Señor Presidente, de entrada permítame felicitar al Ministro griego por asumir la Presidencia. 
Estamos seguros de que serán seis meses muy efectivos y llenos de aciertos. 
El Presidente ha comentado hoy que nuestro objetivo debe ser que Afganistán se convierta en un Estado moderno. 
Los derechos de las mujeres son cada vez más motivo de preocupación, puesto que no mejoran, sino que empeoran. 
Cubrirse el rostro se ha convertido en una obligación en muchas partes del país y existen grandes restricciones para el desplazamiento de mujeres. 
La virginidad se examina al antojo de la policía y las mujeres son arrastradas a los hospitales para ser examinadas físicamente. 
Dicho de otro modo, las mujeres están volviendo a su tradicional papel de subordinación, convertidas en propiedad del varón. 
El Comisario ya ha comentado que se abusa de los derechos de las mujeres en determinadas zonas del país, pero tengo que decir que se trata de algo que también está sucediendo en el ámbito del Gobierno central. 
Ahora se ha prohibido a las mujeres que puedan ser presentadoras de radio o televisión, algo que algunas de ellas estaban haciendo con gran éxito. 
Estoy segura de que las mujeres periodistas también se encuentran presionadas en los medios escritos. 
Ya se ha comentado la escasa representación de las mujeres, pero les pediría que recordaran la famosa Loya Jirga, cuya composición era masculina prácticamente en su totalidad. 
Cuando el Viceministro de Sanidad visitó hace poco la Comisión Europea, se trataba del Viceministro varón, el Dr. Feroz, pero no vino la Ministra de Sanidad, la única mujer Ministra. 
El 40% de todas las instalaciones sanitarias no cuentan con una sola mujer en ningún ámbito de su personal, mientras que, sin embargo, en todo el mundo son las mujeres las principales responsables de todos los aspectos de la sanidad familiar. 
El término Afganistán se traduce correctamente por «tierra de dolor y sufrimiento». 
Para las mujeres de Afganistán se está convirtiendo, una vez más, en la tierra del dolor y el sufrimiento más profundo. 
Sin duda, la ayuda humanitaria colabora, pero, evidentemente, no es suficiente. 
Doy mi más sincera enhorabuena tanto al proyecto ECHO como a toda la Comisión, que ha participado en Afganistán, por el fantástico trabajo realizado, pero si queremos que Afganistán se convierta en un mundo moderno, el más básico de los derechos humanos, el respeto de la igualdad entre sexos, debe convertirse tanto en un punto de referencia para nuestra asistencia como en una continua evaluación de nuestro éxito. 
Porque, hoy día, no es así. 
Si analizamos lo que el Sr. Solana considera los objetivos de la participación de la Unión Europea en Afganistán, nos daremos cuenta de que no se menciona a las mujeres: los derechos de las mujeres simplemente no están. 
Sin embargo, si pretendemos negociar, debemos abordar esta actitud, y es que se trata de una actitud, una cultura tribal de Baluchistán, que se ha extendido a toda la región. 
¿Por qué nos mostramos tan aprensivos con el trato de los derechos de las mujeres? 
¿Quizá porque Afganistán es una sociedad islámica? 
No es necesario que les cite el Corán para recordarles que hombres y mujeres son iguales según el Corán desde el comienzo del Islam, por lo que el motivo no puede ser éste. 
Les insto a que cambien las prioridades del Consejo de Ministros y pongan los derechos de las mujeres entre los primeros puntos de la agenda. 
Si fallamos en este aspecto, no cosecharemos ningún éxito. 
Señor Presidente, ayer la Presidencia griega afirmó que la prioridad de su mandato consiste en poner en vigor su lema de «nuestra Europa» y compartir el futuro en una comunidad de valores. 
Sin embargo, los valores no deberían únicamente ser descritos; la justicia, la lucha contra la pobreza y la paz deben perseguirse en circunstancias difíciles. 
En realidad, cuanto más hablamos sobre la paz, más guerra hay; se habla de las negociaciones mientras que las tropas se preparan. 
¿Cuándo se pondrá fin a esta duplicidad? 
¿Durante cuánto tiempo más las balas acabarán con las vidas de niños palestinos, los bombarderos suicidas asesinarán a ciudadanos israelíes, los soldados rusos matarán a la gente en Chechenia y los Estados Unidos seguirán matando dondequiera que tengan un interés y así sucesivamente? 
No daré más ejemplos, puesto que el mundo es un lugar tan grande y terrible. 
¿Se trata de retórica o sentimentalismo? 
No. 
Estoy haciendo eco de lo que es un escándalo moral y político, una advertencia severa contra la creación de una Europa con la lengua bífida, como un jefe indio declaró una vez cuando su gente estaba siendo eliminada y desplazada a las reservas. 
Un año después del Acuerdo de Bonn, está claro que se han dado muchos pasos positivos. 
Los hechos de la Comisión y los análisis destacados del Comisario Patten, en los que no profundizaré demasiado puesto que ya los ha hecho públicos de forma muy clara, son impresionantes. 
Todos sabemos que en una situación en la que existe semejante devastación, no hay atajos para conseguir intereses comunes si no se destruyen aspectos específicos. 
Necesitamos desarrollar una infraestructura civil, reconstruir casas, carreteras, colegios, hospitales y no permitir el regreso de los refugiados para que mueran de hambre y frío y atacar el cultivo o la venta del opio pero ofreciendo una alternativa a la población. 
He sido testigo del progreso realizado este año, sobre todo en Kabul- la reapertura de colegios, niñas estudiando periodismo- pero, al mismo tiempo, he visto y escuchado que figuras principales tales como los líderes militares y los Estados Unidos han permitido que se quebrantaran los derechos humanos que todavía son aparentes. 
No me estoy refiriendo únicamente al abuso y la discriminación de las mujeres en el trabajo, en las calles, en los medios y, además, no únicamente en la zona de Herat- la tierra del infame Khan- sino en todo el país; me estoy refiriendo también a la discriminación social, a la política basada en el favoritismo y el nepotismo- y los Estados Unidos es el principal responsable de ello- por lo que respecta al suministro de armas, al apoyo político y humanitario para líderes militares que deberían encontrarse frente a la Corte Internacional. 
Tenemos que ayudar al Gobierno central, a la Ministra de Asuntos Sociales- la Ministra para la Igualdad de Oportunidades, Habiba Sarabi, ha recurrido a nosotros para que aumentemos la ayuda y el apoyo en políticas para la igualdad de géneros y políticas relacionadas con las mujeres, también en el seno de la Comisión Europea- y permitir que las elecciones democráticas se celebren en el año 2004: se trata de aspectos fundamentales. 
Además, también es esencial, como el Comisario Patten ha declarado, ampliar el poder central a las distintas áreas del país, sobre todo, delimitar el poder militar del poder civil y alentar a la comisión de derechos humanos, no solo a la afgana- Sima Samar es una mujer valiente que continúa su trabajo de forma admirable- sino también a UNAMA. 
En Kabul, conocí a los representantes de UNAMA quienes no pudieron viajar por el país por miedo no sólo a los caciques sino también a los marinos, por miedo a manifestarse abiertamente y exponer las violaciones de los derechos humanos de las que nosotros también somos cómplices. 
Por tanto, debemos llevar a cabo investigaciones para UNAMA. 
Sin embargo, el paso del tiempo no ayuda a las fuerzas democráticas: El Comisario Patten también lo ha dicho y como él dijo, llegamos tarde; quizás podríamos haber hecho más en 1980. 
Los países donantes deberían prestar más atención al Gobierno, pero, sobre todo, a las organizaciones de mujeres que están manifestando de forma clara que es preciso menoscabar el poder de los caciques y que el país debe reconstruirse sobre la base de la ley y la democracia, porque no puede haber democracia si hay tortura o masacres tales como la de Mazar-i-Sharif. 
Europa tiene que seguir contribuyendo con su parte, no podemos seguir otro camino diferente: tenemos que dar continuidad a nuestro trabajo y a nuestro compromiso. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, la humanidad ha sufrido en Afganistán durante décadas y ello impide un enfoque cínico para estas deliberaciones, aunque sería una opción muy tentadora. 
Tiene que quedarnos claro que los años desde la invasión soviética fueron testigo de un país pobre que en cualquier caso se desintegró de forma progresiva, solo para que entonces se dividiera en una guerra civil, antes de que el Gobierno talibán acabara con lo que quedaba. 
La sustitución del régimen talibán ahora ha ofrecido la oportunidad de una reconstrucción. 
Sin embargo, la pregunta que se plantea es hasta qué punto las victorias militares y el Gobierno actual tienen la autoridad de conseguir una estabilidad real y una reconstrucción que se encuentra en camino. 
No podemos dejar de observar que la estabilidad necesaria para obtener los esfuerzos de ayuda reales para todo el país no se ha puesto en práctica. 
¿No nos estamos engañando a nosotros mismos cuando gran parte de la tarea de reconstrucción solo se está realizando en Kabul? 
En Kabul, las organizaciones no gubernamentales se desviven por conseguir proyectos destinados a dicha ciudad, dado que las otras ubicaciones son demasiado peligrosas y, en consecuencia, la ayuda pronto empieza a concentrarse en proyectos que no contribuyen a la reconstrucción del país en conjunto. 
Sin embargo, ello demuestra que no es posible estabilizar el país completo y que podemos organizar tantas conferencias de donantes como deseemos, pero no conseguiremos que los negocios dediquen inversiones y pongan fondos del sector privado destinados a la inversión. 
La realidad es que los fondos del sector privado para la inversión solo aparecen cuando hay un cierto grado de seguridad, basados tanto en una seguridad militar como en políticas jurídicas firmes de que dichos fondos pueden seguir siendo puestos en funcionamiento y que no se perderán. 
Creo que se trata de un motivo por el que este aspecto tiene que tratarse de una forma muy crítica de forma que no acabemos enzarzándonos en un tipo de activismo que tiene buen aspecto pero que no ayuda a nadie. 
El país en conjunto necesita que se le ofrezca ayuda rápidamente, pero en ese caso, debe distribuirse de manera equitativa. 
Me parece que no existe todavía ninguna garantía de que los pashtuns, por ejemplo, que conforman la mayoría de la población de Afganistán, tengan una cuota de participación igual a la de otros en la toma de decisiones políticas de Kabul, así como en otros aspectos beneficiosos. 
Si no es así, me da la impresión de que se correrá un gran riesgo de que se produzca un movimiento de resistencia naciente que los nuevos caciques podrían emplear para sus propios fines, de forma que, en primavera o verano, podrían surgir nuevos conflictos internos y conseguir que resulte aún más difícil asegurar la estabilidad de toda la región, atraer la inversión y organizar la ayuda, por lo que así el país terminará en otro círculo vicioso y nosotros en una situación en la que nuestros logros serían aún menos. 
El hecho de que los soldados de mi propio país estén colaborando con otros para hacerse cargo de Afganistán significa que soy plenamente consciente de las implicaciones cuando digo que la situación podría de hecho dar lugar a condiciones que consiguieran que las cosas fueran aún más difíciles para soldados individuales en el campo de Afganistán de lo que es cualquier cosa que esté actualmente planeada en Iraq. 
También se trata de un punto de vista que no conviene manifestar abiertamente. 
A pesar de que no sea políticamente correcto realizar esta conexión, me temo que éste es el caso o, al menos, que el peligro es real. 
Todo el que conozca la historia de Afganistán sabe que las tropas extranjeras nunca se han sentido en casa allí durante mucho tiempo. 
Cuando veo cómo incluso los Estados Unidos de América ya no son capaces de garantizar la seguridad de sus tropas, y cómo están empezando a establecer campos en determinadas zonas en las que puedan retirarse por la noche, me vienen a la mente otros ejemplos. 
Por este motivo, me gustaría pedirles que se unan a nosotros para tener en cuenta estos hechos en un debate abierto, con el fin de obtener mejoras reales sobre esa base, en lugar de dar la impresión de que dicho dinero se está malgastando incluso cuando sabemos que no solucionará el problema a largo plazo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio, Comisario, estoy seguro de que me entendería perfectamente si hablara en alemán, pero en honor a la Presidencia griega, creo que atormentaré a los intérpretes con mi griego. 
Señor Presidente en ejercicio, respaldo completamente su presentación de la situación en Afganistán. 
Creo que todos nos mostramos satisfechos con reservas; todos vemos las continuas deficiencias de Afganistán y todos sabemos lo que tiene que hacerse en los años venideros. 
Usted mismo se ha referido a la falta de seguridad, a las hostilidades y a la producción y el tráfico de estupefacientes, al igual que hizo el comisario, y creo que la Cámara está totalmente de acuerdo con la agenda que sugiere para las elecciones en Afganistán y las mejoras de la situación en general. 
Creo que no hace falta que le repita en lo que todos estamos de acuerdo. 
Me gustaría destacar dos puntos que no deberían quedar al margen de ningún debate sobre Afganistán. 
Uno hace referencia a los horribles sucesos acaecidos en nombre de la lucha contra el terrorismo. 
Dejemos que no haya malosentendidos: Estoy totalmente en contra del terrorismo en Afganistán y en cualquier otro sitio. 
Los caciques y los talibanes nunca fueron nuestros aliados. 
La Unión Europea no fue la que formó, armó y ayudó a los talibanes en Pakistán. 
No fuimos nosotros quienes creamos las fuerzas contra las que ahora luchamos. 
Pero la lucha contra el terrorismo, la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y el terrorismo contra las mujeres, la lucha por la democracia y el Estado de derecho es solo una lucha creíble si se lleva a cabo dentro de un marco de trabajo de respeto de los derechos humanos y de respeto al derecho a la vida de quienes es posible que sean terroristas o delincuentes. 
Me gustaría añadir algo al debate de hoy sobre Afganistán y mencionar dos aspectos de esta guerra muy oscuros. 
En primer lugar, las terribles acusaciones de homicido en Mazar-I-Sharif. 
Creo que la ONU tiene la obligación tanto de investigar como de examinar estas acusaciones detenidamente así como de hacer públicos los resultados de sus investigaciones. 
En segundo lugar, deberíamos estar avergonzados por el destino de los prisioneros de Guantánamo y otros campos de detención dirigidos por los militares americanos para miembros de los talibanes que han sido arrestados y gente que ha sido encarcelada y que se denominan talibanes. 
La Unión Europea debería hacer algo al respecto, es una vergüenza. 
Señor Presidente, el riesgo que corremos con las iniciativas de política exterior concebidas para contrarrestar el desastre del 11 de septiembre es que nos estamos engañando al creer que en las zonas del mundo en las que hemos desplegado una estrategia todo ha quedado resuelto por eso mismo. 
Sin embargo, la realidad es muy distinta. 
En Afganistán, la mayor parte del país, salvo Kabul, todavía se encuentra bajo el dominio de los caudillos y líderes regionales que continúan cometiendo a gran escala abusos de los derechos humanos, inclusive la tortura y la desaparición de civiles afganos. 
Los derechos de las mujeres, como ya se ha dicho, se encuentran sometidos a una violación constante. 
Junto con la detención de 600 personas sin cargos ni juicio en Guantánamo, Cuba, que ya ha mencionado el Sr. Sakellariou, son hechos que solemos olvidar engañándonos a nosotros mismos, haciéndonos creer que los problemas se han resuelto o están resolviéndose. 
En Afganistán, en la provincia de Herat, controlada por Ismail Khan, la situación se ha deteriorado. 
Aunque en algún momento existió una tradición literaria, cultural y liberal, las mujeres vuelven a ser perseguidas y se les deniega el acceso a la educación, la asistencia sanitaria y el sistema judicial. 
Incluso bajo el Gobierno talibán existió por lo menos una especie de control central que limitaba los excesos de estos autócratas regionales. 
En la actualidad, muchas regiones han vuelto prácticamente a la dictadura, y los fondos de reconstrucción benefician a los líderes regionales que violan los derechos humanos política y financieramente. 
Hay que decir basta. 
UNAMA, la misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, debe impedir de inmediato que se financie a estos criminales señores de la guerra. 
Algunos de nosotros, diputados del Parlamento Europeo, hemos visto recientemente una película del realizador escocés Jamie Doran, basada en duras pruebas testimoniales de la existencia de una fosa común que podría contener los restos de 3 000 presos de guerra, asesinados y torturados por las fuerzas antitalibanes. 
Se trata de una atrocidad que los miembros de las fuerzas norteamericanas presenciaron y no impidieron. 
Me complace saber que tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea hayan accedido ahora a investigar el presunto crimen. 
Señor Presidente, en mi opinión la reconstrucción de Afganistán no ha comenzado, ni mucho menos, a pesar de las afirmaciones realizadas en esta Cámara hoy. 
Los señores de la guerra aún siguen ejerciendo su poder fuera de Kabul y las mujeres todavía visten la burka y no tienen derechos, por ejemplo con respecto a la educación o a la atención sanitaria primaria. 
En mi opinión, es justo que los Estados Unidos y el resto del mundo occidental pretendan acabar con Al Qaeda y eliminar a Osama Bin Laden, pero hasta la fecha no lo han conseguido. 
Se ha hecho mucho por los derechos de las mujeres en Afganistán, pero, como ya he dicho, nada ha cambiado. 
Creo que Afganistán sólo representa la punta del iceberg por lo que respecta a los Estados Unidos. 
Muchos comentaristas sugieren que es sólo parte de la estrategia para garantizar el acceso al petróleo desde el mar Caspio. 
Ahora que se plantea la cuestión, ¿cuántos frentes se abrirán después de Afganistán? 
La administración norteamericana se está preparando para una guerra en Iraq, con consecuencias imprevisibles que nadie podrá controlar. 
Evidentemente, habrán conseguido obtener el control de los pozos de petróleo de Iraq, pero se habrá ignorado a Afganistán. 
En una encuesta llevada a cabo recientemente en el Reino Unido, el 71% de los encuestados se mostraban en contra de la participación de su Gobierno en una guerra sin contar con la aprobación del Consejo de Seguridad. 
Está claro que tan pronto empiece la guerra, otros líderes europeos, junto a Tony Blair, cederán a la voluntad de los Estados Unidos, dando la espalda a la opinión de la población, lo cual dice mucho de nuestra democracia. 
La población de Iraq ha sufrido la muerte y la destrucción a lo largo de los últimos once años bajo las sanciones de los Estados Unidos, al igual que la población afgana. 
Tenemos que examinar con lupa nuestra política en Oriente Medio y en otras regiones. 
Señor Presidente, la situación de Afganistán se encuentra relacionada estrechamente con la de Oriente Medio y no puede considerarse de forma aislada por la acalorada expectativa de guerra en Iraq. 
Aquellos que están intentando conseguir la paz en Afganistán tienen que ofrecer una prueba convincente de su interés primordial en la estabilidad y la creación de estructuras democráticas más que en la pacificación de la región, en el mejor de los casos, para explotar sus recursos de crudo y construir oleoductos para reducir las reservas de gas y petróleo de Asia Central. 
Toda desviación del derecho internacional bajo una capa de lucha contra el terrorismo supone un gran peligro en el legado jurídico de las naciones, con lo que se ponen en peligro 200 años de trabajo en la edificación de una sociedad que promueve la civilización. 
Si se quiere mantener la credibilidad de la comunidad internacional en Afganistán, lo mínimo que se exige es un examen independiente de la acusación relativa a las supuestas masacres en Mazar-i-Sharif y la publicación de los resultados. 
Con respecto a ello, me gustaría agradecer a la Presidencia griega que haya convertido en temas principales a Iraq, y a los preparativos para la guerra allí, así como al Sr. Ionitsis, ministro de Asuntos Exteriores, por haber hablado hoy sobre Afganistán de forma clara y contundente. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, Señorías, no debemos permitir que las crisis- que van desde Corea del Norte a Oriente Medio y la impredecible situación de Iraq- desvíen nuestra atención de Afganistán. 
Por tanto, acojo con agrado la forma en la que la nueva Presidencia griega ha convertido a Afganistán en un aspecto prioritario o ha tenido el deseo de hacerlo. 
A pesar del derrocamiento del régimen talibán y la instalación de Hamid Karzai como presidente del país, la batalla para conseguir un Afganistán estable queda lejos de ser ganada. 
Resulta desconcertante saber que los guerreros talibanes están de nuevo organizándose al mando del cacique Hekmatyar con la intención de pisotear una vez más los tiernos brotes de una democracia constitucional. 
Resulta preocupante que la autoridad del Gobierno temporal de Karzai no se extienda más allá del perímetro exterior de Kabul así como resultan perturbadoras las noticias sobre la reanudación del cultivo del opio. 
En esencia, se trata de una carrera contrarreloj pero, entre todos nuestros esfuerzos, no debemos abandonar nuestro apoyo a la agenda política, según la que se celebrarán finalmente elecciones generales a mediados del año 2004. 
El balance de acontecimientos hasta la fecha puede compararse con el consabido vaso de agua que puede estar medio lleno o medio vacío. 
Al fin y al cabo tenemos que hacernos a la idea de tener que ofrecer, a largo plazo, apoyo tanto financiero como político si queremos que las instituciones democráticas tengan la oportunidad de establecerse en este país, saqueadas como lo han sido por la guerra y las luchas intestinas que han durado décadas. 
Por supuesto, esto también exigirá la ampliación del mandato de la ISAF, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. 
Me resulta difícil comprender el razonamiento que se encuentra tras el anuncio de que esta extensión solo duraría hasta el año 2003, pero podemos acoger con agrado la forma en la que Alemania y los Países Bajos han declarado su disposición a asumir el mando de esta fuerza. 
En términos generales lo que este hecho indica es únicamente que los europeos se comprometerían con muchas reservas a una participación a largo plazo y solo en escenarios pequeños. 
Incluso las numerosas conferencias celebradas en Washington, Kabul, Bonn y Oslo, en ocasiones tienden a dar la impresión de ser sedantes, más que manifestaciones de una política enérgica dirigida a fortalecer la resolución de establecer una democracia en este país. 
La petición de que se extienda el mandato de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, junto al área que se encuentra bajo dicho mando, está justificada. 
Sin embargo, hasta la fecha no está muy próxima a la realidad. 
Además, todos los países que limitan con Afganistán necesitan cooperar para evitar que la red de Al Qaeda recupere la fuerza en la zona y se ha hecho algo al respecto. 
Tampoco deberíamos abandonarnos a la idea de una agencia para la reconstrucción real parecida a la de Kosovo. 
Merece la pena enviar otra delegación de este Parlamento a Afganistán el próximo año, pero solo tendrá sentido si la política refleja los planteamientos obtenidos de ello. 
La política debe incluir como prioridad una ayuda política con la aprobación de un saber hacer administrativo. 
¿En qué consiste esto principalmente? 
Se trata de delimitar el poder civil del militar, se trata de evitar las tendencias islámicas fundamentalistas reaccionarias en el sistema jurídico y, sobre todo, se trata de evitar las crisis humanitarias. 
Señor Presidente, con la invitación del mediador de las Naciones Unidas, el Sr. Brahimi, tuve el privilegio de poder dirigirme a los líderes de la Conferencia de Bonn. 
Por entonces, yo era presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y había oído hablar a un representante de la organización RAWA sobre la posición de las mujeres en Afganistán. 
Por tanto, tuve la ocasión de exponer a los líderes afganos las peticiones obvias de que las mujeres fueran incluidas en los gobiernos provisionales y permanentes y de que no fueran marginadas en la tarea de reconstrucción. 
La comisión organizó una conferencia para mujeres de Afganistán junto a las organizaciones no gubernamentales. 
A continuación presentamos las prioridades conjuntas en una resolución aprobada por el Parlamento durante el período parcial de sesiones de diciembre de 2001. 
En nombre de la comisión, solicité que la Comisión de Presupuestos introdujera un punto adicional relativo a la ayuda para las mujeres de Afganistán, algo que la Comisión de Presupuestos y el Parlamento hicieron de hecho. 
¿Por qué les ofrezco esta información de fondo? 
Porque realmente veo muy pocos rastros de ello en la resolución conjunta. 
No se menciona a las mujeres ni a sus derechos humanos. 
En la resolución se mencionan más las prioridades del Gobierno afgano que las de las mujeres. 
Tampoco existe ninguna exigencia de que todos los proyectos para la ayuda tengan que contener una información relativa a la dimensión de la igualdad de géneros. 
Los derechos de las mujeres se olvidan rápidamente en el mundo de hombres en el que vivimos. 
El contundente y proactivo Ministro para la Igualdad del Gobierno provisional afgano fue sustituido y el papel de las mujeres ahora se encuentra totalmente eclipsado, a pesar del hecho de que probablemente dos tercios de la población los constituyan mujeres y niños. 
Deseo preguntar a la Comisión y al Consejo de Ministros cómo debe interpretarse esto. 
¿Se ha vuelto a olvidar a las mujeres? 
¿No hay exigencias hacia el Gobierno afgano relativas a las mujeres? 
Las mujeres son víctimas tanto con la Alianza del Norte como con los talibanes. 
Las mujeres son las principales protagonistas en la causa de la paz. 
Una política para Afganistán debe ser una política para la mayoría, es decir, para los mujeres y los niños. 
Señor Presidente, podría continuar donde lo dejó mi colega diputada la Sra. Theorin. 
Muchos de los aspectos que nos tomamos en serio cuando hacemos discursos en realidad no se toman en serio en la práctica. 
Los derechos y la posición jurídica de las mujeres se encuentran entre este tipo de cosas. 
Otros son el derecho internacional y los derechos humanos. 
Cuando las conversaciones se vuelven hacia Afganistán, yo mismo me encuentro pensando automáticamente en aquellos que se encuentran prisioneros en Guantánamo, incluidos los ciudadanos europeos. 
¿Qué ha sido de sus derechos? 
¿A qué sistema jurídico se acogen? 
Los Estados Unidos no respetan el derecho internacional- algo de lo que todos somos conscientes- pero tampoco respetan su propio derecho. 
Me resulta extraño que tengamos una resolución del Parlamento que no tiene para nada en cuenta el hecho de que una serie de ciudadanos europeos se encuentran prisioneros en un campo y que no sepamos por cuánto tiempo lo seguirán estando, cuáles son sus perspectivas de futuro y bajo qué sistema jurídico se encuentran. 
También me parece chocante frente al hecho de que en otras situaciones exista una demanda de derecho internacional que cumplir. 
Iraq constituye un buen ejemplo de ello, a quien exigimos que cumpla con la estipulaciones internacionales y las resoluciones de la ONU. 
En ese sentido, damos la impresión- también en Afganistán- de que existen dos normativas en este mundo, es decir, por un lado, la que solicitamos que ellos mismos cumplan y, por otro, la que por nuestra parte nos mostramos dispuestos a cumplir porque somos quienes tenemos el poder y, a nuestro juicio, quienes tenemos el derecho a exigir. 
Otra de las áreas en la que nos enfrentamos a problemas similares es la relacionada con la masacre de Mazar-i-Sharif. 
Se ha sugerido que soldados norteamericanos se encontraban presentes. 
Algunos sostienen que participaron en la masacre. 
Sin embargo, hay muchos indicios para sugerir que estaban presentes. 
Dicho esto, no estamos haciendo nada para que este asunto se investigue concienzudamente y que los responsables sean llevados a juicio. 
Creo que este doble rasero está causando problemas. 
Hace que los asuntos relacionados con Afganistán y el pueblo afgano sean aún más difíciles. 
Señor Presidente, éste ha sido un año del que podemos sentirnos orgullosos por todos los logros obtenidos por la población afgana con el apoyo de la comunidad internacional, pero que también muestra la magnitud de la montaña que hay que escalar. 
Para Afganistán no va a ser una recuperación rápida. 
Es probable que las democracias tengan que mantener su compromiso durante muchos años. 
Veremos la dimensión del problema cuando entendamos que el control del Presidente Karzai no se extiende más allá de Kabul y algunas otras ciudades, y que su seguridad personal se encuentra, en gran medida, en manos extranjeras. 
Me sumo a la enhorabuena de la Presidencia a las fuerzas armadas turcas, que el pasado mes de junio relevaron al Reino Unido en el mando y la organización de la ISAF. 
Hay un argumento contundente a favor de que las fuerzas de paz internacionales se desplieguen en lugares de fuera de Kabul hasta que el ejército nacional afgano esté en condiciones de asumir sus responsabilidades, pero dichas fuerzas serán muy vulnerables. 
El caso es que los señores de la guerra siguen ejerciendo su dominio en gran parte de las zonas más remotas, y su compromiso con el desarrollo pacífico y la democracia es prácticamente nulo. 
Lo que les interesa es el poder personal y los frutos de la actividad criminal. 
Es posible vencerlos, pero no por cualquiera. 
En consecuencia, resulta aún más preocupante la evidencia del resurgimiento de los talibanes y Al Qaeda en la frontera con Pakistán, agrupados en campos a ambos lados de la frontera y aliados con muyaidines locales. 
Esto sucede a pesar de la importante fuerza de intervención encabezada por los norteamericanos y que opera paralelamente a la ISAF. 
En la actualidad hay fuerzas militares occidentales presentes en Bosnia, Kosovo y Macedonia, así como en Afganistán. 
Surgirán nuevas necesidades, no sólo en relación con Iraq, sino también en otros lugares. 
El hecho es que todos nuestros países necesitan incrementar su capacidad militar y la disposición a emplearla de acuerdo con los Estados Unidos y otros aliados, junto con otros instrumentos. 
Los vecinos de Afganistán se han visto muy afectados por el problema de los refugiados, pero también países como el Reino Unido han notado las repercusiones. 
En los últimos años, los afganos han pasado a ser la principal categoría nacional de solicitantes de asilo político en el Reino Unido. 
Esta gente debe regresar a casa en su momento. 
Teniendo esto presente, acojo con agrado la decisión del Consejo del 29 de noviembre de adoptar el plan de acción para el retorno a Afganistán, que supone la primera aplicación de dicho programa. 
Por último, Afganistán es uno de los países más minados del mundo. 
Este hecho es obra del antiguo ejército soviético y sobre todo de las distintas facciones beligerantes en los últimos diez años. 
A pesar de la masiva ayuda financiera internacional, en la que la Comunidad Europea en concreto ha sido uno de los principales donantes, sólo se ha eliminado una pequeña proporción de minas antipersonales y el número de víctimas sigue siendo muy alto. 
Las minas terrestres y su sospechosa presencia representan uno de los principales obstáculos para la reconstrucción y el regreso a cualquier forma de normalidad. 
Necesitamos encontrar métodos más efectivos y rápidos en los que participe la población local para hacer frente al azote de las minas, no solo en Afganistán, sino también en otros lugares. 
No se trata meramente de una cuestión de financiación, éste es un ámbito práctico concreto en el que la Comisión tiene un papel clave que desempeñar y al que debe prestar aún más atención. 
Señor Presidente, el tema que ocupa el debate de hoy es Afganistán: un año después del Acuerdo de Bonn. 
Lo que en realidad estamos debatiendo son varias décadas de la historia afgana y Bonn es solo una etapa de una crisis actual y al hacer balance nos damos cuenta de que hay buenas y malas noticias. 
En casos como éste, de hecho, es necesario que se haga balance, pero para el pueblo no supone ninguna diferencia el hecho de que la violencia sea perpetrada por los caciques o por los talibanes. 
En este sentido, nuestros objetivos deben ser establecer un Estado de derecho estable con instituciones estables que permitan que la democracia funcione y que los derechos de todos se respeten. 
Es preciso llevar a cabo un gran trabajo costoso; para decirlo de un modo más exacto, se necesita una estrategia a largo plazo. 
La pregunta es la siguiente: ¿tienen todas las fuerzas que operan en la zona una estrategia común? 
Hemos hablado de la Unión Europea, ya sea de 15 ó de 25 miembros, pero no hemos dicho nada, por ejemplo, de los planes de Rusia, Estados Unidos o Pakistán con respecto a la zona. 
¿Están con nosotros o tienen otra agenda distinta, en cuyo caso, nuestros objetivos comunes no pueden ser tales después de todo? 
En estas circunstancias, vemos que hay muchos motivos por los que estar satisfechos cuando hacemos balance: la situación no es la misma que hace un año, pero todavía tenemos que preocuparnos por una serie de asuntos; ¿nos encontramos quizás retrocediendo y la situación volverá a lo que no debería volver? 
Por tanto, sería una buena idea hacer balance de algunos hechos básicos, tales como el aumento de la delincuencia, los límites operacionales del Estado, en cualquiera de sus formas, así como saber adónde va el dinero de los contribuyentes europeos. 
Porque, si la memoria no me falla, la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, por ejemplo, declaró que el 80% del dinero estaba siendo empleado por organizaciones no gubernamentales que trabajaban en la zona para poder permanecer a flote y que solo el 20% se destinaba al país. 
De ser cierto, lo mejor que podemos hacer para conseguir el desarrollo institucional, la democratización y la estabilización es conseguir la participación del mayor número posible de ciudadanos afganos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, no es posible sobrestimar la importancia estratégica de Afganistán. 
Un Afganistán pacífico y estable es un baluarte importante frente al resurgir del extremismo en la región. 
Un año después de la Conferencia de Bonn, ahora es el momento oportuno de reflexionar sobre la contribución de la UE al restablecimiento de la paz, de la estabilidad y de estructuras políticas creíbles. 
El Comisario Patten estaba en lo cierto al hacer hincapié en la contribución de la UE en su conjunto y de la Comisión de la UE en particular, realizada a lo largo del último año. 
Los fondos de la UE se han empleado para financiar clínicas y escuelas de enseñanza primaria, para retirar minas terrestres antipersonales, para el retorno empleados clave del sector público, la creación de puestos de trabajo para combatir la producción de opio, que vuelve a crecer en el Afganistán postalibán, la reconstrucción de infraestructuras, las operaciones de limpieza en siete ciudades y el apoyo ofrecido para el retorno al país de cerca de 1,8 millones de refugiados. 
Se trata de una lista admirable y la Comisión, ECHO y las distintas organizaciones humanitarias implicadas merecen un aplauso. 
Sin embargo, con respecto a la cuestión general de la ayuda, es importante destacar el hecho de que a pesar de que el total de la ayuda por parte de la comunidad internacional puede parecer enorme si se compara con otras zonas que se encuentran en crisis, Afganistán se encuentra en el furgón de cola si calculamos la ayuda concedida per cápita. 
La ayuda media concedida a Bosnia, Kosovo, Timor Oriental y Rwanda ascendía a unos 250 dólares por persona, frente a los 75 dólares concedidos a Afganistán. 
La comunidad internacional debería tomar nota de esto. 
Como el propio Comisario ha destacado, invertir con antelación es mucho más efectivo y económico que gastar dinero para recoger los platos rotos posteriormente. 
Teniendo en cuenta el brillante historial de ayuda humanitaria con el que contamos, considero que tenemos autoridad moral para presionar a nuestros socios internacionales a que traduzcan en dinero sus promesas verbales. 
También deberíamos utilizar nuestra influencia para garantizar que existe un equilibrio adecuado entre lo que supone ofrecer alivio a corto plazo y reconstrucción a largo plazo. 
La UE ha realizado un gran trabajo, pero no podemos darnos por satisfechos ni permitir que los problemas de Afganistán queden marginados ante la perspectiva de una guerra con Iraq o de problemas con Corea del Norte. 
Tenemos la obligación moral de crear estabilidad y una paz permanente, de abordar el problema de los señores de la guerra, conseguir mejorar los derechos humanos, y sobre todo, como ya han destacado otros oradores, los derechos de las mujeres, y crear una verdadera democracia en Afganistán. 
Todavía queda mucho por hacer. 
La celebración de elecciones democráticas el próximo año, la creación de un ejército nacional y el establecimiento de relaciones de buena vecindad son pasos positivos bien encaminados. 
Señor Presidente, a pesar de que hace un año que el régimen talibán de Afganistán fue derrocado, apenas ha habido ninguna mejora con respecto a la desastrosa situación de las mujeres de allí. 
Este hecho se convirtió en algo obvio para los primeros cinco miembros de la delegación de esta Cámara, instigados por el Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos, que recientemente visitaron Afganistán, no solo Kabul, sino también la zona superior del país. 
El sistema sanitario es un desastre y cada 20 minutos una mujer afgana muere por estar embarazada o por dar a luz. 
Se trata de la tasa más elevada registrada en el mundo. 
El sistema educativo había colapsado por completo. 
En la actualidad, las escuelas de niñas vuelven a ser vulnerables a los ataques de los fundamentalistas. 
A la mayoría de las mujeres no se les permite trabajar y apenas cuentan con cuotas de participación en el poder político o en la labor de la reconstrucción. 
Hemos mantenido debates con el Presidente Karzai y con muchos miembros de su Gobierno, y hemos realizado un claro llamamiento para que apliquen las resoluciones de Petersberg solo con la participación adecuada de las mujeres. 
La Unión Europea está colaborando para que esto sea posible en la medida de sus posibilidades. 
Deseo reiterar que la Comisión está llevando a cabo una excelente labor en el terreno, puesto que- como el Comisario Patten ha declarado- sus oficiales están desempeñando un papel fundamental en la construcción de la nación, y lo están haciendo con la mayor dedicación personal, por lo que se merecen un agradecimiento especial. 
Vamos a mirar hacia el futuro. 
Insto a la Mesa del Parlamento a que invite tanto al Presidente Karzai como al presidente de la comisión independiente para los derechos humanos, el Dr. Sima Samar, al Parlamento con el propósito principal de que discutamos con ellos los preparativos de las elecciones y a la Loja Jirga que va a elaborar una constitución. 
El mensaje claro para un Afganistán democrático debe ser que una constitución debe conceder sin reservas una base sólida para los derechos de las mujeres. 
Es difícil recuperar la normalidad en un país en el que, según un estudio norteamericano, el 70% de todas las mujeres afganas padecen una depresión grave y el 65% sigue planteándose el suicidio. 
El asunto de la violencia de género se encuentra envuelto en tabúes sociales estrictos. 
Hemos escuchado las quejas de organizaciones de mujeres diciendo que, incluso en las organizaciones internacionales, su trabajo resultaba extremadamente difícil dadas las restricciones que existen para el desplazamiento de las mujeres, tales como el hecho de que no se les permita conducir coches e incluso montar en bicicleta. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ha abordado esta cuestión en muchas ocasiones. 
Hemos mantenido debates con la Ministra para las mujeres, la Sra. Sobrani- la viceministra como ya saben- y se quejaba de que no recibía recursos económicos para su ministerio. 
La falta de coordinación conduce a desavenencias en la labor de las ONG y las oficinas del Gobierno. 
Se trata de otro aspecto para el que debemos prestar nuestra ayuda. 
Por desgracia, todavía no existe un sistema bancario en Afganistán, y éste es otro de los factores que continúa alentando la corrupción. 
Sin embargo, me produce gran satisfacción saber que aquí en esta Cámara hay un gran consenso, en el seno de la Presidencia y la Comisión, sobre el hecho de que la posición de las mujeres tiene que mejorarse. 
Entonces, vamos a ponernos a mejorar la posición de las mujeres con la esperanza de obtener la paz y la estabilidad de la región. 
Y el mensaje para nuestros amigos norteamericanos debe ser: no a la guerra en el Oriente Medio. 
Señorías, deseo dar una breve pero cálida bienvenida al tercer curso del D. E. Montemurro National School of Media, de Gravina, en Apulia, que ha sido galardonado con el premio «Vamos a construir Europa» , creado por la Cámara de Diputados italiana. 
El objetivo principal de esta iniciativa es promover la participación de los ciudadanos más jóvenes en el debate sobre el futuro de Europa. 
Por tanto, damos a estos jóvenes nuestra enhorabuena por haber obtenido el primer puesto en este concurso así como por su participación atenta en el trabajo que se está llevando a cabo en la sesión plenaria. 
¡Bien hecho! 
Señor Presidente, yo también he tenido la experiencia única de visitar Afganistán y presenciar la situación con mi propios ojos. 
Es preciso decir, en primer lugar, que nuestro personal está realizando un excelente trabajo, como usted ha dicho, Comisario y que la Unión Europea tiene un papel importante allí. 
Sin embargo, un año después de Bonn, creo que la coordinación constituye un problema grave, tanto por lo que respecta a la distribución como al aprovisionamiento de ayuda y, más en concreto, a la aplicación de la política. 
Con ello quiero decir que la Unión Europea está siguiendo un camino y apoyando una administración central coherente en Afganistán, mientras que los Estados Unidos están adoptando un enfoque diferente aferrados a su táctica favorita de «divide y vencerás» desde los tiempos de los talibanes y los mujahedin al apoyar a los caciques que parecen haberse puesto de su parte. 
El Sr. Morillon y el Sr. Sakellariou han dicho algo similar. 
Desgraciadamente, el resultado final de esta política occidental divisoria es que todas las zonas se encuentran bajo el poder de la administración central y esto es precisamente lo que originó el reciente surgimiento de la producción de opio, que en el 2002 representaba un 70% de la producción mundial. 
Las mujeres, por supuesto, todavía se encuentran en una situación nefasta en todos los sectores. 
Los fantasmas azules sigue deambulando por las calles de Kabul, en donde solo algunas mujeres se atreven a poner en peligro sus vidas al quitarse el burka. 
Es posible que los talibanes hayan perdido el poder, pero su espíritu todavía ronda por Afganistán. 
En mi opinión, no puede haber progreso económico ni social mientras que la cultura de la violencia, el fanatismo religioso y la misoginia siga reinando en Afganistán. 
El 98% de las mujeres son analfabetas y económicamente dependientes y el 99% da a luz sin asistencia médica. 
Este tipo de suelo ofrece un caldo de cultivo ideal para movimientos extremistas como el de los talibanes. 
Creo que la Presidencia griega, señor Presidente en ejercicio, podría contribuir en gran medida mediante la propuesta para la creación de un fondo europeo y una línea presupuestaria incluida en el presupuesto 2004 específicamente para las mujeres de Afganistán. 
Este fondo podría emplearse para financiar nuevas infraestructuras destinadas a integrar a las mujeres en la vida pública. 
También sugiero, Comisario, que invitemos al Presidente Karzai a Estrasburgo para que pueda expresarse en el Pleno del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente, quiero agradecer a Sus Señorías el debate que hemos mantenido, así como el apoyo que han manifestado a muchas de las ideas y propuestas de la Presidencia y a muchas de las ideas y propuestas de la Comisión, a pesar de que no sean de mi competencia. 
Tengo que decir que estoy de acuerdo con el hecho de que el papel de la administración tenga que ampliarse más allá de los límites de la ciudad de Kabul si se pretende conseguir una mayor estabilidad y normalización en el país en su conjunto, en el hecho de que la misión de la ISAF tenga que ampliarse para que pueda funcionar con las mismas líneas políticas y en tercer lugar, con que los derechos humanos se respeten, ya sean los derechos de las mujeres, de los prisioneros o de los adversarios. 
Contamos con un historial de respeto de los derechos humanos por razones institucionales, históricas y culturales. 
Es una tradición en Europa y debemos respetarla allá donde sea necesario. 
El debate en conjunto ha demostrado que lo que deseamos crear en Afganistán, como todo el mundo sabe, es un país en el que los valores de democracia y libertad se arraiguen y que se sea consciente del potencial del desarrollo económico y la seguridad. 
La historia nos ha enseñado que se trata de un proceso arduo y largo en cualquier país y no conozco ningún otro país en el que semejantes cambios se hayan producido en un período de tiempo tan corto. 
Nosotros, por nuestra parte, tenemos que mostrar una determinación política, tenemos que ofrecer ayuda humanitaria, política y económica pero también tenemos que ser realistas sobre las posibilidades que tenemos, lo lejos que podemos llegar, cuáles son las circunstancias prevalecientes y cuáles las dificultades a las que la gente se enfrenta, cuáles son los equilibrios que tienen que respetarse, cuáles los valores que deben prevalecer y cómo podemos ofrecer ayuda en la dirección correcta. 
Todavía estamos lejos de poder decir que se ha ganado la partida de Afganistán. 
Sólo hemos recorrido un pequeño tramo y todavía tenemos mucho que hacer durante un período de tiempo muy largo. 
Los avances de Afganistán se encontrarán influenciados por numerosos factores, tanto internos como externos. 
Tenemos que analizar las preocupaciones individuales, qué está sucediendo con la constitución, con la ayuda humanitaria y con otros muchos frentes, y tenemos que adoptar una visión de conjunto y aplicar una estrategia general para ver cómo podemos influir en los avances. 
El éxito no puede medirse únicamente con un criterio o por una serie de criterios individuales que podríamos mencionar, y algunos ya han sido mencionados, ya sean los derechos institucionales o individuales o el progreso económico. 
El éxito puede medirse por el progreso simultáneo en una serie de frentes económicos, sociales, institucionales y políticos en Afganistán. 
Responderé brevemente a un debate tan amplio. 
La intervención del Sr. Andrews no sólo ha tratado de Afganistán, sino también de Iraq. 
Si él hubiera permanecido hasta el final del debate, le habría dicho que me temo que tengamos otras oportunidades para discutir el asunto de Iraq en las que él pueda participar. 
Quiero dar las gracias a colegas diputados como la Sra. Fraisse por sus elogios al trabajo realizado por nuestros representantes en Kabul y más allá, puesto que tienen una difícil tarea. 
Gestionar nuestro programa allí no es la misión más fácil. 
Sin duda, transmitiré los elogios de Sus Señorías. 
También me gustaría manifestar una vez más mi acuerdo con el Sr. van Orden cuando dice que nos encontramos ante un camino largo y difícil. 
Afganistán no tendrá una recuperación rápida. Tenemos que seguir repitiéndolo. 
No podemos llamar éxito simplemente a lo que hemos realizado hasta ahora y pasar a ocuparnos del siguiente Estado fracasado. 
Todavía nos queda mucho por hacer, sobre todo, como ha dicho la Sra. Fraisse, con respecto al servicio público con el que se podrá ofrecer a toda la comunidad el tipo de servicios que nos gustaría ver. 
La calidad de algunos de los diputados de la diáspora afgana que han regresado a Afganistán nos da una gran confianza en lo que puede conseguirse en este país. 
Puedo mencionar al Sr. Ghani y otros muchos afganos que han regresado a su país para contribuir a su reconstrucción tras los años de ferocidad medieval a los que la población de Afganistán ha sido sometida. 
Por tanto, puedo asegurarle, Sra. Fraisse, que seguiremos prestando la atención adecuada para apoyar y formar los servicios públicos. 
Hemos prestado, en mayor medida que la mayoría de donantes en Afganistán, ayuda presupuestaria para la actividad gubernamental ordinaria. 
Para los donantes esto no es atractivo ni sexy, puesto que normalmente les gusta tener proyectos y tableros en las paredes y banderas en los edificios. 
Pero si Afganistán no cuenta con una administración pública decente, si no hay enfermeras ni maestros ni médicos ni policías, hombres y mujeres, y si no se les paga de forma regular, no habrá un Gobierno que pueda extender su autoridad por todo el país. 
Por tanto, seguiré defendiendo la prioridad que damos a este aspecto. 
Habría que estar sordo para no darse cuenta de la preocupación manifestada por esta Cámara con respecto a los derechos de las mujeres, que forma parte de una preocupación general por los derechos humanos. 
Podría repasar la lista de proyectos que apoyamos, como el parque de mujeres de Kabul, pero me limitaré a decir que el mejor medio de reflejar la preocupación del Parlamento es plantear la cuestión en el Foro de Desarrollo de Afganistán, que se celebrará en marzo, momento en el que deberíamos realizar un seguimiento del progreso. 
Haremos hincapié entonces en el hecho de que el Parlamento, que concede este dinero vota de forma tan inteligente y generosa, desea que garanticemos que la cuestión de los derechos de las mujeres se encuentra en el centro del enfoque del desarrollo por parte del Gobierno. 
Permítanme que les diga algo sobre la coordinación de los donantes, puesto que diversos oradores se han referido a ello y yo únicamente lo he mencionado en términos generales en mi primera intervención. 
Estoy plenamente de acuerdo en que la ayuda al desarrollo para Afganistán debe emplearse de forma que tenga el mayor efecto y en que la coordinación efectiva es crucial. 
El Gobierno afgano ha creado ya las estructuras necesarias para coordinar a los donantes. 
El encuentro en Kabul del grupo de implementación en octubre aceptó cambiar la estructura del grupo para que fuera consultiva, modelo que normalmente aplicamos en países que reciben una ayuda importante de la comunidad internacional de donantes. 
Respaldamos por completo esta iniciativa. Habría que asegurar que los donantes se encuentran bien coordinados y que los fondos se destinan a las prioridades acordadas por el grupo consultivo. 
También hemos creado un foro de donantes europeos de carácter informal para contribuir a desarrollar un enfoque coordinado de la Unión Europea a los aspectos fundamentales y los encuentros, y existe asimismo una red de donantes de carácter informal entre la Comisión Europea y los Estados miembros, los Estados Unidos y Japón. 
A través de ECHO, la Comisión ha adquirido una vasta experiencia de trabajo en Afganistán a los largo de los últimos diez años y ha entablado estrechas relaciones de trabajo con organizaciones no gubernamentales. 
Cuando estalló la crisis de Afganistán, la prioridad fundamental era prestar ayuda humanitaria de forma rápida y efectiva, pero ahora, con vistas al futuro, será importante garantizar que todos los donantes operen dentro del marco de trabajo y las prioridades establecidas por el grupo consultivo. 
Así que somos conscientes de estas preocupaciones. 
Queremos hacer más al respecto y, como ya he dicho en mi intervención inicial, ese será mi propósito cuando, Dios mediante, visite Afganistán el mes que viene. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0001/2003) de la Sra. Roth-Behrendt, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la Directiva del Consejo 76/768/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (PE-CONS 3668/2002- C5-0557/2002- 2000/0077 (COD) ). 
Señor Presidente, está en lo cierto al afirmar que el día de hoy es testigo de la tercera lectura del informe relativo a los cosméticos, un tema al que- como la mayoría de nosotros sabremos- el Parlamento ha vuelto en repetidas ocasiones en el lapso de diez años. 
La gran mayoría de las propuestas, tanto en esta sesión parlamentaria como en la última, se ocupan de una prohibición de experimentos con animales y de la venta de productos probados con animales. 
Estas áreas han sido muy controvertidas y, de hecho, todavía lo son. 
Tanto en el seno de la Unión Europea como fuera de ella, el aspecto más polémico se plantea con respecto a si los experimentos con animales deberían seguir permitiéndose en el futuro por lo que respecta a la pasta de dientes y a los champús. 
Existe una controversia continua para decidir la cuestión de si un producto que ha sido probado con animales todavía podría ser puesto a la venta. 
Se ha repetido una y otra vez en esta Cámara que la única forma de evitar que las pruebas se exporten era asociar una prohibición de las pruebas con una prohibición del marketing, y en consecuencia, también de la venta, de los productos. 
Éste fue el asunto fundamental tanto en la primera como en la segunda lectura de esta enmienda 17 a la directiva relativa a los cosméticos, pero tanto en la comisión competente como aquí en esta Cámara, puntualizamos que los cosméticos y los productos cosméticos tienen una importancia inmediata en el ámbito de la protección de los consumidores. 
Hicimos hincapié, por ejemplo, en el hecho de que la información sobre la vida útil de un producto era un hecho importante para los consumidores a quienes se les indicaría durante cuánto tiempo podrían utilizar un producto cosmético una vez que éste hubiese sido abierto. 
Éste fue uno de los aspectos sobre los que esta Cámara hizo propuestas en primera y segunda lectura. 
Esta petición final de la Cámara- de la que me complace ser ponente- consistía en que no debería permitirse el uso en cosméticos de productos peligrosos, es decir, los calificados de cancerígenos, los que pudieran afectar al sistema reproductor o tener efectos mutágenos. 
En esencia, éstas eran las propuestas sobre las que versaba nuestra segunda lectura. 
Aunque pasaron la segunda lectura por una amplia mayoría, la Comisión no las recibió con los brazos abiertos exactamente. 
En la actualidad, sin embargo, en la tercera lectura todavía podemos felicitarnos porque tengo que reconocer que el proceso de conciliación ha sido difícil. 
Durante años he participado directa o indirectamente en muchos de los procesos de conciliación. 
En éste concretamente, al principio tenía dudas sobre si llegaríamos a alcanzar un compromiso. 
Lo hicimos. 
El resultado es que se prohibirán las pruebas de cosméticos con animales seis años después de haber aprobado la legislación. 
Se prohibirá la venta de la mayoría de los productos que todavía contengan componentes probados con animales seis años después de haber aprobado la legislación. 
También hemos dicho que se derogarán las tres pruebas; el desarrollo de otras alternativas todavía no está a la vista. 
La industria de los cosméticos no es la única culpable de esto. 
El hecho de que se haya hecho tan poco para desarrollar estas pruebas se debe en parte a que la industria de los cosméticos ha estado, en el pasado, lo que podríamos calificar de adormilada. 
Pero ahora les estamos dando un incentivo, un plazo de tiempo determinado para ofrecer alternativas. 
Déjenme aclarar que lo que hemos conseguido es un compromiso, un compromiso que, como otros, no es ideal. 
Soy consciente de que para la industria de los cosméticos es aún menos ideal y también de que las organizaciones encargadas del bienestar de los animales están convencidas de que podría haberse conseguido algo más. 
Tengo que seguir diciendo a nuestros amigos de las organizaciones encargadas del bienestar de los animales que si encuentran a alguien que pueda hacer más, deberían traerlo aquí para que se ponga a hacerlo. 
Mis colegas diputados y yo mismo hemos intentado conseguir que se aceptara una solución viable y por tanto, déjenme concluir dando las gracias a la actual Presidencia danesa, cuya cooperación con nosotros ha sido excelente, así como a la Comisión que al final ha mostrado una actitud cooperadora. 
Señor Liikanen, ojalá se hubiera hecho un poco antes, pero, por lo menos, nunca es demasiado tarde. 
También me gustaría manifestar mi agradecimiento a nuestros colegas del Comité de Conciliación y a todos con los que he trabajado durante el proceso de conciliación. 
Todo ello se suma a uno de los motivos por los que siento tanto afecto por este Parlamento y por el que no desearía pertenecer a ningún otro. 
La cooperación entre los diputados de cada nación y grupo político fue abierta, decorosa, franca y de gran apoyo hasta el punto de que estoy seguro de que no encontrarán ninguna parecida en ninguna otra legislatura del mundo. 
Fue un placer trabajar con ustedes durante la noche hasta las cuatro y veinte de la madrugada. 
Fue un placer obtener este resultado y que me hayan permitido ser su ponente. 
Por tanto, una vez más, deseo agradecer especialmente a los colegas que siempre y en repetidas ocasiones me han apoyado incluso cuando las condiciones eran menos favorables en todas las partes. 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento a Sus Señorías por el interés mostrado en esta propuesta, especialmente a la Sra. Roth-Behrendt, ponente, por su constructiva labor. También quiero dar las gracias a los diputados de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación. 
Me complace saber que la Sra. Roth-Behrendt no es la única involucrada en esta cuestión, pero a ella le agradan las conciliaciones hasta por la noche: de verdad, son muy pocas las personas que sienten tal placer en el trabajo institucional. 
Puesto que la conciliación está a punto de concluir con éxito, la Comisión acoge con agrado este acuerdo, que proporciona un marco de trabajo claro sobre los ensayos con animales en el sector de los cosméticos. 
Esta solución comporta un auténtico beneficio en cuanto al bienestar de los animales, a la vez que salvaguarda la protección de la salud y nuestros compromisos internacionales. 
La solución de hacer obligatorio el uso de todos los métodos alternativos tan pronto como se presente la ocasión, y tan pronto como esté científicamente validado, supone una mejora positiva para la protección de los animales y envía una señal política clara. 
Para la Comisión, uno de los elementos fundamentales es el incentivo necesario para el desarrollo de métodos alternativos y la mejora del proceso de validación. 
A ese respecto, la Unión Europea tiene que desempeñar un papel fundamental en la promoción del desarrollo de los ensayos con animales en el ámbito internacional, algo que se hará teniendo en cuenta debidamente el desarrollo de la validación en la OCDE. 
Sin embargo, permítanme destacar que también intervienen otros muchos aspectos. 
En primer lugar, las disposiciones destinadas a mejorar la sanidad y la protección del consumidor, sobre todo a través de una información más relevante a los consumidores. 
En segundo lugar, la mejora de los requisitos de seguridad para productos destinados a niños y a la higiene íntima. 
En tercer lugar, la exigencia de incluir en la etiqueta la fecha de conservación tras la apertura, así como los ingredientes con fragancias alergénicas. 
Todos estos aspectos benefician claramente al consumidor. 
En conclusión tenemos que destacar que se ha hecho mucho por conseguir un resultado satisfactorio para todo el mundo y confío en que ahora podamos ultimar esta importante directiva. 
Señora Presidenta, señor Comisario, en primer lugar deseo felicitar muy sinceramente a mi colega la Sra. Roth-Behrendt por haber sacado adelante esta difícil directiva y, sobre todo, por como lo ha hecho. 
Durante esta legislatura he tenido ocasión de debatir muchos temas, algunos de ellos verdaderamente difíciles y complicados, pero, tal vez, en ninguno he visto más ánimo de encontrar el consenso mediante la cooperación entre todos los agentes implicados que en el desarrollado por la ponente en esta directiva. 
Creo que no ha sido un debate de posiciones políticas de grupo, enfrentadas; ha sido fundamentalmente un debate entre el estancamiento y el progreso en un área en la que el Parlamento Europeo venía manteniendo desde hace años una postura unida y coherente, con un modo de ver las cosas diferente al del sector industrial de la cosmética y, en varios puntos esenciales, también al de la propia Comisión. 
El Parlamento tenía claro lo que quería: establecer unos plazos para el fin de la experimentación con animales, así como para la comercialización de productos experimentados en los mismos y, además, mejorar el marco general de la normativa que regula estos productos en los Estados miembros. 
La industria, por su parte, mantenía en un principio la misma postura de rechazo a estas peticiones que venía defendiendo desde hace años y que había hecho inviable la aplicación de la sexta enmienda de la Directiva. 
Ya ha señalado la ponente el largo proceso de debate y trabajo conjunto entre los grupos parlamentarios con la industria, la Comisión y, también, con las administraciones competentes en los Estados miembros y, por fin, la salida de un compromiso que vio la luz en noviembre pasado tras una larguísima conciliación, si no me falla la memoria, de doce horas. 
Creo que en este tema, sinceramente, no hay perdedores. 
Estoy convencida de que la industria también gana con los nuevos compromisos de prohibición, experimentación y comercialización de seis años desde la entrada en vigor de la Directiva. 
Y esto fundamentalmente porque van a poder servir mejor a los intereses de los ciudadanos en materia de protección de los animales, sin por ello menoscabar- en absoluto- la seguridad y la diversidad, también, por qué no, de los productos que estén en el mercado. 
En este sentido, una de las partes más difíciles del trabajo en esta Directiva ha sido el llegar a delimitar el campo de las excepciones mediante la definición de los tests que, por un plazo de diez años para casos concretos e imprescindibles en los que no se han encontrado métodos alternativos, seguirán pudiéndose realizar. 
Otro elemento que añade seguridad a los productos es la prohibición de sustancias peligrosas como las cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción que deberán excluirse de los cosméticos. 
Estoy convencida de que esta séptima enmienda abre ante la industria un campo nuevo de oportunidades para la investigación y el desarrollo de nuevos productos que, garantizando su eficacia y sobre todo su seguridad, no será necesario experimentar en animales. 
Creo que es un gran reto para la industria, a la que animo a buscar nuevas fuentes de ventajas competitivas en esta línea de investigación y a iniciar con interés y buena voluntad una estrecha cooperación con este Parlamento. 
Creo que el Parlamento Europeo no sólo puede y debe comunicar que esta séptima enmienda es un éxito, sino que la industria haría mal en desaprovechar la ocasión para trazar una nueva estrategia de comunicación basada en los acuerdos alcanzados y en su posicionamiento a favor de las inquietudes de los consumidores, no sólo con respecto a la experimentación animal, sino también, como hemos visto, con respecto a otros puntos de la Directiva que la dotan de mayor control respecto a la comercialización de estos productos. 
Por último, quiero subrayar, una vez más, el factor de cooperación entre todas las partes implicadas, muy especialmente la flexibilidad, final, eso sí, pero positiva, de los Estados miembros y de la propia industria para llegar a este acuerdo definitivo. 
Señora Presidenta, quisiera añadir mis felicitaciones y concluir con una advertencia. 
Felicito a la Sra. Roth-Behrendt, quien ha logrado tanto en este largo proceso. 
Quizá si hubiera conocido desde el principio la escala de los obstáculos y las dificultades, no habría tenido tanto éxito. 
A veces ayuda un poco ignorar las dificultades. 
Esta propuesta sitúa el bienestar animal por encima de la vanidad humana, pero nunca por encima de la salud humana. 
Establece plazos, calibrados de acuerdo con las dificultades implicadas, y fija nuevos listones de referencia que deberán respetarse y serán respetados. 
También quisiera agradecer a la Comisión que haya desempeñado un papel de intermediario, consciente de la legislación y los precedentes, pero también de las firmes opiniones de este Parlamento, que han resonado aquí en tres comisiones diferentes durante más de 10 años. 
Llegar a esta conclusión definitiva es una gran satisfacción para todos nosotros. 
Mis colegas del Comité de Conciliación han expresado en la última sesión maratoniana las frustraciones que venían arrastrando en este proceso. 
Fue literalmente en la undécima hora cuando logramos el resultado que todos deseábamos. 
Se acaba de distribuir un cómic entre los Diputados que refleja lo emocionante que es el trabajo del Parlamento Europeo, con jóvenes personajes masculinos y femeninos rebosantes de «glamour». 
Si se publicara otra edición de esta serie, debería tratar de la larga noche con la Sra. Roth-Behrendt al final de este trámite. 
También quiero dar las gracias a la Presidencia danesa. 
A menudo veo que las Presidencias miran los problemas de hito en hito y después huyen. 
Los daneses sabían que podían sacar tajada y lo consiguieron, con mucha habilidad en mi opinión. 
Es una operación, y quiero decirlo antes de pasar a la advertencia, que casa con las preocupaciones del Parlamento. 
Espolea. 
Es una señal para la acción y no un argumento para la espera. 
Las organizaciones que defienden el bienestar de los animales y que han lanzado incansablemente campañas a favor de este resultado, no deberían quejarse del compromiso que hemos logrado. 
Ahora el foco apunta al cumplimiento, con una disposición para encontrar pruebas alternativas, especialmente en los aspectos más difíciles de la toxicidad. 
Ninguno de nosotros debería disculparse por el modo en que hemos llegado aquí hoy. 
Yo personalmente me siento orgulloso de que la ponente nos haya conducido a través de este proceso y esto aumenta la reputación del Parlamento, no solo por sus procedimientos, sino también por su eficacia. 
Señora Presidenta, este Parlamento, a través de grandes mayorías de diputados de todos los partidos, ha dejado claro que ya no aceptará que se haga sufrir a los animales a fin de crear aún más productos para halagar a la vanidad humana. 
Es una cuestión moral; se protegerá la salud humana porque, una vez vencidos los plazos para poner fin a las pruebas con animales, simplemente no se podrán comercializar los nuevos productos cosméticos hasta que no se disponga de métodos de ensayo alternativos. 
Esta es la séptima enmienda a la directiva original; cada vez que se ha acortado el plazo se ha concedido más tiempo a la industria, eliminando así los incentivos para invertir en el desarrollo de alternativas. 
Ahora estamos trazando una línea que no debe moverse más. 
Los grupos defensores del bienestar de los animales no están satisfechos con el resultado de las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo, pero espero que reconozcan que se han logrado verdaderos avances. 
Se ha modificado la propuesta de la Comisión, y seis años después de la entrada en vigor estarán totalmente prohibidas las pruebas con animales en la Unión Europea y se prohibirá la venta de cosméticos probados con animales fuera de la Unión Europea. 
Mes tras mes, los Ministros nos han dicho que esta prohibición de la comercialización sería contraria a las reglas de la OMC, pero estas objeciones finalmente se han superado durante nuestras negociaciones nocturnas. 
Quisiera rendir homenaje a nuestra ponente, Dagmar Roth-Berendt, y dar las gracias a los principales representantes de los grupos de presión, Marlou Heinen, de RSPCA, Emily McIvor, de BUAV, y Charles Laroche, de Unilever, quienes presentaron la cara amable de una industria que ha suscitado la desconfianza de muchas personas. 
Ahora hay que adoptar las medidas prácticas. 
En particular, es preciso acelerar los procedimientos de autorización para desarrollar nuevos métodos de ensayo. 
Ahora hay que presionar a las industrias química y farmacéutica, que utilizan las mismas pruebas, para que desarrollen alternativas. 
La industria cosmética debe tomar nota de la firmeza de convicciones de este Parlamento. 
La Directiva no permite alargar los plazos, y la Comisión ha de entender que si dentro de unos años vuelve con propuestas de nuevas leyes para ampliar los plazos, otra vez se encontrará con una respuesta muy hostil. 
Señora Presidenta, como todos sabemos, el gran tema tratado en esta conciliación fue la exhaustiva y rápida prohibición de los experimentos con animales llevados a cabo en el contexto de las pruebas de cosméticos. 
El acuerdo al que llegamos ha originado críticas desde muchos sectores. 
Las organizaciones para la protección de animales, en concreto, lo han criticado alegando que la aplicación de la prohibición llevará demasiado tiempo. 
Creo que podríamos conseguir progresos más rápidos. 
Sin embargo, es importante criticar a quienes se lo merecen. 
Si hubiese sido el Parlamento Europeo quien hubiera tomado la decisión al respecto, se habría procedido más rápidamente y la prohibición ya habría sido aplicada. 
En realidad, el organismo que debería ser criticado en este caso es el Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
En concreto, algunos Estados miembros hicieron todo lo posible para retrasar la prohibición. 
El Parlamento Europeo debería merecer un voto de confianza por haber introducido la prohibición. 
La persona que, decididamente, merece el mejor de los elogios en este contexto en nuestra ponente, la Sra. Roth-Behrendt. 
En muy pocas ocasiones he visto un liderazgo tan competente, vigoroso y energético de una delegación parlamentaria en una conciliación y fue un gran placer poder colaborar con la Sra. Roth-Behrendt. 
Me gustaría agradecerle sus brillantes esfuerzos. 
Señora Presidenta, la prohibición del uso de sustancias cancerígenas en los cosméticos en el futuro es un gran logro de este Parlamento. 
Los Verdes hemos llevado a cabo una dura campaña con este propósito. 
Aunque sabemos que se trataba de una causa cercana a nuestro corazón, también sabemos que nunca se podría haber conseguido el apoyo mayoritario de esta posición sin el gran compromiso demostrado por parte de la ponente que hizo suyas nuestras peticiones. 
Por tanto, la Sra. Roth-Behrendt se merece un gran agradecimiento, especialmente por esta postura que fue de gran importancia para nosotros. 
Creo que el Consejo intentó al principio esperar a una evaluación de los riesgos para así dejar sustancias cancerígenas en el mercado. 
Fue un hecho inadmisible y por tanto, nos complace saber que el Consejo ha abandonado su enfoque de «esperar y ver» para que no haya espacio para las sustancias cancerígenas en los cosméticos. 
No solo es evidente y algo de sentido común el hecho de que nadie desee que haya sustancias cancerígenas en las cremas faciales sino que también es la opinión del Comité científico. 
También nos complace enormemente el hecho de que en el futuro, los componentes peligrosos aparezcan en una lista y que se haga constar la cantidad que se encuentra en los productos cosméticos. 
Ciertamente, tendremos que realizar un seguimiento para vigilar que se aplica la petición del Parlamento de que la información sobre sustancias peligrosas para la salud sea accesible para el público ya sea mediante un registro público o de cualquier otra forma. 
Aunque para nosotros es un trago difícil asumir que la prohibición actual del marketing tenga que ampliarse por otros cinco años por lo que respecta a las once pruebas y que sean postergadas durante diez años con respecto a las otras tres, sigue representando un gran avance hacia delante a la vista de que los Estados miembros no se mostraban dispuestos a aplicarla y del intento consiguiente de incluso abolir por completo la prohibición del marketing, algo que logramos superar. 
Ahora existen criterios claros y realistas para el desarrollo y el marketing de pruebas alternativas de forma que el Parlamento puede contabilizarlo como uno de sus grandes triunfos, no solo por el bienestar de los animales, sino por el de los consumidores. 
Señora Presidenta, estimada Dagmar, tengo que comunicar al Sr. Bernié que cuando entré en el Pleno aún estaba de buen humor. 
No cabe duda de que es culpa mía no haber sido consciente de su existencia en los últimos años. 
En cualquier caso, usted no ha podido decir nada durante todo el debate relativo a los cosméticos y si va a salir hoy diciendo que todo ha salido mal, no puedo dejar de recordar que usted haya hecho ninguna contribución seria ni creíble a este debate. 
Mi querida Dagmar, hoy se ha producido una gran verbena de halagos en su honor. Esto es algo que me complace compartir. 
Se lo ha ganado por haberlo hecho bien y para nosotros fue una gran suerte poder permitirnos pasar noches enteras en su compañía y ¿cuántos pueden alardear de esto? 
Todas las directivas tienen, por supuesto, sus pros y sus contras. 
Todavía no hemos dado el portazo de despedida, pero creo que hemos hecho grandes progresos al decir que la fecha límite será a finales de un período de tiempo, en el año 2009 por lo que yo sé. 
Sé perfectamente por mi estudio de la economía de mercado, señor Bernié, que ese sector necesita hechos y datos para poder exponer un plan y no hay nada que pueda enseñarnos a ese respecto. 
En la actualidad la industria seguirá adelante y seguirá adelante con los jóvenes- investigadores, doctores e ingenieros- cuya labor será la de buscar alternativas Es precisamente lo que la dirección necesita y es el motivo de que ésta sea la dirección adecuada. 
Señor Liikanen, usted sabe que, aunque le respeto enormemente, a veces su cargo plantea propuestas tediosas. 
Ahora, sin embargo, se encuentra en el buen camino y me gustaría darle muchos ánimos para que se muestre firme cuando se aborda la cuestión de si para la OMC esto es aceptable o no. 
Y con su firmeza, ciertamente, sabrá que todas las filas apretadas de esta Cámara se encuentran detrás de usted. 
Creo que esto significa que obtendremos otro éxito consolidado. 
Señorías, no necesito los tres minutos. 
Europa y sus representantes humanos han caído en la cuenta de que los animales tienen que valorarse de otra forma. 
Lo único que puedo hacer es secundarlo y haría todo lo posible para garantizar una reducción verídica y respetable de los experimentos realizados con animales. 
Tiene que haber, una vez más, una pequeña categoría en la que las pruebas todavía puedan llevarse a cabo, y es algo que todavía aceptamos y que yo considero necesario pero que es preciso que se reduzcan la mayoría de los mismos y que nunca vuelvan a aumentar. 
La victoria es suya, señora Roth-Behrendt. ¡Enhorabuena! 
Señora Presidenta, quiero empezar agradeciendo a la Sra. Roth-Behrendt su hábil y coherente trabajo en relación con la directiva. 
Verdaderamente, también he disfrutado trabajando por la noche con Dagmar. Me parecía muy difícil al principio. 
Había una serie de Estados miembros, así como una parte del sector, que hicieron todo lo posible por bloquear las disposiciones decentes en materia de experimentos con animales. Sin embargo, gracias a la tenacidad de la Sra. Roth-Behrendt y de otros, se consiguieron resultados aceptables en dos de las áreas. 
La primera de ellas se encontraba relacionada con los experimentos con animales. 
En la actualidad contamos con prohibiciones impuestas a los experimentos con animales y al marketing de nuevos productos desarrollados mediante ensayos con animales. 
Por lo que respecta a la mayoría de los experimentos, la prohibición se aplicará dentro de seis años pero, desgraciadamente, las prohibiciones en estas áreas, o los métodos, de la experimentación únicamente se aplicarán en un período de diez años y, entonces, se correrá el riesgo de que el plazo vuelva a prolongarse. 
Por supuesto, podría decirse que los dos plazos se encuentran demasiado lejos en el futuro. 
Eso es también lo que hemos dicho aquí en el Parlamento pero, por lo que sabemos de las negociaciones, había algunos Estados miembros que simplemente bloquearon la lucha por que los experimentos se detuvieran rápidamente. 
Ahora es fundamental que la Comisión sea coherente en el seguimiento de este asunto. 
Apoyo por completo la observación del Sr. Davies. 
El cumplimiento de las directivas actuales no ha contado con el seguimiento adecuado y ello ha ocasionado un sufrimiento innecesario a millones de animales que se han utilizado en experimentos. 
Decididamente, se ha producido una negligencia consentida en el desarrollo de métodos alternativos y se debe poner fin a dicha negligencia con esta directiva. 
El segundo resultado más destacado nos afecta como consumidores. 
Principalmente, estamos consiguiendo una prohibición en el uso de una gama de sustancias cancerígenas y el empleo de sustancias que perjudican nuestra capacidad reproductora. 
Vamos a contar con requisitos especiales de seguridad relacionados con los niños; los componentes alergénicos van a ser etiquetados y se van a ofrecer detalles sobre la vida útil de determinados productos. 
En general, creo que se ha dado un paso adelante en relación con los experimentos animales innecesarios así como que también se ha dado un paso adelante por lo que se refiere a la salud pública y a la protección del consumidor en el ámbito de los cosméticos. 
En general, se trata de un resultado constructivo y una vez más pediría a la Comisión que sea coherente en el seguimiento de este asunto. 
También creo que es necesario para nosotros que el Parlamento realice un seguimiento desde todos los frentes. 
Señora Presidenta, me gustaría unir mi voz a la de los que elogian a la Sra. Roth-Behrendt. 
Creo que es un destacado y excelente ejemplo, no solo de lo que es un parlamentario consumado sino también de aquello de lo que tenemos gran necesidad, es decir, de mujeres enérgicas en la política. 
Gracias por su trabajo, sus esfuerzos y el carácter que demuestra. 
La necesitamos. 
Sólo queda observar el hecho de que un compromiso es un compromiso. 
Entiendo perfectamente la preocupación de las organizaciones dedicadas a la protección de los animales por el hecho de que la prohibición tarde tanto en ser puesta en práctica y por el hecho de que miles de animales serán destruidos por nuestra vanidad. 
A pesar de ello, me complace saber que, no obstante, hemos llegado a una especie de hito o, por lo menos, algo a lo que aferrarnos. 
También me complace el hecho de que la protección del consumidor se haya tomado tan en serio, que vayamos a obtener indicaciones sobre el contenido y que existan prohibiciones sobre determinadas sustancias que son claramente inapropiadas, sobre todo, porque quizás forman parte de mezclas que utilizamos con niños y jóvenes, que son más vulnerables que nosotros. 
Con respecto a la protección de los animales, me gustaría mirar adelante y ampliar el debate algo más. 
Seguimos viendo estas películas horribles sobre el transporte y sacrificio de animales que dejan ver cómo tratamos a los animales en Europa. 
Imaginen que el Parlamento tuviera la influencia y el derecho de codecisión en asuntos relacionados con la política agraria. 
Imaginen la situación, teniendo en cuenta la actitud y las opiniones sobre la protección de los animales de una inmensa mayoría del Parlamento. 
Solo tienen que pensar en todos los avances conseguidos, a pesar de que sepamos que la forma democrática de la toma de decisiones es un compromiso, un compromiso democrático cuya única promesa hecha es que nunca conseguiremos exactamente lo que queremos. 
Señora Presidenta, la política actual según la cual se ha concedido tiempo a la industria para que desarrolle métodos alternativos de experimentación no ha dado resultados. 
Es fundamental imponer prohibiciones en los experimentos y en el marketing. 
Los animales no deberían sufrir mientras que es posible desarrollar nuevos productos para la vanidad. 
Por tanto, me gustaría dar la enhorabuena a la Sra. Roth-Behrendt por el resultado de lo que pronto se habrá convertido en una larga lucha. 
Incluso si el texto para la conciliación no resulta ser tan restrictivo como el Parlamento habría deseado, sí es cierto que contiene los principios adecuados. 
Para mí todavía es un misterio el hecho de que el Consejo no considere que las sustancias peligrosas cancerígenas, mutágenas o perjudiciales de conformidad con el principio de la cautela, puedan ser totalmente excluidas del uso en cosméticos. 
Deben cubrirse todas las sustancias, incluidas las de la categoría 3. 
También los niños emplean productos, tales como champú o gel de baño que contienen este tipo de sustancias y no debería correrse ningún riesgo. 
El texto de conciliación es correcto, sin embargo, me gustaría una vez más darle la enhorabuena por su valiosa lucha, Dagmar. 
El Movimiento de Junio, por supuesto, votará a favor del texto de conciliación. 
Señora Presidenta, hemos hecho un largo viaje. 
Esta tercera lectura no es el final del viaje, pero es un punto muy significativo de este camino hacia la protección de la salud humana y de la mejora del bienestar de los animales. 
Por este motivo hoy la ponente ha recibido merecidamente las aclamaciones que ha merecido, porque nos ha llevado por este camino. 
Hasta ahora, cuando oíamos la frase «largos períodos de gestación» , solíamos pensar en los elefantes. 
En el futuro pensaremos en la legislación europea. 
Ha sido un largo período de gestación. 
Después tuvimos una larga jornada de parto desde las cuatro de la tarde hasta las cuatro de la madrugada, y al final nació un programa que pasará la prueba, motivo por el cual celebramos este punto del debate de hoy. 
En un principio la Comisión presentó una propuesta para poner fin a los ensayos. 
Sin embargo, esto no habría supuesto nada más que la propuesta aprobada en el Reino Unido, que ponía término a las pruebas con animales, pero que al final no hizo más que exportar las pruebas con animales al extranjero. 
Corríamos el riesgo de hacer justamente esto y de llevar los ensayos a países donde el bienestar de los animales era una prioridad mucho menor que lo que es en los Estados miembros. 
Hicimos bien en llevar el debate a la cuestión de poner fin a la comercialización de productos probados en animales en la Unión Europea. 
Nos recordamos a nosotros mismos, y ahora lo hacemos de nuevo, que el 1 de julio entró en vigor la sexta enmienda. Técnicamente esto habría puesto fin a cualquier investigación con animales. 
No se habría avanzado más en la producción de nuevos artículos, no sólo en el campo de la cosmética, sino en ámbitos como los champús medicinales y la higiene dental. 
Al intentar ver más allá nos dimos cuenta de que la séptima enmienda era la última oportunidad. 
Establece las fechas objetivo para poner fin a esta comercialización. 
Decidimos que no era sostenible una fecha objetivo general, por lo que buscamos un calendario, y a medida que para cada ensayo se disponga de una alternativa validada, se prohibirán las pruebas con animales. 
En seis años se prohibirán todas estas pruebas, salvo las tres que ha señalado la ponente, para las que habrá un plazo de diez años y la posibilidad de prórroga de dos años siempre y cuando este Parlamento la refrende por la vía de la codecisión. 
Ahora la pelota no sólo está en el tejado de la Comisión, como ya han dicho otros colegas, sino también en el de la industria. 
Corresponde a la industria acelerar esta búsqueda de alternativas validadas. 
La cooperación entre el Parlamento y la industria ha sido impresionante. 
Ha contribuido a convencer en primer lugar a la Comisión, y después incluso a la minoría del Consejo que se mostraba reticente. 
También esta minoría volvió al redil y por este motivo hoy nos encontramos en este punto, con una sonrisa en la cara. 
Señora Presidenta, Comisario, hoy es un día realmente importante para la industria de los cosméticos en Europa, que marca el comienzo de una era completamente nueva para los productos cosméticos, algo que muchas mujeres han esperado durante mucho tiempo. 
Confío en que aparecerán en el mercado productos que harán que las chicas guapas resulten aún más guapas, pero también son importantes para las mujeres mayores que, por supuesto, también desean ser abuelas atractivas para sus nietos, e intenten encontrar a una abuela que se atreva a decir a sus nietos que la crema que acaba de utilizar o que utiliza para los niños ha hecho sufrir a un número inmenso de animales. 
No sé si saben que durante mucho tiempo mujeres célebres y realmente guapas han empleado productos fabricados sin la necesidad de experimentar con animales. 
Julia Roberts es un ejemplo. Le encantan los cosméticos naturales y prefiere utilizar una crema de rosa de una marca alemana y, Señorías, puesto que se trata de una actriz norteamericana célebre, quizás está enviando un mensaje importante a la industria de los cosméticos norteamericanos. 
¿Tienen las actrices norteamericanas que recurrir a los productos europeos únicamente porque aquí no se han probado con animales? 
Ello demuestra la deficiencia de la industria de los cosméticos estadounidense. 
A mí, me encantan los cosméticos. 
Mi color de cabello se lo debo a l ' Oréal, mi perfume es de Dior y mis cremas faciales provienen del Reino Unido, las mujeres inglesas tiene unas facciones maravillosas. 
Sin embargo, en el futuro, utilizaré más cosméticos y propondré a la Sra. Roth-Behrendt para un puesto honorífico de todas las organizaciones preocupadas por el bienestar de los animales. 
Sin embargo, en la actualidad me gustaría agradecer sinceramente a la industria europea de cosméticos su cooperación y les deseo un resultado de dimensiones asombrosas. 
Ojalá que estos nuevos productos les hagan ganar montones y montones de dinero. 
Señora Presidenta, tengo que admitir que me ha conmovido ante el enorme aprecio y los numerosos elogios con los que se me ha reconocido. 
Admito que me complace, puesto que los políticos no son alabados con frecuencia, en cualquier caso, no con tanta frecuencia y regularidad. 
Me ha hecho sentirme bien pero ya he intentado devolver esta alabanza. 
Gracias por el debate que espero pueda llegar a convertirse en el último relativo a este asunto en esta Cámara, como ya ha escuchado, señor Liikanen, su futura tarea consistirá en realizar un seguimiento de cómo se avanza. 
Será tarea suya supervisar que, junto a su colega el Sr. Busquin, el Centro Común de investigación cuenta con los recursos suficientes para evaluar las alternativas que entonces empezarán a existir. 
Su misión consiste en dirigir la industria hacia adelante, apoyarla y junto a ello, garantizar que se desarrollan alternativas rápidamente y que, con igual rapidez, se aceptan. 
Es algo que debemos hacer juntos. 
Comisario, hoy ha escuchado un mensaje que seguramente llegará a la industria de los cosméticos así como a los Estados miembros: estaremos vigilantes por lo que se refiere al modo en el que se respeta la agenda así como para que en esta ocasión exista realmente la fecha límite que el Sr. Florenz y otros han mencionado anteriormente. 
Preferiría no escuchar nada más sobre este asunto en esta Cámara. 
Deseo que ahora exista una agenda, una que ahora podría incluso cumplirse con mayor rapidez y que debería trazar una línea sobre el asunto. 
Déjenme concluir diciendo de nuevo «gracias» que es la última palabra que deseaba decir. 
Sin embargo, no a ustedes, Señorías, a quienes ya he dado las gracias anteriormente. 
Me gustaría dar las gracias a aquellos sin los que no podría haber llevado a cabo este trabajo, principalmente a mi asistente la Sra. Annika Nowak, quien probablemente me esté escuchando en mi despacho, y quien conoce este dossier mejor que yo, y, especialmente a la Secretaría del Comité de Conciliación. 
El Parlamento cuenta con buenos profesionales, algunos de los que son algo más que buenos y la Secretaría del Comité de Conciliación sentada por ahí hoy, ciertamente era quien tenía que hacer la mayoría del trabajo, mucho más que yo misma. 
Y esto ya sí que es el final... déjenme decir «gracias» a la Sra. Kerry Postlewhite, una de las profesionales de mi Grupo quien, a lo largo de los últimos años me ha aconsejado y me ha ayudado en mi papel de líder del Grupo y ponente, sin cuya ayuda no habría sido capaz de permanecer en el campo. 
Probablemente hoy sea la última vez que esté aquí sentada en la sesión plenaria, puesto que en breve asumirá otras obligaciones y aunque me entristece, estoy segura de que hará algo nuevo que será de su agrado y que la hará feliz. 
No tengo ni idea de cómo se supone que vamos a trabajar sin ella en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
En cualquier caso, lo intentaremos. 
Se encuentra aquí trabajando en uno de sus informes por última vez por lo que mi último y especial agradecimiento debe dirigirse a la Sra. Kerry Postlewhite. 
Les agradezco el debate y confío que la votación que está a punto de celebrarse salga bien. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Propuesta de resolución (B5-0027/2003) presentada por Giuseppe Di Lello Finuoli, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre política de inmigración y asilo 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución común 
Señor Presidente, brevemente sobre la observancia del Reglamento. 
Quisiera hacer dos comentarios breves: en primer lugar, lamento ser el autor- y pido disculpas por ello- de una propuesta de resolución alternativa que por falta de tiempo no pudo incluirse en el debate del lunes por la tarde sobre este informe. 
Quiero pedir disculpas por ello y que así conste en acta; en segundo lugar, me gustaría pedir a la Mesa que llame la atención sobre el hecho de que la primera votación sobre la enmienda 49 no es una votación ordinaria; no es una votación común sobre la enmienda. 
Por el contrario, es la primera vez que utilizaremos uno de los nuevos artículos del Reglamento, el apartado 4 del artículo 140 y, consecuentemente, tendremos la posibilidad de adoptar un texto alternativo completo. 
De acuerdo con el nuevo apartado 4 del artículo 140 del Reglamento, primero votaremos sobre su enmienda para sustituir la propuesta de resolución en su totalidad por un nuevo texto. 
Antes de la votación de la enmienda 23: 
Señor Presidente, nuestra lista de votación no parece seguir el mismo orden que la suya. 
Seguramente será problema nuestro y no suyo, pero ¿podríamos aclararlo? 
Nos falta la enmienda 6 y la enmienda 30, por lo que estamos un poco perdidos en estos momentos. 
¿Podrían mis colegas ayudarme? 
Creo que hemos perdido la página. 
Hemos perdido una página entera. 
Ya está. 
Vamos a situarnos. 
(Risas y aplausos) 
Los liberales llevan diciéndolo desde hace cien años. 
(Risas y aplausos) 
Antes de la votación de la enmienda 24: 
Nos cercioraremos de que todas las versiones lingüísticas sean compatibles. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Me complace dar la bienvenida a los representantes del Parlamento egipcio, que se hallan en la tribuna del público, encabezados por el Dr. Mustafá El-Feki. 
Esta es la primera vez que representantes del parlamento egipcio nos visitan desde 1987. Y esta visita llega en un momento muy importante, en cuanto a Oriente Próximo se refiere. 
En particular deseamos un gran éxito a la delegación en las circunstancias actuales. 
Señor Presidente, yo de todos modos deploro la forma en que ha tenido lugar esta votación. 
Lamento que nuestros colegas no mantuvieran la seriedad hasta el final y no hayan mostrado ningún respeto por los esfuerzos de nuestros colegas diputados que han trabajado en esta resolución. 
Estoy absolutamente de acuerdo con usted. 
Con esto concluye la votación 
- (DA) En general, nosotros votamos en contra de la resolución conjunta sobre política de inmigración y asilo presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. 
Estamos en contra de que la Unión Europea influya en esta área, pues debería corresponder a los propios Estados miembros decidir sobre estas cuestiones. 
Sin embargo, podemos apoyar las partes de la resolución que tienen en cuenta la situación social y humana de los refugiados e inmigrantes y que intentan mejorarla. 
Los conservadores británicos nos hemos opuesto firmemente a la Política de inmigración y asilo común, y opinamos que este tipo de políticas deberían decidirlas los Estados miembros. 
Los conservadores británicos, por tanto, votaremos en contra de esta resolución. 
- (DA) Hoy en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de la resolución conjunta (B5-0031/2003) sobre política de inmigración y asilo. 
La propuesta contiene bastantes aspectos útiles para mejorar la política de inmigración y asilo en la Unión Europea. 
Sin embargo, somos conscientes del hecho de que esta área incluye situaciones que contempla el título IV del Tratado de la CE y que no son relevantes para Dinamarca, conforme al Protocolo sobre la posición de Dinamarca. 
. 
(PT) El Parlamento Europeo ha luchado por que se amplíe la Directiva sobre cosméticos y se profundice más en ella, especialmente en el ámbito de los experimentos con animales. 
Por lo tanto, el Parlamento ha reclamado: una prohibición de los experimentos con animales a partir de 2004; una prohibición de la comercialización de productos que hayan sido probados con animales cinco años después de la aprobación de esta directiva y la promoción de métodos alternativos de experimentación que no impliquen experimentos con animales. 
Sin embargo, la posición original de la Comisión Europea fue defender la prohibición de los experimentos con animales en el territorio europeo en lugar de la prohibición de la comercialización de estos productos. 
Celebro el hecho de que, en el proceso de conciliación, tanto el Consejo como la Comisión se acerquen a la posición del Parlamento Europeo. Asimismo, me complace que se haya alcanzado un acuerdo que establece la prohibición de la experimentación y de la comercialización para la mayoría de los métodos de experimentación en un plazo de seis años y, en cuanto a los experimentos con respecto a los cuales no se han probado métodos alternativos, un período de transposición de diez años para esta prohibición. 
Señor Presidente, hoy una fortuita mayoría de izquierdas de cinco votos ha perjudicado la causa de los derechos humanos. 
Soy de la opinión de que se pueden tener las opiniones más dispares sobre todas las cuestiones políticas, pero me parece que una polarización de este tipo en torno a los derechos humanos es intrínsecamente maligna. 
Deberíamos ser coherentes a la hora de prestar atención a las violaciones de los derechos humanos y a la verdadera discriminación, y hacerlo con consenso y sobre la base de la Carta de los Derechos Fundamentales, en lugar de dejar que esta Asamblea se divida en dos campos ideológicos iguales y mutuamente antagonistas. 
En mi opinión, la causa de los derechos humanos es demasiado importante para que una comunidad fundamentada en la ley y los derechos humanos permita que ocurra algo así. 
Por este motivo he votado en contra del informe. 
No todo lo que lleva el título de derechos humanos versa en realidad sobre derechos humanos, y si queremos establecer cómo los monjes del Mote Athos organizan el acceso a sus monasterios, regulan sus comunidades religiosas y obligan a los Estados miembros a aceptar ciertas definiciones de matrimonio y la familia que muchos de nosotros, y me incluyo, repudiamos profundamente, entonces esto no tiene nada que ver con los derechos humanos, sino bastante con la ideología, y es la ideología lo que no se ha dejado de lado en este informe. 
Señor Presidente, tal y como ya se ha dicho, por solo cinco votos el Parlamento ha proporcionado a los noticieros una de las páginas más decepcionantes y vergonzantes sobre nuestra labor en este foro: un informe titulado «sobre la situación de los derechos humanos en la Unión Europea» y que, por el contrario, ha violado o viola muchos de los derechos que afectan en gran medida a los ciudadanos. 
Centrémonos en uno de varios: la institución de la familia, que en este informe está, como poco, distorsionada; un modelo de familia que propone la libre unión entre hombres y mujeres del mismo sexo y leyes de adopción por familias monoparentales liberalizadas o, exactamente, homosexuales. 
Y, además, se presenta un país como modelo, los Países Bajos para ser exactos, donde, además de todo esto, la eutanasia es oficial y donde hay políticas de liberalización de las drogas. 
Bien, si este es el modelo social que ahora transmite el Parlamento, me desmarco de él y, aquí reside su punto débil, también lo hace la mayoría de los Estados miembros: solo dos o tres siguen indirectamente el modelo neerlandés. 
Ahora se producirá un punto muerto institucional, porque ni la Comisión ni el Consejo, ya lo han anunciado, desean aceptar esta tendencia. 
Hemos perdido una oportunidad de ser más claros y más coherentes. 
Los diputados laboristas británicos y yo hemos votado a favor del informe Swiebel, que en su conjunto sirve a un objetivo loable. 
Todos los Estados miembros, en virtud de su propia naturaleza, deben ser fuertes y sentirse suficientemente seguros de sí mismos como para aceptar la crítica. 
Esto no implica automáticamente que deban dar por válidas todas las críticas. 
El informe se basa en informaciones de segunda mano de ONG y otras organizaciones. 
Por lo tanto, se han deslizado una serie de imprecisiones. 
El Reino Unido se toma muy en serio todas las acusaciones de violencia y racismo formuladas contra funcionarios públicos. 
Todas las acusaciones se investigan rigurosamente y se incoan acciones judiciales. 
La detención de ciudadanos extranjeros sospechosos de terrorismo es un asunto muy grave. 
Sin embargo, a veces se precisan medidas excepcionales para afrontar posibles amenazas contra la seguridad nacional. 
La Convención de Ginebra de 1951 nunca pretendió proteger a los terroristas; por lo tanto, es correcto excluirlos. 
Aunque no es perfecta, la legislación del Reino Unido intenta promover los derechos de los trabajadores y anima a los empresarios a tratar a sus empleados con la consideración debida en todo momento. 
También disponen de recursos legales, en su caso. 
Con respecto a los derechos de maternidad en le Reino Unido, todas las mujeres embarazadas tienen derecho a 18 semanas de baja, que pueden empezar a disfrutarse hasta 11 semanas antes del nacimiento del niño. 
Por tanto, tenemos nuestras reservas sobre la exactitud del informe, pero lo acogemos con satisfacción y hemos votado a favor. 
La propuesta sobre derechos fundamentales en la Unión Europea es, en términos generales, una buena propuesta. 
Sin embargo, hay varios apartados problemáticos, como el apartado 78 sobre la prohibición de la entrada de las mujeres en el Monte Athos. 
No creo que los derechos de la mujer vayan a medirse con este criterio; se medirán desde el punto de vista del empleo, la igualdad de salarios, la violencia doméstica y la lucha contra el tráfico de seres humanos. 
Apenas podemos hablar de libertad de circulación en esta pequeña franja de tierra que tiene su propio sentido del tiempo y que observa las costumbres y tradiciones que se remontan miles de años atrás. 
Pronto estaremos reclamando libertad de establecimiento y libertad de actividad comercial y los monasterios estarán plagados de puestos de Coca-Cola. 
En un mundo cada vez más plastificado y homogeneizado, deberíamos respetar la riqueza cultural que llega del pasado, sin que afecte a la sociedad moderna, y dejar que el Monte Athos viaje por el tiempo a su propio ritmo. 
Es a causa del apartado 78 que me veo obligado a votar en contra del informe en su conjunto. 
Nosotros, los socialdemócratas suecos, emitimos esta explicación del voto sobre las siguientes cuestiones: 
Artículo 23: 
Estamos en contra de utilizar la expresión «prostitución forzada». 
Nuestra opinión es que la prostitución siempre es forzada. 
Detrás de la prostitución siempre hay coacción, dependencia y explotación. 
No se puede hablar de prostitución voluntaria y, por lo tanto, tampoco de prostitución forzada. 
Artículo 67: 
Opinamos que los suecos deberían firmar el Convenio nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. 
Sin embargo, para firmar el convenio es preciso hacer ciertos ajustes en la legislación sueca. 
Por ejemplo, la extensión de terreno que los lapones han utilizado o han tenido tradicionalmente está claramente determinada. 
La tarea de establecer la medida de estas áreas ha sido confiada por el Gobierno a una comisión especial que tiene la finalidad de poner límites al área de cría de renos. 
El estudio debe concluir para finales de 2004 y entonces se remitirá a consulta. 
Lo que supone que pasarán algunos años antes de que sea posible la ratificación por parte de Suecia. 
Artículo 133: 
En la justificación del artículo 133, Suecia destaca en relación con dos muertes que han llamado la atención y en relación con las cuales las actuaciones de la policía, del fiscal y del juez instructor han sido duramente criticadas. 
Queremos dejar claro que el Gobierno sueco respondió a las críticas y emprendió una investigación que concluyó el año pasado. 
La investigación se realizó expresamente desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos y critica varios aspectos de la investigación penal. 
La delegación moderada del Parlamento Europeo considera increíblemente importante que todos los años se escriba un informe parlamentario sobre cómo cumplen los Estados miembros de la Unión Europea los derechos humanos. 
Los derechos humanos constituyen la piedra angular más importante de la cooperación europea. 
Está claro que deberíamos exigir tanto a nuestros propios países como a los países candidatos y a otros países ajenos a la Unión Europea. 
Sin embargo, por desgracia el informe no se ciñe a los derechos fundamentales, sino que también expresa ciertas aspiraciones políticas. 
Independientemente de si se comparten o no las opiniones políticas, este método corre el peligro de devaluar la importancia de los derechos fundamentales. 
Por este motivo no podemos votar a favor del informe en su totalidad. 
También votamos en contra del artículo 43, porque está mal expresado. 
Naturalmente, el principio por el que no debería ser posible condenar a nadie dos veces por el mismo delito es fundamental. 
Sin embargo, esto no implica que haya que excluir la cárcel y la deportación para castigar delitos graves 
También nos oponemos a que la Unión Europea interfiera en cuestiones relativas a formas de relaciones familiares, porque creemos que, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la política familiar es un asunto de cada país. 
Me ha preocupado mucho leer las numerosas críticas al Reino Unido en este informe. 
Observo que la mayoría de los diputados laboristas han votado a favor de los apartados relacionados con el Reino Unido y puedo entender perfectamente su desesperación por la situación del Reino Unido después de cinco años de Gobierno laborista. 
Por mi parte, me veo en la obligación de votar en contra el informe. 
Quizá en las próximas elecciones los diputados laboristas deberían unirse bajo este lema: «Las cosas solo pueden ir mejor». 
- (DA) Hoy hemos votado a favor del apartado 41 del informe de la Sra. Swiebel porque, si desafortunadamente se aprobara la política común de asilo de la Unión Europea, queremos que se base en el humanitarismo y el respeto de los convenios internacionales. 
Además, el respeto de los derechos humanos debe ser, y seguir siendo, su punto de partida indispensable. 
Sin embargo, en un principio no creemos que la mejor forma de lograrlo sea desarrollar una política común europea de refugiados basada en el primer pilar supranacional. 
El Movimiento de Junio también vota a favor de todo el informe, porque naturalmente es preciso respetar los derechos humanos en la Unión Europea, si no mejorarlos. 
Es lo que estamos haciendo a pesar de que no deseamos una política común de asilo, la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales y el desarrollo de una agencia de derechos humanos de la Unión Europea. 
El Movimiento de Junio lucha por respaldar y mejorar la situación de los derechos humanos dentro y fuera de la Unión Europea. 
Defendemos el derecho de todos a una vida digna, pero no creemos que la mejor manera de lograrlo sea necesariamente dentro del marco de la Unión Europea. 
. 
(PT) El informe critica y elogia la situación de los derechos humanos en Portugal, con precisión y ecuanimidad. 
Sería inaceptable que las instituciones portuguesas no lo tuvieran en cuenta con el pretexto de que la integridad del Estado prevalece ante los derechos de los ciudadanos, y este es el factor que se ha ganado mi voto. 
La exposición de motivos del informe también contiene información menos rigurosa que, sin embargo, no ha influido en mi voto, porque no me parece importante para determinar el contenido del informe, pues no se va a votar sobre ella o no se va a publicar. 
Al igual que las instituciones locales, regionales o nacionales, las instituciones europeas también deben tener la libertad de aprobar una posición, criticar o elogiar las prácticas de instituciones que no sean las suyas propias. 
Sin embargo, un informe de la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea que no evalúa la legislación y las actividades de las instituciones europeas no es un informe sobre la Unión Europea, es simplemente un informe sobre los Estados miembros. 
Por lo tanto, a este informe sobre los Estados miembros debe seguirle otro informe más importante, que evalúe las prácticas de las instituciones europeas en el ámbito de los derechos humanos. 
Pensamos que el informe es muy bueno y, por lo tanto, votamos a favor. 
Sin embargo, no compartimos la absoluta convicción de la ponente de que, básicamente, la única manera de que se cumplan de forma sostenida los derechos humanos en la Unión Europea es introducir la Carta de los Derechos Fundamentales en futuros tratados. 
. 
(PT) Queremos distanciarnos claramente del enfoque contenido en la propuesta de resolución que intenta dar a la Carta de los Derechos Fundamentales un valor «constitucional» que no tiene, y recordar la crítica que hicimos de esta intención y del contenido retrógrado de la propuesta en el ámbito de los derechos cuando se aprobó la Carta en la Cumbre de Niza, si bien otros la han defendido y siguen haciéndolo. 
Queremos distanciarnos claramente de una visión de control e interferencia en asuntos nacionales de los Estados miembros, que se refuerza en los Tratados y que criticamos en su momento, si bien otros la han defendido y siguen haciéndolo. 
Al mismo tiempo, no debemos olvidar los aspectos metodológicos de todo el proceso, y nos parece que la propuesta presentada enumera una serie de recomendaciones, y en este punto deberíamos hacer hincapié en que solo son recomendaciones, que, en términos generales, protegerán los derechos fundamentales. Estos derechos incluyen libertades personales, derechos de los inmigrantes, la libre circulación, el derecho a la privacidad, la no discriminación, la igualdad de género, derechos de los niños, derechos de las personas con discapacidades y la protección de los derechos sociales. 
Por lo tanto, nuestro voto es favorable al informe. 
El voto del grupo político PASOK sobre la propuesta de la Sra. Joke Swiebel es un claro voto en contra, en lo que concierne a Grecia. 
En relación con la mayoría de las cuestiones por las que se critica a Grecia o se le insta a que realice mejoras, o bien ya se han modificado los artículos pertinentes de la legislación griega y ya se ha introducido la mejora reclamada, o bien ya se han adoptado las primeras medidas para efectuar una reforma legislativa. 
Por ejemplo: 
1. 
Se nos insta (apartado 17) a abolir la pena de muerte. Sin embargo, se omiten estos tres hechos: 
a) la pena de muerte ha sido abolida, excepto en el código penal militar y, por tanto, solo en relación con crímenes en tiempo de guerra; 
b) ya se ha preparado el proyecto de ley para abolir la pena de muerte en el código penal militar; 
c) nunca se ha llevado a cabo una pena de muerte impuesta. 
2. 
Objetores de conciencia: 
a) los nuevos mecanismos que permiten la exención del servicio militar están recogidos en un decreto constitucional; 
b) la legislación griega ya no limita estos mecanismos favorables a la objeción religiosa; ahora son extensivos a la objeción de conciencia en general. 
A los conservadores británicos este informe nos parece una intrusión vergonzosa en los asuntos nacionales del Reino Unido y de otros Estados miembros. 
Los ataques injustificados contra probos funcionarios, como policías y personal penitenciario, son totalmente inaceptables y no pueden sustanciarse. 
La realidad es que vivimos en un mundo peligroso donde nuestra libertad está amenazada por terroristas, dictadores y crímenes violentos. 
El público británico tiene derecho a esperar que sus representantes electos les defiendan y protejan, para que no sean vulnerables en estos terrenos cruciales. 
El informe refleja una imagen muy fea de la Unión Europea. 
En su informe, la Sra. Swiebel expresa sus propias opiniones personales sobre los derechos humanos. 
Los diputados conservadores británicos urgen a las autoridades parlamentarias a garantizar que los próximos informes de este tipo se encarguen a alguien que adopte un enfoque menos personal y más objetivo. 
. 
(PT) No hay nada como un buen combate político. 
Desde el punto de vista democrático, felicito a la Sra. Swiebel por su éxito final. 
Sin embargo, el estrecho margen entre los votos, que ha supuesto que mi propia propuesta de resolución no se aprobara en el pleno (por solo 23 votos) y que una mayoría extremadamente justa (de solo cinco votos) haya aprobado la resolución final, claramente demuestra que se ha tomado la dirección equivocada. 
Esto no añade nada positivo a la integración europea en la que, siendo como es una cuestión tan arraigada en la tradición, la historia y el consenso de los pueblos europeos, hemos estado tan profundamente divididos, lo que ha producido confrontaciones radicales. 
De hecho, quien lea la propuesta aprobada podría pensar que vive en un terrible ambiente de persecución, bajo una de las dictaduras más turbias del siglo veinte. 
El cambio metodológico empleado por la ponente (y por exigua mayoría) ha desembocado en opiniones exageradas que reflejan un desprecio total por el hecho de que la Unión Europea es una de las pocas regiones privilegiadas de todo el mundo en relación con los derechos humanos y su respeto y garantía. 
Por último, hemos ido acumulando ira por la realidad de una situación que nos es familiar a todos y hemos terminado haciendo el ridículo, por haber cedido a la agenda política de izquierdas y sectaria. 
Lo que no hace ningún favor, ni a Europa ni a los derechos humanos. 
Por último, celebro la iniciativa de presentar una propuesta alternativa global: como el Grupo UEN solo tiene 22 diputados, los 246 votos obtenidos en el pleno por la propuesta alternativa demuestran a todas luces el relativo éxito logrado, como instrumento de clarificación política y de afirmación de nuestras diferencias. 
He votado en contra del informe. 
Probablemente sea la primera vez en la historia del Parlamento Europeo que un o una ponente ha presentado un informe sobre derechos humanos que, por buenos motivos, ha sido duramente criticado y ha recibido el apoyo de una ajustadísima mayoría de votos (274 a favor, 269 en contra y 14 abstenciones). 
El informe refleja opciones seleccionadas sobre una base política partidista y hace un mal uso del concepto de derechos humanos. 
Esto se debe al hecho de que la ponente (al cuestionar, por ejemplo, la legislación familiar y los derechos de los monjes griegos en relación con sus propiedades en el Monte Athos) se aleja de las instrucciones y de los parámetros originales del informe, constituidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
De esta forma, el concepto de los derechos humanos queda diluido, atenuado y devaluado, lo que es bastante grave. 
Tengo serias dudas sobre la seguridad de la base de la grave afirmación del punto 133 en el sentido de que en siete Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo Suecia, prevalece un «clima de impunidad» en relación con los abusos y la violencia por parte de la policía y el personal de prisiones. 
Sin embargo, como no es un asunto que competa a la Unión Europea, nosotros los Demócratas Europeos y los Demócrata-Cristianos hemos logrado eliminar el punto 83 (279 votos a favor, 259 en contra y 9 abstenciones) con su invitación a los Estados miembros a que «permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo». 
Señor Presidente, me complace haber votado a favor del informe del Sr. Pirker, al ver que ha continuado el trabajo que hice en 1998, cuando aprobamos el informe, que entonces llevaba mi nombre, sobre la ampliación al este y la seguridad interior, que por primera vez elaboró la idea de un Cuerpo Europeo de Guardia de Fronteras. 
Desde entonces, los Estados miembros y la Comisión han hecho notables progresos mediante el estudio de viabilidad italiano y mediante esta comunicación, respectivamente, por la cual doy las gracias al Comisario Vitorino. 
Sin embargo, este es solo el primer paso en la dirección correcta, y quisiera dejar claro que soy partidario de que presionemos para lograr una verdadera fuerza europea de protección fronteriza, para lograr un Cuerpo Europeo de Guardia de Fronteras fundamentado en el derecho comunitario y financiado sobre una base comunitaria, pues todo lo demás solo sería un batiburrillo. 
En cuanto a la institución de formación propuesta, propongo que se combinen los recursos y se evite la duplicación del trabajo recurriendo a la Academia de Policía, también propuesta en el informe de 1998 y ya en marcha. 
Creo que con esto nos situaríamos en el buen camino. 
El crimen se organiza a escala internacional y tenemos que, al menos a largo plazo, organizar la lucha contra el crimen sobre una base comunitaria y transfronteriza. 
- (DA) Hoy en el Parlamento Europeo no hemos votado a favor ni en contra del informe del Sr. Pirker (A5-0449/2002) sobre la gestión integrada de las fronteras exteriores. 
La propuesta incluye bastantes pocas características útiles, pero no creemos que haya llegado el momento de crear un Cuerpo de Guardia de Fronteras conjunto. 
Al mismo tiempo, queremos llamar la atención sobre el hecho de que esta área incluye situaciones que contempla el título IV del Tratado de la CE y que no son relevantes para Dinamarca, conforme al Protocolo sobre la postura de Dinamarca. 
La cooperación de Schengen ha permitido a las personas viajar con mayor libertad en los Estados miembros sin tener que mostrar sus pasaportes en las fronteras interiores. 
Naturalmente, para realizar esta reforma se necesita una vigilancia más eficaz de las fronteras exteriores compartidas. 
En este contexto, es muy importante que los Estados miembros actuales y futuros cooperen estrechamente para garantizar los controles transfronterizos del mismo nivel en toda la frontera exterior, especialmente a través de la formación y de directrices conjuntas. 
Sin embargo, tenemos dudas con respecto a la idea de un Cuerpo de Guardia de Fronteras financiado por la Unión Europea. 
El monopolio de las fuerzas policiales nacionales en el ámbito de la lucha contra el crimen y la vigilancia fronteriza dentro de los territorios de los Estados miembros es fundamental y debería conservarse. 
La policía de otros países no debería poder actuar en otros Estados miembros excepto en circunstancias muy especiales, tal y como también se estipula en el Convenio de Schengen. 
En la medida de lo posible estas normas también deberían aplicarse a los controles fronterizos. 
En cuanto al trabajo policial, especialmente procedimientos de comprobación de documentos de identidad y detenciones, las disposiciones y tradiciones de los Estados miembros individuales difieren entre sí en muchos aspectos. 
Si se crea un Cuerpo de Guardia de Fronteras se puede correr el riesgo de que no se respeten del todo estas disposiciones. 
Por el contrario, la ayuda económica a las autoridades fronterizas de los Estados miembros relevantes debería permitir satisfacer la mayor necesidad de personal que pueda garantizar una vigilancia eficaz de la frontera exterior de la Unión Europea. 
. 
(PT) Deseo felicitar al Sr. Pirker por el excelente informe que ha realizado sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Hacia una gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea» , que apoyo totalmente, en particular con respecto a la acertada idea de crear un Cuerpo Europeo de Guardia de Fronteras. Aunque no se sustituyan las autoridades nacionales responsables de gestionar sus fronteras exteriores, este Cuerpo permitiría trabajar juntos para garantizar la seguridad interior de la Unión y el cumplimiento del principio de libertad de circulación. 
También quisiera expresar mi convencimiento de que con la adopción de medidas comunes en el ámbito de la gestión de las fronteras exteriores, es probable que aumente la eficacia de la gestión fronteriza. 
. 
(PT) Las redes de inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos, el crimen organizado y la lucha contra el terrorismo son situaciones que ciertamente son objeto de una amplia y prioritaria consideración, y, tal y como se definió en Laeken, que demandan mecanismos de cooperación entre los servicios actuales responsables de controlar nuestras fronteras exteriores. 
Sin embargo, es evidente que en el acervo de Schengen ya existen estructuras con competencias y poderes para definir «normas comunes» y procesos para la cooperación policial. 
Sin embargo, esta propuesta va más allá y su objetivo es crear un Cuerpo Europeo de Guardia de Fronteras, cuyos deberes se enmarcan estrictamente en la competencia de las autoridades nacionales y que, por lo tanto, no podemos pactar. 
Sus actividades implicarían, en particular, la inspección de documentos, la interrogación a ciudadanos extranjeros y la notificación de admisión o denegación de entrada en nuestro territorio. 
Evidentemente, un cuerpo policial europeo de este tipo suscita dudas, sobre todo con respecto a su cuestionable y altamente dudosa eficacia. 
Sin embargo, básicamente, y como se afirma en la Comunicación de la Comisión, crearía graves problemas constitucionales en varios Estados miembros. 
Por lo tanto, es prioritario dotar de mayor eficacia a las fuerzas policiales nacionales y garantizar una cooperación apropiada entre ellas para responder de forma satisfactoria en estas situaciones. 
. 
(PT) Este informe se centra en la comunicación de la Comisión sobre una mejor gestión de las fronteras exteriores, que vincula la acción de los Estados miembros con medidas de tipo europeo, que son cruciales dada la amenaza que supone en particular el crimen organizado, el terrorismo, la inmigración ilegal y la inminente entrada de nuevos países en la Unión Europea. 
A la luz de la experiencia adquirida en la aplicación del acervo de Schengen, nos parece apropiado aplicar una política común en el ámbito de la gestión de las fronteras exteriores actuales y futuras, incorporando a esta política las buenas prácticas establecidas por los Estados miembros. 
Sin embargo, la gestión de las fronteras europeas sigue siendo competencia nacional y debe aplicarse a escala nacional, y a este respecto estoy totalmente de acuerdo con la posición del ponente. 
En este contexto, los programas de formación y perfeccionamiento profesional del personal y de los agentes de vigilancia que ejercen funciones directivas, la actualización del diseño y de la instalación de equipos, y la elaboración de un modelo de análisis de riesgo integrado son absolutamente cruciales. 
A pesar de la propuesta del ponente de crear un cuerpo europeo de guardia de fronteras formado por unidades especiales, que se pondrá a disposición temporalmente a las autoridades nacionales en sectores de alto riesgo de las fronteras exteriores, cuando lo precisen y lo soliciten los Estados miembros, que es controvertida, mi opinión del informe en su conjunto es positiva y, por tanto, he votado a favor. 
. 
En primer lugar, la importancia de la comunicación de la Comisión que, al abordar la mejora de la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea, vincula la acción de los Estados miembros con medidas de tipo europeo, actualmente cruciales, dadas las amenazas que suponen en particular el crimen organizado, el terrorismo y la inmigración ilegal, así como la inminente entrada en la Unión Europea de nuevos países. 
En segundo lugar, el enfoque positivo del ponente, quien constantemente hace hincapié en que la gestión de nuestras fronteras sigue siendo competencia nacional y debe aplicarse a escala nacional. 
Sin embargo, a la luz de la experiencia adquirida en la aplicación del acervo de Schengen, esto no debe impedir el desarrollo de una política coordinada para la gestión de las fronteras exteriores actuales y futuras, incorporando a esta política las buenas prácticas establecidas por los Estados miembros. 
Por este motivo yo también apoyo la propuesta de adoptar, a escala comunitaria, programas de formación que incluyan el reciclaje del personal y de los agentes de vigilancia que ejercen funciones directivas, y la elaboración de un modelo de análisis de riesgo integrado. 
También soy partidario de crear un cuerpo europeo de guardia de fronteras, formado por unidades especiales y que se pondrá a disposición de las autoridades nacionales sobre una base temporal en sectores de alto riesgo de las fronteras exteriores, cuando lo necesiten y lo soliciten los Estados miembros. 
De hecho, quisiera llamar la atención sobre la circunstancia de que Portugal tiene una de las fronteras exteriores más importantes y sensibles de la Unión Europea, en este caso una frontera marítima, a la que nadie ha prestado atención. 
. 
(PT) El presente informe habría que considerarlo sobre el telón de fondo del plan de acción de los servicios financieros previsto en lo que se conoce como estrategia de Lisboa, cuyo objetivo es integrar mercados y servicios financieros para 2005 y alcanzar una mayor liberalización de los movimientos de capitales, a lo que nos oponemos. 
Sobre la base de una reciente comunicación de la Comisión que intenta regular la compensación y la liquidación de las transacciones de valores, en otras palabras, el funcionamiento de los mercados de valores integrados, especialmente en transacciones transfronterizas, y que tiene por objeto liberalizar los movimientos de capitales y crear un mercado único de servicios financieros, también intenta armonizar las reglas, la legislación y los métodos de liquidación y compensación en los diferentes Estados miembros, teniendo en cuenta las diferencias nacionales que existen en este campo. 
De ahí el deseo de crear una infraestructura europea común y las propuestas de seguir el ejemplo norteamericano, con la consiguiente presión a la Comisión para que estudie un enfoque similar para la Unión Europea, y también invitando a los Estados miembros, en la próxima revisión de la Directiva 93/22/CEE sobre los servicios financieros para conceder a las empresas de inversión de otros Estados el derecho a acceder a sistemas nacionales de compensación y liquidación. Con esto no estamos de acuerdo. 
. 
(EN) La cuestión de la asistencia sanitaria y la atención a las personas mayores es importante y nos preocupa a todos. 
El informe es serio y está bien planteado. 
Quisiera subrayar la cuestión señalada al comienzo del informe de que la prestación de servicios de salud y asistencia sanitaria es competencia de los Estados miembros Es importante que esto siga siendo así. 
Pero todos los Estados miembros pueden aprender unos de otros, y en particular necesitan aprender en los aspectos básicos que abarca este informe. 
Celebro que el ponente haya aceptado mis enmiendas, así como la mayoría de esta Asamblea en el día de hoy. 
Las necesidades específicas de las personas mayores en relación con la asistencia sanitaria precisan mucha más atención, especialmente en las zonas rurales. 
En mi país se prevé que cada vez más personas mayores se retiren a las zonas rurales. 
Echan raíces en esas comunidades. 
Una vida larga, activa y satisfactoria depende más de la socialización que del ejercicio, y es importante abordar el mayor número posible de necesidades de las personas mayores en sus comunidades locales, en lugar de abordarlas a distancia en las ciudades. 
Es un desafío, pero es un desafío que hay que afrontar. 
Tenemos nuestras reservas sobre el contenido del informe del Sr. Mantovani. 
Apoyamos la enmienda del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, que defiende un método de cooperación en lugar del método abierto de coordinación. 
Nos oponemos a diseñar normas comunes para la supervisión de estrategias de salud y de asistencia sanitaria, y a diseñar estrategias de desarrollo comunes para servicios de salud y de asistencia sanitaria en la zona en cuestión. 
Como liberales suecos, vemos la integración europea como una oportunidad de resolver problemas transfronterizos, como los relacionados con el medio ambiente, el comercio, la movilidad transfronteriza, los derechos humanos y la gestión de conflictos. 
También creemos en el principio de subsidiariedad, por el que las decisiones se adoptan lo más cerca posible de aquellos a quienes afecta. 
Todo el mundo ha de tener claro que la Unión Europea solo debe ocuparse de aquellas cuestiones para las que está mejor situada, a saber, las cuestiones transfronterizas. 
Todas las demás cuestiones tendrían que tratarse en el ámbito local, regional o nacional. 
La asistencia sanitaria y la atención a las personas mayores son ejemplos de áreas donde la Unión Europea solo debería tener una competencia limitada. 
Cada uno de los Estados miembros debería ser plenamente responsable de decidir por sí mismo en torno a estas cuestiones, así como tener el derecho de hacerlo, pues estos son ejemplos claros de áreas que no tienen un carácter transfronterizo evidente. 
La asistencia sanitaria y la atención a las personas mayores son cuestiones que tradicionalmente han ocupado lugares prominentes en la agenda de los liberales. 
. 
(PT) Gracias a las políticas de los Estados miembros, la Unión Europea se beneficia de sistemas sanitarios claramente excepcionales en comparación con los del resto del mundo. 
Sin embargo, esto no significa que deba pasarse por alto la necesidad de proteger a quienes son particularmente vulnerables o a quienes tienen graves dificultades económicas a causa del alto coste de los tratamientos. 
Sobre este telón de fondo, las propuestas formuladas en la Comunicación de la Comisión tienen una importancia estratégica para garantizar la accesibilidad, la calidad y la viabilidad financiera con respecto a la atención sanitaria para las personas mayores. 
El hecho de que la organización de los sistemas de atención sanitaria, su financiación y planificación sean responsabilidad de los Estados miembros no constituye una barrera a la cooperación de la Comunidad en políticas sobre cuestiones relativas al envejecimiento, en particular en el ámbito de la salud. En su lugar, compartir experiencias y soluciones podría contribuir a lograr la cohesión social que deseamos tener. 
He apoyado sin reservas este informe, que, de hecho, ha incorporado contribuciones valiosas en opinión del Sr. Mussa, del Grupo UEN, sobre todo en relación con: el reconocimiento de la importante función de los proveedores de asistencia sanitaria, la propuesta de financiación de la Comunidad para varios proyectos de formación y la cuestión de los malos tratos a las personas mayores. 
Por último, habría que hacer hincapié en la necesidad de una «nueva actitud» con respecto a las personas de edad avanzada, considerándolos un nuevo recurso importante que debería valorarse, y no una carga para la sociedad. 
La esperanza de vida casi se ha duplicado en los últimos cincuenta años, dando lugar a un mundo completamente diferente. 
Mediante mejores niveles de protección, Europa y los europeos se beneficiarán enormemente de una sabiduría, una experiencia y unos conocimientos abundantes que constituyen el valioso capital de las personas mayores. 
Los socialdemócratas suecos presentan la siguiente explicación del voto. 
Apoyamos la resolución pero queremos indicar que no menciona a las mujeres ni sus derechos humanos. 
Tampoco menciona las prioridades de las mujeres, defendidas por el Parlamento en diciembre de 2001, sino, más bien, las del Gobierno afgano. 
Creemos que es preciso establecer el requisito de que la dimensión de la igualdad conforme todos los proyectos de ayuda y que la mujer tenga representación en el Gobierno. 
Las mujeres son víctimas tanto con la Alianza del Norte como con los talibanes. 
Las mujeres son las principales protagonistas en la causa de la paz. 
Una política para Afganistán debe ir también dirigida a la mayoría del pueblo afgano, a saber, mujeres y niños. 
Los conservadores británicos han votado a favor de la resolución sobre Afganistán, que contiene muchos elementos útiles, pero no aceptamos la crítica implícita de las acciones de Estados Unidos en el primer considerando y en el nuevo apartado 15a; el deseo de crear para la Unión Europea como tal un papel político propio; la propuesta del apartado 15 de que el Consejo reconsidere sus propuestas de regreso de los refugiados; o, de hecho, la propuesta del nuevo apartado 10a de utilizar las fuerzas militares de la ISAF para investigar abusos de derechos humanos, independientemente de nuestro más ferviente deseo de mejorar la situación de los derechos humanos, en particular en relación con la situación de las mujeres. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 13.29, se reanuda a las 15.00 horas) 
Quisiera comunicarles los resultados de la segunda vuelta de la votación para elegir al Defensor del Pueblo: 
Diputados que han votado: -535 
Votos en blanco o nulos: -26 
Votos emitidos: -509 
Mayoría absoluta: -255. 
Los votos emitidos se reparten de la siguiente manera: Sr. Diamandouros, 294 votos, Sr. Perry, 215 votos. 
El Sr. Diamandouros ha obtenido la mayoría de los votos emitidos. 
Por lo tanto, le declaro Defensor del Pueblo europeo. 
Le felicito por este nombramiento y le invito a prestar juramento oportunamente ante el Tribunal de Justicia, de conformidad con nuestro Reglamento. 
Quisiera, además de felicitar a nuestro nuevo Defensor del Pueblo, aprovechar la oportunidad para dejar constancia de nuestro agradecimiento y reconocimiento por la labor del primer Defensor del Pueblo de la Unión Europea, el Sr. Söderman. 
Señor Presidente, quisiera aprovechar esta oportunidad de ser el primer diputado que felicita al profesor Diamandouros por haber sido elegido Defensor del Pueblo europeo. 
Ha sido un placer trabajar en los últimos años con Jacob Söderman, quien ha sido un extraordinario Defensor del Pueblo de Europa, pero me complace comprobar que el cargo de Defensor del Pueblo seguirá en las buenas manos del profesor Diamandouros. 
El cargo de Defensor del Pueblo es crucial para la democracia europea. 
Es importante que esté en manos expertas y ahora vemos que así será. 
Una cosa que quería decir es ésta. 
Todos los candidatos a Defensor del Pueblo, y a todos habría que agradecer su contribución al debate, han respetado el código de buen comportamiento administrativo propuesto y ratificado por este Parlamento y que propuso el Sr. Söderman. 
Deberíamos decir con firmeza a las instituciones de Europa, en particular a la Comisión, que ahora tendrían que aprovechar la oportunidad sin más dilación de ratificar este código, para que podamos tener la seguridad de que Europa tiene la administración que necesita y merece, y a la que todos los funcionarios de las instituciones desean contribuir. 
Le doy al profesor Diamandouros mi más sincera enhorabuena. 
Muchas gracias por su comentario, señor Perry. 
Quisiera darle las gracias, junto con los demás candidatos, por brindarnos la vitalidad de la elección democrática. 
Señor Presidente, como Presidente en funciones quisiera dar mi más sincera enhorabuena al Parlamento Europeo por su selección. 
Sé que los candidatos, especialmente los que han quedado en la última ronda, están muy cualificados y capacitados. 
Creo que el Parlamento Europeo ha hecho una excelente elección y, por consiguiente, creo que el Sr. Diamandouros, podrá contribuir a los asuntos europeos e incluso mejorar la oficina del Defensor del Pueblo. 
Como Ministro en funciones de asuntos exteriores, como colega del Sr. Diamandouros en la Universidad de Atenas y como antiguo amigo, estoy encantado y me siento emocionado por su elección para este cargo. 
Quisiera felicitarle y, al mismo tiempo, decir cuánto siento que Grecia le pierda durante un tiempo. 
Es una persona tan valiosa que será una verdadera pérdida para nosotros. 
Sin embargo, esperamos que vuelva con nosotros, aún con más experiencia y más capaz que cuando nos dejó. 
Señor Presidente, en nombre de la Comisión, del Colegio y de todos los que trabajan en la Comisión, quisiera felicitar encarecidamente al profesor Diamandouros por haber salido elegido. 
Es un gran día para él y un gran día para Grecia, aunque reconozco que lo que gana Europa, lo pierde Grecia. 
El profesor accede a estas grandes responsabilidades con unas credenciales excelentes, entre ellas la de ser un amigo de la Comisaria Diamontopoulou, por lo que existen muchas razones para reconocer que posee todas las cualidades y toda la experiencia y conocimientos necesarios para desempeñar las funciones de este puesto exigente. 
Quisiera también rendir homenaje a la labor realizada por el Sr. Söderman durante los últimos años. 
Estoy seguro de que el profesor Diamandouros asumirá sus responsabilidades de manera que se hará merecedor de la confianza de este Parlamento y que también se ganará la confianza de la gran mayoría de los ciudadanos de Europa. 
Nuestros mejores deseos para este viaje y le aseguramos que en esta ocasión, llegar y aterrizar en Ítaca es mucho más apasionante que viajar a ese lugar. 
También quisiera rendir homenaje, si me lo permiten- al haber perdido yo casi tantas elecciones como las que he ganado- al señor Perry, de quien sé a ciencia cierta que goza de la estima de toda esta Asamblea, y sus observaciones elegantes de hace unos minutos no harán sino mejorar su reputación. 
Nuestros mejores deseos para el profesor, que sin duda desempeñará esta tarea inmejorablemente. 
El Acta de la sesi? n de ayer ha sido distribuida. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, en nombre de mis colegas diputados y en el mío propio, quisiera agradecer al Sr. Perry que haya sido tan buen candidato en esta elección. 
Tal y como ha observado usted, el Sr. Perry es uno de los mayores campeones de la buena administración. 
También quisiera que conste en acta el hecho, que por encima de todo también deseo expresar a los aquí presentes, de que con nuestro futuro defensor del pueblo, el Sr. Diamandouros, hemos conseguido un valioso sucesor del Sr. Söderman. 
El Sr. Diamandouros es alguien que realmente puede seguir los pasos del Sr. Söderman, y creo poder hablar en nombre de los diputados al Parlamento Europeo si digo que deseamos cooperar con él de forma constructiva. 
También hemos de agradecer haber contado con un buen suministro de candidatos profesionales. 
El hecho de que durante el mandato actual hayamos elegido a un nuevo defensor del pueblo también significa, creo, que mis colegas diputados ahora están aún más familiarizados con el trabajo del defensor del pueblo y que estamos de acuerdo en lo que debe hacerse. 
Por último, una única pega: hace algo más de media hora, la agencia de prensa finlandesa ha enviado un mensaje textual sobre el resultado de la elección. 
Quisiera pedir a nuestro estimado Vicepresidente y a todos los demás que se aseguren de que los candidatos y otros no reciban noticias importantes como estas en los pasillos o a través de las agencias de prensa, sino que, en la medida de lo posible, podamos guardar estas noticias para las reuniones solemnes que celebramos en esta Cámara. 
Gracias, señora Thors. 
Hemos tomado nota de sus comentarios. 
Gracias, señor Nogueira Román, por su comentario. 
Le aseguro que los servicios del Parlamento ya han tomado nota y lo corregirán en el Acta. 
(El Acta queda aprobada) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de la recomendación (A5-0410/2002 del Sr. Galeote Quecedo, y de las preguntas (B5-0508/2002, B5-0509/2002) al Consejo y a la Comisión, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la celebración del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra. 
. (ES) Señor Presidente, indudablemente, una de las consecuencias derivadas de los ataques terroristas del 11 de septiembre ha sido atraer la atención sobre Oriente Próximo y, aunque solamente fuera por nuestro propio interés, la Unión Europea debería contribuir a sosegar las aguas convulsas en esa región, lanzando la cooperación política y económica y, en general, dinamizando el marco de relaciones euromediterráneas. 
En ese sentido, los trabajos para la creación de una asamblea parlamentaria euromediterránea supondrían una valiosa aportación, y yo animo a los colegas libaneses a que se sumen a la apuesta que han realizado tanto el Parlamento Europeo como los Parlamentos de la región. 
El país con el que mañana, a través de nuestra votación, el Parlamento Europeo va a abrir las puertas de una cooperación privilegiada, el Líbano, es, sin duda, un actor fundamental en la zona. 
Hoy, después de 16 largos años de guerra en su territorio, el Líbano puede ser un compañero de viaje de la Unión Europea en su afanoso intento de encontrar una solución al conflicto regional. 
¡Ojalá seamos socios mediterráneos por la paz! 
Los acuerdos de asociación como el que estamos discutiendo hoy constituyen un elemento esencial de la acción exterior de la Unión Europea que van más allá de la simple lógica comercial, puesto que aspiran a establecer un marco para un diálogo político. 
Yo aspiraría, y estoy seguro de que conmigo todo este Parlamento, a que la excepción de Siria se pudiera solucionar a la mayor brevedad. 
Al hilo de este acuerdo, quisiera referirme a algunos temas que se han suscitado durante el debate en comisión. 
En primer lugar, si bien celebramos, sin duda, la retirada israelí del sur del Líbano en mayo de 2000, no ha quedado aún resuelta definitivamente la cuestión de unas fronteras estables con Israel, por lo que instamos a las partes a alcanzar un acuerdo al respecto. 
En segundo lugar, desde octubre de ese mismo año 2000, el grupo Hezbolá mantiene secuestrados a cuatro ciudadanos israelíes y, en este caso concreto y en general en el referido a los detenidos y desaparecidos en diversos países de la región- se calcula que 17 000 ciudadanos libaneses- es necesario que se tomen cartas en el asunto- quisiera preguntar a la Presidencia griega si va a hacer algo para mediar en este lamentable asunto de los desaparecidos-. 
En nuestra comisión también hemos expresado la necesidad de completar la retirada de las tropas sirias estacionadas en el Líbano, en aplicación de la Resolución 520 del Consejo de Seguridad, para garantizar así el respeto a la soberanía y a la integridad de ese país. 
Por ello, apelamos al Gobierno libanés a someter esta cuestión a la consideración de nuestros colegas en el Parlamento de ese país, de manera tal que se abra un debate que permita avanzar en esta crucial cuestión. 
Quiero apoyar y reconocer los esfuerzos que las autoridades libanesas están haciendo en la lucha contra el terrorismo y, en concreto, para aplicar la Resolución 1373 de las Naciones Unidas. 
Éstas y otras cuestiones formarán parte del diálogo político que se abrirá entre la Unión Europea y el Líbano, especialmente en aplicación de la cláusula contenida en el artículo 2 de este acuerdo. 
Y, en presencia del Consejo y de la Comisión, quiero hacer un llamamiento para que se celebre un debate en profundidad sobre la efectividad de la aplicación de esta cláusula y sobre los posibles mecanismos para su seguimiento y evaluación parlamentarios. 
En este contexto, la cuestión del respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos es fundamental para esta Asamblea. 
Estoy convencido de que ésta es, sin duda, una herramienta básica que será de suma utilidad para apoyar los enormes esfuerzos que el actual Gobierno del Ministro Hariri está llevando a cabo para mejorar la situación económica del Líbano. 
Señor Presidente, Señorías, todo debate sobre Líbano nos remite directamente a los debates sobre Oriente Próximo, tanto en torno a cuestiones relativas a Israel, como en torno a los debates sobre Iraq de las últimas 24 horas. 
La situación en Líbano sigue siendo muy complicada, principalmente porque allí viven muchas comunidades diferentes, lo que significa que los problemas precisan un enfoque multiétnico, plurilingüe, multirreligioso, sin olvidar que Líbano ofrece refugio a un elevado número, cerca de 370 000, de refugiados palestinos. 
Estas comunidades están representadas en el ámbito institucional. 
La aplicación de los acuerdos de la Carta de Reconciliación Nacional de 22 de octubre de 1989, que permite a las fuerzas sirias establecerse en ciertas zonas de Líbano, básicamente se enmarca en las relaciones entre Líbano y Siria. 
El Consejo supervisa de cerca el diálogo político interno en Líbano. 
El primer paso fue la salida israelí del sur de Líbano en mayo de 2000, a la que siguió una retirada parcial del ejército líbano-sirio en junio de 2001. 
Al mismo tiempo, existe el riesgo de que la presencia de las fuerzas de Hezbolá en el sur del país constituyan un factor desestabilizador en las relaciones israelo-libanesas. 
Las elecciones parlamentarias libres del 3 de septiembre de 2000 indican que se lleva la dirección correcta hacia la normalización de la situación en Líbano, y, por lo tanto, no debemos subestimar el efecto desestabilizador que en Líbano supone el conflicto en Oriente Próximo. 
El Consejo ha declarado en varias ocasiones que la lucha contra el terrorismo es una prioridad y el reciente ataque terrorista en Bali ha puesto de manifiesto otra vez la necesidad de una estrecha cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. 
La aplicación del plan de acción aprobado por el Consejo Europeo en septiembre de 2001 va progresando bien. 
En cuanto a su dimensión exterior se refiere, el Consejo ha decidido incluir la lucha contra el terrorismo en el acuerdo entre la Unión Europea y terceros países. 
El hecho de que Líbano sea uno de los primeros países que han aceptado firmar el acuerdo con la Unión Europea en torno a esta cuestión demuestra que está preparado para cooperar activamente con la Unión Europea, incluso en el campo de los intercambios de información. 
El hecho de que el Acuerdo de Cooperación y el Acuerdo de Asociación en relación con la lucha contra el terrorismo se firmaran el mismo día, el 17 de junio de 2002 en Luxemburgo para ser precisos, refuerza el vínculo existente entre ambos acuerdos, y, espero que pronto, entrarán en vigor a la vez. 
En lo que concierne a los derechos humanos, el Consejo supervisa en estos momentos rigurosamente esta cuestión. 
El Consejo ha expresado su preocupación por la acción del ejército libanés contra activistas cristianos en agosto de 2001 y por el cierre de la cadena de televisión independiente MTF el pasado septiembre. 
El Acuerdo de Asociación también consolidará el potencial de supervisión de esta cuestión y animará a las autoridades de Líbano a que respeten más los derechos humanos. 
Como ya saben ustedes, el acuerdo requiere que el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales sea un elemento básico en la política interior y exterior de ambos lados. 
Además, se establecerá un diálogo político en varios niveles, principalmente en el Acuerdo de Asociación, en torno a todas las cuestiones de interés. 
Si se me permite, quisiera hacer una serie de comentarios sobre el Acuerdo de Asociación, al que se invita al Parlamento Europeo a dar su asentimiento. 
La firma del Acuerdo de Asociación es una novedad importante y marca el inicio de un nuevo capítulo en nuestras relaciones con Líbano. 
Aunque se refiere principalmente a las relaciones intergubernamentales, el acuerdo también ofrece un marco operativo para la comunidad empresarial y la sociedad civil. 
Este acuerdo es vital para toda la política mediterránea de la Unión Europea y, sin embargo, constituye otro paso hacia la creación de una zona de libre comercio euromediterránea. 
Quiero indicar que Líbano acaba de ratificar tanto el Acuerdo de Asociación como el Acuerdo Provisional que entrará en vigor el 1 de marzo de 2003. 
Los canales de buena comunicación entre políticos de ambos lados del Mediterráneo son un factor importante para construir relaciones constructivas entre la Unión Europea y sus socios mediterráneos. 
En el plano bilateral, el Acuerdo de Asociación establece un Consejo de Asociación Unión Europea-Líbano, para facilitar la cooperación y los contactos entre el Parlamento Europeo y las instituciones parlamentarias de Líbano. 
Los diputados que participen tendrán que establecer el marco para este diálogo que, en lo concerniente al Consejo, complementará el diálogo euromediterráneo general. 
Celebro los resultados de la última reunión del Foro Euromediterráneo que tuvo lugar en Bari en junio de 2002, donde se destacó la dimensión parlamentaria de nuestra cooperación con los países del Mediterráneo. 
Actualmente estudiamos mecanismos de cooperación para crear una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. 
El Parlamento Europeo ha empezado a centrar su trabajo precisamente en esta asamblea, que incluirá a diputados de 27 parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo. 
En la cumbre euromediterránea de Valencia se propuso fortalecer la dimensión parlamentaria de un diálogo euromediterráneo mediante la creación de una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. 
Celebro la reciente reunión del Foro Euromediterráneo que tuvo lugar en Bari entre el 17 y 18 de junio de 2002, y que respaldó la creación de una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y decidió formar un grupo de trabajo para establecer esta nueva asamblea. 
Por su parte, los responsables superiores del proceso de Barcelona también acordaron crear un grupo que se coordinaría con el grupo de trabajo de Bari. 
Uno de los objetivos de la Presidencia griega consiste en utilizar la dinámica de la cooperación euromediterránea para fortalecer su dimensión parlamentaria. 
Una de las prioridades de nuestra presidencia consiste en lograr nuevos niveles de integración e impulsar la credibilidad de la cooperación euromediterránea, motivo por el cual ahora estamos estudiando los mecanismos y las medidas de cooperación necesarios para crear esta asamblea. 
Lo que queremos, por no decir necesitamos, es que el Foro Parlamentario Euromediterráneo decida, en su próxima reunión que se celebrará en Creta en marzo de 2003, convertirse en asamblea parlamentaria. 
Si lo hace, la cumbre de Ministros de Asuntos Exteriores que se reunirán en Creta el 26 y el 27 de marzo de 2003 podría celebrar su decisión y podría instaurarse esta nueva institución. 
Señor Presidente, la Asamblea examina hoy una resolución de suma importancia sobre la aprobación del Acuerdo de Asociación firmado con Líbano en junio del año pasado. 
Este acuerdo no sólo es importante para nuestras relaciones con Líbano, sino que también es crucial para la Asociación Euromediterránea en su conjunto, puesto que representa un paso adelante hacia la conclusión de la red de acuerdos de asociación en el marco del Proceso de Barcelona (el único acuerdo que todavía se encuentra en proceso de negociación es el que se refiere a Siria, y espero tener la oportunidad el mes que viene de persuadir a los sirios de que avancen más seriamente en la negociación de un acuerdo). 
Líbano es un socio fundamental en la estructura euromediterránea. 
Cuando el Primer Ministro Hariri fue elegido para el cargo en septiembre de 2000, fijó para su Gobierno un plazo ambicioso: concluir las negociaciones con la Comisión Europea a finales de 2001. 
Me alegra mucho de que haya cumplido esta promesa e invito a los diputados de la Asamblea a que voten en favor de la resolución y a refrendar el acuerdo. 
A mi juicio, el Parlamento tiene delante los medios para proporcionar a Líbano unas bases sólidas para construir su futuro. 
El país ha sufrido una guerra civil terrible. 
Ha sido víctima de interferencias exteriores, y sigue siendo vulnerable. 
Actualmente, Líbano lucha por recuperarse y modernizarse en circunstancias económicas difíciles, con escasas perspectivas de paz a corto plazo en Oriente Próximo, graves tensiones en toda la frontera con Israel y la posibilidad inquietante de un conflicto armado en Irak. 
En Líbano existe un amplio apoyo a esta nueva relación reforzada con Europa. 
El parlamento libanés ratificó tanto el Acuerdo de Asociación como el Acuerdo Interino en diciembre. 
El acuerdo interino permite que ambas partes pongan en marcha el período de transición de 12 años a partir de mayo de 2003, que llevará a la introducción gradual del libre comercio. 
Esto es una clara señal de que Líbano considera seriamente cumplir muy pronto sus compromisos de abrir grandes sectores de su comercio y aproximar su legislación a la de la Unión Europea. 
También estará obligado por sus compromisos a respetar los principios fundamentales de los derechos humanos y la democracia a partir de esa fecha; volveré sobre esta cuestión en unos instantes. 
La zona de libre comercio introducirá cambios profundos en el comercio libanés. 
Líbano goza con razón de prestigio por las habilidades empresariales de su fuerza de trabajo. 
Su estrategia económica ya es liberal. 
Ha solicitado el ingreso en la Organización Mundial del Comercio. 
La apertura de los mercados y las economías aportará beneficios mediante la liberalización económica y una mayor competitividad. 
El Líbano se beneficiará inmediatamente del acceso al mercado de sus productos agrícolas y agroindustriales. 
Y la Unión sacará provecho de un mejor acceso al sector servicios en Líbano, una vez firmados estos acuerdos. 
Al fijar el compromiso de Líbano con la reforma social y económica, este Acuerdo enviará un mensaje claro y positivo a la comunidad inversora europea e internacional sobre las oportunidades de inversión extranjera directa en Líbano. 
Los resultados positivos de la II Conferencia de donantes de París del mes de noviembre del año pasado, organizada con gran compromiso y éxito por el Presidente Chirac, indican que este mensaje ya ha hecho mella. 
De los 18 gobiernos participantes, seis eran Estados miembros y la Comisión también estuvo representada en su nivel más alto. 
Existe un claro interés por ver que el Líbano capea el temporal económico de la recuperación de la posguerra y reduce su deuda. 
El importe prometido para ayudarle a aligerar la deuda colmó las expectativas (en total se prometieron cerca de 4 300 millones de dólares). 
Sin embargo, el Acuerdo de Asociación es ante todo un acuerdo político, y por este motivo da tanta importancia al diálogo político. 
El Acuerdo es una sólida expresión de valores compartidos y objetivos comunes. 
A través del diálogo, las partes podrán cumplir el compromiso compartido de lograr la paz en Oriente Próximo. 
Nuestro diálogo, y éste es un punto al que se ha referido el Sr. Galeote Quecedo, abarcará los principios fundamentales de los derechos humanos y la democracia con una franqueza y un aprecio derivados, espero, de una estrecha colaboración. 
La sociedad pluralista de Líbano, que abarca numerosos grupos confesionales y religiosos, ha funcionado con muy buenos resultados cuando hay consenso, tolerancia y debate abierto, una característica única en la región. 
Sin embargo, somos conscientes de las preocupaciones expresadas por la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa del Parlamento Europeo sobre aspectos concretos de la situación de los derechos humanos en Líbano. 
El acuerdo consagra un nuevo foro para abordar estas preocupaciones. 
Al ratificar el Acuerdo de Asociación, la Unión Europea desencadenará los importantes compromisos por parte de Líbano relativos a los derechos humanos y la democracia, la migración y la readmisión, el blanqueo de dinero, la lucha contra la delincuencia organizada y las drogas ilegales, y la cooperación judicial. 
Asimismo estoy al tanto de las preocupaciones expresadas en torno a la libertad de prensa. 
Puedo asegurarles que la Comisión seguirá supervisando y haciendo el seguimiento de estas preocupaciones siempre y cuando sea posible. 
Asimismo, tal como ha señalado el Ministro, el Acuerdo también desencadenará los compromisos de Líbano relativos a la cooperación en la lucha contra el terrorismo, establecidos en el intercambio de cartas a que se ha referido. 
Nuestra asociación se extenderá más allá del comercio y la política, y será de gran alcance, abarcando ámbitos tan diversos como la cooperación en los campos de la ciencia, la educación, la energía, el turismo, el medio ambiente y la industria. 
La cooperación en el terreno social y cultural también ocupa un lugar preponderante en el Acuerdo, en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores y el diálogo social. 
Nuestra cooperación estará respaldada por contribuciones al amparo del programa MEDA que, espero, se centrarán en la medida de lo posible en la ejecución del acuerdo. 
Así pues, avanzamos hacia nuestras ambiciones generales en el Mediterráneo del Sur con el acuerdo con Líbano que hemos presentando al Parlamento. y espero fervientemente que podamos avanzar a partir de aquí para completar la red de acuerdos de asociación gracias al éxito de las negociaciones con Siria. 
Ruego encarecidamente al Parlamento que apoye este acuerdo. 
Señor Presidente, esta mañana, en esta Cámara, hemos hablado de la difícil situación del pueblo afgano, que sufre las consecuencias de décadas de guerra y de luchas intestinas, y sería imposible olvidarlo al tomar la palabra en este nuevo debate. 
No he olvidado que el pueblo libanés ha sufrido las mismas dificultades y aplaudo el hecho de que al final haya podido encontrar los recursos necesarios para empezar a reconstruir el modelo de cooperación multicultural y multiétnica de que nos ha hablado usted, señor Presidente en funciones del Consejo, y que todo el mundo admiraba antes de que la enfermedad del miedo al otro, el miedo a ser dominado, se extendiera allí, como lo hizo en los Balcanes, donde pude observar en persona la devastación. 
No he olvidado esta «balcanización» del territorio libanés, que ha sido tan destructiva como luego fue la «libanización» de la antigua Yugoslavia. 
Por este motivo solo puedo alegrarme de los progresos alcanzados, que han permitido concluir este acuerdo de asociación con la República de Líbano, sobre el que ha dicho usted con razón, señor Comisario, que sería ante todo político. 
Estoy seguro de que mañana se aprobará, por una gran mayoría del Parlamento, siguiendo la propuesta del Sr. Galeote. 
Sin embargo, soy consciente de las dificultades pendientes que ustedes dos, señor Presidente en funciones del Consejo y señor Comisario, así como el Sr. Brok y el Sr. Galeote, han planteado en este debate. 
Personalmente, creo que ha empezado a crearse el modelo libanés, en el que todos, independientemente de su cultura y religión, se enriquecen gracias al contacto con la otredad, pero solo ha empezado. 
En mi opinión no estará completo hasta que el pueblo libanés tenga, que es lo que quiere, independencia plena, de la que aún está privado por la presencia de tropas extranjeras en su territorio. 
La Asamblea General de Naciones Unidas ha pedido repetidamente que se retiren. 
Señor Presidente en funciones del Consejo, nos ha dicho usted que se ha dado un primer paso con la retirada de algunas de estas tropas. 
En mi opinión no es suficiente. 
Por este motivo apoyo sin reservas la petición formulada por nuestro ponente, a saber, que se tenga en cuenta la Resolución nº 520 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que se someta la cuestión de la presencia de tropas sirias en territorio libanés al juicio del Parlamento libanés, que, como ya sabemos, está a favor de respetar la soberanía, la integridad territorial, la unidad y la independencia política de su país. 
Señor Presidente, en esta Cámara se han mencionado unos pocos problemas que afectan a Líbano, a pesar de que también hay signos positivos en este país. 
En el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas queremos destacar algunos de estos problemas. 
La situación en Líbano es muy incierta y complicada, y la presencia siria en el país implica que a veces puede plantearse la cuestión de si Líbano es un estado completamente independiente. 
Existen amplias violaciones de los derechos humanos. 
Solo tengo que mencionar los 17 000 desaparecidos libaneses, la libertad de expresión limitada, la violencia contra las manifestaciones estudiantiles, la pena de muerte y, por supuesto, la situación de los refugiados palestinos, mencionada por bastante pocos colegas diputados. 
Estos refugiados también han de disfrutar de las ventajas positivas que puede aportar el acuerdo de asociación. 
El Grupo ELDR ha presentado una serie de enmiendas relativas a, por ejemplo, los 200 libaneses en prisiones sirias. 
También hay una docena en Israel. 
Es preciso aclarar la situación de estos refugiados. 
Líbano también tiene que ratificar la Convención de Ginebra. 
Nos preocupa mucho la situación de los refugiados. 
Sin embargo, se aplaude el comercio y el intercambio de alimentos. 
A largo plazo promoverán la democracia y el desarrollo, político, económico y social. 
Los acuerdos de asociación también constituyen una parte importante del Proceso de Barcelona. 
Por lo tanto, votaremos a favor de este acuerdo de asociación con la esperanza de que suponga desarrollo para Líbano. 
Sin embargo, tenemos ciertas dudas al hacerlo, porque Líbano está lejos de ser una democracia, y existen violaciones flagrantes de los derechos humanos. 
También sentimos cierta incomodidad, o mejor dicho frustración, por el hecho de que siempre se habla de cláusulas de derechos humanos aplicables si un país infringe un acuerdo de asociación con la Unión Europea. 
Estas conclusiones no son otra cosa sino un tiro que retumba en la oscuridad. 
Realmente me gustaría pedir al Comisario Patten que garantice el desarrollo de mecanismos para que, cuando se produzcan violaciones de derechos humanos que sabemos que se cometen, pueda invocarse el artículo 2 del acuerdo de asociación y aplicarse de forma significativa. 
En primer lugar, con la ampliación de la Unión Europea en curso, quisiera que el acercamiento eurolibanés contribuyera a crear el perfil de una verdadera construcción mediterránea conjunta. 
Lo que debe hacerse a través de un diálogo entre iguales. 
Es incluso aún más urgente porque el riesgo de guerra en Iraq pesa sobre las relaciones con el conjunto del mundo árabe. 
Además, como ya se ha dicho, necesitamos utilizar todos los medios disponibles para escapar de la espiral de violencia en Oriente Próximo. 
Europa y Líbano podrán desempeñar un papel más activo con respecto al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, la creación de un Estado Palestino y el reconocimiento pleno y universal de Israel en la región. 
Me refiero en particular a la base firme constituida por la oferta de paz aceptada por los países árabes en Beirut. 
Aunque la guerra en Líbano pertenece afortunadamente al pasado, la ausencia de paz en toda la región es una barrera a la verdadera reconstrucción y al desarrollo en el conjunto del país. 
Especialmente en el sur de Líbano, donde no se han resuelto los problemas de las fronteras con Israel. 
Casi tres años después de la retirada israelí, sigue habiendo grandes necesidades: por ejemplo, rehabilitación de infraestructuras, reconstrucción de viviendas y proyectos de irrigación. 
Lo mismo ocurre con la presencia siria: aunque no explica todo, probablemente impida a los libaneses eliminar eficazmente todas las cicatrices de guerra. 
Líbano existe en la mente de los libaneses, pero muchos quisieran ver una afirmación más sólida de su Estado, que podría darse en particular en un Estado realmente independiente y democrático, para establecer y desarrollar la coexistencia entre los libaneses. 
En particular me refiero al respeto por la libertad de expresión, a una judicatura independiente, a los derechos de personas que buscan asilo, a de los desaparecidos y a la pena de muerte. 
Lo que también puede aplicarse a la situación de los refugiados palestinos. 
Aunque afortunadamente Líbano sigue siendo un país de refugiados para los palestinos, la falta de una solución previsible, justa y sostenible agrava la situación de gran aflicción social que sufren cientos de miles de refugiados. 
Se debería reconocer el derecho a regresar como legítimo, pero la discriminación que afecta a los refugiados palestinos en Líbano no tiene justificación. 
Es preciso garantizar con más eficacia, con nuestra ayuda, el acceso al trabajo o a la protección social. 
Por último, no podemos ignorar los aspectos sociales y económicos. 
Si bien en el período inmediatamente posterior a la guerra se precisó la aplicación de un ambicioso programa de reconstrucción, la situación actual es lúgubre. 
Algunos piensan que la economía libanesa está en algún punto entre los países en vías de desarrollo y la City londinense. 
La deuda es de 30 000 millones de dólares. 
La desigualdad salta a la vista. 
El elevado consumo de los ricos tiene lugar al lado de la pobreza más extrema, y esta diferencia se ve intensificada por un altísimo coste de la vida y unos ingresos en general bajos. 
El pasado noviembre en París el Primer Ministro libanés obtuvo ayuda por más de 4 millardos de euros de algunos países europeos y árabes, así como de instituciones financieras internacionales. 
Sin embargo, soy más que escéptica en cuanto a los efectos positivos de crear una zona de libre comercio. 
La pérdida de aranceles podría acarrear graves consecuencias para el gasto público útil. 
Por lo tanto, la ayuda europea debería concederse a través del apoyo activo a las organizaciones que actúan en los ámbitos humanitario y social. 
Sigo pensando en que la modernidad y el progreso social consisten en hacer que las relaciones euromediterráneas se centren en los factores humanos en lugar de en los productos y el capital. 
El foro civil Euromed considera que la evaluación social y económica de la asociación es negativa en general: deberíamos prestar atención a los críticos. 
Señor Presidente, tal y como han indicado otros diputados, 17 000 familias no tienen noticia de sus seres queridos, se han prohibido algunos medios de comunicación, censurados por las autoridades, se ha detenido a periodistas, se ha utilizado el poder jurídico con fines políticos, los servicios de inteligencia son ubicuos, se han adoptado medidas discriminatorias contra miles de refugiados, palestinos en particular, se ha recurrido a la tortura a pesar de que Líbano ha firmado la Convención contra la tortura, Siria ha interferido constantemente en la vida de un tercer país, se ha discriminado a la mujer; hay una larga lista de violaciones de los derechos humanos según ha podido informarse, en particular en la audiencia celebrada en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Sin embargo, todas las organizaciones que luchan por la democracia en este país defienden la idea de este acuerdo de asociación. 
Esto, Señorías, Comisario y Presidente en funciones del Consejo, demuestra la gran esperanza generada por este acuerdo, así como la escala de los desafíos que debemos aceptar para responder a estas numerosas expectativas. 
La resolución que nos han presentado y sobre la que votaremos al mismo tiempo que el acuerdo de asociación es un texto relativamente exhaustivo, y además quisiera felicitar al ponente por ello, que aborda numerosos problemas que Líbano debe afrontar ahora para desempeñar el papel que todos esperamos para garantizar la estabilización de la situación en toda la región. 
El Grupo Verts/ALE ha contribuido debidamente a ello y a nosotros, junto con otros diputados, además, nos gustaría añadir unas pocas cuestiones que hoy consideramos importantes. 
En primer lugar, quisiéramos invitar, exhortar al Gobierno libanés a que garantice el respeto de los derechos de los refugiados, inmigrantes y personas que piden asilo, que se encuentren en territorio libanés, y a que abandone todo tipo de medidas discriminatorias en particular contra los refugiados palestinos. 
También quisiéramos que la Comisión y el Consejo pidieran con carácter oficial a Siria y a Israel información sobre los ciudadanos libaneses retenidos en estos países. 
De acuerdo con la información facilitada por Solidar, a cuyo portavoz, además, se invitó a la Comisión de Asuntos Exteriores, Israel retiene supuestamente a 12 libaneses y parece que en Siria hay 200 ciudadanos de otros países retenidos en secreto. 
Creo que las instituciones europeas pueden contribuir a arrojar luz sobre este expediente, que pesa notablemente en las relaciones dentro de la región. 
Al Grupo Verts/ALE del Parlamento Europeo también le gustaría llamara la atención de la Asamblea sobre la presión ejercida en la prensa libanesa. 
Reclamamos que se respete estrictamente la libertad de prensa, en todas sus formas, más aún, en particular en relación con los periodistas u otros medios de comunicación críticos con la política del Gobierno. 
Exhortamos a este país a respetar el derecho de la oposición, al que todos sabemos que se le hace muy poco caso. 
Por último, pedimos a los diputados del Parlamento libanés que se asocien con el foro de la futura asamblea euromediterránea y que desempeñen un papel activo en la labor de este foro. 
Esto es claramente una condición si consideramos que este acuerdo con Líbano es aún más importante para estabilizar la región y para encontrar una solución a los problemas de Oriente Próximo. 
Una vez más, Señorías, este acuerdo de asociación constituye un desafío. 
Me parece que podríamos obtener más resultados de este desafío si contáramos con todos los mecanismos que nos permitieran supervisar, proponer y evaluar, con regularidad y seriedad, en particular la aplicación del artículo 2 de este acuerdo de asociación. 
Señor Presidente, quisiera empezar por dar la bienvenida a la Presidencia griega, que inicia su mandato en este momento, y por celebrar la elección de un Defensor del Pueblo europeo, también griego. Todo esto ocurre en un momento en que a la cabeza del pleno está un colega de la misma nacionalidad, lo que convierte a esta sesión en una verdadera Olimpíada política griega, donde es un placer participar. 
Señor Presidente, hoy el Parlamento Europeo tiene la tarea de expresar su opinión sobre la conclusión del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Líbano, por otro. 
Es evidente que este acuerdo forma parte de la asociación euromediterránea lanzada por la Declaración de Barcelona de 1995, cuyos progresos debemos impulsar, a pesar de las incertidumbres en la situación política de la región en relación con la paz y la seguridad. 
Uno de los aspectos más notables del proceso abierto en Barcelona es que permite establecer la complementariedad entre la dimensión de la cooperación bilateral que implica a los Estados miembros con conexiones euromediterráneas, incluidas España, Francia, Italia y Portugal, aunque las fronteras de Portugal sean atlánticas, tiene significativos vínculos económicos y geográficos con los países mediterráneos del Magreb, y la dimensión multilateral adoptada por la Comunidad Europea, que pueden y deben fortalecerse mutuamente. 
No hay duda alguna, señor Presidente, de que, en gran medida, la estabilidad de la región mediterránea, y en particular la de Oriente Próximo, depende de asociaciones apropiadas de desarrollo económico, político, social y cultural, para las que la Unión es especialmente adecuada. 
Sin embargo, hay otro tipo de problemas, que hoy por hoy son del todo innegables, sobre todo en relación con la seguridad y la lucha contra el terrorismo, pero también en relación con la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero, así como la promoción de la democracia y los derechos humanos que, en el caso particular de Líbano, son motivo de preocupación. 
Por ello creemos que las cuestiones planteadas por el Sr. Brok, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, tienen una relevancia máxima y precisan respuestas tangibles y coherentes tanto del Consejo como de la Comisión. 
No podemos ignorar el hecho de que Siria sigue dominando las inclinaciones políticas de las autoridades libanesas y de que Damasco ejerce una influencia decisiva en la posición del Gobierno libanés en el proceso de paz palestino-israelí, a pesar de la retirada del ejercito israelí del sur de Líbano en mayo de 2000. 
A diferencia de Líbano, cuyo Gobierno afortunadamente se ha encaminado hacia la democracia y la separación de poderes, a pesar de sus evidentes debilidades institucionales y sus intrincados desequilibrios políticos y religiosos, Siria es una dictadura, con un singular sesgo monárquico, que ha estado técnicamente en guerra con Israel desde la Guerra de los Seis Días, con todos los peligros que conlleva esta situación para el proceso de Oriente Próximo. Aún peor, mantiene una fuerza militar significativa en Líbano, de alrededor de 30 000 hombres, además de los 300 000 inmigrantes, que trabajan principalmente en la agricultura y la construcción. 
Si a esta presencia, o quizá deberíamos decir «ocupación» , añadimos varios refugiados palestinos más, que en su mayoría son pobres y están poco integrados en la sociedad libanesa, formada por 3,5 millones de personas, y la presencia en el parlamento nacional de Hezbolá, el movimiento extremista, pues no puede calificarse de otro modo, es fácil entender la delicada situación de Líbano, a la que la Unión debe prestar atención y donde debe desempeñar un papel moderador para lograr la paz, la seguridad y el desarrollo. 
Esta asociación euromediterránea es muy importante en un momento en que la Unión se amplía a Europa Central y Oriental, a donde asignará la mejor parte de sus recursos financieros. 
No debemos olvidar que Europa es o debería ser policéntrica: es nórdica, mediterránea y atlántica; también es ultraperiférica y ciertamente continental. Sin embargo, equilibrando sus componentes y el respeto por su diversidad se convertirá en una Europa más democrática, segura y desarrollada, y definitivamente más respetada en el ámbito internacional. 
Señor Presidente, Presidente en funciones del Consejo, Comisario, Señorías, acabo de regresar de Líbano, a donde fui antes de Navidades con Jean-Marie Le Pen. 
Fuimos tan bien recibidos por la prensa libanesa como por personalidades famosas como el patriarca maronita Monsignor Sfeir o el ex Jefe de Estado, el Sr. Amin Gemayel. 
¿Cómo podemos no sentir un gran afecto por este pueblo refinado y amistoso que ha superado con gran valor el sufrimiento de casi veinte años de guerra civil y con el exterior que ha sido a menudo horrible? 
Debería animarnos a analizar los peligros de eliminar fronteras cuando, en Líbano, los refugiados han empezado ha hablar como si dirigieran el país. 
Analizar también los riesgos que plantean muchos aspectos de la sociedad multicultural que algunos quisieran ver a toda costa en Europa, donde hasta ahora no ha existido. 
En principio estamos a favor de desarrollar las relaciones con este país de gran cultura y antiguas tradiciones, que en general está tan cerca de Europa y en particular de la tradición francófona que yo, entre otros, represento aquí. 
Sin embargo, solo podemos tratar con un Estado soberano, un Estado pacífico, honesto e imparcial. 
Por supuesto, un Estado soberano significa la retirada de las tropas sirias, cuya presencia ya no está justificada, como han dicho casi todos los oradores anteriores, pues la ocupación israelí acabó en el sur de Líbano. 
A las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en particular, deberían seguir acciones prácticas y esta retirada tendría que ser completa, de la misma manera que debería cesar la presión siria sobre la política interior libanesa. 
Un Estado pacífico significa poner fin a la represión, también mencionado por otros oradores, que se practica contra los estudiantes, los disidentes políticos y los cristianos en particular. 
Esto implica la necesidad de que cesen ciertos procedimientos o procesos postbélicos, que podrían describirse legítimamente como estalinistas; de que la amnistía general se haga extensiva a todos. 
Al decir esto, estoy pensando en particular en el terrible destino del ex líder de las fuerzas libanesas, Samir Geagea, el único líder de una facción que ha participado en estos conflictos que lleva ocho años en la cárcel, en instalaciones militares, en un lugar sin luz. 
Allí nadie entiende, o mejor, todos entienden demasiado bien, por qué Samir Geagea está en la cárcel, mientras que el líder Walid Jumblatt, cuyos excesos fueron tan terribles como los de los peores criminales en este conflicto, ocupa un cargo casi oficial. 
Por último, un Estado honesto e imparcial significa poner fin a la mafia política que demasiado a menudo tiene su origen en la reconstrucción en este país arrasado por la guerra. 
Estas son las tres condiciones para el acuerdo del que sinceramente queremos que alcance una eficacia óptima. 
Señor Presidente, tuve el privilegio de visitar Líbano por primera vez hace 20 años como periodista, y he seguido los lamentables acontecimientos ocurridos en este país en el curso de los años. 
Fue en ocasión de la expulsión de los palestinos de Jordania a Líbano por el Rey Husein, destruyendo lo que había sido hasta entonces un refugio de relativa paz y civilización en Oriente Próximo. 
Desde la perspectiva del visitante, tanto si se trataba de un periodista como de un turista, tenía tres grandes ventajas: el encanto de los libaneses, el hecho de que los británicos habían instalado el suministro eléctrico y de agua potable y que la cocina había sido implantada en gran parte por los franceses. 
En mi última visita a este país me animaron a observar que estas tres grandes tradiciones se reafirman en la reconstrucción del país. 
Tal como ha comentado el señor Comisario, Líbano está llevando a cabo este proceso de reconstrucción en lo que quizás sean los tiempos más difíciles, en particular desde el punto de vista económico. 
Sin embargo, confío, junto con muchos otros diputados de esta Asamblea que conocen bien Líbano, que la energía y la determinación de los libaneses harán que salga adelante. 
Han sobrevivido al pasado de forma extraordinaria y siguen siendo civilizados y eternamente encantadores. 
Es sumamente importante que mantengamos los más estrechos lazos con ellos, tal como ha señalado el orador que me ha precedido. 
La conexión francófona sólo es una de las muchas otras que han existido entre los Estados miembros de la Unión Europea y los demás países de Oriente Próximo. 
Líbano constituye un punto focal desde el que podemos actuar y a través del cual podemos actuar. 
Espero regresar a Beirut en un tiempo no muy lejano, ciudad de la que guardo los mejores recuerdos, pero también espero poder dar la bienvenida a libaneses en esta Asamblea, en particular a parlamentarios de ese país. 
Podemos hacer tanto con el ejemplo que es importante para esta Asamblea mantener estos vínculos. 
Por último, quisiera señalar que fue siempre por mediación del Líbano que se establecieron numerosos contactos con los demás países de Oriente Próximo. 
Con las tensiones que existen actualmente en Oriente Próximo, es fundamental para nosotros mantener estos lazos, en particular para el Comisario quien, sin duda, ha quedado prendado por el Líbano igual que muchos de nosotros, y para que el Comisario pueda utilizar Líbano como puente desde el que podamos hablar a personas sensibles y de espíritu democrático en los demás países de Oriente Próximo. 
Señor Presidente, yo también tengo experiencia de primera mano, y siguiendo con las imágenes utilizadas por el orador anterior, creo que es posible estar enamorado de Líbano pero que este amor, en el presente caso, no significa hacer la vista gorda. 
Me parece que la Unión Europea ha negociado con un Líbano oficial, un Líbano algo teórico, por no decir mítico, que la situación en Líbano todavía hoy sigue estando tristemente lejos de las visiones idílicas que algunos desean utilizar para justificar el acuerdo, y que, afortunadamente, nuestro debate restablece la cruda realidad. 
Líbano es un estado cuya independencia hoy día sigue planteando problemas. 
Más de diez años después de los acuerdos de Taïf, los israelíes se han retirado, pero los sirios siguen estando, y muy presentes, en un país con respecto al cual mantienen un protectorado y cuya independencia nunca han reconocido realmente. 
Los señores de la guerra permanecen, sigue sin haber un estado de derecho ni libertad de prensa, como hemos podido comprobar hace poco en la última cumbre de países francófonos, sigue habiendo tráfico de drogas y corrupción, y siguen existiendo bases terroristas, en particular, como ya se ha dicho, las bases de Hezbolá. 
Señor Presidente, por lo tanto, nos encontramos en una situación paradójica, porque una evaluación de la situación libanesa plantea toda una serie de motivos que causarían la suspensión del acuerdo si existiera y aún fuera operativo. 
Esta es la paradoja a la que nos enfrentamos. 
¿Se necesita una asociación? 
Una asociación, señor Presidente, solo puede existir entre dos partidos. 
¿Tiene actualmente la Unión Europea un socio totalmente creíble? 
Por desgracia, todavía hay dudas a este respecto. 
Señor Presidente, Señorías, la sociedad libanesa sigue de cerca la firma de este acuerdo de asociación. 
Aunque Europa es el principal socio comercial de Líbano y uno de los principales partidarios de apoyar su programa de modernización económica, también garantiza el respeto de los derechos fundamentales en el proceso de establecimiento de las libertades democráticas. 
La libertad de expresión ha sido una vez más gravemente atacada, tal y como ha demostrado el cierre forzado del canal de televisión MTV el pasado septiembre por haber permitido a la oposición hablar en época de elecciones. 
La confirmación de esta decisión adoptada por los tribunales solo sirve para aumentar la preocupación por esta situación. 
La liberalización del sistema jurídico no promueve el respeto de la libertad de expresión, pues los tribunales están cada vez más instrumentalizados para actuar como medio de presión. 
Desde el comienzo de la guerra libanesa han desaparecido 17 000 personas. 
Diez años después del final del conflicto no se ha realizado ninguna investigación seria para descubrir qué les ocurrió. 
Probablemente algunos fueron ejecutados en Líbano, pero no se han buscado los cuerpos. 
También parece que las víctimas de secuestros fueron entregadas a Siria y después trasladadas a prisiones sirias. 
Las autoridades sirias han recibido hace poco a la asociación de familias y les han prometido una investigación, pero todavía no han hecho nada. 
Las autoridades libanesas, por su parte, guardan silencio. 
La opinión pública reivindica cada vez más la retirada total de las tropas sirias de Líbano. 
Su presencia, además de corrupción en la clase política libanesa, contribuye a mantener un clima de inestabilidad dominado por una situación económica catastrófica. 
A fin de que la cláusula democrática no se quede en papel mojado, es vital establecer mecanismos de supervisión y evaluación regulares de su aplicación, desde la verdadera entrada en vigor del acuerdo, en cooperación con ONG próximas a la realidad diaria. 
En este país donde a menudo se ignoran los derechos fundamentales y las libertades democráticas, el pueblo libanés tiene puestas grandes esperanzas en estos acuerdos pues para los ciudadanos representan un medio esencial de presión. 
Señor Presidente en funciones del Consejo, señor Comisario, quisiera aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida a esta sesión plenaria del Parlamento Europeo. 
La firma del Acuerdo Euromediterráneo de Adhesión con Líbano es, sin duda, un avance en la promoción de nuestra estrategia para crear una zona de libre comercio en el Mediterráneo y una zona de paz, seguridad y desarrollo sostenible para todos sus ciudadanos. 
Creo que podemos adoptar un enfoque optimista de la cooperación con Líbano. 
Líbano es un país que en el pasado ha estado abierto al mundo exterior, un país que mira a Europa y a la cultura europea; ha cooperado con la Unión Europea desde 1978, incluso aunque la Unión tuviera otro nombre por entonces. 
Sin embargo, hemos de tener en cuenta que Líbano está en medio de su reconstrucción, tanto económica, como social e ideológica, tras la guerra civil. 
Todo aquel que visite Líbano tiene la extraña impresión de que sigue buscando cohesión y una identidad. 
Al mismo tiempo es un experimento interesante de coexistencia de diferentes culturas y comunidades religiosas, y hemos de respaldar este experimento para que tenga éxito. 
Creo que el Acuerdo de Adhesión ayudará a Líbano a consolidar las reglas del floreciente mercado libre, la democracia y el desarrollo económico y social. 
En el plano de las instituciones europeas y de los Estados miembros, tenemos que aprovechar al máximo el potencial de este acuerdo y dar a Líbano la oportunidad de participar en programas de intercambio cultural y dar un impulso a su sociedad civil. Al mismo tiempo tenemos que empezar a mejorar la situación de los derechos humanos, tal y como han dicho numerosos oradores anteriores, y la situación de los 350 000 refugiados palestinos que viven allí. 
Por lo tanto, estoy totalmente a favor de las referencias del proyecto de acuerdo de promover el papel de la mujer en el desarrollo económico y social mediante la educación y la formación profesional, y de facilitar inversiones económicas. 
Por desgracia, estas referencias por sí solas no bastan para hacer verdaderos progresos con respecto a los derechos de la mujer, y lamento que ni el Presidente en funciones ni el Comisario hayan mencionado esta cuestión. 
Quisiera recordarles que el Parlamento Europeo reivindicó una resolución sobre el respeto de los derechos de la mujer en el marco de la cooperación euromediterránea para una disposición expresa de los derechos de la mujer, junto con una política de supervisión de esta protección, similar a la disposición aplicada a los países candidatos que ahora están a punto de entrar en la Unión. 
En nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que introduzca mecanismos de supervisión y evaluación de los progresos e invitamos al Gobierno libanés, lo que debería aplicarse en todos los acuerdos de asociación, a demostrar la voluntad política necesaria para realizar las reformas legislativas, administrativas y de otro tipo necesarias para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en el derecho y para integrar la igualdad entre géneros en todas sus políticas, preparando así el camino para el desarrollo que deseamos para Líbano y para unas buenas relaciones de cooperación con la Unión Europea. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera hacer una serie de comentarios muy breves. 
En primer lugar, quisiera agradecer al Comisario Patten que haya añadido algunos comentarios muy detallados y útiles sobre aspectos de la situación sobre el terreno de Líbano y las políticas de la Unión Europea, y los esfuerzos de la Comisión a este respecto. 
Mi segundo comentario es que hace veinte años la tragedia asestó un duro golpe a Líbano. 
Ahora es un país muy diferente que lucha arduamente por superar grandes problemas estructurales. 
Líbano forma parte de todo el rompecabezas de Oriente Próximo y de la política europea hacia los países mediterráneos. 
Se encuentra ante nuestra mismísima puerta y, por supuesto, nos interesa sobremanera. 
A causa de estos dos aspectos, la Unión Europea y el Consejo lo examinan muy de cerca y apoyan sus nuevas políticas. 
He tomado nota rigurosamente de lo que se ha dicho sobre los derechos humanos, y de las desapariciones en particular, e informaré al Consejo en consecuencia. 
Sin embargo, quiero indicar que estamos intentando incluir a países vecinos, como Siria, en los esfuerzos realizados en el frente de los derechos humanos, precisamente para poder abordar estas cuestiones con mayor eficacia e influir en los acontecimientos en esta zona. 
En lo que concierne a Hezbolá, el Consejo presta gran atención a las cuestiones de terrorismo en sus reuniones y debates regulares sobre Oriente Próximo. 
Como ya saben ustedes, se han adoptado numerosas medidas y numerosas decisiones. 
El Consejo sopesa todos los factores con mucho cuidado y estoy seguro de que, cuando estime que es conveniente y necesario hacerlo, adoptará medidas más drásticas. 
Ya ha dado una serie de pasos. 
Quisiera acabar diciendo que un acuerdo de asociación es una herramienta importante. 
Puede tener un impacto significativo, pero solo en ciertas condiciones. 
Estas condiciones consisten en la necesidad de que haya una economía que funcione, un sector productivo fuerte, empleo, seguridad y potencial para la cooperación. 
Cuando hay conflictos armados e inseguridad, los resultados naturalmente no son los mismos. 
Sin embargo, lo que intentamos y queremos hacer es precisamente utilizar múltiples medios de cooperación, de los cuales el acuerdo de asociación es uno más, hacer lo posible por apoyar los desarrollos en la zona, la prosperidad y la mejora de las perspectivas, así como las relaciones con un país que pertenece al Mediterráneo, que pertenece a una zona que se encuentra ante nuestra mismísima puerta. 
Muchas gracias por su comentario, señor Brok. 
Es mi deber comunicarles que los servicios del pleno ya están preparando una nueva lista de enmiendas con esta corrección y la anunciará mañana antes de la votación sobre la recomendación y la propuesta en cuestión. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento sobre el asunto del debate1 
Señor Presidente, intentaré estar a la altura de esta petición. 
Ahora nos trasladamos de un extremo de Europa, como si tal cosa, a otro. 
La dimensión septentrional sigue ocupando un lugar sumamente importante en la agenda de las relaciones exteriores de la Comisión. 
La Comisión se ha esforzado mucho por poner en marcha el Plan de Acción de la Dimensión Septentrional, que fue refrendado por el Consejo Europeo de Feira en junio de 2000, y para preparar un nuevo plan de acción. 
Estamos decididos a seguir desempeñando un papel de liderazgo para llevar adelante esta importante iniciativa. 
El año pasado se produjeron importantes avances en todos los nueve sectores que abarca el Plan de Acción. 
El Informe anual de situación de 2002 de la Comisión, relativo a la ejecución del plan de acción de la dimensión septentrional, ofrece una visión general completa de estos resultados. 
La Comisión ha contribuido activamente a lanzar la asociación medioambiental de la dimensión septentrional, con su fondo de ayuda para proyectos medioambientales y nucleares en Rusia noroccidental. 
La Comisión es de lejos el principal donante del fondo, con 50 millones de euros en tres años, principalmente para proyectos relacionados con el ámbito nuclear. 
La asociación medioambiental de la dimensión septentrional es un claro ejemplo de cómo la cooperación en esta región puede lograr resultados concretos en ámbitos muy sensibles, reclamando una acción urgente. 
En este contexto se presta mucha atención a resolver los últimos detalles del Programa Nuclear Medioambiental Multilateral para la Federación de Rusia, el denominado MNEPR. 
Espero que estemos ahora muy cerca de una solución y que se pueda firmar este acuerdo de primer orden muy pronto. 
También se ha prestado mucha atención a la cooperación en la dimensión septentrional, a temas relacionados con la energía, el transporte, las infraestructuras, el comercio y las actividades comerciales, y a la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada. 
Hemos seguido apoyando la cooperación transfronteriza a través del Programa Tacis, con una ayuda a Rusia noroccidental entre 1996 y 2003 de unos 122 millones de euros en total, la mitad de los cuales estaban destinados a los pasos fronterizos. 
La Comisión también ha dado una gran importancia a la mejora de la coordinación y la interoperabilidad entre sus programas principales que operan en la región (en particular, Tacis, Phare e Interreg) , a fin de facilitar la aplicación de proyectos conjuntos en el ámbito de la dimensión septentrional. 
Esto ya ha contribuido a producir un aumento considerable del número de proyectos conjuntos que se han presentado para su financiación con los fondos Tacis/Interreg o Tacis/Phare en 2001-2002. 
En el año pasado también se ha producido un diálogo continuo con los agentes más importantes involucrados en la dimensión septentrional. 
El acuerdo definitivo con Rusia y Lituania sobre el tránsito de un lado a otro de la región de Kaliningrado es un buen ejemplo de un éxito concreto en las relaciones UE-Rusia que resultará beneficioso para la región más amplia de la dimensión septentrional. 
Ya hemos destinado más de 40 millones de euros al desarrollo de Kaliningrado y están previstos otros 25 millones de euros más para los próximos años. 
Estamos decididos a ayudar a las autoridades rusas a mejorar el nivel de vida y a abordar los desafíos que plantea a la región en general. 
La Comisión también ha seguido de cerca la labor realizada por las organizaciones intergubernamentales de la región de la dimensión septentrional, incluidos el Consejo de Estados del mar Báltico (CEMB) , el Consejo Euroártico de Barents (BEAC) y el propio Consejo Ártico. 
Sobre la base de los buenos resultados ya alcanzados, en el próximo futuro se reforzará la dimensión septentrional. 
En los próximos años, la Dimensión septentrional deberá abordar el impacto de la ampliación de la Unión Europea y centrarse en mejorar los vínculos con la Federación de Rusia como vecina. 
Dinamarca ha organizado dos reuniones ministeriales en los últimos seis meses, centradas en el próximo Plan de Acción. 
A partir de las Directrices aprobadas por el Consejo en octubre del año pasado, la Comisión está preparando el próximo Plan de Acción para la Dimensión Septentrional, correspondiente al período 2004-2006. 
Estamos llevando a cabo un proceso de consulta exhaustiva que involucra a los Estados miembros, los países asociados y organismos regionales, así como el mundo de los negocios, el mundo académico y la sociedad civil. 
Nuestro objetivo es disponer de un borrador consolidado del Plan de Acción (que sustituirá al plan de acción actual el 1 de enero del año próximo) y que se presentará a mediados de este año a más tardar. 
Todavía queda por realizar un montón de trabajo. 
La Comisión toma de buen grado la iniciativa de preparar este nuevo Plan de Acción. 
Sin embargo, quiero dejar claro que su éxito exigirá una participación activa de todos los socios relacionados con la región y estoy seguro que el Parlamento Europeo deseará participar en este proceso. 
Espero con ansiedad escuchar las intervenciones de los diputados para asegurar que la Dimensión septentrional, que ha empezado su andadura con tan buen pie, pueda seguir reforzándose, en particular después de la ampliación de la Unión. 
Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario Patten, a principios de los años noventa tuve el placer de participar en un programa de cooperación entre un grupo de fuerzas democráticas rusas y un grupo de partidos no socialistas europeos. 
Éramos en total 25 y nuestro presidente era el actual presidente francés, Jacques Chirac. 
Adoptamos el lema «No existe una gran Rusia sin Europa ni una gran Europa sin Rusia». 
En estos momentos, este lema todavía tiene más vigencia con la ampliación de la Unión Europea hacia el este y con Rusia como punto cardinal, desde la perspectiva de la Unión, donde residen la mayoría de nuestras oportunidades para la cooperación económica, si bien también existen para nosotros numerosos obstáculos, por no decir ilimitados, que superar. 
Junto con problemas como la delincuencia organizada, el tráfico de seres humanos y las rutas de estupefacientes, estos obstáculos siguen constituyendo una amenaza regional, aunque la amenaza sobre la seguridad se haya alejado. 
Por naturaleza, la dimensión septentrional significa cooperación entre todos los países de la región: Alemania, Polonia y los países bálticos, así como Finlandia, Suecia y países incluso más lejanos, en ámbitos como los riesgos medioambientales, la seguridad nuclear, las infraestructuras y la prevención de enfermedades infecciosas. 
Sin embargo, nuestro principal problema es conseguir que Rusia forme parte integrante de esta labor. 
A pesar de la larga lista de logros digna de elogio del Comisario Patten, también sería fácil criticar a la Comisión y al Consejo por una muestra de iniciativa inadecuada respecto a la dimensión septentrional, pero los problemas que se plantean no se deben principalmente a nosotros sino a la actitud de Rusia. 
Sin embargo, tal como hemos oído, para la Unión la noción de dimensión septentrional ha sido una herramienta para dar forma a una estrategia. 
De cara a la gente de la calle, el presidente Putin no ha conseguido todavía su objetivo de que Rusia sea un Estado de derecho, una «dictadura de derecho» tal como apuntó; en vez de ello, la corrupción, el crimen y la conducta totalmente imprevisible de la administración influyen mucho más en impedir la colaboración pública, comercial y de la Unión de lo que jamás harán los recursos económicos insuficientes de Rusia. 
Sin embargo, es por esta mismísima razón por lo que, mientras esté vigente el próximo plan de acción de la dimensión septentrional durante el período 2004-2006, debemos trabajar duro para una mayor actividad política en esta dirección a fin de convencer a los rusos de que la cooperación entre nosotros es ventajosa para ambas partes, si bien es definitivamente mucho más importante para ellos que para nosotros. 
La Comisión contará con varios nuevos miembros en 2004. 
Sigo pensando que merece la pena considerar que uno de ellos debe centrarse en desarrollar la cooperación con nuestros vecinos de Rusia, Ucrania, Belarús y las regiones mediterráneas. 
Será trabajo realista que, Comisario Patten, no va a entrar en competencia con las políticas exteriores a gran escala establecidas por otros en la Comisión o el Consejo. 
También nosotros los parlamentarios, tal como manifestó el Sr. Comisario, podemos y debemos actuar en nuevas maneras de hacer, cuando el centro de atención se desvía de la ampliación a nuestros vecinos más cercanos. 
Crece la importancia de las delegaciones existentes de estos países y deben ser más activas. 
Señorías, honestamente, ¿cuántos de nosotros estamos familiarizados con las condiciones de las regiones rurales y fronterizas de Rusia noroccidental o Ucrania? 
Nuestro camino nos ha llevado principalmente a las grandes ciudades y a las autoridades administrativas. 
Las cuestiones referentes a África y Asia son importantes, y nosotros en el Norte también lo entendemos, pero desde el punto de vista de una Europa que nuestros hijos heredarán, la dirección más importante hacia la que debemos mirar es, a pesar de todo, el país vecino y el que ofrece grandes oportunidades: Rusia. 
Mi experiencia se basa evidentemente en la cooperación de regiones vecinas entre Finlandia y Rusia, pero creo que las ONG de libre funcionamiento en Finlandia, a las que se ha hecho referencia en la propuesta de resolución del Parlamento, ya están llevando a cabo por lo menos una labor tan buena, como puede ser poner parches al sistema de seguridad social inexistente de Rusia, como lo pueden hacer las autoridades y el estado en la suya propia. 
Nuestra tarea consiste en estimularles y ayudarles. 
Quisiera agradecer a la Comisión su informe, así como sus ideas para el futuro. 
Creo que hemos llevado a cabo gran parte de la labor fundamental desde 1999 con vistas a que Rusia se involucre mucho más activamente. 
Hay que apoyar la idea en la propuesta conjunta de resolución del Parlamento, que de otro modo no citaría, respecto a estudiar la posibilidad de créditos o introducirlos en el presupuesto, en particular debido a que todos estamos entusiasmados acerca de las ideas y del programa a largo plazo. 
El volumen del crédito y si éste aumenta dependerá más, a partir de ese momento, de nuestros socios rusos y otros países en la regiones vecinas que de nosotros. 
Señor Presidente, espero que no era algo meramente simbólico cuando el representante del Consejo, el ministro griego, salió del salón de sesiones al empezar el debate sobre la dimensión septentrional. 
Espero realmente que Grecia e Italia, en cuyos programas no se hace ninguna alusión a la dimensión septentrional, también tomarán en consideración esta cuestión. 
Después de todo, los países nórdicos también entendemos la importancia del Proceso de Barcelona y la Asociación mediterránea. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al Comisario Patten por brindar la oportunidad al Parlamento, ya en esta etapa del plan de acción de la dimensión septentrional, de participar en esta labor. 
El objetivo debe ser el de un mayor compromiso por parte de la Comisión para dar respuesta a las cuestiones especiales planteadas por las regiones nórdicas de la Unión Europea. 
Estoy seguro de que Grecia, como país que ocupa la Presidencia, abordará también este desafío, y también espero que podrá convencer al Parlamento para la próxima primavera de que esto es lo que está haciendo puesto que en estos momentos no lo está consiguiendo. 
Sin embargo, ya he tenido la oportunidad de que me lo aseguren personalmente. 
El próximo plan de acción de la dimensión septentrional de la Unión Europea debe tener un amplio alcance para que sea posible el diálogo y la acción política y económica en todos los sectores de la sociedad. 
Tal como el Comisario Patten ya ha mencionado, ya se ha avanzado mucho en el ámbito de la cooperación en el sector energético. 
Y lo que es más, se han realizado progresos en proyectos dedicados a la cooperación sobre cuestiones medioambientales. 
Naturalmente, en este campo la cooperación debe reforzarse todavía más. 
Existen muchos retos en la región de la dimensión septentrional y no menos en los que atañen al sector energético y los residuos nucleares. 
Asimismo, el Golfo de Finlandia es vulnerable, y debido a ello, se debe avanzar todavía en los proyectos de tratamiento de residuos en San Petersburgo. 
Sin embargo, vamos a tener un nuevo programa de asociación para asuntos sociales y salud por parte de la dimensión septentrional y deberá ocupar un lugar importante en el nuevo plan de acción de la dimensión septentrional. 
Por lo general, las cuestiones sociales y de salud van de la mano. 
Las malas condiciones sociales son responsables de una mala salud y también causa de enfermedades, que se propagan a través de las fronteras, por lo que necesitamos una cooperación enérgica en este campo. 
Por lo que respecta al plan de acción de la dimensión septentrional, debemos seguir desarrollando pasos fronterizos y obtener la participación de Rusia para una mayor facilidad del cruce de fronteras en los pasos fronterizos actuales. 
No obstante, quisiera ahora en particular atraer la atención del Comisario sobre un tema que ya ha mencionado en esta Asamblea, o sea cómo podremos conseguir que la cooperación fronteriza funcione con mayor eficacia. 
La Comisión ya ha empezado a trabajar en el desarrollo de los programas de cooperación PHARE, TACIS e Interreg. 
Sin embargo, necesitamos reformas administrativas, un programa común para tomar acciones en este campo, y una menor burocracia y más acción. 
Estoy seguro que se tendrán en cuenta estas cuestiones en el próximo plan de acción. 
Señor Presidente, como primer vicepresidente de la Delegación parlamentaria para las Relaciones con Suiza, Islandia y Noruega durante los últimos tres años, he tenido el privilegio de representar al Parlamento en numerosas ocasiones en reuniones ministeriales de la dimensión septentrional. 
Deseo centrarme en el proceso- que es lo que me concierne- y el derecho del Parlamento a contribuir adecuadamente al nuevo plan de acción. 
Acojo con agrado el plan de acción y el esfuerzo que tanto la Presidencia sueca como, más recientemente, la Presidencia danesa, han realizado a favor de la dimensión septentrional. 
La ampliación representará un salto en la dimensión septentrional. 
Las relaciones con Rusia ya no serán una cuestión de alta política extranjera. 
Abarcará a muchos países que se convertirán en Estados miembros, y cambiarán los vecinos. 
Incluirá asuntos que tienen que ver con la política medioambiental y regional de la UE. 
Esto significa que la sociedad civil y los diputados de esta Asamblea y otros representantes electos deben participar plenamente y como es debido. 
En la primera reunión ministerial a la que asistí en Luxemburgo, se llegó al compromiso de disponer de un foro para la dimensión septentrional. 
Todavía continúa sin ver la luz del día. 
Debería haber sucedido hace ya mucho tiempo. 
Tengo la impresión de que hay cierta resistencia a involucrar a esta Asamblea plenamente en la dimensión septentrional. 
Espero estar equivocado. 
Mientras cambia esta política, me complacería que hubiera un sistema más regular de presentación anual de informes y de participación de esta Asamblea, ya que la dimensión septentrional concierne a todos los ciudadanos. 
El clima y el medio ambiente en el extremo norte es importante para la solidaridad europea. 
Insto al Comisario a que involucre plenamente a esta Asamblea. 
Señor Presidente, la dimensión septentrional es el equivalente nórdico de la Unión Europea-Asociación mediterránea. 
Aunque hablemos del Norte, también se refiere a la dimensión exterior del Este de la UE. 
En el Norte hay dos mares que deben protegerse de catástrofes. 
El mar Báltico, que pronto formará parte de la Unión Europea, es la zona más contaminada del mundo. 
Mientras estamos hablando, está totalmente congelado, lo que ilustra cuán problemáticas son las condiciones naturales allí. 
Un desastre como el del naufragio del Prestige tendría efectos devastadores. 
Por otra parte, el mar de Barents se ve amenazado por los residuos nucleares y la explotación de recursos naturales en el lecho marino. 
También será necesario que los Estados miembros inviertan en la construcción del gasoducto que se lleva a cabo desde el mar de Barents a Alemania para impedir que se produzcan daños medioambientales debido a la producción de gas. 
Nuestro grupo acoge con satisfacción la resolución acordada conjuntamente por los grupos políticos sobre este tema. 
Expone las cuestiones principales que la Comisión debe considerar en el proyecto del plan de acción para el período 2004-2006. 
Lamentablemente, los países que asumirán la Presidencia este año no han hecho mención del desarrollo de la dimensión septentrional en el programa de acción del Consejo. 
Grecia e Italia, ambos países en la región mediterránea, faltan a su deber, como países que asumirán la Presidencia, de representar los intereses de la Unión Europea en su totalidad. 
Una cuestión de importancia estratégica es la cooperación energética. 
La Unión Europea depende del gas importado del Este como suministro energético. 
La intención es satisfacer todo el incremento de las necesidades energéticas de la UE durante las próximas décadas con gas procedente del Este. 
La inversión en el sector energético mejorará la fiabilidad del suministro de gas y asegurará que existe una responsabilidad compartida para la explotación sostenible de los recursos energéticos. 
Otros campos importantes de cooperación también incluyen la inversión occidental en la protección del medio ambiente, la seguridad nuclear y las infraestructuras de transporte. 
Se han establecido algunos proyectos piloto para resolver los problemas medioambientales de Rusia. 
Son pasos importantes en la buena dirección en una situación en la que se nos hace un llamamiento para compensar la falta de responsabilidad para con la naturaleza y las personas del capitalismo ruso. 
Además, la dimensión septentrional se preocupa de la lucha contra la pobreza en las regiones vecinas de la Unión Europea. 
La sociedad civil ha actuado independientemente y debemos asegurar que tenga una mayor participación en los proyectos de la Unión Europea. 
Las ONG son armas en la lucha contra la burocracia tanto en la Unión Europea como en Rusia. 
En estos momentos, el automóvil de la dimensión septentrional se conduce con una marcha demasiado corta. 
El automóvil no es de tipo automático y, por lo tanto, Grecia e Italia deben ahora cambiar a una marcha superior. 
Estoy de acuerdo con la crítica que el Sr. Suominen ha hecho en esta Asamblea: el representante de la Presidencia griega hubiera tenido que estar presente en este hemiciclo mientras hablábamos sobre la dimensión septentrional. 
El ámbito de responsabilidad del país que asume la Presidencia no sólo abarca el Mediterráneo sino también los otros mares de la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario Patten, desearía muchísimo invitarles a tratar en el Parlamento el tema de la dimensión septentrional con nosotros. 
La idea de este debate, a la que ya se ha referido mi colega, la Sra. Diana Wallis, partió de la Delegación de Relaciones con Suiza, Islandia y Noruega. 
Nos hemos dado cuenta de que no ha habido un debate adecuado como éste en el Parlamento Europeo, en que se hicieran esfuerzos concretos para asegurar que el Parlamento se involucre en la dimensión septentrional de la Unión Europea. 
Mientras en esta Asamblea hemos apelado a Italia y Grecia para que corrijan su error manifiesto e incluyan la dimensión septentrional en sus programas respectivos, quisiera elogiar a Dinamarca que tuvo la amabilidad de invitar al Parlamento a asistir a las conferencias ministeriales de Luxemburgo y Groenlandia. 
Ahora esperamos que se establezca de esta manera la participación del Parlamento en la dimensión septentrional. 
Señor Comisario, ha mencionado algunos proyectos satisfactorios y quisiera mostrarle mi apoyo al citar la financiación del programa medioambiental. 
Parece ser que finalmente se ha hallado una manera para que la Unión Europea, diversos países donantes e instituciones financieras internacionales pongan su granito de arena para encontrar una solución a los inmensos problemas relacionados con la seguridad medioambiental y nuclear. 
Cuando los partidos políticos deliberaban la resolución conjunta- y se trató de un debate muy amistoso- notamos con satisfacción que el Consejo euroártico del mar de Barents en Kirkenes de la semana pasada parece haber alcanzado algún tipo de acuerdo en el que Rusia firmará el acuerdo MNEPR que ha mencionado, y que es una condición sine qua non para que la cooperación en el ámbito de la seguridad nuclear comience en serio. 
Creo que ahora es el momento de embarcarnos en este proyecto sin demora y asegurar que Rusia llega realmente a la ratificación de este acuerdo hasta el final. 
La cooperación ártica es parte absolutamente fundamental de la dimensión septentrional y hemos logrado abordar, por ejemplo, la preocupación que sienten los aborígenes del norte por sus medios de vida tradicionales. 
Si el hielo permanente empieza a derretirse en el norte se producirán un gran número de diferentes desastres. 
En consecuencia, el Parlamento ha invitado a representantes de los pueblos aborígenes a tratar éstas y otras cuestiones relacionadas con la cooperación de la dimensión septentrional y del Ártico esta primavera. 
Por último, sólo quisiera decir que representará un gran desafío cruzar el abismo de prosperidad que existe entre Rusia y la Unión Europea. 
Se tratará en efecto de un desafío crucial que podemos promover a través de la cooperación en los sectores de la salud y el bienestar social en el contexto del programa. 
Señor Presidente, el concepto de dimensión septentrional debe entenderse en su sentido más amplio. 
Abarca tanto las relaciones exteriores de la Unión como sus políticas internas. 
En cuanto a las relaciones exteriores engloba las zonas del mar Báltico y del mar de Barents y toda la región ártica. 
Con la ampliación de la Unión Europea, aumentará la importancia de la cooperación transfronteriza, puesto que la frontera que compartimos con Rusia se ampliará y vamos a tener nuevos vecinos. 
La cooperación transfronteriza consiste ante todo en acciones bilaterales entre la Unión Europea y sus Estados miembros por un lado y por otro, Rusia y nuestros otros vecinos. 
Por lo tanto, de nuevo, también tenemos dos foros multilaterales viables: el Consejo de los Estados del mar Báltico y el Consejo euroártico del mar de Barents. 
Tanto la acción bilateral como la multilateral están limitadas por una ausencia de fondos. 
En la cooperación transfronteriza bilateral, la financiación de la Unión Europea se limita a proyectos Interreg y a un pequeño número de proyectos TACIS. 
No existe ningún tipo de financiación por parte de la Unión para la cooperación de Barents y del mar Báltico. 
De nuevo se ha propuesto en nuestra resolución conjunta que se cree una partida presupuestaria especial para la dimensión septentrional. 
En la práctica, esto podría significar que la financiación de la Unión Europea para el área de actividad cubierta por el Consejo de los Estados del mar Báltico y el Consejo euroártico del mar de Barents se incrementaría significativamente y que se canalizaría, al menos en parte, a través de estos Consejos. 
Esta vez estamos deliberando sobre la dimensión septentrional sobre la base de una declaración del Comisario encargado de las Relaciones Exteriores. 
También deben recordarse los principios de la dimensión septentrional cuando debatimos la política regional y agrícola de la Unión ampliada y otros ámbitos de política interna que influyen especialmente en el desarrollo de las regiones nórdicas. 
La importancia de la dimensión septentrional también crecerá respecto a las políticas internas, cuando los países bálticos y Polonia se incorporen a la Unión. 
Señor Presidente, señor Comisario, Sus Señorías, las zonas del sur de Rusia y de las regiones del Cáucaso y del mar Caspio se encuentran atrapadas en un círculo vicioso de conflictos que duran desde hace mucho tiempo. 
Los Estados Unidos de América construyen- ya han construido- una red de bases militares próximas a la frontera sur de Rusia. 
Con Azerbaiyán y Georgia, están construyendo un oleoducto a través de Rusia hasta Turquía. 
El oleoducto que transcurre a través de Chechenia ha sido dañado por la guerra. 
También quisiera decirles a todos ustedes, y en particular al Sr. Comisario, que en estos momentos Rusia ha pasado a concentrar su atención en sus conexiones de tránsito y recursos naturales en el norte. 
En breve, construirá su segundo puerto petrolífero en el extremo del Golfo de Finlandia. 
Ya se está planificando un proyecto de gasoducto desde el Océano Ártico, a través del mar Báltico, hasta Europa Central. 
Al mismo tiempo, se realizan envíos de petróleo de prueba desde la zona del delta de Ob a Murmansk, y de allí a los mercados mundiales. 
Dicho de otro modo, Rusia ha adoptado un cambio estratégico, que se empieza a reflejar en las actividades en las que estamos implicados, si bien se trata de las propias soluciones rusas. 
Ahora de lo que se trata es de conocer cuál es el papel de la Unión Europea. 
Tal como ha dicho el Sr. Suominen, para nosotros Rusia se está convirtiendo en un estado socio cada vez más importante y, tal como ha dicho el Sr. Seppänen, ésta es aquí la cuestión fundamental. 
¿A qué se debe esto? 
Pues a que es en este campo donde nuestra dependencia con Rusia es más claramente visible. 
Esta idea excelente y modelo para una dimensión septentrional, que no han estado lo suficientemente bien valorados y han adolecido de confusión, en estos momentos necesitan un foco de atención, y éste debe ser la energía. 
Si se hace de esto una prioridad en el próximo plan de acción, también podremos actuar en otros campos: el medio ambiente, la cultura, la educación y la formación, la salud, la situación del transporte y la sociedad de la información. 
De este modo, esta gran idea entera ganará un nuevo impulso, y no en menor medida debido a que la adhesión de Polonia y los países bálticos a la Unión Europea crearán una mayor presión para mejorar la estructura de esta dimensión septentrional. 
Tal como ha dicho Heidi Hautala, un buen ejemplo de ello en el ámbito de la financiación es el fondo para programas medioambientales. 
Por consiguiente, el dinero existe; ahora de lo que se trata es de actuar. 
Quisiera agradecer a Dinamarca su gran actividad en este campo, y pondré a Grecia en la misma escala que hemos utilizado para ponderar los esfuerzos de Dinamarca, con el elogio consiguiente. 
Acojo con satisfacción el nuevo plan de acción para la dimensión septentrional, que abarcará tres nuevos Estados bálticos y a Polonia como miembros de la UE en 2004, Rusia, a quien apoyo para que adquiera algún día un estatuto privilegiado en un espacio económico común, y los Estados EEE de Islandia y Noruega. 
Me preocupan los riesgos medioambientales en el extremo norte e insto encarecidamente a los rusos a que firmen el Acuerdo MNEPR, tal como acordaron, sobre la acción conjunta para el cierre definitivo de sus depósitos de barras de combustible nuclear y cabezas atómicas de sus submarinos navales, que podrían contaminar la zona de Murmansk. 
Justo la semana pasada se iniciaron en Bruselas las negociaciones sobre el ingreso de diez países en el EEE. 
La ampliación de la UE supone la ampliación simultánea del EEE para salvaguardar la homogeneidad del mercado interior. 
No hay nada que justifique la idea de que las contribuciones de los países EEE deban ser similares a las de los Estados miembros de la UE, y la exigencia de la Comisión de multiplicar por 22 la aportación de Noruega es absurda. 
Los países terceros no disfrutan de los mismos derechos y privilegios que los Estados miembros; en algunos casos existe un acceso restringido al mercado debido a los aranceles. 
Un ejemplo es la pérdida del libre comercio de pescado por parte de Noruega con Polonia. 
El Acuerdo EEE es un buen acuerdo, pero tiene sus limitaciones. 
Las últimas encuestas de opinión en Noruega indican que la percepción que tiene la población de la Unión está cambiando; que está creciendo el apoyo a su adhesión y que dominará inevitablemente la agenda política en las próximas elecciones. 
También quisiera plantear la cuestión de Belarús, cuyas fronteras lindan con cuatro de los Estados miembros que forman parte del plan de acción y, dada su unión con Rusia, algún día podría formar parte del grupo. 
Para la UE es importante mantener su enfoque dual y de presión para que allí tengan lugar reformas democráticas. 
Pero a pesar de nuestras diferencias políticas con ese país, seguimos comprometidos en sectores de interés mutuo como la gestión de la inmigración ilegal y la lucha contra la delincuencia transfronteriza. 
Señor Presidente, en vista de la situación delicada relacionada con Kaliningrado y el inminente ingreso de los Estados bálticos, la dimensión septentrional cobra aún mayor importancia. 
Hemos intentado asegurar que en todas nuestras políticas tengamos una relación lo más estrecha posible con Rusia. 
La dimensión septentrional ha asegurado que podamos centrarnos en desarrollos en la zona báltica, por lo que respecta al suministro de energía, las telecomunicaciones y la ayuda económica. 
Por consiguiente, estaría encantado de que pudiéramos continuar este proceso en estos momentos, en particular haciendo hincapié en la importancia de Kaliningrado como fuente principal de dificultades y cuestiones que la Unión Europea debe resolver. 
Señor Presidente, aquellos que creen que la dimensión septentrional está enterrada están equivocados. 
En estos momentos, el proyecto es más necesario que nunca. 
Con la ampliación hacia el este, vamos a contar con cuatro nuevos Estados miembros a orillas del mar Báltico y la frontera de la Unión con Rusia será más larga de lo que era antes. 
Uno de los desafíos del futuro será la fiabilidad de la gestión de la energía en los países bálticos. 
Se necesitará encontrar alguna otra cosa que substituya la pizarra bituminosa y la central nuclear de Ignalina. 
No se puede únicamente depender del gas importado de Rusia. 
Se debe involucrar al anillo báltico en el programa. 
El programa también debe presentar vínculos claros de las relaciones de la Unión Europea con las zonas nórdicas de Noruega, Islandia, Groenlandia, los Estados Unidos de América y Canadá. 
El objetivo es que la dimensión septentrional aumente de categoría con el Programa MEDA entre otros buenos programas de la Unión Europea. 
La dimensión septentrional, al igual que el Programa MEDA, es un asunto que atañe a toda la UE. 
Por alguna razón, se ha criticado el proyecto por no tener nada concreto que ofrecer. 
Espero que mi informe, que el Parlamento Europeo aprobó en mayo de 1999, y que se centraba específicamente en propuestas concretas, servirá de pilar de la dimensión septentrional. 
El problema de la dimensión septentrional ha radicado en que su financiación se ha obtenido retirando fondos de otros programas de la Unión Europea. 
El carácter descentralizado de su gestión, diseminada entre varias Direcciones Generales, no hace sino complicar la tarea. 
El proyecto es como una colcha de retazos. 
Esperamos que la Comisión pueda organizarse para que el desarrollo de la dimensión septentrional sea responsabilidad de un funcionario de alto rango en una sola Dirección General, como ocurre con el programa MEDA. 
También respaldo la idea de que la dimensión septentrional disponga de su propia partida presupuestaria, lo que concuerda con mis anteriores propuestas. 
Señor Presidente, me ha dado usted una pauta para seguir. 
De todos aquellos que han hablado sobre este punto, soy el que habita más al sur, y si no fuera por los Alpes, tendría una visión clara del Mediterráneo. 
Por consiguiente, reclamo el derecho a hablar en nombre de los diputados del Sur y afirmar que nosotros también estamos interesados en el bienestar del Norte. 
Quisiera ser breve y mencionar los temas siguientes, el primero de los cuales es el de la energía. 
Lo que aquí realmente importa es que finalmente nace el anillo báltico, con una interconexión eléctrica justo en el Báltico. 
Esto nos será de gran ayuda a nosotros y a los Estados bálticos. 
El segundo punto que deseo exponer es que debemos impedir por todos los medios todo posible percance relacionado con el petróleo o el gas en el extremo norte. 
Se tardarían muchos años para que la naturaleza se recuperara, mucho más de lo que ocurriría en el sur. 
Debemos evitar que esto ocurra cueste lo que cueste. 
Mi tercer punto es el principal: el desarme. 
Ya se ha hablado algo acerca de los submarinos que se están oxidando en el noroeste de Rusia y sobre los planes que tenemos para tratar este tema, por lo que quisiera dar a la Comisión todo el mérito. 
Sin embargo, quisiera sugerir a la Comisión que hiciera una declaración sobre qué tipo de medidas para el desarme está considerando tomar conjuntamente con el Consejo, qué se ha decidido al respecto, y qué es lo que se está haciendo a través de nuestro presupuesto, para que esta Asamblea pueda deliberar sobre todas estas medidas que estamos cofinanciando. 
La Comisión merece que se le agradezca el haber organizado una conferencia muy importante sobre el desarme en Bruselas a principios de diciembre, a la que asistí, y estoy realmente asombrado de las numerosas iniciativas que se han producido. 
Sin embargo, es más que correcto que esta Asamblea las analice y las dé a conocer a los ciudadanos. 
Volviendo al tema de la energía, quisiera llamar su atención sobre una paradoja. 
En Europa Occidental, estamos substituyendo el carbón y la energía atómica por gas, que en el futuro vamos a comprar cada vez más a Rusia. 
Los rusos nos están vendiendo más y más gas, ya que les hace ganar más dinero que si utilizan gas en casa, donde, sin embargo, utilizan carbón y energía nuclear. 
Si se consideran todos estos factores resulta que no existe ningún ahorro en energía atómica ni en CO2. 
Pido a esta Asamblea que consideremos si nuestra política es la correcta, y que se incluya esta cuestión en la agenda para el diálogo sobre energía con los rusos. 
Lo que está ocurriendo es simplemente absurdo, al menos desde el punto de vista de una persona de fuera. 
Sólo quería señalarlo. 
Señor Presidente, me alegra que la dimensión septentrional se incluya actualmente en la agenda de la Unión Europea. 
En la persona del Comisario Patten, la Unión Europea cuenta con un líder fuerte en el ámbito de política exterior. 
Estoy convencido de que el Comisario sigue de cerca la Cooperación en la región de Barents donde los países nórdicos, junto con Rusia, se esfuerzan activamente para luchar contra el riesgo que suponen los submarinos para desguace, armados con armas nucleares, en esta zona, en particular en Murmansk. 
También desearía tratar la estrategia relacionada con Belarús en el marco de la dimensión septentrional. 
No podemos permitirnos tener Estados parias adyacentes a nuestras propias fronteras en Europa. 
Por esto es importante que la Unión Europea, liderada por el Consejo de Ministros y el Comisario Patten, ponga en práctica una estrategia que mantenga una crítica enérgica y a largo plazo de la ausencia de derechos humanos en Belarús. 
Esto es algo que debería unirse inicialmente a conversaciones de bajo nivel con las autoridades bielorrusas sobre los temas de la prevención de la delincuencia y los controles fronterizos. 
Este diálogo debería también tener lugar con la idea de estimular el desarrollo económico en Belarús y el fortalecimiento de la sociedad civil. 
El Báltico no está lejos de convertirse en un mare nostrum de la Unión Europea. 
Se trata de una zona económica que debe desarrollarse. 
En nuestras relaciones con Rusia, debemos continuar exigiendo una mayor democracia. 
Sin embargo, no debemos olvidar entablar relaciones políticas de bajo nivel con Belarús. 
Son una necesidad. 
Señor Presidente, la propuesta de resolución sobre la dimensión septentrional pone de relieve como es debido algunas de las cuestiones más importantes de este momento. 
No obstante, la dimensión septentrional debe entenderse como un proceso dinámico. 
Quisiera destacar especialmente dos factores que tendrán una repercusión en todo ello: la ampliación y el medio ambiente. 
Con la ampliación, nuestro concepto del «Norte» debe cambiar para que a finales de la década utilicemos más esta palabra para referirnos al Norte Ártico y menos al «Norte» en el sentido de que varía según quién sea el que habla. 
Igualmente, con la ampliación, el papel de la Unión Europea en el mar Báltico cambiará significativamente. 
En la práctica, desde principios del año próximo, el Báltico será un mar interno de la Unión Europea. 
Con sus problemas y oportunidades, deberá ser visible de modo general en la política de la UE. 
La importancia que se dé al mar Báltico en toda la política de la Unión Europea debe ser mayor, mientras al mismo tiempo su importancia como parte de la dimensión septentrional de la Unión Europea disminuye. 
Naturalmente, Rusia en el futuro constituirá una parte importante del contenido de la dimensión septentrional, pero tanto la zona occidental como la oriental están más juntas en el círculo polar ártico. 
La dimensión septentrional también posibilitará que se refuercen los vínculos en occidente. 
La Unión Europea debe tomar la decisión de unirse al Consejo Ártico cuyos miembros son actualmente los Estados Unidos de América, Canadá, Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. 
Sería extraño que se siguiera dejando de lado a la Unión Europea de la labor de este Consejo, que se constituyó en 1996, en particular debido a que tantos de los propios proyectos de la Unión Europea, si se relacionan con los proyectos del Consejo Ártico, podrían resultar en sinergias importantes. 
Al mismo tiempo, reforzaría el acuerdo mutuo Euroatlántico en el ámbito del medio ambiente, que últimamente no ha sido el mejor posible. 
La política de la Unión Europea sobre el cambio climático podría de este modo obtener una nueva base a escala internacional sobre la que establecer una actuación práctica. 
Las regiones árticas vulnerables serán las primeras que padecerán el cambio climático, y pronto este cambio afectará a toda la Unión Europea, hasta alcanzar el mar Mediterráneo. 
Es evidente que la fusión de las capas de hielo implica una probable amenaza que, si llega a ser una realidad, devastaría totalmente la cultura y economía de Europa. 
Para cerrar este debate, he recibido cuatro propuestas de resolución presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento 
Por tratarse de asuntos semejantes las preguntas 1 y 2 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 1 formulada por Josu Ortuondo Larrea (H-0833/02): 
Asunto: Aplicación inmediata de las Directivas I y II sobre el Erika 
El pasado 13 de noviembre, frente a las costas de Galicia, tuvo lugar la avería y posterior naufragio del buque Prestige, con el consiguiente desastre ecológico. 
En relación al tema de la seguridad marítima, una vez aprobadas las directivas y reglamentos contemplados en los paquetes Erika I y II, se demoró su aplicación con unos plazos que no concluirán hasta el 2003. 
¿No considera el Consejo un desacierto haber fijado unos plazos tan dilatados para la aplicación de las directivas y que hubiera sido mejor no dilatar tanto dicha aplicación? 
¿No conviene adelantar y aplicar inmediatamente las directivas para evitar un desastre mayor? 
Pregunta nº 2 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0839/02): 
Asunto: Paso de petroleros en aguas de Azores, Canarias y Madeira 
Teniendo en cuenta los efectos catastróficos de la marea negra producida por el naufragio del petrolero Prestige sobre las costas de Galicia y el peligro al que están expuestos los archipiélagos de Azores, Canarias y Madeira, ¿qué medidas se propone adoptar el Consejo para garantizar la aplicación de normas de seguridad sobre las aguas que rodean a esos tres archipiélagos? 
Señor Presidente, Sus Señorías, todos conocemos las graves repercusiones que ha tenido últimamente este asunto. 
Sin embargo, intentaré limitarme a las preguntas formuladas. 
El Consejo ha tenido la oportunidad de examinar- el pasado mes de diciembre- junto con el Parlamento Europeo los problemas causados por accidentes reincidentes de este tipo en el debate general sobre el desastre del Prestige. 
Habiendo expresado en ese momento su pesar por el desastre causado por el naufragio del petrolero Prestige en las costas de Galicia el pasado mes de noviembre, ahora puede afirmar que todos los Estados miembros y la Comisión han tomado la decisión de mejorar su cooperación, en un intento general para que los barcos sean más seguros e impedir la contaminación del mar. 
La nueva Agencia Europea de Seguridad Marítima es una prueba positiva de esta determinación. 
El 6 y 9 de diciembre, el Consejo ha tomado medidas, en forma de conclusiones del Consejo, sobre determinados aspectos del transporte marítimo y protección medioambiental. 
El Parlamento y el Consejo aprobaron cinco de los seis actos legislativos propuestos por la Comisión para los paquetes Erika I y Erika II de medidas legislativas con arreglo al procedimiento de codecisión. 
Se han elegido las fechas de entrada en vigor de estos actos legislativos por dos motivos: asegurar su aplicación lo más rápidamente posible y permitir que las autoridades portuarias creen capacidades de control donde el estado portuario es responsable de los controles. 
Respecto a la retirada paulatina de petroleros de un solo casco, el calendario establecido a escala internacional por la Organización Marítima Internacional (OMI) está siendo seguido y reforzado por el compromiso de los Estados miembros de no utilizar la excepción autorizada por la OMI. 
El Consejo Europeo de Niza, en un intento de reforzar la estrategia sobre seguridad marítima de la Unión, invitó a los Estados miembros «a adelantar la aplicación de las medidas aprobadas por los quince Estados miembros en los casos que no requieran un marco internacional». 
En sus conclusiones aprobadas el 6 de diciembre de 2002 y, en particular, en los apartados 1, 5 y 8, el Consejo invitó a la Comisión «como asunto de urgencia, a presentar una propuesta relacionada con la retirada acelerada de los petroleros de un solo casco» , apeló a los Estados miembros a «acelerar la transposición de la directiva modificada con vistas a aplicar las medidas de control mejoradas a la mayor brevedad, y preferentemente antes de 1 de enero de 2003» e instó a los Estados miembros «a establecer lo más pronto posible y no más tarde del 1 de julio de 2003, planes para la determinación de lugares de refugio para barcos en peligro». 
El Consejo hará hincapié en que las medidas tomadas por el Consejo y el Parlamento se aplican a todos los puertos de los Estados miembros de la Comunidad y sus aguas territoriales y, por consiguiente, abarcan las Azores, las Islas Canarias y Madeira. 
En lo que se refiere a la seguridad marítima, el Consejo de Ministros reaccionó inmediatamente frente a la situación y tiene sumo interés en seguir adelante y tomar medidas para impedir este tipo de desastres naturales en el futuro. 
El Consejo está extremadamente concienciado sobre el medio ambiente y la terrible contaminación causada por estos accidentes, y puedo asegurar a Su Señoría que la Presidencia griega procederá con la celeridad y atención necesarias para asegurar que se tomen medidas adecuadas. 
Ya he señalado anteriormente que el Consejo y la Presidencia griega están muy deseosos de hacer aprobar esta medida. 
Estuvimos totalmente de acuerdo con las decisiones que se han tomado por el Consejo en diciembre y presentaremos los procedimientos pertinentes en curso lo más rápidamente posible. 
Quisiera hacerle una pequeña referencia al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, a quien deseo toda la suerte del mundo. 
Necesitamos que el Consejo actúe más rápidamente. 
A raíz del 1 de enero y de la catástrofe del Prestige, el Estado español ha aplicado ciertas normas más restrictivas para los buques de casco único. 
Eso ha dado lugar a que se formen colas de buques de casco único entrando en Gibraltar para eludir los controles. 
Es necesario que el Reino Unido no quede al margen y que no haya puertos francos, en cierto modo piratas, que reciben buques cuando la Unión Europea está actuando en otro sentido. 
Por este motivo, les pido que actúen muy rápidamente y que nadie en la Unión Europea se quede al margen de unas normas muy necesarias. 
Estamos de acuerdo con Su Señoría, pero debo señalar que la iniciativa, cuando se refiere a la aplicación y presentación de propuestas pertinentes, compete a la Comisión Europea. 
Señor Presidente, el presidente en funciones del Consejo acaba de calificar este problema de «desastre natural». 
Quisiera preguntarle por qué razón atribuye a causas naturales un desastre que ha sido claramente consecuencia de motivos políticos y por lo tanto evitables. 
Un desastre natural es claramente algo bastante diferente. 
Sería como si a un choque en cadena de automóviles o camiones en una autopista se le llamara desastre natural. 
Hay otro tipo de causas que necesitan clarificarse. 
Creo que la Presidencia griega va hacia un mal comienzo en este asunto si cree que esto es realmente un desastre natural. 
Pregunto: ¿por qué llama a esto un desastre natural, que creo es totalmente inexacto? 
La cuestión es ¿dónde termina un accidente y dónde empieza un desastre natural? 
Esto es algo que, si se mira desde un punto de vista meramente literal, termina en un debate diferente en el que creo que no viene al caso entrar. 
Ya pasé por este debate cuando el Consejo de Asuntos Generales debatió el fondo previsto recientemente para tratar los desastres naturales, término utilizado para describir, por ejemplo, las inundaciones de algunas zonas europeas el pasado verano. 
Se trata de distinciones muy específicas y muy precisas tanto desde el punto de vista legal como político y práctico pero, tal como he dicho antes, hacen que el debate vaya en otra dirección. 
Evidentemente, con un desastre o, si lo prefiere, accidente de estas proporciones, es crucial que se examine por qué sucedió, qué daños ha causado y qué experiencias y lecciones nos enseña para el futuro, para que podamos impedir que vuelva a ocurrir. 
No soy yo quién debe decir al Parlamento Europeo si debe crear o no una comisión. 
La Presidencia griega ha adoptado una posición en el Consejo, que es la de que necesitamos una comisión que se encargue de un análisis global de todo este asunto, cómo ocurrió y todas las implicaciones, de manera que las decisiones que el Consejo debe tomar se basen en un análisis total, exhaustivo y objetivo de todo el asunto. 
Pregunta nº 3 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0847/02): 
Asunto: Los paquetes legislativos en relación con el Erika y la Oil Pollution Act de 1990 de los EE.UU. 
¿Qué razones había para que el Consejo, después del accidente del petrolero Erika, y ya antes de los diversos accidentes ocurridos frente a las costas de Galicia, como, entre otros, los del Polycomander, Aegean Sea, Urquiola y Cason, no incluyera en los dos paquetes legislativos relacionados con el Erika las estrictas medidas de garantías financieras y de seguridad exigidas a los armadores y buques en la Oil Pollution Act de 1990 de los Estados Unidos, motivada por el accidente del Exxon Valdez? 
A raíz de la racha de accidentes graves ocurridos en los últimos años en varias costas europeas en la que se han visto involucrados varios buques con cargamentos de materias peligrosas, el Consejo y el Parlamento Europeo tomaron medidas conjuntas para eliminar el riesgo de que vuelvan a ocurrir desastres de este tipo, cuyo objetivo es- tal como he recalcado en mi anterior réplica- conseguir unos elevados niveles de protección medioambiental, en especial de los hábitats naturales y la biodiversidad. 
Tal como he señalado anteriormente, el Consejo admitió en diciembre de 2002 que el transporte de determinadas substancias por vía marítima continúa planteando una grave amenaza tanto para el medio ambiente marítimo como para las costas y las personas que dependen de ellos. 
Por consiguiente, es necesario que se adopten medidas adicionales. 
En respuesta a su pregunta, referente al planteamiento adoptado con arreglo a la legislación estadounidense, el Consejo recuerda a Su Señoría la propuesta presentada en diciembre pasado sobre la posibilidad de establecer un mecanismo conjunto para las compañías petroleras y las compañías de transporte que los utilizan- navieras, fletadores y aseguradoras- que provean los medios necesarios para impedir y tratar eficientemente todo desastre o accidente medioambiental. 
El Consejo también recalcó que el principio de prevención, el principio de indemnización de los desastres medioambientales en origen y el principio de que quien contamina es quien paga deben aplicarse de manera adecuada al transporte marítimo. 
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, actualmente la sociedad en su conjunto está convencida de que el tráfico marítimo internacional es campo de una forma depredadora de capitalismo que no se preocupa por la sociedad y que incluso es criminal. 
Deben establecerse normas que impidan que continúe existiendo esta terrible situación. 
Existen diversos planteamientos para resolver este problema: uno es el adoptado por los Estados Unidos en el despertar del accidente del Exxon Valdez en 1989, con la adopción de la Ley de contaminación por petróleo de 1990. 
Recordaré que la garantía exigida a las navieras asciende a mil millones de dólares estadounidenses, que la responsabilidad exigida es ilimitada y que, actualmente, se exige a Exxon Mobil el pago de cuatro mil millones de dólares estadounidenses como indemnización. 
Los doble cascos, los guardacostas, etc., etc. forman parte de este planteamiento. 
Otro planteamiento es el del Erika, disposición que, si bien representa un paso hacia adelante, no se aplica adecuadamente por parte del Consejo ni de los Estados miembros, que prefieren moverse en el ámbito de las mafias internacionales. 
Por otro lado, existen países, como Galicia, que están sufriendo las consecuencias y cuyos habitantes, incluyendo los bomberos y voluntarios deben luchar contra las manchas de aceite que flotan en el agua con sus manos desnudas. 
Creo que la única solución es que la Unión Europea cree su propia legislación (podríamos incluso llamarla «ley Prestige» ), imitando en este caso a los Estados Unidos. 
Seguidamente, seguramente deberíamos modificar toda la legislación internacional. 
Quisiera preguntar si se van a adoptar iniciativas para que así sea. 
Tal como he mencionado anteriormente, el problema de estos accidentes, de estos desastres, es que exigen un enfoque conjunto; son cuestiones que, por su propia naturaleza, requieren un enfoque global. 
Naturalmente, nadie puede aceptar que un accidente de este tipo provoque un desastre de esta magnitud. 
El Consejo desea promover y está promoviendo soluciones y creo que es vital que tengamos propuestas e ideas de todos lados sobre la manera de abordar este problema, un problema que no sólo tiene que ver con la arquitectura naval; también tiene que ver con toda una serie de otras cuestiones- de tipo económico, social, institucional y de organización- y cómo estas cuestiones deben tratarse desde el punto de vista político y en el ámbito de la Unión Europea. 
Pregunta nº 4 formulada por John Walls Cushnahan (H-0871/02): 
Asunto: Recientes desastres marítimos 
Teniendo en cuenta los desastres marítimos que se han producido en aguas europeas en noviembre y diciembre de 2002, concretamente la catástrofe del Prestige, que sigue provocando mareas negras que están devastando la costa y la vida marina de Galicia, unida a la reciente colisión entre el carguero Tricolor y el Caribe y a la segunda colisión entre los restos del Tricolor y el Nicola, ¿reconocerá el Consejo que existe una gran necesidad de una respuesta coordinada de la Unión Europea? 
Además, dadas las graves consecuencias de estos recientes accidentes marítimos, ¿qué opina el Consejo de la propuesta que presenté a la Convención sobre el Futuro de la Unión Europea en junio de 2002 (referencia: Conv 150/02) , en la que pedía que se creara un servicio de guardacostas de la Unión Europea? 
El Consejo está de acuerdo con Su Señoría en que es claramente necesario que se dé una respuesta coordinada por parte de la Unión Europea a la situación que ha surgido a consecuencia de estos desastres marítimos y ésta es la posición que repite y apoya constantemente. 
El Consejo recuerda en particular que, el 20 de diciembre, adoptó por unanimidad una regulación en la que se establecían medidas específicas para indemnizar a la industria pesquera, el sector del marisco y la industria piscícola españolas afectados por los derrames de petróleo del Prestige. 
La Comisión presentó su propuesta el 19 de diciembre. 
El Parlamento Europeo emitió su opinión ese mismo día. 
Los objetivos de la propuesta son ayudar a compensar los daños, mediante una contribución de la Comunidad. 
Se prevé la ayuda financiera a través de la reasignación de fondos, incluyendo la reprogramación de la participación española (alrededor de 30 millones de euros) del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca. 
Parte de los recursos presupuestarios (alrededor de 30 millones de euros) para la conversión de los buques españoles, que hasta 1999 dependían del acuerdo pesquero con Marruecos, también se utilizarán para la reparación de los daños en cuestión. 
En su reunión del 19 de diciembre de 2002, el Consejo emitió la declaración siguiente: «El Consejo, a raíz del grave accidente del petrolero Prestige ocurrido en la costa noroeste de España, agradece las medidas que se han tomado para la rápida adopción de un proyecto de decisión marco sobre la protección del medio ambiente a través del Derecho Penal. 
En este contexto, el Consejo toma nota de las conclusiones del Consejo Europeo de 12 y 13 de diciembre de 2002, relativas a la seguridad marítima y la contaminación del mar que agradece la actuación de la Comisión para confrontar las consecuencias derivadas de este suceso y «su intención de examinar la necesidades de más medidas específicas» y, entre ellas, «cuestiones relacionadas con la responsabilidad y las sanciones correspondientes». 
Por consiguiente, plenamente coherentes con las medidas que deben considerarse de conformidad con los poderes comunitarios en los ámbitos de la protección de la seguridad del transporte y la protección del medio ambiente, el Consejo debe considerar medidas complementarias para reforzar la protección del medio ambiente, en particular de los mares, a través del Derecho Penal». 
Respecto a la creación de un guardacostas europeo, no corresponde al Consejo expresar sus puntos de vista sobre ninguna propuesta que pueda presentarse o debatirse por la Convención Europea. 
Señor Presidente, me alegra que reconozca la necesidad de una respuesta coordinada de la UE, pero mi opinión es que no sólo necesita que se coordine, necesita que sea amplia y esté respaldada con recursos suficientes. 
¿No va a admitir usted que el problema al que nos enfrentamos en los mares de Europa no sólo se refiere a seguridad marítima y contaminación medioambiental? 
Es la forma en que se utilizan nuestros mares, como por ejemplo para la inmigración ilegal, la delincuencia organizada, el tráfico de seres humanos y la violación de nuestra legislación en materia de pesca. 
¿No va a admitir que necesitamos un mecanismo de respuesta adecuado y que la única manera de tratar el problema pasa por el establecimiento de un servicio de guardacostas de la UE? 
¿No cree usted que podríamos aprender del enfoque global de los Estados Unidos respecto a estos problemas? 
Se ha hablado mucho en el Consejo y en otras partes de los problemas que plantea el trato que hay que dar al terrorismo, pero olvidamos que este tipo de peligro podría existir en nuestros mares tan fácilmente como en el aire. 
Si por ejemplo se produjera un ataque terrorista con productos químicos, biológicos o armas nucleares en el mar, la primera línea de respuesta podría ser el servicio de guardacostas. 
Discrepo con usted de que esta cuestión no compete al Consejo. 
Siempre ha sido el cometido del Consejo considerar maneras de tratar los temores de la ciudadanía. 
A veces los ciudadanos se sienten desilusionados con la UE. 
¿No admitirá usted que tratar de forma coordinada y exhaustiva los problemas que amenazan su seguridad y bienestar contribuirá a convencerles de los valores de Europa? 
Estoy de acuerdo con Su Señoría en que nuevos fenómenos y problemas exigen nuevas respuestas y que estas respuestas deben ser respuestas globales que abarquen tantos aspectos del problema como sea posible. 
Creo que, de lo que he dicho antes respecto a ésta y otras cuestiones anteriores, se extrae como conclusión que necesitamos encontrar respuestas globales para impedir que estas situaciones vuelvan a producirse, que se requiere disponer de recursos- y que deben tomarse decisiones sobre estos recursos- y que es necesario que investiguemos las causas de estos terribles problemas y que tengamos la imaginación y sensibilidad necesarias para hallar soluciones realmente innovadoras y eficaces. 
Creo que ya he contestado a la pregunta con lo que he dicho. 
Necesitamos comisiones que examinen por qué estos accidentes ocurren, los problemas que crean y las acciones necesarias cuando se producen estas situaciones que son tan difíciles de manejar. 
Creo que todo este asunto nos dará el conocimiento adicional que necesitamos para que el Consejo pueda considerar, debatir y evaluar las propuestas presentadas y tomar las decisiones correctas. 
En cuanto a la cuestión planteada sobre la creación de nuevas organizaciones, uno debe estar de acuerdo- en teoría- con que va a ser un ejercicio necesario y útil; sin embargo, plantea una serie de implicaciones institucionales y prácticas que es necesario que el Consejo considere tras una evaluación en profundidad. 
Puede que no haya dejado lo suficientemente clara cuál es mi posición. 
He dicho que no compete al Consejo expresar una opinión sobre las propuestas relacionadas con la creación de un guardacostas europeo, que han sido presentadas a la Convención Europea. 
Se trata de un organismo institucional independiente, una institución independiente y no podemos interferir en sus conversaciones. 
Con esto, si la Comisión Europea presenta una propuesta, el Consejo la examinará evidentemente y tomará una decisión según su proceder habitual. 
Muchas gracias, señor Presidente, por su amabilidad. 
Sólo tengo una pregunta: ¿tiene previsto el presidente en funciones del Consejo visitar Galicia? 
Pregunta nº 5 formulada por Alexandros Alavanos (H-0837/02): 
Asunto: Solución de la cuestión chipriota y adhesión de Chipre a la Unión Europea 
En un periódico ateniense (TA NEA, 3/12/2002) se ha publicado un documento de trabajo de la Unión Europea elaborado con vistas a las decisiones de Copenhague que ha provocado gran inquietud. 
Dicho documento, que, según fuentes del citado periódico, va a ser debatido en primer lugar en el seno del COREPER y del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, se refiere a la adhesión de Chipre a la Unión Europea y prevé dos posibles escenarios. 
El primero prevé la adhesión de la isla en su totalidad, siempre y cuando se haya firmado, antes de Copenhague, la solución de principio a la cuestión chipriota sobre la base del plan Annan. 
El segundo, en caso de que los Sres. Clerides y Denktash no hayan firmado antes de Copenhague la solución de principio a la cuestión chipriota, prevé que el proceso de adhesión de Chipre sea separado del de los restantes países candidatos y reexaminado en abril de 2003. 
En estas dos probabilidades, lo primero que se observa es que relacionan de forma directa la solución de la cuestión de Chipre a su adhesión, y que en ningún caso se toma en consideración, ni siquiera como hipótesis, el compromiso de Helsinki conforme al cual la solución de la cuestión chipriota no constituye una condición previa para la adhesión. 
¿Qué medidas va a tomar el Consejo con el fin de aplicar las decisiones de Helsinki que desvinculan la adhesión de la República de Chipre de la resolución política del problema, más aún cuando es obvio que el obstruccionismo practicado por la parte turcochipriota ha agotado todo margen temporal para llevar a cabo negociaciones de fondo que permitan alcanzar una solución de la cuestión chipriota justa y viable? 
Las negociaciones de adhesión con Chipre concluyeron el 13 de diciembre en el Consejo Europeo de Copenhague. 
Está previsto que Chipre sea aceptado como Estado miembro de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. 
Sin embargo, la Unión ha dejado bien claro que preferiría un Chipre reunificado. 
Sobre la cuestión de la reunificación, la Unión Europea agradece el compromiso de ambas partes de continuar las negociaciones para intentar hallar una solución global al problema de Chipre a finales de febrero de 2003 sobre la base de las propuestas efectuadas por el Secretario General de las Naciones Unidas. 
Si estos esfuerzos resultan ser positivos, el Consejo decidirá por unanimidad, sobre la base de una propuesta de la Comisión, los ajustes necesarios para las condiciones de adhesión de Chipre a la Unión Europea con el fin de satisfacer a la comunidad turcochipriota. 
Si no se hallase ninguna solución, se suspendería la aplicación del acervo comunitario para la zona norte de Chipre, supeditada a la decisión en sentido contrario del Consejo, basándose en una propuesta presentada por la Comisión Europea. 
Entiendo que esta pregunta está desfasada pero es debido a que he tenido que presentarla hace unos dos meses ante el Consejo Europeo en Copenhague. 
Muchas gracias por su respuesta. A continuación de esta pregunta y respuesta y la referencia que se ha hecho al plan del Secretario General, quisiera aprovechar esta oportunidad para preguntarle: 
¿Tiene el Consejo previsto participar en conversaciones sobre el futuro del plan Annan, en particular respecto a las dimensiones y aspectos del plan que impiden que funcione el acervo comunitario sobre libertad de movimiento y establecimiento? 
Señor Ministro, conoce usted la posición de nuestro partido sobre la adhesión de Chipre a la Unión Europea. 
Si la parte libre de la isla se incorpora, Chipre quedará dividido. 
Si se aprueba el plan Annan, se dividirá por la puerta trasera. 
Le planteo la siguiente pregunta: 
Si no se alcanza ningún acuerdo sobre el plan Annan y la parte libre de la isla se incorpora, una parte de la Unión Europea estará bajo dominio extranjero. 
Lo que deseo conocer es cómo el Consejo tratará el hecho de que esta parte de la Unión Europea esté bajo dominio extranjero, y si tiene alguna idea de cómo se van a desarrollar las cosas en la parte ocupada de la isla. 
Permítame observar que no se va a incorporar sólo una parte de Chipre. 
De acuerdo con las decisiones que se han tomado, todo Chipre va a incorporarse. 
Lo que ocurre es que el acervo comunitario no puede aplicarse únicamente a una parte de Chipre. 
En cuanto a lo que yo pienso es que esperamos que se puede hallar una solución. 
Ya sea el 28 de febrero o después de esta fecha, cuando Chipre se incorpore formalmente a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, o incluso más tarde, el Consejo espera que las dos partes logren un resultado y creo en el impulso de los propios acontecimientos, con las evoluciones que hemos podido apreciar del lado turcochipriota de la isla y el ejemplo reciente de las manifestaciones de ayer; los propios acontecimientos ayudarán a encontrar una solución y tendremos un único Chipre unificado en la Unión, con todas las ventajas que esta Unión tiene que ofrecer a Chipre. 
Pregunta nº 6 formulada por Sarah Ludford (H-0842/02): 
Asunto: Garantías procesales para los acusados de delitos penales 
A la luz de los acontecimientos recientes que han tenido lugar en Grecia, donde hace poco se ha absuelto en apelación a los "observadores de aviones" (doce ciudadanos británicos y dos neerlandeses) de los cargos de espionaje que les habían sido erróneamente imputados por un tribunal de primera instancia, ¿comparte el Consejo la opinión de que esta experiencia subraya la necesidad de establecer un sistema comunitario de garantías procesales para los acusados de delitos penales y de mejorar la formación de los jueces? 
¿Comparte el Consejo asimismo la opinión de que, aunque el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece en efecto garantías en su artículo 6, al reconocer el derecho a un juicio justo, es demasiado largo el tiempo que se tarda en sancionar las infracciones cometidas por los Estados miembros? 
¿Se compromete el Consejo a tratar de una forma rápida y favorable la propuesta de una decisión marco que establezca a escala comunitaria normas comunes en lo relativo a las garantías procesales para las personas acusadas de delitos penales, tal como anunció la Comisión en su programa legislativo y de trabajo para 2003? 
Debo señalar que el Consejo no efectúa comentarios sobre procedimientos judiciales en los Estados miembros. 
Ni tampoco el Consejo está en una posición de expresar una opinión sobre el sistema de supervisión establecido de acuerdo con la Convención Europea sobre Derechos Humanos. 
Esta Convención ha sido aprobada bajo los auspicios del Consejo de Europa. 
De forma similar, el sistema internacional establecido para supervisar la aplicación de la Convención por sus signatarios también actúa bajo los auspicios del Consejo de Europa. 
El Consejo no considera que sea su obligación incluir comentarios sobre cómo funcionan los sistemas de supervisión de los derechos humanos internacionales creados por las organizaciones internacionales. 
En cuanto a la propuesta de una decisión marco sobre el establecimiento de normas comunes relativas a medidas preventivas de procedimiento para personas acusadas en procedimientos penales en toda la Unión Europea, tal como anunciado por la Comisión, el Consejo puede asegurar a Su Señoría que examinará detenidamente la propuesta de la Comisión en cuanto se presente. 
Gracias. 
El Ministro tiene razón. 
No deseo hacer hincapié en la experiencia de mis propios electores en Grecia, sino que sólo empezaré diciendo que hubo un gran alivio cuando el Tribunal de Apelación de Grecia reconoció la inocencia de los observadores de aviones: la justicia ha funcionado finalmente y estamos todos muy agradecidos por ello. 
Pero sin duda éste y muchos otros casos demuestran que necesitamos mejorar nuestros niveles de justicia penal en su conjunto, en toda la Unión Europea, sobre asuntos como la disponibilidad de la interpretación y asistencia jurídica y, por supuesto, la independencia judicial. 
Debo añadir que critico a mi propio Estado miembro, el Reino Unido, el único de los 15 que mantiene a la gente detenida sin juicio con arreglo a la legislación antiterrorista, por lo que no estoy criticando a los demás mientras dejo de lado a mi propio país. 
Pero quisiera entender que el Ministro me estaba dando algún tipo de respuesta sobre si desde su punto de vista el Consejo cree que se trata de una prioridad importante. 
Ha manifestado que no podía hacer comentarios sobre el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos, pero creo que también estamos hablando de la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Estamos hablando de los problemas que plantea la aplicación de la orden de detención europea en algunos países debido a temores que no son parámetros mínimos en toda la UE. 
¿Podría de alguna manera entender que el Consejo considera que se trata de una cuestión tan importante como lo hace la Comisión? 
La puesta en práctica de la Carta de los Derechos Fundamentales es una de las cuestiones que la Convención Europea está deliberando. 
Como ministro nacional, más que como miembro del Consejo, quisiera señalar que respaldamos la puesta en práctica de la Carta de Libertades Fundamentales y estoy convencido y espero que los otros Estados miembros harán lo mismo. 
Hablando nuevamente en calidad de miembro del Consejo, tal como he declarado: si la Comisión considera que este tipo de iniciativas son necesarias, que son de importancia fundamental para las personas que se enfrentan a cargos, en particular en otros países, por descontado que las examinaremos muy detenidamente. 
Señor Presidente en funciones, esta cuestión plantea el tema de las medidas preventivas, pero en el contexto de la legislación penal armonizada en Europa. 
Se trata de un problema muy grave para un gran número de ciudadanos de la Unión Europea, que cruzan la frontera de un país a otro y se enfrentan a un conjunto de leyes muy diferentes, en particular en el caso de las infracciones- estoy pensado, por ejemplo, en la juventud que consume hachís u otras drogas blandas- que puede hacer que vayan a parar a la cárcel en un país y que apenas se califica de infracción en otro. 
El Gobierno griego ha mostrado que entiende este problema. 
¿Tiene la Presidencia griega alguna intención de asegurar que en la Unión Europea no existen legislaciones contradictorias, en particular en este campo, que por lo general atañe a los jóvenes? 
Permítame observar que estas cuestiones se refieren a un pilar que la Unión Europea sólo ha empezado a desarrollar hace poco y que debe actuar dentro de límites muy específicos. 
Vuelvo a repetir que el Consejo examinará todas las propuestas que sean compatibles con el sistema institucional de la Unión Europea, ya que no se pueden superar estos límites. 
Grecia, hablando en calidad de Presidencia de la Unión, respalda la comunitarización del tercer pilar en el marco de la Convención Europea. 
Esperamos que este desarrollo permitirá que se adopten medidas comunitarias para tratar las diferentes situaciones donde debemos aunar nuestros esfuerzos y adoptar un enfoque más general en la Unión. 
Pregunta nº 7 formulada por Bernd Posselt (H-0865/02): 
Asunto: Academia de Policía y protección de las fronteras en la UE 
¿Cuándo decidirá por fin el Consejo sobre la sede de la Academia Europea de Policía y en qué fase se encuentran los preparativos con vistas a la creación de una policía de fronteras común en las fronteras exteriores de la UE? 
El Consejo decidió en el primer semestre de 2002 que la Escuela Europea de Policía se establecería en Dinamarca temporalmente, en espera de una decisión sobre su sede definitiva. 
Hasta que no se encuentre una solución definitiva, los actuales preparativos temporales parecen ir por buen camino. 
El plan para la gestión de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo en su reunión del 12 y 13 de junio de 2002 dispone, en su último apartado, la creación de un Cuerpo europeo de guardia de fronteras. 
Sin embargo, el plan menciona la creación de un Cuerpo europeo de guardia de fronteras como uno de los posibles futuros pasos institucionales, que podrían considerarse para desarrollar la gestión integrada de fronteras exteriores tras un estudio legal en profundidad que abarque la cuestión del fundamento jurídico e identifique los instrumentos necesarios. 
El Consejo Europeo de Sevilla señaló que la Comisión tiene intención de continuar examinando la conveniencia y viabilidad de una fuerza policial de este tipo y, por lo que sabemos, la Comisión ya ha comenzado este estudio. 
El Consejo Europeo de Sevilla instó también la introducción, sin demora, de la unidad común para profesionales de fronteras exteriores, formada por responsables de control de fronteras de los Estados miembros, para coordinar las diferentes medidas contenidas en el plan de gestión, cuyo objetivo es la introducción gradual de la gestión integrada de las fronteras exteriores. 
Esta unidad común se creó en la reunión del Comité Estratégico de Inmigración, Fronteras y Asilo del Consejo celebrada el 22 y 23 de junio de 2002. 
La unidad común, conocida como «SCIFA +» , emprendió inmediatamente la tarea de aplicar el plan de gestión y se reunió cinco veces durante la Presidencia danesa. 
Los países candidatos también asistieron a una de estas reuniones. 
Señor Presidente, quisiera empezar preguntando cuándo se tomará una decisión definitiva sobre la sede de la Escuela Europea de Policía. 
Como bien debe saber, el Parlamento, según sugerí, propuso esta Escuela Europea de Policía en 1998 y puso en práctica la propuesta. 
Pensamos que debería estar situada en la zona fronteriza entre la actual Unión Europea y los países candidatos. 
Así pues, mi primera pregunta es: ¿cuándo se va a tomar una decisión sobre el emplazamiento de la Escuela? 
Mi segunda pregunta tiene que ver con el control de fronteras, y es la siguiente: ¿cuál es su punto de vista sobre un fundamento jurídico europeo específico para el control de las fronteras europeas? 
En cuanto a mi tercer punto: ¿tendrá una sede permanente la entidad gestora para el control integrado de fronteras europeo, que acaba de mencionar, y de ser así, dónde se ubicará? 
Mi respuesta a la pregunta de cuándo se tomará una decisión definitiva es que ello depende del momento en que los Estados miembros así lo acuerden. 
Respondiendo a su segunda pregunta, podría decir que la Presidencia griega expresó su punto de vista hace ocho meses, en una carta del presidente Simitis, de que era necesario disponer de una guardia de fronteras común para que pudiera irse desarrollando una verdadera fuerza policial de fronteras europea, en particular con la presión de la delincuencia organizada y la inmigración a consecuencia de desarrollos en Asia. 
Como bien sabe, esto plantea muchas cuestiones, que se están estudiando y para las que deben encontrarse respuestas para que puedan resolverse. 
Tanto como Presidencia griega como en calidad de Estado miembro, estamos muy interesados por movernos en esta dirección. 
La tercera pregunta de Su Señoría es casi idéntica a la primera. 
La cuestión sobre «dónde» se decidirá tras consultarlo con nuestros otros países socios y no me compete a mí decir dónde se establecerá este servicio. 
Como bien sabe Su Señoría, el estímulo y apoyo a las pequeñas y medianas empresas es una de las prioridades de la Presidencia griega con arreglo a la estrategia de Lisboa. 
El año pasado, el presidente en funciones del Consejo, Sr. Simitis, y el entonces presidente holandés, Sr. Kok, se dirigieron por escrito al Consejo sobre la necesidad de fomentar acciones para las pequeñas y medianas empresas. 
La Comisión anunció que el Libro verde sobre el espíritu empresarial y las PYME a que se refiere Su Señoría se presentará próximamente. 
Tan pronto como se presente el Libro verde, se tratará por los Consejos pertinentes con la debida prioridad. 
Además, la última comunicación sobre política industrial de la Comisión en una Europa ampliada, que también se estudiará detalladamente durante la Presidencia griega, hace hincapié en el papel principal desempeñado por las PYME de incentivar el empuje industrial y las ideas innovadoras. 
La mejora de la situación general de las PYME y, lo que es más importante, el espíritu empresarial inherente a las PYME es de importancia fundamental para toda política industrial o comercial actual. 
Además del Libro verde, el Consejo Europeo de Primavera también evaluará la aplicación de la Carta Europea para las PYME, utilizando el procedimiento que contempla la misma carta, teniendo en cuenta, huelga decirlo, toda exigencia del Parlamento Europeo. 
Señor Presidente en funciones, le pido disculpas por hacerle decir cosas que ya conocemos. 
El punto sobre el que necesito volver a formular mi pregunta es el siguiente: qué nuevas cartas tiene guardadas para reforzar a las pequeñas y medianas empresas que, como todos sabemos, son la principal fuente de empleo, que es lo que estamos intentando aumentar desesperadamente en Europa. 
En mi opinión, tal como le he dejado claro en mi pregunta, necesita estudiar la evaluación de los programas europeos, de la financiación concedida a compañías hasta la fecha, ya que nuestra experiencia es de que algunos países se las componen mejor que otros y han realizado progresos en la innovación, que he mencionado, con su competitividad y, por consiguiente, con la creación de puestos de trabajo. 
Creo que es realmente fundamental e importante para el proceso de Lisboa que evaluemos nuestra política hacia las pequeñas y medianas empresas, que es por lo que le estoy preguntando, señor Presidente en funciones, si tiene usted algo nuevo sobre lo que informarnos. 
La línea que se encuentra detrás de la posición de la Presidencia griega sobre esta cuestión es precisamente la siguiente: que las pequeñas y medianas empresas son un importante órgano de actividad para la economía europea en su conjunto. 
La iniciativa que tomamos hace un año, como Estado miembro, es muy propicia para tratar los problemas de las pequeñas y medianas empresas. 
Así pues, ¿cuáles son estos problemas y dónde cree usted que podemos ayudar? 
Creemos que podemos ayudar al reducir o, si ello es posible, retirar los obstáculos con los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas que desean expandirse, facilitándoles el acceso al capital, disminuyendo los trámites burocráticos, con la creación de más redes, elevando el nivel de aptitudes y niveles de empleo, fomentando el espíritu empresarial en el sistema educativo y, por descontado, estimulando a las pequeñas y medianas empresas a la innovación. 
Todos ellos son factores pioneros que determinan la viabilidad y competitividad, especialmente las de las pequeñas y medianas empresas que, nosotros, la Presidencia, estamos interesados en incentivar y es lo que vamos a hacer. 
Tras la reunión del Consejo Europeo en Gotemburgo, el objetivo de la Unión Europea es concluir las negociaciones para la ampliación puntualmente, para que los estados de adhesión puedan participar en las elecciones del Parlamento Europeo de 2004 en calidad de miembros, objetivo que, de hecho, se puso en práctica con las decisiones que se adoptaron en Copenhague. 
La fecha de adhesión del 1 de mayo de 2004 acordada en Copenhague logra este objetivo, y a la vez da tiempo para que se firme el Tratado de Adhesión, tiempo que el Consejo Europeo creyó que era necesario. 
Las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague exponen que los Comisarios de los nuevos Estados miembros se incorporarán a la Comisión actual a partir del día de la adhesión el 1 de mayo de 2004. 
Tras el nombramiento de un nuevo Presidente de la Comisión por parte del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo nuevamente elegido aprobará una nueva Comisión que tomará posición del cargo el 1 de noviembre de 2004. 
En la misma fecha, entrarán en vigor las disposiciones contempladas en el Tratado de Niza relativas a la Comisión y la votación en el Consejo. 
Las consultas necesarias con el Parlamento Europeo sobre estos asuntos siguen su curso y concluirán a finales de enero de 2003. 
Estos arreglos garantizarán la plena participación de los nuevos Estados miembros en el marco interinstitucional de la Unión y los costes operativos de su participación en las instituciones de la Unión se tratarán con arreglo a los procedimientos de toma de decisiones pertinentes. 
Puedo hacer observar a Su Señoría que, cuando toma sus decisiones, con todo el respeto debido para el marco institucional de la Unión Europea, el Consejo tendrá en cuenta, naturalmente, los costes financieros previstos, el dinero tal como usted tan amablemente lo ha llamado. Pero el Consejo está obligado a cumplir con los procedimientos institucionales de la Unión Europea y las consecuencias de la adhesión de los Estados miembros en las fechas concretas fijadas. 
Pregunta nº 10 formulada por Konstantinos Alyssandrakis (H-0880/02): 
Asunto: Intentos de derrocar al Presidente legalmente electo de Venezuela 
Tras el fracasado golpe de Estado en Venezuela, se han intensificado los intentos de la clase económica y la clase política del país, así como de sus aliados internacionales (entre otros, los EE.UU.) para derrocar al Presidente Chávez. 
Los medios de comunicación controlados por la oposición han iniciado una campaña de desinformación, los bancos amenazan con recortar sus servicios e incluso interrumpir la retirada de depósitos, mientras que el país corre el peligro de tener que pagar multas considerables si no entrega las cantidades de petróleo acordadas por contrato. 
¿Qué iniciativas piensa adoptar el Consejo para impedir una intervención externa que apoye a la oligarquía económica de Venezuela en su intento de derrocar al Presidente legalmente electo, Sr. Chávez, con objeto de controlar el quinto país mayor productor de petróleo y garantizar que el veredicto del pueblo venezolano sea respetado por las instancias internacionales? 
La Unión Europea supervisa detenidamente la situación en Venezuela y ha dejado clara su posición, tanto públicamente como a sus países socios y a las autoridades que se esfuerzan por negociar una solución pacífica y constitucional a la crisis política en Venezuela. 
Quisiera llamar su atención en especial hacia las declaraciones efectuadas por las Presidencias consecutivas de la Unión Europea el 12 de abril y 10 de octubre de 2002, por los responsables de la misión el 8 de diciembre y por el Alto Representante el 19 de diciembre. 
Hace poco, el 23 de diciembre, la Presidencia confirmó de nuevo la posición de la Unión Europea en una declaración en la que manifestaba que la Unión Europea sigue de cerca los acontecimientos internos en Venezuela con creciente preocupación. 
La Unión Europea acoge con satisfacción la Resolución 833 de la Organización de los Estados Americanos, que apoya las instituciones democráticas de Venezuela, y los esfuerzos del Secretario General de la Organización para mediar en el conflicto. 
Con este telón de fondo, la Unión Europea está respaldando con energía los esfuerzos del Secretario General de la OEA para allanar el terreno para el diálogo y la reconciliación nacional. 
La Unión Europea insta a las instituciones y a los ciudadanos de Venezuela para que aúnen esfuerzos para encontrar una solución pacífica y constitucional a la crisis, de modo que la estabilidad del país pueda restituirse y se pueda fomentar el desarrollo social y el progreso económico, con el debido respeto de los principios democráticos y el Estado de derecho. 
Por último, el Consejo señalará que, en su resolución del 16 de diciembre, el Consejo permanente de la OEA instó a todos los sectores de la sociedad para que conserven el libre ejercicio de los elementos fundamentales de la democracia para fomentar una solución electoral, constitucional, democrática y pacífica. 
Ayer nuestro grupo organizó un evento al que asistieron invitados del Parlamento Venezolano, quienes nos dieron una idea de la situación en Venezuela. 
Los ciudadanos respaldan al elegido Presidente Chávez, cuya elección ha sido confirmada al menos cinco veces y quien está actuando decididamente contra el intento, organizado tanto por intereses económicos principales y, como todos sabemos, por los Estados Unidos, para destituirle. 
El hecho de que la Unión Europea esté supervisando detenidamente la situación desde lejos, tal como usted ha dicho, y al mismo tiempo esté hablando sobre soluciones constitucionales cuando es obvio quién está en el marco constitucional de la República de Venezuela y quién no- le recordaré la posición que el año pasado tomó el Gobierno español bajo la Presidencia Española, que básicamente acogió con satisfacción el golpe de estado contra el presidente Chávez- demuestra que el comportamiento de la Unión Europea no difiere tanto del de los Estado Unidos que, al menos aparentemente, tampoco se aparta de una línea de «mira y espera». 
Esperábamos algo diferente. 
Tal como he dicho, el Consejo está muy interesado por ver defender y respetar la constitución y el poder institucional de la constitución y de los procedimientos para la paz legítima para resolver la crisis interna de Venezuela y seguirá actuando en esa dirección y con la misma filosofía. 
Pienso que el Consejo está empleando y seguirá empleando cuantos poderes tenga en esta dirección con respecto a Venezuela. 
No tengo nada más que añadir, ya que esto abarca multitud de cuestiones. 
Pregunta nº 11 formulada por Efstratios Korakas (H-0881/02): 
Asunto: Intensificación de los preparativos bélicos contra el Iraq 
Los EE.UU. y el Reino Unido están acelerando sus preparativos para un ataque contra el Iraq, transportando soldados y municiones a la región y allanando el camino a la guerra civil mediante la entrega de armas a todos cuantos podrían sumarse a su bando, tanto fuera como dentro del Iraq. 
Según diversas noticias, al menos seis países europeos están colaborando en el entrenamiento de fuerzas de oposición iraquíes, y el Gobierno húngaro ha confirmado la existencia de una solicitud oficial estadounidense para utilizar la base de Taszar como centro de formación de 4 500 ciudadanos iraquíes como "traductores y administradores". 
Estas actuaciones contravienen radicalmente las resoluciones de Naciones Unidas y arrojan dudas sobre el trabajo de los inspectores. 
¿Qué iniciativas piensa tomar el Consejo para abortar estas actuaciones de los EE.UU. y del Reino Unido- que están comprometiendo la paz mundial- e impedir una decisión del Consejo de Seguridad de las NU por la que se legitime la guerra, respondiendo así al clamor del movimiento pacifista europeo y mundial expresado en las multitudinarias manifestaciones antibélicas? 
Su Señoría conoce las conclusiones del Consejo Europeo de Copenhague sobre Iraq. 
Como bien sabe, las Naciones Unidas ha llevado a cabo inspecciones sobre armamento en Iraq de conformidad con la Resolución 1441 desde el 27 de noviembre. 
Esta resolución tiene como único objetivo dar a Iraq la posibilidad de desarmarse pacíficamente. 
Repito lo que dijo ayer el presidente en funciones del Consejo, que la guerra no es inevitable. 
La clave para un acuerdo pacífico radica en la aplicación adecuada de la Resolución 1441 y, para ser más exactos, en la cooperación activa con los inspectores de las Naciones Unidas por parte de Sadam Husein. 
La próxima etapa de este procedimiento se iniciará el 27 de enero, cuando el responsable de la Comisión de Vigilancia, Verificación e Inspección, Hans Blix, y el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Dr. El Baradei, presentarán un informe con su evaluación de la declaración de Iraq sobre su armamento de destrucción masiva al Consejo de Seguridad. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue siendo el foro principal para resolver la cuestión iraquí. 
Hemos oído al presidente de Grecia y al presidente en funciones tanto ayer como hoy y, qué es lo que puedo decir, nos hemos quedado sin palabras. 
Hemos tomado la decisión de poner a un país, una nación, contra la pared para después pedirle su desarme total; nosotros- o más exactamente los Estados Unidos- que fabricamos, exportamos y utilizamos armas de destrucción masiva. 
Sería una cuestión diferente si todo esto formara parte de un esfuerzo para el desarme general. 
Pero lo oímos ayer y lo volvemos a oír hoy. 
¿Cómo proceder? 
¡Iraq debe aprender una lección y debe desarmarse! 
¡Hay que adoptar una clara posición común sobre Iraq! 
Ni una sola palabra del presidente en funciones sobre que los inspectores aún deben encontrar un pistola humeante; Bush y la Unión Europea siguen determinados a encontrarla. 
El Sr. Simitis también dijo ayer que no tiene ninguna importancia que la Unión Europea tenga cuatro miembros, el Consejo de Seguridad será el que decida. 
¿Y qué va a hacer con estos cuatro miembros? 
Está apelando a otros miembros, el Sr. Presidente, China y Rusia. 
Naturalmente, ellos también tienen una responsabilidad, pero ¿qué harán los cuatro de la Unión Europea? 
Y también queremos saber qué se va a hacer sobre las bases estadounidenses en la Unión Europea, ya que miles de tropas están reunidas en Alemania y en Souda listas para intervenir, igual que lo están en la región de Iraq. 
¿Es esto nuestro esfuerzo por la paz? 
El Consejo cree que debemos respetar el papel institucional del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el papel que desempeña en el orden mundial en general. 
Fundamentalmente, queremos ver qué ocurre y qué decisiones tomará el Consejo de Seguridad al respecto. 
Se evaluará si los inspectores son o no son eficaces y cómo evalúan la situación general cuando hayan presentado su informe. 
La Unión Europea como tal no está presionando ni de un modo ni de otro. 
Sin embargo, la Presidencia griega está determinada, y así lo ha manifestado, a que si se avecina una guerra, se esforzará en lo posible por asegurar que la Unión Europea represente su papel. 
En cuanto a las bases americanas en la Unión Europea, no eran, creo, el tema de la pregunta por lo que no voy a expresar una opinión sobre las mismas. 
Pregunta nº 12 formulada por Ioannis Patakis, a quien sustituye el Sr. Alyssandrakis (H-0882/02): 
Asunto: Retirada de EE.UU. del Tratado sobre Misiles Antibalísticos 
Tras su retirada unilateral del Tratado sobre Misiles Antibalísticos (ABM) , Estados Unidos ha dado a conocer su decisión de proceder, antes de 2004, al desarrollo de un sistema nacional de defensa antimisiles cuyo punto de partida sería la instalación de misiles de intercepción en Alaska. 
¿Qué medidas piensa tomar el Consejo para detener este proceso que pone en peligro la paz mundial, máxime teniendo en cuenta que Estados Unidos ya ha solicitado el apoyo de diversos Estados miembros de la UE a su programa, por ejemplo pidiendo al Reino Unido y a Dinamarca autorización para utilizar sus bases militares e instalaciones de radar? 
El Consejo no ha adoptado ninguna posición sobre los planes de defensa de misiles de los Estados Unidos, ni ningún Estado miembro ha adoptado una posición sobre esta cuestión en el Consejo. 
Sin embargo, los Estados miembros de la Unión Europea apoyan la resolución bilateral estratégica sobre reducción de armas nucleares y el nuevo marco estratégico que han presentado los Estados Unidos y la Federación Rusa en la 57ª Asamblea General de las Naciones Unidas. 
La resolución aprobada por unanimidad por la Asamblea General el 22 de noviembre de 2002 se refiere a la construcción de la nueva relación estratégica entre los Estados Unidos y la Federación Rusa tras la expiración del Tratado sobre Limitación de los Sistemas de Misiles Antibalísticos. 
Señor Presidente en funciones, es extraño por no decir más, en un momento en que la Unión Europea trata de ejercer un papel más preponderante en el ámbito internacional, tal como nos ha dicho el presidente de Grecia ayer, que no haya adoptado una posición sobre los denominados planes de defensa de misiles de los Estados Unidos. 
Se trata de una cuestión muy importante, una cuestión que ha llamado la atención del movimiento mundial para la paz, que ha condenado el intento de los Estados Unidos de instalar armas en el espacio para servir sus objetivos y ambiciones, y si la Unión Europea no condena esta acción de los Estados Unidos, a efectos prácticos, la está refrendando. 
He tomado nota de la posición de Su Señoría y la recordaré. 
Tanto con la pregunta anterior como con ésta, el presidente en funciones del Consejo ha evitado expresar, no sé por qué razón o mejor dicho lo sé pero no voy a decirlo, la más mínima crítica hacia los Estados Unidos. 
Tal como han podido observar, ha habido fuertes protestas en este Parlamento contra la decisión de los Estados Unidos de cancelar el Tratado sobre Limitación de los Sistemas de Misiles Antibalísticos; todos hemos manifestado que esto provocará una nueva ronda, una nueva carrera armamentística y un enorme riesgo, una enorme amenaza para la paz mundial. 
La pregunta es la siguiente: ¿va a intervenir el Consejo para intentar hacer que los Estados Unidos cambien su decisión de instalar misiles en el espacio, con todos los peligros que ello implica? 
Antes hizo exactamente lo mismo. Dijo sobre las bases, «No lo sé, no entraba dentro de la pregunta». 
¡Es usted griego! 
¡Souda está en Grecia! 
¡Por el amor de Dios, señor Presidente en funciones, denos una respuesta! 
Creo que he respondido, con las posiciones que he expresado. 
Usted conoce cuál es el procedimiento y proceso para fomentar las cuestiones de política exterior a escala de la Unión Europea. 
Por consiguiente, me atengo a ellos y creo que, en lo que he dicho, he respondido a las preguntas que se me han formulado sobre esta cuestión. 
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 13 y 14 se contestarán conjuntamente. 
Pregunta nº 13 formulada por Matti Wuori (H-0884/02): 
Asunto: Situación de los derechos humanos en la República Autónoma de Chechenia 
¿Qué compromisos ha obtenido la Unión Europea de la Federación de Rusia desde la Cumbre UE-Rusia celebrada el 11 de noviembre, a la vista de la grave situación de los derechos humanos y humanitaria en la República Autónoma de Chechenia y, en particular, sobre la protección de la población civil, las personas interiormente desplazadas, el acceso de observadores internacionales a Chechenia y la prevención de nuevos abusos por parte de las fuerzas de seguridad? 
A la vista de la grave situación en que se encuentran continuamente los derechos humanos en este país, ¿piensa la UE presentar una resolución sobre la República Autónoma de Chechenia en la 59 Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? 
Pregunta nº 14 formulada por Bart Staes (H-0889/02): 
Asunto: Situación en Chechenia 
En la última cumbre UE-Rusia, que tuvo lugar en Bruselas el 11 de noviembre de 2002, ambas partes hablaron de la cuestión chechena. 
Sin duda se abordaron en esa ocasión temas como la protección de la población civil, el libre acceso a la región por parte de representantes de las Naciones Unidas para los derechos humanos y observadores independientes, el derecho de visita de la Cruz Roja a los presos, la prevención de malos tratos, tortura, violaciones, desapariciones y ejecuciones ilícitas (todo ello por cualquiera de las partes implicadas) , las violaciones de los derechos humanos y los posibles crímenes de guerra. 
¿Dispone entretanto el Consejo de indicios concretos de que al menos la Federación Rusa ha realizado gestiones constructivas en estos ámbitos? 
Las cuestiones planteadas por Sus Señorías se han planteado en numerosas ocasiones en el transcurso del diálogo político con Rusia. 
Evidentemente, la situación en la República Rusa de Chechenia continúa preocupando enormemente a Europa. 
Del último informe de progreso del Secretario General del Consejo de Europa se desprende claramente que, lamentablemente, en Chechenia continúan existiendo defectos graves con respecto a los derechos humanos y el Estado de derecho. 
Con esta situación de los derechos humanos en Chechenia, es realmente lamentable que dejemos caducar el mandato del Grupo de Asistencia de la OSCE. 
La OSCE ha desempeñado una labor útil desde 1995, cuando comenzó su mandato, y la UE ha invitado al Gobierno ruso para que se esfuerce en lo posible para asegurar que existe un Grupo de Asistencia de seguimiento con un mandato amplio. 
Por otra parte, la presencia permanente de los expertos del Consejo de Europa en la Oficina del Representante Especial del Presidente de la Federación Rusa para defender los derechos humanos, y derechos y libertades políticas en Chechenia, es bastante esperanzadora. 
Esto prueba que hay autoridades rusas que trabajan para resolver las cuestiones planteadas por la Uni? n Europea y otros organismos. 
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha considerado que Moscú ha dado garantías suficientes para permitir que las personas de origen checheno acusadas de ser terroristas sean extraditadas a Rusia. 
Una de estas garantías es que Rusia ha confirmado que el acusado no se enfrentará a la pena de muerte, se garantizará su salud y seguridad y tendrá libre acceso a asistencia médica y legal adecuada. 
En lo que se refiere a la situación de las personas trasladadas desde Chechenia a Ingushetia, la Unión Europea ha aceptado garantías adicionales por parte de las autoridades rusas de que no se las obligará a regresar contra su voluntad. 
Al mismo tiempo, se sigue expresando preocupación sobre la suerte de aquellas personas que regresen a Chechenia. 
La Unisn Europea ha insistido sobre el hecho de que deben existir previamente condiciones adecuadas para que estas personas puedan regresar y vivir. 
En cuanto a que las fuerzas de seguridad impidan que se produzcan abusos, los últimos comentarios por parte de ministros rusos sobre este tema indican que están determinados a poner freno a los casos de abuso reconocidos. 
Sólo podemos esperar que la reciente substitución del comandante en jefe de las operaciones militares rusas en Chechenia envíe a la instalación militar un mensaje claro de que todo el mundo sin excepción debe cumplir la ley. 
Necesitamos entender el clima general de miedo e inseguridad entre los chechenos, así como la ansiedad de las autoridades rusas, en particular después del ataque de Grozny el 27 de diciembre de 2002. 
Con todo esto y la lamentable situación política, se debe dar la debida importancia a los esfuerzos realizados tanto por parte del Parlamento ruso como del Gobierno para imponer un control político adecuado sobre la actuación militar en Chechenia. 
Finalmente, la Unión Europea está estudiando actualmente su posición y su estrategia para la próxima 59ª Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
No puedo darles ningún detalle hasta que se hayan celebrado negociaciones adecuadas con todos los Estados miembros. 
Señor Presidente, estamos extremadamente preocupados debido a que la situación en Chechenia parece haber empeorado gravemente desde que se sometió la pregunta oral al Consejo. 
Se ha cerrado la oficina de la OSCE en Grozny, y la visita a Chechenia de la delegación prevista por el Parlamento Europeo se canceló sin ninguna razón aceptable. 
Los informes de la periodista Anna Politkovskaja nos han horrorizado, las espantosas acciones del ejército continúan impunes, y sigue la evacuación forzosa de los campos de refugiados en Ingushetia. 
En estas circunstancias, es evidente que no podemos simplemente dejar que la Unión Europea cargue con la responsabilidad de la supervisión y el control: la Unión Europea debe también adoptar una política más enérgica en la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Estoy de acuerdo con la posición de Su Señoría- no había ninguna pregunta suplementaria- de que el Consejo también tiene el mismo conocimiento de los acontecimientos que se están produciendo en Chechenia y está intentando, mediante el contacto, la cooperación y las consultas permanentes con Rusia y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encaminar las cosas en la dirección correcta. 
Esperemos que con toda la influencia que podemos soportar, la imagen que tenemos de Chechenia empiece pronto a mejorar. 
El Consejo está llevando a cabo las acciones a las que me he referido, precisamente porque considera que existen problemas graves con la situación de los derechos humanos en Chechenia que necesitan tratarse, y está aportando toda la influencia que puede soportar. 
Respecto a los acuerdos entre Rusia y el Consejo a través de la consulta interna, estas cuestiones se incluyen con regularidad en la agenda del Consejo y debe ver cómo y en qué medida puede ejercer alguna influencia, de modo que logremos realmente resultados positivos. 
El que el Consejo muestre un interés e intervenga constantemente en estas líneas prueba que está determinado a influenciar la situación en Chechenia. 
Esta pregunta recuerda las preguntas formuladas en términos más generales por anteriores diputados. 
Mi respuesta, por lo tanto, es que el Consejo busca constantemente formas concretas con las que influenciar la situación en Chechenia. 
También nosotros, y me refiero al Consejo, estamos extremadamente preocupados por los problemas en esa región y tenemos los mismos objetivos políticos que los que han mencionado Sus Señorías. 
Señor Yiannitsis, le agradezco su colaboración de toda esta tarde entre nosotros y quedamos citados para el turno de preguntas del mes que viene en Estrasburgo. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(Se levanta la sesión a las 19.00 horas) 
. (EL) Este informe del Sr. Pirker, en contra del cual ha votado el Partido Comunista de Grecia, ha puesto en marcha al Parlamento Europeo para que aplique resoluciones racistas y xenófobas a fin de mantener a los inmigrantes fuera de la Unión Europea. 
En el Consejo de Sevilla se decidió crear otro mecanismo supranacional represivo más, el Cuerpo Europeo de Guardia de Fronteras Sin embargo, la creación inmediata de este cuerpo choca con las constituciones de los Estados miembros, motivo por el cual la Comisión ha optado por una solución híbrida a la que se refiere como «servicios comunes de control de fronteras exteriores». 
También se ha decidido incorporar el Manual Común de fronteras exteriores, otro manual puramente policial, en la legislación comunitaria, una vez haya sido revisado y cuando sea incluso aún más antidemocrático. 
Por último, incluso hay planes de utilizar satélites y radares para supervisar las fronteras de la Unión Europea, utilizando el sistema de navegación por satélite Galileo, a la vez que se ha añadido otro servicio más al repertorio de los servicios de supervisión y vigilancia, el SCIFA+, que funcionará como un órgano directivo responsable de la coordinación. 
Lo preocupante es que el informe aprobado por el Parlamento Europeo es incluso más autocrático que la comunicación de la Comisión. 
El informe equipara la inmigración ilegal, que cita como ejemplo de amenaza actual, al crimen organizado, acepta la propaganda sobre «nuevas amenazas existentes» , critica la demora en el establecimiento de la Guardia de Fronteras, etc. 
En las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002, el Consejo invitó a la Comisión a realizar un estudio del reparto de responsabilidades entre los Estados miembros y la Unión Europea con respecto a la gestión de las fronteras exteriores. 
Este estudio debía terminarse para antes de junio de 2003, motivo por el cual los resultados de este estudio aún no se han aplicado. 
A pesar de esto, en la resolución el Parlamento Europeo opta por anticipar el estudio y pedir a la Convención que analice las posibilidades de encontrar un fundamento jurídico para el Cuerpo Europeo de Guardia de Fronteras, y al Consejo que cree dicha fuerza. 
Es evidente que se precisa una cooperación más estrecha en esta área, pero creemos que, legal, democrática y financieramente, y desde el punto de vista del derecho constitucional, una propuesta de tan gran alcance como esta requiere un estudio adecuado que sirva de base para posibilitar que se aborde la cuestión. 
Un Cuerpo de Guardia de Fronteras, independientemente de la temporalidad de su mandato, es, a pesar de todo, una nueva institución y conlleva una nueva competencia legal para la Unión Europea. 
. (EN) La comunicación de la Comisión sobre el futuro de la asistencia sanitaria y de la atención a las personas mayores, que se centra en la accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad financiera, crea un marco útil para el intercambio político en relación con los retos que afrontan todos los Estados miembros en este ámbito. 
Hace varios años celebramos el Año Europeo de la tercera edad, que tuvo mucho éxito y que reconoció la contribución de las personas mayores a nuestra sociedad. 
El informe de la Comisión de Empleo ha ampliado considerablemente este marco. 
Celebro que se someta a debate la comunicación para que los Estados miembros y el público conozcan mejor los desafíos que implica. 
La organización de sistemas de asistencia sanitaria, su financiación y planificación son, por supuesto, asuntos que competen a los Estados miembros. 
La familia, el papel de grupos comunitarios y voluntarios que puedan prestar servicios de apoyo y la introducción de un permiso de descanso en el cuidado de las personas mayores dependientes deben formar parte de esta estrategia de salud. 
No he apoyado las enmiendas que no reconocen los desarrollos positivos en relación con el cuidado de las personas mayores. 
Apoyo la evaluación de la Comisión de que la UE tiene una situación sanitaria y un sistema de asistencia sanitaria globales que figuran entre los mejores del mundo. 
He apoyado las enmiendas encaminadas a promover la cooperación en lugar del método abierto de cooperación. 
Actividades del BERD 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0421/2002) del Sr. Markov, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre las actividades del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) (2002/2095 (INI) ). 
Señor Presidente, señor Lemierre, Señorías, quiero comenzar dando la bienvenida al Parlamento Europeo al Sr. Lemierre y a sus colegas, y aprovechar esta oportunidad para expresarles a ustedes y al personal del Banco mi agradecimiento por la cooperación extremadamente positiva que hemos podido establecer durante la preparación de este informe. 
El BERD ha respondido con franqueza y voluntad de cooperar, haciendo que mi trabajo en este informe haya sido a la vez interesante e ilustrativo. 
He tenido ocasión de dialogar con numerosos representantes del Banco y con agencias de diversos países, que me han dado una idea detallada de las operaciones del Banco, sus problemas y sus aciertos, pero también, aunque en menor grado, sus fracasos. 
El BERD es único de los bancos de desarrollo que tiene un mandato político. De acuerdo con este mandato, su objetivo es el de fomentar la transición hacia las economías de mercado abiertas y promover la iniciativa privada y empresarial en los países de Europa Central y Oriental y los Estados de la CEI que siguen los principios de democracia multipartidista, pluralismo y economía de mercado. 
También forma parte del mandato político del Banco promover, en el conjunto de sus actividades, el desarrollo inocuo para el medio ambiente y sostenible. 
Desde mi punto de vista, también sería deseable que hubiera directrices políticas para las actividades de otros bancos de desarrollo. 
Después de haber examinado sus operaciones, podemos dar fe de que el BERD desempeña bien su mandato actual. 
A la hora de elegir los proyectos que financiará, el BERD prefiere implicarse en proyectos de pequeño y mediano tamaño en lugar de promover proyectos de prestigio a gran escala. 
Muestra gran disposición a asumir riesgos a través del compromiso con proyectos que otros bancos consideran demasiado arriesgados, pero no busca sistemáticamente la seguridad de las garantías públicas. 
Un punto clave de sus actividad es el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. En este contexto, cabe mencionar concretamente los proyectos de microfinanciación del BERD. 
Sin embargo, su gran disponibilidad para asumir riesgos no se produce a costa de la sólida gestión empresarial, tal y como demuestra el hecho de que siempre ha recibido la más alta calificación (triple A) de las agencias de calificación internacionales. 
En mi calidad de ponente quiero hacer varias recomendaciones al Banco, a pesar de la valoración positiva de su trabajo en general. 
Aunque sus actividades se centran principalmente en la promoción de la empresa privada y pública durante la transición, sus operaciones tienen sin duda efectos macroeconómicos. 
Por este motivo, un análisis de sus operaciones debería incluir datos económicos, lo cual no ha sucedido hasta la fecha. 
Me refiero especialmente a factores como las tendencias del empleo, los salarios y sueldos, la productividad, el volumen de negocio, etc. Esto permitirá realizar comparaciones entre las regiones en las que opera el BERD y las que no, de forma que pueda evaluarse la influencia de las actividades de éste sobre el desarrollo macroeconómico. 
En este contexto, también debería ser un propósito declarado de las operaciones del BERD conseguir efectos de sinergia. 
Seguir un enfoque integrado, concebido para ayudar a las cadenas de valor añadido completas de una región, puede contribuir a promover los flujos sociales y económicos regionales, facilitando así el desarrollo sostenible que- tal y como se ha dicho- es una de las tareas definidas en el mandato del Banco. 
Desde mi punto de vista, también es importante animar al Banco a adaptar sus políticas a las circunstancias locales. 
Cada país en el que opera ha tomado distintas decisiones sobre sus estructuras económicas a lo largo del proceso de transformación, especialmente en lo que respecta a la división entre los sectores público y privado. 
Por lo tanto, el Banco no debería pretender funcionar del mismo modo en todos los países. 
Podría constituir una tergiversación del mandato político del Banco que éste se erigiese en heraldo del utraliberalismo y se propusiese la única meta de promover la privatización y la liberalización incontrolada. 
No lo hace, pero quiero señalar que este riesgo debe controlarse desde el principio. 
Mi informe es el primero al Parlamento Europeo, dado que es la primera vez que las operaciones del BERD se ven sometidas a análisis y evaluación por parte de esta Asamblea. 
Esto cubre un vacío que diferenciaba al BERD con respecto a otros bancos, como el Banco Europeo de Inversiones, que ha estado sometido a evaluación por parte del PE durante años. 
En el futuro se presentará un informe sobre el BERD al Parlamento Europeo cada dos años. 
Creo que con este informe de propia iniciativa, se han sentado las bases para una cooperación positiva y continua entre el Banco y el Parlamento Europeo. 
. (ES) Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al Sr. Markov por su informe sobre las actividades del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). 
Pensamos que el informe da cuenta exacta de la realidad del mandato y de las intervenciones del Banco al definir bien su originalidad en tres puntos. 
En primer lugar, el doble mandato político y económico del mismo; la puesta en marcha de una política de condicionalidad de sus intervenciones en elementos tan importantes como el medioambiental, al que se ha referido el Sr. Markov; o la doble obligación de adicionalidad y rentabilidad de sus financiaciones, que obliga al Banco a asumir riesgos distintos de los que asumirían los operadores privados. 
También refleja de forma clara el pragmatismo con que el BERD procura interpretar su mandato. 
Este pragmatismo le ha permitido resolver algunas contradicciones potenciales, adaptando su mandato político y económico en función de las condiciones del desarrollo económico, social y cultural de cada país, pero también reforzando paulatinamente entre sus prioridades operativas la promoción de las pequeñas y medianas empresas o de las instituciones financieras locales, así como el apoyo a los inversores estratégicos internacionales. 
Ese pragmatismo también le permite, con el apoyo de sus accionistas, corregir algunos límites de su mandato. Por ejemplo, tener mejor en cuenta en su estrategia general la reforma del marco reglamentario y la eficacia de su aplicación por parte de las administraciones locales y las autoridades judiciales. 
Por último, el informe del Sr. Markov está bien orientado cuando sugiere acentuar algunos ámbitos de este pragmatismo. 
En particular, cuando se refiere a la necesidad de prestar mayor consideración a los aspectos políticos y sociales de las operaciones de reestructuración del sector productivo, cuando habla del papel más activo en el desarrollo sostenible del sector energético y cuando se refiere al refuerzo de las operaciones del Banco a nivel municipal. 
Quiero añadir algunas palabras sobre las relaciones entre la Unión y el Banco. 
En primer lugar, en el plano institucional se trata de una relación profundamente original, ya que el BERD es la única institución internacional de la que la Comisión Europea es accionista. 
Esta originalidad se ve reforzada por la mayoría de voto entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión en su Consejo de Administración. 
Otra constatación importante es la cooperación entre la Comunidad y el Banco. 
Ésta se ha ampliado de forma considerable, creo que en el momento actual es muy densa y diversificada. 
Esta cooperación, reforzada en particular por la participación activa del Banco en la estrategia de preadhesión, ha generado una sólida red de relaciones de trabajo entre los servicios de la Comisión y del Banco y ha producido un aumento significativo del presupuesto comunitario movilizado en apoyo o en cofinanciación de proyectos del Banco. 
Esta aportación- se calcula aproximadamente en 40 millones de euros a principios de los años 90- representa en los últimos años más de 300 millones anuales en promedio. 
Por último, desde el punto de vista de las prioridades políticas, la cooperación con el Banco puede, ciertamente, considerarse satisfactoria, ya que ello nos ha permitido utilizar o poner al servicio de las políticas europeas dos elementos fundamentales que el Banco nos aportó. 
En primer lugar, su competencia en cuanto a la región, por la gran familiaridad que tiene con las realidades de estos países y, en segundo lugar, su práctica de condicionalidad, que permitió con frecuencia a que las intervenciones del Banco promover promovieran el cumplimiento de las normas europeas, en particular en materia medioambiental. 
Quiero concluir, simplemente destacando simplemente que, sobre la base de estos resultados, la relación entre la Unión y el Banco parece destinada a reforzarse en todos los países. 
Por supuesto, es en Rusia, en los otros países de la CEI y en los Balcanes, donde el Banco debe desarrollar aún más sus actividades. 
Pero todo hace pensar que también en los países candidatos después de la adhesión. 
En este sentido, compartimos el deseo formulado por el informe del Sr. Markov y consideramos que sería razonable mantener, junto al gran socio natural que es el Banco Europeo de Inversiones, una cooperación activa con el BERD que permita seguir aprovechando su experiencia después de la ampliación. 
Y eso, por descontado, en una medida y unos plazos que dependerán de su capacidad para responder a las necesidades reales observadas en esta zona. 
Me complace especialmente poder dar la bienvenida hoy al Presidente del BERD en una ocasión que, tal y como ha señalado el ponente, constituye el primer encuentro y diálogo de este tipo en estos términos entre el BERD y el Parlamento. 
- (FR) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y más concretamente, al Sr. Markov, por la atención que han prestado al BERD. 
Como usted ha dicho, esta es una primicia y por eso es muy importante para la institución que tengo el honor de presidir. 
Esto me lleva a hacer cuatro comentarios breves y simples, dado que el informe del Sr. Markov y las propuestas del Sr. Solbes Mira ya han aportado los datos necesarios al Parlamento. 
El primer comentario tiene que ver con la propia institución. 
El BERD es una institución nueva, en primer lugar porque es reciente y joven; ha conseguido algunos éxitos; también ha tenido algunos fracasos y siempre pretende aprender. 
Se trata de una institución en la que los Estados europeos y la Unión Europea constituyen una amplia mayoría entre los países que administran el banco y muchos países no europeos, como los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelandia, México, Egipto, Israel y Turquía, entre otros. 
Nos referimos a una institución en la que Europa desempeña el papel más importante con numerosos socios. 
¿Cuál es el elemento básico que los vincula? 
En primer lugar existe un compromiso muy firme de garantizar la transición en el este. 
Este es un compromiso para todos. 
Vimos esto cuando se actualizó nuestra estrategia para los próximos años, con el compromiso por parte de los países no europeos de prestar apoyo al proceso de transición futuro en toda la región, incluso en Europa Central. 
El segundo elemento lo constituyen los principios, mencionados por el Sr. Markov: la financiación conjunta con el sector privado, la capacidad para asumir riesgos con el fin de promover el sector privado para que avance la economía de mercado y al mismo tiempo no competir con el sector privado. 
Estos principios de adicionalidad, condicionalidad y efecto en la transición constituyen la verdadera base de la institución. 
También debo mencionar una tercera dimensión, a la que acaba de referirse el Sr. Markov, que es la dimensión política. 
El BERD tiene un mandato político. 
Se nos encomienda garantizar el avance de la economía de mercado, pero también de la democracia, lo cual nos lleva, tras debates internos celebrados en el Consejo de administración, cuyas conclusiones se hacen públicas, a tomar decisiones como reducir y prácticamente frenar nuestras aportaciones en países como Belarús y Turkmenistán. 
Mi segundo comentario tiene que ver con la estrategia y la experiencia adquirida, como ha descrito el Sr. Markov. 
En la actualidad, el banco está alcanzando altos niveles de ayuda. 
El año pasado invertimos 3 900 millones de euros, lo cual constituye el mayor nivel de ayuda del banco. 
En un período de unos diez años hemos ayudado a atraer de 70 000 a 80 000 millones de euros de inversión hacia el este, lo cual representa una proporción muy alta del flujo de inversión en esta zona. 
También aplicamos la estrategia adoptada por los accionistas del Banco, que es el desarrollo hacia el este. 
Mantenemos un fuerte compromiso en Europa Central. 
Por razones evidentes, ustedes son conscientes de la situación en Europa Central, y he tenido la oportunidad de discutirlo detenidamente con el Comisario Solbes Mira; existe una gran necesidad de inversión y, en concreto, la presión presupuestaria solamente puede reducirse a través de un alto volumen de inversión. 
Por supuesto, esto es muy importante para el BERD, dado que se centra en objetivos prioritarios como la financiación de las PYME, la financiación de las empresas de tamaño medio, la reestructuración industrial y el desarrollo regional. 
Por supuesto, nos consideramos en gran medida una agencia para la aplicación de proyectos para la Comisión y la Unión Europea, y en la actualidad estamos desarrollando nuestras actividades en el sudeste, concretamente en los Balcanes, el Cáucaso, Ucrania, Rumania y Bulgaria, y especialmente en Rusia. 
Mi segundo comentario relativo a la estrategia tiene que ver con la importancia que damos al desarrollo de pequeñas empresas, microempresas y PYME. 
Este era un concepto desconocido en el este hace diez años y en la actualidad estamos viendo cómo se desarrolla. 
Debo destacar que lo estamos aplicando, en concreto, gracias al apoyo de nuestros accionistas y de la Unión Europea, que desempeña un papel fundamental. 
Actuamos como palanca para la aplicación de estas medidas y garantizamos trabajar con el sector bancario para mejorar su competencia mediante la formación de los banqueros para desarrollar estas técnicas. 
Si no somos capaces de hacer esto, creamos nuestras propias instituciones, con el fin de garantizar que el desarrollo se produce dentro de los plazos necesarios. 
Del mismo modo, estamos desarrollando nuestros esfuerzos en materia de relaciones con todas las empresas del este y de Japón. 
¿Por qué? 
En primer lugar, porque es el dinero de los contribuyentes el que está en juego, y estas empresas han invertido, a través de ustedes, en el BERD, así que por lo menos deberíamos informarles de lo que estamos haciendo con el Banco. 
En concreto, en la actualidad estamos desarrollando contratos con empresas, no sólo grandes empresas, sino también empresas de tamaño medio, en Europa, ya que creemos que las empresas de tamaño medio en Europa podrían desempeñar un papel muy importante en el desarrollo de las economías del este. 
De igual modo, cuando trabajamos con grandes empresas, observamos el efecto estructurador en las economías del este, y especialmente en la subcontratación, el desarrollo de pequeñas empresas a través de grandes empresas. 
Creo que el mejor ejemplo que puedo citar es el desarrollo de empresas en el sector del automóvil, que atrae a los subcontratistas y permite el desarrollo de subcontratistas locales. 
Mi última observación es que en la actualidad estamos trabajando mucho para desarrollar el trabajo con las empresas locales, porque consideramos que es absolutamente esencial; esto está avanzando en toda Europa Central, desde luego, pero también en Rusia y Asia Central. 
Del mismo modo, estamos empezando a desarrollar la financiación de los municipios y planeamos desarrollarla en moneda local, incluso aunque corramos nosotros con el riesgo monetario, debido al desarrollo de los mercados financieros, de forma que las comunidades locales no tengan que hacerlo. 
Mi cuarto comentario tiene que ver con las propuestas y los comentarios realizados por su ponente. 
Quisiera decir simplemente que los comparto. 
Estamos de acuerdo, tomamos nota y trataremos de hacerlos realidad. 
Solamente quiero hacer dos comentarios concretos. 
En primer lugar con respecto a la dimensión social, una preocupación siempre clave para el BERD que, pese a ser una institución concebida para promover la economía de mercado, considera que la cohesión social es un aspecto importante. 
Prestamos especial atención a las cuestiones de empleo, y asimismo, más concretamente, a las políticas de facturación. 
La mejora de la calidad de vida de la población, el agua potable, el transporte y los servicios municipales en su conjunto forman parte de las políticas de facturación. 
Ustedes son conscientes de que los países del este no están acostumbrados a las políticas de facturación. 
La aplicación de políticas de facturación sólidas y sostenibles es por lo tanto absolutamente necesaria, y éstas deben ser aceptables para la población. 
Desde este punto de vista, debo agradecer a la Unión Europea la contribución que ha hecho, especialmente a través de los fondos comunitarios que permiten que el coste inicial de los proyectos re reduzca de forma que puedan aplicarse políticas de facturación que sean aceptables para las poblaciones y puedan mantener la calidad de servicio y de la inversión. 
Mi segundo comentario tiene que ver con el medio ambiente. 
El medio ambiente es esencial para el mandato de la institución. 
Queda mucho por hacer. 
Existe un importante legado del pasado en los países del este y simplemente mencionaré una dimensión concreta de nuestro trabajo, que es el desmantelamiento nuclear, en el cual estamos trabajando mucho con la Unión Europea. 
Gestionamos 1 500 millones de euros en fondos asignados a los proyectos de limpieza nuclear en los países que pronto se incorporarán a la Unión Europea y otros que se encuentran un poco más lejos de la incorporación. 
La consideramos una actividad fundamental. 
Mi último comentario tiene que ver con las relaciones con la Unión Europea. 
La Unión Europea es nuestro gran socio y nuestro gran apoyo, especialmente a través de su contribución, señor Solbes. 
El Sr. Solbes es nuestro gobernador y nos controla de cerca con el nivel de firmeza necesario. 
Colaboramos abiertamente con los servicios de la Unión Europea y de todos los Estados miembros, en condiciones excelentes. 
Como usted ha dicho, señor Solbes, no sólo recibimos apoyo político, lo cual es esencial para nosotros, sino también apoyo financiero, y este papel se está ampliando en la actualidad. 
Nuestro segundo socio es el BEI, un socio importante para nosotros. 
Celebramos el aumento necesario de sus contribuciones, especialmente para los países candidatos. 
Trabajo mucho con Philippe Maystadt y tenemos una estrecha relación. 
Ustedes son conscientes de que el BEI es accionista del BERD, al igual que la Comisión y la Unión Europea. 
Por lo tanto, mantenemos una relación estrecha y de confianza; nuestro objetivo realmente es no ser redundantes, sino garantizar que nos complementamos unos a otros según sea necesario. 
Siendo breve, simplemente puedo atestiguar el hecho de que la calidad de las relaciones que yo personalmente mantengo con Philippe Maystadt y con el BEI son la mejor garantía para los contribuyentes europeos de la calidad de uso de los fondos que se ponen a disposición de ambas instituciones. 
Siento que mi intervención haya sido un poco larga. 
Me ha parecido útil, aprovechando este primer examen de la situación del BERD en el Parlamento Europeo, hacer algunos comentarios introductorios. 
Señor Presidente, yo también quiero dar la bienvenida al Parlamento al Sr. Lemierre y a sus colegas. 
Su discurso nos ha dado la sensación de que hay una combinación de idealismo, así como un notable sentido práctico, en el modo en que enfocan su labor. 
También quiero felicitar al Sr. Markov por su informe. 
Éste ha dedicado un gran esmero, un esfuerzo concienzudo y sentido común para evaluar el papel y el desempeño del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. 
Sus comentarios son moderados y constituyen una contribución positiva para el futuro del BERD. 
Recientemente leí en la prensa el titular «El poco conocido BERD». 
Quizás en sus inicios pueda ser muy grato tener un sobrenombre como ese, pero si realmente es cierto que el BERD es poco conocido, es hora de que adquiera notoriedad. 
Quizás esta exposición en el Parlamento contribuya a que así sea. Es la primera vez, como ya se ha dicho, que el Parlamento ha informado sobre el banco, aunque los Estados miembros y las instituciones de la UE poseen la mayoría de su capital y sus votos, aunque ha desempeñado, y sigue desempeñando, un papel esencial para ayudar a muchos de los países candidatos a desarrollar sus economías e instituciones políticas hasta alcanzar los niveles que desea su pueblo y que suavizarán su ingreso en la familia de la Unión Europea. 
Eso no es todo. 
El BERD también realiza una contribución importante a los países que lindan con la Unión Europea ampliada. 
Resulta particularmente interesante que el pasado mes de noviembre el BERD anunciara una nueva estrategia para sus operaciones en Rusia, que ampliará su labor a las regiones de Rusia, lejos de Moscú y San Petersburgo, y ayudará a diversificar la economía de este país de forma que deje de ser tan excesivamente dependiente de los recursos naturales. 
El BERD es el mayor inversor extranjero singular en Rusia y Rusia es el mayor país de su cartera. 
También nos interesa en la Unión Europea el trabajo realizado por el banco en Yugoslavia y las antiguas repúblicas de Yugoslavia y los Balcanes. 
Es asimismo esencial para la paz y la seguridad de nuestro continente que estos países reciban ayuda para alcanzar un grado de estabilidad política y económica desde el que también puedan avanzar para convertirse en miembros de la Unión Europea cuando proceda. 
El BERD es único por sus objetivos para una institución de este tipo, en el sentido de que no sólo pretende impulsar el progreso económico, sino que tiene el deber particular de ayudar a sus países clientes a desarrollar una cultura democrática, además de los procedimientos e instituciones democráticos necesarios. 
El seguimiento y la medida de su éxito deben basarse por tanto en el grado de consecución de sus metas, tanto económicas como democráticas. 
Es difícil no estar impresionado con el historial del BERD. 
El Grupo del PPE-DE apoyará el informe del Sr. Markov en su redacción actual. 
Votaremos en contra de todas las enmiendas presentadas excepto dos, ya que no mejoran en absoluto el informe. 
Las excepciones tienen que ver con nueva política de información al público, que celebramos. 
Por lo tanto apoyaremos las enmiendas 2 y 4, que también aplauden y fomentan un planteamiento más abierto y transparente. 
Cabe esperar que la próxima vez que el Parlamento elabore un proyecto de informe sobre el BERD, sea para celebrar el éxito continuado de una institución bien conocida y muy valorada. 
Espero que el BERD, su Presidente, el Sr. Lemierre, su personal y sus clientes continúen cosechando éxitos en 2003 y a más largo plazo. 
Su éxito es sumamente importante para todos nosotros. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, señor Presidente del BERD, celebro el hecho de que por primera vez en su presencia, el Parlamento examine un informe sobre el BERD, cuyo trabajo, reputación y credibilidad se han visto claramente consolidados bajo su presidencia. 
También quiero dar las gracias a nuestro ponente, dado que ha mostrado cun qué seriedad el Parlamento ha examinado el trabajo del BERD. 
Hemos firmado con el ponente dos enmiendas que espero que el Parlamento pueda adoptar con el fin de mejorar todavía más el trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
El trabajo del BERD merece ser elogiado por el Parlamento, dado que se trata de una institución original y ejemplar. 
Es original por los principios que lo impulsan: apoyo al proceso de transición, adicionalidad, principios bancarios sólidos. 
Creo que esto muestra cualidades ejemplares por las que podríamos guiarnos en otras áreas. 
También tiene la capacidad de combinar criterios económicos y políticos: otro elemento importante. 
Ustedes no son ni un banco europeo ni una extensión del Banco Mundial, y sin embargo mantienen estrechos vínculos con nosotros. 
También existe la capacidad de asumir riesgos, de evolucionar en un entorno inestable y facilitar financiación a proyectos importantes, incluso durante los tiempos de crisis, como han demostrado durante la crisis rusa. 
Por último, existe la capacidad de promover constantemente la actividad de las PYME, que son especialmente importantes para el Parlamento. 
Quisiera destacar específicamente dos puntos del informe del Sr. Markov. 
El primer punto consiste en que, aunque el BERD no es una institución de la Unión Europea y mantiene una relación muy específica con ésta, creemos que es importante poder aprovechar este instrumento con el fin de promover los principios y la estrategia que la Unión Europea adoptó en Lisboa y Gotemburgo fuera de la Unión, especialmente para seguir promoviendo el empleo, la política social, el medio ambiente, la innovación y la economía basada en el conocimiento para contribuir al desarrollo sostenible. 
Mi segundo punto es el objeto de las enmiendas que espero que sean adoptadas por el Parlamento. 
Su objetivo es el de aumentar todavía más la importancia del criterio del empleo y tener en cuenta a los sindicatos a la hora de evaluar los proyectos de cofinanciación, incluso cuando soy consciente de que esto ya sucede. 
El BERD no debería abogar por el liberalismo económico, también debería promover los valores democráticos y sociales: ustedes no se basan en el modelo del FMI. 
Quisiera destacar la importancia, dentro de las actividades del BERD, de las contribuciones que ustedes pueden hacer a la lucha contra la corrupción y a la promoción de las buenas prácticas; haciendo hincapié en la necesidad de negarse a implicarse en la financiación de estructuras e individuos cuya fuente de ingresos sea dudosa. 
Usted ha dicho que esto les ha llevado a dejar en suspenso su trabajo en Belarús. 
Como sabrá, estas prácticas existen en todas partes. 
Por último, quiero hacer hincapié en el futuro del BERD, ya que aunque diez países en los que ustedes trabajan van a unirse a nosotros a partir del 1 de mayo de 2004, el período de transición está lejos de haber concluido y todavía necesitamos mucha ayuda del BERD para facilitar la financiación de la transición en dichos países, de forma que puedan desempeñar un papel pleno en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Lemierre, quiero comenzar felicitando al Sr. Markov por su excelente informe. 
El BERD ha tenido, y tendrá, gran importancia para el desarrollo de la antigua Europa comunista. 
Para muchos de los países, la puerta está ahora abierta para entrar a formar parte de la UE. 
Obviamente este es el mejor modo para ellos de garantizar un mejor futuro económico y social. 
Sin embargo, todavía existen muchos países que están, y estarán, fuera del mercado interior de la UE. 
Si las brechas que existen entre los países y los pueblos no siguen aumentando, los esfuerzos del BERD quizás sean ahora más necesarios que nunca. 
No es fácil transformar las economías comunistas planificadas que han absorbido la vida de las sociedades y la gente e introducir una filosofía de economía de mercado. 
Ahora podemos ver los enormes costes de la antigua RDA. 
Me complace especialmente que el informe Markov destaque la libre competencia y las oportunidades que proporciona el mercado y resalte, por ejemplo, la gran importancia de las pequeñas empresas para una sociedad próspera. 
Nosotros los liberales hemos querido hacer hincapié especialmente en un tema también planteado por el Sr. Purvis, relativo a que el BERD debe intensificar sus esfuerzos en los nuevos países fronterizos de la UE, por ejemplo en Moldova y Ucrania. 
Por supuesto, esto también es necesario en Rusia, en donde la tendencia apunta, a pesar de todo, en la dirección correcta. 
Que el antiguo imperio soviético y sus habitantes adquieran una base económica más segura es, por supuesto, muy interesante para nosotros en la UE, en lo que respecta a la economía, la política de seguridad y la política sin más. 
Esto puede advertirse en el interesante artículo publicado en el Financial Times de hoy, en el que se hace referencia a las palabras del Sr. Lemierre. 
También hemos propuesto prestar más atención a los proyectos que apoyan el desarrollo democrático. 
En lo que se refiere a Belarús, que quizás constituya el peor vestigio del antiguo período soviético y que carece de democracia, el BERD debería buscar socios que cooperen dentro de las organizaciones no gubernamentales. 
Siempre deben garantizarse los derechos humanos. 
Por lo tanto es bueno que el BERD congele los activos y las inversiones cuando los derechos humanos se vean amenazados. 
El Sr. Purvis ha mencionado los Balcanes y Serbia. 
También en estos lugares considero que los esfuerzos del BERD son especialmente importantes en una situación en la que la democracia es poco firme y necesita apoyo. 
Considero asimismo importante enfatizar que el BERD debería gestionarse de forma profesional y eficiente. 
Por lo tanto debe controlarse continuamente el modo en el que está organizado, y evitarse la burocracia innecesaria y costosa. 
Nosotros, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, apoyamos las enmiendas 2 y 4, al igual que el Sr. Purvis, pero también partes de la enmienda 5. 
Quisiera concluir diciendo que varias de las enmiendas tienen que ver con el desarrollo de energía nuclear. 
En mi opinión, ésta es una fuente de energía limpia y que reduce el aumento del efecto invernadero. 
Reduce los riesgos del cambio climático si se gestiona de forma segura y adecuada. 
Por ello me pregunto qué tienen los Verdes en contra de ella. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señor Lemierre, Señorías, no puedo sumarme a los elogios al Banco realizados por el ponente y los anteriores oradores. 
No es tarea de los parlamentarios rendir homenaje a los éxitos de inversión de los bancos, sino comprobar si este Banco, que está financiado con medios públicos, cumple las normas políticas en vigor en la Unión Europea, es decir, las normas de transparencia, desarrollo sostenible y compatibilidad con el medio ambiente. 
Nuestra labor es exigir que las cumpla. 
Esto me lleva a criticar varios puntos. 
Punto 1: el apoyo a la inversión en el oleoducto de BP para la explotación del petróleo del mar Caspio. 
Esto, como todo el mundo sabe, no está pensado precisamente para poner fin a las hostilidades en esta región y conducir a la paz. 
Al contrario, mas de un millón de personas se han convertido en refugiados en este lugar durante los últimos diez años. 
Reconozco que esto no es atribuible al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, pero éste tiene un compromiso con los principios políticos. 
El hecho es que este proyecto no dará lugar a un acuerdo de paz, sino que simplemente dejará que siga existiendo el conflicto en la región. 
En la práctica, esto significa que la Unión Europea se beneficiará notablemente de la producción de petróleo, pero para la población local, esto no dará lugar a la paz ni a la prosperidad deseadas. 
También está poco claro quién asume los riesgos en caso de accidente. 
Realmente no existen oportunidades para el desarrollo económico local. 
También debe mejorarse la transparencia, especialmente para la población. 
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo está apoyando proyectos nucleares dudosos en Rovno y Jmelnitsky. 
Sabemos que el Parlamento Europeo se ha manifestado en contra de esto, porque no está convencido de que estos reactores puedan hacerse seguros. 
También sabemos que se están construyendo solamente para proporcionar electricidad barata a Europa Occidental, no para resolver los problemas en Ucrania. 
Por consiguiente, esta Asamblea se ha opuesto a cualquier inversión de este tipo. 
Por lo tanto, quiero preguntar al Presidente cómo es que el Banco de Desarrollo ha transferido a pesar de todo, en este caso, dos mil millones de euros a EURATOM con el fin de hacer posibles estos proyectos. 
Señor Presidente, señor Presidente del BERD, señor Comisario, esta primera década en la vida del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ha estado marcada por los altibajos. 
El informe Markov traza una imagen muy positiva, especialmente, por supuesto, dado que se refiere a los últimos años. 
Esto es comprensible en muchos aspectos, pero en el pasado, incluso en el pasado reciente, con la crisis rusa, entre otras cosas, han surgido problemas que han dado resultados insatisfactorios o incluso desastrosos, como es el caso que acabo de mencionar de la crisis rusa, que afectó al BERD al igual que a muchas otras instituciones financieras internacionales. 
Esto se debe probablemente a una de las principales contradicciones que existen en las actividades institucionales del BERD: el hecho de que promueve la economía de mercado mediante el uso de un instrumento que no es de mercado, un préstamo garantizado con fondos públicos, teniendo la posibilidad, también mencionada en el informe Markov, de asumir riesgos que otras instituciones no asumirían. 
Esto me lleva a tratar un aspecto muy sensible de la actividad del BERD, un aspecto del que los altos mandos de las instituciones son conscientes, como bien sé, y que es el riesgo de que la financiación del BERD pueda desplazar al capital riesgo privado y al desarrollo del crédito endógeno en estos países. 
Es un equilibrio difícil de alcanzar, y al que considero que debería prestarse gran atención. 
Es importante no dejar que la intervención del BERD termine penalizando el crecimiento de un sector de crédito privado. 
Creo que deberá prestarse cada vez más atención en el futuro a los países vecinos y cada vez menos a los países que se incorporan a la Unión Europea, precisamente porque el riesgo de ahogar a una naciente economía de mercado privada en esos países es mayor. Por último, me refiero a la Unión Europea como principal accionista del BERD. 
Invertimos en Ucrania, por ejemplo, a través del BERD. Esto es admirable, pero con una mano estamos dando y con otra quitando a través de las restricciones comerciales que pesan mucho sobre un país como Ucrania. 
Nuestras dos manos deben trabajar en harmonía. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Lemierre, quiero comenzar dándole las gracias a usted y a su personal por su trabajo. El balance es impresionante. 
Nos complace que el balance presentado por usted hoy no dé pie a crítica alguna. 
En segundo lugar, refrendo sus prioridades. 
A pesar de su función específica, creo que es muy importante, tal como usted ha dicho, que el Banco sea también una agencia para la aplicación de las prioridades de la Comisión, así como para la cooperación con la Comisión y el Parlamento. 
No debemos diluir los recursos demasiado. Debemos establecer prioridades con el fin de poder cumplir nuestras responsabilidades políticas y económicas en el mundo, para los Estados miembros, los países candidatos y los países colindantes. 
No podemos adoptar prioridades divergentes. 
Creo que los siguientes puntos son importantes. 
Espero que en la próxima ocasión también informe sobre el efecto de sus operaciones en los países en transformación, dado que mejora el conocimiento de los lados fuertes del Banco si no sólo disponemos de un balance, sino también de información sobre los efectos macroeconómicos de sus actividades. 
En segundo lugar, creo que es importante continuar e intensificar su trabajo de promoción de las pequeñas y medianas empresas. 
Todos somos conscientes del papel fundamental desempeñado por las PYME en la creación y la consolidación de empleos y puestos de formación. 
Nuestra expectativa consiste en que ustedes aumenten este compromiso, especialmente mediante el fortalecimiento de la concentración de la inversión en renta variable para las PYME y el apoyo al desarrollo de una infraestructura de PYME. 
Quisiera señalar simplemente que en Rusia, solamente el 10% de la población activa trabaja para una PYME. 
También es importante que en una semana en la que hemos hablado mucho sobre el proceso de Lisboa, ustedes tengan en mente la estrategia de Lisboa a la hora de evaluar proyectos y empresas y convertir éste en uno de sus criterios. 
Por supuesto, necesitamos además una prioridad titulada «países candidatos». 
Sin embargo, la ampliación de la UE no se completará en 2004. 
La cuestión de los Balcanes, es decir, la antigua Yugoslavia, es importante para la Unión Europea, como lo es el establecimiento de un cinturón de seguridad, y el desarrollo económico en las fronteras de la Unión Europea forma parte integral de este proceso. 
Por ello les pido que continúen con el curso de su política y que incorporen las ideas del Parlamento. 
Los apoyaremos en este planteamiento. 
Señor Presidente, el BERD está financiado por los contribuyentes, por lo que debe establecerse transparencia con respecto a todas sus actividades. 
Este Parlamento Europeo ha tratado de conseguir esto desde el principio durante la fase de puesta en marcha del Banco, y debo decir que no siempre con éxito; el Banco también ha atravesado momentos muy difíciles. 
Incluso en el Parlamento, las opiniones sobre si realmente deberíamos tener todavía nuestro propio banco han estado divididas. 
Esto también debe formar parte del debate de hoy. 
Señor Lemierre, usted ha descrito la labor del Banco como un servicio «clásico» de interés general que, sin embargo, hace uso de instrumentos de intervención del sector privado. 
Esta es sin duda una descripción apta y debemos poner a prueba sus actividades para determinar en qué medida se está realizando esto realmente. 
Usted se encuentra sin duda en una posición difícil, ya que el desarrollo del sector privado, como resultado de los acertados procesos de transformación en los Estados en los que ustedes operan, fracasa sobre todo porque no existe un sector financiero que funcione totalmente, lo que significa que las condiciones financieras para la creación de empresas nuevas y centros operativos son muy difíciles. 
Por este motivo, celebro el hecho de que ustedes hayan concentrado el 30% de sus recursos en este sector. 
También reconozco que sus actividades en la promoción de empresas de pequeño y mediano tamaño son importantes para una economía de mercado que funcione y para el desarrollo de la democracia. 
Sin embargo, lo que también es importante es ver cómo puede alcanzarse la estabilidad en estos países. 
¿Cómo podemos facilitar el crecimiento económico a través de la inversión? 
Esta es una cuestión que también ocupa constantemente nuestra mente en la Unión Europea. 
Desde mi punto de vista, es especialmente importante que pueda asumir los riesgos que otros no pueden asumir, y que esta disponibilidad para asumir riesgos no esté en conflicto con una gestión sólida y fiable. 
Esto se refleja en la alta calificación que el Banco ha obtenido de las agencias de calificación. 
El Banco es único entre los bancos de desarrollo multilaterales en que cuenta con un mandato político. Su labor es la de contribuir a una economía de mercado social, la democracia, el pluralismo y el estado de derecho. 
En este contexto, ustedes se deberían centrar todavía más en garantizar el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. 
Deberían denegar el apoyo, en una medida todavía mayor a la previa, a aquellos estados y empresas implicados en prácticas deshonestas y en los que existe corrupción y mala gestión. 
Esto también debería aplicarse al incumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, socialmente compatible y sólido. 
El BERD todavía está operativo en Europa Central y Oriental. 
La adhesión de estos estados a la UE abrirá muchas oportunidades de inversión, que no estarán disponibles para otros estados. 
Por este motivo, merece la pena considerar si debería revisarse la actual división de responsabilidades entre el BERD, el BEI y el Banco Mundial, incluido en términos geográficos, a pesar de sus claros mandatos, dado que el futuro éxito de las transformaciones de las antiguas repúblicas de la CEI contribuirá no sólo a la estabilidad política y económica en estos países, sino también tendrá un efecto en la Unión Europea y otras regiones del mundo. 
Los procesos de transformación en todos los países requieren de más esfuerzos conjuntos y más apoyo financiero, y esto incluye también a los países candidatos. 
Sin embargo, son los países menos desarrollados los que representan el mayor riesgo de inestabilidad. 
Desde mi punto de vista, Señor Presidente, este es un nuevo reto para el BERD. 
Señor Presidente, el excelente informe del Sr. Markov da la impresión de que el Banco realmente es un gran éxito. 
Ha tenido éxito en la inversión- en seguridad nuclear, por ejemplo- en los países candidatos y en las antiguas repúblicas soviéticas. 
Como ha dicho el Presidente, el Banco ha hecho un gran trabajo en la mejora de la seguridad nuclear en estos países. 
Esto es algo de lo que realmente existe necesidad. 
El hecho es que todas estas centrales nucleares son auténticas bombas de relojería. 
Recuerden el desastre de Chernóbil. 
La seguridad es tan terrible que es una desgracia que todas estas centrales no se hubiesen cerrado hace mucho tiempo. 
El Banco es responsable de que se use el fondo para desmantelar la central nuclear de Ignalina en Lituania. 
Se trata de una central nuclear que he visitado en varias ocasiones y la seguridad es tan escasa que, tras estas visitas, me alegro de no pretender tener más hijos. 
En la cumbre de Copenhague, Lituania prometió desmantelar Ignalina en 2009. 
Realmente el Banco debe hacer algo a este respecto. 
Se acaba de presentar una propuesta de un paquete de inversión que pondría cierto orden en el método utilizado para el almacenaje de residuos nucleares. 
La situación actual es totalmente inaceptable. Es un gran desastre y, a largo plazo, muy peligroso. 
Por lo tanto, quiero hacer un llamamiento para que el paquete se adopte lo antes posible. 
En el futuro deberíamos observar cómo se controlan los fondos. 
Quiero pedir al presidente del Banco que incluya algo a este respecto en su página web. 
Con respecto a las cuentas del Banco, debería tenerse presente que éstas no son auditadas por ninguna empresa auditora externa. 
Aparentemente no existe ninguna institución independiente que examine las actividades del banco. 
El Tribunal de Cuentas no ha preparado ningún informe durante años. 
El Banco cuenta con una unidad de evaluación que realiza excelentes evaluaciones, pero lo que falta es una auditoría externa. 
Por lo tanto me gustaría saber qué hace la Comisión para realizar un seguimiento de los fondos, y también me gustaría oír decir al presidente del Banco si éste está más dispuesto a abrir sus puertas a las auditorías externas. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Lemierre, desde su creación el BERD ha sido un brillante e indiscutible ejemplo de la solidaridad mostrada por las sociedades democráticas y desarrolladas. 
En efecto, este Banco se creó a raíz de la caída del muro de Berlín y su principal objetivo es el de ayudar a las economías de los países de la Europa del este, que desde entonces se han abierto a la competencia internacional, a superar las dificultades naturales fruto de su desarrollo embrionario. 
Aunque no se trata oficialmente de una institución comunitaria, el Banco encarna toda la filosofía de acción que caracteriza las políticas de cohesión y desarrollo de la UE. 
La próxima ampliación de la Unión para incorporar a un importante número de países del este profundizará y destacará la importancia de la ayuda técnica y financiera que el Banco ha facilitado y concedido a los países candidatos en la fase previa a la adhesión. 
Sin embargo, las acciones del BERD no deben ser canibalizadas ni canceladas por las tareas seleccionadas y definidas para el Banco Europeo de Inversiones. 
En su lugar, lo que es preciso es que estas dos instituciones financieras se coordinen y colaboren mientras respetan su autonomía y sus distintos orígenes, a pesar de la estrecha relación financiera de la que disfrutan. De hecho, esto no debería ser muy difícil, dado que muchos de sus objetivos son comunes, al igual que las características de los agentes económicos a los que debe dirigirse esta ayuda. 
Las recomendaciones incluidas en este informe, que tienen por objeto aumentar la ayuda financiera y técnica para las empresas de pequeño y mediano tamaño y establecer prioridades en la aplicación de recursos financieros en las sociedades, especialmente en forma de capital riesgo, y el llamamiento a un compromiso continuo para la formación de personal en el banco que pueda ayudarles mejor a cumplir sus deberes, son aspectos muy positivos. 
Por lo tanto, el Parlamento Europeo debería apoyar las principales conclusiones presentadas por el Sr. Markov, que es responsable de este informe de propia iniciativa. 
También es importante que este debate se realice en presencia del Presidente del BERD, al que, en última instancia, también van dirigidas estas recomendaciones y de cuyas habilidades dependen en gran medida el éxito y las políticas del Banco. 
Señor Presidente, seré muy breve y solamente haré tres comentarios. 
El primero es en respuesta al Sr. Blak. 
No sólo estoy dispuesto a aumentar la transparencia, sino que también debo decir que estamos controlados por auditores externos y que, por supuesto, los resultados se hacen públicos. 
No nos conformamos con el autocontrol. 
Buscamos una opinión externa, tenemos auditores, sus opiniones se hacen públicas y nuestras cuentas se publican cada año. 
Asimismo, el Consejo de Administración del Banco vigila especialmente sus cuentas y mantiene un diálogo con los auditores externos. 
También puedo decirles que tras varios debates sobre determinadas empresas privadas y los debates sobre la función de los auditores, hemos endurecido nuestras normas y, en mi opinión, adoptado las mejores prácticas en este terreno. 
En concreto, hemos dividido las responsabilidades adecuadamente entre los auditores y los consultores, y hemos mejorado la discusión entre la Comisión competente en el Consejo de Administración responsable de las cuentas y los auditores externos. 
Mi segundo comentario está dirigido a la Sra. Schroedter. 
Creo que los ejemplos que se han puesto, que tienen que ver con dos proyectos que plantean problemas extraordinarios pero que también tienen aspectos positivos, sobre los que el Banco no ha tomado una decisión todavía, demuestran bastante bien que el Banco puede tratar de aportar: más transparencia, más efecto sobre la población y, en última instancia, una decisión que deberá tomar el Consejo de Administración. 
Una vez más, no se han tomado las decisiones y he tomado nota de los comentarios. 
Quisiera decir que esta es probablemente una de las medidas que el Banco puede aplicar: más seguridad nuclear, mayor efecto en la población, mayor transparencia y la lucha contra la corrupción en los proyectos. 
Creo que esto es absolutamente necesario, y es también el precio de la intervención pública y lo que esto debería alcanzar si se determina. 
Mi tercer comentario será simplemente que he escuchado todas las intervenciones con gran interés. 
Creo que estas intervenciones reflejan claramente la profundidad y la solidez del mandato de la institución, pero también los retos propios de ésta. 
Varios de ustedes han hablado, fundamentalmente, sobre el mandato histórico y sobre si está actualizado. 
Mi sensación es que éste es totalmente relevante en la actualidad: será muy actual, siempre que siga en marcha, y sus comentarios nos ayudarán a conseguir esto en mayor medida. 
Esto me lleva a un aspecto que es muy importante para nosotros, el diálogo con todos los gobiernos y las autoridades de la región. 
Existe un reto que considero bastante importante: aplicar las normas de un Estado de derecho, no tanto en la expresión de sus normativas legales (afortunadamente) , sino en su aplicación; la mejora del sistema legal y su funcionamiento en todos los países de la región sigue siendo un reto absolutamente esencial. 
Esto me recuerda algunas de las convicciones del BERD, que ha adquirido en diez años de experiencia, relativas a que la economía de mercado no puede funcionar sin democracia, que la economía de mercado no puede funcionar si cohesión social, que no puede existir cohesión social sin una sólida sociedad civil y que no puede haber una sociedad civil sólida sin transparencia y lucha contra la corrupción. 
Estos son los mensajes que por supuesto estamos desarrollando regularmente en el plano político, cuando evaluamos las situaciones de los diversos Estados con respecto al artículo 1 del mandato de la institución, pero también en el diálogo que mantenemos. 
Por lo tanto quiero expresarle al Sr. Markov y a todos ustedes mi más sincero agradecimiento y el de la institución por sus comentarios. 
Éstos nos animarán a ser todavía más firmes en la aplicación del mandato que nos corresponde y a volver y explicar al Sr. Markov y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, en un plazo de dos años, cómo hemos avanzado. 
La respuesta es no. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al mediodía. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0448/2002) del Sr. Martin, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la acuicultura en la Unión Europea: presente y futuro (2002/2058 (INI) ). 
. (ES) Señor Presidente, la Comisión se congratula por este informe del Parlamento, que identifica correctamente los desafíos a los que se enfrenta en el momento actual nuestra acuicultura y que es coherente con las directrices introducidas en la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea, aprobada en septiembre pasado. 
En primer lugar, la Comisión agradece al Parlamento el apoyo que ha otorgado a una serie de medidas nuevas que ella propone en su estrategia. 
En particular, me refiero a las iniciativas previstas en la revisión de la legislación en materia de seguridad alimentaria y riesgos para la salud, protección del medio ambiente y del bienestar de los animales, desarrollo de las nuevas técnicas de cría y de especies de alta calidad, incremento de la gobernanza y la organización de la industria y desarrollo general de la acuicultura. 
El informe del Parlamento- y el Sr. Martin acaba de hacer referencia a este punto, como la propuesta de la Comisión- pone claramente de relieve la importancia que debe concederse a la investigación. 
Esperamos que, cuando se adopten las nuevas decisiones relativas a las asignaciones presupuestarias de los programas marco, el Parlamento apoye la asignación de mayores recursos a la investigación destinada a la acuicultura. 
Por lo que respecta a las inquietudes expresadas en los apartados 10 a 14 de la Resolución por el posible impacto de los peces modificados genéticamente y de los moluscos poliploides, me complace informar al Parlamento de que la Comisión ha finalizado recientemente el proceso de selección para un estudio sobre ingeniería genética aplicada a la acuicultura que incluirá estos aspectos. 
La Comisión puede confirmar que en sus iniciativas futuras tendrá debidamente en cuenta la importancia económica de todas las empresas dedicadas a la acuicultura, incluso las más pequeñas, y la necesidad de proteger las prácticas tradicionales, tal como se solicita en la Resolución. 
Tomamos nota de las sugerencias del Parlamento para modificar el Reglamento de la institución financiera, del IFOP- que figuran en el apartado 7 -, y de que hace hincapié en que el sector necesita- y necesitará en un futuro próximo- ayuda financiera pública. 
La Comisión observa que algunas enmiendas propuestas no están previstas en la estrategia de la Comisión y requerirán un análisis pormenorizado. 
Además, la Comisión considera, como muchos Estados miembros, que la acuicultura es una actividad nueva que puede y tiene que ser autónoma y económicamente viable. 
Unas medidas destinadas a financiar sus gastos de funcionamiento no serían consecuentes con este planteamiento y nos expondrían a severas críticas en el seno de la Organización Mundial del Comercio. 
También tomamos nota de la solicitud del Parlamento de que realicemos un estudio sobre la viabilidad de la conservación de cepas de peces salvajes y de que se encargue al Comité Científico de Sanidad y Bienestar Animal un informe sobre el bienestar de los peces de piscifactoría. 
Por lo que respecta a estos últimos, la Comisión ya ha solicitado al Comité un dictamen sobre el sacrificio y el transporte de peces de piscifactoría. 
La Comisión también está adoptando iniciativas, en el marco de la legislación vigente, para resolver los problemas que afectan al mercado de determinadas especies, como sucede actualmente con la dorada y la lubina. 
Los servicios de la Comisión se reunieron con los Estados miembros y los representantes profesionales en diciembre de 2002 y en esa reunión pudimos definir algunas medidas para los próximos meses, como la suspensión temporal de ayudas públicas a la creación de nuevas capacidades de producción, el lanzamiento de un estudio sobre el mercado de la lubina y la dorada o el intento de organizar una campaña de promoción internacional. 
Consideramos que la solicitud del apartado 15 no precisa de iniciativas legislativas adicionales. 
Son bien conocidos los problemas que plantea el desarrollo de técnicas fisicoquímicas y biológicas para la medición de las toxinas de los mariscos, así como el reconocimiento de la autorización de comercialización de vacunas en los Estados miembros, a los que se refieren algunos puntos de la comunicación. 
Tomamos nota de las solicitudes del Parlamento en este sentido. 
Los apartados 20 y 29 se refieren fundamentalmente a los Estados miembros y al propio Parlamento, y la Comisión está de acuerdo con ellos. 
Una propuesta que la Comisión no puede apoyar es la relativa a la creación de un instrumento destinado a ayudar al sector para hacer frente a desastres de origen humano y natural, como se plantea en el apartado 28. 
El IFOP puede conceder el cese temporal de actividades y otras indemnizaciones económicas, y cuando se producen accidentes muy importantes- como es el caso del Prestige- la reacción ad hoc de las instituciones europeas puede y debe ser rápida. 
El Reglamento destinado a compensar a los sectores pesquero, marisquero y acuícola españoles afectados por los vertidos de fueloil del petrolero Prestige se aprobó el 20 de diciembre, justo un mes después del hundimiento del buque. 
La Comisión comparte la sugerencia del Parlamento de que las organizaciones profesionales deberían hacer un esfuerzo adicional para mejorar su imagen mediante acciones de comunicación. 
No obstante, consideramos que se trata más bien de una tarea para los propios profesionales, apoyados tal vez por algún régimen de ayudas públicas ya existente, sin la implicación directa de la Comisión que se pide en el apartado 35. 
Finalmente, la Comisión ha tomado nota de los apartados 27 y 32 de la Resolución, relativos al reconocimiento de las organizaciones de productores y la garantía de normas equitativas para los productos y productores europeos y terceros países. 
En el futuro será preciso analizar estos aspectos con más detalle. 
Señor Presidente, este informe contiene varias contradicciones. 
Por una parte contiene aspectos muy positivos, en la medida en que plantea la cuestión global de la acuicultura y el desarrollo sostenible, y en concreto, su efecto sobre el medio ambiente. 
También es positivo el hecho de que considera la importante cuestión del bienestar animal y de la congestión en las granjas de peces, además de hacer un llamamiento para que se fije algo así como una densidad de población. 
Sin embargo, otras partes del informe critican los requisitos de seguridad alimentaria, además de los sanitarios y medioambientales. 
Parecen anteponer los intereses empresariales, lo cual constituye un precedente muy peligroso, ya que los requisitos de seguridad alimentaria, además de los medioambientales y sanitarios, deberían primar sobre cualquier interés empresarial. 
También cuestiona el principio de cautela, basándose en que éste podría plantear dificultades a las empresas dedicadas a la acuicultura. 
Este principio es algo que debemos cumplir en la Unión Europea y que debe respetarse en todo momento. 
Si complica las cosas, es porque se trata de un planteamiento de cautela, el modo en que debemos enfocar la acuicultura. 
El otro aspecto dudoso del informe es toda la cuestión de que la Comisión promueva la acuicultura. 
No creo que esto sea una buena idea. 
Existen muchos problemas asociados a la acuicultura; parece que la industria de la acuicultura piensa que resolverá los problemas de las poblaciones salvajes y las relativas a la pesca en el mar y la reducción de las poblaciones marinas. Pero no es así. 
La acuicultura genera numerosos problemas. 
Los OMG constituyen un problema que ya se ha planteado. La introducción de peces modificados genéticamente en la acuicultura es algo extremadamente peligroso y por lo tanto debe evitarse. 
También debemos abordar el uso de la pesca industrial para la alimentación en la acuicultura. 
Está bastante claro que si esta industria sigue creciendo como lo hace en la actualidad, pronto sobrepasará el suministro de recursos de la pesca industrial. 
Nos guste o no, a esto es a lo que nos enfrentamos, además del hecho de que la acuicultura es una industria extremadamente peligrosa por el efecto que tiene sobre el medio ambiente. 
Por último, respecto a la confianza de los consumidores, soy muy prudente en cuanto a la noción incluida en el informe de que la Comisión debería promover la confianza de los consumidores en la acuicultura. 
Los productos de la acuicultura hablan por sí solos, y son las poblaciones salvajes de peces en las que deberíamos centrarnos y de las que deberíamos hablar aquí. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cada día se reconoce más la importancia de la acuicultura en el conjunto del sector pesquero comunitario y mundial. 
La acuicultura es un complemento importantísimo del sector pesquero extractivo, aunque nadie duda, tampoco, que se enfrenta a problemas nuevos de dimensionamiento, de mercado, medioambientales, sanitarios, etc., que es preciso conocer y abordar a escala comunitaria. 
De ahí el acierto de nuestra Comisión de Pesca de realizar un informe de iniciativa sobre asunto tan importante y delicado. 
Acierto que ha sido doble debido a la designación del ponente, Sr. Martin, que, con su trabajo, dedicación y rigor, ha conseguido presentarnos un informe ampliamente respaldado por nuestra comisión y que lo será también por el Pleno. 
Se trata de un informe exhaustivo que contempla toda la problemática europea del amplio y diverso sector de la acuicultura, por lo que deseo felicitar públicamente al Sr. Martin. 
Creo que a partir de ahora, en la Unión Europea y, desde luego, en este Parlamento, tendremos un magnífico informe de referencia para tratar la amplia y compleja problemática que engloba a la acuicultura. 
Habrá, por tanto, un antes y un después de este informe. 
Tanto el informe como la audiencia con el sector que lo precedió, arrojan mucha luz sobre los problemas específicos y enumeran con claridad la situación actual y las perspectivas de futuro. 
Paralelamente, tendremos que trabajar también para que, como se recoge en el propio informe, los Erika y los Prestige sean una pesadilla del pasado y para que en el futuro primen la defensa del medio ambiente y de los ecosistemas marinos de las zonas marítimo-pesqueras sensibles europeas, donde se producen especies pesqueras y marisqueras, se mantiene el ecosistema y se da trabajo a miles de familias que, a su vez, generan otros puestos de trabajo conexos, alternativos y complementarios a la gestión pesquera tradicional. 
Sigamos, por tanto, el camino que nos marca el informe de nuestro colega el Sr. Martin para que la acuicultura en la Unión Europea vaya por el camino que es necesario que tiene que debe ir. 
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Martin por su informe de iniciativa, por la calidad de su trabajo, porque ha sabido lograr la unanimidad en la Comisión de Pesca, y también por la calidad de la audición que ha sabido organizar. 
Y quiero agradecerle muy especialmente la celeridad con la que ha incorporado a este informe la demanda de un instrumento ad hoc en caso de catástrofes ecológicas- naturales o no -, como la que vivimos en estos momentos en Galicia, después del accidente del Prestige, que ha afectado especialmente al sector de la acuicultura. 
Señorías, la acuicultura es un sector emergente en la pesca comunitaria y, por ello, se debate frente a grandes retos e incertidumbres. 
Necesita apoyo comunitario para alcanzar la excelencia en sus producciones, lograr la innovación, hacer más competitivas estas empresas, integrarlas en un desarrollo armonioso con el medio ambiente y promoverlas ante los consumidores, y también para crear puestos de trabajo en las zonas más necesitadas. 
Es necesario que la Comunidad impulse las denominaciones de origen para los productos acuícolas de calidad ligados a determinadas comarcas. 
El Reglamento IFOP debería incorporar un apartado específico en materia de promoción de esta calidad. 
En algunas visitas que la Comisión de Pesca ha realizado a Escocia o Andalucía, por ejemplo, hemos podido conocer sobre el terreno los problemas y las potencialidades de este sector, las dificultades en con que se mueven enfrentan los productores de salmón escocés o irlandés, por ejemplo, el savoir faire de los productores de esturión en Granada, o la experiencia de cultivo de dorada y lubina que se está llevando a cabo en unas antiguas salinas romanas en la provincia de Cádiz. 
Hemos podido conocer sus problemas de mercado, y por eso pensamos que, entre sus prioridades, la Comunidad debe fijar la de encontrar nuevas especies de alta calidad, incluyéndolas entre las especies preferentes, y la de desarrollar la investigación comunitaria, el intercambio de nuevas prácticas acerca de las mismas y sus métodos de cultivo. 
El Grupo Socialista desearía una Directiva capaz de regular la acuicultura ecológica que tomara en consideración factores clave para este tipo de cultivo, como el empleo de técnicas tradicionales, los factores ambientales, temperaturas y disponibilidad del agua. 
Deberían implementarse fondos especiales para ayudar a esta producción ecológica y a la difusión y comercialización de sus productos. 
Pedimos también a la Comisión que tenga en cuenta que el cultivo de determinadas especies, como el rodaballo, no presenta problemas de saturación de mercado, puesto que es una especie de cultivo reciente que está iniciando su desarrollo. 
Por eso, creemos que la Comisión debe mantener el apoyo a la creación de nuevas instalaciones de cultivo de este tipo de especies en el Reglamento de los fondos IFOP. La Comisión ha apoyado el desarrollo de nuevas instalaciones de cultivo de rodaballo, pero pensamos que es insuficiente, dado el gran crecimiento de la demanda y el relativo crecimiento de la industria. 
La acuicultura es un sector pesquero con grandes posibilidades, cuyo crecimiento ordenado requiere el apoyo de la Comunidad. 
En primer lugar quiero felicitar al Sr. Martin por el excelente resultado. 
Los problemas y desafíos que rodean a la acuicultura se analizan adecuadamente en este informe. 
También puede decirse que hizo su propio trabajo de investigación y acudió a los lugares en los que se realiza este trabajo. 
Sin embargo, quiero hacer un par de comentarios. 
Uno de los problemas más importantes de la acuicultura es su mala imagen, consecuencia de la falta de conocimiento. 
Sólo podremos subsanar esta falta de conocimiento si disponemos de datos experimentales claros. 
Por lo tanto, la Unión Europea debe permitir que se lleven a cabo investigaciones. 
La claridad mejorará la imagen, y esto permitirá al sector resolver un importante problema, que deberá hacer por medio de la comunicación. 
Con respecto a las finanzas, la viabilidad económica del sector es una importante preocupación en Europa. 
Si queremos ofrecer oportunidades para la viabilidad económica a largo plazo, no debemos permitir que el sector se torne dependiente de las ayudas. 
La autoayuda es mejor. 
Mi punto de partida es el siguiente: permitan al mercado seguir su propio camino, despegar y avanzar por sí mismo, y el sector podrá entonces cuidar de sí mismo. 
Aparte de esto, queremos asumir la responsabilidad de los marcos, así que debemos definir marcos y condiciones necesarias. 
Este mercado debe situarse en el camino correcto. 
La regulación debe ser simple, clara y honesta. 
La eliminación de las barreras reguladoras hará que el mercado sea más sólido, más transparente y por lo tanto más eficiente. 
Esto proporciona mejores oportunidades para los productos con precios competitivos, que también beneficiará a los consumidores europeos. 
Por otra parte, los consumidores se benefician de la seguridad alimentaria y la transparencia, ambas muy importantes. 
Siempre debe ser posible garantizar la seguridad alimentaria. 
Sin embargo, debemos seguir siendo racionales al respecto y no plantear exigencias ridículas. 
Si algo es bueno al 100%, no es necesario que lo sea al 150%. 
Mantengamos los pies en tierra. 
La imposición de exigencias excesivas afectará a las pequeñas empresas, y éstas no sobrevivirán. 
Por lo tanto, pido una regulación simple. 
Clara y viable por una parte, y controlable y aplicable por otra. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas refrendará este informe. 
Creo que la acuicultura hace una contribución positiva a la conservación de las poblaciones de peces naturales. 
Señor Presidente, este informe expresa una postura positiva hacia la acuicultura, la cual apoyamos, dado que creemos que ésta siempre será un mero complemento del sector pesquero y no un sustituto del mismo. El informe sitúa la acuicultura en el contexto del desarrollo sostenible y el principio de cautela, lo cual requiere, en concreto, prestar plena atención a las cuestiones medioambientales y rechazar la producción de peces modificados genéticamente. 
Estamos de acuerdo con el argumento del ponente de mantener la ayuda conforme al IFOP y la participación de las principales partes implicadas, que se promueva la necesidad de investigación y que se cree un instrumento económico para prestar apoyo en posibles situaciones de crisis en el sector, como son los desastres naturales. 
Sin embargo, queremos llamar la atención sobre aspectos particulares y necesidades especiales que deben tenerse en cuenta en esta actividad. 
La acuicultura no debe compararse con ninguna industria que no sea la agricultura y la ganadería, dado que tiene consecuencias directas para el desarrollo de especies y del medio ambiente, específicamente las costas y el uso alternativo de la tierra. 
Por otra parte, las oportunidades de intensificación y verticalización de la producción pueden plantear importantes riesgos para la salud humana y animal, que deben controlarse con el fin de impedir de cualquier tipo de «enfermedad de las vacas locas» en los peces. 
De ahí la necesidad de obtener más apoyo a la investigación en esta actividad, para el uso de técnicas de producción, normas de seguridad e higiene, haciendo de la aplicación del principio de cautela una prioridad, y para reducir los efectos medioambientales, prestando una atención específica a las empresas de pequeño y mediano tamaño. 
Por último, quiero informarles de que nuestro Grupo apoya este informe sobre la acuicultura europea, realizado por el Sr. Martin, a quien felicito, y el informe de la Sra. Miguélez Ramos, a quien también felicito, sobre la pesca en aguas internacionales, que debatiremos hoy aquí. 
Señor Presidente, señor Comisario, la catástrofe del Prestige nos recuerda que la acuicultura, como cualquier otra actividad industrial potencialmente contaminadora, también puede verse afectada gravísimamente, como en el caso de las piscifactorías gallegas. 
La acuicultura es una actividad de futuro, no sólo para seguir llevando productos de alta calidad a los mercados, sino también muy útil para la repoblación de caladeros sobreexplotados, una dimensión no explorada en el mar. 
Es necesario un mayor apoyo a la investigación, al desarrollo de nuevos productos, no transgénicos, e, igualmente, hay que aumentar la colaboración directa con las autoridades locales y regionales en el fomento de la acuicultura, sobre todo en los territorios más afectados por las graves reestructuraciones derivadas de la no firma de acuerdos pesqueros o por efectos de la reforma de la política pesquera común. 
Por último, pido a la Comisión que no olvide las actividades tradicionales como la acuicultura en esteros y su relación con espacios naturales muchos de ellos protegidos. 
Señor Presidente, en un momento en que la Comisión parecería haberse propuesto introducir una política pesquera común que está más orientada a los intereses a corto plazo de algunos Estados miembros que a los de los pescadores, es alentador ver que finalmente ha conseguido algo positivo. 
En términos generales estoy de acuerdo con el planteamiento adoptado en la comunicación de la Comisión sobre el futuro de la acuicultura. 
Sin embargo, de entrada permítanme decir que la acuicultura debe estar totalmente integrada en la política pesquera común. Debe ser complementaria a otros tipos de pesca. 
En ningún caso debe considerarse como un substituto. La acuicultura es globalmente uno de los sectores alimentarios de más rápido crecimiento. 
El sector irlandés de la acuicultura, por ejemplo, representa actualmente más del 30% de la producción pesquera total, lo cual refleja las tendencias globales. 
La acuicultura cuenta con un importante potencial para prestar apoyo al tan necesitado crecimiento adicional del empleo y la actividad económica, especialmente en las comunidades costeras en las que es difícil encontrar otro tipo de trabajos. 
Dada la demanda mundial de mariscos, cada vez es más importante como proveedor de materia prima para el sector de procesado de la pesca, con un importante valor añadido y oportunidades de exportación. 
No cabe duda de que el desarrollo futuro del sector debe realizarse conforme a una base sostenible. 
La industria debe otorgar la máxima prioridad en toda la Unión Europea a alcanzar las mejores prácticas de acuerdo con las estrictas directrices medioambientales y los mejores criterios de garantía de la calidad, tal y como sucede en Irlanda. 
Asimismo, el sector debe cumplir las mejores prácticas desde una perspectiva de seguridad alimentaria, y en este punto discrepo de mi colega irlandesa, la Sra. McKenna. 
La acuicultura no es peligrosa. 
La acuicultura es una industria basada en recursos naturales que es cualquier cosa menos peligrosa. 
La inundación del mercado con pescado extranjero a bajo precio, especialmente salmón, por parte de productores de fuera de la UE, ha puesto en el pasado a los productores comunitarios en grave desventaja y sigue haciéndolo. 
En este contexto, quiero pedirle a la Comisión que eche otro vistazo a la sección de ayudas públicas en sus medidas propuestas antes de avanzar con las propuestas formales. 
En lo que respecta a la eutrofización, tomo nota de la advertencia de la Comisión con respecto a una directiva agrícola relativa a la contaminación del agua. 
La acuicultura y la agricultura son sectores totalmente diferentes que deben tratarse de forma independiente. 
Sostengo, por lo tanto, que necesitamos una directiva específica con respecto a cualquier posible contaminación del agua en el sector de la acuicultura. 
Lo felicito, señor Martin, por su excelente informe sobre este importante tema y espero que el voto unánime de aprobación en la Comisión de Pesca se reproduzca también hoy en el voto unánime del Parlamento. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Martin por su excelente informe, preparado conjuntamente con acuicultores profesionales. 
En un momento en que los cálculos indican un considerable aumento de la demanda de pescado y cuando uno de los objetivos debe ser la gestión equilibrada de las poblaciones pesqueras, la acuicultura tiene un papel complementario genuino que desempeñar en el abastecimiento de los mercados. 
Sin embargo, como destaca el ponente, su desarrollo está condicionado a que se tomen varias precauciones. 
Vista la experiencia, queremos destacar la necesidad de aumentar la investigación, ya que no hay razón para basar este desarrollo en sistemas claramente deficientes Por lo tanto la investigación debe recibir fondos suficientes que le permitan responder a los importantes problemas que surgen en relación, por ejemplo, con el efecto sobre el medio ambiente, la reducción del uso de harinas de pescado en los alimentos, el desarrollo de menos especies carnívoras, la lucha contra las enfermedades, los riesgos genéticos planteados por los fugitivos para las poblaciones naturales y el desarrollo de nuevos productos. 
También apoyo al ponente en el rechazo de la introducción de peces modificados genéticamente en la Unión Europea. 
Los productos criados son distintos de los que son resultado de la pesca. 
Por lo tanto, deben identificarse, de forma que los consumidores puedan elegir entre ellos. 
Una expansión de los productos de la acuicultura solamente puede preverse como complemento de los productos tradicionales que, no lo olvidemos, realizan una contribución activa a la actividad económica en nuestras regiones costeras. 
Señor Presidente, este es un buen informe, sólido y bien elaborado sobre un importante sector en el que- dado que importamos más de la mitad del pescado que consumimos- todavía tenemos mucho que avanzar, en el que la trazabilidad se garantiza del mejor modo a través de la producción interior y que, dado que existe un límite superior en los recursos, la acuicultura nos permite crear empleos adicionales vitales en nuestras regiones costeras. 
El ponente está en lo cierto al condenar el hecho de que el Libro verde no menciona la acuicultura y al destacar las deficiencias de la comunicación de la Comisión de septiembre de 2002. 
Lo que caracteriza sobre todo el sector de la acuicultura es el esfuerzo en lo que respecta al tiempo y la aportación necesaria para destinar a la investigación, esfuerzo que con bastante frecuencia es desproporcionado para las oportunidades de financiación de negocios familiares de reciente creación, carentes de capital y que están obligados a operar en un contexto de intensa competencia y precios inestables. 
Por ejemplo, la empresa francesa gestionada por Michel Adrien de la región de Vendée, que estableció la base para la industria del lenguado, tuvo que invertir 2,5 millones de francos franceses al año durante diez años solamente en investigación antes de que tuviera éxito en la elaboración de la técnica del cultivo de esta especie en cautividad. 
¿Podrían y deberían los programas de investigación de este tipo, que son costosos, llevan tiempo, implican incertidumbres considerables, tanto técnicas como comerciales, plantean problemas de biología básica, ser asumidos en su totalidad por empresas privadas? 
No lo creo. 
Por otra parte, creo que una gran parte de este tipo de investigación debe realizarse con la ayuda de fondos públicos, al igual que la renovación continua de los barcos, que son la herramienta de la industria pesquera a pequeña escala. 
Está claro que, en dichos casos, la financiación pública no puede identificarse con una distorsión de la competencia. 
Sobre el tema de la investigación, me refiero en particular en la relativa a las nuevas vacunas que permiten eliminar los riesgos asociados al uso de antibióticos. 
Este es un aspecto crucial para el futuro y para el modo en que se considera el sector. 
Por lo tanto, hay que crear fuertes incentivos nacionales y comunitarios. 
También apoyo la idea de ajustar las normas del IFOP y, añadiría, las del FEOGA, con el fin de financiar ayudas para el establecimiento de los jóvenes en el negocio, la transferencia de empresas y el suministro de información a los consumidores. 
Comparto la preocupación del ponente sobre el riesgo que plantean los peces modificados genéticamente, y es obvio que debe existir una prohibición total en la Unión Europea sobre la producción y la importación de este tipo de peces. 
Por último, es necesario ser vigilantes con la competencia desleal practicada por terceros países, dado que el dumping debe prohibirse por completo en un mercado emergente y volátil. 
Debe prohibirse absolutamente la importación de productos de la acuicultura que no respeten las normas impuestas sobre los productores de la Unión Europea, y esto debe controlarse adecuadamente. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero desear un feliz año nuevo a todos los presentes en la Asamblea. 
En segundo lugar, señor Comisario, me ha complacido oír sus comentarios constructivos con respecto a varios estudios, procedimientos y planteamientos. 
Después de todo, parece que todavía hay movimientos positivos en el sector pesquero. 
Durante 30 años hemos fracasado en la reducción de la sobrepesca en cualquier modo real. 
La demanda, la situación local del empleo, los intereses del sector, las evidencias científicas y los intereses nacionales han demostrado ser irreconciliables. 
De hecho, por este motivo la reforma programada de la política pesquera común ha resultado tener un alcance tan limitado. 
Las poblaciones siguen reduciéndose. 
Por este motivo, la acuicultura orientada a la sostenibilidad es la única opción sensata para el futuro que puedo ver en la actualidad. 
Quisiera darle las gracias al Sr. Martin. 
Su informe de propia iniciativa sobre la acuicultura es un ejemplo especialmente bueno del planteamiento de tomar la iniciativa adoptado por los miembros de la Comisión de Pesca cuando hay problemas que resolver. 
La correspondiente comunicación de la Comisión destaca el hecho de que el Parlamento realmente puede tomar la iniciativa sobre cuestiones importantes. 
Sin duda la acuicultura es la alternativa a la sobrepesca, que no tiene futuro. 
En los últimos años, como hemos oído, se ha desarrollado muy positivamente y ha creado incontables empleos también en la Unión Europea. Ésta se ha convertido en una industria importante en las regiones costeras, ofreciendo un mayor potencial, el cual debe explotarse totalmente. 
No obstante, no se trata de una panacea. 
Merece la pena analizarla más detalladamente. La acuicultura genera problemas similares a los de la cría intensiva de animales en tierra. 
Vertidos de residuos, parásitos, productos químicos, harinas de pescado: estas son sólo algunas de las palabras clave. 
Poniendo solamente un ejemplo, el total de residuos producidos al año por las granjas de pescado escocesas es equivalente a los de una gran ciudad. 
Celebro en gran medida las operaciones y el éxito de la acuicultura, pero hago un llamamiento a la acuicultura sensata, de alta calidad y sostenible. 
La prevalencia de la cantidad a precios mínimos comporta problemas económicos y ecológicos. 
Por lo tanto sería más sensato trabajar por la calidad y, considero, también por la diversidad de las especies de peces, cada una de las cuales requiere una atención específica y, por supuesto, eso puede ser costoso. 
Como se dice, cuanto más se sube, más dura es la caída, y esto no beneficiará a nadie, ni a las regiones costeras ni a los consumidores. 
Señor Presidente, un aspecto muy importante de la política pesquera común es la comunicación de la Comisión sobre una estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea de septiembre de 2002. 
Por lo tanto, celebro la iniciativa de la Comisión de Pesca de someter a la acuicultura en la Unión Europea a una concienzuda investigación en un informe de propia iniciativa. La importancia cada vez mayor de este sector de la industria pesquera no se debe solamente a su continuo crecimiento durante los últimos años; también puede considerarse una auténtica alternativa a la reducción de las poblaciones de fauna marina utilizadas para el consumo humano en todo el mundo. 
También tiene efectos positivos sobre el mercado laboral, y- un punto que cabe destacar- no sólo en las regiones costeras. 
Un gran número de puestos de trabajo dependen directa o indirectamente de la acuicultura, tanto en la producción primaria como en muchos otros sectores. 
Creo que la investigación en esta área es especialmente importante. 
Los recursos financieros deberían impulsarse sin duda en este caso, de forma que puedan realizarse recomendaciones incluso mejores. 
Todavía existen muchos problemas sin resolver en la acuicultura. Permítanme citar algunos: el uso de productos farmacéuticos, la minimización del efecto medioambiental, la seguridad alimentaria para los consumidores, la mejora de las unidades de producción en línea con estándares de bienestar animal más estrictos, y la protección de las especies salvajes de las especies de peces manipulados genéticamente. 
Por último, quiero agradecer al ponente, el Sr. Martin, su concienzuda investigación sobre este tema. 
Sin duda tenemos motivos para seguir con nuestro debate sobre la acuicultura en el futuro. 
Señor Presidente, señor Comisario, la acuicultura es el sector de más rápido crecimiento de la producción alimentaria mundial. 
Existen motivos para reconocer la estrategia propuesta por la Comisión para la acuicultura y para alabar al ponente, el Sr. Martin, por su trabajo y su informe. 
Dado el resultado del Consejo Europeo de diciembre y las restricciones que, en la futura política pesquera, se ha decidido imponer sobre las capturas, existe la necesidad de visión y estrategias conjuntas para la acuicultura en la UE. 
El término clave es la acuicultura sostenible que se centra en el empleo, los consumidores y el medio ambiente. 
Es totalmente esencial proteger a las regiones con una fuerte industria pesquera de la pérdida de empleos, crear en su lugar más puestos de trabajo, al igual que lo es garantizar que los consumidores cuenten con productos pesqueros saludables y seguros de gran calidad y garantizar el equilibro ecológico y el medio ambiente sostenible. 
El acceso al agua limpia es un factor esencial, aunque también limitante, cuando hablamos de la acuicultura de agua dulce. 
Este es un motivo para extender la investigación al mayor uso del reciclaje y la reutilización. 
También existe la necesidad de que se controle más estrechamente el uso de antibióticos y medicamentos, además de que se establezca un sistema y se elaboren datos a efectos de protección de la salud. 
Es preciso promover la inversión en una producción más limpia y en tecnología, sin que se vea obstaculizada por un conocimiento insuficiente de los efectos medioambientales y por el uso extensivo del principio de cautela, que implicaría que hubiera distintas condiciones de producción de un Estado miembro a otro, provocando una distorsión de la competencia. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas está dispuesto a apoyar al ponente y las propuestas de la Comisión. 
Señor Presidente, las medidas restrictivas del Libro Verde sobre la pesca, el desguace de barcos, las cuotas y demás han dejado fuera del negocio a las empresas pesqueras de mediano y pequeño tamaño. 
Provengo de una zona de Grecia con un gran número de empresas de pequeño y mediano tamaño y he sido testigo de esto. 
Al mismo tiempo, y esto tiene que ver con lo que acabo de decir, existe un próspero sector de la acuicultura, que las grandes empresas están invadiendo en tromba. 
No tengo nada en contra de la acuicultura, pero estoy en contra de este tipo de desarrollo irresponsable, que desobedece incluso las normas básicas medioambientales y de higiene y, desgraciadamente, cuanto mayor sea el domino de las grandes empresas en la acuicultura, mayor será esta irresponsabilidad. 
Este informe refleja la importancia cada vez mayor de este sector. 
Éste establece las condiciones necesarias para que la acuicultura florezca, como son la búsqueda de lugares, la aplicación de los principios de uso sostenible, la publicidad de los productos, condiciones de competencia justas, introducción de determinadas medidas de higiene, protección contra la introducción de peces modificados genéticamente, respeto del medio ambiente, etcétera. 
Sin embargo, estas propuestas tienen que ver principalmente con cuestiones técnicas. 
Éstas fracasan a la hora de llegar a la raíz del problema y tratan las cuestiones que surgirán de forma inevitable en el futuro a medida que estas empresas se expandan, como son los graves problemas de higiene y repercusiones medioambientales de desgraciadas a desastrosas. 
La estructura capitalista y las políticas de expansión de estas empresas, en las que prima el factor lucrativo, ya están conduciendo, en aquellos casos en que la acuicultura se concentra en las manos de grandes empresas, a métodos de cría intensa, ganadería y granjas de peces que son malos para la salud pública y el medio ambiente. 
Al no tratar estos importantes problemas, el informe deja en la estacada a los pequeños productores, al público y al medio ambiente. 
Por último, en lo que respecta al llamamiento del ponente a la presidencia Grecia para prevenir que se repitan desastres del tipo del del Prestige, me temo que se hará oídos sordos a este llamamiento, dado que la Presidencia griega nunca ha ocultado sus vínculos con la industria del transporte marítimo. 
Señor Presidente, celebramos este informe y la comunicación de la Comisión, pero si queremos tener una estrategia para promover la acuicultura, que garantice que esté debidamente regulada, entonces debemos asegurarnos de que dicha estrategia se estudie detenidamente. 
La acuicultura, al igual que la captura de peces, ha tenido sus problemas, desde los naufragios hasta la anemia infecciosa del salmón (AIS). 
Escocia puede tener algunos ejemplos que seguir, en los que, tras producirse casos de AIS, los acuicultores se han adelantado al adherirse a un código AIS. 
Esto es especialmente importante teniendo en cuenta que no existía financiación de la UE a efectos de compensación ni vacunación. 
Los mecanismos efectivos y viables de aseguramiento de la calidad también deberían tener un papel, como es el caso del Scottish Quality Salmon, y habría que fomentarlos. 
Cualquier estrategia debe garantizar que la acuicultura es sostenible, competitiva y económicamente viable como actividad, teniendo en cuenta preocupaciones medioambientales y sociales- incluida la necesidad de impedir las fugas y de contar con un medio sostenible para alimentar los peces criados en granjas- de forma que se garantice un producto seguro y de gran calidad. 
Debemos decir «no» de forma rotunda a los peces modificados genéticamente. Esta tarde votaré en consecuencia. 
Señor Presidente, quiero comenzar felicitando al Sr. Martin por su excelente iniciativa, dado que presenta un nuevo punto de vista de la creación de lugares para la cría acuática y la acuicultura. 
Como todos sabemos, conforme a la reforma de la política común de pesca, la Comisión ha introducido profundos cambios en las políticas de gestión y en las políticas de renovación de la flota pesquera. En concreto ha propuesto eliminar el apoyo a la renovación de la flota, limitar las ayudas a la modernización y adoptar una política de gestión de flotas que hace que su proceso de reestructuración sea inviable, incluso para países como Portugal, que no sólo han alcanzado sus objetivos, sino que los han superado. 
Este tipo de medida ha afectado considerablemente al tamaño de las flotas pesqueras y, consecuentemente, ha reducido su actividad. 
Las consecuencias de esta política han representado y todavía representan un auténtico sacrificio por parte de las comunidades costeras portuguesas, que durante décadas han vivido del mar y gracias a éste. 
Es por tanto en nombre de ellos y en nombre de todos los europeos que viven del mar por lo que intervengo aquí en este pleno, y por lo que intento apoyar las soluciones que puedan mantener al mínimo los costes económicos, sociales y culturales de estas medidas de la Comunidad. Estas son medidas extremadamente favorables para las poblaciones de peces, pero parecen despreciar la pesca y a las personas que siempre han vivido de esta actividad. 
Creo que la acuicultura puede convertirse en algo complementario de la pesca tradicional, por una parte beneficiándose de la experiencia adquirida por las personas que han estado siempre implicadas en las actividades pesqueras y, por otra, facilitando a estas personas una rehabilitación profesional completa en el mismo sector de actividad. 
La importancia cada vez mayor de este sector requiere una sólida inversión por parte de la Unión, no sólo en la investigación científica, sino también en la formación y en la cualificación profesional, en la instalación y la modernización de estructuras y equipos y en la protección sanitaria, especialmente con respecto al uso de comida y aceites de buena calidad, a la limitación del uso de antibióticos y al rechazo de los peces modificados genéticamente. 
Existen aproximadamente 150 normas comunitarias relativas a la acuicultura. 
Sin embargo, no es el elevado número de normas el que proporciona garantías de una protección legal eficaz en este campo, sino la mejora de la calidad en la producción de la legislación comunitaria y en la definición de las medidas que deben adoptarse. 
Esta calidad puede mejorarse no sólo corrigiendo la aplicación y centrando la inversión comunitaria, sino también simplificando la legislación, haciéndola más coherente y comprensible para las personas a las que está dirigida y, en consecuencia, haciendo que su aplicación sea más eficaz. 
En mi opinión, estos son elementos cruciales para el cambio de mentalidad y de imagen necesario que incluso en la actualidad daña la percepción pública, especialmente la percepción del consumidor, de esta actividad con respecto a algunas especies de peces. 
Por último, todos estarán de acuerdo en que necesitamos enmendar la normativa sobre el instrumento financiero de orientación pesquera conforme a la PESC, con el fin de hacer que la acuicultura pueda optar a ayudas a la creación de empresas de pequeño y mediano tamaño por parte de los jóvenes, para la promoción de la calidad de los productos pesqueros, las campañas de promoción de su consumo, el establecimiento de prácticas respetuosas con el medio ambiente, etc. Esta es, por lo tanto, mi apelación a la Comisión, en la persona del Comisario Solbes Mira- y lamento que el Comisario Franz Fischler no esté aquí -: no dejen que este asunto caiga en el olvido y adopten medidas eficaces para promover el sector de la acuicultura todavía más y con vistas al futuro. 
- (NL) Señor Presidente, Señor Comisario, hace veinte años la acuicultura se consideraba como la solución a la reducción de las capturas pesqueras. 
El sueño era que también pudiese aportar una importante proporción de las proteínas necesarias para las personas que viven en las zonas del mundo azotadas por el hambre. 
Sin embargo, como muchos sueños, este se ha quedado en nada. 
La tasa de conversión nutricional de los peces criados en granjas es baja. 
Para producir un kilo de pescado no se necesitan cuatro kilos de alimentos, como es el caso de los mamíferos, sino solamente de un kilo y medio a dos kilos. 
Desgraciadamente, una gran proporción de estos alimentos se compone de proteína animal. 
La proteína en los alimentos para peces proviene de la harina de pescado, que a su vez proviene de las capturas industriales de pescado. 
Éstas se realizan con una especie de media de nailon que devasta zonas completas. 
No sólo capturan peces adultos, sino también peces de pequeño tamaño; también procesan sangre de bacalao, entre otras cosas. 
Por ello, no tiene mucho sentido hablar de planes de reaprovisionamiento de bacalao si no se limita en primer lugar la pesca industrial. 
Esto puede hacerse a través de las cuotas, pero también obligando a los compradores de harina de pescado a buscar materias primas alternativas, como las proteínas vegetales o el zooplancton. 
Entiendo que estas materias primas alternativas no están inmediatamente disponibles. 
Por eso es muy importante facilitar un estímulo financiero a la investigación sobre estas alternativas y fomentarla en los casos en que sea posible. 
Esto será beneficioso no sólo para las poblaciones de bacalao en el mar del Norte, sino también para luchar contra el hambre en el mundo. 
Si la ciencia puede aprovechar estas fuentes de proteínas alternativas, el sueño de la acuicultura se convertirá en realidad. 
Señor Presidente, el informe de nuestro colega diputado, el Sr. Martin, hace referencia a una cuestión que es interesante y estimulante no sólo científicamente, pero también en términos sociales y económicos y que, por otra parte, está de actualidad. 
El desastre del Prestige en Galicia, cuando España es la nación líder en el cultivo de marisco, o Arcachon, cuando Francia está a la cabeza en el cultivo de ostras, han mostrado la fragilidad de una actividad como la acuicultura, ya se trate de acuicultura en agua dulce- de la que parece olvidarse nuestro colega diputado, el Sr. van Dam- o de acuicultura marina, que no sólo abarca el cultivo de peces, sino también de ostras. 
Uno debe estar realmente familiarizado con la acuicultura para poder comprenderla, pero se trata de una actividad muy estrechamente vinculada al medio ambiente, en la que hay estados de equilibrio muy sutiles que implican más que simplemente el agua, las corrientes, la química o la biología. 
Recuerden que en entornos cerrados como las lagunas costeras, el Mediterráneo o el Etang de Thau, el simple hecho de pintar los barcos puede afectar al medio ambiente. 
Es por ello por lo que los humildes pescadores siempre han estado implicados en el desarrollo sostenible sin ser conscientes de ello. 
No se trata de una empresa cualquiera, sino de una empresa de futuro, que implica actividades dignificadas y novedosas que producen peces tan nobles como la lubina, la dorada y el lenguado. Con límites obvios que deben tenerse en cuenta, implica grandes innovaciones científicas e investigación sobre vacunas, organismos modificados genéticamente y ostras diploides o triploides. 
Realmente, los peces se utilizan para alimentar a otros peces. 
La cantidad de harinas de pescado es por lo tanto mayor que la cantidad de peces producidos, y existe el peligro de que la industria de harinas de pescado siga funcionando. De ahí la necesidad de investigar. 
Los problemas sanitarios son aquellos que implican no sólo antibióticos o bacterias, sino algas misteriosas y microscópicas como la dinophysis. 
De ahí la necesidad de evitar el cultivo intensivo, de mantener el control de los organismos modificados genéticamente, en concreto el salmón modificado genéticamente, y contar con granjas en alta mar, como es el caso de Japón. 
Sin embargo, debe evitarse el síndrome de Bambi o Walt Disney, con su discurso sobre el bienestar de los peces. De otro modo habrá que pedir que se ponga fin a la práctica de abrir las ostras, aduciendo que es cruel, o a exprimir limón sobre ellas, basándose en que les causa sufrimiento. 
Por lo tanto, existe la necesidad de hacer más fácil para los jóvenes establecerse en el negocio a través de la formación, la inversión en plantas depuradoras y barras de arena, a través de la investigación científica novedosa, quizás incluso en forma de nanobiología, y a través de etiquetas de calidad (por ejemplo, para las ostras de Arcachon y también para las ostras de Bouzigues, que son quizás mejores, o las de Etang de Thau). 
Por último, tras diez mil años de puesta al día por parte de aquellos que trabajan la tierra, quizás debería prestarse atención al cultivo del mar. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero, al igual que mis colegas, expresar mi más sincera felicitación al Sr. Martin por su excelente informe sobre la acuicultura. 
Como han indicado otros oradores, se trata de un informe de propia iniciativa por parte de la Comisión de Pesca, y el Sr. Martin ha dedicado mucho trabajo y esfuerzos para elaborar recomendaciones que serán celebradas por igual por los consumidores y los productores. 
El informe del Sr. Martin ha llegado en un momento crucial para el sector pesquero. 
La acuicultura se está expandiendo de forma exponencial en un entorno de aumento de la demanda de pescado por parte de los consumidores europeos y que colapsa las poblaciones de peces de la pesca marina tradicional. 
La acuicultura marina es un proveedor muy importante de pescado, moluscos y mariscos, especialmente de salmón criado en granja, cuya calidad está mejorando continuamente. 
Pero también existe un floreciente crecimiento de la industria de la acuicultura en tierra que está permitiendo que se hagan interesantes avances en el cultivo del bacalao, el rodaballo, el fletán y muchas otras especies importantes. 
La Comisión de Pesca visitó una piscifactoría en Río Frío, cerca de Granada, en Andalucía, el pasado mes de noviembre, en donde están produciendo incluso esturión y caviar. 
La complejidad de esta actividad es bastante extraordinaria, pero dado que en la actualidad el caviar llega a un tercio del precio del oro, es fácil entender por qué la gente está dispuesta a invertir tiempo y dinero para conseguir estos resultados. 
Así que en la UE contamos con un vasto sector acuícola en crecimiento que genera numerosos empleos, a menudo en áreas rurales remotas con economías frágiles. 
Se trata de una industria que, como indica el Sr. Martin, puede dar empleo a algunos de los marineros que se enfrentan a la pérdida se su medio de vida durante la actual crisis del bacalao. 
Pero también es una industria que requiere, como ha dicho anteriormente el Sr. Ó Neachtain, adherirse a las normas de conformidad más estrictas con las mejores prácticas en los campos de medio ambiente, bienestar, sanidad y seguridad alimentaria, especialmente si se pretende aumentar la confianza de los consumidores en sus productos. 
Creo que el Sr. Martin establece los parámetros para conseguir estos objetivos y celebro su planteamiento. 
Las recomendaciones del Sr. Martin relativas a que debe dedicarse una mayor inversión y más esfuerzos a la investigación y el desarrollo en el sector de la acuicultura son especialmente importantes, y me complace que la Comisión haya refrendado su punto de vista esta mañana. 
Tal y como ha dicho el propio ponente en su introducción a este debate, se trata de un sector prometedor que, si se atiende adecuadamente, puede generar grandes beneficios para la UE en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, los ricos romanos fueron los primeros que al comienzo de nuestra era, entre el primer siglo a.C. y el primer siglo d.C., cultivaron determinadas especies de peces y moluscos. 
Sin embargo, esto se practicaba más como un costoso pasatiempo de moda que como una actividad económica. 
Los estanques destinados a la cría de peces marinos eran entonces muy admirados por su belleza y como símbolo del prestigio que representaban. 
A lo largo de la costa mediterránea se han identificado restos de al menos 50 estanques dedicados a la cría de peces que datan del período romano. 
Posteriormente, en concreto en el siglo XIX, algunos países desarrollaron viveros de ostras, que se consideraban, muy acertadamente, un tipo de comida para paladares refinados. 
Sin embargo, no fue hasta las últimas décadas del siglo veinte cuando se registró la rápida expansión de la acuicultura, en respuesta al peligro de la explotación hasta la extinción de los recursos pesqueros. 
En efecto, en un plazo de 40 años, la producción pesquera del mundo se ha multiplicado por cuatro, y en la actualidad se sitúa aproximadamente en 100 millones de toneladas, y la demanda mundial está aumentando de forma inexorable, en línea con el crecimiento demográfico. 
Aunque la acuicultura no puede sustituir a la pesca en el medio ambiente, ha sido diseñada sin embargo para complementar y mejorar algunas especies muy apreciadas y demandadas que en la actualidad forman parte de nuestros menús de pescado diarios y que la pesca no puede suministrar en cantidades suficientes. 
En el futuro, la acuicultura está destinada a crecer. 
Lo que es esencial es llevar a la producción pesquera los mismos cambios que atravesaron la agricultura y la ganadería, pasando de una simple caza y recolecta a la creación y producción de alimentos animales y vegetales. 
Sin embargo, estos cambios no se hacen sin problemas, señor Presidente, especialmente de naturaleza ecológica, con respecto a la protección de la salud de los consumidores e incluso con respecto al bienestar de los peces. 
El Sr. Martin trata todo esto de forma detallada, rigurosa e inteligente en su informe, el cual debería convertirse en el libro de texto para la acuicultura en la Unión Europea. 
Señor Presiente, señor Comisario Solbes Mira- que en el pasado fue Ministro de pesca y por lo tanto no es insensible a este debate, a pesar de no ser en la actualidad responsable del sector -, quiero dirigir mis primeras palabras al Sr. Martin, que ha demostrado una vez más que es un excelente diputado al elaborar este magnífico informe, totalmente adecuado para la situación actual. 
Enhorabuena, señor Martin. 
Este informe nos proporciona un excelente análisis del estado actual de la acuicultura en la Unión Europea y también nos facilita importantes directrices para el futuro. 
Entre éstas quiero destacar la necesidad de elaborar planes de gestión medioambiental integrados para las zonas costeras e interiores, dado que la necesidad de dichos planes medioambientales ha quedado en evidencia tras los recientes desastres del Erika y el Prestige. En segundo lugar, la necesidad de aumentar la seguridad alimentaria con el fin de garantizar la salud y la confianza de los ciudadanos europeos, la promoción de la investigación y una financiación adecuada para el sector, tanto para las unidades nuevas como para la modernización de las existentes. 
Es obvio, por lo tanto, que la acuicultura tiene un gran futuro. 
Sin embargo, debido a las recientes crisis alimentarias que han afectado a Europa, los consumidores se han vuelto recelosos con respecto a la acuicultura. 
Sin embargo, hay que decir que producción intensiva no es necesariamente sinónimo de falta de condiciones higiénicas. 
Por este motivo en la Unión Europea hemos establecido normas sobre requisitos técnicos que no existen en otras partes del mundo. Esto significa que hay un alto grado de supervisión de estas condiciones higiénicas. 
Sin embargo, estas normas deben reforzarse y mejorarse de forma que nuestros ciudadanos tengan plena confianza en el pescado producido por la acuicultura. 
Señor Presidente, me alegra que podamos celebrar un debate sobre este tema. 
Resulta muy tranquilizador que tantos colegas demuestren tal interés por la acuicultura. 
Éste debe de ser el debate sobre pesca más concurrido de que se tiene noticia. 
Resulta esencial que reconozcamos la importancia de este sector tan joven y en crecimiento. 
En Escocia hay siete mil puestos de trabajo que dependen de la acuicultura, un 75% de ellos en los «highlands» y las islas, y a menudo la acuicultura representa un salvavidas para algunas de nuestras comunidades más remotas. 
El salmón constituye casi el 40% de las exportaciones de alimentos de Escocia y la cría de salmón atlántico resulta para la economía escocesa más valiosa en términos financieros que la cría de ganado vacuno y ovino juntos. 
El informe se manifiesta positivamente acerca del sector y los objetivos futuros. 
Hemos de preservar el empleo estable a largo plazo en el sector y garantizar la disponibilidad del producto para los consumidores, así como una industria sana desde el punto de vista medioambiental. 
La consigna ha de ser el desarrollo sostenible. 
El informe analiza la importancia de la seguridad e higiene alimentaria, así como la investigación de alternativas a los antibióticos. 
Además hemos de abordar algunos de los problemas clave que afectan al sector. El más reciente ha sido el de la competencia desleal. 
La Comisión ya ha estado tratando el tema de las prácticas de dumping del salmón por parte de Chile, Noruega y las Islas Feroe, y la Dirección General de Comercio ha puesto en marcha una investigación. 
Los documentos de divulgación publicados el 20 de diciembre de 2002, con una fecha límite del 8 de enero de 2003, no pudieron ser comentados al principio por el Grupo Europeo de Productores de Salmón, debido a la Navidad y el Año Nuevo. 
Sin embargo, me complace que la Comisión haya concedido a los productores de salmón un plazo mayor para dar una respuesta. 
Resulta vital que se escuche su opinión y espero que la Comisión se asegure de que el Parlamento y la Comisión de Pesca estén informados sobre el avance de esta consulta, especialmente porque el nivel estimado de dumping por parte de Chile es del 29,7 %, contraviniendo de plano las prácticas de comercio leal. 
Hemos de poner coto a estas prácticas desleales. 
Espero que el Parlamento apruebe este informe y apoye a la acuicultura. 
Señor Presidente, éste no ha sido un tema muy polémico. 
Nunca había presenciado en esta Cámara tanta armonía o unanimidad. 
Después de haber superado el trauma de la asignación de las cuotas de pesca, existe una mayor conciencia en toda la Unión Europea acerca de la escasez de este recurso de máxima importancia. 
Los recursos de peces salvajes en la Unión Europea ascienden a un 40% de lo que demandan nuestros consumidores en la Unión. Por consiguiente, éste es un medio idóneo para complementar la demanda. 
El Parlamento ha tratado este tema a lo largo de muchos años, pero sigue sin existir una conciencia suficiente acerca de la contribución tan importante que este sector puede realizar a las regiones más alejadas, subdesarrolladas y pobres. 
Puede ser además complementaria de la industria en esas regiones en momentos en que los recursos haliéuticos salvajes escaseen, de manera que por medio de la producción acuícola se puede utilizar la capacidad excedente de que disponemos y la infraestructura de elaboración y comercialización. 
Se ha prestado oído a quienes ya nos advirtieron hace años. 
Hemos captado el mensaje de que podemos adoptar las medidas preventivas necesarias y, a la vez, seguir aumentando la producción. 
Estamos produciendo actualmente algo así como el 27% de nuestras necesidades a partir de la acuicultura piscícola y no existe ninguna razón por la que no podamos seguir progresando. 
La gente no puede contemplar las reservas menguantes y asistir a nuestro fracaso para preservarlas y afirmar que los océanos infinitos nos ofrecen oportunidades. 
El 80% de todos los recursos de que tenemos conocimiento se hallan dentro del límite de las 200 millas. 
Así que no existen reservas ahí fuera esperando ser explotadas. 
Sabemos poco acerca del otro 20%, y hasta donde llegamos a conocer, se trata de recursos no renovables. 
Podemos capturar esos peces una vez y se acabó. 
La producción acuícola ofrece posibilidades a las regiones menos favorecidas. 
Puede ser complementaria de las actividades que allí se desarrollan y pueden ayudar a mejorar la economía de la Unión Europea, en un momento en el que el desempleo comienza a constituir un problema. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar sumándome al conjunto, casi unánime, de felicitaciones y elogios al ponente, Sr. Martin, por la calidad de su informe. 
Porque analiza el presente y apuesta por un futuro próspero para una actividad tan importante, destacando la consolidación del sector de la acuicultura en el campo de la producción alimentaria mundial, su contribución para reducir el desequilibrio comunitario entre las importaciones y las exportaciones de los productos pesqueros y además, sobre todo, porque destaca un nuevo yacimiento de empleo que crea puestos de trabajo directos e indirectos en zonas que frecuentemente carecen de otras industrias, regiones altamente dependientes de la pesca, reconocidas o no como tales, como es el caso de Galicia, con empleos en la propia actividad acuicultora, en la de la transformación y en la de los servicios. 
Según los datos de la Comisión Europea del pasado mes de septiembre, el número de personas empleadas asciende a 80 000. 
Conviene decir que no todo son bondades, existen algunos riesgos de contaminación medioambiental, de enfermedades transmisibles de los peces de piscifactoría a los peces silvestres. 
Por eso, señor Presidente, es necesario fomentar y lograr un entorno sano, a través de cuidados y mejoras tecnológicas, lo que también es necesario, por cierto, para el desarrollo de la propia acuicultura. 
Es necesaria la aplicación de medidas más concretas de investigación que el Parlamento debe reclamar a la Comisión para que las empresas acuicultoras tengan el apoyo de los programas comunitarios y nacionales, y también la modificación de los reglamentos pertinentes para hacer elegibles las ayudas a la instalación y la transformación de las explotaciones y la cofinanciación de las ayudas para la adopción de prácticas de crías más respetuosas con el medio ambiente. 
Señor Comisario, es necesario promover el diálogo social entre los Estados miembros para la introducción de un código de buenas prácticas que impida bajadas de precios que supongan un riesgo para el sector. El pasado mes de julio, en el Foro Valentín Paz Andrade, en La Coruña- Valentín Paz Andrade fue, señor Presidente, «un galego bo e xeneroso» , un gallego bueno y generoso, que amó a Galicia y al mar y que hoy lloraría ante la situación del mar de Galicia y del mar afectado por las catástrofes medioambientales -, se puso de manifiesto que en el año 2010 el consumo de productos de la acuicultura va a duplicarse. 
Señor Presidente, durante el debate de la versión transaccional de este texto, todos los Grupos han juzgado que el cambio gradual de la dimensión septentrional que se producirá con motivo de la ampliación acarreará cambios de la política regional. 
Por tanto, nos gustaría introducir un párrafo que haga de puente al comienzo del punto 3, y que reza como sigue: «adaptando el planteamiento general a la situación cambiante en la que los países asociados se adhieren a la UE, resaltando las necesidades específicas que esto crea para el desarrollo regional y la cooperación transfronteriza.» 
Señor Presidente, se trata de una idea excelente que ya ha quedado incorporada en la propuesta de resolución conjunta aprobada, por lo que no es necesario agregar nada más al respecto. 
Por tanto, no respaldamos esta enmienda oral. 
Señor Presidente, de acuerdo con mis colegas, deseo presentar una enmienda oral a la enmienda 6. 
Queremos añadir algo en la segunda línea, a saber, que en cuanto al hecho de que no deseamos ver financiado por el Banco, sólo se trata de la expansión del sector nuclear. 
Nos gustaría incorporar los siguientes términos: excluye de manera expresa cualquier ampliación del sector nuclear de... 
Ésa es la enmienda oral. 
Acabamos de votar a favor de un acuerdo de asociación con Líbano. 
Hace menos de un año, este Parlamento solicitó rescindir un acuerdo de asociación entre Europa e Israel. 
¿Cuáles son los principios en virtud de los cuales, lo que ayer resultaba válido para el caso de Israel parece no serlo hoy en el de Líbano? 
Creo que no debemos olvidar que este país no es una democracia, que no es un país gobernado conforme al Estado de Derecho, que los derechos y principios fundamentales que tanto valoramos allí resultan pisoteados todos los días, que Líbano sigue acogiendo a organizaciones terroristas, en concreto Hezbollah, y que se halla ocupado y «anexionado» por otro país, Siria. 
Y nosotros vamos y tendemos la mano a Líbano. 
Creo que una política europea equilibrada tendría que ser, por supuesto, una política que estuviera abierta a los países de Oriente Próximo, de hecho a todos los países de esa región, pero que comenzara por respetar ese acuerdo de asociación con Israel que se ve amenazado todos los días por un sinfín de iniciativas, concretamente por aquellas destinadas a imponer un boicot científico que resultan vergonzosas y deben ser objeto de condena. 
Creo que una política europea saludable es la que se muestra abierta a Líbano, ciertamente, pero a la larga está muy claro que el lugar de Europa se halla al lado de Israel. 
. 
(FR) El BERD, fundado en fecha posterior a la caída del muro de Berlín, tiene como finalidad el apoyo financiero a la penetración de capital occidental en Europa Central y Oriental, así como en la CEI, la antigua URSS. 
El ponente no cuestiona en absoluto ni sus actuaciones ni las circunstancias de mercado en las que se llevan a cabo, aún cuando muestre sus preferencias por que el BERD se preocupe más del empleo y las consecuencias derivadas de sus acciones en lo que concierne a la economía y la población. 
Pero el afán de lucro- sobre todo por parte de las multinacionales que, como señala el ponente, son el centro de atención del BERD- está reñido con el sino o bienestar de la población de un país. 
El hecho de que en Rusia el BERD invierta el capital allí donde los bancos y las empresas no se arriesgan a hacerlo y que- como consecuencia de haber apostado, lo mismo que multitud de especuladores locales e internacionales, a la ruleta financiera que no ha hecho sino contribuir todavía más a la ruina de este país- en ocasiones haya sufrido graves pérdidas, no nos afectaría si no fuera porque tales acciones encubren una lista pasmosa de robos a la población de Europa Oriental. 
Podemos intentar disfrazar su auténtica función, pero el BERD no deja de ser un instrumento imperialista para saquear a los pueblos de Europa Oriental. 
Quiero felicitar a mi colega, el Sr. Markov, por su excelente informe que, además, ha sido aprobado de forma unánime por la comisión parlamentaria. 
El BERD no tiene ninguna conexión con la Unión Europea. 
Ni es un banco de desarrollo dependiente del grupo del Banco Mundial. 
Su capital procede de más de 60 países interesados en el devenir de Europa Central y Oriental a raíz de la caída del muro de Berlín. 
Durante los doce años de transición, el BERD ha tenido que afrontar multitud de desafíos. 
Su presidente, Jacques de Larosière, ha comparecido ante el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica para exponernos sus actividades. 
Coincido con el ponente en la necesidad de mostrar nuestro apoyo al banco. 
De hecho, aunque su finalidad consista en desarrollar la economía de mercado en estos antiguos países comunistas, no ha sido a costa de las dimensiones sociales, medioambientales y de servicio público. 
El BERD no es, como algunos pudieran creer, el embajador del ultraliberalismo. 
Su misión consiste en invertir donde otros bancos no se atreven a operar. 
Me complace que el BERD concentre sus actividades en el desarrollo de empresas pequeñas y medianas, cuyo papel esencial en la creación de empleo es bien conocido. 
He votado a favor del informe Markov porque creo que acierta al recomendar la intervención del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en apoyo de las PYME en los antiguos países comunistas de la Europa Central y Oriental. 
La reconstrucción de la capacidad económica de países que se encuentran gravemente subdesarrollados en este sector constituye a menudo una tarea callada pero crucial. 
Yo respaldo concretamente el llamamiento del informe a favor de la ayuda a las ONG comprometidas con el fortalecimiento de la democracia en Belarús, Ucrania y Moldova. 
Este informe tiene el mérito de recordarnos la importante finalidad del BERD, que consiste en crear una economía de mercado susceptible de fortalecer la democracia en los países en transición, lo que a menudo le obliga a asumir riesgos y a no procurar de manera sistemática las garantías estatales. 
Así pues, invierte allá donde otros bancos no osan hacerlo. 
El BERD ha venido concentrando sus actividades en el apoyo a empresas pequeñas y medianas, desarrollando, por una parte, programas de ayuda para bancos locales y, por otra, promoviendo la constitución de bancos especializados en la concesión de préstamos a pequeñas y medianas empresas y de micropréstamos. 
Nos agrada que el ponente califique la actividad del BERD como satisfactoria en términos generales, a pesar de sus opiniones y advertencias acerca de los supuestos dogmas del «ultraliberalismo» o de la liberalización no controlada, que ninguno desea sirvan de guía a las actividades de esta institución. 
Éstas son, de manera resumida, las razones que me han llevado a apoyar este informe. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe del Sr Martin sobre la acuicultura, que entraña el potencial de proporcionar una fuente segura y relativamente barata de proteínas de calidad, así como para crear puestos de trabajo en la Unión Europea. 
Sin embargo, tal como apunta el propio ponente, se precisa una mayor actividad de investigación para atajar los problemas medioambientales que crea la acuicultura piscícola, sobre todo la eliminación de residuos; una instalación acuícola de tamaño medio puede generar tantos desechos como una pequeña ciudad. 
Necesitamos además resolver los aspectos relacionados con la higiene alimentaria de la cría de peces, concretamente el uso de antibióticos, y promover la investigación en torno al daño que los escapes de las piscifactorías pueden provocar en las poblaciones de peces salvajes. 
Por último, hemos de analizar el bienestar de los peces criados en las piscifactorías. 
Una vez resueltos estos temas, la acuicultura puede proporcionar, como ya dije antes, una buena fuente de buen alimento para nuestra población, así como crear puestos de trabajo. 
La importancia actual de la acuicultura en Europa queda demostrada por los 1,8 millones de toneladas de pesca, mariscos y moluscos que produce y por los 57 000 puestos de trabajo que genera. 
Para garantizar el futuro del sector, tal como propone el ponente, tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos: la elaboración y gestión de programas de gestión ambiental integrada, tanto para las zonas marítimas como para las aguas interiores; el refuerzo de la seguridad alimentaria a fin de garantizar la salud animal y la confianza de los consumidores, el incremento de la investigación en términos tecnológicos, medioambientales y sanitarios para encontrar soluciones nuevas, así como la subvención apropiada del sector, tanto para las unidades nuevas como para la modernización de las existentes. 
Por todo ello, y dada la evidencia de la situación difícil en que se encuentran muchas especies de peces salvajes, podemos considerar la acuicultura como una alternativa complementaria a la pesca con un futuro incuestionable. 
Sin embargo, hemos de superar la crisis de confianza respecto de los productos de la acuicultura, promoviendo medidas de seguridad alimentaria y modernizando las tecnologías de producción. 
En este contexto, manifiesto mi apoyo al informe Martin. 
- (NL) En tiempos pasados, el cultivo de peces parecía una medida absurda ideada por las empresas en busca de nuevas oportunidades para tantear un mercado que les permitiera obtener grandes beneficios. 
A medida que la población mundial aumenta rápidamente y los mares están siendo esquilmados de peces a un ritmo alarmante, parece que el cultivo de peces marítimos se convertirá en algo inevitable. 
No para sondear un mercado, sino como contribución vital al suministro de alimentos. 
Las poblaciones pesqueras costeras que han perdido su ancestral fuente de ingresos seguramente estarán felices de entrar a participar. 
Este cambio no está exento de riesgos. 
Si nos adentramos por esta vía, necesitamos garantías para evitar accidentes y situaciones inaceptables. 
No queremos peces enfermos y deformados en jaulas atestadas en las zonas costeras, o dicho de otra forma, una nueva variedad de bioindustria. 
Los peces alterados genéticamente en tales jaulas pueden escapar y modificar de manera irreversible la vida en los mares, por ejemplo, exterminando todos los peces naturales que puedan quedar. 
La adición de sustancias jamás utilizadas con anterioridad para favorecer el crecimiento rápido de los peces y aumentar consecuentemente los rendimientos, podría contribuir aún más a la contaminación marítima. 
Por tanto, es bueno que prestemos mayor atención a la información acerca de las consecuencias, la protección del entorno marítimo y la salud animal que están amenazadas por esta industria. 
- (DA) Nos hemos abstenido de votar el informe global de la Comisión de Pesca porque, aun representando el informe de la comisión una mejora respecto de las propuestas de la Comisión, consideramos que, en general, el informe de la comisión está a favor del ulterior desarrollo del sector de la acuicultura en la UE. 
Dado que sigue habiendo muchos problemas asociados con este sector, incluido el de la contaminación, hemos optado por abstenernos de votar, aunque reconocemos el trabajo excelente que ha llevado a efecto la comisión. 
La votación queda cerrada. 
(La sesión, suspendida a las 13.29, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0446/2002) de la Sra. Miguélez Ramos, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la pesca en aguas internacionales dentro del contexto de las medidas externas de la política común de pesca [2002/2024 (INI) ]. 
. 
(ES) Señora Presidenta, como ustedes saben, hace un año el Parlamento Europeo decidió, a instancias del Grupo Socialista, elaborar este informe de iniciativa sobre la dimensión exterior de la PCP, es decir, sobre la participación de la Unión Europea en las Organizaciones Regionales de Pesca y también en los acuerdos internacionales de pesca. 
Durante el procedimiento y una vez aprobado este informe en comisión, hemos conocido la comunicación de la Comisión Europea en el marco de la reforma de la PCP sobre el mismo asunto y es evidente que la Comisión de Pesca tendrá que elaborar un segundo informe que, pienso, irá en la línea de la resolución que hoy aprobemos aquí. 
A través de este informe la Comisión de Pesca intenta llamar la atención de esta Cámara para reclamar una mayor ligazón y una mayor coordinación entre la dimensión exterior de la PCP y otras políticas comunitarias, como pueden ser la política comercial, la de cooperación al desarrollo y la política exterior. 
Porque, en efecto, cuando la Dirección General de Pesca negocia en organismos multilaterales, o cuando negocia acuerdos internacionales pesqueros, no parece tener detrás de sí el peso de la mayor potencia económica y comercial del mundo. 
Y, al contrario, cuando la Unión Europea negocia acuerdos de asociación, comerciales o decisiones en el seno de la Organización Mundial del Comercio, las inquietudes pesqueras no están siendo tenidas suficientemente en cuenta. 
Lo cierto es que la actividad de la flota comunitaria en caladeros no comunitarios aprovisiona nuestro mercado, que es, como saben, deficitario en productos pesqueros, y además ayuda a mantener la actividad en comarcas dependientes de la pesca, que son tradicionalmente atrasadas y que no tienen otras alternativas económicas. 
La Unión Europea apoya esta actividad, según la Resolución del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 1976, que cubre, además, otras exigencias derivadas de otros pilares fundamentales de la Unión Europea. 
Lo cierto es que la Unión Europea posee una flota muy competitiva, palangrera, atunera y arrastrera, por ejemplo, que faena fuera de aguas comunitarias y que está considerada como la más avanzada del mundo, y pionera, además, en la búsqueda de nuevos caladeros y nuevas especies. 
Es una flota que posee el conocimiento técnico y dispone de las herramientas de transformación y de comercialización capaces de abastecer un mercado de 350 millones de consumidores. 
Los pescadores europeos, al contrario de otras flotas con las que compiten a nivel mundial, no son piratas, no practican la pesca ilegal, no destruyen pesquerías locales, no realizan prácticas de dumping social, sino que están estrechamente controlados por la Unión Europea a través de los Estados miembros y de diferentes sistemas de control y respetan además las prescripciones de los Acuerdos de pesca, la reglamentación nacional de los Estados costeros y la reglamentación de las respectivas ORP. 
Aproximadamente 3 000 embarcaciones europeas faenan en alta mar o en zonas económicas exclusivas de otros Estados: 2 100 al norte y unas 900 al sur de la Unión. 
Anualmente capturamos 2,7 millones de toneladas, el 40% de las capturas totales de la flota comunitaria, y, sorpréndanse ustedes, el valor total calculado de estas capturas es de 614 millones de euros. 
Este valor se multiplica a través de la industria transformadora y a través de la actividad económica en sectores conexos, como son los astilleros y las empresas de maquinaria naval. 
El coste financiero de la dimensión exterior de la PCP es muy pequeño, 276 millones de euros en el año 2000, lo que representa el 28% del presupuesto total de la PCP. 
La rentabilidad, pues, de la intervención comunitaria en favor de esta flota está más que probada: se estima que cada euro público genera una cifra de negocio de tres. 
Aunque la Unión Europea, y vuelvo a insistir en la idea que expresaba al principio, posee el potencial económico, jurídico, legislativo y político para liderar e impulsar los principios de pesca responsable en el exterior de la Unión, los intereses pesqueros comunitarios no se consideran suficientemente respaldados. 
Quizá en el fondo de todo esto subyace la escasez de medios asignados a esta tarea por la Comisión Europea y la falta de una estrategia política y el hecho de estar, vuelvo a insistir, esta dimensión exterior de la PCP al margen de la PESC y de las relaciones comerciales internacionales de la Unión pesquera. 
Lo cierto es que el Parlamento Europeo ha criticado reiteradamente este hecho, insistiendo en que la Comisión y, concretamente, la Dirección General de Pesca han de adaptar su organigrama para afrontar debidamente sus competencias. 
Señorías, el mar es la mitad olvidada de nuestro planeta. 
Pero hasta hoy nadie ha demostrado que no sea posible una gestión sostenible de la pesca en alta mar. 
Para ello, pienso que es imprescindible un enfoque basado en el ecosistema, reforzar la investigación científica, reforzar las medidas de control y vigilancia, reducir las capturas accesorias y que nos impliquemos decididamente en la lucha contra la pesca ilegal. 
Al mismo tiempo, es necesario desarrollar un marco legal para las zonas protegidas y ampliar consiguientemente nuestra visión sobre las causas de la disminución de los recursos, que no es fruto- vuelvo a insistir, -sólo de la actividad pesquera, sino también- y en este momento vivimos esta situación, -de los vertidos de los petroleros que, como el Prestige, se hunden en la zona más rica y de mayor biodiversidad de nuestras costas, o de los vertidos de tantos otros que limpian sus fondos contaminando salvajemente el mar- hoy por hoy, además, en la mayor de las impunidades- sin olvidar otras causas, como los profundos cambios climáticos que estamos viviendo a nivel global o la utilización masiva de sustancias que van a parar al mar inevitablemente, como puede ser el caso de los fertilizantes y plaguicidas de usos agrícolas. 
Me queda por señalar la importancia de los aspectos sociales en esta clase de pesca. 
Creemos que es necesario garantizar a todos los pescadores los derechos laborales fundamentales y que compete a la Unión Europea desarrollar acciones, como la incorporación de una cláusula social en los acuerdos internacionales, o el impulso del diálogo social por parte de los agentes socioeconómicos, con el fin de que también los pescadores se beneficien de la protección de sus derechos y se implemente definitivamente en la pesca el modelo social europeo. 
. 
(ES) Señora Presidenta, la ponente, Dª. Rosa Miguélez, ha hecho ya referencia a la Comunicación que la Comisión aprobó el pasado 23 de diciembre sobre el marco integrado para la celebración de acuerdos de asociación pesquera con terceros países. 
Estoy de acuerdo con ella en que esta feliz coincidencia va a plantear la necesidad de nuevas reflexiones por parte del Parlamento sobre las propuestas de la Comisión. 
En dicha Comunicación se abordan todas las cuestiones relacionadas con la dimensión bilateral de las relaciones que mantiene la Comisión con terceros países en el sector pesquero, especialmente con los países costeros en desarrollo. 
Creemos que es una buena base para iniciar un debate al respecto. 
Conscientes de la importancia que representa este capítulo de la PPC, sobre todo para algunas regiones de la Unión, la Comisión propone que el Consejo establezca orientaciones políticas capaces de encauzar este capítulo de la política pesquera común en una dirección que confirme la voluntad de la Comunidad de trabajar para conseguir el desarrollo de una pesca responsable de interés para todos. 
Como señala acertadamente el informe de la ponente, el futuro exterior de la dimensión de la PPC no puede ignorar los compromisos de la Comunidad a escala internacional, ya sean los correspondientes a la PESC, los relacionados con el comercio o, incluso- me atrevería a añadir -, los compromisos relativos al desarrollo sostenible especialmente referidos a determinados grupos de países- como los países en desarrollo- o nuestro combate en favor de una mejor gobernanza mundial, tanto desde el punto de vista político como económico. 
En cuanto a las perspectivas, la Comisión estima que su acción debe considerarse una inversión en una pesca responsable, en lugar de un simple mecanismo compensatorio. 
Por lo que se refiere a la dimensión multilateral, he tomado nota de sus observaciones sobre la falta de recursos humanos y materiales; sin embargo, no comparto el análisis de la ponente sobre la necesidad de revisar los mecanismos de voto dentro de las organizaciones regionales de pesca. 
En este tipo de organismos el peso de la Comunidad es muy superior al número de votos que representamos. 
En lo que respecta a las sanciones en estas ORP, somos favorables, por el contrario, a que se refuercen las medidas de control para evitar que circulen en territorio comunitario productos de la pesca procedentes de buques que no respetan las normas internacionales. 
El reciente plan de acción presentado por la Comisión para luchar contra la pesca irregular, incontrolada y no regulada, propone una serie de iniciativas en la materia, en particular las medidas 5 a 10, que tienen como objetivo armonizar los sistemas de control en las organizaciones regionales de pesca para que sean más eficaces y, al mismo tiempo, respeten el principio de un planteamiento multilateral. 
Por otra parte, he observado con satisfacción que dicho plan de acción ha sido acogido muy favorablemente por el Parlamento, y el informe del Sr. Busk en favor de esta iniciativa fue aprobado por unanimidad durante la sesión del pasado mes de noviembre. 
En relación con el compromiso de la Comunidad de respetar los compromisos internacionales suscritos por ella y la ratificación del Acuerdo de Nueva York, actualmente 14 Estados miembros se encuentran en condiciones de proceder a dicha ratificación. 
Espero que antes del final del semestre puedan presentarse todos los elementos para proceder a dicha ratificación. 
En cuanto al Mediterráneo, la Comunicación menciona a este respecto- y su Señoría lo sabe también- que hemos tomado la iniciativa de organizar con la futura Presidencia italiana una conferencia internacional que se celebrará, en principio, en Venecia en diciembre de 2003. 
La reducción de los plazos de transposición de Derecho comunitario de las recomendaciones realizadas en dichas organizaciones, o en las organizaciones regionales, también preocupa a la Comisión, que no ha sido responsable de que, desgraciadamente, no se haya podido avanzar en esta propuesta. 
En cuanto a los aspectos sociales, éstos forman parte de los objetivos que la Comisión intenta imponer y que deberían adoptar una nueva dimensión en las futuras cooperaciones. 
Por lo que respecta a la necesidad de incrementar la investigación científica, reitero la voluntad de la Comisión de poner en marcha un plan de acción. 
Aunque con algún retraso, este compromiso debería llegar a buen término antes de final de año. 
Por último, por lo que se refiere al favorecimiento de la constitución de sociedades mixtas, el Consejo ha mantenido hasta el año 2004 la posibilidad de apoyar financieramente la creación de estas empresas a través del IFOP, pero sólo en caso de que exista un acuerdo de pesca que refuerce la coherencia de nuestras iniciativas. 
Podrá observar también que en la Comunicación sobre los acuerdos de asociación en el sector pesquero la Comisión no excluye recurrir a dicho instrumento para fomentar las asociaciones en el futuro. 
Más bien al contrario, preconizamos su utilización y el recurso a otros instrumentos financieros para facilitar su desarrollo. 
Estoy seguro de que la Comunicación sobre los acuerdos de asociación en el sector pesquero adoptada por la Comisión constituirá una ocasión para avanzar de forma significativa e innovadora en el capítulo exterior de la PPC y de que juntos seremos capaces de crear una dinámica que garantice la sostenibilidad de la pesca de gran altura en interés de todos nosotros. 
La Comisión está convencida de que la ausencia de iniciativas políticas a escala comunitaria provocará la reducción progresiva de la flota pesquera comunitaria de gran altura, pero no supondrá el desguace de los buques, sino, probablemente, su cambio de pabellón en beneficio de otros pabellones, o la multiplicación de acuerdos de pesca privados. 
Espero que el Parlamento Europeo comparta este análisis y que, consiguientemente, convenga en que es preciso evitar una situación que ocasione una reducción significativa del papel de la política comunitaria en las pesquerías exteriores que estaría en contradicción con nuestra voluntad de instaurar una política orientada a la sostenibilidad de la pesca dentro de una perspectiva global de la misma. 
Señora Presidenta, doy las gracias al Comisario y felicito a la Sra. Miguélez Ramos por su magnífico informe. 
La Sra. Miguélez Ramos es, como ya saben, la vicepresidenta primera de la Comisión de Pesca y uno de los miembros más entregados y más trabajadores de dicha comisión. 
De hecho, creo que cabe afirmar que todos los miembros españoles de la Comisión de Pesca exhiben una gran dedicación y son muy trabajadores; tal vez no deba sorprendernos, ya que el sector pesquero tiene una importancia vital para España y el tema de este informe entraña tal interés para la flota española en concreto, que este informe se encomendó muy acertadamente a la Sra Miguélez Ramos. 
Pienso que merece la pena reseñar que la flota española atesora una tradición histórica en la pesca de altura. 
Durante más de un milenio, los pescadores españoles han venido faenando frente a las costas de Terranova y Labrador, siglos antes de que Cristóbal Colón supuestamente descubriera América, y esta flota de altura es la que ahora contemplamos como una contribución importante a la estrategia de pesca dentro de la Comunidad. 
En nuestro debate de esta mañana, muchos oradores apuntaron la importancia que ha adquirido la industria de la acuicultura a la hora de satisfacer la demanda de los consumidores en cuanto a productos haliéuticos ante un panorama de recursos menguantes dentro de nuestras propias aguas de la UE. 
La participación de pescadores europeos en empresas pesqueras internacionales entraña la misma importancia. 
La Comunidad sólo es autosuficiente en un 60% en materia de pesca y sin embargo existe una demanda creciente de productos de pesca debido a la EEB y la fiebre aftosa, así como a un desplazamiento gradual en las preferencias de los consumidores en detrimento de la carne roja. 
Si pretendemos satisfacer tal demanda de los consumidores y perseveramos en mantener el mayor número posible de puestos de trabajo en el sector de la pesca, entonces la función de las actividades pesqueras internacionales adquiere una importancia capital. 
La Sra. Miguélez Ramos ha demostrado fehacientemente en su informe, y lo ha vuelto a manifestar en sus consideraciones preliminares, que por cada euro que invertimos como Comunidad en este tipo de producción acuícola, obtenemos de retorno 3 euros en términos de negocio. 
Así que no sólo constituye una forma válida de mantener los puestos de trabajo en el sector, sino que representa un negocio bueno y rentable para la economía comunitaria. 
Creo además que merece la pena señalar aquí que los acuerdos con países de fuera de la UE (acuerdos con terceros países) han tenido mala prensa en el pasado que, en ocasiones concretas, puede haber estado justificada. 
Sin embargo, precisamente por tal motivo la Sra. Miguélez Ramos aboga en el informe a favor de una mejor inspección, un mejor control y una mejor articulación de las políticas relativas a las actividades pesqueras internacionales, y concretamente en pro de una actuación más firme contra la pesca ilegal. 
Si nos esforzamos por garantizar que tales acuerdos se plasmen en políticas adecuadas y que un porcentaje sustancial de las subvenciones se dirija a la conservación y el desarrollo, estaremos en una posición más favorable para responder a las inquietudes legítimas de quienes nos critican. 
Ruego a la Cámara que vote a favor de este informe. 
Señora Presidenta, Señorías, el informe de la Sra. Miguélez Ramos plantea un marco completo, lúcido e inteligente para la pesca de la UE en aguas internacionales. 
Nos conduce, con una lógica irrefutable, a la conclusión de que la Unión Europea debe tener una política de pesca cada vez más activa en este ámbito, lo contrario de lo expresado por muchos críticos o escépticos. 
Esta política debe dejarse sentir en las acciones diplomáticas de la Unión Europea, sobre todo siempre que esté implicada su política comercial. 
La Unión Europea no puede prescindir de los caladeros de pesca internacionales y de los acuerdos negociados con terceros países en las zonas económicas exclusivas de dichos países. 
Quienes se muestran escépticos o críticos antes tal política parecen ignorar la realidad plasmada por el informe. 
Esta evidencia pone de manifiesto que la pesca de altura por la flota pesquera de la Unión Europea proporciona trabajo a 40 650 personas y que las capturas ascienden a 2,7 millones de toneladas al año. 
El esfuerzo financiero por parte del presupuesto de la Unión Europea es, de todas formas, modesto, ya que sólo ascendió en 2001 a 276,1 millones de euros. 
Si los barcos de la UE dejan de faenar en aguas internacionales, vendrán otros inapelablemente a ocupar su lugar, sin los miramientos ecológicos o sociales de los buques de la Unión Europea. 
Sin embargo, es vital que, a la hora de explotar las aguas internacionales y las zonas económicas exclusivas de otros países, los barcos de la UE cumplan con los estrictos criterios y condiciones ecológicos y sociales, sobre todo, en lo relativo a la conservación de los recursos haliéuticos. 
La Unión Europea ha de dar ejemplo en cuanto al cumplimiento de los acuerdos internacionales y debe proporcionar un empuje decisivo a la reglamentación de la pesca internacional. 
En segundo y último lugar, la Unión Europea debe concentrar sus esfuerzos en la investigación y el control de las aguas internacionales, ya que si la Unión Europea o los organismos internacionales en los que participa no lo hacen, siempre seguirá produciéndose la pesca ilegal en estas aguas y siempre serán una especie de tierra de nadie, o en este caso, de aguas de nadie. 
Señora Presidenta, señor Comisario, existen muchos recursos haliéuticos amenazados en todo el mundo. 
Nosotros los escoceses sabemos lo doloroso que resulta para la industria pesquera cuando se producen situaciones de crisis, pero no podemos resolver los problemas internos de la UE exportándolos. 
Hemos de buscar actividades pesqueras responsables y sostenibles en cualquier lugar. 
El Grupo ELDR quiere dar las gracias a la Sra. Miguélez Ramos por su denodado esfuerzo en el expediente; nos complace especialmente que haga hincapié en la necesidad de garantizar un cumplimiento más estricto de la legislación internacional y en el refuerzo de las medidas contra la pesca ilegal y furtiva. 
En este contexto, estamos de acuerdo en que la Comisión debe dotarse de medios para desempeñar una función de mayor peso en la organización de las actividades pesqueras regionales. 
Sin embargo, hemos venido expresando regularmente nuestra inquietud acerca de dos temas. 
En primer lugar, nuestra actividad pesquera a escala internacional, y en particular cualquier acuerdo alcanzado directamente con terceros países, debe ser compatible con nuestra política de desarrollo. 
En segundo lugar, el coste de la dimensión exterior de la Política Común de Pesca (PCP) ronda ya la tercera parte de su presupuesto total. 
Este coste es probable que aumente si somos consecuentes con la idea de una mayor participación en las organizaciones pesqueras regionales y de garantizar un cumplimiento más estricto de la legislación internacional. 
Ya se ha dicho que cada euro que se invierte en fondos públicos genera tres en términos de negocio. 
En tales circunstancias parece razonable que los armadores de buques que se benefician de los acuerdos con terceros países asuman un porcentaje más equitativo de la carga financiera derivada. 
Las enmiendas del Grupo ELDR abordan esta preocupación en cuanto al desarrollo y a las finanzas. 
Esperamos que la Cámara las respalde y que estos temas reciban mucha mayor consideración durante el debate sobre el reciente comunicado de la Comisión relativo a los acuerdos en materia de pesca con terceros países. 
Señora Presidenta, en lo concerniente a la pesca en aguas internacionales necesitamos un planteamiento responsable y alejado de la todo afán explotador. 
No podemos continuar exportando nuestros problemas. 
Quisiera que esta Cámara refrendase las enmiendas de la Sra. Attwooll, que de alguna manera intentan mejorar el informe, y mi Grupo va a votar decididamente a favor de ellas. 
Sin embargo, no podemos votar a favor del informe propiamente dicho, ni siquiera en el caso- como esperamos- de que se aprueben las mencionadas enmiendas, debido a la política y a la creencia subyacentes de que nosotros en la Unión Europea podemos exportar nuestro exceso de capacidad y de que estamos investidos de cierto derecho histórico que nos permite explotar a los países en vías de desarrollo. 
Bien es verdad que en el transcurso de los siglos muchos Estados miembros han colonizado otros países y han explotado de manera injusta a los países más débiles y más pobres del mundo, pero en el siglo XXI deberíamos ser conscientes de que el planteamiento imperialista resulta equivocado. 
Tenemos que analizar la contribución social y económica que aportamos a los países en vías de desarrollo, lo cual deja mucho que desear en lo que atañe a los acuerdos de pesca. 
No se trata únicamente de un problema español. 
Para vergüenza mía, mi propio país, Irlanda, posee el Atlantic Dawn, que es un buque pesquero de arrastre. 
Al igual que otros muchos buques inmensos- de hecho, es peor que otros barcos por ser uno de los más grandes que existen -, faena en aguas de países en vías de desarrollo, actuando como si tuviera algún privilegio para esquilmar los recursos de otros países sin estar sujeto a ningún control. 
A pesar de lo que se ha dicho acerca de los acuerdos de la Unión Europea, al menos contemplan un cierto grado de control, aunque todavía dejen mucho que desear. 
Sin embargo, cuando se trata de acuerdos privados, entonces sí que no existe ningún tipo de control. 
Tenemos que revisar nuestra posición en lo que atañe a los países en vías de desarrollo. 
Suscribo lo dicho por la Sra. Attwooll. 
No podemos decir una cosa y luego hacer otra distinta. 
Señora Presidenta, este informe llega al Parlamento Europeo en un momento de creciente preocupación en todo el mundo acerca de los efectos de las negociaciones de la Unión Europea con países del tercer mundo. 
Y para no ser menos, WWF/Adena ha alzado su voz condenando dichos acuerdos. 
Me reconforta que incluso en este Parlamento, justo hace un mes, más de 100 diputados votaron en contra del tratado con Senegal. 
Para mi sorpresa, incluso coincido con mi Ministerio de Asuntos Exteriores, por primera vez en mi vida. 
Incluso ellos reconocen que estos acuerdos no funcionan. 
El informe tiene un tono muy defensivo. Afirma que los pescadores de la UE «no son piratas». 
En lo que se refiere a la observancia de todos los reglamentos, dicha afirmación está en manifiesto desacuerdo con el informe vigente del Tribunal de Cuentas. 
Lo que resulta más inquietante es que la ponente y el Comisario parecen sostener que si no nos apropiamos de estos derechos de pesca, alguna otra nación lo hará, lo que, de alguna forma, sería todavía peor. 
Aun cuando eso fuera cierto- y no esperaría confrontarme con un argumento tan pueril -, el hecho es que dos premisas erróneas no equivalen a una verdadera. 
Permítanme recordarnos cuáles son las erróneas. 
Estos acuerdos están ocasionando estragos medioambientales en los países menos desarrollados, lo que, en términos biológicos, equivale a prender fuego a Serengeti. 
Constituye una forma de imperialismo por parte de la Unión Europea y niega el desarrollo a los países del tercer mundo que de lo contrario podría beneficiar a sus economías. 
Además, estos acuerdos son repugnantes desde el punto de vista moral, por cuanto provocan directa e indirectamente la muerte de cientos de pescadores africanos indígenas cada año. 
A lo que este informe nos está exhortando es a cerrar los ojos, cuando de hecho la gente está comenzando, cada vez en mayor medida, a abrirlos. 
Por eso debemos rechazar este informe. 
Sospecho que seguirá habiendo una mayoría a favor, pero seamos conscientes de que la gente está despertando y no va a tolerar estos acuerdos durante mucho más tiempo. 
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con el informe de mi colega y paisana, la Sra. Miguélez Ramos. 
Coincido con ella cuando afirma que la pesca en aguas internacionales es esencial para la Unión Europea, para el propio sector de la pesca, pero también para la política internacional y la cooperación económica y social con otros países. 
La política real de la Unión Europea, sin embargo, no está en consonancia con este planteamiento ni lo está la pesca en aguas comunitarias. 
La frustrada reforma de la Política Común de Pesca ha venido a poner en evidencia esta desafortunada situación. 
En este contexto, he de decir que mi país, Galicia, es una de las principales víctimas: en aguas comunitarias, sufrimos (... ) por culpa de determinados países y flotas; en aguas internacionales, sufrimos el desprecio de la Comisión y del Consejo como resultado de esta política internacional. 
Los servicios de la Comisión carecen incluso de los necesarios recursos humanos, presupuestarios y materiales. 
La propia pesca en la plataforma continental y la acuicultura están hoy, como siempre, gravemente perjudicadas, afectadas por catástrofes que se producen en las costas de Galicia, tales como la del Prestige. 
Ésta es una situación que debe solventarse con carácter de urgencia. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar una vez finalizados los debates de la tarde. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre la incidencia del sonar de baja frecuencia activa en la vida marítima. 
. 
(ES) Señora Presidenta, en primer lugar quiero agradecer, en nombre de la Comisión, la invitación que nos han hecho para efectuar una declaración sobre este tema. 
La Comisión acoge con satisfacción la oportunidad que le brinda el Parlamento para subrayar de nuevo la importancia que concede la Comunidad a la conservación y protección de la biodiversidad en el medio ambiente marino. 
Esta importancia fue destacada ya por el Parlamento y el Consejo en el sexto Programa Comunitario de Medio Ambiente, que aspira, entre otras cosas, a que en el año 2010 no haya más pérdidas de biodiversidad. 
La protección y la conservación de la fauna y flora silvestres son también uno de los objetivos definidos en la Comunicación de la Comisión Europea "Hacia una estrategia de protección y conservación del medio ambiente marino". 
Los cetáceos son miembros frágiles de la fauna marina y están amenazados por una serie de actividades humanas, a pesar de que muchas veces no resulte sencillo establecer un vínculo entre estas actividades y la situación en que se encuentran esos animales. 
La Comisión está al corriente del debate actual sobre las posibles repercusiones del uso del sonar de baja frecuencia activa en algunas especies de cetáceos. 
Es posible que las emisiones de tonos intensos de esta baja frecuencia perturben o alteren a los cetáceos, pero es necesario investigar este asunto con más detalle para determinar su gravedad y alcance. 
La falta de certeza sobre la realidad de estas repercusiones no justifica en ningún caso que no se tomen medidas para solucionar este asunto. 
La Comisión considera que, dadas las repercusiones potenciales sobre el medio ambiente marino, este tipo de tecnología debería utilizarse con extrema prudencia e, idealmente, deberían evaluarse previamente sus posibles repercusiones. 
Permítanme que les recuerde que los cetáceos están protegidos por la Directiva 92/43, la Directiva Hábitat, que obliga a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para evitar, entre otras cosas, que se moleste deliberadamente a estas especies. 
Por estos motivos y tras lo sucedido recientemente en las Islas Canarias, en la reunión del Comité Hábitats del 20 de noviembre, la Comisión pidió más detalles sobre este tema a las autoridades nacionales de los Estados miembros en los que pueden haberse producido hechos de este tipo. 
Vamos a enviar ahora un recordatorio a los Estados miembros para que no olviden nuestra petición. 
La Comisión transmitirá al Parlamento toda la información que se obtenga de esta iniciativa. 
Por otra parte, la Comisión va a pedir a organismos científicos independientes, como el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, que analicen los acontecimientos actuales así como los conocimientos disponibles sobre este tema, para obtener más información sobre las repercusiones que la utilización de los sonares de baja frecuencia activa pueden tener en el medio ambiente marino. 
Únicamente disponiendo de una información científica sólida podremos determinar qué tipo de medidas adicionales adoptar respecto a las ya existentes. 
Este tema es motivo de preocupación creciente tanto para el público en general como para este Parlamento, y pienso que el hecho de que hayamos logrado reunir 60 firmas en apoyo a nuestra pregunta oral acerca del asunto es un claro testimonio de ello. 
Como ha dicho mi colega, la Sra. Korhola, cada vez es más evidente que este tipo de sonar activo de alta intensidad constituye una seria amenaza para los cetáceos y para los peces. 
El hecho aterrador es que esta tecnología los expone a una contaminación sonora que es 200 000 millones de veces superior a la que sabemos que ya les perturba, y por tanto no resulta sorprendente que estemos presenciando muertes por hemorragia pulmonar, por pérdida de audición y por disfunciones digestivas, respiratorias y de comunicación. 
Pero esta tecnología constituye asimismo un quebranto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que exige a los Estados adoptar cualquier medida necesaria para evitar, reducir y controlar la contaminación en el entorno marino procedente de cualquier fuente. 
En consecuencia, es hora de que actúen la OTAN y sus países miembros y, dado que los Estados miembros de la Unión Europea representan más de la mitad de los 19 miembros de la OTAN, a la UE le cabe una responsabilidad especial en el impulso de las acciones. 
No me basta que la Comisión responda a una pregunta escrita mía del 29 de noviembre de 2002 afirmando simplemente que este tipo de tecnología debe utilizarse con precaución. 
La realidad es que este tipo de tecnología no se puede utilizar con cuidado si se tiene en cuenta que, a cien millas de distancia del buque que origina el ruido, éste sigue siendo capaz de producir un desgarro del tejido en la vejiga natatoria, por ejemplo, ubicada detrás del cerebro de las ballenas y los delfines. 
Por eso queremos una moratoria inmediata para la implantación de equipos de sonar de baja frecuencia activa por parte de la armada de todos los países de la OTAN y deseamos que se lleve a cabo una evaluación del impacto exhaustiva e independiente. 
Queremos además que los Estados Unidos y los países de la OTAN elaboren y hagan públicos los estudios sobre los efectos potencialmente adversos de los equipos de sonar de baja frecuencia activa, que son obligatorios por ley según el artículo 206 del Derecho del Mar. 
Teníamos la esperanza de que el Consejo hubiera estado además dispuesto a emitir una declaración aquí esta tarde acerca de los equipos de sonar de baja frecuencia activa, y estoy decepcionada de que no se halle presente aquí, pero existe también una función clara para la Comisión y tengo dos preguntas específicas que hacerle: ¿estará dispuesta a dirigir un estudio acerca del impacto de los equipos de sonar de baja frecuencia activa sobre el entorno marino, y garantizará que se suscite el tema en el diálogo transatlántico? 
Espero con impaciencia su respuesta. 
El debate queda cerrado. 
B5-0036/2003 de los diputados Ford y Van den Berg, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo: la situación humanitaria en la República Popular Democrática de Corea; 
B5-0039/2003 de los diputados Tannock, Gawronski, Perry y Maij-Weggen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos: la crisis humanitaria en Corea del Norte; 
B5-0043/2003 de los diputados Watson, Malmström y Andreasen, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas: hambre en Corea del Norte; 
B5-0045/2003 de los diputados Lagendijk, Turmes, Ahern, Gahrton, Schroedter, Wuori y Maes, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea: Corea del Norte; 
B5-0048/2003 del diputado Belder, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias: la crisis humanitaria en Corea del Norte; 
B5-0051/2003 del diputado Vinci, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica: la situación humanitaria en la República Popular Democrática de Corea. 
Señora Presidenta, mientras el dictador norcoreano Kim Jong-Il paladea su coñac francés de importación especial y saborea sus pizzas recién horneadas por dos cocineros italianos, al tiempo que medita lo que le va a decir al enviado de las Naciones Unidas, muchos miles de sus súbditos oprimidos, incluidos niños, se están muriendo literalmente de hambre por culpa de su desastrosa política económica estalinista que ha puesto de rodillas al país. 
Aún peor es el hecho de que muchos ciudadanos se están pudriendo en calidad de prisioneros políticos en campos de rehabilitación, donde se les somete a torturas y malos tratos físicos. 
De manera ignominiosa, el país se denomina a sí mismo «la República Popular Democrática de Corea» , y sin embargo jamás se ha consultado al pueblo, ya que el Sr. Kim heredó el poder de su padre, el anterior dictador. 
Ese país, que es una dictadura brutal, ocultista y comunista, no sólo ha violado en repetidas ocasiones acuerdos internacionales como el de 1994, destinado a poner fin a su programa de enriquecimiento de uranio para la fabricación de bombas, sino que en el pasado ha transgredido además toda norma de comportamiento civilizado, desde secuestrar a ciudadanos japoneses- que el Gobierno vino a justificar, de manera casi increíble, alegando que necesitaba profesores de idiomas para sus servicios de espionaje- hasta practicar el asesinato político haciendo volar por los aires el Consejo de Ministros surcoreano en Rangún hace algunos años. 
Además fue responsable de la explosión de un avión surcoreano. 
Más recientemente- y esta es la razón de mi propuesta de resolución- ha provocado la muerte por inanición de miles de sus súbditos debido a la desastrosa política económica aislacionista y al hecho de haber optado por mantener movilizado un millón de efectivos militares, desviando de manera inmoral alimentos y recursos hacia el ejército, sin ninguna consideración por las privaciones padecidas por la población civil. 
Continúa siendo un Estado decadente y bellaco, y por eso mismo muy peligroso. Podría intentar devastar Corea del Sur, con la que, desde un punto de vista técnico, permanece en guerra. 
En consecuencia, la UE tiene que maniobrar con cuidado y concentrarse en proporcionar ayuda humanitaria a la población que tanto lleva padecido. 
Sin embargo, los donantes de ayuda deben seguir insistiendo en los procedimientos de verificación para garantizar que los alimentos lleguen a quienes van destinados y no se entreguen al ejército o, peor aún, se revendan para recaudar dinero empleado en la adquisición de más armamento o todo tipo de lujo para la minoría selecta política y militar. 
- (NL) Corea del Norte representa el mayor escándalo humanitario de nuestra época. 
Mientras el «Gran Líder» vive rodeado de todo tipo de lujos, permite literalmente que la población se esté muriendo. 
Se dice que en los últimos años han muerto de hambre más de dos millones de personas y que más de 13 millones sufren desnutrición. 
El desgobierno comunista ha dictaminado que se abandone en la calle a la gente desnutrida y se le deniegue la debida atención médica. 
En este paraíso de los trabajadores, hay 200 000 individuos prisioneros en campos de rehabilitación por motivos políticos. 
Más aún, China está repatriando sistemáticamente los refugiados políticos de Corea del Norte, a sabiendas del castigo inhumano que espera a los extraditados. 
Cualquier respuesta adecuada por parte de la comunidad mundial se ve frenada seriamente por el juego nuclear con que Kim Jong Il está desafiando al mundo. 
No está claro que se pueda hablar con Kim Jong Il en términos razonables. 
La actitud de los Estados Unidos respecto a Corea del Norte es un modelo de precaución si se compara con su postura frente a Iraq. 
En lo que se refiere a la amenaza nuclear, la Unión Europea tiene que estar alineada con los Estados Unidos, en la medida en que tenga algún planteamiento. 
Las armas de destrucción masiva en manos de un dictador impredecible constituyen una amenaza permanente a la paz mundial y, por consiguiente, no debe tolerarse. 
Debemos centrarnos además en la ayuda humanitaria a fin de evitar que el sufrimiento humano adquiera proporciones aún mayores. 
Es bueno que la Comisión tenga previsto dedicar otros 9,5 millones de euros destinados a las mujeres y los niños, adicionalmente a los 50 millones ya invertidos. 
La cuestión es si son suficientes. 
Supongo que la Comisión está dispuesta a hacer un esfuerzo adicional en caso necesario. 
Agradecería que la Comisión me confirmara este punto. 
Corea del Norte ha ido de mal en peor por culpa del aislamiento que se ha impuesto a sí misma. 
Hemos de encontrar vías para romper este círculo vicioso y poner fin al mayor escándalo humanitario de nuestro tiempo. 
Señora Presidenta, existe en estos momentos una grave crisis humanitaria en la República Popular Democrática de Corea. 
En unas condiciones invernales muy crudas, la conjunción de unas fuentes de energía escasas o nulas y la carencia de alimentos resulta desgarradora. 
Por tanto, el Grupo Verts/ALE acoge con agrado la decisión de la Comisión de enviar 9,5 millones de euros en concepto de ayuda alimentaria a la República Popular Democrática de Corea. 
Pero es necesario reconsiderar desde la base nuestro planteamiento encaminado a garantizar el suministro de energía. 
La Organización para el Desarrollo Energético de la Península Coreana (KEDO) , resultó inapropiada para satisfacer las necesidades y la infraestructura del país y no se puede permitir que esta situación se prolongue. 
Nosotros manifestamos nuestra condena, y es preciso revisar de arriba abajo el planteamiento de la Unión Europea respecto de la crisis energética. 
Me ha complacido escuchar al Comisario Patten declarar que la Unión Europea tendrá que elaborar un programa energético alternativo para Corea del Norte. 
Aprobamos la posición de la Comisión al respecto y esperamos con interés el desarrollo de un programa adecuado. 
Es preciso que volvamos a analizar nuestra política de cooperación con la República Popular Democrática de Corea en términos de un programa de reducción de la pobreza para contrarrestar los efectos de la implantación de una economía de mercado, las reformas democráticas y el respeto por los derechos humanos, así como el reconocimiento diplomático oficial de la República Popular Democrática de Corea por parte de otros Estados, así como de la Unión Europea. Todo ello abriría nuevas oportunidades a Corea del Norte para acceder a los fondos del FMI, del Banco Asiático de Desarrollo y de otras entidades. 
La clave, como ha dicho anteriormente el Sr. Swoboda en este debate, radica en continuar dialogando, seguir negociando y, sobre todo, trabajar a favor de una solución pacífica de esta crisis. 
- (NL) Señora Presidenta, esta tarde vamos a adentrarnos en una de las últimas lóbregas mazmorras de la Guerra Fría. 
Del paralelo 38 cuelga un «telón de acero» más impenetrable de lo que nunca lo fue el muro de Berlín. 
Detrás de él, después del «Gran Líder» Kim Il Sung, el «Amado Líder» Kim Jong Il está protagonizando el deprimente juego de la «Gran Mentira». 
Merced a una sucesión virtualmente dinástica, padre e hijo han sacrificado la población de Corea del Norte en aras de su vanagloria megalómana y de la dictadura personal a lo largo de más de medio siglo. 
Pyongyang ha intentando negar durante mucho tiempo esta horrible realidad. 
Los testimonios de los ciudadanos norcoreanos que han logrado escapar siempre han sido calificados de infundios. 
Sin embargo, las imágenes tomadas desde satélites proporcionan pruebas irrefutables: efectivamente existen campos de concentración para prisioneros políticos. 
Hemos tardado demasiado tiempo en percatarnos del grave peligro que supone el régimen de Corea del Norte, también para la comunidad internacional. 
La causa inmediata ha sido el abandono unilateral del Tratado de No Proliferación Nuclear por parte de Pyongyang. 
El posible desarrollo del arsenal nuclear de Corea del Norte y la venta clandestina de dicho armamento, entre ellos los sistemas de misiles, exige ahora una pronta respuesta por parte de la comunidad internacional. 
Por tanto, solicito al Consejo y a la Comisión que respalden un planteamiento diplomático regional a la crisis de Corea del Norte. 
A propósito, la comunidad internacional debería rechazar enérgicamente el diktat de Pyongyang- un pacto de no agresión con los Estados Unidos impuesto por la amenaza de armas nucleares- por mera compasión hacia los ciudadanos de Corea del Norte tras el «telón de acero» de Kim, que se ven obligados a vivir en condiciones casi inimaginables y en aras también de su seguridad. 
. 
(ES) Señora Presidenta, mi colega Chris Patten ha tenido más de una vez la ocasión de hablar de Corea en este Hemiciclo y, al referirse a Corea del Norte, suele utilizar la frase de que es un extraño país. 
Algunos de ustedes han destacado las contradicciones que se producen en Corea del Norte. 
Por una parte, es un país con un ejército gigantesco, con un programa secreto de enriquecimiento de uranio- es el primer país que se retira del Tratado de No Proliferación amenaza a sus vecinos- y, por otra parte, padece serias dificultades internas. 
El final de la Guerra Fría trajo consigo la desaparición de sus fuentes de aprovisionamiento de petróleo y materias primas a bajo precio, y el país no es capaz de producir suficientes elementos para satisfacer sus necesidades. 
Existe escasez de medicamentos, no hay suficiente energía, etc. 
¿Cómo puede responder la Unión Europea a una situación tan contradictoria? 
Es evidente que no podemos seguir haciendo las cosas como se han hecho hasta ahora. 
Ésta es la razón por la que, en noviembre pasado, los socios de la Organización del Desarrollo Energético de la Península de Corea decidieron suspender los envíos de combustibles pesados a Corea del Norte. 
Al mismo tiempo, yo creo que es imprescindible- y algunos de ustedes lo han sugerido- seguir haciendo esfuerzos, seguir dialogando, para lograr que entren en razón. 
Actualmente estamos discutiendo con los Estados miembros de la Unión la mejor forma de conseguir este objetivo, y también estamos satisfechos de comprobar que los Estados Unidos están planteando algunos de estos problemas de cara a entablar un diálogo con Corea del Norte. 
Es verdad que, al mismo tiempo que nos sentimos preocupados por lo que está sucediendo en la República Popular Democrática de Corea, no debemos- no queremos tampoco- castigar a los sectores más débiles y desfavorecidos de la población de Corea, especialmente castigarles por los errores de su Gobierno. 
Algunos de ustedes han hablado de Gobiernos grotescos que no responden a la realidad del país. 
Por ello, tras las discusiones celebradas en noviembre en el Consejo, los Ministros acordaron que debemos mantener nuestras actividades de asistencia humanitaria, incluida la ayuda alimentaria. 
Ustedes han propuesto que mantengamos la ayuda, pero también advierten que debemos ser mucho más cuidadosos con su control. 
El Consejo comparte plenamente con ustedes este planteamiento. 
En estos momentos, por tanto, reviste particular importancia la adecuada supervisión del suministro de asistencia humanitaria, y estamos ocupándonos especialmente de esta cuestión, tanto en los contactos bilaterales con la República Popular Democrática de Corea como en los contactos con el Programa Mundial de Alimentos que distribuye nuestra ayuda en ese país. 
Algunos datos de qué estamos haciendo actualmente podrían ser útiles para este Parlamento. 
Como ya saben, ECHO es el principal donante exterior de ayuda humanitaria a la República Popular Democrática de Corea, excluida la ayuda alimentaria, y desde 1995 ha suministrado más de 62 millones de euros de asistencia humanitaria. 
La ayuda se concede de forma imparcial. 
Se suministra a los más necesitados a través de las ONG de la Unión Europea, la Cruz Roja y los organismos de las Naciones Unidas. 
En el año 2002 se asignaron 11,5 millones de euros a la rehabilitación y protección de suministros de agua, pozos, estructuras sanitarias, distribución de contenedores de agua, tabletas de cloro, materiales higiénicos, medicamentos, etc. 
En cuanto a la ayuda alimentaria, somos actualmente un donante relativamente modesto. 
En 2002- y alguno de ustedes ha hecho referencia a este punto -, suministramos 23. 000 toneladas de trigo- 5 millones de euros- al Programa Mundial de Alimentos para Corea del Norte. 
La semana pasada aprobamos un paquete de ayuda alimentaria de emergencia por valor de 9,5 millones de euros. 
Supone 39. 000 toneladas de cereales para los niños especialmente, en respuesta al llamamiento efectuado en noviembre pasado por el Programa Mundial de Alimentos en favor de Corea del Norte. 
Fue concedido por la ECHO exclusivamente con la condición- y vuelve a preocuparnos el problema de la supervisión- de que la República Democrática de Corea aceptara las peticiones del Programa Mundial de Alimentos; esto supondrá que se lleve a cabo una mejor supervisión y que se realicen controles sobre el terreno. 
Por lo que respecta a esta última petición, la Comisión, Italia, Noruega y Suiza son los únicos que se han comprometido a avanzar por este camino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar una vez finalizados los debates de la tarde. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes cinco propuestas de resolución sobre Guinea Ecuatorial: 
B5-0038/2003 de los diputados Sauquillo Pérez del Arco, Carlotti, Martínez Martínez, Obiols i Germà y Carnero González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo: elecciones presidenciales y falta de respeto por los derechos humanos en Guinea Ecuatorial; 
B5-0040/2003 de los diputados Ferrer y Posselt, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos: Guinea Ecuatorial; 
B5-0044/2003 de los diputados Sanders-ten Holte, Sánchez García y Gasòliba i Böhm, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas: la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial; 
B5-0046/2003 de los diputados Rod, Isler Béguin y Maes, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea: elecciones presidenciales en Guinea Ecuatorial; 
B5-0050/2003 de los diputados Marset Campos y González Álvarez, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica: elecciones presidenciales y falta de respeto por los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. 
El abuso de poder a costa de la población es algo que está a la orden del día en África. 
Si un presidente resulta elegido con el 97% de los votos, es señal de que las elecciones están amañadas. 
La llamada lucha en las urnas, que arrojó como resultado la permanencia del Presidente Obiang en el poder, fue todo una farsa. 
Es justamente lo que cabría esperar de un gobierno que durante años se ha mostrado incapaz de cumplir las recomendaciones internacionales en favor de la implantación de un régimen democrático. 
Las misiones de las Naciones Unidas y de la Unión Europea para asistir a las elecciones no fueron bien recibidas. 
El secretario general del mayor partido de la oposición fue arrestado. 
Los dirigentes de la oposición fueron sometidos durante la primavera a juicios poco justos. 
No es de sorprender que todos los demás candidatos, a excepción del presidente en activo, se retiraran de las elecciones. 
Guinea Ecuatorial es el enésimo país africano indigente en el que alguien está aferrado al poder, enriqueciéndose, violando los derechos humanos e ignorando de plano a la comunidad internacional. 
La Unión Europea debe implicarse activamente en el diálogo político. 
Cualquier concesión en el contexto del noveno Fondo de Desarrollo Europeo resulta completamente improcedente a menos que la situación mejore de forma muy notable. 
Aunque esta situación mejore, en cuanto a la democratización o del desarrollo de capacidad, este régimen alegará que ello le confiere legitimidad. 
No debemos tolerar este abuso político. 
Los dirigentes de la oposición y todos los demás presos políticos deben quedar en libertad de manera inmediata. 
Hay que declarar nulas e inválidas las elecciones y es preciso organizar otras nuevas. 
Hay que iniciar una investigación internacional acerca de la forma en que operan las compañías petrolíferas y el papel que desempeña el presidente en todo ello. 
La democratización constituye un requisito previo necesario para contrarrestar eficazmente la pobreza. 
La pobreza en los países africanos no sólo está causada por la globalización, el acceso restringido a los mercados o la ayuda inadecuada. 
Muchos países africanos embrollan las cosas ellos solos. 
Guinea Ecuatorial es uno de esos países en los que el desarrollo está estancado debido al abuso de poder. 
Pobre gente. 
Muchas gracias, Comisario Solbes Mira. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar una vez finalizados los debates de la tarde. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuesta de resolución sobre Chechenia: 
B5-0037/2003 de los diputados Paasilinna y Sakellariou, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo: no renovación del mandato de la OSCE en Chechenia; 
B5-0041/2003 de los diputados Suominen, Oostlander y Posselt, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos: no renovación del mandato de la OSCE en Chechenia; 
B5-0042/2003 de la diputada Malmström, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas: Chechenia; 
B5-0047/2003 de los diputados Staes, Wuori, Schroedter, Cohn-Bendit, Isler Béguin y Hautala, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea: la situación en Chechenia; 
B5-0049/2003 de los diputados Ainardi y Vinci, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica: la situación Chechenia. 
Las noticias procedentes de Chechenia siguen pareciéndonos horrorosas. 
Las tropas rusas no tienen ningún miramiento con la población en su lucha contra las tropas rebeldes de la República de Chechenia. 
Hay gente viviendo en condiciones infinitamente miserables, tanto en el interior de Chechenia como en el exterior. 
Quienes logran huir se ven más tarde obligados a retornar a una región en la que resulta materialmente imposible vivir. 
Los delitos perpetrados por los militares se castigan de forma insatisfactoria y, con la presentación de esta resolución, queremos manifestar nuestra protesta contra todo esto. 
Grozny continúa siendo una ciudad enormemente insegura, lo cual pone de manifiesto que la lucha contra los denominados rebeldes en Chechenia está muy lejos de haber concluido. 
Los edificios están siendo bombardeados y las personas con las que debía entablar conversaciones la delegación del Parlamento Europeo que iba a viajar hasta allí, están todas hospitalizadas. 
Así las cosas, lo mejor que han podido hacer los rusos ha sido aplazar la visita de la delegación del Parlamento Europeo a Chechenia. 
La razón oficial para ello puede parecer extraña, pero por conductos diplomáticos nos llegan noticias de que se debe al hecho de que resulta totalmente imposible garantizar la seguridad allí, algo que el Estado ruso naturalmente considera todo un escándalo, lo que sin duda lo es. 
En ese contexto, se ve a la OSCE como un organismo intruso, cuyo mandato es preferible no renovar. 
También queremos manifestar nuestra protesta al respecto. 
Deseamos sin lugar a dudas que se prorrogue el mandato de la OSCE, ya que la OSCE resulta absolutamente imprescindible para la prestación de ayuda y las futuras iniciativas políticas, como observadora de un posible referéndum. 
Otro intruso, el Sr. Arjan Erkel que estaba al frente de los Médicos Sin Fronteras en Daguestán, territorio fronterizo con Chechenia, ha sido secuestrado. 
No sabemos quiénes han sido. 
No se ha pedido ningún rescate. 
Por tanto, resulta perfectamente posible que este individuo haya sido apresado por las propias autoridades, como ya ha ocurrido en el pasado. 
He preguntado a la Comisión y al Consejo al respecto. 
Los colegas diputados de otros partidos se han hecho eco de este tema y lo apoyan decididamente. 
Queremos que la Comisión plantee alguna acción para averiguar lo ocurrido al Sr. Erkel e indagar si es posible conseguir su liberación. 
En cualquier caso, la Unión Europea tiene que hacer todo lo que esté a su alcance en el plano político y en el comunitario y la resolución da fe de ello. 
Sin embargo, una lista blanca de dirigentes chechenos, tal como propone una de las enmiendas, nos parece contraproducente. 
Constituye una medida restrictiva y nuestro Grupo opina que el gobierno danés siguió una política muy apropiada en este tema. 
No necesitó ninguna lista blanca. 
Señora Presidenta, en el tema de los chechenos corremos el riesgo de ser reos del mismo delito que el imputable a la pasividad europea respecto del genocidio del pueblo judío: el delito de la indiferencia. 
La indiferencia nos convierte en cómplices. 
Desde 1999 han muerto en Chechenia 80.000 personas. Cientos de miles se han convertido en refugiados. 
Sí, valoramos la cooperación rusa en la lucha contra el terrorismo, pero eso no constituye razón alguna para no querer ver las atrocidades cometidas por ambos bandos en Chechenia. 
El único camino para avanzar está en las negociaciones en pro de una solución política, con referéndum y elecciones. 
La misión de la OSCE debe ser autorizada a quedarse como soporte para dicho proceso, lo mismo que los rusos están en Kosovo. 
Los rusos tratan de obtener la extradición de Ahmed Zakaiev, el enviado del presidente chechenio. 
El Gobierno danés se ha negado, debido a la falta de pruebas de su participación en acciones delictivas. 
El Gobierno británico, que estudia ahora una petición similar, deberá informar a los rusos de que, en virtud del principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en la UE, acatamos la decisión danesa en cuestión y rechazamos su extradición a Rusia. 
De lo contrario, no tiene ningún sentido mantener este principio de reconocimiento mutuo de las decisiones nacionales en el seno de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, Señorías, creo que éste es el tercer o cuarto debate sobre Chechenia en el transcurso de un año. 
Es una demostración de lo decidido que está el Parlamento a no guardar silencio en lo referente a esta guerra. 
Según todos los informes, a nuestros amigos rusos no les impresiona en absoluto este tipo de debates, ni las resoluciones que aprobamos aquí. 
Siempre se me ha enseñado que a los amigos se les debe decir la verdad, que no debe ocultárseles nada. 
Si los amigos permanecen callados frente a frente, algo están haciendo mal. 
Quisiera enviar el siguiente mensaje a nuestros amigos rusos. 
La situación en Chechenia es mala. 
Reconozcámoslo. 
Todos lo sabemos y los rusos también tienen que tener el valor de admitirlo. 
Varios colegas diputados así lo han señalado con anterioridad. 
Desaparecen personas, se tortura a la gente y se secuestra a colaboradores voluntarios. 
Se está desarrollando una auténtica guerra de guerrillas. 
Una guerra sucia por parte de los rusos, pero también por parte de los rebeldes chechenos. 
La situación en los campos de refugiados de Ingushetia es terrible. 
Pero los rusos están intentando obligar a la gente a volver a Chechenia. 
Todos sabemos que no es nada aconsejable hacerlo durante los meses invernales y, de hecho, resulta imposible. 
La OSCE se está retirando de Chechenia. 
Es evidente que los rusos no quieren a ningún intruso allí. 
Al igual que nos están impidiendo realmnete enviar una delegación allí. 
Para ello, utilizan lo que considero razonamientos engañosos en una carta a nuestro Presidente. 
Lo cierto es que no tienen de momento bajo control la situación en Chechenia y que no pueden garantizar nuestra seguridad. 
Todos sabemos que nuestros colegas rusos están muy disgustados con las resoluciones que hemos aprobado. 
Sin embargo, la resolución presente es muy ponderada. 
Se trata de una resolución que pone de manifiesto que en el Parlamento queremos una solución y que estamos deseando de verdad contribuir de manera positiva a ella. 
Por consiguiente, hago un llamamiento a nuestros colegas rusos para que vuelvan a reanudar el diálogo con nuestro Parlamento para sumir conjuntamente un compromiso honesto y justo, así como para garantizar que podamos finalmente juntar a los dos bandos con el objeto de encontrar una solución política. 
Señora Presidenta, permítame al inicio del debate de hoy expresar mis condolencias a los familiares de las víctimas del ataque terrorista en Grozny. 
Estos crímenes, que demuestran un desprecio absoluto por la vida humana, no pueden tener jamás una justificación y los autores deben ser procesados. 
Sin embargo, hago un llamamiento a los afectados y al gobierno ruso para que no tomen represalias de idéntica naturaleza, sino que busquen una solución pacífica. 
Este ataque a la administración civil revela a las claras que los terroristas no tienen ningún interés en terminar el conflicto. Al contrario, su objetivo es la desestabilización permanente de la región. 
Aplaudo el plan de celebrar en marzo un referéndum en Chechenia. 
Se trata de una señal esperanzadora en favor de la democracia y la autodeterminación. 
La idea de alentar a los refugiados en Ingushetia a retornar a sus casas en Chechenia es muy acertada, pero resulta totalmente equivocado presionarles a ello. 
En primer lugar hay que crear las condiciones para su retorno. 
La gente tiene que sentirse segura y necesita una vivienda, electricidad y comida. 
Las escuelas tienen que estar abiertas y es necesario garantizar la asistencia sanitaria. 
La Unión Europea está dispuesta a involucrarse y proporcionar ayuda humanitaria. 
Así pues, la decisión por parte del gobierno ruso de no renovar el mandato de la OSCE resulta tanto más incomprensible. 
¿Qué posibles objeciones políticas pueden existir a que se controle el respeto a los derechos humanos, se proporcione ayuda a los refugiados y se apoye la resolución de los conflictos? 
Ninguna, desde mi punto de vista, a no ser que se considere como una intromisión en los asuntos internos de un país, en vez de como un ofrecimiento de ayuda en una situación de extrema dificultad. 
O tal vez piense el gobierno ruso que aceptar la ayuda puede constituir un signo de debilidad, que no se puede permitir por razones políticas. 
A mi parecer, sería una rotunda equivocación, aunque es susceptible de rectificación. 
Como miembro de la delegación ad hoc del Parlamento Europeo a Chechenia, estoy decepcionado por la anulación de la visita de nuestra delegación, que ya había sido confirmada por la Duma. 
Estoy decepcionado no sólo porque lógicamente queríamos hacernos nuestra propia composición de lugar de la situación local- y lo contemplábamos como una contribución para un mejor entendimiento mutuo- sino también porque se trata de una cuestión política básica, que ha recibido una respuesta negativa. 
Se nos informó que la razón para el aplazamiento había sido la liberación de Ahmed Zajaiev por un país europeo y la adopción por parte del Parlamento de una resolución al respecto. 
Yo admito que la Duma tenga un punto de vista diferente del nuestro. 
Sin embargo, se me plantea una cuestión fundamental. ¿Cómo se puede pretender encontrar una solución pacífica a unos temas extremadamente complicados en Chechenia mediante un proceso de negociación con adversarios reales, si uno es incapaz de aceptar que una institución amiga pueda tener una opinión política diferente? 
Baronesa Ludford, hemos de abstenernos categóricamente de establecer todo tipo de comparación con el nacionalsocialismo, con la persecución de los judíos por parte de los nazis en Alemania, así como con cualquier otra situación. 
Tales comparaciones trivializan dicha violación monstruosa, sancionada por el Estado de los derechos humanos, que fue única en la historia. 
Por favor, no vuelva a formular tales comparaciones. 
Señor Presidente, Señorías, no creo que la situación actual en Chechenia sea de gran tensión, tal como afirma el texto de compromiso, sino de extrema gravedad. 
Por otro lado, son varias las generaciones de chechenos que, hasta la fecha, sólo han conocido guerras y violencia y que, en un momento dado, se pueden ver arrastradas por los grupos más extremistas a cometer actos de terrorismo sin ninguna consideración. 
De otra parte, existe una auténtica guerra colonial, librada por el ejército ruso, que se traduce en operaciones sistemáticas de rastreo masivas, violaciones de los derechos humanos, asesinatos, secuestros y, sobre todo, se ha producido, el 31 de diciembre de 2002, la absolución escandalosa del coronel Yuri Budanov, acusado de la violación y el asesinato de una joven chechena de 18 años. 
A este respecto, resulta bastante escandaloso que continúe preso un asistente social. 
Creo que deberíamos huir de los dobles raseros. 
Si recibimos al presidente Putin, hemos de salir en favor del Ministro de Sanidad que ha sido devuelto a Baku y a quien se le ha retirado el visado, de Ahmed Zajaiev, con quien hablé por teléfono ayer y que todavía se encuentra bajo arresto domiciliario en el Reino Unido o, una vez más, del Ministro de Asuntos Exteriores retenido sin visado en los Estados Unidos. 
A esta gente también debe concedérseles el beneficio de un visado, ya que son necesarias dos personas para poder firmar la paz. 
Señor Presidente, por desgracia somos parcialmente responsables del hecho de que se cometan atrocidades y genocidios en otras partes del mundo, ya que la UE jamás se atreve a llevar la contraria a las potencias como Rusia, China, Irán o Israel. 
Huelga decir que la OSCE debería ver renovado su mandato, que los representantes internacionales deberían tener acceso a Chechenia y que quienes hayan cometido crímenes graves en Chechenia, deberían ser castigados. 
Como ciudadana danesa, no obstante quiero abogar concretamente por la aprobación de las dos enmiendas. 
La UE no movió un solo dedo cuando Rusia impuso sanciones a Dinamarca al negarse, con toda razón ya que era la única alternativa decente, a permitir la extradición del Sr. Zajaiev por terrorista. 
Éste es el tipo de situación que ni los políticos chechenos ni los Estados miembros deberían permitir que se repitiera en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, creo sencillamente que el texto que nos aprestamos a votar es absolutamente odioso e infame. 
El Sr. Oostlander no se halla aquí de momento, pero nuestros colegas diputados que, durante dos años, han venido obstaculizando las peticiones de este Parlamento para que Milosevic sea procesado son los mismos diputados que, hoy, pilotan esta política aparentemente realista dirigida contra la Federación de Rusia y el Sr. Putin y que, tan pronto como se presenta la oportunidad, se encargan de encubrir la realidad de la situación en Chechenia, que es la de un auténtico genocidio. 
Nosotros proclamamos nuestra decepción por la absolución del Sr. Budanov. 
Pienso que, cuando menos, deberíamos sentirnos enormemente escandalizados. 
Lamentamos no poder visitar Chechenia. Esta visita se ha aplazado ya en cuatro ocasiones y han transcurrido dos años desde que se debería haber celebrado la primera visita del Parlamento Europeo a Chechenia. 
Estamos confundidos y hemos perdido todos nuestros elementos de referencia. 
Olvidamos que durante el periodo 1940-1945, en nuestros países se produjeron actos de resistencia contra los símbolos de la potencia invasora, contra Vichy, contra Quisling y contra quienes colaboraron con las fuerzas de ocupación. 
Hoy, el ataque al cuartel general del gobierno de Grozny- por muy inimaginable que resulte para personas como yo, que rehuyo toda violencia- supone todo un acto de resistencia. 
Sin embargo acusamos a los chechenos, que están deseando colaborar con Moscú, de perpetrar ataques terroristas. 
Éstos no son ataques terroristas. 
El ataque iba dirigido contra una célula de individuos que trabajaba para el FSB y que, por consiguiente, constituía un objetivo estratégico para los combatientes o resistencia chechena. 
Hemos perdido totalmente el rumbo. 
Estamos mezclando todo bajo el epígrafe del terrorismo. 
Es algo enormemente grave, lo mismo que lo es invocar una solución política por una parte y, por la otra, apoyar un referéndum organizado por la potencia invasora, abogar por negociaciones políticas al tiempo que, de hecho, se prohíbe a parlamentarios o ministros chechenos desplazarse a nuestro territorio para reunirse con políticos de nuestros países en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o el Consejo Europeo, bajo pretexto de que les resultaría imposible hacerlo. Ahora, sabemos muy bien que de acuerdo con el apartado 3 del artículo 14, podemos confeccionar listas negras de políticos yugoslavos o belarusos y de que estamos autorizados a elaborar una «lista blanca» de políticos chechenos. 
A este respecto, verdaderamente estamos empezando a convertirnos en cómplices del genocidio. 
Va siendo hora de que despierte el Parlamento. 
De lo contrario, vamos a embarcarnos de nuevo en asuntos tan innombrables como los que hemos presenciado en relación con Bosnia, Croacia y Kosovo. 
Creo que ya hemos pagado un precio más que suficiente por lo que ocurrió allí. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
A continuación tendrá lugar la votación. 
A continuación tendrá lugar la votación sobre el informe final del orden del día. 
. 
(PT) La ponente ha formulado algunas observaciones importantes acerca de los aspectos sociales, económicos y medioambientales de nuestro sector de pesca en relación con la pesca en aguas internacionales. 
Sin embargo, creo que es vital que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo, desde la óptica de la reforma de la Política Pesquera Común, aborden el tema del cumplimiento de todas las disposiciones acordadas en el Plan de Acción de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Johanesburgo en 2002, sobre todo en cuanto a la supresión de todas las subvenciones a la pesca ilegal, insostenible y no regulada y la necesidad de recuperar especies marinas en peligro antes del año 2015. 
El informe que hemos sometido a debate garantiza plenamente nuestros intereses, ya que propone soluciones prácticas a los problemas que afectan a los pescadores. 
La firma de acuerdos con terceros países proporciona a la UE nuevos recursos pesqueros. 
Con tales medidas, la UE garantiza el trabajo a sus pescadores, resuelve el problema del suministro y desempeña una función socio-económica en favor de los países en desarrollo. 
Por tanto, estoy de acuerdo con el informe, que procura incrementar la presencia de la UE en las organizaciones pesqueras regionales (OPR) , así como alcanzar acuerdos bilaterales y renovar los existentes. 
Debemos pilotar nuestra política pesquera exterior de una manera sistemática y sostenible. 
Requiero a la Comisión que presente una estrategia política que fortalezca la dimensión internacional de la PCP. 
Esta tendencia de la PCP no puede pasarse por alto dentro del marco de la política exterior de la UE (PESC) y de su política internacional de comercio. 
Por último, deseo aprovechar esta oportunidad para lamentar las recientes confrontaciones que se han producido en el Algarve entre pescadores españoles y las autoridades marítimas portuguesas. 
La policía marítima portuguesa avistó barcos españoles que estaban faenando ilegalmente en aguas portuguesas, capturando moluscos bivalvos. 
La persecución se saldó con confrontaciones físicas y lesiones a uno de los agentes de la autoridad, haciendo necesaria la intervención de una corbeta de la Armada portuguesa. 
Hay que añadir que los infractores españoles estaban utilizando el método de succión, totalmente prohibido en la Unión Europea. 
A pesar de haber enviado la correspondiente notificación a las autoridades españolas, el Gobierno portugués no ha recibido ninguna respuesta, lo cual no favorece en nada las buenas relaciones existentes entre los dos países. 
La finalidad de la actividad de la flota comunitaria en aguas ajenas a la Comunidad consiste en abastecer el mercado de ésta, que padece un déficit de productos pesqueros, así como preservar esta actividad en las regiones de la Comunidad que dependen de ella y que, históricamente, suelen ser regiones menos favorecidas, carentes de alternativas económicas. 
A pesar de que el informe de la Sra. Miguélez Ramos es un informe por cuenta propia, es de esperar que la Comisión lo tenga debidamente en cuenta durante la presentación, que debe efectuarse en las próximas semanas, de su comunicado sobre la dimensión internacional de la PCP en el contexto de la reforma de esta política. 
Esperamos, por lo que se refiere a este informe, que el comunicado de la Comisión apoyará el establecimiento de los cimientos para una análisis global de los problemas y las necesidades de la flota de la Unión Europea en las aguas territoriales de terceros países, centrándose en dos temas: cómo lograr una participación más coherente y más amplia en las organizaciones que gobiernan las aguas internacionales, a fin de proteger los intereses legítimos de la Comunidad; y cómo garantizar una mayor relevancia para la dimensión internacional de la PCP dentro del contexto de la política exterior de la Unión. 
Realmente tiene poco sentido adoptar medidas, tales como la supresión de las ayudas estructurales o la ayuda para el desguace de buques dentro del marco de la reforma de la PCP, sin haber definido antes la posición futura de la UE en relación con la flota comunitaria. 
De aquí nuestro apoyo a este informe, al margen de las medidas ya adoptadas en este ámbito por el Consejo. 
-Hemos llegado al final del orden del día. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo. 
(Se levanta la sesión a las 17.05 horas) 
- (PT) Todos somos conscientes de la importancia de la actividad de las flotas de los Estados miembros en aguas no comunitarias. Resulta vital para el abastecimiento de nuestro mercado, que padece un déficit de productos pesqueros, así como para preservar la pesca en aquellas regiones de la UE que dependen de ella y que suelen ser, históricamente, regiones menos favorecidas y que carecen de alternativas económicas. 
He votado a favor de este informe a fin de resaltar dicha importancia y para demostrar mi acuerdo con el análisis efectuado por la ponente; coincido con muchas de las sugerencias hechas por ella. 
Citando la introducción al Código de Conducta para la Pesca Responsable, (28ª Sesión de la Conferencia de la FAO, 31 de octubre de 1995, «la pesca, incluida la acuicultura, constituye una fuente vital de alimentos, empleo, recreación, comercio y bienestar económico para las poblaciones de todo el mundo, tanto para las generaciones presentes como para las futuras y, por lo tanto, debería llevarse a cabo de forma responsable». 
Quiero resaltar la advertencia de la ponente acerca de la necesidad de combatir todas las formas de pesca ilegal, su llamamiento en pro de unas relaciones más estrechas con los países mediterráneos y su petición para promover la creación de empresas mixtas con terceros países. 
La Comisión debe aún clarificar cómo va a garantizar un nivel de exigencia más elevado para la dimensión internacional de la PCP en el marco de la política exterior de la Unión. 
También es indispensable mantener las ayudas eficaces para la renovación de las flotas pesqueras. 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 16 de enero de 2003. 
Señor Presidente, quisiera saber si se han adoptado normas de etiqueta en el Parlamento. 
Me refiero a un incidente que ocurrió ayer durante una audiencia sobre la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición de empresas. 
El presidente de la sesión, el Sr. Gargani, pidió a los ujieres que se aseguraran de que todos los hombres llevaran chaqueta, en señal de respeto a los expertos presentes, según dijo. 
Mi asistente, que no llevaba americana ni corbata, fue invitado a abandonar la sesión y, por lo tanto, no pudo realizar su trabajo, lo cual me ha incomodado mucho. 
Quisiera preguntar si se ha introducido una nueva práctica en el Parlamento. 
Para su información señalo que no llevo corbata, ni camisa, ni americana. 
De hecho, visto pantalones vaqueros; por lo tanto, quisiera preguntarle si estoy autorizado a permanecer aquí en mi calidad de diputado del Parlamento Europeo. 
Tomo nota de su queja en relación con su asistente. 
En cuanto al resultado, no hay nada que objetar a su presencia aquí, pero después de la sesión puedo recomendarle con mucho gusto un buen sastre. 
-De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común sobre la situación en Iraq. 
(Diputados del centro y de la izquierda exhiben carteles con las frases «No a la guerra» y «Sí a la vieja Europa») 
Señor Solana, le ruego me disculpe por interrumpir su presentación. 
Señorías, creo que su mensaje ya ha quedado claro. 
Les agradeceré que retiren sus carteles para que podamos proseguir con el debate. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, señoras y señores diputados, les decía que siempre me es grato comparecer ante ustedes, pero que hoy lo hago con una gran preocupación. 
La situación internacional no es buena y ha llegado el momento de que hagamos un debate en el seno de esta institución para ver cómo los temas más candentes que en este momento existen en la escena internacional pueden ser enfocados y, si es posible, resueltos desde la perspectiva europea. 
He prestado atención a los carteles que han expuesto, de manera bien clara, algunos miembros de este Parlamento, y sí les quiero decir que desgraciadamente, y afortunadamente por otra parte, les hablo desde una Europa vieja, por mi edad, pero vieja también por mi cariño hacia todo lo que ha supuesto la Europa de ayer, la Europa de hoy y la Europa de mañana. 
Señor Presidente, no se crea que soy tan viejo, voy a seguir trabajando y dando la lata algunos años. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, quisiera esta tarde con un poco de tiempo, si sus Señorías me lo permiten, desglosar ante ustedes cuatro o cinco puntos que me parecen fundamentales para comprender de manera global la situación internacional. 
En primer lugar, sin duda, la de Iraq. 
Pero me gustaría también aprovechar la oportunidad para debatir con ustedes, aunque sea brevemente, la situación en Oriente Medio en un día tan importante como hoy, el día después de las elecciones en Israel. 
Creo que sería inoportuno no decirles a sus Señorías unas palabras sobre Corea del Norte dada la situación tan dramática que estamos viviendo, para terminar con una brevísima reflexión sobre las operaciones que la Unión Europea está empezando a planear para desplegar fuerzas en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Empiezo por el primer punto: la situación en Iraq. 
Como sus Señorías saben, esta semana, que se inició con el Consejo de Asuntos Generales, e incluso la semana que viene, van a ser semanas de enorme importancia para encontrar una solución a la crisis de Iraq. 
El lunes por la mañana, por primera vez, hubo un proceso de concertación, de acuerdo con el artículo 19 del Tratado UE, entre la Presidencia, la Troika y los miembros de la Unión Europea pertenecientes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aquí en Bruselas a nivel ministerial. 
Nunca se había hecho algo de esta naturaleza; había habido muchas reuniones de concertación en Nueva York, pero nunca había habido una reunión aquí en Bruselas a nivel ministerial de los dos miembros permanentes y de los dos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad junto con la Presidencia, el Comisario Patten y yo mismo. 
Les quiero decir muy brevemente que en la reunión hubo un consenso general al menos sobre cuatro puntos fundamentales que la Unión Europea quiere defender en todos los foros. 
Repaso a continuación los cuatro puntos, aunque sus Señorías los saben y los conocen bien. 
Primero: todos estamos implicados en que Iraq se deshaga de las armas de destrucción masiva, y esto debe ser un acuerdo general de todos los europeos. 
Uno de los problemas más graves con que nos vamos a enfrentar durante este siglo es, sin duda, la proliferación de armas de destrucción masiva. 
Y los europeos no podemos ser ajenos a ese problema, problema grave y problema al que hay que encontrar una solución. 
Por lo tanto, el intentar por todos los medios, dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad, que Bagdad se deshaga de todas las armas de destrucción masiva debe ser una prioridad de la Unión Europea. 
El segundo punto importante es la responsabilidad de Iraq para cooperar de una manera activa con los inspectores. 
Conocen ustedes bien el informe que tanto Blix como El Baradei presentaron el otro día al Consejo de Seguridad, y los vieron ustedes directamente, porque el Presidente del Parlamento Europeo tuvo ayer la oportunidad de conversar con los dos jefes de inspección, a través de una videoconferencia con Nueva York. 
Yo también tuve la oportunidad de hablar con ellos posteriormente, por lo tanto, no insisto en ello porque estoy seguro de que la Presidencia ha informado a sus Señorías de manera clara. 
El tercer punto, que a mí me parece fundamental subrayar, es que tenemos que dar todo el apoyo necesario a los inspectores. 
Los inspectores son los ojos y los oídos de la comunidad internacional. 
Si ellos son capaces de convencer al Consejo de Seguridad de la situación, estoy seguro de que el Consejo de Seguridad convencerá también a las opiniones públicas de la situación que en este momento hay en Bagdad. 
Por lo tanto, sean cuales sean las solicitudes implícitas o explícitas, insisto implícitas o explícitas, que los inspectores presenten a los miembros del Consejo de Seguridad, pienso que Europa debería ayudarles. 
Y son tres fundamentalmente el tipo de sugerencias, de solicitudes que los inspectores nos pueden presentar, la primera: se requieren medios, más medios de los que tienen, más inspectores o más medios de naturaleza logística; la segunda: pueden necesitar más tiempo; y la tercera: pueden necesitar más información o más inteligencia. 
Creo que la comunidad internacional debería responder a las tres solicitudes de los inspectores de manera positiva. 
Es decir, ofreciéndoles medios, ofreciéndoles tiempo y ofreciéndoles inteligencia. 
Y el cuarto punto, que yo creo que es absolutamente fundamental y que debe ser defendido por los europeos, es que todo este proceso referente a la proliferación de armas de destrucción masiva, y más específicamente el tema de Iraq, tiene que seguir en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Tiene que desarrollarse en el marco de las Naciones Unidas que es la institución que debe dar legitimidad a cualquier actuación sobre este asunto. 
(Aplausos) 
Señorías, señor Presidente, conocen ustedes bien las distintas posiciones que han manifestado distintos miembros de la Unión Europea, pero saben también sus Señorías que no solamente hay opiniones de los líderes, de los dirigentes de la Unión Europea, sino que tenemos también encuestas claras y convincentes de lo que piensa la ciudadanía europea. 
Y creo que la ciudadanía europea tiene claras dos cosas: una, que no desea la guerra; otra, que no desea que haya dictadores en el mundo. 
Y las dos cosas las tenemos que hacer compatibles desde el punto de vista de la población, de la ciudadanía de la Unión Europea. 
Cómo hacer compatible el que no haya conflictos armados y el que no haya dictadores es el gran desafío que tiene la comunidad internacional ante sí. 
Nuestra intención como europeos debe ser conseguir que la Resolución 1441, que fue aprobada por unanimidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que dos días después fue aprobada por unanimidad en la Liga Árabe, se convierta en una realidad y que pueda desarmarse a Sadam Husein y al régimen de Iraq sin necesidad de recurrir a la fuerza. 
Trabajaremos, por tanto, los países de la Unión Europea y todas las personas que servimos a esta casa, la Unión Europea, con todas nuestras fuerzas, día y noche, para tratar de evitar que haya un conflicto y para tratar de que se produzca el abandono de Sadam Husein, de las armas de destrucción masiva sin recurrir a la fuerza. 
Hoy, como saben, se ha iniciado un debate en el Consejo de Seguridad a raíz del informe que hicieron los dos jefes de inspección hace 48 horas. 
Esperemos a ver cómo se desarrolla ese debate, para poder tomar posición sobre el mismo. 
Ayer, como saben ustedes, hubo un discurso importante del Presidente de los Estados Unidos. 
Yo quiero dar la bienvenida a una expresión, a una frase, a una idea que estaba sugerida en ese discurso, que es la idea, la sugerencia o el compromiso de que el Secretario de Estado, el Sr. Colin Powell, comparezca ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para explicar la información y la inteligencia que existe en aquellos países que tienen información privilegiada o inteligencia privilegiada. 
Creo e insisto en que el centro de gravedad de este proceso debe seguir siendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, por lo tanto, me parece muy oportuno que se debata en su seno la información que en este momento tienen determinados países y que, a poder ser, esa información pase también a los inspectores. 
Saben ustedes también que habrá diferentes consultas en los próximos días?. 
(Aplausos) 
? y esperemos que los inspectores puedan tener más tiempo para continuar con su misión y, si es posible, como decía anteriormente, cumplir con la misma dentro del mandato de la Resolución 1441. 
Señorías, Europa está implicada en este proceso: cuatro miembros de la Unión Europea forman parte del Consejo de Seguridad, un candidato a ser miembro de la Unión Europea forma parte del Consejo de Seguridad, y estoy seguro de que los países que lo componen harán todos los esfuerzos posibles para que lo que estamos diciendo aquí se convierta en realidad en los próximos días. 
Dejaré por tanto- puesto que tienen información a través del Presidente del Parlamento de la conversación mantenida ayer con el Sr. Blix de hacer reflexiones sobre sus intervenciones y pasaré brevemente al segundo punto que quería discutir con ustedes, Señorías, que es el tema de Oriente Medio. 
Ayer se llevaron a cabo unas elecciones en Israel, elecciones de las que a mi juicio hay que sacar al menos tres lecciones que son importantes. 
La primera, la baja participación. 
Es sorprendente, o al menos a mí me sorprende, que en una situación como la que nos encontramos en Oriente Medio la participación electoral haya sido tan baja. 
Es la participación más baja desde las elecciones de 1967, primer punto a subrayar. 
El segundo punto a subrayar es la victoria enorme, muy significativa, muy importante del hoy Primer Ministro Sharon. 
Y quiero, en nombre de todos, felicitarle por su victoria y la victoria de su partido. 
Gana Sharon con una victoria como no había ganado nunca. 
Y me parece que hay que decirle al Primer Ministro Sharon, en nombre de la Unión Europea, que en este momento en que tiene unas posibilidades enormes de formar un Gobierno de coalición, que forme un Gobierno de coalición enfocado a resolver el problema de la guerra y a encontrar la paz para siempre en Oriente Medio. 
Ésa es la demanda, que con todo afecto creo que tenemos que hacerle después de haber demostrado que el pueblo de Israel ha votado de una manera masiva por él. 
El tercer tema que hay que subrayar y sobre el que tenemos que sacar algunas conclusiones es la gran derrota del Partido Laborista y la derrota del Partido Meretz. 
Los dos grandes partidos que han defendido históricamente la paz, que han sido el centro de gravedad del campo de la paz, han salido dañados. 
Habrá que analizar por qué se ha producido esa situación. 
Les corresponderá en primer lugar a ellos hacerlo. 
Ya han visto que el Secretario General del Partido Meretz ha presentado su dimisión. 
Pero, en cualquier caso, desde el punto de vista europeo tenemos que mantener nuestra política, y nuestra política sigue siendo la que está contenida en el trabajo del Cuarteto y la que está contenida en la hoja de ruta que fue aprobada en Washington no hace mucho tiempo. 
Una vez que haya un Gobierno en Israel tenemos que poner en marcha todos los mecanismos para acelerar el proceso que nos conduzca a que la hoja de ruta se convierta en realidad y deje de ser una hoja de papel para convertirse en una hoja de la realidad de la vida. 
Señorías, creo que tenemos la obligación, como europeos, de hacer todo lo posible para que este proceso, que se inicia después de las elecciones que tuvieron lugar ayer, sea un proceso que llegue a buen puerto, que no se conviertan las iniciativas tomadas como iniciativas previas, como el Informe Mitchell o como el Plan Tenet o como otros informes importantes que han sido aprobados y que no se han podido poner en marcha. 
Mi apelación sería por tanto a hacer todo lo posible para que todos estos documentos dejen de ser documentos en los archivos y pasen a ser documentos que se llevan a la práctica en la realidad. 
Señorías, en el poco tiempo que me corresponde en esta primera intervención, quisiera decir dos palabras también sobre Corea del Norte. 
Señorías, la situación en Corea del Norte es grave. 
Es difícil. 
Como saben ustedes, las decisiones tomadas por el Gobierno de Corea del Norte son decisiones graves y no creo que sean decisiones que deban solamente preocupar a los países de la región. 
Insisto, como decía al inicio, en que el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva es un tema que nos afecta a todos, independientemente de en qué lugar del planeta estemos viviendo en estos momentos. 
Y, por tanto, debemos también implicarnos de una cierta manera en el tema de Corea del Norte. 
Como saben, mantenemos reuniones y conversaciones telefónicas prácticamente a diario con los países más interesados en la región: Corea del Sur, Japón, China, Rusia, los Estados Unidos y en el Consejo de Asuntos Generales del lunes se tomó la decisión de que, si fuera necesario, una misión de la Unión Europea se desplace a Corea del Norte para hacer saber nuestra posición y cooperar también para encontrar una solución a ese dramático problema que, de seguir por esta vía, puede dar lugar a la existencia de armas nucleares de destrucción masiva en una parte de la península de Corea. 
Señorías, paso al último punto que quería mencionarles esta tarde, que es la situación en los Balcanes y muy específicamente la situación en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Como saben sus Señorías, en la Cumbre de Copenhague se llegó a un acuerdo sobre las relaciones entre la Unión Europea y la Alianza Atlántica. 
En este momento se está ya trabajando para que en el mes de marzo podamos desplegar por primera vez en la historia una fuerza militar de mantenimiento de la paz en esa República. 
El trabajo marcha bien, los temas que hay que desarrollar con la Alianza Atlántica se desarrollan de manera sustancial, el Presidente Trajkovski de Macedonia ha aceptado ya la presencia de fuerzas europeas a partir del mes de marzo y creo que estaremos en condiciones de hacerlo así. 
Queremos lanzar un mensaje claro también a los países de los Balcanes; la nuestra no es una estrategia de salida de los Balcanes. 
Nuestra estrategia consiste no sólo en quedarnos, sino en que ellos se queden con nosotros. En hacerles una oferta a los países de los Balcanes para que se sumen a la construcción de una Europa más amplia, para que se acerquen cada vez más a las instituciones europeas y para que se asienten establemente como los países importantes que son de esa región. 
El despliegue de las fuerzas militares en Macedonia sería la segunda operación de mantenimiento de la paz que Europa emprende, puesto que, como saben sus Señorías, desde el 1 de enero de este año, la policía europea está desplegada en Bosnia y Herzegovina en sustitución de la policía que estaba allí en nombre de las Naciones Unidas. 
Por lo tanto, en un tiempo relativamente corto hemos sido capaces de poner en marcha dos operaciones de mantenimiento de la paz en una zona próxima a nuestro corazón y próxima desde el punto de vista geográfico a nuestras capitales y a Bruselas. 
Señorías, señor Presidente, no quiero alargarme en esta primera intervención. 
Sé que tendrán sus Señorías un buen número de preguntas que hacerme. 
Pero sí quisiera decirles que estamos viviendo un momento relativamente difícil y yo me atrevería a decir que, quizá, el momento más difícil que hemos vivido los que estamos en esta sesión parlamentaria, en esta época o en este período de la vida parlamentaria europea. 
Es imprescindible que los europeos mantengamos nuestra fuerza, la claridad y la tenacidad en nuestras posiciones para hacer todo lo posible para que esta crisis, que tiene tantos frentes en esta hora, que tiene tantas manifestaciones en este momento, sea una crisis que se pueda resolver con la buena voluntad de todos por la vía de la concertación, por la vía del diálogo, por la vía de la diplomacia. 
La fuerza es el último recurso. 
La diplomacia es el recurso de siempre. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, puesto que durante el último período parcial de sesiones del Parlamento Europeo en Estrasburgo tuve la oportunidad de reunirme durante una hora con la Comisión de Asuntos Exteriores para debatir sobre Corea del Norte, bajo la benévola presidencia de mi distinguido amigo el diputado por Westfalia, y que la semana pasada tuve ocasión de celebrar una reunión de dos horas con la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa aquí para debatir una amplia diversidad de temas, creo que ahora puedo concentrarme en Iraq, sin dejar de tener en cuenta las limitaciones impuestas a las competencias de la Comisión. 
Ante todo quisiera hacer una observación: creo que es justo afirmar que desde la Segunda Guerra Mundial hemos conseguido establecer, en conjunto, unas instituciones mundiales y unos acuerdos internacionales que han contribuido a hacer del mundo un lugar mucho más próspero y pacífico. 
Recuerdo que cuando el presidente Clinton pronunció su segundo discurso de investidura, pudo felicitarse de que actualmente hay más personas que viven en democracia que bajo la tiranía; cuando terminó el siglo pasado, el mundo producía en dos o tres años el equivalente a la producción de todo el siglo XIX, con efectos incalculables para los niveles de vida de la mayoría de la población. 
Un resultado nada malo al cabo de un siglo que empezó tan mal. 
Es evidente que no todo ha ido tan bien. 
Quizá el principal fracaso a la hora de definir un código de normas mundiales haya sido nuestra incapacidad colectiva para establecer un régimen adecuado de control y prevención de la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, ese terrible arsenal de horrores inimaginables. 
Ahora nos enfrentamos a algunas de las consecuencias en tres de los puntos conflictivos más preocupantes del mundo: en Cachemira, en la península de Corea y en el Golfo. 
¿Cómo podemos responder a estos problemas? 
Este aspecto se debatió con bastante detalle la semana pasada en la Comisión de Asuntos Exteriores. 
Es evidente que tenemos que movilizar el máximo compromiso internacional y toda la autoridad posible en apoyo de lo que queramos hacer. 
Por esto, debe considerarse razonable que abordemos estos problemas con el apoyo de la autoridad moral y legal de las Naciones Unidas. 
Yo creo que a la totalidad del Parlamente Europeo le parecería acertado que se intentase proceder así. 
Todo el mundo sabe que Sadam Husein ha desafiado durante años la autoridad de las Naciones Unidas en lo que respecta a sus actividades de fabricación, posesión y uso de armas de destrucción masiva. 
Además, su historial en materia de derechos humanos es espantoso. 
Esta Asamblea adoptó en mayo del año pasado una resolución basada en un informe de la baronesa Nicholson of Winterbourne que ponía de manifiesto el carácter brutal y opresivo de su régimen. 
El informe ilustraba claramente cómo suele tratar Sadam a los ciudadanos iraquíes, a sus vecinos y a la comunidad internacional. 
Por ejemplo, sabemos que ha empleado armas químicas contra su propio pueblo. 
Después de desafiar durante años la autoridad de las Naciones Unidas y constituir una amenaza para la región y el mundo entero, la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le brindó una última oportunidad de cooperar para el desarme de su país. 
Un equipo de 260 agentes de 60 países, entre ellos 100 inspectores de UNMOVIC, lleva trabajando en Iraq desde el 27 de noviembre de 2002 bajo la dirección del Dr. Blix. 
Además de UNMOVIC, también está allí el equipo del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) , dirigido por el Dr. El Baradei. 
Desde que se reanudaron las inspecciones del OIEA, se han llevado a cabo 139 intervenciones en 106 emplazamientos, incluidos dos palacios presidenciales. 
Sólo quiero mencionar, de paso, que cualquiera que haya hablado con los inspectores- con el Dr. Blix, por ejemplo- habrá quedado profundamente impresionado por la integridad y profesionalidad de quienes dirigen esta operación de las Naciones Unidas. 
No voy a pronunciarme sobre el debate que se está celebrando hoy en el Consejo de Seguridad. 
Como me recuerdan periódicamente, la Comisión no es un Estado miembro. 
Evidentemente, contribuimos al desarrollo de la política exterior y de seguridad común. 
Desplegamos los instrumentos que entran dentro del ámbito de nuestras competencias con objeto de mejorar su eficacia. 
Muchos de los temas que estamos tratando afectan al núcleo central del debate sobre la soberanía nacional, que algunos parecen creer resuelto con la propuesta de crear un Presidente permanente del Consejo. 
Sin dejar de tener muy claros los límites de nuestra actuación, permítanme que destaque, no obstante, varios puntos. 
En primer lugar, todo el mundo debe tener claro que la autoridad de las Naciones Unidas debe ser una consideración primordial. 
Lástima que en el pasado permaneciésemos cruzados de brazos demasiado a menudo ante los desafíos a las Naciones Unidas, lo cual nos ha valido las lógicas acusaciones de que aplicamos un doble rasero. 
(Aplausos) 
En segundo lugar, Sadam Husein debe colaborar con los inspectores de las Naciones Unidas, bajo el mando del Dr. Blix, para deshacerse de las armas de destrucción masiva sobre las que aún no ha rendido cuentas. 
No debemos olvidar que el tema de fondo de esta crisis es cómo trata Sadam Husein al resto del mundo, no cómo el resto del mundo le trata a él. 
(Aplausos) 
No debemos olvidar el comentario aleccionador que ha formulado esta semana el Dr. Blix. 
Cito: «Iraq no parece haber aceptado sinceramente, hasta ahora, el desarme que se le exige y que debe llevar a cabo para ganarse la confianza del mundo y vivir en paz.» 
En tercer lugar, si los inspectores pueden desarmar a Sadam Husein, esto es de lejos mucho mejor que cualquier otra orientación concebible. 
(Aplausos) 
Cualquier persona sensata debería desear que esta crisis acabara de manera pacífica, si es humanamente posible lograrlo. 
Sería bueno para las Naciones Unidas que pudiésemos cumplir dicha tarea sin bajas ni daños colaterales, y sin las abrumadoras consecuencias de una intervención militar. 
También sería bueno para Iraq y para la región, y muy bueno para el mundo, diría yo. 
Sin embargo, eso supone dar por sentado que Sadam Husein va a colaborar ahora con los inspectores. 
Lamentablemente, tenemos escasas pruebas, en este momento, de que haya comprendido que no puede seguir desafiando de manera permanente a la opinión mundial. 
Siempre he pensado que los términos de la resolución de las Naciones Unidas nos obligaban a asumir dos realidades: en primer lugar, que debemos hacer un serio esfuerzo para conseguir el desarme por medio de la inspección; en segundo lugar, que si los inspectores dejan claro que estamos ante una «misión imposible» , no podemos dejar de asumir las consecuencias. 
La alternativa sería una especie de humillación que haría más difícil imponer la autoridad de las Naciones Unidas en casos futuros. 
Creo que estamos celebrando un debate muy serio y que va a tener repercusiones no sólo en esta Cámara, sino en toda Europa y en el mundo entero. 
Va a definir el tipo de mundo en el que viviremos y que legaremos a nuestros hijos, y no creo que un intercambio de declaraciones retóricas sea de gran ayuda. 
Retomando las palabras de mi juvenil compañero y amigo, el Alto Representante, ambos hemos rejuvenecido en nuestros puestos. 
En mi calidad, como él, de orgulloso ciudadano de la vieja Europa- una parte de la vieja Europa que en otro tiempo tuvo un pequeño conflicto con una de nuestras colonias del otro lado del Atlántico- a veces he pensado que si el rey Jorge no hubiese jugado tan mal sus cartas, si no hubiese embrollado de tal manera las cosas, en vez de acabar siendo el último gobernador de Hong Kong podría haber acabado como gobernador de Arkansas o de Texas, ¡y quién sabe que habría ocurrido entonces! 
(Risas y aplausos) 
En mi calidad de ciudadano de la vieja Europa, me parece que tenemos que recordar que muchas veces es más prudente arquear las cejas con asombro en lugar de devolver un insulto. 
Tenemos que reconocer que si nos equivocamos y manejamos mal esta crisis, las consecuencias podrían ser sumamente graves y duraderas: por un lado, podríamos dañar de manera irreparable a las instituciones mundiales de cooperación y gobernanza; y por otro lado, podríamos convertir el mundo en un lugar mucho más peligroso. 
Podríamos debilitar la cooperación entre amigos, exacerbar las relaciones con el mundo islámico y deteriorar las perspectivas de resolución de las crisis en otros lugares, por ejemplo en Oriente Medio. 
También está claramente en juego nuestra capacidad para trabajar unidos en Europa. 
La Comisión- no hace falta decirlo- cumplirá sus responsabilidades lo mejor que pueda. 
No creo que sea útil entrar en detalles sobre los planes que hemos elaborado para atender a una crisis humanitaria seria- los estuve discutiendo el otoño pasado en Jordania, por ejemplo- pero puedo asegurarles, Señorías, que reaccionaremos con la generosidad cuya responsabilidad compete en último término al Parlamento y con el compromiso y la profesionalidad que el Parlamento esperaría de nosotros. 
Quiero hacer hincapié en este aspecto: nos será más fácil actuar, en caso necesario, si podemos hacerlo con la cobertura de la autoridad de las Naciones Unidas. 
Creo que se lo debemos a todas las personas que trabajan para la Comisión Europea prestando ayuda humanitaria en primera línea y a todas las que trabajan para las organizaciones no gubernamentales, muy a menudo en condiciones peligrosas. 
Si en el futuro nos vemos en la necesidad de hablar de actividades humanitarias y de lo que se denomina el «espacio humanitario» , yo quiero manifestar con toda firmeza a esta Asamblea que es mucho más sencillo y preferible que ese espacio humanitario cuente con la cobertura de la autoridad de las Naciones Unidas que seguir adelante sin ella. 
(Aplausos) 
Ya he comentado antes que en la última reunión parlamentaria hablamos de Corea del Norte y no voy a repetir todo lo que manifesté entonces a la Comisión de Asuntos Exteriores, pero reconozco la gravedad de la situación en Corea del Norte. 
Estuve en Pyongyang hace casi dos años con el Alto Representante y el Ministro de Asuntos Exteriores sueco. 
Creo que cumplimos una función útil, sin exagerar lo que estábamos en condiciones de hacer. 
Según mi criterio, esta crisis sólo se puede resolver por la vía diplomática y esperando más de la República Popular Democrática de Corea, en este caso en relación con las promesas en materia nuclear, en respuesta a un mayor compromiso de la comunidad internacional de acoger a Corea del Norte en el mundo real. 
Puesto que esa crisis en realidad sólo se puede resolver a través de la diplomacia, creo que la Unión Europea puede cumplir un papel en ese contexto en las próximas semanas. 
Me alegra poder decir que así se expresa en la decisión que adoptó el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores el lunes y martes pasados. 
Seguro que esta no será la última oportunidad en que debatiremos sobriamente sobre estas cuestiones difíciles, sobriamente pero con una pasión cuya expresión retórica espero que se vea moderada en algunos momentos por la gravedad y seriedad de los temas que estamos tratando. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, señor Solana, señor Comisario Patten, Señorías, en un momento en que se trata de decidir entre la guerra y la paz, debemos desarrollar nuestro debate con la máxima seriedad, pero también con confianza en nosotros mismos. 
La sabiduría de la vieja Europa, este continente nuestro, reside en su capacidad para renovarse una y otra vez, y deberíamos decir a cuantos ponen en duda nuestra trayectoria que la política de unificación de Europa es el mayor movimiento a favor de la paz de nuestro continente- viejo, pero continuamente renovado- y que tal vez pueda constituir un ejemplo de coexistencia pacífica para otras regiones del mundo. 
Señorías, les ruego que respetemos nuestras respectivas opiniones. 
Seguro que llegaremos a conclusiones distintas sobre algún aspecto u otro, pero cada uno opina a partir de sus propias convicciones, y luego tendremos que procurar seguir el camino adecuado. 
En el Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos tenemos muy claro que debemos hacer todos los esfuerzos concebibles e intentarlo todo para garantizar la paz en el mundo y en Oriente Próximo, en la medida en que ahí está el meollo del problema. 
Eso es lo que debe preocuparnos; debemos trabajar a favor de ese objetivo y debemos hacerlo en el marco de las Naciones Unidas. 
Señorías, aunque el uso de la fuerza en una guerra nunca debe ser más que un último recurso y aunque nuestros esfuerzos deben estar orientados hacia la paz, tenemos que enfrentarnos a la realidad de los hechos. 
En Iraq nos encontramos ante un sistema criminal dominado por un dictador y un tirano que supuestamente dispone de armas de destrucción masiva; y ese es el problema. 
Se trata de un asesino de masas y un criminal de guerra que, como ha recordado el Comisario Patten, ha usado armas químicas contra su propia población, en particular, contra los kurdos. 
In 1980 declaró la guerra a Irán y en 1990 invadió Kuwait. 
También yo mantengo una posición firmemente crítica con respecto a los Estados Unidos; sin embargo, Señorías, si los Estados Unidos no hubiesen encabezado entonces la coalición que liberó Kuwait, ¿no habría podido extender acaso el mismo dictador sus designios expansionistas a los demás países árabes? 
Esto es algo que también debemos tener presente hoy. 
Su régimen se vale de sus servicios secretos para oprimir a su pueblo por medio de la violencia, el asesinato y el terror. 
Señorías, que Sadam Husein y su régimen tengan armas de destrucción masiva es una amenaza para la región y para toda la comunidad internacional. 
Por muy necesario que sea hablar claro con nuestros amigos norteamericanos, es preciso reconocer que el problema central no procede de los Estados Unidos, sino del régimen criminal de Sadam Husein en Bagdad. 
(Aplausos del centro y de la derecha) 
Señorías, amigos, dado que Iraq- país con el que ahora nos encontramos en esta situación- es un país árabe, también queremos manifestar bien alto y bien claro al mundo árabe y musulmán que deseamos la cooperación, que deseamos ser socios y amigos- si es posible- de todos los Estados árabes y musulmanes, y ese debe ser uno de los fundamentos esenciales de la política de la Unión Europea. 
Deseo expresar mi sincero agradecimiento, no sólo al Sr. Solana y al Comisario Patten, sino también a cuantos están trabajando con tanto denuedo durante estos días y semanas difíciles, y quiero agradecerle al Presidente del Parlamento, Sr. Cox, que hiciera posible la reunión con Hans Blix, que fue muy aleccionadora para mí. 
Acordamos que su contenido sería confidencial- de lo contrario, la reunión difícilmente se hubiese podido celebrar- pero yo coincido y nuestro Grupo coincide en que desde 1990 han transcurrido muchos años sin que la comunidad internacional actuase seriamente contra Sadam Husein y, por lo tanto, si queremos alcanzar la solución pacífica que esperamos, tendremos que mantener la presión de los últimos meses, que está empezando a hacer mella. 
Ésta debe abrir una oportunidad a la paz y también debe significar- y esperemos que así sea- que nuestros socios y amigos norteamericanos todavía no han decidido emprender una acción militar contra Iraq. 
Tenemos que estar abiertos a una solución verdaderamente pacífica, que deberá alcanzarse a través de las Naciones Unidas. 
Señorías, no debemos olvidar, no obstante, la lógica de la situación. 
Durante la conversación que mantuvimos ayer con el Dr. Blix también se tocó este tema. 
La lógica no pueden exigir que los inspectores recorran todo Iraq de arriba abajo para descubrir dónde podría haber algo. 
Es mucho más lógico que el régimen iraquí cumpla las exigencias de la Resolución 1.441 y abra efectivamente las puertas, de manera que el Dr. Blix y su equipo no tengan que recorrer Iraq prácticamente a tientas con ayuda de una linterna. Al contrario, tal como ha manifestado el Sr. Solana y como se expresa en la Resolución 1.441, se requiere una cooperación verdaderamente activa por parte del régimen de Bagdad. 
Esto es lo que tenemos que exigir, Señorías. 
El portavoz del Presidente ha declarado desde la Casa Blanca: «O se desarma, o le desarmaremos». 
Por lo tanto, tenemos que instar a Sadam Husein a que no retrase más su cooperación. 
Permítanme que recuerde las palabras de Hans Blix, quien en una ocasión manifestó que «hasta la fecha, Iraq no parece haber aceptado realmente la exigencia de que se desarme» y, por el otro lado, también que el párrafo 9 de la Resolución 1.441 exige una cooperación «activa». 
No basta con limitarse a abrir las puertas. 
Hans Blix ha planteado algunas preguntas, que nosotros también debemos formular de cara al público: ¿Qué se ha hecho del carbunco, que es un arma biológica? 
¿Qué se ha hecho de los 8 500 litros que había? 
¿Qué ha pasado con el VX, un arma química tóxica sobre la que se ha seguido investigando? 
Si Iraq se ha desarmado como alega, lo correcto y adecuado y conforme al Derecho internacional sería que lo hubiese hecho bajo la supervisión de las Naciones Unidas, tal como requieren los documentos y resoluciones. 
Espero que Iraq se muestre más dispuesto a colaborar en los próximos días y las próximas semanas. 
Señorías, el lunes el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea decidió, muy acertadamente, exigir el desarme total, pero nosotros- y todo el mundo conoce las dificultades de la situación en la que nos encontramos los europeos- debemos optar por un camino intermedio. 
Nuestro lema no puede ser: «Right or wrong, always America! ». 
Ese es un camino que no podemos seguir, pero tampoco podemos seguir el camino de decir que, cualquiera que sea la respuesta de Iraq, el dictador iraquí permanecerá impune y nosotros no vamos a colaborar. 
Sería como decirle a alguien dispuesto a cometer un asesinato: «Por favor, no asesines a nadie, pero si lo haces, no tendrá consecuencias penales.» 
¡Por esto tenemos que mantener la presión! 
Exigimos que, si nuestros socios y amigos norteamericanos han obtenido información a través de sus servicios secretos, el Gobierno estadounidense la haga pública en el Consejo de Seguridad para que podamos disponer realmente de todos los datos. 
Tenemos que informar a la población y, por esto, estamos firmemente convencidos de que Iraq debe deshacerse de cualquier tipo de armas de destrucción masiva que posea. 
Deseamos conseguirlo a través de las Naciones Unidas. ¡Y deseamos conseguirlo por medios pacíficos! 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señor Alto Representante, Señor Vicepresidente de la Comisión, Señorías, en nombre del Grupo Socialista quiero decir ante todo que nosotros estamos contra la guerra: no a la guerra y no a los dictadores, y eso supone que tenemos que trabajar activamente en un marco multilateral para eliminar las armas de destrucción masiva. 
En este momento el debate que tenemos con nuestro mayor aliado, los Estados Unidos, versa, más que sobre el fondo de la cuestión, sobre los métodos contraproducentes y- como ha dicho con razón el ex-presidente Clinton- sobre los métodos erráticos. 
¿Por qué? 
Porque hace diez años, cuando estábamos en coalición con los Estados Unidos en la guerra de Kuwait, el Presidente Bush, padre, dijo que el pueblo iraquí, tarde o temprano, derrocaría al dictador. 
Hay que reconocer, diez años después, que las sanciones no han debilitado a Sadam Husein y que todavía nos seguimos planteando las mismas cuestiones en relación con las armas de destrucción masiva. 
Y frente a esto hay que decir que nosotros estamos a favor de una política clara de presión sobre la base de lo que ha resuelto el Consejo de Seguridad. 
La guerra no es inevitable. 
Tenemos que trabajar sobre la base de que hay que dar una oportunidad a la paz, pero no debemos precipitarnos ni desde luego, generar situaciones que pueden ser absolutamente contraproducentes. 
De ahí nuestra oposición al ataque preventivo y nuestro apoyo a las negociaciones en el marco de la ley y del Derecho internacional. 
Una intervención unilateral, señor Presidente, sin apoyo de la ONU, produciría efectos devastadores en todo Oriente Medio, con más sufrimiento, más radicalización de las opiniones públicas árabes, y pondría en peligro el espíritu de la coalición contra el terrorismo. 
Y ya que el Sr. Solana va a felicitar al Sr. Sharon por haber ganado las elecciones en Israel, yo le pediría que añadiera algo, y es que le dijera al Sr. Sharon que deje de despreciar a Europa y que tome en consideración nuestra voluntad de paz y cooperación. 
En segundo lugar, el Iraq tiene que cumplir seriamente con los requisitos de la inspección, y quiero agradecer al señor Presidente que asumiera rápidamente mi propuesta de hacer la videoconferencia. 
Fue muy interesante. 
Ayer hablamos con un ciudadano europeo orgulloso de serlo, el Sr. Blix, que nos pidió que Europa tenga una posición más activa y además nos explicó, aunque no lo pidió, que si la inspección pudiera proseguir durante dos meses más, como ha propuesto Mohammed El Baradei, que es el experto egipcio, se podrían obtener frutos. 
Creo que ahí está la base de la línea europea de actuación. 
La línea que en el Consejo de Asuntos Generales del lunes, frente a la autoflagelación de la que hacemos gala siempre, fue capaz de trazar el Presidente del Consejo, el Ministro Papandreu, mediante un acuerdo con los cuatro países miembros del Consejo de Seguridad y con Bulgaria, para que haya una postura europea que apoye el trabajo de los inspectores y para que haya una continuación del mismo. 
Quiero recordar que el Sr. Blix nos dijo también que entre 1991 y 1998 los inspectores estuvieron trabajando. 
Si han trabajado durante ocho años ¿por qué no van a poder trabajar dos meses más? 
Eso no lo entiende nadie, como tampoco se comprende que el Presidente Bush ofrezca pruebas ahora, dos meses después. 
¿Por qué no lo ha hecho antes? 
Aquí tenemos todos que trabajar como aliados fieles y tengo que decir respecto a la afirmación del Secretario de Defensa Rumsfeld, hablando de la vieja Europa, que aquéllos que en nuestro continente han hablado de la nueva Europa, lo que han hecho es producir desastres infinitos en nuestra historia. 
Nosotros no estamos por la nueva Europa, estamos construyendo la Europa unida, y ése es el norte de nuestra actuación política. 
Y, señor Presidente, permítame que me refiera a un aspecto importante de la cuestión sobre la que me gustaría tener más aclaraciones del representante del Consejo y del Vicepresidente de la Comisión. 
Se trata de los riesgos de una catástrofe humanitaria, no sólo en el Iraq sino en todo Oriente Medio, con más de cientos de miles de desplazados: ¿quién pagará eso? ¿tenemos medidas para afrontarlo? ¿lo ha estimado la ONU? 
Ésa es una cuestión importante, y también lo que está ocurriendo con la situación económica, no sólo la de Europa. 
El precio del petróleo se dispara; es preocupante que el mapa mundial de prioridades de los Estados Unidos coincida siempre con los países en donde hay reservas importantes de petróleo. 
Esta no es manera de construir el futuro de la humanidad, y tenemos también que abogar claramente a favor de no encontrarnos con un desastre económico. 
Por último, señor Presidente, tenemos derecho a saber si existen realmente armas de destrucción masiva. 
Para eso se necesitan más pruebas y evidencias, que se obtendrán con un trabajo continuado. 
El debate no es sólo sobre el calendario sino sobre cómo avanzar para evitar la guerra. 
Y para concluir, Sr. Presidente, permítame hacer una cita en inglés de un gran estadounidense, del Sr. Madison que en el año 1792 decía: 
Señor Presidente, con cuatro Estados miembros en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluida su presidencia, la Unión Europea debería tener la oportunidad de ejercer una influencia real sobre el curso de los acontecimientos y la tendría si hablase con una sola voz. 
¿Podría confirmarnos el Sr. Solana si la reunión de los cuatro miembros del Consejo de Seguridad, convocada por la Presidencia griega antes del Consejo de Asuntos Generales del lunes, tenía por objeto alcanzar una posición común de la Unión? 
¿Se repetirán de manera habitual estas reuniones? 
¿O se trataba simplemente de un intento de amañar el resultado del Consejo sin consultar a los demás Estados miembros? 
Tal vez también me permita preguntarle si, dada la lamentable ausencia de una estrategia coherente de la Unión en la fase previa de un posible conflicto con Iraq, se dispone a hacer lo necesario para garantizar que la Unión comience a trabajar ya en la preparación de una estrategia para la etapa posterior al conflicto en la región. 
La última vez que debatimos sobre la situación en Iraq, a principios de septiembre, el mundo parecía estar a punto de emprender una aventura militar unilateral encabezada por los Estados Unidos. 
Entonces, nuestra principal preocupación era impedir que un ataque preventivo no autorizado por las Naciones Unidas socavase su credibilidad y la del Derecho internacional, y conseguir que los inspectores de armamento regresasen a Iraq. 
Puede que seamos el viejo continente, pero recordamos bastante bien nuestro pasado y nuestra experiencia de la guerra ha sido muy distinta de la de los Estados Unidos. 
De hecho, los Estados Unidos siguieron el camino de las Naciones Unidas en otoño y consiguieron la unanimidad a favor de una dura resolución del Consejo de Seguridad. 
Iraq ha vuelto a admitir a los inspectores de armamento de las Naciones Unidas y éstos están realizando una labor profesional y meticulosa. 
Los liberales nos congratulamos, por lo tanto, por los esfuerzos que están desarrollando Colin Powell, Hans Blix, Mohamed el Baradei y otros para consolidar la legalidad multilateral. 
Ahora que hemos emprendido la vía adecuada de la cooperación internacional, debemos hacer todos los esfuerzos por mantener esa unidad. 
No obstante, después de la presentación del informe del Sr. Blix ante el Consejo de Seguridad, existe un nuevo riesgo: el riesgo de que la credibilidad de las Naciones Unidas y del Derecho internacional se vea socavada, no por una acción unilateral de los Estados Unidos, sino por la incapacidad de la comunidad internacional para asegurarse de que Iraq se deshaga de una vez para siempre de las armas de destrucción masiva. 
El informe del Sr. Blix a las Naciones Unidas constituye una descripción condenatoria aunque todavía no concluyente de la falta de plena cooperación por parte de Iraq con los inspectores de armamento de las Naciones Unidas. 
La resolución 1441 de las Naciones Unidas exige que Sadam Husein diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. 
En cambio, hemos encontrado medias verdades, prevaricación y evasivas. 
El Sr. Blix ha fundamentado la acusación con argumentos de peso, aunque los indicios que ha aportado todavía no demuestran nada más allá de toda duda razonable. 
Por esto los liberales de esta Asamblea insistimos en pedir que se permita que los inspectores prosigan su trabajo. 
El Sr. Blix plantea muchos interrogantes inquietantes en su informe. 
Es evidente que hay acusaciones contra Sadam Husein a las que éste debe responder. 
Todavía es posible una solución pacífica de la crisis, con la condición de que Iraq demuestre ahora una auténtica voluntad de cooperar con las Naciones Unidas y desarmarse. 
No obstante, dado que los inspectores deben presentar un nuevo informe el 14 de febrero, le queda poco tiempo antes de que el tribunal de la comunidad internacional se vea obligado a pronunciar un veredicto. 
La guerra siempre será el último recurso para los liberales; el recurso a la acción militar significa que han fracasado los instrumentos de gobernanza internacional en los que depositamos tantas esperanzas. 
Pero la comunidad internacional también debe estar preparada para hacer cumplir su voluntad o, de lo contrario, no se acatará la legalidad. 
Y existen abundantes pruebas de que Sadam Husein es culpable de atentado contra el Derecho internacional, en particular contra la Convención de las Naciones Unidas sobre el genocidio, por el asesinato de medio millón de árabes de las marismas. 
Por lo tanto, olvidemos las sugerencias de que se permita desaparecer sigilosamente a Sadam Husein para refugiarse en un cómodo exilio en un tercer país. 
Es un criminal de guerra y debe comparecer ante el Tribunal Penal Internacional. 
A aquellos diputados que pretenden transmitir a Sadam Husein el mensaje de que la impunidad en el exilio es una salida aceptable, yo les digo, recogiendo la frase de la coalición contra la guerra: «No en nuestro nombre.» 
Y les invito a que hagan examen de conciencia. 
Viajar a Bagdad para hacerse una foto oportunista y correr el riesgo de ser manipulados por el régimen iraquí, ¿es realmente la mejor manera de impulsar la causa de la paz? 
El Sr. Blix nos dijo ayer que si Iraq se decide a cooperar, los inspectores podrán concluir su tarea muy pronto. 
Hay que conceder más tiempo a los inspectores, pero si el Sr. Blix informa el 14 de febrero de que Iraq no ha respondido a sus preguntas y si el Consejo de Seguridad decide, por consiguiente, que ha incurrido en un incumplimiento sustancial de la resolución, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar. 
Si Iraq no aprovecha esta última oportunidad de cooperar, debemos actuar conjuntamente a través de las Naciones Unidas para hacer cumplir la resolución 1441. 
Señor Presidente, señor Alto Representante, señor Comisario, nos estamos moviendo sobre el filo de la navaja. 
Por un lado, el Consejo de Seguridad ha dado luz verde a los inspectores para proseguir su misión a corto plazo, tal como éstos deseaban; por otro lado, la flota de los Estados Unidos y Gran Bretaña en el Golfo se está ampliando a diario, como también aumenta la presión que empuja a lanzar un ataque militar. 
En este contexto de gran tensión, en el que las apuestas en juego son tan altas, cualquier palabra o acción política ambigua con respecto a la guerra, pero también, llegado el caso, cualquier falta de iniciativa contra la guerra se traduce, de hecho, en una ventaja para el gobierno más agresivo y unilateralista de la historia de los Estados Unidos. 
Igual que la calidad del trabajo de un albañil se demuestra en los cimientos, la ambición de Europa en el escenario internacional se puede calibrar ante una situación internacional crítica. 
Señor Solana, usted parece acoger con satisfacción la posición común de los Quince o al menos la de los cuatro países que actualmente forman parte del Consejo de Seguridad. 
No hay motivo para tantas alegrías. 
Nada más hacerse pública la declaración, Londres y Madrid, en particular, comenzaron a vaciarla de contenido al declarar, respectivamente, que hay una violación flagrante de la Resolución 1.441 y que la prórroga otorgada a los inspectores debe ser lo más breve posible. 
Otros están buscando por todos los medios la manera de separar de su contexto ciertos párrafos del informe para intentar justificar la intervención militar. 
Todo parece sugerir que, para algunos, no es una buena sino una mala noticia que el Dr. Blix haya manifestado que, en conjunto, los inspectores han podido acceder con facilidad a todos los emplazamientos, hasta el extremo de poder realizar 300 inspecciones en 60 días. 
O que el Sr. El Baradei considere posible, cito sus palabras, «aportar garantías creíbles, dentro de los próximos meses, de que Iraq no tiene ningún programa de armamento nuclear». 
Evidentemente, todavía quedan zonas de penumbra que es preciso aclarar. 
Pero no lo conseguiremos con bombas y sangre. 
Tenemos que hablar con franqueza y, por otro lado, exigir con mayor firmeza que se deje trabajar a los inspectores durante todo el tiempo que sea necesario. 
¡Guardémonos de quitar importancia a la guerra! 
¡Guardémonos de aceptar progresiva e insidiosamente lo inaceptable! 
Pasemos revista, por lo tanto, a todo lo que Europa ha tolerado, con escasa o ninguna reacción, a Ariel Sharon en Palestina en los dos últimos años. 
Él no merece que se le felicite, señor Solana. 
Tenemos que luchar decididamente contra esta política desastrosa, también para el propio pueblo israelí. 
Qué respondió Europa ante la nueva doctrina estratégica de George Bush, publicada el pasado 20 de septiembre, que magnifica- cito literalmente- «la fuerza sin parangón» de los Estados Unidos y destaca- cito de nuevo- «su determinación a actuar solos, con carácter preventivo si es necesario» , con el fin de «impulsar el triunfo de la libertad». 
Qué responde Europa ante las declaraciones irresponsables del Secretario General de la Casa Blanca del domingo pasado, en las que dio a entender que los Estados Unidos no descartarían el uso de armas nucleares tácticas en caso de conflicto con Iraq. 
Las armas de destrucción masiva deben destruirse en Iraq, en toda la región y en todo el mundo. 
Tenemos que escuchar a la opinión pública. 
(Aplausos) 
El Sr. Blair y el Sr. Aznar están aislados en sus propios países en relación con el tema de la guerra. 
En Alemania hay una abrumadora mayoría contraria a la guerra. 
Cuatro de cada cinco ciudadanos franceses piden que París haga uso del derecho de veto, en caso necesario, para procurar impedir el peor de los males. 
Al otro lado del Atlántico está creciendo un movimiento sin precedentes desde la época de Vietnam, basado en el lema, tan claro: «No blood for oil». 
(Exclamación del Sr. Le Pen: «¡Suena como Europa en 1938! ») 
¡Cálmese! 
No nos interesa conocer su opinión. 
Mi Grupo quisiera poder proclamar esos valores, esas exigencias, en el propio Iraq, sin ninguna indulgencia hacia las autoridades, señor Watson, al contrario- nadie podrá encontrar, por otra parte, en todo mi historial político la más mínima muestra de indulgencia hacia ese dictador, ¡nadie! ; cosa que no sucede con algunos gobiernos de derecha -? 
(Aplausos) 
... sin la menor muestra de indulgencia hacia las autoridades, digo, y en medio de una población que ya ha sufrido los efectos de un embargo criminal durante doce años. 
Por esto mi Grupo propuso por unanimidad, igual que los colegas de los Verdes y socialistas, e incluso junto con algunos diputados de otros grupos parlamentarios, que una delegación de diputados viaje a Bagdad del 2 al 6 de febrero. 
Seremos más de treinta. 
En la misma línea, mi Grupo sugiere que se envíe una delegación a los Estados Unidos, y así lo hará. 
Queremos defender en Bagdad y en Nueva York o Washington una concepción de Europa, señor Presidente, en la que todavía depositan sus esperanzas muchos hombres y mujeres de progreso. 
¡No debemos defraudarles! 
(Aplausos) 
Señor Presidente, Señorías, hoy corremos el riesgo de repetirnos. 
Personalmente, quisiera hacer una sugerencia. 
Es evidente que ninguno de los presentes defiende ahora a un dictador. 
Los que fueron comunistas, ya no lo son y no defienden ninguna dictadura comunista. 
Tampoco creo que ninguno de los que visitaron a Sadam Husein para entregarle centrales nucleares o armas químicas para que las usara contra Irán, como por ejemplo ese joven americano tan próximo al Secretario de Estado de la época, que se llamaba Sr. Rumsfeld, volverían a hacer ahora lo que hicieron entonces. 
Debemos tomar nota de ello, pero el problema es otro. 
El problema es la credibilidad de una institución internacional cuando se trata de imponer lo que un sociólogo alemán ha definido inteligentemente con las palabras «Make law, not war.» 
En este momento, el problema es saber si somos capaces de imponer el Derecho internacional. 
En estas circunstancias, el argumento- el Sr. Patten y el Sr. Solana ya lo han dicho- es que, si Iraq no coopera habrá que obligarle a desarmarse. 
Por consiguiente, están propugnando la intervención militar a corto o medio plazo. 
Yo creo que habría que definir, en el contexto del orden internacional, las situaciones en las que deberíamos combatir a las dictaduras y aquellas en las que deberíamos recurrir a medios diplomáticos. 
Soy yo, en efecto, quien lo dice, el mismo que defendió- a menudo en contra de la opinión de mi Grupo o de otros grupos- y sigue defendiendo la intervención militar en Kosovo y Afganistán. 
También creo, una vez más en contra de la opinión de mi Grupo, que fue acertado intervenir cuando Sadam Husein invadió Kuwait, pero ahora pienso que Sadam Husein nunca ha sido tan débil como en este momento en los últimos diez años. 
Es un dictador sanguinario que ahora es débil e incapaz de atacar a otros países. 
Esta es la distinción cuando se trata de combatir a las dictaduras: las que actúan contra otros países y las que no lo hacen. 
En efecto, hablando de carnicerías, Señorías, hubo cuatro millones de muertos en Uganda, a golpes de machete, no con armas de destrucción masiva: se mataron con machetes. 
¿Qué hicimos nosotros? 
¿Quién intervino para atajar ese derramamiento de sangre? 
¡Nadie! 
¡No intervino nadie! 
Por lo tanto, conservemos la calma. 
Hemos visto millones de muertos y sangre, y a nadie le interesó: no había petróleo. 
Tardamos años en intervenir en Bosnia: no había petróleo. 
Por lo tanto, moderemos nuestros discursos grandilocuentes sobre las dictaduras, y los asesinatos, y los niños moribundos. 
Irán se está dotando de un arsenal nuclear. 
En este momento, Irán podría atacar a Israel o a Europa, a Grecia, y alcanzar a esas regiones. 
¿Alguien ha sugerido una incursión militar en Irán? ¡Claro que no! 
Sería demasiado peligroso. Ahora mismo, Corea ha declarado su intención de producir armas nucleares. 
¿Alguien ha sugerido una intervención militar? 
¡Claro que no! 
Sería demasiado peligroso. Con los argumentos desplegados contra Iraq, estamos creando un programa de proliferación nuclear. 
Les estamos diciendo a los dictadores que se doten de armas de destrucción masiva y, así, nadie les atacará. 
Esta es la verdad. 
Por esto, tenemos que dar marcha atrás. 
Los americanos y los ingleses tienen rodeado a Iraq y éste no puede moverse. 
Así que tenemos tiempo. 
Podemos esperar un año. 
Podemos decir que los soldados no se muevan de donde están. 
Pero al mismo tiempo tenemos que demostrarle al mundo lo que somos capaces de lograr. 
Resolvamos el problema palestino-israelí, a la vez que apoyamos a Iraq. 
Cambiemos nuestra agenda y nuestras prioridades. 
Dicho esto, no nos engañemos: los inspectores están ahora allí porque hay soldados. 
Aprovechemos, no obstante, esta situación para contener el problema y evitar hacer una guerra. 
Al mismo tiempo, tratemos de entablar negociaciones en Oriente Próximo. 
Creo que Ariel Sharon va a formar una coalición que le obligará a negociar con los palestinos. 
En primer lugar, hay que obligarle a permitir que los palestinos elijan a sus propios representantes, para que puedan negociar con los israelíes. 
Cambiemos nuestra agenda. 
Encontremos una solución para Oriente Próximo y las masas árabes nos aplaudirán si tenemos que meter en cintura a Sadam Husein. 
En cambio, si primero metemos en cintura a Sadam Husein, quizá para obtener petróleo, sin haber tomado y completado con éxito ninguna iniciativa en Oriente Próximo, no tendremos credibilidad y no promoveremos la justicia en el mundo. 
Por lo tanto, make law, not war, cambiemos de agenda, démonos tiempo, permanezcamos allí un año o dos. 
Desarmaremos a Sadam Husein, pero antes encontremos una solución para Oriente Próximo. 
(Aplausos) 
El tiempo de uso de la palabra no es de dos años, señor Cohn-Bendit. 
Señor Presidente, a nuestro entender en este momento la cuestión esencial en el caso de la crisis iraquí es cómo debe actuar la comunidad internacional frente a la amenaza de un régimen dictatorial que puede poseer o no- esto es lo que se está investigando- la capacidad de desarrollar o adquirir- aunque su acceso a los recursos técnicos y financieros sea escaso- armas de destrucción masiva, biológicas o químicas, que podrían poner en peligro la seguridad regional y la paz mundial, y que podría utilizar o facilitar a otros, particularmente a terroristas. 
El problema es qué hay que hacer con un régimen no democrático que ha incumplido y continúa incumpliendo de manera sistemática sus compromisos y obligaciones internacionales en el marco de las Naciones Unidas. Un régimen que también ha impuesto toda clase de restricciones a su población y ha manifestado un menosprecio absoluto por sus derechos políticos, económicos y sociales más elementales. 
Dicho esto, lo que está en juego no es, como han afirmado algunos, el control norteamericano sobre los recursos petrolíferos iraquíes, aunque Iraq disponga de las segundas mayores reservas de petróleo del mundo y su crudo sea de muy alta calidad. 
Esto no es lo que está en juego porque, si lo estuviese, tendríamos que reconocer claramente que también existen intereses europeos en este ámbito. 
De hecho, la Unión Europea ya ve cómo muchas transacciones de petróleo iraquí se realizan en euros de y éstas, dado su volumen, contribuyen apreciablemente a la solidez y estabilidad de la moneda europea como medio internacional de pago. 
Por citar sólo un ejemplo, podríamos recordar los contratos que han firmado empresas petroleras y de gas natural rusas con empresas iraquíes por un importe total, según la prensa, de 40 000 millones de euros (no de dólares). 
Señor Presidente, cuando se critica una política, hay que presentar propuestas y soluciones alternativas. 
No basta con oponernos a las opciones que algunos consideran belicistas; debemos dar una respuesta proporcionada a las amenazas de la otra parte, representada por una persona que en el pasado ha demostrado un total menosprecio por el Derecho internacional y continúa no ofreciendo garantías de su voluntad de respetarlo, ahora y en el futuro. 
Somos los primeros en afirmar que hay que intentar resolver el conflicto por medios pacíficos y diplomáticos hasta el último momento, pero también afirmamos que la comunidad internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, debe mantener una actitud firme que no deje la menor sombra de duda en cuanto a la necesidad de que las autoridades iraquíes cooperen plenamente cuanto antes con los inspectores de la ONU. Si no cooperan, tendrán que enfrentarse con la posibilidad de que se recurra a otros medios para conseguir que lo hagan. 
En realidad, ¿merece la pena preguntarse si los dictadores, que suelen dominar sin restricciones y sobre todo sin el escrutinio democrático de su opinión pública, en efecto sólo comprenden y respetan el lenguaje de la diplomacia, el lenguaje de siempre, como ha dicho Javier Solana, si está respaldado por medios de coerción a su disposición, que le dan credibilidad, como último recurso, como también ha señalado él? 
Apoyamos la labor de los inspectores de la ONU y deseamos que se les proporcionen todos los medios y toda la información necesarios para completar su tarea, y me refiero a toda la información, incluida la que ya conocen otros países. 
No obstante, al mismo tiempo tenemos que advertir sobre la necesidad de evitar maniobras dilatorias por parte de los iraquíes con el fin retrasar el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y conseguir que se mantenga la situación actual. 
Señor Presidente, nosotros establecemos una clara distinción entre el régimen totalitario del Iraq y su pueblo. 
Como he dicho, el pueblo iraquí ha sido la primera víctima de la oligarquía que lo gobierna y que lo utiliza para conseguir sus propios fines. 
Precisamente por esto instamos a la comunidad internacional a que se una ante el problema esencial, pedimos que se fortalezca la relación transatlántica, que se creen las condiciones adecuadas para garantizar que no se bloqueen las inspecciones, que no se impongan restricciones al testimonio de los científicos y funcionarios vinculados a los programas nucleares iraquíes y que se ponga fin al juego de escondite con armas de destrucción masiva por parte de aquellos que apoyan a Sadam Husein. 
Si lo logramos, si nos unimos frente al problema fundamental, se podrán crear tal vez las condiciones para iniciar el proceso de democratización del Iraq y permitir que su pueblo disfrute de las ventajas de la paz. 
Señor Presidente, Señorías, todo el mundo habla de la crisis iraquí. 
No existe una crisis iraquí, sino una crisis internacional sumamente grave creada por el Gobierno Bush. 
Quien instiga a la guerra no es el dictador Sadam Husein, sino Bush, el demócrata. 
Los portaaviones iraquíes no están maniobrando frente a las costas de Nueva Inglaterra, ni los marinos iraquíes están ocupando posiciones en México, Canadá o Cuba. 
Es la flota angloamericana la que está resucitando la diplomacia de las cañoneras en Próximo Oriente. 
¿Por qué no se planteó la supuesta necesidad de desarmar a Iraq antes de la elección de Bush junior? 
Nadie cree sinceramente que Iraq, un pequeño país de veinte millones de habitantes, rodeado de países hostiles o recelosos, con su ejército y sus estructuras económicas arrasados por la Tormenta del Desierto, con su población arruinada por diez años de bombardeos angloamericanos y por un embargo que ha matado, entre otros, a un millón de niños, víctimas de la miseria y el hambre; nadie cree que ese pequeño país, vigilado por medio de satélites y aviones espía y por los inspectores de la ONU, haya podido reunir un arsenal de armas de destrucción masiva y amenazar la paz mundial. 
Además, lo mismo dice en el fondo el informe de uno de los principales inspectores de la ONU, entre otros. 
¿No era acaso ya un dictador Sadam Husein cuando recibía armas de todo tipo de los Estados Unidos, de Europa, de Francia e incluso de Jacques Chirac? 
Pienso ahora en el reactor nuclear de Osirak, destruido por los israelíes en un ataque aéreo en tiempo de paz. 
¡Por favor, no seamos hipócritas! 
Dejemos de fingir indignación humanitaria. 
Los Estados Unidos, que habrán consumido sus reservas de petróleo en un plazo de diez años, que consumen una cuarta parte de los 3 500 millones de toneladas que utiliza el planeta y que, además, no pueden permitir que el precio por barril supere los 30 dólares, quieren hacer la guerra para apropiarse del petróleo iraquí y controlar el petróleo en el Golfo. 
Quien quiere la guerra es el gigante norteamericano, la superpotencia que posee un 80% de las armas de destrucción masiva del mundo, entre ellas 8 000 cabezas nucleares, unas armas terroríficas, además de ser el único país que ha hecho uso de ellas en toda la historia universal. 
El Sr. Solana quiere desarmar a Iraq y perseguir a los dictadores de todo el mundo. 
Esto último representa un programa inmenso, que obligaría a los Estados Unidos a atacar a muchos de sus aliados. 
En cuanto a la lucha contra el terrorismo internacional y su persecución en los lugares donde prospera, los norteamericanos podrían empezar por bombardear Londres, que es el más importante de estos lugares. 
En el fondo de su conciencia, ustedes piensan que los norteamericanos también están trabajando a favor de Europa y por eso miran al suelo y permiten que cometan el primer gran crimen contra la humanidad del siglo XXI. 
Han esperado treinta años antes de descubrir que Sadam Husein había usado gases asfixiantes contra los kurdos. 
En realidad, hubo un precursor: ¡en 1920, en Kurdistán, en la persona de Winston Churchill! 
Hablando de destrucción masiva, ¿creen ustedes que las potencias en cuestión no los han utilizado jamás y, por lo tanto, pueden dar lecciones de moral internacional al mundo? 
Señor Presidente, señores representantes de la Comisión, señor Solana, yo creo que ambos, el Sr. Solana y el Comisario Patten, han dejado claro que la Unión Europea ha logrado algunos éxitos en el ámbito de la política exterior, los cuales conviene recordar en este momento. 
En efecto, si sumamos las operaciones que ha llevado a cabo la Unión Europea en Bosnia y en Macedonia y consideramos la gran responsabilidad que están asumiendo las fuerzas europeas en Afganistán, así como el hecho de que la Unión Europea dedica a la ayuda exterior una parte tres veces mayor de su presupuesto que los Estados Unidos de América, nos encontramos ante una suma de factores importantes de los que la vieja Europa se puede enorgullecer. 
Al mismo tiempo, debemos recordar también que los logros de este mes- la ampliación de la Unión Europa al este y al sur y la consiguiente ampliación de la zona de estabilidad y democracia- contribuyen de manera decisiva a hacer del mundo un lugar más pacífico. 
El motivo primordial de la ampliación de la Unión Europea es que extenderá la zona de estabilidad. 
Creo que deberíamos destacar este aspecto incorporándolo al planteamiento global. 
Hasta ahora- hay que reconocerlo- no hemos sido capaces de hablar con una sola voz en relación con los temas de la guerra y de la paz, una deficiencia que se remonta al verano pasado. 
Si uno declara que participará en cualquier caso, y otro que no lo hará en ninguna circunstancia, resulta difícil hallar un camino intermedio, pero gracias a Dios hemos encontrado las líneas básicas de uno, con la ayuda del Presidente francés y la de ustedes, Sr. Solana y Comisario Patten. 
Señorías, en este contexto también debe estar claro- si somos sinceros con nosotros mismos- que si queremos que nuestra voz se escuche en todas partes, en Nueva York, en Washington o en Bagdad, sólo lo conseguiremos si intentamos elaborar una posición común a partir del reconocimiento que ese es el único camino. 
Ese es el camino que debemos tomar, en vez de seguir a otros en sus procesiones triunfales, a Bagdad o a Washington, tanto da. 
Señorías, estoy convencido de que ahora debemos continuar los esfuerzos iniciados- gracias a Dios- esta semana por el Consejo, que consiguió una posición medianamente razonable, al menos por el momento, en la que se valora especialmente y se concede prioridad al enfoque multilateral, a la vez que se intenta encontrar una solución pacífica en el marco de la ONU. 
No obstante, debe quedar claro que esta posición ha de mantenerse hasta el final. 
No es un consenso sólo para ocho días, sino que es preciso conseguir que funcione. 
Señorías, cualquier consideración al respecto debe partir, evidentemente, de la posición de la comunidad internacional- expresada en la Resolución 1.441, por ejemplo- en cuanto a la necesidad del desarme iraquí y de que Sadam Husein colabore activamente en él. 
El Dr. Blix, por ejemplo, ha afirmado que estas condiciones no se han cumplido y, por consiguiente, es bueno que gracias a los esfuerzos de mucho hayamos conseguido un margen de tiempo que es preciso emplear para encontrar una solución pacífica, por la cual entiendo el desmantelamiento de las armas de destrucción masiva- en la medida en que efectivamente existan- y el desarme de Iraq, con objeto de que prevalezca la voluntad de la comunidad internacional expresada en el Derecho internacional. 
No obstante, Señorías, es necesario que los inspectores del Dr. Blix dispongan de la misma información que tienen quienes afirman saber ya que allí hay algo y que algún día lo harán público. 
A mi entender habría que comunicar esa información al Dr. Blix ahora mismo, pues ¿cómo vamos a explicarle a la población que es inevitable una guerra si no les decimos toda la verdad ni siquiera a los inspectores de nuestros aliados para que puedan encontrar lo que están buscando? 
Me parece que se está abriendo una brecha de credibilidad que podría causar graves daños más adelante. 
Sin embargo, en este contexto no debemos olvidar que Sadam Husein es un genocida. 
Junto con la baronesa Nicholson visité un campo de refugiados iraquíes en Irán y vi cómo tenía que vivir allí la gente, expulsada de sus hogares y acosada con armas químicas por Sadam Husein. 
La descripción de Sadam Husein como una persona que no representa una amenaza real no me parece creíble. 
Señorías, también nosotros debemos apreciar con claridad el peligro real que representan las armas de destrucción masiva en manos de personas como Sadam Husein, sobre todo si saliera victorioso de este conflicto, con todas las consecuencias que ello tendría para la moral de la región. 
También deberíamos indicar, no obstante, qué ocurrirá cuando acabe la guerra. 
¿Qué forma adoptará la reconstrucción política? 
¿Durante cuánto tiempo tendrán que permanecer tropas occidentales allí? 
¿Qué relación guarda todo esto con la creación de un nuevo orden en el conjunto de la región, cómo será éste y qué coste tendrá? 
Hasta la fecha, no he escuchado ninguna respuesta a estas preguntas y creo que si uno se embarca en algo, debería pensar en cómo va a salir después. 
Señor Presidente, señor Solana, señor Vicepresidente de la Comisión, voy a empezar con una cita que resume mejor que ninguna declaración nuestra posición con respecto a la guerra contra Iraq: «Una guerra preventiva es un acto de agresión y no se puede calificar meramente de guerra defensiva. 
En efecto, el derecho a la defensa propia no presupone sólo la posibilidad de un ataque, sino que éste ya se haya iniciado o sea inminente. 
La guerra encaminada a evitar un peligro invalidaría la prohibición del uso de la fuerza que está inscrita en el Derecho internacional, favorecería la inestabilidad política y socavaría, en última instancia, los cimientos de todo el sistema de una comunidad internacional de Estados.» 
Y en otro punto de la misma declaración se lee: «Cualquier estrategia de seguridad que recurra a la guerra preventiva es contraria a la doctrina católica y también al Derecho internacional.» 
Las citas proceden de la declaración sobre el conflicto de Iraq que hizo pública la Conferencia Episcopal Alemana el 20 de enero de este año. 
Puesto que mi homólogo Demócrata-Cristiano no se ha referido a la Conferencia Episcopal católica, me veo obligado a hacerlo yo y no creo que las declaraciones citadas requieran más comentarios. 
Señor Solana, desde que le conozco le he considerado un gran optimista, por lo tanto si usted dice que la situación política es mala, como ha hecho hoy, ésta tiene que ser realmente muy mala. 
Donald Rumsfeld, el ministro norteamericano de la guerra, ha hablado de la «vieja Europa». 
Todos los oradores que hemos intervenido hoy hemos declarado que formamos parte de esa vieja Europa, y esto no revestiría mayor interés si no fuese por la distinción que él estableció entre nosotros y la «nueva Europa» , la de quienes sostienen opiniones idénticas y razonan del mismo modo que el Sr. Rumsfeld. 
El Presidente Kwasniewski de Polonia dijo la semana pasada en una entrevista: «If it is President Bush's vision, it is mine!» 
(Si es la visión del Presidente Bush, también es la mía). 
Evidentemente, el Presidente polaco tiene derecho a restringir su campo de visión tanto como quiera, pero no cabe duda de que el Gobierno polaco- como todos los gobiernos de los demás países candidatos- está obligado a ser solidario con la Unión Europea, de la cual desean formar parte. 
Los países candidatos decidieron libremente adherirse a la Unión Europea y queremos acogerlos, pero esperamos que se alineen firmemente con nosotros cuando están en juego la guerra y la paz, la guerra preventiva y la derogación del Derecho internacional. 
Señor Presidente, señor Solana, señor Kinnock, es muy bueno que celebremos este debate. 
El tema es muy complejo y los acontecimientos se suceden con tanta rapidez que la situación cambia casi a diario. 
Esto significa que cualquier resolución queda desfasada en un abrir y cerrar de ojos. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas le agradece de verdad, señor Solana, sus esfuerzos por aglutinar a la Unión Europea en torno a una política única. 
La Presidencia griega comparte esta aspiración. 
No es una tarea sencilla. 
Al mismo tiempo, salta a la vista que la Unión Europea no está unida. 
Hemos escuchado opiniones distintas desde las diferentes capitales europeas sobre todas las facetas de la cuestión del Iraq. 
Me atrevería a decir que nunca había quedado tan patente que la Unión Europea no ha logrado desarrollar una política exterior y de seguridad común. 
Pese a todas las bellas palabras y toda la retórica, nos encontramos con las manos vacías y esto es muy lamentable. 
Quizá sería posible compensar esta carencia si comenzásemos ahora mismo a intentar alcanzar un acuerdo sobre la estrategia que desearíamos que se aplique después de Sadam Husein, haya guerra o no. 
¿Qué habría que hacer con Sadam Husein? 
¿Qué papel debería desempeñar la Unión Europea en el proceso de la reconstrucción? 
¿Cómo se podría garantizar la paz, la democracia y los derechos humanos para el pueblo de Iraq, que lleva tanto tiempo sufriendo? 
¿Cómo va a contribuir la Unión Europea a mejorar la situación humanitaria y en qué medida estamos dispuestos a ayudar a los países vecinos a acoger a los refugiados que ya están abandonando Iraq? 
Ni que decir tiene que todos deseamos que se consiga evitar una guerra. 
Es evidente que los inspectores, bajo la dirección de Hans Blix y Mohamed el Baradei, necesitan más tiempo. 
Iraq y Sadam Husein están jugando al escondite con nosotros; la impresión de que tienen algo que ocultar es inevitable. 
Iraq debe comportarse. 
Es responsabilidad suya, no de la ONU, demostrar que no hay armas de destrucción masiva en el país. 
El tema de la guerra o la paz está en manos de Iraq. 
Nosotros consideramos que los inspectores necesitan disponer de más tiempo, una opinión que ya han expresado muchos otros aquí. 
Cuando vuelvan a informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dentro de pocas semanas, éste decidirá qué hacer a continuación. 
La ONU debe adoptar cualquier decisión relativa a una acción militar, que lamentablemente puede llegar a ser necesaria. 
Una acción unilateral de los Estados Unidos sería sumamente desafortunada, no sólo desde el punto de vista de sus consecuencias para la región, sino también porque perjudicaría en el futuro a las relaciones transatlánticas durante mucho, mucho tiempo. 
Finalmente, debo manifestar que lamento que algunos diputados al Parlamento Europeo viajen a Bagdad por iniciativa propia. 
Estoy convencida de que lo hacen con buena intención, pero el dictador iraquí lo utilizará para reforzar la imagen de discordia en la comunidad internacional. 
Quienes van a viajar allí no pueden influir en Sadam Husein: éste no se ha mostrado abierto a la discusión. 
En cambio, corren el riesgo de convertirse en sus rehenes y obstaculizar el trabajo de los inspectores. 
Evidentemente, la decisión de hacer el viaje o no es un asunto personal de cada uno, pero el Parlamento Europeo corre el riesgo de hacer el ridículo en el escenario internacional. 
Yo les desaconsejaría encarecidamente este viaje. 
Señor Presidente, yo también me siento inclinada a pensar que conviene mirar un poco hacia atrás. 
¿Quién creó en realidad a Sadam Husein? 
Fueron los Estados Unidos, que lo utilizaron en la guerra contra Irán. 
Cuando Sadam Husein empleó armas químicas de destrucción masiva contra su propia población, los Estados Unidos estaban al corriente de ello. 
Un ataque norteamericano contra Iraq no sería sólo un ataque contra un país concreto. También sería un ataque contra el Derecho internacional y contra todo el sistema de las Naciones Unidas. 
Por esto es importante que el Sr. Solana y el Sr. Patten insten a todos los Estados miembros a que hagan frente común en el seno de la Unión Europea en relación con este tema, para salvaguardar así el Derecho internacional y asegurar el futuro de las Naciones Unidas. 
Creo que habría que invitar específicamente a Gran Bretaña y España a que demuestren que también se suman a la Unión en el rechazo a la guerra. 
Evidentemente, no sería una guerra encaminada a desarmar a Iraq e implantar la democracia allí. 
¿Parece concebible acaso que los Estados Unidos instauren en Iraq un gobierno musulmán chiíta, calcado del vecino Irán? 
¿Entra eso dentro del margen de lo posible? 
¿Parece concebible que los Estados Unidos concedan la independencia a los kurdos? 
Entonces, desde luego no se puede hacer mucho caso de lo que se dice sobre la democracia. 
Si el propósito es desarmar a Iraq, entonces esa tarea es la que tienen asignada- justamente- los inspectores de armamento. 
Si lo que se desea es desarmar al Iraq, entonces lo que hay que hacer es apoyar la labor que están desarrollando los inspectores de armamento de Hans Blix. 
Evidentemente, también existe la alternativa de fortalecer la democracia en Iraq mediante el levantamiento de las sanciones, excepto las relativas a las armas químicas y de otro tipo, incluidas las armas de destrucción masiva. 
Esto permitiría fortalecer al pueblo iraquí y a las fuerzas democráticas de Iraq, y también la democracia y la paz para todos nosotros. 
También tenemos otra tarea que cumplir. Consiste en garantizar la inspección de toda la región y conseguir una política encaminada a su desarme, no sólo de Iraq, sino también de Irán e Israel. 
En conclusión, quisiera manifestar que tenemos que instar a Sadam Husein a que coopere con los inspectores de armamento, con objeto de evitar la guerra. 
Creo que el camino para avanzar pasa por la democracia, el desarrollo y la cooperación. 
Señor Presidente, resulta escalofriante observar cómo se han ido acelerando los preparativos para invadir Iraq, a pesar del plazo adicional concedido a los inspectores de armamentos que, naturalmente, todos agradecemos. 
Nos encontramos ante una situación en la que el país más poderoso del mundo ha dejado clara su voluntad de emprender una guerra contra Iraq, con o sin el respaldo de las Naciones Unidas y tanto si los inspectores de armamento encuentran armas de destrucción masiva como si no. 
Un ataque preventivo como este sentaría un nuevo precedente internacional carente de todo fundamento en la Carta de las Naciones Unidas. 
Una guerra así contra Iraq sería inmoral, injustificable e ilegal. 
Convertiría el mundo en un lugar mucho más peligroso, provocaría más resentimiento y alimentaría un aumento del terrorismo. 
Las víctimas serían, como siempre, civiles inocentes: los centenares de miles de hombres y mujeres y sobre todo los niños que han sufrido años de opresión, penurias y sanciones, que los han sometido por completo al control de Sadam Husein. 
Ya existe una crisis humanitaria en Iraq y ahora se vuelve a amenazar a la población. 
Gran Bretaña ya ha anunciado el despliegue de unos 30 000 soldados y los Estados Unidos 130 000, que se están movilizando a la espera del ataque. 
La oposición contra esta guerra aumenta con cada día que pasa, con la adhesión de grupos de personas de todas las edades y de toda condición, y el 15 de febrero de 2003 se van a celebrar manifestaciones a favor de la paz en el mundo entero. 
Los diputados elegidos por las gentes de Europa podemos hablar en esta Asamblea en nombre de las muchísimas personas que dicen no a la guerra. 
He recibido muchas cartas de Gales y de otros países que piden que el Parlamento Europeo haga cuanto esté en su mano para intentar detener esta guerra. 
No se han explorado adecuadamente, ni mucho menos agotado, los medios pacíficos para la resolución de los problemas. 
Es un hecho trágico que si se hubiese dedicado a impulsar la paz en Oriente Próximo sólo una fracción del esfuerzo que han invertido los Estados Unidos y el Reino Unido en alimentar el apoyo a la guerra, ahora viviríamos en un mundo más seguro y más pacífico. 
Señor Presidente, todas las declaraciones- de cualquier gobierno y de cualquier representante gubernamental- que pretenden señalar las diferencias entre posiciones o las deficiencias diplomáticas son imprudentes. 
La diplomacia debería habernos conducido a formular posiciones comunes o, por lo menos, homogéneas en Europa. 
Lamento, por lo tanto, que en vez de procurar lograr una posición europea o por lo menos una mediación a través de una reunión del Consejo, nos hayamos dividido y hayamos adoptado parámetros y posiciones unilaterales que no contribuyen a hacer avanzar la causa de la paz ni el desarrollo de una política exterior común, que es uno de los objetivos por los que está trabajando la Convención. 
Los Estados Unidos no son los únicos guardianes de la paz y la justicia, no son el único país habilitado para declarar la guerra si resultase necesaria e inevitable en interés del bien común. 
Las declaraciones opuestas pronunciadas en los últimos días promueven la causa del dictador, Sadam Husein, en lugar del desarrollo de un proceso de paz que es problemático. 
Por consiguiente, señor Presidente, pido al Consejo que, en colaboración con las demás instituciones europeas, se concentre en crear un clima de cooperación más serena entre los países de la Unión, para que podamos ponernos de acuerdo y afrontar juntos los problemas cada vez más graves que se nos plantean a diario. 
Agradezco al señor Berlusconi la iniciativa de mediación que ha adoptado en las últimas horas y espero que todos trabajemos a favor de la paz, como también todos debemos procurar combatir el terrorismo y las dictaduras, aun a costa de tener que declarar una guerra. 
Señor Presidente, que nadie dude de que celebraré el día en que el régimen de terror de Sadam Husein llegue a su fin. 
Sin embargo, jamás he creído que la guerra sea la solución adecuada del problema. 
El Presidente Bush cree en el bien y el mal absolutos. Por mi parte, yo no. 
Más bien estoy convencida de que los intereses del Sr. Bush, del Sr. Cheney y de la Sra. Condoleezza Rice en la industria petrolera son significativamente superiores a su preocupación por el bienestar del pueblo iraquí. 
Tampoco tengo la menor duda de que una guerra sería una oportunidad única para probar aproximadamente una veintena de nuevos sistemas de armamento, además de ser beneficioso para la industria armamentista americana. 
Evidentemente, Iraq debe cumplir las resoluciones de la ONU. Como además también tiene que hacerlo Israel y espero ansiosamente que los Estados Unidos y la Unión Europea así lo exijan. 
Es preciso probar todos los demás métodos distintos de la guerra, y ésta, si fuese inevitable, debe contar con el respaldo de la ONU y el apoyo de fuerzas poderosas dentro del propio Iraq. 
No olvidemos que los Estados Unidos apoyaron con entusiasmo a Sadam Husein en otro tiempo y le suministraron parte de su armamento convencional. 
Iraq no representa una amenaza inmediata, ni para sus vecinos, ni tampoco para la comunidad mundial. 
Una guerra podría tener, por otra parte, consecuencias del todo imprevisibles. 
Alimentaría un odio cada vez mayor contra los Estados Unidos y Occidente, y crearía un caldo de cultivo para el florecimiento del terrorismo. 
No se ha conseguido mejorar la vida del pueblo afgano y difícilmente podría mejorar tampoco la suerte de los iraquíes. 
Otro tanto cabe decir de las sanciones contra Iraq, que sólo han contribuido a que Sadam pudiera oprimir con mayor facilidad a su población. 
En una época en que la educación se confía en gran parte a los ulemas y al adoctrinamiento que éstos ejercen, yo me pregunto: ¿qué ocurriría si los Estados Unidos dedicasen tan sólo el 10% del dinero que se prevé gastar en la guerra a dotar al mundo árabe de escuelas gratuitas, por ejemplo? 
Eso sería una solución con visión de futuro y duradera. 
La guerra sería una solución miope y cualquier cosa menos duradera. 
Señor Presidente, Alto Representante, Comisario, Señorías, parece que todo el mundo está a favor de la paz, diciendo «No a la guerra». 
¿Acaso se ve a alguien diciendo «Sí a la guerra»? 
Todo el mundo- el Papa, el antipapa, los comunistas, los fascistas, todo el mundo- dice «No a la guerra». 
Sin embargo, qué alternativa hay al «No a la guerra»? 
Concretamente, la alternativa es el riesgo de que la guerra se desate- como ustedes han señalado- dentro de 15, 20 ó 30 días. 
Qué gran éxito para la Unión Europea: parecería que la Unión Europea ha conseguido por fin ponerse de acuerdo sobre una cuestión práctica, si no me equivoco, al solicitar que se den unas semanas más a los inspectores, que se les dé un poco más de tiempo, un poco más de dinero, recursos y un poco más de apoyo. 
Sin embargo, luego, al cabo de 20 días, ¿habrá una estrategia distinta? 
¿Qué propondrá Europa? 
La alternativa a la destrucción que llamamos guerra: ¿cómo lo vemos, cómo lo ven ustedes? 
Hay una alternativa, y no es la paz: paz es lo que tenemos en estos momentos. 
De momento no estamos en guerra, como ustedes dicen, como dice mi amigo el Sr. Le Pen, para quien el valor de la libertad y el valor de los derechos humanos fundamentales son nulos. 
¡Es su opinión! 
Todos sabemos el tipo de cosas que puede decir el Sr. Le Pen y el significado que transmiten. 
Pueden ir ustedes todos juntos: el Sr. Le Pen fue a visitar a Sadam Husein hace 12, 13 ó 14 años junto con el Sr. Fini; ahora pueden ir ustedes todos juntos. 
Veo cierta lógica en todo esto. 
Los radicales hemos presentado una propuesta, que, en el plazo de cuatro días, ha recibido la aprobación de 66 países. 
En Italia, hasta la fecha, hemos recibido la aprobación de 57 diputados, la mitad de ellos de centro-izquierda y la mitad de centro-derecha, incluido el ex Primer Ministro Andreotti y otras importantes figuras que apoyan esta propuesta. 
¿Qué proponemos? 
¿Qué propuesta presentamos ahora también a ustedes? 
La alternativa se llama «democracia» , la alternativa se llama «derecho» y «derechos» , la alternativa consiste en la aplicación, por fin, del derecho internacional escrito, puesto que, aunque está en vigor, no se aplica, como ocurre a menudo en nuestro país; ese derecho internacional que, al fin y al cabo, ha identificado ahora una especie de derecho subjetivo a la libertad y la democracia que pertenece a las personas que viven en este país, y al decir «este país» queremos decir el mundo. 
Tenemos la oportunidad de escoger lo que desea la Unión Europea, de elegir si quiere o no una guerra, si quiere que Sadam Husein se vaya de Iraq- porque, diga lo que diga el Sr. Watson, se marchará acompañado, tendrá un salvoconducto hasta el lugar en el que se exilie y, además, yo recomendaría al Sr. Watson que se lea el Tratado por el que se creó el Tribunal Penal Internacional, porque así se enterará de que, en cualquier caso, no se puede procesar a Sadam Husein en la actual situación, pero lo que podemos y debemos hacer es darnos cuenta de que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad tienen la obligación de actuar. 
No es cuestión de cambiar de dictador, sino de cambiar de régimen. 
Eso es lo que hace falta en esa parte del mundo, en la que la pistola que apunta al templo de Sadam Husein le ofrece, para bien o para mal, la oportunidad de escoger entre la espada y la pared, entre caer en un golpe de Estado que actualmente están urdiendo sus amigos más íntimos, pegarse un tiro, suicidarse en un búnker, morir en una masacre o salir del país, como han hecho muchos dictadores, y que le lleven a vivir en el exilio en algún otro lugar. 
Ésta es nuestra propuesta, la alternativa a la guerra, como le he dicho también al Sr. Cohn-Bendit y, más concretamente, nuestra propuesta es la siguiente: la «administración temporal» -entre comillas- por las Naciones Unidas durante dos o tres años hasta que se restablezcan los derechos humanos en ese país- utilizando la economía de Amartya Sen y otros métodos; ha habido gobiernos temporales en Japón, Alemania y otros lugares- un gobierno cuyo objetivo sea devolver a los ciudadanos iraquíes y de Oriente Próximo los derechos que se les han quitado por la fuerza. 
Esa es nuestra propuesta, y que las demás descansen en paz eternamente. 
Creo que vamos a optar por algo distinto: vivir en libertad, conforme al derecho, construyendo una vida que merezca la pena vivir y que no sólo consista en el constante terror a la muerte. 
Señor Presidente, me uno a las satisfacción expresada por varios oradores sobre las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y a los elogios hechos a quienes han intervenido en ese acuerdo. 
Pero, naturalmente, aspiramos a más y por lo tanto pedimos que se siga trabajando para conseguir un consenso fundamentalmente entre los cuatro representantes que tiene ahora la Unión Europea en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aspirando a que los cuatro actúen, al menos, coordinadamente. 
Pero ese consenso exige, desde mi punto de vista, al menos dos cosas: la primera es no hacer públicas posiciones unilaterales sin debatirlas con los socios, y la segunda es ser leales- que no seguidistas- con nuestros aliados naturales. 
Porque aunque parezca evidente, hay que recordar que, en este conflicto, el que amenaza a la paz mundial, el que incumple la legalidad internacional, el que nos sitúa ante el riesgo real de que el terrorismo internacional acceda a armas químicas y bacteriológicas es el actual régimen de Sadam Husein. 
Y no es preciso hacer un gran esfuerzo memorístico para concluir que el Gobierno iraquí no entiende otro lenguaje de la comunidad internacional que el de la firmeza. 
Firmeza que no es creíble si de antemano se dice que en ningún caso, pase lo que pase, se justifica el uso de la fuerza, como acertadamente ha dicho el Presidente de mi Grupo. 
Eso no es pacifismo, eso es demagogia e irresponsabilidad. 
Para trabajar de verdad por la paz, lo que hay que hacer es actuar con decisión contra el quebranto del Derecho internacional y contra el reiterado incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Nosotros creemos que la Unión Europea tiene que seguir explorando todas las vías políticas y diplomáticas para resolver el conflicto de manera pacífica, con nuestros aliados, como es natural y también, y muy particularmente, con nuestras amigas las naciones árabes. 
Yo recuerdo aquí el apoyo unánime que la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo han dado a la Resolución 1441, porque éste no es un conflicto religioso ni un conflicto de civilizaciones- por cierto, que sería bueno aprovechar la ocasión para relanzar las relaciones euromediterráneas-. 
Para ser creíble, la Unión Europea tiene que estar dispuesta a prestar su contribución para garantizar y preservar la paz y la seguridad internacionales. 
Los informes de los inspectores al Consejo de Seguridad son concluyentes respecto al incumplimiento de la Resolución 1441. 
Ni se les está prestando la ayuda exigida para realizar su trabajo ni se les están aportando pruebas que acrediten la eliminación de las armas de destrucción masiva, y la sola posibilidad de que grupos terroristas puedan ser receptores de ese tipo de armas debiera ser motivo de alarma por parte de la comunidad internacional. 
El régimen iraquí dispone hoy de una nueva oportunidad; ojalá la aproveche y todos nos evitemos males mayores. 
Pero si el gobierno de Iraq persiste en desoír los requerimientos que se le vienen haciendo, no desde hace un mes o dos, sino desde abril del año 1991, cuando se aprobó la Resolución 687, los parlamentos democráticos como el Parlamento Europeo, tienen que exigir a los poderes ejecutivos que asuman sus responsabilidades. 
Los gobiernos democráticos y responsables no deben decidir según les marquen los sondeos de opinión, que son variables, sino informando a la opinión pública, sometiéndose al debate político pero defendiendo los principios superiores que aquí están en juego, como son la paz y la seguridad internacionales, no el precio del petróleo. 
Y periódicamente, a través de las elecciones democráticas los ciudadanos, juzgamos si los gobiernos, y también las oposiciones, han acertado en sus decisiones. 
Señor Presidente, el 72% de mis compatriotas están en contra de una guerra en Iraq. 
Todavía no han visto ninguna prueba convincente. 
Están preocupados por el sufrimiento humano y la creciente división entre el Sur y el Norte, que incrementará el odio entre los pueblos y dificultará la democratización y las soluciones en Oriente Próximo. 
Existe el temor de que fundamentalistas de todo pelaje utilicen y abusen de la oportunidad de fijar nuestra agenda mundial, lo que dará lugar a lo contrario a la paz, la estabilidad y la justicia mundiales. 
En un mundo en el que suben los precios del petróleo y bajan las oportunidades de la paz, las principales víctimas son los países en vías de desarrollo que no tienen petróleo. 
La distancia aumentará. 
La coalición internacional contra el terrorismo está siendo socavada. 
Quien intente derrocar a Sadam mediante una guerra sin pruebas convincentes, sin una resolución de las Naciones Unidas y, por lo tanto, sin el apoyo de la opinión pública, estará socavando el Estado de derecho internacional. 
Los europeos no están en absoluto convencidos. 
Por consiguiente, los miembros europeos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deben ejercer la máxima presión posible sobre Sadam para que responda a las preguntas de Blix sin cometer el error de caer en una guerra irregular e indecente. 
Alemania, el Reino Unido, Francia y España deben escuchar a sus ciudadanos y no a los fundamentalistas Condoleezza Rice y Paul Wolfowitz, del círculo de George Bush. 
Afortunadamente ha habido muchas protestas del pueblo estadounidense, y un gran número de miembros del Partido Demócrata han rechazado la lógica de que la guerra es inevitable. 
Estamos buscando aliados en el pueblo estadounidense, la mayoría del cual no está a favor de una guerra unilateral. 
Rechazamos la lógica de la guerra inevitable. 
El dictador Sadam debe temer la ira del mundo entero, pero esa ira debe estar enfocada a permitirle colaborar pacíficamente para encontrar soluciones y no a otra Bahía de los Cochinos o a otro incidente de Tonkin. 
Y si Bush presenta finalmente las pruebas que nos ha prometido muchas veces y que el Sr. Blix ha pedido urgentemente, no habrá ninguna razón para la guerra, sino, al contrario, para realizar inspecciones a través de las Naciones Unidas y luego para afrontar y solventar los problemas. 
La fuerza de un Consejo de Seguridad unido debe someter a Sadam, y debemos tomarnos el tiempo necesario para hacerlo. 
Nosotros tenemos tiempo, Sadam no. 
Una guerra sin pruebas convincentes o sin una resolución de las Naciones Unidas sería una admisión de nuestra debilidad y sería hacerles el juego a los Sadam de este mundo. 
Espero que los europeos, a través de usted, señor Solana, de los 15 Estados miembros y del Consejo de Seguridad, construyamos nuestro futuro sobre el deseo de paz de los pueblos europeos. 
Esa es la verdadera sabiduría. 
Señor Presidente, la resolución 1441 es muy clara. 
En su apartado 1 declara que Iraq ha incurrido y sigue incurriendo en violación grave de sus obligaciones con arreglo a las correspondientes resoluciones, incluida la resolución 687, de 1991. 
La resolución 687 de 1991 describe las exigencias de las Naciones Unidas en cuanto a la vigilancia, la inspección y la verificación de las armas de destrucción masiva y los misiles balísticos. 
Impone sanciones, salvo en relación con los suministros médicos y humanitarios, para garantizar el cumplimiento de la resolución. 
Prohíbe claramente la comisión de actos de terrorismo, o el apoyo a los mismos. 
Exige la devolución de los prisioneros de guerra kuwaitíes y de los bienes kuwaitíes y advierte sobre las graves consecuencias que se producirían si Iraq sigue utilizando armas de destrucción masiva. 
Sin duda, Iraq es culpable y ha incumplido todas estas disposiciones. 
Por ejemplo, apoya a terroristas como la organización MKO (Organización Muyaidines i Jalq) , incluida en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. 
Entrena, arma y manda actuar a ese grupo terrorista, y lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. 
Es posible también que, a través de la guerra en el norte de Iraq, descubramos su relación con la red Al Qaeda de terroristas internacionales. 
Voy a centrarme ahora en las armas de destrucción masiva. 
En anteriores debates, he hablado de la utilización de gas mostaza en las marismas en 1996 y de las víctimas a las que vi. El Sr. Brok, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, ha mencionado nuestra visita a Irán, durante la cual hablamos con algunas de las personas que habían sufrido las consecuencias de ese abuso de armas de destrucción masiva, mientras seguían ocultándose prisioneros de guerra kuwaitíes y seguían sin devolverse bienes de propiedad kuwaití. 
A pesar de esos incumplimientos, la resolución 1441 concede a Iraq una última oportunidad, una pequeña puerta que aparentemente se niega a abrir. 
La resolución 1441 nos pide a todos que seamos testigos y aliviemos el sufrimiento del pueblo iraquí. 
La resolución hace referencia a la prolongación de la crisis humanitaria derivada de la negativa de Iraq a aplicar la resolución 687 y otras resoluciones. 
¿Cuáles son las consecuencias? 
Millones de refugiados. 
Irán ha recibido a la mayor parte, Jordania acoge a un gran número, Siria también, al igual que Turquía, por no hablar de otros países de la región. 
En la Unión Europea hemos recibido un número relativamente pequeño. 
Cientos de miles, sí, pero no los cuatro millones y medio de refugiados que se han quedado en la región. 
Estos refugiados están vivos; otras personas han sido torturadas, asesinadas o encarceladas y no tienen libertad de expresión. 
Por lo tanto, Sadam es peligroso para la región y además es peligroso para su propio pueblo. 
Si sigue en el poder, no tenemos ninguna seguridad de que en el futuro no volverá a gastar las tres cuartas partes de su producto nacional bruto en armas, 15, 16 ó 17 millardos de dólares en nuevo armamento que llega a la región año tras año. 
Ésa es la amenaza que supone para la región, y dispone de instrumentos que le permitirán enviar esas armas de destrucción masiva fuera de las fronteras nacionales de Iraq. 
La resolución 687 tenía el objetivo general de restaurar la paz y la seguridad internacionales en la región. 
Creo que las Naciones Unidas tienen ahora la voluntad de garantizar el cumplimento de ese objetivo. 
Nuestra unidad como Unión Europea debería servir para apoyarlas en sus esfuerzos. 
Señor Presidente, ¿puedo preguntar qué hacen el Sr. Solana y el Sr. Patten para traducir en actos su voluntad declarada de evitar la guerra, aparte de replantear la necesidad de desarmar al horrible régimen iraquí y confiar formalmente en que el Consejo de Seguridad lo haga o incluso de encargar al Sr. Powell que declare como testigo presencial que Bin Laden ha estado acostándose con Sadam Husein? 
El problema es que la decisión de bombardear Iraq hasta convertirlo en un depósito de cadáveres inadecuado para los muertos se tomó hace mucho tiempo a orillas del Potomac. 
Personas de todo el mundo han comprendido esto y están enfadadas, y esto les ha llevado a movilizarse. 
Está muy bien decir que debemos apoyar el papel de las Naciones Unidas. 
Sin embargo, permítanme preguntar quién está degradando ese papel y proclamando cada día que, con o sin las Naciones Unidas, la guerra se desencadenará, probablemente antes del 6 de marzo de 2003, con independencia de lo que diga o no diga el Consejo de Seguridad. 
En cuanto a las pruebas fehacientes, no sabemos con seguridad si ese maldito dictador sigue teniendo esas terribles armas y tampoco lo sabe el Sr. Blix. 
Lo que los Estados Unidos están pidiendo a Sadam Husein, sin embargo, no es que pruebe su inocencia, sino que facilite pruebas de su propia culpabilidad, es decir, que suba por su propio pie al patíbulo para que le cuelguen o le bombardeen hasta hacerlo añicos. 
Si se tratara de un caso penal, sería desestimado en cualquier tribunal del mundo. 
Así que, adaptando las palabras del Sr. Solana y del Sr. Patten, hay bastante ambigüedad, ofuscación y el deseo no declarado de seguir los belicistas pasos de Washington, con la única esperanza de que las Naciones Unidas nos den la deseada hoja de parra. 
Éste es, probablemente por última vez, un momento definitorio para Europa. 
Esta Unión debe reclamar la iniciativa moral y racional y, antes que nada, debe salvarse de algunos de sus líderes. 
Señor Presidente, señor Solana, a estas alturas del debate es difícil no repetir lo que ya han dicho otros diputados. 
Espero que mañana votemos la resolución común presentada por varios grupos políticos, así como una serie de enmiendas. 
Sólo quisiera repetir que, de hecho, al escucharles, al escuchar a mis colegas diputados, pienso que uno de los puntos de partida de nuestro pensamiento es la voluntad, que ha quedado ampliamente confirmada por muchos de nuestros ciudadanos, de oponernos a la intervención militar, tanto si cuenta con el apoyo de una resolución de las Naciones Unidas como si no. 
Creo que debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué se está produciendo, en los quince países de la Unión, un rechazo tan vehemente a la guerra? 
Las razones ya se han mencionado en parte Bush haya decidido repentinamente que el 5 de febrero será la fecha en la que podrá presentar pruebas que probablemente tiene desde hace mucho tiempo. 
Por otra parte, y sin querer pecar de antiamericano, creo que a los europeos les desagrada un tanto que un único gobierno marque las prioridades del calendario internacional, aunque se considere a sí mismo una potencia. 
Eso se debe claramente a que nos gustaría- y nosotros estamos de acuerdo- que aumentara el poder de las Naciones Unidas y de la Unión Europea como actores mundiales, pero también nos gustaría establecer otra agenda. 
A este respecto, creo que el presidente de mi Grupo, el Sr. Cohn-Bendit, ha hecho una intervención brillante; creo que tiene razón: tenemos que defender otras prioridades. 
Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, y depende en gran medida de las sociedades árabes, persas y turcas de la región. 
Sin embargo, nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad. 
Para concluir, me gustaría volver al tema del embargo. 
El embargo está ayudando a la dictadura mientras mata al pueblo iraquí. 
Creo que deberíamos, y es posible que ustedes ya lo estén haciendo, informar a la oposición iraquí por todos los medios posibles e imaginables de que Sadam Husein, desde luego, debe responder a las preguntas de los inspectores de las Naciones Unidas, pero también de que, si se produjeran cambios en Iraq, nosotros podríamos ayudarles levantando el embargo, por supuesto exclusivamente para productos no militares. 
Creo que este mensaje debe quedar más claro y transmitirse a través de los canales diplomáticos apropiados. 
Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que Sadam Husein es un peligro para su propio pueblo. 
Pero muchas de las personas que han protestado en toda la Unión Europea y en todo el mundo, haciendo oír su voz, consideran que George W. Bush es una amenaza no sólo para su propio pueblo, sino para el mundo entero. 
En mi opinión y en la opinión de los manifestantes, no hay ninguna justificación para esta guerra. 
Repito una vez más que no hay ninguna prueba de que exista una relación entre Al Qaeda e Iraq. 
Las afirmaciones al respecto de Washington se basan en lo dicho por los prisioneros de Al Qaeda de Guantánamo. 
Todos sabemos lo que están sufriendo esos prisioneros. 
Nunca he tenido ninguna duda de que los Estados Unidos han estado intrigando para lanzar la guerra en Iraq. 
El hecho de que 1,7 millones de personas hayan muerto debido a las sanciones y los bombardeos desde la Guerra del Golfo nos hace preguntarnos cuánto vale un barril de petróleo. 
No nos equivoquemos, esta guerra se libra por el petróleo. 
Los Estados Unidos nos dicen que las reservas de petróleo se utilizarán después de la guerra exclusivamente para la reconstrucción de Iraq. 
Yo le digo al Sr. Bush: ¡no pretenda tomarme el pelo! 
Sólo hay que analizar las aportaciones de Estados Unidos a la reconstrucción de Afganistán. 
La Unión Europea está pagando esa factura. 
La sociedad de Afganistán sigue tan fracturada como siempre. 
A mi juicio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el principal responsable, de acuerdo con la Carta de la ONU, del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
Sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, está guerra sería una violación del derecho internacional, no tendría ninguna legitimidad y sería totalmente inmoral. 
Más del 80% de los europeos son contrarios a la guerra en Iraq. 
Sin embargo, son ignorados por los gobernantes estadounidenses y británicos, que están ocupados mandando tropas para preparar la guerra. 
Eso dice mucho sobre la democracia. 
Creo que, después de Iraq, los estadounidenses se dedicarán a Irán y a otros elementos del «eje del mal». 
Una verdadera guerra de civilizaciones. 
¡Que Dios nos ayude a todos! 
Señor Presidente, en el fondo no hay nada sorprendente en la situación actual. 
No es sorprendente que los Estados Unidos tengan lo que podría llamarse una necesidad de guerra, simplemente porque los imperios sólo pueden vivir en estado de guerra y gracias a ese estado. 
Tampoco nos extraña que tengan que inventarse pretextos. 
Ni nos sorprende que, en esta situación, Europea esté ridículamente dividida. 
Ni que Francia simbolice, tanto en Europa como en el mundo, la resistencia al terrorismo imperialista. 
Por supuesto, somos plenamente conscientes de que este imperio necesita la guerra, como cualquier otro imperio desde el principio de los tiempos: la guerra en Kosovo en 1999, en Afganistán en 2001, en Iraq hoy y pronto quizás también en Côte-d ' Ivoire, donde supuestamente la guerra sería para defender al país contra Francia. 
Necesita guerras por varias razones, por el petróleo, naturalmente, dado que el petróleo es muy necesario para el consorcio petrolero de Bush, pero también por razones económicas. 
La economía estadounidense está, como nos hemos cansado de oír, sumida en la parálisis y esta situación es decididamente perjudicial para el crecimiento. 
En este cruel sistema, el impulso para la economía se consigue a costa de varios cientos de miles de muertos. 
Una vez más, nada nos sorprende ya. 
Ni debería sorprendernos la patética necesidad de Washington de disfrazar sus crímenes. 
Lo que sí es sorprendente, sin embargo, es que sigamos tomándolos en serio. 
El argumento de las armas de destrucción masiva, de las que no tienen ninguna prueba, ha dejado de ser válido, y hace mucho tiempo ya que no es válido a los ojos de la opinión pública de la mayor parte del mundo. 
Que nos acusen de antiamericanismo. 
En ese caso, me gustaría recordar las palabras de Scott Ritter, ciudadano estadounidense y miembro de la primera misión de inspección suspendida en 1998 por una primera, o segunda o tercera guerra estadounidense. 
El Sr. Ritter escribió sencillamente que era imposible que Sadam Husein hubiera mantenido un programa de armas químicas utilizables tras la primera misión de inspección. 
No tengo tiempo para hablar de otros aspectos, pero tampoco me parece sorprendente que Europa esté dividida. 
Algunos Estados miembros se sienten más miembros de la federación de los Estados Unidos que de la Unión Europea. Un ejemplo, aunque no el único, sería el Reino Unido, cuyos motivos para pertenecer a la Unión Europea son difíciles de desentrañar. 
Por otra parte, hay otros que, como Francia, mantienen la idea de un mundo organizado por naciones. 
No es sorprendente que Francia siga siendo el símbolo de la resistencia a la violencia imperialista: ésta es su vocación ancestral y la gran mayoría de sus ciudadanos apoyan decididamente en estos momentos al Presidente de la República en el desempeño de esta ancestral misión. 
Señor Presidente, todos sabemos que el pacifismo ha sido a menudo el peor enemigo de la paz: Munich sigue en la mente de todos. 
Sin embargo, en esta ocasión debemos observar, de acuerdo con el informe de los inspectores, que Iraq no se ha negado abiertamente a aplicar la resolución 1.441. 
Sin ningún dato realmente nuevo, y ya veremos si el Secretario de Estado estadounidense puede proporcionarnos alguno, en la actualidad no hay nada que justifique que el Consejo de Seguridad adopte una nueva resolución que autorice el inicio de operaciones militares contra Bagdad. 
Para poder justificar el paso de la comunidad internacional a la segunda fase de medidas, las pruebas deberían estar a la altura de la gravedad de las acusaciones. 
Hasta ahora, sin embargo, no se han presentado pruebas, y sigue habiendo bastantes aspectos que no están claros. 
En este contexto, la instigación de una guerra, prescindiendo del Consejo de Seguridad, contra un Estado que en estos momentos está cumpliendo aparentemente las decisiones de la comunidad internacional, tendría sin duda efectos contrarios a los deseados. 
Al poner a Sadam Husein en la paradójica posición de un inocente perseguido a los ojos de la opinión pública de los países en vías de desarrollo, relanzaría inevitablemente el terrorismo islámico que nos hemos comprometido a erradicar. 
En las actuales circunstancias, señor Presidente, el remedio sería peor que la enfermedad. 
Señor Presidente, el debate de hoy es, probablemente, el más importante de todos los debates en los que he tenido el honor de participar desde que accedí a esta Cámara. 
Creo que afecta al propio futuro de la Unión Europea en su legítima ambición de ocupar la posición en el escenario internacional que el mundo espera de ella: una Europa aliada de los Estados Unidos en la defensa de nuestros valores comunes, pero no necesariamente de acuerdo con todas sus posturas. 
Sabemos que, para ello, Europa debe conseguir hablar con una única voz, y en esta Cámara y en el seno de la Convención nos esforzamos permanentemente por conseguirlo. 
Sin embargo, nos vemos obligados a advertir que, en lo relativo a Iraq, en la actualidad Europa está dividida entre los que se oponen a cualquier tipo de acción o amenaza militar, los que, como los estadounidenses, parecen decididos a tomar medidas militares en los próximos días, y los que constituyen una mayoría (en la que me incluyo) en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que piden que sólo se recurra a la guerra cuando se hayan agotado todos los medios diplomáticos para convencer a Sadam Husein de que ceda y para obligarle a que abandone todos sus proyectos de desarrollo y producción de armas de destrucción masiva. 
A todos aquellos que rechazan toda idea de acción militar, a los que dicen «nunca más» a la guerra, me gustaría decirles que respeto la generosidad de su compromiso, aunque no comparto su visión angelical de un mundo sin armas, en el que se establecería la paz universal y en el que la violencia desaparecería por razones morales y no simplemente por el temor a las consecuencias. 
Me gustaría recordar a todas esas personas la desafortunada experiencia de Kosovo, donde Europa fue incapaz de obligar a Milosevic a poner fin a su política de limpieza étnica porque ese dictador, que siempre había sabido muy bien hasta dónde podía llegar sin ir demasiado lejos, no creía en la voluntad de la Unión Europea ni en su capacidad para imponerla dentro de la alianza. 
En estos momentos, todos estamos de acuerdo en condenar a Sadam Husein, no sólo por el riesgo que representa, en relación con el terrorismo internacional, en la producción y distribución de armas de destrucción masiva, sino también por la crueldad del régimen que impone a su pueblo. 
Creemos, al igual que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que debería darse cuenta de que ya no puede andarse con rodeos y de que ahora, en los próximos días, debe presentar pruebas de que se ha resignado a desarmarse y ha decidido hacerlo, o tendrá que enfrentarse a una guerra que no tiene ninguna oportunidad de ganar. 
A aquellos de mis colegas que están decididos a ir a Iraq para transmitir un mensaje distinto y asegurar que nunca habrá una guerra, me gustaría decirles aquí, con cierta solemnidad: tengan cuidado para no ser ustedes mismos, al fomentar su extremismo, responsables de que la comunidad internacional no tenga otra opción que el uso de la fuerza para imponer la aplicación de la voluntad que viene declarando desde hace años. 
Ahora me gustaría dirigirme a los que creen que se dan todas las circunstancias necesarias para autorizar el inmediato despliegue de una intervención armada, sin necesidad de una nueva resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a quienes les diría: la opinión pública no está de acuerdo con ustedes sobre este punto, puesto que exige pruebas de que esta acción es inevitable y una garantía de que se llevará a cabo de conformidad y en defensa del derecho internacional. 
Colin Powell debe presentar sus pruebas ante el Consejo de Seguridad y es preciso que una delegación del Parlamento vaya a Nueva York el lunes para tratar el asunto con la seriedad que merece. 
Si se presentan esas pruebas, no tengo ninguna duda de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no dejará de sacar las conclusiones pertinentes. 
Por el contrario, si las pruebas siguen sin ser suficientes, será preciso dar a la misión de inspección de las Naciones Unidas el tiempo que solicita para volver a intentar evitar una guerra. 
Estos son los conceptos básicos de la propuesta de resolución de nuestro Grupo político y la resolución común que se presentará mañana. 
Sin embargo, comprenderán ustedes, después de lo que acabo de decir, que en ningún caso debemos dar la impresión de que excluimos la posibilidad de una acción militar. 
Eso sería totalmente contraproducente, así que hemos presentado varias enmiendas al borrador de resolución común, la más importante de las cuales se refiere a la actual redacción del artículo 3, que algunas personas podrían interpretar en este sentido. 
Dado que yo, al igual que la mayoría de los demás diputados de esta Cámara, creo en la importancia de esta resolución común, que debe demostrar al mundo que las voces de Europa están por fin en armonía, al menos en el Parlamento Europeo, espero sinceramente que, teniendo en cuenta las enmiendas que proponemos, esta resolución obtenga el voto favorable de una mayoría tan amplia como sea posible. 
Señor Presidente, Alto Representante, Señorías, como es lógico votaré a favor de la resolución que es fruto del acuerdo entre diversos Grupos parlamentarios. 
Se trata de un compromiso posible, pero para mí insuficiente. 
La doctrina de una guerra preventiva para proteger intereses vitales de los Estados Unidos es inaceptable. 
El Papa se ha expresado en estos términos y se ha sentido obligado a condenar esa doctrina porque contraviene el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. 
Por consiguiente, esa doctrina debería ser criticada y rechazada expresamente por el Parlamento Europeo. 
Asimismo, la «errática» política de la administración Bush- en palabras de Bill Clinton, y errática es lo menos que se puede decir de ella- oculta los monstruosos intereses de una nueva estrategia para controlar el petróleo en Oriente Próximo y ha servido de coartada para que se produzca un terrorismo de Estado real e inaceptable: el terrorismo perpetrado por el gobierno de Ariel Sharon. 
Digo esto el día siguiente a la victoria de Ariel Sharon en las elecciones israelíes, que, a mi juicio, tendrá trágicas consecuencias para Israel. 
Realmente espero equivocarme, porque me considero un amigo del pueblo israelí. 
El discurso pronunciado ayer por George Bush volvió a ser extremadamente arrogante y a carecer de fundamentos reales. 
Es obvio que quiere una guerra a cualquier precio, por razones propias y para proteger los intereses de los Estados Unidos. 
La existencia de armas de destrucción masiva, una acusación que hace el Presidente Bush- hasta ahora sin pruebas convincentes- contra el dictador y asesino Sadam Husein, parece un simple pretexto, haciendo caso omiso de Kim Jong-Il, el dictador coreano- quien sí tiene armas nucleares- y de todos los demás dictadores de Oriente Próximo. 
Me gustaría terminar alabando el valor y la clarividencia política de los Gobiernos francés y alemán por haber condenado una guerra contra Iraq sin la autorización expresa de las Naciones Unidas. 
Nosotros, y yo, en mi calidad de diputado del Parlamento Europeo, estamos orgullosos de la «vieja Europa». 
En mi opinión, todos los Gobiernos europeos, especialmente los de los Quince, deberían mantener esa posición. 
Decir la verdad es la mejor forma de demostrar nuestra amistad y respeto por los Estados Unidos de América; la América del espíritu de los pioneros y del idealismo, no la América del egoísmo y el juego sucio. 
Tras escuchar, señor Presidente, al Ministro de Asuntos Exteriores griego ayer, y al Sr. Solana y al Sr. Patten hoy, me parece que están inmersos en una penosa batalla por mantener abiertas sus opciones de guerra mientras distraen a lo que sólo cabe calificar de oposición abierta de nuestros ciudadanos a una guerra. 
La famosa posición común de la Unión Europea es básicamente un manifiesto a favor de la guerra; eso se deduce claramente del hecho de que Blair la haya firmado. 
Si la Unión Europea fuera contraria a la guerra con Iraq, ejercería su derecho de veto en el Consejo de Seguridad. 
Sus Estados miembros no estarían mandando fragatas al Golfo ni accediendo a las exigencias estadounidenses. 
Estarían actuando con arreglo al principio de las Naciones Unidas, que prohíbe la acción militar excepto en defensa propia, lo que no es el caso en esta ocasión. 
Por lo tanto, la Unión Europea se está limitando a intentar ganar tiempo para poder acabar regateando con los Estados Unidos para controlar los campos petrolíferos de Iraq. 
De eso se trata en realidad, si vamos a decir la verdad. 
Si Iraq no tuviera oro negro, francamente a nadie le importaría un bledo. 
Sus supuestas armas de destrucción masiva son un mero pretexto. 
Hay países, como India, Pakistán e Israel, que tienen armas de destrucción masiva y hay países, como los Estados Unidos, que las fabrican, las venden y las utilizan. 
Nosotros, los comunistas, no soportamos la sangrienta dictadura de Sadam Husein. 
Tenemos una cuenta que saldar con él porque miles de nuestros camaradas iraquíes fueron sus primeras víctimas. 
Sin embargo, que siga o no en el poder es algo que sólo el pueblo iraquí puede decidir, y es nuestra obligación ofrecerles solidaridad política activa. 
Como ocurrió en la última guerra y durante el embargo impuesto a Iraq, esta guerra tendrá consecuencias desastrosas para el pueblo iraquí, que lleva mucho tiempo sufriendo. Y tal y como están las cosas ahora, también tendrá graves consecuencias- incluso económicas- para zonas más próximas a nosotros. 
Por lo tanto, lo que debemos exigir es que esta guerra criminal se evite a toda costa, con o sin resolución de las Naciones Unidas. 
Sí a la resolución pacífica de los conflictos internacionales. 
No a cualquier medida que permita que el torvo Presidente de los Estados Unidos actúe de portavoz de intereses multinacionales. 
Debemos expresar nuestra solidaridad con el pueblo estadounidense, del que surgen cada vez más voces que protestan contra la guerra. 
Señor Presidente, hace algún tiempo, Scott Ritter, ex inspector de armamentos, hizo una visita al Parlamento Europeo. 
Nos pidió que viajáramos a Iraq a apoyar las inspecciones de armamentos. 
Creía que eso demostraría no sólo a los Estados Unidos y al mundo en general, sino también a Iraq, que las inspecciones de armamento no son algo inventado por los Estados Unidos, sino la única forma de conseguir la paz; y que demostraría que los inspectores de armamentos cuentan con un fuerte apoyo, incluso entre nosotros, los pacifistas y los contrarios a la guerra. 
En una videoconferencia celebrada ayer con los presidentes de los Grupos políticos, Hans Blix confirmó que él también cree que podría ser útil que diputados del Parlamento Europeo viajaran a Iraq y expresaran claramente su apoyo a las inspecciones de armamentos ante los líderes iraquíes. 
En este contexto, es muy triste escuchar los intentos de los Liberales de difamar y arrojar sospechas sobre los 30 o más diputados del Parlamento Europeo que han decidido viajar a Iraq para promover la paz. 
Es fácil sentarse en la seguridad de sus hogares en Europa y ridiculizarnos a los que, debido a nuestra desesperación en vista del riesgo de una guerra a gran escala, estamos intentando hacer al menos una pequeña aportación. 
Creo que es muy triste. 
Estamos a favor de la paz porque estamos en contra del uso de la pena de muerte. 
No hay duda de que Sadam Husein es un bandido, pero si queremos tener un sistema de derecho internacional, no debemos lincharle, y no debemos imponer una pena de muerte colectiva que afecta a personas inocentes. 
En la UE no admitimos la pena de muerte ni siquiera para los peores criminales. 
Señorías, necesitamos un sistema jurídico internacional y no un cruce entre la Edad Media y el Salvaje Oeste. 
Señor Presidente, pertenezco a esa generación de europeos que, en gran medida por el período de la historia que nos ha tocado vivir, siempre ha considerado a los Estados Unidos nuestro defensor de la democracia y la libertad, el país que liberó a Italia y a Europea de la tiranía nazi, el país que, durante décadas, ha liderado a las democracias occidentales en su lucha contra las amenazas procedentes de la Unión Soviética. 
Me entristece y preocupa ver ahora a los Estados Unidos tomando un camino que probablemente les llevará a perder el liderazgo moral del mundo, aunque, por supuesto, seguirán teniendo el liderazgo político y militar. 
Hemos pasado de una posición firme y racional ante los peligros del terrorismo árabe e islámico y del terrorismo del propio Iraq, a una situación en la que priman las decisiones unilaterales, y debemos darnos cuenta de que no podemos aceptar esta situación sin desandar décadas de progreso del derecho internacional. 
¿Qué haremos si, en el futuro, un país como China o Rusia decide que tiene derecho a invadir a uno de sus vecinos? 
¿Es Iraq realmente la amenaza más peligrosa? ¿No nos demuestra Corea que existen amenazas mayores? 
Por eso, aunque confirmamos nuestro afecto y estima por los Estados Unidos, debemos decirles, como verdaderos aliados y amigos, que ha tomado el camino equivocado y que debe pararse a escuchar a la comunidad internacional. 
Asimismo, mi pesar se ve incrementado por el estado en que se encuentra Europa, por la imagen de una Europa dividida como nunca, en la que quedan claramente patentes los problemas reales- la falta de una visión política y estratégica del mundo- y en la que las legítimas diferencias entre los países europeos resultan inútiles por su incapacidad para acordar medidas conjuntas. 
Celebro la colaboración franco-alemana, aunque no apoyo todas las posiciones. 
La celebro porque siempre ha sido la fuerza impulsora de Europa y puede seguir siéndolo en el futuro, pero, si no queremos que se quede únicamente en una irrelevante retórica, como ha sido el caso hasta ahora, debe canalizarse a una posición que dé lugar a la creación de una política europea de defensa en el futuro, puesto que Europa sólo podrá ser tan influyente como los Estados Unidos cuando hable con una sola voz. 
Señor Presidente, una abrumadora mayoría de la población europea se opone a una guerra en Iraq, y en estos momentos no hay razón para una guerra, aparte del deseo de hacerse con las reservas petrolíferas iraquíes. 
Una guerra preventiva no sería otra cosa que un ataque deliberado y unilateral, injustificable sin el mandato de las Naciones Unidas. 
Muchos serían los perdedores de esa guerra. 
Es posible que los Estados Unidos y el Reino Unido consiguieran ganar las batallas, pero es mucho más lo que está en juego. 
Uno de los perdedores sería el mundo civilizado, que está viendo una demostración de cuán fácil es desplazar y suspender el derecho internacional, por el que se luchó durante décadas, en aras de una guerra preventiva de agresión. 
Señor Presidente, en vista del informe de los inspectores de las Naciones Unidas presentado el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y de los diez años de engaños, evasivas e incumplimientos de las resoluciones del Consejo de Seguridad por parte de Iraq, debería estar claro para todos los presentes que nos enfrentamos a una grave situación en el Golfo. 
El punto de partida en todo este debate debe ser que somos representantes de naciones democráticas. 
Sadam Husein es un dictador que no respeta la democracia, el Estado de derecho ni las exigencias de las propias Naciones Unidas. 
Como demócratas tenemos la responsabilidad de explicar plenamente las razones por las que consideramos que es necesario tomar medidas para defender la voluntad de la comunidad internacional, que es que Sadam Husein debe desarmarse incondicionalmente. 
No se trata tan sólo del trabajo de los inspectores de la ONU; más bien, se trata de desarmar a Sadam Husein de sus armas de destrucción masiva. 
Esas armas estaban allí cuando los inspectores se vieron obligados a abandonar el país en 1999; ¿dónde están ahora? 
Hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba del desarme; y no podemos olvidar una cosa: que la carga de la prueba debe recaer en este caso en Sadam. 
En mi opinión, el Primer Ministro británico tiene la responsabilidad particular de explicar claramente las razones por las que debemos enfrentarnos a la amenaza que suponen las armas de destrucción masiva de Iraq. 
Lamento tener que decir que hasta la fecha su propio Gobierno no ha estado tan unido ni ha sido tan claro a este respecto como yo creo que el Reino Unido tiene derecho a esperar. 
Nos ha decepcionado la incapacidad del Sr. Blair para convencer suficientemente a la opinión pública del Reino Unido de la necesidad de estar dispuestos a actuar, en vista de lo que es, a todas luces, una amenaza real para la seguridad de nuestro pueblo. 
En el Reino Unido hemos podido ver durante la última quincena o así ejemplos muy claros de la existencia de esa amenaza real. 
La incapacidad colectiva para enfrentarnos a la gravedad de la situación unidos y con determinación sólo sirve para dar un respiro a Sadam Husein; no estar dispuestos a actuar- si sigue obstruyendo y mintiendo- sería una clara invitación a cualquier Estado rebelde a hacer lo que quiera sin tener que hacer frente a graves consecuencias. 
Dejaría a los Estados Unidos, y sobre todo a las Naciones Unidas, en una situación de debilidad e impotencia. 
No cabe duda de que si la situación no mejora en las próximas semanas, es posible que sea necesaria una segunda resolución de las Naciones Unidas. 
Sin embargo, ésa es la mejor opción antes de cualquier intervención militar en el Golfo. 
Después de escuchar al general Morillon, creo que la comunidad internacional sigue teniendo el derecho a actuar sin esa nueva resolución, puesto que anteriores resoluciones de las Naciones Unidas le han concedido ya esa facultad. 
La posición que los Gobiernos francés y alemán han adoptado durante los últimos días, así como muchas de las intervenciones y manifestaciones que han tenido lugar en esta Cámara esta misma tarde, demuestran claramente que toda esperanza de tener una política exterior y de seguridad común es vana. 
No estoy haciendo política de partido a este respecto, pero está claro que nos estamos engañando como parlamentarios europeos si creemos que estamos algo más cerca de desarrollar una política exterior y de seguridad común o cualquier cosa que se le parezca; es obvio que no lo estamos. 
En los próximos días y las próximas semanas, necesitamos nervios templados y unas Naciones Unidas eficaces. 
Debemos asegurarnos de que Sadam Husein entienda que su incumplimiento de la voluntad de la comunidad internacional acarreará graves consecuencias. 
Del mismo modo debemos asegurarnos también de que la opinión pública occidental y del resto del mundo entienda y aprecie por qué debemos estar dispuestos a actuar en defensa del interés internacional. 
Los líderes políticos deben tener el coraje necesario para afrontar esas amenazas; de lo contrario, la credibilidad de las propias Naciones Unidas estará en peligro y Sadam Husein habrá ganado la batalla. 
Si las naciones occidentales hubieran mandado un mensaje más fuerte y unificado a Sadam Husein desde el principio y hubieran mantenido su resolución, quizás hoy no tendríamos que estar estudiando la posibilidad de una intervención militar. 
Señor Presidente, ha habido ocasiones en los últimos meses en que he tenido la impresión de que estamos haciendo política a través del espejo, donde todas las normas se ven al revés y el negro se ha convertido en blanco, así que creo que es bastante útil que volvamos a centrarnos en los principios básicos. 
En primer lugar, los Estados Unidos de América son un país democrático que durante el pasado siglo estuvo dispuesto en dos ocasiones a dar la vida de muchos de sus ciudadanos para defender la paz, la libertad y la democracia en Europa. 
Iraq es un país gobernado por una dictadura, en el que no hay ni libertad ni democracia, y cuyos líderes asesinaron a cientos de miles de sus propios ciudadanos y que todos sabemos que constituye una amenaza para la paz y la estabilidad de la región. 
No es al revés. 
Merece la pena recordar exactamente lo que dice la resolución 1441. 
El apartado 1 afirma que Iraq ha incurrido en una violación grave de sus obligaciones con arreglo a las resoluciones de las Naciones Unidas. 
El apartado 4 afirma que las falsedades u omisiones en las declaraciones presentadas por Iraq constituirán una nueva violación grave de las obligaciones de Iraq. 
Por último, el apartado 13 recuerda que el Consejo ha advertido reiteradamente a Iraq de que, de seguir infringiendo sus obligaciones, se expondrá a graves consecuencias. 
En vista del informe de Hans Blix, se podría decir que el apartado 4 ya ha sido incumplido. 
Sea como fuere, las Naciones Unidas tienen que decidir qué significan el apartado 13 y la expresión «graves consecuencias». 
Los colegas que han hablado tienen razón cuando afirman que el futuro de las Naciones Unidas está en peligro. 
Las Naciones Unidas no pueden proferir amenazas sin estar dispuestas a llevarlas a cabo. 
Los inspectores necesitan más tiempo y nosotros precisamos que los estadounidenses nos hagan llegar más información. 
Sin embargo, si se notifican nuevas violaciones graves, será preciso aplicar en su totalidad la resolución 1441. 
No hacerlo sería un respaldo para la actividad ilegal que hemos condenado, y me parece que alguna de las intervenciones hechas hoy aquí son ataques contra la resolución 1441 que todos apoyamos. 
Ningún miembro del Consejo de Seguridad debería prejuzgar ese debate, ni tampoco deberían decir ahora, antes de ver las pruebas, lo que van a votar. 
Pero debemos tener claro que, si las Naciones Unidas aprueban una segunda resolución, todos debemos apoyarla porque eso es lo que hemos dejado claro en nuestras resoluciones en este Parlamento. 
Señor Presidente, todo el mundo sabe que en estos momentos estamos al borde del desastre. 
El Gobierno estadounidense, aprovechando los ataques terroristas del 11 de septiembre, está imponiendo el terrorismo de Estado en el mundo entero con el fin de establecer su dominación económica y militar universal. 
No contento con permitir que el pueblo palestino sea masacrado, que 500 000 niños iraquíes mueran debido al embargo y que millones de africanos enfermos de sida mueran debido a la falta de atención, el Presidente Bush va a invadir Iraq fundamentalmente para apropiarse de su petróleo. 
¿Quién puede creer seriamente ni por un momento que los Estados Unidos van a luchar contra un dictador terrorista porque no respeta las decisiones de las Naciones Unidas? 
No deberíamos olvidar que Pinochet y Bin Laden fueron agentes reclutados y entrenados por la CIA, que Israel no ha aplicado ni una sola de las resoluciones de las Naciones Unidas y, sin embargo, afortunadamente nadie está pensando en bombardear Israel. 
Derechos humanos o beneficios: dos varas de medir. 
Esta es la alternativa. 
Esta guerra huele a petróleo y la mayoría de esta Cámara lo sabe. 
Sin apoyar en absoluto a la dictadura de Sadam Husein, es nuestra obligación transmitir el masivo rechazo de la gente, que se manifestará en particular en todas las capitales el 15 de febrero en respuesta al foro de Porto Alegre. 
Con o sin las Naciones Unidas, ésta no es nuestra guerra. 
De acuerdo con los cálculos realizados, costará casi 30 000 millones de dólares, mientras que el programa de alimentos de las Naciones Unidas se ha reducido, debido a las presiones de los Estados Unidos, a sólo 1 700 millones de dólares. 
Rechazar la guerra por todos los medios posibles, utilizar el dinero asignado a la guerra para erradicar la pobreza y permitir al pueblo palestino vivir en un Estado libre: ésos son los tres imperativos del momento. 
Señor Presidente, es de vital importancia que el Parlamento Europeo envíe un claro mensaje de que no hay razones para una acción armada en Iraq. 
Cada vez más personas de toda la UE reconocen que un ataque preventivo sería tanto ilegal como inmoral. 
Cientos de miles de personas se han reunido en manifestaciones contra la guerra en toda la Unión Europea. 
En el Reino Unido, más de 160 000 personas han firmado una petición contra la guerra organizada por un diario nacional, el Daily Mirror. 
Estas personas reconocen que no podemos decir que mantenemos la legalidad internacional incumpliendo el derecho internacional. 
Saben que una guerra contra Iraq sería también enormemente contraproducente: en lugar de luchar contra el terrorismo, sería una forma de darle alas. 
Existen alternativas y la UE tiene que representar un papel destacado en la promoción de las mismas. 
Si este conflicto trata realmente del desmantelamiento de las armas de destrucción masiva, hay otros muchos caminos para conseguirlo. 
Por ejemplo, necesitamos la plena aplicación del Tratado de No Proliferación Nuclear. 
Cinco países, entre ellos el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, han cometido violaciones graves de este artículo concreto del derecho internacional durante más de tres décadas. 
Asimismo, deberían reforzarse las convenciones sobre armas químicas y biológicas. 
Hay muchas otras propuestas. 
Se trata de agendas ambiciosas y controvertidas, pero la UE es especialmente capaz de proponer soluciones nuevas y radicales y tiene la obligación de hacerlo. 
Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que es preciso hacer todos los esfuerzos posibles por salvaguardar la paz y en que es nuestra obligación, la de todos nosotros, trabajar por evitar la guerra. 
Comparto los sentimientos antibelicistas, pero es precisamente para evitar la guerra por lo que la comunidad internacional debe identificarse con la Organización de las Naciones Unidas y sus decisiones, dando así autoridad a la función de las Naciones Unidas. 
Las decisiones que las Naciones Unidas han tomado hasta ahora han sido muy claras, señor Presidente, empezando por el mensaje enviado a Sadam Husein solicitando el desarme de todas las armas de destrucción masiva. 
Si Iraq no respeta los deseos de la comunidad internacional, será inevitable una intervención armada que, por supuesto, sólo deberá producirse tras la decisión de las Naciones Unidas. 
Ahora la pelota está en el tejado del dictador iraquí. 
Depende de Sadam Husein demostrar al mundo que no posee armas prohibidas. 
Si realmente quiere evitar la guerra, deberá decir la verdad a los inspectores. 
Lamento decir que, hasta ahora, Sadam Husein no ha colaborado con los representantes de las Naciones Unidas, tal y como demuestra el informe de Hans Blix ante el Consejo de Seguridad, que expresa claras sospechas en relación con la existencia de gas nervioso y bombas químicas. 
Cito: «El 7 de diciembre de 2002, Iraq presentó una declaración de unas 12 000 páginas... [al ]... 
Lamentablemente, la declaración de 12 000 páginas, en su mayoría copias de documentos antiguos, no parece incluir ninguna prueba nueva que responda a la totalidad o una parte de las preguntas.» 
Lo mismo cabe decir del gas nervioso. Iraq prometió que no se había preparado esa sustancia venenosa para utilizarla como arma, pero UNMOVIC ha conseguido información en sentido contrario: hay indicios de que Iraq ha producido más de lo declarado y de que ha acumulado gas nervioso para usos militares. 
Voy a citar de nuevo el informe presentado ante el Consejo de Seguridad en relación con las bombas químicas: hay una discrepancia de 6 500 bombas. 
Repito: 6 500 bombas químicas siguen sin estar contabilizadas. 
Por otra parte, Iraq ha declarado que produjo unos 8 500 litros de carbunco, que, según dice, destruyó unilateralmente en el verano de 1991. 
Iraq- continúa el informe- apenas ha facilitado pruebas de esa producción y ninguna prueba convincente de su destrucción. 
Hay indicios claros de que Iraq produjo más carbunco del que ha declarado. 
El informe continúa en esta línea. 
En estos momentos me complace decir que Sadam Husein está aislado. 
Además, la declaración realizada ayer por el Sr. Putin solicitando al dictador iraquí que colabore con los inspectores, puesto que en caso contrario Rusia se verá obligada a cambiar de postura, no debe subestimarse. 
La presión sobre Sadam Husein debe intensificarse. 
Por lo tanto, ruego a los diputados del Parlamento Europeo que piensan ir a Iraq que desistan de su plan. 
Sadam Husein utilizaría su misión para afirmar que Europa está dividida y que tiene algunos apoyos en nuestro continente. 
Esta utilización debe evitarse a toda costa. 
Que optemos por la guerra o la paz depende fundamentalmente de las decisiones de Sadam Husein, y Europa debe asegurarse de que el régimen iraquí colabora con los inspectores. 
En esta situación tan complicada, la obligación de Europa es utilizar su influencia para conseguir la paz. 
El documento de la Unión, aprobado por los Ministros de Asuntos Exteriores el otro día, demuestra que pueden evitarse las divisiones de nuestro continente, las divisiones que Sadam Husein podría aprovechar para ganar tiempo y crear más problemas a las Naciones Unidas. 
Hablando con una sola voz, Europa ha convencido a los Estados Unidos para que acepten el aplazamiento de la guerra y ha dado más influencia a los inspectores. 
El Viejo Continente puede hacer mucho para conseguir la paz, así que las iniciativas que el Gobierno italiano está llevando a cabo en estos momentos merecen nuestra atención y también nuestro apoyo. 
Las entrevistas y reuniones- celebradas hoy, mañana y el lunes- podrían ser extremadamente significativas, en buena medida porque creo que el Gobierno italiano está transmitiendo mensajes de los demás países de la Unión Europea. 
Sin embargo, señor Presidente, la búsqueda activa de la paz no debe hacernos olvidar que todos estamos comprometidos con la protección de los valores de la libertad, la tolerancia y el respeto de la dignidad humana, valores que fueron atacados el 11 de septiembre. 
No sólo sufrieron los Estados Unidos, cada uno de nosotros ha resultado afectado. 
Ahora depende de Sadam Husein demostrar que no está apoyando el terrorismo, que no tiene tratos con Al Qaeda y que tiene la intención de someterse a la voluntad de las Naciones Unidas. 
En resumen, él será el responsable de lo que ocurra en los próximos meses. 
Señor Presidente, el Alto Representante ha empezado su discurso esta noche diciendo que debemos abordar esta crisis desde un punto de vista europeo. 
Sin dejar de concederle todo el crédito que merece, también debemos reconocer el trabajo de la Presidencia griega, que jugó su carta con determinación y, hasta ahora, ha conseguido resultados que no se habían esperado, sobre todo en lo relativo a la agenda y a los calendarios. 
A este respecto, les recuerdo que se debatieron también las situaciones en Corea, Oriente Próximo y Macedonia, además de la de Iraq, puesto que todas ellas forman parte de una situación internacional muy compleja. 
Creo que el Parlamento no tendrá ningún problema para apoyarle, señor Solana, en los cuatro puntos que ha citado como estrategia europea. 
Me gustaría dejar claro que, en lo que respecta al papel de las Naciones Unidas, nosotros- el Grupo de los Socialistas Europeos, especialmente- queremos que no haya una excesiva rigidez en la aplicación de la resolución 1.441 ni se produzca una declaración automática de guerra en el caso de que haya una discrepancia entre lo declarado y la realidad. 
Sin embargo, para dar credibilidad al deseo- que usted ha descrito correctamente como el deseo de la mayoría de los ciudadanos europeos- de evitar la guerra y al mismo tiempo librarnos de los dictadores, creo que Europa debe tener más confianza en sí misma y ser más coherente y, sobre todo, estar más unida. Más coherente en el sentido de creer con más fuerza en sus valores y demostrar cierto orgullo por ellos, y más unida en el sentido de adoptar una posición mejor pensada y más compartida. 
A este respecto, me gustaría acabar con una pregunta. ¿Son este documento, aprobado el 27 de enero por los Ministros de Asuntos Exteriores, y la coordinación de los miembros europeos del Consejo de Seguridad un indicio de que se va a superar la oposición entre las posturas franco-alemana e hispano-británica? 
En ese caso, ¿qué hará Italia- objeto de tantos elogios del Sr. Tajani- cuando ostente la Presidencia? 
¿Qué continuidad habrá entre las Presidencias griega e italiana, dado que nuestro Primer Ministro oscila continuamente entre el apoyo al Presidente Bush y lo que parece ser una preferencia por la posición europea? 
Señor Presidente, la retorcida mentalidad belicista que ha desarrollado el Gobierno estadounidense es muy grave y se ha granjeado la creciente oposición de la opinión pública mundial. 
Tal y como recalcaron los representantes de muchos países en el foro parlamentario mundial celebrado en Porto Alegre, debemos exigir a nuestros líderes que se opongan firmemente a la guerra y que rechacen el concepto de guerra preventiva incluido en la nueva doctrina estratégica de la administración Bush. 
Las instituciones de la Unión Europea y los Gobiernos de los Estados miembros y de los países candidatos deben rechazar cualquier participación en la guerra contra Iraq, incluido el uso de bases militares y otras instalaciones en sus territorios, así como cualquier participación de tropas o el suministro de recursos militares y financieros, sin que esto implique ningún apoyo al régimen iraquí. 
También debemos conseguir que se levante el embargo contra Iraq, un embargo que ha hecho tanto daño a la población, sobre todo a los niños. 
Lo que de verdad importa son todas las acciones mediante las cuales se demuestra nuestra solidaridad con el pueblo iraquí, como las visitas de delegaciones de diputados del Parlamento Europeo a Iraq y las manifestaciones públicas contra la guerra y para defender la paz previstas para el 15 de febrero. 
Debemos rechazar esta guerra injusta, que es claramente una declaración de hegemonía estadounidense, dictada sobre todo por los intereses petroleros y por los complejos militares e industriales estadounidense y británico. 
La oposición a la guerra en Iraq es igualmente esencial para poner fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos y a las agresiones del gobierno de Ariel Sharon, y para intentar lograr, mediante el diálogo, una paz justa y duradera. 
Nuestros ciudadanos quieren la paz, así que vamos a trabajar para hacerla posible, expresando repetidamente nuestras protestas, nuestra indignación y nuestro rechazo ante la inminencia de una guerra contra Iraq. 
Señor Presidente, Señorías, los Estados Unidos tienen miedo. 
Tienen miedo desde el 11de septiembre. 
Han hecho guerras en todos los continentes, pero tienen poca experiencia de una guerra en su propio país; la última fue en 1860. 
Por lo tanto, tienen miedo y cuando un país o un continente tiene miedo, puede cometer errores estúpidos. 
Los Estados Unidos deberían escuchar a la vieja Europa, esta vieja dama cubierta de sangre y lágrimas, la vieja dama a la que los propios estadounidenses acudieron a salvar de la dictadura hace 50 años. 
¡Ojalá los Estados Unidos la escuchen! 
Esta vieja dama diría: escojan la seguridad a través del derecho internacional, sométanse a las decisiones de las Naciones Unidas, accedan a otra reunión de las Naciones Unidas- que debemos exigir- para otra resolución. 
Sabemos que los estadounidenses son los más fuertes. 
No tenemos más remedio que admitirlo, pero eso no justifica el unilateralismo. 
No justifica mantenernos firmes para defender exclusivamente nuestros propios intereses nacionales. 
Es preciso decir que nuestros conciudadanos pueden detectar un fuerte olor a petróleo en este asunto. 
Hay quien dirá que eso es mentira, pero lo huelen y saben que tres cuartos de las reservas de petróleo están allí, que los Estados Unidos las necesitan y que mañana las necesitará China; saben que esas reservas, esos recursos, deben estar disponibles para el desarrollo de nuestros países, desde luego, pero también de los países del sur. 
Ésas son reservas mundiales para todos, y antes que nada también para esos países. 
Para acabar me gustaría dedicar unas palabras a la joven Europa, nuestra Europa, la joven chica que estamos creando. 
Ésta será la hora de la verdad para ella y debemos armonizar las posiciones de sus cuatro Estados miembros y un país candidato que forman parte del Consejo de Seguridad. 
Lo que ocurrió el lunes no es suficiente Deberíamos ser capaces de coordinar nuestra posición para decidir juntos qué vamos a hacer con nuestros dos derechos de veto en el Consejo de Seguridad, anticipando lo que puede ser nuestro futuro. 
En cualquier caso, no hay ninguna razón evidente para rendirse, ya sea con respecto a la reunión o con respecto al derecho de veto. 
Señor Presidente, los inspectores de las Naciones Unidas presentes en Iraq están haciendo un buen trabajo. 
Si encuentran armas químicas o biológicas no declaradas, tienen derecho a destruirlas. 
Si no las encuentran, su obligación es transmitir esa información. 
Mientras este proceso se esté produciendo y siempre que dé el resultado previsto, Iraq no representa una amenaza para nadie. 
En su actual situación, no se atrevería siquiera a encender un petardo. 
Por consiguiente, no hay ninguna razón para declarar una guerra preventiva. 
Durante los próximos días, los Estados de la Unión Europea tendrán, por lo tanto, la urgente obligación de evitar una acción militar unilateral que supondría una infracción del derecho internacional. 
La resolución 1.441 excluye el recurso automático al uso de la fuerza. 
Es una vergüenza, por lo tanto, que los diputados y diputadas del PPE-DE hayan optado por la ambigüedad en ese aspecto fundamental. 
¿No han leído la declaración de la conferencia episcopal de los obispos alemanes que dice, y cito: «una guerra preventiva es un ataque y no puede considerarse una guerra justa»? 
No creo que los obispos hayan sido manipulados por Sadam Husein. 
¿No han entendido nuestros colegas del PPE-DE la llamada de las iglesias a intentar cualquier cosa para evitar una guerra preventiva que, y cito: «vaciaría de contenido el principio de renuncia a la fuerza establecido por el derecho internacional y acabaría por debilitar todo el sistema de la Comunidad de Estados»? 
Los socialistas no podemos expresar mejor que los obispos lo que pensamos de los gritos de guerra de los halcones de Washington. 
Los diputados Demócrata-Cristianos pueden recuperar el tiempo perdido mañana en la votación, y estoy seguro de que el Sr. Morillon, que es un hombre razonable, utilizará toda su capacidad de persuasión. 
Señor Presidente, el clima político internacional es tormentoso, por decirlo de una forma suave. 
Citando mal a Tolstoi, no es ninguna exageración decir que la cuestión a la que nos enfrentamos es, ni más ni menos, un dilema entre la guerra y la paz. 
En otras palabras, lo que otras personas consideran un dilema, es decir, si Sadam Husein debe quedarse o irse, no es lo esencial. 
Básicamente, estamos viviendo las consecuencias de una crisis que se inició en 1979 con la guerra Irán-Iraq, continuó con Kuwait y sigue produciéndose hoy en día. 
Los antiguos aliados son ahora adversarios y los antiguos adversarios son aliados. 
¿Y qué vamos a hacer al respecto? 
Como Unión Europea, tenemos que actuar de acuerdo con un principio y un compromiso político. 
El principio en cuestión es que toda decisión debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras que el compromiso es que todos debemos mantener una posición unida en las Naciones Unidas. 
El pasado lunes, el Consejo de Asuntos Generales empezó a definir la capacidad de la Unión Europea, esperemos que esa capacidad se convierta finalmente en política. 
A menudo decimos, cuando hablamos de asuntos euro-americanos, que los estadounidenses son nuestros aliados. 
Cierto, lo son, y como tales les apoyamos y ayudamos en Afganistán. 
Pero toda política estadounidense no tiene por qué convertirse automáticamente en política europea. 
Permítanme hacerles una pregunta muy simple. 
¿Era la política de Clinton respecto a Oriente Próximo, a Iraq o a cualquier otro país la misma que mantiene Bush? 
No. 
Por lo tanto, la autonomía política de la Unión Europea y los principios que la sustentan deben ser siempre la piedra angular del respeto mutuo entre los Estados Unidos y Europa. 
Necesitamos una respuesta sobre varias cuestiones relativas a la gestión de crisis. 
¿Recuerdan lo que dijimos sobre la crisis en Oriente Próximo? 
Y nadie nos escuchó. 
Está el problema de la democracia en el Golfo, en Iraq y en cualquier otro sitio, pero éste no es el momento de entrar en eso. 
Sin embargo, lo que yo diría es que los cambios democráticos en Europa central y oriental, donde hemos encontrado nuevos socios, no se consiguieron tomando partido y participando en conflictos. 
Se consiguieron respaldando y mejorando relaciones y allanando el camino para que esos países y naciones avanzaran hacia la democracia. 
Señor Presidente, Alto Representante, hoy se ha dicho casi todo. 
Quisiera agradecer los esfuerzos de la Presidencia griega por resolver la situación en que nos hallamos. 
Es posible que mañana el Parlamento Europeo adopte una resolución común sobre Iraq, una resolución que yo apoyo. 
Pero estoy desolada por el hecho de que el mínimo consenso que refleja, que subraya el papel esencial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea tan tímido. 
Aunque la defensa y la seguridad son sin duda asuntos intergubernamentales, creo que la paz y la estabilidad mundiales no se pueden restringir a un único pilar. 
Usted ha dicho, señor Solana, que la abrumadora mayoría de los europeos están abiertamente contra la guerra. 
Y nosotros, en este Parlamento, con el fin de salvaguardar la cohesión europea y nuestras relaciones transatlánticas, vacilamos y pagamos un alto precio, el del silencio y en ocasiones el de la hipocresía, dado que hacemos como que creemos determinadas cosas. 
Hacemos como que creemos que se puede probar la inexistencia de algo. 
Hacemos como que creemos que estamos luchando contra el terrorismo, cuando todo indica que vamos a empeorarlo infinitamente. 
Hacemos como que creemos que Iraq es una amenaza para el mundo, cuando realmente es un país doblegado. 
Hacemos como que creemos que sólo ese país tiene armas de destrucción masiva, cuando toda la región es un polvorín. 
Hacemos como que creemos que los 150 000 hombres que se agolpan en las fronteras de Iraq están allí simplemente para presionar a Sadam Husein. 
Hacemos como que creemos, como ha dicho el Sr. Poignant, que esta guerra no tiene un terrible olor a petróleo y que el objetivo real de Bush es devolver Iraq a los iraquíes. 
También hacemos como que creemos que la democracia puede construirse por la fuerza en un lugar plagado de minas y bombas. 
Y hacemos como que creemos que nunca seremos cómplices de una masacre y que las Naciones Unidas, ese árbitro del derecho internacional, será imparcial y no es objeto de enormes presiones. 
Señor Presidente, ¡hoy siento vergüenza! 
Señor Presidente, señor Solana, la guerra no es nunca algo inevitable a lo que hay que resignarse. 
Es el hombre el que decide ir a la guerra; y el hombre quien puede detenerla. 
La guerra nunca ha sido la forma correcta de destruir armas de destrucción masiva ni de luchar contra el terrorismo. 
Estamos al borde de una guerra que tendría devastadoras consecuencias para el pueblo iraquí, para toda la región y para el mundo en su conjunto. 
En esta situación, no podemos seguir en silencio sobre los problemas jurídicos y morales que plantea una guerra. 
Todos los políticos deberían analizar a dónde llevaría una guerra contra Iraq. 
Millones de personas se verían obligadas a huir, refugiados de los que los países vecinos no pueden ocuparse. 
La guerra podría extenderse a Israel y Palestina y la oposición a Occidente podría aumentar, dando lugar a más atentados terroristas. 
Sería necesario un esfuerzo humanitario muy grande para ayudar a los 23 millones de habitantes de Iraq. 
¿Merece la pena? 
La guerra con Iraq no tiene que ver con la dictadura de Sadam Husein o los incumplimientos de las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Si fuera así, los Estados Unidos, las Naciones Unidas y la Unión Europea estarían involucrados en muchas guerras por todo el mundo: por ejemplo en Arabia Saudita e Israel, por citar algunos países. 
De lo que se trata realmente es del poder sobre el petróleo y el poder en la región. 
La Carta de las Naciones Unidas permite el uso de la fuerza para el mantenimiento de la paz exclusivamente como último recurso, cuando se han agotado todas las demás opciones. 
Sólo el Consejo de Seguridad puede tomar decisiones al respecto. 
Sin embargo, ni la Carta de las Naciones Unidas ni el derecho internacional permiten el uso de la fuerza con fines preventivos. 
Una guerra preventiva es la ley de la calle, la justicia del poderoso, que acaba con el derecho internacional en que se basa el mundo. 
La Unión Europea debe protestar con firmeza contra esto. 
No hay ninguna justificación para las políticas de devastación de Sadam Husein. 
Debemos eliminar sus armas de destrucción masiva y las de los demás, inclusive las de los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, pero nunca hemos recomendado el uso de la fuerza para ello. 
Demos a los inspectores unos plazos decentes, y aprovechemos el tiempo para cooperar entre la UE, los países árabes, Rusia y las Naciones Unidas a fin de encontrar una solución pacífica. 
Señor Presidente, delante de mí hay un cartel que dice «no a la guerra». 
Yo digo «no» a una guerra unilateral. 
No soy pacifista- aunque eso no quiere decir que crea que ser pacifista es malo- pero estoy muy preocupado por el impacto que una guerra unilateral contra Iraq tendría sobre el futuro del orden mundial, y el tipo de mundo en el que vivimos, si no dejamos clara nuestra posición, como Parlamento: si no permitimos que las Naciones Unidas moderen el derecho internacional, no tendremos ningún derecho. 
No podemos permitir que el Estado más fuerte del planeta, que se considera invencible en términos militares, decida qué objetivo ataca, a quién desarma y cómo y cuándo lanzará ese ataque. 
Ése es el camino hacia la anarquía; un camino que no dará seguridad a ningún Estado en la faz de la tierra, y mucho menos a los países pequeños, a los que yo represento en este parlamento. 
La guerra es un fracaso de la política. 
Las Naciones Unidas tienen la oportunidad- y así lo han afirmado claramente los inspectores que han presentado su informe ante ellas esta semana- para desarmar por medios pacíficos a Sadam Husein si se les da suficiente tiempo y siempre que Sadam Husein coopere activamente con ellos. 
Estamos hablando de dar tiempo a los inspectores; no estamos hablando de permitir a Sadam Husein quedarse- suponiendo que las tenga- con armas de destrucción masiva. 
Desapruebo el intento del Sr. Watson, el líder del Grupo Liberal, de menospreciar mis razones y las de mis colegas para viajar a Bagdad este fin de semana e intentar convencer a cualesquiera autoridades con las que podamos reunirnos de que cooperen activamente con los inspectores y, por supuesto, de ver in situ los efectos que están teniendo las sanciones, sobre todo en los niños iraquíes. 
Por último, sé que se me ha acabado el tiempo, pero desearía decir dos cosas muy breves. 
En el informe de los inspectores no se ha establecido ninguna relación con el terrorismo internacional. 
No se ha encontrado ninguna prueba de que Sadam Husein tenga armas de destrucción masiva, más bien al contrario. 
Debemos dar más tiempo a los inspectores. 
Señor Presidente, la guerra es algo muy serio. 
Ya dijo Erasmo que es dulce solamente para quien no la conoce. 
Debemos, en mi opinión, denunciar a quienes se valen de la hipocresía, dobles raseros, medias verdades y completas tergiversaciones para llevarnos a la guerra. 
Son inadmisibles los discursos iluminados que, en lugar de promover la auténtica lucha contra el terrorismo, es decir contra Al Qaeda, propalan falacias sobre supuestas ideologías de poder y dominación que son equiparadas con el militarismo, cuando simultáneamente el orador se vanagloria de tener el mejor ejército del mundo. 
Un simple ejercicio de introspección por parte de quien acusa al dictador iraquí de representar un mundo de caos y alarma constante, le haría ver quién representa genuinamente una ideología de poder y dominación y quién provoca en el mundo una alarma constante. 
Sin embargo, creo que debemos felicitarnos por el crecimiento continuado dentro de los Estados Unidos de ese movimiento que rechaza la guerra, congratularnos de posiciones como la del General Schwarzkopf quien, en línea con Erasmo, acaba de acusar al Ministro de la guerra, Rumsfeld, de despreciar al ejército y de disfrutar con la idea de entrar en guerra, o como la del senador democráta Joseph Biden, quien ha acusado a Bush de fomentar la mayor oleada de antiamericanismo de los últimos 30 años. 
Por otro lado, el Primer Ministro de Italia, Silvio Berlusconi, acaba de decir que está a favor de la paz, pero que no puede compartir la responsabilidad de echarse atrás ante aquellos que amenazan nuestra seguridad, libertad y democracia. 
En mi opinión, con sofismas de este tipo, somos nosotros quienes ponemos en peligro nuestra libertad, nuestra democracia y nuestros principios y, desde luego, nuestra seguridad, porque una sociedad que permite mentiras y tergiversaciones para dominar el mercado del petróleo y ejecutar caprichos estratégicos de índole imperial se debilita a sí misma a medio plazo y con ello pone en peligro su cohesión y seguridad. 
Señor Presidente, si los Gobiernos europeos no consiguen aprobar una posición común- y los laboriosos esfuerzos de la Presidencia griega lo merecerían- debemos alzar una voz fuerte, clara y unida en la Unión Europea contra esta guerra por petróleo y contra una intervención militar que se burla del derecho internacional, de las resoluciones adoptadas por la ONU y de la opinión pública mundial. 
Sí, señor Solana, debemos dar a los inspectores de las Naciones Unidas lo que están pidiendo: tiempo, dinero, recursos e información. 
Debemos dar otra oportunidad a la paz. 
Desgraciadamente, la guerra y la violencia son el líquido en el que se conservan ustedes, los hombres que mandan en los centros de decisión, mientras que las víctimas de la guerra son fundamentalmente mujeres y niños. 
Quienes formamos parte de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hemos destacado en numerosas ocasiones la necesidad de que los conflictos se resuelvan por medios pacíficos. 
La guerra con Iraq no sólo indicaría el sonado fracaso de la diplomacia y la política, sino que también significaría que hemos traicionado nuestros valores y nuestra cultura. 
Significará que la vieja Europa no tiene ninguna norma nueva y alternativa que sostener contra la filosofía y la cultura de la violencia que promueven los Estados Unidos. 
Los dirigentes de Europa tienen una enorme responsabilidad en este momento crucial. 
Señor Presidente, tengo la fundada sospecha de que en relación con esta crisis de Iraq, el Presidente Aznar ha contraído compromisos secretos de carácter militar con la administración Bush. 
En el terreno de las pruebas, puedo aportar al Parlamento Europeo una serie de declaraciones públicas relevantes del Presidente Aznar en España, en las que exhibe en los medios de comunicación su apoyo incondicional a Bush, incluyendo en este apoyo el ataque unilateral. 
¿Es esto una actitud leal con la Unión Europea? 
¿Es leal esta posición que rompe el consenso europeo? 
¿Son leales esas intervenciones televisadas de Aznar en las que declara que estará incondicionalmente con Bush para un ataque unilateral? 
¿Son leales, aunque se sepa que de ser así quebrantaría el Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas? 
Aclaro, además, señor Presidente, que en este extremo no le apoya ni siquiera su país, que no respalda estas posiciones. 
La inmensa mayoría de la sociedad española es contraria a un ataque unilateral. 
España se opuso en su día al ataque unilateral a Libia y Panamá y ahora respalda y apoya plenamente la posición común europea. 
Señores del Consejo y de la Comisión, ¿les ha informado el Presidente Aznar de su unilateral apoyo incondicional a Bush? 
Respecto a las recomendaciones del Sr. Galeote, resultarán cínicas si no se las aplica primero a Aznar. 
Señor Presidente, quiero en primer lugar dar las gracias al buen número de parlamentarios que me han acompañado durante esta sesión por su tenacidad y su perseverancia. 
Gracias. 
Quisiera hacer una breve intervención, en el tiempo que se me ha dado, sin excederme, para poner de manifiesto algunas cuestiones. 
En primer lugar, qué duda cabe de que este debate es un debate difícil. 
Es un debate que trata sobre el corazón de la política exterior de la Unión Europea y más allá del corazón de la política exterior de la Unión Europea; de una nueva situación mundial que, sin duda, puede tener consecuencias en el futuro de difícil previsión hoy. 
Pero sí quiero decir que no tenemos que caer en una especie de pesimismo sobre la incapacidad de la Unión Europea de llegar a posiciones comunes. 
Estamos hablando de algo muy serio como es la guerra y la paz. 
Estamos hablando de algo muy serio como es la vida y la muerte. 
Y, por lo tanto, es natural, que aquí se hayan expresado, los muchos diputados y diputadas que han hablado, de maneras muy distintas y que también los Gobiernos a veces se manifiesten de maneras muy distintas. 
De ahí la consecuencia primera; será muy difícil que una decisión sobre la guerra y la paz, la vida y la muerte, pueda un día tomarse por votación. 
La paz y la guerra, la vida y la muerte son algo que pertenece a los Estados y jamás un Estado estará dispuesto a dejar que otro Estado le imponga la obligación de ir a la guerra o, por el contrario, imponer él a otro la obligación de ir a la guerra. 
Digo esto en el contexto de la Unión Europea. 
Sobre la segunda cuestión, creo que si hacemos un poco de memoria y nos retrotraemos a finales de agosto y principios de septiembre del año pasado, creo que la mayor parte de los miembros de esta dignísima Cámara pensaban, con terror o con miedo, que estábamos justo en el principio de una acción unilateral contra Iraq. 
Hubo presiones, presiones muy importantes de muchos países, la mayor parte de países de la Unión Europea. 
Y hay que reconocer, también, el valor que tuvo en ese momento el Primer Ministro de Gran Bretaña, el Sr. Tony Blair. 
Conseguimos entre todos que aquella operación que parecía ponerse en marcha entrara en el camino de las Naciones Unidas. 
Y en el mes de septiembre de este mismo año el dossier Iraq, que estaba fuera del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que estaba fuera del ámbito de las Naciones Unidas, entra en el ámbito de las Naciones Unidas. 
Y durante siete largas semanas se debate la Resolución 1441. 
Todo ello liderado, sin duda, por países europeos para conseguir que hubiera una Resolución aceptada unánimemente. 
Hacía mucho tiempo que no se aprobaba unánimemente una resolución de esta magnitud, con países como Siria, por ejemplo, y que pocos días después, como he dicho al inicio, la Liga Árabe, los países árabes apoyaran unánimemente el contenido de la Resolución 1441. 
Creo que los europeos no son los únicos responsables de la Resolución 1441, pero caeríamos en el pesimismo si no dijéramos que hemos tenido mucha responsabilidad en lograr que la Resolución 1441 exista. 
Y, por lo tanto, maduremos también un poco nuestros pesimismos y nuestros optimismos: hemos tenido una acción importante y la seguimos teniendo. 
La Resolución 1441 obligaba a los inspectores, al Sr. Blix y al Sr. El Baradei, a hacer un informe. 
Tuvieron la generosidad de hablar con el Presidente del Parlamento Europeo por vídeoconferencia ayer. 
Los miembros de este Parlamento están bien informados sobre lo que el Sr. Blix piensa y saben lo que piensa en profundidad, no solamente lo que ha dicho en público, sino lo que ha dicho a través de esa videoconferencia. 
Y todos los señores y señoras diputados de esta Cámara saben que el Sr. Blix, un gran europeo por cierto- como él mismo dijo ayer- y un hombre que cree en los valores de Europa, albergaba en su alma ayer, cuando hablaba con ustedes, un cierto pesimismo. 
Un cierto pesimismo que no venía de la ignorancia, porque es un hombre sabio, que ha trabajado muchos años en la inspección contra las armas de destrucción masiva. 
Albergaba cierto pesimismo porque reconocía que no había habido la cooperación que él había esperado. 
Él había esperado, con su bien hacer, con su experiencia, con su generosidad, haber encontrado una cooperación mayor. 
Luego, la primera consecuencia que tenemos en nuestras manos, el primer informe es un informe que no nos hace sentirnos satisfechos de cómo ha sido la cooperación entre Sadam Husein y el régimen de Bagdad y los inspectores. 
Pero a pesar de todo, hay que seguir y por eso hemos pedido los países de la Unión Europea que se dé toda la ayuda a los inspectores. 
E insisto: ¿qué tipo de ayuda se puede dar? 
De tres tipos: ayuda temporal, dándoles más tiempo; ayuda material, dándoles más medios si lo necesitan; y ayuda en cuanto a la información y a la inteligencia. 
Ayer se consiguió también que las pruebas que existen y que no estaban siendo distribuidas más allá de un cierto número de personas, algunas de ellas del entorno del propio Sr. Blix, se discutan el día 5 de febrero en el ámbito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Por lo tanto, seguimos teniendo en esta hora, como centro de gravedad del debate, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y creo que los países europeos han tenido algo que ver en eso, no en todo, pero sí en una parte muy importante. 
Por lo tanto, hay a la vez una dinámica de presión, que se debe mantener- nos piden incluso los inspectores que se mantenga- y, a la vez, una dinámica política en el debate que se produce en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que va a durar. 
Tendremos todavía sesiones y, seguramente, en este Parlamento se analizarán dentro de varios días los siguientes informes que se produzcan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
El día 14 habrá un segundo informe de los inspectores y veremos cómo evoluciona la situación. 
Como podrán imaginar sus Señorías, estoy en contacto permanente con muchas personas, con muchos países relevantes en el Consejo de Seguridad, más allá de los países europeos, y con países que no forman parte del Consejo de Seguridad. 
Recordarán sus Señorías, porque siguen este tema con la misma atención que yo lo sigo, que hace muy pocos días en Ankara hubo una importante reunión de los países árabes más significativos. 
Les rogaría que leyeran la declaración que surgió de esa reunión. 
Es una declaración que no es muy distinta, al contrario, de la declaración de la Unión Europea del lunes, aunque quizá es menos incisiva. 
Por lo tanto, estamos trabajando en la buena dirección. 
¿Llegaremos a buen puerto? 
Ya lo veremos, pero estamos en una dinámica política que nadie podía esperar hace unos meses que fuera a producirse. 
Por lo tanto, sigamos trabajando, sigamos cooperando de esta manera con otros miembros del Consejo de Seguridad, sigamos trabajando con los demás países y entre nosotros también para que, al final de esta jornada, de este viaje, podamos tener, como decía al principio, una situación de solución a este conflicto tan grave. 
Porque sin duda alguna la proliferación de armas de destrucción masiva va a ser el gran tema que los europeos vamos a tener que tratar en los próximos años y tendremos que concienciarnos, realmente, de la importancia de este asunto. 
Y creo que, a veces, no estamos suficientemente despiertos para ver las consecuencias que ello puede tener, pero espero que, en este caso, se resuelva y se resuelva bien. 
En cualquier caso, por mi parte, estaré siempre dispuesto a comparecer ante sus Señorías, sean muchos o pocos, para intentar entre todos salir adelante y superar las dificultades que este momento histórico nos ofrece a todos para bien o para mal. 
Esperemos que sea para bien. 
He recibido seis propuestas de resolución 
El Parlamento Europeo debe hablar claramente contra la guerra como método para desarmar a Iraq, porque la abrumadora mayoría de nuestros ciudadanos están en contra de ella. 
Las Naciones Unidas nos han mostrado el camino: obligar a Iraq a desarmarse mediante inspecciones y exigir respuestas a las preguntas de los inspectores. 
Cualquier nueva acción deberá tener lugar en el marco de las Naciones Unidas. 
Los derechos humanos también son papel mojado en otros países; otros países también poseen armas de destrucción masiva: Irán, Pakistán, Corea del Norte e India, por ejemplo. 
Es inconcebible que una superpotencia pueda resolver unilateralmente el problema por medios militares. 
El hecho de que Iraq quedara debilitado por la Guerra del Golfo hace 10 años y de que tenga pozos de petróleo no justifica una excepción a esta norma. 
Hay muchos otros problemas pendientes, como el problema palestino, Oriente Próximo, Cachemira, etc. 
Los kurdos de Iraq no son los únicos que están esperando que se les reconozcan sus derechos como pueblo, sino también los de Siria, Turquía e Irán. 
La presión sobre Sadam debe mantenerse hasta que el régimen caiga o cumpla el derecho internacional. 
Armar a un dictador, como hicieron los rusos y los estadounidenses, pero también los británicos, los franceses y los alemanes durante su guerra con Irán, está teniendo graves consecuencias a largo plazo. 
El camino hacia una paz duradera debe compaginar desarme y desarrollo. 
El petróleo de Iraq no cambia nada. 
De conformidad con el orden del día se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la retirada de Corea del Norte del Tratado de no Proliferación Nuclear. 
Tiene la palabra para hacer su declaración, el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Yiannitsis. 
Señor Presidente, señoras y señores diputados del Parlamento Europeo, Señorías, la Unión Europea está profundamente preocupada por los acontecimientos que se han producido en la península de Corea durante los últimos tres meses. 
Toda la comunidad internacional debe hacer todo cuanto esté en su mano para detener cualquier acción que dote a la península de capacidad nuclear, así como para restaurar la política de distensión entre Corea del Norte y Corea del Sur y garantizar que Corea del Norte siga integrándose poco a poco en la comunidad internacional. 
Creo que el Alto Representante, el Sr. Solana, hizo referencia en el último período de sesiones a consultas telefónicas con China, Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos, tras el aumento de la tensión. 
La Unión Europea está preparada y a la espera de ofrecer sus servicios para apoyar las negociaciones en curso. 
Sin embargo, no está dispuesta a permitir que nadie ponga en duda el marco internacional de control y no proliferación de armas nucleares. 
Creemos que los programas de armas nucleares suponen un grave riesgo tanto para la paz mundial como para el frágil equilibrio medioambiental, ya sea con fines pacíficos o para otros usos no controlados que desgraciadamente no excluyen la posibilidad de que se comercie con esas armas. 
Me gustaría empezar hablando de los parámetros y antecedentes del problema, para que todos abordemos este asunto desde el mismo punto de partida. 
Al llevar proseguir con su actual programa de armas nucleares, Corea del Norte ha incumplido todos los acuerdos internacionales de los que es parte, ya sea implícita o explícitamente, y al declarar que tiene derecho a hacerlo, ha incumplido sus obligaciones por lo menos con arreglo a cuatro acuerdos, el Tratado de No Proliferación Nuclear, el Acuerdo de Salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica, la Declaración Conjunta Norte-Sur sobre Desarme Nuclear y el acuerdo marco que, si se infringe, socava el marco KEDO acordado sobre suministros de petróleo. 
Corea del Norte ha hecho caso omiso de las exigencias internacionales y de las sugerencias específicas de que abandone clara y abiertamente su programa de armas nucleares y ha agravado la situación al reaccionar a la interrupción de los envíos de petróleo con arreglo al acuerdo KEDO, que no le permite recibir petróleo y al mismo tiempo llevar a cabo un programa de armas nucleares, expulsando a los inspectores del OIEA y reactivando su central nuclear. 
Finalmente, contestó a la exigencia del Organismo de que readmitiera a los inspectores anunciando que se retiraba del Tratado de No Proliferación Nuclear, en lo que constituye el acontecimiento más desafortunado y preocupante, sobre todo en un momento en el que, según dijeron, los Estados Unidos estaban dispuestos a hablar. 
La Unión Europea ha hecho públicas una serie de declaraciones en las que expresa su profunda preocupación por estos acontecimientos. 
Ha exhortado a Corea del Norte a dar marcha atrás de inmediato en su decisión de retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear y a readmitir a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica, y también ha afirmado que se compromete, fundamentalmente mediante un acuerdo con los Estados Unidos, pero también en colaboración con los países más afectados de la región, a trabajar en aras de una solución pacífica. 
Nuestro objetivo es resolver el problema tan rápidamente como sea posible, así que el Consejo de Asuntos Generales de ayer debatió los recientes acontecimientos en Corea del Norte y los esfuerzos internacionales por aliviar la situación y encontrar una solución, así como sobre las condiciones previas que pondría para enviar una misión comunitaria de alto nivel a Pyongyang. 
El Consejo de ayer acordó en principio que era una buena idea mandar una misión, pero casi todos los presentes destacaron la importancia de que Corea del Norte participe en todo el procedimiento en el nivel más alto posible, incluida la presencia de Kim Jong-Il. 
Se decidió que las condiciones previas, el calendario y la composición de la misión se decidirían en el futuro inmediato y que, mientras tanto, se mantendrían estrechos contactos con los principales protagonistas y nuestros principales interlocutores. 
Creo que si queremos trabajar dentro de este marco en aras de una solución pacífica, una de las cosas básicas que tenemos que hacer es tener en cuenta las preocupaciones relativas a la seguridad que tiene Corea del Norte e intentar tranquilizar a ese país a este respecto ofreciéndole las garantías necesarias. 
La comunidad internacional tiene que centrarse en la normalización de las relaciones entre Corea del Norte y los países de la región en su conjunto y los esfuerzos en este sentido deben redoblarse, sin olvidar que sus ciudadanos necesitan ayuda en su lucha diaria por sobrevivir ante la actual escasez de recursos energéticos. 
Una política de persuasión, acompañada de medidas para responder a las necesidades y preocupaciones de Corea del Norte y para encontrar una forma que le permita dar un paso atrás sin perder su dignidad, será la forma más eficaz de avanzar. 
Por su parte, Corea del Norte debe comprender que el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Acuerdo de Salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica atienden a los intereses de todos los países y naciones y deben ser respetados por todos. 
Apoyamos a la Agencia y las resoluciones que ha aprobado sobre este tema. 
Desarrollar armas nucleares no es una política de defensa eficaz. 
Desarrollar relaciones de colaboración pacíficas y abiertas en beneficio mutuo con todos los países del mundo es, en mi opinión, una política mucho más eficaz, y esta la estrategia adoptada por la Unión Europea, que tiene un historial de buenas relaciones con Corea del Norte. 
Volvemos a exhortar a Corea del Norte desde esta tribuna a que reconsidere su decisión y cumpla todas sus obligaciones en virtud de compromisos internacionales. 
También quiero decir que estamos satisfechos con la forma en que la comunidad internacional ha abordado este asunto, haciendo una apuesta firme y unida por conseguir su objetivo común. 
La Unión Europea está decidida a seguir enviando ayuda humanitaria a Corea del Norte, y los organismos comunitarios responsables siguen debatiendo ideas sobre el papel que la Unión puede desempeñar en el futuro en el apoyo a una solución pacífica. 
Esperamos y fomentamos cualquier acción encaminada a mantener los principios democráticos en todo el mundo; como la historia nos ha enseñado en muchos países y regiones del planeta, ahí se encuentra el camino hacia el desarrollo económico y las relaciones internacionales pacíficas. 
Señor Presidente, aunque en la actualidad todo el mundo está pendiente de Iraq y esta Cámara estaba llena de gente cuando hablábamos de ello hace un momento, el caso es que la actitud de Corea del Norte es quizás más preocupante, y el peligro que plantea es muy real. 
En este tema, no hay muchas diferencias reales entre mi opinión y la de nuestros colegas del PPE-DE. 
Corea del Norte se ha retirado del Tratado de No Proliferación Nuclear, se niega a permitir las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica y está reactivando su programa nuclear. 
¿Y qué hacemos nosotros? 
¡No! 
Gracias a Dios, y me complace ver una actitud tan sabia. 
Estoy completamente de acuerdo con la propuesta de resolución. 
Quisiera recalcar tres aspectos de la misma. 
El primero se refiere al papel de Pakistán en esta cuestión. 
Pakistán es uno de nuestros supuestos aliados, un aliado de los Estados Unidos que, con el mero pretexto de luchar contra el terrorismo, podría, además sin que nadie se diera cuenta, suministrar uranio enriquecido a Corea del Norte. 
Esto nos parece completamente inaceptable, y habría que condenarlo. 
En segundo lugar, agradezco la decisión del Consejo y de la Comisión de considerar el problema de Corea del Norte también desde una perspectiva humanitaria. 
Desde una perspectiva humanitaria, sin recortar la ayuda humanitaria, pero intentando encontrar otras soluciones al problema de la energía, que es un problema muy grave en Corea del Norte. 
Finalmente, el punto que probablemente está más cerca de nuestros corazones, el diálogo. 
Creemos que es urgente que iniciemos el diálogo entre las siete principales potencias, que son la Unión Europea, los Estados Unidos, Japón, Rusia, China, Corea del Norte y Corea del Sur, sobre los temas relacionados con la economía, la seguridad y la paz. 
Creo que realmente este firme diálogo puede llevarnos a una solución de este conflicto. 
Señor Presidente, me complace ver que tanto los países de la Unión Europea como el Parlamento hayan llegado a una posición común sobre el tema de Corea con menos dificultad que la que han tenido en relación con Iraq. 
Creo que esto demuestra que la amenaza de Corea del Norte para la seguridad mundial se considera mayor y más real, tal como, además, el Comisario Patten y el Alto Representante, Sr. Solana, han dicho esta tarde. 
Está claro que no cabe la posibilidad de una acción militar para destruir una central nuclear en Corea. 
En su relación de los hechos, que a quienes nos preocupan estos temas ya nos resultan bastante familiares, el Comisario ha mencionado un posible ataque de los Estados Unidos. 
Creo que esta posibilidad debe quedar completamente descartada, porque podría conducir a la guerra, incluso es posible que a una guerra nuclear, en la península coreana. 
Por lo tanto, al contrario que en el caso de Iraq, aquí la única vía es el planteamiento pacífico, que podría adoptar dos formas: el aislamiento de Corea del Norte o diplomacia y un intento de diálogo. 
Parece que los Estados Unidos, que al inicio de la crisis eran partidarios del aislamiento, ahora se inclinan más por el diálogo. 
Creo que así piensan también incluso aquellos diputados que hasta hace un momento estaban aquí, pero que acaban de abandonar la Cámara con carteles que dicen «No a la guerra» , sin darse cuenta de que con ello sólo consiguen que la guerra sea más probable. 
Toda iniciativa que apoye la causa de Sadam Husein le vuelve más obstinado y menos inclinado a ceder ante nuestras peticiones y nuestra presión. 
En primer lugar, no debemos caer en la trampa preparada por Pyongyang, que está intentando crear una división entre los Estados Unidos y Corea del Sur, un intento favorecido por el hecho de que las relaciones norte-sur no han sido muy buenas durante algún tiempo, hasta el punto de que el Presidente saliente se sintió inclinado a describir a Kim Jong Il como un hombre muy astuto, aunque a juzgar por lo que ha hecho con su país y por cómo vive su gente, la población, se podría pensar precisamente lo contrario. En segundo lugar, no debemos dar a otros países, otros posibles dictadores al estilo de Kim Jong Il, que existen, la impresión de que no hay más que infringir los tratados de no proliferación para verse recompensados con el apoyo y la asistencia de los Estados Unidos. 
Pero en nuestras negociaciones con Corea del Norte debemos imponer dos condiciones indispensables. La primera es que no podemos tolerar la existencia de un programa de armas nucleares en este país. 
Señor Presidente, por supuesto que, en mi calidad de presidente de la delegación ad hoc en Corea del Norte, estoy aturdido por la actitud de este país que, habiendo suscrito la política de acercamiento inspirada por el presidente Kim Dae Jung y apoyada por la Unión Europea, ha renegado de sus compromisos internacionales retirándose del Tratado de No Proliferación Nuclear y expulsando a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica. 
Condenamos firmemente estas decisiones de Corea del Norte, de la misma manera que deberíamos condenar con la misma firmeza la decisión del Gobierno pakistaní de proporcionar la tecnología para el enriquecimiento del uranio. 
Por otra parte, queremos recordar que nuestra política siempre ha estado, y sigue estando, encaminada esencialmente a la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo económico en la región. 
Si queremos que estos objetivos sean compartidos por Corea del Norte, instamos urgentemente a las partes a entablar un diálogo constructivo. 
Creo que a fin de reunir las condiciones para este diálogo es esencial que Corea del Norte declare que está dispuesta a cumplir sus obligaciones de conformidad con los tratados internacionales, y que está retomando el rumbo que ella misma se trazó hace dos años. 
Estoy totalmente de acuerdo con las propuestas del Consejo y de la Comisión de continuar con la ayuda humanitaria y seguir proporcionando la asistencia técnica necesaria para la explotación de las minas de carbón con el fin de abastecer a este país con la energía que tanto le falta. 
Se trata también de un elemento importante en términos de desmantelamiento del programa nuclear. 
Todo ello son claros indicios de que la comunidad internacional no pretende aislar o marginar a Corea del Norte. 
Al contrario, está en manos de Corea del Norte entender el contenido de nuestro mensaje. 
He recibido seis propuestas de resolución 
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el 59º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, que se celebrará en Ginebra del 17 de marzo de 2003 al 25 de abril de 2003. 
Señor Presidente, Comisario, señoras y señores diputados al Parlamento Europeo, me complace tener esta oportunidad de informarles sobre los preparativos que lleva a cabo la Comunidad de cara al próximo período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Uno de los objetivos de la Presidencia griega es promover el diálogo sobre derechos humanos entre el Parlamento Europeo y el Consejo. 
Las conclusiones adoptadas por el Consejo el 10 de diciembre de 2002 contienen recomendaciones para una cooperación más estrecha entre nosotros, en un intento de introducir una política sobre derechos humanos más abierta y transparente. Me gustaría perfilar los principios básicos que apuntalan esta política y modelan el planteamiento global de la Unión en relación con este tema que todos consideramos sumamente importante y delicado. 
El 25 de junio de 2001, el Consejo reafirmó su compromiso de promover la política europea en materia de derechos humanos y la política de democratización de terceros países, y formuló una serie de principios básicos concebidos para aplicar una política de democratización y derechos humanos más creíble, coherente y sólida. 
Necesitamos coherencia entre la acción de la Comunidad y la política exterior y de seguridad común, y la política de desarrollo, mediante una estrecha cooperación y coordinación entre los organismos competentes de la Unión Europea. 
Necesitamos integrar la cuestión de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las políticas y acciones de la UE. 
Necesitamos una apertura de nuestra política de derechos humanos y democratización mediante un diálogo reforzado con el Parlamento Europeo y la sociedad civil, y necesitamos que se identifiquen y se revisen regularmente las acciones prioritarias a la hora de poner en práctica dicha política. 
La Unión Europea tiene una dilatada historia y ha conseguido crear una zona de seguridad jurídica y libertades inviolables de la que nos sentimos merecidamente orgullosos. 
Nuestro objetivo en la próxima Conferencia Intergubernamental es incorporar en los Tratados el acervo comunitario codificado sobre derechos humanos y libertades individuales, tal como aparece en la Carta Europea. 
Esperamos responder así a las expectativas de nuestros ciudadanos y aumentar su nivel de protección. 
Cuanto más claro e inequívoco sea nuestro respeto absoluto por los derechos humanos dentro de la Unión, más creíble y persuasiva será nuestra política exterior en estos temas, y con más eficacia podremos exigir que todos los miembros de la comunidad internacional acaten, si no todos, al menos algunos de los valores y principios básicos que confieren dignidad al hombre y a la sociedad. 
Como saben, las líneas maestras de nuestro planteamiento pasan por la abolición de la pena de muerte y la tortura, el combate contra la discriminación contra las mujeres y la protección de los niños frente a la explotación. 
El respeto de estos principios debe influir en todos los aspectos de la política exterior de la Unión, aunque para ello haya que pagar un precio económico o político. 
Este enfoque garantizará nuestra credibilidad. 
Señorías, antes de detallar los preparativos que estamos haciendo de cara a la reunión de Ginebra, quiero explicar brevemente los resultados de la reunión del año pasado, para darles una idea de las dificultades con que nos encontraremos en marzo y abril. 
Como ustedes saben, el año pasado estuvo plagado de problemas, en parte debido a la composición de la Comisión, algunos de cuyos miembros presentan un historial poco brillante en materia de derechos humanos. 
También fue la primera vez que los Estados Unidos estaban ausentes de la Comisión, y Oriente Próximo dominó los debates y eclipsó cualquier otra iniciativa. 
Las mociones europeas sobre Irán, Chechenia y Zimbabwe fueron rechazadas por primera vez en la historia de la Comisión. 
Debería decir que, aparte del regreso de los Estados Unidos, la composición de la Comisión es más o menos la misma que el año pasado. 
También quiero señalar que el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos refleja las complejas y difíciles luchas de poder con que tenemos que lidiar. 
Y esto quedó demostrado en las elecciones que se celebraron el año pasado en la Comisión, cuando el papel tranquilizador y estabilizador de la Unión Europea demostró el valor de un enfoque europeo sobrio pero pragmático, calmando la tensión y evitando una parálisis dolorosa y peligrosa. 
Tampoco debemos olvidar que esta situación puede verse complicada en un futuro inmediato por la perspectiva de una intervención unilateral en Iraq, el deterioro de la situación en Oriente Próximo y la posible reactivación del terrorismo, alimentado por argumentos conflictivos de todas las fuerzas implicadas que intentan pasarse la pelota unas a otras. 
Señorías, teniendo en cuenta este contexto general, quiero decir unas palabras sobre cómo se está preparando el Consejo para esta reunión. 
Hace dos semanas, el grupo de trabajo sobre derechos humanos del Consejo (COHOM) convocó su primera reunión de dos días para preparar el trabajo de la Comisión. 
Se invitó a los delegados de los diversos grupos de trabajo geográficos a una presentación de las prioridades de este año. 
Con la ayuda de altos funcionarios, el COHOM ya ha conseguido identificar qué países están dispuestos a aprobar un paquete de acciones. 
También ha identificado qué países necesitan más debate, acercamiento e información, y ha pedido informes de los jefes de las representaciones de la Comunidad en dichos países. 
Debo subrayar que no se han tomado decisiones definitivas, y por eso no hay iniciativas. 
El grupo de trabajo COHOM decidirá tantos temas como sea posible en su reunión del 5 de febrero, y los temas particularmente espinosos que queden se discutirán en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y, si es necesario, se remitirán al Consejo. 
Este debate ha llegado en el momento justo, porque la reunión del COHOM del 5 de febrero podrá considerar sus ideas y comentarios. 
Sin embargo, puedo decirles que el grupo de trabajo ya ha acordado provisionalmente que la Unión votará a favor del punto 9 del orden del día sobre Sudán, la República Democrática del Congo, Iraq, Birmania y los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. 
Al mismo tiempo, la Unión Europea está tratando de que algunas partes del sudeste de Europa se transfieran del punto 9 al punto 19 del orden del día, de modo que puedan recibir servicios de asesoramiento y conocimientos técnicos en el sector de los derechos humanos. 
Señorías, de forma deliberada no he comentado todas las acciones de la Unión Europea en este ámbito para el período actual. 
El tradicional informe de la Unión sobre la situación de los derechos humanos en diversas partes del mundo abarcará los países que sean motivo de preocupación. 
Ya se está elaborando un proyecto y nos comprometemos a dar peso a este informe abarcando unos veinte o treinta países. 
También en este ámbito serán esenciales las opiniones del Parlamento Europeo sobre los países que deben recibir nuestro apoyo. 
En lo que a las decisiones temáticas se refiere, las decisiones finales se tomarán también en febrero. 
Lo que puedo decirles es que ya se están elaborando propuestas sobre la pena de muerte y los derechos de los niños. 
Por último, también se están preparando declaraciones de apoyo sobre temas que tienen una gran prioridad en la Unión Europea, como el racismo, la discriminación sexual y la xenofobia, los derechos de las mujeres y las formas modernas de esclavitud, y apoyaremos y fomentaremos todo tipo de iniciativas personales y colectivas para proteger los derechos humanos. 
Son sólo unos ejemplos, pero creo que les he dado una idea de los compromisos y las expectativas de la Unión Europea para la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. 
Antes de terminar, quisiera comentar un tema especial y prioritario para la Presidencia griega, a saber, la importancia de asumir un planteamiento organizado ante las olas de inmigrantes ilegales que invaden Europa. 
Creemos que esto nos ayudará también a combatir graves formas de delincuencia y violaciones de los derechos humanos, como la esclavitud, la prostitución y lo que a menudo es un desprecio total de la vida humana. 
Con el fin de proteger los derechos humanos de los inmigrantes y los refugiados, la Presidencia considera que, aparte de los temas del tercer pilar que tienen que ver con esta cuestión, debemos hacer algo por los derechos sociales de estas personas dentro de la Unión. 
Finalmente, debo señalar que, sobre todo tal como están hoy las cosas, la Unión debe alcanzar un equilibrio adecuado entre la seguridad y el ejercicio sin obstáculos de los derechos de las personas, entre la cooperación y la presión, entre el control y la protección, entre las exigencias de otros y lo que se aplica a nuestros miembros. 
Es un camino difícil, pero es el único. 
Dicho esto, el Consejo se acoge con satisfacción la entrada en vigor del Estatuto del Tribunal Penal Internacional que, en nuestra opinión, será un gran punto a favor de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Señorías tengo que advertirles que vamos mal de tiempo y, por lo tanto, tendremos que administrarlo con bastante precisión. 
Como no desearía utilizar mis poderes represivos, les ruego que se auto-administren disciplinadamente ustedes mismos. 
Señor Presidente, Señorías, el tema de los derechos humanos es un tema que une en gran medida a las distintas familias políticas del Parlamento, de modo que no hemos tenido grandes dificultades para llegar a un acuerdo sobre una resolución común para preparar el 59º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Por supuesto, al preparar este 59º período de sesiones, somos conscientes de la dificultad que comporta conseguir unos resultados sustanciales en el marco de las Naciones Unidas, que es algo que el Consejo y la Comisión ya han ilustrado hasta cierto punto. 
Sin embargo, no deberíamos crear dificultades en cuanto a la situación de la Comisión de Derechos Humanos teniendo en cuenta que la presidencia de este año ha sido confiada a Libia, entre todos los países. 
Creo que es un motivo especial de vergüenza que esto haya sido posible debido a la abstención de la Unión Europea a la hora de las votaciones. 
Sé que fue un pacto con los Estados africanos, pero si queremos evitar una elección de este tipo, quizás deberíamos trabajar más a fondo en este continente en el ámbito de los derechos humanos, y no sólo cuando se trate de regatear puestos de trabajo y cargos en los pasillos de las Naciones Unidas. 
He escuchado lo que ha dicho el representante del Consejo. 
Ha citado las admirables declaraciones que se hicieron en junio de 2001. 
En el Consejo de Asuntos Generales de esta semana, hemos visto cómo la ausencia de un acuerdo ha significado la aceptación de lo contrario, en Zimbabwe, por ejemplo. 
Está claro que las consideraciones sobre los derechos humanos son menos importantes que los temas económicos. 
Aparte de esto, creo que es importante que después de la reunión se proceda- y con carácter inmediato- a informar públicamente por parte del Consejo y de la Comisión aquí en el Parlamento. 
En estos momentos no me sirve de gran cosa el examen de la reunión anterior; pero me hubiera encantado escucharlo apenas concluida la sesión. 
El Parlamento y el público tienen derecho a saber lo que hicieron el Consejo y la Comisión en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y por qué lo hicieron. 
Pero estoy contento cuando se consigue un diálogo sobre derechos humanos con un país, y el Comisario ha mencionado que Irán es uno de estos países. 
Como ponente para Irán, es algo que me complace. 
Sin embargo, Irán debería demostrar que se toma este diálogo en serio cooperando con las Naciones Unidas. 
He encontrado varias cosas positivas en lo que ha dicho el Comisario, y espero que podamos hacerlas realidad. 
Hemos presentado una enmienda en que expresamos nuestro deseo de que se nombre formalmente a un sucesor del Sr. Copithorne, y espero que en Irán estarán dispuestos a trabajar con él. 
En esta resolución, mencionamos varios países como ejemplos de los déficit indiscutibles que existen en el ámbito de los derechos humanos. 
Pero en el Grupo PPE-DE pensamos que esta resolución no sirve para ilustrar en su totalidad el alcance de las infracciones de los derechos humanos que tienen lugar hoy en día, incorporando por ejemplo un gran número de casos individuales bajo determinados epígrafes. 
Por lo tanto, rechazaremos las enmiendas respectivas, pero no por su contenido, sino por razones de procedimiento. 
Señor Presidente, soy una persona crítica, y estoy muy triste porque en este período me siento pesimista también en relación con el futuro de nuestro mundo. 
Por encima de nuestras declaraciones de principios altisonantes, los derechos humanos se están infringiendo en demasiados países. Chechenia, China, los países africanos en guerra, Israel, los Estados Unidos con la pena de muerte, etcétera, etcétera. 
Y la culpa no es sólo de quienes violan estos derechos, sino también de quienes ven lo que ocurre pero no intervienen y no aplican de verdad el derecho internacional. 
En este sentido, los gobiernos se muestran a menudo indiferentes ante el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y sus recomendaciones caen en saco roto. 
Igual que muchos de ustedes, me siento indignada cuando los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de circulación, están siendo pisoteados en países que se declaran democracias, y en la actualidad se están llevando a cabo actos intolerantes y mortíferos en nombre de la lucha contra el terrorismo, como en el caso de la masacre de Mazar-i-Sharif, aunque esto no quiere decir que no haya que combatir el terrorismo. 
Quisiera que en marzo se adoptara alguna medida que hiciera por ejemplo que Israel, que es un Estado signatario, respetara, si no las resoluciones de las Naciones Unidas que exigen el fin de la ocupación militar, al menos la Convención de Ginebra. 
Los castigos colectivos, la demolición de casas, escuelas, hospitales, fábricas y tiendas, el arranque de árboles, las detenciones arbitrarias, la tortura, los asesinatos extrajudiciales, el vandalismo y los robos perpetrados por soldados israelíes, de los que yo, personalmente, he sido testigo en Ramala, son acontecimientos trágicos de cada día en Palestina, igual que los ataques contra civiles en Israel. 
En los últimos dos años han sido asesinados trescientos cincuenta niños palestinos y 80 niños israelíes, víctimas inocentes de nuestra incapacidad para actuar. 
Tenemos los medios para hacerlo, pero a menudo utilizamos dos raseros diferentes: nuestras alianzas pesan más que nuestros valores. 
Europa se basa en los principios de la democracia y el Estado de derecho. 
Si no somos coherentes, primero y ante todo en el contexto de los asuntos de la Unión Europea, utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance, como la suspensión de los acuerdos de asociación con países que han violado flagrantemente los derechos humanos, ¿cómo vamos a ser creíbles como promotores de estos derechos en las Naciones Unidas? 
Necesitamos disponer de suficientes recursos humanos y financieros en la Comisión de Derechos Humanos para poder actuar con mayor eficacia. 
En la conferencia de marzo deberemos tomar decisiones palpables, como enviar una fuerza de mantenimiento de la paz para proteger a la población civil en los territorios ocupados y negarnos a permitir que Israel obstruya las misiones humanitarias o incluso dispare contra ellas. 
La resolución sobre la que vamos a votar perfila unas prioridades y unos compromisos valiosos y efectivos, como el funcionamiento del Tribunal Penal Internacional, el seguimiento de los derechos humanos en Irán y la cooperación de las instituciones con asociaciones y ONG de la sociedad civil, lo que fomentará la educación y el respeto en el campo de los derechos humanos y la democracia. 
Señor Presidente, Ginebra será para nosotros el momento de la verdad. 
Una vez más, allí ponderaremos si somos capaces o no de defender de forma coherente la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en un mundo en que la situación de los derechos humanos ha empeorado significativamente y el clima político en general se caracteriza cada vez más por una inquietante brutalidad. 
Cuando la crisis de Iraq llega a su momento álgido, los Estados miembros decidieron adoptar el proceso establecido en el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Y aún más importante a largo plazo será cómo podemos llevar a cabo una cooperación más estrecha, de conformidad con los artículos 19 y 20, en el ámbito de los derechos humanos en las Naciones Unidas y otros foros internacionales. 
No lo lograremos si perdemos nuestra capacidad de actuar con coherencia. 
Ya no tendremos credibilidad y nosotros, la vieja Europa, nos quedaremos sin la autoridad moral que tanto necesitamos. 
Ya no podremos esperar que nuestros ciudadanos y las ONG nos tomen en serio. 
Señor Presidente, quisiera llamar la atención del Consejo y de la Comisión sobre diversos temas, ciertos expedientes que han tenido un amplio eco en la prensa internacional pero que pasan bastante desapercibidos en nuestras actividades políticas. 
El primero se refiere a un país africano lacerado por violaciones diarias de los derechos más fundamentales, Zimbabwe, donde un Jefe de Gobierno y su régimen de racismo violento y brutal hacia los colonos, los granjeros de origen europeo, ha propiciado una serie de incidentes que, junto con los ataques a los derechos democráticos de la oposición africana local a este régimen, colocan el país totalmente fuera del reino de la democracia. 
Estoy anonadado ante el debate en que nuestras autoridades europeas parecen haber quedado atascadas, como si hubiera la menor posibilidad de permitir al jefe de este régimen sanguinario que está pisoteando brutalmente los derechos humanos que participe en la Cumbre Francia-África de París en febrero o en la Cumbre UE-África que se celebrará en Lisboa en abril. 
Creo que el Consejo y la Comisión deben actuar con decisión, y pienso que un comité cuya raison d ' être esencial es salvaguardar los derechos humanos, no debe pasar por alto unos incidentes brutales que se repiten? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, hace tres días ha sido ejecutado el tibetano Lobsang Dhondup, a pesar de los llamamientos de la opinión pública mundial y las organizaciones de derechos humanos, y pese a las gestiones de los embajadores de Estados miembros de la UE. 
Ni el debate que celebramos en esta Cámara, ni la resolución que adoptamos por unanimidad el 19 de diciembre de 2002, han surtido efecto alguno. 
El 26 de enero de 2003, el Tribunal Popular de Chengdu ha ratificado las sentencias de muerte dictadas contra Lobsang Dhondup y el lama budista Tenzin Delek. 
Estaban acusados de implicación en un ataque con explosivos y de sabotaje contra la unidad nacional. 
El largo confinamiento solitario sin contacto con la familia ni los representantes legales es una infracción manifiesta de las normas mínimas que establecen las Naciones Unidas para el tratamiento de prisioneros. 
Su juicio no fue justo ni conforme con el Estado de derecho. 
Se denegó una audiencia pública en un tribunal abierto, exigida por este Parlamento entre otros, aduciendo que había en juego secretos de Estado. 
No hubo posibilidad de elegir libremente una representación letrada, y el abogado defensor público fue nombrado por el tribunal. 
La ejecución de Lobsang Dhondup ha provocado las protestas inmediatas de los Estados miembros de la UE. Este asunto también estará sobre el tapete en las conversaciones sobre derechos humanos entre Alemania y China. 
Gran Bretaña ha reiterado la petición de abolir la pena de muerte en China, y el diálogo sobre derechos humanos entre la UE y China debe tratar ahora finalmente este caso tan grave. 
Es un desastre; mientras China está intentando mostrar una imagen creíble en el escenario mundial, no respeta las condiciones básicas de defensa de los derechos humanos. 
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, y como presidente del Intergrupo de este Parlamento para el Tíbet, pido al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que intervengan sin demora e impidan la ejecución de la sentencia de muerte que pende sobre Tenzin Delek. 
Durante décadas, este lama ha trabajado en el ámbito religioso, cultural y social, con un éxito tan manifiesto que todos los extremistas lo ven como una amenaza. 
Después de este espantoso acontecimiento no nos quedará ninguna duda de que las violaciones de los derechos humanos en China deben estar en el orden del día de la Convención sobre Derechos Humanos de Ginebra, y la Unión Europea debe tomar la iniciativa en este sentido. 
Señor Presidente, agradezco la referencia que el representante del Consejo ha hecho en su discurso a una posición tranquila, pragmática, y estoy pensando en concreto en la necesidad de una acción pragmática para pedir firmemente, por ejemplo, la ratificación de todos los convenios internacionales, que son herramientas que todos los Estados y los ciudadanos pueden utilizar para proteger sus derechos humanos. 
Quisiera mencionar en concreto dos de ellos, que se consideran particularmente de menor importancia: la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, y la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. 
Pienso que deberíamos seguir pidiendo firmemente una moratoria de la pena de muerte, sobre todo porque ha quedado claro que si nos resistimos a las tendencias o ideas fatalistas de que el destino es inevitable, en realidad se puede persuadir a algunos gobernadores de los Estados Unidos de la inutilidad de esta práctica bárbara: el hecho de que el gobernador de Illinois conmutara 167 sentencias demuestra que es posible ganar esta batalla. 
Ante todo, pedimos a la Unión Europea que luche para garantizar que no haya zonas de exclusión en la protección de los derechos humanos. 
Una de estas zonas de exclusión podría ser la lucha contra el terrorismo, que debería basarse firmemente en el respeto del derecho humanitario internacional. 
Otra podría ser el hecho de que el Tratado de Roma, por el que se establece el Tribunal Penal Internacional, siga siendo considerado por algunos países, principalmente los Estados Unidos, como un cero a la izquierda. 
La autoridad y la eficacia de este Tratado están en peligro de verse cada vez más disminuidas por la actitud de los Estados Unidos y su decisión de adoptar acuerdos bilaterales con algunos países. 
Finalmente, señor Presidente, quisiera que fuéramos a Ginebra con una convicción que espero que podamos compartir, que la primera y más elevada forma de defensa de los derechos humanos es evitar la destrucción, la ignominia y la violencia de la guerra. 
Señor Presidente, no podemos sino estar de acuerdo con los principios generales expuestos por el Presidente en ejercicio y el Comisario, pero lo que importa es cómo los aplicamos, y sobre eso quiero hacer tres comentarios. 
En primer lugar, no deberíamos aparecer como psicoterapeutas apacibles en un país y fiscales implacables en otro. 
Los criterios aplicados a Turquía deberían aplicarse también a Irán, y los criterios que aplicamos a Irán deberían aplicarse también a Turquía. 
Y ya que hablamos de Turquía, es hora de que Leyl Zana, la mujer galardonada con el premio Sajarov, pueda ver la luz del día. 
Y sería un logro importante si esto pudiera ocurrir bajo la Presidencia griega. 
En segundo lugar, los Estados Unidos. 
Además de lo que ha dicho el Comisario, está la cuestión de la pena de muerte en los Estados Unidos, y debemos tratar este tema de la misma forma que lo hacemos en otros países. 
Y dado que estamos hablando de las espadas cruzadas entre la Unión Europea y los Estados Unidos, creo que quizás estaría bien que en 2003 concediéramos el premio Sajarov a un norteamericano, al gobernador saliente de Illinois, que ha conmutado la pena de 150 personas que estaban en el corredor de la muerte. 
En tercer lugar, debemos examinar los derechos que se violan con las medidas contra el terrorismo. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a los oradores por sus comentarios y observaciones. 
Creo que serán muy útiles para el Consejo, al igual que las referencias a varios países y regiones como China, Oriente Medio y Zimbabwe, que reflejan no sólo la posición del Consejo, sino también la acción que el Consejo y la Comisión están llevando a cabo en relación con toda una serie de problemas. 
No escatimamos ningún esfuerzo para persuadir al máximo posible de personas de la necesidad de aplicar los derechos humanos. 
Por supuesto, lo que importa en última instancia es que la presión que ejerzamos dé resultado y no se quede en una simple presión política. 
Desde luego que también estoy de acuerdo con muchos de los demás comentarios formulados, pero queda poco tiempo para entrar en ellos, como el de dirigir la mirada hacia los problemas de África. 
Antes de comentar nuestra posición en diversos foros internacionales, quisiera aprovechar esta oportunidad para comentar la referencia que el Sr. van den Bos ha hecho a la abstención de la Unión Europea en la votación del año pasado. 
Personalmente, creo que la decisión de abstenerse no fue una expresión de indiferencia. 
No sería propio de la naturaleza de la Unión Europea. 
Fue una decisión muy meditada, con la que se esperaba ayudar a la Comisión de Derechos Humanos a funcionar con menos conflictos en las circunstancias políticas que surgieron el año pasado. 
También me gustaría indicar que por supuesto estamos interesados en abolir la pena de muerte; es uno de los logros supremos de Europa. 
Y resulta evidente en muchas de las conversaciones que están teniendo lugar, incluso con los Estados Unidos, donde varios acuerdos, especialmente en el marco de la lucha contra el terrorismo, no pueden prosperar a menos que se garantice que no se aplicará la pena de muerte a las personas extraditadas a los Estados Unidos. 
La cuestión de la pena de muerte nos interesa vivamente en todas partes. 
He recibido seis propuestas de resolución 
En primer lugar, quisiera disculparme, en nombre del Parlamento, por la excesiva duración de los debates. 
Vamos a tomar buena nota de las opiniones expuestas y, naturalmente, procuraremos que estas situaciones no se repitan en el futuro. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la reanudación del debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la explotación ilegal de riquezas en la República Democrática del Congo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, antes de comentar la cuestión de la explotación de las riquezas en el Congo, me gustaría decir que, por mi cargo- hablo en nombre de la Presidencia del Consejo- me veo obligado a respetar la presencia y el modus operandi del Parlamento Europeo, y eso es justo lo que voy a hacer. 
Me pregunto si el Parlamento Europeo podría hallar la manera de establecer algún tipo de respeto mutuo o de prestar atención a los asuntos que surgen a raíz del funcionamiento de la Presidencia, teniendo en cuenta que la Presidencia tendrá que volver a Grecia en un futuro no muy lejano. 
De cualquier modo, aunque el Parlamento no logre hallar la forma de hacerlo y sea incapaz de acatar algunas normas, nosotros nos atendremos a ellas, como corresponde a nuestra posición. 
En lo que se refiere a la cuestión de la explotación ilegal de riquezas en el Congo, lo que tengo que decir es lo siguiente: la comunidad internacional ha comenzado a dar prueba, en los últimos años, de un gran interés por la explotación ilegal de los recursos naturales en África, en especial en aquellos lugares donde tiene como objetivo financiar conflictos armados interminables que causan la devastación. 
El Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizó una declaración en junio de 2000 en la que pedía al Secretario General de las Naciones Unidas que creara un comité de expertos para investigar la explotación ilegal de los recursos naturales en la República Democrática del Congo. 
Se creó este comité, que inició su labor en septiembre de 2000, y que publicó su informe final en octubre de 2002, en el que señala que personalidades del ámbito político, militar y empresarial de Uganda, Rwanda y Zimbabwe, y también del Congo, están expoliando a gran escala las riquezas naturales- sobre todo minerales- del Congo, para su propio provecho o, en el caso de Rwanda, en beneficio de su país. 
Al mismo tiempo- siempre según las conclusiones del comité- Rwanda financia su enorme presupuesto militar a partir de los recursos obtenidos del Congo, empleando para ello, en ocasiones, a mano de obra autóctona a la que obliga a trabajar. 
La Unión Europea se ha abstenido de aprobar una resolución sobre este informe reciente del comité de expertos, hasta que lo haga el Consejo de Seguridad. 
No obstante, la Unión Europea está a favor de establecer prohibiciones y de imponer sanciones, donde y cuando sea necesario, preferiblemente a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en lugar de que éstas las apliquen países individuales o grupos de países. 
En lo que se refiere a una cuestión particularmente polémica- los llamados «diamantes de guerra» -tanto la comunidad internacional como la Unión Europea han tomado medidas concretas. 
Para ser precisos, treinta y siete países, así como el Parlamento Europeo, ultimaron un sistema de certificación de diamantes en bruto en Interlaken (Suiza) , en noviembre de 2002, en lo que se vino a llamar el proceso de Kimberley, justamente en un intento por luchar contra el comercio de diamantes extraídos de manera ilegal en regiones en conflicto, en especial de África. 
La Unión Europea aprobó también el Reglamento (CE) nº 2368/2002 del Consejo sobre la aplicación del sistema de certificación del proceso de Kimberley el 20 de diciembre, fecha en la que entró en vigor. 
Quisiera concluir mi intervención señalando que es necesario romper un círculo vicioso. 
Los conflictos armados internos abren las puertas a la explotación ilegal de los recursos básicos de un país y, a su vez, estos recursos se explotan para perpetuar el conflicto armado interno y la falta de desarrollo y de mecanismos de estabilidad en estos países. 
Señora Presidenta, la República Democrática del Congo y en general la región africana de los Grandes Lagos ha sido una preocupación constante de este Parlamento. 
Felizmente se ha superado la fase de enfrentamientos armados, pero queda ahora la reconstrucción. 
La paz y el futuro en la República Democrática del Congo dependen de la democratización y del desarrollo sostenible. 
Para la democratización confiamos en que el Acuerdo de Pretoria sea efectivo y se cumpla en plazos útiles, un acuerdo que se ha calificado acertadamente de global e inclusivo. 
La democracia sólo puede instaurarse desde una perspectiva global que incluya a todos los colectivos y a todas las formaciones políticas, especialmente en los países de los Grandes Lagos, donde la fractura social ha estado en el origen de las guerras que han asolado la región. 
Me congratulo de la reunión del Consejo de Asuntos Generales de ayer en Bruselas y de que la Comisión haya destinado una cantidad importante de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas. 
Una vez en marcha este acuerdo, y sólo desde instituciones políticas sólidas, se podrán acometer los otros grandes problemas sin cuya solución no hay futuro, y me refiero fundamentalmente a la justicia. 
La impunidad es incompatible con la democracia y no hay paz sin justicia. 
En este sentido, mañana quiero presentar una enmienda al punto 4 para que donde dice «y en otros lugares, cuando dichos actos se han cometido» diga «en otros lugares, incluidos los actos cometidos». 
El otro aspecto en el que se cifra el futuro de la RDC es el desarrollo sostenible. 
Los países y las empresas de la Unión Europea tienen un papel protagonista que desempeñar, en el plano empresarial, con un código ético comprometido con el desarrollo sostenible y, a nivel estatal, con la imposición de límites a la importación de bienes de procedencia dudosa. 
El Grupo Socialista es implacable en su campaña en favor de la transparencia y de la ética de las empresas multinacionales que trabajan en el mundo en desarrollo. 
En este sentido, damos mucha importancia al cumplimiento de las normas sobre el trabajo infantil, los estándares laborales de la OIT y la explotación sostenible de los recursos y las orientaciones en la OCDE sobre las empresas multinacionales. 
El informe de las Naciones Unidas es claro en relación con la explotación ilegal de recursos en la República Democrática del Congo. 
Esperamos que tanto los Estados de la Unión y la Comisión como este Parlamento, exijan el cumplimiento de sus recomendaciones. 
Señora Presidenta, lo indignante de la explotación ilegal de los recursos naturales en el Congo es que resulta obvio que los políticos congoleños, así como políticos de otros países- se les haya pedido o no a estos países que proporcionen ayuda militar- se han aprovechado también de ella de un modo vergonzoso, al igual que militares de alta graduación, en particular de Zimbabwe. 
Numerosas empresas privadas se han aprovechado igualmente de las materias primas del país. 
Aunque también están involucradas compañías no europeas, sin duda deberíamos ponernos manos a la obra y analizar la lista de empresas y ciudadanos europeos. 
Esta labor debería realizarse en cada uno de los Estados miembros, con el fin de llevar ante los tribunales a los responsables. 
No creo que haya una diferencia sustancial entre este caso y el hecho de que algunos regímenes africanos conceden permisos de extracción de materias primas y parte del coste de la licencia o incluso de los beneficios va a parar directamente a la cuenta bancaria del gobernante. 
Parte de este dinero, a veces, llega a constar en el apartado de ingresos del presupuesto estatal, pero es algo realmente excepcional que los ciudadanos se beneficien de él en forma de infraestructuras o asistencia sanitaria. 
El hecho de que estos regímenes sólo se mantengan en el poder gracias a Europa implica que sea necesario celebrar un debate franco sobre los principios que nos guían a los europeos en nuestras relaciones comerciales con África. 
Hay una discrepancia incalificable e inadmisible entre, por un lado, el Tratado de Cotonú y las palabras melosas que llegaremos a escuchar, en las próximas semanas, en las cumbres franco-africana y euro-africana, y por otro la cruel realidad de África. 
No podemos dejar de observar que algunos Gobiernos colaboran y están en connivencia con empresas europeas que, buscando obtener los máximos beneficios, actúan como tabla de salvación de algunos regímenes. 
Si no hablamos con franqueza de estas cuestiones, no vamos a conseguir cambiar realmente la situación de África. 
Señora Presidenta, gran parte del informe de las Naciones Unidas se refiere al papel de los intereses de Zimbabue y expone de forma alarmante cómo las acciones de los corruptos hombres de confianza de Mugabe no sólo perjudican a sus propios ciudadanos, sino también a países vecinos como el Congo. 
El régimen de Mugabe es sucio y criminal, y constituye gran factor de inestabilidad, no sólo en el sur de África, sino, como demuestra el informe, también en África central. 
El informe describe las luchas por los minerales, la producción agrícola, el territorio y las recaudaciones tributarias por parte de grupos criminales vinculados a las fuerzas armadas de Zimbabue, que, por ejemplo, han transferido activos de la compañía minera de la República Democrática del Congo, por un valor de al menos cinco mil millones de dólares, a empresas que están bajo su control. 
Es ridículo pensar que se pueda pedir al gobierno de Zimbabue que investigue sus propias actividades. 
El informe no sólo demuestra la implicación de Mugabe en estas actividades, sino que enumera a otros zimbabuenses importantes, de los cuales cuatro están sujetos a medidas restrictivas de la UE, pero, ante mi sorpresa, otros cuatro no lo están. 
La crisis política, económica y humanitaria de Zimbabue está empeorando, con serias implicaciones para la seguridad. 
Hace dos días, el gobierno de Estados Unidos emitió un aviso en que se instaba a los ciudadanos de Estados Unidos a plantearse su marcha de Zimbabue. 
¿No tiene que ser desconcertante para el pueblo oprimido de Zimbabue que dos Gobiernos europeos intenten ahora retrasar la prórroga y debilitar la prohibición de viajar y otras medidas restrictivas que la Unión Europea había decretado contra el régimen de Mugabe y que expiran el 18 de febrero de 2003? 
¿No resulta profundamente ofensivo que un Gobierno de la Unión Europea haya invitado a Mugabe a una cumbre en París? 
Uno de los motivos por los que nuestras medidas han resultado ineficaces hasta la fecha es que no se han aplicado rigurosamente y su alcance es demasiado limitado. 
No es el momento de reducir la presión sobre el régimen de Mugabe; al contrario, debemos intensificar la acción internacional. 
Quisiera pedir al Presidente del Consejo y a la Comisión, de acuerdo con los deseos claramente expresados de esta Cámara durante un año o más, que insistan en la renovación de las sanciones, de forma inequívoca, y que las medidas de la UE se amplíen para incluir a todos aquellos implicados en este juego sucio que está teniendo lugar en Zimbabue y en el Congo. 
La Unión Europea debe aplicar de forma decidida y coherente una política dura en relación con el régimen de Mugabe y resolver este problema, para bien de todos los zimbabuenses. 
Señora Presidenta, Señorías, es triste pero cierto que, si Iraq sólo tuviera dátiles, la guerra contra Bagdad ni siquiera estaría en el orden del día, aunque el país estuviera gobernado por un dictador. 
Si el Congo no poseyera tal riqueza de recursos naturales, África tendría muchos menos problemas. 
El informe de las Naciones Unidas ha explicado detalladamente, aunque quizás no con toda la claridad necesaria, la vergonzosa codicia que está detrás de la explotación ilegal de esta riqueza. 
La comunidad internacional debe hallar la manera de poner fin a esta explotación. 
Hay una lamentable falta de responsabilidad, no sólo por parte de los delincuentes, sino también por parte de Gobiernos que prefieren llenarse los bolsillos y de círculos empresariales europeos. 
Hay que hacer saber a las compañías europeas que la explotación sin escrúpulos de los recursos naturales de África no constituye una simple falta, y por ello, las políticas europeas deben dar ejemplo. 
Hay que castigar la ilegalidad, y las relaciones comerciales deben regirse por un código de conducta. 
En relación con este debate, he recibido cinco propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0002/2003) del Sr. McCartin, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre las medidas adoptadas por la Comisión para dar curso a las observaciones que figuran en la Resolución que acompaña a la decisión por la que se concede la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 2000 (Comisión) [COM (2002) 696- C5-0610/2002- 2002/2189 (DEC) ]. 
Señora Presidenta, en abril de 2002 aprobamos la gestión de la Comisión, pero en nuestra propuesta de resolución planteamos bastantes interrogantes. 
La Comisión ha contestado con un centenar de comentarios y respuestas y explicaciones en un documento de 60 páginas. 
Ahora presentamos el informe de seguimiento, con nuestras observaciones sobre la respuesta de la Comisión. 
Hacemos hincapié, una vez más, en que la Comisión, en virtud de los Tratados, tiene la obligación de poner a disposición del Parlamento toda la información necesaria. 
Partiendo de esta base, el Parlamento puede examinar e investigar todas las transacciones, para que la aprobación no sea un mero trámite, sino una manera de garantizar a los ciudadanos europeos que el Parlamento realiza una labor de supervisión en su nombre y que se lleva a cabo una investigación rigurosa y minuciosa. 
En su labor, el Parlamento se apoya, en gran medida, en el informe anual del Tribunal de Cuentas y en su informe especial. 
Esto constituye una base importante de las cuestiones que planteamos e investigamos. 
Creo que, en los últimos años, la Comisión se ha esforzado mucho por proporcionar al Parlamento y a los ciudadanos europeos toda la información necesaria para efectuar un análisis válido y justo de cómo se gasta el presupuesto. 
En el proceso de reforma en curso, la Comisión se somete a un sistema de control y rendición de cuentas. 
En este sentido se ha expresado, me parece, el Presidente del Tribunal de Cuentas ante esta Cámara. 
La Comisión se somete a un sistema de rendición de cuentas que estará a la altura de los criterios más estrictos de los Estados miembros. 
Un importante punto expresado de nuevo en el seguimiento del informe es que el 80% del presupuesto es administrado realmente por los Gobiernos de los Estados miembros, mientras que la Comisión tiene la responsabilidad final. 
Sólo se puede lograr un resultado satisfactorio con la plena cooperación y la gestión eficaz de los Gobiernos de los Estados miembros. 
El principal problema que todavía existe, como se indica en nuestra propuesta de resolución de aprobación de la gestión, es que, en la administración del presupuesto para el año 2000, hubo una infrautilización de los recursos del orden del 14%. 
De nuevo, hemos comentado que en el presupuesto de 2001 se repitió el mismo problema. 
Esto es evidentemente un fallo del procedimiento presupuestario, pero varias personas han realizado observaciones al respecto y hemos pedido que se lleve a cabo una simplificación de las normas. 
No obstante, creo que más bien es necesaria una simplificación de la política regional, así como el fortalecimiento de la cohesión económica y social. 
El fondo de cohesión y los fondos estructurales tendrán que adaptarse a una política más simplificada si deseamos seguir contando con una política regional eficaz, sobre todo en la Unión Europea ampliada. 
No se trata de una política de transición, sino de una política para un futuro previsible, en particular ante la inminente ampliación, y debemos simplificar la política en su conjunto para que estos fondos se puedan gastar. 
Asimismo, hemos tomado nota de que la Comisión no ha recaudado de los Gobiernos nacionales el dinero indebidamente pagado, una cantidad pendiente de cobro que asciende a los 2 200 millones de euros. 
Tratamos con democracias viables y solventes, y aunque hay que señalar que el perfil de edad ha disminuido- la deuda no es tan antigua como solía ser- no hay una buena razón que explique por qué los 2 200 millones de euros están pendientes de cobro. 
La cuestión se planteó también en nuestro seguimiento sobre la designación de un fiscal europeo. 
Tenemos que hacer hincapié, una vez más, en que ésta es la política del Parlamento; la Comisión de Control Presupuestario ha formulado esta petición, con el apoyo del Parlamento, en numerosas ocasiones. 
Los Gobiernos nacionales no cumplen sus obligaciones de investigar los fraudes y los abusos cometidos con el dinero europeo con la misma eficacia que emplean con sus presupuestos nacionales. 
Mientras esto siga así, vamos a continuar solicitando el nombramiento de nuestro propio fiscal, una persona que esté al cuidado de nuestros recursos financieros y cuya labor podamos observar. 
Señora Presidenta, Señorías, señor McCartin, en noviembre del año pasado tuve la oportunidad de presentarles el informe de la Comisión sobre las medidas que tomamos a raíz de la resolución del Parlamento sobre la aprobación de la gestión del presupuesto para el año 2000. 
El Sr. McCartin acaba de mencionar que constaba de sesenta páginas, un hecho que yo había olvidado. 
Podría describirles, en profundidad, los numerosos planes de acción que la Comisión ha concebido, aplicado o incluso llevado ya a término en todos sus ámbitos de competencia, que son muy diversos. 
La Comisión considera muy importante la resolución del Parlamento- que, en la actualidad, aún está en proyecto- sobre este informe, y me complace que la presente resolución reconozca los esfuerzos de la Comisión por mejorar su gestión financiera, así como los pasos que ya ha dado. 
En general, el proyecto de resolución anima a la Comisión a seguir esforzándose como hasta la fecha. 
A continuación, quisiera expresar mi especial gratitud al ponente por su buena cooperación con la Comisión. 
Quiero también darle las gracias por la intervención que acaba de realizar, por la enorme cantidad de tiempo y esfuerzo que ha invertido en el informe y por la gran atención que le ha dispensado. 
Permítanme ahora exponer brevemente, de nuevo, los principales pasos que ha dado la Comisión para mejorar la gestión financiera. 
Quisiera empezar refiriéndome a la aplicación de las reformas. 
La Comisión ha introducido una serie de nuevos instrumentos: la denominada «gestión basada en las actividades» , la EPA, es decir, la estrategia política anual, y los planes de gestión anuales. 
En 2002, los directores generales presentaron, por primera vez, informes de actividad anuales, que incluían específicamente la gestión financiera. 
Soy incapaz, en este momento, de enumerar todas las medidas, pero entre las prioridades para 2002 quisiera destacar la aprobación de un nuevo Reglamento Financiero y la elaboración y aprobación de las disposiciones de aplicación, además de los nuevos reglamentos financieros para el Fondo Europeo de Desarrollo y también para las agencias. 
El nuevo Reglamento Financiero refuerza los principios presupuestarios, algo que solicitaba insistentemente el Tribunal de Cuentas y que es fundamental, a mi juicio, en un reglamento financiero. 
Confiere más importancia al papel de los ordenadores y, por encima de todo, dota de mayor responsabilidad a aquellos que participan en las actividades financieras, además de hacer más estricta y uniforme la normativa sobre concesión de subvenciones y de contratos de compra. 
Éstos son sólo algunos puntos básicos. 
Otra prioridad para 2002 era cerrar las oficinas de asistencia técnica, asunto que tuvimos la oportunidad de debatir en la última reunión de la Comisión de Control Presupuestario. 
Para hacer más eficaz su gestión financiera interna, la Comisión, con el apoyo de la autoridad presupuestaria, ha introducido también numerosas medidas para modernizar y mejorar los servicios públicos, y en particular, ha presentado propuestas ante el Consejo para elaborar un nuevo Estatuto. 
Además de esto, se han tomado decisiones sobre medidas administrativas y disciplinarias, y hemos creado la Oficina de investigación y disciplina de la Comisión, cuyas siglas son IDOC. 
Otro aspecto de importancia primordial para la gestión financiera es la reestructuración de su servicio exterior llevada a cabo por la Comisión. 
Con el fin de lograr una mejor correspondencia entre la planificación de la ayuda y las prioridades políticas, hemos elaborado documentos de estrategia nacional y regional, y la gestión de la totalidad del ciclo de proyecto será, a partir de ahora, responsabilidad de un único órgano: EuropeAid. 
La Comisión ha reforzado también la llamada desconcentración de poderes de la administración de la ayuda exterior, transfiriéndolos a sus delegaciones, para garantizar una gestión más rápida y, sobre todo, más sensata de la ayuda financiera. 
Los superávit presupuestarios, a los que también ha aludido el Sr. McCartin, constituyen la segunda cuestión compleja a la que quiero referirme. 
La discrepancia entre las previsiones de pagos para 2001 y los pagos realizados por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión se debió fundamentalmente a que las fases iniciales de los programas para los nuevos períodos de planificación habían finalizado bastante más tarde de lo previsto. 
Otra razón fue que las previsiones de pagos presentadas por los Estados miembros a la Comisión suelen ser- por decirlo diplomáticamente- muy optimistas. 
En el transcurso del ejercicio presupuestario de 2002, la Comisión tuvo muchas ocasiones de recordar a los Estados miembros sus obligaciones a este respecto y, al hacerlo, recalcó especialmente la importancia de que las estimaciones fueran lo más fiables posibles. 
Por otro lado, permítanme hacer, como el Sr. McCartin, una pequeña referencia a la simplificación de la normativa de los Fondos Estructurales. 
Una de las prioridades para el año pasado era hacer el mayor uso posible de las oportunidades de simplificación, sin repetir todo el proceso de toma de decisiones, es decir, recurrir a todo aquello que fuera factible desde el punto de vista administrativo. 
Teniendo en cuenta la simplificación general de los reglamentos y de los procedimientos, la Comisión ha tenido que echar mano de iniciativas horizontales y sectoriales, y ahora se dispone a examinar más detenidamente, durante una evaluación previa de las consecuencias de la legislación propuesta, qué instrumentos reglamentarios son los más adecuados para alcanzar estos objetivos políticos. 
Asimismo, la Comisión elaborará un informe exhaustivo sobre el cumplimiento de sus objetivos, desglosado por ámbito político, y lo remitirá al Consejo y al Parlamento. 
Recientemente- justo antes de Navidad- la Comisión ha aprobado también una comunicación sobre cómo mejorar el cobro de los incentivos financieros facilitados por equivocación, procedentes de los presupuestos europeos. 
Un grupo operativo, creado por la OLAF y la Dirección General de Agricultura, aborda, en estos momentos, la cuestión, mencionada por el Sr. McCartin, de lo que podríamos llamar los supuestos retrasos en el ámbito de la política agrícola. 
Me gustaría subrayar la importancia de crear un servicio de auditoría interna, que también supervisará los sistemas de control. 
Quisiera concluir diciendo que, a juicio de la Comisión, el acuerdo marco de nuestras dos instituciones sobre el envío de información confidencial ha demostrado su utilidad y ha hecho posible- de acuerdo con el requisito de transparencia- proporcionar al Parlamento información confidencial cuando éste la ha solicitado. 
Mañana, mi colega, el Comisario Neil Kinnock, presentará a la Comisión su último informe sobre el estado de la reforma. 
El Parlamento ha solicitado este informe, y creo que constituirá también una magnífica base para el debate en el actual procedimiento de aprobación de la gestión. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, el informe de seguimiento de la aprobación de la gestión de la Comisión en el año 2000, que ha elaborado el Sr. McCartin, señala claramente varios asuntos que son causa de debate y preocupación en la Comisión de Control Presupuestario, entre los que conviene destacar la infraejecución del presupuesto, con un 14% no ejecutado. 
En el 2001 fue el 16%, un problema éste que debe evitarse mejorando la evaluación de las necesidades presupuestarias y analizando las políticas en ejecución para conseguir la máxima rentabilidad para el contribuyente europeo. 
Es en los Fondos Estructurales donde esta falta de ejecución se revela más preocupante, por los objetivos que tienen los Fondos y las importantes necesidades que deben cubrir. 
La flexibilización de la aplicación del Reglamento, demasiado complicado para la mayoría de los destinatarios, siguiendo las afirmaciones que ha hecho al respecto el Comisario Barnier, me parece una posible solución, ya que los Fondos Estructurales tienen una influencia directa en los ciudadanos. 
De acuerdo con la solicitud del ponente, debería informarse regularmente de los progresos que se registren en este ámbito. 
Mejorar la recuperación de los pagos indebidos es un ámbito prioritario para el control presupuestario, como la lucha contra el fraude, que debe continuar mejorando, y la OLAF debería informar con regularidad sobre sus actuaciones y colaborar más estrechamente con los Tribunales de Cuentas nacionales y con las autoridades de control presupuestario en los Estados miembros para facilitar el trabajo de la Comisión. 
Vamos a apoyar la enmienda presentada por el Sr. Blak para que exista un mejor acceso a los documentos, lo que redundará en beneficio de nuestro trabajo parlamentario. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, la finalidad de este informe es evaluar la aplicación por parte de la Comisión de las recomendaciones del Parlamento Europeo. 
Se trata de un documento útil que dará credibilidad a nuestra labor y la hará más eficaz, y por ello quiero felicitar a la Comisión y a nuestro ponente. 
Voy a pasar revista por tanto a las principales cuestiones referentes a la política agrícola común que planteé en la aprobación de la gestión del presupuesto para el año 2000, recordándoles, como exige el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento, que soy oleicultor. 
La gran dificultad e incluso la imposibilidad práctica de supervisar eficazmente el funcionamiento del sistema de restituciones a la exportación era nuestra preocupación más importante por aquel entonces. 
Nos complace que en su primer informe anual sobre las actividades de la Unión Europea, el Director General de Agricultura haya corroborado nuestro punto de vista, manifestando sus dos principales reservas acerca del presupuesto para este mecanismo: en primer lugar, que la Comisión haya reducido y simplificado el sistema de restituciones en el sector vacuno y, en segundo lugar, que se haya comprometido a reducir gradualmente el uso de estos mecanismos, en el marco de las negociaciones de la OMC. 
No obstante, no podemos dejar de lamentar el hecho de que se mantengan las restituciones a la exportación de azúcar para países europeos de los que importamos este producto libremente, ya que inducen, de manera clara, a que se repita el mismo tropel de fraudes ya detectado en el caso de la mantequilla. 
Somos conscientes de la intención de la Comisión de invertir en investigación y en desarrollar medios para detectar la adulteración del aceite, pero es de lamentar que sigamos gastando sumas absurdamente elevadas e imponiendo esquemas muy costosos a las administraciones nacionales y regionales, y también a los oleicultores, para controlar el número de olivos, sin preocuparnos por prevenir el fraude, lo que contrasta de plano con la ausencia de medios para prevenir y combatir el fraude a gran escala contra el presupuesto comunitario, los consumidores y los agricultores que supone la adulteración del aceite. 
La misma situación, o incluso peor, se advierte, por cierto, en el vino, en los productos lácteos y en la mayoría de productos pecuarios. 
Me sigue pareciendo inadmisible que los agricultores que exceden sus cuotas lecheras reciban cuantiosas multas y que, sin embargo, no se haga nada para sancionar a las empresas deshonestas y a las redes criminales que producen productos lácteos sin leche. 
Para concluir, debo afirmar que me parece del todo inaceptable la negativa de la Comisión de dar a conocer los nombres de las empresas que reciben restituciones a la exportación y otras subvenciones, con la excusa de que esto iría en contra de las disposiciones relativas a la protección de las personas. 
Se trata de una concepción de los derechos de los ciudadanos que sólo redunda en interés de las multinacionales y de las grandes empresas, y que no existe para proteger a los consumidores ni a los agricultores que, a menudo, son víctimas de un aparato burocrático diabólico y destructivo. 
Señora Presidenta, el Sr. McCartin ha elaborado un excelente informe sobre cuestiones en las que el Parlamento se centró cuando aprobó la gestión del año 2000. 
Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por ello. 
La manera en que se ejecuta el presupuesto de la Unión Europea sigue sin ser satisfactoria. 
Esto es particularmente cierto en el caso de la ejecución de los programas de los Fondos Estructurales, que no cumplen los requisitos de buena administración ni responden a las expectativas de los ciudadanos. 
La situación empeoró en 2001, con respecto al año anterior, y la tendencia se mantuvo en 2002. 
En el año 2000 se quedaron sin gastar 6 500 millones de euros en créditos de los Fondos Estructurales, 10 500 millones en 2001 y 8 100 millones, el año pasado. 
El importe de los compromisos pendientes de pago relativos a los Fondos Estructurales ha aumentado a 667 000 millones de euros, lo que equivale al presupuesto de dos años. 
La situación es muy alarmante. 
La Comisión ha sido del todo incapaz de mejorar su administración: en efecto, la situación ya no tiene remedio. 
Es necesario someter a una revisión exhaustiva la política estructural de la Unión Europea; este período de programación amenaza con ser catastrófico. 
La revisión del Estatuto, que comenzó en el año 2000 y aún no ha terminado, es una de las reformas más importantes. 
En opinión de mi Grupo, es importante que el Estatuto apoye los objetivos básicos de la reforma administrativa: mejorar la eficacia, aclarar las responsabilidades del personal, incrementar la obligación de rendir cuentas y delegar competencias de arriba abajo. 
Debe ser una obligación de los funcionarios aplicar el procedimiento de denuncia de irregularidades en los casos en que sea necesario. 
Por otro lado, todos deben tener la obligación de rendir cuentas de sus acciones, en el sentido de que han de afrontar las consecuencias de realizar acusaciones personales sin fundamento. 
La Unión Europea no debe convertirse en un lugar en el que se practique el espionaje. 
Debe de haber un modo más natural y rápido de recuperar fondos europeos otorgados sin ningún motivo. 
El presente sistema es rígido y arbitrario, como se demuestra en el informe de Jan Mulder que vamos a debatir a continuación. 
Por desgracia, los Estados miembros y la Comisión se sientan, a menudo, en lados opuestos de la mesa de negociación, aun cuando deberían sentarse realmente en el mismo lado. 
Me parece adecuado el procedimiento puesto en marcha por el Sr. McCartin para llevar a cabo un seguimiento anual de los informes de aprobación de la gestión, ya que esto redunda positivamente, a largo plazo, en la supervisión que el Parlamento realiza de la Comisión. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, este informe envía un mensaje ambiguo. 
El ponente da una palmadita en la espalda a la Comisión Europea, en lugar de proporcionar el estímulo urgente que se precisa para mejorar drásticamente la gestión del presupuesto de la Unión Europea. 
Este informe hace depender al Parlamento Europeo de la buena voluntad de la Comisión, en vez de defender los intereses de los numerosos contribuyentes que quieren recibir algo a cambio de su dinero. 
No me complace que la Comisión afirme que la mayoría de las irregularidades y fraudes que se cometen con dinero de la Unión Europea tienen lugar en los propios Estados miembros. 
Puede que esto sea así, pero la Comisión tiene el deber de gestionar los fondos de la UE y es, en última instancia, responsable de ellos. 
En prácticamente todos los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo se comenta que los reglamentos europeos son demasiado complejos y vagos, que no definen claramente los objetivos a cumplir y que los sistemas de control son deficientes. 
Debemos ser capaces de tratar estos asuntos con la Comisión. 
Imagínense una junta directiva de una multinacional que no aceptara ninguna responsabilidad por la marcha de los negocios de sus filiales. Todavía no conozco a ningún accionista dispuesto a tolerar algo así. 
El enorme superávit presupuestario estructural, una normativa sobre cuotas lácteas de 1984 que sigue sin funcionar como es debido, la incertidumbre sobre la eficacia de la mayoría de las medidas estructurales, la mala contabilidad, que es fuente de problemas, incluida la petición de devolución de las cantidades abonadas por error, procedentes de los fondos de la Unión Europea podría completar fácilmente esta lista con otros ejemplos que demuestran que a la Comisión Europea le queda todavía mucho por hacer antes de poder contar con alguna posibilidad de recibir una declaración de fiabilidad positiva del Tribunal de Cuentas. 
Señora Presidenta, voy a intentar ser breve y en mi intervención voy a centrarme en dos puntos. 
El primero de ellos referido a la enmienda presentada por el colega Blak y el segundo a una valoración de conjunto del informe que se nos presenta a debate. 
En cuanto al primer punto, mi postura es claramente favorable porque entiendo que esta enmienda se enmarca en el espíritu del Tratado CE, concretamente en el artículo 276, señalado también en el informe en el considerando A, según el cual la Comisión facilitará al Parlamento, a instancias de éste, toda la información necesaria. 
La rotundidad del texto hace muy difícil explicar por qué por vía de reglamentación de este derecho se produce una restricción fáctica, si bien limitada a los documentos confidenciales. 
Por eso demuestro mi apoyo a la enmienda y confío en el buen hacer de los servicios jurídicos y de la comisión correspondiente, para que restablezcan la vigencia del artículo del Tratado. 
En cuanto al informe que se nos somete a consideración, un informe excelente, que ya tuve ocasión de valorar en el seno de la Comisión de Control Presupuestario, debo señalar- como ha hecho también la Sra. Comisaria- el carácter de transición que tiene el año 2000, donde se diseñan importantes reformas que vamos viendo aparecer en el transcurso del tiempo y cuyos efectos se valorarán en años posteriores. 
Y por otro lado, en cuanto a la recuperación de los pagos indebidos, quiero señalar el carácter comunitarios de esos fondos. 
Lo mismo ocurre en el caso del procedimiento en el cual se ve claramente la decisión del Parlamento de involucrarse en el proceso de gestión financiera, para lo que necesita toda la información que allí se requiere. 
Y en cuanto a la lucha contra el fraude, saludo especialmente la referencia que se hace a la figura del Fiscal Financiero Europeo. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, ¿me permiten una cita? 
Cuando salieron a la luz los grandes superávit del presupuesto del año 2000, la Comisaria del Presupuesto, Sra. Schreyer, dijo lo siguiente el 30 de mayo de 2001: «Un superávit tan elevado constituye una excepción. 
Supone que, en el ejercicio presupuestario de 2001, los Estados miembros tendrán que aportar muchos menos recursos propios a la Unión Europea: 81 000 millones y pico, en lugar de 90 900 millones. 
Creo que se trata de una noticia magnífica para los Estados miembros». 
Aquí acaba la cita. 
Sabemos, señora Comisaria, que no se trató de un hecho excepcional. 
El problema del superávit presupuestario- pues así es como lo llamamos- es que, cuanto más extenso es el período, mayor es el superávit o, al menos, ésta es la conclusión a la que hemos llegado hasta la fecha. 
Por tanto, algo falla en el sistema. 
No es una buena noticia para nadie que no seamos capaces de determinar la realidad presupuestaria europea. 
No voy a plantarme delante de los contribuyentes y decirles: «Estoy a favor de un presupuesto de 90 000 millones de euros, siempre y cuando sólo se gasten realmente 80 000 millones». 
Así no se presupuesta. 
No le culpo sólo a usted, señora Comisaria. 
Sé que usted está haciendo todo lo que está en su mano. 
Nosotros, en calidad de Autoridad Presupuestaria, tenemos también que hacer algo, al igual que los Estados miembros, pero le digo lo siguiente: ningún parlamento que se respete a sí mismo y esté comprometido con la realidad presupuestaria puede quedarse cruzado de brazos. 
En el futuro, tendremos que ajustar las cantidades y las cifras gastadas de verdad a lo previsto originalmente, o al revés. 
A largo plazo, esto no es correcto. A largo plazo, nuestros ciudadanos no lo van a apoyar. 
Esto es lo más importante en lo que se refiere al procedimiento de aprobación de la gestión para el año 2000. 
Como he manifestado, la situación empeoró, en lugar de mejorar, en 2001. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0447/2002) del Sr. Mulder, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la reforma del procedimiento de liquidación de cuentas [2002/2149 (INI) ]. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al Sr. Mulder por su informe y por el esfuerzo que ha invertido en él. 
Hay que admitir que es una persona que conoce todos los recovecos de la política agrícola común. 
Además, sus comentarios de esta tarde han sido serios e ilustrativos. 
Como sabe el Sr. Mulder, hemos recorrido un largo camino desde los días en que el 80% del presupuesto de la Unión Europea se destinaba a la agricultura. 
La mayor parte de aquel dinero se gastaba en apoyar el mercado mediante el pago de los costes de almacenamiento y las restituciones a la exportación, lo que daba pie a fraudes y engaños de proporciones colosales. 
Hemos andado mucho desde entonces, y aunque el Sr. Casaca tiene razón al señalar los riesgos de las políticas de restituciones a la exportación, en la actualidad sólo gastamos en torno al 4 ó 5% en restituciones a la exportación- en torno a 2 000 millones de euros- un cambio del que nos congratulamos. 
Creo que las reformas que se han llevado ya a cabo y las que propone el Sr. Fischler facilitarán, pese a que tenemos algunas dificultades políticas con ellas, que se supervise el gasto y que se garantice que el dinero que destinamos a la política agrícola común vaya a parar a las personas que tienen derecho a recibirlo. 
El Sr. Mulder indica en su informe que las personas que cometen delitos deberían pagar por ellos. 
No debería ser una subvención indirecta, ya que, en casos de sobreproducción de leche, las multas las pagan los Estados miembros, y no los individuos responsables de la sobreproducción; esto asciende al valor de las subvenciones indirectas. 
La situación era peor en el pasado, cuando la mala gestión de las grandes empresas hacía que, en el procedimiento de liquidación de cuentas, se realizaban importantes correcciones en perjuicio de los Estados miembros, correcciones que no se repercutían en las empresas de transformación alimentaria ni en las personas responsables de los fraudes. 
De nuevo, esto era injusto para los contribuyentes y constituía un ejemplo de mala administración. 
Creo que, aunque la creación de un sistema de control integrado ha sido un inmenso proyecto, demostrará su utilidad en la Unión Europea garantizando que el dinero que aprobamos para la agricultura vaya a parar a las manos adecuadas y que podamos rendir cuentas de todo ello. 
Tengo que reconocer que me parece una tarea de enormes proporciones hacer partícipes de este sistema a los países candidatos, en vista del tiempo que nos ha llevado llegar a donde estamos en la actual Unión, pero estoy convencido de que la Comisión está trabajando para lograrlo. 
No espero que todo marche sobre ruedas, pero creo que, si aplicamos las lecciones que hemos aprendido, y si insistimos en que se creen, en primer lugar, estadísticas adecuadas antes de proporcionar el dinero, entonces conseguiremos que la ampliación sea un éxito y seremos capaces de ayudar a las zonas rurales sin tener que gastar mucho dinero de los contribuyentes. 
Señora Presidenta, quisiera comenzar mi intervención felicitando al Sr. Mulder por su excelente informe y por el trabajo que ha realizado en el ámbito de la liquidación de cuentas. 
Estas felicitaciones las hago extensivas al Sr. McCartin. 
En efecto, hemos procurado trabajar, aunque manteniendo puntos de vista políticos diferentes, en una dirección que me parece necesaria para apoyar la profunda reforma de la política agrícola común. 
En cualquier caso, creo que sería un grave error considerar meramente la liquidación de cuentas como una actividad cuyo éxito se puede medir en función de los beneficios obtenidos. 
La necesidad de recuperar los fondos concedidos a los Estados miembros es, desde luego, más un indicador de fracaso que de éxito, ya que demuestra el mal funcionamiento de los sistemas de subvenciones para las explotaciones agrícolas. 
Esto se debe a menudo a la enorme complejidad de estos sistemas y a la carga burocrática desproporcionada que hacen recaer sobre las administraciones y los propios agricultores. 
En segundo lugar, no debemos olvidar que la liquidación de cuentas en situaciones en las que el Estado miembro sustituye a las empresas agroalimentarias o agrícolas constituye una forma abusiva de ayuda estatal que distorsiona las normas de competencia de una manera especialmente injusta, beneficiando a los que defraudan a las arcas públicas y perjudicando a los que actúan honradamente. 
En tercer lugar, las formas, los procesos y los criterios con que se realiza esta liquidación de cuentas no siempre nos parecen los más ecuánimes. 
Observamos, por ejemplo, que con respecto al gran escándalo de la mantequilla adulterada por la camorra napolitana y comercializada por algunas empresas lácteas europeas, la Comisión nos respondió hace tan solo unos días y nos dijo que, más de dos años después de que la OLAF formulara su acusación, todavía no se ha hecho nada, y se sigue invocando al secreto judicial para justificar que no se haga nada. 
Esto no es admisible. 
Por último, voy a referirme a la creación de un mecanismo de incentivo del 20% para la recuperación de fondos por parte de los Estados miembros y los agentes económicos, algo que parece, en principio, una buena idea. No obstante, me parece que la manera en que la Comisión lo está poniendo en práctica es inaceptable: vemos, con cierto espanto, que la Comisión no puede decirnos cuánto ha gastado en este incentivo, ni qué instituciones de los Estados miembros han recibido estos fondos, ni si se comprobaron adecuadamente las condiciones legales necesarias para su recuperación. 
A nuestro juicio, esta situación es completamente inaceptable, y confiamos en que la Comisión haga las correcciones oportunas lo antes posible. 
Señora Presidenta, señor Comisario, tenemos aquí el informe del Sr. Mulder sobre la reforma del procedimiento de liquidación de cuentas. 
Se pretende con esta reforma evitar los importantes retrasos en las decisiones de liquidación que, con tanta frecuencia, han sido objeto de críticas por parte del Tribunal de Cuentas. 
La reforma se presenta en dos procedimientos separados: una auditoría anual sobre los gastos e ingresos del ejercicio y una serie de auditorías plurianuales destinadas a verificar la realidad de las operaciones y su conformidad con la normativa europea. 
Se introduce un procedimiento de conciliación. 
A pesar de las dificultades que este procedimiento presenta, se ha podido comprobar que se ha mejorado la responsabilidad de los Estados miembros, aunque no ha sido todo lo eficaz que se pensaba. 
En lo que se refiere al órgano de conciliación tampoco ha sido lo bastante eficaz, pero ha contribuido a la mejora global en la liquidación de cuentas. 
Este informe pone de manifiesto las necesidades que todavía existen para mejorar la liquidación de cuentas del FEOGA y plantea una serie de sugerencias que van en esa dirección. 
Por ello, nuestro grupo va a apoyarlo totalmente. 
Para finalizar, querría felicitar al Sr. Mulder por el trabajo que ha hecho. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, quiero expresar mi apoyo general al informe de propia iniciativa del Sr. Mulder sobre la reforma del procedimiento de liquidación de cuentas que ha aprobado la Comisión de Control Presupuestario. 
Soy también de la opinión de que todavía es demasiado pronto para pronunciarse sobre la validez del nuevo sistema, porque su complejidad y la capacidad limitada de respuesta de las instituciones administrativas comunitarias impiden emitir un juicio definitivo. 
Hay que destacar, con todo, que el Parlamento Europeo, un órgano político por excelencia, está preocupado, por propia iniciativa y según las normas específicas de evaluación, por la manera en que se asignan recursos comunes para toda Europa y por el resultado de dicha asignación. 
Es fundamental que se desarrolle la reforma que estamos analizando, para que se ponga a disposición de los órganos de supervisión, con tiempo, elementos que permitan realizar comparaciones plurianuales. 
Esta responsabilidad recae en la Comisión, algo que el ponente, el Sr. Jan Mulder, hace bien en señalar, en los términos adecuados. 
Comparto también la preocupación y las recomendaciones del ponente cuando examina los puntos fuertes y débiles de los mecanismos de certificación, la aplicación de las correcciones financieras, el control del gasto asignado al desarrollo rural y los nuevos problemas que surgirán inevitablemente a raíz del funcionamiento de la Unión ampliada a 25 miembros. 
Hemos de recordar también que el principal objetivo de esta política debe ser siempre la asignación de recursos financieros, especialmente cuando se orienta a países menos desarrollados. Es fundamental definir e integrar los sistemas de gestión de los países candidatos, promoviendo y desarrollando tanto la delegación de competencias a los organismos Sapard, como la reducción del ritmo de ejecución de los instrumentos de ayuda. 
No podemos pasar por alto el hecho de que la PAC es, en la actualidad, una fuente potencial de igualdad y de que absorbe el 47% del presupuesto comunitario, lo que exige el empleo de procedimientos reguladores y de auditoría específicos. 
Por último, creo que, independientemente de los resultados cuantitativos actuales del proceso de conciliación, este proceso debe mantenerse y ampliarse, porque precisamente mediante su aplicación se pueden explorar y validar todas las ventajas e inconvenientes de realizar una apreciación y un juicio de carácter político sobre la aplicación de los fondos comunitarios, reservando para el sistema judicial el derecho exclusivo a intervenir en el uso fraudulento de los fondos puestos a disposición de los Estados miembros. 
Señora Presidenta, estamos ante un espléndido informe sobre el que mi opinión no puede ser más que favorable, como ya tuve ocasión de señalar en el seno de la Comisión de Control Presupuestario. 
Se trata de un trabajo meticuloso que tiene dos partes claramente diferenciadas y que persigue dos objetivos. 
Por un lado, el juicio crítico sobre la reforma, hecho con rigor, con una crítica constructiva en la cual va desgranando las deficiencias de la reforma como son la escisión del procedimiento de liquidación, la configuración y la actuación del órgano de conciliación, las correcciones financieras que se producen y, todo ello, arbitrando soluciones y haciéndolo con carácter constructivo. 
Y, por otro lado, el ponente expresa una sana y legítima preocupación ante el futuro inmediato respecto de la ampliación que estamos a punto de concluir. 
Esa preocupación la pone de manifiesto tanto por la consolidación del sistema integrado de gestión y control en todos los Estados miembros, que también debe estar en condiciones de ser impuesto en los países candidatos en el momento de la ampliación, como por las preocupantes experiencias derivadas del programa Sapard. 
Creo que ambos elementos, el juicio crítico y la preocupación, constituyen una llamada de atención que es muy oportuna y muy necesario tener en cuenta. 
Por ello, mi felicitación más absoluta. 
Quisiera destacar también la flexibilidad de que el ponente hizo gala en el ámbito del trámite en la Comisión de Control Presupuestario, flexibilidad gracias a la cual consiguió que este informe se aceptara por unanimidad, por lo cual le felicito. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0004/2003) de la Sra. Korhola sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la Justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo [PE-CONS 3676/2002- C5-0598/2002- 2000/0331 (COD) ]. 
- (FI) Señora Presidenta, la propuesta que tenemos ante nosotros es la segunda de tres directivas previstas para adaptar la legislación de los Estados miembros a la Convención de Aarhus. 
Al igual que con la primera Directiva relativa al acceso a la información medioambiental, la tercera lectura ha tenido en cuenta ahora el resultado de la conciliación, que refleja, de manera muy clara, la posición del Parlamento, y que cumple perfectamente el requisito mínimo de la Convención de Aarhus, e incluso va más allá. 
El Consejo hizo suyos muchos elementos de la primera lectura del Parlamento en su posición común, de la misma manera que el Parlamento fue capaz de adoptar muchos elementos de la posición común. 
Por tanto, pretendemos lograr la conciliación con muchos menos problemas de los que hubo con respecto al primer pilar. 
Por otro lado, estas cuestiones, pese a ser escaso su número, causaron grandes problemas, debido a diferencias de enfoque. 
La propuesta de la Comisión y la posición común del Consejo se basan en el principio de «la solución rápida» , mientras que el Parlamento había esperado un enfoque horizontal más amplio. 
No obstante, es evidente que la intención del Parlamento no es defender su posición punto por punto, sino asegurarse de que no queden zonas grises en la legislación de la UE en que la participación del público estaría justificada pero resultara imposible debido a un error garrafal cometido por un legislador. 
Durante la conciliación, fuimos capaces de hallar una solución en dos fases para el problema. 
Por un lado, los requisitos relativos a la participación del público, de acuerdo con la Convención de Aarhus, van a incluirse en un nuevo texto legislativo comunitario, desde el principio. 
Por otro lado, se va a revisar la legislación vigente y el ámbito de aplicación de la Directiva a la luz de la experiencia acumulada durante los seis primeros años de su aplicación. 
Durante la conciliación, los Estados miembros se comprometieron a promover oportunidades prácticas para la participación del público. 
Se instará a las autoridades, por ejemplo, a informar a las ciudadanos de las decisiones que tomen, de las razones y las consideraciones en que éstas se basen y del proceso de participación del público. 
Los plazos de las diferentes fases de participación en la toma de decisiones han de ser razonables, para que los ciudadanos puedan prepararse y participar, de manera eficaz, en la toma de decisiones. 
Además, se instará a las autoridades a promover la educación medioambiental entre los ciudadanos, lo que, sin duda, redundará en beneficio de las autoridades, ya que mediante la educación se puede lograr que la participación ciudadana sea mayor. 
La cuestión de la participación del público en la actualización de los permisos tuvo una importancia especial. 
Las partes implicadas en el proceso de conciliación querían encontrar el justo equilibrio en este asunto. 
Por un lado, podría haber una auténtica participación ciudadana en los casos en que fuera trascendental comprobar los permisos de las instalaciones y las fábricas, como cuando hay peligro de que se agrave el daño causado al medio ambiente. 
Por otro lado, una autoridad competente podría comprobar los permisos, sin haber ninguna participación del público, aplicando actos legislativos y reglamentos donde no cabe la facultad discrecional. 
Creo que conseguimos lo que queríamos en esto: los ciudadanos pueden participar cuando se tomen decisiones sobre el medio ambiente, pero la importancia de un instrumento precioso de participación no se exagera pidiéndoles a los ciudadanos que participen en la toma rutinaria de decisiones. 
Para el Parlamento, fue una importante victoria, en principio- aunque de pequeño alcance, supongo- que se aprobara, durante la conciliación, un proceso de exclusiones relativo a proyectos de defensa nacional. 
De acuerdo con la Convención de Aarhus, sólo pueden excluirse del ámbito de aplicación de la Directiva proyectos relativos a la defensa nacional sobre la base de decisiones tomadas caso por caso por las autoridades de los Estados miembros. 
Una vez tomada una decisión con la participación del público, éste, naturalmente, debe tener la posibilidad de evaluarla. 
En la conciliación, alcanzamos una solución que es satisfactoria para el Parlamento. 
Se refuerza el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre las razones para conceder o denegar un permiso, y se exige a las autoridades que faciliten a los ciudadanos información práctica, si la solicitan, sobre el acceso a procedimientos de revisión judiciales y administrativos. 
Hay que mencionar, en particular, que para garantizar que el resultado del procedimiento de conciliación surta el efecto deseado, la Comisión se ha comprometido, en una declaración anexa a la Directiva, a presentar, en el primer trimestre de 2003, una propuesta de directiva relativa a la aplicación de la Convención de Aarhus, en lo que respecta al acceso a la justicia en asuntos medioambientales. 
Por consiguiente, podemos estar seguros de que el proceso de ratificación de la Convención de Aarhus en su conjunto avanzará en la Comunidad sin demasiados retrasos. 
Quiero dar las gracias a la Comisión, al Consejo y, especialmente, a Dinamarca, el país que ocupaba entonces la Presidencia, ahora en manos de Grecia, por su excelente cooperación durante la conciliación y los debates extraoficiales que la precedieron. 
Recomiendo de todo corazón que el Parlamento respalde los resultados del procedimiento de conciliación en la votación de mañana. 
Señora Presidenta, Señorías, naturalmente me complace que esta Directiva, que la Comisión propuso hace aproximadamente dos años, vaya a ser aprobada ahora. 
Es complementaria a la Directiva sobre información medioambiental. 
Con ella, la UE da un paso adelante en la aplicación de la Convención de Aarhus. 
Los principios de la Convención de Aarhus son muy importantes, porque el medio ambiente no tiene voto, por así decirlo. 
Por tanto, la toma de decisiones referentes a asuntos medioambientales debe ser abierta y transparente, si queremos proteger adecuadamente el medio ambiente. 
El ámbito de aplicación de esta Directiva incluye requisitos fundamentales de participación del público en la toma de decisiones relativas al medio ambiente. 
Esta Directiva establece un marco común necesario y se aplica también a asuntos de dimensión transfronteriza. 
No obstante, los detalles se dejan en manos de los Estados miembros. 
Esto es importante, porque la participación del público debe ser un elemento central de todos los niveles de la administración, y las formas que adopte han de adaptarse a la toma de decisiones en sus diferentes niveles. 
La Directiva se aplica, por un lado, a importantes planes y programas a elaborar de acuerdo con nuestra legislación medioambiental y, por otro lado, a decisiones sobre actividades que tienen una gran repercusión sobre el medio ambiente. 
Estas actividades están incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y de la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. 
Estas dos Directivas se ven ahora complementadas por disposiciones sobre la participación del público y el acceso a la justicia, de conformidad con la Convención de Aarhus. 
Por «participación del público» , en la Directiva se entiende que los ciudadanos deben ser informados de las actividades en cuestión y de su derecho a participar en ellas. 
El sector del público afectado debe tener derecho a manifestarse sobre un asunto desde una fase temprana. 
Por último, los organismos públicos han de tener debidamente en cuenta el resultado de la participación del público, a la hora de tomar decisiones, así como divulgar dichas decisiones. 
La Directiva también estipula la revisión de la legalidad de las decisiones que entran dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones. 
Quisiera, por supuesto, dar las gracias a la ponente, la Sra. Korhola, por su intensa labor en torno a esta Directiva, y expresar mi gratitud tanto a ella como a los miembros de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación por el esfuerzo que han realizado para que se alcanzara este acuerdo, que ha hecho posible que aprobemos esta noche este importante acto legislativo. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, una de las quejas que plantean con mayor frecuencia los ciudadanos se refiere a su exiguo papel en la democracia representativa. 
Es precisamente en las cuestiones medioambientales donde más se siente la insatisfacción ciudadana. 
Todos conocemos casos en los que, ante ciertos proyectos o instalaciones, los ciudadanos se ven obligados a expresar su indignación en las calles o en los tribunales. 
Esta indignación crece exponencialmente cuando muchos de estos proyectos, cuyo impacto ambiental es inaceptable, se financian al amparo de la política agrícola común y los Fondos Estructurales. 
Por consiguiente, ha sido muy importante que, tras la Convención de Aarhus, la Comisión haya legislado sobre la participación del público y el acceso público a la información. 
Por ello, felicito a la Comisaria de Medio Ambiente. 
El aumento de la participación del público no sólo dará mayor legitimidad a las decisiones tomadas por nuestras instituciones, sino que además redundará positivamente en la calidad de estas decisiones. 
Esta propuesta de Directiva sobre la participación del público en la elaboración de planes y programas medioambientales constituye un buen ejemplo de cómo democratizar la participación de los ciudadanos en la política. 
Felicito también a nuestra ponente por el trabajo que ha realizado en el Parlamento y en el Comité de Conciliación. 
Quisiera destacar tres resultados principales de esta conciliación. 
En primer lugar, el hecho de que las ONG participaran plenamente en el debate sobre el acceso a la información en este proceso; en segundo lugar, el hecho de que toda la legislación comunitaria tenga que definir explícitamente las condiciones de participación del público; y en tercer lugar, la obligatoriedad de la participación del público en casos que se consideren importantes. 
Por último, acojo con satisfacción el anuncio realizado por la Comisaria de que, antes de finales de 2003, contaremos con una legislación sobre el acceso de los ciudadanos a la justicia. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, los resultados de la conciliación son, en general, positivos y merecedores de nuestro apoyo. 
El objetivo de la Directiva es adaptar la legislación comunitaria a la Convención de Aarhus. 
Ya se ha mencionado, con anterioridad, en esta Cámara, que la Directiva concederá plenos derechos a los ciudadanos a participar, desde el principio, en los procesos de toma de decisiones, especialmente en lo que se refiere a la planificación y la aplicación de programas, a los procesos de evaluación del impacto ambiental, a la prevención de la contaminación y a la reducción de los contaminantes, en general. 
Asimismo, permitirá que los responsables tengan en cuenta las opiniones y las preocupaciones de los ciudadanos a la hora de tomar decisiones. 
Esto, evidentemente, aumentará la transparencia de los procesos de toma de decisiones y contribuirá a suscitar un mayor interés de los ciudadanos por las cuestiones medioambientales y a mejorar su conocimiento de éstas. 
Los requisitos sobre la participación del público, de acuerdo con la Convención de Aarhus, deberán incluirse, en el futuro, en la legislación comunitaria pertinente, desde el principio. 
Es también importante que las autoridades informen a los ciudadanos, en mayor medida, de las razones por las que toman sus decisiones. 
Asimismo, es importante, en general, que en muchos puntos se exija que la información se proporcione en un lenguaje claro y que las autoridades ayuden a los ciudadanos a entender la información disponible. 
Es también positivo que la participación del público aumente en los ámbitos más importantes, que se refuerce el derecho ciudadano de acceso a la información en lo que se refiere a los criterios de concesión o denegación de permisos y, de nuevo, que las autoridades tengan la obligación de proporcionar información correcta, clara y explícita. 
Sobre esta base, pienso que podemos esperar que crezca la influencia de los ciudadanos en las cuestiones medioambientales. 
Señora Presidenta, debo decir que acogemos con interés, casi con algo de entusiasmo, las decisiones tomadas en los últimos tiempos, y que se han incluido ahora en estos documentos sobre la participación pública- casi se podría decir, jugando con las palabras, al menos en italiano, «participación privada» , ya que la palabra público alude normalmente a estructuras o instituciones públicas, mientras que aquí viene a denotar la participación de los ciudadanos, de las asociaciones, en este proceso: un proceso que no es de hoy, sino que ya se mencionaba en actos legislativos anteriores de la Unión Europea y que había puesto en marcha una evaluación por parte de los ciudadanos, y dentro de ciertos límites, de la transparencia, de la objetividad y de su interés por que las cuestiones medioambientales se trataran de cierta manera. 
Hoy nos hallamos frente a algo más, frente a algo diferente, y eso es positivo. 
En efecto, ¿qué está sucediendo a lo largo de este proceso? 
Confiamos en que el estímulo para actuar- comenzando antes de la toma de decisiones- llegue a aquellos que están más cerca de la región, de la población, de la naturaleza, y en que después se recoja, se transforme y se transmita en forma de directrices, requisitos y, si es necesario, restricciones, reguladas mediante estas normas, por parte de quienes tienen autoridad para hacerlo. 
Básicamente, debemos otorgar a los ciudadanos la facultad de intervenir en un ámbito que, en efecto, les concierne, quieran o no, porque las consecuencias de los daños medioambientales repercuten especialmente en los ciudadanos. 
Para concluir, debo señalar que, no obstante, no va a ser fácil adaptar las diferentes legislaciones nacionales a las Directivas y los requisitos europeos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0003/2003) de la Sra. Hautala, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 98/70/CE [PE-CONS 3677/2002- C5-0608/2002- 2001/0107 (COD) ]. 
- (FI) Señora Presidenta, voy a presentar la evaluación final de la Directiva sobre la calidad del combustible, que se aprobó originalmente, en esta Cámara, en 1998. 
Por aquellas fechas, a raíz de un debate y un proceso de toma de decisiones bastante acalorados, el Parlamento Europeo logró la aprobación de los requisitos de calidad más exigentes del mundo para combustibles de vehículos de carretera. 
Discutimos especialmente con la industria petrolera sobre si era necesario reducir los niveles de azufre de la gasolina y el gasóleo. 
Expusimos un gran número de argumentos para sacar adelante esta reforma, que redujo el contenido de azufre del gasóleo y la gasolina a un nivel muy inferior al que regía por aquel entonces. 
Esto resultó ser una maniobra estratégica e inteligente. 
La importancia de reducir el contenido de azufre de los combustibles quizás se ponga aún más de manifiesto cuando tratemos de reducir la contaminación atmosférica. 
Lo fundamental de esta reforma- que vamos a dejar expedita hoy en esta Cámara, para que afronte la recta final- es que, a partir del año 2009, sólo se permitirá la venta, en la Unión Europea, de una gasolina y un gasóleo prácticamente libres de azufre. 
Esto será muy importante, ya que nos permitirá depurar las emisiones de escape en mayor medida que hasta ahora. 
Sin embargo, la razón de que esta reforma sea más importante ahora que la anterior es que los fabricantes de automóviles desarrollan constantemente motores cada vez más limpios y que producen cada vez menos emisiones. 
Estos nuevos motores, como los motores de inyección directa, por ejemplo, precisarán, inevitablemente, estos combustibles sin azufre. 
Deberíamos estar satisfechos del resultado final. 
Logramos que la Comisión y el Consejo acordaran la comercialización de combustibles sin azufre en 2009, adelantando el plazo dos años. 
Yo diría, si es que se pueden hacer predicciones, que esto tendrá lugar antes, de todas maneras, porque muchos Estados miembros se han dado cuenta de que se puede acelerar notablemente este proceso concediendo pequeñas ventajas fiscales a los combustibles limpios. 
Se podría decir quizás que Suecia y Finlandia fueron los países con más reflejos y que pusieron a la venta los combustibles limpios muy rápidamente. 
Habrá que decidir entonces si será posible, en efecto, contar con gasóleo sin azufre en 2009. 
Como ponente, lamento que, con esta solución general, no hayamos decidido ya la comercialización del gasóleo en 2009. 
Creo que esta evaluación intermedia de 2005 no hace más que complicar las cosas, pero no conseguimos sacar esto adelante en el Parlamento, en segunda lectura. 
Ha brotado la sospecha de que la fabricación de gasóleo sin azufre podría implicar un aumento de las emisiones de dióxido de carbono. 
No obstante, creo que habría sido posible introducir esta reforma ahora, ya que cualquier inconveniente planteado por la fabricación de combustible sin azufre se compensa con el hecho de que el número de automóviles nuevos que se ponen a la venta es mayor que nunca y que las emisiones de dióxido de carbono se están reduciendo, a raíz de ello. 
La reevaluación de 2005 implicará también un debate sobre cómo comercializar combustibles con poco o ningún contenido de azufre para máquinas móviles no de carretera. 
Éste fue quizás el asunto más problemático de todos cuantos se trataron en los debates de conciliación. 
En lo que a mí respecta, estoy muy satisfecha del resultado final, que es que en 2009 se pondrán a la venta combustibles sin azufre para tractores y otras máquinas móviles no de carretera. 
No creo que los agricultores vayan a tener que pagar mucho más, ya que, en general, los costes acabaran reduciéndose. 
Señora Presidenta, quisiera corregir una cosa de la documentación. Ésta dice que el Parlamento aprobó una enmienda en primera lectura. 
Eso no es cierto. 
Quisiera que constara en acta que el Parlamento aprobó 36 enmiendas en primera lectura. 
Comprobaremos esto y nos aseguraremos de que se hagan las correcciones oportunas. 
Señora Presidenta, Señorías, es positivo que hayamos alcanzado un acuerdo sobre esta Directiva: constituye una parte importante de nuestra estrategia global de reducir la contaminación atmosférica y la emisión de gases de efecto invernadero. 
La Directiva 98/70/CE nos permitirá asegurarnos de que se suprima gradualmente la venta de gasolina con plomo. 
Una vez se haya aprobado la nueva Directiva, allanará el camino para la introducción de los combustibles sin azufre, que estarán a la venta en toda la UE a más tardar el 1 de enero de 2005. 
El azufre de los combustibles puede reducir la efectividad de algunos adelantos tecnológicos existentes y en ciernes, como los catalizadores de tres vías, los catalizadores de oxidación, las trampas de NOx y las trampas de partículas. 
Por eso, es muy importante introducir paulatinamente combustibles sin azufre. 
La implantación gradual de los combustibles sin azufre concluirá el 1 de enero de 2009. 
Los fabricantes serán capaces de explotar todo el potencial de los adelantos tecnológicos, reduciendo la emisión de contaminantes, por ejemplo de dióxido de carbono y de partículas que constituyen una seria amenaza para la calidad del aire y para la salud humana. 
La aprobación de esta Directiva constituye una buena noticia para la salud y para el medio ambiente en Europa. 
Por tanto, quisiera dar las gracias a la ponente, la Sra. Hautala, y a todos los diputados que han ayudado a que se apruebe este acto legislativo. 
Señora Presidenta, ya hace más de un año que empezó la modificación de esta Directiva y finalmente hemos llegado a un acuerdo y yo felicito muy sinceramente a la Sra. Hautala por este final feliz. 
Hemos tenido algunas diferencias en la primera lectura, pero creo que hemos llegado a unos compromisos muy satisfactorios para todos. 
Como ya se ha dicho, con esta nueva modificación se prohíbe comerciar con gasolina y diesel con un contenido de azufre superior a 10 ppm a partir del 2005. 
Esta prohibición se introducirá de manera progresiva y a partir del año 2009 la prohibición será total. 
Creo que es una buena solución y un buen compromiso, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que, aunque va a mejorar la calidad del aire, indudablemente, la producción de estos nuevos combustibles va a originar también incrementos de emisiones en las refinerías. 
Por lo tanto, si la producción y la venta de nuevos combustibles no se lleva a cabo al tiempo que se renueva el parque de vehículos, se puede producir un incremento global de emisiones de CO2, y además a un gran coste, porque producir estos combustibles es mucho más caro. 
Es importante, por lo tanto, que la Comisión evalúe los progresos y revise en 2005 la fecha de comercialización exclusiva de diesel de bajo contenido en azufre, especialmente en lo que se refiere a los tractores agrícolas y a los vehículos de carretera, porque la renovación de estos vehículos es mucho más lenta y el volumen de combustible que consumen es bastante pequeño. 
Se corre el riesgo de que las posibles mejoras en la calidad del aire no sean las que esperamos todos. 
Finalmente, señora Comisaria, como ponente de la Directiva de biocarburantes, tengo que añadir que es urgente que la Comisión autorice contenidos de mezcla de biocarburantes superiores al 5% y que proponga nuevos niveles de especificaciones y métodos de prueba para los biocarburantes y para los combustibles utilizados en las flotas cautivas. 
Actualmente varias marcas de automóviles son aptas para utilizar mezclas superiores al 5% y, sin embargo, no existen las normas técnicas adaptadas para ello. 
Además, los países tienen el compromiso de cumplir unos objetivos que, aunque sean indicativos, deben cumplirse, y si no se les dan facilidades para que puedan utilizar las mezclas, va a ser muy difícil alcanzar estos objetivos. 
Los biocarburantes reducen las emisiones de gases efecto invernadero de una forma importante y son una buena opción para mejorar la calidad del aire. 
Quiero acabar reiterando mi sincera enhorabuena a la ponente, también, por supuesto, a la Comisión y al Consejo y, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y Democrátas Europeos de este Parlamento, recomiendo el voto favorable a este informe. 
Señora Presidenta, soy el último orador en intervenir y no tardaré ni tres minutos. 
En nombre del Grupo Socialista, quiero aplaudir los resultados de la conciliación. 
La decisión de pasar a emplear gasóleo de bajo contenido de azufre en toda la Unión debería significar el fin de los motores diesel ruidosos, malolientes, caros y de gran tamaño, así como de otros vehículos todo terreno que ensucian el aire, enturbian la paz de nuestro medio ambiente y son una molestia para las comunidades. 
Reconocemos la importancia de tener en cuenta las posibles consecuencias económicas y sociales de este cambio, en particular para la industria agrícola, y por tanto acogemos con agrado los sensatos períodos de transición establecidos y el fomento de los incentivos fiscales adecuados. 
Confiamos en que esto haga que el cambio no sea traumático. 
Asimismo, apoyamos la necesidad de un examen continuo de la situación para garantizar que el avance no dé lugar a problemas económicos o sociales. 
Por tanto, en nombre de los socialistas, quisiera recomendar el voto favorable al informe por parte de la Cámara y dar las gracias a la ponente por todo el trabajo que ha realizado, así como a todas las demás personas que han participado en este largo proceso. 
Espero que nuestros esfuerzos den su fruto. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.12 horas) 
El hambre en el mundo y la eliminación de barreras comerciales con los países más pobres del mundo 
-De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre la declaración de la Comisión sobre el hambre en el mundo y la eliminación de barreras comerciales con los países más pobres del mundo. 
Señor Presidente, la situación alimentaria en el mundo es dramática y cada vez más grave. 
Millones de seres humanos viven en condiciones de extrema pobreza y cada hora muere mucha gente de hambre. 
Por tanto, es crucial adoptar medidas rápidas y de gran calado para poner fin a esta situación que, seguramente, debe pesar en la conciencia de la humanidad. 
Por tanto, es crucial que adoptemos medidas estructurales que permitan prevenir nuevos conflictos. 
Y es igualmente crucial dar continuidad a estas medidas fundamentales y desarrollarlas junto a medidas de emergencia para poder salvar vidas ahora. 
La ayuda humanitaria de emergencia enviada hasta la fecha ha demostrado ser insuficiente en lo que al suministro de alimentos y medicinas se refiere. 
Por ejemplo, debemos dar una respuesta más sustanciosa a las campañas destinadas a las zonas de alto riesgo, como la campaña de sensibilización «Hambre en África» , lanzada por el Programa Mundial de Alimentos. 
También debemos apoyar iniciativas tan oportunas como las dos que ha propuesto recientemente el nuevo Presidente de Brasil, Lula da Silva: el programa «Hambre cero» para erradicar el hambre en su país y otra iniciativa presentada en Davos, de naturaleza universal, que propone la creación de un fondo internacional para combatir la pobreza y el hambre en los países en desarrollo. 
Sin embargo, tal como he mencionado con anterioridad, también es crucial adoptar medidas fundamentales que rompan en primer lugar con un modelo que ha demostrado ser inadecuado e injusto, que sitúa a los países menos desarrollados en una posición inferior y los menosprecia- sobre todo al pretender que todo puede resolverse por medio del comercio- que perpetúa un sistema de comercio injusto cuya única prioridad es el crecimiento económico sin tener en cuenta la importancia de la distribución equitativa de la riqueza generada. 
Necesitamos un nuevo orden económico mundial, que sobre todo contemple la posibilidad de efectuar cambios profundos en las instituciones cruciales actuales, cuyas directrices están ya trasnochadas, tales como la OMC, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
Es preciso hallar una solución definitiva al problema de la deuda y es especialmente necesario garantizar precios estables que hagan viables las formas tradicionales de producción en los países menos desarrollados, principalmente en el sector primario. 
Debemos dar prioridad a la soberanía alimentaria y a la seguridad alimentaria, sobre todo garantizando el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos y el acceso de las personas a la tierra y al agua. 
Señor Presidente, en África hay una hambruna después de otra. 
Nos sentimos consternados al ver a los niños morir de hambre, pero no abordamos las causas. 
Las hambrunas no sólo vienen provocadas por las condiciones climáticas, sino que también se derivan de las políticas estructurales, especialmente de las políticas agrícolas y comerciales, que han llevado a los agricultores de los países más pobres a producir para la exportación, más que para el consumo local. 
La ayuda alimentaria no es una solución viable. 
Aunque se consideren humanitarios, los países ricos han utilizado con frecuencia este método para deshacerse de su excedente agrícola y para legitimar su devastadora política de superproducción. 
Por ejemplo, Estados Unidos no duda un instante en enviar a África sus organismos modificados genéticamente, boicoteados en el mercado europeo, no sólo en forma de alimentos, sino también de semillas. 
Entonces tiene la desfachatez de acusar a los Gobiernos que rechazan esta ayuda de dejar morir a la población. 
Es una vergüenza usar este chantaje con gente tan vulnerable. 
Es contrario al derecho fundamental a la alimentación, que concede a todos los seres humanos la libertad de elegir lo que comen. 
¿Quién es el más culpable en este caso? 
¿Los países afectados por el hambre que rechazan alimentar a sus pueblos con productos potencialmente perjudiciales, o los países que conceden a los pueblos privados de alimentos ayuda tan sólo en forma de semillas modificadas genéticamente, cuyas consecuencias serán desastrosas para el medio ambiente y la biodiversidad? 
En algunos de estos países o regiones, la crisis alimentaria no es una crisis general. 
El problema no es necesariamente la escasez de alimentos, sino más bien el hecho de que su distribución en el mundo no es equitativa. 
Sólo la producción local y el comercio intrarregional son sostenibles y capaces de garantizar a todos el acceso a los alimentos. 
No obstante, la Unión Europea ensalza las virtudes del libre comercio a escala mundial y fuerza a los países en desarrollo a abrir sus mercados. 
A cambio, promete abrir sus mercados a todos los productos de los países en desarrollo, salvo a las armas y, por supuesto, a los plátanos, el azúcar y todo lo demás. 
Esta medida no sólo ha provocado la competencia entre los países en desarrollo en lugar de reforzar su cuota de mercado, sino que además favorece la producción de cultivos para la exportación, en detrimento de la producción de cultivos alimentarios que les permitirían ser autosuficientes. 
Del mismo modo, la crisis actual de los productores de café nos recuerda que el libre comercio significa la ruina de los pequeños agricultores y la prosperidad de las grandes multinacionales. 
El libre comercio no es comercio justo. 
Además, en la nueva comunicación de la Comisión titulada «Comercio y desarrollo» , que el Parlamento tendrá ocasión de examinar en breve, no se hace referencia alguna al comercio justo. 
El Presidente Lula ha dado la máxima prioridad a la lucha contra el hambre. proponiendo crear un fondo internacional con este propósito. 
Éste también es el objetivo de la FAO, cuya última cumbre no parece haber tenido ningún efecto significativo. 
Según los Verdes, el único modo de erradicar el hambre en el mundo pasa por el desarrollo sostenible en la producción de alimentos, basada en las necesidades de las poblaciones locales, y por medio del comercio justo entre el Norte y el Sur, es decir, un comercio que pague un precio justo que refleje los costes sociales y medioambientales de la producción y los recursos y trabajadores de los países más pobres. 
Señor Presidente, esta resolución contiene una larga lista de observaciones y propuestas excelentes. 
No existe casi ningún aspecto del problema que no se comente. 
Sin embargo, dicho esto debemos añadir que los acuerdos a los que hemos llegado hasta ahora han sido bastante insuficientes. 
También declaramos en esta resolución que la diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo se ha acentuado en la década de 1990. 
Creo que es importante destacar tres deficiencias de la resolución. 
En primer lugar, no se hace mención alguna de los esfuerzos encaminados a reducir la tasa de natalidad en los países en desarrollo, ya que, como es obvio, los países pobres no están en condiciones de generar un crecimiento económico capaz de mantener el paso con el rápido aumento de la población de estos países. 
En segundo lugar, la resolución no contiene ninguna alusión a la situación interior, que impide que la población de los países en desarrollo viva en libertad. 
No nos atrevemos a acabar con esos dictadores que destruyen las condiciones de vida de los pueblos y las estructuras de sus países. 
No queremos ensuciarnos las manos y creemos que todo puede alcanzarse por medio de la diplomacia, pero tenemos que darnos cuenta- la resolución también lo hace- de que una gran mayoría de los países cuya población sufre dificultades, carecen de la libertad necesaria para que el pueblo pueda cambiar su situación. 
Durante el debate de ayer sobre Iraq, pudimos observar claramente que sólo nos planteamos acabar con todos estos dictadores a base de palabras y diplomacia. 
Sólo los Estados Unidos están dispuestos a eliminar a los opresores mediante el uso de la fuerza. 
En tercer lugar, nuestra resolución apunta a la necesidad de reducir las barreras arancelarias, pero olvidamos mencionar que nos falta credibilidad porque nuestra política agrícola es responsable del dumping de nuestros productos en los mercados de los países pobres, destruyendo el potencial de su propia agricultura. 
Nuestra civilización, por decirlo de algún modo, carece de las bases para ser un modelo «digno de imitación» , puesto que no logramos introducir en nuestros propios países los cambios económicos y políticos que con una condición básica para cambiar la situación del comercio y porque no somos capaces de mejorar la desastrosa situación en que se encuentra el mundo. 
Es lamentable que no seamos capaces de adoptar medidas de mayor calado en este terreno. 
Espero que todo el que vote hoy a favor de esta decisión, que por otro lado es excelente, sea coherente y vote en contra de los presupuestos de la UE que autorizan las subvenciones tan perjudiciales para los países en desarrollo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, gracias a Dios los tiempos en los que en muchas partes de Europa se pasaba hambre ya han pasado. 
Sin embargo, esto no sirve de excusa para cerrar los ojos ante el hecho de que realmente se sufre hambre en muchas partes del planeta, sobre todo en África. 
Por ello, acojo favorablemente el hecho de que el Parlamento dedique de nuevo su atención a esta situación catastrófica y respalde estrategias para combatirla. 
Señorías, la ayuda alimentaria a las zonas en crisis es por sí sola muy poca cosa para una estrategia sostenible. 
Hay que tener en cuenta muchos factores diferentes, entre los que se incluyen las causas estructurales en los países en desarrollo, como el acceso a la tierra y el agua, al igual que la necesidad de incrementar las capacidades logísticas y la existencia de infraestructuras adecuadas. 
Un elemento clave que conviene considerar es la capacitación que permita a las personas ayudarse a sí mismas. 
La apertura incondicional de los mercados agrícolas de la Unión Europea, reclamada por muchos, no es la única panacea para vencer el hambre en los países en desarrollo. 
La estabilidad de precios es importante, tanto para los agricultores del Sur como para los del Norte. 
Es más, considero que el apoyo para crear mercados nacionales y regionales es una vía practicable para reducir la dependencia de estos países de las naciones industrializadas. 
Señor Presidente, debemos continuar desarrollando una estrategia interregional sostenible que sitúe en primer lugar las necesidades de la población. 
Señor Comisario, quiero insistir también en que la transferencia de tecnología y de conocimientos en el ámbito de la agricultura es muy importante si se desea aplicar una agricultura sostenible que no sólo produzca para el comercio mundial, sino que en primer lugar abastezca de productos a la población local. 
Pero al mismo tiempo debemos ayudar a los países en desarrollo a cumplir las importantes normas de seguridad alimentaria de la UE, tomando medidas públicas y fitosanitarias. 
En relación con esto, habrá que prever estrategias encaminadas a promover la inversión y el desarrollo del sector privado. 
Por último, señor Presidente, quiero decir expresamente que hay que prestar mucha atención a la prevención del fraude, sobre todo en lo que respecta a la ayuda al desarrollo. 
Los agricultores de las zonas rurales, tanto del Norte como del Sur, no deben verse perjudicados en este proceso, porque son los que nos alimentan, son la base de todas las necesidades sociales y los que garantizan el desarrollo sostenible. 
Me complace que hayamos llegado a un consenso tan amplio en esta resolución común. 
Señor Presidente, señor Comisario, la integración de las economías de los países más pobres en el sistema del comercio mundial seguirán siendo una ilusión hasta que los rendimientos previstos tengan en cuenta las dificultades con las que dichos países se encuentran al comerciar y, en especial, al desarrollarse. 
La lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria, junto a la prevención de los conflictos que a menudo se derivan de ellas, deben abordar las causas estructurales y desmarcarse de políticas económicas, agrícolas y comerciales que ahora están desacreditadas. 
Los principales obstáculos económicos causantes de que miles de millones de seres humanos no tengan cubiertas sus necesidades alimentarias son de sobra conocidos: la obligación de vender a precios más bajos que los costes de producción, el modo en que los agricultores en esos países se ven más o menos obligados a concentrarse en la exportación de productos que son útiles para los países del Norte en lugar de los productos necesarios para la gente del Sur, y la liberalización del comercio llevada a cabo por instituciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI y la OMC que de este modo privan a los países individuales del derecho a definir sus propias políticas. 
La Comisión podría decidirse a resolver estos problemas. 
Lamentablemente, me temo que el método que ha elegido no es, una vez más, el correcto. 
El informe del PNUD para el año 2002 nos recuerda que si el proceso avanza al paso de tortuga actual, nos llevará 130 años abolir el hambre en el mundo. 
El hambre en el mundo requiere mucho más que un llamamiento urgente por parte de los países ricos a los pobres, instándoles que acepten las leyes dictadas por la OMC. 
Cuando el 60% de la población de Zambia necesita ayuda alimentaria y las multinacionales, como Monsanto y Dupont, controlan entre ambas el 93% del mercado de semillas, se necesita algo más que inversiones privadas a corto plazo y sin visión de futuro. 
Cuando el comercio a escala mundial representa 7 billones de dólares al año; cuando las transacciones financieras suman un total de 1,5 billones de dólares al día; cuando el Banco Mundial considera que es necesario doblar la ayuda mundial al desarrollo que ha alcanzado un tope de 50 000 millones de dólares al año, ¿cuándo se va a aplicar un impuesto útil que grave las transacciones financieras internacionales para financiar esta ayuda? 
Éste es el punto en que la intervención de la Unión Europea podría servir de algo. 
La lucha contra la pobreza exige que los países en desarrollo tengan derecho a determinar sus prioridades y estrategias con objeto de mantener la producción sostenible de alimentos utilizando sus propios recursos naturales y humanos y sus conocimientos locales e invirtiendo en la transformación estructural de sus economías, y al mismo tiempo recibir precios legítimos y garantizados. 
Los acuerdos de libre comercio suscritos entre partes que están en igualdad de condiciones, basados en la abolición de aranceles aduaneros sin tener en cuenta el grado de desarrollo de cada parte, han exacerbado la pobreza y han tenido un efecto negativo en la seguridad alimentaria. 
Urge promover la producción local de cultivos alimentarios mejorando el acceso a la tierra, al agua y a los recursos de biodiversidad. 
También urge cancelar las deudas. 
Señor Presidente, señor Comisario, siempre se cita el proteccionismo como el causante del hambre en el mundo. 
No hay duda de que hay algo de verdad en ello, pero el comercio no da de comer. 
Tampoco el comercio enriquece a la gente, Señorías, en todo caso no siempre a ambas partes. 
Por lo tanto, debemos preguntarnos cómo comerciamos. 
Si hablamos de las deudas de los países en desarrollo, la causa de estas deudas es el comercio desigual. 
Si hablamos de la gente que pasa hambre, tenemos que saber que un 80% de la población que sufre hambre vive en zonas rurales. 
¿Cómo van a exportar alimentos a Europa cuando no tienen nada con que alimentarse ellos mismos? 
Debemos preguntar quién comercia con Europa, con qué productos y en qué condiciones. 
Si importamos productos alimenticios no procesados, los procesamos aquí y luego los devolvemos con subvenciones a la exportación- lo cual vuelve a distorsionar las relaciones de intercambio- no estamos ayudando a resolver el problema del hambre. 
Europa es el mayor importador de alimentos. 
Si nos preguntamos cómo podemos cambiar la balanza comercial a favor de los países en desarrollo, la única manera es pagar por esos productos de acuerdo con las condiciones europeas. 
Entonces veremos cómo se desarrollan las economías. 
Sin embargo, si decimos que vamos a explotar a estos países con precios bajos, destruiremos la agricultura rural tanto aquí como allí. 
También debemos procurar que la tierra sea accesible a la gente de estos países. 
Sin embargo, la propiedad de la tierra- en el sentido de una lucha de clases- no es todo el problema; también debemos plantear las siguientes preguntas: ¿Quién puede trabajar esta tierra? 
¿Quién se responsabilizará de ello? 
¿Quién enseñará a la gente a trabajar la tierra? 
¿Quién permitirá a la gente que todavía practica una economía de subsistencia continuar trabajando en una economía de subsistencia y les apoyará a transmitir sus conocimientos a las generaciones venideras? 
Deberíamos estar planteándonos estas preguntas y dejar de pensar que podemos alimentar a estas personas simplemente abriendo las fronteras. 
Señor Presidente, las estadísticas sobre el hambre en el mundo me dejan realmente helado. 
Durante el tiempo que dure este debate, casi mil personas habrán muerto de hambre en algún lugar del mundo, la mayoría de ellas en África. 
En la actualidad hay en el mundo unos 800 millones de personas que no disponen de comida suficiente, entre ellos 300 millones de niños. 
Quizás lo más aterrador de todo esto es que la situación no mejora. 
Al contrario, durante la última década, la brecha entre los pobres y los ricos, entre los desposeídos y los pudientes, entre los bien alimentados y los hambrientos ha aumentado aún más. 
Nosotros, que hemos tenido la suerte de nacer en una parte del mundo no azotada por la escasez de alimentos, la sequía o la hambruna, tenemos la responsabilidad moral de trabajar en pos de un mundo más justo. 
No me refiero sólo a la ayuda alimentaria. 
Reconozco que la UE es la principal donante de ayuda al desarrollo. 
Tenemos que analizar las causas profundas de la pobreza y el hambre para poder abordar el problema y hallar una solución a largo plazo. 
En lo que se refiere a la creación de un sistema justo de intercambios comerciales, la UE ha realizado una importante contribución por medio de su iniciativa «todo menos armas». 
Nos hemos comprometido a eliminar por completo los derechos de aduana aplicados a las exportaciones de los 48 países más pobres del planeta. 
Confío de verdad en que la Comisión solicite encarecidamente a aquellos países del mundo rico que mantienen estos aranceles que adopten una política como la de la Unión Europea. 
Por desgracia, hay lugares en el mundo que, en la actualidad, no son autosuficientes, y nosotros hemos de compartir la tecnología que hemos desarrollado, así como nuestra experiencia, con los países en vías de desarrollo. 
Existen muchos y magníficos ejemplos de la labor positiva y plagada de éxitos llevada a cabo por las ONG y otras organizaciones de voluntarios en este ámbito lleno de desafíos, y en mi opinión, este trabajo debe ser plenamente respaldado en el futuro. 
Señor Presidente, en la actualidad, de los 6 000 millones de habitantes que hay en el mundo, más de 800 millones sufren malnutrición. 
Tres cuartas partes de estas personas viven en zonas rurales, en otras palabras, se trata de las mismas personas cuyo trabajo consiste en aportar no sólo su propio alimento, sino también el de sus conciudadanos. 
Estos 600 millones de agricultores pobres no son capaces de alimentarse ellos mismos o alimentar a otros como ellos, porque son víctimas directas de la caída de los precios agrícolas dictados por la liberalización del comercio. Lo único que pueden hacer es reducir continuamente sus reservas de consumo interno para tratar de salvar su potencial de producción, la mayoría de las veces en vano. 
¿Cómo liberarlos de este círculo vicioso? 
Podemos conseguirlo mediante un nuevo enfoque de la globalización del comercio de productos agrícolas y alimenticios, en el que se reconozca el principio de soberanía alimentaria. 
Según este principio, cada país o grupo de países debería poder determinar libremente cómo abastecer de alimentos a su población. 
La soberanía alimentaria significa el reconocimiento del derecho de las personas a alimentarse y del derecho a alimentarse del modo que deseen. 
Implica la oportunidad para los países en desarrollo de alcanzar la autonomía alimentaria por medio del desarrollo de su agricultura. 
No basta con declarar que los países en desarrollo tienen derecho a desarrollar sus propios cultivos alimentarios: también es fundamental que las normas que rigen el comercio internacional de productos agrícolas no les prohíban ponerlo en práctica. 
Debemos reconocer más claramente el derecho a proteger a sus agricultores y a abrir sus mercados de forma selectiva, como hizo la propia Europa para poner fin a su dependencia alimentaria. 
Los países que han tenido más éxito en la lucha contra el hambre son los que tienen gobiernos responsables que han sido capaces de asegurar que sus agricultores, gracias a sus políticas de apoyo a los precios agrícolas y a las subvenciones pagadas a quienes emprenden actividades agrícolas y por las infraestructuras, tengan acceso a sus propios mercados interiores, incrementando por tanto su poder adquisitivo y su productividad y, en consecuencia, también su producción. 
Si queremos abordar seriamente el problema del hambre, entonces hay que dejar de inmediato de reducir los precios agrícolas: el primer requisito es garantizar el acceso de los campesinos a un mercado local rentable para lograr el crecimiento de su producción agrícola, que es la clave para reducir el hambre. 
La liberalización total y descontrolada del comercio de productos agrícolas no favorece a los países hambrientos; favorece a los países que son exportadores estructurales de productos agrícolas, pero arruina a los agricultores pobres de los países en desarrollo. 
No tiene ningún sentido intentar establecer una competencia directa entre el pequeño agricultor de Chad y el gran campesino de Minnesota o entre los pastores de los Andes y los latifundistas de Nueva Zelandia. 
Por lo tanto, si la Unión Europea quiere contribuir de forma efectiva a reducir el hambre en el mundo, tendrá que prestar especial atención a tres puntos esenciales. 
En primer lugar, los programas de desarrollo agrícola que financia en los países en desarrollo tendrán que incluir todos una partida de ayuda a la comercialización de productos alimenticios. 
En segundo lugar, la Unión Europea tendrá que ayudar a los países en desarrollo o a los grupos de países que tienen costes de producción similares a proteger sus mercados interiores contra los precios del dumping del mercado mundial, con ayuda de instrumentos sin los cuales sus productores se arruinarían. 
En tercer lugar, la Unión Europea tendrá que usar, en fin, toda su influencia en las negociaciones sobre el comercio internacional para conseguir el reconocimiento del derecho a la exención agrícola, en otras palabras, el derecho de las naciones a proteger a sus agricultores, que son quienes les alimentan y de cuya prosperidad depende el desarrollo del país. 
Señor Presidente, Señorías, las cifras son trágicamente elocuentes al describir la división Norte/Sur. 
Aparte de los datos mencionados con anterioridad sobre el hambre y la malnutrición, me gustaría añadir algunos más que creo que merece la pena tener en cuenta: el 1% de la población detenta el 57% de la riqueza mundial; más de 2 500 millones de personas no tienen acceso a agua potable; más de 2 000 millones de personas no disponen de electricidad; más de 1 000 millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza; por último, el 70% de los infectados por el VIH viven en el África subsahariana. 
Ha sido por tanto muy positivo que, vista la tragedia que reflejan estas cifras, la Cumbre de Johannesburgo haya establecido por primera vez un estrecho vínculo entre la erradicación de la pobreza y la protección del medio ambiente. 
La cumbre debería llevarnos a sacar lecciones para las políticas internas de la UE. 
De hecho, la delegación de la UE fue la única que estableció en Johannesburgo una agenda de negociación que luego se convirtió en la única agenda de la Conferencia. 
También se debió en gran medida a la acción de la UE que en la cumbre se consiguieran algunos resultados positivos, como los objetivos de erradicación de la pobreza y de promoción del acceso al agua potable y al saneamiento. 
Gracias también a la labor de la UE se cerró un gran número de acuerdos de asociación entre el sector público y el privado, concretamente en el ámbito del agua y de la energía, y se adoptó un plan decenal para una producción y un consumo sostenibles. 
Sin embargo, también es verdad que hubo profundas diferencias entre la Unión Europea y los países en desarrollo, en especial en el ámbito del comercio y de las finanzas, que impidieron alcanzar resultados de mayor alcance. 
En la práctica, se ha demostrado claramente que los países más pobres no están dispuestos a ceder terreno en el ámbito de la biodiversidad, las energías renovables y la gobernanza, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea se aferran a un modelo de subvenciones para sus productos agrícolas, la pesca y los combustibles fósiles. 
Así las cosas, si deseamos ser socios creíbles de los países en desarrollo y si deseamos reducir la pasmosa diferencia de bienestar que existe entre el Norte y el Sur, debemos cumplir nuestras promesas en el terreno de la financiación, de la cancelación de la deuda para los países más pobres y también de la reducción gradual de nuestras subvenciones a la agricultura, la pesca y la energía y, por supuesto, de la eliminación de las barreras comerciales. 
Señor Presidente, otros oradores se han referido a los países ricos y a los pobres, a la prosperidad de que disfrutamos en Europa y a la situación muy distinta que viven los países menos desarrollados. 
El Sr. Bautista Ojeda aludía a ello hace un momento. 
Habida cuenta de la prosperidad y el éxito económicos de Europa en la actualidad, es necesario preguntarse si esto se ha logrado a expensas de otros lugares del mundo y cuáles han sido las consecuencias para estos países. 
Nuestro éxito y nuestra prosperidad actuales son, en parte, el resultado de las políticas llevadas a cabo durante el siglo XIX y el siglo pasado, cuando implantamos el imperialismo por todo el mundo, y ahora estamos beneficiándonos de ello. 
Podemos hacer al respecto mucho más de lo que estamos haciendo ahora mismo. 
Las dificultades por las que atraviesan se hacen patentes hoy en Europa con la presión de los ciudadanos de los países menos desarrollados que desean emigrar a Europa, así como con las personas que huyen de sus países, desesperadas no sólo por su situación económica, sino también por la falta de democracia y por la violencia, y que piden asilo en Occidente. 
Podemos hacer más ayudando a estos países. 
No se trata sólo de proporcionar cuantiosas ayudas al desarrollo: éstas han de ser sostenibles. 
Una manera de ayudar a estos países sería revisar la política agrícola común con vistas a reformarla. 
Por el momento, estamos llevando a cabo prácticas de dumping en los países menos desarrollados, lo que no beneficia, en absoluto, ni a sus comunidades, ni a sus economías, ni a sus agricultores. 
Nosotros protegemos nuestra agricultura en Europa, en perjuicio de otros países. 
Mientras subvencionamos nuestra agricultura, los agricultores y los pobres de todo el mundo se hunden en la miseria porque no son capaces de competir. 
Por eso, debemos examinar la política agrícola común. 
Hemos de trabajar con la OMC para garantizar que las normas y las condiciones que fije no contribuyan a aumentar la pobreza. 
Podemos hacer más de lo que estamos haciendo en la actualidad. 
Señor Presidente, en el mundo hay comida suficiente para alimentar a todos. 
Por supuesto, sería de gran ayuda si los rendimientos de las cosechas fueran mayores, pero como digo, la esencia del problema del hambre no está ahí. 
El libre comercio y, en especial, el comercio justo también ayudan, pero tampoco resuelven el problema. 
La verdadera causa es la distribución. 
No hay hambre en los países que tienen una democracia parlamentaria, incluso si son países pobres. 
Los dirigentes políticos saben que pueden perder las elecciones. 
Con las dictaduras políticas no ocurre lo mismo. 
Pongamos por ejemplo Zimbabwe. 
El vínculo entre la democracia y la ausencia de hambre fue establecido por el ilustre Amartya Sen, de la India, Premio Nobel de economía. 
La mejor solución es promocionar la democracia en el mundo. 
Este aspecto está ausente con demasiada frecuencia en la estrategia europea. 
Por último, si nos ahorráramos el 5% del gasto mundial en defensa, tendríamos suficiente dinero para lograr los objetivos del milenio de las Naciones Unidas. 
Señor Presidente, las diferencias entre los países ricos, los pobres y los más pobres no han dejado de aumentar desde la década de 1990. 
Eliminar las barreras comerciales para los productos procedentes de los países en desarrollo por parte de la UE no ha mejorado visiblemente la situación en terceros países, a pesar de que la UE es el principal mercado de exportación de productos agrícolas de los países en desarrollo. 
Una desventaja de la política de la Unión Europea hacia los países en desarrollo ha sido la promoción de la producción autónoma en muchos lugares de estos países. Al mismo tiempo, la exportación de productos agrícolas europeos fuertemente subvencionados perjudica y destruye la producción local. 
Además de eliminar las barreras comerciales, también tenemos que promocionar en la Unión Europea la difusión de productos de comercio justo. 
La Comisión ha apoyado campañas de información sobre los productos de comercio justo, pero al mismo tiempo ha dicho que los altos precios sólo bajarán si aumenta la demanda de dichos productos. 
La UE debería calcular el umbral de precio para los productos de comercio justo y elevar el umbral para otros productos procedentes de los países en desarrollo. 
Una reducción del umbral de precio de los productos de comercio justo favorecería su venta en la UE, lo que a su vez incrementaría el volumen de la producción en los países en desarrollo. 
De este modo, la producción se orientaría más hacia el comercio justo. 
Al mismo tiempo, el Fondo para los países en desarrollo debería destinarse a apoyar sobre todo a aquellas explotaciones agrícolas que pasan a operar bajo el signo del comercio justo, a las que habría que conceder préstamos de bajo interés y ayuda al desarrollo con el fin de organizar programas de formación y de educación para la población que se ha quedado sin trabajo, especialmente mujeres. 
Hacemos donaciones y organizamos colectas para prevenir el hambre, pero solemos olvidar que somos nosotros los que provocamos estas hambrunas con la imposición de aranceles a la importación. 
Los Estados miembros deberían apoyar el comercio justo en la contratación pública, aumentando la demanda, que daría lugar a costes más bajos y precios al por menor también más bajos. 
La producción mundial de cultivos no puede incrementarse aumentando la extensión de tierras disponibles para el cultivo. 
La escasez de recursos acuáticos también influye. 
El aumento de la irrigación a gran escala ya no es posible. 
Si la producción de alimentos no puede aumentar, tenemos que cambiar la base de la distribución, así como nuestras relaciones comerciales. 
Aparte de la distribución desigual de alimentos, una de las razones que podría mencionarse como causa del hambre es a menudo la situación de inestabilidad política. 
En la actualidad, la gravedad del hambre en el África subsahariana se debe en especial al hecho de que la ayuda humanitaria convencional no basta para evitar la catástrofe, debido a la inestabilidad política que reina en la región. 
Los gobiernos carecen totalmente de medios para confrontar esta crisis. 
El hambre debe remediarse con medidas sociales, así como políticas y económicas. 
A menudo son sobre todo mujeres quienes sufren hambre. 
Aunque ellas son las que producen más de la mitad de los alimentos mundiales, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) , también son las que tienen menos posibilidades de poseer tierras, conseguir créditos, estudiar y disfrutar de sus derechos sociales. 
Los Grupos políticos del Parlamento han elaborado una propuesta de resolución común sobre la declaración de la Comisión. 
Por tanto, la ayuda a las víctimas del hambre y el apoyo económico a los países en desarrollo cuentan con un sólido respaldo político. 
Esto debería relejarse también en las políticas de la Comisión y del Consejo. 
Mi mayor temor es que, como siempre en las cuestiones relacionadas con los países en desarrollo, haya menos hechos que palabras. 
Esto no tiene por qué ser así. 
Más allá del discurso teórico existe todo un mundo real. 
Son personas reales, no maniquíes; tienen un umbral de sufrimiento y eso no debemos olvidarlo. 
Señor Presidente, en Europa cada vaca recibe cada día una media de dos euros de la Unión Europea. 
Dos euros al día; más de 2 millardos de mujeres y hombres disponen de menos que eso para vivir. 
El hambre y la malnutrición contra las que estamos protestando aquí no son fruto de la incapacidad de la tierra para alimentar a sus habitantes, sino que más bien vienen causadas por situaciones políticas específicas e incluso por una serie de políticas internacionales de las que en parte somos responsables. 
A veces puede tratarse de situaciones políticas locales- guerra, colapso del gobierno, locura asesina de grupos de individuos o de dirigentes- pero también pueden ser efecto de políticas internacionales. 
Algunas de estas políticas ya han sido mencionadas: la deuda, las excesivas subvenciones a la agricultura, que arruinan a los agricultores de los países del Sur, una economía orientada principal y exclusivamente a ciertos productos de exportación, a ciertas materias primas, dando lugar a un monocultivo que se contradice con los objetivos de autosuficiencia alimentaria y seguridad alimentaria, que requieren una diversificación de la agricultura. 
Por esto coincido con lo que acaba de decir el Sr. Graefe zu Baringdorf sobre la gran importancia que tiene el acceso a los mercados del Norte, a nuestros mercados, pero es también una visión extremadamente parcial. 
Creo que ejercer un control estricto es fundamental para poder garantizar la integración regional, la diversificación económica y la seguridad alimentaria en los países en desarrollo. 
Algunos de nosotros acabamos de regresar de Porto Alegre. 
La victoria del Presidente Lula y la política que pretende seguir, en especial contra el hambre, ha despertado un gran sentimiento de esperanza: en Brasil, en América Latina y, en general, en todos los países en desarrollo. 
Si esta política da resultados, abrirá nuevas perspectivas no sólo para el desarrollo, sino también para las esperanzas de democracia. 
¿Qué pensamos hacer para apoyar a Brasil, para ayudarle a conseguir que este experimento sea un éxito? 
¿Vamos a continuar exigiendo a estos países desde el FMI que alcancen un superávit anual del 3,75 %, mientras que, al mismo tiempo, consideramos que un déficit máximo del 3% en el marco del Pacto de Estabilidad es rígido y estúpido? 
Además, al mismo tiempo que se anima a los Estados miembros de la UE a aumentar sus partidas de ayuda al desarrollo, en las instancias internacionales- por ejemplo, podríamos hablar de la OMC- se aplican políticas que en algunos casos impiden alcanzar estos objetivos. 
Por último, el Presidente Lula ha lanzado un llamamiento en Porto Alegre y en Davos a favor de la creación de un importante fondo internacional para combatir el hambre y la pobreza. 
¿Vamos a apoyarle? 
¿Vamos a proponer- o va la Comisión a proponer al Consejo y al Parlamento- un impuesto que grave la riqueza generada por la globalización y que podría servir para alimentar este fondo gestionado por la ONU? 
Esta sería una respuesta práctica y un firme gesto político. 
Señor Presidente, señor Comisario, no podemos sino apoyar las campañas a favor de la lucha contra el hambre en los países en desarrollo. 
Las declaraciones oficiales, todas ellas citadas en la resolución de hoy, deben comportar nuevas medidas muy precisas. 
Sin lugar a dudas, existen muchas vías para salir de la trampa de la pobreza en los países en desarrollo. 
Como miembro de la delegación ACP del Parlamento Europeo, la supresión de las barreras al comercio con los países más pobres me incumbe enormemente. 
El número de personas de los países en desarrollo que disponen de menos de un dólar al día para sobrevivir sigue creciendo. 
En todo el mundo mueren de hambre 900 personas cada hora, muchos de ellos niños. 
La gran preocupación pública ha dejado de ser suficiente desde hace mucho tiempo. 
La Unión Europea y otros donantes deben protestar con mayor rotundidad contra el hambre que sufren los países en desarrollo, deben incrementar la ayuda alimentaria y humanitaria y distribuir más rápido el dinero aportado, por ejemplo, por el fondo del VIH/SIDA. 
Los peajes de carretera, los procedimientos de importación y aduaneros, etc. en las zonas de riesgo, demuestran que la capacidad logística no es suficiente para asegurar que la ayuda alimentaria llegue a tiempo sin problemas. 
Aquí, en el Parlamento Europeo, deberíamos aclarar de nuevo, con la resolución de hoy, que el coste a escala mundial del fracaso en la erradicación del hambre es muy alto. 
Guerras, desastres repetidos, crimen internacional, tráfico de drogas, estancamiento de la economía, inmigración ilegal y muerte prematura, por citar sólo unas cuantas, Señorías, son algunas de las consecuencias. 
Por supuesto, la decisión de admitir en el mercado de la Unión Europea todos los productos- menos las armas- procedentes de los países en desarrollo es dar un paso en la dirección correcta. 
Señor Presidente, ya casi he acabado. 
Por supuesto, debemos mejorar el acceso al mercado de productos agrícolas procedentes de los países en desarrollo. 
Sin embargo, habría que añadir que otros países desarrollados también deben hacer mayores esfuerzos. 
Como miembro de la delegación ACP, apoyo la labor en torno a esta resolución en su conjunto. 
Señor Presidente, triste es el día en que nos damos cuenta de que tras cincuenta años de ayuda al desarrollo, ni un solo país ha escapado de la trampa del subdesarrollo y de la pobreza. 
Muchos creen que la globalización es la causa del estado de la economía en los países más pobres. 
La verdad es que la política proteccionista del Norte ha contribuido a estrangular sectores cruciales en el Sur. 
La afirmación de que los países pobres pueden alcanzar los mismos niveles de ingresos que los países ricos sin el comercio internacional, sin la entrada de capitales e inversiones, es una burda tontería. 
Si los países pobres pretenden salir adelante con lo que tienen en sus arcas o esperan desarrollar su propia capacidad tecnológica, les llevará una eternidad. 
No hay verdadero progreso en una sociedad en que unos pocos se enriquecen y muchos se empobrecen. 
El hambre y la pobreza más abyecta afectan principalmente a las mujeres, haciendo que la desigualdad sexual sea una enorme barrera para el desarrollo. 
En la última década, el número de mujeres que viven en condiciones de extrema pobreza ha aumentado. 
Esto está relacionado con los problemas de salud reproductiva, porque las mujeres más pobres no pueden acceder a los servicios sanitarios y tienen más hijos no deseados. 
Casi la totalidad del medio millón de mujeres que mueren a causa de enfermedades relacionadas con la maternidad viven en el mundo subdesarrollado y mueren, no porque hayan decidido ser madres, sino porque son pobres. 
La probabilidad que tiene una mujer de morir en estas circunstancias es de menos de una por cada 3 000 en el mundo desarrollado, frente a una por cada 19 en África. 
Estas cifras prueban que los beneficios de la globalización no han llegado todavía a mucha gente. 
La pobreza persistente obstaculiza este proceso a través del comercio abierto. 
La única solución es vencer a nuestros dos enemigos principales: la resistencia de numerosos líderes políticos del Norte que no parecen estar dispuestos a eliminar las barreras para dejar circular libremente bienes y personas, y la resistencia de numerosos dirigentes políticos del Sur que no parecen estar dispuestos a conceder a sus pueblos los derechos básicos políticos, económicos y humanos sin los cuales no puede haber desarrollo. 
Señor Presidente, quisiera darle las gracias por la manera en que ha llevado el asunto de mis desafortunados problemas para llegar aquí esta mañana. 
Quiero comenzar diciendo que considero importante y digno de destacar que, por encima del partido al que se pertenezca, todos coincidan a la hora de describir el problema y apuntar las soluciones. 
Esto es importante, aunque un diputado ha comentado que quizás yo no era el Comisario adecuado para ocuparme de este debate, teniendo en cuenta el tipo de problemas que se abordan y, en particular, las cuestiones relacionadas con el comercio. 
Bueno, todos tenemos que afrontar la realidad de que la coherencia empieza en casa. 
En la Comisión, hemos avanzado mucho en la capacidad de operar más allá de las distintas perspectivas y líneas sectoriales, y en lo que respecta al equilibrio entre las cuestiones globales del desarrollo y el comercio, actualmente estoy convencido de que esta Comisión trabaja de una manera más organizada y previsible, y refleja más orientaciones básicas que otras Comisiones anteriores. 
Creo que el mismo Parlamento debería esforzarse más por garantizar que el análisis bastante correcto presentado aquí por todos los partidos sea representativo de toda la Cámara. 
Las fuerzas oscuras de la agricultura europea no sólo actúan en algunos Gobiernos: este juego prosigue en esta Cámara. 
Si habláramos de la pesca, de la política agrícola, de la reforma agraria en Europa y de si la iniciativa «todo menos armas» debería someterse a las modificaciones relativas al azúcar, al arroz y al plátano, todo ello carecería de importancia en caso de que todos pensáramos que es la labor exclusiva de la Comisión. 
Todos tenemos una responsabilidad. 
Por mucho que me complace todo lo que he oído- y estoy seguro de que el resto iba por la misma línea- y que agradezco su ánimo, sería más propio de la realpolitik devolver este mensaje al propio Parlamento y pedir una asociación que también refleje estas actitudes en ámbitos políticos en los que tengamos dificultades. 
Como digo, yo comparto este análisis. 
Permítanme unos comentarios sobre cifras: en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la pasada primavera, declaré que los conflictos son responsables del 80% de las muertes por inanición en el mundo. 
El problema de la inseguridad alimentaria o de la variedad o calidad insuficientes de los alimentos es mayor que el de las personas que, en ese sentido, se mueren realmente de hambre. 
Ni que decir tiene que todos estos problemas están directamente relacionados con la pobreza. 
Acabo de regresar de un viaje de una semana por Zambia y Angola, y en Zambia, en particular, hemos podido realizar un minucioso análisis sobre el terrero visitando centros de distribución de comida y servicios de apoyo a los agricultores dedicados a la agricultura de subsistencia, etc. Todo lo que se ha dicho aquí sobre la relación con la política comercial, el acceso a nuestros mercados y la necesidad de diversificar la producción agrícola y la economía en estos países es cierto, pero también es cierto que hay una desvinculación de todo esto que afecta a los agricultores muy pobres dedicados a la agricultura de subsistencia. 
No tienen nada parecido a economías monetarizadas ni nada interesante que ofrecer en términos de cultivos destinados al comercio. 
Carecen de servicios. 
Esta pobreza extrema y esta inseguridad alimentaria son las verdaderas responsables de la situación que estamos tratando de paliar en la crisis actual del Cuerno de África. 
Se trata de una consecuencia estructural a largo plazo que demuestra que el abandono, la pobreza y la marginación son problemas reales. 
Un aumento de los intercambios comerciales- el gran debate mundial- no va a ayudar a estas personas de una manera inmediata. 
Es otra capa, por así decirlo. 
Lo que estamos tratando de hacer ahora en la crisis alimentaria del África meridional es más razonable que lo que hacen aquellos que practican el dumping con el excedente de maíz- una forma de oportunismo comercial, si prefieren llamarlo así- en estos países. 
Hasta la fecha- y ésta es una cifra de la que podemos sentirnos orgullosos -, el 99,1 % de las aportaciones de la Comisión Europa para paliar la crisis alimentaria del África meridional ha llegado a la región. 
Esto es razonable. 
En efecto, estamos desempeñando la función de catalizadores para desarrollar un mercado en la región y dar el mensaje adecuado a los productores que participan en la economía monetarizada formal y que producen para un mercado y no sólo para ellos mismos y para el vecino, si está económicamente aún peor. 
No obstante, hay una desvinculación entre aquellos que participan en el mercado como productores agrícolas y aquellos que simplemente producen para su propio consumo, si es que pueden. 
El principal problema lo constituye el grupo de personas marginadas y hundidas en la pobreza que son incapaces de sobrevivir cuando no llueve lo suficiente durante más de un año, al no poder, en tal caso, preparar la siguiente cosecha. 
En lo que se refiere a dinero y recursos, ni es un desafío muy grande ni es algo problemático. 
El problema principal es lograr que abandonen sus economías de subsistencia no monetarizadas. 
El debate sobre la iniciativa «todo menos armas» debería proseguir de la manera en como lo estamos haciendo hoy. 
Por supuesto, no nos hallamos en el final de estos debates en la estela de Doha, y quisiera pedir encarecidamente al Parlamento que mantenga la presión y siga realizando aportaciones como las que hemos oído hoy. 
Es preciso realizar una intensa labor para que podamos aspirar a ser reconocidos como una ronda de desarrollo. 
Quiero decirle al Sr. Souchet que el principio de soberanía alimentaria es muy razonable, pero que la suficiencia no es el único modo de ponerlo en práctica. 
Singapur, por ejemplo, no es autosuficiente en la producción de alimentos, lo que demuestra que hay alternativas, pero para la categoría de países a la que nos estamos refiriendo, tengo que estar completamente de acuerdo en que es una buena manera de definir el reto a escala nacional. 
No obstante, usted aboga por el proteccionismo y el derecho a subvencionar la producción agrícola, dos principios que no me parecen recomendables. 
Es más importante abrir las fronteras a los vecinos, incluso en este ámbito. 
Cualquier modo de estimular la creación de mecanismos de mercado a escala regional es clave para que las cosas funcionen. 
En sus observaciones sobre las negociaciones de Acuerdos de Asociación Económica, la Sra. Kinnock subrayaba la necesidad de hacer ver a nuestros socios de los países ACP que tienen la responsabilidad de que avance esta cuestión. 
Las restricciones fitosanitarias, así como diferentes aspectos como la capacitación para la negociación comercial, no constituyen realmente un problema de disponibilidad de dinero. 
El verdadero problema es definir ideas y proyectos adecuados, buenos, concretos y financiables. 
Disponemos también, en la actualidad, de grandes programas relativos a las normas fitosanitarias para la pesca. 
Insistimos en la creación de una oficina central de asistencia en la Comisión a la que remitir directamente todos los problemas, para que la reacción de la Comisión sea correcta. 
Confiamos en que un buen número de ideas procedentes del exterior se materialicen en acciones que se puedan financiar. 
Así es como quisiera impulsar nuestra labor en este terreno. 
El Sr. Santini ha afirmado que las ONG han hecho más que todos los Gobiernos occidentales juntos. 
Estoy de acuerdo en que las ONG son muy importantes, sobre todo en el ámbito de la ayuda humanitaria, pero también en general. 
No obstante, por favor, no oculten a los ciudadanos que, sumando las diferentes partidas presupuestarias, la Comisión canaliza a través de las ONG alrededor de mil millones de euros anuales. 
A veces, les cuesta trabajo y se avergüenzan de decir a los ciudadanos cómo se financian. 
Cuando Médicos Sin Fronteras recibió su merecido Premio Nobel de la Paz, les envié un telegrama de felicitación en el que añadía que, dado que aportábamos en torno al 50% de sus recursos económicos, me sentía con derecho a felicitarles aún más efusivamente, y que confiaba en que nuestra colaboración se reflejara en la manera en que Médicos Sin Fronteras se presentaba ante los ciudadanos. 
Esto no ha cambiado nuestra relación, pero quisiera pedir al Parlamento que me ayude a insistir en cierta realidad cuando se trata de la visibilidad. 
Es difícil que los ciudadanos comprendan en qué se emplea realmente el dinero si se oculta de esta manera. 
En el caso de nuestra labor de cooperación al desarrollo, no es un problema tan grave. 
Reconozco que, técnicamente, se va a mantener la financiabilidad, ya que proporciona una mayor flexibilidad para el presupuesto. 
Dicho esto, nuestra trayectoria y nuestra capacidad general en términos de trazabilidad y documentación son bastante buenas. 
Ustedes recuerdan cuando Côte d ' Ivoire andaba jugueteando con dinero y cayó el mazo. 
Ellos lo devolvieron, y así es como suena el piano. 
Quisiera rebatir la idea de que la cooperación al desarrollo es, en sí misma, un problema, ya que no es así. 
Por eso, también es importante cumplir lo acordado en Monterrey. 
En lo que se refiere a la calidad y la gestión de la cooperación al desarrollo en los casos en que es significativa, en la lucha contra la pobreza, estamos en condiciones de decir que más de lo mismo es lo correcto. 
Por último, quiero decir al Sr. Santini que si Italia pasara del 0,15 % actual del PIB de ayuda al desarrollo al 0,33 % para 2006 conforme a la decisión de Monterrey, esta contribución por parte de Italia y de otros Estados miembros que no alcanzan la media actual de los socios de la UE constituiría una respuesta interesante y relevante al debate de hoy en esta Cámara. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
Para cerrar el debate, he recibido seis propuestas de resolución 
Señor Presidente, el VIH, la malaria y la tuberculosis se cobran millones de vidas cada año. 
Solo el año pasado murieron al menos cinco millones de personas en los países más pobres. 
Estas tres enfermedades son diferentes por naturaleza, y se necesitan diferentes tipos de esfuerzo para prevenirlas y curarlas. 
Sin embargo, tienen una cosa en común. 
Por encima de todo afectan a los pobres. 
Por lo tanto, es lógico que se coordine la ayuda para combatirlas. 
En este Parlamento llevamos años exigiendo a la Comisión que redoble sus esfuerzos en el ámbito sanitario. 
Por lo tanto, cuando a finales del año 2000 la Comisión presentó un plan de medidas para intensificar la lucha contra estas enfermedades, fue muy bien recibido. 
El Comisario Nielson merece un aplauso por haber dado prioridad en el seno de la UE a la lucha contra estas enfermedades. 
El reglamento que hoy debatimos es muy importante. 
Establece el marco para la aplicación del programa de medidas. 
Un aspecto importante es el propio programa de la Comisión. 
Es importante que se reserven recursos suficientes en términos de personal para que el programa surta efecto. 
El otro aspecto es la contribución de la UE al Fondo Mundial de la Salud, establecido recientemente. 
Gran parte de la propuesta de reglamento de la Comisión es muy constructiva. 
Durante la lectura en comisión, hemos intentado cargar las tintas en una serie de aspectos, así como dar más peso a toda esta cuestión incrementando el importe presupuestario. 
Hemos mantenido discusiones paralelas con el Consejo en un intento de alcanzar la unanimidad en primera lectura. Espero que se logre este objetivo. 
En los ámbitos en que proponemos cargar las tintas se recalca la importancia tanto de los esfuerzos de prevención como de los de apoyo y atención a los infectados por el VIH o a los enfermos de SIDA. 
Los esfuerzos por prevenir estas enfermedades no pueden quedar en el vacío. 
Por esta razón, es muy importante que, en segundo lugar, paralelamente a estos esfuerzos se refuercen los sistemas sanitarios en los países pobres. 
En tercer lugar, incluso si este reglamento no apoya la investigación de manera específica, subraya la importancia de invertir más dinero en investigación con objeto de crear vacunas contra el VIH y la malaria y medicamentos más eficaces. 
Se subraya la importancia de la coordinación con otros donantes. 
Lo mismo se aplica a la coordinación de los que trabajan en el ámbito de la salud reproductiva y la planificación familiar. 
En el informe subrayamos la importancia de que los países que están seriamente afectados por estas enfermedades puedan importar medicamentos baratos y genéricos. 
Es triste ver cómo este asunto aún no se ha resuelto a pesar de las prolongadas e intensas negociaciones en el seno de la OMC. 
Consideramos que los créditos presupuestarios son insuficientes, dadas las necesidades. 
Se estima que se necesitan diez millardos de dólares anuales para combatir de manera eficaz estas tres enfermedades. 
En la actualidad, apenas se están invirtiendo un par de millardos de dólares. 
La inversión de la UE ha sido hasta ahora escasa, aunque ha habido una serie de cambios positivos durante las discusiones sobre esta cuestión, por ejemplo el acuerdo presupuestario del pasado otoño sobre las aportaciones al Fondo Mundial. 
Al mismo tiempo, está claro que los esfuerzos de la UE para combatir estas enfermedades no pueden regirse principalmente por los requisitos para obtener un puesto en la dirección del Fondo Mundial. 
Por supuesto, lo que cuenta es lo que se necesita para desempeñar la labor de combatir estas enfermedades. 
El presupuesto que proponemos ahora en la comisión sigue siendo demasiado pequeño, pero entendemos que el hecho de haber logrado aumentar el importe es un paso adelante. 
Esto significa que, junto con las aportaciones del FED, se invertirán algo más de 500 millones de euros en este ámbito en los próximos cuatro años. 
Durante la votación, presentaré una propuesta adicional que es necesaria para que nuestra decisión sea coherente con las nuevas normas que rigen el presupuesto. 
Estoy convencido de que tenemos que discutir muy pronto más aportaciones a esta labor, y sobre todo el asunto de nuevo dinero «fresco». 
Hace poco estuve en Kenia y vi el grave impacto de estos problemas en un solo país pobre. 
Cuando hay de un 20 a un 30 % de la población de un país infectada, las consecuencias son desastrosas. 
Y no sólo África está afectada. 
La enfermedad también se está extendiendo con rapidez en países como la India o China. 
Estas tres enfermedades constituirán un serio problema durante mucho tiempo. 
Cuando el nuevo director del Fondo Mundial, Richard Feachem, estuvo aquí recientemente, dijo que la epidemia del VIH alcanzaría su punto álgido dentro de 60 años si no se hacían mayores esfuerzos preventivos. 
Sesenta años es mucho tiempo. 
Tras solo 20 años, se han visto afectadas más de 40 millones de personas. 
Apenas alcanzamos a imaginar las consecuencias de otros 60 años de una epidemia galopante de VIH. 
Estas son razones suficientes para apoyar el informe de hoy. 
Señor Presidente, quisiera comenzar mi intervención dándole las gracias al ponente, el Sr. Wijkman, por su esfuerzo infatigable por lograr la aprobación en primera lectura y también por haber abordado hábilmente el fundamento de este asunto. 
Nuestra propuesta de reglamento sobre enfermedades relacionadas con la pobreza se aprobó en marzo. 
La Comisión da gran prioridad a las cuestiones sanitarias y al desarrollo, y ha presentado un programa de acción contra el HIV y el sida, la malaria y la tuberculosis. 
Creo que estamos de acuerdo en la importancia de mejorar la salud en los países en vías de desarrollo. 
En lo que respecta al reglamento, hemos celebrado extensos y constructivos debates sobre cuestiones como el Acuerdo ADPIC, pero son los asuntos financieros los que han resultado ser más complicados. 
Me gustaría recordarles tan solo que la realidad del apoyo presupuestario unida a los resultados en las cuestiones sanitarias, y por supuesto a la educación, forma lógicamente el eslabón perdido de estos debates. 
A medida que avanzamos y mejoramos los indicadores, tengo cada vez más confianza en que vamos a alcanzar un consenso aún mayor entre el Parlamento y la Comisión en lo referente a demostrar cuál es nuestra verdadera actuación en estos ámbitos, aunque no debemos limitarnos a hacer referencia a las partidas presupuestarias. 
La situación está mejorando, y quisiera reiterar este punto en el presente debate. 
La Comisión acepta todas las enmiendas votadas por la Comisión de Desarrollo, ya que refuerzan y aclaran el texto del reglamento, sin alterar sus objetivos principales. 
Nos complace también aceptar la puesta al día de algunas referencias contenidas en la propuesta original de la Comisión. 
Estas enmiendas reflejan la constructiva colaboración entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión. 
El ponente ha presentado ahora una enmienda en la que propone destinar 351 millones de euros para el período 2003-2006. 
Evidentemente me parece bien la propuesta de incrementar la financiación, pero debo decirles que hemos sido incapaces de hallar los fondos necesarios en el presupuesto comunitario. 
Si esto se ha debido, hasta cierto punto, a una falta de comunicación entre el ponente y mis servicios, lo lamento, pero debo dejar claro que una suma de tal cuantía no entra dentro del presupuesto. 
El Parlamento, el Consejo y la Comisión hemos acordado un aumento sustancial de esta partida presupuestaria para 2003, en comparación con la partida presupuestaria de 2002 para el HIV y el sida. 
En la sesión plenaria de diciembre se aprobó una enmienda que incrementó la asignación presupuestaria para 2003 hasta los 80,35 millones de euros. 
Una declaración financiera acordada por las tres instituciones especifica que 42 millones de euros están destinados al fondo mundial, y los 38,35 millones restantes, al programa de acción. 
La Comisión sigue dando prioridad a las cuestiones sanitarias, y está empeñada, siempre que sea posible, en encontrar recursos para mejorar la salud, ya sea por medio de programas sanitarios sectoriales o de apoyo presupuestario relacionado con indicadores de salud mejorados. 
Vamos a proponer también que el Fondo Europeo de Desarrollo realice una nueva e importante contribución al fondo mundial contra el HIV y el sida, la tuberculosis y la malaria. 
Señor Presidente, para empezar quiero felicitar al ponente y, como usted acaba de decir en nombre de la Comisión de Presupuestos, en gran parte apoyamos este informe. 
Sin embargo, existen una o dos enmiendas que plantean algunas dificultades. 
Según el ponente, el artículo 28 del nuevo reglamento financiero exige que al presentar cualquier propuesta que tenga un efecto presupuestario, ésta debe venir acompañada de una ficha de financiación y de una evaluación. 
Este informe no cumple esta condición para la nueva cifra de 351 millones de euros, por lo que mi comisión sólo estará dispuesta a respaldar este informe si el ponente presenta una enmienda oral a este efecto. 
Espero que todos los grupos de esta Cámara apoyen este enfoque, porque en caso de no aprobar la enmienda oral, se producirá una devolución a comisión y un retraso. 
Con respecto a esta cifra, debemos reconocer los imperativos de las perspectivas financieras en este momento. 
A menos que recurramos al instrumento de flexibilidad, nos resultará muy difícil alcanzar los importes estipulados. 
Así, este aumento repercutirá en otras áreas políticas contempladas dentro de la rúbrica 4 y mi petición a todas las partes implicadas es que, cuando avancemos en este terreno, esto no ocurra a expensas de otras políticas en favor de los países más pobres. 
No queremos dar con una mano y robar con la otra. 
Esto es precisamente lo que declara el Consejo de Desarrollo: cualquier financiación debería ser adicional. 
En mi opinión, acojo con gran satisfacción el contenido del documento de la Comisión y las propuestas del ponente, y aplaudo el hecho de que la UE haya abierto brecha en este terreno. 
Las enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la malaria son las asesinas más grandes del mundo y las enfermedades más graves que afectan al planeta en la actualidad. 
Ya han causado la muerte a cerca de seis millones de personas. 
Gran parte de la financiación de la UE se destina a fines intangibles y espero que apoyemos este informe. 
- (FR) , Señor Presidente, el programa de acción para la lucha contra las enfermedades asociadas a la pobreza que la Unión Europea está poniendo en marcha es vital, pero debe completarse. 
Los habitantes del Sur aún se mueren de VIH/SIDA, malaria y tuberculosis, pero nuestras palabras suenan mucho y nuestras acciones poco. 
Estas personas también sufren de dengue, tripanosomiasis y otras filariasis, pero lamento tener que decir que no se está haciendo nada por combatir estas enfermedades. 
Sobre todo, deploro el procedimiento informal que ha prevalecido hasta el debate de hoy. 
Sometidos a una fuerte presión de la Comisión y del Consejo para aprobar este Reglamento en primera lectura, con objeto de permitir que el programa entrara en vigor rápidamente, hemos sufrido un chantaje real a manos de estas instituciones, que están decididas a debilitar este informe y a socavar nuestros poderes de codecisión. 
Nos ha sorprendido su reticencia a aceptar una referencia precisa a la declaración de Doha en materia de salud pública y propiedad intelectual, y a los derechos que otorga a los países en desarrollo respecto del acceso a los medicamentos. 
¿Qué ha ocurrido con las declaraciones europeas que anteponen la salud a los beneficios? 
En varias ocasiones, el Parlamento Europeo ha reafirmado que el acceso a los tratamientos a precio de coste es inseparable de la prevención, del refuerzo de los sistemas y de las estructuras sanitarias, en particular de los servicios públicos, y de la investigación y el desarrollo. 
La Comisión parecía receptiva a los argumentos del Parlamento mientras estos no fueran vinculantes. 
Sin embargo, ante este Reglamento legislativo, su actitud ha cambiado. 
Así, el pasado diciembre en Ginebra, en el marco de las negociaciones del Consejo ADPIC, los Estados miembros y la Comisión no se inspiraron en las resoluciones del Parlamento en materia de acceso a los medicamentos. 
La solución preconizada por la Unión Europea para los países que, al no disponer de capacidad de producción propia tienen que importar de otros países los medicamentos bajo licencia obligatoria, era totalmente inviable para los países en desarrollo. 
Ironías del destino, este mal acuerdo fue rechazado por los Estados Unidos, que querían reducir aún más su ámbito de aplicación. 
El presupuesto general del programa también se ha revisado a la baja: 350 millones de euros para un programa de cinco años es muy poco si consideramos lo que está en juego, y es mucho menos que los 500 millones de euros solicitados inicialmente. 
En conclusión, quisiera decir que tenemos que aprobar este Reglamento urgentemente, pero no al precio de la democracia. 
Los diputados del Parlamento Europeo no están aquí para promover nuestros intereses egoístas, sino para promover los intereses de los ciudadanos del mundo. 
Señor Presidente, antes que nada quiero felicitar a mi colega, el Sr. Wijkman, por haber realizado un excelente informe al que ha dedicado siete meses de trabajo, en los que ha logrado abrirse camino gracias a su gran esfuerzo, y me gustaría añadir que estoy muy orgulloso de colaborar con él en esta tarea en la Comisión de Desarrollo. 
Hemos llamado a este informe «Enfermedades de los países pobres» y nos hemos centrado en África, donde 28 millones de personas son seropositivas, y en el incremento potencial de esta terrible enfermedad en la India y en China, así como en la tuberculosis y en la hepatitis B. Sin embargo, ya no se trata de enfermedades exclusivas de los países pobres, debido a nuestra interdependencia mundial, como demuestra el hecho de que, por ejemplo, sólo en el Reino Unido, en la actualidad llegan y viven 115 000 colonos, y abrimos las puertas de nuestro país a 100 000 solicitantes de asilo. 
En el último año, los índices de VIH se han incrementado un 100% en el Reino Unido, alcanzando la cifra de 5 000 casos. 
La tuberculosis ha aumentado un 200%, llegando a registrarse 7 300 casos. 
En la actualidad, el distrito londinense de Brent registra la tasa más alta de tuberculosis, superando la de China y doblando la de Brasil. 
Sólo en Londres se han registrado 26 300 casos de hepatitis B en los últimos cuatro años. Una de cada 50 personas del este de Londres tiene hepatitis B, un nivel igual al de Nepal. 
Así que ¿por qué referirnos a los países pobres? 
No, es una epidemia global en la que somos interdependientes y lo que hagamos para ayudar a la gente en los países en desarrollo para erradicar y frenar la expansión de estas enfermedades va a repercutir enormemente en el modo en que nosotros y nuestros hijos vamos a vivir en Europa. 
Creo que necesitamos establecer el nexo que existe entre el concepto de desarrollo y lo que ocurre en nuestros propios países, y por tanto quiero pedir al Gobierno laborista que actúe antes de que sea demasiado tarde. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, hemos estado esperando este Reglamento. Por fin, nos permitirá lanzar el plan de acción de la Unión Europea en materia de VIH/SIDA, malaria y tuberculosis en los países del Sur. 
Se trata de una cuestión de urgencia, porque estas enfermedades continúan matando a millones de personas cada año, especialmente en los países en desarrollo y, como sabemos, las enfermedades están en el Sur y los medicamentos en el Norte. 
Por medio del informe del Sr. Wijkman tenemos que decidir sobre dos cuestiones fundamentales de salud pública en los países del Sur. 
En primer lugar, la cuestión de los recursos económicos que la Unión Europea dedicará a la lucha contra estas tres enfermedades en los próximos años. 
Sobre esta cuestión, la adopción de este Reglamento constituye un importante paso adelante, pero me gustaría pensar que se trata sólo de un primer paso, porque en junio de 2001 en las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a alcanzar para el año 2005 el objetivo de siete a diez mil millones de dólares de gasto anual exclusivamente dedicado a combatir el VIH/SIDA en los países en desarrollo. 
Por lo tanto, nos encontramos muy lejos de nuestro objetivo, y si Europa quiere cumplir sus obligaciones tendrá que ir más allá de los 351 millones de euros durante cuatro años, que es lo que el ponente propone y que nosotros proponemos con él. 
La segunda cuestión en juego en este Reglamento es el apoyo político expresado por la Unión Europa a los países del Sur en su lucha para promover la salud pública. 
A este respecto, la Comisión de Desarrollo y Cooperación ha hecho un buen trabajo. 
De ahora en adelante, este Reglamento contendrá una referencia explícita e inequívoca a la declaración de Doha sobre propiedad intelectual, que reconoce los derechos específicos de los países del Sur. 
Asimismo, incluirá una referencia al acceso a los medicamentos en los países en desarrollo mediante la entregas de medicamentos al precio más bajo posible. 
Sin embargo, la Unión Europea debería expresar y manifestar claramente este apoyo político en términos inequívocos en la OMC. 
A este respecto lamento el fracaso de las negociaciones del pasado mes de diciembre sobre la clarificación del artículo 31 de los acuerdos en materia de propiedad intelectual. 
Con objeto de escapar de este punto muerto, la Unión Europea tiene que apoyar sin reservas las propuestas de los países del Sur. 
Comisario, le ruego que transmita esta petición al Comisario Lamy. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera felicitar al Sr. Wijkman en mi calidad de ponente responsable de la aplicación, mediante un programa del artículo 169 al que se destinaron 600 millones de euros, de una asociación entre Europa y los países en desarrollo en el campo de la investigación para combatir el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis. 
Todos somos conscientes de la urgencia y gravedad de la situación. 
Cinco millones de personas mueren cada año a causa de una de estas tres enfermedades. Casi 40 millones de personas están infectadas de SIDA/VIH, y un 90% viven en países en desarrollo, la mayoría- el 70%- en el África subsahariana. 
Asimismo, hay un rebrote de tuberculosis. 
En cuanto a la malaria, que reapareció en los años setenta, vuelve a afectar a los países en los que había sido erradicada. 
No hay más que decir, excepto que la Unión Europea se debe a sí misma la adopción rápida de una estrategia para combatir estas enfermedades de manera eficaz. 
El Reglamento que debatimos aquí define el marco de la acción comunitaria. 
Asimismo, sienta la base jurídica para la aportación europea, cuyo objetivo es promover la investigación para el desarrollo de medicamentos, tratamientos y vacunas y facilitar el acceso a los mismos. 
Esto es absolutamente esencial, porque sólo un 10% de las actividades de investigación se ocupan de las enfermedades responsables del 90% de las afecciones en el mundo. 
Por lo tanto, tenemos que llevar a cabo una investigación pública y alentar al sector privado a que invierta en ella. 
Por encima de todo, es necesario que estos medicamentos se adapten a las condiciones de vida de los países implicados, y que puedan distribuirse mediante sistemas sanitarios dignos de este nombre. 
Para concluir, tenemos que asegurarnos de que los precios no sean prohibitivos, y aquí volvemos al problema de la propiedad intelectual. 
Señor Presidente, apoyo este informe y espero que se apruebe en primera lectura. 
Señor Presidente, Señorías, ceñiré mis observaciones al tema del VIH/SIDA. 
El Informe sobre Población Mundial del año 2002, que acaba de publicarse, contiene algunas cifras escandalosas. 
Un promedio de 14 000 hombres, mujeres y niños mueren a causa de esta plaga cada día. Es la causa de muerte más común en el África subsahariana. 
Hasta la fecha, más de 60 millones de personas en todo el mundo se han infectado y alrededor de 22 millones de ellas han muerto. 
De los 60 millones de personas infectadas, un 95% viven en países en desarrollo y casi las tres cuartas partes de ellos en África. 
De los 580 000 niños menores de 15 años que han muerto de SIDA, 500 000- casi el 90%- viven en África. 
Sin embargo, este catálogo de catástrofes no sólo es la suma de millones de tragedias humanas, sino algo que afecta a sociedades enteras. 
La esperanza de vida está disminuyendo, la educación se ha visto seriamente afectada, la producción agrícola está decayendo, y el tejido social y económico se está erosionando. 
Los planes para combatir el VIH/SIDA no pueden limitarse a los aspectos sanitarios. Se necesita una estrategia integral junto con una educación amplia y campañas de prevención. 
Los que ya están infectados tienen derecho al mejor tratamiento posible. 
Tenemos una parte de responsabilidad al respecto. Está en nuestras manos proporcionar los conocimientos, la conciencia y, por supuesto, los recursos necesarios para la prevención y el tratamiento. 
Cuando una persona se infecta esto no se puede cambiar. 
En Sierra Leona vi grandes carteles en las calles y en las plazas con un mensaje directo: ¡El SIDA mata! 
La malaria y la tuberculosis pueden curarse, pero el SIDA no. 
Sin embargo, el SIDA puede evitarse, y esto merece todo nuestro esfuerzo. 
Señor Presidente, este informe tiene el mérito de subrayar la situación devastadora de los países en desarrollo respecto del VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, tres enfermedades que matan a cinco millones de personas cada año. 
Esta situación es aún más espantosa en vista de que existen medicamentos para curar la malaria y la tuberculosis, pero no para curar el VIH/SIDA. 
Las propuestas que se han presentado no están a la altura del problema. 
Además, el ponente recalca la escasa prioridad que la comunidad de investigación y desarrollo concede a los problemas sanitarios de los países en desarrollo. 
Señala que sólo un 10% de la investigación se ocupa de las enfermedades responsables del 90% de las afecciones en el mundo. 
Añade que cuando falla el mercado debería alentarse la investigación pública. 
No cabe duda de que es esto cierto, pero cuando falla el mercado habría que obligar al sector privado a invertir, y no sólo incitarlo haciendo que la sociedad engrose sus beneficios. 
Señor Presidente, felicito a la Comisión Europea por dar prioridad al programa de acción contra las enfermedades transmisibles, junto con su base legal en este terreno. 
También felicito al ponente, el Sr. Wijkman, por sus esfuerzos por obtener recursos suficientes para responder al reto, con el apoyo del Grupo Socialista y, por supuesto, a los Gobiernos de los países en desarrollo que se han preparado para superar tabúes y mentalizar a su población y a la de otros países, dando un ejemplo sobre el cambio de actitud requerida, puesto que ambas actitudes prueban que la batalla contra el VIH/sida puede ganarse. 
Sin embargo, qué vergüenza que la Comisión haya intentado conseguir el fondo mundial de la ONU por lo barato. 
Qué vergüenza que este Parlamento haya votado en contra del incremento de los fondos destinados a la salud reproductiva, que es fundamental en la lucha contra la expansión del VIH. 
Qué vergüenza que las grandes empresas farmacéuticas pretendan que reducen el coste de sus medicinas básicas cuando nos hablan aquí en Europa, pero sean incapaces de suministrarlas al África subsahariana, donde la necesidad es tan grande. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, el informe presentado hoy es fundamental, y espero que los diputados le presten atención. 
La tuberculosis, el VIH/SIDA y la malaria se han convertido en obstáculos reales al desarrollo de los países más pobres y todos los días vemos ejemplos espantosos de ello. 
Por ello acogemos positivamente una iniciativa de la Comisión que se muestra partidaria de asignar 300 millones de euros para combatir estas enfermedades, aunque sea algo endeble. 
Por lo tanto, pido a la Comisión y al Consejo que se tomen este asunto en serio y actúen de manera con más firmeza. 
Tienen que ser más serios cuando prometen que la aportación de la Unión Europea al fondo mundial para combatir el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria provendrá de recursos adicionales, porque sabemos que este dinero proviene de líneas presupuestarias existentes. 
Tienen que ser más coherentes cuando, en esta Cámara, confirman la importancia de los servicios de salud públicos para los países en desarrollo, porque en las negociaciones del acuerdo general sobre comercio y servicios proclaman que la liberalización y la privatización de los servicios serán positivas para estos mismos países. 
Asimismo, tienen que ser más coherentes asegurando que esta propuesta de Reglamento también estipule el suministro de medicamentos a precios asequibles. 
Recordemos que las negociaciones de la OMC aún no nos han permitido lograr este resultado en el caso de los países que no tienen la capacidad de producir medicamentos. 
Por lo tanto, a veces nos preguntamos si los Comisarios hablan entre ellos. 
Señor Presidente, los Comisarios hablan entre ellos y a veces incluso se escriben entre ellos. 
Mantengo que lo que hemos conseguido en el ámbito de las enfermedades transmisibles ilustra en buena medida la labor coordinada de la Comisión en sus distintos ámbitos de responsabilidad. 
Esta iniciativa nunca se habría lanzado, ni se habrían conseguido sus resultados, sin esta actitud cooperativa. 
En cuanto a la profundización de la investigación de estas enfermedades, esto también queda reflejado en la labor de mi colega, el Sr. Busquin, y en el hecho de que el Sexto Programa Marco de Investigación Europea confiera más importancia a esta investigación con el fin de acelerarla. 
Estoy de acuerdo en que las compañías farmacéuticas no están haciendo lo suficiente en este terreno desde el punto de vista de la pobreza mundial. 
Es interesante señalar que la Fundación Melinda y Bill Gates ha anunciado recientemente la disponibilidad de 200 millones de dólares estadounidenses a través de un concurso para favorecer que las compañías farmacéuticas destinen ese dinero a la aceleración de la investigación de la malaria, la tuberculosis y el sida, pero principalmente de la malaria. 
Colaboraremos con ellos y, por supuesto, ya estamos en contacto con ellos, pues esto tiene sentido. 
Vuelvo a señalar que cuando, como en este caso, el Parlamento intenta reunir fondos adicionales para estas actividades, eso es algo de se agradece, por supuesto. 
Soy Comisario y he de decirles que la Comisión no imprime dinero. 
Tenemos que trabajar con las limitaciones presupuestarias y con la perspectiva marcada por la autoridad presupuestaria en su conjunto. 
Así que repito: no podemos aceptar la enmienda relativa a los 351 millones de euros. 
Señor Presidente, a la luz de las observaciones que he formulado esta mañana, me gustaría aclarar que la Comisión no puede aceptar el importe de 351 millones de euros, considerando las restricciones presupuestarias existentes. 
La referencia del Sr. Wijkman a un acuerdo con los servicios de la Comisión a principios de enero no refleja la realidad en cuanto a la capacidad de la Comisión de aceptar esta enmienda. 
Señor Presidente, como estaba mirando hacia atrás mí comprobar si votaba todo el mundo, no me ha dado tiempo a votar. 
Alguien dijo una vez «¡Soy su líder, tengo que seguirles!» 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Propuesta de resolución común 
Señor Presidente, ¿podría asegurarse de que se corrija la versión alemana de la enmienda 9? 
No debería decir «Demokratiekomittee». 
Es una traducción incorrecta. 
No pretende tener un carácter formalizado, sino seguir siendo una cuestión informal. 
Por lo tanto, ruego que se corrija el texto alemán; el texto inglés es correcto. 
Nos aseguraremos de que coincidan las versiones en todas las lenguas. 
Antes de la votación del apartado 13: 
Para aquellos a quienes confunda la palabra «forzoso» , se refiere a la prostitución y no al trabajo infantil. 
Señor Presidente, a la luz de los acontecimientos actuales, ¿podría incluirse a Birmania- o Myanmar- en la lista de países citados a título de ejemplo? 
Señor Presidente, puesto que a pesar de las protestas en todo el mundo, incluidas las protestas del Parlamento Europeo en diciembre, hace cuatro días se ejecutó a un tibetano por orden del tribunal chino y el mismo destino le espera a un lama altamente respetado, pido a la Cámara que acuerde una propuesta que vaya más allá de la propuesta 8 de los Verdes y los diputados no inscritos. 
Propongo añadir lo siguiente al punto 16: 
«condena en los términos más duros la ejecución del tibetano Lobsang Dhondup el 26 de enero por presuntos crímenes políticos y exige la retirada inmediata de la sentencia de muerte contra el lama budista Tenzin Delek». 
Gracias por llamarnos la atención sobre este asunto. 
Una vez más, nos aseguraremos de que coincidan las versiones en todas las lenguas. 
(El Parlamento aprueba la resolución común) 
Propuesta de resolución (B5-0052/2003) presentada por el Sr. Pasqua, en nombre del Grupo UEN, sobre la explotación ilegal de riquezas de la República Democrática del Congo 
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0053/2003) de los Sres. Corrie y Cornillet, en nombre del Grupo PPE-DE, para concluir el debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión acerca de la explotación ilegal de las riquezas de la República Democrática del Congo 
Antes de la votación del apartado 4: 
He tenido el placer de que Su Excelencia también haya oído mis explicaciones de voto. 
Además, he descubierto que en las explicaciones de voto de hoy respecto a Iraq me oirá otro gran líder, que ofrecerá una explicación de voto oral. 
Por lo tanto, doy la bienvenida al Sr. Marco Pannella, que hablará sobre Iraq. 
Un gran líder escuchando al Sr. Fatuzzo: sin duda, esto me complace. 
Respecto al informe Mulder, me gustaría explicar lo que significa «liquidazione dei conti» [liquidación de cuentas] en italiano: «liquidazione» significa «disipar, eliminar, liquidar» ; «conti» es un título nobiliario; por lo tanto, «liquidare i conti» significa «acabar con los aristócratas». 
Así que ¿podría ser éste un informe en contra de la monarquía? 
Mientras estaba soñando despierto con esto y bebiéndome un café esta mañana, se me cayó el café en los pantalones. 
Quizás este informe- cuyo objetivo es, en realidad, recuperar 2 245 millones de euros defraudados a Europa- también sea un sueño. 
Como iba diciendo, Señor Presidente, esta mañana me estaba bebiendo un café en el bar de la tercera planta. 
Pero se me olvidó echarle azúcar. 
Pero enseguida pensé: «Pero será tan dulce votar a favor del informe Korhola, que permitirá que las asociaciones de pensionistas sean informadas cuando vaya a cerrarse el centro de Milán al tráfico automovilístico para limpiar el medio ambiente, y a su vez, los pensionistas, al haber sido consultados, podrán solicitar permiso para desplazarse en coche a su médico y recibir tratamiento, aunque se tomen estas decisiones. 
Habiendo apoyado la Directiva sobre acceso público a la información medioambiental, hoy apoyamos la participación pública en programas medioambientales. 
Este texto tendrá la ardua misión de hacer que el proceso de toma de decisiones sea más transparente y de incluir a las poblaciones locales en proyectos que afecten su salud y su entorno. 
Con demasiada frecuencia todo ocurre en los pasillos de los ministerios sin consultar con nadie y sin que nadie lo vea. 
Podemos felicitar a la ponente y al comité de conciliación por su trabajo. 
Es absolutamente necesario que se imponga a las autoridades medioambientales la obligación de informar al público de las decisiones que se toman y del porqué de estas decisiones. 
Es esencial que garanticemos que los plazos establecidos para la participación en consultas públicas sean suficientes para permitir a la gente que se prepare para ellas. 
Sin embargo, dos de las disposiciones no son aceptables tal y como están planteadas. 
En primer lugar, la formación del público en la toma de decisiones es tarea de las asociaciones. 
También deberíamos asegurar la existencia de una interpretación flexible con el fin de impedir que las autoridades públicas se vean paralizadas por consultas públicas costosas y laboriosas y también para impedir que las ONG se autoproclamen portavoces del pueblo. 
Después de leer el texto, este es un riesgo que no cabe excluir. 
. 
(PT) Acojo con satisfacción el resultado del proceso de conciliación, que en mi opinión es muy satisfactorio. 
Esta propuesta reviste una importancia considerable, no sólo para el ciudadano medio de a pie, sino también para la política medioambiental comunitaria, porque incluye la participación pública en la redacción de ciertos planes y programas para el medio ambiente. 
Al mismo tiempo intenta armonizar la legislación comunitaria, lo cual supone un paso significativo hacia la ratificación de la Convención de Aarhus por parte de la Unión Europea. 
Por eso, las autoridades tienen instrucciones de informar al público de las decisiones que han tomado y de las razones y consideraciones que les han llevado a tomar dichas decisiones. También hay que informar a las autoridades acerca de los procesos de participación pública y de la manera de promover la conciencia medioambiental entre el público, proporcionando así incentivos para que los ciudadanos participen activamente en la solución de problemas medioambientales. 
Por lo tanto, el acceso libre, la transparencia y la divulgación de información sobre el medio ambiente se convertirá un derecho fundamental de cualquier ciudadano que esté interesado en la calidad de la zona en la que vive y trabaja. 
Precisamente, algunos desastres recientes han demostrado claramente que los ciudadanos tienen cada vez más derecho a controlar sus riesgos, a hablar y preguntar y exigir compromisos en defensa de sus intereses en aspectos como el medio ambiente y la salud. 
He votado a favor de este informe de la Delegación en el Comité de Conciliación, pero con algunas reservas. 
El proceso de planificación es un elemento clave del desarrollo sostenible, porque al incluir la explotación del suelo, establece el marco físico de nuestro modo de vida. 
Por desgracia, este acuerdo no cumple plenamente la Convención de Aarhus, puesto que no involucra suficientemente a la opinión pública en el desarrollo de una política que sirva de marco a las decisiones de planificación. 
Como ponente de opinión de la Comisión de Peticiones sobre esta propuesta, he señalado que muchas peticiones se derivan de la falta de consulta suficiente en la fase estratégica. 
Esto es otro déficit democrático más. 
Como dice un anuncio de una ONG británica al hablar de los cambios de la ley de planificación inglesa y galesa: «He aquí la nueva central nuclear. 
¿De qué color quieren las puertas?» 
Tampoco permiten que se involucren terceros en todo el proceso. 
Esto elimina potencialmente la contribución de expertos en el procedimiento y no cumple el objetivo de sostenibilidad, que nos hace responsables a todos sobre nuestro medio ambiente. 
Sin embargo, en general acojo con satisfacción la inclusión de algunos permisos de operación de estas Directivas, así como la gran responsabilidad exigida a los órganos decisorios. 
De ahí mi voto a favor. 
Acojo con satisfacción el resultado de este proceso de conciliación, que concluye los preparativos de la segunda de tres Directivas sobre ciudadanía medioambiental. 
Quiero reiterar la importancia crucial del control público en el ámbito medioambiental, y yo mismo pienso, tal y como afirmé el pasado 18 de diciembre, hablando de otro informe redactado por la misma diputada, que el acceso a la información y el derecho a participar en los asuntos medioambientales debe considerarse hoy en día una prerrogativa normal de la ciudadanía. 
Soy partidario de un control real de nuestra herencia medioambiental por parte del ciudadano. 
Merece la pena señalar que esta Directiva busca integrar en el sistema jurídico comunitario principios propuestos en primer lugar en la Convención adoptada en Aarhus el 25 de junio de 1998 (durante la Conferencia Ministerial «Medio ambiente para Europa» ). 
Esta Convención englobaba el acceso a la información medioambiental y sugería una mayor participación del público en las decisiones que afectaban al medio ambiente, consiguiendo así un efecto más sustancial de los derechos establecidos en la Declaración de Estocolmo (1972) y en el artículo 1 de la Declaración de Río (1992). 
Por último, he votado a favor del informe porque también quiero señalar que ahora existirán garantías, entre otras cosas, de que el público participará en la autorización de planes y programas de gestión de residuos, de contaminación atmosférica y de protección del agua contra la contaminación por nitratos, y proyectos que tienen un impacto significativo en el medio ambiente, como nuevas terminales de aeropuertos o ciertos proyectos militares. 
Siguiendo con el asunto de esta mañana, señor Presidente, al salir del hotel en la Chaussée de Vleurgat, donde me hospedo aquí en Bruselas- a las siete y media de la mañana- estaba nevando. 
La nieve caía en copos grandes. 
«¡Qué vista más hermosa, como un paisaje de cuento de hadas! » Me dije a mí mismo. 
Entonces pensé: «Señor Fatuzzo, tiene usted que votar a favor del informe de la Sra. Hautala, que exige gasolina de calidad y que nos proporcionará un medio ambiente mejor donde vivir. 
Quién sabe» , seguí pensando, «si mediante este informe la Sra. Hautala nos podrá proporcionar a toda Europa un paisaje de cuento de hadas en el que vivir, como el de su región, Finlandia.» 
El informe de la Sra. Hautala sobre la calidad de la gasolina y del gasóleo tendrá graves consecuencias financieras para las explotaciones agrarias y los parajes forestales por varias razones. 
En primer lugar, extenderá las normas de calidad del combustible que se aplican a todos los vehículos de carretera a las máquinas móviles que no circulan por carretera (tractores agrícolas y forestales especialmente). 
En mi opinión, esta medida pertenece al ámbito de la Directiva relativa a las máquinas móviles no de carretera. 
En segundo lugar, reducirá los niveles de azufre para las máquinas móviles no de carretera, que tendrá como resultado un incremento del precio de un 8% a un 10% por litro. 
Esta medida, al aumentar el número de distintas calidades de gasóleo en el mercado, planteará problemas logísticos considerables sin reportar ningún beneficio medioambiental real. 
Por último, al utilizar una nueva categoría de combustible en la agricultura y obligar a los agricultores a cambiar sus tanques de almacenamiento, supondrá un coste extra de unos 5 000 euros por explotación. 
Estas propuestas darán lugar a nuevas cargas que son excesivas para un sector que ya se ha visto debilitado por las crisis sanitarias y que está a la espera de las nuevas directrices de la PAC. 
Para evitar acabar arruinando a un sector agrícola que ya está gravemente dañado, las máquinas móviles no de carretera deberían haber sido excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva y deberíamos haber mantenido la postura realista del Consejo. 
. 
(PT) Acojo con satisfacción el resultado obtenido por el Comité de Conciliación y felicito a la ponente por su excelente trabajo. 
Esta Directiva es crucial para la lucha contra la contaminación atmosférica, puesto que al actuar sobre la normalización de los motores y la calidad del combustible, permite reducir las emisiones de los coches y el consumo. 
Lo que tiene una importancia particular es el vínculo creado, gracias a la labor del Parlamento Europeo, entre esta Directiva y el establecimiento de una nueva política fiscal nacional y comunitaria relativa a los combustibles. 
La economía debe asumir los costes medioambientales, y la política fiscal es uno de los instrumentos más efectivos para alcanzar estos objetivos. 
Comparto ampliamente las preocupaciones de la ponente acerca del medio ambiente, así como su compromiso con el proyecto común. 
Por ello, he votado a favor del informe. 
Sin embargo, quiero subrayar que la necesidad de asegurar genuinamente, tanto en términos comunitarios como nacionales, la cobertura geográfica que permita la comercialización efectiva de los combustibles con un contenido máximo de azufre que no exceda de 10 mg/kg (PPM). 
A menos que se logre esta situación, nos enfrentaremos a multitud de problemas y cuestiones que serán inevitablemente más negativas para las economías más remotas. 
Por último, subrayaría la importancia de los incentivos fiscales para promover los combustibles de bajo contenido en azufre, que será sin duda una manera efectiva de fomentar su introducción. 
Entre los tebeos que leía de niño, señor Presidente, había uno en el que el héroe- un héroe del Oeste llamado Pecos Bill- tenía la misma figura, la misma complexión y la misma cara que el Sr. Wijkman. 
Este Pecos Bill era un héroe, y tengo que decir que el Sr. Wijkman, que ha presentado este informe, es un Pecos Bill, un héroe del Oeste, porque exige que se destinen fondos a Estados en los que mucha gente enferma debido a su pobreza. 
Y todos los que hemos votado a favor del informe- porque yo también lo he hecho- somos Pecos Bills y Calamity Janes. 
¿Qué mejor manera de concluir esta explicación de voto, señor Presidente, que diciendo: «yipi-ya-yei yipi-ya-yu»? 
- (PT) Este informe se ha ganado mi voto porque demuestra la importancia de acelerar la lucha contra el HIV/SIDA, la malaria y la tuberculosis en el contexto de la reducción de pobreza en los países en desarrollo. 
Estas enfermedades matan a más de cinco millones y medio de personas cada año, tienen efectos desestabilizadores en la sociedad y comprometen el trabajo y el progreso alcanzado en los últimos años en materia de desarrollo social y económico. 
El HIV/SIDA, la malaria y la tuberculosis requieren una respuesta global y coherente, que costará mucho más que los recursos financieros y humanos de que disponen la mayoría de los países en desarrollo. 
La acción en este ámbito interesa a todos, y no debería considerarse simplemente una cuestión de ayuda al desarrollo, sino una contribución a la mejora de la salud y a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. 
Por lo tanto, debemos adoptar un Reglamento sobre este asunto, con objeto de mejorar el suministro global de atención sanitaria y medidas de prevención, reducir los costes de los medicamentos esenciales e intensificar la investigación. 
Durante el debate en el pleno expliqué las razones por las que apoyaba este informe y la relación con el programa de investigación del que soy ponente, un programa al que se han concedido 600 millones de euros. 
Espero que lleguemos a un acuerdo con la Comisión y el Consejo acerca de la petición del Parlamento de aumentar los préstamos y del acceso a costes y precios que tengan en cuenta la pobreza de los pacientes en los países del Sur. 
He votado a favor de este excelente informe, pero lamento profundamente la falta de un acuerdo final sobre la asignación presupuestaria. 
Estas enfermedades causan un gran número de víctimas, pero no tiene por qué ser así. 
Como afirma el informe, se necesitan tres cosas para cambiar la situación. 
En primer lugar, agua potable y alimentación sana. 
La UE tiene que asegurarse de que sus subvenciones a la agricultura y sus prácticas comerciales no socaven la producción local de alimentos. 
En segundo lugar, inversión en la infraestructura necesaria para proporcionar asistencia sanitaria. 
Todos los Estados miembros tienen que cambiar el equilibrio del FMI y del Banco Mundial para que cualquier reestructuración financiera no ponga en peligro la financiación pública de la asistencia sanitaria y la educación, que están íntimamente relacionadas. 
En tercer lugar, el tratamiento a base de medicamentos tienen que ser accesible y asequible: tenemos que continuar presionando a los Estados Unidos para que cumplan los acuerdos sobre los ADPIC, derechos de propiedad industrial, producción y precios diferenciales. 
Tenemos que incrementar nuestra financiación para que las personas sobrevivan a estas enfermedades. 
La devastación provocada por el VIH/SIDA es de sobras conocida, pero la tuberculosis está aumentando y la malaria sigue siendo endémica. 
La medida necesaria para combatir estas enfermedades conduciría a una mejora global de la calidad de vida de algunas de las personas más pobres del mundo. 
Apoyo al ponente y sus esfuerzos por incrementar la nueva financiación. 
. (FR) Como señala el ponente, las políticas comerciales no pueden ignorar de manera brutal los retos de las enfermedades que suponen una prioridad a escala mundial. 
De hecho, su impacto impide que las políticas de desarrollo surtan efecto. 
Estas enfermedades pueden erradicarse mediante el acceso a ciertos medicamentos esenciales. 
Por lo tanto, existe la cuestión del coste, pero también de la promoción de nuevos medicamentos. 
Tenemos que consolidar la investigación y el desarrollo con el fin de poner fin a una horrible situación en la que sólo un 10% de los esfuerzos de investigación se concentran en las enfermedades causantes del 90% de las afecciones mundiales. 
Aunque parece lógico que estas medidas estén coordinadas con las medidas programadas en los ámbitos de la salud sexual y reproductiva, está fuera de lugar apoyar cambios destinados a imponer en particular el aborto como límite estricto para la ayuda al desarrollo. También deberíamos intentar hacer que la gente se responsabilice señalando, entre otras cosas, la necesidad de respetar la vida y el ser humano, cualquiera que sea su fase de desarrollo o estado de salud. 
. 
(PT) Acojo con satisfacción el informe del Sr. Wijkman y su propuesta de Reglamento. 
Nuestro compromiso de combatir las enfermedades fácilmente transmisibles, prestando especial atención a las enfermedades relacionadas con la pobreza, como el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y de mejorar los niveles de vacunación y atención sanitaria mediante la financiación de programas de salud por parte de los países más desarrollados, es crucial. Igualmente importante es eliminar barreras como las licencias y patentes, para que los países en desarrollo puedan acceder a los productos farmacéuticos y a las asociaciones internacionales para desarrollar nuevas generaciones de productos. 
Conviene señalar una vez más que el 70% de la población infectada de SIDA vive en el África subsahariana. 
. 
(PT) Las tres epidemias a las que se hace referencia en el informe afectan principalmente a las poblaciones más pobres. A modo de ejemplo, el 90% de los 40 millones de personas infectadas por el virus del SIDA viven en un país en desarrollo, y el 70% de éstas viven en el África subsahariana. 
El resurgimiento de casos con nuevas formas- hay mil millones de personas que corren el riesgo de contraer el virus de aquí a 2020- y el retorno de la malaria a zonas en las que ya había sido erradicada, causando un millón de muertes al año, y con el 40% del mundo en situación de riesgo, desestabilizan sociedades enteras y asestan un duro golpe al desarrollo social y económico de estos países. 
Por lo tanto, se reclama una iniciativa específica en este ámbito que delimite el marco de la acción comunitaria, con el fin de maximizar el impacto de la acción y dotarle de un presupuesto global de 300 millones de euros durante un período de cuatro años, hasta 2006. 
Estamos de acuerdo con la filosofía general de la iniciativa, que se basa en la necesidad médica y social de combinar la prevención con la atención, y que también debe considerar el incremento del presupuesto para la investigación y el desarrollo, que es trágicamente bajo. Esto reforzaría las infraestructuras y los sistemas de salud y vincularía el ámbito de la salud reproductiva con la búsqueda actual de la máxima complementariedad. 
Por todas estas razones, mi voto no podía ser sino favorable a este informe. 
He apoyado la idea clave del informe y de las enmiendas presentadas, teniendo en cuenta las exigencias urgentes de un reto sobre el que todos están de acuerdo: combatir las enfermedades del HIV/SIDA, la malaria y la tuberculosis, que están ligadas a la pobreza en los países en desarrollo. 
No obstante, debo hacer algunos comentarios específicos. 
En primer lugar, respecto a la coordinación de esta acción en el ámbito de lo que se llama «salud sexual y reproductiva» , hay que señalar lo crucial que es el establecimiento de asociaciones potenciales sobre la base de un enfoque serio de la salud y con organismos que no busquen la promoción de una agenda ideológica. 
Al mismo tiempo, dada la seriedad de la plaga que supone el SIDA, debemos mantener la mente abierta, libre de prejuicios ideológicos sobre cómo se hace un seguimiento del desarrollo de esta enfermedad para no perpetuar los errores y para detectar, apoyar y divulgar las metodologías más efectivas, incluso si se alejan de la tendencia general, como parece ser el caso en Uganda. 
Por último, la cooperación europea tanto con las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas como con las ONG que trabajan con éstas, no significa que la aplicación de los fondos comunitarios no deba estar sujeto a un seguimiento estricto, como debería serlo el rigor, la seriedad y la idoneidad de las acciones que se financian. De hecho, lo que vale es lo contrario. 
. (FR) Una de las tareas fundamentales de la Unión Europea es garantizar el acceso a los derechos fundamentales para todos. 
El acceso al sistema sanitario es un derecho reconocido por todos los ciudadanos de la Unión Europea en el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales. 
La indigencia, la pobreza y la exclusión social son violaciones de la dignidad, y la Unión Europea se enorgullece de hacer todo lo que está en su mano para establecer este derecho a la protección de la salud en las zonas en las que la enfermedad se debe a la pobreza. 
Se ha establecido una fuerte correlación entre la pobreza y la expansión de la enfermedad. 
El Reglamento es una herramienta muy buena, porque permitirá aplicar un programa de medidas efectivas, en particular facilitando el acceso a los medicamentos haciendo que sean más asequibles. 
Es esencial que la Unión Europea se esfuerce por prevenir las enfermedades causadas por la pobreza. 
Estos esfuerzos de prevención deben ir de la mano con el tratamiento, y las personas infectadas necesitan apoyo. 
Es importante asignar más recursos, y la Comisión necesita suficiente personal debidamente formado. 
También esperamos avanzar en la investigación de estas enfermedades para encontrar tratamientos y vacunas. 
Deberíamos recordar el hecho de que el Parlamento Europeo pidió, en octubre de 2001, que el 10% del presupuesto comunitario de cooperación al desarrollo se destinara a la salud. 
(Explicación del voto abreviada de acuerdo con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento del Parlamento) 
Señor Presidente, este informe es demasiado importante para que yo decida mi voto sin consultar con las personas mayores y los pensionistas que, a través del Partido de los pensionistas y mediante su voto por mí, me han traído a este importante Parlamento. 
Todos estos pensionistas me dijeron: «Sr. Fatuzzo, Sr. Fatuzzo, Sr. Fatuzzo, qué poca memoria tienen muchos diputados del Parlamento Europeo, qué poca memoria tiene la mayoría de la gente. 
Se han olvidado de cuando, durante la II Guerra Mundial, los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros Estados salvaron a los italianos, a los alemanes, a los japoneses, etc. de muchas dictaduras y muchos dictadores, que deberían estar vencidos antes de causar daño y antes de cometer sus muchas injusticias, de las que todos somos conscientes.» 
Señor Presidente, ¡acabamos de escuchar el último acto de la famosa ópera «Così fa Fatuzzo»! 
Hablando en serio, estoy aquí sentado como representante de Escocia en el Parlamento Europeo, y hemos tenido la oportunidad de debatir y votar sobre la crisis de Iraq. 
Nuestros colegas en el Parlamento escocés también lo han hecho. 
Es una vergüenza que los diputados de Westminster no tengan esa oportunidad, aunque Tony Blair decida llevar a sus electores a la guerra en Iraq. 
Mi compromiso con la resolución del Parlamento de esta mañana es inequívoco, sobre todo en lo que respecta a la cuestión principal. 
No puede haber una intervención armada legal sin la autorización expresa de las Naciones Unidas. 
No basta con que George W. Bush o Tony Blair digan que se ha violado la resolución 1 441. 
Sólo se pueden tomar medidas legales si el Consejo de Seguridad así lo decide. 
Me complace que el artículo de Tony Blair en el Times de hoy lo confirme. 
Los inspectores de las Naciones Unidas supervisarán el desarme efectivo de Irak o establecerán el claro incumplimiento de la resolución. 
Para ello necesitarán tiempo. 
Si estamos en la vieja Europa, entonces la vieja Europa defiende el Estado de derecho y la resolución pacífica de conflictos mientras sea posible. 
Seguro que esto es justo. 
Señor Presidente, lamento muchísimo no haber podido votar a favor de la resolución sobre Iraq, no porque sea un belicista o porque esté a favor de la intervención al margen de la ley, sino porque todas las enmiendas que se han aprobado distorsionan notablemente las intenciones originales de aquellos que redactaron el texto transaccional y han dado lugar a un texto que ha diluido bastante las responsabilidades iraquíes, que parece exculpar a Iraq del papel que desempeña en la amenaza terrorista y que, estoy convencido, Sadam Husein recibirá en Iraq con risitas, por no mencionar una actitud todavía más irreverente hacia los textos emitidos por el Parlamento. 
Señor Presidente, Señorías, con este voto el Parlamento Europeo ha obtenido tres resultados de naturaleza similar: en primer lugar, la continuación de la política de Múnich, por la que se hace la paz con los dictadores y la guerra se hace con nuestros países democráticos; en segundo lugar, el intento de dividir Europa y América, los Estados Unidos; en tercer lugar, el intento de dividir Europa- son alemanes de Ollenhauer, no de Adenauer, no son Schuman, sino Debré y ciudadanos franceses gaullistas antieuropeos. 
Estas son las tres características. 
Nosotros decimos: «¡Libertad para Iraq!» 
«¡Iraq libre!» 
Parlamento Europeo, los americanos tienen razón: ustedes representan una vieja Europa. 
¡Nosotros les cambiaremos en interés de la libertad, de la democracia, del Estado de derecho y por tanto de la paz, pero no de tipo comunista, nacionalista, clerical, fundamentalista o «descanse en paz»! 
Señor Presidente, he votado con determinación en contra de la resolución sobre Iraq- aprobada con los votos de una coalición rojiverde- en nombre de esa Europa joven de pueblos libres que sin duda no se identifica con la vieja política de compromisos y el pacifismo falso e hipócrita donde se cierran los ojos ante el horrible riesgo que supone para la seguridad europea el régimen de Sadam, que nos amenaza con un verdadero choque de culturas. 
Han sido rechazadas algunas enmiendas que buscaban reforzar un texto que retrata una Europa cobarde y derrotista, sin duda no la Europa de la batalla de Lepanto, donde el Papa estaba del lado correcto. 
En esas circunstancias, es el deber moral y político de Europa defender la libertad de los pueblos de la amenaza inminente- una amenaza planteada por terribles armas de destrucción- del terrorismo islámico, que tiene vínculos secretos con el régimen de Sadam. 
Señor Presidente, quisiera decir que en mi opinión la resolución de hoy sobre Iraq es muy importante porque reafirma nuestra voluntad de seguir el camino de las Naciones Unidas. 
Es una pena que no hayamos podido conseguir una mayoría amplia en esta Cámara para enviar una clara señal en nombre de todo el Parlamento. 
De todos modos, quisiera centrarme en Oriente Próximo. 
En una enmienda subrayamos la importancia del proceso de paz en Oriente Próximo para encontrar una solución en todo Oriente Próximo y alcanzar la paz en toda la región. 
Por otra parte, es lamentable que lo hiciéramos en una enmienda, puesto que sin proceso de paz, nunca veremos el final de los graves trastornos que tienen lugar en Oriente Próximo. 
Desde esta Cámara deberíamos presionar a israelíes y palestinos para que reanuden las negociaciones y presionar a los Estados Unidos para que intervengan con el fin de garantizar la creación de un Estado palestino y una solución a largo plazo en Oriente Próximo. 
Debemos tener esto presente al hablar de la crisis en Iraq. 
No debemos perderlo de vista, porque de otro modo nunca tendremos una paz duradera. 
. (FR) La resolución que el Parlamento Europeo acaba de adoptar sobre la situación en Iraq es muy decepcionante, porque no contiene una afirmación simple pero esencial: «Si Iraq no facilita las inspecciones decididas por la ONU, o si se demuestra que esconde armas de destrucción masiva que rehúsa neutralizar, la Unión Europea apoyará la intervención armada.» 
Esta afirmación no contiene nada nuevo, pero es esencial porque proporciona credibilidad a los inspectores, instando al régimen de Bagdad a abrir sus puertas sin ocultar nada, para que se evite un mayor deterioro de la situación. 
Utilizar este grado de firmeza ayudaría a mantener la paz en el futuro. 
Al eliminar esta afirmación, la resolución que se ha aprobado podría implicar que la Unión no está del todo dispuesta a actuar si Sadam Husein sigue con sus evasivas, lo cual es desastroso. 
Incluso hemos oído a la Presidencia del Grupo Socialista proclamar: «¡No a la guerra, y no al dictador Sadam!» 
Sabemos lo que ocurre si se adopta esa postura tan fácil: primero se tolera al dictador para evitar la guerra, y al final tenemos tanto al dictador como la guerra. 
- (FR) No podemos votar a favor de una resolución tan falsamente pacifista y humanista, cuyo único objetivo es limpiar la conciencia de los diputados del Parlamento Europeo a la vez que justifican por adelantado las maquinaciones belicistas del Sr. Bush y de los cómplices imperialistas que le seguirán. 
Las referencias al derecho internacional y a las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU sólo están ahí para apoyar mejor la mascarada sobre el peligro de Iraq, las armas de destrucción masiva y la necesidad de un control internacional, etc. 
Toda esta inspección es un simple pretexto, y la resolución busca dar peso a un vulgar pretexto para justificar de antemano la posible masacre de la población iraquí a manos de las armas de destrucción masiva de los norteamericanos y compañía. 
Iraq no es un país más dictatorial que sus vecinos árabes. 
Sin embargo, es el único país elegido como blanco, y sin ninguna razón especial si lo comparamos con sus vecinos. 
Si las democracias quieren defender la democracia, los derechos de las mujeres y las libertades políticas y de asociación en los países de Oriente Medio, como afirman hacer, deberían hacerlo, pero no planeando la masacre a sangre fría del pueblo iraquí. 
Tanta duplicidad, tanto cinismo oculto bajo la tapadera de una actitud bienintencionada cuando estamos hablando de la muerte e indigencia de cientos de miles de seres humanos merecen ser condenados sin reservas. 
- (FR) La guerra es siempre un fracaso en el que las primeras víctimas son siempre gente inocente. 
Además, en este caso, si Iraq no es el único país gobernado por un dictador ni el único Estado que posee armas de destrucción masiva, el hecho de que tenga mucho petróleo no debería dar a George W. Bush derecho a poner a la región en estado de malestar a medio plazo. 
Por lo tanto, deberíamos decir no a la guerra y confiar en la ONU. 
Por esta razón he votado a favor de la resolución del Parlamento en contra de la guerra, y lamento que gran parte de la derecha se opusiera. 
Acojo con satisfacción el hecho de que las enmiendas a favor de las que he votado hayan sido incluidas en la resolución que se opone a toda acción militar multilateral en Iraq, pidiendo a la ONU que tome nota de las consecuencias del embargo sobre la población civil iraquí y exigiendo que la Unión Europea dé prioridad absoluta la resolución del conflicto en Oriente Próximo. 
Pero la resolución en su conjunto sigue siendo ambigua. 
¿Otorga al Consejo de Seguridad de la ONU la potestad de tomar nuevas medidas, incluida la acción militar, tras una evaluación completa de la situación? 
Esa es la razón por la que me he abstenido en la votación sobre este texto. 
La movilización de la opinión pública debería frenar la disposición para la guerra que se desarrolla día tras día. 
Por lo tanto, me uno a la convocatoria del Foro Social de Porto Alegre de una manifestación internacional el 15 de febrero. 
¡Con la ONU o sin ella, tenemos que rechazar esta guerra! 
. 
(PT) En el discurso que pronuncié en la sesión plenaria de ayer, expresé claramente mi postura acerca del conflicto iraquí. 
No obstante, necesita una explicación de voto, que sólo puedo dar a través de esta declaración. 
Tanto el PPE-DE como la UEN creían necesario presentar una serie de enmiendas a la resolución transaccional con el fin de equilibrar la petición de una resolución pacífica del conflicto, con la que sin duda estamos de acuerdo, manteniendo una presión suficiente por parte de la comunidad internacional, y concretamente por parte del Parlamento, sobre el régimen iraquí, que consideramos un requisito básico para alcanzar este objetivo. 
Concretando más, no pensamos que podíamos votar a favor de una resolución que ignorara el incumplimiento de las resoluciones de la ONU o que no mencionara el hecho de que lo que está en juego en esta discusión es garantizar la preservación de la paz y la seguridad internacional o incluso relacionar el régimen iraquí con el terrorismo internacional y el peligro real de que los grupos terroristas pudieran ser receptores de armas de destrucción masiva producidas en ese país. 
Al final he votado en contra de este informe porque me ha decepcionado el voto sobre las sucesivas enmiendas. 
Mi voto ha venido determinado por el hecho de que se rechazaran algunas mejoras presentadas por mi Grupo, todas ellas equilibradas y en interés de una Europa libre, y de que se aprobaran enmiendas que estaban en línea claramente con los intereses del régimen de Sadam Husein. 
Merece la mayor de las condenas que la mayoría haya traicionado de esta manera el espíritu de consenso que ha de guiar la laboriosa redacción del texto conjunto. 
Este voto podría ser muy bien acogido en Bagdad y tiene, en esta medida, al menos un aspecto positivo. revela el carácter engañoso del argumento de aquellos que siguen aferrados a arcaicas ideologías izquierdistas y tienen una retórica sin límites que aparenta condenar pero de hecho simplemente hace el juego a Sadam Husein. 
Es una paradoja que esta resolución, que pierde mucho de su virtud, debiera haber sido adoptada por aquellos que, incluso en el debate de ayer, llamaron a Sadam Husein, entre otras cosas, nada menos que «dictador y asesino» , y ni siquiera siguen esta condena verbal tan dura y acertada hasta su conclusión lógica. 
De hecho, el voto final encierra una perversa paradoja. 
Muchos miembros habrán votado a favor porque creen que haciendo esto están preservando la paz mundial. 
Sin embargo, si tiene algún efecto, especialmente el efecto de ser bien aplaudido en Bagdad y de debilitar la presión política internacional sobre Sadam Husein, este voto puede habernos acercado a la guerra. 
Señor Presidente, el Grupo Socialista ha apoyado la resolución de transacción sobre Corea del Norte. 
Pensamos que se trata de un asunto importante y coincido con la Sra. De Keyser, que ha hablado anteriormente. 
Nos preocupan los derechos humanos en Corea del Norte, del mismo modo que nos preocupan los derechos humanos en la Unión Europea, pero deberíamos admitir el hecho de que cuando Goran Person, el Sr. Solana y el Sr. Patten visitaron Corea del Norte en mayo de 2000, se había acordado que tendría lugar un diálogo sobre derechos humanos con este país, y este diálogo sigue su curso. 
Sin duda, criticamos y nos preocupa que Corea del Norte posea la tecnología de enriquecimiento de uranio, puesto que podría agravar una situación que ya es delicada. 
Aun así, hay pocos intentos, si es que hay alguno, de imponer sanciones al General Musharraf en Pakistán, que es responsable del trueque de esta tecnología sensible por misiles. 
Después de todo, Corea del Norte no es la única que se sitúa fuera del Tratado de no proliferación nuclear; Pakistán, India e Israel también poseen armas nucleares. 
La situación de la península de Corea es potencialmente mucho más peligrosa que la de Iraq. 
Aquí, el tránsito de la paz a la guerra sería una amenaza para millones de vidas. 
Se ha hablado mucho de la adquisición en secreto de tecnología para el enriquecimiento de uranio por parte de la RPDC, quebrando el espíritu, si no la letra, del acuerdo marco de 1994. 
Y no está en absoluto libre de culpa, pero la culpa tampoco recae únicamente en una parte. 
El acuerdo marco de 1994 prometía que los Estados Unidos asegurarían la normalización de las relaciones, el final del embargo, dos reactores nucleares de agua ligera en el marco del proyecto KEDO, y mientras tanto, 500 000 toneladas de aceite pesado al año. 
De hecho, nueve años después, la normalización no se ha producido, el embargo no se ha levantado, los reactores nucleares de agua ligera llevan siete años de retraso y, sin duda, los Estados Unidos presionaron primero a Japón, después a la República de Corea y finalmente a la Unión Europea para cortar el suministro de aceite pesado. 
Y después se sorprendieron de que la RPDC hiciera exactamente lo que dijo que iba a hacer y amenazara con abrir su reactor nuclear, de diseño ruso, de Yongbyon, que como todos los reactores de su clase es capaz de producir plutonio apropiado para fabricar armas. 
Queremos hablar. 
Queremos negociar. 
Acogemos con satisfacción la propuesta de visita de Solana, Patten y la Presidencia. 
Esta vez esperamos que incluya al Parlamento. 
La última vez se nos dijo que se trataba de una pequeña delegación, y resultó que se llevaron a 75 periodistas. 
Cuando le hicimos ver esto a la Comisión, dijeron que la próxima vez tendrían en cuenta la participación de disputados. 
Por último, quiero llamar la atención sobre el apartado 8. Este apartado reclama una delegación permanente de la Unión Europea en Pyongyang y, cosa que es más importante a corto plazo, exige que la Unión Europea convoque conversaciones entre siete potencias sobre ayuda económica, seguridad y desarme en la península de Corea, con inclusión de Corea del Norte y del Sur, los Estados Unidos, Japón, China y Rusia. 
Esto abre un camino hacia el futuro. 
Habiendo firmado una resolución amplia en nombre del Grupo GUE/NGL, he votado a favor de ella porque presenta de manera honesta la situación de los derechos humanos, incluido el verdadero progreso pero también las graves deficiencias. 
Esta resolución es un «seguro de viaje» para las auténticas democracias. 
- (FR) No hemos votado en contra de este informe por la simple razón de que, mientras condena expresamente el saqueo del Congo por parte de grandes empresas privadas, incluidas las europeas, no llega a nombrarlas. 
Sin embargo, eso no significa que hayamos votado a favor, porque en realidad el informe no se manifiesta en contra de la explotación del Congo, sino únicamente en contra de la explotación que califica de ilegal. 
En otras palabras, la explotación que realizan ilegalmente empresas apoyadas por grupos armados con la ayuda de redes impías, ilegales, más o menos de tipo mafioso, incluso dentro del aparato del Estado. 
Es este tipo de anarquía en el saqueo lo que molesta al ponente. 
Él prefiere el saqueo legal. 
Y prueba de ello es que pide que lo arreglen los Estados europeos, que pongan orden, los mismos Estados que representan ustedes aquí, mientras saben muy bien que ellos son los principales partidarios, e incluso organizadores, del saqueo general- tanto legal como ilegal- de los países pobres. 
Son los Estados que establecen o apoyan a los dictadores locales, que suministran armas, que subvencionan empresas de saqueo. 
Ante tanta hipocresía y cinismo, preferimos abstenernos. 
El informe McCartin pretende cortar el fraude y el engaño en el uso de fondos europeos: hay demasiado fraude, demasiado engaño en contra de Europa. 
Esta mañana, mientras iba al bar para tomarme un café- como he mencionado varias veces hoy- me preguntaba cómo explicar por qué he votado a favor del informe McCartin. 
Cerré los ojos un momento y vi a los Beagle Boys andando por los pasillos del Parlamento Europeo y entonces tuve una idea luminosa. 
Supe cómo explicar por qué he votado a favor del informe, y sobre todo, pensé que debía hacer una sugerencia. 
Sugiero que Europa pregunte a los Beagle Boys- es decir, a los propios defraudadores, a los que nos hacen trampas con nuestro propio dinero- sobre la manera de evitar ser engañada en el futuro, pagándoles de un modo normal, mediante nómina, la cantidad justa que merecen. 
Quizás sea esta la única manera de combatir el fraude contra el presupuesto de Europa. 
Y ahora, ¡que aproveche! 
- (FR) Como ocurre a menudo en esta Cámara, la resolución señala situaciones que son insostenibles para las personas. 
Sí, el hambre en el mundo es un escándalo intolerable. 
Sin embargo, como siempre, el informe no propone ninguna solución real. 
Es más, sólo reconoce la tragedia para defender una mayor libertad de mercado. 
Esto significa, en las circunstancias actuales, que el poder económico y financiero de las empresas capitalistas de los países ricos seguirá pisando a estos países, hundiendo su agricultura, dirigiéndola hacia las necesidades de los mercados de los países ricos y controlando toda la producción y los canales de distribución, etc. 
Lo que el informe denomina comercio internacional justo no existe. 
Es un término vacío, que busca hacernos creer que con eso podemos reducir drásticamente la pobreza. 
Desde luego que no nos asociamos a tal mascarada verbal sobre un tema tan dramático. 
La resolución pone de relieve la trágica situación de más de 307 millones de personas que actualmente viven con menos de un dólar al día. 
Así, 900 personas mueren de hambre cada día en el mundo. 
A pesar de contener varias propuestas justas, como la cancelación de las deudas de los países menos desarrollados, que apoyo totalmente, no puedo votar a favor de esta resolución. 
La resolución considera que los países menos desarrollados no han sido capaces de realizar las reformas económicas estructurales imprescindibles para dejar de pertenecer a esa categoría. 
Esto es una contradicción clara. Es precisamente porque estos países del Sur, dominados por los países imperialistas del Norte, no tienen otra opción que cumplir las políticas de ajuste estructural y los reembolsos de la deuda, por lo que ahora caen más y más en la pobreza. 
La resolución ensalza repetidamente las virtudes del FMI y de los métodos del Banco Mundial y de las leyes del mercado para sacar a los países menos desarrollados de la pobreza. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 30 de enero de 2003. 
El pasado sábado, el Sr. Joseba Pagazaurtundua, jefe de la policía municipal de una localidad del País Vasco español, fue asesinado a tiros por un terrorista. 
He hecho llegar a su familia, tanto en mi nombre como en el de esta Cámara, nuestra expresión de profunda simpatía y sincero pésame. 
El Sr. Pagazaurtundua era un miembro activo del Partido Socialista, así como de la iniciativa ciudadana vasca ¡Basta Ya! 
¡Basta Ya! ganó el Premio Sajarov en 2000 y el Sr. Pagazaurtundua acudió a nuestro Parlamento para asistir a la ceremonia de entrega de dicho premio. 
Con su asesinato, los terroristas han demostrado una vez más su falta de respeto por el derecho a la vida y su desprecio del derecho a la libertad de expresión política. 
Después de esta última afrenta a la decencia, nosotros, los parlamentarios europeos, deseamos decir hoy que estaremos junto a las víctimas, a sus familias y a los que luchan contra el terrorismo en España. 
Les ruego que guardemos un minuto de silencio. 
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio) 
Se ha distribuido el Acta de la sesión del jueves, 30 de enero de 2003. 
¿Hay alguna observación? 
Señor Presidente, tomo la palabra para poner en su conocimiento un problema de observancia del Reglamento advertido en el acta literal de la sesión del 30 de enero de 2003, en el debate sobre el hambre en el mundo y la eliminación de las barreras comerciales con los países más pobres del mundo. 
En la página 15 del acta literal de sesiones, figura una declaración escrita del Sr. Van Hecke, del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, presentada de conformidad con el apartado 7 del artículo 120 del Reglamento. 
Esta declaración consta de 357 palabras, mientras que el Reglamento establece lo siguiente: «Los diputados que no hubieren intervenido en un debate podrán presentar, una vez por período parcial de sesiones como máximo, una declaración por escrito que no supere las doscientas palabras, que se adjuntará al acta literal de la sesión». 
Teniendo en cuenta mis esfuerzos por cumplir lo estipulado por el Reglamento en mi declaración escrita correspondiente al mismo debate y que mis anteriores declaraciones escritas se abreviaron precisamente para no contravenir dicho artículo, esto me sorprende, y me pregunto si esta Cámara emplea un doble rasero a la hora de aplicar el Reglamento. 
¿Sería posible solicitar que en este caso se aplique el Reglamento? 
Que yo sepa se observa cierto grado de flexibilidad. 
Sin embargo, es importante que se aplique estrictamente el Reglamento. 
Si por esta causa es preciso presentar una enmienda, hagámoslo. Si por esta causa es preciso presentar una enmienda, hagámoslo. 
Sin perjuicio de ese comentario, se aprueba el Acta. 
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 6 de febrero de 2003, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento. 
Se ha propuesto la siguiente modificación: 
MIÉRCOLES: 
He recibido una solicitud del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea y del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica para que se incluyan en el orden del día del miércoles, sin propuestas de resolución, declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Iraq. 
Si se acepta esta solicitud, el debate sobre Iraq podría incluirse el miércoles de 15.00 a 17.00 horas. 
Los otros debates de esa tarde continuarían de 17.00 a 19.00 horas y a cambio se cancelaría el turno de preguntas al Consejo. 
Señor Presidente, mi Grupo ha formulado esta solicitud teniendo en cuenta no sólo el desarrollo de los acontecimientos sino, fundamentalmente, el hecho de que el Presidente del Consejo, el Sr. Simitis, ha convocado una Cumbre extraordinaria, que es previsible que se celebre el próximo lunes. 
Y creemos que es muy importante, en este momento- es la línea que ha seguido mi Grupo en todo este debate y entendemos que debe continuar -, tratar de conseguir que haya una postura europea unida y decidida para conseguir, fundamentalmente, que la guerra no sea inevitable y conseguir un proceso de desarme- en relación con las armas de destrucción masiva, en el caso del Iraq- que se haga con presión internacional bajo la égida de las Naciones Unidas. 
Éste es nuestro propósito, y creemos que es importante que el Parlamento pueda debatir para que usted pueda llevar nuestra voz a la Cumbre del próximo lunes. 
Señor Presidente, no quiero oponerme a un debate sobre el Iraq, pero su propuesta implica cancelar el turno de preguntas para poder celebrarlo, y quisiera que constara en acta mi rechazo, pues opino que el derecho de todos los europarlamentarios a plantear preguntas- consagrado, en efecto, en los tratados- es uno de los derechos parlamentarios más importantes, superado sólo por el derecho a someter a votación textos legislativos. 
Nos estamos acostumbrando a que los asuntos importantes- siempre son los asuntos importantes- vean reducido o suprimido, cada vez con mayor frecuencia, el tiempo destinado a las preguntas. 
Le pido que ponga fin a esta práctica. 
Las preguntas dirigidas al Consejo solían plantearse a las 21.00 horas, o entre las 20.00 y las 22.00 horas, y durante quince años este horario funcionó a la perfección, hasta que el Consejo decidió que a esas horas estaba cansado y no podía asistir, de modo que el turno de preguntas se pasó a la tarde, y desde entonces, se ha venido cambiando de hora o se ha ido reduciendo su tiempo, siempre para hacer hueco a otros asuntos. 
Le ruego que aborde el problema con un enfoque a largo plazo y halle una solución. 
Señor Posselt, su comentario es más bien una cuestión de observancia del Reglamento relativa al turno de preguntas. 
He pedido específicamente a la Cámara que tenga en cuenta que si añadimos el debate que se ha solicitado, tendrá el efecto dominó que usted menciona. 
(El Parlamento da su conformidad) 
Procedemos ahora a las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, le he escrito en relación con el informe Sandbaek y su posible devolución. 
Sin embargo, en la última hora ha habido novedades al respecto y no es preciso que plantee este asunto en el pleno. 
Estupendo. 
Éste ha sido un gran ejemplo para los discursos de un minuto que vienen ahora. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quiero pedirle que escriba al Presidente Bush y al Gobernador de Texas para protestar por la ejecución mediante una inyección letal del ciudadano británico Jackie Elliott, que tuvo lugar la pasada semana a pesar de que parece estar cada vez más claro que era inocente del delito por el que le habían condenado y por el que pasó 16 años en el corredor de la muerte. 
Además, en los informes policiales se han hallado nuevas pruebas que señalan a otros sospechosos más probables del asesinato de 1986 por el que se le condenó. 
Las autoridades de Texas siguieron adelante con la ejecución programada, a pesar de que todavía debían verse en el Tribunal de Apelación de lo Penal de Texas varios recursos judiciales esenciales. 
Su diputado local- un ex ministro del gobierno- ha encabezado las protestas. 
Esto muestra al mundo el curioso respeto que tiene el sistema judicial estadounidense por el Estado de derecho y los derechos humanos. 
Asegurémonos por lo menos de que esas injusticias no pasen inadvertidas. 
Señor Presidente, usted prometió que investigaría el asunto de la indumentaria que un diputado italiano pretendía implantar durante una audiencia en Bruselas. 
Al mismo tiempo, me recomendó que me buscara un buen sastre, y confío en que esté satisfecho del resultado, ya que le voy a hacer llegar la factura a usted. 
Señor Blak, a estas horas tan tempranas del lunes no puedo responder a ese desafío como se merece. 
Señor Presidente, algo fuera de lo común sucedió al final del último período parcial de sesiones aquí, en Estrasburgo, cuando, por primera vez en muchos años, una declaración por escrito recibió el apoyo de la mayoría absoluta de esta Cámara. 
La declaración, firmada por 320 diputados, pedía que, en el futuro, el Presidente de la Comisión fuera elegido por el Parlamento y no por el Consejo. 
Este logro se alcanzó con las firmas número 313 y 314, del Sr. Barón Crespo y el Sr. Poettering, a quienes felicito por su valentía de última hora. 
A mi modo de ver, fortalecerá nuestra delegación en la Convención y contribuirá a que acepte esta petición. 
Quisiera pedirle que remita esta posición- ahora una posición oficial adoptada por el Parlamento- al Sr. Giscard d ' Estaing. 
Surge ahora la esperanza de que, después de todo, hasta el mismo Presidente de la Convención se dé cuenta de que el jefe del ejecutivo europeo no debe ser elegido tras las puertas cerradas del Consejo, sino en esta Cámara, que es el foro abierto del pueblo. 
Podemos hacer eso, señor Leinen. 
Señor Presidente, sé que el Sr. Leinen es un colega recto y respetable. 
Pudo ocurrir que, para variar, tuviera una segunda intención a la hora de elegir las palabras y quisiera complicarme la vida. 
Por eso, aprovecho esta oportunidad para reiterar lo que le dije al Sr. Leinen cuando me guiaba la mano hacia donde tenía que firmar. 
Le dije: «Si firmo, no es en calidad de presidente de mi Grupo, sino en mi propio nombre, como persona modesta que soy». 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quiero llamar la atención de la Cámara sobre una declaración conjunta de los partidos comunistas, obreros y de izquierda contra la guerra agresiva sobre Iraq. 
Esta declaración, que hasta ahora han firmado 60 partidos de los cinco continentes, afirma entre otras cosas que: «la agresión contra Iraq, que se basa en la nueva doctrina estadounidense de los ataques preventivos, amenaza con desestabilizar a toda la región y provocar graves consecuencias para la civilización humana en su conjunto. Representa una enorme amenaza para la paz internacional y el derecho internacional, y sienta un precedente para otros actos de agresión arbitrarios.» 
Debemos oponernos a cualquier apoyo europeo a la guerra o cualquier participación en la misma. 
Exigimos que nuestros países no faciliten a los Estados Unidos instalaciones militares o de otro tipo para llevar a cabo sus propósitos agresivos.» 
La cuestión es: ¿qué va a hacer el Parlamento Europeo para evitar una guerra, como es el deseo de la abrumadora mayoría de los ciudadanos de Europa? 
¿Qué va a hacer el Parlamento Europeo para garantizar que ningún Estado miembro preste ayuda a los Estados Unidos si siguen el camino de la guerra? 
Voy a entregar una copia del texto íntegro de la declaración conjunta a la Secretaría. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, me alegro de que hayamos decidido celebrar un debate esta semana sobre la evolución de la situación en Iraq. 
Es evidente que todavía es posible una solución pacífica a la actual crisis. 
El Dr. Hans Blix y el Sr. Kofi Annan han dejado claro que, si se les da suficiente tiempo y las autoridades iraquíes cooperan plena y activamente, la guerra puede evitarse. 
Por lo tanto, todos tenemos la importante responsabilidad de convencer a las autoridades iraquíes de que cooperen plena y activamente. 
También tenemos la importante responsabilidad de conseguir demostrar que el derecho internacional se aplica a todos nosotros, y no sólo a Iraq, y de garantizar que las Naciones Unidas adquiera toda su legitimidad en la actual situación. 
Quisiera pedir al Presidente de este Parlamento y a los líderes de los grupos políticos del mismo que hagan pública esta semana una declaración conjunta dirigida a las autoridades iraquíes y a los Estados miembros, exigiendo a Iraq la plena cooperación y que actuemos enteramente a través de las Naciones Unidas, garantizando así que prevalezca el derecho internacional. 
Señor Presidente, quisiera sacar a colación un asunto muy serio: la grave situación por la que atraviesa Camboya. 
A pesar de la gravedad de los disturbios antitailandeses que han tenido lugar en Camboya y de la responsabilidad del Sr. Hun Sen en lo que se refiere a estos hechos- o, al menos, en lo que respecta a su gestión -, nadie sabe si los grupos políticos han decidido abordar este asunto en nuestra próxima sesión. 
No obstante, creo que el Parlamento debería intervenir, principalmente porque está en juego la democracia, la consolidación de la democracia en Camboya. 
Por consiguiente, quisiera pedirle, señor Presidente, que tenga la amabilidad de remitir una carta al Jefe de Gobierno camboyano para comunicarle la gran preocupación del Parlamento Europeo y de la Unión Europea, en general, ante esta situación. 
Asimismo, he solicitado al presidente de la delegación para las relaciones con los Estados miembros de la ASEAN, el Sr. Nassauer, que invite al embajador camboyano a Estrasburgo esta semana. 
Confío en que pueda venir. 
Pienso que debemos apoyar a este país si deseamos evitar el riesgo de una contrarrevolución. 
Señor Presidente, acabo de volver de Uganda, donde he tomado conciencia de la terrible tragedia que está teniendo lugar en la parte septentrional del país y a la que la prensa internacional no presta la menor atención. 
El conflicto enfrenta al ejercito ugandés y al movimiento revolucionario- el Ejército de Resistencia del Señor -, que diariamente secuestra a un gran número de niños. 
Unas 800 000 personas desplazadas internamente viven en condiciones lamentables en los campos de refugiados. 
La situación en los campos de refugiados es ahora tan desesperada que muchas personas tratan de volver a sus pueblos y se encuentran con que los revolucionarios han quemado y destruido sus hogares y sus campos. 
Cada día, hay noticias de un número cada vez mayor de atrocidades cometidas por el ejército contra la población civil. 
Quisiera pedirle que se ponga en contacto con la Presidencia, con el objeto de poner en marcha una iniciativa europea que ayude a solucionar este conflicto. 
Señor Presidente, tomo la palabra porque quisiera avisarle de que su buen nombre está siendo mal utilizado en los medios de comunicación daneses. 
Éstos afirman que, en la Conferencia de Presidentes en la que mantuvimos una videoconferencia con Hans Blix, usted declaró que éste nos había aconsejado que no enviáramos una delegación a Iraq. 
Ambos sabemos, al haber estado presentes en dicha Conferencia de Presidentes y haber participado en la videoconferencia, que esto no es así. 
Pienso que debería tener la oportunidad de aclararlo, ya que cualquiera que lea los periódicos daneses podría pensar lo contrario. 
Su nombre se está utilizando de esta manera, y me parece que quizás debería hacer algo al respecto. 
Puedo hacer algo al respecto dejando claro que no he hecho ninguna declaración sobre las opiniones del Dr. Blix ni sobre el envío de una delegación con respecto a este Parlamento. 
El 5 de febrero, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya emitió su veredicto sobre una causa del Gobierno mexicano contra los Estados Unidos de América, un proceso relativo a tres mexicanos (en realidad, a cincuenta y cuatro, pero a tres ciudadanos mexicanos, en particular Cesar Fierro, Roberto Ramos y Osvaldo Torres) que fueron condenados a la pena capital y se encuentran en el corredor de la muerte, en Oklahoma y en Texas. 
Aunque, naturalmente, estamos en contra de la pena de muerte en cualquier país, el caso va más allá, puesto que a los tres ciudadanos mexicanos se les impidió recibir la ayuda a la que tenían derecho por ley, en forma de apoyo consular de su Gobierno. 
Las autoridades del Estado de Texas reaccionaron de una manera aún más diabólica, afirmando que el Tribunal de Justicia no podía impedir las ejecuciones. 
El Parlamento Europeo tiene, naturalmente, experiencia a la hora de lidiar con este tipo de cuestiones, y someto a su consideración, en la línea del intento previo de la baronesa Ludford, la posibilidad de escribir al gobernador de Texas al respecto. 
Permítame, además, aprovechar esta oportunidad para expresar mi apoyo a las palabras del Sr. Dupuis sobre la situación en Camboya. 
El líder democrático de la oposición, Sam Rainsy, está escondido, en estos momentos, ya que ha sido acusado de conspirar para derrocar al Gobierno. 
Por supuesto, no hay el menor ápice de verdad en ello, y me parece que es necesario hacer también algo al respecto. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quisiera hacer llegar mis condolencias a la familia de Joseba Pagazaurtundua, a quien yo conocía personalmente. 
Los daños humanos son irrepararables. 
Es imposible evaluar el sufrimiento humano. 
¿Podría convertirse la última víctima del permanente conflicto en el País Vasco en la catarsis definitiva para su solución? 
La propia historia de la Unión Europea proporciona ejemplos recientes de naciones que superan conflictos muy enraizados. 
Tenemos que esforzarnos por generar un impulso de concienciación. 
Apoyo a todos aquellos que están dispuestos a trabajar conjuntamente y de forma constructiva para conseguir una paz real para mi país. 
No obstante, este objetivo no puede alcanzarse sin el fuerte compromiso de la comunidad internacional. 
Nuestro fracaso en este terreno ha dado lugar a una recaída en nuevos choques. 
Estoy seguro de que un círculo virtuoso de diálogo político dará sus frutos. 
Es necesario y urgente un cambio de marcha en la estrategia de la Unión Europea. 
Señor Presidente, voy a apoyarme en las palabras del Sr. Leinen recordando que, en este momento, la mayoría de este Parlamento está a favor de que el Presidente de la Comisión sea elegido por el Parlamento, lo que es un avance sustancial, porque hace dos años este Parlamento votó mayoritariamente contra esta iniciativa, como prueba, por otra parte, del progreso que está haciendo la unión política europea. 
Es bueno recordar esto en un momento en que puede producirse una catástrofe humanitaria en el Iraq y en que, por este motivo, hay un ataque de los Estados Unidos con aliados dentro de la Unión Europea, incluso con Estados aliados que pretenden entrar en la Unión Europea, contra la idea de la existencia de una unión política presente en el mundo entero. 
Y yo llamo la atención en este Parlamento, porque es el lugar donde la idea política de Europa debe progresar, justamente contra los que nos están atacando con aliados interiores. 
Señor Presidente, acabamos de oír de labios del Sr. Gorostiaga una defensa del asesinato como método de resolución de conflictos políticos, ello me parece absolutamente inaceptable. 
Añado algo más: un correligionario del Sr. Gorostiaga, el alcalde de Andoain, se ha negado a condenar ante todos sus ciudadanos este asesinato. 
Por eso, no me vale este tipo de argumentos. 
Y digo que, ahora mismo, en el País Vasco español el problema no es el de un conflicto político, sino el de una banda que considera que asesinar es un método legítimo. 
Y, como estamos en la Unión Europea, llamo la atención sobre el hecho de que en el País Vasco español, que es la comunidad autónoma con más autonomía de la Unión Europea, se están planteando unas elecciones municipales en las que muchas ciudadanas y muchos ciudadanos no pueden comparecer, porque corren el peligro de ser asesinados como Joseba Pagazaurtundua. 
Señor Presidente, acabamos de escuchar con estupor como el miembro de una organización que alienta, encubre, alimenta, protege y financia el terrorismo que acaba de provocar la víctima por la que todos hemos guardado un minuto de silencio, invocaba el diálogo y la paz. 
Señor Presidente, hay momentos en que el cinismo puede llegar a tal punto de degradación moral que provoca asombro. 
Yo, señor Presidente, quiero decir solemnemente en este hemiciclo, que la presencia del Sr. Gorostiaga Atxalandabaso en esta Cámara envilece a la Unión Europea, es una vergüenza para esta Casa, y no tengo palabras para expresar, todavía con el cuerpo caliente de un honrado servidor público, la nausea, el asco y la repugnancia que me produce la presencia de este individuo en una casa de la democracia y de las libertades. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quisiera expresar, en mi nombre y en el de muchos diputados de mi Grupo que formamos parte de la delegación que fue a Irak la semana pasada, nuestra inquietud en relación con las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que afirman que usted dijo que el régimen iraquí nos estaba engañando y manipulando. 
Nos acompañaban muchos representantes de los medios de comunicación, que, con toda seguridad, no estaban siendo engañados y manipulados también. 
Su cobertura muestra con bastante claridad que alzamos nuestra voz contra el régimen, que insistimos en la necesidad de una cooperación plena con los inspectores de armamento y que hicimos referencia a asuntos pasados como los ataques con gases contra los kurdos. 
En mi opinión, esto pone en duda la credibilidad del gran número de diputados de este Parlamento que consideraron necesario ir a Irak porque el propio Parlamento no quería enviar una delegación oficial. 
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Barón Crespo en que el asesinato no es ninguna solución para los conflictos políticos. 
Por eso fuimos a Irak muchos de nosotros. 
Creemos que el asesinato no es una solución para los conflictos políticos y que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano por conseguir un acuerdo político. 
Resulta chocante oírle a usted, como Presidente de este Parlamento, criticarnos en los medios de comunicación y poner en duda nuestra credibilidad. 
Señor Presidente, esta parte del período parcial de sesiones se suele dedicar a enumerar todos los horrores que se cometen en el mundo: masacres, violaciones de los derechos humanos, torturas y violaciones, en general, de los principios más elementales de la vida civilizada. 
Hoy quisiera ir contracorriente y aplaudir un hecho que ha ocurrido, hace poco, en Mozambique. 
Un periodista llamado Carlos Cardoso fue asesinado en dicho país por denunciar a un grupo de individuos corruptos próximos al poder. 
Se pensaba que la justicia sería incapaz de condenar a los asesinos de Carlos Cardoso. No obstante, la justicia ha funcionado y sus asesinos han recibido duras penas. 
Esto significa que en Mozambique, donde hasta hace poco una guerra devastaba a un país y llevaba a la miseria a todo un pueblo, triunfa ahora la democracia y el Estado de derecho. 
Por eso, hay que apoyar y alentar a la justicia y a las autoridades mozambiqueñas. 
A continuación, señor Presidente, quisiera mencionar algo que ha sucedido aquí: se trata de la cuestión del terrorismo. 
Recuerdo las palabras de Fernando Savater- a quien nosotros concedimos aquí un premio- rememorando a Chateaubriand: «No conozco a nadie más cobarde, más servil y más despreciable que un terrorista» (o que aquellos que encubren a los terroristas, añadiría yo). 
Señor Presidente, quisiera llamar su atención sobre algo en lo que no existe igualdad entre los Estados miembros del Parlamento Europeo. 
El servicio de visitas del Parlamento es su tarjeta de presentación ante los ciudadanos. 
Cada Estado miembro debería contar con un funcionario, en este servicio, que hable la lengua del Estado miembro y pueda explicar a los visitantes el funcionamiento del Parlamento. 
El Parlamento acaba ahora de tomar la decisión de no disponer de un funcionario que hable finés. 
El finés será la única lengua no empleada por funcionario alguno para ofrecer explicaciones a los grupos de visitantes sobre la labor del Parlamento. 
A mi modo de ver, esto constituye una discriminación contra un Estado miembro y una lengua. 
Va en contra de los intereses del Parlamento que todas las lenguas no reciban la misma consideración y que de una de ellas se encargue un ayudante temporal, en lugar de contar con funcionario que explique a los visitantes lo que ocurre en el Parlamento. 
Confío en que pueda hacer algo al respecto y que el finés reciba el mismo trato que las demás lenguas. 
Déjeme comprobar los detalles y le haré llegar los resultados de mis averiguaciones. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, decenas de miles de personas de toda Europa y de todo el mundo libre, incluidos los Estados Unidos, tomarán las calles el próximo sábado en protesta contra la guerra que se propone en Irak. 
Es importante que no dejemos pasar este día sin reconocer la iniciativa tomada por Alemania, Francia y Bélgica de proponer que prosiga la intervención de las Naciones Unidas en Irak para consolidar la búsqueda de armas de destrucción masiva en ese país. 
Los ciudadanos de Europa saben que no están protestando contra los Estados Unidos, sino contra el Presidente Bush y contra la guerra. 
Es muy importante que no dejemos pasar el día de hoy sin haber saludado esa iniciativa. 
Señor Presidente, los líderes de los Estados Unidos de América y del Reino Unido (por desgracia, con la connivencia de muchos, si no todos, los Gobiernos de los países miembros de la OTAN y de la Unión Europea) están muy cerca de llevar a cabo un ataque total contra el pueblo iraquí, cuyas consecuencias serían incalculables tanto para ellos como para el resto del mundo. 
Para justificar su ataque, han remitido pruebas insustanciales y obsoletas a la ONU, proporcionadas por el departamento de la CIA que responde al nombre de «nosotros somos la prueba» o tomadas de tesis doctorales o de conversaciones telefónicas grabadas en la década de los noventa, como admitió ante la prensa, hace unos días, el embajador estadounidense en Grecia. 
Es su excusa para cometer un terrible crimen contra el pueblo iraquí, que tanto ha sufrido, y que, como tuve la oportunidad de comprobar con mis propios ojos la semana pasada, ha pagado un precio muy alto durante los últimos 12 años, a causa de los bombardeos de 1991, el embargo y la dictadura tiránica de Sadam Husein. 
Hablamos en nombre de la gran mayoría de nuestros ciudadanos, que se manifiestan, día tras día, en las calles, al decir lo siguiente: ¡No a la guerra y al embargo contra Iraq! 
¡Un respeto al derecho del pueblo iraquí a determinar su propio futuro! 
¡Basta de utilizar a la ONU para hacer lícito el uso de la fuerza! 
Este crimen se puede evitar. 
El problema es si el Parlamento Europeo abandonará su planteamiento indulgente a lo Poncio Pilatos y expresará claramente su rechazo a esta guerra criminal. 
Señor Presidente, como integrante de la delegación no oficial en Iraq, pude trasladarme, junto con tres colegas, a la parte norte del país, a Majmur, que se encuentra bajo soberanía iraquí, cerca de la zona autónoma kurda. 
Debido a su apoyo al PKK por aquella época, no pudieron hallar refugio en la zona autónoma y, en caso de guerra, serán probablemente las primeras víctimas. 
Por este motivo, desean volver a su hogar, a sus montañas de Turquía. 
Quisiera pedir al Parlamento, y a usted personalmente, señor Presidente, que escriba a las autoridades turcas para solicitarles que readmitan a estas personas cuyo pueblo fue destruido hace más de diez años. 
Quieren volver a casa, y serán las primeras víctimas si no lo logran. 
Por ello, creo que esta petición está plenamente justificada. 
Le ruego que facilite todos los detalles sobre ese asunto a mi oficina. 
Señor Presidente, no tenía la intención de pedir hoy la palabra. 
La libertad política implica permitir que se expresen opiniones que nos parecen desagradables. 
Hoy, observo que hay oradores que no están dispuestos a escuchar a un diputado decir lo que sus electores esperan de él. 
Creo que el Sr. Gorostiaga ha sido elegido para mostrar que hay una manera distinta de ver las cosas con respecto al País Vasco, y eso es lo que está haciendo, nos guste o no. 
Quisiera añadir que no le he oído incitar al asesinato, algo que marca una línea que nadie debe cruzar, pero sí que pido tolerancia para opiniones divergentes con las que no estemos de acuerdo. 
Sólo así podrá funcionar adecuadamente el Parlamento. 
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, dos diputados han suscitado la cuestión de los comentarios que le atribuyen periódicos tanto irlandeses como daneses. 
Usted ha afirmado que esos comentarios no reflejan la verdad. Nos ha recomendado que nos pongamos en contacto con el redactor del periódico irlandés en cuestión. 
Sé por experiencia propia que el Independent Newspaper Group, en el que aparecieron esos comentarios, no acepta aclaraciones ni rectificaciones de quienes no estamos de acuerdo con su línea política. 
Por lo tanto, señor Presidente, ¿podría usted ponerse en contacto con los redactores correspondientes del Independent Newspaper Group y pedirles que publiquen una rectificación de los comentarios que hizo usted? 
No, no lo haré. 
Lo que publicaron como cita literal era correcto. 
El resto de lo que dicen, en calidad de opinión, no son mis palabras. 
Puedo asegurarle que lo que publicaron entre comillas es correcto, pero las palabras que se han utilizado aquí por uno de los diputados sobre que se les hubiera «engañado» no son palabras mías. 
No estoy dispuesto a tratar este asunto en estos términos 
(Sr. De Rossa: «Es una petición de aclaración») 
No, no es una cuestión para tratar en el pleno. 
Puede usted tratarlo conmigo en privado. 
No soy responsable de las cosas que no son citas. 
(Sr. De Rossa: «Es responsabilidad suya... ») 
No voy a aceptar ninguna responsabilidad por algo que no es una cita mía. 
Aquí acaba la cuestión en lo que a mí respecta. 
(Sr. De Rossa: «Seguiré adelante con este asunto») 
Hágalo si lo desea, pero no voy a perder el tiempo con eso. 
Vuelvo a pedir disculpas a los colegas que estaban en la lista de intervenciones, pero hemos agotado el tiempo asignado. Este punto queda cerrado. 
En nombre del Parlamento, doy la bienvenida a nuestra tribuna oficial a la Comisión de Política Energética del Parlamento danés, el Folketing, y a su presidenta, la Sra. Madsen. 
Nos complace verles aquí. 
Espero que sus reuniones y el tiempo que pasen con nosotros en Estrasburgo sean productivos. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre el Foro Mundial Económico (Davos) y el Foro Mundial Social (Porto Alegre). 
Señor Presidente, el debate que ha incluido usted en el orden del día de hoy sobre el Foro Económico Mundial y el Foro Social Mundial me ofrece la oportunidad de compartir con ustedes, en nombre de la Comisión, algunos pensamientos sobre esos dos acontecimientos que tuvieron lugar recientemente en Davos y en Porto Alegre, respectivamente. 
Y digo pensamientos en lugar de observaciones, porque no participé personalmente en ninguno de los dos acontecimientos, debido a que tenía programado un viaje a otro lugar de Brasil para reunirnos con el nuevo presidente brasileño y su gobierno. 
Se han exagerado mucho las dos visiones opuestas de la globalización que supuestamente caracterizan a estos dos foros. 
Sin embargo, estos dos acontecimientos tienen mucho en común. 
En primer lugar, ambos se crearon como centros de pensamiento y centros de influencia. 
Ambos se crearon también progresivamente para influir en el desarrollo económico y político mundial. 
Por último, ambos son también productos de la globalización que alimentan, a pesar de que sus opiniones sobre lo que es y debería ser la globalización difieran. 
Además, esas diferencias no sólo existen entre ambos foros, sino también dentro de cada uno de ellos. 
Por lo tanto, los miembros de la Comisión creemos que sería un error analizar estos dos acontecimientos desde el único punto de vista de sus diferencias, su oposición o su confrontación. 
También es interesante advertir que los principales temas de ambos acontecimientos tienen algo en común. 
En el Foro Social Mundial, por ejemplo, los debates se centraron en el orden democrático mundial, el antimilitarismo y la promoción de la paz. 
El primer tema que se debatió en Davos fue «la seguridad y la geopolítica». 
El debate de Porto Alegre sobre lo que allí se describieron como principios, valores, derechos humanos, diversidad e igualdad de derechos no es del todo ajeno a lo que en Davos se denominó un debate sobre la confianza y los valores. 
Por consiguiente, aunque los términos utilizados sean distintos, hay un cierto grado de convergencia entre estos dos acontecimientos en lo que se refiere a la naturaleza de un buen número de problemas que afectan a nuestro mundo. 
Yo añadiría que este año, incluso algunas personas han sido recibidas calurosamente en ambos foros. 
Me refiero concretamente al nuevo Presidente de Brasil, D. Lula da Silva. 
El Foro Económico Mundial de Davos sigue atrayendo claramente a una elite internacional, principalmente del mundo de los negocios, pero también de la política, los medios de comunicación, las ONG a partir de ahora, las universidades y grupos religiosos. 
En términos cuantitativos, estamos hablando de 2 000 participantes, obviamente muchos menos que las 100 000 personas presentes en Porto Alegre, que atrajo a cinco veces más participantes que la última vez en que se celebró el Foro, en 2001. 
Como líderes políticos, no podemos dejar de tomar en serio una expresión de la opinión pública de esta magnitud. 
En mi opinión, esta expresión refleja un profundo sentimiento de desposeimiento que siente un número significativo de ciudadanos de todos los países del mundo ante el proceso de globalización. 
Detrás de este movimiento hay un claro mensaje: los ciudadanos nos están diciendo que no quieren sufrir la globalización. 
Quieren que se regule, que se controle, que se supervise, que se domine. 
Quieren que la globalización sea un proyecto que integre, en lugar de dividir, a todo el planeta. 
¿Qué es esta globalización de la que hemos hablado tanto otra vez este año en Porto Alegre y en Davos? 
En primer lugar, la globalización no es un proyecto, es un movimiento, es el producto de la convergencia de procesos tecnológicos, económicos y políticos, cuyo camino se está trazando más y más claramente ante nuestros ojos. 
No creo que haya una conspiración detrás de la globalización. Hay una lógica que es la que domina nuestro mundo: el capitalismo de mercado. 
La inestabilidad y las injusticias que se condenaron tanto en Davos como en Porto Alegre son una de las consecuencias de la eficacia de ese capitalismo de mercado. 
A falta de una regulación mundial y políticas internas suficientes, estas injusticias, esta inestabilidad, esta imposibilidad de predecir el futuro están aumentando, incrementando las desigualdades y ampliando, en varios casos, la división norte-sur, mientras siguen amenazando al medio ambiente. 
A este respecto, nuestro punto de vista en la Comisión es claro. 
A aquéllos, en cualquiera de los bandos, que querrían que escogiéramos entre el crecimiento y la justicia, les responderíamos que nos negamos a escoger entre el crecimiento y la justicia, o la justicia y el crecimiento. 
Necesitamos las dos cosas. 
Debemos aceptar la globalización del mercado, porque crea un enorme potencial de desarrollo. 
Sin embargo, también debemos dotarla de un marco normativo mundial para garantizar que este desarrollo sea más justo y más sostenible que en la actualidad. 
Desde ese punto de vista, la negociación multilateral iniciada en Doha en noviembre de 2001, en el seno de la OMC, está en consonancia con este objetivo doble de abrir los mercados, por una parte, e imponer normas e integrar a los países del sur, por la otra, garantizando al mismo tiempo un mayor acceso de esos países a los países del norte según el grado de tratamiento preferente. 
De esta forma, esta regulación mundial es la síntesis de lo que intentamos conseguir en Porto Alegre y en Davos. 
Esta síntesis es complicada y dolorosa. Se está tardando bastante en conseguirla por dos razones, como mínimo. 
La primera es que está teniendo que enfrentarse a poderosos intereses, como ha demostrado la batalla que ha tenido lugar en Ginebra sobre el acceso de los países en vías de desarrollo a productos medicinales esenciales, que debatiremos más adelante. 
La segunda es que esa regulación implica, si hacemos las cosas bien, una convergencia de preferencias conjuntas sobre asuntos como el medio ambiente, la salud, los derechos de los trabajadores, el lugar de los servicios públicos y la diversidad cultural. 
Sabemos que, dentro del propio Parlamento, cuando se trata este tema los debates son encendidos en ocasiones. 
Por lo tanto, es fácil de entender que abordar estos asuntos para conseguir un acuerdo internacional va a ser, naturalmente, un proyecto a largo plazo. 
Es una tarea para organizaciones como la Organización Mundial del Trabajo, la FAO, la OMC y diversos organismos de normalización de los campos del medio ambiente, la salud y la diversidad cultural, que deberán reconciliar el libre comercio con el respeto por unas normas mínimas. 
Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el sistema multilateral se desarrolla, refuerza y construye más sólidamente, de modo que permita que los países se adapten al capitalismo de mercado cada uno de una forma. 
De esta forma, los países en vías de desarrollo podrían aplicar estrategias eficaces y heterodoxas para recuperar el terreno perdido con los demás países, mientras que nosotros, los países con economías más avanzadas, podríamos avanzar más rápidamente por el camino que lleva a la justicia social y la protección del medio ambiente. 
Creo que ése es el mensaje que nos ha llegado a los europeos este año, tanto de Porto Alegre como de Davos. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, el Foro Económico Mundial se reunió en Suiza y el Foro Social Mundial se celebró en Brasil. 
Me pregunto por qué se reunieron en paralelo y a miles de kilómetros de distancia, en lugar de hacerlo juntos. 
El debate de hoy en el Parlamento Europeo, con un debate conjunto sobre ambos foros, es un buen ejemplo, puesto que estos dos temas no tienen por qué estar en contradicción el uno con el otro. 
Si queremos aprovechar las oportunidades que la globalización pone a nuestra disposición y reducir al mínimo sus riesgos, hemos de estar preparados para pensar de una forma integrada, en lugar de intentar marcarnos tantos unos a otros. 
Este enfoque combinado está en consonancia con la economía de mercado responsable desde el punto de vista ecológico, que es nuestro modelo de orden político. 
Estamos a favor del mercado, pero el mercado tiene sus límites en la responsabilidad social y la sostenibilidad medioambiental. 
Este debate conjunto es acorde con las estrategias que formulamos en Lisboa y Barcelona, y con nuestro principio de que las empresas crean trabajo y de que todo lo que crea trabajo es asunto de la sociedad. 
En su discurso de cierre, Kofi Annan, el Secretario General de las Naciones Unidas, pidió una guerra contra la pobreza. 
Compartimos la creencia de que la globalización debe llevar aparejados grandes esfuerzos en la lucha contra la pobreza. 
Por lo tanto, nuestra resolución refuerza nuestro apoyo a los objetivos de la declaración del milenio de guerra contra la pobreza de las Naciones Unidas y solicita a la Comisión que nos presente un informe anual sobre los progresos que se han realizado en todo el mundo en la guerra contra la pobreza y qué aportación hemos hecho a los mismos. 
Cada vez estamos más cerca unos de otros. 
Las fronteras estatales, los husos horarios, la distancia y el tamaño nos dividen cada vez menos según va pasando el tiempo Cada vez dependemos más unos de otros. 
Tenemos una responsabilidad aún más grande los unos con los otros en términos mundiales. 
Cuando los demás reciben un golpe, nos afecta. 
La globalización se está produciendo, y lo importante es que aprovechemos las oportunidades que nos ofrece y minimicemos sus riesgos en ambos hemisferios. 
Es ahí donde necesitamos que Europa tenga cada vez más influencia en la escena mundial. 
Necesitamos un orden económico y social mundial más justo. 
Las cuestiones relativas al orden social y económico mundial son cuestiones de política interna europea, de la misma forma que la política europea forma parte de la política interna de cada país. 
Necesitamos que Europa sea más fuerte y esté más decidida. 
Nuestro continente tiene una respuesta a la globalización en todo el mundo y esa respuesta es Europa. 
Tenemos que hacer nuestros deberes nosotros mismos. 
La estrategia de Lisboa es el camino correcto hacia delante, pero tenemos que pasar de sus grandilocuentes objetivos a la definición de objetivos concretos, fijando calendarios y responsabilidades. 
Debemos encontrar, también en nuestro continente, un lugar para nuestros objetivos comunes en todos los programas de gobierno y de trabajo. 
Por eso recalcamos el hecho de que el potencial del mercado interior todavía no se ha agotado, que las tasas de desempleo son demasiado elevadas y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para reducirlas en Europa como en cualquier otro sitio. 
Solicitamos al Consejo que exija a todos y cada uno de los Estados miembros que lleven a cabo reformas presupuestarias y económicas con arreglo a las directrices recomendadas por el Consejo ECOFIN. 
Lisboa y el mercado interior son las herramientas que necesitamos para responder a la globalización y para cumplir con nuestras obligaciones con el mundo en su conjunto. 
Señor Presidente, a la afirmación que constituye ya el leit motiv o lema de Puerto Alegre, "Otro mundo es posible", cabría añadirle la cuestión de si el mundo, en sus tendencias actuales, sin cambios y reformas ante la globalización, podrá desarrollarse de forma pacífica. 
Los acontecimientos de estos últimos meses no incitan precisamente al optimismo en este sentido. 
Del mismo modo que el mantra estratégico de la Guerra Fría fue la disuasión, es decir, la mutua amenaza de destrucción recíproca, ahora parece surgir en un marco plural y contradictorio la afirmación de que el concepto dominante debe ser, ante un mundo perturbado y peligroso, un mundo cada vez más inseguro, el concepto de la prevención. 
Sin embargo, estamos asistiendo a una confrontación creciente, cada vez más visible, sobre qué pueden ser unas políticas eficaces de prevención. 
Por un lado, vemos la respuesta de una globalización desarrollada por el capitalismo de mercado desregulado, el liderazgo unilateral de los más fuertes y la nueva doctrina de la acción militar preventiva, disuasiva, con coaliciones ad hoc. 
Por otro lado, vemos sectores cada más amplios, con posiciones ideológicas muy confrontadas, pero que pueden coincidir en que, ante el mundo de la globalización, la respuesta debe ser una política multilateral de reglas democráticas, de reformas globales y de paz, en particular ante la amenaza del terrorismo, afirmando que lo que hay que hacer fundamentalmente es secar los yacimientos de odio y de humillación en el mundo. 
Creo, señor Presidente, queridos colegas, que, ante este surgimiento de una opinión pública mundial que reclama reformas en la globalización, necesitamos una visión realista, consensos reformadores amplios e iniciativas concretas y financiables. 
Europa tiene un interés vital en este asunto. 
Debe ejercer una influencia mundial y tomar plena conciencia de sus responsabilidades globales. 
Su razón de ser original fue la paz, después de las guerras devastadoras del siglo XX. Ha sido durante estos últimos cincuenta años, tal vez, la primera respuesta supranacional eficaz ante los retos de la globalización. 
Para proseguir este desarrollo, es necesario que se afirme como global-player, con una política exterior más unida y más potente, a pesar de todas las dificultades actuales, porque en estos movimientos, en esta sociedad civil global, existe una demanda creciente de Europa, de Europa unida, que no debemos frustrar. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, quisiera empezar diciendo cuán satisfecho estoy de que estos dos foros mundiales se hayan celebrado sin violencia; hemos tenido foros muy distintos en el pasado. 
Quisiera exponer algunos puntos en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
La primera es que sigue habiendo una persistente pobreza a gran escala en los países en vías de desarrollo, a pesar de todos los compromisos hechos por el mundo desarrollado para reducir a la mitad la pobreza para 2015, y nuestros progresos hacia ese fin han llegado a su fin. 
Tal y como yo lo veo, ésa es otra área en la que hay un papel importante para el sector privado. 
No se trata de que las principales empresas internacionales trasladen siempre su producción a los países en los que se pagan los salarios más bajos con el fin de reducir sus costes de producción. Se trata de que intenten conscientemente asociarse con empresas y organizaciones locales. 
Invirtiendo en el comercio y la industria locales, asegurándose de que prestan unos buenos servicios sociales a sus empleados y de que los hombres y las mujeres reciben sueldos justos, pueden hacer una gran aportación a la lucha contra la pobreza. 
La responsabilidad social de las empresas no es sólo un término magnífico, sino que también tiene una importancia fundamental. 
Como es lógico, debe ejercitarse de una forma completamente voluntaria y de abajo hacia arriba. 
Por lo tanto, quiero pedir también a las empresas que sean tan socialmente responsables cuando hagan inversiones como les sea posible. 
Lo ideal es que las empresas apliquen esto en todos los ámbitos políticos a escala nacional. 
Un segundo aspecto que quiero mencionar tiene que ver con la importancia de la educación en la lucha contra la pobreza. 
También en este campo el sector privado puede hacer su aportación. 
Utilizando deliberadamente sus conocimientos técnicos para apoyar la formación profesional local, este sector puede dar a las personas una mejor educación. 
A largo plazo, esto también será beneficioso para su propia política de personal. 
Al decir esto, no quiero, por supuesto, minusvalorar el papel de los gobiernos nacionales de los países en desarrollo y de la comunidad internacional. 
Siempre es preciso alimentar y promover los derechos humanos. 
Uno de esos derechos es el derecho a unas buenas condiciones de trabajo, así como a la democracia y una buena gestión, de lo que son responsables los propios gobiernos nacionales de los países en vías de desarrollo; deben tomar medidas por sí mismos, aunque los países desarrollados puedan ayudarles. 
Mediante políticas constructivas en sus propios países, en las que tienen un importante papel el medio ambiente y la libertad de acceso de todos a todos los servicios básicos, como el agua y la tierra, pueden contribuir también a extender la prosperidad de una forma justa. 
Esperemos que el resultado de ambos foros sea que se tengan en cuenta estos aspectos, y es posible que entonces tengamos más posibilidades de reducir la pobreza, si no en un 50% para 2015, sí por lo menos en un porcentaje no muy distinto de ese objetivo. 
Señor Presidente, tuve la oportunidad de estar en Porto Alegre y desde luego puedo confirmar el gran número de participantes, los diversos orígenes regionales de esos participantes y de las organizaciones a las que representaban y también la riqueza de los debates y de las propuestas y conclusiones elaboradas y aprobadas durante los trabajos allí realizados sobre los principales temas fijados por el Foro Social Mundial, en una expresión sin precedentes de los movimientos sociales y, en general, de la sociedad civil mundial. 
Como dijo bastante acertadamente el Secretario General de las Naciones Unidas, estos factores confirmaron que este acontecimiento es, sobre todo, un hito crucial e innegable en la búsqueda de soluciones a los enormes retos a los que se enfrenta la humanidad en diversos ámbitos y también en la creación de una alternativa real al modelo neoliberal. 
Celebrado una vez más en Brasil, pero en esta ocasión coincidiendo con la elección y toma de posesión del Presidente Lula da Silva como Presidente de ese país, y dado que él fue uno de los principales impulsores del Foro Social Mundial, este acontecimiento estuvo, como es lógico, influenciado por esos factores y por lo que hoy representan de nuevas y más prometedoras perspectivas de futuro, sobre todo demostrando una nueva actitud que constituye una clara ruptura con el status quo que ha prevalecido durante los últimos tiempos. 
La necesidad de establecer un nuevo orden mundial de progreso y de paz, proclamada por el Presidente Lula da Silva en Porto Alegre y también en Davos, fue, como es lógico, el tema central de Porto Alegre y probablemente constituye el mayor reto al que nos enfrentamos en la actualidad. 
Como consecuencia, y como quedó claro en este foro, es preciso dar a las Naciones Unidas un nuevo impulso y un nuevo perfil. También es esencial realizar una profunda reforma y un reajuste de los métodos y directrices básicos, sobre todo de algunos de los instrumentos clave del actual orden mundial, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. 
No obstante, en un momento en el que se está planificando una absurda intervención estadounidense en Iraq, el Foro Social Mundial fue capaz, claramente y en consonancia con el deseo de la amplia mayoría de la opinión pública, de afirmar inequívocamente su rechazo a esa guerra. 
Por lo tanto, Porto Alegre no fue, ni con mucha imaginación, un mero contrapunto crítico a Davos. 
En sus tres ediciones se ha constituido como un pilar fundamental de la construcción de una alternativa real al modelo neoliberal que Davos representa en términos generales. 
Este modelo está intrínsecamente ligado a las situaciones de injusticia social, iniquidad, división y crisis que presenciamos actualmente. 
Por esta razón, y mientras Porto Alegre crece y es aceptado, Davos, que es extremadamente elitista, es cada vez más redundante y se ve atrapado en las contradicciones inherentes al modelo que propugna y en los efectos perjudiciales del mismo. 
En Davos se buscaron soluciones para estas crisis, pero sin éxito, porque las causas subyacentes de la crisis no se tuvieron en cuenta, y mucho menos se analizaron. 
La atención se centró en el crecimiento económico, pero se pasó por alto la importancia de una distribución equitativa de la riqueza que ese crecimiento debería generar. Lo que se omitió fundamentalmente fueron los perjudiciales efectos que la primacía del mercado causa, sobre todo en lo tocante a la ampliación de la división norte-sur, el incremento de la pobreza en el mundo y la degradación del medio ambiente. 
Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que el discurso del Presidente Lula da Silva en Davos causara tantos murmullos. 
Espero que en el futuro tenga mucha más repercusión. 
De hecho, diría que la Unión Europea puede y debe contribuir a garantizar que la tenga. 
Señor Presidente, ésta ha sido la última vez en que el Foro Social Mundial de Porto Alegre y el Foro Económico Mundial se celebran el mismo día. 
El Foro de Porto Alegre se celebró con el telón de fondo de la activa oposición y las protestas contra la posible guerra con Iraq, y el Foro Económico Mundial de Davos debatió el futuro del mundo en un ambiente que un comentarista muy autorizado describió como más lamentable que nunca. 
Creo que, desde este punto de vista, es muy significativo que el diálogo, que hasta ahora no se había producido entre estos dos acontecimientos, estuviera representado por el Presidente brasileño, Lula da Silva, que defendió en ambos foros la necesidad de llevar a cabo una gran reforma estructural- el tipo de reforma que se ha comprometido a realizar en su propio país- del sistema económico mundial, condenando con entusiasmo el vacío principio del libre comercio a toda costa, que sólo se aplica realmente a los países pobres, dado que los países ricos pueden permitirse adoptar medidas proteccionistas cuando y como les conviene. 
Especialmente para todos lo que creen firmemente que el papel de la Unión en la escena internacional no es ser un mero vasallo, sino intentar conseguir la globalización democrática, es evidente que la elección del Presidente Lula da Silva y su gobierno es motivo de esperanza y causa enormes expectativas, como seguramente pudo apreciar usted, Comisario Lamy, dado que estuvo en Brasil los días siguientes a Porto Alegre. 
En Porto Alegre, los movimientos confirmaron que su misión es ser una especie de avanzadilla de una atenta y activa opinión pública mundial, y esto quedó bastante claro, sobre todo a los 700 diputados que estuvieron presentes y que acordaron una agenda que creo que merece la pena mencionar aquí. 
En primer lugar, una activa oposición a la guerra: cuatro diputados del Parlamento brasileño participaron en la muy criticada delegación a Iraq, y hubo un amplio apoyo a las iniciativas para abrir debates parlamentarios en todo el mundo, además de a las manifestaciones que tendrán lugar el 15 de febrero. 
Sin embargo, el reto que consideramos especialmente importante para nuestra institución y para la Unión Europea es la conferencia de Cancún y la reforma de las instituciones financieras internacionales. 
A este respecto, y al contrario que en lo tocante a Iraq, Europa tiene cierta influencia y usted, Comisario Lamy, la representa con gran autoridad. 
Europa puede marcar la diferencia. 
Lo que le pedimos es sencillo pero importante: transparencia, sobre todo hacia el Parlamento, en lo relativo a las negociaciones que usted lleve a cabo, y la posibilidad de un debate abierto, como mínimo sobre las decisiones básicas sobre inversiones, agricultura y la liberalización de servicios. 
No hay ninguna necesidad de asustarse de esto. 
Hemos de tener el valor necesario para mantener posiciones que en ocasiones son incómodas, pero que pueden dejar claro que la Unión Europea no sigue a ciegas a los Estados Unidos, sino que se toma en serio su responsabilidad hacia el mundo. 
Por ejemplo, Comisario, le rogamos que no dé marcha atrás en los acuerdos a los que se comprometió en Doha sobre medicamentos y los ADPIC. 
Señor Presidente, Comisario, no voy a repetir lo que ya he dicho antes sobre la cuestión de la globalización y el llamado modelo neoliberal. 
Voy a intentar ir al grano. La cuestión es que lo que podemos hacer, lo que Europa puede hacer para responder a las muchas demandas, sin duda justas, es luchar en un frente concreto, el frente abierto más sensible, en defensa de las relaciones norte-sur y liberar, o crear unas condiciones que permitan liberar, a cientos de millones de personas del hambre y la pobreza. 
Debemos luchar en el frente del proteccionismo, empezando con los eslóganes, con las muchas cosas que se han dicho en este debate. 
Cuando decimos que los ricos pueden permitirse ser proteccionistas en cualquier caso, estamos diciendo algo que es innegablemente cierto, pero vimos en Doha que, para los países ricos, el proteccionismo significa incluir cláusulas sociales, cláusulas medioambientales, hablar sobre seguridad de los alimentos y utilizar esos instrumentos- como nos reprocharon en Doha Indonesia, Brasil e India- como medidas proteccionistas. 
«No nos regalen leche. No nos regalen sus productos agrícolas, por favor, porque si ustedes nos regalan leche, nos regalan trigo, es una competencia desleal con los agricultores peruanos [... ] 
Practiquen lo que nos piden que nosotros hagamos: abran sus mercados [... ] 
Abran sus mercados [... ] comercio es trabajo. 
Si nosotros no podemos colocar nuestros productos vamos a tener más mujeres y hombres desempleados.» 
Éstas fueron las palabras que el Presidente peruano, el Sr. Toledo, nos dirigió hace un mes y medio o dos meses en una sesión formal en esta Cámara. 
A este respecto, quisiera aprovechar la presencia del Comisario Lamy para decir que las modalidades de la ronda comercial de agricultura post-Doha presentadas por la Unión Europea no van lo suficientemente lejos. 
Debemos ser más valientes. 
No podemos seguir dejando que los Estados Unidos se lleven todos los premios por la liberalización real de los mercados agrícolas. 
Los Estados Unidos aprobaron su ley agrícola (Farm Bill) la pasada primavera, dando un pésimo ejemplo de proteccionismo y subvenciones agrícolas- como habían hecho con respecto al comercio- con respecto a su mercado interior, pero en el área del comercio exterior han presentado una propuesta que va mucho más allá que la propuesta europea. 
Creo que, a este respecto- si todo lo que estamos diciendo es verdad, si toda la atención que decimos prestar a los países en vías de desarrollo cuando otros no lo hacen es cierta- Europa debe ser mucho más valiente. 
Se trata de una decisión política práctica que hemos de tomar, sabiendo que ir contra el proteccionismo tiene su precio. 
No todos están de acuerdo en que éstos sean unos principios correctos: nos enfrentaremos a la oposición de los lobbies textiles y agrícolas. 
¿Tenemos la valentía necesaria para hacerlo o no? 
Señor Presidente, agradezco al Comisario Lamy su interesante introducción a este debate. 
En primer lugar, creo que, mientras continúe la crisis de Iraq, es difícil hablar de estos dos foros y del debate sobre la globalización como tal. 
Si no conseguimos encontrar una solución constructiva para esta crisis, preferiblemente una solución no violenta, creo que nuestro debate sobre la globalización y los intentos de encontrar soluciones constructivas para una serie de problemas constitutivos se verán perjudicados durante mucho tiempo. 
Este debate se viene produciendo desde hace sólo unos diez años. 
Me entretuve el otro día buscando la palabra «globalización» en un diccionario de principios de los años 90 y ni siquiera aparecía, así que estamos ante un debate relativamente nuevo. 
No obstante, podemos ver cómo avanza en distintas fases. 
Lo que yo considero que es el mensaje tanto de Davos como de Porto Alegre es que lo que tenemos ante nosotros es algo increíblemente importante e interesante: intentar definir más claramente las normas y el marco en el que debemos vivir durante el futuro. 
No se trata de estar a favor o en contra de la economía de mercado. 
Se trata, más bien, de qué normas y qué marcos se deben aplicar a la economía de mercado que se ha extendido por todo el mundo. 
Es obvio que en estos momentos hay varias deficiencias y varios problemas. 
Permítanme que me refiera a un par de cuestiones. 
En primer lugar, la pobreza y la situación de los países más pobres. 
Es difícil imaginar cómo van a poder sostenerse muchos de los países más pobres en la actualidad en la economía cada vez más orientada al conocimiento que se está desarrollando. 
El comercio es importante, por supuesto. 
Estoy de acuerdo en que podemos hacer mucho para facilitar las cosas a los países más pobres, sobre todo en los sectores agrícola y textil. 
Eso es algo que también debemos hacer, pero en el caso de países que prácticamente sólo pueden ofrecer materias primas al mercado, es difícil imaginar que puedan dotarse de unos cimientos estables a largo plazo si no les ayudamos, de una forma bastante distinta, a desarrollar y ampliar su capacidad. 
Factores tan básicos en el proceso como la investigación y las instituciones de investigación tienen un importante papel en la formación y el desarrollo del comercio y la industria. 
Tal y como funciona actualmente el sistema comercial, con varios países que dependen por completo de las materias primas, cuyo precio ha caído además, la situación está empezando a parecer un combate de boxeo entre un peso pesado y un peso ligero. 
Creo que debemos adoptar una estrategia bastante distinta y mucho más generosa en lo tocante a la capacidad. 
Una segunda cuestión que quiero abordar es el conjunto de problemas relacionados con el medio ambiente. 
Ya en la Conferencia de Río se dijo que las actuales pautas de producción y consumo no son sostenibles en un mundo con seis, siete o incluso ocho mil millones de personas viviendo aproximadamente a nuestro nivel. 
Por supuesto, la solución no es frenar el desarrollo de los países pobres, sino desarrollar tecnologías completamente nuevas. 
Señor Comisario, me temo que estamos haciendo demasiado poco para intentar ayudar a promover el desarrollo tecnológico en los países pobres. 
Ésta es un área en la que podríamos hacer mucho más. 
No hay ninguna razón por la que, en la producción de energía, el transporte, los productos químicos, la agricultura y la gestión de residuos, todos esos países pobres deban pasar exactamente por las mismas fases por las que nosotros pasamos en nuestro propio desarrollo. 
Debe de ser posible impulsar el desarrollo tecnológico de una forma distinta, pero eso requeriría más ayuda especializada en este campo. 
Éstas son sólo un par de propuestas para enfocar un poco este debate sobre la globalización y su marco, sus normas y sus condiciones básicas. 
Para concluir, quisiera decir que Europa y la UE que se está desarrollando ahora mediante la Convención deben liderar este campo si queremos conseguir un desarrollo constructivo. 
Señor Presidente, Comisario, algunos de nosotros sí fuimos a Porto Alegre. 
Lo que vimos fue a miles de ciudadanos, sindicalistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y movimientos de mujeres debatiendo y presentando análisis y propuestas para cambiar la globalización, sus normas y sus instituciones. 
Desde ese punto de vista, Porto Alegre III ha dejado de ser la mera manifestación anti-Davos que fue Porto Alegre I. Éstos son ciudadanos que ponen en duda y rechazan la inevitabilidad de una globalización dedicada a incrementar la riqueza de los más ricos, a dejar a los pobres de lado y a destrozar el medio ambiente. 
Rechazan una globalización con instituciones y normas que se muestran fuertes e inflexibles cuando se trata de defender los intereses económicos y comerciales de los poderosos y sus empresas, pero débiles cuando se trata de defender los derechos sociales, el protocolo de Kioto o de luchar contra los paraísos fiscales. 
Por lo tanto, se trata de una propuesta muy legítima incluso según el criterio de los principios y valores de la Unión Europea. 
Por encima de todo, es un intento de imponer la solidaridad globalizada, o la globalización responsable. 
A este respecto, Comisario, no creo que podamos decir que hay que elegir entre crecimiento y justicia, en cuyo caso resulta lógicamente fácil para usted decir que la Comisión no los contrapone. 
Creo que la elección es, más bien, entre el crecimiento exclusivamente de los beneficios y la justicia, entre, por una parte, el crecimiento de las burbujas especulativas, la economía «estilo Enron» y, por otra, un crecimiento más redistributivo que tenga en cuenta la inclusión social: una economía al servicio de la humanidad. 
Es una elección entre la mercantilización de todas las actividades, todos los recursos naturales y los genes y el ideal del acceso de todas las personas a los bienes públicos del mundo, al agua, a la salud, a los productos medicinales, a la energía, a la educación y a los servicios públicos. 
Estas preocupaciones expresadas en Porto Alegre, a las que deberíamos añadir la cancelación de la deuda, la reforma de las instituciones internacionales y la resolución pacífica de los conflictos son, en principio, preocupaciones que la Unión Europea tiene presentes para su promoción en la escena internacional. 
Por lo tanto, es preciso que consideremos que este movimiento nos apoya en nuestros esfuerzos, puesto que de la misma forma que no podemos cambiar una sociedad en el ámbito nacional sin el apoyo de los movimientos sociales, no podemos transformar la globalización sin el apoyo de la sociedad civil mundial. 
Constituye una gran esperanza porque no está basada en personas que sólo se tengan en cuenta a sí mismas, su país, su grupo étnico o religioso, sino, muy al contrario, por personas que se preocupan por la creación de nuevas normas en el ámbito mundial. Por lo tanto, representa esperanza. 
Seguimos teniendo que estar a la altura de las cuestiones suscitadas por este movimiento en relación con la Unión Europea. 
En primer lugar, Europa se enorgullece con frecuencia de ser la entidad que da la mayor cantidad de ayuda al desarrollo (el 55% de todo el mundo). 
Eso es cierto pero, al mismo tiempo, nuestras subvenciones agrícolas arruinan la agricultura en los países del sur y, especialmente, a los pequeños agricultores. 
¿Qué vamos a hacer para cambiar eso, para promover la seguridad alimentaria y la autosuficiencia? 
En segundo lugar, la llegada de Lula da Silva al poder en Brasil ha generado muchas esperanzas, pero el FMI le impone un superávit presupuestario anual del 3,75 %. 
¿Qué vamos a hacer para aliviar el exagerado control del FMI sobre el Sr. da Silva? 
Somos parte del FMI. 
Además, tenemos más votos en esa institución que los Estados Unidos. 
En tercer lugar, en lo tocante a los servicios públicos, hay muchas protestas contra la privatización que impone el FMI en los países en vías de desarrollo. 
En la actualidad, a través de la OMC y el AGCS, estos países están viendo, lamentablemente, cómo la Unión Europea les pide que liberalicen el agua, los servicios postales e incluso la energía. 
Comisario, ¿va a cambiar usted, con el fin de responder a la sociedad civil mundial y a las esperanzas de los países del sur, las demandas de la Unión Europea, de forma que, en Cancún, podamos decir que Europa está verdaderamente al lado de los que quieren una forma distinta de globalización? 
El Foro Económico Mundial y el Foro Social Mundial se reunieron simultáneamente, lo que refleja la división entre las perspectivas que representan. 
Los lugares en los que se celebraron también son simbólicos: el Foro Económico se reunió en la estación de esquí de Davos y el Foro Social Mundial lo hizo en Porto Alegre, en medio de un continente en plena crisis económica. 
Sin embargo, a mi juicio, las opiniones no tienen por qué estar tan abiertamente divididas. 
Es injusto equiparar la globalización con un capitalismo internacional descontrolado que sólo beneficia a las multinacionales. 
Los que eran llamados anti-globalización lo han entendido y ahora se llaman a sí mismos «globalistas alternativos». 
Creo que la libertad de comercio en general sigue siendo la mejor garantía de crecimiento económico en todas las partes del mundo, incluidas las más pobres. 
La Unión Europea es el mejor ejemplo de esto. 
La plena integración económica de Europa mediante el mercado interior y la apertura de las fronteras interiores ya han hecho posible que vivamos en lo que actualmente es una de las partes más ricas del mundo. 
Es este modelo exclusivo de verdadera globalización lo que debemos exportar al mundo entero. 
Está claro que no podemos retroceder. 
Como Unión Europea, tenemos un importante papel en este debate. 
Debemos esforzarnos por reunir a los oradores de Davos y Porto Alegre para convencerles de que liberalizar el comercio mundial es una forma equitativa de mejorar las condiciones de vida y de proporcionar una mayor prosperidad a todo el mundo. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero hablar sobre algo que nos preocupa a todos: la cuestión de la guerra y de la paz, que se abordó en Davos y en Porto Alegre. 
En Davos, se debatió por los efectos en la situación económica de la guerra contra Iraq que los Estados Unidos y sus aliados han decidido llevar a cabo. 
Sin negar los desastrosos efectos sobre la economía mundial de las decisiones militaristas de George Bush, la cuestión central de las propuestas de Porto Alegre contra la guerra y a favor de la paz fueron los graves problemas políticos y humanitarios provocados por la agresión estadounidense. 
Nos encontramos en una situación en la que el capitalismo ultraliberal, que puede describirse como la dominación de la globalización por los Estados más poderosos y por enormes empresas multinacionales, está llevando al mundo hacia el desastre. 
Especialmente en estos momentos, estamos al borde de un desastre humanitario en Iraq, que causará la muerte de miles o de cientos de miles de personas de entre las más pobres y más necesitadas de la sociedad iraquí, sobre todo jóvenes, en el que Estados Unidos contará con la complicidad y la ayuda práctica de sus aliados europeos. 
Señor Presidente, debemos recordar que los gobiernos de los Estados Unidos y de algunos de los Estados miembros de la Unión, contra las creencias y las ideas de la mayoría de los ciudadanos europeos, están llegando a un punto en el que están poniendo en cuestión el modelo de integración política europea, que conlleva la conciencia de otra forma de globalización, que es más humana e igualitaria y que demuestra una mayor solidaridad. 
Los Estados Unidos quieren destruir incluso la idea de una Europa política constitucional con un papel independiente en el mundo. 
La otra cuestión que quiero comentar, señor Presidente, afecta al tráfico marítimo internacional y a la seguridad de nuestros mares y de nuestras comunidades costeras. 
El Foro Parlamentario Mundial presentó este problema como una de las principales preocupaciones de la escuela de pensamiento del «viejo mundo». 
La Unión Europea debe dar prioridad a resolver este problema, que actualmente afecta sobre todo a Galicia y a otros países europeos, desde el Estado español hasta Francia. 
El mar representa la propia vida. 
No podemos permitir que se apodere de él y lo contamine una forma avariciosa, irresponsable y corrupta de capitalismo que cuenta con la complicidad de algunos Estados miembros. 
Por lo tanto, espero que los Estados europeos y este Parlamento tomen las decisiones oportunas para evitar la destrucción del mar que nos da la vida y nos alimenta. 
Señor Presidente, Comisario, ¿dónde reside la verdad? 
No en Davos, que abraza sin crítica alguna la globalización, que se centra exclusivamente en el crecimiento económico, que concentra su atención en la creación de riqueza, que apoya la política exterior estadounidense y que actúa como portavoz de las corporaciones y los Estados. 
La verdad tampoco está, sin embargo, en Porto Alegre, que demoniza la globalización, que sólo está interesado en mejorar las políticas sociales y medioambientales, que se centra en modelos de redistribución de la riqueza, que se declara abiertamente antiamericano y que actúa como portavoz de ONG y sindicatos. 
Davos no tiene sentido sin Porto Alegre y lo mismo se puede decir de Porto Alegre sin Davos. 
Ambos se complementan y deben trabajar para reconciliar sus posturas. 
Esta reconciliación debe conseguirse ahora en Río de Janeiro, en Johanesburgo, en Lisboa y en Gotemburgo. 
Ante la globalización, que ha generado innegables ventajas económicas y tecnológicas, pero que también ha subrayado los visibles desequilibrios que existen en el mundo, no tiene mucho sentido proclamar su final, sobre todo porque es imparable. 
El reto es regular la globalización, adoptando como modelo a seguir el desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, creo que es importante, en primer lugar, tener políticas internacionales de desarrollo sostenible que evalúen los resultados sociales, medioambientales y económicos, como haremos en la próxima Cumbre de Primavera. 
En segundo lugar, debemos «poner más ecología» en la economía mundial. 
En la actualidad, producir de una forma «ecológica» no es lo suficientemente competitivo y consumir productos «ecológicos» sigue siendo un lujo. 
Debemos tomar medidas relativas a los precios incrementando los costes medioambientales de todos los productos. 
Esto supone suprimir políticas no sostenibles desde el punto de vista medioambiental, suprimir barreras comerciales, analizar los productos durante todo su ciclo vital y cambiar las normas de consumo y producción para garantizar que rompemos el vínculo existente entre el crecimiento económico y la degradación de recursos. 
En tercer lugar, es preciso dar un impulso al gobierno internacional reformando instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y las normas Bretton Woods, y creando nuevas instituciones como una Organización Mundial del Medio Ambiente. 
Un proyecto institucional es esencial si queremos poder poner las herramientas facilitadas por la globalización al servicio del crecimiento sostenible. 
Señor Presidente, Señorías, quisiera empezar felicitando al Parlamento Europeo por haber programado este debate sobre las posiciones divergentes, por no decir directamente contrarias, del Foro Económico de Davos y el Foro Social Mundial de Porto Alegre. 
He participado en ambos foros y sé de lo que hablo; en Davos, hace unos 20 años, cuando era Primer Ministro de Portugal y tuve que negociar duramente un préstamo del Fondo Monetario Internacional. 
En Porto Alegre he participado los dos últimos años como diputado del Parlamento Europeo. 
El último Foro Social, que tuvo lugar el pasado enero, fue especialmente significativo, como ya se ha dicho, por el número de participantes, unos 100 000, que llegaron de todo el mundo, así como por las cerca de 1 500 ONG y otras asociaciones cívicas que estuvieron presentes y, sobre todo, por la calidad de los discursos. 
De hecho, en Porto Alegre no sólo se celebró el Foro Social Mundial: también hubo otros foros como el Foro Mundial de Jueces, el Foro de Autoridades Locales, el Foro Mundial de la Educación, el Foro Mundial de Medios de Comunicación Independientes y el Foro Parlamentario Mundial. 
Este Foro Mundial de Porto Alegre dio lugar a un nuevo fenómeno sociológico: la ciudadanía mundial, que implica que las personas se unen en una red, libremente y sin importar sus partidos políticos o afiliaciones religiosas o seculares, para luchar, de una forma pacífica y ordenada, por los derechos y por lo que consideran justo. 
Es una forma de activismo cívico y participativo importante, que tendrá continuación en todos los continentes con la reunión de varios foros regionales, puesto que el próximo Foro Social Mundial se celebrará en la India. 
Este año asistió al Foro Mundial de Porto Alegre una personalidad única, el recientemente elegido Presidente de la República de Brasil, Luís Inácio «Lula» da Silva. 
En su muy coherente discurso ante una multitud de cientos de miles de personas, explicó al Foro por qué había aceptado la invitación a asistir, tras el Foro de Porto Alegre, al Foro Económico de Davos, algo que algunos de sus partidarios encontraban difícil de entender. 
Sin embargo, no era tan difícil de comprender: Lula explicó al público, formado por políticos, empresarios y expertos, reunido en Davos, y cito «que su guerra era distinta; era la guerra contra el hambre y la pobreza, por el acceso a una mejor educación, contra enfermedades y epidemias como el sida, no la guerra contra Iraq o la solicitud de tasas de crecimiento más elevadas a costa del desempleo y de una mayor pobreza». 
Curiosa y paradójicamente, su discurso, que fue el mismo en ambos foros, estuvo caracterizado por la sinceridad, y es posible que ésa sea la razón por la que fue tan aplaudido en Davos, considerablemente más que el de Colin Powell cuando defendió que la guerra contra Iraq era inevitable. 
Aunque defiendan intereses, las personas también tienen una conciencia y eso es lo que hace avanzar el mundo, aun en estos momentos tan complicados. 
Señor Presidente, Comisario, estoy encantada de ver que usted concede la misma importancia a Porto Alegre que a Davos. 
Los Verdes, como el Sr. Désir y algunos otros que estuvieron detrás del foro parlamentario de Porto Alegre, están encantados de oír que la globalización alternativa está empezando a tener eco entre ustedes. 
Creo que el Presidente Lula da Silva dio un paso en la dirección correcta, puesto que vino a presentar primero en Porto Alegre lo que iba a defender en Davos, es decir, la reconstrucción de un orden económico mundial más justo. 
Creo que este paso político democrático y social es un paso en la dirección correcta: la sociedad civil debería poder hablar antes que los que toman las decisiones en la economía mundial. 
El capitalismo de mercado no puede seguir siendo la forma predominante de política. 
Quisiera recodarles- aunque quizás sea un sofisma- que la democracia y la política suelen primar sobre las consideraciones económicas. 
Demostrar esto es esencial, porque también permitiría evitar una guerra preventiva como la que propone el gobierno Bush, que fundamentalmente está subordinada a las multinacionales que tienen una necesidad mucho mayor de petróleo que de ideas. 
Por último, esas mismas multinacionales quieren volver a apropiarse a toda costa del desarrollo sostenible y de los bienes comunes que pertenecen a toda la humanidad, como el agua, el aire y la energía. 
Sin embargo, me parece, Comisario, que en Cancún usted debería ayudarnos a defender nuestra idea de globalización. 
Es normal que nos preocupemos por las actuales negociaciones del AGCS, porque representan un riesgo bastante significativo, y es preciso que los Estados del sur sepan que les apoyamos con respecto al derecho de cada persona a disponer de alimentos, agua potable y aire respirable. 
Señor Presidente, Davos y Porto Alegre están en continentes distintos, pero en ambos foros los problemas mundiales se abordaron de una forma similar. 
Los recursos empresariales y la empresa, conjuntamente con los conocimientos técnicos, las habilidades y la legitimidad del resto de la sociedad civil pueden facilitar soluciones duraderas para los problemas generados por la globalización. 
Una vaca recibe en promedio en un país de la OCDE dos euros al día de ayudas estatales, mientras que más de 2 000 millones de personas viven con menos de dos euros al día. 
Más de 1 000 millones de personas tienen que sobrevivir con menos de un euro al día. 
Es una cantidad tan baja que no cumple siquiera los requisitos básicos de los derechos humanos y fundamentales internacionales. 
El derecho a la vida no puede separarse del derecho a los alimentos, al agua, a servicios sanitarios o a un trabajo, y el derecho a tener una opinión no puede separarse de los derechos básicos de una sociedad civilizada. 
Estos derechos constituyen la base de la economía. 
Los derechos humanos no son un lujo que podamos permitirnos sólo cuando la economía crece: son una condición previa para la viabilidad y estabilidad de las empresas. 
En Rusia, por ejemplo, las condiciones para las empresas no pueden mejorar significativamente sin ciertos ajustes fundamentales en la aplicación de los derechos humanos y de la ley. 
En la actualidad, en Rusia pueden solucionarse problemas informalmente utilizando leyes arbitrarias, no escritas y en permanente proceso de cambio, lo que sólo sirve para aumentar la corrupción. 
Por lo tanto, participar en la aplicación de los derechos humanos y fundamentales redunda también en interés de las empresas. 
Una forma de participar es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
Con arreglo a este programa propuesto por primera vez en Davos por el Secretario General Kofi Annan, las empresas se comprometen a cumplir nueve principios básicos muy sencillos en materia de derechos humanos, normas laborales y medio ambiente. 
También en la UE se ha promovido un marco para la responsabilidad social de las empresas, pero, junto a las acciones voluntarias, necesitamos legislación vinculante. 
Deberíamos exponer públicamente las empresas con actividades en la UE que, ya sea aquí o en otro lugar, han contribuido directa o indirectamente a violaciones de los derechos humanos y fundamentales, haciendo públicos sus nombres y avergonzándolas. 
Asimismo, deberíamos establecer sanciones apropiadas para las empresas que son culpables o han contribuido a violaciones de los derechos humanos y a la corrupción fuera de la UE. 
Las empresas tienen en último término una enorme influencia, con independencia de la comunidad, región o Estado en el que se encuentren. 
El día en que las empresas decidan realmente luchar contra la corrupción y las violaciones de los derechos humanos será el día en que la globalización significará algo bastante distinto de lo que significa en estos momentos. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, durante mucho tiempo se ha afirmado que el movimiento que comenzó en Seattle, para luego continuar tanto en Porto Alegre como en Florencia, era la expresión de una anti-globalización que era ineficaz en vista del supuesto modernismo eficaz de la economía liberal mundial, representada por el Foro Económico de Davos. 
Davos, donde se encuentran los miembros de la elite, frente a Porto Alegre, donde se reúne la opinión popular. 
Los hechos contradicen esa teoría. 
Mientras el Foro de Davos parece sentirse inseguro de sí mismo y estar a la defensiva, el movimiento social mundial, el de los ciudadanos, que se reúne en Porto Alegre, no duda en entrar en el mundo disfuncional de la elite de Davos, y la fuerza de sus propuestas procede de la fuerza pública civil. 
Ante el deterioro del medio ambiente, las ONG que participan en el foro proponen la internacionalización de la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible universal. 
Ante la explotación que con frecuencia se deriva de una economía de mercado sin restricciones, los sindicatos proponen la globalización de los derechos sociales, sobre todo mediante el respeto universal a los siete principios normativos laborales fundamentales estipulados por la OIT. 
Ante la unilateralidad y el retorno a la política de la guerra preventiva, el Foro Social Mundial propone la movilización política y social mundial a favor de la paz. 
Con respecto a las rondas de la OMC y el AGCS, el Foro Social perfila el territorio de los bienes públicos universales y los declara patrimonio mundial común: el agua, la salud, la energía y la cultura se incluyen así en la lista de derechos inalienables. 
Por último, ante la escandalosa desigualdad en lo relativo al hambre, en Porto Alegre se propuso aplicar una mejor redistribución de la riqueza, sobre todo mediante la cancelación de la deuda, pero también gravando las transferencias de capital en aras del desarrollo. 
En Porto Alegre, ante la desacreditada imagen de Europa que los Estados Unidos quieren difundir en todas partes, también se debatió otra Europa, una Europa sobre cuyos defectos no nos hacemos ilusiones pero que muchos nos envidian, una Europa que es un modelo de integración. 
Éstas son las propuestas concretas procedentes del Foro Social de Porto Alegre, donde sólo se reúne la opinión popular, Comisario. 
Lo siento. 
Sin embargo, sigue pendiente la pregunta principal: ¿cómo vamos a recibir en la Unión Europea y en la Comisión esas propuestas? 
¿Es posible imaginar, en términos más generales, que esas esperanzas se incluyeran en nuestra agenda política europea para conseguir otro tipo de globalización, nuestra globalización? 
Señor Presidente, el hecho de que yo estuviera en Porto Alegre y no en Davos no es la única razón por la que creo que, de los dos foros celebrados a finales de enero, el Foro de Porto Alegre fue sin duda el más importante. 
Perfiló una serie de propuestas constructivas de políticas mundiales de medio ambiente, sobre la paz y la libertad de expresión y para luchar contra el hambre y las enfermedades. 
Es especialmente importante que el Parlamento Europeo tenga en cuenta lo que se dijo en el Foro respecto de la próxima reunión de la Organización Mundial del Comercio en Cancún. 
Sabemos que se prevé firmar un acuerdo sobre servicios, pero no sabemos todavía qué servicios estarán cubiertos por el acuerdo y quedarán sujetos a las leyes del libre comercio internacional. 
La preocupación del Foro, y creo que también del Parlamento, es la posibilidad de que los servicios que se van a liberalizar incluyan determinados servicios sociales esenciales como la educación o la sanidad y determinados productos básicos públicos como el agua. 
La sujeción de esos servicios a las leyes del mercado constituiría un incumplimiento de los derechos humanos incluidos en la Carta de Niza y otros tratados internacionales formales. 
La Comisión debe notificar previamente al Parlamento la lista que pretende presentar y defender en Cancún, para que éste pueda evaluarla y expresar las opiniones de los ciudadanos europeos sobre estos asuntos tan sensibles. 
El Foro también reconoció y acogió con entusiasmo la posibilidad de que la Unión Europea se convirtiera en un modelo para otras estructuras de gobierno democrático supranacionales y regionales, sobre todo como medio para limitar el conflicto y establecer la paz. 
Desde este punto de vista, no es ninguna coincidencia que el Foro de Porto Alegre se celebrara en Brasil y que el Presidente Lula da Silva haya intervenido en el mismo. 
De hecho, la Unión Europea no sólo puede convertirse en un modelo para una iniciativa política similar en América Latina, sino que su propia existencia y su estructura internacional independiente se beneficiarán de un decisivo impulso en un mundo en el que, gracias, en buena medida, al Presidente Lula da Silva y a América Latina, se está desarrollando cierta multipolaridad, aunque esa multipolaridad está siendo amenazada actualmente por la intención de los Estados Unidos y de algunos de sus más fieles aliados de declarar unilateralmente la guerra a Iraq. 
Señor Presidente, señor Comisario, he estado en Porto Alegre, la alternativa civil a Davos, de la que ya se ha hablado anteriormente. 
Sería preferible que no existieran dos foros contrapuestos- uno económico y otro social, uno gubernamental y otro civil- para anunciar o reivindicar, respectivamente, unas orientaciones políticas completamente distintas para el futuro. 
En Porto Alegre, autoridades locales, parlamentarios, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, jueces y enseñantes propusimos- quizás utópicamente- que es posible otro mundo, pero no solamente posible, sino necesario. 
En Davos, directivos de empresas multinacionales y ministros concluyeron que las claves para la nueva agenda económica mundial son el valor real de las empresas frente a la volatilidad de su cotización bursátil, el comercio como instrumento fundamental para el desarrollo sostenible y los principios que deben guiar las actividades de las multinacionales. 
Es decir, la distancia entre la ciudadanía y quienes detentan el poder real no hace más que agrandarse. 
En estos dos minutos sólo he de poner un par de ejemplos: en Davos ha habido referencias al sida, pero ninguna a la necesidad de que los laboratorios farmacéuticos, cuyas inversiones en publicidad y marketing constituyen el doble que las inversiones en investigación, abran sus patentes a los países en desarrollo. 
Otro ejemplo: se considera que el comercio es un factor importante de desarrollo pero no hay referencias a la reciprocidad en la apertura de mercados. 
El proteccionismo de los países ricos, incluida la política agrícola de la Unión Europea, juega en contra del desarrollo. 
Considero, señor Comisario, que Europa debe ser un modelo para acortar distancias entre ambas posiciones. 
El orden económico promovido en Davos debe ir acompañado de un orden social y político como el que se reclamó en Porto Alegre. 
La participación de parlamentarios europeos en Porto Alegre es un buen síntoma, pero la asociación de la Unión Europea con los movimientos ciudadanos debe ir a más. 
Instamos a las instituciones comunitarias a que se sumen a las campañas mundiales sobre el acceso al agua, la agricultura, la seguridad alimentaria y los servicios públicos. 
Igualmente, pedimos a la Comisión que apoye la creación de un fondo mundial contra el hambre y la pobreza. 
Señor Presidente, los que han participado en nuestro debate de esta noche no pueden dejar de ver, en mi opinión, las semejanzas de las opiniones de los diputados que han hablado tanto sobre Davos como sobre Porto Alegre. 
Los primeros son el Sr. Karas y el Sr. Obiols i Germà, quienes nos han hecho, en cierta forma, la misma pregunta: ¿es posible alcanzar, en el ámbito mundial, esta domesticación, este gobierno capitalista que Europa ha cultivado en su propia tierra durante más de 200 años? 
¿Podría esta economía social de mercado, que todos ustedes, con muy pocas excepciones, atribuyen a Europa, ser un proyecto para todo el mundo? 
Creo que la respuesta podría ser afirmativa. 
Ésa podría ser nuestra respuesta, con algunas condiciones. 
La primera es que se acepte que la sostenibilidad en el sentido económico, social y medioambiental puede ser un proyecto común real, y que esa sostenibilidad es la base real de la estabilidad y la seguridad. 
Si estamos de acuerdo sobre este primer punto, la segunda condición que debe cumplirse es, indudablemente, la constitución de alianzas sobre este tema con otros actores del mundo, y considero que el concepto de bienes públicos mundiales mencionado por la Sra. Zrihen y el Sr. Désir es muy interesante a este respecto. 
Luego, la tercera condición es obviamente conseguir dotar a nuestro planeta del sistema de gobierno que necesita. Sin duda, ese sistema deberá tener un mayor alcance que el que tenemos ahora mismo, que es parcial y desequilibrado. 
En este punto, estoy de acuerdo tanto con lo que dijo el Sr. Miranda como con lo expresado por el Sr. Moreira Da Silva. 
De los términos de todas estas condiciones se deduce que es improbable que esto se produzca sin una Europa más sólida, más unida y más involucrada que la Europa actual. 
En cualquier caso, eso es lo que creo que he entendido de las declaraciones de la Sra. Frassoni y, en este punto, la Comisión está de acuerdo. 
Todavía hay mucho que hacer, como ha dicho el Sr. Désir con respecto a la propuesta del FMI, y estoy de acuerdo con él en ese punto, aunque su interpretación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios siga causándonos algunos problemas aquí o allá. Sin embargo, ése es un debate que también tengo que tener con la Sra. Auroi y otros diputados. 
Es obvio que queda mucho por hacer, y creo que el estudio de la actual situación geopolítica, ya sea en lo que respecta a Iraq o a Oriente Próximo, nos recuerda, si es que es necesario que nos lo recuerden, que el objetivo de una política exterior y de seguridad común- que está intrínsecamente ligada a los proyectos que ustedes querrían llevar a cabo en el ámbito de la globalización- sigue estando muy lejos. 
Ahora voy a pasar a hablar de algunos asuntos más concretos. 
Estoy de acuerdo con la Sra. Sanders-ten Holte y la Sra. Korhola en lo que respecta a la importancia de la responsabilidad social de las empresas. 
Del mundo empresarial podrían surgir iniciativas para lograr una mejor gestión de la globalización, al igual que puede haber iniciativas ciudadanas sobre lo que el Presidente Suárez denominó movilización social y ciudadana. 
Esto queda demostrado, sobre todo, por los movimientos de comercio justo y de los consumidores destinados a conseguir un etiquetado que respete el medio ambiente o promueva mejores condiciones sociales de producción. 
Somos conscientes de que, en estas áreas, no se puede hacer nada sin movilizar a la propia sociedad. 
En lo que respecta al papel y la intervención de los parlamentos y el control democrático, Sra. Frassoni, usted es consciente de la posición de la Comisión sobre el lugar que esta Cámara, este Parlamento, debería ocupar en este tipo de debate, sobre todo cuando se tratan asuntos de comercio multilateral. 
Les remitiríamos a la Convención, que también debe decidir sobre este punto. 
Esperemos que, tanto en este asunto como en otros, la Convención sea más productiva que la última conferencia intergubernamental. 
No voy a profundizar en temas de agricultura, ya que volveremos a ellos en el siguiente debate. 
En lo que respecta a la brecha tecnológica que debe superarse, Sr. Wijkman, tiene razón y creo que los que formamos parte de la Comisión estamos de acuerdo en que nuestra ayuda pública al desarrollo debería reorientarse o revisarse en algunos casos. 
En lo referente a la industria de los servicios, las propuestas de la Comisión están sobre la mesa. 
Su Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía puede recogerlas con arreglo a las condiciones de nuestro acuerdo institucional. 
Esas mismas propuestas están también sobre la mesa del Consejo de Ministros. 
Por lo tanto, ha comenzado el momento del debate público, y yo personalmente estoy encantado. 
Para concluir este debate, he recibido seis propuestas de resolución presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la autorización para utilizar los medicamentos genéricos en el marco de la OMC. 
Tiene nuevamente la palabra el Comisario Sr. Lamy. 
Señor Presidente, este debate es una oportunidad para hablar con ustedes sobre el trabajo que se está llevando a cabo en la Organización Mundial del Comercio sobre el acceso a los medicamentos a un precio razonable por parte de los países en vías de desarrollo. 
Como saben, los miembros de la OMC no han conseguido encontrar una solución, dentro del plazo fijado, que concluyó el año 2002, a los problemas a los que se enfrentan los países en vías de desarrollo que no tienen la capacidad necesaria para producir medicinas, dado que el debate se refería a ese problema concreto tras los acuerdos firmados en Doha. 
La Unión Europea ha dedicado un gran esfuerzo a buscar una solución. 
Propugnamos una estrategia, y ésa ha sido siempre la base de nuestra posición, que, por una parte, permite que medicinas con precios reducidos, incluidos medicamentos genéricos, lleguen a los que los necesitan y, por otra parte, permite a la industria farmacéutica seguir invirtiendo en investigación. 
Nos gustaría conseguir un resultado equilibrado, en primer lugar porque necesitamos resolver lo que es un grave problema social, en ocasiones trágico, en muchos países en vías de desarrollo y, en segundo lugar, porque esta situación pesa mucho sobre el clima de confianza que debe reinar en la mesa de la OMC si queremos que se produzcan avances en las negociaciones de Doha. 
Por lo tanto, hemos trabajado mucho para intentar encontrar una solución que sea tanto sólida desde el punto de vista jurídico como sostenible, rechazando una moratoria en la regulación de las diferencias de opinión como solución a esta cuestión y rechazando también, desde el principio, cualquier idea de derogación. 
No creemos que ninguno de esos dos métodos cumpla estas dos condiciones de solidez y sostenibilidad. 
Por lo tanto, no podemos aceptar la situación actual, que se debate entre el fracaso o la adopción de medidas insuficientes, como una moratoria, aunque esta medida insuficiente proporcione una solución temporal. 
La posición de la Unión sigue siendo la misma. 
Tenemos que encontrar una solución multilateral tan pronto como sea posible, una solución sostenible y justa que proporcione un nivel suficiente de seguridad jurídica para que todos los actores puedan unir sus fuerzas. 
Por eso aceptamos plenamente el borrador de acuerdo del 16 de diciembre que estaba sobre la mesa. 
Creímos que era razonable y equilibrado y que cumplía lo dispuesto en Doha, y es por eso por lo que, como a la aplastante mayoría de los miembros de la OMC, nos convenció. 
Sigue pendiente de resolver el problema del alcance del acuerdo en cuanto a los distintos tipos de problemas de salud. 
Sabemos que los estadounidenses son los únicos que no se han unido al consenso sobre este punto. 
Esta situación, como he dicho públicamente y les repito ahora a ustedes, es muy lamentable, y es preciso superar este obstáculo. 
Para la Unión está claro que el mandato de Doha es intencionadamente amplio y debemos respetar eso. 
En el caso de un problema de salud pública grave, y reitero los términos de la Declaración de Doha, puede y debe activarse el mecanismo de la OMC que permite la importación de medicamentos genéricos. 
Por lo tanto, buscamos un acuerdo que pueda ir más allá, dado el alcance estipulado en Doha, incluyendo la hipótesis reconocida anteriormente por todos de que las enfermedades como el sida, la malaria, la tuberculosis y toda una lista de otras enfermedades estarían cubiertas como principio general, y es por eso por lo que hemos sugerido que se solicite la participación de la OMS, que tiene una indiscutible experiencia en el campo de la salud pública. 
Lo hicimos sobre la base de una lista que quiero especificar que no es exclusiva ni restrictiva. 
Creemos que la utilización del sistema no debería estar limitada a las enfermedades de esa lista. 
No debe haber ningún malentendido a este respecto. 
En el caso de que se produzca cualquier otro problema grave de salud pública y existan dudas sobre los fundamentos de la medida, un miembro de la OMC podría solicitar un dictamen médico a la Organización Mundial de la Salud. 
Esta posibilidad de solicitar un dictamen debería permitir que los Estados Unidos superen sus reticencias con respecto a la utilización del sistema por parte de los países en vías de desarrollo. 
Sería simplemente un dictamen no restrictivo. 
También a este respecto quisiera especificar que esto no constituiría en ningún caso un ataque contra la soberanía de los Estados miembros en el campo de la salud pública. 
Todos sabemos que el papel de la OMS es, al menos de momento, meramente consultivo. 
Nuestro objetivo, cuando pusimos esta propuesta sobre la mesa a principios de enero, se ha cumplido. 
Se han reanudado los debates. 
Nuestra propuesta sirve como base para estos debates y vamos a hacer todo lo que podamos, como hemos hecho durante los últimos meses, para convencer a los miembros de la OMC de la necesidad de un compromiso tan parecido como sea posible al del 16 de diciembre. 
Es preciso que avancemos. 
Demasiados países necesitan importar medicinas baratas. 
Sabemos que la medida temporal que les permite hacerlo ahora no es permanente y, desde ese punto de vista, no queremos ni podemos decepcionarles. 
Señor Presidente, gracias, Comisario Lamy, por la introducción que ha hecho a este importante y complicado tema. 
Ha pasado sólo poco más de una semana desde que una gran mayoría del Parlamento votó, en la primera lectura, a favor de una nueva regulación para luchar contra el VIH, la malaria y la tuberculosis en los países pobres del mundo. 
Habíamos estado trabajando en este asunto durante casi un año. 
El debate se centró sobre todo en la desigual batalla librada en la gran mayoría de los países pobres entre, por una parte, la propagación de graves enfermedades infecciosas y, por otra parte, el acceso a los recursos disponibles tanto para prevenir esa propagación como para ayudar a las personas infectadas y enfermas. 
Un gran problema en relación con esto es que un porcentaje tan pequeño de la investigación sanitaria mundial se dedique precisamente a estas enfermedades que afectan a una proporción tan grande de la población mundial. 
Esto se debe, por supuesto, a que son muchas las empresas farmacéuticas que creen que este tipo de investigación no es rentable. 
Es por eso por lo que debemos buscar soluciones innovadoras. 
El mercado no conseguirá solucionar por sí mismo este problema. 
Lo que hace falta es la cooperación entre las organizaciones públicas de ayuda y la industria. 
Otro problema que se trató en el debate fue el actual desequilibrio entre los ADPIC y la OMC en lo referente a la posibilidad, en situaciones especiales, de recurrir a lo que se conoce como licencias obligatorias. 
Naturalmente, soy consciente de las negociaciones en las que ha participado el Comisario. Sólo puedo lamentar que no se hayan conseguido resultados, ya que se trata de una cuestión increíblemente importante. 
Los países que más dependen de estas normas de excepción del Acuerdo sobre los ADPIC están ahora en una posición en la que se les está discriminando. 
Yo creo que la situación ideal sería que esos países del sur que carecen de capacidad de producción fueran tratados de la misma forma que los países europeos o norteamericanos. 
El compromiso que intenta conseguir el Comisario Lamy incluye una lista. 
Creo que esa lista parece correcta, pero lo ideal sería, por supuesto, que no hubiera necesidad de ninguna lista. 
No obstante, si ahora nos estamos acercando a un compromiso, creo que lo que usted ha conseguido hasta ahora es digno de mención. 
También considero que la relación con la OMS es una idea interesante. 
Creo que le puedo garantizar que tendrá el apoyo incondicional del Parlamento en sus esfuerzos para conseguir un resultado positivo para que puedan tomarse medidas sobre este asunto y, sobre todo, para que pueda continuar todo el proceso de Doha. 
Dado que lo que esperamos que llegue a ser una solución va a ser un compromiso, considero también que sería muy razonable fijar una fecha límite, por ejemplo dentro de un par de años, para la que este compromiso debería haberse evaluado, con el fin de que podamos ver si realmente funciona bien y, en caso contrario, desarrollarlo y mejorarlo. 
A modo de conclusión, querría decir que es una verdadera pena que hayamos acabado en esta posición. 
Encuentro incomprensible que haya oposición en este tema. 
Puedo entender la preocupación sobre la existencia de fraudes e importaciones paralelas, pero se trata de problemas generales que debería ser posible solucionar y que no deberían primar sobre la situación de la atención sanitaria en los países pobres del mundo. 
Señor Presidente, esta tarde vamos a identificar lo que probablemente son los dos aspectos cruciales de la próxima ronda de la OMC que tendrá lugar en Cancún: los ADPIC y la salud pública y la agricultura. 
La percepción que tengan los países en desarrollo de nuestra buena fe, buena voluntad y sinceridad hacia ellos dependerá de nuestra actitud en estos dos asuntos. 
Como todos sabemos, en la Declaración de Doha se plasmó un acuerdo vinculante cuyo apartado 6 subrayaba el grave problema de los miembros de la OMC con una capacidad de producción nula o insuficiente en el sector farmacéutico, que podían tener dificultades para hacer un uso efectivo del sistema de licencias obligatorias estipulado por el Acuerdo sobre los ADPIC. 
Se pidió al Consejo para los ADPIC que buscara una solución expeditiva a este problema. 
Señor Comisario, celebramos los esfuerzos que ha realizado y el respaldo con que ha contado para conseguir que esto se aplique. 
Mediante una sugerencia innovadora y bien acogida, usted consiguió el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. 
Si este propósito no se cumple, los nuevos imperativos supondrían la violación del espíritu de la Declaración de Doha y demostrarían mala fe. 
Estoy segura de que tiene usted razón- ya hemos discutido sobre esto- al rechazar una moratoria para los litigios o, de hecho, una derogación. 
Ninguna de las dos es una solución suficiente. 
El comportamiento de los Estados Unidos, no sólo sobre este asunto, sino también- y de una forma mucho más grave en algunos aspectos- en relación con Irak, es cada vez más difícil de comprender. 
De hecho, la única explicación posible es que sus políticos prestan una atención indebida a los intereses económicos de las empresas farmacéuticas que pagaron su elección. 
Se han limitado a poner sobre la mesa una solución unilateral y una lista muy restringida. ¡Eso no basta! 
Ya se han incumplido dos plazos y hay un riesgo real de parálisis si los esfuerzos que hemos canalizado a través de usted no llegan a buen puerto. 
Las inquietudes suscitadas, por ejemplo en relación con el comercio ilegal de medicamentos genéricos, están siendo abordadas. 
De ahí el reglamento del Consejo de Ministros. 
Debemos congratularnos de su propuesta del 7 de enero. 
Es una solución multilateral que incluye el apoyo de un organismo acreditado y de toda confianza, la Organización Mundial de la Salud. 
Como usted ha dicho, la solución debe ser duradera, justa y viable desde el punto de vista jurídico. 
El conflicto debe analizarse basándose en la máxima de que la salud pública debe primar sobre las patentes. 
No se puede sobreestimar la importancia de encontrar una solución a este problema. 
Le deseo buena suerte, señor Comisario. 
Señor Presidente, es posible que en este debate merezca la pena volver a citar lo que dice realmente la Declaración de Doha. 
Cito: «Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública» y «puede y deberá ser interpretado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos». 
Merece la pena tener en cuenta esas palabras y repetirlas para que consten en acta, sobre todo para el consumo de los observadores estadounidenses. 
Dudo que nos estén escuchando ahora mismo, pero quizás podamos mandarles más tarde una copia del Acta de este estimulante debate. 
La posición de los Estados Unidos no sólo es contraria al espíritu de la Declaración de Doha, sino que infringe directamente la letra de la misma. 
Por lo tanto, es una bofetada a todos los países en vías de desarrollo que pusieron tantas esperanzas en la Declaración de Doha y en los objetivos de la ronda de desarrollo de Doha. 
Constituye una espectacular afirmación de unos intereses comerciales estrechos y equivocados por encima de la mayor recompensa de una ronda de desarrollo en sí misma. 
Merece la pena dejar esto claro porque, si ustedes analizan los intereses comerciales que estaban en juego, resulta aún más incomprensible que los Estados Unidos estén bloqueando de forma unilateral el acuerdo en este tema. 
Voy a citar una nota de prensa de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas. Afirma que: «más del 95% del total de los medicamentos incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la OMS están fuera del sistema de patentes, y los estudios demuestran que hay relativamente pocas patentes de medicamentos contra el sida en África». 
En otras palabras, esa misma estadística indica que hay un escaso riesgo comercial para la industria farmacéutica, tanto para la europea como para la estadounidense. 
Es de lo más frustrante ver cómo se incumplen esos plazos fijados- incluso aplicando la lógica de su propio interés comercial- mientras un sector concreto estadounidense bloquea el progreso en este campo. 
Mi Grupo respalda firmemente las iniciativas llevadas a cabo por el Comisario Lamy y la Comisión Europea. 
Simpatizamos con su posición y nos preguntamos por qué la industria farmacéutica estadounidense ha obtenido, aparentemente, el apoyo del Gobierno estadounidense a su irracional reacción ante la propuesta de la UE. 
El unilateralismo motivado todavía es comprensible. 
El unilateralismo sin lógica alguna es imperdonable. 
Señor Presidente, yo también quisiera mostrar el apoyo de nuestro Grupo al trabajo bien hecho del Comisario para poder resolver de forma satisfactoria este conflicto surgido en Doha en relación con la postura de los Estados Unidos. 
Me gustaría señalar varias incongruencias: como médico y como profesor conozco el conjunto de informes que la Organización Mundial de la Salud presenta cada año, en los que siempre se cita el famoso círculo vicioso de Horowitz, por el cual la enfermedad da pobreza y la pobreza da enfermedad. 
Por lo tanto, hay que romper ese círculo vicioso, precisamente ayudando- entre otras cosas- a eliminar enfermedades, porque con la eliminación de la enfermedad aumenta la capacidad económica y con el aumento de la capacidad económica se ayuda a los países a estar en condiciones de producir, de tener su propia industria, y a la población necesitada a tener acceso a estos medicamentos. 
Por ello nos encontramos ante una tarea de alta responsabilidad. 
Es también- y ya lo han dicho otros oradores- lamentable que la postura unilateral de los Estados Unidos en este sentido esté incidiendo en uno de los aspectos más negativos del proceso de globalización neoliberal que estamos sufriendo, y que consiste en aumentar las desigualdades, en dificultar y debilitar la situación de los países con menos recursos. 
Por lo tanto, hay que comprender que es la Unión Europea, basada en un ansia de paz y en un ansia de desarrollo y de solidaridad, la que puede introducir elementos de rectificación en este proceso neoliberal de la globalización que está en marcha para suministrarle estos componentes que- como ya se ha dicho en el anterior debate- han surgido del Foro Social Mundial de Porto Alegre. 
Por ello, pensamos que son adecuados los esfuerzos que está realizando la Unión Europea para poder situar a la Organización Mundial de la Salud como organización con autoridad para poder indicar en cada momento los perfiles sanitarios necesarios, y por ello defendemos la postura del Sr. Lamy. 
Señor Presidente, me sorprende y entristece que este asunto vuelva a estar sobre la mesa. 
En noviembre de 2001, los países en vías de desarrollo se regocijaban por la Declaración de Doha, que les autorizaba a recurrir a licencias obligatorias por razones de salud pública. 
Sólo hay una nube en el horizonte: los países sin capacidad de producción necesitan que otro país fabrique las medicinas que les hacen falta, mientras que una empresa sólo puede fabricar una medicina si el 51% de su producción se destina al mercado nacional. 
Este problema del apartado 6 debería haberse solucionado antes del final de 2002, pero todavía no se ha solucionado. 
Mientras tanto, los laboratorios farmacéuticos estadounidenses, que son el principal sustento financiero de la campaña de Bush, han vuelto al ataque. 
Las propuestas hechas por los Estados Unidos o la Unión Europea, que son a cada cual más restrictiva, han fracasado. 
En estos momentos, el Consejo sobre los ADPIC propone volver a la anterior redacción, que permitía recurrir a licencias obligatorias en casos urgentes, una solución que resultó inaplicable y dio lugar a la Declaración de Doha. 
El objetivo del apartado 6 debe ser garantizar que países sin capacidad de producción puedan utilizar realmente licencias obligatorias. 
Sin embargo, algunas propuestas generan una discriminación entre países de primera clase con capacidad de producción y países de segunda clase sin capacidad de producción, que, de hecho, son los países más pobres. 
Los primeros podrán utilizar licencias obligatorias para fabricar cualquier medicina para afrontar un problema de salud pública que ellos mismos hayan identificado, mientras que los últimos tendrán que demostrar que tienen una situación nacional de emergencia. 
A pesar de que, en teoría, todos los países pueden recurrir a licencias obligatorias, en la práctica los países más pobres tendrán que luchar para que se les reconozca que padecen situaciones urgentes, obtener su licencia y conseguir que otro país les fabrique las medicinas. 
Esta propuesta es inaceptable y le pediría, Sr. Lamy, que proponga una solución que beneficie realmente a los países en vías de desarrollo para que la salud prime sobre los beneficios, como usted mismo dijo con toda razón. 
Señor Presidente, el quid de esta cuestión es muy sencillo. 
Hay 42 millones de personas en el mundo que tienen el virus del sida, a pesar de que disponemos de la tecnología y de los tratamientos para luchar contra enfermedades como esta. 
Sin embargo, la población de los países en vías de desarrollo no puede permitirse pagar los precios desorbitados de los medicamentos necesarios para tratar a los enfermos de sida y otras enfermedades como la malaria y la tuberculosis. 
Si queremos facilitar esos medicamentos a los que los necesitan, tenemos que pasar por encima de los derechos de propiedad intelectual de empresas que han patentado la tecnología para luchar contra estas enfermedades. 
Podemos hacerlo llegando a un acuerdo entre todas las partes contratantes en el seno de la Organización Mundial del Comercio. 
La clave de los debates es la relación entre los derechos de propiedad intelectual y las cuestiones de salud pública. 
Si conseguimos dar a los países en vías de desarrollo el derecho a distribuir esos medicamentos necesarios entre sus ciudadanos de acuerdo con sus propias condiciones de licencia, el coste de los medicamentos se reducirá sustancialmente. 
Todos recordamos la demanda presentada a bombo y platillo por 40 compañías farmacéuticas contra el Gobierno de Sudáfrica a este respecto. 
Tenemos la obligación moral de apoyar los esfuerzos encaminados a encontrar la forma de facilitar los medicamentos que la población de los países en vías de desarrollo necesita con urgencia. 
Se trata de un asunto que debe tratarse en la Organización Mundial del Comercio, pero me temo que los avances son demasiado lentos. 
El pasado mes de noviembre, la Unión Europea presentó una propuesta de compromiso en la reunión ministerial de la OMC en Australia, con el fin de hallar una solución para este importante problema. 
Sin embargo, parece que el Gobierno estadounidense no está satisfecho en absoluto con los términos de ese compromiso. 
El Gobierno estadounidense cree que la propuesta de la Unión Europea incluye demasiadas enfermedades. 
Dicen que incluye demasiadas enfermedades, pero mientras hay gente que muere de sida, malaria y tuberculosis. 
Más de tres millones de personas morirán de sida tan sólo este año. 
Tenemos la tecnología para dar un tratamiento adecuado a los que sufren esta enfermedad. 
Tendremos que dejar de lado los derechos de propiedad intelectual para poder aliviar el sufrimiento de millones de personas que van a morir innecesariamente, si no encontramos una solución urgente a este problema. 
Hablando ahora de un asunto distinto pero relacionado, he solicitado muchas veces a los miembros de la comunidad internacional que incrementen sus presupuestos para la lucha contra la epidemia del sida. 
De hecho, es preciso establecer programas de alivio de la deuda para los países en desarrollo que tienen cifras elevadas de enfermos de sida. 
Señor Presidente, Comisario, este debate trae a nuestra memoria los conceptos de paz y solidaridad en los que se basó la creación de la Unión Europea. El principio de solidaridad no sólo es de aplicación dentro de la Unión, sino también con respecto a los habitantes de los países menos desarrollados. 
La Unión Europea defendió este concepto cuando, ante la obstrucción de los Estados Unidos, tomó la iniciativa y autorizó la importación y la utilización de genéricos y medicinas baratas para comunidades desfavorecidas. Como ponente ante el Parlamento de directivas relacionadas con medicamentos, he trabajado en directivas relativas a la autorización de la comercialización de medicinas dentro de la Unión Europea. 
Por lo tanto, soy plenamente consciente de los problemas que suscita. Entiendo que es importante alcanzar un equilibrio satisfactorio entre la investigación y los medicamentos genéricos, entre la protección de los datos y el precio de la medicina y entre la innovación y las copias autorizadas. 
Sin embargo, no es mi intención volver a tratar esos temas hoy, ni tampoco deseo ahondar en la cuestión suscitada por varios países, es decir, si el derecho a la salud debería primar sobre el derecho a la patente. 
En determinadas circunstancias, esta cuestión puede solucionarse bastante fácilmente. ¿Tenemos derecho a permitir que personas se consuman? 
¿Tenemos derecho a permitir que mueran personas cuando podrían recibir tratamiento? 
Eso equivaldría a no auxiliar a una persona en peligro. 
De acuerdo con el principio del acceso igualitario a las medicinas y, por lo tanto, a la salud, rogaría a la Unión Europea que utilice toda su influencia para apoyar esas autorizaciones. Al mismo tiempo, sin embargo, la Unión debería conseguir que se creara un marco concreto y que el proceso fuera completamente transparente. 
Creo que sería útil que la Organización Mundial de la Salud actuara como árbitro en esto, y quisiera dar tres razones que explican esta afirmación. 
En primer lugar, deberían ponerse en práctica medidas eficaces para evitar la importación paralela a la Unión Europea de medicamentos genéricos destinados a los países en vías de desarrollo. 
Si no se introducen esos controles, las personas a las que deseamos ayudar no recibirán las medicinas que les están destinadas. 
Asimismo, esas importaciones paralelas perjudicarían al sistema sanitario de calidad que deseamos desarrollar en el seno de la Unión Europea. 
La autoridad competente debería elaborar un registro permanente de medicamentos genéricos destinados a los países en vías de desarrollo para garantizar la eficacia de esos controles. 
Espero que esta lista evolucione con el tiempo según vayan apareciendo nuevas enfermedades, con el fin de incrementar la eficacia de los marcos de distribución de productos y de control de calidad. 
En lo que respecta a la calidad de esas medicinas, sabemos que no son productos de tercera categoría. 
Muy al contrario, sabemos que se trata de productos tan eficaces como las demás medicinas. Sin embargo, facilitar esos medicamentos podría ser sólo un aspecto de la curación de la enfermedad y la lucha contra las epidemias que tratamos de frenar. 
En último término, Comisario, el establecimiento de infraestructuras locales, laboratorios de control y la formación de los profesionales son tan importantes como facilitar el acceso a esos medicamentos. 
Por todas esas razones, creo que la OMS debería asumir el crucial papel de garante del proceso mediante el cual las medicinas se pondrán a disposición de todos. 
Señor Presidente, en el espíritu multilateral de solidaridad mundial y la coalición mundial contra el terrorismo internacional posterior al 11 de septiembre, nosotros, los europeos, con el inspirador liderazgo del Comisario Pascal Lamy, nos hemos dedicado a construir puentes, a convencer a los Estados Unidos y a hacer de Doha una ronda de desarrollo llena de éxitos. 
En último término el factor decisivo resultó ser el acceso de los países en vías de desarrollo a medicamentos baratos sin pagar los derechos de patente, ya sea produciéndolos en esos mismos países o importándolos. 
Al final se produjo un gran avance político. 
Todos los países en vías de desarrollo pueden determinar ya cuándo tienen una grave crisis sanitaria y nada les impide, ni siquiera el acuerdo sobre los ADPIC, comprar o fabricar medicinas baratas. 
Esto es aplicable a todos los países en vías de desarrollo y a todos los medicamentos. 
No hay restricciones, ni es necesaria ninguna autorización externa previa. 
El encargo era perfeccionar esto en un texto legalmente vinculante. Ese texto debía elaborarse en diciembre de 2002, pero fue imposible porque los Estados Unidos, en mi opinión, habían dejado de mantener una posición multilateral. 
Creo que el Presidente Bush ha pisoteado el acuerdo de Doha en favor de su propia industria farmacéutica. 
Comisario Lamy, usted siempre nos ha dicho que está negociando en nombre de toda Europa y que acepta que el Parlamento Europeo posee poderes de control democrático y codecisión. 
Bien, ésa es una cuestión importante para el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y, por lo que he podido oír a mis compañeros, también para otros muchos grupos. 
Nos gustaría decir que goza de nuestro pleno apoyo, pero no queremos seguir rindiéndonos a la presión de los Estados Unidos. 
Por lo tanto, hasta aquí hemos llegado. 
No queremos ninguna restricción a los países, ninguna restricción al tipo de medicinas, ni ninguna aprobación previa de una autoridad externa. 
Naturalmente, eso es un poco distinto del asesoramiento de la OMS. 
Sin embargo, sí apoyamos la instauración de medidas estrictas para proteger nuestro propio mercado europeo contra el dumping. 
Teniendo en cuenta que más del 90% de los enfermos de sida viven en países en vías de desarrollo, queremos que Europa decida sin ambigüedades en qué lado está y que se limite estrictamente a una solución en consonancia con el acuerdo político de Doha. 
Instamos a los demás grupos de este Parlamento a que voten en consecuencia. 
Los intereses de los enfermos de sida, tuberculosis y malaria de todo el mundo deben ser lo primordial. No el comercio. 
La necesidad carece de ley. 
Los acuerdos sobre los ADPIC no deben ser un factor restrictivo. 
Como Grupo del PSE, estamos convencidos de que si esto falla, Doha será derrotada y Cancún habrá fracasado antes de empezar. 
¡En ese caso no habrá ninguna ronda de desarrollo! 
Y eso es lo último que el mundo puede permitir en la grave crisis actual. 
Es por eso que adoptamos esta clara postura. 
Tras haber escuchado a mis colegas, el Sr. Wijkman, el Sr. Clegg y la Sra. McNally y a muchos otros, creo que este Parlamento está a punto de hacer un claro pronunciamiento y de dar al Comisario Lamy, que, como ha comprendido, goza de nuestro pleno apoyo, un mandato muy potente. 
Los acuerdos adoptados en Doha son vitales para dar a las personas de los países en vías de desarrollo un mejor acceso a los medicamentos, sobre todo a los que tratan enfermedades relacionadas con la pobreza. 
Mi grupo considera que el Comisario Lamy ha llevado a cabo algunas excelentes iniciativas con el fin de hacer más fácilmente accesible la asistencia sanitaria, también en los países más pobres y concretamente en los países que no tienen capacidad de producción propia. 
Sin embargo, quisiera hacer una crítica, aunque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. 
El acceso a los medicamentos no es sólo cuestión de dinero. 
Hay otros dos aspectos que quisiera abordar. 
En primer lugar, la infraestructura de los países en cuestión, y en este caso estoy hablando de la distribución y de qué personas de esos países acceden a esas medicinas. 
La distribución significa que debe haber una infraestructura, algo de lo que carecen completamente muchos países pobres. 
Aún peor: las infraestructuras no son prioritarias para los regímenes de esos países. 
Por ejemplo, una persona que toma medicamentos contra el sida tiene que tomarlos tres veces al día todos los días. 
Eso significa que tiene que seguir rígidamente el tratamiento y que los canales de distribución deben garantizar que los pacientes puedan obtener siempre sus medicinas. 
Si eso no ocurre, el remedio será peor que la enfermedad, porque las personas desarrollarán una resistencia a esas medicinas y eso acabará por extenderse también a los países occidentales. En ese caso, habría que crear nuevos medicamentos. 
Ése es el primer aspecto que quería tratar. 
La segunda cosa que quería decir es que esos regímenes son, con frecuencia, corruptos. 
En esos casos, resulta que las únicas medicinas que se ponen a disposición de los enfermos son las que hemos exportado a esos países a precios bajos o las que pueden producirse allí sin patentes, e incluso así esos medicamentos están sólo disponibles para los más ricos y no para los grupos pobres de población para los que los enviamos. 
Y, lo que es más, en ocasiones incluso se reexportan o simplemente se exportan a países occidentales. 
Comisario, la Sra. Plooij-van Gorsel está dibujando una imagen muy negativa de los países en vías de desarrollo. 
Afortunadamente, las cosas están avanzando actualmente, aunque las enfermedades avanzan aún más rápidamente. 
Es precisamente esta carrera contra el sida, la tuberculosis y la malaria la que debemos intentar ganar. 
Realmente se está intentando establecer sistemas sanitarios básicos en muchos países en los que no existían y la Unión Europea debe estar a la altura en esto. 
Hubo un tiempo en el que tratar a las personas que enfermaban a pesar de la prevención- que, seamos sinceros, no es perfecta ni siquiera hoy en día- era un ideal inalcanzable. 
Por primera vez, sin embargo, hay esperanzas de que esas personas- incluso las que tienen el VIH- puedan mejorar sus vidas y la calidad de las mismas si tienen acceso a medicinas. 
Por lo tanto, es de vital importancia que usted tenga éxito en su misión, señor Comisario. 
Todos los miembros del Parlamento Europeo le apoyamos en sus esfuerzos para conseguir que la enfermedad pueda superarse, incluso en países que no tienen los recursos necesarios para hacerlo por sí mismos. 
El fracaso de Doha, sin embargo, invita al pesimismo. 
Espero que pueda decirnos que podemos volver a nuestras propias propuestas, pero también estoy dispuesto a dar una oportunidad a su compromiso porque creo que es razonable, aunque lo encuentro demasiado paternalista. 
No obstante, considero que es un mínimo y espero que usted tenga por lo menos éxito en eso. 
Señor Presidente, no voy a ensañarme con los Estados Unidos porque toda la normativa de comercio internacional sobre medicamentos es un desastre. 
Desgraciadamente, una vez que las empresas farmacéuticas- aunque con la sana intención de aliviar el sufrimiento- permitieron que sus productos y sus derechos de propiedad intelectual quedaran semiconfiscados con el pretexto de ponerlos a disposición de los países en vías de desarrollo a precios asequibles, era inevitable que surgieran complicaciones de todo tipo. 
Entre ellas, la definición de lo que constituye una medida de protección de la salud pública y está, por lo tanto, sujeto a los requisitos de concesión obligatoria de licencias que permiten los ADPIC. 
Inicialmente se incluyeron enfermedades contagiosas como el VIH-sida, la malaria y la tuberculosis, pero ahora hay planes para ampliar esa lista si la OMS lo considera oportuno. 
Según vayan desarrollándose esos países, más enfermedades occidentales pasarán a ser endémicas y se pedirá que esas categorías se amplíen aún más. 
Asimismo, dado que llegan a Europa más inmigrantes, enfermedades como las tres citadas pasarán a ser más comunes. 
Eso creará mercados para esos medicamentos y dará lugar a enormes presiones del mercado para la reimportación paralela de medicamentos por intermediarios sin escrúpulos desde los países en vías de desarrollo, que los producen a bajo coste en forma de genéricos. 
Eso reducirá los beneficios de las industrias farmacéuticas legítimas. 
También parece que las exenciones discriminan a los países más pequeños que carecen de la infraestructura productiva necesaria para elaborar los medicamentos necesarios bajo licencias obligatorias. 
Todo habría sido mucho más sencillo si hubiéramos defendido con más fuerza los derechos de las compañías farmacéuticas a mantener sus derechos de patente en todo el mundo, para luego negociar algunas diferencias de precio, según lo que los mercados pudieran soportar realmente, insistiendo también en que la carga de la factura de los medicamentos se pagara en su mayor parte mediante paquetes de ayuda y no atacando al capital social de las principales compañías farmacéuticas. 
Si es preciso reducir los beneficios de las compañías farmacéuticas, mi país, el Reino Unido, sufrirá unos efectos desproporcionados, puesto que es un importante sector generador de empleo y de ingresos de exportación, y muchos de nuestros fondos de pensiones tienen gran parte de su capital invertido en este sector. 
Después de todo, muchos países en vías de desarrollo- incluso si los medicamentos fueran gratuitos- carecen de las infraestructuras para administrar los tratamientos. 
Además, los beneficios son esenciales para financiar la investigación y el desarrollo en el futuro, incluso en el terreno de los medicamentos huérfanos para enfermedades tropicales raras, que actualmente no interesan mucho en Occidente. 
Como mínimo, solicito una revisión cada tres años en el futuro para ver cómo funciona en la práctica este Acuerdo sobre los ADPIC. 
Señor Presidente, la tragedia, como ha dicho el Comisario, es que todavía estemos en un punto muerto con respecto a unos cambios que podrían permitirnos cumplir los objetivos reales que identificamos en Doha, que podrían permitir a algunos países- como otros han dicho- contar con la capacidad de producción necesaria para exportar medicamentos genéricos más baratos a los países que los necesitan. 
La realidad es que los países en vías de desarrollo no aceptarán la insistencia de Estados Unidos en restringir las exportaciones a aquellos medicamentos que tratan unas pocas enfermedades infecciosas. 
Me temo que, incluso si los Estados Unidos ceden, las reformas estarán llenas de burocracia y tendrán algunos rasgos que van más allá los ADPIC. 
Deberíamos estudiar ahora la posibilidad de un nuevo comienzo que probablemente daría lugar a una solución factible, aunque debo aceptar que eso es improbable. 
El problema es que todo este tema podría continuar abierto hasta Cancún. 
Si eso ocurriera, los asuntos de los ADPIC podrían volver a utilizarse como moneda de cambio en las negociaciones sobre agricultura, servicios y las cuestiones nuevas. 
¿Considera esto probable, señor Comisario? 
Con toda seguridad sería desastroso que esperáramos que los países en vías de desarrollo utilizaran como moneda de cambio en las negociaciones el único ámbito en la que consiguieron una importante victoria en Doha. 
El espíritu y la realidad de la ronda de desarrollo se ponen claramente en entredicho si los países en vías de desarrollo tienen la impresión- y la tienen ahora, como ha dicho la Sra. McNally- de que se están anteponiendo los intereses comerciales a la salud pública. 
Ésa no era la intención de Doha. 
Usted sabe, señor Comisario, como otros han dicho, que se trata de cuestiones de justicia y equidad y que el concepto de la ronda de desarrollo sería un fraude si se percibiera que el mundo industrializado está renegando de la posición que se acordó tan satisfactoriamente en Doha. 
Señor Presidente, cuando los Estados Unidos se enfrentaron recientemente a la amenaza de un ataque con carbunco, las autoridades necesitaban suministros suficientes y baratos del medicamento para tratar la enfermedad. Se encargaron de obligar al laboratorio farmacéutico correspondiente a suministrar las medicinas a un precio más bajo. 
Si el laboratorio se hubiera negado a hacerlo, las autoridades estadounidenses habrían recurrido a una licencia obligatoria. Quisiera recordarles que, en esa ocasión, nadie exigió a los Estados Unidos que consultaran con la Organización Mundial de la Salud antes para comprobar si el carbunco estaba en la lista de enfermedades consideradas admisibles. 
Los que tengan capacidad para producir medicamentos deberían poder decidir las circunstancias en las que necesitarían recurrir a licencias obligatorias. Los que no tengan esa capacidad deberían poder decidir las circunstancias en las que pueden tener que recurrir a importaciones paralelas. 
Creo que nos enfrentamos ahora a la complicada tarea de encontrar una solución sencilla y eficaz al problema. Cualquier solución deberá poder encontrarse sin necesidad de largas y costosas negociaciones y procedimientos, puesto que eso costaría la vida a millones de enfermos que morirían sin tener acceso al tratamiento. 
Por lo que hemos oído, nuestro colega, el Sr. Tannock, está más preocupado por la posible caída de los beneficios de determinadas industrias que por el destino de los enfermos. Señor Lamy, usted está recibiendo claramente presiones procedentes de determinados sectores, incluidas las industrias europeas. 
¡Le ruego que no ceda ante esas presiones! 
Por favor, hable en nombre del pueblo de Europa, que quiere que ayudemos a los enfermos de los países en vías de desarrollo. 
Señor Presidente, celebro la iniciativa que la Unión Europea presentó en enero para salir de la actual parálisis en que se encuentra el acceso a medicamentos a precios asequibles por parte de los países en vías de desarrollo, sobre todo los países que carecen de la capacidad de producción necesaria para fabricar medicamentos genéricos localmente. 
Precisamente el mes pasado, el Comisario Lamy propuso una solución pragmática que, en su opinión, es factible, sostenible y segura desde el punto de vista jurídico, porque cumple tanto el mandato de Doha como el texto de compromiso del 16 de diciembre de 2002 que se debatió en el seno de la OMC. 
La iniciativa de la UE abarca la lista más amplia posible de las principales enfermedades infecciosas, pero no es restrictiva, lo que fue el principal problema en las negociaciones de 2002. 
La lista del Comisario Lamy incluye las siguientes enfermedades: la fiebre amarilla, la peste, el cólera, la meningitis, el dengue, la gripe, la hepatitis, la polio, las fiebres tifoideas, el tifus y la rubéola. 
Todas son enfermedades horribles que prácticamente se han erradicado en Occidente y, a pesar de ello, miles de personas mueren innecesariamente en el Tercer Mundo todos los años. 
La estrategia de Lamy podría salvar vidas, y las compañías farmacéuticas no perderían dinero porque las personas de esos países son demasiado pobres para comprar los medicamentos a los precios actuales. 
El efecto debilitador de esas enfermedades afecta a las familias, las comunidades y las economías de todo el mundo en desarrollo. 
Esta iniciativa de la UE debería contribuir a mejorar la calidad de vida y la salud pública en una parte, si no en la totalidad, del mundo en desarrollo. 
Sin embargo, es esencial establecer un mecanismo para abordar los demás problemas de salud pública y posibles brotes de enfermedades, y no sólo las enfermedades incluidas en la lista del acuerdo de compromiso. 
La lista propuesta por el Comisario Lamy no es restrictiva: los miembros de la OMC podrían solicitar a la Organización Mundial de la Salud directrices para otros problemas graves de salud pública que pueden surgir en el futuro o que no están contemplados en la lista actual. 
Eso confiere a la propuesta de la UE cierta flexibilidad para reaccionar ante brotes no previstos. 
La respuesta se basará en los conocimientos y la experiencia de la Organización Mundial de la Salud en este campo. 
La propuesta de compromiso, que es más humana que el enfoque estadounidense, debería disipar los temores de los Estados Unidos de que se puedan incumplir y debilitar las leyes de patentes. 
Al mismo tiempo, proporciona flexibilidad suficiente para abordar crisis concretas relacionadas con enfermedades en el caso de que se produzcan. 
Esperamos que este debate transmita nuestro apoyo a la propuesta de Lamy, mientras el Consejo General de la OMC debate simultáneamente este tema. 
Es importante ayudar a los países en vías de desarrollo a erradicar esas enfermedades sin privar a la industria farmacéutica de la financiación que necesita para seguir investigando en este campo. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, quisiera decir cuánto me complace que estemos celebrando este debate sobre la Organización Mundial del Comercio y determinadas negociaciones en curso. Este debate se produce en vísperas de otra reunión ministerial en la que pueden quedar selladas posiciones específicas sobre el asunto. 
Sin embargo, me preocupa la declaración del Consejo sobre los ADPIC, ya que implica dar marcha atrás en los compromisos que firmamos en Doha. 
El acceso a los medicamentos genéricos por parte los países en vías de desarrollo no es sólo un asunto comercial. Es esencial para el desarrollo del mundo. 
Si no avanzamos en esa cuestión, todos nuestros demás esfuerzos para promover el desarrollo serán en vano, estaríamos perdiendo el tiempo. 
Aprobada en complicadas circunstancias, la declaración de Doha sobre salud pública de noviembre de 2001 fue un importante paso para ayudar a la población de los países en vías de desarrollo y promover sus intereses. 
Esperábamos mandar por fin un mensaje de esperanza a esas personas. 
Sin embargo, en diciembre de 2002 la oposición al acuerdo, de la que eran exclusivamente responsables los Estados Unidos, demostró claramente que los intereses de la industria farmacéutica primaban sobre la salud de millones de personas. 
Esta postura no es sólo desafortunada. Es inaceptable e inadmisible, dado que, como ha indicado mi colega, el Sr. Désir, los Estados Unidos estaban dispuestos a suspender la patente de Bayer en octubre de 2001 porque estaban sufriendo un ataque con carbunco, lo que obviamente constituía una cuestión muy urgente para ellos. 
No obstante, la Comisión sigue sin tener en cuenta suficientemente las legítimas demandas de los países pobres. Esto ocurre cuando parece que estamos dispuestos a seguir dividiendo a los países en países de primera clase y de segunda, como si las muertes en algunas regiones fueran menos importantes que las muertes en otras. 
Es preciso que en cuanto sea posible comiencen las negociaciones para alcanzar un acuerdo. Están en juego las vidas de millones de personas en los países en vías de desarrollo. 
Estoy seguro de que se podría conseguir un acuerdo basado exclusivamente en la declaración de Doha y en el artículo 30 del acuerdo sobre los ADPIC. 
Un acuerdo que se basara en cualquier otro principio que no tuviera en cuenta el artículo 30 acabaría con las esperanzas de los habitantes de los países en vías de desarrollo. Estas personas quieren salir de la pobreza y mejorar sus decadentes condiciones de vida, unas condiciones que son cada vez más inaceptables. 
Ese acuerdo también sería una clara señal para el pueblo europeo. Podría ser un buen ejemplo de los principios sobre los que trabaja la Unión Europea y de su preocupación por los demás. 
Comisario, apelamos a usted para que hable en nombre de nuestra conciencia colectiva. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, creo que tenemos que empezar por aclarar si efectivamente hay leyes de patentes. 
El derecho de autor ha de ser válido en el país en el que se vende el producto, es decir, debe haber sido registrado y concedido en ese país. 
Por supuesto, siempre es posible fabricar cosas en un país donde no hay derechos de autor sobre ellas y es preciso poner en duda si, aunque obviamente resultan beneficiosos, los productos medicinales se han patentado realmente en todos los países del mundo; realmente no creo que sea así, pero si fuera el caso, el sistema de licencias obligatorias sería la estrategia ideal para dar ayuda de una forma rápida y coherente. 
Debemos preguntarnos, no obstante, qué ocurre si se concede una licencia obligatoria. 
¿Solucionará todos los problemas? 
¿Qué pasa con la prevención y la completa recuperación? 
Creo que es obvio que los productos medicinales deben seguir desarrollándose y que tenemos que centrarnos fundamentalmente en crear iniciativas para la investigación, en lugar de permitirnos simplemente reducir la cuestión a los derechos de patente y las licencias. 
Además, cuando hayan vencido los derechos de autor y se hayan concedido licencias obligatorias, nosotros, los políticos, seremos responsables también de que las universidades y las industrias tengan incentivos para desarrollar la investigación. 
Otro paso importante en la dirección correcta sería abrir licitaciones públicas varias veces al año, con el fin de salvaguardar el principio básico de que los enfermos reciban realmente la medicación más moderna y eficaz disponible, puesto que, si en el futuro la investigación en esta área de productos medicinales y la comercialización de los mismos deja de ser un negocio viable, nos encontraremos con el problema de poder ofrecer productos medicinales que posiblemente serán baratos, pero que no serán tan eficaces como podrían ser. 
¿Qué haremos entonces? 
Señor Presidente, ésta es una complicada cuestión en la que los sentimientos pueden desbordarse. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los representantes de todos los grupos que han expresado su apoyo a la posición que he adoptado en nombre de la Comisión. 
He tomado nota especialmente de las intervenciones del Sr. Wijkman, la Sra. McNally, el Sr. Clegg, el Sr. Marset Campos y la Sra. Maes. 
El Parlamento Europeo está muy unido en este asunto. Eso es muy importante para la Comisión, es importante para mí y es importante para el campo de las relaciones exteriores. 
Quisiera señalar que la cuestión de la utilización de licencias obligatorias por países con una industria farmacéutica para beneficiarse de precios distintos y más bajos se solucionó en Doha. 
Sin embargo, en esa ocasión no solucionamos la cuestión de los países que tienen que recurrir a las importaciones. Eso implica que el sistema de licencias obligatorias podría aplicarse más allá de fronteras nacionales, dando lugar a complicados problemas jurídicos. 
En estos momentos, ese problema se ha resuelto mediante una solución provisional. 
En la actualidad, todos los países en vías de desarrollo pueden utilizar el sistema de licencias obligatorias para beneficiarse de precios diferenciados. 
Este sistema se aplica a las medicinas para el tratamiento de enfermedades como el sida, la malaria, la tuberculosis y algunas otras enfermedades y ha sido posible gracias al acuerdo provisional que los Estados Unidos y la Unión Europea pusieron en práctica en diciembre. 
Sin embargo, este acuerdo provisional no es suficiente. 
Creemos que es improbable que ponga en marcha a todas las partes implicadas, es decir, los gobiernos correspondientes, sus sistemas sanitarios y la industria farmacéutica. 
Por lo tanto, es preciso encontrar una solución a largo plazo. 
Hasta ahora, como consecuencia de la posición estadounidense, no se ha acordado ninguna en las negociaciones que tienen lugar en Ginebra. 
Esto ha quedado patente también en el Consejo de los ADPIC celebrado esta mañana. 
Quisiera tranquilizar a la Sra. Kinnock a este respecto. La cuestión del acceso a los medicamentos no está en el programa de negociaciones de Doha que deben cerrarse a finales de 2004. 
No está entre los 15 temas que decidimos debatir. Esta cuestión está fuera del alcance de esas negociaciones y, por lo tanto, no será objeto de ningún tipo de concesiones mutuas. 
Esta cuestión no está vinculada al resto de las negociaciones por medio del orden del día, sino porque da fe de la capacidad de la Organización Mundial del Comercio para inspirar confianza a sus miembros, de forma que, cuando se debata la cuestión de si debería usarse el sistema de licencias obligatorias para la Viagra o para medicinas para tratar el dolor de muelas, por ejemplo, tengan la confianza necesaria para evitar que los debates degeneren en una batalla jurídica. Sólo hago referencia a ese ejemplo concreto porque lo he leído en la prensa. 
Todo esto supone un problema grave para la Organización Mundial del Comercio. 
Me pregunto por qué la industria farmacéutica ha adoptado la postura que ha adoptado y que ha provocado que los Estados Unidos rechazaran el compromiso puesto sobre la mesa en diciembre. 
Tengo que decir que estoy completamente perplejo. 
Tampoco entiendo la postura que la industria farmacéutica estadounidense adoptó en Sudáfrica, ni la posición que tomó cuando estuvo a punto de causar una división entre los Estados Unidos y Brasil, hasta que el Gobierno de los Estados Unidos vio la luz. Realmente no puedo entender su actitud. 
Su posición sólo servirá para fortalecer la oposición al principio de la propiedad intelectual en un gran número de sectores. Ciertamente, es fácil presentar este conflicto entre la salud y los beneficios de tal forma que, poco a poco, si la industria farmacéutica estadounidense sigue como hasta ahora, habrá razones políticas sólidas para empezar a trabajar en acuerdos sobre la propiedad intelectual. 
Pediría a todos aquellos de ustedes que tienen alguna influencia en este campo que utilicen este argumento para intentar convencer a esas personas de que su actitud no les llevará a donde quieren llegar, sino en dirección contraria. Los Estados Unidos deberían tener en cuenta un ejemplo de cómo llegar a un consenso cuando las circunstancias lo exigen. 
Podrían estudiar la actitud que la Unión Europea mantuvo recientemente hacia el proceso Kimberly sobre los diamantes ensangrentados. Es posible que se trate de un caso de menor importancia, pero no deja de ser importante, sobre todo para determinados países en vías de desarrollo. 
Los europeos estábamos aislados en la Organización Mundial del Comercio. Éramos la única parte reacia a pedir a la OMC una exención para aplicar los acuerdos de Kimberly. 
Estábamos solos y finalmente decidimos unirnos al consenso porque no queríamos ser un obstáculo para esta solución. 
Lo haremos ofreciendo nuestra propia interpretación de los artículos de la OMC. 
Los Estados Unidos podrían adoptar perfectamente el mismo enfoque sobre el asunto que nos ocupa. 
En lo que respecta a la cuestión de las importaciones paralelas que han mencionado varios diputados, estoy seguro de que sabrán que la Comisión ha presentado una propuesta a la Unión Europea. El Consejo está estudiando actualmente la propuesta. 
Estoy de acuerdo con los diputados que han explicado que, aunque el problema del precio y el problema de tener en cuenta el derecho de patentes en relación con los precios son importantes, no son los únicos problemas pendientes. Hay muchos otros problemas que abordar si queremos garantizar un mejor acceso a las medicinas para las personas de los países en vías de desarrollo. 
Es preciso mejorar la calidad de los sistemas sanitarios. Tiene que haber un sistema de investigación pública de enfermedades que ya no existen en los países desarrollados y que, por lo tanto, ya no interesan a la industria farmacéutica. 
Hay que resolver problemas de distribución y de cultura médica. Todavía habrá muchas cosas que resolver, incluso cuando se superen las dificultades relativas al derecho de patentes, que confío que sea pronto. 
Sin embargo, eso no es razón para rendirse en nuestros decididos esfuerzos para garantizar que se dé este primer paso, que es importante y muy simbólico, con la ayuda de la Unión Europea. La Comisión va a perseverar, desde luego, animada por las declaraciones hechas durante este debate 
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido seis propuestas de resolución para cerrar el debate 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre las negociaciones de la OMC en materia de comercio agrícola. 
Señor Presidente, como ha dicho la Sra. McNally durante el debate anterior, la agricultura fue uno de los asuntos cruciales de las negociaciones de Doha mencionadas recientemente en otro contexto. 
Tanto el Sr. Fischler como yo asistiremos a la mini-cumbre ministerial informal de la OMC que se celebrará en Tokio este fin de semana y uno de cuyos puntos del orden del día será la agricultura. 
Nos complace que el Consejo de Ministros aprobara recientemente la posición negociadora de la Unión. Sin embargo, es una pena que esa aprobación sólo fuera posible tras un acalorado debate y varios retrasos. 
No obstante, el hecho de que el Consejo haya aprobado esta posición fortalecerá considerablemente nuestra propia posición en las próximas conversaciones. 
Permítanme decir ahora unas palabras sobre las principales características de las modalidades de las negociaciones agrícolas, como se conocen en la jerga de la negociación. 
Entre hoy y el final de marzo todos oiremos hablar mucho de estas modalidades. 
En primer lugar, debería explicar un poco el significado del término «modalidades». 
Podría parecer un término bastante poco controvertido, pero en realidad es un elemento clave de las negociaciones, porque lo que se denomina un acuerdo sobre modalidades es en realidad un acuerdo sobre normas y cifras. 
A modo de ejemplo, esas normas pueden referirse a las subvenciones. Pueden determinar qué subvenciones están permitidas y cuáles no lo están. 
También pueden ser normas relativas a los procedimientos de importación. 
En lo tocante a las cifras, su principal objetivo es conseguir una reducción de los aranceles y una reducción de las subvenciones. 
Eso es lo que está en juego en la actual fase que terminará el 31 de marzo. 
Por supuesto, hay más cosas importantes en las negociaciones sobre agricultura. 
Sin embargo, se trata de un elemento muy importante de esas negociaciones. 
Por lo tanto, el Sr. Franz Fischler y yo siempre nos hemos ocupado de asegurarnos de que la Unión utilice su influencia en las negociaciones sobre agricultura. 
Las propuestas que hemos puesto sobre la mesa lo confirman. Demuestran que la Unión Europea está en una posición que le permite negociar sobre agricultura gracias a la reforma de su política agrícola común. 
Sin embargo, al mismo tiempo la Unión está decidida a negociar con el fin de garantizar que el desarrollo se convierta en el motor de las negociaciones bilaterales. 
Las propuestas que presentamos prueban nuestro compromiso, nuestro mandato y nuestra ambición. 
En Doha nos comprometimos a negociar sobre todo el capítulo agrícola, que incluye la apertura de mercados, la reducción de las subvenciones a las exportaciones y las ayudas internas, la integración de los intereses no comerciales y la certificación de un fuerte compromiso con el desarrollo. 
Nuestro mandato no nos permite hacer valer aspectos de la reforma de la política agrícola común sobre los que todavía no se ha tomado ninguna decisión. 
Estamos obligados a trabajar estrictamente en el marco de las anteriores reformas y sobre todo de la más reciente, la llevada a cabo bajo la Agenda 2000. 
Merece la pena subrayar, por último, que deseamos participar plenamente en esas negociaciones, sobre todo allí donde estén en juego los intereses de los países más vulnerables. 
Esperamos tener un papel destacado en las negociaciones. 
Al contrario que las declaraciones realizadas desde los dos extremos del espectro político, nuestra posición es intermedia y contrasta fuertemente con las posturas de extremistas de derecha o de izquierda. 
Confiamos en que nuestra posición nos permita facilitar un acuerdo sobre todos los aspectos de las negociaciones en materia de agricultura. 
Me gustaría también compartir con ustedes algunos de los detalles de las propuestas. 
En primer lugar, en lo relativo al acceso a los mercados, proponemos una reducción global del 36% de los aranceles aduaneros, con una reducción mínima del 15% por línea. 
Esta reducción se basa en el método aplicado durante la ronda anterior, que se ha sometido a pruebas. 
A nuestro juicio, es el único método viable dados los limitados plazos a los que nos enfrentamos. 
Nuestra fórmula es radicalmente distinta de la llamada fórmula «suiza» presentada por otros países, puesto que permite márgenes más amplios para los países en vías de desarrollo. Sin lugar a dudas, eso es esencial para las negociaciones. 
Por cierto, el adjetivo «suiza» es un poco engañoso, porque los suizos han declinado cualquier responsabilidad por la fórmula que se les atribuye. 
Hemos propuesto disposiciones detalladas y ambiciosas para los países en vías de desarrollo, entre ellas la exención de impuestos para un mínimo del 50% de las exportaciones de productos agrícolas procedentes de países en vías de desarrollo y destinadas a países desarrollados. 
Otra propuesta es el acceso sin aranceles ni cuotas de todos los productos procedentes de los países menos desarrollados y destinados a países industrializados y emergentes. 
Esto supone incrementar el alcance de nuestra iniciativa «todo menos armas». 
Asimismo, se tratará por primera vez la cuestión de los aranceles escalonados para productos de especial interés para los países en vías de desarrollo. 
Nuestro enfoque sobre las subvenciones a la exportación es similar. 
Como primera medida, proponemos una reducción media del 45% de los límites presupuestarios para las restituciones a la exportación. 
Asimismo, estamos dispuestos a eliminar progresivamente todas las restituciones a la exportación de determinados productos. 
Permítanme destacar de nuevo ese punto. 
Proponemos eliminar progresivamente las restituciones a la exportación para productos de especial interés para los países en vías de desarrollo. 
Debe dejarse claro que, lógicamente, esta doble propuesta sólo puede llevarse a cabo si las demás partes afectadas restringen también las subvenciones similares a la exportación. 
Me refiero a determinados tipos de créditos a la exportación y a lo que en algunos casos podría calificarse de abuso de la ayuda alimentaria. 
También estoy pensando en las actividades de empresas estatales de países que disfrutan de una reputación más liberal, actividades que en ocasiones constituyen prácticas injustas. 
La postura de la Comisión a este respecto es inequívoca. No estamos dispuestos a ser el único miembro de la OMC que haga concesiones en materia agrícola. 
El esfuerzo que estamos dispuestos a hacer deberá ser igualado por los demás países que dan ayudas a las exportaciones. 
También confiamos en que todos los países industrializados aporten su granito de arena a la apertura de mercados. 
Asimismo, proponemos mantener el actual sistema de ayudas nacionales, en lo que respecta al sistema de las cajas amarilla, azul y verde. 
No tiene sentido estropear un sistema que ha resultado sensato y que es capaz de responder a las necesidades según van surgiendo. 
Por otra parte, proponemos una reducción del 55% de la ayuda interna que causa la mayor distorsión en el mercado internacional, es decir, la incluida en las cajas naranja y amarilla. 
También queremos introducir algunas nuevas disposiciones. 
Hay varios agujeros en el actual sistema de límites para las cajas, que varios países están aprovechando hasta un nivel que raya en el abuso. 
Me refiero sobre todo a las ayudas variables del tipo de los pagos por déficits y a nuestra solicitud de suprimir la cláusula de minimis para los países desarrollados, puesto que, a nuestro juicio, su alcance ha sido demasiado amplio. 
Otra de nuestras propuestas supone la integración de las expectativas de los países en vías de desarrollo, sobre todo de los más vulnerables, y nuestras propuestas en materia del acceso al mercado van en esa dirección. 
Otra propuesta significativa que debemos a varias organizaciones no gubernamentales es la noción de una «caja de seguridad alimentaria» , que implicaría instaurar un mecanismo de seguridad especial para los productos más sensibles en países en vías de desarrollo concretos. 
Por último, quisiera hacer algún comentario sobre los demás asuntos que van a negociarse, aparte de los estrictamente relacionados con el comercio. 
Tenemos la intención de solicitar aclaraciones o la actualización de normas en materia de protección medioambiental, desarrollo rural, bienestar de los animales, información al consumidor, el principio de cautela y la protección de las denominaciones de origen. 
Por lo tanto y como pueden ver, estos asuntos más generales ocupan también un lugar preferente en la agenda europea. 
Para concluir quisiera decir, señor Presidente, que estas propuestas se presentan con la intención de disipar los temores de los tres principales interesados. 
En el caso de nuestros socios comerciales, sobre todo los países en vías de desarrollo, en esta ocasión proponemos un tratamiento distinto y especial para ellos. 
Esperamos también que el sector agrícola europeo no tenga ninguna duda de que seguiremos luchando por las ayudas que les permiten seguir prestando sus servicios a la sociedad. 
También vamos a luchar por proteger nuestros productos de calidad defendiendo nuestras denominaciones de origen. 
Nos tomamos muy en serio los intereses de los consumidores europeos y del resto del mundo, y confiamos en que la OMC no ponga demasiadas objeciones a la implantación de normas en materia de salud e información. 
Resumiendo, nuestras propuestas en materia de agricultura reflejan la mayor parte de las preocupaciones en las que se basa nuestra estrategia para toda esta ronda de negociaciones. Esas preocupaciones son el desarrollo y la apertura de los mercados, en beneficio, fundamentalmente, de los países en vías de desarrollo, regidos siempre por normas diseñadas en beneficio de nuestra sociedad y de la comunidad internacional en su conjunto. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, la Comunicación que la Comisión Europea acaba de presentar al Parlamento sobre las modalidades del acuerdo agrícola que se va a negociar en la próxima ronda de la OMC fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Asuntos Generales el 27 de enero. 
Creo que esta propuesta es equilibrada y está en consonancia con el espíritu del artículo 20 del Acuerdo de Marrakech y de la Declaración de Doha y hace una sincera y generosa aportación a aquellos que hasta ahora han obtenido muy pocos beneficios de los casi 50 años de multilateralismo comercial, es decir, a los países más pobres del mundo. 
Prueba de ello es la propuesta para el libre acceso a los mercados de los países más ricos que se quiere conceder a los productos agrícolas de los países más pobres y la propuesta de compromiso que pretende garantizar que un mínimo del 50% de las importaciones agrícolas y alimentarias de los países ricos procedan de los países más pobres. 
Esta propuesta es coherente con la actual práctica en la Unión Europea que, como dice la Comisión en uno de sus últimos documentos, importa más productos alimentarios que los Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá y Nueva Zelanda juntos. 
Eso es lo que nos da la autoridad moral para decir que esta ronda de la OMC debe ser la ronda del desarrollo. 
También por eso hemos propuesto un fondo de seguridad alimentaria que permita a los países más pobres poner en práctica medidas para proteger sus mercados de las exportaciones subvencionadas de los países ricos, permitiéndoles así desarrollar la producción local y luchar contra el hambre y la pobreza. 
Sin embargo, debemos ser conscientes de una cuestión importante: que una excesiva reducción de los aranceles aduaneros podría socavar el acceso preferente al mercado comunitario del que ya se están beneficiando algunos países con los que tenemos acuerdos comerciales, entre los que están los países ACP, en virtud de los acuerdos de Cotonú, y los países de la costa sur del Mediterráneo. 
Tenemos que tener cuidado porque si establecemos unas reducciones arancelarias excesivas y no nos aseguramos de que se consolide el acceso preferente a nuestros mercados que concedemos a esos países, esos mismos países pobres podrían perder cuota de mercado en favor de otros países más ricos y más competitivos. 
Es también esta actitud de apertura y apoyo a los países más pobres la que da a la Unión Europea la autoridad moral necesaria para decir que también tenemos derecho a proteger a nuestros agricultores y a conservar nuestro modelo social. 
Por lo tanto, los negociadores europeos sólo podrán aceptar un acuerdo definitivo en la OMC que, en primer lugar, proteja el modelo agrícola europeo basado en la aportación de los agricultores a la planificación del uso de la tierra rural, al equilibrio territorial y a la vitalidad de las zonas rurales, que representan casi el 80% de nuestro territorio. 
Lo que eso significa, concretamente, es que la UE podrá seguir apoyando a sus agricultores y garantizando un nivel razonable- sólo razonable- de preferencia comunitaria para los productos agrícolas. 
En segundo lugar, debemos garantizar un equilibrio correcto entre una mayor liberalización comercial y unos requisitos mayores en áreas que no son estrictamente comerciales, pero que están relacionadas sin duda con el comercio de alimentos, como, por ejemplo, la calidad y la seguridad de los alimentos, el cumplimiento de las normas medioambientales básicas y el respeto de las marcas y denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de nuestros productos que, como todos sabemos, se falsifican de forma generalizada en muchos países de todo el mundo, sin que las normas de la OMC sean capaces de evitarlo. 
Salvo que se haga esto, estaremos haciendo algo que nuestra sociedad no comprende y estaremos atacando a nuestros propios intereses y, lo que es aún peor, no estaremos apoyando los intereses de los países más pobres. 
Creo que la Unión Europea ha dado un buen ejemplo de propuestas correctas y razonables para esos países, que, hasta ahora, han sido los actores más marginales, los beneficiarios más marginales de la OMC: los países pobres. 
Hemos presentado iniciativas positivas en virtud del «todo menos armas» , y nuestra propuesta de negociación consolida esas propuestas. Por lo tanto, creo que debemos pedir a los demás países ricos del mundo, que están aún más desarrollados que nosotros, que sigan el ejemplo de la Unión Europea. 
Señor Presidente, me complace que los Comisarios Lamy y Fischler vayan a ir a Tokio a la minicumbre ministerial con una posición aprobada. 
Estoy de acuerdo con usted, Comisario Lamy, en que las negociaciones en materia de agricultura serán muy importantes para determinar si las reuniones de Cancún son o no un éxito. 
También me complace que nos haya definido «modalidades» , que es un término muy extraño para el idioma inglés, pero, por supuesto, una vez que usted pasa a las normas y las cifras está empezando a dejarlo todo tan claro que determinados intereses creados están empezando a asustarse, así que esas negociaciones van a ser complicadas. 
Desde luego, la Unión Europea tiene una responsabilidad mundial en lo relativo a las negociaciones sobre agricultura. 
Como el Sr. Cunha acaba de decir, aunque sólo fuera por el volumen comercial ya tendríamos un papel significativo. 
Sin embargo, no somos los únicos que tenemos esa responsabilidad, y deberíamos recordar a países como los Estados Unidos que ellos también tienen una responsabilidad. 
Estoy segura de que en sus conversaciones con Bob Zurlik se lo recordará. 
No obstante, usted ha dicho bastante claramente que la Unión Europea puede negociar y va a hacerlo, así que creo que debemos analizar lo que eso significa. 
Naturalmente, tenemos que atender al interés de los productores y consumidores europeos por una mayor calidad de los alimentos, el desarrollo rural, la protección del medio ambiente y el bienestar de los animales. 
Algunos de estos temas precisan cierta clarificación y, al mismo tiempo, la razón de ser de la ronda de desarrollo son las necesidades de la agricultura en los países en vías de desarrollo donde, proporcionalmente, es mucho más importante que en la Unión Europea. 
Es la principal fuente de ingresos y empleo en los países en vías de desarrollo y una importante herramienta en la lucha contra la pobreza y, por supuesto, en la mejora de la seguridad alimentaria. 
Por lo tanto, nuestra meta es polifacética, necesitamos un acuerdo mejor para la agricultura en los países en vías de desarrollo, pero también necesitamos fortalecer el apoyo específico a determinados aspectos de la agricultura europea. 
Tenemos cierto margen de maniobra para hacerlo. 
En el seno del Grupo Socialista cunde la sensación de que a la propuesta le falta algo de ambición. 
Esperamos ofrecer a los países en vías de desarrollo una reducción mayor y más temprana de todos los aranceles agrícolas y la supresión de restricciones sobre las importaciones procedentes de esos países. 
Queremos que se insista más en la importancia de la las medidas «green box» y se preste más atención al tratamiento especial y diferencial. 
Tendrá que analizar usted si la actual reforma de la PAC va suficientemente lejos. 
El Grupo Socialista pensaría probablemente que no. 
Dejaremos en sus manos hacer avanzar estos asuntos tan rápidamente como pueda. 
Mi grupo cree también que el mandato que se ha dado a la Comisión es un buen mandato y está bastante satisfecho de que se le asocie públicamente con el mismo. 
Las negociaciones no han hecho sino empezar y estamos seguros de que, si la Comisión- Europa- da un paso adelante con firmeza, los demás bloques comerciales tendrán que seguirle. 
Lo más importante para nosotros es que hemos descubierto que los europeos no apoyan plenamente la política agraria común. 
Es obvio que eso debe cambiar, así que tenemos que cambiar la política agraria europea. 
Estamos a favor de la mayor reducción posible de las subvenciones comerciales que distorsionan el comercio, sobre todo las subvenciones a la exportación y otras subvenciones similares impuestas por otros bloques comerciales. 
Por lo tanto, en general estamos a favor de una mayor liberalización del comercio de productos agrícolas. 
Sin embargo, en este asunto hay que tener en cuenta otros factores. 
En Europa tenemos todo tipo de normas que no tienen mucho que ver con la salud de los productos, sino más bien con principios éticos, como el bienestar de los animales, la directiva sobre las aves y la directiva sobre hábitat, etc. 
En el resto del mundo, los agricultores y ganaderos tienen que cumplir muchas menos normas de este tipo. 
Siempre me cuesta mucho explicar a los agricultores y ganaderos europeos por qué tienen que cumplir estas normas y al mismo tiempo competir con agricultores de otras partes del mundo que no están obligados a cumplirlas. 
Esa desigualdad me parece un buen ejemplo de competencia desleal, y considero que la Comisión debería recalcar esto, sobre todo en sus negociaciones con la Organización Mundial del Comercio. 
Además, los agricultores y ganaderos de diversas zonas de Europa no siempre disfrutan de unos buenos ingresos. 
No podemos cambiarlo todo de la noche a la mañana y, por lo tanto, considero que tenemos que prestar mucha atención al modelo agrícola europeo, que es algo que podemos defender sin lugar a dudas en un contexto internacional. 
Debemos recompensar a nuestros agricultores y ganaderos por su rendimiento de acuerdo con unos criterios distintos a su producción de productos agrícolas. 
Por lo tanto, no puedo dejar de recalcar la necesidad de que la Comisión defienda el reconocimiento en todo el mundo de los productos regionales cultivados en Europa y la prohibición de su cultivo con el mismo nombre en cualquier otro sitio. 
La Comisión también debe subrayar nuestro apoyo a un sistema de producción agrícola integrada, con control desde el establo hasta la mesa, por así decirlo. 
Asimismo, quisiera destacar que, además de la política para la mejora de los precios de los productos, necesitamos otra política que aborde la utilización de productos agrícolas con fines industriales. 
Por último me voy a referir a la iniciativa «todo menos armas» : una abrumadora mayoría de mi grupo apoya esta iniciativa, y debemos hacer algo por los países en vías de desarrollo más pobres. 
La gran duda para nuestro grupo es cómo va a conseguir la Comisión abordar el principio del origen y cómo podemos estar seguros, como pretendemos, de que los productos que importemos proceden realmente de los países más pobres. 
Señor Presidente, hubiera sido mejor, me parece, mantener este debate con el Parlamento antes y no después de que el Consejo de Asuntos Generales hubiera otorgado su conformidad a la oferta comunitaria de negociación de los aspectos agrícolas de la OMC. 
Es evidente que esto condiciona el equilibrio institucional y todo el proceso de toma de decisiones. 
No obstante, esta práctica no es nueva, ya que cuenta con precedentes en la reforma de la PAC de 1992 y en la Agenda 2000. 
Lo digo porque ciertos aspectos, como la reducción del apoyo interno, implican la necesidad de adoptar aspectos muy controvertidos en las propuestas de reglamento sobre la reforma intermedia. 
Estamos hablando de aspectos como el desacoplamiento total que, además de ser rechazado por un buen número de diputados- entre los que me encuentro -, también se enfrenta a la oposición de los medios profesionales y de bastantes Estados miembros. 
En cuanto al contenido, sigo diciendo lo mismo: aceptamos una política que va a carecer de fondos sustanciales y suficientes y que puede, por tanto, tener efectos negativos sobre la agricultura comunitaria y, en particular, sobre las zonas más desfavorecidas. 
En cuanto a las propuestas más concretas, creo que hay aspectos bastante positivos en relación con los países menos desarrollados. 
Ahora bien, se parte de la premisa de que una mayor liberalización del comercio dará lugar a mayor desarrollo económico. Y esto no siempre es así. 
A este respecto, me gustaría recordar que los dos mercados más liberalizados- el del café y el del cacao- son los mercados agrícolas con mayor nivel de miseria a su alrededor y en los que los países productores reclaman menos liberalización y más regulación. 
Las negociaciones tampoco pueden basarse en los precios del mercado mundial que, si bien es cierto que están ligados a los volúmenes comercializados, tienen muy poca relación con los precios a la producción y al consumo. 
En todo caso, creo que es importante avanzar para suprimir las restituciones a la exportación de productos agrícolas con efectos perturbadores en las producciones agrícolas locales de los países menos desarrollados. 
Es necesario reconocer el derecho de los países menos desarrollados a protegerse de estas exportaciones subvencionadas para salvaguardar su derecho fundamental a la seguridad alimentaria, a la soberanía alimentaria y a la supervivencia de sus explotaciones campesinas y familiares. 
Me parece interesante la propuesta de crear una caja de seguridad alimentaria que sería muy útil incluso para la Unión Europea por razones estratégicas y de seguridad alimentaria. 
Pero ahí la Comisión se olvida de nuestra dependencia en proteínas vegetales del exterior y, concretamente, de países, en este caso, no subdesarrollados o en desarrollo, sino algunos muy desarrollados. 
Y tenemos una dependencia del 75%. 
Me parece un olvido francamente incomprensible. 
Por último, dada su utilización distorsionadora por parte de los Estados Unidos y otros países, me parecen muy buenas las propuestas de que se elimine la cláusula de «minimis» , se sometan a una disciplina estricta los créditos a la exportación y la ayuda alimentaria y se protejan las indicaciones geográficas. 
Señor Presidente, Comisario, muchos países en vías de desarrollo, así como muchas ONG que trabajan en todo el mundo, han pedido que la responsabilidad de las negociaciones sobre agricultura no recaiga en la OMC, una petición que también se ha hecho en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. 
Hay buenas razones para ello. 
No podemos olvidar que, en el pasado, a pesar de que el comercio agrícola afectaba sólo a un porcentaje mínimo de la producción agrícola mundial, sus mecanismos y la destrucción de precios resultante tuvieron un profundo efecto no sólo en los países europeos, sino también en los países en vías de desarrollo. 
No sólo en estos países, sino también en Europa, su práctica de dumping- mediante subvenciones a la exportación- destruyó o redujo a su mínima expresión la agricultura rural, causando aún más hambre, reduciendo a muchos países a la dependencia y provocando la acumulación de la deuda. 
Está muy claro que el comercio no llena los platos de comida y si alguien se hace rico con él, rara vez, por no decir nunca, son las dos partes afectadas. 
Por lo tanto, es comprensible que de estos países surjan voces muy escépticas que preguntan qué se va a negociar exactamente en la OMC. 
Para que las negociaciones de la OMC tengan éxito, habrá que suprimir esos mecanismos. 
Es preciso conceder la prioridad absoluta al derecho a producir alimentos básicos, al derecho de los países a aliviar el hambre de su pueblo, al derecho a cultivar la tierra y a tratar correctamente el medio ambiente, junto con el derecho a transmitir las explotaciones agrarias a la próxima generación, manteniendo así la agricultura rural, así como a la supresión de mecanismos comerciales destructivos y de lo que llamamos el comercio mundial, que no es otra cosa que dumping mediante las exportaciones. 
Eso nos permitirá desarrollarnos siendo solidarios con las personas que habitan en el mundo en vías de desarrollo, así como con los agricultores rurales europeos. 
Señor Presidente, Comisario, quisiera comentar tres aspectos sobre estas negociaciones agrícolas bajo los auspicios de la OMC. 
Debo dejar claro desde el principio que no quiero anticiparme al resultado de las conversaciones. 
En primer lugar, estas negociaciones se están llevando a cabo en un contexto dominado por estrategias agrícolas muy distintas en los Estados Unidos y en la Unión Europea. 
Conscientes de las negativas consecuencias de su anterior ley agraria (Fair Act) para su agricultura, los Estados Unidos la han sustituido con una ambiciosa ley, la Farm Bill, que incrementa en un 70% las ayudas financieras al sector. 
Por el contrario, la Unión Europea ha fijado límites para el gasto en agricultura y está aplicando una política de desvinculación, justo cuando los Estados Unidos han abandonado la suya. 
La Unión se muestra también reacia a aplicar las preferencias comunitarias, como ocurrió en el incidente sobre los cereales de Mar Negro. 
Claramente, estos contrastes reflejan distintos grados de voluntad política. 
Los Estados Unidos desean que su agricultura se mantenga fuerte. 
Para ellos, conservar el control de lo que llaman el «arma alimentaria» es una prioridad estratégica, así que están utilizando todos los medios a su alcance para conseguirlo. 
En cuanto a Europa, está dividida sobre este tema, como en muchos otros, incluso en lo tocante a la idoneidad de una política agrícola pública, así como en los recursos que debería tener a su disposición esa política. 
En la propuesta sobre agricultura presentada por los Estados Unidos en el contexto de Doha, se conserva un considerable apoyo público para la agricultura. 
Por lo tanto, sería tanto paradójico como inaceptable que la agricultura europea se quedara compuesta y sin novio al final del proceso. 
En segundo lugar, con respecto al grupo Cairns, es esencial evitar que los países que no son países en vías de desarrollo y que han mantenido una implacable presión desde el comienzo de la Ronda Uruguay provoquen la defunción de cualquier tipo de política agrícola comunitaria por cualquier medio a su alcance. 
Debemos mantenernos firmes. 
Los países en vías de desarrollo no pueden convertirse en escudos para ocultar este objetivo. 
Después de todo, la Unión Europea es el mayor importador de productos agrícolas procedentes de países en vías de desarrollo del mundo. 
La Unión recibe dos tercios de las exportaciones agrícolas africanas y es la única parte que ha creado un sistema de preferencias no recíprocas en el marco del Convenio de Lomé y posteriormente del Acuerdo de Cotonú. 
El tercer y último tema que quiero tratar es la importancia de que cualquier acuerdo esté sujeto a disposiciones en materia de distintos asuntos que consideramos cruciales para la sociedad, aunque no sean estrictamente cuestiones comerciales. 
Me refiero a una regulación en toda regla, no a meras palabras vacías. 
Estoy pensando en el requisito de trazabilidad, el rechazo del dumping social, en la preocupación por el medio ambiente y en la protección autorizada de las denominaciones de origen. Señor Presidente, estos aspectos deben tener un papel principal en las negociaciones, no pueden dejarse de lado. 
Espero, señor Comisario, que tenga todo esto en cuenta. 
Señor Presidente, es evidente que en este Parlamento sigue habiendo importantes diferencias de criterio. 
Desde luego, cuando oigo las opiniones del frente tradicionalista de agricultores, me parece evidente que este Parlamento sigue teniendo mucho trabajo que hacer. 
Desde un punto de vista socialista, el comercio mundial consiste en juego limpio para todos. 
Es esencial que consigamos progresar en las negociaciones sobre la cartera agrícola. 
Deberíamos conseguir dos cosas a este respecto. 
En primer lugar, querríamos que terminara el dumping de productos europeos y estadounidenses en los mercados de los países en vías de desarrollo. 
También querríamos que nuestros mercados se abrieran más a los países en vías de desarrollo, en los que en ocasiones las rentas de su población dependen en más de un 80% de la actividad agrícola, así como que se abolieran las cuotas y restricciones arancelarias impuestas a los países en vías de desarrollo que nos exportan productos. 
En segundo lugar, querríamos que las subvenciones a la producción de la política agrícola comunitaria se convirtieran en ayudas públicas para la conservación de la naturaleza y actividades de la nueva economía en zonas rurales (recreativas, de tecnologías de la información y las comunicaciones, de bienestar de los animales). 
En otras palabras, menos, pero más repartido; menos apoyo para los propietarios de explotaciones agrícolas y ganaderas de gran tamaño y más apoyo para la calidad y una existencia razonable para los agricultores y ganaderos. 
Esto último es esencial, porque la liberalización es una cosa, pero no queremos que el mercado lo haga todo. 
Lo que necesitamos es supervisión y regulación públicas. 
Estamos hablando de un modelo social para Europa. 
Somos plenamente conscientes de que, al hacerlo, tendremos que evitar que este apoyo en forma de ayudas públicas se utilice indirectamente como subvenciones encubiertas, dando lugar una vez más a cierto proteccionismo y provocando que los productos se vendan en el mercado mundial a precios excesivamente baratos. 
A nuestro juicio, es evidente que las propuestas que se están presentando ahora son un buen punto de partida. 
También nos gustaría pedir a los Comisarios Lamy y Fischler que eximan de impuestos a un porcentaje superior al 50% de los productos agrícolas procedentes de países en vías de desarrollo. 
Nos gustaría que ese cambio se introdujera paulatinamente antes de 2011. 
Lo que queremos es que los aranceles se reduzcan en más del 30% y en un plazo un 30% más corto. 
Apoyamos plenamente el concepto de Caja de Alimentos. 
Sin embargo, también somos conscientes de que los países de la Asociación de Estados del Caribe deben esmerarse y formular propuestas más rápidamente. 
Luego están los Estados Unidos, por supuesto. 
Es evidente que los Estados Unidos, con su Farm Bill, están contraviniendo totalmente el espíritu y los hechos de Doha, lo que nos sitúa ante un enorme dilema. 
Creemos que Europa y los países en vías de desarrollo deben ejercer presión conjuntamente sobre los Estados Unidos para que abandonen esa posición, porque estamos convencidos de que la actual política es perjudicial para nosotros, para nuestro medio ambiente y para el bienestar de nuestros animales, además de para los países en vías de desarrollo. 
Como el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha hecho ya durante la última legislatura, demostremos la valentía necesaria para cambiar de rumbo a pesar de todas las incertidumbres y obstáculos. 
Señor Presidente, el pasado 27 de enero la Comisión declaró que la propuesta comunitaria sobre las negociaciones de la OMC era compatible con nuestra actual defensa de una liberalización significativa y progresiva, pero también justa y equitativa. 
También se dijo sin ambigüedad que «las medidas actuales implican un reparto justo de las cargas agrícolas y deberemos dar más oportunidades también a los países en vías de desarrollo.» 
Ésa es la evolución lógica en vista de que, también en la UE desde la reforma de la PAC de 1992, la liberalización sigue avanzando en aplicación de las resoluciones del GATT. 
El barco de la OMC avanza rápidamente, mientras que las empresas agrícolas y alimentarias tratan de seguir su estela como pueden, dado que, cada vez que un consumidor gasta un euro en productos agrícolas, los agricultores sólo reciben de media 25 céntimos. 
La liberalización del comercio agrícola tiene sus partidarios y sus detractores. 
Sin embargo, hay un acuerdo unánime sobre que los países en vías de desarrollo deberían poder acceder más fácilmente al Mercado Interior europeo; sin embargo, a pesar de la liberalización- o, de hecho, como consecuencia de la misma- no se ha producido ninguna mejora definitiva en la situación en lo tocante al hambre, que de hecho, como indican las propuestas de resolución, ha empeorado. 
No está claro qué tipo de cuerpo legislativo paneuropeo permanente y de gran alcance sobre asuntos no comerciales podría mantener el equilibrio entre, por una parte, el mantenimiento y la mejora de la posición competitiva de la agricultura comunitaria en los mercados mundiales y, por otra parte, la protección de una agricultura que no es lo suficientemente competitiva en un momento en el que se está aumentando su multifuncionalidad en beneficio de la sociedad. 
No tengo ideas preconcebidas sobre si el modelo agrícola europeo, que combina la multifuncionalidad con una política de subvenciones, puede aplicarse con alguna legitimidad internacional. 
Existe ya el riesgo de que este modelo no ofrezca una protección duradera y que el abandono de la política europea de subvenciones comience realmente entonces, porque todavía no habrá mayorías políticas y, si las hay, habrá compromisos. 
Por otra parte, las categorías fundamentales de la OMC no incluyen cuestiones de desarrollo rural, protección medioambiental o bienestar de los animales. 
Lo que vale para la ampliación debe valer también para las negociaciones de la OMC, en las que deberá primar el principio de que nadie deba quedar en peor situación La situación anterior a las negociaciones y después de las mismas se analizará teniendo eso en cuenta, así que podemos esperar los resultados con cierta emoción. 
Señor Presidente, Comisario, la agricultura va a ser, sin duda alguna, una de las cuestiones más sensibles en Cancún. 
A fin de cuentas, la agricultura representa un marco económico y social con el que los países del hemisferio sur no pueden ni soñar. 
Su mandato es representar la gran responsabilidad de la Unión Europea en este campo. 
Creo que los países del sur deberían tener en la Unión a su más fiel aliado. 
Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el derecho fundamental de cada persona a disponer de alimentos no se sacrifique en aras del todopoderoso comercio y las todopoderosas transacciones financieras. 
De hecho, la agricultura es un indicador del bienestar público en todo el mundo, como se ha dicho hace un momento. 
Para los países del sur, conlleva seguridad alimentaria y también la calidad de los alimentos, el agua y la tierra. 
Significa el reconocimiento de productos regionales, la conservación del paisaje y el desarrollo sostenible de las zonas rurales. 
Todo esto es aplicable a los países del norte tanto como a los del sur. 
Por lo tanto, como usted ha dicho, su mandato debería demostrar que no somos egoístas y que estamos dispuestos a eliminar varias subvenciones a la exportación, que también están arruinando a pequeños agricultores dentro de la Unión Europea. 
El derecho de las personas y los países a alimentarse con productos locales y saludables debería permitirles tomar medidas proteccionistas cuando sea necesario. 
Si su cláusula de salvaguarda refleja este derecho, estará en consonancia con el comercio justo, y será una ampliación, que acogeremos con agrado, de la iniciativa «todo menos armas». 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, se han producido dos acontecimientos muy preocupantes en relación con la última ronda de negociaciones de la OMC. 
Estos acontecimientos afectan al ambiente de las negociaciones, por una parte, y al tema de las mismas, por la otra. 
El ambiente ha cambiado como consecuencia de las fuertes presiones ejercidas por los representantes de los Estados Unidos sobre sus homólogos europeos. 
D. Robert Zoellick ha calificado a socios europeos como Francia e Irlanda de colonialistas que están 200 años por detrás de los tiempos. 
Usted es una excepción, señor Comisario, ya que a la administración Bush sólo le ha faltado concederle un doctorado honorífico. 
Todo esto se ha dado en un contexto de referencias a la «Vieja Europa» , o incluso a «monos comedores de queso». 
Sabemos que su homólogo, el Sr. Zoellick, firmó una carta abierta del Sr. Wolfowitz en enero de 1998 pidiendo una guerra contra Iraq. 
¡Parece que está usted negociando con un halcón, Comisario! 
Sin embargo, usted le conoce mejor que yo, así que es quien mejor puede juzgar si realmente es así. 
El tema de las negociaciones también ha cambiado. 
Hasta ahora habíamos estado debatiendo temas sin alma. 
Ahora, al hablar sobre agricultura, estamos negociando sobre la calidad, el medio ambiente, el bienestar, los animales, es decir, sobre asuntos esencialmente culturales. 
La ronda actual no trata de bienes, sino de conocimiento. 
Afecta a la misma esencia de las personas, y a su propio ser. 
De ahí el temor a la nada, como le dejaron claro los estudiantes de Lovaina. 
La agricultura es una excepción a la regla, con su estructura exclusiva, sus AOC y las zonas rurales. 
De ahí el arraigado temor a que usted no esté a la altura de esta excepción agrícola que data de la antigua Mesopotamia. 
No es nada nuevo. 
Hay muchos y graves recelos, fundamentalmente de carácter político. 
Tememos que Cancún sea el «Múnich bajo el sol». 
Además, hay precedentes, como el misterioso acuerdo de 2001 sobre los plátanos. 
Chiquita se hundió igual que Enron. 
También hay que recordar la incapacidad para abordar la cuestión de la dependencia de las oleaginosas, incluso después de la apertura de los países del antiguo bloque del Este y de las consecuencias de la enfermedad de las vacas locas. 
Y, sobre todo, no podemos olvidar el proyecto del Sr. Fischler, que comenzó en julio de 2002 y se confirmó en enero de 2003 y que implicaba fuertes recortes de las subvenciones. 
Al mismo tiempo, los Estados Unidos presentaron propuestas para gastar 190 000 millones a lo largo de diez años a partir de mayo de 2002. 
No obstante, la norma de minimis mantendría todo esto dentro de la caja verde. 
Nuestros temores se basan también en una contradicción insondable. 
Con toda seguridad no puede estar bien destruir nuestra infraestructura agraria y nuestros conocimientos técnicos en esa área cuando para 2020 habrá 2 000 millones de bocas más que alimentar. 
Ahí radica mi principal temor. 
Comisario, parece que ya estamos condenados, según avanzamos a toda velocidad en el transbordador Tierra, que está tan lleno de grietas como el Columbia. 
Sin embargo, estamos hablando de comercio y de libre comercio mundial cuando sabemos que los suministros de agua están disminuyendo y que 2 000 millones de personas no tienen electricidad ni medicinas. 
Estoy empezando a preguntarme si la OMC, como la Unión Europea, es una pieza de museo. 
Comisario, el tema del debate de esta noche constituye, sin duda, la base para un tapiz de algunos de los principales temas de la política mundial y europea. 
Por ejemplo, el primer tema es, sin lugar a dudas, que el comercio agrícola mundial y las conversaciones que están perfilando y van a definir los aspectos y las modalidades del mismo representan el punto de conflicto entre la liberalización de los mercados y los deseos de los gobiernos de llevar a cabo políticas agrícolas proteccionistas que van más allá de la propia producción y afectan también a lo que se conoce como aspectos no comerciales, como la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria, la protección y la promoción de la calidad y la conservación de las zonas rurales. 
Esta noche le hemos escuchado atentamente, Comisario, y de lo que usted ha dicho se deduce que la Unión Europea ha expresado un fuerte deseo de negociar un acuerdo para ampliar la liberalización del comercio de productos agrícolas. 
Sin embargo, a nuestro juicio, ese acuerdo debe ser equilibrado y debe beneficiar a todos. 
Parece que ésa es también la posición que el Comisario Fischler ha defendido en varias ocasiones con respecto a las políticas agrarias comunitarias. 
Hace tan sólo una semana, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó que las normas que salgan de las nuevas rondas de conversaciones del próximo otoño deberán ser justas y aplicarse equitativamente a todos. 
Por lo tanto, la idea que se ha presentado de recortar las subvenciones a la exportación es una idea que es muy atractiva y que yo desde luego apoyo, pero con la condición de que se regulen también las demás subvenciones que distorsionan el mercado del comercio internacional. 
Luego hay otro asunto político importante que está relacionado con el tema del debate de esta noche. 
Necesitamos una perspectiva general sobre el asunto. 
La actual situación económica, cuya evolución interactuará con el desarrollo futuro del sector agrícola y se verá afectada por el mismo, no puede analizarse meramente en términos de comercio internacional, puesto que el comercio internacional depende directamente de la propuesta de reforma de la política agraria común. 
Lo que debía ser una revisión de evaluación intermedia se ha convertido en una verdadera transformación de la agricultura europea. 
Las directrices políticas comunitarias en este sector, además de ver el mercado como un medio de desarrollo económico, se han diseñado en Europa para garantizar la protección de los consumidores, pensemos en la reciente creación de la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea. 
Este principio de la seguridad alimentaria ha sido expresado y aceptado también en el ámbito de la OMC, pero sólo se ha aceptado como ideal. Serán necesarios grandes progresos para que se garantice una calidad equivalente a la de nuestros propios productos. 
Los costes de producción en que incurre la economía agrícola europea son sustancialmente distintos de los de los países en vías de desarrollo, puesto que las normas de calidad, salud y seguridad e higiene son distintas. 
Es tan deseable que se establezcan unas normas internacionales claras para la protección de los alimentos de origen agrícola en las próximas rondas de negociaciones como que se valore y respete debidamente el Codex alimentarius en la protección de productos típicos europeos reconocidos. 
Las explotaciones agrícolas y ganaderas europeas que operan en un contexto mundial deben invertir en la calidad de sus productos para adquirir cuotas de mercado concretas que son sensibles a las nuevas demandas de los consumidores. 
Las normas de producción tienen actualmente el objetivo de garantizar la trazabilidad de la producción desde la granja hasta la mesa. 
En este sentido, la posibilidad de comercializar productos agroalimentarios europeos en todo el mundo debe llevar aparejado el desarrollo económico de los países menos ricos, con respeto mutuo por la producción agroalimentaria local en un contexto global de crecimiento equilibrado regulado tanto por la economía como por normas bien definidas pero, sobre todo, por la evidente necesidad de un crecimiento que beneficie a todos y no perjudique a nadie. 
Por lo tanto, la cuestión básica ahora es que la propuesta que usted ha perfilado esta noche, señor Comisario, incluya ese principio. 
Necesitamos una política agraria común que conserve las costumbres a las que estamos acostumbrados. 
Su discurso y los documentos a los que hemos accedido defienden un principio que consideramos muy difícil de aceptar, en el sentido de que la propuesta de revisión intermedia, que establece, entre otras cosas, la desvinculación y el incumplimiento de los compromisos de la caja azul, debería primar sobre las modalidades de negociación de la OMC, que estipulan un esfuerzo para conservar la ayuda de la caja azul iniciada con la reforma McSharry. 
Por lo tanto, es necesario redefinir las modalidades de negociación, suprimiendo completamente el capítulo caja azul y eliminando así definitivamente la posibilidad de conservar los pagos directos en un contexto multilateral. 
Si esto ocurriera, creemos que sería el principio de la liberalización del sector agrícola europeo, que es vital no sólo para el sector como tal sino también para la economía europea en su conjunto. 
Señor Presidente, señor Comisario, apoyamos y nos parecen muy positivos los esfuerzos de la Comisión para integrar a los países en desarrollo y a los países menos desarrollados en estas negociaciones, el acceso sin derechos de aduana y sin cuotas para estos últimos, así como la creación de la caja de seguridad alimentaria, pero también pensamos que en algunas propuestas podíamos haber ido más allá, como en la que se refiere a la reducción de las restituciones a la exportación, en las que, confío, podremos avanzar en el curso de las negociaciones. 
También quiero decir que el compromiso de mayor apertura tiene que ir acompañado de un reparto equitativo de cargas entre los países desarrollados. 
En este sentido, es preciso denunciar la deriva unilateral de la política agraria de los Estados Unidos. 
Sin embargo, me preocupa, señor Comisario, que el modelo de multifuncionalidad agraria pueda ponerse en riesgo. 
Tengo que decirle que en la propuesta de negociación solamente se citan una vez las consideraciones multifuncionales cuando la Comisión se refiere al acceso al mercado por parte de los países más pobres. 
Respecto a la agricultura comunitaria, es cierto que hacemos referencia ahora a objetivos sociales como la protección del medio ambiente, la salud pública, el etiquetado obligatorio o la necesidad de compensar los costes adicionales del bienestar animal. 
Pero la multifuncionalidad agraria europea ya no desempeña un papel importante en esta oferta de negociación y ha cedido todo su protagonismo a la desconexión de las ayudas, principio en el que la Comisión va a centrar la negociación, en el capítulo del apoyo interno. 
Creo, señor Comisario, que, si hacemos descansar toda nuestra estrategia negociadora en el principio de desconexión, nos podemos quedar sin un margen de maniobra para garantizar elementos que son fundamentales para la agricultura europea, como la estabilidad de los mercados, con un mantenimiento de precios estables y económicamente remunerados para los productores y con rentas para éstos. 
Señor Presidente, está muy claro que la Unión Europea pretende sacrificar a los pequeños y medianos agricultores y el apoyo a la agricultura en el ámbito de la Unión Europea en aras de la Organización Mundial del Comercio. 
El principio inviolable por el que rigen todas las decisiones comunitarias es cómo servir mejor a los intereses de las grandes empresas y las multinacionales. 
La próxima reforma de la PAC- que es una catastrófica revisión general, no la revisión intermedia que afirma ser- se está llevando a cabo en los momentos previos a las negociaciones de la OMC y bajo su presión. 
El acuerdo de la OMC propuesto acelera la liberalización del comercio internacional de productos agrícolas con el pretexto de que aumentará el comercio internacional y beneficiará a los países en vías de desarrollo. 
Lo mismo se dijo del GATT, y miren lo que ocurrió. 
El GATT iba a incrementar el comercio internacional en productos agrícolas y a generar riqueza. 
Sin embargo, los países en vías de desarrollo y sus pueblos no sólo no se beneficiaron, sino que su situación empeoró, sin ningún margen para el desarrollo incluso en países con una elevada producción como Argentina. 
Lo único que ocurrió es que las multinacionales que producen y venden productos agrícolas consiguieron que sus beneficios se dispararan. 
Lo mismo ocurrirá con el acuerdo de la OMC, por tres razones básicas. 
La primera tiene que ver con su enfoque, que favorece los monopolios, como hiciera el GATT. 
La segunda tiene que ver con el sistema internacional de precios y subvenciones a la producción agrícola y el sistema internacional de precios de los bienes industriales. 
Los países ricos compran productos agrícolas baratos y venden productos industriales caros, incluidos los medicamentos. 
La tercera razón tiene que ver con quién produce y posee los productos agrícolas en numerosos países en vías de desarrollo, en los que los productos agrícolas y ganaderos están en manos de enormes multinacionales que pagan unos sueldos míseros. 
Por eso, el Partido Comunista de Grecia está en contra del acuerdo propuesto y está haciendo todo lo que está en su mano para coordinar la lucha popular en todos los países por un comercio internacional basado en un mutuo beneficio del mismo valor para todos. 
Señor Presidente, la Unión Europea ha dejado claro su compromiso con la reforma del sistema de comercio agrícola, en primer lugar para garantizar un futuro a los agricultores europeos y, en segundo lugar, para reconocer la necesidad de un trato especial para los países en desarrollo. 
Conseguir eso no será tarea fácil. 
De hecho, es muy complicado, puesto que hay personas que creen que la Comisión está yendo demasiado lejos, pero también personas que creen que está actuando de una forma excesivamente prudente. 
Si la Unión Europea quiere tener una voz creíble en el proceso de Doha, esta falta de resolución debe acabarse. 
Con la ampliación a punto de producirse, tenemos que actuar de inmediato. 
Las propuestas de la Comisión beneficiarán a los agricultores europeos a largo plazo y mejorarán las perspectivas de que las conversaciones de liberalización del comercio mundial sean significativas. 
Espero que enviemos una clara señal en el sentido de que son los propios agricultores quienes deberían recibir un porcentaje mayor del precio de mercado, y no el número creciente de poderosos monopolios que controlan, de una forma devastadora, nuestra industria agrícola en estos momentos. 
Pretendemos conseguir un equilibrio entre el apoyo a los pequeños agricultores- el 90% de los agricultores de mi país, Gales, son pequeños agricultores que trabajan en áreas poco favorecidas- y el desarrollo rural y el segundo pilar, por una parte, y, por otra, la atención a los agricultores del Tercer Mundo. 
Se trata de un equilibrio muy difícil de lograr. 
No podemos permitir que siga siendo posible que la vaca lechera media europea tenga una renta anual mayor, gracias a las subvenciones comunitarias, que la mitad de la población mundial. 
Señor Presidente, Comisario, lo que quisiera hacer en realidad es hablar sólo sobre unos pocos puntos, ya que mis colegas han dicho ya muchas cosas. 
Creo que el problema que tenemos, y que los miembros de la Comisión tienen especialmente, es, en esencia, que tienen que conciliar dos estrategias distintas. 
Por una parte, tienen que llevar a cabo la reforma de la producción agrícola de la Unión Europea y, por otra, tienen que mejorar el acceso de los países en vías de desarrollo al mercado. 
Como es lógico, esto es extremadamente complicado, y se ha complicado aún más por el ambicioso calendario, puesto que se les exige que se empiecen a ver los frutos este mismo año, los frutos de las negociaciones de Cancún. 
Debe decirnos por lo menos hacia dónde nos lleva y, al hacerlo, tiene que tener en cuenta también su obligación de cerrar las negociaciones con éxito en 2005. 
Si añadimos a eso las complicaciones con sus socios comerciales, estamos ante una cuestión realmente delicada. 
He estudiado muchos documentos y posiciones de Alemania, pero también de otros países, así que lo que tengo sobre la mesa es un popurrí. 
Por una parte, muchas de las cosas que se han dicho son complementarias; los ciudadanos aprueban que algo esté ocurriendo por fin y creen que nos estamos moviendo en la dirección correcta. 
Por otra parte, hay también muchas reservas y preocupaciones, así como temores de que la Unión Europea acabe teniendo un modelo de lo que podría resumirse en términos generales como una especie de «agricultura de ocio» y que estemos perdiendo de vista en cierta forma la necesidad de ser lo suficientemente flexibles para ser realmente competitivos y poder competir internacionalmente. 
Es muy posible que podamos hacer mucho por el medio ambiente y la agricultura, pero existe el riesgo de que perdamos otros instrumentos por el camino. 
Comisario, tanto usted como el Comisario Fischler han dicho siempre, según creo, que tenemos suficiente margen de maniobra. 
Somos flexibles. 
Tenemos que analizar los detalles, quizá los precios de la leche, por ejemplo, o de otras áreas, para ver qué más podríamos hacer. 
Permítanme acabar con una breve pregunta. 
En un seminario del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos celebrado la semana pasada, representantes de los países en vías de desarrollo se refirieron en numerosas ocasiones a la caja de desarrollo y expresaron su deseo de que se hiciera algo más en ese sentido. 
Quizás usted nos pueda decir algo sobre esto. 
Señor Presidente, señor Comisario, el lema que tenemos que adoptar para negociar nuestra política agrícola en la OMC es: «¿Más palabras vacías? No, gracias. 
Sí, por favor». Y las propuestas y los calendarios para su aplicación no sirven para nada si no se concretan. 
El paquete global que la Unión Europea presentará en las próximas negociaciones de la OMC deja el balón claramente en el tejado de la Unión Europea. 
En lugar de limitarse a presentar propuestas, ésta debe presentar una estudiada exigencia para recibir algo a cambio. 
Tenemos que saber, por ejemplo, qué van a hacer los demás países desarrollados y qué partes del sistema de protección para los agricultores y ganaderos comunitarios deben salvaguardarse. 
Aunque estamos intentando proteger a nuestros agricultores y ganaderos, y me refiero a los agricultores y ganaderos de los 25 Estados miembros de la Unión Europea, no sólo de los 15, primero necesitamos que se reconozca y proteja el modelo de multifuncionalidad de la agricultura europea. 
En segundo lugar, la revisión de la política agrícola común- y los socialistas estamos de acuerdo con la filosofía general de la misma- no puede pagar el precio de cualquier compromiso equivocado alcanzado en las negociaciones. 
En tercer lugar, en lo que respecta a la dimensión medioambiental del desarrollo rural, la consecución de un equilibrio ecológico, normas alimentarias, etc., la Unión Europea debe presionar para que se apruebe una cláusula común para todos los países basada en sus normas. 
No tiene sentido y es inaceptable facilitar las importaciones de productos agrícolas de países en vías de desarrollo que no cumplan las normas europeas. 
Por último, no estamos haciendo ningún favor a los países pobres ni a sus agricultores si conseguimos incrementar las rentas de los agricultores de los países pobres, sólo para que los países desarrollados puedan venderles medicamentos para el sida a precios exorbitantes. 
En otras palabras, lo que necesitamos en las negociaciones no son sólo deslumbrantes propuestas llenas de buenas intenciones; necesitamos yuxtaponerlas a beneficios sociales, necesitamos un determinado tipo de negociación que sirva a unos intereses sociales más amplios. 
Señor Presidente, creo que una de las conclusiones que podemos extraer del debate de esta noche es que esta Cámara siempre tiene mucho más que decir sobre la agricultura que sobre el acceso a los medicamentos, sobre Davos o sobre Porto Alegre. 
No estoy seguro de que eso sea una noticia, pero es así. 
Deberíamos preguntarnos qué está realmente en juego en todo este asunto de las negociaciones multinacionales en materia de agricultura comercial. 
La cuestión es si la Unión Europea puede y debe apoyar los controles, los límites y las normas. 
En el futuro, esos controles, límites y normas limitarán el apoyo y la protección que damos actualmente a nuestros agricultores y ganaderos y que nos gustaría seguir dándoles. 
Asimismo, querría recordarles algunos de los principios en los que se basan mi posición y la del Sr. Fischler. 
Quisiera abordar dos o tres cuestiones un poco más detenidamente. 
En primer lugar, en Doha nos comprometimos a una serie de cosas sobre las negociaciones. 
Nuestros compromisos fueron bastante más lejos que los que hicimos en la anterior ocasión, en Marrakech en 1995. 
Acordamos incrementar el acceso al mercado reduciendo nuestras ayudas dentro de la Unión y recortando las subvenciones a la exportación. 
Estos asuntos forman parte de nuestro mandato de negociación, que vamos a cumplir, como se ha acordado. 
Nuestro segundo principio se refiere a nuestro trabajo sobre esas materias. 
Al asignar concesiones, deberíamos dar prioridad a los países en vías de desarrollo y asegurarnos de que las concesiones y las consiguientes medidas de control se apliquen de una forma equitativa. 
No se puede consentir que la Unión Europea, como parte del mundo desarrollado, acepte medidas de control que otros países desarrollados rechazarían. 
Ahora quisiera perfilar mi tercer y último principio general. 
Este debate no es el mismo que nuestro debate interno sobre la reforma de la política agraria común. 
El debate sobre nuestra posición en relación con la Organización Mundial del Comercio es independiente del debate interno sobre la reforma de la política agraria común. 
No se trata de debatir la reforma de la política agraria común en Ginebra, en Tokio, en Washington, en Sydney ni en Cancún. 
La debatiremos internamente, de acuerdo con nuestros propios principios. 
Es cierto que estamos debatiendo nuestra posición en relación con la Organización Mundial del Comercio en Bruselas y Estrasburgo, pero en el sentido que he descrito. 
La Comisión ha hecho efectivamente una propuesta. Si se aprueba, marcará el comienzo de nuevas reformas de la gestión de la política agraria común. 
Todavía está por ver si se tomarán esas decisiones y cuándo ocurrirá. 
Hay que establecer también cuáles de esas decisiones se utilizarán como herramientas de negociación y cuándo será. 
Sin embargo, ése no es el caso en estos momentos. 
Debo aclarar a la Sra. Doyle que el 36%, el 45% y el 55% que el Sr. Fischler y yo hemos presentado con el acuerdo del Consejo se derivan de las reformas ya adoptadas. En ningún caso ponen en peligro el posible resultado de otras reformas. 
Volviendo a si lo que hemos propuesto es demasiado ambicioso o no es suficiente, creo que ustedes ya han contestado esta pregunta. 
Algunos de ustedes creen que nuestras propuestas carecen de ambición y otros creen que van demasiado lejos. 
La Sra. McNally ha dejado claro que, en su opinión, podríamos haber ido más lejos Quisiera decir que no creo que pudiéramos haber ido más lejos, por lo menos no en este momento. 
Si de vez en cuando todas las partes contratantes de la OMC hicieran el tipo de compromiso que hemos puesto sobre la mesa, todos habríamos dado un gran paso hacia el establecimiento de mejores medidas de control para apoyar la agricultura en todo el mundo. 
Ahora vamos a ver si hemos ido demasiado lejos. 
Creo que eso es lo que preocupa el Sr. Hyland. 
No creo que lo hayamos hecho, aunque sí creo que ya hemos ido demasiado lejos en la reforma de la política agraria común durante los últimos años. 
Es posible que ésa fuera la esencia de lo que decía el Sr. Hyland. 
Como pueden imaginar, ésa no es la opinión de la Comisión. 
Ahora quisiera tratar las cuestiones suscitadas por el Sr. van Dam, el Sr. Graefe zu Baringdorf y la Sra. Erika Mann, que se han referido con toda razón a la cuestión de la seguridad alimentaria. Han basado sus argumentos en el hecho de que sólo el 10% de la producción agrícola se comercializa en el mercado internacional, lo que contrasta con la situación en otros sectores. 
Tienen razón en lo que dicen y por eso hemos introducido una nueva medida que ha sido ampliamente comentada. 
Estamos incorporando el concepto de seguridad alimentaria, una cláusula de salvaguarda, una sección independiente dedicada a la seguridad alimentaria. 
Como he dicho en mi intervención introductoria, nos hemos inspirado en varios sectores, sobre todo en las organizaciones no gubernamentales. 
Antes de concluir, quiero responder al Sr. Mulder. Es cierto, Sr. Mulder, que las normas de la llamada iniciativa «todo menos armas» incluyen controles muy estrictos en materia del origen de los productos, que hacen que sólo los productos de los países menos desarrollados se beneficien de la medida «sin aranceles, sin cuotas» acordada en su beneficio. 
Estas normas son muy restrictivas, excesivamente restrictivas en opinión de algunos países. Por lo tanto, es correcto que esas normas sean tan rigurosas. 
Diría que de este debate podemos extraer dos lecciones. 
La primera es que aparentemente el Sr. Martínez tiene algunas preocupaciones existenciales. Es sí mismo, eso son buenas noticias. 
La segunda es que, por una vez, hay razones para esas preocupaciones. 
En esta ocasión, comparto la opinión de que la agricultura no sólo trata de bienes, sino también de nuestro propio ser y estoy seguro de que mi colega el Sr. Fischler estará también de acuerdo en esto. 
El Sr. Martínez tiene razón en este punto. 
La agricultura afecta a los bienes que se producen, que se distribuyen y que terminan en nuestro plato o en el de otras personas, pero también está relacionada con un servicio, y de eso se habla mucho menos. 
El componente caracterizado por los bienes de la agricultura puede encontrarse en el mercado y en las relaciones comerciales. 
Los bienes se compran y se venden. 
El componente de servicios de la agricultura engloba la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el bienestar. 
Este aspecto no se debate y en general recibe un mal servicio de las fuerzas del mercado. 
Por lo tanto, la agricultura está compuesta por dos elementos interdependientes. 
En el caso de uno de ellos, podemos ver cómo circula y se podría considerar que le sirven las mismas normas que se aplican a la producción de calcetines, neumáticos y zapatos. 
El otro elemento no puede equipararse al comercio de calcetines, neumáticos y zapatos de ninguna forma. 
Me refiero a ese componente de servicio, como consecuencia del cual tenemos una relación especial con lo que comemos y lo que producimos. 
Los problemas a los que nos enfrentamos radican precisamente en esa coexistencia de los componentes de bienes y de servicio de la agricultura. 
Ésa es la forma en que percibimos la agricultura en Europa y la razón por la que Europa ha adoptado una posición equilibrada sobre varios resultados. 
Sin embargo, no estamos dispuestos a sacrificar lo que consideramos el coste colectivo de la agricultura. 
Nos ceñiremos a este concepto de los dos aspectos de la agricultura en nuestras conversaciones. 
Ya he dejado claro a aquellos de ustedes que están interesados por el tema, o incluso sienten pasión por el mismo, que volver a debatir este tema antes de la reunión de Cancún sólo puede beneficiarnos. 
Si fuera posible, deberíamos debatir el programa de negociación en su conjunto, y no parte por parte, de una forma inconexa, como esta noche. 
Desde luego, Franz Fischler y yo estamos dispuestos a hacerlo. 
De forma excepcional le daré la palabra al Sr. De Rossa. 
Señor Presidente, pido disculpas por llegar tarde. 
Quería intervenir porque mi posición en relación con la agricultura es distinta de la posición expresada en esta Cámara por otros diputados irlandeses. 
Digo esto porque es importante que conste en acta la variedad de opiniones que existe en relación con la agricultura. 
Celebro las propuestas formuladas por la Comisión en relación con la agricultura. 
Una de las cuestiones que se pasa por alto constantemente en Irlanda y en otras partes es la contradicción que supone que gastemos una considerable cantidad de dinero en ayudas al desarrollo para los países en vías de desarrollo, mientras al mismo tiempo mantenemos un sistema agrícola común que perjudica a esas mismas personas a las que supuestamente intentamos ayudar con nuestra ayuda al desarrollo. 
Ésa es una cuestión con la que todavía no nos hemos enfrentado en Irlanda ni, en cierta medida, en el resto de Europa. 
No es una posición que escucharán ustedes muy a menudo de boca de un diputado irlandés en esta Cámara y por eso quería que constara en acta. 
Esta intervención no sienta precedente porque, como ustedes saben, si un diputado no puede intervenir por cualquier causa, podrá presentar una vez por período parcial de sesiones, una declaración por escrito que no supere las 200 palabras. 
Para cerrar este debate, he recibido seis propuestas de resolución presentadas sobre la base del apartado 2 del artículo 37 del Reglamento 
La mayor parte de los países más afectados por el sida, la malaria y la tuberculosis son incapaces de producir los tratamientos necesarios por sí mismos. 
42 millones de personas tienen el virus del sida en el mundo. 
Sólo 36 000 reciben tratamiento en África. 
Cada día, 40 000 personas mueren de enfermedades infecciosas. 
Por consiguiente, la situación es grave y urgente. 
En respuesta a esta situación, el 20 de diciembre pasado, los países del norte se rindieron al diktat de los Estados Unidos, que, con el fin de proteger a su industria farmacéutica, vetó el acuerdo sobre medicamentos genéricos. 
La Unión Europea, sin embargo, en un intento por proteger su imagen, acordó traicionar el acervo de Doha, presentando definiciones muy restrictivas de las enfermedades en cuestión y los países afectados y permitiendo el establecimiento de un derecho de la OMC de evaluar la conducta de los países en cuestión. 
Cientos de miles de vidas humanas están en peligro. 
La Comisión Europea ha optado por dar preferencia a los beneficios de las industrias farmacéuticas por encima de la vida. 
Junto con mi grupo, apoyo a las muchas ONG que están pidiendo que los asuntos relacionados con la salud pública queden fuera del alcance de la OMC. 
Derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0009/2003) del Sr. Santini, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (COM (2001) 257- C5-0336/2001- 2001/0111 (COD) ). 
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Santini, y a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, por este informe tan positivo. 
El informe se refiere a una propuesta largamente esperada de una Directiva de suma importancia para facilitar la libre circulación de las personas y que tiene en cuenta la labor realizada a finales de los años noventa, en particular por el grupo de alto nivel bajo la dirección de la Sra. Simone Veil, sobre la ciudadanía de la Unión Europea. 
Esta propuesta establece las condiciones que rigen el ejercicio del derecho fundamental de libre circulación y residencia, que el Tratado confiere directamente a todo ciudadano de la UE y que está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
En este sentido, la propuesta representa el primer paso hacia la definición de un concepto sólido de ciudadanía de la Unión Europea, tal como lo confirma el objetivo fundamental de la propuesta. 
Los ciudadanos de la UE deben poder desplazarse, mutatis mutandis, entre los Estados miembros en condiciones similares a cómo lo hacen los nacionales de un Estado miembro o cambian de lugar de residencia en su propio país. 
En particular, la Directiva debe facilitar el ejercicio del derecho de libre circulación limitando las formalidades administrativas a las estrictamente necesarias, mejorando la definición de la situación de los miembros de la familia, con la introducción de un derecho de residencia permanente después de cuatro años de residencia ininterrumpida en el Estado miembro de acogida, y con una mayor limitación de las posibilidades de denegar o cancelar la residencia por motivos de orden público. 
La propuesta también introduce innovaciones importantes si se compara con el acervo existente. 
En particular, amplía de tres a seis meses el período en el cual los ciudadanos no están sujetos a ninguna formalidad que no sea la posesión de un carnet de identidad o pasaporte válidos. 
Elimina la obligación de obtener un permiso de residencia para los ciudadanos de la Unión Europea, sustituyéndolo por la simple inscripción ante las autoridades competentes, como ya sucede en algunos Estados miembros. 
Establece un sistema en que el ciudadano de la Unión Europea sólo debe declarar que cumple las condiciones que conlleva el ejercicio del derecho de residencia. 
Por último, introduce, una vez transcurridos cuatro años de residencia ininterrumpida, un derecho de residencia permanente que ya no está sujeto a ninguna condición. 
Tal como se subraya con razón en el informe del Sr. Santini, actualmente el derecho de libre circulación todavía choca con numerosos obstáculos. Este punto ha sido confirmado en diversos fallos del Tribunal de Justicia sobre esta cuestión. 
Esta propuesta incluye las aclaraciones aportadas por las últimas resoluciones del Tribunal y, una vez aprobada, deberá simplificar notablemente el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos europeos. 
- (IT) Señora Presidenta, Comisario, Señorías, quiero dar las gracias al Comisario Vitorino por su introducción, que allana el camino para la presentación de mi informe. 
De hecho, la Directiva que estamos discutiendo representa un verdadero salto adelante en el debate acerca de la ciudadanía de la Unión y la libre circulación de personas. 
Por primera vez, al ciudadano se le reconocen derechos no sólo como entidad económica, sino como persona, como titular de derechos individuales que, junto con los derechos generales, constituyen la ciudadanía europea. 
Los derechos a la libre circulación y residencia se derivan directamente del Tratado Europeo, llevan establecidos mucho tiempo, como ha dicho el Comisario, y confieren a los ciudadanos derechos nuevos y fundamentales. 
De hecho, se podría decir que esta Directiva sienta las bases de la doble ciudadanía- nacional y europea- tal y como se formula en el proyecto de Tratado debatido también en la Convención. 
La introducción del derecho de residencia permanente es un ejemplo concreto de este punto. 
Antes de estudiar la Directiva con más detalle, deberíamos delimitar su ámbito de aplicación. 
La Directiva se aplicará a los ciudadanos comunitarios y a los miembros de sus familias, cualquiera que sea su nacionalidad. 
El principio de igualdad de trato de ciudadanos terceros, miembros de una familia comunitaria, se estableció en la década de 1960, y la Directiva le confiere mayor efectividad y eficacia. 
Éste es un derecho que se deriva del derecho de los ciudadanos comunitarios de cuya familia son miembros. 
Debe quedar claro desde un principio que esta Directiva no se aplica a los ciudadanos de terceros países ni, en cualquier caso, a los que no estén emparentados con ciudadanos comunitarios, aunque estén viviendo en un Estado miembro o disfruten del derecho a la libre circulación dentro de la Unión. 
El gran mérito de esta Directiva es que combina todas las disposiciones anteriores sobre el tema en un texto único. 
Otro de los méritos es su claridad, y a este respecto pienso que algunas de las enmiendas del ponente, entre otras, han ayudado a simplificar al máximo las partes excesivamente burocráticas. 
Entre los elementos más innovadores se encuentran la propuesta de sustitución del permiso de residencia, como ha mencionado el Comisario, por un simple certificado de registro emitido por la autoridad competente. 
Las modalidades de registro deben ser sencillas y directas, y en cualquier caso debe aplicarse el principio de autocertificación, como ya sucede en algunos Estados miembros. 
El principio de autocertificación también debe aplicarse a la acreditación de ingresos y de cobertura del seguro de enfermedad. 
En el caso de miembros de la familia nacionales de terceros países, deberán proporcionar un documento de identidad para comprobar la existencia de un vínculo de parentesco con objeto de evitar posibles abusos. 
La Directiva introduce otro principio innovador, que se refiere a la expulsión de ciudadanos de terceros países con derecho a residencia en territorio comunitario. 
La Directiva estipula que no se les puede expulsar en ninguna circunstancia. 
Este planteamiento aplica el «objetivo de Amsterdam» , es decir, la creación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia sin fronteras, aunque es probable que algunos Estados miembros deseen establecer sus propias reglas en esta materia. 
He dejado el tema más controvertido para el final, como ocurre siempre cuando se introducen debates en esta Cámara: la familia, su composición y las definiciones de pareja y cónyuge. 
Para evitar que esta gran riqueza de legislación innovadora fuera secuestrada por el tira y afloja de siempre, como ponente me he esforzado en ser lo más abierto posible, llevando mis principios y los principios del Grupo político al que represento al límite, con el fin de concluir el proceso con la Directiva intacta. 
Además, como ha confirmado el Tribunal de Justicia en varias ocasiones, no existe ambigüedad sobre la definición de cónyuge en el derecho comunitario. 
A este respecto, y en relación también con las parejas de hecho, el ponente ha incorporado varias enmiendas presentadas y posteriormente retiradas por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, que remiten a las leyes de los distintos Estados miembros con el fin de poner fin a las discrepancias que todavía existen en el plano comunitario. 
En mi opinión, este recurso democrático a la subsidiariedad, a la soberanía nacional, respeta todos los intereses, y debería evitar las típicas cruzadas que podrían muy bien mermar el contenido del informe y restar efectividad a su ámbito de aplicación. 
En resumen, cada Estado miembro puede regular las cuestiones familiares sobre la base de su propia legislación y sus inquietudes. 
Sería una pena si no consiguiéramos obtener un texto adecuado que contara con el amplio apoyo del Consejo, teniendo en cuenta la excelente oportunidad de codecisión que tenemos en este asunto. 
Además, es inconcebible que el modelo apoyado por tan sólo dos Estados deba imponerse a 13 países, o que se dé prioridad a símbolos y dogmas y no a reglas responsables que esperan millones de ciudadanos que desean organizar sus vidas. 
En resumen, hay que decir que el enfoque del ponente está, en su mayor parte, en consonancia con el de la Comisión, que ha elaborado un texto coherente y objetivo que también expresa, como ya sabemos, la postura del Consejo. 
Tenemos la oportunidad de dar a los ciudadanos reglas nuevas y modernas que suponen una mayor garantía de libertades civiles. 
Confío en que serán adoptadas en la votación en esta Cámara, y quiero dar las gracias a los ponentes de opinión y a todos los diputados que han enriquecido el informe con sus enmiendas, las cuales sin duda han mejorado el contenido de la Directiva. 
. (ES) Señora Presidenta, la ciudadanía europea fue una de las grandes consecuciones del Tratado de la Unión adoptado en Maastricht en 1992. 
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los derechos de la ciudadanía europea, incluido el derecho de libre circulación y residencia dentro de la Unión, eran derechos originarios de los ciudadanos europeos, cuyo reconocimiento no requería ningún desarrollo legislativo. 
De conformidad con este fundamento jurídico, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior estimó que no existía motivo para el establecimiento de restricciones de carácter administrativo, ni para la entrada en un país ni para la libre circulación y residencia. 
Se ha avanzado mucho en el campo de la organización legislativa a través de los Acuerdos de Schengen, pero lo cierto es que algunos países siguen siendo reacios a esos avances y se mantienen fuera de ellos. 
Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior esperaba que esta propuesta de directiva supusiera un efectivo paso adelante al eliminar todas las restricciones de carácter administrativo y de contenido a la posibilidad de que un ciudadano comunitario pueda establecerse en otro país comunitario. 
Éste era el sentido de las enmiendas que aprobó la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior no fueron aceptadas por la comisión de fondo, la Comisión de Libertades, y el ponente, como es lógico, tendría interés en que se mantuvieran, pero no ha insistido, para no ir en contra de los acuerdos logrados en este ámbito. 
Sin embargo, yo quisiera llamar la atención sobre una enmienda que en cierta medida podría dar acogida a estas preocupaciones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, me refiero a la enmienda 23- que introduce un nuevo artículo 4 ter- que dice que «la presente Directiva no deberá dar lugar a la supresión de los derechos existentes establecidos por la legislación de la Unión o por las decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas». 
En mi opinión, esta enmienda es fundamental si no queremos hacer retroceder los derechos de los ciudadanos europeos dentro de la Unión. 
Señora Presidenta, la propuesta de la Comisión de una Directiva sobre el derecho de los ciudadanos a circular libremente es sin duda un paso importante para eliminar los obstáculos técnicos injustificados que persisten incluso en una Europa unida. 
Sin duda, las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo han mejorado de manera significativa la propuesta de la Comisión. 
Las enmiendas presentadas por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades tienen por objeto conseguir varias mejoras con vistas a reforzar la libre circulación de las mujeres, teniendo en cuenta los problemas específicos a los que se enfrentan las mujeres y el principio de no discriminación por razones de género. 
Por desgracia, señor Comisario, su ambición de permitir a los ciudadanos europeos que ejerzan su derecho de residencia libremente y sin impedimentos no ha producido un texto neutral en términos de género que tenga en cuenta los problemas específicos a los que se enfrentan las mujeres. 
El problema principal se refiere a las mujeres que dependen económicamente de sus maridos, y que en caso de muerte o separación no tienen posibilidad de prolongar su derecho o de seguir residiendo en otro país europeo. 
En otras palabras, se les niega automáticamente cualquier derecho legal que se derive de su residencia en otro Estado miembro de la Unión. 
Pensamos que esto hay que corregirlo. 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades también señala la importancia de proteger todas las relaciones interpersonales otorgando a las parejas de cualquier sexo que cohabitan los mismos derechos que un cónyuge. 
Cada vez más Estados miembros están encontrando maneras de reconocer a las parejas que viven juntas sin casarse oficialmente. 
La mayoría de países ya permiten a las parejas registrarse oficialmente, y por lo tanto esta categoría ha de incluirse en la definición de miembros de la familia. 
Señora Presidenta, en nombre de mi colega, Carmen Cerdeira, que ha sido ponente alternativo para este informe, y que, lamentablemente, no puede estar aquí, voy a intentar, en la medida de lo posible, intervenir en nombre de mi grupo político. 
La ciudadanía de la Unión- institucionalizada y creada como tal por el Tratado de Maastricht y más tarde modificada por el Tratado de Amsterdam- confiere una serie de derechos y deberes a los nacionales de todos los Estados miembros. 
Con ella se pretende asociar a los ciudadanos al proceso de integración europea, dándoles una mayor implicación, fortaleciendo la protección de sus derechos y fomentando la idea de una identidad europea a través de la creación de un sentimiento de pertenencia de los ciudadanos a la Unión. 
Estos derechos de ciudadanía y la Unión en su conjunto sólo tendrán credibilidad para los ciudadanos si pueden aplicarse en la práctica de su vida diaria. 
En el marco de la ciudadanía de la Unión, uno de los derechos fundamentales otorgados por la misma se recoge en el apartado 1 del artículo 18 del Tratado, que confiere a todo ciudadano de la Unión el derecho a entrar, circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. 
El mismo derecho, con una redacción prácticamente similar, es conferido al ciudadano europeo por el apartado 1 del artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y esto nos parece muy relevante. 
En consecuencia, estos derechos tienen carácter constitutivo y no declarativo, es decir, se adquieren independientemente de la concesión o de cualquier permiso expedido por los Estados miembros. 
Saludamos la propuesta de la Comisión, que consideramos realmente un paso hacia adelante. 
La circulación de los ciudadanos de la Unión entre los Estados miembros debería efectuarse, mutatis mutandis, en condiciones similares a las de los ciudadanos dentro de un Estado. 
En realidad, señora Presidenta, los ciudadanos de la Unión han interiorizado este derecho mucho más rápida y sólidamente que sus gobiernos. 
Lo han interiorizado y lo ejercen. 
Le puedo asegurar que en mi parte de la Unión, en la costa donde paso varios días, hay numerosos ciudadanos europeos residentes ilegales que, simplemente, van y vienen entre sus dos casas, una en el país de origen y otra en el mío, siempre que quieren y sin llenar ningún papel. 
Es indemostrable que estos señores hayan vuelto o no a su casa en los últimos seis meses, porque a veces ésta se encuentra a 60 km. del país vecino. 
El euro va a hacer esto todavía más fácil y más posible y yo espero que se pueda avanzar en el sentido de la Comisión. 
Por eso, mi Grupo ha presentado enmiendas que pretenden, de una vez por todas, eliminar la consideración de la condición económica de las personas, dando prioridad a la de ciudadano, así como reconocer que en este momento los ciudadanos y sus familias, tal como son, ejercen ya la libertad de circulación dentro de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, quisiera indicar que apoyamos la propuesta del Sr. Santini tal y como la ha adoptado la comisión. 
El propósito de la Directiva es llenar de contenido la ciudadanía de la Unión Europea y potenciar la libertad de circulación de las personas en la Comunidad. 
La propuesta significaría una consolidación de la actual multiplicidad de reglamentos, directivas y sentencias en este ámbito. 
De esta manera, la normativa legal vigente resultaría más claro y menos ambiguo. 
Al mismo tiempo, una legislación clara significaría una mayor facilidad para superar muchos de los obstáculos prácticos que todavía existen respecto de la libertad de circulación de las personas. 
El Grupo ELDR apoya totalmente el principio de no discriminación, por el cual a los ciudadanos de la Unión Europea de otros Estados miembros se aplican, en la medida de lo posible, las mismas normas que a los ciudadanos del propio país en cuestión. 
Esta Directiva es un paso adelante en la buena dirección. 
No obstante, también apoyamos la definición progresiva de la familia que se ha incorporado en la propuesta. 
A modo de comentario general, quisiera dejar claro que el propósito de la propuesta no es establecer una definición de la familia. 
El propósito es, básicamente, preservar la unidad familiar. 
Por lo tanto, la discusión en torno a la definición de la familia no debería desviar la atención del propósito de la propuesta y las consecuencias positivas de la adopción de la Directiva, a saber, un refuerzo de la base de las normas que rigen la libertad de circulación, un aumento de la movilidad de la mano de obra y, por supuesto, la preservación de la unidad familiar. 
Señora Presidenta, la propuesta de Directiva sobre el derecho de los ciudadanos europeos y de sus familias a la libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros marca un punto clave en la creación de una Europa más libre y más abierta, además de esforzarse por simplificar y racionalizar una verdadera tela de araña de disposiciones sobre empleados y autónomos, pensionistas, estudiantes y ciudadanos que simplemente quieren vivir en un país distinto del suyo. 
También las enmiendas adoptadas en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores han mejorado el texto original considerablemente, proporcionando una mayor seguridad legal a los trabajadores y protegiéndolos de los peligros de la inmigración ilegal. 
Sin duda, los ciudadanos europeos también deberían estar protegidos de estos peligros. 
Indudablemente, queda mucho por hacer, como han puesto de manifiesto la Sra. Karamanou y el Sr. Medina Ortega. 
Al abordar las expectativas de los miembros de la familia que quieren vivir fuera de su propio país, hemos estado impulsando, entre otras cosas, un aumento real de las libertades civiles, eliminando la discriminación por razones de identidad de género, orientación sexual o forma de cohabitación. 
Estamos convencidos de que, al igual que otros derechos, como el derecho al divorcio o al aborto, están arraigados en la mente de la mayoría de los europeos, también hay una necesidad clara de hacer efectivo el derecho de las personas que quieren vivir en un país distinto al suyo, de las que quieren vivir solas o con una pareja de su mismo sexo o de las que quieren formar una familia sin verse obligados a casarse. 
Desconozco si el Consejo decidirá o podrá preservar el equilibrio político y cultural de las decisiones del Parlamento, si apoyará el informe en la forma adoptada por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, pero estamos seguros de que si no lo hace, estará actuando en contra de los deseos de la mayoría de ciudadanos de la Unión, como ha señalado la Sra. Terrón i Cusí, y correrá el riesgo de ensanchar la distancia existente entre instituciones y personas. 
Señora Presidenta, mi Grupo también está muy satisfecho con la Directiva propuesta y con el informe. 
Mientras oímos a menudo que la Unión Europea quiere seguir adelante con la integración demasiado rápidamente en otros ámbitos, ésta es una cuestión que la gente piensa que debería haberse solventado hace mucho tiempo. 
De hecho, la gente a menudo opina que ya está solventada, y les decepciona descubrir que la libre circulación no es tan libre como pensaban. 
Un ejemplo sería un sueco que quisiera trasladarse a Italia para vivir y trabajar. 
De todos modos, esto se está simplificando. 
Ahora sé que algunos diputados de este Parlamento, y especialmente algunos Estados miembros, piensan que éste es un asunto de migración. Eso me parece bastante inverosímil. 
Se trata principalmente de la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea y sólo concierne a las personas de terceros países si están casadas o mantienen relaciones duraderas con ciudadanos de la Unión Europea. 
Así que pongamos cada cosa en su sitio. 
Una parte importante de esto es el hecho de que, sin duda, muchas personas que quieren viajar por la Unión Europea o que quieren vivir en otro país probablemente no desean hacerlo solas, sino junto con sus familias o sus parejas. 
Esta cuestión ha sido ampliamente comentada en el informe, la definición se ha ampliado y mi Grupo está satisfecho con eso. 
Sin embargo, como se desprende de las enmiendas y comentarios del Sr. Pirker, la definición sigue siendo muy controvertida. 
Matrimonio: pensamos que esto es lógico; debe permitirse al cónyuge de la persona en cuestión acompañarla. 
También pensamos que las parejas inscritas no representan un obstáculo insalvable; debe permitirse a la pareja inscrita de la persona en cuestión acompañarla. 
Sin embargo, la cuestión de las relaciones duraderas es difícil. 
Por esta razón, quisiera citar las palabras del Sr. Pirker para que quede constancia de que he estado escuchándole con atención. 
Ha dicho: «Deberíamos decir adiós a la opinión de que tan sólo unos pocos saben lo que se entiende por ' familia? ». 
Estoy totalmente de acuerdo con esto. 
Creo que lo más importante es que las personas se comprometan entre ellas, que quieran hacerse cargo unas de otras, que quieran ocuparse unas de otras, y por ello creo que es absurdo que queramos alterar la vida familiar porque falte cierta firma oficial. 
También pueden considerarse alternativas: por ejemplo, durante cuánto tiempo han vivido juntas las personas. 
Hay alternativas; lo más importante es que las personas estén comprometida entre ellas, que tengan una vida familiar. 
Puede que falte una firma oficial, pero veamos lo que podemos hacer al respecto como Unión Europea en lugar de alterar la vida familiar porque falta una firma. 
Señora Presidenta, hemos estado esperando esta Directiva sobre la libre circulación de las personas durante muchos años, probablemente demasiados, así que ahora que por fin está aquí, la vamos a apoyar. 
De hecho, he tomado la palabra especialmente para presentar al ponente, de palabra y por escrito, la petición del Partido Radical Transnacional firmada por 1 122 personas de 30 nacionalidades distintas que exigen el pleno respeto de la libre circulación de personas en la Unión Europea con el fin de eliminar la discriminación de parejas del mismo sexo. 
A este respecto, quisiera manifestar particularmente al ponente, el Sr. Santini, y al Sr. Pirker- quien parece ver en algunas enmiendas y pasajes que ha incluido la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores el deseo de utilizar la Directiva sobre la libre circulación para imponer un único modelo familiar en Europa- que esta acusación carece de fundamento, y que los textos que han adoptado lo demuestran. 
Lo que estamos intentando hacer no es imponer subrepticiamente un único modelo familiar, sino asegurar que con respecto a la libre circulación de personas, con respecto a la legislación europea, por tanto, no haya distinción de trato ni discriminación sobre la base del hecho de que a algunas parejas se les reconozca una forma particular, ser parejas del mismo sexo o heterosexuales. 
Esta es nuestra petición. 
No pensamos que al asegurar la libre circulación de personas en la Unión Europea estemos introduciendo automáticamente los matrimonios del mismo sexo en Europa, pero si los matrimonios del mismo sexo están reconocidos en un país, cuando una pareja del mismo sexo se traslade a otro país, sus derechos en materia de libre circulación- no en términos de derechos familiares- deberían estar reconocidos. 
Esta es la cuestión, y por esta razón pido a los diputados de los demás Grupos que no eliminen la frase «independientemente del sexo». 
Se ha objetado que esto es innecesario y superfluo. 
Nosotros no somos abogados. 
Si luego resulta que es superflua, pues mucho mejor. 
Por lo tanto: libertad de circulación independientemente del sexo de las personas que han contraído matrimonio o forman parejas de hecho. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, como señalé en mi informe sobre la ciudadanía europea, que adoptamos en sesión plenaria el pasado mes de septiembre, el proceso de reconocimiento de la ciudadanía europea ha sido lento, y todavía hoy se enfrenta a demasiados obstáculos y hay que tomar iniciativas para asegurar que el concepto de ciudadanía europea se aplica plenamente en su aspecto político, administrativo, judicial, social y económico. 
Entonces también recomendé que, con el fin de abordar de los obstáculos que dificultaban el ejercicio de la libertad de circulación y residencia por parte de los ciudadanos de la Unión Europea, la propuesta de Directiva que estamos discutiendo hoy aquí debería adoptarse tan pronto como fuera posible. 
Al basarse en una reelaboración de textos anteriores, esta propuesta intentaba introducir la tan necesitada racionalización, combinando en un único instrumento legal el derecho a la libre circulación y residencia en el territorio europeo, y consagrar específicamente el derecho de residencia permanente tras cuatro años de residencia continua. 
Esta es una propuesta bienvenida. 
Gracias a la labor de nuestro ponente, el Sr. Santini- una labor excelente, por cierto- se ha introducido en esta propuesta una serie de contribuciones que en mi opinión son muy positivas. 
Sin embargo, existen dos aspectos que ya se han mencionado en este debate y que todavía son problemáticos. 
Son los que se refieren a la definición de la familia, una definición excesivamente amplia que parece querer obligar a la legislación nacional a reconocer la definición de una pareja de hecho como miembro de la familia. 
Pienso que en esta situación, el sentido común dictaría respeto por la legislación nacional y la normativa vigente en cada Estado miembro. 
Esto también se aplica al concepto demasiado amplio de miembro de la familia, respecto al cual creo que sería más razonable mantener el actual acervo para los descendientes directos y parientes directos, contrariamente, por tanto, a la ampliación contemplada en la propuesta. Esto podría comportar un aumento enorme del número de personas que solicitarían la reunificación familiar. 
La ampliación de la definición propuesta por el Sr. Santini es, por lo tanto, aceptable por motivos humanitarios o por motivos graves de salud. 
Señora Presidenta, agradezco al ponente y a la Comisión que hayan presentado este importante informe, que trata de modo correcto asuntos de mucha enjundia. 
Los parlamentarios debemos esforzarnos en lo posible por facilitar a los ciudadanos europeos la libre circulación por toda la Unión Europea. 
No deja de ser anómalo que, en estos momentos, sea más fácil trasladar mercancías o capitales en la Unión Europea que desplazarse de un sitio a otro para los ciudadanos europeos. 
El Sr. Vitorino ha dicho al principio que la libre circulación choca con demasiados obstáculos, y la Sra. Buitenweg acaba de dar algunos ejemplos que lo evidencian. 
Si la Unión Europea debe acercarse más al ciudadano, debemos hacer que sea mucho más un mercado común para las personas que lo que es en estos momentos. 
Sin embargo, igual que con los negocios, para que esto funcione eficazmente tiene que haber una normativa. 
Por ejemplo, los pensionistas británicos que se trasladan a vivir a España y otras personas que viajan de un país a otro para trabajar deben estar exentos de trámites burocráticos excesivos e innecesarios. 
Si queremos cumplir nuestro objetivo de que la Unión Europea sea la economía más competitiva del mundo en 2010, y que sea tan fácil para los ciudadanos de la Unión Europea desplazarse de un Estado miembro a otro como lo es para los ciudadanos estadounidenses circular de un Estado a otro de los Estados Unidos, necesitamos un flujo libre de nacionales europeos que se desplazan de un país a otro para vivir y trabajar. 
Se trata de que los ciudadanos europeos y sus familias puedan desplazarse libremente para trabajar y residir; se trata de que adolescentes obtengan permisos de residencia en el país en que han crecido. 
Sin embargo, existen ciertos aspectos de este informe que podrían prestarse a malinterpretaciones o a abusos.. 
De ahí que debamos incorporar unas pocas cláusulas adicionales. 
Mi propio Gobierno está preocupado por asegurar que nuestros esfuerzos para facilitar la libre circulación de los nacionales legítimos de la Unión Europea no abran nuevos canales que puedan ser explotados por bandas criminales y otros. 
Como bien sabemos todos, vivimos en un mundo peligroso. 
Existe una minoría de personas- que por cierto es una minoría muy pequeña- que quizá deseen explotar con fines ilegales y violentos la libertad de circulación que facilita este informe. 
Por consiguiente, no debemos negar a los Estados miembros el derecho a excluir a personas cuando existe una amenaza probada para la seguridad nacional. 
Necesitamos unas cuantas garantías más para proteger a las personas de los riesgos de la vida moderna. 
Apoyo lo que ha dicho el Sr. Di Lello Finuoli: el quid de la cuestión no está en si las personas están casadas o con quién conviven en una relación duradera. 
El Tratado garantiza el derecho de todos los ciudadanos a la vida familiar y nosotros, como Parlamento, estamos facultados para respaldarlo. 
Otros ya han hablado sobre ello. 
Las convivencias legítimas y duraderas no deben verse nunca amenazadas. 
Por otra parte, a modo de compensación, quizás necesitamos asegurar que haya salvaguardias que desalienten a la pequeña minoría que quisiera utilizar el matrimonio como vía para obtener la entrada ilegal. 
Se trata de la libre circulación de las personas y de la libertad de vivir sus vidas como deseen: un mercado libre para las personas, un mercado común para los ciudadanos de la UE y sus familias. 
Señora Presidenta, por fin esta propuesta cumple la promesa de hace 50 años de permitir a los ciudadanos de la UE y sus familias a que residan en otro Estado miembro. 
Son grandes noticias para la causa de la libertad. 
Pero al escuchar a algunas personas, incluidos los «conservadores» del Gobierno laborista británico, uno creería que de lo que se trata es de facilitar la inmigración ilegal y el terrorismo. 
Ya es hora de que desaparezca esta histeria mal informada en el Reino Unido. 
Existen suficientes garantías en esta medida y en la legislación de la Unión Europea. 
Sobre la definición de miembro de la familia que los ciudadanos de la Unión Europea pueden llevarse consigo cuando se desplacen, ésta debe al menos respetar la ley del país de residencia de origen. 
¿Por qué la relación de pareja inscrita de un homosexual sueco debe perder todo reconocimiento de su situación cuando se desplaza, por ejemplo, a Italia? 
Los Gobiernos, incluido el británico, están muy contentos con el principio del mutuo reconocimiento en relación con las condenas penales, incluida la orden de detención europea. 
Apliquémoslo también con respecto a la libertad y los derechos de los ciudadanos, incluidos los ciudadanos británicos. 
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la propuesta de Directiva sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea y de los miembros de sus familias a circular libremente y residir en el territorio de los Estados miembros se deriva de la nueva situación jurídico-política creada por la introducción de la ciudadanía de la Unión Europea. 
Los distintos elementos legislativos existentes en la actualidad van a ser sustituidos por una ley única, cambiarán las condiciones y los trámites, y lo que ahora hay que aclarar son las restricciones que se van a aplicar por razones de orden público, seguridad y salud. 
Lo que se está debatiendo son los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea y de los miembros de sus familias. 
En las deliberaciones que tuvieron lugar en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, nos encontramos con el problema de definir qué se entiende por «miembros de la familia» , y deduzco de lo que he oído esta mañana que no éramos las únicas. 
¿Cómo definimos la familia hoy en día? 
¿Entendemos por «familia» al padre, la madre, los niños, junto con los padres y los abuelos? 
¿Incluye el término «familia» a las parejas de hecho, cualquiera que sea su sexo? 
Aquí nos encontramos con que la situación jurídica varía de un Estado miembro a otro, y en mi opinión, aquí es donde debe prevalecer la subsidiariedad de los Estados miembros. 
Al mismo tiempo, me parece que se necesita urgentemente una definición europea de la familia; después de todo es con eso con lo que tenemos que trabajar. 
¿Quién va a dar seguridad a la madre o al padre que cría a los hijos y por tanto no puede dedicarse a trabajar para proporcionarles pruebas de sus propios ingresos seguros, si la pareja que trabaja muere o los abandona? 
En caso de residencia durante un período superior a seis meses, todavía se les exige la presentación de una declaración que demuestre su independencia económica, pero a menudo es la dependencia económica de las mujeres la que las sitúa en una posición inestable. 
Esto significa que necesitamos un estatuto jurídico independiente para los cónyuges. 
Tal y como yo lo veo, existe una familia cuando alguien acepta la responsabilidad de educar a otras personas, mantenerlos y cuidarlos. 
La sociedad tiene que ofrecer seguridad a las personas que hacen esto, que se comprometen y se obligan a hacerlo, y yo incluyo sin duda entre estas personas a las que han firmado un acta de matrimonio. 
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con el Comisario en que se trata de la ciudadanía de la Unión Europea y en que es fundamental para facilitar la libre circulación de nuestros ciudadanos. 
Tal como ha dicho muy acertadamente, señor Comisario, si no intervienen otros factores los ciudadanos de la UE deben poder circular entre los Estados miembros y hay que reducir los trámites administrativos a los estrictamente necesarios. 
Acojo con satisfacción la definición más amplia de «familia» en este informe y la importancia que se da a la consideración de los motivos humanitarios en la aplicación de esta Directiva. 
Sin embargo, la definición más amplia de la familia no será bien acogida por todos, y no comparto el análisis que hace de esta Directiva el Gobierno del Reino Unido, mi propio Gobierno laborista. 
Sobre la definición más amplia, debemos examinar nuestros prejuicios y nuestras creencias arraigadas. 
De lo que se trata es de la ciudadanía nacional y de la ciudadanía de la Unión Europea. 
Debemos avanzar a un ritmo que no debe dictarnos el Estado miembro menos proclive a la reforma. 
La definición de «cónyuge» debe ser clara de acuerdo con el Tribunal de Justicia Europeo, pero nos compete a nosotros los legisladores redefinir y revisar las definiciones, especialmente a la luz de la vida familiar moderna y la diversidad de relaciones duraderas y perdurables. 
Sobre este punto, yo mantengo una relación con una persona de mi mismo sexo por espacio de 20 años, pero quien es mi pareja desde hace 20 años no sería considerado miembro de la familia si tuviera que trasladarse conmigo a Bruselas para que pueda yo desempeñar mi labor en el Parlamento. 
Se me exige que pague los mismos impuestos y estoy sometido a la misma legislación, pero tanto a mí como a mi pareja- una relación que no puede ser reconocida en el Reino Unido- se nos niega la igualdad. 
Así pues, o bien alentamos a las personas a que establezcan relaciones honestas y duraderas o las animamos a que celebren matrimonios de conveniencia que se saltarán a la torera esta Directiva y todas sus buenas intenciones. 
O hay libre circulación para todos nuestros ciudadanos, o no la hay. 
La baronesa Ludford está absolutamente en lo cierto. 
En este terreno tiene que existir un principio de reconocimiento mutuo. 
Pido al Grupo del PPE-DE que se una a nosotros para explorar las posibilidades que existen y alcanzar un compromiso razonable con el Consejo, reconociendo al mundo moderno y ofreciendo igualdad de derechos a todos nuestros ciudadanos, y no sólo para algunos. 
Señora Presidenta, la libertad de circulación es la esencia del derecho de la CE. 
Debemos hacer realidad la libertad de circulación en la Unión Europea. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción la reglamentación uniforme que pueda facilitar que las personas circulen sin dificultad por los distintos Estados miembros de la Unión Europea. 
Después de la ampliación, todavía será más importante que las normas que rigen la libertad de circulación sean claras y simples para que todos los ciudadanos de la Unión Europea, tanto los nuevos como los antiguos, sean conscientes de sus derechos y de las normas aplicables. 
Para favorecer una mayor circulación dentro de la Unión Europea, tenemos que empezar simplificando las normas. Las reglas también han de ser generosas. 
Por lo tanto, me complace que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores haya propuesto normas que facilitan la libre circulación de los distintos miembros de la familia. 
Me complace en particular que esta comisión haya propuesto ampliar el concepto de familia. 
Las personas que no viven en lo que, desde un punto de vista jurídico, son estructuras familiares tradicionales, deben tener el mismo derecho que las parejas casadas a vivir juntas en los países de la Unión Europea. 
Deben tener derecho a sentirse seguros de que a todos se nos aplican los mismos derechos. 
Sin duda esto supone un reto para muchos en la Unión Europea, puesto que cuestiona el pensamiento tradicional. 
Sin embargo, debemos aceptar ese reto y la oportunidad que nos brinda, precisamente porque vivimos en una unión común y queremos crear una ciudadanía común de la Unión Europea. 
En última instancia, nos preocupa el respeto y la igualdad de todas las personas. 
Los reglamentos que rigen los asuntos de familia en la Unión Europea deben ser generosos y no discriminatorios. 
Señora Presidenta, ante todo quisiera agradecer nuevamente al ponente su informe excelente y confirmar que la Comisión podrá asumir la gran mayoría de enmiendas formuladas en nuestra propuesta modificada, que presentaremos en breve. 
Permítame pasar a las dos cuestiones polémicas en este debate. 
Ante todo, respecto al artículo 2 y el concepto de miembro de la familia, hay que reconocer que la armonización de las condiciones de residencia de los ciudadanos de la Unión Europea no debe implicar la imposición por parte nuestra de cambios en la legislación de los Estados miembros que define la condición de miembro de la familia. 
Entiendo que este debate y la dificultad, por un lado, de asegurar la compatibilidad con el artículo 13 del Tratado, fundamento legal de la lucha contra la discriminación, incluida la discriminación de las parejas no casadas o las parejas del mismo sexo, cuando, por otra parte, el Tratado excluye la legislación familiar del ámbito de competencias de la Unión Europea. 
En este campo tan sensible, la Comunidad debe respetar las particularidades de la legislación de los Estados miembros y debe ser flexible al respecto. 
No existe una solución legal universal para este tipo de relación de hecho o para parejas inscritas o matrimonios del mismo sexo. 
Quisiera hacer hincapié en que no debemos exagerar el alcance de las dificultades prácticas a las que las parejas no casadas o las parejas del mismo sexo se enfrentan en el momento de ejercer su derecho de residencia. 
De hecho, si las dos personas son ciudadanas de la Unión Europea, ambas disfrutan del derecho de residencia con arreglo al artículo 18 del Tratado, independientemente del carácter de su relación. 
Sin embargo, reconozco que el problema se plantea cuando uno de ellos es nacional de un tercer país. 
De momento, la propuesta de la Comisión es definir el matrimonio con referencia al término «cónyuge» , y no pretendemos definir este término. 
De hecho, actualmente sólo la legislación de dos Estados miembros reconoce como matrimonio la unión entre personas del mismo sexo. 
Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el término «matrimonio» designa una unión entre personas de distintos sexos. 
La Comisión prefiere, llegados a este punto, seguir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y utilizar una fórmula que permita una interpretación progresiva de este concepto sobre la base de los futuros avances de la legislación de los Estados miembros. 
En lo que se refiere a las parejas no casadas, incluidas las parejas inscritas, la Comisión considera también que el reconocimiento de estas situaciones debe efectuarse al amparo de la legislación del Estado miembro de acogida. 
Entiendo el argumento de reconocimiento mutuo, pero hay que al utilizarlo con sumo cuidado. 
El reconocimiento, a efectos de residencia, de parejas no casadas sobre la base de la legislación del Estado miembro de origen podría plantear problemas a aquellos Estados miembros cuya legislación en materia de familia no admite estas posibilidades. 
Asimismo, el principio de no discriminación exige que el Estado miembro de acogida trate a las parejas no casadas de otros Estados miembros de la misma forma que a sus propios nacionales. 
Por consiguiente, creo que todos estaremos de acuerdo, en particular en este terreno, en que no debemos establecer una discriminación positiva. 
Este sería el resultado efectivo de este tipo de propuesta. 
Seguiré muy de cerca sus deliberaciones de mañana y las negociaciones con el Consejo. 
Estoy seguro de que todos ustedes son conscientes de la dificultad de este debate y de los diferentes enfoques de los Estados miembros. 
El ponente ha propuesto una enmienda al artículo 21 sobre la igualdad de trato a fin de excluir a las personas inactivas de la asistencia social durante los seis primeros meses en lugar de los primeros cuatro años de residencia, hasta que adquieran derechos de residencia permanente, según contemplan las propuestas de la Comisión. 
Soy consciente de que el texto de la Comisión necesita adaptarse en vistas del fallo que acaba de pronunciar el Tribunal de Justicia en este terreno, que establece que todo ciudadano que resida legalmente en otro Estado miembro debe disfrutar del mismo trato que sus nacionales en cuestiones referentes al bienestar social. 
Sin embargo, a pesar de que la enmienda del Sr. Santini apunta en la dirección correcta, no se puede aceptar en su formulación actual, ya que no es totalmente conforme al fallo del Tribunal de Justicia al que acabo de referirme. 
La Comisión considera que es preferible reconsiderar la propuesta y examinar mejor el contenido del fallo del Tribunal de Justicia. 
Presentaremos una propuesta modificada tan pronto como sea posible. 
Señora Presidenta, quisiera formular una pregunta al Comisario: Ha dicho que el único problema que se plantea a una pareja inscrita ocurre cuando uno de sus componentes es extranjero. 
Si los dos son ciudadanos de la UE, con arreglo al artículo 18 ambos pueden trasladarse a otro Estado por separado. 
Esto es cierto, pero lo que pierden es la condición de pareja inscrita y los derechos fiscales o sociales que conlleva; por ejemplo, el derecho a ser reconocido como pariente si uno de ellos está hospitalizado. 
Su respuesta no aborda esta cuestión. 
No se trata sólo de una cuestión de inmigración, sino también del reconocimiento del parentesco. 
No creo que podamos eludir esta cuestión, y pienso que el argumento del reconocimiento mutuo es contundente, como en otros sectores, por ejemplo en el Derecho penal. 
Gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a mediodía. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120) 
- (FR) Este informe y esta propuesta de Directiva constituyen un paso importante para concretar en la práctica una característica básica de la ciudadanía europea, que es la libertad de circulación efectiva de las personas dentro de la Unión Europea. 
No obstante, quisiera formular una crítica que se refiere a un aspecto que desgraciadamente no se ha tenido en cuenta. 
De hecho, la desigualdad todavía existe entre las personas residentes en un Estado miembro del que son nacionales y las personas de otro Estado miembro cuya residencia en el anterior es de larga duración pero que aparentemente disfrutan de un derecho de residencia permanente, confirmado por la emisión de un permiso de residencia. 
Estas personas seguirán estando en situación de desventaja en relación con los nacionales de ese país en el momento en que quieran cruzar cualquier frontera interior de la Unión Europea, porque tendrán que ir provistas de pasaportes o documentos de identidad emitidos por los Estados de los que derivan su nacionalidad, lo cual implica trámites administrativos y costes adicionales. 
Es una pena que no se haya aprovechado la oportunidad de poner fin a esta injusticia, bien proporcionando un sistema de documentos de identidad europeos, bien disponiendo que el permiso de residencia permanente sea considerado equivalente a un documento de identidad al cruzar las fronteras interiores de la Unión Europea. 
-De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0010/2003) de la Sra. Terrón i Cusí, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de la Comisión con vistas a la adopción de una Directiva del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta propia (COM (2001) 386- C5-0447/2001- 2001/0154 (CNS) ). 
Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias a la ponente, la Sra. Terrón i Cusí, y a todas las personas que han participado en la elaboración de este informe tan positivo que examinamos hoy. 
Con la Directiva propuesta vamos a crear un marco que, una vez aprobado, hará que los Estados miembros se muestren abiertos y transparentes en cuanto a sus políticas de inmigración. 
Es éste un gran paso adelante. 
Actualmente, los Estados miembros no saben cuál es realmente la política de inmigración de unos y otros. 
En el pasado, muchas de las políticas de inmigración nacionales se han llevado a cabo simplemente con sigilo. 
Lo que sí es sabido es que aquellas personas que entran ilegalmente, al final consiguen que los Estados miembros legalicen su situación de un modo u otro. 
Nuestra propuesta supone un primer paso encaminado a poner fin a esta pauta. 
Los inmigrantes deben poder entrar legalmente y obtener permisos de trabajo y una serie de derechos, si existen puestos de trabajo- y cada vez somos más conscientes de que los hay- que no pueden cubrirse con la mano de obra autóctona. 
En este sentido, conviene señalar que estos derechos no incluyen el derecho a permanecer en situación de desempleo en la Unión Europea. 
La propuesta contribuye además a simplificar procedimientos engorrosos y aportar claridad y seguridad jurídica. 
Sin embargo, tal como expusimos claramente en nuestra comunicación sobre política migratoria del 20 de noviembre, no pretendemos decidir por medio de una Directiva el número de inmigrantes que nuestras economías y sociedades pueden absorber. 
La Directiva propuesta deja esta decisión en manos de los Estados miembros que, junto con sus sociedades civiles, y sobre todo con sus autoridades regionales y locales, saben a cuántas personas pueden integrar. 
Por consiguiente, subrayo que, como siempre he dicho, esta propuesta no permite que entre ni un solo inmigrante en el mercado laboral de la Unión Europea. 
No hay duda de que la Comisión no crea un derecho subjetivo a la inmigración. 
Su propósito es simplemente armonizar el procedimiento de inmigración y cree de esta armonización es necesaria. 
Simplemente queremos que los Estados miembros informen unos a otros y a la Comisión de lo que está ocurriendo para que todo el mundo pueda aprender de la experiencia de los demás y encontrar cuál podría ser el valor añadido de las respuestas europeas. 
Y más aún cuando mayormente vivimos en una zona sin fronteras en que las decisiones afectan a nuestros vecinos. 
La Unión Europea debe movilizar ante todo sus recursos humanos existentes, incluidos los trabajadores extranjeros que ya residen legalmente en la Unión Europea. 
Hay que hacer más en el terreno de la formación, e incorporar a las personas mayores y a las mujeres en el mercado laboral. 
En este sentido, la propuesta da una clara preferencia al mercado laboral autóctono. 
No existe, por lo tanto, ninguna incompatibilidad entre la lucha contra el desempleo y la propuesta. 
Nuestros desempleados tienen cuatro semanas para presentarse y aceptar trabajos sin la competencia de trabajadores extranjeros. 
Sin embargo, debido a que nuestros desempleados no siempre están dispuestos o capacitados, el efecto de una población envejecida y la falta de cualificaciones hacen que la limitación de la migración legal hipotecaría la salud de nuestra economía. 
Tal como he dicho antes, incluso si los Estados miembros tuvieran que hacer frente a una escasez de mano de obra, serían libres de limitar el número total de trabajadores extranjeros que están dispuestos a admitir, si consideran, por ejemplo, que su sociedad ya sufre una carga de integración excesiva. 
Las cifras de inmigración son una de las prioridades de nuestros ciudadanos, y uno de los terrenos en que esperan claramente que resolvamos el problema a escala europea. 
Espero que este debate y su efecto en el Consejo nos permita avanzar. 
. (ES) Señora Presidenta, hemos repetido mil veces en esta Asamblea que una política global de inmigración europea debe basarse, en primer lugar, en el establecimiento de normas legales de inmigración y, luego, en instrumentos fuertes para hacer que estas normas se cumplan. 
Discutimos hoy una propuesta de Directiva que vendría a ser la piedra angular de esta política, una Directiva sobre la cual el Consejo no ha hecho, desde luego, grandes avances. 
El Parlamento también debería haberse pronunciado hace tiempo, pero vamos siempre a remolque en estas cuestiones. 
He elegido este momento para presentar mi informe porque, por primera vez en mucho tiempo, la Presidencia griega ha vuelto a incluir en la agenda política la cuestión de la inmigración legal, cosa de la que me congratulo. 
La propuesta de Directiva de la Comisión tiene por objeto la armonización de las condiciones de entrada y residencia de los nacionales de terceros países que pretendan entrar en un Estado miembro por razones de empleo. 
Admite la entrada de trabajadores de un tercer país cuando un puesto de trabajo no pueda ser cubierto por un trabajador nacional o de otro Estado miembro de la Unión o por un residente de un tercer país con derecho de acceso al mercado de trabajo. 
La propuesta prevé para el trabajador inmigrante un contrato en origen, salvo para aquellos que residan legalmente en la Unión Europea por otros motivos. 
El permiso de residencia y el de trabajo pasarían a ser un único documento. 
La adopción de esta Directiva implicaría el reconocimiento de la necesidad de canales legales para la inmigración y crearía un marco más transparente, con procedimientos más simples, lo que daría más facilidades a los agentes económicos y reforzaría, a la vez, los derechos de los inmigrantes. 
Por mi parte, doy la bienvenida a la propuesta de la Comisión. 
Sólo lamento que la Comisión, haciendo sin duda un ejercicio de realismo, no haya podido reflejar en esta propuesta de Directiva algunas de las ideas que avanzó en anteriores comunicaciones, porque creo sinceramente que no podemos seguir copiando modelos de control de la inmigración probados durante el pasado siglo, en pleno auge de la sociedad industrial, sino que debemos ser capaces de imaginar nuevos procedimientos adaptados a nuestro mundo, a una sociedad y a un mercado de trabajo que funcionan con claves muy diferentes a las de las décadas posteriores a la guerra. 
Algunas de las medidas estudiadas por la Comisión, como la movilidad, iban en el buen sentido y la realidad nos obligará a volver a ellas. 
Éste, señora Presidenta, es sólo un informe de opinión. 
Yo hubiese preferido hacer una resolución que un paquete de enmiendas- que difícilmente va a leer o va a tener en cuenta alguien que tenga capacidad real de decisión. 
Pero, por razones procedimentales, hemos tenido que presentar un paquete de enmiendas, y éstas deben señalar dos cuestiones fundamentales. 
En primer lugar, una fuerte voluntad o una señal fuerte a favor de una política europea de inmigración. 
Necesitamos normas claras que puedan cumplirse. 
Por ello, hemos rechazado las enmiendas, sobre todo las presentadas por el Grupo del PPE, que pretendían convertir la Directiva en una especie de recomendación que los Estados podían o no cumplir. 
Tampoco hemos admitido las enmiendas que introducían requisitos diferentes al del empleo y que eran difícilmente verificables. 
Si admitimos que la posibilidad de desempeñar un puesto de trabajo es lo que legitima la entrada y la residencia en la Unión, entonces debemos apostar por hacer funcionar este sistema. 
Al exigir al inmigrante un contrato o una oferta en firme desde el origen, ya estamos regulando el acceso en función del mercado de trabajo. 
Aún en una situación de desempleo, esta vía quedaría simplemente paralizada. 
En segundo lugar, hay que establecer normas que se puedan cumplir, incentivando así la llegada de inmigrantes por canales regulares y evitando los contratos ilegales; evitar que los trabajadores inmigrantes caigan en una situación de irregularidad, por razones burocráticas, una vez dentro de la Unión; y desincentivar, al máximo, la entrada de inmigrantes sin permiso. 
Hemos pretendido, en este sentido, tres cosas: que las personas que residan legalmente en la Unión, o se encuentren legalmente en ella por cualquier motivo o hayan entrado con un permiso de residencia y lo hayan perdido, puedan recuperar la situación de legalidad y no queden para siempre en una situación irregular y que los Estados puedan, si quieren, establecer un visado de seis meses para buscar empleo. 
Otras cuestiones que hemos introducido son el refuerzo de la igualdad de condiciones entre los trabajadores, con objeto de evitar toda discriminación y la creación de un mercado de trabajo de segunda clase del que serían víctimas tanto los inmigrantes como los trabajadores autóctonos. 
También pretendemos que se equipare a los trabajadores en derechos y obligaciones, que se permita la libre circulación de los trabajadores dentro del Estado miembro- por razones obvias no creo que haya que ir más allá- y, en general, que se reduzcan los plazos y las trabas burocráticas para establecer esta política de inmigración. 
Como nuestros ciudadanos y sus representantes, como los empleadores y los sindicatos, espero que nos dotemos de normas claras basadas en criterios de efectividad y no en problemas ideológicos, que poco ayudan. 
Señora Presidenta, doy las gracias a la ponente. 
También me complace ver que determinadas enmiendas que ha presentado la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales- pero que no han sido aceptadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores- han sido presentadas por varios Grupos políticos de esta Asamblea. 
La posición mayoritaria de mi comisión es que necesitamos simplificar y clarificar los procedimientos. 
Hemos oído quejas de algunas empresas acreditadas sobre el tiempo que les lleva obtener permisos de trabajo para sus empleados, por lo que algunas de ellas han llegado a utilizar visados de turista para que sus empleados entraran en el país y pudieran cumplir obligaciones contractuales, y otras perdieron oportunidades de negocio. 
Hemos oído decir a pequeñas y medianas empresas que no disponen de un departamento propio de recursos humanos lo difícil que puede ser encontrar a la persona que deseas y realizar todos los trámites burocráticos, y el tiempo que puede pasar hasta que esa persona empiece a trabajar efectivamente. 
Hemos oído decir a personas lo frustrante y ridículo que puede ser el proceso cuando una solicitud queda bloqueada por un motivo técnico menor y nadie asume la responsabilidad de informar a la persona afectada de cuál es este motivo. 
También hemos oído hablar de la obligación de regresar al país de origen, con muchos gastos e inconvenientes, para solicitar un nuevo permiso de trabajo asociado a un nuevo puesto de trabajo. 
Esto le ocurrió a un empleado de UNICE, la federación patronal. 
Por consiguiente, apoyamos las enmiendas sobre los plazos y tiempos de respuesta más estrictos para los permisos de trabajo, sobre el requisito de informar al solicitante si surgen problemas con su solicitud y sobre la supresión de la obligación del empresario de demostrar de nuevo, dentro un plazo de 12 meses, la necesidad de que un nacional de un tercer país ocupe un puesto de trabajo vacante, si bien por algunas historias esperpénticas que hemos oído contar sobre el tiempo que se tarda para obtener permisos, quizás deberíamos extender este plazo todavía más. 
Hemos intentado eliminar algunas de las tareas duplicadas que deben llevar a cabo el empresario y el Estado, para intentar que el trabajador reciba el trato propio de un adulto responsable. 
Hemos apoyado la propuesta de ECOSOC de examinar la idea de un permiso de solicitante de puesto de trabajo, que podría ser de gran ayuda para las pequeñas y medianas empresas. 
Señora Presidenta, la Comisión de Peticiones recibe una serie de documentos que se refieren a la falta de oportunidades para inmigrar en Europa, y esta es otra razón por la que se necesita una Directiva respecto de este asunto. 
Comisario Vitorino, usted también tiene razón al decir que una vez que esta Directiva entre en vigor, corresponderá a los Estados miembros decidir si quieren inmigración, y en caso afirmativo, cuánta quieren. 
Pero mediante esta propuesta de Directiva, emite usted una señal en el sentido de que la «inmigración es un derecho». 
El jueves, usted no volverá a un país en el que actualmente hay 4,6 millones de personas que carecen de empleo. 
O, planteando la pregunta de otro modo, ¿hay escuelas en Portugal en las que la mitad de los niños no entienden el portugués? 
Es cierto que necesitamos normas con respecto a la inmigración legal, y que tenemos que controlarla, pero también resulta que nuestros problemas con la economía y la educación significan que carecemos de puestos de trabajo apropiados para nuestros propios conciudadanos. 
A pesar de sus pocos planteamientos positivos, la señal que emite usted con esta Directiva no es la correcta, y la emite usted en un momento inoportuno. 
Por ejemplo, usted pretende conceder también a un nacional de un tercer país el derecho a inmigrar si demuestra que existe un puesto trabajo que ha estado vacante durante cuatro semanas, y usted, señora Terrón i Cusí, quiere reducir esta propuesta a un plazo de tres semanas. 
Esto me recuerda a una carrera de coches en una película de James Dean en la que la prueba consistía en ver quién era el último en saltar de un coche antes de caer por un precipicio. 
Por cierto que la traducción en alemán del título de la película es «No saben lo que hacen». 
A pesar del alto nivel de desempleo existente en Alemania, en estos momentos hay todavía muchos puestos que siguen estando vacantes. Y uno de los motivos es que el sistema educativo está muy mal gestionado. 
Lo que usted dice ahora es: «no se preocupen por la reforma del sistema educativo de su propio país; llevaremos a inmigrantes para que hagan esos trabajos». 
¡Pero esa no puede ser la solución! 
Señora Presidenta, Señorías, la Directiva presentada por el Comisario Vitorino será el proyecto de ley fundacional europea sobre la inmigración en Europa. 
Al presentarla, adopta un enfoque específicamente sistemático abriendo los mercados de trabajo europeos a los inmigrantes, mientras, por derogación, ofrece a los Estados miembros la posibilidad de tener en cuenta su propia capacidad de absorción y reducir el número de inmigrantes a cero si es preciso. 
Esto ocurre en un momento en el que contamos con 15 millones de parados en Europa, y en mi propio país la cifra asciende casi a 5 millones. 
Los expertos están de acuerdo en afirmar que esta situación persistirá durante años, de modo que podemos decir sin más que Europa no necesitará más trabajadores durante muchos años. 
Se necesitan en ciertos sectores, en ciertas actividades, en ciertas regiones y de forma temporal, pero en principio y en general no se necesitan. 
Lo que esto significa es que, en caso de que esta Directiva se convierta en ley, habrá una mayor presión sobre los mercados de trabajo de Europa en detrimento de aquellos que ya están en el paro, y en especial, en detrimento de los nacionales de terceros países que se encuentran de forma legal en la Unión Europea y que, en cualquier caso, tienen más posibilidades de quedar en paro que los ciudadanos de la Unión Europea. 
Usted está abriendo esta posibilidad si un puesto no se cubre en un período de cuatro semanas. 
El año pasado, en Alemania el período de tiempo medio que pasaba desde que el puesto de trabajo se anunciaba y alguien lo ocupaba fue de unos setenta días. 
Esto demuestra que el período de cuatro semanas es absurdamente corto y, como ya he dicho, someterá a nuestros desempleados a una mayor presión. 
La problemática de este sistema es que aquí interviene un derecho legal, puesto que, si se deniega una solicitud, los solicitantes deben tener la posibilidad de recurrir a los tribunales nacionales. 
Ya hemos visto con horror lo que ocurre cuando los solicitantes de asilo interponen recursos de este tipo, así que no queremos repetir la experiencia con los inmigrantes potenciales. 
El informe de la admirable Sra. Terrón i Cusí empeora las cosas mucho más, puesto que la mayoría de la comisión llegó a eliminar el elemento regulador, el derecho nacional de control previsto por el Comisario Vitorino, para que todo lo que quede sea el acceso abierto. 
Además, tienen la idea de que incluso los inmigrantes ilegales deberían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo, que equivale a darles un premio por entrar ilegalmente, y eso tampoco puede apoyarse con buen criterio. 
El Consejo ha estado intentando digerir este proyecto desde julio de 2001, y estoy seguro de que el informe Terrón i Cusí acabará en la gran papelera del Consejo, y de que también el Comisario Vitorino tendrá que introducir cambios sustanciales en su proyecto si quiere tener alguna oportunidad de lograr la mayoría necesaria. 
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Comisario y a la ponente por su informe. 
Acojo con gran satisfacción el principio de someter este tema a debate. 
Se trata de un paso muy importante hacia una política común europea de inmigración. 
Sin medios legales, muchas personas recurren a vías peligrosas e ilegales para sortear las fronteras. 
Sin migración legal, vamos a pasar apuros para cumplir nuestro objetivo de convertir a Europa en la economía más competitiva del mundo para 2010. 
Me ha entristecido lo que ha dicho el Sr. Nassauer. 
Tenemos que hacer avanzar el debate. 
Actualmente hay 350 millones de personas en la Unión Europea, y pronto habrá 500 millones. 
Ha señalado que 50 millones de estas personas pueden estar en paro, 5 millones en Alemania. 
Sin embargo, como sabrá el Sr. Nassauer, y como hemos escuchado en el debate anterior, no es tan fácil como sería deseable para alguien desplazarse de un país de la UE a otro para trabajar. 
Hemos de hacer mucho más para facilitarlo, sin duda, pero mientras tanto también debemos hacer más por tener una migración legal, y así asegurar que se ocupen los puestos vacantes. 
También debemos asegurarnos de que existan salvaguardias, ya que al estimular a nacionales de terceros países a que vengan a la UE, también debemos asegurarnos de que no estamos privando a estos países de importantes trabajadores clave que necesitan para que les ayuden a desarrollarse. 
No queremos quitar a los países en vías de desarrollo todos sus médicos, enfermeras y profesores por el simple hecho de que los necesitamos. 
Pero por otra parte tampoco queremos decir a los nacionales de terceros países: «podéis venir a la UE, pero los únicos puestos de trabajo que podéis ocupar aquí son de bajo nivel, de tipo manual, trabajos desagradables que nosotros no queremos hacer». 
Así pues, debemos disponer de un plan debidamente equilibrado, con migración legal que respete a las personas y su situación, que respalde tanto a los terceros países como a la UE. 
Puede que el Reino Unido no haya optado de momento por esta medida, pero yo participo en este debate al igual que otros diputados británicos, puesto que queremos asegurarnos de que disponemos de una legislación adecuada que establece disposiciones razonables para que el Reino Unido pueda optar por ellas en el futuro. 
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, quiero expresar mi satisfacción por el informe de la Sra. Terrón i Cusí. 
Es un informe importante y necesario. 
Las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta propia varían notablemente de un Estado miembro a otro. 
Únicamente se aplican algunas normas y procedimientos comunes en todos los Estados miembros, y esto significa que no existe una herramienta jurídica y administrativa que pueda contribuir a un mejor control de los flujos migratorios. 
Lo que se propone rectificaría esta situación. 
La adopción de la Directiva llevaría al establecimiento de normas comunes que regularan los derechos y las obligaciones de los nacionales de terceros países. 
La Directiva también aseguraría la aplicación de la normativa vigente de modo equitativo. 
Lo que se propone ofrecería un acceso más fácil a la mano de obra, y de esa manera la flexibilidad y la movilidad del mercado de trabajo europeo se verían incrementadas. 
Al mismo tiempo, la Directiva contiene cláusulas de seguridad redactadas de forma suficientemente enérgica para restringir las migraciones económicas. 
Creo que la adopción de este informe entraña varios beneficios claros. 
Por una parte, en el territorio de la Unión Europea se establecería un procedimiento claro y la tan necesaria armonización de las normas que rigen este grupo de nacionales de terceros países. 
Además, lo que se propone aumentaría los derechos jurídicos de este grupo de nacionales de terceros países que se autosostienen y que han entrado en sus países de residencia de forma legal. 
Por último, lo que se propone proporcionaría a los Estados miembros una herramienta que aseguraría su capacidad de responder de forma rápida a los cambios económicos y demográficos que tienen lugar en el mercado de trabajo. 
Al contrario que un orador anterior, espero que la propuesta sea bien recibida por el Consejo con vistas a que se adopte rápidamente. 
La propuesta ha ido pasando de institución en institución durante mucho tiempo, por lo tanto es importante que el Consejo no ponga obstáculos en el camino de este ámbito tan importante. 
Señora Presidenta, Señorías, la propuesta que examinamos hoy tiene por objeto establecer un marco legal armonizado de las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países. 
Respecto a este tema, hay que afirmar que la Unión Europea sigue siendo un barco muy endeble. 
Sólo podemos lamentar la hipocresía de las políticas europeas. 
Mientras todos los países entienden que la ayuda al desarrollo es un medio para combatir la inmigración ilegal, los presupuestos de cooperación se reducen, y sin aceptar ningún tipo de responsabilidad en materia de formación, no hay escrúpulos a la hora de participar en la fuga de cerebros. 
No se duda en seleccionar a los inmigrantes más prometedores, o a aquellos que sirven a nuestros intereses. En cuanto a los otros, las cláusulas de readmisión de los acuerdos de cooperación se usan tanto mejor para expulsar a aquellos que no tienen papeles pero están adaptados a su vida profesional y social y participan de forma plena en la construcción de Europa. 
Sin pensar para nada en el futuro de los inmigrantes, ni en su protección, ni siquiera en el respeto de sus derechos fundamentales a la salud, la educación y la vivienda, las necesidades económicas y demográficas de los Estados miembros se satisfacen haciendo uso de la inmigración controlada que está sujeta a una explotación y manipulación despiadadas y que sirve principalmente para suplir la falta de mano de obra y para compensar el desequilibrio demográfico. 
Sí, la Sra. Terrón i Cusí tiene razón. 
La cuestión de la inmigración debe formar parte de una visión general y a largo plazo de la política de la Unión Europea como comunidad. 
En este contexto, existe una buena razón para abordar las cuestiones relativas al control de los flujos migratorios, entre otras la política fundamental en materia de visados, la política sobre la unificación familiar- especialmente en relación con los derechos asociados a la ciudadanía europea- y la redefinición de la ayuda al desarrollo, que implica una verdadera cooperación. 
Aunque una de las conclusiones de Tampere plantea asegurar un trato equitativo a los nacionales de terceros países, este objetivo está lejos de haberse alcanzado cuando se consideran más de cerca no sólo las condiciones de entrada y residencia, sino también los derechos de los ciudadanos, especialmente la libertad de circulación, el derecho a vivir en el marco de una familia y los derechos que deberían estar vinculados a la residencia más que a la nacionalidad. 
Si la legislación europea permite a los trabajadores de terceros países que se conviertan en mano de obra barata o en carne de cañón del empleo precario, la Unión Europea perderá toda la credibilidad que ha desarrollado durante muchos años a través de sus programas para combatir la discriminación, programas que tiene que defender de acuerdo con sus ideales de justicia y libertad. 
Todos sabemos que una Europa de los ciudadanos no puede construirse sobre la discriminación que da paso a la injusticia y la exclusión que engendra el racismo. 
Por lo tanto, es nuestra responsabilidad impulsar una política humanitaria y de base comunitaria en materia de inmigración, que respete los derechos fundamentales y reafirme la inmigración como una oportunidad para Europa. 
Señor Presidente, la propuesta de Directiva que estamos examinando hoy tiene por objeto armonizar, a escala europea, las normas según las cuales se conceden permisos de trabajo a nacionales de terceros países. 
Y esta Directiva comporta un problema inicial enorme: ¿qué razón hay para hacerlo? 
La exposición de motivos ofrece tres razones al respecto. 
En primer lugar, las normas actuales relativas a la admisión de trabajadores de terceros países varían aparentemente de un Estado miembro a otro. 
Sin embargo, ¿dónde radica la dificultad? 
Es bueno y está en consonancia con el principio de subsidiariedad que cada Estado deba poder adaptar las normas relativas a la aceptación de trabajadores extranjeros a sus necesidades sociales y a su mercado de trabajo. 
La segunda razón que se cita en la exposición de motivos es que los solicitantes de empleo y los empleadores parecen tropezar con los trámites administrativos nacionales que a veces, según nos dicen, son muy complejos. 
Sin embargo, este es de nuevo un problema de los Estados miembros y en el que las autoridades de la Unión Europea no deberían interferir. 
La tercera razón que se cita es que la normativa que rige la inmigración de trabajadores de terceros países es por lo visto una de las piedras angulares de la política general de inmigración. 
Pero eso no prueba nada, puesto que el Tratado de Amsterdam no ha convertido la inmigración en asunto de la Unión Europea. 
Es más, señor Comisario, en mi opinión la piedra angular es la lucha contra la inmigración ilegal y no la concesión de permisos de trabajo. 
Teniendo en cuenta todas las cuestiones, esta armonización comunitaria de los permisos de trabajo no está justificada. 
Sólo serviría para aflojar un poco la política de inmigración en un momento en el que ya tenemos demasiados parados. 
Por ejemplo, para citar esta sorprendente disposición del artículo 29, apartado 4 de la propuesta, que especifica que la negativa por parte de un Estado miembro de la concesión de un permiso de trabajo a un nacional de un tercer país debería incluir- y cito- «una declaración motivada basada en criterios objetivos y comprobables». 
Creo que la concesión de permisos de trabajo a nacionales de terceros países es una regalía y que no habría que poner trabas a los Estados miembros en este terreno, especialmente en la situación económica actual, en que necesitan salvaguardar sus intereses básicos. 
Además, esta propuesta de Directiva sentaría las bases de una centralización todavía mayor en el futuro. 
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores de nuestra Asamblea lo ha entendido tan bien que ya se ha lanzado a proponer que se prive a los Estados miembros de otros poderes, por ejemplo el derecho de suspender la emisión de permisos por razones asociadas a la insuficiente capacidad para recibir inmigrantes. 
Podemos ver claramente a dónde nos llevaría todo esto si esta Directiva fuera adoptada. 
Sin embargo, puesto que viola de modo tan flagrante los principios de subsidiariedad y proporcionalidad con los que nos engañan todos los días, que espero que alguien del Consejo logre parar esto en seco. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Comisario Vitorino tiene razón al decir que esto representa un primer intento de establecer normas unificadas respecto a la inmigración legal por parte de trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. 
También tengo una opinión favorable sobre la mayoría de las propuestas detalladas, como la- obvia- posibilidad de limitación por parte de los Estados miembros, que permitiría estipular a cuántos de los distintos tipos de trabajadores se les debería permitir la entrada en la Unión Europea, o la deportación de infractores, la acreditación de recursos económicos, etc. 
Hay muchas cosas buenas en la propuesta, pero en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos se nos plantean dos problemas fundamentales. 
En nuestra opinión, la propuesta va más allá de la competencia legislativa de la Unión Europea. 
Mientras el Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas establece normas específicas en materia de inmigración, aquí se intenta estipular una norma general de la Unión Europea. 
Queremos que la competencia principal se quede donde está- en los Estados miembros- y queremos que la Unión Europea establezca normas sobre asuntos de su competencia, en particular sobre qué disposición- como visados de trabajo y controles apropiados- se va a establecer la entrada de nacionales de terceros países en la Unión Europea, y según qué normas debería aplicarse su libertad de circulación dentro de ella. 
Ésta es la situación actual, y así debería mantenerse. 
El enfoque incluido en la propuesta de la Comisión está mal escogido, puesto que se basa en la hipótesis de que la inmigración es, en términos generales, necesaria. 
No obstante, es un hecho probado que la situación varía en todos sus aspectos de un Estado miembro a otro, tanto respecto a las cualificaciones necesarias para los trabajadores que quieren entrar en el país como respecto al alcance de la necesidad de la inmigración. 
De este supuesto se deduce que la inmigración es un derecho que puede ser objeto de recurso. 
Tal cosa no existe en ningún lugar de este planeta, y tampoco queremos que la haya en el futuro. 
Y cuando esta propuesta se desarrolla con la incorporación de propuestas originadas en la comisión, el informe llega tan lejos que no podemos votar a favor del mismo. 
En cuanto a la entrada en la Unión Europea, queremos que se fijen unos principios marco; pero lo que no queremos es una norma general que cercene en gran medida la competencia de los Estados miembros. 
Señor Presidente, para poder llegar a una legislación en materia de migración a nivel comunitario habría que dedicar especial interés a los efectos positivos de la inmigración, algo que hoy estamos debatiendo aquí. 
Provengo de un país- España- del que, hasta hace pocos años, muchos ciudadanos emigraban para buscar trabajo y hoy somos un país en el que, gracias a nuestro crecimiento y a nuestra estabilidad, recibimos a numerosos inmigrantes en busca de trabajo, muchas veces honrado, que, sin duda, contribuyen positivamente al crecimiento de nuestras empresas y que desempeñas trabajos que a menudo nuestros ciudadanos rechazan. 
La realidad actual, con unos flujos migratorios cada vez más rápidos, se refleja a diario en la prensa española. 
Observamos como miles de marroquíes y de subsaharianos acuden a nuestro territorio buscando trabajo. 
Teniendo en cuenta esta realidad, que no sólo ocurre a nivel español, debemos buscar una forma de controlar y regular la situación, para evitar el creciente tráfico de redes y de inmigrantes. 
La lucha contra la inmigración ilegal exige la regulación de la inmigración legal. 
Si hay ofertas de empleo y no permitimos la llegada legal de inmigrantes, estaremos fomentando la inmigración ilegal, y con ello la oferta de trabajo, muchas veces en condiciones infrahumanas, bajo el engaño y, a veces, incluso, la extorsión. 
Felicito, por tanto, la propuesta de la Comisión, para favorecer una política de migración económica coordinada. 
Sin embargo, como han dicho otros ponentes de mi Grupo, debemos dejar a los Estados miembros la facultad de regular cuántos son los inmigrantes que pueden acoger para cubrir ofertas de trabajo. 
Debemos ser prudentes. 
La admisión de inmigrantes en nuestro mercado laboral podrá convertirse en el futuro en un problema, cuando las situaciones de cada uno de nuestros países se modifiquen y nuestros mercados laborales tengan tasas de desempleo mayores que las actuales. 
No podemos facilitar el acceso directo al mercado laboral de los inmigrantes ilegales, sobre todo de aquellos que entraron de forma legal pero que hoy se encuentran en situación ilegal en nuestro territorio, personas desesperadas por encontrar un puesto de trabajo. 
Ello generaría, sin duda, el aprovechamiento por parte de muchos empresarios y la extorsión antes mencionada. 
Debemos mejorar todos los mecanismos posibles para la contratación de inmigrantes desde sus países de origen. 
Debemos facilitar a los empresarios la posibilidad de contratar a estos inmigrantes, para que la relación entre los inmigrantes en el Estado de origen y los empresarios sea lo más fluida posible. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos urgentemente la inmigración en la Unión Europea, puesto que las necesidades de mano de obra de nuestra economía simplemente no se satisfacen con las cifras actuales. 
Esta es la razón por la que la inmigración es tan necesaria. 
También es evidente que cualquier inmigración ha de estar controlada de la mejor manera posible con el fin de satisfacer las necesidades del mercado de trabajo al mismo tiempo que se satisfacen las de la población y las de los propios inmigrantes. 
En todo eso estamos de acuerdo. 
También salta a la vista que hay ámbitos económicos en los que necesitaremos trabajadores y otros en los que no. 
También estamos de acuerdo en eso. 
De la misma manera, está claro que no podemos permitir, ni queremos, que los propios trabajadores de nuestros países tengan que hacer frente a la competencia. 
Hasta ahí, todos compartimos la misma postura. 
Viendo el informe de la Sra. Terrón i Cusí, quisiera decir que podemos estarle agradecidos por haber sido tan audaz y apoyar la propuesta de la Comisión, contribuyendo a concretar las disposiciones uniformes respecto a la inmigración y al mercado de trabajo europeo. 
De este modo, hay que dar por supuesto que alguien acabará teniendo problemas con sus propuestas, de la misma manera que los tienen con las de la Comisión. 
Por otra parte, señor Nassauer, no veo por qué este informe o la Directiva de la Comisión deberían acabar en la papelera. 
¿Por qué hay que considerar el Tratado de las Comunidades Europeas como si fuera una escritura sagrada? 
¿Y por qué, siendo políticos europeos como lo somos, que queremos que las competencias en todas las demás áreas de la política europea estén establecidas en Bruselas, de repente tenemos unos problemas colosales porque está implicado el mercado de trabajo y queremos tenerlo todo organizado a nivel nacional? 
Creo que aquí es donde podríamos tener una visión amplia, un enfoque mucho más generoso y demostrar más voluntad. 
Las cuestiones que no encajan en el pensamiento de hoy podrían convertirse en política europea dentro de cinco años. 
Y por esta razón pienso que podríamos adoptar un enfoque mucho más generoso en este ámbito. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en el contexto de un mercado de trabajo cada vez más global, la Unión Europea ha sido objeto de una constante presión migratoria, que debe gestionarse de manera apropiada. 
Estoy de acuerdo en que es necesario elaborar una nueva política común de inmigración, pero esta política siempre ha de tener en cuenta las necesidades reales del mercado de trabajo y de la propia economía en los distintos Estados miembros. 
Por esta razón, sólo nos queda adoptar el informe presentado por la Sra. Terrón i Cusí si se aceptan las enmiendas del Grupo del PPE-DE. 
Quiero señalar dos puntos: en primer lugar, esta propuesta de Directiva pretende establecer un marco legal común respecto a las condiciones de admisión y residencia de inmigrantes a efectos de empleo. 
Por consiguiente, sobre la base de esta Directiva, la inmigración a efectos de empleo en la Unión Europea estará permitida siempre que se cumplan ciertas condiciones. 
Sin embargo, en nuestra opinión, no puede ni debe arrebatarse a los Estados miembros el poder de regular, a través de sus Gobiernos, la apertura o no de sus mercados de trabajo. En otras palabras, ésta es una decisión que sólo pueden tomar los propios Estados miembros y que no puede tomarse en el plano comunitario. 
Es responsabilidad de cada Estado miembro evaluar y decidir si necesita incrementar su mano de obra, cuánto y en qué sectores, teniendo en cuenta sus necesidades reales al igual que- y aquí creo que estamos todos de acuerdo- su capacidad para recibir e integrar a nacionales de terceros países. 
En segundo lugar, el informe Terrón i Cusí critica el hecho de que la propuesta inicial de la Comisión únicamente aborda la situación de las personas que se encuentran legalmente en el territorio de la Unión. 
Asimismo afirma que los trabajadores ilegales también deberían tener derecho a solicitar un permiso de residencia, que se les debería conceder. 
Al margen del generoso enfoque del ponente, esto estimularía la inmigración ilegal, puesto que básicamente dice que una vez que estas personas se encuentren en territorio de la Unión, incluso si han entrado de forma ilegal, tendrán derecho a ser legalizados. 
Señor Presidente, al igual que en otros ámbitos de la inmigración humana, debemos proceder con prudencia. 
No se trata simplemente de proteger a los nacionales de los Estados miembros. 
En estos ámbitos, las soluciones demasiado generosas crean más problemas de los que pretenden resolver. 
Señor Presidente, el pobre Sr. Vitorino tiene una de las tareas más difíciles de la Comisión y se desempeña muy bien. 
Yo vengo de un país que cuenta con una trágica historia de emigración masiva durante cientos de años. 
A la luz de nuestra historia, puede que yo sea un poco más liberal en mi forma de pensar sobre este tipo de cuestiones. 
Mis colegas de España y Portugal también se han referido a ello. 
Coincido con mi Grupo en que la principal competencia debe quedar en manos de cada uno de los Estados miembros, no porque pretenda sugerir que mantengamos a los inmigrantes fuera del país, sino para que comencemos a plantearnos seriamente la caótica situación que existe en muchos de nuestros países con respecto a la tramitación y la aceptación de inmigrantes. 
En un país pequeño como el mío esto es un problema serio. 
Muchos de los inmigrantes que llegan a algunos Estados miembros- al mío sin ir más lejos- reciben un trato vejatorio, sobre todo por parte de los empresarios que no tienen la obligación de someterse a los controles que se aplican a los inmigrantes aparentemente legales al acceder al país. 
Estos inmigrantes reciben salarios muy bajos; por lo general se alojan en pésimas condiciones. 
En muchos casos, es como si lo que llegara al país fueran animales en lugar de seres humanos. 
Hay que admitir que los Estados miembros conocen mejor que nadie su propia situación. 
También se da el caso de que, con el incremento del desempleo, muchos de los inmigrantes contratados en Irlanda como trabajadores legales han sido despedidos porque a los empresarios ya no les hacen falta. 
Aunque estoy de acuerdo con muchos de los puntos expuestos por el Sr. Comisario, en esta materia debemos ser realistas. 
No se trata de mantener a la gente fuera, sino de asegurarse de que, habiendo llegado hasta aquí, sean tratados con la dignidad que se merecen. 
Señor Presidente, en primer lugar, por una cuestión de orden, creo que la política de inmigración tiene muchas piezas y no quiero discutir en este informe asuntos como los cupos. 
Creo que lo vamos a hacer en el método de coordinación abierto en un futuro informe. 
En segundo lugar, por alusiones, quiero decir a los Sres. Nassauer y Coelho que, en ninguna parte de mi informe se promociona la inmigración ilegal ni se permite la concesión de un permiso de trabajo en la Unión Europea a las personas que han entrado ilegalmente. 
Estoy hablando de personas cuya ilegalidad ha sobrevenido por razones burocráticas y que no han sido expulsadas y que vuelven a cumplir los criterios de admisión. 
Creo que eso está muy lejos de promover la inmigración ilegal. 
Mi informe no contempla ninguna posibilidad de entrar ilegalmente y pedir un empleo. 
Por último, Sr. Nassauer, lamento que le alegre que acabe en la papelera lo que puede ser la opinión mayoritaria de esta Cámara. 
Espero que los participantes en la Convención opinen de otro modo y que, en el futuro, se tengan en cuenta las opiniones mayoritarias de la Cámara. 
Señor Presidente, a efectos de corrección, quiero referirme a la enmienda 17, por la que se modificaba la versión original del Sr. Vitorino para indicar que la solicitud la podía realizar cualquier persona que «se encuentra legalmente en el mismo o ya se encuentra en el mismo habiendo entrado legalmente para residir en él.» 
La justificación afirma que «debe concederse a las personas que se encuentran de forma ilegal en el territorio la oportunidad» de obtener un contrato de trabajo. 
Eso significa que la solicitud debe hacerse sobre la base de la ilegalidad, hasta su propia justificación lo afirma así. 
Señor Presidente, en primer lugar, en lo que se refiere a los fundamentos jurídicos- la cuestión planteada por el Sr. Pirker -, nuestra evaluación se basa en que el apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE, relativo a las condiciones de entrada y residencia es el fundamento jurídico correcto para esta propuesta de directiva que trata de definiciones, criterios y procedimientos comunes acerca de las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo. 
Para serles sinceros, el Sr. Nassauer y yo hemos discutido estas cuestiones durante mucho tiempo y sabemos que no existe una solución mágica para resolver este problema tan complejo de la inmigración. 
Acepto las críticas, incluso admitiré que puedo estar equivocado. 
Sin embargo, lo que me cuesta admitir es que me critiquen por cosas que nunca he dicho y que no están escritas en mi propuesta. 
Nunca he dicho que exista un derecho de inmigración. 
No existe tal derecho de inmigración. 
Lo repetiré cientos de veces: existe el derecho de asilo, pero no el derecho de inmigración. 
La inmigración es sólo una posibilidad. 
Nuestra propuesta lo afirma muy claramente. 
La decisión sobre la admisión corresponde exclusivamente al Gobierno de cada Estado miembro o incluso a las autoridades regionales o locales de los Estados miembros; Bruselas no decide sobre ninguna entrada. 
Reconozco que el vínculo entre la inmigración y el desempleo es muy complejo. 
Los datos nos demuestran que los inmigrantes pueden trastornar el mercado de trabajo. 
Las primeras víctimas de las nuevas oleadas de inmigrantes, en lo que se refiere al funcionamiento del mercado de trabajo de los Estados miembros, son las anteriores oleadas de inmigrantes, porque sufren la competencia directa de los recién llegados. 
Esto nos preocupa, ya que los primeros inmigrantes supondrán una carga para el Estado de bienestar social. 
¿Existe una relación directa entre la llegada de inmigrantes y la reincorporación al mercado de trabajo de nuestros ciudadanos europeos? 
El nexo es mucho más complejo, porque en algunos casos la dificultad para reincorporarse al mercado de trabajo está más relacionada con las características específicas del Estado de bienestar y de los sistemas de seguridad social que amparan a nuestros ciudadanos. 
No es justo decir que las políticas de inmigración son las causantes de que los ciudadanos de la Unión Europea tengan dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo. 
De hecho, la falta de reforma del Estado de bienestar es el verdadero responsable de la dificultad existente para alentar a las personas a reincorporarse al mercado de trabajo. 
Por supuesto, esta ausencia de reforma varía de un Estado miembro a otro. 
No pretendo armonizar nada en lo que respecta a la reforma del Estado de bienestar. 
En lo que al informe se refiere, la Comisión acoge favorablemente y está totalmente de acuerdo con las enmiendas 6, 11, 8 y 12, pero a día de hoy no podemos contraer ningún compromiso con respecto a las enmiendas sobre las disposiciones relativas a los trabajadores destinados por su empresa a otro país ni sobre los proveedores de servicios contractuales. 
Estas disposiciones son muy interesantes y las tendremos en cuenta. 
Sin embargo, están estrechamente relacionadas con cuestiones de comercio internacional y tendremos que esperar a que las negociaciones en curso de la Organización Mundial del Comercio evalúen el efecto que tendrán dichas negociaciones en la política de inmigración y, sobre todo, en lo que a los servicios se refiere. 
Yo recomendaría que se mantuviera la referencia al sistema de la red europea de servicios de empleo (EURES) antes de poder contratar a trabajadores de terceros países, porque mantener este sistema nos garantizará el principio de preferencia del mercado de trabajo europeo. 
Éste es un principio fundamental en nuestra propuesta. 
Espero con gran interés las enmiendas del Parlamento y les agradezco este debate tan estimulante como interesante. 
Muchas gracias, Comisario Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5--0005/2003) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 539/2001, por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (COM (2002) 679- C5-0609/2002- 2002/0280 (CNS)) 
Señor Presidente, el Consejo Europeo de Sevilla del 21 y 22 de junio de 2002 estableció cierto número de prioridades en la lucha contra la inmigración ilegal, entre las que sin duda se encontraba la revisión del Reglamento 539/2001 relativo a los visados antes de que acabara el año 2002. 
La Comisión tiene el monopolio sobre las iniciativas en este ámbito, pero ha considerado conveniente aprovechar la experiencia de los Estados miembros y recabar de ellos, por medio de un cuestionario específico, información de interés sobre los criterios por los que se decide si los nacionales de terceros países están obligados o no a obtener un visado. 
Las respuestas de los Estados miembros convergen fundamentalmente en dos factores: un aumento significativo de la inmigración ilegal procedente de Ecuador y el respeto del principio de reciprocidad en lo que al visado se refiere. 
En este último aspecto, se ha señalado que determinados países terceros, exentos de la obligación de visado, no conceden, o conceden de una forma limitada, exenciones de visado a los nacionales de algunos Estados miembros. 
Teniendo en cuenta estos dos aspectos, la Comisión ha propuesto el traslado de Ecuador al anexo 1 del Reglamento 539/2001, en el que se enumeran los terceros países cuyos nacionales tienen obligación de visado. 
Además, proponemos presentar un informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las implicaciones de reciprocidad con respecto al visado. 
La Comisión está muy complacida con la colaboración del Parlamento Europeo, que ha tramitado esta propuesta de forma rápida, y agradece enormemente el informe del Sr. Hernández Mollar, en el que se confirma nuestro enfoque. 
Damos la enhorabuena al ponente. 
. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, la gestión adecuada de los flujos migratorios por todos los Estados miembros, incluidos los Estados de origen y tránsito, la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y la inmigración ilegal, así como la necesidad de conciliar la presión de la inmigración con la capacidad de la sociedad de acogida, son aspectos esenciales que desde muchos ámbitos- lo acabamos de oír aquí- venimos defendiendo como el camino necesario para acabar con las tragedias y dramas humanos que la inmigración incontrolada está produciendo dentro y fuera de nuestras fronteras. 
No debemos olvidar, además, que la progresiva desaparición de las fronteras interiores de la Unión como camino para la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia, tal como fue proclamado en Tampere, es un proyecto no exento de riesgos. 
La proliferación de mafias de todo tipo, de bandas terroristas y de criminales, así como su libre circulación por toda la Unión, debe ser combatida con la asunción por todos los Estados miembros de las responsabilidades que nos incumben, haciéndose necesario el refuerzo de los controles en las fronteras exteriores de la Unión. 
Por ello, en la Unión Europea se llegó a la conclusión de la necesidad de establecer un listado objetivo de países a cuyos nacionales se iba a exigir visado para la entrada en territorio europeo, dando comienzo así a la armonización en materia de visados en los Estados miembros. 
Posteriormente, el plan global de lucha contra la inmigración ilegal marcó como objetivo, ratificado por el Consejo Europeo de Sevilla, la revisión, antes de finales de 2000, de esta lista de terceros Estados, como el Sr. Comisario acaba de recordar. 
De ello trata el informe que estamos debatiendo hoy, del cual soy ponente. 
En él se da respuesta a los datos aportados por los Estados miembros, que demuestran el aumento del número de inmigrantes ecuatorianos en situación irregular y que lleva a la necesidad de incluir al Ecuador en la lista de países cuyos nacionales necesitan visado. 
Si bien es cierto que los dramáticos hechos que se producen casi diariamente en las costas del sur de Europa constituyen la cara más visible y mediática de la inmigración ilegal, no podemos olvidar que se trata de un fenómeno con otras múltiples facetas. 
Desde el punto de vista cuantitativo, el goteo diario de irregulares que llegan a bordo de pateras no es comparable con el número de extranjeros que se introducen en territorio comunitario a través de otras fronteras, como los aeropuertos. 
La mayoría entra como simples turistas, sólo obligados a llevar una cantidad mínima de dinero- lo que a veces se ve facilitado por la acción de las mafias- y una vez en Europa se convierten en inmigrantes irregulares en busca de trabajo en el mercado negro, con la consiguiente explotación laboral. 
Por ello es imprescindible, Señorías, que, junto a medidas represivas que sólo abarcan una parte del fenómeno de la inmigración irregular, nos volquemos en la adopción de normas dirigidas a fomentar por vías legales la llegada de personas a territorio europeo. 
En este sentido se enmarca la propuesta que hoy discutimos. 
A partir de la realidad que dibujan los datos de los que disponemos actualmente, debemos encauzar la llegada regular de ecuatorianos, evitando su caída en manos de bandas desalmadas así como la creación de falsas expectativas sobre lo que les espera en territorio europeo. 
Para terminar, señor Comisario, señor Presidente, Señorías, esta medida exigirá, por un lado, que la República del Ecuador asuma su propia responsabilidad para gestionar ordenadamente su emigración y, por otro, que la Unión Europea priorice la política de cooperación en el ámbito de la emigración con los países latinoamericanos. 
Por ello, votaremos favorablemente las enmiendas que, en este sentido, ha presentado el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera aclararle que, durante el debate del anterior informe, quería leer una frase en español, que es la versión lingüística que da fe. 
Tenía derecho a hacerlo, pero lo voy a hacer mañana durante la votación, aunque sea más molesto, porque es diferente de la frase que ha leído el Sr. Nassauer. 
En cuanto al informe del Sr. Hernández Mollar que estamos discutiendo ahora, quiero decir que ésta no es una ocasión feliz. 
No podemos alegrarnos de la restricción del derecho de libertad de movimientos, que- como hemos afirmado esta mañana- es un elemento esencial de la visión del mundo de los europeos. 
Sin embargo, el Grupo Parlamentario del PSE, a pesar de las inclinaciones irresponsables y favorables a la inmigración ilegal que me atribuyen algunos colegas del Grupo del PPE, va a votar a favor de la inclusión del Ecuador en la lista de países a los que se les exige el visado Schengen. 
Lo va a hacer después de haber analizado la información que nos han hecho llegar los países solicitantes y porque cree que así quedarán mejor garantizados los derechos de unas personas a las que hoy, en las terminales de los aeropuertos de la Unión Europea, deniegan la entrada las personas de servicio, lo que a menudo afecta incluso a personas que quieren entrar por razones turísticas. 
En cualquier caso, elevo un ruego a la Comisión Europea para que considere esto una señal de alarma grave en relación con un país que está alcanzando niveles de pobreza francamente importantes y para que, en virtud de sus propias afirmaciones respecto a la política de inmigración de la Unión, considere a este país un objetivo prioritario, en el sentido de la cooperación al desarrollo y de las medidas de codesarrollo. 
Creo que así podríamos compensar un mensaje triste que hoy, desgraciadamente, tenemos que enviar desde la Unión a los ciudadanos de este país. 
Agradezco al ponente su trabajo y su anuncio de aceptación de esta enmienda, porque estoy convencida de que compartimos esta preocupación. 
Señor Presidente, desde la cumbre de Tampere de los dirigentes de la Unión Europea, en 1999, la cuestión de la formulación de una política común europea con respecto a la inmigración ilegal ocupa un lugar destacado en la agenda de nuestras instituciones. 
A fin de cuentas resulta que vivimos en una Unión Europea en la que existe un sistema de libre circulación de servicios, capitales, mercancías y personas. 
Como todos sabemos, la Unión Europea tiene una población de 370 millones y, con la ampliación, la población de la Unión se elevará a 500 millones. 
No se trata sólo de establecer los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que trabajan en otros países de la Unión Europea; se trata igualmente de formular las distintas políticas destinadas a las personas que pretenden acceder a la Unión Europea en calidad de solicitantes de asilo, refugiados o de quienes forman la categoría de los inmigrantes por motivos económicos. 
Tenemos que plantearnos cómo proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
El tráfico de seres humanos es ahora el negocio criminal que crece con más celeridad en el mundo. 
Los intentos desplegados a escala europea para hacer frente a este problema son insuficientes. 
Por desgracia, somos testigos de muchas tragedias en los últimos tiempos, como las de las personas que mueren en terribles circunstancias al intentar acceder a la Unión Europea. 
La batalla para acabar con el azote del tráfico de seres humanos debe llevarse a escala europea de forma estructurada y coordinada. 
No se puede permitir de ningún modo que las bandas criminales organizadas con enormes recursos que trafican en la ilegalidad con seres humanos en la Unión Europea operen impunemente. 
Por otro lado, aunque tenga que ver con este asunto, no debemos olvidar las interesantes propuestas planteadas en este terreno por el grupo de trabajo sobre Libertades, Seguridad y Justicia en la Convención Europea. 
Hay mucha gente que cree que el voto por mayoría cualificada y el procedimiento de codecisión debería utilizarse para abordar los asuntos de inmigración. 
Existe también la creencia de que el objetivo de una política común de inmigración debería consagrarse en el nuevo Tratado propuesto. 
Esto centrará sin duda la atención de quienes elaboran este tratado en los próximos meses y durante los preparativos de la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Sin embargo, la propuesta según la cual la cooperación judicial en asuntos civiles debería decidirse por mayoría cualificada es controvertida. 
Por ejemplo, Irlanda y Gran Bretaña tienen sistemas basados en el derecho consuetudinario, pero muchos otros Estados de la Unión Europea tienen una estructura de derecho civil. 
Éste es un ámbito al que tendremos que dedicar la máxima atención. 
Quiero dar las gracias al ponente por su informe y su apoyo. 
La Comisión no puede aceptar una de las enmiendas por motivos exclusivamente jurídicos. 
Me refiero a la enmienda que pide a la Comisión que presente un informe sobre la incidencia de la obligación de visado y elabore, si es necesario, las propuestas para la simplificación de los procedimientos. 
Esta cuestión no puede venir determinada por el Reglamento relativo a los visados porque, debido a su fundamento jurídico- letra b del apartado 2 del artículo 62 del Tratado -, se limita únicamente a establecer las listas de los países sujetos a la obligación de visado o exentos de ella. 
La Comisión considera que esta enmienda es un signo de apoyo al esfuerzo que ya está realizando, dentro del marco jurídico adecuado, para garantizar la aplicación correcta de los procedimientos de concesión de visados y para evaluar si estas medidas son suficientes, cuestión que posteriormente remitirá al Parlamento. 
Muchas gracias, Comisario Vitorino. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0024/2003) del Sr. Marset Campos, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre las relaciones entre la Unión Europea y Bielorrusia: hacia una futura colaboración (2002/2164 (INI)) 
. (ES) Señor Presidente, con la finalización del proceso de ampliación y de construcción europea tras la Convención y el nuevo Tratado de la Unión de 2003, ésta tendrá nuevas fronteras que exigirán no solamente una nueva forma de asociación y colaboración económica, social y cultural con estos nuevos vecinos, sino, sobre todo, una política exterior y de seguridad común, firme, de gran trascendencia y eficaz. 
Las razones dependen de la entidad de estos nuevos vecinos, desde Ucrania y Georgia hasta Bielorrusia, en los que la presencia del gigante Rusia desempeña un papel de envergadura. 
Constituye, por tanto, todo un reto para la Unión Europea acertar en la forma en que se desarrollarán las relaciones con estos países. 
Uno de estos países, Bielorrusia, tiene frontera con Letonia, Lituania y Polonia, y, hasta 1996, su evolución había sido más o menos semejante a la del resto de los antiguos miembros de la URSS pero, desde ese año, se ha instalado en una deriva autoritaria restrictiva de los derechos humanos y de la democracia, con elementos de control social abusivo, que impide el establecimiento de mecanismos de relación, asociación y colaboración como los que ha desarrollado la Unión Europea con el resto de estos países. 
Tanto es así, que las tres instituciones europeas que han seguido la evolución de los acontecimientos en Bielorrusia, la OSCE, el Consejo de Europa y la propia Unión Europea- la troika parlamentaria -, no han dudado en calificar los mismos de incompatibles con los requisitos democráticos mínimos y han interrumpido la relación con dicha República hasta que se den esas condiciones democráticas mínimas. 
La presentación de esta resolución se ha retrasado de forma considerable al tener que convertir un inicial proyecto de informe sobre las relaciones de la Unión Europea con Bielorrusia en una resolución de propia iniciativa de la Comisión de Relaciones Exteriores, debido al empeoramiento de las condiciones de ejercicio de la democracia y disfrute de los derechos humanos en ese país. 
En 1995, la Unión Europea había preparado un acuerdo sobre comercio y colaboración comercial que tenía como base el existente desde 1989 entre la URSS y la Comunidad Económica Europea y, además, la victoria de Lukashenko había suscitado cierta esperanza. 
Pero todo se paralizó con motivo del freno dado en 1996, por el propio Presidente Lukashenko, al proceso de democratización. 
La trayectoria autoritaria de Lukashenko ha estado caracterizada por la adopción de mecanismos de hostigamiento a la oposición, la eliminación de las voces críticas y la creación de una red clientelar a través de los resortes del poder y, a su vez, se ha intentado un acercamiento y dependencia mayor de Rusia, que, recientemente, Putin ha frenado. 
Los distintos procesos electorales celebrados desde 1996 han sido calificados por la troika parlamentaria como carentes de garantías efectivas para el ejercicio de la democracia. 
Ello ha motivado la concreción de una plataforma de oposición democrática que ha ido madurando y que abarca un amplio abanico, desde partidos de la derecha hasta partidos de la izquierda- el comunista, por ejemplo- que coinciden en aspectos básicos como la implantación de la democracia, la asociación y, en su caso, la integración en la Unión Europea. 
En la propia sociedad bielorrusa está aumentando la conciencia de la necesidad democrática y cada vez son más los diputados del actual Parlamento de Bielorrusia que están a favor de reformas democráticas que acerquen el marco legal de libertades a las imperantes en la Unión Europea. 
Por eso, las recomendaciones que nosotros, Unión Europea, hemos de dar y que estamos proponiendo en esta resolución, van en la línea de combinar dos planteamientos: por una parte, la tajante negativa a llegar a una asociación en estos momentos, porque supondría una legitimación del actual régimen autoritario y alejaría la consecución de la democracia, y, por otra, un incremento de iniciativas que supongan una señal clara de colaboración y de solidaridad- por ejemplo, afectados de Chernobil- o de acercamiento cultural, social, sindical y que faciliten la conquista democrática, y en este sentido va la propuesta que presentamos. 
No hay que olvidar el importante papel que Rusia puede desempeñar en este proceso. 
Quiero terminar agradeciendo la importante colaboración de la Comisión de Asuntos Exteriores, de todos sus componentes, y, finalmente, hay que reconocerlo, por las razones que acabo de decir, no acepto algunas enmiendas propuestas por mi propio Grupo. 
. 
(EN) Señor Presidente, agradezco enormemente esta oportunidad para hablar sobre Belarús y sus relaciones con la Unión Europea. 
Felicito al ponente, el Sr. Marset Campos, por este excelente trabajo preparatorio. 
En mis comentarios, indicaré en qué punto coincidimos plenamente con lo que ha expuesto el ponente. 
Es una realidad muy triste que, como en tantas ocasiones anteriores en las que hemos tratado el tema de Belarús, el centro de atención recaiga en una serie de aspectos muy complicados: toda la cuestión en torno a los casos de personas desaparecidas; el hostigamiento que sufren los medios de comunicación; las limitaciones de la libertad de expresión y de confesión; la reciente confrontación abierta entre las autoridades de Belarús y el Grupo de Asesoramiento y Supervisión de la OSCE en Minsk. 
Lamentablemente, nunca hemos tenido la posibilidad de establecer un acuerdo de asociación y cooperación con Belarús. 
Este país es el único sucesor europeo de la antigua Unión Soviética que no mantiene una relación contractual privilegiada con la Unión Europea ni tampoco un compromiso mutuo claro sobre los valores comunes de democracia y derechos humanos. 
Salta a la vista que el estado actual de las relaciones entre la Unión Europea y Belarús es profundamente insatisfactorio por ambas partes. 
Mientras desarrollamos nuevas formas de cooperación con la Federación Rusa, por ejemplo, o estamos a punto de abordar los retos concretos y las oportunidades de ampliación con la definición de nuevas formas de cooperación con estos países, que serán nuestros nuevos vecinos del Este tras la ampliación, lamentamos que Belarús haya adoptado el papel de espectador. 
La Comisión ha sido invitada por el Consejo Europeo de Copenhague a presentar propuestas sobre las futuras relaciones de la Unión Europea con sus vecinos, incluida Belarús. 
Estoy seguro de que una serie de diputados, en este debate, querrán hacer referencia a la cuestión de los «nuevos vecinos» o la «Europa ampliada». 
Desde luego, tenemos que estar preparados para el momento en que Belarús nos envíe una señal indicativa de que ya está lista para cooperar con nosotros. 
Ante la situación actual con respecto a la democracia, la libertad de expresión y de prensa y los derechos humanos en general, es difícil imaginar cuándo podrá la UE tener relaciones normales con Belarús. 
Estoy muy complacido por el claro mensaje que emitirá este debate, junto con la resolución del Parlamento, a este respecto. 
Sin embargo, estoy completamente de acuerdo con los elementos de la resolución- y estoy seguro de que se hará alusión a ellos en las intervenciones de hoy- que recuerdan la importancia que tiene Belarús, no sólo para la Unión Europea, sino para la estabilidad y la prosperidad de toda la región. 
Les puedo asegurar que esta es la base común sobre la que estamos todos trabajando. 
Hay muchas cuestiones en las que la Comisión desearía ampliar sus actividades y su cooperación con Belarús, bien sea la forma de combatir las amenazas comunes que supone el crimen transfronterizo organizado y la migración ilegal, bien el desarrollo regional, la reforma económica y estructural, la protección medioambiental, etc. Cada día que se pierde en abordar estas cuestiones aumentan las penurias del pueblo de Belarús y los riesgos potenciales en esta parte de nuestra futura frontera oriental. 
En distintas ocasiones, en particular desde principios de 2000, la Unión Europea ha colaborado con la OSCE y el Consejo de Europa para construir un puente que ayude a Belarús a avanzar hacia la normalización de sus relaciones con la comunidad internacional. 
Belarús ha perdido estas oportunidades en varias ocasiones, incluso antes de las elecciones de 2000 y de 2001. 
El Parlamento Europeo, junto a su Delegación para las relaciones con Belarús, Moldova y Ucrania, se ha mostrado muy activo en el marco de esta troika parlamentaria con las Asambleas parlamentarias de la OSCE y el Consejo de Europa. 
Mientras la Unión Europea ha limitado sus contactos oficiales con Belarús al estricto mínimo, esta forma alternativa de diálogo político ha resultado ser muy útil y ha demostrado que, en términos de normas mínimas de democracia y de derechos humanos, los representantes electos de las tres organizaciones hablan a Belarús con una sola voz. 
La Comisión está completamente de acuerdo con el énfasis que pone la resolución en el refuerzo del diálogo con la sociedad civil, las ONG, las fuerzas democráticas, los medios de comunicación y las universidades de Belarús. 
Sin embargo, con respecto al llamamiento a la Comisión que figura en el artículo 9 del proyecto de resolución: «... que desarrolle una estrategia dirigida a Belarús en el marco de la propuesta 'Una Europa ampliada' para la democratización y el establecimiento de una economía social de mercado» en Belarús, me parece obvio que cualquier asistencia o ayuda por parte de la Comisión sólo podría servir de apoyo a una estrategia general de gobierno. 
Nunca podría servir para sustituir a una estrategia de la propia Berlarús. 
La fuerza motriz de este tipo de cambio tendría que proceder de Belarús. 
Lamentablemente, no parece que ya exista. 
Lo que podemos hacer y haremos en la Comisión es servirnos de los instrumentos de los que dispongamos para continuar apoyando o ayudando a las organizaciones de la sociedad civil, a los periodistas y a los medios de comunicación independientes, a las universidades y también, cuando las circunstancias así lo requieran, a las autoridades locales. 
Dentro de los límites establecidos por el Consejo de Asuntos Generales de septiembre de 1997, la Comisión también está elaborando los proyectos de asistencia técnica en la frontera y regionales, así como los proyectos relacionados con las secuelas de la catástrofe de Chernóbil. 
Al pedir un compromiso más amplio en términos de asistencia, no deberíamos tampoco olvidar el difícil terreno en el que estamos trabajando en Belarús. 
Las autoridades, dotadas de instrumentos como el notorio «Decreto 8» , son las que dificultan extremadamente el trabajo de los donantes extranjeros y sus socios en Belarús. 
Hemos desarrollado algunos proyectos conjuntos con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE en Belarús. 
El cierre de hecho del Grupo de Asesoramiento y Supervisión de la OSCE en Minsk el pasado mes de octubre supone sin duda una amena para la ulterior aplicación de estos proyectos. 
Finalmente, sólo se ha podido alcanzar un compromiso para establecer una nueva oficina de la OSCE en Minsk a partir del 1 de enero de 2003 después de la decisión del 19 de noviembre de 2002 por la cual 14 Estados miembros decidieron denegar el visado al Presidente Lukashenko y a otras siete personalidades de Belarús. 
En las próximas semanas y meses comprobaremos si las autoridades de Belarús están verdaderamente comprometidas a emprender el camino hacia la libertad, la democracia y la mejora de los derechos humanos. 
Las relaciones normalizadas con la OSCE podrían ser un primer paso. 
El cumplimiento de las normas mínimas durante las próximas elecciones locales a principios de marzo debería ser el segundo paso, seguido de un compromiso convincente de cumplir las condiciones definidas por el proyecto de resolución del Parlamento. 
Éstos son los tipos de parámetros que podrían preparar el terreno para una eventual adhesión de Belarús al Consejo de Europa y, después, abrir la perspectiva de una normalización gradual de las relaciones con la Unión Europea. 
Doy las gracias al ponente por el trabajo que ha realizado para hacer realidad estos objetivos- esperemos- en el futuro. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Marset Campos por su brillante labor en este informe, que se ha caracterizado por un consenso notable. 
El debate que nos plantea el Comisario Patten es sumamente importante. 
La Unión Europea pasa ahora a la ofensiva y, en sus relaciones con Belarús, actúa de forma muy distinta a como lo ha hecho en el pasado. 
A todas luces tenemos un Estado paria junto a nuestra frontera. 
A pesar de ello, es importante que se inicie un diálogo estructurado con Belarús, tal y como se señala en las enmiendas, por ejemplo, del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
El Sr. Patten sugiere cuál puede ser la forma de ese diálogo. 
Corresponde a esta Cámara exigir que se lleve a cabo un diálogo estructurado de esta naturaleza. 
Están en juego cuestiones de política interior e internacional de interés común, como la inmigración ilegal, el comercio sexual y la trata de seres humanos. 
Asimismo, la Unión Europea debe adoptar un enfoque estructurado para iniciar conversaciones y presionar a las autoridades belarusas, no aislándolas, sino a través de una intervención activa y entablando conversaciones con ellas. 
Creo que, de hecho, la Unión Europea debe dar prioridad a Belarús en la situación actual. 
Especialmente a la vista del hecho de que la Unión Europea está tan dividida en relación con la cuestión de Iraq, tal vez sea tanto más urgente dotar de una dimensión respecto a Belarús a la política exterior y de seguridad común, creada por el Tratado de Maastricht y que ahora mismo está destrozada. 
Precisamente ahora, cuando estamos divididos en la Unión Europea, debemos unirnos en torno a aquellas cuestiones en las que podemos llevar a cabo una acción vigorosa. 
Creo que deberíamos hacer un acto de introspección y preguntarnos: ¿hemos sido suficientemente enérgicos y firmes en lo que se refiere a Belarús? 
Belarús tiene grandes problemas, por supuesto. 
Por ejemplo, un líder que, deliberadamente, gobierna su país de forma dictatorial; o la desaparición de políticos de la oposición y de otras personas cuya suerte desconocemos, como Victor Gonchar, Anatoly Krasovsky y Yuri Zaharenko. 
Otros problemas son la falta de libertad de asociación, con la que el régimen pretende controlar a los sindicatos, la legislación en materia de libertad religiosa, que limita el derecho de varias iglesias evangélicas nuevas para actuar libremente en el país y, además, el hecho de que los políticos no sólo desaparezcan, sino que también sean encarcelados. 
Sin embargo, debemos emplear una estrategia ante las autoridades belarusas que implique que les manifestemos que «no vamos a asilarles, sino a entablar un diálogo con ustedes». 
La propia Belarús ha escogido el aislamiento a que se ha visto expuesta. 
Unamos nuestras fuerzas en la UE por el bien de las nuevas relaciones con Belarús, que incluirán exigencias de democracia y derechos humanos. 
Señor Presidente, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas espera que Belarús pueda ser aceptada un día en la Comunidad Europea. 
Esperamos que el país logre establecer la democracia, los derechos humanos y los principios propios de un Estado de derecho. 
Esperamos que se introduzca una economía de mercado, de modo que el pueblo belaruso, seriamente afectado, pueda experimentar la prosperidad económica y atreverse a creer en el futuro. 
La tendencia es completamente opuesta y no es una exageración decir que Lukashenko es un dictador comunista odioso. 
Sus últimas profesiones de amistad con su colega dictador, Sadam Husein, concuerdan indudablemente con lo que sabemos sobre el líder belaruso. 
La lista de atrocidades en Belarús es interminable: periodistas encarcelados y desaparecidos, persecución, malos tratos, tortura de los oponentes, elecciones amañadas, aplicación frecuente de la pena de muerte y falta de libertad de expresión. 
Además, Belarús es tanto país de origen como de tránsito en lo que se refiere a una trata extensiva de mujeres y niños, y allí circulan grandes cantidades de armas ilegales. 
Está claro que no es posible tener contactos oficiales y formales con el régimen belaruso. 
Aunque valoro la idea de un diálogo estructurado, me pregunto si será posible llevarlo a cabo con este régimen. 
Sin embargo, resulta importante, como ha dicho el Comisario Patten, reforzar la pequeña y valiente oposición que existe: partidos de oposición, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de voluntarios y periodistas que necesitan desesperadamente nuestra ayuda y que han de luchar contra fuerzas muy superiores. 
La mejor manera de prestar este apoyo para por colaborar con la OSCE, el Consejo de Europa y la ONU. 
La troika, de la que forma parte el Parlamento Europeo, también cumpliría una función muy importante. 
Hay razones para tener una visión nada halagüeña de los acontecimientos en Belarús, pero no traicionemos por ello al pueblo belaruso, que tanto ha sufrido, y no dejemos de presionar al régimen y a las autoridades. 
Las próximas elecciones locales merecen nuestra atención. 
Mi Grupo apoya el informe muy bien elaborado del Sr. Marset Campos y desea felicitarle por su labor. 
Señor Presidente, como todos saben, Belarús se convertirá en vecino de la UE y por tanto resulta extremadamente importante que empecemos a preocuparnos de lo que ocurre en este país y a tomarlo en serio. 
Por esta razón, es igualmente importante el informe que ha elaborado mi compañero de Grupo, mostrando a cualquiera que aún no esté informado lo crítica y difícil que es la situación y las deficiencias que hay en materia de derechos humanos, democracia, etc. 
Deseo dar las gracias al Sr. Marset Campos por un extraordinario informe sobre una cuestión muy importante. 
Mi Grupo tiene carácter confederal y, por tanto, no nos alabamos unos a otros porque sí, pero puedo decir, en nombre de la Izquierda Verde Nórdica, que apoyamos plenamente el contenido del informe del Sr. Marset Campos. 
Nuestro carácter confederal supone asimismo que el Grupo también ha formulado enmiendas respecto a las cuestiones con las que no estamos de acuerdo y, como el ponente, no las apoyo. 
Este informe pone de relieve que hacen falta muchas cosas si, como espero que suceda algún día, Belarús llega a un punto en el que pueda convertirse en miembro de la UE. 
En primer lugar, hacen falta avances democráticos, y yo creo que, si desea hacerlo, la UE puede desempeñar un papel decisivo en este ámbito. 
Como buenos demócratas, deberíamos apoyar las actividades, dentro y fuera de Belarús, encaminadas a cambiar el estado de cosas actual para la gente de la calle y los movimientos democráticos. 
Se ha mencionado a la iglesia, pero también estoy pensando en los sindicatos y en una serie de periodistas que están llevando a cabo una labor excepcional para mover al país en la dirección correcta. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a mí también me gustaría, antes que nada, dar las gracias a nuestro ponente, el Sr. Marset Campos, por su informe, que resume acertadamente las conclusiones decisivas derivadas de la labor del Parlamento en estos últimos años. 
Así, este informe viene a ser un documento muy importante en el debate sobre la cuestión de Belarús. 
Puede ser importante reiterar en este contexto que no son las instituciones europeas las responsables del aislamiento de Belarús, sino el propio país y el dictador que lo ha sumido en una crisis y prohíbe y reprime cualquier forma de expresión democrática. 
Estoy plenamente de acuerdo con usted a ese respecto, señor Comisario. 
A pesar de estas circunstancias, Belarús sigue siendo nuestro vecino y nos interesa que supere su aislamiento autoimpuesto. 
Si esto no se puede hacer en el marco de unas relaciones normales, la Unión Europea sigue teniendo la necesidad de desarrollar una estrategia para tratar la cuestión de Belarús. 
En cualquier caso, creo que sería buena idea prestar atención al punto 9, que solicita la adopción de una estrategia dirigida a Belarús. 
Esto nos llevaría sin duda a plantearnos cuándo tendríamos que recurrir a instrumentos diplomáticos tan importantes como el palo y la zanahoria o qué tipo de instrumentos deberíamos emplear, cuándo deberíamos imponer sanciones y cuándo ofrecer nuestro apoyo. 
Los instrumentos que hemos empleado hasta ahora son inapropiados, así que debemos modificarlos para que se ajusten a nuestros propósitos con respecto a Belarús. 
El punto 9 establece con la mayor claridad para qué deben modificarse y en qué aspectos hay que hacer más de lo que se hizo en el marco del último programa. 
Éste es el propósito de este punto y creo que proporciona a la Comisión unas orientaciones muy buenas sobre lo que hay que hacer. 
Asimismo, me gustaría reiterar que las elecciones locales y nuestra observación de las mismas tendrán gran importancia de cara a las relaciones futuras. 
Espero que podamos disfrutar una excelente cooperación estratégica con la Comisión en esta cuestión. 
Señor Presidente, aunque está claramente justificado criticar el sistema político de Belarús, la misma crítica podría extenderse a otros Estados de la antigua Unión Soviética y me gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar que también se observan indicadores muy favorables en Belarús. 
Me refiero a la Universidad Sajarov de Minsk, de cuya labor con respecto al medio ambiente podría decirse que indica a otros el camino a seguir. 
La Unión Europea debería apoyar más movimientos de reforma de este tipo, que, a largo plazo, harán el país más democrático. 
El año pasado tuve la impresión de que las condiciones de vida habían mejorado con respecto a años anteriores, aunque una breve visita a un país tan sólo nos aporta una visión parcial. 
No se puede, desgraciadamente, decir que todo haya pasado en lo que se refiere a las consecuencias de Chernóbil. 
Un gran número de personas siguen muriendo en la región de Gomel. 
La falta de financiación impide que las personas mayores de 45 años reciban tratamiento. 
La comunidad internacional debe prestar más atención a este problema y, sobre todo, proporcionar una mayor ayuda material. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la ampliación de la Unión Europea cambiará el panorama político. 
A partir de mayo de 2004, miembros futuros como Letonia, Lituania y Polonia compartirán fronteras exteriores con Belarús, un país contiguo a la Unión Europea, que forma parte del legado del colapso de la Unión Soviética y que puede describirse, política, económica y jurídicamente, como un caso problemático que se ha rezagado en relación con todos los demás países. 
No podemos observar con indiferencia la regresión de un país que pronto será vecino de la Unión Europea, a un régimen autoritario y dictatorial. 
Belarús está aislándose cada vez más. Esto se ha visto en el fallido intento de ampliar la misión de la OSCE en Minsk. 
El Consejo de Europa se niega a aceptar a Belarús como miembro. 
Así, el aislamiento de Belarús aumenta y la situación sigue sin cambiar. 
Por tanto, el intento del Parlamento, a través de un informe, de ejercer alguna influencia, debe acogerse positivamente, aunque sólo sea porque envía una señal de ánimo a las fuerzas de oposición democrática, que, aunque débiles, siguen ahí, para que den señales de vida en las próximas elecciones de marzo. 
Cualquier país que se autoexcluya de esta forma del desarrollo europeo se convertirá por fuerza en un problema de seguridad para la Unión Europea. 
Dada la falta de seguridad de hecho en la frontera con su vecino ruso, con el que mantiene estrechos lazos económicos y políticos, Belarús es un país de paso importante para los inmigrantes ilegales que viajan de Rusia a la UE. 
En lo que se refiere a la inmigración ilegal, debe considerarse más importante como país de paso que como país de origen. 
Así, hay una tendencia claramente perceptible de inmigración a Austria desde el subcontinente indio e Iraq a través de Belarús y Ucrania. 
En los últimos meses, Minsk ha creado problemas por los vuelos a Austria. 
Un número cada vez mayor de inmigrantes ilegales han sido interceptadas en el aeropuerto de Schwechat de Viena, habiendo viajado desde Iraq e India y volado desde Minsk. 
Un diálogo estructurado- tan pronto como las circunstancias lo permitan- resulta por tanto muy deseable. 
Señor Presidente, me gustaría contar a Belarús entre los vecinos de la Comunidad Europea y, algún día, quizá, entre sus miembros. 
Aunque quepa preguntarnos hasta qué punto pueden algunos países llegar a formar parte de Europa, ese problema no se plantea en lo tocante a Belarús, porque está en Europa. 
Sin embargo, la última evaluación de la situación llevada a cabo por el Consejo de Europa hace unos pocos meses excluye la posibilidad de invitar a Belarús a formar parte de su Asamblea Parlamentaria. 
Desde el punto de vista de la democracia, no han cambiado muchas cosas, pero aun así el Parlamento Europeo espera pacientemente una iniciativa que pueda impulsar la restauración de ciertos derechos. 
A primera vista, podría tratarse de una cuestión de ponerse de acuerdo en torno al significado de definiciones individuales, porque a veces tengo la impresión de que se produce un diálogo de sordos, entre dos partes que no entienden a qué se refiere la otra con la palabra «democracia». 
Es cierto que hay muchas razones por las que Belarús puede querer unirse a Rusia, pero mantener cierto equilibrio serviría a sus intereses nacionales. 
Las próximas elecciones locales, en cualquier caso, serán una prueba perceptible del progreso que se haya podido realizar en el ámbito de los derechos fundamentales. 
La abolición de la pena de muerte, la libertad de prensa, de asociación, religiosa: estas son las condiciones mínimas, pero, ¿cuánto tiempo pasará hasta que se cumplan, de modo que se pueda retomar el diálogo? 
En términos geopolíticos tiene sentido: antes o después ocurrirá. 
Un altísimo grado de corrupción, pobreza y desorden catapultó a Lukashenko al poder en 1994, pero su remedio fue demasiado brutal: eliminó parte de la corrupción, pero sus tendencias autoritarias iban de la mano de esa clase de dirigismo que ya había causado la implosión de la Unión Soviética, y poca cosa ha cambiado desde entonces. 
Señor Presidente, la Unión Europea está intentando por todos los medios a su alcance presionar a Belarús para que respete los derechos humanos y ponga en marcha una reforma democrática. 
Hasta ahora hemos utilizado más el palo que la zanahoria. 
En el futuro, sería aconsejable buscar formas más positivas de conseguir nuestros objetivos. 
Tras la ampliación de la UE, Belarús se convertirá en nuestro vecino, compartiendo frontera con nada menos que tres nuevos Estados miembros: Letonia, Lituania y Polonia. 
Debemos animar a Belarús a que mantenga su independencia como Estado y a que se oriente hacia la cooperación europea. 
La cooperación multilateral nos proporcionará un buen foro para la cooperación con Belarús. 
Las posturas del Consejo de Estados del Báltico cambiarán cuando los países bálticos y Polonia pasen de ser vecinos a ser miembros de la UE. 
En esta situación, la UE debe participar más que hasta ahora en la labor del Consejo y canalizar más fondos para los proyectos a realizar. 
Con la ampliación de la Unión aumentará la importancia de la cooperación transfronteriza. 
Tenemos que animar a Letonia, Lituania y Polonia a que desarrollen una cooperación transfronteriza con Belarús. 
En el futuro, la Unión debe estar dispuesta a financiar proyectos relacionados con esta cooperación. 
Debe haber un nuevo mecanismo para proporcionar fondos, creado en la Unión Europea para la cooperación transfronteriza, ya sea en asociación con Tacis o en forma de acuerdo independiente. 
Debe haber una canalización de fondos por parte de la Unión más manifiesta que hasta ahora para el desarrollo de los países vecinos, particularmente para las regiones vecinas al otro lado de nuestras fronteras. 
Las diferencias de condiciones de vida deben reducirse efectivamente en las fronteras exteriores de la Unión. 
Señor Presidente, señoras y señores representantes de los Estados miembros, aunque aprobamos el objetivo general del informe Marset Campos, encaminado a reforzar los vínculos con Belarús, como haría falta hacer también con Rusia, no podemos aprobar ni las condiciones que establece para hacerlo ni las vías y medios a que pretende dar preferencia. 
De hecho, estamos generalizando, si se me permite, la forma de justicia que estamos aplicando a Iraq. 
En otras palabras, nuestro propósito es escoger regímenes en lugar de reconocer Estados. 
Es una clase de lógica que puede tener consecuencias trascendentales. 
De hecho, no nos corresponde juzgar a los Gobiernos. 
El régimen del Sr. Lukashenko quizá no cumpla los criterios de nuestras democracias, que, por otra parte, distan mucho de ser perfectas e, incluso, están cada vez más desprovistas de contenido, a medida que la soberanía nacional se va cediendo progresivamente. 
Dicho esto, mi estancia en Minsk, donde fui enviado por el Parlamento, me permitió observar que, a pesar de todo, la democracia está haciendo progresos reales, que la palabra pluralismo no está completamente fuera de lugar y que, sobre todo, el Presidente Lukashenko disfruta de cierta legitimidad. 
Esto se explica por el hecho de que tras el colapso del régimen soviético, ha sustituido a una sucesión de Gobiernos efímeros que habían exasperado a la población belarusa privatizándolo todo, incluidos los servicios públicos esenciales que pasaron a manos de empresas occidentales, y, sobre todo, intentando separar a Belarús de Rusia, algo que la población belarusa no podía consentir. 
Tampoco nos corresponde, como se sostiene en el informe, ni animar a la oposición ni a ningún partido político ni utilizar a las ONG como instrumentos para operaciones subversivas. 
Tampoco nos corresponde escoger éste o aquel modelo económico para Belarús. 
Señorías, estos son caminos muy peligrosos, porque la sociedad internacional no podrá vivir en paz si, en virtud de la riqueza y el poder, uno o varios Estados reclaman el derecho a derrocar a los Gobiernos que no les gusten y, en su lugar, designan Gobiernos a su imagen y semejanza. 
No podría haber paz en estas condiciones. 
Por tanto, respetemos a los Estados y a los pueblos tal y como son. 
Pase lo que pase, Belarús es parte de Europa y lo ha sido durante siglos. 
En cualquier caso, será un socio importante para nuestros países y, por supuesto, especialmente para Francia. 
Señor Presidente, Belarús es el último bastión europeo de ideología neosoviética. 
Ahora adquiere importancia política, puesto que en 2004 se convertirá en un país vecino de la Unión Europea. 
Se podría decir en su favor que, al contrario que sus vecinos, Belarús no sufre luchas interétnicas y ha renunciado unilateralmente a su arsenal nuclear, así como a la mayor parte de su armamento convencional. 
También sorprende bastante que aún disfrute de una tasa de crecimiento económico del 4%. 
Lamentablemente, el país ha evolucionado hacia el autoritarismo y la represión de los derechos lingüísticos y religiosos tras la elección del Presidente Lukashenko en 1994. 
Sin embargo, Lukashenko no es Sadam Husein. 
En un primer momento, las elecciones hicieron pensar que se respetaría la autoridad, se eliminaría la corrupción, se recuperaría la economía y, sobre todo, se frenaría la enajenación de activos y la evasión de impuestos que se han producido en otros países de la CEI. 
Belarús se encuentra actualmente bajo una enorme presión para reforzar sus fronteras con Rusia y Ucrania con el fin de evitar la entrada de inmigrantes; la Unión Europea debe cooperar en este terreno, independientemente de la naturaleza del Gobierno de Minsk. 
Las empresas privadas en Belarús no funcionan de forma eficiente y los efectos del desastre de Chernóbil siguen siendo una importante fuente de preocupación. 
Existe un presunto hostigamiento a la oposición, el silenciamiento de voces críticas y la creación de una red clientelar en todo el país. 
Las próximas elecciones municipales de marzo de 2003 pondrán a prueba el potencial de evolución política favorable en Belarús y esperamos que se invite a observadores de este Parlamento. 
La Unión Europea debería esperar los resultados de las elecciones y responder a Belarús del modo adecuado, de acuerdo con una política de pasos graduales. 
En Belarús aumenta la sensación de que la democracia es necesaria; de ahí la necesidad de un mayor contacto entre Occidente con los parlamentarios que están a favor de la democracia para evitar el riesgo de autoaislamiento. 
Por último, si el pueblo de Belarús así lo desea, debemos ofrecer también la perspectiva de un posible ingreso en la UE a largo plazo. 
Señor Presidente, no tengo nada importante que añadir a lo que he dicho en mis observaciones preliminares. 
Sin embargo, puesto que ha habido varias referencias al debate sobre la «Europa más amplia» , tal vez podría informar a los diputados sobre nuestras ideas al respecto. 
La Comisión se ha comprometido a presentar una comunicación sobre la «Europa más amplia» cuando se celebre el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, de acuerdo con las competencias que se nos otorgaron en Copenhague. 
Esto nos obliga no sólo a tener en cuenta a los vecinos orientales- en los que hemos centrado nuestra atención hoy -, sino también a nuestro vecindario más amplio hacia sur y el este. 
En el contexto de esa comunicación, queremos seguir el planteamiento que el Sr. Väyrynen ha formulado tan hábilmente sobre los instrumentos financieros y la importancia de la dimensión septentrional y sus distintos componentes para cualquier política seria de vecindad. 
Concluiré con un resumen telegráfico de lo que he dicho al principio: queremos tender una mano a Belarús para la cooperación y la amistad, pero esto exige un cambio de actitud radical de este país con respecto a los valores políticos y- por qué no- económicos que tenemos en tan alta estima. 
Espero que se produzca un cambio suficiente en Belarús para que podamos desarrollar una mejor relación con este importante país. 
Sin embargo, ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Belarús. 
Muchas gracias, Comisario Patten. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
(Se suspende la sesión durante unos minutos hasta la hora de la votación) 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Informe (A5-0006/2003) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Derechos y Libertades de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa del Reino de España con miras a modificar las normas de Schengen relativas a la expedición de visados en la frontera, incluida la expedición de dichos visados a los marinos (8372/2002- C5-0289/2002- 2002/0810 (CNS)) 
Señor Presidente, como la Cámara sabe, mi informe se refiere a la iniciativa española de simplificar las normas de Schengen y eliminar trámites burocráticos en la medida de lo posible, permitiendo que se emitan visados colectivos en las fronteras exteriores a marinos en tránsito, facilitando así las cosas a los Estados miembros con marina. 
Mi informe supone una mejora notable de la propuesta original, porque protege los derechos individuales y los datos personales de los ciudadanos, empleando las disposiciones de Schengen en las que se basa el reglamento. 
Mi informe también corrige el texto, de forma que sea neutro en cuanto al género, en reconocimiento del hecho de que muchas mujeres han empezado a trabajar en la marina en los últimos años. 
Rechazamos el criterio de la nacionalidad común porque no hay una base suficiente para exigir a los marinos que sean de la misma nacionalidad para obtener un visado colectivo. 
El informe propone por tanto que se emitan visados colectivos breves para grupos de cinco a cincuenta marinos, aunque no sean todos de la misma nacionalidad. 
Esto beneficiará notablemente a la navegación europea. 
Señor Presidente, no debería haber ningún problema para prohibir el E 425 konjac. 
Es un aditivo completamente innecesario que, además, resulta peligroso. 
Ahora bien, lo que es bastante controvertido es mi propuesta, respaldada unánimemente por la comisión parlamentaria, de que la Comisión revise todas las listas de aditivos alimentarios considerando su consumo por parte de niños. 
Lo que nos preocupa, sobre todo, son las bebidas, los dulces y productos similares que los niños consumen en cantidades superiores a lo deseable. 
Puedo recomendar el voto en contra de las enmiendas 1 y 3 si la Comisión se compromete sinceramente a cambiar esas listas de aditivos y se encarga de examinarlas dentro de un plazo razonable. 
Ésta es, pues, una cuestión para la Comisión. 
. 
(EN) Señor Presidente, antes que nada quiero manifestar a la Sra. Paulsen, en nombre de mi colega, el Comisario Byrne, lo agradecidos que le estamos por su labor como ponente en esta importantísima cuestión. 
Responderé directamente a la observación que ha hecho. 
Puedo confirmar que la revisión de los aditivos alimentarios autorizados se exige en la Directiva marco y en las tres Directivas específicas relativas a las distintas clases de aditivos. 
La Directiva marco exige que los aditivos alimentarios se reevalúen siempre que sea necesario. 
Las Directivas específicas exigen que los Estados miembros controlen el consumo de aditivos alimentarios y a la Comisión que emplee estos datos para informar al Parlamento y al Consejo. 
La Comisión presentó un primer informe hace dos años, en 2001. 
Quiero subrayar el hecho de que se refería al consumo de aditivos alimentarios por parte de adultos y niños. 
Señaló los aditivos sobre los que se necesitaban datos más precisos. 
Particularmente, señaló que el consumo por parte de niños de una serie de aditivos- sulfitos y benzoatos, por ejemplo- debería ser evaluado mejor por parte de los Estados miembros. 
Se prevé un segundo informe en 2004. 
El pasado mes de octubre, la Comisión recordó formalmente a los Estados miembros su obligación de proporcionar la información necesaria para este nuevo informe. 
Desde entonces, tres Estados miembros han transmitido la información y cuatro Estados miembros han confirmado que están llevando a cabo estudios. 
Incluso si no todos los Estados miembros facilitan esta información, será posible evaluar sobre esta base si debe modificarse el patrón de uso actual de algunos aditivos. 
Si resultara necesario, sobre la base del nuevo informe, la Comisión propondrá restricciones a los patrones de uso autorizados actualmente, particularmente para asegurar que el consumo infantil sea seguro. 
Espero que estas palabras tranquilizadoras se ajusten a las importantes observaciones hechas por la ponente. 
¿Desea la ponente mantener la recomendación que ha formulado antes de hacer la pregunta a la Comisión? 
Señor Presidente, recomiendo a mis colegas diputados que voten en contra de las enmiendas 1 y 3, a favor de la enmienda 2 y, por supuesto, que voten a favor en la votación final. 
Señor Presidente, mi aparato de votación hace un ruido muy extraño y tiene un montón de luces. 
Tomaremos nota de lo que podríamos llamar «el precedente McNally» , es decir, una máquina ruidosa. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0005/2003) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 539/2001 por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (COM (2002) 679- C5-0609/2002- 2002/0280 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0024/2003) del Sr. Marset Campos, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre las relaciones entre la Unión Europea y Bielorrusia: hacia una futura colaboración (2002/2164 (INI)) 
Antes de la votación de la enmienda 5: 
Señor Presidente, hay muchas traducciones del punto 14, lo cual resulta bastante confuso. 
Es evidente por el contexto que trata de las Naciones Unidas, y no de los Estados Unidos, y esto debe quedar claro. 
Ni la traducción inglesa ni la alemana son correctas; hay que recurrir a la versión española, que deja perfectamente claro que se hace referencia a las Naciones Unidas, ya que el tema va de organismos internacionales. 
Hay que tenerlo en cuenta, y tal vez resulte importante de cara a la votación. 
Tomaremos nota de sus comentarios y nos aseguraremos de que concuerden las versiones en todas las lenguas. 
Antes de la votación de la enmienda 3: 
Señor Presidente, he presentado la enmienda 6, que decaerá si se vota a favor de la enmienda 3. 
Con mi enmienda quería pedir que se abriera un diálogo inmediatamente entre la Unión Europea y Belarús en el contexto de la lucha contra el crimen y el comercio de seres humanos. 
Como condición indispensable de este diálogo, la enmienda 3 exige que Belarús cumpla todas las condiciones estipuladas en el informe, lo cual supone que esta colaboración en la lucha contra el crimen no comenzaría hasta dentro de unos años, cuando es necesario que comience ya. 
Propongo que voten sobre mi enmienda antes de votar la enmienda 3 o que se realice una votación por partes y se vote separadamente la parte de la frase que dice «tan pronto como se cumplan las condiciones básicas». 
Les ruego que voten contra esta parte de la frase porque creo que una cooperación de este tipo, centrada en la lucha contra el crimen, debe empezar inmediatamente, al margen de cuáles sean las condiciones imperantes en el país en cuestión. 
La lista de votaciones indica que la enmienda 3 debe votarse antes. 
La enmienda 6 depende de ello. 
Nos ha llegado la propuesta de que hacer una votación por separado. 
Solicito la opinión del ponente al respecto. 
. (ES) Señor Presidente, no tengo inconveniente en la votación por separado, pero estoy de acuerdo con la secuencia que se ha hecho porque ya se aprobó así en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Esto no resuelve nada. 
Tenemos dos enmiendas válidas, la primera de las cuales es la enmienda 3. 
Usted ha pedido una votación por separado y el ponente ha dicho que estaría a favor. 
¿Es así? 
. (ES) Señor Presidente, mi propuesta es, en primer lugar, la enmienda 3 y, más tarde, la enmienda 6. 
Y, si hay enmienda 6, el voto por separado. 
Si votamos a favor de la enmienda 3, entonces la enmienda 6 decae. 
Aquellos que quieran votar a favor de la enmienda 6 ahora saben cuáles serán las consecuencias. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Con esto concluye la votación. 
EXPLICACIONES DE VOTO 
- (FR) Para cualquier persona normal, la libertad de circulación supone que cualquier individuo que es ciudadano de un país de la UE o que haya venido de fuera de la Unión Europea y ahora viva aquí pueda moverse y residir dentro de la UE según estime conveniente. 
Eso sería demasiado simple, no obstante, para las generaciones de supuestos «padres de Europa». 
El interminable regateo entre Estados miembros, unidos solamente por el deseo de instaurar la libre circulación de capitales, ha producido un batiburrillo tal de diferentes reglamentos en materia de visados que supone un problema incluso para la gestión de los negocios. 
Se ha provocado la indignación de España, no desde el punto de vista de los derechos humanos, sino porque la situación «ocasiona una pérdida de tiempo precioso, que inflige graves perjuicios a los marinos, a las navieras y a las compañías aéreas porque, con frecuencia, causa pérdida de vuelos o de conexiones de vuelos». 
De ahí una serie de medidas encaminadas a facilitar la obtención de ciertas categorías de visado. 
No hemos votado contra este informe porque la nueva normativa quizá evite algunos de los inconvenientes, e incluso humillaciones, que los marinos deben sufrir actualmente. 
Este patético regateo y estas medidas miopes son, no obstante, una buena ilustración del abismo que hay entre el deseo de edificar una Europa unificada de naciones y la realidad de una Europa que permanece dividida, rodeada de alambradas e incapaz de asegurar una libertad de circulación genuina a los que están en su interior. 
- (PT) Aunque los visados sólo deberían concederse en las fronteras en circunstancias excepcionales, es preciso establecer procedimientos comunes en los Estados miembros para el tránsito de marinos, una categoría profesional sujeta a una enorme movilidad laboral. 
Esta iniciativa pretende actualizar, clarificar y racionalizar las normas para la concesión de visados a los marinos en tránsito. 
La principal innovación legislativa consiste en la posibilidad, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, de emitir visados de tránsito colectivos a marinos del mismo buque que viajen en un grupo de cinco a cincuenta personas, si el período de tránsito es limitado. 
No se les debe exigir que tengan la misma nacionalidad, no obstante, porque en la práctica esto básicamente anularía los efectos de esta propuesta. 
También es importante responsabilizar al agente y a la compañía naviera de la solicitud de los visados. Debe hacerse hincapié en la necesidad de un intercambio de información para determinar, por ejemplo, si un individuo ha sido arrestado, si tiene antecedentes penales, si se sospecha que está involucrado en el tráfico o en la inmigración ilegal. 
Esta iniciativa, con las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo, puede contribuir a hacer el complejo acervo de Schengen un poco más comprensible y a aportar soluciones que, aunque tal vez no sean las que deseamos ver- como la introducción de reformas más profundas del acervo de Schengen -, son soluciones posibles. 
. 
(PT) He votado a favor de este informe por dos razones principales. 
Por una parte, reconozco la clara necesidad de armonizar la legislación divergente en este campo, un requisito esencial para hacer que el acervo de Schengen resulte comprensible y accesible. 
Me gustaría recalcar, no obstante, que aunque éste no fuera el caso, no veo el menor problema en que existan diferencias entre los ordenamientos jurídicos nacionales en materia de fenómenos migratorios. Al contrario, creo que cualquier intento artificial de normalizar, excediendo las disposiciones de la letra a) del apartado 3 del artículo 63 del Tratado CE, sería contraproducente. 
Además, comparto la convicción de la ponente respecto a la importancia del control de las fronteras exteriores como una forma de combatir la inmigración ilegal y el crimen. 
Para terminar, celebro la integración de las prácticas aplicables a marinos en tránsito en el Manual Común y subrayaría la importancia del visado colectivo que, como bien ha señalado la ponente, podría resultar inaplicable si se emitiera sólo para nacionales del mismo Estado. 
Lamento, sin embargo, el enfoque «políticamente correcto» adoptado por la ponente al insistir en añadir palabras relativas al género, cuando la realidad es que las normas de interpretación básicas ya bastarían y resulta claro que en ningún momento existía ningún tipo de discriminación en el texto de la Comisión. 
Ayer, señor Presidente, mientras estaba en el avión volando de Bérgamo a Estrasburgo, cerré los ojos durante un segundo y vi al personaje teatral italiano Pantalone, famoso por no tener ni un céntimo y estar sumido en la pobreza, hablando con el Sr. Santini. 
Pantalone le preguntaba al Sr. Santini: «¿Por qué no me permite circular por Europa en su informe? ». 
«¿Yo? », contestó el Sr. Santini. 
«¡Pero si puede circular por toda Europa!» 
Y Pantalone insistió: «No, no puedo, porque el informe dice que quienes quieran viajar deben tener los recursos necesarios para costearse el viaje, el vuelo, lo cual supone que uno tiene que estar razonablemente acomodado. 
Yo soy Pantalone, soy pobre, no tengo dinero, y por tanto no puedo circular por Europa. 
Esta situación no me complace, por lo que aconsejo al Sr. Fatuzzo que vote contra la propuesta». 
Y así lo he hecho, por cierto. 
Puede usted discutirlo con el Sr. Santini durante el almuerzo. 
Señor Presidente, sólo quiero hacer un breve comentario sobre el informe Santini, a favor del cual hemos votado- así como a favor de las enmiendas de fondo de la Comisión de Derechos y Libertades de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores- los diputados del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, aunque esté claro para nosotros que hay elementos en este informe sobre los que el Consejo tendrá dudas importantes, algunas de las cuales serán planteadas por el Gobierno alemán. 
La razón por la que doy esta explicación del voto es porque puede ser que tengamos que definir nuestra postura de nuevo en segunda lectura. 
Señor Presidente, la mayoría de los diputados laboristas británicos, yo incluido, nos hemos abstenido en la votación del informe Santini. 
Aunque compartimos sus objetivos fundamentales, que persiguen un buen propósito, nos preocupa que, tal como ha quedado el informe, las disposiciones destinadas a alcanzar este importante objetivo no incluyan suficientes garantías contra la explotación por bandas criminales y quienes intentan entrar en la UE ilegalmente. 
Por ejemplo, no aceptamos la necesidad de eliminar las pruebas documentales que demuestren el parentesco. 
Además, aunque deseamos proteger los derechos de las parejas de hecho y homosexuales, no podemos permitir que se dé una situación en la que las parejas de hecho de nacionales de la UE puedan tener más derechos a entrar en un Estado miembro que los ciudadanos de ese país. 
Además, debe de haber salvaguardias para asegurar que no fomentamos el uso del matrimonio para facilitar la entrada ilegal. 
Las disposiciones que tratan de suavizar las condiciones económicas asociadas a la residencia en circunstancias excepcionales han de reelaborarse y clarificarse antes de la ulterior lectura. 
Por último, no aceptamos la disposición del apartado 2 del artículo 26, que impediría a los Estados miembros expulsar a residentes permanentes en circunstancias excepcionales. 
Esta facultad se usa en contadas ocasiones, pero debemos reservarnos el derecho a utilizarla en caso de que se atente gravemente contra la seguridad pública. 
. 
(EL) La propuesta de permitir a los ciudadanos europeos circular y residir libremente dentro del territorio comunitario es un paso en la buena dirección, por lo que la apoyo. 
Proporciona a los ciudadanos mayores oportunidades de ejercer su derecho de circular libremente dentro de la Comunidad, abogando por la reducción y la simplificación de los procedimientos. 
Por supuesto, condicionar la residencia de más de seis meses a la disponibilidad de recursos económicos podría dar lugar a una discriminación social. 
Ahora que la definición de familia se ha ampliado para incluir parejas del mismo sexo o no casadas, la Directiva refleja de una forma más fiel la diversidad de las relaciones familiares en la sociedad actual. 
Por último, se necesita una mayor flexibilidad para los estudiantes que cursan estudios en el extranjero; teniendo en cuenta el tiempo que lleva finalizar unos estudios hoy en día, podría considerarse una razón para obtener un permiso de residencia. 
La propuesta de Directiva sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y sus familiares a circular y residir libremente dentro del territorio de los Estados miembros está cambiando gradualmente todos los aspectos del significado de este derecho. 
De hecho, de acuerdo con el Tratado, supone que los ciudadanos de cada Estado miembro pueden en principio circular o residir en el territorio de otros Estados miembros, pero no supone que los Estados donde se reside no tengan ningún derecho de control o de denegación justificada. 
La Directiva propuesta por la Comisión, no obstante, cambia de un significado a otro, tomando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como base, pero yendo más allá, sin que se hagan los ajustes necesarios en el Tratado tras un debate democrático. 
Este texto restaría poder a los Estados miembros y les haría perder un poco más el control de su territorio, lo cual nos negamos a aceptar. 
Incluso el Gobierno francés, a pesar de ser indulgente por lo general con las instituciones comunitarias, ha protestado particularmente contra la supresión, establecida por la Directiva, del derecho a expulsar a un ciudadano comunitario tras una estancia permanente de cuatro años. 
Por estas razones, hemos votado en contra del texto. 
- (FR) El derecho a la libre circulación dentro del territorio de los Estados miembros se estableció en principio cuando se firmó el Tratado de Roma en 1957 y debía entrar en vigor al mismo tiempo que el Tratado. 
El simple hecho de que, 45 años más tarde, aún tengamos que votar resoluciones para que este derecho pueda entrar en juego es ciertamente un signo de que, para quienes toman las decisiones sobre la unidad europea, lo único que cuenta es la libre circulación de capitales y mercancías, no los derechos de los ciudadanos. 
Incluso en la propuesta de Directiva, este derecho es parcial y sus límites se definen cuidadosamente. 
Por ejemplo, corresponderá al Estado miembro de residencia decidir si proporciona o no ayuda social o becas de estudio. 
Esta situación, no obstante, no nos impide hablar constantemente de ciudadanía europea. 
Sin embargo, hemos votado a favor de este informe porque sus recomendaciones mejorarían notablemente la directiva que se elabora actualmente sobre el derecho de los ciudadanos a vivir y residir dentro del territorio de la Unión Europea, en particular en lo que se refiere a los derechos de cónyuges e hijos. 
. 
(PT) Celebro las mejoras de la situación de los ciudadanos de la UE que desean instalarse en otro Estado miembro de la Unión y en particular la reducción de la burocracia que prolifera en la actualidad. 
Sobre la base de una propuesta de Directiva formulada por la Comisión Europea, será posible para un ciudadano de la UE quedarse en el territorio de otro Estado miembro sin tener que cumplir ninguna formalidad, durante un período de seis meses, y no de tres, como ha sucedido hasta ahora. 
En el caso de estancias superiores a seis meses, si un ciudadano de la Unión realiza una actividad remunerada, simplemente debe hacer una declaración al respecto. 
Si no realiza una actividad remunerada, deberá declarar que cuenta con recursos suficientes y los Estados miembros no podrán fijar un importe mínimo. También deberá contar con un seguro de enfermedad durante los cuatro primeros años de residencia. 
El derecho de residencia permanente al final de estos cuatro años es la importante innovación introducida por la Directiva y consiste en el hecho de que este se concede al ciudadano o a la ciudadana europea y a los miembros de su familia. 
El informe introduce algunas mejoras, ampliando el concepto de familia, eliminando o simplificando la burocracia y garantizando más derechos que los previstos inicialmente. 
De ahí nuestro voto a favor. 
- (EN) El apoyo a estas medidas por parte de los diputados laboristas y liberales demócratas británicos se presta en un momento en que nuestro propio Gobierno ha tenido que admitir que los sistemas de inmigración ya están al borde del colapso en el Reino Unido. 
Estas propuestas surgen en un momento de mayor riesgo terrorista en la UE, en el que los Estados miembros ya tienen problemas para absorber el peso del movimiento de personas a través del continente. 
Los conservadores británicos no pueden, por tanto, apoyar este informe. 
- (DA) Nos hemos abstenido de votar a favor del informe del Sr. Santini (A5-0009/2003) sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. 
Básicamente, creemos que la propuesta de la Comisión tiene un alcance demasiado grande, puesto que impediría a un Estado miembro deportar a personas con permisos de residencia permanentes. 
No obstante, hemos votado a favor de bastantes enmiendas de mejora del Parlamento Europeo que, por ejemplo, sitúan a las parejas inscritas en igualdad de condiciones respecto a las parejas casadas. 
. 
(PT) Somos conscientes de que estudiar este informe parecía en principio un ejercicio difícil, no sólo por la cuestión de las categorías de personas que deberían incluirse en la definición de «miembro de la familia» -o de «beneficiario» , además del ciudadano de la UE, del derecho a circular y particularmente residir en la Unión Europea -, sino también por los problemas inherentes a la hora de definir las condiciones que los ciudadanos de la UE deben cumplir para beneficiarse de este derecho. 
La realidad es que las soluciones adoptadas con respecto a estas definiciones nucleares, tanto en la Comisión de Derechos y Libertades de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores como en el pleno, han contado con el apoyo mayoritario de la izquierda parlamentaria. 
De hecho, con respecto a la definición del término «familia» , la mayoría de las soluciones se adoptaron en un sentido que no se ajusta a los valores que defiendo, especialmente en la enmienda 53: el «cónyuge» , independientemente de su sexo, la «pareja de hecho» y / o «la persona con quien vivan» , independientemente de su sexo, «en una unión de hecho» , «con la que el solicitante tiene una relación duradera» » e «inscrita» de acuerdo con las condiciones de la legislación nacional correspondiente, la «pareja» o «la persona con la que viven» de terceros países o sin permiso de residencia y, por último, los descendientes y ascendientes directos y los del cónyuge o pareja inscrita con quien viven. 
Mi postura no se basa en ningún tipo de fundamentalismo ideológico o religioso. 
No estoy juzgando, ni me corresponde hacerlo, los derechos de las personas en función de su orientación sexual o de otro tipo. 
No veo por qué razón la UE debería fomentar definiciones jurídicas de la familia que se alejen ostensiblemente no sólo de la legislación nacional, dificultando su transposición, sino también de los valores tradicionales que desde siempre se han aceptado comúnmente. Al margen de otras consideraciones, dichas definiciones facilitarán todo tipo de abusos por parte de quienes pretenden entrar ilegalmente en la UE y asentarse aquí. 
De ahí mi voto en contra. 
. 
(PT) Aunque creo que la creación de una verdadera zona europea de libre circulación y la definición efectiva del derecho a la residencia de los ciudadanos de la Unión justifican el fomento de una política coherente y articulada, he tenido que votar en contra del informe. 
Lamento que el maximalismo de las propuestas, apoyadas principalmente por la izquierda en la comisión parlamentaria, eliminen todos los méritos del informe y lo alejen del enfoque considerablemente más equilibrado del ponente. 
El texto final sufre los vicios de no añadir a los derechos y libertades consagrados las obligaciones que conllevan, negando así la necesidad de tomar en consideración el valor de aquellos y la existencia de éstas. Asimismo, intentan imponer una identidad europea, ignorando las verdaderas identidades nacionales, estableciendo una ecuación artificial entre la familia y otras relaciones humanas de un modo que ya no sorprende y se aprovecha de forma oportunista de una cuestión para imponer otra e ignora la tercera preocupación más importante de los ciudadanos europeos: la lucha contra el crimen organizado. 
Además de romper las puertas interiores de la Unión, este texto no permitiría a los Estados miembros conocer y observar los fenómenos migratorios, un factor que afectará a su equilibrio social interno y la ejecución de sus presupuestos, especialmente en materia de asistencia social. 
El Parlamento Europeo ha optado por tanto por un enfoque claramente maximalista, que excede a lo que resulta necesario. Esto sólo servirá, de forma contraproducente, para crear mayores dificultades y nuevos obstáculos innecesarios para la adopción de estas normas. 
Como ya he dicho, quienes intentan conseguir demasiado evitan que alcancemos los objetivos básicos. 
Junto con todo el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos, he votado contra el informe, que fue no obstante aprobado por 269 votos a favor, 225 en contra y 46 abstenciones. 
Los Demócrata-Cristianos no podemos aceptar la definición descafeinada de «matrimonio» o de la «familia» que la mayoría del Parlamento defiende al querer que incluya también parejas del mismo sexo, parejas no casadas, independientemente del sexo, en circunstancias en las que, por ley o en la práctica, el país de origen o el país de acogida sitúan a estas personas en igualdad de condiciones con respecto a las parejas casadas. 
Por el contrario, apoyamos plenamente la propuesta de la Comisión, basada en definiciones del matrimonio y la familia forjadas por el paso del tiempo que nuestra civilización cristiana ha empleado a lo largo de los siglos, como la definición de pareja casada como marido y mujer. 
Las condiciones que regulan la libertad de circulación y residencia dentro de la UE para personas que no sean ciudadanos de la UE deben ser claras y simples para que se puedan aplicar legalmente. 
La adopción de las enmiendas 14 a 16 (262 votos a favor, 238 en contra y 30 abstenciones) muestra que una mayoría desea moverse en la dirección contraria. 
Intentar, con la menor mayoría política posible, emplear los reglamentos europeos sobre libertad de circulación y residencia de esta forma, con objeto de exportar a otros Estados miembros, e indirectamente imponerles, una visión de la familia y del matrimonio que no es compartida por la cultura y el ordenamiento jurídico de estos países, es contrario al espíritu de cooperación de la UE y, en mi opinión, profundamente objetable. 
Señor Presidente, después de ver al personaje teatral italiano Pantalone, que me aconsejó cómo votar respecto al informe Santini, vi a un mafioso. 
Un miembro de la mafia vino hacia mí, burlándose, y dijo: «Ja, ja. 
Ahora discuten el informe Hernández Mollar, que intenta impedirnos a los mafiosos circular libremente por Europa. 
Debo decirle, señor Fatuzzo, que me gusta escuchar sus explicaciones de voto. 
Aunque impida a los ciudadanos de cualquier tercer Estado circular por Europa sin visado, los mafiosos somos tan listos que conseguiremos entrar en los países y cometer crímenes igualmente. 
Por tanto, ¿no sería mejor permitir a todo el mundo circular libremente sin visados y negociar con nosotros por separado, si no nos quieren, para evitar que entremos y causemos daño?» 
- (EN) La capacidad de los Estados miembros de la Unión Europea de decidir su propia política en materia de requisitos de visados para viajar a esos países y de cambiarla, cuando y según convenga, por razones de seguridad o de otra naturaleza, se vería afectada negativamente por esta medida. 
Los visados son herramientas de control útiles y necesarias. 
Los conservadores británicos no pueden, por tanto, aceptar esta propuesta. 
. 
(PT) El Parlamento Europeo ha tenido que enfrentarse al hecho de que cinco Estados miembros se han declarado a favor de la transferencia de Ecuador a la lista de terceros países cuyos ciudadanos necesitan visados, básicamente debido a la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos, la coherencia regional y motivos de orden público. 
De acuerdo con la información que se ha facilitado, muchos ecuatorianos entran legalmente en Europa bajo la tapadera del turismo, pero después se quedan ilegalmente por un período superior a tres meses. 
La expulsión de ciudadanos ecuatorianos se torna cada vez más frecuente, debido principalmente a la falta de pruebas de que tengan recursos suficientes y a su incapacidad de presentar pruebas válidas del propósito de su viaje. 
También está el factor de coherencia regional, porque actualmente se requieren visados a ciudadanos de otros países andinos, lo cual hace que los pasaportes ecuatorianos sean más «interesantes» y fomenta su falsificación. 
Puesto que la propuesta de la Comisión fue elaborada en respuesta a la prioridad establecida en el Consejo Europeo de Sevilla de combatir la inmigración ilegal, hemos votado a favor de ella. 
. 
(PT) Voto a favor de este informe principalmente porque es una demostración más de que Timor Oriental se reconoce como un Estado de hecho y de derecho. 
Comprendo la necesidad de reexaminar la lista de terceros países sujetos a requisitos de visado, debido a la necesaria y urgente lucha contra el crimen y la inmigración ilegal, y celebro la posibilidad de reevaluar el impacto de la obligatoriedad de los visados, particularmente en lo tocante a viajes por motivos de negocios, placer o investigación. 
Pasando al punto más debatido, está claro, dadas las respuestas de los Estados miembros al cuestionario publicado por la Comisión, que la transferencia de Ecuador a la lista permanente de países del Anexo I del Reglamento (CE) nº 539/2001 está justificada por las inquietudes expresadas en materia de inmigración ilegal, trata de seres humanos, coherencia regional y orden público. 
La preocupación del Gobierno ecuatoriano por el cambio legislativo que estamos debatiendo es comprensible, pero no podemos minimizar el efecto disuasivo que, como ha demostrado la experiencia, es necesario establecer. 
De hecho, el drama humano de estar desarraigado, de estar en una situación ilegal y de carecer de los medios para subsistir tiene, con la aplicación de esta enmienda, más posibilidades de evitarse desde su raíz, obviando así el atractivo particular que el pasaporte ecuatoriano tiene para los falsificadores. 
Me gustaría, si puedo, señor Presidente, dirigirme al Jefe de Estado belaruso. 
Señor Lukashenko, veo en la página 13 del informe Marset Campos que ha dejado usted de pagar las pensiones a los pensionistas: está pagándolas con mucho retraso. 
Me gustaría proponerle un método que se emplea en algunos Estados europeos que ya no pueden pagar las pensiones. 
En Italia, por ejemplo, se aprueba una ley que establece que una determinada categoría de ciudadanos ya no recibirán pensiones. 
Así que, ¿por qué paga las pensiones tarde, señor Lukashenko? 
Promulgue una ley- tiene la autoridad para hacerlo- suprimiendo una gran parte de las pensiones de Belarús. 
De ese modo, podrá hacer legalmente lo que en estos momentos se percibe como una mala administración por su parte. 
Belarús se ha aislado de la comunidad internacional debido a la política autocrática seguida por su régimen. 
Esta política incluye perseguir a la oposición, restringir la libertad de prensa, restringir las libertades de los sindicatos, encarcelar, maltratar y eliminar a oponentes políticos y aplicar la pena de muerte. 
Belarús debe empezar a democratizarse si quiere estar en condiciones de ratificar el acuerdo de asociación y cooperación entre la UE y Belarús en un futuro no muy lejano. 
Huelga decir que la petición de democratización del Parlamento Europeo no debe ocultar ningún intento por parte de la UE de cuestionar el derecho de Belarús a decidir su propia política exterior. 
- (FR) El régimen belaruso es claramente una dictadura marcada por la corrupción que oprime a su gente. 
Sugerir que un progreso más rápido en el camino hacia una economía de mercado sería una fuente de esperanza para el pueblo belaruso, no obstante, es ignorar las muchas docenas de países pobres de todo el mundo, como Haití y prácticamente la totalidad de África, que están totalmente integrados en la economía de mercado y algunos de los cuales, sin embargo, viven en una pobreza aún mayor, bajo el yugo de dictaduras igualmente despreciables. 
Por no mencionar países como Argentina, que, aunque es más rica que Belarús, también tiene clases obreras hundidas en la pobreza por la impredecibilidad de la economía de mercado. 
Además, el informe compara a una Belarús no democrática con una Rusia que se presenta como democrática. 
Los panegiristas más vehementes del cambio del régimen ruso se ven no obstante forzados a reconocer la extensa corrupción entre los clanes que rigen el país, el reinado de mafias oficiales o criminales y el enriquecimiento escandaloso de algunos a través del pillaje, mientras que la población en general se empobrece más, por no mencionar los horrores de la guerra de Chechenia. 
En estas condiciones, nos resulta imposible apoyar este texto. 
Los diputados europeos del Partido Comunista de Grecia votaron contra el informe sobre Belarús porque representa una intervención monumental por parte de la UE en los asuntos interiores de un país independiente. 
El problema para la UE no se refiere a la democracia; es el hecho de que Belarús insista en el respeto del derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía nacional y se niegue a venderse a las multinacionales. 
El informe- y esto es chantaje puro- hace que las relaciones futuras con Belarús dependan de su transición inmediata a una economía de mercado e incluso aboga por la cooperación con los Estados Unidos en una apuesta por hacer su intervención- que actualmente puede significar cualquier cosa, incluida la intervención militar- más efectiva. 
Hay un problema en Belarús en lo tocante a los derechos humanos y las libertades democráticas. Sin embargo, éste es un problema de su propio pueblo y no legitima la intervención extranjera. 
Las supuestas libertades democráticas que las organizaciones imperialistas internacionales y este informe quieren imponer a Belarús son la libertad de acción de las grandes empresas y la libertad de borrar cualquier logro que haya podido dejar el régimen socialista. 
Todo esto queda reflejado en el hecho de que la enmienda propuesta por los diputados del Partido Comunista de Grecia, que pedía a la UE que cooperara directamente con Belarús en la lucha contra la trata de seres humanos, se rechazara en favor de una enmienda que exige a Belarús que acate la disciplina de la UE. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 12.44, se reanuda a las 15.00 horas) 
De conformidad con el orden del día se procede a la recomendación del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra (A5-0017/2003) en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre la celebración de un Acuerdo por el que se estable una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra [13767/2002- COM (2002) 536- C5-0589/2002- 2002/0239 (AVC) ]. 
Señor Presidente, en primer lugar creo que en muchos sentidos debería ceder el turno a Su Señoría el Sr. Salafranca Sánchez-Neyra a la hora de discutir esta cuestión, porque ha desempeñado un papel decisivo en la consecución de lo que estamos debatiendo hoy. 
En cierto sentido- y espero que esto no suene a blasfemia- es el Juan Bautista de este acuerdo. 
Ambos hemos tenido el placer en el pasado de dar conferencias sobre esta materia, de hablar sobre ella en Santiago y otros lugares. 
Es sumamente importante reconocer su papel y el de otros diputados en esta importante y afortunada ocasión. 
Hoy estamos examinando una propuesta muy importante de aprobación del Acuerdo de Asociación que firmamos con Chile en noviembre del pasado año. 
Este acuerdo no sólo es crucial para las relaciones entre la Unión Europea y Chile, sino que también es extremadamente importante en el contexto de América Latina en su conjunto. 
De hecho, el acuerdo es una expresión tangible de la voluntad de la Unión Europea de establecer una asociación estratégica con ese continente, a pesar de sus actuales problemas económicos y de su inestabilidad política y la violencia que sufren todavía algunos países de la región, en particular a causa del terrorismo, una cuestión sobre la que Su Señoría ha manifestado, como es natural, bastante preocupación. 
Ambos venimos de países que han sufrido en el pasado a causa de un terrorismo irracional y cruel y nos solidarizamos con los países que, como Colombia, sufren la locura terrorista. 
Es más importante que nunca que enviemos una señal positiva de apoyo a la región, de la Unión Europea a América Latina. 
El Parlamento ha prestado su apoyo desempeñando un papel activo a lo largo de la negociación de este acuerdo. 
En noviembre de 2001, el Parlamento adoptó una resolución en la que invitaba a la Comisión a culminar las negociaciones del Acuerdo UE-Chile en la segunda cumbre UE-América Latina-Caribe celebrada en Madrid en mayo de 2002. 
Me complace señalar que la Comisión cumplió este objetivo y consiguió negociar un acuerdo muy ambicioso. 
Trabajamos estrechamente con la Presidencia española en el primer semestre del año pasado para conseguirlo y éste fue un paso adelante muy importante. 
Este acuerdo de asociación es en primer lugar un acuerdo político: es muy importante que la Unión Europea cree lazos privilegiados con países que, como Chile, comparten valores y objetivos comunes. 
Chile, como sabemos, es un agente constructivo en el plano internacional y comparte los mismos valores y políticas que defendemos en la Unión Europea. 
Por ejemplo, no es extraño que el año pasado Chile ratificara el Protocolo de Kyoto. 
Hay muchos más ejemplos. 
Verdaderamente, nos interesa profundizar el diálogo político con Chile y definir posturas convergentes en cuestiones de interés común. 
Me complace que Chile esté a favor de unas relaciones políticas más estrechas con la Unión Europea. 
Esto queda patente en el apoyo prácticamente unánime que el Congreso chileno dio al acuerdo en enero, menos de dos meses después de que se firmara en Bruselas. 
El acuerdo Unión Europea-Chile también es un amplio acuerdo de libre comercio que, conforme al importante estudio de evaluación de impacto sostenible llevado a cabo por la Comisión, debería generar un crecimiento adicional del PIB chileno de cerca del 0,5 % y contribuir a la mejora del nivel de vida del pueblo chileno. 
La Unión Europea ha sido durante mucho tiempo el principal socio comercial de Chile; este acuerdo debería consolidar y aumentar nuestras relaciones comerciales. 
Permítanme señalar a título de ejemplo que tan sólo dos años después de su entrada en vigor, el acuerdo UE-México- que en muchos aspectos fijó la pauta del acuerdo UE-Chile- ya ha dado pie a un aumento del 28% del comercio bilateral. 
El acuerdo debería permitirnos superar obstáculos y generar un marco operativo para los empresarios que permita más predecibilidad y confianza y mayores flujos comerciales. 
Chile y la Unión Europea no sólo acordaron liberalizar gradualmente más del 97% de nuestro comercio bilateral de mercancías, sino que también acordamos todo un conjunto de normas para facilitar el comercio, el establecimiento de una zona de libre comercio de servicios, la liberalización de la inversión y la apertura recíproca de los mercados de contratación pública. 
La mayor parte del capítulo comercial entró en vigor el 1 de febrero; confío en que los empresarios y consumidores de ambos lados pronto empiecen a disfrutar de las ventajas del acuerdo. 
Sin embargo, la asociación UE-Chile irá más allá de la política y el comercio: intensificará nuestra cooperación en una serie de ámbitos y estimulará el desarrollo social, económico y medioambiental. 
La estrategia de cooperación diseñada conjuntamente para el período 2000-2006 con las autoridades chilenas tal vez necesite adaptarse para prestar mayor atención a las recomendaciones del estudio de evaluación de impacto sostenible y para acompañar la aplicación del acuerdo. 
Permítanme una última observación sobre el marco institucional del acuerdo de asociación. 
El acuerdo señala la necesidad de una mayor participación de la sociedad civil, cosa que debería concretarse en reuniones regulares de representantes de las sociedades civiles europea y chilena, para permitir un intercambio de ideas sobre la aplicación de las diferentes partes del acuerdo. 
Me gustaría subrayar asimismo la creación, conforme al acuerdo, de una Comisión Parlamentaria de Asociación, que será un foro de debate entre los diputados del Parlamento Europeo y del Congreso Chileno. 
Espero que Sus Señorías participen activamente en esta comisión. 
A juzgar por el entusiasmo con que nos han presionado para llegar a este acuerdo, esto no debería suponer un problema. 
Una vez más, quiero dar las gracias al Parlamento por el liderazgo que ha demostrado en esta cuestión. 
Estoy seguro de que este acuerdo beneficiará no sólo los ciudadanos de la Unión Europea y Chile, sino también a la relación general con un continente tan importante y dinámico. 
. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, quisiera, en primer lugar, agradecer a los grupos políticos de esta Cámara su colaboración en la elaboración de este informe, que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y quisiera subrayar precisamente esta colaboración porque no es un hecho muy frecuente. 
En segundo lugar, felicito a la Comisión por la impecable negociación de este acuerdo de asociación con Chile- como nos ha recordado el Comisario Patten -, recogiendo las sugerencias hechas por el Parlamento Europeo en lo que se refería al calendario y superando las dificultades que entrañaban las directivas de negociación. 
El Comisario Patten nos pidió que confiásemos en su criterio para superar las deficiencias referidas al calendario y los hechos le han dado la razón. 
El resultado, señor Presidente, es que nos encontramos ante el acuerdo más innovador, más ambicioso y más global que la Unión Europea haya concluido nunca con un país tercero que no sea candidato a la adhesión. 
Un acuerdo que ha sido calificado por la propia Comisión- creo que con acierto- como un acuerdo para el siglo XXI, un acuerdo de cuarta generación plus. 
Creo que debemos felicitarnos de que este acuerdo se haya celebrado precisamente con un país como Chile, ya que este acuerdo supone, de alguna manera, un reconocimiento a la elevada madurez cívica de la ciudadanía de aquel país y a su decidida apuesta en favor de la apertura y del comercio. 
Como nos decía el Comisario Patten hace un momento, este acuerdo supone también un mensaje de esperanza a una región que está atravesando en estos momentos una situación difícil: inestabilidad en Venezuela, crisis en Argentina, las esperanzas y los retos que ha suscitado la elección del Presidente Lula da Silva en Brasil, la pobreza en el subcontinente y también el fenómeno de la violencia en Colombia. 
Quiero agradecer muy especialmente las palabras que ha pronunciado el Sr. Patten, que va a transmitir también en nombre de nuestra institución, el Parlamento Europeo, un mensaje de solidaridad a las autoridades colombianas por el atentado que el pasado fin de semana produjo muchas víctimas mortales en Bogotá. 
Este acuerdo- como señalaba muy acertadamente el Sr. Comisario- se sitúa en la línea del Acuerdo de asociación con México, que ha producido, efectivamente, un incremento de los intercambios comerciales desde su entrada en vigor y es un acuerdo que va mucho más allá de esas exigencias, puesto que prevé una liberalización del 100% de los intercambios, yendo muchas más allá de las previsiones que establece la negociación de la Organización Mundial de Comercio. 
Me interesa subrayar un aspecto que considero particularmente relevante, y es que Chile haya celebrado este acuerdo de asociación con la Unión Europea antes de finalizar su acuerdo con los Estados Unidos. 
Subrayo asimismo que la Comisión ha declarado que este acuerdo trasciende la lógica comercial, puesto que los acuerdos de asociación tratan de establecer una asociación estratégica basada en los principios y derechos derivados de la cláusula democrática para ambas partes. 
Este acuerdo es riquísimo en lo que se refiere a la liberalización comercial. 
Abarca casi el 100% de los productos, no sólo agrícolas, sino de toda naturaleza, establece estipulaciones relativas a los acuerdos y cláusulas técnicas, establece la mayor liberalización que se haya producido nunca en un acuerdo en el sector servicios y establece también, señor Presidente, el tratamiento más generoso que Chile haya concedido nunca a un país tercero, y, por primera vez en las negociaciones con la Unión Europea, se establece la accesibilidad de inversores extranjeros en un acuerdo de esta naturaleza. 
Creo que con este acuerdo se completa la red de acuerdos que se está negociando en estos momentos. 
El único que nos queda es el de Mercosur, y estamos a la espera de las directivas de negociación para los acuerdos de diálogo político y de cooperación con la comunidad andina y centroamericana, que esperamos- como el Parlamento ha pedido en reiteradas ocasiones- puedan transformarse en acuerdos de asociación. 
Con esto, señor Presidente, creo que podremos dar respuesta a las difíciles situaciones por las que atraviesan algunos países latinoamericanos y conformar un extenso entramado de relaciones entre nuestras dos regiones que podría culminar- ese es el deseo del Parlamento- en la próxima cumbre de Jefes de Estado en México, y esperamos que estos acuerdos puedan jalonar el camino hacia una asociación estratégica y birregional que pueda dar cauce a esa asociación global que pretendemos. 
Por lo tanto, este acuerdo, señor Presidente, supone la cobertura geográfica de los vínculos existentes entre ambas regiones, que están llamadas a ser socias políticas, comerciales y estratégicas, e incrementa las herramientas con las que dar respuesta a los retos e incertidumbres que nos plantea el mundo globalizado en el que vivimos. 
Muchas gracias al conjunto de los grupos políticos por su colaboración positiva y constructiva a la emisión de este dictamen conforme sobre el acuerdo de asociación. 
Señor Presidente, señor Comisario, quiero, ante todo, manifestar la satisfacción del Grupo del Partido Popular Europeo- y la mía en particular- por la celebración de este Acuerdo de asociación entre la Comunidad y sus Estados miembros y Chile, el más ambicioso, innovador y global que jamás haya negociado la Unión Europea con un país no candidato a la adhesión, en palabras de la propia Comisión Europea, en la línea de lo que, como se ha dicho ya, debería ser la asociación estratégica birregional Unión Europea-América Latina que propuso este Parlamento. 
Asimismo, quiero y debo felicitar al Sr. Salafranca por el trabajo llevado a cabo para hacer realidad este trabajo y a la Comisión por los esfuerzos y la orientación que ha dado a la celebración de este Acuerdo, iniciado prácticamente nada más recuperar Chile sus derechos y libertades, que no hubiera sido posible sin la visión política y la tenacidad de la que han dado prueba los dirigentes chilenos, desde el Presidente Elwin hasta el Presidente actual, el Presidente Lagos, y que refleja la voluntad de Chile y la de la Unión Europea y sus Estados miembros de establecer unas relaciones privilegiadas en el terreno político, comercial y de cooperación que engloba el acuerdo y de estrechar los lazos, fruto de unos valores compartidos, que les unen. 
En el marco de la liberalización de los mercados, los beneficios que de cara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible pueden generar unas relaciones económicas y comerciales en condiciones de reciprocidad son indudables, como indudables son los beneficios de un diálogo político dirigido al fomento de la democracia y a la elaboración de respuestas comunes a los grandes retos que plantea este milenio. 
De ahí mi convencimiento de que este acuerdo- al que mi Grupo dará un rotundo sí- constituye un paso muy positivo no sólo para las relaciones Chile-Unión Europea, sino para el bienestar económico y social del pueblo chileno en su caminar por la senda de la democracia, hasta aquí tan ejemplarmente recuperada, y que debe servir, sirve, en realidad, de ejemplo a América Latina en estos momentos difíciles que viven algunos de sus países. 
Señor Presidente, Señor Comisario, debemos felicitarnos por el establecimiento de este acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chile y creo que es justo felicitar también al ponente, Sr. Salafranca, por su esfuerzo y por los resultados obtenidos. 
Es un acuerdo muy amplio que, sin duda, incrementará los intercambios comerciales entre la Unión Europea y Chile y ello es positivo, precisamente en unos momentos en que América Latina atraviesa, en muchos de sus Estados, momentos especialmente difíciles. 
Hay que destacar que la totalidad de tarifas de importación procedentes de Chile, referidas a productos industriales, se limitará en 2006 y que en materia agrícola este hecho se producirá en 2012. 
El acuerdo también permite amplias posibilidades en los ámbitos de los servicios y de los servicios financieros, así como en todo lo relativo a inversiones. 
Es positivo también que incluya un protocolo sobre las empresas pesqueras. 
He leído el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos sobre las poblaciones indígenas en Chile. 
Éstas alcanzan el 4,4 % del total de la población, o el 13%, según sea la fuente estadística. 
Entre estas poblaciones el pueblo mapuche es, por su porcentaje, el más importante. 
Los problemas de la población indígena están relacionados con la explotación forestal y con la construcción de grandes aprovechamientos hidroeléctricos. 
Hay que recordar que estos problemas se agravaron extraordinariamente durante el período de la dictadura de Pinochet. 
Celebramos que el informe contenga referencias explícitas a la protección de los derechos humanos y que mencione concretamente los derechos de las minorías indígenas. 
Esperamos que este Acuerdo facilite una mayor transparencia y un mutuo conocimiento, y que reconozca, igualmente, los derechos de los pueblos indígenas. 
Por último, al referirme a Chile, como ciudadano de Cataluña no puedo dejar de recordar la acogida que en otro tiempo brindó este país a los exiliados catalanes que llegaron huyendo de la dictadura franquista. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Acuerdo de Asociación UE/Chile consagra una cooperación particularmente ambiciosa y reforzada. 
Debería fomentarse un diálogo tan intenso con el mayor número posible de terceros países con objeto de contribuir al desarrollo económico y resaltar los valores ecológicos y las cláusulas democráticas de la Unión Europea. 
Además, sentimos que este acuerdo trascendental ha tenido lugar demasiado rápidamente, en particular dada la evaluación de impacto desvelada al mismo tiempo. 
Es una lástima que la evaluación de impacto no sirviera de base para este acuerdo de asociación. 
Las negociaciones de la Unión Europea, que son muy voluntaristas en cuanto al comercio y, en nuestra opinión, excesivas en cuanto a la liberalización, deberían basarse también, de forma equilibrada, en los derechos humanos y el medio ambiente. 
Considerando la historia oscura de Chile, toda nuestra vigilancia debería centrarse en los derechos políticos, en particular el destino de los indios mapuches. 
En cuanto a la pesca, los intereses de la Unión respecto a Chile deberían ser equilibrados y sólo tienen sentido y futuro dentro de una perspectiva de desarrollo y gestión sostenible de los recursos pesqueros. 
Ahorrémosles a los pescadores chilenos la sobreexplotación de sus recursos que ha destruido nuestros propios recursos marinos. 
En particular, ahorrémosle a Chile la tesitura de convertirse en una pescadería para nuestros puertos comunitarios. 
Por último, creemos que la envergadura de este acuerdo debería haber dado lugar a un debate previo de la misma magnitud. 
Este acuerdo, que aspira a ser un modelo para el siglo XXI, se está abordando de una forma demasiado apresurada. 
Aunque el acuerdo es interesante porque integra la dimensión de los derechos humanos y la consulta de la sociedad civil, merecía en cualquier caso un debate más amplio en cuanto a su posible impacto, tanto positivo como negativo. 
Presentamos una pregunta oral a este respecto para que hubiera un debate digno del acuerdo, pero la propuesta fue rechazada. 
Lejos de crear obstáculos para la ejecución del acuerdo sometido a consideración, estas observaciones- y nos gustaría recalcarlo- son un intento de aumentar su relevancia y su durabilidad. 
Al Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea les gustaría que este acuerdo del siglo XXI se convirtiera en un faro para un nuevo tipo de comercio basado en el comercio justo y el respeto del medio ambiente y los derechos humanos. 
Señor Presidente, de acuerdo con la Comisión, el nuevo Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea es el más ambicioso, innovador y trascendental de los que se han negociado con un país no candidato. 
Clasificado como un acuerdo de cuarta generación, debería, incluso, constituir un modelo para futuros acuerdos de asociación con otros países latinoamericanos. 
Estas grandiosas perspectivas, no obstante, dan más pie a la inquietud que a la celebración. 
En el campo económico, el acuerdo prevé la eliminación total de fronteras aduaneras, pero, contrariamente a lo que sostienen los extremistas del libre comercio, las fronteras no son una barrera para el comercio. 
Al contrario. 
Tienen una función similar a la de las esclusas en la navegación fluvial, permitiendo la regularización entre países con diferentes niveles de vida. 
Muchas de nuestras industrias ya han pagado el precio del desmantelamiento de las aduanas. 
Los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, aceptados por Bruselas, las han forzado a deslocalizar la producción para contrarrestar la competencia. 
La ampliación hacia el este, que se ha decidido apresuradamente, agravará este fenómeno. 
La extensión del acuerdo de cuarta generación a toda América Latina hará que millones de personas pierdan su empleo. 
En cuanto a nuestros últimos agricultores, hay pocas posibilidades de que los que sobrevivan a la ampliación al este sobrevivan el proceso de abrirse al oeste, porque el acuerdo estipula prácticamente la plena liberalización de las importaciones agrícolas en los próximos diez años. 
En el terreno político, es bastante habitual evocar con lirismo la creación de una asamblea transatlántica euro-latinoamericana. 
Habiendo construido un superestado burocrático en Bruselas, habiendo engullido a una Europa oriental que acaba de escapar del imperio soviético, los eurofederalistas aún no están satisfechos. 
¿Cuándo y en qué punto se detendrán? 
En una especie de gula política, quieren integrar en sus planes económicos no sólo a Turquía y Asia Menor, sino también a toda América Latina. 
Por supuesto, existe una solidaridad natural entre nuestras naciones y las de América Latina. 
Del mismo modo que queremos una Europa de naciones libres, sin embargo, en lugar de una Europa antinacional, antisocial, queremos que las naciones de Europa basen su cooperación con las de América Latina en el principio de soberanía nacional y realismo económico. 
Señor Presidente, la mayoría de los oradores que me han precedido han cantado las alabanzas de este acuerdo, particularmente el ponente. 
Me gustaría poder añadir mi voz a este coro prácticamente unánime, pero debo admitir que estoy perplejo. 
La principal pregunta, la única que merece ser hecha, es ésta: ¿serán los ciudadanos de este Estado menos pobres y recibirán una educación y una asistencia mejores gracias a este acuerdo? 
¿Podrán navegar por Internet o viajar si lo desean? 
No estoy seguro. 
Hay un pueblo, en cualquier caso, que comparte mis reservas, el pueblo mapuche. 
En primer lugar, el Gobierno chileno no ha ratificado aún el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas. 
Muchos actos arbitrarios de violencia cometidos por la policía contra las comunidades indígenas quedan impunes. 
Además, este acuerdo manifiesta que uno de los principios en los que se basa es el desarrollo sostenible, mientras que el territorio mapuche se ve sometido a una explotación desmesurada de sus recursos naturales: deforestación y construcción de embalses que inundan terrenos ancestrales, debido a los planes hidrológicos nacionales. 
Por último, no estoy convencido de que el liberalismo sistemático del acuerdo permita el desarrollo armonioso de las economías de este Estado. 
La dependencia económica y monetaria puede llevar a la «argentinización» del país. 
Ésos son los riesgos y ésas son mis reservas. 
Señor Presidente, una cosa que no se ha mencionado en el transcurso de este debate es el protocolo de pesca anexo a este acuerdo. 
El efecto de este protocolo de pesca es que empresas subvencionadas por la Unión Europea podrán ahora invertir en Chile adquiriendo hasta un 100% de la propiedad. 
Tendrán acceso directo a los bancos de peces chilenos. 
Hay varios aspectos preocupantes para las comunidades costeras de Chile: una competencia desleal con el sector artesanal local y el efecto, todavía desconocido, sobre los recursos marinos, por ejemplo. 
Sólo tenemos que mirar el caso de Argentina. 
Las compañías de la Unión Europea podrán acaparar cuotas de pescado chileno sobre recursos pesqueros plenamente explotados; también tendrán derechos de acceso libre a los recursos pesqueros subexplotados de Chile. 
Las oportunidades que brinda este protocolo a las compañías pesqueras de la Unión Europea, combinadas con el proceso de privatización que está teniendo lugar en la pesca chilena, amenazan la sostenibilidad del sector pesquero artesanal. 
El protocolo se utilizará para transferir parte de la sobrecapacidad de la Unión Europea a aguas chilenas. 
Estoy harta de este modo irresponsable y explotador de abordar los problemas de exceso de capacidad de los barcos de la Unión Europea. 
¿Es una mera coincidencia que este protocolo se adjuntara al acuerdo durante la Presidencia española para forzar su aprobación? 
Parece que ha servido de baza en la negociación, sin tener en cuenta a un sector que emplea a más de 60 000 pescadores y proporciona alrededor de 400 000 puestos de trabajo en el sector en esta zona. 
La pesca artesanal suministra más del 90% del pescado que se consume localmente, y supone un 25% de los ingresos de exportación del mercado pesquero. 
Por lo tanto, es inaceptable que este aspecto no se haya valorado como es debido ni se haya tenido en cuenta. 
Señor Presidente, este debate ha sido algo más animado de lo que algunos de nosotros quizá esperábamos. 
Me identifico plenamente con las observaciones del Sr. Linkohr en respuesta al Sr. Lang, que puede que viva en el planeta correcto, pero que sin duda no es el mismo planeta que el que habito yo. 
Hablando en nombre del «superestado» burocrático, quisiera responder en primer lugar al Sr. Sakellariou sobre el punto importante que ha planteado acerca del Tribunal Penal Internacional. 
Él sabrá que Chile participó activamente en los preparativos del Estatuto del Tribunal Penal Internacional. 
El 22 de enero del pasado año, la Cámara de Diputados chilena aprobó el texto por amplia mayoría, pero el Senado pidió el dictamen del Tribunal Constitucional de Chile. 
Este tribunal señaló que era necesario modificar la constitución chilena antes de aprobar el Tratado. 
Puesto que modificar la constitución es un procedimiento largo, ya que requiere una mayoría de dos tercios en el Congreso, el Tratado todavía no puede ratificarse. 
Sin embargo, la ratificación del Tratado sigue teniendo prioridad entre los objetivos políticos del Gobierno chileno, ya que es totalmente consecuente con su política exterior de promoción del respeto de los derechos humanos. 
Si hay un país que entiende los argumentos a favor del Tribunal Penal Internacional, tal y como Su Señoría y yo estaremos de acuerdo, ése es Chile. 
También ha dicho que esperaba que, como miembro del Consejo de Seguridad, el Gobierno chileno intentaría coordinar su respuesta a la crisis de Irak con los Estados miembros europeos. 
Espero que no lo considere un delito de lesa majestad por mi parte si digo que espero que los Estados miembros de la Unión Europea intenten coordinar su política en el Consejo de Seguridad al abordar esta terrible crisis en Irak. 
Tenemos el artículo 19 del Tratado y tenemos el Tratado de Maastricht, pero quizás no debería desviarme del tema. 
Es interesante que en la Convención estemos discutiendo sobre los avances que podemos realizar en la coordinación de una política exterior y de seguridad común cuando ni siquiera estamos utilizando ni aplicando las disposiciones del Tratado de Maastricht. 
En cualquier caso, estoy utilizando lo que Su Señoría ha dicho sobre Chile como pretexto para exponer algunos de mis pensamientos sobre este asunto. 
Algunas de Sus Señorías han planteado la cuestión de la población indígena, que siempre supone una cuestión particularmente importante en estas ocasiones. 
Con la dificultad que conllevan estas cuestiones, el Gobierno chileno está intentando abordarlas de manera democrática y razonable. 
Han creado un organismo público para intentar abordar algunos de estos retos. 
Han tomado como mínimo 16 medidas concretas, de las cuales han sido informados algunos diputados, para tratar de resolver algunos de los problemas. 
Mi opinión es que podemos ayudar al Gobierno chileno en los esfuerzos que ya está realizando, por ejemplo con proyectos de cooperación sufragados con cargo a los fondos que se votan en este Parlamento. 
En la cuestión de la pesca- y soy consciente de lo polémica que puede llegar a ser esta cuestión- quisiera recordarles a los diputados que han hablado que el acuerdo de asociación no incluye un acuerdo de pesca, aunque estaríamos interesados en formalizar uno. 
Está el protocolo, al que se ha hecho referencia. 
Se permitirá a las empresas pesqueras de la Comunidad adquirir hasta el 100% de empresas pesqueras chilenas. 
Sin embargo, estarán sujetas a las mismas condiciones que los inversores chilenos, lo cual implica que tendrán que respetar, por ejemplo, las cuotas de captura definidas en las leyes chilenas. 
Existe un complicado marco normativo en Chile para abordar la cuestión del agotamiento de los recursos desde que se registró, a finales de la década de 1990, un grave descenso de los niveles de captura de ciertas especies, sobre todo debido a un exceso de pesca. 
No tiene sentido decir que la aplicación del acuerdo conllevará la sobreexplotación de los recursos pesqueros. 
El dinamismo actual del sector pesquero artesanal en Chile es algo que todos nosotros deberíamos reconocer, y es un punto que debe subrayarse al debatir estas cuestiones. 
Este sector es el principal proveedor de pescado y marisco del mercado nacional de pescado fresco. 
Actualmente supone el 25% de los ingresos de exportación de productos pesqueros. 
En los últimos años se ha registrado un crecimiento significativo del sector pesquero artesanal, y los intereses de este sector han quedado preservados en la ley de pesca recientemente aprobada. 
Si va a haber una pérdida de puestos de trabajo en la pesca artesanal a largo plazo- y es muy posible que esto ocurra, puesto que la pesca artesanal es una actividad muy intensiva en mano de obra, pero no intensiva en capital -, probablemente esto ocurrirá con o sin el acuerdo que estamos discutiendo hoy. 
Recomiendo a la Cámara, sin reserva alguna, que vote a favor de este acuerdo. 
Estoy seguro de que el Vicepresidente de la Comisión también apoyaría fervientemente todo lo que estamos intentando lograr con este importante acuerdo. 
Una vez más, quisiera dar las gracias al Sr. Salafranca Sánchez-Neyra y a sus colegas, el Sr. Linkohr y otros, que se han interesado tan activamente por este asunto. 
Este es un modelo de esta clase de acuerdo. 
Es la clase de acuerdo que no empobrecerá al mundo, que no proporcionará a la gente las «alegrías» de la economía de Corea del Norte- que algunos apoyan-. pero que hará del mundo un lugar más próspero, que asegurará una mayor protección del medio ambiente que nos rodea y una mayor estabilidad política que la que tendríamos en otro caso. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0019/2003) del Sr. Caveri, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la instauración de un sistema de ecopuntos aplicable a los camiones que transiten por Austria para el año 2004 [COM (2001) 807- C5-0699/2001- 2001/0310 (COD) ]. 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, esta propuesta fue presentada el 20 de diciembre de 2001 para responder a la petición formulada por el Consejo Europeo de Laeken. 
La Comisión considera, sin embargo, que el sistema de ecopuntos no es un sistema válido a largo plazo que permita resolver las dificultades del tráfico asociado a las zonas sensibles. 
El texto que les presentamos contiene algunos elementos significativos, tales como la supresión de la cláusula del 108%, que restringe a un límite anual el número de trayectos en tránsito de los camiones comunitarios a través de Austria. 
En cambio, la propuesta mantiene el sistema en vigor en la totalidad del territorio austríaco y también el número de ecopuntos disponibles para 2003. 
En efecto, en 2003 se alcanzará el objetivo del sistema, que es la reducción de la contaminación en un 60% en los últimos doce años. 
Responde, por lo tanto, esta propuesta al deseo de los Jefes de Estado y de Gobierno, supone una prórroga durante un tiempo limitado- un año renovable dos veces consecutivas por otro año, es decir, al final, un máximo de tres años- pero, en ningún caso, puede ser la propuesta definitiva, sino sencillamente una solución transitoria mientras conseguimos sacar adelante otras soluciones. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, éste es un tema que afecta a toda la Unión Europea, aunque la mayoría de los oradores de la lista sean italianos o austriacos. 
En cualquier caso, antes de entrar en más detalles, me gustaría decir que, como habitante de la montaña, comprendo perfectamente la preocupación de los austriacos. 
Además, la situación que vive Austria y la cuestión alpina en general son consecuencia directa de la política de transportes, que hay que revisar por completo, tal como se indica en el Libro Blanco, que por pura casualidad vamos a discutir esta misma tarde. 
Intervienen dos necesidades: por un lado, la libre circulación de mercancías y el mercado único, y por otro, la protección del medio ambiente, la seguridad vial y la salud pública, en especial lo que se entiende por «desarrollo sostenible». 
¿Qué estrategia de transportes deberíamos aplicar? 
Menos camiones, más trenes, abandonar esta cultura única del transporte, más transporte intermodal, menos carreteras y túneles de carretera y más túneles de ferrocarril, volver a establecer el equilibrio global de la situación, prestando la debida atención a la libertad de mercado, pero sin olvidar la necesidad de establecer unos parámetros de referencia (en los que se incluya información clara sobre los costes reales del transporte) y unos precios razonables, liberar los recursos para invertir en ferrocarril, desarrollar una infraestructura europea de redes de ferrocarril por medio de paquetes de medidas destinadas al ferrocarril, garantizar la seguridad prevista en la importante Directiva relativa a túneles y normas comunes para hacer que el transporte por carretera sea más seguro; por último, habría que dedicar mayores esfuerzos a la implantación de sistemas de transporte menos contaminantes y también al de uso de sistemas de control por satélite, como Galileo, para realizar un seguimiento de las flotas mercantes y de los camiones. 
La cuestión austriaca se refiere a los Alpes, pero la situación es similar en otras cadenas montañosas como los Pirineos. 
Nos encontramos ante un auge del transporte de mercancías que irá progresivamente en aumento con motivo de la ampliación. 
En el pasado, Austria se servía del sistema de ecopuntos (que pronto dejó de usar) y, tras Laeken, el Consejo Europeo permaneció extrañamente indeciso al respecto hasta finales del año pasado, cuando adoptó una solución que en la comisión competente fue calificada de solución virtual, es decir, que en realidad las cifras eran teóricas. 
Ésta es la razón por la que una amplia mayoría del Parlamento Europeo, en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, definió un plan de acción que parte de la premisa de que necesitamos trabajar a partir de un fundamento jurídico que consiste principalmente en el protocolo de transporte del Convenio de los Alpes, que parece ser el único instrumento que puede obligar a la Unión Europea a regular el tráfico de camiones en la región alpina. 
Hay que elaborar una nueva política basada en el modelo suizo. 
La comisión que presido ha realizado todos los esfuerzos necesarios por alcanzar una solución equilibrada. 
Hemos consultado a los Ministros; hemos llegado incluso a adelantar al año 2012 la fecha de inicio de la construcción del Túnel del Brennero, prevista en principio para el año 2021. 
En las enmiendas que hemos planteado ante esta Cámara, hemos invertido todas nuestras fuerzas para encontrar una solución que se aleje del sistema de ecopuntos y, en todo caso, para encontrar una solución aplicable al período que se extiende hasta el año 2006, basada, tal como he dicho, en la necesidad de considerar las disposiciones del Convenio de los Alpes y, en general, las zonas más sensibles de los Alpes. 
No es casualidad que en la enmienda 15 se haga referencia a otras áreas de los Alpes como Fréjus, al noroeste de Italia, la región del Mont Blanc y los Alpes austriacos; dicho de otro modo, a toda la región de los Alpes, porque creo que éste es el marco global que debemos tener en cuenta. 
En el artículo 13 en particular hemos puesto especial cuidado en conseguir la retirada paulatina del tráfico pesado por medio de la aplicación de contingentes para los años 2004, 2005 y 2006; durante 2005 y 2006 se prohibirá el paso a los camiones de tipo EURO 0 y EURO 1, se aplicarán contingentes a los camiones EURO 2 y se permitirá el paso libre a los camiones EURO 3. 
Por último, en lo que respecta a las enmiendas, creo que las enmiendas presentadas por el Sr. Swoboda y el Sr. Simpson no pueden ser aceptadas porque modifican considerablemente la propuesta aprobada por la mayoría de la comisión correspondiente; la enmienda del Sr. Rack tampoco puede ser aceptada porque, igualmente, cambia por completo los parámetros. 
Acepto la enmienda 19 presentada por los Verdes, en la que se solicita que prosiga el debate. 
Por último, creo que debemos rechazar las enmiendas 20 y 21, porque también modifican completamente la propuesta. 
Señor Presidente, concluiré diciendo que, como Presidente de la comisión en cuestión y en calidad de ponente, mi deber era encontrar el consenso. 
Como habitante de la montaña, me habría gustado continuar, pero creo que es más sensato que el Parlamento conozca el estado actual del debate. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe del Sr. Caveri es excelente, pero no logra disipar ese sentimiento de inquietud que crece a medida que se acerca la votación; he de puntualizar que esta inquietud se debe al comportamiento del Consejo, que consideramos demasiado formalista y completamente inapropiado, como demuestra el hecho de que adoptara, en tan sólo unas pocas horas durante la reunión que tuvo lugar el pasado 31 de diciembre, una solución por mayoría que pierde todo mérito por el hecho insensato de que es una solución que no ha sido aceptada ni respaldada por los países directamente implicados, principalmente Austria e Italia. 
Tampoco estamos de acuerdo con la decisión de ofrecer a dos países, Grecia y Portugal, una exención gratuita para algunos tipos de camiones, como si todavía nos encontráramos al principio del proceso de integración y fuera necesario proceder mediante derogaciones y exenciones. 
Mi inquietud, señor Presidente, también se debe a la gran contradicción que representa el sistema de ecopuntos, al no resolver la cuestión a la que la Comisiaria Palacio también ha hecho referencia. 
De hecho, continuamos prolongando un sistema transitorio que sólo se aceptó cuando Austria entró a formar parte de la Unión Europea con la condición de que fuera transitorio, precisamente porque es una derogación de las disposiciones de los Tratados relativas a la libre circulación de mercancías y, en este caso, porque también es una cuestión que afecta al arco alpino, que es, en cualquier caso, un obstáculo natural que penaliza a algunos países en términos de libre circulación de mercancías. 
Como ha señalado correctamente la Sra. Comisaria, la solución debe seguir siendo transitoria, y esta es la tercera razón de nuestra inquietud: la lentitud con la que avanzamos en el fomento del transporte intermodal, que es la solución natural para el Túnel del Brennero. 
Sin embargo, tal como ha dicho el Sr. Caveri, ya es un hecho positivo que la fecha de construcción del túnel haya sido adelantada un poco con respecto a 2021, que es la fecha que inicialmente se había propuesto al Gobierno austriaco para dar comienzo a las obras. 
Por último, señor Presidente, nuestra inquietud también se debe el torpe intento de hacer una distinción demasiado simplista entre los que en el Parlamento manifiestan el deseo de respetar la calidad del medio ambiente y los que apoyan los intereses de las empresas de transporte por carretera. 
Esto no es así. 
Es una simplificación inaceptable de los hechos. 
Nuestro Grupo, y el Parlamento en su conjunto que, creo, no ha escatimado esfuerzos por buscar enmiendas de transacción, ha establecido como prioridad absoluta el desarrollo sostenible y la calidad del medio ambiente en la región alpina. 
El mérito del informe del Sr. Caveri, que contribuye a incrementar el crédito de todos los diputados que han contribuido a su elaboración, se basa en las enmiendas de transacción que reconcilian las exigencias de protección del medio ambiente y el principio de libre circulación y establecen un equilibrio entre ellas. 
Terminaré recordando, señor Presidente, que si prorrogamos el sistema de ecopuntos no adoptamos ninguna decisión, sino que más bien la postergamos. 
Ahora les toca el turno a los Gobiernos. 
Señor Presidente, Suiza intenta desviar de las rutas alpinas el tráfico pesado que transita por el país y cobrar a los vehículos que logran pasar para invertir la recaudación en la mejora de la red ferroviaria. 
Probablemente a Austria le gustaría proceder del mismo modo para regular el tráfico norte-sur, pero su pertenencia a la Unión Europea le pone trabas al respecto. 
Los transportistas alemanes e italianos preferirían pasar libremente, al igual que los operadores holandeses, que cuentan con una fuerte representación en el sector. 
Cuando Austria entró a formar parte de la Unión Europea, se alcanzó un compromiso en torno a un acuerdo de distribución. 
Desde entonces, el país se ve presionado a permitir el paso de más camiones cada vez más grandes. 
Debido a de ello, quien que quiera proteger a los habitantes de la zona y su medio ambiente de la contaminación ambiental y acústica provocada por el denso tráfico de camiones, ahora tiene razones para desconfiar de los motivos de cada nuevo acuerdo. 
Como la solución que se acaba de proponer consiste en una combinación de contingentes, prohibiciones e impuestos, la mayoría de mi Grupo le seguirá concediendo el beneficio de la duda durante el año 2004, pero el problema no se resolverá si no se construye un túnel para el ferrocarril por debajo del puerto del Brennero. 
Señor Presidente, me gustaría agradecerle al ponente su paciencia y su determinación. 
Yo también estoy convencido de que el resultado de las deliberaciones de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo es la solución correcta, no como la presentada por el Consejo, y creo que es una buena solución porque logra reconciliar dos cosas que son difíciles de reconciliar: por un lado, el respeto y el mayor interés por el medio ambiente y la potenciación de todos los esfuerzos por protegerlo en ambas vertientes de los Alpes- puesto que existe una vertiente italiana, aparte de la vertiente austriaca- y, por otro lado, el respeto de uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, si es que realmente creemos en una Unión Europea; dicho de otro modo, el mercado interior, la libre circulación de personas y mercancías, que son las condiciones mínimas necesarias para que exista una comunidad de personas, al mismo tiempo que una comunidad de principios económicos. 
Por tanto, es un equilibrio que zanja de una vez por todas la cuestión de los ecopuntos (y no podría ser de otro modo si quisiéramos evitar burlarnos de los Tratados y de la ley) , a la vez que reconocemos que todavía necesitamos un período transitorio con el que se aplique un marco temporal que creemos que es preferible al propuesto por la Comisión, a la que pediremos que lo evalúe. 
Por esta razón respaldo y brindo todo mi apoyo a este enfoque, a cuya elaboración, por otro lado, hemos contribuido. 
Sin embargo, para concluir, hay algo que debo decir con toda franqueza a los diputados austriacos. Me entristece bastante el hecho de que si bien los diputados austriacos reciben un gran apoyo de parte de sus compatriotas en esta Cámara, de todos los partidos políticos por supuesto, en cambio no reciben ningún apoyo de diputados de otras nacionalidades. 
Les invito a que reflexionen sobre este hecho. 
Señorías, como diputados del Parlamento Europeo, en este período difícil para la Unión Europea, nuestra responsabilidad- en ésta y en otras cuestiones- estriba en explicar a nuestra ciudadanía que pertenecer a la Unión aporta ventajas y beneficios, pero a veces también ocasiona problemas. 
No encontraremos una solución europea si acentuamos los problemas. 
Les pido que piensen seriamente en este aspecto. 
También podríamos haber mantenido nuestra postura y no haber cambiado de opinión, pero en vez de ello decidimos adoptar un enfoque más razonable. 
Creo que, por el bien de Europa, su actitud debería ser más moderada y más conciliadora. 
Señor Presidente, suponiendo que fuera posible, a mí también me gustaría retroceder en el tiempo y volver a comenzar el debate en esta Cámara con un tono completamente distinto del registrado en algunas de las intervenciones anteriores. 
El Sr. Lisi, que acaba de intervenir, ya ha dicho que esperábamos más generosidad, al menos en el ejercicio de nuestras funciones como representantes parlamentarios de los pueblos europeos- y repito, pueblos europeos -, porque es posible abordar los problemas cuyas causas todos nosotros conocemos, sin sentirnos intimidados por las actitudes mártires, aprovechadas o resignadas de los intereses nacionales. 
No lograremos avanzar de ninguna manera mientras sigamos pensando que la sacrosanta protección de intereses legítimos- proteger y preservar el medio ambiente- sólo se puede asegurar haciendo caso omiso de los demás. 
¡Así no conseguiremos avanzar de ninguna manera! 
Creo que la solución propuesta en el informe del Sr. Caveri, de nuevo como medida transitoria, es la mejor solución posible en las circunstancias actuales. 
Ahora intentamos potenciar lo que es preciso fomentar y no lo que conviene reducir: por un lado, fomentar el uso de vehículos menos contaminantes y, por otro, promover el proceso positivo que sólo puede dar lugar a la definición de los sistemas de tarifas tan esperados. Estos sistemas nos permitirán dar una respuesta orgánica al problema y avanzar hacia la solución que pueda llevar más lejos nuestra causa, mediante la adopción de un enfoque que reconozca principalmente las prioridades europeas, las cuales, sin embargo, presuponen la constante tarea de cargar con las responsabilidades nacionales, esas inversiones que, en un futuro, harán compatible la sacrosanta necesidad de proteger el medio ambiente con la libre circulación de mercancías, sin olvidar los derechos de las comunidades productoras que viven en la región sur de los Alpes y a las que no se puede engañar con soluciones que ellas consideraron restricciones inapropiadas. 
Si todos decidimos mantener este tipo de responsabilidades, que los Gobiernos nacionales han descuidado durante mucho tiempo, junto a las respectivas propuestas de la comisión, creo que el próximo debate sobre esta cuestión será más digno del papel colectivo que tenemos que desempeñar. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, no debemos olvidar que, a pesar de estar hablando del caso específico de Austria, nuestra perspectiva debe ser mucho más amplia y cubrir toda la red de puertos alpinos si queremos ser objetivos y tomar decisiones que en cierta medida se adapten a todo el mundo. 
De hecho, lo que ocurra en un puerto afectará de inmediato a todos los demás. 
En cuanto al túnel del Brennero, los avances recientes han sido, cuanto menos, espasmódicos. 
Quisiera destacar que, aparte de su atractivo natural por ser la línea vertical directa que conecta el norte de Europa con el Mediterráneo, desde hace poco el tráfico hacia el túnel del Brennero- en Austria, por tanto, pero también en Italia- ha experimentado un aumento desmesurado durante largos períodos, debido al cierre primero del túnel del Mont Blanc y después del túnel de San Gotardo, y también debido a las agudas crisis vividas en el puerto del Fréjus y en los puertos suizos. 
Todos estos hechos han contribuido a que la protección del medio ambiente en Austria sea una cuestión apremiante, pero no debemos olvidar- y nunca se ha considerado debidamente este aspecto- que existe otra vertiente de los Alpes, la italiana, que, como ustedes ya sabrán, es el lugar donde vivo. 
Nunca hemos recibido ningún tipo de reconocimiento de lo que consideramos que se trata exactamente del mismo problema que tiene Austria, por el que Austria se ha beneficiado del sistema de ecopuntos y de otros sistemas mencionados por algunos oradores. 
Jamás se nos ha permitido usar un sistema de ecopuntos o peajes como los aplicados en el «Ponte Europa» o el tramo de autopista austriaco, que figuran entre los más caros de Europa. 
Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que la solución propuesta en el informe del Sr. Caveri es justa. 
Es justo que se aplique el sistema de ecopuntos a los camiones de tipo EURO 1 y EURO 2, y también que se declaren exentos los camiones de tipo EURO 3 y las siguientes generaciones de vehículos, pero también creo que es correcto abandonar el sistema de ecopuntos a partir de 2006 y buscar una alternativa que compense los costes externos, no sólo para Austria, sino para todas las zonas críticas y sensibles de Europa. 
Por último, es correcto que nos concentremos en la ejecución de importantes proyectos de transporte ferroviario e intermodal, comenzando por el túnel del Brennero, puesto que realmente ya es hora de pasar de la mera elaboración de proyectos a su ejecución. 
. (ES) Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer el trabajo realizado por el Sr. Caveri en un asunto que- como hemos visto hoy aquí- es muy difícil y delicado. 
Hay una serie de intereses, todos ellos legítimos pero totalmente contradictorios, que se confrontan. 
Quiero únicamente recordar a algunas de sus Señorías que necesitamos una resolución rápida, porque el 31 de diciembre de 2003 llega a su fin la situación transitoria actual. 
En segundo lugar, la situación actual es transitoria. 
Es decir, lo que figura en el Tratado de adhesión, el Protocolo en el cual se basa todo el sistema de ecopuntos, prevé un tiempo limitado. 
En tercer lugar, sepamos que los otros catorce países de la Unión Europea están aceptando hacer un esfuerzo y una excepción para dar satisfacción a Austria respecto a lo que es una de las libertades esenciales de la construcción europea- primero del Mercado Común y hoy día de la Unión Europea -, la libertad de tránsito de las personas. 
Sobre esta base, la Comisión presentó una propuesta que planteaba una prórroga por un máximo de tres años- año por año- del sistema actual, para dar tiempo de buscar unas reglas generales que, evidentemente, no van a suponer ni para Austria ni para nadie el mantenimiento de un sistema de ecopuntos ni un sistema que se parezca a éste. 
Digo eso porque es obvio que no se trata ahora de buscar un sistema radicalmente distinto al sistema de ecopuntos, ya que va a tener un tiempo de vigencia limitado mínimo. 
Estamos buscando- insisto- un régimen transitorio para que Austria, que está en el sistema de ecopuntos, llegue, junto con los otros 14 países- 24 dentro de unos meses -, a un sistema común y una mejor asunción de los costes externos de las distintas infraestructuras en toda la Unión Europea, sin hacer excepciones para nadie. 
Por lo tanto, es una excepción transitoria que debe basarse, en principio, en el sistema actual porque para dos o tres años no tendría demasiado sentido. 
En la propuesta del Sr. Caveri hay puntos que van en la misma línea que el principio de acuerdo que planteó la Presidencia danesa el pasado 31 de diciembre. 
Ello supone un compromiso y me alegro de la coincidencia, por ejemplo, en la idea de prohibir el tráfico a los camiones más contaminantes; en la idea de liberar del sistema de ecopuntos a los camiones menos contaminantes; en prever una duración anual del sistema transitorio por un máximo de tres años. 
Sin embargo, hay disposiciones que creemos van a dificultar que la Comisión llegue a un acuerdo con el Consejo- lo digo muy claramente- y que plantearían más problemas que soluciones. 
En ese sentido puede entenderse la reducción del ámbito de aplicación del sistema únicamente a los Alpes austríacos, donde de verdad se puede reclamar la mayor sensibilidad, porque en las demás zonas de Austria la sensibilidad- y tenían razón muchos de los oradores- es idéntica a la de otras zonas de Europa. 
Pero, aunque lo entiendo como principio, eso crearía enormes dificultades de gestión del proyecto. 
Por lo tanto, yo pediría que se mantuviera el área general de Austria. 
Es más, en el Consejo hemos debatido si excluir o no el paso del Hörbranz, el Lindau-St. 
Margarethen, cuyo tramo de carretera es inferior a 15 kilómetros, una zona muy corta. 
Incluso eso plantearía problemas. 
Por eso les pido que, por favor, no retengan esa parte. 
Las disposiciones del sistema de contingentes, que varían en función de las categorías, también plantearían dificultades. 
Por otra parte, el número de ecopuntos que se ha fijado se refiere a los Estados miembros actuales, y aplicar ya hoy el sistema a los futuros países generaría aún muchas más complicaciones. 
Por otro lado, pido que no se insista en la reintroducción de la cláusula del 108%, porque no se puede mantener y representa algo que- les anuncio- el Consejo en ningún caso aceptaría y que la Comisión también rechazó. 
Además, en la propuesta no figuraba dicha cláusula. 
Así pues, señor Presidente, Señorías, sí podemos aceptar seis enmiendas, una de ellas a una cuestión de fondo y, llegado el caso, a reserva de modificaciones en la redacción del texto, las enmiendas 1, 5, 11, 12 y primera frase de la 15 y de la 18. 
Quiero decirles que la solución real sería que se construya el Brennero, que se construya el Lyon-Turín, que de verdad se imponga la intermodalidad. 
Ésas son las soluciones. 
Tienen que considerar que lo que hay que buscar es un compromiso y que urge una solución. 
No tenemos muchos meses. 
Y que siempre lo perfecto es enemigo de lo bueno. 
Lo digo para unos y para otros. 
Les pido que colaboren para que, entre todos, resolvamos este problema, que es muy sensible en uno de los países de la Unión. 
Debemos buscar una respuesta y conseguir un resultado que permita avanzar, mientras presentamos las propuestas que sirvan para establecer un sistema de tarificación de infraestructuras más racional en toda la Unión Europea. 
Insisto, quiero felicitar al Sr. Caveri por el difícil trabajo que ha realizado intentando buscar una fórmula aceptable para todo el mundo y, en cualquier caso, lo que diga este Parlamento, evidentemente, la Comisión lo tendrá- como siempre- muy en cuenta e intentará construir también con estos elementos la base de un acuerdo aceptable para el Parlamento y para el Consejo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0444/2002) del Sr. Izquierdo Collado en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad». 
. (ES) Señor Presidente, Señora Comisaria, el Libro Blanco del Transporte tiene fecha de 12 de septiembre de 2001 y pudiera parecer que hemos utilizado demasiado tiempo para analizar este importante informe que nos ha enviado la Comisión. 
Sin embargo, he de decir que lo hemos aprovechado, creo que a fondo, para debatir y aproximar posturas entre los distintos grupos de la Cámara. 
En estos momentos esas aproximaciones siguen produciéndose, y yo invito a que lleguemos a un consenso profundo para la votación de mañana. 
Hemos aprovechado este tiempo para informar y permitir la participación de los sectores. 
Estoy seguro de que la Comisión ha tenido muchos contactos con todos los sectores antes de elaborar el Libro Blanco, pero he de decir que el Parlamento no se ha quedado atrás y que prácticamente la totalidad de las asociaciones europeas que representan a los distintos modos de transporte han sido escuchadas en el Parlamento y que se han incorporado muchas de sus propuestas en el sentido y en la dirección en los que hemos estado trabajando. 
Y esa dirección y ese sentido están marcados por un dato fundamental: Señora Comisaria, el Parlamento, en este caso, no se enfrenta a la Comisión. 
Por el contrario, está mostrando un talante y realizando un análisis positivo de la propuesta de la Comisión, de las propuestas del Libro Blanco, y consideramos que la inmensa mayoría de sus ofertas y análisis pueden ser perfectamente refrendados por este Parlamento. 
De todas maneras, seguimos esa reflexión y aportamos algunas críticas constructivas y algunas propuestas concretas que creo deberán ser analizadas por la Comisión en su momento. 
El transporte está pasando por un momento crucial y decisivo. 
Es verdad que en 1992, en el último Libro Blanco del Transporte, se propusieron unas metas que se han cumplido prácticamente en su totalidad. 
Diríamos que la liberalización del transporte era el objetivo estratégico y fundamental de aquel Libro Blanco: la incorporación de tecnologías, el abaratamiento del transporte, el aumento de la competitividad, objetivo cumplido, pero en esa batalla, hemos perdido la batalla de la sostenibilidad, y me alegro de que sea la Comisión la primera que incide y apunta claramente a la gravedad de este problema, y al hecho de que no podemos retrasar la toma de decisiones si queremos ser operativos. 
El problema de la sostenibilidad en sentido amplio, medioambiental, por supuesto, con las gravísimas consecuencias que tiene la contaminación producida por el transporte, que convierte en agua de borrajas los ahorros que se están efectuando en el resto de la industria con el fin de adaptarnos a los compromisos de Kyoto, y con el impacto, no solamente en la naturaleza a nivel general, sino en la salud de los ciudadanos que, según algunos informes, alcanza prácticamente un nivel de gravedad similar al de la siniestralidad en el transporte. 
Además del aspecto propiamente medioambiental, es preocupante la congestión. 
Teníamos un transporte operativo funcional, competitivo, y en este momento las arterias se van atrofiando, las ciudades se van colapsando, kilómetros de ferrocarril y de carretera, aproximaciones a aeropuertos, están mostrando una debilidad estructural de cara a la competitividad. 
Y la competitividad por tanto, está siendo profundamente dañada. 
No es el momento de dar cifras, me niego a ello, no tenemos tiempo, pero he de decir que también nos encaminamos en esa dirección. 
La tarificación es una perla en bruto del Libro Blanco que hay que saber tallar a partir de este momento y que es fundamental. 
Hemos de fomentar los modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente, conectar sinérgicamente los distintos modos de transporte mediante la intermodalidad y las plataformas logísticas necesarias para efectuar el transporte con la mayor eficiencia. 
En el modo, cualificar a la carretera respetando y valorando su papel indispensable, liberalizar el ferrocarril, fortalecer el cabotaje de pequeña y mediana distancia, etc. 
La seguridad debe ser un valor no condicionado. 
Hay una propuesta de este Parlamento sobre la creación de una agencia europea de seguridad para la carretera- la única que falta, precisamente, en el Libro Blanco del Transporte- y espero que sea bien acogida, además de sobre otros problemas de seguridad en el mar, en el ferrocarril, etc. 
Ha llegado el momento, Señora Comisaria, de que digamos con mucha claridad que la política de transporte en la Unión Europea no puede prescindir de una política presupuestaria consistente, y de ahí la propuesta del Parlamento sobre el fondo europeo del transporte que necesitamos y el instrumento financiero para el transporte. 
Es verdad que en el Libro Blanco no está bien contemplada la asimetría europea, que los temas urbanos no han sido abordados por considerarse que son subsidiarios y que no son el objeto de la propuesta de la Comisión, que el transporte público no está todavía bien asumido- y le estamos pidiendo a la Comisión documentos complementarios- que la ampliación no está recogida de hecho en el Libro Blanco, pero si Europa quiere participar en el proceso de globalización y no esperar que otros hagan la globalización y, si quiere tener la máxima rentabilidad, debe tener el mejor transporte. 
Usted ha colaborado con el Libro Blanco en esa dirección, el Parlamento quiere seguir su senda. 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer el trabajo realizado por el Sr. Izquierdo Collado a lo largo de mucho tiempo. 
Creo que ha servido para poder desarrollar los debates, algunas veces apasionados, lo sé, a los que ha dado lugar el Libro Blanco. 
Estamos hablando de dar impulso a una política de transportes, teniendo en cuenta elementos nuevos, como se ha dicho, de una manera más clara y nítida, como el aspecto de combinar crecimiento y desarrollo duradero, es decir, la incorporación de la calidad de vida y de la protección del medio ambiente como factores también esenciales a la hora de diseñar nuestras políticas. 
En ese sentido, las casi sesenta medidas que se proponen de aquí a 2010 se orientan a reequilibrar los modos de transporte, lo cual no significa disminuir el transporte por carretera- digámoslo claramente- o por mar, que son los dos modos de transporte que se han mostrado más competitivos, sino sencillamente evitar que, de cara al futuro, siga disminuyendo la parte del transporte por ferrocarril o por vías navegables en el norte de Europa, que son formas de transporte absolutamente esenciales y que deben contribuir de manera esencial a absorber las nuevas demandas de transporte, lo mismo que el desarrollo del transporte marítimo. 
Se trata por lo tanto, de reequilibrar los modos; de suprimir los puntos de estrangulamiento; de tener una política de transportes seguros- la seguridad es un punto esencial al servicio de los usuarios -, y también de hacer frente a la mundialización que vive hoy día gran parte de los modos de transporte, muy especialmente el aéreo y el marítimo. 
El análisis que hemos presentado en el Libro Blanco ha sido objeto de un gran debate, también por parte de la industria y de los sectores más afectados. 
También por parte del Consejo. 
En ese sentido, gran parte de las medidas propuestas por el Libro Blanco ya han sido presentadas por la Comisión a este Parlamento y al Consejo. 
Algunas incluso han logrado avances importantes, como, por ejemplo Galileo, la adhesión a Eurocontrol, la creación de las agencias de seguridad marítima y aérea- y hablaré luego de seguridad vial, a la que se ha referido el Sr. Izquierdo Collado -, por ejemplo las iniciativas sobre el tiempo de trabajo en el sector del transporte por carretera o incluso el reciente acuerdo en el Consejo sobre el cielo único europeo y el programa Marco Polo. 
En relación con el segundo paquete ferroviario, las negociaciones se encuentran en una fase muy avanzada, y este Parlamento tuvo una manifestación rotunda hace tan sólo un par de meses. 
Sin embargo, otras propuestas importantes están todavía en fase de preparación, como por ejemplo las redes transeuropeas. 
Como saben sus Señorías, a pesar de que este Parlamento se había pronunciado favorablemente sobre la reforma parcial que había propuesto la Comisión, el Consejo prefirió aplazarla y, sencillamente, proceder a una revisión más general. 
Bien. 
En ese sentido, espero que el Grupo van Miert, que contempla una revisión global de las redes transeuropeas de transportes teniendo en cuenta la ampliación, es decir, una Europa a veintisiete- porque incluye a los países con los que o bien se ha finalizado o bien se está muy avanzado en las negociaciones -, llegue a buen puerto antes de finalizar la Presidencia griega y, por lo tanto, se pueda presentar el documento durante la Presidencia italiana. 
Por lo tanto, que lo discuta también este Parlamento. 
Quiero decir que estamos también en la fase final de lanzamiento del paquete de infraestructuras, que tendrá tres elementos fundamentales para el desarrollo de las infraestructuras: una metodología de tarificación- a la que se refería el Sr. Izquierdo Collado hace un momento y de la que hablábamos antes en la discusión sobre la cuestión de los ecopuntos en Austria- como paso previo a una directiva sobre tarificación que permita ver hasta dónde están dispuestos a ir en ese terreno el Consejo y este Parlamento y que acote bien las formas, los modos y los límites. 
En segundo lugar, un sistema de incentivación de las asociaciones público-privadas en la realización de infraestructuras. 
Necesitamos incorporar el capital privado al desarrollo de nuevas infraestructuras para acelerar la puesta en marcha de esas nuevas infraestructuras en una Europa a veinticinco- y a veintisiete dentro de poco. 
En tercer lugar, un sistema de telepeaje europeo que, además, irá acompañado de una compatibilidad, es decir, de una interoperabilidad de los sistemas prácticos, técnicos, que existen en los distintos países de la Unión Europea, teniendo, a medio plazo, como objetivo la uniformización, el establecimiento de un sistema único basado en los sistemas de control por satélite, es decir, en el sistema Galileo. 
En lo que respecta a la seguridad vial, noto con satisfacción que sus Señorías comparten el objetivo que nos hemos fijado de reducir en un 50% el número de muertos por accidente de carretera para 2010. 
La Comisión acaba de adoptar una propuesta de Directiva sobre la seguridad de los túneles y en breve presentaremos un plan global de acción en materia de seguridad vial. 
En este ámbito se presentarán asimismo propuestas importantes en relación con el control de los transportes por carretera en la determinación de los puntos negros en las autopistas. 
Espero que estas nuevas medidas contribuyan a lograr este objetivo y deberán complementarse con medidas establecidas en los niveles nacionales y locales, porque ahí hay un margen de subsidiariedad importantísimo. 
En el ámbito de la seguridad marítima, Señorías, hemos discutido durante varios años, después del trágico accidente del Erika, y hemos vuelto a discutir hace bien poco después de la catástrofe del Prestige. 
Pero, Señorías, desde la Comisión podemos decir que hemos presentado un paquete coherente de medidas que refuerzan enormemente la seguridad marítima en la Unión Europea, que lo que hace falta es ponerlas en marcha y que las medidas que faltan serán presentadas en los próximos tiempos, algunas de ellas ya han sido presentadas, como, por ejemplo, el calendario de salida de los petroleros de casco único y su sustitución por petroleros de doble casco, la exigencia de petroleros más seguros y más modernos para el transporte de los hidrocarburos más contaminantes y que en breve presentaremos cuestiones como la responsabilidad penal en casos de negligencia grave. 
Hay que insistir en el tope máximo de los fondos de indemnización en caso de contaminación o en las propuestas para impulsar con los Estados de la Unión modificaciones en el ámbito del Derecho marítimo internacional, que está basado en principios totalmente obsoletos propios del siglo XIX y no del XXI. 
En cuanto al transporte aéreo, en 2003 centraremos nuestra acción en las relaciones exteriores, entre otras cosas en los mandatos para la renegociación de los acuerdos de cielos abiertos, que es una cuestión absolutamente urgente, comenzando con los acuerdos con los Estados Unidos. 
Señorías, he visto las propuestas que plantea el ponente, en grandes líneas, aunque luego me pronunciaré con más concreción sobre distintos puntos. 
Creo que participamos del mismo espíritu. 
Espero que la aprobación por parte de este Parlamento, con las enmiendas que considere oportuno en un informe sobre el Libro Blanco, facilite que las medidas que se están discutiendo aceleren su paso, tanto en el Parlamento como en el Consejo, y las que todavía tienen que venir nos clarifiquen las posibilidades, los márgenes, los límites y, sobre todo, permitan que se acelere su discusión con este Parlamento dentro de este mismo mandato. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el tema que debatimos hoy no es un simple informe sobre el transporte del futuro. 
De hecho, es un debate sobre las últimas vías de escape tras una generación de producción y movilidad que se ha autoconsumido por completo. 
Quién se atrevería a hablar ya de catastrofismo o de agoreros y charlatanes ecologistas ante el estado medioambiental de nuestro planeta, a la vista de los estudios de la OMS que cifran el número de muertes causadas por las emisiones de los coches en 800 000 anuales. 
Por tanto, lo único que podemos hacer es poner freno a los fenómenos actuales de crisis medioambiental. 
Lo que era urgente en la Unión de los Quince, ahora se convierte en un imperativo para la Unión de los Veinticinco, y cualquier política de transporte que no incluya el aspecto del desarrollo sostenible será completamente ineficaz. 
Las amenazas a nuestro estilo de vida nos obligan a provocar una auténtica revolución en la cultura del transporte. 
Sin duda nos hemos dado cuenta bastante tarde, pero ahora por fin somos capaces de disociar los incrementos del volumen de transporte del crecimiento económico. 
Lejos de las anteriores tradiciones, este nuevo enfoque del transporte debería tener en cuenta las necesidades medioambientales sobre todo en sus estudios, situar al ciudadano usuario en el centro de sus definiciones y mantener un estrecho contacto con las ONG en todas sus deliberaciones. 
La creciente urbanización debe ir de la mano de la mejora del transporte público. 
Para cada nuevo proyecto hay que dar prioridad a las posibilidades de conexión intermodal entre redes que ya existen o están proyectadas. 
Es más, no debemos poner trabas a este nuevo acuerdo sobre el transporte en 2010 con impedimentos financieros. 
Hay que llevar a cabo un ambicioso programa comunitario de investigación y desarrollo para contrarrestar la contaminación acústica y las emisiones nocivas provocadas por el sector del transporte y alcanzar los objetivos del protocolo de Kyoto. 
En su informe, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha planteado la cuestión de la repercusión de estos tipos de contaminación en la salud humana. 
Las alarmas suenan por todas partes, pero no hay razón para que nos limitemos a anunciar que el desastre acecha y no puede evitarse. 
Hemos pasado de la toma de conciencia a la advertencia. 
Ahora debemos actuar. 
Lejos de darnos por vencidos, señora Comisaria, ante el desastre ecológico que se nos viene encima, la Unión debe cambiar de rumbo en materia de transporte y exigir que todos los acuerdos y programas, que los hay en abundancia, cumplan los criterios medioambientales. 
Y si no procedemos de este modo, nos daremos un buen batacazo, con pleno conocimiento de causa. 
Señorías, el debate queda suspendido. 
Se reanudará a las 21.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión relativa a la adaptación de las perspectivas financieras en función de la ampliación. 
La Comisaria Schreyer tiene la palabra. 
Gracias, Comisaria Schreyer. 
De conformidad con el artículo 38, los diputados presentes tendrán a continuación la oportunidad de presentar sus preguntas de forma breve y precisa. 
Seguiremos para ello el llamado procedimiento de solicitud incidental de intervención, que siempre es un riesgo cuando el Presidente es miope, pero debería funcionar puesto que están presentes la mayoría los habituales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, los efectos financieros son, por supuesto, considerables y por eso me interesaría saber hasta qué punto se ha tenido en cuenta el Proceso de Lisboa- que muestra los puntos débiles y los puntos fuertes de cada país- en la planificación, si eso se va a ver reflejado en líneas presupuestarias específicas y qué estrategias prevén ustedes al respecto. 
Señor Presidente, éste es un debate casi para iniciados y estamos utilizando el duodécimo lenguaje de la Comunidad, el presupuesto. 
Señora Comisaria, las cifras de Copenhague son cifras, a mi entender, de presupuesto, mientras que lo que estamos discutiendo ahora, en su presentación, son cifras de perspectivas financieras. 
Es decir, las perspectivas financieras- las rúbricas- pueden ser superiores a los importes presupuestarios aprobados en Copenhague. 
¿Es esto correcto? 
¿Es en ese sentido en el que se va a pronunciar la Comisión, tomar como mínimo las cifras de Copenhague, pero cubrirlas, en previsión de posibles necesidades superiores a las estimaciones del Consejo? 
Señor Presidente, señor Colom i Naval, las negociaciones en Copenhague se desarrollaron de forma que se obtuvieran las cantidades máximas para la ampliación; de hecho, la resolución de Copenhague emplea la expresión «importes máximos». 
En los tratados de adhesión se vuelve a especificar que son las cantidades máximas para la adaptación de las perspectivas financieras. 
Señor Presidente, siguiendo con ese tema, las cifras que se nos han facilitado- las cifras de Copenhague- son más bajas que las cifras que se facilitaron después. 
Por lo tanto, las cifras de Copenhague no podían ser cifras máximas, puesto que las cifras que hemos visto después son más altas. 
Quisiera oír la opinión del Comisario sobre lo que ocurrirá si el Consejo incorpora las cifras de Copenhague a los tratados de adhesión. 
Pero este Parlamento se enfrenta al dilema de que el Consejo pueda incluir estas cifras para asegurarse de que votamos a favor de los tratados de adhesión. 
Si ese es el caso, ¿qué pasará con el artículo 25 del Acuerdo Interinstitucional y qué papel desempeñará el Parlamento en la renegociación o reevaluación de las perspectivas financieras? 
Si el Consejo actúa de esa manera, ¿cómo evaluaría el Comisario el valor de las perspectivas financieras? 
Gracias, Comisaria Schreyer. 
Le ruego que por favor responda a la vez a las preguntas de los dos oradores siguientes. 
Señor Presidente, en Copenhague se han negociado las categorías 1 y 2 y realmente, las políticas interiores y exteriores más bien se han calculado. 
¿Significa esto, después de las explicaciones que usted ha dado, que se podrían considerar los importes de estas categorías 3 y 4 como indicativos y fijos los importes de las categorías 1 y 2? 
Gracias, Comisaria Schreyer. 
El debate queda cerrado. 
Pregunta nº 36 formulada por Didier Rod (H-0050/03): 
Asunto: Consecuencias de la publicidad sobre el tabaco para la política comunitaria de competencia 
De las declaraciones efectuadas ante la prensa por los representantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se desprende que esta Federación amenaza con no volver a permitir que se celebren más carreras de Fórmula 1 en los circuitos automovilísticos de los Estados miembros de la Unión Europea a causa de la nueva directiva europea referente a la publicidad sobre el tabaco que los Estados miembros han de transponer en 2005. 
¿Qué consecuencias puede sacar de ello la Comisión en el ámbito del derecho de la competencia, teniendo en cuenta particularmente los acuerdos concluidos entre ella misma y la FIA? 
¿Cuál es la postura de la Comisión en términos de derecho de la competencia sobre el hecho de que la FIA haya dejado a las escuderías en libertad para tomar la decisión de correr o negarse a correr en un circuito de un Estado miembro a causa de una ley que prohíbe la publicidad sobre el tabaco durante las manifestaciones deportivas, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de las posturas del Consejo, de la Comisión y del Parlamento en materia de deporte? 
El Sr. Rod ha planteado una de las cuestiones más complejas en el ámbito de las carreras de coches: la elección de los circuitos de Fórmula 1 y la fijación del calendario del Gran Premio. 
De acuerdo con la información de que disponemos en estos momentos, fue el propio Sr. Ecclestone, quien representa a la organización responsable de promocionar el campeonato de Fórmula 1, quien declaró públicamente que la prohibición del patrocinio por parte de la industria tabacalera en la Unión Europea, que entrará en vigor antes de 2006, podría provocar que las carreras de Fórmula 1 se celebraran fuera de la Unión. 
En lo que concierne a la Federación Internacional de Automovilismo, el Sr. Rod conocerá sin duda la declaración de la FIA sobre el patrocinio de las carreras automovilísticas por parte de la industria tabacalera y el acuerdo internacional que prevé una prohibición efectiva en 2006. 
La FIA explica cómo pueden organizarse carreras de Fórmula 1 en Francia y en el Reino Unido, aunque estos dos países hayan prohibido el patrocinio por parte de la industria tabacalera. 
Además, la Comisión ha recibido una declaración en la que se anuncia la exclusión del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps a partir del calendario de campeonato de 2003, porque, según parece, la ley belga que prohíbe la publicidad y el patrocinio de productos del tabaco entrará en vigor en el transcurso del presente año. 
Según la declaración del Sr. Ecclestone, el Gran Premio de Austria en Spielberg correría la misma suerte a partir de 2004, fecha de entrada en vigor de una prohibición similar en Austria. 
En lo referente a la ley de competiciones, es importante que todas las partes implicadas en el complejo proceso de fijación del calendario de campeonato de Fórmula 1 se atengan a sus tareas y responsabilidades. 
Se diría que la decisión de organizar unas carreras de Fórmula 1 en un país en lugar de otro es más una cuestión de intereses económicos que de criterios legales aplicables a las carreras de coches. 
Se seguirá aplicando el sistema desarrollado por los diversos países implicados en las carreras de Fórmula 1 a través de los acuerdos presentados a la Comisión. 
En lo que respecta al caso concreto de Spa-Francorchamps, la Comisión está averiguando si se han respetado las leyes comunitarias en materia de competencia. 
La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aproximación de las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas de los Estados miembros en relación con la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco, que, en diciembre de 2002, fue objeto de un acuerdo político del Consejo, prevé la prohibición, a partir del 31 de julio de 2005, del patrocinio de los acontecimientos que impliquen o que tengan lugar en más de un Estado miembro o que tengan efectos transfronterizos, incluida, por supuesto, la Fórmula 1. 
La Directiva tiene en cuenta el hecho de que las leyes de los diferentes Estados miembros sobre patrocinio vinculado a la promoción de los productos del tabaco difieren entre sí, y ello podría provocar una distorsión de la competencia. 
La Directiva pretende eliminar estos problemas y aproximar las normativas en esta materia. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta muy clara a esta pregunta. 
Hemos planteado esta pregunta, que consideramos importante, porque, aunque hoy tenga que ver con el circuito de Spa-Francorchamps, por supuesto también repercutirá en otros afectados por esta Directiva sobre el tabaco. 
Por cierto, personalmente estamos firmemente a favor de la Directiva que prohíbe la publicidad del tabaco. 
Creemos que es muy importante que los problemas de salud primen sobre los problemas que plantea la prohibición de la publicidad del tabaco, y estamos muy preocupados por la posición de la Federación Internacional de Automovilismo a este respecto. 
Como ha recalcado usted, y como ya se ha debatido con el Comisario Byrne, este último está examinando la posibilidad de ampliar la prohibición de la publicidad del tabaco a escala internacional, es decir, trabajando con la OMS sobre esta cuestión. 
Por supuesto, las medidas que han tomado actualmente las federaciones automovilísticas son sumamente preocupantes para quienes intentan limitar el fomento del tabaco, que como todos sabemos es muy perjudicial para la salud. 
Además, las medidas de las federaciones automovilísticas provocarán distorsiones en materia de empleo, y, en concreto, en el ámbito del deporte, algo que también será sumamente perjudicial. 
Quiero dar las gracias al Sr. Rod por sus amables comentarios, a los que no creo que deba responder nada más. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la decisión de prohibir en principio la publicidad de un producto que se comercializa legalmente suscita la pregunta de qué pasará en el futuro en la legislación sobre la competencia. 
Si en el futuro se decide prohibir la publicidad de los dulces, los coches y otras categorías de productos, nos enfrentaremos a un problema en relación con la propia economía de mercado. Aunque estos productos son legales, no está permitido anunciarlos. 
¿Qué efecto cree usted que tendrá en otros sectores- por ejemplo, el alcohol- que también contribuyen sustancialmente a financiar las carreras de coches, por ejemplo? 
Se trata de una pregunta muy interesante, a la que daré una respuesta que sólo puede ser breve y general. 
Lo que debería hacer la Comisión en relación con la política de competencia, caso por caso y en la situación que ha imaginado usted, señor Rübig, es ver si ha habido violaciones específicas de las reglas de competencia. 
Por ello no es posible dar una respuesta general; lo haríamos, si fuera necesario, si surgieran circunstancias específicas. 
Pregunta nº 37 formulada por Anna Karamanou (H-0031/03): 
Asunto: Prohibición de abandonar los Emiratos Árabes Unidos a una víctima de abusos sexuales 
Según datos de la prensa francesa, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos impusieron el 15 de octubre de 2002 a la Sra. Touria Tiouli, ciudadana francesa, la prohibición de abandonar el país. 
¿Se propone la Comisión ejercer presión sobre el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, en paralelo a las gestiones que ha emprendido el Gobierno francés, con el fin de que se deje en libertad a la mujer encarcelada y se castigue a sus violadores, recordando que la protección de los derechos de la mujer y en especial la lucha contra la violencia sexual constituyen un valor fundamental de la Unión Europea? 
Quiero dejar muy claro que la Comisión comparte la indignación de Su Señoría acerca de las circunstancias que rodean la detención de la Sra. Touria Tiouli. 
La Sra. Tiouli es una ciudadana francesa de origen marroquí que está retenida contra su voluntad en Dubai desde el 15 de octubre de 2002. 
Yo también he leído la prensa y puedo entender muy bien el motivo por el que Su Señoría ha planteado esta cuestión. 
La Comisión está siguiendo el desarrollo de los acontecimientos muy de cerca. 
Corresponde a las autoridades competentes del Estado miembro cuya ciudadana está afectada dar todos los pasos necesarios para amparar a esa ciudadana. 
Por lo que sabe la Comisión, el Gobierno francés está haciendo todo lo posible por poner fin a esta lamentable situación. 
La Comisión está dispuesta a prestar su apoyo en caso de que las autoridades francesas lo consideren necesario y oportuno. 
Puedo asegurar a Su Señoría que estamos reaccionando del modo que dicta la situación, y que seguiremos atentos a esta cuestión. 
Señor Comisario, en parte estoy satisfecha con su respuesta, pero esperaba que la Comisión usara su autoridad para ejercer más presión sobre los Emiratos Árabes Unidos La buena noticia es que el tribunal de los Emiratos ha absuelto a la Sra. Tiouli de las acusaciones formuladas contra ella por sus violadores, pero sus problemas no han acabado porque sigue teniendo que esperar quince días a partir de la fecha del fallo. 
El fallo fue devuelto el 26 de enero; si no me equivoco, hace de esto quince días, y estamos esperando a ver si se le devolverán el pasaporte para que pueda abandonar el país. 
Quiero preguntarle, señor Comisario, si tiene usted intención de colaborar con el Gobierno francés y con la Embajada francesa en los Emiratos Árabes Unidos, y hacer uso de la autoridad y los poderes de que dispone como Comisario de la Unión Europea para poner fin a la pesadilla por la que está pasando esta mujer francesa. 
Señor Comisario y estimados colegas, el siguiente interpelante y el siguiente Comisario no están ahora en la sala por lo cual voy parar el reloj durante 3 o 4 minutos para que luego pueda seguir su curso el turno de preguntas. 
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. 
Me da la impresión de que, una vez más, no ha dicho usted nada nuevo. 
Lo sabemos todo acerca del programa gracias a los servicios de la Comisión; quisiera preguntarle si cree usted que, dados los retrasos sufridos y el escaso presupuesto reservado para este programa, la Comisión Europea se toma realmente en serio la dimensión de la igualdad de oportunidades y la participación de las mujeres en este ambicioso y- para nosotras- importante plan de desarrollo de una cooperación euromediterránea real. 
¿Quizás este programa, con sus retrasos y su mísero presupuesto, no sea más que una simple ocurrencia en el empeño global? 
¿Cree usted que este compromiso por parte de la Comisión será suficiente? 
¿Habría que hacer algo más para integrar económicamente a las mujeres, no sólo algo más generoso, como pequeños préstamos, empleos adecuados y formación, sino algo que garantice y financie mecanismos para controlar si estas cuestiones y retos reciben el mismo trato legal? 
Pregunta nº 39 formulada por Alexandros Alavanos (H-0024/03): 
Asunto: Programa de estabilidad actualizado para Grecia en 2002 
En las conclusiones de la Comisión Europea sobre el programa de estabilidad actualizado para Grecia en 2002 (9 de enero de 2003) , se señala, entre otros aspectos, que la economía griega ha iniciado un período de fuerte crecimiento, mientras que el indicador de la deuda pública registra una lenta disminución. 
¿Qué opina la Comisión de esta lenta disminución de la deuda pública en Grecia, a pesar del rápido crecimiento del PIB, debido principalmente al tercer MCA y a los Juegos Olímpicos? 
En opinión de la Comisión, ¿cómo evolucionará la deuda pública en Grecia después de 2004, cuando probablemente disminuya el ritmo de crecimiento del PIB? 
. (ES) La ratio de deuda de Grecia es una de las más elevadas de la Comunidad. 
Aumentó hasta mediados de los años 90, alcanzando un máximo superior al 110% del PIB en 1996. Ello fue consecuencia de unos desequilibrios presupuestarios crecientes y un bajo crecimiento del Producto Interior Bruto. 
Los esfuerzos de estabilización con vistas a la participación en la Unión Monetaria y la mejora de los principales indicadores macroeconómicos han contribuido a reducir la ratio de deuda, aunque a un ritmo muy lento. 
La deuda todavía representa el 107% del PIB de 2001. 
En esta evolución han influido tres factores: el nivel del saldo primario, es decir, deducidos los pagos financieros, la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto nominal y otros factores autónomos o residuales. 
Entre éstos cabe destacar las operaciones financieras que no afectan al saldo presupuestario sino al volumen de deuda. 
De hecho, el elevado nivel de ajuste del volumen de deuda, que llegó a representar el 7,1 % del Producto Interior Bruto en el año 2001- y aun se estima en el 4% del PIB en 2002- implicó que la evolución de la ratio de deuda no refleja completamente la evolución de la situación presupuestaria de las administraciones públicas, el logro de superávits primarios elevados crecientes ni tampoco el crecimiento del PIB. 
Por otra parte, la evolución de la deuda pública, tal como se describe en el programa de estabilidad griego del año 2002, se ha visto parcialmente afectada por la revisión de los métodos estadísticos empleados en diversas operaciones financieras. 
Dicha revisión se llevó a cabo de acuerdo con el sistema establecido por Eurostat para cumplir las condiciones establecidas en el ESA 95, en nuestro sistema europeo de cuentas nacionales. 
La revisión estadística que se llevó a cabo en 2002 dio lugar a un incremento de la ratio de deuda en Grecia en el año 2001, que pasó a ser 7 puntos porcentuales del PIB superior a la cifra anteriormente estimada. 
Teniendo en cuenta las nuevas perspectivas presupuestarias que se derivan de esta revisión, el programa actualizado de estabilidad prevé una reducción de la ratio de deuda equivalente a 1,7 puntos porcentuales en el año 2002, previéndose una aceleración de esta reducción a partir del año 2003, con una reducción aproximada de 0,4 puntos porcentuales hasta el final del año 2006. 
De hecho, a partir de 2003, la modificación de la ratio de deuda corresponderá mejor al nivel de superávit primario. 
De acuerdo con las previsiones económicas de la Comisión del pasado otoño, la ratio de deuda de Grecia deberá disminuir hasta finales de 2004, aunque a un ritmo más lento que el previsto en el programa de estabilidad del año 2002. 
Para el período posterior a 2004, cuando ya el programa de estabilización actualizado admita una cierta disminución del crecimiento de la producción real, será necesario aplicar una estrategia de ajuste presupuestario creíble para poder garantizar esta reducción de la ratio de deuda contemplada en el programa. 
A este respecto, la mayor transparencia de las cuentas públicas que se ha alcanzado con la reciente revisión de las mismas ha aumentado su credibilidad y también la de la estrategia de ajuste presupuestario, descrita, en líneas generales, en el programa de estabilidad de Grecia. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero darle las gracias por su flexibilidad y agradecer al Comisario su detallada respuesta. 
Sin embargo, cuando habla de algún tipo de estrategia para hacer frente a una desaceleración del PIB, ¿cuáles son según él los principales ingredientes de tal estrategia? 
¿Y cómo debería tenerse en cuenta cualquier factor nuevo, con lo cual me refiero al efecto de una posible guerra contra Iraq, en el PIB? 
. (ES) La respuesta puede ser muy rápida. 
La estrategia en el programa evidentemente se plantea sin el supuesto de guerra en el Iraq. 
La estrategia prevé lógicamente un incremento del superávit primario y, dicho de otra forma, utilizar el potencial del crecimiento fundamentalmente para reducir impuestos. 
El problema de la guerra se plantea en términos totalmente diferentes. 
No es un escenario que, en mi opinión, convenga plantear todavía, pero es evidente que el propio Pacto de Estabilidad y Crecimiento admite la existencia de circunstancias excepcionales que, sin duda alguna, corresponderían a esta situación. 
En todo caso, creo que sería prematuro pretender ahora elaborar algo más sobre este concepto. 
Pregunta nº 40 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0045/03): 
Asunto: Transferencia de beneficios del Riksbank (Banco nacional) al Tesoro Público 
El 17 de mayo de 2001, el Banco de Suecia decidió que este año, además de la asignación habitual de beneficios de unos 8 200 millones de coronas suecas, debía efectuar un pago extraordinario de 20 000 millones de coronas al Tesoro Público. 
Naturalmente esto aumentó el margen de reforma en el presupuesto estatal de Suecia. 
El año pasado se efectuó un ingreso similar. 
¿Hubiera sido posible este tipo de transferencias del Riksbank al Tesoro Público de haber participado Suecia en ese momento plenamente en la tercera fase de la UEM? 
Preguntas dirigidas al Sr. Lamy 
. (ES) La cuestión mencionada por su Señoría fue planteada en el informe de convergencia adoptado por la Comisión el pasado 22 de mayo y también en el apartado 6.2 del informe de convergencia del año 2002 del Banco Central Europeo. 
Debe observarse que los comentarios de la Comisión, recogidos en su informe, ponen de relieve la ausencia de legislación detallada sobre transferencias financieras del Banco Central al Tesoro de Suecia, especialmente en lo que se refiere a la asignación de beneficios y pagos extraordinarios. 
Dicha legislación debería establecer las normas y condiciones en que tales transferencias deben realizarse y garantizar que el Riksbank conserva los medios financieros necesarios para cumplir sus obligaciones en el marco del sistema europeo de bancos centrales. 
En ausencia de tales normas, no se garantiza de forma adecuada la independencia del Banco Central y, en particular, su independencia financiera. 
También debe observarse que las exigencias pertinentes en el marco del Tratado figuran en el artículo 108- la independencia del Banco Central- y en el artículo 109- compatibilidad de la legislación nacional con el Tratado-. 
Estos artículos se aplican tanto a los Estados miembros participantes como a los Estados miembros acogidos a una excepción. 
Quiero dar las gracias al Comisario por esta respuesta. 
Sin embargo, me gustaría que se aclarara una cosa a este respecto. 
Interpreto la respuesta en el sentido de que la Comisión no puede aceptar, o considera incompatible con la pertenencia a la tercera fase de UEM, una situación en la cual se transfieren importantes fondos de los beneficios del Banco Central de Suecia al Tesoro sueco, como ha hecho el Gobierno de este país. 
Estamos hablando de un total de 40 millardos de coronas suecas en dos años. 
Me gustaría que confirmara usted que esta es la interpretación correcta de lo que ha dicho. 
. (ES) Creo que en mi respuesta he pretendido ser relativamente claro. 
La inexistencia de normas precisas sobre la forma en que deben llevarse a cabo dichas transferencias no garantiza la independencia del Banco Central, elemento clave para participar en la Unión Monetaria. 
Ése es mi comentario y el comentario que está incluido en nuestro informe. 
Evidentemente, se dispone de tiempo para la puesta en marcha hasta que se participe en la Unión Monetaria, pero es imprescindible esa puesta al día para la participación en la Unión Monetaria. 
El punto fundamental es conseguir la independencia financiera, elemento fundamental para la independencia de la Institución. 
Permítame en primer lugar decir que los 20 millardos de coronas suecas a los que se ha referido el Sr. Sjöstedt podrían utilizarse para reducir la deuda nacional sueca y de este modo, por supuesto, contribuir a reforzar la economía sueca. 
Pasando ahora a mi pregunta subsiguiente al Comisario: ¿acaso no demuestran la experiencia y numerosos estudios científicos que un Banco Central independiente y una moneda común contribuyen más a reforzar la economía y, de este modo, a incrementar los salarios y el poder adquisitivo reales de las personas, o dicho de otro modo, a ampliar el alcance de la reforma mencionada por el Sr. Sjöstedt en su pregunta? 
(ES) Muy rápidamente. Como sabe su Señoría, las decisiones relativas a la utilización de los recursos corresponden a cada una de las autoridades nacionales. 
La Comisión tiene como obligación comprobar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y eso quiere decir el seguimiento de las decisiones que afectan a los programas de estabilidad o, en este caso, del programa de convergencia. 
El problema que usted plantea va un paso más allá. 
Es el de la calidad de las finanzas públicas, dónde deben utilizarse los ingresos y qué tipo de gastos debemos llevar a cabo. 
Evidentemente, hemos realizado algunos informes sobre este tipo de decisiones, pero no tienen carácter vinculante. Son, simplemente, una aproximación de cómo creemos nosotros que deben gestionarse ciertas decisiones. 
La caída del precio del café es en efecto catastrófica. 
Creo que todos somos conscientes del impacto que tienen estos cambios de precio en los productores de café, que, como sabemos desde hace tiempo, es sólo una parte de un problema general, concretamente la dependencia de los países pobres de unos cuantos productos básicos. 
Hemos observado con detenimiento las cifras que nos ha enviado Oxfam, que plantean en concreto esta enorme diferencia entre el precio al por menor en los supermercados y la suma pagada a los productores. 
No lo hemos evaluado todo y no podemos decir si los márgenes comerciales aplicados por una empresa u otra son responsables, teniendo en cuenta los costes de procesado, los costes de transporte y los márgenes de beneficios de los minoristas, entre otros factores. 
Así las cosas, si las organizaciones no gubernamentales como Oxfam consideran, por ejemplo, que las prácticas de determinadas empresas deberían ser sometidas a una investigación de acuerdo con las reglas de competencia- me refiero en este caso a la Unión Europea -, deberían proporcionarnos las pruebas necesarias para que podamos proceder como lo hacemos en casos de este tipo. 
¿Cuál es la causa de esta caída? 
Es simplemente un notable desequilibrio entre la oferta y la demanda. 
¿Qué podemos hacer? 
Se trata de una cuestión compleja y polifacética. 
Por ejemplo, podemos ayudar a quienes han invertido en comercio justo e intentar así ayudar a los productores de los países más pobres a obtener una mayor proporción del precio pagado por el consumidor final. 
En la Comisión ya ayudamos, apoyamos y financiamos diversas acciones en este ámbito. 
Apoyamos, y lo hago en el contexto de la política comercial, proyectos que tienen por objeto, por ejemplo, la adopción de códigos de conducta o etiquetas sociales. 
De este modo, por decirlo de alguna manera, apoyamos a todos los que han invertido en comercio justo. 
Sin embargo, a la larga, la diversificación será probablemente la clave que permitirá reducir la dependencia y la vulnerabilidad de estos países y personas frente a las fluctuaciones de los productos básicos. Esto forma parte de un enfoque integrado entre la política de desarrollo y la política comercial, en el que, como saben, ya venimos trabajando desde hace varios años con el Sr. Nielson. 
Estamos intentando lograr una mejor coordinación de diversos instrumentos que tenemos a nuestra disposición. 
Por ejemplo, empezamos con la iniciativa «Everything but arms» (Todo menos armas) , que permite a diversos países entre los más pobres del mundo diversificar sus exportaciones. 
Se trata de una política que hemos apoyado y transmitido, además, a varias organizaciones internacionales como el Banco Mundial. 
También estamos trabajando en esta línea al aplicar el Acuerdo de Cotonú. 
Además, hemos apoyado, dentro de la Organización Internacional del Café, todas las acciones emprendidas para mejorar la calidad y establecer unas normas de calidad mínimas, eliminando las calidades inferiores del mercado del café, dado que éstas, como sabemos, también repercutían negativamente en los precios. 
Más simplemente, en estos momentos estamos colaborando con diversas ONG y Oxfam, en particular. 
Hemos entablado contacto con los principales comerciantes de café y estamos en contacto con diversos distribuidores. 
Estamos abiertos a ideas constructivas sobre este asunto, que, repito, es complejo. 
Sea como fuere, es un ejemplo que debería hacer reflexionar a quienes abogan por la plena liberalización de todos los mercados agrícolas. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario Lamy por su respuesta. 
Se la transmitiré a la ONG Intermon-Oxfam en los términos en que se ha expresado el Comisario ante el Parlamento. 
Pregunta nº 42 formulada por Glenys Kinnock (H-0039/03): 
Asunto: Acuerdos de Asociación Económica 
¿Está informada la Comisión de que, en opinión de los países ACP, hasta ahora las negociaciones de los Acuerdos de Asociación Económica se han centrado en aspectos equivocados del desarrollo? 
¿Qué medidas prácticas pueden tomarse para poder convencer a los países ACP de que el objetivo que persiguen las negociaciones va más allá de la mera liberalización del comercio? 
Señor Presidente, la pregunta de la Sra. Kinnock tiene que ver con el progreso de nuestras negociaciones con los países de África, el Caribe y el Pacífico en torno a los acuerdos de asociación económica. 
Estos acuerdos de asociación económica forman parte de una fase inicial de debate. 
Lógicamente siguen lo que se acordó en Cotonú y estamos intentado asegurar que nuestros interlocutores ACP se reorganicen en grupos suficientemente grandes como para remediar la actual situación. 
A grandes rasgos, la situación es la siguiente: les dimos- o concedimos, como solíamos decir- importantes preferencias comerciales, que, además, causan problemas a otros países, como hemos visto en la OMC, y ellos no han aprovechado suficientemente estas preferencias. 
Por ello tenemos que cambiar. 
Así pues, en este proceso, lo que nos guía es el aspecto de desarrollo y pretendemos claramente, en este asunto, que las consideraciones comerciales dependan de las consideraciones de desarrollo, teniendo en cuenta el hecho de que esta es nuestra prioridad con los países ACP en su conjunto. 
Por ello me gustaría tranquilizar a la Sra. Kinnock sobre este punto, si es necesario. 
No es que unos empresarios deseosos de acceder a unos mercados extraordinariamente atractivos hayan asumido el control de estas negociaciones. Las negociaciones siguen las líneas de lo que se acordó con el Parlamento y con el Consejo, es decir, se da prioridad al desarrollo. 
Sin embargo, he de reconocer- y es muy posible que la pregunta de la Sra. Kinnock lo refleje- que muchos representantes de los países ACP siguen teniendo reservas con respecto a estas negociaciones sobre acuerdos de asociación económica. 
De hecho, muchos países ACP nos están formulando preguntas, por ejemplo sobre el grado de liberalización o reciprocidad que pretendemos lograr, como si esto fuera el principal objetivo de los acuerdos. 
Repetiré cuantas veces sea necesario que el principal objetivo de estos acuerdos no es abrir más los mercados ACP a los productos comunitarios. 
Estos acuerdos de asociación económica no son, a nuestro entender, simples zonas de libre comercio que no son más que instrumentos para el comercio. 
Queremos convertirlo en un negocio, un proceso, una asociación que sirva al desarrollo de estos países, en particular permitiéndonos abordar el problema de las muchas barreras interiores al comercio que siguen existiendo en África y en el Caribe y el Pacífico, y también permitiéndonos hacer frente a las restricciones que afectan a la competitividad en estas regiones, para convertirlas en polos de desarrollo económico. 
Asimismo hemos emprendido importantes estudios sobre esta cuestión- los llamamos evaluaciones de impacto y sostenibilidad- para analizar los efectos sociales, económicos y medioambientales de estos acuerdos que- no lo olviden- son, ante todo, acuerdos entre estos países, y garantizaremos que los resultados de estos estudios se tengan en cuenta en las negociaciones. 
Asimismo quisiera señalar que hemos puesto a disposición de los países ACP los recursos financieros necesarios para permitirles realizar sus propios análisis y obtener la asistencia técnica necesaria. 
Esto es lo que queremos hacer en el proceso de negociación, que se encuentra en su fase inicial, que desearíamos ampliar a una segunda fase a partir de septiembre de este año. 
Hemos iniciado diversos contactos con diversas regiones ACP y todos sabemos que algunas de ellas están más dispuestas a unirse a nosotros que otras. 
En lo que a ellos respecta, tienen que optar dentro del grupo ACP. 
No pretendemos, ni pretendo, hacerlo en su nombre. 
Nos uniremos a ellos cuando estén listos y los que estén preparados antes empezarán las conversaciones con nosotros cuando así lo decidan. 
En respuesta a la Sra. Kinnock, creo que los sentimientos sobre el ritmo y las perspectivas de estos acuerdos varían según las regiones con las que hablamos. 
No quiero entrar en detalles, pero conozco algunas regiones dentro del grupo ACP que estas listas para iniciar las negociaciones mañana mismo. 
El objetivo de estas negociaciones ha de ser suficientemente claro para ellos si esto no les plantea un problema. 
En cuanto al título, creo que «acuerdo de asociación económica» es perfectamente adecuado. 
Significa que no son solamente acuerdos de comercio y libre comercio entre la UE y los países ACP, sino también acuerdos de asociación económica con el objetivo principal- y quiero recalcar este punto- de llevar a los países miembros del grupo ACP a firmar acuerdos comerciales entre ellos en materia de inversiones, propiedad intelectual, transportes, gestión de infraestructuras y establecimiento de normas, a fin de que creen ellos mismos unas zonas económicamente relevantes. 
¿Es el desarrollo el objetivo de estas negociaciones? 
Sí, por supuesto, pero el desarrollo no puede negociarse, mientras que el comercio sí. 
Ésta es la razón por la que estamos introduciendo algunos elementos de negociación comercial, manteniendo a la vez el desarrollo como nuestro objetivo y empezando, como he dicho antes, a partir de una simple observación sobre la cual creo que estarán ustedes de acuerdo con la Comisión: por diversas razones, la situación que hemos experimentado durante 20 años, basada en conceder preferencias unilaterales a estos países, no está transformando esta liberalización comercial, que hemos decidido unilateralmente, en un instrumento genuino para el desarrollo. 
La relación entre el comercio y el desarrollo no es tan simple: en concreto, los países ACP han de colaborar entre sí para crear mercados que sean lo suficientemente grandes para interesar a los inversores. 
Sea como fuere, les aseguro que se trata de una negociación comercial en la que nuestro objetivo es hacer una contribución al desarrollo en estos países mejor y más activa que en el pasado. 
Dado que su autor no está presente, la pregunta n° 43 decae. 
Pregunta nº44 formulada por Richard Howitt (H-0058/03): 
Asunto: Solicitud de Tailandia y Filipinas para el acceso preferencial a la UE de su atún envasado 
En respuesta a las solicitudes de Tailandia y de Filipinas de que se les conceda acceso preferencial a la UE para su atún envasado, el Director General adjunto de la OMC presentó recomendaciones en diciembre de 2002. 
En caso de que sean aprobadas y aplicadas por la UE, estas recomendaciones causarán un grave perjuicio a la exportación de atún envasado procedente de los Estados ACP y de los países del Pacto Andino. 
¿Está de acuerdo la Comisión en que la concesión de cualquier tipo de acceso preferencial a Tailandia y a Filipinas desplazará las exportaciones a la UE de los países ACP y de los países del Pacto Andino poniendo en peligro de esta manera los medios de subsistencia de los pescadores pobres y las inversiones de la UE en los Estados ACP con los que la UE ha celebrado 16 acuerdos de pesca bilaterales para acceder a los recursos pesqueros en sus aguas? 
¿Puede confirmar la Comisión que no accederá a las recomendaciones del mediador de la OMC, sino que examinará este asunto en el contexto de la actual ronda de la OMC en Doha, donde puede alcanzarse un resultado más equilibrado para satisfacción de todas las partes? 
Preguntas dirigidas a la Sra. Diamantopoulou 
, Señor Presidente, la pregunta del Sr. Howitt hace referencia al compromiso contraído por la Comisión durante las negociaciones de Doha de examinar una solicitud que nos habían presentado firmemente Tailandia y Filipinas en relación con el sistema de precios aplicable a las importaciones de atún en lata procedentes de los países ACP. 
Más o menos, en resumen, aplicamos a los países ACP preferencias que no se aplican a Tailandia y a Filipinas, y estos dos países consideraron oportuno, en un momento en que intentábamos obtener el consentimiento de la OMC para una derogación general en relación con todas estas preferencias, condicionar su consentimiento a las negociaciones con nosotros. 
Aceptamos esta solicitud, principalmente en beneficio de los países ACP, puesto que su sistema preferencial con nosotros sólo podía ser validado por la OMC si accedíamos. 
Nos comprometimos a mantener conversaciones con Tailandia y Filipinas y, en caso necesario, entrar en un procedimiento de mediación. 
Repito, para que quede bien claro, que sin este procedimiento de conversaciones/mediación, no se habría logrado la derogación de la OMC en relación con el acuerdo de Cotonú. 
Por ello seguimos adelante con estas conversaciones con Tailandia y Filipinas en diciembre de 2001, enero del año pasado y primavera de este año. 
No desembocaron en un acuerdo. Las exigencias en cuanto a acceso a nuestro mercado formuladas por estos países nos parecieron excesivas en su momento, y las ofertas que hicimos les parecieron insuficientes a ellos. 
Por ello, el pasado otoño, todos pedimos la mediación de la Organización Mundial de Comercio. 
En diciembre, el mediador tomó una decisión y recomendó que la Comunidad abriera una cuota de 25 000 toneladas de atún en lata con un arancel del 12%, dado que el arancel normal, si puedo decirlo así, es del 24% y al arancel ACP es del 0%. 
Así pues, ACP 0%, arancel normal 24% y propuesta del mediador 25 000 toneladas al 12%. 
La Comisión está a favor de aceptar estas recomendaciones. Creemos que es una cuestión de credibilidad y confianza, y un modo de gestionar nuestras relaciones con diversos socios comerciales dentro del mecanismo de la OMC. 
Creemos que recurrir a la mediación en este tipo de casos es un procedimiento honesto, que, de cierto modo, pone en pie de igualdad a un mamut como la Unión Europea y a unas criaturas más pequeñas como Tailandia o Filipinas, y esto forma parte de nuestra manera de ver nuestras relaciones comerciales con diversos países, sobre todo los países en vías de desarrollo. 
Hemos analizado las recomendaciones del mediador y nuestro análisis es que la cuota de 25 000 toneladas no afectará de forma significativa a las importaciones de los países ACP o a las importaciones de otros países que también se benefician de preferencias generalizadas. 
Me refiero en concreto a diversos países latinoamericanos. 
Esta cuota representaría cerca del 9% de las importaciones totales de atún en lata en la Unión y el 4% del consumo total de la Unión. 
Las importaciones comunitarias de atún en lata procedente de los países ACP han experimentado un fuerte aumento en los últimos años. 
Actualmente representan cerca del 60% de las importaciones globales y, dados los vínculos muy estrechos, y a menudo muy bien recibidos, entre la industria de los países ACP y algunos sectores de la industria comunitaria, no creemos que las importaciones de los países ACP se vean seriamente amenazadas por esta mediación. 
Por ello la hemos apoyado y hemos propuesto la aprobación de la opinión del mediador al Consejo de Ministros. 
En función del resultado de esta consulta, dentro de poco presentaremos un proyecto de reglamento para poner en práctica esta cuota. 
En respuesta a sus tres preguntas, señor Howitt, empezaré con el calendario. 
Actualmente estamos en contacto con nuestros Estados miembros en un nivel técnico. 
Creo que conseguiremos la mayoría cualificada necesaria. 
Si este no fuera el caso, yo tendría que decidir si proseguir o no. Esto ocurre a veces. 
Es una cuestión de credibilidad para nosotros. 
Los países ACP sabían muy bien, cuando nos reunimos en Doha, por qué y cómo había de obtenerse esta derogación para amparar nuestro sistema de preferencias, incluidas cuestiones delicadas como los plátanos. 
Por ello están plenamente informados al respecto. 
Todo ha tenido lugar de forma transparente. 
En este asunto, ni Filipinas ni Tailandia han ocultado su objetivo a los países ACP, concretamente beneficiarse de una participación en el mercado que creen que debería ser lógicamente suya. 
Por lo tanto, esto no ha cogido a nadie por sorpresa, y si aceptamos una mediación, deberíamos- creo que es la regla del juego- aceptar los resultados. 
En lo que respecta al impacto sobre el comercio con los países ACP, la razón por la cual consideramos que el impacto sería menor es que esto tiene que ver con el atún en lata, y, como sin duda sabrá, hay una ligera diferencia entre atún en lata y atún no enlatado: reside en el proceso industrial, que tiene lugar en redes y de acuerdo con métodos que implican de cerca a nuestra industria comunitaria. 
Creemos que habrá llovido bastante hasta que Filipinas o Tailandia obtengan este tipo de ventaja comparativa, y por ello no suponen una amenaza seria en este sentido. 
Dicho esto, si cualquiera de los países ACP desea discutir estos aspectos técnicos con nosotros, estamos totalmente dispuestos a hacerlo. 
Por último, la tercera pregunta: ¿implica esto una derogación, un cambio de los compromisos de acceso al mercado que contrajimos con respecto a los países ACP? 
Por supuesto que no. 
No se trata de un cambio. 
No altera en forma alguna las preferencias. 
Simplemente, no olvidemos que, de no haberse aceptado esta manera de operar con Tailandia y Filipinas, todo el sistema de preferencias comerciales de la Unión con los países ACP habría sufrido las consecuencias. 
Esto es lo que hay detrás de esta cuestión, y todos deberíamos recordarlo para evaluar adecuadamente los resultados que están hoy sobre la mesa. 
En primer lugar, permítanme decir- e imagino que estarán de acuerdo conmigo- que el mundo real existe en todos los países, no sólo en Gran Bretaña. 
No es cierto que Gran Bretaña tenga más trabajadores temporales que cualquier otro país. 
Tiene el 3,2 %, frente al 4,6 % de los Países Bajos, al 2,5 % en Francia y muchos menos en Alemania. 
Este mercado particular, el sector de trabajo temporal, sigue su propia ley, pero podemos ver a partir de nuestros análisis de cada país que, en Estados como los Países Bajos que utilizan exactamente el mismo sistema que en la Directiva, no sólo no hay problemas, sino que el sector es cada vez más dinámico. 
En los Estados Unidos de América es muy rentable y atrae un buen volumen de inversión. 
Así pues, tenemos un modelo que no aumenta los costes salariales. 
No hay ninguna interferencia por nuestra parte con el sueldo neto de los trabajadores, lo único que hacemos es asegurarles unos derechos mínimos y podemos ver, hasta ahora, que este modelo ha sido un éxito en los dos países en que se ha aplicado. 
Actualmente, esta intervención legislativa afecta a un número muy pequeño de trabajadores: el 1,5 % en toda Europa. 
Sin embargo, lo que es importante es que introduce un marco que asegura unos derechos mínimos para los trabajadores de cara al futuro desarrollo de este sector. 
Nuestras investigaciones demuestran que este sector tiene muy mala reputación en nuestro mercado laboral porque a menudo los trabajadores no gozan ni siquiera de los derechos básicos; no tienen protección, no hay derechos de jubilación y no tienen seguro. 
Si se protegieran los derechos mínimos- nada más y nada menos- se convertiría en un sector dinámico. 
Este es el punto de vista adoptado por la propia confederación. 
Como he dicho al principio, la CIETT ha consultado a estas empresas, que creen que un marco legislativo más amplio dará mejores resultados y ampliará el mercado. 
El estudio más reciente de la CIETT llegó a la conclusión de que, con el marco legislativo adecuado y con un seguro básico para los trabajadores, estas empresas podrían emplear a 6,5 millones de personas en 2010. Esto representa un incremento de 4 millones de personas. 
Repito, utilizaremos la evaluación realizada por las propias empresas, y no sólo la evaluación de la Comisión. 
Como sabe usted, señor Bushill-Matthews, antes de que la Comisión hiciera esta propuesta concreta, esta Directiva había sido objeto de discusión entre sindicatos y organizaciones empresariales. 
Tanto los sindicatos como las organizaciones empresariales están insatisfechos con la actual Directiva, porque intenta establecer un equilibrio entre la creación de un incentivo real a favor del empleo de trabajadores temporales y el respeto de los principios básicos europeos y de una protección mínima de los trabajadores consagrada en el Tratado. 
No hemos añadido ni una coma a la protección mínima de los trabajadores. 
Decía usted que mis pruebas se basan en lo que me ha dicho la CIETT. 
No he mantenido conversaciones ni he recibido información verbal de la CIETT; utilizamos su estudio y sus documentos escritos, pero nos encantaría discutir cualquier cosa con ellos. 
Estoy abierta a cualquier información que puedan darme. 
En los Países Bajos, el hecho es que he hablado con estas empresas de trabajo temporal, que se están desarrollando rápidamente y que, aparte de una breve recesión hace dos años, hacen buen negocio. 
Ha hecho usted referencia a un coste en Gran Bretaña que, por supuesto, no puedo corroborar ni evaluar en este momento: me imagino que se está usted refiriendo al coste de asegurar a estas personas. 
Y, por supuesto, no puedo discutir, no puedo hablar acerca de los seguros, acerca de los derechos de jubilación o cotizaciones que tengan que pagarse. 
Pero aparte de esto, en lo que respecta al salario, la Directiva no interfiere en absoluto, no exige ningún tipo de equivalencia, excepto si el trabajador que sustituye a una persona que se va tiene exactamente las mismas cualificaciones, exactamente la misma antigüedad y exactamente el mismo número de años de experiencia. 
Sólo entonces exige unas condiciones laborales idénticas y esto, por supuesto, es sumamente complicado. 
Sin embargo, estoy dispuesta a debatir los diversos elementos con cualquier empresa. 
Pregunta nº 46 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0902/02): 
Asunto: El reto demográfico, la formación de las familias y la vida laboral 
En los últimos años, en Suecia ha aumentado de manera dramática el número de bajas por enfermedad y otros Estados de la UE también están dando muestras de un desarrollo preocupante. 
Al mismo tiempo, los países de Europa han alcanzado el récord más bajo de nacimientos, por lo que, en los próximos 50 años, el índice de la población va a disminuir de manera radical en países como Alemania, Italia o Francia. 
En una población en continuo envejecimiento se crea la presión económica de mantener el equilibrio financiero del régimen de pensiones y la seguridad social. 
La Cumbre de Estocolmo celebrada en marzo de 2001 estableció el reto demográfico como una de las cuestiones prioritarias de la Unión en el futuro. 
¿Qué lecciones se pueden extraer de esta grave evolución y qué iniciativas puede adoptar la Comisión para fomentar una mejor situación general de la formación de las familias, los nacimientos, el reto demográfico, el aumento del número de bajas por enfermedad y un régimen de pensiones sostenible? 
Cumplir el reto democrático es unos de los principales problemas a los que se enfrentan los países de Europa. 
Por supuesto, cualquier política demográfica ha de ser una combinación de políticas individuales e incentivos económicos y sociales, la mayoría de los cuales son competencia de los Estados miembros y su jurisdicción. 
Me gustaría comentar un valor añadido europeo en este sector, dado que el problema demográfico es un problema que pesa sobre cada países y sobre Europa en su conjunto, donde la población envejece y se reduce en número. 
Este problema tiene dos partes. 
En primer lugar, la población está envejeciendo y tiene mayores expectativas de vida; que las personas vivan más es bueno, y se debe a las mejores condiciones de vida y a la atención médica, pero exige unas políticas especiales para cuidar a esta población que envejece. 
En este sector, el sector de la población que envejece, la Unión Europea tiene unas políticas importantes en materia de gasto público y de mejora del gasto público, y de su vinculación con la atención sanitaria, las pensiones y, por supuesto, las políticas de empleo. 
Quisiera recordarles aquí que el método abierto de coordinación en programas de empleo, pobreza y exclusión y en pensiones está dirigido a los trabajadores de más edad; esta es una de sus líneas básicas de enfoque. 
La segunda serie de políticas ha sido diseñada para reforzar a la familia a fin de que las personas puedan tener más hijos, dado que muchos países tienen un baja tasa de natalidad. 
Incluye medidas legislativas, especialmente para apoyar a los progenitores que tienen niños pequeños y básicamente para ayudarles a reconciliar la vida laboral con la familiar, políticas sobre igualdad de género y el acceso de las mujeres al mercado laboral- recuerden que las familias a menudo tienen graves problemas económicos- y por supuesto políticas sociales, especialmente infraestructuras sociales. 
Las infraestructuras sociales son responsabilidad de los Estados miembros, pero quiero recordarles que, en primer lugar, reciben mucha financiación de acuerdo con el marco de apoyo comunitario en relación con el empleo, y en segundo lugar, los primeros objetivos específicos se fijaron en Barcelona hace un año, cuando todos los Estados miembros aceptaron proporcionar al 95% de los niños en edades comprendidas entre 3 y 6 años una plaza en una guardería estatal o privada para 2010. Esto ayudará mucho a las familias. 
Quiero dar las gracias a la Comisaria por su respuesta. 
¿Estaría interesada la Comisaria Diamantopoulou en tener, paralelamente a los objetivos de crecimiento, unas estadísticas sobre la tendencia de los nacimientos dentro de la Unión Europea? 
Crear una familia es el gran proyecto de la vida de las personas, y uno en el que yo he tenido experiencia durante la década de los noventa. 
Creo que hemos de hacer todo lo posible por expresar la actitud positiva que merece el nacimiento de niños y la llegada de una nueva generación aquí, en Europa, señalando el vigor de nuestros países. 
Sí, aquí nos interesan las necesidades económicas, pero también la joie de vivre y el espíritu de futuro dentro de la UE. 
Además de fijar objetivos de crecimiento, ¿podría la Comisaria considerar la posibilidad de utilizar las estadísticas para seguir de cerca la tendencia de la natalidad en Europa? 
Ha sido un descuido por mi parte, en mi primera intervención había olvidado mencionar el hecho de que una de las tareas básicas de la Comisión es seguir la evolución demográfica y esto se presenta en el informe social anual apoyado por el Observatorio Europeo de la Situación Social, la Demografía y la Familia, que financia importantes estudios. 
Este informe, que retrata la situación en Europa mediante estadísticas muy detalladas, hace referencia a los indicadores que ha mencionado usted sobre el número de nacimientos en cada país, el número de nacimientos en cada región y la relación entre inmigrantes y la población en cada país. 
Se trata de estadísticas detalladas y precisas que retratan la situación en Europa de un año al siguiente. 
Señora Comisaria Diamantopoulou, yo también soy muy partidario de incrementar la tasa de natalidad en la Unión Europea, como también lo es el Gobierno italiano. 
De hecho, el Sr. Maroni ha anunciado que una ley que acaba de entrar en vigor ofrecerá incentivos a las parejas jóvenes. 
También les digo a mis pensionistas que hagan lo que puedan por incrementar el número de bebés nacidos, y ellos me han asegurado que harán lo que puedan. 
La pregunta que quisiera plantearle ahora es la siguiente. ¿Cree usted que es suficiente con incrementar la tasa de natalidad para resolver el problema de las pensiones y el enorme número de personas mayores, o no es igualmente importante crear nuevos puestos de trabajo? 
Mientras haya personas sin empleo, la existencia de personas más jóvenes no resolverá el problema de los mayores: habrá simplemente un número creciente de jóvenes desempleados, que no pueden pagar las pensiones de los mayores. 
¿No sería mejor tener más trabajos, además de más bebés? 
Me temo, señor Fatuzzo, que si vinculamos el número de nuevos puestos de trabajo con el número de nacimientos, nos encontraremos con sorpresas muy desagradables. 
Todo lo que he de decir es que, incluso si la tasa de natalidad aumentara significativamente en Europa e incluso si el número de inmigrantes se duplicara, la población europea seguiría sin estabilizarse y su número seguiría bajando. 
Por consiguiente, el problema demográfico realmente es una cuestión candente para los Gobiernos; en lo que respecta al mercado laboral, una población más grande aportaría evidentemente más dinamismo a la economía. 
El ejemplo de los Estados Unidos, donde la población está aumentando rápidamente a medida que se integran los inmigrantes, es importante. 
Así pues, es vital que nos demos cuenta de que la situación actual causará graves problemas en el mercado laboral existente, donde a partir de 2030 tendremos escasez de trabajadores de menos de 30 años. 
Por consiguiente, al margen de con qué intensidad hemos de actuar con respecto a este problema del empleo, y tiene usted razón al decir que hemos de crear más y más puestos de trabajo, también hemos de actuar directamente para incrementar la población de Europa. 
Estoy de acuerdo en que en estos momentos necesitamos urgentemente integrar a trabajadores de más de 55 años de edad en el mercado laboral europeo. 
Las cifras son en efecto preocupantes. 
En Europa, sólo el 37% de las personas de más de 55 años siguen trabajando. 
Durante años, la jubilación anticipada se ha utilizado como mecanismo de reestructuración en la mayoría de los países. Se ha sacado a muchas personas de sus puestos de trabajo y por supuesto, a medida que se reestructura la sociedad de la información, los trabajadores de más edad son los primeros en irse. 
Cuando analizamos los sistemas de pensiones y sus problemas, generalmente hablamos de la necesidad de aumentar la edad de jubilación. 
Se trata de un enfoque económico que han de adoptar muchos países; sin embargo, al mismo tiempo no podemos retrasar la edad de jubilación si no hay políticas e incentivos específicos, como ha dicho usted, para que estas personas entren en el mercado laboral, y es por ello que, por lo menos a escala europea, una de las principales prioridades de nuestra Estrategia de Empleo y de nuestra reciente revisión de esta estrategia han sido los mayores de 55 años. 
En el objetivo de Barcelona, cada país se comprometió a conseguir que en 2010, el 50% de las personas mayores de 55 años trabajaran. 
Todos los países se comprometieron también a incluir un porcentaje de personas de más de 55 años en la formación y en la política de formación y aprendizaje permanentes, es decir, que habrá incentivos en forma de exenciones fiscales o subvenciones para estimular a estas personas a volver al trabajo. 
Por supuesto, está el importante sector social al que se ha referido usted, donde no hay pleno empleo, pero se ofrecen servicios sociales con determinados incentivos específicos. 
Ésta es la política de envejecimiento activa que apoyamos constantemente y que se incluye en nuestras directrices. 
Pregunta nº 47 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0014/03): 
Asunto: Acceso de las mujeres a las Fuerzas Armadas y acoso sexual 
Señor Presidente, Señora Comisaria, muchas gracias por esta contestación, que es realmente eficaz. A la vista de ella no sé cómo podríamos actuar en España para urgir al Ministro de Defensa a que aborde algunos casos graves de violación y de agresión sexual, como el de la soldado Quiñoa en el ejército. 
Porque aunque hace ya un año que el ministro prometió en las Cortes cumplir algunos compromisos que agilizaran estos casos, todavía no lo ha hecho. 
Sin embargo, se da un vacío legal grave, porque estas agresiones sexuales son tratadas dentro de la jurisdicción militar como abusos de autoridad y no como violaciones de los derechos humanos, que es lo que son. 
Señora Comisaria, ¿qué medidas podríamos tomar para urgir la aplicación de esta Directiva? 
Estaría muy interesada en acometer, en este sentido, alguna medida. 
Quizás una carta dirigida a usted que pudiera transmitir al Ministro de Defensa español para que aborde este caso de la soldado Quiñoa podría surtir efecto, porque hace más de dos años que la víctima está sin destino, relegada en las fuerzas armadas, mientras que su violador, el teniente Iván Moriano, está dentro del ejército, es reincidente, y no se han adoptado medidas. 
Es un caso grave de acoso sexual dentro del ejército que está pendiente. 
Es también un asunto europeo, porque me he documentado, señora Comisaria, y hay diferentes casos en toda Europa. 
Por eso, si usted me lo permite, yo dirigiría una carta a la Comisaria que reflejara un poco este debate, señor Presidente, y que usted pudiera transmitir al Ministro de Defensa, Sr. Trillo, que debería abordar este problema tan grave. 
Ya no podemos realizar más preguntas, Sr. Moraes, solamente si hace usted una pregunta complementaria a la pregunta de la Sra. Izquierdo. 
Pregunta complementaria. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 48 a 81 serán contestadas por escrito. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la política de transportes de cara al 2010. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. de Palacio por el Libro Blanco sobre transportes que estamos considerando en este debate. 
Se trata de un buen trabajo de la Comisión que nos permite mirar hasta el año 2010. 
Quisiera también dar las gracias al ponente de este informe, el Sr. Izquierdo Collado. 
Creo que todos los grupos políticos votarán mañana más o menos lo mismo sobre algunos puntos que son vitales para el futuro del transporte en la Unión Europea. 
Los principios básicos que, en mi opinión, deben guiar el desarrollo inmediato del transporte europeo son la realización del mercado único, el fomento de la competencia, en particular mediante la liberalización de los transportes dondequiera que no se hayan liberalizado todavía, la garantía de seguridad de todas las modalidades de transporte y el carácter prioritario de la protección del medio ambiente. 
Quisiera matizar estos principios comentando algunas de las cuestiones individuales. 
Ante todo, el debate sobre las redes transeuropeas tiene, en algún momento, que dejar de ser un debate y llevarse a la práctica, entendiendo por tal la necesidad de promover las redes transeuropeas en la práctica, lo cual requiere, de un lado, voluntad política por parte de los Estados miembros y, de otro, financiación tanto nacional como comunitaria. 
Por eso necesitamos aumentar los fondos destinados en el presupuesto comunitario específicamente a las redes transeuropeas. 
El Consejo tiene que impulsar el segundo paquete ferroviario lo antes posible sobre la base de las propuestas del Parlamento, de manera que la Unión Europea tenga algo que mostrar por sí misma en el sector del ferrocarril. 
En tercer lugar, tenemos que reforzar la navegación marítima de corta distancia. Esto es de suma importancia, especialmente en algunas regiones de la Unión Europea y, naturalmente, contribuye a proteger el medio ambiente. 
En cuarto lugar, nuestro debate debe incluir el papel especial que las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y las regiones insulares tienen que desempeñar para que exista un desarrollo equilibrado de las redes de transporte en la Unión. 
En quinto lugar, la seguridad vial. 
No hay uniformidad de criterios sobre esta cuestión en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos. 
Personalmente, estoy a favor de una agencia europea de seguridad en la carretera, puesto que las carreteras europeas se cobran todos los años 40 000 víctimas mortales y creo que, aún respetando la subsidiariedad, es necesario que hagamos algo a escala europea. 
Finalmente, dos breves comentarios sobre las medidas para promover la seguridad en el mar y la tarificación de las infraestructuras. 
Tenemos que abordar esta cuestión, pero con cierta precaución, pues es una cuestión más bien delicada y, si bien la Comisión necesita actuar, debe evaluar cuidadosamente la situación antes de presentar una propuesta. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, yo también quiero agradecer al ponente, el Sr. Izquierdo Collado, el excelente y completo informe que ha preparado. 
El ponente ha introducido notables mejoras en la propuesta de la Comisión. 
Los principales objetivos son aliviar la congestión, crear nodos de intermodalidad, mejorar la seguridad y promover el transporte sostenible. 
Estos objetivos se dirigen principalmente a las regiones centrales de la Unión. 
Quisiera recordarles a todos las necesidades del transporte en distritos y regiones periféricos y ultraperiféricos, y en zonas geográficamente problemáticas. 
Para estas zonas, que tienen unos flujos de tráfico reducidos, es sumamente importante que existan conexiones de transporte buenas y viables. 
En el Libro Blanco de la Comisión se ignoran prácticamente por completo estas necesidades. 
Cualquier política de transportes común que se formule debe tener en cuenta las necesidades especiales de las islas y las zonas montañosas poco pobladas. 
Unas buenas conexiones de transporte asegurarán que todo el territorio de la Unión se mantenga dentro de la esfera de un mercado único funcional y todos sus recursos se utilicen. 
El duro invierno que hemos tenido ha originado un nuevo tipo de riesgo para la seguridad en el transporte marítimo. 
Se ha incrementado el número de remesas de petróleo en el mar Báltico provenientes del nuevo puerto petrolero de Rusia. Al mismo tiempo, el riesgo de desastres petroleros ha aumentado como consecuencia de las condiciones excepcionalmente glaciales de este invierno. 
La UE, al igual que la Organización Marítima Internacional, no dispone de ningún acuerdo sobre las condiciones que debe reunir un buque que transporta petróleo para viajar a través del hielo. 
Esta laguna en las medidas de seguridad debe repararse rápidamente. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, el Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara al 2010 está claramente a favor, y yo lo celebro, de inclinar la balanza entre las modalidades de transporte a favor del ferrocarril y las vías navegables. 
En él se establecen prioridades con vistas a ese trasvase: adoptar disposiciones que aseguren una tarificación justa y actuar para combatir los cuellos de botella y la degradación medioambiental, además de proporcionar un papel fundamental a los usuarios. 
Sin embargo, al igual que todas las directivas adoptadas en esta materia, siempre se recuerda el objetivo de liberalizar todos los sectores del transporte, como si se tratara de la única solución viable. 
El informe del Sr. Izquierdo Collado se acompaña de una serie de enmiendas que debemos apoyar si queremos proteger el medio ambiente. 
También hace algunas propuestas para armonizar los impuestos sobre los combustibles y los precios del transporte. 
Con respecto a la seguridad por carretera, me parece bien su propuesta de crear una Agencia Europea de Seguridad en la Carretera. 
Como demostraron mis constantes intentos por llamar la atención sobre la cuestión fundamental de la financiación cuando se estaba redactando la Directiva sobre la interoperabilidad del ferrocarril, estoy plenamente de acuerdo con las propuestas del Sr. Collado sobre la creación de un Fondo Europeo de Transportes que asegure la viabilidad económica y la credibilidad de las políticas propuestas. 
Pero como podrán comprender, no comparto su apoyo a los procesos de liberalización en curso. 
La próxima semana examinaremos algunas directivas sobre los ferrocarriles, el transporte y los servicios náuticos y técnicos, todas ellas encaminadas a la liberalización de estos sectores. 
Naturalmente, debemos apoyar la petición de la Comisión de evaluar las consecuencias de la liberalización, como lo hace el Sr. Collado. 
Creo, sin embargo, que debemos reforzar también los servicios públicos modernizándolos. 
Creo que los servicios públicos o los servicios de interés general deben constituir el núcleo de la política de transportes de la Unión y, como tales, deben incorporarse a los futuros Tratados. 
Creo verdaderamente necesario inclinar la balanza del transporte a favor de los ferrocarriles, pero todavía nos queda mucho por hacer en materia de distorsión de la competencia, que sigue siendo considerable, y, en particular, deberíamos actuar con mucha más resolución exigiendo que se reduzca el tiempo de conducción permitido a los conductores de camiones, que es también una condición para mejorar la seguridad. 
Mi grupo considera, asimismo, que el informe debería preocuparse más de los aspectos sociales. 
Además, ha presentado varias enmiendas relacionadas con la importante cuestión de obligar a armonizar la normativa social para todos los modos de transporte. 
El transporte también incluye, naturalmente, el transporte marítimo y, en un momento en el que el desastre del Prestige sigue estando todavía muy presente en nuestras mentes, quisiera llamar su atención a la enmienda que ha presentado mi grupo, invitando a la Comisión a elaborar una propuesta legislativa que obligue a los contaminadores- compañías petroleras, sociedades clasificadoras de riesgos, navieras y fletadores- a pagar todos los daños y perjuicios causados por desastres en los que se hayan visto involucrados. 
Quisiera señalar también que el Parlamento Europeo ha solicitado la prohibición de los pabellones de conveniencia y quisiera que la Comisión tomara medidas rápidas en este sentido. 
Por todos estos motivos, entenderán ustedes que mi grupo ha decidido esperar a ver si se produce algún avance con la aprobación de las enmiendas antes de adoptar una posición definitiva sobre este informe. 
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias y la enhorabuena al ponente, Sr. Izquierdo, por su excelente trabajo. 
En segundo lugar, le pido disculpas a la Sra. Comisaria, porque es la primera vez que en esta legislatura este diputado va a referirse expresamente a su región, Andalucía. 
Andalucía- como saben- es uno de los territorios más extensos de la Unión Europea, tiene casi 8 millones de habitantes y en el año 2002 recibió 21 millones de visitantes que generaron 13 200 millones de euros. 
Como ustedes saben, es un territorio Objetivo 1 de la Unión, con uno de los niveles de renta más bajos, pero vive gracias a la cuestionada agricultura y al sector turístico. 
El propio informe ya habla del impacto sustancial que el transporte tiene en el turismo europeo y de la necesidad de crear corredores norte-sur para facilitar la zona de libre comercio entre Europa y el Mediterráneo, así como el desarrollo de las regiones periféricas. 
Pues bien, ¿qué les parece, Señorías, que Algeciras, que es donde está el mayor puerto portacontenedores de la Unión Europea en el Mediterráneo, tenga una única conexión, vía ferrocarril, por el interior, que tiene un trazado con más de un siglo de antigüedad y que no permite medias superiores a 17 km/h? 
¿Saben que la única zona del litoral de toda la Unión Europea del Mediterráneo que no cuenta con una autovía está entre las provincias de Almería y Málaga? 
Pues bien, entre ellas se encuentra la provincia de Granada, que ocupa la última posición del ranking de renta en España y en Europa. 
Si no llega la infraestructura, ¿cómo vamos a desarrollarnos? 
Éstos son botones de muestra del déficit periférico de infraestructuras que hay en la Unión. 
Mientras las diferentes políticas comunitarias permitan estos cuellos de botella, poco o nada podremos hacer por tener un transporte cohesivo y una intermodalidad desde las perspectivas social y medioambiental. 
Me alegra ver que este informe no ha olvidado a los usuarios de las dos ruedas, que tienen gran importancia en el transporte individual y en su sostenibilidad en las ciudades, que, gracias a ellos, son más humanas. 
Debemos seguir trabajando para aumentar los estándares de seguridad en el transporte y en su infraestructura, detectando los puntos negros y protegiéndolos. 
Señores diputados, aunque sea solamente por dinero, trabajemos, invirtamos más en seguridad. 
Un muerto nos cuesta 1 millón de euros y tenemos 40 000 muertos al año en las carreteras. 
El informe no ha hablado del no transporte. 
Debemos trabajar en un aspecto innovador, como es la peatonalización de las ciudades. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, el Libro Blanco ha sido el catalizador de un animado debate que ha dado una visión estratégica capaz de orientarnos hacia el objetivo de crear las condiciones para la libre circulación de mercancías y personas, que son fundamentales para conseguir la verdadera integración de una Europa ampliada y la cohesión territorial, evitando el abandono de tierras y reduciendo efectos no deseables en el medio ambiente, la seguridad y la salud pública. 
Se trata de un objetivo enormemente ambicioso y el año 2010 parece estar muy lejos todavía, pero si se consideran los plazos contemplados para los diversos cambios en la estructura y la infraestructura, podemos decir que ya nos hemos quedado muy rezagados. 
Desde esta perspectiva, el retraso en el progreso del expediente sobre la estrategia- y otros expedientes también- impuesto por el Consejo del Transporte es motivo de preocupación, mientras que sólo podemos acoger con gran entusiasmo el empuje que la Comisión está dando a todas estas cuestiones. 
En esta dirección y con este objetivo creemos que merece la pena seguir explorando lo que todavía nos parecen conceptos teóricos y poco elaborados, como la desconexión o el empeño en reducir el impacto del transporte en el desarrollo, que ciertamente nadie desea limitar, para de ese modo explorar políticas colaterales en el campo de la planificación del uso del suelo y la mejora de las infraestructuras mediante el uso de nuevas tecnologías. 
Es igualmente importante que podamos ayudar a equilibrar la elección del modo de transporte con la internalización de los costes externos y aprovechando las diferencias en tarifas y costes internos para coordinar modalidades de transporte más compatibles. 
Estas son cuestiones problemáticas y apremiantes y corremos el riesgo de perdernos en ellas, pero son cruciales y decisivas para los temas que estamos tratando. 
Espero que, tal como ya se ha dicho, la Declaración de la Comisión sobre la metodología para imputar los costes externos que nos permitirá establecer un sistema de asignación de los costes del transporte más justo que el actual, sustituyendo las tarifas generales que pagamos actualmente por unas tarifas específicas y adecuadas, no tarde en producirse. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, el tema del transporte en Europa, que estamos deliberando con ocasión del examen de un Libro Blanco titulado «Política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» y el informe del Sr. Collado sobre este Libro Blanco, representan para mí un ejemplo perfecto del vacío, por no decir del abismo, que existe en Europa en este campo, como en tantos otros, entre las necesidades y la realidad, entre los objetivos expuestos y los medios adoptados para su consecución. 
Y todo ello debido a una lógica de mercado, creada en 1992 en un Libro Blanco en el que se basaron algunas directivas sobre competitividad y liberalización, que nos ha llevado a desatender la seguridad, el medio ambiente, los aspectos sociales y la planificación del uso del suelo. 
La idea sin sentido de que la liberalización es eficaz, por no decir perfecta, ha creado una miopía respecto al futuro, ha devaluado la actuación pública y los servicios públicos, ha condenado a los que creen en la necesidad de inversiones públicas a largo plazo y ha dividido la financiación, excluyendo el interés general y los efectos positivos o negativos de las decisiones tomadas a corto plazo. 
El propio ponente lo ha criticado con mucha firmeza y le doy las gracias por ello. 
También le respaldo, naturalmente, cuando dice que el transporte es un sector estratégico para la planificación del uso del suelo y para la cohesión social y económica y cuando habla de las graves consecuencias para el medio ambiente. 
Nos ha dicho que el desarrollo sostenible debe constituir la base de una política europea de transportes, y estoy de acuerdo con ello. 
Aboga por una gestión global de los transportes, y estoy de acuerdo con él. 
También comparto su preocupación por la seguridad y los aspectos sociales. 
Por consiguiente, apoyo muchas de sus peticiones, pero me temo que cuando llegue el momento de la votación, la descarga eléctrica necesaria no será suficiente para provocar cambios en una política profundamente arraigada en esta materia. 
Nuestro ponente ha hablado de la necesidad de un mayor equilibrio entre los modos de transporte, y eso está bien, pero no es, ni mucho menos, suficiente. 
Tal como solicité en el debate sobre el Sexto Programa Marco de Investigación e Innovación, es necesaria una mayor investigación en este campo. 
En particular, debemos redirigir rápidamente las inversiones públicas mediante empréstitos públicos considerables. 
Faltan siete años para 2010, lo que quiere decir que está muy cerca. 
Si Europa no quiere limitarse a una lista de buenas intenciones, debe ya, en 2003, redirigir todas sus inversiones y todas sus decisiones en este campo dotándose de nuevos instrumentos legislativos y de recursos financieros adecuados para lo que está en juego. 
Feliz cumpleaños, Señor Dhaene, y espero que disfrute esta tarde celebrándolo con sus amigos. 
Señor Presidente, quisiera agradecer al ponente su trabajo tan serio, pero quisiera también añadir un comentario por mi parte. Para ser sincero, no estoy totalmente convencido de que nuestro trabajo parlamentario se beneficie de la dedicación de esta Asamblea durante más de un año y medio a trabajar en un documento, aunque sea un documento tan serio como el Libro Blanco- con más de 400 enmiendas y quién sabe qué otras complicaciones -, máxime cuando el resultado es este debate necesariamente conciso y muy breve, en el que resulta difícil tratar un tema así. 
Sería mejor encontrar una nueva metodología para tratar los principales capítulos del Libro Blanco y proceder artículo a artículo. 
Estoy proponiendo esto precisamente porque es extremadamente difícil saber qué decir en dos minutos sobre un tema de tal magnitud. 
Por consiguiente, me centraré no en los aspectos en los que coincido- que son muchos, la mayor parte del Libro Blanco- sino en lo que creo que es una zona gris; en otras palabras, Señora Comisaria, el asunto de las Redes Transeuropeas. 
Tal como el Sr. Jarzembowsky ha dicho acertadamente, si queremos concentrar los esfuerzos de la Unión, incluidos sus recursos económicos, miremos en esa dirección, en la dirección de los proyectos que son de verdadera importancia europea. 
En cualquier caso, no podemos dejar de observar la insuficiente atención y el tratamiento inadecuado que reciben en el Libro Blanco. 
Hemos actualizado una lista de proyectos que ya se encuentran en dificultades, que se han retrasado, que no pueden avanzar, pero en vez de averiguar por qué se encuentran en un punto muerto y encontrar maneras y medios para acelerar su ejecución, hemos decidido alargar esa lista y, lo que es más, con proyectos que necesitarán grandes dosis de duro trabajo y compromiso. 
Su idea de indicar el interés europeo de algunos de estos proyectos es brillante, pero no se ha llevado a la práctica. 
Terminaré, Señora Comisaria, diciendo que existe una necesidad general de orientarse más a los objetivos básicos, concentrándose en especial en temas de la infraestructura de la Unión Europea, instando a los Estados miembros a trabajar en esa línea, pero dirigiendo también el trabajo y los recursos de nuestra comisión hacia este terreno. 
Señor Presidente, debemos apoyar un sistema de transporte en Europa que presente grandes exigencias en cuanto al medio ambiente y la seguridad. 
Por ello, quisiera agradecer a la Comisión y al ponente el trabajo realizado con el Libro Blanco. 
Ahora estamos poniendo énfasis incluso más claramente en lo que queremos conseguir respecto al medio ambiente y la seguridad. 
Agradezco que ahora podamos iniciar esta labor. 
También agradezco, y apoyo completamente, las propuestas de transferir el transporte por carretera de mercancías al transporte ferroviario y marítimo. 
Eso es importante. 
Pero tenemos que recordar que las carreteras son de gran importancia en determinadas partes de la UE, como por ejemplo, en las regiones periféricas y poco pobladas. 
Por consiguiente, las diferentes modalidades de transporte deben complementarse entre sí. 
La creación de un sistema de transporte en la UE representa un gran desafío, puesto que Europa no constituye una zona geográfica homogénea. 
Por ello tenemos que tener en cuenta las diferentes condiciones, y las redes transeuropeas son de gran importancia. 
Es importante que se creen corredores para la redes transeuropeas de transporte. 
Si invertimos en corredores transeuropeos este-oeste, podremos aliviar la presión que soportan la regiones centrales con su elevada densidad de tráfico. 
Es conveniente que apoyemos las redes transeuropeas. 
El ponente ha conseguido muy claramente destacar la importancia de las regiones periféricas y las regiones caracterizadas por largas distancias. 
En el informe se reconoce que cada vez se consideran más estos aspectos. 
No obstante, quiero hacer algunos comentarios al respecto. 
Estoy de acuerdo en que tenemos grandes necesidades de inversión y que debemos utilizar redes transeuropeas. 
Por lo que respecta al punto 79, puedo aceptar la propuesta de que la Comisión realice un estudio sobre el desarrollo de nuevos métodos para la financiación de grandes proyectos de infraestructura. 
En cuanto a la propuesta de crear una agencia de seguridad de las carreteras, entiendo que una agencia de este tipo tendría la función de promover planes de construcción, adoptaría una perspectiva ascendente y fomentaría la cooperación a distintos niveles. 
Tenemos que mejorar la seguridad de las carreteras en la UE. 
En estos momentos estamos a la espera del tercer programa de seguridad de las carreteras de la Comisión y así llevamos desde hace mucho tiempo. 
Señor Presidente, el Señor Izquierdo Collado está en lo cierto cuando recuerda la obligación de la política de transportes de contribuir a un desarrollo equilibrado y a la cohesión económica y social. 
De hecho, cuando se piensa en una política de transportes y se trazan sus líneas generales, hay que tener en cuenta que se trata de un sector de importancia estratégica y un servicio de interés público que debe cumplir sus objetivos básicos. 
No menos importante, debe tenerse en cuenta el derecho de las personas a una movilidad segura, asequible y de alta calidad. 
La prioridad dada a las modalidades de transporte compatibles con el medio ambiente cuenta con todo nuestro apoyo, pero debemos destacar inmediatamente la contradicción que existe entre esta declaración de principios y la manera en que el informe favorece a las carreteras. 
No obstante, quiero decir también que, en algunos aspectos fundamentales, nos estamos distanciando del Libro Blanco de la Comisión y también del informe del Sr. Izquierdo Collado, ya que el informe no se desvincula lo suficiente del Libro Blanco en esos aspectos. 
En particular, no estamos de acuerdo e incluso rechazamos el gran salto que representa el apoyo constante a la liberalización, a la apertura de los mercados en el sector del transporte, como si eso fuera la panacea que puede resolver todas las situaciones difíciles que se han ido creando a lo largo de los años y que han llevado a la subordinación del transporte público al transporte privado y a la degradación de este servicio. 
Hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio y nadie ha sido capaz de demostrar que la apertura del transporte a la competencia pueda resolver los problemas del sector. 
Es más, allí donde ha tenido lugar la liberalización, los resultados demuestran que ocurre justamente lo contrario. 
Por eso se han producido esos accidentes ferroviarios y de aviación, básicamente causados por la falta de inversiones en equipos y seguridad, o por los despidos y el deterioro de las condiciones sociales de los trabajadores. 
Además, la idea de que garantizando la existencia de distintos operadores de estas líneas o rutas se produce una situación inicial de evidente apertura, termina sistemáticamente con la creación de verdaderos monopolios. 
El debate actual respecto al sector del transporte aéreo es esclarecedor en este asunto. 
Por último, no creo que sea aceptable, con el objetivo de asegurar un transporte seguro y de alta calidad, que los Estados dispongan sólo de infraestructuras en las que tengan que realizar fuertes inversiones y que esos mismos Estados sigan subvencionando empresas- con el dinero del contribuyente- que prestan servicios y que sean éstas las que perciban finalmente los beneficios de la explotación de esos servicios. 
Se trata, sin lugar a dudas, de un negocio rentable para esas empresas. 
Pero no ocurre lo mismo con los erarios públicos. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, creo que existen pocos ámbitos en los que la Unión Europea deba comprometerse. 
Entre ellos incluyo, aunque no guarden relación con el Libro Blanco, la formación, porque el desempeño depende del conocimiento; la investigación, porque nuestro crecimiento depende en parte de la innovación; y el transporte, porque la sostenibilidad de nuestro desarrollo depende de la calidad del transporte. 
Son los motivos por los que la Unión necesita recursos. 
Necesita dinero. 
La idea de un fondo europeo no es, por tanto, una mala idea. 
Todavía recuerdo lo que solía decir Jacques Delors: necesitamos un gran préstamo europeo para llevar a cabo una gran labor. 
Naturalmente, eso se ha quedado desfasado. 
Suena más bien anticuado, pero la economía no es una ciencia. 
A veces las viejas ideas vuelven, y el hecho de que el Sr. Keynes haya caído en el olvido no significa ya que la idea sea mala. 
Aparte de esta consideración financiera, quisiera llamar la atención sobre otros tres aspectos. 
Ante todo, Europa se está ampliando hacia el este, y nuestro territorio, por lo tanto, se está desequilibrando. 
Creo que la Comisión no debe perder de vista todas las zonas ultraperiféricas de Europa, cuya composición geográfica es compleja, formada por islas, montañas y penínsulas, y que es necesario que nos aseguremos de que la ampliación no suponga un excesivo desplazamiento de Europa hacia el este. 
Con ello trato de defender la causa de la costa atlántica en el oeste de Europa, aunque estoy seguro de que ustedes son ya conscientes de sus necesidades. 
El segundo aspecto es que en Europa existen muchos puertos, muchas orillas y costas. 
Probablemente podríamos hacer mucho más. 
Con todo esto quiero decir que, en lo que se refiere a seguridad marítima, debemos continuar en la dirección que ha tomado usted, y que yo creo que es la correcta. 
Por último, el tercer aspecto: nuestras regiones. 
Tenemos que hacer progresos con nuestras regiones en materia de transporte. 
La política regional debe contemplar contratos tripartitos en el futuro y, desde esa perspectiva, el transporte es un factor importante para la asociación de países, regiones y Europa en su conjunto. 
Creo que este Libro Blanco y esta tarea brinda una buena oportunidad a la Comisión para establecer todos esos vínculos. 
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, señoras y señores diputados, en primer lugar, permítaseme rendir un homenaje a una persona vinculada al mundo del transporte, como era el jefe de la policía local recientemente asesinado por la banda terrorista ETA. 
En segundo lugar, y ya más concretamente hablando del informe, quisiera hacer una serie de precisiones. 
Felicito al ponente por el trabajo y a Karla Peijs, nuestra ponente alternativa, porque hay enormes aportaciones suyas en este documento. 
En primer lugar, late una preocupación de una serie de delegaciones, de una serie de grupos, porque entendemos que queda sin recoger, o poco recogida, la situación de determinados países cuyas infraestructuras todavía no han terminado de establecerse, frente a otros países en los cuales las infraestructuras, las inversiones en infraestructuras, fundamentalmente viarias, están completamente colmadas y lo que necesitan, en todo caso, es mejorar. 
Ésa es una preocupación de nuestro Grupo. 
En segundo lugar, manifiesto nuestro apoyo a la creación de una Agencia de seguridad de la carretera. 
La cantidad de muertos que se produce en estos momentos en las carreteras europeas requiere no solamente un mensaje, sino una política eficaz y activa, y entendemos que la Agencia de seguridad por carretera puede ser un buen instrumento. 
Por último, también apoyamos la creación del fondo de transporte, al margen y con otros objetivos y otras consideraciones de lo que son las redes transeuropeas y los Fondos Estructurales en materia de transporte. 
Daremos nuestro apoyo a estas dos ideas, que consideramos positivas. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, el Libro Blanco contiene algunas cuestiones que son de gran interés directo para Italia, como la cuestión de los pasos alpinos, la financiación de las grandes obras de infraestructura, la restitución del equilibro entre las distintas modalidades de transporte, la sostenibilidad y la cohesión en Europa. 
En mi opinión, la política de transportes debe ayudar a mejorar considerablemente la situación económica y social en Europa y, en particular, debe tomar en consideración la naturaleza específica de las regiones ultraperiféricas y las islas, exigiendo que se adopten medidas para mejorar en lo posible su situación de desventaja y garantizar la continuidad territorial. 
Durante los Consejos Europeos de Essen y Dublín, se identificaron 14 proyectos prioritarios y, sin esperar a la consecución de esos objetivos, el Libro Blanco ha añadido otros, dilapidando claramente los recursos. 
A este respecto, creo que debo insistir en que ninguno de esos proyectos tiene relación con el sur de Italia, cuya situación es crítica y corre todavía más peligro de ser marginada por Europa tras la ampliación. 
Por situación crítica me refiero a la situación del transporte terrestre, las redes transeuropeas, el transporte marítimo y aéreo y la seguridad del transporte en general. 
En otras palabras, quisiera dejar claro que estas regiones tienen graves dificultades estructurales y deficiencias causadas por decisiones y políticas inadecuadas. 
Yo represento en esta Cámara a los ciudadanos de dos grandes islas- Sicilia y Cerdeña- que cuentan con unos 7 millones de habitantes. 
Pido que no se olviden los compromisos adquiridos por los ministros europeos en el Tratado de Amsterdam respecto a las regiones ultraperiféricas y las islas. 
Espero que la creciente liberalización del transporte se acompañe de garantías de desarrollo para las regiones más desfavorecidas. 
Señora Comisaria, Señorías, entre sus principales objetivos, el Libro Blanco propone dar prioridad al desarrollo sostenible, relanzar el transporte marítimo y ferroviario, promover la intermodalidad, anticipar el impacto del flujo de tráfico generado por la ampliación y mejorar la accesibilidad en las regiones periféricas. 
Yo soy totalmente partidaria de restituir el equilibrio entre las diferentes modalidades de transporte, adoptando para ello una serie de medidas que combinen la revisión del sistema de tarificación con la revitalización de alternativas al transporte por carretera e inversiones específicas en las redes transeuropeas. 
Pero no debemos perder de vista en ningún caso que, de conformidad con el Tratado de Maastricht, las políticas de transporte deben concebirse para contribuir a la cohesión y que, en este sentido, las redes de transporte transeuropeas deben ser un instrumento de cohesión económica, social y territorial dentro de la Unión. 
Deben realizarse análisis extremadamente específicos sobre los servicios prestados a las regiones periféricas, en particular a las regiones insulares y ultraperiféricas, sobre todo imponiendo obligatoriamente el carácter de servicio público para garantizar el principio de continuidad territorial y asegurar las mejores condiciones operativas posibles. 
Es lamentable la falta de decisiones cuando se plantea la función del transporte para el desarrollo regional de las zonas periféricas y, sobre todo, de las ultraperiféricas, a pesar de que los Tratados reconocen en estos casos la necesidad de un tratamiento que puede apartarse de lo normal en el mercado del transporte. 
La situación especialmente preocupante de la prestación de servicios aéreos a los departamentos franceses de ultramar tras el desmantelamiento de Air Lib, compañía aérea parcialmente especializada en esos vuelos, es un ejemplo perfecto de las lagunas que acabo de mencionar. También ilustra la necesidad urgente de una visión conjunta del futuro desarrollo de las regiones ultraperiféricas, que coordine la política de regulación del transporte con la política de desarrollo regional. 
No estoy segura de que el Libro Blanco, que aborda este asunto desde la perspectiva de introducir una mayor flexibilidad en el marco comunitario de ayudas regionales para mejorar los servicios del transporte, sobre todo en lo que se refiere a las conexiones con las regiones periféricas y las islas pequeñas, aprecie plenamente la importancia que tiene este tema para los ciudadanos europeos afectados. 
Señor Presidente, Señora de Palacio, es grato saber que la Comisión aborda seriamente los problemas del transporte en Europa. 
Reducir la mortalidad en las carreteras un 50% es, en particular, un objetivo que merece todo nuestro apoyo. 
No existe ninguna razón por la cual alguien deba morir en las carreteras. 
La congestión en Europa Central es también un grave problema, mientras que en las regiones periféricas lo más importante es mantener las conexiones con los mercados europeos. 
Igual que ocurre con tantas buenas propuestas, lamentablemente, el Libro Blanco contiene valoraciones gravemente erróneas. 
La Comisión quiere romper el vínculo entre crecimiento económico y crecimiento del transporte. Esto no será posible, aunque ciertamente podemos frenar el crecimiento de la economía. 
Resolviendo los problemas del transporte podremos hacer, sin proponérnoslo, que aumente el tráfico. 
Los nuevos vehículos producirán hasta un 90% menos de emisiones que los que se fabricaban antes de 1970. 
Este hecho se pasa por alto cuando el tema se enfoca con estrechez de miras. 
Si suprimimos todos los impuestos de matriculación de automóviles en Europa y rebajamos el impuesto de circulación para los automóviles que contaminen poco, podremos mejorar radicalmente la situación del medio ambiente. 
Otra propuesta extraña es mantener la cuota de mercado correspondiente a las diferentes modalidades de transporte a los niveles de 1998. Esto es algo que cabría esperar del Politburó de la antigua Unión Soviética, pero que debilita mucho la autoridad de la Comisión. 
Sería absurdo proponer una alteración forzosa del equilibrio de cuotas de mercado en la dirección de unos objetivos decididos en una torre de marfil. 
En vez de eso, debemos crear una situación equitativa para la competencia entre todas las modalidades de transporte. 
Dejemos que sea el propio mercado el que decida el equilibrio natural entre esas modalidades. 
El tercer error tiene que ver con la armonización de la legislación laboral y social. 
Sólo cuando se trata de una cuestión de seguridad del transporte, la armonización de los tiempos máximos de transporte es adecuada, pero siempre con la condición de que se examinen rigurosamente los costes y beneficios. 
Si cometemos estos tres errores, nos alejaremos más que nunca de una Europa dinámica. 
La desintegración de la Unión Soviética fue el resultado de su propia situación insostenible, pero nuestro espléndido proyecto europeo se merece algo mejor. 
Nuestra rígida economía necesita asistencia, y la enfermedad que nos hemos provocado a nosotros mismos no es imaginaria. 
Lamentablemente, da la impresión que el medicamento que propone la Comisaria se ha comprado en un bazar. 
¿No sería hora de que dejáramos de hablar sobre el modelo europeo y buscáramos recetas del éxito entre aquellos que lo están haciendo mejor que nosotros? 
. (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, gracias por su asistencia a este debate. 
Hay un concepto- desde mi punto de vista, fundamental- que habría que encontrar en cada una de las intervenciones. 
Este concepto fundamental es el espacio único europeo del transporte, un espacio único europeo del transporte que no solamente no está reñido con la asimetría europea, sino que también debe entenderla. 
Europa no es igual- como acaba de decir la Sra. Sudre -, Europa tiene unos ámbitos de infraestructura, unas regiones periféricas, unos ámbitos de cohesión, unos núcleos- más ahora, con la ampliación- que necesitan una promoción importantísima, pero ello no está reñido con el espacio único europeo del transporte. 
Hace unos meses, señora Comisaria, esta Cámara y el Consejo aprobaron el sexto programa marco de investigación. 
Ese sexto programa marco de investigación establecía el espacio único europeo de investigación. 
El Sr. Comisario decía a los investigadores europeos: ya hemos pasado la etapa en que ustedes se reúnen para contarse unos a otros lo que están haciendo e incluso para colaborar amigablemente. 
Es necesario crear el espacio único europeo de investigación para que toda la fuerza y la capacidad investigadora de Europa se centre en los mismos proyectos, tenga los mismos objetivos, tenga el mismo territorio y, por tanto, no estemos haciendo la rueda quince veces. 
Por eso, el espacio europeo de investigación es el hilo conductor para entender todas las intervenciones que esta tarde, aquí, han parecido un arco iris difícil de ahormar. 
Pero yo le aseguro que la votación de mañana compondrá una fotografía no difusa, como pudiera parecer el debate de esta noche, sino una fotografía con los perfiles bien definidos. 
Usted está de enhorabuena, señora Comisaria, porque en esa fotografía el Parlamento le está diciendo: adelante, tiene usted el apoyo del Parlamento para marcar a través de directivas los temas que nos ha presentado en el informe sobre el Libro Blanco, y tiene algunas aportaciones complementarias del Parlamento Europeo que pueden ser útiles. 
Por tanto, se abren muchas puertas, y el Consejo no puede hacer oídos sordos a las demandas fundamentales y al grito que supone el Libro Blanco del Transporte diciendo que ha llegado el momento de tomar decisiones, de hacer una política realmente europea, porque, a la luz de esa política europea, tendremos como efecto una sinergia que se lleva por delante las reticencias, las de quienes dicen que la Agencia Europea de Seguridad va a costar dinero, las de quien cree que el Fondo Europeo del Transporte no va a ser bien utilizado, de quien no entiende que la intermodalidad en un puerto beneficia a toda Europa, que las inversiones y los corredores, en cualquier ámbito, van a beneficiar, una vez que se amplíe la Unión, a los aproximadamente 400 millones de europeos. 
Por tanto, señora Comisaria, aunque aparentemente hay un arco iris de diversidad en esta Cámara, yo le puedo garantizar que estamos muy próximos los unos de los otros. 
Termino mi intervención expresando mi agradecimiento a todos los colegas que han participado en este informe, porque he recibido de ellos muchas ideas y una colaboración absolutamente constructiva. 
. (ES) Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias al ponente, Sr. Izquierdo, por el trabajo que ha realizado, a todos los miembros de la Comisión RETT, por la calidad del informe en su conjunto, y a los distintos oradores que han intervenido en nombre de distintas comisiones a lo largo de este debate. 
Quiero agradecer también todas las intervenciones de los parlamentarios, incluso aquellas que tenían una alta carga crítica, porque creo que aportan colorido, variedad y, sobre todo, transmiten sentimientos y apreciaciones que hay que tener en cuenta cuando se habla de ofrecer soluciones para un espacio- como decía el Sr. Izquierdo- tan amplio y tan diverso, además de a veces asimétrico y diverso, como es el espacio europeo. 
Quiero señalar que comparto con sus Señorías, y, además, se dice muy claramente en el informe del Sr. Izquierdo- que considero francamente equilibrado -, que estamos hablando de transporte duradero, y eso requiere, para empezar, un sistema de transporte competitivo. 
Si no creamos un sistema de transporte competitivo en Europa, todo nuestro tejido industrial, todo nuestro sector productivo, se resentirá. 
Por lo tanto, hay que hacer un transporte competitivo, pero que a la vez tenga en cuenta las demandas de la sociedad, que están ligadas a la calidad de vida y al respeto al medio ambiente. 
Y éste es el ejercicio, no siempre fácil, al que tenemos que dar respuesta con nuestras propuestas. 
He tomado buena nota del apoyo claro del Sr. Izquierdo y del de la propuesta de informe del Parlamento. 
Han tardado ustedes, pero señorías, el Consejo no va más rápido- que quede muy claro- en manifestar su apoyo al cambio modal, a la apertura del ferrocarril, a la creación del cielo único, al lanzamiento del programa Galileo, donde efectivamente urge tomar decisiones y llevar a cabo acciones. 
Al igual que para nosotros, entre sus prioridades figuran la seguridad y la necesidad de responder a las necesidades de inversión en las redes transeuropeas, en particular mediante la tarificación, en su caso, del uso de las infraestructuras. 
También me alegra que el informe insista en los aspectos ligados a la conexión con la periferia, en la importancia económica de la carretera, en la necesidad de reducir el tráfico- cuando hablo de periferia hablo también de los archipiélagos alejados varios miles de kilómetros del territorio continental europeo. 
Creo que todos estos puntos son muy interesantes y dignos de nuestra atención y que merecen ser resaltados en este informe. 
Sin embargo, quiero hacer algunas reflexiones al hilo de los importantes puntos que se han señalado aquí y en el informe. 
Para empezar, la Agencia de seguridad vial. 
Yo comprendo plenamente esta idea, porque se desprende de la necesidad de crear un elemento impulsor que permita a todos los niveles de responsabilidad reaccionar contra la inseguridad vial en el respeto de la subsidiariedad y del derecho de iniciativa de la Comisión. 
Creo que deberíamos reflexionar sobre los pasos que deben darse para lograr este objetivo. 
Espero poder aportar más precisiones en la nueva comunicación sobre seguridad vial que les presentaré en un futuro próximo, pero entre un observatorio y una agencia hay poca diferencia. 
La idea, en última instancia, es la misma. 
Quiero- tomando el mismo texto que estamos discutiendo- hacer algunas reflexiones sobre la competitividad, el respeto del medio ambiente y la incorporación de la calidad de los servicios, la seguridad y la calidad de vida. 
En el apartado 9 se dice que «el trasvase de mercancías por carretera a otros modos de transporte debería fomentarse a través de la mejora de la calidad del servicio de estos otros modos» más respetuosos y en ningún caso «influyendo negativamente en la competitividad del transporte por carretera». 
Creo que esta frase es esencial. 
Europa no puede permitirse el lujo de hacer menos competitivo el transporte por carretera, que está en la base de su desarrollo económico, de su crecimiento y de su competitividad internacional. 
De lo que se trata es de hacer que, por ejemplo el ferrocarril, sea tan competitivo como el transporte por carretera. 
A aquellos que rechazan de plano- una minoría en este Parlamento- la liberalización del ferrocarril, o la introducción de la competencia- estamos hablando más de introducir competencia que de liberalizar, porque es una liberalización muy regulada- yo les digo que ya sabemos a lo que nos lleva el mantenimiento de la situación actual: a tener ferrocarriles en los museos, pero no en la realidad. 
Creo que hay que intentar ir por otros caminos que han dado buenos resultados en otros sectores del transporte, pero quería resaltar esta frase: no se trata de penalizar, sino de mejorar la calidad de otros sistemas. 
Sus Señorías prevén, asimismo, la creación de grandes ejes (este-oeste, norte-sur) de carreteras, de ferrocarriles- ahí están el apartado 36 y otros-. 
Quiero señalar que se trata de incorporar la ampliación en el concepto de las redes transeuropeas y de los intercambios y de ese espacio europeo donde el transporte es el que garantiza la realidad de un mercado y la posibilidad de que fluyan personas y bienes a través de todo ese espacio europeo. 
Debemos insistir en reforzar los ferrocarriles. 
Es un punto esencial y no podemos renunciar a ello. 
A este aspecto se refieren el apartado 36 y otros. 
Soy consciente de que se trata, también, de impulsar las vías navegables, el sector marítimo, pero no podemos evitar, en algunos casos, construir nuevas carreteras porque hay zonas en las que todavía faltan infraestructuras viarias. 
Por lo tanto, no se trata de dogmatismo, sino de tener una aproximación práctica a la realidad de las necesidades del transporte europeo. 
En cuanto al gran Fondo de financiación para el transporte, desde luego, coincido plenamente con el Sr. Izquierdo Collado en que necesitamos unos fondos europeos de mayor envergadura para hacer frente al apoyo y al impulso de la realización de infraestructuras, muy especialmente las ferroviarias, y la resolución de los cuellos de botella para mejorar la utilización de las infraestructuras europeas. 
¿Se puede plantear como lo hace el Sr. Izquierdo Collado? 
Creo, más bien, que lo que tenemos que hacer es, al hilo de las nuevas perspectivas financieras cuyas grandes líneas maestras van a discutirse próximamente, plantear la necesidad de destinar más fondos precisamente a las redes transeuropeas. 
Creo que es ahí donde hay que buscar esos mayores fondos, esos mayores medios, porque lo que está claro es que necesitamos acelerar el proceso de realización de infraestructuras. 
Los fondos actuales asignados a las redes transeuropeas son insuficientes y debemos avanzar en ese terreno, porque las redes transeuropeas tienen un beneficio europeo, un interés europeo, al margen del país concreto que unan o atraviesen. 
Tienen un interés europeo, porque facilitan- insisto- la realización de ese mercado interior y la integración del espacio europeo en sí. 
La cuestión del BEI: otras fórmulas para acercarnos, por supuesto, y también hay que impulsar la participación público-privada en las financiaciones. 
Próximamente presentaré en ese paquete de infraestructuras todas estas cuestiones, incluyendo la tarificación. 
Se ha ido el Sr. Costa, pero quiero decir que la tarificación, ahí están los apartados 75 y 76 en los que se habla de la introducción simultánea de un sistema de fijación de precios de todos los modos de transporte, tanto para las infraestructuras como para los costes externos relacionados, y en los que se dice que, en ningún caso, debe ser penalizante respecto a nadie, sino favorecer un equilibrio y permitir las financiaciones cruzadas. 
Señorías, participo plenamente de este planteamiento, con una única salvedad, y es que la financiación cruzada debe limitarse a casos excepcionales en vías alternativas y que, en ningún caso, la financiación cruzada ni los peajes ni la tarificación pueden convertirse en una renta de la situación geográfica de país dentro del espacio europeo. 
Si no, volveríamos al medioevo, donde, por ejemplo, dominar un puente sobre un río producía una renta suficiente para vivir opíparamente y tener una posición incluso de señorío. 
De eso se trata, de establecer una tarificación que cubra gastos, que se destine a las infraestructuras, a la mejora de las infraestructuras, a la mejora de la seguridad vial, a la mejora precisamente de los sitios donde se recaudan, y que se pueda permitir, en ciertos casos, la financiación cruzada que, indudablemente, es un buen instrumento y que ha dado buenos resultados, por ejemplo con el sistema suizo. 
Antes de 2004, la Comisión va a redactar una comunicación sobre la situación del transporte de los países candidatos. 
Entendemos que no es necesaria una comunicación específica en 2003 porque vamos a elaborar dos informes. 
En primer lugar, un informe de seguimiento completo, seis meses antes de la fecha de adhesión, es decir, más o menos en noviembre de 2003, que examinará el grado de preparación de los países candidatos a la adhesión en todos los sectores, incluido el transporte, y una comunicación en 2003 sobre la cooperación con los países candidatos y los países vecinos en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte. 
Todo ello además del informe del Grupo van Miert, en el que se hace ya el diseño de las redes con ese concepto a veintisiete países: la red paneuropea. 
Señorías, el informe intermedio de evaluación de 2005, previsto en el Libro Blanco, será la ocasión ideal para tratar estas preocupaciones e integrar toda esa información. 
Señor Presidente, concluyo este largo e importantísimo debate, agradeciendo, una vez más, el trabajo del Sr. Izquierdo Collado, un trabajo serio y equilibrado, difícil, porque no es fácil conjuntar y aunar. 
Al final, espero que mañana, después de lo que he oído a lo largo de los debates de hoy, quede claramente establecido que las grandes líneas maestras de la política de transporte para los próximos diez años en la Unión Europea se reflejan con toda claridad en el voto del Parlamento. 
Gracias, Señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, esta noche el tema candente es, efectivamente, eEurope, y yo voy a hablar de manera especial sobre el pleno despliegue de las comunicaciones móviles de tercera generación. 
Señor Comisario, el debate no ha estado muy bien organizado ya que empezamos con el informe Van Velzen, que es básicamente complementario, ya que se refiere a información que se añadirá a los GSM de tercera generación, como la información meteorológica o la información sobre las carreteras suministradas por el sector público. 
Si consideramos todas las cosas, tampoco importa mucho porque, además, el objetivo de los GSM de tercera generación es también evitar la fractura digital, que el Sr. Paasilinna criticará con vehemencia. 
Por lo tanto, es perfectamente normal para nosotros mantener este tipo de debate conjunto. 
Pero quizás debiera recordarse que el Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002 declaró: «La convergencia tecnológica brinda a todas las empresas y a todos los ciudadanos nuevas oportunidades de acceso a la Sociedad de la Información. 
La televisión digital y las comunicaciones móviles de tercera generación (3G) desempeñarán un papel clave en facilitar un acceso generalizado a servicios interactivos». 
Quizás, para evitar la fractura digital y evitar que se rompa la continuidad de eEurope, debería decirse que los servicios de 3G deben crearse dentro de un marco mundial, pero considerando también las importantes cuestiones relacionadas con la salud del consumidor y la calidad del medio ambiente. 
Además, tenemos que aprender de la experiencia del mercado actual de los GSM para no repetir los errores que se hayan podido cometer en el pasado. 
Un aspecto básico del desarrollo de la telefonía móvil es la interoperabilidad de los terminales. 
En este terreno, la Comisión explicará que se ha avanzado en el desarrollo de terminales de 3G en 2002. 
Los primeros modelos ya están listos. 
También están listos en China y lo comento porque recibimos esa información la semana pasada. 
Asimismo, se han modernizado las redes de 2G existentes para equipararlas a las de 2,5 G. Puede que todavía queden algunos problemas técnicos, pero podemos decir que todo está funcionando. 
En cuanto a la situación del mercado, no está claro si los servicios de 3G están ya disponibles. 
Están disponibles en Japón, pero los operadores son optimistas y, después de todo, si ya existen 50 operadores capaces de ofrecer estos servicios, el problema de la competencia está resuelto. Puede existir. 
Respecto a las cuestiones reglamentarias, la Comisión advierte que el proceso para la concesión de licencias 3G se ha iniciado ya en todos los países de la Unión Europea. 
El número de licencias es suficiente. 
Así pues, no existe ningún problema en lo que respecta al entorno competitivo. 
Tras las conversaciones mantenidas con las partes afectadas por la introducción de las comunicaciones móviles de 3G, se llegó a un consenso sobre tres asuntos. 
En primer lugar, que la fase de introducción de los servicios 3G no exige una intervención legislativa. Hay que dejar que las fuerzas del mercado actúen. 
En segundo lugar, las comunicaciones de 3G tendrán que convertirse, con el tiempo, en una de las plataformas para los servicios prestados por una Sociedad de la Información global. 
Por último, las autoridades públicas deben proporcionar un apoyo constante al proceso de introducción. 
Se han identificado, por lo tanto, tres factores: un entorno reglamentario estable, armonizado y transparente que tenga en cuenta los intereses de los consumidores; el papel de apoyo activo que la Unión puede desempeñar y, en tercer lugar, las iniciativas a largo plazo, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el sector de las comunicaciones de 3G, en particular con vistas a la ampliación. 
Tenemos, por tanto, que coordinar mejor todas estas decisiones. 
La Comisión cree que no será necesario realizar cambios en la concesión de licencias y que el período de validez de las licencias no se modificará a corto plazo. 
Pero la legislación tiene que hacerse más clara en términos del uso compartido de la infraestructura de redes. 
En calidad de ponente, creo pues que la Comisión ha evaluado el asunto correctamente en términos económicos, pero deben considerarse otra serie de aspectos. 
Esta tecnología es cara y podría competir, por ejemplo, con WiFi, lo que significa que hoy por hoy no está claro si las comunicaciones 3G van a asumir una parte de lo que la tecnología de la información está haciendo actualmente o si, por el contrario, la tecnología de la información va a sustituir gradualmente lo que está haciendo el GSM. 
En última instancia quien decidirá será el mercado, pero está bien plantear la cuestión y estar preparados. 
En términos generales, todo el mundo debe tener acceso a los servicios de 3G y los usuarios con dificultades deben protegerse, como los niños y las personas con discapacidades que puedan necesitar paquetes especiales. 
Finalmente, hay que proteger el pago seguro, o el consumidor no confiará en este sistema. 
Ahora voy a hablar del principio de cautela, del que quieren prescindir los diputados de la derecha. 
Quiero hablar de los problemas de salud que pueden surgir y sobre los que ya están advirtiendo numerosos científicos. 
Ha habido consenso en la petición de que, por lo menos, se respeten en el ámbito europeo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 
Se nos dice que ya se respetan esas recomendaciones, pero nadie lo ha verificado todavía. 
Por último, la construcción de repetidores de antena de 3G debe tener lugar respetando el medio ambiente y la planificación del uso del suelo. 
Los Estados miembros se asegurarán de que las autorizaciones de los departamentos de planificación del uso del suelo se ajusten a un procedimiento claro y se sometan a una investigación pública. 
Las comunicaciones de tercera generación necesitan entre 4 y 16 veces más antenas que las de 2G. 
Por consiguiente, es de suma importancia que se compartan las instalaciones o las antenas, tal como ha recomendado la Comisión. 
En conclusión, la estabilidad reglamentaria posibilitará que esta tecnología se desarrolle sin complicaciones si la Unión Europea concede la misma importancia a los parámetros sociales y ambientales que a los económicos. 
Señor Presidente, Señora Comisaria, Señorías, quisiera agradecer a todos los ponentes su extraordinaria colaboración. 
Ahora estamos dando al Consejo un mensaje claro y, espero también, un ímpetu renovado para no perder más tiempo en este terreno. 
Quisiera hablar más sobre el informe redactado por mi colega, el Sr. Van Velzen. 
Se trata de un comienzo muy importante y representa un cambio crucial en el desarrollo de la sociedad de la información. 
Quizás sea una buena idea confiar en las palabras que ha dicho, y que han sido realmente apropiadas. 
El sector de la sociedad de la información es un importante creador de puestos de trabajo y un factor que nos une a todos los europeos de un modo completamente nuevo. 
Su desarrollo traerá consigo grandes oportunidades económicas, políticas y culturales. 
Pero la confianza en el sector se ha derrumbado y conocemos el motivo, ya que hemos hablado de ello en numerosas ocasiones. 
Es consecuencia de las ventas mediante licitación y la incertidumbre general. 
Aunque la digitalización y la creación de redes ofrecen muy diversas oportunidades para el desarrollo, también han sido la causa de que se abriera un abismo a escala mundial entre los habitantes de los países ricos y los de los países en desarrollo. 
Además, las desigualdades de género, como por ejemplo, respecto a los estudiantes, es enorme y especialmente pronunciada en las zonas rurales de la Unión y los países en desarrollo. 
Por otra parte, la introducción de la tecnología de la información ha llevado a la reestructuración de la descripción de los puestos de trabajo: muchos puestos de trabajo han desaparecido y algunas personas de mediana edad han tenido que dejar de trabajar. 
Además, estos grupos más vulnerables corren el peligro de que se les discrimine por partida doble. 
Se les está dejando fuera de la sociedad de la información. 
No veo aquí ninguna alternativa fácil: es nuestro desafío más grande. 
La red también se ha convertido en un instrumento político. 
Aumenta las oportunidades para la acción civil y esperemos que aumente también las oportunidades de influencia. 
Estoy contento con el Plan de acción eEurope 2005 de la Comisión, ya que aumentará las inversiones, tendrá como objetivo la creación de puestos de trabajo, y brindará a todo el mundo la oportunidad de participar en la sociedad de la información. 
Ruego también a la Comisión que acelere la introducción de las comunicaciones móviles de tercera generación y elimine las barreras técnicas y administrativas que existen en el sector. 
Los propios Estados miembros deben adoptar un enfoque flexible respecto a la adquisición de frecuencias y los costes incurridos en la creación de la infraestructura necesaria, y hacerlo rápidamente de una nueva forma. 
Los Estados miembros deben ofrecer a sus ciudadanos suficiente tiempo de Internet, lo que significa participación en la sociedad de la información. 
La Comisión debe investigar las posibilidades de desarrollar servicios controlados por voz. 
Estos servicios estarán disponible en breve y nos facilitarán a todos el uso de Internet. 
También quisiera pedir a la Comisión que investigue las posibilidades de formación de adultos en este sector y el requisito de un diploma general para pasar a niveles tecnológicos más avanzados. 
Asimismo, los Estados miembros deben apoyar a las PYME y ayudarlas a conectarse a Internet, puesto que ofrecen un gran potencial de creación de empleo. 
Puede que tengan que establecerse también fondos en los Estados miembros para ayudar a los grupos socialmente marginados a integrarse en la sociedad de las redes. 
En mi opinión, es positivo que la Comisión haya creado ahora un grupo de trabajo sobre ciberseguridad. 
Han transcurrido ya tres años desde que se creó la estrategia de Lisboa, tiempo durante el cual se ha encontrado con incertidumbre política y económica. 
Estamos viendo algunas iniciativas, pero no con la rapidez suficiente ni con la coordinación adecuada. 
En los últimos seis años se han creado cerca de un millón de puestos de trabajo anuales, aunque el año pasado la cifra apenas se aproximó al medio millón. 
¿Qué tipo de conocimientos técnicos económicos puede conseguirse cuando se descuida tanto como en estos momentos la formación, la educación y la investigación y son muchos los Estados miembros que no cumplen las normas acordadas ni ponen en marcha los proyectos acordados? 
Señor Comisario, ¿qué puede hacer usted para que algunos Estados miembros no frenen el progreso en este sector? 
Podría ocurrir que sólo algunos Estados miembros creen entre ellos una «Europa de la Sociedad de la Información» , a menos que todos los Estados miembros participen en esta iniciativa. 
Por último, quisiera decir que la transferencia de información y conocimientos sociales a la red en formato digital, que se destaca en el informe del Sr. Van Velzen, creará una etapa totalmente nueva en el desarrollo de la sociedad de la información. 
Creará trabajo y oportunidades, pero también problemas. 
La protección de la intimidad no es el menor de ellos, pero cuando las funciones de la sociedad se digitalicen, habremos llegado a una situación en la que podremos hablar de una sociedad de la información siempre y cuando todos nosotros participemos en ella. 
Señor Presidente, me complace ver que esta noche todo el mundo está interesado en este tema. 
Sueño con que llegue el día en que podamos debatir esta cuestión durante el día. 
Las tecnologías de la información y la comunicación son poderosas fuentes de crecimiento y de aumentos de productividad, que contribuyen a mejorar nuestro nivel de vida. 
Es por ello que, en estos momentos, es tan importante la recuperación del sector 
Los cinco informes que aborda hoy y mañana esta Asamblea nos brindan la oportunidad de mantener el impulso político a favor del logro del objetivo de Lisboa, como muchas de Sus Señorías han dicho hoy. 
Estos informes también contribuyen al proceso de fortalecimiento de la confianza en el sector de las TIC. 
Permítanme en primer lugar que dé las gracias a todos los ponentes, al Sr. van Velzen, a la Sra. Auroi, al Sr. Paasilinna, el Sr. Khanbhai y la Sra. Read, así como a los ponentes alternativos y a los Grupos políticos por su concienzudo trabajo en relación con estas comunicaciones y propuestas de la Comisión. 
Asimismo me complace tener la oportunidad de informarles de que la Comisión ha adoptado hoy cuatro importantes documentos. 
A saber: una comunicación sobre la situación en el sector de las telecomunicaciones; una propuesta de reglamento que establece una Agencia Europea de Seguridad de la Red y la Información, como se ha mencionado antes; el último informe sobre eEurope 2002 y la Recomendación sobre Mercados Relevantes. 
Espero que los encuentren ustedes en sus ordenadores cuando regresen a sus despachos. 
Permítanme reiterar nuestro compromiso conjunto a favor de una aplicación eficaz y puntual del nuevo marco reglamentario. 
Este marco estimulará la inversión y por consiguiente promocionará la competencia basada en las instalaciones, que, a medio o largo plazo, constituye la mejor garantía de unas ventajas sostenidas para los consumidores, la innovación y la inversión. 
Con la recomendación sobre los mercados relevantes aspiramos a proporcionar seguridad jurídica y a ayudar a restablecer la confianza en el sector. 
Permítanme que vuelva a referirme a los temas de esta noche y empiece con unas palabras sobre el informe sobre la tercera generación. 
El informe de la Sra. Auroi, adoptado por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, emite una importante señal en un momento en que están a punto de lanzarse los primeros servicios de 3G. 
A estas alturas, el despliegue de la 3G es sin duda una prioridad. 
Hemos de alentar soluciones que favorezcan un rápido despliegue de redes al tiempo que se adapten a las necesidades ambientales. 
En la comunicación de hoy sobre la situación en el sector de las telecomunicaciones, la Comisión pide una serie de acciones para superar las barreras al despliegue de la 3G. 
Entre estas figura la aclaración sobre cómo se va a compartir la infraestructura de red, cuya importancia también se ha recalcado en el informe. 
La información a los ciudadanos sobre los aspectos de la salud relacionados con las comunicaciones móviles y la continuidad de la investigación son importantes. 
Es preciso poner los descubrimientos científicos a disposición de todos. 
La Comisión promoverá la difusión de la información, por ejemplo a través de una página web específica. 
La Organización Mundial de la Salud es la principal autoridad en este ámbito, y hemos colaborado estrechamente con ella. 
Por último, me gustaría recalcar la importancia de la 3G en el contexto del acceso a plataformas abiertas e interoperables. 
Esto tiene por objeto aumentar la capacidad de elección de los consumidores y por consiguiente contribuir a establecer una sociedad de la información para todos. 
La voluntad de integración es un principio absoluto en eEurope 2005. 
La Comisión se compromete a proseguir con la acción hacia la apertura y la interoperabilidad de las plataformas, como ha pedido claramente el Parlamento. 
Permítanme reiterar brevemente los principales objetivos del plan de acción eEurope 2005. eEurope se propone estimular el ciclo de demanda-oferta, promoviendo, en el lado de la demanda, el contenido, los servicios y las aplicaciones, otorgando un papel crucial tanto a los servicios públicos en línea- administración electrónica, sanidad electrónica y enseñanza electrónica- como al comercio electrónico. 
Esto estimulará y vendrá estimulado en el lado de la oferta, haciendo posible la amplia disponibilidad y uso de plataformas múltiples y banda ancha segura. 
Esto es vital para asegurar una sociedad de la información integradora. 
Por ello promovemos el acceso a plataformas múltiples que incluya la televisión digital, los móviles de 3G, los PC, los quioscos y todas las terminales que estén disponibles. 
Me complace ver que el informe del Sr. Paasilinna presta un apoyo tan firme a las principales ideas del Plan de Acción eEurope. 
Compartimos plenamente la visión de que garantizar unas conexiones de banda ancha a un precio asequible- lo cual es esencial para una economía competitiva y dinámica- exige que los Gobiernos de los Estados miembros emprendan acciones decisivas. 
El Sr. Paasilinna ha preguntado cómo podríamos acelerar el acceso para los Estados miembros. 
Seguimos elaborando informes rigurosos sobre las actividades y las comparamos con referencias. 
Al mismo tiempo, hemos lanzado dos presentaciones de buenas prácticas europeas en administración electrónica y sanidad electrónica. 
Especificaremos a estas buenas prácticas y nos aseguraremos de que sean ampliamente difundidas entre las autoridades públicas de todos los Estados miembros. 
En la comunicación que adoptamos hace poco acerca de la situación en el sector de las telecomunicaciones pedimos a los Estados miembros que implantaran su estrategia de banda ancha hasta finales de año. 
Como señala el informe del Sr. Khanblai sobre el impacto de la economía electrónica, las PYME son impulsoras clave del crecimiento económico y conviene estimularlas activamente a que participen en la economía electrónica. 
Comparto ampliamente los puntos de vista presentados en el informe del Sr. Khanbhai, por ejemplo la necesidad de que las PYME tengan un fácil acceso a un asesoramiento jurídico sobre la legislación aplicable y sobre las cualificaciones en TIC y Comercio electrónico. 
Estamos de acuerdo en que las empresas europeas, y especialmente las PYME, necesitan apoyo a la hora de «digitalizarse». 
Actualmente, la Comisión colabora con los Estados miembros para establecer un nuevo marco para las políticas de Comercio electrónico para las PYME, incluidos los objetivos cuantitativos potenciales. 
La seguridad de la red se ha convertido en una importante preocupación política y por ello en una cuestión central en el plan de acción eEurope 2005. 
Apreciamos mucho la posición del Parlamento sobre esta cuestión, expresada en octubre del año pasado. 
Como he dicho antes, la Comisión ha adoptado hoy una propuesta de reglamento sobre la Agencia. 
La Comisión también se ha comprometido, a través de eEurope 2005, a promover un acceso más amplio y una mayor participación en las ventajas de la sociedad de la información, sobre todo para los grupos desfavorecidos. 
Además de las medidas específicas previstas por el programa MODINIS, la Comisión tiene previsto promover y mantener diversas iniciativas que se organizarán en el contexto del Año Europeo para los Discapacitados, y que se derivarán de su anterior comunicación sobre la accesibilidad a las páginas web. 
eEurope 2005 se aplicará en parte a través de MODINIS y, aunque no forme parte de nuestro debate de hoy, quiero dar las gracias al Parlamento por el apoyo dado a la propuesta de las Comisión, en particular en lo que respecta al presupuesto. 
Permítanme hablar de la legislación que tenemos ahora sobre el tapete: la directiva sobre la reutilización de la información del sector público. 
Como ha dicho el Sr. Van Velzen y como recalca en su informe, el contenido es esencial para el desarrollo de la sociedad de la información. 
El mensaje es claro y llega en un momento en que los imperativos financieros del sector llaman la atención sobre el hecho de que la información del sector público es un recurso de contenido clave para los servicios de la sociedad de la información. 
Los elementos clave son la transparencia de los procedimientos y de las condiciones de reutilización, la no discriminación y la competencia leal. 
La directiva estimulará la creación de servicios de información basados en información del sector público o que incorporen dicha información. 
Esto es importante para las industrias de contenido y también para el sector de las telecomunicaciones, que ha de encontrar maneras de generar contenidos para los servicios de 3G. 
Comparto plenamente la opinión del Sr. Van Velzen de que los operadores deberían colaborar entre sí para crear un mercado. 
Necesitamos cooperación e interoperabilidad para crear un mercado que pueda convencer a los consumidores. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a Sus Señorías por este importante debate y por su contribución a todo el proceso desde que iniciamos el trabajo sobre el marco de las telecomunicaciones. 
Gracias, Señor Comisario. 
Yo también espero que el debate tenga lugar durante el día la próxima vez. 
Será mejor para el Presidente también. 
. (ES) Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, comienzo destacando que las enmiendas presentadas por la Comisión de Libertades han sido aceptadas por la Comisión de Industria, y, en particular, la llamada de los artículos 41 y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales a la buena administración y al acceso a los textos de las instituciones (esto responde a la enmienda 1 de la Comisión de Libertades). 
La promoción de programas informáticos gratuitos es una opción cada vez más utilizada por las administraciones públicas y que democratiza el acceso y la utilización de los documentos y datos públicos. 
En efecto, si ponemos los documentos a disposición en un formato no ligado a la utilización de programas informáticos específicos de pago, conseguimos reducir la discriminación relacionada con el nivel de riqueza de los usuarios. 
Es importante favorecer la explotación de las informaciones por personas con capacidad sensorial disminuida, por ejemplo a través de la descripción por texto de los gráficos e imágenes que contengan los documentos. 
Asimismo, la publicidad de todos los documentos accesibles con carácter general, incluidos aquéllos ligados a las vías judiciales y administrativas, debe llegar al sector público. 
Esto constituye un instrumento fundamental para el desarrollo del derecho de los ciudadanos al conocimiento y un principio fundamental de la democracia. 
Este objetivo es aplicable a las instituciones a todos los niveles, local, nacional e internacional, y es, además, necesario que las administraciones públicas, cualquiera que sea su nivel institucional, favorezcan y apoyen la reutilización de las informaciones proporcionadas. 
Termino destacando que, evidentemente, consideramos que todos estos principios también deben ser aplicables a las propias instituciones europeas. 
Señor Presidente, Señor Comisario, en primer lugar voy a buscar y pretendo encontrar a los responsables de la recesión de las comunicaciones móviles de tercera generación. 
Los culpables son los gobiernos de esos países que organizaron las ventas mediante licitación del espectro radioeléctrico y transfirieron el dinero que las empresas del sector habían invertido en ellas mismas. 
Las medidas tomadas por las autoridades públicas para evitar este frenazo de las inversiones no han sido suficientemente eficaces. 
Se han concedido autorizaciones para que coexistieran instalaciones de equipos próximas entre sí para uso común, pero eso es todo. 
En consecuencia, sigue disminuyendo la inversión en comunicaciones móviles de tercera generación, y no se han cumplido las esperanzas infundadas de alcanzar los ambiciosos objetivos fijados en Feira, Lisboa, Barcelona y Sevilla. 
Deben fijarse objetivos más realistas. 
Ahora que he expuesto mis protestas, quisiera darles las gracias. 
El informe del Sr. Paasilinna ha centrado su atención en una sociedad de la información para todos y en el importante motivo para el Plan de Acción: la sociedad de la información debe estar al alcance de todos, y recalcó ese todos. 
Eso es democracia. 
Esa democracia debe fomentarse mediante la inversión pública. 
Además de las herramientas técnicas y las conexiones rápidas, tenemos que prestar atención a las instrucciones y directrices que reciben los usuarios, ya que los equipos no sirven de nada si los miembros de la sociedad de la información no pueden utilizarlos. 
Quisiera recordar al Sr. Van Velzen algo que aparece en la exposición de motivos de su informe, cuando dice que para que continúe la labor de las instituciones públicas, es fundamental que también puedan cobrar una tarifa por la información suministrada, para financiar la inversión que hayan tenido que hacer en bases de datos. 
Los servicios de información básicos deben ser gratuitos o al menos económicos, pero la inversión histórica debe tenerse también en cuenta en los costes de producción asociados a la reutilización de las bases de datos de, por ejemplo, registros de la propiedad, museos, universidades e institutos de investigación. 
Nuestro grupo apoya la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo que considera este asunto y esperamos que el Sr. Van Velzen se muestre también partidario de mantener los servicios de uso general con tarifas pagadas por los usuarios para no tener que financiarlos con cargo a los impuestos. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, tal como ya he dicho en otras ocasiones, las cuestiones relacionadas con la sociedad de la información deben ocupar un lugar prioritario entre los intereses y las acciones de la Unión Europea y los órganos comunitarios. 
Ésta es una de las grandes cuestiones del futuro y la que ofrece mayores oportunidades, multiplicadas por nuestros esfuerzos comunes. 
No es mera casualidad que tras el plan de acción eEurope 2002, ya estamos mirando hacia eEurope 2005, en particular para cumplir los objetivos acordados en los Consejos Europeos de Lisboa y Feira, que se celebraron bajo la presidencia de mi país y, posteriormente, los de Barcelona y Sevilla. 
Hay que recordar que lo que queremos es que la Unión Europea sea la sociedad más competitiva del mundo y es también por esa razón que se preparó el Plan de acción eEurope 2005, con el fin de crear un entorno que favoreciera la inversión privada y la creación de puestos de trabajo, que diera un impulso a la productividad, modernizara los servicios públicos y brindara a todo el mundo la oportunidad de participar en la sociedad de la información global. 
En este debate conjunto, quisiera empezar felicitando al Sr. Paasilinna por su magnífica labor, que se refleja claramente en el consenso que ha recibido este informe aquí en el pleno. 
En particular, agradezco su propuesta de proporcionar los medios técnicos necesarios para poner en práctica esos objetivos, como puede ser la ampliación de la banda ancha y la distribución multicanal, y su postura ante el delicado problema de la seguridad de la información. 
Pasando a la cuestión de la reutilización y explotación comercial de los documentos del sector público, entiendo y comparto la visión propuesta por el Sr. Van Velzen, quien recomienda un enfoque mucho más racional. 
También creo que todo lo referente a la información básica que exige el funcionamiento de un Estado de Derecho democrático, debe estar disponible gratuitamente y que la restante información debe estar disponible a un coste marginal que no sobrepase los costes totales de su reproducción y distribución, sin perjuicio de que exista un sistema específico establecido por el sector cultural público por motivos obvios de existencia de derechos de autor intelectuales y artísticos. 
Para concluir, quisiera referirme brevemente al informe del Sr. Khanbhai y felicitarle también por su labor, y desear a la Comisión un éxito completo en las acciones que recomienda para garantizar que las empresas de la UE pueden aprovechar los beneficios potenciales que ofrece la economía electrónica. 
Acelerar la construcción de un marco claro y previsible para el comercio electrónico, promover la plena participación de las pequeñas y medianas empresas en la economía, mejorar la disponibilidad de capital de riesgo y financiación del mercado, etc. son algunas de las acciones encaminadas a hacer realidad el objetivo de una sociedad de la información para todos y asegurar que también en este campo fundamental se persigan y alcancen los ambiciosos objetivos de la estrategia de Lisboa. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, no podemos sino acoger con satisfacción la convergencia de estos informes, que buscan avanzar en el progreso de Europa hacia una nueva etapa del desarrollo tecnológico, de un modo sumamente específico. 
Sin embargo, puede que no sólo sea el mercado el que se vaya a beneficiar de ello, tal como se acaba de afirmar. 
Creo que el beneficio radicará en conseguir que esa Sociedad de la Información se convierta en una sociedad igualmente centrada en la dimensión humana. 
La Sociedad de la Información hacia la que avanzamos es, sin duda alguna, una sociedad que hace un amplio uso de las redes de tecnología de la información y produce un gran volumen de información y servicios de comunicación innovadores. 
Pero en esa sociedad existen también muchos riesgos de exclusión. 
Los ciudadanos que ignoren estos nuevos desarrollos corren el peligro de sufrir las consecuencias. 
Colectivamente, existe el peligro de que segmentos enteros de la población se queden en la cuneta. 
Pero este progreso también ofrece oportunidades de desarrollo. 
La información y el conocimiento son las materias primas de esta sociedad y la fuente de nueva riqueza. 
La creación de un vínculo entre ellos para hacerlos accesibles significa aumentar su potencial actual para la innovación. 
Ahora bien, es fundamental que la política pública de la Unión Europea sea capaz de seguir el ritmo del desarrollo de estos mercados y explote los beneficios de ese desarrollo. 
Por consiguiente, ante todo debemos asegurarnos de que ningún ciudadano quede excluido de la Sociedad de la Información puesto que, hasta cierto punto, la acción en materia de servicios públicos e interés general requiere utilizar la tecnología de la información para el desarrollo comunitario y espacial. 
Al poner a disposición de todos los medios para una participación activa y considerando el acceso a dichos medios como un derecho de los ciudadanos y una obligación de interés general para los Estados miembros, podremos asegurar la verdadera creación de esa Sociedad de la Información para los ciudadanos y en torno a los ciudadanos. 
Así pues, una Sociedad de la Información justa se crea metódicamente y con paciencia por medio de estrategias decisivas. Estos son los elementos esenciales si queremos asegurar que 2010 no sea un mero espejismo tecnológico. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, el progreso científico ha sido todo un milagro en la década pasada, sobre todo en tecnología de la información. 
Si las circunstancias fueran diferentes, ese progreso podría traducirse en prosperidad para la sociedad en su conjunto. 
Pero con el sistema capitalista, los progresos científicos se ponen al servicio del mercado, no de la sociedad. 
La ciencia se desarrolla en un marco que requiere la privatización y comercialización de lo que, en un tiempo, fueron servicios del sector público- protección social, salud, incluso cultura y educación -, ahogados por la sociedad basada en el conocimiento más competitiva del mundo que la Unión Europea decidió crear en Lisboa. 
En resumen, se convierte en una fuente de beneficios para unos pocos, en lugar de una fuente de prosperidad para la mayoría. 
En estas circunstancias, los aspectos positivos del informe Paasilinna tienen escaso valor práctico para los grupos sociales menos favorecidos que corren el peligro de quedar excluidos de la sociedad de la información. 
Si las regiones periféricas, las personas discapacitadas y otros colectivos corren ese riesgo, ¿qué podemos decir sobre la gran masa de desempleados, la gran masa de infraempleados, la masa aún mayor de trabajadores mal pagados? 
¿Qué utilidad tienen, por ejemplo, los servicios de salud telemáticos o la famosa tarjeta sanitaria europea para esas personas? 
¿Quién podrá ofrecer esos servicios? 
¿El médico de cabecera o las compañías multinacionales que siguen saqueando el sector sanitario? 
¿Solucionarán el problema los servicios de tercera generación o los sistemas operativos europeos? 
Por último, debo comentar la propuesta de crear un mercado de registros públicos. 
En la Unión Europea, donde todo se compra y se vende, donde se ha creado un mercado de radiofrecuencias e incluso un mercado de contaminantes atmosféricos y derechos de contaminación, ahora tenemos un mercado de registros públicos. 
Admiro la inventiva emprendedora de la Comisión y me pregunto quién será la próxima víctima del mercado. 
Puede que sea el mismo aire que respiramos. 
Señor Presidente, creo que éste es un debate muy interesante y nuestros ponentes han realizado un trabajo excelente que ya ha sido justamente reconocido. 
Quisiera hacer un par de comentarios relacionados con la utilización y reutilización de la información pública. 
Algunos países han realizado muchos más progresos que otros en este sentido, lo que refleja claramente una diferencia que también se manifiesta en, por ejemplo, la transparencia con que operan los países. 
Un ejemplo que debe mencionarse es el considerable interés mostrado en Dinamarca por las facturas de restaurantes y viajes de cierto alcalde. 
Puesto que en Dinamarca todo el mundo tiene acceso a este tipo de documentos con sólo solicitarlos, fueron demasiadas las personas que solicitaron verlos. 
Por ese motivo se decidió publicar los documentos en Internet, de manera que todos los ciudadanos pudieran acceder a todos y cada uno de los documentos originales. 
En el caso de los comisarios o sus colegas, no creo que tengamos acceso a los detalles de su trabajo, sus viajes o sus compras. 
En Dinamarca, sin embargo, tenemos acceso a ese tipo de información sobre esas personas, y para ello se utiliza Internet, que pone la información a disposición de todos gratuitamente. 
Una larga lista de «servicios» utilizan los mismos datos una y otra vez, datos que están a disposición de todos los ciudadanos, para que de ese modo pueden actualizarlos ellos mismos y, por ejemplo, modificar automáticamente el pago de impuestos y similares. 
¿Por qué se permite el acceso gratuito a ese tipo de información y por qué se fomenta su uso en Internet? 
Por dos razones. 
En primer lugar, cuanto más hacen los ciudadanos por sí mismos, más rápidas son las respuestas que reciben y menos son los funcionarios que necesitamos. 
En segundo lugar, la sociedad tiene un enorme interés en la utilización y reutilización de esos datos, ya que no podemos contar con un número suficiente de funcionarios para que realicen esas tareas en el futuro. 
Además, el acceso a los datos puede ser gratuito porque el ahorro público es considerable. 
Yo también he sido alcalde y, por lo tanto, siento curiosidad por saber si se trata de un caso concreto o si todos los alcaldes se han encontrado en esta situación. 
Pero no le estoy pidiendo que me responda ahora. 
Me puede responder personalmente en cualquier otra ocasión. 
Señor Presidente, señor Comisario, cuando hablamos de la sociedad de la información deberíamos recordar que acaba de emprenderse la reforma a gran escala de la legislación del mercado de las comunicaciones con la adopción de nuevas normas legislativas para las telecomunicaciones y otras operaciones en red. 
En estos momentos, los Estados miembros están poniendo en práctica ese paquete. 
No se puede permitir que este debate distorsione la imagen de la legislación sobre las telecomunicaciones, ya que eso sólo causaría incertidumbre para la inversión en comunicaciones móviles de tercera generación. 
Tenemos que ayudar al sector de las comunicaciones móviles de tercera generación que está aquejado de problemas, no perjudicarlo. 
El sector de las comunicaciones GSM, que ha crecido considerablemente en los últimos cinco años, es el pilar de nuestra competitividad y prácticamente lo único que está haciendo avanzar a la estrategia de Lisboa. 
Tras el desastre de la explotación financiera de las comunicaciones móviles de tercera generación, debemos demostrar que compartimos la responsabilidad. 
El sector de la telefonía móvil es un importante creador de empleo y puntero en innovación. 
Si no conseguimos dar un nuevo empuje a este sector, los japoneses nos dejarán atrás de una vez por todas. 
Me he propuesto investigar la reclamación relacionada con el aumento de los cánceres de cerebro en Finlandia desde el decenio de 1990. 
Pese a que la red de estaciones de base ha crecido de forma espectacular, las tasas de cáncer en Finlandia han disminuido radicalmente. 
Es difícil convencer a los ciudadanos con datos engañosos. 
En la UE hemos establecido unos límites exactos de radiación que son inferiores a las normas de la OMS. 
Los microondas emiten más radiación que las estaciones de base. 
Los valores correspondientes a los operadores españoles apenas llegan al 2% de los límites de seguridad. 
Sin embargo, es más fácil alegar que los teléfonos móviles perjudican a nuestros cerebros. 
Los documentos públicos deben estar disponibles en soporte electrónico. La información básica debe ser gratuita. 
Las instituciones públicas pueden cobrar una tarifa para cubrir sus costes, pero no es necesario solicitar un pago adicional. 
Los Estados miembros tienen que ser responsables de que las instituciones públicas dispongan de medios suficientes. 
Por último, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a los ponentes. 
Señor Presidente, Señorías, si quisiera hacer un chiste, diría que llevamos dos días debatiendo este importante asunto, porque hoy ya es 12 de febrero. 
Dicho esto, señor Presidente, Señorías, la información pública constituye un ámbito particularmente sensible, puesto que se trata de información pública gestionada, ya sea directa o indirectamente, por las autoridades públicas. 
La legislación comunitaria sobre transparencia y accesibilidad a la información pública proporciona ya un marco muy exhaustivo, pero en algunos sectores deben hacerse algunas aclaraciones para impedir toda distorsión de la competencia causada por un posible vacío legislativo. 
Felicito a la Comisión Europea por esta propuesta relativa a la reutilización y tratamiento de los documentos del sector público. 
Sin embargo, lamento la falta de precisión en algunos puntos del texto. 
Estoy pensando, por ejemplo, en los documentos a los que se hace referencia y que, en mi opinión, no son objeto de una definición clara y concreta. 
Tal como he propuesto a la comisión responsable de su contenido, el concepto de documento público tiene que definirse mejor. 
No me estoy refiriendo a una armonización, sino simplemente a una definición adecuada para que todos los ciudadanos puedan saber exactamente cuáles son los documentos públicos que se consideran dentro del ámbito de la Directiva. 
También hubiera sido deseable incluir alguna referencia a los períodos de accesibilidad a los documentos públicos. 
Por un lado, me alegra que se hayan aprobado las propuestas relativas a la resolución unilateral sobre la producción de información y las propuestas relativas a las condiciones que regulan la aplicación de esa resolución, en particular el período razonable de aviso. 
Una resolución aplicada con rigor supone un riesgo para los operadores afectados. 
Pienso, sobre todo, en las PYME y las SMI, que no dispondrán de los medios técnicos o financieros para afrontar esas situaciones si no se las avisa con antelación suficiente. 
Por ello les animo, Señorías, a que voten a favor del informe del Sr. Van Velzen. El ponente ha completado satisfactoriamente la propuesta básica de la Comisión con un informe exhaustivo, que ha sido negociado inteligentemente entre los diferentes grupos políticos a los que pertenecemos. 
Señor Presidente, no hace falta insistir en la importancia que hoy tiene para todos la sociedad de la información, tanto para el sector público, como para las empresas y los ciudadanos. 
Me centraré sólo en dos de los informes que hoy se están debatiendo. 
En cuanto a la iniciativa de la Comisión sobre la reutilización de los documentos del sector público, cada vez son más las empresas del ámbito europeo que gozan de información del sector público y que la reutilizan. 
Debemos garantizar que las condiciones de acceso a esta información sean las mismas en toda Europa. 
El precio por esta información debe ser proporcional- sin duda- al coste de producción, pero no podemos, por otro lado, obligar a la administración- tal y como se ha dicho en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores- a producir toda aquella información si no es relevante y necesaria. 
En cuanto a la propuesta de decisión del Consejo para el seguimiento del eEurope y para la difusión de las buenas prácticas y seguridad en las redes, quisiera resaltar dos aspectos. 
La Comisión de Libertades, que elaboró la opinión para la Comisión de Industria, que era competente para el fondo, ha afirmado igualmente que es necesario no sólo fomentar todo intercambio de buenas prácticas entre profesionales públicos y privados, sino que la Comisión debería financiar también campañas de información y sensibilización sobre esta cuestión de la seguridad de las redes. 
Felicito aquí a la Comisión por su iniciativa de hoy de presentar una unidad de seguridad en las redes. 
Es evidente que cada vez más nuestro trabajo y nuestras economías se basan en la sociedad de la información y, por lo tanto, es importante reducir los riesgos de inseguridad en las redes. 
Debemos garantizar tanto un acceso seguro como la protección de la privacidad de los datos de aquellos que acceden al sector público y a las redes en general. 
Para potenciar una economía electrónica en el ámbito de la empresa, es esencial fomentar también una cultura basada en el espíritu empresarial y estimular una mayor participación de los empresarios en la sociedad de la información. 
Si en Lisboa, como han dicho otros colegas, se fijó como objetivo estratégico convertir la economía basada en el conocimiento en la más competitiva y dinámica del mundo, el objetivo de la sociedad de la información es, sin duda, un motor importante e indispensable. 
Señor Presidente, este ha sido un debate amplio y muy interesante. 
Me gustaría dar las gracias al Sr. Van Velzen por su trabajo sobre la información del sector público. 
Todos estamos de acuerdo en que la calidad es uno de los factores esenciales para el desarrollo de nuevos servicios de la sociedad de la información y en particular de los servicios de tercera generación. 
Preferiría presentar por escrito la posición de la Comisión sobre las enmiendas, porque la Directiva sobre la seguridad en el puesto de trabajo empieza limitando nuestra jornada laboral. 
Esta es una decisión muy sabia. 
Gracias, Señor Comisario. 
El debate conjunto queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy, miércoles, a las 12.00 horas. 
Decisión sobre la urgencia 
. (ES) Señora Presidenta, efectivamente, ayer, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores que presido celebró una reunión extraordinaria para tratar este asunto y se acordó rechazar el carácter de urgencia, por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque no está acreditado que el procedimiento de urgencia haya que aplicarlo de un día para otro; en la reunión ni la Comisión ni el Consejo han expuesto argumentos suficientes; y, en segundo lugar, porque creo que debemos exigir al Consejo que motive las urgencias y que no se habitúe también a considerar al Parlamento como una mera formalidad, aunque hay que decir que, en este caso, el contenido de la propuesta responde también al sentir del Parlamento. 
En cualquier caso, el lunes próximo, en la sesión ordinaria de nuestra comisión, se tratará este asunto. 
Si nadie más desea intervenir, procederemos a votar sobre esta solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia. 
Procedemos a la votación sobre la solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia. 
(Se decide no aplicar el procedimiento de urgencia) 
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0021/2003) de la Sra. Malliori, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la prevención y la reducción de los riesgos asociados a la drogodependencia [COM (2002) 201- C5-0270/2002- 2002/0098 (CNS) ]. 
Señora Presidenta, esta propuesta de recomendación del Consejo está basada en el artículo 152 del Tratado, que estipula que la acción de la Comunidad, que complementará las medidas nacionales, abarcará la lucha contra las principales plagas para la salud. 
El Tratado cita las drogas y los daños que ocasionan con las siguientes palabras: «La Comunidad complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a la salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención». 
Asimismo, permítanme recordarles que uno de los tres objetivos principales de la Estrategia europea de lucha contra la droga 2000-2004, una de las principales iniciativas en la lucha contra la droga, es la reducción sustancial de los daños ocasionados por las drogas y del número de muertes que éstas provocan. 
El número de muertes por sobredosis en la Unión Europea es de unas 7 000 anuales. 
Las muertes relacionadas de manera indirecta con el consumo de drogas, como el sida, los accidentes de tráfico, la violencia o el suicidio elevan esta cifra a 20 000 anuales. 
La prevención del consumo de drogas ilegales es un objetivo prioritario. Se conseguirá si se reduce tanto la oferta como la demanda de drogas. 
En particular, esta recomendación propuesta abarca la vertiente de la demanda e incide en el punto en que la actividad policial no logra detener la oferta de drogas. 
Evidentemente, en primer lugar tenemos que convencer a las personas de que no consuman drogas ilegales. 
Sin embargo, cuando no se puede impedir que un individuo consuma drogas, hay que realizar todos los esfuerzos posibles por minimizar el daño que le provocará la droga, así como el daño que el consumidor pueda provocar a terceros. 
El toxicómano tiene que implicarse de forma activa en estos esfuerzos. 
Esto se llama reducción de riesgos o, a veces, reducción de daños o minimización de daños. 
La parte principal de la recomendación trata de esto. 
Los métodos de reducción de riesgos que aparecen en la recomendación están bien establecidos. La mayoría de los Estados miembros los han utilizado en diferentes grados. 
Los opiáceos, como la heroína, constituyen la causa principal de la mayoría de muertes relacionadas con la droga. 
Uno de los métodos más antiguos de reducción de riesgos es el uso de la metadona como sucedáneo de la heroína consumida por vía parenteral. 
La metadona apareció por primera vez en la UE a finales de los años sesenta, en respuesta al incipiente consumo de opiáceos. 
La aparición del VIH en los años ochenta favoreció la introducción de programas de intercambio de agujas y jeringuillas. 
En los últimos años, la mortalidad vinculada al consumo de drogas en el ámbito de la UE se ha estabilizado, a pesar del aumento del consumo. 
Esto se debe a numerosos factores. 
En algunos países, el consumo de drogas por vía parenteral ha disminuido y el tratamiento médico en caso de sobredosis ha mejorado. 
Sin embargo, los métodos de reducción de riesgos que contempla esta recomendación seguramente también han contribuido a este cambio positivo. 
Los servicios de atención en materia de drogas tienen que ser fácilmente accesibles y llegar allí donde se encuentre el toxicómano, no donde nosotros queremos que se encuentre. 
Estos servicios se denominan «unidades móviles». Asimismo, los llamados «servicios fácilmente accesibles» tienen que ofrecerse sin exigencias poco realistas. 
El objetivo es prevenir un mayor deterioro de la salud y de las circunstancias sociales de los usuarios y motivarlos a buscar tratamiento. 
Esta recomendación no menciona de los métodos de reducción de riesgos más controvertidos, si bien algunos Estados miembros ya los están usando. 
Métodos como las inyecciones de heroína bajo supervisión, las salas de inyección, la distribución de jeringuillas y los análisis anónimos de sustancias realizados sobre el terreno requieren una mayor investigación y evaluación antes de que puedan recomendarse con carácter general. 
La recomendación señala la evaluación como instrumento clave para la mejora de las medidas relacionadas con las drogas. 
El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías de Lisboa desempeña un papel esencial en el desarrollo de los indicadores clave para el control y la comparación del consumo de drogas en los Estados miembros. 
Asimismo, fija las directrices para la evaluación de proyectos relacionados con las drogas y evalúa los diferentes programas y políticas. 
La Comisión ha contado con la ayuda inestimable de la agencia de Lisboa en la preparación de esta recomendación, que constituye una medida positiva tanto para los toxicómanos como para la salud pública en general. 
Señora Presidenta, señor Comisario, por desgracia en la actualidad el abuso de drogas constituye uno de los principales problemas sociales, lo que significa que las medidas y las políticas que se han aplicado hasta la fecha han sido insuficientes. 
El consumo de drogas está aumentando junto con los demás problemas a los que se enfrenta la sociedad moderna. 
El informe anual del año 2002 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías revela que el nivel de consumo de drogas es bastante estable, entre 2 y 9 usuarios por cada 1 000 habitantes en el grupo de 15 a 64 años de edad, de los cuales entre 500 000 y 1 000 000 consumen drogas por vía parenteral, es decir, son heroinómanos. 
Por esta razón, aunque el objetivo primario al abordar este problema ha sido y seguirá siendo la prevención, creo que esta iniciativa es muy importante y le felicito, señor Comisario, por su propuesta sobre la prevención y reducción de los riesgos asociados a la drogodependencia. 
No tengo reparos en afirmar que hubiera preferido que esta propuesta particular hubiera sido una propuesta legislativa, porque se trata de política común europea o, al menos, un enfoque legislativo que da mayor eficacia a nuestras políticas. 
Aun así, creo que esta propuesta de recomendación es un paso importante hacia la protección tanto de la salud pública como de la salud personal de los consumidores de drogas, y que emitimos el mensaje político adecuado: los adictos no son meros delincuentes, como creen la mayoría de sociedades en la actualidad, sino también pacientes que necesitan atención médica y social. 
Las enmiendas que proponemos especifican principalmente la acción que hay que llevar a cabo en el ámbito local si queremos alcanzar los mayores resultados posibles en este difícil y delicado sector. 
Es esencial concienciar a la opinión pública a fin de lograr la aceptación de las distintas formas de tratamiento y otros programas de protección de los drogodependientes, si queremos ser capaces de aplicar la recomendación propuesta. 
Dicho de otro modo, cuando hablamos de medidas para reducir el daño causado por el consumo de drogas, el objetivo principal sigue siendo el de curar al drogodependiente. 
Sin embargo, como sabemos, un gran número de adictos no se apuntan a programas de tratamiento, y es básicamente este grupo el que tiene mayores problemas. 
Sólo podremos detener la propagación de enfermedades peligrosas como la hepatitis, el sida y la tuberculosis si educamos a este grupo en torno a los riesgos para la salud. 
Esto también debería alentar a los consumidores a ser más cuidadosos cuando toman drogas y a adoptar un estilo de vida más sano. 
Asimismo, es esencial incluir medidas destinadas a los entornos de alto riesgo, como las prisiones. 
La proporción de presos en la UE que aseguran haber consumido drogas oscila entre un 29 y un 86%, según las prisiones y los países. 
Los prisioneros tienen un alto riesgo de contraer enfermedades a través del uso común de jeringuillas y agujas y del contacto sexual. 
Es inevitable que el personal de las prisiones también se enfrente a un peligro inmediato y se han propuesto una serie de enmiendas a fin de reflejar esto. 
Como ya sabe, señor Comisario, el debate sobre las drogas está sobre el tapete desde hace bastante tiempo y siempre ha suscitado numerosos puntos de vista, normalmente enfrentados. 
Sin embargo, y doy las gracias a todos mis colegas, en especial a los ponentes alternativos, por su cooperación, hoy hemos conseguido presentar al pleno una propuesta que cuenta con un apoyo bastante amplio, a pesar de las 103 enmiendas originales. 
Creo que si los Estados miembros aplican sólo algunas de las medidas propuestas, tanto los consumidores y sus familias como los ciudadanos europeos sentirán que estamos decididos a hacer algo acerca de este complejo y difícil problema. 
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a la ponente por su informe y al Comisario por presentar esta propuesta. 
Creo que el Comisario tiene razón cuando dice que tiene que ser una recomendación. 
Los diferentes Estados miembros tienen culturas diferentes y tenemos que respetarlas, de modo que en estos momentos las recomendaciones sobre la buena práctica son probablemente el camino a seguir. 
Asimismo, señora Presidenta, quisiera señalar que el Comisario tiene que revisar el texto de su comunicación para asegurarse de que no contenga nada que induzca a pensar que esta recomendación promueve de alguna manera el consumo de drogas. 
Puesto que el abuso de drogas seguro no existe, se trata de reducir y prevenir los daños derivados de dicho abuso. 
En mi país hay 3 millones de personas que consumen drogas ilegales, de las cuales un 28% tienen entre 16 y 29 años de edad y un 14% de 14 a 15 años. 
Cada año tenemos 12 000 nuevos adictos notificados, 70 000 delitos asociados a las drogas y 1 200 muertes relacionadas con las drogas. 
Si analizamos las cifras europeas del OEDT, desde el año1991 los delitos en la UE se han duplicado y en algunos países como Francia, Grecia y España se han cuadruplicado. 
Las muertes relacionadas con las drogas se han duplicado desde 1985. 
Hay quienes usan los mismos argumentos que a veces escuchamos sobre el sida, diciendo que olvidemos a los que están infectados y protejamos y salvemos al resto. 
Sin embargo, no podemos abandonar a los que están enganchados a las drogas. Como muestran las cifras, muchos de ellos son niños. 
Estamos perdiendo la batalla, pero no debemos abandonar la lucha. 
Debemos dirigirnos a los cultivadores y fabricantes, a los traficantes y los «camellos» , y educar, disuadir y prevenir, pero también reducir los daños que sufren los adictos y aquellos con quienes entran en contacto. 
Esto es exactamente lo que propone esta recomendación. 
Los Estados miembros no están obligados a nada. Esto viene acompañado de medidas de prevención. 
Quisiera decirle a mi colega, el Sr. Santini, que me complacerá aceptar sus enmiendas 60, 61, 63 y 64 si son complementarias a las propuestas de este informe. Pero las rechazaré si pretenden sustituir a dichas propuestas. 
No estamos aquí para debatir sobre la legalización de las drogas, aunque sé que se han presentado algunas enmiendas al respecto. 
Por esta razón, en esta ocasión estoy en contra de los argumentos sobre legalización y descriminalización. 
El informe no pretende sustituir la reducción de daños por otras medidas, y menos aún por un «SIMPLEMENTE, DI NO» , que no funciona. 
He tenido ocasión de comprobarlo durante mi mandato como Ministro responsable de la drogodependencia en mi país. 
Hay que decir, particularmente a la gente joven, la verdad. 
Tienen que conocer tanto las ventajas como los inconvenientes. 
Un ejemplo es el caso de Leah Betts, una adolescente que murió al tomar éxtasis, una anfetamina. 
Después de su muerte, sus padres permitieron que se mostrara un vídeo de su cuerpo, para que los jóvenes entendieran los efectos del éxtasis. 
Asimismo, se unieron a nosotros para que asesoráramos a las discotecas sobre la forma de evitar que este desastre volviera a ocurrir. 
Se trata de proporcionar agua y «salas de enfriamiento» , lo que no tiene nada que ver con las «salas para chutarse». 
Hay muchos adolescentes que necesitan y merecen nuestro apoyo. 
Hay intercambios de agujas, que no sólo protegen a los adictos, sino también a quienes están en contacto con ellos. 
Tenemos que examinar la cuestión de la salud y poner fin al consumo abusivo de drogas en las prisiones, pero también reducir los daños y no incorporar incentivos perversos para alentar el consumo. 
Acojo con satisfacción este informe. 
Hay que tratar este asunto con prudencia, y sé que el Comisario lo hará a medida que avanzamos en la implantación de la buena práctica en toda la Unión Europea. 
Doy la palabra a la Sra. Sandberg-Fries, y aprovecho la ocasión para darle la bienvenida de nuevo en el Parlamento Europeo. 
Señora Presidenta, señor Comisario, soy de los que opinan que, en lo que respecta a las repercusiones globales de la drogodependencia para la salud pública, el crimen y la inseguridad, sería preferible, mientras sea posible, desarrollar enfoques europeos. 
Por lo tanto, acojo con satisfacción esta propuesta de recomendación y el excelente informe de la Sra. Malliori. 
Nuestra política en el combate contra la drogodependencia ha sido un fracaso. El enfoque prohibicionista ha dado alas al tráfico de drogas, permitiéndole florecer y obtener beneficios cada vez mayores, impulsando tanto la delincuencia organizada como el pequeño crimen, corrompiendo regímenes y humillándonos por nuestra impotencia. 
Además, el deterioro de la salud de los drogodependientes es preocupante, así como los riesgos sanitarios derivados del contagio del VIH, la tuberculosis, la hepatitis B y la hepatitis C y el creciente número de muertes por sobredosis y envenenamiento. Frente a estos problemas, es imposible tener la absoluta certeza sobre el camino a seguir. 
Nuestra prioridad debería ser, en primer lugar, la elaboración de políticas de prevención basadas en el conocimiento científico de cada droga y no en una respuesta emocional y en el enfoque radical que, al tratar todas las drogas por igual, acaba con la credibilidad de la acción preventiva. 
Nuestra segunda prioridad es el desarrollo de una política de reducción del riesgo. 
Los infectados para los que los tratamientos libres de droga no han dado resultados positivos tienen que seguir programas de sustitución con metadona. 
Asimismo, es importante que se sigan y se apliquen en otros Estados experimentos de administración de heroína bajo control médico a pacientes con un largo historial de fracasos en su respuesta al tratamiento y a pacientes con enfermedades crónicas. Tenemos que ser capaces de evaluar estos resultados. 
Muchos de estos experimentos han mostrado resultados positivos con una disminución de la delincuencia, del número de sobredosis por envenenamiento y del número de contagios de VIH, tuberculosis, hepatitis B y hepatitis C. 
Señora Presidenta, cientos de miles de personas mueren cada año a causa del consumo de drogas perfectamente legales. Sin embargo, subvencionamos el cultivo del tabaco mientras destruimos las plantas de cannabis. 
Todo esto no tiene ningún sentido. 
La verdad es que la ilegalización es la causa de muchos de nuestros problemas. 
Aporta enormes beneficios a los criminales, que intentan ampliar su mercado. 
Promueve la corrupción y el robo. 
Niega a los consumidores de drogas la información sobre el contenido que sí está disponible para los que disfrutan de una copa de alcohol por la noche. 
Para que funcionen los mensajes en materia de salud y la sociedad esté protegida, tenemos que sustituir la ilegalización por la reglamentación administrativa. 
Si queremos controlar estos problemas tenemos que impedir que los criminales obtengan beneficios. 
Este informe es un excelente paso adelante. 
Hace caso omiso de la indignación moral que tan a menudo se expresó en el pasado. Se centra en pasos pragmáticos y sensatos con objeto de informar a la gente y reducir los daños. 
Contraste diametralmente con el enfoque sueco, que me parece del todo espantoso. 
Como ha dicho el Sr. Bowis, decir simplemente «no» no funciona, y realmente no funciona en la mayoría de las sociedades en que vivimos. 
Por ejemplo, la idea de que deberíamos intentar y prevenir los intercambios de agujas sólo causará más muertes, más septicemia y más sida. 
Se trata de un enfoque vicioso y cruel. 
Señora Presidenta, al principio negamos que existiera el problema. 
Gradualmente pasamos de negar el problema a restarle importancia; variaba según el país y la sociedad implicada. 
Creo que este informe nos presenta ahora un enfoque más global. 
En general creo que el informe es positivo, si bien es cierto que podría mejorarse. 
El análisis es muy bueno y completo. 
Si consideramos los cinco niveles diferentes- producción, transporte, comercialización, consumo y consecuencias -, nos damos cuenta de que como sociedad y como legisladores tenemos que intervenir en varias áreas y sectores diferentes. 
En lo que respecta a la producción, creo que necesitamos intervenir de manera mucho más decisiva a través de la ayuda al desarrollo, que es un ámbito diferente, pero totalmente relevante. 
Porque si no estamos dispuestos a compartir nuestra voluntad ahora, no cabe duda de que tendremos que hacerlo en el futuro. 
Respecto del transporte, la comercialización y la delincuencia asociada a las drogas, creo que es preciso hacer un mayor esfuerzo, y es esencial que vaya acompañado de un refuerzo de las medidas necesarias en materia de prevención y cuidado. 
Si bien no somos directamente responsables, creo- estoy convencido- que este asunto tiene que plantearse. 
Generalmente se presenta el consumo como un problema individual. 
Pero no se trata sólo de un problema individual; no es tan sólo un asunto que afecta al individuo, a la familia y al círculo inmediato, sino también a la comunidad local y la sociedad en general. 
Las consecuencias, como señala en detalle el análisis del informe, también son un problema de salud pública. 
Por lo tanto, es un asunto que concierne a toda la sociedad, y creo que este fenómeno, que después de haberlo minimizado ahora entra en una nueva fase en que se adopta un enfoque global, sólo puede abordarse a través del diálogo y con la ayuda y la voluntad de toda la comunidad, en particular de la comunidad local, de prestar asistencia. 
Espero que la actitud de la sociedad cambie gradualmente a este respecto y que la gente esté más dispuesta a comprometerse, porque esto es lo que necesitamos si queremos tener éxito en el combate contra esta plaga. 
. 
(EN) Señora Presidenta, acojo con agrado el informe de la Sra. Malliori y, en particular, sus acertados comentarios en la exposición de motivos, que demuestran un profundo conocimiento en este terreno y una actitud positiva. 
En primer lugar, permítanme dejar claro que la prevención siempre será nuestra prioridad. 
Sin embargo, el ámbito de la recomendación está centrado en la reducción de riesgos. 
No se trata de una alternativa, sino de otro elemento importante en la lucha contra las drogas. 
Muchas de las enmiendas propuestas refuerzan la recomendación. 
Me satisface confirmar que la Comisión apoya 41 de las 66 enmiendas propuestas. 
Algunas de ellas se solapan, y quizá sea necesario redactarlas de nuevo por otras razones. 
Las que hacen referencia a compromisos financieros deberían abordarse según los procedimientos normales. 
Acojo favorablemente las enmiendas 12 y 24, que sugieren la incorporación de los métodos de reducción de riesgos relacionados con el uso de las nuevas drogas sintéticas como el éxtasis. 
En sentido estricto, esto podría considerarse una cuestión periférica en el ámbito de esta recomendación, puesto que casi todos los usuarios de estas drogas no son realmente adictos. 
Pero el consumo de estas drogas está aumentando. 
Algunos consumidores muestran una pauta de consumo compulsiva y, a menudo, forman parte de una red en la que el consumo está muy extendido. 
Como ya he dicho, podemos apoyar muchas de las enmiendas propuestas, pero no dispongo de tiempo para mencionarlas todas. 
Hay 25 enmiendas que no puedo apoyar, no porque esté en contra de su contenido, sino porque se sitúan a todas luces fuera del ámbito de esta recomendación. 
He hecho entregar una lista a la secretaría del Parlamento a fin de que la incluya en el Acta para mayor claridad y precisión. 
Gracias, Comisario Byrne. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0008/2003) de la Sra. Stihler, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión sobre las medidas comunitarias y nacionales relativas a los implantes mamarios [COM (2001) 666- C5-0327/2002- 2002/2171 (COS) ]. 
, ponente. 
(EN) Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a todos los que han intervenido en este debate. 
Ha habido consenso durante todo el proceso y, para variar, la mayoría de colegas están de acuerdo en que hay que actuar. 
Por ello acepto las tres enmiendas propuestas a este informe. 
¿Cómo hemos llegado a esta situación? 
Hace más de ocho años, una mujer llamada Margot Cameron llegó a la consulta médica de mi colega, el Sr. Miller. 
Le dijo que nadie quería escucharla. 
Su historia inspiró a mi colega de tal manera que presentó una petición al Parlamento Europeo para demostrar a Margot que no estaba sola. 
Hay muchas Margots en el Reino Unido y en toda la UE con historias similares, relacionadas con problemas con la silicona. 
La petición ha llevado a la Comisión a reclasificar los implantes mamarios entre los productos de la clase III, de conformidad con la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios. 
Los Estados miembros deben adoptar y promulgar leyes, reglamentos y disposiciones administrativas necesarias para cumplir esta Directiva no más tarde del 1 de agosto de 2003. 
Si no me equivoco, esta es la primera vez que una petición de estas características lleva a la Comisión a actuar de forma directa. 
Espero que cada vez más ciudadanas europeas encuentren soluciones a sus problemas por esta vía. 
Sin embargo, por mucho que el Parlamento aplauda la actuación de la Comisión, queremos llevar el asunto más allá. 
Cada vez hay más mujeres que recurren a los implantes mamarios, bien por razones puramente estéticas, bien con fines de reconstrucción tras la extirpación de un cáncer de mama o a causa de deformaciones. Por lo tanto, tenemos que poner la seguridad de la paciente en primer lugar y asegurarnos de que las personas tomen decisiones informadas. 
Mi informe pretende responder a las preocupaciones legítimas de miles de mujeres y a la necesidad de poner la seguridad de la paciente en primer lugar. 
En consecuencia, el informe recomienda a los Estados miembros que tomen medidas para aumentar y mejorar la información a las pacientes mediante el seguimiento y la supervisión posterior, el control y el aseguramiento de la calidad. 
Esto incluye cualquier forma de publicidad directa, como los anuncios en revistas y el uso de fotografías de «antes y después». 
Tenemos que acabar con esta información engañosa que potencia la demanda y en la que muchas mujeres llegan a depositar todas sus esperanzas. 
Quizá las fotografías de «antes y después» de mujeres que han sufrido roturas en sus implantes mostrarían una cara muy diferente de la historia a las lectoras de las revistas elegantes. 
Quisiera que se aplicara el límite de edad de 18 años, excepto por razones médicas, con objeto de que las mujeres jóvenes no tomen decisiones erróneas basadas en criterios estéticos. 
En segundo lugar, la necesidad de información requiere un etiquetado y una publicidad adecuada, incluidas las advertencias que expliquen los riesgos para la salud. 
Por ejemplo, las mujeres deberían saber que los implantes mamarios tienen que sustituirse al cabo de cierto tiempo. 
Es una vergüenza que durante tanto tiempo los embaucadores hayan quedado impunes sin facilitar esta simple información. 
Por esta razón, necesitamos que se cree un registro internacional de cirujanos plásticos acreditados. 
Para concluir, tiene que haber una investigación responsable. 
Antes de comercializar los implantes mamarios, los fabricantes tienen que recopilar información clínica sobre las características y prestaciones de su producto. 
Esto también significa que los fabricantes de implantes mamarios necesitan trazar el historial de sus productos. 
En consecuencia, es vital crear un registro nacional de implantes mamarios con objeto de mantener informadas a las mujeres en caso de fallo de un producto. 
Este problema no va a desaparecer. 
Espero que en el futuro haya más mujeres que puedan tomar decisiones informadas y que no tengan que sufrir de la misma manera que muchas mujeres como Margot han sufrido en el pasado. 
Espero que la Comisión informe al Parlamento respecto de la aplicación de esta reclasificación por parte de los Estados miembros, y que continúe controlando el asunto de los implantes mamarios de gel de silicona, poniendo siempre la seguridad de la paciente en primer lugar. 
Señor Presidente, quiero comenzar felicitando a la Sra. Stihler y a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por su excelente trabajo. 
Asimismo, los miembros de la Comisión de Peticiones y de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades han desempeñado un papel importante en el proceso. 
El informe refleja el consenso entre el Parlamento Europeo y la Comisión. 
Me complace informar al Parlamento de que la semana pasada la Comisión aprobó una Directiva que reclasifica los implantes mamarios en el contexto de la legislación sobre productos sanitarios. 
Los implantes mamarios están sujetos ahora a los más estrictos procedimientos de evaluación. 
Para ser más exactos, los implantes mamarios han sido reclasificados de la clase IIB a la clase III. Además, se exigen datos clínicos y atributos de diseño, principalmente sobre biocompatibilidad y propiedades físicas y mecánicas. 
Esto aumentará el nivel de seguridad de los implantes mamarios. 
Además, a petición de la Comisión y de los Estados miembros, el CEN, el Comité Europeo de Normalización, está llevando a cabo un estudio exhaustivo de las normas europeas en materia de implantes mamarios. 
La Comisión ha recibido información alentadora de los Estados miembros referente a las medidas nacionales que se han tomado o que se han ampliado, conforme a las recomendaciones de nuestra comunicación de noviembre de 2001. 
El Parlamento dispondrá de esta información en un documento de trabajo de la Comisión relativo a las medidas nacionales que los Estados miembros han adoptado o van a adoptar en relación con los implantes mamarios. Este documento estará a punto en las próximas semanas. 
La Comisión cree que tanto su comunicación como la elaboración del próximo documento de trabajo han tenido un efecto significativo. 
Todos los Estados miembros han verificado sus políticas nacionales y han comenzado a introducir las medidas recomendadas por la comunicación. 
Ambos documentos continuarán siendo un elemento útil que los grupos interesados y las autoridades nacionales podrán usar en el ámbito nacional, con objeto de promover las mejores prácticas y de inspirar más acciones. 
Cabe subrayar la excelente cooperación entre el Parlamento y la Comisión en este tema, puesto que el resultado global ha sido muy positivo. 
ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, miles de mujeres han pedido al Parlamento que adopte una postura sobre los peligros inherentes al uso de los implantes mamarios de silicona. 
Los transplantes mamarios están sujetos a los requisitos de calidad y seguridad de los productos sanitarios, que se rigen- como también usted ha mencionado, señor Comisario- por la Directiva 93/42/CEE. 
La presión de los grupos de autoayuda de mujeres que han sufrido las consecuencias adversas de los implantes mamarios de silicona ha dado pie a la comunicación de la Comisión. 
Los implantes de silicona se han usado durante años, antes de que existiera un reglamento o una vigilancia de su uso. 
La ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, mi colega, Sra. Ria Oomen-Ruijten, quien por desgracia no puede estar hoy aquí, se refiere en particular a la necesidad de facilitar información abierta y transparente sobre los implantes de silicona. 
Los asuntos de salud pública y atención sanitaria competen en su mayoría a los Estados miembros. 
Junto con la Sra. Stihler, pedimos a los Estados miembros que establezcan un registro nacional que incluya información sobre el seguimiento médico y sobre el modo de llevarlo a cabo. 
Tenemos que proteger la intimidad personal. 
Por lo tanto, el acceso a los registros será restringido y su contenido tratado de forma confidencial. 
Se difundirán las buenas prácticas y después se aplicarán en toda Europa. 
Necesitamos investigar y proseguir con la labor de desarrollo en materia de seguridad y tolerancia a los implantes. 
La introducción de un pasaporte para las receptoras de implantes y los exámenes obligatorios de seguimiento postoperatorio pueden resultar útiles para recopilar información. 
No se debe facilitar información detallada en forma de publicidad. 
La publicidad aumentará la demanda de implantes. 
En cambio, lo que se necesita es información equilibrada. 
Los médicos y enfermeros- tanto hombres como mujeres- tienen la responsabilidad particular de dar a las pacientes información objetiva, exhaustiva y científicamente actualizada mediante la descripción por escrito de los detalles de sus implantes, como por ejemplo el número de identificación, el volumen y el tipo. 
Quisiera dar las gracias a la Sra. Stihler por su equilibrado informe. 
Señorías, en mi opinión los implantes mamarios también son parte integrante de la salud. 
Se necesitan para reconstruir pechos. 
A menudo intervienen razones estéticas, pero si alguien se cree inferior, se resiente su salud general. 
Con ayuda de los implantes recupera su sentido del bienestar. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera dar las gracias a la ponente, Sra. Stihler, por su excelente informe y su extraordinaria cooperación, también en nombre de mi colega, la Sra. Ria Oomen-Ruijten, que hoy no puede estar aquí por una importante razón: una ceremonia de investidura en los Países Bajos. 
Les pide disculpas. 
Los implantes mamarios se rigen por la Directiva de productos sanitarios. 
Me complace que la Comisión- como ha explicado antes el Comisario Byrne- haya anunciado recientemente que va a reclasificar los implantes mamarios y que presiona para aumentar la seguridad de las pacientes. 
En términos generales, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos apoya la comunicación de la Comisión y el informe presentado por la Sra. Sthiler. 
Tenemos que enfrentarnos al siguiente hecho en Europa: cada año, 160 000 mujeres en la Unión Europea sufren de cáncer de mama. 
Afecta a una de cada ocho mujeres. 
Tan sólo en Alemania, son más de 50 000 mujeres cada año. 
El Parlamento es muy consciente de que se trata de un asunto candente y delicado. 
En el tratamiento postoperatorio de las pacientes afectadas de cáncer de mama, los implantes mamarios son a menudo un factor decisivo para aumentar su calidad de vida. 
Por lo que respecta a las anormalidades mamarias y a los tratamientos de cirugía estética, las opciones disponibles también tienen que explicarse y se tiene que garantizar la seguridad. 
Por lo tanto, instamos a que se adopten una serie de medidas decisivas, más allá de las propuestas de la Comisión. 
Es esencial que se establezca una edad mínima para las operaciones mamarias por razones estéticas. 
No deberían llevarse a cabo en mujeres menores de edad. 
Las operaciones por razones médicas serían la excepción. 
Además, la publicidad de este tipo de implantes dirigida al público en general debería prohibirse conforme al modelo francés. 
Sólo se permitiría publicar información objetiva en un contexto no comercial. 
Hay que garantizar que un doctor especialista en cirugía plástica proporcione asesoramiento e información antes de la operación. 
Creemos que es esencial que esta reunión tenga lugar al menos cuatro a seis semanas antes de la operación, a fin de que las mujeres dispongan de un período para reflexionar sobre la información objetiva y fiable que han recibido. 
Como en otros ámbitos, hay que hacer más hincapié en la información a las pacientes. 
Por lo tanto, antes de acordar la fecha de la operación habría que dar a las mujeres una hoja explicativa. 
Es importante que esté basada en el contenido ya desarrollado por EQUAM. 
Debería contener tanto una advertencia acerca de los riesgos sanitarios potenciales como un llamamiento claro para que sólo se acuerde una fecha para la operación una vez que todas las cuestiones pendientes hayan sido totalmente resueltas. 
Esta cuestión también se plantea en la enmienda que he presentado al apartado 9 del informe. 
Por lo que respecta a los implantes de silicona, necesitamos criterios estrictos de seguridad y calidad a escala internacional. 
Por esta razón, necesitamos que el registro transfronterizo de implantes mamarios sea obligatorio a escala internacional. 
En este contexto, los Estados miembros de la UE deberían adherirse al registro internacional de transplantes mamarios. 
La investigación científica llevada a cabo en los últimos años ha dado lugar a algunos hallazgos decisivos en este ámbito. 
Por lo tanto, creemos que es importante apoyar esta investigación y garantizar que el trabajo científico continúe en toda Europa. 
En general la comunicación de la Comisión, junto con las enmiendas propuestas por el Parlamento, constituye un paso importante en la buena dirección. 
No se trata de dificultar todavía más el uso de los implantes mamarios, ya sea por razones médicas o estéticas. 
La finalidad de esta iniciativa es garantizar los máximos niveles de seguridad del producto, asegurar que se proporciona información exhaustiva y, en última instancia, aumentar la calidad de vida de las mujeres implicadas. 
Comisario, Señorías, yo también quisiera dar las gracias a la Sra. Stihler por su excelente y, sobre todo, importante informe. 
Una y otra vez, las mujeres se quejan del daño ocasionado a su salud tras el uso de implantes mamarios o tras una operación de resultados estéticos indeseables. 
A propósito, un 80% de las operaciones de implantes mamarios se llevan a cabo por razones puramente estéticas. 
El constante sufrimiento físico y emocional causado por las operaciones de implante es a menudo inmenso. 
Como norma esto debería evitarse, porque la causa de este sufrimiento no radica en los implantes propiamente dichos. 
Esto se ha confirmado en los estudios realizados, y de forma particularmente impresionante en el estudio STOA del año 2000. 
Las causas son que, normalmente, los implantes no son colocados por especialistas, no se sustituyen de forma automática al cabo de algunos años y hay una continua falta de seguimiento médico regular, por no mencionar el hecho de que todavía no se informa a las mujeres de los riesgos potenciales, que varían de un caso a otro, antes de la operación. 
Por esta razón urge que los Estados miembros se aseguren de que las mujeres estén totalmente informadas antes de una operación de este tipo y, sobre todo, que impidan que sigan operando un sinfín de cirujanos plásticos insuficientemente cualificados mediante la exigencia de requisitos de formación adicionales e inspecciones más rigurosas de sus clínicas. 
Si queremos optimizar el aseguramiento de la calidad, el segundo paso, ahora que ya hemos dado el primero junto con la Comisión, es establecer normas más estrictas de seguridad del producto. 
Estoy pensando en la reciente decisión de reclasificar los implantes mamarios como productos sanitarios de clase 3. 
Asimismo, mi Grupo solicita que se introduzca un pasaporte de implante que facilite información tanto sobre las características del implante como sobre la atención postoperatoria necesaria e identifique al cirujano. 
El pasaporte deberá estar firmado por el médico y la paciente antes de la operación a modo de declaración de consentimiento. 
En vista de las complicaciones que pueden surgir tras una operación de implante mamario- que nos fueron planteadas por las peticiones de miles de mujeres en 1998 -, creo que es francamente escandaloso y totalmente incomprensible que hasta la fecha sólo un Estado miembro haya introducido un registro nacional de implantes. 
Tampoco resulta sorprendente que en la actualidad no dispongamos de datos precisos sobre las operaciones de implantes llevadas a cabo o de los hallazgos científicos completos sobre los efectos adversos sufridos por las mujeres. 
Por esta razón, urge muchísimo comenzar a establecer un registro nacional de implantes mamarios en todos los Estados miembros de forma inmediata, así como adherirnos al registro internacional de implantes mamarios. 
En mi opinión, toda esta penosa historia ilustra de nuevo la razón por la que necesitamos centros mamarios interdisciplinarios en los que puedan tratarse las enfermedades benignas y malignas y las operaciones estéticas bajo el mismo techo, y donde esté garantizada la calidad. 
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Stihler por su excelente informe. 
Uno de los asuntos clave es la prohibición de la publicidad directa sobre implantes mamarios. 
El suministro de información no comercial a través de los servicios de salud pública nacionales es el camino a seguir. 
Francia ya ha declarado la prohibición. Todos los Estados miembros deberían hacer lo mismo en relación con los implantes mamarios, porque estos siempre implican ciertos riesgos. 
La promoción de la cirugía estética en general es un serio problema. 
Hay que tomar medidas para prevenir situaciones en las que se coaccione a las mujeres y, por supuesto, también a los hombres a que se sometan a operaciones innecesarias que puedan implicar riesgos. 
Es cierto que, en muchos casos, existen razones sanitarias y psicológicas para llevar a cabo implantes mamarios, pero tenemos que ser prudentes al respecto. 
Estoy de acuerdo con la ponente respecto del límite de edad. 
Los implantes a mujeres menores de 18 años sólo pueden autorizarse por razones médicas. 
Los menores de edad son muy vulnerables y se les puede coaccionar para que hagan algo que más tarde lamenten. 
La publicidad a favor de la cirugía estética tiene que incluir advertencias sanitarias. 
Tenemos que centrarnos más en promover la autoestima de las mujeres, en lugar de permitir que la publicidad imponga cánones de belleza. 
Y no sólo la autoestima de las mujeres, sino también la de los hombres. 
Si echamos una ojeada a las contraportadas de las revistas femeninas veremos un gran número de anuncios que alientan a las mujeres a cambiar partes de sus cuerpos, poniéndose o quitándose algo. 
El sector de la publicidad tiene una gran responsabilidad en este terreno. 
Existen casos en los que un implante es necesario por razones de salud, pero como ha dicho la ponente, también tiene que hacerse un estricto seguimiento y las pacientes tienen que estar bien informadas. 
En cuanto a los implantes por razones puramente estéticas, tenemos que ver lo que la industria publicitaria está haciendo para coaccionar a la gente a hacer algo de lo que más tarde pueda arrepentirse. 
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la ponente y a todos los colegas que han trabajado en torno a este informe por mantener este asunto en el candelero. 
La ponente les ha contado la historia de una mujer llamada Margot Cameron, que vino a verme hace ocho años. 
Entró y dijo que nadie quería escucharla; nos sentamos, examinamos su problema y comenzamos una campaña. 
Se trata de una historia con final feliz, porque hoy estamos estudiando la legislación que este Parlamento aprobará, lo cual es fantástico. 
Quisiera contarles otra historia que no tiene un final feliz. 
Como he dicho, esto ocurrió hace ocho años cuando Margot Cameron vino a verme. 
Comenzamos a hacer campaña y planteamos la cuestión en el ámbito nacional y, más tarde, europeo. 
Para aquellas fechas ya nos habíamos puesto en contacto con grupos de toda Europa y habíamos planteado la cuestión a la Comisión de Peticiones en 1998, aunque si echo un vistazo a esta sala no veo a nadie que estuviera en aquella comisión. 
Recuerdo que acudí a la comisión y, junto con las mujeres, abogué por esta petición. 
Sin embargo, también recuerdo que la Comisión Europea dijo: «lo siento, chico, esto no es asunto nuestro, pues incumbe a los Estados miembros». 
Esto nos hizo perder muchos años. Tuvimos que esperar al año 2001 para que la Comisión nos hiciera caso. 
Durante este tiempo, tan sólo en el Reino Unido se llevaron a cabo 28 000 nuevas operaciones. Se calcula que, de estos implantes, 20 000 tuvieron fugas o se rompieron durante este período. 
¿Qué ocurrió por culpa de aquel retraso? 
Traicionamos la confianza de las mujeres que habían firmado aquella petición, así como de las que habían decidido ponerse implantes. 
Esto demuestra que tenemos que abordar estas cuestiones y problemas en el momento en que surgen, y no dejar que las mujeres sufran de la misma manera que lo hicieron en el pasado. 
Muchos Estados miembros han prohibido los implantes «trilucent» y los salinos. 
Tenemos que contemplar la posibilidad de prohibir los implantes de silicona en el futuro. 
¿Por qué? 
Porque perjudican la salud. 
Si fueran los hombres quienes se hicieran colocar implantes, mañana mismo se prohibirían, pero esto no ocurre porque los hombres no se hacen colocar implantes. 
Quiero hacer hincapié en un aspecto final. 
Este informe se titula «implantes mamarios» , pero también es posible hacerse colocar implantes de silicona en otras partes del cuerpo, y causan el mismo daño. 
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Sra. Stihler por la elaboración de este informe y, por supuesto, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
La primera vez que oí hablar de este tema como cuestión política fue en la Comisión de Peticiones, cuando el Sr. Miller nos presentó el largo y arduo trabajo que había llevado a cabo. 
Finalmente, conseguimos que la Comisión decidiera hacer algo al respecto. 
Por lo tanto, acojo con agrado el anuncio hecho hoy por el Comisario sobre la reclasificación de los implantes como productos sanitarios, y el efecto que tendrá en la manera en que pueden controlarse. 
La publicidad sobre implantes mamarios en particular, y por supuesto de cualquier tipo de implantes, tiene que estar regulada. 
No es aceptable que estos implantes se anuncien como algo simple y fácil, sin mencionar los riesgos médicos que comportan. 
En particular, hay que asegurar que las personas menores de 18 años sólo puedan hacerse colocar implantes en caso de necesidad médica, y sus tutores deben ser plenamente informados de las implicaciones de tales operaciones. 
También hay que seguir investigando en relación con el efecto de los implantes mamarios y, como ha señalado el Sr. Miller, de los implantes en otras partes del cuerpo. 
Respecto de los implantes de silicona se plantean interrogantes que los estudios llevados a cabo hasta la fecha no han podido dilucidar. Por esta razón, insto a que se siga investigando sobre ello. 
Para concluir, discrepo con la Sra. Van Brempt, quien ha trabajado mucho en este ámbito, y quisiera decirle que mi género no ha determinado en absoluto mi opinión sobre esta cuestión. 
No creo que sea necesario señalar el género de los diputados que intervienen en relación con los asuntos que se tratan en este Parlamento. 
Señor Presidente, no logro comprender cómo se ha confeccionado la lista de votaciones, pero lo que ha ocurrido es que la segunda parte de la enmienda 49 era exactamente igual que la segunda parte de la enmienda 15. 
No entiendo el motivo de que la mayoría haya rechazado la segunda parte de la enmienda 49, pero eso es lo que ha hecho. 
En consecuencia, habiendo rechazado la segunda parte de la enmienda 49, no veo cómo podemos aprobar ahora la segunda parte de la enmienda 15, que es exactamente igual. 
Señor Ribeiro e Castro, los servicios competentes comprobarán esta cuestión. 
Sin embargo, la Cámara ya ha votado y no podemos volver sobre esa votación. 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
Informe (A5-0021/2003) de la Sra. Malliori, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la prevención y la reducción de los riesgos asociados a la drogodependencia 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) 
El ponente apoya firmemente la filosofía de la comunicación de la Comisión de acelerar los procesos de liberalización que se están produciendo y sigue de cerca las propuestas del informe de síntesis del Consejo de Primavera, que pretende acelerar la «estrategia de Lisboa». Se trata de un intento de maximizar los posibles beneficios del mercado interior, olvidando los altos niveles de pobreza, marginación y desigualdad que hay la Unión Europea, la falta de calidad de los puestos de trabajo creados, en su mayoría precarios, y las promesas del famoso Libro Blanco del Sr. Delors, que preveían la creación de 15 millones de puestos de trabajo, un objetivo que ya se ha aplazado hasta 2010. 
El ponente también olvida las oportunidades de crecimiento económico que se han desaprovechado, ejecutando políticas monetarias y presupuestarias restrictivas, con unos niveles relativamente bajos de inversión mundial y de incrementos de los salarios reales. Estos factores han perjudicado a la demanda interna e incrementan los riesgos de deflación en la zona euro, particularmente en Alemania. 
El aspecto más grave es que, teniendo en cuenta todos estos problemas, en lugar de replantearse las políticas actuales, el ponente defiende la aceleración de las políticas de liberalización, privatización y desregulación actuales e incluso propone que los Estados miembros firmen una declaración formal con objeto de acelerar la realización del mercado interior... 
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Felicito al Sr. Harbour por el excelente informe que ha elaborado sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Revisión 2002 de la Estrategia para el mercado interior, cumplir las promesas, que apoyo plenamente, en particular por lo que respecta a la necesidad de establecer medidas e iniciativas que favorezcan la plena realización de un mercado interior de servicios, especialmente las medidas encaminadas a mejorar la transposición de las disposiciones relativas al mercado interior y a eliminar las transposiciones demasiado complejas. 
En este contexto, quiero destacar la importancia de la cooperación entre el Parlamento y la Comisión en la organización de un segundo Foro sobre el mercado interior, que permita a los ciudadanos y a la industria, especialmente a las PYME, expresar sus inquietudes y estudiar soluciones para la realización de este mercado interior, y en la calificación de esta cuestión como asunto de máxima prioridad en la Cumbre económica de 2003. 
Yo me he abstenido en la votación de este informe sobre la comunicación de la Comisión acerca de la estrategia para el mercado interior. 
Un mercado interior de mercancías y servicios plenamente operativo es parte integrante de los objetivos de Lisboa para la reforma económica. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con el ponente en que un mercado interior de servicios plenamente operativo aumentará las opciones de los consumidores y les permitirá beneficiarse de servicios ofrecidos en otros Estados miembros. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con la presión que ejerce el ponente sobre los Estados miembros para que limiten al mínimo posible el uso de las cláusulas de salvaguardia, instando incluso a la Comisión a que prevea el establecimiento de las garantías adecuadas con respecto a la redacción de estas cláusulas y a su correspondiente supervisión. 
Por otra parte, el ponente incluso afirma que el uso de las cláusulas de salvaguardia por parte de los Estados miembros puede perjudicar a la uniformidad de la legislación comunitaria. 
Hay que respetar la soberanía de los Estados miembros al plantear la necesidad de establecer o mejorar mecanismos de salvaguardia en determinados ámbitos de su economía. De lo contrario, las cosas estarían reguladas en su totalidad por la Comunidad, lo que mermaría los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
He votado a favor de este informe por la enorme importancia que tiene, en el marco del desarrollo sostenible, para la adopción de medidas más eficaces con las que combatir los factores que contribuyen al deterioro de los bosques de la Unión Europea. 
Esto es especialmente importante para Portugal, que, con la mayor densidad de bosques de Europa, sufre año tras año el azote de los incendios forestales. 
Resulta extremadamente preocupante que cada año se pierda el 1% de los bosques mediterráneos debido a los incendios. 
El establecimiento de nuevas actividades para controlar la biodiversidad de los bosques, el suelo, el cambio climático y la fijación de carbono en los bosques supone un requisito esencial para garantizar la conservación de nuestro patrimonio medioambiental, que Europa debe proteger celosamente. 
Los bosques son la forma de ecosistema más compleja y, aunque es cierto que todavía existen grandes extensiones de bosques y que conservan un elevado nivel de biodiversidad, tienen límites que debemos vigilar de cerca. 
El uso sostenible de los bosques es crucial. 
Según un especialista en esta materia, Masahiro Saito, en condiciones favorables un bosque productor de madera y carbón vegetal sólo recupera su volumen original al cabo de veinte años, cuando es posible utilizarlo de nuevo. 
Debemos adoptar acciones de prevención de incendios, teniendo en cuenta especialmente que éstas deben estar en... 
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Señor Presidente, apoyo este reglamento crucial, así como las acciones en favor de las madres y futuras madres de los países en desarrollo, asesorando sobre la salud reproductiva, especialmente a través de campañas educativas e informativas. 
Quiero que se emprenda la lucha contra la pobreza y la prevención de situaciones sociales y humanas terribles. 
No obstante, lamento que la mayoría haya impedido que se alcance un consenso y que haya rechazado disposiciones especiales para las madres en apuros. 
Lamento que se haya insistido en no aclarar el lenguaje utilizado y que la confusión pueda permitir el patrocinio internacional de políticas abortistas con fondos de la Unión Europea. 
Las intervenciones en la sesión plenaria de ayer por parte de los defensores del informe y los detractores de mis enmiendas lo dicen todo. 
Para complementar lo que ya he dicho, citaré las palabras de una representante de Marie Stopes International, que no tuve tiempo de leer ayer íntegramente. 
La hora de la votación queda cerrada. 
(La sesión, suspendida a las 12,45, se reanuda a las 15.00 horas) 
En general, el informe es positivo, por lo que hemos votado a favor del mismo. 
Sin embargo, debemos hacer hincapié en que resulta fundamental garantizar que la intervención en situaciones complejas y de alto riesgo, como suele suceder en el ámbito de la drogodependencia, adopte un planteamiento multidimensional, con el fin de crear sinergias mucho más efectivas. 
Por ejemplo, se darán situaciones en las que la intervención en la reducción de los riesgos y la minimización de los daños que conlleva el consumo de drogas ilegales deberá ir asociada a mejoras de las condiciones de vida y de la calidad de vida de las personas, con ofertas de trabajo, reintegración social, recuperación del tejido urbano, combate contra el tráfico de drogas e impulso de acciones efectivas para la prevención primaria, tanto en las escuelas como con vistas a los grupos de gente joven en situación de alto riesgo. 
Este tipo de situación precisa estructuras de intervención multidiciplinarias y una capacidad de dirección y gestión de medios plurifacéticos, de acuerdo con una situación determinada, que sólo serán posibles si cada Estado miembro asume esta responsabilidad. 
Por lo tanto, sería positivo que la resolución sugiriese la creación de estructuras en este nivel- verdaderos mecanismos de respuesta para situaciones extremadamente graves- cuando fuese necesario, y que no estableciese responsabilidades vagas y difusas para las familias y las comunidades a este respecto. 
. 
(EN) Como diputado por Londres, tengo un gran interés en combatir y reducir las muertes y enfermedades relacionadas con las drogas, tales como el VIH, la hepatitis B y C, y la tuberculosis, uno de los objetivos de la Estrategia europea de lucha contra la droga (2000-2004) aprobada por el Consejo Europeo en 1999. 
Apoyo el informe de la Sra. Malliori, con algunas pequeñas excepciones. 
A pesar de que propone una serie de medidas no vinculantes, la insistencia en el papel de las comunidades locales, en particular de la policía, los trabajadores sociales, el personal de asistencia sanitaria de las autoridades locales y otros, es correcta. 
Apoyo particularmente el llamamiento a los Estados miembros a que presten más atención a los entornos de alto riesgo, como las prisiones, y a que se emprendan acciones adaptadas a las nuevas «pautas de consumo de drogas» , tales como el uso de «drogas de diseño» , que está aumentando en mi circunscripción. 
Yo me ha abstenido en la votación sobre este informe. 
A pesar de que comparto las preocupaciones de la ponente y sus objetivos finales, no puedo dejar de lamentar la inclusión en el informe de puntos que, en mi opinión, tendrán precisamente el efecto contrario al pretendido. 
También lamento que no hayan sido aprobadas las excelentes enmiendas presentadas por el Sr. Blokland y el Sr. Santini, dado que el hecho de que hayan sido rechazadas por una escasísima mayoría sugiere un deseo de rechazar la posibilidad de un texto equilibrado, que goce de un mayor consenso. 
Por lo tanto, lamento el carácter equívoco de muchas de las disposiciones aprobadas, que, aunque parezcan ser democráticas, pueden llevar a imponer modelos erróneos y puntos de vista distorsionados en el ámbito de la lucha contra la drogodependencia. 
La ponente podría haber ido más allá en la lucha contra el discurso ambivalente con respecto al consumo de drogas, tan frecuente en algunos sectores de la izquierda europea, que se niegan a entender el consumo como el quebranto de la responsabilidad individual de cada ciudadano ante los demás. 
El informe de 1997 de la Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito de las Naciones Unidas afirmaba que «los esfuerzos por reducir el consumo mundial serán menos efectivos si los programas de reducción de la demanda se ven perjudicados por llamamientos a favor de la legalización de las drogas». 
Lo cierto es que, desafortunadamente, las políticas erróneas siempre provocan catástrofes humanas en el pueblo llano. 
He votado en contra de este informe, que ha sido aprobado por 375 votos a favor, 46 en contra y 35 abstenciones. 
El término «reducción de riesgos» se opone tanto al espíritu como a la letra de las Convenciones de las Naciones Unidas sobre drogas. 
Por lo tanto, es profundamente lamentable que en cuatro de sus 12 recomendaciones del apartado 2, el Consejo proponga concretamente la «reducción de riesgos» como método. 
En la práctica, se trata de una nueva versión del anterior término ideológico clave utilizado por los defensores de un planteamiento liberal con respecto a las drogas, concretamente de «reducción de daños» , que ha resultado desprestigiado por razones comprensibles. 
En otras palabras, la recomendación del Consejo supone una capitulación en la cuestión de la rehabilitación total y la curación de los drogodependientes. 
La ponente hace hincapié en la presencia de drogas en instituciones y propone la creación de servicios de desinfección de jeringas y agujas en las prisiones. 
En ese caso se legitimaría la drogodependencia en las instituciones. 
En cambio, los esfuerzos deben centrarse en liberar de drogas las instituciones. 
Una de las iniciativas de la Sra. Malliori tiene por objeto de suavizar la legislación sobre los delitos relacionados con las drogas, a través de la muy dudosa propuesta de introducir alternativas a las condenas a prisión. 
Sólo en los casos de delitos graves relacionados con las drogas, por ejemplo en los casos de tráfico o posesión de grandes cantidades de drogas, se impondrían penas de prisión. 
Tanto para los delincuentes como para el público en general, el hecho de suavizar la legislación significaría emitir el mensaje erróneo de que la sociedad se toma menos en serio los delitos relacionados con las drogas. 
Los textos sobre los que ha votado el Parlamento, relativos a los «peligros de la utilización de uranio empobrecido en las armas» , al igual que sus antecesores de hace dos años, se limitan a reproducir acusaciones que carecen de toda base real y credibilidad científica. Estos textos distorsionan los problemas y erosionan la credibilidad de nuestra institución parlamentaria. 
El uranio empobrecido, que está presente en muchos aparatos que nos rodean, no supone ningún peligro de contaminación radiactiva, e incluso se utiliza para protegerse de radiaciones. 
No obstante, el peligro de contaminación química, especialmente durante la combustión, es elevado y ésta es la justificación de la protección recomendada por los manuales militares occidentales disponibles en Internet. 
En cualquier caso, cuando se encuentra en la naturaleza, el uranio empobrecido no es más peligroso que el plomo de los cartuchos de caza o de las canalizaciones de agua. 
De hecho, el uso de «plutonio/MOX» o de cualquier otro residuo nuclear para reemplazar al uranio empobrecido debería someterse a una supervisión meticulosa. 
La presencia de uranio 236 en los análisis de sangre de los soldados que sirvieron en Kosovo- como ha afirmado un periódico- podría indicar que así ha sucedido. 
Esto es lo que debería estar debatiendo e investigando el Parlamento Europeo, en lugar de aprobar declaraciones que no son más que manifestaciones de prejuicios e ignorancia, de las que me veo obligado a distanciarme. 
A pesar de que estoy totalmente en desacuerdo con algunos de los aspectos debatidos en la resolución, concretamente con su aceptación de la Política Europea de Seguridad y Defensa y de la acción militar prevista en el marco de esta política, creo que contiene aspectos positivos, particularmente en el contexto de la situación internacional actual, concretamente de la inaceptable, ilegítima e ilegal amenaza de ataque armado a Iraq por parte de la administración estadounidense. 
Entre otros aspectos, aprecio la petición de que se establezca una moratoria inmediata que impida que se sigan utilizando dispositivos explosivos de fragmentación y municiones que contengan uranio empobrecido (u otras cabezas de combate que contengan uranio) , con la intención de prohibirlos inmediatamente después de que se haya realizado un estudio. 
Precisamente, y con respecto a esta cuestión, tengo que aprovechar esta intervención para expresar mi sentimiento- tras haber visitado Iraq recientemente- de repudia ante los efectos del uso de estas armas por parte de los militares estadounidenses en aquel país, especialmente sobre la población, y de forma particularmente intolerable sobre los niños a los que tuve la oportunidad de conocer. 
Finalmente, quiero destacar la importancia política de que el Grupo parlamentario del PPE-DE se haya desentendido de la resolución común y haya votado en contra. 
. (EL) Han pasado dos años desde que se produjeron las protestas por las numerosas- y en ocasiones fatales- enfermedades provocadas por las armas de uranio empobrecido utilizadas por los Estados Unidos y la OTAN en el Golfo y en Yugoslavia, y todavía no se ha hecho nada al respecto. 
Al contrario, existe un peligro inminente de que éstas y otras armas incluso más peligrosas se utilicen en la guerra que está a punto de declararse contra Iraq, cuando ya se ha informado acerca de numerosos casos de bebés con defectos de nacimiento y niños con leucemia u otras formas de cáncer. 
Grecia también tiene soldados que han resultado afectados, que están padeciendo diversas formas de cáncer y están siendo tratados en secreto. 
Estas armas están repartidas por toda Grecia. 
El Gobierno, que inicialmente mintió y negó que las fuerzas armadas tuviesen ninguna arma de este tipo, ha intentado por lo tanto quitar hierro al problema. 
Como ha afirmado recientemente, con toda la razón, la Asociación médica griega para la protección del medio ambiente contra la amenaza nuclear y bioquímica, «estamos ante una pequeña guerra nuclear que ya ha contaminado irreparablemente los Balcanes». 
Nuestra querida comunidad internacional, a pesar de su intromisión en la legislación sobre terrorismo y las fuerzas de respuesta rápida, no ha hecho nada para prohibir las armas de uranio empobrecido. 
La resolución del Parlamento Europeo tiene algunos aspectos positivos, pero no se declara a favor de una completa prohibición, realizando simplemente un llamamiento para que se establezca una moratoria a la espera de un nuevo estudio. 
Dado el gran número de accidentes que se han producido en relación con los implantes mamarios y el uso cada vez mayor de los mismos, especialmente entre las menores de 18 años, esta comunicación de la Unión Europea merece nuestro aplauso. 
En mi opinión, el papel del Parlamento Europeo ha consistido en mejorar la propuesta inicial, mediante la presentación de enmiendas que pretenden garantizar: un compromiso de investigación científica, la mejora de la información pública, el control y el seguimiento médico tras la colocación de los implantes y la prohibición de los implantes para las menores de 18 años, excepto cuando esté justificado por razones médicas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión acerca de la crisis del sector siderúrgico y las medidas que deben aplicarse a nivel comunitario. 
El Comisario Byrne tiene la palabra. 
Señor Presidente, el sector del acero ha experimentado un período difícil durante los últimos 20 años. 
El sector precisaba una reestructuración general. 
Actualmente la siderurgia europea es muy competitiva. 
Sin embargo, para mantener su posición en el mundo, las empresas tienen que someterse a un proceso continuo de adaptación de sus estructuras. 
La industria sigue luchando por ganar eficiencia, pero aunque se eliminen los excesos de capacidad restantes, desde un punto de vista industrial no podemos hablar de una crisis real de la magnitud de la experimentada en la década de los ochenta, sino más bien de una crisis social, debida a nuevos cierres. 
A menudo, reestructuración es sinónimo de pérdidas de empleo, lo que puede tener consecuencias trágicas en la estructura social de cualquier región, pero particularmente de las regiones que se enfrentan a un escaso potencial de creación de empleo. 
La Comisión conoce perfectamente la necesidad de que los ciudadanos y trabajadores se sientan seguros en los momentos más difíciles. 
En las últimas semanas hemos sido nuevamente testigos de experiencias y enfoques diametralmente opuestos acerca del modo de gestionar las operaciones a gran escala de la reestructuración empresarial. 
En algunos casos, estas operaciones se preparan con mucha antelación, implicando plenamente a los representantes de los trabajadores, buscando las soluciones menos perjudiciales e intentando activa y oportunamente preparar a los trabajadores que probablemente tendrán que enfrentarse al desafío de un desempleo repentino. 
En primer lugar, las decisiones acerca de la reestructuración empresarial siguen siendo una prerrogativa y una responsabilidad de la dirección. Esto significa que cuando se plantean acciones que puedan tener graves consecuencias sociales, las empresas deberían buscar activamente y elegir siempre las soluciones menos perjudiciales. 
En segundo lugar, cuando los despidos resulten inevitables, es preciso hacer todo lo posible por mejorar las posibilidades de contratación de los afectados. Esto exige una previsión y una gestión adecuada de esos procesos. 
En tercer lugar, nada puede justificar la ausencia de consultas e información oportuna y efectiva con los representantes de los trabajadores. 
Estas afirmaciones básicas atraen un amplio consenso en Europa. 
Afortunadamente, son cada vez menos las empresas que emprenden operaciones de reestructuración perjudiciales sin tener en cuenta estas preocupaciones fundamentales, aunque a veces ocurre. 
La forma en que Metaleurop llevó el cierre de la fábrica de Pas de Calais constituye el peor ejemplo posible de desprecio de los intereses, las preocupaciones y los derechos de los trabajadores, así como de la salud y seguridad de la población de la zona. 
Por supuesto, es justo y necesario destacar otros planteamientos: el caso contrario es el de Arcelor, que también se está enfrentando a un proceso de reestructuración con las inevitables consecuencias para sus trabajadores, aunque lo está haciendo de forma diferente. 
La Comisión no desea interferir en la lógica económica que subyace a las intenciones de la dirección, dado que ese es el papel de la dirección, en estrecha consulta con los representantes de los trabajadores. 
Arcelor dio una serie de pasos positivos y productivos, mucho antes de que comenzasen las medidas recientemente anunciadas, para prever los problemas. 
También hace poco, la dirección ha confirmó su intención de emprender conversaciones efectivas con los representantes de los trabajadores en todos los niveles. 
El proceso de consulta incluye: la motivación económica subyacente a los cierres previstos; asesoramiento de un experto independiente en todo este asunto; adopción de todas las medidas posibles para evitar los cierres o limitar su impacto social; y voluntad de limpiar el medio ambiente local y reindustrializar las instalaciones cerradas. 
Este programa amplio es serio y así lo consideran todos los interesados. 
Es fruto de un tipo diferente de relaciones industriales que ha permitido llegar, por ejemplo, a un acuerdo sobre información y consulta transnacionales de los trabajadores, ampliamente reconocido como un acuerdo muy avanzado y efectivo. 
Los tres puestos del consejo reservados a representantes de los trabajadores, aunque la legislación actual no lo exige, también ilustran ese mismo planteamiento positivo. De hecho, esto anticipa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea. 
En los últimos años hemos creado en la Unión Europea una amplia gama de instrumentos para hacer frente a estas preocupaciones. 
Las Directivas sobre despidos colectivos, traslados de empresas, información y consulta y la Directiva sobre el comité de empresa europeo son algunos ejemplos. 
Los textos más recientes promueven claramente una implicación ascendente del trabajador, particularmente en cuestiones estratégicas y en la evolución previsible del empleo dentro de las empresas. 
Esta es la única manera de ayudar a los trabajadores europeos a enfrentarse a los desafíos del cambio con éxito, dado que permite el desarrollo oportuno de las posibilidades de contratación y adaptación de los trabajadores. 
Los dos ejemplos que he mencionado anteriormente sólo pueden confirmar estas afirmaciones, uno positiva y el otro negativamente. 
Corresponde a los tribunales y otras autoridades nacionales garantizar el cumplimiento de las directivas comunitarias. 
Por supuesto, la Comisión desempeñará en última instancia su función de control de la aplicación de la legislación comunitaria, si los incumplimientos no son efectivamente sancionados. 
Esos aspectos serán algunos de los principales elementos de la futura revisión de la Directiva sobre el comité de empresa europeo. 
Particularmente, la Comisión alberga grandes esperanzas de que los interlocutores sociales europeos determinen y encuentren los medios para desarrollar buenas prácticas de reestructuración empresarial en toda la Unión Europea, como ya decidieron hacer al responder positivamente a la consulta del año pasado sobre esta cuestión. 
Esas buenas prácticas van mucho más allá de la información y consulta de los trabajadores. Abarcan acciones destinadas a prever los avances tecnológicos y del mercado, a invertir en personal de forma permanente, a desarrollar la posibilidad de contratación, buscar alternativas a los cierres y despidos, a redistribuir, siempre que sea posible, a los trabajadores afectados por las operaciones de reestructuración, etc., precisamente las buenas prácticas que espero que ayuden a los trabajadores de Arcelor a superar las dificultades actuales y que no existen en absoluto en el entorno de Metaleurop. 
También es útil recordar en este contexto otras iniciativas de la Comisión relativas a la responsabilidad social de las empresas, al diálogo social y al Observatorio Europeo del Cambio. 
Además de esos aspectos políticos, nuestra preocupación inmediata son actualmente los recientes casos de reestructuración. 
La Comisión quiere dejar claro que, por encima de todo, compartimos su pesar y su preocupación por las posibles consecuencias sociales para todos los que puedan resultar afectados. 
Espero sinceramente que se hagan todos los esfuerzos posibles por evitarlas o atenuarlas mediante el diálogo entre todas las partes implicadas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debo confesar al señor Comisario que su intervención me ha decepcionado enormemente. 
Ha planteado una serie de consideraciones generales acerca de una situación que todos conocemos bien. 
Estas consideraciones se han centrado en la reestructuración de empresas de una serie de sectores, aunque no han tratado específicamente los problemas a los que nos estamos enfrentando actualmente en varias regiones. 
Debo admitir que me ha sorprendido mucho escuchar al señor Comisario condenar la actitud de una empresa de la que todos opinamos que ha tenido un comportamiento particularmente escandaloso, Metaleurop, y que al mismo tiempo haya alabado a otra empresa que ha estado en todos los titulares en los últimos meses, Arcelor. 
La decisión tomada por Arcelor de cerrar gradualmente las fábricas de producción en caliente de sus centros continentales ha sido recibida, por supuesto, con preocupación en las regiones afectadas. 
También se ha recibido con indignación, en particular en la región de Lieja, debido a que supone una inexorable ruptura del compromiso contraído por Usinor antes de unirse al nuevo grupo Arcelor de invertir en los altos hornos de Lieja, con el fin de garantizar que se mantuvieran las líneas de producción en caliente. 
Junto con este compromiso había otro que contrajeron a cambio los trabajadores, consistente en esforzarse por aumentar la productividad, con el fin de que las instalaciones fuesen competitivas. 
El compromiso de los trabajadores se ha mantenido, pero Usinor no ha cumplido y los trabajadores se sienten engañados. 
Éste es el motivo por el que todos los movimientos de la región, así como el Gobierno valón y el Gobierno federal belga, piden ahora explicaciones a Arcelor. 
Pienso que es importante que la Comisión Europea adopte también esta postura. 
La resolución que hemos presentado todos juntos tiene el principal objetivo de garantizar que Arcelor mantenga sus compromisos. 
Arcelor tiene tanto más motivos para mantener sus compromisos cuanto que usted ha afirmado- y este es el elemento importante de su declaración- que el sector de la siderurgia no está en crisis, que las empresas en general son competitivas, y que, por lo tanto, no existe razón para que Arcelor desee echarse atrás con respecto a sus compromisos, salvo por motivos estrictamente financieros. 
Por lo tanto, no deberíamos plantear en primer lugar los procesos de reestructuración de Cockerill-Sambre y posteriormente de Usinor. 
La región de Lieja ya ha experimentado y pagado cara la crisis de la siderurgia. 
Lo que se necesita ahora para garantizar la reestructuración es tiempo. 
Lo que la región de Lieja no acepta es que se rompan los compromisos, acortando los plazos que se nos habían impuesto, y, por lo tanto, pedimos claramente a la Comisión que recuerde a Arcelor sus compromisos. 
También deberíamos cuestionar el comportamiento de Arcelor, dado que hemos sabido que pretende adquirir una serie de instalaciones en un país candidato, que formará parte de Europa en el futuro. 
Eso plantea una serie de preguntas en el plano europeo. 
Señor Presidente, señor Comisario, de izquierda a derecha en esta Cámara hay consenso y esta vez no es un consenso débil, sino una señal verdaderamente sólida dirigida a la Comisión. 
Pronto se adoptará una resolución sobre el sector siderúrgico. 
Estamos totalmente a favor. 
Sin embargo, dicho esto, permítanme, al margen de la resolución, como socialista de Lieja que vive cerca de las primeras instalaciones que se vieron afectadas por la reestructuración de Arcelor, expresar mi indignación. 
Actualmente todos estamos sufriendo, como ya se ha dicho, debido a la ausencia de un marco regulador que nos permita enfrentarnos a las acciones ultraliberales de las multinacionales. 
Soy consciente de que esta frase puede hacer gracia a muchos, pero la mantengo. 
No podemos seguir tolerando decisiones basadas en consideraciones puramente financieras que pueden borrar del mapa una región de un plumazo, sin tener en cuenta a las familias que viven en ella, a los trabajadores que la han construido y a los niños que crecerán allí. 
Hoy hablamos de Lieja, pero después vendrán Florencia, Bremen, EKO Stahl; hoy es el sector siderúrgico, pero el siguiente podría ser el de alta tecnología. 
No hay fin para este fenómeno arbitrario. 
Señor Comisario, usted nos ha presentado a Arcelor como el estudiante modelo de Europa. 
En mi opinión, esta empresa siderúrgica internacional está haciendo algo terrible, algo odioso y ridículo al mismo tiempo. 
No contenta con abandonar sus compromisos con Cockerill- desarrollo de la innovación tecnológica, renovación de las herramientas, promoción del empleo -, Arcelor blande amenazas. 
Sus directivos anuncian que la racionalización debe continuar, porque de lo contrario podrían cerrar antes o incluso inmediatamente. 
De esta forma, los cierres patronales del capitalismo del siglo XIX están resurgiendo de repente, de boca de sus directivos. 
Por otra parte, al mismo tiempo que anuncia la muerte de sus instalaciones europeas de producción en caliente, el grupo Arcelor intenta adquirir ahora empresas polacas, pero sobre todo invierte masivamente en la industria siderúrgica continental de producción en caliente de Brasil. 
Eso es lo indignante, señor Comisario. 
Lo ridículo es la imagen que Arcelor ofrece en su sitio web: una empresa, y cito textualmente sin reírme, «sensible a los problemas sociales y que, consciente de su papel en la Comunidad, apoya y patrocina la ciencia, la medicina, los deportes y las artes». 
Desafortunadamente hoy no estamos hablando de patrocinios, arte ni deportes, sino del futuro de una región. 
Y a este respecto, Arcelor se considera una garantía. 
Promete un plan de reestructuración y jubilaciones anticipadas. 
Pero, ¿a quién pretende engañar? 
Porque aparte de los 1 700 trabajadores directamente afectados, que por lo tanto se benefician de un programa de reestructuración, ¿qué sucederá con los 5 000 ó 7 000 subcontratistas y proveedores que se quedarán sin trabajo? 
Señor Comisario, por último, facilítenos los medios para apoyar políticas europeas coherentes e integradas, que lleven el marchamo de la economía, sin duda, pero también que sean socialmente convincentes. 
Pido al Consejo y a la Comisión que elaboren finalmente un marco regulador que nos permita evitar que las todopoderosas consideraciones financieras destrocen la alianza entre Europa y sus ciudadanos. 
Dado que esa alianza es frágil, ¿de qué nos sirve que Europa sea una potencia económica si, como el ogro del cuento, va a comerse a sus niños? 
Señor Presidente, he escuchado con gran atención e interés este crucial debate. 
Uno no puede evitar conmoverse con la fortaleza y la pasión con la que los diputados han expresado sus opiniones sobre esta desafortunada cuestión. 
Durante el debate se han desarrollado varias ideas interesantes y la Comisión las estudiará todas muy atentamente. 
La mayoría de los puntos planteados han sido abordados en mis comentarios iniciales, por lo que ahora no entraré en más detalles. 
Permítanme destacar de nuevo el principio básico conforme al cual las decisiones sobre la reestructuración empresarial son una prerrogativa de la dirección, pero también su responsabilidad. 
En Europa parece existir un amplio consenso sobre el modo en que deben abordarse las crisis derivadas de la necesidad de adaptación de las empresas, del cambio industrial y de la reestructuración empresarial. 
Permítanme reafirmar de nuevo la importancia de la información eficaz, puntual y completa y la consulta con los representantes de los trabajadores. 
Sin embargo, ustedes han expresado otro tipo de preocupaciones respecto a los cuales me gustaría manifestarles la opinión preliminar de la Comisión. 
Antes de eso, me gustaría retomar uno o dos puntos planteados. 
Se han hecho referencias, por ejemplo, a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y me han preguntado si los artículos 3 y 5 tienen alguna aplicación en estas circunstancias. 
Parece ser que los artículos 3 y 5 ya no son aplicables debido a que la CECA ha dejado de funcionar. 
De hecho tampoco son posibles las ayudas estatales. Todos lo sabemos. 
No existe competencia a nivel de la UE para tratar muchas de las cuestiones que han planteado Sus Señorías aquí esta tarde. 
Sólo puedo mencionar lo dicho por la Sra. Zrihen en su intervención hace unos minutos, cuando comentó que el arsenal legislativo es insuficiente. 
De eso se trata en realidad. 
No hay mucho que pueda hacerse en muchas circunstancias con relación a algunas de las cuestiones que ustedes han planteado por lo que ha expresado la Sra. Zrihen. 
A continuación trataré algunos de los temas planteados por ustedes. 
En primer lugar, en cuanto a la disputa comercial en el sector siderúrgico entre los Estados Unidos y la UE, la Comisión sigue una línea muy activa con respecto a las medidas unilaterales adoptadas por los Estados Unidos para proteger su industria siderúrgica. 
Estas medidas defensivas incluyen, además de contactos bilaterales intensos con vistas a resolver el conflicto, represalias y el uso del mecanismo de resolución de disputas de la OMC. 
Mi colega, el Comisario Lamy, se dedica intensamente a esta cuestión en concreto. 
Otra cuestión planteada en el debate es la que tiene que ver con la ampliación. 
Para la industria siderúrgica, al igual que para muchas otras, la ampliación es principalmente una oportunidad para que pueda desarrollar su negocio en su propio interés y en el de sus trabajadores. 
Existen cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las normas en los nuevos Estados miembros, especialmente en el terreno social y medioambiental. 
Sin embargo, estas cuestiones se están tratando mediante asistencia técnica para ayudar a sus industrias a que se adapten, además de la garantía de que dichos nuevos miembros tendrán que cumplir la correspondiente legislación comunitaria a partir de la fecha de adhesión. 
Varios diputados han hecho referencia a los Fondos Sociales y a otros, y en concreto al uso libre de los fondos comunitarios, especialmente el Fondo Social Europeo, para prestar apoyo a la formación y la reconversión profesional de los trabajadores afectados por la reestructuración. 
Me gustaría comentar algo al respecto. 
Tras la expiración del Tratado de la CECA, la única posibilidad recae en el Fondo Social Europeo y en las intervenciones de los Fondos estructurales. 
La principal meta a largo plazo debe ser la reconversión de las actividades industriales locales. Esto tendrá un efecto mucho mayor sobre las regiones que dirigen la ayuda social a los empleados, aunque pueden considerarse algunas medidas transitorias. 
Deberíamos recordar que la ayuda para el rescate y la reestructuración de empresas en dificultades sigue estando prohibida, en principio, para la industria siderúrgica, al igual que cualquier ayuda a la inversión. 
Las mismas normas se aplican a los países que solicitan la adhesión y con respecto a la nueva ayuda. 
También se ha señalado la posibilidad de condicionar la ayuda pública al mantenimiento del empleo. 
En términos generales, la ayuda pública a las empresas ya está sujeta a este tipo de condiciones. 
Varios de los instrumentos existentes asocian específicamente la obtención de fondos de ayuda estatal a la obligación de mantener los empleos durante un período mínimo. 
Las directrices sobre la ayuda nacional regional especifican que la ayuda a la creación de empleos debe condicionarse a que se mantengan los empleos creados durante un período mínimo de cinco años. 
De igual modo, la normativa de la Comisión sobre la ayuda estatal al empleo contiene disposiciones que estipulan que dicha ayuda solamente puede concederse si el empleo se mantiene durante un período mínimo de tres años, o dos años en el caso de las PYME. 
También debería garantizar un empleo continuo a los trabajadores en el caso de la ayuda a la contratación de trabajadores desfavorecidos o minusválidos. 
Las normativas de los Fondos estructurales no contemplan condiciones similares, pero es obvio que en la medida en que estos se utilizan para cofinanciar los programas de ayuda estatales, deberán respetarse las correspondientes obligaciones de mantener contratadas a las personas durante un período de tiempo mínimo. 
Se ha hecho referencia a las presuntas ambiciones de una de las empresas implicadas de practicar adquisiciones en Polonia. 
La posible adquisición por parte de Arcelor de determinadas fábricas en Polonia u otros países sería objeto de estudio por parte de la Comisión, conforme al Reglamento 4064/89 sobre el control de concentraciones de empresas. 
La Comisión destaca que solamente permite las concentraciones que sean compatibles con el mercado común. 
En su evaluación, la Comisión sólo llega a una conclusión sobre los aspectos competitivos, sin intervenir en la política industrial de una empresa privada. 
También me gustaría decir que la Comisión no tiene información relativa a que dichos planes de adquisición por parte de esa empresa hayan tenido éxito. 
Por último, el cambio industrial tiene implicaciones económicas y un efecto sobre el empleo y la cohesión social. 
Sin embargo, también ofrece oportunidades cuando se prevén, se adoptan los preparativos pertinentes y se gestionan. 
El diálogo, la transparencia, la debida implicación de los trabajadores, la previsión, la prevención de riesgos y el desarrollo de la empleabilidad son los factores clave de nuestra respuesta europea a este fenómeno. 
Hagamos todo lo que podamos por construir los instrumentos de naturaleza legislativa o de otro tipo que permitan promover estos principios. 
Gracias, señor Comisario. 
Para concluir este debate, he recibido cuatro propuestas de resolución. 
Señor Presidente, tengo una solicitud de mi colega, el Sr. António Mussa, que es presidente interino de la Delegación del Parlamento para Kazajstán y los países de la región, de que se posponga a otro momento la votación sobre esta propuesta. 
A la Delegación parlamentaria le sorprendió que se sometiera a consideración esta propuesta. 
La situación en la región es aparentemente bastante delicada. La Delegación la ha seguido de cerca y los diputados, especialmente el presidente de la Delegación, hubieran preferido tener la oportunidad de estudiar la propuesta. 
Le ruego me perdone, señor Presidente, debería haber consultado el Reglamento; se han hecho enmiendas y no estoy totalmente seguro si mi petición se ajusta al procedimiento, pero presento la solicitud de un colega que es presidente de una Delegación parlamentaria y someto la cuestión a la decisión de la Mesa y de la Cámara. 
B5-0135/2003, del Sr. Van den Berg y otros, en nombre del Grupo del PSE, acerca de la situación en Kazajstán; 
B5-0136/2003, de la Sra. Morgantini y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la violación de los derechos humanos en Kazajstán y Asia Central; 
B5-0143/2003, del Sr. Maat y otros, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre la violación de los derechos humanos en Kazajstán y Asia Central; 
B5-0144/2003, del Sr. Staes y la Sra. Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en Kazajstán; 
B5-0147/2003, del Sr. Di Pietro, en nombre del Grupo ELDR, acerca de la situación en Kazajstán; 
B5-0152/2003, del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación Kazajstán. 
Señor Presidente, tanto Kazajstán como Tayikistán son regímenes autoritarios o dictaduras, en donde se burlan abiertamente de las libertades fundamentales, la actividad política está suprimida y todavía existe la tortura. 
Por supuesto, apoyamos los llamamientos al respeto de los derechos democráticos y las libertades en estos dos países y condenamos las ejecuciones que siguen llevándose a cabo en Tayikistán. 
Sin embargo, conviene destacar que la falta de respeto de los derechos humanos por parte del régimen kazako, que el Parlamento Europeo se dispone a condenar, no preocupa en absoluto a los grandes grupos petroleros. Estos grupos se disputan con miles de millones de dólares- 13 000 millones, más que en Rusia- las reservas energéticas kazakas, que son considerables. 
Tampoco preocupa a los grupos constructores, incluido Bouygues, que han ganado enormes cantidades de dinero con la construcción de la nueva capital, Astana. 
Esto significa que estos grupos, que figuran entre los grandes pilares del capitalismo en los denominados países democráticos occidentales, son también los pilares de la dictadura, tanto en Asia Central como en Oriente Próximo o en cualquier otro lugar. 
Señor Presidente, en los últimos años las condiciones democráticas de muchos de los países de Asia Central se han deteriorado. 
Sin embargo, la Comisión entiende por qué la atención del Parlamento en este debate se centra en Kazajistán. 
Una vez considerado uno de los países «esperanzadores» de la región, los últimos dos años ha registrado una ofensiva contra la oposición política y los medios de comunicación críticos. 
Aquellos que tuvieron el valor de criticar la corrupción al más alto nivel, implicando al Presidente y a su familia, han sido los más afectados. 
La Comisión está de acuerdo en que las acusaciones de corrupción contra el Sr. Ablyazov y el Sr. Zhakianov, los dos líderes del movimiento de la oposición Opción Democrática de Kazajistán, tenían todo el aspecto de estar motivados políticamente. 
La Comisión ha considerado además con gran preocupación la campaña de intimidación que se ha realizado en contra de un gran número de medios críticos en Kazajistán. 
Esto ha incluido el ataque con bombas incendiarias a oficinas, el destrozo de equipos de emisión con una ametralladora, un perro decapitado clavado a la puerta de las oficinas de un periódico y ataques físicos contra periodistas individuales. 
Los autores de estos delitos nunca han sido detenidos y muchos casos simplemente se han sobreseído. 
Por otra parte, varios periódicos han sido sometidos a procesos judiciales, continuas visitas de inspectores fiscales y de seguridad y duras multas, que en varios casos comportaron el cierre. 
La Comisión está también de acuerdo en que el reciente proceso judicial contra el Sr. Duvanov por violación registró graves irregularidades. 
Por lo tanto, creemos firmemente que debería revisarse el juicio. 
Es en este contexto en el que las recientes declaraciones del Presidente Nazarbaev, relativas a que Kazajistán buscará su propio camino hacia la democratización- que concluirá en 2030- y a que las normas occidentales no deberían aplicarse automáticamente a Kazajistán, deberían considerarse con la debida precaución. 
El Presidente Prodi destacó nuestra gran preocupación en torno al reciente proceso democrático de Kazajistán durante la visita del Presidente a Bruselas el 29 de noviembre de 2002. 
Por otra parte, es importante tener en cuenta también una serie de avances positivos en Kazajistán. 
Las cárceles han sido transferidas del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, y esperamos que las instalaciones de detención preventiva también lo sean pronto. 
Se ha aprobado una ley sobre la humanización de las condiciones de las cárceles y parece que se hace un serio esfuerzo por aplicar la reforma carcelaria. 
Kazajistán, al igual que otros países de Asia Central, también ha establecido la figura de Defensor del Pueblo para los derechos humanos, aunque todavía queda mucho por hacer en lo que respecta al refuerzo de sus mandatos y sus medios. 
Mediante un decreto presidencial del 29 de diciembre de 2002 se aprobó un «Consejo permanente» para una mayor democratización y desarrollo de la sociedad civil. 
Cabe esperar que se apliquen sus recomendaciones, por ejemplo las recogidas en la Ley de partidos políticos. 
La Comisión observa que la resolución del Parlamento se centra solamente en Kazajistán. 
Sin embargo, considera que el tema de los derechos humanos en Kazajistán debe considerarse en su contexto regional. 
No puede negarse que ha habido una ofensiva contra los medios de comunicación no gubernamentales y la oposición en Kazajistán. 
Pero la Comisión no considera que la situación de la democracia y los derechos humanos en este país, así como en Kirguizistán o Tayikistán, no pueda mejorarse. 
Consideramos que la UE puede seguir influyendo en las condiciones democráticas en estos países a través del diálogo crítico, aunque constructivo, conforme a los Acuerdos de asociación y cooperación. 
Nos preocupan más Uzbekistán y Turkmenistán, países sobre los que la resolución del Parlamento no dice nada. 
Uzbekistán no tiene prensa independiente, mientras que Turkmenistán no tiene absolutamente ninguna prensa digna de este nombre. En estos dos países no existen partidos de la oposición. 
Kazajistán y Kirguizistán han estado sometidos al estrecho examen de los organismos de control de los derechos humanos desde hace tiempo debido al deterioro de las condiciones democráticas. 
Este examen ha estado sin duda justificado. 
Pero no olvidemos que en Uzbekistán, y seguro que en Turkmenistán, durante años no ha habido en absoluto una democracia que pudiera deteriorarse. 
En estos países, cualquier activista de la oposición, periodista crítico o simplemente cualquier musulmán que practique su fe, se arriesga a acabar en una cámara de tortura, una colonia penal o el corredor de la muerte acusado de terrorismo, extremismo religioso o una tentativa de atentado contra la vida del Presidente. 
La oposición y la sociedad civil en Kazajistán, Kirguizistán y, hasta cierto punto, Tayikistán, están siendo acosadas, pero, al menos hasta el momento, esto no les ha restado fuerzas ni capacidad para expresarse. 
A través del diálogo constructivo y el apoyo selectivo, la UE todavía puede marcar una diferencia con respecto a estos países. 
Muchas gracias, señor Comisario. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar al término el debate. 
B5-0134/2003, del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra el Sr. Fernández Martín, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre la situación en Venezuela; 
B5-0137/2003, del Sr. Miranda y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Venezuela; 
B5-0141/2003, del Sr. Van den Berg y otros, en nombre del Grupo del PSE, acerca de la situación en Venezuela; 
B5-0146/2003, de la Sra. Frassoni y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, acerca de la situación en Venezuela; 
B5-0149/2003, de la Sra. Sanders-ten Holte y otros, en nombre del Grupo ELDR, acerca de la situación en Venezuela; 
B5-0153/2003, del Sr. Queiró y el Sr. Ribeiro e Castro, en nombre del Grupo UEN, acerca de la situación en Venezuela. 
Señor Presidente, la situación política en Venezuela justifica el máximo interés y la máxima atención posible por parte de la Unión Europea. 
Mi Grupo condena a los incitadores del golpe de Estado del 11 de abril, que de forma irresponsable trataron de derrocar las institucionales legítimas y democráticas del país. 
Sobre todo, condenamos la complicidad del Consejo de la Unión Europea con los instigadores del golpe de Estado en su momento. 
Todavía no hemos olvidado que la Presidencia de la Unión remitió inmediatamente un mensaje de apoyo a los instigadores del golpe, un día negro para la diplomacia europea. 
Es importante respetar la Constitución de Venezuela, que ha sido elaborada por una asamblea elegida democráticamente e igualmente ratificada por una gran mayoría de ciudadanos venezolanos. 
En realidad, la acción antigubernamental instigada por la parte de la oposición denominada Coordinadora Democrática se sitúa totalmente al margen de la constitución venezonala y, además, no servía más que a intereses económicos y comerciales de fuerzas del exterior de Venezuela, que no dudaron en reducir todo el país a la pobreza con el fin de seguir disfrutando de sus privilegios y conseguir objetivos específicos. 
Por supuesto, esto no significa que apoyemos ciegamente todas las acciones del Gobierno legítimo de Venezuela. 
Apoyamos la acción moderadora de la Mesa de negociaciones y acuerdos que trabaja en Venezuela y apoyamos el trabajo mediador de la Fundación Carter, basado en el respeto de la voluntad del pueblo venezolano, que se ha expresado democráticamente en varias ocasiones. 
Es importante recordar que el Presidente Chávez, en varias ocasiones, ha declarado que está dispuesto a respetar las disposiciones de la Constitución venezolana y a someterse a consulta pública a la mitad de su mandato. 
Respetar el experimento político de Venezuela significa respetar la dignidad de un pueblo que ha decidido asumir su propio destino. 
También nosotros tenemos la responsabilidad de favorecer este proceso y de garantizar que la complejidad de la situación en Latinoamérica, entre otras cosas, no hipoteque continuamente la autonomía de su gente. 
Este es otro motivo por el que nuestro Grupo solicita que la propuesta de resolución que hemos elaborado conjuntamente se adopte sin enmiendas. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría comenzar dando las gracias a la oradora anterior por sus palabras, dado que este es en realidad un punto que consideramos extremadamente importante en este contexto. 
En Portugal nos ha entristecido y afligido ver lo que está pasando en Venezuela; un país amigo, en el que viven cientos de miles de ciudadanos portugueses, especialmente de Madeira. 
Los vínculos que nos unen al pueblo y al Estado venezolano son muy profundos. 
Nos aflige ser testigos de la destrucción de la que fue una de las democracias más sólidas y una de las sociedades más prósperas, estables y pacíficas de Latinoamérica. 
El desafortunado mandato del Presidente Chávez, que es cierto, fue elegido, tiene una enorme responsabilidad. 
Parece que quería seguir una política consistente en inflamar América Latina, que desgraciadamente es lo que sucedió hace varias décadas, con terribles consecuencias, incluida la violencia que todavía acucia a tantos países latinoamericanos amigos nuestros. 
Por lo tanto, apoyamos esta resolución, pero nos gustaría hacer varias aclaraciones, no sólo sobre la enmienda que hemos presentado, sino también sobre la votación por partes que hemos solicitado. 
Creemos que nuestro papel es el de fomentar la moderación, el diálogo, el avance de la democracia y el respeto de los derechos humanos. 
Nuestra expresión de respeto por la Constitución, en la forma en que se incluye en el texto, podría ser utilizada de forma inadecuada en Venezuela por una de las partes implicadas. 
Por supuesto estamos a favor del respeto de la Constitución democrática, pero sabemos que con respecto a las cuestiones sobre Venezuela que se están debatiendo en la actualidad, este es un argumento que el Presidente Chávez ha utilizado de forma indebida para bloquear o tratar de bloquear el curso de la democracia en este país. 
Por lo tanto, si utilizamos el argumento de forma indebida en este contexto, podríamos estar enviando la señal equivocada. 
Por este motivo hemos solicitado una votación por separado para la que también pediríamos el apoyo de la Cámara. 
Señor Presidente, si no me equivoco, todos aquellos que han presentado propuestas o intervenido en este debate hasta el momento provienen de la parte romance de Europa. 
Esto muestra la especial solidaridad que sienten, pero también me gustaría dejar claro que este problema de Venezuela concierne a todos los europeos, al menos hasta cierto punto. 
Venezuela es un país que desempeña un papel importante, y no sólo en términos económicos, gracias a sus materias primas, el petróleo y muchos otros recursos naturales. 
Es un país que ha hecho una contribución muy importante a la estabilidad política de la región andina durante un largo período de tiempo. 
Por este motivo celebro los esfuerzos que Europa está haciendo para ayudar a este país a recuperar su estabilidad interna mediante la intervención aquí. 
Quiero dar las gracias especialmente al Sr. Salafranca y a otros por estar tan dispuestos a asumir esta tarea una y otra vez, y creo que hay dos puntos de esta propuesta que son muy importantes. 
En primer lugar, se destaca el papel de los Amigos de Venezuela, este grupo de países que está haciendo un esfuerzo concreto por mediar en el conflicto. 
Dos países de la Unión Europea, España y Portugal, pertenecen a este grupo y tienen una responsabilidad particular en este caso, a la que están respondiendo magníficamente. 
Me gustaría darles las gracias por ello y decir que la Unión Europea espera que España y Portugal realmente puedan desempeñar un papel clave y positivo en este caso, y estoy convencido de que lo harán. 
En segundo lugar, la propuesta de resolución destaca la importancia que tiene para el propio Parlamento Europeo tener una presencia en el país. 
Quiero subrayar este planteamiento y decir que el Parlamento Europeo realmente no quiere interferir en la política de todo el mundo, sino que desea ofrecer buenos servicios de mediación siempre que una democracia que funciona razonablemente esté en peligro debido a la amenaza de populismo por una parte y el temor y la incertidumbre por otra. 
Las diversas fuerzas políticas necesitan reunirse alrededor de una mesa, porque solamente reforzando el Estado de derecho, solamente reforzando las instituciones, pero también reforzando el pluralismo en este país aquejado de problemas, podremos evitar de nuevo una grave crisis, además del daño duradero que ésta haría al país y a la región en su conjunto. 
Como he dicho, quiero pedir por lo tanto que se acepte la oferta del Parlamento Europeo de actuar como mediador. 
No me refiero a que vayamos por ahí diciendo a otras naciones qué tienen que hacer. 
No tenemos derecho a hacerlo, pero sí tenemos el deber de hacer que nuestros buenos oficios estén disponibles y de actuar como mediadores. 
Señor Presidente, lo peor de esta situación de Venezuela es que las dos partes han dejado de conversar entre ellas. 
Su incapacidad para entablar un diálogo está provocando que la sociedad e incluso el propio Estado se fragmenten, dejando un vacío que otros grupos no democráticos están desde luego muy deseosos de llenar. 
A estas alturas me gustaría por lo tanto llamar su atención sobre el hecho de que ha surgido una iniciativa del Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Europeo de formar un grupo conjunto para establecer el diálogo con diputados de ambos bandos en Venezuela y de este modo también apoyar los esfuerzos del Grupo de Amigos de Venezuela para reunir a ambas partes. 
Por cierto, sospecho que dada la actual crisis en Irak, cuanto más dure este conflicto más probable será que a causa del petróleo involucrado los Estados Unidos soliciten que se tomen medidas. 
El hecho de que más del 10% del petróleo que importan los Estados Unidos provenga de Venezuela no deja de tener consecuencias para los venezolanos, ni para los demás países de América Latina, ya que las subidas del precio del petróleo se deben, al menos en parte, a la situación en Venezuela. 
El hombre de a pie de los países latinoamericanos será el que pague. 
Aparte de conseguir que ambas partes dialoguen, ¿qué más hay que hacer? 
Creo que antes o después no tendremos otra alternativa que dejar que el pueblo decida. 
Sin embargo, en este caso pienso que es importante mantener la Constitución como base, porque a pesar de todas sus deficiencias, la validez de esta Constitución no ha sido cuestionada. 
La reputación de América Latina de no respetar las constituciones es de todos conocida. 
Razón de más para asegurar que donde existe una Constitución realmente reconocida en el ámbito internacional, nos atengamos a ella. 
Si hay que modificarla, entonces debe hacerse con el acuerdo de ambas partes para permitir quizás que pronto se celebren elecciones. 
Pero tal como lo veo, la única salida parece ser que el pueblo decida, y nadie más. 
Señor Presidente, en nombre del Partido Comunista de Grecia, celebro la victoria del pueblo de Venezuela contra las fuerzas locales y extranjeras que socavan su democracia y su Constitución. 
Un año después del fallido golpe de Estado respaldado por los Estados Unidos, tácitamente tolerado por la Unión Europea y abiertamente respaldado por España, que entonces ostentaba la Presidencia, los enemigos del progreso, la democracia y la justicia social han tratado una vez más de derrocar al Presidente Chávez y el orden constitucional. 
Sin embargo, todo lo que los empresarios en huelga consiguieron hacer fue paralizar la economía del país antes de retirarse en desbandada. 
Los días de los imperialistas que ponen dictadores en todas partes han quedado atrás. 
Los pueblos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, del conjunto de América Latina, intensifican su lucha por la democracia y el cambio social y les ofrecemos nuestra solidaridad y nuestro pleno apoyo. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar en breve, una vez hayamos concluidos los debates. 
? 5-0112/2003 del Sr. Van Orden, el Sr. Corrie, el Sr. Deva, la Sra. Foster, el Sr. Parish, el Sr. Tannock, la Sra. Banotti, el Sr. Gahler, la Sra. Korhola, el Sr. Lehne, la Sra. Maij-Weggen, el Sr. Posselt y el Sr. Sacredeus, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre Zimbabwe; 
? 5-0138/2003 del Sr. Sylla, el Sr. Cossutta y el Sr. Miranda, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Zimbabwe; 
? 5-0142/2003 de al Sra. Kinnock y el Sr. van den Berg, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabwe; 
? 5-0145/2003 de la Sra. Maes, el Sr. Rod, la Sra. Lucas, el Sr. Lannoye, la Sra. Schorling y la Sra. Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabwe; 
? 5-0148/2003 del Sr. van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabwe; 
? 5-0151/2003 del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación en Zimbabwe. 
Sr. Presidente, ha habido cierta confusión. 
El Sr. Sylla no es uno de los autores de la resolución. 
Él está en contra de la resolución. 
Desconozco cómo se ha producido este error. 
En el Grupo PSE apoyamos la resolución y nos opondremos a la enmienda del Sr. Posselt, ya que suaviza la crítica al Sr. Mugabe. 
Zimbabwe ya no es un país democrático. 
Las últimas elecciones parlamentarias, presidenciales y locales han estado caracterizadas por la intimidación, la represión, el fraude electoral y la violencia política patrocinada por el Estado. 
Tenemos una situación en la que más de 7 millones de zimbabwenses, más de la mitad de la población, están al borde de la inanición. 
Si uno quiere alimentos controlados por el Gobierno, debe tener carnet de afiliación al ZANU-PF. 
El desempleo alcanza el 70%, la inflación supera el 100% y el 50% de la tierra ha dejado de cultivarse. 
También tenemos el común problema africano del sida. 
El Parlamento ha hecho repetidamente un llamamiento a la ampliación y a una aplicación rigurosa de las sanciones, además de otras medidas, para hacer que las acciones internacionales contra el régimen de Mugabe sean más eficaces. 
Esta resolución condena la falta de coherencia de la política de la UE y hace un llamamiento al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros a que no busquen exenciones al régimen de sanciones de la UE, que puede malinterpretarse. 
Las sanciones contra el régimen de Mugabe deberían mantenerse ininterrumpidas y sin exenciones. 
Las acusaciones contra la oposición, contra Morgan Tsvangirai, son sospechosas y carecen de fundamento. 
Queremos ampliar las sanciones existentes para reforzarlas y hacerlas más efectivas. 
Queremos que el Consejo y la Comisión faciliten más información sobre la congelación de las cuentas bancarias de los sancionados. 
Queremos sanciones más amplias contra el régimen de Zimbabwe, incluido un boicot internacional del deporte y la cultura. 
Esto no aumentaría el sufrimiento del pueblo de Zimbabwe. 
Elogiamos el valor de los jugadores de críquet de Zimbabwe, Andy Flower y Henry Olonga, por llevar los brazaletes negros que simbolizan la falta de democracia y de derechos humanos en su país. 
Apoyamos la tardía decisión del equipo de críquet de Inglaterra, que ahora se ha negado a jugar en Zimbabwe. 
Es hora de que se tomen más medidas y de que las sanciones se reafirmen y se refuercen. 
Señor Presidente, nunca existirá una política exterior europea mientras los Estados miembros continúen siguiendo sus propios planes. 
Ni siquiera una Convención ayudará a que exista. 
La Unión Europea no es ni siquiera capaz de formular una política coherente, enérgica y clara con respecto a Zimbabwe. 
La escandalosa situación de los derechos humanos, la represión política, el declive económico y el hambre, en definitiva, cuentan menos que los intereses franceses en África. 
No debemos olvidar que nuestras severas sanciones son la única alternativa a los castigos que afectan a la población. 
El pueblo de Zimbabwe ya ha sufrido demasiado. 
Pero Francia no tiene la menor consideración por los acuerdos e invita a Mugabe, y al hacerlo se está jugando la credibilidad de la Unión Europea. 
Ahora parece como si el Consejo quisiera relajar las sanciones mediante la introducción de cláusulas de excepción. 
Sin embargo, es lo contrario lo que urge. 
En lugar de suspenderlas, las sanciones contra el régimen deben ampliarse e intensificarse, sin que se conceda en absoluto ningún visado al Sr. Mugabe y sus secuaces, y que los equipos de críquet que quieran jugar en Zimbabwe queden suspendidos antes incluso de que empiecen. 
Afortunadamente nuestro Parlamento es coherente, o al menos la mayoría de los partidos lo son, y seguir así. 
Si Europa no es coherente, ¿cómo podemos esperar que los países africanos lo sean? 
Es más lamentable que Sudáfrica y Nigeria parezcan estar del lado de Mugabe y quieran que se levanten las sanciones de la Commonwealth. 
Es necesario que haya pronto elecciones libres y honestas. 
Deben suspenderse inmediatamente los juicios espectáculo contra los líderes de la oposición, y las Naciones Unidas deben nombrar un relator especial para los derechos humanos. 
Solamente las medidas incondicionales contra el régimen pueden liberar al pueblo de su sufrimiento. 
Las hambrientas y aterrorizadas víctimas del antiguo héroe de la resistencia deben contar con nuestro apoyo. 
Es hora de que los Estados miembros dejen de lado sus propios planes comerciales y retiren todos los obstáculos a los derechos humanos en el plano europeo. 
Señor Presidente, quiero informarle de que casualmente el Parlamento alemán está también debatiendo sobre Zimbabwe a esta misma hora de hoy y creo que, desde un punto de vista político, es importante que no sólo discutamos esta cuestión aquí en el Parlamento Europeo- o quizás también, por motivos históricos, en Londres -, sino también en otros parlamentos de Europa, de forma que se llame la atención del público sobre la situación. 
Lamentablemente, es necesario prolongar las sanciones impuestas al régimen de Mugabe. 
El uso de medios democráticos, no ha permitido por desgracia al pueblo de este país deshacerse de un potentado que tiene más responsabilidad que nadie por el declive del país en términos económicos, sociales y políticos, así como con respecto a los derechos humanos. 
Debo discrepar de lo que ha dicho el Sr. Sylla. 
Las sanciones que se estipularon no afectan en realidad al público en general. 
Las únicas personas afectadas son aquellas que en cualquier caso tienen dinero para viajar. 
Pero cuando, por ejemplo, el «Ministro de Propaganda» , el Sr. Moyo, acudió a Sudáfrica a gastar dinero a lo loco durante las Navidades, provocó una protesta pública también en esa sociedad democrática por el hecho de que alguien tan cercano al régimen se comportase de este modo. 
Lamento mucho el hecho de que los debates sobre la prórroga de las sanciones degenerasen en un tira y afloja político, porque Francia solamente estaría de acuerdo con la prórroga si se permitía al Sr. Mugabe acudir a París a la cumbre franco-africana. 
No me gusta criticar a un Gobierno cuyos puntos de vista políticos son tan cercanos a los del mío, pero en este caso quisiera instar al Gobierno francés a que considere si redunda en interés de los africanos el hecho de intervenir en la política africana de este modo. 
Desgraciadamente, en décadas anteriores, para muchos países europeos había un único criterio decisivo a la hora de decidir implicarse o no en la política africana: si favorecía a sus intereses económicos. 
El resultado es fácil de ver en países como Côte d ' Ivoire y el Congo. 
Por el contrario, es importante para Europa presentar un frente unido. 
Por lo tanto, celebro el hecho de que Portugal prefiera posponer la cumbre UE-África a permitir que venga el Presidente Mugabe. 
Por otra parte, en la 59ª sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, los Europeos deben acelerar sus consultas con el fin de asegurar que ninguna propuesta de resolución sobre Zimbabwe resulte derrotada, como sucedió el año pasado, sino que se retire del orden del día antes de que esto ocurra. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no es la primera vez que hablo sobre la interminable e infeliz saga de Zimbabwe y su dictador, Robert Mugabe. Nuestra postura no ha cambiado: condenamos firmemente el régimen de Mugabe, la violenta, continua y vergonzosa violación de los derechos humanos, el modo en que está destruyendo su propio país y condenando a su pueblo a la pobreza. 
Esto es intolerable y nuestra condena es férrea. 
Sin embargo, simplemente quisiera decir que ahora debemos actuar de forma inteligente. 
Desde hace ya un año se viene aplicando una política de sanciones. 
Es demasiado pronto para decir si el resultado de esta política será positivo o negativo, pero sea cual sea el resultado, todos sabemos qué ha sucedido. 
También sabemos que estas políticas de sanciones siempre requieren que exista un proceso en marcha. 
La pregunta que me hago es la siguiente: dadas las dificultades que han surgido y que nosotros mismos hemos notado, con la suspensión de la Asamblea ACP-Unión Europea, que también se han notado en la Commonwealth, y que también están dividiendo actualmente a Europa, ¿no sería mejor actuar de algún modo más inteligente? 
Me gustaría promover un plan alternativo, incluso habiendo observado que ya se ha alcanzado una mayoría en esta Asamblea. 
¿Por qué no adoptamos una moratoria de tres meses, al final de los cuales, si el régimen de Robert Mugabe no ha adoptado medidas serias para respetar los derechos humanos, decretaríamos entonces un verdadero sistema unánime de sanciones? 
Entretanto, podríamos explorar oportunidades para un diálogo entre la UE y África, estropeándole una vez más los planes al Sr. Mugabe, en lugar de prestar apoyo a su propaganda. 
Por otra parte, deberíamos iniciar un movimiento masivo de solidaridad positiva a favor de Morgan Tsvangirai, que está siendo grave e injustamente perseguido en su país. 
En esta Asamblea tenemos la capacidad para hacer esto y para movilizar a la opinión pública europea. 
Como saben, el Sr. Tsvangirai ya ha sido propuesto en dos ocasiones para el Premio Sajarov, que el Parlamento concede cada año. 
Lanzar un movimiento de apoyo masivo a Morgan Tsvangirai para que reciba el Premio Sajarov a final de año sería mucho más eficaz que cualquier política de sanciones. 
La Comisión sigue de cerca la situación de los derechos humanos en Zimbabwe. 
Es consciente de que las condiciones siguen siendo volátiles y está alarmada por el aumento de la incidencia de violencia políticamente motivada que se ha observado últimamente. 
Dada la gravedad de la situación, la Comisión ha propuesto al Consejo la ampliación de las medidas contra Zimbabwe conforme al artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, que se adoptaron en febrero del pasado año. 
Estas medidas redirigen los fondos a sectores sociales y a áreas que benefician directamente a la población. 
Esto es para un período renovable de un año. 
La Comisión está de acuerdo con la propuesta de la Presidencia de una nueva posición común que enmiende y amplíe las sanciones, como la prohibición de visados y la congelación de activos contra Zimbabwe, por el mismo período adicional de un año. 
La Comisión ha sido informada de que se han congelado aproximadamente 770 000 euros en cuentas en los Estados miembros o sus territorios dependientes, de acuerdo con la posición del Consejo. 
La ayuda comunitaria sigue participando en proyectos que apoyan directamente a la población en el campo de la democratización, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho; la Iniciativa europea para la democracia y la protección de los derechos humanos incluye a Zimbabwe como país focal. 
La Comisión está especialmente preocupada por la crisis alimentaria de Zimbabwe y se ha dedicado muy activamente a responder a la situación. 
Entre abril y diciembre de 2002, hemos comprometido unos 80 millones de euros en ayuda de emergencia y ayuda humanitaria. 
La Comisión cree que deberían explorarse todas las vías de diálogo con el fin de mejorar la situación en Zimbabwe. 
Apoyaremos cualquier presión similar que ejerza la comunidad internacional, y de los jefes de Estado de África en particular, sobre el Gobierno de Zimbabwe en el terreno del respeto de los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú: derechos humanos, democracia y Estado de derecho. 
El debate queda cerrado. 
A continuación procedemos a la votación. 
De conformidad con el orden del día se procede a la votación sobre la crisis en el sector siderúrgico 
Señor Presidente, celebro el voto sobre la resolución y voy a destacar dos puntos. 
En primer lugar, quiero responder a las propuestas presentadas anteriormente por el Comisario, llamando su atención sobre el hecho de que el artículo 5 del Tratado de la CECA estipula que el papel de la Comunidad es el de arrojar luz y facilitar la acción de las partes interesadas mediante la preparación de información, la organización de debates y la definición de objetivos generales. 
Me parece que con respecto al poder regional de Valonia, la Comisión debería considerar dicha acción. 
En segundo lugar, considero que tras los diversos informes que la Comisión podría presentarnos, podría ser muy útil para el Parlamento elaborar un informe de iniciativa propia sobre el desarrollo de la metalurgia, visto lo que sin duda estará en juego en el proceso de ampliación. 
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo 
. 
(EN) Independientemente de lo que algunos diputados de este Parlamento puedan decir o desear, la Unión Europea no tiene absolutamente ninguna competencia legal en el tema del aborto. 
Cada persona tiene derecho a tener su propia opinión y no niego que existen diferentes marcos éticos en los distintos Estados miembros. 
Éste no es el tema. 
El tema es dónde y cuándo la Unión Europea tiene legalmente derecho a intervenir. 
A este respecto, el informe propone un terrible abuso de poder y competencia por parte de la Unión. 
El hecho de legislar que los fondos de la Unión Europea se puedan utilizar para facilitar cualquier tipo de servicio de aborto supondría un ataque a la soberanía del derecho de los Estados miembros a legislar sobre esta cuestión. 
Como diputado irlandés del Parlamento, no puedo apoyar semejante violación del derecho constitucional del pueblo al que represento a decidir la política en materia de aborto. 
Se trata de un derecho consagrado en el Tratado de Maastricht y lo defenderé enérgica y firmemente. 
Del mismo modo, es un error intentar imponer el aborto en países que no lo desean y es un error enviar el mensaje de que este Parlamento sólo apoyará a los países que faciliten el aborto, cosa que no es cierta. 
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 13 de febrero de 2003. 
Señor Presidente, dado que le he presentado esa petición, ahora voy a hablar no solo en nombre de los 36 diputados, sino también en nombre de mi Grupo. 
Quiero llamar la atención de la Cámara sobre unas informaciones que han aparecido en periódicos belgas, alemanes y británicos este fin de semana que se refieren a acusaciones bastante graves de que el Parlamento Europeo y también algunos miembros de la Comisión podrían haber sido engañados con respecto a algunas pruebas del caso Andreasen. 
Esto surge en el contexto de un informe aparentemente encargado por el Comisario Kinnock, antes de que se suspendiera de su empleo a la contable de la Comisión. 
Tanto la prensa como fuentes de la Comisión han hecho públicas numerosas citas de este informe. 
Resulta fundamental que se publique el informe completo de inmediato, para que la Cámara conozca todos los hechos relacionados con esta cuestión. 
Esto es importante no solo en el contexto del caso Andreasen como tal, sino también en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria que tendrá lugar en las próximas semanas. 
La Comisión no puede optar por hacer públicos extractos seleccionados de sus documentos y, a continuación, declarar la confidencialidad general de los mismos en el contexto del acuerdo marco. 
Por este motivo, propongo a la Cámara que mañana a las 17.00 horas, cuando esté presente la Comisión, esta explique su postura en relación con dicho documento, que es supuestamente un informe del jefe de auditoría interna que formula estas graves acusaciones. 
Ese documento debe ser publicado y esta Cámara deberá estar en condiciones de formarse una opinión sobre el mismo. 
Por lo tanto, pido a la Cámara que exprese su acuerdo con mi propuesta para que se solicite a la Comisión que acuda a esta Cámara mañana a las 17.00 horas a fin de hablar sobre estas graves acusaciones. 
Señor Presidente, tenía entendido que la serpiente del lago Ness aparecía en verano pero, ahora, en este asunto concreto, aparece a lo largo de todo el año. 
Es la quinta o sexta ocasión en la que se trata de que el Parlamento no siga sus procedimientos reglamentarios. 
El Sr. Evans ha dicho con razón que estas cuestiones han de tratarse en el procedimiento de aprobación de la gestión y debatirse en la Comisión de Control Presupuestario. 
Por lo tanto, mi Grupo considera que, para tratar estos temas, más que aprovechar unas filtraciones aparecidas un fin de semana en la prensa de algunos países, de las cuales creo que la mayor parte de los miembros de la Cámara no tiene conocimiento, y con todo mi respeto a la libertad de expresión, hay que atenerse a nuestros procedimientos y respetar nuestro Reglamento, además de respetar los Tratados y a una institución concreta que es la Comisión. 
Por lo tanto, señor Presidente, nos oponemos a esta propuesta absolutamente extemporánea y creemos que el Parlamento debe seguir su trabajo de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
Señor Presidente, es importante que nosotros, como Asamblea, no emprendamos acciones precipitadas basándonos en las actividades de unos cuantos periodistas. 
Por lo que tengo entendido, esta supuesta historia se refiere a un memorando del 21 de mayo de 2002. 
El proceso de reforma ha progresado mucho desde entonces, bajo la supervisión de nuestra Comisión de Control Presupuestario, cosa que sin duda el Sr. Kinnock mencionará en relación con esta cuestión. 
En nuestra opinión, teniendo en cuenta el informe del Sr. Casaca, que ha incluido muchas de estas cuestiones, y las aportaciones al mismo, esta cuestión de hecho ya está siendo tratada. 
Tengo entendido que el autor del memorando mencionado, el Sr. Muis, va a asistir a la reunión de la Comisión de Control Presupuestario esta semana y sugiero que los diputados de esa comisión le pregunten si, en caso de que tuviese que escribir ese memorando hoy, tendría el mismo tono que el que escribió en mayo del año pasado. 
Parece que el proceso ya ha avanzado mucho y probablemente esto no es más que una tempestad en un vaso de agua. 
Señor Presidente, Señorías, creo que debemos ser extremadamente prudentes. 
Si la carta que hemos recibido hoy (o el memorando, como lo quieran llamar) está en lo cierto, tenemos verdaderos problemas, problemas muy serios. 
En ese caso, primero la comisión competente tendrá que debatir estos problemas y, en función de lo que decida entonces, el Parlamento deberá presentar una propuesta de informe, sobre todo si tenemos en cuenta que vamos a celebrar un debate sobre el procedimiento de aprobación de la gestión en el próximo período parcial de sesiones de Bruselas. 
No entiendo por qué deberíamos debatir una cuestión sin que se haya debatido primero en la comisión competente, y creo que ya hemos bailado bastante al son de los supuestos descubrimientos de los periodistas. 
El Parlamento no está a disposición de los medios de comunicación y debe tener su propio ritmo de trabajo. De lo contrario, terminaremos incluyendo cualquier cosa en el orden del día. 
Señor Presidente, lo cierto es que hasta el fin de semana pasado no recibí una nota; tiene fecha del año pasado y me dejó sumamente asombrada. 
El motivo de mi asombro es que esta nota no había salido anteriormente a la luz, tras las numerosas cuestiones que planteamos a la Comisión, concretamente en relación con la contabilidad, y que obviamente esta nota no me llegó a través de la Comisión. 
No sé si otros diputados han recibido una copia y no han tenido todavía la oportunidad de recavar más información al respecto. 
De todos modos, en estos momentos, eso no es lo más importante. 
Lo importante, sin embargo, es el hecho- que no deja de sorprenderme- de que el Director General de auditorías internas vaya a unirse a nosotros en la reunión prevista para las 19.00 horas de hoy. 
No obstante, no sé nada al respecto y ni siquiera ha sido invitado. 
He intentado hablar con él por teléfono para conseguir alguna información acerca de esta nota, aunque de momento no lo he conseguido, puesto que estaba reunido. 
Sin duda, el procedimiento de aprobación de la gestión no se debatirá en esta miniconferencia- esta cuestión se tratará en sesión plenaria en abril -, pero indudablemente es de vital importancia en estos momentos. 
En el plazo de ocho días, la comisión tendrá que celebrar una votación acerca de lo que vamos a hacer con respecto a la aprobación de la gestión y acerca de las propuestas que vamos a presentar ante el Pleno. 
Por este motivo, resulta fundamental que obtengamos información al respecto. 
Realmente no sé cuándo se supone que voy a obtenerla, si queremos tratar esta cuestión convenientemente en la comisión. 
Aunque indudablemente la debatiremos esta tarde, sigo pensando que deberíamos conocer la situación cuando este tema aterrice sobre la mesa y que deberíamos debatirlo entre nosotros. 
Señor Presidente, la situación es, en realidad, muy simple: el Consejo de Seguridad, o bien vota el martes por la tarde, o bien el miércoles o el jueves; es decir: o vota antes que nosotros o después. 
Si vota después que nosotros, creo que es importante que se celebre una votación en el Parlamento Europeo para pedir a los Estados representados en el Consejo de Seguridad que voten en contra de la resolución propuesta por el Reino Unido, España y los Estados Unidos. 
En otras palabras: creo que es importante que los representantes de la opinión pública y de los ciudadanos europeos aprueben una propuesta para solicitar a los Estados en cuestión que utilicen su voto en el Consejo de Seguridad para rechazar la idea de la guerra. 
(Dirigiéndose al Sr. Panella, que intentaba interrumpirle: ¡Vaya, vaya, señor Panella, de verdad! 
Al menos, usted ya había nacido en 1938, no como yo. 
Esa es la única diferencia, y atribuiré esa forma de pensar a su edad porque, de lo contrario, lo que acaba de decir no es muy inteligente. 
¡No es inteligente en absoluto!) 
Sin embargo, si el Consejo de Seguridad vota antes que nosotros, creo que el Parlamento Europeo debería adoptar una posición con respecto a esta votación. 
Así pues, en cualquier caso, como expresión de los ciudadanos europeos, deberíamos adoptar una posición el miércoles con respecto a lo que se vaya a decidir o a lo que ya se haya decidido. 
Señor Presidente, Señorías, aunque siempre admiro el compromiso demostrado por el estimado Sr. Cohn-Bendit en sus intervenciones, tengo que pedir que seamos lógicos y tengamos en cuenta la manera en que esta cuestión se ha desarrollado históricamente en esta Cámara. 
Al fin y al cabo, el debate del miércoles, que será muy completo, no será el primero que celebremos acerca del terrible rumbo que está tomando la crisis del Iraq, y nuestro Grupo siempre se ha declarado a favor de la acción, dentro de los límites establecidos por la comunidad internacional. 
Y digo esto para que no quepa duda. 
No obstante, el Sr. Cohn-Bendit sabe, al igual que los demás diputados de esta Cámara, que votamos esta cuestión en diciembre. 
Por tanto, no hay necesidad de que celebremos una nueva votación cada vez que nos reunamos aquí, con el fin de volver a subrayar su importancia. Por el contrario, la posición del Parlamento está muy clara, al igual que la del Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos, y creo que los demás Grupos- la mayoría de ellos, en cualquier caso- quieren que la posición de esta Cámara, una vez aprobada, sea vinculante y que no tengamos que estar constantemente dándole vueltas al intercambio de opiniones. 
El miércoles todos tendremos la oportunidad de expresar nuestra opinión, y recomiendo que lo hagamos con la gravedad y seriedad que esta crisis merece. 
Por este motivo, nos oponemos a una nueva resolución. 
Señor Presidente, mi Grupo también está en contra de una resolución, probablemente por razones ligeramente distintas a las del Sr. Poettering, porque- no en diciembre, señor Poettering, sino el 30 de enero- aprobamos una resolución en la que se afirmaba, de forma bastante clara, que la mayoría del Parlamento se opone a una acción militar sin que exista una resolución de la ONU que la autorice. 
Por lo tanto, esa resolución del Parlamento sigue siendo válida actualmente. 
Si la situación cambiase, obviamente también cambiaría nuestra postura. 
Es más: de acuerdo con la información que tenemos, la votación del Consejo de Seguridad se celebrará, en cualquier caso, antes de que hayamos tenido tiempo de actuar a este respecto. 
. (ES) Señor Presidente, efectivamente, en nombre de la comisión he solicitado que se aplazara la votación de la resolución al segundo Pleno del mes de marzo en Bruselas. 
Tratándose de un tema complejo y delicado, esta tarde vamos a tener un debate en comisión, en reunión extraordinaria y el miércoles tendremos otro, como consecuencia de la declaración de la Comisión. 
Entiendo que, por tratarse de un tema- como he dicho- delicado y en el que hay que actuar con prudencia, es mejor trasladar la votación de la resolución al Pleno de este mes en Bruselas con la presentación, naturalmente, de las enmiendas correspondientes por parte de los Grupos políticos. 
Señor Presidente, siento tener que opinar en contra de mi sucesor acerca de una cuestión como esta, pero, en mi opinión, al igual que pedimos con acierto a la Comisión de Control Presupuestario que estudie las acusaciones sobre el proceso de reforma que se han publicado en algunos periódicos durante el fin de semana, deberíamos pedir a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores que examine urgentemente esta cuestión. 
Cabe la posibilidad de que los norteamericanos nos hagan llegar una petición para acceder a las bases de datos de pasajeros de las compañías aéreas europeas, lo que iría totalmente en contra de nuestra propia legislación de protección de datos y, de hecho, podría suponer una importante violación de las libertades civiles de los ciudadanos europeos. 
En mi opinión, si la Cámara no toma postura esta semana, entonces somos impotentes. 
Debemos subrayar nuestra firme oposición a la petición de los norteamericanos y nuestra oposición a cualquier acuerdo potencial por parte de la Comisión con respecto a esta petición. 
De hecho, solo quiero aclarar una cosa. 
Me satisface que vayamos a someter a votación este asunto esta semana, porque está claro que se sigue facilitando información a los Estados Unidos. 
No obstante, no tengo claro quién es el responsable en este caso. 
¿Es cierto que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores va a hablar de ello esta tarde? 
Me alegraría mucho, pero, en tal caso, deberíamos elaborar una resolución esta tarde que se someta a votación el miércoles. Definitivamente, eso me agradaría mucho. 
Lo más importante es alcanzar una resolución esta semana, y lo segundo más importante es dejarlo en manos de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. 
Si no podemos hacerlo esta tarde, me gustaría celebrar una reunión urgente adicional mañana, para garantizar que la comisión competente mantenga el control de esta cuestión. 
Entiendo, con respecto al fondo de la cuestión, que los Grupos prefieren que la comisión prepare la resolución. 
A menos que se indique lo contrario, así se hará. 
El único problema es cuándo habría que celebrar la votación. 
La decisión firme de la Cámara es que convendría votar el jueves de esta semana, tal y como estaba previsto en el proyecto de orden del día. 
(El orden del día queda así establecido) 
De conformidad con el orden del día, se procede a las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
Señor Presidente, quisiera transmitirle un mensaje que recibí cuando estuve en Nueva York la semana pasada. 
Conocí a un grupo llamado «September 11 Families for Peaceful Tomorrows». 
Son familiares de algunas de las víctimas de la atrocidad del 11 de septiembre y me pidieron que le comunicase a usted y a esta Cámara que no buscan venganza. 
No quieren una guerra contra el Iraq en su nombre, sino un futuro pacífico para sus niños, los niños del Iraq y los niños del mundo. 
Esperan que Europa les apoye y por ello me gustaría pedirle que se ponga en contacto con el Presidente Bush y con los líderes de todos los Estados miembros que componen el Consejo de Seguridad, para transmitirles la firme decisión tomada por este Parlamento hace algunas semanas de que no existen razones para una guerra unilateral o preventiva y que habría que conceder a los inspectores el tiempo necesario para que completen el desarme pacífico del Iraq. 
Será un placer hacer llegar la opinión de la Cámara a las autoridades norteamericanas, como ya hice con respecto al Consejo hace algunas semanas. 
Señor Presidente, me gustaría, en nombre de mi Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, criticar enérgicamente el vergonzoso trato que han recibido hoy los trabajadores portuarios, frente a este edificio. 
En nuestra opinión, su protesta es legítima, y los apoyamos. 
Hay que señalar que el objetivo de la propuesta de directiva que están criticando no es otro que el de reducir los salarios y, por lo tanto, autorizar la contratación de personal ajeno a los puertos para que haga el trabajo en su lugar. 
Eso significa la destrucción de sus estatus, de sus oficios y de sus puestos de trabajo, ¡y nosotros pretendemos que vengan a traer flores a las instituciones europeas! 
Deberíamos escucharlos, escuchar lo que tienen que decir y revisar, en consecuencia, la propuesta de directiva. 
Señor Presidente, yo también tengo una queja acerca de la represión policial en el exterior del edificio, aunque tenga que ver con los diputados de esta Cámara y no con los trabajadores portuarios. 
He llegado de Basilea en el autobús, con unos cuantos colegas de diversos países, y me encontré las puertas cerradas. 
No había ningún problema de seguridad inminente, no había manifestantes a la vista, pero la policía francesa nos negó el acceso al edificio. 
Cuando intenté ejercer mi derecho como parlamentario a entrar en el edificio, se me impidió físicamente hacerlo y se produjeron una serie de empujones y gritos bastante indecorosos. 
Por lo que tengo entendido, que la policía de un Estado miembro obstruya a los parlamentarios en el desempeño de su cometido es contrario a los tratados. Supone, sin duda, una afrenta a la dignidad de esta Cámara. 
Por lo tanto, le agradecería que se pusiera en contacto con las autoridades competentes para asegurarse, en primer lugar, de que no se repita nada como esto y, en segundo lugar, que la policía francesa afectada sea informada de nuevo sobre los derechos y responsabilidades de los parlamentarios. 
Entenderá que no me opongo, en absoluto, a la liberalización de los servicios portuarios, pero yo también quiero expresar mi desacuerdo con la paranoica forma en que, en este momento, el ejército francés insiste en proteger nuestro edificio parlamentario frente a los posibles manifestantes. 
En primer lugar, te hacen salir del taxi, del coche o del autobús en un lugar que no es el adecuado, y a continuación, cuando el taxi se ha ido, te dicen que tienes que caminar otros 400 metros. 
No había ni un solo manifestante por los alrededores: solo soldados protegiendo un edificio y no a los diputados del Parlamento. 
Esta es la enésima vez que la ciudad de Estrasburgo y el Gobierno francés hacen que sea imposible trabajar a gusto en esta ciudad. 
O se cancelan nuestros vuelos o se llevan nuestros coches, y ahora incluso se nos niega el acceso a nuestro propio Parlamento. 
Creo que debe hacer algo al respecto. 
Señor Presidente, simplemente me gustaría decirles a mis colegas diputados que estoy, en cierto modo, sorprendida. 
Por una parte, se quejan de la falta de seguridad en Bruselas y de que, en ocasiones, se ven expuestos a abusos. 
Aquí, donde se toman todas las medidas posibles para garantizar su seguridad, tampoco están satisfechos. 
¡Al menos deberían ser coherentes! 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, quiero plantear una vez más el caso de los observadores de aviones de Grecia. 
Como recordará, fueron arrestados el 8 de noviembre de 2001. 
En el juicio, celebrado el 26 de abril de 2002, muchos de ellos fueron condenados a penas de prisión, pero tras su apelación, el 6 de noviembre de 2002 los presentes fueron absueltos de todos los cargos. 
Esta, finalmente, fue la buena noticia. 
La mala es que cuando ya han transcurrido más de cuatro meses desde su absolución, todavía no les han devuelto el importe de la fianza. 
Se trata de una considerable suma de dinero, dado que habían pagado 9 000 libras- unos 13 000 euros- cada uno. Por este motivo le ruego que llame la atención de la Presidencia griega sobre este asunto y que le pida que emprenda acciones inmediatas para resolver esta lamentable situación, que está provocando apuros económicos a los observadores de aviones y sus familias. 
Nos encargaremos de esa cuestión. 
Hace unos días, visité Turquía como parte de una representación de seis diputados del Parlamento Europeo. Permítame comenzar diciendo que hemos acogido con gran satisfacción el hecho de que Turquía haya realizado verdaderos progresos con respecto a los criterios de Copenhague en los últimos meses. 
No obstante, me gustaría destacar que la antigua diputada del Parlamento, Leyla Zana, lleva ya unos diez años en prisión. 
Cuando se violaron los derechos y las libertades políticas del Sr. Erdogan, cuando era alcalde de Estambul, en esta Cámara defendimos sus derechos como persona y sus libertades políticas. 
Por lo tanto, esperamos que el nuevo Gobierno entienda la necesidad de respetar los derechos humanos; dado que todos los factores restantes se repiten, es intolerable que la ganadora del premio Sajarov lleve 10 años consumiéndose en una prisión turca. 
Me gustaría pedirle que presione al Gobierno turco directamente para que libere, de manera inmediata e incondicional, a Leyla Zana. 
Como bien sabe, esta postura la viene manteniendo el Parlamento desde hace mucho tiempo. 
Será un placer mantener correspondencia con respecto a esa cuestión, ya que la ha planteado de nuevo a la luz de su visita. 
Señor Presidente, me gustaría informarle, al igual que al resto del Parlamento, acerca de la situación de dos mujeres, Maria y Natacha Illiasova, que se hallan recluidas en una prisión de Tallin, Estonia, desde el verano de 2001. 
Muchos de nosotros nos hemos quejado a Estonia, a la delegación de la Comisión en Tallin, porque estas mujeres fueron encarceladas debido a que un hombre de negocios había sido asesinado por dos asesinos a sueldo profesionales. 
Estas mujeres están acusadas de haber encargado el asesinato. 
El único testigo es un policía estonio que se ha negado a testificar. 
No obstante, estas mujeres llevan más de 18 meses en prisión sin que haya tenido lugar juicio alguno, sin que se haya celebrado nunca una audiencia pública. 
Todas sus audiencias se han celebrado a puerta cerrada. 
Los abogados a los que se le ha asignado oficialmente el caso no les han proporcionado ningún documento acerca de este ni ninguna información, en absoluto, sobre su situación o sobre el proceso que está teniendo lugar. 
Señor Presidente, ¿podría usted retomar sus esfuerzos por garantizar que el Derecho, el Derecho tal y como lo entendemos en esta Cámara- los derechos humanos y los derechos de las personas -, se respete en Estonia, en el caso de Natacha y Maria Illiasova? 
Trataré de hacer algo al respecto, tal y como me ha solicitado. 
Señor Presidente, me gustaría aprovechar la presencia de la Comisaria, la Sra. Reding, para plantearle una pregunta concreta. 
Me refiero a la decisión de la Comisión- sin duda, bastante embarazosa- de eliminar la partida presupuestaria B3-1026, relativa a la esfera del deporte, que apoyaba al programa titulado «Deporte: acciones preparatorias de una política comunitaria en el ámbito del deporte» , basándose en el anuncio número 33 publicado en 2002 por la Dirección General de Educación y Cultura. 
Este programa abarcaba dos cuestiones: el deporte como herramienta educativa para la gente joven y la lucha contra el azote del dopaje. 
Sin avisar, la Comisión dijo que ya no había suficiente dinero, porque los fondos habían sido absorbidos por la ampliación, una explicación a todas luces incongruente, sobre todo si tenemos en cuenta que ya se habían llevado a cabo muchos proyectos y el hecho de que el próximo año- como bien sabe, señor Presidente- será el Año Europeo de la Educación a través del Deporte. 
Este programa se iba a dedicar a preparar este Año Europeo y ha sido eliminado. Me gustaría conocer el motivo. 
En lugar de responder ahora, quizás la Comisaria podría tomar nota de ello y comunicar la opinión de la Comisión a Su Señoría más tarde. 
Señor Presidente, he tomado la palabra para pedir información acerca de la participación del Parlamento Europeo en la sesión ministerial de la reunión de la Comisión de Estupefacientes, que se celebrará en Viena los días 16 y 17 de abril de 2003, para hacer balance, tras el desastre de los cinco primeros años, de los avances del plan decenal de la ONU para luchar contra los estupefacientes, que, en teoría, debería haber borrado los estupefacientes de la faz de la tierra para 2008, pero que solo está provocando un resurgimiento de la represión y de la supresión de los derechos y libertades individuales en este ámbito. 
Acabo de regresar de un viaje a Sudamérica, concretamente a Perú, donde la batalla para acabar con el cultivo de la coca está desestabilizando la región y promoviendo el terrorismo. 
Por lo tanto, hay otra guerra que es necesario detener. 
La reunión de abril es nuestra oportunidad para hacerlo. Espero que el Parlamento participe de conformidad con los procedimientos correspondientes y que los diputados hablen con los Gobiernos de sus países y les pidan que presenten peticiones formales para revisar y evaluar las convenciones y las políticas internacionales sobre drogas. 
Hay una delegación nuestra que participa. 
Quizás el Sr. Cappato pueda informarse y, a continuación, ponerse en contacto directamente con los colegas que nos representarán. 
Señor Presidente, me he sentido muy decepcionado por el hecho de que la iniciativa para constituir una comisión de investigación parlamentaria sobre las acusaciones de malversación de fondos de la Unión Europea por parte de las autoridades palestinas no se haya debatido siquiera en la reunión de la Conferencia de Presidentes del pasado jueves. 
Más de una cuarta parte de los diputados de esta Cámara han firmado una petición a tal efecto y esta polémica cuestión, que ha acaparado tanta atención por parte de la prensa y despertado un gran interés entre nuestros electores, no merece desde luego que se le dé carpetazo sin ningún debate democrático. 
Sin duda, la intención del artículo 151 del Reglamento no es la de conceder a los Grupos políticos el derecho a decidir que el asunto ni siquiera se discuta en sesión plenaria, cuando tantos diputados de esta Cámara la consideran una cuestión muy seria. 
Agradecería que tomase una decisión de acuerdo con los procedimientos correctos en virtud del apartado 3 del artículo 151 del Reglamento, dado que, en mi opinión, está en juego la credibilidad democrática de esta Cámara. 
Esa cuestión se debatió bastante a fondo en la Conferencia de Presidentes de Estrasburgo, hace dos reuniones. 
La cuestión se ha gestionado correctamente, de conformidad con el Reglamento. 
Si los diputados no están de acuerdo con el Reglamento, ese es otro tema. 
Le enviaré una nota en la que se especifica el procedimiento seguido y la interpretación de los respectivos artículos del Reglamento. 
Señor Presidente, me gustaría intervenir basándome en el artículo 8 de nuestro Reglamento. 
La legislación francesa actualmente en vigor estipula que cualquier diputado del Parlamento Europeo elegido para un cargo que le coloque en una situación de incompatibilidad- por ejemplo, presidente de un consejo de departamento- dejará, exclusivamente por este hecho, de ejercer su mandato. 
La intención del legislador de evitar un recurso o un período de elección está clara, dado que también se prevé el caso en el que un diputado del Parlamento Europeo se encuentre en una situación de incompatibilidad con el ejercicio de un mandato, en lugar de un cargo. 
En el caso de la incompatibilidad con un mandato, el legislador considera las consecuencias de que la elección sea impugnada, cosa que no sucede en el caso de incompatibilidad con un cargo. 
La letra y el espíritu de la ley son claras: al presentarse a estas elecciones, el Sr. Pasqua debería haber estado al tanto de las consecuencias inmediatas que conllevaría. 
Sin embargo, después de nuestro último Pleno, el Sr. Pasqua, diputado de nuestro Parlamento, fue reelegido presidente del consejo de departamento del Altos del Sena, el pasado 27 de febrero. 
Parece que las autoridades competentes de mi país no le han informado acerca de la finalización del mandato del Sr. Pasqua. 
Señor Presidente, en su calidad de garante de esta institución, le corresponde preguntar a las autoridades competentes de mi país acerca de las implicaciones de esta nueva situación, dado que, para la legislación francesa, el Sr. Pasqua ya no es diputado del Parlamento Europeo y deberíamos tener en cuenta la vacante. 
Debo informarme al respecto. No obstante, de conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, las incompatibilidades que usted ha señalado deberían ser notificadas normalmente al Presidente de la Cámara por las autoridades del Estado miembro en cuestión. 
Lo único que puedo confirmarle es que, hasta ahora, ni los servicios de la Cámara ni yo hemos recibido ninguna notificación de este tipo con respecto a la persona que ha mencionado. 
Señor Presidente, con respecto a la cuestión planteada por mi amigo el Sr. Tannock, relativa a la falta de un debate como es debido sobre la resolución propuesta acerca del uso de los fondos de la Unión Europea por parte de la Autoridad Palestina, quiero señalar que no se trata de una cuestión de legalidad. 
Estoy seguro de que se ha cumplido el Reglamento. 
No tengo ninguna queja al respecto. 
Lo que me preocupa es el aspecto político. 
El caso es que 170 diputados de esta Cámara solicitaron un debate, y un pequeño grupo de personas decidió, en sesión a puerta cerrada, que no se celebraría ningún debate. 
Si somos demócratas y creemos que este Parlamento tiene sentido, deberíamos permitir que haya debate. 
Ha sido un error y es una mala señal, no solamente para los diputados, sino también para el público en general, que ya saben que, a pesar del gran apoyo con que contaba esa resolución, un pequeño grupo de personas les ha negado el derecho a ser escuchados. 
Se trata de un error de juicio, y no de legalidad. 
Tomo nota de su observación. 
Le enviaré una respuesta, al igual que al Sr. Tannock. 
La petición de 170 diputados era para que se constituyese una comisión de investigación y no para que se celebrase un debate. 
El Reglamento en vigor faculta a la Conferencia de Presidentes para decidir si se constituye o no una comisión de investigación. 
Ese es el procedimiento que se ha seguido en este caso. 
No obstante, les enviaré una carta con los detalles y las interpretaciones. 
Podremos volver sobre este asunto en caso de que los diputados no queden satisfechos con la explicación. 
Señor Presidente, hace unas dos semanas, las autoridades británicas arrestaron a un estudiante griego porque, según la prensa, estaba cotejando información para una tesina sobre el terrorismo. 
Entiendo que corresponde a las autoridades británicas decidir en qué criterios se basan para arrestar a los estudiantes. Sin embargo, tenían la obligación- obligación que incumplieron- de informar a las autoridades griegas, por tratarse de otro Estado miembro de la Unión Europea. 
Esto es intolerable y no debe repetirse. 
No vivimos en una era de regímenes autocráticos. 
Cooperamos dentro de un marco y los países tienen que informar a los demás países cuando arrestan a sus ciudadanos por cualquier motivo. 
Siento interrumpir, pero hemos superado el tiempo de uso de la palabra. 
Su comentario es muy interesante, pero le pediría que respetase nuestras limitaciones de tiempo. 
Señor Presidente, el Juez de la Audiencia Nacional dictó un auto cautelar que explica que las empresas Egunkaria Sortzen y Egunkaria, así como el periódico que edita esta última, están encuadradas en el entramado de ETA y, tras este cierre cautelar, ese mismo juez, tomó declaración a los directivos de la empresa y declaró prisión incondicional a cinco de los diez detenidos, a los que se les imputa pertenencia a una organización terrorista. 
Señor Presidente, esto no debe sorprender a nadie porque, en 1992, el ex Consejero de Interior del Gobierno vasco, y hoy Presidente del Parlamento vasco, dijo que Egunkaria formaba parte de ETA y, en 1993, el portavoz del PNV constató públicamente la participación de ETA en la designación de la dirección del periódico. 
No se trata aquí de una cuestión de lengua, sino de la manipulación que pretenden ejercer algunos para acceder al voto radical el próximo 25 de mayo y, eso, señor Presidente, es simplemente repugnante. 
Tenemos normas y me esfuerzo por respetarlas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión acerca del Acuerdo general sobre el comercio de los servicios (AGCS) en el marco de la OMC, comprendida la diversidad cultural. 
Señor Presidente, el ámbito de los servicios es uno de los nuevos ámbitos del comercio internacional directamente relacionados con las preferencias sociales y los modos de vida y que, por lo tanto, son motivo de preocupación para los ciudadanos y sus representantes. 
Estas preocupaciones se refieren, en concreto, a la transparencia de las negociaciones internacionales, al mantenimiento de nuestros servicios públicos y al trato de los países en vías de desarrollo, de acuerdo con las preguntas planteadas por varios de ustedes. 
Estas preocupaciones, además, se reflejan en las propuestas de resolución presentadas ante esta Cámara. 
Antes de presentarles las ofertas de la Unión Europea para la apertura de los mercados de servicios, me gustaría recordarles brevemente lo que implican estas negociaciones. 
En primer lugar, recordemos el espíritu con el que la Unión está llevando a cabo estas negociaciones: tenemos que perseguir nuestros intereses económicos de forma proactiva, defendiendo al mismo tiempo nuestro modelo social europeo y permitiendo a los países en vías de desarrollo una mayor integración en la economía mundial. 
Es ese equilibrio el que ha inspirado las propuestas de la Comisión. 
Para descartar cualquier malentendido, debemos recordar también que nuestros objetivos con respecto a la apertura del comercio de servicios no tienen absolutamente nada que ver con la liberalización que parece estar produciéndose por todas partes. 
Lo que estamos debatiendo es una combinación de acceso al mercado y normas. 
Estos dos aspectos no se pueden separar, si queremos conseguir nuestros objetivos en estas negociaciones internacionales, que son reactivar el crecimiento, integrar a los países en vías de desarrollo en el comercio mundial y garantizar que, por lo que respecta a la apertura de los mercados, respetemos las diversas preferencias colectivas o valores de nuestras sociedades. 
En la Comisión, pensamos que las negociaciones sobre los servicios les interesan tanto a los países industrializados como a los países en vías de desarrollo, por varias razones: en primer lugar, en términos generales, no podemos continuar separando el comercio de bienes del comercio de servicios. 
Sin un acceso a los sistemas de alta calidad que proporcionan los seguros, la banca, los servicios contables, las telecomunicaciones, el transporte y la distribución, una economía deja de ser competitiva, en nuestros días. 
Esto resulta aplicable tanto a los países desarrollados como a los países en vías de desarrollo. 
En segundo lugar, la Unión Europea tiene mucho que ganar con estas negociaciones. 
Los servicios son el sector más dinámico de la economía europea. 
Representan dos tercios de nuestro producto interior bruto y del empleo. 
Finalmente, los servicios son, con frecuencia, el talón de Aquiles de muchos países en vías de desarrollo, cuya capacidad exportadora está limitada por unos escasos niveles de productividad y por la falta de competencia en sus industrias de servicios. 
Por otra parte, la mayoría de estos países son perfectamente conscientes de ello, como demuestra el hecho de que más de la mitad de las peticiones recibidas por la Unión, en relación con la apertura del comercio de servicios, procede precisamente de países en vías de desarrollo: Kenya, la India, Malí, Gambia, Egipto, Mauricio y el Brasil, entre otros. 
Sin embargo, ¿apuntan estos argumentos hacia una liberalización total, o incluso hacia una desregulación o privatización, de los servicios? 
Indudablemente no: un gran número de servicios ya es objeto de un comercio que está, con acierto, estrictamente regulado, y el impulso proporcionado al comercio de los servicios debe respetar este marco regulador establecido por las autoridades públicas competentes. 
Esta es la razón por la que, en nuestra opinión, la Unión estuvo acertada al elegir a la OMC como el marco principal para la apertura de los mercados de servicios. 
En contra de lo que se afirma en ocasiones, las negociaciones multilaterales proporcionan una mayor transparencia y una mejor gestión por parte de los Estados, dado que se basan en normas claras, conocidas y aceptadas por todos los que participan en las negociaciones. 
Sin una organización del comercio a escala mundial, las negociaciones sobre los servicios se desarrollarían de forma totalmente bilateral, sin unas reglas del juego comunes, lo que indudablemente favorecería las presiones sobre los países en vías de desarrollo. 
Desde este punto de vista, la Organización Mundial del Comercio, ejemplo perfecto de organización multilateral, constituye, por tanto, una salvaguarda útil y necesaria contra la liberalización incontrolada. 
Una vez establecido este marco, las negociaciones obedecen a ciertos principios que deben ser explícitamente recordados a esta Cámara, con el fin de que el debate se base en hechos claros y precisos. 
Primer principio: las negociaciones tienen que ver con el comercio de servicios y no con la manera en que está regulado en cada país. 
Los Estados conservan la libertad de imponer cualquier norma que deseen y de confiar la gestión de estos servicios a empresas públicas o privadas. 
Las negociaciones de la OMC no tienen ninguna relación, directa ni indirecta, con las decisiones sobre privatización que puedan tomar ciertos Estados. 
Segundo principio: cada país es libre de determinar qué sectores desea abrir a la competencia internacional y cuáles no. 
Me gustaría recordarles que, en la OMC, las decisiones se toman por consenso y que cada Estado tiene derecho a un voto. 
No es posible alcanzar un acuerdo sin el consentimiento de los países en vías de desarrollo. En particular, los más avanzados, como China, la India y el Brasil, son perfectamente capaces de hacerse escuchar. 
Tercer principio: no hay ninguna reciprocidad sectorial en estas negociaciones. 
Los Estados Unidos, por ejemplo, podrían perfectamente decidir abrir el sector de la enseñanza, sin que esto obligue a otros Estados a seguir en las negociaciones. 
Cuarto principio: los servicios reales están excluidos del ámbito del debate. 
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) no contempla los servicios que no se proporcionan ni sobre una base comercial ni en competencia con otros proveedores de servicios. 
Por lo tanto, únicamente cuando los Estados decidan someter sus servicios públicos a las reglas del mercado, se someterán a las reglas de este mercado y podrán entrar en las negociaciones. 
Quinto y último principio: con respecto a los principales servicios de interés público- enseñanza, sanidad, cultura, agua, energía y transporte público -, cada país será libre de elegir entre diversas fórmulas. 
Pueden organizar el servicio como un monopolio público o privado. Pueden abrir el mercado de los servicios a los proveedores de la competencia, aunque limitando el acceso a las empresas nacionales. 
También pueden, por ejemplo, abrir el mercado de los servicios a proveedores nacionales y extranjeros, pero sin alcanzar ningún acuerdo multilateral en virtud del AGCS. 
Finalmente, pueden, por ejemplo, llegar a acuerdos, en virtud del AGCS, con respecto al derecho de las empresas extranjeras a proporcionar servicios junto con los proveedores nacionales, aunque tienen la opción de dispensarles o no exactamente el mismo trato que a los proveedores nacionales. 
En cualquier caso, la apertura, una vez aceptada, solo conlleva la desaparición de la discriminación y, en ningún caso, implica una renuncia al poder legislativo. 
Así pues, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios no afecta a la definición de las funciones del servicio público, a su organización o a su financiación. 
Desde este punto de vista, los Estados miembros de la OMC conservan toda su libertad. 
Consideramos que estas barreras de protección constituyen la mejor garantía para que Europa pueda continuar desarrollando su propio modelo de servicios de interés público y, al mismo tiempo, beneficiarse de las ventajas relacionadas con la apertura del comercio de servicios. 
Supone una manera más eficaz de preservar el modelo europeo que la exclusión de los servicios de interés público del ámbito de aplicación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, una sugerencia que ya he tenido que debatir en más de una ocasión. 
En mi opinión, esta exclusión sería contraproducente, ya que conllevaría la definición multilateral de una extensa lista de servicios considerados de interés público y abriría un debate multilateral acerca de lo que se debería incluir en esta lista, una cuestión sobre la que cada Estado miembro de la OMC tendría una opinión diferente. 
Creo que, en definitiva, nos arriesgaríamos a terminar con una lista más limitada de lo que la propia Unión desearía. 
A continuación, pasaré a las negociaciones en sí. 
¿Cuáles son nuestros objetivos? 
Eliminar o reducir una serie de barreras para acceder a varios sectores en los que la Unión dispone de empresas de calidad mundial: telecomunicaciones, servicios empresariales, servicios profesionales, servicios financieros, construcción, distribución, transporte, energía y turismo. 
Para poder conseguir estos objetivos proactivos, la Unión debe presentar una buena oferta. 
Naturalmente, nuestras peticiones y ofertas no son fruto de la improvisación. 
Son la conversión en documentos de negociación concretos de las directrices políticas establecidas en diciembre de 2000, tras ser objeto de debate con las restantes instituciones europeas (el Consejo y el Parlamento). 
Desde entonces, los documentos que recogen nuestro planteamiento con respecto a las negociaciones han sido ampliamente dados a conocer, en particular en nuestro sitio web. 
Las peticiones realizadas a los socios de la OMC, que fueron presentadas el pasado mes de julio, abarcan una serie de sectores que ya son de conocimiento público. 
Puedo volver sobre ellas más adelante. 
Me gustaría especificar que estas peticiones no pretenden desmantelar los servicios públicos ni privatizar las empresas públicas. 
La Unión no ha efectuado ninguna petición a ningún país con respecto a los servicios sanitarios o los servicios audiovisuales, y solo los Estados Unidos han recibido una petición nuestra, que se limita a la enseñanza superior privada. 
Por lo que se refiere a las ofertas, la Comisión envió la propuesta de oferta al Consejo y al Parlamento a comienzos de febrero, en un intento por responder a las peticiones tanto de los países desarrollados como de los países en vías de desarrollo, prestando especial atención a las peticiones que nos habían hecho los países en vías de desarrollo. 
Con respecto a los sectores, proponemos responder a las peticiones que hemos recibido relativas a los servicios financieros, los servicios de tecnología de la información, las telecomunicaciones, el transporte, la distribución, los servicios postales y de mensajería, los servicios profesionales y el turismo. 
Al hacerlo, nos gustaría prestar especial atención a las peticiones de los países en vías de desarrollo, proponiendo mejorar los compromisos de la Unión, por lo que respecta a la circulación temporal de las personas. 
Esta oferta está pensada para salvaguardar totalmente los servicios públicos dentro de la Unión (volveré sobre esta cuestión antes de concluir). 
No se ha propuesto ningún acuerdo nuevo en el ámbito de la enseñanza y la sanidad, y nosotros no vamos a proponer ningún acuerdo en el ámbito de los servicios audiovisuales. 
Retomaré esta cuestión con mi colega, la Sra. Reding. 
El trabajo de la Comisión se ha inspirado principalmente en los comentarios recibidos en respuesta a una consulta pública que comenzó a finales del pasado otoño. 
Me gustaría precisar que los detalles de nuestra propuesta de oferta siguen siendo confidenciales en estos momentos, con el fin de que los Estados miembros dispongan del margen de negociación necesario y de que aquellos de ustedes que tienen acceso a los detalles de esta oferta puedan trabajar en ella. 
Sé y soy perfectamente consciente de que la clasificación restringida bajo la que les ha sido enviado este texto no les satisface plenamente- o, en cualquier caso, a algunos de ustedes -, y por este motivo hemos hecho todo lo posible para contribuir a un debate parlamentario informado. 
La sesión de hoy es prueba de ello, además de mis comparecencias ante la comisión a la que informo. 
Un último apunte sobre esta cuestión de la transparencia: he decidido publicar todas nuestras propuestas, una vez que hayan sido completadas. 
La Unión Europea será el primer miembro de la Organización Mundial del Comercio en dar este paso. 
Lo he hecho para responder a una serie de peticiones, incluida, sobre todo, la de gran parte de esta Cámara. 
No lo he hecho por las peticiones dirigidas a terceros países. 
De hecho, si publicase estas peticiones, varios de nuestros socios en las negociaciones lo considerarían un intento de ejercer presión sobre ellos, lo que sería negativo para nuestra posición negociadora. 
Me gustaría hacer un breve comentario acerca de dos sectores para los que la propuesta actual no contiene una oferta: en primer lugar, los servicios energéticos. 
No proponemos ninguna mejora de nuestros acuerdos, en estos momentos, en espera de que finalice el trabajo que está llevando a cabo la OMC sobre la clasificación de los servicios energéticos en el ámbito del AGCS. 
En estos momentos, no proponemos ningún acuerdo con respecto al comercio de la recogida, depuración y distribución de agua, no solo porque hemos recibido una única petición en este sector, sino también porque nos gustaría aclarar con nuestros socios de la OMC qué abarca exactamente el suministro de servicios en este sector. 
Dicho esto, cabe señalar que se trata de un ámbito en el que tenemos importantes intereses activos, tal y como ya nos han recordado algunos de nuestros Estados miembros. 
Un último comentario antes de pasar a hablar acerca de la diversidad cultural y el sector audiovisual: en estos momentos, estamos en la fase de las ofertas. 
Este es el comienzo de las negociaciones, y nuestra oferta inicial, por supuesto, solo se transformará en un acuerdo si, durante las negociaciones, otros se mostrasen igualmente dispuestos a mejorar el acceso a su mercado de servicios para nuestros operadores europeos. 
Finalmente, permítanme hablar acerca del comercio de los servicios culturales y audiovisuales y sobre la diversidad cultural. 
La cultura y, más concretamente, el sector audiovisual, no están excluidos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. 
Simplemente, al término de la Ronda de Uruguay, la Unión preservó por completo su libertad de acción presente y futura, al no alcanzar acuerdos, en términos de acceso al mercado o de tratamiento nacional en este sector. 
Por otra parte, en esos momentos mantuvimos una larga lista de exenciones con respecto a la cláusula de la nación más favorecida, lo que nos permite hacer distinciones entre los terceros países por lo que se refiere al trato concedido, dentro de la Unión, a sus trabajos audiovisuales. 
Esta es la libertad de acción a la que normalmente llamábamos «exención cultural» y que ha pasado a denominarse «preservación de la diversidad cultural». 
La misión de la Comisión para las negociaciones en curso es preservar las peticiones políticas en términos de mantenimiento y promoción de la diversidad cultural. 
De forma totalmente espontánea, estamos por tanto cumpliendo nuestra misión, y no vamos a proponer ningún acuerdo en el ámbito de los servicios audiovisuales en estas negociaciones. 
Dado que la promoción de la diversidad cultural está incluida en el Tratado de la CE, naturalmente forma parte de nuestra política comercial. 
Algunos Estados miembros de la OMC ya han dado a conocer sus expectativas en el sector audiovisual. Entre ellos se incluyen los Estados Unidos, el Brasil y el Japón. 
Otros, como la India, también han anunciado intereses activos, sin haber realizado, sin embargo, peticiones concretas. 
Por tanto, no nos cabe duda de que los países desarrollados y los países en vías de desarrollo comparten los mismos intereses, y debemos- y esta es la postura que la Sra. Reding y yo queremos presentarles hoy- ser plenamente conscientes de que la promoción de la diversidad cultural no debe limitarse a la defensa, por parte de cada Estado miembro, de su propia industria nacional. 
No se trata de crear una nueva forma de proteccionismo enmascarado, que no convencería a nadie. 
Creemos que podríamos convencer más eficazmente a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, de la legitimidad de nuestro argumento si fuésemos capaces de demostrar que realmente estamos abiertos a la diversidad y, desde ese punto de vista, necesitamos un planteamiento proactivo. 
Yo me encargo de la parte defensiva de esta cuestión. 
Mi colega, la Sra. Reding, es la responsable de la parte proactiva y ahora les pondrá al día de nuestros progresos. 
Señor Presidente, Señorías, como bien saben, la Unión Europea siempre ha demostrado su compromiso con la diversidad cultural, un compromiso que es también una obligación, en virtud del artículo 151 del Tratado. 
Nuestra ambición es unir a los pueblos y no solo crear un espacio de libre comercio. 
En este sentido, el respeto hacia la diversidad cultural y lingüística dentro de la Unión supone un principio básico, un principio que la Unión tiene la obligación de defender en las negociaciones comerciales internacionales, como bien acaba de decir mi colega, el Sr. Lamy, y de promover con políticas activas y proactivas que puedan influir en nuestras políticas culturales. 
La Unión también tiene la obligación de promover, a escala internacional, tanto la preservación como el respeto de esta biodiversidad, que constituye la base fundamental para el diálogo intercultural y el intercambio cultural en el ámbito mundial. 
En este sentido, la Unión es uno de los actores principales de una mundialización controlada que responde a las expectativas del pueblo. 
En el ámbito cultural, en particular, el proyecto europeo es incompatible con una forma de mundialización que pueda ser responsable de deteriorar las identidades nacionales, regionales o locales y suponer una amenaza para la diversidad lingüística y cultural. 
Además, los debates que se están celebrando en los diversos foros internacionales acerca de la diversidad cultural demuestran claramente que Europa no está sola. 
En esta cuestión, tenemos aliados. 
En mi opinión, la respuesta de la Comisión y de la Unión Europea, en el ámbito de la diversidad cultural, está estructurada en torno a tres ejes principales: en primer lugar, como el Sr. Lamy ha explicado, una postura firme en la OMC, reflejada en la ausencia de compromisos con respecto a la liberalización de los servicios audiovisuales y culturales, con el fin de mantener la libertad necesaria para la preservación y el desarrollo de los instrumentos nacionales y comunitarios destinados a conseguir los objetivos de diversidad cultural. 
En segundo lugar, el fomento de intercambios culturales que respeten la diversidad cultural en el ámbito mundial, concretamente mediante un debate sobre políticas de cooperación. 
A este respecto, la mejora o la consolidación del papel de la Unión en la cooperación cultural con terceros países me parece muy importante, dado que la Unión es una gran defensora de la solidaridad entre el norte y el sur. 
En tercer lugar, la participación activa de la Unión en los debates internacionales sobre diversidad cultural. 
Señorías, personalmente estoy convencida de que este debate es apropiado y necesario, dado que la mundialización plantea una serie de preguntas a las que la liberalización del comercio no puede responder por sí sola. 
Así pues, es importante que estemos presentes en foros internacionales como la Unesco, para debatir acerca de la diversidad cultural y luchar por preservarla. 
Por el momento, la Comisión no ha decidido la forma ni el contenido de un posible instrumento internacional futuro sobre la diversidad cultural, aunque creo que es importante que sepan que la Comisión está presente en los foros donde tienen lugar esos debates. 
Por otra parte, acojo con agrado el hecho de que la Presidencia griega quiera celebrar el debate a escala comunitaria acerca de la diversidad cultural en general, incluyendo los aspectos relacionados con la legislación internacional, con vistas a la reunión informal del Consejo de Cultura de finales de mayo. 
Espero contribuir a satisfacer el deseo de coordinación de las reflexiones de los Estados miembros expresado por la Presidencia, enviando información a los ministros, en especial acerca del proceso de la Unesco, para promover el debate entre las naciones europeas sobre esta cuestión. 
Otro aspecto es la enseñanza. 
Lo más importante que hay que recordar es que el AGCS no supone una amenaza para los servicios públicos. 
En primer lugar, el acuerdo establece una disposición general que protege un gran número de servicios públicos, concretamente servicios que no se proporcionan sobre una base comercial ni competitiva. 
En segundo lugar, incluso por lo que respecta a los servicios no incluidos en esta exención, los Estados tienen derecho a decidir, sobre una base que puede ser muy detallada- el planteamiento ascendente -, cuáles son los sectores y subsectores a los que concederán el acceso a sus mercados o un tratamiento nacional. 
En tercer lugar, aun después de haber optado por un acceso al mercado o un tratamiento nacional, pueden establecer condiciones para sus compromisos que determinen las restricciones aplicables en función de su legislación nacional. 
En cuarto y último lugar, el AGCS reconoce el derecho de los Estados a mantener o introducir reglamentos, leyes u otras disposiciones que prevean el acceso a servicios de calidad a precios razonables. 
Es el caso de las obligaciones de servicio universales. 
Tomemos como ejemplo un ámbito que nos preocupa y les preocupa particularmente: el ámbito de la enseñanza. 
Los compromisos adoptados por la Comunidad y sus Estados miembros en la Ronda de Uruguay solo están relacionados con la enseñanza privada. 
Los servicios públicos en el ámbito de la enseñanza no se ven afectados por estos compromisos, en absoluto, y el objetivo de los compromisos adoptados es el de garantizar que, siempre y cuando exista un mercado de servicios privados, los ciudadanos y los operadores de los países asociados puedan acceder a este bajo las mismas condiciones que los ciudadanos del país en cuestión. 
Por otra parte, incluso por lo que se refiere al sector privado afectado por los compromisos, los Estados miembros han podido especificar el contenido, a través de una serie de condiciones que ya aplican y que podrán continuar aplicando. 
De este modo, un país exige que los profesores sean contratados de entre sus ciudadanos; otro, que la mayoría de los miembros de un consejo de administración deben ser nacionales; y otro, que los no nacionales han de contar con una autorización del ministerio antes de abrir un establecimiento. 
Con respecto a la negociación actual, la Ronda de Doha, no tenemos en absoluto la intención de modificar los compromisos que hemos adoptado en el ámbito de la enseñanza para incluir cualquier punto relativo a los sistemas públicos. 
Así pues, el sistema de enseñanza pública se mantendrá exactamente igual. 
Hemos examinado las peticiones de los diferentes países, con la intención de cambiar nuestros compromisos relativos a los servicios de enseñanza privada. 
Tras haber consultado a los Estados miembros y a las diversas partes implicadas, concluimos que tampoco resulta apropiado adoptar nuevos compromisos que incrementen el acceso al mercado comunitario en este sector. 
Señorías, en mi opinión, la postura es clara y precisa. 
No obstante, me gustaría decir una cosa más. 
A pesar de que no vamos a abrir el mercado en el sentido que acabo de describir, vamos a suscribir la oferta de enseñanza para estudiantes de terceros países. 
Ese es precisamente el objetivo del proyecto «Erasmus World». 
De hecho, aunque protegemos nuestro sistema europeo dentro de Europa, este sistema europeo está abierto a estudiantes de todo el mundo. 
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, estamos hoy debatiendo las ofertas de la Comisión Europea con respecto al AGCS, y se trata de unas ofertas muy importantes, porque debemos recordar que el sector de los servicios en la Unión Europea es un sector clave para nuestra economía. 
El Comisario ha señalado acertadamente que es el sector más dinámico. 
La Unión Europea es, además, uno de los principales exportadores de servicios del mundo, por lo que también se trata de una importante cuestión de interés propio. 
Debemos facilitar el acceso a los mercados de servicios, no solo en nuestro propio interés, sino también en el de los países en vías de desarrollo. 
Al fin y al cabo, de eso es de lo que trata la agenda de desarrollo de la Ronda de Doha de la OMC. 
Creo que debemos ver los resultados prácticos a la luz de las economías de los países en vías de desarrollo, por lo que acojo con gran satisfacción que el 50% de las peticiones procedan de estos países. 
Nuestra experiencia en la Unión Europea también nos dice que la liberalización de los servicios, tanto en el sector de la energía y las telecomunicaciones, como en el sector de los servicios financieros, debería normalmente suponer una mayor calidad y eficacia del mercado de servicios, con una mayor gama de productos y mejores precios, siempre que todo vaya acompañado de normas y garantías para los ciudadanos convenientemente establecidas. 
Por lo tanto, creo que la Comisión tiene un concepto muy amplio de los servicios generales, y me gustaría pedirle que analice más detenidamente las denominadas obligaciones de servicio universales que también pueden ofrecer los proveedores de servicios privados y no solamente el sector público. 
Mi Grupo apoya la propuesta de la Comisión de excluir el sector sanitario, el sector social y el sector de la enseñanza de una oferta, pero también me gustaría aclarar la situación con respecto a las universidades. 
La Comisaria ha mencionado el proyecto Erasmus, pero ¿significa esto que solo los Estados miembros pueden hacer una oferta sobre este punto y que no va a ocurrir nada en absoluto con respeto a las universidades de toda la Unión Europea? 
La Comisaria Reding ha dado un argumento muy convincente para no realizar una nueva propuesta para el sector audiovisual. 
No voy a entrar en más detalles con respecto a esa cuestión. 
No obstante, me gustaría decir algo acerca de los servicios relacionados con la informática. 
Por una parte, naturalmente debemos asegurarnos de no provocar una fuga a gran escala de cerebros hacia occidente, de países como la India. 
Nosotros también tenemos que proporcionar nuestra propia formación. 
Por otra parte, también debemos evitar una situación en la que las personas trabajen bajo otras condiciones en la Unión Europea, porque esto podría provocar una competencia desleal en el ámbito social. 
Por lo tanto, creo que es importante crear un equilibrio adecuado, y teniendo en cuenta lo sucedido el 11 de septiembre, naturalmente también tenemos que tener en cuenta los aspectos relacionados con la seguridad. 
Sin duda, resulta positivo que estemos aumentando nuestros esfuerzos por incluir el medio ambiente. 
La sostenibilidad no es solo un problema de occidente, sino del mundo entero. 
Así pues, creo que también debería beneficiar a los países en vías de desarrollo. 
El hecho de excluir el tratamiento y la distribución de aguas, por el momento, me parece una decisión inteligente. 
El AGCS afecta directamente a los intereses de muchos ciudadanos comunitarios, y agradezco los esfuerzos del Comisario Lamy por aumentar la comunicación y proporcionar más datos. 
Esta sigue siendo una cuestión que implica embajadores, puertas cerradas, así como una falta de transparencia, y en mi opinión debería haber una representación parlamentaria mucho mayor en este sentido. 
Con respecto a Cancún, también espero que el Comisario plantee nuevas propuestas para que este proceso llegue a ser todavía más transparente. 
Sin embargo, no podemos volver la espalda a los acontecimientos actuales, y el Iraq nos está poniendo en una situación en la que la comunidad mundial se dividirá claramente por la mitad. 
¿Cómo podemos evitar ahora que la cuestión del Iraq provoque graves conflictos comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos que puedan afectar a los resultados de Cancún? 
Me gustaría preguntar a la Comisaria Reding qué iniciativas ha tomado en este sentido y qué resultados ha obtenido. 
En este contesto, existen indudablemente dos problemas fundamentales con los Estados Unidos que todavía no se han resuelto: por una parte, el llamado FSC, el régimen fiscal favorable para los exportadores norteamericanos, que deberá ser revisado ahora gracias a la declaración de la OMC, y por otra parte, los alarmantes informes que indican que los Estados Unidos están elaborando un proyecto de ley que limitará las exenciones fiscales de las filiales de empresas no estadounidenses. 
Me gustaría preguntar a la Comisaria cómo está la situación al respecto. 
¿Podemos esperar algo así de los Estados Unidos? 
Por otra parte, cabe señalar la presión a la que nos vemos sometidos para que aceptemos las propuestas estadounidenses sobre alimentos genéticamente modificados. 
Creo que es muy importante dejar claro este asunto y escuchar lo que está ocurriendo al respecto. 
En una entrevista en el Wall Street Journal, el Comisario Lamy dice que 2003 será el año en que la OMC deberá cumplir lo pactado. 
¿Qué quiere decir con eso y qué podemos esperar en este sentido? 
Señor Comisario, desde su nombramiento ha adquirido usted la excelente costumbre de consultar e informar al Parlamento Europeo, por lo que le estamos agradecidos. 
También le damos las gracias por apoyar los cambios necesarios en el Tratado para dotarnos de los poderes que necesitamos en el ámbito comercial. 
Del mismo modo que usted muestra interés por nuestra opinión, nosotros hemos de demostrar lo mismo a quienes nos eligen. 
Usted sabe bien, al igual que nosotros, que existen auténticas preocupaciones muy extendidas acerca del AGCS. 
Ha mencionado usted algunas de ellas: transparencia, la sensación de que se están haciendo muchas cosas desagradables en secreto; amenazas para los puestos de trabajo en la Unión Europea, que han propiciado, supongo, la manifestación de los trabajadores portuarios que hemos presenciado hoy; amenazas para los servicios públicos, con peligros particularmente graves para los países en desarrollo; amenazas para la capacidad reguladora de los Estados miembros, y temores particularmente en el ámbito de la cultura, acerca de los que hablarán otros diputados. 
Al mismo tiempo, los ciudadanos europeos saben bien- dado que el 60% de ellos o más trabajan en el sector de los servicios- que la ampliación del comercio de los servicios supone nuevas posibilidades para las empresas de la Unión Europea. 
Así pues, se enfrentan a la dualidad de intereses que ha definido usted. 
Los países en desarrollo no han rechazado totalmente el AGCS. 
Sin embargo, los temores relativos a los servicios públicos, la regulación y ampliación, y el hecho de que los países en desarrollo no tengan la capacidad de gestión que exige una apertura de los mercados de servicios, exigirán evaluar las implicaciones de la apertura del comercio de servicios con gran detenimiento. 
Yo haría más hincapié en esto que en cualquier otro aspecto de nuestra resolución. 
Antes de seguir adelante debemos saber- no de forma superficial, sino mediante una evaluación detallada y exhaustiva- qué significa esto. 
Señor Presidente, lo curioso de la postura de la UE sobre el AGCS es que ha pasado a ser una postura muy defensiva. No es defensiva para nadie de fuera de Europa, sino en un debate interno en el que la Comisión, y quizás la UE en general, en relación con grupos interesados de la Unión Europea que han decidido, por algunas buenas razones pero también por muchas malas razonas, criticar tanto el acuerdo AGCS como la postura de la UE. 
Mi Grupo quiere centrarse en esta cuestión. 
Si en el futuro queremos evitar que la prensa y determinados grupos de interés conformen, en ocasiones de modo arbitrario, la política comercial de la Unión Europea, debemos reafirmar las prerrogativas parlamentarias en este terreno con el fin de abrir el debate al escrutinio público justo y responsable. 
Por este motivo instamos a los colegas de otros Grupos no solo a que apoyen una mayor transparencia en el modo en que se llevan estas negociaciones, sino también, como ha dicho la Sra. McNally, a que defiendan con firmeza que se llene el actual vacío en la Convención y se garantice que el Parlamento Europeo adquiera más en general el derecho a expresar su conformidad con todos los futuros acuerdos del AGCS y la OMC. 
Señor Presidente, voy a hablar en calidad de miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, y me gustaría tratar de retomar lo que acaba de decir el Comisario Lamy. 
El Sr. Lamy ha afirmado que él es el responsable de las medidas defensivas, mientras que la Sra. Reding se encarga de las medidas proactivas. 
Sin embargo, creo recordar que su mandato de 1999 para Seattle incluía la promoción, además de la preservación, de la diversidad cultural. 
Por lo que respecta a la promoción de la diversidad cultural, que es la tarea más difícil, a pesar de que agradezco sus esfuerzos de preservación, me sorprende que, finalmente, solo se hayan retenido los servicios audiovisuales. 
¿Qué se va a hacer para preservar los servicios culturales, recreativos y deportivos? 
Esa es mi primera pregunta. 
Mi segunda pregunta es para la Comisaria Reding. 
Dado que su vecino, el Comisario Lamy, ha afirmado que usted es la responsable de las medidas proactivas, ¿cómo se aplicarán en el Tratado? 
Estamos preocupados por el futuro Tratado y por lo que supondrá para la cultura. 
El compromiso de promover la diversidad cultural es una obligación, como ambos han dicho, establecida en el Tratado. 
Sin embargo, nos gustaría que fuese una obligación más vinculante, como ustedes saben mejor que nadie. 
Nos gustaría que se respetase el apartado 4 del artículo 151 y que se le concediese la importancia que merece también en el futuro Tratado. 
Pasemos ahora a otro motivo de preocupación relacionado con el aspecto proactivo que también puede que sea competencia del Sr. Lamy: el instrumento internacional. 
Ustedes dos, al igual que yo, estuvieron presentes en la reunión profesional sobre el instrumento para la diversidad cultural, celebrada en Francia hace alrededor de un mes. 
Sé que esta cuestión les interesa, y agradezco su apoyo a este proyecto. 
No obstante, estoy sumamente decepcionada por el hecho de que la mayoría de los diputados hayan omitido la cuestión del instrumento internacional en las propuestas presentadas hoy, a pesar de que contaba con el apoyo de unos 50 países y de que había sido propuesto por el Presidente Chirac y otros ante la Unesco. 
El estudio de viabilidad ha sido realizado por un grupo franco-canadiense. 
La cuestión reviste gran importancia, y ya se ha trabajado mucho en ello, por lo que me sorprende la falta de interés mostrada por mis colegas. 
Señor Presidente, trataré de no ver ninguna siniestra motivación política en ello. 
Comisario Lamy, dice usted que los debates plenarios como este sirven para informar plenamente al Parlamento sobre el avance de las negociaciones del AGCS, pero en ausencia del documento que nos indique de modo preciso qué se requiere de quién, este intercambio es casi exclusivamente académico. 
Si para obtener esta información la mayoría de los parlamentarios han de buscar filtraciones en las páginas web de las ONG, realmente estamos muy lejos de ejercer el control parlamentario. 
Así que, aunque le agradezco que nos hable esta noche, quiero que quede claro que esto no constituye ningún tipo de control político. 
Usted ha dejado claro que cree que ha ido tan lejos como puede, como Comisario, para hacer que el texto del AGCS esté a nuestra disposición. 
Afirma que está tratando de ser abierto, pero que tiene un margen de maniobra limitado. 
Bien, como parlamentarios estamos haciendo lo que podemos por aumentar ese margen, pero ¿puedo preguntarle concretamente qué está haciendo usted para aumentar dicho margen de maniobra? 
En su carta del pasado octubre al Presidente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, usted acusó a los parlamentarios de plantear exigencias falsas en torno a lo que usted llamó la supuesta falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones de la UE. 
Y después añadió, y cito sus palabras, que «las actuales normas de acceso permiten al Parlamento Europeo ejercer plenamente su labor de control político». 
¿Puedo preguntarle si todavía cree de veras que las normas actuales son suficientes? 
En segundo lugar, el mandato. 
Dado que el grado de notoriedad pública de las implicaciones y complejidades del proceso del AGCS ha crecido enormemente durante los últimos años, ¿podría decirnos por qué considera que todavía procede negociar en la OMC sobre la base de un mandato del Consejo concedido ya en 1999? 
¿No sería mejor adoptar un nuevo mandato y explicitar en el mismo los derechos de las autoridades e instituciones públicas de todos los niveles a regular los servicios públicos con el fin de preservar las normas sociales y medioambientales frente a los embates del AGCS? 
Por último, el desarrollo. 
El comunicado de prensa de la DG de Comercio que anunciaba las ofertas UE-AGCS afirma que todas pretenden ayudar a los países en desarrollo. 
Veamos las cifras. 
La UE hizo 109 solicitudes y solamente recibió 27 respuestas. 
Tan solo la mitad de las mismas procedían de países en desarrollo, y nada más que una era de un país menos desarrollado. 
No nos engañemos con la retórica de que esto favorece a los más pobres. Las cifras indican con claridad que no es así. 
Señor Presidente, señor Comisario, en el ámbito del comercio internacional, al igual que en el de la guerra y la paz, existe una opinión europea. 
Existe también, en términos más generales, una opinión universal, y esa opinión se opone claramente a que los servicios- cultura, enseñanza, sanidad- sean introducidos en la infernal maquinaria de la Organización Mundial del Comercio. 
Esa opinión existe, entonces ¿por qué no la están teniendo en cuenta? 
¿Qué recompensa- recompensa, en el fondo, un poco egoísta, en interés de la propia Comisión- pretenden conseguir al abrir esta caja de Pandora, que, como bien sabemos, solo favorecerá la fragmentación del modelo social europeo y del modo de vida que nuestras respectivas naciones llevan un siglo o siglo y medio construyendo para sus ciudadanos? 
En estos ámbitos, no es el comercio internacional el que genera riqueza, sino la fortaleza de los mercados interiores, el poder de la ciudadanía nacional, el poder creativo de los propios pueblos. 
Señor Presidente, señor Comisario, he escuchado decir que el comercio internacional no genera riqueza. 
Dos personalidades europeas, Adam Smith y David Ricardo, nos han explicado que la riqueza de las naciones se beneficia, en gran medida, precisamente del comercio internacional y que así es como se ha incrementado la riqueza de Europa. 
Como el Comisario Lamy ha señalado en varias ocasiones, una nueva liberalización del comercio internacional de los servicios resulta fundamental para la economía europea, que- es importante señalar- no solo depende de los servicios, sino que además puede exportarlos. 
Por este motivo, creo que deberíamos condenar el hecho de que la Unión Europea, como el Sr. Clegg acaba de decir, adopte una posición defensiva con la espalda contra la pared, no solo con respecto a la agricultura, sino también por lo que se refiere a las negociaciones internacionales sobre los servicios. 
Al decir que el objetivo de la Unión Europea es defender y promover el modelo social europeo de forma más eficaz, la Comisión está prácticamente disculpándose por ofrecer a los consumidores una oferta más amplia. 
Usted, señor Comisario, ha afirmado que su objetivo es el de establecer negociaciones en las que se respeten las preferencias y los valores colectivos de nuestra sociedad. 
Creo que la mejor manera de respetar las preferencias de los ciudadanos europeos es abrir también el comercio internacional del sector audiovisual. 
Los ciudadanos europeos deben ser los que decidan si el cine u otros productos audiovisuales son mejores en Europa, si prefieren los producidos en Europa o los producidos en otro lugar, por no mencionar el hecho de que la distribución a gran escala de música y películas en Internet amenaza con plantear una cuestión ya muy antigua: la cuestión de la protección de la supuesta diversidad cultural en el ámbito de los servicios audiovisuales. 
Debemos dejar que los ciudadanos elijan, al igual que en el caso de la enseñanza. 
Voy a terminar, señor Presidente, diciendo que, con respecto a los servicios de utilidad pública relacionados con el agua y otros servicios, se está haciendo muy poco. 
Europa ha demostrado que la liberalización no es incompatible con la regulación y la garantía de calidad de los servicios proporcionados a los ciudadanos. 
Señor Presidente, señores Comisarios, en nombre de mi Grupo y, estoy segura, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte de esta Cámara, acojo con satisfacción la decisión de la Comisión de no realizar ninguna oferta para desregular los servicios educativos, culturales y audiovisuales en esta negociación del AGCS. 
A pesar de que, sin ninguna duda, queremos abrir las fronteras al comercio internacional, hay que hacer una distinción fundamental entre los servicios culturales y otros, tales como los de telecomunicaciones, transporte o, incluso, finanzas. 
Esto hace que resulte necesario garantizar este papel especial desempeñado por los servicios culturales y audiovisuales para la cohesión social y política, en la legislación correspondiente sobre contratos. 
La cultura no puede estar sujeta a las reglas del mercado ni al Derecho mercantil; en cambio, necesitamos un reglamento que tenga en cuenta lo que es apropiado para cada ámbito, por lo que tenemos que encontrar una solución global que permita que el apartado 4 del artículo 151 de nuestros Tratados europeos sea el medio por el que se garantice y se apoye la diversidad cultural de Europa y del resto del mundo, a largo plazo y de forma sostenible. 
Por este motivo, necesitamos un proceso de dos fases, en el futuro. 
Hay que agradecer a la Comisión que haya expuesto la primera fase en la propuesta de hoy, afirmando que el AGCS no debería contemplar el suministro de servicios culturales y audiovisuales. 
Sin embargo, la segunda fase va más allá, y quiero expresar mi agradecimiento a la Comisaria Reding, que, teniendo esto en cuenta, representará las opiniones de la Comisión y del Parlamento- y espero que también del Consejo- en los debates internacionales y en los grupos de trabajo sobre esta cuestión. 
Es necesario que diseñemos nuestra propia convención internacional, nuestro propio instrumento internacional, si queremos garantizar el futuro de la diversidad cultural. 
El Consejo de Europa, la Unesco y, especialmente, la Conferencia Francófona ya han hecho un excelente trabajo en este ámbito. 
Estoy casi segura de que, reforzando la diversidad cultural a escala mundial, de esta manera, podríamos disipar eficazmente los temores de la gente con respecto a la mundialización y, al mismo tiempo, mejorar y hacer avanzar el diálogo intercultural en todo el mundo, una necesidad de la que somos, en estos tiempos, más conscientes que nunca. 
Señores Comisarios, como bien saben y, de hecho, han señalado, estas negociaciones del AGCS están desatando una gran preocupación en los países de la Unión Europea, y esta tendencia nos recuerda, en muchos aspectos, a la inquietud existente en el momento del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI). 
De hecho, el AGCS también contiene disposiciones relacionadas con las inversiones. 
Dicho esto, en términos más generales, la preocupación se debe al hecho de que las negociaciones, así como su resultado, afectarán a muchas más cosas que a las normas comerciales y tendrán repercusiones sobre las normas internas de los países que pertenecen a la OMC. 
Cuando hablamos del sector de los servicios postales o del suministro de agua, por ejemplo, y no de los servicios postales transfronterizos, sino de la organización interna del sector de los servicios postales, está claro que vamos más allá de los límites del comercio internacional. 
Además, eso plantea la cuestión, con respecto a este acuerdo y al acuerdo ADPIC sobre propiedad intelectual, de que la OMC podría estar superando sus competencias. 
El problema con este acuerdo es precisamente que mezcla todo: la banca y los servicios de seguros, pero también el agua y el suministro de energía, los servicios postales, la enseñanza y la sanidad, potencialmente. 
A este respecto, es la línea de negociación de Europa la que nos permitirá hacer distinciones y garantizar que algunas áreas no se sometan, en efecto, a la autoridad de la OMC y a su órgano de solución de diferencias. 
El primer punto que me gustaría plantear hace referencia a la protección de los servicios públicos europeos, dado que hemos presenciado un peligroso giro en los últimos meses. 
Al principio, la postura y las declaraciones de la Comisión mantenían que no se realizarían ofertas de liberalización en el ámbito de los servicios públicos europeos. 
A continuación, dijimos que no se realizarían ofertas de liberalización en los ámbitos de la sanidad, la enseñanza y los servicios audiovisuales. 
Sin embargo, los servicios europeos, los servicios públicos, no son solo esos. 
De hecho, constatamos que se han hecho ofertas en el ámbito de los servicios postales y que, sujetas a una aclaración y una clasificación de la OMC, podrían realizarse ofertas en el ámbito de la energía y el agua. 
Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la Comisión para que adopte una actitud clara y excluya los servicios públicos europeos de todas las ofertas de liberalización, que no deben ser competencia de la OMC, sino de los Estados miembros, del Consejo y del Parlamento Europeo. 
En segundo lugar, la reciprocidad no es automática, aunque debe existir una coherencia, por lo que la Unión no puede pedir a los demás que liberalicen los sectores de servicios públicos y esperar que no se le pida que haga lo mismo. 
Ya hemos realizado peticiones de liberalización, en el ámbito del agua, ante países como Tanzania, Mozambique y Bangladesh, por ejemplo. 
Creo que no debemos ejercer ese tipo de presión sobre los países en vías de desarrollo. 
Más bien lo contrario: debemos promover la cooperación, la inversión en sectores en los que esos países la necesiten, pero dentro del marco de la cooperación, dejándoles decidir las reglas medioambientales, sociales o de otro tipo que deseen imponer a los inversores extranjeros. 
En tercer y último lugar, creo, señor Lamy, que lo que ha dicho acerca de excluir a los servicios públicos, mediante una revisión del acuerdo y del apartado 3 del artículo 1 de este, no es justo. 
Bastaría con modificar el apartado que limita la definición de servicios gubernamentales a los servicios que no se suministran sobre una base comercial o competitiva y estipular que los Estados que pertenecen a la OMC son libres de excluir sus servicios públicos de esta negociación. 
La Unión Europea debe, en efecto, tomar la iniciativa en las negociaciones de la OMC relativas a la liberalización del comercio de los servicios y a la consecución de un acuerdo general AGCS. 
Estas negociaciones son, sin duda, más que cruciales para Europa. 
En primer lugar, lo cierto es que los servicios forman una parte cada vez más importante del comercio mundial: el 24% de estos servicios, como bien sabemos, corresponde a Europa. 
Por otra parte, la Unión Europea es actualmente el mayor importador y el mayor exportador de servicios del mundo. 
Otra razón para tomar la iniciativa en estas negociaciones del AGCS es naturalmente- yo diría que más bien desafortunadamente- la constante ralentización del crecimiento económico. 
Por lo tanto, debemos centrarnos, más que nunca, en el comercio de los servicios, y esto, una vez más, resulta especialmente aplicable a la Unión Europea, donde los servicios representan más de dos tercios del total de su producto interior bruto. 
No obstante, no debemos negociar basándonos únicamente en nuestros propios intereses, sino también en los intereses de otros países y de otras partes del mundo. 
La liberalización significa que debemos también abrir más nuestras fronteras a los servicios de terceros países, contribuyendo así a fomentar su desarrollo. 
Señor Presidente, seré muy breve. Es fundamental realizar una evaluación del impacto de la liberalización, no solo en cada Estado miembro, sino también en la OMC y en la Unión Europea en su conjunto. 
Una moratoria no es una buena idea. La liberalización bilateral tiene mucho éxito, y lo que es más importante: los países en vías de desarrollo la piden frecuentemente. 
Se ha avanzado por lo que respecta a la transparencia, aunque no existe un foro en la OMC, y el Parlamento Europeo cuenta únicamente con un poder de consulta muy limitado. 
La batalla para defender los servicios públicos está muy lejos de las expectativas. 
Existe riesgo de desintegración en la Unión Europea, donde la política sobre la competencia se aplica inadecuadamente y las reglas específicas son muy poco estrictas. 
Al examinar las ofertas del Sr. Lamy, comprobamos que se limitan estrictamente a las preferencias interiores de los Estados miembros y de la Unión. 
No debemos olvidar la prioridad del desarrollo y no debemos hablar en lugar del sur. 
Dicho esto, me gustaría comprobar si nuestras peticiones de liberalización tienen en cuenta sus necesidades de servicios de interés general, y me gustaría señalar que no existe ningún marco para la actividad de las empresas multinacionales. 
Finalmente, existe un terrible desequilibrio entre el rápido ritmo de liberalización y la falta de bienes públicos en el ámbito regional y mundial. 
¿Cuándo habrá una estrategia de acción para la Unión Europea? 
Señor Presidente, me siento identificado con las críticas y los temores que se han mencionado, como la falta de control parlamentario, la necesidad de mejora de la política informativa y la transparencia. 
Con el debido respeto, señor Comisario, entre confidencialidad y transparencia absoluta, existen muchos puntos intermedios. 
Este es un reproche dirigido a los Estados miembros y a la Comisión. 
En lugar de ofrecer aclaraciones acerca de las diversas peticiones o del grado de voluntad para desregular, los documentos disponibles tienden a ser, más bien, un pasatiempo para los que interpretan estas cosas. 
Comisario Lamy, usted ha comenzado con un informe lleno de atmósfera, haciendo propaganda del modelo europeo y refiriéndose a los intereses de los países en vías de desarrollo. 
Me habría gustado que el Parlamento, en su resolución, hubiera tenido más que decir acerca de los países en vías de desarrollo. 
No obstante, lo que ha dicho al comienzo sobre la privatización no es algo que esta Cámara deba aceptar sin reparos. 
Si se le da a la gente lo que quiere, eso conlleva una cadena de consecuencias. 
No quiero que se celebre en Bruselas un debate sobre una liberalización introducida en Europa por una puerta trasera llamada ACGS. 
Tanto mi estimada colega, la Sra. Fraisse, como la Sra. Hieronymi, ya han dicho lo más importante con respecto al arte y a la cultura, cuestiones que para mí también son de importancia política. 
Quizás me es suficiente con decir que es a ustedes a quienes debemos la distinción entre trabajar defensivamente y trabajar ofensivamente. 
Muchas gracias por el informe que nos han presentado hoy. 
Ahora nos corresponde a nosotros pasar a la segunda fase, tomando la ofensiva de la misma manera y uniéndonos unánimemente a este debate, y utilizando todos los medios de acción posibles de los que disponemos para crear un instrumento internacional y vinculante que proteja y promueva la diversidad cultural. 
Señor Presidente, en nuestra opinión, este debate sobre la apertura de las negociaciones de la OMC para liberalizar el comercio de servicios es sumamente incompleto. 
No están todas las cartas sobre la mesa y los contactos iniciales no han sido, en su mayoría, transparentes. 
La Comisión se enorgullece de contar con un mandato de negociación que data de 1999, antes de Seattle, y que ya está totalmente obsoleto. 
Los parlamentos nacionales no han debatido la cuestión de forma transparente, y se pedirá al Parlamento Europeo que ratifique todo, basándose en una breve declaración de la Comisión. 
En principio, no estamos en contra de toda liberalización, pero debe estar, en todo momento, controlada por los pueblos implicados. 
El pueblo no debe encontrarse nunca con las manos atadas. 
Si seguimos a la Comisión en este asunto, nos encontraremos atrapados en negociaciones mal definidas que podrían tener graves consecuencias para el control que los pueblos deben mantener sobre sus servicios públicos, así como para todas las reglas que salvaguardan sus sociedades. 
Por supuesto, la Comisión asegura que la Unión no realizará ninguna oferta de liberalización en los ámbitos de la sanidad, la enseñanza o el sector audiovisual, y que negociará para preservar la diversidad cultural. Sin embargo, no podemos conformarnos con estas declaraciones. 
¿Por qué estos ámbitos y no otros? 
Nosotros conocemos demasiado bien, por experiencia, los engranajes y las trampas ocultas en este tipo de tratados, que solo salen a la luz a posteriori, cuando ya hemos firmado sobre la línea de puntos. 
Señor Comisario, el próximo jueves vamos a debatir, en este hemiciclo, el cierre de importantes empresas, provocado por la reubicación, y el drama humano que crea. 
Si queremos evitar nuevos dramas humanos en el futuro, debemos afrontar los problemas con más antelación. 
Debemos comenzar por evitar, hoy mismo, la firma de acuerdos como el AGCS, que ataría nuestras manos en el futuro. 
Ese es el motivo por el que solicitamos que estas negociaciones sean pospuestas hasta que se celebre un debate verdaderamente público y democrático, y hasta que hayamos evaluado detenidamente todas las implicaciones del AGCS. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi apoyo al Comisario Lamy por el importante programa que propugna, caracterizado por su amplitud de miras. 
Toda la cuestión de la importancia de los servicios y la apertura de los mercados de servicios es algo que estamos a punto de abordar seriamente en nuestro propio mercado interior. 
Todavía no tenemos un mercado interior de servicios. 
Espero que oigamos algunas de las inquietudes en los debates de esta noche cuando consideremos nuestro propio mercado. 
Sin embargo, es absolutamente correcto abordar cuestiones más amplias. 
Después de todo, como ha dicho el Sr. Lamy en varias ocasiones, en la Unión Europea tenemos las tecnologías de mercado único más desarrolladas de todos los bloques comerciales del mundo. Es cierto que deberíamos estar a la cabeza en este terreno. 
Una de las propuestas más importantes que hemos estado elaborando aquí es la liberalización de las comunicaciones electrónicas, un marco único para un sector convergente. 
Son las comunicaciones electrónicas las que realmente están abriendo el camino a un comercio global de servicios que nunca habíamos visto antes. 
Hacemos bien en anticipar esto. 
La liberalización siempre será difícil. 
Si se aceptan las disciplinas de mercado y la apertura de un mercado, es de esperar que se produzca una reconstrucción; es de esperar que algunas empresas cierren y busquen nuevas posibilidades. 
¿Verdad que aquí no decimos que deberíamos volver a los días del proteccionismo? 
¡Ni mucho menos! 
Esto incluye también a los países en desarrollo. 
Hace unos meses asistí a una importante reunión en Bruselas con representantes de países en desarrollo hablando sobre las comunicaciones electrónicas y cómo quieren construir sus infraestructuras. 
Se dan cuenta de que contar con la infraestructura abrirá grandes oportunidades para sus economías y para el comercio a escala global. 
Esto es lo que nosotros queremos fomentar. 
Seamos positivos al respecto. 
Lo insto, señor Comisario, a que continúe con su trabajo sobre este tema y no escuche esta noche los cantos de sirena de esta Cámara que le piden que se detenga o que reduzca su marcha. 
¡Sigamos adelante! 
Señora Presidenta, Señorías, señores Comisarios, el sector de los servicios es, con diferencia, el sector más importante de la economía europea. 
La Unión Europea es el mayor exportador de servicios comerciales del mundo y representa el 26% del comercio mundial de servicios, frente al 22% de los Estados Unidos y al 7% de Japón. 
Por lo tanto, el comercio de servicios de la Unión Europea supone más de dos tercios de nuestro producto interior bruto y de nuestro empleo. Así pues, el comercio de servicios supera, con mucho, al comercio de bienes. 
Una mayor liberalización también beneficia a los países en vías de desarrollo, dado que el comercio de servicios promueve infraestructuras como las telecomunicaciones, así como la infraestructura financiera para el comercio de bienes. 
Por lo tanto, el AGCS también contribuye a la Ronda de Doha. 
En mi opinión, debemos apoyar incondicionalmente la liberalización y, en particular, evitar centrarnos demasiado en las excepciones que algunos de los Estados miembros quieren aplicar. 
Los sectores más importantes son el transporte, el turismo, las telecomunicaciones y el sector financiero. 
Los servicios audiovisuales constituyen una parte relativamente pequeña de la oferta. 
Resulta, por lo tanto, ridículo que los Estados miembros que no están a favor de ello no quieran que el Parlamento dé su opinión, por temor a los cambios en el sector audiovisual. 
Por lo tanto, apoyo la petición de mi colega, el Sr. Clegg, de que se introduzca un cambio durante la Convención. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, en todas partes está aumentando la preocupación por la oleada de liberalizaciones y privatizaciones de los servicios que las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios pueden desencadenar, por mucho que el Comisario Lamy insista en que eso no va a suceder. 
Existe un riesgo de deterioro del derecho de acceso de los ciudadanos de la Unión Europea y de terceros países, incluidos los países en vías de desarrollo, a los bienes y servicios esenciales, incluyendo el agua, la enseñanza, la sanidad, la cultura, la energía, el transporte y las telecomunicaciones. 
Todos conocemos los desastrosos ejemplos de privatización de los servicios de muchos países, entre los que se incluyen el transporte en el Reino Unido, la electricidad en los Estados Unidos y Portugal, y la distribución del agua y los servicios sanitarios en muchos países en vías de desarrollo. 
Así pues, estamos preocupados al conocer las propuestas de la Comisión, que olvidan la importancia de los servicios públicos en ámbitos como el de la energía, el transporte, los servicios postales y las telecomunicaciones, para la cohesión social, el bienestar público y la inclusión social. Las propuestas tampoco tienen debidamente en cuenta la fuerte movilización de los movimientos sociales en defensa de servicios públicos de calidad. 
Por tanto, es necesario declarar una moratoria sobre la liberalización de los servicios, y la Comisión debe elaborar un informe detallado sobre las consecuencias económicas, sociales y medioambientales previsibles de las políticas de liberalización derivadas de la OMC, tanto en la Unión Europea como en los países en vías de desarrollo. 
El papel fundamental de los servicios públicos para el desarrollo y la cohesión social de cada país también se debe respetar, y hay que abstenerse de presentar propuestas que prevean nuevas liberalizaciones en terceros países y ofertas de la Unión Europea en el ámbito de los servicios públicos. 
La Comisión también deberá exigir que la diversidad cultural no solo sea preservada, sino también promovida, como ya se ha subrayado aquí, en más de una ocasión. 
Además, para profundizar en la democracia, ejercer un mayor control sobre las multinacionales y proteger el desarrollo de los países y regiones menos desarrollados, así como los intereses de los ciudadanos, se precisa un debate democrático, una consulta a los parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo, así como la aplicación de la regla de la unanimidad en las negociaciones relativas a todos estos ámbitos. Es necesario también reducir el papel de la Organización Mundial del Comercio, y la Asamblea General de las Naciones Unidas debe asumir un papel más activo en este campo. 
Señores Comisarios, me voy a limitar a hablar sobre la liberalización del sector del agua. 
Señor Lamy, usted piensa que una mayor competencia proporcionará a los pobres agua potable de gran calidad. 
Personalmente, no estoy de acuerdo con su opinión, y creo que cada vez somos más los que no lo estamos. 
Cualquier comercialización del agua provocará automáticamente un incremento del consumo, dado que así es precisamente como funciona el sistema. 
Usted afirma que no se menciona, en ningún momento, la liberalización de este recurso natural en las peticiones que la Unión realiza a los países en vías de desarrollo. Eso no mejora las cosas, dado que la comercialización de la distribución del agua imposibilitará garantizar una gestión adecuada del agua. 
Por otra parte, también sabemos por experiencia que no son los pobres los que se benefician de la comercialización del agua. Bogotá, Buenos Aires y Yakarta son prueba de ello. 
Por lo tanto, debemos tener el coraje político de definir el agua como un bien público y excluirla del AGCS. 
Señora Presidenta, la futura negociación sobre el comercio no debe, en mi opinión, perjudicar a la diversidad cultural. 
Según la Unesco, la cultura se compone de todos los trazos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad o grupo social. 
Además del arte y la literatura, abarca modos de vida, derechos humanos fundamentales, conjuntos de valores, tradiciones y creencias. 
El derecho a la cultura es un derecho humano fundamental. Está incluido como tal en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
La diversidad cultural no solo debe ser protegida: también debe apoyarse y promoverse. 
Por supuesto, esto resulta aplicable a todos los Estados miembros de la Unión, pero también a los países en vías de desarrollo, dado que la diversidad cultural es parte integral de nuestro patrimonio humano. 
Para evitar correr el riesgo de que la cultura se considere simplemente un producto como cualquier otro en el futuro, debemos proporcionarle un nuevo marco jurídico para que no tenga que formar parte de las negociaciones sobre el comercio mundial. 
La cultura no es un bien como los demás. 
La OMC no puede ni debe ser el foro de debate sobre la cultura, como la Comisaria Reding ha mencionado recientemente, al afirmar que: «[?] debemos oponernos firmemente a toda discusión conceptual sobre la diversidad cultural o las políticas culturales en la OMC [?] 
La OMC no es una organización con competencias para tratar esta cuestión, ni está autorizada para ello». 
Por lo tanto, debemos crear un nuevo instrumento internacional vinculante, no solo para apoyar y promover la diversidad cultural, sino también para establecer normas comerciales para los bienes y servicios culturales. 
Varios Ministros de Cultura han acordado redactar este instrumento, con el fin de proporcionar a los Estados, en el futuro, el medio necesario para poder identificar, desde un punto de vista cultural, y de acuerdo con sus situaciones específicas, las políticas que precisan para garantizar la preservación y la promoción de la diversidad cultural. 
La Unesco es el organismo más adecuado para asumir esta responsabilidad. 
Por lo tanto, solicito que se finalice este proceso lo antes posible. 
Señora Presidenta, considero que el AGCS, con su creación de una nueva organización internacional para el mercado de servicios, no solo reestructurará el mercado laboral mundial, sino que también dará lugar a un nuevo orden mundial y social capaz de tener un profundo efecto sobre los valores políticos, sociales y culturales, así como sobre los sistemas reguladores que han prevalecido, hasta ahora, en la mayoría de los Estados, y capaz también de limitar, en gran medida, el ámbito de actuación de estos. 
Por este motivo, le pido, Comisario Lamy, que no omita la cláusula de exclusión voluntaria (opt-out) para el suministro público de servicios de interés general, bajo ninguna circunstancia. 
No obstante, a menos que las decisiones de la mayoría se legitimen mediante políticas democráticas, el proceso de toma de decisiones de los países- y ahí sobre todo- será puesto en duda por esta discusión de los fundamentos. 
El principal problema con el AGCS es que las negociaciones se centran en las condiciones del mercado bajo las que se suministran los servicios transfronterizos, quedando excluidas, sin embargo, las condiciones sociales bajo las que se suministran los servicios. 
Si el resultado es el mismo que el de la OMC con respecto al comercio de mercancías peligrosas para el medio ambiente, y si el trabajo de los niños y los esclavos no es suficiente motivo para prohibir que las mercancías accedan al mercado, creo que nos esperan serios problemas. 
Teniendo en cuenta que ni siquiera los principales derechos laborales de la Organización Internacional del Trabajo están incluidos en el AGCS y que no existe ninguna aclaración básica acerca de las condiciones mínimas de la legislación laboral o de seguridad social bajo las que trabajarán los emigrantes temporalmente, no puedo imaginarme que se alcance un consenso social en la Unión Europea a favor de la apertura de nuestro mercado de servicios, de acuerdo con el módulo 4. 
Si se consigue, solo será en contra de una gran resistencia. 
Los déficit democráticos no son una buena base para reestructurar los mercados. 
Señora Presidenta, la declaración del Sr. van Velzen aborda, de manera juiciosa, las cuestiones relativas a la cultura y a los servicios culturales, especialmente las relacionadas con la flexibilidad de las posturas que adoptará cada Estado miembro. 
Debido precisamente a que este conjunto de problemas conlleva otro- el problema de lo que se conoce como la «exención cultural» -, es preciso dejar claro que la Comisión no puede permitirse chocar contra la cuestión de la excepción cultural. 
Se trata de una cuestión muy polémica, principalmente debido a sus propias presuposiciones. 
En un mundo abierto, en el que cada vez se apuesta más por la libre interacción de las culturas, es necesario proteger, preservar y valorar todo lo posible la diversidad cultural, pero no a expensas de perjudicar la libre circulación de valores que tienen exactamente la misma naturaleza. 
Cada vez tiene menos sentido, tratando ciertos productos culturales como si fuesen productos industriales, establecer formas de protección que limiten su acceso a algunos lugares, como los cines. 
Con la televisión, el vídeo, el DVD y otras nuevas tecnologías de la era digital y de Internet, cualquier espectador, cualquier consumidor interesado, puede optar por ver lo que desee sin ninguna barrera real capaz de entorpecer su consumo. 
No creo- debo manifestar, al menos, mi escepticismo- que 50 Ministros de Cultura puedan resolver esta cuestión, aparte del único punto que se aceptará entonces, que es el de que cada Estado miembro puede hacer lo que considere más apropiado para proteger sus intereses y su propia diversidad cultural específica. 
Una vez hechas estas reflexiones, señora Presidenta, simplemente añadiré que los apartados 7, 8 y 9 del informe al que me he referido abordan el problema con mucha sensatez, en términos de prudencia y equilibrio, por lo que merecen nuestro apoyo. 
Señores Comisarios, creo que, como han señalado al principio, nuestra preocupación no puede ni debería centrarse en declaraciones de principios, sino en un planteamiento dinámico; no tenemos solo que proteger: tenemos que desarrollar un plan agresivo, dado que un planteamiento defensivo y poco activo es, con frecuencia, sencillamente otra forma de rechazar la diversidad. 
Deberíamos aceptar que existe un déficit internacional en la balanza comercial de los productos culturales y audiovisuales; todos ellos vienen del otro lado del Atlántico hacia Europa, con un movimiento muy escaso en la dirección contraria. 
Además, tenemos otro problema más cerca de casa: pocos son los productos europeos que viajan de un rincón a otro de Europa. 
En consecuencia, creo que deberíamos utilizar la Organización Mundial del Comercio para tratar el problema del mercado internacional que, aparte de su dimensión económica, es muy importante para los ciudadanos europeos y para sus intereses culturales dentro de Europa. 
La música, las películas y los productos audiovisuales no están viajando de un rincón a otro de Europa tanto como deberían. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, el comercio mundial garantiza alrededor del 20% de los puestos de trabajo en Europa, lo que significa que si los mercados son más amplios, podemos vender más y crear más empleo. 
Si, además de eso, podemos comprar a unos precios ventajosos, nos volvemos más competitivos, y eso va en consonancia con el objetivo de la Comisión de convertirnos en líderes mundiales en el plazo de diez años. 
Creo que, al hablar del AGCS y la OMC, debemos, como cuestión prioritaria, hablar sobre las oportunidades que traen consigo: sobre la apertura de los mercados, el aumento de la prosperidad, la competitividad y la posibilidad de subir los salarios. 
Si ponemos los mercados bajo una especie de campana de vidrio, si ahogamos el mercado, el resultado final es la quiebra y el desempleo, y permítanme decir que en estos tiempos, por supuesto, estas decisiones se toman fundamentalmente en el plano nacional. 
Tales decisiones, naturalmente, tienen una naturaleza partidista. 
Hoy he viajado hasta aquí en tren desde Wels, en Austria; el viaje duró más de siete horas y llegué aquí muy tarde. 
El pasado lunes, envié una carta desde Bruselas a Austria y todavía no ha llegado. 
Cuando regreso a Bruselas, recuerdo que la planta de tratamiento de aguas residuales todavía no está en funcionamiento, a pesar del suministro público de servicios de interés general y de que Bruselas está actualmente bombeando las aguas residuales, poco tratadas, al mar. 
Cuando pienso en las universidades, donde los estudiantes tienen que sentarse en el suelo y donde muchos de los conocimientos de los profesores no están adaptados a las necesidades actuales, entonces digo que sí: son decisiones de los partidos políticos que tienen que ser tomadas por los votantes de los diversos países. 
No obstante, también debemos pensar en el futuro; en lugar de ver solo la dimensión multilateral de la OMC, también deberíamos buscar vías bilaterales, especialmente con los Estados Unidos, Rusia y China. 
Creo, además, que es en este contexto donde una asamblea parlamentaria debería resultar enormemente eficaz para conseguir una mayor transparencia y justicia en el futuro. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, creo que esta es la cuarta vez que debatimos esta cuestión. 
¿Significa eso que somos bobos o sordos, o que estamos atrapados en una rutina? 
No, creo que simplemente ha llegado el momento de reconocer que, sencillamente, no queremos el mismo proyecto europeo para nuestros ciudadanos. 
De este modo, el AGCS ha servido para subrayar esta diferencia en la forma de ver el mundo y ha provocado un debate que implica a más participantes que el círculo limitado de especialistas y responsables de la toma de decisiones a los que habitualmente se les consulta sobre aspectos del comercio internacional. 
Podemos decir que hemos aprendido de la experiencia- y creo que los trabajadores portuarios que están fuera pueden dar fe de ello- el enorme deseo que tienen algunos países de dominar en el mercado por lo que respecta a la producción. 
Presenciamos la lucha por preservar los servicios públicos a diario. 
No, no confiamos en la perspectiva que nos están presentando, y aunque sus respuestas a nuestras preocupaciones consisten en decir, sencillamente, que ni el sector audiovisual ni los servicios públicos se verán amenazados, creemos que las protestas y reacciones procedentes de las asociaciones y sindicatos, que expresan su preocupación social, son una prueba de que no somos, en absoluto, los únicos que tenemos esta opinión. 
¿Es realmente suficiente la excepción cultural si sólo excluimos el sector audiovisual? 
No, porque podemos identificar sectores relacionados con la enseñanza y la cultura que podrían resultar auténticos caballos de Troya y sabotear nuestros esfuerzos por preservar la educación y la cultura. 
Apoyamos el instrumento internacional, pero ¿cuánto hemos avanzado en él? 
Esto sería, quizás, un buen indicador de sus intenciones. 
Debemos también admitir que no tenemos los mismos sistemas de clasificación, en absoluto, ni las mismas definiciones. 
Ustedes están poniendo en marcha una máquina, pero no son capaces de decirnos las ventajas cualitativas que aportará. 
Discúlpennos por preguntarnos de qué les servirá en el futuro. 
Señores Comisarios, en mi opinión la publicación tanto de la oferta de las instituciones europeas como de sus preguntas sobre la liberalización del mercado a través del AGCS pone de manifiesto que en el Parlamento Europeo tenemos buenas razones para estar preocupados. 
Me gustaría hacer dos comentarios a este respecto: en primer lugar, Comisario Lamy, usted dice que la sanidad, la enseñanza, los medios de comunicación y la cultura no se liberalizarán. 
Eso es correcto, aunque existen otros sectores que se consideran servicios de interés general. 
Usted no descarta la liberalización de la energía y el agua, mientras que los servicios postales, los puertos y el practicaje ya están preparados para la liberalización. 
Así pues, mi Grupo quiere garantías claras de que los Estados miembros pueden ahora regular sus servicios de interés general, a su manera, y que estos servicios no se verán sometidos al AGCS. 
Naturalmente, no necesitamos una lista de la OMC para ello; la subsidiariedad se aplicará como es habitual. 
En segundo lugar, Comisario Lamy, me parece sorprendente que exista semejante desequilibrio entre las cuestiones de los Estados miembros del norte y del sur con respecto a la liberalización del mercado. 
A cambio de un número limitado de cuestiones, sobre todo relativas a la circulación de los trabajadores desde los Estados miembros del sur, Europa quiere liberalizar una serie de sectores, incluyendo algunos que no queremos liberalizar. 
Comisario Lamy, en mi opinión la liberalización del agua no es el camino adecuado para conseguir los objetivos del milenio ni para reducir a la mitad el número de personas que no tienen acceso al agua. 
Para lograr esto, necesitamos fondos de ayuda y una cooperación para el desarrollo. 
En todo caso, estoy convencida de que esto no tiene nada que ver con la verdadera preocupación de los Estados miembros del sur, y mucho que ver con los intereses de la industria del agua. 
Por lo tanto, mi Grupo solicita que no se apruebe la liberalización de sectores que no queramos liberalizar. 
Señora Presidenta, no esperemos de los países en desarrollo lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. 
Aseguremos que en los casos en que protegemos servicios o mercados no obliguemos a otros países menos capacitados para combatir en el mercado abierto a poner en marcha servicios que simplemente naufragarán o se convertirán en monopolios privados en manos de entidades de fuera de su propio Estado. 
También creo que urge que este Parlamento sea tratado como tal y que se levante el secreto en relación con estas negociaciones. 
Si pretendemos crear una organización multinacional a escala europea que cuente con el apoyo de la población y tenga legitimidad, entonces no podemos seguir procediendo de modo que se excluya a los representantes democráticamente elegidos de importantes esferas de la política. 
Por último, lo esencial en cuanto al proteccionismo es que tenemos que proteger los derechos de los ciudadanos, ya estén dentro o fuera de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, el libre comercio es básicamente algo positivo. 
Favorece el desarrollo y la democracia, así como un crecimiento que conlleva una mayor prosperidad. 
Sin embargo, las cuestiones comerciales siempre dan lugar a un extenso debate, y existen motivos justificados para celebrar ese debate. 
El mercado no debe invadir la esfera política, y la democracia no debe verse limitada. 
La transparencia y el examen público de la documentación son fundamentales. 
Ningún país debe verse forzado a tomar determinadas decisiones. 
Ni el mercado ni otros intereses deben ser capaces de forzar a un país a aplicar cambios que vayan en contra de sus ambiciones políticas nacionales. 
Los países en vías de desarrollo son particularmente vulnerables. Necesitan la inversión extranjera, y los comerciantes lo saben. 
Así pues, los países en vías de desarrollo corren el riesgo de sufrir la presión de verse forzados a ceder a demandas poco razonables. 
Al mismo tiempo, debemos ser capaces de exigir que se reconozcan los derechos sindicales fundamentales y que el medio ambiente no sea destruido, ni los derechos humanos, ignorados. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, tengo la impresión de que la forma en que la Unión Europea está llevando las negociaciones no es equilibrada. 
Es desequilibrada en el sentido de que se guía por intereses económicos, y eso no puede ser. 
Los Tratados nos exigen que hagamos del desarrollo sostenible el modelo de todas nuestras políticas, lo que significa que no podemos llevar a cabo la liberalización sin negociar, al mismo tiempo, criterios sociales y normas medioambientales. 
Esto me lleva a concluir que, en efecto, están violando el artículo 6 del Tratado. 
Especialmente cuando se realizan peticiones de liberalización del agua a setenta y dos de los Estados del planeta, se están invalidando las condiciones básicas sociales y ecológicas que prevalecen localmente. 
Es aquí donde debe imperar el principio del desarrollo sostenible, en lugar de las consideraciones económicas inherentes a la capacidad de suministrar agua, si cabe alguna posibilidad, en beneficio de los accionistas. 
Las decisiones relativas a cómo organizar el suministro de agua deben tomarse localmente; deben seguir siendo responsabilidad de los políticos locales y no tomarse como respuesta a las presiones exteriores. 
La Unión Europea no debe echar más leña al fuego, por lo que respecta a la lucha por el oro azul. 
Señora Presidenta, voy a responder a algunos de los oradores, mientras que mi colega, la Sra. Reding, se encargará de las cuestiones relacionadas específicamente con la diversidad cultural. 
Responderé brevemente a la pregunta del Sr. van Velzen sobre las universidades. 
No adoptaremos ningún compromiso con respecto a este ámbito, en esta ocasión. 
En la Ronda de Uruguay de hace diez años, adoptamos precipitadamente una serie de compromisos con respecto a la apertura de universidades privadas en ciertos Estados miembros. 
En esta ocasión, nos mantendremos firmes. 
A continuación, me gustaría analizar la cuestión de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, una cuestión que estuve debatiendo con mis homólogos estadounidenses en Washington, el lunes y el martes de la semana pasada. 
En efecto, hay varios problemas relativos a la aplicación de las decisiones de la OMC referentes a la resolución de diferencias. 
Los Estados Unidos no están actuando con demasiada rapidez para aplicar estas decisiones. 
Visité el país para acelerar este proceso y me aseguré de que nuestro punto de vista al respecto quedase muy claro, particularmente al Congreso, para que avance en la labor legislativa necesaria. 
En estos momentos, el problema está en el Congreso y no en la administración. 
El Congreso no ha dicho que no vaya a emprender la labor legislativa necesaria al respecto. Sin embargo, si no lo hace, la OMC nos ha dotado de los medios necesarios para concentrar las mentes, como se dice en una lengua que no es la mía. 
Señora McNally, con respecto a la parte de estas negociaciones sobre el acceso al comercio de los servicios que se refiere a los servicios públicos dentro de la Unión Europea, he dejado muy clara mi postura con respecto al contenido: nada de lo que ofrecemos en estas negociaciones perjudicará a la situación actual de los servicios públicos dentro de la Unión Europea. 
Quisiera ahora pasar a la otra cuestión, señalada por la Sra. van Lancker. 
Se trata de saber si estamos sencillamente pidiendo demasiado a ciertos países en vías de desarrollo, por lo que se refiere a la apertura del sector de los servicios. 
En primer lugar, sé que muchos países en vías de desarrollo necesitan un sector de los servicios competitivo. 
Sé que mientras que, en nuestra parte del mundo, el sector de los servicios representa el 60% de la economía, en la mayoría de los países en desarrollo el sector de los servicios representa entre el 40% y el 50% de la economía. Es un porcentaje considerable. 
Sé que los propios países en vías de desarrollo están pidiendo la liberalización del sector de los servicios, sobre todo en relación con la Unión Europea. 
Finalmente, no quiero que caigamos de cabeza en la trampa que yo llamaría «euromorfismo» , por lo que respecta a los servicios públicos. 
En Europa tenemos una estructura de servicios públicos sumamente bien desarrollada. 
Soy de los que lo valora enormemente, aunque algunos puedan no estar de acuerdo conmigo. 
Debo afirmar, con toda claridad, que otros países de todo el mundo, especialmente algunos países en vías de desarrollo, no cuentan con el mismo modelo de servicios públicos. 
En estos momentos, esos países en vías de desarrollo no pretenden- ni, con frecuencia, pueden permitirse- crear servicios públicos que, si me permiten decirlo, imiten a los nuestros. 
En este caso, la apertura del mercado de los servicios es la mejor manera de mejorar la gestión de las economías de los países en vías de desarrollo, hacerlas más competitivas e integrarlas más eficazmente en el comercio mundial. 
Dejaré que mi colega, la Sra. Reding, responda a los comentarios de la Sra. Fraisse. 
Sin embargo, me gustaría recordarle a la Sra. Fraisse que el secreto de un buen equipo, especialmente de un equipo deportivo, es tener una fuerte defensa y un fuerte ataque. 
En este sentido, creo que la distribución de las funciones es positiva. 
Me gustaría responder específicamente a la pregunta sobre los deportes planteada por la Sra. Fraisse. 
En estos momentos, no existe ninguna oferta en absoluto de la Unión Europea relacionada con el deporte o el ocio, por la sencilla razón de que no hemos recibido ninguna petición a tal efecto. 
En su intervención, la Sra. Lucas se ha centrado en la cuestión de la transparencia. 
Dejemos muy claro este asunto: toda la Cámara ha escuchado una lista de los principios en los que se basa el planteamiento de la Comisión para estas negociaciones. 
He explicado estos principios muchas veces. 
Varios diputados- un diputado de cada Grupo y los coordinadores, en particular- han podido estudiar los detalles de mi propuesta, en virtud del acuerdo institucional entre las instituciones. 
Entiendo perfectamente que puedan tener dudas acerca del contenido detallado de mis propuestas, frente a las grandes líneas presentadas. 
Entiendo también perfectamente que puedan desear cuestionar mis intenciones. 
Es completamente normal. 
Todos y cada uno de ustedes pueden preguntar a su coordinador si los detalles de mis propuestas se corresponden o no con lo que he dicho anteriormente. 
Que yo sepa, los coordinadores han tenido esta información a su disposición durante casi tres semanas. 
Sin embargo, nadie se ha acercado a mí para decirme que las propuestas detalladas no se corresponden con lo dicho anteriormente. 
Estoy muy tranquilo, dado que no tengo la costumbre de actuar de otra forma. 
Señora Lucas, existe efectivamente transparencia con respecto a este asunto. 
Si no hago totalmente públicas todas las ofertas, es porque, en ocasiones, es mejor mantener las cosas confidenciales, en interés de la consulta o la negociación. 
Por otra parte, esto es algo que el Parlamento Europeo sabe muy bien. 
Por ejemplo, el Parlamento se reserva el derecho a la confidencialidad en el caso del procedimiento de conciliación, cuando las negociaciones podrían verse amenazadas. 
Creo que es acertado que el Parlamento cuente con esta opción. 
Como en todas las negociaciones, hay un momento para la transparencia y otro para la discreción. 
Con respecto al fondo, me gustaría mencionar los principales puntos de los comentarios del Sr. Clegg. 
Tiene mucha razón en lo que dice. 
Mientras la Convención no conceda al Parlamento Europeo unas auténticas competencias constitucionales relativas a las cuestiones comerciales, unas competencias que no le ha otorgado la Conferencia Intergubernamental anterior, por lo que se refiere a este tipo de procedimiento- que pretendo dirigir lo mejor que pueda -, efectivamente carecerán, en teoría, de cualquier competencia en este ámbito. 
Hemos ido mucho más allá de las disposiciones actuales sobre información y transparencia del Tratado de la CE. 
Si desean avanzar, al igual que la Comisión, les ruego que nos apoyen. 
Confío en que las intervenciones de los diputados en la Convención sean igual de categóricas que las que, en ocasiones, dirigen contra la Comisión. 
Señor Abitbol y señor Berthu, me gustaría que, en el fondo, no se gritara demasiado que viene el lobo. 
Si gritamos que viene el lobo cuando no hay lobo, terminaremos por asustar a la gente. 
Ahora no viene el lobo. 
Sean cuales sean sus opiniones sobre esta cuestión e independientemente de lo que puedan establecer al respecto, aquellos de ustedes que entienden y tienen acceso a la información saben que no viene el lobo. 
No se trata de abrir ninguna caja de Pandora. 
No se ha abierto, y sigue estando cerrada. 
Señor Désir, entiendo perfectamente todas sus reservas. Yo comparto algunas de ellas. 
Sin embargo, una vez más, no debemos actuar como si la caja de Pandora de la desregulación se hubiese abierto. Sigue estando cerrada. 
No estamos considerando la liberalización de los servicios. 
Estamos estudiando avanzar en la apertura del comercio de servicios. Esto no tiene nada que ver con la desregulación, la liberalización o la privatización. 
No debemos confundir dos debates completamente diferentes. 
Por una parte, tenemos el debate entre nosotros mismos, dentro de la Unión Europea, acerca del grado de liberalización de ciertos sectores que han estado protegidos hasta ahora. Entre ellos figuran la energía, el transporte y los servicios postales. 
Este debate tiene que ver con la manera en que organizamos nuestra propia sociedad. En él están implicados varios colegas míos de la Comisión, así como el Parlamento y el Consejo. 
Por otra parte, tenemos el debate sobre cuestiones relacionadas con las negociaciones exteriores. 
Por favor, no metan a los trabajadores portuarios en esto. 
Que yo sepa, a menos que esté muy confundido, la presencia aquí de los trabajadores portuarios está relacionada con un proyecto de directiva sobre el mercado interior. El sector de los trabajadores portuarios no está en la lista. 
Ellos están preocupados por el mercado interior. 
Si abrimos los servicios de transporte o pedimos a otros que lo hagan, entonces nuestro control sobre esos servicios y sobre aquellos a los que estamos pidiendo que abran sus mercados, no se verá afectado, en modo alguno, por negociaciones de este tipo. Permítanme repetirlo: de ningún modo se verá afectado. 
Mantendremos nuestro derecho soberano de regular estos sectores como consideremos oportuno. 
Así pues, este asunto no tiene nada que ver con el proyecto de directiva en cuestión. 
Me gustaría comentar brevemente lo que ha dicho el Sr. Herzog. 
En general, estoy de acuerdo con él. 
El verdadero debate que se esconde tras este, la ansiedad, los temores y las reservas se hallan relacionados con lo que está ocurriendo dentro de la Unión Europea o con lo que sucederá en los próximos años. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con el Sr. Herzog en que, en este debate, en el trabajo de la Comisión y en futuros debates con el Consejo y el Parlamento, debemos centrarnos en la organización de los servicios públicos, del servicio universal, de los servicios de interés general dentro de la Unión Europea. 
Si nuestras ideas estuviesen más claras y si el acuerdo entre nosotros acerca de lo que constituye exactamente los servicios de interés público estuviese más claramente definido, desaparecerían algunos de los temores expresados en este debate, y con razón. 
Me gustaría pasar, a continuación, a las cuestiones relacionadas con el sector del agua. 
Reconozco que son asuntos delicados. Agradezco que el Sr. Turmes, la Sra. Figueiredo y el Sr. Karlsson quieran recordarme que, hasta ahora, el AGCS no ha conseguido resultados destacados por lo que respecta al agua. 
Responderé simplemente diciendo que el agua está fuera del ámbito de aplicación del AGCS. 
Hasta ahora, ningún país ha adoptado ni el más mínimo compromiso con respecto al sector de la distribución del agua, en virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. 
Ningún país ha adoptado ningún compromiso de este tipo. 
Lo que ha sucedido, o lo que está sucediendo en varios países, se deriva de decisiones soberanas que los países han tomado con respecto a la liberalización o a la privatización. Esto no tiene nada que ver con las negociaciones internacionales sobre los servicios. 
Si muchos países, particularmente los países en vías de desarrollo, han llevado a cabo privatizaciones o liberalizaciones independientes, se debe en gran medida a que necesitan la inversión extranjera. 
En mi opinión, el AGCS y otras negociaciones similares permiten a estos países atraer inversiones, sin renunciar a su derecho de regular. 
Ha habido ocasiones en las que se han visto forzados a hacerlo, como resultado de un planteamiento imprudente. 
Por lo tanto, desde este punto de vista, se trata de una forma de protección. 
Quisiera recordar a esta Cámara, una vez más, que nuestras propuestas para este ámbito están relacionadas únicamente con la distribución. No tienen que ver con el acceso al agua, como ha reconocido el Sr. Turmes. 
Finalmente, antes de ceder la palabra a la Sra. Reding, me gustaría responder a los miembros que me han pedido que sea más proactivo, concretamente el Sr. De Clercq, el Sr. Harbour, la Sra. Plooij-van Gorsel y el Sr. Rübig. 
No me sorprenden sus declaraciones. 
Quiero adoptar un planteamiento más proactivo con respecto a esta cuestión, pero creo que debería tener en cuenta los temores expresados por todas partes. En general, estas preocupaciones se derivan de una confusión entre las negociaciones internacionales sobre el comercio de servicios, por una parte, y las actitudes y negociaciones dentro de la Unión Europea relativas al control, la regulación y la desregulación de los servicios, por la otra. 
En mi opinión, estos dos debates son bastante diferentes. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la existencia de estos temores y preocupaciones, debemos responder a ellos siendo pacientes y sumamente claros. 
La Comisión está dispuesta a hacerlo. 
Señora Presidenta, mi colega, el Sr. Lamy, ha explicado muy claramente que, por lo que respecta a la cultura, la caja de Pandora está cerrada y nadie tiene ninguna intención de abrirla. 
Existen varios motivos para ello: en primer lugar, queremos mantener nuestra capacidad para proteger la creatividad cultural, en un plano regional, nacional e internacional. 
Para ello, necesitamos tener la libertad de apoyar todo tipo de proyectos culturales, si queremos llamarlos así. 
En segundo lugar, los productos culturales no son lo mismo que los productos comerciales. 
La cultura tiene otra dimensión. Está relacionada con nuestras raíces y nuestra diversidad. 
Como ha dicho acertadamente la Sra. De Sarnez, y como ya he dejado claro, ni el AGCS ni la OMC constituyen el foro apropiado para debatir sobre la cultura. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con todos los diputados de esta Cámara que han afirmado que necesitamos un organismo internacional como la Unesco. 
Señora Presidenta, debemos saber que, en la actualidad, no existe ninguna norma jurídica internacional de referencia para la cultura. 
Estoy de acuerdo con todos los diputados que han afirmado que precisamos una. Necesitamos una para evitar esta interminable serie de debates sobre la cultura. 
Aunque ni el Sr. Lamy ni yo abramos la caja de Pandora con respecto a esta cuestión, existe un temor intrínseco en los Estados miembros y entre los ciudadanos europeos a que esto pueda suceder algún día. 
Por lo tanto, necesitamos una norma jurídica internacional de referencia, en interés de la diversidad y el intercambio cultural. 
Se trata de una idea que tenemos que estudiar. Se deriva lógicamente de la declaración de la Unesco, y la estamos estudiando con interés. 
Mi opinión personal es que la viabilidad de un instrumento internacional depende, sobre todo, de su capacidad para desarrollar normas de referencia sobre la diversidad cultural, en el plano internacional. Inicialmente, debería provocar una reflexión sobre los indicadores de diversidad cultural. 
Dicho esto, la protección de nuestra capacidad para apoyar la diversidad cultural conlleva, en primer lugar, una acción dentro de la Unión Europea. 
Sin embargo, muchos diputados de esta Cámara que han afirmado que necesitamos seguir avanzando están en lo cierto. 
Tenemos una responsabilidad internacional que va más allá de la Europa de los Quince o de los Veinticinco. 
El Tratado ya contempla esto. 
El apartado 4 del artículo 151 permite llevar a cabo acciones internacionales por lo que respecta a la cultura, y nosotros lo hacemos regularmente. 
Les garantizo que un director de cine de un tercer país no pudo pasar su película en Europa, sin una invitación a un festival de cine europeo. 
Sin duda, estamos abriéndonos a los demás. 
Me gustaría decirle al Sr. van Velzen que nuestro proyecto «Erasmus World» solo es posible porque el Tratado nos permite ir más allá de las fronteras de la Unión Europea. 
Señorías, es necesario preservar esto en la Convención Europea y en el próximo Tratado. 
Se nos debe permitir, en el próximo Tratado, mantener nuestra capacidad para proteger la diversidad cultural de todo tipo, dentro de la Unión. 
Debemos también ser capaces de conservar nuestra capacidad de actuar más allá de las fronteras de la Unión, en el plano internacional. Esto podría implicar la creación de un acuerdo internacional tipo Unesco para proteger la cultura, o proyectos culturales como el «Erasmus World». 
Podría implicar también ayudar a la gente creativa de terceros países a expresarse en los foros que pongamos a su disposición. 
Entenderán que cultura implica necesariamente apertura. 
Obviamente, esta apertura no es solo para los europeos: implica también abrir las puertas a artistas creativos y a otras personas de terceros países. 
Me gustaría dar las gracias a la Comisión por estas intervenciones. 
En relación con este debate, he aceptado seis propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento 
A pesar de las palabras bonitas, el Parlamento Europeo sigue estando falto de información y, sobre todo, falto de consultas. 
No tenemos capacidad para ejercer el control parlamentario. 
¿Qué valor tienen las reuniones sobre documentos confidenciales que se mantienen bajo llave? 
¿Cómo podemos aceptar esta ausencia de debate democrático, cuando ni los parlamentos nacionales ni el Parlamento Europeo están implicados? 
La Comisión se apoya en un mandato general anterior a Seattle, que ya no tiene valor ni validez. Por lo tanto, no tiene el derecho legítimo a imponer sus decisiones. 
A través de peticiones agresivas dirigidas a terceros países- con respecto al sector del agua, sobre todo -, la Comisión está poniendo en peligro cualquier esfuerzo real por satisfacer las necesidades de las gentes de los países implicados. 
Es necesario promover otros valores, al margen de los beneficios de las multinacionales, del comercio por el comercio y de la lógica de la privatización: en especial, la necesidad de contar con unos servicios públicos sólidos, que son esenciales para lograr la igualdad y la cohesión social. 
Debemos preguntarnos por qué es tan difícil evaluar las consecuencias de la liberalización. 
La modernidad reside en la capacidad de los gobiernos de garantizar los derechos fundamentales, y no en una voluntad de satisfacer a los mercados financieros. 
Me sumo a más de 150 cargos electos franceses para pedir transparencia y la suspensión de las negociaciones, con el fin de evitar un AGCS irreversible. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0050/2003) del Sr. Jarzembowski, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios [11146/1/2002- C5-0533/2002- 2001/0047 (COD) ]. 
Señora Presidenta, señora Vicepresidenta, Señorías, a pesar de las piedras lanzadas contra el Parlamento esta tarde, debemos debatir, de manera desapasionada y tranquila, una cuestión a la que hemos tenido que enfrentarnos durante meses e incluso años: el problema de la regulación de los puertos de mar. 
El Consejo finalmente alcanzó su Posición Común el 5 de noviembre, por lo que ya podemos pasar a la segunda fase. 
Hay algo que creo que debe resultar evidente, incluso para aquellos que han estado lanzando piedras esta tarde, y es que los puertos de mar necesitan ser regulados de la misma manera en toda la Unión Europea, dado que, como nodos del transporte intermodal, son una parte fundamental de la política de transportes europea. 
Es necesario mejorar los puertos europeos, y esta mejora debe realizarse, por una parte, por medio de normas claras sobre la competencia entre puertos y dentro de cada puerto y, por otra parte, mediante un acceso transparente al mercado de los servicios portuarios. 
El Consejo ha declarado su posición, y ahora, basándonos en esta primera posición, tenemos que dar nuestra opinión, de nuevo. 
Hay cuatro cosas que quiero decir acerca de las 34 enmiendas que ha presentado la comisión: en primer lugar, la comisión opina que necesitamos unas disposiciones sin ambigüedades que establezcan unas condiciones justas para la competencia entre puertos. 
Aunque el Consejo y la Comisión han realizado declaraciones en las Actas del Consejo, con el fin de que también puedan apreciar la necesidad de un marco de condiciones justas para la competencia, tales declaraciones de intención no resultan satisfactorias, puesto que, aunque la Comisión fuese a hacer extensiva a los puertos la directiva sobre transparencia, no conseguiría lo que queremos, que es, en primer lugar, que las empresas que operan fuera de los puertos y las empresas portuarias proporcionen, ellas mismas, a los Estados miembros y a la Comisión los detalles sobre los vínculos financieros que existen entre ellas y el Estado, la región y las ciudades; en segundo lugar, que la Comisión actúe basándose en esta información; en tercer lugar, que prohíba las medidas que distorsionan la competencia; y, finalmente, que nos presente un informe sobre la transparencia que nos permita saber los aspectos en los que debemos seguir trabajando. 
Señora Presidenta, el reglamento sobre ayudas estatales que la Comisión presentó en el último momento, tampoco es adecuado. 
Tiene que haber una seguridad jurídica para los puertos y las empresas portuarias. 
Tenemos que saber qué acuerdos financieros relacionados con la infraestructura portuaria no constituyen subvenciones y no precisan ser modificados, y cuáles, en realidad, son subvenciones y necesitan ser aprobados. 
De esto se deriva que necesitamos directrices claras y vinculantes. 
En segundo lugar, estamos de acuerdo- en la comisión, en cualquier caso- en que es necesario eliminar los servicios de practicaje del ámbito de aplicación de la directiva. 
El planteamiento del Consejo consiste en mantener los servicios de practicaje dentro del ámbito de aplicación de la directiva, para después afirmar que todos son libres de hacer lo que deseen. 
Frente a esto, apoyamos los reglamentos claros y francos. 
Queremos que los servicios de practicaje de los Estados miembros estén regulados en interés de los ciudadanos y de acuerdo con los requisitos de seguridad en vigor en cada Estado miembro, independientemente de que dichos servicios de practicaje sean privados o públicos. 
Es algo que los Estados miembros deberían regular ellos mismos. 
La manifestación y una serie de huelgas en los puertos europeos están relacionadas con la autoasistencia, y esto es lo que me sorprende enormemente. 
Al fin y al cabo, todos nosotros nos pasamos la semana pasada debatiendo con sindicalistas. 
Fue el Parlamento el que, durante la fase de la primera lectura, limitó la autoasistencia al propio personal y equipo del puerto. 
El informe de la comisión introduce una nueva limitación a la propia tripulación del barco. 
Los sindicatos están convocando huelgas y no sé por qué. 
Si, en general, se oponen a la regulación europea de los puertos, dejémosles que lo digan. 
No lo han dicho hasta ahora. 
En mi opinión, existe una gran competencia entre los puertos, y debe existir una apertura y un equilibrio justo entre los intereses de las empresas de transporte marítimo y las empresas portuarias. 
Un puerto no pertenece ni a las personas que trabajan en él, ni a ningún monopolio portuario público, ni a las empresas de transporte marítimo. 
Es necesario hallar un equilibrio entre la competencia leal y la libertad empresarial, y por este motivo, solo puedo decir que nuestra propuesta con respecto a la autoasistencia es la adecuada. 
No entiendo tampoco por qué algunos dicen ahora que tenemos que someter todos los servicios portuarios a un acuerdo condicional. 
La Comisión ha declarado que los Estados miembros pueden exigir que se sometan a aprobación. 
En la fase de la primera lectura, el Parlamento adoptó exactamente la misma postura, al igual que el Consejo en su Posición Común. 
No existe absolutamente ningún motivo (es algo, señora Presidenta, que me parece inadmisible) para votar mañana enmiendas que imponen, en el apartado 1 del artículo 6, la aprobación obligatoria para todos los Estados miembros a la vez. 
Los belgas pueden hacer las cosas como quieran, pero no tiene sentido imponer un modo de proceder a los finlandeses y, por eso, mañana no debería haber malentendidos en esta Cámara y no deberían mencionarse las campañas electorales, independientemente de donde tengan lugar. 
Por supuesto, nosotros deseamos que los pagos compensatorios se estipulen de forma obligatoria, con criterios claros, para evitar grandes problemas en este sentido. 
Sé, señora Presidenta, que usted y yo tenemos una excelente relación, pero con respecto a este punto estamos, por desgracia, en total desacuerdo, y me gustaría pedirle de nuevo que analice con más detenimiento esta cuestión. 
Lo que pide este Parlamento es un reglamento que mantenga un equilibrio entre los intereses de las empresas de transporte marítimo, de los empresarios portuarios y de los trabajadores con base en tierra o embarcados. 
La propuesta que vamos a presentar es una gran propuesta que debería ser analizada muy detenidamente por todas estas partes, y en el procedimiento de conciliación, deberían también apoyar las disposiciones relativas a la transparencia. 
Ambas instituciones- el Consejo también, espero- queremos que los puertos marítimos sean eficientes y funcionen bien. Queremos que sean lugares donde los trabajadores y los empresarios puedan convivir amigablemente. 
. (ES) Señora Presidenta, en primer lugar, Señorías, quisiera expresar mi agradecimiento a la labor realizada hasta la fecha por este Parlamento en relación con esta importantísima Directiva y quiero, muy especialmente, dar las gracias al ponente, Sr. Jarzembowski, por el trabajo realizado en el ámbito de esta cuestión, de gran importancia para que la Unión Europea pueda disponer de un sistema de transportes competitivo. 
Nos solemos lamentar porque Europa podría utilizar también el transporte marítimo como alternativa al transporte por carretera, al transporte terrestre en general. 
Sin embargo, ahora nos encontramos con que a veces los mismos que dicen que tenemos que promocionar más el transporte marítimo ponen dificultades a la hora de conseguir un sistema de transporte marítimo más competitivo y más adecuado a las nuevas circunstancias. 
Necesitamos claramente mejorar la eficacia de los servicios portuarios, y eso es lo que pretende esta iniciativa. 
Necesitamos mejorar la eficacia de esos servicios, terminar con situaciones de monopolio que, a veces, suponen que los mismos servicios cuestan tres o cuatro veces más en un puerto que en otro de la Unión Europea, lo cual indica que hay algo que no funciona, e- insisto- todo ello garantizando, excluyendo o poniendo límites y garantías para que los aspectos relacionados con la seguridad marítima se sigan manteniendo en sus más altos niveles. 
Nosotros, desde la Comisión, consideramos que la Posición Común del Consejo tiene en cuenta, en gran medida, las enmiendas que en primera lectura aprobó este Parlamento y que constituye una solución equilibrada para conseguir esos objetivos y creo que sería realmente un error no mantener ese equilibrio, cambiar las grandes líneas de equilibrio que se han establecido en el ámbito del Consejo. 
En ese sentido, Señorías, les voy a facilitar la posición de la Comisión sobre las enmiendas propuestas. 
Algunas de ellas mejoran claramente la Posición Común del Consejo y, por lo tanto, la Comisión las acepta en su totalidad, en principio, o en parte. 
Es decir, que, una vez más, la Comisión hace un esfuerzo para que el sistema de codecisión funcione lo mejor posible. 
Quiero referirme, en primer lugar, en este terreno, a las enmiendas que hacen pertinentes las disposiciones de la directiva de la Comisión sobre transparencia respecto a los puertos a los que se aplica la Directiva que nos ocupa. 
Con ello se logra el objetivo que todos hemos compartido desde el principio y lamento, en ese sentido, que el ponente, Sr. Jarzembowski, considere que es insuficiente lo ahí planteado. 
De todas formas, me referiré más adelante, en particular, a algunas de las enmiendas que se ocupan de estos aspectos. 
En segundo lugar, podemos aceptar la enmienda 11- que se refiere a una periodicidad inferior de la revisión de la lista de los puertos de carácter muy estacional- y las enmiendas 5 y 27- que proporcionan ejemplos de bienes muebles costosos que podrían equipararse, por lo tanto, a los bienes inmuebles a la hora de contemplar las amortizaciones o los costes residuales. 
Además, podemos apoyar todas aquellas enmiendas que, sin entrar en detalle, creemos que constituyen aportaciones adecuadas a la Posición Común o las que aportan una aclaración adicional, de una manera o de otra, al texto definitivo. 
Insisto, quiero felicitar una vez más por el trabajo realizado tanto al Sr. Jarzembowski como a la Comisión de Transportes en general. 
Sin embargo, algunas enmiendas parecen tratar de ralentizar, incluso de paralizar los esfuerzos desplegados para impulsar esta dinamización de los puertos europeos, para mejorar, como he dicho antes, el potencial del transporte marítimo de larga distancia, facilitando nuestras exportaciones en los ámbitos mundiales, pero también de corta distancia, constituyendo con ello una alternativa al transporte terrestre. 
Queda, por lo tanto, claro que no podemos apoyar las enmiendas 36 y 66 que piden que se rechace la Posición Común del Consejo. 
Dicho esto, quisiera hacer unas breves referencias a otras cuestiones de las que ha hablado el Sr. Jarzembowski. 
En primer lugar, la cuestión de la competencia entre puertos. 
Sé que es una cuestión que preocupa mucho al ponente y a otras de sus Señorías y, además, entiendo que hay que avanzar en ello. 
De ahí que yo haya planteado aceptar las enmiendas que proponen la inclusión de los puertos en la Directiva de la Comisión sobre transparencia. 
La Comisión entiende la inquietud que existe. 
De hecho, nuestro reciente documento sobre este asunto es prueba de nuestra voluntad de solucionar el problema respetando, sin embargo, las disposiciones del Tratado, señor Jarzembowski. 
Es decir, las ayudas de Estado tienen un marco- que es el que hemos planteado -, pero no se pueden regular sin más, es el propio Tratado el que impone el marco normativo. 
Tenemos que hacer una clarificación para evitar, como decía, dudas o inseguridades jurídicas. 
Y, por ello, señor Jarzembowski, digo que la enmienda 15 va más allá de tales disposiciones y no podemos aceptarla. 
Sin embargo, estamos dispuestos a intentar buscar con sus Señorías una vía aceptable para todos. 
En ese sentido, la enmienda 10, debidamente modificada, con algunos ajustes importantes en consonancia con la solución que podamos encontrar, podría darnos pie a encontrar esa fórmula de compromiso. 
Les rogaría que trabajáramos al máximo para buscarla cuanto antes. 
En cuanto a la enmienda 16, he de recordarles que la propia Comisión, en el contexto del denominado «conjunto de medidas portuarias» , ya llevó a cabo un estudio como el que solicita y la cooperación por parte de los puertos, lamentablemente, fue escasa. 
Segundo: ha hablado el Sr. Jarzembowski de la práctica de la autoasistencia. 
En todo puerto moderno debería permitirse esa práctica cuando sea posible, tanto respecto a operaciones a bordo como en tierra. 
La Posición Común refleja este deseo de enviar un mensaje de progreso y no de mirar para atrás y de rigidez. 
Un mensaje de progreso, de avance, pero con todas las garantías. 
En ese sentido, se deja claramente dicho que ese tipo de actuaciones tienen que cumplir las normas sociales, medioambientales y de seguridad exigibles en cada puerto y que esa exigencia es esencial para poder llevar a cabo esa autoasistencia. 
Aquellas enmiendas que restringen seriamente este enfoque- ya que, de distintas maneras, circunscriben las operaciones de autoasistencia -, limitándolas exclusivamente a la gente de la mar, no pueden ser aceptadas. 
Entre otras cosas- estamos hablando de barcos de terceros países y de países de la Unión Europea -, porque esas tripulaciones no tienen las exigencias propias que tienen los profesionales que trabajan en nuestros puertos y lo que estamos planteando en la Posición Común del Consejo es que, para llevar a cabo estas actuaciones, se tenga que hacer encuadrados en normas sociales y de seguridad conformes a la normativa de cada puerto. 
Porque la limitación adicional relativa a los buques que enarbolan pabellón de la Unión enfrentaría a la Comunidad con sus socios en el mundo y eso también hay que evitarlo. 
Por último- brevemente -, siempre hemos considerado que el practicaje se trata de un servicio comercial. 
Por consiguiente, el acceso a tal servicio debería estar regulado por el Tratado y por esta Directiva. 
Por esta razón, apoyamos el consenso alcanzado en la Posición Común en el sentido de que las autorizaciones deben condicionarse al cumplimiento de unos criterios particularmente estrictos en relación con las obligaciones de servicio público y con la seguridad marítima- y de nuevo volvemos a la realidad de cada puerto-. 
Pero este enfoque se puede adaptar mediante soluciones específicas para cada puerto, que permitan la autoasistencia, en el ámbito del practicaje, en forma de certificados de exención, bajo determinadas condiciones. 
Como conclusión, señor Presidente, Señorías, la votación de mañana tendrá grandes repercusiones sobre el proceso legislativo. 
La Comisión se ha mostrado siempre dispuesta a encontrar soluciones constructivas con el Parlamento Europeo. 
Quiero recordarles una vez más que nuestro objetivo general es garantizar que la industria de los servicios portuarios, en plena expansión, esté lista para afrontar los retos que tenemos por delante. 
Es más, el futuro sistema de transporte europeo sólo saldrá ganando con puertos eficaces y de amplias miras. 
Por lo tanto, una vez más, quiero pedirles su apoyo para esta propuesta de la Comisión y felicitar al ponente, Sr. Jarzembowski, y a todo el equipo que ha trabajado en este texto, y a sus Señorías por su atención. 
Señor Presidente, señora Comisaria, hemos llegado a la segunda lectura, un hito en el largo y difícil camino hacia la liberalización de los servicios portuarios, y creo que todos deberíamos comenzar felicitando a nuestro ponente, el Sr. Jarzembowski, por su buen trabajo. 
Dicho esto, soy consciente de que, tan pronto me siente, varios de mis colegas diputados sin duda intervendrán para oponerse a la liberalización o al menos para hacer comentarios con vistas a cercenar gravemente la liberalización de los servicios portuarios. 
Lo que tengo que decir a estos diputados, cuya opinión por supuesto respeto, es que no consigo entender cómo podemos estar a favor de la liberalización del ferrocarril, a favor de la liberalización del transporte aéreo, a favor de la liberalización de las telecomunicaciones, pero en contra de la liberalización de los servicios portuarios. 
No puede ser que apliquemos un doble rasero. 
A mi, desde luego, me resulta incomprensible. 
En segundo lugar, quisiera decir a todos- incluidos los trabajadores portuarios que están protestando hoy- que, en mi opinión personal, se beneficiarán de la liberalización de los servicios portuarios a medio y largo plazo, dado que generará nuevos empleos. 
No tenemos nada en contra de estas personas. 
Al contrario, reconocemos que su trabajo ayuda a impulsar el crecimiento económico; pero no deberían obstaculizar una mayor liberalización y, por extensión, un mayor crecimiento de la economía europea. 
El Parlamento Europeo, al menos la mayoría de la comisión, ha defendido hasta el momento varios principios firmes, siendo uno de ellos nuestra adhesión a la liberalización de los servicios, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para el crecimiento económico. 
Y puesto que nos adherimos a este principio, señora Comisaria, hemos adoptado una enmienda, a la que se ha referido el ponente y que pretende impedir el trato discriminatorio por parte de las autoridades portuarias, de forma que los puertos de la Unión Europea puedan competir entre sí. 
Al hacerlo, por supuesto hemos escuchado atentamente lo que el sector y las partes interesadas tenían que decir. 
Por ello mantenemos nuestra postura sobre el practicaje, cuestión en que deben tenerse en cuenta las idiosincrasias, los distintos enfoques y factores de seguridad. 
Por este motivo tenemos un punto de vista distinto del del Consejo, un punto de vista más amigable, si lo desean, sobre las reivindicaciones de los trabajadores y de la cuestión de la autoasistencia. 
Nos centramos en una formación adecuada del personal, que es por lo que creo que las reivindicaciones actuales de los trabajadores portuarios sobre la cuestión de la autoasistencia son un tanto exageradas. 
Siendo esta nuestra posición, y dada la posición adoptada por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo cuando votó a favor del informe, creo que este es el planteamiento adecuado si nosotros y el Consejo queremos conseguir que se apruebe una legislación aceptable para todas las partes a la mayor brevedad posible. 
Señor Presidente, señora Comisaria, creo que es cierto que, respecto a lo que usted tenía que decir, ha afrontado el problema de frente bastante inequívocamente, pero debería ser consciente de que las enmiendas de la comisión, sobre las que ha hecho comentarios críticos, son fruto de importantes mayorías en la comisión, por lo que quisiera expresar mi gratitud al Sr. Jarzembowski. 
Las hemos aprobado con un alto grado de unanimidad, y creo que conseguiremos una mayoría absoluta de 314 votos en los aspectos decisivos cuando votemos mañana. 
Al debatir el paquete parcial hoy y votar mañana sobre el mismo, sabemos que muchas ciudades portuarias europeas- y pongo el acento en la palabra ciudades- han visto cómo sus trabajadores, temiendo por su trabajo, temiendo el dumping social, han salido a la calle y se han manifestado, y afirmo, en mi nombre y en el de mi Grupo, que comprendemos a los trabajadores portuarios cuando llaman la atención sobre sus preocupaciones y necesidades. 
Tienen todo el derecho a hacerlo, pero en mi opinión, no tienen derecho a lanzar piedras ni a enfrentarse a la policía. 
Considero que las manifestaciones de las ciudades portuarias apoyan el trabajo que estamos haciendo, ya que la Posición Común incluye en efecto varios aspectos detestables que no podemos aceptar; son estos aspectos de la Posición Común los que queremos cambiar hoy y mañana. 
El aspecto más detestable es la formulación sobre la autoasistencia, que también incluirá lo que se hace en tierra. 
Permítanme decir sin ambages que, en nuestra opinión, esto es inaceptable. 
Opinamos que la autoasistencia solamente puede referirse a aquellas cosas que puede hacer un barco y su empresa por sí solos. 
Cualquier otra cosa que no esté en él, como indica el propio término de «autoasistencia» , cualquier otra cosa sería asistencia por parte de otros. 
Permítanme decir, a la atención de la Comisión y el Consejo, que los socialdemócratas no creemos que esta definición de autoasistencia pueda negociarse en un procedimiento de conciliación. 
De ahí no nos moveremos, ni aquí ni en el procedimiento de conciliación. 
Quiero señalar que la Directiva contiene viarias disposiciones que tratan- en beneficio de los trabajadores- la protección social, los aspectos de seguridad social y su cualificación para los trabajos que desempeñan. 
Creo que la comisión ha hecho un excelente trabajo en estos aspectos, y los socialdemócratas han presentado enmiendas para introducir mejoras globales. 
Ustedes pueden votar mañana a favor de todas estas enmiendas, y entonces todo será un poco mejor para los trabajadores. 
Por último, me remito a la cuestión de los servicios de practicaje, un aspecto en que la Comisión se mostró muy deseosa- el Consejo no tanto- de introducir la competencia. 
Creemos que esto es un error. 
Como medios de transporte, los barcos están sometidos a tantas restricciones y se enfrentan a una competencia tan grande que a menudo la seguridad se deja de lado. 
Como hemos visto en los casos del Prestige y el Erika, los prácticos deben responder de la seguridad de los barcos. 
Por lo tanto, no tienen nada que ver con esta Directiva. 
En general, como ha indicado el Sr. Jarzembowski, ahora hemos prestado mucha atención a la competencia en los puertos. 
Mi principal problema sigue siendo la competencia entre unos puertos y otros, que es el aspecto en el que la Comisión no ha hecho lo suficiente. 
Esperamos que la Comisión nos presente ahora algo positivo en este ámbito, de forma que lleguemos a abordar realmente el problema de la competencia entre puertos. 
Señora Comisaria, el acceso a los servicios portuarios debe ser lo más abierto posible, y un puerto debe poder operar de la mejor manera posible. 
Esta Directiva es una contribución, pero también necesitamos directrices para la ayuda gubernamental y una directiva sobre relaciones financieras transparentes entre el sector portuario y el Gobierno. 
Estamos elaborando también, y con razón, normas que crean un marco para la libre circulación de servicios y, también con razón, incluimos aspectos específicos de los puertos. 
Los sindicatos están asimismo en lo cierto al señalarnos los riesgos de los puertos de conveniencia, puertos en los que todas las normas sociales se tiran por la borda, al igual que existen banderas de conveniencia, pabellones baratos, para los barcos. 
Por este motivo debemos imponer requisitos- inclusive sociales- a todo aquel que desee ofrecer servicios en un puerto. 
Por este motivo también proponemos introducir la obtención de licencias obligatorias para prestar servicios en los puertos. 
Esto permitirá que se tengan en cuenta aspectos como la seguridad y el medio ambiente, además de las normas sociales y el empleo. 
El accidente del Prestige, un accidente que una vez más centró nuestra atención en la formación y la calidad de las tripulaciones de los barcos, que también estamos tratando aquí, afortunadamente no se había producido todavía en el momento de la primera lectura. 
Desde entonces también hemos tenido una propuesta de la Organización Marítima Internacional sobre la seguridad en los barcos y los puertos, y de hecho ustedes están trabajando sobre la legislación al respecto. 
Por lo tanto, debemos saber quién trabaja en nuestros puertos y en qué condiciones. 
Con una buena política de licencias, las autoridades competentes deberían poder garantizar que un puerto no es un lugar en el que se asumen riesgos de seguridad o medioambientales, que un puerto no es un lugar en el que se permite el dumping social, sino que un puerto es de hecho un vínculo vital en una política de transportes europea eficaz y sostenible. 
Esto es algo que necesitamos urgentemente. 
Señor Presidente, esta Directiva sobre la apertura de todos los servicios portuarios a la competencia ya la debatimos en primera lectura. 
Todo el mundo hizo sus comentarios al respecto. Posteriormente, el Consejo manifestó su posición. 
Tenemos ante nosotros una Directiva liberal que, como es costumbre, busca únicamente reducir los costes, en detrimento de todos los demás factores. 
Aunque el ponente, el Sr. Jarzembowski, se ha reunido con muchas personas y ha incluido un número de propuestas de mejora, la situación, el problema fundamental, todavía persiste. 
No ha habido una verdadera consulta con los sindicatos u otras partes implicadas, a pesar del hecho de que estas instancias están familiarizadas con los requisitos de seguridad y medioambientales y de que cuentan con conocimientos inestimables. 
Por otra parte, el hecho de que sigamos legislando en contra de los trabajadores de este sector se ha puesto de manifiesto esta tarde con la imponente manifestación de los trabajadores portuarios. 
A este respecto, apoyo la protesta del Sr. Wurtz, presidente de mi Grupo, en el sentido de que la actitud de la policía hacia los manifestantes ha sido inaceptable. 
Como ha dicho, la protesta de los trabajadores es legítima. 
A la vista de que se está destruyendo su actividad y sus empleos, no podemos esperar que vengan a las instituciones europeas con ramos de flores. 
Por otra parte, no se ha hecho una evaluación previa de los efectos de esta liberalización, especialmente en lo que respecta a cuestiones importantes como el empleo, la seguridad y el medio ambiente. 
De acuerdo con mi colega diputado, el Sr. Hatzidakis, la liberalización no es un fin en sí mismo, sino un medio para el desarrollo económico. 
Bien, todavía estoy esperando una evaluación. Quiero conocer el efecto de esto sobre otros sectores. 
Ya llevamos esperando bastante tiempo. 
Independientemente de las enmiendas incorporadas, el texto sigue siendo liberal. 
Nos guste o no, la autoasistencia en los puertos será equivalente a permitir el dumping social, pese a las diversas cláusulas de salvaguardia incluidas. Estas se refieren a la seguridad, a la formación requerida del personal e incluso a la naturaleza del personal de a bordo. 
Esta Directiva permite emplear a trabajadores ajenos al puerto para hacer el trabajo de los trabajadores cualificados actualmente empleados. 
El concepto de la autoasistencia comportará inseguridad, peores condiciones de trabajo y empleo y niveles más bajos de seguridad medioambiental. 
Este es un paso especialmente retrógrado en comparación con las prácticas actuales de las flotas comerciales, que han demostrado que las consecuencias pueden ser muy graves para la Unión Europea. 
Empleados como los trabajadores portuarios desempeñan una función económica muy importante en condiciones difíciles, al tiempo que mantienen los niveles de seguridad. 
Servicios como el practicaje y amarradero no están comprendidos en esta Directiva, aunque están universalmente reconocidos como servicios de interés general. 
Creo que todos estos sectores deberían considerarse socios en la búsqueda del desarrollo sostenible. 
Por último, tras los daños causados por el Prestige, he tenido ocasión de reunirme con profesionales del sector marítimo en Francia para debatir sobre cuestiones de seguridad. 
Todos ellos insistieron en que la seguridad marítima comienza en los puertos. 
Por lo tanto, creo que las medidas aquí adoptadas tras el hundimiento del Prestige y la decisión tomada hoy de imponer la autoasistencia son totalmente contradictorias. 
Estas son, por lo tanto, las razones por las que mi Grupo seguirá rechazando la Posición Común. 
Señor Presidente, señora Comisaria, ponente, la apertura de los mercados, la liberalización, los servicios portuarios: estos son los temas centrales, pero hoy hemos estado hablando naturalmente de determinados elementos concretos, dos para ser exactos: la autorización y la obtención de licencias para estos servicios y esta nueva prestación de servicios, y la autoasistencia. 
En ambos casos puede verse afectada la situación de los trabajadores. 
Por lo tanto, quiero decirle a la señora Comisaria que desde mi punto de vista estoy a favor de que haya más transporte marítimo, de sustituir otras formas de transporte, por ejemplo, pero no estoy a favor de mermar los derechos sociales. 
Por lo tanto, quiero expresar mi preocupación sobre lo que está pasando aquí, no solo como ponente alternativo sobre este tema en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sino también como presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Cuando vemos lo que plantean en la actualidad las asociaciones empresariales- y otros, dicho sea de paso -, tema sobre el cual me gustaría que se explayara también un poco más la señora Comisaria, a saber, que existe un conflicto entre los convenios de la OIT- la Organización Internacional del Trabajo- nº 137, relativo a las actividades portuarias, y nº 152, relativo a las condiciones de trabajo de dichas actividades portuarias, y la Directiva de la UE en su forma actual, entonces me pregunto si no nos hemos adelantado a los acontecimientos. 
Parece que hay un problema importante, y me gustaría saber si realmente existe, dado que todavía no hemos llegado al final del camino. 
En segundo lugar, uno de los motivos por el que la gente que protesta en la actualidad está enfadada es el hecho de que varias enmiendas que pretendemos introducir, relativas entre otras cosas a la autorización, las licencias y el artículo 13 sobre autoasistencia, se han declarado inadmisibles. 
Las cosas cambian en el mundo, las personas vienen con nuevos argumentos, y espero que el Presidente también nos permita hacer mañana algo al respecto. 
Por lo demás, estoy de acuerdo con el Sr. Jarzembowski y otros en que esta Directiva portuaria sobre la competencia en los puertos es totalmente inadmisible si no contamos con un mecanismo simultáneo, un reglamento, sobre la competencia entre puertos. Todavía estamos esperándolo. 
Pido que relacionemos estos dos aspectos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, cuando hace un tiempo examinamos aquí el Libro verde sobre puertos e infraestructuras marítimas, el Parlamento se delimitó claramente el ámbito en que a nuestro entender la Comisión debería trabajar. 
En primer lugar, el inventario sobre la financiación y el sistema de aranceles portuarios, normas claras sobre las ayudas estatales a los puertos y, por último, la adopción de medidas que garanticen el acceso al mercado de los servicios portuarios a través de instrumentos legislativos establecidos por iniciativa de la Comisión y dentro de sus competencias. 
Sin embargo, la Comisión, en contra de lo que se le pidió, decidió proponer una Directiva sobre servicios portuarios y omitir lo que el Parlamento le había encargado: normas claras sobre las ayudas estatales. 
Quizás sea este uno de los motivos por los que la Directiva, a pesar de los cambios que se han introducido, ha sido contestada tan intensamente en distintos niveles, inclusive aquí en el Parlamento, donde se ha presentado un gran número de enmiendas en segunda lectura. 
De hecho, la Directiva no comporta ninguna medida que beneficie a la operatividad y la eficacia de los puertos nacionales en lo que respecta a Portugal, y en su lugar genera burocracia innecesaria y constituye una amenaza potencialmente desestabilizadora para la armonía social que ha marcado las relaciones entre los interlocutores sociales en todos los puertos portugueses. 
No debemos olvidar el hecho de que, especialmente en Portugal, algunas empresas han asumido recientemente obligaciones derivadas de los requisitos legales, como la de tener que absorber a todos los trabajadores contratados en cualquier puesto en los puertos y cuyos intereses deben salvaguardarse ahora. 
Por lo tanto, no podemos aceptar el hecho de que esta Directiva permita a cualquier usuario de los puertos, esté o no acreditado, participar en actividades de manipulación de la carga, contraviniendo la legislación nacional sobre el trabajo o sobre la gestión portuaria, que es de obligado cumplimiento para todos los operadores portuarios, en condiciones distintas a las establecidas, concretamente en lo que respecta al uso del equipo y los trabajadores propios de los operadores, y posiblemente en muelles para los que se ha otorgado una concesión de servicio público. 
Como he dicho, la obligación de los operadores portuarios actuales de absorber a los trabajadores contratados en los puertos con salarios aproximadamente tres veces superiores al promedio en sectores con requisitos operativos idénticos, significa que la Directiva no podrá permitir que un usuario portuario participe en actividades de manipulación de la carga sin tener que estar acreditado, empleando por lo tanto a trabajadores en condiciones más favorables que las que vinculan a los actuales operadores portuarios conforme a la legislación y conforme a los acuerdos establecidos por convenio colectivo. 
A este respecto, mantenemos claramente que la autoasistencia debe limitarse al trabajo de la propia tripulación de un barco, como el propio término de «autoasistencia» indica, y utilizarse como complemento del operador portuario y en conjunción con el mismo. 
La autoasistencia es el aspecto más controvertido de la Directiva y el aspecto que tendrá mayores implicaciones para los agentes económicos, especialmente en mi país, sobre todo para los agentes económicos portugueses, en el caso de que la formulación que acaba de aprobarse no salvaguarde los principios previamente especificados. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, aunque esta propuesta de directiva ha sido notablemente modificada, no creo que sea ahora ni un ápice más idónea que lo que era en primera lectura. 
Desde mi punto de vista, las razones para excluir los servicios de practicaje del ámbito de aplicación de la Directiva deben aplicarse a todos los servicios náuticos de carácter técnico. La calidad del servicio y la seguridad de las operaciones forman parte de todos estos servicios. 
Esta Directiva tiene un único objetivo. Pretende establecer la libre competencia, lo que al parecer implica abrir a la compatencia los mercados considerados suficientemente rentables. 
Aunque se reconoce la eficacia y la fiabilidad de los servicios públicos, esto se ve eclipsado por el interés, o más bien los intereses derivados del proceso. 
La autoasistencia es un ejemplo de esta visión liberal. Aunque ahora tiene un marco mejor definido, en su mayor parte ignora los altos niveles de seguridad que rigen actualmente. 
¿Es realista imaginar que las dos funciones que actualmente cumplen profesionales cualificados sean encomendadas en el futuro a trabajadores no especializados de un modo totalmente fragmentado? 
Los trabajadores portuarios han expresado su descontento con las manifestaciones en Bruselas el viernes y esta tarde en Estrasburgo. 
Las manifestaciones muestran hasta qué punto están desencantados con las instituciones europeas que están alejadas de la realidad y de las preocupaciones de los ciudadanos de Europa. 
Ven cómo las autoridades se aferran obstinadamente a sus posturas dogmáticas. Esto es tanto más inaceptable cuando se trata de cuestiones de seguridad. 
No voy a insistir en cuestiones que ya han planteado algunos de mis colegas diputados en el debate sobre el documento anterior. Han señalado las repercusiones negativas de los anteriores casos de liberalización, que resultaron impopulares por estar mal preparados y fueron impuestos. 
Después de los accidentes del Erika y del Prestige no se puede alegar ignorancia o sostener que tales percances eran muy improbables. 
Si ocurren accidentes, la Unión Europea y sus instituciones han de actuar conforme a su responsabilidad ante los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, huelga decir que me opongo enérgicamente a la Directiva que tenemos ante nosotros, especialmente en lo que respecta a la autoasistencia. 
Quiero expresar categóricamente mi plena solidaridad con los trabajadores que han venido a Estrasburgo hoy para manifestarse. 
Después de todo, por la experiencia práctica en mi propio país, Flandes, sabemos que el sistema común con trabajadores portuarios reconocidos garantiza que contamos con personas cualificadas y motivadas que trabajan en nuestros puertos y que pueden considerarse entre los trabajadores más cualificados del mundo. 
Son su dedicación y sus conocimientos profesionales los que hacen que nuestros puertos sean organizaciones de manipulación rápidas, competitivas y especialmente seguras. 
Me gustaría saber por qué algo que de hecho es perfecto debe modificarse o desmantelarse. 
El desmantelamiento de este sistema común y del monopolio de los trabajadores portuarios no solo dará lugar al enésimo cementerio social, sino que también socavará la seguridad de nuestros puertos, desestabilizará la paz social con la que contamos, inutilizará la fuerza de nuestros puertos e incluso reforzará el sentimiento antieuropeo. 
Después de todo, el ciudadano de a pie debería darse cuenta de que los sólidos expedientes europeos o los expedientes con una fuerte dimensión europea que deben desbloquearse con el fin de garantizar nuestra prosperidad no nos llevarán de hecho a ninguna parte. 
Tomemos por ejemplo la línea de ferrocarril de IJzeren Rijn; no ha habido ningún avance al respecto, pero Europa parece considerar una prioridad aquellas medidas que sabemos que solamente darán lugar a una crisis social y un mayor desempleo. 
Europa está dando la impresión de que da prioridad a los intereses de determinadas compañías navieras- compañías que en numerosas ocasiones practican una especie de esclavitud moderna- sobre la supervivencia de sus mejores trabajadores portuarios. 
Solamente un claro «no» o «nunca» servirá de algo ante tanta ciega arrogancia europea. 
Hoy debemos aclarar las cosas al máximo posible a los trabajadores portuarios flamencos: obrar ante todo por tu propia gente es una garantía de seguridad y calidad. 
Señor Presidente, no se trata de una moción de procedimiento, sino de un hecho personal. 
Lo que acabamos de escuchar del Sr. Vanhecke constituye una afrenta personal, no solo una afrenta a mi persona, sino a todos los diputados flamencos que han trabajado durante meses junto con los directores de los puertos y los sindicatos para convertir esta Directiva en algo bueno. 
Entonces, el Sr. Vanhecke llega aquí y aporrea su tambor. 
Ni si quiera ha tomado una sola iniciativa propia; en la primera lectura incluso se abstuvo sobre el tema de la autoasistencia y ahora viene y trata de adjudicarse puntos. Esto es inaceptable; es inaceptable para todos los diputados que han trabajado con tanto ahínco: la Sra. Smet, el Sr. Sterckx, la Sra. Maes, la Sra. Van Brempt, el Sr. Dhaene y yo mismo. 
Protesto. 
Señor Presidente, el libre acceso a los servicios portuarios es muy importante para garantizar la competencia leal en los puertos. 
La competencia entre los puertos también es importante, así que la Comisión debe garantizar una mayor transparencia en las inversiones públicas que benefician a los puertos. 
La Directiva actual ha tenido un comienzo confuso, pero por fin tenemos un buen documento sobre la mesa. 
Quiero comentar dos aspectos. 
En primer lugar, la autoasistencia. 
Los trabajadores portuarios se manifestaron la semana pasada y lo hacen hoy delante de los edificios del Parlamento. 
Tienen todo el derecho a hacerlo, pero si alguna vez ha habido una directiva que tuviera en cuenta todos los derechos e intereses de los trabajadores portuarios, sin duda es esta Directiva. Su situación y su posición social está muy bien protegida mediante varios artículos de la Directiva, así como su formación y sus cualificaciones profesionales. 
Por mucho que los empresarios portuarios lo deseen, no será posible utilizar a trabajadores con escasa formación y no cualificados que puedan suponer una amenaza para la seguridad de los puertos. 
Sin embargo, lo que sí queremos dejar claro- y todos hablan siempre de los derechos de los trabajadores, señor Bouwman- es que los empresarios también tienen derechos, aunque nunca los defienda nadie. 
El derecho del empresario a saber con quién trabajará es, en mi opinión, el derecho del empresario. 
Por lo tanto, no apoyo la enmienda nº 13, en la que la autoasistencia se atenúa una vez más, y eso en una definición, ¿será posible? 
Para garantizar que todos los Estados miembros cuentan con normativas en las que todo está garantizado, he presentado la enmienda nº 28, como habíamos prometido después de consultar con la FNV. 
El segundo punto de interés trata de los servicios de practicaje. 
Comparto sin reservas el punto de vista del Consejo sobre este tema. 
En la formulación del Consejo, los Estados miembros pueden liberalizar sus servicios de practicaje si lo desean, pero deben hacerlo conforme a la Directiva. 
En otras palabras, con toda la protección y las cualificaciones profesionales que esto implica. 
No estoy a favor de eliminar a los prácticos de la Directiva. 
La Posición Común es un texto equilibrado que no deberíamos retocar demasiado. 
Puntos importantes como las disposiciones sobre transparencia, la duración de las licencias, los puertos nuevos y las disposiciones relativas a la compensación que deben pagar los proveedores de servicios cuando se quedan fuera de un período contractual, son en mi opinión claras. 
A mi entender, el acuerdo de compensación puede mejorarse preferiblemente entre las partes del mercado implicadas sin interferencia externa. 
El texto de la Posición Común hace mucha más justicia a la gran diversidad de situaciones y normativas sobre este punto que las enmiendas presentadas. 
Señora Comisaria, debo reiterar la postura de los socialistas europeos sobre este documento. El examen de este informe comenzó de modo confuso durante la primera lectura. 
En primer lugar, creemos que si queremos conseguir el objetivo de la movilidad sostenible en el marco de nuestra política portuaria, como propone el Libro Blanco, el problema de la competencia en los puertos realmente no es el modo más adecuado ni oportuno de plantear la cuestión. 
Están en juego problemas relativos al desarrollo de distintas zonas, el equilibrio norte-sur y los problemas de congestión en la zona de Pas-de-Calais, en particular. 
Nos parece que la Comisión no ha respondido a este problema y está mostrando prisa por liberalizar servicios portuarios que consideramos que no tendrán un efecto real. 
En segundo lugar, aunque estamos a favor de la competencia, esta debe tener una base equitativa. 
La Comisaria ha dicho hace unos instantes que existe una relación de uno a tres entre los precios aplicados por distintos puertos europeos. 
Pese a que esto es probablemente cierto, la principal explicación reside en las condiciones sociales radicalmente diferentes de los distintos países. 
Sin directivas sobre aspectos sociales, convenios colectivos y estatutos armonizados, lo que ha sucedido por ejemplo en el transporte por carretera sucederá también en los puertos. 
En otras palabras, la competencia no será leal, sino que comportará una confluencia a la baja de las condiciones sociales. 
Los trabajadores portuarios entienden bien que no estamos instaurando la competencia, sino un terrible mecanismo de reducción de los precios y los salarios. 
En tercer lugar, nos oponemos totalmente al modo en que se ha introducido el concepto de autoasistencia. 
¿Por qué nos oponemos? 
Tememos que la autoasistencia simplemente sea una excusa para un importante dumping social. Queremos plantear las siguientes preguntas. 
¿Cómo podemos garantizar que se cumplirán las normas sociales nacionales si todas son diferentes? ¿Quién garantizará el cumplimiento de las normas sociales? 
¿Cómo podemos garantizar que las tripulaciones multinacionales, formadas por filipinos y malasios, por ejemplo, respeten las normas sociales? 
¿Cómo podemos garantizar la competencia leal con los trabajadores del puerto? 
Por este motivo proponemos que se rechace la Posición Común. Esto es también sin duda por lo que los trabajadores portuarios están manifestando su descontento. 
Señor Presidente, con toda la conmoción que hay fuera, la Directiva portuaria es quizás más controvertida en segunda lectura que durante el primer debate. 
Todavía no hemos decidido si mañana excluiremos realmente los servicios de practicaje. 
Por lo tanto, en el horizonte asoma la mediación con el Consejo. 
Como liberal, no estoy nada contento con el alcance. 
Me hubiese gustado una mayor libertad de acción, especialmente en la cuestión de la autoasistencia. 
Tengo varias enmiendas que permiten que los autoasistentes descarguen la carga tanto en el barco como en el muelle. 
Creo que el temor de los sindicatos ante el dumping social es una tontería. 
Pueden incorporarse garantías suficientes. 
En concreto, me parece lamentable que las personas que ocupan puestos de mando se comuniquen tan mal con el personal de a pie. 
No hay amenaza, solamente hay oportunidades. Oportunidades de demostrar que tienen más experiencia, que saben trabajar sin problemas y eficazmente y que por lo tanto pueden ofrecer un buen precio. 
En última instancia, de lo que estamos hablando es de mejorar la calidad y de prestar más servicios, pero no podemos permitir que se desarrolle un monopolio. 
Cerrar filas y detener la modernización irá en última instancia a expensas de las condiciones de trabajo de los propios trabajadores portuarios. 
Señor Presidente, hoy ha quedado claro una vez más lo lejos que está la toma de decisiones en la Unión Europea de la realidad de las personas a las que concierne. 
En este caso, dichas personas son los trabajadores de los puertos. 
Hubo un tiempo en que había muchos; su trabajo era sucio y peligroso, y estaba mal pagado entonces. 
Organizándose han podido mejorar estos aspectos y protegerse de la contratación externa de trabajo no cualificado y mal pagado por parte de contratistas ilegales. 
Hace años, el Parlamento Europeo solicitó normas para regular la competencia entre puertos, especialmente entre los que sirven al mismo hinterland, como los del Mar del Norte. 
Se ha despilfarrado mucho dinero público en aranceles excesivamente bajos e instalaciones excesivamente generosas para complacer a las compañías navieras. 
La Comisión Europea ha retomado ahora este tema, pero no con la idea de limitar la competencia entre los puertos, sino para promoverla dentro de los mimos. 
Esta competencia está pisoteando a los trabajadores portuarios, lo que comporta un regreso a la antigua situación. 
El principal objetivo es recortar todavía más los costes de la mano de obra. 
Gran parte del trabajo ya está mecanizado, y en la actualidad el coste laboral en el puerto representa solamente una parte insignificante del coste de las mercancías, pero aún así quieren recortarlo. 
Es cierto que la enmienda limita las posibilidades de que tripulaciones muy mal pagadas de países en desarrollo lleven a cabo la carga y la descarga en los muelles en vez de los trabajadores portuarios registrados del lugar, pero esto es difícil de controlar. 
Cabe prever en los próximos años un gran número de disputas en torno al incumplimiento de las normas y la distorsión de la competencia. 
Esto no estaba suficientemente claro para los sindicatos en la primera lectura en noviembre de 2001. 
Desde entonces se han puesto de acuerdo en rechazarlo absolutamente a escala europea, pero muchos de los elementos que les afectan han quedado ahora inhabilitados para la segunda lectura, y se ha mantenido a los manifestantes lejos de este edificio. 
La única arma que le queda a la gente contra esta sinrazón es la huelga. 
Para evitarla hay que abandonar la propuesta entera, como han recomendado más del 40% de los diputados en la votación celebrada en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Organización Internacional del Trabajo ha considerado necesario regular el trabajo portuario, precisamente porque este tiene mucho que ver con la seguridad y porque es un ámbito en que ha habido dumping social. 
Muchos países han firmado estos convenios, y ustedes dirán naturalmente: «Tampoco nosotros nos oponemos y también dejamos que estos países se organicen más». 
Mi país también quiere poder mantener su «legislación principal» , pero está claro que no es esto de lo que se trata. 
Lo que temen los trabajadores portuarios, y es en este aspecto en el que comparto su ansiedad, es el hecho de que la seguridad en los puertos se sacrificará en aras a los precios baratos. 
Muchas personas han mencionado ya el accidente del Prestige. 
¿Vamos a ser testigos de accidentes graves como este en el futuro cuando se cargue y se descargue la mercancía? 
El otro gran riesgo es el del dumping social a causa de la autoasistencia. 
Señora Comisaria, ¿es esto realmente lo que usted pretende, la competencia a través del dumping social? 
No creo que debamos enfilar ese camino. 
Hemos de asegurar que se introduzca el sistema de licencias obligatorias. 
Por lo tanto, realmente no estoy de acuerdo con lo que ustedes defienden, ya que estoy segura de que cualquiera que esté sometido a estrictas normas de obtención de licencias también experimentará una distorsión de la competencia. 
Tendrán que subir tanto los precios que se quedarán fuera del mercado, y se aparecerán puertos salvajes, del mismo modo que ya vemos cómo navegan barcos con bandera de conveniencia que son el terror de los mares. 
Señor Presidente, hoy los trabajadores portuarios se han manifestado en contra de esta medida delante de este Parlamento. 
He tenido que abrirme paso entre gases lacrimógenos para acceder al edificio. 
Como nuevo diputado he pensado que quizá sea práctica habitual. 
Ya ha habido una protesta en Bruselas y sin duda habrá muchas más. 
Sin embargo, esta Directiva ofende no solo las expectativas de los trabajadores, sino también a las empresas portuarias, que han invertido mucho en instalaciones e infraestructura. 
Estas disposiciones que se proponen sumirán sus negocios en el caos. 
Por este motivo hemos votado en contra de la medida en primera lectura. 
Ahora vemos varias enmiendas, lo que tipifica el planteamiento de este Parlamento: tratar de mejorar un poco algo que es intrínsecamente imperfecto. 
Si este Parlamento representara realmente los deseos del pueblo, rechazaría esta Directiva, pero no lo hará. 
Esto demuestra lo que ya sabemos: este Parlamento no tiene nada que ver con la representación de los deseos del pueblo; tiene su propio plan, que no tiene nada que ver con la democracia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, no estoy de acuerdo con la opinión de que el Parlamento ha traicionado a los votantes al trabajar en torno a esta Directiva. 
Respaldo la propuesta de Directiva y el equilibrio alcanzado, gracias entre otras cosas a la labor del Parlamento. 
Creo que la apertura al mercado podría ser positiva, entre otras cosas en lo que respecta al acceso a los servicios portuarios, pero únicamente en las condiciones especificadas e introducidas con las enmiendas del Parlamento: solo si se garantizan rigurosamente la seguridad, las cualificaciones profesionales, las normas contractuales y sociales y la protección medioambiental en aquellos casos en que están implicadas todas las empresas y todos los tipos de servicios relacionados con aspectos de los distintos servicios portuarios. 
Lo mismo debe aplicarse a la autoasistencia. 
No me opongo por principio a la autoasistencia, pero no debe convertirse en una excusa para promover formas de dumping social y formas de economizar en materia de cualificación profesional o seguridad. 
Esta es una competencia transparente. 
Se aplica también a los nuevos puertos, con el fin de garantizar la disponibilidad de inversiones privadas. 
El control directo sobre los servicios y los proveedores debe ser posible, y es muy aconsejable, pero cumpliendo debidamente estas condiciones: cualificación profesional, normas contractuales y sociales, protección medioambiental y seguridad. 
Si no se cumplen estas condiciones, juntaremos cosas que son muy distintas que ni servirán adecuadamente a los intereses que representamos ni nos acercarán a los objetivos que queremos alcanzar con esta Directiva. 
Espero que se mantenga el equilibrio alcanzado por el Parlamento. 
Señorías, señora Comisaria, esta tarde hemos visto que nuestras Directivas realmente tienen algún efecto sobre los ciudadanos de Europa. 
En concreto hemos visto que los trabajadores portuarios están enfadados, muy enfadados, y también desesperados. 
¿Por qué? 
Posiblemente porque en este Parlamento se les presta oído en muy raras ocasiones. 
Sin embargo, es más probable que sea porque están en contra de una Europa fría y liberal que subordina la seguridad, la seguridad laboral y la salud, las cuestiones sociales y los puestos de trabajo, a un dogma ciego de liberalización. 
También están enfadados por la propuesta que usted lanzó en febrero de 2001, señora Comisaria, en la que les arrancó de un plumazo su carta social de debajo de los pies. 
No le sorprenderá saber que usted no es muy popular en Bélgica, y todavía lamento que no tuviese el valor de mantener un debate directo con los trabajadores portuarios en Amberes, por ejemplo. 
Este debate podría haber sido ilustrativo. 
En el Parlamento, debimos haber rechazado la propuesta inmediatamente después de la primera lectura, no debimos haberla enmendado. 
Varios colegas ya me han dicho que no es lo que queríamos. 
Así que ¿por qué no la rechazamos? 
Seguiré luchando contra esta Directiva. Mañana votaré en contra y después seguiré haciéndolo. 
Porque todavía no entiendo cuál es su valor añadido, ni siquiera en su forma enmendada, aunque admito que ha mejorado considerablemente. 
Sr. Jarzembowski, le diré por qué los trabajadores portuarios están en huelga. 
Por supuesto, están en huelga porque si ustedes permiten la autoasistencia en otro país, también permitirán directamente la autoasistencia en su propio país debido a las normas sagradas de la competencia, y este es el motivo por el que sigo oponiéndome a la Directiva. 
Espero que rechacemos la propuesta, pero me temo que no seremos capaces de hacerlo. 
Por ello espero que se introduzcan fuertes enmiendas: que la autoasistencia quede fuera y que se introduzcan las licencias obligatorias. 
Hoy he averiguado que sabemos más defender este Parlamento con una fuerza policial que mantener el sistema social en Europa. 
Señor Presidente, en este debate hay que recordar a todos que los puertos, como centros de transporte intermodal, desempeñan un papel clave en el conjunto de la política de transportes europea. 
Sus niveles de eficacia en toda la Unión deben mejorarse mediante el establecimiento de unas condiciones marco acordadas para una competencia leal entre los puertos y dentro de los mismos. 
La propuesta de la Comisión y este compromiso que estamos debatiendo representan un cauteloso comienzo de esta labor. 
Quiero hacer un par de observaciones con respecto al contenido de la propuesta. 
En mi opinión, la duración de las autorizaciones es demasiado larga, y el resultado final con respecto al tema de la autoasistencia no será más que un pequeño paso adelante. 
Podríamos haber ido más lejos, teniendo en cuenta la insistencia de nuestra comisión parlamentaria en la prevención del dumping social. 
Sin embargo, esta Directiva constituye un paso en la buena dirección y el Sr. Jarzembowski merece nuestro agradecimiento por trabajar con tanta perseverancia en esta difícil cuestión. 
Señor Presidente, la competencia y el afán de lucro que desean introducir ustedes en la administración de los servicios portuarios ya se practican en el transporte marítimo. 
Esto ha provocado desastres ecológicos como el del Erika y el Prestige y se hace patente en la contratación de marineros con salarios diez veces inferiores a los europeos. 
Cuando ustedes hablan de reducir los costes de los servicios portuarios, se refieren sin duda a rebajar los salarios, reducir el empleo, aumentar los ritmos de trabajo y eliminar las formas de protección social y salarial contempladas en los convenios colectivos. 
Por lo tanto, nos oponemos a esta Directiva europea, y reclamamos que los puertos y los servicios portuarios, que son útiles para la sociedad en su conjunto, se conviertan en un servicio público. 
Rechazamos la idea de que los trabajadores portuarios compitan entre sí sobre la base de su condición o su origen, porque esto iría en detrimento de todos. 
Todos los que trabajan en los puertos deben beneficiarse de las mismas condiciones salariales y de protección social, modeladas conforme a las más ventajosas disponibles. 
Con respecto a los trabajadores portuarios que se manifestaron delante de lo que se ha convertido en un Parlamento sitiado y que fueron recibidos con bombas de agua y gases lacrimógenos, espero que nos confirmen ustedes, señor Presidente y señora Comisaria, que el manifestante que ha sido detenido esta tarde, tras haberse encadenado en el patio del Parlamento Europeo, ha sido definitivamente puesto en libertad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías. Yo también doy la bienvenida a la tribuna a algunos representantes de los trabajadores portuarios que han entrado. 
Hoy me siento como si estuviese en la Edad Media, en un castillo fortificado. 
¿Qué puedo añadir en un minuto? 
Ya se han dicho muchas cosas, pero esta tarde he mantenido otra reunión con algunos miembros de los sindicatos de trabajadores portuarios y su mensaje me ha impresionado. 
Esta Directiva allana el camino a los puertos de conveniencia. 
Esta Directiva organiza la competencia social entre los puertos europeos, lo que dará lugar al dumping social y también, con el tiempo, a la destrucción de la carta de los trabajadores portuarios que tenemos en Bélgica. 
Nadie lo pide. 
Europa es por lo visto la palanca empleada para abordar problemas en algunos países. 
Permitir la autoasistencia sin licencia obligatoria previa tiene otras consecuencias negativas, como ya se ha dicho aquí: la falta de seguridad y desastres medioambientales en el mar. 
Esto es todo lo que necesitamos. 
Mi Grupo y yo, por lo tanto, vamos a votar en contra de la autoasistencia y a favor de la protección social de los trabajadores portuarios, y espero que algunos colegas diputados socialmente conscientes del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos se adhieran a esta postura. 
Señor Presidente, desde luego entiendo que el llamamiento del Sr. Dhaene a algunos colegas socialmente conscientes del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos está dirigido a mí personalmente, dado que soy uno de ellos. 
Quisiera tratar un solo punto, el de las licencias obligatorias. 
Según estipula ahora la Directiva, los Estados miembros podrán decidir si desean emitir o no licencias. 
Así que pueden elegir a voluntad. 
En otras palabras, los Estados miembros y las autoridades portuarias son libres de decidir si emplean un sistema obligatorio de este tipo o no. 
Sin embargo, al mismo tiempo creamos- y esto no lo entiendo, señora Comisaria- un elemento adicional de distorsión de la competencia en esta misma Directiva. 
Lo que sucederá es que unos puertos cumplirán las normas de obtención de licencias obligatorias e impondrán estrictas condiciones en cuanto a la cualificación de los trabajadores, las condiciones sociales, la seguridad, el desarrollo económico del puerto y demás, y otros puertos no lo harán, lo cual distorsionará en última instancia la competencia entre puertos. 
Por ello se deja en manos de los Estados miembros si deciden hacerlo o no. 
Mi enmienda, que también ha sido presentada por otras personas, sobre la introducción de las licencias obligatorias ha sido declarada inadmisible en la comisión parlamentaria sobre la base del artículo 80 del Reglamento. 
Me acaban de decir que puede que el Presidente de este Parlamento declare ahora estas enmiendas admisibles después de todo, basándose en varios elementos nuevos, a los que se ha referido el Sr. Bouwman. 
Si es este el caso, entonces votaré a favor. 
Apoyo las licencias obligatorias porque estoy a favor de que en todos los puertos existan las mismas condiciones competitivas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, efectivamente, esta Directiva y esta propuesta tienen personalidad propia. 
Empezamos con unas posiciones del ponente, que fueron cambiando y que en estos momentos están transformadas por la propia votación del Parlamento. 
Tengo que felicitar, en primer lugar, al ponente por estar haciendo su trabajo, que es defender la posición del Parlamento y no su posición inicial. 
Además, esta tramitación nos ha servido, precisamente, para entender que el Parlamento debe respetar a la Comisión en su capacidad exclusiva de iniciativa legislativa. 
Algunos parlamentarios han intentado introducir planteamientos, pero esto no ha sido posible, lo que me parece positivo, porque cada uno debe respetar el papel de los demás. 
Con esta Directiva se intenta abrir un espacio europeo del transporte que es absolutamente necesario, porque en el momento actual los espacios estatales no sirven. 
Esta Directiva, con su propuesta de apertura al mercado, intenta dinamizar un modo de transporte muy positivo en su relación con el medio ambiente. 
Hasta ahora el transporte marítimo, excepto en petróleos y en mercancías peligrosas, ha sido secundario, pero ahí hay una posibilidad de que el transporte europeo mejore desde el punto de vista medioambiental, de la congestión y de la seguridad. 
Ya hemos tenido la experiencia del acceso al mercado de otros medios de transporte y no ha habido dramas ni traumas; por tanto, lo que ha habido ha sido un aumento de su capacidad de gestión. 
Es verdad que, en estos momentos, con lo que propone la Directiva no se está hablando de disminuir el número de puestos de trabajo en los puertos. 
Se está hablando de aumentar el número de trabajadores en los puertos al hacer que estos sean más eficientes. 
También hay que olvidar el binomio «liberalización e inseguridad». 
La aviación es un modo de transporte en el que la seguridad es vital y nadie puede pretender que su liberalización reduzca la seguridad. 
No olvidemos, señor Presidente, que el Parlamento ha hecho un gran esfuerzo de aproximación. 
En la conciliación ustedes deben aproximarse en la autoestiba y en el practicaje. 
Señor Presidente, traigo saludos de los trabajadores portuarios finlandeses, que saben cómo cargar y descargar barcos de forma profesional y competente. 
Envían saludos y dicen que la propuesta que tenemos ahora ante nosotros debería ser rechazada. 
Si seguimos adelante, el trabajo de los estibadores se convertiría en un trabajo de «bandera de conveniencia». 
Lo realizarían personas que navegan en barcos con «bandera de conveniencia» y que carecen de las capacidades profesionales especiales necesarias en las difíciles condiciones de hielo y nieve que imperan en el norte para garantizar la seguridad laboral de otros trabajadores portuarios. 
Hemos tenido experiencias amargas con barcos con bandera de conveniencia que violaban abiertamente las cláusulas y condiciones de empleo y las normas de protección medioambiental y de seguridad. 
Bajo el disfraz de la competencia, los armadores tratan de extender ahora la explotación de los marineros del espacio marítimo a los puertos. 
Esto no es aceptable, máxime cuando se hace con la pretensión de que aumenta la competencia. 
Tanto las organizaciones empresariales como de trabajadores están unánimemente de acuerdo en que la competencia no aumentará con esta Directiva. 
Solamente aumentará el dumping económico y social. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el libre acceso al mercado de los servicios portuarios y la igualdad de oportunidades son una exigencia de los Tratados de la Unión y, en este sentido, urge contar con información fiable para regular y controlar que no se produzcan ayudas de ningún Estado a sus puertos, ya que ello atenta contra la concurrencia y libre competencia entre los distintos puertos comunitarios. 
Sin embargo, hay aspectos que no deben ser exclusivamente regulados por la Unión. 
Los Estados miembros y sus entidades constitucionales con competencias en la materia tienen que mantener su capacidad para incluir sus normas específicas en la licitación de los contratos de prestación de servicios y para la protección de los trabajadores afectados. 
Además, el practicaje, el amarre y la estiba, dada su condición de servicios obligatorios, no deben ser incluidos en la Directiva comunitaria, sino que su regulación debe quedar en manos de las respectivas autoridades portuarias, sin perjuicio de que deban respetarse las condiciones sociales europeas. 
Y, al igual que un aeropuerto sería un caos si tuviera varias empresas de controladores aéreos, en un puerto sólo debe haber un servicio de practicaje y uno de amarre y no debe permitirse la autoasistencia, que solamente sería aceptable si se efectuara con personal propio embarcado y, además, contrastadamente cualificado y conocedor del puerto como para no poner en riesgo la seguridad. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Jarzembowski, la industria europea necesita un transporte marítimo eficaz. 
En este terreno, la propuesta de Directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios, en la forma en que aparece en la Posición Común del Consejo, tiene buenos visos de favorecer este objetivo. 
Si se adoptan, algunos de los cambios propuestos ahora por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo en la segunda lectura, socavarán desgraciadamente de modo crucial la capacidad de la Directiva para contribuir a dicho transporte marítimo más eficaz. 
Esto se aplica especialmente a la enmienda al apartado 9 del artículo 4, por la cual desaparecería de la Directiva la disposición que permitiría al sector optar por la autoasistencia mediante el uso de personal con base en tierra. 
Si se adopta esta enmienda, también se impedirá en el futuro a los propietarios de mercancías consignadas cargar sus barcos mediante su propio personal cualificado y autorizado y con sus propios recursos. 
Si se adopta esta enmienda, y otras enmiendas innecesarias, e innecesariamente detalladas, las anticuadas estructuras portuarias desgraciadamente persistirán, en detrimento de la competitividad del transporte marítimo. 
Los diputados moderados suecos creemos, además, que todos los servicios portuarios, incluidos los servicios de practicaje, deberían entrar dentro de la Directiva, ya que esto sería un avance positivo para el comercio europeo, para una industria del transporte marítimo eficaz, segura y competitiva y para que existan mejores opciones en términos de transferencia de mercancías de la carretera al agua. 
Muchas personas quieren lograrlo, pero muy pocas trabajan para hacerlo. 
Un paso en la buena dirección sería rechazar todas las enmiendas que limitan la competencia y apoyar las que realmente están encaminadas a promoverla. 
Espero que el Parlamento así lo haga. 
Señor Presidente, la Comisión nos ha propuesto un marco legal que garantiza el respeto de las normas de competencia y de las libertades económicas con el fin de permitir la libertad de acceso al mercado para los servicios portuarios. 
La iniciativa puede considerarse constructiva en un principio, pero dados los desastres marítimos experimentados en Europa en los últimos años, estarán ustedes de acuerdo en que existe la necesidad de garantizar que las normativas que se aprueben cumplan las exigencias de seguridad marítima. 
Por este motivo es importante que el texto adoptado considere separadamente cada servicio porturario particular. 
En la primera lectura presenté dos enmiendas concebidas para excluir los servicios de practicaje y amarradero del ámbito de la Directiva. 
La Asamblea votó a favor de las mismas, lo cual me complace. 
En la segunda lectura, nuestro ponente, el Sr. Jarzembowski, propuso una vez más que los servicios de practicaje quedasen excluidos del ámbito de la Directiva, propuesta que el Consejo rechazó. 
En interés de la coherencia con nuestra votación en primera lectura y con el fin de permitir a los prácticos que sigan contribuyendo a la protección medioambiental y a la seguridad en los puertos comunitarios, solicito por lo tanto un voto a favor de excluir los servicios de practicaje del ámbito de la Directiva. 
Sobre la cuestión de excluir los servicios de amarradero, creo que sería preferible no liberalizar este servicio, que es también uno de los aspectos principales de la seguridad portuaria. 
Una apertura a la competencia sería un poco más aceptable para los correspondientes servicios si se reformulasen determinados puntos de la Directiva, como la autoasistencia. 
Si opta por la autoasistencia, el armador debe garantizar que esta se mantenga durante toda la operación. 
Debemos evitar la adopción de normativas que permitan un sistema a la carta. 
Por este motivo les animaría, Señorías, a que voten a favor de la enmienda 13 con el fin de limitar la autoasistencia al personal embarcado. 
. (ES) Señor Presidente, Señorías, quisiera, en primer lugar, agradecerles todos los argumentos y todas las reflexiones y discusiones, incluso aquellas que rechazan la propuesta de la Comisión. 
Me parece importante que se pueda debatir y que aporten sus argumentos. 
Lo que pasa es que hay algunas cuestiones que yo querría clarificar porque, al oír algunas cosas que se han dicho aquí, parece que estamos hablando de textos distintos. 
Primero, como cuestión general, ¿queremos o no queremos un sistema de transportes competitivo en el sector marítimo que pueda engranarse en una red intermodal y que pueda ser una alternativa al transporte por carretera? ¿Sí o no? 
Segundo, aquí entramos en plena ideología. 
Algunos de ustedes creen que el monopolio es la situación ideal. 
Yo, Señorías, creo que, en principio, cuando se puede apostar por la sana competencia es mucho mejor que una situación de monopolio. 
Esto es una cuestión ideológica sobre todo. 
Dicho todo lo cual, los hechos parece que apuntan más hacia un lado que hacia otro. 
Es verdad que hay elementos, zonas, segmentos de mercado, que, por falta de tamaño, que por falta de talla, no permiten que haya varios operadores. 
Pero cuando hay competencia las cosas funcionan mejor. 
Hay mayor calidad de servicio, mejores precios y mejores costes, y más competitividad. 
Señorías, nuestro sector aéreo, como ha sido dicho hace un momento, no parece que se haya venido abajo porque hayamos introducido la competencia. 
Este mismo Parlamento quiere introducir la competencia en el sector del transporte ferroviario y lo ha votado mayoritariamente. 
Se trata de introducir también la competencia en los servicios portuarios en los grandes puertos. 
Señorías, dicen que esto acaba con la seguridad y me vinculan esto con el Prestige. 
¿Qué tiene que ver esto con el Prestige? 
Estrictamente nada, Señorías. 
No tiene nada que ver. 
Lo siento, son cosas distintas. 
Además, nadie está pidiendo que se reduzcan los elementos de seguridad. 
Por eso, en el terreno del pilotaje, del amarre, en todo este tipo de terrenos se ponen cautelas específicas y especiales, incluso en la estiba. 
Se dice que las autoridades portuarias, que son las que tienen mejor conocimiento, pueden regular, en su caso, las condiciones- que puede ser un certificado, que puede ser unos conocimientos probados-. 
Dejamos que las autoridades portuarias desarrollen este aspecto en función del mejor conocimiento de la situación en cada puerto europeo. 
Señorías, quiero decir que esto es una propuesta a favor del transporte en general y también a favor de crear más empleo en nuestros puertos y de tener unos puertos más competitivos, que tengan más actividad y que puedan cooperar al desarrollo económico de la Unión Europea. 
Esto es lo que estoy haciendo, efectivamente, en el transporte, en los puertos, en el resto de los sectores del transporte, y en la energía. 
Esto es sencillamente lo que hay detrás del espíritu de Lisboa. 
Efectivamente, es una cuestión de planteamiento de fondo y lo que estamos planteando aquí es el modelo europeo. 
Ahora entro al segundo punto que se ha planteado, que es el dumping social. 
Señorías, nadie quiere un dumping social. 
Nadie. 
Queremos más trabajo para más actividad en los puertos y, además, con unas garantías y unas condiciones sociales adecuadas. 
Porque el modelo europeo, precisamente, es que se introduce la competencia manteniendo los estándares y las garantías sociales. 
Ese es el modelo europeo, que es una liberalización regulada, que no es una auténtica liberalización. 
Porque liberalización y regulación, en principio, parece que se contradicen y, sin embargo, en Europa estamos siendo capaces de combinar los dos elementos: las ventajas del mercado con las garantías de un sistema de solidaridad. 
Y eso es lo que estamos haciendo, Señorías. 
Yo les leería a sus Señorías dos cosas. 
Una, ¿qué quiere decir self-handling? ¿Qué se entiende por autoasistencia? 
El artículo 9 dice que autoasistencia es la situación en que los servicios portuarios puedan ser suministrados para la empresa o para uno mismo utilizando personal regular, no personal temporal ni cogido para la acción en concreto, sino «personal propio fijo con base e tierra y/o embarcado». 
La clave está en que estamos hablando de personal regular. 
Pero, además de personal regular, les recuerdo que el artículo 13 en su apartado 2 dice que las reglas nacionales relativas a normas de empleo y normas sociales serán obligatorias y que no se puede hacer dumping social. 
Señorías, léanse lo que ha quedado al final en este texto, por favor. Porque el texto para mí es claro y meridiano. 
Creo que hay que ver qué es lo que estamos haciendo. 
No estamos pretendiendo ni rebajar los niveles de seguridad, ni hacer dumping social, ni nada por el estilo. 
Con estos miedos que tienen sus Señorías a las liberalizaciones, por ejemplo Ryan Air o Virgin no funcionarían, estaríamos todos en monopolio de Estado, y creo que más de una de sus Señorías se benefician de Ryan Air y de Virgin. 
Yo también. 
Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. 
Y por esto no hemos rebajado la seguridad en el transporte aéreo en Europa. 
No digamos lo que no es, por favor. 
Comprendo que ha habido una protesta delante de este Parlamento. 
Sus Señorías son políticos. 
Yo también. 
Hay que escuchar a todo el mundo, pero no digamos lo que no es. 
Nadie está planteando dumping social. 
Estamos hablando, al revés, de garantizar las normas sociales y las exigencias en cuanto a empleo, y de personal regular, no personal eventual. 
Si lo limitamos solo al personal embarcado, ahí es donde, al revés, yo creo que estamos cogiéndolo por el mal lado. 
Creo que hay que considerar igual el personal regular en tierra. 
El tercer elemento en el que han vuelto a insistir sus Señorías es el de la competencia entre puertos. 
Se trata, por supuesto, de competencia entre puertos. 
Lo que hay que hacer es que esa competencia no sea desleal. 
Y en eso coincido con sus Señorías y con el ponente, Sr. Jarzembowski, muy especialmente. 
En ese sentido, respecto a la enmienda 10, a ver si buscamos una fórmula que pueda clarificarla todavía más, dentro de lo que son los límites y los márgenes que plantea el Tratado, que, evidentemente, no podemos cambiar al hilo de este texto. 
Por último, la cuestión mencionada por el Sr. Savari de la oportunidad. 
Él decía que hiciéramos todo menos esto. 
Mire, Señoría, los problemas del sector marítimo, la seguridad marítima... , esta Cámara ha trabajado mucho, lo mismo que la Comisión y el Consejo para mejorar la seguridad marítima y sabemos, y sus Señorías saben perfectamente, que si hubieran estado en vigor las normas que propusimos, muy posiblemente habríamos podido evitar el último accidente. 
Todavía se puede hacer más y lo vamos hacer. 
Pero no digamos que hemos empezado por los puertos porque no es cierto. 
Al revés: terminamos casi por los puertos. 
Tenemos un problema gravísimo de transporte en Europa y hay que buscar soluciones alternativas al transporte por carretera y al transporte por ferrocarril, es decir, al transporte terrestre. 
En una Europa ampliada, en que ampliamos las distancias, el sector marítimo tiene muchas más posibilidades y mucho más sentido haciendo cabotaje europeo. 
Pero para hacer cabotaje europeo y de verdad ser competitivo con los otros sistemas de transportes, concretamente los terrestres, necesitamos tener unos servicios portuarios eficientes. 
Y eso es lo que pretendemos, una vez más, introducir competencia en los grandes puertos- insisto- de una manera regulada, dando garantías sociales y dando garantías de seguridad. 
Eso es sencillamente el modelo europeo. 
Muchas gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
Lamento profundamente que el Consejo y el Parlamento no hayan sabido escuchar las protestas de las decenas de miles de trabajadores que, en toda Europa, se han levantado contra esta propuesta de Directiva y que hoy se manifiestan en Estrasburgo. 
La Posición Común aprobada por el Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios merece los comentarios siguientes: 
la «autoasistencia» pondrá en peligro el empleo, además de las condiciones sociales de los trabajadores portuarios, dado que no consagra el respeto de la legislación y los convenios colectivos vigentes en los Estados miembros, 
viola el convenio 137 de la OIT en materia de estabilidad del empleo en el sector; en materia de estabilidad de los rendimientos del trabajo derivados del empleo de los trabajadores adscritos al sector; y en materia de derecho de prioridad en la obtención de trabajo en los puertos, 
viola principios constitucionalmente consagrados en Portugal, que imponen, como mínimo, la consulta previa a las organizaciones que representan a los trabajadores, 
contradice objetivos anunciados de refuerzo de la seguridad marítima al permitir la utilización de servicios náuticos y la manipulación de cargas por parte de entidades ajenas a los puertos y que, por lo tanto, no disponen de un conocimiento profundo de sus características. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, relativa a la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la promoción del uso de los biocarburantes para el transporte [12695/1/2002- C5-0585/2002- 2001/0265 (COD) ] (Ponente: Sra. Ayuso González). 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, por fin hemos conseguido un acuerdo para que esta Directiva sea aprobada, de forma que podamos ofrecer un marco estable a las empresas que están invirtiendo en estos carburantes. 
Quisiera destacar y agradecer la colaboración con los distintos ponentes- la Sra. Rothe, los Sres. Kronberger y Clegg -, que ha sido excelente. 
Confío en que el miércoles todos apoyemos esta Directiva. 
El texto final no es el que el Parlamento habría deseado, ya que se pronunció en primera lectura en favor de unos objetivos vinculantes. 
Señora Comisaria, la felicito por esta segunda Directiva para fomentar las energías alternativas, renovables y respetuosas con el medio ambiente. 
Pero lamento de verdad no poder hacer extensiva esta felicitación a otros miembros del Colegio de Comisarios, que se resisten a proponer medidas coherentes que faciliten, desde otras políticas, el cumplimiento de esta Directiva. 
Me refiero concretamente a la DG Medio Ambiente, que, desde 1998, tiene pendiente la fijación de especificaciones técnicas para biocarburantes y flotas cautivas, tal y como se recoge en la Directiva 98/70/CE. 
Fijar estas especificaciones es urgente y se ha perdido, inexplicablemente, la oportunidad de hacerlo, con motivo de la reciente revisión de la mencionada Directiva 98/70/CE. 
Todo apunta a que tendremos que esperar al año 2005, en que se va a revisar esta Directiva, para disponer de unas especificaciones claras. 
Espero que no sea así y que el problema pueda resolverse antes. Porque mientras no existan estas especificaciones no habrá estándares de calidad que aplicar a los biocarburantes. 
Se trata de una importante laguna en lo que se refiere a la calidad de los carburantes comercializados. 
Resulta paradójico que la DG Medio Ambiente haga propuestas para reducir el contenido de azufre de todo tipo de combustibles y no haga el mínimo esfuerzo por estimular la comercialización de carburantes alternativos, que reducen significativamente las emisiones y cuyo contenido en azufre es nulo. 
En cuanto a la DG Agricultura- qué quiere que le diga -, ha presentado recientemente la revisión intermedia de la Política Agrícola Común y en ella se establece una ayuda para los cultivos energéticos de 45 euros por hectárea, bastante inferior a la del resto de los cultivos y una más que insuficiente superficie máxima garantizada de un millón y medio de hectáreas para toda la Unión Europea. 
Además, se propone un barbecho permanente del 10% en el que no se podrán producir cultivos energéticos como se está haciendo hasta ahora. 
No se debería aceptar que, en un asunto como el que nos ocupa, con beneficios para sectores tan diversos, como son las emisiones, la sustitución del petróleo o el desarrollo rural, las políticas comunitarias pongan en flagrante evidencia su descoordinación. 
Mientras tanto, en los Estados Unidos, en Brasil o en Sudamérica los biocarburantes están recibiendo un decidido y coordinado apoyo por parte de sus gobiernos. 
Los objetivos que marca la Directiva son ambiciosos, pero alcanzables. 
El plan de acción que propone la Comisión marca un objetivo del 20% de carburantes alternativos para 2020. 
Algunos pensarán que es irrealista, pero también lo pensaban de la Directiva del fomento de energías renovables que se aprobó hace dos años. En ella se establecían plazos y objetivos claros y se daba continuidad a los sistemas de apoyo. 
A pesar de las opiniones contrarias, el crecimiento de estas energías ha sido impresionante. 
La presente Directiva es una apuesta de futuro que abrirá la puerta al desarrollo de otros carburantes y tecnologías. 
No me cabe la menor duda de que, con voluntad y solidaridad, podemos crear un mercado para los biocarburantes que asegure su competitividad en el futuro. 
Solicito, por tanto, el apoyo de este Parlamento para la aprobación del informe el próximo miércoles y confío en que el Consejo llegue lo antes posible a un acuerdo sobre la Directiva de fiscalidad de la energía. 
. 
(ES) Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a la ponente, Sra. Ayuso, el extremado rigor y el esmero con los que ha llevado adelante todo este informe. 
Quiero agradecer también a los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía la seriedad con que la han analizado este informe. 
Además, quiero agradecer a este Parlamento el respaldo que está dando, desde el principio, a esta cuestión. 
Con la adopción de esta Directiva dispondremos de una normativa específica para luchar contra las emisiones de gases de efecto invernadero también en el sector transporte. 
Asimismo, la Directiva supone beneficios desde el punto de vista de la seguridad del abastecimiento energético y, en un momento dado, puede suponer creación de empleo en el ámbito rural. 
Un acuerdo sobre esta propuesta, sin conciliación, eliminaría las últimas reservas que pudieran tener los miembros del Consejo en relación con las propuestas de la Comisión relativas a la desgravación de los biocarburantes. 
Como ya sabrán, esta propuesta forma parte ahora de la Directiva marco sobre la imposición en la energía y, recientemente, creo que ha habido progresos francamente esperanzadores y esperamos que, en breve, el Consejo pueda adoptarla y podamos disponer de ella. 
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas propuestas, aunque quiero hacer una precisión sobre la enmienda número 2, a la que me referiré más adelante. 
En primer lugar, abordaré la enmienda nº 8, que es la clave. 
A lo largo de todo este proceso la Comisión ha promovido la inclusión de objetivos obligatorios. 
Creemos que esto debe ser un mensaje muy claro para la industria en cuanto a la seriedad de nuestra propuesta sobre los biocarburantes. 
No obstante, reconozco que el procedimiento, cuidadosamente elaborado en la Posición Común del Consejo, con las enmiendas propuestas por la ponente, proporcionan una base sólida de actuación y pueden ser un sistema para llegar a un acuerdo entre Consejo y Parlamento. 
Por primera vez, los Estados tendrán que establecer objetivos para los biocarburantes. 
Esos objetivos deberán basarse en lo establecido en la Directiva; es decir, el 2% en 2005 y el 5,75 % en 2010, lo que constituye un incremento de toda la utilización de los carburantes utilizados en cada uno de sus países. 
Ello constituye, claramente, un incremento muy sustancial, pero realista- como ha dicho antes la señora ponente-. 
Los Estados que, por alguna razón, quieran fijar objetivos inferiores, deberán justificarlo y hay una serie de criterios en los que deben basarse precisamente para esa justificación. 
Cabe señalar que la Comisión, al igual que el Parlamento, hubiera preferido que la lista de criterios se limitara a los puntos establecidos en la enmienda nº 8. 
No obstante, aceptamos que todavía puedan surgir razones igualmente válidas para establecer objetivos inferiores. 
Y reconocemos que para la mayoría de los Estados el uso de biocarburantes en el transporte resultará un ámbito nuevo de actividad; por eso, no se puede cerrar, a priori, en los obstáculos que puedan surgir. 
La Comisión está firmemente convencida de que cualquier otro criterio que utilicen los Estados, para justificar objetivos diferentes, tiene que ser equivalente a lo establecido en la Directiva. 
Por último, me referiré a la enmienda nº 2. 
El considerando 13 subraya la importancia de la normalización de los carburantes y propone que la Comisión y los organismos de normalización supervisen y desarrollen estas normas para garantizar que los biocarburantes se ganen la confianza de consumidores y fabricantes. 
En este contexto, la enmienda nº 2 propone subrayar, en particular, los parámetros de volatilidad. 
No obstante, existen diversos parámetros en relación con las normas de los carburantes y, en ese sentido, quizá, nosotros creemos que la enmienda debería decir «incluidos los parámetros de volatilidad». 
Por lo tanto, en principio podemos admitir la enmienda, pero con esta modificación. 
Quiero, una vez más, dar las gracias a la ponente, a todos los miembros de la Comisión y al Parlamento por su apoyo y, por supuesto, le garantizo, una vez más que, como me ha sido solicitado, la Comisión velará por el cumplimiento estricto de los términos en que se acuerda esta Directiva y espero que el Consejo apruebe en breve la parte fiscal, que es clave, para darle un contenido real. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Ayuso González por los esfuerzos que ha hecho por lograr este brillante resultado de un compromiso. 
Incluso si no está totalmente satisfecha con él, creo que ha hecho un trabajo espléndido. 
Se trata justamente también de que no tenemos requisitos preceptivos, pero creo que, dada la buena voluntad de todas las partes, observaremos algunos avances en el empleo de los biocarburantes. 
La Unión Europea ya importa el 50% de sus necesidades energéticas y esta cifra aumentará al 70% de aquí al año 2030; por eso es importante que explotemos todos los recursos energéticos autóctonos posibles, y que promovamos una mayor diversidad de fuentes de energía. 
Con el desarrollo de biocarburantes y otras energías renovables contribuimos a aumentar la seguridad de suministro. 
En mi circunscripción en Escocia contamos con los materiales y las tecnologías que nos permiten desarrollar esta industria y estamos impacientes por poner en práctica estas propuestas. 
También esperamos mejorar nuestro entorno con una mejor calidad atmosférica y la reducción de los gases de efecto invernadero. 
Mezclando biocarburantes con el combustible de transporte convencional podemos introducir estos cambios de forma sencilla, sin necesidad de adaptar los vehículos ni las estaciones de servicio. 
Los biocarburantes también prometen crear nuevos empleos en las comunidades rurales a través de la producción de cultivos y en la construcción y el funcionamiento de plantas de procesado. Esto dará un impulso muy necesario a las desfallecidas economías rurales. 
Pero los biocarburantes siguen siendo poco competitivos si no cuentan con importantes ventajas fiscales. 
Una reducción del impuesto del 50% para igualar los precios del combustible convencional significará restar una importante parte del erario público de los Estados miembros. 
¿Cuántos Gobiernos están dispuestos a perder estos ingresos? 
También nos preocupa que las propuestas como tales no necesariamente comportarán algún beneficio real importante para el medio ambiente: los métodos de producción de la mayoría de los biocarburantes consumen notables cantidades de energía y generan elevadas emisiones de dióxido de carbono. 
También podría producirse un mayor uso de pesticidas y fertilizantes químicos. 
Los Estados miembros han de decidirse por promover biocarburantes que comporten a fin de cuentas un beneficio para el medio ambiente teniendo en cuenta el coste. 
Y sobre todo, también tenemos que invertir en investigación para mejorar la rentabilidad y los beneficios medioambientales de los cultivos para biocarburantes en el futuro. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de mi Grupo quiero dar las gracias en primer lugar a la ponente, la Sra. Ayuso González, por el importante trabajo preparatorio que ha hecho con relación a esta importante cuestión. 
Ahora estamos dando el primer paso en la buena dirección, aunque el uso de biocarburantes debe promoverse mucho más enérgicamente de ahora en adelante. 
Creo que los objetivos deberían ser vinculantes, que es en lo que insistió el Parlamento en primera lectura. 
La postura del Parlamento también tuvo en cuenta las distintas circunstancias existentes en los Estados miembros abriendo una puerta a las derogaciones temporales. 
Entiendo bien la voluntad de la ponente de mostrar flexibilidad con respecto a la naturaleza obligatoria de los objetivos aplicados para que se realice cualquier avance real en este importante terreno. 
En esta ocasión no iremos más lejos. 
Las enmiendas de transacción son satisfactorias. 
Son muchos los factores que aconsejan el aumento del uso de los biocarburantes. 
En primer lugar, mediante la promoción de su uso reducimos la necesidad de importar energía, y por lo tanto la dependencia de la UE de la producción de energía externa, y especialmente de las importaciones de petróleo. 
En segundo lugar, los biocarburantes son una fuente de energía renovable y por lo tanto una opción mucho mejor en términos medioambientales que los productos del petróleo. 
También considero muy importante el punto de vista de que los biocarburantes son un medio de impulsar el empleo. Esto comporta nuevas oportunidades para las explotaciones agrarias y también en aquellos lugares en los que la competencia agrícola se enfrenta a grandes dificultades en las zonas más tradicionales. 
Señor Presidente, apoyo el plan de acción de la Comisión Europea de promover un mayor uso de carburantes alternativos en Europa de aquí al año 2010. 
En primer lugar, los biocarburantes ayudan a reducir la excesiva dependencia de los carburantes derivados del petróleo, que constituyen un motivo de preocupación en lo que respecta al medio ambiente y a la seguridad de suministro. 
En segundo lugar, los biocarburantes favorecen al medio ambiente y emiten entre un 40 y un 80% menos de gases de efecto invernadero que los carburantes fósiles. 
Todos conocemos el objetivo que debemos alcanzar para cumplir las disposiciones del Tratado de Kioto y reducir la emisión excesiva de gases de efecto invernadero, que no hacen más que destruir la capa de ozono. 
Los biocarburantes se fabrican en muchos casos a partir de residuos orgánicos. Esto permite emplear materiales de desecho, que normalmente se tirarían, para producir energía. 
Los biocarburantes ofrecen nuevas fuentes de ingresos a las industrias europeas. 
Debemos aprovechar las oportunidades de empleo que podrían crearse en investigación y tecnología. 
Existe una clara divergencia de opiniones entre el Consejo y el Parlamento Europeo con respecto a si deberían establecerse objetivos obligatorios para el uso de biocarburantes en Europa. 
Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que se utilicen más los biocarburantes. Los beneficios económicos y medioambientales son obvios. 
Hay que introducir los biocarburantes, cumplir los objetivos y controlar y evaluar de forma estricta la labor de los Gobiernos de los Estados miembros. 
Los Gobiernos europeos deberían cambiar radicalmente los sistemas fiscales con el fin de fomentar que las industrias europeas inviertan más en la industria de los biocarburantes. No es solamente la generación actual la que se beneficiará de estos nuevos cambios, sino también las venideras. 
Quiero felicitar a la Sra. Ayuso González por su excelente informe. 
Señor Presidente, señora Comisaria, la energía y el medio ambiente son dos de los desafíos más importantes de la UE. 
Ambos desafíos se plantean ante nosotros cuando hablamos sobre biocarburantes y alternativas. 
Las medidas destinadas a reducir el impacto sobre el clima y para aumentar la seguridad de abastecimiento son importantes. 
El sector del transporte es una de las áreas más importantes en lo que respecta a la seguridad de abastecimiento a largo plazo. 
Esto tiene mucho que ver con el trabajo medioambiental, pero el sector del transporte también es importante para el desarrollo económico y el potencial de crecimiento. 
Las alternativas al petróleo son recibidas con los brazos abiertos. 
El uso de biocarburantes puede contribuir a una reducción del uso de los combustibles fósiles actuales y a que los avances apunten en la dirección correcta. 
La «dirección correcta» significa reducir el efecto sobre el medio ambiente. 
Los combustibles alternativos, incluidos los biocarburantes, deben introducirse de forma rentable. 
El objetivo del desarrollo sostenible debe ser nuestra principal preocupación, y debemos actuar pensando a largo plazo. 
Constantemente se desarrollan nuevas tecnologías. 
La nueva tecnología de hoy será anticuada e ineficaz mañana. 
Con la decisión que tomemos hoy, debemos evitar que el avance tecnológico futuro resulte más difícil de lo necesario. 
En su lugar deberíamos comportarnos de forma que facilitemos los saltos tecnológicos futuros sin dejar de lado la seguridad ni el desarrollo sostenible. 
Como he dicho antes, la decisión que tomemos debe reflejar un planteamiento a largo plazo. 
Por lo tanto, debemos centrarnos en la promoción de aquellos biocarburantes que, dados sus ciclos de vida, tienen unas características especialmente buenas en lo que respecta al clima, el impacto medioambiental y la rentabilidad. 
La industria y el comercio precisan unas condiciones básicas estables si los gerentes quieren sentirse seguros con respecto a sus evaluaciones con fines de inversión. 
Debe ser posible amortizar las nuevas instalaciones de acuerdo con las escalas de tiempo del desarrollo tecnológico y con los costes de las nuevas instalaciones. 
No debe resultar más difícil emplear biocarburantes en sus formas puras, o todo menos puras, que emplear combustibles mezclados a base de combustibles fósiles y una pequeña cantidad de biocarburante. 
También es importante que cada Estado miembro pueda decidir qué forma de biocarburante es más adecuada sobre la base de las condiciones fundamentales que prevalecen. 
En este contexto y dada la postura adoptada hace un tiempo por la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, estamos en camino de adoptar una postura constructiva a largo plazo en el Parlamento Europeo, una postura caracterizada por la meta del desarrollo sostenible. 
Señor Presidente, la Directiva que nos ocupa forma parte de un ámbito legislativo completo con vistas a promover el uso de fuentes de energía renovables en distintos sectores, y por lo tanto representa algunas de las numerosas y diversas medidas disponibles para aplicar la estrategia comunitaria de desarrollo sostenible adoptada en el Consejo Europeo de Gotemburgo en junio de 2001. 
La Directiva es especialmente importante porque los avances en este sector concreto del transporte han sido hasta el momento del todo lamentables. 
Mi colega, la Sra. Ayuso González, ha hecho realmente un trabajo excelente. 
El transporte representa más del 30% del consumo final de energía en la Comunidad, cifra que crece constantemente. 
Esta tendencia se reforzará todavía más y por lo tanto habrá un incremento de las emisiones de dióxido de carbono. Este aumento será todavía mayor en los países candidatos, hablando en términos relativos. 
Conforme al Libro Blanco de la Comisión, se estima que las emisiones de dióxido de carbono asociadas al transporte aumentarán un 50% en el período comprendido entre 1990 y 2010, y la principal fuente de emisiones es el tráfico por carretera, que representa el 84% de las emisiones de dióxido de carbono asociadas al transporte. 
Por este motivo, el Libro Blanco solicita una menor dependencia del petróleo por parte del sector del transporte por motivos ecológicos. 
En la actualidad es del 98% y se vería reducido mediante el uso de combustibles alternativos similares a los biocarburantes. 
La promoción del uso de biocarburantes para mantener prácticas agrícolas y silvícolas sostenibles creará nuevas oportunidades de desarrollo rural sostenible. Esto podría contribuir a la creación de nuevos empleos en las zonas rurales. 
Además, será posible obtener productos derivados que, debido a su contenido rico en proteínas, podrían emplearse como piensos para animales. 
El cultivo de plantas para la producción de biocarburantes debería combinarse con los programas actuales de cultivo, ajustándose al principio de la rotación de cultivos. 
Para garantizar la existencia de prácticas de cultivo sostenibles deberíamos establecer sin embargo una serie de criterios medioambientales claros, de forma que, por ejemplo, el uso posterior de la misma zona cultivada para la producción de alimentos no plantee un riesgo. 
El calendario aprobado por el Consejo solamente contiene dos objetivos con fechas vinculantes. 
No debemos olvidarlas. 
Señor Presidente, quiero agradecer a la ponente, Sra. Ayuso González, una vez más, su trabajo, a la comisión, a todos los parlamentarios y decir que hoy estamos discutiendo- y espero que sus Señorías con su voto lo respalden- un texto que es importante. 
Es importante porque, como ha dicho la Sra. Rothe, no basta con hacer declaraciones de principios. 
Confieso que a mí me gusta, cuando hago una promesa, cumplirla. 
La promesa la habían hecho otros. 
Yo estoy intentando tomar las medidas para que, de verdad, esa promesa, ese acuerdo, ese compromiso que se adoptó en el ámbito de todos los países de este Parlamento y del Consejo, del 12% de energías renovables, sea una realidad. 
Creo que es una medida importantísima, junto con la disposición sobre electricidad verde. 
No es perfecta, nos habría gustado a todos tener objetivos obligatorios, pero creo que el compromiso que se plantea con esta propuesta es razonable, que pone una presión importante en todos los Estados de la Unión para que, de verdad, al final se cumpla lo que aquí se ha dicho. 
En el sector del transporte son muy pocas las medidas que podemos tomar para reducir las emisiones de CO2, esta es una de ellas y, con su respaldo, espero que la saquemos adelante rápidamente, junto con el complemento de los impuestos, que es clave para que de verdad funcione. 
Gracias, señora Comisaria. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral (O-0003/2003- B5-0084/2003) del Sr. Stevenson a la Comisión, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la crisis socioeconómica en el sector del pescado blanco. 
(En ausencia del autor de la pregunta, el Presidente da la palabra en primer lugar a la Comisión) 
Señor Presidente, el pasado mes de diciembre, como el Comisario acaba de señalar, tras una reunión de cinco días de duración del Consejo de Ministros, se acordó un nuevo plan de recuperación transitorio para el bacalao que ha tenido un efecto devastador en gran parte del sector del pescado blanco de la UE. 
Conforme a estas nuevas disposiciones, que entraron en vigor el 1 de febrero de este año, las feroces reducciones de cuotas se han asociado a límites draconianos para el esfuerzo pesquero. 
Los barcos dedicados al pescado blanco solamente pueden pescar ahora durante 15 días al mes, incluido el tiempo de navegación a los caladeros, y estos 15 días se reducirán a 12 si no se desmantela un 20% más de la flota. 
Estamos pidiendo literalmente a nuestros pescadores que quemen sus barcos. 
Escocia, donde quedan solamente 162 barcos de lo que era la mayor flota europea dedicada al pescado blanco, será la más afectada por estos recortes. 
Si desguazamos otro 20%, la flota se reducirá por debajo de la masa crítica necesaria para mantener los empleos en nuestros puertos y fábricas de procesado. 
El sector caerá en picado. 
Por otro lado, la mayor parte de los barcos que queden serán aquellos que, por tener menos de 10 años, no pueden optar a la ayuda al desmantelamiento. 
Estos son los barcos en los que reside el futuro de la flota dedicada al pescado blanco. 
Son los barcos en los que confiamos para pescar bacalao, eglefino, platija y otros pescados blancos una vez que las poblaciones se hayan recuperado y aumenten los límites del total admisible de capturas. 
Sin embargo, tristemente, estos son también los barcos que están más endeudados con los bancos. No me sorprendería que muchos de ellos se viesen abocados a la quiebra. 
Los patrones y las tripulaciones, que a menudo han hipotecado sus casas para conseguir el dinero para construir estos barcos, no solo perderán sus trabajos y sus barcos, sino también sus casas. 
Pero Escocia no es el único país afectado por estas medidas draconianas. 
Irlanda, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos y Francia también han sufrido recortes. 
Por este motivo, la Comisión de Pesca ha votado por unanimidad- al menos con tan solo una abstención- apoyar esta resolución de emergencia, que en esencia reclama a la Comisión que adopte medidas menos dramáticas para la recuperación a largo plazo del bacalao, lo cual garantizaría el máximo número de empleos en el sector del pescado blanco en la UE. 
La resolución también reclama la asignación de 150 millones de euros más para compensar a los pescadores, procesadores y trabajadores auxiliares afectados por estas medidas de conservación. 
Yo propondría que se utilizasen 48 millones de euros en la financiación transitoria para compensar a los pescadores y a los trabajadores auxiliares afectados por la limitación de la pesca a 15 días en el mar. 
Espero que esta ayuda pueda obtenerse del instrumento de flexibilidad. 
El balance de 102 millones de euros debería reprogramarse desde el IFOP para el presupuesto de 2004 y debería destinarse a gratificaciones para hacer que los pescadores y los trabajadores auxiliares abandonen la industria, subvenciones a la jubilación anticipada y ayudas al reciclaje, tal y como ha mencionado el Comisario Fischler. 
Un día de la semana pasada, en Escocia, la totalidad de la flota dedicada al pescado blanco acordó apagar sus sistemas de seguimiento por satélite durante 24 horas en protesta silenciosa por la catástrofe que ha sepultado a las comunidades implicadas. 
En el principal centro de inspección de la pesca hay una gran pantalla en la que docenas de pequeñas luces indican la posición de cada barco pesquero en el Mar del Norte y la costa escocesa. 
Estas luces representan información transmitida desde los sistemas de seguimiento por satélite. Una a una las luces se fueron apagando, representando de forma dramática el destino que aguarda a los barcos escoceses dedicados al pescado blanco. 
Espero que la Asamblea esté de acuerdo en prestar este apoyo urgente y desesperadamente necesario. 
Nuestras comunidades pesqueras están pidiendo ayuda. Les ruego que atiendan a su petición. 
Señor Presidente, Señor Comisario, Señorías, yo quiero, como coordinador del Grupo Popular Europeo y en nombre de mi Grupo, apoyar plenamente la pregunta oral y la resolución que presenta el Sr. Stevenson en nombre de la Comisión de Pesca, donde ha sido aprobada, como acaba de decir, prácticamente por unanimidad. 
La pesca es una actividad económica. 
A veces nos preocupamos más de los peces que de los pescadores y hay que ocuparse de los dos. 
Es cierto que es una actividad económica que se ejerce sobre un recurso natural, que debe protegerse. 
Pero esta protección debe realizarse con medidas razonables a largo plazo, con los apoyos científicos contrastados- una de las asignaturas pendientes de la Unión Europea- y con el apoyo del sector afectado. 
Y cuando estas medidas se tomen así, serán mejor aceptadas por el propio sector. 
Además, hay que prever las medidas socioeconómicas de acompañamiento para paliar las consecuencias que puedan derivarse. 
Por eso, la propuesta de resolución que hoy se presenta al Pleno en nombre de la Comisión de Pesca es perfectamente aceptada y va en la línea que, en la Comisión de Pesca, hemos discutido no solamente para el bacalao y para estas especies blancas, sino, en general, para todas las especies. 
Hoy estamos hablando del bacalao y de todas las especies blancas, mañana podemos hablar de otras y creo que es loable la solidaridad con los afectados- en este caso con los pescadores nórdicos y, fundamentalmente, de los países que aquí se han citado y de Escocia, donde todos los diputados han hecho una labor conjunta. 
Me ha gustado escuchar las palabras del Comisario a favor de estas medidas que se proponen en la Comisión y simplemente quiero, señor Presidente, ya a nivel personal y como gallego, decir que, al igual que esta Cámara se ha solidarizado con Galicia en el caso del no acuerdo de Marruecos o, después, en el caso del Prestige, ahora es el turno de los países nórdicos y de los escoceses y estaremos todos a una, apoyándolos solidariamente. 
Señor Presidente, en diciembre de 2002 el Consejo de Pesca acordó un compromiso que reducía de forma efectiva a la mitad las capturas correspondientes a las flotas de pescado blanco de Escocia y el Reino Unido e impedía a los barcos salir al mar durante más de 15 días al mes. 
Son medidas drásticas, pero están lejos de la moratoria total recomendada a la Comisión por sus asesores científicos sobre las poblaciones de peces, el ISIS. 
Los Ministros del Reino Unido y Escocia han sido duramente criticados por aceptar el muy reñido compromiso. 
En su momento, uno de los líderes de los pescadores comentó que dudaba que el Arcángel Gabriel pudiera haber conseguido un acuerdo mejor dadas las circunstancias. 
Estas medidas tienen inevitablemente un efecto socioeconómico en las comunidades que dependen de la pesca de pescado blanco, especialmente de bacalao. 
Apoyo personalmente la resolución que tenemos sobre el tapete esta noche. 
También celebro el paquete de compensación de 50 millones de libras esterlinas aprobado por el Parlamento escocés la semana pasada y los paquetes de compensación correspondientes en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. 
Es importante que debatamos esta cuestión, dado que mañana en Bruselas se realizarán conversaciones vitales. 
Los pescadores escoceses y del Reino Unido se han unido a colegas pescadores y funcionarios de otros países de la UE en el comité consultivo de pesca de la Comisión Europea. Las conversaciones se centrarán en un plan de recuperación del bacalao a largo plazo. 
Me complace que el Comisario de Pesca, el Sr. Fischler, presente enmiendas a las actuales restricciones que han demostrado ser «demasiado rígidas». 
Sin embargo, las negociaciones sobre el plan de recuperación a largo plazo serán duras. De veras debemos reflexionar muy en serio sobre el camino correcto que debemos tomar. 
Decir «al bacalao que lo zurzan» , permitiendo que prosiga la pesca y esperando lo mejor es difícilmente una opción, como tampoco lo es renacionalizar la PPC. Esto es esquivar los difíciles problemas planteados por la necesidad de que se recuperen las poblaciones. 
Realmente necesitamos racionalizar la PPC y la recuperación del bacalao. 
Debemos colaborar con el sector, los Ministros y otras organizaciones para encontrar una solución común. 
También debemos crear comisiones regionales, que permitan tomar decisiones lo más cerca posible de los afectados. 
No hacer nada ante el declive de las poblaciones de bacalao no es una opción. Queda la ardua tarea de cuantificar una cuota que sea sostenible y al tiempo científicamente creíble. 
Señor Presidente, al apoyar esta propuesta hablo concretamente de la necesidad de prestar ayuda financiera, tanto para amortiguar los efectos socioeconómicos de las medidas que se han adoptado, como para ayudar a que el sector sobreviva hasta que las poblaciones se hayan recuperado. 
A aquellos colegas cuyas circunscripciones son de tierra adentro les planteo la siguiente analogía: supongamos que por motivos medioambientales, como un recorte drástico de las emisiones de CO2, la UE dijese a los operadores de transporte por carretera que solamente pueden utilizar sus camiones dos semanas de cada cuatro y exclusivamente a condición de que una parte importante de los vehículos sean retirados de la carretera. 
Imaginen las consecuencias fiscales para los negocios implicados, imaginen además que estos negocios constituyen el pilar de ciudades y pueblos con economías frágiles, y consideren las consecuencias para las tiendas, escuelas y otros servicios locales. 
Tristemente, los que representamos a las comunidades pesqueras del Mar del Norte- sin duda los que venimos de Escocia- no necesitamos utilizar la imaginación. 
Ya podemos sentir los efectos. 
Por supuesto, se puede prestar ayuda por medio de la reestructuración desde dentro de los Estados miembros. 
Como ya ha dicho la Sra. Stihler, el Gobierno escocés ha conseguido encontrar 50 millones de libras esterlinas de su ya limitado presupuesto. Esto da la medida de la gravedad de la situación. 
Pero creo que la UE también debe cargar con parte de la responsabilidad financiera. Esto se debe en parte a que las deficiencias de la PPC en el pasado han contribuido a la crisis. 
En mayor medida, se debe a que toda democracia debe adherirse al principio moral de que en aquellos casos en que el efecto directo de la legislación sea la destrucción del medio de vida honrado de las personas, estos deben verse por lo menos adecuadamente compensados. 
Espero que la UE se considere a sí misma una democracia de este tipo y que este principio se exprese plenamente en la próxima votación. 
Señor Presidente, por esta vez resistiré la tentación de arremeter contra la Comisión y el Consejo por sus contribuciones a la crisis a que se enfrenta el sector dedicado a la pesca de pescado blanco en Escocia. 
Puedo asegurarles, colegas diputados, que hay realmente una fuerte crisis de confianza en la capacidad de la Unión Europea para gestionar la pesca. 
Sin embargo, centraré mis comentarios de esta noche en el principal y más importante objetivo de la resolución que acompaña a esta cuestión, a saber, las consecuencias sociales y económicas derivadas de las decisiones tomadas en el Consejo de Pesca de diciembre. 
Las empresas ya están sufriendo las medidas provisionales de recuperación del bacalao: no solamente el sector dedicado a la captura de peces, sino comunidades enteras. 
Se predice que el plan de recuperación a largo plazo seguirá ocasionando verdaderas dificultades económicas y sociales. 
Espero, por lo tanto, que esta Asamblea se una en apoyo a esta resolución, reclamando una financiación adicional por parte de la UE de hasta 150 millones de euros, y «adicional» es la palabra importante en este caso. 
Este importe, además de los compromisos de los Estados miembros, constituiría un fondo para ayudar a compensar toda clase de consecuencias sociales y económicas que ocasione la decisión sobre la gestión de la pesca de la Unión Europea. 
Yo preferiría que se utilizara el instrumento de flexibilidad para ello. 
No hace tanto tiempo, como ya se ha señalado, la voluntad política de esta Asamblea y del Consejo, y la pérdida de derechos pesqueros en aguas de Marruecos, provocó un declive de la actividad similar y muy concentrado. 
Tiene que haber un debate detallado sobre los planes y prioridades para el uso de dicho fondo, pero realmente espero que esta semana demos el primer paso hacia su establecimiento. 
Solicito al Gobierno del Reino Unido que abandone su anterior resistencia a participar en dicho proceso. 
Señor Presidente, no debe haber ninguna duda sobre el objetivo de las severas medidas propuestas por la Comisión y refrendadas por el Consejo sobre las poblaciones de bacalao en el Mar del Norte. 
El objetivo es, de hecho, la repoblación a largo plazo destinada a conservar tantos empleos como sea posible en las comunidades pesqueras que han estado capturando pescado blanco durante años y que deben ser temporal y justamente compensadas, sin imponerles una diversificación para siempre a otros ámbitos de actividad. 
Sin embargo, para conseguir este objetivo no necesitamos limitarnos a estas medidas draconianas para limitar el número de días en que se pesca. 
Es fundamental que aprendamos de la experiencia canadiense, que debemos examinar con gran atención. 
Lamento decir que la moratoria introducida en el Atlántico Norte hace doce años no ha tenido el efecto esperado. 
El cese de la pesca no ha tenido efecto sobre el estado de las poblaciones de bacalao frente a Terranova y Nueva Escocia, así como en el Golfo de San Lorenzo. 
Se han eliminado cuarenta mil empleos, pero pese a todo ello no se ha producido una repoblación. 
Los canadienses reconocen ahora que la pesca es solamente un factor entre otros en el desarrollo de las poblaciones de bacalao. 
Otros factores influyen de modo fundamental y deben estudiarse con mucha más perspicacia, además de tenerlos en cuenta en la misma medida que la pesca: factores climáticos, el cambio de temperatura del agua, la importancia de la mortalidad natural y el desplazamiento significativo del bacalao por las focas, que experimentan una explosión poblacional, además de la caballa y el arenque, que han demostrado ser grandes consumidores de huevas de bacalao. 
También parece que en Canadá los pescadores no han participado suficientemente en la preparación y la gestión de los planes de repoblación. 
Si queremos que nuestro plan de juego tenga todas las posibilidades de éxito, es por tanto vital definir rápidamente un marco en el que sea posible reunir la experiencia local y los conocimientos científicos en una base permanente y no limitarnos a prohibir la pesca y mantener los barcos en puerto, como si estas medidas fuesen a comportar automáticamente la repoblación. 
Las últimas y rudimentarias medidas deben verse necesaria y rápidamente complementadas por análisis en profundidad- financiados a través de la liberación de recursos financieros- de una amplia variedad de factores, que incluyan los efectos de la pesca destinada a producir harina de pescado. 
Esto permitiría aplicar una política de gestión mucho más elaborada y por lo tanto proteger en la medida de lo posible el que debe ser nuestro objetivo principal: un futuro para las comunidades pesqueras implicadas. 
Señor Presidente, es muy triste que estemos debatiendo sobre este tema esta noche y que tengamos que dar 150 millones de libras esterlinas para ayudar al sector pesquero. 
Y tenemos que dar ese dinero debido al fracaso de la política pesquera común. 
También deberíamos considerar la pesca industrial- y sé que existen diversas opiniones al respecto -, en la que se extraen anguilas del lecho marino. 
Las anguilas forman parte del ciclo alimentario del bacalao y todos estos aspectos están relacionados. 
El hecho de tener cuotas para la pesca y de lanzar pescado sano por la borda durante años ha contribuido también en gran medida a crear la situación en que nos encontramos. 
Pero ahora debemos afrontar la realidad de que las poblaciones de bacalao están en declive y de que las familias y comunidades implicadas en el sector pesquero que necesitan apoyo deberían recibirlo. 
Apoyo firmemente la resolución de conceder 150 millones de libras esterlinas de financiación adicional. Quiero instar al Gobierno del Reino Unido a que lo asuma y lo emplee de forma muy eficaz. 
Uno de los problemas de la financiación de este tipo, como el que apareció cuando se empleó en aguas españolas, consiste en que es muy difícil para los barcos pesqueros, los asociados a la industria de procesado y otros, reclamar estos fondos. 
Quisiera instar al Comisario Fischler a que compruebe cómo puede gastarse este dinero. 
Si ofrecemos dinero a la gente pero no puede obtenerlo, acabará más frustrada que lo que ya estaba. 
Insto a todos a que presten su apoyo. 
Señor Presidente, señor Comisario, puedo decir francamente que apoyo la resolución. 
La resolución tiene que ver con aquellos aspectos que estamos debatiendo en el Parlamento y, en general, con lo que provoca problemas en las regiones cuando aplicamos decisiones tan dramáticas que afectan a determinadas poblaciones de peces, en este caso el bacalao en particular. 
No cabe duda de que debe existir un equilibrio en el entorno marino. 
Debe existir un equilibrio en las poblaciones. 
Sin embargo, es obvio que dichas decisiones dramáticas pueden ser dañinas para las regiones y para aquellas comunidades que dependen de la pesca y la industria que la rodea. 
Por lo tanto la UE debe intervenir y plantear algunos de estos problemas. 
A este respecto, también me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que la industria basada en la pesca y las empresas conserveras y de desviscerado deben tener materia prima, y por lo tanto es hora de que revisemos las barreras arancelarias que impiden que las materias primas lleguen a nuestras empresas en la UE. 
Los mecanismos de precios y las barreras arancelarias significan que los precios de estas materias primas son mucho mayores que los precios de las mismas materias primas en el mercado mundial. 
Señor Presidente, señor Comisario, permítanme dejar claro desde el principio que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea está muy preocupado por la crisis socioeconómica en el sector del pescado blanco y que también estamos a favor de proporcionar una compensación económica a los pescadores afectados por las medidas necesarias para salvar y conservar las poblaciones de bacalao. 
Esta crisis no debe impedir que tomemos las medidas necesarias para conservar las poblaciones de pescado blanco y bacalao a largo plazo, y por lo tanto el apartado 2 de la resolución es muy importante. 
En el mismo, el Parlamento Europeo solicita a la Comisión y al Consejo que garantice que cualquier modificación de las medidas actuales de conservación del bacalao se efectúe de tal forma que no comporte una mayor reducción de las poblaciones de bacalao, sino con vistas a elevar al máximo sus posibilidades de recuperación. 
Los Verdes hemos presentado también una nueva enmienda en la que solicitamos a la Comisión y al Consejo tener en cuenta el hecho de que los investigadores del ISIS creen que muchas poblaciones de bacalao en aguas de la UE se encuentran ahora a un nivel críticamente bajo. 
No creo que ninguno de los forzados argumentos que hemos oído en el Parlamento sean de ayuda. 
Está claro que es el esfuerzo pesquero lo que importa. 
Nuevas pruebas de arrastre en la costa oeste de Suecia indican también que las poblaciones de bacalao se encuentran en su nivel más bajo en 23 años y que el número de peces de un año de edad de esta especie asciende solamente a una décima parte del número que había hace un año. 
Esto es peor que lo que pensábamos. 
Por lo tanto, es también un escándalo sin precedentes que la UE nos impida que solicitemos que se paralice la pesca del bacalao en estas aguas, lo cual haremos mediante una moratoria. 
Es un hecho innegable que estamos ante un desastre. 
Tenemos las manos atadas, lo cual es enormemente frustrante. Realmente quiero poner en tela de juicio el modo en que la Comisión está actuando en este asunto. 
Señor Presidente, el sector pesquero está en crisis, ya lo habíamos oído antes. 
Pero en esta ocasión la crisis es extremadamente grave. 
En el lugar de donde provengo en Irlanda del Norte los pescadores ya han sufrido varios reveses y cuotas, y han cooperado en moratorias de seis semanas durante la estación de desove en los últimos tres o cuatro años. 
Esto se hizo por medio de la cooperación. No cabe duda de que cooperarán de nuevo en el futuro si se producen tales moratorias. 
Pero ¿cómo será el futuro? 
En la actualidad realmente se presenta muy sombrío para dichas comunidades pesqueras. 
Por este motivo considero que esta propuesta, que yo apoyo, da esperanza a las personas que viven en estas comunidades remotas, donde no existe otra esperanza para ellas y nadie parece querer prestar ayuda. 
Con este compromiso para con estas zonas comenzaríamos a mostrar que les estamos tendiendo una mano para el futuro y que no se les ha olvidado. 
En lo que respecta a su futuro, no me cabe duda de que el sector ha de participar en la toma de decisiones. 
Este ha sido uno de los puntos débiles de todos estos años, hasta donde logro recordar. 
Los científicos culpan a los pescadores, los pescadores a los científicos y nosotros tratamos de encontrar una salida. 
Las negociaciones en la cuerda floja no producen más que desconfianza. 
Estuve en Bruselas, junto con el Sr. Stevenson, cuando hubo las negociaciones el pasado mes de diciembre. 
El modo en que se llevaron no nos pareció adecuado para unas negociaciones tan importantes. 
Espero que tengan esto presente y se aseguren de que no se repita. 
Solicito que se consulte a las personas que tienen intereses en el sector de forma efectiva, no con tópicos. 
De ningún modo deberían pasarse por alto sus opiniones. 
Estamos hablando del sustento de las personas, de su modo de vida, incluso de su misma existencia. 
Solicito a la Comisión y al Gobierno del Reino Unido- ya que en el pasado no se han mostrado dispuestos a prestar la correspondiente financiación- que en esta ocasión obren de acuerdo con lo que dicen y se aseguren de que estas comunidades reciban su ayuda. 
Muchas gracias, señor Comisario, por esta respuesta adicional. 
Al final de este debate, he recibido una propuesta de resolución en nombre de la Comisión de Pesca. 
La votación sobre esta resolución tendrá lugar el miércoles a mediodía. 
Declaro cerrado el período de sesiones de 2002-2003. 
Quiero recordarles que conforme a las disposiciones del Tratado, el Parlamento Europeo se reunirá mañana, martes 11 de marzo de 2003, a las 9.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 22.29 horas) 
Declaro abierto el período de sesiones 2003-2004 del Parlamento Europeo. 
(Se abre la sesión a las 9.05 horas) 
Señor Presidente, Señorías, al igual que varios miembros de esta Cámara, yo también soy vasco y también soy un ferviente defensor de los derechos humanos, empezando por el más elemental de ellos, que es el de la vida. 
Como algunos de ustedes saben, el agente del Cuerpo Nacional de Policía, Domingo Durán, falleció el pasado viernes, a los 51 años de edad, tras pasar ocho años tetrapléjico por las lesiones sufridas en un atentado de la banda criminal ETA mientras custodiaba una oficina de tramitación de DNI en Bilbao. 
Le rogaría, señor Presidente, que trasladara desde la Presidencia del Parlamento Europeo nuestra condena a todo tipo de manifestación violenta y, en especial, aquélla que, a través del terrorismo, persigue fines políticos, así como una expresión de condolencia para la familia de esta víctima del terrorismo. 
Asimismo, me gustaría solicitar a todos ustedes un gesto de solidaridad con la sociedad española- y en particular con la vasca- en defensa de la libertad, el respeto a las leyes y la convivencia pacífica y que guardemos todos un minuto de silencio. 
Gracias por plantear ese tema tan grave esta mañana. 
En nombre del Parlamento deseo transmitir nuestro pésame a la familia y a los colegas del fallecido y manifestar también nuestra indignación por este acto. 
Señor Presidente, se acaba de referir usted a Guantánamo. Yo quisiera informar a la Cámara de que un grupo de militantes del Movimiento Cristiano de Liberación han sido acorralados, hostigados y asediados en Santiago de Cuba, y quisiera recordarle, como usted sabe muy bien, que el Presidente del Movimiento Cristiano de Liberación es Oswaldo Payá, nuestro Premio Sajarov del año 2002. 
Oswaldo Payá ha publicado un comunicado haciéndose eco de estos acontecimientos y pidiendo a los Gobiernos y a las instituciones que transmitan su solidaridad para garantizar la vida y la integridad de esos pacíficos militantes de su movimiento. 
Por lo tanto, señor Presidente, le pediría que se interesase por la suerte de esas personas. 
Lo haremos. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre la Estrategia política de la Comisión Europea 2004 / Orientaciones presupuestarias 2004: 
Declaración de la Comisión- estrategia política anual (EPA) de la Comisión Europea para 2004; 
Informe (A5-0039/2003) del Sr. Mulder, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2004 (2003/2001 (BUD) ) Sección III- Comisión; 
Informe (A5-0041/2003) de la Sra. Gill, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones presupuestarias para las Secciones II, IV, V, VI, VII, VIII (A) y VIII (B) y sobre el anteproyecto de estado de previsiones del Parlamento Europeo (Sección I) para el procedimiento presupuestario 2004 (2003/2002 (BUD) ): Sección I- Parlamento Europeo; Sección II- Consejo; 
Señor Presidente, antes de nada, el Grupo del PPE-DE agradece los documentos que la Comisión nos ha presentado esta mañana. 
Se trata de una ocasión histórica y única. 
Es la primera vez en nuestra historia que hemos tenido oportunidad de debatir las orientaciones presupuestarias disponiendo simultáneamente de documentos políticos. 
Ahora tenemos que ingeniárnoslas para empezar a hacer casar las prioridades con los recursos disponibles. 
Es una lástima que el Consejo no esté presente porque podría haber participado también en el debate. 
Empezaré por el extenso documento que ha presentado la Comisión esta mañana. 
Traza las líneas maestras de las finanzas de la Unión a partir del año 2006, preguntando justamente qué proyecto propugnamos desde el punto de vista, por ejemplo, de las competencias de que dispondrá la Unión, de los límites a la extensión geográfica de la Unión y de toda una serie de asuntos para situar nuestro debate presupuestario dentro de la perspectiva apropiada. 
En primer lugar voy a centrarme en el fondo de la cuestión. 
Es correcto que deberíamos tener un conjunto de ideas, con grupos de trabajo creados por la Comisión dedicados a los temas de la paz y la prosperidad y a cuestiones relativas al desarrollo sostenible. 
Pero en cuanto a la vertiente exterior, el grupo de trabajo no llega a abarcar lo que debe ser la dimensión exterior de la Unión. 
Como ha dicho el Presidente acerca del contexto actual, parece sensato que recapacitemos sobre asuntos sustanciales, como lo que será dentro de cinco años la relación transatlántica. 
Hemos solicitado un informe. 
No se ha elaborado. 
De hecho, incluimos en el presupuesto de este año, 2003, una petición para que se elaborara un documento. 
Cuando alguien pregunta «¿cuáles deberían ser las prioridades estratégicas para la Unión en el ámbito exterior hasta el año 2007? », se hace un silencio sepulcral. 
Después, en cuanto al procedimiento, deberíamos andar con cuidado, porque esta Comisión, aunque se muestra muy activa a la hora de mirar al futuro, hasta la siguiente perspectiva financiera, en teoría podría llevarnos hasta el año 2013, lo cual no solo comprende a la próxima Comisión, sino también a la Comisión posterior a ella. 
Encontrarnos en 2003 discutiendo ya sobre 2013 parece más bien extraño. 
En este contexto hay una pregunta concreta que deseo formular al Presidente de la Comisión. 
La última frase de este interesante documento afirma que la duración de la siguiente perspectiva financiera podría hacerse coincidir con el mandato de cinco años de la Comisión y del Parlamento Europeo. 
¿Significa eso que la perspectiva financiera alcanzaría hasta 2010, en vez de 2013? 
El Grupo del PPE-DE está a favor de que la perspectiva financiera abarque un período de cinco años. 
Me gustaría que me aclarara este punto. 
Al hablar de la Comisión, señor Presidente, usted ha mencionado la Convención. 
A la hora de imaginar una Unión a partir del año 2006 con 500 millones de habitantes o más, ¿cómo va a ser posible gestionar una Unión con un número menor de Comisarios que el que tenemos hoy? 
Parece correr el bulo actualmente en esta Cámara de que deberíamos tener de 10 a 12 Comisarios. 
No veo cómo podemos hacer funcionar una Comisión con solo de 10 a 12 Comisarios, cuando la mayoría de los Gobiernos tienen al menos de 30 a 35 ministros para gestionar su país. 
Aquí estamos hablando de la Unión, una empresa mucho mayor, así que ¿por qué no disponer de 30 ó 35 Comisarios? 
Me parece lo más normal que los tuviéramos a la vista de la Unión del mañana. 
En segundo lugar, las prioridades del presupuesto para 2004 están bien definidas en el documento de estrategia política anual con los tres puntos planteados. 
En lo concerniente al crecimiento sostenible, parece sensato asegurar una mejor integración de las cuestiones medioambientales. 
Además, el Grupo del PPE-DE está interesado en el documento relativo a la mejora de la relación con nuestros vecinos en términos de seguridad y estabilidad. 
Sobre todo, estamos interesados en el proceso de ampliación y en asegurar que podamos cumplir nuestras obligaciones y que los Estados miembros estén totalmente integrados en la Unión después del 1 de mayo de 2004. 
Compartimos además la visión de que el procedimiento para manejar estas estrategias políticas a medida que van pasando por las comisiones y, después, a través del proceso presupuestario, será muy importante para que seamos capaces de asegurar que quedan correctamente encajadas. 
Las preguntas que vamos a formular se refieren al aumento significativo de 780 miembros de la plantilla y, concretamente, a si realmente necesitamos tantos funcionarios en los departamentos de interpretación y traducción. 
Por último, paso a las prioridades fijadas por mi Grupo durante el proceso presupuestario. 
Seguimos fieles a lo que nos ha guiado en los últimos presupuestos, con tres elementos concretos que son importantes para nosotros. 
En primer lugar, la culminación de la reforma de las instituciones. 
Este fue el punto de partida de la Comisión. 
Nos gustaría asegurar que esta reforma estará terminada al final de nuestro mandato. 
En este terreno seguimos encontrando problemas. 
Ayer se mencionó un documento que se citaba parcialmente en la prensa acerca del asunto vigente de la jefa de contabilidad que ha sido suspendida de sus funciones. 
Nos gustaría ver ese documento. 
No es tan secreto; la mayoría de los diputados, incluido yo mismo, tenemos una copia. 
¿Por que existe ese temor, ese deseo de mantener secreto un documento que ya es semipúblico? 
Nos gustaría ver ese documento lo antes posible. 
En segundo lugar, está la cuestión de las partidas de subvención A-30, un punto concreto pero muy sensible para el Parlamento. 
Nos gustaría tener claro qué va proponer la Comisión en cuanto a estas subvenciones a determinadas instituciones. 
Existen opiniones muy dispares en el Parlamento en lo referente a lo que debería y no debería evaluarse comparativamente y necesitamos un enfoque común sobre el tema. 
Mi último comentario se refiere a una carta que he recibido del Secretario General acerca del seguimiento de los actos parlamentarios. 
En ella se puede leer que al menos el 25% o 30% de los informes que solicitamos en esta Cámara jamás llegan a elaborarse. 
Afirma, en relación con las resoluciones del Parlamento sobre documentos COS, que de 490 peticiones formuladas el año pasado, la Comisión ha decidido no hacer ningún seguimiento de 104 casos. 
Quisiéramos que se aclarase la razón por la cual la Comisión no está cumpliendo lo que solicita el Parlamento y creemos sinceramente que debería incluirse alguna observación en el proceso presupuestario en caso de que la Comisión no desee hacer lo que exige el Parlamento. 
Termino afirmando que este es un momento clave en este proceso presupuestario. 
La Comisión ha trazado algunas líneas útiles de discusión y debate con la vista puesta más allá del año 2004. 
Espero que al final del proceso, nuestro Parlamento sea capaz de adoptar las conclusiones correctas en interés de nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, hoy nos enfrentamos aquí a un documento extremadamente tecnocrático y con un discurso de usted, señor Prodi. 
No pretendo negar que el discurso de carácter político resulta más de mi agrado. 
Voy a intentar salvar, mediante un elemento de unión, la distancia existente entre ambos elementos. 
Tiene mucha razón, Presidente Prodi, al afirmar que las condiciones generales distan mucho de ser favorables y no parece que tampoco vayan a ser mucho mejores en 2004. 
La amenaza de guerra en el Iraq ha dibujado nuevas líneas divisorias en el seno de la Unión Europea y también entre los países candidatos a la adhesión. 
Actualmente, a menos que se produzca un cambio radical, nuestra política exterior y de seguridad está hecha trizas, y los progresos económicos- sobre todo en lo concerniente a los puestos de trabajo- no han sido todo lo favorables que cabía esperar. 
Todo ello implica que debemos adoptar un enfoque bastante más crítico ante los acontecimientos. 
Permítanme comenzar por lo que se propone conseguir la ampliación. 
Efectivamente debemos procurar que la ampliación se traduzca finalmente en todo un éxito. 
A todos los que- quizás llevados por los sucesos de los últimos meses- han expresado hoy su parecer en favor de posponer la ampliación, les propongo el argumento contrario de que eso provocaría una división y un debilitamiento todavía mayor de Europa. 
Acepto, no obstante, que muchos de nosotros nos sentimos decepcionados por la escasa evidencia que existe en muchos de nuestros vecinos- y, aceptémoslo, entre algunos de nuestros Estados miembros- en cuanto a la vinculación emocional e intelectual con el proyecto europeo. 
Tienen razón al afirmar que la Unión Europea no es un supermercado, ni es un banco que se limite a conceder fondos para una serie de proyectos. 
Tampoco es un artilugio que solo existe para servir de justificación cuando hay que poner en práctica medidas de reforma poco agradables aunque necesarias. 
Señor Presidente, creo que probablemente todos hemos fallado- y no solamente en relación con el tema del Iraq- a la hora de recalcar los objetivos y la auténtica razón de ser de la Unión Europea como proyecto de paz. 
El Presidente ha mencionado el Tribunal Penal Internacional. 
En este caso también hemos sido incapaces de transmitir a los nuevos Estados miembros la enorme importancia que entraña para nosotros, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional, así como las Naciones Unidas y el tremendo aprecio que sentimos por estas instituciones multilaterales. 
Ha sido un fallo, un error por omisión. 
Tal vez estemos pagando el precio por lo que, en ocasiones, ha sido un enfoque demasiado legalista y estrecho de miras del acervo comunitario. 
La Comisión propone ahora que establezcamos un círculo de amistades en torno a la Unión Europea ampliada, pero, Presidente Prodi, en el transcurso de estos últimos años no hemos conseguido ni siquiera hacer suficientes amigos entre los Gobiernos de los países candidatos a la adhesión y hemos de reconocer que los estadounidenses a veces han estado más acertados a la hora de imbuir ideas diferentes por lo menos a los Gobiernos de ciertos países incluso antes de su adhesión, utilizando dinero procedente de los grupos de presión, de una red tupida de instituciones y fundaciones, algunas de ellas creadas por la diáspora y, cuando ha sido necesario, también mediante presiones y amenazas. 
La Comisión tiene también como tarea estudiar la forma en que podemos contrarrestar lo anterior y, por encima de todo en el ámbito de la cultura y la sociedad, de cómo podemos difundir la idea de Europa a una audiencia mayor, además de la voz unificada de la Unión Europea. 
Pasaré a ocuparme ahora de la estabilidad dentro y en torno a Europa. 
Creo igualmente que en este caso debemos aplicar un enfoque más amplio y profundo a las diferentes regiones y ajustar las relaciones a unas directrices apropiadas. 
Los objetivos implicados resultan demasiado imprecisos e indiferenciados, ya que Rusia exige un tratamiento diferente al del Mediterráneo, que a su vez precisa un enfoque distinto del de los países balcánicos, que por cierto han venido siendo candidatos en potencia desde la Cumbre de Zagreb, aun cuando el presente informe afirma que todavía tienen que adquirir tal condición. 
Hemos de reconocer, no obstante, que nuestra política de concesión de visados para esos países- a los que viajo con mucha frecuencia- es deplorable. 
Empresarios, científicos, periodistas, estudiantes- todos los que podrían reforzar los lazos de amistad con dichos países- se estrellan a menudo contra una política de visados altamente restrictiva, incomprensiblemente inamovible y burocrática, irritante para todos ellos y, sobre todo, para los líderes de opinión más importantes en sus respectivos países de procedencia. 
Bien es cierto que debemos disponer de una política de visados restrictiva, pero a este respecto podría prever un trato más flexible para estos grupos sociales. 
Me referiré ahora al tercer objetivo, el crecimiento sostenible. 
Acepto que se trata de un concepto muy vago, pero es algo que ya significa una serie de cosas para mi. 
Me pregunto simplemente si de verdad tenemos una política coherente de crecimiento. 
Invertimos muy poco, no solo en investigación y desarrollo, sino también en infraestructuras. 
Pensemos en el transporte público, que además podría mostrar un mayor respeto por el medio ambiente. 
Apenas se está haciendo nada para convertir las instituciones educativas en centros más eficaces, al tiempo que se garantiza el acceso a ellos para amplios colectivos de la población. 
A menudo acusamos a la gente- a nuestros propios ciudadanos- de carecer de voluntad y valor para asumir riesgos. 
Pero, si las diferencias en el tejido social en nuestros propios países se hacen cada vez mayores y permiten que cada vez engullan a un mayor número de personas, no puede sorprendernos que la gente a menudo se muestre temerosa, de los riesgos tanto como de cualquier otro condicionante. 
De igual manera, el deterioro progresivo de los servicios de interés general- un campo en el que todavía seguimos a la espera de una política coherente por parte de la Unión Europea y, sobre todo, de la Comisión- a menudo produce el efecto funesto de inducir a algunas personas a oponerse ciegamente a la mundialización, o, por lo menos, a desconfiar del mercado común. 
A este respecto, también quiero refrendar lo que usted ha manifestado. 
La Unión Europea no es efectivamente un supermercado. 
Deberemos ser perfectamente capaces de hacer compatibles los objetivos de desarrollo sostenible con las políticas sociales de mercado económico. 
Mi Grupo no considera que el anhelo en favor de un mayor grado de individualidad, flexibilidad, movilidad y- por utilizar una expresión de nuevo cuño- empleabilidad sea un planteamiento anticuado. 
Habremos alcanzado el éxito en el momento en el que la gente en toda Europa disponga de un correcto entramado de seguridad social. 
Mi Grupo tiene la firme convicción de que- aun cuando solo sea por evitar la competencia desleal- este tejido también debe amparar a quienes han inmigrado a nuestro entorno. 
Por consiguiente, debemos comprometernos con un modelo de capitalismo europeo, un modelo que a la larga sea más eficaz, más social y más humano. 
Para finalizar deseo reiterar la calurosa acogida, tanto por mi parte como por la de mi Grupo, a este informe. 
Sin embargo, Presidente Prodi, en la misma línea de su discurso, creo que necesitamos una mayor convicción en cuestión tanto de políticas como de estrategias que estén en sintonía con el pensamiento popular, lo mismo de nuestros países como de nuestros vecinos. 
Haga algo, señor Presidente, para garantizar que los documentos de la Comisión expongan claramente la naturaleza del proyecto europeo, un proyecto ni tecnocrático ni administrativo, sino político. 
Señor Presidente, en un momento en el que los países candidatos de Europa Central y Oriental han sido objeto de múltiples críticas por parte de Jefes de Gobierno de la UE, de Comisarios europeos y otras personas, por manifestar públicamente su parecer acerca de la crisis del Iraq, el Grupo ELDR saluda con especial beneplácito la afirmación de la Comisión Europea de que la ampliación deber ser y seguirá siendo nuestra prioridad central. 
En nuestra opinión resulta absurda esa avalancha de críticas a los países candidatos; se les ha reprendido de manera altiva, cuando las divisiones surgidas en el seno de la Unión Europea se deben casi exclusivamente a los Estados miembros actuales. 
Bien es cierto que la Unión Europea no es un supermercado, pero tampoco es una iglesia en la que se invite a guardar silencio a quienes levantan un poco la voz. 
Las razones por las cuales se han producidos estos cismas tienen mucho que ver con la insistencia por parte de ciertos Estados miembros actuales de profesar una lealtad casi sumisa a Washington, o con una hostilidad igualmente obcecada contra todo lo que proceda de los Estados Unidos. 
Los países candidatos son espectadores inocentes de ese debate y no deberían ser penalizados por haberse visto presionados a manifestar sus opiniones. 
Por eso aplaudimos con entusiasmo su insistencia, señor Prodi, en garantizar que estos problemas actuales no desvíen o frenen en modo alguno el proceso de ampliación y esperamos que haga cuanto esté en sus manos para que el proceso de ampliación llegue a su fin lógico el año que viene. 
El segundo tema que quiero comentar es el asunto de la gobernanza. 
Este documento representa un paso adelante muy útil en la mejora de la gobernanza de la UE y, en esta medida, lo acogemos con agrado. 
Tiene una importancia crucial que mejoremos la gobernanza a escala institucional. 
No tiene ningún sentido que una u otra institución mejore su funcionamiento si las demás instituciones no hacen lo mismo. 
Esa es la razón por la que el Grupo ELDR tiene tanto interés en que las conversaciones hasta cierto punto estancadas en el grupo de trabajo interinstitucional, que está estudiando la forma de que todos podamos mejorar conjuntamente nuestra capacidad legislativa, concluyan lo antes posible. 
Los plazos han expirado; el grupo debería haber concluido su trabajo a finales del año pasado y el nuevo plazo para la Cumbre de primavera parece ahora poco realista. 
Es vital que todos nos volquemos en las tres instituciones implicadas para hacer realidad este planteamiento institucional. 
Permítame poner un ejemplo. 
Usted cita profusamente en su documento los intentos muy loables de la Comisión Europea de aplicar evaluaciones de impacto de una serie de propuestas legislativas clave. 
Creo que piensa hacerlo con 31 propuestas en el año 2004. 
Dichas evaluaciones de impacto carecerían de sentido si los diputados al Parlamento Europeo o los Ministros en el Consejo de Ministros ignorasen sus evaluaciones y simplemente revisaran la legislación sin prestar ninguna atención al impacto. 
Esa es la razón por la que muchos de nosotros en el grupo de trabajo interinstitucional hemos instado en la Comisión Europea a reflexionar sobre la forma de poder extrapolar su excelente labor en el campo de la evaluación de impacto y solicitar encarecidamente a todas las instituciones que apliquen prácticas análogas. 
Le pedimos encarecidamente que redoble estos esfuerzos durante las semanas venideras. 
Señor Presidente, Señorías, en mi intervención durante el debate del 18 de noviembre de 2002 sobre el programa legislativo y el trabajo de la Comisión para 2003, en nombre del Grupo GUE/NGL afirmé que no me cabía en la cabeza que alguien pudiera estar en contra de las prioridades políticas expuestas, pero añadí que existía una gran discrepancia entre los objetivos y las medidas adoptadas para llevarlos a la práctica, que se traducía en un creciente descontento por parte de la opinión pública y el riesgo de que el propio ideal europeo fuera rechazado por quienes, como yo mismo, anhelamos una Europa europea. 
Cuatro meses más tarde, una vez leída la extensa comunicación de la Comisión y habiendo escuchado al Presidente Prodi, y actuando como portavoz del Grupo GUE/NGL, me siento tentado de volver a decir lo mismo, excepto que el documento informativo de hoy está bastante más suavizado. 
Constituye una muestra de lo que me atrevería a calificar de optimismo ciego. Peor aún, lo encuentro enormemente trasnochado y anegado de datos inútiles y obvios. 
Por ejemplo, el mandato de la Comisión Prodi finaliza en 2004; se van a celebrar elecciones europeas, donde saldrán elegidos 732 diputados; la ampliación tendrá lugar el 1 de mayo, siempre y cuando esté concluido el proceso de ratificación. 
Señor Presidente, Señorías, la paz mundial se encuentra seriamente amenazada y las Naciones Unidas corren el peligro de sufrir una pérdida de credibilidad. 
Los Estados miembros están divididos entre los defensores de la paz y quienes están a favor de la guerra, entre los que siguen a ciegas a los Estados Unidos y quienes propugnan una posición europea equilibrada. 
La crisis económica y la recesión se están agudizando rápidamente, el desempleo aumenta en todos los sitios convirtiendo a miles de personas en víctimas de brutales despidos, la inseguridad en todas sus modalidades florece en perjuicio de los más débiles y, a la vista de estos desafíos mortales, los dos primeros de los cuales han sido planteados por el Presidente Prodi esta mañana, la comunicación escrita se plantea nuevas formas de gobernanza, estabilidad, nuevas agendas sociales y económicas, calidad de vida, seguridad fronteriza e incluso impuestos sobre matriculación y circulación para vehículos particulares. 
Señor Presidente, Señorías, no todos los diputados de mi Grupo son europeístas, por decirlo de una manera suave, pero sí son realistas. 
La gran mayoría de ellos, dado que Europa ya existe, exige que al menos sea una Europa para los ciudadanos, que sea democrática, que preste atención a los temas sociales y no se someta al dictado de la economía, a fin de poder responder a los problemas reales de los ciudadanos europeos. 
Por todo ello, lamento tener que decirle, Presidente Prodi, que no solo estamos en desacuerdo con la ideología que sustenta sus propuestas, sino que, lo que es peor, dichas propuestas, aun cuando estuviéramos dispuestos a aceptar tal ideología, apenas abordan los temas principales que es preciso resolver. 
Por ello, señor Presidente, con todo el debido respeto a su figura y el que yo profeso por usted, le pido que revise su documento. 
Señor Presidente, Comisarios, Señorías, quiero hacer extensiva mi más sincera gratitud a los dos ponentes, así como a la Comisión, naturalmente, por todo su trabajo. 
Comparto la decepción de mi compañero diputado, el Sr. Elles, en cuanto a la ausencia del Consejo. 
Hoy estamos debatiendo simultáneamente las orientaciones presupuestarias y la estrategia política de la Comisión, ya que esperábamos que surgiera algún tipo de sinergia entre ambos temas. 
Sin embargo, eso resulta muy difícil cuando las propuestas políticas se presentan tan tarde: demasiado tarde para debatirlas en profundidad en el seno de los Grupos y, además, demasiado tarde para confrontarlas con las orientaciones definidas por el Parlamento Europeo. 
Por tanto, mi Grupo considera que es importante elegir otro momento a lo largo de este año para que la Comisión marque con nitidez sus prioridades específicas para el año que viene; es decir, no una lista de buenas intenciones, sino opciones políticas conjuntamente con una planificación en el tiempo. 
De hecho, disponemos de poco tiempo durante este periodo legislativo. 
Valga como ejemplo los acuerdos acerca de productos químicos. 
Se supone que deben entrar en vigor en 2004, pero existe el peligro de que una serie de modificaciones, sobre las que se ha llegado a un acuerdo, sea presentada demasiado tarde, lo que se traduciría en que el procedimiento para estos cambios adicionales no se podría concluir antes de que finalice este período. 
En tal caso, lógicamente, no existe posibilidad de poder cumplir esa fecha de implantación de 2004, y mi Grupo siente gran preocupación por ello. 
Dentro de un contexto diferente, por otra parte, el lema de mi Grupo ha venido siendo durante los últimos meses «haz la ley y no la guerra». 
En nuestra opinión, resultan vitales los instrumentos legales y el ánimo de alcanzar acuerdos, especialmente en los temas de los derechos humanos y de la democracia. 
Nos gustaría, por consiguiente, establecer nuevos acuerdos acerca de las cláusulas incluidas en los tratados con terceros países. 
El Parlamento debe desempeñar una función de control de dichos acuerdos y es necesario asimismo extraer conclusiones. 
¿De qué otra forma se podría evitar que esas cláusulas importantes- a las que la Unión Europea hace además constante alusión para exteriorizar su apoyo a los derechos humanos y la democracia- se conviertan en simple palabrería hueca? 
La igualdad de trato entre hombres y mujeres afecta asimismo la esencia de los valores de la Unión. 
El sábado pasado fue 8 de marzo- Día Internacional de la Mujer- y por ello considero oportuno decir también algo al respecto. 
La directivas han ejercido una enorme influencia en la emancipación de la mujer y es vital que se cumplan, también por parte de los países candidatos a la adhesión. 
Forma parte del acervo comunitario que ha de adoptarse sin períodos transitorios. 
Espero que la Comisión se manifieste acerca de si, según su criterio, dispone de suficientes medios financieros y administrativos para ello. 
En caso negativo, esta es otra de las partidas que deberán incluirse en el procedimiento presupuestario. 
Quisiera referirme ahora a un tema de una índole totalmente diferente. 
El informe de la Sra. Gill afirma- en contra de su deseo, dicho sea de paso- que los partidos políticos deben ser financiados con cargo al presupuesto del Parlamento. 
Realmente me deja estupefacta. 
¿Es que no hemos aprendido nada del informe del Tribunal de Cuentas, que afirmaba que no puede existir ninguna conexión entre los grupos y los partidos políticos? 
Además, eso estrecharía la línea divisoria entre la donación de fondos y la compra de votos. 
¿Pudiera darse el caso de que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos considerara oportuno que el Consejo careciera de control sobre dichos fondos, porque en tal caso el Consejo, en virtud de un pacto entre caballeros, tampoco se avendría a opinar acerca de los fondos para los partidos políticos? 
En opinión de mi Grupo, eso resulta inaceptable. 
En el caso de que, en contra de nuestro deseo, la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que propugna la inclusión de tales fondos en el presupuesto general de la Comisión, no salga aprobada, nos veremos obligados por desgracia a votar contra el informe. 
Señorías, Presidente Prodi, hoy estamos debatiendo, además de la estrategia de la Comisión para 2004, las directrices económicas y presupuestarias. 
Toda vez que el clima económico y social es de extrema tensión, me sorprende el optimismo de la comunicación de la Comisión y, siendo muy franco, me exaspera esta forma de plantear un debate. 
Yo podría haber redactado el apartado 2 de la propuesta de resolución sobre el estado de la economía europea, que hace un llamamiento a los dirigentes europeos durante el próximo Consejo de primavera sobre Asuntos Económicos para que eviten alocuciones vagas y autocomplacientes y estaría dispuesto a votar mañana en favor de ella. 
Pero esa es la única parte de este debate con la que estoy de acuerdo. 
En lo concerniente al resto, existe una enorme abismo entre las divagaciones líricas de la Comisión acerca de la economía europea más competitiva, la sociedad basada en el conocimiento, las nuevas modalidades de gobierno, por una parte, y las esperanzas fallidas de crecimiento y empleo, por otra, a pesar de las reiteradas promesas del mercado único y el euro. 
Resulta chocante y no admite una explicación sencilla. 
Tal vez el señor Prodi pueda explicarnos por qué la Comisión se manifiesta en este sentido, cuando los análisis realizados por la Eurostat y la OCDE dibujan una imagen netamente pesimista. 
El Gobierno de mi país también ha aceptado finalmente los hechos, tras haber mostrado un exceso de optimismo que, irónicamente, la Comisión no ha pasado por alto criticar. 
Todavía resulta más chocante asistir, a la luz de los hechos, a la contumacia de la Comisión en favor de la ampliación y de la utilización de todos los medios a su alcance para tratar de dar una imagen atractiva de la Unión Europea. 
Los anuncios publicados en los diarios de Malta, exhibiendo el monto de la ayuda que el país recibirá en caso de adherirse a la Unión, me han parecido especialmente desafortunados. 
He tenido esa misma sensación desagradable al leer el siguiente párrafo de la estrategia de usted para 2004: «En tales circunstancias, esta Comisión desea dejar sentados los fundamentos para el éxito de la Europa ampliada. 
Con dicho enfoque, esta Comisión manifiesta que 2004 verá el cumplimiento de los objetivos que se marcó a principios de su mandato». 
Este pasaje me recuerda otro extracto de hace cinco años, que afirmaba que el mandato de la Comisión en aquel momento se había caracterizado por el progreso en diversos campos a fin de prepararse para el futuro con la confianza y los recursos necesarios. 
Este pasaje merece consideración a la vista de lo que le ocurrió a la Comisión anterior y al objetivo político de una gestión transparente y eficaz. 
Queda en sus manos demostrarnos que no está siguiendo la misma senda y eso no nos dejará mucho tiempo para hacer de vigilantes del mundo. 
Señor Presidente, la Comisión nos presenta hoy una comunicación sobre su estrategia política anual, respecto a la cual deseo formular varios comentarios. 
En primer lugar, en cuanto a la forma: el primer párrafo afirma, y cito textualmente: «La estrategia política anual de la Comisión [?] tiene por objeto definir las prioridades políticas de la Comisión y garantizar una adecuada correlación entre las iniciativas políticas y los recursos correspondientes». 
Esta frase puede proporcionar una impresión errónea. 
Nos lleva a creer que la Comisión es un gobierno que adopta su estrategia política. 
No se trata de eso: esta comunicación es una mera propuesta que deberá, de una manera o de otra, ser aprobada por el Consejo, que es el único organismo, según el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, facultado para proporcionar el empuje político a la Unión. 
Quiero señalar asimismo que el Consejo no se halla presente hoy y no sé qué explicación darle a tal ausencia. 
En segundo lugar, las prioridades seleccionadas son válidas, pero cabe apreciar una diferencia de enfoque entre la primera, la ampliación y el funcionamiento de la Unión Europea, y la segunda, la estabilidad de las fronteras. 
En el seno de la Unión, incluyendo tanto los antiguos como los nuevos Estados miembros, existe una especie de fundamentalismo comunitario; sin embargo, en lo referente a las relaciones con los países vecinos, la flexibilidad y la geometría variable hacen posible la puesta en práctica de diferentes marcos de cooperación. 
Creemos que la flexibilidad debería estar presente en la totalidad de los casos. 
El Presidente Prodi ha vuelto a repetir una vez más que, en una Europa con 25 Estados miembros, tendremos que eliminar las decisiones por unanimidad y generalizar el voto por mayoría cualificada. 
Nosotros opinamos que el voto por mayoría cualificada tampoco funcionará si no aceptamos además el derecho de veto para los Parlamentos nacionales y la geometría variable. 
Señor Presidente, el ejercicio financiero de 2004 será atípico por varias razones. 
En primer lugar, nuestro presupuesto tendrá que tener en consideración el hecho de que, con fecha 1 de mayo de ese año, se habrán adherido probablemente diez nuevos Estados miembros. 
Para que eso sea posible es necesario modificar el planteamiento financiero. 
Todavía se están celebrando negociaciones a este respecto, pero en cuanto al Parlamento, la aprobación de los protocolos de adhesión, y las cifras que implican, no debería implicar automáticamente el visto bueno para el planteamiento financiero. 
Este tema exige profundizar en el debate. 
El Parlamento muestra una inclinación no disimulada en favor de que quede aprobado el presupuesto en diciembre del presente año para los 25 Estados miembros. 
Eso significa que hemos de trabajar sobre la base de 15 Estados miembros para la primera parte de 2004 y luego, a partir del 1 de mayo de 2004, adicionalmente para los nuevos diez Estados miembros. 
Los presupuestos tendrán que reflejar ciertas observaciones para permitirlo. 
Otro elemento novedoso del presupuesto de 2004, al que espero se acostumbren los Estados miembros, es un nuevo sistema denominado «presupuestación sobre la base de las actividades». 
Como he dicho, todo el mundo tendrá que adaptarse a él. 
¿Cuáles son las prioridades del presupuesto de 2004? 
En primer lugar- y el Sr. Prodi ya lo ha mencionado- tenemos que procurar que las economías de los nuevos Estados miembros se integren en las de los Estados miembros actuales. 
Tenemos que favorecer la actividad económica y, a tal fin, primero hemos que crear mejores oportunidades de inversión en dichos países y tenemos que habilitar todos los medios para hacerlo posible. 
La segunda prioridad del presupuesto consiste en mejorar la capacidad administrativa en dichos países. 
¿Cómo van a poder gestionar las enormes sumas de dinero que van a recibir y cómo van a poder asegurar que se presenten buenos proyectos? 
Quiero pronunciarme ahora acerca de las diferentes rúbricas del presupuesto, comenzando por la 1, Agricultura. 
Todo dependerá de los resultados de la revisión intermedia del Comisario Fischler, pero al margen de ello, nos gustaría que se prestara atención a una serie de temas. 
El primero entre ellos es la cuestión relativa a la naturaleza exacta de la relación entre el abono de las subvenciones agrícolas y las directrices medioambientales europeas. 
Hemos de definirla con mayor precisión. 
El segundo punto gira en torno a la cuestión de si será posible desarrollar planes de seguros en el futuro para las enfermedades veterinarias. 
Actualmente estamos padeciendo peste aviar en los Países Bajos y hemos sufrido fiebre aftosa y fiebre porcina. 
Además, ¿se puede hacer algo más para promocionar la venta de productos agrícolas, especialmente los productos agrícolas de alta calidad? 
En cuanto a la rúbrica 2, Acciones estructurales, lo principal es que tenemos que cumplir lo que hemos prometido. 
Tenemos que preocuparnos de que los países, a quienes se les ha dicho que serán destinatarios de fondos estructurales, realmente los reciban y que las limitaciones administrativas no sean demasiado restrictivas. 
Tenemos que estudiar las consecuencias de la regla n+2 y las consecuencias de la reserva de prestaciones del 4%. 
En cuanto a la rúbrica 3, Políticas internas, varios de los aspectos encuadrados bajo esta rúbrica ya han quedado sentados. 
Por lo que respecta al resto, tendremos que dedicar atención a lo que Europa puede hacer para combatir el terrorismo, un tema que está muy presente en estas fechas. 
¿Qué se puede hacer, para que resulte más eficaz, aplicándolo a toda Europa en su conjunto en vez de en cada uno de los Estados miembros de forma independiente? 
¿Qué podemos hacer en favor de la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, en pro de una mejor protección de las fronteras exteriores y una mejor política de asilo? 
¿Qué podemos hacer para mejorar la seguridad nuclear en los nuevos Estados miembros? 
Por último voy a suscitar un tema adicional: ¿qué podemos hacer respecto de la proliferación de organismos? 
Parece ser que cada año van surgiendo nuevos organismos. 
¿No constituye esto un exceso? 
Quiero plantear asimismo un último asunto: ¿qué podemos hacer acerca de la población de edad cada vez mayor de Europa? 
Como ya es habitual, la rúbrica 4 exige una atención especial, sobre todo en estos momentos. 
¿Cuáles serán las consecuencias de una crisis en el Iraq o de una crisis en Oriente Medio? 
Tal vez tengamos que enfrentarnos a muchos otros temas, por lo que debemos permanecer vigilantes de los anteriores. 
Respecto de la rúbrica 5, Administración, tenemos que examinar minuciosamente los resultados de la reforma de la Comisión. 
Hemos de estudiar igualmente cuáles han sido los resultados de la asignación adicional de funcionarios que hemos realizado en el pasado, entre otras cosas. 
Por lo que concierne al último punto, la rúbrica 7, en Copenhague se adoptó una decisión para incluir la ayuda a Turquía bajo la rúbrica 7 y la Comisión está de acuerdo. 
Sin embargo, el Consejo también ha dicho que debemos esperar hasta 2004 para analizar si se pueden iniciar las negociaciones con Turquía. 
Tenemos que reconsiderar si se debe cambiar de denominación esta rúbrica y si debemos dividirla en diferentes subrúbricas, etc. 
Mi última consideración- ya oigo su maza, señor Presidente- consiste en que estoy dando por sentada una cooperación constructiva con todo el mundo en este Parlamento y, especialmente, con las innumerables comisiones. 
Finalmente, también voy a dedicar especial atención al tema planteado por el Sr. Elles. 
Señor Presidente, el presupuesto de 2004 de otras instituciones, tal como ha dicho el Sr. Mulder, será el primero de la Unión Europea constituida por 25 Estados miembros. 
En consecuencia, probablemente será más complejo que cualquier otro y por ello me gustaría comenzar agradeciendo a todo el mundo su cooperación. 
A mí me parece imperativo que las instituciones europeas cuenten con los medios necesarios para completar sus preparativos, ya que la ampliación tiene que resultar un éxito perceptible para los ciudadanos europeos. 
Dentro de este contexto, en mi resolución resaltan tres temas principales. 
En primer lugar, la consecución de una mayor responsabilidad mediante la mejora de la presentación y de la transparencia del presupuesto. 
Quiero que mejore la calidad del gasto, no solo conseguir que se haga. 
Es necesario seguir desarrollando la información sobre los factores de coste más importantes para lograr una mayor efectividad y una sana gestión financiera. 
La transparencia real solo será verdaderamente perceptible hacia fuera para los ciudadanos europeos si antes lo es hacia dentro. 
Nuestro sistema actual no siempre se presta fácilmente a cumplir este objetivo. 
La adopción de decisiones está demasiado centralizada y no existe suficiente cesión y delegación en las estructuras de gestión. 
Ya que estamos hablando de transparencia, uno de los principales ámbitos nuevos a considerar es la subvención de los partidos políticos. 
Estoy muy decepcionada por el hecho de que los que se encuentran al otro lado de esta Cámara, que se proclaman paladines de la transparencia, abogan por subvenciones a cuenta del presupuesto del Parlamento, en vez del de la Comisión. 
Sin lugar a dudas, esto nos hará blanco de acusaciones en el sentido de que perseguimos nuestro propio interés político. 
Esta partida presupuestaria debería seguir asignada a la Comisión, que dispone de los instrumentos para gestionarla de manera objetiva. 
La Comisión se equivoca al adoptar un enfoque a muy corto plazo y proponer una solución diferente. 
Mi segunda gran preocupación es la de conectar y comunicar más coherentemente con los ciudadanos de Europa. 
Tenemos que ser más innovadores y ambiciosos en casi todos los ámbitos de nuestro quehacer, y más que nunca en lo relativo a nuestras políticas de información y comunicación. 
Si hablamos de informática, nuestro sitio web tiene que ser percibido más como una herramienta de comunicación que como una simple ventanilla de información. 
El Parlamento tiene que desempeñar una función más importante en la estrategia de comunicación interinstitucional ejecutada por la Comisión. 
Además, necesitamos una mayor dedicación por parte de todos para garantizar una participación ciudadana y cívica activa. 
Es por tanto crucial que los ciudadanos europeos estén mejor informados acerca de las actividades del Parlamento y del modo en que la legislación europea puede afectar su vida cotidiana. 
Para conseguir esto tenemos que pensar en crear un espacio de medios de comunicación públicos europeos. 
Mi tercera consideración gira en torno a la creación de un marco flexible para las operaciones futuras del Parlamento y otras instituciones. 
Este es probablemente uno de los mayores desafíos para todas las instituciones y acojo con agrado las propuestas de «pisar el acelerador» formuladas por el Secretario General del Parlamento para mejorar el enfoque de las actividades de nuestro secretariado y proporcionar una mayor asistencia legislativa a los Estados miembros. 
De todas maneras, hay que decir que se trata de un conjunto bastante moderado de propuestas. 
Entre ellas figura una encaminada a establecer una oficina de presentación de propuestas, lo cual constituye sin duda un paso en la buena dirección. 
Sé que hay personas que abrigan ciertas reservas al respecto, pero siendo honrados con nosotros mismos, el número de enmiendas alucinantemente banales a que hemos de enfrentarnos es asombroso. 
Me hubiese gustado detectar una mayor ambición e innovación por parte del Secretario General, pero reconozco el escaso entusiasmo que nuestra institución siente por las reformas y los cambios. 
En resumen, he sido ponente únicamente durante los últimos meses. Sin embargo, he constatado que el proceso es sumamente instructivo. 
He descubierto rincones y pasillos en esta Cámara que no sabía que existían. 
Abusando de su indulgencia, me gustaría compartir con ustedes algunas de mis impresiones iniciales. 
Me he topado con algunas personas de enorme talento, comprometidas y tenaces, pero por cada una de ellas hay dos que parecen vivir flotando. 
No deja de ser notable que esta Cámara consiga lo que consigue y continúe evolucionando, dada la resistencia en prácticamente todas las estructuras. 
La cultura con que me he enfrentado a lo largo y a lo ancho de toda la institución parece ser extremadamente hostil a cualquier cambio por pequeño que sea, y apenas se ha terminado de formular una opinión ya andan circulando por ahí cartas poniéndole pegas. 
Son muy pocos los que han valorado verdaderamente todas las implicaciones de la ampliación. 
Existe la creencia de que podemos continuar haciendo las cosas tal como hemos venido haciéndolas, solo que habrá que hacerlas diez veces más. 
Los ciudadanos de los nuevos Estados miembros han tenido que hacer gala de una flexibilidad enorme para pasar del sistema antiguo al nuevo. 
Los que trabajamos en las instituciones tenemos que empezar a mostrar una flexibilidad similar si queremos aumentar la credibilidad de nuestras instituciones. 
Señor Presidente, Señorías, la estrategia política anual proporciona un marco para el presupuesto de 2004, que será especial por cuanto va a ser el primer presupuesto aplicable a la población de veinticinco Estados miembros y, dicho en términos oficiales, el primer presupuesto con el formato nuevo, en el que se pone mayor énfasis en las políticas de la Unión Europea. 
La ampliación se hará realidad en 2004 y nosotros, desde las instituciones, tenemos que hacer todo lo posible para garantizar que sea una éxito desde el primer momento. 
Los nuevos Estados miembros participarán a partir del mismo día de su adhesión en todos los programas subvencionados por el presupuesto europeo: programas de política agrícola, política estructural, política medioambiental, los programas de investigación y, por poner un ejemplo distinto, los programas para promocionar las redes transeuropeas. 
Aunque el marco financiero para los nuevos Estados miembros se negoció en Copenhague, el ajuste de la perspectiva financiera ha de ser una decisión adoptada conjuntamente por el Consejo, el Parlamento y la Comisión. 
Así las cosas, necesariamente se infiere que el Parlamento tiene el derecho acordado de examinar la adecuación de la propuesta al ajuste financiero del marco. 
No obstante, espero que seamos capaces de alcanzar una resolución conjunta acerca del ajuste del marco financiero antes de la firma formal de los tratados en el Ágora de Atenas. 
Hablando en nombre de la Comisión, reitero que estamos a su total disposición para validar todas las opciones a fin de alcanzar una resolución conjunta al respecto. 
En 2004 habrá programas nuevos para los nuevos Estados miembros, por ejemplo, el mecanismo de Schengen, que será, por primera vez, una especie de acuerdo de cofinanciación, mediante el cual el presupuesto europeo subvencionará las tareas para el cumplimiento de los criterios de Schengen. 
Por primera vez, igualmente, se habilitará ayuda financiera, por ejemplo, para el cierre de las centrales de energía nuclear. 
Dado que los nuevos Estados miembros tendrán que adaptar su legislación referente a la competencia y al medio ambiente desde el primer momento, la Comisión va a solicitar a las autoridades presupuestarias, a partir de este mismo año, que autoricen partidas adicionales y, puesto que debemos hacer frente a una nueva diversidad lingüística, la mitad de las partidas necesarias en 2004 quedarán reservadas para los servicios lingüísticos. 
Entre las demás prioridades para 2004 se encuentra el mantenimiento de la estabilidad política y, como acaba de decir el Presidente de la Comisión, eso posee una dimensión tanto exterior como interior. 
En lo que concierne a los efectos exteriores, esta prioridad tendrá fiel reflejo en el presupuesto merced a nuestra propuesta de un incremento de subvenciones para la región balcánica y asimismo para el programa MEDA. 
La Comisión propone igualmente que la ayuda de preadhesión para Bulgaria y Rumania- tal como se ha prometido a los dos países- debe incrementarse para proporcionar a ambos una mayor asistencia en su esfuerzo por alcanzar el objetivo de llegar a convertirse en Estados miembros de la Unión Europea en 2007. 
La Comisión propone además aumentar de manera notable las subvenciones para Turquía a fin de financiar los procesos de reforma y su preparación para su adhesión a la Unión Europea. 
La Comisión va a formular adicionalmente una nueva propuesta para tratar los temas relativos a la migración en el contexto de los diferentes ámbitos políticos. 
Para ello vamos a proponer un nuevo programa plurianual. 
El crecimiento sostenible constituye otra prioridad, lo que significa que, por ejemplo, una de nuestras propuestas que necesita perfeccionarse es la relativa a las formas de combatir la contaminación marina ocasionada por los accidentes de los buques petroleros, y además tenemos que prever una mayor dotación de recursos para la lucha contra las enfermedades contagiosas. 
Si comparo esta lista con la expuesta por el Sr. Mulder durante su intervención y su informe, por el cual le felicito, muchas de las prioridades fijadas para el presupuesto de 2004 por el Parlamento y la Comisión resultan muy parecidas. 
Siendo así, yo también espero que seamos capaces de llevar a término satisfactorio el procedimiento presupuestario. 
Deseo felicitar igualmente a la Sra. Gill por su informe. 
Quisiera utilizar el tiempo que me queda para tratar brevemente dos cuestiones que han sido planteadas. 
La primera tiene relación con la propuesta de un instrumento para las partidas presupuestarias en el capítulo A-30. 
Presentaremos dicha propuesta al Parlamento a finales de abril. 
En cuanto a la segunda, la financiación de los partidos, lo que resulta esencial es que por fin nos lancemos y establezcamos una base legal que permita zanjar este capítulo de manera que dispongamos de unos cimientos legales inequívocos sobre los que poder asignar fondos con cargo al presupuesto europeo. 
Por lo que respecta a la pregunta de a quien compete, a la vista de la separación de poderes, administrar tales fondos, ciertamente tendremos oportunidad de debatirlo con mayor profundidad. 
En 2004, se hará realidad la ampliación, un acontecimiento histórico. 
El Presidente de la Comisión ha expuesto cómo la Comisión ha decidido aceptar su responsabilidad y presentar propuestas para las tareas de la Unión, así como para los recursos financieros que estas requieran, para el período posterior a 2006. 
La Comisión se muestra abierta a todos los argumentos en cuanto a si esta propuesta para la nueva perspectiva financiera- es decir, para el período posterior a 2006- debería abarcar el período hasta 2013 ó 2011. 
Considero que es un momento oportuno para cambiar a un ciclo de cinco años de duración. 
Tenemos la suerte de disponer de tiempo para discutir conjuntamente estos temas y fijar el marco más apropiado. 
La propuesta relativa al marco financiero tiene que adecuarse a los desafíos que planteará el futuro y, en términos financieros, estos van a afectar los temas planteados por el Sr. Mulder, acerca de lo que podemos hacer para convertir realmente a Europa en una economía basada en el conocimiento y en la economía más competitiva de todas, acerca de cuánto más podemos asignar del presupuesto a esto y de qué programas son necesarios para conseguirlo. 
Las expectativas a que ha hecho referencia el Presidente de la Comisión- esto es, la expectativa de la población de que la Unión Europea contribuya a su seguridad- plantean la cuestión acerca de lo que, por ejemplo, eso significa para el presupuesto europeo. 
Dado que la tarea de asegurar nuestras fronteras es una cuestión de interés común, ¿no debería plasmarse en algún tipo de financiación conjunta? 
La ampliación se traducirá en mayores diferencias económicas dentro de la Unión Europea y eso planteará exigencias concretas cara a las subvenciones que habremos de habilitar como expresión de nuestra solidaridad. 
Aun cuando queramos desempeñar, como Unión Europea, un papel de mayor enjundia en los asuntos exteriores, tendremos que plasmarlo en propuestas que resulten aceptables para el presupuesto. 
Esto significa que nuestra tarea ha de consistir en elaborar propuestas para una Unión conformada por veinticinco o veintisiete Estados miembros y parece razonable que tales propuestas encierren un valor añadido para los ciudadanos de la Unión Europea. 
Desde este momento puedo prometerles que aprovecharemos el tiempo de que disponemos durante este año para trabajar en estrecha unión con el Parlamento en la elaboración de dichas propuestas. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, Señorías, señora Gill, señor Mulder, este año es otro en el que nuestra Comisión ha enfocado su atención sobre los temas centrales de la seguridad en las fronteras exteriores y en la completa libertad de movimiento, que son de gran importancia en cuanto a las partidas asignadas en las rúbricas presupuestarias que entran dentro del cometido de la Comisión. 
Por desgracia, este año vuelvo a constatar que seguimos sin haber avanzado mucho en cuanto a la total implantación de la libertad interior de movimiento. 
Por dicha razón resulta imperioso disponer de los medios necesarios para garantizar nuestras fronteras y defendernos contra el tráfico de seres humanos. 
Seguimos necesitando una reglamentación común inequívoca sobre inmigración legal. 
El refuerzo de Europol y Eurojust, junto con la lucha contra el terrorismo, continúan estando entre las tareas más urgentes de la Unión Europea. 
Nuestro objetivo sigue siendo el mismo de siempre: la creación de una espacio judicial común, pues solo así lograremos hacer entender a la gente la ampliación y convencerle de sus ventajas. 
Precisamente en relación con la ampliación quisiera llamar la atención hoy acerca del aumento de los costes de la seguridad interna en la Unión Europea del futuro. 
La UE tendrá que invertir bastante más dinero tanto en Eurodac como en Eurojust si queremos lograr, por ejemplo, un nivel igualmente elevado de protección en las nuevas fronteras, cuando la UE haya quedado ampliada para dar cabida a veinticinco Estados. 
Schengen implicará también, en el futuro, nuevos incrementos del gasto para la UE, que constará, como ya he dicho, de 25 Estados miembros. 
Lo que todo esto significa es que el presupuesto de política interior tendrá que incrementarse si la Unión Europea pretende cumplir sus objetivos y obligaciones y desea que el espacio de libertad, seguridad y justicia no tenga una mera existencia teórica. 
Por tal razón hago un llamamiento a mis compañeros Diputados para que apoyen la enmienda que hemos presentado hoy a las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2004 y las enmiendas que se plantearán durante los debates venideros sobre el presupuesto. 
, ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. (NL) Gracias, señor Presidente. 
Para empezar, me alegra que el Sr. Mulder sea ponente este año. 
Al ser miembro de la Comisión de Presupuestos, está muy bien informado sobre la agricultura, y como miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, quiero manifestar además mi confianza en que gozaremos de una cooperación constructiva con la Comisión de Presupuestos y con este ponente. 
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural desearía expresar un par de consideraciones importantes acerca de las orientaciones. 
En primer lugar, constatamos que está comenzando a tomar cuerpo una cierta política concreta en relación con las enfermedades veterinarias en Europa. 
En cuanto a la tenencia de animales, la Unión Europea posee una legislación diferente a la de otras zonas del planeta y nuestra política hace más vulnerables a los animales ante las enfermedades. 
Observo que, en el pasado, hemos tenido brotes de fiebre aftosa y fiebre porcina en la Unión Europea y ahora padecemos otro brote de peste aviar. 
Eso significa que necesitamos una política mejor y que además tenemos que desarrollar mejores sistemas de aseguramiento con el fin de combatir adecuadamente justo este tipo de crisis y, además, tenemos que reservar una cantidad suficiente de fondos para permitir a los ganaderos y a la ganadería sobrevivir a este tipo de crisis. 
Por tanto, acojo con satisfacción el hecho de que el informe del Sr. Mulder incluya lo necesario para alcanzar tal fin. 
El segundo punto hace referencia al desplazamiento en el sector en favor de una mayor orientación hacia el mercado. 
Eso significa que tenemos que ser más activos en cuanto a la promoción, la orientación hacia el mercado y la organización de la política financiera en este campo. 
El tercer punto se refiere a los nuevos Estados miembros, motivo por el cual este es un presupuesto histórico. 
Me refiero al informe del Sr. Xaver Mayer, en el que solicita de manera expresa que los fondos SAPARD sean abonados en cualquier caso en los nuevos Estados miembros. 
Si lo anterior plantea problemas de índole legislativa, tendremos que procurar encontrar una solución satisfactoria, pero en cualquier caso, estos fondos también tendrán que abonarse en los nuevos Estados miembros en el futuro, sobre todo para la reestructuración de la agricultura y la horticultura. 
También tiene importancia que la política, especialmente en relación con la seguridad alimentaria, el desarrollo del bienestar animal y los instrumentos medioambientales en la agricultura, se enfoque en mayor medida hacia el desarrollo de instrumentos para la política financiera. 
Señor Presidente, uno de los mensajes claros que se desprende del informe de hoy es la necesidad de introducir procedimientos que simplifiquen el régimen de pagos de los Fondos Estructurales en Europa. 
También es importante que la Comisión Europea se comprometa estrictamente a hacer cumplir el principio de la adicionalidad con métodos de verificación uniformes. 
Este es el parecer de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo de este Parlamento. 
La Comisión considera importante acelerar la implantación de todas las medidas generales necesarias para mejorar la calidad del gasto de los Fondos Estructurales en Europa. 
Si se pretende que los Fondos Estructurales de la UE se apliquen a los fines previstos, esto es, a mejorar la cohesión económica y social de las distintas regiones, entonces ese dinero debe gastarse en forma de recursos financieros adicionales. 
Si el principio de adicionalidad no se hace cumplir de forma rigurosa y no se verifica de manera independiente, resultará muy difícil para las instituciones de la Unión Europea y los Gobiernos nacionales de la UE garantizar la mejora de la posición competitiva de las regiones más necesitadas. 
Apruebo la introducción de un presupuesto basado en actividades, y la fijación de objetivos claros y cuantificables ayudará mucho al proceso presupuestario. 
Todos estamos de acuerdo en que el presupuesto de la UE debe estar estructurado de manera que cumpla sus objetivos. 
Me preocupa que, aun cuando el ritmo de asignaciones con cargo al presupuesto comunitario para las redes transeuropeas en el ámbito de las medidas relativas al transporte sigue estando en un nivel satisfactorio, una serie de Estados miembros no han anticipado el dinero necesario para estos proyectos de RTE. 
En un planteamiento presupuestario más amplio, acojo con satisfacción el hecho de que en el marco del presupuesto de 2004, la Comisión de Presupuestos del Parlamento apoye las siguientes medidas: la necesidad de aumentar las medidas de ayuda para el desarrollo rural en el contexto de la Política Agrícola Común de la UE; la necesidad de garantizar la seguridad de los productos alimentarios, tanto los procedentes del territorio de la UE como de terceros países; una mayor coordinación de las medidas de seguridad en las fronteras exteriores de la UE y mejores políticas de inmigración y asilo en la UE; y la promoción de un espacio de medios de comunicación de la UE para difundir información relativa a los trabajos de la Unión Europea y aumentar la percepción del público en cuanto al impacto de la legislación de la Unión Europea sobre las vidas cotidianas de los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, voy a hablar de un aspecto minúsculo, pero sin embargo muy importante, del presupuesto: el de la Comisión de Peticiones. 
Quisiera mencionar igualmente la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte. 
Estas dos comisiones llegan a tener un contacto muy directo con el ciudadano europeo individual. 
En los últimos años, la Comisión de Peticiones ha instituido la posibilidad de invitar a quienes formulan una petición a asistir a las reuniones de la comisión, siempre que sea posible, para abordar sus peticiones. 
Tenemos que garantizar una financiación suficiente para permitir que los ciudadanos lo puedan hacer si procede. 
La formulación de una petición al Parlamento es un derecho fundamental de los ciudadanos de Europa. 
La Comisión de Peticiones constituye a menudo un atajo para el ciudadano a través de la burocracia de Europa a la hora de plantear temas que afectan a su existencia. 
Estoy hablando solo de un aumento muy modesto de las cantidades disponibles, pero transmitiría un mensaje imponente a la población europea. 
Debemos recordar igualmente que el Defensor del Pueblo es el otro gran valedor de los derechos de los ciudadanos. 
Según el Eurobarómetro, el 87% de los ciudadanos conocen su derecho a recurrir al Defensor del Pueblo europeo. 
Acabamos de nombrar un nuevo Defensor del Pueblo. 
Yo no tengo ningún interés personal en esto, pero necesitamos garantizar la existencia de una dotación adecuada para que el Defensor del Pueblo disponga del equipo y los recursos para hacer frente a la ampliación de Europa. 
Para la cultura- menos del 0,5 % del gasto total- tenemos que habilitar un procedimiento eficaz para las partidas A-30. 
He escuchado lo que ha dicho antes la Sra. Comisaria. Me parece muy bien. 
El calendario es crucial a este respecto. 
Espero que los procedimientos estén operativos para que organismos tales como la Joven Orquesta Europea y la Fundación Yehudi Menuhin tengan la certeza de que su futuro está asegurado. 
Señor Presidente, representantes del Consejo- dondequiera que estén -, señora Comisaria Schreyer, queridos colegas, quiero defender la posición del Grupo del Partido Popular Europeo en relación con el informe Jan Mulder, sobre las orientaciones presupuestarias para el año 2004. 
Quiero empezar por lo más fácil, es decir, felicitar al ponente por sus ideas y por el cuidado exquisito que ha puesto en intentar incorporar al informe la mayor parte de las ideas de los demás. 
Nuestro Grupo está de acuerdo con el informe, lo apoyamos plenamente, tanto que no hemos presentado a este Pleno ninguna enmienda. 
Nos gustaría que no fueran aprobadas demasiadas enmiendas de las que han presentado otros Grupos. 
El ejercicio presupuestario de 2004 va a ser, como ha dicho nuestro ponente, un presupuesto extraño hasta al final, ya que empezará siendo para quince Estados miembros y terminará en una aplicación a veinticinco. 
Esto va a suponer un esfuerzo suplementario de entendimiento entre las tres instituciones, entendimiento que no pasa ahora mismo por el mejor momento de la comprensión mutua. 
En los difíciles tiempos que corren dentro y fuera de Europa- especialmente fuera -, el presupuesto 2004 de la Unión debería ser una muestra de confianza en nosotros, europeos, en nuestras capacidades y en nuestras posibilidades. 
El presupuesto de la Unión para el año 2004 debería contribuir a reforzar el papel y la influencia de Europa fuera de sus fronteras, ahora que nuestra política exterior común, sus instrumentos e incluso las personas encargadas de manejarlos, parecen desaparecidos en un combate que aún no ha empezado. 
La Europa que se anuncia en el informe Mulder es una Europa unida que debe crear competitividad y empleo y que debe ser un socio fiable en el mundo, gestionando mejor sus políticas comunes. 
Pero, para ello, entre muchas otras cosas, debe haber una cooperación interinstitucional que hoy parece dudosa. 
El propio informe habla en sus apartados 2, 3 y 5 de que las perspectivas financieras de la ampliación se aprobarán conjuntamente por el Consejo y el Parlamento Europeo. 
A fecha de hoy, eso no parece ser así. 
Para que Europa sea un socio fiable, para que seamos competitivos y creemos empleo, el Parlamento Europeo tiene mucho que decir respecto a la financiación de la política interior y exterior. 
No es aceptable que, unilateralmente, se fijen unos montantes globales en el ajuste de las perspectivas financieras, sin que el Parlamento Europeo pueda mostrar las carencias de dichas categorías y negociar unos montantes suficientes. 
El Grupo del Partido Popular Europeo está dispuesto a negociar con el Consejo y la Comisión estas categorías, que hoy son imprescindibles para cumplir las prioridades que el propio Jan Mulder ha marcado. 
En un momento de tanta desunión, de tanta divergencia, no deberíamos dejar que las instituciones de la Unión contribuyeran al desorden, sino que estas deberían ser un ejemplo de diálogo y de cooperación. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, Señorías, permítanme comenzar agradeciendo sinceramente a los ponentes, la Sra. Gill y el Sr. Mulder, por la excelente cooperación que hemos venido disfrutando durante las últimas semanas. 
Estamos todavía demasiado a principios de año para fijar las partidas presupuestarias, pero el procedimiento ha variado de tal forma que en el futuro tendremos que hacerlo siempre bastante temprano, lo cual no representa necesariamente un inconveniente. 
Si observamos las discusiones que están teniendo lugar actualmente en la Unión Europea, detectaremos que, por una parte, Europa se asocia a nivel de la población con una enorme dosis de esperanza, pero que, por otra, la gente está momentáneamente bastante desconcertada por muchos de sus aspectos. 
Los debates que vamos a celebrar este año, que además ejercerán cierta influencia en el presupuesto del año próximo, versarán sobre temas tales como la Convención, la ampliación, el progreso económico futuro y las perspectivas de paz. 
Resulta igualmente necesario que nosotros, el Parlamento, hagamos un trabajo fiable respecto del presupuesto, fiable en cuanto a lo que hemos hecho en el pasado y en cuanto a lo que queremos afrontar en el futuro. 
Hay que plantear y debatir cada tema concreto de una manera sincera y transparente. 
En todos y cada uno de los debates he dicho que tenemos que disfrutar de igualdad de derechos en todos los ámbitos del presupuesto, y sólo dejaré de decirlo cuando alcancemos esa situación, y la Convención tiene la oportunidad de que así ocurra y también en el procedimiento presupuestario, incluso en asuntos de política agrícola, y conceder a ambas partes de la autoridad presupuestaria idénticos poderes. 
Tenemos que garantizar que la transparencia y la claridad en materias relativas al presupuesto europeo puedan llegar a comunicarse al público. 
Nos encontramos en el umbral de la ampliación. 
Queremos la ampliación. 
La división del continente de Europa en Occidental y Oriental, pobre y rico, es una falacia, pero los preparativos para la ampliación tienen que ser transparentes y la lógica que los sustente tiene que ser comprensible, aun cuando se trate de asuntos financieros. 
El Parlamento es una de las dos partes responsables de la toma de decisiones y no vamos a permitir al Consejo que nos presente hechos consumados en estas materias. 
En lo que concierne al desarrollo económico de Europa, muchos de los que han hecho uso de la palabra anteriormente han afirmado que tenemos que desarrollar aún más el mercado interior, ese mercado interior que muchos juzgaron enfocado en una dirección correcta y que generó sus esperanzas; pero el desempleo en Europa sigue siendo un problema de la misma gravedad que la que había venido teniendo. 
Disponemos de los medios para hacer algo al respecto. 
En los últimos años hemos devuelto 14 millardos de euros en una ocasión, 11 millardos de euros en otra y este año vamos a devolver 7 millardos de euros, recursos que no se han utilizado, en los Fondos estructurales por ejemplo, para combatir el paro. 
Es algo que no debemos aceptar. 
Esta tendencia se ha visto aliviada en parte, pero sigue dándose el caso de que son excesivos los fondos disponibles de los que no podemos hacer uso. 
Para poder avanzar en este campo, os pido que promováis aún más la simplificación de la administración. 
En cuanto a la paz- tanto en el mundo como en el continente europeo- parece natural que tomemos como base de partida nuestras acciones pasadas para los desarrollos futuros, pero puesto que Europa aspira a elaborar una política exterior y de seguridad común, no debe entenderse como constituida solo por quienes están actualmente implicados en la creación de estructuras militares conjuntas. 
Nuestro planteamiento ha de consistir en evitar y prevenir los conflictos y en el desarme, como hemos realizado en temas como las minas terrestres, y si se me permite hacer referencia a los acontecimientos en Palestina y en el Iraq, evidentemente estamos preparados para suministrar ayuda humanitaria allí en fechas futuras, pero que nadie entienda esto como una patente de corso para hacer cuanto esté en sus manos, sobre la idea de que pueden aportar su pequeño grano de arena y que la reconstrucción pueda quedar en manos de la Unión Europea. 
Hemos de dejar meridianamente claro que no vamos a conceder carta blanca a nadie. 
Paso ahora al punto final que quiero exponer. 
Europa está sufriendo un cambio demográfico- y este es el punto en el que hemos de tener una mayor visión de futuro- por cuanto tiene un número cada vez más abundante de gente de edad avanzada y cada vez menos jóvenes. 
En el contexto europeo, eso producirá un efecto sobre las pensiones. 
Queremos que todas las políticas se enfoquen desde la perspectiva de lo que estos cambios supondrán en el futuro? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, señores Comisarios, he sacado una impresión muy pobre durante la Convención europea en cuanto al rumbo que está siguiendo la política de la UE en materia de idiomas. 
Las enmiendas propuestas al borrador de la constitución del Presidio no han sido traducidas a los idiomas oficiales de la UE. 
Los debates celebrados por los grupos de trabajo de la Convención solo han sido objeto de interpretación a dos o tres idiomas. 
Sin embargo, se está elaborando el borrador de una constitución que tiene un rango superior al de la legislación nacional de los Estados miembros. 
Dado que la Convención se denomina Convención sobre el futuro, las restricciones lingüísticas y la destrucción de las identidades lingüísticas pudieran parecer parte integrante del futuro de la Unión Europea. 
Los dos informes presupuestarios prestan atención a los idiomas, la traducción y la interpretación. 
Cuando la Sra. Gill habla de un multilingüismo controlado, no tengo la certeza de que eso signifique igualdad para todos los idiomas. 
Cuando se menciona la interpretación a distancia, no estoy seguro de que eso signifique interpretación a distancia para todas las lenguas. 
En el caso de que no se vayan a utilizar en igualdad de condiciones todas las lenguas en la UE, sometamos a sorteo cuáles de esas lenguas van a ser las denominadas lenguas de trabajo. 
Otro desafuero lingüístico es el hecho de que el Servicio de Visitas del Parlamento Europeo ya no cuenta con un funcionario que hable finés. 
Por lo demás, las orientaciones para el procedimiento presupuestario se mantienen a un nivel tan amplio que solo cabe formular algunas observaciones de carácter general. 
La voluntad política unánime del Parlamento parece ser la de adoptar la determinación de reducir el monto de los créditos de pago no abonados o RAL. 
Muchos de los integrantes de nuestro Grupo son contrarios a la introducción del apoyo financiero a los partidos europeos, por cuanto los partidos se convertirían entonces en supranacionales. 
Por lo que se refiere al informe del Sr Wynn, que es el siguiente que se va a someter a debate, se han presentado algunas enmiendas al respecto que abogan por la implantación de «euroimpuestos» para financiar las labores de la UE. 
Estos impuestos supranacionales resultan inaceptables para muchos de los integrantes de nuestro Grupo. 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, el diseño de una estrategia para el año que viene nos proporciona una oportunidad excelente para fijar prioridades. 
Dentro de su estrategia política para 2004, la Comisión opta en primer lugar por el acceso de diez nuevos Estados miembros a la UE, seguido por la estabilidad y finalmente por el crecimiento sostenible. 
No tenemos inconveniente en apoyar esta selección de prioridades políticas. 
La adhesión de diez nuevos Estados miembros ha supuesto un tema importante a lo largo del mandato de esta Comisión y es justo que se le conceda máxima prioridad en 2004. 
Al fin y al cabo, el 1 de mayo del año que viene, la ampliación de 15 a 25 Estados miembros será una realidad, siempre y cuando, por supuesto, la población de cada país candidato dé su consentimiento. 
En la elaboración por parte de la Comisión del tema de «crecimiento sostenible y solidaridad» resulta chocante que, según el parecer de la Comisión, la Unión debe asumir gran número de responsabilidades, a saber: a) la consolidación de la cohesión económica y social, b) la reducción de las disparidades entre los niveles de desarrollo de las diferentes regiones, c) la potenciación de un desarrollo económico y social sostenible, y d) la promoción de un desarrollo equilibrado y sostenible. 
Este optimismo acerca de la capacidad de un organismo para inducir por sí solo el cambio social no concuerda con nuestra visión del problema. 
La Comisión debería adoptar una actitud más modesta al respecto y no debería hacerse cargo de tantas tareas. 
Consideramos que seleccionar la estabilidad como una de las prioridades constituye una sabia elección. 
Al fin y al cabo es preciso que nos tomemos más en serio la amenaza terrorista global. 
La elaboración de este ámbito político en términos concretos, sin embargo, difiere una vez más de nuestra idea de seguridad y estabilidad en Europa. 
El aliado más importante en la lucha global contra el terrorismo y en el mantenimiento de la estabilidad internacional falta del lado de lo que se conoce como la «iniciativa de nuevos vecinos» o política de «círculo de amigos». 
Me estoy refiriendo a la alianza de la OTAN, con los Estados Unidos como aliado de peso. 
¿Está preparada la Comisión para definir su posición en este asunto? 
En el contexto de la perspectiva plurianual de la Unión Europea para el período 2004-2006 es donde realmente queda al descubierto su verdadero talante: esta perspectiva habla de las tareas fundamentales no solo de la «ciudadanía europea» y la solidaridad mencionada anteriormente, sino también de permitir a la Unión «ejercer las responsabilidades propias de una potencia mundial». 
A la luz de la situación actual, resulta utópico pensar en que la Unión Europea profundamente dividida desempeñe un papel más activo en el mantenimiento de la seguridad en el mundo. 
El Sr. Mulder es acreedor a nuestra felicitación por su encomiable informe sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario de 2004. 
Por desgracia no me puedo manifestar en términos igualmente elogiosos respecto del informe de la Sra. Gill. 
Las ventajas que ella prevé en el borrador de estatuto para los partidos políticos europeos se nos escapan totalmente. 
¡La Comisión pretende extraer no menos del 75% del presupuesto para tales partidos europeos del propio presupuesto de la UE! 
¿No resulta completamente desproporcionado? 
¿No es lógico, por tanto, que los ciudadanos que conforman la base de los diferentes partidos, proporcionen apoyo financiero al partido de su preferencia? 
Lo mismo resulta válido para la vinculación natural entre los partidos y las bases que los sustentan, que no puede sino reportar beneficios a su implicación en la política. 
Los partidos políticos nacionales que deseen asociarse a nivel europeo deberían sufragar tal iniciativa con cargo a su bolsillo, es decir, al bolsillo de sus afiliados. 
Los partidos políticos europeos se encuentran, por definición, mucho más alejados de los ciudadanos que los partidos nacionales. 
En consecuencia, si otorgamos a dichos partidos europeos una subvención enorme procedente de los fondos comunitarios, estaremos ampliando la brecha entre la ciudadanía y la política. 
Juzgamos totalmente increíble el análisis de la Sra. Gill en el sentido de que una ofensiva propagandística permitiría acercar los partidos a los ciudadanos. 
¿Qué efecto visible han producido las campañas europeas sobre la condición de ciudadano europeo o las ventajas del euro? 
La respuesta es ninguno, así que ¿por qué habrían de tenerlo ahora? 
En opinión de nuestro Grupo, lo mejor sería retirar de la circulación el borrador de estatuto cuanto antes. 
Señor Presidente, en calidad de ponente alternativo, quiero plantear cuatro cuestiones acerca del informe de la Sra. Gill. 
En primer lugar, en cuanto a la financiación de los partidos políticos- un tema que acaba de plantear el Sr. van Dam -, mi Grupo considera que dicha financiación debería estar encuadrada dentro del presupuesto del Parlamento, no en el de la Comisión. 
La razón radica en que nosotros podemos ser responsables: las reglas ya están fijadas y consensuadas por las tres instituciones. 
Yo tenía entendido que el Consejo de Ministros y la Comisión ya habían iniciado alguna acción para atribuir este presupuesto al Parlamento. 
Resulta justo y adecuado mostrar que somos responsables y que debemos rendir cuentas. 
Se ha presentado una enmienda y yo quiero instar a los diputados a votar- incluso en contra de sus propios Grupos- a favor de que sea el Parlamento quien tenga el control sobre el presupuesto de financiación de los partidos políticos. 
En segundo lugar, en cuanto al tema inmobiliario, la Mesa ha adoptado demasiadas decisiones sin remitirse a la comisión competente, la Comisión de Presupuestos. 
Me agrada el apartado 40 del informe de la Sra. Gill, que apoyo ampliamente. 
Pide al Secretario General que presente un informe, a más tardar el 1 de junio de 2004, donde se señalen «las justificaciones funcionales para los nuevos proyectos inmobiliarios». 
Espero que ese informe incluya la propuesta de dos nuevas salas de reuniones aquí. 
Los diputados conservadores y socialistas del Reino Unido se oponen a esas dos salas de reuniones, ya que entorpecerían el acceso tan agradable al Parlamento Europeo junto a los mástiles de las banderas. 
No hay ninguna justificación funcional. 
Las salas de reuniones- sobre todo las grandes- están infrautilizadas. 
Hay espacio más que suficiente, incluso con los países de la ampliación, para proporcionar cuantas instalaciones sean necesarias. 
Se trata de un tema muy importante y, en el futuro, nosotros al menos exigiremos una justificación funcional antes de aprobar cualquier gasto. 
Quisiera llamar la atención sobre una enmienda muy positiva- que estoy seguro merecerá la aprobación de la Sra. Gill- al apartado 28. 
Clarifica el impulso en favor de un mayor equipamiento para atender el multilingüismo, que resulta especialmente importante con vistas a la ampliación. 
Se refiere a la guía electrónica, estaciones de trabajo informáticas y señalización de las salas. 
Recuerdo que, siendo un diputado novato hace tres años, me tropecé con innumerables dificultades tanto en Bruselas como en Estrasburgo, incluso para encontrar los despachos. 
Pensemos por un momento en las dificultades lingüísticas que van a encontrar los diputados de los nuevos países. 
Por consiguiente, unas pantallas y una señalización permanente que se visualice consecutivamente en los diferentes idiomas, constituirían un complemento muy importante. 
Por último, en el informe hay una referencia al Tribunal de Cuentas. 
Desempeña una tarea muy importante y requiere recursos adicionales, una sugerencia que apoyo plenamente. 
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero dar las gracias a los ponentes. Pero quiero agradecer concretamente al Presidente Prodi por expresar, dentro de un discurso de amplio alcance, una realidad política: vivimos unos momentos terribles, pero la Unión tiene que seguir adelante con sus proyectos y sus ambiciones. 
El objetivo histórico que estamos a punto de conseguir- la ampliación de la Unión- exige una coherencia total de nuestras decisiones presupuestarias. 
A este respecto, el Parlamento también tendrá que desempeñar su papel, que no es el de notario que se limita a redactar informes y acepta las decisiones de otros sin capacidad de influir en ellas. 
Son cuatro las principales políticas europeas que contribuirán a la ampliación: la política de cohesión, la Política Agrícola Común, la política de las RTE y la política de cooperación entre pequeñas y medianas empresas. 
El éxito de la ampliación y la integración dependerá en gran medida de la forma en que se redefinan estas políticas y de la importancia que se les otorgue en el presupuesto. 
En primer lugar, creo que necesitamos reconsiderar los fondos asignados a las RTE y la contribución de la Unión, simplificar los procedimientos y reforzar la dimensión norte-sur, así como la dimensión este-oeste. En segundo, creo que tenemos que incrementar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas y su capacidad para establecer alianzas con las pequeñas y medianas empresas de los países candidatos a la adhesión. 
A tal fin, sería positivo potenciar los instrumentos existentes y el proyecto piloto actual sobre la ampliación y las PYME y aprovechar la oportunidad que nos brinda la revisión intermedia de la Agenda 2000 para dar un empujón decidido a las medidas que favorecen la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi felicitación más cordial al Sr. Mulder y a la Sra. Gill por sus excelentes informes, así como a la Comisaria Schreyer por el planteamiento tan constructivo que ha puesto de manifiesto durante la elaboración del presupuesto. 
Sin embargo, mi especial agradecimiento es para el Presidente de la Comisión, Sr. Romano Prodi, por la importante labor que ha realizado hasta el momento en favor de la construcción de la Unión Europea y del acercamiento de las naciones, dentro del contexto de un proyecto común que ahora denominamos ampliación por el este. 
El presupuesto que tenemos ante nosotros es el primero que se elabora para una Comunidad de 25 Estados miembros. 
Se trata de una empresa de mucha enjundia desde el punto de vista técnico, ya que el presupuesto se deberá aplicar a 15 Estados miembros durante los primeros cuatro meses y a 25 Estados miembros durante el resto del año. 
Por tal razón es de justicia resaltar la importante función de los ponentes durante la elaboración de este presupuesto. 
Por fortuna, trabajamos con la confección de presupuestos basados en actividades, que por primera vez se está llevando a la práctica con seriedad. Servirá para mejorar la transparencia del presupuesto y proporcionar una imagen mejor del trabajo que se está llevando a cabo dentro del marco de la Unión Europea. 
La elaboración de presupuestos basados en actividades proporciona una respuesta inmediata a la pregunta de lo que cuesta realmente cada actividad. 
La ampliación por el este supone un reto para todo el mundo y debe tenerse en cuenta durante todo el proceso de elaboración del presupuesto. Eso comienza por la administración. 
Tenemos que seguir respetando los distintos idiomas de los Estados miembros y tener en máxima consideración el multilingüismo. 
El reto más importante, sin embargo, afecta a los Fondos Estructurales. 
La ampliación por el este va a representar un tremendo proyecto de reconstrucción, el mayor en el que se haya embarcado Europa Occidental desde la Segunda Guerra Mundial. 
Para que se traduzca en un éxito, hay que simplificar la administración de los Fondos Estructurales y gestionarlos con mayor eficacia. 
Solo de esta forma se podrán alcanzar los resultados que nos hemos propuesto. 
Señor Presidente, la Comisión ha recalcado en su comunicación que la ampliación de la Unión Europea representará el desafío principal de 2004. 
Si bien no cabe negar la importancia de este tema, tengo mis dudas de que estas partidas presupuestarias permitan realmente a la Comisión hacer frente a estos retos. 
Mi auténtica preocupación radica en el hecho de que, junto con la ampliación, hemos de prever un gasto de unos 11 millardos de euros en 2004, lo que representa únicamente el 10% de todos los créditos comprometidos. 
En el caso del gasto agrícola, la proporción solo es del 2,4 %. 
Estas proporciones difícilmente serán capaces de garantizar la participación de los Estados miembros en condiciones de igualdad, aun teniendo presente que la adhesión no se producirá hasta el 1 de mayo, así que lo que espero de la Comisión es que especifique con detalle en el borrador preliminar del presupuesto los derechos legales que van a tener los nuevos Estados miembros a la hora de participar en todos los programas subvencionados con cargo al presupuesto de la UE. 
Los fondos para las medidas estructurales son muy amplios- durante los años precedentes se han diseñado planes de previsiones muy acertados- pero lo que no está funcionando es la salida de recursos. 
Espero que la Comisión no demore mucho la elaboración de cifras exactas y un análisis de por qué esto es así y de las cortapisas que implica. 
Precisamos una mayor confianza en la equidad del sistema, ya que no se puede despilfarrar ni un euro de los fondos de apoyo estructurales. 
Para muchos ciudadanos en las regiones de la Unión Europea, los proyectos que dependen de tales fondos representan la última esperanza sutil de conservar sus puestos de trabajo. 
Ahora, hoy, ha sonado el pistoletazo de salida y puede comenzar el proceso de confeccionar el borrador preliminar del presupuesto general de 2004; nos esperan debates importantes y queda por hacer una labor importante. 
Por tanto, espero una transparencia total en todo el procedimiento, junto con una labor de relaciones públicas de gran alcance, que no puede fracasar en su misión de mejorar la percepción del público de la Unión Europea. 
Señor Presidente, el Presidente de la Comisión nos ha recordado el contexto en el que se plantea la estrategia de la Comisión para el año 2004. 
Él se ha referido, lógicamente, como no podía ser de otra manera, a la crisis de Iraq, a la ampliación y a la necesidad de un proyecto político estratégico para una Unión ampliada. 
Se ha referido, también, a la profunda reflexión acerca de nosotros mismos y de nuestro papel en el mundo que estamos llevando a cabo en el seno de la Convención, que prepara los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, y también a otros factores como la entrada en vigor del Tratado de Niza y, ya más en la óptica presupuestaria, a la entrada en vigor el 1 de enero del nuevo Reglamento Financiero. 
Es evidente que necesitamos una política exterior de la Unión que sea eficaz, transparente y visible. 
Por eso, sería deseable que la Comisión nos diese alguna indicación de cómo ha ido evolucionando la política de descentralización y, también, de cómo van los compromisos pendientes de liquidación anormales, asuntos que realmente preocupan al Parlamento desde hace tiempo. 
Creo que deberíamos acometer una profunda reflexión acerca de la rúbrica 4- política exterior- donde estamos, todos los años, poniendo parches. 
Le pido a la Comisión que este año, cuando nos presente el anteproyecto de presupuesto, sea coherente con los compromisos que ella misma ha asumido en el ámbito de la Cumbre de Madrid, porque no se pueden financiar nuevas prioridades con los mismo recursos. 
En este sentido, la Comisión está, por un lado, modulando el sistema de preferencias generalizadas para países como Colombia o Costa Rica y, por otro, no esperamos que este año la Comisión en el APP nos proponga nuevas reducciones presupuestarias. 
Le pido que esté atenta a este supuesto y le digo que es importante que, si queremos tener una política exterior ambiciosa, reflexionemos sobre la forma en la que hemos de dotarnos de recursos para poder llevarla adelante en el ámbito de la política exterior y en el ámbito de la política de la defensa, porque si no, señor Presidente, nos limitaremos, como es el caso, a no estar presentes en la mesa de negociaciones y a firmar el cheque de los grandes dramas contemporáneos sin tener ninguna capacidad decisoria. 
Creo que hay que felicitar al Sr. Prodi por la visión que ha tenido al presentar este debate sobre las prioridades estratégicas, que debemos asociar al debate sobre las orientaciones presupuestarias para el año 2004. 
Señor Presidente, la guerra que está a punto de librarse en el Iraq en provecho del imperialismo estadounidense y de sus aliados, no solo es una guerra inhumana; tendrá un enorme impacto sobre la economía de la Unión Europea y reducirá sensiblemente los ingresos de la clase trabajadora y los ingresos de la Unión Europa. 
El ingreso de los nuevos Estados miembros, cuyo PIB se encuentra por debajo de la media comunitaria y cuyas necesidades son mayores, provocará asimismo graves problemas. 
Las orientaciones presupuestarias de 2004 de la Unión Europea se refieren todas ellas al recorte de inversiones en los Fondos Estructurales y la Política Agrícola Común y a la subvención de la política común europea de defensa y seguridad, tan represiva y agresiva, utilizando como meras excusas la lucha contra el terrorismo y la inmigración, la gestión de la crisis y la prevención de conflictos. 
En otras palabras, el gasto agrícola va a sufrir un recorte de acuerdo con el planteamiento de la OMC y bajo presión de los Estados Unidos y esto se va agravar por una reestructuración obligatoria y una tendencia antiagrícola en la reforma parcial de la PAC. 
Todo ello viene a constatar que el presupuesto sigue siendo un presupuesto contra las bases populares y que los sacrificios impuestos a los trabajadores en beneficio de los monopolios constituyen una práctica continuada, ahora en el estilo de Lisboa, con una mayor explotación, más ataques contra los derechos de empleo y de seguros de los trabajadores, un desempleo galopante, catástrofes medioambientales y una comercialización todavía mayor de la salud, la educación y los servicios sociales. 
Los trabajadores, las clases medias bajas e inferiores de la sociedad urbana y rural vuelven a ser los paganos de la factura que nos pasa la recesión, con el fin de que las grandes empresas puedan seguir incrementando sus beneficios. 
Los diputados del Partido Comunista de Grecia se oponen a estas orientaciones presupuestarias porque, en vez de resolver los problemas de los trabajadores, los agricultores y las pequeñas empresas, crearán nuevos problemas y disminuirá el nivel de vida de la gente en los países candidatos a la adhesión. 
En vez de ayudar a mantener la paz, el presupuesto se está utilizando para financiar una mayor militarización y agresión por parte de la Unión Europea y su filosofía antidemocrática y antipopular. 
Señora Presidenta, Señorías, quisiera responder, desde la óptica de la política exterior, a una serie de observaciones que se han formulado acerca de estas orientaciones presupuestarias. 
Tradicionalmente, la política exterior en los Estados miembros es un asunto de competencia de los gobiernos, pero el parlamento entra a participar por la vía del procedimiento presupuestario, que le permite influir en la política exterior y la fijación de prioridades por parte del gobierno. 
Dado que existe una especie de falta, en el ámbito europeo, de un equivalente a este tipo de control democrático, nos complace la atención prestada por la Convención a un rango más amplio de opciones para que el Parlamento ejerza su influencia sobre temas fundamentales de financiación de asuntos de política exterior. 
Sobre todo nos alegramos por el hecho de que haya sido posible, en el transcurso del procedimiento presupuestario de 2003, alcanzar un acuerdo con el Consejo acerca de la información relativa a las medidas en el campo de la política exterior y de seguridad. 
El hecho de que el Consejo haya dado un paso significativo accediendo a los deseos del Parlamento constituye toda una novedad, y aun cuando en principio no cumplió el compromiso que había adquirido durante el procedimiento presupuestario, la información relativa a nuestras actividades en Macedonia ha acabado aterrizando sobre la mesa. 
La consulta más reciente al Consejo permitió garantizar esto último y en mi opinión eso supone un paso en la dirección correcta. 
Una cooperación de este tipo entre el Consejo y el Parlamento sienta las bases para futuras acciones. 
Por esta razón consideramos especialmente importante la sección de las orientaciones en la que el Parlamento hace renovado hincapié en su voluntad por trabajar conjuntamente con el Consejo en el tema de la política exterior y de seguridad común, así como en su propia insistencia de implicarse en el mayor grado posible en la elaboración del presupuesto de acciones conjuntas, su planificación y la toma de decisiones al respecto. 
En el pasado hemos tenido problemas por cuanto los compromisos adquiridos por el Consejo se traducían en que el Parlamento acababa viéndose obligado a suministrar los fondos con cargo al presupuesto. 
Esto se puede cambiar si se informa y se implica al Parlamento con suficiente antelación. 
En tal caso, creo que estas orientaciones presupuestarias bien pudieran dar paso a una nueva etapa de cooperación entre el Parlamento y el Consejo. 
Manteniéndonos en el ámbito de la política exterior, permítame formular otra observación respecto del grupo ad hoc que hemos creado ahora para analizar los pagos directos a la Autoridad Nacional Palestina. 
Considero que este grupo ad hoc nos proporciona una buena oportunidad para cooperar con la Comisión para saber exactamente lo que se ha hecho con el dinero de los contribuyentes europeos. 
Decidimos no crear una comisión de investigación, que contribuiría a aumentar los gastos desde un principio, toda vez que lo único que queremos conocer es cómo ha funcionado esta ayuda directa y cómo organizarla mejor en el futuro. 
Este grupo de trabajo está a punto de comenzar a funcionar. 
No es tanto un problema entre el Parlamento y el Consejo, como entre el Parlamento y la Comisión, y esperamos que, en el seno del grupo de trabajo, la Comisión haga honor a sus compromisos y esté dispuesta a trabajar codo con codo con el Parlamento. 
Señora Presidenta, a la hora de analizar lo que usted, Presidente Prodi, ha denominado el estado de la Unión y las orientaciones presupuestarias relacionadas, hemos de tener cuidado, como también ha dicho, para evitar dos escollos. 
El primero consistiría en exagerar nuestras diferencias, mientras que el segundo sería considerarlas insignificantes. 
Si queremos definir una política exterior comunitaria, si pretendemos dotar a esta Unión ampliada de los medios para defender sus valores, no debemos temer los debates y, Señorías, si se nos presenta la oportunidad, quizá por primera vez en esta etapa, sometamos a discusión los recursos financieros que tendremos que acordar dispensar para tal fin. 
En calidad de ponente, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, para un informe sobre la nueva arquitectura de la nueva política de seguridad y defensa europea, que será sometido a votación en la Comisión a finales del mes en curso, agradezco la oportunidad que se me presenta para introducir este tema sin mayor dilación, lo mismo que acojo con satisfacción la información y las indicaciones recibidas a lo largo de las últimas semanas, procedentes tanto de la Comisión como del Consejo. 
Con relación al Consejo, en primer lugar, el Consejo de Asuntos Generales decidió durante la reunión del 27 de enero pasado, al tiempo que decidía hacerse cargo de las operaciones militares en Macedonia, establecer un mecanismo financiero diseñado para cubrir la parte de gastos relacionados que tendrán que ser financiados conjuntamente por la Unión Europea. 
Esta iniciativa es algo totalmente novedoso e indudablemente comenzará a proporcionar cierta credibilidad a los objetivos enunciados, que usted acaba de recordar de forma tan precisa, Presidente Prodi. 
Ahora solo nos queda esperar que este instrumento, que se ha habilitado con tanta diligencia de acuerdo con el Parlamento, se pueda hacer extensivo a todas las operaciones futuras de la UE. 
En cuanto a la Comisión, he recibido con idéntico interés el balance final del encuentro reciente entre usted, Presidente Prodi, y el ministro de Defensa griego, Giannos Papantoniou, que parece ser ha sugerido incluir una nueva partida para financiar la investigación en temas de defensa dentro del presupuesto de la UE. 
Esa es justamente una de las nuevas propuestas que debería quedar aprobada a ciencia cierta dentro de unos días por la mayoría de mis compañeros en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
¿Puedo preguntarle, Presidente Prodi, por su reacción personal ante dicha propuesta y cuándo cree que podría comenzar a ponerse en práctica? 
En conclusión, señora Presidente, Presidente Prodi, a menos que la Unión se dote a sí misma de los medios institucionales, operativos y financieros necesarios, se verá condenada a permanecer en la banda del terreno de juego internacional durante mucho tiempo. 
Estoy convencido de que eso no es lo que desea la mayoría de nuestros conciudadanos europeos. 
Señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, Señorías, quisiera comenzar dando las gracias a la Comisión por haber cumplido lo prometido el año pasado y haber sincronizado los debates sobre la estrategia política y el presupuesto del año que viene; considero que hoy se nos brinda una ocasión importante y nos confiere la tarea de llevar conjuntamente sobre nuestros hombros esta gran responsabilidad conjunta cara a Europa y a sus habitantes. 
Las cuestiones a las que nos tenemos que enfrentar son naturalmente importantes y, ahora mismo, quiero decir algo de manera muy rotunda: señora Comisaria, sería de gran ayuda para nosotros si no tuviéramos que preocuparnos únicamente de cuestiones que serán trascendentes después de haber expirado el mandato de usted, tales como la forma de proceder después de 2006 y con lo que nos encontraremos entonces. 
Lo que tenemos que tratar, muy concretamente, es cómo ajustar la Perspectiva Financiera para tener en cuenta la ampliación. 
Me hubiera encantado que la Comisión hubiera adoptado una actitud algo más afable respecto del Parlamento a fin de garantizar los derechos del Parlamento, y por consiguiente el interés público en lo que respecta a la transparencia y la franqueza de este proceso. 
Ciertamente hubiéramos agradecido algunas declaraciones más explícitas en este ámbito. 
Permítame manifestar ahora, en términos muy claros, que tendremos que considerar si, dentro de unos meses, nos hallaremos en situación de gestionar las solicitudes de admisión en esta Cámara, o de si quizá debiéramos antes resolver la cuestión institucional de cómo involucrar al Parlamento en el trámite de este tema tan importante. 
Lo que realmente me gustaría hacer ahora es decir algo al Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, que brilla por su ausencia y no considera necesario enviar a ningún representante a este debate, lo cual habla por sí solo. 
Ahora que estamos debatiendo la ampliación y nos estamos preparando para dar la bienvenida a nuestros observadores parlamentarios de otros Estados candidatos dentro de muy pocas semanas, deberíamos recapacitar ciertamente sobre otras alternativas de cooperación- el Sr. Dover expuso ese punto de vista de una manera impresionante y le estoy enormemente agradecido por hacerlo- a fin de evolucionar juntos de una manera más organizada en nuestro quehacer y nuestra vida cotidiana. 
Considero deplorable que el Grupo de los Verdes presente enmiendas destinadas a eliminar tales pasajes del informe de la Sra. Gill. 
Es justo lo contrario de lo que necesitamos si queremos dar cabida a más de un centenar de nuevos diputados en esta Cámara. 
Ahora, querida Comisaria, llega mi petición de que nos concentremos en los asuntos pendientes. 
He mencionado el asunto de la Perspectiva Financiera, así que permítame que le recuerde el caso Andreasen. 
Tengo aquí un informe interno de la Comisión, que llega a unas conclusiones diferentes de las expuestas por usted en la Comisión de Control Presupuestario. 
Ha llegado el momento por fin de solventar el problema del sistema contable. 
Una de las grandes promesas de la Comisión consistió en que esta legislatura parlamentaria se encargaría de poner en marcha todo este engranaje. 
Una vez que hayamos esclarecido debidamente todas estas cosas estaremos en condiciones de hablar sobre las perspectivas de las finanzas de la UE más allá de 2006, pero ahora mismo hay otros temas en la agenda, que tendrán que ponerse en claro con carácter de urgencia si queremos que todos los aspectos prometidos desde el día de la toma de posesión de la Comisión queden finalizados para cuando su mandato toque a su fin. 
Si conseguimos eso, habremos hecho mucho en favor de Europa. 
Señor Presidente, las orientaciones presupuestarias para 2004 nos obligan a plantearnos, a mi juicio, tres cuestiones básicas: en primer lugar, el nivel de gasto posible; en segundo lugar, la mejora de la ejecución y, en tercer lugar, las opciones estratégicas de gasto. 
En cuanto al nivel de gasto, actualmente, el presupuesto de la Unión representa el 1,02 % de la renta bruta comunitaria y está en su nivel más bajo. 
Las actuales perspectivas autorizarían una cantidad adicional de unos 5 000 millardos. 
El mismo nivel de gasto se proyecta para el presupuesto 2004. 
Nos movemos, por tanto, en un contexto de austeridad, exigencia tan apreciada por el Consejo. 
Una buena ejecución es crucial para el presupuesto 2004. 
En los últimos tres años hemos tenido un consumo de pagos muy inferior a las previsiones, con un excedente total, para estos tres años, de unos 23 000 millardos. 
Hay que insistir, por tanto, en la declaración del pasado año sobre los perfiles de ejecución y el plan para eliminar el RAL anormal. 
En cuanto a las prioridades, creo, sinceramente, que el informe de nuestro colega Mulder ha acertado plenamente, porque refleja dos cosas muy importantes: por un lado, las preocupaciones y expectativas de los ciudadanos y, por otro, los elementos necesarios para que la autoridad presupuestaria pueda decidir de común acuerdo. 
Por muchos motivos, Señorías, el presupuesto para el 2004 es crucial y símbolo de una nueva andadura de la Unión. 
Los ciudadanos tienen claro que su seguridad, su libertad y su prosperidad exigen decisiones presupuestarias adecuadas e instrumentos comunes. 
Los controles de las fronteras exteriores, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo requieren dar más capacidades a Europol y a Eurojust. 
Y, por último, el impulso a la actividad empresarial es una exigencia para el éxito de una Unión ampliada. 
Aún quedan por despejar muchas incógnitas como las posibles repercusiones financieras de la reforma agraria o la adopción del ajuste de las perspectivas financieras. 
En cualquier caso, el Consejo, que hoy incomprensiblemente no nos acompaña, debe ser consciente de que los retos que se avecinan solo tienen una vía de solución, que no es otra que el acuerdo con el Parlamento. 
Señora Presidenta, Señorías, estamos debatiendo el presupuesto y la estrategia para 2004. 
Como ya se ha dicho, 2004 será el año de la ampliación de la Unión Europea, pero también tiene que ser un año en el que, por fin, la política exterior y de seguridad de la Unión Europea experimente un desarrollo notable. 
Así que, la cuestión esencial estriba en saber qué control democrático habrá cuando dispongamos de una política de defensa común. 
En este ámbito, el control democrático se ejerce principalmente a través del procedimiento presupuestario. 
Si tenemos que abordar temas de guerra y paz lo mismo que los temas de política exterior y de seguridad, dicho control democrático adquiere mayor importancia que en otros campos. 
A la vista de la Convención necesitamos formular ciertas demandas ahora, demandas que serán importantes en 2004. 
Para empezar, tenemos que garantizar que el elemento militar del gasto operativo en el mantenimiento de la paz y la gestión de crisis tiene asignado un lugar fijo dentro del presupuesto regular de la Unión Europea y que nosotros, en el Parlamento, gozamos de plenos poderes de codecisión. 
En segundo lugar, Presidente Prodi, usted ha dicho que se están realizando acciones conjuntas en la Unión Europea en el campo de la investigación y desarrollo, así como en la adquisición de armamento. 
Sabemos que la Convención está hablando de un organismo de armamento y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que estas partidas presupuestarias no desaparezcan por ahí en un presupuesto fantasma, un presupuesto sobre el que ni el Parlamento Europeo ni ninguno de los veinticinco parlamentos nacionales tenga control alguno, sino que estas unidades de gasto queden reflejadas en el presupuesto oficial de la Unión Europea. 
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, señora Comisaria, Señorías, en el ámbito de esta discusión conjunta sobre la estrategia política de la Comisión Europea para 2004, no puedo dejar de recordar que este es el primer presupuesto en una Europa ampliada que incluye los nuevos Estados miembros. 
Por tanto, el presupuesto de la Unión Europea tiene que contribuir, más que nunca, a lograr la cohesión social y regional, tanto en los nuevos Estados como en los actuales 15 Estados miembros. 
Estoy de acuerdo con el hecho de que las prioridades elegidas para este presupuesto de 2004 sean la conclusión del mercado interior, la estrategia para el desarrollo sostenible y la consecución de la estrategia de Lisboa, con el propósito de convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo en el año 2010. 
Este es, de hecho, uno de los mayores desafíos con que se enfrenta la Unión Europea y que se significan por tener implicaciones inmediatas y prácticas para cada uno de los ciudadanos de Europa. 
Me congratulo igualmente por la entrada en vigor del Tratado de Niza que, a pesar de todas las críticas que ha suscitado merecidamente, al menos posee una virtud: ha aumentado el número de políticas que quedan cubiertas por el procedimiento de codecisión, proporcionando con ello mayor poder de acción al Parlamento Europeo. 
Sin embargo, y debido a que la situación no es toda de color rosa, quisiera formular algunas críticas al documento de la Comisión Europea que nos ha sido presentado hoy. 
En primer lugar, estoy de acuerdo con el ponente en cuanto a la necesidad de insistir en que la Comisión europea convierte en su directriz prioritaria el aumento de la ayuda al desarrollo rural en el contexto de la PAC. Este es precisamente el campo en el que se pueden apreciar las mayores disparidades entre los diferentes Estados miembros. 
En segundo lugar, insto a la Comisión a reforzar el proceso de simplificación y mejora de la implantación del presupuesto, especialmente en cuanto a su política sobre Fondos Estructurales. 
En este contexto apoyo la puesta en práctica de previsiones de pago más fiables y de que se informe mejor al Parlamento Europeo acerca del nivel de pagos en curso, por programa, a fin de contrarrestar los riesgos de anulación de pagos. 
Concretamente en el contexto de la anulación de fondos, considero que la regla N+2, que obliga a los Estados miembros a utilizar los fondos dentro del plazo de dos años a partir de haber sido programados debe contemplarse como un incentivo para utilizar con prontitud los fondos, sin comprometer con ello la calidad del gasto efectuado. 
Con respecto a los Fondos Estructurales, quisiera aprovechar asimismo esta oportunidad para recabar la atención de la Comisión sobre un problema del que ya ha sido alertada: la adhesión de los nuevos Estados miembros tendrá el efecto estadístico de reducir el PIB medio de la Unión Europea. 
En consecuencia, los niveles de algunas regiones aumentarán, con un mayor riesgo de perder Fondos Estructurales debido a que sobrepasan los niveles mínimos que les hacen acreedores a la ayuda comunitaria. 
Quiero resaltar que esto, como de hecho ha señalado el propio Comisario para la Ampliación, Günter Verheugen, representa riqueza sobre el papel, pero no en la realidad. 
Los indicadores estadísticos por sí solos no pueden justificar el fin de una política de cohesión para los actuales Estados miembros. 
La Unión Europea tiene todo el interés en ver que sus Estados miembros actuales disfrutan de elevadas tasas de crecimiento, más empleo y más oportunidades. 
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, el público- especialmente en los países candidatos a la adhesión- a menudo asume erróneamente que el presupuesto de la Unión Europea versa, efectivamente, solo sobre política agrícola. 
Esa suposición no solo es fatal, sino que es falsa. 
En momentos de cambio y renovación económica tiene para nosotros más importancia el hecho de afirmar y crear cohesión social a fin de, entre otras cosas, estabilizar la democracia y conseguir la aceptación del público en estos nuevos Estados miembros. 
Hablando en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, me gustaría ahora resaltar cuatro puntos del debate que resultan de especial importancia para nosotros. 
En este contexto, el primero es el apoyo para el diálogo social. 
Prácticamente en todos los países candidatos sigue existiendo la necesidad de establecer y reforzar unas estructuras que hagan realidad el diálogo social. 
El segundo punto consiste en la necesidad de mejorar las condiciones del puesto de trabajo. 
Nuestra labor en los Estados miembros contempla la salud y la seguridad en el trabajo como prioritarias y lo mismo tiene que cumplirse en los países candidatos. 
El tercer punto es que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha respaldado nuestro deseo de disponer de mayor soporte, en cualquier caso, para la plataforma social como parte del programa de acción contra la exclusión y la discriminación social. 
Quisiera remitirles a la resolución de Lisboa en la que resaltamos la competitividad y las oportunidades de empleo y llamamos la atención sobre la necesidad de ambas. 
En los países candidatos, la reestructuración no solo afecta a la agricultura, sino también a amplios y anticuados sectores de la industria. 
Necesitan que les ayudemos en esa tarea, una ayuda que podemos- y debemos- proporcionar mediante fondos de la Unión Europea. 
En todos estos campos, dependemos naturalmente de los conocimientos de los organismos. 
Por tanto esperamos que se les concedan los créditos financieros que precisan. 
Señora Presidenta, Señorías, me gustaría responder brevemente a algunas de las preguntas, que son enormemente interesantes. 
Es una lástima que la mayoría de los diputados se encuentren ausentes. 
Esto debería ser un diálogo. 
Pero me agrada ver que el señor Elles está aquí, así que dirigiré mis respuestas principalmente a él, ya que ha formulado una serie de preguntas fundamentales. 
En primer lugar, ha planteado el tema acerca de si esta perspectiva es solo para cinco o para siete años. 
No estamos en situación de tomar una decisión, así que hemos dejado abiertas las posibilidades. 
Yo personalmente estoy a favor de una perspectiva de cinco años, tanto porque así quedaría sincronizada con la labor del Parlamento como porque considero demasiado prolongado un período de siete años, que dificultaría en exceso las tareas de control y rebasaría nuestra capacidad de previsión. 
El señor Elles ha planteado además el asunto del número de Comisarios. 
El problema no radica en el número de Comisarios, sino en la autoridad que se otorgue al Presidente para organizar y tomar decisiones. 
Con independencia del número de Comisarios, la cuestión está en cómo organizar el trabajo de la Comisión. 
Se puede gestionar satisfactoriamente tanto con un número reducido de Comisarios como con un número mayor de ellos. 
En lo que concierne al personal y al servicio de traducción, hemos realizado auténticos esfuerzos hercúleos y restringido al mínimo posible el número de nuevas contrataciones de personal dedicado a la ampliación. 
El señor Elles ha planteado una serie de puntos diferentes que considero importante debatir. 
Por ejemplo, ha señalado posibles deficiencias en el capítulo de las relaciones exteriores, concretamente en lo relativo a la alianza transatlántica. 
Nada más comenzar mi intervención he mencionado uno de los dos errores que hay que procurar evitar, el de no ser capaces de comprender la importancia de la alianza transatlántica, y lo he hecho adrede porque lo considero esencial. 
De hecho, el «grupo de paz» creado por el Comisario Lamy también se ocupa de este tema. 
Más concretamente, hay dos dimensiones principales de las relaciones exteriores: la dimensión regional «Wider Europe» , el proyecto que vamos a aprobar hoy, y la dimensión internacional, que cubre de manera esencial y primordial las relaciones transatlánticas. 
La reforma de la Comisión ha constituido una prioridad desde un principio y, a partir de 2004, dispondremos de un Reglamento de Personal totalmente nuevo. 
Ha representado una labor ingente. 
Tenemos un proceso de cualificación que abarca a todas las instituciones, hoy estamos debatiendo la estrategia política anual, hemos transformado completamente la gestión financiera de la Comisión y disponemos de un nuevo sistema de gestión que otorga mayores poderes y responsabilidades- lo cual es de una importancia vital para nuestro futuro- a nuestros funcionarios, tenemos además un nuevo sistema de control y estamos trabajando concretamente en el nuevo sistema contable, como usted bien sabe, señor Elles. 
A la vista de la mención que usted ha hecho de la carta, ahora que sé de su existencia, le puedo garantizar que se hará pública de forma inmediata, porque estas cosas han de publicarse. 
No obstante, en cualquier caso tenemos que ser conscientes de que, en caso de que se haga necesario un procedimiento disciplinario, deberán respetarse todos los derechos de los implicados en el procedimiento. 
De cualquier forma- vuelvo a recalcar- la carta debe salir a la luz pública sin demora alguna. 
En cuanto a las famosas peticiones que aún están pendientes, me encargaré de ellas. Haré todo lo posible y más, utilizando cuantos recursos se hallen disponibles para tomar cartas en el asunto cuanto antes. 
Sin embargo, me atrevo a sugerir que el hecho de que todavía queden por responder 400 peticiones- como usted afirma, señor Elles -, tal vez signifique que se ha planteado un número excesivo de ellas. 
Asumo la culpa por el retraso en dar respuesta a algunas de ellas, pero creo que tenemos un montón de cuestiones enormemente importantes que solventar. 
Quisiera centrarme ahora en un aspecto planteado por el Sr. Clegg acerca de un mejor reglamento, ya que guarda relación con estos temas. 
Nos hallamos próximos a un acuerdo, pero debo decir que mi impresión es que el Parlamento muestra ahora menos interés en el asunto que un tiempo atrás. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para solicitar un último esfuerzo a fin de poder lograr un acuerdo durante la cumbre interinstitucional del 19 de marzo. 
Animo formalmente a la Presidencia del Parlamento a que aproveche al máximo esta oportunidad y a que esté preparada para lograr una conclusión política la próxima semana. 
La Comisión, por su parte, está realmente dispuesta a ello. 
El General Morillon ha solicitado información acerca de la rúbrica presupuestaria y la investigación relacionada con defensa. 
Estamos estudiando la posibilidad de financiar la investigación militar fuera del Sexto Programa Marco de investigación, pero por ahora no disponemos de una respuesta definitiva al respecto. 
He señalado la necesidad de celebrar un debate; sería útil discutir el asunto y presentaremos soluciones lo antes posible. 
Mis observaciones finales son para responder las cuestiones planteadas por el Sr. Swoboda, en otras palabras, lo que él ha descrito como el debate impreciso sobre los objetivos, los Balcanes y el Mediterráneo. 
La Comisión ha presentado- y hoy va a completar ese material- un plan extremadamente preciso con una política clara que considera los países balcánicos como parte de Europa. 
Serán Estados miembros de la Unión, pero estarán sujetos a las mismas condiciones estrictas que se han aplicado a los países de esta primera fase de la ampliación. 
No hay concesiones. 
La puerta estará abierta para cuando quieran entrar, pero solo se les permitirá la entrada cuando estén debidamente preparados. 
No va a haber ninguna permisividad al respecto. 
Estoy de acuerdo con lo dicho por el Sr. Swoboda acerca del tema de la política de visados- que ha calificado de absurda- no porque no tengamos que ser rigurosos a la hora de proteger las fronteras de la Unión, sino porque sinceramente creo que se trata de una política necesitada de una completa modernización. 
Efectivamente, en muchos casos los delincuentes no tienen problema alguno en obtener un visado mientras que, para los ciudadanos normales, a menudo representa un proceso tedioso que no conlleva un mayor control, y digo esto precisamente porque he visto cómo se aplica la política de visados en la vida real. 
Lo que necesitamos, me atrevo a recalcar, no es reducir la protección de nuestras fronteras sino, más bien al contrario, aumentarla y hacerla más eficaz e inteligente. 
Finalmente, la última observación del Sr. Caudron: la Comisión hace gala de un optimismo injustificado en su informe. 
Nos encontramos en una situación de extrema dificultad en la que todo se está desintegrando. 
Quiero dejar muy claro que somos plenamente conscientes de la dificultad de la situación, de los trágicos sucesos que están ocurriendo, pero también conocemos la enorme importancia de mantener un planteamiento equilibrado que tenga en consideración la totalidad de los factores, de la necesidad de conceder la máxima consideración a la labor de las Naciones Unidas, del hecho de que la nueva estrategia exige verdaderamente unas instituciones internacionales más sólidas y con un apoyo universal, y para todo ello resulta indispensable el papel de Europa. 
Creo que en las semanas venideras probablemente presenciaremos una crisis tremendamente grave, pero tengo la profunda convicción de que esta propia crisis pondrá de manifiesto el papel insustituible de las instituciones europeas. 
Solo Europa ha logrado su unidad con la paz como prioridad máxima, introduciendo e implantando una nueva concepción del interés nacional y relacionándolo con el interés común, comportándose frente a los países que la defienden con franqueza y exhibiendo, yo diría, una nueva forma de entender las relaciones y los asuntos internacionales. 
No podemos ignorar todo esto. 
Ciertamente, en tiempos de crisis como los actuales, la gente no nos presta toda la atención que querríamos, pero sabemos que estamos esparciendo la simiente para el futuro. 
Muchas gracias, Presidente Prodi. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0046/2003) del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la reforma del procedimiento presupuestario: posibles opciones con vistas a la revisión de los Tratados [2002/2271 (INI) ]. 
Señora Presidenta, la Comisión de Presupuestos decidió que sería bueno elaborar un informe sobre este tema. 
Como no fue posible alcanzar un consenso sobre la persona que debería elaborarlo, se decidió que el presidente de la Comisión de Presupuestos fuera también el ponente, así que me encontré con la maravillosa tarea de confeccionar este informe. 
Por este motivo llevo puestas tres gorras al mismo tiempo, si es que ello es posible. 
Llevo la del ponente, y como tal reflejo los deseos de la comisión en el sentido en que ha votado y enmendado el borrador original. 
Llevo otra en calidad de Presidente de la comisión, controlando al ponente. 
La tercera gorra corresponde a mi condición de diputado laborista británico que está en desacuerdo con una serie de enmiendas de su propia familia política, el PSE. 
No ha sido fácil intentar compaginar las tres. 
Es de justicia reconocer que el único cambio que he intentado introducir en este informe fue el de refundir los apartados 6 y 8 en aras de una mayor coherencia. 
Sin embargo, no he logrado obtener un consenso entre los Grupos políticos y, por tanto, el informe ha quedado como estaba. 
Si pudiera cambiar de gorra- lo cual no es posible, puesto que llevo la propia del ponente- y si hablara en calidad de diputado laborista británico, daría mi aprobación al texto de la Sra. Buitenweg, ya que resulta de fácil lectura, es sencillo, conciso y, sobre todo, no es nada exagerado acerca de nuestros propios recursos. 
Sin embargo, pondría una milla de tierra por medio- bueno, tal vez me bastara con media- respecto de la enmiendas del Grupo parlamentario del PSE. 
Permítanme dejar meridianamente claro que no estoy hablando como diputado laborista británico y que, por tanto, no puedo hacer tales afirmaciones. 
Tengo que llevar mi gorra de ponente y pronunciarme como tal, plenamente consciente de que el Presidente de la Comisión de Presupuestos está muy pendiente de lo que digo. 
En justicia, el informe resulta aceptable para todos los Grupos políticos. 
La votación ha sido casi unánime en la comisión, pero existen uno o dos pequeños aspectos de desacuerdo acerca de los recursos propios. 
Por eso el Grupo parlamentario del PSE ha presentado dos enmiendas. 
En lo que todos coincidimos es que el procedimiento presupuestario tiene que ser objeto de simplificación. 
Eso está bastante claro. 
El sistema de recursos propios en esta era de transparencia es totalmente opaco y nadie, fuera de la Comisión de Presupuestos o de la Dirección General de Presupuestos, entiende de qué trata y cómo está construido. 
Necesitamos la codecisión y, por tanto, hay que eliminar los gastos obligatorios y no obligatorios. 
Eso queda expuesto de forma muy sencilla en los tres primeros párrafos del informe de la Sra. Buitenweg. 
Tenemos que reformar, actualizar y simplificar nuestros procedimientos. 
Existe una imperiosa necesidad de hacer el sistema presupuestario más transparente, exhaustivo y democrático, y el procedimiento de codecisión debería aplicarse a toda la legislación, incluido el Reglamento Financiero y el procedimiento presupuestario. 
En esas circunstancias, desaparecerían los gastos obligatorios y no obligatorios. 
Espero que cuando votemos- estoy seguro de que el resultado de la votación será favorable- podamos enviar esto a los miembros de la Convención y que nuestros representantes del Parlamento en la Convención puedan presentarlo como la postura del Parlamento de cara al futuro. 
Señora Presidenta, Señorías, el presupuesto de la Unión Europea está para financiar sus políticas y sus instituciones. 
Esa frase debería ir impresa en el encabezado de la sección financiera del tratado constitucional que será nuestra futura constitución, porque es evidente que esta debería incluir una constitución financiera en forma de capítulo dedicado a las finanzas. 
De hecho está contemplado en el guión del borrador constitucional sobre el que está trabajando la Convención. 
El capítulo dedicado a las finanzas debería especificar los principios presupuestarios más importantes y definir los instrumentos, los principios y, sobre todo, las reglas más importantes de acuerdo a las cuales se han de adoptar las decisiones, tanto en lo referente a los gastos como a los ingresos. 
La constitución financiera serviría por tanto para fijar los derechos presupuestarios del Parlamento. La Convención tiene que adoptar esta consideración como tema central. 
Los derechos presupuestarios de un parlamento constituyen la vara de medir que indica hasta qué punto un sistema es democrático y la Comisión es del parecer de que ha llegado el momento de que se le concedan plenos derechos presupuestarios al Parlamento Europeo. 
Felicito al ponente, Sr. Wynn, por la competencia y amplia experiencia con que, en calidad de presidente de la Comisión de Presupuestos, ha planteado con ecuanimidad los puntos centrales en su informe y ha planteado propuestas para la futura constitución. 
En materia presupuestaria, el Parlamento y la Comisión cooperan tan estrechamente que no puede sorprendernos que un número muy elevado de propuestas del Parlamento coincida con las presentadas por la Comisión o apunten en la misma dirección. 
Entre ellas se encuentra el principio de que los ingresos y los gastos del presupuesto deben compensarse entre sí y que no debe permitirse sufragar el gasto mediante créditos. 
Otra es la propuesta de que la perspectiva financiera plurianual debe incorporarse en la constitución como un instrumento; la consecuencia de ello sería que, en el futuro, la perspectiva financiera plurianual ya no se basaría sobre un acuerdo, sino que se convertiría en una ley aprobada conjuntamente por el Parlamento y el Consejo por iniciativa de la Comisión. 
Incluso cuando se trata de la propuesta de que el Fondo de Desarrollo Europeo sea en el futuro una parte integrada en el presupuesto de la Comunidad, existe una acuerdo total. 
En cuanto al tema de los gastos del presupuesto comunitario, permítanme tocar un tema que aún no se ha sometido a debate en la Convención, pero que está en el orden del día, y que es el de si la futura constitución- lo mismo que el Tratado actual- debe excluir la posibilidad del gasto militar con cargo al presupuesto de la Comunidad. 
¿No es muy defendible la idea de que, cuando se emprendan conjuntamente tareas de Petersberg, los costes derivados de tales operaciones conjuntas deban ser soportados por el presupuesto de la Comunidad? 
Que el presupuesto de la Comunidad debe ser financiado mediante recursos propios constituye un principio firmemente arraigado sobre el que no existe discusión, pero ¿refleja la estructura financiera actual el principio de transparencia? 
¿Son suficientemente autónomas nuestras disposiciones financieras? ¿Basta con que el Parlamento sólo pueda expresar una opinión acerca de la resolución sobre recursos propios? 
La opinión de la Comisión sobre todas estas cuestiones que no, que lo que tenemos ahora no es suficiente y que se precisan cambios con carácter urgente. 
A la hora de tomar decisiones sobre los recursos propios parece lógico tener además en cuenta las apreciaciones del Consejo y de los Parlamentos nacionales. 
Aun así, se le debería reconocer al Parlamento Europeo el derecho de codecisión en este ámbito también. 
La estructura financiera debe reflejar el hecho de que la UE es una unión de Estados miembros y de ciudadanos. 
La Comisión aboga, por tanto, en su propuesta por una mayor implicación directa a la hora de financiar el presupuesto europeo. 
Si se me permite volver al procedimiento presupuestario, la Comisión comparte la postura expresada en el informe del Parlamento, en cuanto a que debe simplificarse el procedimiento presupuestario y deben concentrarse los recursos. 
La Comisión debería presentar un borrador al Parlamento y a la primera lectura en el Parlamento le seguiría una lectura en el Consejo, seguida de una consulta y la segunda lectura en el Parlamento. 
Caso de que se apruebe este procedimiento, la enmienda de las resoluciones del Consejo exigiría una mayoría supercualificada en el Parlamento. 
Existe también acuerdo total entre las posiciones del Parlamento y la Comisión en cuanto a la supresión de la distinción entre gasto obligatorio y no obligatorio, una diferenciación que en forma alguna puede formularse de manera más clara para el público ni justificarse ante este. 
Espero de corazón que exista un consenso absoluto en la Convención y que esta distinción y el subsiguiente recorte de los derechos presupuestarios del Parlamento se conviertan en objetos del pasado. 
El capítulo financiero de la constitución debe describir la totalidad del proceso presupuestario con palabras sencillas y con reglas inequívocas. 
Deberá hacer referencia, por consiguiente, a la puesta en práctica del presupuesto y especificar no solo las responsabilidades de la Comisión, sino también la obligación de cooperar por parte de los Estados miembros. 
Deberá asignar un lugar fijo a la aprobación de las cuentas del presupuesto e imponer a la Comunidad y a los Estados miembros la obligación de proteger contra el fraude las finanzas de la Comunidad. 
Con este enfoque, debe aparcar de una vez la posibilidad de instaurar el cargo de un Fiscal Público para toda la Comunidad. 
La población espera que los activos de la Comunidad estén protegidos de manera eficaz y que el fraude se persiga con procesamientos judiciales. 
La Convención nos brinda ahora la oportunidad de sentar nuevas reglas, adecuadas a la evolución de la Unión, para el presupuesto europeo, que constituye un importante instrumento comunitario. 
Este debate se está celebrando justo en el momento oportuno, ya que la Convención está trabajando en este instante sobre el capítulo financiero; la Convención debe aprobar este importante informe del Parlamento y la Comisión, dentro de sus propuestas al respecto, planteará principios y previsiones claras que abogarán, en concreto, por el disfrute de plenos derechos presupuestarios por parte del Parlamento. 
Gracias por su atención. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, quiero felicitar al presidente Wynn, en su doble calidad de presidente y ponente, por el informe que ha realizado y me congratulo por este consenso que hemos tenido todos los grupos políticos. 
Quiero recordarle al Sr. Wynn que un grupo tan diverso como el Grupo del Partido Popular Europeo va a presentar a este Pleno solamente una enmienda, lo cual quiere decir que hemos realizado una tarea de consenso y de contribución a su informe que creo que es también notable. 
Por otra parte, mi Grupo apoya claramente la modificación del actual sistema de distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios. 
Esto es ya una Posición Común del Parlamento y debería ser tenida en cuenta siempre que pudieran garantizarse determinadas categorías del gasto, particularmente la agrícola. 
Apoyamos la mayor parte de las propuestas del grupo de trabajo de la Convención, que quieren garantizar el principio de una autoridad presupuestaria dual: Parlamento y Consejo. 
El Grupo del Partido Popular Europeo cree que la manera más eficaz de garantizar este enfoque sería a través de la formalización de un equilibrio entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria. 
El presupuesto sería aprobado por una codecisión adaptada al especial caso presupuestario y, si no se llegara a un acuerdo, el Consejo tendría la última palabra en los ingresos y el Parlamento Europeo la tendría en lo que se refiere a los gastos. 
En lo que se refiere a las perspectivas financieras, creemos necesario dotarlas de una mayor flexibilidad, que pueda responder a unas circunstancias inesperadas. 
La excesiva rigidez entre las rúbricas ha servido a veces para poder salvaguardar el gasto, pero muchas otras veces ha impedido una mayor eficacia en la asignación de recursos. 
Apoyamos plenamente la propuesta del grupo de trabajo de la Convención de incluir las perspectivas financieras en el Tratado, al igual que las disposiciones sobre disciplina y cooperación presupuestaria. 
Las perspectivas financieras, para asegurar la continuidad de las decisiones en el marco financiero, deberían cubrir los cinco años del mandato del Parlamento y la Comisión. 
Finalmente, la reforma del procedimiento presupuestario debe partir de una simplificación que permita mayor democratización, legitimidad y transparencia. 
En este sentido, compartimos la propuesta de abandonar la primera lectura del Consejo porque es una propuesta coherente con este objetivo de simplificación. 
Rechazamos, por último, las enmiendas que llevan más allá de lo aconsejable el debate porque queremos contribuir a la Convención con un documento que sea ampliamente consensuado por toda la Cámara. 
Señora Presidenta, aunque no seamos muchos en el Pleno en este momento, el presupuesto está histórica y políticamente en el núcleo mismo, en el origen histórico de las democracias representativas. 
Es el control del gasto del soberano por el Parlamento lo que permite el desarrollo de una democracia representativa. 
Estamos a punto de aprobar la primera Constitución europea. 
La Unión ha cumplido cuarenta y seis años y no hemos alterado los poderes presupuestarios en los últimos treinta. 
Por lo tanto, me parece que tenemos que actualizar absolutamente esta situación. 
Numerosos puntos están obsoletos y el Tratado, si se respeta formalmente, no corresponde a la realidad presupuestaria de nuestros días. 
Hace un momento, mi amigo Garriga Polledo mencionaba las perspectivas financieras: no están contempladas en el Tratado, aunque a menudo el Consejo parezca ignorarlo. 
Señorías, la Constitución ha de extenderse claramente al proceso presupuestario y a los recursos propios. 
Las revoluciones del siglo XVIII se hicieron bajo el lema de «no taxation without representation». 
En la Unión Europea estamos exactamente en el caso contrario: mucha representation democrática- esta casa lo es -, pero no tenemos imposición aprobada democráticamente. 
En el fondo, aunque jurídicamente sean recursos propios de la Unión, el sistema de recursos propios es una forma disimulada de contribuciones nacionales. 
No podemos continuar en esta situación. 
Hemos de pasar a recursos que se obtengan directamente a partir del ciudadano, que hagan comprender al ciudadano- es una cuestión básica de responsabilidad democrática- que el destino del impuesto es el presupuesto de la Unión. 
De lo contrario, siempre será el ministro de Hacienda el que esté recaudando y la Comunidad la que gaste no se sabe muy bien por qué. 
Eso es malo para el control democrático. 
Por lo tanto, hemos de ir a un sistema que, sin incrementar la carga total impositiva de los ciudadanos, nos permita hacer este vínculo. 
Y, si se me permite la caricatura, impuestos personales, quizás progresivos, para que no se pueda decir, como se dice fácilmente, que los parados de Alemania Oriental están subvencionando a los latifundistas de Andalucía. 
Esto nos lleva a demagogias insanas y hemos de evitar que en el sistema financiero futuro podamos continuar hablando de las contribuciones de unos países o de otros. 
Los ciudadanos han de contribuir según su riqueza personal, no en función del lugar donde residen. 
Creo que esto ha de ser un elemento básico de la nueva perspectiva, de la nueva visión que hemos de dar a nuestro sistema de recursos. 
Señora Presidenta, creo que este es el punto básico. 
Otros colegas míos desarrollarán otros aspectos de la posición socialista. 
El ponente, el presidente de nuestra comisión y mi estimado compañero diputado del Partido Laborista británico han concedido a todos los grupos todo tipo de oportunidades para exponer sus ideas e intentar alcanzar un compromiso. Le expreso mi más sincera gratitud por ello. 
Sin embargo, mi Grupo no está totalmente satisfecho con el resultado final. 
Hemos optado por no presentar ninguna enmienda, porque acabaría traduciéndose en una especie de batiburrillo, y hemos preferido presentar una resolución alternativa. 
Hemos elegido este camino precisamente porque se necesita la claridad más absoluta cuando se trata de establecer la forma que debe adquirir el procedimiento presupuestario del futuro. 
Por ejemplo, también quisimos dejar muy claro desde un principio cómo deberían repartirse las competencias. 
El Consejo y el Parlamento deben negociar entre ellos para alcanzar una acuerdo común respecto de la estructura y el techo de los recursos financieros para el presupuesto de la UE, así como acerca del gasto anual o plurianual. 
En caso de que fracasaran las negociaciones, el Consejo sencillamente tendría la última palabra en cuanto a los ingresos y el Parlamento en cuanto a los gastos. 
En nuestra resolución no hacemos más que reiterar la necesidad de disponer de poderes de codecisión en toda la legislación. 
Está muy bien discutir en favor de hacer desaparecer la distinción entre gasto obligatorio y no obligatorio, pero si además no disponemos del poder o la codecisión sobre la legislación, con frecuencia nos quedaremos con las manos vacías. 
Puede darse asimismo una situación en la que tengamos capacidad de codecisión sobre un gasto agrícola, pero en la que nos veamos obligados sencillamente a conceder dinero a los agricultores porque tienen derecho a ello según la ley europea. 
Además, el juicio del Tribunal de Justicia sobre la base legal nos ha enseñado que no podemos tomar ninguna decisión presupuestaria por propia iniciativa sin un fundamento legal. 
Quiero exponer la conclusión de que la codecisión presupuestaria no nos sirve de nada a nosotros como Parlamento si no disponemos de codecisión legislativa. 
Los dos aspectos deben ir unidos. 
Señora Presidenta, el informe del Sr. Wynn es coherente con el nivel tan alto a que nos tiene acostumbrados en esta Cámara. 
Sin embargo, comprenderá que, desde el punto de vista de mi Grupo, no puedo aprobar la sugerencia de eliminar la distinción entre gasto obligatorio y no obligatorio. 
Le digo abiertamente al ponente que trataré de borrar esta sugerencia de un informe que por lo demás es muy constructivo, como ya he dicho. 
La distinción está ahí por una razón muy simple y ha cumplido su misión perfectamente durante todos estos años. 
La razón consiste en despolitizar la toma de decisiones cuando le llega el turno al presupuesto agrícola. 
La agricultura es posiblemente el sector que se halla en la situación más precaria hoy en día en la Unión Europea. 
Las rentas agrarias son atacadas desde la izquierda, la derecha y el centro. 
No voy a tratar describir mi rechazo a las propuestas de reforma de la PAC en el debate presupuestario de hoy, pero sí quiero exponer una cuestión muy breve y sencilla: los agricultores necesitan planificar de cara al futuro y precisan estabilidad política. 
El hecho de exponer el presupuesto agrícola común a las vicisitudes de las confrontaciones políticas anuales en el Parlamento Europeo puede provocar estragos indecibles en la renta agraria y en la viabilidad y competitividad del sector agrícola europeo respecto del mercado mundial. 
Hago un llamamiento a la Cámara para que lo tenga en cuenta en el momento de la votación de mañana. 
Las rentas agrarias en Irlanda y en otros muchos Estados miembros dependen en gran medida del apoyo directo a cargo del presupuesto de la Unión Europea. 
La estabilidad nace del hecho de que tal gasto ha provenido hasta ahora de garantías legalmente vinculantes y tenemos que continuar proporcionando tales garantías. 
Señora Presidenta, Señorías, al hilo del proceso de la revisión y simplificación de los Tratados, que está siendo debatido actualmente en la Convención sobre el Futuro de Europa, el Parlamento Europeo ha aprovechado la oportunidad para poner manos a la obra en la reforma del procedimiento presupuestario de la Unión Europea. 
De hecho, año tras año, reforma tras reforma, el procedimiento presupuestario ha sido modificado de manera informal, mediante acuerdos políticos entre las diferentes instituciones implicadas. 
Estas enmiendas informales han convertido el texto actual en redundante y anticuado. 
El próximo Tratado constitucional tiene que contener artículos que cubran los principios que rigen el presupuesto y los procedimientos para su aprobación. 
Como contribución al debate sobre este informe que la Comisión de Presupuestos nos ha presentado por iniciativa propia, quiero en primer lugar felicitar a nuestro presidente y ponente, Terence Wynn, por su entrega y la calidad ejemplar de su labor. 
Quiero manifestar mi aquiescencia total e inequívoca con las propuestas de reforma que han sido presentadas. 
En primer lugar, porque creo que debemos aprovechar esta oportunidad de revisar el tema de la financiación de la Unión Europea. 
Más Europa significa, entre otras cosas, más dinero. 
La contribución de los Estados miembros tiene que ser adecuada y proporcional a los objetivos que la Unión Europea desea alcanzar. 
Resulta totalmente utópico fijar objetivos, como los de la Cumbre de Lisboa, conservando el esquema financiero actual. 
Cabe añadir que la propia Unión Europea debe iniciar un estudio exhaustivo de sus propios recursos para financiar el presupuesto de la UE. 
En segundo lugar, puesto que veo que, al margen de estos nuevos desafíos, se nos viene encima una nueva realidad: una Unión Europea con 25 Estados miembros. 
En este contexto, los Fondos Estructurales pondrán de manifiesto su importancia capital, por una parte para lograr la cohesión económica y social en los nuevos Estados y, por otra, para proseguir el progreso realizado en los actuales Estados miembros. 
En tercer lugar, debido a que creo que la distinción entre gasto obligatorio y no obligatorio, así como los respectivos procedimientos, se ha convertido en algo artificial. 
Por consiguiente, estoy a favor de una revisión completa de los procedimientos, otorgando mayores poderes al Parlamento Europeo para actuar mediante el procedimiento de codecisión, logrando así una posición de igualdad con el Consejo. 
A este respecto, el gasto presupuestario para la Política Agrícola Común (PAC) sería entonces estudiado por el Parlamento Europeo utilizando el procedimiento de codecisión. 
Caso de ser aprobada, esta medida representaría un avance histórico para el Parlamento Europeo, que se ha visto obligado a permanecer alejado, en términos políticos, de la PAC desde su concepción, a pesar del hecho de que la PAC representa actualmente más del 50% del presupuesto total de la UE. 
La mayor implicación del Parlamento Europeo en la PAC solo puede resultar beneficiosa para los agricultores y para el desarrollo rural. 
Proporcionará mayor control sobre la utilización de los fondos. 
Me gustaría recordarles que cada año se devuelven a los Estados miembros enormes sumas destinadas a la PAC, porque no se han utilizado debidamente. 
Merece la pena añadir también que la PAC se está haciendo cada vez más difusa, incorporando nuevas dimensiones, tales como el desarrollo rural, la conservación del medio ambiente y la seguridad y calidad de los alimentos, y por tanto exige una financiación que se corresponde con este nuevo estado de cosas, que tiene una importancia extrema para los ciudadanos europeos. 
La semana pasada, sin ir más lejos, Eurostat publicaba unos datos que resultan del máximo interés para nosotros: los ciudadanos europeos, incluidos los de los futuros Estados miembros, opinan que las prioridades de la PAC deberían ser la seguridad de los alimentos y el apoyo para mejora de la vida rural. 
Merced a esa mayor capacidad de acción del Parlamento Europeo, los intereses económicos, sociales y medioambientales de los agricultores europeos quedarían garantizados. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, nuestro debate se está desarrollando bajo el título de la «Reforma del procedimiento presupuestario» , que es una denominación modesta para una empresa ambiciosa. 
Probablemente sería más apropiado hablar en términos de una reforma de la constitución financiera, ya que deseamos que la Convención elabore un borrador coherente para una constitución que impulse la integración europea. 
Queremos que el Tratado esté sustentado por una legitimidad democrática, que sea transparente y eficaz, y que proporcione al público respuestas inequívocas a sus preguntas en cuanto a lo que esta federación de Estados y pueblos denominada Europa puede- y debe- alcanzar en interés de sus ciudadanos. 
El presupuesto de la Unión Europea tiene que gozar de idéntica legitimidad democrática en su función de financiamiento de la política Europea. 
Lo que necesitamos, por tanto, no es solo cambios al procedimiento presupuestario, sino una reforma de nuestras finanzas públicas, y lo que eso supone resulta evidente para todo el mundo, descrito en nuestra solicitud de que todos los ámbitos presupuestarios estén sujetos al procedimiento de codecisión, incluso las decisiones sobre el sistema de recursos propios, cuya estructura está muy necesitada de un cambio radical. 
Aunque debemos admitir que el sistema actual de financiamiento funciona, es objeto de críticas, al margen de su naturaleza poco democrática. 
Ni lo que percibimos por el IVA ni nuestros ingresos nacionales brutos pueden denominarse realmente recursos propios de la Unión Europea. La realidad es que se trata de transferencias de los Estados miembros y ese es precisamente el argumento utilizado por los Estados miembros a la hora de discutir las posiciones de los contribuyentes netos. 
Para el público no resulta tan evidente qué impuestos se destinan a la financiación de los gastos de la UE. 
La proporción de lo que se denominan recursos propios tradicionales disminuye continuamente y todo el sistema está alejándose de la auténtica autofinanciación hacia la transferencia de partidas globales. 
Lo que denominamos reducción de las contribuciones para el Reino Unido tampoco obedece ya a ninguna lógica, Sra. Presidenta, Sra. Comisaria, Sr. Wynn, y al llevar mi única gorra- en mi condición de ponente por el PSE para recursos propios- puedo afirmar que, en este ámbito también, la reducción de las contribuciones ha dejado de ser aplicable, lo mismo que la distinta financiación por parte de los otros Estados miembros. 
¡Hay que eliminarla! 
La estructura del presupuesto ha dejado de proporcionar una justificación para ella. 
Durante los últimos quince años ha habido que realizar modificaciones a la estructura del gasto de presupuesto europeo. 
Algunas políticas existentes, como la política agrícola, fueron reformadas y se agregaron otros ámbitos políticos, tales como la política estructural y la ayuda preadhesión, y esto convierte en anticuado la imposición de una carga injusta sobre todos los demás por culpa de un trato preferencial para el Reino Unido. 
Todo ello lleva a la conclusión lógica de que debemos introducir un impuesto para sustituir a los antiguos recursos propios y que eso deberá efectuarse sin imponer cargas adicionales a los contribuyentes europeos, que sin embargo al fin tendrían la posibilidad de ver cómo están financiando la Unión Europea. 
Así pues, no nos quedemos en este Parlamentos cortos a la hora de pedir lo que la Comisión ya ha hecho, sino que unámonos para dar juntos un paso importante hacia un mayor grado de transparencia y de democracia. 
(Aplausos) 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, los puntos principales del informe presentado por el presidente de la Comisión de Presupuestos, Sr. Wynn, ya han quedado expuestos. 
Por tanto, todos somos capaces de comprender su importancia. 
La reforma del procedimiento presupuestario no es ni mucho menos un asunto técnico que pueda dejarse exclusivamente en manos de los especialistas. 
Más bien lo contrario: se trata de un asunto eminentemente político; afecta a nuestra capacidad para dar contenido a la integración europea y demostrar nuestra solidaridad por medio de la acción. 
Yo personalmente me limitaría a recordar a los participantes en las negociaciones en curso sus responsabilidades. 
Eso significa ir más allá del pequeño juego estéril de defender los privilegios nacionales y el territorio a corto plazo. 
Esa clase de actitud jamás conduce a negociaciones fructíferas, sino que desemboca en compromisos vacuos que, al fin y al cabo, no satisfacen a nadie. 
Ya es hora de que miremos dónde se hallan los verdaderos intereses del conjunto de los europeos. 
Tenemos que crear un círculo eficaz en el que las concesiones efectuadas por las diferentes partes beneficien en última instancia a todo el mundo. 
Si permitimos que se imponga esta forma de pensar, creo que será posible aprovechar la oportunidad que nos brinda la Convención. 
Demostremos por tanto el valor político necesario para exigir una auténtica reforma que, repito, incluye de manera específica la supresión de la distinción entre gasto obligatorio y no obligatorio, la creación de un impuesto europeo y el asentamiento de unas leyes uniformes para todos los Estados miembros. 
La Convención tiene que establecer un verdadero procedimiento de codecisión, dentro de cuyo marco el Parlamento y el Consejo puedan trabajar juntos en calidad de iguales para tratar todos los aspectos del presupuesto comunitario y los demás instrumentos financieros a disposición de los políticos europeos. 
Sólo este método permitirá reforzar de manera decisiva la naturaleza democrática del presupuesto europeo y acercar a los ciudadanos a nuestras instituciones, como deseamos de todo corazón. 
Señora Guy-Quint, quiero felicitarle por haber sido capaz de hablar de forma calmada y clara en medio de este ruido. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, ayer mantuvimos un breve debate en esta Cámara acerca de un asunto muy grave: la solicitud a la Comisión para que respondiera en un debate a las acusaciones hechas a su Dirección General de Presupuestos. 
Por desgracia, en ese debate ocurrió que el Sr. Watson, presidente del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, indujo objetivamente a error a la Cámara y con ello influyó en la Cámara al indicar que el Director General del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión, el Sr. Muis, iba a asistir a la reunión de ayer noche de la Comisión de Control Presupuestario para discutir este asunto y que, por consiguiente, no era necesario celebrar ningún debate. 
El Sr. Muis no estuvo presente ayer por la noche. 
De hecho, merced exclusivamente a la presión ejercida durante la reunión de anoche por el Grupo Parlamentario del PSE y el Grupo Parlamentario del PPE-DE, existe la posibilidad de que asista a una reunión la semana que viene. 
¿Estaría dispuesto el Sr. Watson a decirnos si engañó de manera deliberada a la Cámara, o si se trata de un ejemplo más de la incapacidad por parte de los demócratas liberales británicos para pedir responsabilidades a los Comisarios que no cumplen? 
Quiero indicarle a Su Señoría que en lo que se refiere a rendir cuentas, el Grupo ELDR posee un historial excelente en esta Cámara. 
(Mixed reactions) 
Señor Presidente, es todo un honor ser atacado por uno de los agitadores del Partido Conservador. 
(Reacciones diversas) 
Yo proporcioné a la Cámara una información que creí correcta. 
De hecho, dije a la Cámara que «tenía entendido» que el Sr. Muis iba a estar presente en la reunión de la Comisión, pero me complace que, más adelante en ese mismo debate, la propia Presidenta de la Comisión dijera que desconocía que el Sr. Muis fuera a estar presente, por lo que no hubo ningún engaño a la Cámara. 
Si hubiera dispuesto de una información diferente, la habría comunicado. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación. 
Petición de consulta del Comité Económico y Social- Representación de mujeres entre los interlocutores sociales de la Unión Europea 
(El Parlamento aprueba la petición de consulta) 
Petición de consulta del Comité Económico y Social- Valoración de la experiencia adquirida por el CES en la evaluación del impacto y el efecto social y económico sobre el empleo ocasionado por las reformas estructurales llevadas a cabo en la Unión Europea 
(El Parlamento aprueba la petición de consulta) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0034/2003) por la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas (10927/1/2002- C5-0532/2002- 2000/0315 (COD) ) (Ponente: Sra. Petersen) 
(El Presidente declara aprobada la posición común) 
Informe (A5-0038/2003) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre precursores de drogas (COM (2002) 494- C5-0415/2002- 2002/0217 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0029/2003) del Sr. Dunn, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión nº 276/1999/CE por la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales (COM (2002) 152- C5-0141/2002- 2002/0071 (COD)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0030/2003) de la Sra. Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adaptación de las disposiciones relativas a los comités que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Parlamento Europeo y del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 del Tratado (COM (2001) 789- C5-0004/2002- 2001/0314 (COD)) 
Señor Presidente, la votación de hoy sobre estos cuatro informes pone fin al largo proceso de adaptación del sistema de comitología que entró en vigor en 1987, un proceso que se inició en 1998 con la propuesta de la Comisión, continuó con la aprobación de la nueva decisión del Consejo en junio de 1999 y que, por fin, estamos concluyendo hoy al aprobar con estos cuatro informes las aportaciones de todas las comisiones adaptadas al sistema que ha estado vigente desde 1999. 
Ha sido un proyecto mecánico y, no me cabe duda, tedioso para las personas encargadas de lidiar con los detalles y en nombre de nuestra institución, quiero expresarles hoy mi agradecimiento más profundo. 
Han sido necesarios cuatro años para adaptar los cientos de comisiones al nuevo sistema y efectuar los preparativos para la votación que estamos a punto de efectuar. 
Esta sola cifra pone de manifiesto el ingente trabajo que queda por realizar si queremos dotar a la Unión de un sistema de implantación de su normativa que sea transparente, sencillo y ayude a mejorar la forma, hasta ahora poco satisfactoria, de llevar a la práctica las normas comunitarias. 
El Parlamento ha trabajado denodadamente para realizar mejoras notables al sistema de comitología. 
Por tanto, en esta ocasión quiero rendir homenaje a la labor paciente y minuciosa de la ponente durante estos años, Sra. Adelaide Aglietta, que ha logrado implicar de lleno al Parlamento en los debates sobre comitología, lo cual no era una tarea sencilla en aquel momento. 
Estoy convencida de que las propuestas sobre comitología presentadas el pasado mes de diciembre por la Comisión y las propuestas en los textos recientes enviados a la Comisión también son fruto de este trabajo. 
Aunque en 1999 no fuera posible lograr lo que el Parlamento siempre había deseado, a saber, una posición de igualdad con el Consejo y la opción de anular una medida puesta en práctica cuando se considerase contraria a la voluntad del legislador, este camino parece ahora expedito. 
En aquellos momentos, la intransigencia y el formalismo de la Comisión y el Consejo nos impidieron lograr tal resultado y tuvimos que contentarnos con un modesto sistema de timbre de alarma. Ahora, y gracias no nos olvidemos a ese año y medio de trabajo paciente y a veces oscuro, la Comisión parece haber modificado su posición y la Convención parece presta a superar las reservas burocráticas de los gobiernos. 
Espero de verdad que los informes que vamos a someter a votación hoy pronto caigan en el olvido o queden sustituidos también y que los misterios del sistema de comitología queden confinados a los libros de historia. 
¡Cuatro años de trabajo y una votación nominal! 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Recomendación (A5-0033/2003) de la Sra. Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1260/1999 por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (11104/2002- C5-0440/2002- 2001/0313 (AVC)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0031/2003) de la Sra. Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la adaptación de las disposiciones relativas a los comités que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento de consulta (mayoría cualificada) (COM (2001) 789- C5-0091/2002- 2001/0315 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0032/2003) de la Sra. Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la adaptación de las disposiciones relativas a los comités que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento de consulta (unanimidad) (COM (2001) 789- C5-0092/2002- 2001/0316 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0028/2003) del Sr. Mayer, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1268/1999, relativo a la ayuda comunitaria para la aplicación de medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural de los países candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de preadhesión (COM (2002) 519- C5-0497/2002- 2002/0227 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0035/2003) del Sr. Oreja Arburúa, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) nº 354/83 relativo a la apertura al público de los archivos históricos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (COM (2002) 462- C5-0417/2002- 2002/0203 (CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0056/2003) del Sr. Simpson, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre las relaciones exteriores de la Unión Europea en el ámbito del transporte (2002/2085 (INI)) 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0050/2003) de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios (11146/1/2002- C5-0533/2002- 2001/0047 (COD) ) (Ponente: Georg Jarzembowski) 
Antes de la votación de la enmienda 48: 
Señor Presidente, la Comisión se ha mostrado unánimemente de acuerdo en la necesidad de restringir la autoasistencia a la tripulación del barco. 
Sin embargo, ahora tenemos el problema de que estas expresiones se utilizan de manera muy distinta en las diferentes traducciones, no solo en la versión alemana, sino también en la inglesa y la francesa. 
En mi opinión, sabiendo que se ha de tomar como base el texto alemán, la traducción más correcta y pulcra es la inglesa, que utiliza «regular seafaring crew» , permitiendo al Parlamento dejar meridianamente claro que no nos estamos refiriendo a la actividad en tierra, sino únicamente a lo que puede ser realizado por la tripulación, utilizando su propio equipo, y nada más. 
Por eso quiero que lo deje claro el lenguaje utilizado en las traducciones. 
«Seafaring crew» (tripulación embarcada) y «Schiffsbesatzung» (tripulación del buque) presentan una ventaja adicional sobre la expresión utilizada en la versión alemana, por cuanto «seemännische» (marinero) en alemán todavía conserva una connotación muy masculina, mientras que «Schiffsbesatzung» (tripulación del buque) y «seafaring crew» (tripulación embarcada) podría decirse que tienen género neutro, lo que constituye una ventaja en cuanto al trato igualitario de géneros. 
(Fuerte aplauso) 
Antes de dirigirme al ponente para solicitar su asesoramiento, se me ha informado de que la enmienda 48, como usted ha sugerido, representa una enmienda lingüística en varios idiomas. 
Se trata de una aclaración lingüística importante, pero la enmienda principal en este contexto es la enmienda 13. 
Mi sugerencia, siempre que el ponente esté de acuerdo, es votar primero la enmienda 13 y luego votar las partes relevantes de la enmienda 48 y las connotaciones lingüísticas que conlleva. 
Señor Presidente, yo también considero acertado votar primero la enmienda 13, pero creo que, en el caso de que quedar aprobada la enmienda 13- como espero que ocurra- todas las demás se cancelarán. 
No veo ninguna necesidad de votar las demás. 
En cuanto a la cuestión de la lengua, no deberíamos enzarzarnos ahora en una largo debate, sino que deberíamos proceder de la forma siguiente. La Comisión desea- como supongo que quiere esta Cámara- suprimir las palabras «personal propio fijo con base en tierra» de la versión del Consejo. 
Cualesquiera que sea la otra propuesta- «personal embarcado» -, nosotros no queremos cambiarlo y debería permanecer en el texto en la forma en que se halla en la versión del Consejo, a fin de que las cuestiones lingüísticas no nos conduzcan a una confrontación con el Consejo. 
Así que lo que pretendemos hacer es eliminar las palabras «personal propio fijo con base en tierra» y deberíamos ajustar la terminología utilizada en inglés, francés y demás a la Posición Común del Consejo, ya que no deberíamos apartarnos de ella. 
Hasta ahí, el señor Piecyk y yo estamos de acuerdo sin necesidad de entrar en grandes discusiones lingüísticas. 
Así que procedemos a la votación sobre la enmienda 13. 
Antes de la votación de la enmienda 16 
Señor Presidente, quisiera preguntar si, después de la votación sobre la enmienda 13, se cancelan las enmiendas 56 y 57. 
Me explico: la finalidad de la enmienda 13 consistía en restringir la autoasistencia a los miembros de la tripulación. 
Si lo entiendo correctamente, las enmiendas 56 y 57 se refieren a las condiciones para conceder licencias a los operadores portuarios para acometer labores de autoasistencia. 
No obstante, en mi opinión esto carece de sentido, si estamos restringiendo la autoasistencia a los miembros de la tripulación. 
Comunico al ponente que consultaremos su opinión cuando lleguemos a las enmiendas 56 y 57. 
Antes de la votación de la enmienda 45 
Señor Presidente, mi Grupo considera que esta enmienda no debería decaer aunque se apruebe la enmienda 24. 
Señor Presidente, esta enmienda es redundante, ya que la frase 2 de la sentencia 24 ya prevé la eventualidad de un recurso legal. 
La referencia allí al apartado 3 del artículo 17 de la Directiva es definitiva, así que ahora no podemos votar sobre posibles opciones alternativas. 
No me cabe la menor duda de que esta enmienda debe quedar cancelada. 
Señor Presidente, no estoy de acuerdo con el ponente. 
Pienso que la enmienda puede complementar efectivamente la enmienda presentada por la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo que ha quedado ahora aprobada y que constituye una formulación más precisa del contenido de la primera enmienda. 
Parece que el ponente se mantiene firme. 
Mi decisión, por tanto, es apoyar la opinión del ponente y resolver en contra de la enmienda 61. 
(El Presidente declara aprobada la posición común modificada) 
Informe (A5-0039/2003) del Sr. Mulder, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2004, Sección III- Comisión (2003/2001 (BUD)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0041/2003) de la Sra. Gill, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las orientaciones presupuestarias para las Secciones II, IV, V, VI, VII, VIII (A) y VIII (B) y sobre el anteproyecto de estado de previsiones del Parlamento Europeo (Sección I) para el procedimiento presupuestario 2004 (2003/2002 (BUD) ): Sección I- Parlamento Europeo; 
Sección II- Consejo; 
Sección IV- Tribunal de Justicia; 
Sección V- Tribunal de Cuentas; 
Sección VI- Comité Económico y Social; 
Sección VII- Comité de las Regiones; 
Sección VIII (A) -Defensor del Pueblo Europeo; 
Sección VIII (B) -Supervisor Europeo de Protección de Datos 
Antes de la votación de la enmienda 8 
Señor Presidente, cuando nosotros, desde el Grupo del PPE-DE, presentamos la enmienda 4, añadimos las siguientes palabras: '... espera que el procedimiento legislativo concluya a finales de junio de 2003 a más tardar». 
En tal caso, apoyaríamos la primera parte y nos opondríamos a la segunda. 
Esta división iría seguida de una tercera votación- no es preciso que sea una votación nominal- en la que se recogerían nuestras palabras de forma independiente del resto: '... espera que el procedimiento legislativo concluya a finales de junio de 2003 a más tardar». 
Le pido su consentimiento, señor Presidente. 
Señor Presidente, la supresión propuesta no tiene sentido alguno. 
No tiene sentido mantener el resto del apartado tal y como se ha sugerido. 
Este es un asunto que compete a la Comisión de Asuntos Constitucionales. 
La razón por la que aludimos a este aspecto es la de intentar adoptar una decisión sobre si de acuerdo con la propuesta de la Comisión la financiación debe adjudicarse al presupuesto del Parlamento o no. 
Opino que no debería atribuirse al presupuesto del Parlamento, por motivos de transparencia y responsabilidad, así como por los costes que implica. 
Es importante que la financiación permanezca en el presupuesto de la Comisión. 
Por lo tanto, sugiero que votemos a favor de la enmienda 8 en su redacción actual. 
Señor Presidente, simplemente una observancia del Reglamento, el señor Dover parece haber solicitado una votación por partes y existe un Reglamento que gobierna este tipo de procedimiento. 
Por consiguiente, si se puede realizar, no existe ningún problema: sentará un precedente que deberíamos seguir. 
Gracias por su advertencia, señora Frassoni. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0046/2003) del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la reforma del procedimiento presupuestario: posibles opciones con vistas a la revisión de los Tratados (2002/2271 (INI)) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Con esto concluye la votación. 
. (EN) Hace ahora 20 años que adquirió carácter obligatorio en el Reino Unido el uso de los cinturones de seguridad por parte de conductores y copilotos. 
Esta ley ha salvado una media de siete vidas cada día. 
Sin embargo, se siguen perdiendo numerosas vidas debido a que estas normas no se aplican a los pasajeros de autocares. 
Con bastante frecuencia, el Parlamento Europeo se inunda de reglamentos que sirven de poca ayuda a nuestros electores. 
Esta Directiva es nuestra oportunidad para marcar una verdadera diferencia, reduciendo la trágica pérdida de vidas en nuestras carreteras. 
Por este motivo, los conservadores británicos apoyamos este informe y felicitamos a todos aquellos que han colaborado en la presentación de estas medidas, que se deberían haber propuesto hace mucho tiempo. 
No obstante, nos decepciona que las propuestas no sean más ambiciosas. 
Es hora de que la seguridad de los niños en los autobuses escolares reciba la atención que reclama urgentemente. 
Resulta inaceptable que los niños vayan a la escuela en autobuses sin cinturones de seguridad y que muchos de ellos deban permanecer de pie debido a la falta de asientos. 
Naturalmente, apoyo por completo este informe. 
En primer lugar, porque opino que resulta crucial y de vital importancia para la reducción del número de víctimas registradas en las carreteras Europeas, que actualmente ronda la cifra de 45 000 muertos cada año. Y, sobre todo, porque estoy convencido de que el uso obligatorio de cinturones de seguridad ha contribuido positivamente a reducir esas trágicas cifras. 
Resulta verdaderamente extraño que en el tercer milenio, los accidentes en carretera constituyan la principal causa de muerte entre la población infantil. 
Como ciudadano portugués, me preocupa especialmente el hecho de que mi país, junto con España y Grecia, sea responsable de un porcentaje significativo del número total de víctimas registrado en Europa. 
Tal como indica el ponente, se debe observar esta propuesta simplemente como parte integral de un plan de acción más amplio. 
En este contexto, considero que dicho plan en particular se podría vincular a la política de transporte europea y perseguir, por ejemplo, la provisión de alternativas más seguras al transporte por carretera lo más rápidamente posible. 
Asimismo, creo que resulta esencial invertir en la implementación de auténticas medidas preventivas ya que, aunque el cinturón de seguridad es una medida importante, solo sirve para minimizar las consecuencias de los accidentes. 
Me refiero, concretamente, a la mejora de la señalización de las carreteras, a la intensificación de la protección pasiva, al aumento de los mecanismos de control... 
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
La lucha contra las drogas exige una perspectiva europea que incluya la adopción inmediata de instrumentos legales contra la elaboración y el tráfico de estas sustancias, la colaboración con los países productores y el fomento de la prevención y la lucha contra la adicción a la droga. 
La propuesta del Sr. Pirker responde al aumento constante de la producción y el comercio de las drogas sintéticas. 
Resulta preocupante el hecho de que la mayoría de la producción ilegal de drogas sintéticas se origine en Europa, según la información recopilada en 1999 por la Oficina Federal de Investigación Criminal de Suiza. Tan solo en los Países Bajos se registra más del 50% de la producción mundial. 
Resulta urgente y necesario el establecimiento de un control más riguroso y eficaz de la fabricación y venta de sustancias que, aparte de ser productos químicos destinados a usos legítimos, se utilizan frecuentemente para la elaboración de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Esto no se aplica al comercio legal de dichas sustancias, en concreto en lo que respecta a la fabricación de medicamentos. 
Para ello es necesaria una colaboración estrecha entre las autoridades competentes y los operadores económicos (quienes deberían notificar inmediatamente a las autoridades cualquier transacción o pedido inusual). Este objetivo se debe extender a sustancias que hasta la fecha no se han incluido en nuestras listas. 
. 
(PT) Estoy de acuerdo con este informe sobre todo porque me preocupa enormemente el hecho de que se describa a Europa como el origen principal de las drogas sintéticas de producción ilegal. 
Por si esto no fuera bastante grave, diversos informes procedentes de organismos internacionales, como la Junta Internacional de Control de Narcóticos (INCB) , indican que la producción y el comercio de drogas sintéticas siguen aumentando. 
En consecuencia, el modo de luchar eficazmente contra las drogas se basa, principalmente, en un control efectivo de los precursores. 
No obstante, existen algunos obstáculos que dificultan este control, que no consiste simplemente en la prohibición del uso de estas sustancias. 
Los precursores no se utilizan exclusivamente para la producción ilícita de drogas, por lo que un control efectivo supondrá un sacrificio por parte de los fabricantes de medicamentos, por ejemplo. 
A este respecto, considero que el informe ha logrado un equilibrio razonable. 
Por último, opino que resulta igualmente importante la adopción de medidas en lo que se refiere a los sitios de Internet que fomentan la venta de estas sustancias y proporcionan información sobre el modo de elaborarlas. 
. 
(PT) He votado a favor de los cuatro informes presentados por la Sra. Frassoni, a pesar de los problemas que este asunto conlleva. 
En efecto, el uso de la comitología debe resultar más transparente en el trabajo de las diferentes comisiones, centrándose especialmente en la necesidad de proporcionar al Parlamento Europeo los órdenes del día y los resúmenes de las reuniones de dichas comisiones, las listas de participantes, los borradores de medidas de aplicación presentados en las mismas, los calendarios provisionales de las reuniones e información detallada sobre los resultados de las votaciones. 
Asimismo, el público debe poder acceder a todos los documentos de las comisiones excepto, claro está, a aquellos que sean confidenciales. 
Por lo tanto, estoy de acuerdo con la evaluación realizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se declara que el Parlamento Europeo no pretende usurpar los poderes de aplicación que pertenecen a la Comisión: su objetivo consiste en introducir un sistema que permita ejercer un control adecuado y, si es necesario, refutar una medida de aplicación con la que no esté de acuerdo cuando entre dentro del procedimiento de codecisión. 
Este es el único modo de garantizar el respeto total del proceso legislativo y de los poderes del Parlamento como colegislador. 
Señor Presidente, me alegro de volver a verle y espero poder visitarle de nuevo personalmente en el futuro. 
Me complace enormemente que sea usted actualmente el Presidente del Parlamento. No obstante, debería centrarme en hablar sobre esta directiva. 
Mi grupo o, al menos, D66, ha votado a favor de esta directiva para ofrecer la posibilidad de una competencia justa en los puertos y prevenir el denominado «dumping» social. 
Esto significa que todas las partes implicadas, incluido el personal de autoasistencia, deben disponer de las elevadas normas sociales y las cualificaciones profesionales exigidas. 
Además, los Estados miembros y las autoridades portuarias, en concreto, deben establecer determinadas condiciones en el ámbito de la seguridad y la protección medioambiental. 
Lo que resulta importante es que el Consejo y el Parlamento elaboren y presenten la directiva de tal modo que se excluya la posibilidad del «dumping» social y, al mismo tiempo, la posibilidad de una protección rígida de una de las partes. Por consiguiente, espero que las negociaciones resulten productivas. 
Señor Presidente, los puertos de Harwich, Felixstowe y Tilbury pertenecen a mi circunscripción. 
Cientos de trabajadores portuarios demuestran hoy su preocupación por esta Directiva, que a mi entender en primer lugar nunca fue necesaria, al confundir, como hace, la competencia dentro de los puertos con el objetivo real, que debería ser la competencia entre los puertos. 
No obstante, estoy orgulloso de que el Parlamento Europeo haya aprobado enmiendas que garantizan la implementación de medidas contra las subvenciones públicas injustas, la exclusión del servicio de practicaje por rigurosos criterios de seguridad y, quizás lo más importante, la obligación de los nuevos prestadores de proteger adecuadamente los derechos de los trabajadores y de navegar bajo la bandera de la Unión Europea, no la de conveniencia. 
Sobre todo, con un período de 36 años en el que se registrarán paulatinamente cuantiosas inversiones, opino que no hace falta que los empleos de los trabajadores portuarios que operan actualmente en Harwich, Felixstowe o Tilbury se vean afectados nunca más. 
Insto a los implicados en la conciliación a que se atengan con firmeza a las enmiendas del Parlamento, para que así podamos garantizar la seguridad de nuestros puertos y el carácter prioritario de los empleos de nuestros trabajadores portuarios. 
Con la excusa de crear un marco operativo único y proporcionar servicios portuarios mejorados, se paga al sector privado para que se haga cargo de un sector que aún se gestiona como una empresa de servicio público. 
Se está concediendo a los puertos existentes la oportunidad de comenzar a ofrecer más servicios en cualquier sector que consideren rentable, en contraste con la administración pública y el proveedor de servicios central que se encarga de las actividades necesarias? aunque no sean rentables?. 
En virtud del nuevo sistema, las condiciones y las licencias operativas garantizarán la existencia de un centro de toma de decisiones. Este será diferente del proveedor de servicios portuarios anterior, ya que una agencia no puede actuar al mismo tiempo como proveedor de servicios y administrador portuario. 
Las empresas que ofrecen servicios portuarios deben cumplir con las exigencias de transparencia en sus relaciones financieras con las autoridades públicas. 
No obstante, no hay pruebas de que se haya impuesto una obligación similar sobre el sector privado. 
La directiva hace mención específica al personal. 
En virtud del artículo 6.5, el proveedor de servicios tiene derecho a contratar al personal de su elección. Sin embargo, no se hace referencia alguna a la cualificación o formación necesarias. 
Lo que deseamos es contar con servicios portuarios que funcionen de forma transparente, que ofrezcan el mismo nivel de servicio a todo el mundo y que garanticen, al mismo tiempo, derechos laborales para los trabajadores, protección medioambiental y puertos seguros. 
(FR) El objetivo de la directiva, que consiste en establecer normas comunes para los puertos marítimos con el fin de mejorar su papel en materia de transporte y ofrecerles un lugar privilegiado en la intermodalidad, a través de un acceso transparente a los servicios portuarios, no se debe alcanzar a toda costa. Es decir, para lograrlo no se debe renunciar a un nivel elevado de seguridad marítima, a una protección medioambiental eficaz y a unas condiciones laborales satisfactorias para los trabajadores del sector. 
No obstante, la directiva que se debate cuestiona los derechos sociales de los trabajadores, constituyendo un ejemplo paradigmático la cuestión de la autoasistencia: permitiría que la autoasistencia se confiara al «personal con base en tierra» contratado por las empresas navieras, lo que provocaría probablemente que esta labor se transfiriera de estibadores profesionales y otro personal técnico cualificado a otros trabajadores más baratos, sin preparación alguna. 
Los riesgos de que se produzca una situación de «dumping» social son evidentes. 
Por lo tanto, votaré para que se rechace esta directiva, una postura que seguramente no compartirá la mayoría del Parlamento Europeo. 
Por esta razón votaré a favor de toda enmienda que persiga aumentar la protección de los trabajadores que ofrece el texto. 
. (FR) El Parlamento, el Consejo y la Comisión mantienen y confirman su deseo de liberalizar los servicios portuarios. 
El pequeño avance realizado hasta ahora, como la eliminación de los servicios de practicaje de la directiva, no cambia el proceso en curso. Por tanto, tememos que los servicios de practicaje sólo disfrutarán de un breve aplazamiento. 
Si la liberalización- sinónimo de abandono de las misiones de servicio público, en combinación con el aspecto de la regresión social de los trabajadores y de las graves violaciones de las normas medioambientales y de seguridad- fracasa, los trabajadores y los usuarios de los servicios portuarios deberán unirse a gran escala. 
Los estibadores amenazados por la autoasistencia, es decir, por la posibilidad de que los armadores y los fletadores recurran a su propio personal para cargar y descargar los barcos, han sido pioneros al respecto al organizar diversas huelgas en Europa y manifestarse en grupos de miles de personas frente a las instituciones europeas. 
Hemos apoyado, y aún lo hacemos, las acciones que llevan a cabo. 
Por esta razón, hemos votado para que se rechace la directiva, ya que provocará desastres humanos, sociales y medioambientales, como en el caso de la liberalización del sector ferroviario. 
Dichos desastres pasarán de producirse a lo largo de nuestras costas, como ocurrió en los naufragios del Erika y del Prestige, a ocurrir en el interior de los puertos. 
Para luchar en contra de la liberalización, debemos fomentar un servicio portuario público que se coordine en el nivel Europeo y garantice las normas sociales y los niveles seguridad más altos posibles. 
Tras haber abierto el transporte marítimo a la competencia ultraliberal, con sus sabidas consecuencias (playas contaminadas y pescadores franceses exterminados por un buque cisterna noruego cargado de agentes químicos, pilotado por ceilandeses) , pretende ahora entregar los servicios portuarios, desde el practicaje al estibaje, al sector privado, alegando favorecer la competencia entre los puertos, la competitividad y la reducción de costes, como en el caso de los sectores aéreo y ferroviario. 
La apertura del mercado, que aparentemente se limitará a los grandes puertos (aunque no sabemos si con esto se refiere al tráfico de 3 millones de toneladas de mercancías o al de 45 millones) , incluirá, por ejemplo, la «autoasistencia». En otras palabras, la tripulación del barco, que imagino que estará formada por trabajadores mal retribuidos del sudeste asiático, una fuente de nuevos esclavos del capitalismo mundial al servicio del «dumping» social, podrá llevar a cabo las tareas de estibaje, siempre bajo un pabellón de conveniencia. 
El debate se limita a determinar si las preocupaciones por la seguridad permitirán excluir el practicaje y el arrastre de la «privatización» portuaria. 
Dicho esto, hay que añadir que los estibadores de Marsella, Sète y otros puertos importantes se verán reemplazados por los piratas del ultraliberalismo. 
La destrucción del empleo portuario se sumará a la destrucción del empleo pesquero. 
La sublevación y la desesperación de estas personas ante una directiva elaborada por los partidarios de la mundialización económica resultan comprensibles. 
- (NL) Los puertos situados entre Hamburgo en Alemania y Le Havre en Francia, así como los daneses y belgas, experimentan el grado más alto de competencia de todos los puertos. 
Esto se debe a que todos ellos abastecen en gran medida al mismo amplio mercado interior, incluido el distrito alemán del Ruhr, a través del cual se pueden desplazar constantemente flujos de cargas de un puerto a otro. 
En consecuencia, los costes derivados del trasbordo de una determinada cantidad de la carga resultan inferiores en estos puertos que en los Estados Unidos o el este asiático. 
Las consecuencias de una directiva sobre la actividad portuaria, que pretende fomentar la competencia para reducir el precio de estos servicios, tienen un alcance mayor precisamente en estos puertos. 
A pesar de que no pueden ofrecer servicios a precios aún más bajos, se ven forzados a hacerlo. 
En puertos como estos, el riesgo de «dumping» social y de empeoramiento de la seguridad resulta mayor que en un puerto que disfruta prácticamente de una situación de monopolio sobre un mercado interior reducido. 
El puerto o ciudad portuaria que tenga las exigencias más estrictas en materia de seguridad, medio ambiente, calidad del trabajo y condiciones laborales saldrá perdiendo en situaciones de competencia, en las que resultará ganador el peor puerto. 
Además, la directiva obligará a los Estados miembros de la Unión Europea a actuar en contra de las obligaciones contraídas en virtud del marco del Convenio de la OIT. 
El apoyo a la autoasistencia en la segunda lectura y la declaración de que las votaciones sobre las obligaciones asumidas en virtud del Convenio de la OIT no resultan indicadas plantea conflictos en la tercera lectura y, tras esta, procedimientos judiciales y huelgas. 
. (FR) A pesar de que esta Directiva dista de ser perfecta- los Estados deben poder exigir que las reglas vigentes para el personal con base en tierra se apliquen a la tripulación de mar encargada de las actividades de autoasistencia citadas en el anexo de este documento- resulta, no obstante, bienvenida. 
La actitud reticente de algunas corporaciones profesionales simplemente demuestra un rechazo categórico a la apertura de los servicios portuarios a la competencia. 
Esta lógica autocrática es algo más que un mero rechazo del principio de la economía de mercado. 
Las declaraciones formales sobre la conservación de las obligaciones de servicio público, la garantía de los empleos y el mantenimiento de la seguridad y el medio ambiente en los puertos- todos ellos objetivos legítimos que nadie discute- ocultan el deseo no tan noble de defender situaciones de monopolio, en particular los monopolios sindicales, que algunos consideran intocables. 
La implementación de un proyecto a gran escala como «Port 2000» en Le Havre, el mayor puerto francés en términos de contenedores de mercancías, demuestra claramente que a nuestros puertos y empresas no les asusta la introducción de una dinámica más competitiva en los servicios portuarios. 
Todo lo contrario ya que, al poder equiparse por su cuenta de la infraestructura necesaria para el futuro, los puertos podrán aceptar y superar el reto planteado por la apertura del mercado. 
. 
(PT) Tras el naufragio del Prestige, han aumentado las manifestaciones de preocupación por la seguridad marítima, las cuales yo comparto. 
Mi país cuenta con una extensa costa que depende principalmente de los recursos marítimos. 
Por esta razón y porque estos problemas afectan al mismo tiempo a otros países de la Unión Europea, el informe Jarzembowski sobre los servicios portuarios merece toda nuestra atención. 
Con respecto a las normas sobre practicaje, considero que resulta lógico eliminarlas del ámbito de esta decisión. 
Cada Estado miembro ha de poder, por motivos de interés público, mantener el sistema actual, teniendo en cuenta las características locales específicas. 
Este informe destaca por el modo en que mantiene un grado de equilibrio entre la liberalización de los servicios portuarios y la demostración de una preocupación continua por la legislación social sobre la protección de los trabajadores, la seguridad marítima y la protección medioambiental en las regiones conflictivas. 
Este equilibrio ya se ha alcanzado en la liberalización del transporte aéreo y ferroviario. 
En relación con la legislación social y laboral, se deben proteger los derechos de los trabajadores de los puertos comunitarios. 
Por lo tanto, apoyo la opinión del ponente para abogar por una mayor protección de estos trabajadores, sin olvidar la necesidad de mantener un personal cualificado en los puertos e insistir en las medidas para la formación de los miembros de la tripulación. 
. 
(PT) En líneas generales, estamos de acuerdo con la propuesta de directiva de la Comisión relativa a los puertos e infraestructuras del transporte marítimo, cuyo propósito consiste en crear o restablecer condiciones transparentes de competencia en todos los puertos comunitarios, dentro del contexto específico de la apertura del mercado a los diferentes servicios portuarios. 
Los servicios contemplados por esta directiva relacionados con el arrastre, amarre y trasbordo de cargas (incluidas la carga y la descarga) no merecen especial atención. 
La cuestión radica en si se deben excluir o no las actividades de practicaje de la directiva. 
Puesto que pienso que el practicaje es un trabajo que requiere un nivel de experiencia considerable y que resulta muy importante en relación con la seguridad del tráfico marítimo en los puertos, estoy de acuerdo con la mayoría alcanzada en este Parlamento, la cual ha contado con mi voto a favor del informe. 
. 
(PT) La intención primera de mi voto es la de destacar tres puntos que considero esenciales: en primer lugar, la práctica denominada «autoasistencia» no debe ser trastocada subrepticiamente para abrir las puertas a todo tipo de oportunismo y distorsiones del mercado. En vez de eso, se debería limitar oportunamente a la propia tripulación del barco y ser llevada a cabo en colaboración con el operador portuario; en segundo lugar, el sistema de practicaje en los puertos se debe excluir del ámbito de la directiva y reservarse para la legislación nacional; en tercer lugar, resulta vital que se definan correctamente normas transparentes sobre las ayudas estatales en este campo, tal como se ha sugerido en los debates sobre el Libro Verde y de lo cual, lamentablemente, el texto de la directiva hace escasa mención. 
Por último, en lo que respecta a las significativas enmiendas económicas que hace la directiva al sistema operativo portuario, considero que es importante proporcionar sistemas de transición que protejan los intereses legítimos de aquellos operadores que han aceptado las continuas obligaciones impuestas por la legislación nacional y cuya estabilidad económica se podría ver perjudicada irremediablemente. 
En general, opinamos que la propuesta es equilibrada y constructiva, a excepción, no obstante, de la limitación insuficientemente justificada sobre la autoasistencia. 
Al restringir la autoasistencia, como ahora, para que se aplique solo al personal de a bordo y no al de tierra (como podrían ser los empleados de una fábrica cercana al puerto) , se pone de manifiesto que la legislación desconoce el funcionamiento del sector. 
De este modo se reducen las oportunidades de competencia dentro de este ámbito. 
Por lo tanto, hemos decidido votar en contra de la comisión en lo que respecta a estas cuestiones. 
En relación con los servicios de practicaje, coincidimos con la propuesta de que estos no deben ser contemplados en la directiva debido a su especial naturaleza. 
. 
(PT) El ponente recuerda el bajo nivel de pagos establecido y acepta la tendencia hacia la reducción de la parte del presupuesto europeo del PIB/PNB comunitario. 
Dada esta situación, con el aumento sistemático de las prioridades y con la política de ahorro perseguida- inseparable del Pacto de Estabilidad y que incluye la práctica sistemática de recortes, congelaciones, revocaciones, redespliegue y reprogramación del gasto presupuestario- es inevitable la aparición de consecuencias que afectan negativamente a los niveles de aplicación de las prioridades tradicionales de la Unión Europea, especialmente en los ámbitos sociales y en los de cohesión y cooperación. Incluso la propia credibilidad del proceso presupuestario se ve perjudicada. 
Nos enfrentamos actualmente a un mayor número de problemas a la hora de definir las prioridades, como la otorgada a la estrategia de Lisboa o a cuestiones como la inmigración y el asilo. 
Asimismo, el ponente reconoce la necesidad de modificar la política presupuestaria nacional cuando acepta el marco actual de perspectivas financieras y las limitaciones existentes en las políticas internas y externas. 
Lo hace hasta el punto de llegar a contradecirse a sí mismo en lo que respecta a Afganistán, al declarar, por un lado, que no reduciría el apoyo a otras regiones y afirmar, posteriormente, que pretende evaluar las posibilidades de redespliegue del presupuesto y hacerlo más flexible. 
Además, todavía no se da prioridad a Palestina... 
. (IT) No podemos sino apoyar la perspectiva presentada: no se pueden negar o rechazar las prioridades de la adhesión de diez nuevos Estados y de la estabilidad y el desarrollo sostenible. 
No obstante, el panorama del futuro inmediato no resulta tan optimista como lo presenta el documento de la Comisión. 
Con respecto a la adhesión, teniendo en cuenta todo lo sucedido en las últimas semanas entre el presidente de un Estado miembro y los países candidatos, así como las recientes declaraciones del presidente de la Convención relativas al riesgo de que la misma no finalice su trabajo dentro de los plazos establecidos, nuestro optimismo se ve nublado por un recelo que esperamos sea infundado. 
¿Lograremos garantizar el cumplimiento de las fechas establecidas para la ampliación? 
De no ser así, numerosos puntos de la estrategia resultarán ser meras ilusiones. 
El objetivo de la estabilidad es también una prioridad que debe ser perseguida. 
Sabemos lo difícil que resulta crear todas las condiciones necesarias para asegurar la estabilidad y debemos trabajar para garantizar un desarrollo sostenible. 
Con casi cinco millones de desempleados en la República Federal y con los porcentajes negativos registrados también en muchos otros países (tanto Estados miembros como países candidatos) , ¿cómo podemos mantener el optimismo en lo que respecta a estas prioridades? 
(Texto acortado de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(PT) El Consejo Europeo de Copenhague refrendó los resultados del proceso de adhesión de diez países candidatos y las negociaciones se completaron tomando como base un paquete financiero por un total de 41 millardos de euros, que permitirá ajustar la perspectiva financiera y constituirá la base del presupuesto para el año 2004, el cual también aumentó con la entrada en vigor del Tratado de Niza el 1 de febrero de 2003. 
Hemos votado a favor del informe porque, en lo que respecta a la política interna, el texto recuerda que la consecución del mercado interno, la aplicación de la estrategia de Lisboa y la estrategia a favor de un desarrollo sostenible siguen siendo los tres principales objetivos de la Unión Europea, cuya importancia será especialmente destacada en el año 2004, cuando se inicie la participación de los nuevos Estados miembros. 
Asimismo, se celebra el énfasis depositado sobre las medidas de apoyo a las PYME como generadoras de empleo y crecimiento económico y sobre la necesidad absoluta de una lucha global contra el terrorismo. 
Se trata, en resumen, de un informe que expresa de forma adecuada las orientaciones políticas de la Unión con la idea de incluirlas en el presupuesto para el año 2004. 
Seguimos manteniendo nuestra oposición a la idea de que se utilicen los fondos comunitarios para financiar los partidos políticos europeos. 
No obstante, si los grupos mayoritarios imponen finalmente la adopción de este proyecto, consideramos que resultaría mucho más preferible que estos créditos permanecieran en el presupuesto de la Comisión. Esta seguiría al cargo de su aplicación y, por tanto, asumiría la responsabilidad de esta iniciativa desde el principio, en lugar de endosar los créditos al presupuesto parlamentario y perpetuar la confusión entre los grupos parlamentarios y los partidos políticos. 
Por consiguiente, hemos apoyado la enmienda 8, basándonos exclusivamente en este principio de técnica presupuestaria y con vistas a la responsabilidad resultante. No obstante, seguimos oponiéndonos a la totalidad de la propuesta. 
. 
(PT) El presupuesto 2004 será el primero en una Unión Europea de quizás 25 Estados miembros. Por tanto, debemos resaltar la importancia histórica de la próxima ampliación, que pondrá fin a la división artificial de Europa; hasta entonces, se deberán adoptar un número considerable de medidas entre los años 2003 y 2004, con el fin de asegurar que las instituciones europeas obtienen los medios necesarios para llevar a cabo los preparativos. 
Me preocupaba especialmente una solicitud realizada en el texto en la que se pide al Parlamento que adopte una ambiciosa estrategia para racionalizar sus operaciones y, en consecuencia, su gasto. Se pide al mismo tiempo que mantenga el multilingüismo y la fidelidad a sus principios, ya que representan una parte integral de la legitimidad democrática de la institución. 
Debería añadir que la idea del informe de mejorar la asistencia técnica ofrecida a los Estados miembros es acertada; de hecho, es preciso que los Estados miembros reciban la mejor asistencia posible para así poder asumir sus responsabilidades legislativas y presupuestarias y, paralelamente, mejorar el rendimiento de su trabajo para reducir al mínimo el impacto de la distribución del personal en tres emplazamientos laborales diferentes. 
Aunque no estoy de acuerdo con otros puntos, concretamente con la idea de que la Comisión administre los fondos destinados a los partidos políticos europeos, una labor que debería ser transferida al Parlamento por obvias razones democráticas, celebro la idea general del informe tal y como se hizo en... 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
Hoy hemos decidido votar a favor del informe sobre una reforma del procedimiento presupuestario. 
Dicho informe incluye una serie de importantes medidas en el ámbito presupuestario. 
Propone, por ejemplo, que se elimine la distinción entre el gasto obligatorio y no obligatorio. 
Creemos que no hay una razón de peso para la existencia de esta división. 
Evidentemente, el Parlamento también debe tener influencia sobre el gasto agrícola. 
Apoyamos la propuesta de simplificar la transferencia de recursos entre las diferentes categorías de gasto del presupuesto comunitario, ya que constituye una medida importante para la creación de un sistema en el que se garantice un uso más eficaz de dicho presupuesto. 
Asimismo, el informe indica que se deben revisar las normas que rigen los propios recursos de la Unión Europea. 
En particular, queremos resaltar que estamos a favor de un sistema más transparente que el actual, que muestre de forma más clara los ingresos de la Unión Europea. 
Sin embargo, nos oponemos completamente a un sistema que podría otorgar influencia al Parlamento sobre la cantidad de dinero que se asigna a la Unión Europea. 
Es importante que sean los Estados miembros los que decidan los niveles de financiación de la Unión y que el Parlamento tenga la última palabra sobre los gastos. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
Excepcionalmente, el Sr. Fatuzzo no se encuentra hoy aquí para dar una explicación de voto en nombre de los pensionistas italianos. 
(La sesión, suspendida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Señora Presidenta, Señorías, hace tres años que el Consejo Europeo, reunido en Lisboa, decidió adoptar una rigurosa y ambiciosa estrategia, en virtud de la cual la Unión Europea se convertiría en el espacio económico más dinámico y competitivo del mundo para el año 2010, y lo haría sobre la base de un conocimiento cualificado. 
Con esto se pretendía lograr un desarrollo duradero y, al mismo tiempo, una situación de pleno empleo, un mayor número de puestos de trabajo de mejor calidad y una mayor cohesión social. 
¿Quizás fuimos demasiado ambiciosos, demasiado eufóricos? 
¿Ni siquiera entonces eran previsibles las crisis actuales? 
Eurostat nos informa de que existen en la actualidad casi 14 millones de desempleados europeos. 
Las causas principales de esta cifra son la incapacidad de solucionar los problemas estructurales de los Estados miembros, como las burocracias abotargadas, la distorsión de la competencia provocada por la existencia de subvenciones y la elevada tasa de desempleo presente entre las mujeres, la juventud, los trabajadores de mayor edad y los discapacitados. 
Las cifras oficiales indican que, solo en Alemania, existen 4,7 millones de desempleados, la tasa más alta registrada en los últimos cinco años. Asimismo, se prevé que en este país tanto la oleada de quiebras empresariales como el alto nivel de los impuestos y obligaciones, que se aplican a empresas y ciudadanos particulares, alcancen niveles históricos. 
No hay duda de que la estrategia europea para el empleo ha logrado resultados positivos gracias a la coordinación de las políticas de empleo locales, regionales y nacionales. 
Aunque se cumple el principio de subsidiariedad, la expansión continua de dicha estrategia, desde los objetivos horizontales hasta los cuatro pilares, ha reducido de forma constante su eficacia. 
Estoy de acuerdo con la evaluación del Consejo y la Comisión en la que se señala que se deben reforzar las nuevas directrices para así mejorar su eficacia. 
Necesitamos, sobre todo, una prueba de su transposición y de los cambios resultantes en los mercados laborales. 
En mi opinión, cualquiera que sea la orientación a medio plazo (la Comisión ha propuesto tres años) , debemos mantener una revisión anual independientemente de lo que suceda. De este modo, se ejercerá una presión positiva sobre los Estados miembros, algunos de los cuales afrontan problemas a la hora de aplicar los planes de acción nacionales. 
Es preciso que se realicen compromisos voluntarios, permítanme añadir, de la misma magnitud que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuya naturaleza no deberá ser modificada como ya ocurrió cuando la estimulación del desarrollo y la inversión se conviertan en los asuntos principales. 
El cumplimiento estricto del Pacto constituye la base de la estabilidad y de la confianza por parte de los mercados y el público. Por lo tanto, el empleo y el dinamismo económico dependen fundamentalmente de ello. 
Uno es inseparable del otro. 
Un factor nuevo introducido por la estrategia europea para el empleo es la observancia de tres prioridades: en primer lugar, aproximarse lo máximo posible a las tasas de empleo definidas en Lisboa de un 70% para los hombres y un 60% para las mujeres de aquí al año 2010, inclusive; en segundo lugar, una mejora en la calidad del trabajo, cuya consecuencia directa es el aumento de la productividad; y por último, la apertura de los mercados laborales a los más desfavorecidos y a los grupos sociales marginados. 
El desarrollo del empleo exige la existencia de unas condiciones marco financieras adecuadas. 
La leyes fiscales de numerosos Estados miembros son desfavorables a las empresas y al empleo. 
En lugar de aumentar más los impuestos, estos deberían reducirse. 
Es preciso librar a los consumidores y a las empresas de las cargas fiscales que soportan y recortar el gasto administrativo. 
Debemos recuperar la importancia de la creación de empleo en términos financieros. 
La reducción del IVA impuesto sobre los servicios para finales de este año es un modo perfecto de afrontar la cuestión. 
Propongo que se aumente el número de mini-empleos favorecidos por una reducción de impuestos y gravámenes, que sean independientes de los trabajos a jornada completa en lugar de una alternativa a los mismos- tal como, según dicen, he afirmado. 
Se trata siempre de una cuestión de equilibrio entre, por un lado, una mayor flexibilidad y, por otro, la seguridad a largo plazo. 
Ante todo, es preciso establecer condiciones más favorables para las pequeñas y medianas empresas. No en vano, constituyen la fuerza motriz del empleo, al crear un 70% de los puestos de trabajo y un 80% de las plazas de formación. 
No me he conformado con compromisos generalizados para el apoyo a las PYME, sino que he planteado demandas muy concretas. 
Dichas demandas van desde la concesión de capital de riesgo a intereses reducidos a través de un tratamiento fiscal favorable para las nuevas PYME, a la aceleración de los procedimientos de aprobación; desde el establecimiento de redes para creadores de empresas, a métodos para simplificar los trámites administrativos. 
Las diferentes experiencias vividas en el ámbito nacional condujeron a un intenso debate sobre estas propuestas en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. No obstante, hemos alcanzado determinados compromisos, con algunas reservas. 
Permítanme, llegados a este punto, dar las gracias a los ponentes de todos los grupos de la oposición por sus constructivas sugerencias. 
Hemos aprendido mucho juntos y los unos de los otros. 
Asimismo, podemos esperar que el empleo mejore si se introduce mayor flexibilidad en la organización laboral, aumentando, por ejemplo, los trabajos de contrata y los puestos a tiempo parcial, lo cual beneficiaría a las mujeres al poder compatibilizar el trabajo y la familia. 
Instamos a los Estados miembros a que centren más sus esfuerzos en el establecimiento de instituciones para el cuidado de los niños y de reducciones fiscales para el personal que trabaje en ellas. 
Al mismo tiempo, la flexibilidad beneficia a los desempleados de larga duración, a las personas que empiezan a trabajar y a aquellas de escasa cualificación, que podrán aumentar sus habilidades y capacidades laborales. 
Se presta poca atención al cambio demográfico y a la falta de especialistas. 
El modo en que se trata a los ciudadanos al llegar a los cincuenta resulta inaceptable; muchos de ellos, a los que se despide y excluye, desean trabajar y se encuentran capacitados para ello, con ganas de aprender más. 
Desean mejorar su formación y pueden soportar las presiones. 
La experiencia es una ventaja; no puede convertirse en un defecto. 
Una última reflexión: si esta nueva estrategia europea para el empleo se centra en las tres prioridades mencionadas, no tendremos que esperar demasiado para ver los eficaces cambios producidos en nuestros mercados laborales. De este modo, realizaremos un importante avance hacia la consecución de los objetivos de Lisboa. 
Señora Presidenta, Señorías, hace cinco meses presenté los resultados de la evaluación de la estrategia europea para el empleo en el Parlamento, el cual aprobó una resolución que recogía los resultados principales de dicha evaluación y sus directrices esenciales. 
A la presentación de los resultados le siguió un extenso debate entre todas las instituciones europeas. 
Asimismo, se llevaron a cabo consultas generales con los interlocutores sociales, para que la Comisión pudiera presentar los resultados del debate junto con una serie de propuestas específicas relativas a las prioridades futuras y la gestión mejorada de la estrategia para el empleo. 
Y Como resultado, la Comisión presentó en enero un documento que incluía un nuevo enfoque sobre dicha estrategia. 
Básicamente, el nuevo enfoque se centra en la aplicación de los objetivos de Lisboa. 
Tal y como afirmó Thomas Mann, la situación es diferente, la situación económica no es prometedora. Esto afecta de forma significativa al desempleo, resultando algunos grupos de la población más perjudicados que otros. 
Por lo tanto, a pesar de la evaluación positiva de los resultados de la estrategia para el empleo, con la introducción de reformas en todos los Estados miembros y la creación de diez millones de nuevos puestos de trabajo entre 1997 y 2001, a pesar del enfoque positivo, no hay duda de que debemos activar más políticas y acelerar las reformas. 
Para poder centrarnos más en Lisboa, hemos establecido tres objetivos básicos: pleno empleo, normas laborales y productividad, y un mercado laboral unido. 
Me gustaría destacar que la perspectiva de género se ha integrado en los tres objetivos y en nuestras prioridades. Además, se hace referencia específica a las condiciones particulares a las que se enfrentan las mujeres en el mercado laboral. 
Una vez acordados los tres objetivos básicos, pasamos a considerar los aspectos fundamentales de las directrices. 
Tanto el Parlamento como el Consejo han solicitado el establecimiento de un número menor de ellas, de carácter más simple, que se centren de forma más clara en los resultados. 
Nuestro objetivo, por tanto, es reducir el número de directrices, a la mitad si es posible, y articularlas en torno a unas prioridades muy específicas. 
Hemos seleccionado once prioridades; las nuevas, aquellas que se han enfrentado a la mayor resistencia (en el sentido de que algunos países las han aceptado y otros no) , son el trabajo no declarado y la inmigración. 
De este modo, las directrices sobre el empleo se estructuran en torno a tres objetivos principales y once prioridades básicas. 
Creemos, a la luz de la experiencia de los últimos años, que el enfoque cuantitativo desempeña un papel importante. 
Es decir, las directrices deben incluir objetivos cuantitativos, si pretendemos que la política sea cuantificable, y es preciso juzgar a los gobiernos sobre la base de objetivos específicos. 
Por esta razón, nuestra propuesta incluye sectores específicos que pueden servir de base para el debate y sobre los que los Estados miembros pueden acordar objetivos europeos o nacionales. 
Otro punto importante es el de la asociación. 
Naturalmente, el método de administrar el procedimiento de la estrategia para el empleo varía de un país a otro. 
Cada uno de ellos adopta un enfoque diferente, en función de su cultura y de la organización de las autoridades locales y la interlocución social. 
No obstante, la evaluación identifica determinados puntos que son comunes a todos los países. 
En todos ellos es necesario: reforzar el papel de los interlocutores sociales, publicitar el procedimiento para concienciar al mayor número posible de ciudadanos e instituciones y, por supuesto, en los parlamentos nacionales y europeos, desarrollar la perspectiva territorial de la estrategia mediante el establecimiento de planes de empleo regionales y locales, movilizar a la sociedad civil y, por último, aumentar la participación de los organismos parlamentarios en el procedimiento. 
Este último punto me lleva a hablar sobre el calendario. 
De entrada, quisiera comentar que comprendo perfectamente las preocupación del Parlamento, en lo que respecta a la aprobación de las directrices, ya que este año es la primera vez que se aplicará una coordinación mejorada de los ciclos de política económica y de política de empleo. 
Para poder llevar a cabo esta coordinación, que ha sido solicitada en numerosas ocasiones, incluso en el Parlamento, es preciso establecer cuatro etapas diferentes. 
En la primera de ellas se deben definir las directrices generales para la estrategia de empleo y la política económica durante el Consejo de primavera. 
En la segunda, tan pronto como sea posible, se presentarán las directrices como un paquete. 
Esto significa que, una vez establecidas las directrices en el Consejo de primavera, la Comisión presentará un paquete de directrices sobre política económica y empleo. 
En la tercera se deben aprobar dichas directrices; es preciso que esto se haga sin demora, a ser posible en el Consejo de junio. 
En la cuarta, una vez aprobadas las directrices, se elaborarán planes de acción nacionales y el informe conjunto sobre empleo durante el otoño. 
En el Parlamento se llevó a cabo un debate muy específico, al que siguió en enero la reciente comunicación. Por lo tanto, opino que si el Parlamento y la Comisión colaboran estrechamente, podremos superar los problemas del calendario y coordinar este año la política económica y la política de empleo. 
Esto es muy importante si deseamos evitar coincidencias en el tiempo y asegurar que no se otorga preferencia a un procedimiento antes que a otro. 
Señora Presidenta, ante todo, quisiera dar mi más sincero agradecimiento al ponente por su informe, cuyo carácter considero valiente. 
Por primera vez, se han presentado algunas ideas nuevas, lo cual no ha sucedido con frecuencia últimamente. Ideas que, al mismo tiempo, se relacionan de algún modo con la nueva realidad que afrontamos, en el contexto de una situación económica menos favorable que la de hace unos años. 
Por esta razón, opino que el informe es valiente. Además, no resulta del todo políticamente correcto en algunos puntos, lo cual considero que también es un aspecto positivo. 
Si pretendemos que se establezca un auténtico debate sobre el empleo, no basta con que este sea políticamente correcto, y creo que esto se aplica a este asunto tanto como a otros. 
Tal y como he dicho, nos enfrentamos a una especie de crisis económica. 
Esto siempre afecta negativamente al empleo ya que, por norma, se produce una subida en las tasas de desempleo. 
En este caso, se suele registrar un aumento más acusado del desempleo entre la población joven ya que, actualmente, a este grupo le resulta más complicado encontrar un empleo que en el pasado. 
Cuando la situación mejora repentinamente, los jóvenes son los primeros en conseguir un puesto de trabajo. 
Sin embargo, en cuanto la situación empeora, se quedan parados. 
Para evitar que esto suceda y, precisamente, porque es posible que ocurra, deberíamos centrarnos de forma específica en este asunto. 
Esto no significa que debamos olvidarnos completamente de los otros grupos señalados, es decir, las mujeres y las personas mayores. 
Ustedes, por el contrario, piensan que deberíamos seguir trabajando sobre estos puntos. Sin embargo, opino que la gente joven merece la atención especial que no se le ha prestado en los últimos años. 
Ahora quisiera centrarme en la cuestión de las comparaciones. 
Actualmente, el desempleo en la Unión Europea es aproximadamente un 2,5 % superior que el registrado en los Estados Unidos o en Japón. 
Sin embargo, las diferencias no son tan acusadas como parecen a primera vista. 
En Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Irlanda, Dinamarca, Gran Bretaña y Suecia las cifras son más bajas que en los Estados Unidos. 
Por lo tanto, estas deben ser algo más elevadas en el resto de los países europeos. 
No obstante, si observamos las diferencias, la situación resulta alarmante. 
Por este motivo, precisamente, resultan tan importantes esta política y estas ideas. 
Es inevitable darse cuenta de que si la tasa de desempleo de un país es muy elevada y no logra reducirse, hay algo que no marcha correctamente. 
Existen países en los que el desempleo, cuya cifra siempre ha sido alta, está experimentado una reducción actualmente. 
Por otro lado, hay países en los que el desempleo, a pesar de que siempre ha sido bajo, ahora sufre un aumento. 
Esto concretamente sucede cuando en una parte del país la situación es favorable y en la otra no. 
En Alemania, por ejemplo, que constituye claramente uno de los asuntos de mayor preocupación en este momento, algunos estados se encuentran al nivel europeo. 
¿Cómo es eso posible? 
Es una pregunta muy interesante. 
Para que un enfoque sea válido, no basta con que se centre en los países, sino que debe extenderse a las regiones. 
Esta es la forma de obtener una visión conjunta. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, para ser sincera, me desagrada debatir una nueva estrategia de empleo en mitad de una situación de crisis internacional y, quizás, justo antes de una guerra en el Iraq. Sin embargo, puede que sea importante hacerlo. 
Debemos seguir el camino marcado por el proceso de Lisboa, incluso en tiempos difíciles. 
En nombre de mi grupo, puedo decirles que el nuevo enfoque de la Comisión sobre la estrategia para el empleo ha sido recibido de forma muy favorable por todos nosotros. 
En efecto, es preciso aumentar la estabilidad de dicha estrategia. 
Esto no significa que debamos ser menos ambiciosos sino que, en el futuro, quizás sea necesario concentrarse con mayor detenimiento y orientar más las directrices hacia los resultados. 
Asimismo, estamos de acuerdo con la Comisión en que debería existir una mayor cohesión entre los procesos de coordinación. 
Cada vez con más frecuencia sucede que, en la práctica, las directrices económicas generales juegan el papel de un instrumento primordial. 
En nuestra opinión, esto significa que dichas directrices deben tener más en cuenta las ambiciones relacionadas con el empleo, la lucha contra la pobreza, el futuro de las pensiones y la asistencia sanitaria. 
Asimismo, esto quiere decir que las directrices económicas deberían ser realmente directrices económicas y sociales, sobre las cuales puedan opinar no solo los Ministros de Asuntos Económicos y Financieros, sino también los Ministros de Empleo y Asuntos Sociales, los Ministros de Educación y, posiblemente, los Ministros de Política Científica. 
Desde nuestro punto de vista, significa que, aunque los distintos procesos políticos se deben desarrollar de modo independiente, es necesario aumentar la coherencia entre ellos. 
Esto también trae consecuencias en términos de contenido ya que, en nuestra opinión, la política económica debe impulsar al mismo tiempo el crecimiento económico. 
Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer en materia de innovación, investigación y desarrollo, y de inversión en recursos humanos. 
Según nuestro grupo, esto significa que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe cumplir también su papel de pacto de crecimiento y permitir el funcionamiento anticíclico en los Estados Miembros para fomentar así la economía. 
Mi grupo está completamente de acuerdo con la Comisión en que es preciso aumentar también la coherencia de los procesos de coordinación en el ámbito social; es decir, entre la cuestión de las pensiones, el proceso de las pensiones, el proceso de pobreza y el proceso sanitario. 
Por lo tanto, desearíamos prestar todo nuestro apoyo al propósito de la Presidencia griega de activar estos procesos y otorgarles una mayor continuidad. 
Estamos totalmente de acuerdo con la idea de que se debería prestar más atención a una aplicación efectiva de la estrategia para el empleo. 
Debemos evitar que dicha estrategia se convierta en papel mojado. 
Actualmente, la discrepancia existente entre las intenciones del Consejo y la realidad es aún demasiado grande: no solo en relación con la participación laboral de la gente mayor, los jóvenes y los inmigrantes, sino también con respecto a la inversión en los recursos humanos. 
Por ejemplo, podemos observar que hay graves deficiencias en los esfuerzos de formación de las empresas y que el trato ofrecido a la gente mayor y a aquellos con menor preparación es desigual. 
Por esta razón, creemos que resulta fundamental la participación de todos los implicados. 
Por eso, también pedimos a la Convención que se incluya en la Constitución el método de coordinación abierta, en relación tanto con el empleo como con el proceso social, para así garantizar un grado mayor de transparencia y legitimidad democrática. 
Según mi grupo, el informe Mann resultaba razonablemente equilibrado y reflejaba nuestras principales preocupaciones con la redacción que presentaba al salir de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 
Por consiguiente, no pretendemos presentar ninguna enmienda. 
Debo ser honesta: las enmiendas presentadas amenazan con cambiar el informe completo. 
No se trata, señor Pronk, de una cuestión de corrección política ni nada por el estilo. En nuestra opinión se trata de una cuestión de eficiencia de este Parlamento. 
Puede que un informe así, que cuente con el consenso del Parlamento, no resulte atractivo. Sin embargo, la intención es la de presentar un informe que se aplique a toda la Unión y no solo a un Estado miembro, en el que se establezcan las directrices para una política común. 
Un informe de este tipo no se presta a deliberaciones políticas nacionales ni a debates ideológicos sobre puntos específicos de una orientación política u otra. 
Por lo tanto, mi grupo decide rechazar estas enmiendas. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, la cumbre de primavera de los jefes de estado y de gobierno de la Unión se centrará en el desarrollo de la economía y el mercado laboral. 
Resulta completamente lógico el vínculo entre los dos temas, ya que representan las dos caras de una misma moneda. 
El éxito de la política de empleo es fundamental para lograr los objetivos de la política económica. 
Además, una política económica que aumente la competencia y la flexibilidad, lo cual mejora al mismo tiempo los incentivos económicos para la creación de puestos de trabajo, constituye la base de una política de empleo. 
Asimismo, debemos tener presentes los factores brillantemente destacados en el informe del Sr. Mann, el cual apoyamos los miembros del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. Consideramos que las enmiendas presentadas por nuestro propio grupo y por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos lograrán mejorar dicho informe. 
Enmiendas que, naturalmente, también contarán con nuestro apoyo. El informe del Sr. Mann resalta la necesidad de adquirir un compromiso más fuerte en relación con la formación, la oferta de mejores incentivos para la aceptación y creación de puestos de trabajo, y la reducción de la administración y el aumento de la flexibilidad en el mercado laboral. 
Lamentablemente, teniendo en cuenta las cifras de empleo y las estadísticas de desempleo, la política común de empleo no se puede considerar un éxito rotundo. 
Nos encontramos bastante lejos de los ambiciosos objetivos establecidos en Lisboa hace tres años. 
Puede que alguien se pregunte si no eran, quizás, demasiado ambiciosos. 
No, no lo eran; pero hay países creadores de tendencias que no se sienten suficientemente comprometidos a cumplir las promesas. 
Aunque se ha producido algún avance en determinados ámbitos, este se encuentra eclipsado, en mi opinión, por el panorama general de un deseo demasiado modesto de cumplir con los objetivos comunes. 
Estoy de acuerdo con la propuesta presentada, señora Comisaria, destinada a simplificar y clarificar la coordinación abierta de la política de empleo, con vistas a reducir el número de directrices. 
Considero que las reformas presentadas son constructivas y, al mismo tiempo, opino que resulta positiva la propuesta de mejorar la coordinación en la política económica común. 
Además, debemos aumentar nuestra eficacia a la hora de supervisar a los Estados miembros y asegurarnos de que se sienten realmente obligados a cumplir las acertadas promesas realizadas en la cumbre de Lisboa, y esto se aplica también a los grandes países. 
Señora Presidenta, cuando se discutió el informe del Sr. Mann en la comisión, varias enmiendas fueron objeto de un importante debate. 
Existía desacuerdo sobre un punto específico, concretamente las condiciones bajo las que desarrollan su actividad las pequeñas empresas, junto con su papel en la política de empleo. 
En consecuencia, surgieron dos enfoques enfrentados. 
Los defensores de uno de estos enfoques deseaban facilitar la situación a las pequeñas empresas a través de exenciones fiscales, costes salariales inferiores, reducción de los trámites administrativos, la introducción de los denominados mini-empleos y determinados servicios que no se pueden proporcionar sin ayuda gubernamental y subvenciones públicas, como por ejemplo los servicios domésticos. 
El otro enfoque era bastante diferente. 
Los representantes del mismo deseaban depositar su confianza en las pequeñas empresas con ideas empresariales prometedoras, capacidad de gestión, posibilidades de crecimiento y aspiraciones de desarrollo y de contratar a más gente. 
Nos interesan, por tanto, las pequeñas empresas que son potentes o pueden llegar a serlo, y que pueden permitirse pagar buenos salarios e impuestos comunes, ofrecer a sus empleados unas condiciones laborales adecuadas y mantener relaciones sindicales positivas. 
Por lo tanto, aunque nos encontramos ante dos enfoques diferentes, no se observan influencias políticas de derechas o de izquierdas. Soy consciente de que gran parte de la industria prefiere las pequeñas empresas potentes y cualificadas y que, precisamente, es a estas empresas a las desean ofrecer el capital, las oportunidades de crecimiento y el apoyo en términos de conocimiento. 
Este camino es justamente el que desea seguir mi grupo. 
La realidad es que contamos con demasiadas pequeñas empresas en Europa. 
El mayor índice con diferencia de pequeñas empresas se puede encontrar en los países y regiones más débiles desde el punto de vista económico, en los que las tasas de desempleo son elevadas. 
Muchas empresas inician su actividad con la ayuda de subvenciones estatales y desaparecen inmediatamente al finalizar el período de duración de las ayudas. 
En resumen, nos encontramos con una situación en la que las estadísticas muestran que, de cada diez nuevas empresas, quizás solo una, puede que dos, sigan funcionando tras los tres o cuatro primeros años. 
Debemos confiar en la calidad. 
Podríamos unir todos los grupos políticos de este Parlamento en torno a una política progresista en este ámbito, una política en la que se tomarían en serio los objetivos primordiales y los objetivos de la estrategia de Lisboa, que es lo mismo que decir «buenos puestos de trabajo para todos». 
Dicha política exigiría que, también en las pequeñas empresas, los empleos fueran de buena calidad y se convirtieran en el origen de una productividad lo suficientemente alta como para proporcionar un excedente social. 
El informe del Sr. Mann contiene una serie de propuestas constructivas para una política moderna y progresista de este tipo, centrada en las pequeñas empresas. 
Confío en que se rechacen aquellas enmiendas que señalan en la dirección opuesta. Asimismo, espero que el Parlamento envíe a la Comisión y al Consejo una señal clara de que deseamos contar con pequeñas, y no tan pequeñas, empresas de buena calidad y en conexión con la estrategia de Lisboa. 
Señora Presidenta, yo también quisiera dar las gracias al ponente. 
El informe elaborado finalmente en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha demostrado ser en efecto un informe razonable. 
No obstante, mi Grupo ha encontrado grandes dificultades a la hora de apoyar la rigidez del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
En consecuencia, apoyaremos la enmienda que, sobre este punto, presentará otro Grupo esta tarde. 
Puesto que consideramos que el resultado general es bastante equilibrado, no apoyaremos la mayoría de las demás enmiendas que pretenden restablecer algunas secciones del texto original, como la enmienda 17 relativa al Acuerdo General de Comercio de Servicios. 
No estamos de acuerdo con la idea de que el AGCS se convertirá en un motor de creación de empleo, ya sea aquí o en el mundo en vías de desarrollo. 
Este tema fue objeto del intenso debate sostenido el lunes en el Parlamento. 
Otro aspecto que nos preocupa es la ausencia en el texto actual de un mecanismo para la sostenibilidad, es decir, una dimensión medioambiental que debe incluirse en todas nuestras acciones. 
Con frecuencia podemos ver cómo los más pobres, aquellos que trabajan en las peores condiciones laborales, suelen vivir al mismo tiempo en el entorno más degradado. 
Si realmente pretendemos mejorar la situación laboral o nuestro entorno social, debemos tener en cuenta el entorno físico. 
También estamos de acuerdo con gran parte de las afirmaciones de la señora Comisaria sobre la propiedad de esta estrategia de empleo. 
Sería ventajoso que los parlamentos nacionales debatieran los planes de acción nacional presentados por los diferentes gobiernos. 
En las visitas realizadas por nuestra delegación de esta comisión, hemos comprobado que es frecuente que los parlamentos nacionales ni siquiera tengan constancia de la existencia de estos planes y, por lo tanto, no hayan participado en ellos. 
Esto constituye un claro retroceso. 
Para retomar el tema de las pequeñas y medianas empresas: sí, son importantes, pero solo si- como ha dicho el Sr. Schmidt- son de alta calidad. 
Se puede tener tanto una planta explotadora como un negocio ético, y las normas están ahí para apoyar a este último y no al anterior. 
Señora Presidenta, señora Comisaria, no hay duda de que el Sr. Mann ha realizado un excelente trabajo. 
Sus propuestas se basan en la más elevada tradición comunitaria en política de empleo y asuntos sociales. Asimismo, en términos de medidas activas, incorpora una amplia variedad de campos y puntos innovadores, tales como la sociedad del conocimiento y sus implicaciones estratégicas. 
Por supuesto que no pretendo presentar los puntos siguientes con la intención de criticar sino, en todo caso, con el propósito de compartir nuestras esperanzas. No obstante, me temo que pueden resultar bastante insustanciales en ámbitos como el de las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta el número de puntos expresados. 
En efecto, todos sabemos que, si deseamos implementar las recomendaciones realizadas con respecto al régimen fiscal, disponemos de tres opciones, que se pueden considerar como alternativas o aplicarlas de forma simultánea: el Pacto de Estabilidad y su durabilidad, especialmente en relación con la posibilidad de una exención completa a las PYME durante los tres primeros años, en vista de su considerable aportación al producto interior bruto nacional; una revisión de los ámbitos cubiertos por el sistema de subsidiariedad; o, nuevamente, una revisión de los ámbitos que requieren un voto unánime en el Consejo. 
No soy pesimista sobre el asunto, simplemente soy realista. 
Otro ejemplo apropiado en el área de asuntos financieros es el de las políticas propuestas para ofrecer créditos a las pequeñas y medianas empresas. Esto parece contradecir al contenido del acuerdo de Basilea de 2002, en virtud del cual no se contempla conceder el capital de riesgo suficiente que necesitan las pequeñas y medianas empresas y su desarrollo internacional futuro. 
Lo mismo se puede decir de los incentivos para el fomento de empleo, como el ponente los llama, que se observan como un asunto diferente de la flexibilidad y la simplificación administrativa. 
En tal caso, constituyen ejemplos directos de ayudas estatales de conformidad con las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado de Ámsterdam, el cual, como sabe el ponente, solo se aplica a las materias identificadas en 1998, sin posibilidad de enmienda aparente, ni siquiera en los casos en que la situación ha cambiado con el tiempo. 
El siguiente punto hace referencia a la sociedad del conocimiento, cuyos propósitos y objetivos apoyamos. 
Como sabe el ponente, la sociedad del conocimiento no se puede alcanzar simplemente aumentando el número de ordenadores en las familias y escuelas o introduciendo cursos mejorados y más específicos. Aunque esto sea necesario, una sociedad de este tipo se basa en el aprovechamiento adecuado y completo de información útil y en la disponibilidad de dicha información. 
Para terminar, me temo que, a pesar de todo el énfasis depositado continua y repetidamente sobre la importancia de las políticas sociales y de empleo y de su integración horizontal con otras políticas, estas seguirán siendo simplemente una especie de subproducto. Un subproducto que, dentro de los Estados miembros que hacen caso omiso de la agenda social europea, combina la visualización estéril de los resultados cuantitativos negativos o positivos con, lamento decirlo, la retórica constante y el igualmente persistente deterioro de la calidad. 
Señora Presidenta, quisiera dar mi más sincero agradecimiento al Sr. Mann por el esfuerzo dedicado a este informe y por todas las enmiendas aceptables sobre las que se ha llegado a un acuerdo importante en la comisión pertinente. 
Para nosotros, como Demócratas Cristianos, resulta verdaderamente esencial que tanto en la estrategia para el empleo como en la de bienestar social en Europa se combinen valores fijos y estables, construidos sobre la base ética y moral que representa la historia cultural europea, con una economía social orientada al mercado. 
Me gustaría destacar que, en este contexto, nos interesan los valores económicos y sociales, y no una economía de libre mercado carente de valores éticos, morales y sociales. 
Quisiera dirigir concretamente la atención de la Comisión hacia el punto 37, en el que se resalta la importancia de facilitar las medidas necesarias para que pueda compatibilizarse la vida familiar y profesional, mediante la creación de mayores posibilidades para que los padres tengan más tiempo para sus hijos, la ampliación del número de instituciones para el cuidado de los niños, permitiendo a los padres el ejercicio del derecho de permiso parental y estableciendo reducciones fiscales por el empleo de personas que cuiden a los niños y para familias de acogida, así como instituciones para el cuidado y asistencia de las personas de edad avanzada. 
Asimismo, en este punto se hace referencia a la asignación de mayores recursos para los programas destinados a combatir el desempleo entre la población femenina. 
En realidad, quisiera centrarme en el que constituye uno de los principales problemas de Europa, el reto demográfico. 
Soy consciente de que la Comisaria asume un sólido compromiso personal dirigido hacia la búsqueda de métodos que permitan solucionar el problema y obtener en el futuro una población y una mano de obra europeas suficientemente numerosas. 
En el punto 37 se refleja la importancia de combinar la vida profesional y familiar y de dedicar más tiempo a los niños. 
Por lo tanto, este informe trata de contemplar la decisión del Consejo Europeo de Estocolmo de marzo de 2001 relativa al reto democrático como uno de los problemas más importantes de Europa. 
En el punto 37 se enfatiza esta cuestión de forma absolutamente clara. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el Sr. Mann comentó durante los debates sostenidos en la comisión que su informe no había contado con el apoyo que solía recibir en anteriores ocasiones. 
Naturalmente, esto se debe en parte a una serie de peticiones de marcado carácter nacional que no tienen nada que ver con el debate europeo. 
Apoyo la intención expresada en su informe, en virtud de la cual se recomienda que las directrices se concentren en los puntos esenciales y que se sigan presentando informes anuales en el futuro. 
Asimismo, en relación con los objetivos, considero que hemos logrado un amplio consenso, especialmente con respecto a la flexibilidad de los mercados laborales, sin necesidad de someter a la población activa- los empleados- a ningún desmantelamiento de la protección social que disfrutan. 
El método para conseguir este objetivo es, sin lugar a dudas, objeto de debate. 
La aportación de ideas innovadoras, señor Pronk, resultaría muy positiva. Sin embargo, existen ámbitos en los que se pueden detectar claros retrocesos, empezando por el punto en el que se habla sobre la participación de los parlamentos nacionales. 
El Sr. Mann ha solicitado que se permita a dichos parlamentos ejercer un control reforzado, a pesar de que acordamos hace algún tiempo que no solo ejercerían dicho control sino que participarían a través del marco legislativo, lo cual representa un avance mayor. 
De hecho, en Suecia y Dinamarca ya se ha aplicado esto. 
Asimismo, el Sr. Mann pide que se apruebe la aplicación de los proyectos nacionales de formación adicional. 
Del mismo modo, ya acordamos anteriormente sobre esta cuestión que debería existir una legislación que impusiera una obligación vinculante y determinara los derechos a una formación adicional de los trabajadores. 
Además- y es en este punto, por supuesto, donde no podemos estar de acuerdo con el ponente- solicita el establecimiento de reducciones fiscales y ayudas salariales indiscriminadas. 
Son completamente obsoletas y no fomentan la creatividad empresarial que urgentemente necesitamos. 
Opino que, en el contexto del desarrollo económico, demográfico y tecnológico, de la ampliación y de una posible guerra, hemos acabado juntos en una complicada situación en la que resultará cada vez más difícil lograr las cosas que deseamos, como un enfoque global. 
Se trata simplemente de un punto que quería señalar hoy, el día en que se celebran elecciones en Los Países Bajos. 
Aunque nos hemos esforzado mucho, no resultará fácil, por ejemplo, seguir alcanzado en el próximo período los niveles de creación de empleo a los que estamos acostumbrados. 
En cualquier caso, estoy de acuerdo con observaciones como las de la Sra. Van Lancker en relación con la vinculación de la política económica y social. 
En mi opinión, deberíamos adaptar al mismo tiempo la política económica a la política social. 
Asimismo, coincido con una serie de comentarios del Sr. Pronk relativos a la errónea comparación establecida frecuentemente entre los Estados Unidos y Europa. 
Es preciso analizar esta cuestión con mayor detenimiento y cuidado. 
Estoy de acuerdo con los principales objetivos de la nueva política de empleo y quisiera llamar la atención en particular sobre el segundo de ellos. 
Aunque hay que desarrollar el primer objetivo, el pleno empleo, incluso en relación con la economía social, debemos prestar atención también a la creación de mejores puestos de trabajo, lo cual resultará más complicado aún en este período. 
Al observar las prioridades, resulta curioso ver que se conservan once de las dieciocho directrices originales. 
Considero que debemos analizar con mucho cuidado el modo de introducir y asegurar sistemáticamente los nuevos ámbitos, tales como la inmigración y el trabajo no declarado. 
A la hora de revisar, por ejemplo, aquellos elementos que demuestran ser relativamente pobres según la evaluación de la política de empleo- tales como la mejora de la organización en el trabajo y un empleo de mejor calidad- debemos garantizar que no volvemos a desglosarlos en todo tipo de categorías, cuando ya nos encontramos actualmente en la etapa de las iniciativas en este ámbito. 
En otras palabras, creo que es necesario seguir trabajando sobre esta cuestión en el próximo período. 
Con respecto a la racionalización del paquete completo de directrices, lo cual me parece lógico, esto significa que- como dije al principio- debemos adaptarlas unas a otras. 
Por último, opino- y espero- que el Consejo también se comprometerá durante el próximo período a aplicar el método de trabajo adoptado conjuntamente, el método de coordinación abierta, sin ningún tipo de desviación. 
Señor Presidente, quisiera unirme a los demás para expresar al ponente mi agradecimiento por su trabajo sobre un tema tan relevante, cuya importancia creció durante el año pasado debido al aumento de las cifras de desempleo en numerosas economías de la Unión Europea. 
Si pretendemos adoptar una postura seria en lo que respecta al modo de desarrollar las oportunidades de las personas y de ofrecerles los instrumentos de libertad e independencia, debemos considerar la cesión y la ayuda en materia laboral como uno de los medios más importantes para combatir la pobreza y la exclusión. 
Independientemente de nuestra orientación política, todos coincidimos en que es necesario avanzar más para alcanzar una estrategia de empleo de ámbito europeo más efectiva. 
Gran parte de las propuestas incluidas en el informe del Sr. Mann y algunas de las enmiendas permitirán lograr este objetivo final. 
No obstante, es preciso que aprendamos al mismo tiempo de los errores cometidos en el pasado. 
En particular, opino que es necesario simplificar y reducir las orientaciones marcadas. 
Es preciso establecer objetivos adecuados para garantizar la obtención de los resultados correctos, en lugar de un simple ajuste de las cifras. 
Debemos crear las condiciones apropiadas para alcanzar una situación de pleno empleo estable, que permita mejorar la calidad y la productividad en el trabajo, y la cohesión del mercado laboral. 
Debemos asegurar la orientación hacia las personas de todas las políticas laborales, evitando que estas se conviertan en una simple respuesta a una necesidad urgente en uno u otro Estado miembro. 
Nuestra estrategia requiere no solo la formación y la capacitación del personal, sino también que se elimine la discriminación entre hombres y mujeres. 
Este año, concretamente, el Año Internacional de los Discapacitados, deberíamos al mismo tiempo trabajar de forma más activa por la integración en el mundo laboral de las personas con discapacidades. 
Debemos mantener y mejorar el incentivo para trabajar. 
El modo más eficaz consiste en garantizar mejores salarios y asegurar que el personal pueda mantener su potencial adquisitivo reduciendo los impuestos laborales. 
No obstante, es en este punto donde no estamos de acuerdo con algunos de los oradores ni con la propuesta del informe del Sr. Mann, en concreto con los apartados 11 y 13, en los que se trata el tema de los impuestos. 
Este tipo de asuntos son competencia exclusiva de los Estados miembros. 
Si un Estado miembro, o un grupo de ellos, desea aplicar las medidas más adecuadas adoptadas en un Estado miembro diferente, que así sea. 
Sin embargo, aunque se observen todos los modelos que se quiera y se analicen todos los procesos implementados, el único modo de aumentar el empleo que ha demostrado ser eficaz es la reducción de los costes laborales. 
El último punto que deseo abordar hace referencia a mi propia enmienda del apartado 24. 
La intención es la de aumentar la confianza del cliente mediante una responsabilidad social empresarial mejorada, que permita crear y fomentar un rendimiento innovador más elevado. 
La idea consiste en diferenciar entre el modo en que la empresa se relaciona con los socios, los accionistas y los empleados. 
Asimismo, la responsabilidad social empresarial puede tener unas consecuencias favorables en lo que respecta al establecimiento de buenas relaciones con clientes, proveedores y demás. 
Si podemos resolver la cuestión tributaria, apoyaremos este informe. 
Para ello, considero que esta cuestión debe permanecer fuera del ámbito de responsabilidad. 
Señor Presidente, ante todo, quisiera felicitar al Sr. Mann por este informe, el cual hace una extraordinaria contribución a la definición de una estrategia futura para el empleo y la política social de la Unión Europea. 
Ahora que han transcurrido cinco años desde el lanzamiento de esta estrategia, es el momento oportuno de evaluar la experiencia, de valorar sus puntos flacos, de intentar ofrecer respuestas realistas y audaces a los retos emergentes que son comunes a los Estados miembros actuales y futuros, y de tratar de adecuar dichas respuestas a los objetivos de la estrategia de Lisboa. 
No hay duda de que la estrategia para el empleo ha contribuido a reducir el desempleo. 
Sin embargo, actualmente nos enfrentamos a un panorama diferente, con la economía europea en un período de estancamiento, una situación a la que los Estados miembros deberían prestar especial atención. 
Asimismo, debemos centrarnos en cuestiones evidentes, en la adopción de prioridades globales a medio plazo y en la obtención de resultados. 
Una de estas cuestiones es la de la prolongación de la vida activa como respuesta al reto demográfico, sin olvidar a la gente joven y a los grupos sociales menos favorecidos. 
La historia reciente ha demostrado que cuanto mayor sea la participación de las políticas locales y regionales en las políticas adoptadas en el ámbito nacional y europeo, más beneficios obtiene la estrategia para el empleo. 
No está de más insistir en la importancia del papel de los interlocutores sociales, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en la consecución del objetivo del pleno empleo y de trabajos de mejor calidad para todos. 
El informe resalta de forma acertada el papel de las pequeñas y medianas empresas en particular. 
Efectivamente, las PYME han sido la fuerza motriz de la creación de empleo en Europa. 
En consecuencia, las medidas destinadas a impulsar la creación y la existencia de estas empresas influirán positivamente tanto en la cantidad como en la calidad de empleos originados. 
Asimismo, quisiera destacar y expresar mi total acuerdo con la idea de cooperación entre las distintas universidades, así como con el establecimiento de una verdadera interrelación entre universidades y empresas. 
Por último, haré referencia al principio de igualdad de oportunidades: un aumento duradero de la tasa general de empleo sólo será posible si se mejora considerablemente la tasa de empleo femenino. Para ello, se deberán introducir medidas efectivas que compatibilicen las exigencias de la vida familiar y profesional. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, tras las conclusiones del Consejo de Lisboa, los distintos informes sometidos a votación en este Parlamento relacionados con el empleo han resaltado constantemente la necesidad de encontrar el equilibrio justo entre el desarrollo cuantitativo y cualitativo del empleo, o entre el desarrollo económico y el desarrollo social. 
La estrategia aplicada ha realizado un verdadero avance y, tal como se ha señalado, señora Comisaria, apoyamos totalmente las propuestas relativas al modo en que planea realizar un seguimiento de este trabajo. 
Hoy, no obstante, en un contexto complicado, un contexto de oleadas de reestructuraciones empresariales y despidos masivos que aumentan la inestabilidad del mercado laboral, el Parlamento Europeo debe emitir una vez más una señal clara y contundente. 
El informe de propia iniciativa del Sr. Mann, sin embargo, adopta la postura contraria en relación con el mensaje que deberíamos emitir, al presentarnos un credo exclusivamente liberal. El trabajo realizado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para equilibrar el texto corre el peligro de verse completamente anulado por las enmiendas introducidas nuevamente en la sesión plenaria. 
Señor Mann, actualmente necesitamos algo más que una mayor flexibilidad: necesitamos una política que sea al mismo tiempo duradera y flexible. 
No queremos contar con empleos de segunda clase o trabajos casuales de escasa cualificación, tal y como usted propone. 
Debemos centrarnos en la mejora de la formación y las cualificaciones, y apoyar a las categorías más vulnerables, constituidas por las mujeres, la gente joven y las personas mayores. 
Tampoco queremos una política que se empeñe en considerar la presión fiscal como el origen de todos los problemas en este ámbito. 
Igualmente, no deseamos la liberalización ni la apertura descontrolada de los mercados de servicios, ya que supondría sacrificar todo el acervo social en beneficio de la libre competencia. 
Si finalmente se aplicaran al informe las enmiendas propuestas en la sesión plenaria, tendríamos que oponernos a él. 
Para finalizar, señor Presidente, quisiera decir que, al fomentar la estrategia de empleo y política social en la Unión Europea, tal y como indica el título del informe, no podemos pasar por alto los principios de solidaridad y cohesión social, ya que son garantías de la prosperidad de nuestras economías. 
Señor Presidente, Señorías, no sé si podré añadir algo más al excelente discurso de la Sra. Gillig. 
Creo que este informe no me permitirá dirigirme a los trabajadores de Metaleurop, Alstom, France Télécom u otras muchas empresas, que se encuentran en la actualidad claramente amenazados por una reestructuración masiva y una serie de despidos masivos severos e inaceptables, debido generalmente a las actuaciones totalmente descontroladas de los accionistas. 
En este contexto, las incesantes solicitudes para que se establezca el diálogo social resultan ser un recurso retórico bastante surrealista. 
El compromiso que debemos asumir hoy consiste sin lugar a dudas en una política de democratización dentro de las empresas que ponga fin al modo inaceptable en que los empleados son contratados y despedidos actualmente, se les requiere para trabajos intermitentes o se les cesa. 
Opino que la situación social, agravada en mayor medida por la recesión económica, está creando actualmente un clima despreciable al que este informe no puede ofrecer respuestas creíbles. 
¿Debemos, ante una situación de este tipo, prohibirnos a nosotros mismo investigar y analizar con mayor detenimiento- soy consciente de que es bastante inusual hablar de esto en esta Cámara- determinados experimentos sobre la reducción de la jornada laboral, experimentos negociados que crean puestos de trabajo, que han mejorado considerablemente el rendimiento económico de algunas grandes empresas, que han aumentado en gran medida la calidad de las relaciones sociales en el entorno laboral y la calidad del trabajo? 
¿Debemos evitar estudiar dichos experimentos y elaborar las conclusiones que en general son, desde mi punto de vista, realmente interesantes? 
¿Debemos dejar de examinar la capacidad de desarrollo de numerosas actividades que resultan útiles en el ámbito social o para la gestión medioambiental, y cuyo potencial imaginamos, reciben, lamento decirlo, escaso apoyo o reconocimiento? 
Creo que sería bastante más interesante despertar la imaginación, en lugar de seguir ofreciendo las mismas ideas anticuadas que tantas veces hemos escuchado. 
Debemos empezar a mostrar interés por este tipo de debate e iniciativa. 
Señor Presidente, tras fijar el Consejo Europeo de Lisboa el objetivo de convertir a la UE en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo para el año 2010? una economía capaz de lograr un crecimiento económico sostenible, de crear más y mejores puestos de trabajo y de conseguir una mayor cohesión social? , cabe preguntarse cómo se han desarrollado los acontecimientos desde entonces. 
En resumen, no ha sucedido nada. 
Nuestra competitividad y la de los Estados Unidos han crecido de manera tan distinta, que las diferencias entre los Estados Unidos y la Unión Europea se han incrementado, en lugar de disminuir, desde que se marcó el objetivo. 
Por tanto, nos hallamos ante un grave problema, y lo único que podemos decir es que, hasta la fecha, la estrategia de Lisboa no ha dado ningún fruto y que el objetivo se encuentra ahora más lejos que cuando se aprobó. 
Como habrá quedado patente en el debate parlamentario, hay demasiada burocracia y demasiadas normas. 
Hace falta formación, un mejor acceso al capital y un buen número de cambios estructurales que nos permitan triunfar en la nueva economía basada en el conocimiento. 
La clave para avanzar será realizar una mayor investigación básica, para que el nuevo conocimiento se transforme rápidamente en puestos de trabajo atractivos y bien remunerados. 
Me gustaría decir que el informe del Sr. Mann representa un paso adelante para fomentar el crecimiento económico y aumentar el empleo en los Estados miembros. 
El Sr. Mann hace hincapié en la importancia de las pequeñas y medianas empresas y expone una larga serie de iniciativas que, en mi opinión, impulsarán el proceso. 
Señor Presidente, al contrario que el ponente que ha intervenido con anterioridad, pienso que la Estrategia Europea de Empleo ha desempeñado, hasta la fecha, un papel fundamental en la lucha contra el desempleo y que ha tenido un efecto positivo en las políticas nacionales sobre el mercado laboral, no en todos los Estados miembros, claro, pero sí en algunos. 
Por los ambiciosos objetivos que nos marcamos, la Cumbre de Lisboa constituyó un paso decisivo, y se ha venido actualizando anualmente por medio de indicadores específicos, de la misma manera que la evaluación de la Comisión sobre los planes nacionales y las recomendaciones respectivas son un punto de referencia y un estímulo para seguir el ejemplo de aquellos países que obtienen resultados más positivos que los demás mediante una política proactiva que aglutina a todos los interlocutores sociales. 
Cada año, el Parlamento Europeo ha logrado siempre, en sus resoluciones, encontrar el equilibrio justo entre flexibilidad y seguridad, así como poner a la misma altura la política de empleo y la política social. 
Ahora bien, frente a la nueva generación de directrices propuestas por la Comisión, que pretenden, como se ha dicho, cumplir tres objetivos? aproximar la tasa de empleo a los objetivos de Lisboa, mejorar la calidad del empleo y fomentar un mercado laboral abierto a los grupos sociales más vulnerables? , sorprende un poco que el ponente propusiera en comisión y esté volviendo a proponer, en forma de enmiendas ante la Cámara, una serie de medidas? reducir los impuestos de manera generalizada, recurrir a los llamados «trabajos menores» e introducir una excesiva flexibilidad? que son incompatibles con la mejora de la calidad del empleo, la inversión en recursos humanos o una reconciliación efectiva de la vida familiar y profesional que no va en detrimento de la seguridad. 
Pienso que estas medidas van más encaminadas al debate ideológico que está teniendo lugar en algunos Estados miembros? Italia, por ejemplo? que a estimular y coordinar a la Unión. 
Este enfoque se corrigió parcialmente en comisión, y el resultado es más equilibrado, motivo por el que, como ya se ha dicho, no apoyamos las enmiendas. 
Me gustaría concluir con un comentario: la Sra. Bastos ha apoyado, con toda la razón, el apartado de la resolución que solicita una mayor cooperación entre las universidades y los centros de investigación. Es una pena que su Grupo haya presentado una enmienda que tiene como objetivo sustituir la cooperación por la competencia. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, sin caer en la autocomplacencia, porque los números no son opinables, y quizás, al mismo tiempo, viendo sólo una cara de la moneda, es gratificante verificar que en la Unión Europea se ha reducido el número de desempleados de manera considerable desde los 17 millones en 1997 a los 13,5 millones en 2002. 
La otra cara de la moneda es: el persistente 7,4 % de desempleados que no han tenido la ocasión de trabajar, o han perdido su empleo, o ven difícil su reincorporación al mundo laboral activo. 
Porque, probablemente, son mayores; quizás, mayores para ser jóvenes o demasiado jóvenes para ser mayores y pasar a una anticipada jubilación. 
O porque son jóvenes y carecen de la experiencia y formación requeridas. 
Al socaire de lo dicho, ya me he referido a dos colectivos necesitados especialmente de protección o de impulsos: jóvenes y mayores que han perdido su empleo. 
Pero en el 11 de marzo todavía suena, y debe sonar todo el año, el eco del día 8 pasado, día internacional de la mujer trabajadora, y con él el compromiso del Consejo de Lisboa: aumentar el número de mujeres empleadas a más del 60 % a más tardar en el 2010. 
Tres ideas, por lo tanto, son el objetivo de la propuesta que ahora debatimos: aumentar la tasa de empleo, mejorar la calidad del empleo y un mercado abierto a los grupos sociales con más dificultades. 
Estamos en el año de los discapacitados. Recordémoslo. 
Todo ello impregnado, suficientemente, de las políticas horizontales, mil veces expresadas en este Hemiciclo. 
De ellas no es la menos importante- quizás no cabe jerarquizarlas -, la relativa a la salud y seguridad en el trabajo o la de la igualdad o el desarrollo sostenible. 
Y con la implicación de la sociedad en su conjunto y de todas las administraciones, desde la más lejana a la más próxima a los ciudadanos. 
No olvidemos, en todo caso, que los países de la ampliación nos mirarán con ojos atentos. 
Globalmente, señor Presidente, el informe del Sr. Mann recoge todo esto y, por eso, merece la doble felicitación por su redacción original y por las mejoras admitidas en la comisión. 
Felicito al Sr. Mann, por lo tanto, y pido el voto favorable a su informe. 
Señor Presidente, es absolutamente indiscutible que, si en 1997, Europa necesitó de una estrategia para el empleo, en un momento del ciclo económico alto, donde, por decirlo de alguna manera, el mercado por sí mismo hubiera ido dando respuesta a nuestras necesidades, en una situación como la actual y como la que se adivina en el escenario bélico y postbélico, hoy, más que nunca, deberíamos estar disponibles para mejorar esta estrategia. 
Por tanto, bienvenida sea la Comunicación de la Comisión, la reforma, y esperemos que este segundo tramo de la década que empezó en 1997 sea incluso mejor que el primero. 
Tengo que empezar por decir también- como lo han hecho otros colegas- que no sé si comentar el informe Mann o las enmiendas que lo van a acompañar, porque, oídos el ponente y el Sr. Pronk, creo que estoy obligadamente en el camino de tener que anunciar una oposición muy fuerte a todas las enmiendas. 
Efectivamente, en el informe del Sr. Mann hay ideas positivas, que han sido consensuadas en comisión, pero, desgraciadamente, las enmiendas son un conjunto ideológico fuertemente reactivo a lo que han sido las ideas más sensatas y más equilibradas de la estrategia europea. 
Centrándome en el tema de los objetivos- porque no puede haber estrategia cuando los objetivos se debilitan -, los objetivos de Lisboa- lo ha reconocido la señora Comisaria- son claros. 
Los objetivos de la estrategia para estos cinco años son clarísimos: más empleo, más calidad para ese empleo y más inclusión social. 
No podemos cambiar, señor Mann, pleno empleo por más empleo. 
No podemos decir que hemos pecado de ambición por querer llegar a las tasas de actividad que dice Lisboa. 
Todo eso es retroceder, señor Mann. 
No podemos cambiar más inclusión social por más desfiscalización, cuando vamos a necesitar recursos públicos para hacer políticas proactivas y para poder incorporar al mercado del trabajo a tanta gente como se va a quedar fuera. 
Por tanto, señor Mann, si son esas enmiendas las que se aprueban, personalmente, así como muchos diputados de mi delegación, tendremos que votar en contra de su informe. 
Señor Presidente, espero que mi buen amigo el Sr. Thomas Mann me haya perdonado por no votar a favor del informe en la comisión y confío en que me perdone nuevamente tras la sesión plenaria, porque, como él sabe, tampoco lo apoyaré en esta ocasión. 
Estoy de acuerdo con varios puntos de su informe, tales como el reconocimiento de la necesidad de poner en práctica las conclusiones alcanzadas en Lisboa, el fomento y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) , y la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los grupos sociales menos favorecidos. 
Sin embargo, no acepto la idea básica del informe que defiende que una de las soluciones consiste en reforzar el papel de los interlocutores sociales. 
Ante todo, me considero partidario del diálogo social, pero este debe producirse entre empleados y empresarios en el seno de las propias empresas. 
El ponente ha confirmado la importancia de las PYME como motor de creación de empleo. No obstante, su papel dentro de la Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE) es poco relevante y la mayoría de sus empleados ni siquiera están sindicados. 
En consecuencia, su voz pasa prácticamente desapercibida dentro del diálogo social, a pesar de que los interlocutores sociales presuman de hablar en su nombre. 
El fin de semana pude leer un informe interesante sobre Alemania en la prensa británica: al parecer, al canciller Schröder le resultaba cada vez más difícil obtener la necesaria aceptación de las reformas del mercado laboral debido al bloqueo de los interlocutores sociales. 
Según palabras de un Ministro alemán, «cuando es necesario drenar la ciénaga, no se pierde el tiempo preguntando a las ranas». 
En un país en el que la cifra de desempleados alcanza los cinco millones, la ciénaga se encuentra cada vez más llena y queda patente la necesidad de un cambio. 
Aunque apoyo totalmente la justicia y la integración social, considero que el peor enemigo de ambas es el desempleo. 
Los Gobiernos deben adoptar las medidas necesarias para abordar este problema. 
No sirve de nada aferrarse a conceptos anticuados; el refuerzo del papel de los interlocutores sociales solo conduciría a una paralización mayor. 
Por supuesto, si algunos países desean continuar con esta tendencia, es una decisión que les incumbe a ellos. 
Pero, por favor, señora Comisaria, le ruego encarecidamente que no nos imponga tales conceptos a los demás. 
Señor Presidente, señora Comisaria, estamos hoy debatiendo el futuro de la Estrategia Europea de Empleo, en un momento en que la economía se enfrenta a la amenaza de la guerra en el Iraq, a la subida de los precios del crudo y a los problemas económicos de los países de la eurozona. 
Por desgracia, el mercado laboral no es, en la actualidad, lo suficientemente dinámico como para crear nuevos puestos de trabajo. 
Por lo que respecta a la mujer, cuestión que ha abordado exhaustivamente, a pesar del aumento del número de mujeres trabajadoras, que representan actualmente entre el 41% y el 42% de la población activa, y del número cada vez mayor de mujeres que trabajan en sectores tradicionalmente dominados por los hombres, el paro femenino continúa siendo más elevado que el masculino. 
Los objetivos de Lisboa para mejorar la situación de la mujer en el mercado laboral siguen estando muy lejos de cumplirse, debido a que el paro femenino duplica al masculino: un 14,6 %, frente al 8,7 %. 
Además, la explotación de la mujer es moneda de uso corriente: más de 250 000 mujeres trabajan en casa sin recibir ninguna protección social. 
Al mismo tiempo, florece el mercado negro, que se apoya, en gran medida, en cientos de miles de extranjeros, de los que la mayoría son mujeres, que se ven excluidas de las estadísticas de empleo. 
La Estrategia Europea de Empleo reconoce el papel que la mujer puede desempeñar a la hora de incrementar la tasa de empleo, y nos complace que se haya propuesto limar las diferencias entre hombres y mujeres en lo que se refiere a los salarios y a la representación de la mujer en todos los sectores de la economía. 
Asimismo, señora Comisaria, nos satisface que haya dado tanta importancia a la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas, en todos los sectores. 
No obstante, las estadísticas sobre el número de mujeres que trabajan muestran claramente que las políticas que se están aplicando en la actualidad exigen un mayor impulso y una evaluación más profunda; y lo que es más importante: es necesario fijar objetivos cuantificables, cualitativos y cuantitativos, tanto a escala europea como nacional. 
Por ejemplo, podríamos marcarnos el objetivo de reducir a la mitad, para el año 2010, el diferencial actual entre el hombre y la mujer en lo que se refiere a los salarios, la formación, las pensiones, los ascensos y el tiempo que la mujer permanece trabajando. 
Espero que el próximo Consejo de primavera acepte sus propuestas y que contemos en otoño con nuevos planes de empleo nacionales, como ha afirmado en su intervención. 
. (EL) Señor Presidente, puesto que hemos debatido las distintas cuestiones planteadas por Sus Señorías en diversas ocasiones, solo tengo tres comentarios que realizar. 
El primero se refiere a los objetivos del Consejo de primavera. 
Es importante que la Presidencia griega haya hecho del empleo una prioridad para el Consejo de primavera. 
Esta será la segunda vez, desde Lisboa, que el empleo constituye una de las prioridades del Consejo. 
Curiosamente, las iniciativas presentadas, el mes pasado, por los primeros ministros hacen pensar que todos abogan por que el empleo sea una prioridad, y en el Consejo de primavera, si lo permite la guerra, constituirá uno de los puntos principales de la agenda. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que el objetivo cuantitativo del pleno empleo para el 2010, fijado en Lisboa, dependía de dos condiciones previas fundamentales: un crecimiento anual del 3% y la aplicación de una serie de reformas. 
Por lo que respecta al primer objetivo, llevamos un buen retraso. 
En algunos países, el crecimiento está por debajo del 3%, y varios tienen un crecimiento casi cero, lo que, por definición, hará muy difícil cumplir nuestros objetivos. 
En cuanto a la segunda cuestión, a pesar de la evaluación positiva de la Estrategia de Empleo, muchas reformas necesitan acelerarse. 
El mensaje, por lo que se refiere a la reforma de la Estrategia de Empleo, es que no podemos insistir en reformas relativas al mercado laboral, a la modernización de los sistemas sociales y a otro conjunto de políticas relacionadas con la Estrategia de Empleo. 
Creo que ahí reside la principal diferencia, es decir: las reformas del mercado laboral son parte integrante de la Estrategia de Empleo, que es mucho más amplia y que, como han afirmado muchos diputados, abarca desde la fiscalidad hasta la educación. 
Por tanto, creemos que es muy importante que el Consejo de primavera y el Parlamento se vayan a atener a los objetivos de Lisboa, lo que demuestra que todos confiamos en poder compensar, en los próximos años, la falta de crecimiento de los dos últimos años. 
Mi segundo punto tiene que ver con la discriminación. 
En pocas palabras, uno de los tres objetivos fundamentales es lograr un mercado laboral no discriminatorio, y lo que proponemos al Consejo es que se fijen metas cuantitativas individuales para los grupos susceptibles de padecer discriminación. 
Mi tercer punto tiene que ver con la mujer. 
Por primera vez, han entrado en el mercado laboral más mujeres que hombres. 
De los diez millones de puestos de trabajo creados entre 1997 y 2001, el 75% lo cubrieron mujeres, una clara señal de que nuestras metas se están alcanzando y de que nuestras políticas son eficaces. 
Naturalmente, voy a insistir en la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas, en todas las medidas y prioridades. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0063/2003) del Sr. Friedrich, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la recomendación del Banco Central Europeo relativa a una Decisión del Consejo sobre la modificación del artículo 10.2 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (6163/2003- C5-0038/2003- 2003/0803 (CNS) ). 
. (DE) Señor Presidente, nos hallamos, en efecto, ante una importante cuestión. 
Al fin y al cabo, está en juego la estabilidad y el desarrollo de nuestra moneda única, el euro. 
En la actualidad, el sistema de votación en el Banco Central Europeo es el siguiente: hay doce presidentes de bancos centrales- o gobernadores, si lo prefieren -, además de seis directores de bancos centrales, lo que hace un total de 18 votos. 
Se trata de un órgano relativamente pequeño y manejable. 
Cada miembro goza de un derecho de palabra y de voto pleno y sin restricciones. 
Suponemos que, más tarde o más temprano, otros países ingresarán también en el Banco Central Europeo. 
Espero que el Reino Unido sea uno de ellos, pero sin duda, ingresarán también algunos países candidatos de Europa central y del este, lo que significa que es fundamental estudiar cómo modificar este sistema de votación y adaptarlo a los cambios, ya que en el futuro, 15, 20 o 25 países pueden formar parte de la eurozona. 
El Consejo acaba de pedir al BCE que elabore su propuesta al respecto. 
Con la presión del tiempo, se ha redactado una propuesta que no es aceptable. 
Permítanme mencionar tan solo unos ejemplos: propone formar tres grupos de países, aunque es muy difícil explicar por qué cada país pertenece a tal o cual grupo. 
Podría hacerlo, pero tardaría diez minutos. 
Por supuesto, este sistema no es, ni mucho menos, transparente, sobre todo porque introduciría un sistema de rotaciones. 
Esto significa que el primer grupo, que abarca a los países «grandes» , no tomaría parte en un 20% de las votaciones y sí en un 80%. 
En los demás grupos, sería perfectamente posible que un país- es decir, un gobernador de un banco central- no participara en nada menos que un 40% de las votaciones. 
En la práctica, esto podría implicar que un país grande perteneciente al primer grupo examinara con detenimiento en qué asuntos no tiene derecho a voto, en un intento por ejercer influencia en el orden del día y garantizar la exclusión de este de puntos importantes sobre los que no tuviera derecho a voto. 
Esto provocará que se lleven a cabo extensos debates sobre el orden del día; y lo que es más: los detalles sobre este sistema de rotaciones tienen todavía que ser negociados por el Consejo de Gobierno del BCE. 
Como podemos imaginar, es bastante probable que un país sin derecho a voto se esfuerce aún más por influir en la votación realizando largas intervenciones durante el debate. 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios- muy acertadamente, en mi opinión- acaba de decir que este modelo no es funcional, ni transparente, ni eficaz para un órgano tan importante como el Consejo de Gobierno. 
Asimismo, nos hemos tomado la molestia de hablar con profesores universitarios de Francia, Alemania y el Reino Unido, porque creemos que el ámbito académico debería dar también su opinión al respecto. 
El lunes pasado, a las 19.15 horas, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios aceptó mi propuesta, que- sin más discusión por nuestra parte- cuenta también con el apoyo de muchos otros órganos y partidos de esta Cámara. 
A nuestro modo de ver, el tiempo no nos apremia. 
A nuestro modo de ver, hay que dejar que la Convención y la Conferencia Intergubernamental presenten una propuesta nueva y mejor. 
Hasta 2006, como muy pronto y, con mayor probabilidad, hasta 2008- es decir, dentro de cuatro años -, no se unirán al euro algunos de los nuevos Estados miembros. 
Por tanto, tómense su tiempo para elaborar una nueva propuesta clara y viable. 
Hemos presentado dos opciones en este contexto. 
Hemos manifestado que, aunque es necesaria la ponderación, no debería haber un sistema de rotaciones. 
Preferimos siempre el sistema de «un país, un voto» , pero con un sistema ponderado basado en el tamaño de la población, en el PIB y en el tamaño relativo del sector financiero: a este respecto, teníamos en mente, en cierta medida, a Luxemburgo. 
Hemos afirmado también que, a largo plazo, es preciso ir al grano. 
Si la confianza en el euro aumenta hasta unos niveles razonables, de aquí a unos años, se podría aprobar la propuesta de los profesores universitarios. 
Esto implica diferenciar entre decisiones operativas a corto plazo y decisiones institucionales o estratégicas a largo plazo. 
Las decisiones a corto plazo podría tomarlas el comité integrado por los directores de los bancos centrales- en la actualidad, seis, pero en el futuro, quizás nueve personas -, mientras que las decisiones estratégicas, como la estrategia monetaria global y los instrumentos de política monetaria, podrían seguir siendo responsabilidad del Consejo de Gobierno en su conjunto. 
Por esta razón- y permítanme citar el pasaje pertinente en inglés, para concluir mi breve intervención -, estamos solicitando «calls for proposals to be made by the Convention in view of its adoption». 
Tan solo quiero decir que las ideas que he expuesto aquí se han reunido por escrito en forma de enmienda de transacción, ya que esperamos que una nueva propuesta? si se aceptan estos principios? dé lugar a un procedimiento de votación mejor que la solución insostenible que ha presentado, con poca antelación, el Consejo de Gobierno, y que no es admisible para nadie. 
(ES) Señor Presidente, en esta primera intervención voy a hacer algunos comentarios sobre el dictamen de la Comisión, en los que expondré nuestras diferencias con el informe del Sr. Friedrich y haré un comentario también sobre nuestra posición final. 
Creemos que cualquier reforma del Banco Central debe satisfacer cuatro condiciones: las decisiones deben adoptarse de forma rápida y eficiente, los órganos decisorios deben actuar teniendo en cuenta los intereses de la zona euro en su conjunto, el sistema debe ser neutral y equilibrado para los miembros actuales y futuros, y los mercados y el público en general tiene derecho a esa transparencia, necesaria para conocer cómo funciona el sistema. 
El modelo recomendado por el Banco Central contribuye a mantener la eficacia. 
Sin embargo, su punto fundamental, que me gustaría desarrollar después de oír la intervención del Sr. Friedrich, la propuesta del Banco Central, se basa en la enabling clause del Tratado de Niza y, por lo tanto, se basa solo en que no se puede modificar el sistema legalmente vigente. 
Por esta razón la Comisión ha considerado que, aceptando la propuesta, como punto de partida, del Banco Central Europeo, el modelo de rotación podría mejorarse reduciendo el número máximo de derechos de voto en el Consejo de Gobierno. 
Debería mejorarse de forma sustancial, modificando la clave de clasificación de los países en grupo, no inventando nuevas ponderaciones, sino utilizando la ponderación que el propio Banco tiene, que considera, por una parte, la población y, por otra, el PIB. 
Esta es la razón de nuestras propuestas. 
Cuando analizamos las propuestas incluidas en su informe, creemos que son ambiciosas, pero que plantean un problema fundamental: consideran la posibilidad de hacer interpretaciones que van más allá de la enabling clause. 
En ese sentido, tenemos dos discrepancias. 
En primer lugar, y es la fundamental, ustedes rechazan el modelo del Banco Central y presentan una contrapropuesta que puede tener su validez desde el punto de vista técnico, sin duda alguna, pero que no se adapta a la enabling clause. 
Tampoco se adapta a ella la idea de la doble clave, de la ponderación doble en el voto, dado que, en estos momentos, la regulación existente establece que cada miembro del Consejo tendrá derecho a un voto. 
Estas son, por tanto, modificaciones que podrían plantearse en un contexto distinto, en una posición más ambiciosa, como a la que usted se ha referido. 
El problema con el que nos enfrentamos actualmente es si seguimos adelante con el procedimiento rápido y aprobamos la propuesta del Banco Central, lo que deberá hacerse en las próximas semanas si queremos que sea conforme a la enabling clause. 
En ese caso, evidentemente, necesitaremos el voto unánime del Consejo de Ministros, cosa que, como ustedes saben, en estos momentos aún no se ha producido. 
En todo caso, la Comisión, como ustedes, considera que es necesaria una mayor reforma, que vaya más allá de las posibilidades previstas por la cláusula de habilitación, y que debemos estar dispuestos a tratar de nuevo en la próxima Conferencia Intergubernamental sobre la base de un modelo distinto. 
Esto se puede hacer- como muy bien se ha dicho- en la Conferencia Intergubernamental, pero no con arreglo a la enabling clause de que actualmente disponemos. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, todos nosotros- tanto las instituciones como los políticos- tendremos que revisar y reestructurar nuestras estrategias de comunicación, nuestras prioridades y nuestros métodos de trabajo, pero también nuestros procesos de toma de decisiones y de formación de opiniones, en vista de la ampliación de la Unión Europea, que probablemente contará con más de 30 Estados- si incluimos los países balcánicos -, pero también en vista de los retos políticos que están fijándonos y que nos estamos marcando nosotros mismos. 
En este contexto, acogemos con agrado el hecho de que el BCE haya presentado una propuesta unánimemente. 
Asimismo, nos satisface que se haya enviado una señal política clara en cuanto a que el BCE debería, en el futuro, regular sus mecanismos de toma de decisiones y a que no deseamos elaborar ninguna disposición especial al respecto. 
No hay motivo alguno por el que esta decisión deba aprobarse precipitadamente, como el ponente ya ha señalado. 
Podemos continuar de manera familiar y preparar una reforma fundamental con la próxima Conferencia Intergubernamental. 
La reforma fundamental que es necesaria, y que pretendemos llevar a cabo, difiere en algo básico. 
A nuestro modo de ver, todos deberían permanecer a bordo, no debería haber ningún principio de rotación y, en una Europa común, todos deberían poder dar su opinión en el BCE. 
La solución no es la rotación, sino la ponderación. 
Esta ponderación podría basarse en la ponderación del Consejo, pero debe incorporar fundamentalmente parámetros de política económica y de política en materia de mercados financieros. 
En lugar de una mayor complejidad, deseamos una mayor transparencia. 
No queremos nuevas formas de discriminación, sino más integración y, por tanto, mayor claridad para los ciudadanos. 
Acepten nuestra oferta, que consiste en preparar una reforma global, en lugar de hallar una solución precipitada a corto plazo. 
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el ponente: la propuesta presentada para reformar el procedimiento de votación del Consejo de Gobierno del BCE no constituye un paso adelante. 
Debe rechazarse, ya que se elaboró desde la perspectiva de la representación nacional, y no desde una perspectiva europea. 
Es necesaria una solución europea ambiciosa. 
En esta cuestión, ningún diputado puede ser neutral, puesto que es importante el modo en que toma sus decisiones este socio macroeconómico clave. 
Por consiguiente, debemos saber cómo se da forma a las decisiones, pero todavía hay tiempo para eso en la próxima Conferencia Intergubernamental. 
Especificar que la representación debería ser nacional entra en conflicto con el objetivo de una política monetaria integrada. 
No obstante, debo señalar que, al redactar su propuesta, el Banco Central Europeo se hallaba atado de manos, ya que la vaguedad del Tratado de Niza se refleja también en la cláusula de habilitación contenida en el artículo 10.2, y por tanto, nos es verdaderamente necesaria una propuesta de la Convención para la Conferencia Intergubernamental, con el fin de aclarar una serie de cuestiones: ¿debería tener el Comité Ejecutivo un papel especial? 
¿Deberíamos diferenciar entre política monetaria y decisiones operativas? 
¿Dónde se deberían tomar las decisiones estratégicas? 
Esto es posible con una modificación del Tratado que cuente con un respaldo unánime. 
Creo, de verdad, que es importante para nosotros hacer esta distinción, simplemente porque es necesaria. 
En el Parlamento Europeo, tenemos también un especial interés por hacerlo así, porque concedemos una gran importancia a la transparencia. 
Al igual que nuestros colegas de los Estados Unidos, nos gustaría saber cómo se toman las decisiones y también cómo tienen lugar las ponderaciones en los debates. 
A este respecto, la complicada propuesta del BCE, que el Grupo del Partido Socialista no puede apoyar, envía una señal esperanzadora, ya que, hasta la fecha, siempre se nos ha dicho que los resultados de las votaciones en el seno del Consejo de Gobierno del BCE no podían publicarse porque no tenía lugar ninguna votación. 
Pienso que, en un sistema democrático, se debería aplicar un procedimiento de votación por mayoría y que, además, se debería publicar el signo del voto de los miembros de los bancos centrales o del Comité Ejecutivo. 
Estoy completamente a favor del anonimato, para que no se mencione ningún nombre, al igual que en los Estados Unidos. 
Nuestra principal preocupación es lograr una visión de conjunto de las distintas perspectivas sobre política monetaria. 
Así se acabará con la confusión y la inseguridad, se generará la claridad necesaria, sobre todo en este momento, y se hará hincapié en la obligación democrática del Banco Central de rendir cuentas. 
Señor Presidente, el Grupo de los Liberales y Demócratas europeos rechaza también la propuesta del Banco Central Europeo de modificar su proceso de toma de decisiones una vez se haya producido la adhesión a la zona euro de los diez países candidatos. 
Dicha propuesta crearía un Estado miembro de tercera clase con menos oportunidades de voto y, lo que resulta más indignante aún, es que este grupo de categoría interior estaría formado solo por los países candidatos. 
El pequeño territorio de Luxemburgo se incluye de forma especial en el segundo grupo gracias a sus mercados financieros, a pesar de que su banco central existe desde hace muchos menos años que el de varios de los países candidatos, inclusive Polonia y Hungría. 
Se trata de una propuesta concebida para proteger los derechos adquiridos por los banqueros centrales existentes en la zona euro, que pretenden simplemente cerrar las puertas a su paso. 
En su lugar, apoyamos la existencia de un Consejo Ejecutivo formado por nueve miembros, tal y como ha mencionado el Sr. Friedrich, responsable de las decisiones operativas. Asimismo, defendemos la constitución de un Consejo de Gobierno más amplio en el que participen los gobernadores de los bancos centrales de todos los Estados miembros a la hora de adoptar decisiones estratégicas, como la definición de la estabilidad de precios, y de resaltar otros objetivos, como los valores de referencia monetaria. 
Con respecto a la propuesta de los grupos PPE-DE y PSE, permítannos mostrar nuestro desacuerdo, ya que en ella se defiende el sistema de mayoría doble para las decisiones del Consejo de Gobierno, lo que otorgaría mayor peso a los miembros procedentes de Estados miembros grandes. 
Apoyamos el principio que establece la asignación de un voto a cada miembro en el proceso de toma de decisiones. La implantación de un sistema de mayoría doble implicaría que un miembro del Consejo de Gobierno que proceda de un Estado miembro grande representaría a dicho Estado, en lugar de votar por la zona euro en su totalidad. 
Esto constituiría un retroceso y afectaría a la perspectiva colegiada del Consejo de Gobierno. 
No obstante, consideramos que se deberían realizar algunos controles y balances en el Consejo Ejecutivo y, por este motivo, proponemos que el Consejo de Gobierno tenga capacidad para anular las decisiones del anterior con una mayoría de dos tercios. 
Conviene analizar este tema en la Convención, para así poder debatirlo de la forma más abierta posible y en plena consulta con todas las partes interesadas. 
Señor Presidente, señor Comisario, se halla ante nosotros un compromiso que ha logrado un solo objetivo claro, el consenso unánime en el seno del Consejo de Gobierno, que no es exactamente lo que necesita el Banco Central Europeo para prepararse para la ampliación. 
El reparto de poderes y responsabilidades entre los parlamentos, los gobiernos y las autoridades independientes- la independencia del Banco Central Europeo es un bien precioso que ha funcionado correctamente y que debe salvaguardarse- no implica que las autoridades independientes decidan sobre sus modalidades de funcionamiento o, como en este caso, sobre los cambios de los mecanismos de funcionamiento, en particular cuando se trata de ampliar un club. 
Es evidente que los miembros actuales del club han presentado una propuesta que, por encima de todo, los protege a ellos mismos y sus prerrogativas contra las prerrogativas de los miembros que ingresen en el club en el futuro. 
Es muy evidente. 
Me parece que hay un grave quebrantamiento de forma que ha conducido a esta situación y a la elaboración de una propuesta que tiene varios defectos, ya señalados por el Sr. Huhne, que ha afirmado que la jerarquía de los países es discutible. 
Espero que el Sr. Goebbels me perdone si digo, a modo de ejemplo, que yo también creo que el papel de Luxemburgo no debe ser mayor que el de Polonia. 
Naturalmente, la propuesta del Banco Central Europeo respeta el Tratado de Niza, que además estipula que el Consejo puede decidirse por una propuesta del BCE o de la Comisión. 
Creo que, de algún modo, debemos volver a empezar desde cero y que la Comisión ha de formular su propia propuesta, teniendo en cuenta las recomendaciones del Parlamento. 
Se va a consultar al BCE, pero no se debe permitir que sea el promotor de esta decisión que le afecta tan de cerca. 
Señor Presidente, Señorías, hemos adoptado una posición clara sobre la propuesta del Consejo de Gobierno del BCE, pero la Comisión, señor Comisario, por desgracia, no lo ha hecho. 
La han rehuido. 
Deseamos que el Consejo de Jefes de Estado o de Gobierno conciba y apruebe un modelo diferente, empleando otros criterios de ponderación en este contexto. 
El proyecto de modificación de las modalidades de votación propuesto por el Consejo de Gobierno del BCE y refrendado por la Comisión Europea es innecesario e injusto. 
Es innecesario porque, al contrario de lo que usted ha dicho, señor Comisario, el tiempo no nos apremia. 
En teoría, y en el mejor de los casos, la eurozona no contará con 15 miembros hasta el verano del año 2006, como muy pronto. 
Por tanto, tenemos tiempo más que suficiente. 
Con este modelo, creará un sistema de dos clases entre los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, y los gobernadores de los bancos centrales de los países pequeños sufrirán un grave recorte de sus derechos. 
En una zona con una moneda única, es fundamental que cada miembro del Consejo de Gobierno del BCE tenga un voto permanente y del mismo valor que los demás. 
Para asegurarnos de que esto se garantice también en el futuro y, por tanto, para conservar la normativa existente, hemos propuesto que se empleen otros criterios de ponderación. 
Nuestro colega, el Sr. Friedrich, ya se ha referido a esto. 
Mi propuesta de que la población sea uno de estos criterios no ha contado con el apoyo de una mayoría en comisión, hasta la fecha. 
Puesto que las normas tienen que acordarse por unanimidad, no habrá cambios sin un compromiso. 
El sistema de rotaciones, señor Comisario, es un mal compromiso. 
He propuesto que, además de una mayoría simple de los votos, debe estar representada, al menos, la mitad de la población de los Estados miembros de la eurozona. 
Así se evitará que se tomen decisiones por mayoría en el Consejo de Gobierno del BCE que no tengan suficientemente en cuenta la realidad económica de la Unión Europea. 
La población es un criterio más adecuado y más representativo, por muchas razones, que otros criterios como la dimensión del sector financiero o el PIB. 
Las cifras actuales y exactas sobre población están disponibles para todos los Estados miembros; el cálculo se realiza per cápita y, por tanto, los datos son absolutamente comparables, y tienen en cuenta el hecho de que el eje central de una política monetaria sensata basada en los tratados de la UE no debe ser los mercados de capitales, sino las personas afectadas por ella. 
Señor Presidente, señor Comisario, la Unión Europea- o, al menos, algunos representantes de países que supuestamente son más importantes que los demás- está padeciendo una misteriosa enfermedad: el síndrome de Gulliver. 
Ya sea en el seno de la Convención o en órganos como el Banco Central Europeo, los representantes de los países grandes creen que corren el peligro de quedar maniatados por una banda de pequeños países, irresponsables por definición, que, tras la ampliación, constituirán una mayoría numérica en el Consejo. 
Aunque es cierto que, en teoría, la Unión Europea aglutina a Estados que son iguales en derechos y obligaciones, algunos, como los cerdos de George Orwell, piensan que son más iguales que otros. 
La historia de la Unión Europea no ofrece un solo ejemplo de alianza de liliputienses contra los Gullivers de Europa. 
En efecto, todos los casos de obstrucción en Europa, desde la política de la silla vacía de de Gaulle, hasta la famosa frase de Margaret Thatcher «I want my money back» (quiero que me devuelvan mi dinero) , han sido obra de los países grandes. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se inventó para someter a una disciplina presupuestaria a los países del llamado «Club Med» , con el fin de garantizar el valor exterior del euro. 
El Pacto es respetado por los pequeños países, pero mucho menos por los países grandes. 
No obstante, el síndrome de Gulliver hace temer a algunos Gobiernos que los gobernadores de los pequeños países puedan imponer una política monetaria laxa. 
La consecuencia de todos estos temores es la propuesta del BCE de limitar el número de gobernadores con capacidad de decisión sobre la política monetaria. 
El Presidente Duisenberg asegura que los gobernadores no votan según sus intereses nacionales, que, de hecho, no se celebran votaciones y que la política monetaria se decide por consenso. 
Entonces, ¿cuál es la razón de ser de esta propuesta para modificar el sistema de votación? 
Se nos dice que ya no será posible votar cuando haya 25 miembros. 
Aunque un debate con 25 miembros requeriría, en efecto, más tiempo, una votación a favor o en contra de un cambio de los tipos de interés clave es igual de fácil de realizar con 25 gobernadores que con 18 ó 9. 
Esta no es, por tanto, la verdadera razón de la reforma propuesta. 
De hecho, los cinco Estados grandes, que representan aproximadamente las tres cuartas partes del PIB comunitario, desean reservarse el diseño de la política monetaria. 
A este respecto, la propuesta del BCE es ingeniosa, porque se implantaría un sistema de rotaciones entre tres grupos de países que garantizaría a los países grandes poder votar en el 80% de los casos. 
El informe Friedrich propone restringir las decisiones sobre política monetaria a un Comité Ejecutivo compuesto por nueve miembros, que serían elegidos en base a dos criterios: el peso demográfico y el peso económico y financiero de cada país. 
Por lo que se refiere a este último punto, el informe Friedrich está en consonancia con la propuesta unánime del Consejo de Gobierno. 
Puesto que no es algo urgente, ¿por qué no nos concedemos un período adicional de reflexión? 
Señor Presidente, quisiera también responder al Sr. Della Vedova y decirle que, conforme a las propuestas del BCE, Polonia seguiría situada por delante de Luxemburgo. 
Señor Presidente, señor Comisario, todos sabemos que, en una UE ampliada, el BCE debe sufrir una reforma, pero la propuesta presentada por el BCE no se ha meditado lo suficiente. 
Además, ha sido objeto de duras críticas. 
El informe del Sr. Friedrich va bien encaminado pero, al igual que otros diputados de esta Cámara, me pregunto por qué hay tanta prisa. 
Deberíamos pararnos, reflexionar y elaborar una propuesta bien fundamentada para la próxima Conferencia Intergubernamental. 
La democracia exige que las normas de votación sean simples y claras. 
De hecho, la gente de la calle debe ser capaz de comprender cómo se articulan. 
El principio debería ser el de «un miembro, un voto». 
Como ha señalado el Sr. Huhne, es posible cumplir la condición de eficacia en una UE ampliada. 
Señor Comisario, debemos evitar una excesiva división de Europa. 
Es inadmisible una división en equipos A, B e, incluso, C. El BCE debe demostrar una mayor apertura e informar a los ciudadanos de los debates y las votaciones. 
Esta es una exigencia a la que no se puede renunciar. 
Por último, debemos reforzar también el papel del Parlamento. 
Señor Presidente, quisiera darle las gracias al ponente, el Sr. Friedrich, por su excelente trabajo en esta materia. 
La cuestión de las normas de votación para el Consejo de Gobierno del BCE es muy importante, especialmente en vista de la próxima ampliación y también del probable fortalecimiento de la cooperación en la UEM. 
Las normas actuales deben someterse a una reforma. 
Todos parecen estar de acuerdo en que es necesaria una reforma. 
No obstante, no está del todo claro en qué debe consistir dicha reforma. 
El informe del Sr. Friedrich rechaza la propuesta presentada por el BCE el 3 de febrero: un modelo consistente en 21 votos repartidos en 15 gobernadores de bancos centrales y 6 auditores, y en un sistema de rotaciones, una vez formen parte de la Unión Monetaria 16 o más países. 
Esto significa que, en un futuro muy cercano, no se oirán las voces de todos los Estados miembros. 
Habrá un sistema en el que no participan todos, pero que, sin embargo, es rígido y complicado. 
Si la toma de decisiones se vuelve excesivamente compleja, o bien el Banco no será capaz de responder, con suficiente rapidez, a los cambios económicos, o bien las decisiones no se considerarán legítimas. 
El sistema de rotaciones dificultará la petición de responsabilidades, ya que será casi imposible saber quién es responsable de cada decisión. 
El informe del Sr. Friedrich, que es fruto de un tira y afloja en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, propone varios principios fundamentales: el principio de «un miembro, un voto» y principios relativos a la representatividad, la transparencia y la asunción de responsabilidades, y a tomar la delantera a la hora de concebir un nuevo modelo de toma de decisiones que sea más eficaz y que, además, esté diseñado de manera que todos los miembros puedan participar. 
Creo que esto será importante para los países pequeños, y también para los nuevos Estados miembros. 
Por lo que a mí respecta, siendo como soy de un país que se enfrenta a un referéndum crucial para cambiar la corona por el euro, me parece acertado y sensato recomendar un modelo de toma de decisiones que pueda ser eficaz y receptivo a largo plazo y que, al mismo tiempo, ofrezca a todos la oportunidad de participar en un proceso en el que, además, sea posible exigir responsabilidades. 
Señor Comisario, Señorías, sabíamos que se llegaría a plantear esta cuestión. 
Durante mucho tiempo, fue siempre demasiado pronto para debatirla. Esto fue así, en particular, cuando mediante un informe presentado en el otoño del año 2000, tratamos de debatir el asunto, en el marco de nuestra labor sobre la ampliación. 
Se trataba de un informe del Sr. Brok. 
Lo cierto es que, en el fondo, las soluciones institucionales que adoptamos con respecto al Banco Central dan, a veces, miedo porque, en algunas ocasiones, tenemos la impresión de que podrían imponerse a otros mecanismos institucionales, o incluso a la propia Unión. 
Esta es la realidad del debate que estamos celebrando en esta Cámara. 
Esencialmente, creo que la Convención puede deshacer lo que el Tratado de Niza ha hecho. 
La Convención debe ser capaz de dar marcha atrás a propuestas del Banco Central porque lo que básicamente se propone es un cambio en el sistema, ya implique poner en marcha un mecanismo de rotaciones, o bien una diferenciación entre las decisiones tomadas dentro del Banco Central. 
Esencialmente, de nuevo, creo que no podemos rechazar toda la propuesta realizada por el Banco Central: por ejemplo, la idea de limitar el número de miembros del Consejo de Gobierno si deseamos que este órgano pueda seguir tomando decisiones. 
Fundamentalmente, creo también que deberíamos examinar estas propuestas y tratar de sacar lo que consideramos que son los puntos principales. 
Pienso que podemos obtener alguna información, en forma de criterios, de la experiencia adquirida por el Banco Central en su corta existencia. 
El primer criterio es que el reparto de poder entre el Comité Ejecutivo y el Consejo de Gobierno debe examinarse con atención para garantizar que el Banco está en disposición de tomar decisiones. 
El segundo criterio, mencionado por la presidenta de nuestra comisión, la Sra. Christa Randzio-Plath, se refiere a la transparencia de las decisiones en el seno de los órganos decisorios. 
El tercer criterio alude a la capacidad del Banco para definir una política monetaria beneficiosa para toda la eurozona. 
Creo que a la luz de estos tres criterios es como debemos examinar la propuesta del Banco Central; en particular, a la luz de estos criterios, la Convención- pues pienso que le corresponde principalmente a la Convención pronunciarse- tendrá que proponer una solución para el futuro de la toma de decisiones en el Banco Central. 
Señor Presidente, me han decepcionado las propuestas de reforma de la estructura de gestión del Banco Central Europeo, en virtud de las cuales se crearán diferentes clases de miembros y, en la práctica, un reducido grupo de grandes países tomará las decisiones. 
Tampoco veo cómo se puede conciliar el hecho de que algunos grandes Estados miembros que están bloqueando la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento vayan a ocupar un lugar destacado en este grupo de cabeza, con el hecho de que algunos Estados miembros más pequeños que, desde el principio, han llevado a cabo una política monetaria responsable y correcta, sean relegados a la segunda clase. 
Estas propuestas afectan a la igualdad de los Estados miembros. 
¿Deben los países del segundo y tercer grupo permanecer callados en el debate o hacerse a un lado mientras los pesos pesados emiten sus votos? 
No, señor Presidente, creo que las cosas, tal y como las conocemos en la actualidad, están bien así. 
El ponente afirma, y tiene razón, que disponemos de tiempo más que suficiente para estudiar, con calma, un sistema mejor. 
Adquiramos primero alguna experiencia con respecto a la ampliación, antes de darle la vuelta a las cosas, y a continuación, optemos por un sistema de gestión simple y transparente, de perspectiva europea y no nacional. 
Mi propio país hallaría la situación aún más desagradable. 
Los Países Bajos son uno de los países que llevan años practicando una política monetaria firme. 
Inicialmente, se nos permitirá formar parte del grupo de cabeza, pero en cuanto el Reino Unido se una al euro, se nos dará las gracias por los servicios prestados y se nos sentará en el banquillo. 
Aunque espero fervientemente que el Reino Unido llegue a unirse al euro, es muy triste que esto implique consecuencias de este tipo. 
Se van a ver premiados países que llevan años poniendo zancadillas, en mayor o menor medida, a la estabilidad monetaria europea. 
No obstante, es inconcebible, señor Presidente, que vayamos a echar por tierra el euro de esta manera. 
Señor Presidente, me complace que la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo optara ayer por apoyar lo que es también la política del Gobierno finlandés: que cualquier reforma propuesta por el Consejo no puede servir de base para la toma de decisiones. 
La labor del principal órgano decisorio del Banco Central Europeo debe ser objeto de una reforma para posibilitar una toma de decisiones eficaz tras la ampliación. 
No obstante, el modelo propuesto por el Consejo de Gobierno del BCE es demasiado complicado y vago, y no hará más fácil a los ciudadanos seguir cómo se diseña la política monetaria. 
Todos deseamos aumentar la eficacia de la toma de decisiones sobre la política monetaria, pero el sistema debe ser más transparente y comprensible. 
El problema, en la actualidad, de la toma de decisiones en el BCE no es cómo se emiten los votos, sino el hecho de que el Consejo de Gobierno evita las votaciones, por todos los medios, en general. 
La versión actual del artículo 10.2 del Estatuto del Banco Central Europeo dice que el Consejo de Gobierno del BCE toma sus decisiones por mayoría simple. 
No obstante, no se someten a votación las propuestas de decisiones, hasta que no hay un consenso en los debates. 
De acuerdo, al menos, con las declaraciones realizadas en el Parlamento por el Presidente del BCE, Wim Duisenberg, un consenso significa más que la mayoría, pero menos que la unanimidad. 
Para que el BCE sea capaz de reaccionar con más rapidez ante los cambios en el mercado, se debería emplear la votación por mayoría. 
Desde este punto de vista, no es razonable que los procedimientos de votación se hagan complicados y molestos y que tengan lugar menos votaciones incluso que ahora. 
Además, el modelo de rotaciones que propone el BCE quebranta algunos principios que tanto el Parlamento como los gobernadores de los bancos centrales consideraban de vital importancia. 
Los trabajos preparatorios para reformar los procedimientos de votación del BCE se van a posponer hasta que se celebre la Conferencia Intergubernamental. 
Dos propuestas del Parlamento merecen el respaldo: la primera es la petición de que se emplee el sistema de votación de doble mayoría, y la segunda, la propuesta de que las decisiones operativas referentes a la política monetaria práctica se distingan, en la toma de decisiones, de las decisiones institucionales y estratégicas a largo plazo. 
Confiamos en que el ECOFIN tenga en cuenta la opinión del Parlamento cuando tome su decisión. 
Señor Presidente, permítame dejar claro, desde el principio, que no he votado a favor del informe que se aprobó, ayer por la tarde, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
Ciertamente, nuestro ponente alemán renunció a su propuesta inicial de conceder a cada país de la eurozona un voto en el Consejo de Gobierno del BCE y de equilibrar esto exclusivamente con la población representada. 
Quisiera recordarles que el Consejo de Gobierno del BCE examinó una propuesta similar del Bundesbank durante sus extensas deliberaciones y que, al final, la rechazó. 
¿Por qué? 
Porque en una eurozona ampliada de 25 ó 27 miembros, implicaría que cuatro grandes Estados miembros tendrían derecho de veto en el Consejo de Gobierno del BCE, en detrimento de los demás países. 
Esto es inaceptable. 
Aunque- como se acordó ayer, en forma de compromiso, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios- se consideraron adicionalmente los dos criterios objetivos (PIB y TAP, producción anual total) , esto conduciría a un sistema mucho menos equilibrado que el modelo del BCE, que solo emplea estos dos criterios para clasificar a los Estados miembros a los que se conceden derechos de voto en un sistema de rotaciones. 
Naturalmente, el modelo del BCE es nuevo y lleva su tiempo adaptarse a él, pero no es tan complejo y carente de transparencia como para que resulte incomprensible para aquellos a los que afecta. 
Eso constituiría una crítica contra los políticos y los banqueros centrales de los Estados miembros. 
En última instancia, en una moneda influye más la fortaleza económica y financiera que la población de un país. 
La propuesta del BCE refleja esta obviedad. 
Otro motivo por el que no he respaldado la llamada enmienda de «transacción» es que conduciría a algo similar a una renacionalización. 
Prevé aún más competencias mejoradas para el Comité Ejecutivo ampliado de 9 miembros, en detrimento del Consejo de Gobierno del BCE que, en la actualidad, se reúne dos veces al mes, pero que- con nada menos que 27 miembros, de acuerdo con la propuesta de la comisión- solo podría desempeñar un papel subordinado. 
Espero que el Consejo apoye la recomendación mucho más equilibrada del Consejo de Gobierno del BCE y que esta se pueda ratificar antes de la ampliación, ya que el panorama que se está proponiendo representaría un duro golpe para la confianza en el euro. 
Creo que en el debate se plantean dos temas distintos. 
El primero es el sistema que propone el Banco Central en base a la aplicación de la enabling clause: ¿es lógico o no es lógico y puede haber un sistema mejor? 
El segundo, ¿cuál puede ser ese sistema mejor? 
Puede ser el introducido en el Informe Friedrich o cualquier otro. 
Sin embargo, de lo que estamos hablando ahora es de la utilización de la enabling clause, establecida en Niza, que plantean los gobiernos para autorizar al Banco Central a hacer una propuesta que tiene que ser aprobada por unanimidad o una propuesta de la Comisión que, también, tiene que ser aprobada por unanimidad. 
La enabling clause solo permite o que todos los miembros de los bancos centrales estén presentes y todos voten, o que exista un sistema de votación limitado que, necesariamente, tiene que ser un modelo de rotación. 
Evidentemente, si hay un modelo de rotación, quiere decir que no todos participan en todo, y el problema que se plantea es cuál es el modelo de rotación. 
El Banco Central ha planteado un modelo en el que, sin duda alguna, se establece un cierto equilibrio entre unos países y otros en función de su dimensión económico-financiera y que, lógicamente, da un papel muy importante, en función de esa dimensión, a los países más pequeños. 
La Comisión considera, sin embargo, que este sistema de rotación no está suficientemente justificado y, por eso, ha propuesto únicamente modificar este esquema de rotación. ¿Qué ha hecho la Comisión? 
Es verdad que este sistema cambia respecto a la presencia de todos, pero es lo que permite la enabling clause. 
Hacer una propuesta adicional para otro modelo de rotación, en vez de hacer una enmienda a la propuesta del Banco Central, no tenía sentido. 
Lo que dicen ustedes es que la enabling clause no nos resuelve los problemas, que queremos ir a una posición más ambiciosa. 
Lo entiendo perfectamente: ha sido la posición de la Comisión, también, en algunos casos. 
Pero si votamos o decidimos sobre la base de la utilización de la enabling clause, evidentemente la propuesta del Banco Central, con ciertas enmiendas, puede ser perfectamente útil y resuelve el problema de transición que se podría plantear. 
Cualquier otro modelo- no lo olvidemos- también exige la unanimidad y la ratificación y no será un modelo fácil de aplicar. 
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los vecinos de la Europa ampliada: un nuevo marco para las relaciones con los vecinos del Este y del Sur. 
Señorías, les informo de que habrá una pequeña alteración en nuestros horarios. 
Se procederá a la declaración de la Comisión y se prolongará el debate hasta las 17.45 horas, y a las 17.45 horas continuaremos con el turno de preguntas. 
Señor Presidente, voy a ser muy breve y a realizar tan solo unas observaciones relativas al documento que se ha presentado hoy sobre la política de vecindad. 
Se trata de un documento muy importante que aclara nuestras propuestas de relaciones en el ámbito europeo y mediterráneo tras la ampliación. 
En efecto, el proceso de ampliación ha creado grandes expectativas en nuestros países vecinos, pero también ha generado una frustración y una tensión que se puede resumir en una serie de comentarios muy claros y comprensibles efectuados por los países del Este excluidos de la ampliación. 
Nos han reprochado que simplemente hemos movido hacia el este el telón de acero, mientras que los países mediterráneos nos han reprochado el habernos centrado más en los países del Este que en los países mediterráneos. 
Nuestros vecinos albergan muchas expectativas, y yo siempre he creído que no deben sentirse decepcionados y que deberíamos elaborar también una política seria para las relaciones de la Unión con ellos, tanto en su propio interés, como en interés de la Unión. 
La comunicación aprobada hoy por la Comisión sobre la política de vecindad responde a esta exigencia, la exigencia de crear un marco de referencia dentro del que poder mantener relaciones cada vez más estrechas con nuestros vecinos del este y del sur, así como construir lo que he descrito en varias ocasiones, primero de manera intuitiva y luego de modo cada vez más analítico y razonado, como el anillo de los países amigos, el anillo de los amigos, que comprende desde Rusia hasta Marruecos, un anillo con el que podemos compartirlo todo, excepto las instituciones, es decir, con el que podemos compartir programas, mercado, normas y diálogo político, pero no el Parlamento, ni el Consejo, ni la Comisión. 
En resumen, nuestro objetivo es desarrollar una política para estos países que solicitan una relación especial con la Unión, pero para los cuales la Unión no prevé una estrategia de ampliación, al menos a corto plazo. 
Está claro que los países de los Balcanes occidentales no se incluyen en este anillo: se ha acordado su ingreso en la Unión, aunque todavía no se ha fijado una fecha. 
El marco de referencia que hemos esbozado en la comunicación complementa, y no sustituye, la relación que la Unión mantiene con distintos países o grupos de países. 
Evidentemente, la intensidad y, sobre todo, la velocidad con que se tejan las relaciones entre la Unión y los diversos países, dentro de este marco de referencia, dependerá de la habilidad de cada país; es decir: se aplicará también, en este caso, el principio de diferenciación. 
El objetivo es doble: en primer lugar, crear, junto con nuestros socios, un espacio de prosperidad y estabilidad basado en el principio de la integración económica, del fortalecimiento de los lazos políticos y de la cooperación cultural- insisto en esto último, la cooperación cultural -; en segundo lugar, hacer que el desarrollo de estas relaciones preferenciales dependa de la adaptación progresiva de los países a nuestras normas y a nuestro sistema de valores, tanto en el ámbito económico como en el político. 
Por tanto, deseamos elaborar con cada país, sobre la base de la experiencia y de nuestras obligaciones contractuales presentes, un plan de acción concertado que señale el camino que pretendemos recorrer juntos. 
Estos planes de acción incluirán objetivos, calendarios, procedimientos y mecanismos de supervisión aplicables, de la misma manera, a ambas partes. 
Por consiguiente, en este contexto, valoraremos la posibilidad de crear un instrumento contractual específico- el acuerdo de vecindad- y un instrumento financiero ad hoc- el instrumento de vecindad-. 
En concreto, trabajaremos con nuestros vecinos para crear un mercado único, fomentar la libre circulación de personas, bienes y servicios, reforzar la cooperación en la lucha contra amenazas comunes, fortalecer nuestra colaboración en la prevención de conflictos y en la gestión de crisis, promover los derechos humanos, intensificar el diálogo entre culturas y religiones, integrar las redes de transporte, energía y telecomunicaciones y crear un espacio de investigación más amplio: en resumidas cuentas, para lograr una integración cada vez mayor, basada en los valores y los principios comunes de la tolerancia, la paz, la libertad y la solidaridad, es decir, los mismos principios sobre los que se fundó la Unión. 
Señor Presidente, el Comisario obviamente quería decir algo ahora, y quizás podría formularle una pregunta, al mismo tiempo. 
Estoy totalmente de acuerdo con las propuestas que ha esbozado el Sr. Prodi ante esta Cámara. 
Lo que me interesaría saber es lo siguiente: ¿cuál será el marco institucional para todo esto? 
Usted ha mencionado los instrumentos financieros y los tratados con los países vecinos. 
Sin embargo, mi pregunta para el Presidente o para el Comisario es esta: ¿es necesaria alguna disposición institucional específica? 
Al fin y al cabo, en teoría todavía está la Conferencia Europea. 
Con respecto a la región mediterránea, hemos debatido la opción de estrechar también la cooperación parlamentaria. 
No debemos dejar esto en suspenso, y además hemos de asegurarnos de que se aclaren las responsabilidades dentro de la Comisión, porque de lo que se trata, realmente, es de una fase intermedia entre una política exterior normal y tradicional y la integración en la Unión Europea. 
A mi modo de ver, esta fase intermedia debe definirse con mucha precisión, y la Comisión debería presentar propuestas específicas para abordarla, exponiendo disposiciones detalladas y describiendo qué instituciones participan. 
¿Se va a reactivar la Conferencia Europea? 
¿Se responsabilizará alguien, dentro de la Comisión, de este ámbito de cooperación? 
¿Seguirá siendo el Comisario Patten? 
Quizás usted pueda explicar la situación más en profundidad. 
Señor Presidente, acabamos de mantener un debate verdaderamente interesante en la Comisión, en el que ha destacado un tema principal en la mayoría de las intervenciones. El argumento defendido enérgicamente en la mayor parte de las intervenciones manifiesta la necesidad imperiosa de otorgar a la cuestión de la relación con nuestros nuevos vecinos la prioridad concedida en el pasado al proceso global de ampliación; en otras palabras, se insta a que todo el mundo asuma la responsabilidad de fomentar el concepto de un círculo institucionalizado de amigos a los que podemos ofrecer distintas formas de compartir nuestra seguridad, estabilidad y prosperidad. 
Su Señoría podrá descubrir en la comunicación publicada en el día de hoy los métodos prácticos con los que pretendemos expresar este concepto. 
No es una tarea fácil. 
Ya se ha intentado en el pasado. 
En cierto modo, se puede comparar con la búsqueda de la piedra filosofal; nunca hemos logrado determinar un medio acertado que permita expresar nuestras opiniones sobre los países vecinos sin que esto conlleve una propuesta de adhesión total a la Unión Europea. 
Este no es el tema tratado en la presente comunicación. 
Su Señoría podrá comprobar que en nuestras propuestas hemos presentado métodos razonables y concretos para animar a nuestros vecinos, de los que nos separan fronteras tanto terrestres como marítimas, a compartir nuestro mercado y a compartir nuestras políticas, a compartir la prosperidad y la estabilidad política que distinguen a la Unión Europea, sin necesidad de compartir nuestras instituciones. 
La sencilla respuesta a su pregunta es que no existe desacuerdo alguno. 
La Comisión considera que es una responsabilidad que atañe a toda esta institución y que deberá ser compartida entre todos nosotros. 
Dada la falta de tiempo y el número de interpelantes, vamos a dar la palabra de tres en tres, uno de cada Grupo, a ser posible. 
Tengo un número grande de diputados en la lista. 
El señor Comisario contestará una vez que hayan preguntado tres diputados. 
Señor Presidente, he escuchado con gran interés la declaración del Comisario sobre los países candidatos. 
Estoy seguro de que si entran en la Unión querrán asegurar que todas las instituciones sean transparentes y responsables. 
Para ello, esta mañana el Presidente de la Comisión ha prometido al Parlamento que publicaría la nota dirigida al Comisario Kinnock por el Sr. Jules Muis, del Servicio de Auditoría Interna. 
Esta tarde el portavoz de la Comisión ha dicho que la Comisión por ahora no tiene previsto publicar esa nota. 
¿Podría el Comisario decirnos por qué la Comisión ha cambiado de idea desde esta mañana y por qué se niega a publicar este documento de modo que se pueda proceder a la aprobación de la gestión del presupuesto de la Comisión con la mayor urgencia y celeridad posibles? 
Este no es el tema de esta tarde. 
Si el Sr. Prodi quiere hacer alguna observación puede hacerla, pero les ruego que se atengan al orden del día. 
Quiero confirmar lo que he dicho esta mañana: el documento se hará público conforme al acuerdo interinstitucional. 
Señor Presidente, he seguido con atención la introducción del Presidente de la Comisión y he leído también el discurso que realizó sobre el mismo asunto en Bruselas, en el mes de diciembre. 
Tanto en su introducción de hoy como en aquel discurso, oscila terriblemente entre la postura de que no debemos descartar por completo la posibilidad del ingreso y la opinión de que tampoco debemos poner en marcha el proceso. 
Eso lo entiendo muy bien, y tampoco es una crítica contra el Sr. Prodi. 
Hay un anillo de amigos en el que Marruecos y Rusia recibirán el mismo trato. 
Mi pregunta- se trata de una pregunta abierta para la Comisión- es si no sería mejor decir, de manera todavía más clara: «en este anillo de amigos, hay amigos que están un poco más próximos a nosotros». 
Ucrania y Belarús podrían convertirse en miembros, en un futuro, por ejemplo, pero es difícil imaginar que vaya a ocurrir lo mismo con Rusia. 
Debemos ser muy claros al respecto. 
Esto se hace extensivo al norte de África, por ejemplo. 
¿No se logra así la claridad que estos países nos piden? ¿Y no es mejor hacer una distinción entre miembros potenciales y países o vecinos que nunca van a poder ingresar en la Unión? 
Estoy completamente de acuerdo con la pregunta del Sr. Lagendijk. 
Entiendo muy bien lo que la Comisión está haciendo, así como cuáles son sus prioridades en su política con los países que nos rodean. 
En esta Cámara, volveremos a hablar en profundidad sobre el anuncio que está realizando hoy la Comisión. 
Realmente solo tengo una pregunta. 
El objetivo, naturalmente, es impedir la aparición de una nueva fractura, de un nuevo telón de acero, en Europa. 
Si queremos evitar esto, vamos a tener que ayudar a países como Ucrania y Belarús para que experimenten las mismas transformaciones que países como Hungría o Polonia. 
¿Cree la Comisión que será capaz de ejercer la suficiente influencia y mantener la cooperación necesaria con estos países a través de su propuesta, como para que tengan lugar en ellos los mismos procesos de reforma que en los países candidatos, y que, con el tiempo, se llegará a una situación de igualdad que permitirá contestar la pregunta de si estos países pueden también convertirse en miembros de la Unión? 
Para mí, la cosa, al final, se reduce a si, por medio de su propuesta, podemos lograr el mismo efecto positivo en estos países que el conseguido, con el proceso de ampliación, en otros países de Europa central y del este. 
En vista de lo que está sucediendo actualmente en estos países, me parece que es el único modo de impedir una nueva fractura en Europa. 
Señor Presidente, la adhesión de nuevos países ensanchará aún más las fronteras de Europa, ya que la Unión ejercerá una influencia cada vez mayor en el continente, con la puesta en marcha de políticas de vecindad que crearán nuevos socios potenciales que podrían convertirse, en el futuro, en nuevos Estados miembros, como ha ocurrido en el caso de los actuales países candidatos. 
No obstante, nos es difícil imaginar una nueva ampliación de Europa sin iniciar un debate que es urgente: ¿cuánto se pueden ensanchar las fronteras de Europa? 
Si miramos al sur, hacia las costas africanas del Mediterráneo, nos encontramos con un panorama que siempre ha puesto de manifiesto que estos países no pueden compartir con Europa criterios de desarrollo, ideologías o convicciones políticas o religiosas, a excepción quizás, de Libia e Israel. 
Si miramos el este, podríamos considerar el ingreso de las repúblicas de Ucrania y Georgia. 
Lo mismo se puede decir de Noruega, en el norte, mientras que al oeste, el Atlántico ya es de por sí una frontera. 
¿Cuáles son las fronteras más amplias que podemos concebir para no desdibujar a la Unión en un espacio de libre comercio, dada la necesidad de que la Unión no naufrague cada vez que tenga que hacer frente a grandes cuestiones internacionales como, por desgracia, ha sucedido últimamente? 
Será necesario llevar con cuidado el debate sobre qué países están predestinados a formar parte de la Unión y con qué países deberíamos mantener tan solo relaciones preferenciales de cooperación, ya que la cooperación no puede reducirse solo al comercio, sino que debe abarcar también cuestiones delicadas como el respeto por los derechos humanos y el control de los flujos migratorios. 
Voy a responder muy brevemente las tres preguntas relacionadas. 
Quiero dejar claro que este objetivo de construir un anillo de amigos no implica ningún compromiso ni ninguna exclusión por lo que se refiere a la ampliación: ninguno de estos países tiene el derecho de ingresar en la Unión Europea, ni tampoco está excluido. 
No obstante, es evidente que esto no resuelve el problema planteado en la última pregunta. 
Al respecto, deseo reiterar mi petición? que ya he realizado ante el Parlamento, en muchas ocasiones, y que me dicen que se ha escuchado? de que se celebre pronto un debate, justamente sobre las fronteras de la Unión. 
No obstante, el anillo de amigos es un proyecto diferente, un proyecto al margen de la ampliación de la Unión, pero que, sin embargo, ofrece una relación de estrecha colaboración, una integración progresiva y verdaderamente un futuro de seguridad económica y política para nosotros y los países que nos rodean. El ingreso en la Unión es otra cosa. 
En cuanto a la segunda pregunta, señor Wiersma, esto se ha hecho justamente para evitar la acusación de que nos hemos limitado a mover al este el telón de acero, como he afirmado en mi anterior intervención. 
Ya no hay un telón de acero. Ya no hay exclusión. 
Hay países miembros, pero países que mantienen una relación de creciente cooperación activa con los países que los rodean, con el anillo de amigos. 
Es una estrategia orgánica que, con la ampliación, incrementa el número de miembros de la Unión y, con el anillo de amigos, crea una política de vecindad cada vez más firme y cercana. 
Señor Presidente, me complace que la Comisión haya presentado ahora una propuesta para que la debatamos sobre si hay opciones alternativas al ingreso en la Unión Europea. 
Esta será, sin duda, una cuestión clave de cara al futuro, tras la ampliación y la adhesión de diez nuevos países. 
Me gustaría hacer dos preguntas: en primer lugar, no tengo del todo claro si lo que se propone es un sistema flexible de relaciones bilaterales entre la UE y los distintos países, o bien un enfoque multilateral (una especie de «Espacio Económico Europeo plus» ). 
Creo que este punto es importante. 
Mi segunda pregunta se refiere a los Balcanes. 
Sé que es fundamental un planteamiento bien diferenciado cuando consideramos los países balcánicos y que algunos de ellos serán capaces de ingresar en la Unión Europea antes que los demás. 
No obstante, los demás países seguirán necesitando un largo período de transformaciones internas. 
Por tanto, sería un error no incluirlos en una estrategia de este tipo, ya que durante el período intermedio- de larga duración, quizás- podrían también incluirse en esta red. 
Quizás podría la Comisión revisar, una vez más, esta postura. 
Señor Presidente, el marco general expuesto por el Presidente de la Comisión para las relaciones con otros países, tras la ampliación, cuenta, en general, con mi apoyo. 
No obstante, las políticas de principios generales normalmente fracasan en la práctica. 
Siendo esto así, tengo dos preguntas: en primer lugar, ¿qué otras ventajas pueden traer consigo nuestras relaciones con los países mediterráneos del norte de África, en la práctica, cuando las políticas generales, en mi opinión, no han tenido demasiado éxito? 
En segundo lugar, a propósito de los países candidatos del antiguo bloque del este, dado que la fluidez de las relaciones viene determinada, a veces, por los países vecinos, en lugar de por principios generales, y dado que, como hemos comprobado recientemente, muchos países candidatos han obrado como si se vieran capacitados para manejar asuntos de política estratégica- nos referimos al problema del Iraq, independientemente de la postura de cada uno -, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos influir en estos países para que no establezcan sus propios criterios en sus relaciones con los vecinos, que nosotros consideramos países colaboradores y pacíficos y que quizás otros consideran enemigos? 
Señor Presidente, nuestros debates se han centrado exclusivamente en las grandes líneas maestras y, aunque, por supuesto, su importancia es grande, los problemas residen en los detalles. 
Una de las cuestiones fundamentales en los países vecinos es qué va a suceder en las fronteras. 
¿Habrá instrumentos nuevos y descentralizados para facilitar la cooperación práctica transfronteriza? 
¿Se relajarán las disposiciones fronterizas, o provocarán las fronteras una división real y tangible, al separar a grupos étnicos y cortar las relaciones existentes? 
Lo que me interesa es qué dice la estrategia de la Comisión al respecto. 
¿Qué forma tomará el instrumento financiero? 
¿Será un instrumento centralizado, como sucede en la actualidad, con los problemas que tenemos, o será un instrumento descentralizado? 
Señor Presidente, puedo responder a las tres preguntas sobre el principio del trabajo compartido. 
En primer lugar, el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa recordará que he aceptado acudir a la comisión el 25 de marzo para discutir a fondo sobre la comunicación de la Comisión, lo que nos permitirá hacer un seguimiento más de cerca de una serie de aspectos que se debaten esta tarde. 
Ha planteado un par de cuestiones. 
En primer lugar, lo que queremos proporcionar es un marco general coherente. 
Sin embargo, reconocemos que no es defendible que haya una política de talla única. 
Necesitamos una política capaz de acoger diferentes niveles de desarrollo económico y de compromiso con nuestro sistema de valores. 
Por lo tanto, espero que haya una coherencia suficientemente flexible para asegurar que la política funciona. 
También se ha referido a los Balcanes. 
Hemos excluido específicamente de esta comunicación a los países implicados en el proceso de estabilización y asociación, es decir, Croacia y los países de los Balcanes occidentales, Turquía, Rumania y Bulgaria. 
Ya se les ha dado la perspectiva de la adhesión a la Unión Europea y en este documento nos centramos, tal y como se nos pidió en el Consejo Europeo de Copenhague, en los países que no tienen una perspectiva de adhesión. 
Como ha dicho el Presidente, estoy seguro de que en su momento habrá un debate sobre los límites geográficos de la Unión Europea. 
Hace unos tres años y medio, el Presidente ya pronunciaba discursos sobre este tema. 
Sin embargo, este no es el momento ni el documento para ese debate. 
Solo querría añadir que queremos que los propios países candidatos participen en este debate, en el que muchos de ellos se juegan más que nosotros. 
En cuanto a la cuestión de cómo pueden los países mediterráneos y los países de Europa oriental participar en nuestras políticas, realmente esperamos poder implicarles en todo, desde el mercado interior, el comercio, la migración y la circulación de personas, hasta la justicia y los asuntos de interior, la ayuda económica y cuestiones como la gobernanza, los derechos humanos y el Estado de derecho. 
Hemos intentado hacerlo a través del proceso de Barcelona, por ejemplo, dando un impulso a los países que ya participan en el proceso Agadir, animándoles a que no se detengan ahí y a que empiecen a armonizar sus normativas con las nuestras, y a que se impliquen más en nuestro propio mercado interior. 
Esta será la política que vamos a seguir. 
Hay una serie de países de Europa Oriental- podríamos llamarlos los NEI occidentales- que no han podido adherirse a la Unión Europea, por mucho que, como Moldova y Ucrania, han expresado su vocación europea. 
Espero que las propuestas que les planteamos en términos de comercio, economía y diálogo político amplíen el espacio económico y político común alrededor de nuestras fronteras. 
Sin embargo, en este documento no pretendemos resolver la cuestión de la pertenencia de esos países a la Unión Europea. 
Por último, me complace tener la oportunidad de responder a la pregunta de Su Señoría sobre esta cuestión, porque ya la hemos discutido en el pasado. 
Con bastante buen criterio pregunta sobre la coherencia de nuestros instrumentos financieros para las cuestiones transfronterizas. 
Le puedo asegurar que en nuestro documento encontrará la propuesta de un instrumento de vecindad, que abordará el tipo de problemas que ha mencionado. 
Mis colegas que se dedican a las cuestiones de la ampliación y regionales colaborarán con mi Dirección General y otras para intentar aplicar este nuevo instrumento de la forma más eficaz y menos perjudicial posible. 
Señor Presidente, no sabía que los diputados británicos a este Parlamento tuvieran fama de prolijos. 
El Presidente de la Comisión ha presentado la comunicación a grandes rasgos, así que quizá pueda hacer una pregunta al Comisario Patten en relación con dos detalles, puesto que los ha mencionado. 
¿Podemos estar seguros de que, como ha dicho el Presidente, no estamos intentando crear un nuevo telón de acero y de que, por ejemplo, no se pondrán más obstáculos a los acuerdos actuales sobre visados entre Polonia y Ucrania cuando Polonia pase a ser miembro de la Unión Europea? 
Veo que el Presidente de la Comisión asiente con la cabeza, y así ahorra tiempo para su respuesta. 
La segunda pregunta para el Comisario Patten es que, como los Estados miembros que están a punto de ingresar tienen gran experiencia en materia de relaciones con países como Ucrania, Belarús y Rusia, ¿no sería hora de crear una especie de grupo de trabajo? 
Entonces, estos nuevos Estados miembros podrían empezar a aportar su experiencia en materia de relaciones de política exterior con nuestros nuevos vecinos, quizá informando al Comisario Verheugen o incluso al propio Comisario Patten. 
Señor Presidente, creo firmemente que si al menos se ofrece a Ucrania, Belarús y Moldova una perspectiva de ingreso potencial a largo plazo, se promoverán las reformas necesarias que precisan sus economías, sus sistemas de gobernanza y de derechos humanos, y también se prestará apoyo a los políticos y a los partidos que comparten nuestros valores y aspiraciones. 
¿Retirará el Comisario Prodi su declaración, si es cierta, de que Ucrania no es más europea que Nueva Zelandia? 
Para los ucranios, esto es sin duda un disparate geográfico y una señal para su Gobierno de que deberían echarse a los brazos del oso ruso. 
Afortunadamente, Rusia no desea adherirse a la Unión Europea, pero Ucrania sí. 
No deberíamos excluir esta posibilidad, en particular si a finales del año que viene la Comisión aprueba el caso mucho menos convincente, en mi opinión, de la adhesión de Turquía. 
¿Puede aportar la Comisión más fondos para combatir la inmigración ilegal y los flujos a través de las fronteras de estos países, al margen de que desaprobemos a los Gobiernos que tienen en estos momentos? 
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, apoyo y acojo con agrado la declaración de la Comisión que expresa el deseo político de reforzar nuestras relaciones con los países vecinos. No obstante, pienso que la cuestión de las fronteras constituye un elemento de discordia en este clima de acercamiento. 
Señor Presidente, corremos cierto riesgo de incurrir en una petición de principio. 
La actual ronda de ampliación depende del resultado de ocho referendos que aún están por celebrar en Europa central y oriental. 
¿Cree la Comisión que es acertado dejar que estos países decidan por sí mismos, o bien que es aceptable intervenir política y financieramente en esta decisión? 
Hasta la fecha se ha celebrado un referendo, en el que la Unión Europea admite haber gastado 700 000 euros, una suma que, teniendo en cuenta el número de habitantes, equivale a gastarse 100 millones de euros en la Italia natal del Comisario Prodi o en el Reino Unido natal del Comisario Patten. 
Si las condiciones que ofrecemos a estos países son tan favorables, ¿por qué necesitamos dedicar tan colosales recursos para ayudarles a decidirse? 
Señor Presidente, creo que la Asamblea va a poder oír al Presidente después de que el Comisario de Asuntos Exteriores haya planteado una o dos cuestiones. 
En primer lugar, quiero asegurarle al Sr. Beazley que es no nos planteamos crear otro telón de acero en Europa. 
De hecho, esta comunicación está destinada en parte a contrarrestar toda idea de que se va a crear una fortaleza Europa con los 25 Estados miembros. 
Cuando se habla de relajar la concesión de visados, es importante tener en cuenta las condiciones en que esto les parezca aceptable a los Ministros de Interior. 
Uno de los aspectos en que se fijan no es simplemente la frontera entre el país que hace la solicitud y Europa, sino las demás fronteras de las que es responsable dicho país. 
Por ejemplo, cuando- espero que una vez hayamos cerrado el acuerdo de readmisión con la Federación Rusa- empecemos a hablar de la cuestión de los visados, una cuestión que se planteará una y otra vez es la seguridad de los miles de kilómetros de fronteras que tiene Rusia con otros países. 
Hay una serie de condiciones que preceden a todo debate serio sobre visados. 
Su Señoría también ha preguntado si vamos a intentar implicar a los países candidatos que aún no se han adherido, y si invitamos a estos países a participar en el debate. 
Hemos de repasar el proceso democrático, tal y como acaba de decir Su Señoría, pero en pocas palabras la respuesta es «sí». 
Una serie de países candidatos, por ejemplo Polonia con su reciente documento de discusión sobre la dimensión oriental, han formulado propuestas muy razonables y ponderadas. 
A partir del mes de abril, los candidatos a la adhesión asistirán a las reuniones de los Consejos de Asuntos Generales y de Relaciones Exteriores y escucharán los debates, así que espero que esto les ayude a concretar sus contribuciones a su debido tiempo. 
Sé que el Sr. Tannock está preocupado con Ucrania, como ha puesto de manifiesto en varias ocasiones. 
Como ha dicho el Sr. Prodi, este documento no es una definición de las fronteras geográficas de la Unión Europea, pero espero que nuestros amigos de Ucrania reconozcan los verdaderos esfuerzos que hemos realizado para ayudar a crear un espacio político y económico común que redundará en su beneficio. 
Quisiera que fuéramos capaces de establecer una relación más estrecha y favorable con Belarús. 
No es por culpa nuestra que no exista. 
Su Señoría conoce el estilo, los objetivos y las políticas del régimen de Belarús que no hace mucho propiciaron la poco afortunada prohibición de visados. 
En estos momentos todavía podemos aportar a Belarús ayuda para el desarrollo de la sociedad civil y espero que llegue el día, quizá después de las elecciones, si se realizan libre y justamente, en que podamos desarrollar nuestras relaciones con este país. 
No queremos que ningún país vecino nuestro se aísle por voluntad propia o de su régimen. 
He intentado responder a la pregunta de Su Señoría sobre una zona tampón. 
Hay que tener en cuenta todas las fronteras de otros países. 
Por último, Su Señoría, cuyo interés en esta cuestión no dudo en reconocer, debería admitir que muchos de nosotros creemos firmemente que cuando hablamos de la ampliación no solo hablamos de dinero. 
No solo hablamos de intereses comerciales, económicos o siquiera geoestratégicos. 
Para muchos de nosotros la ampliación es una cuestión moral. 
Su Señoría no debería preocuparse demasiado si nos parece que esto merece expresarse tan vigorosa y ampliamente como sea posible. 
Aunque he intervenido en su debate, no creo que los ciudadanos de Malta, conocidos por su valentía y su independencia de criterio, se dejen convencer por el anuncio ocasional en uno de sus periódicos, o siquiera, lo confieso, por la entrevista ocasional con el Comisario de Relaciones Exteriores. 
Es probable que les influyan mucho más las entrevistas con el Comisario de Ampliación, que habla mucho mejor que yo, pero espero que a medida que este proceso democrático se desarrolle por toda Europa, Su Señoría podrá ver cómo un país tras otro votan a favor de entrar. 
Solo dos observaciones más, ya que el Comisario ha respondido ampliamente casi todas las preguntas. 
Insisto: esta oferta, esta propuesta, esta estrategia política no implica para estos países la adhesión; no implica que se vayan a convertir en miembros de la Unión. 
No lo implica, pero tampoco lo excluye. 
No obstante, quisiera dejar muy claro que no acepto- o más bien, que acepto sólo hasta cierto punto- el argumento de que la posibilidad de convertirse en miembros de la Unión favorece el proceso democrático y la transformación interna de estos países. 
Esto me agrada, es positivo, pero no es suficiente para juzgar si un país debe convertirse o no en miembro de la Unión. 
Pertenecer a la Unión significa compartir también objetivos políticos concretos, compartir raíces e identidades, compartir mucho más que sentimientos democráticos. Esta es la observación que realicé a propósito de Nueva Zelanda. 
Nunca he afirmado que Nueva Zelanda sea más europea que Ucrania. Lo único que he dicho, y lo reitero, es que, si nos atenemos a criterios democráticos exclusivamente, no hay razón por la que Nueva Zelanda no pueda formar parte de la Unión. 
Sin embargo, hay consideraciones geográficas e históricas que tener en cuenta, así como objetivos políticos que un país debe compartir para poder ser miembro de la Unión. 
Por tanto, es evidente que esta posibilidad debe concederse cuando existan estos objetivos y se consoliden, y sean compartidos por estos países, además de por nosotros mismos. 
Por eso, estoy impaciente por que comience el debate sobre las fronteras de la Unión. 
Por último, quisiera tranquilizar a la Sra. Flautre y decirle que el objetivo es precisamente el contrario a la creación de centros de detención para inmigrantes de estos países, algo que, con toda la razón, se ha catalogado como peligroso. 
Hay distintas consideraciones éticas a propósito de la inmigración: la cooperación con estos países permitiría abordar la cuestión de la inmigración de manera más humana, más seria y menos traumática, y con una mayor participación de los países afectados. 
Es evidente que esto sólo se puede lograr con el anillo de amigos, mientras los inmigrantes vengan a Europa procedentes también de países muy lejanos. 
Es muy importante contar con un grupo de países con los que poder cooperar también en estas cuestiones delicadas, y es naturalmente nuestra responsabilidad garantizar que esto se haga con el debido respeto por los derechos de los emigrantes. 
Es mucho más fácil lograr este objetivo cuando hay cooperación que cuando no la hay. 
El debate queda cerrado. 
Pregunta nº 50 formulada por Bill Newton Dunn (H-0095/03): 
Asunto: Noticias sobre las cuotas nacionales para los jugadores de fútbol en la UE 
Los periódicos británicos, algunos de los cuales son conocidos por la inexactitud y el sensacionalismo con que informan acerca de cuestiones europeas, han anunciado que está previsto alcanzar próximamente un acuerdo entre la UEFA (Unión de asociaciones europeas de fútbol) y la Unión Europea destinado a limitar a un 50% el número de jugadores "extranjeros" de cada equipo. 
Por consiguiente, los clubes de fútbol de la Unión podrían verse forzados a incluir en equipos a, al menos, un 50% de jugadores nacionales del Estado miembro en cuestión. 
En vista de lo anterior, ¿puede confirmar la Comisión que estas noticias son inexactas, dado que un acuerdo de esta índole infringiría el principio fundamental de la libre circulación de los ciudadanos de la UE? 
La Comisión no conoce las noticias de la prensa del Reino Unido a los que hace referencia Su Señoría. 
En cuanto al límite impuesto al número de jugadores extranjeros, quisiera recordar lo siguiente. 
El Tribunal de Justicia Europeo decidió aplicar la normativa comunitaria sobre la libre circulación de trabajadores al mundo del deporte en el asunto Walrave en 1974, en el que el Tribunal sostuvo que el deporte está sujeto al derecho comunitario cuando constituye una actividad económica, llevada a cabo tanto por deportistas profesionales como aficionados. 
Esto lo confirmó el Tribunal en su ahora famosa sentencia de 1995 en el caso Bosman. 
En ese caso, el Tribunal también sostuvo que las cláusulas de nacionalidad solamente podrían justificarse en relación con determinados partidos oficiales entre equipos que representan a países, como los Juegos Olímpicos, o ciertos campeonatos mundiales o europeos. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la Comisaria por una respuesta que parece muy satisfactoria y felicitarle por los periódicos que decide leer o, mejor dicho, que decide no leer. 
Pregunta nº 54 formulada por Alexandros Alavanos (H-0066/03): 
Asunto: El plan Annan para Chipre y el acervo comunitario 
El Parlamento Europeo, en su resolución relativa al documento de estrategia y al informe de la Comisión sobre los progresos realizados por cada uno de los países candidatos en la vía de la adhesión (Acta de la sesión de 20 de noviembre de 2002) , con respecto al plan Annan para una solución política de la cuestión chipriota, "insta a la Comisión a que se pronuncie sobre si dicho plan puede constituir la base de un acuerdo viable y operativo en el marco de la Unión Europea de conformidad con el acervo comunitario". 
¿Podría confirmar la Comisión, que ha estudiado el mencionado plan, si es compatible con el acervo comunitario? 
¿Tiene la intención, y en tal caso, cuándo, de comunicar su punto de vista (con documentos que lo justifiquen) al Parlamento Europeo? 
Señor Presidente, sin duda Su Señoría sabrá que su importante e interesante pregunta oral lamentablemente ha quedado superada por los acontecimientos de las últimas 24 horas. 
Por lo tanto, con su permiso, quisiera aprovechar esta oportunidad para informarles de las últimas novedades. 
La Comisión lamenta que los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Kofi Annan, por encontrar una solución global al problema de Chipre hayan resultado infructuosos. 
La Comisión ha prestado pleno apoyo a este proceso y recuerda la buena disposición de la Unión Europea para facilitar una solución de acuerdo con los principios en los que se basa la Unión Europea. 
Independientemente de la preferencia de la Unión Europea por una solución política, la Comisión confirma que el proceso de adhesión seguirá según lo previsto de acuerdo con el calendario establecido. 
Ya se han emprendido todas las medidas jurídicas para que esto sea posible. 
En otras palabras, ahora presentaremos al Parlamento un protocolo que complemente el tratado de adhesión con Chipre y que establezca cómo se organizará la adhesión de Chipre en las circunstancias actuales. 
La Comisión toma nota de la declaración, que suscribe, del Secretario General de las Naciones Unidas de que el plan de paz seguirá sobre el tapete. 
La Comisión también está dispuesta a respaldar todos los ulteriores esfuerzos en este sentido. 
La Comisión anima a todas las partes implicadas, incluida Turquía en particular, a trabajar activamente en pro de una solución. 
La Comisión destaca su solidaridad con todos los chipriotas y aprecia la valentía con que los turcochipriotas han expresado sus convicciones europeas. 
La Comisión seguirá promoviendo proyectos en Chipre en beneficio de ambas comunidades, para reducir las desigualdades económicas en la isla y para sembrar confianza entre las dos comunidades. 
Quiero empezar dando las gracias a la Comisión y reconociendo el duro trabajo que ha realizado en relación con la adhesión de Chipre a la Unión Europea, así como reconocer la importancia del anuncio que ha hecho aprovechando esta oportunidad y hacer la siguiente pregunta: dado que, según lo previsto, las negociaciones con Turquía empezarán a finales de 2004, ¿es la resolución del asunto de Chipre una de las condiciones necesarias cuya realización exigirá una contribución positiva y constructiva de Turquía si desea integrarse? 
Además, ahora que esta fase del plan Annan ha llegado a su fin, ¿cree la Comisión que la Unión Europea y la Comisión quizá asuman un papel más protagonista en las negociaciones entre ambas comunidades? 
Señor Presidente, señor Alavanos, a finales de enero estuve en Ankara y al marcharme las autoridades turcas no albergaban duda alguna sobre la posible consecuencia de un fracaso de las conversaciones con Chipre. 
En las conversaciones que mantuve con el Primer Ministro y el líder del partido AK, y también con otras personalidades de la política turca, dejé claro que está previsto que la Comisión emita un dictamen y una recomendación a finales de 2004 sobre si Turquía cumple los criterios políticos para la adhesión y, en tal caso, que recomiende cuándo deberían empezar las negociaciones de adhesión con Turquía. 
He de decir que el problema de Chipre forma parte de estos criterios políticos para la adhesión. 
También lo hemos expresado claramente en la asociación para la adhesión con Turquía. 
Hoy puedo decir, con toda la cautela debida, que si a finales de 2004, cuando la Comisión deba presentar su informe y su recomendación, la situación en Chipre sigue igual, es decir, exactamente igual que hoy, entonces la situación sería que un país, Turquía, que desea negociar la adhesión con nosotros no reconoce sin embargo a uno de nuestros Estados miembros, Chipre. 
Me resulta muy difícil imaginar cómo, en esta situación, podría la Comisión emitir un dictamen positivo sobre el inicio de las negociaciones de adhesión con Turquía. 
Pido disculpas por mi incapacidad para ser más claro, y, de hecho, por no querer ser más claro, pero creo que lo que he dicho se ha entendido suficientemente. 
Si se considera que lo que acabo de decir está relacionado con lo que he dicho sobre el protocolo, entonces esto significa que evidentemente todavía hay una oportunidad de encontrar una solución de aquí a finales de 2004. 
Por este motivo, las Naciones Unidas y la Unión Europea dicen que el fracaso de ayer no implica que el problema de Chipre ya no tenga remedio, sino que, por supuesto, tan pronto como lo permita la situación política se podrán reanudar las conversaciones sobre el plan. 
Es muy importante que el plan de las Naciones Unidas siga sobre el tapete. 
Permítanme hacer una observación más: la última versión del plan de las Naciones Unidas es una oferta sumamente favorable, especialmente para los turcochipriotas. 
Estoy plenamente convencido de que nunca habrá una oferta mejor o una solución mejor para los turcochipriotas que esta. 
Por este motivo es muy importante para los turcochipriotas que las Naciones Unidas digan que el plan permanecerá sobre el tapete. 
Celebramos que así sea. 
Señor Alyssandrakis, no estoy de acuerdo con usted en que la adhesión de Chipre, en la forma actualmente propuesta, significará una división de derecho de la isla. 
El protocolo que ya he mencionado varias veces deja del todo claro que el derecho comunitario no se aplicará en las zonas de Chipre en que el Gobierno de la República de Chipre no puede ejercer un control efectivo. 
Pero esto no equivale a reconocer dos Estados chipriotas. 
Como el resto de la comunidad internacional, seguimos considerando que el Gobierno de la República de Chipre es el representante de toda Chipre, su único representante legítimo de acuerdo con el derecho internacional. 
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el conjunto de Chipre pasará a ser miembro de la Unión Europea. 
En la práctica, el derecho comunitario no podrá aplicarse en una parte del territorio de Chipre mientras no haya una solución política. 
Cuando haya una solución política, sea cuando sea, todo lo que se necesitará será una decisión unánime del Consejo y el conjunto de Chipre pasará a ser Estado miembro, tanto de hecho como de derecho. 
No necesitaríamos celebrar más negociaciones. Ni se precisaría otro Tratado, ni renovar la ratificación. 
Todas estas cuestiones figuran en el protocolo, que es parte integrante del Acta de Adhesión. 
¿Qué puede hacer la Comisión para mejorar la situación? 
Creo que lo más importante que podemos hacer es seguir cooperando intensamente con Turquía, seguir utilizando todos los medios a nuestro alcance para animar a Turquía a que emprenda reformas políticas, económicas y sociales y que cumpla los criterios políticos de adhesión. 
Es lo único que podemos hacer. A fin de cuentas es lo único que servirá de algo. 
Señor Presidente, quisiera pedirle que planteara de nuevo mi pregunta, por el siguiente motivo: he estado aquí a las 17.30 horas y el debate estaba en pleno apogeo. 
Entonces he ido a otra reunión. 
Tan pronto como he visto que empezaba el turno de preguntas y que el Sr. Prodi había terminado de hablar, he venido corriendo de esa reunión, pero la primera parte, que según nuestros documentos iba a durar 30 minutos, ya había acabado. 
Por ello imploro su indulgencia. 
En casos como este es muy difícil, incluso para alguien como yo, que se esfuerza por asistir siempre al turno de preguntas, estar aquí puntualmente para participar en este procedimiento. 
Por ello, le ruego que plantee de nuevo mi pregunta. 
Mire, Sr. Posselt, créame que lo lamento porque usted es uno de los diputados más comprometidos en este turno de preguntas, pero en la sala hay varios diputados a los que les ha ocurrido lo mismo y el Reglamento dice que hay que estar presente cuando se contesta la pregunta. 
La pregunta ha decaído y el Reglamento no ofrece otra oportunidad porque, entonces, sentaríamos un precedente. 
Comprendo su razonamiento, pero no puedo atenderlo, ni el suyo ni lo que me va a decir ahora el Sr. Salafranca. 
Le voy a dar la palabra al Sr. Salafranca para una cuestión de orden; pero, por ejemplo, el Sr. Lamy ya se ha ido. 
Todo eso lo sé. 
Pero el Reglamento dice que decaen las preguntas. 
Señor Presidente, me alegra mucho que sepa usted lo que le voy a decir, porque no pensaba decirle lo que usted ha manifestado. 
Simplemente digo que la interpretación que hace usted del Reglamento es correcta y que la pregunta, cuando no está el autor, decae. 
Quería subrayar que yo estaba muy atento en una sala de enfrente viendo la pantalla en la que se señalaba el turno de oradores y que la pregunta nº 51, que era la anterior a la mía, no se ha reflejado en la pantalla. 
He visto la primera, no he visto la segunda. 
El orador no estaba presente y la espera del Sr. Lamy no ha sido muy larga, porque me lo he encontrado al salir. 
Por lo tanto, señor Presidente, sin imputarle a usted ninguna responsabilidad en el desarrollo del debate- aunque sería deseable que no se cambie el orden del día- le rogaría que pidiese a los servicios de la Cámara que la pantalla y el monitor funcionen correctamente, para que este tipo de situaciones no se vuelvan a reproducir. 
Le agradezco que haya usted mejorado en mucho lo que yo pensaba que iba a decir. 
Siempre es importante que se pueda equivocar el Presidente en las apreciaciones. 
Tienen ustedes muchas razones y me las han explicado. 
Le voy a pedir a la Comisión que estas preguntas se las contesten por escrito dadas las circunstancias extraordinarias, pero no va a ver contestación oral. 
Señor Presidente, solo quiero aclarar tres cosas: en primer lugar, el Comisario Verheugen aún está aquí. 
En segundo lugar, y esto también es importante, en el último período parcial de sesiones hizo usted una excepción. 
Comprobaré en el Acta de qué diputado se trataba. 
Recuerdo muy bien que se sentó este precedente. 
En tercer lugar, quisiera solicitar que el turno de preguntas empiece, como en años anteriores, a las 17.30 horas en punto, independientemente de lo que ocurra en el pleno. 
Es lo que se ha hecho en esta Asamblea durante casi 20 años y era algo de lo que estábamos seguros. 
Pero no puedo aceptar que se sea descuidado con la hora de empezar, para después ser estricto a la hora de aplicar esta norma y radical a la hora de interpretarla. 
O es usted liberal en ambos casos o es estricto en ambos casos. 
Yo le ruego que sea la última cuestión de orden, porque vamos a ocupar más tiempo que si contestáramos las preguntas. 
Señor Presidente, quiero agradecerle su buen deseo de que la Comisión responda por escrito a mi pregunta, pero yo prefiero que, con arreglo al Reglamento, mi pregunta decaiga. 
La volveré a presentar para la sesión próxima porque prefiero que haya un debate en el hemiciclo. 
Al Sr. Posselt solamente le puedo decir que en ese caso, que era muy diferente al de hoy, dejé bien claro que no sentaba precedente y espero que también conste en el Acta. 
Pero usted recordará que dije que no sentaba precedente. 
Pregunta nº 55 formulada por Brian Crowley (H-0082/03): 
Asunto: Violación de las reglas del libre mercado en la República Checa en el ámbito de la distribución de periódicos y revistas 
El artículo 81 del Tratado prohíbe formalmente los acuerdos entre empresas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y susceptibles de impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. 
¿Tiene conocimiento la Comisión del acuerdo alcanzado entre diversas empresas del sector de los medios de comunicación que operan y tienen su sede social en la Unión Europea, acuerdo que les ha permitido convertirse en accionistas mayoritarios en la sociedad První novinová spolecnost, una sociedad anónima por acciones de la República Checa? 
Asimismo, ¿tiene conocimiento la Comisión de que este acuerdo les permite monopolizar el mercado fijar los precios de distribución, el contenido y la composición de los periódicos y revistas, de hecho, tomar el control absoluto del mercado de distribución de periódicos y revistas en la República Checa, lo que menoscaba el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación? 
¿Reconoce la Comisión que sus actividades comprometen seriamente el futuro de su único competidor, Mediaprint& Kapa Pressegrosso, no solamente en el territorio checo sino también en relación con las importaciones de periódicos y revistas provenientes de Alemania, Austria e Italia, así como la distribución de dichos periódicos y revistas en otros Estados miembros de la UE? 
¿Qué medidas adoptará la Comisión para garantizar la libre competencia y un sistema de comercio equitativo en la República Checa? 
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por su breve respuesta. 
Sin embargo, señor Comisario, no ha respondido usted a los aspectos básicos de la pregunta. 
El motivo por el que he aportado tanta información- igual que usted, yo he tenido acceso a esta información- es que podría tratarse de un intento por parte de una empresa privada o de grupos de empresas privadas de distorsionar el mercado antes de que el derecho de la Unión Europea entre en vigor plenamente e interfiera de manera que después no pueda adoptarse ninguna medida. 
Señor Comisario, quisiera conocer, en primer lugar, la respuesta de su Dirección General a este tipo de acción, y, en segundo lugar, si existen otros mecanismos, además de acudir a las autoridades checas, que puedan utilizarse en el futuro para impedir este caso particular y, asimismo, casos similares que actualmente suponen una amenaza en Polonia, Hungría y Eslovenia. 
Asunto: Negociaciones de adhesión con Eslovaquia y situación de las minorías romaníes 
En su Resolución de 20 de noviembre de 2002 (apartado 114) , el Parlamento Europeo pidió al Gobierno eslovaco que abordara con energía los problemas de discriminación de las minorías romaníes, en particular para eliminar posibles prácticas discriminatorias de instituciones estatales y autoridades públicas. 
A finales de enero de 2003, el Centro para los derechos reproductivos (Centre for Reproductive Rights) publicó un informe de investigación que indicaba prácticas de esterilización forzada de mujeres romaníes en el sistema eslovaco de sanidad. 
¿Comparte la Comisión el punto de vista de que estas prácticas suponen una violación de los criterios de Copenhague y de los artículos 1, 3, 4 y 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? 
¿Tiene la Comisión la intención de solicitar al Gobierno eslovaco que proceda a una investigación exhaustiva y que tome medidas referentes a estas prácticas de esterilización forzada, que constituyen una grave violación de los derechos humanos? 
Señor Presidente, doy las gracias al Comisario por los pasos que ya ha dado en este asunto. 
Podrá comprobar, señor Comisario, que absolutamente nada de lo que dicen las personas del Centro de Derechos Reproductivos, que han llevado a cabo esta investigación, es absurdo o inventado. 
Por eso me ha sorprendido la respuesta del Gobierno eslovaco de que estas prácticas ya no se mantienen. 
Quisiera insistirle en que solicite una investigación independiente del Gobierno eslovaco y también que exija que suspendan los procedimientos contra esta organización, que ha realizado un trabajo serio. 
El hecho es que, en estos momentos, es el demandante quien está en el banquillo de los acusados. 
Señor Presidente, quiero agradecer al Comisario su respuesta y felicitar a la Sra. Van Lancker por sacar esto a colación. 
En referencia a una cuestión un poco más amplia, he estado, si bien hace más o menos un año, con una delegación del Parlamento en Bratislava y Kosice, donde examinamos las condiciones del pueblo romà que vive allí. 
Vi que, a pesar de los compromisos del Gobierno, sigue habiendo discriminación, en parte porque parece estar arraigada en la sociedad y casi institucionalizada. 
Las condiciones de los romà son peores, tienen menos servicios e instalaciones, no gozan ni mucho menos de las mismas oportunidades y en general están más marginados de la sociedad, por ejemplo en los colegios, donde no había ni rastro de enseñanza en su lengua materna, ni rastro de profesores romà. 
Como criterio para la adhesión a la Unión, ¿se verifica seriamente y de modo independiente el respeto de las lenguas y culturas minoritarias y, en tal caso, quién lo hace y cómo? 
¿Cómo piensa responder la Comisión a las críticas que puedan formularse? 
Señor Presidente, quiero agradecer al Comisario sus respuestas. 
Es verdaderamente muy convincente en este asunto. 
Sin embargo, también quiero dar las gracias a quien ha planteado la pregunta. 
Voy a formular una pequeña y quizá ingenua pregunta complementaria: ¿no sería posible que la Comisión o incluso la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades invite a una de estas mujeres a venir aquí y que nos explique qué está ocurriendo realmente? 
Me gustaría hablar con esa mujer en persona. 
Quizá también a la Comisión le interesaría escuchar un relato individual, cara a cara, de la situación. 
Señora Flemming, el Parlamento es por supuesto libre de adoptar sus propias decisiones y me parecería una iniciativa interesante si secundara la propuesta que acaba usted de hacer. 
En tal caso, la Comisión estaría muy agradecida de tener esta oportunidad de recibir esa información de primera mano. 
Vamos a iniciar la segunda parte de este turno de preguntas, a las que responderá el Comisario Sr. Fischler. 
Preguntas dirigidas al Sr. Fischler 
Pregunta nº 57 formulada por Bart Staes (H-0067/03): 
Asunto: Garantía de distribución de alimentos a las personas más necesitadas 
El Comisario Fischler, en su respuesta a la pregunta E-1695/02 
Señor Presidente, Señorías, la pregunta planteada por el Sr. Staes versa sobre la distribución de alimentos a personas necesitadas en Bélgica. 
Es a todas luces un asunto que compete a los Estados miembros, y por tanto, en este caso, compete a las autoridades belgas. 
Los fondos aportados al programa de 2002 en Bélgica no eran inferiores a los de 2001. 
Por el contrario, se aumentó la financiación de alrededor de 2,3 millones de euros a 3,5 millones de euros, precisamente para que pudiera distribuirse carne de vacuno, que también estaba disponible en 2002, sin que ello supusiera reducir la cantidad de los otros alimentos facilitados. 
La reducción de la cantidad que se ha puesto a disposición de la Federación Belga de Bancos de Alimentos se debe al hecho de que las autoridades belgas han dividido los alimentos disponibles de manera diferente a años anteriores. 
Señor Presidente, Comisario, me ha sorprendido bastante su respuesta, porque, está claro, todo se reduce a hacer malabarismos con las cifras. 
Todo lo que sé es que estas organizaciones de distribución de alimentos están formadas por personas muy comprometidas, muy sensibilizadas socialmente y también muy bien predispuestas con respecto a Europa. 
En cualquier caso, nos han dicho, respondiendo a una pregunta anterior, que ya se había informado de los problemas, y yo he hecho una pregunta a este respecto junto con la Sra. van Lancker, la Sra. Maes y, creo, la Sra. van Brempt. 
En su respuesta ha dicho usted que se distribuyen tantos alimentos como antes y entonces nos encontramos con la desconcertante evaluación de que, de hecho, se están distribuyendo 750 toneladas menos. 
Repito mi pregunta: ¿puede usted confirmar que, en términos cuantitativos, no hablo de cifras o valores, en 2002 había tantos alimentos disponibles como en años anteriores? 
¿Lo he entendido bien? 
Si en efecto lo he entendido bien, entonces plantearé más preguntas al Gobierno belga a través de la comisión asesora federal para asuntos europeos de la Cámara y el Senado y con mis colegas diputados al Parlamento Europeo. 
Señor Staes, en mi intervención he hablado de cantidades de dinero y no de toneladas. 
Sin embargo, también he dicho que en este asunto debe usted tener en cuenta tres cosas diferentes. 
Primero, como he dicho antes, son las autoridades belgas las responsables de dividir los alimentos entre las diferentes organizaciones caritativas, que entonces las entregan a los grupos desfavorecidos. 
La cantidad que recibe cada una de las organizaciones la deciden por tanto las autoridades belgas, y puede muy bien ocurrir que la organización que ha mencionado usted haya recibido menos, pero esto supone que otra organización ha recibido más. 
Sin embargo, la única forma de saberlo es poniéndose en contacto con las autoridades belgas. 
La segunda cuestión es que también existe un vínculo entre la Comunidad y Bélgica, porque, como ya se sabe, hemos concedido una subvención económica, pero no se la damos a la organización individual, sino al Estado miembro. 
Entonces delegamos en el Estado belga la responsabilidad de dividir estos recursos entre las organizaciones caritativas de acuerdo con sus prioridades particulares. 
Señor Presidente, Señorías, la Comisión tiene muy presente el problema planteado por el Sr. Sterckx en su pregunta. 
Estoy de acuerdo: es cierto que la definición de días de pesca en el plan temporal de recuperación del bacalao es muy poco flexible. 
Lo aceptamos y estamos estudiando la modificación del Anexo XVII porque de esta forma podremos resolver el problema. 
También puedo decirle que convocamos a todos los responsables de este sector en Bruselas el pasado lunes por la mañana. 
El mismo lunes hablamos de esta cuestión con representantes de los Estados miembros y también lo hemos hecho hoy. 
Estamos seguros de que encontraremos una solución a este problema que tenga en cuenta la situación práctica. 
Sin embargo, quisiera pedirle que sea más concreto. 
Afirma usted que espera que se llegue a un resultado. 
Las bases, las personas que van al mar, preguntan: ¿cuándo vamos a hacer algo concreto? 
¿Podrían darnos ustedes una fecha para que podamos emprender específicamente una política muy práctica, por ejemplo, una política basada en horas y no en días, de forma que el caso de las personas que salen por la tarde y empiezan realmente a trabajar al día siguiente se considere de acuerdo con el número de horas? 
¿Puede usted concretar más? 
¿Qué tipo de resultado han logrado con los acuerdos que han establecido en las reuniones de hoy y ayer? 
Señor Vermeer, si así lo desea puedo ser todavía más concreto. 
No estamos posponiendo este problema; queremos cambiarlo de arriba abajo. 
Simplemente hemos estado esperando a reunirnos con todos los implicados, los representantes del sector pesquero. 
Comisario, a los pescadores escoceses y otros que faenan al norte de 55º de latitud norte se les impone una restricción de 15 días, lo que consideran difícil de aceptar, sobre todo cuando ven a los pescadores industriales recoger millones de toneladas de lanzones y fenecas, ambos alimentos para sus pescados blancos, y en muchos casos alevines de eglefino y otros pescados blancos. 
¿Cómo puede usted justificar esto ante los pescadores de Escocia? 
Señor Presidente, la cuestión que ha planteado el Sr. Purvis no guarda relación alguna con la cuestión que hemos discutido aquí. 
Este es un debate general sobre los medios con los que podemos, por un lado, recuperar nuestras poblaciones de bacalao en peligro y, por otro lado, hacerlo de tal forma que evitemos graves problemas a los pescadores afectados. 
Volviendo ahora concretamente a la cuestión de la pesca industrial, solo puedo decir que hemos estudiado esta cuestión durante años. 
También hemos recibido informes relevantes de científicos a fin de determinar si la pesca de anguilas está, por decirlo así, quitando la comida a los alevines, en particular a los alevines de bacalao. 
Nos han indicado que esto solo es cierto en una parte muy pequeña. 
Además, también podrá usted comprobar en los estudios que las poblaciones de anguilas siguen siendo muy grandes y que no disminuyen. 
Estas poblaciones son de hecho estables; ahí no hay ningún problema. 
Hay un problema con la pesca industrial, que es el peligro de capturar el bacalao de forma accidental. 
Sin duda es importante supervisar lo que ocurre en este terreno. 
Sin embargo, los expertos nos dicen que estas capturas accidentales han disminuido drásticamente gracias a las nuevas tecnologías de pesca y que en el futuro será posible eliminarlas casi por completo. 
Pregunta nº 59 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0090/03): 
Asunto: Jóvenes agricultores y reconocimiento de derechos históricos de explotación en la nueva propuesta de reforma de la PAC 
En relación con la nueva propuesta de reforma de la PAC y en lo que se refiere a las ayudas totalmente desacopladas de la producción, con pago a los agricultores por derechos de explotación, ¿cómo encajar en esta propuesta a los jóvenes agricultores? ¿recibirán ellos también una ayuda por derechos históricos? ¿se ha olvidado la Comisión de los jóvenes? 
Muchas gracias, señor Comisario, por esta respuesta muy positiva y clarificadora, en unos momentos en los que en el campo existe una gran incertidumbre. 
No obstante, dada la importancia del tema, yo creo que debería facilitarse más información. 
Por ello, mi pregunta complementaria es: ¿prevé la Comisión informar y orientar directamente a los agricultores sobre las ventajas y mejoras de la reforma que usted está proponiendo? 
Lo digo con conocimiento de causa porque, en mi país, están proliferando parodias en las que se dice constantemente a los agricultores que el desacoplamiento es que, cuanto menos trabajen, más cobran y que cobrarán más cuanto más se «rasquen la barriga» , literalmente, con esta terminología. 
Por tanto, señor Comisario, si queremos que los agricultores conozcan sus propuestas, teniendo en cuenta que la estrategia del ministro de Agricultura español está siendo una oposición frontal, creo que debe considerar esta pregunta y que la Comisión debe plantear medidas para informar directamente, porque lo que se está haciendo actualmente en España son parodias irrisorias. 
Pregunta nº 60 formulada por María Esther Herranz García, a quine sustituye la Sra. Redondo Jiménez (H-0109/03): 
Asunto: Importaciones de productos agrícolas y reforma de la PAC 
La reforma de la Política Agrícola Común que ha propuesto hace unas semanas la Comisión Europea condiciona estrictamente las ayudas comunitarias a la seguridad alimentaria, el bienestar del ganado, el medio ambiente y la seguridad en el trabajo. 
De salir adelante la propuesta, los agricultores se verían penalizados si incumplieran alguna de las cerca de 40 directivas que deben respetar. 
La reforma que propone la Comisión supondrá un aumento considerable de los costes de producción, que estará sólo en parte compensado a través de la nueva medida de acompañamiento prevista en el capítulo de Desarrollo Rural para ayudar a los agricultores a respetar esa normativa. 
Las nuevas ayudas que propone la Comisión Europea dentro del Desarrollo Rural constituyen una solución parcial y transitoria pues son de carácter degresivo. 
¿Tiene previsto la Comisión Europea aplicar las mismas exigencias a las importaciones agrícolas procedentes de países terceros para evitar que los productores comunitarios compitan en el mercado en inferiores condiciones? 
¿Qué medidas tiene previsto introducir la Comisión Europea para paliar esa situación? 
El Sr. Comisario nos acaba de decir solamente lo que podía. 
Sin embargo, se ha guardado otras cosas en el tintero que ya han sido debatidas en los comités especiales de agricultura. 
Por ejemplo, respecto al arroz, sabe que ha bajado un 60% el precio de intervención, que la producción interna está estabilizada y que el consumo se ha incrementado un 20%. 
Y, sin embargo, desde hace cinco años, la situación es insostenible para los productores de arroz, que ven un futuro cada vez más negro, debido a las decisiones EBA (Everything but arms) y a las importaciones del arroz basmati, que no se corresponde ni con sus características ni con sus orígenes. 
Igualmente podríamos hablar de ajos, champiñones, miel, tomate, arroz, vino, destilados de zumos, etc., y constataríamos que la calidad, la seguridad de los productos que se importan, así como los métodos de producción, tanto los correspondientes al bienestar animal como los que garantizan la calidad y el medio ambiente, no están sometidos a control alguno. 
Por lo tanto, le pregunto cuáles son las medidas suplementarias que corresponden a la supervisión de la Comisión, para que no me conteste que el control corresponde a los Estados miembros. 
Vamos a seguir con el arroz. 
EBA: Everything but arms. 
Si los 40 países más pobres del mundo son pobres, se mueren de hambre, ¿por qué motivo tienen que mandarnos el arroz? 
¡Que se lo coman y así no pasarán hambre! 
Pero, esta es mi pregunta: ¿cómo pueden el Comisario y la Comisión Europea evitar, por ejemplo, que Viet Nam, que está dentro de los países EBA (Everything but arms) , no introduzca su arroz por las fronteras de Tailandia y este país lo meta en la Unión Europea? 
¿Cómo podemos garantizar eso? 
¿Cómo se puede controlar? 
¿Le ponemos una etiqueta a cada grano de arroz? 
¿Cómo evitamos que los 40 países más pobres del mundo, a través de multinacionales que todos conocemos, importadoras de arroz, algunas de ellas de aquí, a través de esos países pobres nos metan esos productos y destrocen nuestros mercados? 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nº 61 a 95 recibirán respuesta por escrito 
Informe (A5-0051/2003) del Sr. García-Margallo y Marfil, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la situación de la economía europea (informe preparatorio para la Recomendación de la Comisión sobre las orientaciones generales de las políticas económicas) ((2002/2287 (INI) ); 
Informe (A5-0047/2003) del Sr. Trentin, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la evaluación anual de la realización de los programas de convergencia y estabilidad (2002/2288 (INI) ); 
Informe (A5-0037/2003) del Sr. Schmidt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el informe de la Comisión: Informe de Convergencia 2002- Suecia (COM (2002) 243- C5-0326/2002- 2002/2170 (COS) ); 
Informe (A5-0018/2003) del Sr. Dos Santos, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la Comunicación de la Comisión sobre las finanzas públicas en la UEM (2002) (COM (2002) 209- C5-0324/2002- 2002/2168 (COS) ). 
. 
(ES) Señor Presidente, bienvenido a la sesión, señor Comisario, sean mis primeras palabras de agradecimiento a todos los Grupos parlamentarios que han colaborado estrechamente para que hoy podamos ofrecer al Parlamento un texto claro, que se centra en la acción y no en las palabras, en acelerar y no en retrasar la estrategia acordada en Lisboa, en Gotemburgo y Estocolmo para devolver la confianza a los mercados europeos y poder así acelerar nuestro crecimiento con un objetivo muy claro, subrayado en el primer apartado: aumentar la creación de puestos de trabajo, que es la condición necesaria para compensar el envejecimiento y mantener nuestro modelo social. 
En segundo lugar, quisiera señalar tres límites estrictos a las políticas de demanda, que se incluyen en la política a corto plazo: mantener la estabilidad macroeconómica, mantener la competitividad europea en un mundo cada vez más globalizado y reducir la deuda pública, para liberar así recursos que deben destinarse a la inversión y hacer una hucha para la previsión social futura. 
La segunda de las ideas claves es aumentar la coordinación; por eso damos la bienvenida a las estrategias tendentes a examinar conjuntamente las orientaciones económicas y las orientaciones de empleo, pero nos gustaría integrar además las políticas presupuestarias y las políticas de oferta, que permanecen en manos nacionales, para hacer así un marco que pudiese servir de fundamento a las discusiones de los presupuestos, tanto el de la Unión Europea como los nacionales. 
En materia de política monetaria, que es el siguiente apartado, el informe subraya que el Banco Central Europeo debe seguir vigilante la evolución de los precios, habida cuenta de la inflación subyacente en el sector de los servicios. 
Pero dice algo más, dice que todos los demás, especialmente los Gobiernos nacionales, tienen que hacer sus deberes: mantener la evolución de los salarios ligada a la productividad, introducir medidas en la transparencia de precios y reformar sus estructuras para aumentar la productividad, para así dar margen al Banco Central Europeo, un margen adicional, en el supuesto de que se estime necesario reducir los tipos de interés, sobre todo si se quiere adecuar los tipos de cambio a las necesidades de las exportaciones europeas. 
En materia de política presupuestaria, el mensaje me parece igualmente claro. 
Este Parlamento subraya su compromiso, mantenido a lo largo del tiempo, con el pacto de estabilidad y crecimiento. 
Saluda, en segundo lugar, los esfuerzos de la Comisión para interpretar este pacto, para evaluar la situación presupuestaria de cada uno de los países miembros, teniendo en cuenta el volumen de la deuda y la calidad del gasto, muy especialmente cuando este sea un gasto de inversión, coherente con las estrategias de Lisboa, Estocolmo y Gotemburgo. 
En tercer lugar, lamenta la falta de aplicación, la falta de diligencia de los Gobiernos pródigos, que, bordeando el peligro del déficit excesivo, no parecen querer hacer ningún esfuerzo para reducir los déficit estructurales. 
Y, finalmente, como llamamiento expreso a la Comisión, la insta a tener un papel más vigilante en las épocas de bonanza para prevenir el temporal. 
En cuanto a la política de reforma estructural, subrayamos que la falta de inversión es la clave, la explicación más definitiva de nuestro retraso respecto a los Estados Unidos, especialmente la inversión en nuevas tecnologías. 
Por eso, pedimos que se establezcan en las orientaciones económicas objetivos cuantificados en materia de inversión, pública y privada, y que se fomenten las inversiones en el sector privado en estas tecnologías, fundamentalmente a través de deducciones fiscales, ligada a la obtención de beneficios y no a las subvenciones, que no se sabe muy bien a qué actividades se destinan. 
Se hace un llamamiento en favor de una política industrial nueva, porque no solo de servicios vive el hombre, así como un esfuerzo en materia de energías renovables, en las que no tengo que insistir, dado el clima internacional. 
En materia de pequeña y mediana empresa, se insta a la Comisión a seguir con los objetivos de la Carta de Feira, a facilitar su creación en 24 horas a través de las nuevas tecnologías, a postular por un aplazamiento de impuestos en los primeros años de andadura, a simplificar su funcionamiento, especialmente en el entorno administrativo, y a ejercer una estricta vigilancia en materia de financiación en las negociaciones de Basilea II, a acentuar el papel del Fondo Europeo de Inversiones y a establecer una red de garantías que les permita el acceso a los mercados. 
En materia de la liberación de los mercados, transposición y, por tanto, acentuar los mecanismos sancionadores para los Estados que no cumplan, aumentar la competencia en los sectores privatizados, liberalizar las redes de energía y especialmente su conexión. 
En mercados financieros estamos sustancialmente de acuerdo. 
Saludamos los esfuerzos en materia de fiscalidad y pedimos un esfuerzo adicional para llegar al IVA en origen y una base consolidada en impuestos sobre sociedades y pedimos la representación más estricta del euro en los foros internacionales y una denominación en esta moneda de las energías. 
Muchas gracias, señor Comisario, espero que el mensaje sea claro y bien aceptado. 
Gracias de nuevo a todos los Grupos y al Presidente por su paciencia. 
Señor Presidente, representantes del Consejo, Comisario, Señorías, el excelente informe del Sr. García-Margallo destaca la necesidad de ajustar, a partir de ahora, las amplias directrices de política económica y los objetivos relacionados con la coordinación de las políticas económica y social, a los objetivos fijados en las decisiones del Consejo Europeo de Lisboa, en particular en lo relativo a la inversión en investigación, el aprendizaje continuo y la infraestructura europea, y también a la garantía de la eficacia de los servicios públicos salvaguardando al mismo tiempo el interés general al que deben servir, y, además, en lo relativo a una estrategia de vejez activa que contribuya a propiciar un aumento sustancial de la población activa y del empleo. 
Esta decisión, que exige que se contemplen elementos preceptivos en la aplicación de la estrategia de Lisboa en el marco de las directrices de la política económica, no puede dejar de afectar, y este es el asunto sobre el que versa mi informe, al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que carece de indicadores preceptivos relacionados precisamente con el crecimiento y la calidad del crecimiento o la coordinación de las políticas presupuestarias, tal como señala con razón el Sr. dos Santos. 
Mi pregunta explícita sobre esta cuestión, señor Comisario, concierne a la compatibilidad de los objetivos de Lisboa con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
¿Preocupan los objetivos de Lisboa también a los Estados de la UEM y en qué medida lo hacen, y si este es el caso, cómo podemos lograr que sean tan preceptivos como los objetivos fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? 
Si la respuesta a la pregunta es afirmativa, como creo que lo es, entonces se plantea el problema de cómo coordinar y reconciliar los diferentes ámbitos de intervención de la Unión con respecto a la política económica, la política social y de empleo, el desarrollo sostenible, la estabilidad financiera y el crecimiento, y cómo lograr una interacción sinérgica entre ellas. 
Evidentemente, no es una cuestión de procedimiento, sino una opción que tiene que afectar a los objetivos del Pacto de Estabilidad y a la forma en que se aplica. 
De hecho, en este nuevo contexto, la aplicación del Pacto de Estabilidad no puede centrarse únicamente en esos períodos en que existen riesgos evidentes de desviación de los objetivos y limitaciones del Pacto en relación con el déficit presupuestario o la deuda pública, limitaciones que no tenemos intención de poner en tela de juicio, especialmente en este período difícil e incierto. 
De hecho, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debería frenar el comportamiento de los Estados de la UEM también en períodos de crecimiento, a fin de evitar decisiones que se desvíen de los objetivos de Lisboa y allanen el camino, precisamente en estos períodos, a una desviación todavía mayor de los objetivos del Pacto de Estabilidad. 
La Comisión ha de reconocer la diferencia que hay entre una política económica que favorece los gastos regulares frente a la inversión pública y privada en períodos de crecimiento y una política que busca alcanzar los objetivos de Lisboa en etapas claramente acotadas entre hoy y 2010 en los ámbitos de investigación y desarrollo, formación e infraestructuras europeas integradas. 
También debe percatarse de la diferencia, en momentos de crisis o en caso de guerra, entre una política económica que intenta reducir la presión fiscal en general y una política que impulsa la inversión pública y privada, que la propia Comisión debería poder ver que redunda en interés común, no solo porque está relacionada con proyectos europeos imbuidos del espíritu de Lisboa. 
En este punto es necesario determinar si la inversión destinada a contribuir al logro de los objetivos de Lisboa empeora más las cosas en lugar de mejorarlas en caso de riesgo de desviación del límite del 3%, y si no puede compatibilizarse con un mayor rigor financiero para cumplir los criterios del Pacto de Estabilidad. 
Espero que se tengan en cuenta todas las consideraciones y oportunidades similares de modo conjunto en el próximo Consejo de Primavera, y, para concluir, quisiera decir tranquilamente que es preciso que haya coordinación institucional de las políticas económica y social en la zona euro, una coordinación capaz de adoptar decisiones por mayoría y de demostrar, entre otras cosas en la labor de la Convención, que la ampliación de la Unión, que estamos dispuestos a lograr como sea, no dificultará el avance o debilitará la vitalidad de la Unión Europea en su búsqueda de nuevas formas más avanzadas de integración. 
Señor Presidente, los políticos que lanzaron la UEM fueron valientes y tenían visión de futuro. 
Muchos creían que el proyecto fracasaría. 
Algunos incluso esperaban que eso ocurriera. 
Sin embargo, sus temores han resultado infundados. 
La UEM ha sido todo un éxito. 
Ahora, no obstante, es preciso que los Estados miembros efectúen nuevas reformas, y que cumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
En general, la introducción del euro ha sido un proceso indoloro, especialmente en términos de la gran labor logística que ha supuesto. 
Desde luego, ha habido quejas sobre el aumento de precios, pero el nivel general de precios no ha aumentado. 
Sin embargo, quizá se precise más investigación, cosa que ahora solicitamos en este informe. 
Tres de los Estados miembros de la Unión Europea siguen estando fuera de la tercera fase de la UEM: Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia; en el caso de esta última no hay reglas de excepción especiales. 
El informe de hoy trata de Suecia y del informe de convergencia bianual de la Comisión. 
Creo que, como espero que ya sepan, Suecia ya debería ser miembro de pleno derecho de la UEM. 
Cuando empecé a elaborar el informe- y quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi agradecimiento por todo el apoyo que he recibido -, seguía habiendo mucha incertidumbre en cuanto a las opiniones del Gobierno de Suecia. 
Ahora, me complace decir que la situación ha cambiado. 
En un referéndum que se celebrará el 14 de septiembre de 2003, la población sueca va a decir sí o no al euro. 
Afortunadamente, los acontecimientos han adquirido su propia dinámica, al margen del informe y de mi persona. 
Tanto la Comisión como el BCE han reconocido que Suecia ha cumplido tres de los cinco criterios de convergencia: los relacionados con la estabilidad de los precios, las finanzas públicas y los tipos de interés a largo plazo. 
No obstante, se considera que en dos aspectos Suecia no ha cumplido los criterios. 
El criterio de convergencia más controvertido es el relacionado con el tipo de cambio, porque, a diferencia de los demás criterios, se ha formulado de manera muy poco clara. 
La pertenencia al MC debe considerarse un requisito, pero el período de pertenencia puede ser relativamente breve. 
Por supuesto, el criterio de los tipos de cambio también se ha aplicado flexiblemente en países que ya han introducido el euro. 
Estoy pensando en particular en Finlandia e Italia que, por supuesto, estuvieron dos años sin formar parte del MC II. 
La cuestión de la pertenencia al MC II también es significativa y, desde luego, muy sensible cuando se trata de los países candidatos. 
Como son muy pocos los que están en vías de ajustarse a la UEM, realmente yo pediría un grado de flexibilidad. 
También he advertido que, durante un discurso pronunciado en Hungría de la otra semana, el Comisario pensaba en términos similares. 
Otro ámbito en que la Comisión y el BCE estiman que Suecia no cumple los requisitos del Tratado es la convergencia jurídica. 
Esto tiene que ver con la independencia del Banco Central Sueco. 
La cuestión también se ha abordado en un intercambio de cartas entre el Presidente del BCE y el Ministro de Economía sueco. 
El BCE ha expresado una preocupación particular por la falta de normas claras relativas a las transferencias de reservas del Banco Central Sueco al Tesoro Público. 
No obstante, en su respuesta, el Ministro de Economía ha hecho hincapié en que las enmiendas necesarias se presentarían cuando la introducción del euro fuera inminente, junto con los cambios necesarios de la Constitución, incluso si el plazo de tiempo disponible era corto, dado que en Suecia es preceptivo celebrar elecciones provisionales en caso de un cambio constitucional. 
Sin embargo, en mi opinión, esto no implica que Suecia no pueda acceder a la tercera fase de la UEM hasta 2006 ó 2007. 
Uno de los principios más importantes del ordenamiento jurídico de la Unión es, por supuesto, que el derecho de la Unión Europea prevalece sobre el derecho nacional. 
Me atrevería a decir que Suecia necesita el euro. 
Al mismo tiempo, quisiera aventurarme a decir que el euro de hecho necesita a Suecia. 
La economía sueca está en buena forma y puede cumplir los requisitos necesarios. 
Esto puedo decirlo aunque yo sea miembro de la oposición en mi país. 
Tal y como yo lo veo, formar parte plenamente de la integración europea y tener el euro como moneda y como sistema monetario es un paso necesario y obvio para Suecia. 
Ahora le toca a la población sueca decidir esto el 14 de septiembre. 
El enfoque de «esperar a ver qué pasa» que defienden algunos de mis colegas diputados al Parlamento Europeo merece ser criticado. 
¿Qué habría ocurrido con la integración europea si la inclinación natural de Robert Schuman hubiera sido vacilar, o si, cuando cayó el Muro de Berlín, Helmut Kohl se hubiera guiado por intereses económicos a corto plazo, o si la característica distintiva de Jacques Delors hubiera sido la ansiedad? 
No habría salido nada de todo ello. 
Espero y estoy convencido de que el 15 de septiembre podré, con la cabeza bien alta, presentarme ante usted, señor Presidente, y usted, señor Comisario, con el siguiente mensaje: «Ha ganado el ' sí?. 
El pueblo sueco quiere integrarse plenamente y tener influencia en la nueva y la vieja Europa». 
Para concluir, quisiera decir que existe cierta confusión en lo que concierne a las enmiendas. 
Sin embargo, espero que podamos contar con la mayor y la más amplia mayoría posible. 
He escuchado las críticas y puedo aceptar que las enmiendas 12 y 14 se eliminen porque tratan de asuntos que ya se plantean en otra parte. 
Señor Presidente, Señorías y, sobre todo, señor Comisario Solbes Mira, la presentación del documento de la Comisión sobre Finanzas Públicas, en el que se centra mi informe, compartía en su momento la firme convicción de que las previsiones económicas de la zona europea habrían de revisarse sistemáticamente a la baja. 
De hecho, el contexto económico de vigilancia presupuestaria ha demostrado ser mucho menos favorable de lo inicialmente previsto, y se ha puesto de manifiesto, concretamente, con la duplicación del déficit de la zona euro entre los años 2000 y 2001, con el «hecho» de que este desequilibrio ha aumentado y se ha agravado en 2002 y con la explicación y el verdadero análisis de las graves dificultades presupuestarias que se han producido en cuatro de los Estados miembros. 
Por este mismo motivo, la Comisión ha formulado recomendaciones y ha expresado su intención de enviar advertencias inmediatas sobre el desvío del presupuesto a Estados miembros que puedan incumplirlo. Aunque esto no ha ocurrido, en última instancia anticipó la verdadera situación que se vio a finales de año en esos países. 
El tono del discurso del Presidente Romano Prodi ante este Parlamento está por tanto plenamente justificado. En este discurso expresó su preocupación por el deterioro del ciclo económico, pero también criticó con dureza una aplicación inflexible y dogmática del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al margen de las nuevas circunstancias y, en consecuencia, reclamó ajustes y la introducción de criterios más sofisticados para aplicar el Pacto. 
Desde entonces, muchos políticos, expertos, institutos de investigación, académicos y líderes de la opinión pública y publicada han aportado sus reflexiones sobre la cuestión. 
La propia Comisión se ha aferrado a la interpretación prudente pero ambiciosa de su Presidente, y ha elaborado de nuevo un marco menos rígido y más activo de supervisión presupuestaria que ahora se adhiere al principio de que la aplicación del Pacto debe convertirlo en un instrumento aún más valioso para promover la estabilidad, el crecimiento y el empleo. 
El informe apoya este punto de vista en la medida en que considera que corresponde a una vía intermedia entre la aplicación rígida del Pacto y el desarrollo crucial hacia un modelo interpretativo, que considera inevitable en el futuro, teniendo en cuenta criterios más sofisticados como la inflación, el empleo, la deuda pública y las variaciones de esta deuda, las cargas financieras causadas por el envejecimiento de la población y las necesidades de inversión. 
Por último, la calidad del gasto público ha de servir para adaptar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a los objetivos fijados en la estrategia de Lisboa y al principio de desarrollo sostenible acordado en Gotemburgo. 
La preponderancia política de los límites presupuestarios y la interpretación rígida del equilibrio financiero en el marco de la vigilancia multilateral han propiciado en los últimos años un declive constante de la proporción entre la inversión pública y el PIB, aunque hay que reconocer que la inversión privada ha seguido la misma tendencia. 
Todo ello coincide con las mayores dificultades que ha experimentado la economía europea. 
Las soluciones propuestas en un principio o que ahora se están adoptando no son inauditas en el contexto de algunas economías desarrolladas de la OCDE donde la «regla de oro» es un elemento crucial, no solo para consolidar las finanzas públicas, sino también para lanzar y sostener un proceso de desarrollo económico y social. 
A raíz del paso de gigante que supuso la creación de la moneda única, la Unión parece hoy encontrarse en un auténtico estado de parálisis. 
Las excesivas restricciones impuestas a las políticas monetaria y presupuestaria, que se diseñaron con la intención de consolidar la economía europea y su moneda única y para aplacar las sospechas y los temores de los países más poderosos de la Unión, podrían convertirse en limitaciones imprevistas que hagan que la solicitada recuperación dependa por entero del buen funcionamiento de la fuerza motriz que constituye la economía de los Estados Unidos. 
La flexibilidad y la racionalidad que se defienden no son incompatibles con la necesidad de garantizar el cumplimiento del verdadero espíritu del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como tampoco un debate público sobre la cuestión disminuye el alcance de sus objetivos. 
La consolidación financiera de los Estados que acepten una política monetaria común y una moneda única y que rechacen toda autosuficiencia que dificulte las relaciones abiertas con países de fuera de su propia zona es crucial y hay que esforzarse por lograrla. 
Por cierto, muchos países han consagrado en sus Constituciones principios y reglas que regulan, algunas de forma más rígida, otras menos, los déficit presupuestarios. 
Esto también es crucial en el marco político de la Unión, pero si este tipo de compromiso va a resultar poco eficaz, hay que considerar prioritarios los intereses de la zona en su conjunto- un aspecto muy sustancial- aceptando el uso de instrumentos discrecionales en circunstancias excepcionales para contribuir a la recuperación de las regiones o países menos desarrollados. 
De lo contrario correremos el riesgo de que las obligaciones presupuestarias solo se cumplan formalmente, y que los países con dificultades recurran a los sistemas más variados y creativos (que también exigen su rápida armonización) , con el único objetivo de mantener satisfecha a la Comisión, como guardiana de los Tratados, o de engañar temporalmente a los mercados financieros y durante un tiempo eludir su justo castigo. 
Esta, por desgracia, es la situación que se daba en muchas economías europeas a finales de 2002. 
Por lo tanto, es absolutamente crucial dilucidar los problemas actuales de la economía europea cuando hagamos balance del logro de los objetivos fijados en la Cumbre Extraordinaria de Lisboa. 
También es necesario dejar claro al Parlamento, al Consejo y a la Comisión, de que es posible lograr un equilibrio entre una consolidación financiera saludable de los países de la Unión y el pleno cumplimiento de estos objetivos. 
. (ES) Señor Presidente, voy a intentar, en el tiempo de que dispongo, comentar los cuatro informes que se nos presentan. 
Trataré inicialmente los tres referidos a la situación económica general y al Pacto de Estabilidad y finanzas públicas, y me referiré, en último lugar, al del Sr. Schmidt Olle sobre el caso específico de Suecia. 
En primer lugar, quiero agradecer al Sr. García-Margallo el trabajo realizado y, como él decía, el mensaje claro en su informe respecto a las orientaciones generales de las políticas económicas. 
Me gustaría destacar que el documento de este año tiene un carácter más estratégico de lo habitual, en la medida en que es un documento que pretende definir la gran estrategia europea para los próximos tres años. 
Es cierto que se produce en una situación de incertidumbre económica especial, es cierto que hemos dado ya algunas indicaciones de cómo actuar en caso de choques simétricos donde, lógicamente, la política monetaria tiene que ser usada, cuando puede haber impactos sectoriales, situación esta en que, sin duda alguna, tendremos que utilizar instrumentos específicos de otra naturaleza o en el caso en que se produzcan esos acontecimientos no usuales que están recogidos en la reglamentación comunitaria y que nos permite actuar también en términos de política presupuestaria, aceptando, sin embargo, los límites del 3% que existen en el Tratado. 
El Sr. García-Margallo ha insistido en la necesidad de una política macroeconómica sana y apoya de forma clara el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Creo que estamos en la misma línea y no tenemos gran dificultad en aceptar sus recomendaciones. 
Hace referencia también a un punto que nos parece fundamental a todos y es cómo podemos incrementar el potencial del crecimiento en Europa. 
Sin duda alguna mediante el incremento del empleo y de la productividad. 
Sabemos que el incremento de la productividad- usted mismo se ha referido a ello- y el incremento del empleo también tienen mucho que ver con la evolución salarial, y que son fundamentales salarios compatibles con una evolución del empleo razonable y con incrementos de productividad. 
Pero también es imprescindible- y esa es la línea que hemos adoptado en Lisboa- mejorar en educación y en formación. 
Creemos que es fundamental también poner en marcha la fiscalidad más adecuada para conseguir estos objetivos y, desde luego, llevar a cabo más inversión pública y privada. 
Luego me referiré con más detalle a esto al hacer referencia al informe del Sr. Trentin. 
En ese sentido, consideramos imprescindible, dentro del marco de Lisboa, definir el marco apropiado para que la inversión, tanto pública como privada, se realice y avanzar en algunos elementos fundamentales. 
En estas últimas semanas hay un punto que me gustaría destacar, que es la aprobación de la patente comunitaria que, sin duda alguna, va a ser un elemento de innovación o que va a permitirnos una mayor innovación europea y, desde luego, definir el gasto público con criterios de mejorar la productividad o la producción. 
Las grandes orientaciones de política económica, sin embargo, no deben ser vistas de forma independiente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
El Sr. Trentin hace referencia a este punto cuando señala la necesidad de enfocar de forma conjunta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en Lisboa. 
Creo que todos estamos de acuerdo en que unas finanzas públicas saneadas son el elemento fundamental no solo para permitir a la política monetaria que haga su papel, sino, también, para dar el margen necesario para que los estabilizadores automáticos puedan actuar en una situación de evolución coyuntural. 
Sin embargo, el Sr. Trentin plantea algo más: ¿qué más podemos hacer, desde el punto de vista del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en términos de crecimiento? 
¿Cómo podemos mejorar, en definitiva, la calidad de las finanzas públicas? 
En su informe el Sr. Santos incide también en este punto, en el que me gustaría concentrarme más. 
Creo que la clave está en una mayor inversión en investigación y desarrollo. 
Por eso, hemos puesto algún objetivo cifrado en este punto concreto, ya que la inversión pública, en este sector, funciona de forma satisfactoria y, sin embargo, encontramos más fallos en cuanto al funcionamiento de la economía privada. 
Sin embargo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tal como ha sido modificado en la Comunicación de noviembre, introduce un elemento adicional en cuanto a esa política para que sea más impulsadora del desarrollo en Europa. 
Es cierto que en el Pacto tenemos el principio de alcanzar a medio plazo el equilibrio presupuestario o una situación de superávit. 
La Comisión, en su análisis del pacto, ha visto, sin embargo, que en algunos casos está justificado el que se produzcan desviaciones temporales siempre y cuando estén justificadas por razones que vayan dirigidas a mejorar el crecimiento. 
En nuestra aproximación no es solo la inversión física y, sobre todo, la inversión pública, el elemento que puede permitir llevar a cabo una desviación temporal del equilibrio presupuestario en el marco del pacto. 
Consideramos que todas aquellas acciones que, al final, nos permitan incrementar nuestro potencial de crecimiento deben ser tratadas de la misma forma. 
Por eso, la Comisión propuso en su día, en su Comunicación, que se pudieran llevar a cabo desviaciones temporales en países que cumplen ciertas condiciones; fundamentalmente que disponen de bajos niveles de ratio en cuanto a la deuda pública; que, además, han alcanzado ya una situación de equilibrio presupuestario que, por supuesto, establecen este tipo de desviaciones para incrementar el crecimiento. 
Y, ahí, estamos hablando de inversiones en infraestructuras, inversiones en conocimiento, pero también de medidas de naturaleza fiscal, por ejemplo, reducciones de impuestos, que al final nos pueden permitir mejorar el crecimiento. 
Esos son los elementos fundamentales que la Comisión planteaba en su Comunicación, que no han sido recogidos de forma absolutamente precisa en las conclusiones finales del Consejo, pero que, sin embargo, han permitido o permiten avanzar lo suficiente como para poder llegar a un resultado que, en nuestra opinión, nos debe permitir mejorar en términos de crecimiento. 
El Consejo lo que dice es que debemos analizar caso a caso, que no hay un derecho para este tipo de desviaciones; no impone ninguna condición respecto a cómo la Comisión tiene que llevar a cabo sus propuestas y, evidentemente, por parte de la Comisión, seguimos estando convencidos de que las propuestas que hasta ahora hemos hecho, en un par de casos concretos, en cuanto a estas desviaciones temporales siguen siendo válidas y esos son los criterios que utilizaremos en el futuro. 
Yo diría, respecto a la coordinación de nuestras políticas presupuestarias, que el sistema ha mejorado, pero que, sin embargo, no debemos estar totalmente satisfechos, pues tenemos demasiadas desviaciones. 
Creo que es imprescindible avanzar en la coordinación y, en ese sentido, las grandes orientaciones de política económica pretenden dar un cambio cualitativo, no solo con el planteamiento trianual, sino también prestando más atención a los informes de aplicación que a los planteamientos generales. 
Y creo que tenemos que mejorar nuestros sistemas de coordinación multinacional, en la medida en que- como ya hemos puesto de relieve en nuestras propuestas a la Convención- hay algunas deficiencias en el sistema actual que impide que el peer pressure funcione de la manera que estaba diseñado en el Tratado. 
Finalmente, le diría al Sr. dos Santos que agradezco su apoyo sobre el análisis de las finanzas públicas del año 2002 y la calidad de las finanzas públicas. 
Ese informe es clave para la comprensión de lo que se hace posteriormente, en el mes de noviembre, cuando hagamos nuestra propuesta de Comunicación al Consejo. 
En la Comunicación de la Comisión al Consejo no pretendemos, yo diría, ni flexibilizar ni modificar el pacto. 
Pretendemos, en base a la experiencia que hemos adquirido en los últimos años, conseguir una aplicación del pacto que se adapte mejor a las situaciones específicas de cada uno de los países afectados. 
Consideramos también fundamental en nuestra Comunicación el que los Estados miembros confirmen su compromiso con el pacto. 
Esa es la razón por la que pedimos en su día una resolución del Consejo Europeo que permita este avance. 
En nuestra Comunicación, lo he repetido algunas veces, pero tal vez valga la pena hacerlo, insistimos en algunos puntos fundamentales. 
El 3 % sigue siendo el límite de déficit nominal; pero, sin embargo, tenemos que tomar en consideración la evolución del ciclo y, por lo tanto, la evolución de los déficit ajustados cíclicamente es un elemento fundamental. 
En segundo lugar, para conseguir el equilibrio presupuestario a medio plazo, aquellos países que todavía no lo han alcanzado deberán hacer esfuerzos presupuestarios en términos de medio punto anual, como mínimo, o más en el caso en que exista diferencia. 
En tercer lugar, somos conscientes de que ha sido la relajación de la política presupuestaria en los buenos momentos del ciclo económico la que nos ha generado problemas posteriores y, por eso, es fundamental prestar atención a que no se produzcan nuevos comportamientos procíclicos en esas circunstancias. 
Creemos que es fundamental prestar atención a la deuda y, como ha señalado anteriormente el Sr. Trentin, creo que es imprescindible tomar en consideración la situación específica de algunos Estados miembros, de tal forma que dispongan de mayor margen de actuación. 
Todo esto ha sido aprobado por el Consejo Ecofin, con las correcciones a las que hacía referencia cuando he comentado el informe del Sr. Trentin. 
Último comentario respecto el informe del Sr. Schmidt. 
Es cierto que en nuestro informe de convergencia sobre Suecia hacíamos referencia al cumplimiento de los criterios de convergencia con dos excepciones: el criterio de convergencia legal, especialmente, en el Banco Central de Suecia, y el no cumplimiento del criterio de convergencia de tipo de cambio. 
Vemos con satisfacción que, cuando hablamos de las cifras de evolución de Suecia, los restantes criterios de la convergencia se están cumpliendo incluso de forma más cómoda que en el pasado. 
Sin embargo, tenemos pendiente esos dos elementos que espero que se puedan resolver en el futuro. 
Sabe cuál es nuestra posición respecto a los mismos. 
En el ámbito legal tiene que adaptarse el sistema de independencia del Banco Central. 
En cuanto al criterio de tipos de cambio tenemos que aplicar el Tratado; pero, como he dicho muchas veces, las experiencias del pasado, sin duda alguna, tendremos que tomarlas en consideración. 
Personalmente, considero que la adopción del euro sería beneficiosa para Suecia y espero que ese país pueda, en breve, cumplir las condiciones necesarias. 
Creo que también sería beneficiosa para la Unión Europea y para la zona euro, en particular, ya que constituiría un avance significativo en nuestro proceso de integración. 
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, en primer lugar quiero expresar el acuerdo de mi Grupo con el texto de los informes que aquí discutimos, no con algunas de las afirmaciones que se han hecho al presentarlos en este Pleno. 
El fondo de este debate tiene como horizonte inmediato la preparación del Consejo de Primavera y quiere responder al correspondiente balance del llamado «proceso de Lisboa» , complementado con las decisiones de los Consejos de Gotemburgo y Barcelona. 
En este marco, yo deseo, en primer lugar, expresar mi preocupación y la de mi Grupo porque no se ha alcanzado el horizonte que se estableció para 2010, de ser la economía más competitiva, de más calidad, con mejor nivel en los puestos de trabajo. 
Cuando hacemos balance de los tres años realizados, a pesar de las dificultades de la economía norteamericana, nos encontramos con que, en crecimiento, niveles de productividad y de ocupación, estamos más atrasados que hace tres años. 
Por lo tanto, es obvio que hay un desfase muy preocupante entre lo que se predica en los Consejos y lo que se practica a nivel de los Estados miembros, que perjudica el resultado conjunto de la Unión. 
Nosotros entendemos, desde el Grupo liberal, que los problemas principales radican, principalmente, en que no se han cumplido los procesos de liberalización acordados, pues, como se manifiesta en el informe García-Margallo y Marfil, aún hay muy importantes reformas estructurales por realizar y hay que flexibilizar aún más algunos mercados básicos, como el mercado laboral. 
En la presente situación, que no es precisamente una de las mejores situaciones económicas por las cuales ha pasado la Unión Europea en los últimos años, hay tres aspectos clave a los que debe prestarse también una especial atención. 
Primero, debe mejorarse el nivel, no únicamente de investigación y desarrollo, sino de su aplicación en el sistema productivo. 
Esperemos que este acuerdo histórico sobre la patente europea, como ha mencionado el Comisario Solbes, sirva para esta promoción, pero también para prestar una especial atención a la creación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas basadas en la aplicación de nuevas tecnologías, porque, como se ha demostrado en los años 90, son las fuentes de ocupación más importantes. 
No tengo más tiempo, señor Presidente, para hacer mención de otros temas, pero quiero acabar como he empezado: más que hacer grandes declaraciones en los Consejos de Primavera, es necesario que se cumpla lo que se acuerda. 
Señor Presidente, el Sr. García-Margallo y Marfil llama las cosas por su nombre. Ha dicho que la Unión Europea no tiene una política económica. 
Ha contribuido a un buen debate y le doy las gracias por ello. 
Al estudiar las causas y las soluciones, las nociones de inflexibilidad y reforma estructural están muy manidas. 
Siempre estamos preguntando a la Comisión, al BCE y a los expertos qué significan. 
Me ha sorprendido la naturaleza imprecisa e incoherente de las respuestas. 
En una extraordinaria conferencia, el Sr. Adair Turner, Director General del CBI, ha dicho que debemos tener cuidado de no desmantelar el Estado de bienestar y que el plan de liberalización de Europa, aunque útil, no representa más que una respuesta parcial a los desafíos actuales. 
Es evidente que el problema de las pensiones no se resolverá a menos que aumenten mucho las tasas de empleo en Europa. 
Es esencial movilizar todo el potencial humano. 
Habrá que dedicar muchos esfuerzos a la reforma de los mercados laborales, especialmente con respecto a la formación y las cualificaciones. Sin embargo, recordemos que esto supone reorganización y que habrá que pagar un precio. 
Hemos de analizar por qué falta inversión productiva pública y privada. 
Uno de los motivos tiene que ver con el flujo de capitales, gran parte del cual acaba en los Estados Unidos. 
Aunque el mercado financiero pueda haber estimulado una inversión mundial en la última década, creo que es una falacia creer que el propio mercado iniciará una nueva ronda de inversiones en Europa. 
No facilita el desarrollo local o el desarrollo de PYME y de infraestructuras. 
La Unión Europea debería poder financiar redes eficaces de servicios de interés general y desarrollar políticas dirigidas a empresas productivas. 
No solo tenemos un problema de oferta; también subestimamos el problema de la demanda. 
Los cientos de millardos que hay que pagar para amortizar el fondo de comercio merman gravemente los resultados de las empresas y dificultan la recuperación. 
En lugar de temer a la inflación, el Banco Central Europeo debería modificar su objetivo y reducir sus tipos reales por debajo de cero. 
Además, incluso si algunos Estados miembros no saben cómo reformar sus finanzas públicas o son incapaces de hacerlo a tiempo, la gravedad del clima actual justifica la adopción de medidas para respaldar la actividad, incluso renunciando temporalmente a la regla del 3%. 
Hay otros dos puntos que quiero destacar. Creo que la guerra contra el Iraq no es solo una locura, sino también una insensatez económica. 
Aumentará de forma absurda los déficit públicos tanto de los Estados Unidos como de Europa, cuando lo que queremos es reducirlos. 
Como ha dicho uno de nuestros expertos, los Estados Unidos están patinando sobre una capa de hielo muy fina. 
El futuro crecimiento de ese país nos exigirá echar mano todavía más de nuestras reservas de capital, lo cual es otra contradicción añadida. 
Por lo tanto, Europa no puede limitarse a seguir a todas partes a los Estados Unidos. 
Europa ha de definir una política para ella misma. 
En Europa estamos entre la espada y la pared. 
Sin embargo, la Convención guarda silencio. 
En cuanto a las demandas de un gobierno económico, recuerda a una escena de la película Armas al hombro. En ella, una unidad militar está envuelta en la niebla, todo el mundo va dando tumbos y se oye a un soldado llamar a su capitán. 
Señor Presidente, Señorías, he de reconocer que hay una serie de informes que en general tratan del mismo asunto. 
Por ello no apoyaremos el informe elaborado por el Sr. Trentin, a quien admiro mucho. En su lugar examinaremos el informe del Sr. García-Margallo y Marfil. 
Con un poco de suerte se aprueba el informe cuando lo presenta un ponente de la derecha. Por lo tanto, debemos reconocer que el informe de García-Margallo y Marfil es mucho mejor y más útil que el del Sr. Trentin, ahora que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios lo ha hecho trizas. 
Por lo tanto, solo comentaré el contenido del informe García Margallo y Marfil, en su forma actual. 
Creo que el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya todos los objetivos y comentarios incluidos en el informe de García-Margallo y Marfil. Tiene la virtud de adaptar los objetivos de la política económica a los objetivos de Lisboa y Gotemburgo. 
Queremos asegurar que Europa sea un modelo de crecimiento económico. El crecimiento debería basarse en la inversión de alta calidad en recursos humanos, en la inversión pública de gran calibre y en el uso de tecnologías sostenibles desde el punto de vista medioambiental. 
Dado el tamaño del continente europeo, que es una de las concentraciones de población más grandes del mundo, me parece que es el único camino que tiene la Unión Europea. 
Se ve obligado a hacer malabarismos cuando señala que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha de ser aplaudido y al mismo tiempo reconoce la necesidad de financiar inversiones. Reconoce que no hay que poner en la picota el artículo del Tratado de Maastricht que impide a las instituciones europeas criticar al Banco Central Europeo, a la vez que indica que, sin embargo, es necesario facilitar créditos con tipos de interés especiales para las inversiones que se precisan. 
En pocas palabras, el informe tiende a eludir los verdaderos problemas del punto muerto institucional en el que nos encontramos en la Unión Europea. El año que viene estos problemas nos catapultarán a la situación de la llamada europarálisis que sufrimos durante los años oscuros de impulso del euro entre 1990 y 1997. 
Como no podemos controlar los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo, los tipos de interés serán demasiado altos. Esto comportará problemas para los Estados miembros que deseen invertir y pagar sus deudas. 
Estos tipos de interés excesivos también fortalecerán demasiado el euro. Esto dificultará las exportaciones en un momento de recesión mundial. 
A menos que decidamos revisar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en su forma actual, no podremos financiar las inversiones que reclama el Sr. García-Margallo y Marfil. 
. (NL) Señor Presidente, en este debate conjunto sobre una serie de informes estamos hablando de los progresos de la Unión Económica y Monetaria, una Unión que existe gracias al cumplimiento de los acuerdos establecidos. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un acuerdo, un acuerdo a cuyo respeto debemos obligarnos unos a otros. 
Merece la pena leer las palabras que ha escrito el Sr. Trentin sobre el Pacto de Estabilidad en su informe. 
Dice que incluso en períodos de recesión económica hay que seguir al pie de la letra el pacto, con lo que estoy completamente de acuerdo. 
Ahora tampoco debemos replantear esta cuestión. 
Además, el Sr. Garcia-Margallo y Marfil dice con razón que los líderes europeos de la próxima cumbre de primavera han de prescindir de las declaraciones vagas y autosuficientes y hablar en términos claros. 
Para cumplir el pacto incluso en este período de recesión se precisan acuerdos claros sobre la forma en que deseamos lograr los objetivos económicos. 
Por lo tanto, me sorprende mucho que Francia parezca otra vez poco dispuesta a cumplir los acuerdos establecidos. 
El pasado jueves de nuevo resultó evidente que este Estado miembro no haría ningún intento de poner en orden su presupuesto para 2003. 
Cuando Alemania, Portugal e Italia se esfuerzan por poner orden conforme a los acuerdos establecidos, Francia, por el contrario, ni siquiera declara su intención de ajustarse por fin a los acuerdos suscritos. 
Permítame concluir, señor Presidente, diciendo que si este Parlamento desea hacer una contribución seria a la elaboración de políticas en el terreno económico, entonces ya va siendo hora de que invitemos a los Estados miembros y a los políticos reticentes a cumplir estos acuerdos a venir aquí a dar explicaciones. 
Señor Presidente, señor Comisario, los informes que se están tratando hoy son documentos importantes y sustanciales- antes de empezar quisiera rendir homenaje a los ponentes por ello- y representan una gran contribución al debate sobre las directrices políticas para las finanzas públicas de Europa. 
Los diputados radicales los apoyarán en su forma actual. 
No quiero entrar en los detalles de los informes, pero quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer algunos comentarios más generales. 
En primer lugar, creo que deberíamos desconfiar un poco de consignas y objetivos rimbombantes como los objetivos de Lisboa, que mencionamos continuamente. 
No creo que el hecho de que Europa decidiera en cierto momento fijarse el objetivo, y cito de nuevo, de «un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible» y todos los demás objetivos que conocemos suponga, un gran salto adelante o constituya la base para una nueva política económica para los Estados miembros, a menos que creamos que, en el pasado, los Estados no querían que sus países fueran países competitivos y no querían lograr el pleno empleo. 
Además de recalcar constantemente en estos objetivos y de realizar análisis- el Parlamento Europeo es un órgano político, no un centro de investigación -, me parece que deberíamos discutir los motivos por los que no se cumplen estos objetivos rimbombantes y que representan el coste político de que en Europa no tengamos el valor de afrontar para lograrlos, para convertirlos en reformas prácticas, las reformas comentadas en los informes que tenemos sobre el tapete. 
Me parece que las estructuras económicas europeas han de revisarse de arriba abajo. 
Todo el tiempo nos referimos al orgullo del modelo social europeo y de la economía social de mercado, pero después afirmamos abiertamente en los informes- creo que es lo que ocurre con el informe del Sr. García-Margallo- que el destino del modelo social europeo depende de la recuperación económica de los Estados Unidos: si no hay recuperación económica en los Estados Unidos, no habrá crecimiento económico en Europa, y el modelo social del que estamos tan orgullosos pasará por momentos mucho más difíciles que los que ya experimentamos actualmente. 
La crisis económica de Alemania es un indicio de la crisis de un antiguo modelo económico, el modelo de una vieja Europa que no tiene nada para invertir. 
En los informes se señala repetidamente que necesitamos más inversión pública, aunque no decimos dónde podemos encontrar el dinero, y más inversión privada. 
No creo que la inversión privada en Europa sea baja a causa de los tipos de interés o, por lo tanto, que nuestro único objetivo debería ser presionar al Banco Central Europeo para que nos proporcione una política de tipos de interés más flexible, facilitando así la inversión privada. 
La inversión privada no aumentará gracias a unos tipos de interés más bajos: aumentará si tenemos una economía más flexible, con flexibilidad introducida en grandes dosis. 
Las reformas para conseguir que la economía sea más flexible comportan un coste político, y no nos planteamos ese coste: hay que pagar un precio por entrometerse en la estructura del mercado laboral y por oponerse a los poderosos grupos de presión constituidos por los monopolios- la mitad del presupuesto de la Unión Europea está comprometido en subsidios agrarios y en la protección de la agricultura- y hay que pagar un precio político por plantear la posibilidad de utilizar estos recursos para desencadenar una nueva oleada de inversión en alta tecnología e investigación científica. 
Terminaré con un comentario sobre el tema de las pensiones: la necesidad de tener presupuestos nacionales rigurosos surge, en primer lugar, de la necesidad de que los presupuestos nacionales puedan abordar los problemas derivados del envejecimiento de la población y de los costes derivados de la reforma estructural de los sistemas de pensiones. 
Se lo debemos a las futuras generaciones de ciudadanos europeos. 
Señor Presidente, quiero decir unas palabras sobre el Informe de Convergencia 2002 sobre Suecia, y, en primer lugar, dar las gracias al ponente, el Sr. Olle Schmidt, por su excelente trabajo. 
El 1 de enero de 2002 se introdujo el euro como divisa, en billetes y en monedas, en 12 países de la Unión Europea. 
La transición tuvo mucho éxito y la población aceptó la nueva moneda de modo positivo. 
Las preocupaciones sobre los aumentos de los precios han resultado ser más o menos infundadas. 
Como todo el mundo sabe, Suecia no está entre los países que adoptaron el uso del euro como divisa. 
El motivo fue, por supuesto, principalmente político. 
Si Suecia quiere introducir el euro como moneda, formalmente debemos cumplir cinco criterios de convergencia. 
La Comisión y el BCE consideran que Suecia cumple los tres criterios relacionados con la estabilidad de los precios, las finanzas del sector público y los tipos de interés a largo plazo. 
Hasta ahí todo bien, pero Suecia no cumple los otros dos criterios, a saber, los relacionados con el tipo de cambio y la convergencia jurídica. 
Con respecto al criterio del tipo de cambio, el valor de la corona sueca evidentemente ha fluctuado en los últimos años. 
Sin embargo, habría que tener en cuenta que, cuando Suecia solicite formalmente una nueva evaluación, esta se realizará en el curso de un segundo período de referencia y en un marco de expectativas que pueden tender a una mayor estabilidad del tipo de cambio. 
En cuanto a la convergencia jurídica, es fundamental que Suecia efectúe lo antes posible el cambio de la legislación sueca que se precisa si desea introducir el euro. 
Por supuesto, el resultado del próximo referéndum debe respetarse, pero en mi opinión Suecia debería, en caso de decir «sí» , estar ya lista para prevenir que se demore la introducción del euro a causa de la ausencia de convergencia jurídica. 
Con todo el debido respeto por los criterios de convergencia, la decisión relativa a la participación sueca en la tercera fase de la UEM es política. 
Es una decisión que adoptará la población sueca. 
En el referéndum del 14 de septiembre de 2003, los ciudadanos suecos decidirán qué moneda se utilizará durante mucho tiempo en Suecia. 
Por otro lado, Suecia está obligada, en virtud del Tratado de Maastricht, a participar plenamente en la cooperación de la UEM una vez cumplidos los criterios de convergencia. 
A diferencia de Dinamarca y Gran Bretaña, Suecia no tiene una cláusula de excepción especial, pero el 14 de septiembre esperamos obtener el «sí» de la población de Suecia. 
En consecuencia, el Gobierno sueco ya no necesita, intencionadamente o no, demorar o eludir las medidas que permitirán a Suecia cumplirá los demás criterios de convergencia. 
He observado con satisfacción que el Sr. Olle Schmidt ha aceptado las enmiendas 3 y 4 del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos. 
Esto permitirá conseguir el amplio apoyo deseado para el informe tanto por el ponente como por mí mismo. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tres de los informes que se nos han presentado esta noche nos brindan una oportunidad de valorar el funcionamiento de la unión económica y monetaria antes del Consejo Europeo de primavera. 
Retomando la situación de las finanzas públicas en Francia, es inevitable observar que la política económica no se considera una cuestión de interés común. 
No se está respetando el Tratado. 
Además, es imposible no advertir que la unión económica y monetaria en realidad no existe, sin ninguna duda en lo que concierne a la unión económica. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento está en el corazón de estos mecanismos. Sin embargo, parece más una salvaguarda que un instrumento de política económica. 
La adopción de la estrategia de Lisboa podría haber sido después el catalizador que habría proporcionado a la unión económica y monetaria una política económica. 
En pocas palabras, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no ha resultado ser un instrumento dinámico para aplicar esta estrategia. 
En principio, los instrumentos que tenemos a nuestro alcance son las famosas directrices de política económica que estamos discutiendo otra vez esta noche. Estos instrumentos generarán enfoques en materia de política económica de la Unión Europea en las próximas semanas y los próximos meses. 
¿Cuál podría ser el resultado, señor Comisario? 
En estos momentos estas amplias directrices de política económica funcionan como un ejercicio académico. No tienen ningún efecto en las finanzas públicas de los Estados miembros, que simplemente esperan la imposición de sanciones a través de la aplicación del Pacto de Estabilidad cuando ya es demasiado tarde. 
Europa necesita una estrategia de crecimiento. Lo ha dicho usted en su intervención. 
Esto implica que necesitamos más instrumentos que los que actualmente existen. 
Señor Comisario, el Consejo acaba de expresar su opinión sobre su declaración. 
Creo que tenemos que ir más allá y tenemos que hacerlo en la Convención. 
Creo que hemos de trabajar juntos para establecer propuestas mutuamente aceptables. Deberíamos preparar medidas que a largo plazo doten a la Unión Europea de los medios necesarios no solo para desarrollar una auténtica política económica, sino también para concebirla de modo que sirva al bien común y para aplicar los objetivos de la estrategia de Lisboa. 
Señor Presidente, no tengo tiempo para ahondar en las posibles diferencias entre el texto de los informes y las opiniones personales de cada uno de los ponentes. Por lo tanto, centraré mis comentarios en la declaración de la Comisión y la intervención del Comisario, y ofreceré a ambos mi apoyo. 
En mi opinión, en este asunto la Comisión cumple perfectamente su papel de guardiana de los Tratados. 
Creo que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no está muerto. Me parece que por encima de las controvertidas declaraciones realizadas a finales del año pasado sobre fórmulas que podrían considerarse arriesgadas, es importante insistir en la distinción entre la letra y el espíritu del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y garantizar que su espíritu se mantenga vivo. 
Los criterios de Maastricht implican que estamos comprometidos con una unión monetaria que también es una unión política basada en una serie de valores. La estabilidad en que se basa el euro va más allá de la definición técnica del concepto. 
Constituye un acuerdo mutuo en torno a una forma de contrato social. Además de ser una moneda fuerte, el euro debe ser sobre todo una moneda estable. 
Con la proclamación de este principio, Europa deja de lado sus malos hábitos del siglo XX, caracterizado por la inflación, que representaba un impuesto para los pobres. Europa ha decidido comprometerse a ser una sociedad segura que apuesta por el futuro. 
Estos son los valores que ofrecemos a los países que están a punto de unirse a la Unión Europea. 
Este es otro motivo para no modificar estos valores al adoptar medidas imprudentes que los socavarían. 
Cuando los jugadores no juegan bien, no piden que se cambien las reglas, si no que se las aprenden. 
Señor Presidente, como podrá usted observar, el informe del Sr. Schmidt se lee con gran interés en Suecia, donde en septiembre va a celebrarse un referéndum sobre la introducción del euro. 
En el punto 6 de este informe se indica que la introducción del euro forma parte de las obligaciones impuestas por el Tratado a todos los Estados miembros, incluida Suecia, por tanto. 
Sin embargo, en el punto 5 se señala que se celebrarán referendos y que sus resultados deberán respetarse, incluso si suponen rechazar la introducción del euro. 
Esto es contradictorio en sus propios términos. 
El Sr. Schmidt espera que los suecos voten «sí» y así resuelvan esta contradicción. 
Sin embargo, no hay muchos indicios de que así lo vayan a hacer. 
Por el contrario, los que defienden el «no» en estos momentos va claramente en cabeza, con un diez por ciento de ventaja, de acuerdo con el último sondeo. 
La tendencia indica que esta ventaja será aún mayor. 
Quizá también merezca la pena que el Parlamento sepa que, entre los que dicen que «no» hay unos pocos Ministros del Gobierno sueco, incluido el Ministro de Comercio e Industria, Leif Pagrotsky, al menos dos ex presidentes del Banco Central Sueco y una larga lista de economistas de gran prestigio, y todos ellos creen que Suecia debería votar «no». 
Por lo tanto, la situación no refleja la imagen clásica de una elite culta eurófila y un populacho desinformado. 
Por el contrario, tenemos un debate político que exige objetividad y argumentos a ambos lados. 
Suecia tiene una economía bien dirigida. 
En los años en que Suecia no ha participado en la cooperación relacionada con el euro, su economía, en casi todos los aspectos, se ha fortalecido en relación con las de los países de la eurozona. 
La industria sueca siempre ha afirmado que la comunidad del euro es en todo caso buena para el comercio. 
Hace poco, el periódico empresarial Affärsvärlden ha demostrado que esto tampoco es cierto. 
Los economistas que simpatizan con la UEM no pueden negar esta situación. 
Por lo tanto, dicen, como acaba de hacer la Sra. Grönfeldt Bergman, que los argumentos a favor de la UEM no son económicos, sino políticos. 
No suena especialmente convincente cuando son los economistas quienes lo dicen, como si estuvieran defendiendo la entrada en esta unión política por motivos contrarios a los de sentido económico práctico. No es fácil vender este mensaje a los suecos. 
La verdad es que la UEM no ha sido el éxito que se esperaba que fuera. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se enfrenta a cada vez más críticas, y el estancamiento económico está cada vez más extendido. 
Para Suecia, la economía alemana es especialmente importante, pero ahora mismo es tarea difícil convencer al pueblo sueco de que haga depender su futuro de la economía alemana. 
La cuestión no solo concierne a Suecia, sino también al Reino Unido y a Dinamarca. 
Pronto tendremos asimismo una serie de nuevos Estados miembros que también están fuera del marco de cooperación en relación con el euro. 
En esos países quizá también se celebren referendos sobre el euro y, en consecuencia, allí el euro puede ser rechazado. 
Si se diera esta situación, es preciso hacer la pregunta definitiva: ¿qué deberían hacer la Unión Europea y el Banco Central Europeo si Suecia y quizá otros Estados miembros optan por quedarse fuera de la unión monetaria? 
¿Es posible contemplar una comunidad del euro que sea de tipo voluntario? 
¿Qué tienen realmente que decir la Comisión y el Consejo sobre estas cuestiones? 
(El Presidente interrumpe al orador) 
Señor Presidente, nuestro Grupo ha votado en contra de este informe en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
En su forma actual, este informe no cuestiona los principios del credo neoliberal, que desgraciadamente constituyen la esencia de muchas políticas comunitarias. 
Ayer, los trabajadores portuarios nos hicieron ver esto, en esta misma ciudad y cargados de razón. 
El informe no cuestiona la validez de los programas de estabilidad y crecimiento de manera significativa. 
Vale la pena considerar el significado de los términos «crecimiento» y «estabilidad». 
Por definición, las cosas que son «estables» no crecen. Crecimiento significa movimiento; estabilidad significa lo contrario. 
Certainly, the reality is dialectical in nature. 
Por otra parte, este uso de las palabras podría interpretarse como un intento de resolver la contradicción. 
El informe parece rechazar cualquier iniciativa encaminada a flexibilizar los criterios de estabilidad y crecimiento, especialmente el famoso criterio del 3%. 
Dadas las dificultades económicas actuales, algunos Estados miembros, y no solo los más pequeños, tienen cada vez más dificultades para cumplir la norma del 3%. 
¿Matará este remedio al paciente? 
Deberíamos tener en cuenta que las predicciones de crecimiento de los expertos tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros eran demasiado optimistas. 
Esperábamos que la economía norteamericana mostraría signos de recuperación, y que la economía europea le seguiría en esta senda. Sin embargo, esto no ha sido así. 
Por lo tanto, las políticas aplicadas por los Estados miembros y la Unión Europea se basaban en datos inexactos. 
A este respecto, la rigidez de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento parece ir en contra de los fundamentos de la gobernanza. 
Otros más cualificados que yo en este tema han hecho hincapié en ello. 
Deberíamos plantearnos políticas keynesianas de recuperación cíclica. También deberíamos plantearnos políticas destinadas a mejorar las bases de la economía a largo plazo, que incluyen, por ejemplo, la eficiencia energética y la formación. 
Quisiera añadir que la gobernanza implica datos económicos fiables, lo cual quiere decir que el Estado debe beneficiarse del imperio de la ley. 
El hecho de que el periódico vasco Egunkaria haya sido prohibido durante seis meses hace que uno se pregunte si el País Vasco se encuentra dentro de un país en el que todavía prevalece el Estado de derecho. 
Esto afecta principalmente a tres países, a saber, Francia, Alemania y Portugal. Deberíamos recordar que, al examinar el presupuesto o cualquier otro tema, no debemos dejar que los árboles no nos dejen ver el bosque. 
Los tres países con el déficit más alto tienen algo en común. Los tres han tenido Gobiernos socialistas. 
Y yo añadiría que Alemania todavía tiene un Gobierno socialista. Estos Gobiernos han descuidado el gasto público y no han aplicado reformas que podrían haberles reportado ahorros. 
Han malgastado los márgenes de maniobra alcanzados durante el crecimiento de los años 2000/2001. Y ahora estamos sufriendo las amargas consecuencias de esto. 
Pero este árbol particular no debe eclipsar nuestra visión. El problema real es el deterioro generalizado de los equilibrios públicos en la eurozona, que casi alcanzaron el 2,4 % de PIB en 2002, cerca del criterio del 3%. 
La causa principal de ello es la desaceleración de la tasa de crecimiento, y la marea todavía no cambia, ni siquiera lentamente. Esto contradice las afirmaciones poco realistas de los informes que examinamos esta tarde. 
Una de las posibles causas de esta desaceleración es el clima económico. Sin embargo, la causa principal se encuentra en los enormes gastos públicos y en la falta de flexibilidad estructural. 
Todavía no se han encontrado soluciones para esta última. A este respecto, tenemos que romper el tabú y preguntarnos si en realidad el euro forma parte de las rígidas estructuras que están frenando el crecimiento. 
En vista de las marcadas diferencias de resultados entre la eurozona y los países de fuera del euro, sin duda tenemos que plantearnos esta pregunta. 
Puesto que estamos perdiendo terreno, ¿conviene flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? 
Soy consciente de que la respuesta de la Comisión, del Banco Central Europeo e incluso del último Consejo Ecofin ha sido un contundente «no» , aunque se avanzaron varias modificaciones menores. 
Con respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la política exterior, la Unión Europea, como siempre, no quiere enfrentarse a la realidad. En cambio, quiere disimular la manera en que no estamos cumpliendo los criterios fundamentales. 
En nuestra opinión, no deberíamos perder de vista el objetivo de eliminar por completo los déficit públicos. Este es, sin duda, un objetivo loable. 
Señor Presidente, mi país, Suecia, celebrará en otoño un referéndum sobre el euro. 
A pesar de que todavía no formamos parte de la eurozona, estamos intentando activamente cumplir los criterios de convergencia y respetar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
La Comisión y el ponente, el Sr. Olle Schmidt, señalan que Suecia no cumple dos de los requisitos: el tipo de cambio y la legislación relativa al Banco Central Sueco. 
Creo que será posible cumplir pronto los requisitos en estos dos aspectos si el resultado del referéndum es «sí». 
Nuestro respeto por estas normas no solo tiene que ver con el hecho de que existen como exigencias externas. 
Más bien tiene que ver en primer lugar con el hecho de que nosotros mismos nos damos cuenta de que son ventajosas para la economía sueca, que también ha ido mejorando constantemente. 
Actualmente tenemos una inflación y un desempleo relativamente bajos, y las finanzas del Estado están estabilizadas. 
Es más, nuestro crecimiento es superior al de muchos otros países. 
Básicamente, estas normas son buenas. 
Por ello, sería peligroso empezar a dejarlas de lado, junto con la disciplina presupuestaria, tan pronto como algunos tienen problemas. 
Eso minaría la confianza depositada en el euro y la UEM. 
A pesar del enfoque que defiende el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y los Demócratas Europeos en determinadas enmiendas, hay razones para desarrollar las normas del pacto a largo plazo. 
Permítanme mencionar algunos ejemplos, como la cuestión de la estabilidad de precios. 
Está claro que tenemos que ceñirnos al objetivo de la inflación, pero, por ejemplo, el requisito del 2% podría ser la media de un ciclo económico, de tal manera que la inflación podría ser del 1% en un año y del 3% en otro. 
Eso favorecería el crecimiento e incrementaría la flexibilidad. 
Lo mismo se aplica a las finanzas del Estado. 
La Comisión ha presentado una propuesta interesante según la cual los países con deudas públicas bajas deberían tener más oportunidades para conceder préstamos para inversiones a largo plazo. 
Por último, permítanme decir que por motivos tanto políticos como económicos, espero que Suecia participe pronto en la cooperación relativa al euro. 
Si podemos reforzar y unificar Europa en una situación en la que el dominio del dólar y de los Estados Unidos es tan poderoso, y al mismo tiempo reducir el riesgo de nuevas crisis monetarias y de tipos de interés, entonces pienso por supuesto que los suecos deberían votar a favor del euro. 
Me gustaría dar las gracias especialmente al Sr. Olle Schmidt, que ha redactado un informe verdaderamente excelente. Yo voy a votar a favor del mismo. 
Señor Presidente, lo que me ha sorprendido más en este debate es que nada hace flaquear la fe de algunos diputados en cuanto a la rigidez de los criterios para la convergencia nominal. 
Ni el importante declive de la economía ni la contracción de la inversión privada, ni el continuo aumento del desempleo y la pobreza hacen flaquear su fe en los dogmas del Pacto de Estabilidad, cuya rigidez presupuestaria y monetaria no solo ha contribuido a empeorar la actual crisis económica, sino que también ha limitado el potencial de crecimiento en la Unión Europea, con todas las consecuencias que esto conlleva para los niveles cada vez más altos de desigualdad, pobreza y marginación. 
Sin embargo, esta situación es especialmente grave para los países de la cohesión, como Portugal, cuyos problemas específicos requieren un sector público dinámico y una inversión pública importante con el fin de alcanzar un alto nivel de convergencia real, que está siendo mermado por la aplicación ciega de los criterios irracionales del Pacto de Estabilidad. 
Como todos sabemos, la mundialización debería flexibilizar las políticas monetarias y presupuestarias en función de las necesidades específicas de cada país, y no llevar al rígido enfoque que se está aplicando actualmente, que a fin de cuentas impone la flexibilidad en los salarios y el mercado laboral, dando prioridad a las políticas monetarias y concediendo mucha menos importancia a las políticas sociales. 
Lamento el hecho de que la Comisión de Asuntos Económicos no considerara la propuesta que presenté, que instaba a la Comisión y al Consejo a suspender inmediatamente el Pacto de Estabilidad y hacía un llamamiento a la revisión en profundidad de las directrices de política económica y monetaria de la Unión Europea, especialmente para tener en cuenta asuntos como el desarrollo económico sostenible del empleo y la aplicación de todos los derechos sociales a través de servicios públicos universales de alta calidad. 
No tiene sentido, desde el punto de vista económico, establecer el mismo umbral de déficit presupuestario para países que tienen diferentes niveles de desarrollo, del mismo modo que tampoco hay justificación económica para sacrificarlo todo en aras al déficit cero. 
Por lo tanto, está claro que el objetivo fundamental del pacto es político, y por esta razón tampoco estamos satisfechos con las propuestas que se han presentado aquí, concretamente por parte de la Comisión. 
Señor Presidente, mi intervención se refiere exclusivamente al informe del Sr. Olle Schmidt. 
Quiero felicitarle por este trabajo, a pesar de que no comparto sus conclusiones, porque no solo ha respondido al Informe de Convergencia de la Comisión sobre Suecia, sino que también ha aprovechado la oportunidad de contribuir al debate sobre la UEM en Suecia antes del referéndum de septiembre. 
Ruego a mis colegas diputados que estén atentos a lo que se declara en el informe, porque en mi opinión algunas partes son al mismo tiempo erróneas y alarmantes. 
En primer lugar, el Sr. Olle Schmidt afirma que los precios no han subido en los países que han introducido el euro. 
Según Wim Duisenberg y un reportaje del diario sueco Dagens Nyheter, los precios han subido de hecho tras la introducción del euro, y han contribuido un 0,2 % al aumento de la inflación en la eurozona. 
En segundo lugar, el Sr. Schmidt presenta una imagen falsa de la economía sueca. 
Sostiene que, desde el punto de vista del comercio, Suecia se ha quedado atrás porque no hemos introducido el euro. 
Sin embargo, no menciona que Suecia experimenta un crecimiento más alto y un desempleo más bajo que la mayoría de los países que tienen el euro, y de hecho tampoco tiene una inflación alta ni déficit presupuestario. 
Lo que me asombra, por no decir que me preocupa gravemente, del informe del Sr. Schmidt es el punto 6, con el cual pretende que los votantes se sientan impotentes afirmando que, antes o después, en cualquier caso, tendremos que convertirnos en miembros de la eurozona. 
En esta medida, el informe es una contribución sesgada al debate sobre la UEM en Suecia. 
Señor Presidente, el retroceso en la economía ha resultado ser más profundo y duradero de lo que se pensó en un principio. 
La situación actual señala claramente la importancia de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y la competencia. 
La Unión iba a convertirse en la región más competitiva del mundo para el año 2010 y en un motor de crecimiento, como nos pintaron de manera tan hermosa los líderes de nuestros Estados miembros en Lisboa. 
Sin embargo, todo parece haber ido por otro camino. 
En los tres últimos años, Europa se ha convertido en un continente donde se pone el sol, un continente que no puede cumplir sus promesas, que traiciona la confianza de sus ciudadanos y que únicamente deja en herencia a las futuras generaciones deudas y obligaciones de pensiones no cubiertas. 
¿De verdad no lo podemos hacer mejor? 
Solo tres países- Dinamarca, Suecia y Finlandia- han cumplido lo que se acordó en Lisboa. 
Irlanda, Gran Bretaña y los Países Bajos también han realizado considerables progresos. 
Sin embargo, las tres economías más grandes de la zona euro no han hecho lo suficiente hasta ahora. 
Señorías, si estuviéramos en la escuela, Alemania, Italia y Francia repetirían curso. 
Normalmente yo no utilizaría palabras tan duras, pero el asunto es grave. 
Después de todo, ¿qué les dice, en su opinión, un reportaje de prensa que afirma que actualmente cien alemanes pierden su trabajo cada hora? 
Los ciclos económicos internacionales desempeñan por supuesto un papel, pero esto no cambia el hecho de que nuestras estructuras económicas están tan constreñidas que suponen una enorme barrera para el crecimiento. 
Además, cuando intentamos eliminar estos problemas estructurales, por ejemplo con la Directiva sobre servicios portuarios, toda una multitud de alborotadores y anarquistas egoístas se dan cita delante del Parlamento Europeo. 
De momento no necesitamos nuevos objetivos o nuevas normas complicadas. 
Es la hora de la acción. 
Y esto significa un compromiso genuino con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y con las reformas estructurales. 
Si se permite a los Estados miembros desviarse del objetivo de equilibrar las finanzas públicas de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, esto va a emitir una señal equivocada. 
En la práctica, esto daría pie a normas sujetas a interpretación y debilitaría nuestra credibilidad y nuestros objetivos finales de coordinar todavía más la política económica. 
Señor Presidente, la responsabilidad fiscal de los Estados miembros es una obligación, dentro o fuera de la zona euro. 
Sería desastroso que actuáramos temerariamente e incluso peor que los países se consideraran desvinculados de un acuerdo que nos impone a todos una disciplina en aras a una zona euro estable. 
Dicho esto, estoy y siempre he estado a favor de una interpretación inteligente y flexible. 
Evidentemente todavía se puede mejorar. 
Estoy seguro de que la Comisión lo reconoce. 
El ciclo económico reclama una desaprobación más que anual. 
El seguimiento de un período tan corto es incompatible con el análisis en tiempo real. 
Comparto la opinión del Sr. Santos de que el déficit ajustado con respecto al ciclo y aprobado para el ciclo económico es razonable y prudente. 
El crecimiento y la estabilidad son pilares gemelos. 
La Cumbre de Lisboa expresó la posibilidad de un mercado único que se correspondería con la inversión en formación y la liberación de capitales a través del plan de acción de servicios financieros, complementado con el plan de acción de capitales riesgo. 
Sin embargo, en competitividad todavía vamos a la zaga. 
No hay altos muros para dejar el mercado fuera. 
La Unión Europea corre cada vez más peligro de quedarse fuera. 
El riesgo que corre la Comunidad de no afrontar importantes reformas estructurales es demasiado grande para dejarlo de lado. 
Si nos retrasamos ahora, esto agravará los declives económicos, no los mejorará. 
Las discusiones de hoy han sido entretenidas y divertidas en muchos aspectos. 
En particular, doy las gracias al Sr. Schmidt por la perspectiva de que Suecia se unirá al euro y ojalá siente un excelente ejemplo para el Reino Unido, que lo hará poco después. 
Señor Presidente, cabe señalar que, aunque las instituciones de la Unión Europea sermonean alegremente a los países más pequeños de Europa si no cumplen los criterios de convergencia, adoptan un tono mucho más moderado al dirigirse a dos de las potencias europeas, concretamente Francia y Alemania. 
Con los criterios de Maastricht o sin ellos, estos dos Estados miembros han asumido el aumento de su déficit con el fin de respaldar riesgos capitalistas en sus países. 
La actitud del Gobierno francés demuestra el modo en que Francia y Alemania van a responder a los requerimientos de las instituciones europeas, si es que lo hacen. 
Puede que reduzcan su déficit presupuestario, pero no lo harán reduciendo las considerables sumas de dinero que conceden a los empresarios. 
En Francia, esto asciende al menos a un 10% del presupuesto. 
Sin duda hay margen para compensar un déficit del 3,4 %. 
Sin embargo, para evitar reducir el dinero destinado a las empresas, el Gobierno francés está recortando el gasto público. En realidad, esto significa quitar dinero a los servicios públicos. 
La necesidad de equilibrar el presupuesto implica que habrá menos dinero para hospitales y escuelas. 
La población en su conjunto sufrirá para que los ricos puedan salir ilesos. 
Aunque en realidad son los Estados miembros y no las instituciones europeas quienes deciden su presupuesto, vamos a votar en contra de este informe, porque sirve de pretexto y justificación de medidas de austeridad y asalto a los servicios públicos. 
. (ES) Señor Presidente, muchas gracias a todos los que han intervenido en este debate por las ideas y los temas planteados y suscitados. 
Creo que hemos tratado bien los dos grandes instrumentos que la Unión tiene para la coordinación de las políticas económicas, las grandes orientaciones de política económica y el Pacto de Estabilidad, instrumentos que, aunque ligados, no deben confundirse. 
Es cierto que, desde la definición de la estrategia de Lisboa, las grandes orientaciones de política económica se dirigen fundamentalmente a mejorar el potencial de crecimiento de la Unión. 
Es cierto, también, que muchas veces tendemos a comparar de forma simplista lo que sucede en la Unión Europea con lo que sucede en los Estados Unidos. 
No hay que olvidar que, por ejemplo, no es lo mismo comparar el crecimiento de la productividad en los Estados Unidos y en la Unión Europea con el crecimiento de la productividad por hora en los Estados Unidos y en la Unión Europea. 
Dicho de otra forma, cuando comparamos Estados Unidos con Europa sabemos que en Estados Unidos la población crece más, que hay más población activa y que trabajan más horas. 
Evidentemente, hay otros factores que intervienen también en términos de productividad y que afectan al mercado de trabajo. 
Pero, dejando aparte esto, hay dos elementos que sí me parecen importantes. 
Los dos están en nuestro informe de síntesis. 
¿Qué ha sucedido desde el año 1999, en que pusimos en marcha el proceso de Lisboa, hasta ahora? 
Hemos visto que, en términos de crecimiento de empleo, la Unión ha crecido más rápidamente que en el pasado y nos hemos aproximado a la tasa de actividad de los Estados Unidos. 
Sin embargo, hemos reducido en términos de productividad respecto a los Estados Unidos. 
Esto pone de relieve que hay algunos elementos que fallan en la Unión Europea, que, evidentemente, están relacionados con el mercado laboral en un sentido amplio, pero, también, tienen que ver con las deficiencias del mercado interior, con el mercado financiero, con la falta de inversiones, en definitiva, con la formación y con todos esos elementos que hemos intentado introducir en las prioridades, sobre todo, del año 2004, que presentamos al Consejo de Primavera, para mejorar nuestra capacidad y nuestra productividad en el futuro. 
En este contexto, ¿es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento un obstáculo para la recuperación en Europa? 
Creo que no. 
Creo que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es una garantía para permitirnos que cuando seamos capaces de mejorar nuestra capacidad de crecimiento y se produzca una posibilidad de crecimiento, lo utilicemos de la mejor forma posible. 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, a través de los estabilizadores automáticos, ha permitido ya un impulso fiscal claro en la Unión. 
No hay que olvidar que, grosso modo, en una aproximación muy simplista, cada punto de caída de actividad implica más o menos medio punto de incremento de déficit público, que es aproximadamente el doble de lo que suele suceder en los Estados Unidos. 
¿Tiene sentido una política fiscal discrecional además en la Unión? 
Desde nuestro punto de vista, un choque asimétrico, evidentemente, plantea problemas que no se van a resolver con elementos de política fiscal en términos generales. 
Los choques asimétricos deben resolverse con definiciones de política monetaria y, solo en circunstancias muy excepcionales, la política fiscal discrecional tiene sentido en un choque asimétrico. 
Sin embargo, hemos introducido en el pacto el margen de maniobra al que antes me he referido, pero lo hemos introducido vinculado a ese potencial de crecimiento de Lisboa. 
Sé que, respecto a los elementos que acabo de citar referidos al pacto, se me puede decir que estos instrumentos cuentan en aquellos países que se sitúan con posiciones presupuestarias por debajo del 3% en términos de déficit. 
Y es cierto. 
Desde el punto de vista de la Comisión- personalmente estoy convencido -, el 3%, en términos nominales, debe ser el ancla fundamental de todo nuestro sistema. 
Tenemos que definir una referencia que es intocable para todos y, en mi opinión, esa es la referencia sobre la que tenemos que trabajar. 
Pero no es una referencia que hemos definido y a la que nos vinculamos por exceso de tozudez o de intentar que las cosas no cambien. 
Pensemos simplemente cuál sería la situación presupuestaria en aquellos países que partieron ya con definiciones de déficit presupuestario relativamente alto si hubiéramos dejado funcionar el crecimiento del déficit público, por ejemplo, de forma semejante a lo que ha sucedido en los Estados Unidos. 
Es cierto que, en nuestro sistema, aquellos países que superan el 3%, en los momentos con menor caída de actividad, tienen que tener un cierto comportamiento procíclico, pero esa situación es la consecuencia de no haber cumplido las obligaciones de reducción de los déficits en las situaciones de mayor crecimiento. 
En definitiva, yo creo que los instrumentos de que disponemos nos van a permitir hacer frente a la situación actual con cierto grado de coordinación. 
Si se me plantea si debemos estar satisfechos, debo decir que hemos avanzado, pero no diría que estamos totalmente satisfechos. 
Ustedes han planteado algunos de los elementos que a todos nos preocupan. 
Han dicho ustedes que es fundamental que aquello que se acuerda se cumpla. 
Estoy absolutamente de acuerdo con ese principio y creo que es uno de los fallos fundamentales que tenemos actualmente en el sistema de coordinación. 
Otros se han referido a la necesidad de prestar más atención al cumplimiento de lo pactado y no a pactar nuevas cosas. 
Por esa razón, en las grandes orientaciones de política económica, estamos prestando mucha más atención a los informes de aplicación que a la definición de nuevas grandes orientaciones, que pretendemos que sean trianuales. 
Pero también, en lo que se refiere al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hemos insistido, de forma permanente, en la necesidad de conseguir un mayor ownership por parte de los diferentes Estados miembros. 
Es imprescindible que los Estados miembros acepten o reiteren el compromiso del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y que ese compromiso no sea simplemente formal, sino que responda a la realidad. 
Solo si somos capaces de avanzar en todos estos elementos, dispondremos de un punto de partida que nos permitirá crecer rápidamente cuando el contexto económico se modifique. 
Creo que nuestros equilibrios fundamentales están en una posición relativamente confortable en los momentos actuales. 
Somos conscientes de que nuestras tasas de crecimiento son relativamente bajas. 
Somos conscientes de que estamos muy afectados por el contexto exterior y de que no hemos sido capaces de ser más independientes de él, pero creemos que estamos en un excelente punto de partida para hacer frente a los problemas que se puedan plantear en el futuro y para aprovechar, en el momento en que se produzcan, de la mejor forma posible, las posibilidades de crecimiento. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0042/2003) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (11212/4/2002- C5-0534/2002- 2000/0260 (COD) ) (Ponente: Othmar Karas). 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera, al comienzo de mi discurso sobre este informe, dar las gracias a tres grupos de personas: primeramente, y de forma especial, a los representantes de las Presidencias española y danesa. 
La Presidencia española posibilitó la Posición Común, y la Presidencia danesa dedicó mucho esfuerzo a la búsqueda del diálogo con nosotros. 
También me complace que, en la última semana, la Presidencia griega haya desechado la prohibición autoimpuesta de entablar conversaciones. 
Quiero agradecer al personal político y a la secretaría del Comisario Bolkestein su continua disponibilidad para debatir cuestiones con nosotros y colaborar en la búsqueda de compromisos. 
Por último, quisiera agradecer a los ponentes alternativos, el Sr. Kuckelkorn y el Sr. Huhne, y también a mis colegas de la comisión, que fueron muy flexibles y nos ayudaron constantemente a sacar adelante esta Directiva sin tener que echar por la borda los principios que establecimos en la primera lectura. 
Quiero darles las gracias muy sinceramente por su contribución. 
El segundo punto que quiero señalar es que esta Directiva también ha mostrado claramente los problemas que tenemos en lo que concierne al procedimiento legislativo. 
En octubre de 2000 recibimos la propuesta de la Comisión, y el Parlamento concluyó la primera lectura en julio de 2001, pero hasta el 5 de noviembre de 2002 no se nos comunicó la Posición Común. 
Hoy estamos debatiendo la segunda lectura, y mañana es la votación. 
Puesto que conviene recordar todo esto, quisiera aprovechar esta oportunidad para señalar muy claramente nuestra voluntad de ultimar una Directiva tan importante en primera lectura. 
La primera lectura del Parlamento obtuvo 458 votos a favor. 
Si el Consejo hubiera aceptado este gesto de cooperación por nuestra parte, habríamos tenido esta Directiva desde hace mucho tiempo. 
El tercer punto que planteo en parte en respuesta a varios informes de prensa de hoy, es que esta Directiva no es una Directiva de pensiones ni una Directiva relativa a productos de seguridad social. 
Tampoco tiene que ver simplemente con las pensiones de empleo. 
Como su nombre indica, es una Directiva sobre actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo. 
Esto conviene especificarlo, porque lo que nos ocupa hoy aquí es a una Directiva de servicios financieros. 
Dicho eso, me han planteado muchas peticiones en relación con la definición de las prestaciones, la concepción de los productos, etc. Cuando oyen las palabras «pensiones de empleo» , los interesados preguntan cuáles son las prestaciones para ellos en una época de incertidumbre en todos los Estados miembros en lo que concierne a las pensiones. 
En vista del hecho de que las Directivas de servicios financieros y del mercado interior, junto con las instituciones relevantes, desempeñan un papel esencial en la financiación de la economía europea y el funcionamiento de los mercados de capitales, hemos intentado, en esta situación tan cargada, seguir el camino marcado en Lisboa y asegurar no solo la competencia, sino también un grado correspondiente de seguridad social. 
También teníamos la misión de estructurar los sistemas de pensiones de empleo como segundo pilar de la previsión para la jubilación y tratar los aspectos sociales respectivos. 
Esta Directiva no es el producto definitivo. Es un primer paso. 
En mi opinión, la Directiva será beneficiosa para las personas porque habrá más proveedores que compitan entre ellos; esto, junto con la creación del mercado europeo, tendrá más ventajas para las personas que se desplacen; tendrá más ventajas para los ciudadanos y los proveedores, porque también el segundo pilar estará regulado a nivel europeo; y beneficiará al mercado de capitales moviendo sumas de unos 2 millardos de euros en el mercado y esperamos que este capital se incremente. 
Esta Directiva será beneficiosa para el mercado interior gracias a la aportación de capital riesgo, y será beneficiosa para las instituciones porque existirán reglamentos europeos que facilitarán las actividades transfronterizas. 
Con carácter prioritario hemos propuesto enmiendas en seis puntos. 
El volumen de información que debe facilitarse a los beneficiarios de las pensiones se ha incrementado. 
Los riesgos biométricos se han formulado de manera clara, y se ha hecho posible cubrirlos. 
Se ha especificado de manera clara que nuestro objetivo son pensiones vitalicias, que tienen que constituir la esencia de nuestros sistemas. 
La Directiva comportará la coordinación de la labor de las autoridades supervisoras, y sienta las bases para crear unas reglas de juego uniformes. 
Todavía no liberaliza las estipulaciones en materia de evaluación. Dada la posición del Consejo, eso no era posible. 
La Directiva tampoco clarifica la cuestión de la armonización fiscal, ni cumple nuestro deseo de que el segundo pilar se estructure de la misma manera en toda Europa, proporcionando así una mayor seguridad social. 
Sin embargo, la Directiva es un paso importante en la buena dirección. 
Creo que hemos mantenido el equilibro en el marco de nuestras competencias y las opciones existentes. 
Quiero dar las gracias con toda sinceridad a todos los que han contribuido a esta labor. 
Señor Presidente, la Comisión quiere dar las gracias al Parlamento Europeo y, especialmente, al ponente. 
El ponente ha sido muy amable al expresar su gratitud a mi gabinete y mis servicios. 
Le estoy muy agradecido por estos cumplidos y puede estar seguro de que los transmitiré a mi plantilla. 
Doy las gracias al ponente y a la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Sra. Randzio-Plath, por haber tratado con acierto y eficacia este importante documento y por su actitud constructiva y cooperadora durante esta segunda lectura. 
Esta Directiva tiene una importancia estratégica particular, no solo para nuestros mercados de capitales, sino también para nuestros mercados laborales y, quizá, más que nada, para la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas de pensiones en su conjunto. 
Los jefes de Estado y de Gobierno, sobre todo en el Consejo Europeo de Barcelona, han dado carácter prioritario a esta Directiva. 
La situación actual en Europa se caracteriza por tres aspectos: primero, una conciencia general creciente de lo que yo calificaría de «bomba de relojería demográfica» ; segundo, una clara voluntad por parte de todos los Estados miembros de abordar los desafíos financieros sin socavar el objetivo social de sus sistemas de pensiones; tercero, un fuerte deseo de los Estados miembros de conservar la especificidad de los sistemas de pensiones en sus esfuerzos por modernizarlos. 
Después de todo, la responsabilidad de diseñar y gestionar los sistemas de pensiones reside en los Estados miembros y no hay ninguna intención de cambiar esta situación. 
Nuestros esfuerzos por crear un marco de mercado interior para las instituciones que ofrecen pensiones de empleo deben enmarcarse en este contexto. 
Una directiva destinada a crear un marco prudencial para los fondos de pensiones debe ajustarse a este proceso de reforma coordinada, constante pero gradual, de los sistemas de pensiones nacionales. 
Esta Directiva también debe- y esto ha sido fundamental para la Comisión- respetar absolutamente dos principios esenciales: primero, respetar plenamente la amplia diversidad de entidades de jubilación de empleo entre los Estados miembros y, segundo, la no interferencia en la organización de los sistemas de pensiones de los Estados miembros. 
Me complace indicar que el paquete de enmiendas de transacción presentadas por el PP-DE y los Grupos de los Socialistas y los Liberales cumple plenamente estos dos principios. 
Señor Presidente, quiero rendir homenaje a nuestro ponente, el Sr. Karas, quien ha demostrado tener buen criterio al alcanzar un equilibrio en gran parte aceptable en esta Directiva, que es compleja pero crucial. 
Nuestro Grupo estaba muy preocupado por cualquier posibilidad de que esta Directiva fracasara por falta de consenso en el Parlamento o entre el Parlamento y el Consejo. Pero el ponente ha conseguido con éxito la cuadratura de este dificilísimo círculo. 
En el Grupo del PPE-DE nos complace mucho apoyar el compromiso diseñado por el ponente y el Comisario. 
Sin embargo, he de señalar ciertos aspectos que todavía nos preocupan. 
Por ejemplo, las enmiendas transaccionales 4 y 12 conceden a los Estados miembros el derecho a prever una opción para la cobertura de riesgos biométricos. 
Es verdad que solo es una opción, pero nos preocupa que las diferencias entre Estados miembros obstaculicen de alguna forma los fondos de pensiones de empleo transfronterizos y la capacidad para trasladar a empleados junto con sus fondos de pensiones por toda la Unión Europea. 
Agradecería que el Comisario asegurara que entiende el impacto, o, esperemos, la falta de impacto, de esta opción. 
La otra preocupación se refiere a la exigencia de un registro que también deba mostrar en qué Estados miembros opera la institución en cuestión. 
El ponente me ha asegurado que al amparo de la enmienda acordada no se requeriría semejante acuerdo si, en su lugar, se «autorizara» a las instituciones. 
De nuevo agradecería al Comisario que confirmara concretamente que él también lo entiende así. 
Esto sin duda sería bien acogido en el sector de los servicios financieros con vistas a eliminar trámites burocráticos innecesarios. 
Aparte de estos dos aspectos, estamos muy satisfechos con el resultado, que asegura una amplia flexibilidad, por ejemplo, con respecto al modo de pagar las prestaciones de pensiones. 
Seguirá permitiéndose el pago de un tanto alzado. 
Estamos dando un gran paso adelante al realizar un mercado único europeo de servicios financieros. 
Hay que felicitar al Sr. Karas y al Comisario Bolkestein por este logro. 
Mañana tendremos que garantizar un rotundo voto de apoyo a esta Directiva. 
Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Karas, y al Comisario y a su plantilla por lo que me parece es un buen compromiso entre el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión, que permitirá a millones de europeos acumular mejores derechos de pensiones dondequiera que trabajen dentro de la Unión. 
Este es un puntal esencial del Plan de Acción de Servicios Financieros. 
Recortará los gastos administrativos de muchos fondos de pensiones de empresas multinacionales, permitiendo a las personas obtener mejores pensiones al retirarse. 
Ayudará a millones de europeos de edad avanzada a disfrutar de una jubilación al sol. 
En estos momentos, a los ciudadanos europeos efectivamente se les niega el derecho a la libre circulación durante sus vidas laborales y durante la jubilación debido al mosaico de sistemas de pensiones nacionales, que imponen barreras inaceptables cuando las personas intentan cambiar de trabajo o de lugar de residencia. 
Este es un gran avance hacia la eliminación de estas barreras. 
Esperemos que se siga avanzando, en particular en algunas de las cuestiones fiscales. 
Las empresas también pierden con la falta de movilidad de la mano de obra y la burocracia suplementaria, la administración y los costes adicionales asociados a la gestión de múltiples sistemas de pensiones. 
Las empresas presentes en todos los quince Estados miembros soportan unos 40 millones de euros al año de gastos suplementarios porque tienen que tratar con quince diferentes entidades de pensiones y sistemas legales. 
Este acuerdo también supone una mayor variedad de fondos de pensiones porque abre el mercado europeo de la gestión de inversiones y de la administración de pensiones. 
En el futuro podemos tener un auténtico mercado de ahorros de pensiones de 377 millones de personas, que se ampliará a 450 millones de personas después de la ampliación. 
Es un mercado con un gran potencial. 
Los planes de jubilación de empleo financiados en la Unión Europea abarcan el 25% de la mano de obra de la Unión Europea y actualmente están valorados en más de 2 500 millardos de euros. 
Se prevé que superarán los 7 000 millardos de euros para 2010. 
Es un puntal clave de la apertura al mercado de servicios financieros. 
También es una medida que permite abrir el mercado sin matar moscas a cañonazos. 
Concede un pasaporte a los fondos de pensiones para operar en toda la Unión Europea sin intentar armonizarlo todo. 
Los Estados miembros son responsables de fijar los requisitos sociales- como el fallecimiento para las prestaciones de servicios- para sus propios fondos de pensiones y las exenciones fiscales que conceden, conforme al principio de subsidiariedad. 
Por ejemplo, me complace que se permitan específicamente las cantidades globales. 
Además, la Directiva implica que ahora los fondos de pensiones podrán invertir en función de las necesidades de sus propios beneficiarios, en lugar de las reglas arbitrarias establecidas por los Gobiernos para la compra de sus propios bonos y demás. 
La insistencia en el llamado principio «de la persona prudente» , el principio por el que las inversiones se deciden con prudencia, abrirá el mercado de gestión de los fondos. 
En resumidas cuentas, es una medida excelente. 
Pido al Parlamento que vote a favor de ella. 
Señor Presidente, Señorías, creo que habría que establecer una directiva sobre instituciones de previsión de jubilación complementaria para proporcionar cierto grado de protección social. Sin embargo, la Unión Europea no tiene tal mandato. 
Por consiguiente, este informe forma parte del trabajo encaminado a crear un mercado interior de los servicios financieros. Esto está absolutamente claro. 
Ante todo, este informe permitirá a las instituciones de previsión de jubilación complementaria de Gran Bretaña y de los demás países beneficiarse de su posición y ofrecer servicios transfronterizos. 
Votamos en contra de este informe en la primera lectura en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 
El documento intentaba sin duda corregir las deficiencias en materia de obligaciones sociales, pero agravaba los riesgos de inversión. 
La Posición Común del Consejo garantiza mejor los requisitos cautelares de la inversión, pero no cumple las exigencias del Parlamento en el ámbito social. 
Hemos pedido que se rechace esta Posición Común. 
Pensamos que este informe debe reconsiderarse en el contexto de la grave crisis que afecta a las bolsas actualmente. Esto está afectando a los fondos de pensiones, supone un riesgo para el nivel de beneficios y hace que se incrementen las cotizaciones. 
La confianza en estos sistemas de fondos de pensiones no se restaurará sin unas normas estrictas de gestión y unas estructuras de seguros mutuos para las garantías. 
También es necesario que estas estructuras estén respaldadas por convenios colectivos europeos entre los interlocutores sociales. 
Quisiera decir que el Sr. Karas ha trabajado mucho en la elaboración de este informe y se ha asegurado de que el texto sea equilibrado. 
Sin embargo, al fin y al cabo creemos que las enmiendas tienen un alcance limitado. Esto se debe a los acuerdos entre los distintos componentes de los Grupos políticos y lo que el Consejo estima aceptable para evitar la conciliación. 
El informe supone una mejora de la Posición Común, y las enmiendas propuestas por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea refuerzan los requisitos cautelares de la inversión. No obstante, el enfoque básico del texto sigue siendo el mismo. 
Señor Presidente, Señorías, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea votará a favor de la propuesta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica que solicita el rechazo de la Posición Común. 
No vamos a apoyar esta propuesta porque queremos oponernos por principio a la financiación de las pensiones complementarias a través de la capitalización. Como ha dicho el Sr. Kuckelkorn, una pensión es una pensión. 
Las pensiones son vitalicias. Proporcionan medios de vida a los trabajadores cuando se jubilan. 
También ofrecen ciertas garantías en caso de incapacidad. Las pensiones de viudedad revierten en los cónyuges supervivientes. 
Sin embargo, más allá de esto, nos estaríamos embarcando por primera vez en el establecimiento de definiciones europeas de productos de pensiones y mecanismos sociales. También hemos de tener en cuenta las circunstancias en las que las instituciones financieras pueden hacer una contribución. 
Actualmente no hacemos más que disfrazar productos de ahorro de manera muy mal definida. Quisiera dar las gracias al Sr. Karas por todos los esfuerzos realizados para hacer que este disfraz sea lo más convincente posible. 
En primer lugar quiero dar las gracias al Sr. Karas por su informe. 
No ha sido tarea fácil llegar a un compromiso en una cuestión compleja como es la supervisión de las pensiones de empleo. 
Puedo apoyar el compromiso alcanzado en principio, aunque es un compromiso más débil del que habría deseado. 
He presentado tres enmiendas en nombre del Grupo EDD, pero también a petición de varios diputados de otros Grupos. 
Me gustaría que el Comisario Bolkestein aclarara un poco más este punto. 
¿Está dispuesta la Comisión Europea a prometer que tendrá en cuenta los asuntos mencionados en las enmiendas en la fase de aplicación de la Directiva? 
¿Qué promesas puede hacer con respecto al tema de los informes anuales y las cargas administrativas asociadas, como se afirma en la enmienda a los artículos 10 y 11? 
Una segunda cuestión se refiere a la enmienda al apartado 2 del artículo 18. 
¿Está usted dispuesto a revisar la prohibición absoluta de los préstamos y a conceder a los Estados miembros la opción de prohibirlos si así lo desean? 
En el considerando 8 hay, después de todo, una clara referencia al principio de subsidiariedad. 
En mi opinión, este considerando no es coherente con la cláusula de prohibición del artículo 18. 
Si recibo una respuesta satisfactoria a mi pregunta, estaré dispuesto a reconsiderar mi enmienda. 
Por último, me gustaría comentar algo sobre la traducción al neerlandés de la enmienda revisada nº 32, en la que por error han sido omitidas las palabras «o tiene licencia». 
El texto inglés contiene las palabras «o autorizado» , y creo que eso es lo que también tiene que aparecer en el texto neerlandés. 
Señor Presidente, me uno, porque es de justicia, al agradecimiento al ponente, Sr. Karas. 
He sido testigo de excepción de la bravura de los toros que ha tenido que lidiar: el Consejo- muy dividido -, la Comisión, los demás Grupos de esta Cámara y, muy especialmente, mi propio Grupo, que le ha planteado más dolores de cabeza que todos los demás Grupos juntos. 
Quisiera, en segundo lugar, subrayar la generosidad del Parlamento Europeo. 
Es verdad que hemos conseguido que sean aceptadas muchas de las enmiendas que planteamos en primera lectura, pero no es menos verdad que hemos sacrificado aspiraciones legítimas, bien fundadas, bien razonadas, para conseguir un texto que pudiese ser aceptado por el Consejo. 
Y hemos sacrificado esas posturas porque en todo momento hemos sido conscientes de que esta Directiva era transcendental, al menos, para tres cosas. 
En primer lugar, para hacer más efectivas, más reales, las libertades consagradas en el Tratado y, especialmente, la movilidad de los trabajadores. 
En segundo lugar, para complementar los sistemas públicos de la Seguridad Social en un momento- se ha dicho aquí- en que el reto al que nos tenemos que enfrentar en los próximos años es el reto demográfico, el envejecimiento de la población y la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
Estos sistemas profesionales de carácter complementario- insisto en este aspecto- servirán para mantener las rentas futuras de los trabajadores. 
Orientación social que mi Grupo aplaude. 
Y, en tercer lugar, porque servirá para aumentar el ahorro europeo, para aumentar la profundidad del mercado financiero europeo, que es el objetivo global del plan de acción de servicios financieros. 
Ese ahorro nos permitirá financiar- y empalmo aquí con lo que he dicho en el informe anterior- las inversiones que necesitamos para crecer, para aumentar el empleo y nuestra productividad. 
Ha subrayado el Sr. Karas muchas de las enmiendas que han enriquecido el texto original de la Comisión y el Consejo. 
Quisiera subrayar aquí el aumento de la transparencia con las obligaciones de información que recaen sobre los prestadores de estos servicios, sobre los que suministran y garantizan estas pensiones, tanto respecto a las autoridades como a los partícipes. 
En segundo lugar, y en contra de lo que ha dicho alguien desde los bancos de la izquierda, porque incorpora orientaciones sociales que son muy queridas para los que defendemos la economía social de mercado. 
Y, en tercer lugar, porque aumenta la coordinación de las autoridades de supervisión y favorece la posibilidad de actividades transfronterizas. 
Quisiera terminar, señor Comisario, subrayando algunas de las carencias que ha señalado el ponente. 
Será necesario avanzar en la armonización fiscal- lo he subrayado en el informe anterior- si queremos que estas actividades transfronterizas realmente se extiendan y que la libertad de elección sea real. 
Señor Presidente, la gran mayoría del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos votará a favor del paquete de enmiendas negociado con el Consejo y la Comisión por el Sr. Karas. Quiero dar las gracias al Sr. Karas por toda su labor. 
El resultado de la segunda lectura probablemente será aceptable en su conjunto. 
Vamos a crear un pasaporte europeo para fondos de pensiones. 
Estamos tratando de un instrumento financiero, pero que tiene objetivos sociales. Por lo tanto, algunas mejoras son necesarias en relación con las posiciones del Consejo. 
Necesitamos garantizar pensiones decentes para los ciudadanos europeos. 
Los fondos de pensiones tendrán que desempeñar un papel a este respecto, especialmente si hay cobertura biométrica de las cotizaciones o protección contra los riesgos de la vida. 
Sin embargo, presentar los fondos de pensiones como panacea sería una mentira deliberada. 
La prensa se refiere hoy a un mensaje de la Mesa Redonda Europea de Servicios Financieros al Consejo Ecofin, que presenta los fondos de pensiones como solución milagrosa de los futuros problemas de financiación de las pensiones en Europa. 
Según esta asociación de grandes empresarios, ya no será posible financiar el primer pilar del régimen de pensiones, que implica la redistribución, puesto que cada vez hay un mayor número de beneficiarios y un menor número de contribuyentes. 
Sin embargo, los fondos de pensiones basados en la capitalización experimentarán los mismos problemas demográficos una vez que lleguen a la madurez. 
De hecho, las pensiones que se pagan en cualquier año siempre implican una transferencia de fondos de los trabajadores a los jubilados, ya sea por redistribución o por capitalización. 
Desde que estalló la burbuja especulativa, la mayoría de fondos de pensiones han arrojado resultados negativos. En los Estados Unidos, los fondos de pensiones ofrecidos por grandes compañías se enfrentan a un déficit de más de 300 millardos de dólares. 
En Gran Bretaña, el déficit de los fondos de pensiones de las empresas se cifraba en 65 a 130 millardos de libras esterlinas a finales de 2002. También existen déficit significativos en Suecia, los Países Bajos, Bélgica y otros países. 
Incluso los modestos fondos de pensiones de los diputados del Parlamento Europeo acaban de modificar las cotizaciones en tres puntos. 
Este tipo de ejercicio también dejaría a salvo todos los fondos de redistribución. 
Debido a los resultados financieros negativos, las empresas con fondos de pensiones ya no tienen un sistema de beneficios garantizados, sino un sistema de cotizaciones garantizadas. 
En un sistema de beneficios garantizados, los cotizantes ahorran un dinero que recibirán cuando se jubilen. En un sistema de cotizaciones garantizadas, cada persona sabe cuánto ha de cotizar, pero no recibe garantías del resultado de la política de inversión de los gestores del fondo. 
Ni que decir tiene que los gestores de los fondos siempre se toman su parte del mismo, vaya este bien o mal. 
Esto explica por qué el sector financiero acoge con tanta satisfacción la Directiva. 
Una vez más, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos no se opone a los fondos de pensiones del segundo y del tercer pilar. No obstante, pensamos que necesitamos actuar con mucha cautela y que se precisan unos requisitos cautelares muy estrictos. 
Señor Presidente, las pensiones basadas en la capitalización no deberían minar los sistemas de pensiones nacionales basados en la solidaridad intergeneracional. 
Señor Presidente, es verdad que los fondos de pensiones del primer pilar son más sensibles al cambio demográfico, y que los fondos de pensiones de segundo pilar son más sensibles a los cambios de las condiciones que prevalecen en la bolsa y en los mercados financieros. 
Sin duda eso está claro, y también tiene sentido que tengamos dos sistemas de pensiones que coexistan el uno con el otro, y que haya un tercer pilar que haga contrapeso. 
Pero dado que cumple nuestras exigencias, esta Directiva es muy importante. 
También estoy muy satisfecho con este compromiso. 
En particular, si se realiza trabajo transfronterizo- y cada vez más empresas están dejando de ser empresas nacionales para convertirse en empresas europeas- hay una necesidad absoluta de que se trate este asunto; puede describirse como una especie de constitución para la previsión para la jubilación en Europa. 
Está bastante claro que no todo está regulado. 
Algunos oradores han abordado un solo punto, que ya no deberíamos hacer nada en el ámbito social y que, en realidad, los Estados miembros deberían someterse al sistema que se aplica en el país cuyas cifras son más bajas. 
Afortunadamente, esto no ocurre con este compromiso, o en esta cuestión, con las propuestas presentadas de antemano, que es la razón por la que yo pienso que el compromiso sobre los riesgos biométricos es muy afortunado. 
En mi país, hasta ahora era habitual asegurar los riesgos biométricos. 
Si alguien de Gran Bretaña aparece de repente en el mercado y no asegura ningún riesgo biométrico y no lo menciona y solo habla de cazuelas de oro, como parece ocurrir en el Reino Unido, entonces podría ocurrir que la gente realizara previsiones de jubilación bastante equivocadas. 
Tiene que ser posible impedir cosas de este tipo, y esta es la razón por la que el compromiso es excepcionalmente bueno. 
En cuanto al suministro de información, ha habido críticas sobre el hecho de que hemos obtenido menos de lo que se buscaba. 
Y esto es verdad. 
Puede que sea una pena, pero creo que no obstante es un avance muy significativo que estemos produciendo en este campo determinadas normas comunes europeas y no normas que son intrínsecamente norteamericanas. 
Por último, señor Presidente, la cuestión fiscal, que hemos dejado a un lado porque, en mi opinión, es lo mejor que se puede hacer en términos políticos. 
Creo que la Comisión ha actuado de modo correcto con su anuncio, es decir, examinando hasta qué punto los impuestos actuales no son discriminatorios. 
Recientemente hemos tenido el reglamento Danner. 
Esa es una de las decisiones que llevan a los Estados miembros a pensárselo dos veces antes de aplicar medidas fiscales discriminatorias en contra de los fondos de pensiones que no están establecidos en su país. 
Aunque nos queda un largo camino por recorrer, creo que de todas formas hemos dado un primer paso. 
Si rechazáramos este compromiso, entonces ni siquiera tendríamos este primer paso y entonces creo que tampoco estaríamos haciendo ningún bien a los objetivos sociales que también están ahí. 
El curso de los acontecimientos relacionados con esta materia de codecisión no merece en mi opinión ningún premio de belleza, pero estoy de acuerdo con el compromiso alcanzado en el último momento, que ya ha sido aprobado por el Consejo. 
Demuestra que el Consejo y la Comisión estaban, en cualquier caso, dispuestos a tomarse en serio al Parlamento como colegislador. 
Por lo que se refiere al contenido, tampoco soy un gran entusiasta, pero con las propuestas de compromiso estamos en cualquier caso definiendo más acertadamente los fondos que entran dentro de esta Directiva y que adquieren ahora un pasaporte europeo para invertir y ofrecer sus servicios más allá de sus fronteras. 
Sin embargo, en el contexto europeo es necesario un debate más profundo acerca del contenido y la calidad de los planes de pensiones del segundo pilar. 
A finales de la semana que viene, en la cumbre europea de primavera, puede realizarse un buen comienzo no solo compartiendo información informalmente, sino también llegando a un consenso sobre el contenido y la convergencia de políticas. 
Si se quiere propagar el segundo pilar, las pensiones financiadas en su totalidad, también hay que guiar el debate sobre la estructura y la calidad de estos planes. 
En los Países Bajos, más o menos la mitad de los ingresos de los pensionistas provienen de planes del segundo pilar, financiados en su totalidad y acordados por los interlocutores sociales; en el futuro esta cifra aumentará. 
No se pueden tratar simplemente como si fueran productos del mercado financiero, que invierten en el mercado de capitales y que tienen que abrirse paso en el mercado interior como servicios comerciales. 
No, el segundo pilar de los Países Bajos pertenece expresamente al primer pilar, con los regímenes de la seguridad social, y no debe mezclarse con los productos individuales del tercer pilar, para aquellos que pueden permitírselos. 
Este es un tema de política social. Y ha estado siempre en el orden del día del debate, por lo que también debería desarrollarse más en la cumbre de primavera y en los debates sobre la coordinación abierta. 
Sin embargo, pienso que también queda más trabajo por hacer con respecto al tema de la política de mercado interior, porque no estoy de acuerdo con lo que varios oradores han dicho, a saber, que esta Directiva no hace mucho por mejorar la movilidad de los trabajadores y la oportunidad de llevarse consigo la pensión en el contexto de la libre circulación de trabajadores. 
Sobre este punto han de ocurrir muchas más cosas, no solo en el ámbito fiscal, sino también en lo que se refiere a la portabilidad de las pensiones. 
En este punto también me gustaría ver un enfoque bastante más ambicioso por parte de la Comisión que repercuta en la legislación. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, para empezar quisiera agradecer a todas las partes implicadas su excelente nivel de cooperación para alcanzar una solución constructiva. 
El Comisario Bolkestein y los funcionarios que dependen de él, al igual que el ponente, el Sr. Karas, han realizado un trabajo magnífico. 
Además, quisiera decir a mi amigo Othmar que Austria ha superado los difíciles retos de su historia con una habilidad extraordinaria para establecer consensos y encontrar soluciones beneficiosas para todas las partes. 
Creo que con el trabajo que ha realizado respecto a esta Directiva, Othmar ha demostrado que posee las importantes cualidades que necesita alguien que tiene influencia en la sociedad. 
Asegurar la existencia de las pensiones de jubilación será uno de los principales retos políticos de los Estados miembros de la Unión Europea en los años venideros. 
No obstante, para abordar este reto, tenemos un mensaje difícil para los ciudadanos de Europa. 
Debemos trabajar durante más tiempo, pero al mismo tiempo la pensión que recibiremos de los planes de jubilación legales será más baja que antes. 
Sin duda, a cualquier político le sonará a misión kamikaze, pero es inevitable. 
El statu quo no es posible. 
Aunque la principal responsabilidad sobre las pensiones de jubilación recae en los Estados miembros, nosotros, a nivel de la Unión, podemos aplicar medidas que ayuden a la promoción de planes de jubilación creando una base sostenible para financiarlos. 
Esta Directiva sobre las actividades de los fondos de pensiones de empleo creará un marco legislativo para la acción en toda Europa y será una de las medidas necesarias para desactivar la bomba de las pensiones. 
La Directiva estimulará el desarrollo de los regímenes de jubilación que son sostenibles desde el punto de vista financiero, proporcionará a las empresas los capitales que necesitan a través de la inversión, y satisfará las necesidades distintas de los individuos de manera más efectiva que los sistemas legales. 
Esto será verdad especialmente en el día en que avancemos con las decisiones sobre la fiscalidad. 
Por una parte, la Directiva promoverá el desarrollo de los mercados financieros europeos, y por otra, beneficiará a los trabajadores, que obtendrán provecho de una política de inversión más eficiente y más transparente en cuanto a sus pensiones. 
El establecimiento de leyes comunes de la Unión Europea llevó quince años. 
El ciudadano de la Unión Europea ha sido capaz durante mucho tiempo de beneficiarse de los servicios sociales y sanitarios de otro Estado miembro. 
Además, la legislación común existe desde hace varios años y se aplica a las instituciones que proporcionan seguros personales de pensiones. 
Sin embargo, las diferencias de opinión de los Estados miembros sobre este tema- cosa que estamos debatiendo hoy- frenaron esta Directiva durante demasiado tiempo; esperamos adoptarla en la sesión plenaria de mañana. 
Ahora la Directiva deja a los interlocutores sociales de los Estados miembros una mano libre para escoger el modo de organizar la previsión de jubilación voluntaria de manera integral. 
Este es un compromiso europeo razonable, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los regímenes de pensiones de los Estados miembros. 
Nuestras negociaciones han sido a veces muy intensivas e intensas, pero creo que estaremos satisfechos con el resultado final. 
Lo más importante fue que evitamos tener que recurrir al procedimiento de conciliación. 
Señor Presidente, felicito al ponente, a la Comisión y a la Presidencia por haber creado un paquete de compromisos. 
Todo el proceso ha sido una cuestión de compromiso. 
Entiendo todo el esfuerzo que se ha dedicado, pero digamos de manera clara que ha participado mucha gente, dentro y fuera de esta Asamblea, quizá más de lo que sabemos. 
Sin embargo, las personas que no han participado, como suele ocurrir, son las que con más probabilidad se benefician de nuestras decisiones o salen perdiendo con ellas. 
El compromiso era muy necesario. 
No es una Directiva destinada a sustituir el pago de pensiones propio de la seguridad social, que pertenece al primer pilar. 
En el Reino Unido, por ejemplo, las personas de más de 60 años de edad han superado en número a las de menos de 16 años. 
Esto, en toda la Unión Europea, no deja ningún lugar a dudas en la mente de nadie de que nuestra sociedad envejece, de que es una sociedad que costará cada vez más y cuyo porvenir debe asegurarse para evitar el futuro fenómeno de los pensionistas pobres, un riesgo muy real. 
El problema es que mucha gente no se siente obligada ni animada ni siquiera hoy a ahorrar para su jubilación. 
Muchas empresas están atadas de pies y manos por los costes administrativos y legales que impiden la promoción de estos fondos en toda la Unión Europea. 
Esta es una constatación de hecho. 
Por mucho que esta Directiva ofrezca una visión equilibrada, teniendo en cuenta los diferentes aspectos que afectan a los Estados miembros, es evidente que el enfoque transfronterizo de las pensiones complementarias necesita más artículos liberalizadores. 
Espero que en una fecha posterior retomemos este debate. 
Algunas empresas de mi país, que creen que pueden retirarse de los planes de prestaciones definidos, han considerado que esta Directiva particular es una excusa, pero Bruselas no da excusas así a estas empresas. 
Los pagos de cantidades globales se han tratado de forma que los pensionistas de muchos países van a pensar que es un reflejo de lo que ya ocurre. esto es un mínimo importante. 
Es evidente que los cambios que hemos introducido en materia de transparencia y registro son mejoras que todos en esta Asamblea podemos sobrellevar. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el hecho de que, tras años de duras negociaciones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento- y gracias a nuestro ponente, que ha sido infatigable en su búsqueda de compromisos -, la aprobación de esta Directiva de pensiones está al alcance de la mano. 
El Consejo ha asegurado que está dispuesto a aprobar el paquete que tenemos ante nosotros. 
Esto es crucial, porque solo de ese modo puede evitarse un procedimiento de conciliación largo, que para todos los implicados- trabajadores, empresarios y proveedores de servicios financieros- podría tener el efecto perjudicial que este reglamento europeo tan esperado podría tener si se pospone de nuevo. 
Yo podría haber aceptado la Posición Común porque la Directiva en cuestión está destinada en primer lugar a regular, sin barreras frente a la competencia, las actividades transfronterizas de los proveedores de fondos de pensiones, y no el producto en sí. 
Era esencial elaborar una directiva que, por una parte, no obligara desde el principio a estos proveedores de servicios financieros a meterse en una camisa de fuerza reglamentaria, por ejemplo que rija la política de inversiones; y por otra parte, que organizara la supervisión de tal manera que los beneficios pagados a los asegurados estuvieran garantizados de la mejor manera posible. 
No es nuestra tarea prescribir qué tipo de pensiones complementarias se van a conceder y los importes. 
Naturalmente, podemos hacer que la Directiva refleje un deseo piadoso para que los acuerdos sobre pensiones de jubilación de empleo cubran también los famosos riesgos biométricos, como la invalidez, las pensiones de viudedad y orfandad, etc. Sin embargo, deberían ser las empresas y sus trabajadores los que determinen lo que quieren cubrir y que todavía no está cubierto por el sistema de la seguridad social pública- en otras palabras, el primer pilar -, con pleno conocimiento de que el derecho a unos beneficios más altos y diversificados tienen, lógicamente, su precio. 
Por supuesto, también debería ser posible- como, por cierto, sucede con el fondo de pensiones de los diputados al Parlamento Europeo- que el capital pudiera desembolsarse en un pago único a la edad de la jubilación, sin especificar para qué se ha de utilizar este capital. 
Si, cuando sea viejo, quiero utilizar el dinero en cuestión para realizar un sueño de toda la vida, como dar la vuelta al mundo, debería poder utilizar el dinero para ese propósito. 
Claro que he de asegurarme de que entonces no devenga una carga para el Estado. 
Lamento que no pudiéramos cumplir lo que otros diputados al Parlamento Europeo y yo nos habíamos propuesto, que las instituciones financieras, además de los fondos de pensiones y las compañías de seguros, deberían poder ofrecer sus servicios en el campo de los seguros de pensiones de jubilación. 
Eso habría conducido a unas reglas de juego equitativas y, por lo tanto, a una mayor competitividad. 
Sin embargo, el paquete obliga a la Comisión de la Unión Europea a examinar la situación del mercado de pensiones de jubilación de empleo con el fin de permitir a otros proveedores de servicios financieros entrar en el ámbito de aplicación de esta Directiva. 
Dicho eso, esta Directiva no ha hecho nada por establecer un mercado común de pensiones complementarias. 
Definitivamente necesitamos un reglamento para impedir la doble imposición de primas y beneficios, y espero que dispongamos del juicio necesario para elaborar un reglamento acertado con rapidez. 
Señor Presidente, espero que a la Sra. Lulling no le decepcione que la Comisión tenga la última palabra. 
Celebro el hecho de que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y el Parlamento esté de acuerdo con el texto transaccional, que quizá no satisfaga a todos. 
Al menos es un texto consensuado. 
Es lo que necesitamos en relación con este importante asunto El Parlamento tiene derecho a saber lo que piensa la Comisión sobre las diferentes enmiendas, pero antes de hacerlo quisiera decir algo a tres diputados que han intervenido. 
Primero, la cuestión de la fiscalidad mencionada por el Sr. García-Margallo y Marfil, el Sr. Pronk y la Sra. Lulling. 
El seguimiento de la comunicación de la fiscalidad de las pensiones de abril de 2001 se ha desarrollado a lo largo de dos vías. 
Ha habido un proceso de conversaciones en el Consejo en relación con las propuestas de la Comisión de mejorar el intercambio de información sobre las pensiones transfronterizas y de abordar la doble fiscalidad y la doble no fiscalidad. 
Siento decir que el proceso no ha dado resultados tangibles. 
Una serie de Estados miembros solo podían aceptar algún tipo de acuerdo si también se abordaba la cuestión de la fiscalidad del lugar de residencia de los pagos de las pensiones frente a la fiscalidad del lugar de origen. 
Sobre esa cuestión los Estados miembros están profundamente divididos. 
En segundo lugar, la Comisión ha examinado si la normativa fiscal nacional sobre la posibilidad de deducir las cuotas de pensiones son compatibles con el derecho comunitario. 
Respecto de este asunto la Comisión ha mantenido su promesa de adoptar medidas. 
El mes pasado, la Comisión envió un dictamen razonado a Dinamarca y cinco cartas de notificación formal a Bélgica, España, Francia, Italia y Portugal. 
En todos estos Estados miembros las cuotas de pensiones pagadas a fondos extranjeros no son deducibles del impuesto, mientras que las cuotas pagadas a fondos nacionales sí lo son. 
Este es un caso evidente de discriminación. 
La Comisión está convencida de que el derecho comunitario prohíbe esta diferencia de trato. 
Puedo asegurarle al Parlamento que estos casos de infracción son una prioridad para la Comisión, que hará lo que sea necesario para abrir efectivamente los mercados a las pensiones transfronterizas. 
Al Sr. Blokland quisiera decirle que, según la información de que dispongo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no ha aceptado las enmiendas que él ha presentado y, por lo tanto, estas no forman parte, me parece, del debate de esta noche. 
Por ello, la Comisión no opina sobre ellas. 
Al Sr. Purvis quisiera decirle que esta Directiva se basa en dos principios: primero, el principio de cumplimiento de los requisitos de prudencia de los Estados miembros de origen y, segundo, el cumplimiento de la legislación social y laboral de los Estados miembros de acogida, es decir, donde esté establecida la empresa. 
Esto incluye establecer disposiciones sobre riesgos biométricos, pero esto no debería ser un obstáculo para la actividad transfronteriza. 
Una vez más, el compromiso al que se ha llegado implica que no habrá conciliación. 
Eso está bien. 
Nunca se sabe a dónde puede llevarnos la conciliación. 
Personalmente, tengo recuerdos muy vivos de la conciliación de la directiva de absorción de empresas y no me gustaría repetir esa experiencia. 
Permítanme que hable de las enmiendas sometidas a votación. 
Me complace decir que la Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 5, 13, 15, 22 y el paquete de enmiendas 25 a 37. 
La Comisión no puede aceptar las demás, que en su mayor parte tienen por objeto ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva. 
La Directiva no pretende interferir en el modo en que los Estados miembros organizan sus sistemas de pensiones. 
Estima que la Directiva no debería regular de forma restrictiva los productos ofrecidos por los fondos de pensiones. 
Tampoco debería definir los mecanismos precisos para el pago de prestaciones. 
La Directiva también ha de respetar la diversidad de sistemas de pensiones ocupacionales, al mismo tiempo que establece ciertas normas estrictas para garantizar su reconocimiento mutuo, pero sin imponer costes innecesarios a los fondos de pensiones. 
Por este motivo la Comisión rechaza las enmiendas 3, 4, 9, 11, 12, 14, 16 y 18. 
La Directiva no debería hacer experimentos y contemplar la posibilidad de ampliar su ámbito de aplicación a las instituciones que hoy no ofrecen productos de pensiones ocupacionales. 
La Directiva no debería abarcar las instituciones que ya se benefician de un marco de mercado único, excepto las compañías de seguros de vida, a las que los Estados miembros deben ofrecer la posibilidad de aplicar esta Directiva a las actividades asociadas al pago de pensiones. 
Por este motivo la Comisión no puede aceptar, lamentablemente, las enmiendas 2, 6, 8, 10 y 17. 
Es preciso que la Directiva haga referencia expresa a un sistema efectivo para garantizar el intercambio eficaz de información entre autoridades competentes y que promueva el cumplimiento coherente de la Directiva, pero sin perjuicio de posibles estructuras futuras. 
Por este motivo la Comisión no puede aceptar las enmiendas 7, 19, 20, 21 y 23. 
La Comisión no puede aceptar la enmienda 24, presentada por el Grupo de los Verdes y la Alianza Libre Europea, pues considera que los fondos de pensiones, como los inversores a muy largo plazo con pocos riesgos de liquidez, no deberían verse excesivamente obstaculizados a la hora de invertir en activos no líquidos como las acciones. 
La Comisión no puede aceptar la propuesta de rechazo de la Posición Común, pues estima que la Posición Común es un compromiso bien equilibrado y recomienda su adopción al Parlamento Europeo. 
Quisiera agradecer a todos los colegas su asistencia esta noche. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
(Se levanta la sesión a las 23.50 horas) 
DECLARACIÓN POR ESCRITO (ARTÍCULO 120 DEL REGLAMENTO) 
La Posición Común adoptada por el Consejo forma parte del objetivo de aplicación del enfoque de la capitalización privada a los recursos financieros de los regímenes de pensiones nacionales; en otras palabras, someter estos enormes volúmenes financieros a los métodos de los mercados de capitales y permitir al sector financiero especular con ellos. 
La creación de un mercado único para pensiones de jubilación era una de las prioridades de la «Estrategia de Lisboa» , conforme al Plan de Acción de Servicios Financieros, que busca alcanzar la integración o liberalización de los mercados de capitales en la Unión Europea. 
Los objetivos de la capitalización privada se reflejan claramente en la falta de normas cautelares genuinas, en la liberalización de las inversiones y la prestación de servicios a nivel europeo y en ausencia de garantías que cubran todos los riesgos, o permitiéndoselo solo sobre una base opcional. 
El propio ponente, en su exposición de motivos, marca el tono, afirmando que esta propuesta contribuirá al desarrollo de los mercados financieros, reconociendo que la Posición Común carece del equilibrio entre la necesidad de tener en cuenta la seguridad social de los beneficiarios y el objetivo de crear un simple marco para los mercados de capitales. 
De ahí la adopción de las enmiendas en primera lectura, que no alcanzan ni de lejos lo que habríamos deseado, y que no cuestionan el enfoque de la propuesta original. 
Esta es la razón de ser de la propuesta de mi Grupo parlamentario, que he apoyado, y que pretende rechazar la Posición Común del Consejo. 
En el día de hoy, en La Haya, delegados de los 89 países que han suscrito el Tratado de la Corte Penal Internacional- los países miembros de la CPI- se reúnen en una ceremonia presidida por el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, y la Reina Beatriz de los Países Bajos. 
Los 18 jueces del tribunal tomarán posesión de sus cargos y la Corte quedará inaugurada hoy. 
Se espera la asistencia de Primeros Ministros, Presidentes y Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia de los Estados miembros. 
En nombre del Parlamento Europeo, quiero dejar constancia con toda claridad de que nosotros, en este Parlamento, hemos fomentado y defendido los derechos humanos. 
Así, hemos apoyado firmemente la creación de la Corte Penal Internacional como un paso adelante fundamental a escala mundial. 
Los diputados al Parlamento Europeo podemos sentirnos orgullosos de que la Corte se haga hoy realidad. 
En mi opinión, un organismo como la Corte Penal Internacional es mejor, para quienes han violado el orden internacional de los derechos humanos, que una Bahía de Guantánamo. 
La Cámara recordará que a este respecto ya hemos aprobado resoluciones en varias ocasiones, sin ir más lejos el pasado mes de octubre. 
Iraq 
De conformidad con el orden del día se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el Iraq. 
(Algunos diputados levantan pancartas con consignas a favor de la paz) 
Agradecería a Sus Señorías que fueran tan amables de retirar las pancartas y ocupar sus asientos de forma que podamos escuchar la declaración del Consejo. 
Sus Señorías conocen el Reglamento. 
Hagan el favor de sentarse y retirar las pancartas. 
(Los diputados siguen las indicaciones del Presidente) 
Tiene la palabra el Presidente en ejercicio del Consejo, el Ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, Sr. Papandreou. 
En respuesta a esta demostración a favor de la paz, permítame, señor Presidente, destacar que según las decisiones adoptadas en la cumbre del Consejo y en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores el 27 de enero, la Presidencia griega tiene instrucciones de agotar todos los medios para encontrar una solución diplomática y pacífica al problema iraquí. 
El del Iraq es un asunto que nos preocupa por diversas razones. 
En primer lugar, quisiera ponerles al día sobre el asunto del propio Iraq y el estado de cosas aunque, por supuesto, ello incide en otros muchos aspectos. 
El Iraq está poniendo a prueba las relaciones y las instituciones y nos está planteando un reto difícil. 
Primero, se está poniendo a prueba la unidad de la Unión Europea de los Quince, pero también la de la Unión Europea de los 25 y los 28. 
Se están poniendo a prueba las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea, las relaciones transatlánticas. 
Se están poniendo a prueba las relaciones entre la Unión Europea y el mundo árabe y musulmán. 
También se está poniendo a prueba a los países del Golfo, que probablemente tienen sus propias preocupaciones particulares sobre el modo en el que se están desarrollando los acontecimientos. 
Se está poniendo a prueba el concepto de diplomacia multilateral y, lo que es aún más importante, la relevancia, el futuro y el modus operandi de las Naciones Unidas. 
Al mismo tiempo, se nos está probando con nuevos retos tales como las armas de destrucción masiva y el terrorismo internacional. 
También se está poniendo a prueba nuestro enfoque, el modo en el que planeamos luchar contra estas nuevas amenazas. 
Este es el punto en que Europa tiene algo que decir. 
Esta es una Unión que cree en los valores comunes, y nuestro enfoque de los problemas actuales se fundamenta en dichos valores comunes. 
En este momento quisiera destacar que la Unión Europea, por lo que se refiere a la unidad- y desde la Presidencia hemos realizado esfuerzos particulares en este sentido- ha adoptado dos decisiones importantes. 
Ya las conocen. 
Solo quisiera destacar que en la cumbre del Consejo de 17 de febrero adoptamos una postura común y realizamos una importante declaración conjunta, en la que hacíamos hincapié en el hecho de que el objetivo de la Unión es desarmar por completo al Iraq y cumplir enteramente la Resolución 1 441 del Consejo de Seguridad. 
Consideramos que esta guerra no era inevitable y quisiera destacar que todavía seguimos creyéndolo. 
Corresponde a Bagdad poner fin a esta crisis mediante el cumplimiento de las exigencias del Consejo de Seguridad. 
Los Quince apoyan por completo la labor actual de los inspectores, y desean concederles el tiempo y los recursos que el Consejo de Seguridad considera que necesitan. 
Sin embargo, las inspecciones no pueden continuar indefinidamente. 
La responsabilidad principal del desarme iraquí recae en el Consejo de Seguridad. 
Naturalmente, nosotros, la Unión, tenemos nuestra opinión particular, pero las decisiones se toman en las Naciones Unidas. 
La unidad y firmeza de la comunidad internacional, según se manifestó en la aprobación unánime de la Resolución 1 441 y la concentración militar del Golfo, han resultado esenciales para conseguir el regreso de los inspectores. 
Por último, en el contexto más amplio de la política de la Unión destinada a asegurar la paz, la seguridad y la cooperación en el Oriente Próximo, destacamos que nuestra prioridad principal consistía en intensificar el proceso de paz en Oriente Próximo y promover, divulgar y aplicar la «hoja de ruta». 
Quisiera poner de manifiesto que los últimos acontecimientos en el Iraq nos causan una gran preocupación. 
Hemos escuchado con atención a Hans Blix, y puedo asegurarles que la Presidencia griega está haciendo un gran esfuerzo por acogerse a todos los procedimientos de las Naciones Unidas y reunirse con todas las partes que participan en el debate iraquí. 
Estamos en contacto permanente con Kofi Annan, Hans Blix y Mohamed el Baradei y, por supuesto, con la mayoría, si no con todos los miembros del Consejo de Seguridad. 
Hace poco hemos tenido la oportunidad de escuchar a Hans Blix; según el informe detallado de la Unmovic, ahora el Iraq ha comenzado a cooperar. 
Me refiero al inicio de la destrucción de los misiles Al Samud y las entrevistas privadas sin grabar con científicos iraquíes. 
Sin embargo, la comunidad internacional todavía espera que el Iraq cumpla plenamente sus obligaciones de desarme según lo establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad, especialmente en la Resolución 1 441. 
En consecuencia, volvemos a llamar al régimen iraquí a que cumpla de inmediato dichas resoluciones. 
En lo que respecta a los retos a los que nos enfrentamos, quisiera hacer hincapié en las iniciativas adoptadas por la Presidencia griega en colaboración con el secretario del Consejo, el Sr. Solana, la Comisión y el Sr. Patten, así como en la importancia vital que concedemos a las mismas. 
En primer lugar, a nuestras relaciones con el mundo árabe. 
En este aspecto hemos tomado iniciativas importantes. 
En las últimas semanas hemos visitado el mundo árabe en diversas ocasiones. 
El Sr. Patten ha viajado a diversos países de la región: Irán, Jordania, Turquía. 
La Presidencia ha hecho otro tanto. 
En los últimos tiempos he visitado personalmente la región en cuatro ocasiones. 
Asistí al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe, y fui invitado a Sharm el Sheik por el Consejo de la Cumbre de la Liga Árabe para dialogar en representación de la Unión Europea. 
Algunos de mis colegas del Consejo, como los Ministros de Asuntos Exteriores de Austria y de Italia, por mencionar solo a dos de ellos, también visitaron la región en representación de la Presidencia. 
Nuestro objetivo consiste en colaborar con el mundo árabe; en primer lugar enviando un mensaje contundente al Iraq, en el que se hace constar que albergamos la esperanza de lograr una solución pacífica si cumplen enteramente lo establecido y, en segundo lugar, para hacer hincapié en el hecho de que esta crisis no es un choque político ni religioso. 
Al contrario, se trata de una crisis en la que estamos colaborando con el mundo árabe y musulmán, un hecho que el mundo árabe aprecia enormemente. 
Nuestro tercer objetivo consistía en movilizar al mundo árabe, algo que creo que hemos conseguido. 
En los próximos días está prevista la visita de una delegación de la Liga Árabe a la región con un mensaje claro para Sadam Husein. 
Un segundo ámbito importante se refiere a las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea. 
Creo que sería un error no admitir que las relaciones han sido especialmente tensas últimamente, sobre todo con respecto a la cuestión del Iraq. 
Es probable que ya existieran otras razones, como Kioto, la Corte Penal Internacional, etc., pero la cuestión del Iraq ha sometido las relaciones a una gran tensión. 
Estoy convencido de que todos deseamos conservar una relación operativa, basada en esfuerzos conjuntos sostenidos en pos de la seguridad y, por supuesto, basada en los valores comunes expresados por Europa y los Estados Unidos: los principios de libertad, democracia y paz. 
No obstante, lo que queremos destacar es la necesidad de un diálogo sustantivo sobre el futuro de la seguridad a escala internacional y el modo en el que pretendemos combatir estos problemas. 
Ya nos hemos reunido tanto con el Sr. Powell como con la Sra. Rice y otros representantes políticos de la escena política norteamericana, en un intento de garantizar que haya un debate sustantivo entre la Unión Europea y el Presidente Bush sobre estos temas en la cumbre del Consejo de junio. 
Por supuesto, estamos en contacto permanente con los Estados Unidos por lo que se refiere a nuestra postura en la cuestión del Iraq. 
En lo que respecta a los países de la región, colaboramos estrechamente con Turquía, que ha tomado la iniciativa de lanzar un debate sobre los problemas que puede plantear la crisis iraquí y colabora con países vecinos para evitar la guerra y conseguir que Sadam cumpla las resoluciones. 
Esta estrecha colaboración se mantiene. 
Turquía es un país candidato y, por supuesto, nos preocupan las posibles repercusiones de los acontecimientos en la región, como la cuestión kurda, el asunto de los refugiados y las repercusiones políticas y económicas en general. 
Por tanto, también colaboramos con ellos. 
En lo que respecta a la diplomacia multilateral creo que, como ya he dicho anteriormente, hemos respaldado plenamente los esfuerzos de las Naciones Unidas. 
La Unión Europea y los Quince- o incluso los 28- han hecho hincapié en la importancia de la función de las Naciones Unidas, y creo que esto resultará ser un factor fundamental en todas las futuras decisiones que tomemos como comunidad internacional. 
Desde la Presidencia, por tanto, también hemos intentado apoyar cualquier iniciativa del Consejo de Seguridad. 
México, Canadá, España, el Reino Unido, los Estados Unidos, Francia y Alemania han presentado numerosas propuestas. 
Por supuesto, teniendo en cuenta que contamos con un gran número de miembros en el Consejo de Seguridad, estamos intentando hacer todo lo posible por impulsar un enfoque común del problema. 
Como ya he dicho, la crisis del Iraq plantea nuevos problemas o puede que esté poniendo de manifiesto los problemas propios del tiempo en que vivimos: la forma de tratar con países que tienen armas de destrucción masiva, el modo de abordar el temor a que las armas de destrucción masiva pudieran caer en manos de terroristas. En mi opinión, también en este aspecto Europa tiene una función vital que desempeñar. 
Europa es una comunidad de valores. 
Europa tiene experiencia en la integración de países que han tenido regímenes autocráticos y dictaduras, ha demostrado que sabe cómo integrar países en un espacio de auténtica democracia y libertad y contribuir a la paz del continente europeo en su conjunto. 
Esta valiosa experiencia puede servirnos de guía y ofrecernos una base importante desde la que ocuparnos de nuevos problemas en otras regiones del mundo. 
Para mí, esta experiencia no es un signo de debilidad, una critica dirigida a menudo a Europa, sino un argumento muy firme que deberíamos utilizar para hablar con una sola voz a escala internacional. 
La Presidencia seguirá trabajando en este sentido con todos sus socios, con los Quince, así como con los 25 y los 28 y, por supuesto, con el Parlamento Europeo. 
Con esta breve intervención quisiera agradecerles su atención y, por supuesto, estoy a su disposición para responder a cualquier pregunta que deseen plantear. 
Querría decir únicamente que desearía tener más tiempo para el debate y pasar más tiempo en esta Cámara. 
Confío en que sabrán entender que, desgraciadamente, paso gran parte de mi vida viajando de un continente a otro, de una región a otra, sobre todo con motivo del asunto del Iraq, como representante de la Unión Europea en estos momentos difíciles. 
Señor Presidente, quisiera expresar mi gratitud por la profesionalidad y la cortesía del Ministro de Asuntos Exteriores griego, con el que es un auténtico placer trabajar. 
Y lo digo después de haber colaborado ya con ocho Presidencias. 
El Ministro ha dicho que ha pasado gran parte de las últimas semanas a unos 9 000 metros de altitud. 
Sinceramente, yo también puedo decir que he pasado mucho tiempo en los últimos tres años y medio a esa altitud. 
Y cuando no estaba a esa altitud, estaba en esta Cámara. 
Debido a mis múltiples responsabilidades, probablemente he pasado- y disfrutado- más tiempo en esta Cámara que ningún otro Comisario. 
Creo que la Cámara sabe que he tratado de ser más bien breve en mis comentarios para no ocupar demasiado tiempo de debate. 
Espero que hoy la Cámara me deje intervenir durante un poco más de tiempo, porque quiero hablar de una o dos cosas que me parecen muy importantes. 
Espero no haber exagerado deliberadamente en esta Cámara los logros de la Política Exterior y de Seguridad Común, ni sus posibilidades con el Tratado actual. 
Siempre he sido muy consciente de sus limitaciones. 
Permítanme que cite brevemente una de mis intervenciones de hace casi tres años, en junio de 2000: «Pese a los importantes avances conseguidos por la PESC en la pasada década, los Estados miembros no han otorgado a la Comisión ni un solo derecho de iniciativa; ni, en general, han aceptado acatarla por votación mayoritaria; tampoco han aceptado que Europa «ocupe el espacio» , reduciendo la libertad de acción nacional... 
La política exterior sigue siendo, principalmente, competencia de los Gobiernos democráticos de los Estados miembros.» 
Pese a los valerosos y extremadamente profesionales esfuerzos de la Presidencia griega, eso no ha sido nunca tan evidente como en las últimas desafortunadas semanas, que han ilustrado ampliamente lo que yo seguí diciendo en aquella intervención: «Todos los Estados miembros deben admitir lo que ya saben desde hace tiempo los que realmente desempeñan labores de PESC: que el mero intergubernamentalismo es una receta para la debilidad y la mediocridad, 
para una política exterior europea del mínimo común denominador. 
Eso se hará cada vez más evidente a medida que la Unión acepte nuevos miembros.» 
La lamentable imagen que ha dado la Unión Europea en las últimas semanas no debe hacernos olvidar los logros reales e importantes de la Política Exterior y de Seguridad Común en la última década, en los Balcanes, Afganistán y muchas otras partes del mundo. 
Pero debe recordarnos lo mucho que nos queda todavía por recorrer. 
Puede suceder, claro está, como han sugerido algunos, que un pequeño grupo de Estados miembros actúe como fuerza motriz para dotar a Europa de una política exterior activa y coherente. 
Pero sin una maquinaria mejor para aprovechar la voluntad política común, es muy probable que, en su lugar, la doten de una política activa incoherente. 
Este no ha sido un buen momento para los que creen que el camino que debe tomar la política exterior europea pasa por dejar las cosas en manos de los grandes Estados miembros. 
Una lección que ya podemos aprender de los sucesos ocurridos- cuestión que ha planteado el Ministro- es la importancia de reforzar la función y la autoridad de las Naciones Unidas. 
A todo el mundo le interesa que el derecho internacional limite el ejercicio del poder y que este se utilice sólo cuando exista consenso internacional. 
¿Qué otra fuente de legitimidad internacional existe, salvo la ONU, para una intervención militar? 
¿Sobre qué otra base se puede abordar el problema de las armas de destrucción masiva? 
Aquí no estoy pensando sólo en el caso particular del Iraq, sino en general. 
La negativa de los Estados Unidos a seguir presionando para que se ratifique el Tratado sobre la prohibición completa de ensayos nucleares, difícilmente fortalece la posición del Organismo Internacional de la Energía Atómica y demás organizaciones que tratan de prevenir la proliferación de tecnología nuclear en Irán, Corea del Norte y otros países. 
Lamento también la decisión de los Estados Unidos de apartarse tan a la ligera del Tratado sobre los misiles antibalísticos. 
Porque esas decisiones- y ha habido muchas- emiten una peligrosa señal sobre el valor que los Estados Unidos atribuyen a los compromisos internacionales. 
Esa es, seguramente, una batalla fundamental perdida en lo que algunos llaman la «guerra contra el terrorismo». 
Porque se me hace difícil imaginar cómo podemos luchar eficazmente contra la amenaza terrorista si no es por medio de la cooperación y la disciplina internacionales. 
(Aplausos) 
Ya se ha hecho un trabajo excelente en el seno de la Unión Europea y a través del Comité contra el terrorismo de las Naciones Unidas. 
Tenemos que seguir ayudando a los países que tienen dificultades para cumplir sus obligaciones de lucha contra el terrorismo conforme a la Resolución 1 373 del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Y tenemos que seguir trabajando por un mundo más justo- por ejemplo, con la Agenda de Desarrollo de Doha de la OMC- poniendo en práctica las decisiones de Monterrey sobre la financiación del desarrollo y las decisiones de Johanesburgo sobre el desarrollo sostenible. 
Por regla general, ¿no tienen las guerras más probabilidades de reclutar terroristas que de hacerles desistir de su propósito? 
Es difícil construir una democracia recurriendo a las armas, cuando la historia sugiere que la democracia casi siempre es resultado de un largo proceso interno en el seno de la sociedad. 
Debido al papel excepcional de la ONU como fuente de legitimidad, es sumamente importante que, de llegar a estallar la guerra en el Iraq, las Naciones Unidas autoricen la decisión de atacar. 
Si, desgraciadamente, la posición de las Naciones Unidas sigue siendo ambigua- por ejemplo, si la autoridad para un ataque se apoya exclusivamente en la Resolución 1 441, pero sin confirmación explícita por parte del Consejo de Seguridad de que el pleno incumplimiento de dicha resolución por parte del Iraq constituye una casus belli -, probablemente seguirá siendo deseable que la ONU establezca lo antes posible un marco para la ayuda humanitaria que pueda ser necesario en el momento en que estalle el conflicto, supervise la creación del nuevo sistema de gobierno del Iraq, formado por los propios iraquíes, y ayude a coordinar la ayuda internacional que, con toda seguridad, hará falta para la reconstrucción del país. 
Pero nadie puede discutir en serio que lo mejor sería si- un gran «si» -pudiéramos desarmar a Sadam Husein con las inspecciones. 
La Unión Europea concede numerosas ayudas a los Balcanes y Afganistán, y ya somos los que más ayuda humanitaria proporcionamos al Iraq. 
Si estalla la guerra, seguro que tendremos que aumentar esa ayuda, no solo para las víctimas del conflicto, sino también para los refugiados que traten de huir de él. 
La Comisión ha mantenido estrechos contactos con organizaciones de las Naciones Unidas y con los países limítrofes de Iraq para decidir la mejor forma de ayudar en el frente humanitario. 
Ya se han asignado 15 millones de euros, pero es posible que tengamos que ir mucho más allá, recurriendo si es preciso a la reserva de emergencia del presupuesto. 
Será fundamental que, junto con otras organizaciones internacionales de ayuda, la Unión Europea tenga libertad para repartir ayuda independiente e imparcial. 
Tendrá que mantenerse una estricta separación entre la acción militar y la asistencia para proteger el llamado «espacio humanitario». 
Ese objetivo será mucho más fácil de conseguir si se reconoce desde el principio el papel de la ONU como principal coordinador de las ayudas. 
Una cosa es la ayuda humanitaria inmediata, pero seguramente se esperará mucho más de nosotros. 
Como el Parlamento sabe también, el presupuesto de Europa para las relaciones exteriores está ya muy comprometido. 
Será muy difícil en cualquier caso iniciar nuevos programas masivos en el Iraq y en sus países vecinos. 
Pero a la Unión Europea le resultará mucho más difícil cooperar plenamente y a gran escala- también en el proceso de reconstrucción a largo plazo- si los acontecimientos se suceden sin la debida aprobación de la ONU y si los Estados miembros siguen estando divididos. 
En anteriores ocasiones que he dicho esto mismo, se me ha acusado de amenazar con la negativa a cooperar por parte de la Unión Europea si los Estados Unidos decidían actuar sin el respaldo de la ONU, según el principio sugerido por Tom Friedman, columnista del New York Times, sacado de un cartel que vio en una tienda de porcelanas: «Quien lo rompa, lo paga.» 
Pero no es esto a lo que voy. 
Sólo quiero constatar un hecho: si estalla la guerra, será mucho más fácil convencerles a ustedes- a las autoridades presupuestarias de la Unión Europea- de que sean generosos si no se cuestiona la legitimidad de la acción militar emprendida, el nuevo orden político que surja de ella o la dirección del proceso de reconstrucción. 
No estoy exponiendo un argumento de tipo jurídico. Simplemente expongo una opinión política que no es ni una gran novedad ni una sagacidad. 
A mí me parece muy obvia. 
Me preocupan mucho- y sé que muchas de Sus Señorías comparten mi preocupación- los posibles daños colaterales de los recientes acontecimientos y de una guerra, si llega a estallar. 
Nuestra acción conjunta debe aspirar a minimizar esos efectos potenciales. 
Y estoy pensando no solo en la muerte y la destrucción que puede ocasionar la guerra en sí misma o las consecuencias desestabilizadoras para los países vecinos del Iraq, sino en el posible debilitamiento de la autoridad de las Naciones Unidas, la OTAN y las relaciones transatlánticas, que están atravesando- por decirlo suavemente- un difícil momento. 
En todos estos contextos, tenemos que mirar más allá de los argumentos inmediatos y acordarnos de nuestros intereses a largo plazo para cooperar y fortalecer el viciado pero necesario aparato de gobernanza internacional. 
Por último, existen otras tres áreas en las que debemos trabajar para reducir los daños colaterales de los recientes acontecimientos. 
La primera de ellas es la propia Política Exterior y de Seguridad Común, que ha sufrido un serio revés porque los Estados miembros enfrentados en el debate han preferido adoptar unas posiciones firmes en la política nacional, como si hablaran en nombre de toda la Unión Europea. 
No tenemos que desanimarnos por ese revés. 
Han existido discrepancias similares en los Estados Unidos, e incluso dentro del Gobierno de los Estados Unidos, pero esas discrepancias no dividen al país, porque al final el Presidente tiene poderes para actuar en nombre de toda la nación. 
Nosotros, al ser una Unión de Estados independientes, no podemos permitirnos ese lujo. Pero ese es un motivo para redoblar nuestros esfuerzos de construir una PESC eficaz, no para abandonarla. 
Cuando volvamos al trabajo, posiblemente nos encontremos con un poco más de humildad hasta entre los grandes Estados miembros, quienes seguramente son conscientes de lo mucho que han dañado su empresa común y lo mucho que han reducido su influencia común como resultado de sus discrepancias públicas. 
(Aplausos) 
Un segundo proyecto europeo que corre el riesgo de verse dañado por los recientes acontecimientos si no nos esforzamos en defenderlo es la causa de la ampliación. 
Ha sido muy perjudicial que las discrepancias respecto al Iraq hayan empañado el debate sobre la ampliación. 
No debemos cuestionar la vocación europea de los países simplemente por sus opiniones sobre la crisis del Iraq. 
(Aplausos) 
Pero, por otra parte, reconozcamos también que los que van a ingresar en nuestra Unión están tomando una decisión existencial. 
No se están declarando a favor de Europa y en contra de los Estados Unidos, rotundamente no. 
Pero, como dice el Tratado de la Unión Europea, están aceptando la responsabilidad de «renunciar a toda acción... que pueda perjudicar [la eficacia de la Unión] como fuerza cohesiva en las relaciones internacionales.» 
Los miembros actuales posiblemente han dado un ejemplo muy malo, 
(Aplausos) 
pero eso no exime de la responsabilidad que tienen todos los miembros, incluidos los países candidatos, de cumplir las obligaciones del Tratado. 
Finalmente, quiero decir unas palabras sobre Israel y Palestina. 
Supongamos, recemos para que el conflicto sea breve. 
Supongamos también que todos los temores expresados sobre las consecuencias para la estabilidad del país resulten infundados. 
Resumiendo, dejemos a un lado todas o casi todas nuestras ansiedades. 
Quiero hacer dos preguntas. 
Primera, ¿conseguirá la paz resultante una reconciliación histórica entre palestinos y judíos? 
La semana pasada, Peter Hansen, Comisario General del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, y uno de los mejores funcionarios internacionales del mundo, describió la situación de los palestinos. 
Hansen escribe así: «La cruda realidad es que casi la cuarta parte de los niños palestinos sufren malnutrición aguda o crónica por razones que solo pueden atribuirse al hombre. 
Ninguna sequía ha golpeado a Gaza ni a Cisjordania, ninguna cosecha se ha destruido y muchas tiendas están repletas de alimentos. 
Pero el fracaso del proceso de paz y la destrucción de la economía por la política de cierre de fronteras de Israel han tenido el mismo efecto que una terrible catástrofe natural.» 
Segunda pregunta, ¿desempeñará América después de la guerra- como responsable de una operación respaldada por la ONU o por una coalición más limitada- un papel mucho más activo para conseguir la paz entre judíos y palestinos? 
Nos han dicho que sí. 
A los dirigentes europeos nos han dicho que sí. 
Nos han dicho que el proceso de paz verá la luz del día antes de que sea demasiado tarde. 
Espero sinceramente que así sea. 
Temo verdaderamente el resultado si la guerra en el Iraq viene seguida de otro año o más de violencia en Palestina e Israel. 
Eso inflamaría todavía más la opinión del mundo islámico. Algunos dicen que para combatir el terrorismo hay que combatir a Sadam Husein. 
Eso puede ser cierto o no; algunos de nosotros somos por lo menos agnósticos al respecto. 
Pero de lo que estoy absolutamente seguro es de que una invasión del Iraq sin haber conseguido antes la pacificación de Oriente Próximo, creará las condiciones ideales para que prospere el terrorismo. 
(Aplausos del centro y la izquierda) 
Y lo cierto es que- y debemos ser muy conscientes de ello- ninguno de nosotros estaremos a salvo de las consecuencias de todo esto. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, nos complace contar con la presencia entre nosotros del Presidente en ejercicio del Consejo y esperamos poder volver a recibirle aquí en otras muchas ocasiones a lo largo de la Presidencia griega. 
Comisario Patten, Señorías, cuando hay en juego asuntos relacionados con la guerra y la paz, llevamos a cabo nuestros debates no solo con nuestras mentes, sino también, evidentemente, con toda la pasión que nos envuelve, y debemos trabajar partiendo del supuesto de que, finalmente, lograremos alejar la amenaza y, esperemos, asegurar la paz al mismo tiempo. 
Tenemos que presentar nuestro análisis de la situación describiendo los hechos reales con términos claros. 
No estaríamos llevando a cabo este debate, ni el Consejo de Seguridad prestaría su atención al asunto que estamos debatiendo, de no ser por la existencia del régimen criminal de Sadam Husein en Bagdad. 
Tenemos que declarar con un lenguaje explícito que la existencia del régimen de Sadam Husein depende de un servicio secreto, de la violencia, del asesinato y del terror. 
Estoy de acuerdo en gran medida con el Presidente en ejercicio del Consejo cuando declara que nuestro objetivo tiene que ser el pleno desarme del Iraq. 
Queridos amigos, antes de fijar nuestra mirada en los Estados Unidos- en breve diré algo al respecto- y antes de criticar a los norteamericanos, lo primero que tenemos que destacar es el hecho de que es preciso que Sadam Husein se desarme completamente. 
Este es el núcleo del problema. 
Señorías, ahora echemos un vistazo a los Estados Unidos. 
Miro a los Estados Unidos con gran preocupación y los veo en el banquillo de los acusados- en todo el mundo, no solo en Europa- y, por tanto, solicito que discutamos estas cosas de una forma correcta y adecuada con nuestros socios y amigos norteamericanos. 
Recuerdo perfectamente nuestro debate en Bruselas el día posterior a los atentados de Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001. 
Permítanme recordar aquellas horas del 11 de septiembre de 2001, aquellas pocas horas en las que parecía como si el centro neurálgico de los EE UU- no solo el Pentágono, sino también la Casa Blanca y el Capitolio- pudieran ser objeto de un ataque, en cuyo caso los Estados Unidos habrían quedado inhabilitados. 
Precisamente por el hecho de que este evento habría sido una visión de horror, declaramos que es bueno que existan los Estados Unidos. 
Somos amigos y socios de los Estados Unidos. 
Esto es cierto en cuanto a nuestro Grupo. 
(Aplausos) 
Es por ello, y también porque reconocemos los grandes logros históricos de Estados Unidos- frente al nacionalsocialismo y al comunismo en el siglo XX- que solicito cuando hablemos hoy de los Estados Unidos seamos plenamente conscientes de que se trata de una democracia y de que los estadounidenses siempre han resuelto situaciones difíciles con sus propios medios democráticos. 
Ahora ocurrirá lo mismo. 
No olvidemos tampoco que Sadam Huseim, aunque está empezando ahora a desarmarse, comenzando a deshacerse de armas que siempre ha negado tener, tales como los cohetes Al Samud 2, y quizá los agentes patógenos de carbunco y el gas nervioso, solo está dispuesto a desprenderse progresivamente de dichas armas porque hay 260 000 soldados norteamericanos en la región. 
Para el Presidente George W. Bush sería un gran logro conseguir que la presencia de dichas tropas consiguieran, con medios pacíficos, el desarme completo del Iraq. 
(Aplausos) 
Esto tenemos que dejarlo muy claro. 
Mientras que, por supuesto, existen diferencias de opinión con respecto a este asunto tan importante, hablo en nombre de todo mi Grupo cuando digo que creemos unánimemente que nuestra fuerza moral reside en el respeto que profesamos por el Derecho. 
Por tanto, al igual que el Comisario Patten y el Sr. Papandreou, declaramos que toda posible acción contra el Iraq debe ser emprendida por la comunidad internacional y de conformidad con el Derecho internacional. 
Este es el motivo por el que confiamos en que las Naciones Unidas lograrán, con medios pacíficos, llevar al Iraq hacia el desarme. 
Ahora es el momento de que los europeos nos miremos a nosotros mismos. 
Siempre hemos criticado a los Estados Unidos, pero lo que ocurre no es que haya demasiada presencia de Estados Unidos, sino que no hay suficiente de Europa. 
Cuando se trata del Iraq, no es buen síntoma que un Gobierno tras otro fije su propio rumbo sin consultar previamente con los demás. 
(Aplausos) 
Precisamente ahora no deseo criticar a ningún Gobierno en particular, pero la plaga subyacente de Europa es que todo el mundo piensa que tiene que fijar su propio rumbo, aislado de todos los demás. 
De seguir así no llegaremos a ningún lugar en el mundo ni seremos capaces de influir en nuestros amigos norteamericanos, sino que tendremos que preguntarnos cómo podemos nosotros los europeos llegar a ser capaces de luchar por nuestros valores en la escena mundial, como muy bien ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo. 
Permítanme hacer únicamente dos observaciones adicionales. 
Debemos intentar por todos los medios pacíficos evitar que este enfrentamiento con el régimen criminal del Iraq se convierta en un enfrentamiento con el mundo árabe. 
Señor Presidente, me agradaría que se invitara al Presidente Bouteflika de Argelia o al Presidente Mubarak de Egipto para que se dirigieran al Pleno lo antes posible, porque de este modo podríamos manifestar nuestro deseo de asociación y- si fuera posible de algún modo- de amistad con el mundo árabe e islámico. 
Acogemos con agrado la visita a Argelia del Presidente de Francia, que ha resultado ser un gran éxito. 
Ha declarado que tenemos que potenciar el diálogo mediterráneo y confiamos en que, por el bien de todos, podamos garantizar que estas palabras no se queden en eso, sino que vayan seguidas de acciones, no solo en términos de cooperación política, sino también en el sentido de ayudar a los países del Norte de África a ayudarse a sí mismos, dando así a sus pueblos un futuro y evitando que se pierdan en cualquier tipo de violencia. 
¡Asociación y amistad con el mundo árabe! 
Permítanme que concluya diciendo que Israel cuenta con un nuevo Gobierno. 
Solicitamos al Primer Ministro Sharon que utilice ahora su poder para acercarse un paso a los palestinos con el fin de conseguir un auténtico establecimiento de la paz, con un Estado de Israel delimitado por fronteras seguras, así como un Estado palestino en el que los palestinos puedan vivir con dignidad. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, si redoblamos nuestros esfuerzos para obtener este fin- que conllevará una acción común en lugar de que cada país de la Unión Europea fije su propio rumbo- podremos conseguir algo en favor de nuestros valores de libertad, democracia y paz a escala mundial. 
(Aplausos) 
Señor Presidente, un eminente y noble amigo mío cuenta cómo se convenció de la necesidad de un cambio de régimen en el Iraq cuando, durante la invasión iraquí de Kuwait, soldados iraquíes introdujeron a varios prisioneros kuwaitíes en unos pozos, cerraron las tapas, vertieron gasolina a través de los respiraderos y les prendieron fuego. 
No podemos cerrar los ojos ante la barbarie del régimen de Sadam Husein, ni con sus propios ciudadanos ni con los de otros países, y por eso yo celebro la iniciativa de mi amigo y colega, el Sr. Rutelli, de pedir que se establezca un tribunal penal internacional para el Iraq. 
El Iraq lleva diez años recibiendo advertencias de la comunidad internacional y nuestra paciencia en el tema del desarme está agotándose. 
Para los Liberales de esta Cámara, las buenas relaciones entre Europa y los Estados Unidos de América tienen una enorme importancia. 
Nuestro compromiso con unos mismos valores y nuestros compromiso con unos vínculos económicos y culturales que se reflejan en nuestra alianza militar, son cosas que tenemos en gran estima. 
Compartimos el dolor de los Estados Unidos con los ataques del 11 de septiembre, y no solo porque hubiera ciudadanos europeos entre las víctimas tan brutalmente asesinadas. 
Pero no compartimos la opinión del Presidente de Estados Unidos de que la guerra contra el Iraq está justificada en estos momentos. 
El informe presentado por Hans Blix al Consejo de Seguridad de la ONU el pasado viernes no justifica una intervención militar inmediata. 
Por el contrario, según dicho informe se ha conseguido un desarme importante y, aunque reconoce que la cooperación no fue, ni mucho menos, inmediata, ahora la califica de positiva, incluso activa. 
En su informe dice que las inspecciones están dando suficientes pruebas tangibles a los inspectores de armas y recomienda que se les deje los meses más que necesitan para concluir el desarme del Iraq. 
Hacer oídos sordos a Hans Blix y recurrir a la guerra ahora sería una decisión incomprensible para la opinión moderada de todo el mundo. 
Les pediría a nuestros amigos norteamericanos que se paren a reflexionar, siquiera unos minutos, sobre algunas preguntas fundamentales. 
¿Ayudará un cambio de régimen en el Iraq a llevar ante la justicia a los terroristas de Al Qaeda? 
¿Conseguirá el levantamiento en un Estado árabe secular que avance el proceso de paz entre Israel y Palestina? 
¿Y no será el coste de la vigilancia constante, la tenacidad y la paciencia menor que el coste de la guerra y la reconstrucción? 
No debemos subestimar las víctimas de la guerra, y no solo las víctimas humanas, que serán muchas y costosas, sino también las víctimas diplomáticas, la primera de las cuales posiblemente sea el bloqueo del proceso de reconciliación en Chipre. 
Al agudizarse la crisis, nos acercamos también a un momento decisivo para la futura credibilidad de las Naciones Unidas y un orden mundial basado en el Estado de derecho. 
La sorprendente unidad mostrada por la comunidad internacional el pasado mes de noviembre cuando se aprobó por unanimidad la Resolución 1 441 corre el peligro de fragmentarse. 
Estamos siendo testigos de la visión poco edificante de cómo las facciones que están a favor y en contra de la guerra en el Consejo de Seguridad tratan de ganar para su causa a los países indecisos por medio de la intimidación, el soborno e incluso el chantaje. 
La dignidad y la integridad de las Naciones Unidas está en juego. 
Después de haber acudido a la ONU para exigir el desarme del Iraq, una decisión que mi Grupo acogió con satisfacción en su momento, los Estados Unidos deben continuar por esa vía multilateral. 
Si los Estados Unidos hacen caso omiso de la decisión de la ONU en contra de una acción militar inmediata, ello supondrá un duro golpe para las Naciones Unidas. 
Poco importa que tomen esa decisión por la imposibilidad de lograr los nueve votos necesarios o por un veto de Francia o Rusia. 
Siempre será menos razonable oponerse a un veto, que imponer un veto. 
Pero las reglas son las reglas, y el respaldo de la ONU a una intervención militar no puede sortearse argumentando que el veto es «poco razonable». 
Sería mucho mejor aplazar la votación de una nueva resolución hasta que pueda conseguirse un consenso. 
Ese consenso podrá alcanzarse fácilmente si se dejan de lado las exigencias artificiales de una intervención militar prefijada. 
Señor Presidente en ejercicio, usted nos ha dicho que la guerra todavía puede evitarse. 
Las puertas del Templo de Jano han sido desbloqueadas, o quizá incluso ya abiertas. 
Hans Blix ha descrito las tareas de desarme que todavía quedan por realizar, que podrían incorporarse a una nueva resolución como compromisos claramente definidos que el Iraq tendría que cumplir en los próximos meses. 
Reconociendo que el Iraq sólo se ha movido ante la amenaza de una intervención militar, ¿por qué no se mantiene la presión hasta que el proceso haya concluido? 
Si Sadam Husein no cumple lo exigido en la resolución, la vía de la diplomacia y las inspecciones se habrá agotado y la comunidad internacional tendrá autoridad moral y legitimidad para recurrir a la guerra. 
En conclusión, en Londres, Washington y Madrid se dice que la guerra podría ser corta, rápida y arrolladora. 
Con el apoyo de la ONU, puede que así sea, pero sin ese apoyo y con un conflicto que divide a la comunidad internacional, podríamos estar al borde de otra Guerra de los Cien Años capaz de derrocar otros regímenes aparte del iraquí. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, aunque todavía no se ha celebrado la votación del Consejo de Seguridad, sabemos que suceda lo que suceda, únicamente dejará abierta una opción legítima, es decir, la opción pacífica del desarme del Iraq mediante las inspecciones. 
Cualquiera que se atreviera a ir más allá de este mandato e iniciar la guerra de forma unilateral estaría desafiando a toda la comunidad internacional. 
Confío en que incurrirían ellos mismos en penas políticas ejemplares impuestas por sus propios pueblos. 
No cabe duda de que su credibilidad en el mundo se vería perjudicada durante mucho tiempo. 
Demostrar en exceso la «fuerza bruta» de uno implica correr el riesgo de arruinar su «fuerza suave». 
Desgraciadamente, sería toda la sociedad internacional la que correría el riesgo de desestabilización a causa de la ruptura de las normas que se autoimpusieron las democracias tras la Segunda Guerra Mundial. 
Sin embargo, esto es precisamente lo que el Presidente de los Estados Unidos persigue de modo bastante descarado. 
Lo que debería impulsarnos a adoptar medidas no es únicamente el hecho de la guerra en el Iraq, sino también la política unilateral- y a nuestro juicio, imperialista- que rodea a dicha guerra. 
Cuando se trata de adoptar medidas, no andamos escasos ni de triunfos ni de aliados. 
Desde el fin de la guerra fría nunca ha existido a escala mundial una facción tan poderosa ni tan claramente favorable a la paz y a la promoción del Derecho y la cooperación multilateral. 
Europa tiene que hacer oír su voz a favor de la solidaridad mundial en el seno de dicha facción. 
Nuestros aliados son, ante todo, los pueblos de todo el mundo, comenzando por los de la Unión Europea, no únicamente los Quince Estados miembros actuales, sino también los 25 Estados miembros presentes y futuros. 
Este hecho concede más legitimidad a nuestra petición de un debate a fondo entre los Estados miembros y nuestros socios, previa a la ratificación de los tratados de adhesión y a la votación, sobre la futura Constitución y sobre la visión de Europa que pretendemos promover de forma conjunta para responder a la voluntad manifestada por nuestros ciudadanos. 
Esta explosión sin precedentes de la opinión pública ha facilitado sin duda a una gran mayoría de Gobiernos del mundo mostrarse en contra de la guerra, comenzando por los Gobiernos de los países del Sur y, en concreto, del Movimiento de los No Alineados, que representan dos tercios de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Este es nuestro segundo triunfo. 
A este respecto, ¡cuán despreciable y desastroso es el chantaje empleado por Colin Powell con los países más dependientes, con el fin de obtener su voto sin ningún apoyo popular! 
También contamos con el apoyo de todos quienes son, a los ojos del mundo, las grandes autoridades morales, como el Papa Juan Pablo II, Nelson Mandela, el ex presidente Carter y el propio Secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quienes han defendido con pasión y dignidad la causa de la paz y del respeto de la Carta de las Naciones Unidas. 
Rindamos homenaje a todas las autoridades del Derecho internacional que ejercen la docencia en Oxford, Cambridge o en la London School of Economics, y a los trescientos eminentes juristas españoles que han rechazado la idea de que exista cualquier justificación legítima para el empleo de fuerzas militares contra el Iraq incluso antes de que se produzca. 
Otra dimensión importante es la contribución de los inspectores de armas, quienes han demostrado una gran firmeza frente a Bagdad mientras que, al mismo tiempo, hacían frente a Washington y Londres, que se habían apresurado a acusarles de facilitar información falsa. 
También quiero hacer mención especial de aquellos hombres y mujeres que trabajan para las agencias de las Naciones Unidas, que, a menudo, junto con algunos representantes europeos en la región, son los únicos que piensan ante todo en los pueblos de la región y en la tortura a que les están sometiendo en el Iraq, en Palestina y el mundo árabe en general. 
Igualmente, hay que agradecer al Sr. Patten sus palabras contundentes y justas de esta mañana con respecto a esta cuestión. 
Otro factor fundamental en el escenario actual es la alianza francogermana, que tendrá que mantenerse firme aunque implique pagar el precio del coraje político frente a una potencia superior. 
En cuanto a los demás aliados, los encontramos en el otro lado del Atlántico. 
Nosotros, es decir, la heterogénea delegación de diputados al Parlamento Europeo que ya visitó Bagdad el mes pasado, acabamos de establecer, en el Congreso de los Estados Unidos, vínculos de cooperación a largo plazo con los representantes electos de Washington, Ohio, California e incluso Texas. 
Ahí tienen a los Estados Unidos que no desprecian a Europa, sino que sitúan sus esperanzas en ella y reciben a sus representantes con los brazos abiertos. 
Entonces, ¿qué nos contaron nuestros amigos de los Estados Unidos? 
Nos contaron que 126 representantes electos votaron en contra de la guerra, es decir, dos tercios de los representantes demócratas, que 130 ciudades de los Estados Unidos, como Washington, Filadelfia o Los Ángeles, han adoptado resoluciones contra la acción militar, que la AFL-CIO, el principal grupo de sindicatos afiliados, también ha manifestado compartir esta opinión y que el movimiento antibélico (United for Peace and Justice, Women for Peace, etc.) está recibiendo un respaldo sin precedentes antes del inicio del conflicto. 
También The New York Times ha decidido decir no a la guerra. 
No tiene mucho que ver con la unión sagrada de la que algunos nos han estado hablando. 
El diputado Dennis Kucinich, portavoz de la coalición por la paz, se hizo eco de estos sentimientos cuando nos dijo que George W. Bush había amenazado con aislar a los europeos que se resistieran a su afán de supremacía y que era el momento propicio para cogernos de la mano. 
Por último, señor Presidente, cada uno tiene los amigos americanos que se merece. 
Señor Presidente, Señorías, hay cosas que, simplemente, no puedo entender. 
Por ejemplo, siempre defendemos los Tratados. 
En el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea se dice algo muy simple, y es que todos los Gobiernos que tengan representación en el Consejo de Seguridad deben defender la posición definida por la Unión Europea. 
Por tanto, España, el Reino Unido, Francia y Alemania deben defender una posición común. 
La posición común definida por los líderes de la Unión Europea, nos guste o no, no habla de ultimátum ni de consecuencias bélicas. 
Dice que debe continuar la labor de los inspectores. 
Este es precisamente el memorándum propuesto por Francia y Alemania. 
Por tanto, no entiendo cómo España y el Reino Unido, en nombre del Tratado, no defienden esta posición. 
En última instancia, debemos tomar una decisión, en Europa, sobre la naturaleza real de nuestros Tratados. 
La Sra. de Palacio Vallelersundi, que siempre nos ha acosado con sus explicaciones sobre los Tratados aquí en el Parlamento, debería recordar que solía defender los Tratados que ella misma vapulea ahora desde su cargo de Ministra de Asuntos Exteriores. 
Francamente, no entiendo por qué es necesario hacer una guerra cuando ya la hemos ganado. 
¿Por qué emprender la acción militar cuando ya hemos ganado sin necesidad de hacerlo? 
Tenemos que admitir que sin los Estados Unidos, ahora allí no habría inspectores. 
No habría inspección ni desarme. 
Sin embargo, puesto que existe el desarme y puesto que hay inspecciones, no es necesario ir a la guerra. 
Por tanto, ¿por qué deberíamos disparar y asesinar cuando podemos tener todo sin necesidad de hacerlo? 
No lo entiendo. 
Nos estamos criticando a nosotros mismos al decir que la situación es como es gracias a cierta dosis de firmeza, nos guste o no dicha firmeza. 
Ahora se nos dice, y todavía no logro entenderlo, que llevaremos la democracia al Iraq. 
Bien. Excelente. 
Entonces, ¿qué estamos haciendo con Turquía? 
El Parlamento turco es elegido. 
Bien. 
Es una democracia. 
Si nos gustan o no las personas que han salido elegidas, eso no nos incumbe. 
Sin embargo, ahora se concluye un acuerdo con los militares, por encima de las cabeza del parlamento, compuesto por representantes democráticos, con el fin de obtener lo que no pudo obtenerse mediante la democracia, y se le ha dicho al pueblo turco que es el modo en que funciona la democracia que vamos a llevarles. 
Sencillamente, no lo entiendo. 
Por ejemplo, seguimos explicando que vamos a liberar al pueblo del Iraq. 
Decimos a los kurdos iraquíes que será fantástico, que vamos a liberarles con ayuda del ejército turco. 
Se trata precisamente del tipo de liberación con la que los kurdos han soñado durante todo un siglo: finalmente se encontrarán bajo el dominio del ejército turco. 
Por supuesto, les parecerá fantástico. 
Sin embargo, hay un elemento clave para la democracia de la región, y este reside en Teherán. 
No se habla de hacer la guerra contra Irán y, sin embargo, el pueblo de Irán está luchando por la democracia. 
Los iraníes son el único pueblo que en la actualidad se está levantando contra su régimen totalitario. 
Son los únicos que llevan a cabo manifestaciones masivas, que están votando a favor de la democracia. 
Sin embargo, los dejamos solos en su lucha. No les ayudamos, pero luego seguimos diciendo que hemos llevado la democracia a otras regiones. 
Creo que deberíamos hacer justamente lo contrario. 
Si ayudamos al pueblo iraní a liberarse, enseñaremos a la región dos cosas. 
La primera es que la emancipación y la democracia no se consiguen mediante la intervención de soldados de quién sabe dónde, sino mediante la voluntad y la determinación de los propios pueblos. 
La segunda es que si estos pueblos consiguen emanciparse por sí mismos con nuestra ayuda, podrán decir a todos los fundamentalistas, a todos los terroristas y a todos los que se encuentran fascinados por el fundamentalismo totalitario, que saben lo que es el fundamentalismo, que han sufrido sus consecuencias, que las han combatido y que se han emancipado ellos mismos. 
Sería una lección extraordinaria para la región y mucho más valiosa que la ocupación del Iraq por un general de los Estados Unidos. 
Sí, es necesario cambiar el régimen de Bagdad, como también es necesario cambiar el régimen de la Arabia Saudita, el de Túnez y el de muchos países de África, pero no mediante una invasión militar de cualquier tipo. 
Por tanto, carguemos con la responsabilidad sobre algunas de las democracias del mundo y no digamos que reinará la paz si no hay intervención militar en el Iraq. 
No es la paz, pero la guerra tampoco es el mejor modo de garantizar que el pueblo iraquí pueda vivir finalmente en paz. 
Tienen derecho a vivir en paz sin ningún general de los Estados Unidos, pero también sin Sadam Husein. 
(Aplausos de la izquierda) 
Señor Presidente, Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, Señorías, creo que los Estados Unidos de América son una gran democracia. 
Han sido de gran ayuda y, si repasamos los últimos 50 años, nadie puede olvidar el papel fundamental que han desempeñado en la defensa de la libertad. 
Por eso mi Grupo rechaza situarse en la incómoda situación de manifestar si estamos a favor o en contra de los Estados Unidos. 
Sería una posición absurda. 
Dicho esto, y puesto que estimamos en gran medida a los Estados Unidos, también tenemos el derecho de decirles que están equivocados y que las medidas que están adoptando solo pueden acarrear graves consecuencias para el futuro. No podemos optar por las dos cosas. 
O bien consideramos la existencia de normas internacionales y que todas las naciones tienen que acatarlas, o bien consideramos que hemos dado un gran paso hacia atrás y que, en lo sucesivo, el poder se impone al Derecho y que, tan pronto como uno ostenta el poder, es el más fuerte y tiene derecho a intervenir. 
En ese caso, propongo que se modifique la Carta de las Naciones Unidas de forma que, en lo sucesivo, el derecho de intromisión incluya para las potencias más fuertes el derecho a intervenir cuando les parezca necesario en defensa de sus intereses generales, sus intereses fundamentales. 
Los Estados Unidos han sido víctima de un ataque terrible. 
Miles de personas murieron asesinadas. 
Nadie puede olvidarlo. 
Por tanto, tienen el derecho a la defensa propia, el derecho a responder. 
No obstante, ¿quién fue el responsable de dichos ataques? 
¿Hay alguna prueba de que existan vínculos entre Al Qaeda y el Iraq? 
La respuesta es no. No hay pruebas. 
Por tanto, los Estados Unidos, antes de iniciar esta operación militar, deberían decirnos cuáles son las verdaderas razones, los motivos subyacentes por los que desea intervenir. 
Si se trata de cambiar el mapa de esta parte del mundo, puedo decir de inmediato que tendrá consecuencias desmedidas y que darán pie al nacimiento de una nueva generación de terroristas y a un abismo duradero entre el mundo musulmán y el resto del mundo. 
Esto es muy preocupante. 
Es el motivo de que nuestro Grupo esté de acuerdo con la idea de que deben hacerse todos los esfuerzos posibles para encontrar una solución a este problema mediante el desarme. 
Una vez que se haya establecido este principio, en lo sucesivo las decisiones no se adoptarán en esta Cámara. 
Nuestros debates tienen algo bello y surrealista. 
Sin embargo, tenemos el derecho a decir lo que pensamos, y yo diría que en lo que respecta a la delegación francesa, en la que yo mismo me incluyo, aunque de ningún modo dependo del Gobierno francés, apoyo la posición adoptada por el Presidente de la República Francesa, es decir, la de oponerse por cualquier medio al inicio de una operación militar. 
Señor Presidente, en este debate sobre el Iraq hay una contradicción extraña. 
Me están llegando informes desde el Iraq sobre contactos entre destacados representantes del régimen baazista y la oposición iraquí. 
El entorno más próximo de Sadam, evidentemente, se está preparando para la caída de la «República del Temor». 
Como última medida está intentando ahora salvar su propio pellejo mediante el anuncio de un levantamiento en el caso de que se produzca una intervención militar norteamericana. 
Sin embargo, ¿qué percibo en el seno de la Unión Europea? 
Algunos grandes Estados miembros se esfuerzan por mantener el status quo político en el Iraq. 
Se supone que las inspecciones de armas por parte de las Naciones Unidas sin un plazo de tiempo definido claramente deben ser suficientes para refrenar al régimen de Bagdad. 
¿En qué se basa esta gran confianza política que están concediendo al despiadado tirano Sadam Husein? 
Esta actitud irresponsable que han adoptado algunos países europeos es recibida con una incomprensión manifiesta y extendida por parte del pueblo iraquí que sufre. 
Igualmente negativo resulta el coste político actual del conflicto occidental con el Iraq: un importante menoscabo de las relaciones trasatlánticas, una grave división en el seno de la propia Unión Europea y una discordia creciente dentro de la comunidad internacional en el contexto de las Naciones Unidas. 
Todo por culpa de un megalómano asesino que durante años simplemente se ha negado a cumplir enteramente las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Semejante escenario debe alentar a dictaduras parecidas a que hagan lo que les parezca en lo que respecta a las armas. 
¿Hay algo que los Estados miembros de la Unión Europea todavía puedan salvar de este conflicto divisorio en el Iraq? 
Creo que sí. 
En primer lugar, deberían fijar un plazo claro para los inspectores de las Naciones Unidas en el Iraq, un plazo que tenga en cuenta suficientemente la opción de la intervención armada. 
Después de todo esto, únicamente el aumento actual del potencial militar en la región del Golfo forzará a Sadam Husein a alguna forma de cooperación con los inspectores de las Naciones Unidas. 
Al mismo tiempo, los Estados miembros de la Unión Europea deberían demostrar finalmente alguna preocupación por el futuro político y socioeconómico del Iraq, porque realmente existen alternativas a la «República del Temor» de Sadam. 
Espero iniciativas de la Presidencia griega con respecto a estas dos cuestiones. 
Señor Presidente, Señorías, el bando de los que están en contra de la injusta guerra preventiva que el Reino Unido y los Estados Unidos pretenden iniciar en el Iraq es cada vez más fuerte tanto entre las opiniones públicas nacionales, como demuestran las encuestas y manifestaciones, como en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La resolución diplomática de Francia, Alemania y Rusia es posible que conceda tiempo para reflexionar a los políticos del Reino Unido e incluso a los de los Estados Unidos. 
La guerra es la guerra, pero el preludio de la guerra no es la guerra. 
En un momento en el que la paz mundial se encuentra al borde del precipicio, no sería deshonesto- sino más bien lo contrario- abstenerse de un acto tan injusto, tan contrario a los derechos humanos y tan peligroso, a pesar de los discursos homéricos y del dinero que ya se ha gastado. 
Si los Estados Unidos no van a la guerra, no sería algo inconcebible para el Parlamento Europeo unido- ¿por qué no? -proponer a la comisión parlamentaria de Oslo que el Premio Nobel de la paz fuera concedido a George W. Bush por haber contribuido a conseguir en el Iraq los objetivos establecidos por las Naciones Unidas, sin necesidad de sangre ni lágrimas, y que se le honre personalmente y en representación de su pueblo por haber logrado una gran victoria pacífica. 
Sin embargo, si las cosas resultan de otra forma y si el pueblo desafortunado del Iraq, sobre todo los niños, son sacrificados a los demonios de la guerra, las consecuencias serán desastrosas. 
La agitación mundial resultante desataría las fuerzas del mal en todas partes. 
Entonces, una vez más, ¿cuál sería el paso siguiente en la prometida remodelación de Oriente Próximo? 
¿Sería Irán el próximo objetivo del ejército de la superpotencia? ¿Sería Siria u otros países en los que entonces no existiría otro límite para el Derecho que el de la ley del más fuerte? 
Señor Presidente, este es un día muy especial para mí en el Parlamento Europeo. 
He escuchado las intervenciones del Sr. Cohn-Bendit y del Sr. Le Pen, y me han parecido idénticas. 
(Reacciones diversas) 
Desde que debatimos por última vez sobre la crisis del Iraq, ahora es mucho más lo que está en juego. 
Lo que está claro es que Sadam sigue ganando tiempo. 
Las Naciones Unidas exigen su desarme, tal como se estableció con claridad y por unanimidad en la Resolución 1 441, que todavía sigue sin cumplir. 
Esa es la realidad de la situación a la que nos enfrentamos. 
Reconocemos que se trata de una situación peligrosa y volátil, pero digamos claramente que sigue siendo peligrosa y volátil gracias a las continuas estratagemas del régimen iraquí y, lamentablemente también, a las astutas maniobras de algunos Gobiernos europeos. 
Esos gobiernos parecen haber perdido de vista el problema fundamental que nos ocupa: la amenaza muy real que el régimen de Bagdad representa para la paz y la seguridad de Oriente Próximo y, en realidad, de todo el mundo. 
No olvidemos que, ni siquiera ahora, Sadam explica lo que ha sucedido con los arsenales de armas químicas, armas biológicas y agentes nerviosos que los inspectores de la ONU detectaron en 1998. 
Si las democracias del mundo no se alzan con una misma voz para defender la necesidad de un desarme inmediato e incondicional, Sadam Husein seguirá con su estratagema actual de jugar al ratón y al gato con las Naciones Unidas por tiempo indefinido. 
Tengo que decir que los acontecimientos de los últimos meses nos han demostrado también dos importantes verdades, tanto a nosotros aquí en el Parlamento Europeo como, de forma más general, a toda Europa. 
En primer lugar, hemos debilitado la unidad de la OTAN por nuestra cuenta y riesgo. 
Algunas voces antiamericanas en Europa han manifestado su desdén por todo lo americano, y posiblemente lo vuelvan a hacer en este debate. 
Hemos visto también a algunos políticos europeos dispuestos a debilitar a la OTAN y a la alianza transatlántica en su afán por convertir a Europa en una especie de antagonista o contrapeso, más que aliada, de Estados Unidos. 
Quiero dejar claro, más allá de toda duda, en nombre de los Conservadores británicos, que apoyamos decididamente a la OTAN como pilar de nuestra seguridad y defensa. 
No voy a disculparme por insistir en nuestra confianza en la OTAN y en el valor que le damos a nuestra alianza con los Estados Unidos. 
Creo que las acciones de Francia, Alemania y Bélgica, que han fomentado la división en el seno de la Alianza respecto al tema fundamental de la seguridad de Turquía, no son más que deplorables. 
En los próximos días se pondrán a prueba la voluntad de la comunidad internacional y la credibilidad de las Naciones Unidas. 
Pero no pueden existir dudas al respecto: la responsabilidad de evitar la guerra recae totalmente en Sadam Husein y de él depende optar por la paz. 
(Aplausos de la derecha) 
Señor Presidente, estoy convencido de que nadie se muestra en desacuerdo con los comentarios del Presidente en ejercicio del Consejo y Ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, el Sr. Papandreou, y del Comisario Patten. 
Solo querría añadir que, en este caso particular, las concentraciones masivas y las manifestaciones de los ciudadanos en Europa y en otras partes, son elementos políticos adicionales que hay que tener en cuenta. 
El 11 de septiembre de 2001, todas las naciones y Gobiernos de Europa sin excepción se unieron para cooperar con los Estados Unidos cuando fue objeto del ataque terrorista. 
Actualmente, todas las naciones de Europa, aunque no todos los Gobiernos, están en contra de esta guerra fútil e infructuosa. 
Por tomar prestada la antigua descripción de la crisis de Mesopotamia, se está aplicando una política similar a la de Babel, y sería bueno que se pusiera fin a la misma. 
La falta de unidad entre los Quince está teniendo un efecto destructivo a la hora de hacer frente a la crisis. 
Al mismo tiempo, por lo que se refiere a los países candidatos, que de alguna forma se diferencian cuando se trata de la posibilidad de una postura unificada, Europa necesita ser cuidadosa cuando construye su futuro en el seno de la Convención, que está estableciendo nuevas normas fundamentales en forma de una Constitución que no origine fisuras internas que luego no se cierran. 
Deseamos unificar a los 25, a los 28 o a cuantos sean necesarios en una nueva estrategia para una Europa de paz y cooperación, una Europa que trabaja por el progreso democrático en el mundo, la llamada política de prevención y gestión de crisis; no queremos, una vez superada la crisis, tener que decidir el modo de tratar el problema de los refugiados, las víctimas, etc. 
Quisiera recordarles, y todos los expertos están de acuerdo en ello, que existen dos estrategias enfrentadas en los Estados Unidos: hay una estrategia que se refiere al modo en que los Estados Unidos conviven con el resto del mundo, y otra de corte teocrático, en que los Estados Unidos intentan fijar el rumbo de la historia sobre la base de la evaluación subjetiva de los intereses internacionales. 
Permítanme que les recuerde a los que defienden la teoría, y son muchos, de que las Naciones Unidas ya han recorrido gran parte de su camino, que las Naciones Unidas reflejaron cuál era el estado de cosas al final de la Segunda Guerra Mundial y que se necesitan nuevas configuraciones que reflejen el nuevo estado de cosas. Tenemos que ser conscientes de que las convenciones internacionales han de reflejar el nuevo estado de cosas de un modo bien planteado, mediante procedimientos que no originen fisuras. 
De la misma manera, merece la pena repetir algunos temas que nos preocupan en la Unión Europea. 
Hemos hablado con una sola voz sobre el problema de Palestina y, sin embargo, nuestra voz unida ha sido desatendida. 
Hablamos con una voz sobre el Iraq, sobre el embargo contra el pueblo iraquí y, de nuevo, nuestra voz unida fue desatendida. 
Por tanto, tenemos que ser conscientes de se necesita persistencia, en un momento en que nuestras políticas pueden dar resultados prácticos que no susciten a cambio nuevas crisis. 
Señorías, realmente nos encontramos en un momento crucial, pero creo que toda crisis contiene el germen de una nueva norma. 
Todos tenemos que decir a nuestros amigos norteamericanos que su percepción provoca trastornos, trastornos que ni siquiera redundan en interés del pueblo norteamericano. 
El tipo de enfoque adoptado por Donald Rumsfeld, que según he escuchado esta mañana ha empezado a regañar al Primer Ministro británico por solicitar algunos días más para los inspectores, es un enfoque peligroso. 
Señorías, el mensaje del Parlamento debería decir que desea adoptar un enfoque pacífico de los problemas internacionales, que desea resolver los problemas de forma pacífica mediante procedimientos que allanen el camino a la democracia en todo el mundo. 
Señor Presidente, en mi propio país, Suecia, un sacerdote propuso ayer que, con el fin de evitar la guerra, habría que pagar a alguien para que matara a Sadam Husein. 
Quizás sea un mensaje bastante extraño, teniendo en cuenta que procede de un representante de la Iglesia sueca, pero la idea del regicidio al servicio del pueblo es por otra parte bastante antigua. 
Sin duda, algunos de nosotros hemos pensado esto en secreto, pero, por supuesto, no se puede cometer este asesinato. 
Iría en contra del Derecho internacional. 
No obstante, la guerra podría detenerse si Sadam Husein dimitiera o se exiliara. 
Los debates que se están celebrando ahora en el mundo árabe con el fin de inducir a Sadam Husein a que dimita son muy interesantes. 
Por supuesto, tenemos la esperanza de que Sadam rinda cuentas de sus crímenes ante un tribunal internacional. 
Si se pudiera dar marcha atrás en el tiempo, hay muchas cosas del conflicto iraquí que podrían haberse hecho de forma distinta. 
El mundo árabe debería haber iniciado mucho antes su participación en el debate sobre el futuro de todo el Oriente Próximo. 
Los Estados Unidos, la UE y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deberían haber mostrado un mayor interés en resolver el conflicto entre Israel y Palestina. 
Es preciso reiniciar las negociaciones de paz. De lo contrario, nunca ganaremos la batalla contra el terrorismo. 
Ahora se escucha el redoble de los tambores. 
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas todavía cree que se debe permitir que los inspectores de armas continúen su tarea mientras que sus esfuerzos tengan sentido y mientras se sigan consiguiendo progresos. 
Los avances obtenidos no se deben a la buena disposición a colaborar de Sadam Husein, sino a las resoluciones y a la amenaza de la fuerza militar. 
En ningún momento podemos olvidar que es Sadam Husein quien debe demostrar que no tiene armas y que no son las Naciones Unidas quienes deben encontrarlas. 
Afortunadamente, todavía puede evitarse la guerra. 
En nuestra opinión, tienen que adoptarse decisiones militares, decisiones que debe tomar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Sin embargo, la ONU se encuentra gravemente herida en estos momentos. 
El toma y daca que se está produciendo, con el fin de convencer a los países para que voten afirmativa o negativamente en el Consejo de Seguridad, es patético y daña a toda la comunidad internacional. 
Cuando los miembros permanentes se pelean, estas difíciles decisiones se dejan en manos de países como Ghana, el Camerún y Angola. 
Esto es ilógico y aterrador, y socava la credibilidad de las Naciones Unidas. 
La reforma sustancial deviene un asunto más urgente que nunca. 
Las Naciones Unidas se encuentran divididas, al igual que la OTAN y la UE, y las relaciones trasatlánticas están deterioradas. 
El único que se congratula por este hecho es el dictador de Bagdad. 
Señor Presidente, ¿cuál es el motivo de esta guerra? 
Saber la respuesta a dicha pregunta es, por supuesto, condición necesaria para poder evitarla. 
Aunque los inspectores de armas empiezan a cosechar éxitos con su trabajo, el propósito de la guerra está cambiando. 
Ahora también oigo que mi querida colega, la Sra. Malmström, dice que se trata de eliminar al dictador de Bagdad. 
Disculpe, pero creía que la idea consistía en desarmar al Iraq y destruir sus armas de destrucción masiva. 
La imagen que ahora tengo es la de las Naciones Unidas superando con creces los límites de sus competencias y eliminando regímenes que no nos gustan. 
No nos gusta Sadam Husein. 
Estar en contra de la guerra no es sinónimo de ser amigo de Sadam Husein; ni del Sr. Le Pen, en lo que respecta a este asunto; ni tampoco del Presidente Chirac. 
No simpatizo con ninguno de ellos, pero ello solo demuestra, por supuesto, la amplitud del movimiento antibélico y lo pequeño que gradualmente está llegando a ser el movimiento a favor de la guerra. 
Si lo que nos preocupa es el cambio de régimen, déjenme que pregunte dónde se encuentra la UE cuando se trata de acoger a los refugiados de la dictadura con la que deseamos acabar. 
¿Dónde está la UE cuando la gente escapa del lugar donde se encuentra el detestable dictador que ha descrito mi colega, el Sr. Evans? 
¿Por qué volvemos a poner a estos refugiados en manos del régimen que deseamos cambiar? 
¿Por qué, como ha dicho mi colega el Sr. Cohn-Bendit, no apoyamos los movimientos democráticos en Irán? 
No sigo porque mi tiempo de intervención se ha acabado. 
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, a lo largo de los últimos años desde la Guerra del Golfo, los Estados Unidos han estado desarrollando la «madre de todas las bombas». 
Durante ese tiempo, Europa ha sido paciente y ha empleado la diplomacia en un intento de ampliar la Unión. 
Es una diferencia clara y representativa. 
Si el Parlamento y la Comisión aceptaran la responsabilidad definitiva, la UE podría actuar con autoridad en beneficio de la paz mundial y de un orden jurídico internacional. 
Desgraciadamente, este no es el caso. 
La unidad de la UE no depende únicamente de los valores democráticos y los derechos humanos, sino también de la voluntad de garantizar la paz y establecer un orden internacional mediante la cooperación. 
¿Ha comenzado ya la guerra contra el Iraq, o no? 
¿O realmente la guerra contra el Iraq nunca se detuvo desde la primera Guerra del Golfo y la lucha por la hegemonía en Oriente Próximo simplemente entra en una nueva fase? 
La historia juzgará. 
Tras la derrota militar de Sadam a manos de la coalición internacional, se mantuvo el régimen, pero controlado por un embargo despiadado que dejó a la población hambrienta pero que mantuvo intacto el poder del régimen que la gobernaba. 
Los inspectores de armas de los cuatro primeros años no avanzaron en el desarme del Iraq, pero actuaron como un servicio de espionaje para aquellos Estados que enviaban y pagaban a sus expertos y espías. 
En consecuencia, los Estados Unidos y el Reino Unido pudieron bombardear el Iraq con más acierto. 
Sin embargo, las nuevas inspecciones de armas dirigidas por Hans Blix y las Naciones Unidas, y acompañadas de amenazas militares, han dado resultado. 
Por tanto, debemos seguir por este camino y tenemos que unir a los países de Europa en torno a esta posición. 
Gracias. 
Señor Presidente, lo último que desearíamos en estos tiempos difíciles es que el régimen del Iraq pueda regocijarse por la desunión prácticamente impensable de las Naciones Unidas, las dificultades prácticamente insuperables a las que se enfrenta la OTAN o la ausencia de cualquier posibilidad de acuerdo sobre esta crisis entre los Quince. 
Lo cierto es que después de más de diez años y 17 resoluciones de las Naciones Unidas, el régimen iraquí todavía sigue aplazando la destrucción de sus armas ilegales. 
No obstante, esta vez, Sadam Husein no podrá seguir desafiando al Derecho internacional. 
No soy ingenuo al afirmar esto. Confío en que podremos llegar a una decisión en el seno de las Naciones Unidas que, al enfrentarse a los hechos, conduzca al Iraq al desarme voluntario. 
Sin embargo, también quisiera dejar claro que no nos mostraremos neutrales en el caso de que se produzca un conflicto. 
Siempre seremos partidarios de la democracia y no de la tiranía. 
También somos partidarios del Derecho internacional, porque deseamos que se cumplan de forma inmediata e incondicional las 17 resoluciones relativas al desarme del Iraq. 
Somos partidarios de aquellos que saben que la seguridad colectiva tiene un precio y que no debemos confinarnos al enfrentamiento con los que están pagando este precio mediante el empleo de la única arma de disuasión que Sadam Husein reconoce y teme: los más de 200 000 soldados que hay sobre el terreno. 
Por último, señor Presidente, quisiera añadir a todas estas razones que no nos mostramos neutrales, porque consideramos que es nuestra obligación en todo momento permanecer al lado de nuestros aliados, a las duras y a las maduras. 
¿Por qué? 
Es fácil, Señor Presidente. Para garantizar que si nos enfrentamos a una amenaza directa en el futuro, también podremos contar con su solidaridad. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, la aparentemente inevitable alternativa en esta Cámara, al igual que en las Naciones Unidas, se debate entre la guerra, con o sin el apoyo del Consejo de Seguridad, y la débil pero atractiva posición de los que solicitan más tiempo para las inspecciones; los que se muestran a favor de la última alternativa confían, hay que decirlo, en la presión militar angloamericana sobre el régimen de Sadam y, de hecho, están consiguiendo que las inspecciones sean un fin en sí mismas, a pesar de que son plenamente conscientes de que no es muy probable que Hans Blix y sus hombres consigan el desarme de Sadam por sí mismos. 
Al mismo tiempo, esta misma mañana muchos diputados han condenado el régimen de Sadam y han pedido la democracia y la libertad para el pueblo iraquí. 
Nosotros, los Radicales, junto a cientos de otras figuras públicas y diputados parlamentarios de muchos países, estamos convencidos de que todavía queda tiempo y espacio para otro guión: el exilio del dictador de Bagdad como único medio real de evitar la guerra. 
Se trata de una perspectiva por la que muchos de los Gobiernos árabes de la región han estado trabajando durante algún tiempo y que podría ser retomada por la Unión Europea en vistas de la próxima resolución del Consejo de Seguridad. 
Está también el Iraq posterior a Sadam, que nadie ha mencionado hoy: estamos convencidos de que esta perspectiva debería comportar que las Naciones Unidas asumieran la administración provisional del Iraq durante al menos dos años. 
Una administración por parte de las Naciones Unidas es la única que puede ser aceptada y puede ayudar al país a volver al buen camino, puesto que ha estado sometido a una de las dictaduras más salvajes de la historia. 
Confío, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en que Europa pueda volver a hablar con una sola voz unida sobre esta base. 
Señor Presidente, aquí se ha dicho que se han producido algunos avances en el desarme, aunque la importancia de estos avances es difícil de medir en términos relativos, porque no se ha cumplido con la obligación de demostrar la destrucción de armas de destrucción masiva. 
Hay que recordar que los inspectores no son investigadores privados, no son aprendices de Sherlock Holmes, sino que son notarios. 
Pero aceptemos que se han dado pasos, ¿por qué? 
Sencillamente, por la presión internacional, que tiene como último recurso el uso de la fuerza. 
Hay que recordar que los inspectores no se marcharon del país en 1998 por voluntad propia, sino que fueron expulsados porque el régimen pensaba que el peligro ya había pasado. 
Y hay que recordar a las víctimas, a los miles de personas que murieron bajo los escombros de las torres gemelas, a las decenas de miles que han sido eliminadas en Iraq por disentir o simplemente por pertenecer a una minoría distinta, a los centenares de miles que tuvieron que ir al exilio para sobrevivir. 
Supongo que estamos todos de acuerdo en que hay que hacer todo lo posible para que las organizaciones terroristas internacionales no accedan a estas armas de destrucción masiva. 
Supongo, señor Comisario, que, sobre esto, no hay dudas. 
Quisiera recordar también que, por ahora, todos, salvo Sadam Hussein, han actuado en el más estricto respeto de la legalidad internacional. 
Si se aplazan decisiones y votaciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es precisamente para buscar un acuerdo que nos permita seguir amparados bajo la legalidad internacional, fijando condiciones concretas de desarme y fechas precisas para su cumplimiento, porque, como ha dicho el Consejo Europeo, las inspecciones no pueden prolongarse indefinidamente en el tiempo. 
En ese contexto, lamentablemente, la unidad de acción de los Estados miembros de la Unión Europea sigue rota y hay que pedirle al Sr. Papandreou y al Comisario Patten que, aun sabiendo que no es tarea fácil, sigan buscando un acuerdo. 
Y ese acuerdo, señor Presidente, debe basarse en la voluntad de consenso de los Estados miembros, en el respeto a la opinión ajena, en no pretender imponer a los demás políticas de hechos consumados y en prescindir de actitudes tajantes. 
El «nunca jamás» no nos lleva a ninguna parte. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en primer lugar permítame que agradezca a la Presidencia griega todos sus esfuerzos y sus acciones acertadas, que tenían dos objetivos: evitar la guerra y presentar a la Unión Europea con un frente unido y una política unida. 
Mi más sincera enhorabuena, señor Presidente en ejercicio, por su logro, su gran logro a la hora de conducir a la Unión Europea al acuerdo en torno a una posición común el 17 de febrero en Bruselas. 
No es culpa de la Presidencia que cinco días después el Presidente del Gobierno español, el Sr. Aznar o Anzar, como lo llama su amigo el Sr. Bush, rompiera este acuerdo y se alejara de la posición común de la Unión Europea para dirigirse al rancho del presidente estadounidense a ayudarle a preparar la propuesta de resolución del Consejo de Seguridad para declarar la guerra al Iraq. 
Discúlpeme si continúo en alemán, señor Presidente en ejercicio del Consejo. 
Señor Presidente, la amenaza de castigo siempre tiene que ser tan creíble que no sea necesario aplicar tal castigo. 
La presencia militar masiva entorno al Iraq y la retórica de Bush, finalmente, han surtido efecto en Sadam. 
De repente, coopera con las inspecciones y destruye armas que dijo que no tenía. 
Por tanto, resulta ingenuo pensar que Sadam podría ser llamado al orden únicamente con súplicas diplomáticas. 
Además de Sadam, desgraciadamente el propio Bush ha empezado a creer en la amenaza militar, hasta tal punto que siente que ya no puede encontrar una puerta de salida. 
Retirar a un cuarto de millón de militares de la región del Iraq mientras que Sadam todavía se encuentra a su cargo supone una deshonra para el presidente norteamericano, que desea evitarlo a toda costa. 
Para ello, está intentando incluso sobornar a los miembros del Consejo de Seguridad, en particular para poder atacar en un futuro próximo. 
Ahora, Bush y Blair se han convertido en prisioneros de su propia retórica y de su incapacidad diplomática para movilizar suficientes apoyos. 
Sin la luz verde del Consejo de Seguridad, todo lo que les queda es la elección entre dos males: no hacer nada y, por tanto, perder credibilidad, o emprender acciones militares al margen de las Naciones Unidas con todas las consecuencias negativas que ello conlleva. 
Una intervención militar unilateral conduciría a una inestabilidad sin precedentes e impediría gravemente la reconstrucción del Iraq. 
Mientras que el propio Sadam destruía los cohetes en el Iraq, colocaba una bomba bajo las Naciones Unidas, la OTAN y la UE, cosa que ha sido posible por la actuación irresponsable de los líderes occidentales. 
Desde la caída del Muro, los Estados miembros de la UE han perseguido ante todo su propio interés y prestigio, y ha avanzado muy poco en el terreno de la política exterior común. 
La política europea debe consistir en mantener la presión sobre Sadam y, sin duda, no debe precipitarse a la guerra. 
Debemos concretar qué esperamos del tirano en un plazo que a juicio de los inspectores sea razonable. 
Únicamente las Naciones Unidas pueden asegurar que Sadam obedezca y que no sea necesario aplicar el castigo. 
Señor Presidente, Comisario, los Estados Unidos pensaron que podían manipular a las Naciones Unidas para obtener la cobertura legal para su guerra predatoria en el Iraq, pero las Naciones Unidas se han mantenido firmes. 
Las Naciones Unidas y la opinión pública mundial no quieren tener nada que ver con esta guerra. 
La razón y la justicia rechazan someterse al fundamentalismo fanático que lleva gobernando desde hace algún tiempo en Washington. 
El pueblo iraquí es inocente. 
Entonces, ¿por qué, si han estado sufriendo durante tanto tiempo bajo un embargo cruel, también es necesario bombardearlos? 
Esta guerra propiciará un conflicto entre civilizaciones. 
Esta vez no son los fundamentalistas islámicos quienes están impulsando la guerra, sino el Gobierno estadounidense. 
Las reacciones serán terribles. 
Ya han comenzado. Ayer la mezquita de Al Hasar, el Vaticano musulmán, llamó a la guerra santa contra los Estados Unidos. 
En el Consejo de Seguridad, Francia hará uso del veto para oponerse a la guerra, al igual que Rusia. 
Debemos mantener la paz. 
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer al Comisario Patten su discurso de gran calidad, así como a los diputados que han defendido de forma inequívoca el desarme del Iraq mediante inspecciones y por vías pacíficas. 
La barbarie no puede combatirse con la barbarie, y la guerra, nos guste o no, es una forma de barbarie. 
También es una forma obsoleta de resolver los conflictos. 
Hace más de un año, el Presidente de los Estados Unidos calificó de Estados gamberros a una serie de países sospechosos de tener a su disposición, con fines de conquista, armas de destrucción masiva que suponían una amenaza para la paz mundial. 
La eliminación de las armas de destrucción masiva es sin duda un objetivo deseable que todos deberíamos intentar conseguir en el contexto de las Naciones Unidas y, en concreto, en el contexto del Tratado de No Proliferación. Pero ¿cómo podemos explicar a los pueblos de los países calificados de gamberros que las armas de destrucción masiva son negativas cuando pertenecen a sus países, pero que son positivas cuando pertenecen a los llamados países «virtuosos»? 
Estos países virtuosos se encuentran, en particular, en Europa, pero también en los Estados Unidos, cuyo ejército está preparado para emplear dichas armas de destrucción masiva, es decir, armas nucleares tácticas, en la guerra que quieren iniciar en el Iraq. 
Es totalmente contradictorio y, por lo que se refiere al Derecho internacional, es una nueva nota de censura para el Gobierno de los Estados Unidos. 
Para seguir con la metáfora del Sr. Bush, yo diría que los Estados Unidos son supergamberros. 
Sin embargo, no lo haré porque podría ser un insulto para el pueblo americano y no quiero que acabemos insultándonos unos a otros. 
De hecho, la semana pasada tuvimos la oportunidad de reunirnos con representantes electos estadounidenses que se oponen abiertamente al uso de la fuerza. 
Se manifiestan en contra de la guerra junto a sus ciudadanos y constituyen, a mi juicio, la gran mayoría de la opinión pública. 
Señor Presidente, todas las palabras bonitas sobre el desarme necesario de Sadam Husein y sobre el derecho del pueblo iraquí a la libertad suenan a falsas en una situación en la que todos sabemos que Sadam no tiene la más mínima intención de desarmarse ni de exiliarse, ni de conceder al oprimido pueblo iraquí la libertad. 
La historia europea de 1930 a 1939 es la historia de una Europa que, paso a paso, cedió ante la agresión y expansión de Hitler. 
Hoy, los partidarios de Chamberlain de nuestro tiempo declaran que los inspectores de armas pueden desarmar a Sadam Husein. 
Si fuera así, ¿por qué no lo han hecho hace tiempo? 
También olvidamos que las armas que amenazan al mundo fuera del Iraq, y que deseamos eliminar, no son las mismas que se emplean para oprimir al pueblo iraquí. 
La guerra contra Sadam Husein tiene que ser una guerra de liberación. 
Se trata de democratizar a los países árabes. 
La democracia y el desarrollo económico son la única protección frente a los terroristas, pero desde que comenzaron las inspecciones de armas hace doce años, los esfuerzos de los Estados Unidos han estado encaminados a garantizar nuestra coexistencia pacífica con el dictador. 
Es preciso que la UE recapitule y se muestre mucho más activa a la hora de promover las libertades y el desarrollo social de los pueblos árabes. 
Mientras solo tengamos palabras que ofrecer, seremos impotentes. 
Señor Presidente, en 1950 la Asamblea General aprobó la Resolución 377, titulada «Unidad para la paz» , según la cual cuando se dan una serie de circunstancias, como la incapacidad del Consejo General para desempeñar sus funciones, «la Asamblea General debe considerar el asunto de inmediato para recomendar a sus miembros medidas colectivas.» 
Quisiera que la Presidencia griega propiciara la convocatoria urgente de esas sesiones especiales de la Asamblea General por uno o más países europeos, conforme al artículo 20 de la Carta, para hacer recomendaciones sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
Si se permite a los Estados Unidos una guerra unilateral, pronto veremos a China invadir Taiwán o a Rusia tratar de crear otra Unión Soviética. 
Por ello pido a la Presidencia griega que convoque una reunión de la Asamblea General. 
Señor Presidente, el enfrentamiento mundial en torno al Iraq entre dos conceptos de relaciones internacionales está dividiendo a Europa en dos. 
La crisis disipa nuestras ilusiones y nos enfrenta de nuevo a la realidad. 
Quedan los que habían olvidado que los Estados nacionales todavía son los protagonistas de los asuntos estratégicos y diplomáticos, que, por supuesto, pueden, cuando coinciden en sus interpretaciones, actuar conjuntamente de forma efectiva sobre una base intergubernamental, y que la Unión Europea no es una entidad política. 
Si Europa cuenta con una presencia real en esta crisis, no se debe a los mecanismos de la PESC, sino a la voluntad política de algunos Estados europeos. 
Los partidarios más acérrimos de la visión estadounidense son europeos, al igual que sus oponentes más articulados. 
Por tanto, la Convención tendrá que aprender algunas lecciones de esta vuelta a la realidad. 
Nadie debe seguir imaginando que es posible imponer una política exterior común multiuso mediante decisiones mayoritarias. 
Sería optar por la alineación de Europa más que por su independencia. 
La PESC también debe ajustar sus ambiciones a la realidad. Debe contribuir a la armonización de las diplomacias nacionales cuando están de acuerdo y permitirles actuar de forma aislada cuando no sea el caso, y nunca debe tratar de sustituirlas con seudoconsensos artificiales e inviables porque repercutiría negativamente en los intereses de Europa. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, creo que los tiempos que corren nos permiten observar cuán equivocados están los Estados europeos, que con sus dimensiones actuales pretenden definir sus intereses meramente en términos nacionales, y hasta qué punto es imposible conseguir que los intereses nacionales prevalezcan en disputas mundiales como esta. 
Ahora lo vemos por la trágica situación en que se halla el Primer Ministro británico, después de haber apoyado de forma tan leal a los norteamericanos; su incapacidad para conseguir los resultados adecuados hace que posiblemente ahora se encuentre en desventaja. 
Uno puede observar esta situación con cierto cinismo, puesto que está claro que quienes actúan en contra de los intereses de la Unión Europea, sin buscar posiciones comunes de conformidad con el artículo 11 del Tratado de Niza, no se encontrarán entre los vencedores de esta disputa ni de cualquier otra, independientemente de que quisieran unirse a toda costa y en cualquier circunstancia o, como el Canciller alemán, no desearan participar de ningún modo. 
De ahí que los países más grandes tengan que entender el hecho- que esta crisis ayuda por ello a demostrar- de que el interés de los propios ciudadanos del país solo puede prevalecer si encontramos un punto de convergencia de los intereses de los Estados europeos, y si juntos aprovechamos esto para adquirir algún peso. 
Por ello, confío en que esta crisis, más que perjudicar al desarrollo de una política exterior y de seguridad europea, servirá de catalizador para permitirnos realizar los avances necesarios en esta cuestión. 
Si los Estados Unidos de América declaran la guerra de forma unilateral, tendremos grandes problemas a la hora de convencer a nuestros pueblos de la legitimidad de esa guerra. 
Será extremadamente difícil reanudar el diálogo trasatlántico y, sobre todo, conseguir el apoyo de nuestros ciudadanos. 
Creo que en beneficio de nuestro interés común, esta situación no debería menoscabar las relaciones trasatlánticas a largo plazo, y que debemos por ello ser suficientemente fuertes para conseguir que nuestras visiones se hagan realidad y sean efectivas en el período posterior a cualquier guerra en el Iraq; visiones que nos permitirán, independientemente de la alianza de seguridad que es la OTAN, situar las relaciones trasatlánticas sobre una nueva base con el fin de conseguir que sean sostenibles a largo plazo y que, por tanto, reciban el apoyo público a esta relación a ambos lados del Atlántico. 
Nuestros planes de futuro simplemente no pueden implicar la formación de ejes con Moscú y Beijing, y nuestra elección de modelos de actuación nos aleja de los Estados Unidos de América, un país con el que tenemos valores comunes. 
Sin embargo, creo que esto significa que nosotros, como Unión Europea- si hablamos con una sola voz -, tenemos que dejar claro que, en la lucha contra dictadores como Sadam Husein y contra el terrorismo internacional, la acción militar puede ser importante, pero que esta guerra únicamente puede ganarse en el escenario mundial si tenemos capacidad de prevención y de diálogo cultural, somos conscientes del concepto de justicia social y podemos trabajar a gran escala para tratar este asunto en su conjunto. 
Creo que tenemos que llegar a entender que únicamente podemos conseguir la paz en el mundo si el uso de la fuerza militar no excluye el empleo de otros medios. 
Señor Presidente, Comisario, creo que el aplauso que mereció su intervención pone de manifiesto sencillamente que esta mañana ha demostrado usted que un Comisario europeo puede encarnar la voz de los europeos, y que sin duda existe una línea europea en esta crisis. 
Gracias. 
Nos han dicho que una guerra relámpago permitiría en primer lugar establecer la democracia en el Iraq y a continuación agotar las fuentes del terrorismo. 
Sin embargo, ¿qué nos dicen de la situación en Afganistán, donde ya ha habido una guerra relámpago y donde, día tras día, presenciamos, en silencio, los apuros de las mujeres afganas? 
¿Qué nos dice de la movilización de la opinión pública, la nueva superpotencia? 
¿Por qué no podemos entender que la decisión del público de tomar las calles se basó en la convicción de que la guerra no solo no agotaría las fuentes del terrorismo, sino de que una guerra preventiva unilateral daría pie a un nuevo terrorismo? 
Precisamente sobre la base de lo que nos dicen los manifestantes de Europa deberíamos actuar en el Consejo de Seguridad, y es inaceptable que, en el seno de las Naciones Unidas, tras habernos comprometido a favor del desarme mediante la presión internacional y tras haber descubierto que el proceso funciona bajo los imperativos que establecimos juntos, cambiemos entonces, a mitad de camino, las normas y formulemos un ultimátum 
Nuestra esperanza es que habrá una mayoría en contra del ultimátum en el Consejo de Seguridad. 
Creemos que la habrá. 
Creemos que esta guerra puede evitarse, y que ello dependerá en gran medida de Europa. 
Dependerá en gran medida de usted, Presidente en ejercicio del Consejo, si se le concede al Sr. Blix el tiempo que dice que necesita para finalizar el trabajo y que, según él, no se cuenta por semanas ni por años, sino por meses. 
En este sentido, consideramos que debería utilizarse el derecho de veto de algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad si no es posible conseguir una mayoría. 
Sin embargo, en primer lugar, confiemos en que habrá una mayoría en el Consejo de Seguridad. 
Queríamos inspecciones y legalidad internacional, y todos los europeos están de acuerdo en ello. 
Los inspectores han realizado su trabajo y reconocemos que han conseguido avances. 
Los inspectores nos piden más tiempo y debemos dárselo. 
Esencialmente, sabemos que está naciendo un nuevo orden mundial, el que comenzó, no el 11 de septiembre de 2001, sino con la caída del Muro de Berlín, que dejó a una sola superpotencia en el mundo. 
A la vista de esta situación, no consideramos que ningún país de Europa por sí solo pueda mantenerse a largo plazo contra lo que efectivamente sería la pax americana. 
Somos europeos, lo que quiere decir que creemos en los valores del debate y la convicción, en la inutilidad de la humillación y en la necesidad de permitir que todo el mundo tenga un lugar en la escena internacional, y creemos, ante todo, en el Derecho internacional. 
Señor Presidente, estamos al borde de un desastre anunciado y deseado por el Gobierno de los Estados Unidos. 
Ahora es evidente que los valores defendidos por el Presidente Bush no tienen nada que ver con la democracia, sino que son valores que cotizan en bolsa y valores que huelen a petróleo. 
Todavía el Iraq no ha sido demolido bajo una lluvia de bombas y sin embargo el Wall Street Journal del 10 de marzo anuncia un concurso del Gobierno de los Estados Unidos entre cinco grupos estadounidenses por importe de 900 millones de dólares para la reconstrucción del país. 
El Iraq es el único país que será víctima de una ofensiva que permita al capitalismo de los Estados Unidos mundializar su supremacía económica y por tanto militar, convirtiendo a las personas en mercancías y en carne de cañón. 
Afganistán, Colombia, las islas Filipinas, Venezuela, Palestina, nadie va a librarse. 
Sin embargo, el 15 de febrero se produjo otro levantamiento. Miles de personas invadieron las calles de nuestras capitales para decir no a la guerra, y volverán a hacerlo el 15 de marzo. 
La democracia implica asumir este reto y ningún representante electo ni Gobierno puede ignorar este hecho. 
Ahora el veto está en las calles. 
Aquí y en los Estados Unidos, todos tenemos que decidir de qué parte estamos. 
Señor Presidente, cada día los defensores de una guerra en Oriente Próximo recurren a argumentos más endebles y menos creíbles que nunca. 
Nos vemos obligados a presenciar cómo en el Consejo de Seguridad se hacen intentos descarados de utilizar la ayuda económica como un soborno para inducir a los Estados africanos a que aprueben la guerra. 
Sin embargo, se han producido hechos alentadores desde el último debate de esta Cámara sobre el Iraq. 
De momento, al menos, el Parlamento turco ha rechazado el despliegue de tropas en territorio turco. 
En el Reino Unido, más de doscientos diputados laboristas han manifestado su oposición a una guerra. 
Merecen nuestro respeto. 
Los detractores de la guerra que se planea en el Iraq no son los enemigos de los Estados Unidos, sino, más bien, los defensores de la civilización. 
Señor Presidente, ¿tendremos que recurrir a las armas para que Sadam Husein abandone de una vez por todas sus programas de desarrollo, fabricación y almacenamiento de armas de destrucción masiva y para que demuestre que lo ha hecho? 
Soy uno de los que todavía alberga la esperanza de que podamos evitar tener que hacerlo, al igual que el Sr. Pasqua, quisiera decir aquí y ahora que aplaudo los esfuerzos que Francia y su Gobierno están realizando para ello. 
También comparto la opinión de los que sostienen que si tuviéramos que enfrentarnos a este último recurso, sería exclusivamente con el mandato de las Naciones Unidas, la única organización autorizada a legitimar dicha acción y que, señor Barón Crespo, sería el presagio de un cambio radical en el comportamiento de la comunidad internacional, que hasta el momento ha apoyado la idea de que el empleo de la fuerza armada solo está permitido en caso de legítima defensa, y en consecuencia, en respuesta a un ataque real... 
Señorías, en nuestros anteriores debates iniciamos la reflexión sobre este tema. 
Como es lógico, no hemos encontrado una respuesta definitiva a esta cuestión. 
Sin embargo, quisiera recordarles que nuestro Grupo se mostró reacio a respaldar la posición mayoritaria expresada en esta Cámara, en su última resolución, con respecto a este tema, es decir, la legitimidad o ilegitimidad de cualquier acción militar preventiva o cautelar. 
Por decirlo de otro modo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿cómo podemos enfrentarnos al nuevo reto planteado por el terrorismo internacional si no es mediante la aplicación, en este ámbito o en cualquier otro, del principio de cautela que ahora cuenta con el reconocimiento unánime? 
Personalmente, creo que cualquier Jefe de Estado o de Gobierno que esté advertido de la existencia de una grave amenaza para las vidas de miles de sus ciudadanos y que no tome las medidas necesarias para protegerlos de la misma, será culpable ante sus ojos. 
Las armas de destrucción masiva constituyen una auténtica amenaza para la supervivencia y la salud de las poblaciones. 
Cada vez que se confirma la existencia de dicha amenaza, creo que la obligación de las autoridades es eliminarla, sin aguardar a que se haga realidad, con medidas preventivas, diplomáticas, económicas y políticas, y si dichas medidas no bastan, mediante el último recurso del empleo de la fuerza militar. 
Es lo que todos juntos estamos intentando conseguir en el Iraq y lo que probablemente tendremos que hacer mañana en Corea del Norte, y desde esta convicción quiero repetir aquí y ahora que nuestras actuales diferencias son mucho más aparentes que reales. 
Señor Presidente, la labor de los inspectores parece ser decisiva para este debate, así que quizá debería dedicar un tiempo a considerar sus actividades. 
Muchas personas han dicho que los inspectores han tenido éxito hasta la fecha; pero tengo que decir que yo no comparto esa opinión. 
Sí, han conseguido algunos logros, pero en realidad estos no representan más que la punta del iceberg. 
El 7 de marzo, UNMOVIC publicó un documento sobre las cuestiones sin resolver del desarme y el programa de armas prohibidas del Iraq. 
El documento tiene 173 páginas y enumera 29 categorías distintas de cuestiones sin resolver, como la sospecha fundada de que siguen existiendo 10 000 litros de ántrax. 
Sabemos también que se ha descubierto un avión teledirigido capaz de diseminar armas biológicas y químicas, como también se han descubierto bombas de racimo. 
Eso no es ningún éxito. 
El informe constituye una prueba clara de que Iraq incumple la Resolución 1 441, no colabora como debiera con los inspectores ni está desarmándose del todo. 
De hecho, el 7 de marzo el embajador permanente del Iraq ante la ONU volvió a insistir, pese a esas pruebas, en que el Iraq no tiene armas de destrucción masiva. 
A pesar de estas pruebas, muchas personas aquí presentes han dicho que las inspecciones deben continuar. 
¿Pero por cuánto tiempo? 
¿En qué momento tenemos que decir basta ya? 
Recordemos que hace 12 años se dieron al Iraq 15 días para que se desarmara. 
Sabemos que solo han permitido la presencia de los inspectores por la presión militar, sabemos que Sadam Husein está haciendo concesiones para tratar de aplazar el proceso hasta el verano, cuando la guerra es imposible. 
Sabemos que no podrá mantenerse la presión militar en estas circunstancias por tiempo indefinido y sabemos, por tanto, que una vez que se relaje la amenaza, Sadam Husein volverá a sus viejos trucos para obstruir la labor de los inspectores. 
De hecho, tan solo ayer se obligó a permanecer en tierra los aviones espía U2 que Sadam admitió poseer. 
¿No es eso una señal de lo que sucederá? 
Aún así, seguimos pidiendo que las inspecciones se prolonguen por tiempo indefinido, seguramente porque no queremos tener que tomar una decisión. 
El Comisario Patten ha hecho una exposición muy convincente de los peligros de la acción unilateral; no discrepo de él en casi nada. 
Pero no ha hablado sobre el futuro de la ONU si no tomamos medidas efectivas para imponer 12 años de resoluciones incumplidas. 
Si no adoptamos medidas eficaces para desarmar a Iraq, la ONU estará acabada como fuerza efectiva y los grandes países actuarán unilateralmente en perjuicio de la paz y la estabilidad mundial. 
El futuro del mundo está en juego. 
Hemos escuchado hablar mucho a antiguos presidentes, al Papa, a académicos; todos ellos tienen una cosa en común, y es que carecen de todo poder. 
En este momento, en el que está en juego el futuro mundial, necesitamos honestidad, valor, determinación y temple para que la comunidad internacional pueda actuar unida. 
Tenemos que aprobar una segunda resolución de la ONU, necesitamos un calendario claro para decir a los inspectores que pueden proseguir con su labor durante ese tiempo, pero no más. 
Cuando eso suceda, tendremos que estar preparados para ir a la guerra. 
Si no lo hacemos, estaremos perdidos. 
Yo me siento particularmente orgulloso del valor, el temple y la clarividencia que ha demostrado el dirigente de mi partido y me habría gustado que los dirigentes de algunos otros partidos hubieran hecho lo mismo. 
Señor Presidente, todos sabemos que el desarme, que está avanzando, y la sustitución de Sadam Husein son un mero pretexto. 
El verdadero motivo de este asunto, no cabe duda, es la búsqueda por los Estados Unidos y sus aliados del control de los campos de petróleo del Iraq y su ubicación geoestratégica. 
También es un hecho que la guerra, con o sin resolución de las Naciones Unidas, tendrá consecuencias terribles no solo para el pueblo iraquí, sino para la región, Europa y el mundo en su conjunto. 
La pregunta es: ¿responderán la Presidencia griega y la Unión Europea a la oposición masiva que han manifestado nuestro pueblo y el norteamericano y evitarán este crimen sin sentido? 
¿Dejará el Gobierno griego, así como otros Gobiernos, de colaborar en los preparativos de guerra mediante la concesión de cualquier posible ayuda a los agresores? 
En esta fase crucial, cuando la Unión Soviética brilla por su ausencia, hago un último llamamiento, estimados colegas; debemos evitar esta guerra, que servirá de precedente para más guerras. 
Tenemos que cerrar el camino a la ruina. 
Al mismo tiempo, manifestemos nuestra solidaridad con el pueblo iraquí en su lucha por derrocar a este régimen tirano. 
Señor Presidente, por muy correcto y adecuado que resulte debatir sobre el modo en que vamos a desarmar al dictador iraquí, quisiera dar las gracias a los escasos diputados presentes en la Asamblea, y sobre todo al Sr. Poettering y al Sr. Watson, por recordarnos quién es nuestro amigo y quién nuestro enemigo en esta pelea. 
Al mirar las pancartas aquí en la Cámara veo una y otra vez los rostros de los representantes de Estados democráticos, pero nunca el rostro de Sadam Husein. 
Es posible que el odio hacia los Estados Unidos reúna temporalmente a grupos que tienen opiniones políticas totalmente divergentes, pero nunca llegará a ser la base de una política exterior común europea. 
Por el contrario, no será más que un obstáculo para la misma. 
Por el bien de los que han venido a esta Cámara con un buen consejo sobre cómo tratar las dictaduras, permítanme leer lo que ha dicho esta semana el Presidente Kagame de Rwanda: «Confío en que el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas actúen de forma decisiva en el Iraq, y no del modo en el que lo hicieron en Rwanda, puesto que el Consejo puede adoptar decisiones equivocadas. 
Lo hizo en Rwanda y eso nos costó un millón de personas.» 
Señor Presidente, las noticias que nos llegan esta mañana de Nueva York, según las cuales están pensando en ampliar el plazo del ultimátum, nos permiten seguir albergando la esperanza de que la crisis del Iraq pueda solucionarse sin necesidad de empuñar las armas. 
La disposición de los Estados Unidos y el Reino Unido para ampliar el plazo del ultimátum impuesto a Sadam Husein deja ver un rayo de esperanza de paz. 
Todavía es el tiempo de la política y la diplomacia, y hay que hacer cualquier intento para evitar la guerra, un objetivo que no es imposible conseguir. 
Ante todo- y en esto estoy de acuerdo con el Sr. Poettering- corresponde a Sadam Husein destruir las armas prohibidas sin vacilar y sin fingir; corresponde a Sadam Husein colaborar con los inspectores de las Naciones Unidas sin perder tiempo; y el dictador iraquí todavía tiene la opción de abandonar su país, de liberarlo de un régimen no liberal y devolverlo a la democracia, una elección que también han invocado muchos de los diputados que se encuentran en esta Cámara. 
Europa también tiene que conseguir que se oiga su voz, aunque evitando divisiones y conflictos. 
El documento aprobado el 17 de febrero debe ser el punto de arranque de la acción del Consejo y la Comisión, y la obligación primordial de todos los Grupos representados en el Parlamento consiste en actuar para evitar que la credibilidad de las Naciones Unidas se vea mermada. 
La diplomacia y los políticos europeos deben moverse para evitar que esta institución, que todos reconocemos, aparezca en la crisis internacional desprovista de su función como defensora del Derecho internacional e igualmente debemos actuar para evitar que otro organismo multilateral, la Alianza Atlántica, pierda su credibilidad. 
Por tanto, tenemos la obligación, señor Presidente, de trabajar para mantener la unidad de Europa; todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para vencer las divisiones que se han desvelado esta semana. Una Europa débil y dividida no ayuda a la causa de la paz. 
Tenemos que aprender de estas dificultades, de modo que Europa pueda desempeñar de nuevo un papel protagonista en el escenario internacional. 
Sin embargo, señor Presidente, no debemos olvidar la relación y los valores comunes que nos unen a los Estados Unidos de América- un país profundamente marcado por los ataques del 11 de septiembre, ataques que también nos marcaron a nosotros, a cada europeo- y no debemos permitir que Washington se quede solo. 
Esta es la razón de que todo acto de diplomacia internacional de estos días únicamente pueda estar encaminado a la construcción de una solución a la crisis iraquí. 
La Unión Europea y los Estados Unidos tienen que encontrar soluciones conjuntas dentro del marco del orden internacional. 
Señor Presidente, la historia nos ha enseñado que es prácticamente imposible trabajar con dictadores porque no les importa que su propio pueblo sufra. 
Este es también el caso del líder iraquí, Sadam Husein. 
El pueblo iraquí ha tenido que pagar cara la actitud inflexible de su líder. 
El líder del Iraq ni siquiera ha querido aprovechar por completo el programa «Petróleo por alimentos» , sino que ha preferido dejar que sus ciudadanos sufrieran por falta de medicamentos y alimentos suficientes. 
Para nosotros, europeos que trabajamos partiendo del supuesto de que deberían cumplirse los acuerdos internacionales y que conviene seguir una política de cooperación, ha sido una experiencia difícil descubrir que solo la presión militar ha convencido a Sadam Husein de la necesidad de permitir la labor de los inspectores de armas. 
Antes de ello, el líder iraquí había desafiado las decisiones de las Naciones Unidas y no había aceptado renunciar a sus armas de destrucción masiva ni a sus programas de armamento. 
Aunque se ha avanzado gracias a las inspecciones de armas, todavía quedan más de cien preguntas por responder en los informes de los inspectores de armas, que se refieren a asuntos tales como los aviones de combate no tripulados y el destino de los misiles Scud y las soluciones de carbunco. 
Mi país, Finlandia, hace hincapié en la importancia de la función de la ONU a la hora de encontrar una solución a la crisis del Iraq. 
El Presidente Halonen declaró ayer que Finlandia apoyará al Consejo de Seguridad y sus decisiones y que el uso de la fuerza sin su autorización sería inadmisible. 
También declaró que Finlandia apoya la continuación de la labor de los inspectores de armas mientras que tenga sentido y sea útil. 
El Consejo de Seguridad debe considerar cuánto tiempo le queda a la luz del informe de los inspectores de armas. 
Es sumamente importante que los miembros del Consejo de Seguridad hagan todo lo posible para conseguir la unanimidad. 
El objetivo, evidentemente, debería consistir en conseguir el desarme del Iraq sin el uso de la fuerza. 
Si la acción militar resulta necesaria, debe contar con la aprobación del Consejo de Seguridad. 
La diplomacia decidida debe prevalecer sobre las apariciones públicas de los miembros del Consejo de Seguridad. 
Hay que conceder tiempo suficiente a los inspectores de armas, pero ello no debe implicar que Sadam Husein pueda seguir jugando eternamente con la comunidad internacional. 
Multitudes de personas de todo el mundo se han lanzado a las calles para manifestarse a favor de una solución pacífica en el conflicto del Iraq. 
Es preciso que haya una auténtica oportunidad para la paz, pero el requisito previo para una solución pacífica es que la comunidad internacional debe estar segura de que el Iraq no cuenta con armas peligrosas de destrucción masiva ni con programas para desarrollarlas. 
La función de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad tiene que dar prioridad a la resolución de la crisis del Iraq. 
Si la ONU no puede actuar ahora, nos encontramos ante el peligro de perder el instrumento mundial más importante con el que contamos para la salvaguardia de la paz internacional. 
La Unión Europea debe adoptar ahora una postura común y emplear todas sus fuerzas para sostener la viabilidad de la ONU. 
Señor Presidente, al Gobierno de mi país le ha tocado este mal trago. 
Son momentos difíciles, pero contamos con la habilidad y la experiencia de nuestra parte; la experiencia de las anteriores Presidencias griegas y de la administración del desaparecido Andreas Papandreou, que se mostró rotundamente a favor de la paz y de la autonomía de Europa. 
Podemos mantener nuestras alianzas, señor Presidente en ejercicio del Consejo, incluso con los Estados Unidos, pero- para citar un precedente histórico- no fueron los amigos de Norteamérica quienes les pidieron que lanzaran napalm sobre Vietnam, sino quienes les pidieron que pararan la guerra. 
Podemos luchar por la unidad de la Unión Europea- que se ha convertido en un hazmerreír con funcionarios del Reino Unido corriendo de acá para allá por el Camerún, Angola y Guinea en una pugna por arrastrarlos a la guerra- apoyando los principios de los Tratados de la Unión Eurpea relativos a la paz y la Carta de las Naciones Unidas, y tirando de las orejas a Blair y Aznar. 
Podemos forjar una alianza masiva con los ciudadanos de Europa. 
Ninguna Presidencia ha tenido el privilegio de ver a los ciudadanos de Europa tomar las calles y mantenerse unidos. 
Necesitan un punto de referencia común, no solo el Sr. Schroeder o el Sr. Chirac; también necesitan al Sr. Simitis, el jefe de la Presidencia griega. 
Son momentos difíciles y, al igual que Bélgica, somos un país pequeño. 
Su corazón está en el lugar adecuado, pero queremos resultados. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, creo que nadie es indiferente ante el peligro de guerra en el Iraq. 
No conozco a nadie que no prefiera una solución pacífica en el Iraq. 
Entre demócratas, esto debería caer de su propio peso. 
Nuestra voluntad de buscar la paz, sin embargo, no será suficiente por sí sola; también tenemos que hacer algo al respecto. 
En este sentido Europa ha perdido importancia. 
En las últimas semanas y en los últimos meses, no hemos logrado mantener y desarrollar el papel crucial que antaño tuvimos como socio de los Estados Unidos. 
Desgraciadamente, mi Gobierno- el gobierno de la República Federal de Alemania- ha contribuido en gran medida en que esto sucediera así. 
La perspectiva de una victoria electoral llevó al canciller alemán, Gerhard Schröder, a agitar el miedo a una guerra, y en aras a dicha victoria ha acabado por dividir a Europa, a la OTAN y, como casi parece, a las Naciones Unidas. 
No ha hecho nada por conseguir que Sadam Husein se tomara en serio la presión de las Naciones Unidas, lo que significa que ahora tenemos que dejar claro que lo que nos interesa es una paz real, que no quede espacio- permítanme que lo diga claramente y en voz alta- para los déspotas que esclavizan a su propio pueblo, desestabilizan toda una región y poseen y fabrican peligrosas armas de destrucción masiva. 
Europa todavía no se pronuncia con una sola voz en asuntos de política exterior; de hecho, ahora menos que nunca. 
Estamos más lejos que nunca de conseguir una política exterior y de seguridad común. 
Esta es la razón por la que Europa necesita que los Estados Unidos de América sean garantes de la paz y la libertad en el mundo. 
No fue Europa quien puso fin al genocidio de los Balcanes; de no haber sido por los Estados Unidos, el criminal de guerra Slobodan Milosevic no se encontraría en el banquillo de los acusados de La Haya. 
No es Europa quien está en condiciones de contener el conflicto entre India y Pakistán. 
No es Europa quien es capaz de tomar posiciones en Corea del Norte en defensa de nuestra seguridad. 
Europa no tiene la capacidad de combatir por si sola el terrorismo internacional. 
Para que quede claro, el Gobierno de los Estados Unidos no siempre resulta convincente a la hora de exponer la política norteamericana, y el hecho de centrarse exclusivamente en las armas de destrucción masiva ha sido sin duda un error, puesto que invierte la carga de la prueba y cede la iniciativa a los inspectores de armas y, en última instancia, a Sadam Husein, y coloca a los Estados Unidos y a sus seguidores a la defensiva. 
Sin embargo, es un hecho que Sadam Husein representa una amenaza para la paz mundial. 
En nuestro continente, a menudo hemos tenido que tratar con déspotas cuyas intenciones estaban claras desde el principio, como lo están las de Sadam Husein. 
Es un hecho lamentable que en el Iraq, el miedo, la tortura y el crimen sean arbitrarios y formen parte de la vida cotidiana. 
Es un hecho que muchas preguntas aún no han sido contestadas. 
¿Posee el Iraq el virus de la viruela? 
¿Qué se hizo de las granadas de gas mostaza? 
¿Dónde está el peligroso gas nervioso VX, las grandes cantidades de carbunco, las 6 500 bombas que llevan armas químicas y los laboratorios móviles de armas? 
Y no menos importante que obtener respuestas a estas preguntas es la necesidad de pensar un poco en el futuro de la región. 
Ahí reside la gran misión de Europa. 
Pido a los Ministros de Asuntos Exteriores que se unan al Comisario para desarrollar modelos de cara a abordar el futuro de la región y de las relaciones con ella. 
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, la cuestión que nos preocupa no es el odioso régimen del Iraq, sino la forma mejor y más eficaz de desarmar a este país. 
El régimen es a todas luces detestable- probablemente nadie en esta Cámara tendría tiempo para Sadam Husein -, pero la cuestión es cómo vamos a deshacernos de sus armas de destrucción masiva. 
¿Se conseguirá mejor el desarme mediante la intervención militar o a través del trabajo continuado por parte de los inspectores de armas? 
En lo que a mí respecta, estoy convencido de que, en la situación actual, la mejor manera es la del trabajo continuado por parte de los inspectores de armas, simplemente porque la intervención militar es siempre el último recurso. 
Es posible que sea la indicada una vez que se hayan intentado las demás opciones. 
Esta intervención tendría consecuencias muy graves, no solo para la población del Iraq y todos los inocentes que se verían afectados, sino también, me parece, para la continuidad de las relaciones con el mundo árabe. 
Es más, considero que las inspecciones de armas funcionan. 
Quizás sería deseable que funcionaran aún mejor, pero en estos momentos se hacen avances. 
No olvidemos que las inspecciones funcionan gracias a la presión ejercida sobre Sadam Husein y a la amenaza de intervención armada. 
Por tanto, es importante mantener dicha presión. 
Esta situación no puede mantenerse por tiempo indefinido, pero los plazos que los Estados Unidos y otros países han propuesto hasta ahora son poco realistas. 
Por ello, hay que continuar con las inspecciones de armas. 
Lanzar un ataque sin una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sería realmente reprochable y supondría una violación del Derecho internacional. 
Tendría consecuencias de largo alcance para la futura legitimidad de las Naciones Unidas. 
El sistema de las Naciones Unidas tiene sus defectos, pero no hay otro igual a escala mundial. 
Por tanto, debemos unirnos para ayudar a mantener el sistema. 
La función de la UE en este conflicto es un capítulo lamentable. 
Las orgullosas declaraciones sobre la política exterior y de seguridad común que normalmente se pronuncian en ocasiones solemnes, por supuesto, han demostrado ser muy frágiles cuando se han puesto a prueba. 
Los principales responsables son los grandes países que campan por sus respetos y defienden sus propios intereses nacionales, en lugar de aguardar, sentarse juntos, discutir y encontrar un enfoque común. 
Si la UE quiere desempeñar en el futuro un papel en el ámbito de la política exterior, debemos aprender de lo sucedido. 
Si queremos ser capaces de desempeñar un papel en el Iraq, en Oriente Próximo, en la península de Corea y en otros lugares, la política común debe prevalecer sobre los intereses nacionales. 
De lo contrario, la UE no podrá desempeñar un papel importante en el futuro. 
Comisario Patten, muchas gracias y enhorabuena por su discurso. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, hace solo 18 meses de los trágicos sucesos del 11 de septiembre y el Sr. Bush y sus principales colaboradores se las han arreglado para conseguir lo que habría parecido imposible incluso para la diplomacia muchas veces torpe de los norteamericanos: han perdido el apoyo prácticamente unánime e incondicional a los Estados Unidos y sus esfuerzos por combatir el terrorismo y lo han sustituido por una coalición igualmente universal y unánime contra el Gobierno norteamericano y sus planes de guerra y estratégicos. 
Esto no se debe a las diferencias en torno al deprimente régimen dictatorial del Iraq, ni siquiera en torno a los peligros inherentes al hecho de que Sadam Husein posea armas de destrucción masiva, peligros confirmados y reconocidos en la Resolución 1 441, que debe cumplirse enteramente, nadie lo pone en duda; una abrumadora mayoría de pueblos y gobiernos de todo el mundo se han dado cuenta de que esta crisis va más allá del Iraq y su liderazgo y de que está básicamente relacionada con el futuro orden mundial, de un mundo que está llamado a elegir entre un unilateralismo despótico por un lado y una gestión colectiva legítima de los problemas internacionales por otro. 
Dicho de otro modo, está llamado a elegir entre los principios y normas establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y los elementos básicos del nuevo dogma estratégico de Washington, que favorece una cosmovisión de golpes preventivos, intervenciones unilaterales violentas, debilitamiento de las Naciones Unidas y alianzas de conveniencia, supuestamente voluntarias, determinadas por la operación militar del día, más que por privilegios fundamentales de procedimiento para mantener el orden jurídico internacional que se aplicaba en el pasado. 
Precisamente frente a estas perspectivas precisamos una postura firme de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, como representante electo de sus ciudadanos, que se han unido al pueblo norteamericano en una lucha común por el Estado de derecho que la actual administración de los Estados Unidos parece ahora decidida a dejar de lado. 
Señor Presidente, señor Comisario, quizás logremos salvar a Europa, y esto ya sería algo, por lo menos. 
Es cierto que, tras un año de incertidumbre, de contradicción y de conflicto, hay buenas señales. 
Se ha iniciado el desarme del Iraq. 
La voz del pueblo se deja oír por sí sola en las calles, y lo hace, como quisiera recordar al Sr. Titley, no solo junto al Papa y las universidades, sino también junto a millones de otras personas. 
En efecto, hemos visto que ni la propaganda masiva, ni siquiera el sarcasmo ni las amenazas ni las políticas de talonario han logrado detener las protestas. 
Es más, se han hecho esfuerzos diplomáticos intensos y notables en el seno de la ONU y, por fortuna, también contamos con el trabajo de la Presidencia griega. 
Sin embargo, la paradoja radica en que nunca antes la guerra ha estado tan cercana y que, si el desarme es el objetivo de esta guerra, de hecho el desarme ya está teniendo lugar. 
Si el objetivo es crear la democracia en el Iraq, hay formas de hacerlo distintas de la guerra. 
Hablemos del levantamiento del embargo, la Corte Penal Internacional, la sociedad civil que existe en el Iraq y que merece que la apoyen, pero no hablemos de guerra. 
Entonces, una vez más, si se trata de un problema geopolítico y económico, si se trata de poder frente a Derecho, entonces, no, no y otra vez no, entonces debemos oponernos. 
Tzvetan Todorov, estudioso de los sistemas totalitarios del siglo XX, tuvo una forma excelente de describir esto. Según él, la democracia no está inmunizada frente a la tentación del bien, que puede conducirla hacia lo peor, o lo que es lo mismo, a lanzar bombas humanitarias. 
No lancemos mañana bombas humanitarias sobre el Iraq, un Iraq que habremos logrado desarmar pero que no habremos logrado proteger. 
Señor Presidente, la intervención militar debe utilizarse solo como último recurso y utilizarla ahora en el Iraq sería prematuro e injustificado, con consecuencias de gran alcance más allá de su objetivo inmediato. 
Además, el intercambio de insultos a través del Atlántico no sirve para nada, y lo único que hace es empeorar las cosas. 
Es hiriente ser acusado de antiamericanismo simplemente por oponerse a la política de la actual Administración de Estados Unidos. 
Resulta todavía más hiriente ser acusado de olvidarse de la contribución de Estados Unidos a dos guerras mundiales. 
La razón por la que la Unión Europa demostrara una gran unidad y solidaridad tras los acontecimientos del 11 de septiembre es porque apreciamos esa contribución y consideramos importante que exista una estrecha alianza transatlántica. 
Pero eso no significa que no podamos discrepar en ocasiones, sobre todo cuando creemos que la estrategia es errónea. 
Los partidarios de la línea dura en la política exterior de la Administración de Estados Unidos harían bien en recordar que las raíces de la actual crisis mundial relacionada con Sadam Husein y Osama Bin Laden son el resultado de unas decisiones más que discutibles de la política exterior norteamericana. 
Fueron los Estados Unidos los que proporcionaron recursos y apoyo a esos individuos sin escrúpulos cuando eran sus aliados. 
Ahora todo el mundo- y no solo Norteamérica- está pagando el precio de esos errores de juicio. 
El Reino Unido y los Estados Unidos deberían pararse a reflexionar antes de embarcarse en una intervención sin el apoyo de la ONU. 
La ONU es el guardián reconocido del derecho internacional, con estructuras y procesos especiales para defenderlo. 
Eso significa que cualquiera que comparta este principio tiene que acatar sus decisiones, entre ellas el uso del veto. 
No se puede, simplemente, adoptar un enfoque a la carta. 
Una intervención militar sin el respaldo de la ONU aumentará los antagonismos entre Occidente y el mundo musulmán; inflamará a Oriente Medio y supondrá un golpe devastador, no solo para la credibilidad de la ONU, sino también para el futuro potencial de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea. 
Señor Presidente, muchos dicen que la división de opiniones respecto al Iraq es una división entre Europa y los Estados Unidos. 
Pero en realidad es una división entre Francia y Alemania y otros 19 nuevos Gobiernos europeos que apoyan a los Estados Unidos. 
Francia y Alemania se han distanciado de Norteamérica, han debilitado a la ONU y la OTAN y han puesto de manifiesto las dificultades que plantea la PESC. 
Francia y Rusia serán juzgadas con dureza por haber impuesto su veto a la ONU para proteger unos cínicos intereses comerciales en una segunda resolución, enviando con ello todas las señales equivocadas a Bagdad. 
Existen diferencias legítimas sobre la inmediatez de la amenaza militar que supone el Iraq, pero Sadam Husein sigue desafiando la credibilidad de la ONU con su afán de acumular armas de destrucción masiva. 
Curiosamente, el Iraq y Corea del Norte son los únicos dos casos en el mundo de incumplimiento de los acuerdos de control de seguridad del Tratado de No Proliferación Nuclear y no me gustaría ver al Iraq en la situación actual de Corea del Norte, en posesión de armas nucleares e inmune a una intervención militar. 
Personalmente, estoy convencido de la necesidad de un cambio de régimen, en el mejor de los casos con el exilio de Sadam, pero de no ser así, con una intervención militar como la única manera de garantizar un Iraq desarmado y pacífico. 
Los aliados tienen que instalar un Gobierno democrático para prevenir los flujos de refugiados o la inestabilidad en la región, permitiendo que los 200 000 iraquíes que residen en mi distrito electoral, Londres, regresen a su país, y asegurando que la riqueza petrolífera del Iraq se utilice para mejorar las condiciones de vida de su pueblo y no para la compra de armas. 
La alternativa es frenar a Sadam durante un tiempo hasta que la atención mundial se centre en otro asunto y él pueda rearmarse. 
El Gobierno de Clinton aplacó a Corea del Norte durante años financiando su régimen mientras este hacía pasar hambre a su propio pueblo y continuaba en secreto desarrollando armas nucleares, incumpliendo con ello el acuerdo de 1994. 
Quizá los más contrarios a la intervención militar en esta Cámara puedan explicar también por qué apoyaron una guerra en Kosovo en la que no había armas de destrucción masiva ni amenaza alguna contra otros países sin el respaldo de la ONU y ahora tienen tantas reservas de actuar contra un dictador malvado y genocida que ha desencadenado dos guerras, ha sido responsable de la muerte de casi un millón de personas y gaseó a más personas en un solo día de las que murieron durante todo el conflicto de Kosovo. 
Desde luego, una vez que haya finalizado esta guerra casi inevitable, los Estados Unidos, a través del Grupo de los cuatro, tendrán que demostrar su determinación a encontrar una solución viable para el conflicto de Israel y Palestina y asegurar la existencia pacífica de esos dos Estados. 
Mientras tanto, no debemos desistir de afrontar una peligrosa amenaza cuando todavía podemos hacerlo. 
Señor Presidente, ¿qué ha pasado con la política exterior y de seguridad común de la UE? 
Cuando anteayer el Presidente Chirac anunció el planteamiento francés en el seno de las Naciones Unidas, la cooperación con Rusia parecía ser más importante que las negociaciones y las deliberaciones con los colegas de la UE en el Consejo de Seguridad, como el Reino Unido, Alemania, España y el país candidato, Bulgaria. 
Hace un mes, el Presidente francés apuntó con un dedo amenazador a los países candidatos y exigió una declaración de solidaridad con la UE. 
Entonces, ¿no hay una buena razón ahora para exigir al Presidente francés una declaración de solidaridad con la política exterior y de seguridad común de la UE? 
Aquellos que exigen que se conceda más tiempo a los inspectores de armas con el fin de permitirles descubrir las armas de destrucción masiva de Sadam Husein, no pueden apoyar su posición expresada en la Resolución 1 441 de la ONU. 
Al contrario, la tarea de sacar a luz las armas de destrucción masiva y destruirlas bajo la supervisión de los inspectores de armas corresponde a Sadam Husein. 
Si Sadam Husein ya ha destruido las armas de destrucción masiva que poseía, entonces tiene que mostrar a los inspectores documentos que lo acrediten. 
La Resolución 1 441 de la ONU no deja espacio para jugar al escondite. 
Personalmente, no confío en la buena voluntad de Sadam Husein. 
En repetidas ocasiones ha desafiado a la ONU y, de hecho, nunca ha cumplido las exigencias de las Naciones Unidas. 
No es difícil diagnosticar que Sadam Husein tiene graves trastornos de personalidad o que psicológicamente está muy perturbado. 
Alardea de haber asesinado a alguien por primera vez cuando tenía once años. 
Procedió a asesinar a uno de sus Ministros en el transcurso de una reunión del Gobierno. 
Ha matado a seres muy cercanos de su propia familia y ha utilizado granadas de gas mostaza para asesinar a sus propios súbditos. 
Padece una megalomanía similar a la de Hitler y Stalin. 
El pueblo del Iraq necesita un liderazgo político alternativo. 
Permítanme expresar mi esperanza de que esto pueda llevarse a cabo sin necesidad de recurrir a la guerra. 
Señor Presidente, en las últimas semanas hemos sido testigos de peligrosas escisiones en las Naciones Unidas y en las instituciones internacionales de las democracias. 
La futura Unión Europea está ya dividida entre los 18 países que han manifestado una opinión y los tres o cuatro que han manifestado la opinión contraria. 
Es posible que la eficacia de la OTAN se haya debilitado fatalmente. 
En lugar de unirse a los Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Bulgaria y tantos otros países que han manifestado su solidaridad y determinación, el Gobierno de un Estado miembro de la UE en particular ha llegado sorprendentemente lejos para proteger al régimen de Sadam Husein contra las consecuencias de sus actividades y desbaratar los esfuerzos de la coalición internacional contra Sadam. 
¿Qué motivos puede tener para hacer eso? 
Se han dicho muchas tonterías sobre quién armó a Sadam. 
Tenemos que dejar claro que fueron Rusia y Francia los que le armaron. 
No estoy hablando de los reactores nucleares Osirak suministrados hace 30 años, que constituyeron la base del programa original de armas nucleares de Sadam. Estoy diciendo simplemente que las fuerzas armadas iraquíes no tienen F-16 americanos ni Tornados británicos, pero sí un sólido inventario de MIG, Sujois y F1 Mirage, así como el sistema de defensa aérea Roland, vehículos de transporte blindados Pannard, sistemas de armas antitanque guiadas Milan y misiles Exocet. 
Se han dicho también muchas tonterías sobre el control del petróleo iraquí. 
Debemos saber que la política del Iraq consiste en adjudicar concesiones de gas y petróleo a los países que apoyan el relajamiento o levantamiento de las sanciones de la ONU. 
Por ejemplo, el pasado mes de octubre, el Deutsche Bank estimó que se habían firmado contratos relacionados con nuevos yacimientos petrolíferos en el Iraq por valor de 38 000 millones de dólares con empresas petroleras principalmente de China, Francia y Rusia. 
No debemos dejar tampoco que se imponga la idea de que solo dos o tres países hablan por Europa, definen sus políticas y las llevan a cabo, mientras las opiniones del resto, muchos de los cuales dan gran importancia a la alianza transatlántica, se presentan como una especie de aberración. 
Señor Presidente, esta es la segunda vez que defiendo en una asamblea legislativa a un Primer Ministro británico que contempla el envío de tropas británicas para una intervención en el Iraq. 
Los hice hace 12 años, cuando el entonces Primer Ministro conservador, el entonces Gobierno conservador, del que era miembro distinguido el Comisario Patten, envió tropas británicas para repeler la invasión iraquí de Kuwait. 
Hoy me encuentro en la extraordinaria tesitura de apoyar al Gobierno laborista, a un Primer Ministro laborista y a un líder laborista de la delegación aquí en este Parlamento en lo que dicen y en las acciones que proponen. 
Hace doce años nos detuvimos a las puertas de Bagdad. Lo hicimos porque Sadam Husein se comprometió a destruir las armas de destrucción masiva. 
Doce años después, tras incontables resoluciones, tras incontables promesas, tras incontables inspecciones, sigue sin cumplir ese compromiso. 
Hoy estamos donde estamos precisamente por eso. 
La elección es sencilla: o nos creemos lo que dice Sadam Husein y nos creemos que seguirá desarmándose voluntariamente, o tomamos la dura y difícil decisión de poner en juego las vidas de nuestros jóvenes hombres y mujeres para imponer la voluntad de la comunidad internacional. 
Es posible que tengamos que hacer eso porque, si no lo hacemos, enviaríamos un mensaje a los eventuales seguidores de Sadam Husein de que pueden hacer lo mismo, y enviaríamos un mensaje todavía peor a la gran nación de Estados Unidos que ha estado al lado de este continente en los buenos y en los malos tiempos. 
Como dijo Winston Churchill hace 60 años: «O estamos con los norteamericanos, somos parte de ellos, o no lo estamos.» 
Eso sigue siendo tan cierto hoy como cuando lo dijo por primera vez. 
Señor Presidente, soy portavoz del Grupo del PPE-DE en asuntos islámicos y miembro desde hace tiempo de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Hablemos de política. 
El fracaso de la PESC es culpa nuestra. 
El Gobierno de Bush no ha ocultado nunca su voluntad de derrocar a Sadam Husein por la fuerza si es preciso. 
El Congreso lo aprobó y Europa ha hecho en gran parte caso omiso. 
En lugar de buscar puntos en común y encabezar el debate, Francia y Gran Bretaña- los dos países más responsables del conflicto de Oriente Próximo después de la primera Guerra Mundial -, han vuelto a pelearse. 
Estoy especialmente interesado en ese tema, porque mi compatriota T. E. Lawrence quería y esperaba la autonomía árabe. 
Mientras tanto, intervención tras intervención, Washington, con la seguridad de un Presidente que se encuentra en la mitad de su mandato, ha trasladado a un numeroso ejército a la región y ha hablado explícitamente de un cambio de régimen más amplio. 
De hecho, ya se ha publicado el itinerario del proceso de paz entre Israel y Palestina; puede encontrarse en el sitio web de la Autoridad Palestina. 
Todos sabemos que la opinión pública de los países democráticos se opone al conflicto. 
¿Pero quién sabe lo que piensa en realidad la opinión pública de los países árabes? 
Podemos aprender algo del exhaustivo informe del PNUD escrito el año pasado por árabes, según el cual: «La participación política en los países árabes sigue siendo débil, como manifiesta la ausencia de una verdadera democracia representativa y la restricción de las libertades.» 
Al mismo tiempo, los ciudadanos aspiran ahora a una mayor libertad y participación en la toma de decisiones, como resultado de sus niveles cada vez más altos de renta, educación e información. 
Eso lo dicen las Naciones Unidas. 
Tenemos que reconocer que no hay nada intrínsecamente intolerante y opresivo en la religión islámica y que hace siglos el islam ejerció una influencia cultural progresista y civilizadora. 
Nuestros esfuerzos por defender la democracia y los derechos humanos en el mundo se basan en el marco del Programa de Democracia y Derechos Humanos. 
Los principios básicos de la PESC- promover la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales- tienen en este contexto una importancia fundamental. 
Señor Presidente, Sadam Husein es la causa principal de la crisis iraquí. 
Sin la presión militar de los Estados Unidos y sus aliados, principalmente el Reino Unido, sobre el dictador iraquí, Sadam Husein, este no habría permitido el acceso al país de los inspectores de armas de la ONU. 
No debemos olvidar que Sadam Husein expulsó a los anteriores inspectores de armas en 1998, lo cual le dio cuatro años para desarrollar armas biológicas y químicas de destrucción masiva y misiles de largo alcance del tipo Al Samud 2. 
Durante mucho tiempo, el régimen iraquí negó la existencia de estos misiles autopropulsados. Ahora están siendo destruidos bajo la supervisión de los inspectores de armas. 
Desde la derrota en la Guerra del Golfo de 1991, el Iraq ha saboteado sistemáticamente la posibilidad de que hubiera inspectores de armas de la ONU que investigaran la presencia de armas de destrucción masiva en el país. 
El entonces Ministro de Defensa norteamericano, William Cohen, advirtió al Iraq cuando en 1998 los inspectores de armas de la ONU fueron expulsados, diciendo que el tira y afloja no podía durar eternamente. 
Sadam Husein es un dictador y un tirano, dispuesto a emplear cualquier método para combatir a sus enemigos, incluido el asesinato de sus yernos. 
No tuvo reparos a la hora de utilizar armas químicas contra los soldados iraníes durante la guerra entre Irán y el Iraq de los años 80, y en 1988, en la última fase de la guerra, asesinó con gases a 5 000 kurdos en la ciudad de Halabja. 
Se trata justamente de las armas de destrucción masiva que no ha permitido que busquen los inspectores de armas. 
Durante doce años, Sadam Husein ha intentado burlarse del mundo que le rodea jugando al gato y al ratón con los inspectores de armas de la ONU. 
Es preciso que se desprenda de ellas, en parte para que haya paz y estabilidad en la región, pero, principalmente, en interés de la libertad y democracia del pueblo oprimido del Iraq. 
La política exterior y de seguridad común de la UE se ha hundido cuando era más necesaria. 
Las situaciones difíciles ponen a prueba nuestra confianza mutua. 
Evidentemente, ahora falta esta confianza mutua en el seno de la UE. 
Una Unión Europea en la que no podemos confiar unos en otros supone una estructura inestable. 
Señor Presidente, yo también quiero agradecer todos los comentarios, opiniones y posiciones que emiten una serie de mensajes importantes, no solo al Consejo, sino también a los agentes internacionales y al público en general. 
Como ya ha dicho el Presidente, este debate es muy interesante, y trataré de contestar a tres o cuatro cuestiones básicas que todos ustedes han planteado de una u otra forma. 
En primer lugar, si existe alguna posibilidad de resolver la crisis por la vía diplomática en el corto espacio de tiempo que queda. 
Me parece que todos ustedes, al igual que el Consejo de la Unión Europea y el Consejo de Seguridad por unanimidad, adoptan la misma postura con respecto al desarme del Iraq y la necesidad inmediata de una cooperación incondicional con el Consejo de Seguridad por parte de Sadam Husein. 
Me parece importante- después de todo, somos una sociedad democrática; estamos aquí en el Parlamento Europeo y vivimos en una Unión Europea democrática- que no interpretemos nuestras diferencias como el envío de un mensaje equivocado a Sadam Husein, el mensaje de que estamos divididos con respecto al objetivo final. 
El objetivo final es bastante concreto y todos estamos de acuerdo en torno al mismo. 
El segundo punto es que el Consejo, en su reunión en la cumbre, básicamente ordenó a la Presidencia griega a que tomara iniciativas. 
Antes que nada, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por agotar las vías diplomáticas para resolver la crisis del Iraq. 
Por supuesto, hemos hecho hincapié en que el propio Sadam Husein es responsable de todas las consecuencias. 
Sin embargo, y es una opinión personal basada en mi propia experiencia, después de seguir de cerca las deliberaciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Asuntos Generales a lo largo de las últimas semanas, creo, como ha dicho Kofi Annan, que nosotros también tenemos una gran responsabilidad. 
Nuestra responsabilidad consiste en permanecer unidos, de manera que podamos plantear una posición común y manifestarnos en este punto con una sola voz; nuestra responsabilidad consiste en otorgar a la ONU la autoridad y los recursos de que disponemos. 
Ello nos hará más eficaces, sobre todo a la hora de resolver el problema de forma pacífica. 
La Unión Europea no ha descartado la posibilidad del uso de la fuerza militar en la reunión en la cumbre del Consejo, pero, como han señalado el Sr. Andersson y el Sr. Cushnahan y otros muchos diputados, este sería el último recurso. 
Sabemos cuáles son las consecuencias de una guerra; son diversas y desagradables, y naturalmente el Consejo ha insistido en que deberían agotarse todas las iniciativas. 
Por ello, tomamos la iniciativa de la cooperación continua, conferencias y reuniones con el mundo árabe, por lo que la Liga Árabe presentará en los próximos días sus propuestas a Sadam Husein con el fin de enviar un mensaje claro e importante. 
Sin embargo, la cuestión planteada por el Sr. Watson, y aún más insistentemente por el Sr. Cohn-Bendit, me parece razonable. 
El Sr. Cohn-Bendit ha preguntado por qué los Estados Unidos o la comunidad internacional no podían decir que hemos acertado. 
En efecto, hemos conseguido enviar inspectores al Iraq, poner en marcha las inspecciones y avanzar en el desarme; pero algunos Estados miembros de la Unión Europea tienen otra opinión. 
Y este es uno de los problemas a que nos enfrentamos. 
Se trata de saber si el vaso está medio lleno o medio vacío. 
Y cuando los árabes nos piden aclaraciones sobre qué tipo de mensaje deberían enviar a Bagdad, el debate actual del Consejo de Seguridad sobre las llamadas referencias comparativas es de suma importancia. 
¿Existen objetivos específicos que nos permitan evaluar si Sadam Husein ha adoptado la decisión estratégica de desarmarse ante la insistencia de los norteamericanos y los británicos? 
Y si los hay, ¿cuánto tiempo llevaría esta evaluación? 
Como ha señalado el Sr. Titley, llega un momento en el que hay que decir basta. 
El Consejo ya ha acordado que tiene que haber un límite. 
Incluso en el Consejo de Seguridad, los dos bandos del debate ya han acordado que tiene que haber un límite, pero, por supuesto, difieren sobre el punto en que se encuentra dicho límite. 
Sin embargo, esto demuestra que hay espacio para que los dos bandos se encuentren a mitad de camino, si pueden ponerse de acuerdo sobre el limite y las referencias comparativas para evaluar la credibilidad de Sadam Husein. 
Por tanto, creo que no deberíamos ver la guerra como una conclusión anticipada. 
Quisiera señalar de nuevo que la posición del Consejo Europeo es que esta guerra no es inevitable y hoy quisiera hacer hincapié una vez más en el hecho de que hasta que caiga la primera bomba, la guerra no es inevitable. 
Tenemos que proseguir con nuestros esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis de forma pacífica. 
También creo que no solo es viable una solución diplomática, sino que, aunque no encontremos una solución diplomática, todavía no tenemos por qué emprender una acción unilateral, como muy bien ha dicho el Sr. Barón Crespo, y creo que la Unión Europea tiene un importante papel que desempeñar en este terreno. 
Esto me lleva al segundo punto que quisiera explicar con respecto a la voz de Europa, sobre la presencia europea, para citar al Sr. Poettering, sobre la unidad europea. 
Por supuesto, como muy bien ha señalado el Sr. Alavanos, la Presidencia solo puede actuar en el marco de las decisiones, las decisiones unánimes adoptadas por el Consejo. 
Sin embargo, sí que tenemos una posición común. 
Tenemos conclusiones comunes aunque diferimos en el enfoque práctico. 
¿Qué pasa después? 
En mi opinión, y se trata de nuevo de una opinión personal basada en mi propia experiencia de las últimas semanas, existe voluntad de acercamiento y unidad en el seno del Consejo, y deberíamos basarnos en esta dinámica en los próximos días para ver si somos capaces de encontrar una postura común, incluso en torno a la acción concreta. 
Por supuesto, la decisión final sobre lo que vamos a hacer con respecto al Iraq no recae en la Unión Europea. 
Recae en el Consejo de Seguridad. 
También quisiera comentar algo que acertadamente ha comentado Chris Patten con respecto a la unidad de la Unión Europea. 
Creo que a menudo los Estados miembros más grandes de la Unión Europea no son conscientes de estos tiempos, de la era actual de la mundialización, aunque no tengan el peso necesario para distinguirse por sí solos en el escenario político internacional. 
Podemos desempeñar un papel en el escenario internacional si nos esforzamos, los países pequeños, medianos y grandes unidos con una sola voz europea, fuerte y unida. 
Esto me lleva a la cuestión de la presencia de Europa. 
Creo que la crisis del Iraq ha puesto de manifiesto cuestiones importantes sobre lo que sucede el día después de la crisis, independientemente de cuándo se produzca. 
En primer lugar, en la Convención sobre el futuro de Europa, cuestiones como la intensificación del debate sobre la defensa y nuestra política exterior, e incluso, creo, como la del poder de las instituciones europeas, la autoridad de las instituciones europeas y los credenciales democráticos de las instituciones europeas, de forma que puedan permanecer unidas y con una autoridad que represente realmente a los ciudadanos de Europa. 
En segundo lugar, el asunto de nuestra decisión fundamental de desarrollar nuestras capacidades defensivas, los recursos industriales y tecnológicos y, sobre todo, la credibilidad de Europa, de forma que pueda formular sus propias propuestas ante cuestiones importantes, como el asunto de las armas de destrucción masiva, el terrorismo, etc. Hemos demostrado nuestras habilidades en política exterior en los últimos años y valga como prueba el tema de los Balcanes. 
Tenemos una política unificada, cohesiva y sustantiva que influye en la zona. 
Creo que deberíamos tomarlo como un ejemplo a la hora de decidir cuál debería ser el siguiente paso. 
Por último, en lo que se refiere a la voz europea, tengo un par de comentarios que hacer con respecto a la ampliación. 
Es fundamental que prosigamos con la ampliación y que esta no se vea afectada por el clima actual, así como que aprendamos las lecciones que esta experiencia nos ha enseñado. 
En primer lugar, somos una comunidad de valores que respeta las diferencias de opinión- y esas diferencias existen -, y deseamos que los nuevos países que se nos unan, se unan a una sociedad democrática. 
Si lo desean, este es el significado de la ampliación. 
Significa integrarlos en una sociedad democrática de valores; al mismo tiempo, el mensaje que les enviamos es que una democracia también implica poder ser capaces de combinar estas opiniones en una estrategia común en torno a muchas cuestiones. 
El tercer punto que voy a comentar, y se trata de una cuestión planteada por diversos diputados, se refiere a la crisis en los Estados Unidos. 
Estoy de acuerdo con muchos oradores que declaran que el «antiamericanismo» por oposición a la «política proamericana» es un falso dilema. 
Sería un gran error aferrarse a convenciones y estereotipos: la nueva Europa frente a la vieja Europa; los Estados Unidos en el papel de los malos, Europa en el de los buenos, la Europa débil frente a la América fuerte. 
Esto no haría sino eclipsar el verdadero diálogo y el verdadero debate que precisamos. 
Es hora de que entablemos un debate concreto sobre asuntos prácticos aquí en la tierra, sobre problemas reales, como han dicho el Sr. Patten y el Sr. Pasqua y otros muchos oradores. 
¿Cuáles son las amenazas actuales? 
¿Cómo vamos a tratar el terrorismo? 
Comprendemos la huella que dejó el 11 de septiembre, pero, al mismo tiempo, como ha dicho el Sr. Patten, ¿cuál es la razón del terrorismo de Palestina? 
El enfoque estratégico, vigilante, ¿es el único modo de acabar con el terrorismo? 
¿O necesitamos de hecho ganar los corazones y las mentes de los pueblos de las regiones en las que la violencia y el conflicto promueven a menudo el terrorismo? 
Europa tiene que desempeñar un papel importante en este aspecto. 
Como ha dicho el Sr. Patten, invertimos ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo y abrimos nuestros mercados a regiones de todo el mundo con el fin de impulsar sus economías. 
Nos ocupamos de problemas tales como la pobreza, el medio ambiente, la igualdad, las crisis étnicas y el fundamentalismo. 
Son los asuntos que debatiremos con los Estados Unidos, de forma que podamos elaborar una nueva política para tratar estos problemas en una nueva era. 
Y esta no es una Europa débil que habla. 
Es una Europa de valores y experiencia. 
Quisiera decir en este punto que el Parlamento Europeo tiene una función muy importante que desempeñar. 
No basta con que el Ministro de Asuntos Exteriores de la Presidencia o el Sr. Solana o el Sr. Patten se reúnan con el Sr. Powell o con el Secretario de Estado de los Estados Unidos del momento. 
Tenemos que involucrar activamente a la sociedad norteamericana y dialogar con ella, y el Parlamento Europeo puede desempeñar un papel muy importante en este diálogo con la sociedad norteamericana, en particular con el Congreso estadounidense. 
He hablado con el Presidente del Parlamento sobre este tema y creo que está totalmente de acuerdo con esta perspectiva. 
En cuarto lugar, quisiera decir algo sobre el mundo árabe. 
Muchos de ustedes han hecho hincapié en que esta crisis no debe ser un choque de culturas o religiones y han destacado el temor real de que este pudiera ser el resultado de esta crisis. 
Puedo decirles por mi propia experiencia, y a la luz de los debates que he mantenido con el mundo árabe, que la acción, la función y la voz de Europa no solo han contribuido a evitarlo, sino también a reforzar nuestra cooperación con el mundo árabe. 
Nuestra asociación con ellos es muy importante. 
Tenemos un destino común en nuestra región en materia de seguridad regional y otros muchos aspectos, como la economía y la cooperación política y, como ya hemos anunciado en repetidas ocasiones, estamos decididos a resolver el conflicto de Oriente Próximo. 
Queremos que las relaciones entre Israel y la Unión Europea se asienten sobre una nueva base y también queremos ayudarles a establecer la seguridad en la región, pero creemos que la seguridad de Israel estaría garantizada de modo más básico, más permanente si lo desean, si se resolviera la cuestión de Oriente Próximo, si se creara un Estado democrático en Palestina y, por supuesto, si a continuación toda la región cooperara con Israel, de acuerdo con las iniciativas de la Liga Árabe, reconociendo el Estado de Israel y ayudándole a garantizar su seguridad. 
Por tanto, creo que nuestra posición es muy importante y los árabes sin duda la aprueban. 
Sin embargo, como ha dicho el Sr. Brok, el diálogo cultural es la máxima prioridad. 
La Liga Árabe nos pidió que estableciéramos un diálogo cultural, y nosotros aceptamos su propuesta; ya se ha puesto en marcha y yo personalmente he dicho en la cumbre árabe que necesitamos discutir asuntos tales como el terrorismo, la seguridad, los derechos humanos, la participación de la sociedad civil y la democracia, el papel de las mujeres en la sociedad y el informe del PNUD, que resulta muy instructivo con respecto a las reformas necesarias en el mundo árabe. 
El Sr. Cohn-Bendit ha hablado de la democracia en el mundo árabe. 
No discrepamos; estoy totalmente de acuerdo y he hecho hincapié en que la democracia, la noción de democracia, no puede imponerse. 
El mundo mismo nos cuenta que se origina en el público, en la gente, en la ciudadanía, que surge de abajo arriba. 
Y en este sentido la Unión Europea tiene también una función importante que desempeñar en el mundo árabe, en un diálogo para ayudar en estas auténticas reformas, con respeto por el mundo árabe y por sus comprensibles sensibilidades. 
Ya hemos decidido emprender el diálogo cultural en el ámbito político, así como con líderes religiosos y otros intelectuales, emprender el diálogo euro-árabe y comenzar un debate sobre el papel de las mujeres en el contexto de la cooperación euromediterránea. 
Quisiera agradecer a la Sra. Diamantopoulou, que contribuirá de forma especial al futuro debate sobre la función de las mujeres con su informe sobre el papel de las mujeres en el encuentro de los socios euromediterráneos. 
Por último, también en este punto el Parlamento tiene una función muy importante, sobre todo el Parlamento Europeo, ya que queremos formalizar la reunión de parlamentarios en el contexto de la cooperación euromediterránea. 
Antes de terminar quisiera comentar brevemente un asunto que se ha planteado: el de Turquía. 
Tanto el Sr. Watson como el Sr. Cohn-Bendit han preguntado si Chipre y los progresos democráticos de Turquía serán las primeras víctimas. 
En efecto, la crisis tendrá muchas repercusiones y habremos de afrontarlas, haya guerra o no. 
Turquía nos inquieta profundamente. Es un país candidato y, como Unión Europea, tenemos una responsabilidad especial porque se trata de un país candidato, tenemos una responsabilidad porque en el año 2004 tendremos que tomar una decisión importante sobre el avance de Turquía hacia Europa, una decisión sobre su progreso en el camino de la integración que, como ya he dicho, implica una integración en una comunidad de valores. 
Y, por supuesto, sería un doble golpe que este gran avance de Turquía hacia el cambio y la reforma se malograra por culpa de la crisis. 
Creo que el Parlamento turco realmente está consiguiendo una dinámica democrática que debemos respetar e impulsar. 
En esta cuestión, una vez más el Parlamento Europeo tiene una función importante que desempeñar. 
Pienso que todos tenemos que esforzarnos por conseguir el cambio democrático en Turquía. 
También tenemos que comprender por qué Turquía alberga graves temores con respecto al Iraq, en especial sobre la integridad del Iraq. 
Si no se salvaguarda la integridad del Iraq, la cuestión kurda nos estallará en la cara. 
La Unión Europea está decidida a proteger los derechos democráticos de la minoría kurda. 
Es posible que el Iraq se convierta más adelante en una federación. 
Sin embargo, la Unión Europea está en contra de cualquier idea que suponga cambiar las fronteras y amenazar la integridad territorial del Iraq. 
Creo que se trata de un mensaje importante que conviene subrayar. 
(Aplausos) 
Esta crisis también está ocasionando a Turquía graves problemas económicos, que se agravarán aún más si se produce una guerra, y nosotros, en la Unión Europea, tenemos que entenderlo. 
Al mismo tiempo, el avance de Turquía hacia la Unión Europea exige una solución de la cuestión de Chipre. 
En nombre de la Presidencia, quisiera manifestar nuestro aprecio por todos los esfuerzos de Kofi Annan para resolver este problema. 
No obstante, estos esfuerzos no han concluido. 
Este capítulo no se ha cerrado y, por supuesto, la cuestión de Chipre no se sacrificará en aras de la cuestión del Iraq. 
En mi opinión, allí sigue habiendo un gran ímpetu y este será cada vez mayor cuando Chipre se integre en la Unión Europea. 
Queremos a los turcochipriotas con nosotros. 
Queremos que estén en esta Cámara. 
Queremos que estén en el Consejo, queremos que estén en las instituciones europeas. 
(Aplausos) 
Sin embargo, esto implica que la cuestión de Chipre todavía tiene que resolverse. 
Deseamos ver a la comunidad turcochipriota con nosotros. 
Esto significa también que esperamos la ayuda de Turquía para garantizar que los turcochipriotas no queden excluidos de esta gran familia, de esta comunidad de valores. 
Señorías, he empleado más tiempo del permitido por el Reglamento. 
Les agradezco a ustedes y a la Presidencia su paciencia y estoy seguro de que comprenderán que se trata de un debate muy importante. 
Solo quería terminar con un par de comentarios. 
Sin duda nos encontramos en medio de una crisis, pero, como dicen los chinos, una crisis es tanto una amenaza como una oportunidad. 
La oportunidad principal en este terreno consiste en reformar nuestras propias instituciones y nuestro funcionamiento, de forma que tengamos una voz más importante en el escenario internacional, una voz unida. 
A cambio, la unidad debe basarse en los credenciales democráticos de cualquiera de las nuevas instituciones que creemos y en cómo nos ocupemos del déficit democrático, porque nuestros ciudadanos desean contar con una voz común y ya lo han dicho al tomar las calles de la Unión Europea. 
En segundo lugar, es una oportunidad para restablecer nuestras relaciones con el mundo árabe, como ya he dicho, mediante el diálogo cultural. 
Es una oportunidad para establecer nuevas relaciones con los Estados Unidos, articuladas en torno a cuestiones de seguridad, democracia y diplomacia multilateral. 
Como han dicho la Sra. Berès y otros diputados en relación con las Naciones Unidas, se trata de una oportunidad para potenciar esta organización, porque la interdependencia de los acontecimientos en el escenario internacional, acontecimientos tecnológicos, económicos, políticos y medioambientales que originan intereses interdependientes, plantea el problema del intergubernamentalismo a escala mundial. 
Y esta cuestión plantea el tema básico de saber cuáles son los principios sobre los que debe fundamentarse dicho intergubernamentalismo mundial, de forma que podamos vivir en un mundo que adolezca de numerosos problemas, pero que sea capaz de solucionarlos de forma pacífica, con un espíritu de justicia y respeto por los seres humanos y nuestro medio ambiente. 
Europa es un prototipo de cooperación multilateral como el mundo nunca ha visto. 
Este poder didáctico es un factor decisivo. 
Y lo que enseñamos es la fuerza del Derecho, no la fuerza del más fuerte. 
Es preciso salvaguardar esta autoridad moral si deseamos vivir en un mundo de seguridad y libertad. 
Señorías, la Presidencia hará todo lo posible por responder a las exigencias de los ciudadanos de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y de los Estados miembros. 
Al mismo tiempo, sea cual sea el resultado de la crisis, quisiera pedirles que colaboren con nosotros y que aprovechemos esta oportunidad para asegurar que, de esta crisis, surja una Europa más fuerte y que en el escenario internacional se oiga claramente la voz de nuestros valores, que reclaman más democracia y seguridad en nuestro continente. 
(Aplausos) 
Usted ha dicho con toda claridad que el Parlamento debía desempeñar un papel muy importante. 
En estos momentos cruciales, estoy seguro de todos los diputados les desean a usted y al Comisario Patten mucho éxito en su labor de velar por los intereses de los pueblos de Europa. 
El debate queda cerrado. 
WRITTEN DECLARATION (RULE 120) 
En su rueda de prensa de anteayer, el Presidente de la República Francesa recalcó con razón el hecho de que el despliegue de fuerzas británicas y norteamericanas en las fronteras del Iraq era la causa real de la reiniciación de las inspecciones y de la obtención de los primeros resultados tangibles. 
No resulta paradójico sostener que este despliegue nos ha permitido, hasta ahora, progresar mínimamente, de forma pacífica, hasta nuestro objetivo común, es decir, el desarme del Iraq. 
En el debate de hoy, no obstante, hemos percibido claramente, entre ciertos oradores, los inicios de una querencia a una especie de exaltación antiamericana. 
El presidente del Grupo Comunista, por ejemplo, celebraba que se hubiera reunido lo que él denominó el mayor campamento de paz desde el fin de la guerra fría. 
Este argumento nos recordó a la vieja dialéctica que escuchábamos en exceso precisamente durante la guerra fría. 
Gracias a este argumento, el objetivo de desarmar a Sadam Husein, y algunas veces incluso el de su condena, han desaparecido gradualmente detrás del júbilo antiamericano. 
Por mi parte, me gustaría evitar tales distracciones, y volver a la cuestión principal, que empezamos a olvidar: esto es, cómo desarmar a Sadam Husein sin tener que esperar diez años para hacerlo. 
De conformidad con el orden del día se procede a la votación. 
Señor Presidente, Señorías, muchas gracias por su bienvenida. 
Esta propuesta de reglamento sobre el marco jurídico dentro del que actúa Eurostat pretende mejorar las comparaciones de los productos nacionales brutos al hacer los datos más completos y fiables. 
Por tanto, todos podemos apoyarla. 
Hay, no obstante, dos aspectos de la misma sobre los que me gustaría dirigir la atención. 
El primero es que aún existe un conflicto entre el Consejo y la Comisión respecto a la fecha límite de entrega de los datos sobre el agregado de Renta Nacional Bruta? obsérvese que ya no se denomina Producto Nacional Bruto?. 
Esta era el 30 de septiembre; la Comisión propuso que debería ser el 15 de septiembre y una mayoría del Consejo ya se había decantado por el 22 de septiembre. 
En mi calidad de ponente, me he preguntado si deberíamos participar de este juego, pero hemos decidido quedarnos al margen. 
Además, la Comisión ha intentado, mediante el proceso de comitología- algo que algunos diputados encuentran profundamente fascinante- cambiar la naturaleza de la antigua comisión. 
Tampoco nos sumaremos a esta farsa. 
Hay, no obstante, otra particularidad sobre la que me gustaría llamar su atención. Uno de los considerandos señala que los datos de RNB deben ser completos, es decir, deben incluir no solo los datos en poder de las autoridades fiscales u otros organismos oficiales, sino también los referidos a actividades no declaradas. 
Tuve la curiosidad de preguntar cómo medían los Estados miembros dichas actividades no declaradas, como la prostitución, por ejemplo. 
En algunos Estados miembros, asciende al 1%, equivalente a la contribución de la agricultura a la RNB; en los Estados miembros candidatos, se estima que está en un 2%. 
Búsquenle un sentido, si pueden. 
También parece que varios Estados miembros son muy cautelosos a la hora de hacer estimaciones sobre actividades ilegales como, por ejemplo, el tráfico de drogas, cuando hay que facilitar cifras a Eurostat. 
¿Por qué? 
Es sabido que una parte cada vez mayor de los recursos propios de la Unión Europea depende del PIB. 
Se deduce por tanto que algunos Estados miembros no dan cifras completas, puesto que tendrían que pagar más. 
Por otra parte, entonces tienen que pagar poco a poco, es decir, haciendo estimaciones de su RNB más bajas de lo real. 
Así, por supuesto, tendrían problemas para cumplir los criterios de Maastricht. 
Sé que el Presidente en ejercicio del Consejo ha hablado demasiado, pero quería mantenerles informados, para que supieran sobre qué van a votar. 
Gracias. 
No nos ha defraudado. 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Informe (A5-0058/2003) de la Sra. Wallis, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el Libro Verde de la Comisión sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil [COM (2002) 196- C5-0284/2002- 2002/2144 (COS)] 
(El Parlamento aprueba el texto) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0057/2003) de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía respecto de la Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de biocarburantes en el transporte [12695/1/2002- C5-0585/2002- 2001/0265 (COD) ] (Ponente: María del Pilar Ayuso González) 
(El Presidente declara aprobada la posición común modificada) 
Recomendación para la segunda lectura (A5-0042/2003) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios respecto de la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo [11212/4/2002- C5-0534/2002- 2000/0260 (COD) ] (Ponente: Othmar Karas) 
Señor Presidente, el informe Karas se debatió ayer por la noche, desde las 23:00 hasta medianoche, con poca asistencia y sin periodistas. 
Resulta escandaloso, pues se trata de un informe muy importante y creo que el Parlamento se hace un flaco favor al relegar sistemáticamente los informes legislativos a horas intempestivas. 
¿Cómo podemos esperar que se respete nuestra labor legislativa si nosotros mismos no respetamos el trabajo del Sr. Karas y de otros, que han invertido mucho esfuerzo en esta directiva tan importante? 
Los líderes de los Grupos habrán tomado nota de sus comentarios. 
(El Presidente declara aprobada la posición común modificada) 
Propuesta de resolución común 
Señor Presidente, en el último momento, el ponente, el Sr. Thomas Mann, ha hecho un esfuerzo adicional por acercarse a la postura de mi grupo. 
No obstante, el resultado no cumple plenamente nuestras expectativas. 
Esto se debe a que hay una serie de pasajes referidos a la política de PYME y la reducción fiscal que no podemos apoyar incondicionalmente. 
Por tanto me gustaría instar a mi grupo a que se abstuviera de votar este informe. 
. 
(PT) Comparto plenamente las inquietudes del ponente sobre la necesidad de adaptar los requisitos de información de las empresas a la era digital. 
Creo que la mayor velocidad y transparencia a que darán lugar estas medidas proporcionarán una mayor certidumbre y seguridad para la vida corporativa de las empresas y las prácticas comerciales, de lo cual se beneficiarán todos los implicados, las partes interesadas en general y, en última instancia, los propios consumidores finales. 
De hecho, hay toda una gama de documentos e información que detallan la verdadera situación corporativa de las empresas que no siempre se facilita a tiempo a los accionistas o a los socios comerciales. 
Esta circunstancia podría conducir a un daño innecesario, derivado únicamente de la ignorancia de los hechos que, al margen del requisito de publicar formalmente dicha información, requerirían una publicidad efectiva y genuina. En un área sin fronteras, esto sólo será posible recurriendo a las técnicas y tecnologías de la información más avanzadas y la publicación voluntaria de información en otros idiomas. 
La disposición de que las páginas web de las empresas deberían contener las indicaciones mínimas establecidas en el artículo 4 de la Directiva 68/151/CEE también resulta importante. 
Esta directiva también necesitaría actualizarse con respecto a los tipos de empresa que cubre y a sus referencias a sus requisitos de contabilidad. 
Por tanto, he votado a favor de este informe. 
. 
(PT) He votado a favor de este informe puesto que otorgo gran importancia a la adopción de medidas mejores y más rápidas para la resolución de conflictos en los ámbitos civil y mercantil. 
El establecimiento de dichas medidas es un requisito esencial para reducir el recurso a los tribunales y a mecanismos de arbitraje tradicionales, ahorrando a estas instituciones el tener que fallar sobre cuestiones que, siendo menos complejas, podrían resolverse mediante modalidades alternativas de resolución de conflictos. 
Me complace observar y apoyo la recomendación de la ponente de que la Comisión «actúe con prudencia y realice estudios exhaustivos y consultas amplias antes de considerar la proposición de iniciativas legislativas». 
Estas medidas son necesarias por la particular delicadeza de las situaciones conflictivas y el principio de subsidiariedad, que no puede minarse en cuestiones relacionadas con la justicia, particularmente en lo que se refiere al respeto de los ordenamientos jurídicos nacionales y los mecanismos de solución de conflictos extrajudiciales ya contemplados en ellos. 
Asimismo, estoy de acuerdo con la ponente en cuanto a la necesidad de reducir las formalidades al mínimo y de evitar la jerga jurídica, sin que esto suponga, claro está, un menoscabo del derecho a la justicia o de la calidad y la seguridad jurídicas ni de los derechos de las partes de recurrir a los tribunales respecto a decisiones extrajudiciales. 
Señor Presidente, cuando voté a favor del informe Ayuso González, lo hice por una convicción firme y al hacerlo estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de esta Cámara, puesto que el hecho de que solo cinco diputados no votaran a favor debería constituir una señal para aquellos integrantes del Consejo que hasta ahora han intentado evitar o retrasar el trato favorable a los biocarburantes. 
Todos los argumentos hablan en favor de los biocarburantes: superar la dependencia excesiva, mayores ventajas para el medio ambiente y un aumento de las fuentes de ingresos a disposición de las empresas rurales. 
Esto hace incompresible que haya tan poca concienciación entre algunos integrantes del Consejo, comparable a su ignorancia de la promoción de la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables. 
Espero que este voto tan cohesionado del Parlamento inducirá al Consejo, tal y como se pretende, a que demuestre algo de conciencia y nos permita beneficiar el medio ambiente, reforzar la agricultura y, sobre todo, ser menos dependientes de los demás en cuanto a la energía. 
. 
(PT) Felicito a la Sra. Ayuso González por el documento que hemos votado hoy en el pleno y que yo apoyo sin reservas. 
Comparto la opinión de la ponente respecto a la necesidad de establecer un marco jurídico que permita que el uso de carburantes alternativos para el transporte por carretera se fomente y se desarrolle, no solo por la seguridad que ello garantiza para los inversores, sino también por lo que representa de cara al esfuerzo mundial para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, particularmente en el marco de los compromisos contraídos en Kyoto. 
En este contexto, deseo subrayar la potencial importancia de los incentivos fiscales para la promoción del desarrollo de biocarburantes al contribuir, a través de planes fiscales apropiados, a reducir diferencias en los costes de producción de los carburantes fósiles. 
. 
(PT) Dada la previsión de un aumento del 50% en la emisión de gases de efecto invernadero en el sector del transporte hasta 2010, debemos prever un marco jurídico que incluya la promoción del transporte público, un compromiso con el transporte de mercancías por mar y ferrocarril, la promoción del desarrollo de nuevos motores, la introducción de nuevos carburantes e impuestos sobre la energía y las emisiones de dióxido de carbono. 
La promoción de biocarburantes forma parte de este marco y es extremadamente importante por las siguientes razones: reduce nuestra dependencia del petróleo, es bueno para el medio ambiente y ofrece nuevas oportunidades de ingresos para los agricultores. 
Lamento que el Consejo haya eliminado la naturaleza obligatoria de los objetivos de introducción de los biocarburantes en el mercado e incluso haya permitido a los Estados miembros establecer objetivos más bajos que los propuestos en la directiva. 
Señor Presidente, el informe Karas regula los fondos de pensiones complementarios con una directiva. 
El Partido de los Pensionistas está completamente a favor de este informe y, sobre todo, quiere que Europa regule y refuerce los fondos de pensiones de capitalización, que seguramente son mejores que los fondos de reparto, que los gobiernos individuales no han sabido administrar debidamente. 
Lamento, no obstante, señor Presidente, que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, en la que lo discutimos, no aceptara una enmienda Fatuzzo que instaba a los Estados miembros a intervenir en caso de colapso o insolvencia de los fondos de pensiones. 
Espero que se adopte en la próxima versión de la directiva. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe Karas y las enmiendas transaccionales que hemos acordado. 
Me complace particularmente que hayan decaído las enmiendas que pretendían eliminar los pagos de cantidades globales, tan comunes en los fondos de pensiones británicos. 
Actualmente, hay muchas personas en nuestros países que están muy preocupadas por sus pensiones. 
Creen que sus pensiones están amenazadas y penden de un hilo. 
Dos de mis votantes interrumpieron sus vacaciones y vinieron a verme la semana pasada al Parlamento Europeo porque temían que lo que votáramos pondría en peligro los planes de pensiones que habían seguido en la última decena de años. 
La legislación europea no debería agravar la incertidumbre en que está sumida la gente siente con respecto a su jubilación. 
Los productos suplementarios deberían aumentar la seguridad de las pensiones, no minarla. 
Los acuerdos que alcancemos hoy contribuirán a ello en alguna medida y asegurarán que todos nuestros ciudadanos puedan jubilarse con una pensión digna. 
. 
(FR) En el voto sobre el informe Karas relativo a fondos de pensión de empleo, la delegación socialista francesa votó a favor de la propuesta de rechazo presentada por el Grupo GUE/NGL. 
Creemos que la financiación de las pensiones de jubilación debería basarse en el principio de los regímenes contributivos. 
Además, el texto que se nos ha presentado en segunda lectura no es aceptable y las propuestas posteriores del Comisario Bolkestein y las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no mejoran suficientemente el equilibrio del texto. 
Los fondos de pensiones de empleo no pueden tratarse como meros instrumentos financieros, sino que deberían entenderse como una forma de protección social. 
No se trata de restarle prerrogativas a los Estados miembros en el campo social, sino de la voluntad del Parlamento Europeo, el organismo que representa a los ciudadanos, de enfatizar la importancia social del texto. 
Desde la primera lectura, hemos luchado para que se integraran en el texto los principios de riesgo biométrico, la información regular para los participantes y el control de estos fondos. 
Hoy, con el solo pretexto de evitar tener que llegar a la fase de conciliación, el ponente, con la complicidad del Comisario, está prohibiendo a esta Cámara, un colegislador, defender los intereses de los ciudadanos. 
. 
(PT) Como todos sabemos, dados los cambios demográficos acaecidos en los países de la Unión, se decidió, en el Consejo de Lisboa, siguiendo la estela del plan de acción para servicios financieros, crear un mercado interno europeo para las pensiones de empleo y se dio a esta cuestión la mayor de las prioridades. 
Sobre la base del principio de que «precisamente allí donde la mayor parte de la previsión para la jubilación se hace a través de un sistema de reparto es necesario fomentar elementos complementarios propios del sistema de capitalización» , la propuesta de directiva está destinada a facilitar una mayor expansión de las pensiones de empleo como segundo pilar de la previsión para la jubilación, un mercado interno organizado europeo que debe contribuir a una mayor eficiencia, transparencia y seguridad dentro del segundo pilar. 
Aunque el informe tiende a interferir con la legislación social y laboral de los Estados miembros, proponiendo la regulación de fondos de pensiones a escala europea, no solo para el mercado de capitales sino también para los regímenes de seguridad social de sus beneficiarios, he terminado por apoyarlo, puesto que expresa las opciones correctas para este campo que, dicho sea de paso, están siendo adoptadas por el Gobierno portugués. 
. 
(DE) Voté por error en contra de la enmienda 38, presentada por el Grupo GUE/NGL. 
Estoy, no obstante, a favor de rechazar la posición común debido a que es completamente insatisfactoria. 
Los mercados compartidos dentro de la OMC entre los monopolios y los pesos pesados no se limitan a los productos agrícolas e industriales, también incluyen los servicios. 
Los debates sobre las condiciones para permitir al capital extranjero pasar al transporte, las telecomunicaciones, la energía, los servicios bancarios, la distribución de agua, la sanidad, la educación y la cultura están llegando a su fin, con una total falta de transparencia, en perfecta consonancia con el principio de que todo se puede comprar y vender. 
El objetivo: los países menos desarrollados, a los que las multinacionales están dispuestas a desangrar; y la condición necesaria de la privatización y la liberalización de los sectores públicos restantes. 
El Partido Comunista de Grecia se opone radicalmente a este proceso. 
Condenamos la codicia de los monopolios, el saqueo de la riqueza nacional, la explotación salvaje de los trabajadores, con condiciones laborales miserables y ataques a las prestaciones sociales. 
También condenamos la hipocresía de quienes proclaman que la liberalización del comercio, la apertura de los mercados y la abolición de todos los obstáculos a la impunidad de las grandes empresas conducirá al desarrollo. 
Defendemos la propiedad y la administración públicas de los sectores básicos de la economía, tanto en nuestro propio país como en el resto del mundo y luchamos por un servicio sanitario público y una educación estatal de calidad y por el desarrollo sin trabas de la civilización, respetando las características particulares de cada nación. 
¿Es la OMC una organización para el desmantelamiento de los servicios públicos? 
Esa es la impresión que da el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). 
Aunque el artículo 16 del Tratado de la CE define claramente la función que juegan en la cohesión social y territorial de la Unión, los servicios públicos se están vendiendo a un precio bajo. 
Servicios postales, energía, ferrocarriles, les está pasando a todos ellos. 
¿Cuándo estarán la cultura, la educación y la sanidad sujetos a la competencia? 
Me gustaría que el mandato de Pascal Lamy, el negociador de la Unión, fuera claro y extremadamente bien definido, dado que se trata de principios y valores comunes que se deben defender- la igualdad de oportunidades y de acceso- y no de una simple negociación comercial. 
El mandato dado a la Comisión debería decidirse unánimemente por parte de los Estados miembros y no por mayoría cualificada. 
También debería ser público. 
Nadie ha podido ver su contenido, ni siquiera los parlamentos nacionales, que no han podido debatirlo. 
Y son estos los que han votado por la creación de servicios públicos. 
Solo unos pocos diputados han tenido acceso al documento del mandato, en una sala especialmente preparada para tal propósito, estando la toma de notas formalmente prohibida. 
Este es un ejemplo maravilloso del déficit democrático. 
Hemos votado contra la resolución del Parlamento que da a la Comisión un mandato para negociar una liberalización del comercio de servicios, dentro de la llamada ronda AGCS. 
Este mandato ha sido acordado sobre una base demasiado vaga, la Comisión lo explotará de forma tan amplia como siempre y la gente se verá un poco más debilitada por la acción de quienes sostienen que los hacen más fuertes. 
Nuestro temor es aún mucho mayor cuando vemos que la Convención presidida por Valéry Giscard d ' Estaing pretende incluir la política comercial entre las competencias exclusivas de la Unión, gestionándola mediante mayoría cualificada, y eliminar las excepciones (servicios culturales y audiovisuales, educación, servicios sociales y servicios sanitarios) que según el apartado 6 del artículo 133 del Tratado de la CE deberían tratarse mediante unanimidad. 
Creemos que una evolución así convertiría el AGCS en una trampa aún mayor. 
También se observa con cierto divertimento que el Gobierno francés haya protestado y haya abogado por que se mantenga la unanimidad en las decisiones relativas a estas «delicadas» cuestiones. 
Sin embargo, ¿deberían considerarse estas áreas más delicadas que otras, que la producción de agua o la ingeniería nuclear, por ejemplo? 
Si la unanimidad asegura realmente una protección tan eficaz, ¿por qué se la demoniza en todos los asuntos europeos? 
. 
(FR) Los acuerdos comerciales que abogan por la desregulación y la liberalización del comercio internacional suponen que un número creciente de áreas de servicios públicos están siendo entregadas al mercado, a la competencia; en otras palabras, servirán para satisfacer apetitos privados. 
Ésta es una evolución desastrosa para la gran mayoría de la sociedad. 
Constituye un verdadero ataque a las clases obreras. 
Debería recalcarse, sin embargo, que está teniendo lugar con el consentimiento de los gobiernos e incluso a iniciativa suya, incluso cuando pretenden estar al margen de la OMC y de otras organizaciones similares. 
El problema no es solo la conservación de la diversidad cultural, aunque puede sostenerse legítimamente que la cultura no es una mercancía. 
¿Cómo podemos aceptar, sin embargo, que la asistencia sanitaria y la educación, que son áreas sociales esenciales, se dejen en manos de un mercado estúpido y de las leyes de la competencia? 
¿Cómo podemos aceptar esto en cuanto al agua, la electricidad, los servicios postales o ferroviarios y otros sectores socialmente importantes? 
Queremos condenar la totalidad de esta evolución y oponernos a la apertura de los servicios públicos a la competencia y a la búsqueda de beneficios. 
Nos oponemos a los ataques a los empleados de estos sectores y a todas las pérdidas de empleo. 
Los liberales y los conservadores de todas las clases (y colores) que han firmado una resolución común han provocado el fracaso de todos los intentos de defender la diversidad cultural y rechazar la comercialización de la cultura. 
Todas las enmiendas del Grupo GUE/NGL a este respecto fueron rechazadas. 
Ésa es la razón de que, al igual que los miembros de mi delegación de la izquierda prociudadana, radical y republicana, el Grupo GUE/NGL y algunos diputados socialistas, haya votado contra la resolución de los grupos «PPE-PSE-Liberales». 
Este tipo de Europa no es la Europa europea por la que he luchado durante 40 años. 
Lamento que, respecto a una cuestión tan importante para el futuro de los ciudadanos europeos, haya que contentarse con un procedimiento de resolución. 
Un Comisario únicamente debería hablar en nombre de la Unión Europea después de haber negociado su mandato con los representantes electos. 
La Constitución debería tener en cuenta este déficit democrático si quiere conseguir acercar Europa a sus ciudadanos. 
Puesto que las enmiendas que proponían una nueva dirección política para el texto se han rechazado, votaré en contra de la resolución. 
Los servicios públicos no deberían ser parte de las negociaciones. Una moratoria que suspendiera cualquier acuerdo nuevo permitiría realizar una verdadera evaluación de impacto con respecto a los demás servicios destinados a la venta. 
Algunos sostienen que los países en vías de desarrollo han pedido estos acuerdos. 
No tienen otra opción que privatizar sus servicios públicos, puesto que su nivel de deuda les impide recibir préstamos destinados al desarrollo de los servicios públicos, en particular el agua. 
La OMC debería dejar de ser el caballo de Troya de una forma de liberalismo que ha demostrado sus limitaciones y su incapacidad para mejorar la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos del mundo. 
El comercio a escala internacional es esencial, pero debe estar condicionado a la adopción y el cumplimiento de normas sociales y medioambientales. 
. (FR) Como resulta habitual en el Parlamento Europeo, la resolución común relativa al AGCS presentada por la derecha (PPE-DE) , los liberales (ELDR) y los socialistas (PSE) es una mezcla de propuestas positivas y negativas (negociaciones públicas, defensa de la diversidad cultural, etc.). 
La línea general del proyecto está clara, no obstante: continuar la liberalización de servicios y reforzar la función de la OMC dentro del marco de una mundialización desigual. 
La resolución común defiende la teoría, contradicha por los hechos, de que el proceso de apertura de los servicios destinados a la venta es ventajoso para todo el mundo y señala en los considerandos A y C que su objetivo es convencer a las naciones pobres de que el éxito de la OMC es esencial para la economía de todos los países, ricos o pobres. 
En lugar de abogar por la suspensión de la ronda iniciada en Doha y pedir una moratoria de las negociaciones del AGCS --medidas conservadoras sin las que sería imposible ejercer la democracia- defiende una mayor liberalización en una serie de sectores, incluidos los de las telecomunicaciones y el transporte marítimo (artículos 3 y 8). 
Los autores de la resolución común son conscientes de la inquietud general generada por el AGCS. 
Sin embargo, las precauciones formales no pueden ocultar el hecho de que la adopción de esta resolución supondría un paso más hacia el mercadeo de servicios. 
- (FR) Los servicios y, en particular, los servicios públicos son una cuestión clave, no solo porque representan dos tercios del PIB europeo, sino también porque afectan al mismo núcleo de la identidad de un pueblo y su cultura. 
Por tanto, ¿deberíamos privatizar y comercializar bienes públicos mundiales como la sanidad, el alfabetismo, el conocimiento y el agua? 
De acuerdo con la OMC, la respuesta es sí. 
Todo es una mercancía. 
De acuerdo con la Comisión Europea, la respuesta también es «sí» , pero un sí susurrado, porque, ideológicamente, Bruselas suscribe la filosofía de los «libertarios» que creen en venderlo todo, incluso la policía, el ejército y los asuntos humanitarios, a través de ECHO. 
La gente finge que quiere conservar la diversidad cultural. 
Parece que la cultura y los medios audiovisuales no pueden tratarse como mercancías, mientras que la agricultura, que es el cimiento de la civilización, ha estado en manos del mercado desde la Ronda de Uruguay. 
Asimismo, se ha dicho que Europa no había hecho oferta de liberalización en los campos de la sanidad, la educación o los medios audiovisuales. 
Sin embargo, las intelectuales cadenas de comida rápida estadounidenses ya están comprando una universidad en Madrid. 
Los medios audiovisuales de Berlusconi, Bouygues y Murdoch son una mercancía. 
También está el agua, que según el antiguo Director-General del FMI, el Sr. Camdessus, es un factor de primer orden en cuanto a la corrupción, particularmente en Francia con Lyonnaise des Eaux. 
El carácter confidencial de las negociaciones, la incertidumbre respecto a los servicios afectados y el bizantinismo respecto a la distinción entre el comercio mundializado y la reglamentación nacionalizada hace del AGCS un acuerdo hecho a espaldas de la gente. 
Señor Presidente, ha sido una gran satisfacción para mí, como estoy seguro de que lo ha sido también para usted, que la resolución sobre la crisis del sector pesquero se aprobara con una mayoría tan amplia: 508 a favor y 7 en contra, con 27 abstenciones. 
Supone realmente un reconocimiento rotundo por parte del Parlamento Europeo de la necesidad de dar pasos decisivos en apoyo de un sector que está en crisis, particularmente ahora en Escocia, como bien saben. 
Hace poco visité Eyemouth, al sur de Escocia, y pronto visitaré tanto Oban como Campbeltown, en la costa occidental. 
Estas son comunidades gravemente afectadas por la crisis, pero la situación es aún peor en el norte de Escocia. 
Si no hacemos lo suficiente para ayudar a este sector, quedará colapsado. 
De modo que cuando se hayan recuperado las poblaciones de bacalao, no habrá una industria viable que pueda salir a capturarlo. 
Esta es una parte vital de una dieta sostenible para los europeos en el futuro. 
Necesitamos una industria pesquera suficiente. 
Debemos apoyarla como es debido y, si aportamos los fondos, el Gobierno del Reino Unido debe hacerse cargo. 
Se ha dicho que no acudirán a la Comisión a mendigar dinero. 
No se trata de mendigar. 
El dinero se ofrece de buen grado. 
Que lo acepten. 
En febrero de 2001, cuando este Parlamento debatió las medidas para la recuperación de la población de bacalao, el informe Nicholson señaló de forma muy clara, cito textualmente, lo siguiente: «[... ] la actual propuesta de la Comisión de un nuevo cierre en 2001 solo puede aceptarse con suma renuencia. [... ] 
Sin embargo, si 2001 es una repetición de 2000, nadie podrá sorprenderse si los pescadores apoyan peticiones de ayudas de emergencia similares a las que han recibido durante tanto tiempo el sector agrícola y las flotas pesqueras en otros lugares de la Comunidad». 
Las decisiones y objetivos de los planes de recuperación no pueden ignorar las consecuencias sociales y económicas que tendrán. 
Los planes de recuperación deben buscar un equilibrio entre la recuperación y la conservación de poblaciones y las medidas para limitar el impacto en la industria pesquera. 
2003 es una repetición de 2002, que lo es de 2001, que lo es de 2000. 
Los pescadores solicitan ahora ayuda de emergencia para compensar las pérdidas sufridas por las comunidades costeras debido a las medidas de conservación del bacalao, y yo les apoyo. 
Hay que tratar con el mayor respeto la necesidad de cohesión social, económica y regional y dar prioridad inmediata a la defensa de las poblaciones de las regiones que dependen en gran medida de la pesca. 
(Texto acortado en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(FR) Una vez más, los pescadores están en desacuerdo con la Comisión. 
La Comisión parece utilizar el bacalao como un conejillo de Indias para probar el nuevo instrumento que ha conseguido imponer al Consejo como parte de sus planes de regeneración para las especies en peligro: limitar la pesca. 
Es probable, por supuesto, que el uso de esta herramienta se extienda: ya se habla de la merluza y el lenguado en el golfo de Vizcaya. 
La propuesta de la Comisión respecto al bacalao se basa, como siempre, en las opiniones más recientes del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, formado por varios socios de fuera de Europa y que ha adoptado muchas posturas controvertidas en el pasado. 
Es indiscutible que algunas poblaciones de bacalao están, en muchas áreas, en una situación vulnerable. 
Sin embargo, responsabilizando únicamente a la pesca de la situación, la Comisión corre el riesgo de condenar a los pescadores sin restaurar los recursos. 
La razón de que nos abstengamos de votar la resolución Stevenson es únicamente que aboga por aplicar la codecisión a la PPC, que, en nuestra opinión, no necesita más incertidumbre e impredecibilidad. 
Al margen de este punto, ciertamente apoyamos esta resolución. 
Señor Presidente, este documento trata la política social y la estrategia de empleo. 
Naturalmente, he votado a favor, pero aun y así me gustaría hacer una observación. 
A menudo oigo decir a economistas importantes e iluminados que la estrategia de empleo no se puede separar de la estrategia de pensiones. 
Si se habla de aumentar el empleo en Europa, debe hablarse también de reformar las pensiones para los que trabajan. 
Debo subrayar, sin embargo, señor Presidente, que deberíamos llamar a las cosas por su nombre y decir lo que pensamos. 
Cuando la gente habla de una estrategia europea de empleo, intentan aumentar el número de empleos en Europa, pero cuanto hablan de una estrategia europea en materia de pensiones, desgraciadamente, hablan de reducirlas. 
Ya es hora de que la gente explique qué quiere decir cuando habla. 
Desgraciadamente, las últimas estadísticas sobre empleo en la Unión Europea dibujan un panorama bastante desolador. 
Las tasas de empleo están cayendo tanto en Grecia como en Alemania. 
Deben tomarse inmediatamente medidas sustanciales para aumentar el empleo. 
En primer lugar, si se evita la guerra en el Iraq, se estimulará la inversión tanto mundialmente como en la Unión Europea, donde tendrá un impacto sobre el empleo. 
En segundo lugar, relajar el Pacto de Estabilidad estimulará la intervención gubernamental para fomentar el crecimiento y el empleo. 
En tercer lugar, los indicadores de empleo deben establecerse de modo que, al igual que en el caso de los indicadores económicos, las políticas de desempleo de los Estados miembros puedan supervisarse y reforzarse. 
En cuarto lugar, se necesitan medidas para coordinar los impuestos sobre las PYME y combatir la exclusión social y el empleo no declarado, no siendo estas medidas suficientes por sí mismas, al menos no en el sentido restrictivo recogido en la propuesta de resolución contra la que he votado. 
La exposición de motivos de este informe celebra la caída del desempleo a nivel comunitario. 
Sin embargo, no hay razón para celebrar la cifra de 13 millones de parados que recoge el texto, una estimación claramente inferior a la realidad y que, además, no toma en cuenta a aquellos que han debido aceptar un empleo precario y mal pagado. 
Además, durante varios meses, el número de parados ha aumentado en todos los países de la Unión. 
¿Qué otra posibilidad hay, cuando los grupos industriales más poderosos del continente anuncian reducciones considerables de su personal y cierran fábricas una tras otra? 
En estas circunstancias, hablar de estrategia de empleo, por citar el título del informe, puede parecer bastante siniestro a los millones de empleados empujados hacia la pobreza sencillamente para que las empresas que los despiden puedan ofrecer a sus accionistas mayores dividendos al pagar menos salarios. 
Votamos contra este texto porque su filosofía es que es derecho soberano de los empresarios decidir si los empleos se mantienen o no, cuando está claro que, sin medidas correctivas que obliguen a las empresas a usar sus beneficios actuales o pasados para mantener los trabajos y los salarios, el número de parados seguirá creciendo y la pobreza seguirá aumentando. 
. 
(FR) El compromiso contraído en Lisboa respecto a un futuro europeo caracterizado por la mejora cuantitativa y cualitativa en el empleo y la mayor cohesión social parece seriamente amenazado por este informe, si se modifica hoy de la forma propuesta por el Sr. Mann. 
Esas enmiendas, que se han reinsertado para la sesión plenaria, minan completamente la labor realizada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para devolver el equilibrio al texto del ponente en favor de una política de empleo que no solo se ocupe de una mayor flexibilidad y de la reducción de la presión fiscal, sino también, y sobre todo, del establecimiento de empleo de calidad para todos tan pronto como sea posible: la formación y la educación deben ser por tanto los pivotes de nuestra política y los trabajos de segunda clase y otros trabajos no cualificados deben desaparecer. 
Así, el informe modificado ignora los principios de solidaridad y cohesión social, que son principios esenciales y objetivos que debe alcanzar cualquiera que pretenda establecer una nueva estrategia de empleo, una estrategia generosa que sitúe a la persona en el centro de todas sus inquietudes. 
Por tanto, tan solo puedo oponerme a esta modificación del informe, ya que adopta principios neoliberales al defender una política de empleo que excluye a las personas. 
- (FR) El apartado 23 hace una referencia útil al modelo social europeo. 
Este modelo debería desarrollarse con el objeto de salvaguardar los estándares sociales que resultan atractivos para el resto del mundo. 
Dar a los empleados la posibilidad de tener una participación en los activos comerciales es una vía que debemos seguir y que debería suscitar nuevas propuestas de la Comisión, que surtirían efecto en particular en los Estados miembros, utilizando el sistema de exenciones fiscales. 
En este contexto, el uso de exenciones fiscales en sectores de alto potencial de empleo (obras públicas, servicios, hostelería, etc.) debería integrarse en el modelo social europeo. 
. 
(PT) Celebramos el hecho de que el informe, con las propuestas de enmiendas añadidas por los grupos PPE-DE y liberales, se rechazara. 
Contribuimos a su rechazo votando en contra no solo de las enmiendas más negativas, sino también de la resolución final. 
Así, evitamos específicamente la adopción de las propuestas que insistían en: 
una mayor flexibilidad en la legislación actual en materia laboral, que conduciría a que se ofreciera a los demandantes de empleo distintos tipos de contratos de empleo y de reglamentación de la jornada laboral; 
la crítica al hecho de que las disposiciones relativas al mercado interno no han sido transpuestas en todos los Estados miembros, lo cual explica la falta de una competencia adecuada. 
Como pueden observar en estos ejemplos, el enfoque del informe era insistir en la aceleración de la ejecución de políticas neoliberales. Por tanto, me complace que el Parlamento lo haya rechazado. 
En nombre del grupo parlamentario laborista europeo, hemos votado por aquellas partes del informe Mann que fomentan el espíritu empresarial y creemos en el apoyo a la labor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) , que, según algunas estimaciones, generan hasta el 70% del empleo total en la UE. 
Nuestro voto está en consonancia con la necesidad de los pequeños y medianos empresarios de no tener que soportar cargas fiscales innecesarias o una normativa inapropiada. 
Suscribo plenamente la observación hecha en el informe de que la innovación y la sociedad de la información desempeñarán un papel fundamental en el propósito de que la UE sea más competitiva y hay que canalizar más investigación hacia estos ámbitos. 
Se están haciendo esfuerzos por resolver el problema del desempleo aumentando las políticas monetaristas neoliberales y persistiendo en la prudencia financiera que fueron responsables de la recesión y el elevado desempleo actuales. 
Con el engañoso título de «desarrollo sostenible y pleno empleo» acuñado en Lisboa y a pesar de la creciente desigualdad, se insta a los Estados miembros a llevar a cabo reformas estructurales que reparten el desempleo, generalizan los formas de trabajo flexibles, crean incertidumbre e inseguridad laboral y reducen los costes salariales para salvaguardar el crecimiento sostenible de los beneficios de las grandes empresas. 
El extendido desempleo de larga duración que, por encima del 10%, ha sido el azote de las clases trabajadoras durante años, se asocia ahora con las extendidas formas temporales y limitadas de empleo. 
El cambio demográfico y la sostenibilidad de los fondos se utilizan como excusa para proponer que la gente trabaje hasta una edad más avanzada, como parte de una política de «envejecimiento activo» , y para arruinar el sistema de pensiones y seguros. 
El aumento de la inversión no resolverá el problema, dado que la mayor parte de la inversión se hace en equipo tecnológico que reduce el empleo en lugar de crearlo. 
Nos oponemos a las políticas de la Unión Europea en consonancia con el Pacto de Estabilidad y el proceso de Lisboa porque no satisfacen las necesidades de los trabajadores, los agricultores y las pequeñas y medianas empresas, están diseñadas para minar los derechos de los trabajadores y siguen la pauta marcada por las grandes empresas. 
. 
(PT) Desgraciadamente, este informe no se ha aprobado. 
Diría que, al intentar alcanzar un equilibrio entre tantos puntos de vista enfrentados, el informe terminó perdiendo su propio equilibrio... 
Yo mismo me sentí obligado a abstenerme en la votación final, porque sentí que iba demasiado lejos en cuanto a política fiscal, corriendo el riesgo de que la armonización entrara en conflicto con la autonomía de los Estados miembros. 
Sin embargo, debo alabar la intensa labor y el esfuerzo del Sr. Mann y comparto plenamente la idea de promover nuevas iniciativas para la estrategia de empleo y política social en la Unión Europea, en consonancia con la Estrategia de Lisboa. 
El ponente sugiere informes que merecen apoyo y continuación. 
Apoyo plenamente el énfasis que da a la protección familiar, al establecimiento de orientaciones para la compatibilidad entre trabajo y familia, llevando a cabo una política más favorable a los niños y a las familias, o a hacer el trabajo más atractivo para las personas de edad más avanzada. 
También reiteraré mi postura sobre la necesidad de ejecutar con una mayor velocidad las iniciativas en los campos de la formación profesional y la educación continua y las referentes a los incentivos comunitarios en el campo de la investigación, en el que deberían compartirse más ampliamente los casos exitosos de los distintos Estados miembros. 
Tras las conclusiones de la cumbre de Lisboa, siempre hemos recalcado la necesidad de un equilibrio entre la cantidad y la calidad. 
Por tanto, hemos hecho algún progreso real y debemos combatir la plaga del desempleo. 
Sin embargo, debemos estar en guardia respecto a los planes sociales, la reestructuración de empresas, los traslados y los despidos masivos. 
No podemos estar satisfechos de la situación precaria que experimenta un número creciente de nuestros conciudadanos. 
El Parlamento tiene una obligación real de estar en guardia contra estas cosas. 
El Sr. Mann ha dado el mensaje contrario, lo cual resulta inaceptable, presentándonos una profesión de fe completamente neoliberal. 
Ahora necesitamos una batalla real contra la pobreza y a favor del empleo. 
No aceptamos trabajos esporádicos no cualificados ni aceptamos que se ponga a los empleados en una situación precaria. 
Por el contrario, debemos hacer especial hincapié en la formación y las cualificaciones y apoyar a los más débiles. 
Debemos estar muy atentos al empleo de las mujeres y permitir a los jóvenes entrar al mercado laboral con esperanza. 
No queremos que los mercados del comercio de servicios (AGCS) se desregulen y se abran sin control. 
No sacrificaremos el legado social que se ha conseguido a un precio tan elevado. 
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(PT) Dada la situación actual del empleo, causada particularmente por los traslados de empresas cuya prioridad son los beneficios, sin ninguna consideración de la importancia de la «función del trabajo» para el desarrollo social, el bienestar psicológico de los trabajadores y de sus familias, el Parlamento Europeo, en su calidad de institución que representa a los pueblos de Europa, está absolutamente obligado a adoptar una postura firme respecto a una estrategia global para promover el empleo y su consiguiente política social en la Unión Europea. 
Estamos a favor de una política social europea que sea transversal a todas las políticas de desarrollo y crecimiento llevadas a cabo por la Unión. 
Señor Presidente, incluso en las orientaciones generales de las políticas económicas, que abordan especialmente las formas de hacer cuadrar los presupuestos de los países individuales de la Unión Europea, no se hace referencia- y aunque he votado a favor del informe esta circunstancia me preocupa- a qué se debería hacer para reparar el presupuesto de un país cuando el presupuesto se ve hundido, lastrado o arruinado por el gran número de pensionistas cuyas pensiones se pagan con el presupuesto del país. 
Le pregunto, señor Presidente, aunque me dirijo específicamente a los jefes de Gobierno y al Consejo: ¿qué queremos hacer, establecer primero cuánta pensión deberíamos pagar a los ciudadanos y luego gastar lo que nos quede o gastar primero todo el presupuesto estatal y entonces, si nos queda algo- repito, si nos queda algo- tirar las sobras a los pensionistas? 
. 
(PT) Este informe no aborda la cuestión fundamental del problema de la demanda en la UE y no evalúa las directrices económicas y de empleo para hacer frente a la actual crisis económica y al aumento del desempleo. 
La causa que sugiere es la «rigidez de la economía europea» , que le impide «reaccionar con rapidez a los efectos de las crisis exteriores». 
El problema reside en a qué rigidez nos estamos refiriendo. 
No usamos la palabra «rígida» para referirnos a la actual política monetaria, que establece los mismos requisitos de tipos de interés y de cambio para países con diferentes necesidades y diferentes niveles de inflación, reduciendo así la capacidad de las regiones de reaccionar ante los sucesos económicos asimétricos. Esta capacidad se ve aún más limitada por el presupuesto comunitario, que no compensa las carencias en cuanto a las necesidades de redistribución y solidaridad entre los Estados miembros. 
No calificamos de rígida la política presupuestaria recogida en el Pacto de Estabilidad, aunque determine los niveles de inversión pública, incluida la aplicación de los fondos estructurales, y ponga en peligro servicios públicos cruciales y áreas que son vitales para la innovación y la productividad, como la inversión en educación, sanidad e investigación y desarrollo. 
El informe insiste en una mayor flexibilidad salarial y del mercado laboral, lo cual contribuye a conflictos salariales y a inestabilidad laboral. 
Desea que se genere una mayor flexibilidad del mercado de productos, en particular a través de la privatización, la liberalización y la desregulación de los mercados. 
De ahí nuestro voto contra el informe. 
Este informe adopta las políticas contrarias a los intereses de la gente común típicas de la UE, que arruinan los derechos de los trabajadores en beneficio de los monopolios. 
Apoya plenamente la aplicación del Pacto de Estabilidad, una reforma estructural más rápida del mercado laboral, salarios reducidos, un aumento de la edad de jubilación, plena liberalización de los servicios de interés público, especialmente de los servicios postales, las telecomunicaciones, la energía, el transporte y la radiodifusión y aboga por una reducción de impuestos para los empresarios. 
Mantiene abiertamente que la depresión del mercado laboral y el no haber aplicado plenamente las formas flexibles de empleo son una de las principales causas del desempleo. 
Con el fin de cuadrar el presupuesto, que es la coartada empleada para las reducciones constantes del gasto social y la privatización de los servicios públicos, las grandes empresas están ganando poder y recibiendo una invitación para terminar de desmantelar los sistemas de pensiones y seguros. 
Las sombras de la guerra están empezando a asomar, la lucha imperialista se está agravando y el final de la recesión aún no está a la vista (la Comisión prevé un crecimiento prácticamente nulo de entre el- 0,1 % y el 0,5 % para 2003) y sin embargo la principal preocupación es reforzar la competitividad y la rentabilidad de los monopolios europeos. 
Nos oponemos a esta política contraria a los intereses de la gente común y debemos alinearnos con los trabajadores en su lucha por cambiarla. 
. 
(FR) El único objetivo de este informe es que el Parlamento apoye incondicionalmente los planes de la Comisión. 
Al margen del imprescindible catálogo de buenas intenciones- promover el espíritu de empresa, aumentar las inversiones en recursos humanos e investigación y desarrollo -, que no podemos dejar de apoyar, el informe es un ejemplo perfecto de la mentalidad pavloviana que rige este Parlamento: la Comisión tan solo debe actuar como el sumo sacerdote de la integración europea para que el Parlamento se muestre automática e incondicionalmente de acuerdo con ella. 
Lo mismo puede decirse del deseo de hacer de la Comisión el gobierno económico de Europa y del deseo de liberalizar servicios de interés general y los servicios en red, principalmente los servicios postales, las telecomunicaciones, el gas, la electricidad y los ferrocarriles. 
Aunque una mayor convergencia económica entre las políticas económicas de los Estados miembros es claramente deseable, para que resulte viable debe funcionar respetando su autoridad y, de esta forma, constituir un resultado natural de la libre competencia económica entre los Estados miembros, no de las decisiones tecnocráticas que ignoran las realidades nacionales. 
. 
(PT) Reconozco la importancia y la oportunidad de este informe de propia iniciativa de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, tanto por el agitado contexto geopolítico actual (que requiere una clarificación de los objetivos y de la dirección que debemos tomar) como por el debate que se debe mantener sobre cuestiones vitales, como los bajos niveles de inversión pública y privada, el bajo crecimiento de la productividad, la tendencia a la baja de las tasas de empleo y el envejecimiento de la población. 
Además, resulta importante, en este contexto, que todos le prestemos la atención debida al impacto de cuestiones como el endeudamiento excesivo de particulares y empresas, nuestra excesiva dependencia energética y el impacto de la entrada de China y la India en el mundo de la producción industrial. 
Aunque el informe no se ocupe de estos aspectos, son cuestiones importantes a medio y largo plazo, respecto a las cuales los ciudadanos de Europa piden medidas atrevidas por parte de los responsables de toma de decisiones de la UE. 
Por último, puesto que no comparto la devoción incondicional a la visión políticamente federalista e ilimitadamente liberal de la Unión Europea que subyace al análisis del ponente, he decidido abstenerme de la votación global final. 
El informe Trentin celebra la extremadamente satisfactoria ejecución del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fue, no obstante, tachado no hace tanto de ridículo por parte del Presidente de la Comisión, Romano Prodi. 
Ante una desaceleración de la actividad económica, el informe sostiene que la respuesta más apropiada es la ejecución de reformas estructurales, que, según sabemos, únicamente servirá para ahogar el crecimiento endógeno, que menciona en otra parte del informe. 
Al igual que los informes García-Margallo y dos Santos, que también votaremos, el informe Trentin fomenta la aplicación inteligente del Pacto y los ajustes que conlleva. 
Sin embargo, combina inteligencia y estupidez en un enfoque incoherente que intenta hacer compatibles entre sí cosas que no lo son. 
Es evidente que las reformas estructurales mencionadas suponen más empleo precario, capitalización de las pensiones y más privatizaciones. 
Frente al aumento del desempleo, la alternativa es sencillamente sustituir el Pacto de Estabilidad por una política centrada en la creación de empleo a través de un cambio de primer orden en la forma de distribuir los beneficios. 
Al no haber ni rastro de una perspectiva semejante, hemos votado contra este informe, que tan solo propone un remiendo incoherente del Pacto. 
. 
(PT) Felicito al Sr. Trentin por su excelente y oportuno informe sobre la evaluación anual de la realización de los planes de convergencia y estabilidad, que apoyo plenamente, especialmente en cuanto a la necesidad en el contexto actual de revisar los criterios de rigidez monetaria y presupuestaria impuestos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y por los planes de convergencia y estabilidad, porque esta rigidez ha ahogado el crecimiento económico de la Unión Europea, no ha proporcionado una respuesta a los altos niveles de desempleo y desigualdad y no ha asegurado el desarrollo sostenible. 
Asimismo, deseo subrayar la necesidad de incluir, respetando los objetivos de reducir el déficit presupuestario y la deuda pública, ciertos indicadores en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se puedan adaptar a las diferentes situaciones nacionales, especialmente a las de los países de la cohesión. 
. 
(PT) Siguiendo la observación de que «dos años de coyuntura desfavorable han dado lugar a un relajamiento de las políticas proactivas que permiten reaccionar ante las amenazas de recesión y aumento del paro» , resulta importante observar los mecanismos disponibles con que contamos para responder efectivamente a las necesidades derivadas, de hecho, de los compromisos asumidos, en particular en el marco de la Estrategia de Lisboa. 
Asimismo, creo que debemos aprovechar la oportunidad de incluir entre los criterios y objetivos aprobados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ciertos indicadores que faciliten una gobernanza más flexible del pacto, adaptándolo a las distintas situaciones nacionales específicas y al mismo tiempo reteniendo los objetivos de reducir el déficit presupuestario y la deuda pública. 
Conseguir estos objetivos, y también me refiero al informe dos Santos, es de una gran importancia, porque establecen un nuevo grado de responsabilidad, lo cual es un mensaje extremadamente importante para los agentes económicos. 
En consecuencia, he votado a favor de este informe. 
Voté contra el informe cuando el punto 15 fue rechazado por la izquierda política (por 266 votos a favor y 237 en contra). 
El punto 15 «pide que se respete estrictamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que se combatan todos los intentos de debilitar este Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, con ello, de poner en peligro la estabilidad a largo plazo de la moneda europea». 
El hecho de que el punto 15 se haya eliminado da pie a la falta de rigor respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Por el contrario, debería exigirse un cumplimiento estricto de los criterios objetivos y medibles. 
La eliminación del punto 15 da vía libre a los ministros de finanzas europeos para aumentar el gasto público en época de recesión y en situaciones en las que se produzcan déficits presupuestarios. 
Existe el peligro de que esto conduzca a un aumento de la inflación, a una pérdida de confianza y a una moneda comunitaria menos estable. 
Voté en contra de la totalidad del informe- que, no obstante, se adoptó por 359 votos a favor, 79 en contra y 50 abstenciones -, porque conllevaría una relajación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y minaría la constitución sueca. 
Voté a favor del punto 5 ya que una posible introducción del euro debería estar sujeta a un referendo. 
Suecia no se verá obligada a entrar en la unión económica y monetaria si la mayoría de los votantes apoya la corona sueca. 
Es importante observar que este punto se adoptó por 486 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones. 
Voté a favor de eliminar el punto 4, es decir, en contra de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se aplicara «de una forma más flexible». 
En la práctica, este punto conllevaría una relajación de los criterios objetivos en favor de criterios más vagos, políticamente negociables. 
Desafortunadamente, este punto se conservó. 
El euro requiere normas claras y estables. 
Esta decisión supone una reducción de la confianza en el euro como moneda. 
Voté en contra del punto 10 porque el derecho comunitario prevalece sobre el sueco, incluso antes de que la legislación sueca se haya modificado. 
El propósito de este punto es hacer posible que se introduzca el euro como moneda sin que se haya modificado la legislación sueca, es decir, antes de las elecciones al Parlamento sueco en 2006. 
Este punto supondría que las normas que rigen la forma en que se modifica la constitución sueca serían sorteadas por el derecho comunitario. 
Señor Presidente, estamos hablando de las finanzas de los países que han adoptado el euro. 
He votado a favor, soy partidario del euro, pero- hoy, ahora, antes de desear a todo el mundo, incluidos usted, señor Presidente, los intérpretes y los ujieres «bon appétit» -me gustaría subrayar algo. Sería conveniente que los gobiernos de los países que han adoptado el euro se ocuparan- algo que hasta ahora no han hecho- de que los comerciantes sin escrúpulos, especuladores que solo piensan en sí mismos, no eleven los precios de los productos de consumo adquiridos por ciudadanos, trabajadores y pensionistas, esto es, personas con ingresos fijos. 
En efecto, aprovechando el hecho de que con el cambio de la moneda nacional a la europea, el euro, la gente aún no está acostumbrada al valor del nuevo dinero, como es el caso en Italia y creo que también en otros países de la Unión Europea, ha habido un aumento desproporcionado del coste de los productos que son comprados en su mayoría por los menos acomodados, especialmente pensionistas y ciudadanos con ingresos, lamentablemente, modestos. 
El Parlamento actúa una vez más como la correa de transmisión de las demandas urgentes del colegio de Bruselas. 
La mayoría del Parlamento es libre de desear «una aplicación inteligente y flexible del pacto de la forma propuesta por la Comisión» o de apoyar a esta cuando arbitrariamente inicie procedimientos inquisitoriales contra los Estados miembros que no puedan ajustarse a una interpretación estricta de las disposiciones del Pacto de Estabilidad, pero, personalmente, no puedo seguir esa senda. 
Aunque creo que los deseados ajustes introducidos por la Comisión, que reconocen que el déficit presupuestario tiene un componente estructural y otro ligado al ciclo económico, están bien fundamentados, en tanto que refuerzan el elemento de crecimiento sin poner en peligro el de estabilidad, no puedo olvidar, no obstante, que este espectacular giro de 180 grados es parte de una estrategia más general destinada a convertir a la Comisión en el gobierno económico de la Unión. 
Huelga decir que no puedo aceptar semejante posibilidad. 
Con esto concluyen las explicaciones de voto. 
(La sesión, suspendida a las 13.00 horas, se reanuda a las 15 horas) 
Se han distribuido las actas de la sesión de ayer. 
¿Algún comentario? 
El siguiente punto es la declaración del Consejo y la Comisión sobre la misión militar de la Unión en la antigua República Yugoslava de Macedonia. 
El Presidente en ejercicio del Consejo y Ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, el Sr. Papendreou, tiene la palabra. 
Señorías, comenzaré esta declaración, si se me permite, con unas palabras sobre un buen amigo, Zoran Djindjic, el Primer Ministro de Serbia, que desgraciadamente ha sido asesinado. 
Este es un suceso trágico, porque hemos perdido a un amigo, un aliado europeo, alguien que luchaba por la democracia en la región, la del sureste de Europa y los Balcanes. 
Me gustaría transmitir mis condolencias personales a su familia, su esposa y sus hijos y, por supuesto, a la nación serbia en su conjunto. 
Compartimos su dolor. 
Este trágico incidente no solo nos ha conmocionado, también nos ha recordado que nosotros, la Unión Europea, seguimos comprometidos con el esfuerzo por conseguir la estabilidad, la paz y el progreso en esta región de Europa, que ha pasado tiempos difíciles en los últimos años, con conflictos étnicos y convulsiones interminables, una región en la que la democracia se ha arraigado en todos los países, pero que aún está dando sus primeros pasos, una región en la que, gracias a la cooperación entre la Unión Europea, la comunidad internacional, la ONU, los Estados Unidos, Rusia y muchos otros, conducidos por Europa, hemos conseguido poner en marcha la estabilidad y el desarrollo. 
Sin embargo, este incidente demuestra que aún tenemos un largo camino por recorrer. 
Como Presidente en ejercicio del Consejo, me gustaría señalar que la operación que estamos discutiendo en la Antigua República Yugoslava de Macedonia subraya nuestro papel en esta región y nuestro compromiso con ella, nuestro compromiso de ayudarla a avanzar hacia Europa y, sobre todo, nuestro compromiso con la estabilidad y la paz en esta región. 
En primer lugar, contribuirá a allanar el camino para la seguridad y la estabilidad a largo plazo en la Antigua República Yugoslava de Macedonia y a salvaguardar su soberanía, su integridad territorial y la inviolabilidad de sus fronteras internacionalmente reconocidas. 
En segundo lugar, esta operación contribuirá a mejorar el papel y el perfil de la Unión Europea en este país. 
Si quieren, reforzará el progreso del país hacia la integración europea en el contexto del Proceso de Estabilización y Asociación. Facilitará la aplicación del acuerdo marco. 
En tercer lugar, será la primera prueba práctica para el mecanismo militar europeo de gestión de crisis y el segundo paso, tras la misión policial en Bosnia, para poner en práctica la capacidad operativa de la Unión Europea. 
En consecuencia, los preparativos y la misma operación deben llevarse a cabo con el mayor de los cuidados. 
Nuestra credibilidad, la credibilidad de la Unión Europea, está en juego. 
En cuarto lugar, esta es la primera aplicación práctica de cooperación entre la Unión Europea y la OTAN en el sector de gestión de crisis y la ejecución de los acuerdos permanentes relacionados, que esperamos se puedan formalizar rápidamente. 
La Unión Europea se ha hecho cargo de esta operación con dos condiciones básicas. 
En primer lugar, los acuerdos permanentes entre la Unión Europea y la OTAN deben formalizarse y cerrarse y, en segundo lugar, las autoridades oficiales del país en cuestión deben presentar una petición. 
En cuanto a la primera condición, los acuerdos permanentes están cerca de cerrarse. 
Prácticamente todos los proyectos de textos relevantes han sido aprobados por la OTAN y remitidos a la Unión Europea. 
Haremos los comentarios y observaciones que estimemos pertinentes y esperamos que los textos estén listos para ser firmados por las dos organizaciones muy pronto, en cualquier caso antes de que acabe el mes. 
En cuanto a la segunda condición, ya tenemos una petición oficial del gobierno de la antigua República Yugoslava de Macedonia solicitando a la Unión Europea que se haga cargo de esta misión y todas las partes implicadas han apoyado la iniciativa en cuestión. 
La Presidencia griega ha incluido la asunción de esta misión en sus prioridades básicas en el ámbito de la PESD y por tanto está haciendo todos los esfuerzos posibles en esta línea. 
Deberíamos señalar que la asunción por nuestra parte de esta misión específica y posiblemente de otras misiones en los Balcanes, como la operación de la SForce en Bosnia, no supone que la participación y la presencia de la OTAN y/o de los Estados Unidos hayan tocado a su fin. 
Por el contrario, continuaremos cooperando estrechamente y debemos dejar claro a todas las partes que esta cooperación continuará y que trabajaremos juntos por la estabilidad y la seguridad de la región. 
De forma similar, puesto que daremos el relevo a la OTAN, en lugar de iniciar una nueva operación, deberemos colaborar estrechamente con la alianza para asegurar que hay un relevo y una continuidad perfectos. 
Deberemos, por supuesto, dar el relevo dentro de los acuerdos permanentes específicos a los que hayamos llegado, para salvaguardar la autonomía de ambas organizaciones. 
En lo que se refiere al progreso, a la luz de lo que acabo de decir, me gustaría comentar brevemente los puntos más significativos en la preparación de esta misión. 
El Consejo adoptó la idea general de la operación el 23 de enero y la acción conjunta relacionada el 27 de enero. 
El marco institucional para la operación y, lo que es más importante, las modalidades de financiación ya se han establecido. 
El Comité Político y de Seguridad decidió a qué terceros países se invitaría a participar el 4 de febrero. 
Se trata de la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria, Rumanía, Islandia, Noruega, Turquía y Canadá. 
El 7 de febrero, el Vicecomandante Aliado Supremo para Europa fue nombrado comandante de la operación. 
Se decidió que el cuartel general estaría en el SHAPE. 
También se nombró al comandante francés de las fuerzas, puesto que Francia ha sido elegida para actuar como nación marco. 
El mismo día, se proporcionó al comandante de la operación la orientación militar inicial. El comandante de la operación ha presentado al Comité Militar un proyecto de plan operativo, que incluye las normas de administración de compromisos y estructura de control y una declaración de necesidades de recursos. 
El 18 de febrero, el Comité Político y de Seguridad decidió por tanto establecer un Comité de Cuotas. 
Por último, la conferencia para crear la fuerza se celebró el 20 de febrero y la conferencia para nombrar al personal de la fuerza el 25 de febrero. 
Aún hay una serie de cuestiones pendientes; los acuerdos permanentes Unión Europea/OTAN a los que he aludido anteriormente deben cerrarse oficialmente, especialmente el acuerdo necesario para liberar los medios y capacidades de la OTAN que se suministrarán a la Unión Europea para que pueda llevar a cabo su misión, el plan operativo debe aprobarse y adoptarse, deben concluirse los acuerdos sobre personal, debe aprobarse el presupuesto operativo, debe cerrarse un acuerdo con los terceros países participantes, debe intercambiarse correspondencia con la antigua República Yugoslava sobre la operación, debe llegarse a un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, deben cerrarse acuerdos de exención entre los Estados miembros que participan en la operación, debe intercambiarse correspondencia con la OSCE sobre las relaciones con sus observadores, la OTAN debe aprobar una decisión que ponga fin a la operación «Armonía Aliada» y el Consejo debe aprobar una decisión inaugurando la operación. 
Esta decisión establecerá la fecha exacta en que se asumirá la operación. 
Se espera que empiece oficialmente antes de fin de mes, tan pronto como se hayan solucionado las cuestiones pendientes. 
Antes de terminar, me gustaría, si se me permite, comentar el objetivo, la duración, el tamaño de la fuerza y el mando de la operación. 
El objetivo es mantener la presencia militar internacional con el objeto de preparar el terreno para un entorno seguro y estable que permita al Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia aplicar el acuerdo marco de Ohrid. 
Se espera que dure en torno a seis meses. 
El fin de la operación dependerá de si se consigue el objetivo básico. 
La fuerza contará con 487 hombres, incluidos 212 puestos de personal. 
La estructura y el control de la operación son vitales para el mando de la operación. 
El Vicecomandante Aliado Supremo para Europa, el almirante Feist, que dirigirá la operación europea en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, informó recientemente en detalle sobre esta cuestión a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
No quiero aburrirles con detalles; sin embargo, me gustaría mencionar que se ha decidido que la operación en la Antigua República Yugoslava de Macedonia se llevará a cabo utilizando medios y capacidades de la OTAN; en consecuencia, la planificación se efectuará como se decidió en Niza. 
El Vicecomandante Aliado Supremo para Europea ha sido nombrado comandante de la operación y el cuartel general de la Unión Europea estará en el SHAPE. 
Como he mencionado, el plan operativo ya ha sido elaborado y sometido al Comité Militar de la Unión Europea y el SHAPE y el personal militar de la Unión Europea ya están colaborando estrechamente. 
Con el objeto de asegurar la coordinación óptima de las actividades entre la Unión Europea y la OTAN y especialmente entre las fuerzas de la Unión Europea en la Antigua República Yugoslava de Macedonia y las de la OTAN, que estarán estacionadas principalmente en Kosovo, se ha establecido una base de mando en la Unión Europea, en la base de la OTAN de Nápoles, en Italia. 
Como he dicho, Francia ha sido elegida como nación marco para la operación y tendrá el papel principal en la dirección de la operación. 
El general de brigada Maral ha sido nombrado por tanto comandante de las fuerzas. 
Sin embargo, la OTAN tendrá un representante militar supremo en el cuartel aliado de Skopje y ambos grupos colaborarán estrechamente. 
Me gustaría terminar mi presentación con una nota de optimismo; confío en que, a pesar de las dificultades, que cabía esperar, la política europea de seguridad y defensa ha cumplido su mayoría de edad. Y ahora que ha cumplido su mayoría de edad, el mecanismo de gestión de crisis construido en los últimos cuatro años puede ponerse en marcha. 
La primera operación es, en mi opinión, particularmente importante. 
Celebramos esta iniciativa por parte de la Unión Europea, puesto que la Presidencia pudo superar los obstáculos para la cooperación entre la PESD y la OTAN durante los seis meses anteriores de la PESD. 
Deseamos la ejecución real de estas decisiones y ser capaces de devolver la paz y la estabilidad a esta región del sureste de Europa, especialmente tras incidentes trágicos como el de hoy. 
Señor Presidente, antes que nada deseo adherirme sinceramente a lo que el Ministro de Asuntos Exteriores ha dicho sobre el asesinato del Primer Ministro Djindjic. 
Me gustaría extender mis condolencias y, estoy seguro, las de la Cámara, a su familia y amigos y a todos los demócratas de Serbia. 
Está claro que no podemos permitir que este asesinato deshaga el notable progreso realizado por Serbia en su reincorporación a la familia europea, particularmente gracias al coraje de hombres y mujeres como el Sr. Djindjic. 
Dentro de hora y media está previsto que volaré a Croacia. 
Esto supone que me perderé el final del debate, que dejaré en las buenas manos del Comisario Bolkestein. 
Mañana por la noche había planeado volar a Belgrado. 
Por supuesto, si las autoridades siguen estando de acuerdo, me gustaría hacerlo y expresar la solidaridad del Parlamento, la Comisión y la Unión en su conjunto al Gobierno y al pueblo de Serbia, en lo que es un momento extremadamente difícil para ellos. 
La primera operación militar de la Unión Europea, como ha dicho el Ministro de Asuntos Exteriores, está a punto de iniciar sus actividades en los Balcanes. 
Es un paso histórico para la Política Europea de Seguridad y Defensa. 
Tras las decisiones de Copenhague nos movemos hacia un amplio conjunto de acuerdos con la OTAN, descritos ya por el Ministro de Asuntos Exteriores, que permitirán que nuestra asociación estratégica con ellos vaya de la mano de la entrada en funcionamiento de la PESD. 
La decisión tomada por el Consejo en enero de emprender una acción conjunta abrió un nuevo capítulo en la historia de nuestra integración y no resulta sorprendente que los primeros renglones de este capítulo se escriban en los Balcanes. 
La dimensión histórica justifica plenamente el debate que mantenemos hoy sobre la base de la propuesta de resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. 
Todos nosotros recordamos los trágicos sucesos que tuvieron lugar en el sureste de Europa a principios de los noventa. 
Frente a una situación que nadie hubiera creído posible en nuestro continente, la Unión Europea tuvo que desarrollar nuevos instrumentos para reforzar su capacidad de prevenir y, en caso de necesidad, afrontar crisis similares que pudieran poner en peligro nuestra seguridad y que definitivamente atentarían contra nuestros más preciados valores. 
Por tanto, no es casualidad que la antigua República Yugoslava de Macedonia sea el escenario de este nuevo paso adelante de la Unión Europea. 
El contexto de esta operación ya no es el imperativo de poner fin a un conflicto civil y separar a las partes enfrentadas. 
Es más bien la continuación del desarrollo de una relación más estrecha entre la Unión y un país que se acerca a la Unión Europea y necesita nuestro apoyo para consolidar la estabilidad sin la que no podrá seguir progresando por esta senda. 
Llegados a este punto, quiero recordar a la Cámara que tan solo hace dos años la antigua República Yugoslava de Macedonia estaba al borde de un conflicto civil, pero afortunadamente dio la espalda a la guerra cuando se alcanzó un acuerdo entre las partes en conflicto. 
Durante mis dos primeros años como Comisario visité la antigua República Yugoslava de Macedonia mucho más que cualquier otro sitio. 
En el espacio de un año estuve en Macedonia casi diez veces. 
El proceso se apoyó en el compromiso sustancial y sostenido de la Unión Europea, tanto político como financiero. 
Así, ofrecimos una perspectiva europea al país a través del Proceso de Estabilización y Asociación y de un mayor apoyo financiero. 
Unas pocas cifras pueden ilustrar el carácter sustancial de nuestro paquete de ayuda financiera. 
Se asignaron más de 30 millones de euros en 2001 a través del programa CARDS y del Mecanismo de Reacción Rápida, mientras que se entregaron casi 7 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria. 
Estos fondos se han utilizado principalmente para la retirada de minas, la reconstrucción de viviendas, la rehabilitación de infraestructuras locales, medidas de confianza y reformas institucionales necesarias en virtud del Acuerdo Marco. 
A este esfuerzo le siguió muy pronto la adopción de un programa plurianual que, en el marco del programa CARDS, destinaba 130,5 millones de euros para la democracia, el Estado de Derecho, la justicia y los asuntos interiores y el desarrollo económico y social. 
Estos esfuerzos han dado sus frutos. 
Los últimos meses han demostrado que la vida política vuelve a la normalidad, mediante la aplicación del Acuerdo Marco y el Proceso de Estabilización y Asociación. 
Es cierto que la situación en materia de seguridad sigue siendo delicada. 
El incidente de la semana pasada, que desgraciadamente costó la vida de dos funcionarios polacos de la OTAN, ha sido un ejemplo más de que una presencia de seguridad internacional continuada resulta necesaria en los próximos meses para consolidar la paz y la seguridad en el país y para apuntalar el Acuerdo del lago Ohrid. 
Esta valoración la comparten el Gobierno, el Presidente, los principales partidos políticos y los protagonistas internacionales. 
Llegados a este punto me gustaría tratar algunas de las inquietudes que pueden haber surgido en cuanto al alcance y el objetivo de la misión militar de la Unión Europea. 
Aunque la operación de la Unión Europea será de envergadura limitada, permítanme afirmar claramente que no considero que este haya sido nunca un criterio útil para medir su valor. 
Será un signo visible de nuestro compromiso con la salvaguarda de la estabilidad en este país. 
En segundo lugar, no necesitamos pensárnoslo mejor. 
Nuestros objetivos están claros. 
Como bien señala la propuesta de resolución, la prevista asunción por parte de la Unión Europea de la misión militar de la OTAN será una muestra más del compromiso de la Unión Europea respecto a la paz y la estabilidad del país y la región. 
Esto es plenamente coherente con nuestra política de contribuir a la seguridad a largo plazo de la antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Permítanme recordar a la Cámara el amplio paquete de ayuda financiera facilitada por la Comunidad en el sector de la seguridad, bajo la rúbrica de justicia y asuntos interiores. 
Entre 2002 y 2004 se asignaron 31,2 millones de euros para este fin. 
Ello engloba dos elementos cruciales en particular. 
El primero es el apoyo al país con vistas a gestionar sus fronteras mediante un amplio programa integrado de gestión de fronteras, que incluya la creación de un cuerpo eficaz de policía de fronteras. 
El proceso de mejora de la seguridad y la gestión de las fronteras encierra un fuerte componente de cooperación regional y por tanto la Unión Europea colabora ahora estrechamente con la OTAN y la OSCE para apoyar los esfuerzos que los propios países de la región han empezado a desplegar. 
El segundo elemento es el apoyo a la antigua República Yugoslava de Macedonia de cara al desarrollo de una estrategia exhaustiva para la reforma de su servicio de policía, a fin de convertirlo en un servicio público bien formado, multiétnico y de base comunitaria. 
En opinión de la Comisión, la operación de la Unión Europea en la antigua República Yugoslava de Macedonia contribuirá a consolidar un entorno estable propicio para la aplicación de reformas que facilitarán su futura integración en la Unión Europea. 
Con esta perspectiva, no tengo ninguna duda de que una intervención militar comunitaria limitada y focalizada solo puede reforzar el progreso hacia un control civil y democrático pleno de las reformas en curso. 
Esta mañana nos hemos extendido sobre un aspecto de la política exterior y de seguridad en el que, por decirlo en términos diplomáticos, no hemos hecho tantos progresos como nos hubiera gustado. 
Sin embargo, debemos reconocer que, en algunas partes del mundo, particularmente en los Balcanes, Europa está haciendo las cosas como es debido en los últimos años. 
No hay más que comparar con las humillaciones y el sanguinario caos de principios de la década de 1990, cuando Europa era incapaz de afrontar los terribles problemas que tenían lugar ante sus propios ojos, con nuestro éxito en los últimos años en la elaboración de una política y en la ayuda a los países balcánicos para que puedan integrarse en la familia europea. 
Sabemos que el viaje será difícil y la tragedia de hoy nos recuerda cuánto trabajo nos queda por hacer aún. 
Como ya he dicho antes en esta Cámara, sería un error terrible si pensáramos que los problemas de los Balcanes, o los de Afganistán, por poner otro ejemplo, estuvieran ya resueltos definitivamente. 
Aún tenemos que concentrarnos y ser generosos con nuestro tiempo, nuestra asistencia y nuestra experiencia en la ayuda a aquellos países que van camino de formar parte finalmente de la Unión Europea. 
Independientemente de los trágicos contratiempos, estoy seguro de que alcanzarán su objetivo en los años venideros. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, a mí también me gustaría manifestar mi pesar por el asesinato del Sr. Djindji?. 
Con independencia de los conflictos y los desacuerdos que hayamos podido tener con él en casos particulares, creo que luchó por una mayor democracia en su país y por una política valiente en tiempos en los que este tipo de actitud resultaba muy peligrosa y que ganó nuestro respeto por hacerlo. 
Asimismo, deberíamos considerar estos sucesos como una imposición de la obligación de seguir contribuyendo a la estabilidad y la democracia en la región. 
Creo que lo que debatimos hoy es un paso en esa dirección. 
Esta mañana, demostramos la difícil posición en que se encuentra Europa en lo tocante a cuestiones de guerra y paz. 
En los Balcanes, hemos aprendido de los errores del pasado y la Unión Europea ha tomado mayores responsabilidades. 
Nuestra asunción, por primera vez, de una operación militar en esa región en nombre de la Unión Europea- por pequeña que sea dicha operación- da muestras de que la Unión Europea sigue una nueva vía e indica cómo se desarrollará nuestra capacidad de actuación en esta área, de reducido tamaño, todo sea dicho. 
Creo que deberíamos entender esto como una evaluación favorable y por ello me gustaría dar las gracias a quienes han contribuido a hacerlo posible. 
Los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa estamos deseosos, sin embargo, de asistir a este debate en el orden del día del pleno, porque consideramos que no resulta aceptable que la Unión Europea decida una operación militar en su propio nombre sin consultar formalmente al Parlamento Europeo, que es el foro para los pueblos de Europa directamente elegido. 
Como usted ha señalado, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa hemos recibido información, pero lo hemos hecho gracias a invitaciones que hemos extendido y a peticiones que hemos hecho. 
No se ha hecho nada, no obstante, por acceder a las peticiones del Parlamento de un procedimiento de información apropiado, sobre cuya base se podría proporcionar al Parlamento la información que facilitaría su participación. 
Aunque en la operación de Macedonia solo vaya a participar un pequeño contingente de 300 hombres, es la primera operación militar en la historia de la Unión Europea y constituye un precedente importante. 
Ahora mismo, la Unión Europea está planeando una operación sustancialmente mayor en 2004, que implicará la asunción de las misiones SFOR de la OTAN en Bosnia-Herzegovina. 
Tenemos por tanto una petición fundamental que hacer al Consejo, que es la de que informe y consulte al Parlamento en cuanto a los mandatos de las futuras misiones de Petersberg antes de que se organicen. 
Esto estaría en consonancia con el artículo 21 del Tratado y la declaración conjunta sobre financiación de la PESC, adoptada muy recientemente, el pasado diciembre, por el Consejo, la Comisión y el Parlamento. 
Las operaciones militares de la Unión Europea, como la que se planea actualmente en los Balcanes, se diferencian en un punto muy importante de las misiones de la OTAN. 
La OTAN es una simple alianza militar, mientras que la Unión Europea no lo es. 
Las misiones de Petersberg de la Unión Europea siempre se organizarán conjuntamente con la presencia de la UE en la región afectada por una crisis, independientemente de que la presencia sea política y diplomática o económica y financiera. 
La cooperación entre los civiles y las fuerzas armadas bajo la bandera de la Unión Europea siempre constituirá una dimensión importante de la misión global. 
Por eso revela una falta de reflexión por parte del Consejo el pensar que se puede prescindir de la participación formal del Parlamento a la hora de organizar operaciones militares intergubernamentales de estas características y por eso pedimos que se nos informe y se nos permita participar desde el inicio, y de una forma completamente transparente. 
El punto 6 de nuestra resolución detalla las cuestiones que podríamos debatir en la fase inicial de estas misiones, como, por ejemplo, con qué mandato y objetivos se asume la misión, qué relación existe entre las tropas de las regiones bajo el mando de la UE y de la OTAN, respectivamente, cómo cooperarán con otras organizaciones activas en la región- como la ONU y la OSCE -, cómo encajan estas misiones en Macedonia y, el próximo año, en Bosnia y Herzegovina en el marco general del proceso de estabilidad y asociación de los Balcanes y dentro de qué marco se espera que se incurra en los costes conjuntos. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, las respuestas dadas hoy por ambos a las preguntas relativas a la mayoría de estas áreas han sido extensas, pero, como he dicho, esta no es la forma correcta o más conveniente; debería haberse hecho ya, a través de otros canales, a iniciativa de otros y en otro momento. 
Al decir esto, no es mi intención criticar lo que han dicho hoy, sino adoptar una postura crítica con respecto al procedimiento, el momento y el lugar. 
En el futuro, las misiones de la UE siempre tendrán el marcado carácter de ser a un tiempo civiles y militares y tendrán lugar en regiones afectadas por la crisis con las que la Unión Europea ya haya contraído un compromiso político o humanitario o en las que, una vez termine la operación de crisis, participe en la reconstrucción y el desarrollo. 
Ahora comenzamos, con cautela, a adquirir responsabilidades también en áreas militares; ahí radica la naturaleza especial de la Unión Europea, y es eso lo que nos distingue de una alianza puramente militar. 
Con la primera misión en Macedonia, entramos en un territorio desconocido, incluso el Parlamento. 
Por esta razón, la resolución de la Comisión de Asuntos Exteriores propone que enviemos, en los próximos meses, una misión de investigación al escenario de las operaciones, para que los diputados puedan hacerse una idea propia de cómo funciona la primera misión militar de la Unión Europea. 
Aunque el Consejo no nos haya consultado oficialmente, los miembros del Parlamento Europeo no daremos la espalda a nuestra responsabilidad de dar a nuestros soldados de nuestros Estados miembros el apoyo parlamentario que merecen y, en la medida de lo posible, de apoyar la misión en su conjunto. 
Me gustaría por supuesto sumarme a las observaciones del Presidente en ejercicio del Consejo, del Comisario Patten y del Sr. Brok sobre los trágicos sucesos que tuvieron lugar esta mañana en Belgrado y apoyar todas las muestras de apoyo para con la familia del Sr. Djindjic y por supuesto para con todos los serbios, que sin duda estarán conmocionados por lo que ha sucedido esta mañana. 
Permítanme también manifestar la esperanza de que estas circunstancias no distorsionen los esfuerzos por una mayor estabilidad en Serbia, así como en la antigua Yugoslavia. 
Volvamos a la cuestión que hoy nos ocupa. 
Mientras que la cuestión del Iraq pone a la Unión Europea bajo gran presión y la discordia parece ser elevada, la Unión Europea pronto iniciará su primera operación militar bajo su propia bandera en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Y dentro de Europa la propia Unión se hace directamente responsable de una importante operación de mantenimiento de la paz. 
Que esto suceda en Macedonia es lógico por los grandes esfuerzos políticos de la Unión Europea en los últimos tiempos, que han mejorado las relaciones dentro del propio país, en particular con la minoría albanesa, y que por tanto han llevado a una mayor estabilidad política. 
La misión militar debe contribuir a que estos avances se hagan permanentes. 
Ha llevado un tiempo terminar el mandato de la misión porque la Unión Europea no puede asumir la misión sin el apoyo y la cooperación de la OTAN. 
Por tanto, se trataba de encontrar la fórmula apropiada con respecto a la naturaleza independiente de la operación. 
Esta experiencia muestra que debemos seguir trabajando en la mejora de las capacidades propias de la Unión Europea, con el fin de que llegue un momento en que la Unión Europea pueda llevar a cabo una operación de estas características en solitario. 
El paso que se da ahora es importante en sí mismo para el país en cuestión, pero, como ya se ha dicho, también es un primer ejercicio para la Unión Europea y se aprenderá de él. 
En este caso, se trata en particular de la cooperación con la OTAN, pero también de una operación futura a mayor escala, en Bosnia-Herzegovina, por ejemplo. 
La prevención de conflictos es uno de los principios básicos más importantes de la Política Europea de Seguridad y Defensa. 
Ahora se pone en práctica «militarmente» por primera vez mediante una operación acorde con las normas. Forma parte de un paquete más amplio de medidas políticas y económicas de apoyo al proceso de estabilización de la región en cuestión. 
Por tanto, resulta importante que se dé a la misión la publicidad necesaria. 
Después de todo, supone un paso importante en el desarrollo de una política de seguridad común sobre la que la opinión pública debería estar mejor informada, a través, por ejemplo, de la labor de este Parlamento. 
Espero que una misión exitosa proporcione un estímulo para mantener el ritmo necesario en el establecimiento de la fuerza de reacción rápida y en el desarrollo y ejecución de una política de adquisición de armamento más coordinada. 
La resolución centra con acierto una atención considerable en la cuestión de la legitimidad democrática o, más bien, de su ausencia. 
Resulta muy decepcionante averiguar que en este caso único no se ha consultado realmente al Parlamento. 
Esto podría organizarse mejor en el futuro. 
Después de todo, el Parlamento Europeo es una plataforma europea para la supervisión y evaluación de estas operaciones de mantenimiento de la paz. 
Señor Presidente, los avances realizados en Macedonia en materia de estabilidad son un ejemplo real que demuestra que la cooperación entre la OTAN, la UE y los Estados Unidos puede tener efectos muy beneficiosos. 
El Comisario Patten está completamente en lo cierto cuando afirma que la Unión Europea ha logrado actuar en buena medida al unísono en los Balcanes. 
También quiero felicitar al Gobierno de coalición existente desde el pasado mes de septiembre. 
Esperamos que Macedonia haya comenzado a superar la situación y que el Acuerdo de Ohrid se aplique en su totalidad. 
Todavía es necesaria la presencia militar en la zona para crear un ambiente seguro y para que la misión de la UE pueda desempeñar tareas como la incautación de armas y la formación. 
El hecho de que la UE emprenda su primera operación militar es un auténtico hito histórico. 
El Sr. Brok tiene razón cuando insiste en que esto no debería producirse sin consultar previamente con el Parlamento Europeo. 
Se dice que el hecho de que la ultimación de los detalles se haya visto entorpecida a causa de la disputa entre la OTAN y la UE en torno al intercambio de informaciones de los servicios secretos es una cuestión puramente técnica. 
Es un ejemplo ilustrativo de la interdependencia entre las dos instituciones y de lo que estamos poniendo en juego al proceder con este acuerdo. 
La UE actúa correctamente al tomar el relevo de la OTAN, un hecho que demuestra de forma convincente nuestra firme disposición a desempeñar funciones de seguridad más amplias. 
Los problemas internos a los que se enfrenta Macedonia no se limitan a las amenazas para la seguridad militar; existen muchos retos políticos, además del cáncer de la corrupción y la criminalidad, una criminalidad a menudo violenta, que están socavando el Estado. 
Existen oscuros vínculos entre organizaciones criminales y extremistas políticos, y en un país vecino el asesinato del Primer Ministro Djindjic, como acabamos de saber, quizá es una prueba de dichos vínculos. 
No puede haber progreso económico ni inversión mientras reine el desorden. El Primer Ministro de Macedonia se preguntaba quién iba a invertir, construir y contratar a nuevos trabajadores en un país que vive bajo la amenaza de continuos tiroteos, un país en el que no se recomienda transitar en un tercio de su territorio al caer la noche. 
Tiene toda la razón: existe un estrecho vínculo entre la seguridad y el crecimiento de la economía. 
Quiero volver a mencionar el problema del nombre. 
El Presidente en funciones y el Comisario usan la fórmula de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Yo me niego. 
Espero que estas conversaciones acerca del nombre nos conduzcan a algún sitio, porque parecen prolongarse indefinidamente. 
Por último, me gustaría instar a todos los Estados miembros que todavía no hayan ratificado el Acuerdo de estabilización y asociación, a que procedan a ello, puesto que esto sería una excelente señal para Macedonia. 
Señor Presidente, a la sombra del debate sobre la inminente guerra en el Iraq y a la luz del creciente escepticismo sobre la perspectiva de una política exterior europea común de cualquier tipo, existe el peligro de que mucha gente olvide lo que la Unión Europea ha conseguido alcanzar en Macedonia. 
Señalo los medios tradicionales: diplomacia, prevención de conflictos y, una vez se ha tenido éxito, inversión en la reconstrucción de la infraestructura y las instituciones. 
A partir de hoy, o de un momento muy próximo, la Unión Europea va, por fin, diría yo, a poder añadir un tercer medio, el envío de soldados bajo la bandera de la UE. 
En todo el debate sobre la posibilidad y la conveniencia de una política exterior europea, la misión de Macedonia se considera a menudo insignificante, una misión que no significa nada y de la que no debemos extraer conclusiones indebidas. 
No estoy de acuerdo con esta opinión ni con este gesto de descalificación. 
Creo que el modelo macedonio, en el que la Unión Europea ha podido desplegar todas sus capacidades diplomáticas, financieras y militares, puede ser un ejemplo digno de imitación en muchos países del mundo. 
Ciertamente, se trataba tan solo de un conflicto a pequeña escala. 
Ciertamente, se trata de una presencia militar limitada, pero el hecho de que la UE pueda utilizar toda la gama de opciones es un gigantesco paso simbólico que- una vez más, a la sombra del presente debate sobre el Iraq- corremos el riesgo de perder por nuestra cuenta y riesgo. 
Además de las palabras grandilocuentes sobre lo que se puede hacer, dos advertencias. Estas ya han sido formuladas por mis compañeros de esta Cámara. 
La Unión Europea no puede seguir enviando soldados en el futuro sin ningún control parlamentario sobre lo que se hace. 
Todos los presentes sabemos que es imposible tanto para los parlamentos nacionales como para este influir en el mandato y el progreso de esta misión o de futuras misiones. 
No podemos seguir por este camino. 
Seamos sinceros, es y será un punto tremendamente difícil. 
Por tanto, me gustaría pedir al Sr. Papandreou, en nombre del Consejo, que se sume a la opinión generalizada de los diputados de esta Cámara de que este es un buen inicio, pero solo lo será si en adelante hay un mayor control parlamentario, preferiblemente por parte del Parlamento Europeo. 
Si esto prospera, si se da un primer paso y si se acompaña de una mejor política financiera y un mejor control de los medios para este tipo de operaciones, se habrá conseguido un hito, Señorías, sin precedentes. 
Entonces la Unión Europea por fin podrá intervenir con una amplia gama de opciones, preferiblemente para evitar conflictos y, si resulta necesario, para gestionar las crisis. 
Permítanme concluir con unas pocas palabras sobre el horrendo asesinato del Primer Ministro Djindjic en Serbia. 
Este asesinato muestra claramente que los problemas distan mucho de estar resueltos y también deja claro que los esfuerzos de la Unión Europea aún son necesarios en el tortuoso, terriblemente tortuoso, camino de Serbia hacia la democracia. 
Por tanto, espero fervientemente que el Comisario sea capaz de ir a Serbia a transmitir al Parlamento serbio su mensaje de solidaridad para con las fuerzas democráticas de Serbia. 
Esperemos que basten en Serbia los medios tradicionales, esto es, la diplomacia y la reconstrucción, y que no tengamos que recurrir a los nuevos medios a disposición de la UE. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, la operación en Macedonia se ha presentado como una fase histórica en el compromiso de la Unión Europea. 
Creo que debemos fijarnos unas miras más bajas que esta ambiciosa presentación. 
En primer lugar, porque en lo que se refiere a cantidad, se trata de algo relativamente pequeño. 
Se trata de una misión en la que participan, si he entendido bien, 500 efectivos, incluidos los que están al mando. 
En segundo lugar, porque no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo sobre objetivos extremadamente precisos. 
Ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo sobre el nombre del país y me complace hablar frente al Ministro de Asuntos Exteriores de Grecia. 
Le preguntaría por qué no se permite a este país utilizar el nombre que tenía cuando era una república federal incluida en Yugoslavia, puesto que está claro que el nombre no implicaría ninguna reivindicación territorial ni la alteración de las fronteras. 
Por último, sobre todo, la presencia de nuestras fuerzas no tiene un objetivo claro real y no se nos ha dicho en qué circunstancias terminaría la misión, porque las causas del conflicto siguen ahí, en particular la albanización gradual de un área que previamente estaba ampliamente poblada por eslavos. 
Resumiendo, en contra de lo que la Comisión de Asuntos Exteriores sostiene, esta misión no está realmente dando el relevo a la OTAN. 
Será dirigida por el mando supremo de las fuerzas aliadas en Europa desde su cuartel, SHAPE. 
Emplea recursos de la OTAN. 
Parece que, puesto que los Estados Unidos necesitan sus tropas en Oriente Próximo, subcontratan esta operación, que ahora reviste una importancia secundaria, a sus vasallos europeos. 
No creo que esto sea algo que debamos celebrar. 
Señor Presidente, Señorías, en nombre de mi propio grupo, me gustaría manifestar nuestro desconcierto por la muerte del Sr. Djindji? y aprovechar esta oportunidad para señalar que sucesos como este forzosamente nos vuelven a plantear la pregunta de si el establecimiento de la paz en esta región ha avanzado realmente tanto como esperábamos. 
Al margen de eso, señor Gollnisch, soy de la opinión de que asumir la responsabilidad de esta misión en Macedonia de manos de la OTAN es un suceso histórico. 
Aunque la unidad que va a participar es muy pequeña, se sigue creando un precedente, en tanto que se están creando estructuras y posibilidades sobre las que podremos seguir construyendo posteriormente. 
Es por esa razón por la que creo que este es un paso importante en el camino a una política europea de defensa. 
Por primera vez, la UE se hace responsable de los aspectos militares del mantenimiento de la paz en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
¿Qué funciones deben realizar los parlamentos en las operaciones de este tipo? 
Es uno de los principios de la política democrática que las operaciones militares deben organizarse únicamente con el mandato de un parlamento directamente elegido. 
En el caso de Macedonia, estos mandatos fueron proporcionados por los parlamentos nacionales. 
Si queremos que se siga desarrollando la política europea de defensa, los mandatos tendrán que ser emitidos en el futuro por el Parlamento Europeo y así, lo que esperamos principalmente del Consejo es que haga lo que ya se ha pedido y, hoy mismo, satisfaga esta necesidad proporcionando información exhaustiva y, en segundo lugar, esperamos que la Convención dé al control parlamentario un lugar claro y permanente en el futuro tratado constitucional. 
Quienes ocupan puestos de liderazgo político deben asegurar que las tropas sobre el terreno no estén expuestas a peligros innecesarios, y, ¿qué da lugar a estos? 
Se originan por las órdenes erróneas o por un liderazgo o equipos insuficientes. 
Esta consideración me lleva a plantear una serie de preguntas al Consejo y también a la Comisión. 
Para empezar, ¿qué diferencia supondrá el que no haya tropas estadounidenses desplegadas en Macedonia? 
¿No expondrá la pérdida de algunas capacidades a nuestros soldados a algún peligro? 
Mi segunda pregunta se refiere a la forma en que se ejecutan las decisiones. 
¿Confían en que las decisiones tomadas por el Consejo se ejecutarán a través de la OTAN y que, cuando las decisiones deban ejecutarse sin demora sobre el terreno, estas cadenas de mando funcionarán tan bien como sea necesario? 
En tercer lugar, abordaré los costes, sobre los cuales tengo preguntas tanto respecto a los aspectos militares de la misión como respecto a los civiles. 
Opino que tanto la Convención como el nuevo tratado constitucional deberán posibilitar en el futuro que los costes militares de la misión, así como los civiles, se carguen al presupuesto de la Unión Europea. 
Me gustaría concluir diciendo que hemos comprobado en el debate de esta mañana sobre el Iraq lo inadecuada que sigue siendo la política exterior y de seguridad de la Unión Europea en la actualidad, pero, al mismo tiempo, me gustaría manifestar la esperanza de que, en cualquier caso, en las proximidades inmediatas de la Unión Europea, donde la esencia y el corazón de Europa- de la que los Balcanes son parte- estén en peligro, seguiremos demostrando la capacidad de la Unión Europea para contribuir al mantenimiento de la paz. 
Señor Presidente, yo también estoy profundamente consternado ante el asesinato del Sr. Djindji? , el Primer Ministro de Serbia. 
Hace tan solo unos meses, tuve la oportunidad de mantener una larga conversación con él en su residencia oficial de Belgrado. 
A pesar de todas la críticas que podían formularse contra él- así como contra cualquier estadista -, era un símbolo del progreso económico, la reforma política y la cooperación con el tribunal de La Haya. 
Dio pasos importantes para acercar a Serbia a los valores occidentales fundamentales, no solo en cuanto al sistema político, sino también en cuanto a la sociedad. 
Independientemente de los motivos que haya detrás de este asesinato en Serbia y Montenegro, este suceso tan solo demuestra lo precaria que es la situación allí. 
En Macedonia, la situación también es inestable, como pudimos comprobar en el momento de las elecciones, aunque la nueva coalición, con su colaboración entre las fuerzas albanas y macedonias eslavas- siempre resulta difícil encontrar una forma de expresarlo- haya demostrado hasta ahora ser duradera. 
Incluso los antiguos combatientes- cuya inclusión critiqué duramente- son, al menos por el momento, muy convincentes en sus declaraciones sobre su voluntad de colaborar, al menos en teoría, y de tener un papel en la vida parlamentaria. 
También hay una situación precaria en las áreas circundantes, como nos han recordado los asesinatos en el valle de Presevo. 
La paz aún no se ha establecido. 
El asesinato del Sr. Djindji? nos lo ha vuelto a dejar meridianamente claro. 
Apoyo la progresiva europeización- sí, llamémosla así- de la actual política de seguridad y de la intervención militar en los Balcanes. 
Si bien hay una serie de cuestiones por las que está justificado acusar a EE.UU. -algunas de las acusaciones hechas contra este país pueden ser erróneas, pero muchas están justificadas -, debemos asumir responsabilidades en nuestro propio terreno. 
Es esta la razón de que considere esta línea de acción absolutamente acertada y crucial, por trivial que parezca ahora mismo. 
También resulta conveniente que esto se haga en un país en el que no hay crisis actualmente, en el que puede haber conflictos esporádicos, pero en el que también es posible hacer de esta tarea un buen trabajo. 
Me gustaría retomar lo que el Sr. von Wogau ha dicho enfatizando que quienes estén al mando localmente deben tener una flexibilidad suficiente para sus operaciones, puesto que no se trata simplemente de una unidad militar que entra en escena, sino de una unidad que apoya a la población y les ayuda a convivir y resolver sus desavenencias pacíficamente, sin entrar en conflicto y sin recurrir a las armas. 
En mi observación final, hay algo que siento que debo recordarles: la política exterior también presupone que poseemos instrumentos buenos y efectivos con la capacidad apropiada. 
Señor Presidente en ejercicio, Comisario, ustedes son conscientes de ello. 
Permítanme enumerar las formas en las que la Unión Europea está representada actualmente en Macedonia, que es un país pequeño: está representada por la Presidencia, por un representante de la Comisión, por un Alto Representante, por la Agencia para la Reconstrucción y ahora también por una unidad militar. 
Si todos estos elementos colaboran positivamente, entonces es algo conveniente, pero realmente les pido que consideren cómo vamos a mejorar nuestros instrumentos con el objeto de que, en lugar de dar a un pequeño país la impresión de que nosotros mismos no sabemos dónde vamos, seamos capaces de conseguir que se acepte nuestra política exterior utilizando una lengua europea y unos recursos europeos compartidos. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Comisario, Señorías, no contamos con una política europea de seguridad y defensa hasta 1999, cuando surgió como fruto de las lecciones que aprendimos en los Balcanes. 
Allí, tuvimos la experiencia, en 1999, durante el conflicto de Kosovo, de ser capaces de hablar con una sola voz tras una década de discordia; si, no obstante, los Estados Unidos de América hubieran dicho que esta era una cuestión europea de la que nos debíamos ocupar nosotros mismos, no habríamos estado en posición de hacerlo. 
Esa es la razón de que la fuerza de respuesta conjunta tenga que estar lista para 2003 y el hecho de que entonces demos un primer paso, aunque sea con una pequeña misión, es, en mi opinión, un avance importante en lo tocante a la política de integración europea, aunque cabe subrayar al mismo tiempo que se hace en cooperación con los norteamericanos y la OTAN y no en oposición a ellos. 
Durante esta fase, será cada vez más importante guardar el respeto debido a las instituciones europeas y mantenerse dentro de los límites de sus estructuras institucionales. 
Con esto en mente, el 25 de noviembre de 2002, en el transcurso del procedimiento presupuestario, el Parlamento y el Consejo acordaron una declaración sobre la financiación de la política exterior y de seguridad común, cuya declaración, en primer lugar, subraya que el Parlamento debe ser informado de todas las opciones básicas en el marco de la política exterior y de seguridad común y sus implicaciones financieras. 
A día de hoy, el Consejo no ha cumplido ni una sola vez con este requisito, pero lo hará en el futuro, presentándose un resumen, con su propio expediente, al Parlamento antes del 15 de junio. 
Otra cuestión, no obstante, es que el Consejo no solo deberá hacer esto una vez al año, sino que deberá señalar la cantidad de costes potenciales que conlleven todas y cada una de las decisiones en el campo de la política exterior y de seguridad común que supongan un gasto. 
Esta es una nueva medida acordada en noviembre. 
Tras algunas dudas, nos complace que la Presidencia griega, durante la consulta más reciente al Parlamento, se comprometiera a poner a disposición del Parlamento toda la información que se había retenido inicialmente, incluida la relativa a los costes y al personal. 
Creo que esta es una decisión importante, que contribuye a la referente al principio político de permitir la participación del Parlamento. 
Todos somos conscientes de que, aunque la Unión Europea occidental lleva un tiempo integrada en la Unión Europea, su Asamblea Parlamentaria sigue existiendo, con el argumento de que los parlamentos nacionales deben seguir reuniéndose de forma regular, puesto que el Parlamento Europeo aún no posee derechos de control. 
Este ejemplo muestra lo involucrados que estamos en esta área. 
Sobre esta base y, de cara a futuras misiones, como la asunción del mandato de la SFOR, informar a este Parlamento en su debido momento supone un paso importante y lo que el Sr. von Wogau dijo sobre darle un lugar propio y firme en la constitución europea es algo que apoyo sin reservas. 
Señor Presidente, Comisario, la primera misión militar de la Unión Europea coincide con un momento histórico y, lamento decirlo, con una posible desestabilización mayor en los Balcanes, lo cual demuestra la fragilidad del tejido. 
Los líderes serbios han estado rodeándose recientemente de seguridad de alto nivel, sabedores de que el mayor peligro surge cuando el camino hacia la normalización se acelera. 
Desgraciadamente, no ha funcionado. 
El asesinato de Zoran Djindjic tiene, entre otras cosas, implicaciones para la presentación de ciertas enmiendas a la resolución que vamos a someter a votación. 
Creo que el período de dos meses solicitado por la Comunidad Europea para la supervisión inicial de los resultados de la misión es demasiado corto. 
En otro contexto, esta mañana, cuando hablaba de la acción de la Unión Europea, el Comisario Patten dijo que el intergubernamentalismo es inefectivo y añadió más o menos que produce iniciativas incoherentes. 
Está claro que así es y deberíamos tenerlo en cuenta. 
Ahora, no obstante, hemos ido a Macedonia y, para bien o para mal, debemos clarificar ciertos puntos y debatirlos en esta Cámara. 
Hemos averiguado cosas durante la última hora y quizá averigüemos algo más que aún no sepamos más adelante. 
Me gustaría saber, por ejemplo, cómo funcionan las estructuras de mando, desde la base hasta Bruselas, las relaciones entre departamentos de la OTAN y de la Unión Europea, cómo se comparten los costes y, naturalmente, hasta qué punto se ha meditado y puesto en práctica la colaboración con el Gobierno y el ejército macedonios. 
El gasto militar es responsabilidad de los parlamentos nacionales, pero la Unión Europea debería gestionar las operaciones financieras relativas a las bases conjuntas y el Parlamento debería ejercer entonces su labor de supervisión. 
Señor Presidente, cuando esta mañana intervine en el debate sobre el Iraq, hice hincapié en los planes interesados de Francia, una nación por la que siento un gran afecto, pero cuya política exterior encierra algunos elementos muy peligrosos. 
Uno de sus principales objetivos es eliminar la implicación estadounidense en la seguridad europea. 
Irónicamente, culpo en la misma medida al Sr. Blair por este hecho, porque fue él quien dio luz verde a la política de defensa de la UE en Saint Malo en 1998, y hace un mes abundó en este error en Le Touquet. 
La existencia de esta PESD separada ha sido, sin lugar a dudas, el factor que ha debilitado la cohesión de la Alianza Atlántica, lo que ha contribuido a provocar los recientes desacuerdos que han resultado ser tan dañinos. 
Ahora, y sin haber consultado debidamente a los Estados Unidos, la Unión Europea se dispone a tomar el relevo de la misión de la OTAN en la Antigua República Yugoslava de Macedonia y, en apariencia, planea asumir las responsabilidades militares en Bosnia. 
Parece haberse extendido la extraña idea de que si, en la UE, establecemos estructuras separadas de toma de decisiones, distraemos al subcomandante de la OTAN poniéndole dos grupos de amos políticos a los que servir, y colocamos distintas insignias en las mangas de las mismas tropas en los Balcanes, en cierta medida sale reforzada la capacidad de la OTAN. 
Por cierto, para información del Sr. Gollnisch, solo hay 30 miembros de nacionalidad norteamericana entre el personal de las fuerzas macedonias, y ninguno de ellos está en la tropa de combate. 
A esta farsa se añade que, para que la Unión Europea pueda izar su bandera en una operación militar, no puede prescindir de la OTAN para la planificación operativa y para su refuerzo o extracción si la operación relativamente suave en Macedonia adquiriese tintes algo más peligrosos. 
No obstante, los trágicos acontecimientos de hoy demuestran que la situación en los Balcanes sigue siendo un polvorín. 
Después de haber creado una división militar artificial e innecesaria, la UE y la OTAN han tenido que invertir dos años en negociaciones y acuerdos para que la Unión Europea y la OTAN encuentren una manera de trabajar juntas. 
El hecho es que este utópico relevo por parte de la UE en la operación de la OTAN en la Antigua República Yugoslava de Macedonia no añadirá ningún logro militar adicional. 
Simplemente abre las puertas a la división política entre los aliados europeos y norteamericanos justo en el momento preciso en el que deberían sentarse todos juntos alrededor de la misma mesa. 
¡Qué sencillo sería si Francia se uniera a la estructura militar integrada de la alianza! Entonces todo el mundo estaría contento. 
En lugar de crear divisiones en la alianza occidental, los norteamericanos y los europeos que piensan como ellos deben contraer los compromisos políticos y materiales necesarios para revitalizar la OTAN como instrumento primario de la seguridad occidental. 
Es preciso que la contribución militar de Europa vuelva al redil de la OTAN y que empecemos a reconstruir la cultura estratégica común occidental antes de que sea demasiado tarde. 
Gracias a sus Señorías por sus comentarios y opiniones. 
Me gustaría comenzar diciendo que, en lo referente al procedimiento, el Consejo respeta plenamente sus obligaciones en virtud del Tratado de informar e involucrar al Parlamento en cuestiones de PESC. 
Creemos en el importante papel del Parlamento Europeo y en las relaciones transparentes e informativas. 
Esa es precisamente la razón de que esté aquí hoy en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo y de que esté aquí también el Comisario Patten; para informar en detalle al Parlamento sobre la operación planeada en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, antes de hacernos cargo de nuestras obligaciones. 
Me gustaría dirigirme al Sr. Brok, de cuyos comentarios he tomado nota y asegurarle que examinaremos todas las posibilidades que ofrecen las disposiciones del Tratado para informar de una forma más eficiente y apropiada al Parlamento y, por supuesto, para informar de forma responsable a los ciudadanos de Europa a través del Parlamento. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Wiersma en que la operación militar y política que estamos emprendiendo será una prueba importante para la Unión Europea; precisamente por eso estamos tomando todas las precauciones para asegurarnos de que sea tanto creíble como exitosa. 
En respuesta a la baronesa Ludford, estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho; los problemas de los Balcanes no han llegado a su fin y, como dijo el Sr. Patten, la Unión Europea ha conseguido formular una política única firme para la región. 
No existen diferencias entre nosotros, entre los Estados miembros y las demás instituciones básicas de la Unión Europea, en lo referente a la estrategia o su aplicación, en mi opinión. 
Creo que esto es señal de que nuestra política exterior común ha cumplido la mayoría de edad, al menos en esta región, y cobrará importancia a medida que la sigamos desarrollando. 
Me gustaría asimismo recalcar que los problemas de los Balcanes son muy complicados. 
La cuestión del crimen organizado, a la que la baronesa Ludford hizo referencia, la cooperación con el TPIY, el Estado de Derecho, la corrupción, la cooperación regional, las redes necesarias, el transporte, la energía, las TI; todos estos elementos son vitales para la estabilidad y el desarrollo de la región y su progreso común hacia la Unión Europea. 
Tanto la Comisión como la Presidencia están organizando la Cumbre de Tesalónica en esa línea, precisamente con el objetivo de continuar y promover el progreso de estos países hacia la integración en la familia europea y de generar un nuevo impulso, un nuevo contrato entre nosotros, en virtud del cual les pedimos que realicen un progreso estable y se concentren en las condiciones previas y el progreso real, con medidas, reformas y cambios específicos y, como ha dicho la baronesa Ludford, para afrontar problemas como el crimen organizado y nosotros, por nuestra parte, podemos confirmar las perspectivas que se les han ofrecido en una serie de cumbres de convertirse en miembros de la Unión Europea en el futuro. 
Asimismo, me gustaría decir algo en calidad de Ministro griego de Asuntos Exteriores. 
En lo que se refiere al nombre, nadie está contento con el de Antigua República Yugoslava de Macedonia. 
Sin embargo, debo decir que este nombre es el fruto de un acuerdo y una negociación en el seno de la ONU y esta lo ha adoptado como nombre oficial de este país y las organizaciones internacionales lo han adoptado como nombre temporal. 
Debe prescindirse de este nombre lo antes posible, por supuesto, y las negociaciones ya se están llevando a cabo en la ONU. 
Estoy de acuerdo y me gustaría decir que estamos listos y dispuestos para continuar y acelerar las negociaciones con la otra parte, con el objeto de satisfacer sensibilidades de ambas partes y encontrar una solución que, como he dicho, satisfaga a ambas partes. 
En respuesta al Sr. Gollnisch, sin embargo, quien dijo algo que no es totalmente cierto, que el nombre no implica ninguna reivindicación territorial, diría que, desgraciadamente, el problema es que, históricamente, el nombre se utilizó para reivindicaciones territoriales. 
Desgraciadamente, la idea de la «Gran Macedonia» ha existido hasta hace poco y de ahí que «Macedonia» tuviera claras connotaciones de cambio de fronteras y asimilación de territorios de los países vecinos. 
Afortunadamente, esta cuestión ya se ha resuelto; al menos ya se ha superado este aspecto histórico. 
Sobre todo, ha habido una increíble mejora de las relaciones bilaterales entre Grecia y la antigua República Yugoslava de Macedonia en los últimos años. 
Invertimos más que cualquier otro en este país y hemos apoyado continuamente su integridad territorial, su prosperidad y su progreso hacia Europa durante todas las fases difíciles que ha pasado en los últimos meses y años. 
Estoy de acuerdo con el Sr. Swoboda en cuanto a que el Sr. Djindjic tomó decisiones valientes respecto al TPIY y la reforma democrática y, recientemente, respecto a Kosovo; debían iniciarse conversaciones no sobre el estatuto final de Kosovo, sino sobre acuerdos prácticos importantes entre Belgrado y Pristina, entre el Sr. Djindjic y los líderes de Kosovo. 
Creo que, tras su muerte, deberíamos contraer el compromiso de seguir apoyando a las fuerzas de la reforma, las fuerzas de la democracia de Yugoslavia, Serbia y Montenegro y ayudarles a avanzar hacia Europa. 
Me gustaría señalar, en respuesta al Sr. Swoboda, que afortunadamente se está dando en la antigua República Yugoslava de Macedonia un ejemplo de cooperación entre las instituciones de la Unión Europea. 
Hay una coordinación apropiada entre nosotros, estoy seguro de que el Sr. Patten estará de acuerdo en ello, y no solo entre nuestras instituciones interiores, sino también entre la Unión Europea y los Estados Unidos y otras organizaciones como la OSCE y el Consejo de Europa. 
Esto demuestra que hay una necesidad de cooperación multilateral, de cooperación estrecha a la hora de abordar las crisis en el ámbito internacional. 
Cuando se da este tipo de cooperación, de coordinación, somos, en mi opinión, más eficientes. 
He tomado nota de los comentarios del Sr. Laschet sobre la asamblea parlamentaria de la Unión Europea Occidental. 
Yo también estoy en contacto con los niveles superiores de la Unión Europea occidental y estas son cuestiones que se discutirán durante el debate sobre el futuro de Europa. 
Me gustaría comentar dos o tres cuestiones planteadas por el Sr. Laschet, el Sr. von Wogau y el Sr. Van Orden sobre nuestra cooperación con los Estado Unidos, los mecanismos de toma de decisiones Unión Europea/OTAN y el peligro de las operaciones. 
En primer lugar, el mecanismo de toma de decisiones de la Unión Europea, el mecanismo PESD, se pone a prueba por primera vez, especialmente en lo que se refiere a operaciones militares. 
Sin embargo, tenemos toda la fe en la eficacia de los procedimientos acordados y el hecho de que esta primera operación se lleve a cabo utilizando medios y capacidades de la OTAN ha ayudado a acelerar la toma de decisiones, como también lo ha hecho el que un Estado miembro- Francia- haya sido elegido como la nación marco, salvaguardando así la unidad y la estructura de mando de la operación. 
En cuanto a la operación militar y a los posibles peligros inherentes, naturalmente existen los riesgos inevitables propios de toda operación militar. 
Sin embargo, en lo que se refiere a esta operación específica, como dije en mi declaración, continuaremos cooperando con la OTAN y existen planes de utilizar las reservas de la OTAN si la situación se deteriora. 
El personal de la OTAN en Skopje seguirá actuando, así como la Retaguardia de la KFOR. 
En estas circunstancias, y dadas las evaluaciones hechas hasta ahora, consideramos el riesgo relativamente bajo. 
Por último, la financiación de la misión. 
Como saben, el gasto en defensa no entra dentro del presupuesto comunitario y la operación en la Antigua República Yugoslava de Macedonia será por tanto financiada por los Estados miembros. 
Por supuesto, sería útil que las operaciones futuras realizadas en el marco de la PESD pudieran financiarse mediante el presupuesto de la Unión, pero eso requiere una reforma institucional. 
Dicho lo cual, señor Presidente, Señorías, me gustaría darles las gracias por escuchar. 
Sepan que estoy a su disposición, siempre y cuando el tiempo lo permita, y que pretendo mantenerles puntualmente informados de los procedimientos, decisiones y avances en esta área. 
Señorías, he recibido una propuesta de resolución sobre esta cuestión (Â5-0157/2003) , en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
El siguiente punto es la declaración de la Comisión sobre la transferencia de datos personales por las compañías aéreas al servicio de inmigración de los Estados Unidos. 
Señor Presidente, si está usted de acuerdo, tal como se indica en el panel, este Comisario- que es menos versado que su colega- podría iniciar el debate para que más tarde lo continúe mi colega, el Comisario Bolkestein, ya que esta cuestión afecta a las competencias de ambos. 
Repito lo que he dicho al principio del debate anterior y pido disculpas al Parlamento porque tendré que abandonar esta Cámara antes de que termine este; no obstante, mi distinguido colega se quedará hasta el final del debate. 
He explicado en el debate anterior que tengo que volar esta misma tarde a Croacia y Belgrado y, debido sobre todo a los trágicos acontecimientos de hoy, sé que el Parlamento lo comprenderá. 
Volvamos a los asuntos que tenemos entre manos. 
La Ley de aviación y seguridad, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 19 de noviembre de 2001, forma parte de un conjunto de leyes promulgadas en los Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001, con el propósito primordial de reforzar la seguridad nacional, en especial con medidas de seguridad en los transportes. 
El principal objetivo es evitar actos terroristas tratando de detectar a los autores potenciales antes de que entren en el país. 
En este contexto, el Congreso de los Estados Unidos exige que las compañías aéreas entreguen, a petición del Servicio de Aduanas estadounidense, la información recogida en el registro de pasajeros. 
La Comisión comparte las preocupaciones en torno a la seguridad de los Estados Unidos. 
Sin embargo, las medidas aplicadas por los Estados Unidos han provocado inquietud acerca del respeto de las leyes de la Comunidad y de los Estados miembros en materia de protección de datos. 
Las compañías aéreas que cruzan el Atlántico corrían el riesgo de quedar atrapadas entre dos paquetes de medidas incompatibles y sufrir por ello graves pérdidas a causa de las sanciones con que amenazaban los Estados Unidos, que incluían multas y hasta la cancelación de derechos de aterrizaje. 
Los pasajeros- entre 10 y 11 millones al año- también podrían verse perjudicados por esta interrupción del tráfico aéreo y los largos controles «secundarios» que los Estados Unidos pretenden establecer en los puntos de entrada. 
Además, las compañías aéreas que no aceptaran las condiciones se arriesgaban a aparecer como un grave riesgo para la seguridad, lo que podría provocar un acusado descenso del número de pasajeros. 
Por tanto, habría muchos intereses en juego y las consecuencias de la pasividad serían extremadamente graves. 
Teníamos que compatibilizar en la medida de lo posible los importantes intereses de los ciudadanos de la Unión Europea de preservar su derecho a la intimidad con la necesidad de proteger muchos miles de puestos de trabajo en nuestras compañías aéreas e industrias asociadas, como las agencias de viajes. 
Quiero asegurar a esta Cámara que, desde el principio, la Comisión Europea ha hecho todo lo posible por entablar con los Estados Unidos una discusión sobre el modo de encontrar una solución compatible con ambos paquetes legislativos y susceptible de proporcionar seguridad jurídica a todas las partes implicadas. 
La Comisión Europea ha asumido sus responsabilidades y en las últimas semanas ha mantenido conversaciones delicadas con el fin de superar un punto muerto creado al principio por los Estados Unidos, por tomar a la ligera nuestras preocupaciones y no responder a nuestras preguntas. 
De hecho, la Comisión Europea había planteado esta cuestión a los Estados Unidos en numerosas ocasiones y de forma más intensa a partir del momento en el que el Servicio de Aduanas de Estados Unidos aprobó la norma provisional de 19 de junio de 2002, en la que se fijan los métodos de aplicación concretos. 
Gracias a los esfuerzos de la Comisión, los Estados Unidos pospusieron en principio la entrada en vigor de las nuevas exigencias hasta el 5 de febrero y luego aceptaron renunciar a imponer sanciones a las compañías que no aceptaran estas nuevas condiciones hasta el 5 de marzo. 
Tras una reunión de alto nivel celebrada los días 17 y 18 de febrero acerca del acceso a los datos personales de los registros de pasajeros, ambas partes presentaron una declaración conjunta en la que se definen los pasos que hay que dar a fin de alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes y jurídicamente cierta. 
El pasado 4 de marzo se mantuvieron nuevas conversaciones que dieron lugar a una serie de compromisos adicionales por parte de los Estados Unidos en lo que respecta al tratamiento y protección de los datos sensibles. 
También soy consciente de que se han planteado cuestiones con respecto al fundamento jurídico de la acción emprendida hasta ahora por la Comisión. 
Este aspecto, que mi colega el Comisario Bolkestein explicará más detalladamente, parece estar basado en un malentendido. 
Por el momento, no ha habido «acuerdo» ni «decisión». 
Sin embargo, hemos mantenido un intenso diálogo con las autoridades de los Estados Unidos con el fin de obtener las garantías necesarias con respecto al tratamiento y uso correctos de esos datos por parte de los Estados Unidos. 
Ambas partes se han comprometido a continuar las conversaciones para encontrar una solución más acorde con la seguridad jurídica. 
La posibilidad de que se celebren dichas conversaciones se ampara en la Directiva de protección de datos, ya que los pasos iniciales y necesarios que hay que tomar para llegar a la solución adecuada se encuentran recogidos en el apartado 6 del artículo 25. Según los procedimientos de comitología, el proyecto de decisión de la Comisión tendrá que ser debatido en esta Cámara antes de adquirir carácter definitivo. 
Mientras tanto, hemos conseguido que los Estados Unidos asuman un conjunto provisional de compromisos sobre el modo en que protegerán los datos personales a los tendrán acceso y un compromiso concreto de no hacer uso de ningún dato confidencial con el propósito de establecer perfiles personales. 
Antes de pasar la palabra a mi distinguido colega, que les aportará más información sobre el tema, quiero pedir a esta Cámara que reconozca los considerables esfuerzos realizados por la Comisión y los resultados positivos que hemos conseguido hasta el momento- aunque todavía estén por ultimar- y espero, además, que el Parlamento se una a nosotros para conseguir que los Estados Unidos garanticen la protección de datos de los ciudadanos europeos con el fin de alcanzar una solución permanente a este problema. 
Quisiera hacer una última observación personal. 
Toda la Cámara reconoce que los sucesos del 11 de septiembre provocaron en los Estados Unidos un fuerte sentimiento de vulnerabilidad y conmoción. 
La Cámara reconocerá la preocupación de los Estados Unidos por aplicar medidas encaminadas a reducir al máximo la probabilidad de que se produzcan nuevos ataques terroristas en el futuro. 
Al igual que algunas de Sus Señorías, procedo de un país que también debe tomar medidas para hacer frente a las amenazas terroristas. 
Dicho esto, espero que logremos involucrar a los Estados Unidos en una etapa mucho más temprana del proceso de elaboración política en la discusión de estas medidas de seguridad. 
Si logramos dialogar en una fase más temprana del proceso, será más fácil evitar el tipo de dificultades políticas que surgieron repetidamente el año pasado. 
No debería haber ninguna diferencia entre nosotros acerca de la importancia que tiene la aplicación de las medidas de seguridad que ambas partes hemos dado por razonables. 
Debería ser más fácil hacerlo si pudiéramos hablar sobre este tipo de medidas más abiertamente y en una fase más temprana. 
Señor Comisario, aprovecho esta oportunidad para informarle de que la Presidencia no tenía intención de denegarle la palabra. 
Sin embargo, nos habían informado de que, por problemas de tiempo, tenía usted que abandonar el hemiciclo antes. 
Señor Presidente, esta es una declaración de la Comisión, pero se refiere a una cuestión muy importante, con ciertas implicaciones políticas. 
Se refiere a las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, para las que resulta necesaria una solución legislativa, como ha dicho el Comisario Patten, en la que debe participar el Consejo. 
¿No cree que el Consejo debería estar presente en el momento de debatir esta cuestión y poder expresar su opinión, si así lo desea? 
Señor Alavanos, he tomado nota de su comentario e investigaremos exactamente qué está pasando. 
Sin embargo, se acordó desde un principio que la Comisión haría declaraciones respecto a esta cuestión. 
Señor Presidente, me gustaría añadir lo siguiente a lo que el Comisario Patten acaba de decir. 
La nueva ley norteamericana que exige a las compañías aéreas que vuelan desde y hacia los Estados Unidos que les permitan acceder electrónicamente al registro de pasajeros, plantea una serie de cuestiones políticas: en primer lugar, la lucha antiterrorista; en segundo lugar, el derecho a la intimidad; en tercer lugar, la capacidad de nuestras compañías aéreas para competir; en cuarto lugar, la seguridad y la comodidad de los pasajeros autorizados; en quinto lugar, la relación entre Europa y los Estados Unidos en general. 
Es necesario reunir todos estos aspectos y encontrar un equilibrio adecuado. 
También hay que ser prácticos y no quedarse en el ámbito teórico. 
Mi primer mensaje es que deberíamos colaborar con vistas a alcanzar una solución que suponga el mejor resultado posible, que responda a la necesidad de combatir el terrorismo y, al mismo tiempo, asegure la protección de datos en la práctica, sin menoscabo de los intereses comerciales de nuestras compañías aéreas y sin inconvenientes para los pasajeros autorizados. 
La Comisión acoge con satisfacción esta oportunidad de dirigirse al Parlamento para tratar esta cuestión. 
Detrás de los aspectos técnicos subyacen algunas cuestiones fundamentales relativas a la seguridad y las libertades civiles que todas las democracias deben plantearse. 
Las discusiones entre los diputados electos sobre estas cuestiones son esenciales. 
La propuesta de resolución que debate el Parlamento critica a la Comisión por no haber informado ni haber consultado al Parlamento con anterioridad. 
La Comisión acepta esta reprimenda. 
No era mi intención ocultar nada. 
Era más bien cuestión de determinar cuándo presentar el tema al Parlamento y de qué forma. 
Disponemos de poco tiempo. 
Más que exponer una interminable relación de hechos, me limitaré a llamar la atención del Parlamento sobre dos documentos que ha distribuido la Comisión. 
El primer documento es la declaración conjunta, que es el informe acordado que recoge el resultado de las conversaciones mantenidas entre altos funcionarios de la Comisión y del Servicio de Aduanas estadounidense los días 17 y 18 de febrero de 2003. 
El segundo documento es la declaración del Servicio de Aduanas estadounidense de 4 de marzo de 2003, en la que se formulan compromisos acerca del tratamiento de los datos sensibles. 
Tal como acaba de afirmar mi distinguido colega, el Comisario Patten, muchos informes se han referido a un acuerdo o a una decisión. 
He de insistir en que no existe acuerdo ni decisión alguna. 
Por tanto, por el momento no existe fundamento jurídico alguno. 
Se han mantenido conversaciones en las que la parte estadounidense ha dado ciertas garantías. 
Este es el primer paso en el proceso. 
Ambas partes están decididas a encontrar en su momento una solución jurídicamente más segura. 
Porque a raíz de la información recibida sobre las nuevas exigencias de los Estados Unidos, la Comisión creyó necesario, el pasado mes de noviembre, informar a las compañías aéreas de la UE y a los respectivos sistemas de reserva que no estaba claro si podrían facilitar la información exigida por la normativa estadounidense sin violar las obligaciones de protección de datos conforme a la legislación de la UE. 
Con el fin de responder a esta pregunta, hubo que recabar información de la parte estadounidense, en especial con respecto al uso de los datos y a las condiciones en que serían procesados. 
Por desgracia, la parte norteamericana tardó en responder a esta petición de información y no empezó a tomarse en serio nuestras preocupaciones hasta diciembre de 2002. 
Ante la falta de diálogo con los Estados Unidos, las compañías aéreas, tal como acaba de explicarnos el Comisario Patten, se vieron sumidas en una situación insostenible. 
Habrían tenido que hacer frente a tona una gama de sanciones, empezando con la realización de inspecciones secundarias de los pasajeros llegados a los Estados Unidos. 
De hecho, esta medida ya había empezado a aplicarse, provocando interminables retrasos en los puntos de llegada para cientos, por no decir miles, de pasajeros. 
Por supuesto, es una posibilidad, pero ¿realmente es eso lo que pretendemos? 
Desde luego, no es lo que las compañías aéreas pretendían, y era muy probable que estas compañías aéreas se hubieran plegado de todas formas a las condiciones norteamericanas. 
Estoy completamente de acuerdo con aquellos diputados que el pasado lunes, en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, opinaron que la acción unilateral de los Estados Unidos y la amenaza de aplicar sanciones son modos de proceder inaceptables. 
Sin embargo, la falta de diálogo con la parte estadounidense habría dejado los datos en manos de los Estados Unidos y a la Unión Europea sin medios para influir en el uso de los mismos. 
Habría dejado a las compañías aéreas expuestas a acciones legales tanto por parte de los Estados Unidos como de los Estados miembros cuando, en realidad, las compañías aéreas no son el objetivo de esta operación. 
Si queremos ejercer presión, deberíamos hacerlo sobre los que pueden aportar soluciones, y en este caso estos no son las compañías aéreas. 
Por tanto, nuestro objetivo consiste en abrir un proceso de diálogo por medio del cual podamos influir en las prácticas de los Estados Unidos y tener la seguridad de que los datos van a estar suficientemente protegidos. 
La Comisión considera que el resultado de las conversaciones de febrero fue positivo en lo que respecta a la protección de los datos por las dos razones siguientes: en primer lugar, conseguimos el consentimiento de los Estado Unidos con respecto a los pasos futuros que habrá que dar con el fin de alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes que permita garantizar la seguridad jurídica a todas las partes implicadas. 
La segunda razón es que los Estados Unidos contrajeron una serie de compromisos unilaterales significativos aplicables inmediatamente. 
Por ejemplo, sellaron un compromiso sobre el tipo de datos que no usarían y el tratamiento que recibirían los datos que sí utilizarán. 
En particular, confirmaron que la recogida de datos se limitaría a los vuelos hacia, desde y a través de los Estados Unidos. 
Está claro que necesitamos más tiempo y más información por parte de los Estados Unidos antes de poder afirmar que hemos alcanzado una solución. 
Solo podremos estar satisfechos cuando alcancemos un acuerdo que garantice la máxima seguridad jurídica para todas las partes implicadas. 
Mientras tanto se transfieren datos. 
¿Son legales estas transferencias? 
Solo los tribunales pueden responder a esta pregunta, pero quiero destacar dos puntos al respecto. 
En primer lugar, las compañías aéreas tienen que cumplir con sus obligaciones como controladores de datos y deben informar plenamente a los pasajeros, tal como se estipula en el artículo 10 de la Directiva, y recabar su consentimiento para el tratamiento de los datos sensibles según lo establecido en el artículo 8. 
En segundo lugar, hay que examinar la legalidad desde el punto de vista de la necesidad de proteger adecuadamente los datos transferidos a un país tercero. 
Sin embargo, puede que las transferencias de datos se beneficien de una de las excepciones recogidas en el apartado 1 del artículo 26 de la Directiva. 
Por ejemplo, puede que algunas transferencias sean necesarias para cumplimentar un contrato con el propio interesado, es decir, el contrato de vuelo de un pasajero a los Estados Unidos. No obstante, puesto que una excepción como esta podría ser impugnada, carece de seguridad jurídica. 
Además, aunque las excepciones sean legales para un tipo de transferencias específicas, no ofrecen garantías de que posteriormente los datos vayan a ser protegidos. 
Por otro lado, el apartado 6 del artículo 25 de la Directiva prevé un mecanismo por el cual la Comisión puede hacer constar que un país tercero garantiza un nivel adecuado a efectos de protección para las transferencias de datos personales procedentes de la Unión Europea. 
Una decisión conforme al apartado 6 del artículo 25 por parte de la Comisión es mucho más preferible que confiar en las excepciones de la norma de adecuación, porque implica que los datos seguirán estando protegidos. 
Una decisión de estas características y la seguridad jurídica que aporta permite a la Comisión mantener conversaciones con un país tercero sobre las garantías de protección y comprometerle a asegurar un alto grado de protección. 
Además, las decisiones amparadas en el apartado 6 del artículo 25 siempre estarán respaldadas por cláusulas de salvaguardia que podrán aplicarse si en la práctica la protección no se ajusta a las expectativas. 
También pueden ser derogadas unilateralmente si es necesario. 
Por último, una decisión de acuerdo con el apartado 6 del artículo 25 es un procedimiento comunitario, lo que supone que es vinculante para todos los Estados miembros. 
Este procedimiento es preferible a dejar que los Estados miembros que actúen de forma dispersa. 
Merece la pena mencionar que uno o dos Estados miembros aplican o han previsto medidas muy similares a las vigentes en los Estados Unidos. 
En mi nombre, y también en el nombre de mi colega, el Sr. Patten, quiero invitar a esta Cámara a que valore positivamente los actos de la Comisión de los días 17 y 18 de febrero. 
La parte norteamericana se ha comprometido a seguir un proceso que reconoce nuestros intereses legítimos en su sistema de protección de datos, y en el cual condicionan sus mecanismos a un examen de acuerdo con nuestras normas. 
Creo que este es un importante paso adelante. 
Por supuesto, los Estados Unidos deben seguir suministrando los elementos necesarios para que la Comisión llegue a una solución adecuada. 
En una decisión de comitología, una solución adecuada según el apartado 6 del artículo 25 siempre se presenta al Parlamento antes de adoptar una decisión final, como también ha señalado el Sr. Patten. 
Desde luego espero poder discutir sobre esto con los diputados al Parlamento en una futura ocasión. 
Señor Presidente, quiero agradecer la declaración de los dos Comisarios y señalo que al Sr. Bolkestein le honra aceptar la reprimenda que, como él mismo dice, le hemos dado a la Comisión. 
Pero lo cierto es que estamos ante un debate que debería haberse producido mucho antes del 5 de marzo, fecha de la entrada en vigor de las medidas que los Estados Unidos han adoptado para que las compañías aéreas que realizan vuelos desde la Unión Europea hacia ese país cumplan las obligaciones impuestas por la legislación americana de transmitir a los servicios de inmigración, como aquí se ha dicho, los datos personales de los viajeros y que, en caso de incumplimiento, se puedan ver sometidas a fuertes sanciones pecuniarias. 
Nosotros también compartimos, señor Patten, la preocupación norteamericana después de lo acaecido el 11 de septiembre, pero también hemos de decir que es nuestra obligación exigir el cumplimiento de la legislación europea, concretamente de la Directiva 95/46/CE, que protege la transmisión y utilización de los datos personales- en este caso, cerca de 11 millones de pasajeros que cada año realizan vuelos transatlánticos- y que incluso determina, en el apartado 6 del artículo 25, un procedimiento específico para la transmisión de los datos a terceros países, que, en esta ocasión, señores Comisarios, nosotros creemos que se ha incumplido. 
Naturalmente, también tenemos el deber de proteger los intereses de las compañías aéreas que, por una parte, han de cumplir con las obligaciones impuestas por la legislación norteamericana y, por otra, respetar los principios de la legislación comunitaria, y que en la situación actual se encuentran en un estado de incertidumbre. 
Por ello, señor Comisario, permítame que, en primer lugar, le manifieste el malestar de este Parlamento por la tardía reacción, desde el punto de vista de mi comisión, en afrontar esta cuestión y que nos lleva también a dudar incluso de la legalidad de las actuaciones reflejadas en la Declaración conjunta que funcionarios de la Unión Europea y del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos adoptaron los días 17 y 18 de febrero. 
En esta Declaración, señor Presidente, señores Comisarios, se llega incluso- a mí me parece que esto es sorprendente- a hacer una excepción a la aplicación de nuestra legislación ante los requerimientos de los Estados Unidos. 
Me pregunto cómo se puede hacer esto. 
Por otra parte, lo cierto es que las autoridades nacionales para la protección de datos en la Unión tienen las manos atadas en estos momentos, puesto que, en caso de queja de los pasajeros, han de aplicar las directivas europeas en vigor y están obligadas a imponer sanciones a las compañías aéreas. 
Se hace, pues, necesario salir rápidamente de esta situación de incertidumbre, definiendo un marco claro de actuaciones, compatibilizando las exigencias legítimas de los Estados Unidos con el respeto de la legislación europea. 
Por este hecho, es necesario que el diálogo mantenido hasta ahora en los servicios de las administraciones sea trasladado con urgencia, en virtud de la transparencia exigida, a los representantes políticos de las instituciones y que, en un plazo breve, se encuentren fórmulas que permitan una definición clara de los datos que deben transferirse, así como de las condiciones de su tratamiento por las agencias de los Estados Unidos. 
Se hace absolutamente necesario, al mismo tiempo, informar a los ciudadanos de que sus datos puedan ser transferidos y obtener, en su caso, su consentimiento, ya que ello, señores Comisarios, está impuesto por las normas comunitarias. 
Señores Comisarios, la situación ideal es que las autoridades norteamericanas puedan definir rápidamente los estándares de protección de datos, cuya adopción está ya prevista por su legislación, y que la Comisión pueda, en consecuencia, declarar que los datos necesarios puedan ser transferidos en las condiciones impuestas por la legislación comunitaria, lo que es, a su vez, una exigencia impuesta también por el artículo 7 de nuestra Carta de Derechos Fundamentales. 
Por tanto, invito a los Comisarios competentes a recuperar el tiempo perdido y aprovecho- y lo hago también en nombre de la comisión que me honro en presidir -, la disponibilidad de la Comisión para examinar con toda la atención y urgencia necesarias los textos que nos sean sometidos sobre la base de la Directiva 95/46/CE. 
También nos gustaría estar informados, desde hoy mismo, de todos los contactos y fases de su negociación, no cuando la decisión esté ya a punto de adoptarse, para poder cooperar y colaborar con la Comisión, como aquí se nos ha requerido. 
Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Hernández Mollar. 
Somos conscientes de los requisitos de seguridad de los Estados Unidos, pero, Comisarios, son la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que la Comisión se ha comprometido a respetar y que recoge el derecho fundamental a la protección de datos personales, y la directiva de 1995, propuesta por la Comisión y aprobada por nosotros, los elementos que establecen las normas para la protección de dichos datos. 
Esta directiva estipula que la Comisión, a través del procedimiento específico que establece, debe determinar si un tercer país ofrece una protección adecuada a los datos que le son transferidos sobre nuestros ciudadanos y, en caso contrario, debe abrir negociaciones, encontrar soluciones y someter evaluaciones al escrutinio del Parlamento Europeo. 
En el caso que nos ocupa, la transferencia de datos personales de los pasajeros por parte de las compañías aéreas que vuelan a los Estados Unidos, tal y como requieren las autoridades estadounidenses en virtud de las leyes aprobadas en 2001 y 2002, presenta una serie de problemas importantes de compatibilidad con la legislación europea, particularmente en lo que se refiere a la posibilidad de acceso directo por parte de las aduanas estadounidenses a los sistemas de reserva de nuestras compañías y a los registros de los nombres de los pasajeros. 
Entre otras cosas, debo señalar que los datos que se podrían adquirir a través de ese acceso directo podrían contener información de carácter financiero, médico, religioso o étnico- la cual también podría referirse a otras personas al margen de los pasajeros cuyo destino sea el territorio de Estados Unidos -, que los datos podrían transferirse a otros organismos sin el consentimiento o el control de aquellos a quienes se refiere y que la legislación estadounidense solo protege a los ciudadanos estadounidenses. 
En esta situación, la Comisión dejó de informar al Parlamento- como ha reconocido -, dejó de informar a los ciudadanos europeos antes de la fecha, 5 de marzo, en que las exigencias relativas a las compañías aéreas entran en vigor y no cumplió con su obligación de comprobar si existe una protección conveniente a su debido tiempo, sino que se ha basado en declaraciones de funcionarios y comunicados de prensa para emitir la promesa tranquilizadora de futuras intervenciones. 
Así, un derecho fundamental de los ciudadanos europeos se encuentra en peligro. 
Las compañías aéreas y las autoridades nacionales que salvaguardan los datos personales se encuentran en una situación de incertidumbre jurídica, expuestas a ser procesadas por quebrantar leyes nacionales y al riesgo de un daño financiero grave. 
Los Comisarios competentes en esta área deben aceptar sus responsabilidades de inmediato y obtener una suspensión temporal de los efectos de las leyes en cuestión; deben pedir garantías formales y verificables, solicitar los dictámenes previstos por las directivas y someter una decisión al Parlamento Europeo de acuerdo con el artículo 25 de la directiva. 
De no ser así, creo que el Parlamento Europeo tendrá que considerar recurrir al Tribunal de Justicia para garantizar la protección de los ciudadanos de Europa. 
Señor Presidente, deseo señalar a la Cámara que hace diez días el profesor Venios Angelopoulos, de la Politécnica de Atenas, viajó al aeropuerto JFK de Estados Unidos y desapareció. 
Desapareció durante cinco horas porque estaba siendo interrogado por el FBI. 
Lo agarraron sin mediar explicación de ningún tipo y lo dejaron marchar sin ninguna explicación. 
Hubo un clamor en Grecia respecto al cómo y al por qué, hasta que los ciudadanos de la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea y los parlamentarios descubrieron gradualmente que la Comisión Europea y los Estados Unidos ya habían llegado a un acuerdo sobre la transferencia de datos personales de quienes viajan a Estados Unidos. 
Y eso no es todo. 
Se permite a los Estados Unidos acceso a los sistemas de datos, a los expedientes de pasajeros que recogen la fecha en que se reservó la plaza, la agencia de viajes, información sobre la expedición de billetes, número de tarjeta de crédito y fecha de caducidad, itinerario, expedientes anteriores sobre el pasajero con detalles sobre viajes previos, información étnica y religiosa basada en su elección de comidas, etc., con quién viajan, dónde se quedaron, cómo se comunicaron con otra gente y sus datos médicos, así como a los programas de viajes frecuentes, que también contienen un aluvión de información. 
¿Cómo puede ser? 
¿Quiénes creen los Estados Unidos que son? 
¿La policía internacional? 
¿Y en qué lugar deja esto a la Unión Europea? 
¿Para qué tiene la Unión Europea leyes de protección de datos? 
¿Cómo podemos quedarnos parados mientras los Estados Unidos imponen multas a compañías aéreas que intentan aplicar las leyes de la Unión Europea? 
¿Qué grado de humillación es este? 
El Parlamento Europeo insta a la Comisión en sus propuestas- y el Comisario no dijo nada al respecto- a poner fin a esto, estando pendiente la armonización con las leyes de la Unión Europea. 
Creo que deberíamos aplicar el artículo 91 del Reglamento, puesto que no hemos recibido respuesta de la Comisión, e incoar causas ante el Tribunal de Justicia. 
Señor Presidente, el derecho a la intimidad no es sacrosanto, es un derecho fundamental, pero puede vulnerarse cuando están en juego cosas importantes, si resulta efectivo y proporcionado y si existen garantías contra el abuso. 
Puedo decirle a la Comisión que, en lo que a mí respecta, el chantaje por parte de un tercer país o un tiempo largo de espera para realizar viajes aéreos no cuentan como cuestiones importantes. 
Habrá que resolver este asunto de otro modo. 
La intimidad no es un obstáculo, sino una parte esencial de la seguridad. 
Tratar de forma descuidada la intimidad de nuestros ciudadanos pone en peligro la confianza básica de la gente en su gobierno y en el estado constitucional y entonces estaremos mucho peor. 
Para mi grupo, es lógico que los Estados Unidos quieran saber quién entra en su territorio y en este contexto podemos hablar de intercambio de datos. 
Sin embargo, entonces habrá que acordar qué datos intercambiamos, qué autoridades tendrán acceso a ellos y cuánto tiempo podrán retenerse. 
Las aduanas estadounidenses pueden pasar los datos a otras autoridades que se ocupen de combatir el terrorismo. 
El interés estadounidense por los datos personales de los pasajeros de los aviones no se puede, no obstante, considerar al margen de sus esfuerzos por crear un sistema informático global de vigilancia. 
Los Estados Unidos, como ha señalado mi colega el Sr. Alavanos, quiere rastrear los patrones de viaje de los ciudadanos, sus compras con tarjetas de crédito, etc., a escala mundial. 
Ahora la Comisión se complace de que los estadounidenses se hayan comprometido solemnemente a no utilizar datos sobre la religión o la salud. 
¿Qué significa? 
¿Que aunque sí tengan acceso a estos datos, han prometido no hacer nada con ellos? 
¿Cree realmente, Comisario, que si las autoridades estadounidenses disponen de estos datos y si creen que son útiles para su sistema no van a emplearlos? 
Hasta las preferencias gastronómicas pueden decir cosas sobre una persona. 
Yo misma he sido vegetariana durante años, incluso en los aviones. 
Ahora, va a registrarse y analizarse todo esto. 
Para la gente a la que no le guste esto, un portavoz de la Comisión Europea tenía un buen consejo. «La elección está clara» , dijo, «o no van a Estados Unidos o se quedan con la opción del sandwich». 
¿Suscribe usted, Comisario, este consejo, y piensa usted también que es terriblemente divertido? 
En sí mismo, encaja bien con su observación liberal de hace unos instantes de que los pasajeros deberían estar bien informados sobre información delicada que se recopila sobre ellos. 
La letra pequeña en un billete de avión es una cosa, pero, ¿realmente tienen los pasajeros otra opción? 
Me gustaría oír lo que tiene que decir al respecto. 
Señor Presidente, por lo demás me gustaría sumarme a los comentarios hechos por los miembros de esta Cámara sobre los problemas técnicos y jurídicos precisos que plantea esta cuestión. 
Por nuestra parte, sostenemos que el intercambio de datos debe cesar inmediatamente. 
Las normas europeas se aplican aquí, en el continente europeo, y si tenemos que llegar a acuerdos sobre el cambio de estas normas, el socio con el que firmemos estos acuerdos debe respetar también nuestras normas, nuestros principios básicos. 
Así es como funciona una relación entre países bien intencionados. 
Comisario, primero me centraré en el procedimiento: sostiene que no se trata de un acto legislativo, de un acto comunitario. 
El problema es que nos parece al menos posible que ese acto, esas declaraciones conjuntas- en primer lugar las de febrero y posteriormente las de marzo- den lugar a efectos jurídicos, acciones, intercambios de datos e información que han tenido lugar debido a esas reuniones y esas declaraciones. 
La declaración conjunta emitida por las dos partes en febrero ya menciona el hecho de que los datos más delicados deberían ser- y son- procesados de acuerdo con la legislación de la Unión Europea. 
Esta declaración también es una evaluación de los procedimientos de transferencia de datos, una evaluación concluyente; tiene efectos legislativos y sirve para legitimar un intercambio de información que ya existe. Lo mismo puede decirse del apartado 4 de la recomendación de la Comisión a las autoridades nacionales de protección de datos, de acuerdo con la cual solo resulta necesario tomar medidas de ejecución contra las compañías aéreas que no accedan a las peticiones de los Estados Unidos. 
Esta es otra recomendación con valor y efecto legislativo: la Comisión está diciendo «no intervengan» , en lo que se refiere a las compañías aéreas que transfieren sus datos de acuerdo con la legislación estadounidense. 
Creo por tanto que existe al menos la posibilidad y la duda en cuanto a que este acto podría considerarse un acto legislativo, en contra del cual el Parlamento podría recurrir al Tribunal de Justicia. 
Asimismo, creo que este procedimiento puede ayudar a la Comisión y a la Unión Europea a reforzar su propia postura en un diálogo que debería realizarse en igualdad de condiciones, entre dos partes a la misma altura, entre un mercado de 250 millones de personas y otro de 350 millones, porque debemos considerar seriamente el hecho de que, ahora mismo, la recopilación de estos datos y su transferencia a los Estados Unidos no se pueden realizar sin infringir el derecho comunitario. 
En contra de lo manifestado por la Comisión en las declaraciones conjuntas, la recopilación de datos tiene fines comerciales y su uso posterior para fines de seguridad e inteligencia constituye en sí mismo una vulneración del principio de necesidad y del de proporcionalidad establecidos en el derecho comunitario. 
Esta práctica crea, de hecho, una situación de lo que se denomina vigilancia generalizada, que a todas luces va en contra del derecho comunitario, es decir, no se trata de una práctica que podría ir en contra de la ley o que debamos verificar que no la infrinja. 
Lo que resulta necesario, pues, es iniciar negociaciones formales, oficiales, para ver a qué acuerdo, a qué compromiso se puede llegar, pero no resulta posible resolver la cuestión preventivamente atribuyendo una legitimidad de facto a una transferencia de datos que ya se ha iniciado. 
Por esta razón, el Parlamento debe seguir por esta senda y también creo que reforzará a la Comisión y a las instituciones comunitarias. 
Señor Presidente, esta es una situación desafortunada, de eso no hay duda. 
Información personal delicada sobre los ciudadanos de la Unión Europea puede transferirse a las autoridades estadounidenses, sin ningún tipo de garantía, y nuestros ciudadanos están a todas luces inquietos al respecto. 
Al mismo tiempo, los Estados Unidos han adoptado una postura amenazadora. 
Están amenazando con tomar medidas contra nuestras compañías aéreas si no hacen lo que se les dice, algo que no cabe esperar de amigos y aliados. 
Este es tan solo el último de una serie de incidentes de los últimos años, acaecidos especialmente en los últimos tiempos, que a menudo revisten lo que podrían considerarse dejes tragicómicos. 
Por ejemplo, como hemos visto en el caso del Iraq, numerosos países europeos están ahora en un punto en el que tienen más cosas en común con potencias como Rusia y China que con los Estados Unidos, con los que básicamente compartimos los mismos valores. 
En consecuencia, en algún momento, ambas partes, los estadounidenses y nosotros, tendremos que sentarnos y hablar seriamente, de igual a igual, sobre a dónde se dirige esta relación y sobre qué podemos hacer por salvarla antes de que implosione por completo. 
Sobre esta cuestión particular, se están haciendo críticas a la Comisión que comparto en gran parte, aunque debo decir que, en mi opinión, no creo que hubiera intención por parte de la Comisión de apoyar a los estadounidenses. 
Su intención era dar ciertos pasos con el objeto de abordar una situación difícil a la que debía hacer frente. 
En cualquier caso, lo que quiero es que el problema se resuelva lo antes posible de una forma, ante todo, jurídicamente correcta y, en segunda lugar, jurídicamente segura en relación con los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. 
Creo que este enfoque, señor Presidente, es considerablemente más conveniente que la suspensión inmediata del acuerdo provisional entre la Comisión y las autoridades estadounidenses que algunos grupos políticos han pedido en sus enmiendas. 
Si suspendemos automáticamente el acuerdo con efecto inmediato, creo que nos estaremos haciendo un flaco favor a nosotros mismos, a decir verdad, por no hablar de las compañías aéreas europeas, a las que se les denegarán los derechos de aterrizar en los Estados Unidos. 
Así que busquemos una solución jurídicamente segura tan rápido como sea posible, dejemos que la Comisión actúe en esa línea, incluso en esta fase tan avanzada, corrigiendo tal vez los errores cometidos y dejémoslo estar. 
Señor Presidente, señores Comisarios, este Parlamento ha reaccionado después de una llamada de atención de procedencia tan seria como el Presidente del Comité del artículo 29 que se dirige al Presidente Prodi, al Presidente Simitis y al Presidente Hernández Mollar. 
La Comisión nos dice en cambio que estamos ante algunos malentendidos. 
He de decir que, después de la aclaración de los malentendidos, estoy aún más preocupada. 
Vengo de un Estado miembro que sabe que hay que establecer medidas contra el terrorismo, pero que sabe también- y muy bien- que debe hacerse en el estricto margen del respeto a la legalidad y al Derecho si no queremos dar una ulterior victoria a los terroristas. 
Efectivamente, usted nos dice que las compañías aéreas están siendo presionadas por la acción de la Administración de Estados Unidos, en el sentido de que las obliga a vulnerar la legislación europea. 
Las compañías aéreas tienen derecho, en este caso, a ser protegidas por sus autoridades, como lo tienen, por descontado, los ciudadanos de la Unión. 
Nos dice el Sr. Comisario que no ha habido un acuerdo o una decisión y que, por lo tanto, no hay base jurídica. 
Señor Comisario, exactamente de esto nos estamos quejando, exactamente es la pregunta que hacemos: ¿qué es lo que se ha hecho para dar la impresión a los Estados Unidos de que podían emprender una acción unilateral por su parte? 
¿Qué hemos hecho para que esto haya sucedido? 
Usted nos invita a leer en positivo lo que ha hecho la Comisión porque nos dice que hay que ver de modo equilibrado la protección de datos- derecho reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales- y la pérdida de puestos de trabajo o las penalidades que puedan sufrir las compañías. 
Sinceramente, esto me parece la admisión de un chantaje. Estoy ante una situación que me sorprende. 
¿Es que no hay, por parte de la Unión Europea, capacidad para responder de manera recíproca, para decir que hay cosas no admisibles y que pueden tener una respuesta? 
Tengo la impresión de que estamos ante la actitud del personaje femenino que, convencido de estar bajo la autoridad absoluta del marido- y cito una novela española- se alegra porque el suyo sólo la pega «lo normal». 
Creo que esto es inaceptable. Hay que cambiar de actitud. 
Tenemos que parar, como pide la mayoría de los grupos de esta Cámara, la aplicación de las decisiones que se han tomado, por parte de la Unión y de los Estados Unidos o solamente por parte de los Estados Unidos, y buscar, esta vez sí, con los medios de presión de que disponemos y con nuestra legislación- que debe prevalecer -, un acuerdo que garantice el trato seguro de nuestros datos e informar de este acuerdo de manera correcta al Parlamento y, sobre todo, a nuestros ciudadanos. 
Señor Presidente, el Comisario ha dicho que no había acuerdo ni decisión, pero existe una norma provisional. 
Mi pregunta es cuánto tiempo puede ser válida dicha norma provisional y cómo debemos considerarla. 
La protección de los datos personales es un derecho fundamental de acuerdo con el artículo 7 de la Carta de derechos fundamentales de la UE. 
Probablemente, también se recoja en nuestra constitución europea. 
Por lo tanto, se trata de una cuestión muy seria. 
Todo esto está recogido en nuestras directivas y en particular en la Directiva 95/466/CEE. 
También recoge las excepciones que nos podemos encontrar. 
Sin embargo, por lo que he leído de las excepciones, debo decir que la transferencia de datos a los Estados Unidos es sistemática y no entra dentro de la excepción del artículo 13 de dicha Directiva. 
Asimismo, resulta que los datos en cuestión abarcan tantos ámbitos que no se puede decir que no sean relevantes ni excesivos y por tanto no entran dentro del artículo 6 de dicha directiva. 
Además, la Directiva 95/46/CEE establece en general que la transferencia de datos personales a un tercer país solo puede tener lugar si dicho tercer país ofrece un nivel adecuado de protección. 
En mi opinión, tampoco se ha cumplido este requisito. 
He escuchado atentamente al Comisario, quien ha dicho que ha hecho cuanto ha estado en su mano por encontrar un equilibrio entre el respeto de la intimidad y la protección a las compañías aéreas. 
Valoro eso, pero creo, no obstante, que ha actuado de forma errónea. 
No hay legitimidad democrática y los acuerdos se han cerrado sin que pudiera examinarlos el órgano representativo. 
Esto resulta totalmente inaceptable. 
Actualmente, mi postura es que las medidas, en su forma actual, deben suspenderse. 
El representante de la Comisión- el Sr. Bolkestein, creo- mencionó en un momento determinado la cuestión de si el Parlamento podría no tener una visión positiva respecto de la actuación de la Comisión. 
Por mi parte, soy incapaz, al igual que los demás diputados, de expresar dicha visión positiva. 
La idea de hacerlo me parece un chiste malo, puesto que rara vez se ha visto una actitud tan servil ante peticiones irrazonables de las autoridades estadounidenses. 
El panorama general en esta cuestión es, por supuesto, la relación de los Estados Unidos con el resto del mundo. 
Lo que debatimos aquí y ahora no guarda una relación directa con el uso de tecnología militar para matar a otros pueblos, pero forma parte del mismo panorama. 
Las demandas formuladas por el Gobierno estadounidense son claramente incompatibles con los requisitos legales derivados de la actual legislación, en primer lugar de la Directiva 95/46/CE sobre los principios de protección de datos. 
Como queda claro por varias de las declaraciones formuladas por el Grupo del artículo 29, el meollo del problema es que estos datos no se utilizan únicamente en relación con la seguridad aérea, sino también con fines relacionados con lo que en los Estados Unidos se denomina orden público, es decir, como parte de la guerra de los Estados Unidos contra el terrorismo llevada a cabo con la consigna de que el fin justifica los medios. 
Existen, no obstante, una serie de principios jurídicos relacionados con esta cuestión que no podemos olvidar y los esfuerzos de la Comisión en cuanto a la defensa de estos principios jurídicos son penosos. 
Lo que se describe en el documento del Grupo del artículo 29 es verdaderamente alarmante. 
Los datos se pasan no solo a las autoridades de inmigración, sino también a otras autoridades federales. 
Por tanto, dejan de estar específicamente protegidos, como deberían estarlo en virtud de la legislación estadounidense. 
Añadiré una pregunta y una respuesta. 
La pregunta, formulada por el Comisario, se refiere a si esta cuestión podría resolverse empleando el procedimiento de comitología. 
Eso resultaría absurdo. 
En mi opinión, esta cuestión necesariamente requiere un acuerdo de conformidad con el artículo 24- cf. también artículo 38- del Tratado de la Unión Europea, lo cual significa, desgraciadamente, que se prescinde del Parlamento, puesto que carece de influencia en decisiones de esta naturaleza. 
Razón de más, pues, para informar a la opinión pública por adelantado. 
Señor Presidente, Comisario, no se puede negar que, particularmente desde los sucesos del 11 de septiembre, se han necesitado medidas más firmes para combatir el terrorismo, pero tampoco debería hacer falta señalar que todas las medidas que debamos ejecutar necesitan una base jurídica. 
Los Estados Unidos aprobaron una ley el 5 de marzo que tiene consecuencias indiscutibles para los ciudadanos de la Unión Europea, para la protección de información y para la legislación comunitaria. 
Los Estados Unidos promulgaron esta ley sin concluir las negociaciones bilaterales o multilaterales necesarias y sin firmar un acuerdo con la Unión. 
Esto- como usted mismo indicó, Comisario- ha generado un problema con las compañías aéreas, que se encuentran en apuros por partida doble. 
Si no transfieren la información, tienen dificultades respecto a los derechos de aterrizaje, lo cual generará problemas comerciales. 
Sin embargo, si transfieren la información tal y como se les solicita, corren el peligro de infringir las leyes comunitarias y de ser demandadas. 
Se nos plantea pues un problema terrible. 
Este procedimiento es sencillamente inaceptable. 
La Comisión no se salva, sin embargo, de las críticas, puesto que ha sido consciente de este problema durante 15 meses y ha tenido tiempo de sobra para afrontarlo, para consultar al Parlamento y para buscar soluciones apropiadas. 
Se ha perdido una oportunidad, ayer era la primera vez que se nos informaba de esta cuestión. 
Ahora nos vemos en la situación de debatir algo que lleva algún tiempo en vigor y que supone que la información sobre nuestros ciudadanos se transfiere a los Estados Unidos sin que tengamos garantías reales de cómo se utiliza dicha información en la práctica. 
Algo que también critico es el hecho de que las negociaciones no se hayan mantenido a nivel político, sino que se haya dado a funcionarios el poder de alcanzar un acuerdo a este respecto, que después este se nos haya presentado prácticamente como la base jurídica para todos estos procesos y que se esperara que los ciudadanos de la Unión Europea aceptaran esta situación. 
Esto también resulta completamente inaceptable. 
Lo que esperamos y de hecho pedimos es que se pidan cuentas a los responsables por permitir una situación en la que la información se transfiere desde la Unión Europea sin base jurídica. 
Desde el Grupo PPE-DE también pedimos que se investigue la posibilidad de emprender acciones en el Tribunal de Justicia europeo y solicitamos, en particular y con efecto inmediato, que cualquier cosa que se haya promulgado ilegalmente y esté en vigor se rectifique. 
No obstante, también esperamos que continúe la cooperación con las Naciones Unidas en la lucha contra el terror, pero sobre una base jurídica apropiada. 
Todos sabemos que solo podemos ganar la partida al terror mediante la cooperación internacional. 
Estamos por tanto comprometidos a seguir cooperando con los Estados Unidos, pero- permítanme dejar esto claro una vez más- con la condición de que se protejan nuestros derechos. 
Señor Presidente, Comisario, me complace tener testigos que nos escuchen, su visita al Parlamento Europeo habrá servido para un propósito útil. 
Todos los ciudadanos que nos escuchan hoy son contribuyentes y en última instancia son quienes pagan los salarios de los funcionarios y algunos de ellos siguen nuestros debates con una actitud algo irónica. 
Y, Comisario, son los funcionarios de la Comisión de tercer nivel en particular los que deben ser conscientes de que en Bruselas se hacen cargo de una responsabilidad enorme y de que también deben proteger los intereses de los ciudadanos de Europa. 
Ya está claro que debemos combatir el terrorismo. 
Yo mismo soy cada año el ponente para el presupuesto de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y le damos al Comisario Vitorino cuanto necesita para la guerra contra el terror. 
Ninguno de nosotros se negará si las medidas propuestas son razonables. 
Especialmente desde el 11 de septiembre hemos sido conscientes de la necesidad de vigilancia en nuestro planeta y de la necesidad de tomar medidas apropiadas en cualquier momento. 
Por otra parte- y lo digo como alguien que viene de Alemania- la protección de la información no es algo de lo que se pueda prescindir si creen que es importante que la Unión Europea no se parezca a los Estados Unidos. 
Es tarea nuestra como diputados, como representantes del pueblo, tomarnos en serio los intereses de nuestros electores y nuestros ciudadanos y defenderlos. 
No estamos hablando únicamente de los intereses de las compañías aéreas. 
Estamos hablando de los intereses de la gente que pronto descubrirá que- sin que ellos supieran nada- todos los detalles de su vida han sido entregados a los servicios de seguridad estadounidenses, sin haberlo aprobado y sin saber cómo se utilizarán estos datos. 
Hasta ahora, siempre habían asumido que las disposiciones constitucionales se aplicaban en la Unión Europea y que la información sobre sus personas era sacrosanta. 
Lo que me gustaría saber ahora es lo siguiente: ¿cómo podremos convencer a estos ciudadanos en el futuro si las autoridades estadounidenses, que no dan ningún tipo de garantías, están en situación de usar esta información y abusar de ella a su antojo? 
Señor Presidente, la lucha contra el terrorismo resulta necesaria, pero no se permiten todos los medios. 
Ese es un principio sencillo y fundamental. 
No podemos jugar con la legitimidad democrática y la credibilidad de la política. 
Si, con la coartada de la lucha contra el terrorismo, la Unión Europea permitiera una violación excesiva de los derechos de los ciudadanos, estaríamos encaminados hacia la destrucción del Estado de Derecho. 
Si, como el orador anterior parece sostener, nos excedemos en nuestras simpatías por las compañías aéreas y sus dificultades, estaremos muy equivocados. 
Así irían las cosas si el Parlamento asintiera al acuerdo entre la Comisión y los Estados Unidos. 
Que, según el Comisario Bolkestein, no debería permitirse que repentinamente se le denominara acuerdo es algo que no mejora las cosas. 
Después de todo, la Comisión Europea se ha comportado de forma inaceptable en este caso y resulta especialmente decepcionante en lo que se refiere al Comisario Bolkestein, que esta misma semana ha anunciado muy satisfecho su candidatura a un segundo mandato como miembro de la Comisión Europea, curioso. 
La Comisión Europea, decía, se ha comportado de forma inaceptable. 
En primer lugar, no ha cumplido su propio plan de contrastar su propia acción por adelantado con el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales. 
Además, en su calidad de guardián de los Tratados, la Comisión tiene la obligación de defender la legislación europea en vigor, en este caso respecto a la protección de datos. 
Como ya han explicado en detalle los oradores anteriores- yo no lo repetiré- todo se contradice con todo lo demás. 
En lugar de ejercer sus funciones de forma apropiada, la Comisión ha actuado como un alcalde en tiempo de guerra, cediendo a la presión estadounidense- también conocida como chantaje- con el objeto de, supuestamente, evitar males mayores. 
Esta acción carece de fundamento jurídico y de transparencia y además resulta incontrolable. 
Si la Comisión hubiera demostrado un valor político mayor y hubiera acudido al Parlamento a su debido tiempo, podría haberse mantenido un debate mínimamente aceptable sobre el margen de acción en la lucha contra el terrorismo y los límites de la transferencia de datos. 
La Comisión debe por tanto volver sobre sus pasos y tomar las medidas necesarias para posponer la entrada en vigor del acuerdo. 
Si los acuerdos se contrastan debidamente con las normas europeas, se puede firmar un acuerdo apropiado, en lugar de esta iniciativa a medio hacer que pone en peligro la seguridad jurídica. 
Me complace particularmente que en esta resolución que votaremos mañana se abra el camino al Tribunal de Justicia Europeo, porque no es la primera vez que la Comisión intenta dejar de lado al Parlamento. 
Señor Presidente, Comisario, Señorías, vivimos en una época en la que los Estados Unidos de América siguen adoptando iniciativas unilaterales indeseables. 
Resulta inaceptable que ese país imponga medidas a las compañías aéreas unilateralmente y so pena de sanciones severas. 
De hecho, creo que la Comisión y el Consejo deberían examinar cuidadosamente si este tipo de medidas es totalmente compatible con los acuerdos y convenios internacionales sobre tráfico y transporte aéreo. 
Como varios oradores han subrayado, principalmente el presidente de la comisión, el Sr. Hernández Mollar, nuestras compañías aéreas se enfrentan a un dilema, consistente en que por una parte están obligadas a respetar las normas de protección de datos comunitarias, específicamente la Directiva 9546 y, por otra, están obligadas, en virtud de la legislación norteamericana, a facilitar esta información sobre pasajeros que vuelen hacia, desde o dentro de Estados Unidos, sabiendo que si no lo hacen o si lo hacen de forma incorrecta o incompleta, se enfrentarán a severas sanciones, que podrían ir de la pérdida de los derechos de aterrizaje al pago de cuantiosas multas. 
Estoy de acuerdo con todos los oradores que han subrayado que algo va mal en la relación entre la Comisión y el Parlamento. 
La Comisión ha tardado quince meses en presentar la cuestión al Parlamento. 
Asimismo, está claro que la declaración conjunta de los funcionarios del 18 de febrero no supone una derogación del derecho comunitario, por lo que no proporciona una base jurídica para que las compañías aéreas permitan el acceso a su información. 
En consecuencia, las compañías aéreas se enfrentan a un riesgo real de ser demandadas, debido a las quejas de los pasajeros cuyos detalles personales se han transmitido a las autoridades estadounidenses. 
Esta directiva sobre protección de datos establece que los datos personales solo pueden transmitirse a terceros países si se proporciona la protección adecuada. 
¿Nos han dado los Estados Unidos garantías suficientes de que se protegerán estos datos? 
Se deben proporcionar garantías de una definición de las razones, de limitaciones al uso de esta información, de las condiciones y restricciones de la transmisión y la puesta en común de información, de protección de la información del acceso no autorizado, de la duración y las condiciones de almacenamiento, de las medidas nacionales de protección de información delicada, de los medios de recurso a disposición de los pasajeros para revisar y corregir información en poder de las autoridades estadounidenses y, por último, de las condiciones de reciprocidad. 
Espero que esta cuestión no se obvie en la próxima cumbre Unión Europea-Estados Unidos, prevista para el 25 de junio, y que la Unión Europea adopte una postura firme al respecto. 
Señor Presidente, todos rechazamos y condenamos el terrorismo y sus actos criminales. 
Apoyamos el objetivo estadounidense de evitar y combatir el terrorismo y condenamos rotundamente los sobrecogedores hechos del 11 de septiembre de 2001. 
Estos actos fueron intolerables por su violencia ciega y porque afectaron a ciudadanos inocentes. 
No creemos, no obstante, que el fin justifique los medios. 
Como el Sr. Pirker y la Sra. Terrón i Cusí han dicho, al luchar contra el crimen, debe defenderse el Estado de Derecho y no se deben cuestionar los derechos de los ciudadanos. 
Nuestro respeto por las leyes estadounidenses debe basarse en el respeto mutuo por nuestro propio ordenamiento jurídico. 
Nuestra lucha por la seguridad no puede cuestionar la libertad. 
Señor Presidente, quienes simpatizan con los Estados Unidos también tienen razones para criticar la legislación que fuerza a las compañías aéreas a elegir entre la Unión Europea y los Estados Unidos. 
Resulta extremadamente lamentable que no haya habido un debate político sobre este problema, ya fuera con los Estados Unidos o en el seno de la Comisión, a pesar de que se haya sabido de su existencia durante 15 meses. 
Resulta positivo que se haya intentado proporcionar garantías legales, pero desgraciadamente no se ha conseguido. 
Se ha establecido, no obstante, una forma de protección de datos técnica, la cual resulta bastante efectiva, quizá tan efectiva como resulta posible. 
Como todos sabemos, la legislación debe lograr un equilibrio entre la intimidad personal y la lucha contra el crimen. 
Por el contrario, corremos el riesgo de asistir a un uso indebido de información- relativa, por ejemplo, a números de tarjetas de crédito, creencias religiosas y raza- que va mucho más allá de lo que las compañías aéreas tienen derecho a proporcionar. 
Los Estados Unidos también han introducido períodos de almacenamiento de información irrazonables, aparentemente basándose en la noción de que cada uno de nosotros es una especie de delincuente en potencia. 
El período es de diez años en el caso de ciudadanos corrientes y de 50 años en el de aquellos que están bajo sospecha. 
Esta cuestión debe verse en la perspectiva de nuestros debates en la UE sobre un período de almacenamiento de un año. 
Nuestros puntos de vista están sumamente alejados. 
Sería mucho más razonable borrar la información una vez que se ha utilizado y ha cumplido su propósito. 
Obviamente, en este caso son necesarios debates mundiales y no solo con los Estados Unidos. 
También debemos mantener conversaciones con otros países del mundo que tengan normas especiales. 
Probablemente sería una buena idea si la Comisión recurriera al Parlamento, que podría realizar una aportación a este debate. 
Creo que el Comisario Patten lo ha entendido, ya que ha hablado de la necesidad de que el Parlamento y la Comisión unan fuerzas. 
Hace tan solo una semana, mantuvimos conversaciones en el Parlamento con congresistas estadounidenses que, según pudimos observar, tienen ahora un mejor entendimiento de la protección de datos y de la protección de la intimidad que el que habrían tenido hace dos años, por ejemplo. 
Si no organizamos debates serios, terminaremos en una situación en la que tengamos que discutir reacciones mutuas y recíprocas y sería probablemente mejor que pudiéramos alcanzar un acuerdo de alguna otra forma. 
¿Qué se debate aquí? 
El objetivo es proteger a la gente. 
La gente tiene, pues, derecho a saber qué información se está facilitando a quién y cómo se utiliza. 
Este es también un buen ejemplo del debate de la Convención y de la necesidad de que la gente pueda exigir responsabilidad política. 
Muestra claramente que así están las cosas. 
En conclusión, espero que mis colegas diputados le darán un sólido respaldo a esta resolución, para que nuestra voz se oiga en la Comisión. 
Quizá se nos oiga ya, pero nuestra voz debe oírse también al otro lado del Atlántico y hacer que se mantengan conversaciones conjuntas antes de que se introduzca la legislación. 
De esta forma, obtendremos garantías jurídicas y seremos capaces de combatir el crimen. 
Por último, un mensaje a los Estados Unidos y a la Comisión: respetar a alguien supone hablar con él a tiempo. 
Señor Presidente, Comisario, a pesar de todo, me cuento entre quienes aún están intentando comprender las razones subyacentes que han llevado a los Estados Unidos a adoptar esta medida; sabemos cuáles son: el 11 de septiembre, el clima de miedo, los preparativos para la guerra y la amenaza latente de ataque, pero ciertamente también me cuento entre quienes están dispuestos a declarar abiertamente que de ningún modo pueden aceptar que un gobierno aliado, independientemente de todas estas razones, vulnere los acuerdos internacionales basados sobre todo, como en este caso, en el Tratado de la Unión Europea. 
Todos sabemos- se nos ha recordado, pero lo repetiré para que podamos refrescar nuestra memoria al final del debate- que el punto más serio y controvertido es aquel al que hace referencia el considerando B de la resolución, que sostiene que al principio los Estados Unidos únicamente habían solicitado que se facilitara la información. 
En Italia hay un dicho que dice «pedir es lícito, responder es cortesía» , excepto que los Estados Unidos no tuvieron la cortesía de esperar nuestra decisión, sino que pasaron directamente a la segunda fase de su acción. 
Se apropiaron inmediatamente de la información, llegando incluso a amenazar a las compañías que no proporcionaron la información con una multa de 1 000 euros por persona. 
¡Y qué información, Comisario, señor Presidente! 
No solo el nombre completo de los pasajeros y los detalles del vuelo en cuestión, sino incluso los detalles de sus tarjetas de crédito, información de otros viajes que hubieran hecho, información, por ejemplo, que podría facilitar la descripción de las características étnicas y religiosas de los pasajeros, los datos médicos, direcciones de todos los tipos, su ocupación, su pertenencia a ciertos grupos, etc. 
La Comisión ha justificado esta medida diciendo que las compañías aéreas no querían asumir la carga de crear filtros y por tanto dieron acceso inmediato, puesto que temían la multa de 1 000 euros, entre otras cosas. 
La Comisión también ha dicho que esto habría evitado largas colas de pasajeros al llegar a distintos destinos de los Estados Unidos. 
Realmente, esta explicación parece bastante infantil, cuando menos: justificaciones que no son aceptables porque se ha cometido una violación total- como ya se ha mencionado- del artículo 8 de la Directiva 95/46/CE y el papel principal de la Comisión es velar por el cumplimiento de las directivas y, en consecuencia, del derecho comunitario. 
Otro motivo de desacuerdo es: como se ha mencionado, la Comisión sabía desde hace 15 meses que los Estados Unidos iban a hacer entrar en vigor esta medida el 5 de marzo. 
Bien, la obligación de la Comisión habría sido informar puntualmente a los ciudadanos de Europa y al Parlamento Europeo, que habría actuado automáticamente como caja de resonancia. 
El Congreso de los Estados Unidos tampoco parece haber respetado mucho la democracia: no debatió la medida en ningún momento; simplemente interpretó la legislación en un sentido amplio y pasó a la acción. 
Diría que esta es otra muestra de una grave falta de cortesía. 
El único punto de contacto es el conocido acuerdo de alto nivel del 19 de febrero, el cual, no obstante, no es acuerdo escrito y no tiene validez, no la suficiente para llevarlo al Tribunal de Justicia. 
Preguntamos a la Comisión qué base jurídica hay para este acuerdo y qué intereses europeos se salvaguardan en este caso. 
Con el objeto de clarificar este y otros puntos, el Parlamento Europeo ha convocado una audiencia pública y, quizá, tras esta audiencia sepamos, ante todo, un poco más de cómo es posible que todo esto haya pasado y, en segundo lugar, tengamos una idea más clara especialmente en cuanto a qué sería más conveniente hacer ahora, evitando la esquizofrenia emocional y acordando normas conjuntas y coherentes que aplicar en el futuro. 
He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento 
Señor Presidente, yo quisiera hacer una pregunta y en su caso, en función de la respuesta, quizás una reclamación. 
¿Quién es el responsable, dentro del turno de preguntas al Consejo, de establecer el orden en que se responde a las preguntas? 
-El responsable máximo es el Presidente del Parlamento. 
Con su permiso, señor Presidente, quiero formalizar aquí una queja. 
En el período parcial de sesiones del mes de febrero se decidió anular el turno de preguntas. 
Mi pregunta al Consejo tenía el nº 3. 
Cuando se anunció que se anulaba el turno de preguntas, se nos dijo que estas pasarían a marzo. 
Estamos en marzo y mi pregunta, que era la nº 3, pasa a ser la nº 22. 
Esto es una discriminación. 
Quiero protestar ante usted, señor Presidente, quiero pedir su amparo. 
Señor Presidente, formo parte del grupo de diputados que han planteado preguntas al Consejo. 
Puedo constatar que una pregunta- que para mí personalmente es extremamente importante- sobre el conflicto que creo que existe entre la Comisión y el Consejo con respecto a la legislación sobre el tráfico marítimo, formulada el pasado 30 de enero, de conformidad con el documento que tenemos sobre el tapete, ha sido contestada mucho más tarde que otras preguntas planteadas en febrero. 
Como es natural, aquí en el pleno intentamos obtener respuestas a dichas preguntas, pero no entendemos qué criterio se aplica. 
¿Acaso no deberían explicarnos el criterio político para que podamos actuar en consecuencia? 
El Presidente. Las preguntas nº 1 y 3 no recibirán respuesta porque su asunto ya figura en el orden del día del presente período parcial de sesiones. 
Señor Posselt, tiene la palabra para una cuestión de orden. 
-Señor Posselt, he dicho la pregunta nº 1 y nº 3, no la pregunta nº 2. 
Usted tiene perfecto derecho a hacer la pregunta y por eso el Consejo, que está representado por el Ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, Sr. Papandreou, al cual recibimos muy cordialmente en este Hemiciclo, le va a contestar inmediatamente. 
Pregunta nº 2 formulada por Bernd Posselt (H-0070/03): 
Asunto: Estatuto de Kosovo 
De no avanzarse en la clarificación del futuro estatuto de Kosovo, se corre el riesgo de no poder asegurar una estabilidad social ni garantizar las inversiones en el territorio. 
¿Puede exponer la Presidencia del Consejo sus reflexiones sobre este asunto? 
Quiero señalarle al Sr. Posselt que el Consejo ha declarado en numerosas ocasiones que el futuro estatuto de Kosovo se sigue basando en la Resolución 1 244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La cuestión sobre el estatuto definitivo de Kosovo deberá tratarse en su debido momento y de conformidad con los términos estipulados en la Resolución 1 244 del Consejo de Seguridad, con la participación del Gobierno de Belgrado y de los dirigentes y representantes elegidos de las instituciones políticas locales de Prístina. 
El Consejo también ha manifestado en repetidas ocasiones su apoyo al enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas y a la política aplicada por la misión de las Naciones Unidas en Kosovo, cuyo propósito consiste, tal como ha señalado el Sr. Steiner, en definir las normas antes que el estatuto, puesto que es la única manera de que Kosovo se convierta en una sociedad estable y próspera que se acoja a los valores y normas comúnmente aceptados en la Unión Europea. 
Los detalles sobre la integración de Kosovo en el Proceso de Estabilidad y Asociación también tendrán que adaptarse plenamente a la Resolución 1 244 y en el contexto de la política de definición de normas antes que el estatuto. 
La Unión Europea está firmemente decidida a ayudar a que Kosovo se convierta en una sociedad democrática y próspera en la que todas las comunidades aprendan a convivir en paz y seguridad. 
En consecuencia, es muy importante que la Unión Europea insista en pedir a las instituciones locales temporales de Kosovo que hagan todo lo que esté en sus manos para aplicar los criterios de evaluación específicos de la política de definición de las normas antes que el estatuto. 
Señor Presidente, antes que nada pido disculpas. 
La interpretación ha mencionado las preguntas de 1 a 3, que es por lo que he solicitado intervenir. 
Ha sido por tanto un error de interpretación. 
Les ruego que acepten mis disculpas. 
Sin embargo, quisiera plantear ahora una pregunta al Presidente en ejercicio del Consejo, a quien agradezco su respuesta tan concreta y útil. 
Tengo dos breves preguntas complementarias. 
La primera consiste en preguntarle cuál es su opinión sobre la idea de crear un grupo de trabajo para considerar las opciones para el futuro de Kosovo. 
Esta iniciativa nos permitiría desempeñar un papel preventivo y evitar que de nuevo reaccionemos cuando es demasiado tarde. 
La segunda pregunta es la siguiente: según lo que tengo entendido, en el preámbulo de la nueva constitución de Serbia y Montenegro se incluye una reivindicación serbia de que Kosovo sea en el futuro parte integrante del Estado yugoslavo federado de Serbia. 
Quisiera saber si la Unión Europea o las Naciones Unidas han protestado por ello. 
Se lo pregunto porque creo que esto sería perjudicial para mantener abierto el futuro estatuto de Kosovo. 
Con respecto a su primera pregunta, como ya he dicho, las negociaciones sobre el estatuto definitivo de Kosovo no han comenzado todavía. 
Lo que hemos estado intentando hacer es que Belgrado y Prístina consigan hablar de temas de interés común, como el retorno de los refugiados, cuestiones de seguridad, redes de energía y de otro tipo, etc., en que por definición es necesaria la cooperación si se desea generar más confianza entre ambas partes antes de pasar a la siguiente fase, que es la discusión sobre el estatuto definitivo. 
Así que, al margen de lo que diga la constitución de Yugoslavia o del nuevo Estado de Serbia y Montenegro, no ha habido ninguna conversación sobre el estatuto definitivo, y cuando la haya, se efectuará, como ya he dicho, en el marco de la Resolución de las Naciones Unidas. 
Todos conocemos la resolución de la ONU a la que me refiero, por lo que, a estas alturas, no hay necesidad de exponerla. 
Se trata de la Resolución 1 244 del Consejo de Seguridad. 
Acabamos de recibir la noticia del asesinato del Primer Ministro de Belgrado, el Sr. Djindjic. 
Muchas capitales europeas creyeron que teníamos que esperar a que los criminales de guerra Mladic y Karadzic fueran arrestados y he aquí el resultado. 
En Kosovo, la situación sin duda no ha mejorado; las relaciones entre la minoría serbia y la mayoría albanokosovar no mejoran. 
¿No podríamos, tal como hicimos en el asunto chipriota, estudiar con calma escenarios como el que ha indicado el Sr. Posselt? 
Creo que, y me gustaría que me lo confirmaran si es posible, el Alto Representante, el Sr. Solana, ya está trabajando sobre los escenarios mencionados por el Sr. Posselt. 
¿Dispone usted de información más precisa sobre este tema? 
Quisiera decir simplemente que durante el debate anterior sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia, la Comisión, el Consejo y yo mismo, junto a numerosos diputados, hicimos referencia a Kosovo y al trágico asesinato del Sr. Djindjic; como ustedes saben, el Sr. Djindjic era un factor estabilizador y democratizador que trataba de resolver el importante y difícil problema de Kosovo. 
Como ha señalado usted mismo, hay problemas con las relaciones entre los grupos étnicos en Kosovo, hay problemas con el retorno de los refugiados, hay problemas para mantener la estabilidad diaria en Kosovo, hay problemas con una larga serie de temas que tienen mucho que ver con lo que denominamos valores europeos, normas europeas, que es precisamente por lo que el Sr. Steiner ha dicho en nombre de las Naciones Unidas- y nosotros estamos de acuerdo y apoyamos esta postura- que hay que mejorar las normas. 
Este es el motivo por el que hablamos de definir las normas antes que el estatuto. 
Si es posible, me gustaría añadir que, si todas las partes actúan a favor del establecimiento de estas normas, la confianza entre los diversos grupos étnicos mejorará, condición vital para poder desarrollar un debate sustancial sobre el futuro estatuto de Kosovo. 
De lo contrario, la situación puede llegar a ser explosiva. 
También se ha discutido este resultado, pero tanto la Unión Europea como la comunidad internacional creen que este enfoque es probablemente la mejor manera de abordar el problema de Kosovo. 
En respuesta a la baronesa Ludford, el Consejo ha concedido a su Presidencia instrucciones detalladas para negociar un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre la asistencia judicial mutua en casos penales de conformidad con el artículo 24 del Tratado de la Unión Europea. 
Las disposiciones de este acuerdo están destinadas a complementar las disposiciones de los acuerdos bilaterales firmados entre los Estados Unidos y los Estados miembros de la Unión Europea. 
Las negociaciones están todavía en curso. 
Tan pronto como el Consejo adopte una decisión para firmar el acuerdo y, una vez firmado este, la Presidencia informará al Parlamento Europeo sobre los resultados de estas negociaciones. 
En primer lugar, he de decir que agradezco su pregunta, como pregunta y como actitud; he tomado debida nota de ella en mi calidad de representante del Consejo y comunicaré sus planteamientos al Consejo. 
En segundo lugar, quisiera puntualizar que se ha abierto una vía de diálogo con los Estados Unidos sobre una serie de asuntos en materia de derechos humanos, como por ejemplo la pena de muerte. 
Creo que la Unión Europea tiene toda la razón para defender lo que considera que son derechos básicos y procederá de este modo con cada socio y cada país, en especial con los Estados Unidos, con quienes compartimos valores y objetivos comunes. 
Asimismo, quiero confirmar que, como ya he dicho, hemos dado instrucciones detalladas para la negociación de un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos y confío, por lo tanto, en que todas estas cuestiones se aborden en dichas negociaciones, que todavía están en curso, lo que significa que sería prematuro hacer comentarios sobre el progreso de las mismas. 
-Pregunta nº 5 formulada por Riitta Myller (H-0076/03): 
Asunto: Transporte marítimo 
La Comisión ha pedido al Consejo un mandato de negociación para poder negociar en nombre de los quince Estados miembros con el fin de garantizar que los países candidatos y los países vecinos afectados por el transporte de petróleo en aguas comunitarias aplican al transporte marítimo los mismos principios que están vigentes en la UE. 
¿Puede indicar el Consejo qué medidas ha adoptado para garantizar que la Comisión dispone de suficientes poderes de negociación en la materia? 
En respuesta a la pregunta de la Sra. Myller, he de decir que el Consejo considera que el transporte marítimo es un sector mundial por excelencia y, por lo tanto, quiere que las normas que lo rigen se apliquen de la forma más amplia posible. 
De modo que, tal como ha dicho Su Señoría, estoy de acuerdo en que sería buena idea si los países candidatos y demás países vecinos, incluida Rusia, aplicaran los mismos principios que están vigentes en la Unión Europea. 
El Consejo, y para ser más concretos, el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía, siguió exactamente este enfoque en sus conclusiones el pasado 6 de diciembre de 2002. 
Aprobó las conclusiones sobre seguridad marítima y prevención de la contaminación a raíz del accidente del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia. 
También tomó nota de la intención de la Comisión de emprender los pasos necesarios, en cooperación con los Estados miembros, para asegurar que los países candidatos de la Unión Europea, así como los países vecinos, incluida Rusia, transporten crudo pesado únicamente en buques de doble casco. 
El Consejo también apoya a la Comisión en su intento de investigar el potencial disponible para desarrollar programas de cooperación técnica para ayudar a los países vecinos- en particular a los países candidatos, a Rusia y a los países de la red Euro-Med- en sus esfuerzos por aumentar la seguridad marítima y prevenir la contaminación, incluida la aplicación efectiva de procedimientos adecuados de control por parte del Estado del puerto. 
Por último, la Comisión señaló al Consejo, en el transcurso de esta reunión, que consideraba que el Consejo, en el marco del acuerdo vigente con los países a que me he referido, puede llevar a cabo este intento. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, muchas gracias por su respuesta. 
Es muy importante que nos aseguremos de que los buques de doble casco se utilicen, por ejemplo, para el transporte de petróleo, pero esto no es suficiente en todas las situaciones. 
Ante el hielo con que se pueden encontrar en el norte se necesita todavía más, como ha quedado patente este invierno, que ha sido muy frío en el Báltico, donde se formó mucho hielo, en especial en el golfo de Finlandia, que es muy vulnerable. 
Tiene en promedio unos 30 metros de profundidad y las condiciones son muy difíciles. 
Por lo tanto, quisiera preguntarle, señor Presidente en ejercicio del Consejo, cuál es su opinión sobre la iniciativa finlandesa por la cual se propone la modificación del Reglamento sobre el doble casco, para que en el futuro un Estado miembro pueda exigir que los buques que atraquen en sus puertos lleven el refuerzo adecuado para soportar la presión del hielo. 
Dicho de otro modo, que el Estado miembro al que pertenezca el puerto de atraque del buque sea quien determine lo más adecuado en cada caso. 
¿No debería hacerse esto extensivo a las regiones vecinas, como por ejemplo- ya que hablamos del golfo de Finlandia- a los buques que entren y salgan de Rusia? 
Comparto las preocupaciones de la Sra. Myller. 
Entiendo las condiciones que imperan en el Báltico y las condiciones de frío extremo a las que se ha referido. 
Como he dicho, desde nuestro punto de vista, tiene sentido considerar esta cuestión global no solo como una cuestión de la Unión Europea, sino como una cuestión que también incumbe a los países candidatos y a los países vecinos, incluida Rusia. 
Yo diría que todos estos cambios que estamos impulsando son inútiles si solo se aplican en la Unión Europea y no los adoptan las organizaciones internacionales, en especial la Organización Marítima Internacional (OMI) , lo que sin lugar a dudas garantizaría que la obligación de introducir los buques de doble casco se aplicara en todos los países, no solo en Europa. 
Por esta razón, estamos haciendo un doble esfuerzo: nos dedicamos por entero a mejorar nuestra legislación para evitar este tipo de accidentes y, al mismo tiempo, a impulsar la aplicación de las medidas necesarias en el ámbito internacional; para empezar, en nuestro propio patio trasero, y luego a escala internacional, para demostrar que vamos en serio en cuestiones de seguridad de estos petroleros y de prevención de desastres similares. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, como ya saben, a raíz del accidente del petrolero Exxon Valdez en 1989, los Estados Unidos promulgaron una ley denominada «Ley de contaminación por petróleo» con el propósito de remediar de forma eficaz este tipo de problemas. 
Por ejemplo, a los buques que navegan por aguas estadounidenses se les exige que paguen una fianza de un millardo de dólares y, en caso de accidente, se les exige una indemnización de cinco millardos. 
En el caso del Prestige, solo se ha previsto una cuantía de 180 millones de euros, que tendrá que dividirse entre Galicia- que es la zona más afectada, mi país, mi nación -, otras comunidades del Estado español y Francia. 
Creo que tendríamos que elaborar una ley similar a la norteamericana, para que por medio de esta iniciativa europea podamos modificar la legislación de la OMI. 
¿Qué opina la Presidencia al respecto? 
¿Por qué no se establecen normas preceptivas para el tráfico marítimo, como las que existen para el tráfico aéreo y el terrestre? 
Agradezco a Su Señoría estas preguntas. Se ha referido a la legislación estadounidense y a la obligación imperativa de aplicar normas como las del código de circulación. 
Solo tengo dos comentarios al respecto. 
En primer lugar, estoy seguro de que el Consejo y la Comisión están evaluando la legislación similar de otros países con el fin de decidir cuál es la mejor opción y qué aspectos deberían favorecerse a escala internacional. 
Para responder a su segunda pregunta, como he dicho anteriormente, la Unión Europea no puede resolver sola este problema. 
Vivimos en una época de interdependencia; el medio ambiente, al igual que el comercio, no conoce fronteras y la labor de la Unión Europea no consiste solo en examinar su propia legislación, sino que tiene que hacer algo por promocionar su legislación a escala internacional para que se aprueben normas que permitan proteger el medio ambiente y la sana competencia entre las distintas regiones y países del mundo. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, brindo todo mi apoyo a los intentos del Consejo de promover la seguridad del transporte marítimo en la OMI. 
Es importante asegurar que, si a un petrolero peligroso de este tipo se le prohíbe el tránsito por aguas territoriales europeas por no cumplir las normas exigidas, no pueda trasladarse entonces a aguas territoriales de un país tercero y causar problemas allí. 
También es importante avanzar a través de la comunidad internacional. 
Sin embargo, mi pregunta es, en realidad, si sería posible plantear esta cuestión del transporte de crudo, especialmente por el Báltico, en la próxima cumbre UE-Rusia. 
Es sumamente importante destacar al máximo este tipo de cuestiones y, en mi opinión, se trata de una cuestión tan importante que debería ser discutida en las esferas políticas más elevadas con los dirigentes rusos. 
¿Sería esto posible? 
Me da la impresión de que, si no me equivoco, esta cuestión ya ha sido discutida entre la Comisión y Rusia y ha figurado ocasionalmente en el orden del día de varias reuniones mantenidas entre la troica y Rusia. 
Sé que los Estados bálticos están especialmente interesados en este aspecto y estoy seguro de que plantearán esta cuestión en su momento. 
-Pregunta nº 6 formulada por Sylviane H. Ainardi (H-0084/03): 
Asunto: Pabellones de conveniencia 
En su resolución sobre el naufragio del Prestige y sus consecuencias, aprobada el 19.12.2002, el Parlamento pidió ' la prohibición de los pabellones de conveniencia en las aguas territoriales de la Unión Europea?. 
¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para poner en práctica lo más rápidamente posible esta recomendación del Parlamento Europeo? 
Señora Ainardi, en una cuestión relacionada con esta, he de decir que- al igual que el Parlamento Europeo- el Consejo reaccionó de inmediato ante el accidente del Prestige frente a las costas de Galicia en noviembre de 2002. 
El Consejo tiene en cuenta las resoluciones del Parlamento y suscribe la mayoría de los principios que contienen. 
Para ser precisos, el Consejo respalda el objetivo de prohibir el tráfico de los barcos que no cumplan la normativa en aguas europeas. 
En una de las medidas recogidas en las conclusiones presentadas el pasado 6 de diciembre en materia de seguridad marítima y prevención de la contaminación, el Consejo manifestó su apoyo al trabajo en curso en el seno de la OMI con el fin de desarrollar un código de Estado del pabellón y un modelo de esquema de auditoría obligatoria que permita asegurar que los Estados del pabellón cumplan las obligaciones que les asignan los convenios internacionales. 
En términos generales, el Consejo ha hecho hincapié en la necesidad de reexaminar las normas internacionales del Derecho marítimo y del transporte marítimo que den lugar a situaciones de negligencia e irresponsabilidad toleradas por ciertos registros abiertos. 
La Comisión puede tomar la iniciativa y proponer medidas especiales para aquellos buques que naveguen bajo los denominados pabellones de conveniencia. 
Sin embargo, el Consejo está convencido de que el objetivo puede lograrse eligiendo mejor las medidas aplicables a los buques que no cumplen las normas, por ejemplo intensificando los controles por parte del Estado del puerto. 
La legislación vigente permite elevar el número de controles del Estado del puerto sobre la base de los criterios utilizados para clasificar a los buques peligrosos. 
Estos criterios están definidos en el Memorando de Acuerdo de París e incluyen el pabellón del buque. 
Además, de acuerdo con la Directiva del Estado del puerto, que entrará en vigor el 22 de julio de 2003 y que forma parte del paquete Erika I, un Estado miembro puede denegar el acceso al puerto a varias categorías de barcos que porten la bandera de un país incluido en la lista negra publicada en el informe anual del Memorando de Acuerdo de París y que hayan sido retenidos en el pasado. 
Señor Presidente, muchas gracias por todo lo que ha dicho, pero permítame que insista, porque el Parlamento también ha seguido todas las iniciativas de la Comisión y del Consejo con vistas a acelerar la aplicación de los paquetes Erika I y Erika II. Se ha referido usted a las nuevas medidas tomadas en relación con la OMI, pero la razón por la que el Parlamento ha propuesto la prohibición de los pabellones de conveniencia es que, como todos hemos podido comprobar a raíz de los debates celebrados sobre desastres marítimos, la naturaleza de los pabellones de conveniencia, en caso de problemas, dificulta enormemente la localización de los responsables. 
Somos perfectamente conscientes de que a través de los vínculos existentes entre el pabellón, el Estado, el capitán del barco y las diversas tripulaciones, no es posible determinar al final quién es el responsable penal y financiero, que es la razón por la que se plantea la propuesta del Parlamento. 
He de hacer hincapié en esto. 
Es cierto que la Comisión debería tomar la iniciativa, pero me gustaría saber, desde su perspectiva de Presidente en ejercicio del Consejo, cómo va a apoyar esta propuesta del Parlamento. 
Tenemos la Directiva 2001/106/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva del Consejo 95/21 sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen puertos comunitarios o naveguen por aguas situadas bajo la jurisdicción de los Estados miembros. 
Sin embargo, en respuesta a su muy pertinente pregunta, el Consejo está dispuesto a seguir buscando las mejores soluciones posibles con el fin de tratar el problema de los buques que no cumplen las normas, tanto en los foros internacionales como examinando las propuestas de la Comisión en materia de legislación comunitaria. 
Ésta es una de las prioridades de la Presidencia griega para los próximos meses. 
Ya se ha discutido y se discutirá en los próximos Consejos. 
Concuerdo con su comentario de que nuestro intento de impulsar nuevos reglamentos a través de la OMI no es suficiente, que también tenemos que tomar la iniciativa y, si lo prefiere, fijar las normas necesarias para la Unión Europea. 
Creo simplemente que ambas cosas deben ir de la mano y esperamos y apoyaremos propuestas a iniciativa de la Comisión. 
El Consejo está dispuesto a analizar todos estos casos concretos, bien sea el del doble casco o el problema concreto del transporte de crudo y aceites pesados. 
Estamos dispuestos a hacer lo que esté en nuestras manos para promover reglamentos para nosotros y, por supuesto, en el ámbito internacional. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, estoy de acuerdo con usted cuando afirma que las normas de la Organización Marítima Internacional (OMI) deben cambiarse. 
Sin embargo, lo que debemos hacer ahora es buscar una estrategia apropiada para poder llevar a cabo este cambio. 
Ya disponemos de la ley estadounidense sobre contaminación por petróleo, que constituye un paso en la dirección correcta. 
La mejor estrategia para modificar la legislación internacional es aprobar una ley europea específica. 
El resto vendrá dado como una consecuencia inevitable. 
¿Por qué no intentarlo? 
¿Podría ser quizás porque algunos Estados miembros como el Reino Unido, los Países Bajos y Grecia se oponen, como ocurrió en el Consejo de Copenhague? 
Debemos tener en cuenta que en los Estados Unidos no se producen accidentes desde hace 15 años, pero sí se han producido en Galicia y en Bretaña. 
Ha habido accidentes en la Unión Europea. 
Estoy de acuerdo con el orador. 
Como ya he dicho antes, tenemos que evaluar cualquier idea, innovación o legislación importante en otros países a la luz de nuestra propia experiencia. 
Además, quiero añadir que la cumbre del Consejo ya adoptó una decisión muy importante en Copenhague, el Consejo de Ministros de Transportes ha adoptado una decisión sobre estos aspectos y estoy seguro de que ningún Estado miembro desea bloquear ninguna medida que contribuya a proteger el medio ambiente. 
Los Estados miembros que ha mencionado tienen muchas razones para querer proteger sus costas. 
El Reino Unido tiene una costa muy extensa. 
Grecia tiene una costa muy extensa. 
No sería lógico que un país como el Reino Unido no quisiera proteger sus costas. 
Creo que la Unión Europea, y en particular el Consejo, tiene la intención de aprobar la legislación necesaria, al igual que la Comisión, que es quien tiene la iniciativa para cualquier normativa nueva. 
Por lo tanto, esperamos iniciativas por parte de la Comisión y estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad en el Consejo. 
Sin embargo, debo reiterar que solo con nuestra legislación no garantizamos la suficiente protección. 
Sería una salida fácil y la adoptaríamos de inmediato si ese fuera el único modo de garantizar la protección de nuestros países y costas; sin embargo, los países vecinos tienen que proceder del mismo modo. 
Hemos hablado de los nuevos miembros, hemos mencionado a Rusia y a los países mediterráneos, pero lo que yo añadiría en este punto es que, en el ámbito internacional- también hemos tratado este aspecto- estos requisitos y normas deben ayudar a proteger no solo a los países europeos, sino también, como ya se ha dicho, a los demás países y costas del planeta. 
-Pregunta nº 7 formulada por Marialiese Flemming (H-0078/03): 
Asunto: Envenenamiento de perros y gatos callejeros en Grecia 
Unos días antes del inicio de la Presidencia griega del Consejo, por última vez el 30.12.2002, se llevaron a cabo en Atenas envenenamientos masivos de perros y gatos sin dueño. 
Un hecho similar ya se había producido un poco antes del inicio de la anterior Presidencia griega del Consejo. 
El carácter sistemático de esos envenenamientos hace pensar que Grecia desea mejorar el paisaje urbano de Atenas durante el período de su Presidencia liberándolo de animales callejeros. 
El 30.1.2003, la CIDAG (Coalition in Defense of Animals in Greece) , la organización central de las ONG griegas en el ámbito de la protección animal, depositó ante la Embajada griega en Bruselas una petición, acompañada de 47.000 firmas, en la que se pedía que se investigara el asunto y se pusiera fin a la mayor brevedad a tales lamentables sucesos. 
¿Proyecta la Presidencia griega del Consejo iniciar una investigación de urgencia para averiguar quiénes han instigado esas medidas delictivas y encontrar una solución inmediata al problema? 
Señora Flemming, gracias por su pregunta. 
Como usted sabe, el Consejo no tiene competencia para responder a esta pregunta, pero permítame que, como ciudadano, condene este incidente. 
Estoy seguro de que hablo en nombre de todos mis compatriotas y de que el Gobierno está firmemente decidido a responder a este tipo de incidentes de la forma más severa. 
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, he de confesarle la gran admiración que siento por Vd. habida cuenta de la variedad de temas que ha tenido que tratar hoy, desde la crisis del Iraq hasta los perros callejeros en Atenas. 
Admito que le estamos exigiendo mucho. 
Creo que esto es importante para el Consejo- de hecho, planteé esta pregunta a la Comisión, pero ayer no dio tiempo a tratarla -, porque la organización que engloba a todas las protectoras de animales de Grecia nos ha dicho que el Consejo quería «limpiar» Atenas para que la Unión Europea no tuviera que ver perros callejeros en sus calles. 
Sepa que me encanta Atenas, ciudad que considero la cuna de nuestra cultura y el lugar de nacimiento de todo lo que pensamos y sentimos, pero nunca logro dormir bien en Antenas debido a la tristeza que me produce oír ladrar a todos esos perros callejeros. 
La cuestión que quiero plantear es esta, y ni a los perros ni a mí nos importará si aborda este asunto como ciudadano o como miembro del Gobierno. Conozco organizaciones protectoras de animales en Grecia que recogen perros de la calle, sacrifican a los viejos y enfermos que ya no tienen remedio, buscan hogares para los sanos y a los demás los castran y luego los sueltan de nuevo. 
Creo que estas organizaciones necesitan dinero y apoyo de la ciudadanía en general. 
Si un ciudadano en particular fuera además Ministro, eso no sería nada malo. 
En primer lugar, permítame asegurarle que el Consejo no ha tomado tal decisión de limpiar la zona en que se celebrará la reunión del Consejo Europeo y repito que, como ciudadano y como Ministro, aunque no entre dentro de mi competencia directa, mantenemos una excelente cooperación con las organizaciones que ha mencionado y así seguiremos haciéndolo. 
-Les recuerdo a los señores diputados que este turno es para hacer preguntas; comprendo que a veces hagan solo declaraciones, pero, para que no siente precedente, hagan ustedes preguntas. 
Pregunta nº 8 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0086/03): 
Asunto: Programa ULISES para el control de las fronteras marítimas de los Estados miembros 
Teniendo en cuenta que el programa ULISES de colaboración entre varios Estados miembros para el control de las fronteras marítimas de la Unión frente a la inmigración ilegal se ha iniciado con carácter experimental en el Mediterráneo oriental y se prevé su pronta ampliación a las islas atlánticas (Azores, Madeira y Canarias) , ¿podría indicar el Consejo en qué fecha se extenderá la protección de ese programa a las islas atlánticas? 
He de recordar al Sr. Medina Ortega que, según las conclusiones del Consejo de Sevilla y el plan para el control de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, se han puesto en marcha una serie de operaciones conjuntas, programas piloto y centros de cooperación, que suman un total de 17, para ser precisos. 
Uno de estos programas es el Programa ULISES, cuyo propósito consiste en contener la inmigración ilegal que llega por vía marítima a la costa norte del mar Mediterráneo y a las Islas Canarias. 
El 19 de diciembre de 2002 se presentó al Consejo un informe de situación sobre la aplicación del plan de control de las fronteras exteriores. 
El informe indicaba que el Programa ULISES comenzaría a principios de 2003. 
La primera fase de la operación se desarrolló en el Mediterráneo entre los días 25 de enero y 10 de febrero de 2003. 
España, que encabeza la operación, informó al Consejo de que la segunda parte de la operación tendría lugar en abril de 2003. 
Sin embargo, el Consejo no dispone de información concreta en este preciso momento sobre la fecha exacta de la operación o de su alcance geográfico. 
El jefe de la operación y los países participantes decidirán estos aspectos operativos. 
Se presentará un informe final sobre la aplicación de los distintos programas y operaciones y sobre los centros de cooperación al Consejo de Justicia y de Asuntos de Interior que se celebrará los días 5 y 6 de junio próximos. 
El objetivo consiste en someter este informe al Consejo Europeo de Salónica, en el que, por supuesto, se discutirán los asuntos más amplios referentes a la inmigración, la inmigración ilegal, la protección de fronteras y otros aspectos importantes como la integración social de los inmigrantes legales. 
Le agradezco a su Señoría estos comentarios, que transmitiré debidamente al Consejo. 
Como ya he dicho, se trata de un programa piloto, ya que fundamentalmente es la primera vez que se ha logrado una colaboración tan amplia entre los Estados miembros en este tipo de operaciones. 
Lo que intentamos hacer es estudiar en qué aspectos podemos mejorar la protección de nuestras fronteras frente a la inmigración ilegal. 
El problema de la inmigración ilegal es lógicamente un problema complicado, pues no se trata solo de una cuestión de protección de nuestras fronteras, sino que además entran en juego otros factores como los focos de guerra, los focos de pobreza, las crisis medioambientales y políticas, entre otras. 
Todos estos factores influyen en los altibajos de la inmigración y en la elección del punto de cruce, y fomentan la inmigración ilegal. 
Admito que los resultados de esta operación no están en ningún caso garantizados. 
Es un programa piloto y tendrá que ser evaluado, del mismo modo que tendremos que tener en cuenta otras muchas medidas en conexión con las políticas de la Unión Europea, como la justicia y los asuntos de interior, la cooperación al desarrollo y las relaciones bilaterales con numerosos países, medidas que creemos que también darán resultados positivos. 
Señor Presidente, Señorías, mi pregunta plantea si el Consejo ya ha considerado incluir el proyecto de navegación por satélite Galileo en el Programa Ulises y hasta qué punto han progresado los planes al respecto. 
Si no he entendido mal su pregunta, no sé si el programa Galileo se utilizará para combatir la inmigración ilegal, y si es así, desconozco en qué medida se utilizará. 
Es muy posible. 
Se trata de una pregunta y una propuesta muy razonables, suponiendo que no sea simplemente una pregunta, y tomaré nota de ella. 
Sé que el Parlamento ha aprobado varias resoluciones en las que se proponen numerosas ideas muy interesantes y válidas para combatir la inmigración ilegal, o más concretamente la policía de costas que ha mencionado, que puede tener un cometido más amplio. 
El Consejo no ha adoptado todavía una decisión sobre estas cuestiones. 
Tal como he dicho, están incluidas en el orden del día de la cumbre de Salónica. 
Hasta entonces, la inmigración y la inmigración ilegal serán objeto de un serio debate en el Consejo. 
Por supuesto, el debate inicial básico sobre estas cuestiones se celebró en Tampere, Finlandia, que fue el que encaminó la cuestión en la dirección correcta. 
Todos hemos hablado de la máxima prioridad de plantear la cuestión de la inmigración ilegal durante la Presidencia española, y las prioridades de la Presidencia griega incluyen ambas cuestiones de la inmigración ilegal y la integración de los inmigrantes legales. 
Recientemente se ha adoptado una directiva que permite reunificar familias con éxito. 
Esta directiva fue pactada en la reunión informal celebrada por los 15 ministros de Justicia y de Asuntos de Interior. 
Por lo tanto, acojo favorablemente las importantes iniciativas adoptadas por el Parlamento Europeo. 
No les quepa la menor duda de que la Presidencia griega tendrá en cuenta estas ideas en las discusiones de los próximos meses. 
-Pregunta nº 9 formulada por Olivier Dupuis (H-0087/03): 
Asunto: Ampliación 
La mejora de las relaciones entre la UE y los países europeos que aún no han sido incluidos en la lista de candidatos a la adhesión es una prioridad política de la Presidencia griega, como lo demuestra la reciente visita (del 13 al 15 de enero) del Ministro Papandreou a los Balcanes occidentales. 
En dicha ocasión, el Ministro se reunió con los dirigentes de los países de la región. Por evidentes razones de interés recíproco y de deber político e histórico de la UE hacia esos países, la Unión debe reconocer formalmente, cuanto antes, las legítimas aspiraciones a integrarse plenamente en la familia europea de Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Georgia, Kosovo, la ex República yugoslava de Macedonia, Moldova y Serbia y Montenegro. 
¿Aprovechará la Presidencia griega la celebración del Consejo Europeo de Salónica de junio próximo para incluir a dichos países en la lista de candidatos a la adhesión a la UE, dejando claro que la apertura de negociaciones dependerá de los progresos políticos, institucionales y económicos que realice cada país para cumplir los criterios de Copenhague y del grado de integración del acervo comunitario, y que las negociaciones de adhesión sólo concluirán una vez cerrados los diferentes capítulos de negociación sobre la base de las reformas efectivamente realizadas por los candidatos? 
En respuesta a la pregunta formulada por el Sr. Dupuis sobre los países de los Balcanes occidentales que ha mencionado, la perspectiva de que Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro se conviertan en posibles países candidatos, se confirmó en la cumbre celebrada en Zagreb entre la Unión Europea y estos países el pasado noviembre de 2000, basándose en las conclusiones adoptadas en el Consejo Europeo celebrado en Feira los días 19 y 20 de junio de 2000. 
En el Consejo Europeo de Copenhague, celebrado el pasado diciembre, se recordaron los criterios de candidatura establecidos en el Consejo Europeo de Copenhague de junio de 1993 y se reafirmaron las perspectivas europeas de los países de los Balcanes occidentales. 
El Consejo también ha destacado su decisión de apoyar los esfuerzos de estos países de avanzar hacia la Unión Europea y ha acogido favorablemente la decisión y la prioridad establecidas por la Presidencia griega de organizar una cumbre el 21 de junio próximo en Salónica. 
A esta cumbre asistirán los Estados miembros de la Unión Europea y los países de los Balcanes occidentales. 
El programa de trabajo de la Presidencia griega sobre la ampliación declara de forma expresa que la Presidencia proseguirá y potenciará la cooperación con los países de la región para conseguir la máxima integración posible en la vida política y económica europea. 
Como es natural, nuestro objetivo consiste en asegurar que este proceso realmente ayude a los países a adquirir la condición de candidatos a la adhesión a la Unión Europea. 
El Consejo también desea recordarles que, entre estos países, Croacia presentó la solicitud de adhesión el pasado día 21 de febrero de 2003. 
El Consejo debe evaluar esta solicitud lo antes posible para que pueda trasladarla a la Comisión, que la evaluará detalladamente y emitirá su dictamen antes de que el Consejo adopte una decisión sobre su candidatura. 
Creo que esta solicitud demuestra el interés de la región por integrarse en Europa y la importancia que ha adquirido la Unión Europea. 
Si lo prefieren, la Unión Europea es un imán para esta región, lo que nos da razones para pensar que la Unión Europea es un incentivo importante para llevar a cabo las reformas necesarias en la región, reformas que son vitales para la estabilidad de los Balcanes. 
Por este motivo, huelga decir que la cumbre de Salónica representa otro hito en las relaciones especiales entre la Unión Europea y los países de los Balcanes occidentales. 
En lo que respecta a los países del sur del Cáucaso, la Unión Europea y sus Estados miembros, junto a Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Moldova, han firmado acuerdos de asociación y cooperación. 
La Unión Europea ha prometido ayudar a establecer el Estado de derecho, la reforma económica, la paz, la seguridad y la estabilidad en estos países, ninguno de los cuales ha solicitado todavía su integración en la Unión Europea. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, muchas gracias por su respuesta muy detallada. 
Una pregunta: usted mismo dice que Croacia ya ha procedido a solicitar la adhesión y que la Antigua República Yugoslava de Macedonia también ha anunciado que hará lo mismo este otoño. 
Con el anuncio de estas adhesiones, ¿no sería políticamente mejor para la Unión Europea proponer que estos países se incluyan en la lista de países candidatos, lo que desde el punto de vista jurídico y político sería distinto de una apertura formal de las negociaciones? 
En lo que respecta a los países del Cáucaso, que he tenido la ocasión de visitar en múltiples ocasiones, he tenido la impresión tras cada visita de que los embajadores griegos eran cada vez más conscientes de la necesidad de conceder a estos países una clara posibilidad de integrarse en la Unión Europea. 
Todos saben tan bien como yo que la desestabilización provocada por un gran país vecino ha tenido efectos absolutamente devastadores y que es un círculo vicioso, que sin una clara opción a la adhesión estos países no serán capaces de salir de la espiral. 
Por lo tanto, ¿no cree usted que es urgente que la Unión haga las mismas propuestas a estos países? 
Gracias por su pregunta. 
En primer lugar, usted ha dicho que deberíamos plantearnos la posibilidad de poner a estos países en la lista. 
Si se refiere a las perspectivas oficiales que tienen estos países de convertirse en países candidatos, y quizás sea precisamente eso a lo que se está refiriendo, ya se ha tomado una decisión a este respecto y creo que es un mensaje importante. 
Tenemos a los diez nuevos países que participarán en la ceremonia de adhesión que tendrá lugar en Atenas el 16 de abril, tenemos tres países candidatos, Bulgaria, Rumania y Turquía, y esperamos conceder a los países de los Balcanes occidentales la perspectiva de ser países candidatos. 
Por lo tanto, existe un claro compromiso supeditado al cumplimiento de los requisitos, por supuesto, y con esto me refiero a los criterios de Copenhague, una importante reforma, las relaciones de buena vecindad y la cooperación regional. 
Con respecto al Cáucaso, le agradezco sus palabras sobre los embajadores griegos; es cierto que están en sintonía con las necesidades de estos países concretos. 
Por supuesto, represento a los Quince y llegados a este punto quiero decirle que el Consejo ha discutido en repetidas ocasiones la cuestión de países candidatos como Turquía. 
En Copenhague tomamos una decisión muy importante sobre lo que usted llamaría la nueva perspectiva y evaluación para 2004, para que las negociaciones puedan abrirse una vez que se cumplan los criterios. 
Por supuesto, todavía hay en curso un debate serio que de momento no ha llegado a ninguna conclusión sobre las fronteras de la Unión Europea, no se han definido cuáles son los límites hasta los que debería ampliarse la UE ni sobre qué países podrían de hecho adherirse a ella. 
El Consejo no ha dado una respuesta todavía a esta cuestión, por lo que no puedo responderle. 
Pero ha planteado usted una cuestión muy importante que, sin lugar a dudas, tendrá ocupado al Consejo y al Parlamento Europeo durante mucho tiempo. 
Señor Presidente, la cuestión de las fronteras de la Unión Europea es muy interesante y también ha sido discutida por la Convención Europea. 
Ayer la Comisión adoptó una estrategia sobre política de buena vecindad en la que también se incluyen aquellos países a los que afecta esta política. 
¿Tiene algún significado acogerse a esta propuesta estratégica de la Comisión dado que estamos hablando de la posible decisión de la cumbre de Salónica de entablar negociaciones con los nuevos países candidatos? 
Dicho de otro modo, ¿qué relación existe entre esta estrategia de política de buena vecindad y los nuevos posibles países candidatos? 
¿Tiene la política de buena vecindad el propósito de especificar qué regiones y Estados nunca podrán unirse a la Unión? En otras palabras, ¿se trata acaso de definir de hecho las fronteras de la Unión? 
Gracias por esta pregunta, porque creo que esta cuestión necesita una aclaración. 
Por definición, la ampliación modifica las fronteras de la Unión Europea y, en lo que queremos hacer hincapié es que estas fronteras van a funcionar, no como un nuevo muro de Berlín, sino como puentes de cooperación. 
Unos puentes de cooperación que, por supuesto, estén basados en nuestros valores comunes, nuestros objetivos de democracia, libertad y respeto de los derechos humanos, nuestras relaciones económicas y culturales, nuestra seguridad, nuestro enfoque del crimen organizado y las cooperación mutua con esta región en su totalidad, esta nuestra región común que se extiende desde Rusia hasta el Mediterráneo. 
Por tanto, la Comisión tiene que desempeñar su papel y le hemos pedido en varios debates del Consejo que presente una propuesta para esta nueva región común y sobre el modo de reforzar estos puentes de cooperación con nuestros vecinos; sin embargo, esto no se ha vinculado a las perspectivas de los países candidatos. 
Como he dicho al orador anterior, se trata de un problema grave y se ha abierto una extensa vía de diálogo sobre este asunto; creo que usted también lo ha mencionado y se ha discutido en la Convención, pero no hemos adoptado ninguna decisión. 
Por tanto, en efecto, la Comisión ha preparado un texto que se discutirá en la Conferencia Europea de Atenas el día después de la ceremonia de adhesión de los diez nuevos países. 
A esta conferencia acudirán más de 40 países, pero no en calidad de futuros candidatos. 
Esta es una cuestión aparte. 
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, la solicitud de Croacia para formar parte de la Unión Europea significa un paso adelante en la estabilización de esta región. 
En los últimos minutos hemos recibido una mala noticia de Serbia. Se ha declarado el estado de emergencia hace escasos minutos tras el asesinato del Primer Ministro Djindjic. 
Si no he entendido mal su pregunta, quiere saber si debemos convocar un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario a raíz de los hechos acontecidos en Serbia. 
En primer lugar, como he dicho con anterioridad, hemos condenado este incidente y expresado nuestro pesar. 
Sin embargo, creo que la evolución de los acontecimientos en este país es un tema en el que hemos invertido mucho; nos hemos implicado en el futuro de Serbia y Montenegro y en la región en su conjunto desde hace muchos años y estamos decididos a invertir allí los esfuerzos necesarios para mantener y garantizar la estabilidad, la paz y las instituciones democráticas de forma permanente. 
Hoy, la Presidencia envía este mensaje a Serbia, a la nación serbia y al conjunto de la región; haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudarles a avanzar por esta vía. 
Tenemos que celebrar un Consejo de Ministros lo antes posible, en los próximos días, por lo que no veo razón alguna para convocar un Consejo extraordinario, puesto que puede llegar a infundir ciertos temores. 
No creemos que este incidente llegue a causar algún trastorno interno, aparte de la pesadumbre y del impacto emocional. 
Está incluido en nuestra agenda y tomaremos las medidas pertinentes en los próximos días si se necesitara ofrecer algún apoyo especial. 
-Las preguntas nº 10 y 23 han sido retiradas. 
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas nos 11 a 22 y 24 a 49 recibirán respuesta por escrito. 
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado. 
(La sesión, suspendida a las 19.05 horas, se reanuda a las 21.00 horas) 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0060/2003) de la Sra. Gröner, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo (2002/2025 (INI) ). 
- (DE) Señor Presidente, esperamos con impaciencia la llegada de la Sra. Comisaria, quien ha anunciado su presencia en este debate. 
Espero que aparezca en cualquier momento. 
En mi informe de propia iniciativa que he elaborado en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, he tratado el tema de la integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo, tanto en el ámbito político como en el administrativo. 
En mi comisión hemos mantenido conversaciones sobre este tema con las partes interesadas, hemos tenido una serie de discusiones con el Presidente y el Secretario General, seguidas de una audiencia pública, y también hemos hablado con representantes del personal y con el comité consultivo. 
La obligación de la Unión Europea de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres está consagrada en los artículos 2, 3 y 13 del Tratado CE y en el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 
La integración de la perspectiva de género como estrategia política pretende ayudar a alcanzar este ambicioso objetivo. Este aspecto también se deriva de la definición establecida en la Plataforma de Acción de Beijing, en la que se pretendía que la integración de la perspectiva de género potenciara el desarrollo, la organización y la evaluación de las medidas políticas y de los procesos de toma de decisiones para que se tenga en cuenta la posición inicial y el efecto en mujeres y hombres en todos los ámbitos y en todos los niveles, con miras a avanzar hacia el objetivo de la auténtica igualdad entre mujeres y hombres. 
El Parlamento debe hacer las veces de motor propulsor de la igualdad de oportunidades, como en efecto ha hecho en repetidas ocasiones en el pasado; además, la perspectiva de género debe incorporarse en nuestras actividades y estructuras políticas de forma coherente y completa. 
Por tanto, este informe propone una serie de medidas destinadas a consolidar el principio de integración de la perspectiva de género a largo plazo. 
El refuerzo de la posición de la mujer es un aspecto fundamental, pero no el único, puesto que el objetivo consiste en adoptar un doble enfoque. 
En el informe proponemos una serie de medidas. 
La Unión Europea tiene que ponerse en cabeza; el Parlamento debería expresar su compromiso activo estableciendo un Grupo de alto nivel sobre igualdad de hombres y mujeres encabezado por su Presidente, tal como ocurrió en la Comisión durante el mandato del Presidente Santer. 
Definitivamente llevamos cierto retraso. 
La Conferencia de Presidencias de Comisión tiene que implicarse en este proceso y, junto con la Conferencia de Presidencias de Delegación, debería recomendar a la Conferencia de Presidentes cuál es la forma más concreta de integrar la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones y delegaciones. 
Nuestra propuesta al respecto es que un miembro, preferentemente el Presidente o un vicepresidente, se haga responsable de la integración de la perspectiva de género y se cerciore de que las distintas comisiones seleccionen proyectos en sus respectivos programas de trabajo que les permita definir el modo de integrar la perspectiva de género en su ámbito de actividad y evaluar sistemáticamente el efecto de las medidas que afectan a las mujeres y los hombres. 
Con esto en mente hay que orientar la planificación, la aplicación y la evaluación hacia la consecución de un nivel de calidad definido y la evaluación comparativa interna. 
Cada comisión debería proceder entonces a una evaluación anual de sus actividades y logros en el ámbito de la integración de la perspectiva de género en función de unos objetivos predeterminados, y supervisar esas medidas. 
Proponemos que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades integre entonces todos los informes individuales en un informe anual sobre la integración de la perspectiva de género y formule recomendaciones para los pasos siguientes. 
Además es preciso aplicar un nuevo paquete de medidas relativas al acuerdo sobre el modo de reconciliar las actividades profesionales y familiares del personal. 
Un objetivo importante es el uso de un lenguaje no discriminatorio. 
Nuestro objetivo, y en particular teniendo en cuenta la ampliación, consiste en involucrar a los países candidatos en este proceso, teniendo muy en cuenta las elecciones al Parlamento en 2004, para asegurar la igualdad de representación de mujeres y hombres. 
La situación actual es que, a pesar de que el Parlamento siempre ha estado a la cabeza en este aspecto, la proporción de mujeres parlamentarias era de un 17,5 % en 1979 y hoy en día se eleva al 31%. 
Sin embargo, en la Convención ha habido un retroceso. 
Creo que es muy importante que emitamos una señal política positiva mediante la aplicación de la evaluación comparativa y la integración de la perspectiva de género, para que las elecciones de 2004 supongan un avance y no un paso atrás. 
. 
(IT) Señor Presidente, hablo en calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que, como ya sabe la Sra. Gröner, ha querido implicarse en este problema por decisión propia. Hemos emitido una opinión favorable, aunque hagamos hincapié en determinados puntos, porque el objetivo de igualdad entre hombres y mujeres, tal como se estipula en el Tratado y en la Carta de los Derechos Fundamentales, es un objetivo importante que el Parlamento hace bien en debatir. 
La integración de la perspectiva de igualdad, como ha dicho la Sra. Gröner, supone intervenir en la toma de decisiones y en los procesos políticos y administrativos, fomentando de este modo la toma de decisiones que tengan en cuenta los objetivos que nos proponemos alcanzar. 
Por tanto, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades propone que el Parlamento adopte un plan de acción junto a unas medidas que, por supuesto, estén amparadas en la legislación y estén encaminadas a alcanzar los objetivos que nos proponemos. 
Señor Presidente, es un proceso que tiene ramificaciones en nuestras estructuras sociales y en las instituciones y que, como es natural, debe considerar la igualdad efectiva como la conquista de la igualdad sustancial de derechos y obligaciones fundamentales de una sociedad abierta y mundializada que desea conceder la debida importancia a todas las expresiones culturales. 
Creo que las expresiones de igualdad tienen un contenido cultural muy arraigado. 
Creo que es fundamental que exista un grupo de alto nivel capaz de restaurar el equilibrio de género en los órganos de gobierno del Parlamento y en el Parlamento en su conjunto, sobre todo a la vista de la ampliación, que debe tener en cuenta los objetivos que nos hemos propuesto. 
Por lo tanto, la opinión que ha adoptado la Comisión de Asuntos Jurídicos y que quiero transmitir a esta Asamblea esta tarde, señala que nos remitimos al informe Lalumière del año 2002, aprobado por la Mesa. 
Este informe no solo prevé el nombramiento de un porcentaje mayor de mujeres en los niveles A1 y A3 en los próximos años, sino que además declara que, en términos de desarrollo profesional, el principio de prioridad debería aplicarse sistemáticamente. 
No obstante, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera que en algunos aspectos este principio es un tanto excesivo, ya que va más allá de los objetivos que queremos alcanzar, porque no concuerda con la jurisprudencia del Tribunal- que creo que es bastante esclarecedora -, que por supuesto considera que dar prioridad automáticamente en las listas de promoción de candidatos preseleccionados de distinto sexo igualmente cualificados, va en contra de las normativas nacionales. 
Claro está, tal prioridad debería tomarse seriamente en cuenta en el contexto de los concursos de puestos de trabajo, pero no debería forzar el resultado efectivo en la práctica. 
Dicho de otra forma, dar prioridad absoluta e incondicional al género infrarrepresentado ante un nombramiento o una promoción supone, de conformidad con la sentencia del Tribunal, no solo ir más allá del objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades, sino además sustituir este objetivo por un resultado de igualdad de representación, que únicamente puede alcanzarse si se logra este objetivo. 
Por tanto, creo que esta filosofía del Tribunal y este principio fundamental, que, con cierta moderación, aporta un importante equilibrio en la toma de decisiones, deberían ser adoptados como los instrumentos adecuados que el Parlamento debe aplicar para alcanzar una igualdad más madura, que sería una victoria en el proceso de la vida social y cultural. 
Señor Presidente, el informe de propia iniciativa de la Sra. Gröner es un trabajo muy importante sobre la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el Parlamento Europeo y nos brinda una buena oportunidad para decidir en esta nuestra Cámara si podemos aplicar nuestras propuestas y recomendaciones a los Estados miembros. 
El informe enumera nuestro acervo completo, todo lo que hemos aplicado y adoptado en el Parlamento Europeo hasta la fecha, como el informe de la Sra. Lalumière. 
También incluye las buenas prácticas de la Comisión Europea destinadas a fomentar la integración de la perspectiva de género en su política de personal. 
El aspecto más importante de este informe consiste en que precisamente destaca la necesidad de una voluntad política en todos los ámbitos en los que se toman las decisiones, en la estructura administrativa, la Mesa, la Conferencia de Presidentes y el funcionamiento de los Grupos parlamentarios, si queremos obtener mejores resultados en el ámbito de la igualdad de hombres y mujeres. 
Es cierto que hay que introducir la igualdad de hombres y mujeres en la agenda de todas las instituciones, puesto que es el único modo de superar de una vez por todas la infrarrepresentación de las mujeres y la falta de igualdad. 
El informe contiene propuestas interesantes de infraestructuras sociales como guarderías para los hijos de los diputados y del personal, que consideramos indispensables, además de otras propuestas relacionadas con la presencia de las mujeres y el efecto que tendrá dicha presencia en todos los niveles y en todas las políticas aplicadas en el Parlamento Europeo. 
Es un informe de propia iniciativa que no impone una política ni nos obliga a aplicar medidas específicas. 
No obstante, confiamos en que sea una buena oportunidad para reflexionar y nos inspire para adoptar medidas, ahora que el Parlamento Europeo se prepara para la ampliación y para dar la bienvenida a los representantes de los nuevos Estados miembros. 
No debemos limitarnos a presentar la mejor imagen posible; también debemos dar ejemplo a los nuevos países, sin olvidar, por supuesto, que muchos de los actuales Estados miembros todavía necesitan asesoramiento y propuestas sobre el modo de mejorar su vida parlamentaria y los mecanismos operativos de sus parlamentos con el fin de alcanzar la igualdad de representación de hombres y mujeres. 
Señor Presidente, estoy encantada de que la presencia de la Comisión venga a desmentir el comentario sumamente ofensivo que ha hecho usted antes acerca de la comisión que tengo el honor de presidir. 
Creo que ahora estará usted convencido de que la cuestión que estamos debatiendo es suficientemente importante como para justificar la presencia de la Comisaria competente en el debate. 
Señorías, es natural que, como acaba de decir la Sra. Kratsa, al hablar sobre integración de la perspectiva de igualdad de hombres y mujeres en todas las políticas y en todos los ámbitos, miremos primero a nuestra propia Cámara. 
Las instituciones europeas y su modo de funcionamiento deberían marcar la pauta y dar ejemplo a los Estados miembros y al resto del mundo. 
El Parlamento Europeo puede ser un valioso marco para ejercer esta política y extraer conclusiones útiles sobre la aplicación de la igualdad de hombres y mujeres en la práctica, promoviendo la igualdad de representación, tanto en cargos parlamentarios como promocionando a mujeres a puestos de responsabilidad en el Parlamento y ayudándolas a mejorar de categoría y retribución salarial en todos los niveles de la jerarquía administrativa del Parlamento Europeo. 
Por desgracia, seis años después del establecimiento del concepto de integración de la perspectiva de género en el Tratado de Amsterdam, esta importante estrategia destinada a alcanzar la igualdad todavía no funciona plenamente ni en la administración del Parlamento Europeo ni en su labor política. 
Sin ánimo de minimizar los esfuerzos realizados, hemos de admitir que el Parlamento Europeo va por detrás de la Comisión Europea. 
El informe de la Sra. Gröner detalla y señala todos los aspectos cruciales y propone medidas específicas y métodos para combatir los puntos débiles existentes. 
El objetivo de nuestra comisión es que el Parlamento Europeo marque la pauta en la aplicación de la integración de la perspectiva de género y confiamos en que el excelente informe de la Sra. Gröner sirva de piedra de toque y de trampolín para alcanzar este objetivo. 
Sin embargo, si queremos alcanzar este objetivo necesitamos apoyo y compromiso en el nivel más alto posible y, al mismo tiempo, necesitamos fondos para garantizar que las medidas propuestas en el informe se apliquen de modo sistemático. 
El principio de integración de la perspectiva de género debe quedar claramente definido en el nuevo Tratado constitucional; este es uno de los principales objetivos de mi comisión en nuestra lucha por conseguir que la Europa del futuro- y esperamos que también los diputados masculinos al Parlamento Europeo- sea más consciente de las cuestiones de género. 
En todos los casos, creo que la decisión adoptada por la Presidencia griega en la reciente reunión informal del Consejo, por la cual, y a propuesta de usted, señora Comisaria, la Comisión Europea debe presentar un informe anual sobre la aplicación de la integración de la perspectiva de género en la UE, ha sido una decisión muy importante. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. Gröner por el excelente trabajo que ha realizado. 
Como era de esperar a la vista del trabajo de la Sra. Gröner, ha sido un proceso largo e intenso el que ha conducido a este debate. 
La Sra. Gröner ha mencionado el artículo 2 y el apartado 2 del artículo 3 del Tratado CE, así como el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que hacen hincapié en la obligación de la UE de promover la igualdad y eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. 
En este contexto, también quiero referirme al apartado 4 del artículo 141, en el que se afirma claramente que se pueden adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a compensar desventajas en sus carreras profesionales. 
Creo, sin lugar a dudas, que esto está destinado en particular a los Estados miembros, pero de hecho es un principio que debería aplicarse también en el Parlamento Europeo, ya que la igualdad no se conseguirá hasta que haya voluntad política y estén disponibles los instrumentos apropiados. 
Ahora mismo podemos observar algunas señales de advertencia generales. 
En el pasado, el debate giraba en torno a la libre elección de la mujer para conseguir la igualdad de oportunidades. 
Ahora, el debate ha evolucionado y en muchos lugares de Europa ha cambiado de enfoque. 
En la actualidad, cada vez más los hombres y mujeres han llegado a ser iguales ante la ley, y por lo tanto corresponde a las mujeres descubrir lo que quieren. 
El debate se ha vuelto a centrar en el hogar. 
Esto, sin embargo, es ignorar los hechos. 
Continúan dándose casos en los que las mujeres cobran menos y por tanto, siguen quedándose en casa con los niños, lo que significa que los hombres seguirán tomando las decisiones, incluso aquí en el Parlamento Europeo. 
El 31,5 % de los diputados al PE son mujeres, pero este porcentaje se mueve dentro de una gama muy amplia. 
El 8,7 % de los diputados griegos son mujeres, frente al 44,3 % de la representación sueca. 
Este último ejemplo muestra lo útil que puede llegar a ser un esfuerzo activo por promover la participación de las mujeres y que es posible conseguir más igualdad de representación mediante la fijación de cuotas en las listas individuales o mediante la opción por las elecciones preferenciales. 
La cosa cambia bastante cuando examinamos los sistemas indirectos y jerárquicos. 
Uno de estos sistemas indirectos es el que existe en la Convención Europea, donde solo hay un 17% de mujeres; un ejemplo de sistema jerárquico es el que existe en la administración del Parlamento Europeo, que también presenta un déficit de igualdad. 
Si, como institución democrática número uno, no somos capaces de dar un mejor ejemplo que el que ofrecemos en la actualidad, ¿cómo vamos a ser capaces de convencer a toda Europa de que la igualdad es una condición indispensable o una necesidad si queremos un buen futuro para Europa? 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el informe de esta tarde, por el que doy las gracias a la Sra. Gröner, plantea un tema muy importante porque se sitúa en el centro de las políticas de igualdad de hombres y mujeres. 
Es extremadamente difícil aplicar lo que el Parlamento Europeo propone con la integración de la perspectiva de género, que yo traduciría al francés por transversalité. 
En primer lugar, tenemos que reconocer que es muy difícil establecer políticas específicas para mujeres, razón por la que el Parlamento dispone de una Comisión de Derechos de la Mujer y, al mismo tiempo, garantizar que estas políticas tengan efectos transversales en las demás comisiones y en todas las cuestiones políticas. 
Esto es lo que nos propone este informe. 
Europa es de nuevo pionera en este ámbito y deberíamos ser muy conscientes de este doble problema. 
Deberíamos andar con dos pies y no con uno solo: por un lado, la igualdad, con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y, por otro lado, la integración de la perspectiva de género, que es sumamente difícil. 
Aparte de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, todos lo comprobamos cada día en nuestras respectivas comisiones. 
Este informe, por el que de nuevo quiero dar las gracias a la Sra. Gröner, propone un proceso de dos fases. 
Por un lado, se refiere a la toma de decisiones, asegurando que se aplica la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos del Parlamento Europeo, tal como creo que ocurre en la actualidad y, en mayor medida, en la Comisión. 
Por otro lado, no hace hincapié en la paridad, sino en la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos, gracias a este informe, cuya adopción en el pleno acojo favorablemente, a pesar de que he presentado una enmienda para la votación en el pleno. 
Creo que este segundo punto es igual de fundamental. 
Esta es la razón por la que creo que es importante, tanto por su naturaleza pionera, como por la dificultad que entraña esta política. 
Señora Comisaria, la reunión informal del Consejo de la semana pasada ya había ratificado prácticamente algunas propuestas de este informe y esto me complace. 
Sin embargo, estoy menos contenta con lo que está ocurriendo a propósito de la ampliación. 
Malta acaba de obtener el derecho a votar sobre la ampliación a pesar de su legislación antiabortista y sus restricciones al divorcio, que parecen haber sido aceptadas por Europa y los quince Estados miembros. 
Parece que Polonia trata de conservar las prerrogativas sobre sus leyes relativas a los derechos de hombres y mujeres. 
Pongo en duda la voluntad política de nuestros quince Estados miembros. 
Se afirma que es importante para nosotros dar ejemplo a los futuros Estados miembros, pero si no podemos pedirles que respeten una serie de principios en materia de derechos de la mujer, este tema me inquieta seriamente. 
Señorías, señora Comisaria, me decepciona que de nuevo haya que presentar en el Parlamento Europeo un informe más sobre la integración de la perspectiva de género, una política que fue aprobada hace años y que ya debería haber sido aplicada. 
En ningún caso pretendo restar méritos a los esfuerzos de la Sra. Gröner en este excelente y muy completo informe. 
Cuando sueño con la integración de la perspectiva de género y la igualdad resultante entre hombres y mujeres en esta institución, también veo a la primera mujer en el cargo de Secretaria General y un reparto equitativo del 50% de mujeres y de hombres en todas las categorías. 
La mitad de las personas que trabajan a tiempo parcial serían hombres, y al caer la tarde habría niños correteando, recién recogidos de la guardería, en la que no habría listas de espera y que habría sido creada por el Parlamento. 
Esta Cámara también sería gestionada por personas de ambos sexos de un modo innovador y progresivo, fruto de las diferencias entre sexos. 
Pero no es más que un sueño. 
Por tanto, considero que este informe sobre la integración de la perspectiva de género es una oportunidad fallida de integrar plenamente el acervo comunitario relativo a la igualdad, incluida la Directiva Hautala adoptada por el Consejo no hace tanto tiempo, en el estatuto de los funcionarios y en la política de personal del Parlamento Europeo. 
Me parece inaceptable que los Estados legislen en materia de igualdad y el Parlamento Europeo no haga lo mismo. 
Durante las vacaciones escolares o ante una huelga escolar imprevista, vemos a muchos niños corretear por esta edificio. 
Son hijos de asistentes, de miembros del personal o de las propias diputadas. 
No siempre tienen edades para ir a la guardería, suponiendo que, como en mi sueño, no hubiera listas de espera. 
¿En qué lugar de este edificio hay una pequeña zona infantil con juguetes, pinturas, etc. en la que podamos dejar tranquilamente a nuestros hijos durante unas pocas horas? 
Medias como esta serían acordes con la política encaminada a conciliar la vida social, familiar y laboral. 
Señorías, lamento tener que informarles de que mi intervención hasta el momento se ha basado en un discurso que pronuncié ante esta Cámara el 8 de marzo de 2002 para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 
Desde entonces nada ha cambiado. 
Es increíble. 
Quisiera concluir diciendo que nuestra Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades va a desempeñar un papel muy importante en el proceso de verificación de la aplicación del informe de la Sra. Gröner. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, antes que nada quiero felicitar a la Sra. Gröner por este trabajo encaminado a asegurar la paridad. 
A pesar de la ampliación global de la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en los últimos años, la integración del principio de igualdad de oportunidades no ha sido satisfactoria en todos los ámbitos, particularmente en el ámbito político y administrativo. 
La participación equilibrada y activa de mujeres y hombres en la vida política es un instrumento crucial para consolidar una sociedad más justa y más democrática. 
Dado que el Parlamento es la institución más próxima a los ciudadanos y a que su compromiso de proteger la igualdad de oportunidades ha permitido que hayan visto la luz muchas políticas en este terreno, es su deber dar ejemplo aumentando la integración de la mujer en las actividades parlamentarias y en las estructuras internas de las instituciones. 
Por lo tanto, hay que promover la plena participación de las mujeres para conseguir una situación más equilibrada. 
En vistas de la ampliación y de las elecciones europeas de 2004, hay que emprender campañas de información que permitan preparar a las mujeres que deseen acceder a las instituciones europeas. 
Esto nos permitirá evitar que el porcentaje de mujeres diputadas al Parlamento Europeo descienda aún más. 
Quiero hacer hincapié, sin ánimo de emitir ningún juicio sobre mi propia labor, en que el trabajo emprendido por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ha resultado ser crucial a la hora de concienciar a las demás comisiones mediante las intervenciones y opiniones que ha emitido. 
En lo referente a la administración del Parlamento, estoy completamente de acuerdo con las medidas destinadas a incrementar la sensibilización, la información y la formación profesional, y a compaginar las necesidades de la vida profesional y la vida privada, concretamente mediante horarios flexibles y la disponibilidad de infraestructuras de atención infantil. 
Sin embargo, no creo que aplicar sistemáticamente el principio de preferencia de las candidatas femeninas a puestos de responsabilidad y liderazgo sea la alternativa más apropiada, en la medida en que este desequilibrio persista. 
Por todo ello, apoyo la enmienda presentada por el Sr. Gargani, que no está de acuerdo con un enfoque tan rígido y mecánico, prefiriendo la posibilidad de adoptar medidas positivas que favorezcan al sexo infrarrepresentado en la contratación, el desarrollo profesional y otras actividades profesionales. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, pienso que, hace unos días, todas y todos celebramos el día internacional de la mujer en nuestros respectivos países. 
Sin embargo, lo que se observa en esas jornadas sigue teniendo un sabor bastante amargo: seguimos siendo víctimas de la desigualdad y continuamos siendo tratadas como una minoría, cuando en realidad representamos a más de la mitad de la especie humana. 
He de decir que, esta tarde, hago estas observaciones con gran pesar, puesto que el problema de la mujer vuelve de nuevo a interesar únicamente a las mujeres; espero que mañana haya más mujeres que se levanten y sigan luchando contra este hecho, del mismo modo que hoy algunos hombres se han quejado porque algunos asuntos de gran importancia, en especial el tema de las pensiones, queden relegados al final de la tarde. 
En el ámbito de la Unión Europea, hay que decir que el principio de igualdad entre hombres y mujeres todavía no se aplica. 
El informe de la Sra. Lalumière, que examina la situación de nuestra institución, dice muy claramente que esa es la realidad y formula propuestas concretas. 
Es cierto que tenemos que abordar seriamente este problema y dejar de escondernos tras consideraciones socioeconómicas y socioculturales. 
Hemos dicho que queremos formar una sociedad más justa y más equitativa. 
Muchas gracias, Sra. Gröner, por este excelente informe, que en los próximos años será una herramienta de valor incomparable para desarrollar el enfoque integrado y transversal de nuestras políticas, acciones y presupuestos. 
¿Por qué? 
Simplemente por el hecho de que sentimos que este enfoque integrado nos conducirá a una sociedad más justa, más democrática, y que si tenemos en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres podremos aprovechar mejor los recursos humanos. 
Debemos adoptar un enfoque activo y eficaz en lo que se refiere a estructuras, políticas de información, evaluación de nuestras acciones o cálculo de estadísticas. 
Permítanme recordarles que dentro de poco la Comisión de Derechos de la Mujer cumplirá veinte años. 
Veinte años es una cifra importante y espero que seamos capaces de realizar una evaluación más que positiva de todo el trabajo que se ha llevado a cabo en este tiempo. 
Señor Presidente, solo quiero llamar la atención sobre la observación de Simone de Beauvoir que dice que «la mujer no nace, se hace» , una alusión a la mujer como el sexo social. 
El hombre sigue siendo la norma, lo que significa que las mujeres siguen tratando a los hombres del mismo modo en que los hombres tratan a otros hombres, y muchas mujeres siguen tratando a otras mujeres del mismo modo en que los hombres tratan a las mujeres. 
De ahí la importancia de la metodología de la integración de la perspectiva de género para el apoyo a una especie de transformación estructural basada en el género, que resulta vital. 
Suecia suele servir de ejemplo como el país con el mayor grado de igualdad, pero el hecho es que en Suecia los hombres y las mujeres no son iguales. 
Todavía estamos muy lejos de serlo. 
Sin lugar a dudas, este dato dice mucho sobre la situación en el resto del mundo. 
En Suecia, tras las últimas elecciones, celebradas en septiembre de 2002, nuestro parlamento nacional se compone de un 47% de mujeres, es decir, incluso más que el 44,3 % mencionado por la Sra. Dybkjær. 
La razón que ha permitido alcanzar estas cifras se encuentra en los propios cambios y compromisos entre los partidos, así como en lo que se denomina contrato voluntario con el electorado, que también ha votado activamente a las mujeres. 
En 1998 yo era responsable de la integración de la perspectiva de género en esta Cámara. 
En estos cinco años que han transcurrido no he podido observar que haya ocurrido gran cosa en particular, por no decir nada. 
Muchos han aprendido a utilizar el concepto de «integración de la perspectiva de género» , pero aprender simplemente a usar un término nuevo no supone ningún cambio. 
Es más, todos debemos aprender a ponerlo en práctica. 
Podemos empezar por adoptar y aplicar la propuesta de la Sra. Gröner que, a pesar de todo, es bastante modesta y se explica por sí misma. 
Señor Presidente, la integración de la perspectiva de género se introdujo en la agenda de la Unión Europea y a través de esta en la de las Naciones Unidas, hace unos diez años, gracias a una acción conjunta de políticas feministas suecas y danesas. 
Lo sé bastante bien porque yo misma participé en ese proceso. 
La idea básica que subyace tras este enfoque, a saber, que los problemas de las mujeres son problemas transversales, se remonta sin embargo a un tiempo más lejano y ya se aplica en política desde una época mucho más temprana. 
En los Países Bajos hablamos de «política de faceta» y de integración de políticas; en Alemania decimos que la política relativa a las mujeres es una tarea transversal, Sra. Gröner, y en Francia se habla simplemente de le mainstreaming. 
La experiencia adquirida varía en cierto modo. 
Podríamos llenar muchas estanterías de libros con los aciertos y también con las dificultades encontradas. 
Por desgracia, también encontramos muchos malentendidos en esta estantería, y quizás, incluso, distorsiones intencionadas. 
De hecho, algunas falsas guías intentan vender lo que, en realidad, no es más que una política específica enmascarada tras la integración de la perspectiva de género, y eso no nos lleva a ningún sitio. 
Por fortuna, el excelente informe de nuestra ponente, la Sra. Gröner, ha levantado un dique frente a este abuso del término en el Parlamento Europeo. 
El informe afirma claramente y de una vez por todas que la integración de la perspectiva de género no es una cuestión de «incorporar mujeres y agitar». 
No, no se trata de eso. 
La idea de la integración de la perspectiva de género consiste en eliminar la faceta general de la denominada política general, echar por tierra este mito y observar cómo tiene efectos distintos en las mujeres y los hombres. 
Debemos admitir que todavía nos queda un largo camino por recorrer hasta poder comprender realmente este concepto. 
Después de todo, muchos hombres no soportan la idea de que su visión de la realidad no es importante para las mujeres. 
Tras estas definiciones de realidad se encuentran las posiciones de poder que, como muy bien saben las feministas, nunca se cederán sin lucha. 
En consecuencia, la cuestión política que subyace tras este informe es la siguiente: ¿están realmente dispuestos los hombres que llevan la voz cantante en este Parlamento a ceder un poco y compartir el poder con nosotras? 
Mientras no seamos capaces de responder a esta cuestión con un sí sincero, debemos proseguir nuestro camino, a pesar de todas las opiniones pesimistas que escucho. 
Debemos seguir en la brecha. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, este Parlamento debe dar un gran impulso a la aplicación del principio de igualdad de derechos y oportunidades, y felicito a la Sra. Gröner por las propuestas que ha presentado y que, si se aplican, contribuirán de modo importante a la integración de la perspectiva de género, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres mediante la incorporación de este concepto en todas las prácticas y actividades. 
También deseo hacer hincapié en el hecho de que no se trata solo de incrementar la participación de las mujeres en las instancias del Parlamento y en las distintas comisiones y grupos de trabajo; ante todo, se trata de una cuestión de integración de la perspectiva de género en todas las fases de elaboración política en los distintos procesos de trabajo de las comisiones y delegaciones del Parlamento, incluido el proceso presupuestario y todas las políticas comunitarias, cosa que es sumamente importante. 
Los recursos financieros y humanos apropiados son esenciales, desde luego, pero por encima de todo, lo que más se necesita es una verdadera política de promoción de la igualdad y una considerable voluntad política, no solo por parte de las instancias responsables de este Parlamento, sino también por parte de la Comisión y el Consejo, con el fin de garantizar que la perspectiva de género esté realmente presente en todas las políticas y prácticas. 
Señor Presidente, votaré a favor de este informe porque contiene una serie de buenas intenciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres y propone que el Parlamento ponga orden de puertas adentro. 
No solo hay la mitad de mujeres que de hombres en el Parlamento, sino que en los órganos responsables de la gestión del Parlamento (la Mesa, la Conferencia de Presidentes, etc.) las mujeres están infrarrepresentadas de forma escandalosa. 
Sin embargo, debo hacer hincapié en el hecho de que actuar únicamente en este ámbito no sería más que rascar en la superficie. 
En las empresas todavía hay una gran diferencia entre los salarios de los hombres y los de las mujeres. 
¿Por qué las instituciones europeas, capaces de proponer directivas restrictivas cuando se trata de facilitar el comercio y los negocios, no son capaces de hacer lo mismo para garantizar la igualdad salarial? 
¿Por qué no imponen a todos los Estados miembros, incluidos los más retrógrados, el derecho fundamental de las mujeres a ser dueñas de su propio cuerpo? 
Este paso no sería suficiente para detener el progreso de la misoginia y la violencia contra las mujeres, que continúa creciendo en la pobreza y en los guetos de las barriadas obreras, pero frenaría el deterioro del nivel de vida de las mujeres. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0059/2003) de la Sra. Avilés Perea, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre los objetivos de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la utilización de los Fondos Estructurales (2002/2210 (INI) ). 
. (ES) Señor Presidente, señora Comisaria, el objetivo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se introdujo en el Tratado de Amsterdam, y con ello se proporcionó un fundamento jurídico al compromiso comunitario de trabajar en todos los programas de los Fondos Estructurales para alcanzar este objetivo. 
Se incorporó también en el Reglamento de los Fondos Estructurales para el período 2000-2006. 
La igualdad de oportunidades es un objetivo en todos los programas y acciones cofinanciados por los Fondos. 
A pesar de estos objetivos tan claros y de la obligatoriedad de los mismos, hemos podido constatar que, salvo para el Fondo Social Europeo, no se cumplen, incluso cuando están incluidos dentro del programa que debe realizarse. 
El Fondo Social Europeo, en el ámbito del empleo, de la formación profesional y de la promoción profesional, es el único que cumple este objetivo con programas específicos destinados a lograr la igualdad de oportunidades; pero otros ámbitos importantes, como las infraestructuras, el transporte, el medio ambiente, el desarrollo local y urbano, el desarrollo rural, la investigación, etc., no incluyen entre sus objetivos la igualdad. 
Aunque el Fondo Social Europeo se centra en la promoción del empleo, quedan acciones importantes por realizar, como la disminución de la segregación en el mercado de trabajo, las diferencias de remuneración por un trabajo igual, así como el fomento de la participación de las mujeres en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, el espíritu empresarial y nuevas posibilidades de empleo y del proceso de toma de decisiones. 
Pedimos a la Comisión que adopte medidas más específicas y más eficaces para subsanar estas deficiencias. 
También nos parece que hay una clara falta de voluntad política en los Estados miembros para impulsar el objetivo de la igualdad en los Fondos Estructurales. 
Es cierto que se han realizado avances en materia de desarrollo de estadísticas desglosadas por sexo, lo que nos permite conocer mejor la realidad, pero los indicadores de seguimiento de los programas no han mejorado en relación con la programación anterior. 
Los Estados miembros son responsables de la programación y pedimos que se esfuercen en apoyar políticas y acciones específicas para alcanzar el objetivo de la igualdad de oportunidades, seleccionando los proyectos que cumplen este objetivo. 
Podrían desarrollarse infraestructuras, como son las guarderías infantiles o los centros de día para personas mayores o con discapacidad; normalmente estas obligaciones son tareas que asumen las mujeres en el ámbito familiar y, con las infraestructuras adecuadas, podríamos conseguir una mejor integración de la mujer en la vida profesional y la conciliación de esta con la vida familiar, una mejor organización del tiempo de trabajo y la reinserción profesional tras una ausencia prolongada, así como una mayor sensibilización en el reparto equitativo de las tareas entre mujeres y hombres en el seno de la familia. 
Especial atención deben recibir las mujeres con más dificultades para lograr la igualdad de oportunidades, como son las mujeres con discapacidad, las migrantes y las cabezas de familia. 
Una mayor integración de las mujeres en los órganos encargados de la toma de decisiones facilitaría, sin duda, esta tarea. 
Pero la formación y la sensibilización en materia de igualdad de oportunidades no deben dirigirse solo a las mujeres, sino a toda la sociedad. 
Aprovechemos las oportunidades que nos dan el Tratado y el Reglamento de los Fondos Estructurales para avanzar en la igualdad de oportunidades con proyectos que cumplan estos objetivos. 
En la evaluación intermedia que se hará este año a mitad de programa deberá analizarse el cumplimiento de este objetivo: la naturaleza y el importe de los créditos asignados a las acciones concretas en materia de igualdad de oportunidades para realizar las modificaciones necesarias, de cara al segundo período de la programación. 
También deberá tenerse en cuenta la importancia de estas acciones en los países candidatos que se incorporarán dentro de poco más de un año y que presentan dificultades de reestructuración administrativa y económica que afectan particularmente a las mujeres. 
Señor Presidente, Señorías, quiero felicitar a la Sra. Avilés Perea- y no por simple cortesía- porque el debate ante el que nos encontramos aquí hoy es un debate realmente importante, dado que los Fondos Estructurales son una aplicación muy específica de la política y nos permiten medir si se han obtenido resultados sustanciales o no. 
Como es natural, los Fondos Estructurales también están supeditados al doble enfoque de la igualdad de género, y con ello me refiero a la integración de la perspectiva de género y a las prácticas y programas específicos propuestos solo a mujeres, que es lo que llamamos acción positiva. 
Es cierto, como han reiterado varias oradoras, que este objetivo no siempre se ha conseguido. 
El Reglamento de los Fondos Estructurales es una herramienta importante, pero tiene que aplicarse correctamente en la práctica. 
Existen cuatro fases: la concepción o planificación del programa, la aplicación, el control y la evaluación. 
Si las partes implicadas en estos cuatro procesos no demuestran la sensibilidad y el compromiso necesarios en políticas específicas, no habrá resultados. 
El Gobierno sueco organizó hace poco un seminario para todos sus ministros. 
El consejo ministerial asistió a un seminario sobre integración de la perspectiva de género, en el que se explicaron los requisitos de planificación en todos y cada uno de los terrenos políticos. 
Lo que hemos de tener en cuenta es que es preciso sensibilizar a los responsables de la elaboración de programas de los Fondos Estructurales en el nivel ministerial, regional o local, pero eso no ocurre en todas partes. 
Creo que existe un serio déficit político en las evaluaciones llevadas a cabo. 
Este es mi primer punto, 
lo que me conduce a la segunda fase, que es la de aplicación y a la tercera fase, que es la de supervisión. 
La administración- en todos los niveles- desempeña un papel muy importante en este terreno, y esto nos lleva a lo que se ha dicho en el curso del debate. 
La administración de cada país, con unas pocas excepciones, está ocupada, en sus niveles superiores, mayoritariamente por hombres, y son muy pocos los países que fomentan la sensibilización e imparten formación a sus funcionarios. 
Lo que significa que el grado de sensibilización necesario para ayudar a promover los objetivos, incluso en esta fase, no se da en los niveles de aplicación y supervisión. 
Esto me conduce a la cuarta fase, la evaluación. 
En esta fase entran en juego las empresas consultoras y las evaluaciones realizadas por instancias externas, que en muy pocos casos reciben la orden de llevar a cabo una evaluación separada del efecto de las políticas y los programas en las mujeres. 
Creo que la Comisión estuvo bastante acertada al presentar una comunicación en diciembre de 2002 sobre la integración de la perspectiva de género en los Fondos Estructurales para el período 2000 a 2006; no podría haberlo hecho en un momento más propicio. 
De este modo se nos ofrece una oportunidad inicial durante los dos primeros años de aplicación del nuevo marco de apoyo comunitario, para comprobar en qué medida los Estados miembros han tenido en cuenta la perspectiva de género en la fase de planificación. 
Disponemos de datos iniciales; no tenemos estadísticas porque, como saben, la mayoría de los programas han comenzado en los últimos 18 meses. 
Lo que podemos comprobar, teniendo en cuenta la subsidiariedad en la planificación de los Fondos Estructurales, es que se ha logrado introducir una serie de buenas prácticas y de indicadores importantes, pero solo por parte de algunos Estados miembros. 
Entre los indicadores se incluye el número de mujeres que han establecido su propia empresa, la proporción entre el número de programas destinados a mujeres y otros programas, el porcentaje de mujeres formadas en la sociedad de la información, los programas locales que tienen en cuenta la perspectiva de género, el porcentaje de mujeres que forman parte de los programas de formación en general y otra serie de indicadores que solo utilizan determinados países. 
No es la norma y creo que sería una buena idea si su comisión y los miembros del parlamento de cada país presionaran a sus respectivos gobiernos, porque no disponemos de indicadores para todos y cada uno de los programas, y eso es precisamente lo que necesitamos. 
Esta comunicación ha llegado justo en el momento preciso, porque nos brinda la oportunidad de plantearnos una revisión de los Fondos Estructurales y cambiar la distribución de la financiación y la distribución de la nueva reserva, con el fin de tener en cuenta el rendimiento de estos programas desde la perspectiva de la integración de la dimensión de género. 
Esta evaluación intermedia, junto con los datos de lo que ha ido ocurriendo en los Estados miembros, nos brindará una buena oportunidad para comprobar cómo podemos ejercer presión para que los fondos se redistribuyan y se canalicen hacia políticas específicas para las mujeres. 
Para concretar, tenemos que otorgar puntos adicionales a los programas aprobados que incluyan la dimensión de género. 
Necesitamos acciones especiales para promover estos programas relacionados con la igualdad de género, teniendo en cuenta que dicha promoción, en general, tiene un efecto exponencial porque potencia la sensibilización entre los planificadores de programas. 
Un tercer punto importante es la necesidad de impartir más formación a los funcionarios administrativos superiores y a los políticos. 
Una planificación más eficaz depende de la formación impartida en los partidos políticos, los gobiernos, las autoridades y administraciones locales; por supuesto, la formación de los responsables efectivos de la planificación de programas puede ser financiada con cargo al Fondo Social sin ningún problema. 
El cuarto punto trata sobre la preparación de los países de la ampliación. 
Lo que intentamos hacer desde un principio, al menos en lo que respecta al fondo del que soy responsable, es asegurarnos de que exista un funcionario superior en los departamentos creados en cada país candidato para el Fondo Social, que haya sido formado e instruido en Bruselas desde el principio, para que la planificación del Fondo Social tenga en cuenta la integración de la perspectiva de género desde el primer momento. 
Señor Presidente, felicito a la Sra. Avilés Perea por este informe, que considero un trabajo extremadamente oportuno y de calidad notable. 
A pesar de que las obligaciones en el ámbito de la igualdad de oportunidades hayan sido incorporadas al Reglamento de los Fondos Estructurales para el período 2000-2006, su aplicación es todavía escasa en las operaciones cofinanciadas con cargo a los Fondos. 
El Fondo Social Europeo sigue desempeñando un papel fundamental en la aplicación de este objetivo, en comparación con otros fondos, puesto que la mayor parte de los programas abarcan los campos del empleo y de los asuntos sociales. 
Tenemos que admitir que todavía queda mucho por hacer para reducir la discriminación en el mercado laboral y las desigualdades salariales. 
Existen lagunas múltiples y variadas: el bajo nivel de participación de las mujeres en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación; el bajo nivel de iniciativa empresarial entre las mujeres y la falta de representación en el proceso de toma de decisiones. 
Y esto para mencionar tan solo algunas de las deficiencias y demostrar que la Comisión debe actuar para remediarlas. 
Creemos que es procedente, por no decir crucial, que la Comisión establezca parámetros que garanticen que, en efecto, se está tomando en cuenta la cuestión de la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de aplicación de los Fondos Estructurales. 
Está claro que los Estados miembros no pueden quedar al margen. 
De hecho, debería establecerse que a pesar de la importancia del compromiso político que han asumido, los Estados miembros no lo han cumplido como es debido. 
Los Estados miembros deben ser más coherentes a la hora de desarrollar medidas encaminadas a integrar sistemáticamente la igualdad de oportunidades en todas las fases de programación y aplicación de acciones y a la hora de presentar periódicamente informes a la Comisión sobre los progresos realizados. 
Las estadísticas desglosadas por sexo sirven para supervisar y evaluar los programas; por otro lado, también es fundamental sensibilizar y preparar a los candidatos y a las distintas partes implicadas, desde la fase de redacción hasta la aplicación. 
Lo más razonable es conceder a las autoridades responsables el derecho a rechazar las propuestas o a proponer su revisión y aplicar las penalizaciones adecuadas en caso de que los proyectos no cumplan los requisitos necesarios para integrar la igualdad de oportunidades. 
Una última observación para recordar que este año tendrá lugar la evaluación intermedia de los Fondos Estructurales para el período 2000-2006. 
En este contexto, la Comisión y los Estados miembros deben aprovechar la oportunidad para llevar a cabo las modificaciones necesarias que permitan incrementar el grado de consecución del objetivo de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el resto del período de programación. 
Señor Presidente, señora Comisaria, el Reglamento de los Fondos Estructurales, que abarca el Fondo Social Europeo (FSE) , el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) , estipula el compromiso de conseguir la igualdad de oportunidades. 
Este mismo compromiso se aplica a las cuatro iniciativas comunitarias Equal, Interreg III, Urban III y Leader Plus. 
Sin embargo, tal como hemos podido saber por las oradoras anteriores, la aplicación de estos objetivos con vistas a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en estos programas deja mucho que desear en la práctica. 
La Comisión ha decidido presentar una evaluación intermedia de los Fondos Estructurales a finales de este año. 
Creo que este informe de propia iniciativa de la Sra. Avilés Perea sería una buena base para ello y quisiera mencionar brevemente algunas de nuestras aspiraciones e identificar algunas de las deficiencias. 
Hay una serie de cosas que es preciso mejorar en lo que se refiere a la distribución de fondos. 
Tiene que haber una participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de decisión, selección y supervisión en el plano local, regional y nacional. 
Los solicitantes y el personal de gestión de proyectos deben recibir información sobre la manera de incorporar efectivamente la igualdad de oportunidades en las medidas propuestas. 
Uno de los aspectos importantes en este terreno es que los planes y los programas del Fondo Estructural deben incluir programas de financiación que determinen la financiación disponible para medidas y acciones individuales destinadas a mejorar la igualdad de oportunidades. 
Esta medida insistiría y aseguraría que la igualdad de oportunidades se tomara en serio y que realmente se aplicara en estos programas. 
Las dificultades, derivadas de las deficiencias estructurales, a la hora de conciliar la vida profesional y familiar, siguen dando problemas. 
Si la igualdad de oportunidades no se incorpora de forma sistemática en todas las fases de planificación y aplicación de los programas, seguirá siendo objeto de una negligencia escandalosa en el futuro. 
El Fondo Social tiene que utilizarse de forma mucho más intensa como instrumento para poner remedio al trato desigual de las mujeres en el mercado laboral. 
Las reivindicaciones de las mujeres que piden un salario igual por un trabajo igual datan de hace mucho tiempo, pero todavía no se han satisfecho. 
Tenemos que promocionar a las mujeres en el ámbito de las tecnologías de la información y en el mundo empresarial. 
Tampoco se ha logrado desarrollar nuevas formas de empleo suficientes. 
Aunque los Estados miembros se hayan comprometido formalmente a favor de la igualdad de oportunidades, su aplicación todavía brilla por su ausencia en muchos terrenos, a pesar de la legislación promulgada con vistas a fomentar la igualdad de oportunidades. 
Por tanto, la cuestión que se plantea de nuevo aquí es la siguiente: ¿de qué sirve tener una legislación excelente si su incumplimiento no acarrea prácticamente ninguna consecuencia? 
Señor Presidente, a mí también me gustaría dar las gracias a la ponente por su brillante informe. 
Desde el punto de vista de la política de igualdad, por desgracia hemos empezado demasiado tarde a centrarnos en el dinero, más que en las meras palabras. 
Cuando de hecho nos centremos en el dinero, tendremos que ser capaces de atribuir algunas cifras reales a la desigualdad. 
En este terreno, los Fondos Estructurales de la UE son sus herramientas más prácticas para redistribuir los recursos, en primer lugar entre las regiones, y en segundo lugar entre grupos de población. 
Por tanto, son instrumentos clave para alcanzar uno de los grandes objetivos de la Comunidad: la igualdad entre mujeres y hombres. 
Tal como demuestran tanto el informe de la Sra. Avilés Perea como los análisis realizados por unas cuantas organizaciones de mujeres, la dimensión de género, como ha señalado la Comisaria Diamantopoulou, dista mucho de haber sido debidamente incorporada. 
El hecho de que esto no haya ocurrido es una cuestión. 
La otra es que cuando abordemos uno de los mayores retos de la UE, la ampliación, tendremos que enfrentarnos a retos todavía mayores en el ámbito de la igualdad. 
Vamos a tener ante nosotros toda una serie de nuevos Estados miembros con tradiciones e historias diferentes de las nuestras y, por tanto, con puntos de vista acerca del concepto de igualdad diferentes de los que rigen en los Estados miembros actuales. 
Los regímenes comunistas consideraban la opresión de las mujeres como un aspecto característico de las sociedades capitalistas y por este motivo decretaron oficialmente la igualdad de mujeres y hombres. 
Esto significó que las mujeres tenían que salir a trabajar y a participar en la vida política. 
A cambio se crearon guarderías, se introdujo la baja de maternidad y se legalizó el aborto en una serie de países. 
Y funcionó en el sentido en que la proporción de mujeres presentes en el mercado de trabajo era alta en comparación con la de los países de la UE. 
Pero la otra cara de la moneda era que, en muchos casos, el trabajo no era para aquellas mujeres más que una mera obligación, y no un derecho, por lo que ni siquiera se planteaba una equiparación salarial y, por lo tanto, desde luego, tampoco la igualdad. 
Además, los Fondos Estructurales han de desempeñar un papel central precisamente en este terreno, concretamente a través de representantes en los distintos países que sepan poner en práctica la integración de la perspectiva de género e implicar a las mujeres en los proyectos, puesto que de otro modo no existirían proyectos para mujeres, precisamente porque estas últimas, en primer lugar, no presentan una disposición muy buena hacia la economía de mercado ni hacia la UE, y porque los antecedentes históricos son los que he descrito anteriormente. 
En este contexto, espero que la Comisaria Diamantopoulou ponga en práctica lo que acaba de decir con respecto a lo de estar alertas en esta cuestión y que además intervenga en caso de demostrarse que no se ha producido una integración adecuada de la perspectiva de género. 
Además, estoy absolutamente convencida de que todas las personas aquí reunidas esta noche estarán dispuestas a ayudarla. 
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Avilés Perea por esta iniciativa relativa a la utilización de los Fondos Estructurales. 
Cuando reflexionaba sobre lo que iba a decir en estos dos debates consecutivos, se me ocurrió que el hecho de centrarnos en la cuestión de las mujeres conlleva cierto grado de cansancio político. 
No faltan hombres que sostienen que se están realizando progresos, pero en lugar de estar de acuerdo con su punto de vista, a veces simplemente me cansan. 
En el siglo V, la Iglesia elitista y masculina de entonces en Europa decretó en uno de sus Concilios que la mujer tiene alma. 
En 1993, la conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Viena decidió que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. 
En otras palabras, entre ambas decisiones median más de 1 500 años. 
Las mujeres con las que me reúno en los Estados miembros también están muy cansadas. 
Están cansadas de participar en proyectos que no llevan a ninguna parte. 
Siempre les insto a que se informen sobre la situación ante las opciones que ofrecen en concreto los Fondos Estructurales. 
En su informe, la Sra. Avilés Perea indica las dificultades derivadas de la falta de voluntad de cada uno de los países para ver una dimensión de igualdad en los Fondos Estructurales. 
En el Parlamento sueco, mi partido lleva pidiendo al Gobierno sueco desde hace ya unos cuantos años que realice evaluaciones, en especial, desde una perspectiva de igualdad de mujeres y hombres. 
Nuestras peticiones se han topado con oídos sordos. 
En consecuencia, espero de verdad que la Comisión y el Parlamento- y la izquierda sueca en lo que a Suecia se refiere- cooperen para conseguirlo. 
Entonces, ¿cómo conseguir el cambio necesario de la tradicional mentalidad masculina en las salas de juntas, por ejemplo? 
En las juntas directivas se suele hablar de competencia, pero nunca nadie ha logrado definir lo que significa competencia ni el tipo de competencia que se necesita realmente en una sociedad moderna. 
Sobre este tema, apoyo realmente a la Ministra sueca de Igualdad que, con su reciente compromiso de proponer leyes para establecer cuotas si no logramos un mayor número de mujeres en las juntas directivas de las empresas, ha prometido también un nuevo enfoque. 
En el debate anterior he dicho que había que efectuar una transformación estructural basada en el género. 
Eso es lo que estoy defendiendo. 
En muy pocas ocasiones tenemos un debate sobre igualdad en el pleno. 
En este contexto, no puedo dejar de mencionar la Convención, que ahora desea introducir una base cristiana, pero no la igualdad entre mujeres y hombres. 
Por esta razón estuve pensando en el siglo V. 
Señor Presidente, el informe de propia iniciativa de la Sra. Avilés Perea nos lleva a darnos cuenta de que la política masiva, ambiciosa y económicamente generosa de Fondos Estructurales ha hecho muy poco por ayudar a las mujeres, a pesar del hecho de que la Directiva marco de 1991, aplicable a todos los fondos, establece que la igualdad es uno de sus objetivos básicos. 
Hemos comprobado que a pesar de que los Estados miembros se han comprometido a incorporar el objetivo de la integración de la perspectiva de género en los marcos de apoyo comunitarios, dicho compromiso no se ha cumplido. 
Hacen falta mecanismos de control especializados, información suficiente, indicadores cuantitativos y cualitativos suficientes, además de preparación y formación adecuada de los funcionarios, como ha puntualizado antes la señora Comisaria. 
Las oradoras anteriores han hablado de todos estos inconvenientes y de las oportunidades que se han perdido al intentar promocionar la igualdad y la creación de infraestructuras que tengan un efecto directo y positivo en la vida de las mujeres. 
Creo que no existe un debate público en torno a esta cuestión en los Estados miembros; no existe un debate sobre sus obligaciones ni sobre la necesidad de llevar a cabo una evaluación ni sobre la necesidad de cambiar de política. 
Es muy significativo que este debate se celebre al mismo tiempo que la evaluación intermedia, y tenemos que darle continuidad y extenderlo a los Estados miembros; tenemos que ayudar a propagar este debate, también en los nuevos Estados miembros, y debemos darles a entender que los Fondos Estructurales y la nueva política estructural les proporcionará un instrumento importante para responder a los retos a que se enfrentan. 
También debemos colaborar con ellos para asegurar que la nueva política estructural incluya políticas adecuadas para cubrir las deficiencias actuales y fomentar el conocimiento y la sensibilización ante la necesidad de poner en práctica las decisiones tomadas en los Estados miembros. 
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la Sra. Avilés Perea por el excelente informe que ha elaborado; a decir verdad, no tengo mucho más que añadir a lo que ella ha escrito ni a lo que se ha dicho esta noche. 
Por ello, voy a centrarme en las lecciones que debemos extraer del informe de la Sra. Avilés Perea, de lo que ha añadido la Sra. Comisaria y también, creo, del informe de la Sra. Gröner. 
En primer lugar, creo que es importante decir que estos dos informes de propia iniciativa pretenden ser una herramienta y un acicate de los pasos subsiguientes que tienen que dar la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros, porque ambas se centran en las herramientas que deberíamos tener disponibles tanto en la fase de planificación como en la fase de asesoramiento sobre el efecto que tendrán las políticas que lanzamos en la vida real de nuestros ciudadanos, en particular de las mujeres. 
Desde este punto de vista, creo que hay algunos ejemplos importantes y positivos: los indicadores definidos en la estrategia europea de empleo y la evaluación de impacto desarrollada por la Comisión pueden servir muy bien para una evaluación comparativa con vistas a hacer lo mismo en otros ámbitos políticos, como por ejemplo en la evaluación de los programas de los Fondos Estructurales; y me complace oír a la Sra. Comisaria decir que estos serán los puntos que se considerarán en la evaluación intermedia. 
Por consiguiente, hay que desarrollar las herramientas de la estadística, la presencia de las mujeres en puestos y comités decisivos y los indicadores de evaluación de impacto. Además creo que se añadirá otro instrumento que estamos desarrollando como parámetro en la Comisión de Derechos de la Mujer: la estructura presupuestaria desde una perspectiva de género. 
Creo que será un paquete importante en el que podemos colaborar para lograr algún efecto en la aplicación de estas políticas en todos los ámbitos- nacional, regional y local- en los Estados miembros. 
Creo que debemos aportar mucha más información acerca de las herramientas disponibles, destacar los logros positivos- aunque no estemos totalmente satisfechas porque todavía queda mucho por hacer -, pero no debemos desanimarnos por no disponer de ninguna herramienta: las herramientas están ahí, solo tenemos que probar y utilizarlas. 
Señor Presidente, yo también coincido con la conclusión de la Sra. Avilés Perea sobre la política estructural. 
Sobran decenas de millardos de euros de los Fondos Estructurales, la mitad de los cuales deberían haber sido aportados por los Estados miembros. 
Cuando se hizo la promesa de que un 15% de los Fondos Estructurales se destinaría a proyectos de mujeres y de igualdad de oportunidades, el resultado final es de tan solo un 6%. 
Sin embargo, seamos francos: nos estamos refiriendo a un 6% del dinero gastado, y no a un 6% del importe presupuestado. 
Por consiguiente, en realidad no es más que una fracción de la cantidad original. 
La Comisión siempre se refugia tras la excusa de que no sabe cuáles de los programas propuestos son específicamente de mujeres y se lava las manos. 
Teniendo en cuenta el gran excedente, debemos por tanto invertir los papeles. 
Si los Estados miembros no presentan programas en el que un 15% esté destinado a programas de mujeres, entonces nos veremos en la obligación de pedir a la Comisión que rechace esas propuestas. 
Esto debe aplicarse del mismo modo en el curso de la ampliación, porque se espera que la necesidad de Fondos Estructurales sea tan grande en los nuevos Estados miembros que la dimensión de género sufrirá un serio menoscabo. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en el Parlamento creemos que la integración de la perspectiva de género en todas las políticas de la UE es cosa hecha, de la que sin duda alguna se ha discutido largo y tendido, pero que simplemente no se ha logrado aplicar. 
Sin embargo, esto no refleja ya la verdadera situación en los Estados miembros. 
Incluso con la existencia de un Reglamento, que se remonta a 1999, por el que se establece que la igualdad de oportunidades es un objetivo clave de las acciones financiadas con cargo a los Fondos Estructurales, es cierto, no obstante, que a excepción del Fondo Social Europeo, este concepto todavía no ha sido integrado en las administraciones, ni en las de los quince países que actualmente forman la Unión ni en las de los diez países de la ampliación. 
Sin embargo, este Reglamento es un arma extremadamente importante del arsenal de la Comisión, destinado a asegurar la aplicación de acciones positivas en beneficio de las mujeres. 
La perspectiva de género debe integrarse y evaluarse en la fase de elaboración en cada país- como ha dicho la Sra. Comisaria- de los proyectos financiados con cargo a los Fondos Estructurales, en la fase de estudio de los mismos por parte de la Comisión e incluso en el informe de aplicación. 
Es fundamental conseguir una mayor participación de mujeres en los equipos que elaboran y estudian los proyectos con vistas a su financiación y en la fijación de los indicadores que permiten medir efectos y resultados en este terreno. 
Por consiguiente, apoyo el informe de la Sra. Avilés Perea y espero que en la evaluación intermedia sobre la aplicación de los Fondos asignados a 2003 aparezcan pruebas de los resultados de la política de igualdad; y que la programación para el período 2004-2006 mejore con vistas a alcanzar el siguiente objetivo: los Fondos Estructurales deben ser armas poderosas destinadas a mejorar la igualdad de oportunidades de las mujeres en la Unión Europea. 
Señor Presidente, no es tarea fácil lograr una sociedad caracterizada por la igualdad. 
Nosotros mismos somos el principal obstáculo. 
Debido a nuestras actitudes y enfoques, estamos todavía muy lejos de alcanzar una sociedad realmente igualitaria. 
La falta de igualdad no solo se debe, por supuesto, a nuestras actitudes, sino también a la influencia de las estructuras en las que se basa nuestra sociedad. 
Ahora hablamos de una de estas estructuras, a saber, la que forman el Fondo Social Europeo y los Fondos Estructurales. 
La política de cohesión, el Fondo Social Europeo y los Fondos Estructurales son muy importantes para el desarrollo de la cooperación en la UE. 
La cooperación europea solo tendrá éxito si cada una de las partes implicadas tiene la impresión de estar participando. 
Lo que por supuesto será fundamental para la labor en torno a la igualdad en una serie de terrenos es que estas herramientas fomenten una mayor igualdad o consoliden las estructuras y actitudes vigentes. 
La igualdad es el objetivo prioritario de los Fondos Estructurales desde 1994. 
El hecho de que no se hayan producido más avances en casi diez años es, desde luego, digno de mención. 
Se han realizado progresos, pero no basta. 
El empleo es un factor extremadamente importante para trabajar en el ámbito de la igualdad. 
Las oportunidades de trabajo y la capacidad para ser económicamente independientes determinarán si es posible alcanzar una sociedad igualitaria. 
Existe también un fuerte vínculo con la educación. 
Por consiguiente, el trabajo debe asignarse de modo que se asegure que las mujeres obtengan de los Fondos Estructurales el mismo beneficio que los hombres. 
La perspectiva de igualdad debe ser incorporada en todos los trabajos realizados en torno a los programas. 
Es muy importante que haya órganos dedicados a la igualdad en todos los niveles de la sociedad y que estén formados por tantas mujeres como hombres. 
También se podría ejercer una fuerte presión sobre la forma en que se utilizan los fondos comunitarios en cuestión. 
Si la perspectiva de igualdad no es suficientemente clara o si los órganos que gestionan la financiación no tienen una representación igualitaria de mujeres y hombres, las solicitudes deberían ser rechazadas. 
Si es posible que los Fondos Estructurales se caractericen por esta actitud, estoy segura de que las cosas tendrán otro aspecto la próxima vez que debatamos sobre estos temas. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0036/2003) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica por décima vez, en lo relativo a las exenciones de la congelación de fondos y otros recursos económicos, el Reglamento (CE) nº 881/2002 por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas hacia algunas personas y entidades asociadas con Osama bin Laden, la red Al Qaeda y los talibanes (COM (2003) 41- C5-0048/2003- 2003/0015 (CNS) ). 
. (ES) Señor Presidente, el 27 de mayo de 2002 el Consejo adoptaba el Reglamento (CEE) nº 881/2002 con el fin de transponer una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
En concreto se trataba de dos resoluciones por las que se establecían las acciones, principalmente, congelación y otros recursos financieros, aplicables a las personas y entidades incluidas en la lista creada específicamente por la Comisión de Sanciones de las Naciones Unidas para estos fines. 
El Parlamento Europeo se pronunció al respecto, el 11 de abril de 2002, en el marco de un procedimiento de urgencia, y aprobó la Resolución con 14 enmiendas. 
El pasado mes de diciembre de dicho año el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó otra Resolución, la 1454 de 2002, por la que se reconocían ciertas excepciones a la obligación de congelar fondos y activos financieros. En base a ella, la Comisión Europea ha presentado la propuesta que hoy tenemos entre manos, la cual recoge casi palabra por palabra el texto de las Naciones Unidas. 
Se trata pues de autorizar la liberalización de créditos en relación con las personas incluidas en la lista, con la idea de cubrir necesidades humanas básicas, tales como los gastos destinados a pagar alimentos, tratamientos médicos, honorarios de abogados, alquileres, etc., en consonancia con lo que el propio Parlamento Europeo reclamó en la Resolución de 11 de abril de 2002 ya citada. 
Sin embargo, en dicha ocasión, el Pleno del Parlamento Europeo propuso también otras modificaciones que no fueron incluidas por el Consejo en el Reglamento (CEE) nº 881/2002, ni por la Comisión en su propuesta actual. 
En este sentido, la Comisión de Libertades Públicas votó una serie de enmiendas que quedan recogidas en el informe que ha llegado hoy al Pleno y que propongo apoyemos en su conjunto. 
Se trata de cinco enmiendas que pretenden incluir expresamente en el Reglamento comunitario el procedimiento de eliminación de nombres de personas de la lista de terroristas actualmente vigente en las Naciones Unidas, exigir que el Parlamento Europeo sea plenamente asociado e informado, así como incidir en la necesidad de que la vida de dicho Reglamento debe alinearse con el plazo de vigencia de las resoluciones de las Naciones Unidas que transpone. 
Señorías, señor Presidente, dadas estas pinceladas a un tema concreto, que estamos hoy llamados a debatir, quisiera aprovechar los últimos minutos del tiempo de palabra que me queda, para hacer una reflexión más general sobre la causa que ha llevado a tener que adoptar este tipo de normativa internacional y europea y que es, ni más ni menos, la persistencia del terrorismo. 
En efecto, y sobre todo en el último año y medio, la sangrienta brutalidad terrorista ha sacudido todo el mundo. 
Centrándonos en lo que es la lucha contra el terrorismo en el ámbito de la Unión Europea, quisiera destacar un aspecto que me parece relevante. 
Si de verdad estamos todos de acuerdo en que queremos lograr la creación de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, es vital que trabajemos para que sus tres componentes se desarrollen plenamente y con igual intensidad en todo el territorio de la Unión Europea. 
Pero, sin embargo, no tiene sentido hablar de un espacio europeo de dichas características si, en la práctica, no todo el territorio europeo es justo, seguro o libre. 
Y la principal causa de eso es la persistencia del terrorismo dentro de la Unión Europea. 
No es algo ajeno a nuestras fronteras sino que perdura en el interior de las mismas. 
En este sentido, las autoridades europeas competentes se han puesto en marcha con vistas a adoptar todo un arsenal legislativo para luchar contra la lacra terrorista. 
Aunque toda la actuación en este sentido pudiera ser cuestionada y, por supuesto, sometida a evaluación, quisiera también denunciar aquellas voces que han surgido, mucho más preocupadas por la salvaguardia de los derechos y libertades de los terroristas que por recordar el daño, el sufrimiento y la desesperación que estos causan a sus víctimas, por no hablar de la injusticia e impotencia que actos de dicha índole suponen. 
Por ello, Señorías, señor Presidente, espero expectante, en el futuro, actitudes concretas a favor de los derechos y libertades de las víctimas del terrorismo y de sus familias. 
En este contexto, y contando con la presencia hoy, entre nosotros, de la Comisión- veo que no del Consejo -, aprovecho para lanzarles una idea que ya empieza a correr por los pasillos y a la cual espero se dé respuesta próximamente; me refiero a estudiar las posibilidades de crear a nivel europeo algún mecanismo de solidaridad que prevea fórmulas para indemnizar a los ciudadanos europeos que sean víctimas de atentados terroristas en territorio de la Unión. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, desde 1999 la Unión Europea ha estado aplicando sanciones contra el régimen talibán en el Afganistán. 
Estas restricciones fueron introducidas al amparo de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE de conformidad con las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Tras los atentados terroristas de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 y la consiguiente caída del régimen talibán, se procedió a la revisión de estas medidas a principios de 2002. 
Esta revisión llevó a levantar algunas restricciones que existían contra el Afganistán, como la prohibición relativa a los vuelos. 
Sin embargo, se mantuvieron las medidas adoptadas con respecto a los miembros del antiguo régimen talibán. 
Al mismo tiempo, un gran número de países adoptaron nuevas medidas dirigidas contra una serie de personas y entidades asociadas con Osama bin Laden y la red Al Qaeda. 
La Unión Europea y otros miembros de la comunidad internacional también adoptaron estas medidas de conformidad con la Resolución 1 390 de 2002 del Consejo de Seguridad. 
La lista de personas y entidades cuyos fondos y otros recursos económicos se van a congelar fue elaborada por una comisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas basándose en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas relativo a las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. 
Estas medidas son vinculantes para todos los miembros de las Naciones Unidas. 
El Consejo de la Unión Europea transpuso esta lista a la legislación comunitaria por medio del Reglamento (CE) 881/2002 y autorizó a la Comisión a publicar enmiendas a esta lista. 
Tal como ha indicado usted mismo, señor Hernández Mollar, el Parlamento adoptó su dictamen sobre este reglamento en abril. 
El Consejo y la Comisión acogieron favorablemente la cooperación del Parlamento en este tema, no solo en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo y a la financiación de esta lucha, sino también para reforzar la reputación de los Estados miembros como miembros leales de las Naciones Unidas. 
En su dictamen emitido en abril del año pasado, el Parlamento indicó acertadamente que no podía haber excepciones, bajo ninguna circunstancia, con respecto a algunos derechos, y el derecho a la vida es uno de ellos. 
El Consejo consideró esta condición junto a otras peticiones incluidas en el dictamen del Parlamento, teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados miembros estipuladas en la Carta de las Naciones Unidas. 
Basándose en esta consideración, el Consejo llegó a la conclusión de que según la resolución correspondiente del Consejo de Seguridad no es admisible que los Estados miembros de la Unión Europea adopten exenciones unilaterales a las disposiciones relativas a la congelación de fondos. 
Por ello tuvimos que plantear este punto en el Consejo de Seguridad. 
Se efectuaron consultas con los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las exenciones, basadas en gran parte en consideraciones humanitarias. 
Durante estas consultas, algunos miembros expresaron su preocupación ante el hecho de que esas exenciones pudieran anular en la práctica los mecanismos básicos. 
Estos son los antecedentes con los que hay que contrastar la propuesta de las posibles exenciones. 
La propuesta está en consonancia con la Resolución 1 452 de 2002 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que permite las exenciones a petición de los Estados miembros de la Unión Europea. 
La Comisión acoge favorablemente el informe elaborado por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y quiere dar las gracias al ponente por su arduo trabajo. 
El informe demuestra que las exenciones propuestas reflejan suficientemente las preocupaciones acerca del posible efecto que tendrán las medidas en el derecho a la vida de las personas físicas afectadas por las sanciones. 
La Comisión acoge favorablemente la propuesta incluida en el informe de definir exactamente los procedimientos que hay que seguir para solicitar la eliminación de la lista de personas y entidades cuyos fondos y recursos económicos están congelados. 
La Resolución 1 452 y la propuesta sobre la que el Parlamento ha emitido su dictamen son medios importantes para promover el respeto de los derechos fundamentales. 
La Comisión es consciente de que es preciso establecer el equilibrio adecuado entre los derechos básicos garantizados en las sociedades democráticas y la necesidad de combatir el terrorismo, una necesidad que tiene una prioridad muy alta en la agenda de la comunidad internacional. 
La comunidad internacional cree que el terrorismo amenaza la paz y la seguridad internacionales, por lo que es vital conservar los poderes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para reaccionar ante tales amenazas. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el terrorismo constituye una amenaza para la estabilidad, la libertad y la democracia. 
Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y el ataque terrorista del 12 de octubre en Bali son algunos ejemplos ilustrativos recientes, contundentes y violentos. 
No tenemos ninguna duda de que hay que combatir esta lacra con el fin de proteger a nuestros ciudadanos de cualquier amenaza para su seguridad. 
Debo elogiar la rápida y eficaz acción emprendida por la Unión Europea para dar una respuesta efectiva a esta amenaza, mediante la definición de una estrategia mundial antiterrorista con la adopción, el pasado 21 de septiembre de 2001, del plan de acción europeo de lucha contra el terrorismo, actualizado después en Gante, Laeken y más recientemente en Sevilla. 
También me complace comprobar el gran progreso realizado en el ámbito del intercambio de información, en la coordinación política y judicial en la lucha contra el terrorismo y en el marco legislativo. 
No obstante, independientemente de las respuestas propuestas para combatir este tipo de amenaza, debemos tener siempre en cuenta que cualquier medida que tomemos no puede y no debe poner en entredicho el pleno respeto de los derechos humanos fundamentales en los que se sustenta desde siempre la construcción europea, así como sus garantías y su promoción. 
Como he dicho con anterioridad con respecto a la cuestión de la transferencia de datos personales por las compañías aéreas en vuelos hacia y desde Estados Unidos, la lucha contra el crimen debe efectuarse dentro del estricto cumplimiento del Estado de derecho y sin comprometer los derechos de los ciudadanos. 
Además, nuestra lucha por la seguridad no puede y no debe minar la libertad. 
Por consiguiente, debemos asegurar cierto equilibrio sin poner en tela de juicio los valores fundamentales aceptados por nuestras sociedades. 
No podemos permitir que los principios jurídicos y los derechos civiles se conviertan en víctimas de esta lucha. 
La propuesta que debatimos hoy demuestra claramente que si se adopta un conjunto de medidas represivas en el marco de la lucha contra el terrorismo, incluida la congelación de fondos y activos financieros, también debemos contemplar la posibilidad de aplicar excepciones que podrían concederse por razones humanitarias- por ejemplo, el pago de alquileres o hipotecas, la adquisición de alimentos y los gastos sanitarios, entre otros -, con el fin de evitar la violación potencial de los derechos fundamentales. 
Por tanto, quiero felicitar al Sr. Hernández Mollar por este informe. 
Es una iniciativa oportuna, que nos advierte claramente de una realidad que algunas personas parecen no querer entender: el hecho de que cualquier lucha que olvide estas prioridades constituye, en última instancia, una aceptación injustificada de la barbarie y de un retroceso en términos de civilización que consideramos inaceptable. 
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al Presidente de la comisión parlamentaria, que además es el ponente de este asunto, el trabajo que ha realizado. 
La legislación antiterrorista a la que nos hemos tenido que dedicar tras los atentados del 11 de septiembre tiene el propósito de establecer un equilibrio en el que, por un lado, queremos responder a los crímenes terroristas, pero por otro lado también promover y defender la seguridad jurídica en el proceso. 
En relación con la lucha antiterrorista hay que garantizar la seguridad jurídica del individuo. 
Cuando supimos que tres ciudadanos suecos se encontraban incluidos en la lista de personas y entidades a las que había que congelar los fondos y otros recursos económicos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, quedó claro qué dificultades afrontan estas personas, en primer lugar, cuando se ven incluidas en tal lista; en segundo lugar, cuando no saben qué tienen que hacer para recurrir la decisión, y, en tercer lugar, cuando no saben qué hacer para sobrevivir cuando no disponen de acceso a lo que necesitan para cubrir las exigencias de la vida cotidiana. 
Por lo tanto, me alegra saber que el Parlamento Europeo puede favorecer ahora un procedimiento más acorde con la seguridad jurídica por medio de la exención a la congelación de fondos y otros recursos económicos por razones humanitarias, sobre la que el ponente nos ha informado debidamente. 
Los Estados miembros, incluida Suecia, y el Parlamento Europeo han estado trabajando durante largo tiempo en este asunto. 
La inclusión de personas en listas con el fin de evitar crímenes terroristas es un procedimiento administrativo. 
Es una cuestión de aplicación de la ley internacional de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. 
Como siempre ocurre cuando las autoridades emprenden acciones, la seguridad jurídica es importante para el individuo tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
Además, actualmente se mejoran poco a poco las resoluciones de las Naciones Unidas. 
Por ejemplo, a partir de este año la Comisión de Sanciones de las Naciones Unidas debe justificar sus decisiones, algo que es absolutamente fundamental. 
En el futuro, el Parlamento Europeo debe exigir también, cada vez que se presente la oportunidad, el respeto de los derechos humanos fundamentales que nos concede nuestra comunidad internacional, incluso en situaciones difíciles como la que surgió tras el 11 de septiembre. 
Pero sigue habiendo inseguridad jurídica y, en este terreno, las nuevas enmiendas de la comisión parlamentaria pueden desempeñar un papel importante. 
Proponemos que la UE introduzca disposiciones sobre los procesos para eliminar de la lista los nombres de las personas cuyos fondos y otros recursos financieros han de congelarse. 
Es una condición que proponemos con el fin de que el proceso sea todavía más seguro desde el punto de vista jurídico. 
Las enmiendas que propone la comisión parlamentaria y sobre las que tendremos que adoptar una postura mañana son constructivas, porque exigen un procedimiento para que alguien sea borrado de la lista. 
Estas enmiendas deberán ser consideradas con sumo cuidado por la comunidad internacional, la Comisión y el Consejo. 
No hay duda de que la propuesta contenida en este informe representa cierto progreso. 
Sin embargo, sobre la base de los acuerdos actuales, hay que decir que las normas que regulan la congelación de fondos y otros recursos económicos, y que implican la introducción de nombres en las listas de terroristas, carecen de toda clase de seguridad jurídica. 
El hecho es que esta legislación califica de antemano de terroristas a determinadas personas y entidades, y el contenido del informe es una especie de humanización de estas normas. 
El caso es, en términos generales, que las normas de la UE han surgido a partir de las resoluciones de las Naciones Unidas, pero la Comisión de Sanciones de las Naciones Unidas actúa, en general, bajo los dictados de las Naciones Unidas, donde se aplica el principio de que es mejor arriesgarse a condenar a diez víctimas inocentes que dejar libre a un culpable. De hecho, este es el principio que se aplica en general. 
Ahora se está produciendo una mejora en la situación jurídica en algunos aspectos, pero todavía existe una falta fundamental de seguridad jurídica elemental, en la medida en que alguien sospechoso de terrorismo también debe poder defenderse y ser informado del fundamento de la acusación. Este es el objetivo que la enmienda del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica propone remediar y mejorar en primer lugar. 
Se trata de avanzar desde una postura desprovista por completo de seguridad jurídica hacia algo parecido a la seguridad jurídica, y nuestra propuesta pretende ampliar dicha seguridad jurídica, en primer lugar, permitiendo que se impugnen las acusaciones y que se conceda acceso a una defensa básica, rechazando principalmente la situación por la que se califica de terroristas a unos determinados grupos sin haber recurrido debidamente a los procedimientos legales. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. 
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0055/2003) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude- Informe anual 2001 (2002/2211 (INI) ). 
- (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, espero que se sientan tan cómodos como yo en este círculo íntimo a estas horas del día, y sin duda ustedes saben muy bien por qué estamos todavía aquí a estas horas. 
La Comisión ha sido incapaz de cumplir la legislación europea y no ha podido presentar a tiempo su informe sobre la labor de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 
El Parlamento ha estado esperando este informe. 
Suponíamos que como guardiana de los Tratados, la Comisión no podría incumplir de ningún modo los Tratados, y concretamente el Reglamento 1073/99. 
Esta es la razón por la que nos encontramos reunidos aquí esta noche. 
Espero que esto no vuelva a repetirse y que podamos analizar el informe en un futuro no muy lejano. 
Trataremos este asunto con ocasión de la aprobación de la gestión, señora Comisaria, puesto que no podemos quedarnos quietos y permitir que la guardiana de los tratados incumpla a sabiendas esos mismos tratados. 
Permítanme comentar a continuación un par de aspectos positivos. 
En primer lugar, estoy muy complacido por el hecho de que por fin hayan vuelto a nombrar a los miembros del Comité de Vigilancia de la OLAF, y espero que mañana adoptemos una enmienda al respecto. 
Estamos consternados por el hecho de que uno de los Estados miembros haya intentado bloquear el nombramiento de estos miembros aduciendo razones muy triviales. 
Quiero felicitar a la Presidencia griega por este logro y, en especial, quiero darle las gracias, señora Comisaria, por el apoyo brindado en este ámbito. 
En segundo lugar, estoy muy satisfecho con el hecho de que la Comisión tenga finalmente la intención de adoptar medidas contra una ex Comisaria. 
Al proceder de este modo, la Comisión cumplirá los deseos concretos del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 213 del Tratado CE. 
Aparte de la envergadura financiera de las supuestas irregularidades, es importante que esta cuestión prosiga si queremos cambiar la cultura administrativa de Europa. 
Señora Comisaria, al hablar de nuestra cultura administrativa, me viene a la mente, por supuesto, el asunto de Eurostat. 
En realidad, yo no pensaba que fuera posible que más de tres años después de la dimisión de una Comisión no se haya hecho nada en cuestiones que afectan a una institución tan importante como Eurostat, que en realidad tiene que controlar las cartas de advertencia enviadas a los Ministros de Hacienda de la UE. 
Ahora le puedo decir que no fue el Parlamento quien descubrió estas irregularidades, sino la Comisión, que desde 1999 como mínimo sabía que algo no iba bien en Eurostat y se ha limitado a cruzarse de brazos sin hacer nada durante años. 
La única medida que ha adoptado está relacionada con el funcionario que planteó el tema de nuevo ante la pasividad de la OLAF en 1999, y a quien usted envió a paseo a Dinamarca sin merma de su sueldo. 
Esta situación me recuerda a la de un funcionario holandés, cuando ocurrió algo parecido. 
No se hizo nada, ni ha habido rastro de la política de tolerancia cero que se nos había prometido a principios de este período. 
Todo lo que puedo hacer es pedir a la Comisión que modifique sus formas lo antes posible. 
Sus responsabilidades no se limitan a una milla cuadrada en Bruselas, sino que es responsable de 370 millones de europeos- 370 millones de europeos que están representados en esta Cámara- y todavía parece que pretende ocultarnos más cosas de las que nos muestra. 
Me gustaría ponerle un ejemplo de lo que considero que es inaceptable. 
Hoy he recibido una llamada telefónica, espero que me permita unos cuantos segundos más para hablar de esto, señor Presidente, porque afecta seriamente a un aspecto fundamental. 
Como bien sabe, se asignan fondos con cargo a las líneas presupuestarias A-3035 de la UE para mantener los recintos de los campos de concentración nazis. 
Estamos hablando de uno de los cimientos de la unificación de Europa. 
También se destinan fondos para apoyar a las organizaciones cuyo principal objetivo es mantener viva la memoria de las víctimas de los campos de concentración nazis o investigar el fenómeno del nacionalsocialismo desde un punto de vista histórico. 
Todas las solicitudes tienen que estar relacionadas con un proyecto que dé comienzo entre el día 1 de julio de 2003 y el 1 de diciembre de 2003 y finalice el 30 de junio de 2004. 
Señora Comisaria, los días de conmemoración de las víctimas de estos campos de concentración nazis se celebran en el aniversario de su liberación. 
De hecho, en 1945, los campos no se liberaron entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de aquel año, sino en la primavera, en abril y mayo, fechas en que tienen lugar esos días de conmemoración. 
¿Acaso sus funcionarios no se han dado cuenta de este dato, señora Comisaria? 
Éste es un buen ejemplo de fracaso de la reforma de la administración de la Unión Europea. 
Le pido que ponga fin de inmediato a este absurdo y, por último, que emita disposiciones que reflejen la generosidad y la dignidad de este programa. 
. (DE) Señor Presidente, Señorías, he vuelto a tomar nota de su último punto, del que podremos hablar inmediatamente después de este debate. 
Siempre es muy difícil, por supuesto, alcanzar una base universalmente aceptable y uniforme para los mecanismos de las líneas presupuestarias A30. 
Sin embargo, yo estoy más que dispuesta a volver a repasar este asunto. 
La lucha contra el fraude en el presupuesto comunitario ocupa el primer lugar en la agenda de la Comisión en todas las áreas políticas. 
Todos los servicios de la Comisión están obligados a actuar de acuerdo con ello. 
El establecimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha sido un gran paso adelante en el ámbito de la protección de las finanzas de las Comunidades. 
En respuesta a una propuesta que hice en julio de 2000, la Comisión Prodi accedió a elaborar una estrategia general para proteger los intereses financieros de las Comunidades y un plan de acción para el período 2001-2003. 
De las medidas contempladas ya se ha aplicado un 75% y creo que este dato es un buen resultado. 
El informe del Sr. Bösch se refiere principalmente al informe de la Comisión relativo a la lucha contra el fraude en 2001. 
Sin embargo, también abarca otros documentos, medidas e investigaciones de la OLAF. 
Es usted conocido por su actitud crítica, señor Bösch, pero también se le conoce por su minuciosidad y por la enorme cantidad de tiempo y esfuerzos que dedica a sus informes. 
También se le reconoce por prestar efectivamente su pleno apoyo a las medidas que dice que va a apoyar. 
Por ello, me gustaría dar las gracias al ponente, y en especial me gustaría agradecerle el hecho de brindar su más sincero apoyo a la acción de la Comisión relativa al contrabando de tabaco y a la propuesta de creación de un Fiscal europeo. 
El informe de la Comisión destaca la necesidad de cooperar de forma más estrecha con los Estados miembros; incluye la revisión de las medidas adoptadas por los Estados miembros en 2001 con miras a reforzar la protección de los intereses financieros de las Comunidades. 
Esto se refiere al control de los fondos comunitarios. 
Los Estados miembros se encargan de administrar el dinero de los Fondos Estructurales y el gasto agrícola. 
También se encargan de la notificación del descubrimiento de cualquier irregularidad y de la recuperación de los fondos que no se hayan utilizado correctamente o incluso cuando se alegue fraude. 
Los Estados miembros también están obligados a exigir a sus beneficiarios la devolución de las subvenciones agrícolas o del dinero de los Fondos Estructurales en caso de irregularidades. 
El informe del Sr. Bösch destaca de forma muy acertada la importancia de recuperar los fondos comunitarios. 
Para que el proceso sea más eficaz, la Comisión ha redefinido las responsabilidades dentro de sus departamentos. 
En la comunicación de diciembre de 2002 relativa a la recuperación de los fondos de apoyo comunitarios, la Comisión detalla todavía más la distribución de tareas y los procedimientos, propone medidas preventivas y aumenta la responsabilidad de los funcionarios ordenadores. 
Se ha establecido un grupo operativo para tratar los costes generados en el pasado en relación con el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) , y este grupo ya ha iniciado su trabajo. 
En este orden de cosas, he de decir que, como es lógico, muchos casos se están resolviendo ante los tribunales, porque los beneficiarios finales suelen defenderse ante la exigencia de devolver el dinero- como hacen también algunos Estados miembros- recurriendo a los tribunales. 
La OLAF ha seguido desarrollando medios para mejorar su cooperación con los Estados miembros. 
La OLAF dispone ahora de personal de inteligencia que ayuda en el proceso de establecimiento de prioridades y de definición de estrategias para la prevención del fraude y, además, dispone de una unidad formada por jueces y fiscales. 
Ha mencionado usted el informe de situación relativo a la OLAF según el artículo 15 del Reglamento de la OLAF. 
Pronto estará terminado. Aparecerá en la agenda de la Comisión en las próximas cuatro semanas y después será presentado al Comité de Vigilancia. 
Estoy muy satisfecha por el hecho de que por fin haya sido posible encontrar una solución a este problema. 
Los cinco miembros del Comité de Vigilancia nos han comunicado que desean ser elegidos de nuevo para un segundo mandato. 
Creo que esto, junto con la continuidad que aportará a la consolidación de la labor de la OLAF, es un dato muy positivo. 
Me gustaría volver a las estadísticas sobre los casos notificados por los Estados miembros de irregularidades detectadas con respecto a los recursos propios, al FEOGA y al dinero de los Fondos Estructurales. 
La tendencia general apunta a una reducción de las cantidades en 2001 en comparación con las de años anteriores. 
Sin embargo, no podemos extraer ninguna conclusión significativa sobre las tendencias generales de las cifras de un año aislado, en particular debido a que no fue posible diferenciar en el informe entre fraude y otras irregularidades más generales porque, a este respecto, los Estados miembros todavía no declaran de un modo uniforme. 
La Comisión colabora con los Estados miembros a través del Comité Asesor para la Coordinación de la Prevención del Fraude, con miras a crear un sistema de información uniforme. 
El pasado mes de diciembre se presentó un documento de trabajo sobre este asunto ante la Comisión de Control Presupuestario. 
Esperamos realizar progresos significativos en este ámbito durante este año. 
El ponente concede especial importancia a la cooperación con los países candidatos en la prevención del fraude. 
Pensando en la ampliación, la Comisión ha dedicado considerables esfuerzos a asegurarse de que cada país candidato disponga de una organización o estructura administrativa claramente responsable de proteger los intereses financieros de las Comunidades y evitar el fraude del presupuesto comunitario. 
Esta organización también tiene que estar en condiciones de trabajar directamente con la OLAF y creo que este punto coincide con la propuesta del ponente sobre las sucursales. 
En Polonia, estas estructuras se han ampliado en 2001 y en 2002 con la ayuda de un funcionario de la OLAF que trabaja allí; la Comisión consiguió reunir 15 millones de euros del Programa PHARE para Polonia con el fin de desarrollar dichas estructuras y aumentar su eficacia. 
Sin embargo, cuando hablamos de prevenir el fraude para proteger los intereses financieros de la UE, ya no se trata solo de que haya cooperación entre los Estados miembros y con la Comisión, y tampoco hablamos únicamente de los países candidatos. 
También nos estamos refiriendo a la cooperación con terceros países, como por ejemplo Suiza. 
En este caso, siguen las negociaciones sobre el acuerdo de prevención del fraude. 
Como muy bien saben, estos acuerdos están relacionados con el acuerdo sobre la fiscalidad de los intereses y, recientemente, Suiza ha vuelto a dejar claro que su perspectiva sigue siendo que todos los acuerdos relacionados con las diez series de negociaciones bilaterales actuales deben concluir simultáneamente. 
Continuaremos esforzándonos para conseguir un resultado diferente, pero esta es la posición defendida por Suiza y resulta muy difícil avanzar en este aspecto, dado que un punto relacionado con el Acuerdo de Schengen es un tema muy importante que todavía está sujeto a negociación. 
Hemos llegado a una fase decisiva en lo que se refiere a la protección de los intereses financieros comunitarios por vía del Derecho penal, y estoy hablando de la labor en la Convención. 
Este es un momento clave. 
Se han conseguido realizar progresos significativos en la creación de la figura del Fiscal europeo, y es una propuesta que goza del apoyo tanto del Parlamento como de la Comisión. 
Insto a la Convención a apoyar activamente esta idea tan importante. 
En estos momentos estamos en un punto de inflexión. 
La Comisión adoptará igualmente el informe de seguimiento sobre su Libro Verde la semana que viene o la siguiente a más tardar. 
El informe evalúa los resultados de la consulta pública y demuestra una vez más la importancia que tiene la creación de un Fiscal europeo en la lucha contra el fraude. 
Espero que el informe de la Sra. Theato, adoptado aquí en el Pleno, obtenga la consideración debida en las deliberaciones de la Convención. 
Señor Presidente, señora Comisaria, quería felicitar al Sr. Bösch por el completo informe que ha elaborado, en el que da cumplida cuenta de las incidencias que se han presentado durante el año 2001. 
La protección de los intereses financieros y la lucha contra el fraude son tareas fundamentales para garantizar los derechos de los ciudadanos en la Unión Europea. 
Desde el Grupo del Partido Popular Europeo nos congratulamos con la disminución de casi el 40% del volumen total anual del fraude e irregularidades entre 2000 y 2001. 
Pasó de 2 028 millones de euros en 2000 a 1 275 millones de euros en 2001. 
La reducción del fraude ha sido general en todos los ámbitos, a excepción de los Fondos Estructurales, donde se ha producido un incremento. 
Lamentamos, sin embargo, la baja tasa de recuperación, que ha disminuido considerablemente. 
La Comisión de Control Presupuestario ha proclamado, repetidas veces, su descontento ante el mal funcionamiento del sistema de recuperación y la necesidad de una mejora en su gestión. 
También, desde nuestro Grupo, esperamos que la Comisión cumpla con su compromiso de una política de tolerancia cero, en lo que al fraude interno se refiere, y que informe al Parlamento debidamente de los progresos en los diferentes procesos en curso, así como de las investigaciones recientemente abiertas. 
El Grupo del Partido Popular Europeo considera primordial que en los Tratados de adhesión se tenga en cuenta la capacidad de control de los países candidatos y espera con impaciencia una respuesta del Tribunal de Cuentas sobre los sistemas de control financiero de cada uno de ellos. 
Pero debemos recordar que conocer la capacidad de control de esos países no basta, ya que, con la ampliación, nuestras nuevas fronteras con Rusia suponen un peligro real de aumento del fraude, lo que, inevitablemente, repercutirá en los intereses financieros comunitarios. 
No podemos hablar de lucha contra el fraude sin referirnos a la futura reforma general del Tratado de las Comunidades Europeas, que actualmente se discute en el seno de la Convención y que tiene su reflejo en las enmiendas presentadas por mi Grupo. 
Tras la publicación del Libro Verde de la Comisión sobre la protección de los intereses financieros y de la propuesta de reforma del artículo 280 del Tratado por la Convención, se está proponiendo la creación de una nueva figura, encargada de velar por la protección de los intereses financieros comunitarios: el Fiscal Europeo. 
Tanto en lo referente al fraude externo- llevado a cabo en los diferentes Estados miembros- como en cuanto al fraude interno- el institucional -, el Parlamento y, en concreto, la Comisión de Control Presupuestario, espera con impaciencia la respuesta de los distintos Estados miembros respecto a la aceptación del Fiscal, a la vez que intenta encontrar el tratamiento adecuado que debe darse a esta nueva figura, principalmente en lo relativo a sus competencias y a la relación coherente con una figura de coordinación y asistencia, como es Eurojust. 
Queremos, sin embargo, que queden muy claras las posibles referencias contenidas en este informe respecto al informe sobre el Fiscal Europeo- de competencia de la Sra. Theato- y, en este sentido, probablemente mañana, antes de la votación, mi Grupo haga alguna propuesta orientada a evitar la confusión entre el informe de la Sra. Theato y el del Sr. Bösch. 
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Bösch, a quien felicito personalmente por el informe que nos acaba de presentar, me gustaría comenzar recordando que hace dos años tuve la ocasión de condenar, ante este Parlamento y con respecto al informe de la OLAF correspondiente a 1999, el silencio y la indiferencia de la Comisión ante la adulteración, en la última mitad de la década de 1990, de decenas de miles de toneladas de mantequilla, en la que participaron muchas empresas europeas importantes. 
Entonces, como ahora, la filosofía reinante era que las investigaciones y conclusiones de la OLAF siempre debían mantenerse en secreto y solo podían desvelarse ante las autoridades judiciales nacionales, permaneciendo en secreto incluso cuando dichas autoridades no hacían uso de ellas, ni exigían que se tratara esta información con algún grado de confidencialidad. 
La confidencialidad es tan grande que la Comisión, el Parlamento y el Consejo no son conscientes de las irregularidades ni de sus autores y, en consecuencia, tampoco son conscientes de las medidas necesarias de inmediato para hacer frente a las personas implicadas en las actividades ilegales en el ámbito político y administrativo. 
La confidencialidad suele romperla la prensa, donde a menudo aparece en forma de acusación, sin avisar de antemano a los individuos implicados- a quienes no se concede la presunción de inocencia ni derecho a defenderse. 
De este modo, hemos llegado a una situación en la que las investigaciones de la OLAF acerca de los contratos entre la Comisión y la empresa Eurogramme, que comenzó en 1999, son completamente desconocidas por las autoridades judiciales de Luxemburgo y también por la Comisión, cuyo Secretario General decidió dar carpetazo al caso sin dar ninguna explicación a la Comisaria responsable sobre la existencia de este juicio y permitiendo que, mientras tanto, se firmaran docenas de contratos entre esta empresa y la Comisión. 
En la práctica, esto significa que una investigación de la OLAF puede ser una lacra para cualquiera que, como hemos podido comprobar en casos reales que ya han salido a la luz, sea completamente inocente y que acabará por ver su nombre manchado por la prensa. También puede ser una bendición para los delincuentes, que lo ven como una garantía de completa confidencialidad e impunidad. 
Es una perversión completa de la justicia. 
Me gustaría dejar claro que el Parlamento no puede aguantar más esta situación y que debemos promover el cambio de inmediato. 
En primer lugar, este cambio se refiere a la cuestión de la confidencialidad. 
Solo se debe invocar a la confidencialidad cuando sea fundamental para proteger el buen nombre y la reputación de la persona acusada o para conseguir que la investigación llegue a buen término. 
A no ser que las partes implicadas, ya sea el acusado o las autoridades judiciales, invoquen estas razones de forma objetiva y en el límite de tiempo establecido, la OLAF debe notificar y facilitar sin demora la información relevante a las personas autorizadas a conocerla, en particular la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. 
La confidencialidad debería ser la excepción y no la regla. 
De modo similar, creo que el tiempo nos ha llevado a plantearnos cuándo va a terminar esta situación y qué pretenden hacer las autoridades de Luxemburgo acerca de las diversas demandas incoadas por la OLAF. 
Con objeto de actuar de forma eficaz y no trabajar tan solo sobre la base de rumores o información vaga, incompleta e incluso contradictoria, es preciso que las autoridades estén informadas. El público también debe recibir esta información por otra vía, y no solo a través de filtraciones. 
Es todo lo que pedimos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo también quiero dar las gracias al Sr. Bösch por su excelente informe. 
El Sr. Bösch es conocido por su minuciosidad y su persistencia, que han caracterizado a menudo a la Comisión de Control Presupuestario en el pasado y que de hecho condujeron al establecimiento de la OLAF en primer lugar. 
El Parlamento ha demostrado ser un meritorio defensor de los intereses públicos y ha emprendido una reforma administrativa de la que puede estar muy orgulloso. 
No cabe duda alguna de que la OLAF debería ser en algunas ocasiones más transparente, y acepto las críticas expresadas a este respecto, incluidas las del Sr. Casaca. 
Tampoco cabe duda alguna con respecto a que el público en ocasiones debería recibir la información sobre la OLAF en una fase más temprana del proceso y de forma más abierta, ya que la OLAF debe hacerse más pública. 
Sin embargo, creo que, como diputados, deberíamos también destacar que la OLAF es todo un acierto. 
¿Qué habría sido de Eurostat sin la OLAF? 
¿Qué habría ocurrido con Eurostat sin la valentía de los testigos que acudieron a la OLAF y tuvieron la oportunidad de hacer declaraciones? 
Este asunto sigue hoy sobre el tapete. 
Volviendo de nuevo a lo ocurrido en 1999, hay que decir que la unidad de coordinación de la lucha contra el fraude- la UCLAF, predecesora de la OLAF- fue la que intentó en su momento quitarle hierro al asunto, y que la OLAF- con lo que se demuestra de nuevo que la sustitución de la entidad anterior por la actual fue acertada- ha aprovechado la oportunidad de recuperar este tema para introducirlo en la agenda e intentar encontrar una solución para el problema de Eurostat. 
Sin embargo, y creo que este es el punto en el que podemos coincidir todos, está claro que hay problemas importantes en el seguimiento del asunto Eurostat. 
Está claro que si no damos ahora definitivamente el segundo paso, con lo que me refiero a crear la figura del Fiscal europeo, en muchos casos serán los Estados miembros los que tengan que decidir qué medidas adoptar. 
Por ello, me gustaría aprovechar esta oportunidad para instar claramente a la Convención a que tenga el valor de dar este paso positivo. 
Me temo que los Estados miembros por sí mismos no tendrán ese valor. 
Sin la Convención no podremos esperar el éxito en este terreno: es necesario un Fiscal europeo que haga que la reforma administrativa que hemos emprendido con la OLAF sea un verdadero acierto. 
Señor Presidente, creo que debo comentar el informe elaborado por el Sr. Bösch acerca de la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude. 
El informe es coherente en sí mismo, posee algunas cualidades y ha sido objeto de una evaluación equitativa en el debate de esta noche. 
Sin embargo, en este documento, el capítulo relativo al «Refuerzo de la dimensión penal» , del apartado 58 al apartado 65, interfiere, tal como ya se ha dicho con anterioridad, con la institución del Fiscal europeo, sobre la que la Comisión de Asuntos Jurídicos- que tengo el honor de presidir- emitió una opinión desfavorable y luego encontró puntos de compromiso con el informe de la Sra. Theato, que debemos examinar con más detenimiento. Desde luego, esta es la sólida base sobre la que debemos asentarnos, pero repito, debemos encontrar un equilibrio. 
La propuesta, que en cierto modo también interfiere con la disposición que será debatida en el periodo parcial de sesiones de finales de marzo en Bruselas, no llega, creo, ni siquiera a racionalizar el sistema legislativo. 
La simplificación legislativa de la que estamos hablando es una propuesta que, en la práctica, supone colocar el carro por delante de los bueyes, por lo que nos vemos obligados a presentar algunas enmiendas. 
En efecto, la propuesta supone de nuevo instituir un Fiscal europeo con la competencia de proceder al seguimiento de sentencias y la persecución de delitos que lesionen los intereses financieros de las Comunidades. En realidad, esta propuesta es más bien inaceptable para la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque el orden jurídico de la Unión Europea no prevé competencias en estos asuntos de procedimiento penal, ni una judicatura a todos los niveles de la jurisdicción que pueda asegurar el derecho íntegro a la defensa. 
A falta de este contexto, añadir un Fiscal europeo es ilógico e injustificado, y debo hacer hincapié en esto y decírselo a la Sra. Comisaria, que ha dejado el problema de lado de forma bastante apresurada. 
Debemos pensar en ello detenidamente, porque la creación de este órgano es prematura, si se considera que los objetivos de la cooperación judicial- que es la que prevalece- no se han alcanzado todavía y que es necesario uniformizar las normas sobre asuntos penales en las instituciones de los Estados miembros. 
No se puede atribuir sin más la competencia penal al Tribunal de Justicia: el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia se establecieron con otros fines y, en todo caso, no es necesario crear un Fiscal europeo cuando no tenemos más que reforzar la cooperación judicial, inspirándonos en el principio de subsidiariedad, que es precisamente el criterio en el que debemos basar nuestra acción. 
Por lo tanto, debemos continuar aumentando las competencias de Eurojust y reforzar y coordinar estos poderes a escala europea. 
Las enmiendas presentadas sirven, pues, para aclarar puntos; el resto del informe puede seguir como está. 
Lamentamos tener que decir que, con la única excepción de Italia, donde se está remodelando la judicatura, en ningún otro país europeo los fiscales gozan de la condición y tienen los poderes que queremos otorgar al Fiscal europeo, que es lo que ha disparado la alarma desde el punto de vista de la coherencia jurídica y en el ámbito jurídico europeo. 
Éstos son los recelos que vamos a manifestar sobre el Fiscal europeo, pero puesto que este asunto ha surgido en efecto de forma subrepticia en esta medida, debemos formularlos ahora en este Parlamento y ponerles remedio a través de las enmiendas. 
(A5-0023/2003) del Sr. Whitehead, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones relativa a la estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006 (COM (2002) 208- C5-0329/2002- 2002/2173 (COS)) 
(A5-0423/2002) de la Sra. Patrie, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre las repercusiones del Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea para el futuro de la política europea de los consumidores (COM (2001) 531- C5-0295/2002- 2002/2151 (COS)) 
(A5-0054/2003) de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre las perspectivas de la protección jurídica del consumidor a la luz del Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea (COM (2001) 531- C5-0294/2002- 2002/2150 (COS)) 
Señor Presidente, me complace que esta mañana esta Asamblea pueda abstraerse de los lejanos tambores de guerra y centrarse en las necesidades del ciudadano como consumidor. 
Estas necesidades se abordan en el plan de acción sobre política de los consumidores 2002-2006 y en el Libro Verde sobre la protección de los consumidores y su seguimiento. 
Voy a presentar mi propio informe, así como el de nuestra distinguida colega, la Sra. Patrie, a quien le ha sido imposible asistir hoy. 
Actualmente hay en curso un importante debate sobre la política de los consumidores. En la Convención se está ventilando con dudas, que comparto, sobre la aparente relegación de las prioridades del consumidor por un Consejo mixto, que también debe ocuparse de asuntos sociales, empleo y la salud. 
Está presente en las preocupaciones financieras que acucian el campo- la seguridad alimentaria- que nosotros habíamos pretendido que fuera independiente y dejara de formar parte de estas deliberaciones generales. 
Comparto las preocupaciones que se han manifestado sobre la financiación- de la que este Parlamento es en parte responsable- de la AESA, para exponerlas por fin de forma efectiva. 
También se puede observar en nuestras propias diferencias en torno al tipo de directiva marco que mejor permite regular el tema de las relaciones con los consumidores y en torno al ámbito y al modo en que se pueden detectar prácticas desleales y reclamar daños y perjuicios. 
En cuanto a mi propio informe, estoy en deuda con la Comisión, con los ponentes alternativos de todos los partidos y con todas aquellas personas que han trabajado conmigo para elaborar un informe consensuado, en particular mi propia investigadora anterior, Michelle Smyth, cuyas aptitudes de intermediaria benefician ahora a nuestra Asociación Nacional de Consumidores. 
Mi enfoque de las prioridades expuestas en el plan de acción siempre ha sido que sea sencillo y concreto. 
Me referiré a enmiendas que de alguna manera han desdibujado los temas, intentando abrir otros debates en lo que debería ser una clara fijación de prioridades. 
He puesto freno a enmiendas que introducían otras buenas causas en nuestro propio informe. 
De ahí que en mi respuesta de hoy no haya podido complacer, como tampoco pude hacerlo en comisión, a algunos de los que, ya sean de la izquierda o de la derecha, desean que éste también sea un debate sobre el etiquetado ecológico, las virtudes de los productos orgánicos o, desde otro plano, las virtudes y la desmostrabilidad de la tecnología de los OMG. 
Como bien sabe el Comisario, estas cuestiones se debatirán en otros lugares. 
De hecho, próximamente va a presentar propuestas sobre estas líneas y serán bien acogidas. 
Sin embargo, puedo aceptar la otra nueva enmienda presentada por la Sra. Thyssen, cuyo informe también estamos debatiendo y que ha desempeñado un papel muy constructivo en estas deliberaciones. 
No puedo aceptar que nos apartemos más del ámbito que se estableció en las muy amplias deliberaciones habidas en comisión. 
Algunas personas han cuestionado una o dos otras enmiendas, en particular el apartado original 15, enmienda propuesta a la comisión por la Sra. Thyssen. 
Algunas personas de su partido han preguntado por qué debería incluirse. 
Estoy seguro de que la Sra. Thyssen- si habla después- explicará sus ventajas para que su propio Grupo lo entienda. 
Voy a pasar ahora a los principios generales del plan de acción que estamos discutiendo. 
Se expusieron a modo de propuesta triple. 
En primer lugar, un alto nivel de protección de los consumidores. 
Todos los informes que están sobre el tapete coinciden en esto y en la necesidad de reforzar la base jurídica en los Tratados para alcanzar este propósito. 
También coinciden en que debemos estudiar con sensatez, caso por caso, la importante cuestión de la armonización mínima o máxima. 
En segundo lugar, sobre el cumplimiento efectivo de la normativa de protección de los consumidores, también estamos de acuerdo, aunque quizás partiendo de puntos de vista ligeramente diferentes. 
Sólo cinco de los 15 Estados han conseguido los objetivos de Barcelona para su aplicación. 
Debemos mostrar a los países candidatos a la adhesión que podemos mejorar y ayudarles a hacer lo mismo. 
En tercer lugar, la participación de organizaciones de consumidores en las políticas de la UE es sumamente importante para la Comunidad ampliada. 
Necesitamos que el Comisario nos diga cómo va a asignarse la financiación este año, cuando los fondos existentes se hayan agotado para los países candidatos. 
Por último, hemos añadido un nuevo principio: la integración de los aspectos relacionados con el bienestar del consumidor en los objetivos políticos de la UE. 
Ayer, este punto fue planteado enérgicamente por una delegación de la Oficina Europea de Organizaciones de Consumidores, que se reunió con miembros de la Convención. 
Los tres próximos años determinarán si podremos satisfacer estas necesidades de los consumidores en una Europa ampliada. 
Precisaremos todo el esfuerzo de la Comisión y de los Estados miembros para conseguirlo. 
Actualmente, sólo alrededor de la mitad de nuestros ciudadanos conocen sus derechos como consumidores. 
Un consumidor informado es un consumidor emancipado. 
Es nuestro deber y nuestro privilegio contribuir a ello. 
Paso ahora a hablar del informe de la Sra. Patrie. 
Hablo sobre la base de sus propias propuestas y comentarios. 
Acerca del Libro Verde sobre la protección de los consumidores, que se nos presentó por primera vez en octubre de 2001, hemos llegado finalmente a la etapa de un ambicioso debate sobre estas propuestas de un auténtico mercado interior para los consumidores. 
Mediante consultas amplias con los Estados miembros, organizaciones empresariales y de consumidores, la Comisión ha considerado cuáles son los instrumentos legales que pueden garantizar mejor un alto nivel de protección de los consumidores y al mismo tiempo suprimir barreras al desarrollo del comercio intracomunitario. 
El Libro Verde plantea que la fragmentación de las normas ha impedido el buen funcionamiento del mercado interior. 
Todos estamos de acuerdo con ello. 
La experiencia nos demuestra que la desconfianza de los consumidores en los intercambios comerciales transfronterizos puede explicarse por las divergencias jurídicas y por el desconocimiento de los consumidores sobre las garantías legales que les amparan. 
Desde el punto de vista del consumidor, los obstáculos al desarrollo del comercio internacional radican principalmente en la falta de certidumbre en torno a las relaciones postcontractuales. 
Así pues, queremos proporcionar a los consumidores, una vez más, un marco jurídico normalizado y sencillo, que incluya un número limitado de normas fundamentales aplicables independientemente de la naturaleza de la transacción. 
El enfoque global de la Comisión merece, por tanto, ser bien acogido. 
Este enfoque no debe comportar una reducción del nivel de protección de los consumidores alcanzado mediante acuerdos nacionales. 
En este sentido, no debería ser posible que la elección por la parte interesada de la ley aplicable permitiera despojar a los consumidores de la protección que les conceden las disposiciones de obligado cumplimiento de la legislación del país en que residen, siempre que sea éste el país en el que concertaron el contrato y donde esperan que se cumpla. 
Ni tampoco la adopción de normas generales debe descartar la posibilidad de fijar normas específicas. 
También será necesario conceder a los consumidores una protección especial en determinados sectores. 
Teniendo esto presente, la Directiva marco debería establecer los principios generales que rigen la conducta de los operadores en todas las fases de sus tratos comerciales, de modo que se respeten realmente los derechos de los consumidores. 
Para ello quizá sea más adecuada una cláusula general basada en la exigencia de un comportamiento comercial leal que no la prohibición de prácticas fraudulentas o engañosas, siempre que se incluya una definición precisa y práctica. 
En interés de la transparencia, el comerciante debería tener el deber de revelar al consumidor, de antemano, información sobre los aspectos de los bienes y servicios ofrecidos. 
También en este campo, la aplicación de criterios generales no deberá excluir disposiciones especiales sobre la información facilitada al consumidor. 
El intento de la Comisión de definir un criterio que rija la conducta basada en «consumidores de inteligencia media» , no es demasiado convincente. 
Se trata de una definición muy imprecisa y la idea de medir la inteligencia humana de este modo podría ser ofensiva. 
A este efecto, la Comisión podría confeccionar una lista negra no exhaustiva de tipos de comportamiento considerados desleales. 
Asimismo, debemos proteger a los consumidores que son particularmente vulnerables. 
Esto concierne a las personas que padecen una discapacidad física o de aprendizaje que hace que sean más vulnerables frente al comportamiento comercial agresivo y engañoso, y a los niños, adolescentes y las personas de edad avanzada. 
Se ha de poder penalizar a los comerciantes que violen su deber de lealtad, sobre todo por medio de mandamientos judiciales obtenidos por organizaciones de consumidores. 
También tiene que ser posible emprender acciones legales con carácter preventivo para poner fin a un comportamiento comercial desleal que, si se permite que continúe, puede ser lesivo para los intereses de los consumidores. 
Finalmente, es aconsejable ofrecer a los consumidores individuales una vía de recurso, no sólo por incumplimientos flagrantes y graves de la normativa- como sugiere la Comisión -, sino también siempre que se demuestren daños directos y ciertos causados por un comportamiento comercial desleal. 
Cualesquiera que sean las ventajas de los métodos alternativos de solución de disputas, no se puede privar al consumidor de la posibilidad de una compensación. 
La Comisión todavía no ha facilitado suficiente información para que sea útil comentarla sobre el contenido de los procedimientos de autorregulación y corregulación. 
En vistas de la diversidad de tradiciones nacionales y de las incertidumbres de la definición de los conceptos, es esencial que prosigan las consultas con los Estados miembros y, al mismo tiempo, se asegure el establecimiento de normas estrictas para los códigos de conducta dentro de las mismas normas comunitarias. 
Urge establecer un marco organizativo para la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de consumo. 
Demasiado a menudo, operadores sin escrúpulos se ven tentados de aprovechar las carencias de la cooperación europea. 
Conviene establecer bases de datos que faciliten el intercambio de información y crear un sistema de alerta que permita a los Estados miembros emprender acciones concertadas en defensa de todos los consumidores cuando sea preciso. 
Recomiendo nuevamente estos informes a la Asamblea y les pido disculpas por la ausencia de la Sra. Patrie, quien no ha podido asistir debido a otros asuntos. 
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías. aunque no estamos tratando ninguna propuesta legislativa en esta ocasión, la importancia del debate no debe subestimarse. 
El Libro Verde sobre la protección de los consumidores? y voy a centrarme en él durante los primeros cinco minutos de mi intervención y abordar la pregunta del Sr. Whitehead en los dos minutos restantes? no sólo tiene una importancia jurídica y económica, sino también política. 
Nos puede ayudar a acabar con el mito de que el mercado interior es algo que sólo atañe a las empresas y que el consumidor no tiene nada que ganar con él. 
Una buena legislación en materia de consumo constituye una herramienta magnífica para acercar más la Unión Europea a sus ciudadanos, y nos incumbe a todos trabajar en esa dirección. 
Otro malentendido que quisiera contribuir a eliminar es la supuesta oposición que se está creando entre hacer realidad el mercado interior y lograr un alto nivel de protección de los consumidores. 
Ambos son objetivos del Tratado y pueden respaldarse mutuamente. 
Es nuestro deber centrarnos en ello, pero lamentablemente debo decir que la división de responsabilidades entre las comisiones parlamentarias no siempre nos ayuda. 
Creo que es un asunto que deberíamos volver a examinar en la próxima legislatura. 
En tercer lugar, existe una idea profundamente enraizada que desearía borrar, y es la convicción general de que la legislación en materia de consumo y la normativa sobre prácticas comerciales leales representan ámbitos completamente aislados uno del otro desde la perspectiva de la competencia. 
Pues bien, Señorías, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, creemos que, a menudo, se trata de dos caras de la misma moneda, y por ello, pedimos que se lleve a cabo una evaluación minuciosa del impacto de las relaciones entre empresas y de las relaciones entre empresas y consumidores. 
Esta evaluación nos aportará más justicia, sin duda por lo que respecta a las PYME, una mayor seguridad jurídica y más estabilidad en la legislación: todo aquello por lo que estamos luchando. 
Señor Comisario, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior estamos de acuerdo con su análisis de la situación de la legislación en materia de consumo y creemos además que es el momento propicio para una evaluación y posiblemente para un nuevo enfoque. 
No obstante, no nos confiemos demasiado. 
Al fin y al cabo, no todo lo que el consumidor mantiene en su propio mercado nacional constituye una barrera para el mercado interior que deba eliminarse. 
Siguen existiendo límites naturales para la integración del mercado? que se resumen en mi informe? y debemos aceptarlos. 
Todo es cuestión de identificar las auténticas barreras y de centrarnos en ellas, y de este modo, no fallaremos en nuestro objetivo. 
El nuevo enfoque, si se produce, debe, en opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, estar encaminado a lograr un alto nivel de protección de los consumidores? un objetivo del Tratado? , un suficiente grado de flexibilidad, sencillez y transparencia de la legislación, así como una normativa de gran calidad jurídica. 
Por este motivo, apoyo la sugerencia del Libro Verde de garantizar que se incluya un procedimiento eficaz y asequible de solución de litigios para los consumidores, porque es así como debe ser. 
No rechazamos tampoco la idea de una directiva marco, señor Comisario, pero como legisladores responsables deseamos darnos la satisfacción, de antemano, de que esta directiva marco, con todo lo que implica, aporte realmente una mayor sencillez, una mayor seguridad jurídica y también una política más eficaz del consumidor. 
Por eso, le pedimos que nos describa, por anticipado, todo el conjunto, es decir, tanto la directiva marco como las propuestas de directiva que la acompañan. 
En aras de la seguridad jurídica, preferiríamos una cláusula general basada en una prohibición de llevar a cabo prácticas comerciales desleales. 
Por supuesto, dicha prohibición debe estar bien definida. 
Reconocemos la utilidad del instrumento de armonización máxima, pero al igual que el Sr. Whitehead en su informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, pedimos cautela y que se proceda caso por caso: de lo contrario, corremos el riesgo de extralimitarnos. 
En todo caso, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior también estamos convencidos de que la armonización máxima no es posible mientras no se alcance un alto nivel de protección de los consumidores, a menos que se oriente la armonización en ese sentido. 
Un alto nivel de protección de los consumidores también constituye, desde nuestro punto de vista, una condición para la plena aplicación de los principios de reconocimiento mutuo y para la puesta en práctica del principio del país de origen. 
Señor Comisario, estamos a favor de una base jurídica para un código de conducta europeo, siempre que se cumplan las condiciones del apartado 17 de mi informe, pero dado que nadie tiene nada que ganar con una falsa impresión de seguridad jurídica, estamos en contra de cualquier tipo de mecanismo de aprobación burocrática que sólo pueda aportar una discutible presunción de legalidad. 
Para los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, es lógico que se deba garantizar el cumplimiento de las obligaciones plasmadas en códigos. 
Señorías, podrán observar que el informe Patrie de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor difiere, en muchos de estos puntos, de lo que hemos dicho en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, hemos hecho todo lo posible por centrarnos en los aspectos jurídicos de esta cuestión. 
Nuestras decisiones se han basado en razones meditadas de tipo jurídico. 
Por consiguiente, quisiera pedir a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y a los demás diputados del Parlamento que vuelvan a examinarlo todo a fondo antes de tomar una decisión sobre su voto, y quisiera pedirles también que apoyen estos puntos de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Por último, señor Presidente, sólo me queda darles las gracias a mis colegas por su cooperación constructiva, y me gustaría decirle al Sr. Whitehead que voy a responder su pregunta concreta en los dos minutos que me concederán en breve. 
Señor Presidente, señor Comisario, me alegra que estemos hoy celebrando un debate sobre esta importante cuestión, ya que está a punto de tener lugar la Cumbre de primavera, en la que, cada tres años, volvemos a estudiar cómo convertir a Europa en la región más competitiva e innovadora del mundo. 
La importancia de la protección de los consumidores es algo que nadie discute. 
Lo que debemos hacer es abordar la manera de ponerla en práctica. 
Apelo al rigor de la Comisión al decir que, sin embargo, estoy firmemente convencido de que la protección de los consumidores no va en contra de estos criterios. 
Por un lado, por ejemplo, perseguimos el objetivo de reducir la burocracia en Europa. No obstante, tengo la impresión de que estamos produciendo cada vez más burocracia y que, por consiguiente, nos estamos alejando cada vez más de la meta de reducirla. 
Quisiera también aprovechar la oportunidad que me brinda este debate de abordar la cuestión de la imagen que tenemos de los consumidores y los ciudadanos. 
Soy un gran partidario de la transparencia en el campo de la protección de los consumidores? con ello me refiero a proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan? pero, a fin de cuentas, la política no debe, poco a poco, privar a los ciudadanos de sus derechos y responsabilidades. 
Con ello me refiero a un ejemplo muy concreto del ámbito del que me he ocupado, a saber, la Directiva sobre crédito al consumo, mediante la cual la Comisión está llevando a cabo un cambio que, en mi opinión, no es del todo justificable, al abandonar un nivel de armonización mínima y reconocimiento mutuo, en favor de la armonización máxima. 
Esto se logra, por ejemplo, adoptando una carga inversa de la prueba para las entidades bancarias, a las que ya no se les va a exigir que comprueben, con el máximo rigor posible, hasta qué punto el prestatario puede devolver el crédito. 
Huelga decir que todo esto beneficia a las personas que conceden créditos o que venden productos a plazos pero, al fin y al cabo, existe una cosa que se llama la propia responsabilidad del individuo. 
A fin de cuentas, en lo que se refiere a nuestro interés por convertirnos en la región más competitiva del mundo, de lo que se trata también es de qué fuerzas desencadenamos en la economía y entre las pequeñas y medianas empresas. 
Por eso, me alegra que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sea capaz de contribuir en este ámbito, en forma de opiniones que pueden ser algo divergentes, pero no por ello menos importantes, y también me alegra que la Comisión vaya a estar unida, en el futuro, en la línea que siga para lograr este objetivo. 
Señor Presidente, voy a ser breve y darle las gracias al Sr. Whitehead. 
En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, hemos hecho todo lo posible por centrarnos en los aspectos jurídicos del documento estratégico sobre política de los consumidores y, naturalmente, el Sr. Whitehead y los demás miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor han respetado o agradecido esto, ya que observo que casi todas nuestras sugerencias han sido adoptadas en el informe del Sr. Whitehead. 
No puedo sino expresar mi agradecimiento por ello. 
Así pues, sólo me queda responder al comentario o pregunta del Sr. Whitehead sobre el apartado 15 de su resolución, que se basa en un apartado original de mi informe. 
El apartado 15 trata sobre el Derecho privado internacional. 
En mi opinión, intenté decir que cuando se mencionan aspectos del Derecho privado internacional en la legislación en materia de consumo, deberíamos poder regularlos de conformidad con el artículo 95, artículo que se refiere al mercado interior. 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor añadió el artículo 153, y por lo que a mí respecta, se puede quedar así. 
No creo que vaya a originar muchos problemas, señor Whitehead. 
Sospecho que se trata de un problema de traducción más que de algo que pueda suscitar muchas discusiones. 
Espero que esto aclare las cosas de alguna manera, y estoy ansioso por devolver al Presidente medio minuto para compensar el haber hablado durante tanto tiempo. 
Señor Presidente, voy a hablar durante dos minutos en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, y el tiempo restante voy a emplearlo en hablar del informe de la Sra. Patrie y el informe de la Sra. Thyssen. 
Señor Presidente, es un placer para mí empezar con la estrategia en materia de política de los consumidores y responder a lo que ha escrito el Sr. Whitehead. 
Como ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, agradezco al Sr. Whitehead el haber incluido muchas enmiendas nuestras en el? como siempre, permíteme decirlo, Phillip? informe minucioso que has elaborado. 
Lo que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades desea es que los grupos vulnerables participen de lleno en la política de los consumidores, y creo que esto se ha expresado muy bien. 
Se debe prestar especial atención a los consumidores y a las organizaciones de consumidores de los países candidatos, ya que opinamos que el mercado interior sólo puede funcionar perfectamente cuando las partes integrantes del mercado ocupan la misma posición. 
Esto quiere decir que tenemos que preparar al consumidor para que sea capaz de tomar decisiones meditadas. 
Las organizaciones de consumidores de los países candidatos no están todavía? si es que puedo expresarlo así? lo suficientemente preparadas como para desempeñar su papel como representantes de los consumidores. 
La necesidad de prestar una especial atención a esto se halla justificada y lo hemos pedido en repetidas ocasiones. 
Así pues, en los principales puntos de la estrategia 2002-2006 se puede encontrar: un alto nivel de protección de los consumidores, una aplicación efectiva de los reglamentos actuales y un papel para las organizaciones de consumidores. 
Ya he mencionado esto explícitamente. 
Señor Presidente, paso a hablar, a continuación, sobre el Libro Verde. 
El objetivo del Libro Verde es que se elabore una directiva marco en materia de política de los consumidores. 
Si se cumplen una serie de condiciones, estoy a favor de esta directiva marco. 
La legislación actual está demasiado fragmentada, y una directiva marco puede contribuir a aportar claridad a la situación. 
Creo que es magnífico que se reúnan en la directiva marco el suministro de la información necesaria para hacer la elección antes de la venta de un servicio o de un producto, la venta en sí misma, la posventa, el servicio, las reclamaciones y el acceso a la legislación. 
Las prácticas comerciales desleales deben ser el punto de partida para ello, por lo que me siento muy cómoda con el informe de la Sra. Thyssen. 
La legislación de esta directiva marco no debe ni puede añadirse a la maraña normativa existente. 
Esto haría que todo fuera mucho más confuso, no sólo para el consumidor, sino ciertamente también para el mundo empresarial. 
Por tanto, abogo fervientemente por que, cuando presentemos esta directiva marco, revoquemos también, al mismo tiempo, las diversas directivas verticales, de las que es un buen ejemplo la directiva marco sobre el agua. 
En ese sentido, creemos que la directiva marco resolvería algo. 
En nuestra opinión, es muy importante, con este tipo de marco horizontal, que se apliquen las mismas obligaciones en toda Europa, no sólo para las empresas sino también para los consumidores. 
De esta manera, las cosas quedarán claras y habrá más oportunidades, sobre todo para las pequeñas empresas, de sacar partido a todo lo que ofrece el mercado interior. 
Señor Presidente, quisiera decir además que esta directiva marco debe asumir un alto grado de protección de los consumidores, pero que también debe basarse en el principio de armonización máxima, aunque vinculado a un elevado nivel de protección. 
Creo que esto es necesario, puesto que de no producirse continuará la confusión. 
Queremos que el mercado interior funcione bien, queremos obtener un buen servicio en toda Europa, queremos que se nos vendan buenos servicios y que todos sepamos exactamente en qué consisten. 
En ese sentido, podemos votar a favor de una directiva marco. 
Confiamos además en que se apoyen las enmiendas presentadas por nuestro Grupo al informe Patrie, que esperamos que hagan que este informe esté más en consonancia con el informe de la Sra. Thyssen. 
Creo que nos ayudaría a alcanzar una muy buena delimitación. 
Deseo mucha suerte a los servicios de la Comisión y les pido que nos dejen participar a nosotros, así como a los interesados, en la elaboración de la nueva legislación. 
Señor Presidente, estoy encantado de que esta mañana deliberemos sobre tres informes de peso acerca de la protección de los consumidores y que atañen a tantas comisiones diferentes. 
Esto es correcto y oportuno. 
Las cuestiones de política de los consumidores no deben ser la prerrogativa exclusiva de una determinada comisión, deben ser fundamentales en toda nuestra labor. 
Los comentarios que voy a hacer se limitarán fundamentalmente al informe Whitehead, si bien también tendrán claramente implicaciones para algunos de los demás informes. 
Adam Smith declaró que la única finalidad y objeto de toda actividad económica es el consumo. 
El consumidor es el rey y nosotros en el Parlamento- y también, por supuesto, en la Comisión- haremos bien en recordarlo. 
Tanto el informe de la Comisión «Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006» , como, de hecho, el informe Whitehead, son pasos extremadamente positivos en esta dirección. 
No soy una de esas personas que felicitan automáticamente a todos los ponentes, en particular, lo admito, si proceden del grupo PSE, pero en esta ocasión estoy encantado de felicitar y apoyar incondicionalmente a este ponente por su excelente trabajo. 
Con su modestia habitual, también ha dicho que las enmiendas de otros Grupos y colegas lo han perfeccionado todavía más y ha aceptado las enmiendas de un gran número de colegas de diferentes agrupaciones políticas y otras comisiones. 
Estoy realmente agradecido por su pronta aceptación de algunas de mis propias enmiendas, como por ejemplo, de que una línea clave de la política del consumidor debe ser la optimización de la elección del consumidor, de que la consecución del mercado único es, por consiguiente, una prioridad para los consumidores y no sólo un negocio, de que la Directiva sobre los viajes combinados debe ha de revisarse con prioridad, y que los países que incumplan la legislación sobre protección de los consumidores deberán ser sancionados más rápida y rigurosamente. 
También quisiera llamar la atención sobre toda la serie de apartados, empezando por el apartado 5, que trata del Objetivo 1, un alto nivel de protección de los consumidores, en el cual destaca su preocupación por la propuesta de pasar de medidas de mínima armonización a medidas de plena armonización. 
Tanto la Sra. Thyssen como el Sr. Radwan ya han retomado este aspecto planteado por otras dos comisiones. 
Estoy plenamente de acuerdo con que se evalúe caso por caso, aspecto que amplía explícitamente en el apartado 13 sobre los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad. 
Espero que la Comisión asuma estos puntos. 
En particular, admiro la forma en que el informe no se limita a las buenas intenciones. 
Pide que se den pasos sensatos, prácticos y concretos para mejorar la protección de los consumidores en toda la Unión Europea. 
Espero que la Comisión me permita también llamar la atención sobre el apartado 44 acerca de los peligros de fumar pasivamente, si bien sería una sorpresa que este tema apareciera en este informe. 
Es un derecho fundamental de los consumidores que puedan respirar aire fresco. 
Espero que, junto con los Cuestores, hará personalmente cuanto esté en sus manos por asegurarse de que esto sea así. 
Finalmente, espero que el informe Whitehead reciba el apoyo de la abrumadora mayoría en la votación de esta mañana. 
Asimismo, espero que será acogido con el mismo fervor tanto por parte de la Comisión como por parte del Consejo en pleno. 
El consumidor debe reinar en todas partes. 
¡Larga vida al rey! 
Señor Comisario, Señorías, se acaba de decir que los consumidores constituyen uno de los motivos de la existencia de la Unión Europea. 
Conseguir productos mejores y más baratos, así como una mayor variedad de elección, es el motivo principal del mercado interior. 
Nunca antes se había reconocido plenamente a los consumidores por ello. 
Algunos derechos de los consumidores no traspasan las fronteras nacionales. 
Por ello, acojo también con especial agrado una iniciativa general y una directiva marco en materia de política de los consumidores. 
Apoyo además y felicito a los ponentes: el Sr. Whitehead, la Sra. Patrie y la Sra. Thyssen. 
Hay cuatro puntos que me gustaría destacar: el primero se refiere a las prácticas comerciales leales, a una norma básica exigente que debe aplicarse en toda Europa, y al hacerlo, no se debe permitir que la legislación europea quite méritos a los logros nacionales. 
Es necesaria una información sobre derechos y códigos de conducta adicionales. 
El segundo punto es el derecho a la información. 
Es fundamental la información sobre productos y métodos de producción. 
Naturalmente, no todos los consumidores van a visitar las instalaciones del fabricante para informarse acerca de los métodos de producción. 
Las investigaciones muestran que sólo un 10% de los consumidores están interesados, pero este 10% marca la pauta, sobre todo cuando está respaldado por fuertes organizaciones de consumidores. 
Este 10% ha garantizado, por ejemplo, que se preste más atención al bienestar de los animales en el sector agrícola y a las condiciones laborales del sector textil, y este 10% va a contribuir también a que la mundialización siga la senda correcta. 
El tercer punto tiene que ver con dar voz a los consumidores, con apoyar a las organizaciones de consumidores, en especial en los países candidatos, y con buscar nuevas formas de lograr que los consumidores pierdan su anonimato. 
Se trata también de experimentar con foros públicos donde los consumidores puedan aportar ideas sobre el desarrollo de nuevas técnicas y métodos de producción. 
Mi último punto se refiere a la responsabilidad política. 
Naturalmente, una política de los consumidores sólida debe contribuir a crear una situación en la que los consumidores sean la piedra angular de la política europea, desde los productos químicos hasta el comercio electrónico. 
En Europa, se hace mucho en nombre del consumidor. 
Se supone que la liberalización de los servicios públicos ofrece a los consumidores servicios mejores y más baratos. 
Esto es maravilloso, claro, pero ¿qué es lo que ha logrado? 
En toda Europa, los pasajeros se quejan de la mala calidad del transporte público. 
Los precios en el mercado de la telefonía se han vuelto enrevesados y confusos y, al final, son pocos los consumidores que hacen cola para elegir entre los distintos proveedores de energía eléctrica. 
¿Qué han aportado exactamente al consumidor diez años de mercado interior O tomemos el euro, por ejemplo. 
Se suponía que el euro iba a abaratarlo todo. 
Sin embargo, sabemos que el euro ha provocado un considerable aumento de los precios. 
Es evidente que las cosas pueden no salir como nosotros desearíamos. 
Pero si la liberalización, el euro y el mercado interior no tienen el efecto deseado, ¿a qué pueden recurrir los consumidores? 
¿Acaso pueden los consumidores recurrir a los políticos europeos, a sus gobiernos nacionales, al comercio y a la industria? 
¿O, de hecho, no tienen a qué recurrir? 
Los consumidores han de tener derechos, pero también deben poder obtener una compensación política. 
En resumen, debemos dejar de hacer promesas vagas a los consumidores y también sobre ellos. 
Los objetivos para los consumidores deben ser claros y concretos y ha de quedar claro quién asume la responsabilidad política. 
Muchas gracias. 
Señor Presidente, es evidente que estamos abordando tres informes importantes. 
Es verdad que no se trata de legislación, pero espero con interés la legislación que seguirá a estos informes. 
Lo hago con mucha confianza, ya que también en este punto confiamos plenamente en este Comisario. 
Tengo curiosidad por saber si puede indicarnos cuánto tiempo tendremos que esperar para examinar las diversas propuestas para esta legislación. 
Naturalmente, el reto radica en coordinar adecuadamente la política de los consumidores y la compleción del mercado interior. 
No se debe permitir que la política de los consumidores sea una excusa para crear barreras comerciales. 
Creo además que las cifras que el Comisario nos ha dado, hace un momento, sobre las ventajas que todos podemos obtener de la armonización dicen mucho al respecto. 
Los consumidores se benefician del libre comercio, ya que pueden comprar productos mejores y más baratos, y naturalmente, debemos lograr un alto nivel de protección de los consumidores. 
La confianza es el motor del crecimiento económico. 
Los consumidores deben confiar en los productos o no los comprarán. 
La industria debe confiar en el mercado interior y los consumidores deben confiar en los proveedores. 
Podemos matar dos pájaros de un tiro. 
Debemos trabajar para lograr que a los consumidores les deje de importar si compran sus productos en los Países Bajos o en Grecia. 
Esto no es fácil. 
A menudo, los consumidores no saben cuáles son sus derechos. 
Las organizaciones de consumidores pueden ayudarnos por lo que a esto se refiere. 
Las revistas de consumidores son muy leídas y contienen consejos útiles. 
La gente confía mucho en estas organizaciones. 
Así pues, creo? y me alegra que el Comisario también esté trabajando en ello? que la Unión debe conseguir que estas organizaciones participen de lleno en los trabajos preliminares de una política futura. 
Además, las prácticas comerciales desleales dañan la confianza en el mercado. 
Un vendedor de automóviles deshonesto puede echar a pique el mercado para sus competidores. 
Por tanto, hay que acabar con los comerciantes deshonestos, y por esta razón, es positivo que se haya optado por recurrir a un enfoque europeo para luchar contra las prácticas comerciales no deseables. 
Naturalmente, debemos ser claros acerca de qué constituye una práctica comercial no deseable. 
Para mí, no es sólo aprovecharse de la vulnerabilidad física o mental o ejercer presión física o moral, sino también la conducta obstruccionista; por ejemplo, dificultar a los consumidores el poder cambiar de proveedor de servicios. 
Sólo cuando se puede pasar con facilidad de un proveedor de servicios a otro, se consigue una competencia óptima que se traduce en unos precios más bajos y una mejor calidad. 
Piensen sólo en el hecho de cambiar de banco. 
Se lo ponen muy difícil. 
Uno no puede llevarse su número de cuenta, y creo que este tipo de cosas constituyen barreras artificiales. 
Por último, señor Presidente, pienso que la Comisión debería hacer uso del artículo 153 del Tratado más a menudo como base jurídica para la protección de los consumidores. 
No creamos este artículo para nada, y beneficiaría tanto a los consumidores como al mercado interior. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al hablar esta mañana en nombre de mi Grupo, en el debate sobre los consumidores y la protección de los consumidores, yo, al igual que muchos de mis colegas, desearía decir una vez más que, si bien apoyamos los objetivos de la Comisión Europea en este ámbito? un alto nivel de protección, una aplicación efectiva de las normas y una participación efectiva de las organizaciones de consumidores? , debemos señalar, de nuevo, que las propuestas que se han presentado siguen siendo demasiado imprecisas y no lo suficientemente concretas. 
Por ello, estoy plenamente de acuerdo con las propuestas efectuadas por el Sr. Whitehead y la Sra. Patrie, en particular en lo que se refiere a la seguridad, el transporte, los productos químicos, el comercio electrónico y el suministro de información previa, en todos los casos, para permitir que se activen, cuando sea necesario, unos mecanismos de defensa eficaces y de recurso adecuados. 
Además, me gustaría mencionar específicamente la legibilidad de la etiqueta ecológica y, en particular, la necesidad de disponer de información exhaustiva sobre los OMG que, como bien saben, constituyen un asunto polémico para nosotros. 
Por último, quisiera hacer hincapié en la necesidad de la Directiva sobre juguetes y en el control de la marca comunitaria. 
Debido a que fui ponente sobre estas cuestiones hace unos años, sé que es necesario que se revise urgentemente la Directiva sobre juguetes y que, por culpa de unos controles insuficientes, en numerosas ocasiones la marca comunitaria pierde todo su sentido. 
Además, me he dirigido por escrito a la Comisión varias veces sobre este asunto, pero siento tener que decir que, hasta la fecha, no he recibido una respuesta satisfactoria. 
Por lo demás, a estas alturas del debate sobre la protección y la política de los consumidores, quisiera también expresar muy claramente dos preocupaciones en forma de críticas fundamentales. 
La primera de las cuestiones que me preocupan es que, independientemente de cuáles sean sus intereses, las políticas de protección de los consumidores están demasiado vinculadas al objetivo de la creación acelerada del mercado único, y por tanto, dependen demasiado de aquél. 
Estas políticas son raramente objetivos en sí mismos, pero casi siempre son el resultado de la libre competencia. 
La segunda cuestión que me preocupa es que estas políticas son, a menudo, si no siempre, un pretexto para eliminar, estrangular o incluso hacer desaparecer el concepto de servicio público, pese a que éste abarca mucho más que la protección de los consumidores, ya que se aplica a largo plazo e integra la solidaridad y la ordenación territorial, en particular a través de la fijación de los precios y las condiciones de acceso. 
En algunos países y grupos políticos, los mejores adalides de la protección de los consumidores son, con frecuencia, los mayores enemigos de los servicios públicos, actuando en nombre de la libre competencia y el dominio del sector privado. 
Esta mañana, quisiera, por tanto, señalar estas diferencias fundamentales o incluso divergencias, al tiempo que expreso mi satisfacción por los esfuerzos realizados por la Comisión Europea y mi apoyo a las propuestas de nuestros ponentes. 
Señor Presidente, el Libro Verde presentado por la Comisión y los informes presentados esta mañana siguen la línea correcta. 
De hecho, deberíamos crear, sin demora, todos los elementos que garanticen a los consumidores un alto nivel de protección. 
Deben tener la certeza de que sus derechos se respetan plenamente, y de la misma manera, en todas partes. 
Por tanto, para conseguir un alto nivel de protección, es fundamental que las organizaciones de consumidores representativas participen en la elaboración tanto de la política comunitaria como de la internacional. 
Dado que, en la actualidad, se están produciendo cambios importantes en el ámbito del comercio, es esencial que se consulte a los ciudadanos. 
Deben poder tomar parte en los debates e influir en las decisiones que fundamentalmente les afecten a ellos. 
Los consumidores han de desempeñar un papel activo a través del consumo, que debería dejar de ser inconsciente. 
En lugar de ello, los consumidores deberían meditar sus decisiones. 
Por tanto, se les debe proteger, pero también se les debe mantener informados. 
Para ello, deben poder acceder a toda la información que consideren fundamental y tener, por ejemplo, la posibilidad de informarse sobre los procesos de producción, incluyendo las condiciones laborales de los empleados. 
Los logotipos comunitarios relativos al comercio leal o a las empresas que respetan una carta social son, por lo tanto, herramientas valiosas y eficaces, como también lo son aquellos que representan la agricultura ecológica. 
Si deseamos un comercio ético y justo, es necesario que reafirmemos nuestra preferencia por los productos de calidad que no pongan en tela de juicio la dignidad humana, en ámbitos tan diversos como el café o los juguetes para niños, y que observemos todos los criterios del principio de cautela. 
En este contexto, la trazabilidad de los OMG parece ser, una vez más, uno de los factores más fundamentales. 
Sobre todo, no debemos permitir, tal y como dejan entender algunas enmiendas, que aumente la confianza de los consumidores en los OMG. 
Por el contrario, es nuestro deber proteger a los consumidores y proporcionarles información precisa y exhaustiva que les permita tomar sus decisiones con total conocimiento de causa, en beneficio propio y de sus hijos. 
Debemos hacer también hincapié en la necesidad de que los ciudadanos participen en la creación de un modelo de sociedad sostenible. 
No debemos reducir a los ciudadanos a la mera condición de consumidores. 
Muy al contrario, los ciudadanos deben desempeñar un papel destacado en la identificación de sus necesidades, con el fin de que la propia sociedad elija qué camino seguir para responder a ellas. 
Señor Presidente, con la protección jurídica de los consumidores, abordamos un proyecto vasto y ambicioso que deberá desembocar en un elevado nivel de protección. 
Un nivel elevado no implica necesariamente una protección uniforme. 
Creemos que es fundamental respetar los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad. 
Personalmente, estoy a favor de una armonización mínima que no impida a cada Estado miembro elaborar la legislación que mejor se adapte a su manera de hacer las cosas. 
Apoyo también la idea de utilizar sistemáticamente el apartado 3 del artículo 151 del Tratado, que debería convertirse en la única base jurídica a la hora de legislar. 
Debemos dejar de recurrir sistemáticamente al artículo 95, que sólo se refiere al mercado interior. 
Una de nuestras principales reivindicaciones es garantizar a todos los ciudadanos un acceso universal y asequible a servicios de alta calidad. 
Debemos exigir que la OMC no desmantele nuestros servicios públicos. 
Del mismo modo, estoy de acuerdo con el etiquetado de la OMC como herramienta para proporcionar información sobre el origen y los métodos de producción. 
Por contra, tengo mis reservas acerca de la creación de un centro europeo de consumidores que sería superfluo ante la existencia de las organizaciones nacionales, que son eficaces y se beneficiarían del trabajo en red. 
Me preocupa también el contenido del informe Thyssen: solicitar a la Comisión una evaluación de impacto sobre la posibilidad de una armonización máxima no parece realista. 
De la misma manera, debería establecerse un vínculo entre la protección de los consumidores y el reglamento sobre la promoción de ventas. 
En cuanto a la creación de códigos de conducta, la idea, en su estado actual, no me parece el camino a seguir. 
¿De dónde se obtendrá la legitimidad para estos códigos de conducta? 
¿Cómo vamos a garantizar su permanencia? 
Todas estas cuestiones indican que éste sería un modo de proceder equivocado. 
Muchas gracias, señor Ilgenfritz. Ha pedido la palabra sobre una cuestión de observancia del Reglamento un diputado que exhibe una pancarta delante de él, y al que la Mesa le ha pedido su retirada. 
Se trata de una cuestión de respeto hacia la Mesa y los demás diputados, y creo que debería tener prioridad sobre cualquier petición de palabra. 
La Mesa ya ha solicitado a Su Señoría que retire la pancarta, y es costumbre en esta Asamblea que, cuando la Mesa pide a los diputados que retiren pancartas o letreros que han colocado, se retiren inmediatamente por respecto hacia la Mesa y la Asamblea. 
Si Su Señoría desea plantear una cuestión de observancia del Reglamento? lo único que el Reglamento le permite hacer? , deberá mostrar respeto hacia la Mesa y la Asamblea y retirar la pancarta que tiene delante de usted. 
Señor Presidente, en estos momentos hay manifestaciones en todo el País Vasco- 
(El Presidente interrumpe a la oradora) 
Señor Gorostiaga, se supone que las cuestiones de observancia del Reglamento se refieren al orden del día. 
La Mesa no permitirá que se hable de algo que no sea una cuestión de observancia. 
Señor Presidente, creo que hoy podemos acoger con agrado este debate sobre el Libro Verde y la estrategia que nos ha propuesto la Comisión en materia de política de los consumidores. 
Lo acogemos con satisfacción puesto que, con la adhesión de nuevos miembros y, por consiguiente, la ampliación del mercado interior, es muy importante mejorar la armonización de la legislación comunitaria relativa a los consumidores. 
Somos conscientes también del papel que desempeña el consumo en la economía, y sólo Dios sabe cuánto lo necesitamos en este momento. 
No obstante, los estudios han demostrado que, fuera de las zonas fronterizas, los consumidores europeos desconocen cómo aprovecharse de las ventajas proporcionadas por la Unión Europea. 
¿Por qué? 
Sencillamente porque todavía muestran una falta de confianza, porque no siempre tienen acceso a información relevante sobre productos y servicios y porque no siempre disponen de los medios necesarios para conocer la calidad de los productos o las referencias de precios, y también porque, sobre todo en caso de litigio, no saben qué autoridad es competente. 
Todo esto significa, por lo tanto, que los consumidores no sacan provecho de las posibilidades que les ofrece Europa y necesitan conocimientos e información, si bien están perfectamente preparados para actuar con responsabilidad, respetando, por ejemplo, las etiquetas ecológicas. 
Para remediar esto, es necesario, por tanto, armonizar la legislación y crear un auténtico Derecho europeo del consumidor, garantizando a la vez la flexibilidad necesaria para su aplicación en los Estados miembros. 
Por consiguiente, somos partidarios de que se informe mejor a los consumidores. Esta información debe ser clara y estar escrita en la lengua materna del consumidor, para que pueda tomar sus decisiones con pleno conocimiento de causa. 
Elaborar una estrategia marco para los consumidores implica también garantizar su protección jurídica, poner fin a los litigios relacionados con las prácticas desleales de las empresas, así como proteger a las empresas de sí mismas. 
Por tanto, damos nuestro respaldo a una mejora de la protección de los consumidores y a la transparencia que se obtendrá a través de las asociaciones; tenemos puestas grandes esperanzas en la Comisión. 
Le garantizamos, señor Comisario, que vamos a estar muy atentos a lo que haga para asegurarnos de que esta política de los consumidores siga adelante. 
Señor Presidente, es evidente que en el mundo de hoy los consumidores están más informados y son más exigentes. 
Tienen mejores expectativas y no siempre buscan el precio más barato. 
Quieren calidad y servicio posventa y desean tener claro cuáles son sus derechos y las posibilidades de reclamación. 
En un mundo ideal, las empresas responsables atenderían a las necesidades de los consumidores. 
Algunos dirán que la gran mayoría así lo hace, y si así fuera, no sería necesario legislar. 
Pero necesitamos proteger a los consumidores de las empresas sin escrúpulos, de aquellos que utilizan métodos deshonestos y de los estafadores. 
El dilema del legislador radica en elaborar una buena legislación efectiva que proteja al consumidor, al tiempo que deja que las empresas prosperen en un entorno dinámico y competitivo. 
El debate actual sobre la responsabilidad social de las empresas ofrece a éstas la oportunidad de mejorar su protección de los consumidores como un buen modelo empresarial y punto de venta, para ayudarlas a obtener una ventaja competitiva y beneficios comerciales, al mismo tiempo que proporcionan valor añadido al consumidor. 
Si queremos que funcione el mercado interior, necesitamos medidas que ayuden a fomentar la confianza del consumidor, en particular en las compras transfronterizas, y sabemos que en las compras electrónicas los consumidores todavía suelen comprar en su propio mercado nacional. 
Al introducir una cláusula general sobre prácticas comerciales leales, el detalle de la Directiva será de vital importancia si debe funcionar en beneficio de los consumidores y para que las empresas no lo vean como más papeleo y burocracia. 
Necesitamos una legislación más sencilla y mejor enfocada que sea más fácil de aplicar. 
Como bien sabe, señor Comisario, el concepto de lealtad difiere entre los Estados miembros, según sus diferentes ordenamientos jurídicos. 
En los países donde rige una cláusula general, también sabemos que se aplican de modo diferente. 
Esto plantea el reto de encontrar un enfoque común. 
Sé que usted, como abogado cualificado, está decidido a proporcionar seguridad jurídica tanto a las empresas como a los consumidores. 
Necesitamos asegurar que el impacto de toda futura directiva favorezca y no fragmente el mercado interior cuando los Estados miembros interpretan, aplican o ejecutan esta Directiva para que se amolde a sus propios y diferentes enfoques nacionales. 
El consumidor ya se enfrenta a reglamentos fragmentados y a una aplicación fragmentada. 
Esto implica que los consumidores necesitan conocer cuáles son los derechos de reclamación de que disponen si son víctimas de métodos deshonestos y de estafadores, mientras las empresas necesitan trabajar en un mundo competitivo. 
Las empresas deben ser claras sobre los principios y prácticas a los que deben aspirar para poder cumplir esta Directiva. 
Personalmente estoy a favor de tomar medidas enérgicas contra las prácticas fraudulentas y engañosas, en lugar de intentar establecer una definición común de la práctica comercial leal. 
Acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer códigos de conducta y la autorregulación, no como algo fácilmente manipulable o que sustituya a la legislación, sino como un medio de poder dar una respuesta rápida a los métodos deshonestos cuando ocurren rápidamente y la ley no puede mantener el ritmo. 
Tal como ha dicho el Comisario Prodi, todas las instituciones europeas necesitan redoblar su compromiso para simplificar los reglamentos y poder reducir el coste de las actividades comerciales en Europa y aumentar la seguridad jurídica de los ciudadanos. 
En el informe Thyssen, el Parlamento ha dejado claro que desea ver un estudio de impacto ampliado en este campo. 
Señor Comisario, ha mencionado usted tres estudios y ha sido muy claro sobre las ventajas de esta Directiva. 
Pero no ha sido tan claro en cuanto al coste potencial de esta Directiva para las empresas. 
Es importante explicar a las empresas cuáles son sus obligaciones y qué deben hacer para conseguir los objetivos que plantea usted en materia de protección de los consumidores. 
Señor Presidente, quisiera comentar mis observaciones sobre el informe de la Sra. Thyssen, el cual agradezco, y a quien felicito por un trabajo tan equilibrado. 
Conocemos bien el dilema de ocuparnos de un informe que debe combinar los intereses de las empresas y de los consumidores. 
Tenemos ante nosotros muy buenas ideas innovadoras por parte de la Comisión- una política general, una Directiva marco -, cosa que necesitamos si realmente queremos que funcione el mercado interior y que la Europa electrónica sea un éxito. 
Sin embargo, para lograr todo esto debemos crear confianza entre nuestros consumidores. 
El ámbito que me concierne está contemplado en el apartado 17 del informe, que respaldo completamente. 
Se refiere a este vínculo entre códigos de conducta, seguridad jurídica y aplicación legal, y el modo en que hacemos que estos tres aspectos se coordinen realmente para proteger a los consumidores. 
Este año voy a redactar un informe sobre la supervisión de la ley comunitaria y, por lo tanto, siento profundamente que al hablar de códigos de conducta debemos asegurarnos de que seguimos disponiendo de seguridad jurídica y fuerza ejecutiva o vamos a hacer añicos aquello que hemos conseguido en el mercado interior. 
Voy a intentar ilustrar este aspecto con un ejemplo. 
Ayer recibí una carta de un elector que ha adquirido una propiedad en otro Estado miembro. 
Algo marchó mal en la operación de compra: se había deducido erróneamente dinero de la cantidad que había entregado. 
Reclamó al organismo profesional competente. 
Le escribió en su propio idioma, el inglés. 
En la respuesta que recibió, redactada en el otro idioma, se le comunicaba que no podían tratar su reclamación a menos que les escribiera en su idioma. 
Si queremos realmente llevar a cabo actividades comerciales juntos en toda Europa debemos ser leales y razonables unos con los otros. 
Deben hacerse cumplir adecuadamente los códigos de conducta. 
Señor presidente, mientras estudiaba los tres informes sobre protección de los consumidores, me preguntaba si el objetivo de todo esto no es acaso fomentar el consumismo. 
El mercado interior ya es de por sí un corolario del mandamiento «Consumirás». 
Naturalmente, ahora necesitamos añadir el mandamiento «Consumirás en toda Europa». 
Señor Presidente, entenderá que mi postura es bastante crítica. 
No podemos negar que la lengua, la distancia y las diferencias culturales constituyen las barreras más importantes para los consumidores. Esto no se tiene en cuenta, en absoluto, cuando buscamos la causa de la falta de conocimiento de la normativa de otros países de la UE. 
Y lo que es más: esto presupone que el consumidor está familiarizado con la normativa de su propio Estado miembro. 
Si queremos invertir en la confianza de los consumidores, debemos, ante todo, invertir en la fiabilidad de los productos y servicios. 
En mi opinión, los consumidores bien informados pueden tomar sus propias decisiones. 
Es necesario que exista un equilibrio entre la protección de los consumidores y su propia responsabilidad. 
No creo que sea preciso un marco jurídico uniforme. 
Empecemos primero por unos niveles mínimos en los casos donde existan verdaderos problemas. 
Es artificial crear una legislación basada en el artículo 153, ya que éste sólo se ha aplicado como base jurídica en la práctica, en una ocasión. 
No tengo ningún afán por discriminar a artículos del Tratado, porque hacemos menos uso de ellos que de otros artículos del Tratado. 
Señor Presidente, quisiera dar las gracias a los tres ponentes. 
Se ha dicho en esta Cámara que no se trata de una cuestión de legislación, pero a mi modo de ver, estos asuntos deben abordarse justamente en esta fase, mientras debatimos con la Comisión qué es lo que esperamos de la futura legislación. 
Por este motivo, quisiera centrarme en los principios que creo que deben introducirse en la legislación comunitaria en materia de protección de los consumidores. 
El principio más importante, que se ha planteado en esta Asamblea muy a menudo, es que los niveles de protección de los consumidores deben ser lo más elevados posible. 
De ello se deduce que, cuando la Comisión propone una legislación lo más armonizada posible en la UE, estoy de acuerdo con este punto de vista elemental sólo si implica que estos elevadísimos niveles de protección de los consumidores se apliquen a través de la armonización. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con la armonización si implica que un Estado miembro, aunque se trate de uno sólo, tenga que renunciar a niveles más elevados de protección de los consumidores. 
Por este motivo, me satisface el punto de vista expresado por el Sr. Whitehead en su informe acerca de que cada acción debe examinarse individualmente. 
Este mismo principio debe aplicarse también al reconocimiento mutuo. 
A este respecto, se debe tener en cuenta la idea de que ni un solo Estado miembro, ni actual ni futuro, debe reducir sus niveles de protección de los consumidores. 
La ventaja de la armonización mínima, desde el punto de vista de la protección de los consumidores, al menos, es que, a escala nacional, se puede ir más lejos en la legislación si la Unión Europea no alcanza ese nivel. 
Es necesario, además, que la legislación vigente en materia de protección de los consumidores se aplique por completo, para que los consumidores tengan la plena confianza de que pueden llevar a cabo transacciones comerciales y realizarse como consumidores en todo el mercado interior. 
La futura legislación debe ser también muy clara y tener en cuenta los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad. 
Asimismo, creo que es importante que no aprobemos una legislación demasiado detallada y que, en lugar de ello, nos centremos en cumplir nuestro objetivo, que es alcanzar los niveles más elevados posibles de protección de los consumidores. 
Si disponemos de una legislación excesivamente detallada, aquellos que no deseen adoptar estos principios dedicarán todos sus esfuerzos a buscar lagunas jurídicas, lo que creará problemas para los tribunales. 
Señor Presidente, señor Comisario, se podría hablar largo y tendido sobre la futura política comunitaria de los consumidores, pero dado el poco tiempo de que dispongo, intentaré limitarme a un único punto referente al informe de la Sra. Patrie. 
Todos estamos de acuerdo en que el requisito esencial para un mercado libre y justo es que los consumidores tengan acceso a información correcta y útil. 
Esto es relativamente fácil de proporcionar cuando se trata de las exigencias de los «viejos» consumidores en el terreno de la relación entre calidad y precio. 
Tampoco pasa nada cuando se trata de indicaciones de contenido, etiquetas de lavado, etc. El consumidor moderno es, sin embargo, un ciudadano de otro tipo. 
Naturalmente, esto es así también en el momento de efectuar la compra. 
Esto quiere decir que los consumidores de hoy en día exigen información muy variada. 
Al realizar sus compras, quieren respuestas a preguntas sobre cuestiones éticas, medioambientales y sociales. 
Además, actualmente hay una gran cantidad de indicaciones sanitarias de importancia diversa. 
¿Cómo vamos a lograr garantizar una legislación que cumpla todos estos requisitos para etiquetas raras, requisitos que, no obstante, son objeto de debate y deben respetarse? 
No nos cabe duda de que tenemos que utilizar el principio conocido en la jerga jurídica sueca como principio de honradez, según el cual se permite a las personas hacer indicaciones sobre sus productos, siempre que puedan probar completamente todo lo que digan. 
Creo que es la única forma de hacer frente a este nuevo tipo de etiquetado. 
La norma general es la siguiente: haz lo que quieras, pero no mientas bajo ningún concepto. 
Señor Presidente, acojo con satisfacción la labor exhaustiva llevada a cabo por el Sr. Whitehead, la Sra. Patrie y la Sra. Thyssen, con respecto a las implicaciones del Libro Verde sobre la protección de los consumidores. 
Estamos de acuerdo con la petición de establecer medidas legislativas más sencillas y mejor definidas para facilitar la ejecución del arsenal legislativo aplicable al mercado interior, que a nuestro modo de ver, carece de transparencia y está demasiado fragmentado para inspirar confianza a los consumidores. 
Nos agrada que haya surgido el concepto de consumidor-ciudadano, y quisiera señalar que sus derechos fundamentales son el derecho a la seguridad, el derecho a la información, el derecho a la libre elección, el derecho de representación, el derecho de recurso, el derecho a la satisfacción y el derecho de disfrutar de un medio ambiente libre de contaminación. 
El consumo del futuro debe tener en cuenta los tres pilares del desarrollo sostenible (el económico, el medioambiental y el social) , si bien los dos últimos se descuidan con demasiada frecuencia. 
Propongo que reflexionemos sobre la viabilidad de una directiva general sobre la calidad medioambiental de los servicios y productos destinados a los consumidores, haciendo especial hincapié en la necesidad de una etiqueta europea y de un elevado grado de protección. 
Creemos que el consumidor-ciudadano debe desempeñar un papel fundamental, no sólo como cliente, sino también como persona que toma decisiones, como consumidor comprometido y preocupado por el nivel ético de los productos que consume. 
En este sentido, su presencia será fundamental en este cambio, que deseamos que sea duradero. 
Señor Presidente, la nueva estrategia de la Comisión en materia de protección de los consumidores es una estrategia sumamente ambiciosa que simboliza la calidad de vida de los consumidores, protegiéndolos contra las prácticas desleales y reduciendo las diferencias de precios injustificadas entre países, así como dando confianza a los consumidores para que accedan a un mercado de 350 millones de personas y defendiendo la credibilidad de las organizaciones de consumidores. 
La Comisión merece nuestra felicitación por la exhaustiva investigación que ha realizado, al igual que, por supuesto, nuestros ponentes, por las enmiendas que han propuesto. 
No obstante, el camino no está sembrado de rosas. 
Los obstáculos y las dificultades técnicas son múltiples. 
En primer lugar, tenemos que convencer al mundo empresarial y a algunos colegas de que un marco regulador no es incompatible con el espíritu competitivo y que es uno de los requisitos esenciales para una competencia sana. 
En segundo lugar, todos deben comprender que el mero hecho de confeccionar un listado de relaciones entre empresas y consumidores o incluso de relaciones entre empresas no equivale a una protección integrada de los consumidores, en especial si nuestro objetivo común es lograr un mercado más eficaz y una mayor protección de los consumidores. 
Por ejemplo, las propuestas del Libro Verde también tienen que abordar el reglamento propuesto sobre la promoción de ventas. 
En cuanto al enfoque, el optar como una cuestión de prioridad por una directiva marco coherente que incluya un determinado número de principios, como puede ser la prohibición de las prácticas inmorales, el principio de buena fe y el principio de prácticas comerciales leales, es el enfoque correcto. 
De hecho, este enfoque reduce la necesidad de un reglamento detallado y permite dar una rápida respuesta al número creciente de prácticas y estratagemas desleales. 
Hasta los legisladores de Europa central, que están muy acostumbrados a reglamentos detallados, confían cada vez más en cláusulas generales para adaptar la legislación a las circunstancias cambiantes. 
Este enfoque ha demostrado ser de gran valor y ha permitido que se ponga al día la legislación. 
Al final, puede que seamos incapaces de evitar un reglamento específico, pero éste debería desempeñar un papel complementario. 
Además, la flexibilidad de enfoque de una directiva marco reside también en mantener la política de mayor autorregulación, a la que debe darse prioridad, pero con dos condiciones: en primer lugar, debe fijarse un plazo general dentro del cual las partes interesadas tengan que llegar a un acuerdo y, en segundo lugar, debe existir un marco común para determinar quién es responsable de cumplir las obligaciones previstas en la autorregulación. 
Otro problema que se plantea es elegir entre una armonización máxima o mínima. 
La elección es difícil porque, en primer lugar, no queremos que la armonización conduzca a un menor grado de protección y porque, en segundo lugar, normalmente las propuestas maximalistas obstaculizan los intentos de armonización. 
Creo que debemos emplear una armonización máxima y que sólo deberíamos recurrir selectivamente a la armonización mínima en casos concretos. 
Quisiera terminar mi intervención con unas palabras sobre la necesidad de prestar una especial atención a las organizaciones de consumidores. 
Tenemos que asegurarnos de que sean representativas y transparentes ya que, en la actualidad, ellas mismas representan un problema para la protección de los consumidores. 
Señor Presidente, ante todo quisiera rendir homenaje a nuestros tres ponentes. 
El Parlamento es muy afortunado de tener diputados tan distinguidos que son expertos en su ámbito y ello se refleja en la calidad del trabajo que nos han presentado. 
Quisiera hablar desde la perspectiva de la ponente sobre estrategia del mercado interior para la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. 
Me ha complacido mucho que haya colegas que hayan respaldado con tanta firmeza este informe en la última sesión plenaria. 
Todos compartimos el punto de vista de que consumidores seguros de sí mismos y bien informados, capacitados para elegir, son el fundamento de un mercado interior eficaz. 
Queremos que este poder de elección recompense a las empresas que ofrecen calidad, valor y una excelente prestación de servicios al cliente, y deseamos asegurarnos de que el marco legal no desalienta la innovación; en realidad, hay que fomentar a las empresas innovadoras. 
También deseamos estimular a las empresas responsables y prósperas a que adopten la normativa para ayudarse a sí mismas, a que cumplan los códigos de conducta y expulsen a las empresas irresponsables. 
Este es el marco en el que todos debemos considerar sus propuestas. 
Espero que estarán de acuerdo conmigo que no sirve de nada a los consumidores que se penalice a las empresas rentables y responsables con costes burocráticos excesivos cuando los comerciantes estafadores sencillamente ignoran la legislación y quedan impunes. 
La aplicación de la normativa es algo que debe usted considerar. 
Me complació que nos explicara la serie de estudios que ha encargado, incluida la evaluación de impacto. 
Quisiera que me asegurara hoy que la evaluación de impacto considera los costes impuestos a las empresas y asegure que los resultados son proporcionados y reflejan una ventaja real para el consumidor. 
En resumen, quisiera decir en nombre de todos mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que estamos muy interesados en la política de los consumidores. 
Quisiéramos verle participar más en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, ya que algunas de las propuestas que nos ha remitido no aportan ventajas a los consumidores del modo que desearíamos. 
Le pido amablemente que por favor salga más, venga y nos dedique más tiempo, y que juntos creemos un verdadero mercado interior dirigido al consumidor. 
Señor Presidente, señor Comisario, ante todo quisiera felicitar a los tres ponentes por su excelente labor y decir que se han realizado grandes avances en los últimos años, a escala europea, en el ámbito de la protección de los consumidores, y en particular, naturalmente, en la seguridad alimentaria. 
Es cierto que han tenido que ocurrir demasiados escándalos alimentarios para que esto suceda así, pero pese a ello, tenemos motivos para estar orgullosos del trabajo legislativo de la UE en este campo. 
Ahora que estamos empezando a elaborar soluciones para resolver problemas relacionados con la protección de los consumidores, mucha gente ha manifestado sus dudas acerca de la necesidad de hallar soluciones comunes en la UE. 
Hay que recordar que el éxito de la política de la Unión Europea sobre seguridad alimentaria, tanto en lo que se refiere a la protección del consumidor, como al equilibrio del mercado interior, no se ha logrado sólo con la implantación de normas más restrictivas para la alimentación humana y animal. 
Este éxito se debe también a la comunitarización de estas normas. 
En consecuencia, dada la enorme fragmentación e incluso incompatibilidad de las normas comerciales y de protección de los consumidores en los Estados miembros, que simplemente distorsionan la competencia, reducen los niveles de calidad y minan la confianza de los consumidores, estoy a favor de armonizar, tanto como sea posible, toda la legislación en materia de protección de los consumidores. 
Con vistas a este esfuerzo de armonización, creo que la Unión Europea debe empezar definiendo una directiva marco en materia de prácticas comerciales que establezca claramente las responsabilidades de los operadores económicos con los consumidores. 
Creo, sin embargo, que existen otros ámbitos en los que la Unión Europea y la Comisión deben seguir trabajando, sobre todo en la legislación relativa a la protección de la salud humana contra los efectos de los campos electromagnéticos, en especial los creados por los teléfonos móviles. 
El hecho de que las mayores empresas de telefonía móvil sean europeas no debe impedir que así lo hagamos. 
Señor Presidente, de entrada quiero expresar mi gran satisfacción con este debate tan constructivo y animado y lo mucho que me alegra que las opiniones de la Comisión se hayan visto apoyadas de modo general en esta Cámara. 
No soy el único que se siente satisfecho, sino también mi personal y mis colaboradores, que han trabajado con tanto empeño en esta propuesta. 
Comenzaré refiriéndome a los puntos relativos a la Directiva marco y a continuación me referiré a algunos puntos del plan de acción. 
Algunos diputados han mencionado la plena armonización. 
Como saben, la Comisión está decidida a completar el mercado interior, pero hacer que este mercado único funcione para las empresas y los productores es tan sólo una vertiente. 
Las normas del mercado interior deberían fomentar asimismo la confianza de los consumidores en la compra de bienes y servicios sin desanimarse por la existencia de fronteras nacionales que pueda haber entre compradores y vendedores. 
Rechazo la idea de que una cosa es posible sin la otra. 
Las exigencias del Tratado en materia de protección de los consumidores y mercado interior son totalmente compatibles. 
La historia de la protección de los consumidores de la UE es en gran medida una historia de armonización que deja a los Estados miembros la libertad de ir más allá del nivel básico de armonización si así lo desean. 
Esto ha llevado a la fragmentación jurídica. 
Y también ha obstaculizado el buen funcionamiento del mercado interior. 
Algunos estudios recientes revelan que sólo el 13% de los consumidores de la UE han realizado una compra transfronteriza en los últimos 12 meses. 
Por otra parte, como he señalado anteriormente, para un 68% de las empresas la armonización de las normas de protección del consumidor es una de las opciones más eficaces para facilitar las ventas transfronterizas. 
Así pues, debemos esforzarnos por lograr unas normas y unas prácticas más sencillas y comunes que promuevan la confianza en las transacciones transfronterizas. La ampliación de la UE viene a subrayar la importancia de ello. 
Si se deja de lado, la fragmentación de las normas de protección de los consumidores aumentaría significativamente. 
Más concretamente, debemos superar las barreras reales que se derivan de las leyes nacionales y de la jurisprudencia nacional acerca de las prácticas comerciales injustas. 
Por ejemplo, tomemos al consumidor de referencia, aquel que nos sirve para valorar la publicidad engañosa. 
Este, según la jurisprudencia del TJCE- cito a título de ejemplo el asunto Clinique- es el consumidor medio, prudente y razonablemente bien informado. 
Sin embargo, esta prueba no se aplica uniformemente en toda la UE. 
Por ejemplo, en el asunto Saint-Brice del año 2000, el Tribunal de Apelación (Cour de Cassation) belga declaró que el consumidor de referencia que serviría para evaluar la publicidad engañosa es el consumidor vulnerable. 
En el asunto de la publicidad de Scanner, el tribunal supremo alemán declaró que el consumidor de referencia es el observador casual en lugar del consumidor razonablemente prudente. 
Por lo tanto, nuestra intención es asegurar una armonización completa de las normas relativas a las prácticas comerciales desleales y la codificación de la prueba del consumidor medio, eliminando así barreras significativas. 
Unas palabras sobre el reconocimiento mutuo. 
La Directiva marco asegurará una armonización completa de las leyes sobre prácticas comerciales desleales. 
Esta convergencia, junto con un nivel efectivo de protección al consumidor, deberían crear las condiciones políticas necesarias para que los principios de reconocimiento mutuo y de país de origen sean aceptables. 
El nivel general de protección se verá incrementado dentro de la UE por el hecho de que algunos Estados miembros no cuentan actualmente con una legislación completa sobre prácticas comerciales desleales. 
Por supuesto, reconocemos que la Directiva marco debe asegurar un alto nivel de protección del consumidor. 
Esto no significa que debamos tomar el denominador común más bajo de los regímenes nacionales existentes. Ni tampoco implica que debamos hacer una recopilación de todas las disposiciones nacionales vigentes más estrictas. 
Sin embargo, debemos lograr un equilibrio adecuado entre el interés de los consumidores en recibir protección frente a los operadores deshonestos al comprar en otro país y el interés de las empresas en reducir sus costes de comercialización y de cumplimiento de la normativa. 
Algunos diputados han mencionado la cuestión de la simplificación. 
La Comisión tratará de incorporar en la medida de lo posible el acervo en la Directiva marco. 
Los elementos del acervo que estén incluidos en una directiva marco serían revocados. 
Por supuesto, esto no incluye las disposiciones legales en materia de contratos, que serán tratadas en el contexto del plan de acción recientemente adoptado por la Comisión. 
La Directiva marco simplificará el entorno reglamentario relativo a las prácticas comerciales desleales, revocando las disposiciones predominantes de empresa a consumidor en la Directiva sobre publicidad engañosa y revocando, por ejemplo, las disposiciones de suministro no solicitado de la Directiva sobre la venta a distancia. 
Estos temas, que hoy en día están sujetos a normas de armonización mínimas, se armonizarán plenamente en la Directiva marco. 
Además, la cláusula general de la Directiva sustituirá a las cláusulas generales divergentes en los Estados miembros y creará, por lo tanto, un entorno reglamentario más uniforme. 
Soy consciente de que los ciudadanos lo están pidiendo. 
Se trata de un aspecto importante de esta propuesta y en general la hará más aceptable tanto para las empresas como para los consumidores. 
Sobre la cuestión de lo «leal y desleal» , la Directiva marco girará en torno a una cláusula general que prohíba las prácticas comerciales desleales. 
La pregunta crucial es, por supuesto: ¿Qué es desleal? 
Esta fue una de las principales cuestiones que fueron objeto de consulta. 
Los resultados de la consulta, nuestro trabajo con expertos nacionales gubernamentales y el estudio jurídico que encargamos dejan claro que sería más fácil definir lo que es desleal, en lugar de lo que es leal. 
La definición de lo que constituye una práctica comercial desleal debería llevarnos a una mayor seguridad jurídica. 
Las empresas que operan lealmente no tendrán que modificar sus prácticas comerciales. 
Para ayudar a conseguir esta seguridad jurídica, contaremos con una lista no exhaustiva de categorías de prácticas desleales y con una lista de prácticas comerciales prohibidas que complementarán la cláusula general. 
Algunos diputados han mencionado los códigos de conducta. 
Se han manifestado diferentes posturas en la consulta de la UE acerca de la idea de la adhesión a códigos de la UE. 
Algunos se han declarado a favor, otros en contra. 
Los informes de la Sra. Patrie y de la Sra. Thyssen reflejan esas posturas divergentes. 
Quisiera animar a las empresas responsables a que traten a sus clientes de forma leal y que reconozca que los códigos de conducta voluntarios pueden desempeñar un papel importante en la consecución de este objetivo en sus respectivos sectores. 
Cualquier proceso de adhesión debería ser voluntario. 
El titular de un código decidiría si solicitar la adhesión, y una empresa decidiría, por tanto, si adherirse a este código o no. 
En cuanto a la cuestión de los consumidores vulnerables, se trata de un asunto de cierta complejidad. 
Estamos estudiando el tema. 
Hay varios aspectos distintos. 
Decidiremos antes de redactar la legislación, que espero se presentará en un futuro muy próximo. 
Paso ahora a la pregunta del Sr. Whitehead sobre la financiación. 
Quiero resaltar que tan importante es mejorar la calidad del gasto como su cantidad. Es un punto que también estamos teniendo en cuenta. 
Por último, doy las gracias de nuevo a Sus Señorías por sus constructivos comentarios y a los ponentes por sus informes. 
No les quepa duda de que tendré en cuenta las opiniones expresadas aquí esta mañana en el proyecto legislativo definitivo, que espero presentar al Parlamento en un futuro muy próximo. 
Muchas gracias, Comisario Byrne. 
El debate queda cerrado. 
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
Señor Presidente, hay algo que me gustaría haber hecho en esta Cámara. 
Hoy me he dado cuenta de que hay pancartas colgadas en el patio del Parlamento. 
No quiero entrar en el contenido de estas pancartas, pero desde luego esta Cámara no es su sitio. 
Si esto se convierte en precedente, el Parlamento pronto acabará pareciendo una valla o un poste publicitario llenos de carteles, para menoscabo de la honorabilidad de esta Cámara. 
Por lo tanto, pido que se retiren esas pancartas. 
Tomo nota de ello e informaré a los servicios competentes. 
Señor Presidente, me complace mucho que el Comisario Byrne esté con nosotros esta mañana, ya que en mi calidad de Presidente del Intergrupo del Parlamento Europeo para el Bienestar y la Conservación de los Animales, me causó una gran decepción recibir una carta del Comisario Byrne en la que decía que no podría acudir a las reuniones del intergrupo en los próximos tres, cuatro, cinco o seis meses para debatir cuestiones relativas al bienestar de los animales, en especial el transporte de los animales vivos. 
Espero que el Comisario reconsidere esta decisión y encuentre algún hueco en su a todas luces muy apretada agenda. 
Señor Evans, creo que tendrá dificultades para citar la regla que le permite plantear una cuestión de observancia del Reglamento como esta. 
No obstante, espero que esto haya permitido a los demás diputados regresar a sus asientos, ya que tengo una declaración que hacer. 
Voy a leerles un mensaje del Sr. Cox, Presidente del Parlamento Europeo, a raíz del asesinato del Sr. Zoran Dzindzic. 
«Estoy conmocionado ante la noticia del asesinato del Primer Ministro serbio, el Sr. Zoran Dzindzic, y condeno enérgicamente este acto. 
Espero que sus autores sean llevados en breve ante la justicia. 
En muchos aspectos, Zoran Dzindzic simbolizaba el nuevo Estado democrático en el que se ha convertido Serbia. 
Recordaremos en particular su compromiso personal con las reformas democráticas en Serbia y el papel que desempeñó en el arresto y traslado de Slobodan Milosevic ante el Tribunal Penal de La Haya. 
En nombre del Parlamento Europeo, envío mis más sinceras condolencias a la familia y los amigos del Sr. Zoran Dzindzic, así como al pueblo serbio». 
Señorías, propongo que guardemos un minuto de silencio. 
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio) 
Señor Presidente, deseo resaltar una característica notable de la votación que está teniendo lugar en este momento. 
Con efecto a partir del 1 de abril, la Unión Europea sustituirá a la OTAN en la responsabilidad de mantener la paz en Macedonia. 
Esta es la primera operación militar que se llevará a cabo bajo el liderazgo de la Unión Europea. 
Quisiera señalar que la cuestión del control democrático es incluso más importante en este caso que en otros; que se requiere el mandato de un parlamento- concretamente de este Parlamento Europeo -, y que este principio, según el cual, toda operación similar debe someterse al control democrático, ha de quedar recogido en la futura Constitución Europea. 
Señor von Wogau, esa no era una cuestión de observancia del Reglamento. 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Propuesta de resolución (B5-0187/2003) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la transmisión de datos personales por las compañías aéreas en los vuelos transatlánticos. 
Señor Presidente, esta mañana, los servicios jurídicos del Parlamento nos han comunicado que si mantenemos la frase «incluidas las disposiciones del derecho internacional privado» en el apartado 15 no podríamos mencionar los dos artículos del Tratado que constituyen el objeto de esta enmienda. 
Por lo tanto, propongo la eliminación de estas palabras, con el apoyo de la Sra. Thyssen y del Sr. Bushill-Matthews, quienes propusieron enmiendas conjuntas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. 
¿Se opone algún diputado a la admisión de esta enmienda oral presentada por nuestro ponente? 
(El Parlamento da su consentimiento a la admisión de la enmienda oral) 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0423/2002) de la Sra. Patrie, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión: «Implicaciones del Libro verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea para el futuro de la política europea de los consumidores» [COM (2001) 531- C5-0295/2002- 2002/2151 (COS)] 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
Informe (A5-0054/2003) de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre las perspectivas de la protección jurídica de los consumidores a la luz del Libro Verde sobre la protección de los consumidores en la Unión Europea [COM (2001) 531- C5-0294/2002- 2002/2150 (COS)] 
(El Parlamento aprueba la resolución) 
EXPLICACIONES DE VOTO 
- (FR) No he votado a favor del informe Avilés Perea presentado en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, pero no porque no esté de acuerdo con las líneas generales de este informe. 
Estoy de acuerdo, incluso estoy segura de ello, por ejemplo, en que es esencial que los actuales y futuros Estados miembros aprovechen al máximo las oportunidades de programación existentes en relación con las distintas formas de intervención de los Fondos Estructurales para promover un enfoque integrado de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y apoyar acciones concretas en favor de la igualdad. 
Asimismo considero que los Fondos Estructurales deberían desempeñar un importante papel en el apoyo a la reestructuración de los países candidatos, con especial atención a los efectos de esta reestructuración en la situación del empleo de las mujeres, la prestación de servicios de guardería y de atención a otras personas dependientes. 
He votado en contra de este informe porque no estoy de acuerdo con la redacción que implica que la reestructuración económica, es decir, el paso de un sistema comunista a una economía de mercado, solo tiene efectos negativos. 
Esta es una glorificación póstuma de la ideología comunista que no me agrada. 
He intentado introducir una enmienda en el texto con una redacción más sutil. 
No lo he conseguido en comisión y las enmiendas han sido rechazadas en el pleno. 
Lamento este hecho, y quería aclarar aquí mi postura a este respecto. 
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(PT) Deseo dar la enhorabuena a la Sra. Avilés Perea por su excelente informe sobre «los objetivos de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la utilización de los Fondos Estructurales» , que cuenta con mi apoyo sin reservas, especialmente en cuanto a la necesidad de consolidar el objetivo de promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en operaciones cofinanciadas por los Fondos (tal y como estipula el Reglamento General de los Fondos Estructurales y se aplica a los programas de las iniciativas de los tres Fondos y cuatro iniciativas comunitarias). 
También quisiera señalar la necesidad de llevar a cabo acciones al amparo del Fondo Social Europeo no solo para mejorar la participación de las mujeres en la educación, la formación profesional y el mercado laboral, sino también para reducir las diferencias de salario, promover el papel de las mujeres en los campos de la tecnología de la información y la comunicación, la iniciativa empresarial y los procesos de toma de decisiones. 
Las acciones del Fondo Social Europeo y del resto de iniciativas y fondos comunitarios deben elaborarse de tal forma que cubran adecuadamente los niveles regional y local dentro de la estructura estatal, y no únicamente a nivel nacional. 
- (NL) La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades estuvo acertada al considerar también las oportunidades y obligaciones que se pueden obtener de los Fondos Estructurales de la UE en favor de la promoción de la igualdad de oportunidades. 
El Tratado de Ámsterdam y la normativa relacionada con los Fondos Estructurales también hacen referencia a ello. 
En la práctica, se ha conseguido poco en materia de infraestructuras, transporte, medio ambiente, desarrollo urbano y rural, pesca, política empresarial, la sociedad de la información, la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación y las instrucción en el puesto de trabajo. 
La ponente pide apoyo para mejorar las prestaciones para el cuidado de los hijos, de los ancianos, una mejor organización de la jornada laboral y una división diferente de las tareas en el seno de las familias. 
También pide una participación equilibrada de las mujeres en los órganos que seleccionan y toman decisiones sobre proyectos a escala local, regional y nacional, así como sanciones en contra de proyectos que no cumplan estos criterios. 
Apoyo esta propuesta porque todo su contenido es justo y bien intencionado. 
Sin embargo, no creo que consiga avanzar mucho en la solución de los problemas actuales. 
El papel de los Fondos Estructurales va a disminuir en los actuales Estados miembros de la UE o incluso desaparecerá completamente, a favor de proyectos para los nuevos países. 
Sería positivo que los criterios feministas se tomaran en cuenta seriamente desde el comienzo para estos nuevos proyectos. 
En lo que respecta a la UE, el desempleo y la pobreza entre las mujeres no están motivados por la explotación capitalista, sino porque las mujeres están menos cualificadas y tienen mayores responsabilidades familiares, aunque también por la existencia de percepciones reaccionarias que favorecen la discriminación por razones de sexo. 
En lugar de proporcionar un empleo a jornada completa y estable, propone extender el empleo de media jornada, así como programas antieducativos, de especialización rápida, que convierten a las mujeres en mano de obra barata y flexible. 
El tercer MCA (Marco Comunitario de Ayuda) no solo no promociona a las mujeres, sino que además subvenciona a las empresas para que puedan socavar los derechos de empleo; el grueso de la financiación va a parar a obras de infraestructura que favorecen a las grandes empresas. 
La integración de la dimensión de género en varias políticas en nombre de la igualdad ha acabado con algunos acuerdos positivos en favor de la mujer como parte de la severa política económica contraria a las bases, y el resultado ha sido una deterioro de la situación de las mujeres. 
Las propuestas incluyen nuevos recortes del sistema de prestaciones familiares del Estado y la utilización de programas y estructuras del sector privado para cubrir servicios sociales como la sanidad, la educación y el bienestar social. 
Nosotros estamos a favor de medidas positivas para las mujeres trabajadoras, siempre y cuando sean gratuitas. 
No estamos a favor de promover jornadas laborales flexibles so pretexto de conciliar la vida laboral y familiar. 
Estamos a favor de un empleo estable a jornada completa, y de extender y reforzar los derechos laborales y sociales. 
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. 
(PT) Estoy de acuerdo con el contenido de este informe porque, desde mi punto de vista, la igualdad entre hombres y mujeres requiere la igualdad de acceso a los beneficios de los Fondos Estructurales. 
En términos prácticos, y en lo que se refiere a la perspectiva de género, el Parlamento Europeo, incluso cuando no legisla, específicamente en su calidad de foro privilegiado y como órgano que representa a la ciudadanía, emite directrices tanto para los ciudadanos en general como para los Estados miembros, que son los destinatarios de algunas medidas propuestas por el informe. 
El Parlamento debe ser capaz, por lo tanto, de traducir y representar varios puntos de vista. 
Este informe constituye una gran oportunidad para avanzar más decididamente hacia una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, no lo olvidemos, una mayor igualdad dentro del propio mundo de los hombres y del de las mujeres. 
En efecto, no podemos pasar por alto la libertad de elección de los individuos y es importante corregir las desigualdades que pueden afectar a estas diferentes opciones personales y garantizar que se respeten esas opciones. 
Lo que resulta particularmente interesante es la propuesta del informe de promover la reorganización de la jornada laboral para hombres y mujeres y la necesidad de promover la toma de conciencia sobre la distribución igualitaria de las tareas del hogar entre los miembros de la familia. 
En este contexto, sin embargo, creo que es apropiado y crucial proteger y tratar adecuadamente el alto valor de las tareas domésticas y intrafamiliares. 
De lo contrario, prolongaremos y haremos más profunda la desigualdad. 
. 
(PT) Los Fondos Estructurales deben contribuir, también en los países de la Unión Europea, a combatir las desigualdades de género en la política de desarrollo. 
Los efectos negativos de la reestructuración económica y social deben tener en cuenta las características especiales del doble papel de las mujeres. Tanto los Estados miembros como aquellos que se preparan para la ampliación deben plantearse políticas que apoyen el cuidado de los hijos y los mayores. 
- (FR) El informe Friedrich es correcto en dos aspectos: en primer lugar, porque afirma que el actual sistema de voto en el Consejo de Gobierno del BCE («un miembro, un voto» ) será imposible de mantener tras la ampliación de la zona euro; y en segundo lugar, porque añade que la reforma propuesta hoy por el propio BCE (división de países en grupos, con rotaciones diferenciadas) es poco clara, compleja y también extremadamente difícil de manejar. 
Sin embargo, este informe olvida dos puntos importantes: El primero, el sistema de «un miembro, un voto» fue introducido deliberadamente en el Tratado de Maastricht para presentar el modelo, supuestamente atractivo para el electorado, de una unión monetaria que funcionaba de forma igualitaria; el segundo punto es que este modelo ya no está funcionando demasiado bien, incluso antes de la ampliación, y esta es la principal causa de la inercia del BCE ante los problemas de la mayor economía de la zona, Alemania. 
La reforma propuesta por el BCE, bajo su apariencia técnica, está muy lejos de ser inofensiva. 
La alternativa propuesta por el Sr. Friedrich (que introduce la ponderación según la población) cuestiona por su parte un principio fundamental de igualdad adoptado de forma solemne por la ciudadanía. 
Por ello solicitamos algo más que un debate apresurado. 
. (SV) Hemos decidido votar en contra del informe sobre la reforma del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales. 
También hemos votado en contra de la propuesta del BCE. 
Creemos que no habría que apresurarse a la hora de presentar una propuesta sobre la reforma del funcionamiento del BCE. 
Hasta el año 2007, como muy pronto, no se ampliará la UEM en más de 15 miembros. 
Por lo tanto, no tenemos por qué precipitarnos y presentar una propuesta en esta fase tan temprana. 
Pensamos que es mejor analizar esta cuestión con mayor profundidad y dar a los Estados miembros más oportunidades de expresar su opinión sobre el tema. 
En cualquier propuesta futura, es importante que se haga hincapié en la necesidad de mejorar la transparencia en el seno del BCE. 
La transparencia es un aspecto que, desgraciadamente, brilla por su ausencia en las propuestas presentadas. 
. 
(PT) La ampliación y la necesidad de tomar decisiones eficaces han sido utilizadas para justificar la extensión del voto por mayoría cualificada, como sucedió en Niza, así como la consolidación del enfoque federal y el control de la toma de decisiones por parte de las grandes potencias europeas. 
El BCE, la institución comunitaria que ha violado el principio de que todos los Estados miembros deben estar representados en su Comité Ejecutivo, y quizás también la menos democrática y transparente de todas las instituciones, ha hecho una recomendación al Consejo de que «preserve su capacidad de tomar decisiones de forma eficaz». 
Propone que «el número de gobernadores con derecho a voto debería ser menor que el número total de gobernadores con escaño en el Consejo de Gobierno del BCE» y desea introducir un sistema de rotación para determinar quién vota y cuándo, lo cual significaría que los gobernadores de los bancos centrales perderían su derecho permanente de voto, se introducirían criterios de representatividad basados en el tamaño del sector financiero del país y el volumen del PIB, y un sistema que siempre garantizaría la presencia de las grandes potencias en detrimento de los países más pequeños. 
Esto es completamente inaceptable. 
De ahí nuestro llamamiento al Gobierno portugués para que no acepte esta postura y tenga en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo que rechaza la recomendación del BCE. 
. 
(FR) En nuestra opinión, ni la propuesta del Banco Central Europeo de reformar los métodos de votación dentro del Consejo de Gobierno ni el modelo propuesto por el informe Friedrich son satisfactorios. 
La propuesta del BCE permitiría, de hecho, que los Estados miembros más grandes dictaran la política monetaria. 
El modelo propuesto por el informe Friedrich permite un voto por miembro dentro del Consejo de Gobierno, con lo que da la impresión de que respeta la igualdad entre los Estados miembros. 
De hecho, esto es no es así, ya que será el Comité Ejecutivo de nueve miembros quien tomará la mayoría de las decisiones. 
Las enmiendas 3 y 4, presentadas por el Sr. Huhne, suponen sin duda una mejora significativa. 
No obstante, personalmente considero que la CIG debería acordar una propuesta que refleje un mejor equilibrio entre lo eficaz y lo justo. 
- (NL) Estoy de acuerdo con la mayoría que rechaza la propuesta, pero mis críticas van incluso más allá de las expuestas por la mayoría. 
Cada banco central toma importantes decisiones sobre los tipos de interés y los tipos de cambio, lo que tiene consecuencias importantes para las rentas, el empleo, las inversiones y el nivel de servicios públicos. 
Precisamente debido a la importancia de estas decisiones, se decidió en el pasado que los bancos que emitían billetes bancarios debían estar sometidos al control del Estado. 
Esto supuso que se sustrajeran importantes cuestiones de la competencia de los bancos y se sometieran a la responsabilidad de los gobiernos y los parlamentos. 
El Banco Central Europeo se encuentra en peligro de ser cada vez más independiente de los Estados miembros. 
Existe un serio peligro de que al final el banco central emisor comience a funcionar como una institución separada de la sociedad y ajena a cualquier forma de control. 
La propuesta de contar con un sistema de rotación en el Consejo de Gobierno significa que los representantes de los Estados miembros apartados de este órgano ya no participan en la toma de decisiones, mientras que sus países tienen que sufrir las consecuencias negativas de esas decisiones. 
La ampliación del número de miembros de la UE y de la UEM no debe conducir a una situación en la que cada Estado miembro individual no pueda participar de ningún modo en esta institución, que es tan importante para los habitantes de todos los países en cuestión. 
En lugar de reducir, es preciso aumentar el control público sobre el BCE. 
. 
(PT) Aprovechando la reciente entrada en vigor del Tratado de Niza, el Banco Central Europeo ya ha hecho uso de sus nuevos poderes proponiendo una modificación de los métodos de funcionamiento de su Consejo de Gobierno. 
Aunque no existen dudas en cuanto a la necesidad del BCE de adaptar su funcionamiento a la próxima ampliación de la UE, aún sigue habiendo algunas cuestiones pendientes sobre el nuevo modelo que ha presentado. 
Como las Naciones Unidas, el BCE contaría ahora con un nuevo Comité Ejecutivo compuesto de cinco Estados miembros con derecho de voto permanente. 
El resto de Estados miembros de la eurozona, incluida Portugal, se integrarían en uno o dos grupos con un sistema de voto rotatorio, en el que los votos se ponderarían de acuerdo con el tamaño del PIB. 
En la práctica, esta reforma corre el riesgo de marginar a los Estados miembros más pequeños, ya que se violaría el principio de «un país, un voto» y el funcionamiento del BCE sería complejo y opaco. 
El BCE sería un órgano fuerte, con mayor autonomía con respecto a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE. 
No se trata de la cantidad de poder que perderá Portugal, sino de una cuestión fundamental que no es otra que la del tipo de construcción europea que deseamos lograr. 
He votado en contra del informe porque no apoyo la propuesta contenida en el punto 3, según la cual el Consejo de Gobierno del BCE debería actuar de acuerdo con una mayoría doble al tomar decisiones, y que éstas deberían «basarse en la población de los Estados miembros, el tamaño total de la economía y el tamaño relativo dentro de ella del sector de los servicios financieros». 
Tampoco puedo recomendar la propuesta del Consejo de que la eurozona se divida en tres grupos con un sistema de rotación. 
En ambos casos se abandonaría el principio de «un miembro, un voto». 
Esta es una propuesta que no puedo apoyar bajo ningún concepto. 
En lugar de eso, tenemos todas las razones para defender este principio, que se basa en la igualdad entre los Estados miembros y en la responsabilidad conjunta de todos. 
. 
(PT) So pretexto de combatir el terrorismo, se está desarrollando y estableciendo un complejo y vastos mecanismo para limitar las libertades. 
La falta de respeto de las garantías fundamentales de derechos y libertades se refleja en las iniciativas promovidas a escala de la UE y en los procedimientos escandalosamente superficiales que se han utilizado al adoptar medidas para combatir el terrorismo, incluyendo el Acuerdo Marco sobre la orden de detención europea y otras medidas antiterroristas. 
Aunque lamento que se hayan rechazado varias propuestas de enmienda presentadas por mi Grupo, las cuales pretendían garantizar el respeto de los principios básicos de la ley- por ejemplo, la enmienda en la que se establecía que una persona acusada de un delito debe considerarse inocente a los ojos de la ley hasta que se demuestre su culpabilidad; el derecho a un juicio justo, el derecho a la protección y el derecho a no ser condenado o castigado por los tribunales dos veces por el mismo delito -, esta propuesta de reglamento ha incorporado enmiendas que nos permiten garantizar la supervivencia de personas cuyos nombres figuran en listas de terroristas o de personas conectadas con terroristas sin que se haya celebrado juicio alguno. 
Por lo tanto, hemos votado a favor del informe. 
- (NL) Desde la catástrofe de Nueva York del 11 septiembre de 2001, se han venido realizando grandes esfuerzos por impedir la financiación de actividades terroristas. 
Ciudadanos y organizaciones han sido incluidos en listas y de repente se les ha prohibido viajar. 
También resulta imposible para estas personas y organizaciones recibir o gastar dinero mediante pagos bancarios. 
Ello ha supuesto incluso que estos ciudadanos han perdido todos sus ingresos, con los que se mantenían ellos y sus familias, sin haber sido detenidos por delitos de los que puedan defenderse legalmente. 
Una vez que figuran en una lista, no importa si por error o no, es extremadamente difícil que los borren de nuevo. 
Por lo general, no son los verdaderos terroristas los que se ven afectados por estas medidas, ya que han desarrollado rutas ilegales a las que no afectan estas medidas. 
Se trata de refugiados y de oposiciones democráticas en el exilio, y además son odiados por el régimen en el poder de su país de origen. 
Anteriormente he solicitado que se preste atención a este problema en preguntas por escrito, en concreto sobre organizaciones de personas del antiguo Estado de Somalia y sobre la expulsión de la oposición izquierdista de Filipinas. 
Lo que se propone ahora supone un avance en la buena dirección. 
Las personas afectadas pueden pagar ahora su alimentación, alojamiento, cuidados médicos, su representación jurídica, y ya no resulta imposible eliminar sus nombres de las listas. 
. 
(PT) La «sustitución» de las fuerzas de la OTAN por fuerzas militares al amparo de la Política Europea de Seguridad y Defensa se presenta como la primera operación militar que se ha programado en el marco de esta política de la UE, una política a la que nosotros nos oponemos. 
Se trata de una operación militar que ha sido ejecutada tras la declaración de la UE/OTAN sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa del 16 de diciembre de 2002, que acoge favorablemente «la cooperación estratégica creada entre la Unión Europea y la OTAN en la gestión de crisis, fundada en nuestros valores comunes, la indivisibilidad de nuestra seguridad y nuestra determinación de afrontar los retos del nuevo siglo». 
Se trata de una fuerza militar, aunque de tipo «simbólico» , que puede recabar medios y capacidades a la OTAN, y liderada por el Vicecomandante Supremo de esta organización en Europa; de una operación militar amparada en la Política Europea de Seguridad y Defensa como pilar europeo de la OTAN. 
Es un intento de llevar a cabo una operación ilegal e ilegítima de la OTAN, coherente con la interferencia y la agresión imperialista desatada sobre los Balcanes. 
Se trata, pues, de una operación militar inicial que abrirá las puertas a otras en el futuro, como la de fuerzas de «sustitución» de la OTAN en Bosnia-Herzegovina, operación que se baraja como la siguiente de este tipo. 
De ahí nuestro voto contra el informe. 
- (NL) Las intervenciones miliares exteriores son por regla general negativas, ya que conllevan que una gran potencia intenta imponer su voluntad sobre las partes beligerantes desde el exterior, sin el consentimiento de estas partes. 
O bien suponen tomar partido y apoyar a una de las partes, en función de los intereses o ideologías propias de esa gran potencia. 
Esto es lo que se suele llamar «peace-enforcing» , o imposición de la paz. 
Una paz que no se vea apoyada por las partes implicadas conducirá a la reanudación del conflicto tras la retirada de los nuevos ocupantes. 
Mi partido, el Partido Socialista de los Países Bajos, repudia las guerras como las acontecidas en Kosovo, el Afganistán y el Iraq, y tampoco apoyamos la construcción de un ejército integrado de la UE. 
Apoyamos, sin embargo, el «mantenimiento de la paz» , ayudando a mantener la paz a petición de ambas partes del conflicto. Se trata de una acción orientada a mantener separadas a las partes beligerantes y a evitar nuevos desastres. 
Por ello apoyamos este tipo de presencia militar en Chipre, Kosovo y Macedonia. 
Si la ONU no asume la responsabilidad directa en esta operación, la más indicada para ello sería la UE, en lugar de la OTAN, por su inclinación a favor de una política belicista norteamericana. 
Por ello voto en contra de la mayoría del Grupo GUE/NGL y a favor de que la UE asuma la responsabilidad del mantenimiento de la paz en el noroeste de la República de Macedonia. 
. 
(PT) A veces tengo la sensación de que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. 
La preocupación que ha suscitado este asunto está justificada. 
Es acertado que se hayan mejorado los procedimientos seguidos, a raíz de su armonización con los requisitos legales generales para la protección de datos. 
Sin embargo, tras el equilibrio conseguido en el texto adoptado en la comisión experta- de la que procede la propuesta básica -, es absolutamente deplorable que diferentes enmiendas hayan erosionado este equilibrio razonable y hayan decidido emplear un lenguaje que solo puede calificarse de fanático, cayendo de lleno en la demagogia. 
Esta «furia» completamente fuera de lugar solo puede explicarse por el conflicto de planes políticos y por el deseo inconsciente de separarse de los norteamericanos o de todo aquello que huela a Estados Unidos o que suene a norteamericano. 
De hecho, este lenguaje histérico es por sí solo bastante incomprensible, a la luz de las explicaciones dadas por la Comisión ayer durante el debate en el pleno. 
Consecuentemente, dado que estas enmiendas han sido aprobadas, me he visto obligado a votar en contra del informe final. 
Lamento el hecho de que la mayoría haya deseado presentar a los ciudadanos este triste cuadro y demostrar que su seguridad estaría mejor preservada si dependiera del Parlamento Europeo. 
Obviando el hecho de que todo esto comenzó con los terribles ataques terroristas perpetrados mediante la utilización civil de la aviación civil, el lenguaje abusivo que se ha empleado arremete contra la policía en lugar de los terroristas- y de los riesgos reales existentes -, enviando la deplorable señal de que no hemos entendido la cruda realidad y... 
(Explicación de voto acortada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
En mayo de 2002, la Mesa autorizó a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades a elaborar un informe de iniciativa propia sobre un enfoque integrado de la integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo. 
He de decir que la elección de este tema por parte de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades no era una de mis prioridades, dado que hay muchos otros problemas que merecen ser tratados en un informe de iniciativa propia, problemas que afectan a millones de mujeres en la Unión Europea, como por ejemplo la cuestión de la seguridad social independiente para las esposas que ayudan en pequeñas y medianas empresas y en la agricultura, donde estas trabajadoras no remuneradas e invisibles se ven discriminadas, sobre todo en caso de divorcio. 
Las mujeres que tienen la suerte de trabajar en el Parlamento Europeo y las que han conseguido ser diputadas a esta Cámara no son sin duda las más discriminadas o las que más merecen la compasión de las mujeres de la Unión Europea, es decir, de la mayoría de las ciudadanas. 
Ahora, sin embargo, se nos presenta este informe que sigue los pasos de muchos otros, a los que de hecho hace alusión, insistiendo en repetir de nuevo lo que ya se promulgó hace años y se encuentra recogido en directivas y en el estatuto con respecto a los empleados. 
¿Realmente necesitamos un informe de iniciativa propia para decir que el Parlamento está de acuerdo con las disposiciones del artículo 13 del Tratado por el que se prohíbe toda forma de discriminación? 
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento) 
. (DE) Actualmente, nuestra sociedad no puede prescindir de medidas destinadas a promover una mayor igualdad de oportunidades para las mujeres. 
En este punto las instituciones europeas, y en particular el Parlamento Europeo, pueden ser pioneras en el mundo laboral en su conjunto. 
El trato igualitario de hombres y mujeres se incorpora al Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas y en la Carta de los Derechos Fundamentales. 
Así, la integración de la perspectiva de género es la estrategia apropiada a largo plazo para incorporar las cuestiones de género en los procesos de toma de decisiones políticas y administrativas y para garantizar un trato igualitario en todos los ámbitos de la política y en todos los niveles. 
Como mujer, sin embargo, deseo que se me juzgue por mis logros más que por mi género. 
El concepto de «discriminación positiva» es una contradicción en sí mismo, ya que la discriminación no puede ser positiva. 
Por lo tanto, deberíamos tener cuidado de no actuar con exceso de celo. 
. (DE) La disminución de la incidencia de presuntos fraudes e irregularidades en 2001, del 37% con respecto al año anterior, eclipsa el verdadero mensaje del informe, que es muy contundente. 
La realidad es que, en comparación con años anteriores, este es el segundo nivel más alto alcanzado por las cifras de presunto fraude. 
Aunque ha mejorado la lucha contra el fraude, parece totalmente imposible lograr el control de los abusos o de la utilización irregular de fondos de la UE. 
Repito mi antigua crítica de que las estructuras implican que los abusos son inherentes al sistema. 
Insto a los Estados miembros a que realicen mayores esfuerzos en este terreno para poner fin a estos abusos. 
La cooperación con otros Estados miembros, así como un mayor control en cada país, son absolutamente vitales, y no únicamente en vista de la ampliación inminente. 
- (NL) La protección de los derechos de los consumidores, como la protección de la salud, el medio ambiente y la seguridad en el trabajo, no deben detenerse en cada frontera nacional. 
Incluso si no existiera la UE, tendrían que firmarse acuerdos entre diferentes países para apoyar conjuntamente estos derechos. 
Como siempre, al final se trata, sin embargo, del contenido de los acuerdos, y no del hecho de que todo esté sujeto a la misma reglamentación. 
Siempre se puede dejar que se deteriore una situación regulando lo menos posible, recortando las normativas nacionales y dejando todo lo que sea posible en manos de la cooperación voluntaria de las empresas afectadas. 
Esto puede encajar bien en la ideología neoliberal imperante, pero entonces la protección no llega muy lejos y nadie impide a los que incumplen las normas que continúen con sus malas prácticas. 
En la toma de decisiones sobre estrategia y el Libro Verde sobre la política europea de los consumidores existe una gran tentación de hacer un mal uso de la protección del consumidor como palanca para dar mayor uniformidad a los reglamentos a nivel de la UE, sin resolver los verdaderos problemas. 
Personalmente, apoyo la advertencia formulada por la Asociación de Consumidores de los Países Bajos al respecto. 
El objetivo debe ser combatir las prácticas comerciales desleales. 
Los códigos de conducta no pueden sustituir a la legislación, sino que no son más que suplementos detallados. 
Tiene que ser posible hacer cumplir los suplementos a todas las partes implicadas. 
Afortunadamente, las propuestas formuladas por los ponentes, la Sra. Thyssen, la Sra. Patrie y el Sr. Whitehead, apuntan más o menos en este sentido. 
He votado equivocadamente sobre la conclusión del capítulo 23. 
. 
(PT) El informe Whitehead constituye una iniciativa crucial en la estrategia europea para la política de protección del consumidor. 
Es significativo que este informe se centre en el sector del turismo, tan importante para la supervivencia de la región del Algarve, a la cual represento en esta Cámara, un sector en el que la protección del consumidor es sinónimo de calidad. 
En este contexto de promoción del turismo de alta calidad, el informe hace un llamamiento sobre todo a lograr un alto nivel de protección del consumidor y un cumplimiento más efectivo de las normas existentes. 
Aunque se trata de prioridades importantes, tomadas de una en una son relativamente poco ambiciosas. 
Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con el énfasis que ha puesto el ponente en la necesidad de que la UE adopte iniciativas legislativas que son cruciales para la protección de la vida humana, concretamente en el campo del turismo. 
En particular, adoptar rápidamente una Directiva sobre seguridad contra incendios en los hoteles, revisar el régimen vigente de multipropiedad e incluso extender la protección del consumidor en el sector del transporte aéreo. 
También acojo con satisfacción las iniciativas de informar de sus derechos a los consumidores. 
Actualmente, únicamente un escaso 52% de los consumidores consideran que están bien informados. 
Con este fin, apoyo una mayor participación de las organizaciones de consumidores en el desarrollo de campañas de concienciación y de información. 
. 
(PT) He votado a favor de este informe y, en particular, acojo con satisfacción el hecho de que se haya logrado un amplio consenso sobre esta cuestión en la comisión competente. 
De hecho, la estrategia de la política de los consumidores para el periodo 2002-2006 conducirá a unas propuestas legislativas que yo, al igual que el ponente, espero que respeten los importantes criterios establecidos en el paquete de la Comisión Europea sobre una mejor regulación, en particular: los principios de subsidiariedad, de necesidad y de proporcionalidad; la presentación de pruebas sólidas de la necesidad de emprender acciones por parte de la Comunidad; la identificación de las barreras existentes al desarrollo del mercado interior; facilitar información apropiada sobre el impacto del actual acervo comunitario y sobre las principales partes interesadas, que son las empresas y los consumidores; y, por último, la presentación de pruebas y garantías adecuadas sobre la viabilidad y eficacia de las medidas destinadas a realizar los objetivos que se hayan establecido. 
Además de la alusión a la importancia de escuchar a las asociaciones de consumidores (incluidas las de los países candidatos) y del hecho de que sea muy necesaria su participación en la preparación de la futura legislación, personalmente opino que, en esta fase, es muy oportuno que, aparte de iniciar el debate estimulado por la Libro Verde sobre la protección del consumidor, la Comisión esté iniciando campañas de concienciación destinadas directamente a los consumidores. 
Como muy acertadamente afirma el ponente: «un consumidor informado en un consumidor poderoso». 
. 
(PT) Como declaré en mi explicación de voto sobre el informe de la Sra. Thyssen, está claro que las normas de protección del consumidor de la Comunidad no han conseguido adaptarse a un mercado que cambia a gran velocidad. 
Así pues, es sumamente importante contemplar, en esencia, que los consumidores cuentan con un marco sencillo, coherente, fiable y eficaz que pueda aplicarse con independencia de la naturaleza de las prácticas comerciales en cuestión. 
También estoy de acuerdo con la idea de que la Comisión considere seriamente la creación de bases de datos que hagan posible el intercambio de información y la creación de un sistema de alerta temprana, de forma que los Estados miembros puedan emprender acciones coordinadas al enfrentarse a un incumplimiento flagrante de los derechos de los consumidores. 
La existencia de un mercado interior y, dentro de este, de varias empresas transnacionales, requiere la creación de mecanismos apropiados de protección y transparencia. 
Por último, y continuando con la participación de las asociaciones de consumidores, creo que debería adoptarse un código de conducta, redactar una lista de prácticas injustas y, a su debido tiempo, un marco legislativo que corresponda al resultado final del debate (entre los modelos propuestos están la «armonización máxima» , la «armonización mínima» , o el modelo basado en el «enfoque casuístico» ). 
Sin embargo, hay que resaltar que este modelo tendría que tener debidamente en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
. 
(PT) El informe Thyssen pide, de forma acertada, que se adopten medidas legislativas mejores y más sencillas para facilitar la aplicación de las estrategias legislativas propuestas en el Libro Verde sobre la protección legal de los consumidores, ya que, a pesar del progreso que se ha realizado, el arsenal legislativo aplicable al mercado interior carece de transparencia y está demasiado fragmentado para inspirar la confianza del consumidor. 
Como todo el mundo sabe, este Libro Verde de la Comisión sobre prácticas comerciales justas pretende estimular el debate sobre las posibilidades de mejorar el funcionamiento del mercado interior en el campo del comercio electrónico entre las empresas y los consumidores. 
Tenemos la obligación real de apoyar este debate y promulgar legislación cuya aplicación sea sencilla y eficaz y que ofrezca una verdadera protección a los consumidores en un mercado interior en continuo y rápido cambio. 
De ahí mi voto a favor de este informe. 
. 
(PT) Comparto la idea de que las normas de protección del consumidor no han logrado adaptarse a un mercado que cambia rápidamente. 
Por ello, al estimular el debate sobre las posibilidades de mejorar el funcionamiento del mercado interior, el Libro Verde es extremadamente oportuno. 
También estoy de acuerdo con la atención que presta el Libro Verde a las nuevas relaciones entre empresas y consumidores, en particular en el contexto del comercio electrónico. 
De hecho, el nacimiento de esta nueva situación comercial como resultado de la explosión del comercio electrónico, exige que se adopten medidas realistas, en concreto, medidas acordes con los principios de mayor seguridad en el comercio legal, la seguridad de las transacciones comerciales, la protección de los consumidores y prácticas comerciales leales entre competidores. 
Con el fin lograr estos objetivos, estoy de acuerdo con la opinión expuesta por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre todo en lo que respecta a la necesidad de que la legislación comunitaria que se derive de este Libro Verde sea clara, sencilla, coherente y de gran calidad legislativa. 
Asimismo, soy de la opinión de que tiene una importancia capital promover, como se ha sugerido, una evaluación de impacto y estudios preparatorios (upstream) , así como estudios sobre los efectos (downstream) , que permitan la creación y el desarrollo gradual de un sistema accesible, eficaz y disponible a bajo coste para la protección de los consumidores y la solución de conflictos. 
Señor Presidente, hoy, el Tribunal Constitucional turco ha declarado ilegal a HADEP, el Partido de la Democracia del Pueblo pro-kurdo y, entre otras cosas, ha prohibido a cuarenta y seis de sus miembros que participen en cualquier tipo de actividad política en los próximos cinco años. 
Turquía es un país candidato a la adhesión a la Unión Europea, y no es aceptable que, a estas alturas, prohíba partidos políticos. 
Señor Presidente, le pido que intervenga en esta cuestión. 
En efecto comparto sus críticas, y es algo que yo tampoco comprendo. 
Gracias a Dios, hoy no tenemos que debatir la adhesión de Turquía. 
Señor Presidente, quisiera formular la siguiente pregunta a la Mesa: en la resolución sobre la cuestión que votaremos dentro de poco, en relación con las deslocalizaciones de empresas, la versión portuguesa del punto 8 es diferente a las demás versiones en otros idiomas. 
Creo que el punto 8 de la versión en portugués está equivocado y el punto 8 de las versiones en francés, castellano, inglés, etc. es correcto. 
Por ello quisiera pedir a la Mesa que se asegure que este punto sea corregido e informe al pleno de que se ha hecho antes de que tenga lugar la votación. 
Pediremos a nuestro servicio de idiomas que se ocupe de esta cuestión, 
El siguiente punto es la declaración de la Comisión sobre el cierre de empresas tras la concesión de una ayuda financiera de la UE. 
Tiene la palabra el Comisario Fischler. 
Señor Presidente, Señorías, los titulares de los periódicos mencionan- con creciente frecuencia- el cierre de empresas a las que la Unión Europea había concedido ayuda financiera. 
Si bien no se trata de un problema nuevo, es cierto que los ejemplos de cierres, a menudo seguidos por deslocalizaciones, han aumentado en los últimos tiempos. 
Por ello la Comisión comprende muy bien por qué el Parlamento concede tanta importancia a este problema y se interesa tanto por él, y por qué nuestros conciudadanos tienen razón al inquietarse. 
Mis colegas Comisarios, la Sra. Diamantopoulou y el Sr. Barnier, me han pedido que les explique la posición de la Comisión sobre este complejo problema. 
Evidentemente, esta tendrá que tratar varios aspectos diferentes, en primer lugar la política de cohesión económica y social por medio de la cofinanciación a partir de los Fondos Estructurales; en segundo lugar, la política social europea; pero también, en tercer lugar, las reglas del mercado interior europeo, que deberían permitir a nuestras empresas establecerse en un clima de competencia leal. 
En mi declaración quisiera centrarme en las cuestiones que acabo de mencionar, pero antes de hacerlo, hay otros dos puntos que desearía tratar. 
El primero es que el problema del cierre de empresas- incluso si la ayuda financiera concedida implica que la Comunidad está directamente afectada- no es un fenómeno exclusivamente europeo, sino uno que ha de considerarse en su contexto internacional. 
Es lamentable que nuestras empresas caigan a menudo en la tentación de trasladar sus operaciones a países donde los sueldos son bajos, a veces descuidando todos los requisitos de la integración social y ambiental. 
Esta dimensión internacional del problema exige que seamos coherentes a la hora de encontrar soluciones internacionales o globales para esta cuestión, que impliquen, sobre todo, una cooperación activa con los países más pobres y la creación de un sistema legislativo internacional que sea más riguroso y que se aplique mejor. 
En segundo lugar, la Comisión presta una atención especial a este problema en el contexto de la ampliación. 
Mi colega, el Comisario Verheugen, recalcó recientemente que la próxima ampliación brindará a Europa grandes oportunidades, a pesar de las dificultades necesariamente implicadas a corto plazo para integrar a estos países, que, por término medio tienen un producto nacional bruto per cápita inferior. 
En un mercado interior como el nuestro, la decisión de dónde establecer las operaciones de una empresa recae únicamente en la dirección de la empresa en cuestión. 
Como sabemos, los inversores basan sus decisiones en las ventajas de un lugar en comparación con otro, y estas incluyen el coste de la mano de obra, las condiciones sociales, la calidad de la infraestructura, el marco jurídico aplicable, aunque a menudo se consideren también la ayuda pública y un tratamiento fiscal favorable. 
Las subvenciones concedidas a los inversores se negocian libremente con las autoridades públicas, dentro de los límites de la legislación comunitaria y nacional sobre ayuda estatal. 
Permítanme ahora que pase al tema del «cierre de empresas y ayuda comunitaria» y que les recuerde que la política regional de la Unión Europea tiene por objeto promover la cohesión económica y social fomentando el desarrollo de las regiones más pobres. 
Por ello, la ayuda regional para la inversión productiva se concede principalmente para compensar las desventajas de las regiones apoyadas de este modo, permitiéndoles mantenerse mejor en competencia con regiones más favorecidas. 
Se trata de un ámbito en que la Comisión tan solo puede garantizar la aplicación de las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales establecidas por el Consejo con el acuerdo del Parlamento. 
Quisiera añadir que esto corresponde a la práctica dentro de los Estados miembros, en que cada región se esfuerza por atraer nuevas empresas e inversión directa. 
Sin embargo, la Comisión también tiene la tarea de evitar la competencia desleal entre Estados, empresarios y agentes sociales, para lo cual, en el periodo de programación 2000-2006, los Fondos Estructurales ofrecen una serie de medidas preventivas, que quisiera enumerar brevemente. 
Las directrices sobre ayuda regional nacional exigen que los beneficiarios de esta ayuda mantengan sus inversiones durante un periodo mínimo de cinco años, a partir de la fecha de la inversión inicial en la empresa en cuestión. 
El Reglamento general de 1999 sobre los Fondos Estructurales adopta el mismo enfoque, y dice que los fondos continuarán su contribución a las actividades productivas solo si no hay cambios en el lugar en el que se realizan estas actividades durante los cinco años siguientes a la decisión de contribuir con Fondos Estructurales. 
Por último, el nuevo reglamento sobre ayuda Estatal para el empleo promulgado en 2002 es más flexible, pues exige que los puestos de trabajo creados se mantengan por un periodo de tres años en el caso de las empresas grandes y por un periodo de dos años en el caso de las pequeñas y medianas empresas. 
Todas estas disposiciones tendrán que aplicarse en los futuros Estados miembros a partir del momento de su adhesión. 
Para dar una imagen completa, me gustaría observar que la regla de los cinco años que acabo de mencionar se aplica únicamente al periodo de programación 2000-2006. 
Es posible reducir o cancelar la ayuda comunitaria con respecto al periodo comprendido entre 1994 y 1999 si ya no existen las condiciones para la ejecución de la medida. 
En todos estos casos, ni la Comisión ni los Estados miembros pueden negarse a conceder una subvención si se cumplen las condiciones necesarias, pero, si se evidencia que una empresa ha recibido apoyo sin cumplir las disposiciones comunitarias en relación con la ayuda estatal, deberá reembolsar la ayuda a la cual no tiene derecho. 
La Comisión está preparada entonces a cumplir sus responsabilidades cuando una empresa, bajo un sistema de ayuda cofinanciado por un programa comunitario, ha recibido subvenciones sin tener derecho a ello. 
Sin embargo, esto implica que las autoridades del país del que ha migrado la empresa hayan establecido, en primer lugar, que se han violado los puntos descritos antes de las disposiciones. 
Permítanme referirme brevemente a la dimensión social del problema del cierre de empresas. 
Aunque no cabe duda de que el cierre de una fábrica es un asunto de la dirección de la empresa en cuestión, no podemos olvidar el hecho de que las numerosas reestructuraciones que actualmente tienen lugar en Europa no siempre son comparables entre sí. 
Algunas son el resultado de decisiones económicas claras y se han discutido con los trabajadores y sus representantes, mientras que otras, por desgracia, se llevan a cabo sin considerar la legislación laboral, y envían de repente a los trabajadores al desempleo. 
La posición de la Comisión es clara: las empresas pueden ser libres de tomar sus propias decisiones económicas, pero también han de ser conscientes de la dimensión social. 
Si resulta inevitable perder puestos de trabajo, hay que hacer lo posible para aumentar la empleabilidad de los trabajadores afectados. 
Para ello, las empresas han de tener una política previsora y han de demostrar una responsabilidad social. 
Nada- y quiero recalcar este punto- realmente nada, puede justificar que no se informe y consulte a los representantes de los trabajadores en el caso de una reestructuración. 
Varias directivas comunitarias establecen el marco dentro del cual ha de mantenerse tal diálogo. 
La Directiva relativa a la constitución de un comité de empresa europeo, en particular, impone a grupos de empresas multinacionales con bases en Europa unas obligaciones precisas en relación con la información y consulta a los representantes de los trabajadores. 
A fin de cuentas, las medidas sociales que acompañan a una reestructuración son también una cuestión importante para los interlocutores sociales y para el nuevo Observatorio Europeo del Cambio Industrial. 
También en este ámbito, la Comisión depende de los Estados miembros, que son responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación laboral comunitaria. 
Sin embargo, la Comisión ejercerá una amplia función de control, con el objetivo primario de garantizar que se transpongan adecuadamente las directivas sobre información y consulta a los trabajadores. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría poder felicitar al Comisario Fischler por la comunicación que acaba de ofrecer a este parlamento, pero no puedo. 
No puedo hacerlo debido a la sesgada mentalidad que ha llevado al enfoque atrasado de un problema que existe desde hace bastante tiempo, como de hecho acaba de decir el Comisario, y también debido al decepcionante contenido de esta comunicación de la Comisión. 
Hoy, como mucho, intentaremos limitar los daños causados por el abuso de la ayuda comunitaria concedida a empresas multinacionales. 
Quizás, si la Comisión hubiese sido más previsora y más vigilante, no se habrían producido las situaciones de cierre y reestructuración de empresas que han motivado esta comunicación de la Comisión En mi nombre y en el del PPE-DE, quiero expresar mi total solidaridad con todos los trabajadores, especialmente los trabajadores portugueses, afectados por las decisiones de cerrar de empresas extranjeras. 
Las pérdidas de empleos suponen un golpe devastador parar los trabajadores afectados y sus familias. 
Destacaré dos casos con los que estoy muy familiarizada: los de la fábrica de calzado Clark y la fábrica de confecciones Bawo. 
El pasado mes de enero, la dirección de la empresa Clark decidió, inesperadamente y sin consultar a nadie, cerrar su fábrica en Castelo de Paiva en Portugal, dejando sin empleo a 588 trabajadores. 
Dos años antes, actuando de una forma similar, habían cerrado su fábrica en Arouca en la misma región, dejando sin empleo a casi 500 personas. 
Clark se había beneficiado de enormes sumas de ayuda comunitaria, nacional y local. 
A pesar de ello, la empresa invocó como justificación de estos despidos masivos una importación de palas de zapatos procedentes de la India y Rumania con el objetivo de mantener una estructura de precios competitiva. 
Acabo de citar el comunicado de prensa emitido por Clark el 10 de enero. 
El otro caso es el siguiente. El pasado mes de febrero, la dirección de la empresa Bawo procedió a retirar la maquinaria de su fábrica de Estarreja al amparo de la noche y sin el conocimiento de sus trabajadoras. 
Por pura casualidad, una de ellas se dio cuenta de lo que estaba pasando y alertó a sus colegas. 
Todas las trabajadoras mantuvieron vigiladas las puertas de la fábrica, de día y de noche, bajo la lluvia y el frío, hasta que los tribunales ordenaron la incautación del equipo. 
Ambas empresas pretenden trasladarse a países de la ampliación y a terceros países. 
Estos casos son el paradigma de un mal ejemplo y suscitan las siguientes preguntas: ¿dónde está el equilibrio entre intereses económicos de las empresas y los derechos de los trabajadores y de la sociedad? 
Si esta situación continúa, ¿qué pasará con el modelo social europeo? 
Señor Presidente, señor Comisario, somos partidarios de la competitividad, no somos enemigos de la mundialización, comprendemos el carácter competitivo del mercado mundial, pero no podemos aceptar que la economía se considere un fin en sí mismo más que algo que está al servicio de la humanidad. 
No podemos tolerar que el dinero de todos los contribuyentes europeos se utilice para recompensar a empresas que saltan de un país a otro en búsqueda de unos mayores beneficios y una mano de obra más barata. 
Además, las empresas actúan de este modo sin sentir ninguna preocupación social, ni con sus trabajadores ni con sus familias, y menos aún con los efectos económicos en las regiones afectadas. 
Las subvenciones que se conceden han de servir para crear empleo y no para financiar deslocalizaciones. 
No pretendemos impedir que las empresas cierren o deslocalicen sus fábricas, pero podemos exigir que las empresas que se benefician de la ayuda financiera asuman compromisos y ofrezcan garantías de empleo a largo plazo. 
La prioridad de la Unión Europea es el empleo. 
La estrategia de Lisboa estableció el objetivo de alcanzar el pleno empleo en esta década. 
Este Parlamento es cada vez más aprensivo acerca de los progresos que se han logrado en la Unión Europea con respecto a la ambición de Lisboa. 
Este fenómeno de deslocalización de fábricas se está extendiendo en varios Estados miembros, provocando desempleo y poniendo en peligro el desarrollo económico y social de las regiones. 
Como consecuencia habrá una mayor presión en los sistemas de seguridad social, que tendrán que soportar los costes de la asistencia social para estos ciudadanos desempleados y, por supuesto, nos alejamos más del sueño de Lisboa. 
Es preciso hacer algo con urgencia. 
Por ello pedimos a la Comisión que elabore un marco legislativo que vincule un componente moral a la concesión de fondos comunitarios a las empresas. 
Es preciso establecer unas reglas más claras que impidan y castiguen los abusos por parte de las empresas que reciben subvenciones de la Unión Europea. 
La Comisión ha de negar ayuda a las empresas que no respeten los compromisos asumidos con los Estados miembros y debe obligarlas a devolver la ayuda concedida. 
Como medida inmediata, exigimos a la Comisión que controle los actuales procesos de cierre y elabore una lista de empresas incumplidoras. 
Quiero aprovechar mis últimas palabras para aplaudir el apoyo de los demás grupos políticos de este Parlamento, en concreto el de nuestros colegas socialistas, que han comprendido el alcance de las graves consecuencias de estas deslocalizaciones de empresas en el espacio comunitario. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, si me permiten, quiero hacer una imprecación, y también expresar una exigencia y una lamentación. 
Empezaré por la imprecación: cierres de empresas, reestructuraciones brutales e inhumanas, despidos masivos, deslocalizaciones repentinas; es un aspecto inesperado y, espero, también marginal de un capitalismo europeo algo salvaje. 
Esto es lo que sucede, señor Presidente, Señorías, mientras se escriben libros y se leen proclamaciones sobre una nueva cultura empresarial, mientras hay tanto debate acerca de la ética de empresa y la ética del empresario. 
La gente habla incluso de ética social de las empresas, de ética ecológica e incluso he leído, Dios nos libre, de una ética kantiana del empresario, cuando de hecho muchos de ellos parecen estar más dispuestos a condenar las ideas del pensador decimonónico, Karl Marx. 
Algunos empresarios se comportan como verdaderos depredadores, indiferentes a las crisis sociales que provocan, a las tragedias que crean para los individuos y sus familias y a las crisis que producen en las economías locales. 
Incluso hay una nueva especialidad empresarial que consiste en obtener el mayor número de subvenciones de fondos europeos para luego, a las primeras de cambio, dejar las empresas que han sido subvencionadas con fondos europeos al borde de la quiebra o incluso en la quiebra. 
Hemos de reaccionar contra este ignominioso panorama, que no se compagina con un mercado empresarial moderno y con el tipo de economía social y próspera como la que tenemos en Europa. 
Mi exigencia es la siguiente: dado que se trata de un fenómeno europeo y, por consiguiente, ha de combatirse a escala europea, hemos de recalcar la dimensión especial que ha adoptado el fenómeno de la deslocalización y el cierre de empresas en los últimos meses en Portugal, donde diversas empresas, en su mayoría multinacionales, han anunciado su intención de interrumpir sus operaciones y transferir su actividad a otros sitios. 
Algunas de ellas recibieron importantes ayudas financieras para establecerse en regiones como Aveiro, Coimbra y Leiria, y para ello firmaron contratos con las autoridades locales en los que se comprometían a mantener la actividad durante un determinado número de años. 
Todo esto supone un enorme desastre para estas ciudades, villas y regiones portuguesas, que sintieron esperanza cuando se realizaron las inversiones iniciales y que ahora sienten una dolorosa frustración. 
Mi lamentación se hace eco de las palabras de la Sra. Bastos sobre el retraso de la respuesta de la Comisión a este fenómeno, que se anunció hace mucho tiempo en diversos países europeos. 
También estoy de acuerdo en que la Comisión debería haber actuado más deprisa, no solo garantizando que se aplicara su maquinaria legislativa y las diversas directivas en vigor, sino también elaborando un programa de acción para una situación de crisis como esta. 
No obstante, para finalizar, también quiero felicitar al Comisario por haber definido una doctrina y una estrategia que, en principio, merece ser apoyada, para responder a situaciones de esta índole, a nivel legislativo, financiero y social. 
Asimismo quiero felicitar a este Parlamento y a todos los grupos políticos que se han mantenido unidos sobre esta grave situación, demostrando así que el Parlamento Europeo no da la espalda a los problemas de los ciudadanos y que puede poner esta comunicación en beneficio de la sociedad y de los ciudadanos europeos. 
Tal acción ennoblece y dignifica al Parlamento Europeo. 
Por ello espero, señor Comisario, que sigamos siendo capaces de dar aliento a los trabajadores que hoy no tienen esperanzas y que podamos ofrecer una respuesta práctica y una alternativa a estas situaciones. 
Y sobre este punto, señor Presidente, obedeceré a su martillo. 
Señor Presidente, dos comentarios iniciales: el primero es que el Comisario Fischler no me ha decepcionado porque ya no me hago ilusiones acerca de sus acciones. 
El segundo tiene que ver con mi colega, Regina Bastos, cuyas palabras contradicen lo que está haciendo el Gobierno portugués, presidido por el líder de su partido, el PSD. 
Sin embargo, quiero felicitarla aunque me veo obligada a señalar esta contradicción. 
Señorías, señor Comisario, el incremento de deslocalizaciones de multinacionales que implican el cierre parcial o total de sus fábricas en los países de la UE en los que tienen base, especialmente Portugal, está contribuyendo a agravar el desempleo, a estrangular el desarrollo de regiones que carecen de formas de empleo alternativas y a aumentar la pobreza y la exclusión social. 
En la mayoría de los casos, estas empresas se deslocalizan con el único objetivo de maximizar sus beneficios, dado que su productividad, eficiencia o viabilidad económica no están en juego. 
Además, algunas veces emprenden tal acción después de haber recibido una substanciosa ayuda comunitaria, nacional y local, incumpliendo incluso los compromisos que habían asumido e ignorando los graves daños sociales y económicos que provocan, que es lo que ha sucedido en el caso de C& J Clark en Arouca y Castelo de Paiva y en otros muchos casos en Portugal. 
Se trata de una situación inaceptable que se basa en la existencia de una forma errante de inversión para la cual no existe la ética ni la responsabilidad social, y cuyo único objetivo es obtener el máximo beneficio, siempre en busca de más incentivos y más ayuda financiera y fiscal y de una mano de obra barata con pocos derechos, dispuesta a trasladarse a otro lugar en cuanto surjan posibilidades de mayores beneficios o una mayor ayuda comunitaria. 
Esta situación es especialmente grave en países que son débiles desde el punto de vista económico y social. 
El caso de Portugal no puede compararse con el de otros países, aunque todo este problema merece la atención en toda la Unión Europea. 
En Portugal hemos visto diversos ejemplos de este fenómeno, de los cuales sólo trataré unos cuantos, que tienen que ver con el cierre de empresas y departamentos de empresas, nuevas amenazas y la reducción de puestos de trabajos en empresas multinacionales. 
Me gustaría destacar varios ejemplos: Eres, Bawo, Schuh-Union, Scottwool, Rhode, Ecco ' let, Yasaki Saltano, Philips, Alcoa, Dhelphy, Alcatel. En resumidas cuentas, es una lista muy larga que ha de examinarse de cerca. 
Hay varios miles de trabajadores que están amenazados, principalmente mujeres- y vale la pena señalarlo- en el sector textil, de la confección, el calzado y del material eléctrico y electrónico. 
Por lo tanto, es preciso adoptar medidas para regular este tipo de inversión y para proteger el empleo y el desarrollo local y regional. 
De ahí que propongamos la creación urgente de un marco jurídico regulador- que no ha de limitarse a lo que ha dicho hace unos momentos el Comisario Fischler- que condicione la ayuda comunitaria a la inversión al cumplimiento por parte de las empresas de unas obligaciones contractuales que garanticen la protección de los intereses de las comunidades y regiones afectadas y de este modo el respeto de un desarrollo económico y social sostenido acompañado por la plena garantía de información e intervención de las organizaciones de trabajadores durante todo el proceso, incluido el derecho de veto. 
Es especialmente importante que toda la ayuda se condicione a acuerdos a largo plazo en materia de empleo y desarrollo local, que no se conceda ninguna ayuda a través de programas comunitarios a empresas que no respeten estos compromisos o que hagan un mal uso de la ayuda. Tampoco debe concederse ayuda a las empresas que, habiendo recibido ayuda en un Estado miembro, transfieran sus operaciones a otro Estado sin haber cumplido plenamente sus compromisos. 
Por consiguiente, la Comisión ha de realizar un examen riguroso de todos los casos recientes y actuales. 
Asimismo habrá que fiscalizar a las empresas que hayan recibido ayuda financiera comunitaria, y estas acciones habrán de ir acompañadas de un estudio exhaustivo del cierre de las empresas que han recibido ayuda financiera comunitaria y de las deslocalizaciones en curso, en un momento, como este, en que está cerca la ampliación y en que la situación es cada vez más preocupante. 
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, por desgracia he de empezar con una nota de divergencia entre colegas porque lamento que la Sra. Figueiredo no haya podido resistir la tentación de dar prioridad a cuestiones secundarias en lugar de a la principal. 
La cuestión secundaria en este caso son los tiquismiquis de la oposición nacional. 
Encima, lo que está diciendo la Sra. Figueiredo no es cierto, porque el Primer Ministro, el Gobierno y las autoridades locales han sido persistentes e incansables en este asunto. 
De hecho, sus acciones corresponden a la actuación convergente de los diputados portugueses en esta Asamblea, y ello explica en gran medida la dirección que ha tomado este debate y gran parte del éxito alcanzado en lo que respecta a la resolución de compromiso, sobre la cual votaremos en breve. 
Esperemos que, sobre todo en lo que respecta a este caso portugués, el de C& J Clark, que ha conmovido a todos en Portugal, la Comisión saque finalmente las conclusiones necesarias para poner fin a un problema que es tan antiguo: el problema de la caza de subvenciones comunitarias. 
Sigo recordando un ejemplo que hace diez años era famoso en Portugal: el del señor Thierry Rousell, que exploró con éxito- o eso decía- en la región de Brejão, sembró esperanza y luego robó muchos millones de escudos. 
Aún hoy sigue sin haberse sacado a la luz todo este asunto y aún no se ha hecho justicia. 
Se trata de problemas duraderos para los que algún día habrá que encontrar soluciones. 
La deslocalización y reestructuración industrial, y el cierre de empresas una vez que han recibido ayuda financiera de la Unión Europea no son fenómenos nuevos, pero su escala y su contexto ha cambiado considerablemente. 
Sabemos que las empresas tienen muchos y variados motivos para cerrar y luego trasladarse. 
Sin embargo, también somos conscientes de los efectos perjudiciales de las deslocalizaciones, sobre todo cuando quitan puestos de trabajo a regiones que no tienen alternativas. 
El reciente caso de C& J Clark en Castelo de Paiva habla por sí solo. 
Estas decisiones han provocado diversos despidos, miles de puestos de trabajo están amenazados por la perspectiva nada lejana de despidos masivos de trabajadores- los que sobrevivieron a anteriores rondas de despidos -, con unas repercusiones extremadamente graves para la economía regional. A estas consecuencias podemos añadir todos los efectos indirectos de la caída de empleos y pedidos para empresas subcontratantes, en su mayoría pequeñas y medianas empresas frágiles creadas a partir del proyecto principal y dependientes de él. 
Por consiguiente no podemos permanecer indiferentes. 
No podemos ignorar o fingir que no sabemos que en la mayoría de los casos, estas empresas, sobre todo en regiones del Objetivo I, se benefician de ayuda financiera comunitaria y de ayuda financiera directa o indirecta de los Estados miembros. 
Tampoco podemos ignorar o fingir que no sabemos que la mayoría de las empresas que cierran, que se deslocalizan o que intentan deslocalizarse no tienen problemas, sino que tienen éxito, con elevadas tasas de productividad y una reconocida calidad de productos. La decisión de cerrar es, por consiguiente, una decisión cruel desde el punto de vista social y viene dictada únicamente por razones económicas externas. 
Hemos de asumir plenamente nuestras responsabilidades, recordando que la Unión Europea es el agente más significativo en el mundo en este ámbito y que ha de garantizar que haya una disciplina interna en las deslocalizaciones de empresas dentro del propio mercado interior. 
Por ello queremos expresar nuestra solidaridad con los trabajadores directa o indirectamente afectados. 
Creemos que es inaceptable que una empresa multinacional que se ha beneficiado de ayuda financiera comunitaria en el Estado miembro en el que ha decidido establecerse pueda violar las obligaciones inherentes a esta ayuda. 
Apelamos a la Comisión y a los Estados miembros para que exijan a las empresas de dimensiones comunitarias que eviten tomar decisiones que perjudiquen el empleo salvo que se hayan considerado debidamente todas las posibles soluciones alternativas. 
Pedimos a la Comisión que averigüe de qué mecanismos de apoyo, tanto a escala nacional como comunitaria, se han beneficiado las empresas en cuestión y que lo divulgue. 
Es necesario que todos sepamos lo que está sucediendo en este ámbito y que la opinión pública también pueda ejercer control e imponer sus propias sanciones. 
Señor Presidente, Gislaved, Bengtsfors y Skövde se encuentran entre las localidades suecas en las que muchas personas han visto sus vidas destrozadas cuando un gran número de empleos se han transferido a otros países de la UE. 
A través de una dudosa y, en algunos casos, ilegal ayuda estatal, los ingresos fiscales se han utilizado para mover los puestos de trabajo dentro de la Unión Europea. 
Una manera de defender unas reglas justas sería que la Comisión- y por consiguiente me estoy dirigiendo, en concreto, al Comisario Fischler aquí presente- castigara más duramente a los Estados miembros que violen el Artículo 87 (1) del Tratado CE. 
En la actualidad, las opciones para imponer sanciones en virtud de este artículo se limitan a la posibilidad de que las industrias y los Estados miembros sean responsables de devolver la ayuda ilegal. 
Sin embargo, no tienen que pagar más que el importe de la ayuda más intereses. 
Por consiguiente, el castigo es leve en comparación que lo que ha sucedido. 
Estas consecuencias limitadas, junto con el hecho de que se descubren pocas violaciones del Artículo 87 (1) del Tratado CE, tienen un efecto negativo en el mercado común europeo. 
La idea de un mercado interior se ve mermada por la distorsión de la competencia que se produce cuando se apoya a determinadas empresas y determinadas formas de producción sin exigir garantías. 
Las pequeñas localidades en Suecia han sido hasta ahora los perdedores en el deshonesto tráfico de puestos de trabajo llevado a cabo en Europa. 
Para Bengtsfors y la provincia de Dalsland en la parte occidental de Suecia, por ejemplo, los efectos han sido desastrosos. 
Los Estados miembros han de acatar no sólo la letra del Tratado CE, sino también su espíritu. 
Por supuesto, casos como el de Bengtsfors socavan la confianza de la población en el mercado interior de la UE. 
Ahora quiero formular expresamente dos preguntas al Comisario Fischler. 
La primera es si considera que las sanciones actuales son adecuadas y suficientemente severas en casos en que se otorga ayuda estatal a empresas con el resultado de que se transfieren puestos de trabajo de un país de la Unión Europea a otro. 
En tales casos, no se crean nuevos puestos de trabajo. 
En lugar de ello, se elimina un mecanismo social para ofrecer seguridad. 
Mi segunda pregunta al Comisario Fischler tiene que ver con la respuesta dada anteriormente por la Comisión a una pregunta relacionada con la transferencia de puestos de trabajo en Bengtsfors en Dalsland a Portugal.